Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-03-20


En la ciudad de Mercedes, Provincia de Buenos Aires, a los 22 días del mes de diciembre del año dos mil once, reunidos en Acuerdo Ordinario los señores jueces de la Sala Segunda de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Mercedes, Dres. LUIS TOMAS MARCHIO Y TOMAS MARTIN ETCHEGARAY, con la presencia de la Secretaria actuante, para dictar sentencia en el Expte. nº 27473 caratulado "MUNICIPALIDAD DE CHIVILCOY c/NEW REVLON ARGENTINA S.A. s/APREMIO" La Cámara resolvió votar las siguientes cuestiones de acuerdo con los artículos 168 de la Constitución y 266 del Código Procesal.

PRIMERA.- ¿Es idónea la presentación de fs. 70/79 para fundamentar el recurso de apelación interpuesto por la actora? SEGUNDA.- En caso afirmativo ¿Se ajusta a derecho dicha sentencia interlocutoria de fs. 57/63 en lo que es materia de apelación y agravio? TERCERA.- ¿Se ajusta a derecho la regulación de honorarios efectuada a favor del letrado apoderado de la demandada Dr. Lema? CUARTA.- ¿Se ajusta a derecho la resolución de fs. 65? QUINTA.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? Practicado el sorteo de ley dio el siguiente resultado para la votación: doctores Luis Tomas Marchió y Tomas Martín Etchegaray.- VOTACION:

A LA PRIMERA CUESTION: El Señor Juez Dr. Luis Tomas Marchió dijo:

I.- El Sr. juez a cargo del Juzgado de Paz Letrado de Chivilcoy, mediante sentencia interlocutoria el 4/3/2011 rechazo la acción promovida por la comuna de Chivilcoy atento la inexistencia de deuda por falta de publicación de las ordenanzas que sustentan el crédito reclamado en autos, regulando asimismo los honorarios de los profesionales intervinientes (cfr.: fs. 57/63).- II.- La comuna vencida, interpone y funda en misma presentación recurso de nulidad y apelación en subsidio (cfr. fs. 70/79). A fs. 80 el a-quo rechaza el recurso de nulidad impetrado por no estar previsto en la normativa aplicable, con cita del art. 13 de la ley 13406 y concede en relación el recurso de apelación interpuesto, corriendo el correspondiente traslado a la contraria, el que es contestado a fs. 86/97; presentación en la cual solicita se declare la deserción del recurso. En lo que respecta a los honorarios regulados, la comuna actora apela por altos los honorarios regulados al letrado de la demandada (cfr. fs. 79 sexto párrafo) y el Dr. Lema apela los que le fueron regulados por considerarlos bajos (cfr. fs. 66/8).

III.- Idoneidad de los agravios.- En infinidad de ocasiones venimos sosteniendo -acorde con uniformes doctrina y jurisprudencia- que tanto la expresión de agravios como el memorial deben contener la crítica concreta, frontal y pormenorizada de los considerandos del decisorio contra el cual se alza, de suerte tal que ellos pierdan su jerarquía de verdades conclusivas del diferendo, de la cual son portadores hasta tanto en la Alzada no se demuestre lo contrario; resultando ineficaces las nudas discrepancias subjetivas, los agravios implícitos, o la solitaria remisión a escritos anteriores. Ello, porque la segunda instancia no es una reedición ilimitada de la primera, sino tan solo una "revisión" de la misma, que en un proceso preclusivo y dispositivo se efectúa nada mas que en la medida en que existen agravios que encapsulen argumentos o posturas que -planteadas en primera instancia (lo cual excluye todo aquello "novedosamente" ingresado al proceso recién en la segunda instancia)- confuten los asertos del "iudex a quo" en la forma ya indicada.

IV.- En caso contrario, opérase una especie de preclusión que veda al Tribunal "ad quen" ingresar en tópicos o temas no aludidos o ineficazmente cuestionados. Y cuando los argumentos que de tal forma quedan enhiestos, tornan ineluctable la solución a la cual se arribó en la instancia de origen, impónese decretar la insuficiencia de la pieza sostenedora del recurso, con la consiguiente deserción de la instancia revisora (doct. Arts. 242, 260, 261, 266 "in fine", y 272 de la ley adjetiva; esta Sala en expdtes. N° 14.142 y 14462 entre otros), la cual puede decretarse aun "de oficio" por la Alzada.

V.- En la especie no advierte el suscripto la mentanda ineptitud de la expresión de agravios como frustratoria de la instancia revisora intentada, al punto de vedarle a la alzada la posibilidad de penetrar en el conocimiento de la temática traída. Ello sin perjuicio de la solvencia de los mismos para obtener la modificación de lo decidido en la instancia de origen, lo cual será abordado en la segunda cuestión.-	VOTO POR LA AFIRMATIVA.- A LA MISMA PRIMERA CUESTION, el Señor. Juez Dr. Tomas Martín Etchegaray, por iguales razones y fundamentos que los emitidos por el Señor Juez preopinante dio su voto también por la AFIRMATIVA.- A LA SEGUNDA CUESTION: El Señor Juez Dr. Luis Tomas Marchió dijo:

VI.- La pretensa nulidad. La comuna apelante planteo la nulidad del decisorio en crisis. En la especie, media una insoslayable valla preclusiva. (doc. arts. 238, 246 y concs. del CPCC; art. 25 ley 13406). Novedosamente, la comuna actora plantea contra la sentencia de fs. 57/63 un recurso de "nulidad" y en "subsidio" (sic) recurso de apelación. El Sr. Juez de Paz Letrado de Chivilcoy, desestima el recurso de nulidad, por no hallarse previsto en la normativa que disciplina el juicio de apremio (cita el art. 13 de la misma), y concede el recurso de apelación así subsidiariamente interpuesto. Contra esta forma de proveer nada protesta la comuna recurrente, o sea, que ha devenido precluso todo lo relativo a la peregrina "nulidad" esgrimida a través de largos párrafos de la pieza sostenedora del recurso. Nulidad que, por lo demás, también resulta inacogible por varias otras razones, que en la especie ocioso resulta pormenorizar, ya que ello envolvería una demasía decisoria. Quede en claro, entonces, que en los párrafos que siguen solo me referiré a la apelación deducida. No se crea que con esto se esta desconociendo que conforme el art. 253 del CPCC el recurso de apelación lleva ínsito la nulidad, ni tampoco se ignora el principio procesal de la perpetuatio jurisdiccionis, que conduciría a desestimar de raíz la pretensa nulidad esbozada por la comuna disconforme. Simplemente, por sobre todo ello, se da prevalencia al principio procesal de preclusión que ampara aun a las providencias mal dictadas. (Esta Sala en expdtes., entre otros, Nº 7315 del 21-5-87 y en expdte. nº 21598 del 23-3-06).

VII.- La apelación traída. Dicho en muy prieta síntesis agravia a la actora que el a-quo concluya que las ordenanzas municipales deban ser publicadas por la prensa y no en la forma razonable que disponga el Departamento Ejecutivo Municipal citando a tal efecto normativa que entiende aplicable en sustento de su postura.

VIII.- En relación al modo en el que deben ser publicadas las ordenanzas municipales destaco que según la comuna actora las ordenanzas fiscales e impositivas correspondientes a los años 2003 a 2008 inclusive, han sido publicadas por los Dtos. Ejecutivos en turno, a través de los medios masivos de comunicación y la comunicación a los vecinos mediante la exhibición de la copia de las Ordenanzas en el hall central del Municipio, pese a que no obra en autos constancia alguna que acredite dicha publicación.

IX.- Ello surge de la certificación extendida por el secretario del Juzgado de Paz Letrado de Chivilcoy respecto de la contestación de oficio brindada por la Municipalidad de Chivilcoy a fs. 129 de los autos "Municipalidad de Chivilcoy c/ Pirelli Neumáticos S.A.I.C. s/Apremio" (cfr. fs. 56), en cumplimiento de lo ordenado a fs. 56. Dicha certificación, en lo que aquí interesa, expresamente certifica: ".Adjunto asimismo copias autenticadas de la Ordenanza Fiscal Municipal de Chivilcoy de los años 2003 a 2008, las que fueron publicadas por los Dtos. Ejecutivos en turno, a través de los medios masivos de comunicación y la comunicación a los vecinos mediante la exhibición de la copia de las Ordenanzas en el Hall central del Municipio, tal como lo dispone la Ley Organica Municipal y el art. 125 de la ordenanza General 267 que atribuye al Departamento Ejecutivo la promulgación y publicación de ordenanzas por el medio que él determine, sistema convalidado por la Suprema Corte de la Pcia. de Buenos Aires in re" Gallardo, Alicia Angela c/Municipalidad de Colon s/ Demanda contencioso administrativa (SCBA, B, 54711 S 25-8-1998) entre otros." X.- La cuestión relativa al modo de publicación de las ordenanzas municipales, - palabra más o palabra menos- fue tratada y resuelta por Sala I de esta Exma. Cámara en autos caratulados "Municipalidad de Alberti c/ Unilever de Argentina SA s/ apremio", expte n° 112.767, en erudito voto del Dr. Emilio Armando Ibarlucía, cuyas ideas centrales ya fueron adoptadas por esta Sala II en expdte. 26463 "Municipalidad de Alberti c/ ERPA SACIF s/ apremio" y que a continuación extracto. Señala en dicho precedente el Dr. Ibarlucía, que en la Provincia de Buenos Aires, las ordenanzas municipales impositivas deben ser publicadas por la prensa (art. 193 inc 1° de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, art. 108 inc 2° del decreto ley 6.769/58 o ley Orgánica de Municipalidades, art. 125 de la Ordenanza General n° 267), so pena de no resultar exigibles por inexistentes las obligaciones tributarias en ellas establecidas. Prosigue afirmando que la exigencia de la publicación oficial deriva de la forma republicana de gobierno ( arts. 1, 5, y 6 de la Constitución Nacional ) que implica el principio de la publicidad de los actos de gobierno; y que la exigencia constitucional tiene el loable propósito de lograr una amplia difusión que permita a los ciudadanos controlar a sus representantes y ejercer sus derechos políticos.

XI.- Continua su voto el Dr. Ibarlucía destacando que la publicación de las leyes hace posible que el derecho se presuma "juris et de iure" conocido por todos, y que por ende la ignorancia de las leyes no sirva de excusa, si la excepción no está expresamente autorizada por la ley ( 20 y 923 CC). Esa presunción absoluta constituye una ficción sin la cual sería imposible reglar la vida en sociedad. Ficción que se aplica no solo a las leyes sino a todas las disposiciones que contengan normas de cumplimiento general dictadas por la autoridad pública: decretos del PE, resoluciones ministeriales, ordenanzas municipales, reglamentos de policía, etc. Pero esa ficción sería arbitraria si no existiera la previa publicación que haga a esas disposiciones accesibles al conocimiento público desde su vigencia.

XII.- Afirma el citado camarista que a la misma solución de la necesidad de la publicación de las ordenanzas impositivas se llega por otra vía: la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que surge del caso "Filcrosa SA" del 30/9/03 (LL, 2004-D-267), que estableció que si bien las provincias no renunciaron a favor de la Nación la facultad de establecer impuestos con amplitud, sí aceptaron implícitamente que sus facultades están limitadas por los Códigos de fondo, cuyo dictado sí delegaron (CN 75 inc 12 y 126). Que todos los aspectos vinculados con el derecho de propiedad -como el nacimiento y la extinción de las obligaciones, aún las tributarias- es así materia delegada por las provincias a la Nación. De esas premisas extrae que tratándose las tributarias de obligaciones de fuente legal (que por el principio de legalidad tributaria del art. 17 CN únicamente pueden tener a la ley como origen), su nacimiento no puede tener lugar sin que la ley haya sido publicada oficialmente ( art. 2 CC). Concepto que se reafirma con la idea de que las ordenanzas municipales de alcance general son leyes en sentido material (CSN, Fallos 312-I-1394). Y por ende no rigen sino luego de su publicación- XIII.- Continúa señalando que en éste tema la Constitución de la Provincia (193 inc 3°) impone una condición a las municipalidades: la publicación de las ordenanzas generales no puede hacerse por cualquier medio, sino "por la prensa". Si bien el art. 125 de la Ordenanza General n° 267 permite al departamento ejecutivo municipal ( intendente) determinar el medio por el que deben publicarse las ordenanzas, la exigencia constitucional de que debe hacerse " por la prensa" lo constriñe a que lo disponga de ese modo y no de otro.

XIV.- Interpreta el ya citado Dr. Ibarlucía, lo que comparto, que por "publicación por la prensa" debe entenderse la divulgación por medio escrito, ya sea éste público o privado. La forma escrita, a diferencia de la audiovisual, es la única que permite que esa norma general quede registrada para su consulta, y que, además de asegurar satisfactoria divulgación, otorga certeza sobre el contenido del texto de la norma. En una interpretación dinámica de la letra constitucional, quedaría comprendida la publicación en un sitio accesible de Internet, siempre que la ordenanza permanezca escrita "sin borrarse" en la página web durante su vigencia. Ello así, mal puede pretenderse que se pague un tributo, cuando no se ha publicado debidamente la norma que lo impone cual es el caso de autos, a tenor de la certificación obrante a fs. 56. Lo expuesto, y al margen de cualquier otra consideración, me lleva a proponer que se confirme la sentencia en recurso en cuanto hace lugar a la excepción de inhabilidad de titulo fundada en la inexistencia de deuda por falta de publicación de las ordenanzas que sustentan el crédito reclamado en autos y en consecuencia rechaza la ejecución promovida.- XV.- Para mayor satisfacción de la comuna apelante, señalo que el precedente citado como perteneciente a esta Sala II en autos "Municipalidad de Mercedes c/ Arcor SAIC s/Apremio" fue dictado el 18/3/2008 bajo numero de expediente 25617. Dicho precedente, en lo que respecta a la cuestión debatida en las presentes actuaciones, en forma alguna constituye doctrina actual de esta Sala y por otra parte fue suscripto por los Dres. Bagattin y Nolfi quienes no la integran en la actualidad. Por el contrario, es doctrina vigente de esta Sala lo expuesto en los párrafos que anteceden, ya que fueron sostenidos en diversos expedientes, entre otros en los números 26463, 27259, 27260, 27309, 27310, 27331.- XVI.- Asimismo, agravia a la actora la falta de tratamiento de la cuestión por ella planteada al contestar las excepciones opuestas por la contraria, en tanto subsidiariamente, y para el caso que se rechace la demanda por falta de publicación de las ordenanzas, solicitó se declare su derecho a cobrar los tributos reclamados por los períodos no prescriptos a partir de la intimación de pago formalizada en el expediente administrativo, ya que desde ese momento la demandada -dice- conoció la Ordenanza que sustentaba el reclamo de la actora y en consecuencia nacería la obligación de la accionada de pagar y la mora que generaría los intereses y multas por su incumplimiento.

XVII.- Afirma la apelante que aun admitiendo la defensa de la demandada, la falta de publicación solo tendría incidencia en la constitución en mora. Cita jurisprudencia de la Excma. SCBA en donde el Cimero Tribunal Provincial dejo sentado que "la falta de publicación oficial de una ordenanza no resulta atendible a los fines de fundar su inconstitucionalidad, en tanto la validez de aquella no depende del cumplimiento de tal requisito, que solo incide en su eficacia". Por último solicita que de confirmarse la sentencia se acoja la pretensión subsidiaria formulada oportunamente y se deje a salvo su derecho de reclamar la deuda pretendida por Derechos de Publicidad y Propaganda por los períodos no prescriptos liquidándolos a partir de la fecha en que fuera intimada la demandada a ingresarlos en el expediente administrativo.- XVIII.- Se advierte que asiste razón al apelante en cuanto a la falta de tratamiento de la cuestión planteada -recién señalada- en la sentencia en crisis. En tal sentido, a fs. 54 en párrafos tercero a sexto la actora subsidiariamente efectuó dicha petición que en esta Alzada reedita. Dicha circunstancia abre la instancia en esta Alzada para expedirse al respecto.

XIX.- Adelanto que de conformar mi voto mi distinguido colega de Sala Dr. Etchegaray, el agravio en tratamiento será rechazado. En efecto, la falta de publicación de las ordenanzas hace a la vigencia de la misma, y no puede ser aplicada ni al demandado ni a cualquier otra persona física y/o jurídica porque, justamente, las ordenanzas no entraron en vigencia por su falta de publicación.

XX.- Parece oportuno señalar que el planteo del excepcionante no apuntó a la validez de la norma, esto es, a su dictado conforme a las reglas que regulan el procedimiento legislativo y la adecuación de su contenido a los limites que le fija otra norma de rango superior, como una constitución (Kelsen, "Teoría Pura del Derecho", Eudeba, 1960, pag. 143); sino que el cuestionamiento de la aplicabilidad, a su caso particular, de la norma (que eso sería "eficacia", es decir, que los hechos sean conforme al orden establecido por la norma; confr. autor y obra citada, pag. 142) no se basó en que la falta de publicación lo habría hecho ignorante de ella, sino que esa omisión afectaba la vigencia misma de la disposición, esto es, su aplicabilidad respecto de todos, de orden general. Porque para la vigencia, la publicación es una condición necesaria.

XXI.- Tenemos así tres conceptos en juego, y no solo dos, como pretende el recurrente: validez, eficacia, sí, pero también y fundamentalmente vigencia. Eficacia y vigencia pueden en algunas circunstancias superponerse, pero no son conceptos idénticos. La vigencia es un concepto jurídico ya que lo define la Ley (arts. 2 y 3 CC). Eficacia es la real aplicación de la norma a los casos concretos, lo que puede o no ocurrir. En lo primero, confluyen vigencia y eficacia. Pero una norma puede dejar de ser aplicada por desuetudo, como cuando se constituye una costumbre contraria a ella, o cuando se operan cambios sustanciales en las circunstancias tenidas en cuenta por el legislador para establecerla, que resulte absurda su aplicación (Llambias, "Tratado de Derecho Civil - Parte General", ed. Perrot, 1967, tom I, pag. 63 nº 62). De la vigencia se ocupa el derecho, de la eficacia, la sociología. La norma aquí en cuestión es valida, nadie la ataco en ese aspecto, ni de oficio se encuentran motivos para declarar su inconstitucionalidad. Es por esta razón que el solo hecho que el demandado se hubo enterado de su contenido (en realidad, solo de su condición de "deudor" conforme la imputación que le hizo el Municipio) por la intimación realizada en el procedimiento administrativo, no modificó la falta de vigencia de que padecía, y por ende en nada modificó la situación jurídica del demandado ni tuvo que ver con la fecha de la mora, ya que éste conocimiento particular no purgó el efecto que obstaba a la vigencia, como pretende el recurrente.- XX.- Cabe destacar asimismo que la jurisprudencia que cita el recurrente de la SCBA sobre que la falta de publicación de una ordenanza municipal no hace a su validez sino a su eficacia (SCBA I 1297, 8-5-1990, "Czarnecki", AyS 1990-II, 76; JUBA B80181; y SCBA I 1541, 29-12-1998, "Bernal de Palacio", AyS 1998-IV, 671; JUBA B87464) es una definición dogmática que se completa con la idea que esa falta de publicación de la ordenanza no puede fundar su inconstitucionalidad. Esta doctrina del Alto Tribunal provincial fue emitida en el marco de sendos procesos de inconstitucionalidad del art. 683 y sgtes. del CPCC, reglamentarios del art. 161 inc. 1º de la Constitución Provincial (jurisdicción originaria de la SCBA). Es claro que cuando el tribunal se refirió a "eficacia", aludió allí también, o en realidad, a "vigencia" para desechar la procedencia del argumento para cuestionar la constitucionalidad de la norma, y por ende de la vía procesal elegida para hacer ese cuestionamiento. De allí que sacar la conclusión de que el conocimiento que el particular tome de la norma por conocimiento personal para hacerla "eficaz" a su respecto sea un sofisma que abusa de la ambigüedad de las palabras. Por lo expuesto, el agravio en tratamiento debe ser rechazado.

XXI.- Agravio relativo a la imposición de costas. Solicita la actora que para el caso de confirmarse la sentencia apelada, se impongan las costas por su orden debido a que considera a la cuestión resuelta en autos como "dudosa de derecho". En la especie, no advierto motivos para apartarme del principio objetivo de la derrota (art. 68 CPCC), máxime cuando la demanda de autos ha sido rechazada con fundamento en una de las defensas opuesta por la accionada a la que expresamente la actora se opuso.

XXII.- Costas de Alzada. Las costas de alzada, de conformarse mi voto, deberán ser impuesta a la actora vencida (art. 68 ya cit.) ello atento la suerte adversa del recurso interpuesto por la comuna actora.- Por las consideraciones que anteceden, a esta cuestión VOTO POR LA AFIRMATIVA.- A LA MISMA SEGUNDA CUESTION, el Señor. Juez Dr. Tomas Martín Etchegaray, por iguales razones y fundamentos que los emitidos por el Señor Juez preopinante dio su voto también por la AFIRMATIVA.- A LA TERCERA CUESTION: El Señor Juez Dr. Luis Tomas Marchió dijo:

XXIII.- Resta en este estadio del voto, tratar el recurso de apelación interpuesto contra la regulación de honorarios efectuada a favor del Dr. Rodrigo Lema. Como ya lo reseñe, los mismos fueron apelados por la actora por considerarlo altos y por el Dr. Lema por reputarlos bajos. Así las cosas, y visto el actual valor del IUS dispuesto por la Excma. SCBA mediante acuerdo 3544 de fecha 4-5-2011, deben ser elevados los honorarios referidos a la suma de Pesos Seiscientos Veinte ( $ 620; art. 22 de la Ley 13.406; art. 22 y concs. de la Ley 8.904), con más los aportes legales que correspondieren según la concreta situación previsional y tributaria de los señores profesionales beneficiarios.

VOTO POR LA NEGATIVA.- A LA MISMA TERCERA CUESTION, el Señor. Juez Dr. Tomas Martín Etchegaray, por iguales razones y fundamentos que los emitidos por el Señor Juez preopinante dio su voto también por la NEGATIVA.- A LA CUARTA CUESTION: El Señor Juez Dr. Luis Tomas Marchió dijo:

XXIV.- Contra el auto de fs. 65 que desestimó el pedido de levantamiento del embargo ordenado a fs. 7 la demandado interpuso y fundó recurso de apelación (cfr. fs. 81/4) el que fue concedido a fs. 85. Corrido el traslado del memorial (cfr. fs. 109) no fue replicado en tiempo oportuno por la contraria lo que motivo el dictado del auto de fs. 111.- XXV.- Afirma el demandado apelante que al rechazarse el pedido de levantamiento de embargo se omitió considerar el carácter provisorio de las medidas cautelares y la concreta modificación de la circunstancias fácticas que motivaron el decreto del mismo. Sostiene que se alteraron los presupuestos de verosimilitud del derecho y del peligro en la demora y que el rechazo de su petición viola su derecho de propiedad al obligarla a soportar un embargo que garantiza un derecho que no fue reconocido en sentencia.- XXVI.- No asiste razón al recurrente. En efecto no se advierte que hayan variado las circunstancias fácticas tenidas en cuenta al disponer la traba del embargo referido. No escapa a este pretorio que se podrá decir que existen dos sentencias favorables a la parte que peticiona el levantamiento, pero ello no enerva la afirmación antes efectuada, es decir que no han variado las circunstancias fácticas. En efecto, al impetrar el reclamo el actor requirió la traba de embargo, considerando el juez de grado que se daban los presupuestos necesarios para su dictado. A la fecha, no habiendo adquirido firmeza la sentencia dictada por esta Alzada, la verosimilitud en el derecho contemplado al dictar la medida cautelar no ha variado. Asimismo, y respecto de lo afirmado por la accionada recurrente para desvirtuar el peligro en la demora, ello en orden a su reconocida solvencia, señalo que ninguna prueba aporta respecto de tal aserto.

XXVII.- En tales condiciones, no habiendo cesado las circunstancias que motivaron el dictado del embargo trabado en autos corresponde confirmar la providencia apelada, con costas a cargo de la recurrente (doc. arts. 204 y concs.; y 68 todos del CPCC)	VOTO POR LA AFIRMATIVA.- A LA MISMA CUARTA CUESTION, el Señor. Juez Dr. Tomas Martín Etchegaray, por iguales razones y fundamentos que los emitidos por el Señor Juez preopinante dio su voto también por la AFIRMATIVA.- A LA QUINTA CUESTION: El Señor Juez Dr. Luis Tomas Marchió dijo:

En merito al resultado de la votación que antecede, el pronunciamiento que corresponde dictar es:

1.- Declarar idóneos los fundamentos de fs. 70/79 respecto del recurso interpuesto por la actora.-	2.- Confirmar la sentencia interlocutoria de fs. 57/63 en cuanto fue objeto de recurso y agravio.-	3.- Modificar la regulación de honorarios efectuada a favor del Dr. Rodrigo Lema los que se elevan a la suma de Pesos Seiscientos Veinte ($ 620)	4.- Imponer las costas de Alzada a cargo de la actora vencida.-	5.- Confirmar la resolución de fs. 65 con costas a cargo del demandado recurrente.-	ASI LO VOTO.- A LA MISMA QUINTA CUESTION, el Señor. Juez Dr. Tomas Martín Etchegaray, por iguales razones y fundamentos que los emitidos por el Señor Juez preopinante dio su voto en el mismo sentido.

Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dictándose la siguiente:

SENTENCIA:

Mercedes 22 de diciembre de 2011.- Y VISTOS:

Los fundamentos consignados en el acuerdo que precede SE RESUELVE:

1.- Declarar idóneos los fundamentos de fs. 70/79 respecto del recurso interpuesto por la actora.- 2.- Confirmar la sentencia interlocutoria de fs. 57/63 en cuanto fue objeto de recurso y agravio.- 3.- Modificar la regulación de honorarios efectuada a favor del Dr. Rodrigo Lema los que se elevan a la suma de Seiscientos Veinte Pesos ($ 620) 4.- Imponer las costas de Alzada a cargo de la actora vencida.- 5.- Confirmar la resolución de fs. 65 con costas a cargo del demandado recurrente.- 6.- REGISTRESE, NOTIFIQUESE Y DEVUELVASE.