Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-12-23


SENT Nro. 1033 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 23 DE DICIEMBRE de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, René Mario Goane y Alfredo Carlos Dato, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en autos: "Villacorta, José Antonio y otro vs. Superior Gobierno de la Provincia s/Diferencias salariales ".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores René Mario Goane, Alfredo Carlos Dato y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

I.- A fs 413/423 vta., la parte demandada plantea recurso de casación contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala I, de fecha 06 de diciembre de 2002, obrante a fs. 405/409 de autos, que es concedido mediante resolución del referido tribunal de fecha 07 de mayo de 2003 (cfr. fs. 435 y vta.), habiéndose dado cumplimiento con el traslado que prevé el artículo 816, in fine, del CPCC, normativa ésta de aplicación supletoria por expresa disposición del artículo 89 del CPA.

II.- Siendo inherente a la competencia funcional de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo de esta Corte, como tribunal del recurso casatorio, la de revisar si ha sido correctamente concedido, la primera cuestión a examinar es la relativa a la admisibilidad del acto impugnativo extraordinario local.

El recurso es admisible, pues ha sido interpuesto en término, conforme surge de lo actuado a fs. 411 y del cargo inserto a fs. 423/vta.; el acto judicial impugnado constituye una sentencia definitiva; se ha dado cumplimiento con el depósito que exige la ley del rito (fs. 412); el escrito de presentación del recurso se basta a sí mismo; y la impugnación recursiva se motiva en la invocación de infracción a normas de derecho.

III.- Argumenta la parte actora, para fundar su recurso de casación, que el fallo de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala I, ha desestimado la demanda en base a declarar la aplicabilidad del artículo 3º del Decreto Nº 646/1, reglamentario del Estatuto del Empleado Público el cual, independientemente de su constitucionalidad o no, resulta una norma inaplicable por su tácita derogación en virtud del dictado del Decreto acuerdo Nº 47/1 de fecha 15-4-96, cuyo artículo 3º dispone responsabilidades patrimoniales y disciplinarias para el funcionario que disponga promociones a cargos de mayor jerarquía, en transgresión a sus normas, dejando de lado "la pérdida del derecho a retribución del agente contemplado en éstas últimas", contemplado en el "derogado" artículo 3° del Decreto Nº 646/1.

Sostiene que una correcta exégesis debe efectuarse a partir del artículo 6º del Estatuto del Empleado Público, según el cual asistiría a los actores el derecho a la percepción de diferencias de haberes que reclaman, dado que la norma deja expresamente a salvo "la validez de los actos y de las prestaciones efectuadas" "por quienes ejercieron funciones, estando sus designaciones o asignaciones viciadas de nulidad (en el supuesto propuesto por el demandado)" (sic).

Entiende que si el demandado pretendía exonerarse de la obligación reclamada, debió haber impugnado los actos administrativos que pretende desconocer, por vía "de la acción de lesividad prevista en el artículo 61 de la Ley Nro. 4537. No efectuada dicha impugnación, y mientras los mismos gocen de la presunción de legitimidad que les acuerda el artículo 47 del mismo cuerpo normativo, los mismos producen plenos efectos jurídicos, solución ésta que expresamente en receptada por el artículo 6º de la Ley Nº 5473, citado en el párrafo precedente".

Considera que la solución propuesta armoniza con el interés general tenido en cuenta con la reforma tributaria instrumentada por Decreto Nº 88/3 (SH), con el de los actores.

Como segundo agravio, expresa que no se solicitó la inconstitucionalidad del artículo 3° del Decreto Nº 646/1, habida cuenta su inaplicabilidad por haber sido derogado, por lo que estima articularla en esta oportunidad por cuanto su imposición surge como consecuencia de la sentencia impugnada. Además, postula que la Excma. Cámara debió expedirse de oficio sobre la inconstitucionalidad en cuestión.

Advierte que el dispositivo citado, excede y crea excepciones no previstas en la ley que reglamenta, esto es el artículo 6º de la Ley Nº 5473, por lo que aún estando viciadas de nulidad las resoluciones cuestionadas, la efectiva prestación de servicios que benefició a la accionada, deja a salvo el derecho a la percepción de haberes propios de la función cumplida.

Con cita de doctrina y del artículo 20 de la Ley Nº 5473, en cuanto reconoce el derecho a retribución, al igual que los principios constitucionales de "retribución justa" y de "igual remuneración por igual tarea", como asimismo alegando que las resoluciones que les asignaron tareas fundamentales para el organismo de la accionada, ponen en evidencia la inconstitucionalidad del mentado artículo 3º del Decreto Nº 646/1, en cuanto exorbita lo dispuesto por ley 5473, y las facultades conferidas por el artículo 87, inciso 3ª de la Constitución Provincial.

Efectúa consideraciones en torno a la declaración de oficio de la inconstitucionalidad de una norma, mencionando jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación, cuya improcedencia fuera sostenida, como igualmente por esta Corte Provincial, pero que también la ha admitido en casos excepcionales como en el caso "Cuadra, Claudia E. vs. Félix del V. Carmona s/Cobro de salarios impagos, etc." sentencia Nro. 567 del 29-12-93, cuando el orden público se encuentra gravemente comprometido, lo que ocurre en autos con las normas de procedimiento administrativo, en especial para retirar del mundo jurídico actos administrativos que la administración reputa nulos, y sin embargo, nunca "optó por ejercer dicho procedimiento". Abona su discurso con la mención de las constituciones provinciales que regulan el control de oficio de constitucionalidad y pronunciamientos de tribunales locales inferiores.

Como tercera cuestión, insiste en la aplicabilidad del Decreto Nº 47/1, considerando que se encontraba acreditada la existencia de cargo presupuestario para atender el gasto y el organigrama de Rentas tenía previsto los cargos.

IV.- La sentencia de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, objeto del presente recurso, rechaza la pretensión de los actores de cobro de diferencias de haberes derivadas del desempeño de cargo de mayor jerarquía y referentes al fondo estímulo, en razón de la ausencia de decreto del Poder Ejecutivo que convalide las resoluciones de asignación de funciones dictadas por el Director de Rentas de la Provincia, habida cuenta que en autos sólo existen proyectos al respecto, pese a existir cargo presupuestario y encontrarse acreditado el desempeño de las funciones.

Luego de analizar la situación de cada uno de los actores, sostiene que de sus propios dichos surge que el desempeño de cargos de mayor jerarquía les fue asignado por resolución del Director de Rentas de la Provincia, quien lo hizo por encontrarse en vigencia el Decreto Nº 83/3 del 12-01-96, que dispuso la modificación y aprobación de la nueva estructura organizativa de la Dirección de Rentas, impulsada por el Poder Ejecutivo Provincial, en función de la reforma tributaria integral que se implementaba.

Sostiene que el Decreto Nº 83/3, cuyas disposiciones analiza puntualmente, efectuó una delegación de competencias en el Director de Rentas a quien facultó a establecer por resolución interna las funciones a desempeñar por las divisiones consignadas en el organigrama y a crear las secciones necesarias y definir sus funciones conforme a la reorganización llevada a cabo, acotando temporalmente hasta el 31-01-96 dicha facultad (hecho reconocido por los actores), pero nunca delegó la facultad de designar a persona alguna en el cumplimiento de esas funciones.

Entiende por ello, que la cuestión debe ser analizada a tenor del artículo 3º del Decreto Nº 646/1, reglamentario del Estatuto del Empleado Público, para lo cual transcribe parcialmente la sentencia de esta Corte recaída en los autos "Peñalver de Carpio, María Victoria vs. Superior Gobierno de la Provincia s/Acción declarativa", sentencia Nº 625 del 05-8-2002, en cuya doctrina apoya el rechazo de la demanda.

V.- De la reseña realizada se infiere que las cuestiones de derecho presupuestadas, giran fundamentalmente en torno: a) a la inaplicabilidad del artículo 3° del Decreto Nº 646/1, por haber sido derogado tácitamente por el Decreto-Acuerdo Nº 47/1 del 15-4-96, debiéndose interpretar el reclamo de los actores de diferencias de haberes por desempeño de cargo de mayor jerarquía, conforme la salvedad del artículo 6º de la Ley Nro. 5473; b) planteo de la inconstitucionalidad del artículo 3º del Decreto Nº 646/1 en instancia casatoria o su declaración de oficio por el tribunal.

No obstante la secuencia en que fueron reseñados los agravios, un adecuado análisis de los planteos exige invertir el orden en que deben ser tratados, abordando primeramente el planteo de inconstitucionalidad descripto en el punto b), pues de ello dependerá la necesidad de examinar el cuadro normativo aplicable al caso.

Sostienen los recurrentes que no se solicitó la inconstitucionalidad del artículo 3° del Decreto Nº 646/1, habida cuenta su inaplicabilidad por haber sido derogado por el Decreto-Acuerdo Nº 47/1, por lo que consideran plantearla en esta oportunidad en razón de que su interposición surge como consecuencia del pronunciamiento impugnado.

Como lo expresan los recurrentes, la inconstitucionalidad del artículo 3° del Decreto Nº 646/1 recién es introducida en esta instancia casatoria como consecuencia de lo resuelto por la sentencia atacada. Sin duda, se trataría de una interposición extemporánea, circunstancia que obstaría, en principio, a su admisibilidad al no haber sido objeto de debate en la instancia de grado.

Esta Corte tiene dicho: "Indefectiblemente toda impugnación de inconstitucionalidad debe ser formulada en la primera oportunidad en que se presenta como posible la aplicación de la norma objetada, de otro modo se consiente la eventual aplicabilidad de la misma (CSJTuc., "L.F.G. s/Injurias", sentencia Nro. 288 del 08-5-97). Los efectos de la preclusión son inexorables y, como bien se ha dicho, la cuestión constitucional debe ser introducida oportunamente y no puede ser el resultado de una tardía reflexión o una mera ocurrencia (CSJTuc., "Terán, Fernando vs. Indiana SACIFI s/Cobro de australes", sentencia Nro. 284 del 8-9-93; "S.A. s/Homicidio agravado por ensañamiento", sentencia Nro. 791 del 12-12-94; H.R.A. s/Homicidio, sentencia Nro. 784 del 21-10-98). También es doctrina de esta Corte que "...que la declaración de oficio de la inconstitucionalidad de una norma aplicable a un caso determinado, resulta jurídicamente legítima cuando el tema se inscribe dentro del ámbito del orden público, ya que afecta de manera grave y directa principios básicos de nuestro régimen institucional. Tal circunstancia no se advierte configurada en el presente caso" (sentencia Nº 22 del 24-2-94; sentencia Nº 486 del 9-12-93; sentencia Nº 345 del 16/5/97, entre varios otr os).

Sin embargo, con la entrada en vigencia del CPC, Ley Nro. 6944 (10-5-99), cuyo artículo 88 prevé el control constitucional de oficio, aún sin petición de parte interesada, en las causas llamadas a su conocimiento, los precedentes referenciados ya no resultan de aplicación, por lo que en la especie corresponde abordar, desde esta perspectiva, el planteo de inconstitucionalidad de los actores.

Gira la alegada inconstitucionalidad del artículo 3º del Decreto Nº 646/1, en torno a un supuesto desborde del mismo con relación a la norma que reglamenta, ya que el dispositivo citado excedería y crearía excepciones no previstas en el artículo 6º de la Ley Nº 5473 (Estatuto del Empleado Público), transgrediendo las facultades conferidas por el artículo 87, inciso 3 de la Constitución Provincial.

Contrariamente a lo afirmado por los recurrentes de que la norma aplicable al caso es el artículo 6° de la Ley Nro. 5473 (Estatuto del Empleado Público), la situación planteada en autos, es decir el desempeño de cargo de mayor jerarquía, se encuentra real y específicamente contemplada en el Título I, Capítulo III, (actividad y antigüedad) del referido cuerpo legal, en la norma estatutaria contenida en el artículo 11, inciso a), que dispone: "El agente deberá cumplir servicios en el cargo en el que haya sido designado. No obstante, habiendo adquirido estabilidad podrá revistar transitoriamente en algunas de las siguientes situaciones de excepción: a) Ejercicio de cargos de nivel superior: Entiéndese por cargo de nivel superior a los comprendidos entre las categorías 20 y 24 ambas inclusive del escalafón general, siempre que los mismos impliquen el desempeño de funciones de planeamiento, organización, dirección o control de tarea y personal. Los reemplazos previstos se realizarán bajo los límites y condiciones que se determinen por reglamentación...".

La disposición contenida en el artículo 6° de la Ley Nro. 5473, inserta en el título I, capítulo I, de la Ley Nro. 5473, referido al ingreso a la función pública, por el contrario, se regula los requisitos que deben observarse previo a cualquier designación, fulminando de nulidad la que se realice en transgresión a dichas normas, cualquiera sea el tiempo transcurrido, sin perjuicio de la validez de los actos y las prestaciones cumplidas durante el ejercicio de sus funciones. Vale decir no se encuentra relacionada a desempeño transitorio de cargo superior, por quienes ya pertenecen a los cuadros de la administración y revistan en planta permanente, sino a los requisitos que deben observarse para el ingreso a la función pública, cuestión totalmente distinta.

Despejado este aspecto, la norma cuya constitucionalidad se discute (artículo 3° del Decreto Nº 646/1), en rigor reglamenta el artículo 11, inciso a) de la Ley Nro. 5473, y no el artículo 6º del mismo cuerpo legal, como equivocadamente afirman los recurrentes.

Advertida esta cuestión, conviene destacar que el artículo 3°, del Decreto reglamentario 646/1, exige que los reemplazos transitorios entre cargos de nivel superior (categorías 20 a 24) (entre ellos los vacantes), se dispongan mediante decreto del Poder Ejecutivo, notificado fehacientemente al agente. Hasta tanto se dicte este instrumento, las funciones reemplazables serán ejercidas por el agente que ocupe el cargo equivalente o superior inmediato.

Asimismo dispone que en los casos que exista reemplazante natural, este no tendrá derecho a percibir diferencia de haberes, salvo que el reemplazo exceda de treinta (30) días y a partir de dicho término.

Todo cargo vacante, podrá ser cubierto transitoriamente por un período que no exceda el ejercicio presupuestario, vencido el cual, el cargo vacante debe ser cubierto en propiedad o eliminarse del presupuesto del área respectiva.

Igualmente sanciona toda designación o reemplazo efectuado en transgresión a esta norma, privando de derecho a retribución alguna y generando responsabilidades patrimoniales y disciplinarias no sólo a quien las emita sino también al destinatario, en el supuesto de cumplirla.

Partiendo del hecho que el artículo 11, inciso a) de la Ley Nro. 5473, defiere a la reglamentación el establecimiento de los límites y condiciones en que se efectuarán los reemplazos, el dispositivo contenido en el artículo 3º del Decreto Nº 646/1, se ha limitado a fijar dichos parámetros necesarios, sin que se advierta en ello alteración alguna ni al texto ni al espíritu de la norma reglamentada.

El artículo 3° del Decreto Nº 646/1, constituye una razonable reglamentación de la norma estatutaria, en cuanto establece los requisitos necesarios para tornar operativa la disposición de la ley, fijando las condiciones y límites de realización de los reemplazos, sin modificar ni incorporar nuevas exigencias a las previstas en la ley.

En mérito a ello, la cuestión constitucional referida al artículo 3° del Decreto Nº 646/1, resulta improcedente.

Descartada la inconstitucionalidad de la norma reglamentaria, corresponde abordar la cuestión de derecho resumida en el punto a), sobre la que caben las siguientes consideraciones.

Al CPN Villacorta, categoría 20, por Resolución interna Nº 104 del 05-3-97, se le asignaron funciones de Encargado de Despacho del Departamento Auditoría (fs. 209), las que según se expresa, conforme a nuevo organigrama, corresponderían a categoría 22; al CPN Peñalba, categoría 18, por Resolución interna Nº 200 del 25-6-96, se le asigna funciones de profesional en el Departamento Auditoría Interna (fs. 210), pese a lo cual alega que cumplió funciones de Encargado de Despacho de División COT, que conforme a organigrama corresponde a categoría 21; y al CPN Caram, categoría 19, por Resolución interna Nº 97 del 19-3-96 (fs. 203), se lo asigna a cargo del Despacho del Departamento de Grandes Contribuyentes, cargo que conforme al organigrama de la repartición corresponde a categoría 22.

Alegan los recurrentes que el artículo 3º del Decreto-acuerdo Nº 47/1 del 15-4-96, ha derogado tácitamente el artículo 3º del Decreto-acuerdo Nº 646/1.

De la lectura del referido Decreto Nº 47/1, de cuestionable técnica legislativa habida cuenta que trata en forma promiscua cuestiones relativas al personal educativo y del resto de la administración publica, surge, sin lugar a dudas, que sus disposiciones se encuentran básicamente dirigidas a derogar la delegación que en la Secretaría de Educación efectuó el Poder Ejecutivo, facultándola para designar personal docente y técnico docente interino y suplente, su traslado, reubicación y permuta de cargos, etc. delegación instrumentada mediante Decreto acuerdo Nº 83/1 del 30-6-92 y sus modificatorios Decreto Acuerdo Nº 124 del 06-10-96 y Decreto Acuerdo Nº 81/14 del 10-7-95; al igual que exige la previa autorización del Poder Ejecutivo para que los organismos de la administración centralizada y descentralizada, salvo que la carta orgánica dispusiera lo contrario, designen, promocionen o asignen funciones de mayor jerarquía, dentro del régimen de la Ley Nro. 5473 y "otros regímenes legales y estatutarios", modificando elípticamente la delegación que por Decreto Acuerdo N º 83/1, hiciera el Poder Ejecutivo en los Ministros y Fiscal de Estado dentro de la administración centralizada.

El Decreto Acuerdo Nº 47/1, consigna en sus considerandos la conveniencia de reasumir el control sobre futuras designaciones que se efectúen en el área de Educación. Para ello, su artículo 1º deroga los incisos a) b) y c) del artículo 2º del Decreto acuerdo Nº 83/1 y sus modificatorios Decreto acuerdo Nº 124/1 y Decreto acuerdo Nº 81/14.

Por el artículo 2º, exige a los organismos dependiente de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada, salvo que su carta orgánica disponga lo contrario, la necesaria autorización previa del Poder Ejecutivo para efectuar designaciones, promociones o asignar cargos de mayor jerarquía.

Dentro de esta temática se inscriben las sanciones contenidas en el artículo 3º del Decreto acuerdo Nº 47/1, en cuanto establece responsabilidades patrimoniales y disciplinarias al funcionario que disponga designaciones, promociones o asignaciones de cargo de mayor jerarquía, en transgresión a sus normas.

El Decreto Acuerdo Nº 47/1, consigna en sus considerandos la conveniencia de reasumir el control sobre futuras designaciones que se efectúen en el área de Educación. Para ello, su artículo 1º deroga los incisos a) b) y c) del artículo 2º del Decreto acuerdo Nº 83/1 y sus modificatorios Decreto acuerdo Nº 124/1 y Decreto acuerdo Nº 81/14.

Por el artículo 2º, exige a los organismos dependiente de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada, salvo que su carta orgánica disponga lo contrario, la necesaria autorización previa del Poder Ejecutivo para efectuar designaciones, promociones o asignar cargos de mayor jerarquía.

Dentro de esta temática se inscriben las sanciones contenidas en el artículo 3º del Decreto acuerdo Nº 47/1, en cuanto establece responsabilidades patrimoniales y disciplinarias al funcionario que disponga designaciones, promociones o asignaciones de cargo de mayor jerarquía, en transgresión a sus normas.

Consecuentemente, y a diferencia de lo sostenido por los recurrentes, el artículo 3º del Decreto acuerdo Nº 47/1, en cierto modo reitera la norma reglamentaria del artículo 3º del Decreto Nº 646/1.

A su turno, el Decreto Nº 83/3 (SH) del 12 de enero de 1996, que aprueba la nueva estructura orgánica de la Dirección General de Rentas, en su artículo 4º facultó a establecer por resolución interna las funciones a desempeñar por las divisiones consignadas en el organigrama que se acompaña en el Anexo II. Fijó el 31-01-96, como fecha límite para que se implemente a nivel de división del organigrama citado, reemplazando las divisiones creadas por el Decreto Nº 1961/3, de acuerdo sean las necesidades operativas de la repartición. Igualmente en su artículo 5º, facultó al Director General de Rentas para que cree las Secciones necesarias, como asimismo defina sus funciones de conformidad a la reorganización llevada a cabo en el organismo, de acuerdo al cumplimiento de la reforma tributaria integral implementada, con las partidas presupuestarias asignadas a la repartición.

Como se advierte, y así también lo expresa la sentencia en crisis, las delegaciones efectuadas por el Decreto Nº 83/3 (SH) del 12-01-96, nunca alcanzaron a la facultad de designar personal alguno en dichas funciones. Vale decir, que el Director de Rentas carecía de facultades para asignar a los actores, vía desempeño de cargo de mayor jerarquía, las funciones que correspondían a la nueva estructura orgánica.

Tampoco existía delegación alguna en el régimen del Decreto acuerdo Nº 83/1 del 30-6-92, para efectuar asignaciones de cargo de mayor jerarquía, en funcionarios inferiores a Ministros o Fiscal de Estado.

De ello se sigue que en ningún caso el Director de Rentas tuvo facultades para asignar cargos de mayor jerarquía a los actores.

Asimismo, no puede afirmarse que el Decreto acuerdo Nº 47/1 del 15-4-96 haya derogado el artículo 3º del Decreto Nº 646/1, reglamentario del Estatuto del Empleado Público.

Desde esta perspectiva, la asignación de cargo de mayor jerarquía a los actores, solo pudo válidamente efectuarse respetando el ordenamiento jurídico.

Por lo tanto, no es descaminada la sentencia de grado cuando transcribe conceptos de esta Corte en el caso "Peñalver de Carpio, María Victoria vs. Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán s/Acción meramente declarativa", sentencia nro. 625 del 5-8-2002, en cuanto sostiene que no basta haber prestado servicios solamente, sino que es necesario en cumplimiento de otros requisitos como lo es, entre ellos, la existencia del cargo presupuestario y la previa designación por parte del Poder Ejecutivo.

En el sub examine, los actores no fueron designados por autoridad competente.

Como ya se dijo, el artículo 11, inciso a) de la Ley Nro. 5473, reglamentado por el artículo 3°, del Decreto reglamentario 646/1, exige que los reemplazos transitorios entre cargos de nivel superior (categorías 20 a 24), se dispongan mediante decreto del Poder Ejecutivo, notificado fehacientemente al agente. Hasta tanto se dicte este instrumento, las funciones reemplazables serán ejercidas por el agente que ocupe el cargo equivalente o superior inmediato.

Por lo tanto, acierta la sentencia de grado cuando transcribe conceptos de esta Corte en el precedente precitado, en cuanto sostiene que no basta solamente haber prestado servicios, sino que es necesario el cumplimiento de otros requisitos como lo es, entre ellos, la existencia del cargo presupuestario y la previa designación por parte del Poder Ejecutivo.

En el sub examine, los actores no fueron designados por autoridad competente.

Adviértase que el artículo 11°, inciso a) de la Ley Nro. 5473, reglamentado por el artículo 3°, del Decreto reglamentario 646/1, exige que los reemplazos transitorios entre cargos de nivel superior (categorías 20 a 24) (entre ellos los vacantes), se dispongan mediante decreto del Poder Ejecutivo, notificado fehacientemente al agente. Hasta tanto se dicte este instrumento, las funciones reemplazables serán ejercidas por el agente que ocupe el cargo equivalente o superior inmediato.

Asimismo dispone que en los casos que exista reemplazante natural, éste no tendrá derecho a percibir diferencia de haberes, salvo que el reemplazo exceda de treinta (30) días y a partir de dicho término.

Todo cargo vacante, podrá ser cubierto transitoriamente por un período que no exceda el ejercicio presupuestario, vencido el cual, el cargo vacante debe ser cubierto en propiedad o eliminarse del presupuesto del área respectiva.

Igualmente sanciona toda designación o reemplazo efectuado en transgresión a esta norma, privando de derecho a retribución alguna y generando responsabilidades patrimoniales y disciplinarias no sólo a quien las emita sino también al destinatario, en el supuesto de cumplirla.

A mayor abundamiento, el Decreto-Acuerdo Nº 47/1 del 15 de abril de 1996, en sus artículos 2º y 3º, reitera el concepto de la norma reglamentaria antes aludida, en cuanto establece que los organismos de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada (salvo disposición en contrario de carta orgánica o ley especial de las mismas), deben requerir previa autorización al Poder Ejecutivo para proceder (entre otras designaciones) a la asignación de funciones de mayor jerarquía, estableciendo que la transgresión a estas normas, generará responsabilidades patrimoniales y disciplinarias en el funcionario que las disponga.

Desde este punto de vista, como se advirtió, los actores no ha sido designados por decreto del Poder Ejecutivo para desempeñar los cargos de mayor jerarquía, cuestión que de por sí descarta la posibilidad de reconocer las diferencias que reclaman.

Básicamente se debe tener en cuenta que no habiendo sido designados por autoridad competente y siendo un deber de los actores, (impuesto normativamente), el abstenerse de desempeñar funciones que no le fueran legalmente encomendadas, al haberlo incumplido lo hizo por su propia cuenta y riesgo, sin que pueda endilgarle a la Administración la obligación de retribuirle.

Al no cumplirse el procedimiento previsto en el artículo 3º del Decreto Nº 646/1 ni, eventualmente, haber planteado su inconstitucionalidad, a los actores no le asiste el derecho al reconocimiento y pago de diferencias de haberes.

Igualmente debe descartarse la interpretación de los recurrentes con relación a que en el caso sería de aplicación lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley Nro. 5473, en virtud del cual se sanciona con nulidad las designaciones efectuadas en transgresión a las exigencias establecidas por dicho cuerpo legal, "sin perjuicio de la validez de los actos y prestaciones cumplidas durante el ejercicio de sus funciones", habida cuenta que la salvedad efectuada por la norma, no mira hacia los derechos del empleado cuya designación es nula, sino a los terceros administrados que desconocen la situación.

Tampoco corresponde acoger el agravio referido a que la administración debió accionar por lesividad para erradicar del mundo jurídico, las resoluciones internas que asignaban los cargos de mayor jerarquía. La sanción para estos supuestos, se encuentra establecida en la propia norma del artículo 3° del Decreto Nº 646/1, en cuanto dispone que toda designación o reemplazo efectuado en transgresión a esta norma, privará de derecho a retribución alguna, generando responsabilidades patrimoniales y disciplinarias no sólo a quien las emita sino también al destinatario, en el supuesto de cumplirla. Vale decir, la propia norma establece los efectos que derivan de la nula designación, sin necesidad de anular el acto viciado.

Por las razones expresadas, considero que la cuestión de derecho a la que refiere este agravio, debe ser rechazada.

VI.- Atento al resultado al que se arriba, por el principio objetivo de la derrota, corresponde imponer las costas de esta instancia casatoria a los vencidos, actores en autos (CPA, artículo 89 y CPCC, artículo 106, primera parte).

Los señores vocales doctores Alfredo Carlos Dato y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el vocal preopinante, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR, con pérdida del depósito en la proporción de ley, al recurso de casación planteado por la parte actora, contra la sentencia de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala I, de fecha 06 de diciembre de 2002, obrante a fs. 405/409 de autos, conforme lo considerado.

II.- COSTAS de la instancia casatoria como se consideran.

III.-DIFERIR pronunciamiento sobre regulación de honorarios.

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR RENE MARIO GOANE ALFREDO CARLOS DATO