Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-09-18


SENT Nº 813	C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Dieciocho (18) de Setiembre de dos mil doce, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán, René Mario Goane y la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel Estofán, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la demandada en autos: "Tevez Nora Rosa del Valle vs. Minera Alumbrera Limited s/ Indemnización por despido".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctora Claudia Beatriz Sbdar, doctores Antonio Daniel Estofán y René Mario Goane, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo:

1. Contra la sentencia de la Sala IV de la Excma. Cámara del Trabajo de fecha 11 de noviembre de 2010 (fs. 272/276), la demandada interpone recurso de casación que fue concedido por resolución del 13/6/2011 (fs. 291). Según informe actuarial de fs. 313, sólo la parte actora ha presentado la memoria prevista en el art. 137 del CPL.

2. La sentencia hizo lugar parcialmente a la demanda y condenó a la demandada a abonar a la actora la suma de $93.023,27 en concepto de indemnización por antigüedad, sustitutiva de preaviso, SAC s/ preaviso, integración mes de despido, haberes abril/07, vacaciones prop./07 e indemnización art. 16 Ley 25.561; rechazó los rubros SAC/Vacaciones, indemnización art. 2 Ley 25323 y daño moral; impuso las costas y reguló los honorarios de los profesionales intervinientes.

3. La demandada afirma que la sentencia impugnada es arbitraria, ya que no existe ley alguna que disponga que para que un telegrama se considere receptado en caso de ausencia de destinatario, deban dejarse dos o más avisos de visitas, y que el reglamento interno invocado por la Cámara, relativo a 'cartas documento' no es aplicable al caso, toda vez que cursó sus comunicaciones por telegramas. Entiende que la 'ley' aplicada es notoriamente improcedente, lo cual configura la causal de arbitrariedad por exigir requisitos previstos en una norma aplicable a una situación ajena a la litis, lo que revela un vicio sustancial concerniente a los fundamentos normativos de la decisión.

Sostiene que el fallo efectúa una indebida aplicación de una normativa interna en violación al régimen legal vigente sobre entregas de telegramas. Explica que el tribunal consideró que el Correo Argentino incumplió con el procedimiento de entrega que estaría plasmado en un denominado 'Manual de Características de Producto', que preceptúa que se debe intentar entregar la pieza postal al menos en dos oportunidades, dejando en cada una de ellas el correspondiente aviso, aplicando así una ley ajena o extraña al caso traído a decisión, pues su parte cursó sus comunicaciones mediante telegrama colacionado, respecto del cual no rigen las mismas normas o procedimientos relativos a las cartas documento, a más que el supuesto manual no surge de normativa legal alguna, con lo cual -prosigue- la sentencia estaría basada en una norma inexistente.

Señala que el requisito del doble aviso de visita a que se refiere el pronunciamiento impugnado, resulta violatorio de lo establecido en el Decreto nº 150/96, reglamentario de la Ley 23.789 que en su apartado IV del anexo I del art. 2º establece que de no poderse realizar la entrega de telegrama, se dejará aviso de visita, sin que se consigne de modo alguno que debe dejarse más de un aviso, como sí se establece expresamente en el art. 2º del Decreto 3252/04 de la Comisión Nacional de Comunicaciones relativo al servicio de carta documento. Sostiene que la 'ley' aplicada al caso por el tribunal refiere a un producto postal diferente al empleado por su parte como medio de notificación, a lo que se añade que existiendo un vacío legal debió aplicarse por analogía el régimen vigente para los telegramas laborales, contenido en el Decreto 150/96, en razón de reglar un producto asimilado al telegrama colacionado. En este sentido, destaca que el art. 1º de la Ley 23.789, de creación del servicio de telegrama y carta documento gratuito para el trabajador, establece que el servicio de telegrama tendrá las mismas características que el denominado colacionado.

Finalmente, cita jurisprudencia que considera aplicable al caso y propone doctrina legal.

4. El recurso de casación ha sido interpuesto tempestivamente contra una sentencia definitiva, se funda en infracción normativa y arbitrariedad del pronunciamiento y se ha dado cumplimiento con el afianzamiento a fs. 287/289 (conf. arts. 130/133 CPT). Consecuentemente, corresponde abordar la procedencia de la vía extraordinaria local intentada.

5. Razones de orden metodológico tornan conveniente recordar las posiciones asumidas por las partes en los escritos de demanda y contestación, como también la línea argumental del pronunciamiento impugnado.

La actora refirió en la demanda que mientras se encontraba de licencia por enfermedad, inmovilizada por una lesión con tratamientos de rehabilitación e infiltraciones continuas, el 04/5/2007 la demandada le remitió telegrama colacionado, mediante el cual le comunicó que en razón de no haber justificado sus inasistencias ni reintegrado a sus tareas, luego de las ausencias injustificadas en que incurriera desde el 19/4/2007 hasta esa fecha, pese a haber sido debidamente intimada conforme telegrama nº 247 del 27/4/2007, la consideraba incursa en abandono de trabajo (art. 244 LCT) y ponía a su disposición liquidación final y certificación de servicio. Manifestó que el 08/5/2007 remitió TCL n° 69749569, rechazando los términos del telegrama citado, expresando que sus inasistencias se encontraban legalmente justificadas, a la vez que negó que se la hubiera requerido, intimado o enviado ningún telegrama colacionado, como sería el de fecha 27/4/2007, el que desconoció haber recepcionado. Señaló que en dicha misiva también rechazó la causal de despido invocada y comunicó que el último certificado enviado a esa empresa, de fecha 14/3/2007, con cuarenta días de licencia por razones de salud, fue debidamente comprobado por el auditor de la propia empresa, quien recepcionó la documentación respectiva, expresando que continuaba con riguroso tratamiento médico. Agregó que esta comunicación fue contestada por la demandada, negando la justificación de las inasistencias y haciendo mención a sus supuestos telegramas de fechas 19, 23 y 27 de abril, y manifestando falazmente haberla citado a una revisación médica y posteriormente intimándola a reintegrarse al trabajo bajo apercibimiento de ley. Aseveró que ninguno de esos telegramas colacionados fueron recibidos por su parte, por lo que carecían de validez jurídica (cfr. fs. 2/4). En la ampliación de demanda, insistió en que jamás recepcionó el telegrama nº 247 de fecha 27/04/07 en que supuestamente se la intimó a trabajar (cfr. fs. 38/39).

En el responde, la demandada manifestó que la actora se condujo con total mal fe, prueba de ello era la ocultación de la verdad que efectuó en la demanda al expresar que nunca recibió las intimaciones que le envió su parte. Detalló uno a uno los telegramas que remitió a la actora, señalando -entre otros- que los de fecha 19/04/07, 23/04/07 y 03/05/07 no fueron entregados personalmente, dejándose aviso de visita por parte del Correo. Destacó que de manera sorpresiva, el único telegrama que la actora contestó es el de despido, de fecha 3 de mayo, telegrama que tampoco pudo serle entregado personalmente, dejándose el respectivo acuse de visita, con lo cual se verifica que sí concurrió a la oficina postal a retirarlo, tal como lo habrá hecho con los anteriores que negó maliciosamente haber recibido. Sostuvo que la conducta de la actora resultó claramente violatoria de los principios de continuidad o estabilidad, realidad y buena fe que deben regir el contrato de trabajo, y que el empleador cumple con su obligación de intimar previamente al trabajador, enviando al domicilio denunciado en el legajo antes de considerarlo incurso en abandono de trabajo (art. 244 LCT), aunque se encontrare cerrado, ya que no es su responsabilidad (cfr. fs. 101/113).

En lo pertinente, consideró la Cámara que la plataforma fáctica de la causa "permite concluir que las notificaciones cursadas por la demandada a la actora con fechas 19/04/07, 23/04/07 y 27/04/07, son auténticas, que fueron remitidas al domicilio declarado por la actora, pero no fueron entregadas, atento a lo informado por personal del Correo al diligenciar las notificaciones -domicilio cerrado, dejose aviso de visita- (fs. 205, 206 y 207)".

Tuvo por acreditado que "la actora comunicó a la demandada, mediante certificados médicos de fechas 20/02/2007 (fs. 100), 01/03/2007 (fs. 99) y 14/03/2007 (fs. 98) expedidos por el Dr. Patricio E. Moggio, su afección en el codo derecho, como el tratamiento indicado por el facultativo. Estos certificados, al no haber sido impugnados por la demandada y acompañados como fundamentos de su responde, gozan de autenticidad y relevancia para acreditar el conocimiento que tenía la demandada sobre la afección que padecía la actora".

Ponderó el tribunal que "de las constancias del informe de Correo Argentino ofrecido y diligenciado por la parte demandada, en el CP Informativa N° 2, surge que los Telegramas Colacionados de fechas 01/02/07, 19/04/07, 23/04/07 y 27/04/07, remitidos por la demandada a la actora para que comparezca a revisión médica, no llegaron a su conocimiento, al no haber sido entregados por el empleado del correo, por domicilio cerrado y dejado aviso de visita. Esta situación implica que era el empleador el que debía cargar con la responsabilidad de controlar la recepción de las misivas enviadas, conforme al cabal conocimiento que tuvo de las diligencias certificadas por el correo (domicilio cerrado se dejo aviso), con fechas 23/04/07, 26/04/07, 27/04/2007. Corresponde advertir igualmente que los telegramas de fecha 02/02/07, mediante la cual se cita a la actora para el día 06/02/07, como el de fecha 23/03/07, que fija revisión para el día 26/03/07 a hs. 17.00, si bien fueron recepcionados por la actora, fueron de imposible cumplimiento, por cuanto no fueron dispuestos con la antelación temporal lógica, respecto a la cual pueda inferirse que la demandada haya tenido en consideración el domicilio de la actora (Santiago del Estero), el lugar de revisión fijado al efecto y el día en que el Correo Argentino materializó las comunicaciones (05/02/07 y 27/03/07 respectivamente)".

Entendió que "tal situación desnaturaliza las citaciones efectuadas, por cuanto aún cuando la actora hubiera tenido conocimiento de esta citación, su falta de concurrencia ante la proximidad y pos datación de la fecha fijada para el control médico dispuesto, (Telegrama de fecha 23/03/07), no autoriza a la demandada a tener por injustificadas sus incomparencias. Tal conclusión es igualmente aplicable con relación a la intimación efectuada por la demandada por Telegrama Colacionado de fecha 23/04/07, el que conforme constancia del informe del Correo, tampoco llegó a la esfera de conocimiento de la actora, por lo que tampoco pueden aplicarse las consecuencias jurídicas en él intimadas. Igual tratamiento merece la correspondencia de fecha 27/04/07, por la cual la demandada intima a la actora un plazo de 24 hs. a reintegrarse a sus tareas normales bajo apercibimiento de considerarse la situación como abandono injustificado de trabajo. Esta intimación, conforme lo informado por el Correo a fs. 207, tampoco fue recibida por la actora, sino que se dejó aviso de visita".

Expresó la Cámara que "conforme al Manual de Característica de Productos del Correo Argentino, de no encontrarse persona alguna en el domicilio del destinatario, el funcionario dejará un aviso de visita (Adv.), debiendo realizarse un segundo intento de entrega a las 24 hs., dejando un segundo aviso en caso de no encontrarse persona alguna. El destinatario o persona que éste autorice, con el Adv., el documento del destinatario y el propio, podrá retirar el envío de la oficina correspondiente. En caso de no presentarse dentro de los cinco días hábiles a partir de la entrega del segundo Adv., el envío será devuelto al remitente. Es decir que de acuerdo al referido Manual el Correo Argentino ha violado su propia reglamentación, ya que debió dejar dos avisos de visita, sin embargo lo hizo una sola vez, creando una cierta inseguridad legal, de que el aviso pudo ser fácilmente ignorado por la actora o no darse cuenta que estaba en la entrada de su domicilio. Tal circunstancia crea el convencimiento que la actora no recibió las comunicaciones de fechas 01/02/07, 19/04/07, 23/04/07 y 27/04/07, no tuvo conocimiento de éstas en forma fehaciente, por lo que mal pudo de este modo cumplir con las intimaciones dispuestas por el empleador, de presentarse al control médico dispuesto, justificar sus inasistencias y presentarse a trabajar".

Concluyó que "las intimaciones efectuadas por la demandada en fecha 01/02/07, 19/04/07, 23/04/07 y 27/04/07, no cumplen con el requisito de 'forma fehaciente', consagrado por el Art. 244 L.C.T., motivo por el cual corresponde considerar como injustificado y arbitrario el despido dispuesto por la demandada con fecha 03/05/07, tornando procedente las indemnizaciones de ley".

Confrontado el recurso de la demandada con los fundamentos del fallo y los antecedentes del caso, todos precedentemente reseñados, se advierte que el mismo no puede prosperar.

Señala Raúl Horacio Ojeda que "el intercambio telegráfico, en cuanto herramienta que procura el conocimiento del destinatario de una manifestación de la voluntad, involucra y debe satisfacer el derecho de defensa consagrado en el artículo 18 de nuestra Carta Magna. Teniendo en cuenta tal premisa, los principios y reglas que lo rigen pueden ser clasificados en los inherentes al envío y recepción del despacho, y los propios de la reacción frente a la comunicación" (Ley de Contrato de Trabajo, segunda edición actualizada, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2011, T. III, pág. 392). Entre los primeros, enuncia los de receptividad, deber de diligencia del emisor, deber de diligencia del receptor, buena fe del emisor y buena fe del receptor (ob. cit. pág. 392). Respecto del deber de diligencia del emisor, sostiene el autor que "en la materia se utiliza como directriz la regla pretoriana de que 'quien elige el medio de comunicación, corre con las consecuencias que de ella derivan', principalmente de su ineficacia. La consecuencia de haber utilizado un medio que no resultó eficaz es que la comunicación se debe considerar inexistente (regla de la receptividad ya vista), lo que determina, por ejemplo: que se considere no intimado para que en término perentorio se presente a reanudar tareas, lo que concluye en que se tenga por injustificada la ruptura por abandono de trabajo; o que el despido debe juzgarse injustificado si el trabajador no recibió el telegrama cursado por su principal, en el cual expresaba la causa, etcétera" (ob. cit., pág. 393).

En esa misma línea interpretativa, esta Corte ha dicho que es principio en la materia que la parte que elige un medio para cursar una notificación, se hace responsable de la eficiencia del mismo. Dicha regla responde a la teoría de los actos propios, y la consecuencia de haber utilizado un medio que no resultó eficaz es que la comunicación se debe considerar inexistente. De allí que si se demuestra que la correspondencia remitida no llegó a destino pudiendo haberlo hecho, quien remitió la comunicación debe soportar las consecuencias negativas de la falta de cumplimiento efectivo de la diligencia" (CSJT, "Ochoa, Atilio y otro vs. All Music SRL y otros s/ Cobro de pesos", sentencia nº 272 del 27/4/2010).

Se ha señalado también que "por efectos de dicha carga, el remitente soportará el resultado de su culpa o negligencia y asumirá los riesgos inherentes al medio utilizado para la comunicación (extravío, huelga del Correo, falta de entrega por negligencia del personal, etc.) y sufrirá las consecuencias del caso fortuito o fuerza mayor" (Cerrutti, Gabriela, Forma y comunicación del despido, en Ackerman - Sudera, Extinción de la relación laboral, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2008, pág. 357). Y que "si bien el emisor puede elegir el medio de comunicación, él es quien deberá asumir los riesgos de la elección; incluyéndose el deficiente funcionamiento del sistema de correos, pérdida o extravío o llegada a destino equivocada" (Santos, Silvia Susana - Yasin, Omar Nills, "El intercambio telegráfico en la desvinculación del trabajador. La forma del despido con justa causa", DT 2008 (mayo), 507 - DJ 2008-II, 527).

Por su parte, sostiene Valentín Rubio que "el emisor es, naturalmente, responsable de sus errores y omisiones en la confección de la comunicación escrita. Pero también es responsable de los errores u omisiones del intermediario o de circunstancias extrañas a las partes que impidan la recepción de la comunicación: pérdida, robo extravío del despacho, huelga en el medio de comunicación" (Derecho Individual del Trabajo, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2004, pág. 582).

De acuerdo con la línea interpretativa expuesta, cuando el destinatario niega la recepción de la comunicación epistolar, corresponde al órgano jurisdiccional examinar las concretas circunstancias del caso a fin de determinar si el envío llegó a conocimiento de aquel o en caso contrario, el motivo y cuál de las partes habrá de soportar las consecuencias de la infructuosa comunicación.

En esta perspectiva, no le asiste razón al recurrente cuando alega arbitrariedad del pronunciamiento en la consideración de la exigencia de dos intentos de entrega prevista en el Manual de Productos y Servicios del Correo Oficial, que fue el prestador del servicio telegráfico. Aún cuando se trate de una reglamentación del Correo Oficial, sus previsiones sobre el procedimiento que debe seguir para la entrega de las piezas postales y telegráficas revelan los usos y prácticas del prestador de los servicios postales y telegráficos. Sostiene Gabriela Cerrutti que "el Centro de Información Técnica de la Comisión Nacional de Comunicaciones tiene a disposición del público el Manual de Productos y Servicios del Correo Central que reemplaza al antiguo Boletín Diario de Encotel. En la mencionada normativa se encuentra regulada la actividad postal de acuerdo a los distintos medios que se empleen. Puesto que éstas son las normas que deben cumplir los empleados y funcionarios que operan en el Correo, sus disposiciones resultan de interés desde el punto de vista práctico, máxime que los plazos para responder los requerimientos son exiguos (art. 57, LCT), como también el término para la imposición de sanciones, para formular y contestar ciertas intimaciones y para comunicar el despido, medidas todas que deben cumplir con el requisito de contemporaneidad. En razón de ello, resulta útil conocer de antemano las exigencias formales para el envío de los medios de comunicación postal para evitar la acción negativa que el transcurso del tiempo puede tener en la materia" (ob. cit., pág. 339).

Cabe destacar que la Comisión Nacional de Comunicaciones dictó la Resolución 3252/2004 (BO del 18/10/2004), norma que en su artículo 1º define el servicio de carta documento y en el 2º establece las condiciones mínimas que deben reunir los servicios de 'carta documento', entre los que prevé "Dos (2) intentos de entrega con avisos de visita". En los considerandos de la referida Resolución se expresa que "en el caso del Correo Oficial, este servicio se presta con carácter 'obligatorio' y las condiciones de calidad del servicio surgen explícitas de las especificaciones de su 'Manual de Productos y Servicios', norma de calidad que esta comisión nacional bien puede adoptar como referencia básica y objetiva para discernir los requerimientos esenciales que cabe exigir a todo proveedor de este tipo de servicios. En tal sentido, se estima que un servicio como el propuesto debe ofrecerse en condiciones de seguridad y garantías suficientes para asegurar los derechos del usuario y no inducir a error en los mismos. Por ello, cabe interpretar que la tramitación de una pieza postal como la propuesta debe cumplir como mínimo con los recaudos que para el servicio similar tiene establecido el Correo Oficial".

Surge así evidente la relevancia que las condiciones de la prestación del servicio postal que el Correo Oficial prevé para los usuarios en su Manual, al punto que la autoridad de aplicación las consideró "referencia básica y objetiva para discernir los requerimientos esenciales que cabe exigir a todo proveedor de este tipo de servicios" (cfr. considerandos Resolución 3252/2004), elevándolas a la categoría de condiciones mínimas que deben cumplir todos los prestadores de servicios postales en lo concerniente al producto carta documento.

En esta línea de razonamiento, se advierte que no le asiste razón a la demandada cuando sostiene que se aplicó erróneamente el procedimiento previsto para la carta documento desde que su parte cursó las comunicaciones por telegrama colacionado. Ello así por cuanto el citado Manual prevé dos intentos de entrega tanto para el telegrama colacionado (capítulo 5 pág. 5) como para el telegrama colacionado laboral (Ley 23.798) de hasta 30 palabras y/o impuesto por telefonograma - telegráfico (capítulo 5, página 11). Al respecto, se ha señalado que "la entrega del telegrama colacionado se realiza a cualquier persona mayor de catorce de años y hábil que se encuentre en el domicilio del destinatario. Si no se puede entregar por estar cerrado el domicilio, se deja un Aviso de Visita (Adv) para que concurra a retirar el envío en la oficina correspondiente y se hace un segundo intento de entrega. Una vez cumplidas las dos visitas el telegrama permanece en la oficina distribuidora. Cuando el destinatario se presenta a retirarlo en la sucursal o ventanilla, se le transfiere la versión correspondiente a la segunda visita. Si el telegrama no es entregado, se comunica su detención. Si se entrega el telegrama detenido, también se comunica la novedad a origen. Todas estas anotaciones internas que realizan las oficinas postales son las que luego servirán para acreditar fehacientemente la fecha y hora en que fue entregado el despacho" (Cerrutti, Gabriela, ob. cit., pág. 347).

El planteo referido a que el requisito del doble aviso es violatorio de las disposiciones del Decreto 150/96 -reglamentario de la Ley 23789- tampoco resulta procedente.

El art. 1º de la Resolución 149/1999 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (BO del 07/04/1999) dispone: "A partir del 1º de abril de 1999, el despacho obrero previsto en las Leyes Nº 23.789 y 24.487, tendrá las modalidades que se fijan a continuación:

a) En los casos en que el texto no supere las TREINTA (30) palabras, el envío tendrá tratamiento telegráfico y el servicio será prestado en los términos de la Resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Nº 343/96.

b) En los casos en que el texto supere las TREINTA (30) palabras el envío tendrá tratamiento postal y el servicio será prestado en los términos del ANEXO I del Decreto Nº 150/96. Tal envío no podrá tener una extensión mayor a la de UN (1) ejemplar del formulario específico indicado en el artículo siguiente.

Por su parte, la Resolución 343/1996 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (BO del 26/4/1996) expresamente dispone que "para el 'telegrama ley Nº 23789', se cumplirán todos los instructivos correspondientes al aviso de visita, comunicación de detenido, archivo y demás disposiciones correspondientes a los telegramas en cuanto a su entrega y guarda" (disposición 2.5 del Anexo I, aprobado por el art. 1º).

Como se advierte, las condiciones de entrega en lo concerniente a los dos intentos de entrega cuando el domicilio está cerrado, son comunes tanto a la carta documento como al telegrama colacionado y al telegrama Ley 23.789 de hasta 30 palabras. En este sentido, afirma Gabriela Cerrutti que "el telegrama laboral de hasta 30 palabras tiene similares condiciones de entrega que el telegrama colacionado. El de más de 30 palabras que tiene tratamiento postal se entrega a cualquier persona mayor de catorce de años y hábil que se encuentre en el domicilio del destinatario. De no poder entregarse se deja un Adv para que concurra a retirarlo a la oficina correspondiente" (ob. cit. pág. 351). A la luz de las consideraciones efectuadas, no surge acreditada la infracción normativa denunciada por la demandada.

En suma, la conclusión del tribunal respecto de que las intimaciones cursadas por la demandada no cumplen con el requisito "de forma fehaciente" previsto por el art. 244 de la LCT, se ajusta al recto sentido de dicha norma y a los principios y reglas que gobiernan el intercambio epistolar en el marco de una relación originada en un contrato de trabajo. Esta Corte tiene dicho que "para que la omisión del trabajador de prestar el trabajo comprometido sea invocable como injuria, el artículo comentado -art. 244 LCT- impone al empleador una carga consistente en la 'previa constitución en mora, mediante intimación hecha en forma fehaciente a que se reintegre al trabajo, por el plazo que impongan las modalidades que resulten de cada caso'. No se trata en rigor de una constitución en mora, sino de la última comunicación del empleador tendiente a manifestar la voluntad patronal de que el trabajador se reintegre a sus tareas, que su ausencia no será más tolerada y que su renuencia a reincorporarse será apreciada como una injuria que, por su gravedad, no consiente la prosecución de la relación laboral. El art. 244 de la LCT no fija término alguno para la intimación a realizar tareas, pero sí expresa un criterio para que resulte posible su determinación en cada caso, en tanto establece que el plazo será el que impongan las modalidades que resulten en cada caso. Sobre el punto, calificada doctrina ha sostenido que "...lo relevante para juzgar la legitimidad de un término, reside en evaluar si su duración, en relación con la llegada a conocimiento del trabajador, permite un oportuno acatamiento luego de un análisis reflexivo de las consecuencias que emergerían de su conducta. No debe olvidarse que las intimaciones efectuadas en el marco de la norma deben tener por objetivo el restablecimiento de la condición contractual sobre la que recae el incumplimiento y no consistir en una mera base de preconstitución de un despido directo causado" (CSJT, "Roldán, Gloria Elena vs. GNC Plus SRL s/ Despido", sentencia nº 1035 del 28/12/2011); como también, que "los efectos legales de la comunicación deben examinarse en cada caso en particular, teniendo en cuenta los usos corrientes y el comportamiento diligente y cuidadoso del destinatario; y que la validez de la notificación dependerá del resultado que suministre el informe de la empresa de correo (cfr. Guerrero, Agustín A., "Comunicaciones telegráficas en el contrato de trabajo", DT 2007 (marzo), 269; La Ley Online)" (CSJT, "Toledo, Lautaro Roberto vs. Arzobispado de Tucumán y/o Arzobispado de la Provincia de Tucumán s/ Cobro de pesos", sentencia nº 228 del 10/4/2012).

Por todo lo expresado, corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por la demandada, con costas (arts. 49 CPTT y 105 CPCyC).

Los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán y René Mario Goane, dijeron:

Adherimos al voto de la señora vocal preopinante, doctora Claudia Beatriz Sbdar, sin perjuicio de dejar expresamente consignado que el recurso de casación deducido por la parte demandada cumple con el requisito del artículo 131 inciso 1) del CPL, en la medida en que está fundado en una supuesta arbitrariedad en que habría incurido el fallo. Al respecto, es del caso aclarar que la ponderacion por parte de este Tribunal Cimero de la valoración del material probatorio de la causa efectuada por el Tribunal de grado, resulta objeto propio del recurso extraordinario local, por tratarse de una típica cuestión jurídica, cual es la determinación de la existencia o no de un error in iuris iudicando por parte del A quo.

Por lo señalado, el recurso en examen deviene admisible y, siendo ello así, queda habilitada la competencia de este Tribunal para ingresar al análisis de procedencia de los agravios en los que se funda la impugnación de marras.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo,	R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la demandada contra la sentencia de la Sala IV de la Excma. Cámara del Trabajo del 11 de noviembre de 2010 (fs. 272/276).

II.- COSTAS como se consideran.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad	HÁGASE SABER.

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN (con su voto) RENÉ MARIO GOANE	CLAUDIA BEATRIZ SBDAR	(con su voto) ANTE MÍ:

CLAUDIA MARÍA FORTÉ [Dictámen Ministerio Fiscal] Reg: 00032199-02