marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Daños y perjuicios, valor vida
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Nievas, Diana D. y otro c/ Guardarucci, Luis R. y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-07-30

Teniendo en cuenta que la víctima contaba con cuarenta y cinco (45) años de edad al momento de su deceso; que se desempeñaba como modista; que se hallaba separada de hecho de su cónyuge y a cargo de sus dos hijos menores, resulta justo y equitativo fijar en la suma de A 230.000.000 (doscientos treinta millones) la indemnización correspondiente al rubro "valor vida", estimada a la fecha de la sentencia apelada (6/XII/90).
Ley arancelaria, delitos contra el orden público
Materia: CIVIL
Carátula: Serrano Adolfo Daniel s/ diligencia preliminar
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2012-09-27

Aún cuando la ley 7046 haya perdido la condición de orden público, la responsabilidad del profesional se encuentra directamente ligada con la importancia económica del proceso en que se desarrolla, por lo que sólo habilita la aplicación de las restantes pautas del art. 3 destinadas a ponderar entre el máximo y el mínimo de la escala del art. 30 y el apartamiento de las pautas objetivas en ella establecidas sólo debe ser aplicado cuando existan causas de merito suficientes que lo justifiquen. (Fundamentos del Dr. Gustavo Alberto Britos a los que adhiere la Dra. Barbiero)
Competencia, inconstitucionalidad, radicación del expediente, ley vigente, recurso de apelación (procesal)
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - PROCESAL
Carátula: TOLEDO, JOSE CARLOS c/ A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-03

Para que sea viable el criterio por el cual se sostuvo, reiteradamente, que la causa se encuentra radicada en la Sala y ésta habilitada para conocer en ella, aún cuando el sorteo se hubiere realizado con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley 24.463 y a la presentación del escrito en que se cuestionaba su validez, es necesario que al momento de deducirse la tacha de inconstitucionalidad el principal conteniendo el recurso de apelación interpuesto en las condiciones establecidas por la ley 23.473, se encuentre en la Secretaría General y que, con posterioridad, se haya sorteado la Sala y se haya hecho saber que ella iba a conocer. En consecuencia, corresponde desestimar el planteo de inconstitucionalidad y remitir las actuaciones al organismo correspondiente, cuando la presentación fue deducida directamente ante la Cámara, en tanto el principal que contiene el recurso de apelación se encuentra en el referido organismo. (Del voto del Dr. Wassner).
Recurso de apelación (procesal), costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Carroazi, Omar s/ Tercería de dominio en "Hernandez C/Grosso s/Cobro ejecutivo"
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-07-30

La imposición de costas efectuada en una resolución inapelable constituye una secuela de la decisión principal, que por su relación de accesoriedad debe seguir la suerte de aquella. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Prueba, rechazo de la prueba
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: P., C.M. c/ D.T. SRL s/ Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-02-05

Cuando se dice de "inconducente" respecto de una prueba se está aseverando su ineptitud legal o jurídica para su admisión ya sea porque 1) el medio respectivo no esté autorizado por la ley o se encuentra prohibido expresa o tácitamente por una norma para el caso concreto o en razón del método empleado para obtenerlo; 2) porque una norma exija un medio en especial para probar un hecho, como ocurre cuando se exige documento "ad substanciam actus".
Recurso de casación, cuestiones de hecho y prueba, robo con armas, arma descargada
Materia: PENAL
Carátula: Celis, Daniel Andrés y Medina, Juan Ramón. s/ Recurso de Casación.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1998-06-11

Es improcedente la casación si la determinación de la ley sustantiva aplicable depende de la apreciación y valoración de situaciones y circunstancias de hecho y prueba que se encuentran dentro de la esfera de atribuciones discrecionales del tribunal, salvo absurdo o arbitrariedad, o que su evaluación por los jueces de grado haya sido irrazonable, contradictoria o infundada. (Dr. Dionisi: según su voto)
Fraude a la Administración Pública, daños y perjuicios
Materia: PENAL
Carátula: A., O. s/ Fraude en perjuicio administración pública (Expte Nº 236-99,  Resolución Nº  12, Tomo 6, Folio 378)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-03-13

En delitos de la especie de que estamos tratando (fraude en perjuicio de la administración pública), si bien es menester la producción de un perjuicio apreciable pecuniariamente, el mismo no tiene por qué ser definitivo ni irreparable. Se trata de delitos instantáneos, donde la consumación se produce al poderse establecer el perjuicio, aunque luego alguna persona, o incluso el propio imputado, lo repare. La eventualidad de que la aseguradora contratada hubiera cubierto el perjuicio provocado, incluso mejorando la situación de la otra parte, ninguna relevancia tiene en orden a la consumación del delito. En el caso de autos, la omisión en que incurrió el imputado al no entregar en tiempo oportuno el dinero que había percibido, produjo un perjuicio real y concreto y la circunstancia de que posteriormente el mismo haya sido reparado, incluso con creces -por los intereses que se denuncian- por la aseguradora, en nada lo conmueve.
Municipalidad, personal municipal, seguro de vida
Materia: ADMINISTRATIVO-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Leno, Ruben y otros y sus acumulados c/ Municipalidad de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.:  C.S.J. Nro. 102 Año 1994)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-08-07

La ordenanza 4569/50 de la Municipalidad de Santa Fe que establece un Seguro Mutual Jubilatorio también prevee un mecanismo para cubrir las diferencias adeudadas por el afiliado que se acoge a un beneficio sin haber integrado el valor total de sus cuotas: mediante la deducción de la deuda respectiva del beneficio obtenido (artículo 11). De este modo queda diluido el riesgo aducido por la Municipalidad en autos, consistente en que "ningún afiliado jamás llegaría a completar el valor debido". Y ello es así porque, de dars e el caso de que un afiliado se acoja a un beneficio del seguro sin haber terminado de pagar las diferencias para completar el valor total de las 360 cuotas que en su momento integró, deberá "cubrir la diferencia resultante mediante el beneficio que les correspondiera".

Se insiste: el ordenamiento es claro en el sentido de que del beneficio que se percibe, previamente, se deben deducir las diferencias que adeude el afiliado.
Jueces, tribunal de enjuiciamiento
Materia: PROCESAL
Carátula: ROMERO LASCANO, EDUARDO ANTONIO. c/ PROVINCIA DE TUCUMAN. s/ ACCION DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2013-03-13

Que en lo que refiere a la naturaleza del Jurado de Enjuiciamiento en sentencia N° 888/2008 recaída en la causa "Colegio de Abogados de Tucumán vs. Honorable Convención Constituyente de Tucumán s/ Inconstitucionalidad", se sentó la subsistencia en el instituto de ostensibles caracteres netamente políticos, lo que se advierte respecto al acto mismo de destitución -que culmina el proceso jurisdiccional no judicial de enjuiciamiento- que reviste naturaleza político constitucional.

En dicho pronunciamiento, siguiendo al precedente "Freidenberg, Alicia vs. Estado Provincial (Honorable Legislatura) s/ Amparo", sentencia N° 221 del 29-3-2006 , se señaló que el proceso ante el Jury que no es un juicio penal; en él no se persigue castigar, sino separar del cargo; no juzgar un hecho como delictuoso, sino una situación de gobierno como inconveniente para el Estado.

O sea, alejar del ejercicio del poder a quien es portador del mismo. Por eso, el juicio político termina y agota su objetivo cuando el funcionario se separa o ya no está en el cargo (Bidart Campos, Germán J., Derecho Constitucional del Poder, Ediar, S.A., Bs. As. 1967, T. I, Lº 2º, Parte Iª, Título 5, Cap. XIII, pág. 380).

Es político, entonces, en razón de su esencial y directa vinculación con la organización de uno de los tres departamentos supremos del estado provincial -integración del Poder Judicial- y el acto que eventualmente culmine su faena genéricamente es estatal, por ende propio del derecho público local y específicamente, por su contenido o materia, de naturaleza político constitucional y no de índole administrativa ni tributaria.

Allí se dijo además que otra manifestación del carácter político aparece con la dosis de discrecionalidad de esa índole respecto a que, en el juzgamiento de la conducta del magistrado, juega la apreciación de la conveniencia o inconveniencia de la continuidad de aquél en el ejercicio de la función jurisdiccional judicial (cfr. Armagnague, Juan Fernando: Juicio Político y Jurado de Enjuiciamiento, págs. 297/298), sin perjuicio de que, como con acierto lo destaca Adrián Ventura, el margen de discrecionalidad del Jurado es menor que el del Congreso al tener que darle mayor importancia a los elementos técnicos relativos a la idoneidad del magistrado cuya conducta está sujeta a revisión (cfr. Consejo de la Magistratura-Jurado de Enjuiciamiento, pág. 248).

Por último, en dicho fallo también se sentó que el carácter político del procedimiento previsto para la remoción de magistrados del Poder Judicial a cargo del Jurado de Enjuiciamiento, viene dado por la identidad en principio de las causales de remoción (cfr. artículo 125 de la Constitución provincial.

DRES.: RUIZ - CASTELLANOS - PIOSSEK.
Acción de amparo, bien jurídico protegido, Derechos humanos, existencia de otras vías, recurso contencioso administrativo, medida cautelar autónoma
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Speranza, Fabián Armando y otros c/ Provincia de Santa Fe s/ Amparo jurisdiccional- Avocación (Art. 2, Ley 11.330) (Expte.: C.S.J  . Nro. 150 año 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-11-12

La alegación de que el amparo en función de la interpretación que los actores efectúan de los tratados y convenciones sobre derechos humanos con jerarquía constitucional- resulta el medio más idóneo en tanto en el agotamiento de la vía administrativa y el posterior control jurisdiccional contencioso administrativo no existiría una tutela efectiva de sus derechos, no pasa de ser una mera afirmación que no toma en cuenta las múltiples posibilidades de tutela que se dan dentro del procedimiento administrativo provincial y también en el proceso contencioso administrativo. En efecto, pasan por alto los amparistas la posibilidad que les cabe en sede administrativa de solicitar el cese de la conducta que se juzga ilegítima; como así también la de acudir ante la Cámara de lo Contencioso Administrativo a fin de peticionar, en caso que concurran los requisitos que la tornan admisible, tutela cautelar autónoma de acuerdo a la doctrina jurisprudencial sentada por esta Corte como tribunal de lo contencioso administrativo en los casos "Buasso" (A. y S. T. 145, pág. 299), "Godoy" (A. y S. T. 150, pág. 141), y, más recientemente, en "Bazet" (A. y S. T. 167, pág. 111) y la utilización de todos los demás mecanismos de tutela previstos en la ley 11.330.En otras palabras, no se advierte por cuál especial razón en las circunstancias de autos los mecanismos supra aludidos no resultarían suficientes a efectos de garantizar el pleno derecho a la jurisdicción de los actores.
Integración del tribunal, jueces naturales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CARPINTERO DE PIÑA, MARIA DEL CARMEN c/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ ACCION DE AMPARO-APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2004-04-06

La renuncia de dos de los integrantes de la Sala Criminal, y su posterior reemplazo por el magistrado que seguía en el orden de votación, no implica que las partes sean privadas de sus jueces naturales, sino por el contrario someterlas al juzgamiento por las personas que han sido sorteadas para entender en los presentes, la que fue consolidada al solo efecto de fallar en la causa, sin que exista previsión legal que autorice hacer excepción a dicha regla.
Prescripción, tasa de justicia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Giles de Hourcade, María B. y otro s/ sucesiones
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-05-06

El hecho de que el representante del fisco sólo tome conocimiento de la marcha de los expedientes con motivo de la vista que se le ordena, importa que sólo a partir del pase de las actuaciones a su despacho se encuentra en condiciones de exigir el pago de la tasa, mediando hasta ese momento imposibilidad de obrar a su respecto ( art. 3980 Cód. Civ. ), lo que permite dispensarlo de la prescripción cumplida durante su impedimento. En los juicios en que la tasa judicial se omite pagar al iniciarse y se condiciona luego a su cumplimiento para la inscripción de la adjudicación, mal puede invocarse la prescripción cuando ha sido la parte la que ha demorado en acreditar lo necesario para activar la adjudicación . En materia de prescripción se debe estar a su interpretación restrictiva y aceptar la solución más favorable a la subsistencia de la acción en supuesto de duda. Las tasas son prescriptibles cuando el Fisco que tuvo a su cargo la recaudación, habiendo tomado debida vista de las actuaciones, no las reclamó dentro del plazo legal en que pudo haber iniciado la acción de cobro, cuando pudo exigir su pago como es deber de diligencia inexcusable del representante del Fisco quien tiene conocimiento de un hecho imponible impago. El art. 3980 del Código Civil no establece una causa de suspensión de la prescripción, sino un perdón o dispensa de la prescripción cumplida y para su procedencia es necesario un impedimento para obrar que revista el carácter de no superable y ajeno a su voluntad. La falta de mención del art. 3980 del Código Civil no impide su aplicación por el juez si se alegan y demuestran las circunstancias que tal norma contempla, ya que al respecto juega el principio " iura novit curia ". (Minoría u opinión personal)
Daños y perjuicios, daño resarcible, prisión preventiva
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Abeiro   Claudio    Alejandro c/ EN  -  Mº  Justicia s/ daños  yperjuicios".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-08

La indemnización por la privación de la libertad durante el proceso no debe ser reconocida automáticamente a consecuencia de la absolución (C.S., Fallos: 314:1668), sino sólo cuando el auto de prisión preventiva -y en su caso, la prolongación de la detención- se revele como incuestionablemente infundado o arbitrario, mas no cuando elementos objetivos hayan llevado a los juzgadores al convencimiento -relativo, naturalmente, dada la etapa del proceso en que aquél se dicta- de que medió un delito y de que existe probabilidad cierta de que el imputado sea su autor, o tenga algún grado de participación (C.S.J.N. fallo del 29.7.05 "Muñoz Fernandez, Mauricio A. c. Buenos Aires Pcia. de s. Daños y Perjuicios"; ídem, fallo del 29.11.05 "Gerbudo, José Luis c. Buenos Aires Pcia. de y otro s. Daños y Perjuicios", en igual sentido esta Sala , causa 159.199/07 "Albornoz, Claudio Marino c/ EN-M° Justicia s/ daños y perjuicios", 23/10/07; Sala II in re "Gómez, Ramón Rosario c/ EN-M° de Justicia s/ daños y perjuicios, causa 159.194, 19/06/07; y Sala V in re "Gómez, Angelina Rosa c/ EN-M° de Justicia s/ daños y perjuicios", causa 159.197/02, 15/05/07).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones procesales, costas
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: BETON CONSTRUCCIONES c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.   RECURSO EXTRAORDINARIO PARA  ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA  NACION.     CSJ EXPTE NRO 266-83 V, A A s/ APELACION. QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD   (CSJ EXPTE N. 459-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-04-29|1996-12-26

Es jurisprudencia reiterada de esta Corte que la materia de costas, por ser procesal, en principio no admite el recurso de inconstitucionalidad.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, prueba pericial
Materia: LABORAL
Carátula: Martínez de Mendoza, Pascuala Aurora c/ Municipalidad de Escobar s/ Enfermedad accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-12-29

Si bien la valoración de la prueba pericial es privativa de los jueces de grado, tal principio cede cuando su ponderación es producto del absurdo (art. 44 inc. "e" del dec.ley 7718/71)
Daños y perjuicios, prestación de servicios, obligaciones, prueba, responsabilidad contractual
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MASTRONARDI  GUILLERMO  MARTIN c/ LIDERAR  COMPAÑIA  GENERAL DESEGUROS SA Y OTRO S/ s/ RDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-28

Como es sabido, en las obligaciones de medios, a diferencia de las obligaciones de resultado en las que el deudor se compromete al cumplimiento de un determinado objetivo, el deudor sólo se compromete a una actividad diligente, que tiende al logro de cierto resultado esperado, pero sin asegurar que éste se produzca (Conf. Alterini, Atilio A., Ameal Oscar J., López Cabana Roberto M., Derecho de las obligaciones civiles y comerciales, Ed. Abeledo Perrot, 2001, p. 510/511). Esto se debe a que las prestaciones objeto de dichas obligaciones encierran un alto margen de aleatoriedad. Ello así, en el caso, la actividad que se compromete a llevar a cabo la demandada es solamente la de monitorear el rodado hurtado. En ningún lugar del contrato se establece una obligación más extensa que la de buscar el vehículo siniestrado; nunca se promete un resultado.

Al encontrarnos ante una obligación de medios, queda en manos del actor la carga de la prueba. En las obligaciones de resultado la prueba puede ser escindida en prueba del incumplimiento y prueba de la culpa; pero, en cambio, en las obligaciones de medios son inseparables, por lo cual, al probar el incumplimiento, se está probando la culpa (Alterini, Atilio A., Ameal Oscar J., López Cabana Roberto M., Derecho de las obligaciones civiles y comerciales, Ed. Abeledo Perrot, 2001, p.

512). El mero hecho de la no obtención del resultado esperado, pero no prometido, no traerá aparejada necesariamente la responsabilidad. Corresponderá entonces a quien pretenda la reparación, la prueba de que el profesional no se condujo con la adecuada mesura, diligencia o, si se prefiere, que existió un comportamiento defectuoso de su parte (Conf. Cciv, Sala K, 25.02.1998 "Mirta Susana c/ T.I.M. SA y otros s/ sumario").
Sanciones disciplinarias, defensa en juicio
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: AQUINO, ALFREDO R. Y GUARDIA LOPEZ, ARTEMIO H. c/ SANATORIO FORMOSA  S.R.L.  Y OTROS s/ LIQUIDACION    DE   SOCIEDAD  COMERCIAL  -INCIDENTE  DE  INTERVENCION  JUDICIAL- SANATORIO FORMOSA  S.R.L.  Y OTROS s/ LIQUIDACION    DE   SOCIEDAD  COMERCIAL -INCIDENTE  DE  INTERVENCION  JUDICIAL-
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1985-07-18

No existe vulneración a la defensa en juicio por el hecho de que el juez pueda aplicar derechamente una sanción disciplinaria sin previa audiencia del afectado, si el ordenamiento que las normatiza tiene previsto un recurso de apelación ante el Tribunal de Alzada.
Derechos de las niñas, niños y adolescentes, interés superior del niño
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: B., C.A. y R., L.M. c/ E., M.H. s/ Incidente de Cesación de Régimen de Visitas
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-12-22

El interés del menor debe ser interpretado en el sentido más amplio posible, analizándolo con proyección a su futuro, pues es en esa etapa fundamental de la infancia y adolescencia donde se siembran, en general, los frutos que irá cosechando a lo largo de su vida y acompañarán su existencia, en especial en materia de valores éticos, equilibrio, aprovechamiento y optimización de cualidades y capacidades, inserción adecuada en la sociedad, establecimiento de vínculos afectivos sanos; así como también, por otro lado, esas etapas de la vida resultan un caldo de cultivo para conflictos y traumas, trastornos de la personalidad y el carácter, frustraciones, inmadurez e inestabilidad, que no sólo se proyectan hacia adentro creando un ser insatisfecho e infeliz, sino también hacia afuera, hacia el entorno, imponiendo sus problemas a la sociedad y violando el código de conducta social que debe respetarse.
Prescripción, extinción de las obligaciones, prescripción tributaria, IVA, quiebra
Materia: CIVIL
Carátula: FERLATTI, José Domingo; LOPEZ DE FERLATTI, Juana s/ Recurso Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-05-19

La responsabilidad -que podría o no caberle a la sindicatura- no constituye motivo suficiente para desestimar el planteo de prescripción del crédito.

En virtud de la prescripción liberatoria establecida en la ley tributaria fiscal, el contribuyente queda liberado de ingresar la deuda impositiva, como consecuencia de la inacción del Estado, esto es, cuando el fisco no arbitró los medios con los que contaba para cobrar el tributo durante un lapso determinado de tiempo.

Si se constata la inacción por parte del sujeto activo de la relación jurídico tributaria -AFIP-, y el transcurso del plazo legal establecido, debe declararse la prescripción del impuesto, sin perjuicio de la responsabilidad que le podría caber al funcionario concursal.

El art. 56 de la ley 11.683, dispone que las acciones y poderes del fisco para determinar y exigir el pago de los impuestos regidos por dicha ley, prescriben por el transcurso de cinco años en el caso de contribuyentes inscriptos.

El art. 57 de dicha normativa establece que el término de prescripción del poder fiscal para determinar el impuesto y facultades accesorias del mismo, así como la acción para exigir el pago, comenzará a correr desde el 1º de enero siguiente al año en que se produzca el vencimiento de los plazos generales para la presentación de declaraciones juradas e ingreso del gravamen.

El gravamen que surge del remate de los bienes del fallido constituye débito fiscal del mismo y, como tal, debe ser liquidado en el período fiscal en que quede firme el auto de aprobación del remate, como un integrante más de la declaración jurada mensual.

Como responsable del cumplimiento de la deuda ajena (inc. c del art. 6, ley 11.683), el síndico se encuentra facultado para peticionar la prescripción; máxime si se tiene en cuenta lo dispuesto por el art. 110 de la LCQ, en virtud del cual el fallido pierde la legitimación procesal en todo litigio referido a los bienes desapoderados, debiendo actuar en ellos el síndico.

"Respecto al planteo de nulidad con fundamento en que el fisco centró su accionar contra el síndico omitiendo actuar sobre los sujetos principales, cabe adelantar que el mismo no puede prosperar.

Ello, toda vez que surge de las constancias de las actuaciones administrativas, que con motivo de la fiscalización realizada en el expediente judicial correspondiente a la quiebra de "Sefag S.A", empresas vinculadas e incidentes de liquidación, el organismo fiscal, aplicando la normativa que rige en la materia, y teniendo en cuenta que la actora estaba en quiebra dirigió su accionar hacia el síndico, como representante legal de la misma, y como responsable del cumplimiento de la deuda ajena en los términos del art. 16, ley 11683 (t.o. en 1978 y sus modif.)".