marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de inconstitucionalidad, denegatoria del recurso, aplicación de la ley, acción de amparo
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Subelza, Marcelo Gustavo c/ GCBA s/ amparo - otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-11-04

Los supuestos a los que aplica el régimen de insalubridad reconocen una variada fuente normativa. Unas cuantas son las normas y disposiciones que califican expresamente como insalubres determinadas prestaciones o determinados lugares, y a la vez delegan en la Administración la incorporación de otros lugares o tareas al mismo régimen de insalubridad. En el caso, el recurrente no logra demostrar que resulte arbitraria o insostenible la calificación como tarea insalubre de la prestación del actor -en tanto se realiza en una Unidad de Terapia Intensiva-, a la luz de lo dispuesto en el artículo 21 de la ordenanza n° 40403, que expresamente enumera entre las "tareas consideradas como emergencia o en lugares declarados insalubres o donde se desarrollen tareas consideradas como tales: (...) Terapia Intensiva". Debido a ello, corresponde desestimar la queja en este punto. (Del voto en disidencia parcial de la jueza Marcela De Langhe).
Daños y perjuicios, daño estético
Materia: CIVIL
Carátula: C., R.O. c/ N., P.A. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-03-26

"Aunque no sea desagradable y repulsiva -la desfiguración del rostro-, no por eso deja de ser motivo de mortificación para el sujeto, que su rostro presente un aspecto extraño, anormal, como consecuencia..." de la lesión.
Pagaré, actualización monetaria, intereses, lugar de pago
Materia: COMERCIAL
Carátula: THE FIRST NATIONAL BANK OF BOSTON c/ BONELLI, OMAR HORACIO s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-16

Corresponde fijar el dies a quo de la indexación y los intereses en la fecha de la intimación judicial de pago si se formalizó el protesto "al viento" que no resulta procedente si en el pagaré se menciona como domicilio de pago una calle y localidad determinadas.
Nulidad de oficio, sentencia
Materia: CIVIL
Carátula: A. , A. A. c/ Medicus S.A. de Asistencia Médica y Científica s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-02-19

Cuando la sentencia se basa en una referencia genérica al "marco regulatorio del sistema", sin otra explicación ni indicación de las concretas normas positivas que integrarían tal "marco regulatorio" -aplicadas en forma directa o por construcción analógica-, y como lógica derivación de este yerro, la ausencia de toda mención al marco convencional y legal aplicable, tal vicio invalidante impide revisar la correcta aplicación del derecho, y debe ser anulada de oficio por esta Suprema Corte. (doctor de Lázzari, sin disidencia)
Honorarios del abogado, monto del juicio, intereses
Materia: CIVIL
Carátula: SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES c/ DYCASA S.A s/ HONORARIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-18

Los intereses no integran el monto del juicio a los efectos de la regulación de honorarios.-
Ministerio Público, fiscales, intervención fiscal, nulidad procesal, subsanación del error, ley procesal, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: C., H. s/ RECURSO DE APELACION - DECRETO 1-10-2003 (EXPTE N  406-03, RESOLUCION N  138, TOMO 8, FOLIO 194)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-12-22

Nuestro ordenamiento procesal en sus artículos 366, 361 y 362, manda que a las excepciones se le otorgue sustanciación por separado, con intervención fiscal y de las partes interesadas, resolviéndoselas por auto. No se prevé en cambio en forma expresa la sanción de nulidad por inobservancia de alguna de esas disposiciones, con lo que para declararla habría que coincidir en que se violaron formas sustanciales dispuestas para esos actos procesales o que se presente la hipótesis de nulidad genérica regulada por el artículo 162 punto 2 del Cód. Proc Penal que resguarda la debida intervención del Ministerio Fiscal en el proceso y así el debido proceso legal. Es que no sólo la misma ley establece que sólo puede pedir la nulidad la parte que tenga interés en la observancia de la norma violada (art. 165 del C.P.P.) sino que además contempla como supuesto de subsanación de eventuales vicios, el que el acto cuestionado hubiera alcanzado su fin con respecto a todos los interesados (art. 161) y esto es precisamente lo que ha ocurrido en la causa donde el fiscal de primera instancia no cuestionó que se omitiera darle intervención, y, ya en esta instancia, su superior jerárquico la tomó, dándose por satisfecho por tal forma de protagonismo. Consecuentemente, habiendo alcanzado los actos cuestionados su fin respecto al Ministerio Fiscal y a todas las demás partes interesadas, lo que importa en definitiva es la satisfacción de las formas sustanciales previstas (esto es, las que hacen al cumplimient o de su fin) y de igual modo las que hacen al debido proceso legal, para no incurrir en una declaración de nulidad por la nulidad misma, por lo que se impone dar por subsanado los vicios.
Juicio ejecutivo, inhabilidad de título
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Mourente y Cía. S.A. c/ Comparato, Aldo y De Maio, Norma s/ Ejecución Rassi, Osvaldo D. c/ Equs S.R.L. s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-05-11|1994-04-25

La falta de protesto no le quita eficacia ejecutiva al pagaré a la orden si la ejecución se dirige contra el firmante librador que no ha desconocido la firma, de ahí que las deficiencias que pudieran imputarse a las diligencias de protesto, cuando el ejecutado no niega ser otorgante de los pagarés que se ejecutan, no puede servir de fundamento a la excepción de inhabilidad de título. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Abastecimiento, Constitución Nacional, libertad de prensa, derecho de propiedad
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: La Prensa, Sociedad Anónima. s/ APELACION MULTA LEY 20.680.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-02

Si el diario depende en forma decisiva para su subsistencia de la venta de sus ejemplares, no cabe aplicarle normas como las contenidas en la ley 20.680 y disposiciones reglamentarias, si de ello resultará una seria perturbación en la ecuación económica de la empresas periodística, de modo tal que en el caso particular tales normas resultan contrarias al art. 14 de la Constitución Nacional en tanto en los hechos significa privar al diario de un medio legítimo de asegurar continuidad y así cumplir con las funciones que le caben como órgano periodístico.
Accidentes de trabajo, responsabilidad objetiva
Materia: LABORAL
Carátula: Pereyra, Graciela c/ Banco Supervielle Societe Generale SA s/ Enfermedad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-04-30

Para el progreso de la acción de derecho común con fundamento en el art. 1113 del Código Civil es necesario se verifique que el daño sufrido por el dependiente reconoce como causa la actuación de una cosa que presenta riesgo o vicio y luego también que el empleador es el dueño o guardián de la misma. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Prueba pericial, apreciación del juez, daños y perjuicios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gil, Ariel Héctor c/ Lise, José Luis y otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-12-03

Si los demandados no concurrieron con su vehículo a la citación cursada por el perito, impidiendo de tal modo que el experto realizara las pruebas pertinentes, tal actitud debe computarse en contra de aquéllos (art. 163 inc. 5º, 2da. parte, C.P.C.C.).
Contratos, apreciación de la prueba, factura, juicio ordinario
Materia: CIVIL-PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Speed Customs SRL c/ Porte de Gentilly SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-21

Cuando, como en el caso, la accionada insiste en que las facturas carecerían de la eficacia probatoria asignada por el anterior sentenciante pues aduce que a través de ellas se procura el cobro de servicios que no fueron contratados y/o no fueron debidamente prestados y/o de honorarios que no estaban estipulados; no obstante, para que dicho argumento tenga el efecto pretendido por la recurrente, no puede soslayarse que debió formularlo por la vía prevista para este tipo de vínculos, cual era, la impugnación de las facturas dentro de los diez días de recibidas, indicando cuáles serían sus errores u objeciones. Así, pesaba sobre la accionada la carga de cuestionar fehacientemente cuáles eran los rubros erróneos que habrían sido incluidos en las facturas durante la relación contractual -CCCN 1145-. En consecuencia, si hubiera querido evitar la solución prevista por el código, resultó exigible que las impugnara tempestivamente. Mas no hay ningún elemento que induzca a pensar que obró de este modo, pues de hecho, una vez que recibió la intimación al pago se limitó a consultar la composición de los montos y a negar su procedencia, sin brindar elementos para rebatirlos de manera eficaz. Dicha carga tampoco fue asumida en el intercambio por correo electrónico que celebró con su adversaria.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, prueba, apreciación de la prueba, Derecho laboral, contrato de trabajo, tambero mediero, daños y perjuicios
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: MATTIO MARIULIN JUAN A. c/ PODIO JOSE MARIA s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- ORDINARIO-  DAÑOS Y PERJUICIOS (EXPTE.: C.S.J. NRO. 325 AÑO 2004)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-04-20

Corresponde rechazar la queja desde que el recurrente no logra demostrar que las consideraciones efectuadas por el Tribunal a quo para fundar su conclusión respecto a la falta de prueba acerca del acontecimiento invocado como generador del perjuicio, hayan sido efectuadas sin el debido sustento fáctico y jurídico como para merecer algún reproche a la luz del remedio previsto en la ley 7055.

Así, si bien se agravia por las consideraciones efectuadas en torno a la naturaleza jurídica de la relación que vinculó a las partes y el encuadre legal respectivo, lo cierto es que todo lo alegado al respecto carece de trascendencia para hacer variar la litis a su favor, tal como lo destaca la Sala cuando manifiesta que "aun cuando se aceptara la postura del actor en cuanto a su desempeño como tambero mediero o "tantero" y por tanto, no comprendido en la L.R.T.", que la acción promovida no es procedente al no probarse el hecho relatado en la demanda como productor del daño.

Resulta claro que siendo el fundamento esencial para la desestimación del reclamo del actor -de la reparación del daño invocado por vía del derecho civil- la falta de acreditación de los presupuestos de la responsabilidad exigidos por las normas en juego (art. 1109 y 1113 del C. Civil), las quejas vinculadas a las consideraciones en torno a la naturaleza jurídica del vínculo existente entre las partes, como así también su agravio en torno a lo afirmado en cuanto al deber de cuidado del tambero mediero en relación a los útiles de uso del tambo, no resultan decisivas para descalificar constitucionalmente el fallo impugnado, desde que no atacan el principal fundamento del decisorio que da sustento debido al rechazo de la apelación intentada.
Falsificación de documentos, documentación del automotor, cédula verde
Materia: PENAL
Carátula: BARNETT, Eduardo y otros s/ inf. art. 293 C.P. Causa nro. 12.623
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-20

Este Tribunal ya se ha expresado con respecto a que el tipo contenido en el artículo 35 inc.1.) del decreto ley 6582/58 abarca también la falsificación de la cédula de identificación de un automotor llevada a cabo mediante una maniobra de adulteración.
Honorarios, depósito previo
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Billordo, Domingo Emiliano c/ Checnak S.A.-IGNE S.R.L.y ELVEC Construcciones S.R.L. s/ Accidente de Trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1999-07-13

Es procedente el recurso extraordinario de inconstitucionalidad interpuesto, ya que analizando dicha presentación, se advierte que el mencionado recurso ha sido anunciado e interpuesto en término, contra resoluciones interlocutorias, que revistiría carácter de definitiva, que "prima facie", sus argumentos están basados en derecho y, tratándose de un tema de honorarios, no corresponde efectuar el depósito previo del art.140 de la ley 2383, por lo que concluye que se hallan reunidos los requisitos exigidos por los arts. 26, inc.2, 27 y 28 del Decreto Ley 1407/62 (Ley 2383, art.139), debiendo decretar su admisibilidad, con la reserva del caso Federal.
Recurso extraordinario federal, pena, reclusión, fundamentación del recurso, procedencia del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Almeida, María Marta s/ recurso extraordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-12-22

Resulta formalmente procedente el recurso extraordinario federal pues el impugnante expone su criterio acerca de la interpretación, alcance y aplicación del artículo 24 del Código Penal específicamente en lo concerniente al cómputo de la prisión preventiva, extendiendo su cuestionamiento al art. 7° de la ley 24.390, y su relación directa e inmediata respecto de normas y principios de raigambre constitucional; todo ello también evaluado a la luz de los Pactos y Convenciones Internacionales que hacen referencia al derecho de igualdad del que goza todo justiciable durante el proceso. (Voto de los Dres. Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso).
Investigación a cargo del juez, deberes del juez, facultades del fiscal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Tapia, A. L. y otro c/  s/ medidas
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-26

De no compartir la las medidas postuladas por el fiscal, el juez debe asumir nuevamente la dirección de la investigación porque lo contrario representaría una afectación al principio de autonomía del Ministerio Público Fiscal consagrado en el art. 120 de la Constitución Nacional
Competencia contencioso administrativa, resolución administrativa, revisión judicial de actos administrativos, incompetencia, declaración de oficio, costas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Bochatey, Matilde Mónica Pomsztein c/ Poder Ejecutivo s/ Acción contencioso administrativa de plena jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1996-06-14

Resultando de los antecedentes del caso que el ocurrente obtuvo su última resolución en sede administrativa a casi nueve años del inicio de esta acción, no debe resolverse el caso por merituación del presupuesto habilitador del agotamiento de la via administrativa, sino en función de la imposibilidad de revisar resoluciones dictadas en ese ambito, consentidas y firmes, por aplicación de los arts. 120 y 129 de la ley 3559 (cinco días y perención).

Por ello al no existir resolución administrativa susceptible de revisión en esta instancia judicial, debe declararse de oficio la incompetencia y en tanto el planteo de la demandada excepcionante fue fundado en circunstancias desestimadas, resulta de equidad que las costas sean soportadas según el orden causado. (Del voto de la mayoría: Díaz y Cáceres)
Recurso de casación, actos consentidos
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BANCO DE RÍO NEGRO Y NEUQUÉN. s/ QUIEBRA. BANCO  DE  RÍO  NEGRO Y NEUQUÉN (EN INCIDENTE VERIFICACIÓN DE CRÉDITO POR GADANO CARLOS ALBERTO). s/ QUIEBRA.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1984-05-15|1984-06-13

TODA VEZ QUE AL CONTESTAR EL TRASLADO DEL PEDIDO DE VERIFICACIÓN FUNDADO EN EL ARTÍCULO 264 INCISO 4 L.C., EL SÍNDICO ACOTÓ QUE "NO EXISTEN OBSERVACIONES EN CUANTO A LA EXISTENCIA Y CALIDAD DEL CRÉDITO RECLAMADO", OBJETANDO TAN SOLO EL MONTO, MAL PUEDE INTRODUCIRSE UN RECURSO EXTRAORDINARIO SOBRE LA MISMA CUESTIÓN A LA CUAL SE PRESTÓ ENTONCES CONFORMIDAD.
Recurso extraordinario federal, procedencia del recurso
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina de Mar del Plata c/ Municipalidad de General Pueyrredón s/ X
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-05-12

El recurso extraordinario no es procedente contra actos administrativos dictados por autoridades locales de la Provincia de Buenos Aires, pues la impugnación de éstos en ese ámbito está prevista a través de un medio específico diverso (arts. 166 y 215 Const. prov.; 1, 2, 3, 4, 28 y conc. del C.P.C.A.; arts. 14, ley 48; 256, 258 y conc. del C.P.C. y C.N.; 336, C.P.C. y C.). (Minoría u opinión personal)
Procedimiento laboral, demanda laboral, ampliación de la demanda
Materia: LABORAL
Carátula: CONDORI LIMACHI, DANIEL c/ VALENTINI, L. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1974-12-09

'1- Rige supletoriamente en el procedimiento laboral el artículo 331 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. 2- Si en la demanda se pide que la condena incluya lo devengado hasta la sentencia, sólo es preciso acudir a la ampliación de la misma en la forma prevista en el artículo 331 del citado código cuando el demandado, expresamente, se opuso a aquella pretensión del actor'.
Excepciones procesales, inhabilidad de título
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Unión  Personal  de Fábricas de Pinturas y Afines de la RepúblicaArgentina U.P.F.P.A.R.A. c/ Cibel S.R.L. s/ ejecución fiscal.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-10-05

Para que proceda la excepción de inhabilidad de título debe mediar la expresa negativa de la deuda que se pretende ejecutar, correspondiendo por el contrario su desestimación en aquellos casos en los que además de no negar esa existencia, se la admite y se alega su pago o se cuestiona el monto reclamado. Toq. 1238.
Cuestiones de competencia, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: Incidente de Competencia en Autos Personal Policial Comisaria Comunal 14 A, Guzman Julio Alberto/ Moyano Federico David/ Goicochea Franco y otros sobre 144 bis 2 - Priv Ilegal de la Libertad (Funcionario que comete Vejaciones o Apremios Ilegales)  c/  s/ conflicto de competencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-10

En todo caso, la imputación puede ser ampliada incluso hasta el debate y, eventualmente, en la sentencia el juez está facultado a dar a los hechos una calificación distinta a la contenida en la acusación, sin que sea necesario en ninguno de esos supuestos expedirse nuevamente sobre la competencia ya atribuida por este Tribunal (cf. voto de la mayoría en "Giordano", expte. n° 16368/19; resolución del 25-10-2019). (Del voto de los jueces Santiago Otamendi, Marcela De Langhe e Inés M. Weinberg).
Convenios colectivos de trabajo, homologación del convenio colectivo, empleados de comercio
Materia: LABORAL
Carátula: A.E.C. c/ Boelcke S.A. s/ RECLAMO APORTES S/ INAPLICABILIDAD DE LEY.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1990-11-12

El art. 100 del Convenio Colectivo 130/75 -empleados de comercio- debe tenerse por homologado puesto que de conformidad a las disposiciones contenidas en los arts. 15 inc. c) y 29 de la ley 18610, la autoridad de aplicación entendió que la homologación correspondía al Ministerio de Bienestar Social, quien aceptando su competencia delegó tal función -Resolución 2203/72- en el INOS, organismo que finalmente homologó el art. 100 del CCT 130/75 mediante resoluciones 294/77 y 362/77.
Expropiación, indemnización expropiatoria, pago, plazo judicial, cómputo del plazo, plazos procesales
Materia: CIVIL
Carátula: DELATT SCHOENWALD, Gastón F. y otro c/ M.C.B.A. s/ EXPROPIACION INVERSA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-18

El plazo para el pago de la indemnización por expropiación debe computarse por días corridos, por tratarse de un plazo judicial y no procesal, rigiendo el art. 28 de Código Civil en cuanto incluye los días feriados, salvo que expresamente se señale lo contrario y también el art. 29 del código citado en tanto considera incluidos en aquella norma los plazos previstos por las leyes, por los jueces y por las partes en sus actos jurídicos.
Reformatio in pejus, pena, inhabilitación especial, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - PENAL
Carátula: Camejo, Jorge Roberto s/ lesiones culposas.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-07-06

Si la condena mediante la cual se impuso al procesado la pena de inhabilitación para conducir vehículos dedicados al transporte de escolares fue consentida por el fiscal, por lo que quedó firme a su respecto, la apelación efectuada por el procesado no puede legitimar a la Cámara para agravar su situación extendiendo la inhabilitación especial al manejo de cualquier tipo de automotor, porque más allá de cuál es la interpretación que más se adecua a las normas en juego, no podía privar al condenado en violación del art. 18 de la Constitución Nacional, de su mejor posición adquirida.
Daños y perjuicios, responsabilidad civil
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Nugarese, Francisca c/ Arrieta, Benjamin s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-09-15

Ha expresado la casación provincial que la teoría del riesgo creado debe regular la atribución de la responsabilidad civil por el hecho de las cosas, petición del principio que importa la llana y lisa admisión de la responsabilidad del dueño o guardián, a menos que demuestre la concurrencia de alguna excepción legalmente prevista;

de modo que tratándose de la colisión de dos vehículos, en principio en movimiento, no se produce la neutralización de la presunción del art. 1113 del CCI.-
Fraude laboral, empleo no registrado, socio gerente, responsabilidad del socio
Materia: LABORAL
Carátula: Sotelo Erika Romina c/ Universo Futbol S.R.L. y Otros s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-10-21

Habiéndose acreditado que la actora se desempeñó para la sociedad demandada sin registración alguna ante los organismos correspondientes, corresponde extender solidariamente la condena por despido a los socios gerentes de aquélla, pues la referida irregularidad registral implica lisa y llanamente que la sociedad demandada no efectuó los aportes previsionales al sistema de la seguridad social en debida forma y no cumplió adecuadamente con las cargas impositivas relativas al contrato, situación que no sólo benefició a la empresa sino también a los socios y administradores de la misma, por cuanto la contrapartida de la disminución del costo laboral es el incremento de las ganancias empresarias, que evidentemente redunda en beneficio de los integrantes de la sociedad, patentizándose así un perjuicio concreto para los trabajadores.
Prueba, medidas para mejor proveer
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: CORDOBA MARIA ETELVINA s/ DECLARATORIA DE HEREDEROS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1995-04-24

Las medidas para mejor proveer constituyen un resorte procesal que se dispone de oficio, al efecto de completar los elementos de juicio que el magistrado pueda reputar necesarios para dictar su resolución.

Por ende, también son revocables de oficio, si por alguna circunstancia, sea previa o inclusive sobreviniente, el juez advierte que resultan superfluas o irrelevantes para aquel fin.

No existen formalidades sacramentales en el proceso civil, de modo que si bien la actitud más prolija es proceder a la revocación expresa, ésta también puede operar tácitamente, por la emisión del pronunciamiento pertinente.
Presunción de contrato de trabajo, carga de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Santana, Oscar Alejandro c/ Austral Televisora Color S.R.L. s/ Demanda Laboral -Diferencias de haberes e indemnización pordespido
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-05-27

El art. 23 LCT, impone una presunción favorable al trabajador, ella es que la prestación de servicios hace presumir la existencia del contrato de trabajo y las excepciones a su inexistencia no las debe quien presta el servicio, sino quien lo recibe.