marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de casación, costas, vencimiento parcial y mutuo, culpa concurrente
Materia: CIVIL
Carátula: F., G. y Otra c/ HEREDEROS DE D. L. y Otra s/ SUMARIO s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2004-11-16

No observo en el recurso de casación en análisis argumentos valederos y/o convincentes que ameriten apartarme de lo decidido por el Tribunal "a quo", que resolvió de forma prudente, imponer la costas en proporción a la culpa, esto es un 20 -veinte- por ciento a la actora y el 80 -ochenta- por ciento a las accionadas, y mucho menos, con lo dicho oportunamente en mi voto - si bien en minoría - en autos: "MEMA", Se. Nro. 33/03 del 05-06-03.

En dicha oportunidad, dije que dada la variada gama de situaciones posibles, de circunstancias distintas y de aspectos a considerar en procesos de esta naturaleza, torna desaconsejable sentar reglas fijas de interpretación a la normativa procesal y los principios de derecho que sean aplicables, motivo por el cual el análisis y tratamiento del tema costas nunca puede ser ajeno a la casuística, y como tal - en principio - resulta materia extraña a la casación
Prueba, resoluciones judiciales, resoluciones inapelables
Materia: PROCESAL
Carátula: Navarrete, Guillermo y otros. c/ Molina, Hector s/ Daños y Perjuicios-Sumario-Recurso de Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1999-12-07

Las resoluciones sobre producción, denegación y sustanciación de pruebas son irrecurribles, excepto en lo que se refiere a los plazos de ofrecimiento y producción de la totalidad de las pruebas y la resolución que no hace lugar a la producción de la totalidad de la prueba.
Competencia, competencia contencioso administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cima, Marta Elena c/ Provincia de Río Negro (Contaduría General) s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1988-10-24

Con la transferencia a las Cámaras de Apelaciones y/o Tribunales de Trabajo -según la materia- de las causas contencioso administrativas para su prosecución en el estado en que se encuentren, en razón de que la nueva Constitución ha quitado toda competencia originaria al Superior Tribunal de Justicia en esta materia, no se viola ninguna garantía constitucional y menos aún la relativa al juez natural, instituída en beneficio de las partes y no de los tribunales cuando -como en el caso- no ha sido articulada por ellas y ha sido opuesta de oficio por el tribunal.-
Defraudación por sustitución o supresión de documento, querellante
Materia: PENAL
Carátula: JUZG. CIVIL NRO. 21 s/ SUPRESION  DOCUMENTO.  QUERELLA. ACCION PARA QUERELLAR. DELITO CONTRA  LA ADMINISTRACION PUBLICA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1980-09-12

Aunque el delito de supresión de documento afecta primordialmente a la administración pública; en el caso de autos de ser cierto el hecho imputado ofendería a la persona que pretende asumir el rol de querellante, razón por la cual corresponde tener a la recurrente por parte.
Falsificación de instrumento privado, boleta de compra, tarjeta de crédito
Materia: PENAL
Carátula: VIÑA, PABLO. s/ ESTAFA  -  TARJETA  CREDITO  -  HURTO - CONCURSO REAL - FALSIFICACION  DOCUMENTO PRIVADO - CONCURSO IDEAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-26

"...la falsificación de firma hecha en la boleta de compra por parte de la tenedora de una tarjeta de crédito, no reúne los requisitos que el legislador penal exige en los instrumentos privados para que sean portadores de fe pública. Por consecuencia, voto porque se confirme la condena impuesta, pero con la modificación, en cuanto a la calificación, de suprimir el concurso ideal con el delito de falsificación de instrumento privado".
Recurso de inconstitucionalidad, prueba, pericia médica, dictámenes, presunción de legitimidad, jueces, deberes del juez, verdad jurídica objetiva
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: LOVERA, SANTIAGO c/ ASOCIART ART S.A. Y OTROS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-04-11

Resulta elemental que por mucha formación académica y experiencia profesional que posea la perito, ella nunca podría apelar dogmáticamente a una autoridad auto-atribuida a la hora de justificar un informe que contiene un diagnóstico tan certero (y generador de un importante crédito indemnizatorio) con referencia a una persona que continúa trabajando con normalidad como monotributista, tanto más cuando sus conclusiones se encontraban en abierta contradicción con el dictamen de la Comisión Médica, del que no corresponde apartarse ligeramente atento a la presunción de legitimidad de que goza el mismo (en razón del origen legal de tales comisiones y de las notas que signan su funcionamiento), salvo que existan razones de peso que satisfagan la específica carga de argumentación que se impone a la hora de decidirse por no seguirlo; extremo que en el caso concreto (y si bien se mira) verosímilmente habría justificado el despacho en la Alzada de una nueva pericia, o al menos nuevas explicaciones de la perito designada, ordenada como medida para mejor proveer a fin de hacer realidad el mandato de primacía de la búsqueda de la verdad jurídica objetiva (el cual no admite el estricto apego a un ritualismo paralizante). - CITAS: CSJN: Fallos 344:2307.
Contratos comerciales, rescisión del contrato, extinción del contrato de trabajo, principio de prueba por escrito, silencio
Materia: COMERCIAL
Carátula: ANTONIO JOSE SALAMONE c/ ALBERTO SALVADOR INGRAO s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-11-15

Si bien el distracto (CCIV 1200) de un contrato formalizado por escrito debe en principio revestir igual forma, ello reconoce situaciones de excepción (CCIV 1191), que autorizan a admitir los demás medios de prueba designados por la ley, si existe principio de prueba por escrito del distracto, es viable analizar la prueba testimonial tendiente a acreditar su existencia.

La rescisión por mutuo acuerdo puede ser incluso tácita, resultando del silencio guardado ante una declaración rescisoria de la contraparte, por lo tanto, si el comprador, ante la imposibilidad de pagar el saldo de precio y frente a conversaciones previas con el vendedor en tal sentido, devuelve el vehículo adquirido su recepción por el vendedor sin efectuar manifestación alguna debe interpretarse como revelador de consenso en dejar sin efecto el contrato (en el caso, la devolución tuvo lugar por intermedio de un tercero, que actuando como mandatario del vendedor, suscribió un documento que consignaba la recepción del automotor y la obligación de restituir los pagarés que garantizaban el pago del saldo).
Cuestiones de competencia, justicia militar, juicio sumario en tiempo de paz, apremios ilegales, Policía Provincial, personal policial
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: PRESUNTOS  EXCESOS  COMETIDOS POR PERSONAL POLICIAL EN LAALCALDIA DE LA CIUDAD DERESISTENCIA. s/ PRESUNTOS APREMIOS ILEGALES.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-04-24

La circunstancia de que los detenidos alojados en dependencias de la policía de una provincia -víctimas de los apremios ilegales denunciados-, se hallasen privados de su libertad por disposición de la jefatura del Grupo de Artillería de la misma provincia, permite presumir que el personal policial encargado de su custodia -al que se atribuye el delito- se encontraba bajo control operacional de las Fuerzas Armadas, por lo que, apreciándose reunidos los supuestos del art. 10 de la ley 23.049, corresponde otorgar el conocimiento de la causa a la Justicia castrense.
Extinción del contrato de trabajo, despido con causa
Materia: LABORAL
Carátula: Hughes, Juan Jorge c/ Diez, Pedro León y Otro s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-09-10

Si los antecedentes de suspensiones del trabajador se unen a la última falta cometida y le brindan entidad suficiente como para llevar a pensar que la conducta del peticionante no consiente la continuación de la relación, su despido es justo en los términos del artículo 242 del R.C.T.
Contratos, seguros, cláusulas del contrato, doctrina legal
Materia: COMERCIAL
Carátula: B., P. J. c/ C., M. B. s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2019-12-03

Sobre el control del contenido de la cláusula "claims made" y su imputación como abusiva en todo supuesto, Ricardo L. Lorenzetti (cf. "Contrato de seguro: La cláusula claims made...") sostiene que muchas de las críticas que se efectúan omiten referirse a las razones que la justifican. (Voto del Dr. Barotto sin disidencia)
Recursos, sentencia, aplicación de la ley, cuestiones de hecho y prueba, conflicto de intereses, destitución, escribanos públicos, infracciones formales
Materia: CIVIL
Carátula: VACA SOTO, GUSTAVO ALBERTO c/  s/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO en COLEGIO DE ESCRIBANOS CIUDAD DE BUENOS AIRES VACA SOTO, GUSTAVO ALBERTO SOBRE PROCESOS DISCIPLINARIOS - DESTITUCIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-22

La insistencia del recurrente en argumentar que las observaciones detectadas corresponden a violaciones de deberes estrictamente formales y subsanables, por tratarse de meros errores menores que no pusieron en peligro derechos de terceros, resulta insuficiente para tornar en insostenible la conclusión a la que llegó el Tribunal de Superintendencia de Notariado (más allá de su acierto o error) para ordenar la destitución y cancelación de la matrícula profesional del escribano, o para equiparar la eventual frecuencia de este tipo de observaciones con el carácter leve o grave de aquellas irregularidades. Ello sólo pone en evidencia la disconformidad del quejoso con la solución alcanzada en tanto le fue desfavorable, pero no resulta suficiente para considerar que el a quo incurriera en un error grosero susceptible de descalificar a la sentencia en cuanto acto jurisdiccional válido. (Del voto de las juezas Marcela De Langhe e Inés M. Weinberg).
Asociación ilícita, prueba
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Marín, Héctor Esteban y otros s/ Marín, Héctor Esteban y otros
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-11-12

La tacha de arbitrariedad alegada por los recurrentes no es valedera si se evidencia que el decisorio no ha interpretado caprichosamente la prueba producida en el debate, ni ha efectuado una construcción genérica o abstracta del plexo probatorio colectado para lograr la adecuación de los hechos en la figura de la asociación ilícita, sino que tal como se extrae en términos generales de la descripción fáctica de los tres hechos que se tuvieron por probados, el tribunal de mérito ha hecho referencia, y quizás no del modo en que lo pretenden los señores defensores, de las distintas actividades cumplidas por los procesados en aporte o contribución de la asociación ilícita. (Voto del Dr. Tragant).
Administración de vialidad provincial, convenios colectivos de trabajo, Constitución Nacional, Constitución Provincial
Materia: Administrativo Constitucional
Carátula: Jure, Luis César y otros c/ Administración de Vialidad Provincial s/ Cobro de haberes
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1990-06-05

De la prueba acumulada a estos autos por la demandada resulta sin lugar a dudas que la sanción de la ley 2693, responde a negociaciones cumplidas entre las autoridades de la Administración de Vialidad Provincial y la asociación gremial con personería. Por lo que se concluye que la ley fue dictada con la autonomía del art. 104 de la Constitución Nacional, lo que no violenta su art. 31; lo fue en ejercicio de facultades expresas conferidas al Poder Legislativo por la Constitución Provincial, y está conforme con los arts. 14 bis y 28 de la Constitución Nacional y 41 y 49 de la Constitución Provincial.
Certificado de trabajo, obligaciones solidarias
Materia: LABORAL
Carátula: CEBALLOS, LUIS c/ SUMINISTRA SRL Y OTRO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-28

Cuando no se trata del supuesto previsto en el art. 30 LCT, sino del art. 29 LCT, resulta procedente la condena en forma solidaria a hacer entrega de los certificados previstos en el art. 80 LCT pues el hecho de que el accionante pueda haber estado registrado como empleado de una de las co-demandadas, no empece a la responsabilidad solidaria que, en virtud de lo dispuesto por el art. 29 citado le cabe a la otra respecto del cumplimiento de todas las obligaciones emergentes de la relación laboral, entre las que se encuentra justamente la entrega de las certificaciones expresadas.
Empresas del Estado, privatizaciones, Telecom, fallo plenario, base indemnizatoria del despido, adicionales de remuneración
Materia: LABORAL
Carátula: MENA, OSCAR c/ TELECOM ARGENTINA S.A s/ DEF. SALARIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-06-11

No puede prescindirse del carácter remuneratorio de las sumas abonadas por la accionada en forma normal y habitual durante los meses de marzo y septiembre de cada año, constituyendo una de las modalidades retributivas contempladas en el art. 104 de la LCT.

Desde esa perspectiva, aún cuando la falta de percepción mensual impide que dicho débito (conf. fallo plenario de esta Cámara nº 35 del 13/9/56 in re Piñol, Cristóbal c/ Genovesi SA) sea plenamente incluido junto con el resto de los conceptos salariales al seleccionarse el módulo indemnizatorio previsto en el art. 245 LCT resulta insoslayable que se dejase totalmente de lado su incidencia se estaría avalando una evasión parcial de la finalidad de la norma, dirigida a reflejar plenamente en la base indemnizatoria el alcance de la contraprestación salarial que integraba el vínculo cuya ruptura injustificada se compensa. También hay que tener en cuenta que su percepción estaría sujeta a la falta de sanciones disciplinarias, lo cual lo diferencia del SAC. (Del voto del Dr.

Balestrini, en mayoría).
Robo calificado, armas
Materia: PENAL
Carátula: Nieto, Oscar Osvaldo s/ Robo calificado, privación ilegal de la libertad calificada,  violación agrabada por el número de personas Soto, Jorge Luis; Zorrilla, Néstor Fabián s/ Robo calificado y privación ilegal de la libertad Aguilera, Marcelo Baltazar s/ Robo calificado por el uso de armas El Ali, Delia Inés y otro s/ Robo simple
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-03-10|1995-06-27|1994-06-14|1993-03-30

La figura agravada del art. 166 inc. 2 del Código Penal sólo exige que el robo se cometa "con armas". La ley no habla de "armas de fuego" y cuando el robo se perpetra mediante el uso de tales, no es indispensable la demostración de su poder vulnerante, es decir que esté cargada y sea apta para disparar. Aún en el caso de un arma que no funcione o esté descargada, a los efectos legales será siempre un "arma". Arma descompuesta o arma descargada, pero en definitiva arma. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Participación criminal, estupefacientes
Materia: PENAL
Carátula: SABATINO, ADRIANA GRACIELA s/ EXCARCELACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-06-08

Debe calificarse provisoriamente como prevista en el art. 2 inc.

c) de la ley 20.771, a título de partícipe secundario, la conducta de quien en caso de haber existido una cooperación no habría importado una ayuda esencial en el tráfico que se incrimina a sus consortes de causa.

Corresponde desechar la imposición de la agravante prevista en el art. 8 inc. c) de la ley 20.771, pues para que la misma se configure se requiere la copartición de tres o más personas en el tráfico de estupefacientes en una actuación coordinada, respondiendo a un plan común, con dirección de roles y funciones y con cierto sentido de permanencia.
Prueba, proceso penal, derechos de las niñas, niños y adolescentes
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: M., N.E. s/ Abuso Sexual Agravado
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-09-08

Se ha considerado que el relato directo de un niño frente, por ejemplo, a un agresor sexual, a sus abogados, al fiscal o al juez lesiona gravemente su libertad de expresión. Con respecto a ello, Carlos Rozanski afirmó que "cuando se obliga a un niño abusado a sentarse ante un tribunal, se lo está silenciando y, de tal modo, se violan sus derechos elementales; concretamente, su derecho a ser oído".
Compraventa inmobiliaria, expensas comunes, subasta judicial, obligaciones propter rem, impuestos, tasas
Materia: CIVIL
Carátula: PONTIGGIA PEDRO D. Y OTROS c/ ALESSIO DE GRECO A. Y OTROS s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-19

Si bien el comprador tiene derecho a recibir el inmueble adquirido libre de deudas -cuyo importe queda transferido al precio obtenido en el remate- ello queda supeditado naturalmente a la existencia de fondos suficientes como para hacer frente a las diversas acreencias, tanto respecto a las expensas comunes como a las tasas de impuestos que gravan el inmueble. En este aspecto el art. 17 de la ley 13.512 dispone que la obligación que tienen los propietarios de contribuir al pago de las expensas y primas del seguro total del edificio sigue siempre el dominio de sus respectivos pisos y departamentos en la extensión del artículo 3266 del Código Civil, aún con respecto a los devengados antes de su adquisición y el crédito respectivo goza del privilegio y derechos previstos por los artículos 3901 y 2676 del Código Civil.

En cierta forma puede tenerse por configurada una obligación real o "propter rem" que recae sobre el actual propietario del bien, aunque la deuda haya sido contraída antes de haber adquirido él el dominio.

Ese carácter de la obligación persiste también en el supuesto de remate judicial en relación al adquirente. Para el supuesto de ser insuficiente los fondos existentes con motivo del pago de precio en la subasta, la deuda le puede ser reclamada al comprador quien responderá con el bien, ello sin perjuicio de la obligación personal del anterior propietario que subsiste, pero decide la cuestión el previo conocimiento de la existencia de la deuda por el comprador al haber sabido de las constancias de los edictos de remate que daban cuenta de esa circunstancia.
Reincidencia, detención
Materia: PENAL
Carátula: MALDONADO, E s/ REINCIDENCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-26

No puede tenerse al procesado por reincidente si no se certificó si el procesado ha cumplido anteriormente pena como penado o si se le ha dado por compurgada con el tiempo de detención sufrido, con lo cual no puede establecerse la prueba de la reincidencia real.
Sentencia, Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, ejecución de sentencia, competencia por conexidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: MARSCHALINK, PEDRO c/ A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-27

Fijada la situación jurídica del peticionante por sentencia emanada de la C.N.A.T., no cabe duda que hay entre ella y la actual pretensión de ejecutar su cumplimiento un nexo de interdependencia que torna aplicable el principio de la prevención, según el cual cuando un nuevo proceso es consecuencia de otro precedente, rige al respecto y en general la competencia del órgano que previno, esto es, del que ya ha comenzado a conocer en el primero.
Derecho procesal, embargo preventivo, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: AREVALO, OSCAR MARIO Y OTRA. c/ MUTUAL DEL PERSONAL DEL BANCO SAN JUAN s/ EMBARGO PREVENTIVO-MUTUAL CAUTELAR
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-02-27

Conforme a lo dispuesto por el art. 203 del C.P.C. la exigencia que la firma del instrumento privado sea abonada por sumaria información de dos testigos, no es una exigencia de la que no pueda prescindirse o suplirse por otra prueba que lleve a la convicción del juzgador de la presunción o verosimilitud del derecho invocado. Pero esa apariencia o presunción, cuando no surge incontinente de las constancias de la causa, debe acreditarse por medio de una sumaria cognitio. En el caso de autos las manifestaciones de los actores y la documentación suscripta por ellos y por terceros deben aparecer abonadas por cualquier medio de prueba, y al no surgir estos de la petición en la que se solicita el embargo era requisito indispensable para su procedencia, la información sumaria que prescribe los arts. 203 incs. 2 y 3.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación de los fundamentos
Materia: PENAL
Carátula: Valoroso, Daniel Angel s/ Robo agravado por escalamiento y hurto calamitoso en concurso real
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-02-18

Es improcedente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que se entiende aplicable la figura del hurto calamitoso (art.

163 inc. 2°, C.P.) si de los hechos que se encuentran firmes no resulta un verdadero infortunio que dé lugar a la aplicación de la referida calificante.
Recurso extraordinario federal, sentencia definitiva, improcedencia del recurso, continuación del proceso judicial, prescripción de la acción penal
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Defensoría General de la CABA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Incidente de recurso de inconstitucionalidad en autos Curia, Alberto Vicente s/ 1 - LN 13.944 (incumplimiento de los deberes de asistencia familiar)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-07

Corresponde declarar inadmisible el recurso extraordinario federal, toda vez que resulta ajeno a la instancia extraordinaria el tratamiento de aquellos recursos interpuestos contra decisiones por las cuales los tribunales locales declaran la improcedencia de los recursos de ese orden y, además, si la impugnación intentada no se ha dirigido contra la sentencia definitiva o una resolución equiparable a tal en sus efectos. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano, por remisión al dictamen fiscal).
Juicio de apremio, intereses
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fisco de la Pcia. de Bs. As. c/ Distribuidora González S.A. s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-12-30

Cuando se trata de deudas fiscales los intereses que se agregarán al capital de condena deberá liquidarse según lo prescripto por el art.

84 del Código Fiscal, con la salvedad de que la tasa aplicable no podrá superar el 30% anual, ni establecerse en forma acumulativa.

(Minoría u opinión personal)
Recurso de inconstitucionalidad, procedencia parcial, derivación no razonada del derecho vigente
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: RODRIGUEZ, CECILIA C. c/ PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO (ART) S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-10-18

La Sala, para confirmar la decisión del Juez de grado que había rechazado la defensa de la inexistencia de cobertura de seguro de riesgos de trabajo, consideró que la apelante no había cumplimentado el requerimiento impuesto por el artículo 118 del Código de Procedimiento Laboral, en tanto no había efectuado una crítica concreta y razonada de los extremos del decisorio que consideraba equivocados; y a su vez, estimó razonables las conclusiones vertidas por el Sentenciante de primera instancia que había tenido por no cumplimentado el procedimiento previsto en la normativa reglamentaria para poder dar por operada la rescisión del contrato asegurativo, efectuando una interpretación de las normas más allá de lo que ellas disponían y en una valoración prescindente de los elementos relevantes de autos. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Procesal Laboral de Santa Fe, artículo 118