Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-10-14


SENT Nro. 744 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 14 DE OCTUBRE de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación deducido por la parte actora en autos: "Levin, Pablo Simón vs. Municipalidad de San Miguel de Tucumán s/Expropiación".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Alberto José Brito, Héctor Eduardo Aréa Maidana y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Alberto José Brito, dijo:

I.- Viene a conocimiento y resolución del Tribunal el presente recurso de casación interpuesto por la parte actora, en contra de la sentencia de la Sala IIIa. de la Cámara Civil y Comercial Común, del 01/4/2003, por la cual no se hace lugar al recurso de nulidad incoado por aquélla en contra de la sentencia de fecha 21/5/2002.

II.- El recurrente entiende que el decisorio en crisis presenta caracteres de gravedad institucional en tanto es contradictorio con la doctrina establecida por esta Corte Suprema de Justicia en autos "Rubio, Nélida vs. Filippini, Hugo y otros s/tercería de dominio", sent. del 23/4/92 a tenor de la cual es necesaria la inscripción en el Registro de la Propiedad para que el adquirente de un inmueble pueda oponer su derecho a terceros (arts. 1184 y 2505 CC).

Le agravia el pronunciamiento porque entiende que a pesar de haber demostrado que el fallo de primera instancia falló ultra y extra petita, habiendo hecho expresa mención de su queja en el punto ante el tribunal de alzada, la Cámara elude toda consideración al mismo, violando lo dispuesto en el art. 272 y en el inc. 6 del art. 273 CPCCT. Considera que tal omisión se hizo basada en un error propio: sostuvo equivocadamente que su parte enmarcó exclusivamente el asunto en un pedido de nulidad que a su entender resultaba improponible contra errores de juicio del fallo. Sostiene que es fácil advertir que su parte no pretendió circunscribir esas falencias del fallo de primera instancia en un planteo de nulidad pues dedujo también apelación en relación a estas materias. Destaca las partes de su memorial de donde surgiría esta circunstancia; sostiene que dio a elegir a la Cámara entre declarar la nulidad del fallo de primera instancia o resolver su revocatoria, brindando la alternativa de que se lo trate como recurso de nulidad o como materia de apelación.

Le agravia también la convalidación de la introducción extemporánea de hechos y probanzas propiciados unilateralmente por el órgano jurisdiccional mediante procedimientos que se apartaron totalmente de lo dispuesto por la Ley Ritual con el sustento -falso- de que su parte ha consentido ese errático obrar del juzgado de grado. Que, en efecto, se le imputa a su parte -falsamente, violando los arts. 32, 33, 272 y 273 inc, 3, 4 y 6- que no ha observado la medida para mejor proveer y que no ha impugnado en el memorial de apelación los términos y alcances con que aquella medida fuera dictada, en tanto su parte sí se agravió del sentido con que se analizaron los resultados de la aludida medida, en el fallo de primera instancia. Cita los párrafos del memorial de apelación que entienden son sustento de esa aseveración. Aclara que no opuso oportunamente cuestión a la medida porque las partes no pueden prohibir al juzgador el desenvolvimiento de pruebas y porque nada había en el proveído de fs. 90 vta. que indicara el sentido con el que se adoptaba la decisión pues sólo ordenaba con aparente inocuidad que se trajeran a la vista unos expedientes administrativos y que su parte supo del contenido cuando el fallo estuvo dictado por lo que expuso su queja en relación a ello. Que se violan así los arts. 32 y 33 que obligan al juzgador a fundar sus decisiones en elementos de juicio reunidos en el proceso o a no basarse en elementos fácticos ajenos a las constancias del trámite.

Sostiene que lo expuesto viola, en tanto se está pronunciando y convalidando el pronunciamiento sobre cuestiones y probanzas que no fueron propuestas al inferior, el art. 775 procesal.

Le causa gravamen que so pretexto de buscar la verdad real se convalida un procedimiento anómalo, en favor de la demandada y en contra de su parte, lo que viola el equilibrio e igualdad en el tratamiento a los litigantes afectando su derecho de defensa, de raigambre constitucional y destruye el debido proceso en donde el trámite dispositivo propio de lo civil y comercial se convertiría en abiertamente inquisitivo. Que la misma norma del art. 39 procesal alude a que el juez debe cuidarse de no lesionar el derecho de defensa de las partes ni suplir la negligencia de una de ellas, justamente lo contrario a lo que se hizo en autos.

Por último le agravia la aplicación al caso de los arts. 3270, 3275/3276 puesto que, dice las normas que sí corresponde aplicar por el bien de que se trata es la de los arts. 2505 CC y art. 2 de la ley 17.801 y considera que en el caso, ni el supuesto pago al Sr. Alonso ni el acto de expropiación inversa fueron inscriptos en el Registro Inmobiliario al momento de la adquisición del inmueble por escritura que rola a fs. 1/3. Por ello, entiende que no habiéndolo hecho así, los efectos del acto expropiatorio y sobre todo el pago de la correspondiente indemnización a un propietario anterior que nunca tuvo el cuidado de observar sus propias obligaciones registrales, resulta ser inoponible al adquirente de buena fe y el estado sólo podría esgrimirlo frente al propietario que conoció en su momento de la expropiación y recibió la indemnización correspondiente.

Expresa que el fallo cambia los cargos que pesan sobre los litigantes al eximir a quien ha omitido el registro inmobiliario de las consecuencias que resultan de su negligencia e imponiendo las consecuencias al adquirente de buena fe de un inmueble en relación al cual las constancias del registro nada decían sobre lo que ahora dice que es la verdadera situación del inmueble.

Por último, advierte que uno de los vocales que suscriben el fallo impugnado es el mismo juez que ordenara a fs. 90 vta. la medida para mejor proveer cuya sustentación y trascendencia constituyen la espina del fallo en crisis por lo que implica la nulidad absoluta e inconfirmable del pronunciamiento y gravedad institucional frente a la enorme arbitrariedad del fallo lo que presta andamiaje, dice, al recurso de inconstitucionalidad previsto en el art. 106 de la Carta Magna de la Pcia. y que reúnen los arts. 92 y ss. de la ley 6944.

Propone doctrina legal; hace reserva del caso federal, y solicita se conceda el recurso tentado con costas.

III.- Por auto interlocutorio de fecha 22/5/2003 se concede el recurso tentado, correspondiendo en esta instancia, el análisis de su admisibilidad y procedencia.

IV.- El Tribunal sostiene que la exigencia para el progreso de la acción expropiatoria irregular por parte del sentenciante del plano del inmueble aprobado en debida forma, no puede fundar el recurso de nulidad que se trata. Expresa que, más allá de que el punto no ha sido planteado por la contraparte, se encuentran frente a un condicionamiento que de ser errado puede ser subsanado a través de la apelación que también desarrollaran los accionantes en esa instancia (arg. art. 810 procesal). Que los errores de juicio del fallo no pueden ser atacados a través de ese medio recursivo; que es inadmisible el recurso de nulidad cuando los vicios atribuidos a la sentencia consisten en errores "in iudicando", que de existir pueden ser reparados por medio del recurso de apelación.

Manifiesta que el tema del pago de la indemnización por retranqueo de la línea de edificación municipal al propietario anterior, surge de las actuaciones administrativas requeridas por el juzgado actuante a través de la medida para mejor proveer, sin oposición de los litigantes que, al ser notificados del resultado de la medida no efectuaron objeción alguna, ni propusieron explicaciones, o elementos de juicio tendientes a desvirtuar invalidar, etc. sus términos. De allí que no pueden aseverar que se les ha violado el derecho de defensa en juicio.

Aclara que, de otro lado, los recurrente no impugnan en el memorial los términos y alcances con que fuera dictada la medida para mejor proveer por el juez a quo, sin perjuicio de no haberla observado en la instancia anterior, por lo que no pueden pretender que los antecedentes informativos y documentales que resultan de la misma sean totalmente obviados por el órgano jurisdiccional en ocasión de sentenciar, por el simple hecho de que la defensa de pago no fue articulada en la causa por la municipalidad demandada. Recuerda que la CSJN insiste sobre la necesidad de dar primacía a la verdad jurídica objetiva, por sobre la interpretación de las normas procesales de modo que su esclarecimiento no se vea perturbado por un excesivo rigorismo formal; que se debe evitar que la aplicación literal e indiscriminada del derecho formal conduzca a vulnerar un derecho sustancial y que ello sucedería si el juzgador se desinteresara de la consideración de un medio probatorio que se muestra como decisivo para la solución de la causa. Recuerda también que la facultad de dictar medidas para mejor proveer descansa sobre la necesidad de que la norma individual con que culmina el proceso sea una norma justa; y adecuada a la verdad jurídica objetiva pues es doctrina de la CSJN que la renuncia consciente a la verdad es incompatible con el servicio de justicia al igual que el exceso ritual manifiesto.

Que por lo considerado, así como por las restantes consideraciones vertidas por la Fiscal de Cámara, y siendo que la expropiación es una institución de derecho público y que lo resuelto por el juzgador responde en forma adecuada a los términos de la pretensión de los demandantes y se ajusta plenamente a los medios de prueba legítimamente agregados a la causa, se rechaza el recurso de nulidad promovido al no haberse violentado el principio de congruencia procesal.

En cuanto a la apelación, sostiene que la omisión de acompañar con la demanda un plano del inmueble por parte del expropiado no constituye un impedimento insuperable para la procedencia de la acción si los extremos necesarios para el progreso de la misma han sido fehacientemente acreditados por otros medios de prueba. Que así, el agravio resulta atendible. Sin embargo, entiende la Cámara que, al no discutirse que la Municipalidad demandada, en un trámite administrativo previo ha pagado íntegramente al entonces propietario Luis Alberto Alonso la indemnización por la afectación de parte de su superficie al dominio público (decreto 849 del 31/12/81 y libramiento de igual fecha) el hecho de no haberse inscripto en el Registro de la Propiedad la adquisición del dominio sobre la mentada fracción por el expropiante (art. 42 ley 5006) no importa que los actuales propietarios del inmueble, por esa sola circunstancia, tengan acción para reclamar nuevamente dicho resarcimiento. Que la indemnización previa, presupuesto para la procedencia de la expropiación por causa de utilidad pública de los bienes particulares (art. 17 CN) ha sido abonada a quien en ese momento tenía la propiedad sobre el inmueble afectado por el corrimiento obligatorio de la línea municipal de edificación, por lo que la obligación del municipio ha sido debidamente cumplida en cabeza de quien en esa época era titular dominial de la fracción. Por ell o, considera que el deber constitucional del Estado municipal de pagar la indemnización por expropiación se encuentra extinguido por cumplimiento.

Estima que la referencia que contiene la escritura de venta de Alonso a los actores de que existiría una superficie de terreno sujeto a expropiación por el corrimiento obligatorio de la línea de edificación no se compadece con la materialización anterior de la misma resultante del trámite administrativo de avenimiento expropiatorio comentado. Que aun cuando sea cierto que no se registró la transmisión del dominio sobre la fracción afectada a favor de la demandada, lo relevante es que al no controvertirse que la expropiante ha pagado en forma total a quien legalmente correspondía la indemnización a la que estaba obligada, el propietario originario -o lo siguientes a aquel, dado que no se agregó a este expediente las transmisiones de dominio precedentes- no se encontraba habilitado para transferir un crédito resarcitorio que no tenía al haber sido íntegramente cumplido por su deudor. En ese contexto pondera que la estipulación en examen de la escritura de venta a favor de los actores no es oponible a la demandada (arg. art. 3270 CC).

Concluye no haciendo lugar al recurso de nulidad, manteniendo la sentencia del 21/5/2002, con costas a los apelantes vencidos (arts. 106 y 108 Procesal).

V.- De una confrontación de los términos del memorial casatorio puestos en relación los motivos sentenciales, se advierte que el recurso no puede prosperar.

En efecto, el recurrente se agravia por entender que el pronunciamiento elude toda consideración a la cuestión expuesta expresamente por él referida a que el fallo de primera instancia falló ultra y extra petita, y que tal omisión se hizo basada equivocadamente en que su parte enmarcó exclusivamente el asunto en un pedido de nulidad que a su entender resultaba improponible contra errores de juicio del fallo.

Al respecto, cabe mencionar que la Cámara se ha expedido por la cuestión propuesta por el recurrente, referida a que el juzgador ha fallado extra petita y ultra petita al haber introducido dos cuestiones novedosas que no fueron motivo de debate ni de prueba, a saber: no haber incorporado el plano del inmueble de la litis debidamente aprobado y alegar que el Estado ha abonado la indemnización al entonces propietario del bien señor Luis Alonso (conf. los términos de su memorial (fs. 143/149 de autos). Así, el tribunal ha considerado estos dos motivos, rechazándolos como cuestión que pueda ser analizada vía el recurso de nulidad -conforme con el dictamen de la Fiscal de Cámara-, pero asumiéndolos -en virtud de su carácter de errores "in iudicando"- al tratar de la apelación. De allí que no se advierta una omisión sentencial capaz de hacer nula la sentencia recurrida en tanto los agravios del recurrente han sido -por una u otra vía- objeto de debido análisis, consideración y solución. Máxime cuando el mismo recurrente menciona que dio a elegir a la Cámara entre declarar la nulidad del fallo de primera instancia o res olver su revocatoria, brindando la alternativa de que se lo trate como recurso de nulidad o como materia de apelación, por lo que no puede causarle gravamen en esta instancia extraordinaria cuando de la mera lectura del fallo impugnado emerge el tratamiento expreso de estas cuestiones. Si bien la Cámara no ha expresado con claridad prístina que no advierte el vicio de haber fallado extra o ultra petita, sí expresa, en cambio que "lo resuelto por el juzgador responde en forma adecuada a los términos de la pretensión de los demandantes y se ajusta plenamente a los medios de prueba legítimamente agregados a esta causa" (sic fs. 168 primer párrafo) con lo que no hace sino resolver sobre el punto. A su vez, ello surge también implícitamente de sus propios considerandos al estimar que el agravio en ese aspecto plantea errores "in iudicando" que pueden ser resueltas por la vía impugnativa de la apelación; y no se advierte yerro en la interpretación sentencial en este aspecto, toda vez que el mismo recurrente, al exp oner los motivos por los que considera que el juez a quo falló en forma extra o ultra petita refiere a cuestiones que, en forma evidente, se relacionan con el thema decidendum, más allá de que ellas puedan haber violado -como lo alega- su derecho de defensa, igualdad de las partes en juicio o el debido proceso.

Ahora bien, sobre estos últimos motivos de gravamen se expide el tribunal de alzada entendiendo, en primer lugar, que no hubo tal violación al derecho de defensa en juicio. Y ello porque, dice, tanto al dictarse la medida para mejor proveer, como cuando se notifica del resultado de la misma, las partes no opusieron objeción alguna -a pesar de habérseles dado oportunidad para ello-. Y en esto también asiste razón a la sentencia toda vez que, de las constancias de autos surge que se hubo notificado de la medida para mejor proveer (ver cédula de fs. 91). Luego, habiéndose cumplido la misma, el propio actor solicita se dicte sentencia como está pedido (conforme escritos que glosan a fs. 95 y 98). A fs. 100 acompaña copia simple del oficio debidamente diligenciado y solicita nuevamente se dicte sentencia. Lo mismo a fs. 101. A fs. 103 solicita se libre nuevo oficio y a fs. 105 acompaña su copia diligenciada. Puesto a conocimiento de la actora el informe solicitado, ésta sólo se limita a pedir se llamen los autos para sentencia (conf. fs. 130). Todo ello demuestra que el tribunal a quo no ha errado en considerar que el actor ha tenido oportunidad para observar, tanto la medida para mejor proveer como su resultado, no habiéndolo hecho así por lo que no puede admitirse su afirmación de que no ha consentido ese "errático" obrar del juzgado de grado.

Por otra parte, no se diga -como lo hace el recurrente- que no opuso oportunamente cuestión a la medida porque "nada había en el proveído de fs. 90 vta. que indicara el sentido con el que se adoptaba la decisión" puesto que sólo ordenaba con aparente inocuidad que se trajeran a la vista unos expedientes administrativos y que su parte supo del contenido cuando el fallo estuvo dictado por lo que expuso su queja en relación a ello, toda vez que la cuestión referida a los expedientes administrativos solicitados y su contenido, ya era conocida suficientemente por el actor en tanto la Comisión de Tasaciones informa (ver fs. 45/57) de la existencia de los mismos ha raíz del pago que se habría efectuado por parte de la Municipalidad al anterior propietario del inmueble, con lo cual, el motivo de la solicitud del decreto de fs. 90 podía ser del todo prevista por éste. Tanto más cuando se notifica del resultado de la misma y no se opone a ella.

Por lo expuesto, el procedimiento, dentro de las facultades conferidas por la ley procesal a los jueces (art. 39) no ha sido anómalo ni ha violado el equilibrio e igualdad en el tratamiento a los litigantes afectando su derecho de defensa.

En cuanto al agravio referido a que no se aplican al caso los arts. 3270, 3275/3276 puesto que las normas que sí correspondían aplicar por el carácter inmueble del bien eran las de los arts. 2505 CC y art. 2 de la ley 17.801, tampoco puede admitirse, ni que se haya violado la doctrina legal de esta Corte Suprema del caso que cita atento a la evidente ajenidad de la misma respecto de este proceso.

Nótese que el demandante no está cuestionando el dominio sobre la fracción expropiada (en cuyo caso la registración previa, en general y en principio, es un requisito indispensable para la oponibilidad a terceros -siendo éstos quienes puedan invocar un interés legítimo en que no se les oponga la titularidad de un derecho real que no pudieron conocer por falta de publicidad registral, con tal que además sean de buena fe- siendo de aplicación los arts. 2505 CC y 2 de la ley 17.801) sino que está solicitando la indemnización prevista en el art. 17 CN que ya ha sido pagada a quien ha sido propietario del inmueble al tiempo de la expropiación. De allí que, considerándose extinguida la obligación de pagar la indemnización derivada de la expropiación por cumplimiento cabal de la misma, no pueden alegarse inoponibilidades ni aplicaciones de normas que se refieren a derechos reales, ni inaplicaciones de normas claramente aplicables al caso (arts. 3270/3275/3276 CC).

Por último, la intervención de uno de los vocales de Cámara en una determinada etapa del proceso, mediante la firma de decretos y sin que haya emitido opinión a través de la sentencia que decide el caso (sin que haya "emitido resolución como Juez sobre la cuestión que se le somete a decisión", conforme el inc. 8° del Art. 16 procesal) no constituye causal de nulidad del fallo recurrido por vicios en la constitución del tribunal. Más allá de que el recurrente no opuso tal objeción como causal de recusación en su debida oportunidad, cabe expresar que la intervención como Juez en el proceso, no obsta a la posterior intervención como camarista, si en aquel primer cometido no emitió opinión (conf. Fassi "Código Procesal Civil y Comercial comentado T. I, p. 48 citando jurisprudencia). La intervención del magistrado ejerciendo facultades legales no puede ser calificada como prejuzgamiento. Es necesario además, que del contenido del acto resulte la exteriorización de su opinión sobre el fondo del asunto, que permita inferir la dirección lógica que tendrá el resultado de la controversia. Por prejuzgamiento ha de entenderse la emisión de opinión o dictamen preciso y fundado sobre el o los puntos concretos que deben ser materia de decisión, ya sea fuera de los autos o con relación a los mismos, o bien en el expediente antes de la oportunidad fijada por la ley para pronunciarse. Se refiere al aporte subjetivo del magistrado, consistente en emitir opinión o juicio que haga entrever la decisión final que ha de tener la causa, formulado intempestivamente (cfr. Morello-Sosa-Berizonce, Códigos Procesales en lo Civil y Comercial, T. II, pág. 468 y sus citas). Por ello, se ha dicho que la excusación es improcedente, cuando el juicio emitido ha sido indispensable en el momento que se ha expresado, y siempre que se haya mantenido dentro de los estrictos límites del aspecto o portunamente considerado y valorado. El simple empleo de facultades jurisdiccionales afirmativas no configura prejuzgamiento (Colombo, Código Procesal, v. 144/145). Así, el mero uso de las facultades conferidas por el art. 39 procesal de la LOPJ, sin exposición de otros fundamentos, en principio es insuficiente para configurar preopinión, con el alcance de causal eficaz para separar del pleito a un vocal de este Tribunal. Máxime teniendo en cuenta que las causales de excusación, como las de recusación, son taxativas y de interpretación estricta.

Por todas las razones expuestas, no resulta válido intentar un nuevo remedio -el recurso de inconstitucionalidad- cuando no concurren en el caso -ni se ha demostrado siquiera mínimamente- los requisitos de admisibilidad -tanto menos de procedencia- del remedio tentado, conforme lo regulan los arts. 91, 92 y 93 del CPC.

VI.- Las costas del recurso se imponen al recurrente vencido (art. 106 procesal).

Los señores vocales doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la parte actora, en contra de la sentencia de la Sala IIIa. de la Cámara Civil y Comercial Común, del 01/4/2003, conforme a lo considerado, con pérdida del depósito.

II.- COSTAS como se consideran.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.- ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA ANTE MI:

MARIA C. RACEDO ARAGON DE LUNA BEF