Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-03-08


CORI, Susana María del Carmen Reg.: A y S t 212 p 138-142.

Santa Fe, 8 de marzo del año 2.006.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad deducido por la Administración Federal de Ingresos Públicos -D.G.I.- contra la sentencia del 7 de junio de 2005, dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de esta ciudad en autos "CORI, Susana María del Carmen -Concurso Preventivo- Incidente de Revisión de Sentencia promovido por A.F.I.P.-D.G.I.-(Expte. 341/04)" (Expte. C.S.J. nro.

383, año 2005); y, CONSIDERANDO: 1. La Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de esta ciudad, desestimó la apelación deducida por la Administración Federal de Ingresos Públicos -D.G.I.- contra la resolución dictada por el Juez de baja instancia -que, a su turno, había rechazado parcialmente la demanda de revisión iniciada por el organismo recaudador tendente a obtener el reconocimiento de la totalidad del crédito tributario oportunamente insinuado-, confirmando la sentencia impugnada con costas a cargo de la acreedora (fs.

16/17).

Contra el pronunciamiento de la Alzada deduce el Fisco recurso de inconstitucionalidad, tachándolo de arbitrario por no reunir las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción que le acuerda la Constitución provincial (art. 1, inc. 3, ley 7055), como lesivo de la garantía del debido proceso y del derecho de propiedad (fs. 18/36).

Las causales descalificantes que invoca pueden sintetizarse así: a) Desconocimiento o apartamiento de la norma aplicable.

Afirma que el decisorio recurrido prescindió de la normativa federal que establece expresamente la tasa de interés que resulta aplicable respecto de las deudas para con el Fisco nacional, so pretexto de que el Juzgador puede morigerar una tasa fijada por normas reglamentarias, y de que se vulneraría la "pars conditio creditorum".

b) Resolución dictada por jueces que se arrogaron el papel de legisladores y no se sintieron limitados por el orden jurídico.

Señala que la Sala, al confirmar el fallo de primera instancia, detrajo capital y determinó -según su criterio- en un dos por ciento (2%) mensual la tasa de interés que debía aplicarse para los créditos fiscales, cuando la normativa federal expresamente establece una tasa distinta.

Entiende que el "A quo" creó derecho nuevo, como lo hace la ley, y por ende invadió facultades exclusivas de otro poder del Estado -el Legislativo-, violentando o resquebrajando el sistema de división de poderes.

c) Fundamentación en pautas de excesiva amplitud, en sustitución de normas positivas directamente aplicables.

Relata que el Sentenciante sustituyó normas federales inmediatamente aplicables a los intereses por conceptos de gran amplitud, como la "realidad económica".

Luego de reseñar los antecedentes de la causa, desarrolla sus agravios, y acerca del rubro "intereses" sostiene -entre otros argumentos- que las normas aplicables en el "sub júdice" son claras y no brindan marco alguno de posibilidad interpretativa, por lo que la exégesis realizada por la Sala resultó elusiva, equiparable a haber prescindido del texto legal; postula el carácter normativo de los reglamentos empleados por el Fisco, considerándolos integrativos de la ley 11683; y alega que la única vía para no aplicar esas normas es su declaración de inconstitucionalidad, lo que no aconteció en la especie.

Con respecto al "remanente de capital" cuya verificación fuera rechazada por el Inferior, apunta que no es cierto que su parte no hubiera aportado los elementos probatorios pertinentes, pues lo hizo al solicitar la verificación de créditos, y al interponer el incidente de revisión. Entiende que no puede aseverarse que la entidad fiscal no ha realizado actividad probatoria alguna, cuando en el transcurso de todas las instancias procesales fueron objeto de debate elementos tales como: boletas de deuda, liquidaciones, deudas en Impuesto al Valor Agregado, Régimen de Seguridad Social, y caducidades de planes de facilidades de pago. Colige que el organismo recaudador no solo indicó, sino que probó totalmente la causa del crédito pretendido, excediéndose en el cumplimiento de los requisitos legalmente exigibles.

Finalmente, la impugnante asegura que la cuestión -relativa al recupero de los créditos fiscales por parte del Erario Público, con repercusión en las arcas de los Estados provinciales- excede el mero interés de las partes pues se proyecta sobre la comunidad toda, y que dicha circunstancia revela la existencia de gravedad institucional. A ello añade que la incidencia o efecto del pronunciamiento impugnado podría acarrear consecuencias disvaliosas, al generar una conc La concesión del referido recurso fue denegada por el Judicante mediante auto del 7 de septiembre de 2005 (f. 46), lo que motivó la presentación directa de la interesada ante esta sede (fs. 1/13).

2. Liminarmente, cabe señalar que la presente impugnación no ha de prosperar, pues si bien la recurrente articula en abstracto, conforme a su propio planteo, varias hipótesis que pueden encasillarse como tipos doctrinarios y jurisprudenciales de arbitrariedad, no consigue demostrar -en un contacto liminar con lo sustancial- que tales hipótesis guarden alguna elemental conexión con la realidad del caso (cfr. "Cerrutti", A. y S., T. 35, pág.

410).

De este modo, no se configura en el "sub lite" el alegado desconocimiento o apartamiento de la normativa aplicable, toda vez que, frente a la opinión del Tribunal, que se deriva de la remisión efectuada en la resolución recurrida -ver precedentes "Dillon" (A. y S., T. 160, págs. 7/11) y "Osses" (A. y S., T. 166, págs. 194/197), y asimismo "Toniutti" (A. y S., T. 179, págs. 177/180) y "CORONDA COOPERATIVA LTDA. AGRICULTORES" (A.

y S, T. 196, págs. 89/92), por mencionar algunos de los casos en los que esta Corte ha intervenido, rechazando las quejas oportunamente deducidas-, fundada en los principios concursales y en la ley sustantiva, favorable al reconocimiento de la procedencia de la morigeración de intereses correspondientes a créditos fiscales, sin necesidad de declaración previa de inconstitucionalidad de las leyes o reglamentos que los determinan, cuando los accesorios exorbitan el parámetro de razonabilidad y afectan la "pars conditio creditorum" (cfr. f. 16vto.), la impugnante intenta hacer prevalecer su postura consistente en la aplicabilidad excluyente de la ley 11683 y su normativa integradora, y en la necesidad de la previa declaración de inconstitucionalidad de tales disposiciones en los casos en que se pretenda adecuar las tasas de interés previstas, mas sin alcanzar a acreditar con lo argumentado la efectiva configuración de la arbitrariedad alegada.

Ello, debido a que sus agravios se abroquelan -principalmente- en la existencia de una disposición legal que autoriza a un órgano del Poder Ejecutivo a fijar la tasa, y en la afirmación de que, jurídicamente, los reglamentos gozan de las prerrogativas de las leyes, y deben ser aplicados e interpretados por los jueces de la misma manera que éstas.

Sin embargo, pese a su esfuerzo argumentativo, la quejosa no logra demostrar que la tesis seguida por el Tribunal implique la elección de una alternativa irrazonable o ajena al derecho en vigor.

En el caso, el Sentenciante remitió a precedentes propios en los que intervino el mismo ente público, y así -transitivamente- se basó en principios concursales, y en normas sustantivas de derecho privado, cuya aplicación no puede reprochársele, desde que su respuesta jurisdiccional ha sido brindada en el marco de un juicio universal -concursal-.

Los antecedentes citados por la Sala se enrolan en una de las principales corrientes jurisprudenciales relativas al tema bajo examen (ver, a manera de ejemplo, Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Mendoza en L.S. 271-461; 282-278; 285-144; 285-226, 286-210; C.N.Com. Sala C "in re" "Dirección General Impositiva c. Cristalerías El Cóndor S.A.", 29/11/1996, L.L., 1998-A, 492, J. Agrup., números 12367 y 12368; etc.), e importan la adopción de una solución posible, basada en razones suficientes (A. y S., T. 92, pág. 254; T. 99, pág. 212; T. 113, pág. 232; T. 123, pág. 49; T. 126, pág. 233; T. 134, pág. 10; T.

150, pág. 236; T. 152, pág. 320, entre otros), habiéndose brindado una respuesta viable de conformidad con el ordenamiento jurídico y con el cuadro fáctico esclarecido.

La misma suerte adversa deben correr el defecto atribuido por haberse arrogado los jueces el papel de legisladores, y el vicio de fundamentación en pautas de excesiva amplitud. Es que, la compareciente no logra probar que la tasa del 2% mensual para los créditos fiscales haya sido establecida -o aprobada- con fundamento en la sola arbitraria voluntad del Judicante. Por el contrario, la remisión de la Alzada a los precedentes mencionados "ut supra" evidencia la finalidad de no vulnerar el principio de igualdad o "pars conditio creditorum", evitando el devengamiento de una tasa que genere un privilegio para el Estado en desmedro de las perspectivas de recomposición eventual del patrimonio del deudor, y de cobro efectivo de los créditos en juego, y todo ello con fundamento en derecho. En este aspecto, se advierte que el Sentenciante remitió a argumentos volcados en varios antecedentes jurisprudenciales en los que intervino el mismo ente público (cfr.

fs. 16/17), debiendo recordarse que el Máximo Tribunal de la Nación ha considerado improcedente la impugnación extraordinaria sustentada en la falta de fundamentación de la sentencia cuando ésta posee motivación implícita adecuada, clara e inequívoca (cfr. Fallos: 262:210; 296:550), y que esta Corte provincial ha manifestado que constituye suficiente motivación la remisión a un anterior precedente jurisprudencial, que guarda analogía con el que se examina (cfr. A. y S., T. 100, pág. 2, entre otros).

En otro orden, no puede ser acogido el reproche relativo a la detracción de "capital privilegiado", pues la interesada no logra desarrollar en este aspecto un planteo idóneo para franquear la instancia extraordinaria.

En el punto, cabe poner de resalto que la Sala sostuvo: "...En cuanto al reclamo por el acogimiento de un crédito por el remanente del capital pretendido, el A quo lo desestimó al advertir la carencia de toda actividad probatoria en este incidente que coadyuve eficazmente a una exitosa insinuación de tal crédito. En sus agravios, la recurrente persiste en su posición pretendiendo endilgar a la sindicatura la responsabilidad de la tarea investigativa. Es claro el artículo 32 de la LCQ en cuanto asigna al acreedor la carga de justificar acabadamente su pretensión, sin perjuicio de las facultades de información que en su favor consagra el art. 33 de ese mismo ordenamiento falencial..."; "...Si bien el crédito se asentaría en las boletas de deuda y que éstas 'constituyen la base de cobro compulsivo' en toda ejecución fiscal individual, es evidente que en sí mismas esas documentaciones devienen insuficientes para lograr insinuarse sobre la masa..." (f.

16vto.).

Frente a ello, la Administración Federal de Ingresos Públicos aduce en el recurso de inconstitucionalidad que no es cierto que su parte no hubiera aportado las pruebas pertinentes, pues lo hizo al solicitar la verificación del crédito, y al interponer el incidente de revisión (cita las fojas 14 a 53); puntualiza que en el transcurso de todas las etapas procesales han sido objeto de debate diversos elementos, consistentes en boletas de deuda, liquidaciones, deudas en Impuesto al Valor Agregado, Régimen de Seguridad Social, y caducidades de planes de facilidades de pago; y colige que -en exceso de los requisitos legalmente exigidos- no solo indicó, sino que acreditó totalmente la causa.

Pero dichos fundamentos, tal como la impugnante los expone -esto es, de un modo amplio y genérico-, no hacen más que dejar en evidencia su simple discrepancia con la apreciación de la prueba y con la interpretación del derecho común que propiciaran los jueces de la causa, en uso de facultades propias.

No puede soslayarse, aquí, que -según el relato de los antecedentes del caso- el incidente de revisión había sido acogido parcialmente en primera instancia, en cuanto al capital, "siguiendo la opinión de la sindicatura y a partir de los nuevos elementos aportados" (ver f. 26), circunstancia que imponía una mayor precisión de la recurrente en la especificación del origen o imputación del remanente de capital que fuera rechazado, y una referencia concreta al modo en que habría probado la causa de esa porción desestimada del crédito privilegiado insinuado.

Por último, sabido es que la invocación de "gravedad institucional" no configura una hipótesis que habilite "per se" la apertura de la instancia excepcional, pues la admisión de aquélla estuvo siempre vinculada a la concurrencia de alguno de los supuestos del artículo 1 de la ley 7055 (cfr. A. y S., T. 143, pág. 111), lo que no acontece en el "sub examine".

No obstante, es dable precisar que ella requiere que el conflicto exceda el marco del interés meramente individual para afectar el de la comunidad, circunstancia que la impugnante debe demostrar configurada en la especie (A. y S., T. 48, pág. 293; T. 81, pág.

276, entre otros).

Y en autos, si bien puede entenderse que existiría gravedad institucional en forma genérica -vinculada con el sistema legal tendente a la percepción de la renta pública-, no ocurre lo propio si se la traslada a la litis concreta, en donde no se consigue persuadir que la solución brindada por el "A quo" dentro del marco del recurso sometido a su jurisdicción, conlleve una ineludible deformación de aquel sistema, de modo que perturbe la recaudación fiscal y afecte los intereses que se dicen comprometidos (cfr.

"MIGRA S.A. -Concurso Preventivo-Recurso de Revisión- sobre Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad", A. y S., T. 149, pág. 278).

En suma, pretender abrir ante los estrados de este Cuerpo una tercera instancia ordinaria, que revea lo decidido por los tribunales inferiores en ejercicio de su función jurisdiccional, implica desconocer la naturaleza del remedio extraordinario intentado, que tiene por objeto únicamente el control de la adecuación de las sentencias al ordenamiento jurídico fundamental.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

FDO.: VIGO-FALISTOCCO-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria).