marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de inconstitucionalidad, derivación no razonada del derecho vigente, proceso penal, sentencia condenatoria, sentencia no firme, ejecución de la pena
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: B., J. Y M., N. N. c/  s/ delitos contra la integridad sexual con acceso carnal calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-07-11

El análisis del contenido de las normas procesales -fundamentalmente de los artículos 227 y 421 del Código Procesal Penal-, permite avizorar la clara voluntad legislativa de no admitir la ejecución de pena privativa de libertad -sanción impuesta en el caso de autos- mientras el fallo no adquiera firmeza; así, cabe enfatizar que el artículo 227 dispone que dictada la sentencia condenatoria, si se concedieran recursos contra ella, la prisión preventiva no tendrá término máximo de duración, sin perjuicio de su cese por el inciso primero; a la par que el artículo 421 concretamente establece que una vez firme la sentencia que ordenara cumplir efectivamente pena privativa de libertad, el Tribunal dispondrá el inmediato encarcelamiento del condenado si éste no estuviera sometido a prisión preventiva, y se pondrán las actuaciones y el preso a disposición del Juez de Ejecución; de modo que al no encontrarse firme la sentencia condenatoria de pena privativa de libertad impuesta a los imputados, por estar pendiente de resolución la queja por denegación del recurso extraordinario federal deducida por la defensa, debe concluirse inexorablemente que la misma no puede ejecutarse. (Del voto del Dr. Spuler, al que adhiere el Dr. Gutiérrez. En disidencia: Dra. Gastaldi) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Procesal Penal de Santa Fe, artículos 227 y 421
Situación del imputado, excarcelación
Materia: PROCESAL
Carátula: J., J. A. s/ Excarcelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-12-07

Un viejo fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que no ha perdido actualidad y cuya filosofía comparte este Tribunal, expresa:

Que corresponde, por último, puntualizar que si es dable reconocer raigambre constitucional al instituto de la excarcelación durante el proceso, no es menos cierto que también reviste ese origen su necesario presupuesto, o sea el instituto de la prisión preventiva, desde que el Art. 18 de la Carta Fundamental, autoriza el arresto en virtud de orden escrita de autoridad competente.

El respeto debido a la libertad individual no puede excluir el legítimo derecho de la sociedad a adoptar todas las medidas de precaución que sean necesarias no sólo para asegurar el éxito de la investigación sino también para garantizar, en casos graves, que no se siga delinquiendo y que no se frustre la ejecución de la eventual condena por la incomparecencia del reo.

Se trata, en definitiva, de conciliar el derecho del individuo a no sufrir persecución injusta con el interés general de no facilitar la impunidad del delincuente- 'La idea de justicia -dijo esta Corte - impone que el derecho de la sociedad a defenderse contra el delito sea conjugado con el del individuo sometido a proceso, en forma que ninguno de ellos sea sacrificado en aras del otro'.
Letra de cambio, endoso en procuración
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: STRUNZ ALEJANDRO JORGE c/ ABRANORT S.R.L. s/ PREP. VIA EJEC.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-09

En el endoso de la letra de cambio mediante cláusula "en procuración" el endosante persiste en su condición de propietario y acreedor de la letra.-
Daños y perjuicios, valor vida
Materia: CIVIL
Carátula: FERNANDEZ, Julio Rubén; LEDESMA, Roberto Antonio y sus hijos menores. c/ CASTAÑARES, Pedro Eulogio, EMPRESA 20 DE FEBRERO S.R.L. s/ SUMARIO: DAÑOS Y PERJUICIOS - EMBARGO PREVENTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1994-02-10

Cuando se trata de fijar la indemnización por la pérdida de una vida humana, tanto en el aspecto material como moral, esa determinación se encuentra sujeta al prudente arbitrio judicial, de acuerdo con las circunstancias de cada caso concreto, sin que corresponda fijarla mediante cálculos matemáticos ni reglas de estricta aplicación mecánica. Debe fijarse una suma única, comprensiva tanto del daño moral como del material.
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, compraventa, automotores, defectos de fabricación, víctima del accidente, aplicación de la ley, consumidores, responsabilidad de la concesionaria, responsabilidad del fabricante, procedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Clavijo del Puerto, Lila Esther y otros c/ Tito Gonzalez Sa y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-04-05

Procede hacer lugar al reclamo indemnizatorio incoado por los accionantes contra una concesionaria, el fabricante y una compañía de seguros, por el siniestro ocurrido como consecuencia de los desperfectos habidos en el vehículo y en el que perdiera la vida el concubino de la coactora. Ello por cuanto, en el caso, del informe pericial accidentológico del fuero criminal fluye que el accidente tuvo su origen causal en el desprendimiento de la rueda delantera derecha provocado por un desacople de su tren delantero. A más, el hecho de que el vehículo, al momento del accidente ocurrido en el año 2009, fuera prácticamente nuevo, dado que había sido adquirido seis días antes del evento constituye un dato relevante, en tanto persuade de concluir que el automotor efectivamente había ostentado un escaso rodamiento como invocaron los pretensores. Asimismo, surge del informe que "...el rodado... , perdió la estabilidad y posterior vuelco, por una falla ajena a toda participación de su conductor". La sumatoria de las aludidas cuestiones, conjuntamente con la falta de aporte de las accionadas de alguna evidencia idónea que conlleve a tener por acreditado que cumplieron con el deber de seguridad que presumiblemente se espera de ellas, conduce inexorablemente, aunque los expertos no se hayan pronunciado concretamente en ese sentido, a juzgar que la falla que originó el accidente de marras se produjo por un defecto de fabricación del rodado involucrado atribuible solidariamente a la concesionaria y a la fabricante. Solidaridad que tiene su fundamento en lo normado por la LDC 40, regla positiva que responsabiliza a todas aquellas personas físicas o jurídicas que han participado en la concepción, creación y comercialización del servicio (o producto), y no solo a quien lo provee en forma directa (esta Sala, 13/10/17, "Piñeyro, Enrique Dionisio c/ Volkswagen SA s/ ordinario"; ídem, CNCom, sala D, 18/6/08, "Rusconi, María c/ Peugeot Citroen SA s/ sumario" y sala F, 29/3/12, "Silvestri, Pedro Carlos Alberto c/ Renault Argentina SA y otro s/ ordinario"; entre otros).
Estafa, falsa solvencia, ardid, dolo
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: PERNICONE, Víctor s/ DEFRAUDACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-09-23

El aprovechamiento del error ajeno se pone en evidencia, generalmente, en el marco de otras conductas positivas que lo delatan. Ya que el imputado se valió, substancialmente, de una confusión de identidad con su hermano, dedicado a la misma actividad, en la que acredita un prestigio comercial reconocido. Es este dato el que hace creíble los títulos, documentos y autoatribuciones de solvencia del imputado. Los antecedentes de éste demuestran su habilidad en el manejo de esta clase de situaciones y tiende sobre su proceder un manto de sospecha que se transforma en plena prueba de una intervención dolosa, relacionándola con su conducta posterior: la venta inmediata de la hacienda recibida, con una irregularidad tal, que impidió la ubicación y recuperación siquiera de parte del ganado. No cabe duda que el imputado contrató conociendo perfectamente su situación de insolvencia, que de haber sido admitida hubiese impedido el negocio, cuanto menos en las condiciones en que fue pactado; el art. 172, C.P. define la defraudación sin limitarla a un ardid específico; por el contrario, si se descartan los falsos títulos por la displicencia de las víctimas para verificarlos, subsisten, sin embargo, el nombre supuesto, la calidad simulada, el aparentamiento de bienes y muy especialmente el abuso de la confianza que se le concedió en parte por un error de identidad y en parte por la delicadeza que preside el trato con grandes clientes, del rango que simuló ser el imputado.
Sentencia arbitraria, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio
Materia: PROCESAL CONSTITUCIONAL
Carátula: MARCELO RAMON ROJAS c/ ROBERTO ALFREDO VIDELA s/ RESOLUCION DE CONTRATO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1991-08-28

Es arbitrario el fallo que introduce una cuestión en forma oficiosa, es decir sin que medie planteo alguno a ese respecto por parte del demandado, porque con ello se quebranta la garantía de la defensa en juicio en razón de que el juzgador debe mantener la igualdad de las partes en el proceso. También es arbitraria la sentencia cuando existe apartamiento de la solución normativa prevista para el caso, sin dar razón plausible para ello.
Indemnización por accidente de trabajo, ley de accidentes de trabajo, seguro por accidente de trabajo, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: ROIBAL, JUAN c/ RAICO S.A. s/ ACCIDENTE- ACCIÓN CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-05-30

Aunque la aseguradora haya realizado las inspecciones y recomendaciones a la empresa, no puede ampararse en tal conducta para no responder solidariamente ante el derecho del trabajador a ser resarcido, dentro del marco de la acción civil intentada. El empleador se encontraba obligado legalmente a contratar un seguro y la misma legislación que le imponía tal obligación le garantizaba que estaba cubierto por cualquier infortunio que pudieran sufrir sus dependientes. En tal sentido el enriquecimiento de la ART que percibió la póliza y el daño ocasionado al empleador que contrató el seguro de riesgos del trabajo y ha solicitado ser mantenido indemne, impone admitir la extensión de la condena a la aseguradora, por los montos asegurados, en virtud del principio iura novit curia y lo dispuesto por los arts. 907 del C. Civil; 163 inc 6º del CPCCN; 110, 111 y 118 ley 17418; 14 de la ley 24557 y 17 de la C.N
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, cuestión no federal, interpretación de normas y actos locales
Materia: PROCESAL
Carátula: Comisión Vecinal Playas de Quequén c/ Buenos Aires, Provincia de y otros s/ medida cautelar -IN1-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-11-20

Quedan excluidos de la competencia originaria aquellos procesos en los que se debatan cuestiones de índole local, que traigan aparejada la necesidad de hacer mérito de éstas o que requieran para su solución la aplicación de normas de esa naturaleza o el examen o la revisión en sentido estricto de actos administrativos, legislativos o jurisdiccionales de las autoridades provinciales.

-Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Costas, ejecución fiscal, moratoria previsional, plan de pagos, costas en el orden causado
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: D.N.R.P. c/ Frigorífico y Matadero La Foresta  S.C.A. s/ Ejecución Fiscal
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-13

Las costas relativas a la excepción que resulta admitida, deberán ser soportadas en el orden causado, habida cuenta de que, en la especie, la demanda fue iniciada con anterioridad al acogimiento de la ejecutada al plan de facilidades de pago por lo que un criterio diverso respecto de las expensas conduciría necesariamente a la conclusión de que el ente recaudador no debería otorgar moratorias respecto de deudas que ya han sido materia de reclamo en sede judicial, lo cual no compulsa adecuadamente ni el espíritu de la norma previsional, ni los intereses de los propios deudores.
Adopción, estado de adoptabilidad
Materia: CIVIL
Carátula: G., C.M. y Otro s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-10-01

A la luz de la actual normativa, se ha dicho que "se deben distinguir distintas situaciones, y si bien no surge de un modo categórico un pronunciamiento sobre la declaración de adoptabilidad, ella está admitida. Esto se infiere del segundo párrafo del artículo 317 del Código Civil cuando se enuncian los casos en que no es necesario requerir el consentimiento de los padres biológicos". En consecuencia, se daría la situación de adoptabilidad cuando el menor estuviese en un establecimiento asistencial y los padres biológicos se hubieren desentendido totalmente durante un año o cuando el desamparo moral y material resulte evidente, manifiesto y continuo, y esta situación hubiere sido comprobada por la autoridad judicial.
Recurso de inconstitucionalidad, inadmisibilidad del recurso, ejecución fiscal, prescripción, interrupción de la prescripción, procedimiento administrativo
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: MUNICIPALIDAD DE ROSARIO c/ MERENGUE S.R.L. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-07-28

El remedio intentado debe declararse inadmisible, toda vez que -conforme lo dispuesto en los artículos 53 y 54 del Código Tributario Municipal- la interposición de los recursos de reconsideración y apelación ante el órgano administrativo suspenden la obligación de pago -lo cual significa que es inexigible- no pudiendo, en consecuencia, comenzar a correr el inicio del cómputo de la prescripción liberatoria, sino que tal plazo comienza cuando se resuelve la apelación y queda expedita la vía ejecutiva para su cobro por apremio. (Del voto del Dr. Erbetta).
Recurso de apelación (procesal), accidente de tránsito, adhesión al recurso, oportunidad procesal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rinaldi Rubens c/ Natalio Chalub y Ots. s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S141 - 093)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1997-02-24

La oportunidad para adherirse al recurso lo es en el mismo momento de contestar la expresión de agravios del apelante. La adhesión del recurso debe necesariamente estar contenida en un capítulo aparte del memorial
Remuneración, adicionales de remuneración, seguro de automotores
Materia: LABORAL
Carátula: Copolechio, Daniel Julio c/ Elvetium S.A. s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-08-16

El rubro "seguro del automotor", a pesar de su carácter remuneratorio (o no) que corresponda asignársele, no puede perderse de vista que más allá de que la prima sea abonada en sucesivas cuotas, no constituye una suma mensual sino que está integrada por una prima anual que, como tal, no corresponde computar a los fines del art. 245 L.C.T. Boletín Nro. 251. Toq. 1179.
Guerra de Malvinas, veteranos de guerra, subsidio para excombatientes, remuneración, Subsidio del Fondo Patriótico
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Villegas, Norberto Ricardo contra Estado - Estado Mayor General del Ejército sobre personal militar y civil de las FFAA y de Seg..
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-16

La Corte Suprema de Justicia ha sostenido recientemente que, de acuerdo a los artículos 53 de la ley 19.101 y 2401 de la reglamentación del Capítulo IV -Haberes- del título II, aprobada por decreto 1081/73, texto según decretos 2834/77 y 2794/83 (convalidatorio este último de la resolución 547 del 23-9-83 del Ministerio de Defensa), es indudable que, a los efectos de la liquidación del subsidio extraordinario previsto en la ley 22.674, únicamente los rubros "sueldo" y "reintegros de gastos por actividad de servicio" (REGAS) pueden ser considerados como integrantes del denominado "haber mensual", quedando excluidos, por tanto, otros conceptos; conclusión esta última que, según el Alto Tribunal, se colige sin esfuerzo de la propia letra de las normas implicadas, a la que debe atender como primera fuente de interpretación (Fallos 316:2732). Para el superior dicha conclusión, por otra parte, se robustece con la sanción de la ley 24.652, que al otorgar a los ex soldados combatientes en la guerra por las Islas Malvinas, una pensión de guerra equivalente al 100% de la remuneración de cabo integrada por los rubros "sueldo" y "REGAS", muestra cual es la voluntad legislativa en la materia (art. 16, C.C.) (14-10-97, "Aguilar, Mario A. y otros c/ Estado Mayor del Ejército", J.A.

25-3-98). (Del voto del juez Galli, cons. 4).
Acción de amparo, empleo público, acto administrativo, vicios del acto administrativo, revocación del acto administrativo, nulidad del acto administrativo, carrera administrativa, derecho a la carrera, promoción del personal, interpretación de la ley, facultades de la administración, conocimiento del vicio, derechos subjetivos, derechos adquiridos, revisión judicial de actos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Di Stefano Alfredo c/ Gobierno de la Cdad. de Bs. As. s/ Amparo s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-03-11

Si el acto revocado generó derechos subjetivos a favor del administrado, que se encontraban en curso de cumplimiento, la administración no pudo, en principio, revocar el acto, debiendo -conforme lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad- ocurrir a los estrados judiciales en procura de la declaración pertinente, limitación ésta que tiene por objeto custodiar las garantías constitucionales comprometidas en la preservación de la seguridad jurídica.

De las constancias de autos se desprende que el acto impugnado no dispuso -al menos explícitamente- una promoción en la carrera, sino una modificación de la situación de revista de los agentes comprendidos a fin de regularizar su desempeño conforme las tareas que ya estaban realizando. Más allá de que ello pudiera, en su caso, encubrir una promoción sin concurso, lo cierto es que de los términos del acto, y de la apreciación prudente de las circunstancias del caso, conforme los antecedentes aportados al proceso, no cabe concluir que el actor estuvo en condiciones de conocer fehacientemente si se trató de una promoción dispuesta en infracción al bloque normativo vigente. Tal como lo resaltó el señor juez a quo, se trata de una situación opinable que requiere interpretación y, en consecuencia, el vicio no puede considerarse manifiesto.

Si las constancias de la causa no permiten tener por configurado el conocimiento fehaciente del vicio por el demandante, no se encuentran reunidos los recaudos legales para que la administración ejerza su potestad revocatoria, debiendo, en su caso, instar la declaración judicial de nulidad (art. 17 LPA).
Incidentes, síndico del concurso
Materia: COMERCIAL
Carátula: Sesmero Carlos Alberto. s/ Concurso Preventivo.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1990-06-20

Aunque a las peticiones no se les haya dado el trámite de los incidentes previstos y regulados por los arts. 303 y siguientes de la Ley de Concurso 19551, tratándose de articulaciones que guardan relación con el principal -en autos tratan del cumplimiento del concordato- cabe concluir que revisten calidad de incidentales, siéndoles aplicables las normas procedimentales contenidas en dicho cuerpo legal respecto de la integración de la relación Procesal:

debe necesariamente conformarse con el Síndico. Es lo que se desprende del art.278, ley Concursal 19551, que remite a las funciones asignadas en el articulado de la Ley durante el concurso preventivo (hasta el cumplimiento del acuerdo). (Minoría u opinión personal)
Tercera instancia, competencia, cuestiones de hecho y prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: N. N. s/ Urgente internación-Hoy tenencia (act. para agregar adopción  U.-R. de U.) Inconstitucionalidad-Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-03-06

Esta instancia, en principio,no resulta apta para revisar cuestiones de hecho, en este caso los hechos resultan trascendentes y deben ser tenidos especialmente en cuenta, por que están en juego intereses superiores del ser humano como tal, como lo es el reclamo de una madre, para que le sea reintegrado su hijo.
Vicios redhibitorios, compraventa inmobiliaria, obligaciones del vendedor
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: ANNA MARTA ADELINA c/ MARGARITA ANAUATE DE BATULE s/ REDUCCION DE PRECIO-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-10-02

En todo contrato deben estar presentes los principios de buena fe y lealtad, siendo obligación del vendedor, en el caso de la compraventa inmobiliaria, garantizar los vicios redhibitorios del inmueble vendido.
Actualización monetaria, Constitución Nacional, derecho de propiedad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Yacimientos Petrolíferos Fiscales c/ Corrientes, Provincia de y Banco de Corrientes s/ cobro de australes.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-03

Afirmar que la actualización por depreciación monetaria está "incorporada" a la Ley Fundamental constituiría la propia refutación del enunciado, desde que se confundiría una de las posibles herramientas de protección de la propiedad con la sustancia misma de ese derecho.
Querellante, directores de SA
Materia: PENAL
Carátula: S., F. J. c/  s/ parte querellante
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-07-13

Julio Marcelo Lucini, a cuyo voto adhirió Jorge Luis Rimondi, explicó que quien representa a la sociedad anónima es el presidente del directorio (art.268 de la ley 19550) y que, para ejercer el rol de querellante, tiene que acreditar esa función, que el órgano social lo facultó para ejercer la pretensión punitiva y que se encuentra habilitado a tal fin por el estatuto. Agregó que por ello debe presentar "copia del estatuto social, del acta de asamblea que designa directorio, de la decisión de éste de hacerlo [acta de la reunión por la cual se decidiera promover la querella] y del acta de la que se desprende su condición de presidente. Cuando éste representante otorgue poder a un profesional para que represente a la sociedad, dicho poder deberá ser especial (art. 83) y deberá contener aquellas especificaciones, a las que se añadirá el acta testimoniante de la decisión del órgano de otorgar poder a tal fin a ese profesional" (Navarro, Guillermo Rafael y Daray, Roberto Raúl, Código Procesal Penal de la Nación, Hammurabi, Buenos Aires, 2010, pág. 405)". Finalmente destacó que las actas de directorio acompañadas, de las que surge la voluntad de querellar al imputado, fueron suscriptas por la presidente del directorio, mas su designación en tal cargo no encuentra respaldo en los documentos presentados, impidiendo tal omisión tener por satisfechos los requisitos formales que prevé el artículo 83 inciso 4 del CPPN. Añadió el vocal Jorge Luis Rimondi que la decisión del directorio de querellarse por mandatario debe documentarse a través de un poder notarial especial expedido por quien representa legalmente a la persona jurídica.
Denegatoria del recurso, recurso de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Fiscalía de Cámara Oeste de la CABA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Incidente de apelación en autos Cosas Nuestras SA s/ art. 26735:6 art. 6° - Apropiación indebida de tributos. Ley 26.735 (modificación Ley 24.769)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-30

Debe ser rechazada la queja si el recurso de inconstitucionalidad no se dirige contra una sentencia definitiva -aquella que confirmó el rechazo del embargo preventivo- y el recurrente no ha mostrado que la decisión a cuya revisión aspira deba ser equiparada a una de aquella especie. (De los votos de los jueces Alicia E. C. Ruiz y Luis Francisco Lozano).