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Accidente ferroviario, acción civil, concubinato, conviviente, legitimación activa, personas por nacer
Materia: CIVIL
Carátula: Palomino, Rosa c/ Transportes Ideal San Justo  S.A.  y otros s/ Sumario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-26

Si la concubina se encontraba embarazada, habiendo fallecido su compañero como consecuencia de un accidente ferroviario, naciendo el hijo a poco menos de un mes de la muerte de la víctima, no cabe tener al menor como hijo del fallecido al no darse ninguno de los supuestos del art. 247 del Código Civil, pero su derecho en cambio encuentra amparo en el art. 1079 del Código citado, pues es dable inferir a través del comportamiento del extinto con relación al embarazo de quien era su concubina que el fallecido le prestaba apoyo, ayuda y sostén.

Más allá de la ardua discusión doctrinaria en lo atinente a la legitimación activa de la concubina, a los fines del resarcimiento debe meritarse el auxilio económico que la víctima le prestaba y la chance de futuro que ello implicaba, atento a la situación de convivencia estable que venía de más de ocho años, la existencia de una hija reconocida por ambos con la consecuente carga exclusiva, que ahora pesa sobre sus espaldas; su edad, capacidad laborativa, nivel socioeconómico, nivel de aportes de la víctima, que también estaban destinados al sustento de su hija y de su madre y al suyo propio.
Recurso extraordinario, denegatoria del recurso, sentencia no firme, reenvío, Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: VALLEJOS, HECTOR RAUL c/ ASOCIART ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO (ART) S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (RECURSO EXTRAORDINARIO PARA ANTE LA C.S.J.N.)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-10-18

Corresponde denegar la concesión del recurso extraordinario interpuesto para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dada la ausencia de demostración por parte de la recurrente de encontrarse satisfecha la exigencia de definitividad del fallo atacado, ya que el recurso extraordinario federal deducido no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable, toda vez que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó la tesis sustentada por este Tribunal en los precedentes "Campos" y "Consejo de Ingenieros", donde se atribuyó el carácter de definitivas a determinado tipo de sentencias que disponían reenvíos a las instancias inferiores, distinción que no ha sido aceptada por el máximo Tribunal nacional, cuya jurisprudencia -que hoy se comparte- sella la suerte adversa de las argumentaciones expuestas por la impugnante en su escrito recursivo. - CITAS: CSJN: Fallos 311:1601 y 324:541, voto de los jueces Fayt y Vázquez; CSJStaFe: Bartolotta, AyS T 93, p 414; Copes, T 117, p 157; Cancellieri, T 118, p 187; Navarro, T 127, p 86; González, T 129, p 311; Esmoriz, T 138, p 464; Corgnali, T 156, p 490; Else, T 192, p 390; Campos, T 66, p 145; Consejo de Ingenieros, T 73, p 289.
Asociaciones civiles, representación de la sociedad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Jaúregui, Roberto Tomas c/ Los Pingüinos Rugby Club s/ Cobro ordinario de dólares por recupero
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-02-15

Admitido que las sociedades irregulares tienen, efectivamente, personería jurídica propia distinta de sus miembros y capacidad de derecho es inhesitable que en cuanto a su modo o medio de obrar en el tráfico deben cumplir determinados recaudos. La estructura de las personas jurídicas determina su actuación en el mundo del derecho, dado que resulta de toda necesidad que las personas físicas que la componen o las administran manifiesten "la voluntad jurídica en cada uno de sus actos". La naturaleza jurídica de las manifestaciones de voluntad ha sido definida como representación o, en tesis contrapuesta, como relación orgánica.-
Uso de documento adulterado, instrumentos públicos, cédula de identidad
Materia: PENAL
Carátula: GOMEZ, Amadeo s/ FALSIFICACION  -  USO DOCUMENTO PUBLICO ADULTERADO - CEDULA IDENTIDAD
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-11-13

1) La conducta del procesado que empleó una cédula de identidad extraviada, en la que sustituyó la fotografía, pegando la suya, para adoptar así ajena personalidad, lo que le permitió abrir cuentas corrientes en distintas instituciones bancarias, configura el delito de uso de documento público adulterado.

2) La cédula de identidad expedida por la Policía Federal reviste el carácter de instrumento público y ello es incuestionable a la luz de lo resuelto por el plenario Keszlak (fallos, VII-451).

El art. 57 de la ley 17.671, ya vigente a la época de los sucesos que dan origen a esta causa, determinó que para los argentinos mayores de 18 años, sólo tendrán validez como documentos para acreditar identidad, las libretas de enrolamiento y cívica.
Accidentes de trabajo, relación de causalidad, prueba, incapacidad, porcentaje de incapacidad
Materia: LABORAL
Carátula: Galvan, Alfredo c/ Agencia Marítima Río Paraná S.A. s/ Accidente de trabajo (Expte. Nro. 265-97, Resol. Nro. 17, Tomo 56,  Folio 175)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-02-22

Si bien es cierto que nada impide que el actor pueda haber sufrido dos accidentes de trabajo a raíz de los cuales sufriera similares patologías y distintas incapacidades o un reagravamiento de una incapacidad preexistente, es el caso que siendo la patología idéntica , la incapacidad que el propio actor se atribuye como consecuencia del primer accidente según el informe de su médico tratante es superior a la originada por el segundo accidente (35% y 15% respectivamente) por lo que es evidente que el segundo accidente no provocó una incapacidad superior a la que ya portaba el actor como consecuencia del primero, no existiendo tampoco reagravamiento por la misma razón, por lo que si la actora pretendía indemnización por el segundo accidente debió demostrar que la incapacidad que portaba por el segundo generada por similar o idéntica patología era mayor que la debida al primero.
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, prestación de servicios, normas de seguridad, servicios de vigilancia, incumplimiento del contrato
Materia: CIVIL-LABORAL
Carátula: Zurich Argentina Compañía de Seguros SA c/ Aipaa SA y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-11

Aparece inexorable atribuirle responsabilidad por los daños y perjuicios derivados del incumplimiento contractual a la empresa de seguridad demandada, teniendo en cuenta la ausencia de previsibilidad en los hechos así como la actuación poco diligente sin que pueda ampararse en cláusulas limitativas que carecen de eficacia. Es que no resulta posible asimilar el robo sufrido por el asegurado de la aquí actora a un supuesto de caso fortuito o de fuerza mayor insuperable como pretende la empresa de seguridad, teniendo en cuenta que justamente la finalidad perseguida es la de evitar en sus clientes que sean víctimas de este tipo de eventos Ilícitos -en el caso, robo a mano armada, de mercadería-, en tanto, estas características no pueden reputarse imprevisibles. Pues para eximir de responsabilidad a la empresa de seguridad por caso fortuito o fuerza mayor debe probarse que el resultado dañoso se ha producido por una causa que no le es imputable o que con el empleo de la adecuada diligencia requerida para este tipo de obligación no se haya podido superar.
Honorarios del abogado, regulación provisoria
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Rosso Susana Noemí c/ Oberti Juan Pastor s/ Ejecución de honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-10-15

Si bien un proceso de ejecución de honorarios no se adecua técnicamente a la segmentación por tramos prevista por el art. 28 de la ley 8904, el requerimiento efectuado en el caso, en razón de la posibilidad del ejecutante de compensar su crédito en la subasta que se está preparando, torna pertinente la regulación provisoria admitida por el art. 17 de dicha norma arancelaria.- (Minoría u opinión personal)
Poder Legislativo, legisladores, responsabilidad penal, querella
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Malaponte, Eugenio Jorge s/ Queralla  por  Injurias,  Rec. de Inconstitucionalidad EXP. N. 260-89
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-08-01

La inmunidad trae como consecuencia inmediata la falta de jurisdicción de la justicia para conocer en toda acción criminal tendiente a responsabilizar a los legisladores por las opiniones o discursos pronunciados en el desempeño de su mandato. Habría, por lo tanto, una suerte de incompetencia absoluta de la justicia para entender en estos casos. Esta tesis es acogida, de alguna manera, por el artículo 512 del Código Procesal Penal de la Provincia al disponer que la querella será desestimada cuando no se puede proceder. La exención, se afirma, opera solamente en relación a los legisladores, no para los eventuales concurrentes en la comisión del delito, razón por la cual los partícipes que no tengan esa calidad están sujetos a las normas del derecho común y por lo tanto perseguibles en sede penal, civil, administrativa y disciplinaria.
Juicio político, enjuiciamiento de magistrados, remoción de jueces, Cámara de Diputados
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Trovato, Francisco Miguel Angel c/ Honorable Cámara de Senadores de la Nación s/ amparo ley 16.986.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-09-25

Cualquiera fuese el contenido que puede dársele al llamado aspecto "político" del enjuiciamiento previsto en el art. 45 y concs. de la Constitución Nacional, no cabe duda alguna de que se trata de un proceso orientado a administrar justicia, esto es, a dar a cada uno su derecho - sea a la Cámara de Diputados en cuanto le asiste el de obtener la remoción del magistrado - sea a éste en cuanto le asista el de permanecer en sus funciones (Voto del Dr.

Augusto César Belluscio).
Divorcio, divorcio contradictorio
Materia: CIVIL
Carátula: S., O. D. c/ R., M. E. s/ Divorcio vincular - Contencioso
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2011-08-25

No puede considerarse configurada la causal de injuria grave con sustento en la difamación sobre la condición sexual de la reconviniente, puesto que no se ha demostrado que tal señalamiento haya trascendido más allá del círculo íntimo del matrimonio, ni generado una angustia de entidad tal que aporte elementos de convicción suficiente para tener por acreditada la causal invocada.
Recurso de inconstitucionalidad, intereses, procedimiento laboral
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: LUINI, NORBERTO JORGE c/ PETRICH, ANDRES Y-U OTROS s/ COBRO DE PESOS LABORAL    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD     CSJ EXPTE NRO 145-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-08-25

Corresponde declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad intentado si la sentencia de segunda instancia atacada incrementó el interés del 6% al 8% sin dar razón alguna para ello. Si bien es normal en los juicios laborales ese tipo de interés, el incremento debió motivarse.

Del voto del Dr. Iturraspe.
Derecho contravencional, uso indebido del espacio público, transporte de pasajeros, habilitación municipal, permiso municipal
Materia: PROCESAL
Carátula: Sajoux, Nicolás y otros c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Nicolás Sajoux (UBER) s/ art. 83 usar indebidamente el espacio público c/ fines lucrativos (no autorizadas) - CC
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-10

Para la resolución del pleito resulta determinar cuál es el régimen legal aplicable al tipo de transporte desarrollado. Ello así, porque bien podría ser el caso en el cual fuera necesaria una habilitación, pero la obligación de obtenerla recayera sobre el organizador o sobre quien realiza la actividad de transporte y no individualmente sobre cada uno de los choferes particulares que forman parte del sistema. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, admisibilidad del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Gallegos, Rubén D. s/ Infracción art. 3º, dec. 1555/96
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-12-16

El art. 350 del Código de Procedimiento Penal establece que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley sólo procede en los casos en que la sentencia definitiva revoque una absolutoria o imponga pena superior a tres años de prisión, supuesto que no es el de autos en que se condena al procesado a la pena de multa y clausura del local comercial. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Conflicto de poderes, conflicto interno municipal, fallos del Superior Tribunal, competencia
Materia: PENAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Hernández, Mónica Deolinda (Intendente de la Muinicipalidad del Distrito San José - Dpto. Santa María) c/ Concejo Deliberante de San José - Dpto. Santa María s/ Conflicto de Poderes
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-12-17

Esta Corte de Justicia ha sentado doctrina legal -en numerosos y uniformes pronunciamientos emitidos a través de sus distintas integraciones- en el sentido de que la intervención jurisdiccional de este Superior Tribunal Provincial en la acción de conflicto de poderes procede cuando la controversia planteada entre los Órganos Municipales o en el seno del Órgano Legislativo Municipal presenta tres notas características y concurrentes.

En primer lugar, el planteamiento de la efectiva existencia de materia justiciable que encuadre dentro de la competencia atribuída a la Corte de Justicia, ello en orden a la admisibilidad extrínseca de la acción y con referencia concreta a la contienda interna municipal.

En segundo lugar, el análisis de lo que se ha denominado "legalidad del procedimiento", es decir, la verificación del cumplimiento de las formas rituarias y procedimentales que rigen la cuestión y la sujeción a las garantías y principios constitucionales. En tercer lugar, resueltos afirmativamente los puntos precedentes, debe juzgarse la razonabilidad , el absurdo o arbitrariedad de la decisión motivante del conflicto.

Ello, siempre y en todos los casos, teniendo como premisa que esta Corte de Justicia no actúa como Tribunal de apelación, sino que ejerce un contralor extraordinario y excepcional sobre lo actuado por los Órganos de Poder en conflicto (Conf: doctrina legal sentada desde Fallos SD Nº03/93; SD Nº13/93; SD Nº20/96; SD Nº03/97; SD Nº22/98 hasta la reciente SD N°22/09 "Polti, Daniel Ernesto (Intendente de la Municipalidad de Recreo) c/ Concejo Deliberante de la Municipalidad de Recreo -Dpto. La Paz - Conflicto de Poderes).
Jueces, intangibilidad de la remuneración, actualización monetaria
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: San Martín, Antonio C. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-12-15

Cuando el art. 96 de la Constitución Nacional prohíbe disminuir las remuneraciones de los jueces "en manera alguna" impone la obligación constitucional de mantener su significado económico y de recuperar su pérdida cada vez que ésta se produce con intensidad deteriorante.
Recurso de inconstitucionalidad, interposición del recurso, escrito deficiente
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Cooperativa Agrícola Ganadera Ltda. c/ Ravelli, Daniel s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Demanda   ordinaria (Expte. CSJ No. 1647-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-09-02

No puede declararse admisible el recurso interpuesto si el recurrente se limita a manifestar su disconformidad con la justicia del pronunciamiento, imputándole vicios descalificantes como forma de corregirla; pero no demuestra la desviación, ni intenta la demostración, al menos prima facie, de un caso constitucional por violación del derecho a la jurisdicción.
Jubilaciones, movilidad del haber jubilatorio, ley previsional, cargo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SOUTULLO, JUAN JOSE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO   CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      CSJ EXPTE NRO 50-84
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-03-01

Es claro que las leyes jubilatorias que establecen sistemas que importan desechar la determinación de mecanismos de incrementos jubilatorios individuales, justamente buscaron el efecto contrario, al regular el régimen de coeficientes sectoriales o de coeficientes generales.
Ombudsman, facultades del ombudsman
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Frías Molina, Nélida Nieves c/ INPS.    -  Caja  Nacional  de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles s/ reajustes por movilidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-21

El Defensor del Pueblo carece de competencia para formular exhortaciones al Tribunal sobre las causas en trámite (arts. 86 de la Constitución Nacional y 14, 16 y 21, inc. b), de la ley 24.284, modificada por la ley 24.379).
Administración fraudulenta, retención indebida, mandato tácito
Materia: PENAL
Carátula: AYESTARAN, JUAN CARLOS s/ DEFRAUDACION - ADMINISTRACION FRAUDULENTA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-02-14

Encuadra en la figura del inc. 7 del art. 173 y no en el inc. 2 de la citada norma, la conducta de quien habiéndosele encomendado la compra de libros y luego de recibir una suma de dinero a tal fin, incumplió su obligación, sin realizar la gestión requerida, ya que se trata de un típico contrato de mandato tácito que al ser dolosamente incumplido, perjudicó los intereses de los mandantes.
Excarcelación, caución real, títulos públicos, eximición de prisión
Materia: PENAL
Carátula: FRIGORIFICO ENTRE RIOS; MENENDEZ, ALBERTO s/ Incidente de exención de prisión
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-02

Si se ofrecen títulos emitidos por el Estado para satisfacer la caución real, debe atenderse a su valor real, y no al nominal.
Derecho procesal, costas, costas en el orden causado en ambas instancias
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: "Kayne S.A. (TF) 24.897-I) c/ D.G.I.".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-03-09

Las costas de ambas instancias se imponen por su orden, en atención a la complejidad de la cuestión debatida, a la disparidad de criterios sobre los puntos analizados y a la existencia de precedentes que resuelven el punto de manera distinta (Cons. XI).
Amparo por mora, demanda, reclamo administrativo previo, actuaciones administrativas, paralización del expediente
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ASTILLEROS CORRIENTES  S.A.I.C. c/ YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES  Y.P.F. s/ AMPARO POR MORA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-09-10

En principio, frente a la tardanza de la administración en expedirse, el administrado puede optar entre requerir en sede administrativa o en sede judicial una decisión expresa conforme a los arts. 10 y 28 de la ley 19549, sin estar obligado a hacerlo por la primera vía. Pero ello no es así en esa situación excepcional en que surge por parte de la actora un tácito consentimiento con la paralización de un trámite concerniente a su exclusivo interés (art.

4, D. 1759/72).

(En el caso, la actora había formulado una petición en sede administrativa y luego permaneció inactiva por más de 7 años).
Pago, depósito judicial
Materia: CIVIL
Carátula: VICENTE ROBLES S.A.M.C.I.C.I.F. c/ M.C.B.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-03-05

El efectivo pago se produce, no con el depósito en el expediente de la suma respectiva, sino cuando el acreedor pudo razonablemente y actuando con la debida diligencia retirar los fondos depositados (conf. C.N.Civ. Sala E, c. 16.775 del 16-8-85 y c. 17.642 del 30-9 85)
Falta de mérito, sentencia definitiva, cosa juzgada
Materia: PROCESAL
Carátula: Baez Virginia por sí y por sus hijos menores c/ Expreso Singer S.A.T s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-08-10

La falta de mérito decretada por el juez penal no puede ser equiparado a una sentencia definitiva absolutoria, ni siquiera a un sobreseimiento en el que se haya juzgado la conducta es sede penal, y por ende no es susceptible de considerarse que sus alcances, hacen cosa juzgada en sede laboral.
Recurso extraordinario, Superior Tribunal de Justicia
Materia: PROCESAL
Carátula: Acción Chaqueña s/ oficialización lista de candidatos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-29

Las decisiones que son aptas para ser resueltas por la vía del art. 14 de la ley 48 no pueden ser excluidas del previo juzgamiento por el órgano judicial superior de la Provincia, por lo que todo aquel que desee utilizar la citada vía extraordinaria deberá, como ineludible requisito previo, expresar sus agravios federales ante el Superior Tribunal de la Provincia y en caso de existir obstáculos procesales locales para dicho planteo, deberá impugnar su constitucionalidad ante dicho tribunal.
Excepciones procesales, falta de legitimación para obrar
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BALBIANO MARIA CRISTINA c/ QUIROGA ANDRES HORACIO Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-05-13

La sentencia recurrida confirma la decisión del inferior,que desestima la acción entablada -de daños y perjuicios-,por no haber legitimado la actora,su accionar probando debidamente con el documento idóneo el vínculo. Siendo facultad y deber del sentenciante suplir el derecho a silenciado de no interponer formalmente la excepción del artículo 333 inciso l del Código Procesal Civil y Comercial,pero si negar la calidad de hija legítima que la actora no probó,se considera que la negativa,constituye una defensa de fondo que debe ser tratada por el magistrado por incidir sobre la eficacia de la administración de justicia,y no está entre las facultades del magistrado atribuirle al actor una calidad que no le compete,circunstancia que aquel y debe considerarla de oficio.
Locación de cosas, juicio de desalojo, reconvención
Materia: CIVIL
Carátula: AZAR c/ TREVISSAN s/ DESALOJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-09

Debe admitirse, en principio, la viabilidad de la reconvención en los procesos de desalojo que se desarrollan por las reglas del procedimiento sumario (arts. 487 y 679 del Código Procesal), teniendo en cuenta que ya no rige la norma del art. 41 de la ley 21 342.-