Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-06-06


En la ciudad de Rawson, provincia del Chubut, a los ...seis.. días del mes de junio del año dos mil siete, reunida en Acuerdo la Sala Civil, Comercial, Laboral, Contenciosa Administrativa, de Familia y de Minería del Superior Tribunal de Justicia, con la Presidencia de su titular Dr. Daniel Luis CANEO y asistencia de los Sres. Ministros Dres. José Luis PASUTTI y Fernando S.L. ROYER, para dictar sentencia en los autos caratulados: "DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS s/ INCIDENTE DE REVISIÓN EN AUTOS: G., J. H. s/ CONCURSO PREVENTIVO" (Expte. Nº 20.467D2006) y teniendo en cuenta el sorteo practicado a fs. 163 de conformidad con las Acordadas N° 3202 y Nº 3204 y atento que en virtud de lo dispuesto en el Acuerdo Plenario Nº 3607/07, en su punto 5°), asumió el 1º de Abril del corriente año la presidencia el Dr. CANEO, correspondió el siguiente orden para la emisión de los votos: Dres. PASUTTI, ROYER y CANEO.

Acto seguido, se resolvió plantear y votar las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es procedente el recurso de casación interpuesto?; y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?. A la Primera cuestión el Dr. PASUTTI dijo: I. ANTECEDENTES.

1. La Dirección General Impositiva se presentó en el concurso preventivo de J. H. G., a efectos de verificar créditos a su favor, provenientes de deudas por: a) Régimen Nacional de Seguridad Social (aportes y contribuciones, autónomos); b) Impuesto a las ganancias; c) Impuesto a los Bienes Personales y d) I.V.A., por una suma total de pesos trescientos veintiséis mil doscientos cincuenta y uno con sesenta y seis centavos ($ 326.251,66) correspondiendo a crédito quirografario la suma de pesos ciento treinta y dos mil trescientos dieciocho con cuarenta y dos centavos ($ 132.318,42) y con privilegio general la cantidad de pesos ciento noventa y tres mil novecientos treinta y tres con veinticuatro centavos ($ 193.933,24).

El concursado impugnó esta presentación y negó adeudar la totalidad de los importes insinuados por la actora, toda vez que no se habían considerado los pagos parciales obrantes en las causas judiciales que tramitaron por ante el Juzgado Federal de la ciudad de San Carlos de Bariloche. También fundó su conteste, en la falta de justificación de la causa en las obligaciones reclamadas.

La pretensión de la D.G.I.A.F.I.P., también fue observada por el Síndico, quien, en su informe individual (autos: "G., J. H. s/ Concurso Preventivo" Expte. N° 718Fº 113Año 2003, fs. 91/92), aconsejó rechazar las boletas de deuda Nº 432/00019/01;02/2.003 de pesos sesenta y tres mil setecientos dieciséis con cuarenta y seis centavos ($ 63.716,46); Nº 432/00077/03/2002 de pesos siete mil novecientos treinta y uno con ochenta y dos centavos ($ 7.931,82), Nº 432/00029/02;03;04/2002 de pesos veintidós mil doscientos cuarenta y dos con cinco centavos ($ 22.242,05) y Nº 432/00014/02/03 de pesos cinco mil cuatrocientos sesenta y cuatro con treinta y cuatro centavos ($ 5.464,34), por carecer de la debida acreditación de la causa y por la existencia de pagos parciales efectuados y acreditados en los expedientes judiciales que tramitaron ante la jurisdicción federal.

El Juez del concurso, tuvo en cuenta este informe al momento de evaluar los créditos admisibles para tener por verificado como monto a favor de la actora la suma de pesos doscientos veintiséis mil novecientos cuarenta y seis con noventa y nueve centavos ($ 226.946,99) del total reclamado, correspondiendo la cantidad de pesos ciento cuarenta y seis mil trescientos setenta y ocho con noventa y seis centavos ($ 146.378,96), con privilegio general y el importe de pesos ochenta mil seiscientos sesenta y ocho con tres centavos ($ 80.668,03), con carácter quirografario.

2. Este resolutorio motivó la iniciación del presente incidente de revisión.

2.1. La actora, a fs. 5/7 vta., fundó su pedido en dos circunstancias principales: a) consideró probada la causa de todas las obligaciones impositivas reclamadas, en virtud de resultar suficiente a tales efectos, la documentación respaldatoria adjuntada en el expediente del concurso; y b) afirmó que devolvió al concursado, las sumas embargadas en los juicios de ejecución fiscal oportunamente iniciados por ante el Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche. Es por ello que solicitó que se verificara la suma de pesos noventa y nueve mil trescientos cincuenta y cuatro con sesenta y siete centavos ($ 99.354,67) en el carácter de crédito quirografario y crédito privilegiado.

Explicó, asimismo, que la falta de deducción de los pagos parciales encontró respuesta en el hecho de haberse producido su devolución, con posterioridad a la apertura del concurso y, aclaró, que la suma de pesos diez mil seiscientos ochenta y nueve con veintidós centavos ($ 10.689,22) fue devuelta al concursado a través del B. M. B. conforme a un email que adjuntó al inicio.

2.2. El concursado, a fs. 44/46 vta., contestó el pedido de revisión y se opuso a su progreso toda vez que consideró que no se encontraba debidamente fundada y acreditada la causa de las obligaciones tributarias reclamadas en autos, ni tampoco, claramente establecido cuál era el monto quirografario o privilegiado que se invocaba. Refirió que no se había efectuado una explicación adecuada respecto de las pautas empleadas para establecer la cuantía de las sumas que se indicaban como debidas ni la forma en que fueron deducidos los pagos parciales devueltos, ni si hubo sumas definitivamente ingresados a la entidad administrativa fiscal.

Entendió, por último, que la propia reclamante había omitido dar cumplimiento a las normas administrativas de determinación de deuda tributaria, no obstante resultar insuficiente la aplicación de los principios que rigen las ejecuciones fiscales. Estos últimos ceden frente a las normas concursales específicas.

2.3. El Síndico, por su parte, a fs. 55/56 vta., ratificó el rechazo a verificar los créditos invocados por la D.G.I.A.F.I.P. en estos autos, analizando cada una de las boletas de deuda oportunamente acompañadas al expediente principal. Manifestó que en el supuesto de la deuda impositiva por Bienes Personales, la declaración jurada que servía de fundamento no solo expresaba que no existió deuda sino que arrojaba un saldo a favor del contribuyente, de manera que no existiría andamiaje en este rubro. En los restantes supuestos, revalidó lo que expresara en su informe individual, respecto a que los montos embargados y retenidos en los expedientes de ejecución fiscal por el B. M. B., fueron transferidos al Banco de la Nación y de éste último, pasaron a la cuenta que G. poseía en el Sistema 2000, sin que fueran deducidos de las cifras totales que se consideraban impagas.

3. El Juez de Primera Instancia dictó sentencia, a fs. 60/63, e hizo lugar parcialmente a la revisión impetrada, toda vez que tuvo por acreditada la causa de algunos de los montos obrantes en las respectivas boletas de deuda acompañadas en el concurso. Fundó su decisorio, entre otros considerandos, en el hecho de no haber sido negada la deuda por parte del concursado ni probada su inexistencia, circunstancia que lo llevó a aplicar lo normado por el art. 500 del C.C.. Tuvo en cuenta, asimismo, la validez de las sentencias firmes recaídas en los juicios de ejecución fiscal agregados por cuerda al concurso.

4. El concursado apeló la sentencia, a fs. 64, insistiendo con los fundamentos vertidos en su escrito de responde. A fs. 65, recurrió por derecho propio respecto de sus honorarios profesionales, el abogado del concursado, Dr. G. E. S., por bajos. La incidentista no contestó el memorial, de fs. 67/71 vta., que sostuvo el recurso interpuesto.

La Cámara de Apelaciones a fs. 93/94 vta., revocó la sentencia en crisis porque no fluía ni clara ni concretamente, cuál era la causa de las boletas de deuda reclamadas, y aplicó, la jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala D, en los autos caratulados: "Dirección General Impositiva s/Inc. de Rev. en autos: F. S.A. s/ Quiebra", de fecha 06/07/2005; "P. S.R.L. s/ Quiebra", 2.005/07/06 y "M., D. O. s/ Quiebra", 2.005/07/06; La Ley On line.

II. EL RECURSO DE CASACIÓN.

La D.G.I.A.F.I.P., en su remedio de fs. 106/118 vta., califica de arbitraria la sentencia de la Cámara por la forma de interpretar las normas aplicables al caso. Ello así, por cuanto entiende haber dado cumplimiento a la manda del art. 32 de la Ley de Concursos y Quiebras, toda vez que los documentos acompañados al momento de insinuar el crédito a verificar, reflejan con claridad sus antecedentes y causa. Considera que la ley concursal debe analizarse en conjunto con el art. 92 de la ley 11.683 que atribuye a la boleta de deuda expedida por el Fisco, la calidad de título suficiente a los efectos de percibir los tributos. Refiere que dichas boletas de deuda, constituyen instrumentos públicos con los alcances establecidos por el art. 979 inc. 2 y 3 del Código Civil.

Agrega que dicho título representa un acto administrativo que goza de presunción de validez y legitimidad conforme lo establece el art. 12 de la ley 19.549.

Manifiesta que los créditos a su favor originaron causas judiciales tramitadas por ante la Justicia Federal de la ciudad de San Carlos de Bariloche, las cuales tienen sentencias firmes y donde, insiste, no fue cuestionada la causa de los mismos. Cita doctrina para respaldar la validez de los actos administrativos.

Indica que el demandado pudo válidamente cuestionar la causa de las obligaciones ejecutadas y que, si no lo hizo, fue porque no tenía motivos para resistir con éxito, los litigios en su contra.

Invoca jurisprudencia que entiende aplicable al caso de autos en punto a que no corresponde en la instancia concursal, revisar cuestiones que ya fueron ventiladas en juicios ejecutivos anteriores.

Reconoce que el Síndico aconsejó rechazar el crédito en su informe individual ante la falta de consideración de los pagos parciales efectuados por el concursado, pero que nada dijo sobre la falta de justificación de la causa. Destaca que, ante el pedido de verificación, aceptó algunas de las boletas de deuda insinuadas sin tener en cuenta el origen de las mismas, y solamente rechazó las que son objeto del presente, por la falta de deducción de las cancelaciones parciales, más arriba referidas.

Refiere que el Juez de Primera Instancia falló siguiendo la propuesta efectuada por el Síndico pero sin merituar adecuadamente, la documental que fundamentaba el origen de las acreencias.

Indica que el concursado, al contestar el incidente de marras, refirió que las boletas objeto de revisión no tenían una adecuada justificación de la causa, pero no siguió esta misma postura respecto de la totalidad de boletas insinuadas, hecho que configura aplicable la teoría de los actos propios y por ende, la falta de cuestionamiento de su origen, debe extenderse a todas las boletas de deuda.

Considera que probó adecuadamente cómo se habían conformado cado uno de los créditos insinuados y detalla la prueba instrumental que le sirve de fundamento.

Entiende que es arbitraria la sentencia por haber rechazado la totalidad de certificados de deuda de manera genérica y dogmática, por el simple hecho de no fluir clara ni concretamente el origen de la acreencia.

Interpreta que el fallo carece de los mínimos fundamentos que lo puedan calificar como acto jurisdiccional, y que no tuvo en cuenta que efectivamente se había acreditado el origen de cada impuesto debido, cuando la carga de la prueba se había invertido y, por ende, era labor del síndico y del concursado demostrar su ausencia o su falsedad. Ello así, según su análisis, porque se trata de instrumentos públicos, donde resulta aplicable lo dispuesto por el art. 500 del C.C.

Insiste que la falta de fundamentación del origen de cada tributo no fue probada ni por el síndico ni por el concursado. Cita jurisprudencia.

Agrega que la tramitación del título ejecutivo en un proceso judicial, es también suficiente para tener por probada la causa si el concursado fue debidamente notificado y ha recaído sentencia en dicho juicio, conforme jurisprudencia de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires que avalaría, según indica, los extremos invocados en el recurso.

Entiende que la sentencia es arbitraria al haber aplicado incorrectamente los preceptos del art. 32 de la ley Nº 24.522. Cita doctrina y jurisprudencia aplicables al caso.

Reitera que el fallo en crisis, al revocar el resolutorio de Primera Instancia e imponer las costas a la acreedora, incurrió en un inequívoco supuesto de sentencia arbitraria según S. que provoca un agravio de imposible o insuficiente reparación posterior.

Reconoce el carácter de excepcional del Recurso Extraordinario de Casación, el cual cede frente a supuestos donde existen serias deficiencias en la interpretación y/o aplicación del derecho. Vuelve a citar doctrina y fallos judiciales en respaldo de sus dichos.

No efectúa reserva del caso federal.

Puestos los autos a disposición de las partes para que lleven a cabo la facultad que les acuerda el art. 293 del C.P.C.C., el concursado no hizo uso de su derecho.

III. ANALISIS.

A. En primer lugar, haré una breve introducción respecto de los caracteres específicos que hacen al concurso preventivo en general, y a la revisión en especial, a los efectos de clarificar los preceptos que habrán de orientar mi voto en la resolución del recurso de casación impetrado.

Cuando el deudor incumple las obligaciones que ha asumido o que son a su cargo, el acreedor cuenta con diversos remedios de carácter individual, que le permiten obtener el cobro de su acreencia (juicio ejecutivo, prendario, etc.). Cuando el mismo obligado no puede afrontar la totalidad de la deuda que sostiene frente a diferentes acreedores, comienza un procedimiento fáctico que se denomina estado de cesación de pagos, esto es, la impotencia patrimonial para cubrir el pasivo asumido, sirviendo de base para provocar una acción colectiva de cobro o proceso concursal. En esta instancia, y una vez acreditado dicho extremo de insolvencia económica para hacer frente a las obligaciones contraídas, se inicia o abre el concurso preventivo, regido por normas y principios que le son propios. Ya no se trata de repeler una acción de un particular, sino que todos los acreedores, son puestos en condiciones de igualdad frente al patrimonio del deudor (sin perjuicio de las preferencias que a cada uno de ellos pudiere corresponder según la naturaleza de su crédito), quien puede proseguir con el giro normal de sus negocios, sin perder su administración, hasta lograr un acuerdo de pago con todos ellos o al menos, la mayoría.

Este proceso, que beneficia al deudor, obliga a los acreedores a insinuar su acreencia ante el síndico designado, y quedan todos ellos regidos, a partir de ese momento, por las normas de la Ley de Concursos. Ningún acreedor escapa a esta normativa, ni siquiera los organismos del Estado. Entre ellos, la D.G.I.A.F.I.P. Su pedido de verificación de acreencias, debe transitar este proceso de conocimiento, por medio del cual no sólo se establece el crédito en su relación acreedordeudor, sino, asimismo, la del primero de ellos con el concurso. Así, se obtiene la declaración del derecho a favor del acreedor y, además, su oponibilidad respecto de los demás acreedores.

Por su parte, el incidente de revisión es el remedio procesal que habilita a quien no le ha sido admitido un crédito, la posibilidad de un nuevo debate, pero posterior a la verificación. Es más, el mismo se funda, precisamente, en la discrepancia del insinuante respecto de la declaración de inadmisibilidad de algunos o todos los créditos por el juez del concurso preventivo. También permite plantear la oposición a la declaración de admisibilidad de una o todas las deudas insinuadas.

Con la demanda de revisión y como viene de señalarse, se inicia, entonces, un proceso pleno de conocimiento cuyo objetivo es revocar la declaración que admite o rechaza todas o alguna de las acreencias oportunamente presentadas a verificar. Ello así, por cuanto el decisorio jurisdiccional adverso, sólo puede ser recurrido a través de ésta vía, que tramita, procesalmente, bajo las reglas de los incidentes, conforme los alcances establecidos por el art. 37 de la Ley Nº 24.522. Como se puede apreciar, se trata de un remedio procesal facultativo cuya finalidad está enderezada a obtener un nuevo debate sobre la verificabilidad o no del crédito en cuestión. Representa, asimismo, una etapa sustancial en tanto viene a completar el debido proceso legal para el supuesto de discordia sobre los fundamentos del decisorio judicial (Conf.: Francisco JUNYENT BAS, Carlos A. MOLINA SANDOVAL, "Verificación de créditos, fuero de atracción y otras cuestiones conexas Ley 24.522", Ed. RubinzalCulzoni, págs. 244/245, Agosto de 2.000; en igual sentido Héctor CÁMARA, "El concurso preventivo y la Quiebra Comentario de la ley 24.522 y sus modificatorias 25.363 y 25.589", Ed. Lexis Nexis, Tº I, pág. 727, Septiembre de 2.004).

B. Con fundamento en los preceptos que anteceden estas actuaciones de revisión de acreencias declaradas inadmisibles, representan una nueva etapa dentro del proceso concursal, donde la acreedora (D.G.I.A.F.I.P.), pretende revocar el decisorio de la Alzada adverso a sus pretensiones, y así, verificar varios créditos, cuyas boletas de deuda, fueron parcialmente declaradas admisibles por el juez de grado.

Como ya lo ha manifestado este Cuerpo en casos similares, quien demande una acreencia dentro del proceso de verificación, debe probar la causa que da origen al crédito que reclama. Ni siquiera se exime de esta premisa, la presentación de un instrumento público, el cual si bien hace fe de su contenido, no lo hace de su causa, la cual puede ser observada por los demás acreedores circunstancia que conlleva la insoslayable acreditación de su origen (Conf.: S.D. Nº 04/S.R.E./97 y 17/S.R.E./01).

Los certificados de deuda emitidos por la incidentista no escapan a esta regla fundamental que rige la materia concursal. Si bien la ley de procedimiento tributario (Nº 11.683) establece en su articulado la habilitación expresa para la ejecutabilidad de los certificados de deuda (incluso mediante determinaciones presuntas), estos principios ceden frente a los que rigen la verificación en el proceso colectivo que nos ocupa.

Es cierto que, como todo acto administrativo, el certificado o boleta de deuda, al igual que las determinaciones de oficio (art. 38 de la ley citada) gozan de las presunciones de legalidad y legitimidad. Pero estos preceptos pasan a un segundo plano, ante la apertura del proceso concursal, el cual reviste las características de oficiosidad, universalidad, colectividad e igualdad. Esta circunstancia, obliga a que dichos títulos, deban ser convalidados a través del proceso de verificación de créditos en los términos de la Ley de Concursos y Quiebras (L.C.Q.) (Conf.: Daniel Enrique VÍTOLO, "Créditos fiscales, determinación de oficio y procesos concursales". ED, 202 682). A mayor abundamiento, cabe destacar que dicha normativa establece la exclusiva competencia del juez concursal, con fuero de atracción, de modo que es el único que puede determinar o tener por acreditada, la validez y suficiencia de cada uno de los certificados de deuda que se funden en títulos y causas anteriores a la fecha de apertura del concurso o de la declaración de quiebra.

Hasta aquí, se puede colegir con absoluta certeza, que la mera determinación de deuda por parte de la D.G.I.A.F.I.P., no alcanza para acreditar la acreencia que se reclama en concepto de tributos debidos. Debe necesariamente, fundar la causa del impuesto impago, tal como lo exige el art. 32 de la L.C.Q..

Sobre el particular la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Mendoza, Sala I, en la causa "Administración Federal de Ingresos Públicos en autos Bodegas y Viñedos C. S.A., de fecha 17/02/06 (publicado en L.L. Gran Cuyo 2006, julio, 839; L.L. 2006 D, 734), ha resuelto que: "Compartiendo este criterio se ha decidido que la presunción de autenticidad de las determinaciones de oficio practicadas por el Fisco se limita al ámbito del juicio ejecutivo, sin que quepa extenderla al de la verificación de créditos en una quiebra, pues en estos procesos de conocimiento es imperativo mencionar y probar la causa de la obligación, lo que compete al incidentista, quien debe acreditar en forma concreta y precisa la existencia y legitimidad de la acreencia (CNCom. sala B, 16/4/2003, LA LEY, 2003E, 623)".

C. Establecidos los recaudos que hacen a la admisibilidad de cada crédito verificado, corresponde analizar a continuación, si los elementos acompañados por la incidentista resultan idóneos para tener por probado el origen de cada boleta de deuda insinuada. Aquí habré de analizar las leyes especiales que regulan y especifican cómo se deben determinar las deudas tributarias, a los efectos de cotejar el reclamo efectuado con la documentación que le sirve de sustento.

El organismo fiscal establece la deuda del contribuyente a través de: 1) declaraciones juradas; 2) determinaciones de oficio y 3) estimaciones administrativas (art. 11 y ccs. de la ley Nº 11.683).

Todas ellas son diferentes en cuanto a su validez intrínseca. La declaración jurada responde a un proceso de autodeterminación del obligado al pago, mientras que las otras dos, emanan del organismo fiscal. Ahora bien, la capacidad que tiene cada una de ellas para acreditar la causa que exige el proceso verificatorio, impone no solo que la deuda haya quedado consolidada o firme (sea porque no mediaron observaciones o porque las impugnaciones fueron resueltas por el juez administrativo en forma contraria a los intereses del deudor), sino, además, que se haya respetado, puntualmente, el procedimiento legal que establecen las leyes tributarias para la fijación de cada impuesto.

Precisamente, y siguiendo esta línea de pensamiento, la exigencia de probar, acabadamente, la causa de las obligaciones que se insinúan en el proceso, respeta el principio concursal antes indicado: el de la pars condictio creditorum, el cual, como ya lo expresara más arriba, alcanza a la A.F.I.P. (D.G.I.), quien no cuenta con mayores ventajas o privilegios por tratarse de un organismo oficial: debe justificar el origen de la deuda que reclama o detallar, en su caso, las pautas y razonamientos seguidos en las liquidaciones respectivas que formulare.

Es por este motivo que los agravios de la casacionista donde pretende válido el acto administrativo por la suficiencia que le otorga la ley Nº 11.683 como título ejecutivo (art. 92) y su legitimidad presunta en los términos de la ley Nº 19.549 (art. 12), resultan insuficientes para tener por acreditado su origen dentro del procedimiento colectivo. El Fisco cuenta con estas normas tributarias que le conceden potestades que se traducen en una situación de preeminencia jurídica respecto de los obligados a cumplir con las cargas tributarias que dichas normas imponen. Pero esta prelación, sólo se conserva en los procesos concursales respecto del privilegio que se le asigna a sus créditos, pero en modo alguno puede interferir o anteponerse a las demás reglas que rigen las normas concursales, donde la tutela de los derechos de todos los acreedores, no deja de representar un aspecto de suma importancia económica y jurisdiccional. El Estado es un acreedor más, que se beneficia así como acota potestades en la "pars condictio creditorum" como todos, al proceso de verificación (Conf.: S.T.J.CH., antes citada, S.D. Nº 4/S.R.E./97).

Tampoco modifica este considerando que existan sentencias firmes en las ejecuciones fiscales oportunamente impetradas contra el concursado, toda vez que en dichos procesos no se puede hacer referencia ni cuestionar la causa del título que las motiva. La sentencia de ejecución individual no es prueba adecuada del crédito, limitándose a reconocer la sola habilidad ejecutiva del título (Conf.: S.C.B.A., Ac. 068078 del 13/09/90; 68041 del 31/07/91209612 del 06/08/91; y S.T.J.CH., S.I. Nº 112/S.R.E./06).

De lo hasta aquí expuesto se puede válidamente concluir que la verificación de créditos, en los procesos concursales, impone a todo acreedor no solamente invocar su acreencia y privilegios, sino, asimismo, probar acabadamente la existencia y causa de cada título reclamado. Ello, no empece ni suple la actividad investigativa que debe desarrollar el Síndico, de llevar adelante todas las indagaciones que le permitan arribar a conclusiones contundentes al momento de efectuar el informe del art. 35 de la Ley de Concursos y Quiebras.

Si cada acreedor debe probar su obligación (art. 273, inc. "a" de la L.C.Q., art. 377 del C.P.C.C.), la carga de la prueba corresponde, en el supuesto sub examine, al organismo recaudador, siendo insuficiente acompañar boletas de deuda de las cuales no surja discriminación alguna, en punto a la conformación de la deuda alegada o cuando no se encuentren acompañadas de documentación respaldatoria. Tampoco resultan suficientes las actuaciones administrativas que no reflejen haber dado cumplimiento a la debida intimación de pago, o donde no se le haya permitido al fallido el ejercicio de su derecho de defensa en juicio. De allí, entonces que la estimación efectuada sobre bases presuncionales, no puede tener favorable acogida y ello en tanto las presunciones que pudieran consagrar disposiciones reglamentarias, deben ceder en cuanto importan inversión de la carga de la prueba ante la legislación concursal, dado el carácter sustancial y general de ésta última (Conf.: CNCOM, Sala A, 1662000, A. S.A. s/ Quiebra Incidente de Revisión por DGI y DGA, citado por Daniel Roque VÍTOLO en la obra citada, pág. 680, cita 13; S.T.J.CH., S.D. Nº 4/S.R.E./97).

Por aplicación entonces de los principios que rigen el procedimiento colectivo, la carga de la prueba pesa sobre el incidentista, es decir, sobre quien pretende que le sea reconocido un crédito a su favor. Esto significa que se invierte la carga probatoria que pasa del contribuyente (ejecución individual) al Fisco (ejecución colectiva), sin apartarnos de los principios generales del procedimiento de forma que rigen en esta materia antes indicado (art. 377 del C.P.C.C.).

Y es aquí donde procederé a efectuar un detallado análisis de cada una de las boletas del sub lite, a los efectos de constar si se ha probado su origen, para tener por verificado el crédito insinuado, debilitando los fundamentos legales que sustenta la sentencia de la Alzada que la pudieren descalificar como acto jurisdiccional y por ende, arbitrario.

1. Boleta N° 432/00019/01/2.003 de pesos sesenta y tres mil setecientos dieciséis con cuarenta y seis centavos ($ 63.716,46). Conforme la documental que tengo a la vista (Legajo original Nº 3 de Saldos de Declaraciones Juradas de Impuestos a las Ganancias, 13ª y 20ª páginas), puedo colegir lo siguiente:

a)	La suma de pesos treinta y cuatro mil quinientos setenta y nueve ($ 34.579) reclamada en autos surge como saldo a favor de la D.G.I., conforme la respectiva Declaración Jurada del Impuesto a las Ganancias (Formulario 711) que obra en el legajo del concursado que en este acto tengo a la vista (20ª página del Legajo Nº 3 antes indicado).

b)	En los autos caratulados: "A.F.I.P. (D.G.I.) c/ G., J. por Ejecución Fiscal" (Nº 4.120/03) que tramitó por ante la Jurisdicción Federal de la ciudad de San Carlos de Bariloche, obran dos depósitos Judiciales: a fs. 31, de pesos tres mil novecientos sesenta ($ 3.960) y a fs. 39, de pesos cinco mil cuatrocientos ($ 5.400) respecto de los cuales no surge constancia de devolución al concursado o traslado a la cuenta judicial del concurso.

1.1. Boleta N° 432/00019/02/2.003 por la suma de pesos quinientos cuarenta y nueve con setenta y dos centavos ($ 549,72). Si bien el certificado de deuda que se adjunta (3ª página del Legajo Nº 4 de Saldos de declaraciones Juradas de Impuesto a los Bienes Personales Anticipos Varios) refiere que dicha suma proviene del saldo impago de la Declaración Jurada de Impuesto sobre los Bienes Personales correspondiente al período 2.001, la documental respaldatoria obrante en el Formulario 762/A (5ª página del mismo legajo), en cuyo margen superior se lee su correspondencia con la misma Declaración Jurada invocada por la incidentista, refiere un saldo a favor del contribuyente por la suma de pesos quinientos setenta y tres con ocho centavos ($ 573,08), tal como lo expuso el Síndico al contestar el traslado conferido respecto del pedido de revisión formulado por la actora (fs. 55 vta.). El certificado de deuda integra la misma demanda judicial referido precedentemente, en el punto 1.b).

2. Boleta Nº 432/00029/02; 03 y 04/2.002 de pesos veintidós mil doscientos cuarenta y dos con cinco centavos ($ 22.242,05), en concepto de deudas al Régimen de Seguridad Social, Aportes y Contribuciones carece de todo respaldo obrante en Declaración Jurada de estilo. Solo se encontró un certificado de deuda obrante en el folio 2 del Duplicado la Deuda Judicial Impositiva, documental remitida, por petición efectuada por este Cuerpo a fs. 169, del Formulario 762/A (página 3ª). No se colige el origen del monto que se refiere impago por la incidentista ni cómo se determinó dicha suma.

a)	La suma de pesos doscientos ochenta y	ocho con dos centavos ($ 288,02) fue ejecutada en dicho expediente, obrando a fs. 63 del mismo, imputación expresa de la incidentista respecto de su pago (boleta de deuda N° 432/00029/01/2.002).

b)	Boleta Nº 432/00029/02/2.002 por la suma de pesos tres mil seiscientos sesenta y siete con veintidós centavos ($ 3.667,22), no sólo carece de Declaraciones Juradas que le sirvan de sustento sino que además, en el expediente judicial indicado en 2. a) surge su cancelación total a fs. 63 y 138 de las sumas reclamadas, a fs. 2, de dichos autos.

c)	Boleta Nº 432/00029/03/2002 por la suma de pesos seis mil cuatrocientos trece con cincuenta y cinco centavos ($ 6.413,55), carece de documental respaldatoria que le sirva de sustento. Además, la cancelación de la suma de pesos mil quinientos setenta y seis con treinta y un centavos ($ 1.576,31) y la de pesos mil seiscientos treinta con noventa y dos centavos ($ 1.630.92), surgen incorporadas a la cuenta de la actora (por su propio reconocimiento) a fs. 143 y 163 de los mismos autos de ejecución fiscal individualizado en 2.a) y 2.b).

d)	En este reclamo, surge la retención de fondos que efectuara el B. M. B. sobre las cuentas del concursado y que debió transferir al Banco de la Nación Argentina. El Síndico en el informe obrante a fs. 55 y 56 detalla sus montos, los cuales sumados a los reconocimiento de cobro del expediente de ejecución fiscal Nº 3379/02 (fs. 63; 138; 143; 163 y 165) no fueron deducidos por la incidentista.

3. Boleta de deuda Nº 432/00077/01 y 02/2002 (correspondiente a deudas de Aportes al Sistema Único de Seguridad Social) por las sumas de pesos mil seiscientos sesenta y cinco con treinta y cuatro centavos ($ 1.665,34) y pesos tres mil trescientos cinco con cuarenta y ocho centavos ($ 3.305,48) reclamadas en la Ejecución Fiscal Nº 3921/03 (fs. 1 y 2 de estos últimos autos). Estas boletas carecen de Declaración Jurada o de individualización de las pautas que utilizó el Fisco para su determinación. Por su parte, en la ejecución fiscal obran embargos en las cuentas del deudor por la suma de pesos mil ochocientos ($ 1.800) a fs. 14; pesos mil quinientos ($ 1.500) y pesos mil novecientos ($ 1.900) ambos obrantes a fs. 25 de los mismos autos. No surge de la causa, si dichas sumas ingresaron en las cuentas de la incidentista ni si fueron devueltas al concursado. El síndico señala lo mismo, en su informe de fs. 56.

4. Boleta Nº 432/00014/01 y 02/03 de pesos mil doscientos cincuenta y ocho con cincuenta y ocho centavos ($ 1.258,58) del Legajo Nº 2 de Saldos Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social Varios, 27ª página, y de pesos dos mil quinientos diecisiete con setenta y cinco centavos ($ 2.517,75), de la 28ª página del mismo legajo, respectivamente. Tampoco en este caso se advierte la existencia de los recaudos que exige la normativa concursal para tener por acreditado el origen de la obligación.

Del detalle que antecede, se advierte que la recurrente no produjo todas las pruebas que indica como documental relevante o con entidad suficiente para acreditar la causa que sirve de fundamento a cada una de las boletas objeto de la revisión sub examine. Y es su responsabilidad acreditar los hechos con la instrumental respaldatoria, precisando con claridad, cuál es la causa de cada certificado de deuda impago, como así también, detallar pautas seguidas en su determinación, capital nominal del cual parte, tramitaciones administrativas que precedieron la determinación de la deuda, concepto que se reclama, y privilegios que peticiona.

Es precisamente, en este incidente, donde la actora debía, no solamente ofrecer, sino asimismo, producir toda la prueba que avale sus pretensiones, por cuanto la carga de la prueba, como ya se expresara, está en manos de quien insiste en verificar su acreencia (art. 377 del Código de rito). El Fisco, como viene de señalarse, no escapa de la carga procesal de acudir a la verificación de créditos y hacerlo en igualdad de condiciones con los restantes acreedores.

La validez del procedimiento administrativo, reitero, que refiere haber cumplimentado la casacionista, o la mentada presunción de legitimidad de los actos emanados de dicho organismo fiscal, como la existencia de sentencias ejecutivas firmes, constituyen argumentación insuficiente en este procedimiento de verificación, y no alcanzan, reitero, para conmover aquellos principios.

D. Para atacar a una sentencia por la causal de arbitrariedad, es necesario que se manifieste en ella una alteración de los contenidos esenciales del proceso, la arbitrariedad por el solo hecho de existir, es siempre desquiciante del debido proceso y del esquema de derechos y garantías constitucionales. La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho sobre esta causal impugnativa que: "La doctrina de la arbitrariedad reviste carácter excepcional y no resulta según su criterio, sino que atiende sólo a supuestos de gravedad extrema en los que se verifique un apartamiento palmario de la solución prevista en la ley o una absoluta carencia de fundamentación". "La doctrina de la arbitrariedad requiere, para su procedencia, que las resoluciones recurridas prescindan inequívocamente de la solución prevista en la ley, o adolezcan de una manifiesta falta de fundamentación" (Conf.: S. I. N° 63/SRE/01; S.D. Nº 09/S.R.E./06; S.D. Nº 16/S.R.E./O6; S.D. Nº 01/S.R.E./05).

D.1. Es por ello que la sentencia en crisis, sin dejar de tener en cuenta que la percepción tributaria por parte del órgano del estado constituye una de sus potestades específicas, sólo debe ser revocada por las sumas cuyo origen demostró el Fisco en el proceso verificatorio del concursado, esto es, la suma de pesos treinta y cuatro mil quinientos setenta y nueve ($ 34.579), con privilegio general, con más los intereses establecidos en la instancia de origen. ASÍ LO VOTO.

No puedo dejar de advertir la inexistente actividad por parte de la Alzada, para analizar la abundante documentación que fuera acompañada en la revisión que se resuelve. Era su tarea efectuar un cotejo pormenorizado, antes de revocar, con la sola invocación de tres antecedentes jurisprudenciales, la sentencia dictada por el Juez de Grado.

A la misma cuestión el Dr. ROYER dijo:

Conforme lo ha manifestado el colega preopinante, la tramitación de un proceso colectivo de cobro, como lo es el concurso preventivo, inhibe el inicio o continuación de las acciones individuales de los acreedores, en pos del respeto de igualdad, que, para todos ellos, dispone la ley concursal (art. 32 de la L.C.Q.).

Esta equiparación se logra a través del proceso de verificación, donde todos quienes tuvieren acreencias respecto del concursado, buscan obtener el reconocimiento de la legitimidad de las mismas.

Siguiendo este orden de ideas, donde la ley no distingue respecto de la calidad de los pretensos acreedores (puesto que refiere "todos"), tampoco lo puede hacer el magistrado. El desarrollo efectuado en el voto que me precede, ha sido amplio y claro, de manera que evitaré redundar en la temática ya explicitada, y simplemente, habré de incorporar algún elemento diferente que sirva de aporte a la solución que, acertadamente, se ha propuesto y con la cual coincido plenamente, para resolver el caso sub lite.

Hemos sostenido que la etapa de verificación consta de dos partes una denominada "necesaria" sobre la cual a los efectos del tratamiento de la cuestión, no es menester efectuar referencia alguna, y otra, eventual de tipo dispositivo, subtipo contencioso al decir de M., donde el incidentista es parte activa, como también lo es el demandado, y tanto el uno como el otro sobrellevan las cargas normales en orden a la exposición de los hechos, ofrecimiento de prueba, producción etc. El incidente de revisión participa de esa característica de eventualidad, es un proceso de conocimiento pleno, aunque tramite como acción incidental. Allí se puede ventilar y discutir con aceptable amplitud, los derechos de acreedor y deudor, incluido como es obvio, el ofrecimiento y control recíproco de prueba. (S.T.J.CH., S.D.Nº 17/S.R.E./01).

Como lo expresara en oportunidad de emitir mi voto en la S.D. Nº 04/S.R.E./97, las directivas que establece la ley Nº 11.683 y sus modificatorias, regulan el proceso administrativo de determinación de los impuestos en general, que deben abonar los contribuyentes, quienes cuentan con un mayor o menor grado de participación en el mismo. Puede, inclusive, quedar excluído de este procedimiento.

Una vez emitida la Boleta de Deuda, opera la cosa juzgada en sede administrativa, habilitando la ejecución judicial del impuesto debido, sin mayores complicaciones, donde el contribuyente posee una escasa o nula participación. Pero, cuando el reclamo se ejecuta y canaliza a través de un concurso preventivo, varían, sensiblemente, los extremos que deben discutirse y probarse, para acreditar la existencia de la obligación y su contenido (Conf. art. 273, inc. 9 de la L.C.Q. y 377 del C.P.P.C.). Esta regla se impone al Fisco de igual manera que a los restantes acreedores. Ni la ley tributaria, ni las presunciones legales que determinan la legitimidad y eficacia de los actos administrativos en general, pueden prevalecer frente a un proceso pleno de verificación, en virtud del respeto al principio de igualdad de todos ellos, ut supra indicado. La A.F.I.P. no cuenta con facultades omnímodas que la eximan de esta exigencia. Lo mismo puede decirse de las sentencias dictadas en las ejecuciones individuales. Son procedimientos jurisdiccionales que vedan la discusión de la causa u origen del título que se ejecuta, de manera que carecen de fuerza probatoria en la verificación concursal.

Ha dicho la Corte Suprema que: "Procede a estos efectos destacar que, si bien es cierto que el legislador ha establecido en la Ley Nº 11.683 un trámite específico y los órganos competentes para entender en el procedimiento tributario en sus diversas fases, lo es que en la ley de concursos ante una situación excepcional, cual es el estado de cesación de pagos, de una persona física o jurídica que recurre o es llevada a un juicio de carácter colectivo donde se halla involucrada la totalidad del pasivo y del activo del deudor, establece procedimientos específicos y obligatorios para la totalidad de los acreedores, sin distinción de la naturaleza del crédito salvo las limitadas excepciones allí previstas" (Conf. C.S.J.N., "Supercanal S.A. s/ Apelación", 02/06/2003).

Este criterio continúa vigente y creo oportuno referir al respecto, el comentario efectuado por Francisco G. CARREGA, al fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones, Sala B, caratulado "F. F. M. S.A. s/ Concurso preventivo s/ Incidente de verificación por A.F.I.P. D.G.I., de fecha 27/12/05 ("La verificación de créditos fiscales y cuestiones que no terminan", 10/07/06, en www.microjuris.com), donde expresamente indica: "De acuerdo a lo establecido en nuestro régimen concursal, todos los acreedores que pretendan la verificación de sus acreencias de causa o título anterior a la presentación del concurso preventivo o la declaración de la quiebra deben acreditar la causa de tales acreencias. La Jurisprudencia, prácticamente de modo pacífico, ha sostenido que los créditos fiscales están comprendidos en tal disposición. Por cierto, muchos organismos de recaudación, como la A.F.I.P., siguen sosteniendo sistemáticamente, que las constancias de deuda que adjuntan en apoyo de sus pretensiones, son instrumentos públicos que gozan de presunción de legitimidad, y que, por tal razón, es la concursada o en su caso, la sindicatura quien debe probar que la causa invocada es inexistente o ilegítima. Pero tal argumentación es rechazada también, sistemáticamente, por la jurisprudencia, como lo hizo en el fallo objeto de este comentario".

Hemos resuelto en S.D. N° 4/S.R.E./97, que: "la actitud del concursado dentro del estado cognoscitivo del juicio ejecutivo, sin poder discutir la causa de su obligación, es muy distinta de la que debe asumir el acreedor en el concurso, en el que debe acreditar la causa de su crédito (Conf. S.C.B.A., Acuerdos 071289 del 23/7/91, 072622 del 23/4/92), y que, si el pedido de verificación es un proceso de conocimiento pleno, el acreedor debe probar los extremos de su pretensión, y la verificación no procede si no demuestra la causa de su obligación, esto es, la relación jurídica eficiente que la justifica, y exacto contenido (Conf. S.C.B.A.. Ac. 072361 del 3/12/91, 210239 del 27/8/92). Tampoco la sentencia de ejecución individual, constituye prueba adecuada de la causa del crédito, limitándose a reconocer la sola habilidad ejecutiva del título, extremos que no deben confundirse (Conf. S.C.B.A., Ac. 068078 del 13/9/90, 68041 del 31/7/90, 209612 del 6/8/91)".

Y estas consideraciones previas me permiten abordar el tema central del caso sub examine, el cual se circunscribe en determinar si la insinuante D.G.I.A.F.I.P. ha acompañado los elementos de prueba necesarios o suficientes, para, no solamente acreditar la existencia de la deuda que reclama, sino, y lo que realmente interesa, su causa u origen.

Como lo señalara en oportunidad de emitir mi voto en S.D. Nº 17/S.R.E./01, la revisión de la sentencia de verificación posibilita, discutir en sede contenciosa lo resuelto en la etapa necesaria del trámite de verificación. Tanto el acreedor cuyo pedido fuese declarado inadmisible, como el deudor en el concurso preventivo, podrán reclamar contra la sentencia que los perjudica. Quien promueve el incidente es un verdadero demandante que debe explicar los hechos, ofrecer la prueba y después producirla, bajo el control de la contraparte, un cabal demandado. Deudor y acreedor tienen, impugnando el consejo del síndico que no los satisfaga, la oportunidad de transferir a la etapa de revisión la alegación de razones y la producción de pruebas que convengan a su derecho (Conf., Osvaldo MAFFÍA, "Derecho Concursal", Ed. Depalma, T° I, págs. 415/416).

De la instrumental agregada a estas actuaciones, se advierte una numerosa cantidad de documentos, que no resultan del todo inteligibles, ni fueron explicitados mediante la debida aclaración respecto de su contenido. Si bien el casacionista enumera en su recurso haber acompañado todas las declaraciones juradas que respaldan el origen de los tributos impagos, el minucioso cotejo del legajo confeccionado por el Síndico, no me permite coincidir con tal afirmación. Y, en este punto, no puedo dejar de señalar que es la actora, precisamente, quien se encuentra en mejores condiciones de acreditar los extremos que invoca, ya que si la deuda deviene de saldos de declaraciones impagas, éstas últimas deben encontrarse en su poder, por presentación espontánea del deudor.

Sólo responde a las pretensiones del incidentista la Boleta de Deuda Nº 432/00019/01/2.003, que cuenta con el respaldo de la Declaración Jurada del Impuesto a las Ganancias por la suma de pesos treinta y cuatro mil quinientos setenta y nueve ($ 34.579) y, exclusivamente, por esta suma. Es por ello, que la sentencia recurrida deberá casarse parcialmente, con relación al crédito que, insinuado tempestivamente, fue seguido de la respectiva demostración de su origen.

La restante documentación acompañada contiene una serie de numerales, cálculos, determinaciones de oficio, por cierto confusos, que no fueron vinculados a la deuda puntual que se pretendió verificar y no fue admitida por el Juez aquo. Teniendo en cuenta, asimismo, lo dicho por el Sr. Síndico a fs. 55 vta., los pagos obrantes en las causas judiciales, que fueron iniciadas por el Fisco a través de las respectivas ejecuciones, no fueron considerados por el incidentista. También se efectuó el reclamo de una suma que en concepto de saldo impago, no solo se encontraba cancelado, sino que, además, el formulario de la Declaración Jurada arroja saldo favorable al concursado (fs. 55 vta.).

Las otras boletas de deuda reclamadas, no fueron debidamente aclaradas ni cuentan con el correspondiente respaldo instrumental que permita tener por comprobado su origen, de manera que no procede la revocación del fallo a su respecto.

En cuanto a los intereses que deberán aplicarse a la suma por la cual prosperará el recurso articulado, toda vez que los mismos no fueron cuestionados por el casacionista, corresponde mantenerlos tal como lo ha propuesto el Dr. PASUTTI en su voto, es decir, iguales a los establecidos en Primera Instancia.

El análisis de este Cuerpo se circunscribe a comprobar si ha habido ausencia de razonamiento por parte del órgano jurisdiccional al dictar la sentencia. Indica Mario I. CHICHIZOLA que: "la fundamentación del fallo implica el análisis y la valoración de la prueba incorporada al proceso, para determinar cuáles son los hechos en que se basa la pretensión y la oposición que pueden considerarse probados y cuáles no. En esta etapa el juez ha de actuar como un historiador que trata de reconstruir una imagen del pasado que ha de incidir en la decisión que debe adoptar. Al realizar esta operación no puede dejar de tener en cuenta las pruebas aportadas por las partes.... La etapa siguiente que debe realizar el juzgador en la fundamentación de la sentencia, después de haber establecido cuáles son los hechos que considera probados y cuáles no, es la de determinar la significación jurídica que tienen esos hechos, de acuerdo a las normas jurídicas del derecho vigente, para lo cual deberá escoger las normas que considere aplicables al caso, en las que dará sustento legal a su fallo."("Requisitos constitucionales para una sentencia válida", Ed. 1981D, págs. 1138/1145).

Es allí donde precisamente se halla el déficit de la sentencia de la Alzada, en la omisión de verificar y, en todo caso, ratificar si así lo entendía, la conclusión jurídica a la que arribó el Juez de grado, atendiendo en forma completa, integral, los agravios de la actora, dándole a éstos adecuado tratamiento. Ello no implica exigirle que se hiciera cargo de la totalidad de las alegaciones efectuadas. (C.S., Fallos, 280:320, 308:950, 310:298), sino de aquellas que eran conducentes para la dilucidación de la causa.

Y es en este punto donde la Cámara no podía abstraerse de revisar la documental acompañada en la presentación tempestiva, para tener por probada o no, la causa de los impuestos reclamados como impagos. En la medida que el decisorio en crisis no evaluó, mínimamente, las determinaciones obrantes en las boletas de deuda, incluída aquélla por la cual prospera este recurso, pierde eficacia como acto judicial respecto de los hechos denunciados y acreditados, ignorados en sus considerados.

Es por ello que acuerdo con el Sr. Ministro preopinante, en que debe revocarse parcialmente la sentencia en crisis y declarar admisible, exclusivamente, la deuda de la A.F.I.P.D.G.I. por la suma de pesos treinta y cuatro mil quinientos setenta y nueve ($ 34.579), con privilegio general, más los intereses fijados en la instancia de origen. ASÍ LO VOTO.

A la misma cuestión el Dr. CANEO dijo:

De acuerdo a los votos emitidos por los Dres. PASUTTI y ROYER, los que conforman la voluntad de la Sala Civil del Superior Tribunal de Justicia, no emitiré pronunciamiento según lo dispuesto en el art. 1º del Acuerdo Extraordinario Nº 3.555, en concordancia con los arts. 2º y 3º de la Ley Provincial Nº 5.475 y el Acuerdo Nº 3.202.

A la Segunda Cuestión el Dr. PASUTTI dijo:

1º) Casar parcialmente la Sentencia interlocutoria Nº 04/06 de la Cámara de Apelaciones de Esquel y por lo tanto, confirmar la de Primera Instancia Nº 260/05, en cuanto verifica el crédito resultante de la Boleta de Deuda Nº 432/00019/01/2.003 a favor de la D.G.I. A.F.I.P., con privilegio general (art. 246 de la L.C.Q.), por la suma de pesos treinta y cuatro mil quinientos setenta y nueve ($ 34.579), más los intereses fijados por el Juez de origen. 2º) Adecuar las costas y honorarios por lo actuado en la Cámara y en Primera Instancia (art. 279 del C.P.C.C.) fijando las primeras en un 35% a la concursada y en un 65% a la incidentista (art. 71 del mismo cuerpo legal) por ambas instancias. Se establecen los honorarios de Primera Instancia del Dr. M. S. B., en un 3,44% y del Dr. G. E. S., en un 2,25% sobre el monto del proceso a liquidarse. Los honorarios del abogado del concursado, Dr. G. E. S., por su participación en la Alzada, en un 25% de los que se le estiman por lo actuado en la instancia de origen. 3º) Imponer las costas por lo actuado ante este Cuerpo, en mérito al resultado del recurso, en un 35% al concursado y en un 65% al incidentista (art. 71 del C.P.C.C.). 4°) Regular los estipendios del Dr. C. S. U. en mérito a la calidad y extensión del recurso, en un 25% de los emolumentos que se fijaran a los representantes de la D.G.I.A.F.I.P. en Primera Instancia.

A la misma cuestión el Dr. ROYER dijo:

Según voté la primera cuestión, acuerdo con la solución dada por el Dr. PASUTTI.

A igual cuestión el Dr. CANEO dijo:

Reitero la reserva formulada en el tratamiento de la primera cuestión.

Con lo que se dio por terminado el acto quedando acordado dictar la siguiente:

S E N T E N C I A 1º) CASAR PARCIALMENTE la Sentencia interlocutoria Nº 04/06 de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Esquel, y CONFIRMAR la de Primera Instancia en cuanto verifica el crédito resultante de la Boleta de Deuda Nº 432/00019/01/2.003 a favor de la D.G.I. A.F.I.P., con privilegio general (art. 246 de la L.C.Q.), por la suma de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE ($ 34.579), con más los intereses fijados por el Juzgador en Primera Instancia.

2º) ADECUAR las costas y honorarios por lo actuado en la Cámara y en Primera Instancia (art. 279 del C.P.C.C.), fijando las primeras, en un 35% al concursado y en un 65%, al incidentista (art. 71 del mismo cuerpo legal) por ambas instancias. Se establecen los honorarios de Primera Instancia del Dr. M. S. B., en un 3,44% y del Dr. G. E. S. en un 2,25% sobre el monto del proceso a liquidarse. Los honorarios del abogado del Concursado, Dr. G. E. S., por su participación en la Alzada, en un 25% de los que se fijan por lo actuado en la instancia de origen.

3º) IMPONER las costas por lo actuado ante este Cuerpo, en un 35% al concursado y en un 65% al incidentista (art. 71 del C.P.C.C.).

4°) REGULAR los honorarios del Dr. C. S. U., en un 25% de los emolumentos que se fijaran a los representantes de la D.G.I.A.F.I.P. en Primera Instancia.

5º) REGÍSTRESE, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dres. Daniel Luis Caneo, José Luis Pasutti y Fernando S.L. Royer.

Recibida en Secretaría el 07 de Junio del año 2007.

Registrada bajo el Nº 06 S.R.E.. CONSTE Fdo. Dra. Carmen Velez Secretaria