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Acto administrativo, presunción de legitimidad, motivación del acto administrativo, control de razonabilidad, Municipalidad, personal municipal, traslado, remuneración, adicionales de remuneración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Nahass, Alberto c/ Municipalidad de Villa Gobernador Galvez s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.:  C.S.J. Nro. 198 año 1992)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-11-27

Es ilegítimo el acto administrativo municipal que reincorpora al recurrente a su puesto del Archivo desde que las razones propuestas por la demandada en el sentido de la "conveniencia" de reasignar al actor a su antiguo destino, no alcanzan para justificar su razonabilidad, teniendo en cuenta que media resolución disponiendo el traslado con base en una expresa solicitud del actor, es decir, como respuesta al ejercicio de un derecho consagrado en el Estatuto de Personal Municipal. En efecto: las disposiciones del decreto 33/91 no resultarían justificación suficiente de la medida, por cuanto refiere a "la cancelación de todas las subrogancias que actualmente perciben los empleados municipales..." (art. 1); sin que pueda extraerse de dicho decreto que la reordenación allí anunciada pudiera afectar los derechos de los agentes derivados de los traslados. Consecuencia de la ilegitimidad declarada en el punto anterior es el reintegro del actor al lugar de trabajo -en este caso, al Departamento Inspección General- y el pago de las diferencias que existan entre el salario que percibía en el Archivo y el que le hubiera correspondido de haber permanecido desempeñando tareas en el Departamento Inspección, las que consistirían exclusivamente en las sumas referidas al suplemento por inspección establecido en el artículo 58 de la ley 9286 (Anexo II).
Asignaciones familiares, rebeldía del empleador, confesión ficta
Materia: LABORAL
Carátula: COSTA, OSVALDO c/ CHERSINICH, JORGE s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-08-14

La presunción "iuris tamtum" del artículo 71 LO. no juega a favor del accionante cuando el estado matrimonial en el que se tutela el reclamo de asignaciones familiares no ha sido acreditado mediante los instrumentos legales respectivos (artículos 45 y 96 de la ley 2393).
Juicio oral, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Parentis, Arturo y otro s/ Homicidio en ocasión de robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-03-06

El art. 252 (t.o.) del C.P.P. relativo al número de testigos requeridos para formar plena prueba en el procedimiento escrito no es aplicable al procedimiento oral, pues en el caso rige el art. 286 (t.o.) del C.P.P. que no impone a los magistrados regla alguna para la apreciación de la prueba, exigiendo solamente que expresen y desarrollen lógica y razonadamente su convicción sincera sobre la verdad de los hechos juzgados y cómo llegan a ella.
Graduación de la pena, atenuantes de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Mansilla Pedro Pablo y otro s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-26

La edad de 23 años del militar oficial de inteligencia imputado de los delitos de privación ilegal de la libertad y tormentos resulta un atenuante de la pena, ello en virtud de una correcta interpretación del art. 41 del Código Penal, que señala a la edad como patrón a tener en cuenta para la fijación de la pena pero sin especificar si este parámetro será agravante o atenuante. (del voto en disidencia parcial del Dr. Mariano González Palazzo)
Justicia municipal de faltas, proceso contravencional, clausura del establecimiento, acción de amparo, inadmisibilidad formal, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: García, Raúl del Valle c/ Juez de Faltas Nº 1 Subrogante de la Municipalidad de San Fdo. del Valle e Catamarca s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-09-13

Comparece la parte actora incoando acción de amparo en contra de lo resuelto por el Juez de Faltas -Subrogante- Nº 1 de la Municipalidad de la Capital, con el objeto que se declare arbitraria la clausura de su negocio por acta de comprobación. Alega violación a los Arts.14 y 17 de la CN.

El marco legal vigente aplicable al caso concreto, faculta a los Jueces de Faltas a juzgar la conducta de los vecinos del municipio incursos en faltas o infracciones en el ejercicio de su actividad, de conformidad a la legislación aplicable.

Tal juzgamiento ínsito en el ejercicio del poder de policía impone un análisis profundo y exhaustivo de actos emitidos en ejercicio de atribuciones propias, cuya revisión excede el estrecho margen cognoscitivo asignado a este proceso excepcionalísimo evidenciando que -como cuestión jurídica opinable-, requiere de mayor amplitud de debate y prueba para lo cual existen vías previas y paralelas previstas en el mismo cuerpo normativo -Art.50 y concordantes de la Ordenanza Nº2798- donde podrá discutirse y probarse la ilegitimidad -o no-, del actuar administrativo municipal.

Resulta pertinente resaltar que la parte actora no logra demostrar de manera clara e indubitada la lesión a derechos constitucionales que le causen un perjuicio de imposible reparación ulterior a los fines de este proceso, por cuanto el cuestionamiento ha sido articulado ante las autoridades correspondientes en el término perentorio fijado por la ley adjetiva, dentro del propio ámbito que ha juzgado su conducta a través del acto que reputa ilegítimo y arbitrario, en el acotado plazo establecido, plazo administrativo más reducido que los judiciales.

Y, recién en el supuesto de que tal decisión resultare contraria a derecho, puede perseguir su reparación mediante la articulación de las acciones pertinentes.

Conforme a ello, y lo previsto por los Arts.1, 2 -incs. c y d-, 3, 6 interpretado a contrario sensu y 17 de la Ley 4642, corresponde declarar inadmisible la acción de amparo interpuesta, con costas.
Costas, responsabilidad objetiva
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GARCIA HECTOR GABRIEL c/ LABRIOLA VICTOR JUAN Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE s/ SUMARIO POR DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-05-18

En cuanto a las costas, tratándose de reclamos por daños y perjuicios, las mismas deben imponerse al demandado, salvo que la disminución de la cuantía de la pretensión sea consecuencia, no de la desestimación de algún rubro, sino de atribución de culpa concurrente, en cuyo caso las costas deben distribuirse de acuerdo con idéntico porcentaje, pese a tratarse de un supuesto de responsabilidad objetiva, pues no se ha demostrado ni siquiera parcialmente la culpa de la víctima.
Juicios contra el Estado, medidas cautelares, embargo ejecutivo
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Fiaschi, Carlos Alberto c/ Estado Nacional Sec. Leg. y Tec. de la Pres. de la Nación s/ Escrituración (Sumario)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-07-02

Cuando en el art. 5 del decreto 34/91 se suspende el cumplimiento de las medidas cautelares dictadas en juicios contra el Estado Nacional y demás entes enunciados en el art. 1 de dicha normativa, cabe considerar que no comprende los embargos ejecutivos, que no tienen ya por finalidad asegurar o garantizar el cumplimiento de la obligación que se reclama, sino, derechamente, la de satisfacerla.

De lo contrario, y dado que el art. 5 aludido no contiene distinción alguna acerca del objeto de los procesos a los que se aplica, se llegaría a la conclusión de que, al margen de lo previsto en el art.

1 (con arreglo al cual sólo se suspende la tramitación de los juicios que tuvieren por objeto el cobro de una suma de dinero), todos los procesos verían paralizados sus procedimientos por virtud de lo previsto en aquella norma: máxime en los casos en los que el embargo constituye precisamente un requisito previo para la continuación de los trámites en ejecución.
Proceso contravencional, medidas cautelares, clausura preventiva, flagrancia, facultades de la autoridad de prevención
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: L, A.C. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Incidente de recusación. Incidente de recusación.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-15

El artículo 18 del Código de Procedimiento Contravencional dispone que las autoridades preventoras pueden adoptar ciertas medidas precautorias; entre las que se encuentra en su inciso b) la posibilidad de clausurar preventivamente en caso de flagrante contravención que produzca grave e inminente peligro para la salud o seguridad públicas, medida que de conformidad con el artículo 21 del mismo cuerpo legal, debe ser comunicado inmediatamente al Fiscal. Siendo éste ministerio público el titular de la acción, es a quien le corresponde la decisión de llevar adelante o no, dicha medida. De considerar el Fiscal que la clausura es procedente da intervención al Juez, a los efectos de convalidar su actuación.

El requisito de flagrante contravención que se requiere como primera condición necesaria para la adopción de la medida cautelar en examen, debe ser correctamente interpretado, ya que su redacción literal podría desprenderse que la conducta contravencional ya está acreditada al momento del dictado de la medida cautelar, lo que por cierto repugna a los principios constitucionales (art. 18 CN. Y art. 10 CCABA.) y legales (arts. 3 y 6 del Código Contravencional).
Recurso extraordinario, admisibilidad del recurso, monto mínimo
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: ACUÑA HUMENNY, GUSTAVO s/ RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY EN AUTOS: "EXPTE. Nº 111/2006 - ACUÑA HUMENNY, GUSTAVO A. C/ GABRIELA KARINA MURNER S/ LABORAL".-
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2011-05-30

Respecto al recaudo prescripto por el art. 295 del del C.P.C. y C este Superior Tribunal ha dicho que: "No es función de este Alto Cuerpo suplir omisiones de los recurrentes investigando y tratando de desentrañar si en definitiva se observó o no el monto exigido por la Ley, ya que la demostración del cumplimiento de tal recaudo procesal es tarea propia e inexcusable del interesado y debe surgir del propio recurso en forma clara y categórica." (Sumario confeccionado por el SAIJ).
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, medidas cautelares
Materia: PENAL
Carátula: Montes, Mirta Noemí s/ Incidente de medidas cautelares. Recurso de hecho Iturrarte, Néstor D. s/ Lesiones culposas. Recurso de hecho
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-09-12|2001-02-07

Las decisiones relativas a medidas cautelares no tienen carácter de definitivas en el concepto del citado artículo, no observándose en el caso de autos en el que se hace lugar al pedido de levantamiento de embargo trabado en la causa principal, motivos suficientes que permitan apartarse de dicho criterio. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Daños y perjuicios, injurias, publicación o reproducción de ofensas, asegurador por riesgos del trabajo, abogados, discriminación
Materia: CIVIL
Carátula: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal c/ Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo s/ daños y perjuicios - ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-12-02

El tono indiscriminado de los términos empleados por la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, conduce de modo tácito pero claro a una inaceptable identificación, de suerte tal que por el solo hecho de integrar el colectivo de los abogados, la persona queda estigmatizada como alguien deshonesto, capaz de llevar adelante en el ejercicio de su actividad los deleznables procederes descritos en las publicaciones y sugeridos las palabras empleadas. Las manifestaciones cuentan con aptitud para provocar un menoscabo a la dignidad de tales profesionales (Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia y arts. 51 y 52 del CCCN).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia no firme, prueba, resoluciones inapelables, Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia aplicable
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Municipalidad de Ceres c/ Guerrini Neumáticos S.A. s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-07-04

El detenido examen de la presentación directa que la impugnante efectúa ante esta Corte, en su cotejo con los reseñados fundamentos del auto denegatorio, conduce a la conclusión de que aquélla no ha logrado asumir idóneamente el cometido que le impone el artículo 8 de la ley reglamentaria del recurso de inconstitucionalidad, desde que, a pesar del matiz constitucional que la recurrente pretende conferirle a sus agravios, no logra demostrar por qué específica razón la aplicación del canon de inapelabilidad establecido en el mencionado artículo 156 del código de rito se traduciría en una vulneración irreparable de sus derechos fundamentales o importaría adoptar una hermenéutica irrazonable de las reglas adjetivas en juego, teniendo en cuenta especialmente el carácter del decreto cuestionado, que -como a su turno lo expresara la Alzada- es puramente ordenatorio y por su naturaleza, no puede ser reputado sentencia definitiva ni auto interlocutorio que ponga fin al pleito o haga imposible su continuación en los términos del artículo 1 de la citada ley; y si bien en la pieza recursiva la quejosa invoca la existencia de gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior, que excepcionalmente podría constituir a la decisión en objeto procesal de la impugnación extraordinaria, lo cierto es que los argumentos expuestos en sustento de tal alegación no logran demostrar la irreparabilidad pretendida, al no evidenciar una grave e injusta desnaturalización del proceso en curso que a la luz del conocido precedente "Colalillo", en definitiva nunca podría ser conducido en términos estrictamente formales, sino como la sucesión de etapas orientadas al descubrimiento de la verdad jurídica objetiva, que es su norte. - CITAS: CSJN: Colalillo, Fallos:238:550; 308:1832; CSJStaFe: AyS T 70, p 136; T 92, p 416; T 97, p 197; T 107, p 149; T 120, p 309 y 320. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 7055, artículo 8; Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe, artículo 156
Competencia, prórroga del plazo
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: COOPERATIVA DE CREDITO VIVIENDA Y CONSUMO NORTE ARGENTINO LTDA. c/ GARCIA ADOLFO ATILIO Y OTRA s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-10-29

De autos resulta claro que el impugnado pacto que prorroga la jurisdicción a los Tribunales locales debe ser ubicado como una renuncia al ejercicio de los derechos del consumidor (conf. arts. 18 y 42, C. Nac. y art. 65 Ley Nro. 24.240 que por sus fines tuitivos es calificada de orden público; y, por ello, deviene abusivo por la sencilla razón de que, conforme es sabido, resulta muy costoso litigar fuera del lugar de su propio domicilio.-
Divorcio, injurias graves
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fernández, Ana María c/ Gutierrez, Manuel Martín s/ Divorcio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-05-09

Del elemento general de todas las causales de separación culpable, esto es, la imputabilidad o voluntariedad, las injurias deben ser graves para que puedan dar lugar a la separación. Así, reviste gravedad la injuria que por su intensidad y trascendencia hace imposible al cónyuge ofendido el mantenimiento de la convivencia. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Viajantes de comercio, encuadramiento sindical, bebida gaseosa
Materia: LABORAL
Carátula: Copie Juan Pablo c/ Coca Cola FEMSA de Buenos Aires s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-02-16

La labor de concertar negocios en beneficio de la demandada mediante la utilización de los elementos y técnicas entregados por la principal, lleva a la conclusión de que el actor era viajante de comercio en cuanto dependiente que concierta negocios por cuenta y en representación de uno o varios empleadores, en forma habitual mediante el pago de una remuneración. La descripción de la categoría de "comercializador" que contiene el convenio de empresa que destaca la recurrente no obsta al encuadre en el estatuto de comercio, ya que la realidad de la habitualidad de la concertación de operaciones de venta fuera del establecimiento conlleva la aplicación del régimen de la ley 14546, superador de la norma colectiva. La circunstancia de que el actor realizara también actividades inherentes a la promoción de los productos de la línea vendida no desplaza la actividad principal, ya que si las ventas no se concretan ningún sentido adquiere la promoción o instalación de elementos de publicidad, ya que esta actividad complementaria contribuye a fortalecer las ventas.

Fuente del sumario: OFICIAL
Caducidad de instancia, inactividad procesal, purga de la caducidad, incidentes
Materia: PROCESAL
Carátula: Transporte y logística c/ TRANSBA S.A. s/ Constit. de Servidumbre de electroducto
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-04-17

Debe declararse la caducidad de instancia, si ha transcurrido en exceso e ininterrumpidamente el plazo fijado por el art. 310 inc. 1) del CPCCN y quien peticiona la caducidad no consintió las actuaciones de la parte posterior al vencimiento del plazo, ya que la presentación del pedido de caducidad en el cuaderno de prueba no purga la perención, por cuanto ésta alcanza tanto al incidente como a la instancia principal.
Sentencia, fundamentación de sentencias, jueces, equidad, facultades del juez, accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL - LABORAL
Carátula: CARLACCHIANI, ENIO PRIMO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      EXPTE NRO 31-85 AGUIRRE, RAMON c/ SANTA CLARA SAIC s/ INDEMNIZACION POR INFORTUNIO LABORAL     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE N. 239-88) SULIGOY,  NANCY  ROSA  FERUGLIO DE; SULIGOY, MARCELO JAVIER; SULIGOY, MARIA GABRIELA Y SULIGOY, PABLO LUIS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  NRO 352-87)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-06-05|1991-04-03|1993-12-29

Cuando la ley remite a criterios de prudencia y equidad para la determinación del resarcimiento -en el caso, por accidente de trabajo-, de ningún modo lo deja librado al capricho del juzgador, quien sometido al mandato del ordenamiento jurídico (Constitución Provincial, artículo 95) debe efectuar, en una adecuada exposición, su juicio de valor.
Honorarios, proceso judicial, interventor judicial, veedor judicial, anticipos financieros, sociedades comerciales, procedencia del recurso
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Santoro, Domingo Rubén c/ Santoro, Francisco Domingo y otro s/ ordinario s/ incidente de apelación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-11

Resulta improcedente la solidaridad pasiva en el pago de los gastos que demanda la coadministración. Ello así, en tanto cuando no media pronunciamiento definitivo sobre las costas, tal como acontece en el caso, aquellos deben ser atendidos por la parte que solicitó la medida cautelar y no por quien resultó afectado por la misma, hasta tanto medie decisión definitiva al respecto. Por ende, corresponderá al accionante afrontar esa obligación, dada la subsistencia de conflicto entre las partes, ya que fue aquél quien requirió la intervención. Ello así, sin perjuicio del eventual ejercicio del derecho de repetición una vez que la sentencia definitiva a dictarse establezca quien será el responsable definitivo de tales costos. Disidencia de la Dra. Tevez
Discriminación por razones de género, discriminación de la mujer, violencia de género, perspectiva de género
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Farias, Matías Gabriel y Offidani Juan Pablo s/recurso de Casación interpuesto por Fiscal General; Farias, Matías Gabriel, Maciel, Alejandro Alberto y Offidani Juan Pablo s/recurso de Casación interpuesto por Particular Damnificado; Farias, Matías Gabriel y Offidani, Juan Pablo  c/  s/ recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2020-08-12

Los estereotipos de género -intolerables prejuicios vedados a la práctica judicial-, pueden definirse como construcciones sociales y culturales, o un grupo estructurado de creencias, sobre los atributos de varones y mujeres, que se fundan en diferentes funciones físicas, biológicas, sexuales y sociales, implicando reducciones y generalizaciones que impiden cualquier consideración a las características individuales, pues en tanto asignan jerarquías de género y categorizaciones peyorativas, son esencialmente discriminatorios (Del Voto del doctor Kohan).
Ejecución fiscal, inhabilidad de título, declaración jurada rectificativa
Materia: PROCESAL
Carátula: Fisco Nacional - Dirección General Impositiva - c/ Coop. Agrícola Ganadera de Lobería s/ ejecución fiscal.°
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-05-21

El planteo formulado en sede administrativa con el objeto de que "se proceda a anular" las declaraciones juradas rectificativas no tiene cabida en los supuestos previstos por el art. 78 de la ley 11.683.
Juicio ejecutivo, cobro de expensas comunes
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Consorcio de Copropietarios edificio Gran Mar IV c/ Piermattei, José Antonio s/ Ejecución de expensas comunes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-11-17

Tratándose del cobro de expensas, las cuales por mandato legal, visten la calidad de obligaciones deambulatorias o "propter rem", responden por ellas no solamente el titular registral de la unidad afectada, sino igual todos aquellos que por cualquier título la usen o usufructúen.
Convención Interamericana contra el racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia, Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, grupos vulnerables, afrodescendientes, violación de derechos humanos, xenofobia, migrantes, pueblos originarios, poder punitivo, Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, derecho a las garantías judiciales
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Acosta Martínez y otros Vs. Argentina s/ Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2020-08-31

Conforme lo establecido por la Declaración y el Programa de Acción de Durban de Naciones Unidas, se llama perfiles raciales a la práctica de los agentes de policía y otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, de basarse en la raza, el color, la ascendencia o el origen nacional o étnico para someter a las personas a investigación o para determinar si realizan actividades delictivas, y prácticas tales como interrogatorios, detenciones y cacheos, basados en el aspecto físico del individuo, su color, sus rasgos faciales o pertenencia a un grupo racial o étnico, han sido definidas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial como violaciones flagrantes de derechos humanos generadoras de responsabilidad internacional para el Estado que la consientan.
Leyes, facultades del Poder Legislativo
Materia: CONSTITUCIONAL CIVIL
Carátula: Punte, Roberto Antonio s/ Acción Constitucional Sumarísima
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-05-31

"El Poder Legislativo es el más autorizado para fijar el alcance con que votó las leyes sancionadas por anterioridad y la manifestación que en tal sentido hace el propio legislador, es la más auténtica interpretación del texto legal".
Acto administrativo, vicios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Torres, Nora Laura c/ Municipalidad de Quilmes s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-03-05

Los órganos administrativos deben satisfacer el imperativo de una motivación suficiente y adecuada a sus decisiones, máxime cuando se trata de la extinción de una relación preexistente. (MINORIA U OPINION PERSONAL)