marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Confirmación de sentencia, medidas cautelares, impuesto sobre los bienes personales
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO-PROCESAL
Carátula: SCHICCHI, CLOTILDE MARIA ROSA ((MC)) C/ EN - AFIP- LEY 27541 S/ PROCESO DE CONOCIMIENTO c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-17

La cámara confirma la sentencia de grado -en lo que fuera materia de agravios- y rechaza la pretensión cautelar por entender que no existe peligro en la demora. No se advierte riesgo concreto y actual de que el Fisco esté pronto a ejercer acción de cobro contra la actora puesto que, al no haber presentado ésta declaración jurada por el impuesto a los bienes personales, resultaría de aplicación el procedimiento de determinación de oficio, régimen recursivo y, en su caso, las disposiciones relativas a la ejecución fiscal. Tampoco se advierte inminencia de esta última ni de aplicación de multas o eventual denuncia penal, cuando el proceso de fiscalización se encontraba en su estado inicial. El organismo fiscal no cuenta con atribuciones para trabar por sí las medidas previstas por el art. 111 de la ley 11.683, sino que éstas deben ser solicitadas al juez competente brindando "razones fundadas" (a diferencia de lo prescripto en la redacción anterior de la norma).
Jurisdicción y competencia, competencia de la Corte Suprema, competencia originaria
Materia: PROCESAL
Carátula: Rodríguez, Fernando Marcos c/ Transportes Metropolitanos GeneralRoca S.A. s/ recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-12

La competencia originaria de la Corte Suprema, es de naturaleza restrictiva y no es susceptible de ampliarse, restringirse ni modificarse mediante normas legales.
Concursos, concurso preventivo, acreedores del concurso, ejecución de créditos laborales
Materia: COMERCIAL
Carátula: Laberit SA c/  s/ concurso preventivo s/incidente art. 250
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-06-13

Cuando, como en el caso, no se encuentra discutido que los acuerdos declarados ineficaces por el magistrado de grado fueron celebrados con posterioridad a la presentación en concurso preventivo de la sociedad, pero antes de que se abriese el proceso y que involucran acreencias de causa anterior a dicha fecha, pero que son objeto de tratamiento especial y diferenciado de parte del legislador; estímase que no puede soslayarse el carácter alimentario que tienen los créditos que fueron objeto de dichos convenios. Acreencias, que por otra parte, la ley impone que sean abonadas en el marco del pronto pago, sin tener que esperar a que culmine el proceso concursal, destinando para ello fondos en plazo perentorio que, difícilmente, el tribunal hubiera denegado. Al respecto se ha dicho que el instituto del pronto pago -LCQ 16- habilita, desde la óptica del concursado, una autorización que se le concede para atender un crédito de causa anterior a su presentación en concurso, y desde el punto de vista del trabajador es una manifestación de la protección del ejercicio de su derecho creditorio alimentario, asistencial y de necesidad. Es claro que, el fundamento de este instituto, consiste en principios del derecho del trabajo y de la seguridad social y postulados eminentemente concursales, otorgando un tratamiento preferencial a los dependientes del empresario concursado a fin de que procedan a percibir las remuneraciones caídas, se reitera, dado su carácter alimentario, sin necesidad de que tengan que esperar el desarrollo del proceso concursal en toda su extensión. En esta línea, si bien la concursada no debió realizar dichos convenios, y formalmente quizás, cabría confirmar su ineficacia, no puede desconocerse que ello resultaría incongruente con los claros propósitos tuitivos de la ley. Máxime encontrándose los mismos ya homologados por las autoridades administrativas y judiciales competentes, elementales razones de practicidad y economía procesal ameritan mantener la vigencia de éstos.
Robo con armas, prueba, secuestro de bienes, arma secuestrada
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: FERNANDEZ, VICTOR s/ ROBO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-23

No corresponde aplicar la agravante del art. 166 inc. 2 C.P., dado que el secuestro del arma carece de valor ya que fue protocolizado en fotocopia carente de certificación; y fue realizado en el domicilio del padre del procesado, llevando a su hijo detenido. Por otra parte la incautación, que fue efectuada varias horas después del robo, no logró demostrar que el arma estaba cargada cuando se cometió el hecho, ni lo admitieron así los procesados.
Apreciación de la prueba, gastos de traslado, daño moral, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: Araoz, Tránsito Mercedes s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad  denegado en 'Araoz, tránsito Mercedes c/ GCBA s/ daños y perjuicios  (excepto resp. médica) inconstitucionalidad  denegado en 'Araoz, tránsito Mercedes c/ GCBA s/ daños y perjuicios  (excepto resp. médica)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-25

Cualquiera sea el mérito de las razones en que buscó apoyo el a quo para fijar la tasa de interés y su efecto, lo cierto es que ellas no han sido examinadas por la parte actora; sin que baste a tales fines con la mera insistencia en sostener que la tasa activa resulta más adecuada para preservar el valor del dinero durante el tiempo en que la actora se vio privada de él, pues la hoy recurrente, si pretendía tachar de arbitraria la tasa de interés que fijó la Cámara, debió, cuanto menos, hacerse cargo de cuál sería el resultado de aplicar esa tasa, para luego conectar ese resultado, hipotéticamente desventajoso para sus intereses, con sus agravios.
Revocación de sentencia, contrabando, carga, servicio aduanero
Materia: PENAL
Carátula: Transportadora Búfalo c/  s/ Recurso de casación casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-10-13

Corresponde revocar la resolución que desestimó la denuncia formulada por la Aduana por no constituir delito el hecho denunciado -las autoridades aduaneras hallaron mercadería supuestamente apócrifa en un camión que pretendía cruzar la frontera-, pues el a quo incurrió en una errónea aplicación de la ley sustantiva, al considerar que los hechos denunciados no podían encuadrar en la figura de contrabando, de conformidad con lo previsto en los arts. 864, inc. 'b' y 865, inc. 'g' del Código Aduanero, en función del art. 46 de la ley 26.458.

En el delito de contrabando lo tutelado no es la recaudación fiscal, ni la regulación de la política económica del Estado en relación con las operaciones de importación o exportación, sino el ejercicio de la función principal encomendada a las aduanas, tal es el control sobre la introducción, extracción y circulación de mercaderías.

En la medida en que el servicio aduanero haya sido inducido a error, en virtud del cual se haya obstaculizado el adecuado ejercicio de la función de control a su cargo, no cabe descartar que se hubieran verificado en autos los presupuestos típicos de los arts. 863, 864 inc. 'b' y 865 inc. 'g' del Código Aduanero.
Impuesto a las ganancias, diferimiento de impuestos, actualización monetaria, empresa promovida, inversionistas en empresas promovidas
Materia: COMERCIAL - TRIBUTARIO
Carátula: DENTI LIMITADA ESTABLECIMIENTOS PAPELEROS S.A. c/ O.G.I. s/ REPETICION  DE IMPUESTO- AJUSTE POR INFLACION- DEPRECIACION MONETARIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-08-27

Los diferimientos impositivos no sujetos a actualización monetaria acordados a la actora por su señalado carácter de inversionista de capital en una empresa promovida, constituyen deudas que por imperio de la ley 21.894 deben integrar el pasivo computable a los efectos del ajuste por inflación, máxime que ese precepto no contiene exclusión fundada en la naturaleza en aquellos diferimientos. La exposición de tales pasivos a la depreciación monetaria proviene así de las disposiciones de la ley citada, y no de lo establecido por el decreto 1770-80, el cual sólo limita los efectos del ajuste previsto por la ley, al admitir que se eliminen del pasivo deudas como las aquí tratadas, hasta el límite en que la existencia del pasivo determine el incremento de la ganancia o la disminución de la pérdida.
Competencia, competencia por la materia, competencia civil, declaración de vacancia, juicio de desalojo
Materia: PROCESAL
Carátula: ESTADO NACIONAL (M. EDUCACION Y JUSTICIA) c/ OCUPANTES INMUEBLE CALLE INDARTE 229 s/ DESALOJO - SUMARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-14

Toda vez que la actora habría adquirido el dominio del inmueble de donde se pretende el desalojo de los demandados en razón de la declaración de vacancia dictada en los autos sucesorios que se citan, resulta de aplicación la jurisprudencia elaborada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los casos en los que la titularidad correspondía al Consejo Nacional de Educación. Por ello, se debe atribuir a la actual Justicia Nacional en lo Civil de la Capital Federal el conocimiento de las presentes actuaciones, habida cuenta de que el inmueble aludido se encuentra en esta jurisdicción.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación de los fundamentos
Materia: LABORAL
Carátula: Castagnino, Antonio José c/ Coop. Añatuya de Trabajo Ltda s/ Cobro indemnización
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-04-15

Es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que no desvirtúa las consideraciones jurídicas invocadas por el juzgador para decretar el rechazo de la demanda, o que desatiende la estructura jurídica del fallo y se aparta de la línea argumental que inspira la solución de éste sin intentar siquiera demostrar que sea errónea.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), fundamentos insuficientes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BELTRAME, JUANA I M DE Y OTROS c/ PILACIANSKAS, ANTONIO Y OTROS s/ INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS.   QUEJA    POR  DENEGACION  DEL RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 210-83 GARCIA, RAFAEL c/ NAVARRO, JOSE MARIA s/ TRANSFERENCIA DE CUOTAS.    QUEJA   POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 26-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-04-17|1987-08-12

La queja debe rechazarse si ni siquiera prima facie se advierte la efectiva violación del derecho de defensa en que se sustenta el recurso de inconstitucionalidad.
Constitución Nacional, interpretación de la constitución
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Brusa, Víctor Hermes s/ pedido de enjuiciamiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-12-11

La Constitución debe analizarse como un conjunto armónico dentro del cual cada parte ha de interpretarse a la luz de las disposiciones de todas las demás (Voto de los Dres. Antonio Boggiano y Adolfo Roberto Vázquez).
Recurso extraordinario, resoluciones anteriores a la sentencia, juicio ejecutivo
Materia: PROCESAL
Carátula: Banco Shaw   SA. c/ Vasquez, Alejandro Jorge y otra. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-03

Las decisiones recaídas en los juicios ejecutivos no constituyen sentencia definitiva.
Daños y perjuicios, publicación periodística, cuestiones prejudiciales, efectos de la sentencia penal en sede civil, prescripción
Materia: CIVIL
Carátula: RENE ARMANDO GONZAGA c/ LA GACETA SOCIEDAD ANONIMA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 1993-04-02

De ningún modo resulta admisible el argumento dogmático de que pendiente el proceso penal al cual estaba vinculado el actor, el mismo se encontraba en imposibilidad jurídica de accionar por resarcimiento de los da/os y perjuicios a raíz de una publicación periodística que lo involucraba en dicho hecho delictivo, sino que, en todo caso, llegados los autos al estado de sentencia en el fuero civil, tendría que esperarse el pronunciamiento criminal, a tenor de lo dispuesto en el artículo 1101 del Código Civil; pero bajo ningún motivo puede válidamente sostenerse la imposibilidad en el accionar, a los efectos del cómputo de la prescripción previsto en el artículo 4037 de dicho texto legal.
Delegación de la investigación, auto de procesamiento, fallo plenario
Materia: PENAL
Carátula: BLANC, Virginia María s/ recurso de inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-06-11

En los supuestos previstos por el art. 215 del Código Procesal Penal es necesario el auto de procesamiento.
Recurso extraordinario de nulidad, Constitución Nacional
Materia: PENAL
Carátula: Alvarez, Roberto José s/ Lesiones culposas - Homicidio culposo Avila Lastra, Mario Enrique s/ Infracción art. 186, inc. 4, Código Penal Warman, Jacobo s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-05-19|1992-03-10|1996-02-13

Es cuestión ajena al recurso de nulidad el agravio relacionado con la presunta conculcación de normas contenidas en la Constitución Nacional.
Acta de Compromiso Nacional, derechos del trabajador, obligaciones del empleador, seguro de vida, prescripción, plazo
Materia: LABORAL
Carátula: TRONCOSO, GABRIEL c/ HELVETIA ARGENTINA DE SEGUROS  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-03-18

El dec. 1567/74, originado en lo que en su momento se denominó Acta de Compromiso Nacional, no hizo más que extender a los trabajadores privados un beneficio que existía para los trabajadores estatales. Sus arts. 1 y 3 respectivamente ponen el seguro a cargo del empleador y lo hacen directamente responsable de su pago en caso de falta de concertación. Tal situación avala la naturaleza laboral del derecho acordado a los trabajadores. En consecuencia, a los fines de la prescripción, corresponde aplicar el plazo establecido por el art. 256 LCT.
Fianza comercial, concurso preventivo, homologación del acuerdo preventivo
Materia: COMERCIAL
Carátula: NUEVO BANCO SANTURCE  S.A.  (EN LIQ.) c/ NEIMAN, JAVIER s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-23

La situación de concurso preventivo del obligado principal no importa modificación de la situación de los fiadores del concursado tanto en el supuesto del CCIV 2004 como en el del CCIV 2005, dados los efectos personales y no reales del acuerdo homologado, que no pueden ser extendidos a los fiadores que no gozan de la quita o espera concedida exclusivamente a aquél.
Derecho constitucional, Derecho procesal, derechos y garantías constitucionales, acción de amparo, competencia por la materia, organización de la justicia, Cámara de Apelaciones
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: G., L. D. V. c/ Instituto de Seguridad Social y Seguros de la Provincia del Chubut  s/ Acción de Amparo", Expte. N° 811/23
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2023-11-29

La Ley V-180 sustituyó el art. 4º de la Ley V-84 sancionada el 02/12/21 y publicada en Boletín Oficial el 06/12/21 y atribuyó competencia en las acciones de amparo que sean interpuestas contra actos, hechos u omisiones de los Poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial de la Provincia del Chubut, las corporaciones municipales, sus entidades autárquicas o descentralizadas, a la Cámara de Apelaciones en lo Civil de la jurisdicción judicial en que el acto se exteriorice o tuviere o pudiere tener efecto.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, derecho de propiedad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Russo, Angel y otra c/ C.de Delle Donne, E. s/ desalojo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1959-05-15

No son inválidas ni atentan contra la seguridad jurídica las disposiciones legales que, sin desconocer la sustancia de una decisión judicial, se limitan a postergar durante breve lapso el instante en que empezarán a producirse sus efectos, o sea que se reducen a suspender transitoriamente la exigibilidad de una obligación reconocida o creada por sentencia ejecutoriada. En consecuencia, las exigencias de la seguridad jurídica no han sido desconocidas por el art. 1° de la ley 14.442 ni por sus prórrogas, en cuanto únicamente suspenden hasta el 30 de junio de 1959 el cumplimiento de una sentencia firme dictada el 24 de noviembre de 1958, ya que ello no afecta de modo irrazonable la cosa juzgada (Voto de los Doctores Aristóbulo D. Aráoz de Lamadrid y Julio Oyhanarte).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, proceso penal, imputado, prisión preventiva, ley procesal penal
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: S., F. D. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - ROBO  CALIFICADO POR USO DE ARMA (EXPTE.: C.S.J. NRO. 77 AÑO 2008)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-12-23

Es inadmisible la queja interpuesta por el imputado contra el rechazo al pedido de sustitución de la prisión preventiva, sosteniendo que dicho pronóstico vulnera el principio de inocencia y supone incurrir en prejuzgamiento, desde que tal crítica soslaya atender que el artículo 342 del Código Procesal Penal de la Provincia ordena a los magistrados tener en cuenta la calificación legal del auto de procesamiento para conceder o denegar la libertad bajo promesa o caucionada; en tanto que el inciso 1 del artículo 329 establece -como pauta para valorar la necesidad o no de la prisión preventiva del imputado- el hecho de que "al delito o concurso de delitos que se le atribuye corresponda pena privativa de la libertad y el juez estime, prima facie, que no procederá la condena de ejecución condicional".

Dichas normas -que no han sido tachadas de inconstitucionales- son las que imponen a los jueces efectuar el pronóstico de la eventual pena que correspondería aplicar al imputad o de resultar condenado -tanto de su monto como de la modalidad de ejecución- para valorar la necesidad de la prisión preventiva o la posibilidad de conceder la excarcelación. Siendo entonces, que los magistrados se han pronunciado sobre el tema en el momento procesal correspondiente y conforme una imposición legal, no puede argüirse la existencia de prejuzgamiento.
Responsabilidad del Estado, servicio público, carga de la prueba, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BRACAMONTE, MARCELO RENE c/ PROVINCIA DE SANTA FE Y OTROS s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-04-10

El Máximo Tribunal tiene dicho que a fin de decidir si concurren los presupuestos fácticos y jurídicos que hacen viable la responsabilidad del Estado, es necesario considerar la existencia, o no, de una falta de servicio, entendida como el funcionamiento irregular o defectuoso del servicio público por no cumplirse de manera regular las obligaciones emanadas de las normas jurídicas que lo establecen y reglamentan; y que la pretensión de ser indemnizado por la falta de servicio imputable a un órgano estatal importa, para la parte actora, la carga de individualizar y probar, del modo más concreto posible, el ejercicio irregular de la función, sin que resulte suficiente al efecto la alusión a una secuencia de hechos y actos, sin calificarlos singularmente, tanto desde la perspectiva de su idoneidad como factor causal en la producción de los perjuicios como en punto a su falta de legitimidad. - CITAS: CSJN: Fallos: 328:2546; 329:2088; 329:2737.
Peritos, honorarios, pautas
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Mendez Bruno Luis. c/ Molinos Río de la Plata. s/ Indemnización por Accidente,enfermedad,etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1992-07-07

La cuantía del juicio no constituye un par metro decisivo para la fijación de los honorarios periciales, debiendo relacionarse tal pauta con la representada por la calidad y extensión de los trabajos realizados por los expertos, y fundamentalmente con la trascendencia que tal intervención revista para la solución del pleito. (Minoría u opinión personal)
Aduanas, depósito aduanero, mercadería aduanera
Materia: ADUANERO
Carátula: "Revesil S.A. (TF 10118-A) c/ DGA".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-08

De la propia definición del artículo 286, ap. 1 del Código Aduanero resulta que la destinación suspensiva de depósito de almacenamiento supone otra operación previa constistente en la introducción legal de la mercadería a territorio aduanero, ajustándose a las reglas impuestas a cada caso de destinación de importación. Una vez introducida la mercadería y concedida la destinación suspensiva de almacenaiento, su titular puede, "previo control de la inexistencia de eventuales impedimentos en relación a las personas o a las mercaderías" (art 294, cód cit), disponer su transferencia, lo que implica que el adquirente ha de recibir la mercadería en la misma situación jurídica en que la poseía su titular originario. Esa transferencia puede ser por el total de la mercadera almacenada y de parte de ella (art. 295, cód cit).
Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-09-03


2º Instancia.- Buenos Aires, septiembre 3 de 2009.

Considerando:

1. La Municipalidad de Ituzaingó apeló la resolución de fs. 445/6 que dispuso el pago a su parte de la suma de $ 11.488,15 en concepto de tasas municipales adeudadas únicamente por los períodos 01/2008 a 12/2008, al señalar que se omitió el tratamiento de la deuda por los ejercicios 01/1993 a 12/2007 que asciende a la suma de $ 187.480,30.

Fundó el recurso con el incontestado memorial obrante en fs. 465.

2. En ciertos casos la ley relativiza excepcionalmente el principio de igualdad de todos los acreedores, acordando a algunos de ellos un privilegio que les permitirá efectivizar sus créditos con carácter preferente con respecto a los demás.

En ese orden de ideas, el art. 3879 del Cód. Civil dispone que "tienen privilegio sobre la generalidad de los bienes del deudor, sean muebles o inmuebles: ... 2) Los créditos del fisco y de las municipalidades, por impuestos públicos, directos o indirectos".

Es decir, que las deudas de impuestos, tasas y/o contribuciones que pueda registrar el inmueble, en principio, deben abonarse con el precio obtenido en la subasta, haciendo valer obviamente el régimen de privilegios establecido por la ley.

Así, deja de tener virtualidad la fecha de los embargos, por cuanto estos acreedores privilegiados -hayan o no trabado embargo- desplazan a los acreedores quirógrafos embargantes y al propio ejecutante, siendo postergados únicamente por los gastos de justicia (cfr. Highton - Areán, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Concordado...", 2008, T. 11, p. 682/3).

En consecuencia, asiste razón a la municipalidad sobre la preferencia de su crédito por sobre el que detenta el aquí actor y, además, por sobre el perseguido en los autos "Coscia Pedro c/ Industrias Metalúrgicas Copare S.A. s/ ejecutivo".

Debe quedar en claro que el art. 218 del Cód. Procesal no crea ningún privilegio a favor de los acreedores embargantes ni podría hacerlo por tratarse de una legislación local, en tanto aquéllos sólo pueden ser objeto de regulación por la ley de fondo. Sencillamente reconocen prioridad a aquél que obtuvo primero la medida y logró trabarla, pudiendo ser desplazado -como en el caso- por un acreedor cuyo crédito es privilegiado.

3. Por lo expuesto, se resuelve: admitir el recurso deducido por la Municipalidad de Ituzaingó y en consecuencia modificar la resolución apelada con los alcances supra señalados; sin imposición de costas al no haber mediado contradictorio.

Los doctores Bargalló y Caviglione Fraga actúan de conformidad con lo dispuesto en los Acuerdos de esta Cámara del 22/7/08 pto. III y del 27/8/08 pto. VI, respectivamente. Angel O. S ala.- M iguel F. B argalló.- B indo B. Caviglione Fraga.