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Medidas cautelares, levantamiento de medidas cautelares, medidas urgentes, principio de contradicción, razones de urgencia, nulidad procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: "INC. de apelación s/ levantamiento de medidas".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-12-29

Las partes en todo proceso contradictorio incidental o no, por regla, tienen el derecho a ser oídas con anterioridad al pronunciamiento que dirima la contienda, con la sola excepción de aquellos casos en los cuales pudiera haber peligro en demorar la intervención del órgano jurisdiccional, circunstancia que si no se advierte en el caso del levantamiento, o en su defecto, de la modificación de una medida cautelar (Art. 167 del C.P.P.N. y 180 del C.P.C.C.N. de aplicación supletoria) acarrea su nulidad.

Ello así, cuando además, los actores civiles y querellantes agraviados alegan razonablemente el menor precio de venta comprometido por la parte pasiva y aceptada por el juez para el levantamiento de la medida cautelar que adoptara de oficio. (Del voto de la mayoría - El Dr. Irurzun en disidencia).
Caducidad de instancia, naturaleza alimentaria, pretensión
Materia: PROCESAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: PIÑEL, SUSANA MARÍA c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-28

El instituto de la "perención de instancia" resulta incompatible con los principios que informan todo proceso en el cual se debaten pretensiones alimentarias de naturaleza previsional (cfr. C.F.S.S., Sala II, sent., del 18.09.97, "Lanata, Norberto Abel"; íd. sent. del 28.04.00, "Palma, Rafael Ramón").
Notificación, traslado de la demanda
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: D'amico, Angel Ruben c/ ALRA SA y otro s/ ordinario. c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-02-15

Resulta improcedente el pedido de notificación de la demanda por carta documento al codemandado domiciliado en la provincia de Buenos Aires. Es que si bien el CPR 136 estatuye que en los casos en que este código u otras leyes establezcan la notificación por cédula, ella también podrá realizarse por acta notarial, telegrama con copia certificada y aviso de entrega y carta documento con aviso de entrega; es claro que la norma deja reservada el uso de las cédulas y acto notarial para la notificación de los traslados de demanda, reconvención, citación de personas extrañas al juicio, la sentencia definitiva y todas aquellas que deban efectuarse con entrega de copias.
Juicio de desalojo, fianza
Materia: CIVIL
Carátula: Angerosa Nicolás Humberto c/ Pultrone Elena Beatriz y Otra s/ Cobro de Alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2005-08-08

Aún cuando le sean aplicables al " principal pagador", las disposiciones sobre codeudores solidarios ( artículo 2005 del Código Civil), el alcance temporal de dicha obligación no puede proyectarse fuera del ámbito que le es propio, esto es, del contrato por el que entendió obligarse. Se diferencian los casos en que vencido el contrato hubo negativa del locatario a restituir el inmueble locado, supuesto en que ha existido una prórroga tácita convenida entre locatario y locador de la cual no participó el fiador.
Recurso de inconstitucionalidad, abuso sexual, pena, falta de prueba
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: P., M. A. c/  s/ ABUSO SEXUAL GRAVEMENTE ULTRAJANTE-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-11-22

En relación a la omisión de tratamiento por parte de la Cámara de la falta de prueba del agravante del abuso sexual alegada por la defensa, no se encuentran razones para apartarse de lo decidido al propiciar oportunamente la apertura de la queja. (Del voto del Dr. Netri, al que adhieren los Dres. Spuler y Gutiérrez) - CITAS: CSJStaFe: AyS T 315, 449.
Seguros, interpretación del contrato
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Levy, Gustavo Alejandro c/ Corbalán, Luis Alberto s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-04-30

El contrato de seguro debe interpretarse literalmente en los supuestos en que la cobertura esté expresamente delimitada. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Defensa en juicio, garantías procesales, derecho a la sentencia
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Di Filippo; María Isabel y otro c/ Estado Nacional (CSJN) s/ empleo público
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-28

Un marco procesal impreciso no puede suprimir la garantía constitucional de la defensa en juicio de la persona y de los derechos, que consiste en obtener una decisión judicial acerca de las cuestiones controvertidas.
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: VALENZUELA IGNACIO RAMON c/ FRIGORIFICO REGIONAL SANTA ELENA S.A. s/ ORDINARIO POR COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-04-20

La responsabilidad del demandado debe ser examinada en función de las pautas normativas que rigen la responsabilidad contractual pues el deudor responde por el daño que reconoce precisamente en el incumplimiento obrado por él, su causa adecuada (consecuencia necesaria), según el curso natural y ordinario de las cosas (consecuencia inmediata). En ese contexto corresponde al actor acreditar además del incumplimiento, el daño y su relación de causalidad adecuada, pues la mera inejecución contractual (salvo en las obligaciones de dar sumas de dinero) no evidencia por si sola un daño indemnizable, pues éste requiere la prueba directa y propia, en tanto bien puede ocurrir que el incumpliento no cause perjuicio alguno.
Acción penal, cuestión abstracta
Materia: PENAL
Carátula: QUERELLA PROMOVIDA POR TURK, CESAR E. C/ MERCEDES M. CAROL CORDOBA DE LASTRA Y OTROS S/ INJURIAS E INDEMNIZACION POR DAÑO MORAL s/ CASACION PENAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-06-04

Al haber respondido en la primera cuestión que el hecho atribuido a un imputado no encuadra en la figura de "calumnia" (art. 109 C.P.), no resulta necesario el tratamiento del agravio formal relativo a la condena penal del acusado, por haberse tornado abstracto. Por otra parte, no cabe tampoco examinar la sentencia en crisis en cuanto a su aspecto civil. Ello así, porque el impugnante no ha desarrollado agravio autónomo alguno relativo a dicho acápite del fallo impugnado. Además, la respuesta brindada en la primera cuestión, al haber sostenido la absolución penal del acusado por razones estrictamente penales (esto es, por la ausencia del dolo exigido en el tipo de calumnia), tampoco trae aparejada la casación de la sentencia en lo concerniente a la cuestión civil.
Proceso penal, instrucción, acusación fiscal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: C., E. Y OT. s/ Fraude administracion publica (Expte Nº 167-98, Resolución Nº  28,  Tomo 5, Folio 495)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-05-19

En lo que atañe a los vicios de imprecisión que se ha sostenido padece la requisitoria fiscal de elevación a juicio, juzgo sin embargo que las precisiones deseables en tal acto de persecución se cumplen, amén de reiterar la falta oportuna de impugnación. No encuentro pues razón para tachar de nulidad la requisitoria cuestionada, sin mengua de señalar que al momento de completar la acusación, y particularmente en el punto primero de esa pieza, el titular de la acción pública, delimitó con precisión cuál era la conducta por la que pretendía condena, delimitación ésta de enorme importancia a la luz de la jurisprudencia emanada del más Alto Tribunal Constitucional de nuestro país ("Tarifeño", "Catonar", "García" y otros) en cuanto al requerir la existencia de acusación como presupuesto ineludible para la eventual condena de un imputado, impone a la jurisdicción atenerse a la conducta o aspectos de conductas de los imputados que concretamente hubiesen servido de base para la acusación, sin tolerar extralimitación alguna para abarcar otras facetas no incluidas en la acusación.
Recurso de inconstitucionalidad, admisibilidad del recurso, sentencia arbitraria, aplicación de la ley, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: M, C. y V, A. s/ artículo 72
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-05-02

No es admisible el recurso de inconstitucionalidad por arbitrariedad de sentencia, sobre la base de una interpretación irrazonable de la norma aplicable al caso, por cuanto no podemos ni debemos ser jueces de nuestras propias decisiones; en coincidencia con la postura del juez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, Dr. Julio Maier, en cuanto sostiene que la causal de arbitrariedad, como medio de atacar las decisiones de los jueces, no tiene cabida en esta sede, por no integrar el catálogo de medios impugnaticios que describe la ley -art. 27 Ley Nro. 402-, por no ser una creación del máximo Tribunal de la Ciudad Autónoma, y, finalmente, por ser de aplicación restringida y excepcional (ver voto del juez Maier en la causa Nro. 1215/01 "Clínica Fleming s/recurso de inconstitucionalidad, fallada el 19.12.01).

No obstante, es posible analizar la presentación en examen adecuando la pretensión a través del prisma del artículo 27 de la Ley Nro. 402, en cuanto dicha norma prevé casos como el presente, al establecer que el recurso de inconstitucionalidad procede cuando se haya controvertido la validez de un acto bajo la pretensión de ser contrario a disposiciones constitucionales, tanto nacionales como de la Ciudad. (Del voto de los Lucangioli y Dessanti)
Corporaciones municipales, agotamiento de la instancia administrativa, seguridad jurídica
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Banco de la Nación Argentina c/ Municipalidad de Puerto Madryn s/ Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2022-07-07

La Ley de Corporaciones Municipales no ha establecido, como sí lo hacen otros ordenamientos ninguna diferencia entre los supuestos de "agotamiento de la instancia administrativa" y el de "reclamación administrativa previa", en el contexto de esta ley las palabras "recurso", "reclamo" "reclamación", no tienen una acepción concreta. Son "intercambiables", y la decisión que los resuelve es el acto "que causa estado", por decidir la cuestión definitivamente en esa sede. Si ese recurso o reclamo no se intentó, o se impetró extemporáneamente, el acto fue consentido y tal consentimiento enerva el ejercicio de estas acciones (art. 129 inc. a Ley N° 3.098, ahora art. 134 inc. a de la ley XVI N° 46), sin que puedan rehabilitarse por una reclamación ulterior o denuncia de ilegitimidad. Si hay consentimiento o recurso tardío el paso a la vía jurisdiccional está cerrada, como acto propio del justiciable y la necesidad de seguridad jurídica que se vería vulnerada si frente a los plazos del ordenamiento, los mismos no se respetan y autorizan indeterminación para hacer efectiva la tutela.
Tribunales arbitrales, juicio de árbitros, compromiso arbitral
Materia: PROCESAL
Carátula: SMIT  INTERNATIONAL  ARGENTINA SA c/ PUERTO MARIEL SA s/ TRIBUNALARBITRAL.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-01

De la redacción de la cláusula surge que el derecho argentino rige el contrato -es decir, es un arbitraje de derecho- y que la resolución de "todo diferendo" corresponde a un árbitro único o a un tribunal arbitral, designado según el procedimiento que se especifica. Las partes han desplazado la competencia de los tribunales judiciales, prorrogándola a favor de árbitros en una manifestación válida de su común voluntad, y ellos deberán resolver conforme al derecho argentino, como no podía ser de otra manera tratándose de un contrato local o nacional. La amplitud con que fue redactada la cláusula conduce a inferir que los invocados incumplimientos y el tema de la rescisión contractual es materia a dirimir por el o los árbitros (confr. Cámara Nacional en lo Comercial, Sala D, 8/3/2002 - Lexis n° 30011418), sin que ello constituya un cercenamiento de las facultades de control judicial que compete al Juez estatal del asiento del tribunal arbitral (Cámara Nacional en lo Comercial, Sala E, 26/9/1988, La Ley 1989-E-304).
Juicio sumarísimo, procedencia del recurso, queja por apelación denegada, excepción de incompetencia, excepciones procesales
Materia: COMERCIAL
Carátula: BALOGH KOVACS, NICOLAS FRANCISCO C/FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO EDIFICIO AVENIDA DEL LIBERTADOR 1000 S/ SUMARISIMO c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-17

Procede admitir la queja y conceder la apelación denegada contra la resolución donde el juez de grado admitió la excepción de incompetencia interpuesta por la demandada y ordenó que la causa continúe su trámite ante el Tribunal Arbitral de la Bolsa de Comercio. Ello por cuanto, en el caso, el magistrado fundó el rechazo en lo previsto en el CPR 498-6°. Y si bien, efectivamente, como regla general y siguiendo esta última norma, en el juicio sumarísimo soló serán apelables la sentencia definitiva y las providencias que denieguen medidas precautorias, la doctrina y jurisprudencia han admitido en algunos casos la apelación de aquellas resoluciones que exceden el ámbito natural del proceso en tanto puedan ocasionar un gravamen irreparable o, como se ha dicho, cuando se está en presencia de resoluciones que no se adecuan a él y que, por el contrario, lo desnaturalizarían, máxime cuando se trata de derechos de indudable raigambre constitucional (v. CCiv. y Com. Fed., Sala 2°, 8/3/96, en autos "Cabral Beatriz H. v. Instituto de Obra Social s/ Amparo", citado en Kielmanovich, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Comentado y Anotado", pág. 817/8). Juzga la Sala que en el caso, y por lo menos desde un punto de vista meramente formal, se verificó el dictado de una resolución que no se adecuó al trámite del juicio sumarísimo, provocando su desnaturalización. Es que, el CPR 498-2° dispone expresamente la inadmisibilidad de las excepciones de previo y especial pronunciamiento; y la resolución aquí atacada se dictó de manera previa y especial y como consecuencia de la excepción de incompetencia opuesta por la demandada. Además, y a todo evento, es posible calificar a dicho pronunciamiento como "sentencia definitiva" en los términos del CPR 498-6°, en tanto que impide la continuación del pleito en un estrado judicial.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, conducta procesal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rognoni, Nelson Omar c/ Villa, Luis Gabriel s/ Resolución de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-04-26

Calificar de temeraria la conducta procesal en los términos del art.

45 del Código Procesal Civil y Comercial constituye una cuestión de hecho no revisable en esta instancia extraordinaria salvo absurdo.
Contrato de trabajo, extinción del contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Aguado, Oscar y otros c/ Jockey Club de La Plata s/ Demanda interruptiva de prescripción
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-06-04

La comunicación al concedente por parte del Jockey Club de la Provincia de Buenos Aires de su imposibilidad de proseguir con la explotación del Hipódromo de La Plata, demandando a su vez la resolución del contrato de concesión, cuya caducidad fue decretada por la Provincia de Buenos Aires, produjo la extinción por falta de objeto de los contratos individuales de trabajo de los dependientes de la concesionaria afectados a tal explotación.
Pago, lugar de pago, constitución en mora, obligaciones
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Mizzau c/ Otis s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-09-23

Cuando el domicilio de pago es el del deudor, se requiere la efectiva colaboración del acreedor para que se pueda efectivizar la obligación; caso en que la mora del art. 509 del Cód. Civil no se produce de pleno derecho.

De lo contrario, cuando el acreedor obstaculiza el cumplimiento de las obligaciones a cargo del deudor u omite la colaboración para que ello suceda se produce la "mora accipiens". No existe tal cooperación cuando lo reclamado o pretendido es una cantidad muy superior a la debida.
Ejecución de sentencia, honorarios del abogado, ley de emergencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Santiago del Estero, Provincia de c/ Estado Nacional s/ Yacimientos Petrolíferos Fiscales s/ acción declarativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-13

Los honorarios profesionales se encuentran alcanzados por la suspensión de las ejecuciones dispuesta como principio por el art.

50 de la ley 23.696.
Recursos, recurso de apelación (procesal), trámites judiciales, expresión de agravios, plazo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: FISCAL DE ESTADO c/ FRIGORIFICO REGIONAL VILDOZA S.A. s/ Ejecución de Honorarios (LIBRO: A071 - 373)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-04-12

Si la presentación de la fundamentación del recurso en el tribunal de origen se debió a un error involuntario del empleado de Fiscalía de Estado, llegando a la Cámara fuera de término, no puede argumentarse ese error para evitar el desglose del escrito, ya que la ley sustantiva no admite esa excusa cuando la ignorancia del verdadero estado de cosas proviene de una negligencia culpable.
Estado Provincial, ley provincial, reservas naturales, bienes públicos del Estado, derecho de propiedad
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Mar de Ostende c/ Buenos Aires, Provincia de s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-27

Las restricciones exigidas por las normas provinciales para destinar ciertos sectores a reservas afectadas al uso público no importan - en tanto se cumpla con el fin perseguido - violentar el derecho de propiedad ni ha de ser menester que la provincia indemnice al propietario interesado.
Prueba, carga de la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GENCO S.R.L. c/ BRITA S.A. s/ Ejecución Cambiaria (LIBRO: S149 - 193)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1992-04-07

Ahora bien, el regimen de la carga de la prueba interesa en el momento critico en que debe expedirse el fallo y solo para el caso que no existan en el expediente suficientes elementos de conviccion respecto de la verdad o fasedad de los hechos discutidos. Si obran en el proceso pruebas eficaces para formar el conocimiento del Juzgador y que le permitan fijar de alguna manera tales hechos, entonces no importa cual de las partes las haya suministrado -pese o no sobre ella la carga de la prueba-, ni por que medios se han incorporado a la causa.-
Prescripción, Derecho laboral, aplicación de la ley, riesgos del trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: P. ART S.A. c/ J. A. L. E. H. SA s/ ordinario (repetición de pago) c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2023-06-09

El artículo 44 de la Ley 24557 establece que: " inc 1) Las acciones derivadas de esta ley prescriben a los dos años a contar de la fecha en que la prestación debió ser abonada o prestada y, en todo caso, a los dos años desde el cese de la relación laboral. 2) Prescriben a los 10 (diez) años a contar desde la fecha en que debió efectuarse el pago, las acciones de los entes gestores y de los de la regulación y supervisión de esta ley, para reclamar el pago de sus acreencias.
Pago, depósito judicial
Materia: LABORAL
Carátula: CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE LA BANDA c/ JOSE ALBERTO SARQUIZ E HIJOS S.R.L. s/ COBRO DE APORTES DE CUOTA SINDICAL Puntano, Francisco A. c/ Empresa de Transportes La Unión Cooperativa Limitada y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-10-15|2000-10-19

Si los interesados han sido notificados del depósito dado en pago conforme está ordenado, no puede pretenderse que el curso de los intereses se detenga en la fecha que aquél se ha realizado.
Despido con causa, pérdida de confianza, rendición de cuentas, daño moral
Materia: LABORAL
Carátula: ELIZONDO, CRISTIAN c/ COCA COLA FEMSA DE BS AS s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-26

Si en la comunicación el despido se le atribuyó al trabajador no haber rendido cuentas con respecto a un dinero de la empresa, lo cual concluyó en la pérdida total de confianza, tal imputación equivale a achacarle la efectiva comisión de un delito. Si este hecho no fue probado en la causa, corresponde se haga lugar a la solicitud de daño moral pues tal innecesaria atribución delictual ha agraviado el honor y el buen nombre del actor y el concepto que de él pudiesen tener sus compañeros de tareas.
Medidas para mejor proveer, nulidad procesal, facultades discrecionales del juez
Materia: PENAL
Carátula: LAUFER DE GROISMAN, S. s/ NULIDAD PROCESAL. MEDIDAS PARA MEJOR PROVEER
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-02-08

Las resoluciones que ordenan el cumplimiento de medidas para mejor proveer, no escapan al ámbito objetivo de la impugnación en tanto medie agravio para la parte legitimada formalmente.

La discrecionalidad del magistrado de juicio no puede ser absoluta y así la Corte Suprema ha reclamado el ejercicio prudencial de las facultades que confiere el C.P.C. antes de que los jueces dicten sentencia y el Cód.Proc.Civil y Com. introdujo una "saludable advertencia" al establecer que esta actividad probatoria no puede conspirar "contra el derecho de defensa de las partes".

Tal criterio ha dado oportunidad para destacar la impropiedad que comporta el ejercicio de estas facultades instruccionales, cuando por vía de ellas se procura suplir la carga que el art. 468 del C.P C. impone a la acusación o se quiebra la igualdad que debe presidir el tratamiento de ambas partes.
Depreciación monetaria, depósito judicial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO c/ JORGE R. FERNANDEZ s/ Sumario (LIBRO: A120 - 282)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1990-09-11

Corresponde actualización monetaria e intereses hasta el día en que el acreedor puede retirar los fondos depositados es decir, hasta el momento que estuvieran disponibles, entendiéndose por tal, la fecha en que la suma puede ser extraída y no la fecha en que se ha efectuado el remate ni el depósito del saldo de precio.