Tribunal: CAMARA NAC. DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-04-18


CAUSA 514/92 "MATTIOLI CARLOS ALBERTO Y OTRO C/PRADO JORGE EDUARDO Y OTROS S/daños y perjuicios" En Buenos Aires, a los 18 días del mes de abril de 2000, se reúnen en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala 1 de esta Cámara para dictar sentencia en los autos del epígrafe. Conforme con el orden del sorteo efectuado, el doctor Martín Diego Farrell dice:

La sentencia en recurso reseñó adecuadamente las circunstancias del caso que nos ocupa (fs. 717/718) por lo que a ella me remito en este aspecto, brevitatis causae.

Apelaron la actora, el co demandado Libster y el Estado Nacional. La actora expresó agravios a fs. 768, contestados por los codemandados Prado y Lopez a fs. 784. El codemandado Libster expresó agravios a fs. 773, contestados por la actora a fs. 780, la cual -en ese mismo escrito- contesta los agravios vertidos a fs. 776 por el Estado Nacional.

Las declaraciones testimoniales permiten reconstruír sin esfuerzo el suceso de autos. El profesor Libster estaba dictando una clase de Electrónica, y salió del aula, aparentemente para atender al padre de un alumno (fs. 535 y 536, así como también fs. 665), aunque no se puede precisar exactamente quién lo llamó (fs. 535 vuelta). Cuando ocurrían situaciones de este tipo era habitual una guerra de tizas entre los alumnos (fs. 539), de tipo generalizado (fs. 622), que en este caso incluyó también otros objetos (fs. 676).

Aunque el profesor estaba acompañado de un preceptor, éste recién apareció en el aula después de que se produjera la herida que nos ocupa (fs. 535 vuelta). También el profesor retornó a la clase sólo después de que la herida en cuestión se produjera (fs. 622 vuelta), mientras los alumnos quedaban solos en el aula (ver fs. 43, expediente 514/92), ya que el preceptor permaneció al lado de Libster (fs. 44 de ese expediente).

De acuerdo al informe de fs. 647 "el profesor es el único responsable del contralor de los alumnos en su hora cátedra". El codemandado Libster objeta este informe afirmando que no reproduce todos los aspectos relevantes del reglamento del colegio. Pero él no acompañó ese reglamento, pese a que pudo hacerlo, ni tampoco nos informa cuáles son esos aspectos relevantes que el informe mencionado omitiría.

Libster es responsable en virtud de lo dispuesto en el artículo 1109 del Código Civil y el Estado es responsable en virtud de lo dispuesto en el artículo 43 del mismo Código.

El Estado argumenta que el damnificado participó del juego de tizas y azulejos, pero este aspecto de su conducta -como ya lo señaló el Señor Juez- es irrelevante. El colegio tiene un deber de vigilancia establecido por el artículo 1117 del Código Civil, y para eximirse de él debió haber probado que no pudo impedir el daño causado, ni con el ejercicio del cuidado ni con el de la autoridad, como decía el artículo 1117 en su anterior redacción, o -en su defecto- podría haber intentado la prueba del caso fortuito, como establece la actual redacción del artículo citado. No hace falta recalcar que no hizo ninguna de las dos cosas. Los alumnos involucrados en el suceso tenían más de diez años y el daño se produjo dentro de las horas de clase (cfr.Belluscio, Código Civil, tomo5, pags,.635/636; Llambías, Código Civil Anotado, tomoII-B, pag.514).

Es de antigua data -por otra parte-la jurisprudencia que sostiene que el Estado responde por la lesión producida a un alumno por uno de sus compañeros arrojándole un objeto cuando el aula quedó sin vigilancia (La Ley, tomo 44, pag.473); en el mismo sentido, J.A., 1996-IV-303).

Paso ahora al tema de los daños a resarcir, cuestionados por altos y por bajos. Conocemos la edad de la víctima, por una parte. Por la otra, contamos con una pericia que ha establecido su incapacidad sicofísica. La pericia nos dice que existe una incapacidad física del 35% (fs.578 vuelta) y una incapacidad síquica (con síndrome de ansiedad, tendencia a la introversión y miedos) de un 15% (fs.578 vuelta/579). A fs.38 de la causa penal, por otra parte, los forenses calcularon la incapacidad en un 42% de la total obrera.Ponderando todos estos parámetros, encuentro algo reducida la suma indemnizatoria en este aspecto, y propongo elevarla a la cantidad de $80.000.

Por lo que hace al daño moral, el mismo no tiene por qué proporcionarse a la cuantía del perjuicio material sufrido (causas 5142, del 20/5/88 y 4980, del 19/8/88, entre otras ) y -pese a lo que sostiene la actora en su memorial- engloba al daño estético, el cual no se indemniza autónomamente (causas 1157, del 11/8/86 y 433, del 27/5/93, entre otras ). El tipo de lesión sufrida y las consecuencias que resultaron de ella han sido particularmente gravosas para la víctima y -sin duda- han debido producirle gran dolor y angustia. Creo, entonces, que debe incrementarse la suma otorgada, elevándola a la cantidad de $40.000.

Los gastos médicos y de farmacia fueron parcialmente probados a fs.490 y 495.Por otra parte, el Tribunal no exige prueba escrita de este tipo de gastos (cfr. causas 5142, del 20/5/88 y 4980, del 19/8/88). En consecuencia, creo que han sido adecuadamente calculados por el Señor Juez, aplicando prudencialmente el artículo 165 del Código Procesal.

En lo que hace a los intereses, no le asiste razón en su queja al codemandado Libster. La razón de que el Estado adeude intereses que se calculan a otra tasa que la que él debe pagar se debe -sencillamente- a que las disposiciones de la ley 23982 alcanzan al Estado pero no al Señor Libster.

Respecto de la objeción del Estado Nacional a los intereses (fs.777 vuelta), debo recordar que lo que esta parte pretende es la aplicación de la ley 23982 en este aspecto, y esto es exactamente lo que dispuso el Señor Juez a fs.720, por lo que no advierto aquí gravamen alguno.

Para finalizar, yerra la actora en lo que se refiere a la imposición de costas en lo que hace a su relación con Prado y López. Respecto de ellos la actora no es vencedora sino -claramente- vencida, puesto que la demanda se rechaza (fs.719 vuelta) respecto de esos codemandados. El principio objetivo de la derrota, precisamente, hace que la actora deba cargar con las costas en este caso.

Voto, pues, para que se confirme la sentencia en recurso en lo principal que decide, y se la modifique en lo que hace a la indemnización por incapacidad, que se eleva a $80.000, y a la indemnización por daño moral, que se eleva a $40.000. En la relación actora/ Libster y actora/ Estado Nacional las costas de Alzada deben imponerse a los demandados, vencidos. En la relación actora/ Prado- López, las costas de Alzada deben imponerse a la actora, vencida.

El juez Francisco de las Carreras adhiere al voto que antecede.

En mérito a lo deliberado y a las conclusiones del Acuerdo precedentemente transcripto, el Tribunal RESUELVE: confirmar la sentencia en recurso en lo principal que decide, y modificarla en lo que hace a la indenmizacion por incapacidad, que se eleva a pesos OCHENTA MIL ($80.000), y a la indenmización por daño moral que se eleva a pesos CUARENTA MIL ($40.000). En la relación actora/Libster y actora/Estado Nacional las costas de Alzada se imponen a los demandados. En la relación actora/Prado-Lopez, las costas de Alzada se imponen a la actora.

Para determinar los honorarios de los profesionales intervinientes corresponde tomar en principio como base -contrariamente a lo sostenido por los apelantes de fs. 736- el monto de la condena con más los intereses al 31.3.91.

Sobre dicha base, y valorando el mérito, la extensión, la eficacia de la labor desarrollada, las etapas cumplidas por cada parte y lo dispuesto por el art. 279 del Código Procesal, se fijan los honorarios del letrado patrocinante de la actora, Dr. Daniel E. Bossi en pesos veinticinco mil ($ 25000), los de la dirección letrada de los codemandados Jorge E. Prado y María Teresa López, -en conjunto- en pesos veintitres mil ($ 23000), correspondiendo entre los Dres. Adriana García Trappani, Juan M. Catoyra y Martha N. Waltham Bishop la no impugnada distribución establecida por el señor juez, los del letrado patrocinante del codemandado Humberto del Valle Pacheco Milessi, Dr. Miguel Angel de Hoz en pesos once mil ochocientos ($ 11800) y los de la dirección letrada y representación a partir de fs. 325 del codemandado Noberto L. Libster -en conjunto- en pesos nueve mil seiscientos ($9600), correspondiendo entre los Dres. Israel E. Nicenboim y José E. Nicenboim la distribución establecida por el señor a fs. 735 vta. (arts. 6, 7, 9, 10, 19, 37 y 38 del arancel de honorarios de abogados y procuradores).

Considerando análogas razones, en lo pertinente, y la adecuada proporción que los honorarios de los peritos deben tener con los que les corresponden a los profesionales de las partes (art. 478, primer párrafo del Código Procesal y Corte Suprema, Fallos: 300:70, 303:1569, entre otros), se fijan los de la médica María Abelín en pesos cuatro mil seiscientos ($4600).

Por la labor realizada en la Alzada, valorando el monto disputado en cada relación y el éxito obtenido, se regulan los honorarios: a) en la relación actora demandados Libster y Estado Nacional: al letrado patrocinante de la actora, Dr. Daniel E. Bossi en pesos siete mil ($ 7000) y al letrado apoderado de la demandada, Dr. José E. Nicenboim en pesos cuatro mil ($ 4000) y b) en la relación actora- Prado-López: al letrado patrocinante de la actora, Dr. Daniel E. Bossi en pesos setecientos ($700) y al letrado patrocinante de la demandada, Dr. Juan M. Catoyra en pesos mil ($ 1000); arts. 14 y citados del arancel.

Puesto que, como se dijo al principio los honorarios precedentes han sido calculados sobre la base del capital e intereses al 31.3.91, los montos fijados precedentemente se deberán incrementar en la misma medida en que se acreciente el monto de la condena en virtud de los intereses que se devenguen -según sea el demandado a quien se reclame su pago- en favor de los actores a partir de esa fecha (esta Cámara en pleno, causa 21.961/96, "La Territorial de Seguros SA c/ Staf s/ incidente" del 11.9.97).

Intervienen únicamente los jueces firmantes por hallarse vacante la restante vocalía (art.109 del R.J.N.) Regístrese, notifíquese y devuélvase.-