Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-10-23


Causa Nº 18017/06 "Recurso de queja en autos: LUJAN, Gustavo Fernando s/ inf. art. 111º del C.C., Conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes" En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los del mes de octubre del año dos mil siete, se reúnen los miembros de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Jorge A. Franza y Silvina Manes, a efectos de resolver la presente causa.

El Jorge A. Franza dijo:

RESULTA:

1) Que a fs. 2/3 del presente incidente obra agregada copia del acta labrada a tenor de los arts. 41 LPC y 45 CC, mediante la cual el representante del Ministerio Público Fiscal y el imputado, quien contaba en ese acto con la asistencia técnica del defensor oficial, acuerdan suspender el proceso a prueba por el término de un mes, fijando entre otras reglas de conducta la... "a) ASISTENCIA de un curso REEDUCATIVO, a realizarse en el "Programa de Educación vial para suspensión de juicio a prueba y penas en suspenso de contraventores de tránsito, en la dirección General de Seguridad vial, sita en la calle Araoz de Lamadrid 1750, Barracas, de ésta Ciudad...".

2) Que a fs. 4/vta. obra agregada copia del auto mediante el cual la juez de grado resolvió en el punto I, suspender el proceso a prueba por el término de un mes, disponiendo en el apartado c) "Asistir y aprobar el curso dictado por la Dirección General de Educación..." (el remarcado me pertenece).

3) Que a fs. 5/7vta. del presente se agregó copia del recurso de apelación interpuesto por la defensa del imputado, quien se agravia de la modificación introducida por la a quo -remarcada en el punto precedente-, sosteniendo que se aparta de lo pactado entre las partes modificando el espíritu del acuerdo en forma perjudicial a su pupilo, violando a su vez el sistema acusatorio de rango constitucional.

4) Que a fs. 8 obra copia del decreto mediante el cual la María Fernanda Botana, titular del Juzgado en lo Contravencional y de Faltas nº 5, rechaza el recurso de apelación interpuesto por la defensa, fundando su decisión en que la determinación adoptada no le causa al recurrente gravamen irreparable.

5) Que a fs. 9/13 del presente, el Ministerio Público de la Defensa interpone recurso de queja por apelación denegada.

6) Radicadas las actuaciones en esta sede, se corrió vista a la Sra. Fiscal General, Sandra Verónica Guagnino, quien se pronunció a favor de la apertura del recurso y, también lo hizo respecto del fondo de la cuestión (fs. 16/17/vta).

Con relación a esto último manifestó que el planteo ya había sido resuelto por esta Sala en numerosos precedentes y que en autos debía adoptarse idéntico temperamento, pues a su criterio la juez de grado excedió las facultades otorgadas por la normativa vigente, violando el principio acusatorio que regula nuestro sistema procesal y por ello, debía revocarse la regla de conducta impuesta por la Juez a quo dejándose sin efecto la obligación de aprobar el curso dictado por la Dirección General de Educación Vial del Gobierno de la Ciudad.

CONSIDERANDO:

Primera cuestión: Admisibilidad del recurso de queja 7) El recurso de queja interpuesto contra el auto denegatorio del recurso de apelación no se encuentra regulado en la Ley de Procedimientos Contravencional (Ley nº 12), motivo por el cual se deberá aplicar de manera supletoria el Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ley nº 2303), de conformidad con lo establecido por el art. 6 LPC.

En efecto, la entrada en vigencia de la ley CABA nº 2303 implica aplicar en lo sucesivo el nuevo ordenamiento procesal a causas en trámite.

Tiene dicho la doctrina que "es perfectamente posible que la ley nueva rija los actos que, en el procedimiento sean llevados a cabocon posterioridad a su vigencia,y que la ley antigua continúe rigiendo los actos realizados segun ella, con anterioridad a su derogación, y que, consecuentemente, cada uno de esos actos sea valorado conforme a la ley vigente a la época de su realización; incluso -se debe decir-, ésta será la situación ideal" (Maier, Julio, Derecho Procesal penal, Fundamentos, 2da. edición, Buenos Aires, ed. del Puerto, 2004, pág. 246).

Asimismo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que las facultades de cambiar las leyes de forma pertenecen a la soberanía y que no existe un derecho adquirido a ser juzgado por un determinado procedimiento, pues las normas procesales y jurisdiccionales son de orden público, especialmente cuando estatuyen acerca de la manera de describir y perseguir delitos (Fallos 306:2102 y 1615; 320:1878; 321:1865, entre muchos otros).

Ahora bien, del análisis de la normativa citada, se advierte que el legislador porteño no reguló el recurso de queja, puesto que frente a un recurso de apelación el tribunal a quo no efectúa el control de admisibilidad que, luego, deberá resolver el ad quem, sino que se limita a remitir las actuaciones a la Cámara, de conformidad con lo establecido en los arts. 275 y 281 C.P.P.CABA.

En efecto, el art. 275 C.P.P.CABA establece "Cuando deba entender en un recurso un Tribunal de Alzada, el Tribunal que dictó el auto impugnado se limitará a incorporar los escritos de interposición y fundamentación de los recursos y remitirá los antecedentes pertinentes al que sea competente." (lo destacado me pertenece). En el mismo sentido, el art. 281 C.P.P.CABA dispone "Interpuesto el recurso, el/la Juez/a remitirá a la Cámara de Apelaciones las actas y otros instrumentos de documentación de las audiencias, con los documentos pertinentes y los escritos de interposición del recurso".

En consecuencia con lo expuesto, corresponde concluir que el recurso de apelación oportunamente interpuesto por la defensa a fs.5/7 debe continuar el trámite conforme la normativa citada.

Habiéndose expedido la Sra. Fiscal de Cámara respecto del agravio planteado por la defensa (ver fs.16/17/vta. apartado 6), oídas ambas partes, procede adentrarnos directamente a tratar el fondo de la cuestión traída a estudio, no resultando necesaria otra sustanciación.

Segunda cuestión: De los agravios del recurso de apelación 8) El agravio concreto de la defensa radica en que, a su criterio, la modificación introducida por la magistrada es más gravosa para su asistido y se aparta del acuerdo celebrado, lo que le esta vedado conforme el art. 45, primer párrafo in fine del CC, estimando también que ello afecta el sistema acusatorio consagrado en el art. 13 de la CCABA (fs. 5/7vta.).

Mientras tanto, para la jueza a quo la regla de conducta estipulada "...se trata de un curso cerrado de cuatro (4) módulos que requiere su necesaria aprobación para la expedición del certificado de estilo." (fs. 8) y que si el imputado no compartía que la asistencia al curso necesariamente requería su aprobación para comprobar la internalización de los conceptos informados en él, podría haber pactado otra regla de conducta diferente (fs. 8/vta.).

9) Llegado el momento de resolver, corresponde recodar que esta sala ya se ha pronunciado en reiteradas oportunidades sobre la cuestión traída a estudio, siendo los precedentes mas significativos"Amed, Adalberto Rubén s/infr. art. 111º..." (c.nº 32842-00/CC/2007, rta. 15/08/07) y "Giarini, Marcelo Ernesto s/infr, art. 111º...." (c.nº 17935-00/CC/2007, rta. 11/09/07).

De esta forma, reiteraremos los argumentos allí volcados y por los cuales se hará lugar al planteo de la defensa.

La intervención del juez presupone el acuerdo entre el imputado y el Ministerio Público Fiscal, que es vinculante para él acorde al sistema acusatorio material que rige la materia contravencional ( art. 13, inc. 3 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires), conservando únicamente "la facultad de no aprobarlo cuando tuviere fundados motivos para estimar que alguno de los intervinientes no estuvo en igualdad de condiciones para negociar o que ha actuado bajo coacción o amenaza". (art. 45 C.C.).

En este sentido, entonces, el juez no puede alterar los términos del acuerdo, a menos que sea a favor del imputado, sino que sólo debe limitarse a homologarlo o rechazarlo.

No es ocioso recordar el sentido jurídico otorgado al término "homologar" en el derecho privado, así las sentencias homologatorias (art. 162 del C.P.C.C.N.) "... no deciden litigios, sino que, por el contrario, dan estabilidad ... los acuerdos conciliatorios... el magistrado contribuye a dar seguridad a las relaciones jurídicas, limitándose a examinar si el acto o el convenio es susceptible de ser derecho disponible..." (Roland Arazi y Carlos Eduardo Fenochietto, "Régimen del Codigo Procesal Civil y Comercial de la Nación", Ed. Astrea, año 1994, pág 188).

No cabe duda que el imputado y el fiscal, al momento de celebrar el acuerdo de suspensión de juicio a prueba, estaban de acuerdo en que el alcance de la palabra "asistir" no incluía el requisito de aprobar el curso, pues de lo contrario nada obstaba para que así lo volcaran, como luego lo hiciera la jueza de grado en su resolución, consignando las palabras "asistir y aprobar".

En estas condiciones, el arreglo fue elevado a la a quo, quien modificó la referida regla de conducta en perjuicio del imputado, violando la manda del art. 45 del CC.

Se ha dicho al respecto que "El modelo constitucional, consecuentemente procesal contravencional y penal de la Ciudad, exige la imparcialidad del juez (art. 13, inc. 3º), quien como juez de garantías sólo podrá oponerse al acuerdo en caso de darse las circunstancias señaladas y con la debida fundamentación. Nada señala la norma acerca de la razonabilidad del acuerdo arribado, por lo que se entiende que ninguna opinión le corresponde al magistrado en relación a ello.... es posible señalar que los legisladores de la Ciudad han marcado la diferencia con la regulación el instituto en la legislación penal nacional (art. 76 bis, Cód. Pen.), en cuanto obliga al juez a expedirse sobre la razonabilidad del ofrecimiento mediante resolución fundada." (Patricia Beatríz López, "Lineamientos básicos acerca de la suspensión del proceso a prueba en el nuevo Código Contravencional", Revista de Derecho Penal, Delitos, contravenciones y faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nº 2, Ed. Rubinzal-Culzoni, pág 81/82) De esta forma, el exceso en las funciones del juez que quiebra el equilibrio entre partes exigido por el debido proceso legal (art. 18 CN y 13 CCABA), obliga a anular parcialmente la cláusula que impone "...c) Asistir y aprobar el curso dictado por la Dirección General de Educación Vial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires..." y a apartar a la Sra. jueza.

Además, no puede dejar de señalarse que la pauta cuestionada no es legítimamente exigible en la forma que la a quo postula, desde que implicaría la adopción por el imputado de una obligación de hacer propia (asistir al curso) y de un hecho de tercero (el que calificará y aprobará o desaprobará el mismo).

Este hecho de tercero no podría ser legalmente comprometido por el imputado como hecho propio, por lo que no sería exigible.

10) Por lo expuesto propongo al acuerdo: I) ANULAR el punto I, apartado "c" en cuanto le impone al imputado la condición de APROBAR el curso dictado por la Dirección General de Educación Vial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. (arts. 71 in fine y 73 del C.P.P.C.A.B.A.); II) APARTAR a la Sra. jueza de grado a cargo del Juzgado Contravencional y de Faltas nº 5, María Fernanda Botana, debiendo remitir la presente a la Secretaría General de esta Cámara a fin de que desinsacule el Juzgado en lo Contravencional y de Faltas que deberá continuar interviniendo en las presentes actuaciones (art. 76 del C.P.P.C.A.B.A.).

Así voto.

La Silvina Manes dijo:

Por los fundamentos y conclusiones que brinda el Jorge A. Franza, adhiero a su voto.

Así voto.

Por lo expuesto, en mérito al acuerdo que antecede este Tribunal RESUELVE:

I) ANULAR el punto I, apartado "c" en cuanto le impone al imputado la condición de APROBAR el curso dictado por la Dirección General de Educación Vial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. (arts. 71 in fine y 73 del C.P.P.C.A.B.A.).

II) APARTAR a la Sra. jueza de grado a cargo del Juzgado Contravencional y de Faltas nº 5, María Fernanda Botana, debiendo remitir la presente a la Secretaría General de esta Cámara a fin de que desinsacule el Juzgado en lo Contravencional y de Faltas que deberá continuar interviniendo en las presentes actuaciones (art. 76 del C.P.P.C.A.B.A.).

Regístrese, agréguese el incidente al principal, refolíese, notifíquese a la Sra. Fiscal de Cámara y oportunamente remítase a la Secretaría General de esta Cámara a fin de que desinsacule el Juzgado en lo Contravencional y de Faltas que continuará entiendo la presente causa.

Ante mi:

Causa Nº 18017/06 "Recurso de queja en autos: LUJÁN, Gustavo Fernando s/ inf. art. 111º del C.C., Conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes" Se deja constancia que la Marta Paz no emite voto en la presente por encontrarse en uso de licencia.

Ende octubre de 2007 notifiqué a la Sra. Fiscal de Cámara. Doy fe.

En de octubre de de 2007 se remitieron a la Secretaría General los presentes autos, a fin de que desinsacule el Juzgado en lo Contravencional y de Faltas que continuará entiendo la presente causa. Conste.