Rechazo in límine, legitimación procesal, plan de ahorro previo, concesión para la venta de automotores, incumplimiento del contrato, competencia por la materia, derechos de incidencia colectiva, fallos del Superior Tribunal, fallos de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL
Carátula: Defensor del Pueblo de la Provincia de BS. AS. c/ Plan Ovalo S.A. de Ahorro para Fines Determinados y otro/a s/ incumplimiento contractual
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2021-11-09

El Defensor del Pueblo carece de legitimación para promover la causa -arts. 55, Const. Prov.; 12 y 14, Ley 13834; 26, Ley 13133; 1, 5, 121 a 123, CN; 34 inc. 4, 68 su doct., 336 su doct., CPCC-, y en consecuencia, corresponde rechazar in límine por inadmisible la pretensión intentada. Para decidir así, se señala que los presupuestos procesales son los requisitos mínimos para que se produzca la constitución válida de la relación jurídica procesal; la misma no puede dejarse librada a la mera voluntad de las partes, porque se trata de actos realizados con la activa participación de los tribunales y bajo la autoridad del Estado, quien conserva la soberanía en el poder de la jurisdicción. La relevancia de dichos presupuestos deriva de la necesidad de utilizarlos para poder poner en movimiento el aparato judicial; entre ellos pueden mencionarse como los más importantes: los relativos a la competencia del juzgador, al igual que a la capacidad procesal, representación o personería, legitimación e interés jurídico de las partes. Sin la presencia de los mentados presupuestos no hay condiciones para el andamiento de una acción y darle nacimiento a un proceso. La legitimación se trata de quién está jurídicamente habilitado para plantear un asunto a los tribunales, de quién puede requerir una sentencia favorable sobre un tema litigioso, de quién puede ser parte en un proceso, de quién puede hacerle un reclamo a otro sujeto por una pretensión en un proceso judicial. Cabe recordar que la legitimación ad causam es la condición jurídica en que se halla una persona con relación al derecho que invoca en juicio, ya sea en razón de su titularidad o de otras circunstancias que justifican su pretensión.

De las normas citadas por la parte actora no se desprende que a dicho órgano se le hubiese adjudicado la facultad de incoar procesos judiciales en circunstancias como las ventiladas en el caso -derechos invocados por el demandante que atañen a la comercialización de automotores por vía de planes de ahorro-, va de suyo que la mera denominación del órgano -Defensor del Pueblo- no basta para conferirle la potestad de iniciar una demanda cualquiera sea la infracción jurídica producida, el sujeto que la cause o los hechos cuya dilucidación se pretenda, si estos factores no guardan adecuada relación de pertenencia con las competencias que constitucional y legalmente le han sido asignadas. Se concluye que en modo alguno el caso da cuenta de hechos u omisiones lesivas provenientes de la Administración Pública, fuerzas de seguridad, entes descentralizados o empresas del Estado -todos ellos de la provincia- que impliquen el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario o negligente de sus funciones. A mayor abundamiento, según ha puntualizado la Suprema Corte provincial, la esfera de actuación de un órgano estatal en causas jurisdiccionales no puede desvincularse de las competencias materiales con que haya sido investido por su norma de creación, ésto es, del círculo de atribuciones que la constitución y la ley le ha otorgado expresamente, sumado a las que corresponde considerar como razonablemente implícitas. Aún frente a conflictos sobre derechos de incidencia colectiva en general o plurisubjetivos homogéneos individuales, la Corte Nacional no equiparó la situación de los entes u órganos estatales a la de los particulares a los fines de su legitimación.