Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2014-05-12


SALTA, 12 de Mayo de 2.013.- Y VISTOS: Estos autos caratulados "TOLAVA, Gustavo Alberto c/ PROVINCIA DE SALTA - SUMARIO", Expte. Nº 319.134/10 del Juzgado Civil y Comercial de 1ª Instancia 9ª Nominación, CAM 1-380.060/12 de esta Sala Primera, y, CONSIDERANDO I.- Que contra la sentencia que a fs. 86/87 dispuso diferir el pronunciamiento respecto a la excepción de prescripción para el momento del dictado de la sentencia, a fs. 90 interpuso recurso de apelación la demandada excepcionante, el que fue concedido a fs. 91 en relación y con efecto suspensivo.

Al expresar agravios (fs. 93/96), la apelante relata que la excepción por ella opuesta fue debidamente sustanciada, que se abrió a prueba y se pusieron autos para alegar, considerando un indebido dispendio jurisdiccional lo resuelto por el A quo que constituye -a su entender- una arbitrariedad pues afecta los principios de economía y celeridad procesal.

Afirma que el presente constituye un caso de responsabilidad extracontractual y que, no existiendo en autos causales de interrupción o suspensión de la prescripción, la defensa planteada es procedente de acuerdo al artículo 4037 del Código Civil pues el hecho dañoso se produjo el 28 de marzo de 2006 y la demanda se interpuso en el mes de agosto de 2.010. Niega la aplicabilidad del artículo 3982 del Código Civil.

A fs. 99/100 el actor contesta el recurso, solicitando se confirme la resolución en crisis por entender que ésta resulta inapelable por tratarse de una decisión que no causa gravamen irreparable a ninguna de las partes. En lo que hace al fondo de la cuestión debatida, afirma que debe aplicarse el artículo 3982 bis del Código Civil y que, en tal orden, resulta que el término de la prescripción venció el 15 de junio del 2009 de lo que concluye que la demanda fue interpuesta antes de extinguirse la acción por el transcurso del tiempo.

A fs. 117/118 vta. se expide la Sra. Fiscal de Cámara Civil, Comercial y Laboral respecto a la competencia de la Cámara. Entiende que, aunque en autos se encuentra demandada la Provincia de Salta por los daños y perjuicios ocasionados a un interno en la cárcel bajo custodia del Estado y a pesar de que el actor realizó reclamo administrativo previo, no se verifican los requisitos configurativos de la competencia contencioso administrativa, que es de excepción e interpretación restrictiva por cuanto sólo se habilita en los supuestos contemplados en los artículos 1 y 2 de la ley 6569; además, porque la pretensión de fondo es de naturaleza civil.

En relación al tema venido en apelación, entiende que la resolución es inapelable por no causar perjuicio o agravio.

Los autos se encuentran a Despacho, conforme providencia de fs. 119.

II.- Que, a los fines de la dilucidación de la controversia traída a conocimiento de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, relativa al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, es menester resolver en primer término sobre la competencia del fuero civil y comercial para tramitar la presente causa. Ello porque, siendo improrrogable la competencia en razón de la materia, y procediendo declarar aún de oficio cuál es el tribunal competente para entender en un determinado caso, resulta insoslayable tal análisis a fin de evitar eventuales nulidades procesales.

A tal efecto, cabe recordar que "competencia es la asignación a un cierto órgano jurisdiccional de determinadas pretensiones con referencia a los demás órganos de la jurisdicción y, por extensión, la regla o conjunto de reglas que deciden sobre dicha asignación" (Conf. GUASP, Jaime - Derecho Procesal Civil - Madrid 1.956, págs. 136/137).

De igual modo, se ha entendido a la competencia como "conjunto de las causas en que puede ejercer, según la ley, su jurisdicción, y en otro se entiende por competencia esta facultad del tribunal considerada en los límites que le es atribuida" (Conf. CHIOVENDA - Instituciones de derecho procesal - pág. 165; Instituciones, pág. 599).

Siguiendo dichas premisas, es necesario considerar atentamente el objeto de la demanda para determinar cuál es el fuero ante el que debe radicarse la misma.

III.- Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación modificó en el año 2006 su doctrina sobre el concepto de "causa civil", excluyendo de tal naturaleza a las causas en las cuales se pretende atribuir responsabilidad patrimonial a una Provincia por daños y perjuicios derivados de la conducta activa u omisiva de sus órganos, afirmando que tales casos son materia de derecho público y que su regulación corresponde al derecho administrativo. Sostuvo que su tratamiento es del resorte exclusivo de los gobiernos locales, de conformidad a lo dispuesto por el art. 121 y concordantes de la Constitución Nacional, aunque eventualmente se invoquen o se apliquen de manera subsidiaria disposiciones de derecho común o principios generales del derecho.

En efecto, en las causas B.2303.XL "Barreto, Alberto Damián y otra c. Buenos Aires, Provincia de y otro s/ Daños y Perjuicios" y C.4500 L. XLI "Contreras Carlos Walter c/ Provincia de Buenos Aires s/ Daños y Perjuicios" del 21 de Marzo y 18 de Abril de 2006 (luego confirmadas en los casos "Mendoza", "Galfetti de Chalbaud", entre muchos otros), el Máximo Tribunal explicitó que la competencia contencioso-administrativa comprende las controversias que versen sobre la responsabilidad patrimonial, generada por la actividad lícita o ilícita de la Provincia regidas por el derecho público, aún cuando se invocaren o aplicaren por analogía normas de derecho privado, doctrina que, como quedó señalado, aplicó en un sinnúmero de casos posteriores (Fallo 329:759, 329:1603, entre muchos otros).

Al explicar el Tribunal Supremo que se encuentra excluído del concepto de "causa civil" todo reclamo resarcitorio por lesión a derechos individuales, aunque se trate de indemnizaciones de naturaleza civil, cuando se encuentre en juego la normativa de orden público, ha quedado definido un nuevo contorno de dicho concepto (cfr. "Cohen c/ Pcia. de Río Negro", 30/5/06; "Mosca c/ Pcia. Buenos Aires, 06/03/07, entre otros), limitado a "aquellos litigios regidos exclusivamente por normas y principios de derecho privado, tanto en lo que concierne a la relación jurídica de que se trata como en el examen sobre la concurrencia de cada uno de los presupuestos de la responsabilidad patrimonial ventilada y, en su caso, en la determinación y valuación del daño resarcible" (v. causa Mendoza, 30/08/06).

Asimismo, la Corte de Justicia local ha entendido competente al fuero en lo contencioso administrativo en demandas indemnizatorias interpuestas en contra del Estado Provincial (v. Tomos 120:561; 167:005, entre otros). IV.- Que aquí el actor promueve demanda de daños y perjuicios contra la Provincia de Salta, reclamando indemnización en concepto de daño moral y psicológico con motivo de las violaciones sufridas en ocasión de encontrarse alojado en la cárcel de esta Ciudad, por parte de otro interno. Alega negligencia y omisión de los deberes de vigilancia y protección por parte de las autoridades carcelarias, afirmando que el Estado Provincial es responsable pues la función de los guardia-cárceles en la custodia y seguridad de los presos constituye un acto propio del poder público. Considera que el presente constituye un caso de responsabilidad extracontractual del Estado por omisión, en los términos de los artículos 1112 y 1113 del Código Civil, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera caber a los funcionarios. Cita doctrina de autores respecto de la responsabilidad del funcionario y del empleado público, ofrece como prueba el expediente administrativo Nº 93.473/9.

Ello así, conforme la actual postura de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y teniendo en cuenta los propios términos de la demanda surge que la cuestión debe ser dilucidada en el fuero contencioso administrativo, dado que contiene una pretensión de daños y perjuicios con fundamento en la supuesta responsabilidad de funcionarios y empleados del Estado Provincial en ocasión del cumplimiento de sus funciones. Queda claro además, a partir de los fallos ya citados del Máximo Tribunal, que la naturaleza patrimonial del reclamo, fundado en el caso en los artículos 1113 y 1112 del C.C., no obsta a su sustancia contencioso administrativa.

Asimismo, debe considerarse que para emitir sentencia será necesario aplicar normas de derecho público provincial relacionadas con el ejercicio de atribuciones y competencias propios de los órganos actuantes, fundamentalmente a fin de definir si los daños que dice haber sufrido el actor tienen su fuente en su actuación irregular por no haber cumplido con los deberes a su cargo, materia ésta que sin dudas integra el Derecho Administrativo.

De tal modo, la pretensión procesal bajo análisis subsume el caso en un supuesto de responsabilidad extracontractual del Estado Provincial por su actividad ilícita a partir de los hechos acaecidos mientras el actor se encontraba internado en la cárcel provincial, lo que debe dilucidarse ante el fuero en lo contencioso administrativo. (cfr. CJSalta, Tomos 101:401; 104:213; 113:959; 133:415, entre muchos otros).

V.- Que, por las razones expuestas, y atento el estado procesal de la causa, corresponde remitir el expediente a la Corte de Justicia de Salta, tribunal de apelación en lo contencioso administrativo conforme lo dispuesto por la Cláusula Transitoria Cuarta de la Constitución Provincial, a los fines de su intervención en el recurso interpuesto a fs. 90.

Por ello, LA SALA PRIMERA DE LA CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA PROVINCIA DE SALTA _ RESUELVE I.- DECLARAR LA INCOMPETENCIA de este Tribunal para entender en los presentes autos y, en consecuencia, REMITIRLOS a la Corte de Justicia de Salta a los fines de su intervención en el recurso interpuesto a fs. 90.

II.- MANDAR se copie, registre, notifique y se oficie con copia certificada de la presente al Juzgado de origen.