Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2012-08-10


AUTOS N° 101.755 (4° Juzgado Civil) (N° 10.820 - SALA III) "ACIAR Carlos Enrique y Otra C/ Vargas Sebastían y Otro - Daños y Perjuicios".

///Juan, a 10 días del mes de Agosto de dos mil doce.- VISTO: Para resolver el recurso de apelación concedido a fs.170, a la Compañía de Seguros el Triunfo Cooperativa de Seguros Ltda. contra la resolución de fecha 8 de julio de 2011, obrante a fs. 165/167.

CONSIDERANDO: El Sr. Juez a-quo resolvió:

"Rechazar la exclusión de cobertura propuesta por la Compañía de Seguros el Triunfo Cooperativa de Seguros Ltda. por los argumentos expuestos en los considerandos de la presente. II) Imponer las costas a la vencida.

III) Regular los honorarios del Dr. Hipólito Fernández en la suma de pesos ochocientos $800 y al Dr. Guillermo Atienza en la suma de pesos quinientos sesenta ($ 560). . .".

-Contra esta resolución se alza la Compañía de Seguros a fs. 168, el recurso se le concede a fs. 170. Expresa agravios a fs. 171/178, los que han sido respondidos a fs. 183/185, por la parte actora. La apelante formula reservas para interponer los recursos de la ley 2275 y del art. 14 de la ley 48.

En la presente causa según constancias de fs. 11/17, por intermedio de apoderado, los actores Carlos Enrique Aciar y Griselda Norma Olmos (en ejercicio de la patria potestad de su hija Lorena Griselda Aciar Olmos) y el Sr. Ríos Jorge Luis promueven demanda de daños y perjuicios contra Sebastián Vargas, conductor del vehículo marca Ford Escort Dominio UQM-054, con motivo del accidente de tránsito acaecido el 14 de octubre del año dos mil siete, en calle Alem a la altura de calle Chile. A fs. 14 amplían la demanda contra quien resulte ser titular registral. Piden la citación en garantía de la aseguradora del vehículo.- A fs. 45 a 49 se presenta la Compañía de Seguros el Triunfo Cooperativa de Seguros Ltda. declinando la citación en garantía, por cuanto el siniestro, base de la demanda, fue motivo del rechazo a la asegurada (fs. 43) y al demandado (fs. 44).

Expresa que al momento de producirse el accidente el automóvil asegurado era conducido por el Sr. Sebastián Osvaldo Vargas. Al presentarse a la Seccional Segunda de la Policía de San Juan, el conductor se negó a realizarse el examen de alcoholemia; hecho reconocido por éste ante la aseguradora al momento de formular la denuncia.

Expresa que la Póliza Nº 166347 suscripta como asegurada por Rita Margarita Aballay, en el Anexo A, I Capítulo A, B y C, item 18 de las Condiciones Especiales:...".cuando se encuentre en estado de ebriedad.

Por lo tanto considera que el estado de ebriedad reconocida es suficiente para operar como causal de exclusión de garantía. - A fs. 51 comparece, contesta la demanda y ofrece prueba, el demandado Sebastián Vargas, quien también solicita la citación en garantía de la aseguradora. A fs. 79/81 la parte actora, al responder el traslado de la declinación de defensa, pide su rechazo.

Manifiesta que al momento del accidente la póliza se encontraba vigente con el pago al día.

Sostiene que interpretando el art. 4 de la ley 17.418, los derechos y obligaciones se mantienen incólumes a menos que se haya incurrido en culpa grave (art. 70 ibid.), lo que no ha acontecido por cuanto el asegurado no era el conductor. Alude a los arts. 68 de la ley 24.449, referido al seguro obligatorio y a los arts. 114 y 118 de la ley 17.418.

A fs. 83, los letrados Games y Más como gestores del demandado Vargas, contestan el traslado del incidente articulado por la aseguradora y también piden el rechazo de la declinación de cobertura planteado a fs. 45/47.

La gestión fue ratificada a fs. 104, lo que se tiene por tal en el decreto de fs. 107. -A fs. 125/142, corren agregadas copias certificadas de las actuaciones labradas en la Comisaría Segunda Concepción de la Policía de la Provincia.

Por decreto de fecha 18 de mayo de 2012, se ordena en la alzada, bajen los autos a fin de que la resolución apelada se notifique al demandado Sebastián Vargas y se le corra traslado de la expresión de agravios de la apelante (fs. 206). Lo que se cumple a fs. 209. Por lo que deja la causa en estado de resolver.

La resolución apelada le causa a la aseguradora los agravios que subsumiremos de la siguiente forma:

Se agravia del enfoque dado en el fallo que considera equivocado. Las condiciones de la póliza preveen las exclusiones de cobertura por cuestiones objetivas, no tienen relación con la culpa grave y, son ajenas a los arts.14 y 158 de la ley N° 17.418.

La Cia. de Seguros notificó oportunamente, tanto al conductor como al asegurado, la decisión de rechazar el siniestro por aplicación del contrato de seguros, instrumentado en la Póliza N° 1.1666.437 art. 22, Núm.18 el cual señala que: "El asegurador no indemnizará los siniestros cuando el vehículo asegurado sea conducido por un persona bajo influencia de cualquier droga o en estado de ebriedad.- Se entiende que una persona se encuentra en tal estado cuando se niega a practicar el examen de alcoholemia".- Estado en que se encontraba el conductor del rodado asegurado al momento del accidente, negándose a efectuar dicho examen.

Esta causal, objetiva, no tiene relación con la culpa grave, prevista en la cláusula 20 de la póliza.- Por lo tanto, el sentenciante se equivoca en el enfoque jurídico y en las normas aplicadas al caso.

Agrega, que la exclusión prevista en el contrato de seguros resulta oponible tanto al asegurado como a terceros damnificados, como lo ha reiterado la Corte Suprema de Justicia en numerosos fallos (F:313-988; 321-394).

La sentencia vulnera ilegítimamente la norma del art. 118 de la ley 17.418, ya que no es posible extender una condena al asegurador, sino sólo en la medida del seguro.- El concepto de "medida del seguro" comprende la suma máxima asegurada y las exclusiones de cobertura que limitan el riesgo; cita el fallo de la Corte Suprema "Cuello Patricia c/ Lucena Pedro", publicado en E.D. en fecha 14/08/07.Concluye, por todo lo expuesto que la sentencia es errada y pide su revocatoria.

En respuesta a los agravios propuestos diremos que:

Es un principio universalmente aceptado por la doctrina como por la jurisprudencia que, la extensión del riesgo y los beneficios otorgados por la póliza deben interpretarse estrictamente.

El riesgo asumido por la aseguradora debe estar siempre individualizado específica y concretamente; su extensión, así como los beneficios acordados deben interpretarse literalmente, no siendo jurídicamente posible una interpretación extensiva del contrato si no puede ser sostenido de buena fe, desde que ampliar los beneficios produciria un grave desequilibrio en el conjunto de las obligaciones del asegurador.

-Este Tribunal ha resuelto que: "Las cláusulas de las pólizas que imponen la pérdida o la caducidad del derecho del asegurado deben, en caso de duda o de redacción confusa, ser interpretadas a favor del mismo, porque el asegurador, con preparación técnica, económica y legal, es quien las redacta y hace suscribir a una persona que no reúne las mismas condiciones (Prot. de Autos: T° IV-F° 606/608-2011 y otros).

Además: "Si existe duda acerca de la extensión del riesgo debe estarse por la obligación del asegurador, no sólo porque él redacta las estipulaciones del contrato, sino porque está en mejores condiciones que el asegurado para fijar precisamente y de manera indubitada la extensión clara de sus obligaciones, sin poder pretender crear en el espíritu del tomador la falsa creencia de una garantía inexistente, que los términos poco explícitos del contrato o su redacción oscura puedan generalmente hacer creer que existía según su sentido corriente (Prot. de Autos: T° II-F° 273/275-2009)".

Conforme a las pautas señaladas se analizará el Contrato de Seguro, acompañado a fs. 25/42.

En este caso, quien manejaba el automóvil no era el asegurado sino un tercero, negándose a realizar el dosaje de sangre al ocurrir el accidente (informe de la Policía-fs. 125/142).- - El Anexo I de la Resolución n° 22.058 de la Superintendencia de Seguros (fs. 38 vta.), citada en la póliza, dispone que, el asegurador se obliga a mantener indemne al asegurado y/o la persona que con su autorización conduzca el vehículo, objeto del seguro.

La inclusión de la cobertura al conductor queda condicionada a que éste cumpla las cargas y se someta a las cláusulas de la póliza (art. 2°).- Es decir, que el conductor debe aceptar todos los términos del contrato de seguro, aún aquellos que eliminen o restrinjan la garantía de indemnidad.- Agrega, que el asegurador asume la defensa civil del asegurado y/o conductor, salvo que posteriormente tomara conocimiento de hechos eximientes de su responsabilidad, en cuyo caso declina la defensa en juicio (art. 4°).

Al respecto se ha dicho que: "Cuando asegurado y asegurador pactan expresamente la extensión de los efectos del contrato de seguro de responsabilidad civil a quien conduzca el vehículo con autorización, este último no puede considerarse tercero a los fines de la cobertura del seguro y pretender ser resarcido por la compañía aseguradora.

Ello, toda vez que se produce una equiparación entre tomador y conductor en cuanto a que la responsabilidad de ambos frente a terceros -por daños causados por el vehículo- se encuentra cubierta en idénticos términos.

Una interpretación contraria importaría aislar la cláusula de exclusión de la naturaleza misma del contrato. (Sumario N° 18341 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Nac. de Apelación Civil).

Es decir, que el conductor, cuando difiere de la persona del asegurado, asume en el contrato de seguro la misma posición que el titular de la póliza.

Respecto a las cláusulas contenidas en la póliza, la doctrina distingue entre cláusulas de caducidad y de exclusión de cobertura.- Las primeras constituyen una sanción que normalmente se establece en el contrato de seguros para el caso de incumplimiento de los deberes de conducta requeridos al asegurado y no es oponible a terceros.- Las segundas excluyen el riesgo contractualmente convenido, no existiendo seguro (Quintana Enrique E.D.15/06/92) y Galdoz Jorge M.-L.L.1983-E-850), es decir, que delimitan el riesgo excluyendo o restringiendo los deberes del asegurador, quien no asume alguno o algunos riesgos.

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza tiene resuelto que: "Las cláusulas de exclusión de la cobertura (llamadas también de no seguro o no garantía), al igual que las denominadas cláusulas de caducidad, producen como resultado que el asegurado no percibe la prestación comprometida por el asegurador.

Sin embargo, hay entre ellas diferencias significativas, entre otras, las que se enumeran a continuación:

1) Las cláusulas de caducidad son sancionatorias; imponen una pena; las de exclusión de cobertura son descriptivas, limitándose a indicar los riesgos que, ab initio, no están cubiertos;

2) Las cláusulas de caducidad suponen una situación originariamente cubierta por el contrato; las de exclusión de la cobertura, en cambio, colocan los supuestos que describen fuera del amparo del contrato.

3) El asegurador que alega la caducidad debe probarla; en cambio, es el asegurado quien tiene la carga de probar que el siniestro se ubica entre los riesgos tomados por la aseguradora;

4) La caducidad autoriza a la rescisión del contrato; el no seguro o no garantía ninguna relación tiene con la rescisión; se trata, simplemente, de una situación ajena al contrato;

5) Las cláusulas de caducidad sólo son oponibles a terceros si se trata de defensas nacidas con anterioridad al siniestro.

Las de exclusión a la cobertura, en cambio, resultan del contenido mismo del contrato, son siempre anteriores al siniestro y oponibles a los terceros, aún al trabajador en el seguro de accidente de trabajo;

6) Las reglas de interpretación de unas y otras presentan algunas variantes. Hay consenso en que la extensión del riesgo asegurado y los beneficios otorgados deben ser interpretados literalmente, ya que lo contrario provocaría un grave desequilibrio en el conjunto de operaciones de la compañía.

De cualquier modo, estas cláusulas, como sucede en el ámbito de toda negociación, deben ser razonables y responder a las necesidades técnicas del seguro.

No se deben erigir en supuestos formales, en preceptos rituales, vacíos de contenido razonable (Suprema Corte de Justicia de Mza. circ.1°- Sala1 - "Triunfo Coop. Seg. Ltda. Pedro Salvador y otro"- Fallo n° 07199373- Ubicación: S385-080-Exp. n° 90141-27/12/07.).

(En igual sentido ver. (Suprema Corte de Mendoza "Triunfo Coop. de Seguro Ltda. c/ Intragugliermo victor" - L.L. 14.896 - Fused. 94607-21/12/95).- - Las cláusulas de exclusión, "tienen fuente normativa o convencional y describen circunstancias de que el siniestro se encuentra fuera de la cobertura asegurativa" (Correa Gil, L.L. Gran Cuyo marzo 2006-159; y septiembre 2004-752).- Por lo tanto, en el contrato de seguro se determina e individualiza el riesgo cubierto y no cubierto.

La doctrina sentada en materia de interpretación de contrato de seguro, en orden a las cláusulas de la póliza, señala que: "Debe serlo literalmente cuando han sido redactadas en forma clara y precisa, de acuerdo con lo preceptuado por el art. 1197 del Código Civil, ya que las convenciones hechas en los contratos forman para las partes una regla a la cual deben someterse como a la ley misma.

Y en relación a las claúsulas limitativas de la responsabilidad, como las de caducidad y de exclusión de cobertura, deben ser interpretadas restrictivamente a fin de evitar abusos y no tornar ilusioria la garantía debida tanto al asegurado como a la víctima del accidente (C.A. Civ. Neuquén-24/05/01-"Puebla, José María Y Otros C/ De Miguel Alberto Gabriel Y Otro S/ Daños y Perjuicios").

En los casos en que el asegurador explicitamente declara no cubrir el siniestro, son denominadas "exclusión directa", aceptadas salvo que sean abusivas,"por importar un desequilibrio significativo entre los derechos y cargas del asegurado o usuario y las obligaciones del asegurador profesional, derivadas del contrato y en perjuicio del primero (L.L: Gran Cuyo diciembre de 2008-1041).- No todas las exclusiones de cobertura son debido a la "culpa grave", que sólo pueden ser opuestas al asegurado y no al tercero-conductor.

Se ha dicho-reiteramos- que, "En el contrato de seguro el riesgo debe ser debidamente individualizado y precisado y en caso de duda acerca de su extensión se debe estar por la obligación del asegurador.

Ello así porque es él quien redacta las condiciones del contrato y está en mejores condiciones que el asegurado para fijar precisamente la extensión clara de sus obligaciones.

De ahí que, las exclusiones de cobertura tienen que estar redactadas en términos inequívocos pues la propia ley 17.418 en el art. 11, segundo párrafo, exige que la póliza tenga una redacción clara.

(Sumario N° 16986 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil - Boletín N° 7/2006).

La Sala II de esta Cámara de Apelaciones tiene resuelto que:

"Este tipo de cláusulas no son incluidas en las pólizas sin control de la autoridad de aplicación, esto es, se insertan conforme lo establecido en el art. 25 del Reglamento de la ley n° 20.091 que regula el control de los aseguradores.- Es la Superintendencia de Seguros de la Nación, quien ejerce este control, entre sus atribuciones cuenta con la de supervisar las pólizas de seguro.- Es decir, que la validez de estas cláusulas predispuestas surge de los estrictos controles que ejerce dicha autoridad, sin las cuales es difícil concebir la operatoria y el negocio de seguros.

En este caso, la Póliza Nº 166347 suscripta como asegurada por Rita Margarita Aballay, en el Anexo A,I Capítulo A, B y C, item 18 de las Condiciones Especiales dice: ". . .cuando el vehículo asegurado sea conducido por una persona. . .en estado de ebriedad.- Se entiende que una persona se encuentra en estado de ebriedad si se niega a practicarse el examen de alcoholemia u otro que corresponda..." Por lo tanto considera que el estado de ebriedad reconocida es suficiente para operar como causal de exclusión de garantía. - - Se trata de una cláusula razonable y clara, que puede ser comprendida por cualquiera que contrata un seguro de responsabilidad civil.- No contradice ninguna norma imperativa de la Ley de Seguros, ni se contrapone con lo dispuesto en los arts. 3 y 37 de la ley 24.240, desde que la cuestión se vincula al riesgo asegurado; hace a la función social del seguro.

Gran parte de la doctrina y la jurisprudencia han considerado la ebriedad como "culpa grave", pudiendo ser opuesta sólo al asegurado y no al tercero conductor.

En cambio, la Cámara Federal de Mendoza, entre otros Tribunales del país, se aparta de dicha doctrina e incluye al conductor, y ha calificado dicha cláusula "como razonable para que el seguro no se transforme en un hecho generador de irresponsabilidad".

Al respecto se expresa que: "El hecho de que el conductor no sea el asegurado, no inhibe la aplicación de la cláusula contractual, la cual se refiere al conductor, y es lógico que quien presta su auto asuma la responsabilidad integral de las consecuencias del incumplimiento de la persona en que depositó su confianza" ((C.Federal de A. de Mza. "Elio Germán c/ Costa Juan José y otro"-25/04/07).

También se ha resuelto que: "La función social del seguro podrá tener incidencia en numerosas cuestiones relativas al instituto, pero no significa que por la misma, se deba reparar todo daño producido al tercero víctima sin consideración alguna a las pautas mismas del contrato por el cual se invoca.

Sostener ello sería tanto como predicar un cambio cualitativo esencial en la naturaleza de esa cobertura, con modificación de su operatoria, objeto y efectos sustanciales.

Nótese, por lo demás, que más allá de que la ley 24.449 establezca la necesidad del seguro en los automotores, el presente no puede tratarse íntegramente como "seguro social"; antes bien, a propósito del decreto 692/92 citado por el recurrente que implementó el seguro obligatorio, se dijo que este contrato "participa de la naturaleza jurídica del seguro voluntario referido al mismo riesgo"; que "en consecuencia, se trata de un contrato celebrado a favor del asegurado; no se estipula en miras de un eventual tercero beneficiario (víctima) sino por cuenta y a favor del eventual responsable (asegurado); de suerte que la obligación principal del asegurador consiste en mantener indemne el patrimonio del asegurado (Stiglitz-Stiglitz "Seguro Automotor Obligatorio", Abeledo-Perrot, Bs.As. 1993, pág 28).

Respecto a la fórmula empleada en el art. 68 de la ley 24.449 (que dispone la obligatoriedad del seguro automotor) se dijo que: "Es ambigua y, por ello, sin aclarar a qué especie asegurativa alude pero que en definitiva, el seguro se regirá por los arts. 109 a 120 de la ley 17.418, lo establecido en la póliza tipo y las pertinentes cláusulas del seguro obligatorio de responsabilidad civil aprobadas por resoluciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación y los acuerdos especiales que hubiesen podido pactar las partes (art. 1197 CC) (conf. Félix Trigo Represas "Seguro de responsabilidad civil por el uso de automotores", pág. 399/400, en Derecho de Seguros -N. Barbato, coord.-).

"Como se advierte, son de clara aplicación los artículos pertinentes de la ley de seguros (entre ellos el 118) y la existencia de cierta libertad contractual para pactar el contenido del contrato.

La función social exige su obligatoriedad y supone, sí, que las cláusulas del contrato respectivo no deben ser entendidas en su concepto meramente literal sino atendiendo a su significado profundo, en función del sistema y de sus modalidades. Sin embargo, tal función social no autoriza a desconocer el sistema mismo donde se inserta, ni las expresas cláusulas contractuales pactadas entre las partes (arg. art. 1197 CC).

De allí que la función social que posee el contrato de seguro no configura argumento suficiente para omitir considerar la existencia de una cláusula de exclusión de la cobertura como lo es la de culpa grave en el asegurado en tanto la misma debe aplicarse conforme el art. 1197 CC; máxime cuando la exigencia de no conducir en estado de ebriedad se vincula a expresas disposiciones legales.

Por ello, ante la expresa exclusión efectuada en la póliza respecto de la responsabilidad de la compañía aseguradora por los siniestros producidos por el vehículo conducido en estado de ebriedad, mal puede otorgarse derecho a un tercero damnificado a reclamar una cobertura en nombre del asegurado, en tanto dicha cláusula, por lo expuesto supra, es oponible a terceros.

Se destaca por último que no se desconoce la función social del seguro ni las normas sobre seguros y tránsito citadas por el recurrente; sin embargo, es del caso hacer notar que todas ellas parten de la premisa de la vigencia, medida y límites del contrato de seguro toda vez que si ello no fuera así no habría causa para exigir al asegurador solventar los "daños y gastos producidos" (según art. 67 Decreto 692 y art. 68 Ley 24.449, citados por el recurrente- C. Nac. A. Com. Sala K "Gonzalez Carmen c/ Cabello Sebastian y otros s/ Ds. y Ps." Exp.n° K112153.30/12/08).

Además según la jurisprudencia: "Corresponde recordar la coexistencia en el contrato de seguro de dos figuras que deben mantener su individualidad: uno es el tomador y otro el asegurado, sujetos que en la mayoría de los contratos de seguros de responsabilidad civil hacia terceros coinciden, pero puede no ser así necesariamente, lo que por lo demás resulta indefectible si el tomador es un persona de existencia ideal.

No puede desconocerse que el tomador ha contratado con la compañía para mantenerse patrimonialmente indemne (tiene un interés propio y es asegurado), más resulta que a la vez aseguró con idéntico alcance el patrimonio de un tercero que eventualmente puede resultar civilmente responsable (el conductor autorizado).

Pactaron la exclusión de cobertura para el supuesto detallado en la cláusula 22 inc. 18 estableciendo la presunción convencional de estado de ebriedad en quien se negare a la práctica del exámen de alcoholemia.

Atento a ello, cabe en el caso, privilegiar la voluntad contractual de las partes que celebraron el contrato de seguro, quienes no han efectuado cuestionamiento alguno en alusión a esta cláusula (Cc0001 Lz 63459 Rsd-270-7 S-14/07/2007-"Nuñez, Enrique Agustin C/ Ivancich, Raúl Leopoldo S/ Daños Y Perjuicios").

Este último criterio es el compartido por este Tribunal, admitiendo la cláusula de exclusión de cobertura respecto al tercero conductor no asegurado, considerando el caso de ebriedad y/o la negativa al dosaje como causal autónoma de exclusión, apartándonos de la culpa grave que se refiere sólo al asegurado.

En razón del análisis efectuado y fundamentos expuestos, corresponde admitir los agravios de la Aseguradora y revocar la resolución apelada, con costas a la vencida en ambas instancias. (arts. 66/67 y conc. del C.P.C.).

Los honorarios de los profesionales intervinientes en la alzadas se fijan, a favor del Dr. Guillemo Atienza en el 50 % y los del Dr. Hipólito Fernández en el 30% respectivamente, de lo que les correspondiere en primera instancia (art. 196 de la ley 2150 y art. 800 inc. 10 del C.P.C.).

POR TODO ELLO, normas legales y jurisprudencia citadas, SE RESUELVE: Hacer lugar al recurso de apelación concedido a fs.170,a la Compañía de Seguros el Triunfo Cooperativa de Seguros Ltda. contra la resolución de fecha 8 de julio de 2011, obrante a fs. 165/167, la que se revoca.

En su lugar: "Admitir la exclusión de cobertura solicitada por la aseguradora a fs. 45/47, con costas en ambas instancias a la vencida, por los fundamentos dados. Los honorarios de los profesionales intervinientes en la alzadas se fijan, a favor del Dr. Guillemo Atienza en el 50 % y los del Dr. Hipólito Fernández en el 30% respectivamente, de lo que les correspondiere en primera instancia.

Protocolícese, hágase saber, déjase copia autorizada bajen los autos previa reposición de sellado si correspondiere.- Déjase constancia que el presente fallo se expide con dos (2) firmas en virtud de lo dispuesto en el art. 257, penúltimo párrafo del C.P.C..-FDO:DRA. CATALINA CELIA CUNEO DE GARCIA, DR. OTIÑANO . ANTE MI SRA. SILVIA SARMIENTO DE ELIZONDO PROSECRETARIA.