Contexto interpretativo, voluntad del legislador, revisión judicial
Materia: PROCESAL
Carátula: C. M. F. c/ P. D. T. s/ AMPARO.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-04-10

Hay diversos métodos, aceptados por la comunidad jurídica, para llevar a cabo la labor interpretativa. Entre ellos se destaca el denominado "ratio legis", según el cual, aquella operación consiste en desentrañar la finalidad del precepto normativo.

Tal técnica ha sido ponderada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando dijo que "es principio básico de la hermenéutica atender en la interpretación de las leyes, al contexto general de ellas y a los fines que las informan; y que, en la interpretación de la ley no debe prescindirse de las consecuencias que se derivan de cada criterio, pues ellas constituyen uno de los índices más seguros para verificar su razonabilidad y su coherencia con el sistema en que está engarzada la norma" (Fallos: 331:1262). En la misma dirección se encuentran los pronunciamientos del Ministerio Público Fiscal en las causas "Bufano", "Geuna", "Quiroga", "Yofre de Vaca Narvaja", cuyos fundamentos y conclusiones fueron compartidos por el Máximo Tribunal federal (Fallos: 323:1406, 1460 y 1491; 327:4241, respectivamente), en los que se señaló que "es regla en la interpretación de las leyes dar pleno efecto a la intención del legislador, computando la totalidad de sus preceptos de manera que armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional (Fallos: 182:486; 184:5; 186:258;

200:165; 281:146; 296:22;297:142; 299:93; 301:460; 304:794); y que dicho propósito no puede ser obviado por los jueces. toda vez que ellos, en cuanto servidores del derecho para la realización de la justicia, no deben prescindir de la ratio legis y del espíritu de la norma (doctrina de Fallos: 257:99;

259:63;271:7; 302:973). Respecto al tema que me ocupa -hermenéutica de la norma- rige la regla de la racionabilidad que está condensada en nuestra Constitución Federal en el artículo 28, donde se dice que los principios, derechos y garantías no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. La "alteración" supone arbitrariedad e irracionabilidad.

La "racionabilidad" es, entonces, una regla sustancial a la que también se la ha denominado "principio o garantía del debido proceso sustantivo". El principio de racionabilidad tiene como finalidad preservar el valor justicia en el contenido de todo acto de poder, como por ejemplo, el ejercicio de la competencia jurisdiccional por parte de los Tribunales que integran el Poder Judicial. Fundamentalmente, la racionabilidad exige que el "medio" escogido para alcanzar un "fin" válido guarde proporción y aptitud suficientes con ese fin: o que haya "razón" valedera para fundar tal o cual acto de poder (en el subiudice, la sentencia en crisis). El control judicial de la racionabilidad debe analizar si entre diversos medios igualmente posibles para alcanzar un fin, se optó por el más o menos restrictivo para los derechos individuales afectados; y que, realizada esa confrontación, debe considerar irrazonable la selección de un medio más o menos severo en lugar de otro más benigno que también sería conducente al fin perseguido. O sea que para dar por satisfecha la racionabilidad hacen falta dos cosas: a) proporción en el medio elegido para promover un fin válido y b) que no haya una alternativa menos restrictiva para el derecho que se limita.

DRES.: ESTOFAN - GOANE - SBDAR.