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Recusación sin causa, competencia contencioso administrativa, inundación
Materia: ADMINISTRATIVO-AGUAS-CIVIL-COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Defensor Oficial de responsabilidad juvenil s/ diligencia preliminar - conflcito de competencia Art. 7 inc. 1 Ley 12.008
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-04-17

Resulta improcedente el instituto de la recusación sin causa prevista en el CPC y Comercial de los magistrados que integran el fuero contencioso administrativo, dado que no es compatible con la estructura de la justicia administrativa, ni por tanto con el desarrollo de los litigios que ante ella han de tramitar, pues su posible admisión desconoce en forma directa los principios estructurales que la informan, entre los que se destacan la especialización y la descentralización, a más de favorecer la elección discrecional del órgano judicial competente, incluso sustituyéndolo por otro ajeno al fuero, es que, el sistema vigente para la mayor parte de los departamentos judiciales instituye un solo juez del fuero contencioso administrativo con sede en las respectivas cabeceras, a excepción de los mencionados en el artículo 3 la ley 14.256.
Daños y perjuicios, indemnización, pérdida de la chance, lucro cesante
Materia: CIVIL
Carátula: PAEZ Cesar Roberto c/ Red Megatone S.A. y/o Electrónica Megatone SA s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2011-08-30

"Frustración de una "chance" es la pérdida de la oportunidad de conservar la actividad productiva plena o de mejorar el nivel de rendimiento o progreso económico".

En ese sentido para diferenciarlo de figuras semejantes se ha dicho que "la indemnización del lucro cesante requiere que el evento dañoso haya causado a la víctima una pérdida inmediata de ganancias, mientras que en la indemnización por pérdida de "chance", por el contrario, las pérdidas se exteriorizan en la posibilidad y oportunidad de conseguir esas ganancias o beneficios".

El objeto de la pérdida de chance remarcábamos radica en... la probabilidad de obtener ganancias o beneficios materiales en el futuro, frustrada como consecuencia del detrimento producido.

Así, para admitir un lucro cesante es menester únicamente una certeza relativa o seria probabilidad del beneficio que el hecho ha truncado. La "chance" concluíamos no llega ni siquiera a la certeza relativa, basta una probabilidad suficiente... de lograrlos.
Recurso de revisión (procesal), procedencia del recurso, extinción de la pena, condena condicional, comisión de nuevo delito, graduación de la pena
Materia: PENAL
Carátula: CABANILLAS, CESAR O. s/ RECURSOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-02-21

El hecho de haberse extinguido una pena no es obstáculo para su revisión, pues el art. 552, segundo apartado del CPMP, ha previsto expresamente la procedencia del recurso para un caso, que si bien no es el de autos, es también un supuesto de extinción de pena, por lo que debe evaluarse legítimo el interés del peticionario si no transcurrió el plazo del art. 27 del C.P. en el caso de que se cometiera un nuevo delito, ya que en tal supuesto no podría gozar de una nueva condena de ejecución condicional, y en tal orden de conjeturas, en la graduación de la pena podría valorarse como agravante a los fines del art. 41 del C.P. el antecedente condenatorio cuya revisión por cambio de legitimación se solicita.
Reajuste jubilatorio, fallos de la Corte Suprema, haber mínimo jubilatorio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "GARCÍA, NORMA CONCEPCIÓN c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-16

De los incrementos habidos en las prestaciones previsionales -cuyo importe mínimo quedó anclado a partir del 01.08.91 en el mínimo de Australes 1.500.000, (cfr. Dec. 1182/91) seguido de la Res. A.T. y S.S. 678/91 (luego $ 150)- conforme lo establecido por los Decretos 391/03, 1194/03; 683/04; 1199/04; 748/05; 1273/05; 764/06 y la Ley 26.198, surge un tratamiento marcadamente dispar -con excepción del último período- según la suma de la prestación de que se trate se ubique en alguna de las siguientes tres categorías: a) haberes mínimos que a partir de $150 (valor vigente desde agosto de 1991) fueron incluidos en todos los incrementos otorgados hasta ubicarse en $530 a partir del 01.01.07, lo que conforma un 253,30% de aumento máximo; siendo menester aclarar que el porcentual de máxima apuntado, válido para las prestaciones mínimas absolutas de $150 -la gran mayoría de este colectivo- tuvo menor incidencia en aquellas otras cuya cuantía originaria superaba el mentado piso, hipótesis en la cual, recién se beneficiaron con la suba cuando eran superadas por la nueva base legal; por lo que bien puede afirmarse que la proporción añadida es -aún dentro de este sector- inversamente proporcional al importe inicial del beneficio; b) haberes intermedios superiores al mínimo de $280 vigente a partir del 01.09.04 (cfr. art. 1 del Dec. 683/04) y hasta $1000, que fueron alcanzados desde esa fecha por el suplemento de movilidad creado por el art. 2 del Dec. 1199/04 (cuya aplicación no podía superar ese límite máximo), seguido de los aumentos dispuestos por el art. 1 del Dec. 764/06 y el art. 45 de la ley 26.198, que significaron una mejoría máxima del 37,97%, para el caso que hubiere correspondido percibir la totalidad del aludido suplemento o -de lo contrario- ligeramente inferior a ese nivel; siendo oportuno aclarar que el mentado suplemento por movilidad quedó neutralizado en los beneficios que fueron incrementados por la elevación de los haberes mínimos a $350 y $390 dispuestas por los Decs. 748/05 y 1273/05, respectivamente; c) los haberes superiores a $1000, que fueron elevados por el Dec. 764/06 y el art. 45 de la ley 26.198 y se favorecieron con una suba de tan solo un 25,43%. (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia).
Recurso de casación penal, auto de procesamiento, sentencia definitiva, resoluciones equiparables a definitiva, improcedencia del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Solís, Virginia Inés s/ Rec. de Queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-11-26

Corresponde rechazar el recurso de queja interpuesto por denegatoria del recurso de casación intentado por la defensa del imputado atento que la confirmación parcial del auto de procesamiento no reúne la calidad de sentencia definitiva o equiparable a definitiva, careciendo de uno de los requisitos objetivos para la procedencia del remedio intentado. (sumario confeccionado por el S.A.I.J)
Usurpación de inmueble, auto de procesamiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: PALADINO, Domingo y otro. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-24

Aun cuando no se encuentre en discusión los incumplimientos de pago de alquiler que los inculpados imputan al denunciante, ello no justifica hacer justicia por mano propia, que es como hicieran ambos criminados cuando en ausencia del damnificado y por la noche, en forma clandestina, ingresaron en su kiosco de diarios y revistas y empezaron a vender dichas publicaciones.

El kiosco configura un inmueble, pues de adverso a lo sostenido por el apelante, nada impide que así pueda tratárselo especialmente, ya que el comercio estaba adherido al suelo (art.

2311 y ss. del Código Civil).

Mas la venta del contenido del comercio pone en duda que no se hubiere cometido algún otro delito que no excedería la competencia correccional.

Por ello, debe confirmarse el auto que decreta el procesamiento del imputado por considerarlo "prima facie" coautor penalmente responsable del delito de usurpación.
Procesamiento, lesiones culposas, embargo, revocación de sentencia, sobreseimiento, extinción de la acción penal
Materia: PENAL
Carátula: A. P., J. A. c/  s/ procesamiento
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-03-19

El fallo de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal en autos "A. P., J. A. s/procesamiento" (causa n° 69.083/2014) rta. 19/3/18, donde la Sala interviene con motivo del recurso de apelación interpuesto por la defensa del imputado contra el auto del juez de la instancia de origen que lo procesó en orden al delito de lesiones culposas (art. 94 CP) y le trabó embargo por la suma de ocho mil pesos. Los vocales, por mayoría, revocaron el auto apelado, declararon extinguida la acción penal por prescripción y sobreseyeron al encausado.
Prescripción, suspensión de la prescripción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: De Simone, Mario Domingo c/ Publiexito S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-11-22

La carta documento constituye un medio idóneo para interpelar al deudor y producir la suspensión de la prescripción liberatoria de acuerdo con lo normado por el art. 3986, segundo párrafo del Código Civil.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, falsedad de título
Materia: LABORAL
Carátula: Montenegro, Armando c/ Millaman, Guillermo E. s/ Ejecución acuerdo conciliatorio. Rec. de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-06-14

La decisión del Tribunal del Trabajo que desestima la excepción de falsedad de la ejecutoria, impone una multa a la accionada y a su letrado patrocinante, y manda llevar adelante la ejecución de la resolución de la Subsecretaría de Trabajo, no es susceptible de recursos extraordinarios. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Honorarios, regla de proporcionalidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Rugna, Francisco E. y ot. c/ Guirtz, Gerardo D. y ot. s/ Interdicto
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-09-22

La base para la determinación de las remuneraciones de los profesionales en un pleito no puede ser ajena a la realidad de lo debatido en el expediente, según ha quedado trabada la litis (arts.

34 inc. 4 y 163 inc. 6 , del CPCC). Además, el criterio que se adopte a tales efectos debe ser unitivo de modo tal de permitir fijar los honorarios en relación con el mérito, importancia y naturaleza de labor cumplida, el monto del juicio y los emolumentos de los demás profesionales que intervinieron en la causa.
Acción civil, daños y perjuicios, daño moral, indemnización, legitimación procesal, damnificado directo
Materia: PENAL-CIVIL
Carátula: A., M. s/ Oposición constitución actor civil (Expte Nº  135-95, Resolución Nº  98, Tomo 2, Folio 465)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-12-22

De conformidad al art. 1078 del Código Civil y excepción hecha de los herederos forzosos en caso de muerte de la víctima, solo tiene acción para demandar la reparación del daño moral aquél que lo hubiese sufrido como víctima o damnificado directo y no otras personas por más que hubieran experimentado un intenso dolor afectivo. Acorde con esta clara limitación los padres no pueden reclamar indemnización por derecho propio en concepto de daño moral.
Acciones de clase, defensa del consumidor, conciliación, homologación del acuerdo, deberes del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa ADECUA c/ Banco Privado de Inversiones S.A. s/ ordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-29

En los procesos colectivos los jueces deben determinar si los términos propuestos en los acuerdos conciliatorios resultan justos, adecuados y razonables y a tales efectos, deberán considerar, entre otros factores: la verosimilitud de la pretensión deducida; la complejidad jurídica del caso y su dificultad probatoria; las ventajas de obtener un remedio en lo inmediato, en comparación con el tiempo y los costos que insumiría demostrar la razón en juicio, en la hipótesis de éxito del reclamo; y la mayor o menor dificultad relativa de los miembros del colectivo para acceder a los derechos que el acuerdo les reconoce (Disidencia de la jueza Highton de Nolasco). -La Corte, por mayoría, declaró inadmisible el recurso extraordinario (art. 280 del CPCCN)-
Participación secundaria, transporte de estupefacientes, insuficiencia del agravio, calificación legal, delito de peligro abstracto, prueba
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Cardozo Colman, Elva c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-12-20

Procede rechazar el planteo formulado por el Fiscal General, el que sostiene que la conducta de la imputada debe calificarse como una participación secundaria, pues se advierte que el Tribunal a quo fundó debidamente la calificación legal escogida -transporte de estupefacientes-, y ha brindado un exhaustivo y completo análisis al conjunto de pruebas reunidas que condujeron a afirmar la autoría de la condenada en el hecho investigado.

Dicho ésto, cabe recordar que en el delito de transporte la acción típica es la de llevar sustancia estupefaciente de un lugar a otro, con conocimiento de la naturaleza prohibida y con voluntad de desplazarla, con posibilidades de contribuir o facilitar el tráfico ilícito ya sea de una manera elemental o compleja. Tratándose de un delito de peligro abstracto en donde el bien jurídico puede verse afectado por el solo hecho de llevarla, trasladarla o moverla exponiéndola potencialmente a terceros -aún cuando se realice sin mediar finalidad lucrativa-; ese "moverse" de la imputada por el extenso territorio argentino portando más de dos kilogramos de droga a sabiendas de su naturaleza prohibida y con voluntad de hacerlo, es la acción típica que describe la ley cuando reprime el transporte de estupefacientes en el art.5 inc. c de la ley 23.737, más allá de la motivación que hubiere tenido, hubo actividad dinámica, movimiento y desplazamiento de estupefaciente. (del voto en disidencia de la Dra. Figueroa)
Concursos, gastos del proceso
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Grupo Goldaracena Hnos. S.A.C. (SIMON) s/ Quiebra (Inc. de Verificación prom. por Jorge Simón)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2005-04-05

Los honorarios regulados al letrado del Síndico por actuaciones anteriores a la vigencia de la ley 24522, se encuentran incluidos en el artículo 240 de la Ley 19551 y resulta innecesaria su verificación.
Honorarios, oportunidad procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: CONFORTI, Alberto Antonio. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-04

No existe impedimento alguno en que se difiera la regulación de los estipendios profesionales para una etapa ulterior, es decir, para el momento en que concluya la causa o el letrado deje de intervenir en la misma.

Dicha decisión no resulta contraria a lo establecido en los artículos 530 y 531 del código ritual, por cuanto estos sólo establecen que la resolución que ponga termino al incidente deberá resolver sobre el pago de las costas procesales y que, en estas costas, se incluyen los honorarios devengados por los abogados, pero nada especifica sobre el momento en el cual deberá estipularse monetariamente la actuación de los profesionales.

La Ley de Aranceles Profesionales (ley 21.839, modificada por la ley 24.432), en su cap. IV, art. 47, establece que "Al dictarse sentencia, se regulará el honorario de los profesionales de ambas partes, aunque no mediare petición expresa.", lo que indica el último momento procesal en que estos pueden y deben estipularse.

Por ello, y dado que no se vislumbra que la decisión del Juez implique un menoscabo de imposible reparación ulterior, ni que afecte garantías de índole constitucional, sino que, por el contrario, busca la prolijidad que logra una merituación acabada de toda la actividad desarrollada por el profesional del derecho a lo largo del tramite de la causa, debe confirmarse el auto por el que no se hace lugar a la regulación de honorarios.
Ejercicio profesional, responsabilidad del abogado, prevención, expresiones incorrectas
Materia: PROCESAL
Carátula: AEROLINEAS ARGENTINAS c/ STEFANUTO, RUBEN s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-09-28

Toda vez que se ha incurrido en evidentes excesos verbales inadecuados a las presentes actuaciones, en la medida en que manifiestamente no se encuentran dirigidos a la mejor defensa de los intereses de su cliente, sino a intereses de la contraria, haciendo efectiva la advertencia ya formulada, corresponde aplicar la sanción de "prevención".
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, informes de organismos internacionales, recomendaciones de organismos internacionales, deberes del juez
Materia: CONSTITUCIONAL-INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: Acosta, Claudia Beatriz y otros s/ hábeas corpus.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-22

Frente a informes o recomendaciones emanadas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, todos los jueces de cualquier jerarquía y fuero están obligados a atender a su contenido con el fin de procurar la protección de los derechos humanos involucra dos, pues en esta materia la reglamentación legislativa no es requisito indispensable (Voto de los Dres. Antonio Boggiano y Gustavo A.

Bossert).
Contrato de servicios, prestación de servicios
Materia: LABORAL
Carátula: Naumovich, José Luis c/ S.E.CH.E.E.P. s/ Indemnización
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2000-05-30

No es admisible el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, ya que no surgen de autos, probadas las supuestas razones extraordinarias que acrediten el cumplimiento de los requisitos del art.90, inc.b) de la Ley 20744. En ninguno de los contratos, en los que solo se determina el plazo y las tareas encomendadas, no se mencionan tales circunstancias extraordinarias y ni siquiera se tuvo en cuenta la Ley de Contrato de Trabajo, no solo no se la menciona, ni tampoco la Ley de Empleo, de la que tampoco se cubren sus requisitos. No se consigna en los recibos descuento alguno de tipo previsionales y se paga como honorario al sueldo anual, mencionándose solamente contrato de locación de servicios. Está claro que son contratos concebidos al margen de la legislación vigente; esta circunstancia surge ante el más elemental análisis de los elementos aportados, y por tanto nos llevan a la aplicación del art.14 de la ley 20744, con algún aditamento del art.23 del mismo cuerpo legal.
Acción penal, sobreseimiento, cosa juzgada, extinción de la acción penal, suspensión del juicio a prueba
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Close, Alberto Jorge s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-31

Del trámite que mereció el incidente de ejecución del fallo que hizo lugar a la suspensión del proceso a prueba, se desprende, en definitiva, que se ha extinguido la acción penal a su respecto y que se ha dictado su sobreseimiento, decisión que ha adquirido firmeza, por lo que el proceso se encuentra clausurado mediante una resolución conclusiva de carácter inconmovible, pues lo contrario implicaría poner en serio riesgo la incolumnidad de la cosa juzgada en perjuicio del imputado. En efecto, ya ha dicho esta Sala IV que el sobreseimiento es la resolución jurisdiccional que interrumpe, en forma definitiva, el normal desarrollo del proceso penal en su camino hacia la sentencia. Pone fin al juicio, lo cierra definitivamente, no pudiendo modificarse en ningún caso la situación creada por él, ni es materia de pronunciamientos posteriores. Por ende, resulta inoficioso dar tratamiento a las cuestiones sometidas a conocimiento de esta instancia por los acusadores, atinentes a la legalidad del beneficio de la "probation" concedido al encartado, pues, en rigor, una decisión sobre el tema -hallándose extinta la acción penal contra el encausado carecería de efecto alguno, ya que la materia en discusión ha devenido abstracta (Voto de los Dres Fégoli y Hornos -en mayoría-).
Responsabilidad médica, mala praxis, consentimiento informado, beneficio de litigar sin gastos
Materia: CIVIL
Carátula: Sosa, Soledad Estefania c/ Hospital Rio Uruguay y otro s/ ordinario daños y perjuicios (conexidad con beneficio)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2019-12-16

El hecho que el consentimiento no hubiere sido informado y libre no implica necesariamente que el médico hubiere incurrido en mala praxis. Para determinar esa circunstancia debe acudirse a la restante prueba.
Competencia, competencia por la materia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Sur Automotores S.A. s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-05-06

En tanto la competencia territorial en cuestiones de orden meramente patrimonial resulta prorrogable, la referida a los Tribunales provinciales por razón de materia, no lo es. Las reglas de atribución de la competencia están dirigidas a asegurar la eficacia de la administración de justicia y de orden público. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo, salario mínimo, vital y móvil, inflación, incapacidad laboral, incapacidad parcial, inconstitucionalidad, indemnización tarifada
Materia: LABORAL
Carátula: NORIEGA, JOSE c/ ESTABLECIMIENTO METALURGICO DE POLI s/ ACCIDENTE - 9688
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-07-29

Aún cuando el salario mínimo y vital vigente a la fecha de consolidación del daño se encontrara deteriorado en la medida que permaneció invariable en la suma A 20.000, res. 7/89, durante un lapso de aguda inflación, es necesario tener en cuenta la índole de la minusvalía detectada así como su incidencia en la capacidad total del trabajador y sus posibilidades de reinserción en el mercado laboral, para autorizar la descalificación del monto diferido a condena con base constitucional, siendo menester puntualizar que el análisis referido a la tacha de inconstitucionalidad debe involucrar una meritación del daño sufrido en un alcance que permita medir el carácter virtualmente insuficiente de la reparación tarifada en tales términos.
Sanciones disciplinarias, motivación del acto administrativo, dictámenes, carácter vinculante
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Moyano, Víctor Zanón c/ Municipalidad de Bahía Blanca s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-08-31

Si la intención del Intendente Municipal al apartarse de las conclusiones sumariales y del dictamen del asesor letrado, se debió a que entendía que la conducta del agente cuestionado debía ser subsumida en otro dispositivo legal mas severo del régimen disciplinario aplicable, debió expresar concretamente las razones ponderadas a tal fin, de modo que resultara clara la superación de los dictámenes antecedentes que concluían en una configuración fáctica distinta.
Acción dependiente de instancia privada, denuncia
Materia: PENAL
Carátula: MONTESINO, JOSE LUIS s/ ABUSO DESHONESTO S/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1994-07-19

El art. 72 del CP. no exige formalidad específica, bastando que el hecho sea puesto en conocimiento de la autoridad competente por quien corresponda para que la acción se ponga en movimiento.

Tratándose en el caso específico de una guarda, la misma, como así la custodia, bastan aun cuando sean de hecho.