Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2003-02-27


Nro.··11···/ En la ciudad de Resistencia, Capital de la Provincia del Chaco, a los veintisiete días del mes de febrero del año dos mil tres, reunidos en Acuerdo los señores Jueces de la Sala Segunda en lo Criminal y Correccional del Superior Tribunal de Justicia RICARDO FERNANDO FRANCO y RAMON RUBEN AVALOS, quienes emitirán su voto en ese orden, asistidos por el Secretario Autorizante MIGUEL ANGEL LUBARY, tomaron conocimiento del expediente Nro. 51.612, año 2002, caratulado: "KING, DANIEL OSCAR; MANSILLA, MANUEL; GALIANO, JULIO CESAR Y MOYANO, RICARDO S/ROBO", con el objeto de dictar sentencia conforme los artículos 434, 451, 446 y 452, del Código Procesal Penal.- Seguidamente la Sala Segunda plantea las siguientes ····C U E S T I O N E S 1°) ¿Son procedentes los recursos de inaplicabilidad de ley e inconstitucionalidad deducidos a fs. 241/249 y de inaplicabilidad de ley interpuesto a fs. 250/256 ? 2º) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A LA PRIMERA CUESTION RICARDO FERNANDO FRANCO, dijo:

I- La Cámara en lo Criminal de Villa Angela, por sentencia Nro. 50 de fecha 27 de junio de 2002, obrante a fs. 216/235, condenó a Daniel Oscar King, Manuel Mansilla, Julio Cesar Galiano y Ricardo Moyano como autores penalmente responsables del delito de Robo con Armas (art. 166 inc. 2º del CP), a la pena de cinco (5) años de prisión, de cumplimiento efectivo, con accesorias legales y costas.- Contra dicho fallo se alzó el Dr. Rodolfo Adolfo Taborda, defensor de Daniel Oscar King y Julio Cesar Galiano, interponiendo recursos de inaplicabilidad de ley e inconstitucionalidad, los que obran a fs. 241/249, y la Defensora Oficial Nro. 2 Dr. Luisa López de Mourglia, defensora de Manuel Mansilla y Ricardo Moyano, quien dedujo recurso de inaplicabilidad de ley, el que fuera glosado a fs. 250/256, los cuales fueran concedidos y habiéndose elevado la causa a esta Sala, la misma quedó radicada y se llamó a autos para sentencia, encontrándose actualmente en condiciones de dictarse pronunciamiento.- A) En el primer caso, el Defensor interpone recurso de inaplicabilidad de ley por el motivo formal previsto por el art. 434 inc. 2 del CPP, al considerar que en autos se violaron las reglas de la sana crítica racional en la valoración de los elementos probatorios incorporados al proceso, afirmando que no puede escapar a la instancia casatoria el contralor de la legitimidad de esas pruebas.- Luego de hacer una reseña del fallo atacado, sostiene que el allanamiento debe cumplirse por el juez personalmente o bien por la autoridad que este delegue, sin perjuicio de las excepciones en las cuales la autoridad policial esta facultada a proceder sin orden, siendo necesario un debido contralor de las mismas, porque al convertirse en regla implican un formal conculcamiento de la garantía de la inviolabilidad del domicilio.- Argumenta que sobre tales excepciones que la ley enumera expresamente por ser taxativas y excepcionales, está vedada cualquier interpretación extensiva o analógica, y concretamente, el art. 213, inc. 3º del CPP se refiere a "algún imputado de delito a quien se persigue para su aprehensión", por lo que lo primero a destacar es que debe tratarse de un "imputado" o sea un individuo que ya se encuentre sindicado por la autoridad como autor, partícipe o instigador de un ilícito penal, o sea una persona que se persigue por encontrarse imputada en alguna investigación ya iniciada, o quien se halla fugado estando legalmente detenida o se haya librado una orden de detención en su contra por autoridad competente, de lo cual se colige que se elimina toda persona que no reúna esas condiciones, no siendo legítimo este tipo de allanamiento para la detención de quien solo aparece como sospechoso pues no es imputado. En este supuesto se tendrán que realizar las investigaciones y si se reúnen los elementos que objetivamente indiquen que existen motivos fundados se deberá solicitar la orden de allanamiento al juez.- Expresa que, en el caso examinado, los objetos incautados en las actas de fs. 10 y 11 vta. son el fruto de una investigación viciada y de la acefalía de la actividad rectora y pedagógica de los jueces y, luego de relatar los hechos, afirma que en las mismas, que categóricamente ataca, la policía invoca que se encontraba ante un caso de "flagrancia" y "fuga" con vehementes indicios de culpabilidad, ante la posibilidad que el procedimiento se vea frustrado por un requisito formal previo que no es otro que la órden de allanamiento, haciendo desaparecer las garantías del art. 15 de la Constitución Provincial.- Alude a que la juez de la causa habla de una "secuencia actuarial" efectivizada por la prevención policial, y, luego de referirse al art. 213 inc. 3 del CPP y citar doctrina, se pregunta porque si la policía conocía desde la tarde a los autores del hecho recién plasman como hora de ejecución las 22,00 y 22,55 respectivamente, es decir 4 o 5 horas después, y posteriormente alegan necesidad y urgencia, haciendo ceder a la Constitución.- Sostiene que en realidad esto nunca existió y solo se dio legalidad a la actividad policial, habiéndose violado el art. 213 del CPP, pese a lo cual en la sentencia se esfuerzan en resguardar ese acto porque es lo único que mantiene en vilo al acto jurisdiccional, cuestionando además que se interpreten los dichos del Comisario Garay, respecto a que se trató de una "persecución pasiva", y que éste testigo sea un funcionario público que intervino en esas diligencias, quien invoca el art. 213, pretendiendo deliberadamente hacer aparecer la necesidad y urgencia, legitimada por la juez en su acto jurisdiccional.- Expresa que Santa Sylvina, donde ocurriera el hecho, es un localidad dotada de medios de comunicación, siendo asiduo el contacto con el Juzgado de Instrucción, lo que denuncia que si ello no ocurrió en este caso fue porque así se decidió.- En cuanto al recurso de inconstitucionalidad, los agravios alegados resultan coincidentes con los desarrollados en el recurso de inaplicabilidad anteriormente reseñado, agregando que la arbitrariedad aparece manifiesta cuando, respecto al imputado King, se funda en una pseudo prueba compuesta que se pretende encontrar en la simple presencia en un lugar determinado en horas previas al hecho, coligiéndose la responsabilidad en la ecuación ilógica y arbitraria de que si estuvo con los otros imputados en los premomentos del hecho necesariamente debieron delinquir juntos.- B) Por su parte la defensa de Manuel Mansilla y Ricardo Moyano se agravia por cuanto considera nulas las actas de allanamientos de fs. 10 y vta. y 11 y vta., por resultar violatorias del art. 15 de la Constitución Provincial, que fueran encuadradas en el art. 213 inc. 3º del CPP.- Luego de efectuar una reseña de los fundamentos del Tribunal de juicio, afirma que se debió solicitar la orden escrita para allanar los domicilios, trasladarse hasta Villa Angela y regresar a Santa Sylvina, y si fue posible poner una consigna frente al domicilio de Galiano mientras se efectuaba el allanamiento en la casa de Moyano, se pudo ordenar consignas frente a ambos domicilios hasta que se recibieran las ordenes emitidas por la juez de la causa.- Agrega que no se condice la urgencia esgrimida con lo que se tardó para proceder a la detención de Moyano y Mansilla, ya que González declaró en horas de la tarde dando los nombres de las personas cuya aprehensión se ordenó, y recién a las 22,00 horas y 22,55 horas respectivamente se realizaron las diligencias.- Transcribe el art. 15 de la Constitución Provincial y alega que se pretendió dar un manto de legalidad a actos policiales violatorios de esa normativa, a los que se le asignó un valor decisivo en la fundamentación del decisorio, incorporando doctrina y jurisprudencia al respecto.- También señala la subjetiva valoración realizada respecto a la autoría de Mansilla, surgiendo su culpabilidad por no haber acreditado lo que hizo en oportunidad de cometerse el hecho, descartándose el principio de inocencia e invirtiéndose la carga de la prueba, ya que, además los secuestros no fueron reconocidos por el mismo ni se obtuvieron elementos incriminatorios en su casa.- Finalmente expresa que por las razones apuntadas considera que la sentencia carece de motivación, por lo cual peticiona que se haga lugar al recurso.- II- Así reseñadas las impugnaciones articuladas en autos, se advierte que las mismas resultan coincidentes en señalar como agravio estelar de los respectivos cuestionamientos, la legalidad de las actas de allanamiento de fs. 10 y vta. y 11 y vta., procedimientos que fueran encuadrados dentro de la normativa ritual prevista por el art. 213 inc. 3º, y considerados decisivos por los recurrentes para la resolución condenatoria adoptada en el particular.- Siendo éste el asunto traído a conocimiento de esta Sala, liminarmente corresponde reconocer al respecto la incuestionable facultad policial, contemplada expresamente por el art. 178 inc. 5 del CPP, para, excepcionalmente, en los casos taxativamente enumerados por el art. 213 del mismo, proceder al allanamiento de una morada sin necesidad de contar con una orden judicial previa.- Si bien es cierto que ésta última norma no lo especifica y una parte de la doctrina pareciera direccionar la dispensa a los casos en que "un delincuente o sospechoso...se refugia en morada ajena" (Cfr. Vazquez Iruzubieta-Castro, Procedimiento Penal Mixto, T.II, pg.114) ), no constituye óbice para su aplicación, e inclusive opera como mejor argumento aún, que la morada perquisada sea la del propio imputado o sospechoso y no la de un tercero absolutamente ajeno al hecho o la del damnificado por el mismo.- En cualquier caso, esta potestad extraordinaria, por estar referida a la invasión de un ámbito que goza de la protección constitucional del art. 18 de la Carta Magna, debe ser ejercida observando, como presupuesto de procedibilidad, las exigencias normativas indispensables que fija la ley reglamentaria, que en la sub especie no es otra que el mencionado art. 213 (Cfr. CNCasación Penal, Sala IV, L.L., Sup.Jurisp.Penal, 30/3/98. pg. 1) para que la diligencia pueda ser concretada bajo tales circunstancias.- Y precisamente de dicha disposición, en función con la norma general del art. 210 del CPP, emergen los requisitos para que pueda operar la excepción, las que en el concreto supuesto del inc. 3º refieren: a) que la introducción a la morada se halle precedida de una previa persecución del imputado, persona evadida o sospechada de criminalidad, y b) que exista una razón de "urgencia" por la cual no resulte posible postergar el acto.- Estas condiciones aluden respectivamente a la justificación de la medida y a la necesidad de practicarla sin demora (Cfr. Finzi, Marcelo, LL, T.30, pg.990), habilitando en tal caso las atribuciones policiales del referido art.178 inc. 5 del CPP, que emparenta al allanamiento con la requisa personal sin orden judicial.- En cuanto a la primera de ellas -donde el art. 210., 1er. párrafo, tan claramente establece el carácter que puede revestir el "perseguido" que torna ocioso abundar con cualquier consideración al respecto-, también de los precedentes de esta Sala surge que "...la exigencia normativa de "persecución"..." ( in re "Franco..." 92/98), se puede verificar con "... la existencia de una contínua e ininterrumpida actividad por parte de la autoridad policial en la investigación y detención de los autores del hecho..."( in re "De Jesús...", sent. 87/00), lo que resulta una premisa insoslayable para que pueda operar la excepción, ya que es precisamente la que dota de fundamento a la actuación policial autónoma.- La segunda condición, es decir la existencia de una razón de "urgencia", tiene la significación que resulta de adosarle a la persecución policial, que la condujo hasta una morada, la circunstancia de que no haya sido posible o resulte absolutamente impráctico requerir una orden judicial previa (Cfr. CNCasación Penal, in re "Barbeito", JA, 1995-I-581), con lo cual se completa el singular cuadro previsto en la referida previsión ritual, que desliga a la autoridad policial de la obligación de requerir la autorización jurisdiccional para la concreción del allanamiento de una morada.- Por lo tanto, y conforme lo sostiene la doctrina, si bien es cierto que los jueces se encuentran en una posición de mayor serenidad y objetividad que la policía para disponer medidas limitativas de garantías constitucionales, ello no empece a que excepcionalmente puedan sustituir a los magistrados, cuando concurran razones de urgencia que hicieren riesgoso para el éxito de la detención, supeditarla a la obtención de la orden judicial (Cfr. Carrió Alejandro, "Justicia Criminal", pg.18 y sgtes.).- De todas formas, la existencia de las condiciones que hacen operable la excepción se encuentra sujeta al control jurisdiccional (Cfr.CN Casación Penal, in re "Gutierrez", LL, 1995-B-46), ámbito en el cual se deberá apreciar la razonabilidad y legitimidad de la diligencia, atendiendo a las particularísismas circunstancias de cada caso concreto, pero sin dejar de lado "... la necesidad de dar primacía -por sobre la interpretación de las normas procesales- a la verdad jurídica objetiva, de modo que su esclarecimiento no se vea perturbado por un excesivo rigor formal." (Fallos 321:510).- Bajo el marco de tales postulaciones, debe señalarse que en el caso sub examine, en cuanto al primero de los requisitos mencionados, se encuentra debidamente acreditada la existencia de una "persecución" previa, lo cual surge tanto de la constancia inserta a fs. 9 vta. como de las respectivas actas de allanamientos de fs. 10 y vta. y 11 y vta., ratificadas en el debate por los funcionarios policial intervinientes en el procedimiento, Oficial Ramírez y Subcomisario Garay.- Las características singulares asignadas al procedimiento, derivadas de la forma "pasiva" con que se concretara, conforme lo asentado en el fallo, no resulta ilegítimo, extraño ni ajeno a la actividad, sino simplemente un modalidad tendiente a lograr que los propios sospechosos conduzcan a la prevención hacia un lugar que podría resultar de interés para la investigación. Al respecto, es menester consignar, dando repuesta al alegato defensivo formulado en torno a este punto, que resulta tarea propia del tribunal de juicio la de interpretar, desentrañar y clarificar los dichos de los testigos y que, cuando de determinar la labor policial se trata, resulta absolutamente razonable que las explicaciones respecto a la forma en que se desarrollaron las diligencias sean requeridas a quienes fueron partícipes del procedimiento.- La segunda exigencia, consistente en la necesidad imperiosa de que la medida sea practicada en forma "urgente", debe ser analizada, con la equilibrada visión que impone el dinamismo del concepto, considerando básicamente el contexto dentro del cual se desarrollaron los acontecimientos que dieron lugar a aquella y la existencia de un notorio riesgo de frustración en caso de procederse de otro modo.- En el sub lite, claramente no resultaba posible, teniendo en cuenta que el procedimiento debía efectuarse en la localidad de Santa Sylvina, demorar su realización hasta gestionar y obtener la orden judicial por parte del Juzgado de Instrucción interviniente, situado en la ciudad de Villa Angela, a más de 50 kms. de aquella, sin el grave peligro de que se vea malogrado el resultado de la diligencia por la eliminación de pruebas incriminantes.- En ese sentido, Clariá Olmedo sostiene que la "... tarea a cumplir en la prevención policial permite advertir su necesidad frente a muchas causas que requieren urgente y segura investigación...Los tribunales de instrucción no siempre están radicados en el lugar del hecho o cerca de él, y por lo general tienen su tiempo dedicado a las causas en trámite con recargo de tareas. En la práctica todo esto impide un inmediato avocamiento del instructor que recibe la comunicación y justifica que la policía actúe con facultades autónomas, aunque dentro de los límites indicados...Piénsese en la flagrancia, en la posibilidad de fuga u ocultación de los autores del hecho, en la desaparición de rastros y otros elementos de convicción, en la adulteración de pruebas, y podrá advertirse el riesgo que se corre para el descubrimiento de la verdad si en los primeros momentos no se procede con urgencia, por un organismo ágil y capacitado..." ("Derecho Procesal Penal, T.II, pg. 549).- En tales condiciones, debe concluirse que la actuación policial desplegada en la ocasión resultó la adecuada al caso, en tanto la huida e ingreso de los sospechosos a sus respectivas moradas ocurrieron en circunstancias en las que hubiera resultado contraproducente para la operatividad del procedimiento la obtención de la orden judicial para proceder al allanamiento de los domicilios, de forma tal que la diligencia debe ser enmarcada dentro del procedimiento de excepción previsto por el art. 213 de la rituaria, como correctamente lo hiciera el tribunal de juicio.- En cuanto al agravio invocado por la Defensa de Manuel Mansilla que alude a la supuesta valoración subjetiva de la prueba en perjuicio de éste, por la cual se habría establecido su culpabilidad, según la recurrente, al no acreditar que actividad realizó en oportunidad de cometerse el hecho, descartandose el principio de inocencia e invirtiendose la carga probatoria, cabe consignar que comparando tales cuestionamientos con los medios probatorios allegados al proceso y las deducciones derivadas que la sentencia estableció, se desprende claramente que invocándose violación de las reglas de la sana crítica, realmente se expone una mera disconformidad con la selección y valoración de aquéllos, materia que, como reiteradamente se ha sostenido, resulta ajena a la jurisdicción casatoria, ante la cual los hechos llegan intangiblemente fijados (Cfr.esta Sala in re: "Ruíz...", sent.n°63/83; "Santecchia...", sent.n°19/86; "Arburu...", sent. nº 125/96, etc.).- Si bien es cierto que el libre convencimiento de los jueces se halla limitado por los principios lógicos que deben siempre informar el desarrollo del fallo, también lo es que en este caso ese límite no fue sobrepasado, toda vez que los sentenciantes expresaron suficientemente los motivos en que basaron su decisión, refiriéndose específicamente a los medios probatorios que le posibilitaron arribar a un convencimiento condenatorio del imputado, exponiendo un razonamiento que no aparece como arbitrario ni viola máxima de experiencia alguna, existiendo, por el contrario, una congrua correlación entre las premisas fijadas y las conclusiones a las que se arribaron, lo que descarta la posibilidad de considerarlo violatorio de las reglas de la sana crítica racional.- Al respecto, en diversos tramos de la sentencia se consignó que la presencia de Mansilla en el lugar y en los premomentos del suceso se hallaba acreditada tanto por las afirmaciones del testigo González (fs. 224) como por las de los coimputados King y Moyano (fs. 228 vta.), que lo ubicaban a éste precisamente en ese sitio y en tal ocasión, lo que sumado al desvanecimiento de su versión exculpatoria que contradecía ésta última circunstancia, producido como consecuencia del detallado análisis de la prueba, cuyo razonamiento fuera debidamente explicitado (fs. 230), condujo a la conclusión acerca de su participación en el evento ( fs. 230 vta.), con lo cual se conforma un cuadro con suficiente idoneidad para servir de sustento al fallo.- En función de ello, necesariamente debe concluirse que la sentencia en estudio no consiste en una simple expresión de voluntad de los juzgadores, sino que se encuentra avalada por razones de hecho y de derecho común más que suficientes para excluir la tacha de arbitrariedad que se le efectuara, y que el agravio esgrimido por la Defensa guarda la intención de que en esta sede se reexaminen determinados aspectos del fallo que se hallan vedados al control casatorio, razones por las que no puede receptarse favorablemente la queja.- En lo atinente al recurso de Inconstitucionalidad articulado por la defensa de Daniel King, y solo en cuanto al agravio que no resulta coincidente con el desarrollado en el recurso de inaplicabilidad impetrado por esa parte, ya materia de examen en forma precedente, liminarmente debe advertirse que no obstante haberse utilizado para este nuevo planteo otra vía impugnaticia al haberse puesto en tela de juicio una sentencia condenatoria y en función a lo decidido en el caso "Caric..." ( esta Sala, sent.88/02), cabe dar respuesta a la invocada arbitrariedad del fallo.- El cuestionamiento aquí introducido afirma que el decisorio se funda en una pseudo prueba compuesta, que a través de una ecuación ilógica y arbitraria, derivada de la presencia del imputado King en un lugar determinado junto con los otros imputados en los premomentos del hecho, concluye que necesariamente debieron delinquir juntos.- Iguales consideraciones a las realizadas al tratar el agravio de la Defensa de Mansilla, sobre similar planteo, cabe formular respecto a esta tacha, ya que habiendo el tribunal de juicio considerado probado que los cuatro imputados se encontraban juntos en proximidades del lugar y en los premomentos del hecho, que fueron cuatro las personas que ingresaron al local participando directamente del evento (fs. 229 y 229 y vta.) y apreciando que fue secuestrado en poder de dos de ellos (Moyano y Galiano) diversos efectos sustraídos de ese lugar, la deducción que se realiza sobre la participación de los restantes, y específicamente de King, cuya versión defensiva también fuera desvirtuada ( fs. 230 in fine), resulta lógica, coherente, debidamente fundada y razonablemente derivada de los elementos de convicción legalmente incorporados al proceso.- El vicio que se denuncia carece de asidero, ya que la motivación debe ser calificada de arbitraria cuando se extrae de la prueba que se menciona una conclusión que aquella indefectiblemente no autoriza a extraer (Cfr. esta Sala in re "Segovia...", sent. 51/81), requisito que, conforme a lo expuesto, innegablemente no se da en autos, donde el análisis integral y concatenado de la misma, de la mano de la sana crítica racional, conducen a una probatura acabada de los extremos apuntados, libre de toda hesitación razonable, de modo que no puede en la especie afirmarse que el fallo analizado carezca de fundamento, lo que conlleva al rechazo del recurso (Cfr. esta Sala in re "Robles...", sent. 49/99).- Por lo demás, debe tenerse presente que la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir pronunciamientos que se estiman equivocados o que el recurrente considere tales, pues su procedencia requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación (Cfr. Fallos 323:282) situación que no se verifican en el sub lite, donde resulta notorio que el recurrente, para formular su queja, omitió deliberadamente hacerse cargo de todos y cada uno de los argumentos en los que el a quo sustentó las conclusiones impugnadas, careciendo los agravios planteados del desarrollo necesario como para demostrar las razones que avalan su pretensión, con lo cual no la dotó de la debida fundamentación autónoma, la que requiere que el escrito de interposición del recurso contenga un prolijo relato de los hechos de la causa de relevancia principal, que permita vincularlos con las cuestiones que se plantean, a través de una crítica concreta y razonada de los argumentos en que se basa la sentencia que se impugna, rebatiendo todos y cada uno de sus fundamentos ( Cfr. Fallos 310:1465).- En definitiva, por los argumentos precedentemente expuestos, me expido negativamente en esta cuestión. ES MI VOTO.- A LA PRIMERA CUESTION RAMON RUBEN AVALOS, dijo:

Adhiero específicamente a las consideraciones y conclusión a que arriba el ministro preopinante, por lo que voto en idéntico sentido. ES MI VOTO.- A LA SEGUNDA CUESTION RICARDO FERNANDO FRANCO, dijo:

Con arreglo al resultado de la cuestión anterior, corresponde rechazar los recursos de inaplicabilidad de ley e inconstitucionalidad deducidos a fs. 241/249 y de inaplicabilidad de ley interpuesto a fs. 250/256, con costas los primeros, y sin costas el último, por haber intervenido el Defensor Oficial. Asimismo, corresponde regular los honorarios profesionales del Dr. Rodolfo Alberto Taborda en la suma de Pesos Trescientos ($ 300.-), de conformidad con las disposiciones de la ley arancelaria. ASI VOTO.- A LA SEGUNDA CUESTION RAMON RUBEN AVALOS, dijo:

Compartiendo la solución propiciada por el Dr. Ricardo Fernando Franco, adhiero expresamente a la misma, incluida la propuesta de honorarios. ES MI VOTO.- Con lo que se dio por finalizado el Acuerdo precedente, firmando los señores Magistrados presentes, todo por ante mi, Secretario que doy fe.- ··S E N T E N C I A Nro.··11··/ Resistencia, 27 de febrero de 2003.- Y VISTOS:

Los fundamentos del Acuerdo que antecede, la Sala Segunda en lo Criminal y Correccional del Superior Tribunal de Justicia, RESUELVE:

I- Rechazar los recursos de inaplicabilidad de ley e inconstitucionalidad deducidos a fs. 241/249, con costas, y de inaplicabilidad de ley interpuesto a fs. 250/256, sin costas, por haber intervenido el Defensor Oficial.- II- Regular los honorarios profesionales del Dr. Rodolfo Alberto Taborda, en la suma de PESOS TRESCIENTOS ($300.-) de conformidad con la legislación arancelaria vigente.- III- Regístrese. Notifíquese. Tome conocimiento Caja Forense y oportunamente devuélvanse los autos.-