Tribunal: CAMARA DE ACUSACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-02-21


Salta, 21 de Febrero de 2011.

Y VISTO: Estos Autos caratulados: "ALANIS, Leopoldo Ernesto por DESOBEDIENCIA JUDICIAL a JAIMEZ, Juana Rosa", Expte. Nº 76.236/09 del Juzgado Correccional y de Garantías de 7ª Nominación, del Distrito Judicial del Centro, causa Nº CAM 26940/9 de la Sala III de la Cámara de Acusación y, CONSIDERANDO El Dr. Adolfo A. Figueroa dijo:

Que estos obrados vienen a decisión de la Cámara de Acusación, en virtud de haber interpuesto recurso de apelación la Sra. Defensora Oficial Penal Correccional Nº 7 Dra. Marina Bouhid, a cargo de la defensa de Leopoldo Ernesto Alanís, contra el Auto de fs. 62 y vta. por el cual la Sra. Juez Correccional y de Garantías de 7º Nominación resuelve no hacer lugar al planteo de sobreseimiento formulado por la defensa, por no encontrarse dados los extremos que requiere la norma legal prevista en el art. 359 del C.P.P..

Como fundamento de dicha resolución, expresa la A-quo en cuanto hace a la duración de las medidas cautelares cuando no disponen plazo, que en las impuestas en cuestiones de violencia familiar o por una cuestión típica de derecho penal la naturaleza jurídica es distinta a las patrimoniales del derecho civil, por la finalidad preventiva y de resguardo para evitar consecuencias ulteriores. En razón de ello concluye que debe rechazarse el pedido de sobreseimiento, siendo imprescindible que la situación sea dilucidada en el debate con la producción de las restantes pruebas.

En el memorial de fs. 66/67 vta. que doy por reproducido en un todo en honor a la brevedad, se agravia la recurrente en síntesis por cuanto sostiene que la conducta desplegada por su defendido en el evento resulta atípica, toda vez que actuó sin el conocimiento de mediar una orden judicial que limitara sus actos , ya que la que se le habría impuesto se le notificó prácticamente un año antes del hecho, orden que no le fijó plazo y que entendió fue para solucionar un conflicto del momento, ya que no se había instaurado ninguna clase de demanda. Agrega que no pude exigirse a un ciudadano común diferenciar entre las distintas cautelares, ni pretender que entienda que la orden del juez de familia no era provisoria cuando las circunstancias le hacían entrever que habría sido dictada para salvar un conflicto del momento, estimando la recurrente que puede en esta instancia resolverse la situación procesal de su defendido y evitarse el desgaste jurisdiccional que implica el debate. El recurso fue producido en tiempo y forma, en consecuencia resulta formalmente admisible, por lo que se encuentra expedita la vía recursiva para el tratamiento de la cuestión suscitada.

Volcado al análisis de lo resuelto por la Sra. Juez Correccional y de Garantías, al hecho narrado en la Requisitoria de Juicio formulada a fs. 26/28 por el Ministerio Fiscal, a los agravios de la recurrente, y en base a las constancias de autos, puedo anticipar que comparto los fundamentos dados por la A-quo para denegar el auto de sobreseimiento solicitado.

Ello por cuanto resulta evidente que el evento por el cual se requirió juicio tiene las características propias de la tipicidad de un hecho catalogado como delito, esto es Desobediencia Judicial previsto por el art. 239 del C.P.. Si bien la defensa invoca la atipicidad del hecho alegando que su defendido obró en desconocimiento de estar incumpliendo una orden judicial, no niega la materialidad del evento y la participación en el mismo del imputado Leopoldo Ernesto Alanís.

En síntesis, lo argumentado por la defensa con respecto al desconocimiento del imputado de la orden emanada del Juez que entendió en la causa por Violencia Familiar, no resiste el menor análisis, ya que consta en autos claramente que Alanís había sido notificado de la restricción que se le había impuesto, disposición sobre la cual precisamente si no se fijó término alguno era para que subsistiera en el tiempo y nada podía hacerle pensar que no estaba vigente.

Sobre el particular, resulta conveniente recordar que no es cierta la pretensión de considerar como meras medidas cautelares a las establecidas en el art. 8º de la ley Nº 7.403, ya que si bien son de carácter previas y urgentes, en ninguna disposición de la referida normativa se les confiere expresamente la naturaleza de medida cautelar en el sentido estricto del término, y muchos menos aún se prevé su caducidad con el alcance del art. 207 del C.P.C. y C..

Sabido es que para la procedencia de las medidas cautelares del proceso civil se requiere como uno de sus requisitos la prestación de contra cautela, recaudo que sería absurdo sea exigido para disponer alguna de las medidas previstas en el art. 8º de la ley Nº 7.403, lo que habla a las claras que jamás puede equipararse a las cautelares de naturaleza patrimonial. Debe acudirse entonces al verdadero alcance y sentido de las previsiones de la Ley de Violencia Familiar, normativa que con sus mayores aciertos o desaciertos procura dar respuestas precisamente a tal problemática, y que sin duda alguna verían desnaturalizada su esencia e incluso perderían su razón de ser de resultarles aplicables la sanción de caducidad del art. 207 del C.P.C. y C..

No debe olvidarse que la potestad de disponer alguna de las medidas previas enunciadas en el art. 8º de la ley 7.403 trasciende al Juez de Familia, ya que incluso pueden ser adoptadas por el Juez Correccional y de Garantías, por el Sr. Juez de Instrucción Formal, o por el Juez de Menores, a los que les toque actuar en una situación de las enmarcadas como de violencia en el seno de la familia y de allí lo inapropiado de pretender resulten alcanzadas por aquella disposición del C.P.C. y C..

En efecto establece el art. 207 del C.P.C. y C. que " Se producirá la caducidad de pleno derecho de las medidas cautelares que se hubieren ordenado y hecho efectivas antes del proceso, si tratándose de obligación exigible no se interpusiere la demanda dentro de los treinta días siguientes al de su traba. Las costas y los daños y perjuicios causados serán de quien hubiese obtenido la medida y ésta no podrá proponerse nuevamente por la misma causa. Su inscripción se extinguirá a los cinco años de la fecha de la anotación en el registro correspondiente, salvo que a petición de parte se reinscribieran ante del vencimiento del plazo, por orden del juez que entendió en el proceso"._ Emerge a todas luces de su sola lectura la inaplicabilidad de tal disposición al caso de marras, evidenciándose que está referida a aquellas medidas cautelares de contenido patrimonial tales como el embargo preventivo, inhibición general de bienes, prohibición de innovar, anotación de litis, etc, ya que lógicamente estas pueden versar sobre alguna "obligación exigible" y a cuyo respecto puede ordenarse su inscripción en los registros inmobiliarios o del automotor.

Por último, cabe agregar que en el procedimiento normado por la ley Nº 7.403 no se establece la interposición de "demanda" alguna - lo que torna inaplicable la pretendida aplicación subsidiaria del art. 207 del C.P.C. y C. contemplado únicamente para lo que no esté previsto en dicha ley conforme su art. 18 - sino la formación de un expediente por Violencia Familiar, con citación a audiencia a las partes, luego de la realización de los estudios técnicos multidisciplinarios, proceso que más allá de su demora la propia recurrente admite se tramita ante el fuero civil de familia, algunas de cuyas copias se encuentran incluso incorporadas en autos, por lo que emerge la absoluta improcedencia de lo pretendido, y por el contrario surge la necesidad del esclarecimiento de los hechos mediante la sustanciación del debate, máxime si como en el caso analizado serían reiteradas las situaciones de violencia familiar protagonizadas por el imputado Leopoldo Ernesto Alanís.

En consecuencia no obstante lo aducido por el recurrente, la conducta atribuida al imputado es menester sea analizada en base a los elementos probatorios que en su momento se cuenten y no como pretende la apelante, que bajo un hipotético análisis de tipicidad, que no es tal, se descarte tal conducta como hecho delictuoso, cuando esta en abstracto responde estrictamente a un tipo penal previsto en el Código en la materia, por lo que no resulta adecuado al caso de marras el supuesto de atipicidad previsto en el inciso 3º del art. 326 del C.P.P. en concordancia con el 359 del mismo cuerpo legal. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la defensa del acusado Leopoldo Ernesto Alanís. Así voto.

El Dr. Edgardo F. Albarracín dijo:

Que se adhiere al voto del Vocal preopinante por sus fundamentos y conclusiones.

En mérito a ello y el acuerdo que antecede, LA SALA III DE LA CAMARA DE ACUSACION RESUELVE I ) NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por la Sra. Defensora Oficial Penal Correccional Nº 7 a fs. 66/67 vta., y en su mérito CONFIRMAR el auto resolutivo dictado a fs. 62 y vta..

II) REGÍSTRESE, PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, y oportunamente BAJEN los autos al juzgado de origen.