Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-05-30


Considerando:

1º) Que a fs. 149/152 el Tribunal Fiscal de la Nación confirmó la determinación de oficio por conocimiento cierto de la materia imponible efectuada a la actora por el organismo recaudador en el impuesto a las ganancias -año 1993 y 1994-, sobre los activos -años 1994 y 1995, sobre los débitos en cuenta corriente- enero a junio de 1992 y al valor agregado -junio de 1992 a diciembre de 1996-, con sus respectivos intereses resarcitorios y multa por aplicación de lo dispuesto en el art. 46 de la ley 11683 (t.o. 1978 y sus modificaciones).

Para así resolver, consideró que la determinación se originó con motivo de la derogación de la resolución a través de la cual se la consideró titular de la exención prevista en el art. 20, inc. g) de la ley de impuesto a las ganancias, lo que tuvo efectos en los impuestos sobre los débitos en cuenta corriente, sobre los activos y al valor agregado.

Sostuvo que el agravio de la actora relativo al estado concursal de la entidad y el fuero de atracción no podía prosperar por cuanto tratándose de obligaciones determinadas por el Fisco, dicho organismo recién podría concurrir a verificar el crédito reclamado cuando el acto administrativo quedase firme.

Manifestó que el acto por el que se revocó la exención -que no fue cuestionado por la actora-, no era revisable en esa instancia jurisdiccional, por no encuadrar en su ámbito de competencia.

Señaló que en virtud de las irregularidades en que incurrió la actora y que motivaron el retiro de su autorización para funcionar como entidad mutual por parte del Instituto Nacional de Acción Cooperativa y Mutual, el acto administrativo por el que se revocaron las exenciones con efecto retroactivo fue legítimo.

Sostuvo que el hecho de que el organismo fiscal no formulara denuncia penal en los términos de la ley 23.771, debido a los montos en discusión, no significaba que no pudiera aplicar las sanciones previstas en la ley 11.683.

Afirmó que en autos se configuraron los elementos objetivo y subjetivo tipificadores de la figura penal descripta por los arts. 46 y artículo sin número incorporado a continuación del 46, inciso e) de la ley del rito. Señaló también que se comprobó que los fines sociales de la recurrente fueron alterados y que se había verificado un aprovechamiento de las estructuras de la mutual para realizar, conjuntamente con terceros, actos espúreos.

Contra dicho pronunciamiento apeló la actora a fs. 155 y a fs. 158/167 vta. expresó agravios los que fueron respondidos a fs. 184/196.

Sostiene la recurrente que en virtud del estado concursal en que se encuentra debió suspenderse la acción individual porque se encontraba en plena vigencia el fuero de atracción. Señala que el proceso de verificación de créditos es una verdadera demanda en sentido propio y de pleno conocimiento donde deben determinarse las cargas impositivas por las que el patrimonio del concurso debe responder.

Manifiesta que sostuvo que la exención que reclamaba no surgía de la ley de impuesto a las ganancias sino del art. 29 de la ley Orgánica de Mutualidades nº 20.321 que determina de un modo amplio e indiscriminado la exención de todo impuesto para los actos y los bienes de las sociedades mutuales. Afirma que no puede haber entidad mutual que no se encuentre exenta, por lo que la exención de que se trata no dependía de ninguna concesión de la DGI.

Sostiene que la revocación de la exención no puede operar retroactivamente y modificar el estatus legal que tenía.

Argumenta sobre la falta de fundamentos y arbitrariedad de la sentencia que apela sosteniendo que oportunamente puntualizó los ítems que debieron ser considerados especialmente por el Tribunal y recuerda la vigencia de los principios del derecho penal fiscal.

2º) Que el estado concursal de la actora no puede afectar la prosecución de estas actuaciones, habida cuenta que el eventual crédito del organismo recaudador sólo podría verificarse en aquéllas una vez que la determinación impositiva haya quedado firme y pasado en autoridad de cosa juzgada.

En efecto, si bien la apertura del concurso origina la suspensión de los juicios de contenido patrimonial contra el concursado, en el caso no se trata de un juicio de tal naturaleza contra el contribuyente, sino de un proceso que se rige por las disposiciones de la ley 11.683 tendiente a determinar el monto de los tributos que adeuda la actora al organismo recaudador (y en su caso las sanciones pecuniarias).

Es decir que previamente debe determinarse cuáles son los bienes que integraran el patrimonio del concurso, lo que sólo puede verificarse una vez que los organismos pertinentes se hayan expedido sobre la procedencia del crédito y su monto y la resolución haya quedado firme.

3º) Que el acto administrativo por el que se derogó la exención no ha sido objeto de ningún planteo por parte de la recurrente y por lo tanto ha quedado firme, razón por la cual ninguna incidencia tiene para la solución de la causa lo manifestado por la actora en el sentido de que la exención de que se trata no dependía de ningún acto de la DGI, pues ello no ha sido objeto de cuestionamiento en sede administrativa.

4º) Que está acreditado en autos que la exención que le reconoció la DGI a la actora mediante resolución del 17.1.75, perdería vigencia y la entidad dejaría de ser exenta en caso de "comprobarse falsedad de los elementos aportados, no haberse cumplido las condiciones que le dieron origen o violación de las normas estatutarias y disposiciones legales que la rigen; todo ello sin perjuicio de las penalidades y/o responsabilidades que pudiera corresponder" (fs 1/2 act. adm. impuesto a las ganancias).

Que también está acreditado que el Instituto Nacional de Acción Cooperativa y Mutual le retiró la autorización para funcionar como mutual y que como consecuencia de ello la DGI revocó la resolución del 17.1.75, por la que se reconoció la exención a partir del 1.6.92, fecha de inicio del ejercicio fiscal 1993 y por haberse comprobado desde esa fecha la alteración de los fines sociales (vide fs. 9/13 de autos).

La actora sostiene que la revocación no puede operar retroactivamente.

El Tribunal no comparte esa afirmación carente de fundamentación jurídica.

En efecto, la exención que se le reconoció estaba sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones resolutorias por lo que en caso de verificarse alguna de ellas, caducaría. Por ello la resolución del organismo recaudador que revocó la exención, tiene efecto declarativo de una situación preexistente y no constitutivo, razón por la cual, debe aplicarse desde que se violaron las normas estatutarias.

En otras palabras, la resolución proyecta sus efectos al momento en que se dejó de cumplir con los requisitos legales requeridos para mantener la exención, dado que ésta sólo podía prevalecer mientras se cumpliera con las condiciones requeridas.

5º) Que de la compulsa de las actuaciones resulta que el organismo recaudador sancionó a la actora con multa por defraudación en los términos del art. 46 de la ley 11.683, por haber comprobado mediante una fiscalización que se estaban eludiendo tributos desde la fecha en que se habían violado las normas estatutarias, alterando los fines sociales para aprovecharse de las estructuras de la mutual y realizar actos espúreos.

La circunstancia señalada encuadra en la presunción juris tantum de defraudación prevista en el inc. e) del art. 46 de la ley 11.683, (incorporado por ley 23.314) en el que se describen conductas como la que llevó a cabo el contribuyente de autos.

En efecto, el mencionado artículo establece que "se presume, salvo prueba en contrario, que existe la voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas cuando: e) se declaren o hagan valer tributariamente formas o estructuras jurídicas inadecuadas o impropias de las prácticas de comercio, siempre que ello oculte o tergiverse la realidad o finalidad económica de los actos, relaciones o situaciones con incidencia directa sobre la determinación de los impuestos".

Que la actora tuvo oportunidad de formular su descargo y producir la prueba en contrario dirigida a destruir la presunción juris tantum que se le imputó, sin embargo, no acompañó la prueba eficiente que avente toda duda de que ha procedido con buena fe.

6º) Que teniendo en cuenta que no se ha desvirtuado la presunción de dolo imputada y que la conducta de la actora ha sido correctamente encuadrada por el fisco en los términos del inciso e) del artículo sin número agregado al art. 46 de la ley 11.683 (t.o. 1978), corresponde confirmar la multa impuesta.

7º) Por lo expuesto, se confirma la sentencia apelada, con costas (art. 68 del C.P.C.C.N.). Así se resuelve.

8º) Que respecto del recurso deducido contra los honorarios regulados a fs. 169, teniendo en cuenta la naturaleza del asunto, su monto -tomando como tal el que surge de fs. 50 vta./51-; atendiendo al mérito, calidad y eficacia de los trabajos profesionales desarrollados durante la única etapa del pleito cumplida (C.S. Fallos: 306:1265 y 308:848), toda vez que la causa no fue abierta a prueba, ni se presentó alegato y atento el resultado obtenido, corresponde confirmar los emolumentos del Dr. Carlos Pascual Mastrorilli, por su actuación en el carácter de letrado apoderado y letrado patrocinante del Fisco Nacional -DGI- (arts. 6, 7, 9, 19, 22, 37, 38, ccdtes. y citados de la referida ley 21.839, modificada por ley 24.432).

Por las tareas desarrolladas ante la alzada, atento el resultado obtenido, regúlanse en la suma de pesos veinticuatro mil cuatrocientos cincuenta ($ 24.450.-), los honorarios del Dr. Carlos Pascual Mastrorilli, por su actuación en el carácter 'supra' indicado (arts. 14, ccdtes. y citados de la referida ley de arancel).

Por los fundamentos expuestos -por la mayoría y minoría- en la causa "Scotti Norberto Carlos y otros c/ Estado Nacional s/Empleo Público" del 29-VI-93 -entre otras-, el importe del impuesto al valor agregado integra las costas del juicio y deberá adicionarse a los honorarios, cuando el profesional acreedor revista la calidad de responsable inscripto en dicho tributo (conf. "Beccar Varela Emilio-Lobos Rafael Marcelo c/ Colegio Públ. de Abog." del 16 de julio de 1996). Así se declara.

Para el caso de que el profesional no haya denunciado la calidad que inviste frente al IVA, el plazo para el pago del tributo sobre el honorario regulado, correrá a partir de la fecha en que lo haga.

La Dra. Marta Herrera no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del RJN).

Regístrese, notifíquese y devuélvase. - M. I. Garzón de Conte Grand. - Jorge Héctor Damarco.