Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-03-15


Salta, 15 de marzo de 2011.

Y VISTOS: Estos autos caratulados: "BANCO HIPOTECARIO S.A. vs. RODRIGUEZ, JUAN JOSE; CASTRO, CALUDIA ALICIA - EJECUCION HIPOTECARIA" - Expte Nº 15.621/01 del Juzgado de 1ra. Instancia en lo Civil y Comercial de Procesos Ejecutivos 3º Nominación (Expte. N° CAM 268.114/9 de Sala II), y, ______________________ CONSIDERANDO:

I. El co-ejecutado Sr. Juan José Rodríguez representado por la Sra. Defensora oficial nº 2 Dra. Zulema Guerrero, a fojas 175, interpone recurso de apelación en contra de la resolución de fojas 159/160 que rechaza el planteo de nulidad introducido por su partes; recurso concedido a fojas 176.

Se agravia el apelante del decisorio de grado por el hecho que, dice, el Sr. Juez no abordó el tema central de su planteo relativo a la ley del consumidor; y rechaza la nulidad introducida por su parte acorde las normas procesales teniendo en cuenta que deben aplicarse las disposiciones de derecho sustantivo del mentado precepto legal.

Observa los argumentos del sentenciante que exigen redargución de falsedad para hacer caer una escritura pública de hipoteca, cuando las normas del consumidor no prevén tal trámite. Cuestiona que el Juez tenga por probados los hechos en que fundó la nulidad y se dejó sin efectos la apertura a prueba, considerando que toda las presunciones son a favor del consumidor: y finalmente considera erróneas las conclusiones relativas a la prescripción según el art. 50 de la norma que se alude en la sentencia máxime que la prescripción fue introducida como una eventualidad por la contraria.

A fojas 181 contesta el ejecutante memorial de agravios y solicita el rechazo del recurso en todas sus partes con costas.

Oída la Sra. Fiscal de Cámara Dra. Adriana María Figueroa a fojas 229/231 se expide por el rechazo de la apelación interpuesta.

II.- En autos se promovió ejecución hipotecaria y al encontrarse el proceso con sentencia firme, comparece el aquí apelante, co-ejecutado a plantear la nulidad de la intimación de pago, invocando la existencia de cláusulas abusivas en el contrato base de la ejecución acorde las disposiciones de la ley de defensa del consumidor, preceptos que entiende el apelante debieron ser tenidos en cuenta por el sentenciante para resolver la nulidad interpuesta.

El art. 36 de la ley 24240 y sus modificaciones de la ley de Defensa del Consumidor, cuya aplicabilidad entiende el apelante al caso de autos, ofrece un marco de cumplimiento obligatorio para bancos, entidades financieras y otras empresas dedicadas al otorgamiento del crédito, bajo apercibimiento de considerar nulo el contrato que se celebra si no se cumple con las indicaciones que consagra la protección de los intereses económicos de los consumidores y usuarios; otorgándoles derecho a una información adecuada y veraz, libertad de elección y condiciones de trato digno y equitativo.

Viene al caso destacar que las disposiciones aludidas en líneas generales no implican "per se" su aplicación lisa y llana a todas las contrataciones efectuadas con las entidades financieras y menos, que impliquen el dejar de lado las demás disposiciones del derecho sustancial y aún procedimental atinentes a la materia de que se trate.

En efecto, en el marco del trámite que nos ocupa y conforme el planteo de nulidad de diligencia introducido, deviene resolver en base a las normas específicas que hacen a la validez o no del domicilio especial constituido en escritura pública, y en su caso analizar la existencia o no de cláusula abusiva respecto el punto.

El domicilio de tal naturaleza, determina el lugar de notificación de la demanda que el vínculo contractual haya podido suscitar por lo que la diligencia que se practique en él será eficaz y surtirá todos efectos legales, aún cuando no coincida con el real del demandado.

Por lo cual la intimación de pago formalizada en él, en principio no adolece de defecto alguno en cuanto a requisitos extrínsecos que debe revestir toda vez que se trata de un instrumento público que hace plena fe mientras no se declare su falsedad por acción civil o criminal, cuestiones no acontecidas en autos.

La alusión a cláusulas abusivas, no resiste el menor análisis teniendo en cuenta que la obligación contraída no aparece configurada con carácter de contrato de adhesión, donde a todo evento podría entenderse como una imposición unilateral de la entidad crediticia; ni fundamentalmente el hecho que la parte hubiere invocado en autos causal con entidad suficiente para justificar que el domicilio en cuestión fue constituido contra su voluntad, o bien notificado su cambio en legal forma a la contraparte; circunstancias que hubieran ameritado el análisis dentro del marco de la ley del consumidor como se pretende acorde las pautas del art. 37 de la norma en cuestión.

Por lo demás, tampoco resulta válido el argumento del agraviado relativo a deficiencias en el trámite del proceso, cuando en su escrito de fojas 156 consintió el llamado de autos dispuesto por el juez quien entendió que no era necesario la apertura de la causa a prueba, cuestión que en el proceso que nos ocupa resultaba facultativo para el juzgador; sin perder de vista que en éste ámbito resulta ajeno el actuar oficioso que invoca el quejoso que surge de las normas del consumidor, normas que tampoco resultan absolutas.

A ello se agrega que el principio de trascendencia que subyace en el instituto de la nulidad procesal requiere un interés jurídico en su declaración, en el sentido que del acto cuestionado derive un perjuicio que le ocasione al peticionante; de allí que en el ámbito de éste proceso ejecutivo, se exige que quien la deduce oponga excepciones en el mismo acto o bien deposite la suma debida, ello a tenor del art. 555 del CPCC; obrar que tampoco aparece configurado por parte del nulidicente en oportunidad del planteo.

Tanto el interés como el perjuicio deben ser fehacientemente demostrados, ya que es preciso que la irregularidad haya colocado a la parte en estado de indefensión, pero no una indefensión teórica, sino que debe concretarse con la mención expresa y precisa de las defensas que se vio privada de oponer (conf. CNCiv, sala F, 30/6/80, Gaceta de Paz del 2/10/80).

Finalmente, en orden al agravio relativo a las consideraciones del sentenciante sobre la prescripción del art. 50 de la ley del consumidor, conforme los fundamentos y conclusiones del pronunciamiento de grado, no han sido mas allá que una alusión eventual de la norma en cuestión, por lo que el agravio deviene abstracto.

Por ello, se rechaza el recurso de apelación interpuesto a fojas 175, con costas a la vencida (art. 67 y 68 del CPCC).

REGÍSTRESE, notifíquese y baje.