Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-06-10


SENTENCIA Nº 89.813 - CAUSA Nº 26565/05 "BOLÍVAR ADRIÁN C/DIMENSIÓN VERDE S.A. Y OTRO S/ACCIDENTE - ACCIÓN CIVIL" - JUZGADO Nº 67.

En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los diez días del mes de junio del año dos mil ocho, reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el recurso deducido contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación:

El doctor Guibourg dijo:

La parte actora apela la sentencia de fs. 319/322, que acoge las pretensiones deducidas en el inicio, en los términos del memorial de fs. 326/330 vta., con réplica de la contraria a fs. 347/352 vta. El perito médico traumatólogo apela los honorarios regulados a su favor por estimarlos reducidos (fs. 323/vta.).

Esta parte se queja por: a) entender el sentenciante que no se encuentran configurados en el presente los presupuestos fácticos de los arts. 1109 y 1113 el Código Civil; b) considerar insuficientes las sumas diferidas a condena en concepto de daño material, daño moral y gastos médicos; c) el grado de incapacidad admitido en grado; d) no tomarse en cuenta el daño estético, la pérdida de la chance y el lucro cesante, que estima debidamente probados en la causa; y e) no extenderse la condena contra Liberty ART S.A. al pago de la reparación integral.

En relación con el primer agravio, señalo que no es motivo de controversia que el 30/4/03 el actor sufrió un accidente en su cadera derecha en ocasión de hallarse trabajando para Dimensión Verde S.A. en un country, más concretamente, al resbalar mientras intentaba salir de un pozo de un metro de profundidad que había cavado para plantar un pino. Tampoco se discute a esta altura que el suelo estaba húmedo y que el actor no contaba con calzado adecuado ni equipo de protección personal al momento del infortunio, por lo que el magistrado hace lugar al reclamo en concepto de reparación integral con fundamento en el art. 8 inciso c de la ley 19587 y según los parámetros fijados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Aquino, Isacio c/Cargo Servicios Industriales S.A." (SD del 21/9/04).

Ahora bien, considero que asiste razón a la apelante en que en el presente se hallan probados los presupuestos fácticos del art. 1113 del Código Civil (art. 377 del CPCCN).

El infortunio fue consecuencia de la intervención activa y causal de una cosa riesgosa y peligrosa en los términos de la norma legal citada: el suelo en las condiciones descriptas y en particular el pozo en el que resbaló el actor, cuya guarda jurídica debe atribuirse a la empleadora, pues usó, aprovechó y obtuvo un beneficio económico de ella, que ha sido causante del daño padecido por el trabajador a quien, por otra parte, no es dable endilgar una conducta culposa o dolosa.

La actora se queja porque el magistrado de grado no tiene en cuenta el porcentaje de incapacidad total y permanente de 70% de la total obrera informado por el perito médico traumatólogo a fs. 210/212. Sin embargo, advierto que la apelante se limita a disentir mediante genéricas manifestaciones con el informe del Cuerpo Médico Forense de fs. 301/305 y no brinda elementos que demuestren la incorrección del grado de incapacidad estimado por el mencionado organismo. Destaco, en este aspecto, que concuerdo con el sentenciante en que dicho dictamen tiene pleno valor probatorio, ya que se sustenta en estudios objetivos (arts. 386 y 477 del CPCCN).

Conviene aclarar que los daños psíquico y estético carecen de entidad autónoma y deben ser justipreciados al calcular las reparaciones por daños patrimonial y moral, en su caso (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala II, SD del 9/9/97 en "Torres, Alberto José c/Estado Nacional - Ministerio del Interior de la Nación - Policía Federal Argentina s/Accidente de Trabajo Artículo 1113 del Código Civil"; esta Sala en SD 89.712 del 13/5/08 en "Villalba Ricardo Omar c/Sermanoukian Roberto y otros s/Despido").

En relación con el daño psíquico, señalo que el Cuerpo Médico Forense informa que el actor padece una minusvalía valorada en 10% TO compatible con trastorno depresivo grado II.

Por lo demás, considero que debe compensarse también el llamado daño estético pues corresponde equilibrar, dentro de un nivel de razonabilidad, la desventaja que todo ser humano padece cuando exhibe cicatrices o mutilaciones que afectan el sentido estético propio y ajeno. No hay duda, entonces, de que el daño estético es indemnizable y puede traducirse en daño material o en daño moral. Constituye daño material el derivado de una mutilación permanente porque incide sobre las futuras posibilidades económicas de la víctima, junto con la incapacidad específicamente física. El daño estético se traduce a la vez en daño moral, independientemente de lo anterior, por los sufrimientos que el perjuicio estético puede engendrar en términos de autoestima y de dificultades en la vida de relación (en sentido análogo, SD 8848 del 21.10.85 "Obregón, M.M. c/Ambrux S.A.C.I.A. s/art. 1113", del registro de la Sala VII; SD Nro. 77443 del 30.9.98 "Gómez, Mario c/Antonio Esposito S.A.", del registro de esta Sala).

En este orden de ideas, el Cuerpo Médico Forense indica que el trabajador presenta una marcha levemente disbásica por cojera derecha. Estimo que esta circunstancia constituye un daño estético pues implica una pérdida de la llamada capacidad de colocación, de competencia en el mercado laboral a la que aludiera el maestro Allocatti al votar en el Fallo Plenario Nro. 56 "Silva, Heliodero c/ Florio y Cía S.R.L., del 30.6.59 (publ. en DT 1960-105, LL 96-136), ya que el accionante se encuentra en inferioridad de condiciones frente a su igual que no presenta tales alteraciones y probablemente será rechazado por un eventual empleador (en sentido análogo, SD Nro. 56779 del 14.9.88 "Loto, José Alberto c/ Poma, José y otros", SD Nro. 84378 del 11.12.2002 "Faiad, Romina Grisel c/ New Shopping S.A. y otro", del registro de esta Sala). Por eso, si se tiene en cuenta que el actor se queja porque el sentenciante rechaza esta pretensión, auspicio revocar la decisión impugnada en este aspecto y por ende, reconocerle una minusvalía de 5% TO con carácter parcial y permanente.

Sentado lo expuesto, si se tienen en cuenta la entidad del daño y la edad del accionante (53 años al momento del accidente), propongo elevar el grado de incapacidad a 45% TO con carácter parcial y permanente, comprensivo de los daños físico, psíquico y estético; incapacidad ésta que se reflejará en los componentes indemnizatorios de lucro cesante y de daño moral.

En reclamos como el presente, a partir del precedente "Vuoto, Dalmiro c/ AEG Telefunken Argentina SA" (SD 36010 del 16/6/78), esta Sala ha aplicado para el cálculo de una parte de la indemnización civil por accidente del trabajo una fórmula que ha sido larga y pacíficamente aceptada por la jurisprudencia. Observo que el magistrado de grado utiliza la fórmula que este precedente propone para el cálculo de la reparación integral. Ahora bien, el 8 de abril de 2008, la Corte Suprema dictó el fallo "Aróstegui, Pablo Martín c/Omega Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA y Pametal Plus y Compañía SRL", donde dejó sin efecto el fallo correspondiente de esta Sala en un tema tangencialmente vinculado con aquella fórmula, ya que su punto central consistía en la aplicación de la doctrina "Milone" (CSJN, 26/10/94) para rechazar el pago fraccionado de la indemnización por daños. Por eso, esta Sala, estimó necesario formular algunas aclaraciones e introducir también algunas modificaciones en el marco del método aplicado por este Tribunal, en acatamiento a la doctrina sentada por la Corte en el citado caso "Aróstegui" y así lo hizo al decidir la causa "Méndez Alejandro Daniel c/Mylba S.A. y otro" (SD 89654 del 28/4/08).

Ante todo es preciso dejar en claro que, si se pretende llevar a cabo un razonamiento cuyo resultado sea un número (por ejemplo, una cantidad de dinero en concepto de resarcimiento monetario), no hay modo alguno de llegar a ese resultado si no es por medio de un cálculo matemático. Este cálculo puede ser explícito, fundado en datos verificados y ordenado mediante un algoritmo previamente establecido y justificado, o bien implícito y subconsciente, a partir de datos vagos y cambiantes y regido por un criterio puramente subjetivo, de contenido total o parcialmente emotivo. Pero, sea como fuere, es posible (teóricamente posible, aunque psicológicamente muy difícil) reconstruir cualquiera de estos razonamientos implícitos hasta llegar a aquel algoritmo y encontrar las variables que, al menos para el caso, el intérprete haya tomado en cuenta. Incluso debería ser posible rastrear las razones por las que, eventualmente, ciertas variables han de tenerse en cuenta en una clase de casos y no en otra. Si se desestimara incluso esta posibilidad teórica, la conclusión necesaria sería que la determinación del resultado es puramente arbitraria. Y sin embargo, podría insistirse aún, la propia arbitrariedad de un resultado numérico obedece siempre a alguna fórmula, aunque su estructura y sus variables puedan juzgarse inconvenientes o injustificadas. Es posible, pues, criticar una fórmula tanto por su estructura como por sus variables, elementos todos estos que requieren una justificación ajena al propio cálculo; pero es literalmente imposible prescindir de la aplicación de alguna fórmula cuyos elementos se juzguen debidamente justificados.

Toda apreciación de la realidad, matemática o no, constituye necesariamente una forma de reduccionismo, ya que es imposible percibir, representar, recordar o tomar en cuenta las infinitas condiciones de cada situación o estado de cosas. El observador siempre ejerce un juicio, a menudo implícito, acerca de la relevancia que atribuye a ciertas condiciones, que son las que escoge para su consideración. Para el examen de los perjuicios civilmente resarcibles, este tribunal aplica una taxonomía tradicional que los divide en tres segmentos, a saber, el daño emergente, el lucro cesante (ambos integrantes del daño económico) y el daño moral (o extrapatrimonial). Examinaré a continuación estas categorías, para asegurar que ningún perjuicio resarcible (cuya relevancia pueda justificarse argumentalmente) quede fuera del modelo representativo.

El daño emergente es monetario y fácil de medir: consiste en los gastos en los que la víctima haya tenido que incurrir como consecuencia directa del daño sufrido. Esos gastos, probados o, si tal fuera el caso, estimados de acuerdo con las circunstancias, han de ser restituidos en su totalidad (arts. 1078, 1083, 1086, primera parte, del Código Civil).

El lucro cesante (art. 1086, parte final, del Código Civil) también es monetario, aunque más aleatorio. Comprende la diferencia entre los ingresos que pueda calcularse que la víctima tendrá a partir del daño sufrido y los ingresos que pueda estimarse que la víctima habría tenido si el daño no se hubiese producido. Esta parte del daño es la que pretende medir la fórmula "Vuotto": toma como punto de partida el ingreso de la víctima (no sólo el salario ganado a las órdenes del responsable, sino su ingreso total proveniente de cualquier fuente laboral, si así resultase de lo invocado y probado); lo extiende durante toda la vida útil de la víctima y calcula una suma de dinero que, percibida de inmediato e idealmente depositada a una tasa de interés reducida (de tal modo de conservar tentativamente el poder adquisitivo del dinero en el que está expresada), permita a la víctima hacer retiros periódicos equivalentes al porcentaje de pérdida de ingreso resultante del cálculo del daño.

Hay aquí dos observaciones internas a formular acerca de la estructura del algoritmo.

Una de ellas indica que es altamente improbable que la víctima dé a la indemnización que reciba el uso supuesto por la fórmula "Vuoto": lo más seguro es que, según cuál sea su cuantía, la destine a pagar deudas, a actualizar consumos postergados o a intentar algún emprendimiento personal de corte lucrativo. Esta elección corresponde a la víctima personalmente y no es apropiado interferir en ella: el uso del capital supuesto por la fórmula de referencia no tiene otro objeto que facilitar el cálculo financiero del resarcimiento del daño en este particular aspecto.

La otra observación se refiere a la edad tope con la que se aplique la fórmula. El empleo de la fórmula "Vuoto" ha tomado en cuenta hasta ahora el fin de la "vida útil" de la víctima, estimable en 65 años. Pero el hecho es que la (presupuesta) merma de salario que el trabajador sufra como consecuencia de su incapacidad laboral se reflejará, en la etapa pasiva, en su haber previsional. Por esta razón, y frente a los señalamientos de la Corte, parece justificado ahora introducir esta modificación y elevar la edad tope a 75 años.

Pero hay también una observación externa, recogida por el fallo "Aróstegui", acerca de la elección de las variables: que la fórmula congela el ingreso de la víctima, para el objetivo de calcular la indemnización, en el momento del daño, sin tomar en cuenta la "chance" o perspectiva de mejora del ingreso futuro que seguramente el daño habrá disminuido. Esto es exacto. Ahora bien, en este aspecto puede señalarse que no es ésa la única circunstancia, más o menos aleatoria, que puede incidir en la correspondencia entre el resarcimiento y el verdadero lucro cesante. También es posible que dicho ingreso disminuya o aun desaparezca: la víctima, de no haber sufrido el daño cuyas consecuencias se juzgan, no sólo podría mejorar de fortuna sino también sufrir otro daño posterior o aun fallecer. Y no puede dejar de considerarse además que no se puede conocer a ciencia cierta la cuantía del lucro cesante de un trabajador: es posible que siga trabajando con su incapacidad, si ésta se lo permite y con el consiguiente mayor esfuerzo, con el mismo salario; es posible también que en algún momento pierda su empleo y le resulte difícil o aun imposible conseguir otro, según la incapacidad que porte, su edad y otras variables propias del mercado de trabajo, cuya evolución es imposible prever. Cualquier medida es puramente conjetural; pero, como es preciso escoger una, se ha entendido apropiado suponer que, habida cuenta de todas estas posibilidades aleatorias, el lucro cesante de la víctima consiste en una afectación de su ingreso en la misma proporción de su porcentaje de incapacidad laboral.

Cierto es que, cuanto menor es la edad de la víctima, son más probables en su conjunto las eventualidades favorables que las desfavorables. Es posible estimar que aproximadamente a los 60 años de edad el trabajador medio ha culminado su desarrollo laboral y su ingreso se halla estabilizado hacia el futuro. Estas circunstancias, en acatamiento a lo dispuesto por la Corte en "Aróstegui" y teniendo en cuenta los factores aleatorios precedentemente mencionados (perspectivas de mejora y riesgo de desempleo), pueden tomarse en cuenta mediante la siguiente fórmula, de tal modo que la disminución de la escala refleje la reducción de la probabilidad de mejoras respecto de las opuestas, hasta el punto en el que pueda estimarse probable la estabilización del ingreso.

Ingreso a computar = ingreso actual x 60 ./. edad (tope de 60 años) En el mismo contexto de las variables a emplear, cabe señalar que la estimación de una tasa de interés de 6% fue empleada en el momento original porque - a esa tasa - era aproximadamente posible hacer un depósito bancario tal que mantuviese el poder adquisitivo original. Esta situación ha cambiado a lo largo de los años, por lo que parece prudente reducir dicha tasa a la de 4%, que es la estimada por la propia Corte Suprema, para depósitos en divisas, en el fallo "Massa, Juan Agustín c/PEN" del 27/12/06.

El daño moral, a su vez, es la dimensión no económica del perjuicio padecido por la víctima. Comprende el dolor sufrido por el daño, las molestias del tratamiento médico y la disminución afectiva que el perjuicio proyecta hacia el resto de la vida del afectado. Cualquier disminución física - una vez computados el daño emergente y el lucro cesante, y con total independencia de ellos - genera perjuicios que se advierten en el ámbito mental y afectivo (que en una época fue llamado moral) de la víctima: pena, incomodidad, desazón, sensación de disminución, frustraciones, dificultades para desempeñarse en los más diversos aspectos de la vida. Y, si el daño consiste en la muerte de la víctima, una vez computados los elementos anteriores y también con independencia de ellos, el perjuicio moral se manifiesta en el ámbito psíquico de los deudos: pena, frustración, pérdida de un ser querido, falta de guía y ejemplo parentales, desgarramiento afectivo por la pérdida de un hijo, por dar algunos ejemplos.

En el fallo "Aróstegui" se advierte la necesidad de valorar al trabajador como un ser integral y no sólo como un productor de resultados económicos. Esto es enteramente exacto: la pérdida de resultados económicos corresponde sólo a la parte de la indemnización llamada lucro cesante: todo el resto, la parte no económica del perjuicio, la parte puramente humana, afectiva, valorativa, se halla comprendida en el rubro que genéricamente, y por imperio de la tradición, se denomina daño moral y que excede por cierto el estricto pretium doloris pero no se asimila a los restantes segmentos del perjuicio.

De acuerdo con las explicaciones y modificaciones expresadas en los párrafos precedentes, considero que el monto del resarcimiento por daño material (lucro cesante) debe consistir en principio en una suma de dinero tal que, puesta a un interés de 4% anual, permita - si el titular lo desea - un retiro periódico y similar al que la incapacidad impide presuntivamente percibir, y se amortice en el lapso estimado de vida útil de la víctima. Esto puede obtenerse mediante la siguiente fórmula:

n n C = a x (1 - V ) x 1; donde v = ____1____ n i (1 + i ) a: representa el retiro por período (equivalente a la disminución salarial anual provocada por la incapacidad); n: el número de períodos (cantidad de años que restan al damnificado como expectativa de vida); i: el coeficiente de la tasa de interés en el período (0,04).

Para establecer la reparación, tomo en cuenta la incapacidad que presenta el trabajador (45%); la edad que tenía al momento de sufrir el infortunio (53 años) y el ingreso a computar de $ 679,24 (salario de $ 600 x 60 : 53), por lo que el resultado numérico de la fórmula asciende a $ 57.462,55.

El daño moral es un rubro distinto del material. No tiene directa relación numérica con éste, por lo que la pretensión de estimarlo en porcentaje del lucro cesante carece de fundamento racional. El actor sufrió, sufre y sufrirá en el futuro un grave menoscabo de orden espiritual, debido a las características del hecho dañoso, así como también por todos los sinsabores y padeceres que debió enfrentar a raíz del tratamiento y rehabilitación a que estuvo sometido y que no obstante ello, presenta una incapacidad elevada que significa una frustración de su proyecto vital. Estas consideraciones llevan a fijar dicha reparación en la suma de $ 35.000.

El actor se considera agraviado por el monto fijado por el sentenciante en concepto de gastos médicos. No se rebate en esta instancia que el actor fue sometido a una intervención quirúrgica en la cadera derecha para la colocación de una prótesis con posterioridad al infortunio. El informe brindado por Farmacia Nueva Loria a fs. 206 y la documental de fs. 111, fs. 114 y fs. 119/120 revela que el actor debió alquilar aparatología ortopédica para deambular hasta el mes de enero de 2004. Por lo demás, advierto que el detalle de fs. 271 (anexo de la pericial contable de fs. 278/281) prueba que la administradora de riesgos del trabajo sólo cubrió los gastos ambulatorios hasta el 1/6/03. En ese contexto, advierto que es de presumir que el actor debió afrontar su pago, por lo que la suma de $ 1.000 fijada por el juez de grado resulta exigua. Propongo, pues, revocar la decisión impugnada en el punto en consideración y elevar el monto de este reclamo a la suma pretendida en el inicio de $ 5.000 (esta Sala en "Urcola, Sergio Germán c/Coto C.I.C. S.A.", SD 89.181 del 31/10/07 y "Villalba, Ricardo Omar c/Sermanoukian Roberto y otros" SD 89.712 del 13/5/08).

Trataré, finalmente, el agravio esgrimido por el actor en tanto entiende que la administradora de riesgos del trabajo debe ser condenada al pago de las sumas derivadas de la reparación integral.

Destaco - en este aspecto - que el accionante funda la demanda contra Liberty A.R.T. S.A. en una supuesta negligencia de su parte en las tareas de prevención.

Sin embargo, y aun cuando la condena no se funda en las normas contempladas en la respectiva póliza de seguro (ésta sólo cubre la responsabilidad de la empleadora derivada de la ley 24557), esta Sala ha responsabilizado a las aseguradoras de riesgos del trabajo en las acciones fundadas en el artículo 1113 del Código Civil, sin perjuicio de que tal responsabilidad se viera ceñida económicamente a los límites de la póliza (SD 83528 del 7/5/02 en autos "Fernández, Isidro Mauricio c/Asemp S.A." y SD 83626 del 30/5/02 en autos "Roibal, Juan Manuel c/Raico SA").

En tales precedentes se sostuvo que si el accidente sufrido se encuentra dentro de los cubiertos por el seguro de riesgos de trabajo, la indemnización que se reconoce en los términos del derecho común, por ser plena, incluye los montos que la aseguradora debió haber liquidado en los términos de la ley 24557. Como no existe la posibilidad de que el trabajador perciba indemnizaciones distintas por el mismo hecho, es decir, no hay duplicación en tal sentido, se impone la condena a la administradora de riesgos del trabajo. Nótese que la exención de toda responsabilidad a Liberty A.R.T. S.A. implicaría una lesión a la empleadora del actor, que se encontraba obligada a contratar el seguro y, consecuentemente, cubierta en esa medida frente a los eventuales infortunios de sus dependientes, y un enriquecimiento de la propia aseguradora, dada la existencia de un hecho que la habría obligado a pagar las sumas previstas por la ley 24557. Por eso, concluyo que el agravio sobre el punto debe ser desestimado.

En definitiva y en virtud de las consideraciones expuestas, propongo modificar el fallo de grado y elevar el monto de condena a la suma de $ 97.462,55 más los intereses fijados en grado.

Propongo mantener la imposición de costas en grado a cargo de la parte demandada vencida (art. 68 del CPCCN). Por considerar que los honorarios regulados a las representaciones y patrocinios letrados de las partes, los peritos contador y médico traumatólogo son adecuados a la importancia y a la extensión de las tareas por ellos realizadas, así como a las normas arancelarias vigentes, propongo su confirmación (art. 38 de la ley 18345, leyes 21839 y 24432, decreto ley 16638/57.

Propongo declarar las costas en la alzada a cargo de la parte demandada vencida (art. 68 del CPCCN).

Cabe aclarar que Dimensión Verde S.A. y Liberty A.R.T. S.A. resultan solidariamente responsables en el pago de las costas, la segunda en proporción a la condena en su contra.

Respecto de la adición del Impuesto al Valor Agregado a los honorarios, esta Sala ha decidido en la sentencia nro. 65.569 del 27 de setiembre de 1993, en autos "Quiroga Rodolfo c/Autolatina Argentina S.A. s/Accidente - Ley 9.688", que dicho impuesto es indirecto y, por lo tanto, grava al consumo y no la ganancia, por lo que debe calcularse su porcentaje que estará a cargo de quien debe retribuir la labor profesional. En el mismo sentido se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Compañía de Combustibles S.A. s/Recurso de Apelación" (C. 181 XXIV del 16 de junio de 1993), donde sostiene "que no admitir que el importe del impuesto al valor agregado integre las costas del juicio - adicionárselo a los honorarios regulados - implicaría desnaturalizar la aplicación del referido tributo, pues la gabela incidiría directamente sobre la renta del profesional, en oposición al modo como el legislador concibió el funcionamiento del impuesto".

Propongo hacer saber a la obligada al pago de los honorarios de abogados y procuradores -excepto los trabajadores- que a aquéllos se adicionará, en caso de corresponder, el monto relativo a la contribución del inciso 2 art. 62 ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo apercibimiento de comunicar el incumplimiento a la Caja de Seguridad Social para Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CASSABA) mediante oficio de estilo en la oportunidad procesal correspondiente (art. 80 ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y punto II Acordada CSJN Nro. 6/05).

Voto, en consecuencia, por: I.- Modificar el fallo de grado y elevar el monto de condena a la suma de $ 97.462,55; II.- Imponer las costas en la alzada a cargo de la demandada vencida y regular los honorarios de las representaciones y patrocinios letrados de las partes actora y codemandada Liberty A.R.T. S.A. en 27% y 25%, respectivamente, de lo que a cada uno corresponda percibir por sus trabajados en la instancia anterior, proporción que no incluye la incidencia del impuesto al valor agregado; III.- Hacer saber al obligado al pago del honorario de abogados y procuradores que, en caso de corresponder, deberá adicionar al monto de la regulación el de la contribución prevista en el inciso 2) del artículo 62 de la ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que el obligado a afrontar las costas del juicio deberá adicionar, en ocasión de abonar la tasa de justicia, la contribución prevista en el inciso 3 del citado artículo 62, todo bajo apercibimiento de comunicar la situación a CASSABA (art. 80 de la ley 1181 G.C.B.A. y punto II Acordada CSJN Nro. 6/05).

La Doctora Porta dijo:

Que por idénticos fundamentos, adhiere al voto que antecede.

Por todo ello, el Tribunal RESUELVE: I.- Modificar el fallo de grado y elevar el monto de condena a la suma de PESOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS CON 55/1 CENTAVOS ($ 97.462,55); II.- Imponer las costas en la alzada a cargo de la demandada vencida y regular los honorarios de las representaciones y patrocinios letrados de las partes actora y codemandada Liberty A.R.T. S.A. en 27% y 25%, respectivamente, de lo que a cada uno corresponda percibir por sus trabajados en la instancia anterior, proporción que no incluye la incidencia del impuesto al valor agregado; III.- Hacer saber al obligado al pago del honorario de abogados y procuradores que, en caso de corresponder, deberá adicionar al monto de la regulación el de la contribución prevista en el inciso 2) del artículo 62 de la ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que el obligado a afrontar las costas del juicio deberá adicionar, en ocasión de abonar la tasa de justicia, la contribución prevista en el inciso 3 del citado artículo 62, todo bajo apercibimiento de comunicar la situación a CASSABA (art. 80 de la ley 1181 G.C.B.A. y punto II Acordada CSJN Nro. 6/05).

Regístrese, notifíquese y oportunamente, devuélvase.

Elsa Porta Ricardo A. Guibourg Juez de Cámara Juez de Cámara Ante mí: Liliana Noemí Picón L.P. Secretaria