Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-23


2º Instancia. - Buenos Aires, agosto 23 de 2007.

Y VISTOS. CONSIDERANDO: 1º) Que la actora promovió demanda por acción declarativa contra el Estado Nacional -Ministerio de Planificación Federal Inversión Pública y Servicios-, Secretaría de Energía, Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA) y EDENOR para que se declare que Parque Suárez S.A. y Parque Industrial Suárez no están alcanzados por la resolución 1281/06 y la nota 1374/06 de la Secretaría de Energía y sus normas concordantes, complementarias y reglamentarias y, por lo tanto no le son aplicables los recargos a la tarifa normal ni es pasible de corte de suministro de energía eléctrica por el pretendido exceso de consumo o por la falta de pago de tales sanciones.

Que solicitó como medida cautelar, hasta tanto recaiga sentencia de fondo, se ordene a los demandados no aplicar dichas normas, no imponerle recargos a la tarifa eléctrica en vigencia previstos por aquéllas y tampoco cortarle el suministro de energía eléctrica por eventual exceso de consumo eléctrico o falta de pago de tales recargos.

2º) Que la señora juez de primera instancia desestimó el remedio solicitado. Para así resolver, destacó que no estaba acreditada la verosimilitud del derecho invocado por la actora por no advertirse en la conducta de la administración una ilegalidad o arbitrariedad manifiesta. Expresó que el aspecto técnico de la cuestión planteada amerita una amplitud de debate que excede el restringido marco cognoscitivo de la cautelar peticionada. Afirmó que la declaración de inconstitucionalidad de una norma es la última ratio del orden jurídico y que no corresponde conceder a título precautorio medidas que coincidan total o parcialmente con la cuestión de fondo.

3º) Que a fs. 642/646 la actora agregó como documento posterior -o hecho nuevo- una instrucción de EDENOR -por aparente mandato de CAMMESA- para restringir el consumo eléctrico. Destacó que en este caso aquélla no sólo comprendió a los Grandes Usuarios sino también a las Agrupaciones por lo que entiende que dicha orden se ha extendido a los Sectores y Parques Industriales, las que no estarían incluidas en la res. S.E. 1281/06 por lo que se trataría de una irregular pretensión de incorporarlas a la norma. En conclusión, sostuvo que la actora no es sujeto alcanzado por la res. 1281/06, pues no es Gran Usuario eléctrico ni tampoco le es imponible como Agrupación, pues tal supuesta categoría no consta en la norma restrictiva.

Que, asimismo, planteó reposición con apelación en subsidio contra la decisión de la señora juez. Reiteró los argumentos sostenidos en la demanda en punto a que la actora es titular de un Parque Industrial Privado que dio en arriendo sus espacios a cuarenta y cinco pequeñas empresas y que la subdivisión del inmueble no está impuesta por la ley de modo obligatorio. Agregó que la existencia de un solo medidor eléctrico responde a condiciones técnicas y administrativas del proveedor sin que dicha circunstancia obste a la instancia precautoria. Manifestó que la cautelar solicitada no compromete la prestación del servicio público y que su rechazo podría tornar ilusoria la sentencia. En la misma presentación peticionó la habilitación de la feria judicial de invierno.

4º) Que la magistrada tuvo por ampliada la demanda con el documento acompañado, desestimó la revocatoria y concedió la apelación subsidiaria. A fs. 656/657 la Sala de feria denegó la petición de habilitación de la feria judicial por no haberse acreditado circunstancia alguna en relación al peligro que se invocó respecto a la posibilidad de incurrir en excesos de consumo de magnitud tal, que pudieran provocar la facturación de sobrecargos, calificados por la actora de impagables.

A fs. 677 la accionante acompañó nuevos documentos de pedidos de reducción de demanda eléctrica formulados por EDENOR por aparente instrucción de CAMESSA.

5º) Que las medidas cautelares tienen como objeto impedir que el derecho cuyo reconocimiento o actuación se pretende obtener a través de un proceso, pierda virtualidad o eficacia durante el tiempo que va desde la iniciación de aquél hasta el dictado y el cumplimiento de la sentencia definitiva.

En orden a la admisibilidad de la medida impetrada es condición básica para su viabilidad la configuración de los extremos previstos en el art. 230 del C.P.C. y C. Ellos son la verosimilitud del derecho invocado (fumus bonis iuris) y el peligro de un daño irreparable en la demora (periculum in mora) recaudos a los que debe unirse un tercero previsto de modo genérico por el art. 199 del mencionado ordenamiento adjetivo. Asimismo, es doctrina reiterada que a mayor verosimilitud del derecho no cabe ser tan exigente respecto del daño y viceversa, cuanto mayor es el peligro, menor es la exigencia en lo atinente al "fumus", pero ambos requisitos deben encontrarse presentes (Esta Sala "Inalruco" del 5-8-97).

6º) Que en el limitado marco cognoscitivo del remedio intentado, no parece ser ahora la oportunidad para analizar, siquiera someramente, si a la actora se la debería encuadrar dentro de los Grandes Usuarios, es decir, como cliente único de EDENOR, o como pretende, que se calcule el consumo propio de cada arrendatario que ocupa el predio que ella explota, gerencia y administra, para cuyo cálculo habría instalado a su propio cargo medidores individuales a los pequeños consumidores en cada espacio locativo.

Ello así, resulta prematuro emitir opinión, aun provisoria, respecto de la legalidad de la normativa impugnada, y en particular, determinar si la actora está o no alcanzada por las restricciones de referencia.

Para que prospere el remedio intentado, se requiere que se acredite un perjuicio irreparable. De lo contrario, no corresponde dictar a título precautorio decisiones cuyo objeto coincide total o parcialmente con el de la demanda y excede lo previsto por el art. 230 del C.P. C. y C. cuya finalidad es meramente conservatoria (Sala III "Decege" del 16-8-90, entre muchos otros).

Es así que se debe acreditar la prueba cierta del peligro en ciernes sobre el derecho que se invoca por el transcurso del tiempo y la perduración del litigio.

En el caso de autos, la res. S.E. 1281/06, habría sido dictada como consecuencia del sostenido crecimiento de la demanda de la energía eléctrica y a los fines de garantizar su abastecimiento (confr. fs. 430). Las instrucciones recibidas por la actora para reducir el consumo ante la pérdida transitoria de reservas en el marco de la mentada resolución, en principio, sin que ello importe adelantar opinión sobre la cuestión de fondo, no aparecen arbitrarias o irrazonables. El temor de la accionante frente a la eventual aplicación de sobrecostos o del corte del suministro para el caso de no cumplir con la reducción solicitada, no es motivo suficiente para tener por acreditado el requisito del daño, en particular, cuando surge del escrito de inicio que la propia parte habría negado cualquier incumplimiento con las limitaciones dispuestas por la norma impugnada. Por lo demás, no existen elementos válidos que permitan inferir que en el caso de facturarse sobrecostos en forma global ellos no pudieran ser recuperados por la apelante.

Por lo expuesto, se desestima la apelación y se confirma el pronunciamiento recurrido. ASI SE RESUELVE.

Se deja constancia que la vocalía nº 6 se encuentra vacante.

Regístrese, notifíquese y devuélvase. -M. I. Garzón de Conte Grand. -Marta Herrera.