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Cosa juzgada administrativa, competencia previsional
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Iparraguirre, Irma María Luisa Bailat de c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (expte CSJ  Nº 128-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-04-13

En materia previsional, la firmeza de los pronunciamientos desfavorables al beneficiario (cosa juzgada administrativa) no debe ser tan estricta, ya que lo que importa es el reconocimiento exacto de los derechos declarados por las leyes, pero aquel derecho consentido en su denegación y vuelto a reclamar, lo es "sin proyecciones retroactivas".
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Pasquini, Eduardo Alberto. c/ Marhum, Augusto. s/ Despido. Buscaglia, Aroldo René. c/ Balacani muebles S.A.C.I.F. s/ Certificado de trabajo. Lazzaro de Rios, Luján c/ Bochman, Alberto s/ Sueldos impos y aguinaldos Artola de Galli, Martha Elva c/ Consorcio de Propietarios Edificio Necochea s/ Indemnización por despido y otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-02-25|1986-06-12|1986-07-29|1994-04-05

A los jueces de grado en principio les corresponde la determinación de si media o no relación de subordinación exigible en todo vínculo laboral y su decisión es irreversible en la instancia extraordinaria salvo la existencia de absurdo.
Seguros, siniestro, denuncia del siniestro, plazo, asegurado, asegurador
Materia: COMERCIAL
Carátula: GARCIA, FRANCISCO c/ PROVINCIA SEGUROS SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-06-11

La ley 17418 art. 46 consagra una carga -positiva/negativa- en el sentido de que el asegurado debe permitirle al asegurador efectuar todas las indagaciones y no obstaculizar las comprobaciones necesarias vinculadas con las causas del siniestro y la magnitud del daño -para estimar posibles fraudes-. Como contrapartida de la carga de información y el deber de colaboración del asegurado, la aseguradora tiene obligación de proceder con toda rapidez y dentro de los plazos provistos por la ley y la póliza. En tal sentido, la mentada ley estableció un sistema coherente de cargas y obligaciones que persigue los objetivos de agilidad y rapidez en el cumplimiento del contrato de seguro, prescribiendo cargas para el asegurado y el asegurador, regulando con precisión las obligaciones de pago de uno y otro y, congruentemente, estableció severas sanciones para el incumplimiento de tales cargas, fijando los efectos del incumplimiento de sus asignaciones. Una vez denunciado el siniestro, el asegurador debe pronunciarse sobre el derecho del asegurado en un plazo cuyo computo solo puede interrumpirse mediante el requerimiento de la información complementaria que sea razonable; en su defecto, tiene la obligación inexcusable de pronunciarse sobre el derecho del asegurado dentro del plazo legal y, sino lo hace, su omisión constituye reconocimiento implícito de la garantía, a la vez que impedimento para invocar defensas y obtener la liberación de su obligación de indemnizar.
Honorarios del abogado, mora
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Jurado Rodolfo Juan c/ Nestares Mónica Analía y otro s/ Ejecución de honorarios.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-19

Tratándose del cobro de honorarios regulados judicialmente, los intereses moratorios no pueden ser liquidados sino a partir de la mora del deudor, es decir desde que se verificó, con relevancia jurídica, la renuncia del obligado al cumplimiento de la obligación exigible (arts. 508, 509, 621, Código Civil; 54 dec. ley 8904/77).

No existiendo en la especie causa fuente alguna -ni legal ni convencional- que autorice a reputar dichos accesorios devengados a partir de la fecha de la providencia regulatoria (arts. 621,622 del Código Civil), los mismos deben liquidarse desde que operó la "mora debitoris" del demandado.
Causales subjetivas de divorcio, adulterio, irretroactividad de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: N. N. #INSTANCIA: C #TIPO_TRIBUNAL: CM c/ N. N. s/ Divorcio Vincular - Conexidad con Exp. 16.220
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-08-24

De las constancias obrantes en autos surge que es convocada la intervención de este Tribunal a consecuencia del dictado de la sentencia de divorcio de fecha 09 de octubre de 2.013 que decreta el divorcio vincular por la causal subjetiva de adulterio, injurias graves y abandono voluntario y malicioso del hogar atribuible al esposo.

Dicho pronunciamiento no ha adquirido firmeza en cuanto fue apelado por el Sr. N. N., de modo tal que encontrándose los presentes autos en esta instancia para resolver esta apelación, sobreviene a partir del 1 de de agosto del 2015 la vigencia del nuevo Código Civil y Comercial aprobado por Ley 26.994.

A partir de ello constituye una cuestión liminar determinar si es aplicable a este proceso el nuevo Código o si por el contrario la cuestión ha de resolverse por la normativa hoy derogada (Ley 360).

A fin de dar una respuesta concreta al interrogante planteado corresponde analizar el contenido normativo del artículo 7 de la Ley 26.994 que encuentra su correlato, con alguna variante, en el viejo artículo 3 del Código Civil Argentino.

Así el artículo 7 dispone: "A partir de su entrada en vigencia las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes.

Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales.

Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo".

"Conforme el criterio reseñado sólo puede hablarse válidamente de derechos amparados por garantías constitucionales recién cuando la sentencia adquiere firmeza. En consecuencia resultan plenamente aplicables a estos autos las disposiciones contenidas por la ley 26.994".
Divorcio contradictorio, separación personal, injurias graves, separación de hecho, derechos de la mujer, reconocimiento de derechos civiles y políticos, deberes de los cónyuges, pertenencia a un movimiento feminista, declaraciones a favor del aborto
Materia: CIVIL
Carátula: K., E. V. c/ O., M. E. s/ Divorcio vincular
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-09

Debe reputarse injuriosa la actitud de la cónyuge que perteneciendo a un movimiento feminista aparece en una revista de gran circulación portando carteles que dicen "No a la maternidad, sí al placer", "Aborto libre", "Nosotras parimos, nosotras decidimos", pues tales expresiones importan un menoscabo hacia el otro cónyuge por lesionar las bases éticas sobre las que se asienta la institución matrimonial.

Una cosa es propiciar el reconocimiento de los derechos de la mujer en igualdad frente al hombre, bregar porque no se la discrimine en cuanto al acceso al pleno ejercicio de las libertades y los roles públicos y aún protestar por lo que se considere la negación de esas aspiraciones, en razón de costumbres inherentes al desenvolvimiento de los menesteres familiares de las mujeres, pero otra distinta es llegar a demostrar la maternidad, sobre la única base del placer y pretender que el aborto no tenga otro límite que la propia decisión.

Concepciones de este género son embates directos contra la esencia misma del matrimonio, y los deberes que el respectivo vínculo impone. Cualesquiera sean las concepciones ideológicas, religiosas o filosóficas que se profesen, no es dable negar que según la moral predominante, en la que asienta nuestra civilización, el matrimonio es la institución fundante de la familia, célula a su vez de la sociedad. Por ende, más allá del modo que, en concreto, los cónyuges administren sus posibilidades de procrear, lo que atañe a la esfera de su responsabilidad, no puede uno de ellos manifestar públicamente su descreimiento del noble y profundo valor de la maternidad y del derecho a la vida de la prole.

No es factor impeditivo para la configuración de la injuria el hecho de que los esposos estuvieran separados de hecho al tiempo de la publicidad de las opiniones. El estado civil de casados les impone el deber de respetarse mutuamente en orden y con razón en el vínculo jurídico que los une. Y con un rigor acentuado, caracterizado por la sanción especial de que las injurias graves son causal para pedir la declaración judicial de separación personal (art. 202, inc. 4 del Código Civil) o el divorcio (art. 214 del código citado). Deber que subsiste, con esas consecuencias hasta la disolución del matrimonio, máxime si la actividad feminista de la cónyuge con aquellas particularidades, fue factor de la desunión de las partes.
Prescripción, pensiones, otorgamiento de premios, aplicación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: JUAREZ, LIDIA BEATRIZ c/ ESTADO NACIONAL (MINISTERIO DE TRABAJO) s/ COBRO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-03-30

Las pensiones instituidas por las leyes 16.516 y 20.733 no están sujetas a las prescripciones cortas de la ley 18.037 sino a la establecida por el art. 4027 del Código Civil.
Sentencia, exceso ritual manifiesto
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: LOPEZ DE MACIA c/ BANCO DE PREVISION SOCIAL s/ Ejec - Honorarios (LIBRO: A067 - 073)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1990-04-18

La fotocopia de la sentencia no certificada por el Secretario del Tribunal, no puede ser considerada como nula, porque dicha pretensión aparece como excesivamente formalista
Control de legalidad, acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: A., R.M. Registro Notarial n° -- s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-03-07

"El órgano judicial que debe efectuar el control de legalidad de un acto administrativo, tiene que desentrañar los motivos y los hechos que le sirvieron de origen, valorando objetivamente los antecedentes que se encuentran en la causa y fueron la motivación de su dictado, para resolver si corresponde o no la modificación de la decisión dictada...".
Recurso de inconstitucionalidad, procedencia del recurso, Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia, jurisprudencia aplicable, accidentes de trabajo, indemnización, aplicación de la ley, ley vigente, gran invalidez
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GALLARDO, PAULINO c/ LA CAJA ART S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-12-10

No obstante los argumentos expuestos para controvertir lo decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en "Espósito", teniendo presente que cuando la Sala que integro en forma unánime aplicaba la ley 26773 a contingencias acaecidas con anterioridad a su sanción pero todavía pendientes de pago, lo hacía invariablemente a pedido de parte y siempre y cuando se formulara en la primera actuación que tuviera el peticionante en el juicio una vez sancionada la misma, aun sin desconocer la posibilidad de declarar de oficio la inconstitucionalidad de una ley, un decreto o alguno/s de sus artículos en atención a la excepcionalidad de la situación -en alguna medida asimilable a la abordada en los presentes, porque variando los términos de la litis y sin petición del afectado, lo decidido por la Sala respecto de la aplicación de esta ley, se basó en considerar su incapacidad como gran invalidez-; corresponde, aunque por otros motivos, acompañar el primer voto y declarar procedente el recurso interpuesto y anular la sentencia impugnada. (Del voto de la Dra. Aseff) - CITAS: CSJN: Espósito, Fallos 339:781. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 26773. - Jurisprudencia vinculada: Gatti, AyS T 294, p 422/429, sumario J0045594.
Ejecución de sentencia, competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: PICASSO, ALFREDO BARTOLOME c/ ESTADO NACIONAL (MINISTERIO DE JUSTICIA) s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-09

La competencia atribuida por el art. 501 del Cód. Proc. al Juez que dictó la sentencia para entender en la ejecución de la misma no es extensible a las cuestiones que se susciten entre los co - obligados de una misma parte; es decir, sólo está facultado para conocer en la ejecución de la condena que surja de la sentencia o en las cuestiones de honorarios regulados en concepto de costas.
Recurso extraordinario, interposición del recurso, indemnización, contrato de trabajo, incapacidad
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - LABORAL
Carátula: MIGUEL ANGEL STINGO c/ FIRESTONE DE ARGENTIAN S.A. s/ RECURSO  EXTRAORDINARIO-  CONTRATO  DE  TRABAJO- INCAPACIDAD LABORAL-  INDEMNIZACION- RIESGO- VICIO DE LA COSA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-10-03

Es improcedente el recurso extraordinario deducido contra el fallo que rechazó los reclamos indemnizatorios por incapacidad laboral derivada de la prestación de servicios para la demandada.

Ello es así, pues a fin de fundamentar la apelación del art. 14 de la ley 48, resulta insuficiente la sola formulación de un criterio jurídico diverso del sostenido por el juzgador, pues se requiere también la refutación del seguido por éste, mediante la crítica de todos y cada uno de sus motivos y en el caso no se encuentra observada dicha carga, toda vez que la recurrente soslaya decisivas razones de pronunciamiento, tales como las basadas en la otitis sufrida por esa parte -en lo atinente a la insuficiencia auditiva- y en los términos de la demanda y discordancia de los testigos -en relación con la afección de la columna vertebral-.
Jubilación por invalidez, examen preocupacional, falta de examen preocupacional
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: LOPEZ, Miguel Angel s/ Recurso de Apelación contra Resolución Nro. 998-94 del ISSyS
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1994-11-02

..."la ausencia de examen preocupacional no puede importar una presunción desfavorable para el agente, ya que la omisión es atribuible a la absoluta responsabilidad de la Administración, si se debía a causas ajenas a la voluntad de aquel. Si el Estado ingresó al agente sin someterlo a la revisación médica previa, no puede luego valerse de su propia omisión para presumir la incapacidad preexistente y en virtud de ello denegar el beneficio previsional".
Concurso preventivo, quiebra, conversión de la quiebra
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Martínez Graciela s/ Pedido de Quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-12-01

Habiéndose decretado la quiebra a pedido del propio deudor, y siendo que el pedido de conversión a concurso preventivo implica necesariamente el desistimiento de aquélla, debe armonizarse el art.

90 de la ley concursal con lo que dispone el art. 87 del mismo ordenamiento legal. (Minoría u opinión personal)
Adicionales de remuneración, policía federal
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Eitor, Eduardo Alberto c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal s/ Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-12-20

No hacer lugar al reclamo del accionante, que entiende que del carácter salarial de los rubros en cuestión (suplementos creados por el Dec. 2744/93) se deriva su naturaleza remunerativa y bonificable, conduciría a violentar la volunta del legislador expresada en el art. 75, segundo párrafo, de la ley 21.965, que según ha interpretado el Alto Tribunal en el caso "Lalia" (Fallos 326:928), significa que cualquier asignación que se otorgue al personal policial con carácter general, debe incluirse en el rubro "haber". La solución propuesta no conduce a un desequilibrio patrimonial entre activos y pasivos, habida cuenta que concuerda con la posición asumida prácticamente por unanimidad por la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal respecto al personal en actividad (cfr. Sala I, "Leguizamón de Ramírez, María Elena"; Sala II, "Noceda, Martín Ariel"; Sala III, "Natale, Alicia Mónica y otros"; Sala IV, "Figueras, Fabián Alfredo" y Sala V, "Baldonedo, Manuel y otros").
Deserción del recurso, recurso de apelación (procesal), falta de fundamentación
Materia: COMERCIAL
Carátula: Banco De La Provincia De Buenos Aires c/ Contreras Valeria Noemí s/ Cobro Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-12-17

Debe declararse desierto el recurso de apelación en subsidio, pues el recurrente no cumplió con los recaudos establecidos por el art. 260 del CPCC, limitándose a manifestar su disconformidad con lo resuelto por el a quo indicando que la obligación que se ejecuta en el presente proceso, no encuadra en operaciones financieras para consumo dada la naturaleza de la cuenta mercantil y el carácter de monotributista de la ejecutada, pero sin precisar los motivos que fundan tales aseveraciones ni indicar cuál es el error en el razonamiento del a quo.
Jubilaciones, recursos, caja otorgante, docentes
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Schaidenfisch de Florentín, Olga Raquel. s/ Recurso de Apelación.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1998-12-22

Ante la existencia de una normativa que reconoce el servicio prestado en otra caja (Dto.9316/46), que se armoniza con la Ley 24049 de Educación que autoriza al Poder Ejecutivo a transferir a las Provincias los servicios educativos -art. 10-, el personal que no reúna los requisitos exigidos en la jurisdicción receptora podrá continuar efectuando aportes al sistema nacional de previsión, en cuyo caso las respectivas jurisdicciones provinciales efectuarán las correspondientes contribuciones y actuarán como agentes de retención de tales aportes.
Contrato de trabajo, pérdida de confianza, multa, obligaciones del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: SOSA, VICTOR MARTIN - EXPTE. Nro. 36808 - c/ BELICE S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2007-07-26

La pérdida de confianza como valor subjetivo que justifica la ruptura de la relación, debe necesariamente derivar de un hecho de por sí injuriante, y no de una mera hipótesis o inferencia fundada en suposiciones, es decir que, si las expectativas acerca de una conducta leal acorde con el deber de fidelidad creadas con el devenir del vínculo se ven frustradas a raíz de un suceso que lleva a la convicción de que el trabajador ya no es confiable se configura una causal de despido.

Tampoco es necesaria la existencia de un gran perjuicio económico sino de un hecho que conculca la expectativa acerca de una conducta leal, pues ya no es confiable, pues cabe esperar la reiteración de conductas similares o manifestar una conducta de ese tipo.

Resulta de aplicación al caso lo dispuesto por el Art. 902 del CC en el ámbito laboral en consonancia con los arts. 62 y 63 de la LCT, confianza y respeto mutuo parecen ser los dos baluartes sobre los que se debe apoyar la relación de trabajo.
Sentencia condenatoria, prueba testimonial, lesiones
Materia: PENAL
Carátula: López, Carlos Eduardo c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-04-23

El voto concurrente destacó que de la lectura de la sentencia condenatoria surge que el temperamento incriminatorio se conformó en base a la prueba que la defensa tuvo la oportunidad de controlar, que el a quo ponderó principalmente la denuncia, la declaración testimonial de los testigos que concurrieron al debate, y del médico del Servicio Penitenciario en cuanto descartó que por el tipo de lesiones, pudieran haber sido auto-provocadas. (Dres. Gemignani, Borinsky, Hornos -voto concurrente-).
Daños y perjuicios, demanda, determinación del monto, deberes y facultades del juez
Materia: CIVIL
Carátula: CASTAÑO RUBEN MARCELO c/ PROVINCIA DE SANTIAGO EL ESTERO Y/U OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2014-06-25

Un tribunal de apelación no puede modificar la suma reclamada por el rubro valor vida, si no existen elementos probatorios incorporados al proceso que permitan variar aquella inicialmente reclamada, puesto que en ello se basa la flexibilidad del aditamento empleado: lo que en más o en menos.
Hecho imponible, contrato de publicidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. c/ Municipalidad de General Pueyrredón s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-02-15

La finalidad de las normas municipales cuya aplicación al caso se cuestiona en autos consiste en gravar toda publicidad que, excediendo la relativa a la individualización de las mercaderías que se expenden en el interior de los locales o establecimientos, se realiza en la vía pública o trasciende a ésta, supuesto que se configura en el caso en tanto la difusión trasciende el ámbito del espacio público. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Proceso penal, prisión preventiva, excarcelación, principio de contradicción, sistema acusatorio, cuestiones procesales, faltas relacionadas con la higiene y la salud, Procuración Penitenciaria, dictamen fiscal
Materia: PENAL
Carátula: CHUECO, Jorge Oscar s/recurso de casación c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-09

Corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa, anular la resolución impugnada y reenviar las actuaciones al tribunal a quo para que dicte un nuevo pronunciamiento, pues se advierte que la medida cautelar fue impuesta por el tribunal en exceso de la pretensión del representante del Ministerio Público Fiscal, ante la solicitud subsidiaria de morigeración de la prisión preventiva formulada por la defensa. El fiscal de grado emitió una opinión que posee el suficiente anclaje jurídico-legal para ser considerada razonable y fundada al tiempo que fue posteriormente validada por su par ante esta instancia. Si bien los magistrados sostuvieron otros argumentos que, a su entender, justificaban la persistencia de la prisión preventiva, cierto es que no expusieron la ilogicidad o invalidez del dictamen efectuado por el acusador público. En efecto, no descalificaron las medidas por él propuestas ante el pedido efectuado por la defensa, ni demostraron su ineficacia para asegurar los fines del proceso, en contra del análisis asumido por el titular de la acción pública. El órgano jurisdiccional debía contemplar dicha pretensión, lo que responde a la necesidad no solo de garantizar las posibilidades de contradicción y defensa, sino también de respetar la distribución de roles entre los diferentes participantes en el proceso penal, incluso la de los acusadores particulares -a quienes ni siquiera les habría corrido vista de la pretensión defensista-, y, más concretamente, entre el órgano de enjuiciamiento y el Ministerio Fiscal; de lo contrario se podría llegar a comprometer su parcialidad, asumiendo funciones acusatorias que no le corresponden. El voto concurrente, remarcó que correspondía hacer lugar a la pretensión de la defensa, toda vez que en el caso no se verificó controversia entre lo solicitado por la asistencia técnica y lo dictaminado fundadamente por el Ministerio Público Fiscal respecto a la procedencia de la morigeración de la prisión preventiva dispuesta en los términos del art. 210 del C.P.P.F. La ausencia de contradictorio entre la defensa y el dictamen fundado del representante del Ministerio Público Fiscal impide la convalidación del fallo impugnado, sin perjuicio de la debida intervención de todos los acusadores facultados para solicitar al juez medidas de coerción (entre los que se encuentra la querella particular, conf. art. 210 C.P.P.F.). Dres. Carbajo y Borinsky -voto concurrente-.