Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, contratos bancarios, automotor secuestrado, mutuo dinerario, pretensión, buena fe
Materia: COMERCIAL
Carátula: TUCCI, EDUARDO c/ THE FIRST NATIONAL BANK OF BOSTON s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-04-20

Procede la acción por la cual quien adquirió un automóvil cuyo precio fue financiado por intermedio del banco defendido, le reclama el resarcimiento de los daños y perjuicios que sufrió como consecuencia de que luego de pagar cierta cantidad de cuotas con relación a las cuales se hallaba en mora, al procurar cancelar la siguiente, la entidad bancaria se negó a percibir el pago por haber expirado el plazo convenido, y le informó que había remitido los antecedentes del caso a un estudio jurídico, el que por su parte, le comunicó que había solicitado el secuestro prendario del bien, y que la única manera de detener tal diligencia era abonando la totalidad de lo adeudado mas honorarios profesionales y gastos. Ello así cuando -como en el caso- se verifica que la actitud extrajudicial del reclamado, previa al inicio del mentado secuestro y a la declaración de caducidad de los plazos contractuales, implicó contravenir sus propios actos, toda vez que el pretensor estuvo en mora con anterioridad a la mentada ocasión, sin que el reclamado no solo no de por concluído el contrato prendario, sino que también, permitió al reclamante -quien se encontraba con una mora mas dilatada en su extensión temporal y pecuniaria- el pago de cuotas atrasadas, razón por la que no pudo luego disponer la caducidad del convenio, por solo tres días de retraso en el pago de la cuota. En tal sentido cabe precisar, que la doctrina de los propios actos constituye un principio general del derecho, por cuanto permite orientar y fundamentar la interposición e integración del derecho y obliga a su aplicación -aun de oficio- a través del principio iura curia novit. El standard del "venire contra factum propium nulli conceditur" se produce objetivamente con prescindencia del grado de conciencia o conocimiento que haya tenido el agente al actuar. Es un parámetro objetivo de conducta constitutiva de un principio general de derecho, autónomo y residual, derivado directa e inmediatamente del principio general de buena fe (Cod. civil art. 1198). Cualquiera que fuera la voluntad que haya impulsado los actos, estos suscitaron en el círculo de los interesados una confianza fundada, respecto a lo que significan como actitud del sujeto dentro de la relación jurídica; consecuentemente, el sujeto debe responder por las consecuencias de la confianza que originó. En otros términos, no interesa que pueda imputarse al sujeto dolo o culpa por su proceder, lo decisivo es la desarmonía objetiva con el standard de conducta concretada. El sustento ético de esta postura es innegable, el sistema jurídico no ha hecho otra cosa que internalizar estas pautas y esta bien que así acontezca, pues el plexo axiológico subyacente con neto soporte fáctico es valorado cuando alguien negocia o litiga de mala fe. El principio de la confianza tiene un componente de ética jurídica y otra que se orienta hacia la seguridad del tráfico y ambos son inescindibles.