Despido indirecto, embarazo, carga de la prueba, indemnización agravada
Materia: LABORAL
Carátula: RUARTE, MARIA PAOLA c/ CENTRO DE CONTACTOS SALTA S.A; ATENTO ARGENTINA S.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-05-09

Las normas contenidas en los arts. 178, con remisión al 182 de la ley de contrato de trabajo, apuntan a una doble protección: previo al nacimiento, busca preservar a la mujer embarazada y, con posterioridad a ese trascendental hecho, a la madre. Así, la primera de las mencionadas normas dispone que si un despido sin invocación de causa (o con causa que luego no resultare demostrada) tuviera lugar dentro de los siete meses y medio previos o posteriores al parto, se presume iuris et de iure que obedece a bien al embarazo o bien a la maternidad, determinando para ese supuesto una indemnización especial equivalente a un año de remuneraciones, que se acumulará a la dispuesta por el art. 245 de la ley de contrato de trabajo.

Esa protección contempla también los casos de despido indirecto: una interpretación contraria implicara dejar en manos del empleador la posibilidad de burlar la referida indemnización especial, dándole motivos suficientes a la empleada para que se considere despedida. En el caso, la relación laboral se extinguió por despido indirecto pues la empleada se encontraba incorrectamente registrada en cuanto a su categoría y remuneración.

El mecanismo presuncional previsto en la norma se altera al no ser el despido dispuesto por el empleador: no es este quien debe acreditar que la ruptura se debió a una causa distinta al embarazo, sino que será la trabajadora quién deberá demostrar: a) que los incumplimientos invocados que la llevaron a extinguir vínculo, aún durante la vigencia del plazo de presunción del art. 178 de la ley de contrato de trabajo, realmente existieron; b) que el empleador adoptó la vía indirecta de injuriarla para provocar su retiro o c) actos injuriosos que encubrieron una real voluntad rescisoria calificada, cuyo objeto tendía a quebrantar el bien jurídico tutelado.

La mujer en estado de gravidez es objeto de una marcada tutela por parte de la ley general, la que tiene como causa fuente el estado de doble vulnerabilidad en que se encuentra: la derivada de su natural debilidad física (analogada a la de los menores), que se vincula con cuestiones fisiológicas y relativas a la propia contextura, lo que llevó a considerar que no se hallaba en condiciones naturales de realizar determinados trabajos, considerados pesados, o desempeñarse durante jornadas agotadoras que terminarían siendo nocivas para su salud y la vinculada con la función materna de la mujer que debe realizar tareas fuera del hogar. Esta última tiene, a su vez, dos facetas para su preservación, una vinculada a la necesidad de conservar el espacio y tiempo para cumplir con su rol familiar imprescindible para la sociedad y para la plenitud de ella misma, y la otra, evitar que esta circunstancia implique una discriminación que impida o perjudique su desarrollo en el trabajo externo al hogar. Lo referido supone que el empleador debe, respecto a ella y para eximirse de la aplicación de la gravosa indemnización que se trata, verificar con especial rigor el cumplimiento de las obligaciones derivadas tanto de la relación individual de trabajo, como de la seguridad social, modificando, en su caso, las inobservancias a aquellas.