Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2003-12-12


Libro de acuerdos Nº 46 Fº 1441/1447 Nº 588 . En la ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, República Argentina, a los doce días del mes de diciembre del año dos mil tres, reunidos en la Sala de acuerdos los señores jueces del Superior Tribunal de Justicia doctores Héctor Eduardo Tizón, José Manuel del Campo, Sergio Eduardo Valdecantos, Héctor Fernando Arnedo y el Sr. Vocal de la Sala Ii de la Cámara en lo Civil y Comercial, Dr. Jorge Daniel Alsina, habilitado a los efectos de integrar el Cuerpo en razón de las constancias de la causa, bajo la presidencia del primero de los nombrados, vieron el Expte. Nº 1869/03, caratulado: "Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en Expte. 6816/03 (Sala II Cámara de Apelaciones Civil y Comercial) Ejecución Hipotecaria: Puglisi Vaqué, Rosa Inés del Carmen y Fraga, Roberto Luis c/ López, Mario Joel y López, Mario".

El Dr. Tizón, dijo:

La demanda que en la causa principal promovieran Rosa Inés del Carmen Puglisi Vaqué y Roberto Luis Fraga en contra de Mario Joel López y Mario López, tuvo por objeto la ejecución del saldo que aquellos denunciaron como adeudado por éstos a raíz del incumplimiento con el contrato de mutuo con garantía hipotecaria que los vinculaba. Reclamaron, en definitiva, el pago de la suma de u$s 16.320,00, menos la que habían recibido a cuenta ($ 3.140,00 según se especifica a fojas 53 vuelta) más los intereses compensatorios pactados en u$s 180,00 mensuales y los punitorios equivalentes al 0,25% diarios.

Al dictar sentencia, la Señora Juez de Primera Instancia rechazó las excepciones de nulidad y de pago parcial que habían articulado los demandados, al igual que el cuestionamiento de los intereses pactados y mandó llevar adelante la ejecución "hasta hacerse los acreedores íntegro pago de la suma que resulte de la planilla general de liquidación que se manda practicar a la actora en la que se deberá deducir los montos abonados, aplicándose al saldo que se ejecuta y a los pagos reconocidos, el interés convenido en la cláusula tercera, como compensatorios con más el 50% de ellos por punitorios, desde la fecha de la mora y hasta el efectivo pago". La aclaratoria que respecto a esa sentencia solicitara la demandada para que se especifique si la ejecución procedía en la moneda pactada (dólar estadounidense) o si debía la deuda convertirse a pesos por aplicación de las nuevas disposiciones dictadas a partir de la derogación de régimen de convertibilidad de la moneda, fue desestimada por el a-quo por entender que no había concepto para aclarar, omisión que suplir ni error por corregir (fojas 137).

Promovieron entonces los ejecutados recurso de apelación, volviendo sobre sus argumentos acerca del carácter abusivo de las condiciones contractuales insertas en el contrato y la omisión del Juzgador en aplicar al caso las disposiciones de la ley 25.561 y decreto nacional 214/02.

El recurso fue contestado a fojas 148/149 y resuelto en sentido adverso a su progreso. Estimó al efecto el Tribunal de Alzada que su promotor no había cumplido con los requisitos previstos en el artículo 226 del Código Procesal Civil, que su presentación no trasuntaba un análisis razonado de la sentencia atacada ni demostrado que era contraria a derecho y que no correspondía a la Cámara expedirse respecto a la pesificación de las deudas contraídas en moneda extranjera, porque esa cuestión no había sido planteada en la anterior instancia ni sometida a decisión del inferior, lo que, en todo caso, podía ser materia de tratamiento al tiempo de practicar la planilla de liquidación.

En contra de ese pronunciamiento, promovió el afectado -representado por el Dr. Gastón Javier Baigorria- el recurso de inconstitucionalidad aquí en estudio. Se agravia primero por la falta de tratamiento por el a-quo de las cuestiones expresamente sometidas a su decisión, en particular, las nulidades que a su entender invalidan el contrato por contener cláusulas abusivas y la omisión en aplicar las disposiciones relacionadas a la pesificación de las deudas originalmente fijadas en dólares estadounidenses. Respecto a esto último, dice que el fallo es reprochable porque repele el tratamiento de la cuestión so pretexto de no haber sido planteada en la primera instancia, sin contemplar que tales normas se dictaron con posterioridad a la traba de la litis y que, habiéndose modificado el ordenamiento normativo en el transcurso de este proceso, debió el sentenciante ponderar esa circunstancia al dictar sentencia. Tal omisión traduce -a su entender- un apartamiento del derecho positivo vigente que descalifica el fallo por arbitrario.

El recurso fue contestado por la Dra. Mercedes Natalia Pfister quien solicita su rechazo, con costas. Expresa entre sus fundamentos que el carácter extraordinario de la presente vía, obsta a su procedencia, que el remedio no se encuentra debidamente fundado ni se introdujo a tiempo la cuestión constitucional, que la sentencia recurrida -por tratarse de la dictada en juicio ejecutivo- no es definitiva porque no reviste el carácter de cosa juzgada en sentido material, resultando, por tanto, insusceptible de la revisión pretendida por su contraria. Más adelante señala que aquello que la recurrente invoca como agravios no son tales y que la pretensión de revisión de la causa de la obligación, en el trámite del juicio ejecutivo entablado para su cumplimiento, resulta contraria a derecho. Agrega que, de todos modos, la Jueza de Primera Instancia ha ponderado la validez del contrato causa de la obligación y las previsiones que formularan las partes respecto a los intereses allí pactados sin encontrar elemento que justifique la nulidad pretendida. Tampoco resulta agravio atendible -dice- la falta de aplicación al sub-lite de las normas dictadas a partir de la derogación del régimen de convertibilidad de la moneda, pues tal abstención de la Cámara se justifica en tanto no fue materia sometida a decisión del a-quo. Sin perjuicio de ello, aclara que las normas cuya aplicación pretende el recurrente no están llamadas a resolver este conflicto porque, tratándose de obligación en mora, no le es aplicable la previsión del artículo 8 del decreto 214/02.

Una vez integrado el Tribunal, los autos fueron sometidos a dictamen de la Señora Fiscal General adjunta, quien se expidió propiciando el rechazo del recurso articulado. Estimó para ello que la sentencia no es definitiva ni equiparable a tal, por lo que resulta irrevisable en esta instancia, que el recurso articulado no contiene impugnaciones concretas y que, de todos modos, tratándose la ejecutada de obligación en mora, no está comprendida en la previsión del artículo 8 del decreto 214 que invoca en su favor el deudor.

Así los antecedentes de esta causa, firme a la fecha el llamado de los autos para sentencia, corresponde, sin más, expedirnos.

A modo de reseña diré que son tres las cuestiones sometidas aquí a nuestra decisión: 1) la recurribilidad de la sentencia aún tratándose de la dictada en juicio ejecutivo, 2) la posibilidad de anular, en el marco de un proceso ejecutivo, las cláusulas abusivas que denuncian los demandados y 3) la aplicabilidad al sub-lite de las disposiciones de la ley 25.561, decreto 214/00 y normas complementarias, en su caso, con qué alcance.

Respecto a la primera cuestión, esto es, la posibilidad de cuestionar por vía de recursos -incluso el extraordinario- sentencias dictadas en juicios ejecutivos, este Superior Tribunal de Justicia tiene sentado criterio por su admisión, aún cuando se le atribuya el alcance de la cosa juzgada formal y no material, siempre que la manda de llevar adelante la ejecución y de realizar los bienes del deudor pueda importar para éste un perjuicio no susceptible de oportuna y justa reparación. Al respecto hemos dicho: "La sentencia que recaiga en el juicio ejecutivo puede habilitar la vía del recurso extraordinario cuando genere un gravamen de imposible o insuficiente reparación y sólo como supuesto de excepción". (L.A. 38, FS. 2124/2125, Nº 865). Tal es, sin duda, el caso de autos, en el que la ejecución de la sentencia cuestionada, con la posible subasta del bien inmueble hipotecado, no encontrará justa ni oportuna reparación si para ello debe esperar el deudor las resultas del futuro jucio ordinario de repetición.

En cuanto al segundo tema de análisis, estimo ajustado a derecho el fallo en tanto rechaza la excepción de nulidad articulada, porque sin duda tal defensa no aludía a vicios del procedimiento -únicas posibles de ser articuladas por la vía elegida- y debió, en todo caso, ser motivo de oportuno planteo por los carriles procesales pertinentes. Ello sin perjuicio de lo que más adelante pondero y propongo para arribar a una solución que refleje el principio de distribución equitativa de los perjuicios que ocasionan, tanto a deudores como a acreedores, las disposiciones de emergencia y de modificación del régimen cambiario que sufrió la economía argentina a partir de enero de 2002.

Con esto último anticipo opinión respecto al temperamento que considero debemos adoptar para resolver la tercera y última cuestión que he apuntado, esto es: la aplicación al sub-lite de la pesificación dispuesta por ley 25.561 y los decretos 214/02 y 320/02 que siguieron a su dictado.

Al respecto, estimo que, tal como fuera librado, el mandamiento de ejecución no lleva a las partes solución al conflicto, porque no expresa el monto de la ejecución, la moneda en que debe ser expresado, ni la ecuación económica a aplicar para determinar el saldo debido, teniendo en cuenta que la obligación fue pactada en dólares y existen pagos a cuenta efectivizados en pesos.

La Cámara sentenciante consideró que el debate aún se encuentra abierto y, en todo caso, diferido para cuando el acreedor presente la planilla de liquidación que mandó practicar el a-quo, pero resulta que tampoco se fijaron pautas para hacer esos cálculos ni se decidió si se pesificaría el monto debido y se aplicarían al sub-lite las disposiciones que conforman el nuevo orden normativo vigente en la República a partir de enero de 2002 y, en su caso, cómo y cuáles. Ello importa dejar a las partes en la incertidumbre acerca del efecto mismo de la sentencia, que, como tal, debe bastarse para poner fin a la contienda y no diferir soluciones para la etapa propia de su ejecución.

Es que, a mi criterio, es deber de los jueces aplicar de oficio la pesificación, lo que resulta insoslayable habida cuenta del desastre generalizado que provocó tanto la convertibilidad como la salida de ella y la necesidad de fijar el marco normativo aplicable al caso, por el principio "iura novit curia". Comparto en esto el criterio adoptado por la mayoría en las conclusiones a las que se arribara en las XIX Jornadas Nacionales de Derecho Civil llevadas a cabo en la ciudad de Rosario en setiembre de 2003.

Han expresado los acreedores al contestar el recurso en análisis, que tales normas no resultan aplicables al caso por tratarse de deudores incursos en mora a la fecha de entrada en vigencia del nuevo régimen cambiario, argumento que recepta en su dictamen el Ministerio Público. La doctrina no es unívoca para casos como el que nos ocupa. Tampoco la jurisprudencia, registrándose precedentes por la no pesificación de deudas en situación de mora a la fecha de entrada en vigencia de la ley 25.561 (Salas B, G y E de la Cámara Nacional Civil y Sala I en lo Civil y Comercial de San Isidro, entre otros) y en sentido contrario (sala D, F y H de ese Tribunal y la Sala II de la Cámara Civil y Comercial de San Isidro, entre otros).

Traigo nuevamente a colación las últimas Jornadas de Derecho Civil, en las que, también por mayoría, se concluyó en sentido favorable a la pesificación aún tratándose de obligaciones en mora a enero de 2002. Se dijo al respecto que "el deudor moroso puede pesificar en razón del análisis integral de las normas de emergencia pública, destacándose que en ese caso adeuda conforme al artículo 508 del Código Civil los daños moratorios, en razón de que las consecuencias mediatas imprevisibles no le son atribuibles.".

Este es el criterio que comparto. Primero porque el artículo 1º del decreto 214/02 no establece diferencias, y sabido es que cuando la ley no distingue, no debe hacerlo el intérprete. Segundo, porque la directiva del artículo 508 del Código Civil, así como el fin resarcitorio que pesa sobre el deudor moroso, lo ponen en obligación de reparar los daños que su omisión ha ocasionado, pero no aquellos que tienen como causa hechos que ninguna de las partes tuvo posibilidad de prever ni evitar. No por evidente puedo dejar de destacar que al tiempo de la contratación, la convertibilidad de la moneda a razón de un peso por un dólar estaba impuesta por ley y garantizada por el Estado Nacional (ley 23.928), al igual que la intangibilidad de los depósitos (ley 25.466).

De tal modo, los perjuicios que ocasiona la destrucción de las condiciones del negocio jurídico pactado por las partes y que tienen como causa directa el cambio normativo impuesto a partir de enero de 2002 y la salida del régimen de convertibilidad, no deben ser soportados sólo por el deudor, porque esto rompe la justicia conmutativa del caso concreto tanto como el criterio de equidad, principios cardinales del derecho de los que no puede prescindirse con la excusa de que se trata de obligación en situación de mora. El derecho constitucional de propiedad ampara no sólo el patrimonio de acreedores, sino también el de deudores, se encuentren o no en mora.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación viene trazando desde los primeros fallos relacionados al "derecho de la emergencia", pautas orientadoras para el tratamiento de los negocios jurídicos que -como el que aquí se analiza- fueron alcanzados por el impacto de medidas de ajuste y cambios en la política económica con fuerza suficiente para provocar alteraciones sustanciales en las condiciones pactadas y en las circunstancias tenidas en cuenta por las partes al contratar. Tales directivas fueron reiteradas en el caso "San Luis" aunque -como bien lo ha destacado la misma Corte en el considerando Nº 21- la solución llevada a ese caso en modo alguno resulta traspolable a otros supuestos.

Señaló en ese y en varios otros pronunciamientos el Máximo Tribunal, que los jueces no pueden desentenderse de las consecuencias de sus fallos, porque sólo ponderándolas y sometiéndolas al juicio de razonabilidad del que jamás puede prescindirse, es posible determinar si la decisión lleva justicia al caso concreto y se corresponde con el contexto general en el que está inmerso, según las circunstancias económicas, políticas y sociales que circundan el caso, condicionándolo, circunstancias éstas cuya valoración no puede omitirse porque también ellas forman parte del "caso" a la hora de fijar las condiciones fácticas sometidos a juicio. El derecho debe seguir a los hechos, y no a la inversa.

Dijo también el Máximo Tribunal que quienes se encuentren involucrados en las relaciones jurídicas alcanzadas por los efectos de la grave emergencia nacional "deberán contribuir con un aporte parcial a la superación de la crisis, sin que pueda considerarse a sector alguno inmune a tales alteraciones, pero sin olvidar, a la vez, que todos merecen igual protección constitucional". (considerando 44).

No resulta entonces, ajustado a derecho, que todo el peso de las consecuencias descriptas, sea soportado por el deudor, con el sólo argumento de su condición de moroso, como si fuera el único culpable de los vaivenes y simbronazos de la economía y los efectos desbastadores del cambio de las políticas cambiarias.

Y eso es, precisamente, lo que ha venido a receptar la recientemente sancionada ley 25.820 con la modificación impuesta al artículo 11 de la ley 25.561, en tanto incluye -ahora expresamente- en su ámbito de aplicación, a todas las obligaciones de dar sumas de dinero existentes al 6 de enero de 2002, se encuentren o no en situación de mora. Aún cuando sus disposiciones recién entraron en vigencia al tiempo de la redacción de este voto (de modo que ni las partes ni los jueces de grado tuvieron posibilidad de invocarla o aplicarla), es pertinente para la resolución del sub-lite en tanto regula situaciones existentes al tiempo de su sanción, con la sola excepción de aquellas ya resueltas por acuerdos privados o sentencias judiciales. En este último caso, siempre que -aún cuando la ley no lo especifica- se encuentren firmes a la fecha de entrada en vigencia de la norma.

Pero por la misma razón apuntada líneas arriba, y desde el otro ángulo, es evidente que tampoco resulta justo ni equitativo que el acreedor reciba su contraprestación en moneda envilecida y termine por ser él la única víctima de esas consecuencias. De tal modo, y para evitarlo, es ineludible aplicar al caso una solución que imponga una distribución equitativa de esos perjuicios, a partir del principio del esfuerzo compartido que contempla el artículo 11 de la ley 25.561.

A tal efecto, para este caso opino que, además de pesificarse, deberán reformularse los montos adeudados en concepto de capital, intereses moratorios y punitorios en términos de equidad, a partir de una ecuación que compense la asimetría en la que quedaron colocadas las prestaciones pactadas a causa de las aludidas medidas, procurando armonizar, de la mejor manera posible, los intereses y derechos de las partes en conflicto.

Tal cuestión no debe ser materia de resolución en esta última y extraordinaria instancia, porque ello dejaría a las partes sin posibilidades de eventuales recursos. A tal fin, deberán lo autos volver al Juzgado de origen para que la Señora Magistrada que entiende en la causa se expida al respecto.

Las costas devengadas por la actuación profesional de la primera instancia, deberán ser soportadas por la parte demandada que resulta vencida, por aplicación del principio sentado en el artículo 102 del Código Procesal Civil, confirmándose entonces lo resuelto en el apartado III de la sentencia dictada por la // Cde. a Expte. Nº 1869/03, caratulado: "Recurso de Inconstitucionalidad... Ejecución Hipotecaria: Puglisi Vaqué, Rosa Inés del Carmen y Fraga, Roberto Luis c/ López, Mario Joel y López, Mario".

/// Señora Jueza de Primera Instancia. En cambio, para las devengadas en la alzada y en esta extraordinaria instancia, propongo apartarnos de ese principio y establecerlas por el orden causado. Ello por cuanto, la planteada, es cuestión novedosa y polémica, regulada por una importante cantidad de disposiciones que en poco tiempo ha modificado sustancialmente el ordenamiento jurídico, dejando a los justiciables en franca incertidumbre y enfrentando a la más acreditada doctrina y a la jurisprudencia, en opiniones antagónicas.

Los regulación de los honorarios profesionales deberá diferirse para cuando sea posible su determinación.

Los doctores del Campo, Valdecantos, Arnedo y Alsina, adhieren al voto que antecede.

Por lo expuesto, el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy, Resuelve:

1. Hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad promovido por el Dr. Gastón Javier Baigorria y, en su mérito, revocar la sentencia dictada por la Sala II de la Cámara de Apelaciones el 22 de mayo de 2003.

2. Revocar lo resuelto en el apartado II de la sentencia dictada por la Señora Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial en la sentencia del 2 de diciembre de 2002 y confirmar lo dispuesto en sus apartados I y III.

3. Remitir los autos a la Sala II de la Cámara de Apelaciones la que deberá enviarlos al Juzgado de Primera Instancia Nº 6, Secretaría Nº 12, para que la Señora Magistrada actuante, dicte nuevo pronunciamiento conforme a las pautas dadas en los considerandos del presente.

4. Imponer las costas generadas en la Alzada y en esta instancia por el orden causado difiriendo la regulación de los honorarios profesionales.

5. Registrar, agregar copia en autos y notificar por cédula.