Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-08-07


En la Ciudad de Buenos Aires a los 7 días del mes de agosto de 2006 se reúnen en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dres. Pablo Bacigalupo, Fernando Bosch y Marcela De Langhe, para resolver la presente causa.

Y VISTOS:

El Sr. Defensor Oficial, Gustavo Eduardo Aboso, interpuso recurso de apelación (fs. 70/4vta.) contra el auto de la Titular del Juzgado en lo Contravencional y de Faltas Nº 4, Graciela Beatriz Dalmas, que dispuso no hacer lugar al pedido de devolución de los efectos secuestrados, pese a haber acogido favorablemente la suspensión del proceso a prueba acordada (fs. 61/66 punto dispositivo II).

En torno a la procedencia del remedio articulado argumentó que lo decidido provoca a quien representa un gravamen actual y no susceptible de ser resuelto en otra instancia, por lo que debe ser equiparado a sentencia definitiva. El recurrente sostiene la arbitrariedad de la resolución al considerar, por una parte, que en ella se aprobó la suspensión del juicio a prueba en favor de Mirta Lucía Dávila, y por otra, la "A-Quo" se apartó del acuerdo celebrado entre las partes en el punto de la restitución de los efectos secuestrados, sin brindar fundamento razonable acorde a lo decidido anteriormente. En el mismo sentido, agregó que "...el rechazo de la solicitud de la devolución de los efectos secuestrados se revela en la especie como una suerte de decomiso sin atender a las condiciones socio-económicas de la persona imputada en autos que, en el caso concreto, significa una imposición adicional arbitraria e injusta basada en meras especulaciones que formula la señora magistrada sobre la eventualidad de la devolución de dichos efectos y su repercusión en el futuro, todo lo cual exhibe una falta de fundamentación palmaria que deja huérfano de argumento al porqué de la medida aquí cuestionada..." (fs. 70vta.). Concretamente, los agravios consisten en que se ha conculcado el estado de inocencia y el derecho a la propiedad de su defendida. Con base en tales argumentaciones peticiona la nulidad del punto II de la resolución recurrida y el consecuente apartamiento de la judicante para continuar en la prosecución de las presentes actuaciones. Formuló reservas en los términos del art. 53 de la Ley 402 y 14 de la Ley 48. (fs 70/74vta.).

Por su parte, el Sr. Fiscal de Cámara, Walter Fernández, dejó entrever la conveniencia de celebrar la audiencia prevista en el art. 293 del C.P.P.N. como mecanismo previo a la aplicación de la suspensión del juicio a prueba.En el caso, la inobservancia del procedimiento constituye el fundamento central en que basa su posición para expedirse en el sentido de que corresponde hacer lugar al remedio intentado, revocar el resolutorio en crisis y apartar a la Magistrada actuante (fs. 81/82).

Cumplidos los pasos y plazos procesales de rigor, se encuentran las actuaciones en estado de ser resueltas.

Y CONSIDERANDO:

I.- Del examen de admisibilidad del recurso ordinario intentado, surge que fue interpuesto en tiempo oportuno, ante la jueza que dictó la resolución cuestionada y por quien tiene derecho a hacerlo (impugnabilidad subjetiva) y si bien no se trata en la especie de una sentencia definitiva (impugnabilidad objetiva), esta Sala ha tenido oportunidad de pronunciarse en reiteradas ocasiones -con cita de doctrina y jurisprudencia- en el sentido de que las resoluciones que deniegan el pedido de devolución de efectos pueden ser equiparadas a aquélla en el supuesto de configurarse gravamen de imposible o insatisfactoria reparación ulterior, habilitando la vía recursiva intentada (art. 432 primera parte, 449 del CPPN, de aplicación supletoria conf. art. 6, de la LPC).

II.- Evaluada la admisibilidad del recurso, corresponde valorar el cuestionamiento de la defensa a fin de constatar si efectivamente la decisión de la Magistrada en torno a rechazar la solicitud de devolución de los elementos secuestrados ha vulnerado el estado de inocencia y el derecho de propiedad de su asistida.

En este sentido resultó determinante para la judicante que la defensa -en forma anticipada a acordar la suspensión del juicio a prueba- peticionó la devolución de los efectos (fs. 59). En su análisis señaló que: "...de la simple lectura del contenido de fs. 60 surge que se ha escindido la solicitud de someter el proceso a prueba respecto de la petición de devolución de los efectos secuestrados. Por ello se entiende que la separación de las solicitudes no es casual o anecdótica, puesto que, tal como surge de las premisas del art. 45 del C.C., jamás podría haber sido incluido dentro de las pautas de negociación que la normativa habilita a los operadores judiciales para articular este instituto. Por ende, si el espíritu de la Defensa era el de allanarse a lo pactado en las pautas de conducta a merced de la devolución del efecto, no se entiende cual es la razón Causa nº 089-00/CC/2006 Sala II por la que dicha petición no se realizó en forma integral, sino que se formuló en forma yuxtapuesta a las pautas en las que se basaba el acuerdo" (v. fs. 62).

Desde tal óptica, la Magistrada entendió que la devolución de los efectos no podía formar parte del acuerdo arribado a fin de solicitar la aplicación del instituto, reflexión que estima indirectamente compartida por la defensa, desde el momento en que articuló aquella en forma previa y por separado al requerimiento de suspensión del proceso a prueba sujeto a posterior homologación judicial.

En este contexto, la sentenciante evaluó primeramente la solicitud de restitución de los objetos secuestrados previo ahondar en la procedencia o no del acuerdo,evaluó la solicitud de restitución de los objetos secuestrados señalando que según prescribe el art. 45 del C.C: "...las partes se encuentran habilitadas a fijar las pautas de conducta conforme determinados supuestos, no obstante lo cual respecto a los bienes que hubieran sido sujeto de secuestro, el tercer párrafo del artículo en cuestión dispone que 'El imputado/a debe abandonar a favor del Estado los bienes que necesariamente resultarían decomisados en caso que recayere condena'.- Desde la premisa apuntada en el párrafo anterior, y descartando que los bienes de los cuales se solicita la devolución resultan ser propios del núcleo probatorio respecto al hecho sub examine, se puede determinar en forma diáfana que este abandono en favor del Estado no resulta estar comprendido dentro de la órbita de facultades sobre las cuales los operadores judiciales intervinientes pueden disponer, sino por el contrario, resulta ser uno de los requisitos propios del acceso al instituto de la suspensión de l proceso a prueba que se quiere alcanzar..." (v. fs. 61vta. y 62).

En función de lo anterior, la Magistrada teniendo en cuenta que la ley ha establecido la suspensión del proceso a prueba en beneficio del imputado y ante la ausencia de cualquier señal que amerite desechar el acuerdo, optó por su homologación . En consecuencia tanto el rechazo del recupero de los bienes como la aprobación del convenio aparecen razonables a la luz del art. 45 del C.C. A tal fin, no puede obviarse la etapa procesal en las que se encuentran las presentes actuaciones -homologación y posterior ejecución de las condiciones impuestas a la imputada en la suspensión del proceso a prueba-, por cuanto si bien el cumplimiento del compromiso asumido sin que aquella haya cometido una nueva contravención amerita el dictado de la extinción de la acción, por el contrario, en caso de incumplimiento, deberá continuarse con el proceso. En esta inteligencia, surge claramente del legajo que los elementos en cuestión han servido para desarrollar la presunta actividad ilícita que se investiga y en consecuencia, en caso de condena resultarían decomisados, por lo que deberá estarse al mantenimiento de la medida, por resultar ésta acorde y equilibrada en el marco del objeto que conforma los presentes actuados .

Por último, en torno al cumplimiento de la audiencia prevista en el artículo 293 del C.P.P.N. que el Sr. Fiscal de Cámara considera integrante del procedimiento que rige en este fuero para la aplicación del instituto, cabe remitirse a sendos precedentes de esta Sala en los que sostuvimos que en razón de existir regulación propia en el ámbito local para la suspensión del juicio a prueba (art. 45 del C.C.) no cabe echar mano supletoriamente al ritual nacional, máxime cuando específicamente se han regulado los requisitos para su procedencia, las reglas de conductas de exigible cumplimiento y los posibles efectos del compromiso asumido por el imputado en el marco del pacto celebrado con la Defensa y el Fiscal.

Por lo demás, su pretensión de que "se declare la inadmisibilidad de la suspensión del proceso a prueba dictado" (ver fs. 82) aparece como inaceptable a poco que se repare en que dicho pronunciamiento (punto I del interlocutorio de fs. 61/66) no ha sido motivo de recurso alguno y, por ende, a pasado en autoridad de cosa juzgada.

Por todo ello y habiendo concluido el presente Acuerdo el Tribunal:

RESUELVE:

CONFIRMAR el punto II de la resolución de fs. 61/66, en cuanto disponeno hacer lugar a la solicitud de devolución de los efectos.

Causa nº 089-00/CC/2006 Sala II Tómese razón, notifíquese por nota al Sr. Fiscal de Cámara y oportunamente devuélvase a la primera instancia interviniente, la que deberá practicar las notificaciones correspondientes. Sirva lo aquí proveído de atenta nota.

Fdo: Fernando Bosch, Pablo A. Bacigalupo, Marcela De Langhe. Jueces de Cámara.

Ante mí: Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara.