marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia no firme, alternativas a la prisión, prisión domiciliaria
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: P., J. D. c/  s/ abuso sexual agravado por el vínculo y abuso sexual doblemente agravado por acceso carnal y el vínculo-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-02-14

El pronunciamiento atacado -en cuanto dispone morigerar la medida cautelar impuesta al justiciable, fijando el cumplimiento domiciliario de la prisión- en modo alguno reúne el requisito del artículo 1 de la ley 7055, pues no constituye sentencia definitiva ni auto que ponga fin al pleito o impida su continuación, resultando un decisorio esencialmente revisable y modificable; y si bien esta Corte ha reconocido excepción a tal regla cuando lo resuelto pudiere provocar un gravamen de insuficiente, imposible o tardía reparación ulterior, es de ver que en el sub judice las postulaciones contenidas en el escrito introductorio del recurso de inconstitucionalidad y en el recurso directo en tal sentido -las que se circunscriben a la genérica alegación de afectación a la seguridad jurídica, el principio de legalidad y el debido proceso- carecen de suficiencia a los fines de siquiera esbozar la concurrencia en la especie de un gravamen de la entidad requerida para superar el mencionado recaudo. - CITAS: CSJN: Fallos 314:377; 316: 1943 y 2063; CSJStaFe: AyS T 100, p 453; T 110, p 83; T 129, p 382. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 7055, artículo 1
Relación de dependencia, prueba, carga de la prueba
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Gentile Juan Carlos. c/ Jorge Alvarez. s/ Laboral.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1991-11-05

La carga de la prueba recae centralmente en el actor en el caso en que el demandado niega expresa y categóricamente los hechos invocados por éste, pero si el demandado a su vez realiza aporte probatorio, está contribuyendo altamente al esclarecimiento de los hechos y obviamente en su propio beneficio y así se advierte la importancia que pudo tener la producción de las pruebas informativas y testimoniales ofrecidas por su parte, máxime cuando hay elementos en autos que no parecen beneficiar al demandado por no coincidir con sus propias afirmaciones o no responder adecuadamente a un razonamiento lógico.
Estupefacientes, excarcelación, denegatoria del beneficio
Materia: PENAL
Carátula: Lucero González, Daniel s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-11-13

Es inadmisible el recurso de casación interpuesto contra la denegatoria de excarcelación por considerar que existe fundada presunción de que el imputado, en caso de serle concedido el beneficio, habrá de entorpecer la investigación y/o fugarse, ya que la gran cantidad de estupefacientes que transportaba (más de 200 kg de marihuana), la manera en que dicha sustancia había sido acondicionada y las circunstancias de su hallazgo, denotan la fundada posibilidad de la existencia de una organización a gran escala, y teniendo en cuenta, asimismo las condiciones personales del imputado, que se garantizó la doble instancia con pronunciamientos concordantes del instructor y la cámara, sin haya demostrado la existencia de cuestión federal alguna.
Nulidad de sentencia, fundamentación de sentencias
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: COMFYE SRL  c/ Ituarte Jorge Luis  s/ nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2023-02-09

El hecho de haber copiado lo resuelto por otro Tribunal no es considerado que sea motivo de nulidad de la sentencia por falta de fundamentación, dado que es una herramienta que suelen utilizar los jueces para darle fuerza jurisprudencial a ciertos fundamentos, más aún teniendo en cuenta que la cita que invoca pertenece a un Tribunal superior del mismo fuero y jurisdicción.
Procedimiento administrativo, caducidad de instancia
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Rapaccioli, Rosa Margarita s/ Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1990-08-13

Conforme al art. 62 de la Ley 1.005 (Contencioso Administrativo), la perención de instancia opera ipso jure por el solo transcurso del término, cualquiera sea el estado de la causa, salvo si se encontrare en estado de dictar sentencia definitiva, situación que no se da en autos.
Acto administrativo, presunción de legitimidad, acción de amparo, oportunidad procesal, plazo legal, vencimiento del plazo
Materia: PROCESAL
Carátula: Alvarez, María Cristina Contreras de c/ Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología s/ Amparo Tula, Sara Edith c/ Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología s/ Amparo Vázquez, Elizabeth del Valle y otros c/ Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2004-03-29|2004-04-12|2004-04-14

Todo justiciable que pretenda cuestionar mediante una acción de amparo un acto administrativo que goza de presunción de legitimidad y ejecutoriedad, debe hacerlo en el plazo breve y razonable establecido en la ley 4642 en su art. 2 inc.e, pues de lo contrario se pone de manifiesto la inexistencia de una urgencia objetiva que autorice la viabilidad excepcional de la acción , dotada de un procedimiento sumarísimo y precisamente con plazos reducidos para toda la actividad jurisdiccional. Tal el caso de autos donde el interesado interpuso la acción casi un mes y medio después de la notificación del acto que reputa lesivo, por lo que deviene improcedente.
Proceso penal, imputado, prisión preventiva, prórroga del plazo, leyes
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: O., J. s/ Cese de prisión (Expte Nº 163-01, Resolución Nº  98, Tomo 6, Folio  342)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-10-05

Si bien a la fecha, el imputado ha superado en prisión preventiva el período de dos años, se verifica que -en indudable aplicación de las discutidas disposiciones de la ley 24.390- en primera instancia se dispuso la prórroga por un año de tal prisión preventiva, enrolándose semejante arbitrio bajo las disposiciones del artículo 1 de la citada ley. En cuestionamiento de la validez de tal prórroga se ha argüido que la misma se dispuso cuando ya habían transcurrido los dos años inicialmente tolerados por la ley, mas, aunque ello es cierto (se habían superado en dos días), no menos lo es que cuando se ordenó la prórroga el imputado estaba aún constituido en prisión preventiva por no haber cesado la misma, de lo que resulta que no hubo un cese y una reimplantación de aprisionamiento, sino simplemente una prórroga en el sentido literal de la palabra. Para no objetarse de excesivamente formalista la conclusión antes enunciada, ha de tenerse en cuenta que la ley 24.390 en ningún momento establece una cesación automática de la prisión preventiva por el mero transcurso del tiempo, como para sostenerse que en el caso y ante el cumplimiento de los dos años el imputado debía ser liberado de pleno derecho, sino que todo lo que hace es establecer un plazo ordenatorio, condicionado al cumplimiento de otros recaudos, con la finalidad de evitar alongamientos insoportables de prisiones preventivas, algo que en el caso se está satisfaciendo.
Recurso extraordinario de nulidad, aclaratoria (procesal)
Materia: LABORAL
Carátula: Soria, Julio. c/ Giudice, Pablo. s/ Despido.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-12-27

No corresponde que la Suprema Corte se expida sobre temas no decididos por los jueces de grado y cuyo remedio pudo lograrse por vía de aclaratoria, que omitió formular.
Recurso de queja (procesal), exención de depósito
Materia: PROCESAL-CONTRAVENCIONAL
Carátula: Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Contravencional Nro. 6- s/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad denegado en: "Oniszczuk, Carlos Alberto y Márquez, Sandra Rosana s/ Ley 255 - Apelación" Contravencional Nro. 6- s/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad denegado en: "Oniszczuk, Carlos Alberto y Márquez, Sandra Rosana s/ Ley 255 - Apelación"
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-07-16

En este proceso, la designación de la Sra. Defensora Oficial nro. 6 como abogado defensor del imputado se fundó en el tiempo transcurrido sin que el nombrado designara un abogado defensor de la matrícula [fs. 104] y no en una situación de imposibilidad económica. El imputado tomó intervención en el proceso y no invocó impedimentos económicos ni requirió la concesión de un beneficio de litigar sin gastos. El hecho que el nombrado utilice los recursos que la Ciudad proporciona para la defensa de los imputados en causas contravencionales no implica, necesariamente, que pueda invocar la exención establecida a favor del Ministerio Público; pues de ser tal la interpretación de la norma, convendría a todo imputado cobijarse en la defensa de oficio para evitar tener que hacer frente a las costas del proceso; aún cuando pudiera contar con medios para satisfacerlas. (Del voto de la Dra. Conde).
Simulación, daño, interés legítimo
Materia: CIVIL
Carátula: Sausa, Raúl Osvaldo c/ Arriaga, Darío Alberto y otro s/ Nulidad por simulación
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2012-04-27

Quien deduce la acción debe ser titular de un derecho subjetivo o un interés legítimo amenazado por el negocio simulado, que pruebe la existencia del daño que la incertidumbre del estado de cosas le provoca en el demandante, y ese daño debe ser actual, lo cual es consecuencia del carácter conservatorio de la acción de simulación, que puede ser intentada por quien tenga un interés legítimo en establecer la verdadera situación patrimonial del demandado; tal el supuesto de un acreedor, ya sea condicional, a plazo, o litigioso.
Poder Legislativo, legisladores, privilegios parlamentarios
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: M., E. J. s/ Queralla  por  Injurias,  Rec. de Inconstitucionalidad EXP. N. 260-89
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-08-01

Los privilegios parlamentarios son un conjunto de inmunidades y prerrogativas inherentes al cargo del miembro del Congreso.
Daños y perjuicios, legitimación activa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: S.,J.B. c/ S.,R.J.y otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-05-21

El art. 1079 del C. Civil concede la indemnización a toda persona que ha sufrido un perjuicio como consecuencia de un acto ilícito, pero ese perjuicio para ser indemnizable debe ser jurídico, y éste existe cuando han sido afectados sus derechos provenientes de la ley o de un contrato, o cuando el acto ilícito ha impedido la adquisición inmediata de un derecho.
Daños y perjuicios, indemnización por muerte, valor vida
Materia: CIVIL
Carátula: FALASCA, Rodolfo Orlando c/ FEMESA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-05

La vida, más allá o más acá de sus posibilidades productivas concretas, posee un valor psicoenergético por sí. En consecuencia, los ingresos económicos no son más que un dato, aunque importante, pero no decisivo, para evaluar ese valor de la vida, que lo tiene en sí mismo. La vida es la fuente de energía desplegada para lograr resultados productivos.
Juicio oral, implementación del proceso oral, producción de la prueba, apreciación de la prueba, prueba prohibida, medios de prueba no previstos
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Morales, Adan Pedro y Otros p.s.a. de Homicidio Culposo s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1999-03-29

El juicio oral instituido en nuestro procedimiento penal determina que toda la prueba se produzca ante los jueces de mérito, quienes de tal modo, en este tipo de procedimiento son los únicos habilitados para efectuar la selección y valoración de la prueba, otorgando a unas mayor poder de convicción que otras, ofreciendo una soberanía en este campo, que solo cede ( recurso de casación), cuando el razonamiento del juzgador aparece viciado en su logicidad o cuando se vale de pruebas ilegítimas u obtenidas por medios no permitidos por la ley.
Daños y perjuicios, monto de la indemnización, facultades del juez, límites del pronunciamiento
Materia: CIVIL
Carátula: Lantier S.A. y Otros c/ Burgwardt y Cía. Soc. Anónima Ind. y Com. y Agro Ganadería s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-09-12

Probado el daño, el monto de la indemnización ha sido deferido por la ley al criterio del juez y conforme los elementos que brinde la causa y a sus propias máximas de experiencia, pero también es cierto que las facultades que confiere al juzgador el artículo 165 del código procesal, deben ser ejercidas con prudencia.
Accidente de tránsito, prioridad de paso
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Rodriguez, Carlos E. y otros c/ Cid de la Paz, Fernando y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-03-01

Dada una colisión en un cruce de calles, la prioridad de paso no releva de verificar las circunstancias integrales del caso, en particular la incidencia de otras reglas del tránsito y de los principios generales de la responsabilidad. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Rendición de cuentas, trámites judiciales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: DELPODIO DE CANAMERO Z. c/ EDUARDO CANAMERO Y OTRO s/ Rendición Cuentas (LIBRO: A075 - 395)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-03-23

Presentadas las cuentas por los demandados en cumplimiento de la sentencia, las mismas son observadas por la contraria.

Correspondía por tanto, proceder de acuerdo a lo preceptuado para los incidentes. En este incidente, lo que debe estar en discusión son las cuentas presentadas por los demandados. En tales condiciones y conforme lo dicho más arriba, lo que correspondía resolver era tener por no rendidas las cuentas a los demndados y mandar que cumpliera con este cometido la actora, pero no tener por aprobadas como tales a la estimación genérica de resultados presentada por ésta al fundamentar su impugnación a las cuentas presentadas por la demandada.-
Jurisdicción y competencia, jurisdicción internacional, transporte internacional, excepción de incompetencia, vacío legal, reenvío
Materia: INTERNACIONAL PRIVADO
Carátula: RESGUARDO CIA DE SEGUROS  S.A. c/ SOCIEDAD URUGUAYA DE TRANSPORTES A FLETE LTDA. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-03-17

Al no establecer el convenio internacional de transporte terrestre la jurisdicción aplicable,cabe recurrir para resolver la excepción opuesta al art.56 del Tratado de Derecho Civil de Montevideo de 1940,del que resulta juez competente el magistrado del país cuya ley se deba aplicar.El citado art.56 reenvía al art.14 del Tratado de Derecho Comercial Terrestre Internacional de 1940 cuyo segundo párrafo dice:"la ley del estado en donde se entrega o debió entregarse la carga al consignatario,rige todo lo concerniente al cumplimiento y a la forma de ejecución de las obligaciones relativas a dicha entrega".
Facultades tributarias provinciales, combustibles, coparticipación de impuestos, Fondo de los Combustibles
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Santiago del Estero, Provincia de c/ ESTADO NACIONAL Y/O YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES s/ ACCION DECLARATIVA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-01

Los gravámenes locales cuyo establecimiento resulta vedado, de acuerdo al régimen de coparticipación del Fondo de los Combustibles (ley 17.597) comprenden toda forma de tributación.
Competencia, concurso preventivo
Materia: PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: SAI. Welbers Ltda. s/ pedido de quiebra por ITATE.  SA .
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-15

A los efectos de la competencia para entender en un concurso preventivo, resulta irrelevante que la sociedad, al momento de su presentación, haya constituido domicilio procesal en la jurisdicción donde inicia el juicio universal.
Prisión preventiva, plazo, excarcelación
Materia: PENAL
Carátula: Barreto S. s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-08-18

Una persona privada de su libertad por más de dos años sin que la prisión preventiva alcance los tres años que provoca el cese de la misma, se encuentra en condiciones -si cumpliese con los requisitos impuestos por la ley- de gozar del beneficio excarcelatorio estipulado por el art. 169 inc. 11 del C.P.P., para cuyo otorgamiento en nada influye la celebración de la audiencia de debate o el acaecimiento del momento procesal que los magistrados interpreten como equiparable a tal audiencia dentro del proceso escrito, toda vez que esto último sólo importa cuando se tiene que analizar lo relativo al cese definitivo de la prisión preventiva.
Honorarios, ley arancelaria
Materia: CIVIL
Carátula: Ferrero, Jorge Omar c/ Leonardo Gómez y otra s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1999-06-15

La responsabilidad impuesta al cliente por el honorario del profesional que lo asistió, no entra en función de garantía en los términos del art. 233 de la ley arancelaria, en tanto, tales honorarios han sido fijados convencionalmente, sin que medie condenación en costas.
Recurso de casación, apreciación de la prueba, absurdo, doctrina de la arbitrariedad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: FEDERICO S.A. c/ LAMI HERNANDEZ JOSE MARIA s/ COBRO DE PESOS - CASACION CIVIL NUÑEZ HECTOR MARCELO c/ AMIN ZULMA FABIANA S/ TENENCIA DEFINITIVA DEL MENOR N.M.E. s/ CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2006-11-20|2008-02-27

Sólo por excepción, se puede mediante la vía casatoria, cuestionar las valoraciones probatorias de los Tribunales de Grado Inferior, cuando se alegue y demuestre la existencia de absurdo o arbitrariedad, que quiebre el principio de logicidad que debe primar, en el proceso de subsunción de los hechos y las pruebas para llegar a la decisión final de la sentencia.-
Quiebra, fuero de atracción, juicio ordinario, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: PVC TECNOCOM SA c/ FARVAL SACIF s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-02-14

Resulta improcedente que el magistrado que entiende en la quiebra de la defendida resista a que se radique en su tribunal un proceso ordinario con base, -como en el caso-, en que se trata de un juicio con sentencia. ello pues, en la regla de la LC: 132 no se efectúa distinción relacionada con el estado del trámite del proceso atraido. Es decir: el sólo hecho de existir sentencia en el juicio del que se trate, no constituye óbice para la operatividad del fuero de atracción. A más, mal podría continuar su trámite el litigio ante el juzgado de origen, cuando la LC veda la prosecución de estas acciones y de los actos de ejecución forzada (LC: 132).
Violación de domicilio, lugar público, hoteles
Materia: PENAL
Carátula: GUIDOBONO, Hugo F.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-10

Teniendo en cuenta el bien jurídico protegido conforme el art. 150, C.P., y toda vez que la imputación esgrimida consiste en haber ingresado a un ámbito que no es privado, ya que siendo un albergue transitorio es de libre acceso al público, no se configuran los elementos que requiere la norma citada.
Homicidio en ocasión de robo, participación criminal
Materia: PENAL
Carátula: Méndez, Graciela Nelly s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-03-17

Es indispensable interpretar la regla del art. 165 C.P. a la luz de toda la normativa que tiende a asegurar la vida y la integridad de las personas en el contexto de un desapoderamiento ilícito. No es difícil advertir así que la aparente mayor "protección" ofrecida por la expansión del marco de imputación del artículo 165 contra los autores del robo, no colabora necesariamente a una mayor salvaguarda del interés del legislador por proteger la vida de las personas, ante la evidencia de que pueden concurrir, en tales casos, otros comportamientos igualmente peligrosos desplegados por personas distintas de los autores del desapoderamiento. En tales situaciones, la expansión de la responsabilidad contra uno de los intervinientes, puede implicar el coste de restar incentivos para la decisión de otros sujetos -autoridades de control de acciones criminales- que, ante la ausencia de un horizonte punitivo, pueden llegar a interpretar como facultativo lo que, en rigor, es igualmente prohibido. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Beneficios previsionales, violencia de género, medios de prueba, perspectiva de género
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: M., E. A. c/ Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba - Plena jurisdicción - Recurso de casación c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2023-07-28

Cuando quien peticiona un beneficio previsional es una mujer viuda separada de hecho que invoca como causal de separación razones de violencia de género, los elementos probatorios deben ser analizados desde una perspectiva de género. Dicha perspectiva, basada en un criterio de interseccionalidad, obliga a efectuar una prudente interpretación de las normas en juego que aborde la solución a la causa en el marco del derecho previsional aplicable, pero teniendo en especial consideración la situación personal acreditada por la actora en su calidad de mujer víctima de violencia, de edad avanzada y con un estado de salud delicado. Empero, la delicada naturaleza de las cuestiones debatidas, obliga a efectuar una aplicación responsable y razonable de la perspectiva de género en las causas previsionales, pues su necesaria consagración, en modo alguno puede significar una vía para facilitar el acceso desmesurado a beneficios de pensión en los que no se configuren los requisitos exigidos por la ley.
Concurso de delitos, concurso ideal
Materia: CIVIL
Carátula: Pereyra, Marcos y otro s/ Concurso de delitos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-20

Cuando la conducta ilícita queda abarcada por dos tipos penales, éstos no se excluyen entre sí, sino que confluyen en una pena concurrente según la regla del artículo 54 del C.P. , resultando improcedente el doble agravamiento.
Demanda, monto de la demanda, falta de monto, defecto legal
Materia: PROCESAL
Carátula: Krantzer Héctor Guillermo c/ Estado Nacional (Mº de Economía) s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-24

El art. 330 del C.P.C.C.N., en su penúltimo párrafo, exige al accionante precisar en la demanda el monto reclamado y sólo excepcionalmente se podrá prescindir de tal requisito -Fassi, "C.P.C.C.N.", pág. 88-. En tal caso, procede la excepción interpuesta por el demandado pues el recurrente no invoca ningún impedimento valedero para cumplir con tal exigencia, aunque sea en forma aproximada -en este sentido Sala IV en autos "IBM Argentina S.A. c/ Entel s/ juicios de conocimientos" del 21-9-95; Fenochietto-Arazi, ob. cit., p. 216-, máxime cuando lo que se demanda es una suma de dinero -LL., 1975-A, p. 801, citada por Fassi, ob. cit.-. (Cons. 3º).
Contrato de obra, arquitectos, compensación económica
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Eclisa S.R.L. c/ Francisco Antonio Piccone y otro s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1991-08-15

La locación de obra exige, desde su concepción ideativa hasta su objetivación en croquis, anteproyectos y luego en proyecto, una dedicación en tiempo, y un apreciable esfuerzo mental que debe ser compensado como así los gastos realizados a ese fin. Decidir que sólo ante la aceptación del proyecto de la obra hay derecho a resarcimiento en caso de desistir de la obra el comitente, significa confundir las tratativas contractuales con el contrato perfeccionado.