Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-12-21


000578/2009 --- En la ciudad de Trelew, a los días de diciembre del año dos mil nueve, se reúne la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones, con la Presidencia del Dr. Carlos Dante Ferrari y la presencia de los Sres. Jueces del Cuerpo Dres. Marcelo J. López Mesa y Carlos A. Velázquez, para celebrar acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "B., A. E. c/ A., D. G. y otra s/ Daños y Perjuicios" (Expte. 578 - Año 2009 CANE) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?, y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en orden al sorteo practicado a fs. 207.-------- A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Velázquez expresó:------- I.- En lo que aquí interesa, dada la extensión abarcada por los agravios que ciñen la competencia revisora de la alzada, la sentencia de primera instancia acogió la pretensión indemnizatoria deducida contra la codemandada D. M. M., por aplicación del art. 1113 párr. 2° parte 2da. Cód. Civ. y en su calidad de propietaria del embestidor automotor Volkswagen Golf patente XXX ****. El decisorio determinó la reparación de los daños materiales en la suma de $ 4.000 y el resarcimiento por la privación de uso en la de $ 300.- Dicha codemandada apeló tal fallo, exponiendo contra el mismo los siguientes agravios:

A) La titularidad dominial del Volkswagen Golf patente XXX *** fue hecho controvertido en la causa, pues de su parte la negó al responder la demanda, así como también desconoció la autenticidad de toda la documentación agregada por el actor, entre ella la del informe del Registro de la Propiedad Automotor, sin que este último produjera en autos prueba alguna que la demostrara, pues desistió él de la confesional y de la informativa que ofertara. No se halla así comprobado el carácter de dueña del vehículo de la codemandada y falta entonces el requisito imprescindible para la aplicación del art. 1113 párr. 2° parte 2da. Cód. Civ.- B) Las daños reclamados no fueron acreditados. En relación a los de índole material, señaló que de su lado desconoció la autenticidad de los presupuestos de repuestos y mano de obra anejados por el demandante y no se produjo la prueba pertinente, pues la informativa fue declarada caduca y el actor desistió de la pericial mecánica. Respecto de la privación de uso, indicó que no fueron demostrados los dos extremos necesarios para el resarcimiento de tal perjuicio, esto es el lapso insumido por las reparación del rodado(quince días, según la "a quo") y el costo diario de transporte. Alegó que la sentencia resultaba arbitraria pues, sin probanzas, la juzgadora de origen admitió esos rubros resarcitorios determinando sus importes por insólita aplicación del art. 165 C.P.C.C., norma que no atribuye a los magistrados la posibilidad de estimar montos dinerarios en concepto de resarcimientos.- II.- Afirmada en la demanda la propiedad de la codemandada sobre el automóvil indicado (fs. 23, párr. 5°) y negado ello en el responde (fs. 30 vta., pto. 7), esa circunstancia se transformó en un hecho controvertido que requería de prueba cuya producción quedaba a cargo de quien la invocara (arts. 360, 377 C.P.C.C. y 1113 párr. 2° parte 2da. Cód. Civ.).- Mas hete aquí que el actor satisfizo ese "onus probandi" que como imperativo en el propio interés sobre él pesaba. Lo hizo acabadamente mediante el Informe de Estado de Dominio emitido por el Registro Nacional de la Propiedad Automotor obrante a fs. 14/15. Ese documento constituye un instrumento público, como lo son todos los certificados emanados de los registros públicos oficiales, cual, con apoyo en el art. 979 inc. 2 Cód. Civ., tiene declarado nuestra Corte Suprema Nacional (L.L. 118-428) y tan abundante como prestigiosa doctrina (confr.: Llambías, "Parte general", 2da. ed., II-415, n° 1659; Borda, "Parte general", 7ma. ed., II-204, n° 974; Piñón, "Instrumentos públicos y escrituras públicas", ed. del Instituto de Derecho Civil de la U.N.L. 1978, pág. 199).- Ese instrumento entonces merece plena fe hasta su argución de falsedad (art. 993 cód. cit.), que en la especie no tuvo lugar en tanto la hoy apelante no la dedujo. Frente a esta clase de instrumentos, no basta con la impugnación formulada al desconocer su autenticidad; es menester, luego de ella, promover el incidente de redargución de falsedad dentro del plazo de diez días contados desde la impugnación anterior, bajo apercibimiento de tener ésta por desistida (art. 395 C.P.C.C.; esta alzada, c. 19.087 S.D.L. 15/04).- La calidad de propietaria del automotor por la codemandada resultó pues irrefragablemente acredita en la causa y con ello quedó establecida su legitimación pasiva.- III.- Iniciaré el tratamiento del segundo de los agravios traídos por la recurrente despejando un equívoco -o pretendido equívoco- acerca de la norma consagratoria de la facultad judicial de fijar el monto de la indemnización cuando los daños aparezcan comprobados aunque no se halle justificado su importe.- Es del todo evidente que la Señora Magistrada de la previa instancia aludió al art. 165 C.P.C.C., identificando el precepto por su antigua, tradicional y por todos los operadores del derecho harto conocida numeración. Por cierto que la misma fue variada hace poco tiempo con el dictado del Digesto Jurídico Provincial, pasando a identificarse la disposición con el n° 167 del ordenamiento procesal civil, pero ese acaecer no da pie a confusiones ni impide la individualización del precepto. "Lapsus calami" o ajuste a la primitiva numeración, ello no estorba en modo alguno el reconocer la norma aplicada. Cual ya decidiéramos en supuestos idénticos, ni por asomo dicha circunstancia da lugar a la tacha de arbitrariedad, porque no cabe alegar que la sentencia carece de fundamentos cuando de su texto se desprende inequívocamente la disposición aplicada (esta cámara en su composición de sala única c. 11.425 S.D.L. 4/95, c. 11.556 S.D.L. 41/95). Destaco que aún en jurisdicciones en que la fundamentación de la sentencia en el texto expreso de la ley es requisito constitucional y cuentan con un recurso extraordinario específicamente previsto para atacar los pronunciamientos judiciales por ese defecto (v. gr. el art. 159 de la Const. de la Prov. de Bs. As. y art. 296 de su C.P.C.C.), se ha concluido lo expuesto, declarándose que cuando por las modalidades del decisorio puede individualizarse el precepto legal al que se refiere sin citarlo expresamente, no existe causa bastante para descalificar el fallo (confr.: S.C.B.A., Ac. y Sent. 1977-I-94, 1978-I-446 y 495, 1978-III-777). Si esa es la correcta solución ante un pronunciamiento carente de citas normativas, "a fortiori" cabe aplicar idéntico criterio en este que nos ocupa, que contiene puntual referencia, sólo afectada por un simple error de pluma.- En el caso la juzgadora tuvo por acreditado el "quid" de los daños con las fotografías incorporadas a la causa, reconocidas testimonialmente, y con las constancias del acta policial, sin que ello motivara agravio alguno de la apelante que, en consecuencia, consintió tal conclusión. La impugnación ha sido referida al "quantum", a la determinación judicial del importe de los daños, a la "taxatio" cual Tullio Ascarelli la denominaba ("Obbligazione pecuniarie", en Scialoja - Branca, "Commentario del Codice Civile", ed. Zanichelli - Foro Italiano 1959, IV-517/518). Y en tal función las facultades judiciales se dilatan.- Por cierto que la demostración del perjuicio es imprescindible para que el mismo resulte indemnizable. "En cambio, una vez probado el daño, resulta por el contrario mucho más liberal la acreditación de su cuantía", entrando allí en la liza el precepto mencionado antes; "de todas formas, probada o no cuestionada la existencia y extensión de los daños sufridos por el vehículo, procede su resarcimiento aunque no esté debidamente acreditada su cuantía, ya que el juzgador puede establecer su monto prudencialmente" (Trigo Represas, "La prueba del daño emergente y del lucro cesante", en "Revista de Derecho de Daños", Rubinzal - Culzoni 1999, To. 5, págs. 45 y 57).- "En cuanto al quantum resarcitorio existe un margen más amplio de apreciación discrecional del juzgador. Así, cuando las pruebas no acercan con exacta precisión el monto de algunos daños, y éstos se encuentran cabalmente probados (arreglos del rodado, privación de uso, desvalorización del automotor, para dar algunos típicos ejemplos), el juzgador puede sentenciar igualmente aplicando parámetros usuales y universalmente conocidos, máximas de la experiencia en la materia, lógica y sana crítica" (Gandolla, "Las cargas probatorias...", en Revista ya citada, pág. 238).- "La prueba de la existencia del daño es indispensable para que prospere la demanda por indemnización. En cambio, la prueba de la cuantía del daño puede ser suplida por la prudente estimación judicial" (S.C.B.A., L.L. 1986-A-653).- "Cuando se ha acreditado la existencia de un perjuicio, pero no se ha determinado su importe, el juez debe fijarlo prudencialmente...para lo cual debe hacer uso de lo que su propia experiencia le indica" (S.C.J. Mendoza, Sala I, 19/2/90, c. 46.707, cit. en Revista de Derecho de Daños, To. 5, pág. 354).

"El sentido último del artículo 165 del Código Procesal Civil y Comercial (art. 167 en el Digesto Provincial del Chubut, añado de mi parte) es permitir al juez hacer justicia cuando la prueba del monto -no de la magnitud del daño- pueda ser suplida por su propio conocimiento ordinario de las cosas o por su experiencia personal" (Cám. 1era. Apel. La Plata, sala II, cit. en Revista antes indicada, pág. 301).- Me he detenido a espigar variados pero coincidentes párrafos en obras de autores y colecciones de jurisprudencia para demostrar la pacífica doctrina que impera en esta materia, que refrenda el uso de dicha facultad judicial de justiprecio real y actual, apoyada en la lógica y en la nutrida experiencia de un juez civil en cuestiones de reparación de automotores siniestrados. Desde luego, frente a la ausencia de concretas probanzas, en el ejercicio de tal facultad deben los magistrados actuar con la máxima prudencia y criterio restrictivo a fin de determinar el resarcimiento, con el que ha de cubrirse no más que el perjuicio efectivamente sufrido, evitando el riesgo de colocar al damnificado en mejor situación a la que tendría si el hecho no hubiere acaecido, lo que equivaldría a sancionar un enriquecimiento incausado. Pero en el subexamen no cabe reprochar a la juzgadora de origen falta de prudencia, pues ella, de modo razonable a la par que discreto, redujo el monto de los presupuestos acompañados y de autenticidad no demostrada en un 33 % (confr.: Cám. 1era. Apel. La Plata, sala I, 28/3/89, cit. en Revista de Derecho de Daños, To. 5, pág. 301).- Tocante a la privación del uso del vehículo, hartas veces ha declarado este cuerpo que la necesidad de reparar un automotor conlleva forzadamente la imposibilidad de su utilización ínterin la refacción es realizada y ello constituye un daño resarcible en los términos de los arts. 1068, 1077, 1083, 1094, 1109 párr. 1º apdo. 2º Cód. Civil, desde que el evento provocó a la víctima un perjuicio traducido en la temporaria privación del uso de un bien incorporado a su patrimonio. No constituye impedimento insuperable para ello la falta de comprobantes u otra concreta prueba acerca de los desembolsos hechos en medios de transporte de reemplazo, ya que es presumible que aquel que adquiere y utiliza un automóvil lo hace para satisfacer una necesidad, que para ser saciada con comodidades análogas a las proveídas por el vehículo propio obliga a soportar gastos (art. 163 inc. 5º C. P. C. C.; confr.: C.S.N., L.L. 1997-D-468; Moisset De Espanés, "Privación de uso de un automóvil", L.L. 1984-C-50; este tribunal, c. 12.260 S.D.C. 29/97, c. 17.226 S.D.C. 23/01, c. 20.376 S.D.C. 42/05, entre varias).- Es patente, por la índole del daño en que la privación del uso del automotor consiste, que su indemnización debe ser referida al lapso requerido para la concreción de los arreglos, para cuya determinación suele ser elemento de singular relevancia un dictamen pericial mecánico que aquí lamentablemente no fue aportado (esta sala, c. 20.376 S.D.C. 42/05, c. 18.524 S.D.C. 15/03). Ante tal carencia, y contra lo sostenido por la recurrente, sí corresponde acudir a la facultad judicial estimatoria, debiendo el magistrado atenerse al período que la diaria experiencia indica como normal y verosímil para reparar un vehículo chocado, cual la doctrina jurisprudencial ha declarado desde antiguo (confr.: C.N. Esp. Civ. y Com., Sala V, E.D. 93-401; ídem, Sala VI, E.D. 94-187). En uso de ella, atendiendo al tipo de deterioros a reparar -revelados por las fotografías reconocidas en autos y por el acta policial-, así como a las máximas de la experiencia, opino que ese tiempo de las refacciones fue correctamente estimado por la Señora Juez "a quo" en quince días. Máxime que a las jornadas necesarias para efectuar las labores de reparación es prudente añadir los días precisos para la selección del taller que las efectuará, la espera de turno de atención -es conocido que en la práctica los talleres especializados no suelen iniciar sus labores de modo inmediato a su contratación-, la búsqueda de repuestos y aún la previsión de alguna jornada durante la cual no se realicen tareas -sobre todo de pintura- por razones climáticas, según la experiencia muestra suele ocurrir en el orden normal y natural de los sucesos (esta alzada, c. 18.524 S.D.C. 15/03, c. 284/09 S.D.C. 41/09).- Atinente a la suma diaria a proveer, adquieren relevancia los precedentes jurisprudenciales, porque permiten trazar paralelos entre casos semejantes y reconocer montos resarcitorios que dejen a salvo los principios de justicia, igualdad y seguridad jurídica (confr.: Highton - Gregorio - Álvarez, "Cuantificación de daños personales...", en Revista de Derecho Privado y Comunitario n° 21, Rubinzal-Culzoni 1999, págs. 127 y sgts. y en "Predictibilidad de las indemnizaciones..." en Revista de Derecho de Daños, n° 2004-3, Rubinzal-Culzoni 2004, págs. 9 y sgts.). En supuestos muy similares al de la especie hemos juzgado que la suma de $20 diarios parece adecuada para cubrir las necesidades de transporte de un vecino de la ciudad de Puerto Madryn, tanto en su desempeño laboral o profesional dentro de ella, cuanto en desplazamientos motivados por las naturales apetencias de esparcimiento de él y su familia en jornadas inhábiles dentro de la misma localidad, pues las circunstancias de la zona indican que se corresponde con los precios de los servicios de remise o taxímetros y con las no extensas distancias a recorrer, de modo que esa cantidad parece apta para sufragar algunos desplazamientos diarios ( c. 18.524 S.D.L. 15/03 y c. 19.070 S.D.C. 14/04, c. 20.376 S.D.C. 432/05). Arribamos de ese modo a un importe de $ 300 que determinara la sentenciante del anterior grado.- IV.- Tales razones me conducen a concluir que la sentencia atacada merece ser confirmada en lo que fuera materia de agravio, con costas de segunda instancia a la recurrente vencida en ella (art. 68 C.P.C.C.).- Atendiendo a la extensión, calidad y resultado de sus trabajos profesionales de alzada, propondré regular los honorarios del Dr. R. G. en la suma equivalente al 3,70 % del monto del proceso que surja de la liquidación a practicarse (arts. 6, 7, 9, 14, 19, 47 del Dec.-ley 2.200).- Consecuencia de todo lo hasta aquí expuesto es que me pronuncia en esta cuestión por la AFIRMATIVA.- --- A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Señor Juez de Cámara Doctor Marcelo López Mesa expresó:------ --- Que las cuestiones fácticas han sido suficientemente referidas por el colega de primer voto, motivo por el cual no abundaré en ellas, dando por reproducidos aquí los desarrollos efectuados al respecto por el Dr. Velázquez. Me concretaré, para el sustento individual de mi voto, a analizar los aspectos traídos a revisión de esta Sala.---- --- Ingresando al tratamiento del primero de los agravios traídos, habré de recordar que la propiedad de la codemandada sobre el automóvil Volkswagen Gol que impactara al de la actora fue objeto de afirmación por parte de ésta (cfr. fs. 23), extremo que fue en cambio negado por su contraria en su responde (cfr. fs. 30 vta., pto. 7). Ello asi, se trataba de una afirmación objeto de prueba (art. 377 C.P.C.y C.).--------- --- La parte a cuyo cargo se hallaba el peso de la prueba -el riesgo de la prueba, en rigor, porque el riesgo de no probar suele ser perder el litigio-, dio cumplimiento a su obligación. La prueba de la titularidad del vehículo embistente fue el Informe de estado de dominio emanado del Registro Nacional de la Propiedad Automotor y obrante en autos a fs. 14/15.

--- Dicho instrumento acredita acabadamente el extremo de hecho sub discussio, al tratarse de un instrumento público, que no fue redhargüído de falso.

--- Y digo que se trata de un instrumento público, porque pese a no ser uno de los expresamente contemplados por los diversos incisos del art. 979 C.C., se trata de una certificación emanada de un funcionario público, la encargada titular del registro que lo suscribe. Con ello basta para que sea un instrumento público, con los efectos de tal.

--- He adherido con anterioridad (cfr. LÓPEZ MESA, Marcelo, "Código Civil y leyes complementarias. Anotados con jurisprudencia", Edit. Lexis Nexis SA, Buenos Aires, 2008, t. II, p. 203) al criterio de que es instrumento público todo acto pasado ante un funcionario público que actúa en la esfera de su competencia, de conformidad con las leyes que reglamentan su ejercicio, aun si no son de los expresamente determinados por el art. 979 del Cód. Civil (con cita de la C. Nac. Civ., sala F, 11/12/96, "Amarilla, Clarísimo R. c. Línea 33 J.A. S. A.", LL 1997-B, 805 (39.403-S) y DJ 1997-2-412, SJ. 1350). Y coincidí allí también que cualquier instrumento extendido por los funcionarios públicos en la forma en que las leyes hubieran determinado, es instrumento público, como por ejemplo, el acta de comprobación labrada por inspectores de la Dirección General Impositiva en los términos del primer artículo agregado a continuación del art. 44 de la ley 11.683, sustituido por el art. 3º de la ley 24.765 (C. Fed. Rosario, sala A, 11/8/99, "Ambroggio, Alcides y otro", LL Litoral 2000-565) (cfr. LÓPEZ MESA, Marcelo, "Código Civil y leyes complementarias. Anotados con jurisprudencia", cit, t. II, p. 203).

--- Ello así, se torna de aplicación lo dispuesto por el art. 993 del Código Civil y, entonces, la certificación registral de fs. 14/15 hace plena fe hasta que sea argüida de falsa, por acción civil o criminal, lo que no ha sucedido en este caso.

--- No habiéndose planteado la redhargución de falsedad, la calidad de propietaria del automotor por la codemandada queda plenamente acreditada en autos con el informe de fs. 14/15, quedando asentada en cabeza de la codemandada su legitimación paslva. Ergo, corresponde rechazar el primero de sus agravios.

--- En cuanto al segundo agravio, el apelante cuestiona que se acordara indemnización por daños reclamados que según él no fueron acreditados. El recurrente alega que la sentencia resulta arbitraria dado que la a quo, sin prueba suficiente, admitió rubros resarcitorios determinando sus importes por "insólita aplicación del art. 165 C.P.C.C.", el que dice no atribuye a los magistrados la posibilidad de estimar montos dinerarios en concepto de resarcimiento. - --- El agravio porta dos yerros de diversa índole: a) desde el punto de vista formal, el apelante yerra al sostener que la diferencia de numeración entre el artículo citado por la a quo y el que el nuevo Digesto provincial consagra tenga alguna incidencia en esta cuestión. Menos aún que una diferencia de dos artículos, cuando se puede perfectamente saber a qué norma concreta se refiere la a quo, torne arbitrario su fallo.-- --- Sin duda alguna, la a quo se refiere al art. 165 C.P.C.yC. que consagraba la facultad estimatoria judicial, mencionando a la norma por su tradicional nomenclatura, la que es seguida por casi todos los operadores del derecho en esta Provincia, excepción hecha del letrado del apelante.

--- Mientras que la cita efectuada en la sentencia sea sustancialmente correcta, al permitir identificar el fundamento de derecho que preside la resolución del punto sub lite, nada puede reprocharse al magistrado.

--- Si la Legislatura provincial ha variado hace poco la numeración del CPCyC, corriendo dos números el mismo en el Digesto Jurídico Provincial, en el que el ex art. 165 CPCyC pasa a ser N° 167 del ordenamiento procesal civil, ello no tiene relevancia en este caso para transformar en arbitrario lo que no lo es.

--- En las galanas y precisas palabas del maestro Manuel Ossorio, el vocable "arbitrario" es una "voz de significados muy dispares: Arbitral o de árbitro. | Lo sujeto al arbitrio propio y sano. | Lo cumplido con arbitrariedad (v.)" (OSSORIO, Manuel, "Diccionario De Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales", voz "Arbitrario").- A su turno, la voz "Arbitrariedad" es definida por el mismo autor como "Acto, conducta, proceder contrario a lo justo, razonable o legal, inspirado sólo por la voluntad, el capricho o un propósito maligno" (op cit, voz "Arbitrariedad").--- A la luz de estos conceptos jurídicos queda claro que la sentencia en revisión no es arbitraria, ni se funda en el carpicho. - --- Arbitrario es lo que carece de razones que lo fundamenten. Esta sentencia se funda en derecho y sus fundamentos son correctos. Y en eso discrepo parcialmente con mi colega prevotante: no creo que se trate de un error de pluma como él afirma. Creo que la a quo, como muchos jueces y abogados -la enorme mayoría de esta Provincia- nombran a las normas por su nomenclatura tradicional. La fuerza de la tradición en estos casos es enorme y no me parece que se pueda llamar lapsus calami a lo que es aplicar la nomenclatura clásica, que -en verdad no debió haberse alterado, justamente para no provocar este tipo de planteos y dubitaciones-.

--- La posición del apelante, de llevarse al extremo, degeneraría en consecuencias absurdas: con su particular criterio la tradición debe ser dejada de lado en aras de un positivismo exacerbado. Con su criterio todos los juicios penales, podrían ser tildados de arbitrarios, ya que la Constitución Nacional establece el paradigma del juicio por jurados (arts. 24, 75 inc. 12 y 118 C.N.)., lo que la tradición ha convertido en letra muerta desde siempre.

--- Como quiera que sea, error de pluma o fuerza de la tradición, lo cierto es que el ajuste de la a quo a la numeración anterior del Código, no afecta en nada los derechos del apelante, ya que aún así él estuvo en condiciones de saber concretamente a qué norma se refería la a quo, para poder a partir de allí reconstruir su iter lógico, que la llevara a dictar la sentencia. Arbitrario sería el fallo si no le permitiera reconstruir el iter lógico del sentenciante para poder verificarlo o rebatirlo. No ocurre ello en este caso y la arbitrariedad denunciada no es tal, sino un exceso de celo formalista o argumental del apelante.

--- b) en lo sustancial, se equivoca el apelante al pontificar que el viejo art. 165 CPCyC no consagra la facultad judicial de fijar el monto de la indemnización, si los daños aparecen probados debidamente, a diferencia de su importe. Ello ocurre en autos, el daño está probado, con lo que esa es la base del empleo de la facultad judicial estimatoria.

--- En esta litis la a quo tuvo por acreditada la materialidad de los daños del vehiculo con las fotografías incorporadas a la causa, reconocidas testimonialmente, y con las constancias del acta policial, sin que ello fuera motivo de cuestionamiento alguno de la apelante.

--- El cuestionamiento aparece en lo tocante al "quantum", es decir, a la determinación judicial del monto de los daños comprobados. Lo que el apelante cuestiona es la existencia de la facultad estimatoria.

--- En respuesta a ello, cabe decir que en multitud de fallos se ha resuelto que no es impedimento para establecer la indemnización la falta de elementos probatorios que precisen la magnitud de los daños o la extensión del período de reparaciones, desde que el "quantum" retributivo puede ser determinado con sujeción a los parámetros del art. 165 del Código Procesal (C. Nac. Civ., sala A, 12/4/89, "IURATO, ANTONIO v. VIEDMA, VICENTE s/ DAÑOS Y PERJUICIOS"; en igual sentido, ídem, 25/10/89, "MARTÍNEZ, ADRIÁN R. v. LÓPEZ, ANTONIO R. s/SUMARIO - INDEMNIZACIÓN", ambos en AbeledoPerrot online).

--- En un magnífico fallo se dijo que en la hipótesis prevista por el art. 165 CPCyC in fine, el órgano jurisdiccional, a quien le compete la dificultosa y delicada tarea de fijar el monto indemnizatorio, sólo debe cuidar, y evitar, incurrir en el extremo del exceso - de modo de apartar la posibilidad de que la indemnización constituya un rédito o ganancia para el sujeto dañado- y en el extremo del defecto -de modo de no establecer una indemnización irrisoria, que desnaturalice el sentido y alcance de la reparación debida al dañado por el sujeto responsable por tal daño. entre ambos extremos el tribunal ha de actuar sobre la base de una prudente discrecionalidad (C. Nac. Com., sala D, 28/11/95, "FRIGORÍFICO INDUSTRIAL DEL DELTA SA v. RAMALLO SA S/ SUM.", en AbeledoPerrot online).

--- Surge de lo anterior y de lo expuesto por el Dr. Velázquez en su voto, que doctrina y jurisprudencia pacíficas acuerdan a los jueces la facultad de estimar o tasar el daño, probada su materialidad pero no su cuantía.

--- Ausente la prueba, la estimación, como se dijo reiteradamente ya, habrá de ser prudente y hasta conservadora, para no convalidar un enriquecimiento sin causa. Pero ello atañe, en todo caso, al uso que se haga de la facultad estimatoria en el caso concreto y no a la posibilidad de emplear tal herramienta o disponer de esa facultad, la que es innegable que el magistrado dispone.

--- Lo concreto, en el caso que nos convoca, es que el apelante no ha podido o sabido demostrar argumentalmente que la a quo haya determinado un resarcimiento excesivo, imprudente, irrazonable, etc. Es más, justamente para evitar un cuestionamiento tal, ella redujo el monto de los presupuestos acompañados y de autenticidad no demostrada al conceder el resarcimiento. No se ha demostrado la incorrección de la decisión en este aspecto y con lo explicitado basta para el rechazo del argumento.

--- En lo atinente a la privación del uso del vehículo, aspecto debatido en autos, cabe trazar algunas líneas directrices en la cuestión, de modo de esclarecer el punto sub discussio, el que parece no haber sido bien comprendido por el apelante.

--- La indemnización por privación de uso de un bien, en este caso un vehículo, restaña el daño que sufre su propietario por no poder emplear el bien suyo para su destino durante un determinado lapso de tiempo.

--- Correctamente se ha decidido que la sola privación del vehículo dañado en accidente constituye un daño indemnizable para su usuario puesto que se ve en la obligación de sustituir su uso por otros vehículos similares que le exigen erogaciones aunque el demandado no tiene porqué cargar con la demora en iniciar los arreglos sino solo el perjuicio correspondiente al lapso razonable para las reparaciones (C. Nac. Cont. Adm. Fed., sala 3ª, 11/9/92, "VICTORIA, DOMINGO ANTONIO v. Estado Nacional /MINISTERIO DEL INTERIOR / Po. Fed. y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS", en AbeledoPerrot online).

--- Y que el vehículo por su propia naturaleza está destinado al uso, satisface o puede satisfacer necesidades ya sea de mero disfrute o laborales; no es un elemento neutro pues está incorporado a la calidad de vida de su propietario (usuario, etc.) y, en consecuencia su mera privación ocasiona daño, que se configura por la mera indisponibilidad. esa privación debe ser objeto de reparación, sin que sea impedimento para su reconocimiento la ausencia de prueba del daño en concreto (C. Nac. Com., sala B, 20/5/93, "ESTAYNO, MARCELO v. EMPRESA DE TRANSPORTE VILLA BALLESTER SA S/ SUM.", en AbeledoPerrot online).

--- Bien se ha dicho que debe presumirse el daño emergente resultante de la privación del uso de un automotor por las siguientes razones: a) el automóvil es una cosa destinada, naturalmente, a ser usada; b) cualquiera sea la actividad de su titular, no puede exigírsele que mientras dura la reparación, use transportes públicos, justificándose que viaje en taxi o medios similares; c) la imposibilidad de usar el vehículo produce al damnificado una obvia reducción de sus posibilidades de traslado, ya que en la mayoría de los casos el propietario no podrá pagar taxis o automóviles de alquiler; y d) las circunstancias precedentes configuran un hecho público y notorio que, como tal, no necesita ser probado (C. Nac. Civ., sala G, 20/7/07, "Volco, Marcelo A. v. Ilubaires S.A. y otros". JA 2007-IV-215). Coincido con ello.

--- En el caso de un vehículo automotor la cuestión adquiere mayor trascendencia que otros bienes, porque un vehículo puede incorporarse a un patrimonio de dos maneras distintas: una dinámica, integrándoselo a una organización productiva, en la cual su indisponibilidad generaría un perjuicio significativo, susceptible de reparación, que debe ser probado con seriedad; y una estática, destinándoselo al uso y goce de su dueño, donde la privación del uso podría causar un daño, que dentro de ciertos parámetros de normalidad puede surgir in re ipsa.

--- Dicho de otro modo, la mera privación de uso de un vehículo representa un daño, que debe probarse en su cuantía, pero queda acreditado in re impsa en su existencia, dado que -salvo excepciones que, como tales, deben probarse- nadie adquiere y mantiene un vehiculo para no usarlo, en la manera en que sus necesidades, gustos y predilecciones lo ameriten. La indisponibilidad de un vehículo genera un primer daño, directo e indudable, que es la necesidad de sustituir durante el lapso de indisponibilidad el medio de movilidad por otro.

--- Pero cuando lo que se reclama es un daño mayor al corriente y se invocan circunstancias que magnifican el daño o que dejan de mostrarlo como un daño común, entonces esa alegación sí debe probarse efectivamente.

--- Cabe recordar una distinción entre dos daños diferentes, que juegan en estos casos: a) el daño común es el que habría experimentado cualquier persona con motivo del hecho dañoso o el incumplimiento de la obligación (YZQUIERDO TOLSADA, Mariano, "Responsabilidad civil contractual y extracontractual", Edit. Reus, Madrid, 1993, p. 193; CNCom., Sala C, 16/6/87, "Funes Víctor L. c/ Banco de Entre Ríos", LL 1988-A-557 (37.865-S); y b) el daño particular o propio es el que perjudica al acreedor o damnificado por sus condiciones especiales o por su situación singular (CAZEAUX-TRIGO REPRESAS, Derecho de las Obligaciones, T. I, p. 398, Nº 254); jurisprudencialmente se lo ha definido como aquel que sufre exclusivamente una persona determinada por las circunstancias que a ella le atañen (CNCom., Sala C, 16/6/87, "Funes Víctor L. c/ Banco de Entre Ríos", LL 1988- A-557 (37.865-S).

--- En mi último libro recurrí a un ejemplo para clarificar el tema: suponiendo que una persona adquiere un equipo de audio de alta potencia y no le es entregado en la fecha comprometida; en dicho ejemplo sería daño común el que sufriría cualquier persona adquirente y que fincaría en el mayor valor que debiera pagar en otro comercio, al no serle entregado. Pero si el adquirente fuera un disc-jockey, el daño particular o propio estaría dado por el lucro cesante que sufriría éste, si no pudiera atender diversos eventos que había aceptado para amenizar. También podría ser daño propio los costos de la demanda que podría iniciarle un cliente que vio frustrado o disminuido algún negocio (por ej. un empresario gastronómico) por falta de amenización (cfr. LÓPEZ MESA, Marcelo, "Elementos de la responsabilidad civil. Examen contemporáneo", edición de la Pontificia Universidad Javeriana y Editorial Diké, Colección Internacional (Libro Nº 11), Bogotá, 2009, pp. 88/89).- --- Traspolando el ejemplo al caso de la privación de uso, el daño común sería el que sufre cualquier particular que se ve privado de usar un bien suyo y que debe buscar medios alternativos de movilidad, según sus necesidades, horarios, vida privada, etc. En cambio, el daño particular estaría dado por aquellas circunstancias que hacen que una determinada persona sufra con mayor intensidad la privación de ese automóvil, sea por tener a su madre internada en ese momento y tener que visitarla en un hospital lejano, al que no es fácil llegar en medios públicos de transporte o ello insume largos viajes no acordes con los tiempos del damnificado. Es claro que este tipo de circunstancias deben ser probadas adecuadamente y que los daños solo son indemnizables cuando se encuentran en relación causal adecuada con el hecho dañoso.

--- Dejando de lado el caso de los daños particulares, que en autos no han sido probados, nos encontramos con que el resarcimiento por privación de uso que aquí se reclama debe ser encuadrado dentro del anaquel del daño común.

--- Y dentro de ese segmento, debe decirse que no se ha probado que el vehículo se emplease en una faz dinámica, ni que él hubiera sido integrado a una organización productiva, ni que su indisponibilidad generara un perjuicio significativo. La falta de prueba de tales extremos, coloca el caso dentro del supuesto más común, de privación de uso en su faz estática.

--- En tal caso, la privación de uso de un rodado representa un daño emergente, distinto del lucro cesante que, es la ganancia dejada de percibir a raíz de un accidente. Un taxímetro puede generar un lucro cesante durante su inmovilización por reparaciones. Un auto particular, durante el período de privación, genera un daño emergente, consistente en las erogaciones que su titular se ve forzado a realizar para sustituir el medio de transporte que utilizaba.

--- Manifiesto aquí mi discrepancia con un criterio de la Excma. CNCom., Sala D, que hace años resolvió que en la faz estática, cuando el auto se destina al uso y goce de su dueño, la privación del uso podría causar un daño, no presumible, que debe acreditarse concretamente en cada caso (C. Nac. Com., sala D, 18/04/95, "DENARI, CÉSAR v. PLAN ROMBO SA); ídem, sala C, 30/05/1989 -BARGAS CLAUDIO ALBERTO v. ALBERGUE TRANSITORIO NOI DE MANUEL IGLESIAS Y OTROS S/ SUMARIO", en AbeledoPerrot online). Me parece que este criterio sería sí aplicable a la faz dinámica, cuando el auto se engarza en una organización productiva, por ejemplo, pero que exigirle a un particular la prueba acabada de cada gasto que hizo para sustituir el vehículo durante los días de reparación es ir demasiado lejos. Siempre claro, que la suma diaria concedida como reintegro de gastos de transporte presumidos sea una suma razonable que se extraiga de lo que surge del curso normal y ordinario de la cosas y la experiencia diaria, esto es, mientras que esa suma no colisione con el llamado "principio de normalidad".

--- Se ha dicho que si el demandante manifestó que el taxímetro perjudicado era explotado en dos turnos de 8 horas cada uno en tanto que, si se reconoce una reparación en concepto de lucro cesante, lógicamente la mera privación de uso sólo puede referirse a la utilización en recreo o esparcimiento, que no puede producirse, por la cantidad de tiempo que el vehículo se encuentra rodando aplicado al destino natural al que se halla afectado, por lo que no corresponde admitir esa partida (C. Nac. Civ., sala E, 28/6/89, "OLLEROS, JORGE ADOLFO v. SEOANE, MARCELO s/SUMARIO ACCIDENTE DE TRÁNSITO", en AbeledoPerrot online).

--- Ese daño emergente tiene dos límites concretos: por un lado, un límite temporal, consistente en un plazo de tiempo razonable para que el vehículo sea reparado. La falta de reparación del vehículo por decisión o imposibilidad de su titular por un largo tiempo (a veces años) es irrelevante, ya que el exceso de plazo de inmovilización por sobre los tiempos necesarios para reparar el vehículo constituye un daño que no se encuentra en relación causal adecuada con el hecho generador del perjuicio.

--- En un libro de mi autoría (cfr. LÓPEZ MESA, Marcelo, "Responsabilidad civil por accidentes de automotores", Edit. Rubinzal y Culzoni, Santa Fé, 2005, pp. 658/659) expuse que el lapso de indisponibilidad que da lugar a la reparación de la privación de uso será el que los daños sufridos por el automotor ameriten para su reparación (Cám. CC 1ª La Plata, Sala 3ª, 21/4/92, "Simionatto, Marcelo A. c/ SEVEL ARGENTINA", en Juba sum. B200342), debiendo calcularse además, un tiempo adicional, derivado de la solicitud y obtención de turno en talleres, etc. Ello, pues está en el orden natural de las cosas que cuando se lleva un vehículo a un taller, se pierden días de espera de turno, búsqueda de repuestos, además de no poder tomarse en cuenta los días no laborables (con cita de Cám. CC 2ª La Plata, Sala 3ª, 16/10/90, "Montaño, Miguel Angel c/ Dury, Abraham y otro"; ídem, 13/11/90, "Fiora, Raúl Oscar y otro c/ Silicaro, Alberto Pablo", ambos en Juba7 sum. B350683; en similar sentido, Cám. CC 1ª La Plata, Sala 2ª, 25/4/91, "Pavlica, Dusan c/ Detter, Miguel Alberto y otro"; ídem, 6/12/94, "Agropecuaria Garmendia S.C.a. c/ Innocenti, Fernando Bladimiro", ambos en Juba7 sum. B150234).

--- Aclaré luego que, en ocasiones, personas que no han hecho la reparación y han tenido el vehículo dos o tres años parado, luego reclaman todo ese período de indisponibilidad, lo que no puede aceptarse, puesto que lo que resulta indemnizable a consecuencia del accidente es la indisponibilidad temporaria normal que demandaría el arreglo del vehículo, de conformidad con los daños que presenta debido al accidente (cfr. LÓPEZ MESA, Marcelo, "Responsabilidad civil por accidentes de automotores", Edit. Rubinzal y Culzoni, Santa Fé, 2005, p. 659).

--- En esta línea se ha dicho que la indemnización por privación de uso no ha de ir más allá de lo adecuado para cubrir el tiempo de privanza que razonablemente ha de exigir la reparación del automotor dañado. El autor del ilícito solo está llamado a cubrir ese lapso razonable de reparación que se presenta como una consecuencia inmediata del accidente, mas no el más vasto derivado de una situación socio-económica subjetiva de la víctima (carencia de dineros) o de una elección de la misma (prescindir de su arreglo, cualesquiera fueran las motivaciones) que son contingencias que aquel no puede preveer y que, por ende, solo pueden adjetivarse como consecuencias casuales que no está obligado a resarcir (Cám. CC 1ª La Plata, Sala 3ª, 27/12/90, "Aguiar, Juan Héctor c/ Mannarino, Francisco y otro", en Juba7 sum. B200115).

--- Y se ha postulado también que, en cuanto a la privación de uso del rodado, lo que cabe indemnizar no es todo el lapso en que el damnificado dejó de utilizar su vehículo, sino aquel que pueda encontrarse en relación de causalidad con el accidente, como imputable al autor del hecho. Debe tenerse en cuenta el tiempo razonable que demanda concretar la reparación, resultando improcedente extender el lapso de resarcimiento al de la demora en efectuarla como consecuencia de factores ajenos al evento dañoso, como pueden ser la ineficiencia del taller o demoras innecesarias en seleccionar presupuesto, etc (C. Nac. Civ., sala I, 19/12/90, "CUCINDE S.A.I.C. v. ESTADO NACIONAL Y/U OTROS s/SUMARIO", en AbeledoPerrot online).

--- Y se precisó en otro fallo que respecto del reclamo por la privación del uso del automotor, cuando el perjuicio se produce "... durante el tiempo necesario para ser reparado, sea cual fuere el uso que se le diere al mismo...", debe relacionarse con el tiempo efectivo utilizado en repararlo, de acuerdo a los daños sufridos, sin tener en cuenta contingencias o demoras atribuibles a propietarios del vehículo, toda vez que "No es dable hacer pesar sobre el responsable la demora excesiva del damnificado en proveer lo necesario para la reparación del vehículo dañado" (C. Fed. Mendoza, sala A, 27/8/91, "Giampietro, Jorge v. Empresa de Transp. de Pasajeros Fénix Pullman Norte Ltda.", JA 1994-III, síntesis). Concuerdo con ambos criterios.

--- Por otro lado, el resarcimiento que venimos analizando reconoce un límite de razonabilidad en cuanto al gasto sustitutivo: Los montos que deben acordarse al damnificado son los que le ha insumido la necesidad de desplazarse en otros vehículos durante la indisponibilidad del suyo; pero, claramente, dichos gastos deben ser razonables, no siendo reintegrables los gastos excesivos en que él hubiera incurrido para suplir la falta de su unidad (cfr. LÓPEZ MESA, Marcelo, "Responsabilidad civil por accidentes de automotores", cit, p. 660). En esta línea se resolvió en un caso que no era razonable para paliar la privación de uso del vehículo dañado, contratar un "remisse" y mantenerlo a su disposición aún cuando no era necesario trasladarse (SCBA, 20/11/91, "Sellaro, Ramón Antonio c/ Otondo Hnos.", en AyS 1991 IV, 209).

--- De tal modo, el damnificado que se ve privado de su automóvil por el período de carencia no puede contratar una limusina, ni un vehículo de lujo con chofer para que lo traslade de un sitio al otro, a cualquier hora, con cualquier fin, sin necesidad aparente. Ese tipo de consumos no están en relación causal adecuada con el daño de privación del bien. La razonabilidad del reintegro es uno de los requisitos axiales de acogibilidad de un reclamo por daño emergente, cuando la erogación ha sido hecha y se tiene certeza de ello. Hasta lo razonable hay derecho al reintegro; más allá de eso, no.

--- En esta línea se ha explicitado que a pesar de que la reparación corresponda, no debe exceder los límites de lo razonable (C. Nac. Civ., sala M, 16/2/94, "Corsaro, Francisco A. v. Municip. de Buenos Aires", JA 1995-III, síntesis).

--- Por tanto, la indemnización por privación del uso del automotor, debe establecerse en una suma que reintegre las erogaciones derivadas de la imposibilidad de usar el vehículo durante el período que razonablemente demande la realización de los arreglos que corresponden a los deterioros producidos por el hecho dañoso. Debe merituarse la actividad laborativa del reclamante, el destino que presumiblemente le daba al vehículo para la realización de las tareas inherentes a dicha actividad, como el lapso de los arreglos (C. Nac. Civ., sala G, 14/11/91, "PALADINO, EDGARDO OSVALDO Y OTRA v. SABINO, ANÍBAL Y OTROS s/SUMARIO", en AbeledoPerrot online).

--- Y la falta de prueba de cuál fue el lapso de indisponibilidad no es razón para denegar un resarcimiento por el rubro, ya que los daños causados a un vehículo permiten calcular -de acuerdo a lo que es normal y ordinario, art. 901 C.C.- un tiempo aproximado de inmovilización. Es doctrina legal de esta Sala que, como la necesidad de reparar un automotor conlleva forzosamente la imposibilidad de su utilización ínterin la refacción es llevada a cabo y ello constituye un daño resarcible en los términos de los arts. 1068, 1077, 1083, 1094, 1109 párr. 1º apdo. 2º Cód. Civil, desde que el evento provocó a la víctima un perjuicio traducido en la temporaria privación del uso de un bien incorporado a su patrimonio, tal daño debe ser resarcido (cfr. esta Sala, fallo del 23/9/05, in re "V., M. L. c/ O., J. A. y otro s/ daños y perjuicios" (Expte. nº 20.376 - año: 2005) y muchos otros posteriores que siguieron idéntico criterio).

--- Se agregó allí que no constituye impedimento insuperable para ello la falta de comprobantes u otra concreta prueba acerca de los desembolsos hechos en medios de transporte de reemplazo, ya que es presumible que aquel adquiere y utiliza un automóvil lo hace para satisfacer una necesidad, que para ser saciada con comodidades análogas a las proveídas por el vehículo propio obliga a soportar gastos.

--- Sentado que debe repararse el daño que la privación de uso provoca, aún sin constancias documentales del gasto sustitutivo, puesto que el daño debe presumirse de los mismos hechos (in re ipsa), debe darse un paso más allá y determinarlo.

--- Como primera medida, cabe aclarar que en esta cuantificación que el juez hace sin contar con las constancias documentales del gasto efectivo efectuado, debe respetar una pauta axial: la estimación debe hacerse en términos muy prudentes, casi conservadores, dado que se está supliendo la inacción de quien debía producir la prueba de la cuantía del daño y no lo ha hecho, con lo que debe alejarse del caso el fantasma del enriquecimiento sin causa de éste.

--- En esta línea se ha dicho que cabe recurrir al dispositivo del art. 165 , párrafo tercero CPCyC, de modo que, como no esta precisado el monto exacto del daño, cabe que el tribunal lo establezca estimativamente, a cuyo efecto se debe ser prudente, pues ante la ausencia de una prueba directa -que incumbía a la actora- no cabe reconocer un crédito que constituya una fuente de enriquecimiento indebido. (C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 1ª, 22/9/95, "IMPRESORA BELGRANO S.A. v. EMPRESA FERROCARRILES ARGENTINOS S/COBRO DE PESOS. CAUSA Nº 8545/91", Voto del Dr. Pérez Delgado, al que adhirió el Dr. De Las Carreras, en AbeledoPerrot online).

--- Sentado ello, es dable aclarar que careciendo en autos de la determinación pericial de cuál sería el tiempo adecuado para realizar los concretos arreglos de este vehículo en particular, pese a que el dictamen es un elemento relevante para tal determinación, ello no significa un óbice absoluto o un valladar infranqueable para otorgar resarcimiento por el rubro.

--- Contrariamente a lo que aduce el apelante, no constituye ninguna irregularidad acudir a la facultad judicial estimatoria, autorizada por el art. 165 CPCyC, en estos casos. Bien se ha expuesto en un caso similar al que nos ocupa que en los juicios de daños y perjuicios originados en un accidente de tránsito debe indemnizarse la privación del uso del automóvil porque ella importa para su dueño un daño resarcible. No es impedimento para establecer dicha indemnización la falta de elementos probatorios que precisen su magnitud, desde que el "quantum" retributivo puede ser determinado con sujeción a los parámetros del art. 165 del Código Procesal. Aunque las reparaciones que deban hacerse al automóvil no se hubieren efectuado cuando el perito ingeniero mecánico designado en el proceso lo inspeccionó, como se trata de un daño futuro y cierto, que debe ser indemnizado (C. Nac. Civ., sala A, 12/4/89, "IURATO, ANTONIO v. VIEDMA, VICENTE s/DAÑOS Y PERJUICIOS", en AbeledoPerrot online).

--- En similar línea se ha precisado que la falta de precisión en cuanto a la prueba del lapso que hubieran demandado las reparaciones en el automotor no puede incidir en desmedro de la situación del deudor. Esta deficiencia en la acreditación cabal del perjuicio debe gravitar en contra de quien tenía, a su cargo la prueba (C. Nac. Civ., sala A, 25/10/89, "MARTÍNEZ, ADRIÁN R. v. LÓPEZ, ANTONIO R. s/SUMARIO - INDEMNIZACIÓN", en AbeledoPerrot online).

--- Como dije antes, a falta de prueba el resarcimiento debe ser muy prudente. Y debo decir que empleando la facultad otorgada a los magistrados por el art. 165 CPCyC, y juzgando el caso a la luz de lo que es común y ordinario (art. 901 CC), así como a las máximas de experiencia, y vistos los deterioros acreditados que el vehículo presentaba, coincido con el votante en primer lugar sobre que no se aprecia exceso alguno en la determinación del tiempo de las refacciones por parte de la juez de grado. No ha demostrado el apelante que el plazo de quince días que la a quo determinara para los arreglos sea excesivo, que resulte más extenso de lo normal, etc.

--- Ello, en especial, cuando -como dije con anterioridad en una obra- amén de los días de reparación propiamente dicha del auto, deben calcularse además, un tiempo adicional, derivado de la solicitud y obtención de turno en talleres, etc. Ello, pues está en el orden natural de las cosas que cuando se lleva un vehículo a un taller, se pierden días de espera de turno, búsqueda de repuestos, además de no poder tomarse en cuenta los días no laborables (cfr. LÓPEZ MESA, Marcelo, "Responsabilidad civil por accidentes de automotores", cit, pp. 658 y ss.).

--- No demostrado argumental o probatoriamente el exceso de tiempo de detención reclamado, y apareciendo el plazo de quince días como razonable, de acuerdo a las circunstancias del caso y las máximas de la experiencia, el lapso de indisponibilidad fijado por la a quo adquiere firmeza, al no haber sido refutado idóneamente en los agravios.

--- En cuanto a la suma diaria a reintegrar al damnificado por los gastos sustitutivos y a la luz del criterio de prudencia que esgrimiera supra, entiendo que aquí no cabe apartarse del parámetro mencionado por el votante en primer término, por lo que la suma de $20 diarios acordada en casos similares por esta Sala parece adecuada para cubrir las necesidades de transporte de un habitante de Puerto Madryn, en su desempeño laboral o profesional dentro de esa ciudad, así como otros desplazamientos normales derivados del esparcimiento del actor y su familia (cfr. sentencia de esta Sala del 21/4/04, "G. R. H., y Otro c/ C. E., y Otros s/ Daños y Perjuicios" (Expte. nº 19.070 - año: 2003), S.D.C. 14/04). Ello así, se arriba a una suma de $ 300 en concepto de resarcimiento por privación de uso, la que coincide con la determinada por la sentenciante del anterior grado, que en tal caso debe confirmarse.- --- Lo anteriormente expuesto me lleva a coincidir con el prevotante, sobre que el decisorio de grado debe ser confirmado en cuanto fuera materia de recurso y agravios, con costas de segunda instancia a la apelante vencida (art. 68 C.P.C. y C.).- --- En cuanto a los estipendios de alzada, teniendo en vista la extensión, mérito, calidad y resultado de los trabajos profesionales de esta sede, corresponde regular los emolumentos del Dr. R. G. en la alícuota del 3,70 % del monto del proceso que surja de la liquidación a practicarse en etapa de ejecución (arts. 6, 7, 9, 14, 19, 47 y cctes., Ley 2200).- --- Por los fundamentos expuestos supra, a la primera cuestión, VOTO POR LA AFIRMATIVA.-- A ESTA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Velázquez respondió:

Ante el acuerdo antes alcanzado, corresponde confirmar la sentencia apelada en todo cuanto fuera materia de agravio, con costas de segunda instancia a la recurrente y regulando los honorarios del Dr. R. G., pos sus labores de alzada, en la suma equivalente al 3,70 % del monto del proceso que surja de la liquidación a practicarse.- ASÍ LO VOTO.- --- A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Señor Juez de Cámara Doctor Marcelo López Mesa expresó: ------- ---En vista del acuerdo arribado precedentemente, el pronunciamiento que corresponde dictar es el que propone el prevotante en su aporte a esta cuestión. --- --- Tal mi voto.----- - --- Con lo que se dio por terminado el Acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros por haberse logrado la mayoría (art. 9 de la ley 1130, Textos ley 4550).-------- Trelew, de diciembre de 2.009.----- En virtud de lo resuelto en el Acuerdo cuya copia antecede, la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Trelew; pronuncia la siguiente:------ S E N T E N C I A: ----- CONFIRMAR la sentencia apelada en todo cuanto fuera materia de agravio. IMPONER las costas de segunda instancia a la recurrente. REGULAR los honorarios del Dr. R. G., pos sus labores de alzada, en la suma equivalente al 3,70 % del monto del proceso que surja de la liquidación a practicarse.- --- Regístrese, notifíquese y devuélvase.----- REGISTRADA BAJO EL Nº DE 2.009 - SDC.- Conste.- PAULO EDUARDO KÖNIG SECRETARIO DE CAMARA