Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-12-20


SENTENCIA DEFINITIVA: 100011 SALA II Expediente Nro.: 38.028/2010 AUTOS: "MINISTERIO DE TRABAJO C/ SINDICATO UNION DE CONDUCTORES DE TAXIMETROS DE LA PLATA S/ LEY DE ASOC. SINDICALES" VISTO Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires, el	20 DE DICIEMBRE 2011, reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

El Dr. Miguel Ángel Maza dijo:

I.	Llegan los autos a la Alzada en virtud del recurso de apelación deducido a fs. 572/589 (fs. 1/18 del expediente MTEySS 1403841/10) por Ángel Chávez, Orlando Gamarra y Marcelo Arévalo en su calidad de afiliados y ex integrantes de la Comisión Directiva del Sindicato Unión Conductores de Taxímetros de La Plata (SUCTLP). Con sustento en lo dispuesto en el art. 62 inc. b) de la ley 23551 interpusieron recurso de apelación contra la Resolución MTEySS N° 746 del 2/8/2010 (ver fs. 555/558) que desestimó el recurso jerárquico interpuesto contra la resolución de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales del 27/1/10 (fs. 435/437) por la que se desestimaron las impugnaciones deducidas a la Asamblea extraordinaria del 15/7/09 en sede ministerial, se mantuvo en sus funciones al Delegado Normalizador designado por la asociación sindical de grado superior (Federación Nacional de Conductores de Taxis) y se convalidó lo decidido en la Asamblea del 15/7/09 en la que se designó Junta Electoral y se convocó a elecciones gremiales pese a las irregularidades constatadas en el registro de afiliados.

Señalan que la entidad careció desde el principio de un padrón, que muchos de los supuestos afiliados no serían conductores de taxímetros y que la admisión de la afiliación era discrecional por parte de las autoridades del gremio. Incluso sostuvieron que el SUCTLP carecería de los requisitos mínimos para conservar la titularidad de la personería gremial. Afirman que no se les permitió participar de la Asamblea de convocatoria realizada el 15/7/09, que no se admitió la presentación de los integrantes de la Asociación de Choferes y Peones de Taxis (asociación civil) como lista opositora y que en aquella asamblea se designó una junta electoral para participar en las elecciones convocadas para el 25/9/09 que continuó en funciones. Refieren las actuaciones administrativas y judiciales posteriores por las cuales se dispuso en sede judicial la suspensión de las elecciones convocadas para septiembre de 2009 y la continuidad del proceso administrativo para obtener la nulificación de las decisiones adoptadas en la Asamblea de julio de 2009.

Afirman los recurrentes que recién el 21/1/10 el Ministerio de Trabajo dictó resolución sobre las impugnaciones efectuadas a la designación de delegado normalizador y a la validez de la Asamblea del 15/7/09 y que allí se desestimaron sus pretensiones principales aún cuando se reconoció la irregularidad denunciada en los padrones, se ordenó su regularización y se dispuso que se convoquen a nuevas elecciones (ver fs. 423/435).

En el contexto referido sostienen que, sin haberse dictado resolución definitiva en el expediente administrativo de referencia, se celebraron nuevas elecciones con la participación del delegado normalizador y la junta electoral impugnada y que resulta contradictorio que se reconozca la irregularidad en el registro de afiliados y, a su vez, se declare la validez de la junta electoral designada sin el cumplimiento de tal recaudo el 15/7/09, por lo que consideran inválidas también a las elecciones realizadas por dicha junta electoral el 27/5/2010.

II.	Cabe aclarar en primer término que la cancelación de la personería gremial del SUCTLP o la irregularidad político institucional que se denuncia respecto de la Federación Nacional de Conductores de Taxis no han sido temas concreta y expresamente planteados y que las argumentaciones desarrolladas por los recurrentes al respecto fueron invocadas para impugnar la validez de la Asamblea de convocatoria realizada el 15/7/09 en la que no se les permitió participar, y no a otros efectos.

Efectuada esta aclaración y en atención a los términos de los reparos opuestos por quienes se presentaron en representación del SUCTLP en su contestación de agravios (ver fs. 714/731), cabe expedirse en primer término sobre la objeción formulada en torno a la legitimación activa de los recurrentes puesto que de ello ha de depender el análisis de los restantes extremos debatidos.

Tal como lo puntualiza el dictamen fiscal que antecede, la defensa ensayada por la entidad gremial no puede analizarse soslayando el planteo originario en torno a las irregularidades constatadas en la conformación del registro de afiliados de la entidad puesto que el SUCTLP funda su posición en hechos que, según invocaron los peticionarios, tuvieron su origen en el actuar discrecional de la asociación que no habría permitido afiliaciones y habría considerado otras sin justificación. Esta circunstancia se encuentra avalada por los considerandos de la sentencia del Tribunal de Trabajo N° 2 de la Plata que dispuso la suspensión de las elecciones de septiembre de 2009 a raíz de las denuncias de fraude en la confección de padrones (ver fs. 396) y en lo resuelto por el Ministerio de Trabajo en la resolución que se impugna.

Consecuentemente, frente a ello y no desconociéndose específicamente la aptitud representativa que alegan los reclamantes en relación a cierto grupo de conductores de taxímetros de la Ciudad de La Plata, como así tampoco la calidad de trabajadores de la actividad de Chávez, Gamarra y Arévalo, la desestimación de la defensa de falta de legitimación opuesta por Juan Carlos Berón en representación del SUCTLP se impone, máxime cuando la circunstancia de haberse creado una asociación civil para la defensa de los intereses del sector no implica la pertenencia a otro gremio puesto que no se ha invocado y mucho menos acreditado que la Asociación de Choferes y Peones de Taxis hubiere pretendido bajo la personería juridica obtenida (asociación civil) el reconocimiento de la personería gremial.

Por lo demás, no es posible soslayar que quien se ha presentado a exponer la posición de la entidad gremial ha sido cuestionado como representante legítimo al haber sido electo Secretario General en las elecciones cuya regularidad se impugna. Nótese asimismo que conforme surge de fs. 565/569 el Ministerio de Trabajo no ha emitido la certificación de autoridades solicitada por Berón el 1/6/10 a raíz de las observaciones formuladas en los considerandos del dictamen de fecha 27/8/10 (ver fs. 568) y que la pretensión ha sido denegada por resolución del 30/8/10 de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales, lo que impide analizar desde la óptica propuesta el conflicto de autos.

III.	La autoridad administrativa consideró legítima la designación de un delegado normalizador ante la situación de acefalía de la entidad y contra tal decisión se alzan los recurrentes.

Según se indica en los considerandos del dictamen de fs. 423/435, el sindicato demandado figura ante la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales como adherido a la Federación Nacional de Conductores de Taxis por lo que, no habiendo acreditado los reclamantes la falsedad del dato aportado por la autoridad de contralor, el planteo formulado en torno a la facultad de la FNCT para designar un delegado normalizador en un supuesto de acefalía institucional debe ser desestimado.

En efecto, dicha facultad se encuentra prevista en el art. 36 de la LAS, y los argumentos ensayados sobre la inexistencia de requisitos mínimos para que la Federación continúe registrada como asociación profesional con personería gremial no pueden ser objeto de debate por la vía intentada. La falta de cumplimiento de ciertas normas de carácter administrativo por parte de la entidad no habilitan a desconocer su existencia como entidad gremial y lo cierto es que tales circunstancias -que hacen a la situación político institucional de la FNCT y no a la regularidad de una Asamblea celebrada por un sindicato de grado inferior- no han sido objeto de una contienda específica en la que la Federación haya tomado intervención en calidad de parte.

Al respecto debe tenerse presente que a través de la impugnación de actos asamblearios y/o eleccionarios no puede pretenderse la revisión de la concesión de personerías gremiales y mucho menos la desestimación de su capacidad jurídica para ejercer la personería gremial que tácitamente se reconoce como legítimamente concedida puesto que, de otro modo, no se comprende que los reclamantes pugnen por participar en los órganos deliberativos y ejecutivos de la entidad. Es la regularidad de los actos sindicales (asambleas, convocatorias, elecciones, etc.) la que se cuestiona y no la existencia misma del sindicato la que debe considerarse puesta en juego en las presentes actuaciones.

Es de toda evidencia que, necesariamente, para cuestionar la validez de los actos de una persona debe reconocerse previamente su existencia. Admitir lo contrario constituiría un absurdo. En consecuencia, el argumento ensayado sobre tal base por los recurrentes para descalificar la decisión Ministerial de intimar a la Federación para que designe un delegado normalizador respecto del sindicato acéfalo, a mi juicio no puede prosperar.

IV.	Por la Resolución MTEySS 746 del 2/8/2010 -que es la que motiva el recurso de apelación que habilitó la intervención de esta Alzada- el Ministerio de Trabajo rechazó el recurso jerárquico interpuesto contra la Resolución de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales en función de no haberse cuestionado el acto eleccionario posterior a la anulación de la convocatoria a elecciones llevada a cabo a mediados del año 2009. Allí se consideró la existencia de un acto posterior no atacado que tornaba abstracto el tratamiento de las cuestiones suscitadas a raíz de las decisiones adoptadas en la Asamblea del 15/7/09 por cuanto los recurrentes no cuestionaron en forma específica la convocatoria y las elecciones que, respetando las pautas legales y estatutarias, llevó adelante el Sr. Maturana en su carácter de interventor de la entidad con la participación de la Junta Electoral presidida por Chiraquian el 27/5/10.

Tal como lo enfatizan los recurrentes, la junta electoral que intervino en este último acto eleccionario no es otra que aquella cuya legitimidad se cuestionó desde el inicio ya que fue elegida en la Asamblea del 15/7/09 sin poder precisarse quienes estaban habilitados para participar, votar y/o ser elegidos toda vez que, como lo ha señalado la propia autoridad administrativa en concordancia con lo resuelto por la justicia provincial en septiembre de 2009 (ver fs. 386), las irregularidades en los padrones resultaban manifiestas y, conforme se extrae del acta notarial obrante a fs. 176 no se les permitió participar de la Asamblea a los reclamantes y gran cantidad de afiliados tampoco pudieron participar al no figurar como tales en los padrones (ver fs. 175).

Del análisis de los elementos aportados a las actuaciones administrativas acompañadas surge que en todo momento los reclamantes han cuestionado formalmente la regularidad del registro de afiliados y que, a tales efectos han presentado documentación certificada, emitido requisitorias fehacientes y articulado los remedios procesales que en el ámbito administrativo correspondían (ver, entre otras, fs. 162, 171, 228/335, 339, 402, 412).

Los recurrentes tampoco consintieron las resoluciones que validaron la intervención de la Junta Electoral designada el 15/7/09 y, según se extrae del expediente 1353166/10, con fecha 6/5/10 se efectuó una presentación ante el Ministerio a fin de evitar la realización de las elecciones convocadas para el 27/5/2010 (ver fs. 551). No medió por lo tanto inactividad de los reclamantes y, en modo alguno puede considerarse la convalidación por parte de estos de las últimas elecciones cuando los antecedentes necesarios para su celebración (conformación de la junta electoral interviniente y actuación del delegado normalizador) se encontraban aún en cuestión.

Nótese que a fs. 491/494 la Dirección de Asuntos Jurídicos propone hacer lugar a la petición de los recurrentes y que la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales continuó requiriendo la presentación de documentación para verificar el cumplimiento de las normas legales y estatutarias que se alegaron como afectadas, incluso con posterioridad a las elecciones de mayo de 2010 (ver fs. 565/569). En ese sentido el Director General de Asuntos Jurídicos, Dr. Leonardo Ambesi, en su dictamen Nro. 253 del 17/3/2010 (anterior a las elecciones de mayo de ese año) señaló que "teniendo en cuenta la singular situación que presenta la entidad sindical mencionada, donde se carece de certeza respecto a quienes revisten la calidad de afiliados en condiciones de ser asambleístas y electores, debe recordarse que la garantía contenida en el art. 4° inciso e) de la ley 23551 se vincula con el ejercicio efectivo de la libertad sindical y la democracia sindical interna cuya supremacía cabe sostener en la materia", por lo que aconsejó hacer lugar al recurso jerárquico interpuesto por los reclamantes en relación al planteo de nulidad de la Asamblea General Extraordinaria del 15/7/09.

A mi juicio la Junta Electoral nacida de un acto ineficaz no puede llevar adelante actos jurídicamente válidos y eficaces, máxime cuando la regularidad de los padrones confeccionados durante la intervención del delegado normalizador no ha sido certificada y en el proceso de regularización que se alegó como realizado no han tenido intervención los afiliados impugnantes.

No se trata de alterar una situación consumada por la asunción de las nuevas autoridades electas ni de poner en riesgo la vida institucional porque la autoridad administrativa no ha reconocido en forma efectiva la eficacia y regularidad del acto al no emitir la certificación de autoridades a favor del Sr. Juan Carlos Berón (candidato electo para asumir la Secretaría General del SUCTLP).

En el contexto expuesto no se verifica en el caso una indebida injerencia del Poder Judicial en la vida interna del sindicato ni menos se trata de promover un arbitrario desplazamiento de autoridades sindicales legítimas y en ejercicio de una representación legal, por lo que aún respetando la pauta genérica de abstención a la que alude el Dr. Eduardo Álvarez en su dictamen (conf. arg. art. 6 de la ley 23551), lo cierto es que de validarse lo actuado por autoridades irregularmente designadas lejos de garantizarse la libertad y autonomía sindical se violentarían gravemente tales principios al desconocerse otro de similar envergadura y que es el que busca garantizar la democracia sindical exigida por el art. 14 bis C.N. mediante el respeto de las normas legales y estatutarias dictadas en resguardo de los principios que hacen al adecuado ejercicio de los derechos derivados de la libertad sindical que gozan de las más amplias garantías a nivel constitucional (conf. art. 14 bis CN, Convenio 87 OIT y Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -PIDESC-).

V.	Consecuentemente por todo lo hasta aquí expuesto, propicio hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por los reclamantes y revocar la resolución ministerial recurrida ordenando al ministerio de trabajo que, bajo la supervisión de un interventor por ella designado y con la participación de un delegado designado por la Federación Nacional de Conductores de Taxis, se arbitren los medios para verificar la regularidad del registro de afiliados llevado por la entidad y se proceda a convocar a Asamblea para la convocatoria a nuevas elecciones dando estricto cumplimiento a las normas legales, reglamentarias y estatutarias vigentes.

VI.	En atención a la índole de las cuestiones ventiladas, a la particular situación por la que atraviesa la entidad sindical y al modo en que he propuesto encauzar el conflicto, propicio imponer las costas de la Alzada en el orden causado (conf. arts. 68 y 71 PCCN). En tal sentido, teniendo en cuenta el mérito y extensión de las tareas profesionales desarrolladas y la naturaleza de la cuestión debatida, de conformidad con lo dispuesto en la ley 21839 propicio regular los honorarios del patrocinio letrado de los recurrentes y los de quienes patrocinaran al Sr. Juan Carlos Berón en las respectivas sumas de $ 6.000 y $ 4.000 las que se encuentran establecidas a valores del presente pronunciamiento	La Dra. Graciela A. González dijo: Por análogos fundamentos adhiero a las conclusiones del voto precedente.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 CPCCN), el Tribunal RESUELVE: 1) Revocar la resolución ministerial recurrida y ordenar al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación que, bajo la supervisión de un interventor por ella designado, y con la participación de un delegado nombrado en Asamblea por la Federación Nacional de Conductores de Taxis, se arbitren los medios para verificar la regularidad del registro de afiliados llevado por la entidad y, oportunamente, se proceda a convocar a Asamblea para la convocatoria a nuevas elecciones dando estricto cumplimiento a las normas legales, reglamentarias y estatutarias vigentes, 2) Declarar las costas en la Alzada en el orden causado, 3) Regular los honorarios del patrocinio letrado de los recurrentes y de los letrados que intervinieran patrocinando al Sr. Juan Carlos Berón en las respectivas sumas de $ 6.000 y $ 4.000, las que se encuentran establecidas a valores del presente pronunciamiento.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Graciela A. González Miguel Ángel Maza Juez de Cámara Juez de Cámara