Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-11-30


2a Instancia.áBuenos Aires, a los 30 días del mes de noviembrede 2009.

EL DOCTOR JUAN CARLOS E. MORANDO DIJO:

I.- Ambas partes han apelado la sentencia de fs. 173/176, que rechazó en lo sustancial las pretensiones expuestas en la demanda, salvo la fundada en el artículo 45 de la Ley 25345. Por lo resuelto respecto de este tema, se queja la sociedad demandada. Por las pretensiones rechazadas, la actora.

II.- El recurso de la demandada (fs. 180/181) es procedente: en efecto, contra lo que indicó la sentenciante de grado, la pretensora no intimó la entrega de los certificados previstos en el artículo 80 L.C.T. en la forma regulada por el artículo 3º del Decreto 146/01, ya que los requirió, sólo, en la comunicación de despido indirecto. Por lo demás, a ese requerimiento la demandada contestó poniéndolos a su disposición en el establecimiento y la requirente, a quien esa respuesta transfirió la carga de concurrir al lugar -que es el de cumplimiento de la obligación-, no ha afirmado haber intentado cumplirla. A mayor abundamiento, no demandó su entrega -sólo la multa-, lo que sugiere que los obtuvo antes de demandar, o su desinterés por la obtención de los instrumentos.

III.- El de la actora (fs. 183/186) es improcedente. Fue ella quien extinguió el contrato, invocando la incorrecta registración de la fecha de ingreso, diferencias salariales por incorrecta asignación de categoría, y ejercicio abusivo del jus variandi, reproches que, con criterio que comparto, la sentenciante de grado juzgó no probados. Respecto de la fecha de ingreso, la apelante evoca los testimonios de Soma, Del Roscio y, sin mencionarla ni ubicar en el lugar que ocupa en la causa, el de Gasparri (fs. 118),a quienes atribuye haber ubicado su ingreso en noviembre de 1998, en 1999 y 1998, respectivamente. Tal como señaló la a quo, las testigos no dieron razón de sus dichos, a lo que se agregan las contradicciones en las fechas y, en cuanto determina la insuficiencia del agravio, la omisión de la apelante en "elegir" la correcta, con adecuada explicación de las razones, o remitir a alguna denunciada en la causa. No constituye agravio válido afirmar que de las declaraciones surge que comenzó a trabajar antes de la fecha registrada, sin ofrecer el dato que permita establecer la comparación (artículo 116 del ordenamiento procesal aprobado por la Ley 18345). De igual manera, la glosa de testimonios que relataron las diversas tareas que cumplió en etapas sucesivas de la relación no constituye agravio en orden a la alegada incorrección de la categoría asignada, que requería la comparación de esos datos con la descripción que alguna convención colectiva que juzga aplicable -no invoca convención alguna, como lo exige el artículo 8º L.C.T.- contiene como definitoria de la pertenencia a alguna categoría específica, más la confrontación de las remuneraciones a ella asignadas con las que, en cada uno de los períodos de pago incluidos en el reclamo. La disminución de las remuneraciones del personal en el 11%, haya sido impuesta unilateralmente por la empleadora o convenida con la representación del personal, no es computable como injuria, ya que ocurrió entre octubre y noviembre de 2001 -en diciembre se dejó sin efecto la reducción en el caso de la actora, quien lo afirma a fs. 5- y la actora se consideró despedida en 2007 -lo que excluye la contemporaneidad exigida por el artículo 242 L.C.T. al remitir a la imposibilidad de continuar la relación como caracterización de la injuria en sentido laboral-. En la demanda se aludió a una disminución de $ 250.- mensuales desde mayo de 2006, que en esta etapa no se ha mantenido.

IV.- Por las razones expuestas y, en lo pertinente, argumentos propios, que doy por reproducidos, de la sentencia apelada, propongo se la confirme en lo principal que decide; se la deje sin efecto en cuanto condena al pago de la multa del artículo 45 de la Ley 25345; se rechace la demanda; se impongan las costas del proceso a la actora, y se regulen los honorarios de las representaciones letradas de la actora y de la demandada, por la totalidad de los trabajos cumplidos, y los del perito contador -que apeló los que se le asignaron-, en $ 3.000.-; $ 4.200.- y $ 1.500.-, respectivamente (artículos 499 del Código Civil; 242, 243 y 245 L.C.T.; 6º y 8º de la Ley 21839; 3º del D.L. 16638/57).

LA DOCTORA GABRIELA A. VAZQUEZ DIJO:

Que, por compartir sus fundamentos, adhiero al voto que antecede.

EL DOCTOR LUIS ALBERTO CATARDO: no vota (articulo 125 del ordenamiento procesal aprobado por la Ley 18.345).- Por ello, el TRIBUNAL RESUELVE:

1)Confirmar la sentencia apelada en lo principal que decide, y dejarla sin efecto en cuanto condena al pago de la multa del artículo 45 de la Ley 25345 y rechazar la demanda;

2)Imponer las costas del proceso a la actora;

3)Regular los honorarios de las representaciones letradas de la actora y de la demandada, por la totalidad de los trabajos cumplidos, y los del perito contador -que apeló los que se le asignaron-, en $ 3.000.-; $ 4.200.- y $ 1.500.-, respectivamente. JUAN CARLOS E. MORANDO GABRIELA A. VÁZQUEZ á