marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Verificación de créditos, títulos de crédito
Materia: COMERCIAL
Carátula: I., J.C.A. s/ Incidente de Revisión
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-06-01

En la verificación de títulos cambiarios, en vigencia de la Ley N° 19.551, y con anterioridad a la doctrina plenaria, coexistían dos situaciones claramente contrapuestas, que provocaban una absoluta disparidad de criterios en nuestros Tribunales a la hora de admitir en el pasivo concursal créditos fundados en títulos cambiarios. Esta contraposición aludida asentaba su base en la necesidad o no de justificar la causa de los "valores en papel". Así, una de las posiciones -y como un derivado lógico de las características del derecho cambiario- estimaba que no era menester justificar la causa de su título de crédito. La otra posición contraria, en cambio, sostenía que era necesario probar la causa de dicho instrumento cambiario. Dentro del marco normativo concursal, el artículo 32 de la Ley N° 24522 -y antes en la Ley N° 19.551 el artículo 33-, recepta el deber genérico del peticionante de la verificación de "indicar" la causa de la obligación.
Ejercicio de la acción pública, descripción de los hechos, principio de congruencia
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Can, Sami s/ Nulidad procesal
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-07-05

Asimismo, la Sala III de la C.N.C.P. afirmó que: "...la regla que determina que debe existir correlación entre la acusación y la sentencia, fija cuál será el ámbito de decisión de los jueces que se corresponde con el hecho descripto en el primero de los actos procesales señalados. En este sentido ... el hecho fijado en la sentencia deberá ser idéntico en sus aspectos esenciales al descripto en la acusación, pero podrán ser completados con detalles y circunstancias obtenidas durante el debate ..." (Cafferata Nores, José I; Tarditti, Aída "Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba", tomo II, Editorial Mediterránea, Córdoba, 2003, p. 264) "... lo que interesa, entonces, es el acontecimiento histórico imputado, como situación de vida ya sucedida (...) que se pone a cargo de alguien como protagonista..." (Maier, Julio B.J.:Derecho Procesal Penal, I. Fundamentos, segunda edición, Editores del Puerto, Buenos Aires, 1999, p. 569)".
Esfera de custodia, robo de automotor, tentativa
Materia: PENAL
Carátula: SZUCS, EDUARDO J. s/ ROBO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-20

La esfera de custodia no consiste en una determinación meramente territorial o temporal, pero la distancia y el tiempo son pautas importantes, entre otras, para establecer si una cosa ha sido quitada de la mencionada esfera. Tales índices del ilícito ejecutar actos materiales dispositivos sobre el bien, los que simultánea y consecutivamente serán cada vez más posibles para el sustractor, debiendo los jueces evaluar estas circunstancias en cada caso y de acuerdo a la singularidad del hecho. Aun cuando el tenedor del vehículo sustraído haya perdido contacto físico con el mismo, si resulta difícil aseverar que el sujeto activo se encontró en condiciones de ejercer actos materiales de disposición del rodado, por aplicación del art. 13 del CPMP, debe configurarse el hecho como robo del automotor en grado de tentativa.
Entidades financieras, responsabilidad penal de los directivos de empresas, mesa de dinero, mercado de capitales, desvío de fondos, administración fraudulenta
Materia: PENAL
Carátula: CARLES, Federico y otros s/ Causa 14.699
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-01

Ante el hecho de que el directivo de una entidad financiera desde donde se desviaban fondos desde el mercado oficial al interempresario o marginal en perjuicio de y en contravención con la normativa de la entidad rectora, esto es el Banco Central de la República Argentina (B.C.R.A.), el hecho de que no tome parte de las decisiones, "no sirve de eximente cuando la inasistencia" - a las reuniones de la asamblea-"fue dolosa o cuando, sin asistir ha participado en actos, conversaciones o gestiones anteriores, influyendo en la decisión que se tomaría posteriormente".

"...El hecho de que algunos directores no hayan concurrido a reuniones o se hayan despreocupado de la evolución de los negocios o de la verdadera situación de la empresa -actitud libremente decidida por ellos, asumiendo el riesgo correspondiente, no puede servir como causal de exculpación, pues de otra manera se llegaría al absurdo de que la falta de ejercicio de facultades y deberes legales de directores sería la forma de evitar responsabilidades y la sanción legal, lo cual es inadmisible." El desacuerdo con algunas políticas sociales, no lo libera de dejar a salvo su postura, la que debió brindar si es que obró de buena fe, es decir, ajeno a los hechos ilícitos endilgados. Pero si nada denunció esta omisión - dada su posición de garante- en tanto no ignoraba lo que sucedía, le es - también- reprochable.
Concursos, continuación de la empresa, cooperativa de trabajo
Materia: COMERCIAL
Carátula: Lanera Austral SA c/  s/ quiebra
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-05-31

Procede confirmar la resolución que autorizó el pronto pago de las acreencias laborales, según proyecto de distribución presentado por el síndico, disponiendo la reserva de los dividendos correspondientes a los acreedores que cedieron sus créditos a la Cooperativa, a los cuales citó a fin que expresen su voluntad. Ello por cuanto, en el caso, no se encuentra discutido que las cesiones acompañadas no cumplen con lo dispuesto por la LCQ 203bis. En efecto, tales cesiones fueron realizadas por instrumento privado con firma certificada por escribano público únicamente del trabajador, sin la legalización correspondiente, sin haberse comprobado que los cedentes hayan tenido el asesoramiento pertinente y sin la intervención de la asociación gremial legitimada. A ello se suma que tales documentos tampoco tienen firma de la Cooperativa. Al respecto debe señalarse que el método establecido en la ley para materializar la cesión importa un medio para asegurar la seriedad del procedimiento y que en todo momento que el trabajador tenga pleno conocimiento de las consecuencias y efectos que dicha cesión importa y la realice con total libertad. Así, se ha entendido que, para garantizar transparencia, la cesión debe realizarse ante el juez con intervención de la asociación gremial, cuya actuación es a los efectos de defender y representar ante el Estado los intereses de los trabajadores y como fiscalizadora (véase ley 23551: 31 y ccdtes, Sierra de Desimoni, Maria E, en "Ley de Concursos y Quiebras comentada", Dir. Martorell, Ernesto T., T. V, pág. 169).- En ese marco, es claro que los instrumentos privados acompañados no cumplen con la mecánica dispuesta por la ley, por lo que no se advierte reproche alguno en la ratificación requerida por la juez de grado, con su consecuente libramiento de exhorto a los fines de que se lleve a cabo la audiencia ordenada en la LCQ 203bis. Así, hasta tanto se confirme cada una de las cesiones realizadas y se proceda a cumplir con el mecanismo previsto en la citada norma, deben reservase las sumas que correspondería abonar como dividendo a los acreedores cedentes.
Responsabilidad solidaria, administrador de la sociedad, elementos del acto administrativo, procedencia del recurso
Materia: LABORAL
Carátula: Vivot Alejandro Héctor y otros c/ Vinent Pablo Cristian y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-05-30

No resulta factible extender la responsabilidad de una persona jurídica a sus integrantes aplicando la "teoría de la penetración en la personalidad jurídica", cuando no se acredita que haya mediado un uso abusivo de la figura societaria; y con prescindencia de esa teoría, la extensión de responsabilidad a los directivos de una entidad podría resultar viable cuando éstos hayan incurrido en maniobras ilícitas tendientes a defraudar al trabajador o a terceros. No es lo mismo omitir el pago del salario o no abonar las vacaciones en tiempo oportuno (que son típicos incumplimientos de índole contractual) que urdir maniobras defraudatorias de las que resultan inmediata y directamente responsables las personas físicas que las pergeñan porque sus actos, más allá de constituir un ilícito delictual o cuasidelictual en el ámbito civil, podrían llegar a encuadrar, incluso, en tipificaciones propias del derecho punitorio. La violación genérica de la ley, o los daños producidos por dolo, abuso de facultades o culpa grave y, en general, cualquier responsabilidad que cupiere frente a terceros, es siempre de tipo delictual o cuasidelictual. Por tal razón, cuando una sociedad anónima realiza actos simulatorios ilícitos, resulta pertinente extender la responsabilidad patrimonial de la entidad al integrante del directorio por vía de lo dispuesto en el art. 274 L.S..
Daños y perjuicios, gastos médicos, gastos de farmacia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ledesma Ramon c/ Lorenzo Nestor Osvaldo s/ Daños y Perjuicios Alderete Jorge Emilio c/ Barrios Marcelo Guillermo s/ Daños y Perjuicios Leonardi de López Ana c/ Morel Hector y otros s/ Daños y Perjuicios Bondaruk Antonio c/ Lera Edgardo Fabián s/ Daños y Perjuicios Davila Juan Carlos c/ Pierini Ricardo s/ Daños y Perjuicios. Dario, Daniel c/ Tejeiro, Carlos s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-22|1998-12-09|1998-12-01|1999-02-09|2000-02-03|2001-05-24

En lo referente al rubro gastos farmacéuticos y de honorarios odontológico, es dable acotar que se debe ser prudente en la merituación del reclamo por dichos gastos, pues nada impide obtener los recibos o facturas correspondientes de las erogaciones efectuadas (art.163, inc.5º del CPC). Ese reiterado criterio de nuestros tribunales consistente en reembolsar compras de farmacia y atención médica varia sin apoyatura probatoria alguna, ha sufrido a lo largo de los últimos tiempos una morigeración consistente en darle cobertura -sin exigir comprobantes- a aquellos gastos que por su índole no se pide recibo, ya sea por lo ínfimo de su costo o la súbita y ocasional adquisición, más no es válido para resarcir honorarios profesionales, pues todos ellos actualmente al solo requerimiento de sus pacientes expiden recibos por el pago de sus labores.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, proceso penal, suspensión del juicio a prueba, jueces, facultades del juez
Materia: PENAL
Carátula: Z, E R s/ Estafa. Incidente de suspensión del juicio a prueba. Cuestión   previa: ¿Corresponde integrar un cargo de Juez de Cámara, vacante en  una sala de una de las Cámaras de Apelación en lo Penal convocadas, para la Constitución y funcionamiento válido de éste Tribunal   Plenario? Cuestión de fondo: 1) ¿El Instituto de la suspensión del   Juicio a prueba, incorporado al Código Penal por la Ley 24316 como   artículos 76 bis, 76 ter Y 76 quater, resulta aplicable a los   imputados por delito o delitos cuya escala penal en abstracto exceda  los tres años de reclusión o prisión?; 2) En su caso ¿El   consentimiento del Fiscal previsto en el artículo 76 bis, cuarto   párrafo del Código Penal, es exigible para todos los casos de   concesión de tal beneficio? (Expte. Nro. 1021-97) (Tribunal plenario)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-12-22

En el supuesto de la "probation" se autoriza al Juez a suspender el curso del proceso en los casos de infracciones que genéricamente pueden ser calificadas como de menor cuantía, cuando el imputado fuera persona de antecedentes "honestos". Pero exige además de la suspensión de la pena y el transcurso del llamado período de prueba, una investigación sobre la personalidad y condiciones del imputado, puesto que implica la sumisión del mismo a las condiciones que el Tribunal le imponga, ya que la suspensión del proceso sin vigilancia no es "probation". (Del Voto de la Dra. Burrone de Juri). En el caso, la cuestión a resolver es: ¨El instituto de la suspensión del juicio a prueba, incorporado al Código Penal por la ley 24316 como artículos 76 bis, 76 ter y 76 quáter, resulta aplicable a los imputados por delito o delitos cuya escala penal en abstracto exceda los tres años de reclusión o prisión?
Prueba pericial, valor probatorio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: RODRIGUEZ CARLSSON A. c/ BERGUES MIGUEL s/ SIMULACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-09-22

La pericia es necesaria para la solución del pleito, cuando el juez extrae de ella conclusiones que forman parte de los fundamentos del fallo. (Minoría u opinión personal)
Consentimiento, acuerdo de partes
Materia: CIVIL
Carátula: Sancor Coop. de Seg. Ltda. c/ Somisa  y Otros. s/ Cobro.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-11-03

El consentimiento dado por las partes es característica esencial de todo contrato para que éstas resulten vinculadas por el mismo.

Existen autores e incluso legislaciones que lo definen como "acuerdo", término que es criticado por Messineo porque el "acuerdo" se identificó como un sinónimo con el concepto mismo de contrato;

por ello dicho autor se inclina por la expresión "consenso", y describe a partir de ello al consentimiento como el fenómeno complejo, que resulta no sólo de las voluntades, sino, en cierto sentido, de su combinación.

Pero no se debe pensar que la combinación de las voluntades reside en el hecho de que las mismas coinciden en el contenido, o se funden en una voluntad única (la llamada voluntad contractual) esto ocurre en las figuras del acto colectivo y (de otro modo) en el acto complejo; la combinación de las voluntades en cuanto forman el consentimiento, consiste en cambio, en el hecho de que ambas partes quieren la conjunta finalidad externa del contrato puesto que lo que la una parte da o hace, la otra lo quiere recibir.
Homicidio culposo, recurso extraordinario federal, inadmisibilidad del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Vásquez, Diego Ariel s/ Recurso Extraordinario deducido por el Dr. Víctor Manuel Pinto contra Sentencia Nº 66/12 de Expte. Coorte Nº 72/12 - Recurso de Casación (...) Vásquez, Diego Ariel p.s.a. Homicidio Culposo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-06-17

El Juzgado Correccional condenó al imputado como autor penalmente responsable del delito de homicidio culposo agravado, a sufrir la pena de tres años y ocho meses de prisión efectiva e inhabilitación especial de siete años y seis meses para conducir cualquier tipo de vehículos automotores.

Contra esa resolución, el defensor del imputado había articulado Recurso de Casación, al que esta Corte no hizo lugar, mediante sentencia Nº 66/12.

En contra de la nominada resolución de esta Corte, el asistente técnico interpone el presente remedio federal.

El recurrente incumple la carga de expresar agravios concretos y fundados al no indicar qué planteo de esa Parte fue omitido de tratamiento, qué constancia de autos favorable a su defendido fue negada por el tribunal, cuáles son las afirmaciones dogmáticas que contiene el fallo, de qué prueba prescindió el tribunal ni sobre qué prueba no indicó de qué manera fue ponderada para condenar al imputado.

Con esa imprecisión, el recurrente no demuestra la existencia en el caso de esos graves vicios de fundamentación que sólo enuncia, ni la existencia de la cuestión federal que invoca por la consiguiente arbitrariedad de la sentencia. Por ello, sobre la cuestión en tratamiento, el recurso tampoco satisface el requisito exigido en el punto e) del art. 3º del mencionado reglamento de la Corte Suprema y, por ende, es inadmisible.

Así las cosas, el recurrente no ofrece argumentos suficientes para demostrar la efectiva vulneración de las garantías constitucionales que invoca ni el apartamiento inequívoco por el tribunal de la solución prevista por la ley para el caso. Con ese déficit, no pone en evidencia agravio constitucional suficiente y, por ende, no justifica adecuadamente la habilitación que pretende de la instancia extraordinaria, prevista sólo para garantizar la vigencia y primacía de la Carta Magna, y no para superar las meras discrepancias de las partes con lo resuelto por los tribunales (Fallos 326:107; 326:613, 621,1458) En estas condiciones, el recurso carece de fundamento suficiente en los términos del art. 15 de la Ley 48, lo que obsta a su concesión.
Instrumentos privados, firma, adulteración de documento
Materia: CIVIL
Carátula: Jacoby, Selika Hebe c/ Cavarra, Francisco Oscar s/ Desalojo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-08

La firma puesta al pie de un documento privado, conformado por más de una foja, implica sólo el reconocimiento de la hoja en la cual se encuentra estampada la firma, cuando las demás fojas fueron impugnadas sea por sustitución, adulteración o falsedad, en cualquiera de estos supuestos el Juzgador deberá examinar las fojas impugnadas y decidir conforme a las pruebas.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, honorarios
Materia: LABORAL
Carátula: Ciuti, Américo c/ Encotesa s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-02-25

Es inatendible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que afirma que el tribunal del trabajo debió aplicar el art. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo, modificado por ley 24.432 sin demostrar previamente el eventual desplazamiento del régimen arancelario provincial.
Concursos, quiebra, extensión de la quiebra, acción de responsabilidad, responsabilidad de representantes
Materia: COMERCIAL
Carátula: PRODUCTOS  EL  ORDEN  SA c/ LOIZZO ALBERTO Y OTROS S/ORDINARIO. s/ QUIEBRA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-30

Quedan comprendidos dentro del instituto de la acción de responsabilidad, entre otros: i) el factor de comercio con atribuciones generales -artículo 132 Código de Comercio-; ii) los mandatarios comerciales y civiles; iii) el interventor judicial -artículo 115 de la Ley 19.550-; iv) el administrador judicial de la empresa en concurso preventivo -artículo 17 de la Ley 24522-; v) los tutores y curadores que administran el patrimonio del pupilo; vi) los gerentes de las sociedades de responsabilidad limitada -artículo 157 de la Ley 19550-; vii) los directores de las sociedades anónimas -artículo 255 de la Ley 19.550-; viii) el curador que administra un establecimiento comercial -artículo 468 del Código Civil-; ix) el tutor en igual situación -artículo 377 del Código Civil-; x) el administrador de un establecimiento comercial indiviso por acto de última voluntad -artículo 53, Ley 14.394-; xi) el coadministrador en la quiebra de un establecimiento respecto del cual se dispuso la continuación de la empresa -artículo 182 de la Ley 24522-; xii) el gestor de negocio -art. 2297 del Código Civil-; xiii) el fiduciario administrador -artículo 346 de Ley 19.550-; xiv) el administrador de hecho, etc. (cfr. Junyent Bas, "Responsabilidad Civil ante los Administradores Societarios", Ed. Advocatus, Córdoba 1996, págs. 41/2; en igual sentido, Rivera, Julio César - Roitman, Horacio y Vítolo, Daniel R., "Ley de Concursos y Quiebras", Rubinzal - Culzoni, Santa Fe, 2000, t. III, pág. 17;

ídem, Estévez, J. Alejandro, "Responsabilidad de los administradores ante la quiebra de la sociedad", publicado en L.L. 2000-B, 1232). Ello así, la responsabilidad de esas personas procederá, según el artículo 166, cuando se encuentren también reunidos, a su respecto, los elementos materiales mencionados en la citada norma. Estos elementos de procedencia del reclamo de resarcimiento han de ser invocados por el pretensor, y probados por éste, en cuanto lo exige la índole de la afirmación (cfr. Quintana Ferreyra, - Alberti, "Concursos Ley 19551 y modificatorias", t. 3, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1990,pág. 248).
Beneficio de litigar sin gastos, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Pappagallo, Luisa s/ Benef. de litigar sin gastos -cuestión de comp., art. 6º C.C.A.  Resol. del 1/12/92
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-12-01

Si se pretende hacer valer el beneficio de litigar sin gastos en un proceso cuyo conocimiento y decisión competería en forma exclusiva a esta Corte (art. 149 inc. 1º Const. Prov.; art. 3 C.P.C.A.) es a ella a quien corresponde la competencia originaria y exclusiva para conocer del mismo. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia no firme, decomiso, acción de restitución, testaferro
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: BARRIOS, VANESA; GOROSITO, SILVANA JESICA; CANTERO, ARIEL MAXIMO c/  s/ ASOCIACION ILICITA -APELA DECOMISO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-11-28

Las alegaciones de la impugnante -pretendiendo la demostración de un supuesto de irreparabilidad del perjuicio- con sustento en la invocada ajenidad de alguno de los bienes o que otro fuera ofertado en la suspensión del juicio a prueba, resultan patentemente insuficientes a los fines de sortear el recaudo de definitividad exigido legalmente; atento que la resolución de decomiso se sustentó justamente en su calidad de tercero testaferro o prestanombre; lo que no cancela la posibilidad de entablar -por quienes se consideraran afectados en sus derechos- las acciones por las vías correspondientes, sean administrativas o civiles.
Cuestión federal, Corte Suprema de Justicia de la Nación, seguridad jurídica, libertad de comercio e industria
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Rodríguez, Juan Ramón c/ CompaÑía Embotelladora Argentina  S.A.  y otro. s/ Recurso de Hecho.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-15

Existe cuestión federal trascendente (art. 280 del Código Procesal) por lo que procede, con el propósito de afianzar la seguridad jurídica, que la Corte resuelva el fondo del asunto, si la cuestión reviste significativa importancia para el desarrollo del comercio interno e internacional (art. 67, inc. 12 de la Constitución Nacional).
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, desalojo anticipado, demanda, allanamiento, costas, juicio, principio objetivo del vencimiento
Materia: PROCESAL
Carátula: Wasserman, Julio y otros c/ Funes, Leticia s/ Cuestión a resolver: ¨En las demandas anticipadas de desalojo,  Corresponde imponer la totalidad de las costas al demandado que no  Contesta la demnada? (Tribunal plenario) (Expte. Nro. 154-78) a resolver: ­En las demandas anticipadas de desalojo,  Corresponde imponer la totalidad de las costas al demandado que no  Contesta la demnada? (Tribunal plenario) (Expte. Nro. 154-78)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1979-06-07

La norma legal vigente que dispone que en las demandas de futuro las costas sean soportadas por el actor, está condicionada al oportuno allanamiento a la acción. No mediando éste o siendo tardío, es evidente que corresponde la aplicación de las normas comunes referentes a costas que la imponen al perdidoso. En consecuencia, en las demandas anticipadas de desalojo corresponde aplicar la totalidad de las costas al demandado que no contesta la demanda.

(Del Voto del Dr. Costa). En el caso, la cuestión a resolver es: Si en demandas anticipadas de desalojo, corresponde imponer la totalidad de las costas al demandado que no contesta la demanda.
Recurso de inaplicabilidad de ley, procedencia del recurso, declaración de insania, designación de curador
Materia: CIVIL
Carátula: A. , R.I. c/  s/ Insania. Curatela
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-10-09

Corresponde hacer lugar a los recursos de inaplicabilidad de ley interpuestos, casando la sentencia que declaró demente a la denunciada y designó su curador definitivo, atendiendo al informe de la pericia médica, aunque soslayando los informes producidos en la causa que van dando cuenta de la clara y positiva evolución y adquisición de habilidades de la causante tanto en su autonomía para manejarse en la comunidad como específicamente en el desarrollo del vínculo con su hijo (doctor PETTIGIANI, sin disidencia).