Tribunal: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2016-10-19


A C U E R D O En la ciudad de La Plata, a 19 de octubre de 2016, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, Negri, Kogan, Hitters, de Lázzari, Pettigiani, Soria, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 117.997 "Martínez Ortega, Lorenzo Javier contra Guzmán, Ana Haydee y otro/a. Accidente in itinere".

A N T E C E D E N T E S El Tribunal de Trabajo N° 2 del Departamento Judicial San Martín acogió la demanda, imponiendo las costas a la accionada (fs. 475/480 vta.).

La parte actora (fs. 490/509) y la codemandada Provincia ART SA (fs. 521/528 vta.) dedujeron recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, concedidos por el citado tribunal a fs. 530 y vta.

Dictada la providencia de autos a fs. 541, y hallándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes C U E S T I O N E S 1ª. ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por Provincia ART SA? 2ª. ¿Lo es el interpuesto por la parte actora? V O T A C I Ó N A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:

I. En lo que interesa, el tribunal de trabajo hizo lugar a la acción deducida por Lorenzo Javier Martínez Ortega y María José Jorquera contra Ana Haydee Guzmán y Provincia ART SA, mediante la cual les habían reclamado -en su carácter de padres del trabajador Miguel Ángel Martínez Jorquera- el pago de las indemnizaciones previstas en los arts. 11 ap. 4 y 15 ap. 2. de la ley 24.557.

Resolvió de esa manera, en tanto juzgó acreditado que el fallecimiento de su hijo se produjo como consecuencia del accidente de trabajo in itinere que sufrió el día 20-II-2008, cuando se dirigía a prestar servicios en la panadería explotada por la codemandada Guzmán, quien se encontraba afiliada a la aseguradora de riesgos del trabajo coaccionada.

Con apoyo en las declaraciones testimoniales receptadas en el marco de la investigación penal preparatoria 15-00-005353-08 -agregada al expediente, ratificadas y complementadas en la audiencia de vista de la causa- tuvo por demostrado -que, en la fecha indicada, mientras se encontraba en la parada del ómnibus que lo trasladaría al lugar de trabajo, el operario fue abordado por una persona de sexo masculino que llegó al lugar con la intención de robarle la mochila, circunstancia en la cual recibió un disparo de arma de fuego que lo hirió mortalmente, falleciendo ese mismo día en el Hospital Bocalandro (vered., fs. 472 vta./473).

Sobre esa base y en tanto, si bien la empleadora no había registrado la relación laboral, sí había cumplido con el deber de afiliarse a una aseguradora de riesgos del trabajo (vered., fs. 473 y vta.), condenó solidariamente a ambas codemandadas a pagarle a los derechohabientes del trabajador las indemnizaciones sistémicas de la ley 24.557, dejando aclarado que Provincia ART SA tenía derecho a repetir del asegurado lo abonado por ese concepto en virtud de lo que prescribe el art. 28 de dicho texto legal (sent., fs. 478).

Puesto a cuantificar las referidas prestaciones, el tribunal estimó que la indemnización prevista en los arts. 15 ap. 2 y 18 de la ley 24.557 debía ser fijada en la suma de $180.000, tope vigente a la fecha del siniestro que -destacó- no mereció reproches de parte de la actora. Con todo, ordenó que dicha cifra fuese abonada en un único pago, por aplicación de lo dispuesto en el art. 17 ap. 1 de la ley 26.773 (en cuanto dispone que las prestaciones dinerarias de renta periódica previstas en la ley 24.557 "quedan transformadas en prestaciones indemnizatorias de pago único"), norma que -explicó- puede ser actuada en el caso por tratarse de una disposición procesal y corresponderse con la interpretación más favorable a la víctima (sent., fs. 477 y vta.).

A esa cifra añadió la de $50.000 en concepto de la prestación adicional de pago único prevista en el art. 11 ap. 4 inc. "c" de la ley 24.557, totalizando el importe indemnizatorio la suma de $ 230.000, a la cual ordenó adicionar intereses calculados con la tasa activa promedio receptada en el art. 48 de la ley 11.653 (texto según ley 14.399; sent., fs. 477 vta.).

II. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la aseguradora de riesgos del trabajo codemandada denuncia violación de la doctrina legal que identifica (fs. 521/528 vta.).

Se agravia de que se haya tenido por acreditado el accidente in itinere denunciado en la demanda y por configurada la responsabilidad de Provincia ART SA.

Asevera que, a contrario de lo que puntualizó el juzgador, las constancias de la instrucción penal "no dan la certeza que infiere el Tribunal del Trabajo" (fs. 522).

Afirma que las circunstancias de tiempo y lugar en las que se produjo el homicidio difieren de lo manifestado en la sentencia.

Agrega que tampoco es cierto que los testigos hayan ratificado en la audiencia de vista de la causa los hechos que el tribunal consideró acreditados, desde que éstos relataron que siempre viajaban junto con el trabajador fallecido a su lugar de trabajo, que ese viaje se hacía antes de las seis de la mañana y que, el día en que fue asaltado, aquél no se encontraba con ellos en la parada del colectivo al punto que, por referencias, sabían que el causante había concurrido la noche anterior a un "boliche bailable".

Desde otra perspectiva, refiere que, tratándose de un hecho criminal, resulta absurdo pretender argumentar causales extrañas a las que la propia investigación penal acredita. Sostiene que, con arreglo a los arts. 1101 y 1102 del anterior Código Civil, las causas penales "crean prejudicialidad", y por ende los juicios civiles deben quedar en consonancia con lo probado en aquéllas, excluyéndose cualquier apreciación sobre la materia que se investiga.

Expresa que, para responsabilizar a la aseguradora, no basta con afirmar que el hecho delictivo se produjo camino al trabajo, sino que resulta imprescindible alegar y probar, además, la existencia de una causalidad adecuada entre el hecho y el daño que se denuncia.

Siendo así, lo resuelto vulnera, en su criterio, la doctrina establecida por esta Corte en las causas L. 47.438 "Cirone", sent. de 10-XII-1991; L. 87.394 "V. de C.", sent. de 11-V-2005 y L. 81.216 "Castro", sent. de 22-X-2013, desde que la condena impuesta a Provincia A.R.T S.A. "excede los límites de la cobertura otorgada en los términos de la ley 24.557" (fs. 523 vta.).

Agrega que la aseguradora de riesgos del trabajo sólo puede ser responsable de las prestaciones previstas en la ley 24.557, no pudiendo ser condenada a reparar por fuera de los términos previstos en esa ley. Luego, el tribunal se apartó de la citada doctrina establecida en la causa "Cirone", en cuanto se resolvió que no es posible otorgarle interpretación extensiva al contrato de seguro.

III. El recurso es improcedente.

1. El agravio orientado a rebatir la decisión del tribunal por la cual consideró acreditado el accidente in itinere sufrido por el trabajador es insuficiente.

a. En primer lugar, cabe señalar que determinar si se probó o no el accidente de trayecto denunciado en la demanda es una cuestión privativa de los tribunales del trabajo exenta -en principio- de revisión en casación, salvo absurdo.

b. Más allá de que (con excepción de la aislada y descontextualizada afirmación concerniente a que la sentencia es "arbitraria, injusta y absurda", ver fs. 526) la quejosa ni siquiera ha denunciado la configuración del vicio aludido, en modo alguno logra evidenciar con sus argumentos que, al considerar acreditado el accidente, el tribunal haya valorado burdamente las pruebas colectadas en la causa o prescindido de algún elemento probatorio determinante para definir la cuestión litigiosa.

c. En efecto, la impugnante pretende rebatir la conclusión principal exteriorizada por el juzgador (según la cual, con las declaraciones testimoniales prestadas en la causa penal agregada al expediente, que fueron ratificadas y ampliadas en la audiencia de vista de la causa, resultó probado que el trabajador fue víctima de un homicidio mientras esperaba el ómnibus para dirigirse al empleo, fs. 472 vta./473) señalando apenas que "las constancias de la instrucción penal no dan la certeza que infiere el Tribunal del Trabajo", para añadir que "tampoco los testigos que exponen en la audiencia de vista de causa ratificaron los presuntos hechos como lo dice el Tribunal", agregando a continuación su propia versión de lo que habrían declarado los testigos en dicha audiencia (fs. 522 y vta.).

De ello se colige la insuficiencia palmaria del embate para modificar lo decidido en la instancia.

En primer lugar, porque la simple contraposición de un criterio diferente al ostentado por el juzgador no resulta apto para evidenciar la configuración de un desvío intolerable en el ejercicio de la función jurisdiccional, o la existencia del vicio de absurdo.

Luego, en tanto la interesada cuestiona la valoración que efectuó el a quo de las constancias de la voluminosa causa penal agregada al expediente (fs. 157/372), sin detenerse a identificar aquellas piezas que avalarían la interpretación que postula, ignorando así que corresponde a la parte que lo alega demostrar la existencia del absurdo y no a la Suprema Corte explicar por qué no se configura (conf. causas L. 32.901 "Arias", sent. de 15-V-1984; L. 34.426 "Gómez", sent. de 9-IV-1985; L. 36.127 "Ogroglich", sent. de 3-VI-1986; L. 57.164 "Borja", sent. de 3-X-1995; L. 84.493 "Carro", sent. de 21-VI-2006; L. 85.178 "Arce", sent. de 11-IV-2007; L. 89.615 "Ortigoza", sent. de 28-V-2008; L. 98.143 "Banco de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 11-III-2009; L. 101.165 "Prado Delgadillo", sent. de 10-III-2011; L. 104.313 "Fernández", sent. de 27-IV-2011 y L. 107.783 "Menno", sent. de 14-III-2012).

Tampoco es hábil la objeción planteada acerca del contenido de las declaraciones brindadas en la audiencia de vista de la causa.

Cuadra recordar, en ese sentido, que valorar tanto el mérito como la habilidad de los testigos es, en virtud del sistema de apreciación en conciencia imperante en el fuero laboral (art. 44 inc. "d" de la ley 11.653), facultad privativa de los jueces del trabajo, sin que sus conclusiones al respecto puedan ser revisadas en la instancia extraordinaria, máxime si -como sucede en el caso- el interesado omitió hacer uso, en la etapa correspondiente, de la facultad contemplada en la última parte del art. 46 de la ley 11.653; en tales condiciones, no puede la Suprema Corte pronunciarse sobre una versión de los testimonios incorporados en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que colisione con aquélla que fue apreciada en conciencia por el tribunal de grado (conf. causas L. 92.220 "Duplecich Villegas", sent. de 19-X-2011 y L. 116.908 "C., G.J.", sent. de 3-IX-2014; entre muchas).

d. Tampoco asiste razón a la quejosa en cuanto sostiene que, en virtud de la prejudicialidad consagrada en el Código Civil "resulta absurdo pretender argumentar causales extrañas a las que la propia investigación penal acredita" (fs. 523).

Más allá de otras consideraciones que podrían formularse para rebatir esa afirmación, basta para descartar la crítica el hecho de que -con arreglo a lo señalado en el apartado anterior- en modo alguno puede sostenerse que el juzgador haya invocado circunstancias extrañas a las analizadas en la causa penal. Antes bien: el sentenciante fundó su conclusión precisamente en las constancias de la investigación penal preparatoria, sin que la agraviada haya podido demostrar que hubiese incurrido en absurdo.

e. Por último, es igualmente estéril para modificar lo resuelto la afirmación de la impugnante relativa a que, para responsabilizarla, no basta con afirmar que el hecho delictivo se produjo camino al trabajo, sino que resulta imprescindible alegar y probar, además, la existencia de una causalidad adecuada entre el hecho y el daño que se denuncia.

Ello, porque el tribunal tuvo por verificado ese nexo causal al considerar que, al momento del luctuoso suceso, el causante se encontraba en una parada de ómnibus ubicada a pocos metros de su casa, esperando el arribo de un vehículo que lo transportaría a su trabajo (fs. 472 vta.), dato que resulta suficiente para considerar verificado el accidente in itinere, que es precisamente aquél que se produce en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo (art. 6, ley 24.557), sin que -a contrario de lo que parece sugerir la agraviada- obste a esa conclusión la circunstancia de que haya sido víctima de un delito.

Al respecto, ha declarado esta Corte que, probado que el trabajador fue víctima de un delito en el trayecto entre el lugar de trabajo y su domicilio -ámbito hacia el que se amplía, objetivamente, por imputación legal, la responsabilidad del empleador, sea que se trate de una imputación por la "ocasionalidad", por un riesgo específico impropio, o por el riesgo de empresa derivado del hecho que aquél puso su tiempo a disposición de este último-, es improcedente la pretensión de la demandada de eximirse de responsabilidad (conf. causa L. 78.855 "Cebrymsky", sent. de 18-IV-2007).

2. La denuncia de violación de doctrina legal formulada en la inteligencia que la condena excede "el régimen legal garantizado" (fs. 523 vta./527 vta.) no prospera.

Ello, toda vez que los precedentes que cita la interesada en su apoyo no son atingentes al caso sometido a revisión.

Así, en las causas L. 87.394 "V. de C." (sent. de 11-V-2005) y L. 81.216 "Castro" (sent. de 22-X-2013) se resolvió sobre la validez constitucional del art. 39 ap. 1 de la ley 24.557 y la posibilidad de responsabilizar civilmente al empleador, materia por completo ajena a la aquí debatida.

Mientras que la doctrina de la causa L. 47.438 "Cirone" (sent. de 10-XII-1991) está elaborada en torno al contrato de seguro de responsabilidad civil reglado por la ley 17.418 y a leyes de accidentes de trabajo anteriores a la ley 24.557, por lo que no resulta aplicable a los contratos de afiliación y a las aseguradoras de riesgos del trabajo reguladas por este último texto legal (conf. causas L. 98.589 "Bordessollies de Andrés", sent. de 25-XI-2009; L. 97.482 "López", sent. de 2-III-2011; L. 103.075 "Vallejos", sent. de 21-XII-2011 y L. 116.450 "B., A.F.", sent. de 2-VII-2014; entre muchas).

3. Finalmente, no puede adjudicársele entidad de agravio atendible por esta Corte a la denuncia de infracción de los antecedentes "Zgonc" y "Alba" (fs. 524), en tanto carece de todo desarrollo y cita normativa que la respalde (conf. doct. causas L. 82.635 "Di Benedetto", sent. de 11-IV-2007 y L. 102.343 "Laguzzi", sent. de 8-IX-2010).

IV. En virtud de lo expuesto, corresponde desestimar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por Provincia ART SA, con costas a la vencida (art. 289, CPCC).

Voto por la negativa.

Los señores jueces doctores Negri, Kogan, Hitters, de Lázzari, Pettigiani y Soria, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron la primera cuestión también por la negativa.

A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:

I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la actora denuncia violación de los arts. 14, 14 bis, 16, 17, 18, 19, 31, 33 y 75 incs. 22 y 23 de la Constitución nacional; 10, 15, 31, 28 y 39 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 9 de la Ley de Contrato de Trabajo; 3 del anterior Código Civil; 3 y 17 ap. 6 de la ley 26.773; del decreto 1694/09; de la ley 23.592; y de las resoluciones 414/99 y 287/01 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo; así como de la doctrina legal que cita (fs. 490/509).

Plantea los siguientes agravios:

1. Cuestiona que sin fundamento alguno, el tribunal de origen soslayara la aplicación de las pautas más ventajosas establecidas en el decreto 1694/09 al supuesto de autos. Explica que aun cuando esa normativa entró en vigor con posterioridad al siniestro objeto de reclamo, las prestaciones derivadas del hecho dañoso todavía se hallaban pendientes de cancelación.

Aduce que en ocasión de pronunciar su alegato en la audiencia de vista de la causa, cuestionó la validez constitucional del art. 16 del citado decreto lo que no quedó asentado en el acta de la audiencia en virtud de la oralidad del procedimiento. Luego -dice- el tribunal vulneró el art. 47 de la ley 11.653 al no haberse pronunciado sobre el punto.

Con todo -prosigue- el a quo debió haber declarado de oficio la inconstitucionalidad de la norma en atención al criterio sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Rodríguez Pereyra" (sent. de 27-XI-2012).

Refiere que el citado art. 16 viola el principio de progresividad y la regla de la norma más favorable al trabajador, ya que la aplicación inmediata de la nueva legislación no vulnera el derecho de propiedad, incurriendo, además, en un "claro exceso reglamentario", ya que desactiva los efectos del art. 3 del Código Civil derogado.

Añade que el citado precepto es similar a la disposición análoga que contenía el decreto 1278/00 y, por ende, corresponde actuar en el caso la jurisprudencia que interpretó entonces que, si la nueva legislación implicaba el reconocimiento legal de la insuficiencia del régimen anterior, debía ser aplicada a los juicios pendientes de resolución, por motivos de equidad y justicia.

Al respecto, invoca jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, así como el precedente "Arcuri Rojas" (sent. de 3-XI-2009) de la Corte federal, en donde el alto Tribunal admitió la aplicación de una ley jubilatoria más protectoria a un caso en principio regido por la ley anterior, señalando que esa hermenéutica está amparada por el principio de progresividad y la regla de la norma más favorable. También cita en apoyo de su posición otros fallos del máximo Tribunal ("Camuso Vda. de Marino", entre otros; ver fs. 501 vta./502), en los que se aceptó la aplicación inmediata de la nueva legislación a casos anteriores, así como la doctrina legal establecida por este Tribunal en la causa Ac. 50.610 (sent. de 25-II-1997) en la que deslindó la aplicación inmediata de la aplicación retroactiva de la ley.

Manifiesta que ello se corrobora con la lectura de los fundamentos del decreto 1694/09, en los cuales se reconoce la insuficiencia reparatoria de la ley 24.557, señalándose que ésta evidenció una imperfección estructural como instrumento de protección social.

En suma, alega que la tarifa establecida por la ley 24.557 ha quedado desactualizada por efecto de la situación económica, y peticiona que las indemnizaciones declaradas en la sentencia se calculen con las pautas establecidas en el decreto 1694/09.

2. Objeta, asimismo, que no se haya aplicado en el fallo el coeficiente de ajuste establecido en el art. 17 ap. 6 de la ley 26.773 (fs. 503/505 vta.).

Afirma que, pese a haber ordenado que la indemnización debida sea abonada en un único pago, en virtud de lo que dispone el art. 17 ap. 1 de dicha ley, el tribunal soslayó que el art. 17 ap. 6 reconoce el derecho a percibir un monto indemnizatorio ajustado de conformidad al índice RIPTE.

Destaca que, si bien el art. 17 ap. 5 de la ley 26.773 establece como regla general que las disposiciones de esa ley se aplican a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de su publicación, el art. 17 ap. 6 consagra una excepción a ese principio, determinando que el mecanismo de ajuste allí reglado se aplica a los siniestros ocurridos con anterioridad a la entrada en vigencia de la norma. De otra manera -dice- el art. 17 ap. 6 sería sobreabundante, pues bastaría con el apartado precedente para definir su ámbito temporal de aplicación.

3. Cuestiona que no se haya condenado a la demandada a pagar la suma adicional prevista en el art. 3 de la ley 26.773 (fs. 505 vta./506 vta.).

Aduce que la sentencia no aplicó dicha norma sin exponer los fundamentos de tal proceder.

Refiere que no existe motivo valedero para dejar fuera del ámbito de aplicación de dicha indemnización a los accidentes in itinere pues, en tanto el art. 6 de la ley 24.557 reconoce a éstos como contingencias indemnizables, aquélla resulta procedente con prescindencia de que el trabajador se haya accidentado dentro del establecimiento o en el camino hacia el trabajo.

Concluye en que, al excluir la reparación adicional allí prevista en el caso de los accidentes de trayecto, la norma resulta discriminatoria y vulnera la ley 23.592.

4. Por último, critica que no se haya aplicado la tasa de interés prevista en las resoluciones 414/99 y 287/01 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (fs. 506 vta./508).

Expresa que si bien el tribunal aplicó correctamente al caso la tasa de interés prevista en el art. 48 de la ley 11.653 a los restantes rubros de condena, debió calcular los intereses de las prestaciones de la ley 24.557 con arreglo a lo que disponen las citadas resoluciones.

Ello porque, existiendo una norma especial nacional que regula la tasa de interés, deviene inaplicable el índice previsto en la normativa provincial aludida.

Agrega que, aun cuando basta para definir la cuestión el principio por el cual la norma especial debe prevalecer sobre la general, debe tomarse en cuenta asimismo el principio de la norma más favorable al trabajador previsto en el art. 9 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Invoca en apoyo de esa tesis lo resuelto por el Tribunal del Trabajo N° 5 de La Plata en los fallos que identifica.

II. El recurso no prospera.

1. La pretensión de que se aplique al caso el decreto 1694/09 debe ser desestimada.

a. Más allá de las consideraciones que podrían efectuarse en orden a la predicada articulación del pedimento que se dice ignorado en la sentencia, lo cierto es que la postura del recurrente es contraria a la doctrina legal de esta Corte sobre la temática debatida.

En efecto, en situaciones asimilables a las que se verifican en la especie, esta Suprema Corte ha descartado la aplicación de las modificaciones introducidas a la Ley de Riesgos del Trabajo por el decreto 1278/00 a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se hubiese producido con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del mentado reglamento (conf. causas L. 90.384 "N.,P.", sent. de 9-V-2007; L. 94.456 "Vecchi", sent. de 2-VII-2010 y L. 107.414 "S.,A", sent. de 26-IX-2012), doctrina legal que, en atención a la similitud de los contextos normativos, se ha declarado aplicable a las contiendas en las que -como ocurre en el caso- se discute el ámbito de aplicación temporal de las modificaciones incorporadas a dicho texto legal por el decreto 1694/09 (conf. causas L. 116.513 "Orellana", sent. de 26-III-2014 y L. 116.622 "Bracco", sent. de 15-IV-2015).

b. No obsta a lo expuesto el planteo de inconstitucionalidad del citado art. 16 del decreto 1694/09 que formula la recurrente.

Dejando a un lado lo que pudiera opinarse sobre la oportunidad procesal en que fue introducida la cuestión constitucional, así como sobre la posibilidad de ejercer de oficio ese control, lo cierto es que el reclamo deber ser descartado por insuficiente.

La quejosa sostiene que la norma viola el principio de progresividad y la regla de la norma más favorable al trabajador (fs. 499), sin efectuar mayor desarrollo argumental que permita evidenciar las violaciones constitucionales que denuncia.

A su vez invoca un pretendido "exceso reglamentario" del precepto, que habría alterado indebidamente el art. 3 del anterior Código Civil (fs. 499), afirmación que debe ser descartada, en atención a que el decreto 1694/09 ha sido dictado en cumplimiento de la delegación expresamente conferida al Poder Ejecutivo por el art. 11 ap. 3 de la ley 24.557, y toda vez que la interesada no se ocupa tampoco de explicar en qué consistiría el supuesto exceso.

Es evidente que tales enunciaciones genéricas en modo alguno resultan suficientes ni eficaces para jaquear la validez constitucional de la norma impugnada, en tanto no alcanzan a demostrar una falta de razonabilidad en el criterio escogido por la norma para determinar su fecha de entrada en vigencia.

Cuadra recordar, en ese sentido, que la declaración de inconstitucionalidad de una ley o decreto constituye un acto de suma gravedad institucional, de manera que debe ser considerada como la ultima ratio del orden jurídico. Luego, la carga impugnativa que pesa sobre el recurrente (art. 279, CPCC) debe exacerbarse para arribar a una conclusión tan relevante como aquélla que conduce a invalidar un precepto por ser contrario a la Constitución (conf. causa L. 110.415 "Castro", sent. de 12-XII-2012).

En consecuencia, siendo que en el caso la quejosa no ha satisfecho la mencionada carga, el planteo de inconstitucionalidad del art. 16 del decreto 1694/09 debe ser desestimado.

2. Tampoco asiste razón a la recurrente en cuanto reclama la aplicación del mecanismo de ajuste previsto en el art. 17 ap. 6 de la ley 26.773.

a. De inicio, cabe señalar que tampoco aquí lleva razón la quejosa al cuestionar que el a quo haya "omitido expedirse" sobre la aplicabilidad de dicho precepto, desde que no hay constancias en autos de que haya mediado algún pedido al respecto.

Además, no se advierte contradicción entre la decisión del tribunal de declarar aplicable el art. 17 ap. 1 de la ley 26.773 (norma con apoyo en la cual determinó que la indemnización prevista en el art. 15 de la ley 24.557 debía ser abonada en un único pago) y la no actuación en el caso del art. 17 ap. 6 desde que, a diferencia de lo relativo a este último tópico, sí existió un concreto pedido de la actora para que descartara el sistema de pago en forma de renta.

Por otra parte, el sentenciante brindó las razones para justificar la aplicación al caso de aquel precepto, las cuales llegan firmes a esta instancia por ausencia de impugnación.

b. De todas maneras, la pretensión de que se aplique al caso el mecanismo de ajuste previsto en dicho precepto no resulta atendible, porque se opone a la doctrina legal de esta Corte.

Me he pronunciado sobre el tema bajo examen al emitir mi voto en primer término en la causa L. 118.695 "Staroni" (sent. de 24-V-2016), cuyos argumentos, en cuanto resulten pertinentes, he de reproducir en autos.

c. La ley 26.773 ("Régimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales", BO del 26-X-2012), dispone en su art. 17 ap. 5: "Las disposiciones atinentes a las prestaciones en dinero y en especie de esta ley entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y se aplicarán a las contingencias previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de esa fecha".

Como admiten las recurrentes (v. fs. 504), resulta indudable que las modificaciones introducidas por el referido cuerpo legal resultan aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca con posterioridad a su fecha de entrada en vigencia (y no así a las que hubieran acaecido con anterioridad a ese hito); ello así, salvo que la normativa consagre alguna excepción puntual a ese principio.

d. Establecido lo anterior, corresponde analizar si -como propugnan los agraviados; v. fs. 504 y vta.- el art. 17 ap. 6 de la ley 26.773, en cuanto regula el mecanismo de ajuste de las prestaciones por incapacidad permanente previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, consagra una excepción a la aludida regla general establecida en el art. 17 ap. 5 del mismo texto legal, resultando por tanto aplicable incluso a situaciones como la examinada en autos, acaecidas con anterioridad a la sanción de la norma.

(i) El referido art. 17 ap. 6 de la ley 26.773 prescribe: "Las prestaciones en dinero por incapacidad permanente, previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, y su actualización mediante el decreto 1694/09, se ajustarán a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley conforme al índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables), publicado por la Secretaría de Seguridad Social, desde el 1° de enero del año 2010".

A su vez, a los fines de contextualizar el mecanismo de cálculo al que hace referencia el citado art. 17 ap. 6 de la ley 26.773 es indispensable tener presente el art. 8 del mismo cuerpo legal, en cuanto dispone que "Los importes por incapacidad laboral permanente previstos en las normas que integran el régimen de reparación, se ajustarán de manera general semestralmente según la variación del índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables), publicado por la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a cuyo efecto dictará la resolución pertinente fijando los nuevos valores y su lapso de vigencia".

(ii) Más allá de las deficiencias que podrían endilgarse a la técnica legislativa utilizada por la ley 26.773 para regular estos aspectos, en mi opinión la interpretación sistemática de los preceptos legales aludidos lleva a concluir que el art. 17 ap. 6 del referido cuerpo normativo no establece una excepción a la regla general establecida en el art. 17 ap. 5.

(iii) Ello así, en primer lugar, porque esa supuesta salvedad no fue plasmada expresamente en el texto de la ley.

Distinta es la voluntad legislativa declarada de modo concreto y categórico en el art. 17 ap. 7 que establece: "Las disposiciones atinentes al importe y actualización de las prestaciones adicionales por Gran Invalidez entrarán en vigencia a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la presente, con independencia de la fecha de determinación de esa condición". En este supuesto -ajeno al caso de autos- la ley 26.773 ha excepcionado expresamente la regla general relativa a que las mejoras prestacionales contempladas en la nueva legislación sólo rigen para las contingencias cuya primera manifestación invalidante se haya producido con posterioridad a su publicación, disponiendo (exclusivamente para ese tipo de incapacidades gravísimas) la aplicación inmediata de la reforma incluso a situaciones acaecidas con anterioridad a su sanción.

En ese contexto, y en tanto no cabe suponer imprevisión o inconsecuencia en la tarea legislativa, no cabe sino concluir en que, para todos los supuestos no excepcionados expresamente, rige sin ambages la regla general establecida en el art. 17 ap. 5 de la ley 26.773.

(iv) Por otra parte, como ya fue anticipado, la disposición del art. 17 ap. 6 -en cuanto establece que las prestaciones dinerarias "se ajustarán a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley conforme al índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables), publicado por la Secretaría de Seguridad Social, desde el 1° de enero del año 2010"- no puede interpretarse aislada de la norma del art. 8 del mismo cuerpo legal, que dispone -plasmando una de las innovaciones principales de la ley 26.773 sobre el sistema de la Ley de Riesgos del Trabajo- que las mentadas prestaciones dinerarias por incapacidad permanente se ajustarán de manera general semestralmente según la variación del referido índice, a cuyos efectos la Secretaría de Seguridad Social "dictará la resolución pertinente fijando los nuevos valores y su lapso de vigencia".

Del juego de ambas normas (arts. 8 y 17 ap. 6, ley 26.773) se desprende que si la primera establece -con carácter permanente, y para el futuro- el mecanismo de mejoramiento periódico de las prestaciones conforme el índice RIPTE que deberá publicar semestralmente la Secretaría de Seguridad Social, la segunda regula simplemente el hito temporal (enero de 2010) a partir del cual debe aplicarse aquel indicador al importe de esas mismas prestaciones, siempre para el caso de situaciones sobrevinientes a la publicación de la ley 26.773.

En otras palabras: la ley 26.773 establece que el monto de las prestaciones por incapacidad correspondientes a las contingencias cuya primera manifestación invalidante sea posterior a la fecha de su entrada en vigencia (art. 17 ap. 5) debe ajustarse semestralmente mediante el índice RIPTE (art. 8); y hasta tanto ese mecanismo se implemente en forma definitiva, la operatoria en cuestión debe tener en cuenta la evolución del módulo escogido (RIPTE) desde el mes de enero de 2010 en adelante (art. 17 ap. 6).

Como se observa, ninguna aplicación retroactiva de las modificaciones legislativas incorporadas por la reforma surge del texto expreso de la norma, con la única excepción del caso de las prestaciones por gran invalidez (art. 17 ap. 7), hipótesis extraña al presente.

(v) Por lo demás, refuerza la hermenéutica aludida la Res. 34/2013 (BO del 24-XII-2013) de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

En cumplimiento de la delegación efectuada por los arts. 8 y 17 ap. 6 de la ley 26.773, la mentada Resolución eleva (por la evolución del índice RIPTE desde el mes de enero del año 2010) la cuantía de las prestaciones adicionales de pago único (art. 11 ap. 4, LRT), de los "pisos" indemnizatorios de las prestaciones por incapacidades permanentes o muerte (arts. 14 y 15, LRT), y de la compensación adicional por daños no reparados para el caso de muerte o incapacidad total (art. 3, segundo párrafo, ley 26.773), en todos los casos y por sucesivos períodos, a partir del día 26-X-2012 (ver arts. 1, 2, 4 inc. a), 5 inc. a) y 6 inc. a), Res. 34/2013), cuando comenzó a regir ley 26.773.

Ello evidencia que el órgano al cual el Poder Legislativo le delegó expresamente la tarea de instrumentar los señalados incrementos ha interpretado -en línea con lo expresado en el apartado precedente- que a las prestaciones debidas con motivo de situaciones previas a la entrada en vigencia de la nueva ley no les resulta aplicable el sistema reglado por los arts. 8 y 17 ap. 6 de la ley 26.773. En caso contrario, la resolución citada habría incluido los valores correspondientes a lapsos anteriores al 26-X-2012.

e. A tenor de lo expuesto, y teniendo en cuenta que, a la fecha en que se produjo el infortunio laboral (fallecimiento del trabajador; 20-II-2008), la ley 26.773 (BO del 26-XII-2012) no se encontraba vigente, corresponde rechazar la pretensión de que se aplique al importe indemnizatorio el mecanismo de ajuste del citado art. 17 ap. 6.

Dicha conclusión encuentra respaldo, además, en el fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa CNT 018036/2011/1/RH001 "Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART SA s/ Accidente - Ley Especial" (sent. de 7-VI-2016), en el cual el alto Tribunal, pronunciándose una vez más acerca de los conflictos inter-temporales que suscitaron las sucesivas reformas legales del régimen especial de reparación de los accidentes y enfermedades del trabajo, fijó la vigencia temporal de la ley 26.773 para el resarcimiento de contingencias cuya primera manifestación invalidante haya ocurrido con posterioridad a la fecha de su entrada en vigor en lo relativo a las prestaciones dinerarias allí contempladas (conf. consid. 8° del voto de los doctores Lorenzetti, Highton de Nolasco y Maqueda).

3. Por los fundamentos precedentemente expuestos, corresponde desestimar también la pretensión de cobro de la suma adicional prevista en el art. 3 de la ley 26.773.

Esto último, sin perjuicio de resaltar la impropia formulación del agravio (v. punto I.3 de este voto) en tanto atribuye al fallo un sentido que no posee; contrariamente a lo señalado por los interesados, el sentenciante juzgó acreditada la existencia del accidente in itinere denunciado en la demanda, y reconoció el derecho de la parte actora a obtener la reparación sistémica por ese infortunio, conforme los alcances del pedimento y la ley vigente al momento del lamentable suceso (fs. 477).

4. Tampoco prospera el gravamen por el que se cuestiona que no se aplicara la tasa de interés prevista en las resoluciones 414/99 y 287/01 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

Siguiendo el criterio delineado por el doctor Hitters en la causa L. 113.328 "M., O.E." (sent. de 23-IV-2014) -a cuyos lineamientos me remito en honor a la brevedad-, considero oportuno destacar que la resolución 414/99 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo ha sido concebida y reservada para regir en el contexto del procedimiento administrativo que contempla la ley 24.557 reglamentado por el decreto 717/1996 (BO, 12-VII-1996) y demás normativa (resoluciones de la SRT 1601/07 y 1604/07; entre otras)- circunstancia que la exhibe ajena a este proceso judicial e importa un obstáculo para su actuación por los jueces en este ámbito litigioso.

Tal como se resaltó en el precedente indicado, el pago de la prestación dineraria de pago único en concepto de incapacidad permanente definitiva debe ser realizado por la aseguradora, conforme las resoluciones de la SRT 414/99 y 104/98, dentro de un plazo no superior a quince días contados desde la fecha en que ésta fue notificada de la homologación o dictamen donde se determina el grado incapacitante.

La situación es clara en el esquema del procedimiento administrativo de la Ley de Riesgos del Trabajo, toda vez que el dispositivo adopta como pauta el pronunciamiento del organismo técnico pertinente que la ley establece para la determinación de la existencia y porcentaje de la incapacidad del trabajador.

Se advierte así que las motivaciones vinculadas con el retardo en el pago de las prestaciones dinerarias por parte de las aseguradoras obligadas, que llevaron al establecimiento de las pautas de morosidad ya reseñadas, encuentran su razón de ser en el marco y bajo los parámetros de la tramitación prevista en la citada ley, pues a ella se ajustan los criterios a influjo de los cuales ha sido forjada la disposición.

En otras palabras, los fundamentos que llevaron a plasmarla son, en su formulación, notoriamente incompatibles con esta instancia litigiosa.

Tal extremo resulta dirimente y -a la par- revelador de la imposibilidad de referir la situación de generalidad que regula la norma al caso particular aquí ventilado, lo que conduce a marginar su aplicación del sub examine.

Ello, soslayando los posibles reproches que pudieran hacer mella en la legitimidad de dicho dispositivo, atento las atribuciones conferidas a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo en el art. 36 de la ley 24.557, la naturaleza de las funciones en juego y el rango que cabe atribuirle en la pirámide normativa (art. 75, Const. nac.).

Por lo demás, y sin perjuicio de potenciales reparos, el Poder Ejecutivo sólo ha facultado a la SRT a determinar los plazos y condiciones para el pago de las denominadas prestaciones dinerarias adicionales de pago único contempladas en el ap. 4 del art. 11 de la ley citada y modificaciones (art. 3, dec. 410/01).

Por lo expuesto, corresponde desestimar el agravio orientado a rebatir la tasa de interés aplicada en el fallo.

III. A tenor de lo señalado, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley debe ser rechazado, con costas (art. 289, CPCC).

Voto por la negativa.

A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:

I. Resulta relevante a fin de definir esta cuestión recordar que el tribunal de origen hizo lugar al reclamo de indemnización por el fallecimiento a consecuencia del accidente de trabajo in itinere sufrido por el trabajador el día 20 de febrero de 2008.

Calculó el importe de la reparación conforme lo dispuesto por los arts. 1, 3, 6, 11, 12, 15 y 18 de la ley 24.557, el que ordenó cancelar en un único pago según el art. 17 ap. 1 de la ley 26.773 -que consideró aplicable al caso por tratarse de una norma procesal y por corresponderse con la interpretación más favorable- y adicionó la suma de $50.000, tal como lo establece el art. 11 ap. 4 inc. "c" de la Ley de Riesgos del Trabajo, con más los intereses calculados a la tasa activa promedio desde la fecha del siniestro y hasta el efectivo pago (art. 48, ley 11.653).

II. En su recurso la parte actora se queja porque el tribunal de trabajo no aplicó las pautas más ventajosas previstas en el decreto 1694/09 pese a que existen prestaciones pendientes de cancelación. Destaca que en oportunidad de alegar planteó la inconstitucionalidad del art. 16 de ese decreto pero no quedó constancia de tal petición en el acta de audiencia de vista de la causa. Manifiesta que, en todo caso, el juzgador debió declarar tal inconstitucionalidad de oficio. En su opinión, el artículo indicado viola el principio de progresividad y la regla de la norma más favorable; pone de relieve los propios fundamentos del decreto 1694/09 en cuanto reconocen la insuficiencia reparatoria de la ley 24.557 y afirma que la norma reglamentaria debería aplicarse por motivos de equidad y justicia. Objeta que no se haya aplicado el art. 17 ap. 6 de la ley 26.773 en tanto regula el ajuste por el coeficiente RIPTE y considera que dicha norma configura una excepción a la regla contenida en el art. 17 ap. 1 de la misma ley. Cuestiona también que no se haya ordenado pagar la suma adicional prevista en el art. 3 de la ley 26.773 por tratarse el de autos de un accidente in itinere, lo que vuelve discriminatoria a la sentencia. Solicita, por último, que se aplique la tasa de interés prevista en las resoluciones 414/99 y 287/01.

III. El recurso prospera.

Coincido, en primer lugar, con lo afirmado en el punto II.1.a del voto que abre el Acuerdo en cuanto que, en lo que respecta al ámbito temporal de aplicación de sus disposiciones, el decreto 1694/09 ha reiterado como regla general el criterio adoptado por normas anteriores que dispusieron modificaciones en el sistema prestacional de la Ley de Riesgos del Trabajo, en el sentido que las mejoras introducidas en la nueva legislación sólo operan para el futuro, es decir, que resultan aplicables a las contingencias que se produzcan con posterioridad a su fecha de entrada en vigencia. En ese sentido he contribuido con mi voto a formar la doctrina legal que surge del precedente L. 94.904 "Bertino", sent. de 22-X-2008 y los que siguieron, con motivo de las modificaciones introducidas por el decreto 1278/00.

Entonces, por establecer los arts. 16 del decreto 1694/09 y, debo decir también, el 17 ap. 5 de la ley 26.773 una regla general similar a la contenida en normas anteriores, tal doctrina le resulta aplicable, correspondiendo no acoger el pedido de su descalificación constitucional.

Sobre este punto debo decir que sin perjuicio de que soy de la opinión que por regla los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no son vinculantes, pues sus alcances se encuentran limitados a los casos en los que se dictan, su contenido puede, no obstante, ser receptado en orden a su validez conceptual. Tal lo que acontece -en la especie- en relación a la sentencia dictada por ese Tribunal en la causa "Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART SA s/ accidente - ley especial", sent. de 7-VI-2016, en cuyo considerando 8° se definió lo relativo a la vigencia temporal de la ley 26.773.

IV. Sin embargo, esta coincidencia inicial no alcanza para acompañar la solución propuesta en el voto inaugural pues, en mi opinión, la solución de grado debe ser revocada.

Como anteriormente se señaló, esta demanda se inició con el objeto de obtener una reparación por el fallecimiento del hijo de los actores, a causa de un accidente de trabajo.

En ese contexto, y a fin de dar solución a este conflicto, debo recordar una vez más, como lo he expresado a lo largo de los años en las causas L. 51.220 "Lorenzi", sent. de 10-VIII-1993; L. 51.550 "Vivas", sent. de 22-II-1994; L. 53.740 "Schmidt", sent. de 27-II-1996 y L. 83.781, "Zaniratto", sent. de 22-XII-2004, entre muchas otras, que la declaración de oficio de inconstitucionalidad puede y debe hacerse cuando las circunstancias así lo exijan pues el tema de la congruencia constitucional de las normas a aplicar se le plantea al juez antes y más allá de cualquier propuesta de inconstitucionalidad formulada por las partes.

Luego, considero que las prestaciones por fallecimiento a las que son acreedores los padres del trabajador fallecido -reguladas por la ley 24.557 y las modificaciones introducidas por el decreto 1278/00-, dada la insuficiencia reparatoria que las mismas importan, resultan ser una indemnización inadecuada y, por ende, una clara vulneración del derecho constitucional a obtener una reparación razonable y equitativa de los daños en el presente caso.

La insuficiencia de tales prestaciones -por lo demás, no satisfechas al día de la fecha, es decir, casi ocho años después de ocurrido el fallecimiento- calculadas en la sentencia de grado de acuerdo a lo prescripto por la ley 24.557 y el decreto 1278/00, fue expresamente asumida por el Poder Ejecutivo nacional al expresar en el considerando del decreto 1694/09 en relación a aquella norma reglamentaria del año 2000 que "dicha modificación parcial no fue suficiente para otorgar a ese cuerpo legal un estándar jurídico, constitucional y operativamente sostenible", por lo que "... resulta pertinente mejorar las prestaciones dinerarias en concepto de incapacidad laboral permanente y muerte, actualizando las compensaciones adicionales de pago único, eliminando los topes indemnizatorios para todos los casos y estableciendo pisos por debajo de los cuales no se reconocerá válidamente el monto indemnizatorio...".

En la misma línea, el mensaje elevado por el Poder Ejecutivo nacional al Honorable Congreso de la Nación acompañando el proyecto de ley relativo al "Régimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales" (hoy ley 26.773) reconoce que pese a que con el decreto 1694/09 se dispuso la mejora de las prestaciones dinerarias del sistema a la vez que el establecimiento de medidas concretas para perfeccionar sus aristas de gestión, la imperfección estructural de la ley 24.557 y sus modificatorias como instrumentos de protección social no fue saneada y que el régimen vigente en materia de riesgos del trabajo "... ha profundizado el impacto en la sociedad de sus aspectos más negativos, llegando a distorsionar y comprometer el funcionamiento de la totalidad del sistema", concluyendo que con las reformas impulsadas (hoy concretadas en la ley 26.773) se pretendió avanzar "... en una respuesta legal que supere los factores más controvertidos del sistema presente, con el fin de instalar un régimen reparatorio que brinde prestaciones plenas, accesibles y automáticas...".

Si se toma en cuenta que el hijo de los actores falleció el 29 de febrero de 2008 y que casi ocho años luego aún permanece insatisfecho el derecho de los padres a una reparación razonable del daño que padecen como consecuencia de ese infortunio, la indemnización prevista en los arts. 11 ap. 4 inc. "c" y 15 de la ley 24.557 y de acuerdo a pautas tarifarias fijadas en el año 2000, por exigua, es inconstitucional y así debe ser declarado.

En ese contexto estimo apropiado, a fin de establecer el importe indemnizatorio, acudir a las pautas tarifarias contenidas en el decreto 1694/09 y las previstas en la ley 26.773, por considerar que dichas normas (pese a no ser aplicables atento la fecha en que ocurrió la contingencia que dio lugar a estos autos) proveen -para este caso- pautas para el cálculo de una reparación razonable y equitativa.

V. En otro orden coincido con los fundamentos expuestos en el punto II.4 del voto que abre el acuerdo a fin de rechazar el agravio relativo a la tasa de interés.

VI. En razón de todo lo expuesto, considero que el recurso extraordinario de inaplicabilidad debe prosperar, correspondiendo revocar la sentencia de grado en cuanto calculó la indemnización correspondiente a los actores de acuerdo con las tarifas previstas en la ley 24.557 y decreto 1278/00. Los autos deben volver al tribunal de origen a fin de calcular la reparación en cuestión de acuerdo a las pautas indicadas en el párrafo octavo del punto IV de este voto.

Atento el modo como se resuelve, las costas se imponen en el orden causado (arts. 68, 2° párr. y 289, CPCC y 63, ley 11.653).

Voto por la afirmativa.

A la segunda cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:

Adhiero al voto del colega doctor Genoud, con excepción del punto II.2.e, segundo párrafo, por entender que los restantes argumentos dados resultan suficientes para resolver este tramo de la queja.

Con el alcance dado, doy mi voto por la negativa.

A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Hitters dijo:

I. Adhiero a la solución otorgada al caso por mi distinguido colega doctor Genoud, aunque de conformidad con los fundamentos que expongo a continuación.

II. En primer término, y en lo relativo al embate mediante el cual se procura la aplicación de los incrementos indemnizatorios fijados por el decreto 1694/09, es dable destacar que los recurrentes sustentan su postura en la inconstitucionalidad del art. 16 de dicha norma que, como es sabido, supedita la operatividad de tales modificaciones a las contingencias "cuya primera manifestación invalidante" se produzca a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

Ahora bien, y como lo reconoce el propio quejoso, en la demanda -promovida luego de la entrada en vigencia del decreto de marras- no se peticionó la invalidez de ese precepto (ver, por ej., fs. 497 vta.).

En estas condiciones, el agravio resulta inatendible ya que, como reiteradamente he sostenido, "corresponde exigir la tempestividad del planteo constitucional como condición indispensable para su andamiaje, sin perjuicio de la atribución de los jueces de declarar la inconstitucionalidad de oficio de las normas respectivas cuando así corresponda" (causas L. 88.616 "Ibáñez", sent. de 5-VI-2013 y L. 100.310 "García", sent. de 17-XII-2014, entre muchísimas otras).

III. En lo que se refiere a la segunda crítica esto es, la pretendida aplicación del mecanismo de ajuste establecido por el art. 17 inc. 6 de la ley 26.773 sobre las prestaciones en dinero previstas en la ley 24.557- adhiero al voto de mi distinguido colega doctor Genoud, en tanto, como bien allí se expresa, esta problemática resulta análoga a la planteada en la causa L. 118.695 "Staroni" (sent. de 24-V-2016).

Ello así, entiendo oportuno tan sólo agregar que en dicho precedente, además de prestar mi aquiescencia con la postura que hizo mayoría -y que aquí se replica en el sufragio inaugural- mantuve un contrapunto con mi distinguido colega doctor de Lázzari, en el cual expliqué las razones por las cuales lo resuelto por la Corte Suprema in re "Calderón" (causa C.915.XLVI, sent. de 29-IV-2014, en la que se indicó que los infortunios producidos con anterioridad a la formal entrada en vigencia del decreto 1278/00 era posible, en alguna hipótesis, calcular la indemnización sistémica de acuerdo a esta última normativa) no implicaba un nuevo rumbo en la jurisprudencia de dicho órgano de justicia.

Y esto que anticipé se ve ahora confirmado -tal como se remarca en los votos precedentes- a tenor de lo decidido por el cimero Tribunal en la causa "Espósito" (CNT 18036/2011/1/RH1, sent. de 7-VI-2016), en la cual, en prieta síntesis, se estableció puntualmente -y en sintonía con la doctrina sentada por esta Suprema Corte en "Staroni"- que no es dable aplicar el régimen de la ley 26.773 a los accidentes cuya primera manifestación invalidante se produjo antes de la publicación de dicha norma.

Por tales motivos, habré de plegarme, nuevamente, a la línea tradicional de esta Suprema Corte sobre el particular, que se encuentra desarrollada con total claridad en el voto del doctor Genoud y a la cual -incluso en lo que hace a la exégesis de las pautas temporales establecidas en el art. 17 incs. 5 y 6 de la ley 26.773- ya he prestado mi adhesión en la citada causa "Staroni".

A ello cabe observar, además, que uno de los principales argumentos esbozados por el alto Tribunal nacional en la causa "Calderón" para acoger la tesis más favorable al trabajador se apontocó en la supuesta inconsistencia en tomar -a efectos de la aplicación temporal del decreto 1278/00- la data de la "primera manifestación invalidante" cuando, en los casos de incapacidad laboral permanente, el objeto del reclamo no podía ser exigido en tal fecha según la sistemática de la ley 24.557. Ello así, tal disonancia no se presenta en hipótesis en las cuales, como aquí acontece, el accidente laboral provocó el inmediato fallecimiento del empleado.

IV. Finalmente, acompaño los razonamientos consignados en el punto II aps. 3 y 4 del voto del doctor Genoud.

Con el alcance indicado, doy también mi voto por la negativa.

A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:

I. 1. En la causa L. 118.695 "Staroni", sent. de 24-V-2016 he dejado plasmada mi postura en torno a la vigencia temporal de la ley 26.773, propiciando -por los motivos allí expuestos, a los que remito, en honor a la brevedad- su aplicación aún a aquellas contingencias acaecidas con anterioridad a su entrada en vigencia.

Sin embargo, mi criterio ha resultado minoritario, por lo que, dejando a salvo mi opinión sobre el tema en cuestión, he de plegarme al voto de mi colega doctor Genoud en cuanto su respuesta se ajusta a la doctrina legal emergente del citado precedente "Staroni", en el que se estableció que ninguna aplicación retroactiva de las modificaciones legislativas incorporadas por la ley 26.773 surge del texto expreso de la norma, con la única excepción del supuesto aprehendido en el art. 17 ap. 7 (art. 31 bis, ley 5827 y modif.).

Por lo dicho, adhiero a la respuesta dada a los agravios tratados en el punto III, aps. 2 y 3 del voto del doctor Genoud.

2. Contribuye a reforzar tal solución la circunstancia de que con fecha 7-VI-2016, la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Espósito" (CNT 18036/2011/1/RH1) se pronunció al respecto, determinando que la actualización de los importes establecida en la citada ley 26.773 sólo rige para la reparación de contingencias cuya primera manifestación invalidante haya ocurrido con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia del capítulo de la ley referente a las prestaciones dinerarias del régimen de reparación (considerando 8), directriz que reitera con relación al decreto 1694/09, en atención a lo dispuesto en el art. 16 de dicho reglamento (considerando 12).

Ello aunque, como he expresado reiteradamente (ver mis votos en las causas C. 103.189 "Crudo", sent. de 18-XI-2009; C. 103.420 "Rozitchner", sent. de 14-IX-2011 y C. 112.791 "Langiano", sent. de 5-XII-2012; entre otras), soy partícipe de la tesis del sometimiento restringido (en el sentido usado por Néstor Pedro Sagüés, "Eficacia vinculante o no vinculante de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación", en "El Derecho", tomo 93, pág. 891, o por Emilio A. Ibarlucía, en "Fallos plenarios y doctrina de la Corte Suprema", en "La Ley", 2009-A-654) respecto de los pronunciamientos del máximo Tribunal, de manera de entender que la fuerza vinculante que fluye de sus sentencias -siendo sin duda significativa-, no se equipara a la obligatoriedad jurídica a la que quedamos supeditados por la legislación. En el tema convocante, sin embargo, considero que en contribución a la seguridad del tráfico jurídico y a la coherencia del sistema normativo, los lineamientos que emergen del mencionado precedente deben ser aplicados.

3. En virtud de lo dicho, también acompaño la solución brindada a la crítica abordada en el punto III, ap. 1.

4. Por otro lado, presto mi adhesión a la desestimación del planteo por conducto del cual se procura la aplicación de las resoluciones 414/99 y 287/01 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (punto III, ap. 4).

II. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).

Voto por la negativa.

El señor Juez doctor Pettigiani, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votó la segunda cuestión también por la negativa.

A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:

I. El recurso no prospera.

a. En lo relativo a los agravios vinculados con la aplicación del decreto 1694/09 y la ley 26.773, comparto lo resuelto por mi colega doctor Genoud en su sufragio, si bien ello en los términos que habré de precisar a continuación.

Aun cuando el criterio que adopté en la causa L. 94.904 "Bertino" (sent. de 22-X-2008) al analizar el art. 8 del decreto 410/01, disposición similar al art. 16 del decreto 1694/09 y al art. 17 ap. 5 de la ley 26.773, me conduce también aquí a señalar que en tanto estas normas aluden a la "contingencia" laboral y su "primera manifestación invalidante" no comprenden la hipótesis del fallecimiento del trabajador, lo cierto es que -según lo juzgado por el tribunal de la instancia- habiendo acontecido este hecho el día 20 de febrero de 2008, las modificaciones que incorporaron al régimen de infortunios laborales tanto el último decreto citado como la mencionada ley, no vigentes por entonces, no resultan aplicables en la especie.

Bien podría decirse que en el esquema de la ley 24.557 (v. art. 18) y sus reformas, el fallecimiento del trabajador es una "única y definitiva contingencia", y es ese hecho fáctico, cuyas consecuencias se indemnizan, lo que marca la ley aplicable al caso.

En lo estrictamente tocante a la ley 26.773, he de agregar que los argumentos que desarrolla el colega ponente en su voto -que con la salvedad efectuada precedentemente comparto- evidencian que aquella no admite ninguna aplicación retroactiva de las modificaciones que contiene, salvo el supuesto de gran invalidez. Tal solución, por cierto, se encuentra en línea con el criterio adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa CNT 18036/2011/1RHI "Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART SA s/ accidente - ley especial" (sent. de 7-VI-2016).

b. Sentado lo expuesto, suscribo las consideraciones que efectúa el colega ponente en lo tocante al planteo de inconstitucionalidad del art. 16 del decreto 1694/09.

En lo relativo a la crítica relacionada con las resoluciones 414/99 y 287/01 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, adhiero a lo señalado en el punto III ap. 4 del sufragio emitido por el doctor Genoud ello, a excepción de lo dicho en los párrafos octavo y noveno.

II. En virtud de lo expuesto, cabe rechazar el recurso deducido, con costas (art. 289, CPCC).

Con el alcance indicado, voto por la negativa.

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente S E N T E N C I A Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído por la aseguradora, con costas (art. 289, CPCC).

Asimismo, por mayoría, se desestima el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la actora, con costas (art. 289, CPCC).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN HECTOR NEGRI EDUARDO JULIO PETTIGIANI EDUARDO NESTOR DE LAZZARI DANIEL FERNANDO SORIA JUAN CARLOS HITTERS ANALÍA S. DI TOMMASO Secretaria Interina.