Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-12-12


Reg.: A y S t 280 p 147/153. En la ciudad de Santa Fe, a los doce días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Roberto Héctor Falistocco, María Angélica Gastaldi, Rafael Francisco Gutiérrez, Mario Luis Netri y Eduardo Guillermo Spuler, con la presidencia del titular doctor Daniel Aníbal Erbetta, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "MEDRANO, LAURA FABIANA contra MONZON, ALBERTO -LABORAL- (EXPTE. 314/15) sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)" (Expte. C.S.J. CUIJ N°: 21-05166903-4). Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto? SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente? y TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar? Asimismo, se emitieron los votos en el orden en que realizaron el estudio de la causa, o sea, doctores: Falistocco, Erbetta, Gastaldi, Netri, Spuler y Gutiérrez. A la primera cuestión, el señor Ministro doctor Falistocco dijo: Mediante resolución registrada en A. y S. T. 273, págs. 373/376, esta Corte -por mayoría- admitió la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la actora contra la sentencia del 06 de junio de 2016, dictada por la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Laboral de Santa Fe, por entender que la postulación de la recurrente -desde la apreciación mínima y provisoria que corresponde a ese estadio- contaba con suficiente asidero en las constancias de la causa e importaba articular con seriedad planteos que podían configurar hipótesis de violación del derecho a la jurisdicción con idoneidad suficiente como para operar la apertura de esta instancia de excepción. El nuevo examen de admisibilidad que impone el artículo 11 de la ley 7055, efectuado con los principales a la vista, conduce a ratificar esa conclusión de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General (fs. 168/173). Voto, pues, por la afirmativa. A la misma cuestión, el señor Presidente doctor Erbetta, la señora Ministra doctora Gastaldi y el señor Ministro doctor Netri expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro doctor Falistocco y votaron en igual sentido. A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Spuler dijo: En el nuevo examen de admisibilidad que impone el articulo 11 de la ley 7055 he de propociar la rectificación del criterio sustentado en oportunidad de resolver la queja. Ello así, pues del estudio de la totalidad de las constancias de la causa -el que ha podido efectuarse de manera integral al contar con los autos principales- surge que los planteos de la recurrente cuentan con asidero en el caso e importan articular hipótesis de violación del derecho a la jurisdicción con idoneidad suficiente como para lograr el acceso a la instancia extraordinaria intentada. Dicho esto de conformidad a lo dictaminado por el señor Procurador General (fs. 168/173). Voto, pues, por la afirmativa. A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Gutiérrez expresó idéntico fundamento al vertido por el señor Ministro doctor Spuler y votó en igual sentido. A la segunda cuestión, el señor Ministro doctor Falistocco dijo: 1. Sucintamente, la litis: Del análisis de las presentes actuaciones surge que la señora Laura Fabiana Medrano -en su carácter de codemandada en los autos caratulados "Banco Hipotecario S.A. c/ De Césaris, José Andres y otra s/ Ejecución Hipotecaria" (Expte. 1320/03) de trámite ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial N° 9 de Santa Fe-, inició el presente incidente de levantamiento del embargo trabado en los autos principales, caratulados "Monzón, Alberto c/ De Cesaris, José Andres s/ C.P.L." (Expte. 447/08). Señaló que el embargo había recaído sobre el cincuenta por ciento indiviso (de titularidad de su ex-esposo), de su vivienda única, familiar y permanente, asiento de su hogar y de sus hijas, ubicada en calle Juan del Campillo 3742 de esta ciudad. Refirió también que el inmueble fue adquirido con un crédito del Banco Hipotecario nacional, lo cual lo torna inembargable e inejecutable en virtud de lo establecido en el artículo 35 de la ley 22232, al estar vigente la anotación del gravamen hipotecario. Y alegó que por orden judicial -dispuesta en las actuaciones antes referidas- su vivienda se encontraba sometida al procedimiento especial de emergencia establecido en la ley provincial 13116 (artículo 3). El juez de baja instancia desestimó su pedido de levantamiento de embargo (fs. 103/104). Impugnada tal decisión, la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Laboral de Santa Fe la confirmó (fs. 137/138). 2. Contra ese pronunciamiento plantea la incidentista -hoy recurrente- recurso de inconstitucionalidad con fundamento en el artículo 1, inciso 3, de la ley 7055 por juzgarlo lesivo de los derechos y garantías que invoca. Sostiene que la sentencia se motiva en una apreciación subjetiva de los juzgadores y que no cuenta con apoyo legal. Entiende que la sola circunstancia de que las acreencias laborales tengan carácter alimentario no resulta fundamento suficiente para dejar sin efecto lo dispuesto por otra norma de orden público (ley 22232, art. 35). Cita jurisprudencia en sustento de su postura. Refiere que el crédito hipotecario no fue cancelado por las partes, por lo que se encuentra vigente la hipoteca. Y en este orden, recuerda que la inembargabilidad e inejecutabilidad se extiende aún luego de cancelada una acreencia. Manifiesta que la circunstancia de que el embargo se trabó sobre el 50% de la parte indivisa del inmueble de titularidad de De Césaris (deudor con condena firme en el juicio laboral y ex-cónyuge de la recurrente) y no sobre lel 50% indiviso de su propiedad, no resulta razón suficiente para considerarla como carente de legitimación; y que el patrimonio del deudor sea la prenda común de los acreedores tampoco es argumento adecuado para desestimar el levantamiento requerido. Reitera lo argüido al expresar agravios, en orden a que si legalmente se produce la venta por subasta judicial de la mitad indivisa del inmueble, quien resulte adquirente tendrá el legítimo derecho de pedir su porción, supuesto en que se vulnerarían los principios que informan la ley 22232. La Sala denegó la concesión del remedio intentado por resolución 138 del 03 de agosto de 2016 (fs. 152/154), accediendo la impugnante por vía de queja a esta instancia excepcional, tal como se explicitara al tratar la primera cuestión. 3. El planteo recursivo debe prosperar en tanto se configuran en el caso supuestos de arbitrariedad normativa -por prescindencia del texto legal aplicable- y fáctica, así como de falta de adecuada fundamentación y apartamiento de precedentes dictados por esta Corte y por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en casos análogos (A. y S., T. 92, pág. 50; T. 83, pág. 127; T. 177, pág. 222; T. 261, pág. 218; véase también: Fallos:238:550; 297:250; 327:5857). En efecto, la señora Laura Fabiana Medrano -en su carácter de codemandada en los autos caratulados "Banco Hipotecario S.A. c/ De Césaris, José Andres y otra s/ Ejecución Hipotecaria" (Expte. 1320/03), tramitado ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial N° 9 de Santa Fe-, dedujo incidente de levantamiento del embargo trabado en los autos principales, caratulados "Monzón, Alberto c/ De Cesaris, José Andres s/ C.P.L." (Expte. 447/08). Y sostuvo que la medida cautelar había recaído sobre el cincuenta por ciento indiviso (de titularidad de su ex-esposo) de su vivienda única, familiar y permanente, asiento de su hogar y de sus hijas, ubicada en calle Juan del Campillo 3742 de esta ciudad. Hizo saber que el inmueble había sido adquirido con un crédito del Banco Hipotecario Nacional, que la deuda continuaba vigente y que desde el año 2002 era ella quien la pagaba, y que por tanto el inmueble continuaba bajo el amparo de las garantías de inembargabilidad e inejecutabilidad (art. 35, ley 22232). Acompañó, asimismo, las constancias documentales que así lo acreditan (véase fs. 3/19 y 49/70). Ahora bien, estos planteos y medios de confirmación fueron relegados sin obtener una respuesta jurisdiccional adecuada por parte de los Sentenciantes, puesto que el Tribunal a quo rechazó el pedido de levantamiento de embargo por considerar que las disposiciones de las leyes 13.116 y 22.232 no resultaban aplicables a la litis "por no tratarse de vivienda única, familiar y permanente del deudor". Para ello invocó los propios dichos de la incidentista al absolver posiciones, en cuanto a que "...desde el año 2002 se encontraban divorciados con De Césaris...", de lo cual dedujo la Sala que entonces "el deudor" ya no estaba amparado por la referida tutela legal. Y añadió que el embargo sólo grabó el cincuenta por ciento (50%) del inmueble de titularidad de De Césaris, sin afectar el 50% de titularidad de la incidentista, quien no había "...siquiera ofrecido una sustitución de la cautelar". E hizo hincapié el Sentenciante en que lo que pretendía ejecutarse era un crédito laboral, de carácter alimentario, por lo cual debía ser satisfecho. Sin embargo, con ese razonamiento la Sala desconsideró que lo que las leyes 13116 y 22232 tutelan no es la posición del deudor en el juicio laboral (en el caso, el señor De Césaris, quien cabe destacar tendría otros inmuebles conforme invoca la incidentista y da detalles de su ubicación), sino al grupo familiar que habita la vivienda que se pretende ejecutar. En la parcialidad de su enfoque, la Sala perdió de vista el objetivo social que persiguen las normas que disponen la inembargabilidad e inejecutabilidad de los inmuebles destinados a vivienda propia, construídos o adquiridos con préstamos del Banco Hipotecario Nacional, razón por la cual el artículo 35 de la Carta Orgánica del Banco Hipotecario Nacional (ley 22232) exige que la vivienda mantenga su categoría originaria y conserve su destino. En ese sentido, de las constancias de autos se advierte ofrecida -por la incidentada- la prueba de "mandamiento de constatación judicial" (f. 30) a fin de constituírse en el domicilio de Juan del Campillo 3742 -Santa Fe- y verificar quiénes lo ocupan, carácter en el que lo hacen, identidad de los ocupantes y descripción de la conformación del inmueble. Sin embargo, el requerimiento luce omitido de proveer por el Tribunal (34). Así, ante la situación de divorcio del deudor (De Cesaris) con la incidentista (Medrano), a consecuencia de lo cual el deudor no habitaría más el inmueble embargado pero sí el grupo familiar formado por la madre y las hijas, recaía sobre quien pretendía ejecutar el inmueble -amparado por la protección legal- la demostración de que las condiciones que originariamente justificaron el beneficio, habían dejado de tener vigencia. Y era deber del juzgador, previo a resolver, a fin de dar adecuada respuesta jurisdiccional al planteo, escudriñar si efectivamente el inmueble conservó su destino de vivienda única del grupo familiar, pues en ese caso, la garantía permanecía vigente. Estos criterios interpretativos ya habían sido trazados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y por esta Corte para casos análogos, mas -tal como señala la recurrente- la Sala soslayó su consideración. Así, in re "Jaralambides" (CSJN, Fallos:308:2073), se estableció que: "La inembargabilidad e inejecutabilidad de los inmuebles gravados a favor del Banco Hipotecario Nacional, por créditos otorgados para única vivienda propia (arts. 20, decreto - ley 13128/57 y 35 de la ley 22232) tutela no sólo al banco, sino también al adquirente, por razones de interés general, y en atención al fin tuitivo de la ley, y mientras se conserven los requisitos establecidos en la norma, se mantienen con posterioridad a la cancelación del gravamen hipotecario" (cfr. en idéntico sentido Fallos:249:183; 256:572; 295:608; 305:449, entre otros). Este criterio se ajusta al objetivo social y la naturaleza de orden público que tienen las normas legales que consagran aquel carácter, en concordancia con las funciones de fomento de la vivienda familiar atribuídas al referido Banco y con el espíritu de normas análogas -como las que regulan el "bien de familia"- que encuentran andamiaje constitucional en el artículo 14 bis de la Carta Magna nacional. Asimismo, en la causa "Giusti" (CSJN, Fallos:315:129), se puntualizó que "el beneficio legal se extiende... mientras las viviendas mantengan su categoría originaria y conserven tal destino..." y que "...incumbe a quien pretenda ejecutarlo la demostración de que las condiciones que originariamente justificaron el beneficio, han dejado de tener vigencia". Esa doctrina constitucional ha sido receptada por este Tribunal en la causa "Parón" (A. y S., T. 120, pág. 374) y consolidada por su jurisprudencia consecuencial (vid. "Incidente de inembargabilidad y desembargo en el juicio Gonzalez, Adolfo", A." S., T. 121, pág. 136; "Vicini", A. y S., T. 131, pág. 222; "Rojas", A. y S., T. 167, pág. 28, entre otros). Y en este aspecto, cabe recordar que "...carecen de fundamento las sentencias de los tribunales inferiores que se aparten de los precedentes de la Corte sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por el Tribunal, en su carácter de intérprete supremo de la Constitución nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia" (Fallos:212:51 y 160). Tampoco debilita la protección constitucional y legal de la vivienda familiar la circunstancia de que los cónyuges estén en un proceso de divorcio y que la traba del embargo y posterior ejecución sólo afecte el 50% del inmueble titularidad del cónyuge deudor, pues la respuesta de la Sala contiene un apartamiento manifiesto del texto expreso de la ley al sustraer la protección legal a quien invocó continuar reuniendo los recaudos que la ley exige para que la tutela opere, esto es, que el inmueble mantenga su categoría originaria de vivienda única familiar y conserve ese destino. En definitiva, en las particulares circunstancias de esta litis, el Sentenciante omitió sopesar razonada y razonablemente la integralidad de derechos en crisis, ambos constitucionalmente amparados por el artículo 14 bis de la Carta Magna y de singular importancia, como son la vivienda única familiar y el carácter alimentario del crédito laboral. Así, el A quo eludió encauzar adecuadamente -esto es, sin sacrificar otro derecho de similar raigambre y tutela constitucional- una respuesta a cómo podría un sujeto de especial tutela constitucional -como es el trabajador- ejecutar su crédito cuando lo que se pretende subastar es un inmueble destinado a satisfacer las necesidades básicas de otros sujetos que también gozan de esa misma garantía ("protección integral de la familia y defensa del bien de familia", artículo 14 bis "in fine", Constitución Nacional), teniendo en cuenta que la incidentista había denunciado la existencia de otros bienes de titularidad del deudor, mas -conforme surge de las constancias de autos- ninguna diligencia se ordenó al respecto. 4. Colofón de lo expuesto es que la sentencia impugnada no respeta en sus mínimos niveles el derecho a la jurisdicción que garantiza nuestra Constitución provincial, al incurrir en arbitrariedad normativa y fáctica y omisión de considerar pautas jurisprudenciales de esta Corte y del Supremo Tribunal de la Nación, por lo que debe ser anulada como acto jurisdiccional válido a tenor de la doctrina de la arbitrariedad de sentencia. Voto, pues, por la afirmativa. A la misma cuestión, el señor Presidente doctor Erbetta, la señora Ministra doctora Gastaldi y los señores Ministros doctores Netri, Spuler y Gutiérrez expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro doctor Falistocco y votaron en igual sentido. A la tercera cuestión, el señor Ministro doctor Falistocco dijo: Atento al resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores corresponde anular la sentencia impugnada y remitir los autos al Tribunal subrogante que corresponda para que dicte un nuevo pronunciamiento conforme las pautas sentadas en esta sentencia, con costas al vencido (art. 12, ley 7055). A la misma cuestión, el señor Presidente doctor Erbetta, la señora Ministra doctora Gastaldi y los señores Ministros doctores Netri, Spuler y Gutiérrez dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por el señor Ministro doctor Falistocco y así votaron. En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Anular la sentencia impugnada y remitir los autos al Tribunal subrogante que corresponda para que dicte un nuevo pronunciamiento conforme las pautas sentadas en esta sentencia, con costas al vencido. Registrarlo y hacerlo saber. Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros, por ante mí, doy fe. FDO.: ERBETTA - FALISTOCCO - GASTALDI - GUTIÉRREZ - NETRI - SPULER - FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA). Tribunal de origen: Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Laboral de Santa Fe. Tribunal que intervino con anterioridad: Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral N° 4 de Santa Fe.