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Confirmación de sentencia, declaración de quiebra, homologación del acuerdo preventivo
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Herrera, Edgardo Alberto  c/  s/ concurso preventivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-08-16

Procede confirmar la resolución en el que la jueza de grado tuvo por no obtenidas las conformidades del acuerdo y dispuso que debe decretarse la quiebra del concursado apelante. Ello por cuanto, en el caso, no hay controversia en cuanto a que éste solicitó su concurso en los términos de la LCQ 68 por su condición de garante de ciertas obligaciones asumidas por una sociedad que también solicitó la convocatoria; 1) tampoco hay discusión en cuanto a que exteriorizó una propuesta individual; es decir, que el período de exclusividad transcurrió con un ofrecimiento independiente al del concurso de la deudora garantizada, pues desde su inicio dijo expresamente que la oferta la hacía en los términos del párrafo 8 de la LCQ 67; 2) además, no acompañó en el expediente de su concurso ninguna conformidad por parte de los acreedores con créditos allí verificados o declarados admisibles. En ese marco, son varios los motivos por los cuales el pedido de homologación del acuerdo receptado como una propuesta unificada con la homologada en el concurso de la sociedad debe ser rechazado; a decir: A) la petición resultó claramente inoportuna. En efecto, si bien la ley no establece un momento procesal concreto en el cual los concursados pueden solicitar la formulación de propuestas unificadas, lo cierto es que el concursado exteriorizó esa intención recién en la expresión de agravios aquí analizada. La lógica del proceso preventivo concursal permite estimar que lo adecuado para el ejercicio de esta opción sería al formular la propuesta de categorización (LCQ 41), aunque bien podría ser antes (v. Junyent Bas - Molina Sandoval; "Ley de Concursos y Quiebras", tomo I, pág. 386, año 2003); pero nunca podría permitirse el ejercicio de dicha opción una vez concluido el período de exclusividad. El párrafo 5 de la LCQ 67 dice que son "los concursados", y no uno individualmente, los que pueden ofrecer propuestas tratando unificadamente su pasivo. Además, el acuerdo obtenido por la sociedad garantizada fue homologado como propuesta individual por decisión que se encuentra firme; B) los acreedores nunca dieron la aprobación a una propuesta unificada; C) ningún acreedor verificado o declarado admisible en este concurso prestó conformidad con la propuesta de pago exteriorizada por el concursado; D) los acreedores garantizados que verificaron el crédito en el presente concurso ni siquiera acompañaron el acuerdo propuesto por la deudora principal; E) aun soslayando lo dicho hasta aquí, también resultaría dirimente el hecho que las conformidades obtenidas según el cálculo efectuado por la sindicatura hecha en concurso de la sociedad garantizada no serían suficientes como para disponer la homologación del acuerdo como una propuesta unificada.
Prueba, carga de la prueba, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: M. E. c/ Z., D. R. y otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-10-10

El art. 381 del CPCC (antes art.377) se relaciona con la carga de la prueba, la que pesa sobre la parte que afirme la presencia de un hecho controvertido, aunque no debe perderse de vista que ella juega solo en la formación lógica de la sentencia cuando falta prueba, por insuficiente, incompleta o por frustración de la actividad procesal de las partes.

Únicamente entonces se debe acudir a los principios de la carga de la prueba, al verse el juzgador en la necesidad de fijar quién deberá soportar las consecuencias que se producen cuando quien debía probar, no lo ha conseguido.
Daños y perjuicios, daño moral, responsabilidad extracontractual, uso de documento falso, créditos personales, entidades financieras, responsabilidad del acreedor
Materia: COMERCIAL
Carátula: ALVEZ,  HUGO CESAR c/ COMPAÑIA FINANCIERA ARGENTINA SA Y OTROS s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-12

Cabe hacer lugar al reclamo indemnizatorio en concepto de daño moral incoado contra dos compañías financieras, por haber enviado al domicilio laboral del actor, sendas intimaciones de cobro de créditos que fueron otorgados a un tercero que usurpó la identidad del actor. En ese marco, resulta incuestionable que la conducta negligente de la entidad financiera afectó seriamente la tranquilidad anímica del actor. Así surge de las declaraciones testimoniales brindadas. En tales condiciones, la penosa situación que debió atravesar el damnificado, permite tener por acreditado un estado de impotencia y perplejidad que produce incomodidad, desasosiego, consternación y zozobra moral. Todo ello ha debido originar un cambio disvalioso en el bienestar del demandante al afectar su equilibrio anímico o estabilidad emocional, y ha debido ocasionar por el mero hecho de su acaecimiento un estado y un considerable sufrimiento que justifica su reparación (CNCom, Sala A, "Miragaya, Jorge c/ Banco Francés s/ ordinario", del 11/05/04; CNCom, Sala D, "Mercobank SA s/ liquidación judicial s/ inc. de revisión por Tomada, Jorge", del 19/10/05). En tales condiciones, de conformidad con la facultad concedida por el artículo 165 del Cpr, ponderando que: (i) el actor fue incluido en la base de datos de organización Veraz, y (ii) las intimaciones fueron cursadas a su domicilio laboral, resulta adecuado fijar la indemnización a pagar por la primer financiera en $3.000 y por la segunda financiera en $5.000. Esta distinción, ante el hecho que esta última fue quien informo al actor como deudor moroso ante Veraz SA.
Acción de amparo, recurso de queja (procesal), incorporación de informes
Materia: PROCESAL
Carátula: DOMINGUEZ HUGO c/ MUNICIPALIDAD DE ULLUM s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-03-08

El informe a que alude el art. 58 del C.P.C., No solo comporta un medio de comprobación de datos relacionados con los hechos invocados, como fundamento de la pretensión del amparo, sino además que equivale, sustancialmente al acto de contestación de demanda, refuerza esta conclusión el hecho de que el art. 8 de la ley 19986, similar a nuestro art. 588, imponga al requerido, en oportunidad de contestar el informe, la carga de ofrecer prueba de que intente valerse. Tomando como contestación de demanda, es innegable que el plazo para contestar es perentorio, vencido el cual, no puede con posterioridad ser presentado.
Contratos, emergencia económica, pesificación, reajuste de precios, esfuerzo compartido, juicio ordinario
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: MSF/HSF Argentina SA c/ Galeno SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-22

Sin embargo, ese régimen no impuso una "pesificación definitiva" a través de la aplicación de la paridad y coeficiente indicados, sino que contempló la posibilidad de un ulterior reajuste, a pedido de cualquiera de las partes, cuando el resultado provisto por la utilización de dicha paridad y coeficiente no se correspondiera con el valor resultante de la cosa, bien o prestación al momento del pago.
Responsabilidad del dueño o guardián de la cosa, relación de causalidad, carga de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Hassanie, Rolando c/ Administración de Vialidad Provincial s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-02-18

El dispositivo del art. 1113 CC establece una presunción de causalidad por el riesgo o vicio de la cosa, de tal suerte que no pesa sobre el damnificado la prueba de una estricta relación causal entre hecho y daño. Basta que el damnificado pruebe -y lo haga fehacientemente- un nexo causal aparente, claro y suficiente para que esta presunción obre. Por efecto de tal presunción es el demandado el que debe rendir la prueba opuesta: que el daño derivó de un factor distinto y ajeno al riesgo, o concomitante con éste.- Así, el principio es que, la presunción de causalidad no destruida, es causalidad demostrada.
Costas, exención de costas, acción de amparo, sentencia arbitraria, violación de la ley o doctrina legal, recurso de casación
Materia: PROCESAL
Carátula: SALAZAR SANDRA EDITH s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2007-03-28

Corresponde declarar procedente el recurso de casación interpuesto por la parte actora, contra la sentencia de grado que ha desinterpretado la normativa legal, por resultar inaplicable al caso de autos lo establecido por el art. 68 del C.P.C. y C. -segundo párrafo- y en consecuencia, debiendo revocarse el punto 2) de la sentencia dictada, con costas en todas las instancias a la demandada perdidosa de Amparo, esto por cuanto la sola circunstancia de que la demandada haya cumplimentado con el informe previsto en el artículo 7 y que a tenor del juzgador haya aportado a la exacta comprensión de los hechos que dieron motivo a la acción de amparo, no puede ser considerada por sí sola motivo suficiente como para eximir a dicha parte de las costas del proceso cuando éste se define a favor de la parte actora.

De lo contrario, caeríamos irremediablemente en la desnaturalización de la regla que hace cargar a la parte vencida con las costas del proceso, sin tener un soporte jurídico valido que sustente la procedencia de la excepción.-
Recurso extraordinario, admisibilidad del recurso, fundamentación del recurso, autosuficiencia, monto mínimo
Materia: PROCESAL
Carátula: BUFFA, RAÚL PEDRO c/ MARIO FERNANDO IBARRA s/ RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2011-08-15

Una buena técnica recursiva, en orden a la autosuficiencia del remedio extraordinario interpuesto, impone al recurrente la carga de que ante el rechazo o acogimiento total de la acción, exponga claramente que la me-dida de su agravio resulta coincidente con estos montos y, en el caso de rechazo o acogimiento parcial de la demanda, que la extensión de su agravio está dado por la diferencia entre el sentenciado y lo pretendido, debiendo en todos los casos dichos valores ser igual o superior al monto habilitante que surge de la aplicación de la regla del art. 295 del código de rito a los efectos del tratamiento del recurso extraordinario.
Concursos, novación, codeudor solidario, fiador, aplicación de la ley, acreedores del concurso
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Banco Santander Rio SA c/ Virgilio, Mario y otro s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-11-06

La LCQ 55, establece que la novación no causa la extinción de las obligaciones de quienes resulten ser codeudores solidarios junto con el convocatario, ni la de los fiadores de este último. En ese aspecto, obsérvase que la novación concursal no contradice en la práctica, la ley civil. Ello es así, pues si bien la aplicación de la legislación común (CCCN 835, 846, 940 y ccdtes) extinguiría las obligaciones de los garantes como consecuencia de la novación hecha por el acreedor con cualquiera de los deudores por obligaciones solidarias o indivisibles, no puede soslayarse que esas normativas poseen en común la decisión voluntaria de las partes, es decir, están hechas con animus novandi (antiguo CCIV 812, actual art. 934), mientras que la novación concursal es de base legal y se aplica aun cuando el acreedor no hubiera prestado conformidad a la propuesta concordataria pues resulta evidente que no hay intención de novar, sino de cobrar el respectivo crédito a través del trámite concursal y con las limitaciones que de él resulten (cfr. arg. CNCom, Sala C in re: "Banco de la Ciudad de Buenos Aires c/ Izón Jorge R. s/ ejecutivo", del 21.12.78, Sala A., in re: "Banco Río de la Plata c/ Sumatik SRL y otros s/ ejecutivo" del 6.2.09, id in re: "Orellana Agüero Marcos Antonio c/ Excellent Food SA y otros s/ ejecutivo" del 23.5.13).
Derechos de incidencia colectiva, rutas nacionales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Provincia de Río Negro y otros c/ Estado Nacional - Dirección Nacional de Vialidad s/ amparo Ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Río Negro
Fecha: 2024-07-05

En cuanto la legitimación y la acción colectiva en relación con la reparación de un tramo de una ruta nacional, si bien la regla general es que los derechos sobre bienes jurídicos individuales sean ejercidos por su titular, esto no impide que se pueda reclamar una protección colectiva cuando se trata de un bien de dominio público del Estado Nacional, pues La Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoce una categoría de derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos, donde un hecho único o continuado provoca una lesión a todos ellos, siendo posible realizar un solo juicio con efectos expansivos de la cosa juzgada, siempre que se acredite una causa fáctica homogénea y la predominancia de cuestiones comunes sobre las individuales.
Responsabilidad objetiva, cosa riesgosa
Materia: CIVIL
Carátula: Cuenca Aranda, Ignacio y Otra c/ Ados-Trelew y Siprosalud s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-11-06

Si el factor de responsabilidad es objetivo por riesgo, la cuestión de la culpa del presunto responsable queda fuera de cauce, pues el deber resarcitorio no resulta de su conducta, aunque fuera negligente o imprudente, sino del riesgo de la cosa que causó el daño y de la cual aquél era dueño o guardián. Esto no implica, que la consideración de toda culpa sea ajena a la responsabilidad objetiva.
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, exceso ritual manifiesto, Superior Tribunal de Justicia, sentencia, fundamentación de sentencias
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: T., S. L. c/ R., F. C. s/ Recurso Extraordinario para ante la Corte Suprema de Justicia de la   Nación. Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad.   Reclamación de filiación (Expte. CSJ Nº 205- 98)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-05-02

Resulta insuficiente para operar la apertura del recurso extraordinario el agravio del recurrente que tilda de excesivamente ritual la respuesta dada por la Corte al rechazar la queja sin considerar los vicios que -a su juicio- adolecía el acta de audiencia de vista de causa, priorizando la ley procesal sobre la verdad jurídica objetiva. Al respecto la Corte señaló que el reparo -dirigido a un acto del proceso seguido en baja instancia- debía ser desestimado sin más ya que el impugnante no había agotado las vías recursivas previas a efectos de obtener la reparación de su agravio constitucional; en efecto, éste podía haber sido subsanado por el recurso de apelación extraordinaria, no obstando a esa conclusión la circunstancia de que el remedio de marras hubiera sido concedido sólo por la causal prevista por el artículo 42 inciso 3) de la ley 10160, toda vez que la denegatoria por las restantes hipótesis de procedencia imponía al apelante -en este aspecto- recurrir directamente a la Alzada en procura de abrir la instancia por "violación de las formas sustanciales prescritas para el trámite o decisión de la causa" (artículo 42 inciso 1, ley 10160). Sobre esta temática, al elaborar la doctrina respecto del iter recursivo que, de acuerdo a la normativa aplicable, debe seguirse contra las sentencias definitivas o autos con fuerzas de tales dictados por los Tribunales Colegiados, la Corte local receptó las directrices emanadas de la nacional a partir del caso "Strada" en tanto imponen como requisito inexcusable del recurso de inconstitucionalidad local el agotamiento de la divergencia en todas las instancias hábiles, ya sean ordinarias o extraordinarias.
Caso fortuito, fuerza mayor, prueba, carga de la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bori, Manuel c/ Asociación Civil Club Campos de Golf Las Praderas de Luján s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-11-19

Demostrado el caso fortuito por el deudor, el acreedor que sostenga que a pesar de eso subsiste la responsabilidad, debe probar a su turno cualquiera de los hechos que provocó el caso fortuito, la convención por la cual el deudor asumió los riesgos de él, la mora en que se encontraba el deudor cuando ocurrió el acontecimiento.-
Divorcio, competencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: M., A. H. c/ L., J. M. s/ Divorcio vincular
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-09-26

Si el proceso de separación según el régimen anterior de la ley 2393 finalizó con sentencia firme, agotándose -así- la competencia de la jurisdicción originaria (art. 166 C.P.C.C.), puede considerarse actualmente competente para conocer de la demanda de conversión que prevé -ahora- el art. 8vo. de la ley 23515, un juez distinto.-
Delitos contra el honor, responsabilidad civil, retractación
Materia: CIVIL
Carátula: G., A,.O. c/ G.T., H. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-03-27

La retractación publicada no borra la imputación delictuosa inveraz, ni significa que ésta no haya existido. Por lo tanto, no elimina los efectos lesivos ya producidos en el espíritu del ofendido.
Juicio abreviado, acuerdo de partes, facultades del querellante
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: H., R. s/ Homicidio Culposo r/v B., L. A. s/ Impugnación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2013-04-15

La resolución cuestionada inobservó la manda del artículo 355 que claramente imponía que el fiscal contara no sólo con la conformidad del imputado y su defensor, del acuerdo propiciado, sino también, con la aceptación de la parte querellante.

La a quo con argumentos contrarios a la ley excluyó al querellante de la negociación, dejando a esa parte totalmente desprotegida y sin posibilidad de continuar autónomamente la acción penal.

Así las cosas, el convenio homologado estrictamente no se trató de un acuerdo de juicio abreviado en los términos del ceremonial desde que desatendió la negativa de la querella, parte necesaria en la negociación.

El fallo atacado ha privado al impugnante del derecho a un pronunciamiento útil a sus pretensiones, desmereciendo así el rol que las leyes le acuerdan a la querella.
Jubilación por invalidez, solicitud del beneficio, Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social, competencia
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - PROCESAL
Carátula: BASULADO, ERNESTO COSME c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-30

La petición del otorgamiento del beneficio de jubilación por invalidez formulado ante la C.N.A.S.S., excede en lo formal las posibilidades del Tribunal, el que sólo puede expedirse sobre la existencia o no de una incapacidad invalidante a los fines previsionales.
Apreciación de la prueba, insuficiencia del agravio
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Ponce, Julio Alberto s/ Recurso de Casación interpuesto por los Dres. Víctor Manuel Pinto y Fernando Ramón Avila, en causa Expte. 175/09, caratulada: Ponce, Julio Alberto s.a. Homicidio Simple
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2011-08-12

La Cámara en lo Criminal por unanimidad, declaró culpable a J.A.P. del delito de Homicidio Simple, por el que venía incriminado condenándolo a consecuencia a sufrir la pena de quince años de prisión (arts. 79, 12, 40, 41 y 45 del C. Penal).

Contra el decisorio aludido, comparecen los asistentes técnicos del imputado e interponen recurso de casación.

Denuncian inobservancia o errónea aplicación de las reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas.

Los recurrentes aseveran que, independientemente de la confesión del imputado, no existe ningún elemento que apuntale la responsabilidad o autoría del delito por parte de su defendido. Fundan sus agravios criticando las modalidades de investigación y cuestionando la falta de citación de algunas personas para que depongan como testigos.

Al respecto, debo decir que, más allá de las disconformidades señaladas por la defensa, no se advierte -y tampoco lo han especificado-, qué incidencia tiene o hubiese tenido ello con relación a la prueba ponderada por el juzgador en el fallo que se ataca.

Estimo que cuando se denuncia, a través del recurso de casación, la omisión de valorar prueba, no basta con la mera constatación de que la sentencia carece de examen de elementos de convicción ofrecidos e incorporados sino que, tratándose del contralor de una facultad, en principio privativa del tribunal de juicio, resulta menester que se trate de probanzas cuya inclusión hipotética pueda razonablemente variar la conclusión que se objeta, lo que no se advierte en el caso bajo examen.

Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso interpuesto.
Materia: LABORAL
Carátula: GIMENEZ, VANINA. c/ SANATORIO 9 DE JULIO. s/ COBRO DE PESOS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-02-29

En relación al artículo 1 de la norma citada -Ley 25323- debe tenerse presente que su análisis tiene una evidente y necesaria articulación con la ley 24013 y su interpretación deber hacerse desde la complementariedad. De la confrontación de las normativas nacionales puede colegirse que ambas tratan de sancionar e impedir los casos particulares que impulsen el trabajo denominado "en negro" a través de la falta de registración como de la registración parcial.

Esta lectura posibilita una interpretación adecuada y razonable de la norma por cuanto resultaría excesivo y contrario a la misma la imposición de la sanción del artículo 1 para cualquier falencia registral sin consideración de las condiciones y sus características particulares.

(ESTOFAN - GOANE - SBDAR (CON SU VOTO).
Representación procesal, gestor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: LOBO, RAUL AMERICO c/ RAMON A. CORREA Y OTRO. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-07-14

El plazo de participación provisoria se computa desde el momento en que el gestor se presenta invocándola, ello porque desde entonces pretende y logra cumplir actos procesales por su representado.
Cuenta corriente bancaria, autorización para girar en descubierto
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Casa Paletta S.A..Quiebra s/ Incidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-03-24

El silencio luego de recibidos los extractos hace presumir la conformidad del cuentacorrentista con los intereses que el banco cargaba en su cuenta por las operaciones en descubierto (arts.919 C.C.; 795 C.Com. 56 inc.a dec.ley 4776/63, 4 de la ley 21.526, 10 inc. b) y 11 inc. e) de la Circular RF 9 del B.C.R.A.).
Subasta, indisponibilidad de fondos
Materia: PROCESAL
Carátula: NUCERA, Leonardo c/ CARRIZZO, Marta Irene y otros s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-10

Ningún derecho asiste al comprador en subasta para pretender la retención de fondos hasta tanto se paguen los impuestos, tasas y contribuciones adeudadas, pues adquirió el bien sabiendo fehacientemente su existencia, al estar detalladas en los edictos, no obstante que tales guarismos se refieran, obviamente, al estado de la deuda al momento del pedido de los respectivos informes, en tanto ello no importa la liberación de las que se devengaron con posterioridad.-
Accidentes de trabajo, aplicación de la ley, enfermedad accidente
Materia: LABORAL
Carátula: GIGANTE c/ SANCOR s/ DEMANDA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-10-17

Para establecer cuál es la ley aplicable de accidente de trabajo y, en el caso específico, de enfermedad accidente, debe tomarse en cuenta el momento en que el actor conoció la determinación de la afección y el grado de la misma, dictaminado por la junta médica judicial. De tal manera que si la enfermedad accidente tuvo su nacimiento en fecha anterior a la de la nueva ley, pero se consolidó con posterioridad a ésta, es la nueva ley aquélla que regula la situación jurídica planteada.