marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Ejecución hipotecaria, nulidad de la ejecución, sociedad conyugal, asentimiento del cónyuge
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco de Galicia y Buenos Aires c/ Sorgi, Juan Carlos y ot. s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-08-24

El cónyuge que asiente no asume responsabilidad ni deuda alguna con motivo de ese acto: no puede ser demandado por incumplimiento. Si el cónyuge administrador hipoteca o prenda un bien con el necesario asentamiento del otro cónyuge, éste no se responsabiliza del pago de la deuda, que solamente pesa sobre el primero. Y puesto que no puede ser demandado, tampoco puede aceptarse su pretensión de actuar como ejecutado y mucho menos aún la de fundar una nulidad de procedimiento en su falta de intervención.
Caducidad de instancia, segunda instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: MELIAN, CLEOTILDE RAMONA c/ RAMOS, MOLINA s/ ALIMENTOS SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-08-21

Como lo que prescribe el art. 294 inc. 2 del C.P.C. el plazo de caducidad de Segunda Instancia se opera a los seis meses desde que se concede el recurso de apelación: es a partir de entonces que incumbe a las partes interesadas urgir la remisión del expediente a la Alzada.
Accidentes de trabajo, indemnización, personal penitenciario, haber de retiro
Materia: LABORAL
Carátula: Carabajal, Ana Rosa Juana c/ Servicio Penitenciario Federal s/ accidente
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-02-19

El haber de retiro que contempla el art. 5 inc "c" de la ley 13.018 en función de la incapacidad que pudiera haber sido determinante de un retiro obligatorio, no tiene por finalidad reparar las consecuencias dañosas que haya dejado en la integridad psicofísica de un agente (como ocurre con la ley 24.557), sino que apunta a cubrir la contingencia (necesidad de subsistencia) que se plantea para quien pierde su empleo por haber sido pasado forzosamente a retiro. La finalidad a la que apunta reviste características netamente asistenciales y no puede confundirse con la típicamente reparatoria que informa a la L.R.T. (conf. art. 1); por lo que la circunstancia de gozar de un beneficio en los términos de la ley 13.018 no excluye la posibilidad de que a la actora le sean reconocidas las prestaciones de la Ley de Riesgos del Trabajo. (En el caso, la actora demandó al Estado Nacional -Servicio Penitenciario Federal- por el cobro de las prestaciones previstas en la ley 24.557 (arts. 11 ap. 4 y 15 ap. 2 LRT), en virtud del estado definitivo de una incapacidad derivada de un accidente in itinere, cuando se dirigía a tomar servicio, en el Instituto Correccional de Mujeres (Unidad Penitenciaria 3) sito en la localidad de Ezeiza).
Recurso de nulidad, inadmisibilidad del recurso, recurso contencioso administrativo
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: ACUÑA, MARIO ALBERTO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (RECURSOS DE NULIDAD Y REVISION)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-10-23

El recurso de nulidad es inadmisible, pues si bien la parte actora alega como causal la omisión de trámites sustanciales (vgr. aplicación efectiva de apercibimientos legales, falta de agregación de expedientes judiciales y sus anexos y de expedientes administrativos ofrecidos como prueba), de la simple lectura de sus agravios se advierte que los mismos se enderezan a cuestionar la interpretación que formulara este Tribunal sobre los temas sometidos a su conocimiento, pero de ninguna manera se hace referencia a vicio procedimental o defecto de los que por expresa disposición de derecho anulan las actuaciones.
Imitación fraudulenta de marca o designación, causas de justificación
Materia: PENAL-COMERCIAL
Carátula: LEDERMAN, Claudia s/ Sobreseimiento, Causa nro. 29.482
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-01-30

Este Tribunal advierte ya en el nombre, que se ha copiado al menos uno de los elementos individualizadores de la marca en existencia a fin de lograr un impacto fraudulento sobre el consumidor , aprovechándose del prestigio de la imitada. Conforme lo expuesto, han podido verificarse los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal atribuido, pero no podemos descartar la existencia de una causa de justificación que fuera invocada por la procesada y resulta excluyente de la antijuricidad de la acción. Esta se funda en una directiva de derecho extrapenal contenida en el artículo. 4to., de la ley 22.362, ya que la encartada contaba con la autorización de su abuelo -legítimo titular que no interpuso oposición administrativa alguna- para que actuase en el sentido indicado registrando la marca imitativa de las anteriores.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación de los fundamentos
Materia: PENAL
Carátula: Negro, Oscar Edgardo s/ Robo calificado de automotor
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-09-27

Es insuficiente el agravio en el que se ataca una de las presunciones utilizadas por la Cámara, denunciando violación del art. 259 inc. 7º del Código de Procedimiento Penal, si el hecho cuestionado por la parte no fue el que utilizó la alzada para extraer la presunción.
Infracciones previsionales, depósito previo, admisibilidad formal
Materia: PENAL
Carátula: Asociación Mutual Transporte c/ A.F.I.P. - D.G.I. s/ Impugnación de deuda
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-06-10

Lo actuado por el organismo fiscal, al decidir no elevar las actuaciones por ante esta Alzada, por la falta de pago de la multa determinada al contribuyente -depósito previo-, constituye un exceso de la función administrativa sin soporte legal válido que lo sustente, que debe ser revocado. Por lo tanto, corresponde hacer lugar al recurso de queja interpuesto y, ordenar al organismo fiscal la remisión de las actuaciones administrativas recurridas, reservando para su oportunidad, el análisis sobre la admisibilidad formal del recurso de apelación interpuesto.
Recusación sin causa, plazo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lombardo Vito c/ Callejón Manuel s/ Ejecución Cambiaria (LIBRO: A110 - 019)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1985-12-12

La recusación sin causa es de interpretación restritiva y la misma debe deducirse dentro de los TRES DIAS, pues se consiente la intervención del juez si no se lo recusa dentro del tercer día, porque más tarde ya no se podrá impugnar el decreto o auto que llama al proceso a uno de los litigantes, lo que implica dejarlo consentido, con la secuela de consentir también la intervención del juez que lo dictó
Tasa municipal, derecho de registro e inspección
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: TERMINAL 6 SA c/ MUNICIPALIDAD DE PUERTO GENERAL SAN MARTIN s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE   N. 481-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-12-26

En relación a las reglas aplicables a las tasas retributivas de servicios, el pago de las tasas o servicios -como surge de esta última designación y de la conocida doctrina financiera- finca en una contraprestación aproximadamente equivalente al costo del servicio prestado, pero resulta imposible determinar con exactitud ese costo individual del agua consumida, de la evacuación cloacal, de la basura recogida en el interior de las propiedades o en las calles fronteras, de la luz que éstas reciben, de la inspección de policía higiénica o de seguridad. Si es de la naturaleza de la tasa tener relación con el costo del servicio, no ha de interpretarse esto último en el sentido de una equivalencia estricta prácticamente imposible de establecer, sino en el sentido de que al cobro de una tasa corresponde siempre la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio relativo a algo no menos individualizado (bien o acto) del contribuyente. Por lo tanto, el monto de una tasa considerada exorbitante, únicamente debe juzgarse desde el punto de vista de su posible carácter confiscatorio.
Deberes procesales, temeridad o malicia, juicio de desalojo, restitución del inmueble
Materia: PROCESAL
Carátula: Dieta de Herrero Ana. c/ Peréz Noya, María y otro. s/ Desalojo.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-28

La inconducta procesal evidenciada por la inquilina y su letrado, pretendiendo que la primera no fue intimada de pago antes de iniciarse el juicio de desalojo, a pesar de que las constancias de autos demostraban lo contrario, así como su insistencia en dicho planteo en segunda instancia, dilatando la entrega del inmueble que ocupa sin abonar el canon locativo y sus gastos, constituye una actitud temeraria y maliciosa que justifica la aplicación a ambos de una multa.
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: P., E. J. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -LESIONES LEVES - 3 HECHOS (EXPTE.: C.S.J. NRO. 43 AÑO 2008)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-09-03

El principio de inocencia sólo cede frente a una sentencia condenatoria firme y ninguna norma constitucional, ni internacional de igual jerarquía, autoriza a limitar su alcance, en tanto hasta el juicio de certeza condenatorio no se puede ser semi-inocente o semi-culpable; de modo que mal podría extenderse a quien durante el cumplimiento de prisión preventiva es todavía inocente, el trato y consideración de quien ya ha sido declarado culpable y condenado a cumplir encierro efectivo a título de pena lícita.
Elecciones, cámara electoral
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: ASOCIACION BANCARIA S/ELECCIONES SECCIONAL BUENOS AIRES. s/ SENTENCIAS  ARBITRARIAS  - ELECCIONES - JUSTICIA NACIONAL ELECTORAL - JUECES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-16

Lo dispuesto por el art. 116 del decreto 2135/83 en modo alguno impone, y menos aún al juez electoral, la obligación de un llamado a elecciones complementarias en las mesas cuyos resultados hubieran sido anulados.
Certificados de obra, mora
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cabinda SACIFIA c/ Andreano, Jose Francisco s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-04-18

Las deudas por obras públicas prescriben a los 10 años y el plazo se computa desde la fecha de expedición del certificado.
Reclamo administrativo previo, revisión judicial de actos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: A. F. S. R. L. c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-05-23

"...moderna doctrina y legislación contemporánea, tienden a combatir las concepciones que otorgan a la jurisdicción contencioso-administrativa un alcance exclusivamente revisor, que exige en todos los casos la existencia de una decisión administrativa previa contra la que debe dirigirse la acción, lo que implica en numerosos supuestos, la transformación de una actividad o inactividad material, en formal; esto es, si no hay acto administrativo definitivo y que cause estado, no hay acción.- Los criterios mas avanzados, en cambio parten de considerar, que el objeto del proceso contencioso administrativo no es necesariamente la decisión previa, sino las pretensiones que el particular deduce frente a los jueces, relacionadas generalmente en forma estrecha con un pronunciamiento, obrar u omisión de la Administración.

Aún no mediando acto, en aquella concepción amplia descripta, no limitadamente revisora a la que el Cuerpo adhiere, es posible someter al control judicial el quehacer o inacción de la Administración Provincial...".

Queda así en evidencia que es en el marco de estas tesis de "juicio al acto" en que tienen inestimable importancia las nociones de "acto consentido" y "acto que causa estado".
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, defectos en la fundamentación normativa, sociedad anónima, acciones societarias
Materia: PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: Sichel, Gerardo Federico c/ Massuh  S.A. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-08

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que, frente al art. 194 de la ley de sociedades que determina en forma imperativa el derecho de suscripción preferente para las acciones ordinarias, atribuye incongruencia a esa norma y asigna tal derecho a las acciones preferidas sin dar razón suficiente para ello sin apoyo en norma vigente, sustentando sólo la conclusión en opiniones doctrinarias que, en todo caso, proponen la reforma de aquella disposición.
Plan de pagos, solve et repete, admisibilidad formal, admisibilidad del recurso, formalidades procesales, acción contencioso administrativa
Materia: PROCESAL
Carátula: RAFAEL G. ALBANESI S.A. (RGA) c/ PROVINCIA DE SANTA CRUZ - MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS PUBLICAS s/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2011-05-11

En el sublite, nos hallamos ante una liquidación de deuda idónea, que actualmente se encuentra bajo un régimen de plan de pagos, lo que surge de las probanzas acompañadas en autos.

Desde una perspectiva puede afirmarse que no se ha cumplimentado con el requisito establecido por el art. 14 del C.P.C.A. -Ley 2600-. Sin embargo, esta forma de pago que aceptara el Estado Provincial, ha implicado de hecho que al menos parte de esta deuda podría encontrarse regularizada.

No obstante ello, el apartamiento de las formas es aconsejable en casos puntuales y de excepción en que circunstancias plenamente acreditadas y objetivadas en el expediente, pongan de manifiesto que la sujeción rígida a ellas conduciría a una derivación inicua, contraria a la equidad; siendo el presente por sus especiales características, uno de estos casos.

Las formas procesales, entonces, deben someterse a un principio de superior jerarquía, como lo es la justicia del caso particular, garantizando para los justiciables, celeridad, debido tratamiento, preocupación y toda diligencia imprescindible para articular la solución más rápida y efectiva; dejando todo formalismo extremo y excesivo de lado, en miras de una actuación con diligencia, agilidad, en búsqueda de encontrar la verdad material y objetiva por encima de la verdad formal.

Es que, las formas deben manejarse con prudencia, con razonabilidad, destinadas a afianzar la justicia y no su obstrucción.

Considerando lo novedoso de la cuestión y no existiendo precedentes al respecto, y con carácter excepcional, este Vocal entiende que debe otorgarse a la parte actora, la posibilidad de cumplimentar con la exigencia normativa a los efectos de la admisibilidad de la demanda, ya sea con la formalización del pago como con la prestación de caución real suficiente (art. 14 CPCA).

Ello deberá formalizarse en el plazo de diez días hábiles judiciales.

Todo ello, sin que lo resuelto implique prejuzgamiento alguno sobre el fondo de la cuestión.-(VOTO DE LA MINORIA DR. PERETTI)
Pena, cómputo de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Fogonza, Oscar Alberto s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-12-22

Conforme el art. 27 del Código Penal en la condenación condicional la condena subsiste aunque suspendida y si el condenado comete un nuevo delito dentro del plazo de cuatro años deberá cumplir la pena impuesta en la primera condenación y la que corresponde por el segundo delito, conforme lo dispuesto sobre acumulación de penas;

por ello no viola las reglas del concurso real el fallo que unificó las penas si el segundo hecho fue cometido a menos de dos años de quedar firme la condena anterior.
Acto administrativo, presunción de legitimidad, bien común
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Bork, Cristian Pedro y Otro s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-02-04

Cierto es que todos los integrantes de la comunidad, como tales, son titulares de reclamos, demandas o intereses individuales, y mantienen la pretensión de que los mismos sean, en lo posible, satisfechos. Sin embargo esa satisfacción puede ser negada legítimamente, cuando esos intereses entran en colisión o en conflicto con otros intereses ajenos, correspondiendo al Derecho establecer los modos y las formas en que los mismos han de ser resueltos. El derecho, y específicamente el derecho positivo, establece, regula, y garantiza los valores reconocidos en una sociedad dada, en un lugar y en un tiempo dados, conforme con su graduación. Dentro de la gama de valores posibles y existentes, admitidos por el derecho, el Derecho Privado se encamina a regular, preponderantemente, aquellos que hacen a las finalidades, aspiraciones e intereses individuales o que pertenecen a un grupo reducido de individuos, con normas que pueden ser dejadas de lado, bajo ciertas condiciones y limitaciones, por la voluntad concurrente de dos o más personas. El Derecho P úblico, en cambio, regula todos aquellos valores superiores, que hacen a las finalidades, aspiraciones e intereses de toda la comunidad, o de un grupo mayoritario de individuos, que ven reflejados en ellos su propio interés individual componente, con normas que no pueden ser dejadas de lado por los particulares, que deben acatarlas necesariamente, las que, además, pueden limitar y deslindar las normas del derecho privado. Estas normas del Derecho Público, dentro del Estado de Derecho, se imponen también al propio Estado que no puede sustraerse a su vigencia.
Estado de inconsciencia, ebriedad, lesiones culposas, impedimentos para conducir
Materia: PENAL
Carátula: CHIARA, Wilson B. s/ LESIONES CULPOSAS-PROCESAMIENTO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-08

Es requisito para la aplicación de la eximente, prevista en el art. 34, inc. 1°, C.P., que la ebriedad sea involuntaria y completa, lo cual confronta con el hecho que el enjuiciado viniera conduciendo un vehículo sin que nada indique que estaba incapacitado para hacerlo. Asimismo, el haber comprendido lo que estaba haciendo permite considerar que existió conducta y que las determinaciones adoptadas por éste, pueden serle reprochadas a título de culpa.
Escribanos públicos, obligaciones del escribano, inscripción registral
Materia: CIVIL
Carátula: V., R.A. y Otros c/ D.B., E. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-03-19

"... el notario está autorizado a cumplir los trámites de inscripción en el Registro de la Propiedad, pero no obligado a hacerlo".
Impugnación del acto administrativo, presentación extemporánea
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: NATENSON, Javier c/ E.N. (E.M.G.E.) s/ Retiro Militar y Fuerzas de Seguridad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-30

El particular que deduce en sede administrativa reclamos extemporáneos sabe que la decisión es irrecurrible y que se agota con la valoración del órgano que resuelve, siendo, tampoco impugnable ante la justicia (confr. en igual sentido, Sala I del fuero, in re "Diez Victor N. c/ E.N.", del 30/3/95).
Indemnización, personas con discapacidad auditiva
Materia: LABORAL
Carátula: Barria, Felamir c/ Servicios Públicos Sociedad del Estado s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1997-11-21

Acreditado que el lugar donde el actor cumplía sus tareas (usina) tenía un nivel de sonoridad elevado por el funcionamiento de las máquinas existentes, que tal nivel de sonoridad era riesgoso o peligroso para la salud atento el obrar de la propia demandada (entrega de protectores auditivos pero no a todos los trabajadores), que el actor laboró en ese lugar y que padece hipoacusia bilateral por ruido, cabe concluir la existencia de nexo causal entre la exposición ruidosa y riesgosa a la que estuvo expuesto el actor con la consecuente hipoacusia que padece, debiendo por ello el empleador responder toda vez que de acuerdo a lo normado por el art. 113 del Código Civil, para eximirse de responsabilidad debió acreditar la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder en función del riesgo creado (conf. art. 512, 902 y conc. del Código civil).
Medidas cautelares, modificación de medidas cautelares, sustitución de medidas cautelares
Materia: LABORAL
Carátula: Curuchet, Natalia Carolina c/ Ridissi, Marcela Mónica s/ Pieza separada
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2012-04-13

El primer párrafo del art. 49 del C.P.L. adopta una pauta amplia para la procedencia de las medidas cautelares en general, pudiendo la cautelada requerir que la medida se limite, modifique o sustituya, conforme autoriza el art. 200 del CPCC, aplicable por remisión expresa del art. 50 C.P.L.
Partidos políticos, rendición de cuentas, publicidad de los actos de gobierno
Materia: ELECTORAL
Carátula: Partido Liga Socialista Revolucionaria - Capital Federal s/ Incidente de control patrimonial Compulsa en As. 15083 'Ley 26.215 elección junio 2009' (apelación Partido Intransigente) Incidente de control patrimonial del partido Acción Ciudadana - Capital Federal Incidente de control patrimonial del partido Unión del Centro Democrático (U.Ce.Dé.) distrito Capital Federal Partido Popular de la Reconstrucción s/ cumplimiento art. 23 ley 26.215 - Ejercicio 2007 Alianza Acción Federalista por Buenos Aires (A.FE.B.A.) s/ ley 25.600 elección del 14 de septiembre de 2003 Incidente Alianza Unión por Córdoba Informes art. 54 y 58 ley 25.600 distrito Córdoba - elecciones 5-10-03
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-05-27|2010-06-24|2010-03-18|2010-03-04|2010-03-11|2010-05-13|2010-08-26

El artículo 38 de la Constitución Nacional impone expresamente a los partidos políticos la obligación de rendir cuentas a la Nación, exigencia que deriva del principio republicano de dar publicidad a los actos de gobierno.
Desbaratamiento de derechos acordados, corredor, compraventa, comisión del corredor, operación concretada, devolución de saldos
Materia: PENAL-COMERCIAL
Carátula: MESSINA, Jorge y otra. s/ PROCESAMIENTO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-02-06

Si bien el art. 111, Cód. Com., autoriza a los corredores a percibir su comisión aún en el caso en que no se concretara el negocio por culpa de alguna de las partes, el art. 98 del mismo cuerpo normativo obliga a una propuesta exacta, precisa, clara, absteniéndose de hacer supuestos falsos que puedan inducir a error a los contratantes. Si dicha circunstancia no se cumple la suma de dinero entregada debe ser devuelta.
Jurisprudencia contradictoria, fianza comercial, bancos
Materia: CONSTITUCIONAL - COMERCIAL
Carátula: ZAUGG, JUAN EDUARDO s/ QUIEBRA     INCIDENTE DE REVISION DE RESOLUCION     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD      CSJ EXPTE NRO 401-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-10-26

No constituye un tipo de arbitrariedad susceptible de lograr la apertura del recurso de inconstitucionalidad, el hecho de que otro Tribunal haya decidido en modo distinto ante igual formulario, donde se instrumentó un contrato de fianza celebrado con una entidad bancaria.
Sujetos del proceso penal, actor civil, oposición a la participación, constitución de parte, deberes del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: Pringles, Sebastián Aparicio s/ Lesiones culposas- casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1993-09-21

En nuestro sistema procesal, la constitución definitiva de las partes civiles en el proceso penal, cuando contra su participación se dedujo oposición, acaece con la pertinente resolución jurisdiccional de admisión que debe dictar previa sustanciación y bajo forma de auto el Juez de Instrucción (C.P.P. arts. 81, 97, 82, 366, 367); o si este Magistrado difirió la cuestión para su consideración en el juicio (C.P.P. art. 82) por la Cámara en lo Penal bajo pena de caducidad inmediatamente después de abierto por primera vez el debate al plantear los sujetos procesales las llamadas cuestiones preliminares entre las que se cuentan las referidas a la constitución de las partes. (Del voto del Dr. José Nelson Luna Corzo.)