marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Medidas cautelares, verosimilitud del derecho invocado
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Bertoia, Ramón Roberto y otros c/ Villalba, José Maciel y otros s/ Medida cautelar y otros s/ Medida cautelar
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1997-04-14

La circunstancia de que se tenga por acreditada la verosimilitud del derecho a los efectos de la medida cautelar, no importa decidir sobre el fondo de la cuestión sino que implica tan sólo apreciar provisionalmente el mérito de la pretensión, lo cual no afecta la valoración final que deberá efectuarse en la sentencia.
Constitución Nacional, control de constitucionalidad, declaración de inconstitucionalidad, Poder Judicial, facultades del Poder Judicial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Berón,   Luisa  Victoriana  y  otros y sus acumulados c/ SuperiorGobierno  de  la Provincia de Entre Ríos y Caja de Jubilaciones yPensiones de la Provincia de Entre Ríos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-15

La declaración de inconstitucionalidad de una norma legal es un acto de suma gravedad institucional que debe ser considerada como la última ratio del orden jurídico, y sólo viable si su razonabilidad es evidente, cuanto que el control que al respecto compete en último término a la Corte Suprema no incluye el examen de conveniencia o acierto del criterio adoptado por los restantes poderes. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Asociaciones profesionales, elecciones, Ministerio de Trabajo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Juárez, Rubén Faustino y otro c/ Mrio.  de Trabajo y Seguridad Social (Direc. Nac. de Asoc. Sindicales s/ Acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-04-10

Las limitaciones que en virtud del art. 6 de la ley 23.551 se imponen al Ministerio de Trabajo se encuentran referidas a la imposibilidad de cancelar o suspender la personería gremial, o intervenir una asociación, pero no se encuentran vinculadas con el control del proceso electoral de ellas.
Ley de Punto Final, Ley de Obediencia Debida, declaración de nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final, responsabilidad internacional del Estado
Materia: PENAL-DERECHOS HUMANOS-CONSTITUCIONAL
Carátula: Mosqueda, Juan Eduardo y Otros s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-04-09

La Ley 25.779, que declara la nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida, resulta constitucional pues recoge los lineamientos de los organismos supranacionales encargados de monitorizar el cumplimiento efectivo de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino, siendo su inobservancia lo que podría constituir una violación a los tratados internacionales de derechos humanos, ameritar un reproche de índole constitucional -art. 75 inciso 22 de la Carta Magna- e incluso sujetar al Estado a responsabilidad internacional. (del voto del Dr. Gustavo M. Hornos)
Recurso de apelación (procesal), admisibilidad del recurso, fundamentación del recurso
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Lara Lucía Silvina c/ Hospital General de Agudos Pirovano - Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Amparo Pirovano - Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-08-28

Para que exista crítica en el sentido exigido por el artículo 236 del Código Contencioso Administrativo y Tributario, se requiere inevitablemente que medie una observación clara y explícita, con entidad tal que importe una refutación de los fundamentos contenidos en la decisión apelada.

Deben señalarse en concreto, las partes del pronunciamiento recurrido que se consideran equivocadas y tender a demostrar su ilegalidad, injusticia o arbitrariedad, así como el perjuicio cierto ocasionado al litigante.

Lo concreto de la crítica que se dirige contra el fallo se refiere a la precisión que ha de contener, indicando cuál es el agravio, al tiempo que lo razonado indica la exigencia de expresar los fundamentos, esto es, el por qué de la configuración del agravio invocado. La postura sustentada por el recurrente debe presentarse confrontada críticamente con la expuesta por el juez de primer grado, virtiendo el cuestionamiento puntual de esta última en cuanto se oponga a la primera.
Automotores, prioridad de paso, violación, responsabilidad civil
Materia: CIVIL
Carátula: GARRIDO LUISA IRENE c/ LOPEZ BARRIGA, MAURICIO Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-10-28

Conforme a lo preceptuado por el art. 45 Inc. B de la ley 13893, el conductor que llega a una bocacalle o encrucijada debe en todos los casos reducir sensiblemente la velocidad y ceder espontáneamente el paso a los vehículos que se presentan por una vía publica situada a su derecha. Su violación constituye una contravención grave contra la seguridad del tránsito y crea para su autor en caso de accidente la responsabilidad inherente a los daños que ocasionare.
Falta de mérito, fundamentación insuficiente
Materia: PENAL
Carátula: Salvatore, Carla Yanina y otros c/  s/ recurso de casación REGISTRO N° 229/17.4
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-03-27

En relación a la falta de mérito de uno de los encausados el recurrente no logra evidenciar la alegada arbitrariedad en la que habría incurrido el "a quo" al fundar dicho decisorio, toda vez que aquel pronunciamiento luce razonablemente motivado en las constancias allí reseñadas y el Ministerio Público Fiscal no ha logrado rebatir la argumentación de dicho decisorio.
Honorarios, Instituto nacional de previsión social
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Instituto Nacional de Previsión Social c/ A.T.C.  LS 82 Canal 7 s/ Ejecución Fiscal
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-16

La Corte Suprema de Justicia ha señalado que el ordenamiento vigente contiene disposiciones de las que resulta que los funcionarios y empleados públicos a sueldo de la Nación, que se desempeñan como peritos o representen o patrocinen judicialmente al Estado Nacional, no puede percibir honorarios contra éste (Fallos:

247: 13, consid. 8 y 269 y 269 y 269: 125, consid. 6), y que tal óbice ha de ser considerado como inherente al status y rector de la situación jurídica de derecho público en que los referidos empleados y funcionarios se encuentren, con el carácter de norma de policía administrativa tendiente a asegurar el mejor cumplimiento de los deberes propios del cargo (confr. esta Sala. causa 3874, de 18-4 86). No existiendo controversia acerca de que la ejecutada es una empresa del Estado Nacional resulta incontestable la atinencia al caso de la doctrina expuesta precedentemente. A cuyos efectos, carece de relevancia la condición de ente público no estatal que revestía al antiguo Instituto Nacional de Previsión Social, pues aparte que ha sido reemplazado por la ANSSAL, acerca de cuyo carácter estatal no quedan dudas a los fines de determinar si asiste a los letrados de la ejecutante el derecho de cobrar honorarios a cargo del Estado Nacional, lo que interesa es la situación jurídica de derecho público en que ellos se encontraban cuando desempeñaban funciones en el mencionado Instituto, y ahora, en la nueva Administración (confr. causa 3874). Por lo demás, y frente al público y notorio deficitario financiamiento del sistema previsional en la República, la interpretación propiciada en este pronunciamiento es la que mejor se compadece con la decisión adoptada por el Poder Ejecutivo Nacional de subsidiar al régimen nacional de previsión social mediante el otorgamiento de títulos de la deuda pública (confr. decreto 2219 - 92), debiéndose recordar que por el subsidio cabe entender a todas aquellas erogaciones de carácter público, extraordinarias o permanentes, fundadas en razones de mérito u oportunidad, sin compensación, ni contraprestación económica o de otra especie, o que cuando éstas existan, fueren manifiestamente insuficientes o desproporcionadas al beneficio recibido (confr. decreto 824 - 89, B.O. 25-9-89).
Honorarios del abogado, cuerpo de abogados del Estado, empleados públicos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Municipalidad de La Matanza c/ Cascales, Amílcar F. s/ Daños y perjuicios Municipalidad de Morón c/ Cinturón Ecológico área metropolitana sociedad del estado (C.E.A.M.S.E.) s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-05-23|1996-09-24

Los agentes públicos, que como tales gozan de remuneración presupuestaria, no son acreedores de honorarios por los servicios que presten en el desempeño de sus cargos, teniendo como única remuneración, la retribución que las normas les asignen.
Recurso de apelación (procesal), Superior Tribunal de Justicia, monto del juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: Blanc Gerzicich de Scapellato, María Susana Beatríz s/ Recurso de Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-12-09

Si al interponer el recurso ordinario de apelación en tercera instancia, no se ha justificado en esa oportunidad idónea la sustancia económica supuestamente discutida, el efecto preclusivo emergente de la extinción de la facultad respectiva no puede obviarse con la presentación directa ante este Superior Tribunal.
Cuestiones de competencia, competencia federal, delitos aeronáuticos, aeronaves, circulación aérea
Materia: PROCESAL-AERONAUTICO
Carátula: Cáceres, Claudio Daniel s/ lesiones culposas.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-17

El delito cometido con motivo de la operación de aeronaves no provoca, por sí solo, la intervención de la justicia federal, sino que, conforme a lo que establece el art. 198 del Código Aeronáutico, son de competencia de ese fuero los delitos que puedan afectar la navegación o el comercio aéreos.
Recurso extraordinario federal, procedencia del recurso, sentencia arbitraria, cuestión no federal, cuestiones procesales, cuestión de derecho común, acción de amparo, cómputo del plazo, exceso ritual manifiesto, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Tartaroglu de Neto, Leonor c/ IOS s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-25

Si bien las cuestiones de derecho procesal y común referidas al modo de cómputo del plazo para promover la acción de amparo resultan ajenas, por principio, al recurso extraordinario, la aplicación e interpretación acerca de las normas que reglamentan el procedimiento de una garantía consagrada en la Constitución Nacional, no pueden constituirse si se la desnaturaliza por su excesiva rigidez, en un valladar formal que torne inoperante el instituto, produciendo la alteración prohibida en el art. 28 de la Constitución Nacional.
División de condominio, hipoteca
Materia: CIVIL
Carátula: OLIVERA DE PALACIO, TOMASA c/ ARGAÑARAZ, DELIA s/ CONDOMINIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-18

No puede invocarse como causa de indivisión del condominio la existencia de una hipoteca que grave el inmueble.
Recurso de casación, monto del juicio, honorarios, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: Miriam Inés Gómez Vda. de Vega c/ Pescasur  S.A. s/ Laboral - Incidente de Embargo Preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1992-03-09

La materia en tratamiento es ajena a la instancia extraordinaria provincial porque la operación destinada a determinar el monto del juicio como asimismo la normativa legal a aplicar - a los efectos de la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes - queda ubicada en el espacio de la razonable discreción del legislador y del juzgador que la interpreta, cuyas normas tutelares, no imponen una versión reglamentaria única del ámbito en cuestión.
Proceso penal, imputado, defensa, defensa en juicio, derechos y garantías constitucionales, sentencia, declaración de oficio, recurso de inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: G, A B s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Aborto provocado (Expte. CSJ Nº   293-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-10-21

En materia criminal, la garantía constitucional del artículo 18 de la Constitución Nacional consiste en la observancia de las formas sustanciales del juicio relativas a la acusación, defensa, prueba y sentencia, dictadas por los jueces naturales, debiendo el Tribunal nombrar defensor al procesado que no lo tuviere. Por lo tanto, corresponde que la Corte declare "ex oficio" la nulidad de las actuaciones desarrolladas en violación del principio constitucional que garantiza el derecho de defensa, si la sustancial restricción del mismo obsta al análisis del recurso de inconstitucionalidad concedido por el a-quo, y que por su gravedad compromete el normal funcionamiento del servicio de Justicia y supone un incumplimiento del deber del Estado de asegurar que el juicio al que se refiere el citado artículo 18 se desarrolle en paridad de condiciones respecto de quien ejerce la acción pública y quien debe soportar la imputación.
Asociaciones civiles, facultades disciplinarias
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rossi, Alfredo Pedro c/ Unión de Educadores de Tigre s/ Nulidad Fulop Alpar, Esteban F. c/ Club Atlético Banco Provincia de Buenos Aires s/ Nulidad e indemnización Tadei, Eduardo Carlos y otro c/ Jockey Club de Bs.As. s/ Amparo Roson, María Teresa y otro c/ Club de Pesca y Náutica "Las Barrancas" s/ Daños y perjuicios Roson, María Teresa y otro c/ Club de Pesca y Náutica "Las Barrancas" s/ Consignación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-12-03|1988-02-02|1995-04-27|1993-09-30|1993-09-30

Es restringida la potestad de la jurisdicción en las decisiones disciplinarias de los órganos de las asociaciones civiles, porque el control de legalidad de este Poder debe ceñirse a verificar que no sean consecuencia ni manifestación del ejercicio de un poder arbitrario o desviado de sus fines estatutariamente fijados o configurando un verdadero abuso, ni violentando la garantía de la defensa del asociado. No se justifica que los tribunales sustituyan a los órganos de una asociación, ni que se constituyan en una simple Alzada de sus decisiones en cuestiones que hacen al ejercicio de su poder disciplinario, puesto que aquélla goza de entera libertad para decidir lo que entiende conveniente sobre el particular. Es que, en materia disciplinaria, el control judicial de lo resuelto regularmente por una asociación debe ser excepcional: la asociación es, en principio, quien mejor puede apreciar la gravedad de la falta cometida por uno de sus miembros y la sanción que pueda corresponderle luego de cumplido el proceso interno (art.40 del Cód.Civil). Mas el presente caso es una de las excepciones previstas a tales principios, estando en entredicho los derechos a trabajar y de propiedad consagrados por los arts.14 y 17 de la Constitución Nacional y 27 y 31 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
Recurso contencioso administrativo, demanda, contestación de la demanda, falta de contestación de la demanda, presunciones
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Oviedo, German c/ Municipalidad de Rafaela s/ Recurso Contencioso Administrativo de plena jurisdicción (Expte CSJ   Nº 636-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-11-12

En caso que la contestación de la demanda contencioso administrativa no se ajuste a los requisitos del artículo 35 de la ley 4106, resultaría aplicable lo dispuesto por el artículo 142 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia -por remisión del artículo 23- en tanto establece: "En el escrito de responde el demandado debe: ...inciso 2) confesar o negar categóricamente cada hecho expuesto en la demanda. Su silencio, sus respuestas evasivas o su negativa general podrán estimarse como reconocimiento de la verdad de los hechos a que se refieran...". A su vez, el Código de lo Contencioso Administrativo contiene norma similar en el inciso b) del artículo 35, aunque sin prever la posibilidad establecida en la última parte del artículo 142 indicado.
Sentencia, fundamentación de sentencias
Materia: PENAL
Carátula: Andreozzi, Daniel Alberto s/ Robo e incendio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-07-23

Es erróneo el planteo del recurso de nulidad en cuanto equipara una supuesta falta de motivación suficiente con ausencia de fundamento legal, de modo que no invoca la concurrencia de la específica omisión a que se refiere el art.159 de la Const. Prov. sino lo que estima incompleto desarrollo de la valoración probatoria efectuada.
Concursos, honorarios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fuster, Héctor Raúl s/ Quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-09-17

Dándose el caso de los arts. 213 y 288 inc. 4to. de la L.C., por imperio de lo normado en el art. 295 -párr. 2do.- de la misma ley, sin perjuicio de las apelaciones, esta alzada tiene facultades para reducir las regulaciones, en este supuesto en que aquellas se pagan con fondos provenientes de la liquidación de los bienes del fallido.

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Trabajadores marítimos, vacaciones, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: MENDOZA, Fabián c/ EMPESUR SA s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-10-31

La prestación efectiva de tareas por 181 días está prevista como requisito para el goce de la licencia anual ordinaria pero no para su indemnización en caso de ruptura del vínculo, rigiendo al respecto el art. 156 de la LCT y ello con expresa remisión del art.

43 del CCT 175/75.
Pagaré, inhabilidad de título, lugar de emisión
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: COOPERATIVA 3 DE MAYO c/ RAMON MALDONADO s/ EJECUTIVO - PAGARE
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-05-21

En el pagaré la naturaleza formal del documento se relaciona con la abstracción, carácter en cuya virtud el título se separa de la causa a tal punto que la formalidad constituye el resorte que compensa la prescindencia de la causa para legitimar el derecho El sometimiento de la validez y la ejecutabilidad de un pagaré a los requisitos específicos establecidos en los arts. 101 a 104 del Dec. Ley 5965/63 torna inexcusable, ya que su inobservancia afecta la habilidad que "ab initio" requiere la ley para abrir la acción cambiaria.

El título en tales condiciones sólo vale como instrumento privado que contiene una deuda quirografaria y del cual emana una acción que no es la cartular y que por tanto para adquirir fuerza ejecutiva debe ser perfeccionado previamente por los trámites de la preparación de la vía ejecutiva.-
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, reclamo administrativo previo, ley de procedimientos administrativos
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Pensavalle  SA. c/ Estado  Nacional (Mrio. de Obras y Servicios Públicos - Servicio Nac. de Arquitectura) s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-09

Es improcedente el recurso extraordinario cuando no se efectuó la reclamación administrativa previa -establecida en el art. 30 de la ley 19.549- ante la autoridad competente en el ámbito administrativo, y la recurrente no ha intentado siquiera alegar que la reiteración del trámite administrativo podría originar la extinción de su crédito por prescripción.
Legitimación procesal, aumento de cuota alimentaria, notificación de la sentencia
Materia: CIVIL
Carátula: F., A. L. c/ A., R. O.- Alimentos s/ incidente aumento cuota alimentaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2019-02-18

En razón de la legitimación de la madre reclamante (art. 662, CCC), no se aprecia que la escucha del alimentado opere en la especie (incidente aumento de cuota alimentaria), como una garantía suya, sin perjuicio de lo cual, se considera sí procede notificar al mismo (bajo técnica de lectura fácil) de lo resuelto y de las posibilidades que le brinda el art. 662 último párr. CCC
Daños y perjuicios, prescripción bienal, detención, puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional
Materia: CIVIL
Carátula: GONZALEZ, OSCAR ROLANDO c/ ESTADO NACIONAL (MINISTERIO DEL INTERIOR) s/ INDEMNIZACION DAÑOS Y PERJUICIOS Y DAÑO MORAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-02-28

El plazo de prescripción para iniciar una demanda por daños y perjuicios ocasionados por un arresto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, es el bienal, establecido en el artículo 4027 del Código Civil, computado a partir del día en que cesó la privación de libertad del interesado y, por ende, también el pretendido obrar ilegítimo del Estado.
Depreciación monetaria, honorarios, depósito judicial, intereses
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: El Inca de Hughes  S.C.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-24

El curso del reajuste por depreciación monetaria cesa cuando en la causa existen fondos suficientes para satisfacer el crédito y en condiciones de ser extraídos, observando una conducta diligente, por el acreedor.
División de condominio, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CARNERO, CESAR c/ FABRI-VENTA s/ DIVISION DE CONDOMINIO - CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-03-28

En el juicio de división de condominio, en principio, todos los condóminos son vencedores en el sentido que simultánea y recíprocamente satisfacen su interés en la partición. Por tanto los gastos útiles y conducentes a la partición son "cosas comunes" y no costas a cargo del respectivo condómino o condóminos impulsantes de los actos procesales de aquella naturaleza.
Accidente de tránsito, deber de obrar con prudencia
Materia: PENAL
Carátula: GONZALEZ, Jesús s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-09-12

Visualizar peatones en las veredas no lleva ineluctablemente a tener que asumir precauciones que vayan más allá de las corrientes, puesto que este hecho, absolutamente normal en nuestras calles, no puede transformar en regla lo que en las normas reguladoras del tránsito resulta excepción contemplada para ciertos supuestos de peligro inminente (arts. 377, 379 y 380 del decreto 14123/56).-
Excepciones procesales, pago
Materia: CIVIL
Carátula: O.S.N. c/ CASANOVA ANA MARIA s/ Ejecución Fiscal
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-10-03

Para que prospere la excepción prevista por el inc. 6 del art.

544 del Código Procesal, es menester que el pago que se invoca sea anterior a la intimación (conf. Palacio, "Derecho Procesal Civil", t. VII p. 445; Colombo, "Código Procesal...", 4a. ed. t. II, p. 88 y nota n 318; Morello, "Códigos Procesales..." t. VI-1, 508; C.N.Civ.

sala B, E.D. 70-439).
Ley sobre riesgos del trabajo, comisiones médicas, inconstitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Olivera, Obdulio c/ La Caja ART SA s/ Accidente
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-06

El procedimiento estatuido por el art. 46 de la LRT afecta los principios del juez natural y de acceso a la justicia al establecer la obligatoriedad de una instancia previa al trámite y duración inciertos, constituida tanto por la intervención de la autoridad de aplicación en materia laboral, como por la esencial actuación de las comisiones médicas, que impiden al trabajador ocurrir ante un órgano independiente para exigir la reparación de sus infortunios, restringiendo el acceso a la justicia, excluyendo a la justicia del trabajo y vedando el derecho a reclamar, en consecuencia, ante jueces naturales mediante el debido proceso.