Tribunal: CAMARA EN DOCUMENTOS Y LOCACIONES
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2017-08-01


San Miguel de Tucumán, 1 de agosto de 2017.

Sentencia N° 253 En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a los 1 día de del mes de agosto del corriente año, se reúnen los Sres. Vocales de la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones Sala IIIa., DRES. RODOLFO M. MOVSOVICH y LUIS JOSE COSSIO, para considerar y resolver el recurso de apelación deducido por el actor Marcos Roberto Gastón Toledo Dumeynieu contra la sentencia de fecha 08/11/2016 que rola a fs. 547/549 de estos autos. Practicado el sorteo de ley y establecido el orden de votación se procedió a la misma con el siguiente resultado: Dr. Luis José Cossio y Rodolfo M. Movsovich.- El Sr. Vocal Dr. LUIS JOSE COSSIO dijo: 1.- Viene a conocimiento y resolución del Tribunal los recursos de apelación deducidos contra de la sentencia del Juzgado Civil en Documentos y Locaciones de la Novena Nominación de fecha 08/11/2016 (fs. 547/549), que resuelve rechazar la demanda interpuesta por Marcos Roberto Gastón Toledo Dumeynieu en contra de Miguel Julio Estanislao Sossenko. Contra dicho pronunciamiento se alza la parte actora, a quien se le concede recurso de apelación en relación mediante providencia de fecha 24/11/2016 (fs. 553). Elevados los autos, este Tribunal por tratarse el presente de un recurso libre declara mal concedido aquél (cfr. art.709 del CPCC) y da el trámite del recurso libre en providencia de fecha 13/02/2017 (fs. 577). A fs. 580/591 corre agregado el memorial de agravios de la parte actora. Corrido el traslado de ley, son contestados por la demandada a fs. 594/597. Firme la providencia de fecha 02/06/2017 (fs. 613), el recurso ha quedado en condiciones de ser resuelto.

2.- El actor Marcos Roberto Gastón Toledo Dumeynieu a fs. 6/7, inicia acción de cobro de pesos por la suma de Pesos Siete Mil Quinientos ($7.500.-), con más su actualización, intereses, comisiones bancarias, gastos y costas; en contra del Sr. Miguel Julio Estanislao Sossenko. Funda su acción en dos cheques del Banco Empresario de Tucumán de pago diferido de la cuenta Nº 071082/6, que fueron devueltos por no tener fondos suficientes acreditados en la cuenta, y tienen como causa el pago de honorarios por tareas de asesoramiento e intervención en diferentes actuaciones. Corrido el traslado de ley, se apersona el demandado y contesta demanda (fs. 35/37), realizando una negatoria general y especial de los hechos invocados en la misma, y exponiendo su verdad de los hechos.

Abierta la causa a pruebas (fs. 40), se agregan las ofrecidas y producidas por las partes, conforme da cuenta el informe actuarial obrante a fs. 296. Puestos los autos para alegar, se agregan los alegatos de la parte demandada y se pasan los autos a dictar sentencia. A fs. 547/549 obra sentencia de primera instancia que rechaza la demanda interpuesta por Marcos Roberto Gastón Toledo Dumeynieu en contra de Miguel Julio Estanislao Sossenko, con costas a cargo del actor vencido.

3.- A fs. 580/591 expresa agravios la parte actora contra el fallo de mención. Critica que en la sentencia no se consideró la prueba confesional del actor ofrecida oportunamente y no se agregó el pliego presentado; cuando a fs. 177 solicitó la aplicación del art. 331 y cctes. del CPCC y el juzgado reservó la valoración para definitiva. Por lo que impetra la nulidad de la sentencia de fondo (fs. 411/412).

Reprocha, la falta de merituación de las pruebas presentadas por su parte, tales como: las actuaciones notariales llevadas a cabo ante el escribano Juan Pablo Borla de la Pcia. de Salta, que acreditaron las actividades profesionales por él realizadas a favor del demandado; las posiciones impuestas al demandado, sin que haya concurrido a absolver; carta documento de fs.15 donde el requerido es el demandado y su firma Alvear SRL y en ella consta que los cheques base de la acción pertenecen a la misma cuenta 07182/6 del demandado; los autos caratulados "Toledo Dumeynieu Marcos R.G. c/ Sossenko Miguel Julio Estanislao s/ cobro ejecutivo" y su documentación; los autos caratulados: "Toledo Dumeynieu Marcos R.G. c/ Alvear SRL s/ cobro. Expte. 1341/03" y su documentación; autos caratulados: "Toledo Dumeynieu Marcos R.G. c/ Alvear SRL s/ cobro. Expte. 9684/13" que tramita ante el Juzgado Civil en Doc. y Loc. de la IIº. Nominación, sentencia de fecha 02/12/2015; la prueba obrante a fs. 54; informe del Registro Público de Comercio fs. 70 vta. y 71; los informes bancarios respecto a la cuenta del demandado e informe bancario del Banco Citi de fs. 159; la circunstancia de que el Banco girado no desconoció la firma del librador como de su pertenencia a fs. 14 vta. de autos; la prueba del CPA 7; los informes de Mesa de Entradas agregados a fs. 183/192, en donde consta que en los juicios que figuran demandados Alvear SRL se encuentra codemandado Miguel Julio Estanislao Sossenko y viceversa.

Cuestiona la valoración a la pericial caligráfica efectuada por la A-quo, pues no analizó en el contexto y plexo probatorio precedentemente expuesto; teniendo en cuenta además, que fue objeto de impugnación técnica por su parte. Cita jurisprudencia que entiende le favorece.

Finalmente, se agravia de la imposición de costas a su cargo. Agrega, que la arbitrariedad de la sentencia le niega su derecho al cobro por sus trabajos profesionales realizados a favor del demandado.

Por todo ello, solicita se haga lugar al presente recurso con expresa imposición de costas al accionado.

Corrido el traslado de ley, es contestado por el demandado a fs. 594/597 solicitando el rechazo de los agravios, por las razones que allí desarrolla y a las que me remitiré en lo pertinente en tanto lo amerite la consideración de aquellos.

4.- Entrando en el análisis de la cuestión traída a decisión, de confrontar los agravios del recurrente con la sentencia en crisis y demás constancias del expediente, surge mi convicción de que el recurso no puede ser admitido.

Es oportuno recordar que nuestra Corte ha dicho que ".en lo que hace a la valoración de las pruebas del juicio, corresponde discriminar dos aspectos: la selección de las pruebas por el Juzgador y la aplicación del art. 40 del CPCC. En el primero, los magistrados no están obligados a ponderar, una por una y exhaustivamente todas las pruebas agregadas a la causa y sobre este concepto, no corresponde reexaminar por vía de casación el criterio adoptado por los tribunales de grado respecto a la selección de las pruebas computables. Respecto a este punto, y en relación a la imputación de arbitrariedad que el recurrente lanza contra la sentencia del tribunal 'a quo', esta Corte tiene dicho que, entre las facultades de los jueces de grado, se encuentra la de merituar o no de manera expresa alguna probanza. El supuesto de arbitrariedad se configura cuando elementos probatorios conducentes y pertinentes han sido injustificadamente omitidos en la línea argumental del pronunciamiento. En cuanto al segundo de los aspectos señalados o sea la aplicación del art. 40 del CPCC en el acto de dictar sentencia, cabe destacar que el valor de las pruebas no está fijado ni determinado, y corresponde a su propia apreciación evaluarlas y determinar el grado de convencimiento que puedan producir, sin que tenga el deber de justificar porque da mayor o menor mérito a una prueba que a otra. Las reglas de la sana crítica no son normas jurídicas, sino simples preceptos de sentido común, cuya aplicación queda sometida a la prudencia, rectitud y sabiduría de los jueces; su infracción sólo puede invocarse por vía de casación en caso excepcional, al habérselas violentado hasta el absurdo; todo ello reiteramos, porque las reglas de la sana crítica no constituyen normas jurídicas sino de lógica, que sólo se infringen cuando se hace una valoración manifiestamente absurda, lo que no sucede con el fallo de la Cámara (conf. CSJT, sentencia nº 796 del 18/10/2010, "Gómez Raúl Dermidio vs. Carrizo Hugo Rolando s/ Cobro de pesos"; sent. n° 123 del 4-4-2.011, "Montel Nelly Eugenia vs. La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales y otros s/indemnizaciones", entre otras; sentencia nº1298 del 21/10/2016, "Lopez Fabio Fernando vs. Complejo Agroindustrial San Juan s/Cobro de pesos", entre otros) En autos, ocurre que las pruebas que delata el recurrente como omitidas por la Jueza aquo no revisten el carácter de decisivas y por tanto la abstención de considerarlas en la sentencia no compromete la garantía del debido proceso ni implica menoscabo directo e inmediato de la garantía de la defensa en juicio.

Las pruebas a las que se hace mérito el recurrente (prueba confesional y constancias de otros expedientes judiciales) no arrojan luz sobre la situación controvertida, como pretende el recurrente, sino por el contrario confirma que si hubo un vínculo contractual de servicios lo fue entre el actor y la sociedad comercial Alvear S.R.L.

En efecto, las posiciones del pliego obrante a fs. 409 rezan: 1) Diga como es verdad que ud. es o era titular y/o máximo encargado de la firma Alvear SRL; 2) Diga como es verdad que ud. en representación de Alvear SRL otorgó poder general para juicios al Dr. Marcos R. G. Toledo Dumeynieu; 3) Diga como es verdad que el Dr. Toledo Dumeynieu asesoró a la firma Alvear SRL.

Estas serían las posiciones relevantes a los efectos de determinar a quien prestó servicios profesionales el actor, y de la confesión ficta de las mismas - ante la incomparencia del demandado a la audiencia de absolución de posiciones - surge claro y evidente que dicha prestación de servicios lo fue para Alvear SRL y no al demandado a título personal.

En lo que respecta a las constancias del expte. "Toledo Dumeynieu Marcos R.G. vs. Sossenko Miguel Julio Estanislao s/cobro ejecutivo. Expte. nº10766/02" que tramita por ante el Juzgado Civil en Documentos y Locaciones de la Séptima Nominación, ningún valor probatorio tiene a los efectos de determinar la supuesta vinculación contractual entre las partes ya que el mismo tiene por objeto la ejecución de cheques. En razón de la abstracción cambiaria de los instrumentos, en dicha causa judicial no ha habido debate sobre la relación causal, por lo que no ha quedado determinado en dichas actuaciones cual fue la relación que vinculaba a las partes y que motivara la entrega de dichos valores al actor por parte del demandado.

Referido a la causa "Toledo Dumeynieu Marcos R. G. vs. Alvear SRL s/cobro sumario. Expte. nº 9684/13" que tramita por ante el Juzgado Civil en Documentos y Locaciones de la Segunda Nominación, la misma es una acción entablada contra Alvear SRL, una persona distinta a la del demandado, y la condena a ésta en base a la prueba rendida ningún injerencia tiene en la resolución de ésta litis.

Cabe precisar que Alvear SRL es una sociedad comercial, y por lo tanto un sujeto de derecho distinto de sus socios. La ley 19.550. en el art. 2 expresa que las sociedades: "Son sujetos de derecho con el alcance fijado en esta ley." Cuando se habla de persona jurídica, se está haciendo referencia a un ente distinto al de los socios, con capacidad jurídica plena para adquirir compromisos frente a los terceros, determinando un centro de imputación diferenciado distinto del patrimonio de los socios.

El contrato de sociedad comercial constituye el origen de la personalidad de ésta, reconocida por el legislador, totalmente diferenciada de la personalidad propia de cada uno de sus integrantes considerados individualmente (confr. Art. 142 del Código Civil y Comercial).

Así, la personalidad jurídica le otorga a la sociedad la calidad de sujeto de derecho con capacidad legal para adquirir derechos y contraer obligaciones, por lo cual tienen las sociedades una completa independencia patrimonial, es decir, poseen su propio patrimonio, el que se conforma inicialmente por el aporte común de los socios, cobrando a partir de allí autonomía legal, distinguiéndose completamente entre el patrimonio social y el de sus integrantes.

Se da origen además a la separación del concepto de responsabilidad, quedando por una parte la responsabilidad propia del ente social, y por la otra, la de sus socios, es decir, cada uno debe afrontar sus obligaciones propias con su patrimonio (conf. Art. 144 del Código Civil y Comercial de la Nación). También la personalidad jurídica de las sociedades le atribuye a éstas nombre, domicilio y patrimonio propios.

Los actos del representante de una persona jurídica son vinculantes para la sociedad comercial, obligando a ésta y no a los socios individualmente, constituyendo éste principio uno de los pilares básicos que estructuran el sistema de la personalidad jurídica de los sujetos ideales y colectivos en el derecho privado argentino.

La personalidad diferenciada de la sociedad y sus socios o administradores constituye el eje sobre el que se asienta la normativa sobre sociedades anónimas y ésta conforma un régimen especial que se explica porque aquéllas constituyen una herramienta que el orden jurídico provee al comercio como uno de los principales motores de la economía (CSJN, 31/10/2002, JA 19/2/2003, 86; DT, 2003-A, 222, DT 2003-A, 672).

La aplicación del principio de separación de personalidad nos lleva a considerar la existencia de patrimonios diversos, el de la persona jurídica y el de sus miembros. En consecuencia, los terceros que contratan con la persona jurídica no contratan con sus integrantes sino con el ente creado por éstos (conf. Lorenzetti Ricardo Luis, Director, "Código Civil y Comercial de la Nación Comentado", Tomo I, pag. 579, Ed. Rubinzal-Culzoni, 2014).

En consecuencia, es improcedente responsabilizar al socio de una sociedad comercial por los créditos debidos por ésta, pues un criterio que frente a cualquier tipo de antijuridicidad que cometa un ente colectivo conduzca a la responsabilidad de sus miembros, implicaría la desaparición absoluta del principio de la personalidad diferenciada de la sociedad, sus socios y administradores.

En conclusión, la celebración de un contrato con una sociedad de ninguna manera obliga a los socios, razón por la cual no puede prosperar una demanda dirigida a éstos exigiendo el cumplimiento de un contrato que fuera celebrado con la persona jurídica.

En lo que respecta a los agravios sobre la firma inserta en los cheques agregados como prueba documental, cabe poner de resalto, que los mismos están dirigidos a la valoración del informe pericial, sin atacar en concreto el punto central del fallo referido a ésta cuestión.

Es claro que el fallo resta valor probatorio de la relación causal a los cheques, no sólo por la inautenticidad de la firma, sino fundamentalmente porque no se ha acreditado la relación causal por la cual se habrían entregado los mismos y la existencia de un saldo insoluto en cabeza del deudor. Tal argumento sentencial de ninguna manera ha sido debidamente rebatido por el apelante por lo que el agravio no puede ser estimado.

Tampoco puede acogerse el agravio sobre la imposición de costas ya que por el principio objetivo de la derrota las costas deben ser soportadas por el perdidoso (art. 105 CPCC), no dándose en el caso ningún supuesto de excepción.

Por lo expuesto, estimo que debe rechazarse el recurso de apelación promovido por el actor, confirmando la sentencia en crisis, con costas de la Alzada al recurrente vencido (art. 107 CPCC).

Es mi voto.- El Sr. Vocal Dr. RODOLFO M. MOVSOVICH dijo: Compartiendo los fundamentos vertidos por el Sr. Vocal preopinante, voto en igual sentido.- Y VISTO: el resultado de la votación consignada precedentemente se RESUELVE:

I° ) NO HACER LUGAR al recurso de apelación deducido por el actor, MARCOS ROBERTO GASTON TOLEDO DUMEYNIEU contra la sentencia de fecha 8 de noviembre de 2016, la que se confirma.- II° ) COSTAS de esta instancia, atento el resultado del recurso, se imponen al actor vencido.

III ) RESERVAR pronunciamiento sobre honorarios.

HÁGASE SABER LUIS JOSE COSSIO RODOLFO M. MOVSOVICH