Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-12-27


2º Instancia.- Buenos Aires, diciembre 27 de 2007.

El doctor Zannoni dijo:

1. La sentencia apelada, dictada a fs. 304/312, condena al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a pagar al actor, Eduardo Jorge Biasotti, la suma de $ 64.000 en los términos del art. 22 de la ley 23.982 y arts. 398/400 del Código Contencioso Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, con más los intereses y las costas del juicio.

La condena corresponde al resarcimiento de los daños reclamados por Biasotti como damnificado indirecto por el suicidio de su hija M., quien padecía psicosis maníaco depresiva, y cuya internación se había dispuesto judicialmente en el Hospital de Emergencias Psiquiátricas Torcuato de Alvear dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, del cual se fugó (constancias de los autos nº 250/2.000 caratulados: "B., M., s./ Art. 482 del Código Civil" que tramitaron ante el Juzgado Nacional en lo Civil nº 83). La sentenciante concluyó que "en el caso existió causalidad adecuada entre la fuga y la muerte de M. B., atento precisamente que el eventual peligro que significaba para sí misma, determinaron su internación, y toda vez que la fuga se produjo por negligencia o culpa del establecimiento asistencial en el que se hallaba internada". En consecuencia, acogió el reclamo resarcitorio del padre por el daño moral sufrido por la muerte de su hija, que estimó en $ 60.000 y, por derecho propio, el relativo al costo de un tratamiento psicológico que prudencialmente justipreció en $ 4.000. Rechazó, en cambio, el reclamo por frustración de la chance de ayuda futura.

2. A fs. 315 apeló de lo resuelto el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a fs. 317 lo hizo el actor. Este, ya en esta instancia -ver fs. 329-, desistió del recurso. A fs. 321/326 se agrega el memorial del demandado, cuyo traslado no fue respondido.

Dicho memorial no contiene agravios en punto a la responsabilidad atribuida al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sino que se ciñe con exclusividad al monto de los rubros de la condena, esto es, el resarcimiento del daño moral y el costo del tratamiento psicoterapéutico.

3. En cuanto al daño moral se queja el apelante del monto estimado para su resarcimiento, el que considera sumamente elevado. De un lado, el agravio se centra en que la sentenciante no explicitó los factores que llevaron a la determinación del monto- $ 60.000- y que no se tuvieron en cuenta las pautas que emanan de la doctrina y la jurisprudencia.

Nadie duda que procede la reparación del daño moral causado por un hecho ilícito, y que esta reparación, es debida a los herederos forzosos cuando del hecho hubiese resultado la muerte de la víctima (art. 1078, párrafo segundo).

La vida de un hijo -he sostenido también, y lo reitero ahora- carece de un valor económico que le sea intrínseco o inherente, aun cuando tiene un valor ético que está infinitamente por encima y más allá de aquél. La pérdida de un hijo es, no se me oculta, uno de los dolores más grandes -si no el mayor- que puede llegar a sufrir una persona. Los factores que tuvo en cuenta la magistrada de grado no pueden ser otros que valoraciones de ese tipo. Si bien no es susceptible de prueba directa, cabe presumir el daño moral in re ipsa por la índole del hecho generador del perjuicio (CNCivil, Sala A, 10/11/97, LA LEY, 1999-A, 484 -fallo 41.189-S- y JA, 1998-III-334; Sala D, 9/9/99, LA LEY, 2000-C, 948 -jurisprudencia agrupada, caso nº15.080-; Sala G, 19/10/80, JA, 1981-IV-329; Sala E, 30/3/84, JA, 1984-III-293; esta Sala, 29/10/99, LA LEY, 2000-E, 924, etcétera). Como bien se ha expresado, no es indispensable probar el dolor experimentado por la muerte de un hijo, pues tal daño se infiere por vía inductiva (conf., Pizarro, Ramón D., Daño moral, Bs. As., Hammurabi, 1996, pág. 563 y sigtes.) Es verdad que su cuantificación queda librada al criterio prudente de los magistrados, aunque ellos deben computar la entidad y magnitud de la lesión o agravio en función de las proyecciones de la persona en sus esferas existencial y psíquica, de sus padecimientos, de sus angustias y sufrimientos. La reparación "integral" del daño moral no puede resolverse sino en términos de aproximación, tanto desde la perspectiva del daño mismo, como desde la perspectiva de la indemnización, pues que el monto que se fije no puede representar ni traducir el perjuicio ni sustituirlo por un equivalente (Zavala de González, Matilde, Cuánto por daño moral, LA LEY, 1998-E, 1061; Peyrano, Jorge W., De la tarifación judicial 'iuris tantum' del daño moral, JA, 1993-I-880). Es, a lo sumo, un "precio del consuelo", como con agudeza lo señala Héctor P. Iribarne (De los daños a la personas, Bs. As., 1993, pág. 401). Pero resulta indudable que el quantum indemnizatorio debe tomar en consideración la razonable repercusión que el hecho dañoso ha provocado.

En el presente caso, se trata del padre que ha sufrido la pérdida de la hija afectada de enfermedad mental (psicosis maníaco depresiva) que fue confiada por el progenitor a un establecimiento psiquiátrico del cual se fugó, que regresó al domicilio donde había habitado con él -un piso elevado de un edificio de departamentos- arrojándose al vacío (ver constancias de la causa penal venida ad effectum videndi). El padecimiento del padre ante tan doloroso desenlace de la vida de su hija de veinte años, con la cual, no obstante haber procurado su internación en el Hospital de Emergencias Psiquiátricas Torcuato de Alvear, mantenía frecuente contacto a través de las visitas, incluso retirándola del establecimiento para permanecer más tiempo con ella, no merece discusión. El hecho de tratarse de una niña enferma mental no incide -como erróneamente se sugiere en el memorial- en una suerte de mitigación del daño moral sufrido por su padre ni en el resarcimiento, sea que su cuadro psiquiátrico fuere o no de carácter crónico e irreversible, o que ella hallase la muerte por propia determinación. La suma de $ 60.000 fijada en la sentencia apelada condice con la estimación que corresponde al criterio de esta Sala para casos análogos, de acuerdo a las circunstancias de personas, de tiempo y lugar. Voto, pues, por confirmar lo decidido.

4. Se agravia el apelante de la condena a resarcir al actor los gastos de un tratamiento psicoterapéutico que se estimó por la sentenciante en $ 4.000. Cierto es que a fs. 249 la perito psicóloga estableció un porcentaje de incapacidad psíquica sin afirmar que tal incapacidad guarda relación causal con el suceso que motiva esta causa. Pero no lo es menos que la misma perito, a fs. 231, concluye en que "si bien el actor está medicado, lo que mitiga la gravedad de su cuadro, las pérdidas que ha tenido y sobre todo la de su hija, ha provocado un desajuste en su aparato psíquico, apareciendo frente a este hecho reacciones de descontrol con importante carga de ansiedad, de agresión y de angustia, que ponen en juego su equilibrio psíquico". Por ello considera conveniente "reanudar un tratamiento psicológico además de la medicación para evitar un colapso". La sentenciante hizo mérito de que la perito no precisó la duración del tratamiento, ni su frecuencia, y por ello estimó prudencialmente (arg. art. 165 del CPCC) el costo en la suma antes indicada.

El agravio se apoya en la premisa que la incapacidad psíquica no es consecuencia, ni siquiera en parte, del infortunio por el cual se reclama. Pero pasa por alto que lo informado por la experta es que las pérdidas que ha sufrido Biasotti, sobre todo la de su hija, han provocado un desajuste en su aparato psíquico, apareciendo frente a este hecho reacciones de descontrol con importante carga de ansiedad, de agresión y de angustia, que ponen en juego su equilibrio psíquico. De manera que no es correcto afirmar que la perito ha desdeñado el hecho como generador de un daño psíquico que requiere un adecuado tratamiento, aún cuando omita explicitar que el porcentual de la incapacidad tiene relación causal con la pérdida de su hija.

Por lo expuesto, y no existiendo agravios del actor en cuanto a la suma estimada por la sentencia en recurso, voto por confirmar lo resuelto.

5. Si se comparte mi criterio, la sentencia deberá ser confirmada en todo lo que fuera materia de agravios. En caso de así resolverse las costas de esta Alzada, correrán en el orden causado al no haber existido contradicción.

Por análogas razones a las aducidas por el vocal preopinante, los doctores Posse Saguier y Galmarini votaron en el mismo sentido a la cuestión propuesta.

Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, se confirma la sentencia en todo lo que fuera materia de agravios. Las costas de esta Alzada, correrán en el orden causado al no haber existido contradicción. Los honorarios profesionales serán regulados una vez definidos los de la instancia anterior.-Eduardo A. Zannoni.- Fernando Posse Saguier.- José L. Galmarini.