Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2004-03-23


SENTENCIA NUMERO: ONCE En la ciudad de Córdoba, a los veintitrés días del mes de marzo del año dos mil cuatro, siendo día y hora de Audiencia, se reúnen en Acuerdo Público los integrantes de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Justicia, doctores Luis Enrique Rubio, Hugo Alfredo Lafranconi y Domingo Juan Sesín, bajo la presidencia del primero de los nombrados, a fin de dictar sentencia en estos autos: "GUZMAN ENRIQUE C/ BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA DDA REC. DIRECTO" a raíz del recurso concedido a la parte demandada en contra de la sentencia N° 46/2000, dictada por la Cámara del Trabajo, Río Cuarto Secretaría N° 2 , cuya copia obra a fs. 124 /130 vta., en la que se resolvió: Primero: Hacer Lugar parcialmente a la demanda incoada por Enrique Guzmán en contra del Banco de la Provincia de Córdoba, y en su consecuencia condenar a este último a abonar al actor la suma de pesos veintidós mil trescientos cuatro... en concepto de capital con más los pertinentes intereses los que se computaran... Costas a cargo de la parte vencida... Segundo: Regular los honorarios profesionales de los letrados intervinientes... Oportunamente se fijaron las siguientes cuestiones a resolver:

PRIMERA CUESTION: ¿Es procedente el recurso de la parte demandada? SEGUNDA CUESTION: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? Practicado el sorteo de ley resultó que los señores Vocales emitieron su voto en el siguiente orden: doctores Hugo Alfredo Lafranconi, Luis Enrique Rubio y Domingo Juan Sesín.

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA El señor vocal doctor Hugo Alfredo Lafranconi, dijo:

1. La demandada denuncia inobservancia de la ley 8.575 y su decreto reglamentario n° 2.790/97. Señalan los impugnantes acudiendo a cita jurisprudencial, que la mencionada normativa facultó a su representada a elevar al PE solicitudes de traslado de personal. Que éste decidió la transferencia respectiva y la correlativa designación en otra dependencia y que esta medida no constituye injuria laboral, más allá del silencio epistolar del demandado, pues se trata de un acto emanado en consecuencia de leyes cuya constitucionalidad no fue cuestionada.

Agregan que la ley 8.472/95, que declaró en emergencia al sector público provincial, comprende al Banco demandado. Asimismo la ley 8.482/95 facultaba a reducir la jornada laboral y las remuneraciones del personal de las entidades comprendidas. Entienden que este marco normativo fue obviado por el Tribunal, el que tampoco analizó el decreto de designación de la actora en la Administración central.

2. Esta Sala admitió la queja, concediendo el recurso de casación toda vez que los presentantes lograron enervar los argumentos dados en la denegatoria. Sin embargo en esta etapa en la que el Tribunal ejerce su más plena jurisdicción se impone declarar improcedente el recurso. Se elabora el agravio desvinculado de los argumentos que sustentan la decisión del Tribunal. Así, lo que ahora señalan como un error jurídico de la Sentenciante respecto de las leyes de emergencia, constituye una afirmación ineficaz para conmover el resultado del pleito. Ello porque la mera referencia a que el mantenimiento de los puestos de trabajo resultaba imposible frente a la reestructuración dispuesta por las leyes de reorganización y emergencia provincial no es adecuado para rebatir que la concreta situación del actor fue afectada por la medida dispuesta, pues se lo colocó en una arbitraria disponibilidad laboral no acordada ni consentida por el mismo, sumado al injustificado silencio de la empleadora a las intimaciones de reintegro a labores habituales o de designación del nuevo lugar de prestación de servicios, todo durante un lapso prolongado (tres meses). Por otra parte su discurso soslaya la afirmación de la Juzgadora relativa a que no se probó que el actor fuera designado en la Administración Central, circunstancia que deviene relevante a los fines de descalificar el agravio invocado en tanto éste finca en la falta de perjuicio para el trabajador frente al traslado dispuesto. Ante esto, la pretensión del impugnante se reduce a una valoración propia de la postura adoptada en la emergencia, lo cual no es hábil para provocar la revisión jurídica del caso.

Voto, pues, por la negativa.

3. El planteo realizado en el informe relativo a la eventual aplicación de la ley 8.836 no corresponde sea tratado en tanto no fue motivo de impugnación. La vía extraordinaria utilizada sólo habilita a controlar si al tiempo de decidir existió error de derecho o vicio de razonamiento. Por ende, esta Sala no incurre en arbitrariedad por omisión de aplicar aquélla si confirma lo resuelto, teniendo en cuenta que la ley entró en vigencia con posterioridad. Las modificaciones legislativas serán un punto a discernir antes de ordenar actos de cumplimiento forzado, resolviéndose entonces la posible confrontación del orden público de la ley y la cosa juzgada acaecida en autos.

El señor vocal doctor Luis Enrique Rubio, dijo:

Considero que el señor vocal preopinante, da la solución correcta a la cuestión planteada. Por tanto, haciendo míos los fundamentos emitidos, me expido en la misma forma.

El señor Vocal doctor Domingo Juan Sesín, dijo:

A mi juicio es adecuada la respuesta que da el señor vocal doctor Lafranconi a la primera cuestión. Por ello, de acuerdo a sus consideraciones, me pronuncio en igual sentido.

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA El señor vocal doctor Hugo Alfredo Lafranconi, dijo:

A mérito de la votación que antecede corresponde rechazar el remedio intentado. Con costas. Los honorarios del Dr. José Cristian Flores serán regulados por la Cámara a quo en un treinta por ciento de la suma que resulte de aplicar la escala media del art. 34, ley 8.226 sobre lo que constituyó materia de discusión (arts. 37; 38 y 104 ib.), debiendo considerarse el art. 25 bis de la citada ley.

El señor vocal doctor Luis Enrique Rubio, dijo:

Es correcta la respuesta dada en el voto que antecede y me expido en la misma forma.

El señor Vocal doctor Domingo Juan Sesín, dijo:

Comparto la solución a que arriba el señor vocal doctor Lafranconi, por lo que me pronuncio en igual sentido.

Por el resultado de la votación que antecede, previo Acuerdo, el Tribunal Superior de Justicia, por intermedio de la Sala Laboral, R E S U E L V E:I. Rechazar el recurso de Casación interpuesto por la parte demandada. Con costas. II. Disponer que los honorarios del Dr. José Cristian Flores sean regulados por la Cámara a quo en un treinta por ciento de la suma que resulte de aplicar la escala media del art. 34, ley 8.226 sobre lo que constituyó materia de discusión. Deberá considerarse el art. 25 bis de la citada ley. III. Protocolícese y bajen.Con lo que terminó el acto que previa lectura y ratificación de su contenido, firman el señor Presidente y los señores Vocales, todo por ante mí, de lo que doy fe.