Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-08-27


Buenos Aires, 27	de agosto de 2009 Vistos: los autos indicados en el epígrafe.

Resulta 1. La Sra. Fiscal de Cámara, interinamente a cargo de la Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 1, interpuso recurso de queja (fs. 36/43) contra la decisión de la Sala I (fs. 32/34) que declaró inadmisible el recurso de inconstitucionalidad (fs. 24/31) articulado, a su turno, contra el pronunciamiento de la misma Sala (fs. 19/22) que -por mayoría- confirmó lo resuelto por el juez de grado en cuanto no aceptó la competencia atribuida por el titular del Juzgado Nacional en lo Correccional nº 11, Luis Alberto Schelgel, a favor de la Justicia de esta Ciudad, en orden al delito previsto en el art. 13 de la ley nº 25.761 (fs. 4/8).

En el recurso de inconstitucionalidad la Fiscalía de Cámara consideró que, más allá de debatirse una cuestión de competencia, la decisión apelada constituía un auto equiparable a definitivo sobre la base de la jurisprudencia de este Tribunal (voto de los jueces Ruiz, Conde, Muñoz y Casás, en autos: "Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Soto, Alberto Sabino s/ recurso de queja s/ sumarísimo", expte. nº 726/00, sentencia del 21/03/2001). Por su parte, defendió su legitimación para recurrir ante estos estrados y se agravió por la interpretación efectuada por los integrantes de la Sala I de la Cámara en orden a los arts. 6 y 8 de la ley nº 24.588 -conocida como ley "Cafiero"- y por la colisión que aquella exégesis tendría con lo dispuesto por el art. 129 de la Constitución Nacional y con los alcances de la autonomía jurisdiccional reconocida a esta Ciudad. La Cámara -por mayoría- denegó el recurso porque consideró que, más allá de tratarse de un auto que razonablemente podría ser equiparado a definitivo y que los integrantes del Ministerio Público Fiscal se encontraban habilitados para presentarse ante este Tribunal en razón de la materia penal objeto de este proceso, no se habría logrado plantear un caso constitucional. 2. El Fiscal General Adjunto, al contestar la vista conferida, sostuvo la queja interpuesta por la Fiscal de Cámara y postuló la admisión del recurso de inconstitucionalidad denegado, porque, a su criterio, la interpretación que realizaron los jueces de primera y segunda instancia limita indebidamente la capacidad jurisdiccional de esta Ciudad (fs. 47/50).

Fundamentos Los jueces Ana María Conde, Luis Francisco Lozano y José Osvaldo Casás dijeron:

1. La queja fue interpuesta en tiempo y forma (art. 33, ley nº 402). Tal como lo señala el Fiscal General Adjunto este caso no nos enfrenta con una contienda negativa de competencia, susceptible de ser propuesta por ante la CSJN si el juez en lo correccional decidiera mantener su postura declinatoria y trabarla, sino, en rigor, ante la posibilidad de eliminar toda discrepancia de esa naturaleza en lo que a esta Ciudad concierne, o, en su caso, de tornar abstracto el debate relativo al punto en el supuesto de que esa contienda ya existiera. Nada de ello escapa a nuestro conocimiento.

En autos se discute a quién le incumbe la investigación y juzgamiento de la conducta reprimida por el art. 13 de la ley nº 25.761. A efectos de que quede claro cuál es la conducta cuyo conocimiento aparece disputado viene al caso recordar -frente a la imprecisión que se advierte de la mera lectura del legajo en el cual se citan múltiples normas que ninguna relación guardan con el objeto de esta causa- que se trata de perseguir a quien "procediere al desarmado de un automotor con el objeto de utilizar sus autopartes, sin la autorización que establece la presente ley, [pues] será reprimido con multa de PESOS UN MIL ($ 1.000) a PESOS TREINTA MIL ($ 30.000), siempre que el hecho no constituyere un delito más severamente penado. Si se hiciere de ello una actividad habitual, la pena será de prisión de QUINCE (15) días a TRES (3) meses y multa de PESOS CINCO MIL ($ 5.000) a PESOS CIEN MIL ($ 100.000).// Aquellas personas cuya actividad principal, secundaria o accesoria sea el desarmado de automotores y/o la comercialización, transporte o almacenamiento de repuestos usados para automotores, e incumplieren lo dispuesto en la presente ley, serán penadas con prisión de QUINCE (15) días a TRES (3) meses y multa de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000) a PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000) e inhabilitación especial de UNO (1) a TRES (3) años." (cfr. art. 13 de la Ley nº 25.761, sancionada el 16/07/2003 y promulgada el 7/08/2003).

Por el momento las resoluciones dictadas por todos los jueces locales niegan que dicha conducta pueda ser investigada y juzgada por el fuero con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad. Por su parte, el titular del Juzgado Nacional en lo Correccional nº 11 afirmó todo lo contrario, sustentando su decisión declinatoria en el criterio interpretativo del Sr. Fiscal General de la Ciudad, esbozado en la Resolución FG nº 75/2008, en virtud del cual todos aquellos tipos penales que hayan sido "creados con posterioridad a la sanción de la Ley 24.588 [son de] competencia exclusiva y originaria del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" (fs. 5 vta. del expte. nº 62.238 del registro del mencionado Juzgado Nacional, que -en copia- corre por cuerda). 2. En las causas penales, esto es, puntualmente en aquellas seguidas por la comisión de alguna conducta prevista y reprimida por el Código Penal de la Nación, o por sus leyes complementarias, los integrantes del Ministerio Público Fiscal ante la Cámara de Apelaciones con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas se encuentran facultados para recurrir ante este Tribunal Superior de Justicia, puesto que así lo ha resuelto el legislador local al establecer expresamente la regla general según la cual "[c]uando la ley no distinga entre las diversas partes, todas podrán recurrir" (art. 267, CPP local, aplicable a partir del art. 2, ley nº 402; este Tribunal, in re "Ministerio Público -Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 1- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en autos 'Alegre de Alvarenga, Ramona s/ infr. art. 189 bis CP'", expte. nº 6182/08, sentencia del 22 de junio de 2009). En consecuencia, ninguna duda cabe en cuanto a la legitimación procesal de la recurrente para proponer la discusión de autos.

3. La decisión objetada por medio del recurso de inconstitucionalidad, que esta queja defiende, pone fin -al menos en lo que respecta a la órbita local- a la discusión incidental relativa a cuál es el fuero que debe intervenir en esta causa y en ese punto constituye un auto equiparable a definitivo que habilita la competencia apelada del Tribunal. En efecto, ello es así porque la no aceptación de competencia fallada y ratificada por los distinguidos jueces intervinientes -de adquirir firmeza, o, igualmente, de ser resuelta a favor de uno u otro magistrado, nacional o local, por el superior común- sustrae esta causa y principalmente dicha cuestión de manera definitiva del conocimiento y jurisdicción de los integrantes de este Tribunal Superior, intérpretes últimos de la Constitución de la Ciudad (arts. 113, CCABA y 27, ley nº 402). 4. Ahora bien, creemos que la queja debe prosperar. La Sra. Fiscal de Cámara propone -al margen de que los jueces del tribunal a quo opinen lo contrario- una verdadera cuestión de carácter constitucional. En efecto, en autos ha sido cuestionado nada menos que el alcance que debe darse al art. 129 de la CN, en cuanto le confiere facultades jurisdiccionales a esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a los arts. 6 y 8 de la ley nº 24.588, en cuanto establecen ciertas limitaciones a esas facultades jurisdiccionales mientras la Ciudad sea Capital de la República. Esta discusión, además, analizada a su mejor luz, reviste entidad federal suficiente que justificaría el agotamiento de todas las instancias jurisdiccionales locales y amerita su consideración por la vía pretendida (CSJN, in re "Di Mascio" y "Strada").

A todo evento, conviene aclarar que los precedentes de la CSJN, in re "González" (comp. nº 522, XLIII, resuelta el día 12/02/08) y "Massio" (comp. nº 35, XLIV, resuelta el día 20/05/08), fueron supuestos distintos al presente y no guardan relación directa con la discusión propuesta, pues mientras que en aquellos se debatía acerca de la operatividad del segundo "Convenio de Transferencia de Competencias Penales" y la necesidad o no de que aquel instrumento fuera ratificado por el Congreso nacional -ratificación que tuvo lugar con la sanción de la ley nº 26.357-, en autos aparece controvertido si es necesaria o no la celebración de un convenio que contemple a los delitos previstos con posterioridad a la sanción de la ley nº 24.588. Más allá de los esfuerzos que se han realizado para avanzar en el ordenado traspaso de las competencias jurisdiccionales que, constitucionalmente, deben estar a cargo de las autoridades locales, consideramos que la respuesta a la cuestión que se plantea en estas actuaciones es negativa, esto es, no se precisa acuerdo o autorización, en los términos del art. 6 de la mencionada ley, para asumir o tomar lo que a esta Ciudad le corresponde por imperio del art. 129 de la CN. Los colegas de primera y segunda instancia han interpretado a la ley nº 24.588 de un modo que se aparta del propio texto que buscan interpretar, y, al hacerlo, terminan por establecer mayores restricciones que desconocen lo dispuesto por el art. 129 de la CN. Esa última norma claramente consagra que "[l]a ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción (...)// Una ley garantizará los intereses del Estado nacional, mientras la ciudad de Buenos Aires sea capital de la Nación." La usualmente denominada "ley Cafiero" o "ley de garantías" fue, a su turno, sancionada por el Congreso de la Nación y publicada con el nº 24.588 (B.O. del 30/11/1995). En ella se estableció, en lo que hoy interesa, que "[l]a Nación conserva todo el poder no atribuido por la Constitución al gobierno autónomo de la ciudad de Buenos Aires" (art. 2); que "[e]l Estado Nacional y la ciudad de Buenos Aires celebrarán convenios relativos a la transferencia de organismos, funciones, competencias, servicios y bienes" (art. 6); y que "[l]a justicia nacional ordinaria de la ciudad de Buenos Aires mantendrá su actual jurisdicción y competencia continuando a cargo del Poder Judicial de la Nación.// La ciudad de Buenos Aires tendrá facultades propias de jurisdicción en materia de vecindad, contravencional y de faltas, contencioso administrativa y tributaria locales" (art. 8º).

Tanto la CN como la "ley de garantías", más allá del acierto o error de esta última -esto es, si la ley excede o no su propósito-, resultan claras en su letra y espíritu y, nosotros, como jueces, tenemos la obligación de llevar a cabo nuestra tarea interpretativa respetando tal claridad. La mayoría de este Tribunal Superior ha reconocido que "la Constitución de la Ciudad asigna al Poder Judicial [local] el conocimiento y decisión de todas las causas regidas por los códigos de fondo y por las leyes y normas nacionales y locales (art. 106), [y si bien] en la cláusula transitoria segunda [se] establece que 'las disposiciones (...) que no puedan entrar en vigor en razón de las limitaciones de hecho impuestas por la ley 24.588, no tendrán aplicación hasta que una reforma legislativa o los tribunales competentes habiliten su vigencia' (...) [en la actualidad] han desaparecido las circunstancias que impedían que esta Ciudad hiciera efectiva cabalmente la competencia que le es propia de acuerdo al sistema federal consagrado en la Constitución Nacional y a lo dispuesto en su art. 129, conforme lo cual tiene facultades equivalentes a las de las provincias, con excepción de los límites que puedan derivarse de la garantía de los intereses del estado federal (actualmente reglada por la ley 24.588) mientras la CABA sea la capital de la Nación (...). La Ciudad cuenta, en la actualidad, con jueces que ejercen la competencia penal de acuerdo a las previsiones de las normas mencionadas [en especial, a partir del primer "Convenio de Transferencia Progresiva de Competencias Penales de la Justicia Nacional al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", ratificado por las leyes nº 25.752 y 597, nacional y local, respectivamente] y que han sido seleccionados de acuerdo a los procedimientos constitucionalmente previstos para ello. Así las cosas, nada impide que la organización judicial de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires investigue y eventualmente juzgue respecto de hechos como el denunciado (...). La ley 24.588 no ha dispuesto límites a la asunción de esta facultad por parte de la CABA, toda vez que su art. 8, de las facultades que por regla asisten a las jurisdicciones locales, sólo ha conservado en la órbita del Poder Judicial de la Nación '[l]a justicia nacional ordinaria de la ciudad de Buenos Aires manteniendo su actual jurisdicción y competencia' (el subrayado nos pertenece)" ("Abriata, Alberto Luis s/ inf. art. 89 CC s/ denuncia", expte. nº 5407/07, sentencia del 14 de septiembre de 2007). El núcleo del razonamiento expuesto en esa oportunidad, aunque lo fuera en el marco de un ilícito electoral que dista de la conducta que aquí se intenta investigar, resulta enteramente trasladable al supuesto de autos. Ello es así, toda vez que conductas como la que se pretende investigar en esta causa no eran pasibles de reproche penal con anterioridad a la sanción de la "ley de garantías". Esta última, literal y gramaticalmente, sólo garantizó que se "manten[dría]" un estado actual de cosas, que se "conservar[ían]" las competencias que se tenía en aquel momento y que paulatinamente podían celebrarse convenios para "transfer[ir]" esas competencias, pero no aquellas otras que nunca tuvo -o que ni siquiera pensaba tener-. La asunción de la competencia por parte de los tribunales locales para intervenir en conductas como la presente, entonces, en nada recorta la "jurisdicción y competencia" que tenían los tribunales nacionales al sancionarse la "ley de garantías". No parece posible reinterpretar, descontextualizar o dar un significado distinto al gerundio "manteniendo", indudablemente utilizado aquí como sinónimo de "conservar algo" o "preservar, no variar de estado" (de conformidad con sus diferentes acepciones en el Diccionario de la Real Academia Española) o -mejor aún- al adjetivo "actual", esto es, que "existe, sucede o se usa en el tiempo de que se habla" (de acuerdo a la misma fuente), pues interpretarlos de otra manera resulta ajeno al sentido común e infiel a la oración en la que están inmersas en el texto de la norma. Conviene recordar una vez más que la primera regla para interpretar una norma es dar pleno efecto a la intención del legislador (Fallos 321:1660) y para determinar dicha intención la primera fuente es la letra de la ley (Fallos 299:167); su inconsecuencia o imprevisión no puede presumirse (Fallos 321:2453), por lo cual una ley debe entenderse conforme al sentido propio de las palabras que emplea, computando que los términos seleccionados por el legislador no son superfluos sino que han sido utilizados con algún propósito sea de ampliar, limitar o corregir los conceptos o situaciones que la norma pretende contemplar (Fallos 200:165). En tal sentido, si bien el uso de fórmulas sacramentales no es exigible cuando el Congreso legisla, no puede presumirse un interés federal ilimitado en relación con el ámbito regulado por el art. 8 de la ley nº 24.588. Para que dicho precepto legal opere como un límite a la autonomía jurisdiccional de la Ciudad deberían estar en juego delitos que comprometan, de acuerdo a una decisión expresa del legislador, algún interés federal o aquellos otros delitos cuyo juzgamiento se reservó mediante esa norma. La condición "federal", sin embargo, no ha sido declarada por el Congreso al sancionarse este delito. A su vez, si la naturaleza de la figura penal fuera un criterio computable para atribuirle condición "federal", la que nos ocupa no la reviste y dicha condición quedaría impuesta -entonces- a partir de una interpretación arbitraria del citado art. 8 de la ley nº 24.588. Concretamente, resulta forzado interpretar que los delitos creados con posterioridad a la "ley de garantías" son ajenos al ámbito de juzgamiento local por el solo hecho de reputarlos alcanzados por el status quo que preserva este art. 8, en resguardo del interés invocado por el legislador nacional. Ello así, porque sería suponer que ese legislador pudo anticipar el interés federal de delitos que no tenía previsto establecer al momento del dictado de esta ley o que pudo dejar abierto indefinidamente el ámbito que buscó preservar -es decir, el "nacional"- para abarcar cuanto delito se estimara adecuado crear. Una interpretación que diera semejante alcance al precepto en cuestión, vendría, así, a derogar el art. 129 de la CN, porque significaría avalar que aquel interés federal no estaría en preservar que ciertos delitos continúen bajo la órbita de juzgamiento del Poder Judicial de la Nación, sino que ese interés radicaría lisa y llanamente en no permitir y limitar sine die a la jurisdicción local.

En la misma línea, con la aludida habilitación de competencia "penal" que se produjo como consecuencia de la aprobación por parte del Congreso del primer "Convenio" (ley nº 25.752) -sin que importe desentrañar cuántos o qué tipo de delitos fueron materia de traspaso en aquella ocasión- quedó parcial e implícitamente desvirtuada la limitación de la jurisdiccionalidad que pesaba sobre los tribunales de la Ciudad Autónoma que veían restringida su competencia, al margen de su acierto o error, a las materias exclusivamente enumeradas en el citado art. 8 de la ley nº 24.588. Sin perjuicio de que dicha habilitación de la competencia "penal" quedó supeditada a la efectiva puesta en funcionamiento o constitución del "fuero Contravencional y de Faltas" (art. 7 del Convenio) -hoy denominado, mediante una resolución del Consejo de la Magistratura local, "Justicia con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas"- tal circunstancia fue momentánea y no existe en la actualidad obstáculo alguno para que los magistrados de nuestra Ciudad juzguen todas las conductas ilícitas previstas por el Legislador nacional con posterioridad a la sanción de la ley garante de los intereses del Estado nacional, mientras la Ciudad sea la sede de las autoridades nacionales, pues ha sido este mismo Legislador nacional quien ha ampliado, voluntariamente, aunque de manera parcial y tácita, las competencias o materias cuyo juzgamiento le permitía, o, mejor dicho, ha suprimido una de las restricciones que antes le imponía por medio de aquella norma.

Si bien podría cuestionársenos porque, por lo que llevamos expuesto, podría entenderse que la asunción de competencia que hoy apoyamos para supuestos como el presente no debería operar retroactivamente en cuanto a los delitos previstos con posterioridad a la sanción de la ley nº 24.588, sino, en rigor, con relación a los delitos previstos luego de que entrara en vigencia el primer "Convenio", que autorizó a nuestros jueces para juzgar en materia penal, consideramos que debemos dar preeminencia a la letra y espíritu de las fórmulas empleadas por el Legislador en la "ley de garantías", en cuanto no pudo conservar más que aquello que ya poseía, y "frente al juego de los preceptos constitucionales y legales nacionales y locales que habilitan la competencia penal en esta jurisdicción en las sucesivas etapas del proceso de consolidación de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, claramente enfatizado como regla y directiva por el art. 129 de la [CN], se prefiere una interpretación razonable que adecua las disposiciones de competencia para ponerlas a reparo de observaciones de orden constitucional" (el Tribunal, in re "Abriata", antes citado).

No desconocemos que ilícitos como el que se intenta investigar aquí han sido atendidos primariamente por los magistrados nacionales ordinarios. Sin embargo, más allá de que pudo existir una asignación transitoria hasta la efectiva constitución del fuero local y hasta que esta Ciudad pudo comenzar a conocer y decidir en causas seguidas en esta materia, tal como lo expresa el Fiscal ante esta instancia, el hecho de que no todos los jueces nacionales objeten su competencia no nos conduce a renunciar a ella cuando tenemos la oportunidad de asumirla. Ello así, porque resulta evidente la capacidad de medios que exhibe hoy la justicia de la Ciudad para ejercer su jurisdicción en plenitud y para hacer frente a la tarea que la Constitución local encomienda a sus magistrados (art. 106). En efecto, la Ciudad cuenta con un significativo número de jueces, fiscales, defensores y asesores tutelares formados para hacerse cargo de éste y de otros delitos, posee suficientes medios técnicos y humanos para hacerlo y su actuación se encuentra regida por un conjunto de normas procesales modernas que permitirán alcanzar una pronta y eficaz administración de justicia. 5. En autos, parece existir cierta preocupación en torno a los recursos económicos de la Ciudad, a punto tal que uno de los motivos esgrimidos por los colegas de mérito para negarle operatividad al art. 129 de la CN ha sido, precisamente, la hipotética erogación que deberá hacer el Estado local para hacer frente al juzgamiento de estos delitos. No obstante, esa cuestión es un asunto que nada quita o agrega a la delimitación de las facultades otorgadas constitucionalmente a esta Ciudad en materia jurisdiccional, pues -en todo caso- son cuestiones que transitan por carriles y esferas de discusión muy distintas: la irrenunciable función de garantizar el respeto o resguardo de las potestades jurisdiccionales reconocidas a la Ciudad por la CN concierne, en cuanto ahora nos ocupa, principalmente a su Poder Judicial, mientras que la función de asegurar la correcta marcha financiera de la Ciudad corresponde, por principio, a los restantes poderes públicos. Dicho en otras palabras, si el Congreso nacional no contempló la distribución de esos fondos con relación a la Ciudad de Buenos Aires, esa cuestión deberá ser puesta de manifiesto por el gobierno local mediante las vías pertinentes. Además, nos permitimos señalar que la consideración fragmentada del art. 75.2, en cuanto establece que "no habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos aprobada por la ley del Congreso, cuando correspondiere y por la provincia interesada o la Ciudad de Buenos Aires, en su caso", resulta inatinente para resolver la cuestión. En efecto, en el supuesto del delito reprimido por el art. 13 de la ley nº 25.761 no habría una "transferencia de competencias" dispuesta legalmente, sino, antes bien, la creación de una nueva competencia que no fue atribuida expresamente al fuero federal por el Congreso, ni al fuero nacional en lo penal ordinario de la Capital Federal -cuya competencia tampoco podrían incrementarse sin, por lo menos, un argumento concreto y serio-, alcanzada en consecuencia por la transferencia constitucional dispuesta por el art. 129, CN. Ello conduciría a hablar, cuanto menos, de una "distribución entre la Nación, las provincias y la ciudad de Buenos Aires" conforme a la garantía de equidad fiscal que, en el régimen constitucional vigente, preside la coparticipación instituida por tal precepto (art. 75.2, 3º párrafo, CN). En definitiva, se trata con toda evidencia de un aspecto vinculado con decisiones de política institucional por completo ajenas a la competencia de los jueces.

6. Para finalizar, el delito concreto que debe investigarse en autos no parece reclamar, al menos prima facie, una pesquisa de gran complejidad, ni permite inferir per se que resulte aconsejable la intervención de otros jueces con una especial versación jurídica respecto de algún determinado tema que escape manifiestamente a la especialidad técnica de los magistrados que se desempeñan en el Poder Judicial de esta Ciudad. Se trata de analizar si una persona procedió a desarmar un automotor con el propósito de comercializar o utilizar sus autopartes, sin la autorización legal que lo habilite para hacerlo, comportamiento que aparece agravado si esta fuera su actividad habitual; o, si una persona incumplió este régimen legal, en el desarrollo de su actividad principal, secundaria o accesoria consistente en el desguace de automóviles o en la comercialización, transporte o almacenamiento de repuestos usados para automotores. Naturalmente, no se advierte cuál podría ser el interés del Estado nacional en que tales conductas sean investigadas y juzgadas por la justicia nacional y tampoco se desprende de esa ley ni de su reglamentación que sobre ese asunto exista un interés federal. Por su parte, esas conductas se encuentran reprimidas con penas que no exceden, comparativamente y si este fuera un criterio computable, de las que legalmente pueden imponer los jueces locales en materia contravencional (ley nº 1472) y, a su vez, resultan menos gravosas que aquellas otras que eventualmente pueden aplicar estos mismos jueces locales en materia penal. Finalmente, sí existen muy buenas razones -de índole práctica, legal y constitucional- para que los jueces de nuestra Ciudad, encargados del juzgamiento de todo tipo de irregularidades en los establecimientos existentes en la jurisdicción, se ocupen de intervenir en estos comportamientos cometidos al margen de la ley y que afectan o se relacionan con bienes jurídicos que atañen, en principio, al ámbito local. 7. En resumen, por imperio de la regla general según la cual asisten a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como propias, todas las facultades no delegadas a la Nación en el texto de la CN, ni retenidas o conservadas por el gobierno federal por las excepcionales razones previstas en el art. 129 de la CN, la investigación y juzgamiento de los delitos creados por el Congreso de la Nación con posterioridad a la sanción de la "ley de garantías" incumbe al Poder Judicial de esta Ciudad. Invertir los factores derivados de esa regla constitucional, para reconocerle a la Ciudad de Buenos Aires únicamente los poderes expresamente delegados por la Nación, implica subvertir el régimen de gobierno impuesto por el art. 5 de la CN. Allí el constituyente dispuso que los estados federados "dictará[n] para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional". A su turno, así lo hizo la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su art. 1º. Por lo demás, si bien pudo sostenerse en alguna oportunidad que los poderes del gobierno central habían sido delegados por las provincias por ser éstas históricamente preexistentes a la organización nacional, tal criterio puramente cronológico no se ve convalidado por el hecho cierto de que existen nueve estados provinciales que adquirieron dicho estatus en forma sobreviniente al Pacto Constitucional Originario. Con ello, abandonado el temperamento puramente cronológico, debe concluirse que los Estados miembros de la Unión se encuentran sustantivamente en una situación de igualdad, con equivalente representación en la instancia federal del Senado y con la única restricción que puede derivarse, para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de ser, a su vez, asiento del Gobierno Nacional y de los tres poderes federales.

Creemos que desde una concepción de Estado basada en el principio de soberanía popular y en la forma republicana de gobierno, los estados locales delegantes no concurren a esa delegación con poderes reconocidos como propios en sentido estricto, sino como resultantes de un aporte de los individuos a quienes representan. Desde esta perspectiva, no caben dudas acerca de que el "pueblo" -cuya soberanía constituye uno de los principios fundamentales de la CN y base de los poderes que ejercen las autoridades que establece- es tanto el que reside en las Provincias, como el que lo hace en la Ciudad de Buenos Aires. Negar facultades propias de los estados locales a esta Ciudad importa negar la igualdad entre pares; esa igualdad que exige reconocer iguales gobiernos para personas iguales y con idénticos derechos a los de sus vecinos. Por ello, se invita a los jueces y fiscales del fuero con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas a que arbitren los medios a su alcance y agoten en derecho toda instancia judicial (art. 6, CCABA), haciendo uso de los mecanismos procesales existentes, para que los delitos como el que nos ocupa permanezcan en la órbita de juzgamiento local o arriben a ella. 8. Por los argumentos expuestos corresponde admitir la queja, hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, revocar la resolución de la Sala I de la Cámara de Apelaciones con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas y, por imperio del art. 31, in fine, de la ley nº 402, aceptar la competencia atribuida para entender en estas actuaciones, debiendo remitirse el legajo a la Cámara a los efectos de que -por quien corresponda- se asuma la intervención requerida.

Así lo votamos.

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

1. Si bien el recurso de queja fue interpuesto ante este tribunal dentro del plazo que fija el art. 33, ley n° 402 y contiene una descripción de los hechos principales de la causa, no puede prosperar.

2. El recurso de inconstitucionalidad, que precede al recurso de hecho, no se encuentra dirigido contra una sentencia definitiva conforme lo exige el artículo 27 de la ley nº 402. En efecto, la resolución en cuestión (fs. 19/22 vuelta) confirmó la resolución de la Sra. Jueza de grado en cuanto resolvió no aceptar la competencia atribuida por el Juzgado Nacional en lo Correccional nº 11, y devolver los actuados al Juzgado de origen.

3. La quejosa tampoco ha dado razones que autoricen, con fundamento en los derechos constitucionales que invoca, a considerar que la resolución de fs. 19/22 vuelta pueda ser equiparada a definitiva. Dado que por regla tales resoluciones no son pasibles de recurso de inconstitucionalidad (conf. art. 27, ley nº 402), la quejosa debía desarrollar en su escrito argumentos que lograran demostrar que este caso constituye una excepción a la regla, sin embargo omitió cualquier consideración al respecto. Ni siquiera repitió la débil fundamentación que había intentado en el recurso de inconstitucionalidad al afirmar que "...el objeto del recurso es una sentencia equiparable a definitiva, pues ocasiona a esta parte un gravamen irreparable, existiendo un interés actual y directo en su revocatoria, toda vez que la resolución impide la prosecución de la investigación bajo la órbita de este fuero local" (fs. 24), en una situación en la que ni siquiera está trabado un conflicto de competencia.

4. Voto, en consecuencia, por el rechazo de la queja interpuesta por el Ministerio Público Fiscal (fs. 36/43).

Por ello, concordantemente con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General Adjunto, por mayoría, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Admitir la queja, agregada a fs. 36/43.

2. Hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Ministerio Público Fiscal (fs. 24/31), revocar la resolución de la Sala I de la Cámara de Apelaciones con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas (cuya copia obra a fs. 19/22) y, en consecuencia, aceptar la competencia atribuida para entender en estas actuaciones, debiendo remitirse el legajo a la Cámara a los efectos de que -por quien corresponda- se asuma la intervención requerida.

3. Mandar que se registre, se notifique y, oportunamente, se remitan las actuaciones a la Cámara de Apelaciones con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas.

El juez Julio B. J. Maier no vota por estar en uso de licencia.