Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-04-26


SENTENCIA NUMERO: DIECISÉIS En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los veintiséis días del mes de abril de dos mil doce, reunida en acuerdo la Corte de Justicia de Cata-marca, integrada por los señores Ministros doctores Amelia del Valle Sesto de Leiva -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Luis Raúl Cippitelli, para entender en autos Expte. Corte Nº 19/10, caratulado "Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Pedro J. Vélez, abogado defensor del imputado Sosa, Adrián Emanuel en contra de la Sentencia Nº 06/10 de fecha 25 de febrero del 2010", el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1º) ¿Es nulo el fallo impugnado por haber inobservado o aplicado erróneamente las reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas? 2º) ¿Qué resolución corresponde dictar? El recurso de casación interpuesto en contra de la Sentencia Nº 06/2010, dictada en los autos principales, reúne los requisitos de admisibilidad formal establecidos por el art. 460 del C.P.P.

De acuerdo al orden de votación sorteado a fs. 19, los Sres. Ministros se pronunciarán en el siguiente orden: primero, el Dr. Luis Raúl Cippitelli; en segundo lugar, el Dr. José Ricardo Cáceres; y en tercer término, la Dra. Amelia del Valle Sesto de Leiva.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

I. Por Sentencia Nº 06/2010, del 25/02/2010, la Cámara en lo Criminal de Tercera Nominación, reunida en sala unipersonal a cargo del Dr. César Marcelo Soria, en lo que aquí concierne, resolvió: "I) Declarar culpable a Adrián Emanuel Sosa, de condiciones personales ya relacionadas en la causa, como coautor penalmente responsable del delito de ROBO (Art. 164 y 45 del C.P.), condenándolo en consecuencia a sufrir la pena de seis meses de prisión en suspenso (arts. 26, 40 y 41 del Código Penal). Imponiéndole por el término de dos años, conforme a las prescripciones del art. 27 bis del Código Penal, las siguientes reglas de conducta: a) Fijar residencia y someterse al cuidado de la Dirección de Justicia (ex Patronato de Liberados), organismo ante quien deberá presentarse todos los meses y que tendrá a su cargo verificar el cumplimiento de las condiciones impuestas en el presente resolutorio; b) Abstenerse de concurrir a lugares de dudosa moralidad, de usar estupefacientes o abusar de bebidas alcohólicas, todo bajo los apercibimientos previstos en la última parte del Art. 27 bis del C.P. Debiendo una vez firme la presente Sentencia labrarse, por Secretaría, la pertinente Acta de compromiso. Con costas (arts. 407, 536 y concordante del C.P.P.).".

II. Contra el decisorio aludido, comparece el Dr. Pedro J. Vélez -en adelante el recurrente-, en su calidad de asistente técnico del imputado Adrián Emanuel Sosa, e interpone recurso de casación invocando el motivo formal previsto en el inciso 2º del art. 454 del C.P.P.

II. a. El recurrente sostiene que el a quo ha valorado la prueba en forma errónea y parcializada, sin tomar en cuenta la totalidad de la prueba común producida en juicio.

Cuestiona principalmente la validez del reconocimiento en rueda de personas, como así, la del Acta inicial de actuaciones, señalando irregularidades en las que, a su entender, incurrió el a quo en relación a ambos elementos de prueba. En tal sentido, concluye afirmando que, al ser insuficiente la prueba aportada a la causa, no corresponde condenar a su defendido, sino absolverlo. En tal sentido, cita doctrina relacionada con la valoración de la prueba.

Por último, menciona que otra característica del sistema de la sana crítica racional es la necesidad de fundamentar las resoluciones, lo que aparentemente -y según su criterio-, no fue tenido en cuenta por el juzgador, argumentando que la sentencia se basó en premisas erróneas y en violación al principio de inocencia.

Finaliza, formulando expresa reserva del caso federal y del recurso contenido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

III. El eje central de discusión radica entonces en determinar si el a quo ha inobservado o aplicado erróneamente las reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas (art. 454 inc. 2º C.P.P.).

En la señalada dirección, adviértase que el primer cuestionamiento esgrimido por la defensa consiste en denunciar el Acta de reconocimiento en rueda de personas obrante a fs. 28/28 vta., al entender que dicho re-conocimiento adolece de una serie de falencias. En tal sentido, considera que la reconociente no ha efectuado una descripción pormenorizada -como lo sostiene el a quo-, agraviándose fundamentalmente, al expresar que la testigo Ruso, en el mismo acto procesal reconoce como autor del hecho a uno de los integrantes de la rueda elegidos para completar la misma. Sosteniene que esta situación ha sido relativizada por el tribunal de sentencia, pero que es de fundamental importancia para demostrar que el reconocimiento acarrea serias dudas en cuanto a su valor. En efecto, aclara que no está cuestionando la formalidad del acto, sino la capacidad de la testigo para reconocer a una persona o confundirse al hacerlo.

Más allá de las críticas efectuadas por el recurrente, pretendiendo poner en duda la capacidad de la testigo Ruso para reconocer al imputa-do Adrián Emanuel Sosa, debo decir que estas objeciones no resultan de recibo.

Ello es así, por cuanto el decisorio objeto de embate resulta fundado conforme a derecho y sus conclusiones, fruto de una meritación integrada e interrelacionada de la prueba colectada, en modo alguno se ven conmovidas por el análisis fragmentario y parcializado efectuado por el recurrente.

Destáquese que, contrariamente a lo señalado por la defensa, la víctima desde un primer momento; es decir, al formular su denuncia, describió las características físicas de los sujetos que violentamente le robaron su celular. De este modo, refiriéndose puntualmente a Sosa, dijo que era de tez trigueña, cabello semi ondulado, y vestía remera deportiva de color blanco y azul, zapatillas blancas, al que le vio la cara ya que no tenía casco, aclarando además, que la moto en la que se conducían era de color entre azul y negra. Re-párese que dichas características no sólo se ven reflejadas en el Acta inicial de actuaciones de fs. 8/8vta. -con la única diferencia en que se constata que las zapatillas que usaba Sosa al momento de ser arrestado eran negras-, comprobándose de este modo, que existe total coincidencia en cuanto a que Sosa vestía una camiseta blanca deportiva con letras azules y detalles azules, que es de tez trigueña y cabello de color negro y que la motocicleta en la que se conducían era de color negra; sino que además, han sido reiteradas por la víctima en oportunidad de describir a la persona a reconocer. De este modo, Ruso refirió que el que manejaba la moto era de sexo masculino, de unos 18 años de edad aproximadamente, de tez más oscura que el primero -refiriéndose al que le arrebató el celular-, de contextura física mediana, de pelo color negro ondulado, que vestía remera de color azul con blanco, deportiva y zapatillas blancas.

En consonancia con lo expresado, la testigo de mención, al momento de participar de la rueda de reconocimiento categóricamente individualizó y sindicó al sujeto que se encontraba ubicado en el lugar número dos de la fila -Adrián Emanuel Sosa-, a contar de izquierda a derecha, como uno de los que participaron en el hecho del que resultó víctima, aclarando que se trataba del que conducía la motocicleta.

En esta línea de razonamiento, corresponde referir que el reconocimiento en rueda de personas se ha llevado a cabo bajo las formalidades prescriptas por los artículos 259 y concordantes del C.P.P.; acto procesal que además, ha sido practicado en presencia del asistente técnico del imputado, lo que garantiza la seriedad y eficacia del mismo, máxime cuando dicha pieza procesal ha sido incorporada al debate, contando con la anuencia de las partes, conforme lo constatado a fs. 104 del acta respectiva. Lo que quiero poner de resalto es que el impetrante intenta a través de esta vía recursiva extraordinaria, desacreditar el acto de reconocimiento, cuestionando la capacidad de la víctima para reconocer a su asistido. No obstante ello, un análisis integral de la causa permite sostener que el imputado Sosa, en el acto procesal que ahora se cuestiona, no sólo, como se dijo, fue asistido por su defensa técnica quién efectuó el pleno control del acto y firmó de conformidad el acta respectiva (ver fs. 28 vta.), sino que también, esta última, no ha formulado a lo largo del proceso, hasta el momento de los alegatos -casi seis meses después-, cuestionamiento alguno a la rueda de reconocimiento de persona, que ahora tilda de inválida.

En lo que a este tópico se refiere cabe recordar lo sostenido por esta Corte en precedentes anteriores en donde se dijo que no existe declaración de nulidad por la nulidad misma (S. nº 17, 06/06/2011; S. nº 31/05/2011), y menos aún, cuando las partes han consentido libremente los efectos del acto, el que además, se llevó a cabo de legal forma y con pleno respeto de los principios de contradicción y bilateralidad, es decir, donde la defensa del imputado ha ejercido el pleno control de la prueba que ahora tilda de dudosa.

Por último, recuérdese aquí la denominada teoría de los actos propios, en cuanto plasma la máxima venire contra factum propium non valet, fórmula que conforme a su recepción en la fórmula acuñada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, consiste en que "nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos ejerciendo una conducta incompatible con una anterior, deliberada y jurídicamente eficaz" (Augusto Morello y Rubén S. Stiglitz, "La doctrina del acto propio", L.L., 1984-A, p. 871/872).

En efecto, tal como se adelantara, este embate en modo alguno puede tener acogida favorable.

Desde otro ángulo, el recurrente redarguye de falsedad el Acta Inicial de Actuaciones glosada a fs. 8/8 vta., argumentando únicamente que aquella surge de su simple lectura y comparación con la denuncia de la víctima, más omite fundamentar y especificar en qué consiste el agravio que invoca (art. 460 C.P.P.) y cuál es el perjuicio concretamente sufrido por su asistido.

En tal sentido, estimo oportuno recordar aquí lo sostenido por esta Corte en precedentes anteriores (S. nº 1, 10/02/10) en donde se dijo que: "el vicio (art. 408 inc. 3º del C.P.P.), sólo es capaz de tornar nula la sentencia cuando el defecto formal que a ella se atribuye es dirimente, lo cual implica que su eventual corrección posee aptitud suficiente para conducir a una conclusión diferente de la que se impugna. La demostración del valor decisivo del vicio, ha sido exigida tanto para la procedencia formal como para la sustancial del recurso", lo que no ha sucedido en el caso bajo examen.

En efecto, el tribunal haciendo un análisis integral del material probatorio debidamente incorporado a debate, incorporación que además, como se dijo, contó con plena anuencia de las partes, interpretó que la falta de concordancia en el horario -entre el acta y la denuncia-, no es suficiente para desvirtuar el relato de la ofendida ni para poner en tela de juicio el contenido del Instrumento Público que glosa a fs. 08/08 vta. Aclarando a su vez, que la víctima desde el primer momento y en cada acto procesal refirió al hecho y a sus participantes, en lo esencial en forma similar, describiendo al suceso como a los participantes en forma semejante.

Con base en todo lo expuesto, concluyo que el decisorio impugnado se encuentra debidamente fundado y que el cuadro convictivo meritado por el a quo (Denuncia de Claudia Gabriela Soledad Ruso, ampliación y ratificación de denuncia de fs. 01/01 vta., 44/44 vta. y 66; Acta Inicial de Actuaciones de fs. 8/8 vta.; Acta de Reconocimiento en rueda de personas de fs. 28/28 vta.; Fotocopias certificadas de formularios 08 de fs. 36/38 vta.; Fotocopia de certificación de firmas de fs. 39; Fotocopia certificada de boleto de compraventa de fs. 40/40 vta.; Acta de Inspección ocular de fs. 21 y Examen Técnico Médico practicado a Claudia Gabriela Soledad Ruso de fs. 45/45 vta.) determina, con grado de certeza, la participación responsable de Ariel Emanuel Sosa en el hecho que se le endilga, razón por la cual, como se adelantara, los agravios aquí analizados deben ser rechazados.

Por ello, voto negativamente a la presente cuestión.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello, adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la Primera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cippitelli, por lo que adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

A mérito de lo resuelto al tratar las cuestiones precedentes y atento la votación que antecede, corresponde: I) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 1/6 vta., por el Dr. Pedro Justiniano Vélez, en su carácter de asistente técnico del imputado Adrián Emanuel Sosa. II) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto. III) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.). IV) Téngase presente la reserva del caso federal y del recurso contenido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello, adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la Segunda Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cippitelli, por lo que adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.

Por los resultados del acuerdo que antecede y por unanimidad, la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA, RESUELVE:

1º) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 1/6 vta. por el Dr. Pedro Justiniano Vélez, en su carácter de asistente técnico del imputado Adrián Emanuel Sosa.

2º) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto.

3º) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.).

4º) Téngase presente la reserva del caso federal y del recurso contenido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

5º) Protocolícese, hágase saber y oportunamente, bajen es-tos obrados a origen a sus efectos.

FIRMADO: Dres. Amelia del Valle Sesto de Leiva -Presidente -José Ricardo Cáceres -Luis Raúl Cippitelli. ANTE MÍ: Dra. María Fernanda Vian -Secretaria- ES COPIA FIEL de la Sentencia original que se protocoliza en la Secretaría a mi cargo. Doy fe.