marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de casación, inadmisibilidad formal, enfermedad profesional, pericia médica, incapacidad
Materia: LABORAL
Carátula: ALMADA AMERICO JORGE c/ LA VOZ DEL INTERIOR  S.A. s/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-06-04

El recurrente no logra demostrar el vicio denunciado. Se ha imputado al pronunciamiento ausencia de razón suficiente. Sin embargo, la a quo ha dado las razones por las que entendía que el actor debía someterse a nuevos estudios. Sostuvo que ello le hubiera permitido el "cotejo de conclusiones" para establecer "en forma definitiva" la existencia de la incapacidad por saturnismo. Si se entiende por cotejo a la acción y efecto de cotejar y a esta actividad como la confrontación o comparación de una cosa con otra u otras, debe concluirse que la Juzgadora no se apartó sin fundamento de las conclusiones periciales sino que, en uso de atribuciones soberanas en cuanto a la valoración probatoria, entendió que necesitaba confrontarlas y compararlas con otra opinión médica, para recién pronunciarse respecto de la enfermedad en cuestión. Además teniendo en cuenta que se trata de una demanda promovida al amparo de la ley común, y en tanto el perito médico se limitó a determinar una incapacidad total para trabajar con plomo, sin fijar porcentajes, razonable era que la a quo pretendiera su cuantificación a fin de pronunciarse sobre la posibilidad de reparación integral de la enfermedad profesional demandada.-
Requerimiento de instrucción, falta de requerimiento de instrucción
Materia: PENAL
Carátula: Lona, Ricardo s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-08-11

El requerimiento de la fiscalía considerando que no había mérito para abrir la instancia respecto del imputado, pidiendo la desestimación y el archivo de las actuaciones en relación a los hechos descriptos en la providencia judicial -delitos hipotéticamente cometidos por autoridades judiciales que tuvieron originariamente a cargo la investigación del secuestro y desaparición del gobernador de la Provincia de Salta-, impedía al juez iniciar una instrucción por esos hechos, y le imponía que, aun dejando a salvo su opinión divergente, declarase que no podía proceder por defecto de requerimiento de instrucción que lo habilitase, pues una declaración de que no se puede proceder por inexistencia de requerimiento fiscal de instrucción no obsta a que un fiscal competente promueva la acción penal en legal forma por los mismos hechos, al no haber sido nunca legalmente promovido el proceso.
Quiebra, honorarios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MANCUSO NATALIO HECTOR s/ Quiebra (LIBRO: A066 - 050)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1985-05-24

"el pedido de quiebra es susceptible de ser alcanzado por la caducidad de la instancia, cuando transcurren los plazos legales sin que se haya urgido el procedimiento, ya que no existe juicio de concurso hasta que se ha dictado la sentencia de declaración de quiebra. Ello en razón de que tal trámite constituye una instancia en el sentido que representa una petición tendiente a lograr una decisión judicial, habiendo la ley 19551 mantenido el principio mejorando el trámite y el procedimiento para la declaración de quiebra a pedido de acreedores (art. 90.91,92) que normaba la ley anterior, e innovando solo en lo que hace al desistimiento del acreedor (art. 94)-(C.Nac.Com. Sala A-octubre 21-1965) L.L. 121-699;Idem julio 29-1966 L.L. 124-1142;L.L. 128-1967' (Idem. Sala B. mayo 3-1968) L.L. 131-1973; C.Nac.Com. Sala A L.L. 1975 -A-401; J.A. 1975-26-147;C.Nac.Com.Sala B-mayo 7-1975 L.L. 1975-C-493 (32.600-S).-
Constitución Nacional, control de constitucionalidad, facultades del Poder Judicial, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Reynaldo Benito Bignone c/  s/ CS c/  s/ CS c/  s/ S/INCIDENTE.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-06-21

El análisis de la razonabilidad de las leyes en punto a su validez constitucional, no puede llevarse a cabo sino en el ámbito de las previsiones en ellas contenidas y de modo alguno sobre la base de los resultados posibles de su aplicación, lo que importaría valorarlas en mérito a factores extraños a sus normas. Ello es así, en razón de que el control de constitucionalidad que incumbe a los tribunales no incluye el examen de la conveniencia o acierto del criterio adoptado por el legislador en el ámbito propio de sus atribuciones, pues el análisis de la eficacia de los medios arbitrados para alcanzar los fines que el legislador se ha propuesto es ajeno a la competencia de la Corte Suprema, a la que sólo incumbe pronunciarse acerca de la razonabilidad de los medios elegidos, o sea resolver si son o no proporcionados a dichos fines y, en consecuencia, si es o no admisible la consiguiente restricción de los derechos individuales afectados.
Defensa del consumidor, vicios, responsabilidad civil, daños y perjuicios, agencia de turismo, acción de reintegro, asociaciones de consumidores, legitimación activa
Materia: CIVIL-COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Acyma Asociación Civil c/ Julia Tours SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-14

Procede confirmar la resolución que ordenó a la agencia de viajes accionada, el inmediato cese del cobro de "cargo de gestión", "tasa de administración", "cargo administrativo" u otro similar cuando el precio del producto o servicio se cancela mediante tarjeta de crédito. En ese marco, no resulta objetable que se haya ordenado la publicidad de la sentencia durante dos días, uno de ellos, en domingo, en cierto diario. Es que la LDC 47 dispone la publicación de la resolución (administrativa) condenatoria o una síntesis de los hechos que la originaron, entre otras cuestiones. En el caso, por el tipo de proceso que se trata, resulta de vital importancia anoticiar el resultado del proceso a los miembros de la clase beneficiaria, por lo que se debe dar difusión masiva a lo juzgado y resulta razonable el medio de comunicación por el que optó el decisorio teniendo en cuenta que la demandada habitualmente allí publicitaba sus productos.
Empleo público, personal policial, Estado policial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CABALLERO ZUQUETTI, JAVIER HUMBERTO c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA s/ ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2001-04-06

El estado policial es la situación jurídica que nace del conjunto de derechos y obligaciones para el personal policial en actividad o en retiro. Es amplio para el personal del cuerpo comando y restringido para el cuerpo de apoyo. Se adquiere para el personal superior del cuerpo comando y restringido para el cuerpo de apoyo. Se adquiere para el personal superior del cuerpo comando desde su incorporación como alumno a la escuela de cadetes de la policía y para el personal subalterno desde su incorporación provisional como aspirante a agente en la escuela de Suboficiales y agentes, para el personal del cuerpo de apoyo desde su designación provisional en los cargos correspondientes. Se pierde total o parcialmente; totalmente en el caso de baja de la institución y parcialmente en el caso de retiro, ambas pueden ser voluntarias u obligatorias.
Recurso extraordinario, jueces, facultades del juez, pena, graduación de la pena, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - PENAL
Carátula: Vallín, Roberto José s/ recurso de queja -causa nro. 503-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-19

Si bien la forma en que los magistrados ejercen las facultades para graduar las sanciones dentro de los límites fijados por las leyes respectivas no habilita la revisión por la vía del art. 14 de la ley 48, ello no faculta a los tribunales a que, en detrimento de la defensa en juicio, determinen la consecuencia jurídica concreta que corresponderá al delincuente, sin expresar siquiera mínimamente las razones por las que se aplica esa pena.
Daños y perjuicios, monto del juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: De Sousa Inacio, Joaquín Rosa c/ Barroso, Emilio Tomás s/ Demanda por Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1974-09-18

Estando acreditados los daños, el Juez puede fijar su monto, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 165 del Código Procesal Civil y Comercial, teniendo en cuenta la naturaleza del daño.
Ius variandi, cambio de lugar de trabajo, empleados públicos
Materia: LABORAL
Carátula: Mencia Faustino c/ Afip DGI s/ restitución en su puesto.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-10-23

Al sustentar la AFIP la motivación de la Disposición N° 318/98, por la cual no se prescindió del agente demandante sino que se lo reubicó, en la necesidad funcional de la rotación de personal para lograr el mejor desenvolvimiento de una agencia, debe interpretarse que la medida adoptada no ha implicado -respecto del reclamante- una descalificación o medida disciplinaria encubierta. En el fallo "Olavarria y Aguinaga, Jesús M. c/ AFIP-DGI s/ acción de amparo" SD O 656 XL del 8/5/2007, el máximo tribunal al expedirse acerca de la facultades de modificar con ciertos límites las condiciones contractuales en el ámbito de la administración pública, señalo que "...en aras de lograr el buen servicio, debe reconocerse a la administración una razonable amplitud de criterio en el ejercicio de sus facultades discrecionales, sin que las decisiones atinentes a la política administrativa constituyan una materia justiciable, en tanto las medidas adoptadas no impliquen respecto de los agentes una descalificación o medida disciplinaria encubierta..." (doctrina de Fallos: 321:703).
Procedimiento administrativo, debido proceso adjetivo, denegatoria del beneficio, jubilación por edad avanzada
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ANNESE, OSCAR c/ A.N.Se.S. s/ SERVICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-16

Vulnera la garantía del debido proceso adjetivo la resolución que denegó el beneficio pretendido por considerar no acreditado el requisito de edad exigido en la legislación vigente para ello, si no se agotó adecuadamente la etapa probatoria ni se hizo mención alguna a la calidad de los servicios prestados en un período determinado, y sobre los que obra certificado expedido por el empleador que da cuenta de que ellos fueron prestados en las condiciones del régimen diferencial establecido por el art. 2, inc. a) del Dec.

4257/68, por cuya incidencia la edad jubilatoria es menor a la común. (Del voto del Dr. Fasciolo).
Honorarios, beneficio de litigar sin gastos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GALVAN JUAN ALBERTO s/ b - l - s (LIBRO: A159 - 399)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-10-09

El objeto del incidente para obtener beneficio de litigar sin gastos es de monto indeterminado (no abonar gastos, papel, etc.) y corresponde practicar regulación conforme el art. 10 de la L.A..-
Policía, averiguación de antecedentes, imputado, detención
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: LA ROZA, NORMA; RODRIGUEZ, ELIANA; TORRES, LEONARDO FIDEL Y FLEYTAS, CLAUDIA c/  s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-11-01

El derecho a la jurisdicción no importa sino la posibilidad de ocurrir ante algún órgano jurisdiccional y obtener de ellos una sentencia útil relativa a los derechos de los litigantes, doctrina coherente con la reiterada jurisprudencia según la cual es de la esencia del Poder Judicial decidir colisiones efectivas de derechos y no efectuar declaraciones generales o abstractas; y es así que existen supuestos excepcionales en los que debe admitirse la posibilidad de emitir un fallo a pesar de que haya operado en concreto la sustracción de la materia litigiosa, tales como aquellos casos que por su naturaleza nunca podrían ser juzgados a tiempo por la Corte (o sea, siempre llegarían habiéndose tornado abstractos, por tratarse de agravios de muy corta duración) y que, a la vez, son susceptibles de repetirse en cualquier momento. Precisamente, en el sub judice, la detención por orden policial aquí cuestionada tiene un límite de duración de seis horas (art. 10 bis, ley 7395) por lo que resulta muy difícil practicar su control judicial sin que el afectado recupere su libertad, configurándose la excepción referida, por lo que teniendo en cuenta que en el futuro se repetirán casos análogos al presente sumado a la dimensión colectiva del problema y al efecto preventivo de las decisiones judiciales alegadas por la defensa, resulta necesario que esta Corte, por su rol institucional y de intérprete final de las garantías constitucionales, se pronuncie sobre la cuestión planteada en autos, admitiendo la queja interpuesta. (De la Disidencia de los Dres. Erbetta y Gutiérrez).
Recurso extraordinario, admisibilidad del recurso, cuestiones de hecho y prueba, cuestiones procesales, costas, sentencia arbitraria, falta de fundamentación, derivación no razonada del derecho vigente
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por el Banco Central de la República Argentina en la causa Coronel, Ana Patricia y otros c/  s/ infracción ley 24.144
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-08-05

Si bien la impugnación planteada remite al examen de una cuestión fáctica y procesal, propia de los jueces de la causa y ajena, en principio, a la vía del art. 14 de la ley 48, es doctrina inveterada del máximo tribunal que corresponde hacer excepción a esa regla cuando el fallo prescinde de circunstancias relevantes del proceso, contiene solo una fundamentación aparente y no satisface la exigencia de validez de las decisiones que impone siempre la aplicación razonada del derecho vigente con adecuada referencia a los hechos comprobados de la causa.
Resoluciones judiciales, sentencia, sentencia definitiva, medidas cautelares, medida de no innovar, dominio público, permiso de ocupación, restaurantes, entidades deportivas, Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Seery, Daniel Jorge c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-08

La decisión que dispuso que la municipalidad se abstuviera de innovar respecto de la revocación de los permisos de ocupación, uso y explotación de servicios gastronómicos adjudicados al actor en un parque polideportivo no constituye una sentencia definitiva o equiparable a tal.
Pagaré, acción cambiaria, prescripción
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA c/ ALE RAÚL s/ proceso de ejecución.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-11-15

Lo decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Iseruk Roberto v. Prov. de Corrientes y otros", del 25.2.92 (Fallos: 315:84), oportunidad en la cual el máximo Tribunal sostuvo que "... el plazo de prescripción de la acción cambiaria del portador de un pagaré contra su librador es de 3 años ...". En este orden de ideas, sostuvo asimismo el Alto Tribunal que el artículo 96 del decreto ley 5965/93 establece dos categorías de obligados respecto de los cuales el plazo de prescripción difiere de acuerdo con la naturaleza principal o accesoria de la prestación prometida para cada uno de los obligados cambiarios, consagrando un plazo de tres años para el que prometió un hecho propio - supuesto de autos - y de un año para el prometió un hecho ajeno (Fallo citado, considerando 4°, y esta sala, causa 4982/93 fallada el 6 de septiembre de 1995). Igualmente, se ha dicho que el librador de un pagaré se asimila al aceptante de una letra de cambio, por lo tanto el término de prescripción de la acción cambiaria a su respecto es de tres años y no de uno, conforme los artículos 96 y 104 del decreto ley 5965/63 (CNApCom, Sala A, "Occidente Cia. Financiera S.A. c/ Ugarte, Fernando", del 26.10.89; en igual sentido, Sala E, "Citibank NA c/ Cassino José Ramón s/ Ejecutivo", del 22.4.03).
CAJA DE ABOGADOS DE ENTRE RÍOS, aplicación de la ley, reglamentación de la ley, recurso de apelación (procesal)
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Basaldua Dalmiro Rodolfo s/ RECURSO DE APELACION INTERPUESTO CONTRA LA RESOLUCION Nro. 1789 DEL  DIRECTORIO DE LA CAJA FORENSE DE ENTRE RIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2004-07-05

El art. 13 de la ley 9005 dispone que "los afiliados podrán proponer normas reglamentarias de esta Ley o su reforma. Ese derecho de iniciativa que le acuerda el art. 13 precedentemente glosado al afiliado no puede asimilarse a un derecho subjetivo o interés jurídico a tutelar jurisdiccionalmente. Debe ser enmarcado dentro de los intereses institucionales del organismo, ajenos a la consideración y tratamiento del recurso de apelación planteado.
Derecho contravencional y de faltas, seguridad pública, contaminación ambiental
Materia: PENAL
Carátula: CUCIARELLI, FRANCISCO s/ INFRACCION  ARTICULOS  62  INCISO  F)  Y  74  INCISO D) DEL CODIGO DE  FALTAS.    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD  CSJ EXPTE NRO 293-83
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-06-27

No es atendible la queja del justiciable en el sentido de que se prescindió de la previsión del art 11 del código de faltas invitación al contraventor a subsanar las faltas reparables y en su caso, considerarlas no cometidas- frente a los fundamentos de la sentencia que consideró la conducta del recurrente incursa en la falta tipificada por el art 74 inc d) del código fe faltas, norma específica que protege la "seguridad pública", ya que las sustancias en suspensión, son -o por lo menos tienen aptitud para ello- contaminantes del medio ambiente. Por ello, y atento a que las secuelas pueden subsistir no obstante la eliminación de la causa generadora, no parece razonable entender que la infracción fuera susceptible de ser considerada como no cometida.
Docentes, jubilaciones, interpretación de la ley, acción de amparo, existencia de otras vías, caja complementaria
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: UNION DOCENTES ARGENTINOS. c/ ESTADO NACIONAL (PODER EJECUTIVO NACIONAL) s/ DEMANDA DE AMPARO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-12-05

Lo atinente a los alcances del régimen instaurado por la ley 22 804 y si éste reemplazó al anterior, instituído por la ley 20.155, base sobre la cual se celebrara el convenio que diera origen a la Caja Complementaria de Jubilaciones y Pensiones del Personal Docente, escapa a los límites del procedimiento sumarísimo que la misma exige y requiere un adecuado debate y la producción de las pruebas pertinentes dentro del amplio marco de los procesos legalmente establecidos a tales efectos.
Fallo plenario, regulación de honorarios, aplicación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ramponi Martha Emma c/ Edesur S.A. s/ Daños y Perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-07-02

Resulta fuera de toda duda -a nuestro juicio-, que el propósito perseguido por el legislador mediante la reforma introducida por la ley 26.536 al art. 242 del Código Procesal, que se tradujo en la incorporación de su último párrafo, no fue otro que el de consagrar la apelabilidad de toda regulación de honorarios sin establecer limitación alguna en cuanto al monto comprometido. El concepto allí expresado no posee contornos imprecisos o susceptibles de múltiples interpretaciones. La norma es clara y de su sola lectura surge diáfano la respuesta a la cuestión planteada: "La inapelabilidad por el monto establecida en el presente artículo no comprende los recursos deducidos contra las regulaciones de honorarios" (confr. último párrafo del art. 242, modificado por ley 26.536).
Expresión de agravios, plazo común
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GARCIA VICTOR MIGUEL c/ BERNARDO AUGUSTO ZAKALIK Y OTRO s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: A134 - 124)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-07-03

Según el art. 136 del C.P.C., existiendo varios apelantes el plazo de 9 días para que expresen agravios es común y se computa desde la última notificación a domicilio no siendo aplicable por analogía el art. 208, desde que aquélla presupone una relación no regulada por el legislador -silencio de la ley- y una relación similar, regulada por norma expresa, y en la especie está ausente el SILENTIUM LEGIS pues existe el precitado art. 136.-
Autoría, prueba, prueba testimonial, valor probatorio
Materia: PENAL
Carátula: Varde, Antonio Rosario s/ Hurto
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-09-25

Es ineficaz a los efectos de la prueba de la autoría responsable el testimonio, al que se le otorga valor presuncional, si sólo tiene relación con la materialidad ilícita. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Pensiones, cónyuge, culpa, separación de hecho
Materia: ADMINISTRATIVO - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ESPINDOLA, YOLANDA C ROBERTI DE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 237-83
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-08-06

El artículo 30 inciso a) de la ley de jubilaciones y pensiones no efectuó una distinción entre la esposa separada judicialmente de la que sólo lo está de hecho, para dar o negar, con la misma culpa, a una lo que se niega o da a la otra; distinción que, carecería de razonabilidad, sería arbitraria y violatoria del principio de igualdad. Es que si la ley entiende que la esposa que no ha dado lugar al divorcio no debe soportar consecuencias desfavorables, sería irrazonable entender que sí debe sufrirlas la separada de hecho que carece de culpa, siendo que el ejercicio de la acción de divorcio es facultativa, y al no ejercerla no se infringe norma legal alguna. Frente a las objeciones basadas en que de no ocurrirse a la justicia, es imposible saber con certeza si ha existido causa justa de las admitidas por la ley, y por ende, culpa de alguno o de ambos, y en que ese aspecto se debatiría sin la participación del cónyuge pre-muerto, quien habría podido achacar causales a la supérstite, debe responderse que no se advierten obstáculos legales que impidan al órgano administrativo y en su caso, al órgano judicial, valorar la existencia o no de culpa al sólo efecto de verificar si concurren los recaudos que determinen el reconocimiento del beneficio; y que la posibilidad de causas invocables por el cónyuge fallecido, no puede transformarse en presunción de culpabilidad para el sobreviviente.
Caducidad de instancia, feria judicial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Arvas, Osvaldo Aníbal c/ Koldcsar, Lorenzo Ricardo s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-05-06

No se puede actuar durante los días de feria. Si a pesar de ello se los computase, el plazo de caducidad devendría de un rigor excesivo.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Mutuo hipotecario, sistema de refinanciación hipotecaria, derechos y garantías constitucionales, igualdad ante la ley
Materia: CIVIL
Carátula: GUIJUN  SA  y  otros c/ WRUBEL, Marta Angela y otros s/ EJECUCIÓN HIPOTECARIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-29

Frente al unilateral pedido del deudor ante un organismo administrativo, esto es el Banco de la Nación Argentina, el acreedor particular se encontraría obligado, según la ley 25.798, a aceptar como nuevo deudor al Estado Nacional. Y si a ello se agrega que los particulares no tienen la compensación otorgada por el Estado a las entidades financieras, se observa que el distinto tratamiento dado a los acreedores titulares de mutuos hipotecarios no resulta razonable ni proporcionado a los fines cuya realización se procura y se convierte, por tanto, en discriminatorio y contrario al referido principio de igualdad.