Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2006-07-13


SENTENCIA DEFINITIVA NUMERO: 23 San Fernando del Valle de Catamarca,13de Julio de 2.006.- Y VISTOS:

Estos autos Corte No 40/05 "GOMEZ, Raúl Randolfo c/ Municipalidad de la Capital - Acción de Plena Jurisdicción",en los que a fs. 131 tiene lugar la Audiencia que prescribe el Art. 39 de la Ley No 2403, obrando a fs. 131 vta. el llamado de autos para sentencia.- En este estado, el Tribunal se plantea la siguiente cuestión a resolver: ¿Es procedente la Acción de Plena Jurisdicción deducida?. En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde?.- Practicado el sorteo, conforme el acta obrante a fs. 132 vta., dio el siguiente orden de votación: Ministros Dres. CESAR ERNESTO OVIEDO, JOSE RICARDO CACERES y AMELIA DEL VALLE SESTO DE LEIVA.- A LA CUESTION PLANTEADA, el Dr. Oviedo dijo:

Que, mediante apoderado, Raúl Randolfo Gómez inicia acción contencioso administrativa en contra de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca en reclamo de su reincorporación y cobro de los importes que resulten equivalentes al 30% de su remuneración desde su renuncia condicionada hasta la fecha en la que se produzca su reincorporación al habérsele denegado el beneficio jubilatorio, mas los intereses devengados hasta hacerse efectivo el pago.- En relación a los hechos expresa, que se desempeñó como agente municipal contratado, categoría 02, función inspector, dependiente de la Dirección de Inspección General a partir del 01/10 /94; el 28/07/95 inició el trámite para su retiro voluntario y, con motivo de ello, presentó la renuncia condicionada la que fue aceptada el 31/07/95.

Que luego el ANSES rechazó el beneficio por falta de edad y años de servicios con aportes con fecha 9/11/98, la que fue recurrida el 04/12/98, y luego de un pronto despacho le rechazaron el recurso notificándolo con fecha 04/6 /01. Con motivo de ello solicitó la reincorporación a la Comuna con fecha 06/6/01 y con fecha 23/08/01 inicia el reclamo del pago del 30 % sin respuestas favorables.- Cita antecedentes donde este Tribunal reconoció el reintegro del 30% y otros donde el municipio directamente se allana a la demanda de pago ante similares situaciones fáctico-jurídicas.- Que luego el Ejecutivo Provincial dicta Decreto No 655 con fecha 18/7/01 reconociendo directamente el pago del 30% a los agentes que se las ha denegado el beneficio previsional por causa no imputables a los mismos.- Que por medio de los periódicos locales se anunció el pago del porcentual y la forma en que se llevaría a cabo; al quedar en la nada la medida se vio obligado al reclamar formalmente la reincorporación y el cobro de pesos, siendo rechazadas ambas pretensiones por el Intendente mediante Decreto No 106/05, el que le fue notificado con fecha 15/3/05,presentando demanda con fecha 04 de abril de 2005.- Ofrece prueba informativa, instrumental y documental.- Funda su pretensión en el Decreto Acuerdo Provincial No 1126/95, Arts. 1, 5, 7 y conc. de la Ley 2.403, y Art. 204de la C.Prov.

Que, previa vista al Sr. Procurador General de la Corte, este Tribunal declara la jurisdicción y competencia para entender en la presente causa.- Que a fs. 58/61 contesta demanda la Municipalidad, negando que al actor corresponda reincorporar y pagar el 30% reclamado. Que no fue obligado a renunciar y acogerse al retiro voluntario por que no cumplía con los requisitos del Art. 1 del Decreto Acdo. 1126/95, ante la falta de edad y años de servicios.

Igualmente niega que los antecedentes citados de administrados incorporados y precedentes judiciales reconociendo el pago del 30% tengan aplicación al caso.

Que ello así en razón de que el actor ingresó al municipio contratado en octubre de 1994 por un mes, prorrogado luego por un período no superior a los tres meses hasta que, al poco tiempo -30 de julio de 1995-, renuncia e inicia trámite de jubilación al cual no estaba obligado por no reunir las condiciones de edad y años de servicios.

El 09 de noviembre de 1998 el ANSES no le hace lugar al beneficio jubilatorio, situación que no comunicó al municipio; presentó reconsideración en diciembre de 1998, intentando solo dilatar el proceso, pues la resolución era inapelable; el ANSES le rechaza en mayo de 2001 y solicitó reincorporación en junio, continuando percibiendo el 70% hasta julio de 2002.- Que en los casos citados en apoyo de su pretensión los interesados comunicaron inmediatamente el rechazo del ANSES y no seis años después de su renuncia. Que a su vez los mismos eran empleados con numerosos años de servicio prestados y no nueve meses como el actor.

Que el reintegro del 30% que dispone el Decreto Acuerdo era para proteger a los empleados que corrían el riesgo del rechazo por parte del ANSES, pero para el actor era evidente que el beneficio jubilatorio no iba a prosperar, encuadrando su proceder en una conducta típica de abuso del derecho.- Ofrece pruebas documental y hace reserva del caso federal.- Abierta la causa a prueba, a su término, las partes alegan sobre el mérito de la causa, se llama autos para resolver y firme el proveído se realiza acto de sorteo asignándome la habilitación del Acuerdo.- Es así que emprendo el estudio de los actuado motivo de convocatoria por la revisión del agotamiento de la vía administrativa ya que, conforme ha sido siempre mi criterio, no se puede prescindir de ello a los fines de la habilitación de esta instancia.- En tal sentido observo que, habiendo sido notificado el actor de la resolución municipal emanada del Sr. Intendente -autoridad de última instancia-, con fecha 15/3/05 e interpuesta la acción con fecha 04/4/05 concluyo que la vía se encuentra debidamente agotada y la demanda presentada en término habilitando la jurisdicción y competencia de este Tribunal para entender en la presente causa.- Que entrando a analizar la cuestión de fondo voy a permitirme precisar que el reclamo del porcentual del 30%, si bien tuvo acogida favorable judicialmente, fue por mayoría con la disidencia del suscrito radicada en cuestiones formales, por las que siempre consideré que impedía tratar lo sustancial del planteamiento.- Correspondiendo ahora emitir mi opinión al respecto y mas allá que, salvado el escollo formal en los casos anteriores, mi voto hubiera sido en igual sentido que mis pares que conformaron la mayoría, no obstante en lo que al particular atañe desde ya doy mi voto en dirección negativa a lo pretendido por el actor.- Mi razonamiento parte en que según observo el accionante funda su reclamo en disposiciones legales, en antecedentes municipales y precedentes judiciales que nada tienen de semejanza con su situación.- Que ello así, puesto que Raúl Randolfo Gómez se embarca en el trámite previsional a fin de obtener su jubilación sin encontrarse en las condiciones que las reglamentaciones han previsto para que el derecho subjetivo supuestamente vulnerado exista.

Que, en tal sentido, de lo actuado surge que con 46 años de edad, cuando se requería 55 años, y con nueve meses de servicio en la municipalidad accionada renuncia, afirmando que el rechazo del beneficio se debió a que no pudo acreditar los años de aportes y servicios prestados en otros municipios y no por los años de edad.- Que, a su vez, la resolución emanada del ANSES que no le hace lugar al beneficio, y luego el recurso de reconsideración expresa que no se logró probar los años de servicio prestados en la municipalidad de Valle Viejo por el período de 10/01/77 al 10/11/79, se dispone radicar denuncia ante la posible comisión de delito y le rechaza por no reunir los extremos legales previstos en el Art. 76 de la Ley 4094.- Que, ante ello, entiendo que no existe derecho subjetivo vulnerado, por cuanto al no poseer notoriamente las exigencias requeridas por el Decreto 1126/95, las garantías de reintegro del 30% y reincorporación directamente condicionadas a la existencia de estos presupuestos, no puede en el caso sub examen tener acogida favorable.- Que, en efecto, el actor no pudo considerarse forzado a iniciar el trámite o llegar a pensar que el municipio iba a declarar el cese de su actividad por este motivo, dado que sólo contaba con nueve meses de antigüedad y el carácter obligatorio regía para los que tuvieran en condiciones establecidas en la norma específica.

Que, a su vez, tampoco pudo aventurar que su solicitud de jubilación tendría resultado positivo, en tanto, en la situación exteriorizada por el accionante, el rechazo era un hecho y no un riesgo, toda vez que sin esfuerzo se observa que no es que le faltaba alguno de los presupuestos para acceder al beneficio previsional y que con las operaciones de compensación de servicios por años de edad o la obligación de la Provincia de cubrir los aportes faltantes podía lograr el objetivo, sino que no tenía ninguno que le generara esta expectativa.- Que tampoco observo que su situación sea similar a la de otros administrados que tuvieron eco favorable a su petición de reintegro, ello en razón que, notificado del rechazo, insistió vanamente en el reclamo sin un mínimo de posibilidades de revertir el resultado y sin comunicar al municipio de su situación, va de suyo que así estuvo cobrando por seis años el 70%.- Luego tampoco corresponde comparar con la situación de los reincorporados cuya antigüedad en los cargos marcan una brecha muy distante a la que revestía el actor al momento de renunciar: nueve meses.- Por último, cuadra señalar también que las normativas provinciales citadas condicionaban o garantizaban el reintegro y reincorporación cuando el rechazo del beneficio de jubilación por parte del ANSES era por causa ajenas al administrado, lo que tampoco observo se cumpla en la especie pues, mas allá de que en la resolución de rechazo emitida por el ente previsional de la Nación se disponía radicar denuncia ante la posible comisión de delito referida a la documentación que acreditaba los años de servicios no comprobados, el actor no contaba manifiestamente con los años de edad, ni servicios y ni aportes que justifiquen que pudo verse obligado o que podía acceder a dicho beneficio, condiciones éstas que, ausentes, estimo no generan en este caso la obligación por parte de la Municipalidad de reintegro y reincorporación reclamada.- Que, ante ello, tal como fue expuesto y conforme a las constancias de la causa, estimo que la acción debe ser rechazada y en ese sentido doy mi voto.- Que, conforme al criterio objetivo de la derrota y atento lo dispuesto por el Art. 65 de la Ley No 2403, las costas deben ser soportadas por la actora que resulta vencida.- A LA CUESTION PLANTEADA, el Dr. Cáceres dijo:

Que examinada la causa en estudio y compartiendo el criterio y el alcance del análisis efectuado por el Sr. Ministro, Dr. Oviedo, me adhiero a su razonamiento y resolución, votando en igual sentido. Así voto.- A LA CUESTION PLANTEADA, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Que adhiero en todas sus partes al voto precedente, restando solamente ampliar los considerandos con lo dispuesto por el Art. 316, Inc. 1º del C.P.P. que impone la obligación a los funcionarios públicos de denunciar la posible comisión de delitos perseguibles de oficio.

Que, en tal sentido y cabiendo la posibilidad de tal circunstancia en el trámite jubilatorio previo del actor en la presente causa, y tomado conocimiento de los dichos de parte, corresponde ordenar la extracción de copias debidamente certificadas de las piezas procesales pertinentes a los fines de dar intervención al Fiscal de Instrucción que por turno corresponda.- Con lo que se dio por terminado el acto, quedando Acordada la siguiente sentencia, doy fe.- San Fernando del Valle de Catamarca, 13 de Julio de 2.006.- Y VISTOS:

En mérito al Acuerdo de Ministros que antecede y por mayoría de votos, LA CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA (Con la disidencia parcial de la Dra. Sesto de Leiva) RESUELVE:

1) Rechazar la Acción de Plena Jurisdicción interpuesta por la parte actora.- 2) Con costas a la parte actora que resulta vencida.- 3º) Diferir la regulación de honorarios hasta tanto exista base suficiente para ello.- 4º) Protocolícese, hágase saber y firme o ejecutoriada, archívense.-