marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Prescripción de la acción contravencional, constancias administrativas, actos de los poderes públicos, sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Gigena, Ricardo Alberto s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Gigena, Ricardo Alberto sobre 52 - hostigar, intimidar c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-11-30

Debe suspenderse el llamado de autos al acuerdo y remitirse copia de esta resolución al juzgado de primera instancia interviniente, a sus efectos, en tanto de las constancias obrantes en autos surge que la acción contravencional podría encontrarse prescripta. (Del voto de los jueces Marcela De Langhe, Alicia E. C. Ruiz y Santiago Otamendi).
Recurso extraordinario, interposición en subsidio
Materia: LABORAL
Carátula: Alton, María del Carmen c/ Municipalidad de San Nicolás de los Arroyos y Calendonia Argentina Cía. de Seguros S.A. s/ Indemnización por incapacidad absoluta y permanente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-08-30

Es improcedente el recurso extraordinario de nulidad interpuesto subsidiariamente del de inaplicabilidad de ley porque su tratamiento no puede depender del resultado del otro remedio excepcional también utilizado.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestiones procesales, costas, honorarios, honorarios del abogado, sentencia arbitraria, derecho de propiedad
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Cukierman, Moisés s/ sucesión.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-09-11

Procede el recurso extraordinario contra la resolución que reguló los honorarios de los letrados, si el tribunal ha fundado en forma insuficiente su decisión y ello se traduce en un evidente menoscabo de la integridad del patrimonio de los recurrentes, garantizado por el art. 17 de la Constitucion Nacional.
Asociaciones profesionales, Inspección General de Justicia, Ministerio de Trabajo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Juárez, Rubén Faustino y otro c/ Mrio.  de Trabajo y Seguridad Social (Direc. Nac. de Asoc. Sindicales s/ Acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-04-10

Los alcances de los controles ordinarios, que la Inspección General de Justicia ejecuta respecto de las asociaciones civiles en general, sirven de pauta interpretativa de las competencias de control del Ministerio de Trabajo sobre las asociaciones sindicales.
Honorarios del abogado, regulación de honorarios, prescripción
Materia: PENAL
Carátula: González, Luis Horacio s/ Lesiones Culposas- Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1993-10-08

La determinación de los honorarios devengados al dictar sentencia es un imperativo legal que regula la ley procesal específica; y ello no tiene otro significado que el de fijar el monto de la remuneración correspondiente a los trabajos de que se trate, sin que ello en modo alguno importe el derecho a percibirlo, cuestión ésta que podrá (o no) ser objeto de disensión recién en el momento de procederse a su ejecución.

Por ello la prescripción no puede hacerse valer cuando se encuentra substanciándose la determinación de aquellos; su oposición corresponderá cuando fuere requerido de pago; no es óbice de ello los distintos términos de prescripción porque operada la primera prescripción en nada mejora la situación del acreedor. Ello porque el acto interruptivo, cuando ya ha pasado en el tiempo para la prescripción, no puede novar la obligación que estaba prescripta (art. 4017 del Código Civil). (Del voto del Dr. Salvador Ana, mayoría.)
Daños y perjuicios, daño estético, gastos médicos
Materia: CIVIL
Carátula: Walsh, Juan Carlos c/ Mansilla, Nicolás s/ Sumario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-08

Es claro el derecho de la víctima a ser restablecida en el aspecto que tenía con anterioridad al evento. El hecho de que la damnificada cuente con los servicios de una obra social no obsta a su derecho a obtener el equivalente necesario para hacer desaparecer las secuelas o, al menos, para disminuir sus efectos. Y dada la índole de los tratamientos - cirugía plástica, tratamiento kinesiológico, etc. - por los riesgos que entraña la primera y la idoneidad que exige el segundo, la víctima tiene derecho a elegir ser tratada por el profesional que mayor confianza le merezca, sea a través de su obra social o bien en forma particular.
Recurso extraordinario de nulidad, fundamentación de sentencias
Materia: LABORAL
Carátula: Ferrer, Ernesto Orlando c/ Cosméticos Avon SACI s/ Despido Ijurco, Juan Carlos c/ Torrano, Guillermo y/u ot. s/ Cobro de haberes, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-08-04|1991-07-16

El art. 159 de la Constitución de la Provincia sólo se vulnera cuando el fallo carece de todo fundamento jurídico resultando ajeno al recurso de nulidad extraordinario el acierto de la decisión.
Nulidad procesal, presentación extemporánea, nulidad relativa, confirmación del acto jurídico
Materia: COMERCIAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Cheb Terrab, Salomon Carlos c/ Madero Harbour SA s/ ordinario s/incidente de nulidad
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-08-28

Cuando una pretensión nulificatoria es rechazada por extemporánea en virtud de haber transcurrido el plazo de cinco días indicado por el CPR 170 es necesario que el recurrente desvirtué dicho extremo para que pudiere prosperar el recurso (v. CNCom, Sala E, "Cabrera, Adriana Silvia s/ otros s/ quiebra s/ inc. de Concurso especial del Inmueble de la calle Neuquén 1032/34", del 16.10.14). En definitiva, no hay que olvidar que en los procesos judiciales todas las nulidades son relativas -que pueden ser convalidados-, porque las nulidades absolutas sólo se aplican a los actos jurídicos sustanciales o, eventualmente, a la sentencia final del proceso (v. Falcón, Enrique M.; "Tratado de Derecho Procesal Civil y Comercial", tomo I, pág. 677, año 2006).
Accidente de tránsito, culpa de la víctima, peatón distraído
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: DEL VALLE MORENO ALBINA c/ DURAN RICARDO Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-02-07

Es de público conocimiento que la Avda. Gral. Paz, en casi todas las horas del día, presenta un intensísimo tránsito vehicular que impone a los peatones un prudente accionar, que en el caso indicaba no cruzarla, si igual objetivo podía lograrse a través de un lugar especialmente reservado para ello. No haber observado tal conductismo demuestra un proceder sumamente imprudente que supera el margen que otorga la doctrina del peatón distraído, importando una falta de diligencia que correspondía asumir.-
Concursos, emergencia económica, tasa de justicia, integración de la tasa de justicia
Materia: COMERCIAL
Carátula: DEPORTES  NEXO  SA s/ CONC. PREV. S/ INC. DE OPOSICION AL PAGO DELA TASA DE JUSTICIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-25

Resulta improcedente que la concursada pretenda abonar la tasa de justicia de acuerdo a la ley 23898 según la reforma de la ley 25563, toda vez que las mentadas reformas en cuanto a base imponible, alícuota a calcular y posibilidad de pago en cuotas solo resultan de aplicación a aquellos concursos iniciados a partir de su vigencia, ya que de lo contrario se confiere a la norma un efecto retroactivo que, además de no hallarse expresamente previsto, vulnera los derechos adquiridos por el fisco y crean una situación de desigualdad frente a aquellos justiciables que, en debido tiempo y forma, tributaron la tasa de conformidad con la normativa entonces en vigor. Máxime, si ni siquiera fue depositado ni insinuado cual seria la suma que por tal concepto le correspondería tributar, exigencia que fluye de la acordada 3/92 art. 3 CSJN.
Responsabilidad del acreedor, buena fe
Materia: CIVIL
Carátula: Petenatti, Isabel Elena c/ Peñamil, Mirta Noemí y Otro s/ Incidente civil
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-09-28

Si bien los acreedores no tienen el deber de efectuar investigaciones intensivas para detectar la existencia de herederos del deudor ante el fallecimiento de éste, deben comportarse diligentemente y con arreglo al standard de la buena fe, en tanto principio general que informa el ordenamiento jurídico, haciendo lo posible para informarse acerca de la eventual existencia de herederos a quienes reclamar el pago de la deuda.
Responsabilidad del Estado, corporaciones, asociaciones civiles
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Montero, Juan Antonio y/o Chávez, Margarita Hilaria contra Municipalidad de Tigre y otros. Daños y perjuicios y su acumulada, Noriega, Alberto Leopoldo y otra contra Nordelta S.A. y otros. Daños y perjuicios c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2019-05-29

No puede aplicarse el criterio de reparto de responsabilidades establecido en el art. 39 del Código Civil velezano al consorcio vecinal creado con el propósito de financiar y llevar adelante la construcción de una vía pública para uso y aprovechamiento de la comunidad, frente a la naturaleza, finalidad y regulación especial de eminente carácter público que éste posee y que impide su asimilación con las corporaciones o asociaciones civiles que contempla aquel precepto iusprivatista.(Doctor de Lázzari, sin disidencia).
Procedimiento tributario, recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal, monto del juicio, defensa en juicio, acceso a la justicia
Materia: ADUANERO-PROCESAL
Carátula: "Volkswagen Argentina S.A. c/ AFIP -D.G.A. s/ A.N.A.".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-07-15

Si los cargos impugnados no alcanzan el monto mínimo exigido para apelar ante el Tribunal Fiscal de la Nación, en virtud de una modificación procesal que elevó dicho monto de $173 a $2.500 (ley 25.239), con posterioridad a la opción de la actora de impugnar los cargos por el procedimiento previsto por el art.

1053 del C.A., esa circunstancia no puede impedirle al accionante el acceso a una instancia judicial revisora, pues ello afectaría su derecho de defensa.
Decreto de necesidad y urgencia, constitucionalidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Miño, Angela Rafaela c/ López, Fernando Angel y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-10-15

La excepcionalidad que se prevee para el dictado de decretos de necesidad y urgencia no es un requisito que pueda librarse a la apreciación del Sr. Presidente de la Nación, pues en tal caso las facultades extraordinarias dependerían de su solo arbitrio. Caeríamos entonces en la condena del art. 29 de la Constitución: "la vida, el honor, o las fortunas de los argentinos", quedarían a merced de un gobierno que ya no tendría otro límite que su propia voluntad.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, excepción de pago
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Volponi, Roberto Mario Sucesión en Carricaburu, Jorge D. y otros s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-08-16

La resolución de la Cámara que hace lugar a la excepción de pago interpuesta por el ejecutado reviste carácter de sentencia definitiva en el concepto del artículo 296 del Código Procesal Civil y Comercial. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recursos administrativos, caducidad, recurso de apelación (procesal), pronto despacho, Dirección General de Rentas, Administración Pública, mora
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: LAFFAYE, ALFREDO RICARDO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 12-83
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-03-17

Si se interpuso recurso de apelación contra la resolución dictada por la dirección provincial de rentas, y al no haberse resuelto dicha impugnación, se instó el procedimiento mediante la interposición de pronto despacho, no puede considerarse configurada la caducidad de instancia que alega la provincia.
Seguros, seguro de automotores, indemnización, prenda, impuestos
Materia: COMERCIAL
Carátula: PAILLAN, CARLOS c/ PLAYA DE ESTACIONAMIENTO DE AVENIDA DE MAYO 626/640 s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-04-27

Quien ha causado un daño debe resarcir los efectos perjudiciales en la medida necesaria para restañarlos, sin estar autorizado para cuestionar el costo del medio resarcitorio en tanto no exista allí una desproporción manifiesta o agravamiento de la situación por hecho de la víctima.

No corresponde hacer lugar a los gastos efectuados por la prenda contratada por la adquisición de un nuevo vehículo, ya que dichos gastos no se relacionan directamente con el evento que origina el reclamo, pues la posibilidad de realizarlos son consecuencia de la operatoria que voluntariamente asuma el asegurado al adquirir un nuevo vehículo.

La misma suerte deberán correr los gastos efectuados por impuestos del automotor. Ello así, toda vez que lo que se debe perseguir es la reposición del valor de un vehículo usado.
Excepción de pago, pago parcial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: RAFAEL JULIO c/ MANUEL ALBERTO SILVA s/ COBRO DE DOLARES ESTADOUNIDENSES-JUICIO EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1994-05-12

Cuando el demandado acompaña un recibo del cual no surge en forma indubitable la extinción de la obligación que se ejecuta, corresponde rechazar la excepción de pago parcial.-
Daños y perjuicios, responsabilidad civil, acoso escolar, prueba, factores atributivos de responsabilidad
Materia: CIVIL
Carátula: G., S. L. D. c/ E. I. S. Y O.  s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2023-07-14

Cuando se dirime la responsabilidad civil de un establecimiento educativo por un caso de bullying, no cabe abrir juicio de valor sobre si el colegio -a través de sus directivos y equipo docente- ajustó su comportamiento a un estándar adecuado, o si hizo lo que le era razonablemente exigible hacer para detectar o abordar la violencia denunciada puesto que todo ello constituye un debate subjetivo que -reitero- es ajeno al factor de atribución que determina su deber de responder por los daños que la alumna ha sufrido (art. 1767 del CCyC). Si está demostrado el hostigamiento en el marco de la cursada escolar, y se han acreditado los daños sufridos por la alumna que guardan con él un adecuado nexo de causalidad, la demandada debe responder en la medida en que no pruebe el caso fortuito, y ello es así con total independencia de que haya actuado de un modo que considera diligente o no. Del mismo modo que lo que caracteriza al factor de atribución objetivo es una ventaja para la víctima que no tiene que probar la culpa de aquel a quien le endilga responsabilidad, este último no puede defenderse invocando la falta de culpabilidad pues su deber resarcitorio prescinde de todo elemento subjetivo de imputación. Tal como lo aclara el art. 1722 del propio Código: "el factor de atribución es objetivo cuando la culpa del agente es irrelevante a los efectos de atribuir responsabilidad". Si es irrelevante para atribuir responsabilidad, es igualmente irrelevante para eximirse de ella.
Revocación de sentencia, AFIP, agentes de percepción, Ley de Procedimiento Tributario, interpretación de la ley, nulidad del acto jurídico, determinación de oficio, responsabilidad solidaria, fallos de la Corte Suprema, obligatoriedad del precedente, deudor principal, responsables, extensión de la responsabilidad, incumplimiento del deudor
Materia: TRIBUTARIO-PROCESAL
Carátula: Bozzano, Raúl José c/ D.G.I. s/ Recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-02-11

Cabe revocar la sentencia que declaró la nulidad de la resolución mediante la cual la AFIP determinó de oficio, con carácter parcial, la olbigación impositiva del actor como responsable solidario de una empresa, en los términos del art. 8°, inciso a, de la ley 11.683, pues conforme al precedente "Brutti" (Fallos:327:769), la resolución mediante la cual se hace efectiva la responsabilidad solidaria sólo puede ser dictada por el organismo recaudador "una vez vencido el plazo de la intimación de pago cursada al deudor principal, y sólo a su expiración podrá tenerse por configurado el incumplimiento del deudor principal, que habilita -en forma subsidiaria- la extensión de la responsabilidad a los demás responsables por deuda ajena.
Caducidad de instancia, impulso procesal
Materia: CIVIL
Carátula: Vingioni de Paedo, Clara M. c/ E.N. s/ Juicio de Conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-22

El acto procesal por el que se había solicitado la reiteración de un oficio fue posterior al dictado de la caducidad impugnada, por lo que aun cuando la petición pertinente fue efectuada antes de la notificación de aquélla, no puede otorgársele el carácter impulsorio que se pretende en atención a los claros términos del art. 316 C.P C.C.N.
Nulidad de sentencia, actos jurisdiccionales
Materia: CIVIL
Carátula: MARRAU DOMINGA FOMIA c/ SILVIA GERARDO DE GALLARDO s/ RENDICIÓN DE CUENTAS
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2008-05-15

En relación al planteo nulidiscente articulado por las partes, es deber del órgano jurisdiccional, verificar si la estructura de la sentencia está afectada de vicios que la descalifiquen como tal. Al respecto la Doctrina y Jurisprudencia han dicho: "La nulidad de la sentencia solo procede cuando la misma adolece de vicios o defectos de forma o construcción que la descalifican como acto jurisdiccional (cfr. Art.253 del Cód.

Procesal), es decir cuando se ha dictado sin sujeción a los requisitos de tiempo, lugar y forma prescriptos por la ley adjetiva (art.34 inc.4 y 163 Cód. Procesal Ley 22434) como acontece en el presente caso, pero no en hipótesis de errores in iudicando, que pueden ser reparados, por medio del recurso de apelación, también mantenido y en el que el tribunal de alzada puede examinar los hechos y el derecho con plena jurisdicción (CN Com, Sala A,9-9-82,ED, t100, p640).
Sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede civil, daños y perjuicios, delitos contra el honor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Campomar, Felipe c/ Abre, Juan s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-02-27

Dado que la injuria o la calumnia excusadas son siempre antijurídicas y culpables, la exención de represión penal no impide, en principio, la obligación de resarcimiento del daño que eventualmente hayan causado, porque en lo que concierne a la retractación -que como las demás excusas absolutorias da lugar al sobreseimiento de la causa penal- existe conformidad en que, por importar justamente el reconocimiento de la ofensa, queda abierta al afectado la posibilidad de reclamar la indemnización de los perjuicios contra el ofensor.
Dirigente gremial, estabilidad del delegado gremial
Materia: LABORAL
Carátula: De Castro, Laura Inés y otros c/ Banco Crédito Provincial S.A. s/ Indemnización por despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-06-01

Si la sucursal del Banco accionado constituye una unidad técnica y de ejecución, concebida e instituida para el logro de los fines de la organización empresaria representada por la entidad demandada (art. 6º de la L.C.T.), y su cierre definitivo determina la configuración de la hipótesis prevista expresamente en el art. 51 de la ley 23.551.
Procedimiento contencioso administrativo, caducidad de instancia, inactividad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Franceschini Marco Antonio c/ Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero s/ Recurso Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción - Recurso Contencioso Administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2019-12-26

El plazo de caducidad establecido por el art. 54 de la Ley de Procedimientos contencioso administrativa, se encuentra cumplido con creces, y no se verifica acto procesal efectuado por las partes ni del tribunal que posea la suficiente virtualidad como para impulsar del proceso. Además, el desistimiento formulado es inconcluso, por cuanto no cuenta con la debida ratificación, y no se ha cumplido con la pertinente medida de notificación a la parte contraria, conforme lo establece el art. 53 de la Ley 2297, por lo que cabe concluir que procede la declaración de la caducidad de instancia.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia, consentimiento, principio de congruencia, declaración de inconstitucionalidad, accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CASTRO, ANDREA MARCELA Y OTROS c/ ASOCIART ART S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-06-13

La Sala entendió que al descalificar constitucionalmente el artículo 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo, no vulneró el principio de congruencia pues, si bien la demandante no interpuso recurso de apelación contra la sentencia de baja instancia, los judicantes entendieron que esa conducta se debió a que la pretensión de la accionante había sido receptada y que en relación al monto del resarcimiento ésta opuso su postura en favor de una reparación justa, que la actora solicitó al demandar la aplicación al caso de la ley 26773 y también efectuó ante la Alzada una previsión para el supuesto de revocarse una tasa de interés fijada por el inferior con lo que estimaba se arribaba a una solución de justicia; y estas aseveraciones no resultan adecuadamente rebatidas por la quejosa, quien en su presentación directa se empeña en sostener la incongruencia de la solución propuesta desde que el ingreso base mensual correspondiente a la fecha de la primera manifestación invalidante llegó firme y consentido al no haber mediado apelación de la demandante, mas sin siquiera intentar una crítica concreta a las expresiones antes expuestas. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 24557, artículo 12; Ley 26773
Derecho administrativo, Administración Pública Provincial, conflictos interadministrativos, acción contencioso administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Montero, Abelardo José s/ Contencioso administrativo de plena jurisdicción e ilegitimidad
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1995-06-05

Las relaciones jurídicas captadas por el derecho administrativo entre los órganos de la administración o entre éstos y los administrados generan derechos subjetivos particulares o públicos.

El poder del administrado de exigir a la administración un hacer o una omisión predeterminada por el derecho administrativo conceptualiza al primero de ellos y al segundo el correlativo poder de la administración sobre el administrado.

Derecho subjetivo de carácter administrativo es el que está protegido -con abstracción de su origen- por alguna norma destinada a reglar la actividad de la autoridad pública, para la salvaguardia de ese derecho. De modo que la vulneración del derecho subjetivo abriría la vía contencioso administrativa, toda vez que esa vulneración provenga de la inobservancia, por la autoridad administrativa de la norma administrativa que regla su actividad y limita su poder de mando.

Derecho subjetivo público es la facultad de exigir para resguardo propio o de la legalidad misma, prestaciones o abstenciones administrativas debidas a los administrados en situaciones de exclusividad, concurrencia o generalidad.

Si existen normas que impongan a la administración un procedimiento determinado en el desarrollo de su actividad pública, el administrado tiene el derecho subjetivo de carácter administrativo de exigir que los organismos respectivos no se aparten de dicho procedimiento, cuando sus derechos se encuentran afectados en forma particular.