Resoluciones judiciales, sentencias contradictorias, recurso de casación, falta de acción, legitimación pasiva, interpretación de la ley, interposición de la demanda, derechos subjetivos, interés legítimo, partes del proceso, entes autárquicos, régimen jubilatorio provincial, autoridad de aplicación, fundamentación de sentencias
Materia: PROCESAL-ELECTORAL
Carátula: LINARES BRAULIO E. P. Y OTRO c/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA s/ AMPARO - RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2011-03-01

Ante las resoluciones contradictorias dictadas en sede civil una que rechazó la excepción de falta de acción, aduciendo que la Provincia era la legitimada pasiva y, que en consecuencia, hizo lugar a la demanda; y otra disponiendo lo contrario, vale decir, haciendo lugar a la excepción de falta de acción y confirmando la sentencia de primera instancia, recurren al Superior a los fines de que se unifique la jurisprudencia del fuero.

Al respecto, se recordó que la casación por el motivo legal invocado se erige en instrumento eficaz para la determinación de reglas uniformes, en presencia de interpretaciones antagónicas de la ley, de manera que su viabilidad de supedita al cumplimiento de las exigencias instituidas como inherentes, entre ellas, que medie identidad fáctica entre los supuestos de hecho sometidos a juzgamiento, y que los fundamentos que ilustran los fallos confrontados exhiban su dispar tratamiento jurídico.

En autos, el requisito de paridad fáctica entre la sentencia cuestionada y la traída como contradictoria se aprecia suficientemente satisfecho, pues en ambos casos, la demandada, planteó la defensa de falta de legitimación pasiva en el marco de una acción de amparo, mediante la cual los actores pretenden que se declare la inconstitucionalidad de la Ley 8472 con las modificaciones introducidas por la Ley 8482. La cuestión de derecho planteada por el compareciente, llevó al Máximo Tribunal de la Provincia a realizar las siguientes apreciaciones: "Se trata, de dilucidar quién es titular de la relación jurídica sustancial previsional pasiva".

Analiza en primer término la defensa de falta de acción (sine actione agit). Sostiene que se trata de una defensa de fondo. Mediante la misma se controvierte la legitimación sustancial activa o pasiva del actor o demandado, no sean los titulares de la relación jurídico-sustancial en la que se funda la pretensión. Por ello el Tribunal debe meritar si el actor o el demandado estaba n investidos de la legitimatio ad causam, lo que se traduce en juzgar sobre la existencia misma de la identidad entre la persona a quien la ley confiere la acción y quien la ejerce o contra quien la interpone.

La verificación de la calidad del titular del derecho subjetivo o del interés legítimo del actor o la calidad de obligado del demandado es determinante para la admisión o no de la defensa. A continuación aborda la naturaleza jurídica del ente autárquico. Del estudio realizado surge que quien es legitimado pasivo en los pleitos judiciales cuya controversia tiene por objeto discutir cuestiones previsionales atinentes a los pasivos comprendidos en la Ley 8024 y sus modificatorias es la Caja de Jubilaciones, y no la Administración Central que nada tiene que ver con la realización práctica y concreta de la normativa previsional.

Señala que la solución jurídica adoptada por el Judex a-quo armoniza con los postulados doctrinarios y normativos de la organización administrativa, en cuyo marco las entidades autár quicas, dentro de la estructura de la Administración descentralizada, tienen atribuciones administrativas propias o competencias públicas conferidas por el ordenamiento jurídico. Desde tal perspectiva se aprecia que las Leyes 5317 y 8024 atribuyen a la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros competencia para actuar como autoridad de aplicación de las leyes previsionales provinciales, de lo que deduce que el Estado Provincial no integra la relación jurídica sustancial con los titulares de la pretensión ejercida en esta causa.

En orden a los reparos formulados, en el sentido que el Judex a-quo incurrió en incongruencia y en falta de fundamentación legal al reconocer que se trata de una acción de inconstitucionalidad y a renglón seguido considerar que la Provincia no es legitimada pasiva en esta causa por no ser la autoridad de aplicación de las normas previsionales impugnadas, carecen de los recaudos necesarios a los fines de su procedencia.

Considera que la crítica ensayada no adquiere trascendencia anulatoria habida cuenta de lo infundado de la acusación. Y concluye: "Lejos de advertirse en el desarrollo del pronunciamiento los defectos imputados, se observa que la juzgadora expuso su silogismo sentencial explicitado de modo acabado las razones de sus asertos, los que atento la ausencia de una crítica vinculada y puntual del embate recursivo se mantienen incólumes". Por ello se rechaza el remedio deducido por los actores y, confirma en todas sus partes el pronunciamiento recurrido.