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Jurisprudencia aplicable, desproporcionalidad de la pena, periodistas, libertad de prensa, censura previa, responsabilidad del funcionario público, sanciones civiles, libertad de expresión
Materia: INTERNACIONAL PRIVADO
Carátula: Caso Fontevecchia y D'Amico c/ Argentina s/ Fondo, reparaciones y costas
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2011-11-29

En materia de limitación a la libertad de expresión, la Corte Interamericana se encuentra en la obligación de reiterar que el temor a una sanción civil desproporcionada puede ser tan o más intimidante e inhibidor para el ejercicio de la libertad de expresión que una sanción penal, en tanto tiene la potencialidad de comprometer la vida personal y familiar de quien denuncia o publica información sobre un funcionario público, conduciendo a resultados disvaliosos de autocensura, tanto para el afectado como para otros potenciales críticos de la actuación de un servidor público.
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, rechazo de la demanda, accidentes de trabajo, acción civil por accidente de trabajo, relación de causalidad, cuestiones de hecho y prueba, cuestión de derecho común
Materia: CIVIL - LABORAL - CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: FRANCISCO BROGNA c/ LUIS CAVALIERI Y CIA. s/ DEMANDA.   INDEMNIZACION POR ENFERMEDAD-ACCIDENTE.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-03-07

Es improcedente el recurso extraordinario contra la sentencia que rechazó la demanda promovida con base en el art. 1113 del Código Civil, por entender que no estaba acreditado que la incapacidad del actor se originase en las cosas de propiedad de la demandada, ni en la realización de tareas peligrosas, ni tampoco que el empleador no hubiera tomado las medidas adecuadas para tutelar la integridad psicofísica de los trabajadores o hubiese violado las normas sobre higiene y seguridad del trabajo. Ello así, pues los agravios del apelante remiten al examen de cuestiones de hecho y de derecho común ajenas, en principio, a la vía intentada, y que han sido resueltas con fundamentos de igual carácter que descartan la procedencia de la tacha de arbitrariedad.
Seguros, indemnización, pago, pago parcial, derechos del asegurado
Materia: COMERCIAL
Carátula: JUAN AIETA c/ LA NUEVA SOCIEDAD COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-22

La carga de demostrar la aplicación del anticipo de la indemnización a la adquisición de elementos sustitutivos de los robados no surge de norma legal.

Ante la ocurrencia del evento dañoso nace el crédito del asegurado contra su aseguradora, por liquidar y pagar en plazo legal. El derecho del asegurado es cobrar cierta suma de dinero, e ingresado ese dinero en su propiedad éste tiene la facultad de aplicarlo a la operación que le convenga (en el caso, la aseguradora cumplió parcialmente su obligación cubriendo cierto bien del vehículo siniestrado, y como condición para completar la cobertura exigió la demostración de que aquel monto había sido aplicado a reponer el bien sustraido. El asegurado explicó haber usado ese dinero para su manutención).
Contrato de trabajo, empleador, estatuto del viajante
Materia: LABORAL
Carátula: ARAOZ VICTOR HUGO c/ ASOCIACION MUTUALISTA FERROVIARIA DE TAFI VIEJO s/ COBROS
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-10-14

Cabe señalar que el fundamento principal del pronunciamiento que conduce a sostener la inaplicabilidad de la ley 14.546, encuentra sustento jurídico en su artículo 1, en cuanto circunscribe la aplicabilidad del estatuto del viajante de comercio a quien actúa en representación de por lo menos un comerciante o industrial, lo que en principio no se vislumbra que ocurra en el presente caso, toda vez que la entidad empleadora es una asociación mutualista, y como tal constituida sin fines de lucro, inspirada en la solidaridad y con el objeto de brindarse ayuda recíproca entre sus integrantes frente a riesgos eventuales o de concurrir a su bienestar material y espiritual (cfrme. art. 2 ley 20.321).

Lo sostenido por el recurrente acerca de que las actividades laborales desarrolladas por el actor encuadrarían en el artículo 2 de la ley 14.546, no basta para desvirtuar la inaplicabilidad del estatuto del viajante de comercio declarada por el fallo, pues la norma invocada regula las situaciones en las que debe entenderse que existe relación de dependencia, pero no suple la carencia del requisito previsto por el artículo 1 del estatuto en cuanto exige que el pretenso viajante actúe en representación de uno o más comerciantes y/o industriales.
Daños y perjuicios, incapacidad sobreviniente
Materia: CIVIL
Carátula: FERNANDEZ David Antonio c/ Ahumada Marcela Angélica s/ Daños y Perjuicios - Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2013-10-29

Para establecer el monto indemnizatorio por incapacidad derivada de un accidente, rubro en el que se indemniza a título de daño emergente la pérdida de la aptitud genérica del individuo para producir bienes materiales ("pérdida de chance"), queda librado al prudente arbitrio judicial apreciar la trascendencia de las lesiones sufridas, debiendo analizar la aptitud para futuros trabajos, como la edad de la víctima, su actividad y la proyección que esa disminución pudiera provocar en la persona, pero no necesariamente ser el porcentaje de incapacidad lo que determine el monto del resarcimiento. Ese dimensionamiento del monto indemnizatorio debe formularse en base a las pautas que proporcionan las circunstancias personales de la víctima, sin que resulte imprescindible la sujeción a parámetros estadísticos ni aritméticos, ni la demostración exhaustiva que, con motivo de las lesiones, se han dejado de percibir ingresos determinados.
Daños y perjuicios, prueba, productos alimenticios, energía eléctrica
Materia: CIVIL-PENAL-RECURSOS NATURALES
Carátula: Frigorífico Jerona S.R.L. y Otro  c/ Edesur S.A. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-10-03

De la reseña de los hechos del caso efectuada al comienzo del considerando precedente surge acreditado el corte de luz denunciado por la accionante, que tuvo una duración de entidad suficiente -más de un día completo- para que se produzca la pérdida de la mercadería refrigerada. Ello se corrobora con lo informado por el ENRE a fs. 273/274, en el sentido de que entre el 8/02/19 y el 9/02/19, hubo un corte de energía eléctrica que se prolongó por un lapso de 1899 minutos, esto es, 31,65 horas. En tales condiciones, entiendo que se encuentra acreditado el daño consistente en la pérdida de la mercadería, mas no su magnitud. El peritaje contable no arroja demasiada luz sobre esta cuestión, dado que sólo se adjunta al informe un listado de precio de la materia prima perdida al momento del corte de luz, destinada al desarrollo de la actividad comercial que realiza la actora (ver fs. 127vta./128). Sin embargo, no puede soslayarse que la adquisición de determinada mercadería no demuestra qué parte de ella no fue vendida desde su compra hasta la interrupción del servicio de luz. Es decir que no obra en autos prueba fehaciente respecto de que ninguno de los productos incluidos en el listado proporcionado por la perito pudo ser comercializado, así como tampoco cuáles debieron ser descartados. Esta falta de evidencia respecto de la cantidad concreta de mercadería que debió ser desechada me lleva a coincidir con mi colega de la instancia anterior, quien hizo uso de las pautas de prudencia (art. 165 del Código Procesal), y arribó a la suma de $ 250.000, recurriendo para ello a los comprobantes de compra aportados a la causa y a lo explicado por la ingeniera en alimentos en su peritaje.
Ejecución prendaria, juicio ejecutivo, reconvención
Materia: COMERCIAL
Carátula: Plan Rombo SA de Ahorro P/F Determinados c/ Oro, Jorge Washington y otro s/ ejecucion prendaria. c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-02-09

Es improcedente en el juicio ejecutivo, aun frente a la invocación de normas de derecho del consumidor, la deducción de la reconvención. Tal instituto procesal conforma una contrademanda por inserción, típica del proceso de conocimiento. De aceptarse la reconvención se excederían los límites de la oposición permitida.
Daños y perjuicios, accidente de tránsito, rutas nacionales, Dirección Nacional de Vialidad
Materia: CIVIL
Carátula: PÉREZ,  Roberto  y  otro c/ NÚÑEZ,  Angel A. y otros s/ DAÑOS YPERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-07

En tanto corresponde a la Dirección Nacional de Vialidad el estudio, construcción, conservación, mejoramiento y modificaciones del sistema troncal de caminos nacionales y de sus obras complementarias (conf. decreto-ley 505/58), debe responder por los daños producidos por la falta de provisión de seguridad de los caminos. En el caso el accidente se produjo cuando un automóvil que circulaba por una ruta nacional perdió el control al impactar contra una edificación que se encontraba prácticamente en la línea de una curva peligrosa, con un paredón a lo largo y un poste de luz sobre la misma ruta, que impedían toda posibilidad de mejor maniobrar, sumado a la presencia de piedritas que favorecen el derrape de los vehículos. (Sumario N°21102 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Daño moral, daño material, incapacidad sobreviniente
Materia: CIVIL
Carátula: Clavero, Walter Hernán c/ Cepparo, Mirko Eduardo s/ daños y perjuicios (accidente de tránsito) y sus acumulados
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2012-07-04

Sólo se admite la clasificación bipartita del daño, y el tercer género de daños (biológico, estético, psíquico, etc.), sostenido por prestigiosa doctrina, debe resarcirse considerándolo en el daño moral o material. El daño psíquico, así como la lesión estética, carecen de autonomía y los mismos pueden repercutir, en todo caso, sobre el daño material y/o moral, al menos abstracto.
Aplicación de la ley, alimentos, porcentaje máximo de retención, costas en el orden causado
Materia: CIVIL-LABORAL
Carátula: A. M. S. O. S. c/ C. S. s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-10-18

No se discute en esta instancia que los niños pasan similar cantidad de tiempo con uno y otro progenitor, como tampoco es materia de controversia que los ingresos del padre son marcadamente superiores a los de la madre, superando los primeros a los segundos en casi el triple. Consecuentemente, y de acuerdo a lo dispuesto por el art. 666 del Código Civil y Comercial, puede establecerse una cuota alimentaria para que el hijo goce del mismo nivel de vida en ambos hogares, más allá del cuidado compartido, que es el que se da actualmente respecto de los niños de autos.
Recurso de queja (procesal), queja por apelación denegada, resoluciones apelables, providencia simple, resolución firme, defensa en juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: MARTINEZ SILVIA ROXANA Y OTROS c/ GCBA Y OTROS s/ QUEJA POR APELACION DENEGADA
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-12-28

En el caso, si la providencia simple recurrida adquiriera firmeza, provocaría en la quejosa un estado de indefensión, pues -en la hipótesis de hacerse efectivo el apercibimiento- la providencia que así lo decidiera resultaría inapelable toda vez que -tal como lo ha señalado anteriormente este Tribunal- no son apelables las resoluciones que son consecuencia de otra que fue consentida por el recurrente.

Ello por cuanto el tribunal de apelación no puede revisar cuestiones que han quedado firmes y, en caso de hacerlo, la resolución respectiva afectaría la garantía constitucional de la defensa en juicio -al emitir la Alzada un pronunciamiento sin que la parte interesada haya instado oportunamente la apertura de la instancia recursiva- (esta Sala, in re "G.C.B.A. c/ Cía. CVA Costera Criolla S.A. s/ Ejecución fiscal", exp. nº 86.473, resolución del 27/2/02; voto del Dr. Carlos F. Balbín in re "G.C.B.A. c/ Guardamagna, Martha Beatriz s/ Ejecución fiscal", exp. nº 106.538, resolución del 21/8/02).
Lavado de activos, sentencia condenatoria
Materia: PENAL
Carátula: Rodrigo, Eduardo Daniel y otros  c/  s/ asociación ilícita, inf. art. 310 -incorporado por ley 26.733, defraudación por retención indebida y defraudación por desbaratamiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Córdoba
Fecha: 2019-09-03

La consumación se produce al momento que el autor puso en circulación en el mercado de bienes y capitales los bienes provenientes de un ilícito penal. No es necesario que efectivamente se haya logrado su legitimación ("con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito").
Reincidencia, constitucionalidad
Materia: PENAL
Carátula: Ruiz Moreno, Juan D. y Gómez, Leonardo A. s/ rec. de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-19

Ante el distinto tratamiento dado por la ley a aquellas personas que, en los términos del art. 50 CP, cometen un nuevo delito, respecto de aquellas que no exteriorizan esa persistencia delictiva, se justifica por el desprecio hacia la pena que les ha sido impuesta, y si existe un fundamento razonable para hacer tal distinción, el legislador se encuentra facultado para establecer, dentro del amplio margen que le ofrece la política criminal, las consecuencias jurídicas que estime convenientes para cada caso.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pacheco, Jorge Alberto c/ Fersters, Matías Roberto s/ Daños y perjuicios Torres, Adrián Claudio c/ Aspiro, Rodolfo Ramón s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-08-23|2002-02-19

Incurre en el vicio de absurdo el razonamiento que desinterpreta en forma notoria las probanzas que surgen de la causa.
Juicio abreviado, acuerdo de juicio abreviado, sentencia condenatoria
Materia: PENAL
Carátula: García, Carlos Manuel s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-04

La imposición de una pena única superior a la que surge del acuerdo de juicio abreviado vulnera las garantías de defensa en juicio y debido proceso que asisten al imputado.
Cómputo de servicios, prueba testimonial, valor probatorio, prueba insuficiente, apreciación de la prueba
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - PROCESAL
Carátula: GALVAN, Emilia Crecencia c/ Caja Nacional de Previsión para Trabajadores Autónomos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-17

Treinta años de servicios, de los cuales por quince se tienen que haber realizado aportes y contribuciones, no pueden ser suplidos en su demostración por declaraciones que por la generalidad de situaciones que abarcan, vaguedad en cuanto a la fijación de hechos en el tiempo, imprecisión respecto de las circunstancias a probar que exige la ley y la común similitud que las caracteriza, imposibilita conformar una convicción medianamente cierta de que efectivamente el peticionante laboró en forma dependiente durante todo el período que denuncia.
Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, fundamentación del recurso, falta de fundamentación, cuestión no constitucional, sentencia arbitraria, improcedencia del recurso, excarcelación, antecedentes penales, sentencia condenatoria, sentencia no firme, ejecutoriedad de la sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Defensoría General de la CABA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Legajo de juicio en autos Ferreyra, Daniel Héctor s/ infr. al art. 189 bis inc. 2 párrafo 3ro del CP
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-10

El argumento de la defensa, asentado sobre la afirmación de que el inc. 6° del art. 187 CPP establece literalmente dos años de prisión preventiva sin ningún otro condicionamiento que permita esquivar que la libertad debe ser puesta de manera inmediata y absoluta, soslaya que la hipótesis bajo la cual formula el pedido de liberación debe ser puesta en relación con el resto de los plazos regulatorios del proceso que prevé el código procesal. Si la investigación puede alcanzar los dos años conforme lo autoriza el art. 104 del CPP de obtenerse las prórrogas establecidas, la tramitación del proceso hasta el dictado de la sentencia podría prolongarse más allá de ese término, por lo que era esperable que el legislador local incluyera un mecanismo -como el inciso 6°- que permitiera renovar la discusión sobre la existencia de los riesgos procesales transcurrido un determinado tiempo -que fijó en dos años- y bajo criterios de razonabilidad más explícitos respecto de la duración del encierro cautelar. (Del voto del juez Santiago Otamendi).
Cesión del establecimiento, concesión comercial, adjudicación
Materia: LABORAL
Carátula: ZERDA, ALICIA ROSA c/ LESSIVER S.R.L. Y OTROS s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-09-21

En los casos de adjudicación de una concesión no puede haber transferencia de establecimiento en los términos previstos en los arts. 225 a 229 de la L.C.T., ante la inexistencia de un vínculo jurídico que una al concesionario anterior con el actual.
Decretos, constitucionalidad, ley de emergencia, decreto de necesidad y urgencia, estado de emergencia
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Cocchia, Jorge Daniel c/ Estado Nacional y otro s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-02

El art. 35 del decreto 817/92 solo impone la suspensión de ciertas modalidades de la contratación sin afectar su sustancia, por lo cual se encuentra alcanzada por la doctrina relativa a la constitucionalidad de las normas de excepción destinadas a enfrentar situaciones de grave emergencia.
Privilegios (civil), costas, testamento ológrafo, protocolización, declaratoria de herederos, honorarios
Materia: CIVIL
Carátula: GARBIN, OSCAR RAFAEL c/ PERILLI, ESTEBAN A. s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-19

El privilegio de los gastos de justicia encuentra su fundamento en el hecho de que los demás acreedores no hubieran podido librarse de efectuarlos para hacer efectivos sus créditos. Por eso gozan de aquél los que resultaron indispensables para tal fin. Para que puedan ser calificados como gastos de justicia, los respectivos créditos deben corresponder a un trabajo o gasto necesario para obtener el cuidado o la realización de los bienes de que se trata, provenir de un gasto efectuado en el interés de los acreedores, tener conexión con el aparato judicial y por finalidad el realizar los bienes del deudor o preparar esa realización.

Dentro de este concepto se encuentran comprendidos los honorarios de los abogados que tramitaron la protocolización y posterior aprobación del testamento ológrafo de la deudora, ya que la sucesión resultaba necesaria no sólo para establecer la legitimación pasiva de la demandada, sino también para que pudiesen perfeccionarse los actos de transmisión de dominio de los inmuebles que se vendieron forzadamente.

La declaratoria de herederos es el reconocimiento judicial de la calidad de tal, impuesta por las exigencias derivadas de la necesidad de inscribir la transmisión del dominio en el Registro de la Propiedad. Todos los herederos ab-intestato deben pedirla, puesto que sin ella no pueden inscribir el dominio a su nombre en el Registro.

Cuando fallece el deudor es indispensable que se inicie su sucesión y se dicte declaratoria de herederos para que los acreedores puedan dirigir contra ellos sus acciones, tratándose de trámites necesarios y cuya realización beneficia a todos los acreedores. Tales gastos gozan de la preferencia del art. 3879, inc. 1, del Código Civil y deben satisfacerse con los bienes de la sucesión, con privilegio sobre los acreedores del causante.

Se trata de desembolsos de absoluta necesidad y sin los cuales la cosa no habría podido reducirse a dinero constante para pagar los créditos.

Los trabajos realizados y que han resultado en beneficio directo e inmediato de los acreedores gozan del privilegio que le permite al letrado cobrar en primer término sobre el producto de la realización del bien transmitido. Ello así porque en el momento de la subasta, el asiento del privilegio se traslada al producido pecuniario del mismo bien, por constituir el precio de venta en remate judicial la garantía común de todos los acreedores, cobrando en primer término los que gozan de privilegio.
Lealtad comercial, acta de inspección, infracciones formales
Materia: PENAL
Carátula: FULLONE S.A. s/ Lealtad comercial Causa Nro. 35688.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-12

1-Si el acta de constatación la cual, en principio, reviste plena fe, señala que los productos observados no cumplían los requisitos exigidos por la ley de lealtad comercial, fue firmada por el presidente de la empresa sin expresar reservas, no puede luego argüirse que las mercaderías poseían todas las formalidades legales (Del voto del Dr. Grabivker).- 2-Estas infracciones son, en principio de las llamadas de tipo "formal", en las que no se evalúa la intención, y sin que se requiera la producción de resultado alguno, se configuran con la simple constatación de la infracción al momento de la inspección (Del voto del Dr. Grabivker).- 3-La ley de lealtad comercial protege al consumidor, para que no se induzca a error o engaño al momento de tener que adquirir mercaderías;

y protege, también, a los competidores (Del voto del Dr. Grabivker).
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria, apartamiento de las constancias de la causa
Materia: PROCESAL
Carátula: Frieboes de Bencich, Emilia Irma s/ quiebra s/ incidente de ventadel Hotel Elevage.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-23

Es arbitrario el pronunciamiento si las afirmaciones sobre las que se sustenta resultan contradichas tanto por la normativa legal aplicable al caso, como también por las constancias existentes en las actuaciones.
Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, denegatoria del recurso, insuficiencia del agravio, ejecución fiscal, pequeños contribuyentes, alumbrado, barrido y limpieza
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Autódromo SA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ GCBA c/ Autódromo SA  s/ ejecución fiscal - ABL - pequeños contribuyentes
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-02-08

Corresponde rechazar la queja porque en su presentación directa la parte demandada replica las argumentaciones desarrolladas en el recurso de inconstitucionalidad, sin lograr rebatir las razones que llevaron a la Cámara a denegarlo. En primer lugar, que no se aprecia afectación alguna a su derecho de defensa ni cuáles habrían sido las defensas que se vio privado de ejercer y por otro, que si bien la recurrente no es propietaria del inmueble en cuestión en esta causa y de cuya deuda se discute (conf. art. 267 del CF t.o. 2016), surge de las actuaciones que tiene la tenencia provisoria y, por tanto, cuando se trata de posesión o tenencia precaria otorgadas por sujetos exentos a sujetos no exentos, el poseedor o tenedor debe hacer efectivos los gravámenes aun cuando la propiedad permanezca a nombre del sujeto exento (art. 268). (Del voto de la juez Inés M. Weinberg).