Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-05-21


2º Instancia. - Buenos Aires, mayo 21 de 2009.

Y Vistos: 1. Apelaron los ex gerentes de la fallida Angela Beatriz Bertacchini y Alfredo Delfor Bertacchini la resolución dictada en fs. 419 por la que decretó la clausura del procedimiento por falta de activo, estimándose prudencialmente los gastos del concurso en la suma de $12.000 y ordenándose, en los términos del art. 234 LCQ, la remisión ulterior de la causa a la Justicia Penal.

Los fundamentos fueron desarrollados a fs. 432/433, siendo contestados por la sindicatura a fs. 441.

La Sra. Fiscal General actuante ante esta Cámara se expidió a fs. 448/449 proponiendo la confirmación del fallo recurrido.

2. Los recurrentes se agraviaron de lo decidido en la anterior instancia porque: i) no se ponderó como activo un crédito que por la suma de $25.000 se adeuda a la fallida, derivado de la falta de pago de los servicios prestados en el geriátrico que aquélla explotaba; ii) la suma fijada por el a quo para atender los gastos del concurso resulta excesiva en atención a las tareas cumplidas por la sindicatura en el expediente.

3. Señálase liminarmente que la ley concursal establece como presupuesto para clausurar una quiebra por falta de activo que, una vez realizada la verificación de créditos, no exista activo suficiente para satisfacer los gastos del juicio, incluso los honorarios, en la suma que, prudencialmente, aprecie el Juez (art. 232).

Tratándose de una medida excepcional, la clausura por esta causa no resulta procedente cuando existen fondos o bienes para cubrir los gastos del concurso, aunque fuera en forma insuficiente, lo que impediría esa forma de clausura y la consiguiente presunción de fraude (esta CNCom., Sala E, 30/4/96 "Canal 1 SA s/ quiebra"; íd. Sala D, 14/4/94 "Craig, Heraldo s/ quiebra."; íd. Sala B, 31/8/93, "Argenobras SA s/ quiebra").

Esta clausura constituye una medida que es dable decretar cuando la insuficiencia del activo del deudor para satisfacer los gastos del juicio es manifiesta, esto es, cuando no existen fondos o bienes con cuyo producto sea posible continuar los trámites de la quiebra deduciéndose de esa situación la presunción de fraude.

4. En la especie, se aprecia que la fallida no cuenta con bienes registrables de su titularidad lo que está refrendado por el informe general previsto por el art. 39 LCQ y demás constancias habidas en el expediente. Tampoco puede obviarse que se ha verificado un pasivo concursal que asciende a un total de $ 53.689,28.

Ahora bien, el único activo falencial localizado para su liquidación se encontró conformado por los bienes detallados en fs. 289, por cuya venta se obtuvo la suma de $2.050, habiendo ingresando a la quiebra, luego de la deducción de los gastos del remate, la cantidad de $81,45 (fs. 305/401).

En lo que toca al crédito por cobrar que tenía la fallida al momento de la quiebra, la sindicatura informó haber realizado todas las investigaciones tendientes a ubicar a la deudora sin resultado positivo. También refirió que en tanto la acreencia solo resulta de un asiento contable, sin haberse encontrado respaldo documental alguno de la deuda, la percepción del crédito en cuestión se evidenciaba de resultado incierto. Como contrapartida, los aquí apelantes -ambos ex gerentes de la quebrada- tampoco aportaron algún dato conducente tendiente a desvirtuar las conclusiones del funcionario del concurso sobre la suerte de la percepción de la acreencia mencionada. En suma, los quejosos no han brindado ninguna información concreta que pudiera permitir recomponer la situación patrimonial de la quebrada.

Por ende, la clausura del procedimiento por ausencia de activo e insuficiencia de fondos para solventar los gastos generados en la quiebra deviene inevitable, luego de tanto tiempo transcurrido sin resultados positivos, pues no se puede mantener abierto el proceso sine die, máxime si tampoco hubo una oportuna colaboración por parte de los recurrentes, en tanto ex miembros del órgano de administración de la fallida, para que la sindicatura pudiera incautarse a tiempo de todos los bienes que componían el activo falencial.

La finalidad de la clausura por falta de activo es evitar que frente a la desaparición o inexistencia de bienes del fallido, éste eluda su eventual responsabilidad penal (CNCom. Sala D, in re: "Angeloro, Enrique s/ quiebra", del 13/09/99, del dictamen fiscal nº 81956). Además, tiénese dicho que este instituto constituye una medida provisional, impuesta por las circunstancias, de allí que sólo produce una suspensión del trámite, toda vez las operaciones de la quiebra pueden reabrirse en cualquier momento en que haya fondos suficientes para atender los gastos indispensables (conf. García Martínez - Fernández Madrid, "Concursos y Quiebras", Tº II, p. 1226; Quintana Ferreyra - Alberti, "Concursos", Tº 3, p. 951 y ss.; Martorell, "Tratado de Concursos y Quiebras", Tº III, p. 582).

Frente a estas circunstancias, la decisión apelada no se advierte pasible de reproche alguno.

5. Esta conclusión en nada se ve afectada por la queja esgrimida sobre el quantum estimado prudencialmente para solventar los gastos del concurso.

Véase que la queja se ciñó a que la suma contemplada -$12.000- resultaría desmesurada en relación a las concretas tareas cumplidas por la sindicatura, considerando que su labor se circunscribió a librar oficios, opinar sobre la procedencia de dos créditos y a promover una subasta por la que se obtuvo un resultado bruto de $2.050.

Nótese que en virtud del carácter meramente provisional asignado a la suma mencionada, es claro que lo decidido por el a quo sobre el particular carece de aptitud para irrogar un perjuicio irreparable a los quejosos, quienes, podrán concretar, en su caso, un agravio en la oportunidad en que los honorarios de la sindicatura sean regulados.

Síguese de lo expuesto que la decisión apelada en lo que toca a esta cuestión no es susceptible de ocasionar un agravio actual para los recurrentes.

6. Por todo ello, esta Sala resuelve: Rechazar el recurso incoado y, por ende, confirmar el decreto apelado en lo que decide y fue materia de agravio.

Imponer las costas de Alzada a los apelantes, dada su condición de vencidos en esta instancia (CPCC: 68). - María Elsa Uzal. - Isabel Míguez. - Alfredo Arturo Kölliker Frers.