Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-10-13


Expte. n° 2577/03 "Macbar SRL c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad" Buenos Aires, 13 de octubre de 2004 Vistos: los autos indicados en el epígrafe, resulta:

1. Macbar SRL interpuso demanda de inconstitucionalidad en los términos de los arts. 113, inc. 2º, CCBA y 17 y siguientes de la ley n° 402, para que se declare la inconstitucionalidad del "artículo 10.2.20 del Código de Habilitaciones AD 700.49".(fs. 18 vta. y 40).

La actora considera que esa norma, al reglamentar la actividad de los locales habilitados como "clase c" (aquellos en los se ejecuta música o canto) y disponer como su horario de cierre las 4,00 horas de la mañana, afecta:

a) el derecho de propiedad (arts. 14 y 17, CN, art. 12, inc. 5º, CCBA, art. 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y las prescripciones de la Ley de Defensa del Consumidor nº 24.240);

b) las libertades económicas de trabajar, de ejercer industria lícita y de contratar libremente (arts. 14, 14 bis y 33, CN y arts. 43 y 48, CCBA);

c) el principio de igualdad ante la ley y de la igualdad de oportunidades (arts. 16, 37 y 75, inc. 23, CN y arts. 11 y 40, CCBA);

d) el principio de razonabilidad que debe imperar en las reglamentaciones de los derechos y garantías de las personas (art. 28, CN; arts. 1º y 11, CCBA);

e) el derecho a la privacidad (art. 19, CN y art. 12, inc. 3º, CCBA); y f) las cláusulas constitucionales de progreso y desarrollo económico (art. 75, incs. 18 y 23, CN y art. 48, CCBA) -fs. 18 vta., 23 vta. y 28-.	La firma comercial sostiene, además, que dicha limitación horaria deviene "arbitraria por la manifiesta injusticia que ostenta, por su evidente efecto discriminatorio respecto de otras actividades, por su abierta desproporcionalidad" y por oponerse a normas posteriores y superiores dictadas por el Gobierno federal, como autoridad local, que establecieron la desregulación económica y la libre circulación económica de bienes y servicios y personas en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires -cf. decreto nº 2284/91, que fuera luego ratificado por el art. 29 de la ley nº 24.307- (fs. 29 vta. y 31 vuelta).	2. Ante la vacancia existente en el Tribunal, en aquel momento, se dispuso su integración con el juez Eduardo Ángel Russo, como magistrado subrogante.

3. A fs. 54/58 el Tribunal declaró, por mayoría, admisible la acción de inconstitucionalidad, con excepción de los cuestionamientos fundados en la ley nacional de defensa del consumidor (nº 24.240) y en el decreto PEN nº 2284/91.

4. La Procuración General contestó la demanda. En su responde (fs. 66/71) propicia el rechazo íntegro de la acción interpuesta por considerarla formalmente inadmisible, ya que "la acción declarativa de inconstitucionalidad no resulta la vía idónea a los fines de analizar la validez constitucional de normas emanadas del ex Concejo Deliberante" (fs. 67 vta.) y porque la interesada tampoco demostró "una relación directa entre la violación invocada y la norma atacada" (fs. 68 vuelta).

En cuanto al fondo, la Procuración sostiene que corresponde el rechazo de la acción, porque la norma de policía objetada no vulnera los derechos constitucionales invocados (fs. 69 vta.), sino que, por lo contrario: a) reglamenta razonablemente el derecho individual a ejercer industria lícita de estos locales, para que no "produzcan molestias a los vecinos que excedan los límites de la normal tolerancia" (fs. 69 vta.); b) no viola el principio de igualdad, puesto que la restricción horaria es una exigencia impuesta "a todos los que desarrollan un mismo tipo de actividad" (fs. 70); c) de ningún modo transgrede el art. 19 de la Constitución Nacional, ya que en el caso no se encuentran "en juego acciones privadas de los hombres, sino el desarrollo de una actividad comercial sujeta a la regulación estatal" (fs. 70 vta.); y d) tampoco se advierte que atente contra el desarrollo económico y la prosperidad del país (fs. 70 vuelta).	5. El Fiscal General dictamina a fs. 73/7 y propicia se rechace el planteo de inconstitucionalidad directo instaurado por la actora, por entender que "no ha ofrecido la más mínima exposición de las razones por las cuales el artículo 10.2.20 del Código de Verificaciones y Habilitaciones resultaría violatorio de las cláusulas constitucionales citadas" (fs. 77 vuelta).

Además, opina que "el fin perseguido por la norma impugnada es legítimo, sensato y racionalmente vinculado con la restricción horaria por ellas establecida, más allá de la mayor o menor conveniencia de tales regulaciones o de la posibilidad de concebir medios más eficaces" (fs. 76).

6. El 9/6/04 se celebró la audiencia del art. 6º de la ley nº 402 (fs. 90), durante la cual las partes reiteraron los planteos que efectuaron en sus presentaciones anteriores. El Fiscal General también mantuvo la posición sustentada en su dictamen. Fundamentos:

El juez José Osvaldo Casás dijo:

1. En mi concepto, los planteos de la Procuración General de la Ciudad y del Fiscal General sobre la inadmisibilidad formal de la demanda no refutan los fundamentos expuestos por la mayoría del Tribunal al declararla admisible (fs. 54/58). En esa resolución se definió con precisión el alcance de la presente acción. En los puntos 3 y 6 del voto que emitimos en forma conjunta con el juez Julio B. J. Maier -al que adhirió el juez Eduardo Ángel Russo con agregado de fundamentos propios- dejamos señaladas las razones que justificaban admitir la demanda. Ellas no fueron refutadas por la accionada ni por el Ministerio Público Fiscal.

Además, el cuestionamiento a la admisibilidad que realiza la Procuración General, en el sentido de que la acción se dirige contra una norma que no ha emanado de las autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino de las autoridades de la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, no rebate las razones señaladas por este Tribunal en los autos: "Salgado, Graciela Beatriz c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", expte. n° 826/01, sentencia del 21/11/01, para habilitar el debate constitucional referido a una ordenanza, por vía de la acción de inconstitucionalidad. Todo ello sin perjuicio de que en causas anteriores a la sanción de la ley nº 402, en lo personal, sustentara un criterio diferente del recogido en dicha norma.

Los fundamentos expuestos en esa decisión, y la falta de replica a tales razones, justifican el rechazo del planteo por ser insustancial.

2. En cuanto al fondo del asunto, Macbar S.R.L. plantea la inconstitucionalidad del artículo 10.2.20 del Código de Habilitaciones AD 700.49, que establece a las 4,00 horas el horario de cierre de los locales bailables en los que se ejecuta música o canto (clase "c").

La sociedad actora postula que el Estado no debe disponer el horario en que pueda desarrollarse tal actividad. Las libertades y los derechos constitucionales que se invocan en la demanda serían el fundamento jurídico de la pretensión. Macbar afirma que su posición se apoya en el derecho de propiedad, las libertades de trabajar, ejercer industria lícita y contratar libremente, los principios de igualdad ante la ley e igualdad de oportunidades, la exigencia de razonabilidad de la reglamentación de los derechos, el derecho a la privacidad y las cláusulas del progreso y del desarrollo económico.

En otras palabras, para el actor, que el Estado imponga un horario de cierre para los bares en los que se ejecuta música, o se canta, o ambas cosas, pone en riesgo el sistema de libertades civiles (privacidad, igualdad), y económicas (propiedad, industria) previsto en las constituciones nacional y local, conspira contra el desarrollo económico y social de la nación Argentina (cláusulas del progreso y del desarrollo) y lesiona tanto los instrumentos universales como regionales de tutela de los derechos humanos fundamentales: la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana de Derechos Humanos; entre otras consecuencias disvaliosas.

En verdad, el planteo es desmesurado. Sostener que la regla cuestionada (el tope horario para una cierta actividad comercial) vulnera derechos humanos fundamentales, el estado de derecho, el sistema capitalista y el desarrollo nacional, aparece como un exceso retórico inconducente para la solución de la cuestión planteada.

3. El texto que la actora cuestiona, corresponde al Código de Habilitaciones de la Ciudad de Buenos Aires y expresa: "Art. 10.2.20. Se entiende por local Clase "C" el lugar donde: se ejecuta música y/o canto hasta las 4 horas; b) se ofrecen bailes públicos; c) se expenden bebidas; d) se sirven o no comidas; e) se realizan o no números de variedades con o sin transformación".

En tanto el alcance de la admisión de la demanda fue consentido por las partes, quedó fuera del debate la relación entre esta norma y el decreto nacional n° 2284/91, por una parte, y entre la norma objetada y la ley nacional nº 24.240, por otra parte (véase punto 6 del voto de los jueces Casás y Maier, resolución de fs. 54/58).

Con fundamentos constitucionales genéricos, la parte actora se opone a la existencia de una regulación legal del horario en que pueden tener actividad los locales bailables clase "c".

En otros términos: la parte actora pretende que los derechos a trabajar, ejercer industria lícita, usar y disponer de la propiedad, no sean reglamentados -en cuanto se refiere al horario de cierre- por la legislación local, cuando esos derechos se concretan en la actividad comercial de locales bailables. De allí que, además, la actora tacha de arbitraria la reglamentación horaria.

El actor considera que la norma cuestionada es "una norma propia de un Estado de Policía perimido y no de un Estado de Derecho como el que actualmente nos rige" (fs.26).

Sin embargo, no resulta evidente -ni demostrada- la exactitud de esa afirmación.

4. La Constitución nacional del 1º de mayo de 1853, en su artículo 14 -texto que no fue reformado hasta la actualidad- establece que "todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio...". Es por demás sabido que esa disposición habilita el ejercicio del denominado "poder de policía". La última reforma constitucional, incorporó la expresión "poder de policía" al texto constitucional en el art. 75, inc. 30. Esta simple observación permite advertir que desde 1853 hasta la actualidad la Constitución reconoce la facultad de los gobiernos locales de reglamentar el ejercicio de los derechos que ella establece.

También ha sido constante la jurisprudencia del Corte federal en este punto. Como lo ha recordado el Tribunal en precedentes, "la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 1869 (Fallos: 7:150) reconoció 'que es un hecho, y también un principio de derecho constitucional, que la policía de las Provincias está a cargo de sus gobiernos locales, entendiéndose incluido en los poderes que se han reservado, el de proveer lo conveniente a la seguridad, salubridad y moralidad de sus vecinos; y que, por consiguiente, pueden lícitamente dictar leyes y reglamentos con estos fines" (in re: "Unión Transitoria S.A. y otros c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", expte. n° 1268/01, resolución del 17 de septiembre de 2002). El criterio ha sido sostenido por la Corte Suprema en pronunciamientos posteriores a la reforma constitucional, así, v.gr. en los autos: "Esperanza Patricia Dandolo" (Fallos: 322:1142), sentencia del 31 de mayo de 1999, y "Amilcar Gustavo Pereyra Herling" (Fallos: 324:1829), sentencia del 5 de junio de 2001. También en el plano legislativo se confirma esa constante. En 1853, a pocos días de haber dictado la Constitución de la Nación, el Congreso Constituyente sancionó la ley del 6 de mayo de 1853 para organizar la Municipalidad de Buenos Aires. En el art. 18, la ley recomendaba a la Municipalidad "la adopción de todas aquellas medidas relativas a la policía, seguridad, salud, limpieza y ornato de la ciudad...". Una vez que Buenos Aires se estableció como Capital de la República, el Congreso de la Nación, por medio de la ley nº 1260 del 1º de noviembre de 1882, en su artículo 50, inc. 6º, estableció entre las "atribuciones y deberes del Concejo Deliberante", la de "acordar los permisos necesarios para el establecimiento de casas de bailes, juegos permitidos y en general de todos los que puedan dar ocasión a escándalos y desórdenes; debiendo determinar las condiciones y reglas a que deban sujetarse, y pudiendo cerrarlas en caso de inobservancia de sus reglamentos o cuando las considere manifiestamente inmorales". La ley n° 19.901 mantuvo esa competencia en cabeza de las autoridades locales.

Dados los términos en que se ha propuesto el debate, no resulta necesario extenderse en un desarrollo argumental exhaustivo, para corroborar que, más allá de las discusiones teóricas que han tenido como protagonista a la noción de "poder de policía", en definitiva, el plexo de disposiciones constitucionales y legales y los precedentes jurisprudenciales dan fundamento a la existencia de atribuciones locales para ejercerlo, atribuciones establecidas ahora en la CCBA, dictada en el marco de la autonomía de Buenos Aires, consagrada por la reforma de la Constitución nacional de 1994.

Por lo expresado en este punto, correspondía al actor efectuar la distinción entre el ejercicio del poder de policía que la Constitución nacional y la local habilitan para reglamentar los derechos que ella concede, y el "Estado de Policía perimido" que imprecisamente se haría presente en la especie conforme a su escrito.

Si bien a fs. 28 vuelta la actora reconoce que el derecho de propiedad no es absoluto y "puede estar sujeto a ciertos límites razonables que no pueden llegar al extremo de su desconocimiento", agrega que "tal es lo que acontece con la norma local objeto de autos" a la que imputa "lesionar libertades, derechos y garantías de empresas como la de mi mandante". En este punto, el actor plantea el agravio sobre el cual sustenta, en general, su impugnación: la violación del principio de razonabilidad.

En tanto las referencias a la irrazonabilidad normativa han sido efectuadas por confrontación con la desregulación dispuesta por el decreto nº 2284/91 (véase el capítulo VI.2 de la demanda, fs. 29 a 31 vuelta), el agravio no puede ser atendido, de acuerdo con los alcances del debate admitido por el Tribunal en la resolución de fs. 54/58.

5. Por lo demás, si bien respecto de ordenanzas de municipios de provincia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, in re: "Ángela Digna Balbina Martínez Galván de Rivademar v. Municipalidad de Rosario", sentencia del 21 de marzo de 1989, sostuvo "el carácter de legislación local" de tales normas (Fallos: 312:226, considerando 8º, segundo párrafo); doctrina que fuera explícitamente ratificada por el Alto Tribunal en la causa "Promenade S.R.L. v. Municipalidad de San Isidro", sentencia del 24 de agosto de 1989 (Fallos: 312:1394), donde, remitiendo al dictamen de la señora Procuradora Fiscal, doctora María Graciela Reiriz, entendió que "las ordenanzas han sido nítidamente diferenciadas de las reglamentaciones de los órganos burocráticos o descentralizados de la administración comunal, tanto por sus características formales, como por el origen y conformación del órgano del cual emanan y el procedimiento de su formación y sanción. Las ordenanzas emanadas de un órgano de gobierno elegido por el sufragio popular; es, como la ley, una expresión 'soberana' de la voluntad popular, de la voluntad comunitaria organizada" (transcripción literal con énfasis en bastardilla añadido); (e)n cambio, el reglamento, si bien materialmente legislativo, emana de un órgano que ejerce actividades esencialmente administrativas, mediante un cauce formal distinto, según un procedimiento que tiene como característica la organización jerárquica. El reglamento, que en la estructura municipal es producto de la voluntad de los órganos ejecutivos (Intendente, Secretarios y funcionarios dependientes), pertenece a la esfera de la "administración", que es una organización instrumental de gestión, tiene carácter vicarial y subordina permanentemente su voluntad a las normas dictadas por los representantes directos del pueblo.

Los conceptos y matizaciones precedentes, vertidos por el Ministerio Público ante el Máximo Estrado Federal, si bien fueron desarrollados teniendo en vista la Ley Orgánica Municipal de la Provincia de Buenos Aires, "mutatis mutandi", resultan igualmente predicables en relación al "status jurídico" anterior de nuestro Estado local, tal cual se normaba por la ley nº 19.987, Orgánica de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, dónde en el Título I: "Gobierno y Administración Municipal", Capítulo 3º y siguientes, relativos al Concejo Deliberante, se definía su composición, modo de elección para los concejales, autoridades, duración del mandato, sistema electoral y, fundamentalmente, por el Capítulo 5º, sus competencias, dentro de las cuales se destacaban las legislativas, materializadas a través de ordenanzas cuya formación y sanción venía disciplinada por el Capítulo 6º. Todo ello, en mérito a la habilitación por descentralización explícitamente discernida por ley local emanada de la autoridad nacional.

6. En cuanto a los supuestos agravios constitucionales vinculados con el derecho de propiedad y las libertades de trabajar, de ejercer industrias lícitas y de comerciar, los planteos efectuados en la demanda no demuestran que la regulación contenida en el Código de Habilitaciones que se objeta produzca una lesión constitucional.

Resulta oportuno recordar que "las limitaciones a la propiedad privada en interés público, son el conjunto de medidas jurídico-legales concebidas para que el derecho de propiedad individual armonice con los requerimientos del interés público o general, evitando, así, que el mantenimiento de aquel derecho se convierta en una traba para la satisfacción de los intereses del grupo social (cf. Marienhoff, Miguel S., Tratado de Derecho Administrativo, Tomo IV, sexta edición actualizada, p. 21, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1997). El establecimiento de un horario para que cese la actividad de los locales bailables aparece como una forma razonable de conciliar los intereses de los propietarios de esos locales, de sus concurrentes y de los vecinos que deben soportar las molestias que pueda llegar generarles la actividad propia de esos locales. Se establece, en ejercicio del poder de policía, un cierto horario para que cese la actividad del local bailable y se habiliten mejores condiciones para el descanso de los vecinos. No aparece aquí ningún desborde en el ejercicio de la competencia local, en cuanto a su finalidad. Tampoco la regulación puede considerarse cuantitativamente irrazonable. Más allá de las preferencias personales, la admisión de la apertura del local hasta las 4,00 horas de la madrugada confiere un plazo diario suficiente para desarrollar la actividad económica que se pretende.

En suma, no se advierte que el art. 10.2.20 del Código de Habilitaciones altere, en abstracto, los derechos reconocidos por la Constitución nacional, mencionados en este punto. Si en algún caso la concreta aplicación de una restricción horaria para el funcionamiento de un local bailable no encuentra justificación consistente, por ejemplo, por encontrarse el inmueble situado en una zona alejada del emplazamiento de viviendas, tal circunstancia podría llegar a ser ponderada en el marco de un proceso que, por la vía del control difuso, permita tener en cuenta dichas situaciones particularizadas de cara al conjunto de regulaciones urbanísticas que rigen en el ámbito de la Ciudad.

7. A similar conclusión se llega en cuanto a la supuesta afectación de la cláusula del progreso y de promoción del bienestar general.

Además de carecer la demanda de un análisis riguroso del contenido de esas disposiciones y de la forma en que la ordenanza las lesionaría, no parece que establecer normativamente que las confiterías bailables cierren a las 4 de la madrugada conspire contra el desarrollo general de la comunidad.

Tampoco se advierte por qué razón el horario de cierre de los locales bailables, lesiona el derecho a la privacidad.

Por último, al alegar la supuesta lesión a la "igualdad ante la ley" y a la "igualdad de oportunidades", se pierde de vista que la desigualdad debe surgir de la ley misma y no de su aplicación, para que el agravio pueda ser admitido por esta vía. En tanto todos los locales bailables (no sólo los de la clase "c") deben cerrar a las 4,00 horas, como lo indica acertadamente el Sr. Fiscal General en su dictamen (nota 1, fs. 73), no se plantea ante el Tribunal la existencia de una norma discriminatoria para unas confiterías bailables en desmedro de otras, sino, cuanto más, prácticas diferentes respecto de ellas, que no admiten ser tratadas por vía de la acción de inconstitucionalidad.

La alegada desigualdad entre esta actividad y otras desreguladas por el ya mencionado decreto nacional n° 2284/91 ha quedado fuera de la consideración del Tribunal.

8. Por las razones expuestas, voto por rechazar la demanda de inconstitucionalidad del artículo 10.2.20 del Código de Habilitaciones (A.D 700.49), planteada por Macbar SRL. Con costas por su orden (art. 25, LPT).

El juez Julio B. J. Maier dijo:

Concuerdo con el contenido y la solución propuesta en el voto del juez de trámite, Dr. José O. Casás.

Empero, en mis propias palabras, formularé algunas aclaraciones. La acción fue incoada con el propósito de que se declare inconstitucional el artículo 10.2.20 del Código de Habilitaciones y Verificaciones -AD 700.49-, en cuanto establece una limitación horaria (hasta las 4 horas) para el desarrollo de las actividades de locales de baile y/o canto clase "C", rubro para el que se encuentra habilitada la actora.

Declarada, por mayoría del Tribunal, la admisibilidad formal de la acción (fs. 54/58) se decidió que no pueden confluir para la resolución de la controversia ni la ley nacional nº 24.240 (de defensa del consumidor) ni el decreto PEN nº 2284/91 (de desregulación económica) -decisión consentida por la actora-, razón por la cual el conflicto quedó constreñido al marco de las argumentaciones de la actora sobre "poder de policía" local, como así también a sus argüidas trasgresiones a garantías de rango constitucional, conforme a los términos latamente consignados en el escrito inicial, según lo advierte detalladamente el voto del Sr. juez de trámite.

Así, entonces, para resolver el conflicto, cobra relevancia la doctrina judicial conforme a la cual: "...la mera invocación de reglas constitucionales conocidas, como la libertad de practicar una industria lícita y la libertad de trabajo, nunca se sostuvo como incompatible con el ejercicio legítimo del poder de policía, trasuntado en reglas que prevén, razonablemente, los lugares y el modo en el que las actividades comerciales e industriales pueden desarrollarse..." (cf. mi voto conjunto con la jueza Alicia E. C. Ruiz en el expte. nº 58/99, sentencia del 9/9/99 in re "Paca S.A. s/ recurso de queja" en Constitución y Justicia [Fallos del TSJ] Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 1999, t. I, p. 355). Nadie, en este estado de la cuestión, puede negar la razonabilidad (oportunidad y conveniencia) de la limitación horaria cuestionada, máxime cuando ella también rige para otro tipo de locales de baile (los denominados clase "A" y "B") sin mengua de sus derechos.

De otro lado, contra la inexcusable regla de que las acciones declarativas de inconstitucionalidad, como la que aquí se ejerce, no están destinadas a tutelar intereses individuales concretos (cf. "Ministerio Público [Defensoría General y Asesoría General de Menores e Incapaces] c/ Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", expte. n° 70/99, resolución del 27/12/99 en Constitución y Justicia [Fallos del TSJ], Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 1999, t I, p. 713; "Liga de amas de casa, usuarios y consumidores de la República Argentina y otros c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", expte. nº 480/2000, resolución del 13/12/00 en Constitución y Justicia [Fallos del TSJ], Ed. Ad-Hoc. Buenos Aires, 2000, t. II, p. 455; y "Arbitra S.A. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", expte. nº 386/00, resolución del 21/6/01, aún sin publicar), la acción incurre, en diversas oportunidades, en la invocación de perjuicios o daños de la citada índole (singulares) -generalmente de naturaleza económica- que a la actora le irrogaría la aludida limitación horaria (cf. fs. 20, 24 vuelta, 27/27 vuelta, 30, 34 vuelta, del escrito de inicio).

Por lo demás, un pormenorizado examen del caso demuestra -como lo también lo sostienen la Procuración General y el Sr. Fiscal General Adjunto- que la accionante no logra conectar la multiplicidad de normas y garantías constitucionales que enumera conculcadas, con la precisa disposición cuya invalidez persigue, de un modo que demuestre la trasgresión que se pretende y la necesidad de que ella sea declarada por el Tribunal en virtud de una regla constitucional (cf. TSJ in re "Massalín Particulares S.A. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", expte. nº 31/99, resolución del 5/5/99 en Constitución y Justicia [Fallos del TSJ], Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 1999, t. I, p. 56). Vale señalar, también, que el escrutinio de razonabilidad es simple, en el sentido de que no se trata de confrontar el fin de la norma (la tranquilidad pública) con el medio más idóneo para protegerla o el menos dañino para intereses individuales, sino tan sólo constatar que la reglamentación provee de un medio para obtener ese fin y que su aplicación no resulta descabellada para lograrlo. La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

1. Al expedirme a fs. 54/58 acerca de la admisibilidad de esta acción sostuve que "[e]l Tribunal, desde sus primeros pronunciamientos ha señalado 'que es un requisito esencial del trámite preliminar de admisibilidad de la acción declarativa de constitucionalidad que quien la inicia (...) explique de manera clara y pormenorizada las razones en las que sustenta la tacha de inconstitucionalidad' (in re 'Massalín Particulares S. A. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ acción declarativa de inconstitucionalidad', expte. nº 31/99, resolución del 5/5/99, en Constitución y Justicia, Fallos del TSJ, Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, t. 1, p. 59). Asimismo el Tribunal ha indicado que para evaluar la admisibilidad de la acción declarativa de inconstitucionalidad debe especificarse cuál es la relación directa que existe entre las normas que son impugnadas y los principios constitucionales que son invocados (in re 'Alegre Pavimentos SACICAFI c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ acción declarativa de inconstitucionalidad', expte. nº 366/00, resolución del 20/6/00). Como sostuve al expedirme sobre la admisibilidad de esta acción en la resolución de fecha 26/12/03, la accionante no satisface adecuadamente la carga de aportar los fundamentos que motivan su pretensión, y por lo tanto no logra articular una cuestión constitucional. En el escrito presentado, a pesar de su extensión, no vincula de manera directa la norma que intenta atacar, con los principios, derechos o garantías de rango constitucional que enumera." 2. Durante la audiencia desarrollada el día 09/06/04, la accionante no ha desarrollado argumentación alguna que permita subsanar las deficiencias que presenta la demanda, que señalé en la decisión de 26/12/03 y que reitero en el punto anterior. Por ello, voto por declarar inadmisible la demanda.

La jueza Ana María Conde dijo:

Al expedirme respecto de la admisibilidad de la acción, complementando los argumentos de la jueza Alicia E. C. Ruiz, sostuve que el planteo formulado por la actora debía ser rechazado, pues no había enunciado de modo fundado un planteo de inconstitucionalidad que pudiera ser considerado por el Tribunal.	Tal objeción subsiste para mí al día de la fecha, pues nada ha aportado la actora en su exposición en la audiencia [arts. 6 y 21 de la ley 402] que permitiera considerarla subsanada.

La carencia de un sustento argumental adecuado y, con ello, de fundamentos de índole constitucional suficientes para sostener un planteo de la naturaleza del intentado me imponen votar por su rechazo.

El juez Eduardo Ángel Russo dijo:

Adhiero al voto del señor juez de trámite Dr. José O. Casás en todas sus partes.

Sin embargo, cabe efectuar algunas consideraciones que abonan idéntica conclusión. El derecho público de un Estado de derecho, republicano y democrático se basa en algunos ineludibles principios liminares: a) el Estado puede realizar todo lo que le esté legalmente autorizado; b) los particulares pueden hacer todo aquello que no les está prohibido (art. 19 CN) y c) la igualdad de éstos últimos ante la ley (art. 16 CN y 11 CCABA). La restricción horaria a que alude esta acción de inconstitucionalidad cumple con los tres requisitos mencionados. En efecto, la facultad de reglamentar los derechos se encuentra autorizada por el art. 14 de la Carta Magna con la limitación dispuesta por el artículo 28 CN y, en el orden local, el art. 10 CCABA impone igual limitación a la facultad reglamentaria. La igualdad ante la ley consiste en dispensar el mismo tratamiento a casos idénticos, lo que también se da en la especie, toda vez que -tal como puntualiza el Dr. Casás en su voto- el Sr. Fiscal General en su dictamen, acertadamente ha sostenido que todos los locales bailables (no sólo los de clase "c") deben cerrar a las 4,00 horas.

Respecto de la facultad de reglamentar los derechos con que cuenta el Estado, corresponde recordar a Bidart Campos quien señala que: "[a]ntes de decir que los derechos se pueden limitar, hay que dar por verdad que, ontológicamente, son limitados, porque son derechos de los hombres 'en sociedad' y 'en convivencia'. De ahí en más, ese carácter limitado hace que los derechos sean limitables, precisamente para hacer funcionar el goce, el ejercicio, la disponibilidad y el acceso a su disfrute sin exclusión de nadie" (Bidart Campos, Germán J., en Manual de la Constitución Reformada , Tomo II, p. 344, Ed. EDIAR, Bs. Aires, 2000). De tal manera, la cuestión se reduce a la determinación de si la restricción horaria impuesta no sobrepasa los límites de una razonable reglamentación en el ejercicio del poder de policía, o si, por el contrario, dicho ejercicio altera los principios, garantías y derechos reconocidos por la Constitución. Para ello debe tenerse en cuenta que la reglamentación cuestionada trata de armonizar intereses en pugna como los de la libertad de comercio de quien habilita el local bailable y el derecho al descanso de los vecinos. Frente a ello no resulta irrazonable la fijación prudente de un horario de cierre que conjugue los derechos de ambas partes.

Por ello, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Rechazar la demanda de inconstitucionalidad planteada por Macbar SRL, a fs. 18/40, contra el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, e imponer las costas por el orden causado.

2. Mandar que se registre, notifique y archive.