marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Privatizaciones, sociedad anónima, propiedad participada, trabajador, indemnización
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: VELAZQUEZ  ARMANDO  Y  OTROS c/ MINISTERIO DE ECONOMIA s/ procesode conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-09

Entiendo que el trabajador de la empresa privatizada que cesó en sus tareas después de la fecha en que se dispuso su transformación en sociedad anónima y antes de la oferta de acciones tiene derecho a percibir un resarcimiento por no haber podido beneficiarse con el Programa de Propiedad Participada establecido por la ley de reforma del Estado 23.696 respecto de dicha empresa -ver fecha de transferencia de los actores a Transportadora Gas del Sur S.A. (28.12.1992), sus fechas de desvinculación (entre enero, febrero y marzo de 1993 y marzo de 2003, en el caso de Di Paolo) y la fecha en que comenzó a instrumentarse el PPP (mayo/junio de 1993).
Daño moral, incapacidad, pautas
Materia: CIVIL
Carátula: Cristaldo Correa Fermín en autos: Ayala, Luis Roberto c/ Herederos y/o Sucesores de Fernando Carlos Anzola y/o Fernando Julio Anzola y/o quien resulte responsable s/ Indemnización por Daño Moral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1996-04-30

Si bien es cierto que los padecimientos que acarrea todo menoscabo a la intangibilidad de una persona no se minimizan en su madurez, no puede dejar de reconocerse que el Daño Moral por incapacidad (sea cual fuere su grado) en una edad como la de la víctima (46 años) al momento de acontecer el siniestro, reviste aún una entidad superior por ser más prolongado. En este supuesto particular, a la víctima se le presenta la minoración en un estado en que gozaba de la legítima expectativa de largos años de plenitud existencial con un elenco de perspectivas -obviamente- superiores a las que se cuentan al cabo de la vida.
Constitución Nacional, control de constitucionalidad, facultades del Poder Judicial, empleados públicos, recurso de reconsideración, acción de amparo, plazo
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: JORGE HUGO GARDELLA c/ PROVINCIA DE CORDOBA s/ AMPARO POR MORA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-03-26

La declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal es acto de suma gravedad institucional que debe ser considerado como ULTIMARATIO del orden jurídico y para que proceda se requiere que se encuentre cuestionado el reconocimiento de algún derecho concreto a cuya efectividad obstaren las normas cuya validez se impugna. En el caso, -en que se rechazó la acción de amparo tendiente a obtener que se obligue a la administración provincial a resolver, de modo expreso, el recurso de reconsideración interpuesto oportunamente por el actor contra el decreto por el cual se lo daba de baja por razones de servicio en su empleo público-, no se indica de modo concreto los presuntos derechos afectados, porque los que se relacionan con el problema de fondo, esto es, con la baja de su empleo público, pudieron analizarse si, de no mediar su torpeza o negligencia, hubiera el actor abierto en plazo la instancia judicial .
Cuestiones de competencia, juez del concurso, concurso preventivo, fuero de atracción, confusión patrimonial, competencia por conexidad, economía procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Pradymar S.A. s/ concurso preventivo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-09

Es competente para conocer en el concurso de una sociedad el juzgado donde tramita la quiebra de otra, si entre ambas se dieron relaciones económico financieras que autorizarían a tener por acreditada la existencia de una confusión patrimonial, y así lo aconsejan razones de conexidad, economía procesal y seguridad jurídica.
Tarifa telefónica, derechos del locatario, falta de legitimación para obrar
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Katz, Sebastián c/ Telecom Arg. s/ Amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-10

La falta de legitimación activa aducida por la accionada se desestimó ya que no se alegó que quien esté en la condición de usuario - aunque no sea titular de la línea - carezca de la obligación de pagarlo; obligación que en principio lo grava por ser usuario.

La accionante, locataria del inmueble que ocupa - usuaria del servicio telefónico -, resulta legitimada suficientemente para reclamar por indebida aplicación de la tarifa. Ello, sin perjuicio de que la prestataria del servicio pueda reclamar el saldo a quien figure en sus registros como titular o intimar a la actora a regularizar la titularidad.
Locación de cosas, juicio de desalojo, obligaciones del fiador
Materia: CIVIL
Carátula: Instituto Benito Feijóo c/ Automóviles Saavedra  S.A.C.I.F. s/ Desalojo.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-12-24

Quien se constituyó en fiador solidario, principal y único pagador en un contrato de locación si bien la eventual condena a desalojar no sería ejecutable en su contra, pues no puede reclamársele la devolución del inmueble, puede llegar a responder por la pretensión accesoria de imposición de costas y, eventualmente, también por los daños derivados del incumplimiento de la obligación de devolverlo, motivo por el cual el pronunciamiento que condene al locatario a desalojar puede llegar a afectarlo. Es natural que puede ser llevado al proceso en calidad de tercero y en los términos del art. 94 del Código Procesal.
Honorarios del abogado, regulación de honorarios, monto irrazonable, monto mínimo, reducción de la regulación
Materia: COMERCIAL
Carátula: ANSES c/ CRUZ AZUL ASISTENCIA MEDICA SA s/ INCIDENTE.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-19

Habida cuenta de que la aplicación de las pautas normales del arancel conducen a un resultado desproporcionado con la entidad, calidad e importancia de la tarea cumplida, el honorario regulado al letrado debe ser reducido con arreglo a lo dispuesto en el art. 13 de la ley 24.432, esto es, sin atender a los porcentuales mínimos establecidos en aquél. En el escrito, de poco más de una carilla, no debió abordar el profesional ningún estudio jurídico de relevancia, sino solo hacer una mera remisión a las constancias de la causa; no hubo referencias jurisprudenciales ni doctrinarias que apoyaran lo que se sostenía, como tampoco demasiada extensión en los únicos aspectos tratados. Así pues, ante tan menguado trabajo no corresponde una retribución como la fijada y ni siquiera la menor que podría ser determinada por aplicación del mínimo establecido en el nuevo art. 33 del arancel (texto según ley 24.432), por ello, y porque es propio de la función judicial la búsqueda de soluciones justas y adecuadas para la adjudicación de los derechos (cfr. Corte Suprema, Fallos 263-453), redúcese el honorario.
Caducidad de instancia, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: Camps, Jorge Ignacio. c/ Administración Nacional de Aduanas. s/ Demandas contra  Ana .
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-11-13

En el procedimiento de reconstrucción de los expedientes el Tribunal actúa en ejercicio de facultades exclusivas, en forma oficiosa e impulsando el procedimiento al comprobar fehacientemente el hecho. En función de lo expuesto y porque además todavía no ha sido aprobada la reconstrucción ordenada a fs. 1091, como lo manda el artículo 129 inc. 5, del Código Procesal, el acuse de la caducidad de la instancia es improcedente.
Recurso contencioso administrativo, recurso de reposición (procesal), auto de Presidencia
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: PELLEGRINET, DANTE CARLOS c/ MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 131-84 VERDONDONI, VICTOR HUGO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 56-85 ZAMBONI, EDMUNDO JOSE c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  N. 487-86)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-08-26|1987-11-25|1991-09-12

La revocatoria prevista en el artículo 25 de la ley 4106 sólo puede ser utilizada por el actor en caso de declararse inadmisible el recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción interpuesto, pero no puede valerse de él la demandada, que sólo puede plantear las excepciones que autoriza el Código, pero no pedir revocatoria del auto de Presidencia.
Divorcio, obligación alimentaria, medicina prepaga
Materia: CIVIL
Carátula: A., L. y otros c/ L., A.A. s/ ALIMENTOS Y TENENCIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-29

Cuando la cónyuge cuenta con capacidad suficiente para vincularse profesionalmente y posibilidad cierta, más allá de la circunstancial inactividad actual, de generar ingresos pecuniarios derivados de su actividad resulta improcedente establecer una prestación alimentaria a su favor, aún si la misma se halla circunscripta al exclusivo mantenimiento de la cobertura médica.
Daños y perjuicios, aplicación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: ARRIETA Franco Emiliano y Ramos Maria Belén c/ Mecina Antonia Elia y Ceballos Anabela s/ Ordinario - Conexidad Con Autos Nº127062
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2017-10-17

Al momento de tratar los agravios se encuentra en vigencia el Código Civil y Comercial (Ley N° 26.994), se debe tener presente que, según lo dispuesto en su art. 7, a partir de su entrada en vigencia las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes.

Pero en la aplicación del nuevo Código se deben diferenciar dos aspectos: a) el relacionado con la determinación de quiénes serán los sujetos responsables del deber de resarcir; y b) el que se vincula con el análisis de las consecuencias derivadas del accidente, que comprende la valoración y cuantificación de los daños padecidos y reclamados.

Ello hace que la determinación de los sujetos responsables del deber de resarcir se deba analizar en base al régimen jurídico imperante en el momento en que acaeció el hecho dañador, tal como se consideró en la sentencia de primera instancia, y a las consecuencias jurídicas derivadas del siniestro le son aplicables las disposiciones del Código Civil y Comercial (Ley N° 26.994).
Lesiones, prueba
Materia: PENAL
Carátula: Bonavita, Ricardo A. s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-07-26

No obstante ser inicialmente procedente el reclamo fundado en la violación de los arts. 2 y 72 del C.P. y 443 del C.P.P. por no haber determinado la Cámara que las lesiones sufridas fuesen graves y, en consecuencia, debió haberlas tenido por leves y anular lo actuado al no concurrir ninguna situación de excepción prevista por la ley, es improcedente la anulación de la sentencia si al asumir la facultad casatoria (art. 356 C.P.P., n.a.) resulta que el carácter grave de las lesiones (art. 90 y 94 C.P.) -cuando menos por inutilización para el trabajo por mas de un mes- resulta acreditado por la prueba pericial obrante en los autos cuyo desplazamiento no resulta impuesta por las pautas del art. 252 -n.a.- del C.P.P..
Recurso de inconstitucionalidad, procedencia del recurso, derivación no razonada del derecho vigente, prescripción adquisitiva, coherederos
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: CARDOZO SANCHEZ, MARIO CARMELINO c/ YATZKAIER, SAMUEL s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-10-31

La decisión del Tribunal a quo de revocar el fallo de primera instancia que había declarado operada la prescripción adquisitiva por advertir que la existencia de una coheredera (hermana del actor) determinaba un supuesto de litisconsorcio activo necesario cuya falta de conformación en autos impedía el dictado de una sentencia válida que involucrara a la totalidad del inmueble, deviene formal y desmarcada del análisis que requiere la normativa aplicable al caso, en cuanto establece un doble orden de relaciones resultantes de la denominada comunidad hereditaria, por cuanto de aceptarse la solución propiciada por la Cámara, ello implicaría la ilogicidad de condicionar el ejercicio de la pretensión -fundada en la posesión del causante- a un consenso unánime de todos los coherederos y, a su vez, importaría un resguardo innecesario del derecho de defensa de aquellos comuneros que no participaron del proceso frente a una demanda que sólo podría favorecerlos y, para más, cuando sus intereses podrían eventualmente encontrar suficiente salvaguarda por otras vías legales. (Del voto del Dr. Falistocco, al que adhieren los Dres. Netri, Gastaldi y Erbetta)
Superior Tribunal de Justicia, competencia, control de constitucionalidad, recusación, prejuzgamiento, Poder Judicial, jueces, tribunal de enjuiciamiento
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: M. A. Y OTRAS s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Desacato (Expte CSJ Nro. 174-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-06-12

Siendo la Corte Suprema la última intérprete de la Constitución, y dándose una cuestión concreta en que un ciudadano denuncia la inhabilidad de Magistrados del Poder Judicial, está en su obligación realizar la evaluación constitucional del acto político para ejercer o no, la función de poner en movimiento el Tribunal específico diseñado por la ley 7050, lo cual no importa prejuzgamiento para una eventual convocatoria del Tribunal político, pues se trataría de una causa distinta a sustanciarse ante un Tribunal no Judicial.
Beneficios previsionales, afiliados previsionales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Romito Luisa Carolina c/ Pcia. de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-09-23

El carácter de afiliado pertenece no solo al personal en actividad y a los ya jubilados o pensionados, sino también a los que se hallen en condiciones de gestionar tales beneficios.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, sociedades comerciales, Registro Público de Comercio
Materia: CONSTITUCIONAL-COMERCIAL
Carátula: Nuevo Banco de Santa Fe SA s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Estatutos   y designación de autoridades (Expte. CSJ Nº 644-98)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-03-22

No basta a los fines de cumplir con el recaudo exigido por el artículo 3 de la ley 7055 que se afirme que la sentencia ha decidido la causa conforme a una determinada secuencia de hechos que el litigante estima conducentes a otra solución, pues ello sólo configura disenso, lo que resulta ajeno a la órbita del recurso de inconstitucionalidad. En el caso, la Alzada confirmó el rechazo de l a oposición de los actores a la inscripción en el Registro Público d e Comercio de la sociedad "Nuevo Banco de Santa Fe SA", dispuesto oportunamente por el señor Juez a cargo del mismo, entendiendo que si bien se admitía actualmente "la posibilidad de que personas que no participan del contrato presentado a los fines de la inscripción puedan, dentro de ciertos límites, efectuar observaciones", las oposiciones formuladas en el caso por los recurrentes aparecían "como deducidas fuera del debido marco legal", al no darse el presupuesto que las torna admisible -esto es, el vencimiento del plazo de 15 días que establece el artículo 39 del Código de Comercio para la inscripción registral-, "lo que las tornaría carentes de legitimación".
Recurso extraordinario de nulidad, autosuficiencia
Materia: PENAL
Carátula: Esains, Raúl Norberto s/ Usurpación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-04-25

Debe declararse mal concedido el recurso extraordinario de nulidad si el recurrente ni en la reserva efectuada ni en el texto del escrito recursivo ni en el petitorio expresa que ha intentado esa vía recursiva.
Competencia, competencia por la materia, competencia previsional, restitución de sumas de dinero, seguro de retiro
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "DOURADO, DANIEL c/ Poder Ejecutivo Nacional s/ Incidente".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-04-19

No encuadra dentro del marco genérico de competencia del fuero de la Seguridad Social la acción de amparo -junto con una medida cautelar- iniciada por el titular a fin de obtener la restitución del depósito de sus ahorros (en el caso, provenientes de la venta de acciones de la empresa E.N.Tel., obtenidos en carácter de indemnización laboral por la privatización de la referida empresa). Ello así, toda vez que el contrato que liga a las partes es un Seguro Individual de Retiro originado en un acuerdo privado, y no en una renta vitalicia previsional pactada en el marco de la ley 24.241. En consecuencia, corresponde remitir las actuaciones a la Cámara de Apelaciones que sea Tribunal de Alzada del juzgado que la dictó la medida cautelar.
Imitación fraudulenta de marca o designación, registro de marca
Materia: PENAL
Carátula: AMOR, MANUEL HECTOR s/ INFR. ART. 31, INC. C, L. 22.362
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-03-28

Entre los requisitos exigidos por el tipo penal de dicha figura el registro resulta insoslayable para que la marca goce de la protección que le brinda el ordenamiento punitivo - aún en el caso de que la misma revista notoriedad -.
Contrato de trabajo, remuneración, cuenta sueldo, pago
Materia: LABORAL
Carátula: MINISTERIO DE TRABAJO c/ TALLERES B.J. IRRAZABAL S.A. s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-14

El último párrafo del art. 124 L.C.T. establece que "en todos los casos el trabajador podrá exigir que su remuneración le sea abonada en efectivo". En el caso, no ha quedado debidamente probado que los actores hayan solicitado dicha modalidad de pago. Cabe agregar que la empresa abonaba a algunos trabajadores en efectivo y a otros no, sin que se hubieran acreditado las razones que tuvo para obrar con diferencias en la modalidad de pago. De modo que teniendo en cuenta lo normado en la resolución nro. 360/01 la multa impuesta por la autoridad de aplicación resulta ajustada a derecho. (Del voto de la Dra. Craig, en minoría).
Recurso de inconstitucionalidad, fundamentos insuficientes, sentencia arbitraria, contrato de aprendizaje, prueba, apreciación de la prueba, contrato de trabajo por tiempo indeterminado
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: GARIONE, LUCAS HUGO c/ PESIRI Y CATTANEO S.H. Y OTROS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- C.P.L. (EXPTE.: C.S.J. NRO. 43 AÑO 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-10-19

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad desde que las reflexiones de la Sala para revocar la sentencia de primera instancia carecen de sustento tanto jurídico como fáctico. En efecto : siendo la cuestión a dilucidar verificar si los contratos de aprendizaje celebrados entre las partes eran en verdad una contratación de esa índole o por el contrario encubría una contratación regida por las normas de la ley 20744 para el trabajo por tiempo indeterminado, el camino que comienza a transitar la Sala a fin de brindarle respuesta jurisdiccional a la controversia parece estar guiado por la aplicación de la ley 24465 aunque luego ese razonamiento se trunca por cuanto asume una postura parcializada y desnaturalizadora de ese ordenamiento legal. Concretamente, el Tribunal dice que "sería una injusticia no aplicar la ley" -y claro que lo es- pero reduciendo tal concepto a un aspecto de la misma, que alude a la formalización por escrito y ante el Ministerio de Trabajo del contrato de aprendizaje, mas soslayando que es también la propia ley que impone la concurrencia de otros aspectos que omite verificar, como lo son: la finalidad formativa, duración, inicio de las tareas, jornada, entrega de certificación, de acuerdo a las circunstancias comprobadas en la causa. En otras palabras, pese a que el Juzgador dice "aplicar la norma" su pensamiento evidencia que sólo lo hace de manera recortada y ese vicio conlleva a la descalificación constitucional del decisorio impugnado.
Daños y perjuicios, responsabilidad de la empresa ferroviaria, Metrovías SA, accidente en escalera, culpa de la víctima, culpa concurrente
Materia: CIVIL
Carátula: LAMELA, Matilde Manuela c/ METROVIAS SA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-16

El inadecuado estado de conservación de la escalera de la estación del subterráneo en estado de obra torna responsable a la empresa de transportes Metrovías SA, por los daños sufridos por un pasajero, responsabilidad que debe ser compartida con la empresa encargada de efectuar la remodelación de aquella si el accidente se produjo en gran medida por la existencia de suciedad en la escalera.
Recursos para el régimen de obras sociales, opción de obra social, afiliación a obras sociales, Instituto Municipal de Obras Sociales, aplicación temporal de la ley, irretroactividad de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: GRECCO, Jorge Guillermo c/ IMOS s/ AMPARO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-06-13

La efectividad del derecho de opción de cambio de obra social debe determinarse conforme a las disposiciones vigentes al tiempo que el afiliado exteriorizó su voluntad de elección. Ello así, pues lo contrario importaría efectuar una indebida aplicación retroactiva de las normas, contraviniendo las expresas previsiones del art. 3 del Código Civil.
Confirmación de sentencia, prisión domiciliaria
Materia: PENAL
Carátula: Rojas, Miguel Angel c/  s/ Incidente de prisión domiciliaria
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-05-03

Corresponde confirmar la resolución que no hizo lugar a la incorporación de un interno al régimen de prisión domiciliaria en los términos del art. 32, inc. f) de la ley 24.660), puesto que para resolver el alcance de la citada disposición, se sigue que el legislador no ha tenido en mira el vínculo paterno filial, sino el vínculo maternal. Por lo que para ser viable la solicitud de prisión domiciliaria en favor del progenitor masculino, deberá inscribirse en una ponderación de bienes en juego que supere aquella que el legislador tuvo en mira al momento de sancionar la norma en cuestión (disidencia del juez Días). Cita de "Seguel, Walter Daniel", CNCCC 53377/2009, Sala 3, Reg. 174/2015, resuelta el 18 de junio de 2015 y "Saura Rojas, Walter Daniel", CNCCC 63914/2015, Sala 2, Reg. nro. 699/2016, resuelto el día 11 de agosto de 2016
Acción de amparo, cuestión federal, establecimientos faenadores de ganado
Materia: PROCESAL
Carátula: FRECA. S.A c/ SE. NA. S.A. (Estado Nacional) s/ amparo. amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-06-16

No obstante existir óbices decisivos a la procedencia de la acción de amparo, existe cuestión federal para su tratamiento en la instancia extraordinaria, si la cámara ordenó conductas que constituyen una evidente intromisión en las facultades de que goza el Estado Nacional, por medio del ente autárquico demandado, respecto de la fiscalización y organización de los establecimientos faenadores.
Medidas cautelares, medida de no innovar, reajuste jubilatorio
Materia: PROCESAL
Carátula: FABRIS, MARCELO H. c/ ESTADO NACIONAL s/ RECURSO ORDINARIO - MEDIDAS PRECAUTORIAS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-10-15

Debe desestimarse una medida cautelar que no tiende a mantener al status que anterior sino a modificarlo, si no se ha acreditado un requisito propio de toda medida innovativa: el peligro de un perjuicio irreparable el caso, el actor pretendía que se le abonase el incremento jubilatorio dispuesto por lo acordado 43/85 de la CSON, pero sin quedar gravado por la prohibición de ejercicio profesional y actividades lucrativas a la que se supeditó la efectividad del aumento. Se juzgó que de prosperar la demanda, el actor podría cobrar el crédito que se le reconociese, y en el interín no percibiría un haber móvil menor.