Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-08-24


En la ciudad de Buenos Aires, a los 24 días del mes de agosto del año 2006, se reúnen los miembros de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Marcelo P. Vázquez, Elizabeth A. Marum y José Sáez Capel, a efectos de resolver el recurso de apelación interpuesto por el titular de la Fiscalía de Primera Instancia nº 6, Aníbal Brunet, a fs. 11/13 de la presente, del que RESULTA:

I.- Que a fs. 3 de la presente, obra el acta circunstanciada labrada el 19/5/2006 a Elizabeth Alvarenga por la presunta contravención al artículo 83 de la Ley Nº 1472, por uso indebido del espacio público, ocasión en la que se secuestraron distintos bienes (panes y galletitas). A fs. 8, la Fiscalía eleva las actuaciones al Juzgado interviniente en los términos del art. 21 LPC.

II.- Que a fs. 9/10, consta el auto de la Sra. Juez de Grado, Carla Cavaliere, que resuelve no convalidar la medida cautelar dispuesta por la Fiscalía y restituir los objetos secuestrados a la presunta contraventora en la medida que su estado de conservación así lo indique.

III.- Que a fs. 11/13, obra el recurso de reposición con apelación en subsidio interpuesto por el Sr. Fiscal de Primera Instancia interviniente contra la resolución mencionada supra. Entiende que: 1) El recurso es procedente toda vez que la resolución recurrida, si bien no configura una sentencia definitiva, le ocasiona un perjuicio insusceptible de reparación ulterior al no convalidarse la medida de secuestro, pues se realizó un prejuzgamiento sobre cuestiones que deberían resolverse en el marco del proceso. 2) Asimismo, lo priva de elementos probatorios útiles para ser aportados en un eventual plenario, toda vez que se efectivizó la entrega de los objetos incautados. 3) En este sentido, conforme lo dispuesto en el art. 35 CC, en el caso de recaer sentencia condenatoria, no se podrá cumplir con lo que dispone la norma. 4) Que el art. 50 LPC no consagra el principio de inapelabilidad para el resto de las decisiones que no sean sentencias definitivas, y esto es por aplicación del art. 13 inc. 3 CCABA, y en consecuencia, atento el gravamen irreparable que causa la resolución en crisis, resulta procedente la vía aquí utilizada en los términos del artículo 449 CPPN. 5) Señala que la Judicante realizó un juicio de tipicidad sobre aspectos que ameritan necesariamente el avance de la pesquisa, pues no se trata de baratijas sino de elementos que se venden masivamente, y al restituir los elementos pone en crisis la posibilid ad de proseguir con las actuaciones de manera eficiente. 6) Finalmente, solicita el apartamiento de la juez de la causa por violación al principio de imparcialidad y del sistema acusatorio.

IV. Que a fs. 19/20 al contestar la vista conferida, la defensa del imputado refiere que debe rechazarse el remedio procesal intentado, en atención a que los agravios expuestos son aparentes y manifiestan una discrepancia con el juicio axiológico formulado por la Magistrada. Por otro lado, advierte que el recurso de reposición procede contra providencias de mero trámite o autos interlocutorios simples. Sostiene que la resolución puesta en crisis no resulta irrazonable, y que su actuación estuvo precedida por aplicación del art. 21 LPC.

V.- Que a fs. 22/vta, la Sra. Juez de Grado resuelve rechazar el recurso de reposición y conceder el recurso de apelación interpuesto en subsidio, ya que si bien no se trata de una sentencia definitiva, la resolución podría acarrear un perjuicio de insuficiente o imposible reparación ulterior. Por otro lado, rechazó el apartamiento solicitado por el Sr. Fiscal por no encontrarse comprendida dentro de las causales previstos en el art. 7 del LPC.

VI.- Que la Sra. Fiscal de Cámara, en su Dictamen obrante a fs. 26/27vta., solicita se haga lugar al recurso intentado, se anule la resolución por violación al principio acusatorio, y, en consecuencia, del debido proceso y se aparte a la Magistrada de grado del entendimiento de la causa. En este sentido, sostiene que: 1) El recurso de apelación resulta admisible en razón de que se encuentran reunidos los requisitos de tiempo y forma exigidos legalmente. 2) La atipicidad de la conducta propiciada por la Magistrada afectó el principio de imparcialidad, evaluación que debe efectuarse en la audiencia de debate oral y público. 3) Sostiene que la no confirmación del secuestro por la atipicidad y la mención sobre la remisión de las actuaciones a la Unidad Administrativa Controladora de Faltas son afirmaciones que vulneran el sistema acusatorio.

VII.- Que a fs. 29/30 obra la contestación de la vista conferida al Defensor Oficial quien afirma que debe declararse inadmisible el remedio procesal intentado puesto que de acuerdo a la jurisprudencia, recurrir autos interlocutorios que resuelven sobre la convalidación o no de medidas cautelares resultan ajenos a la vía recursiva. Por otro lado, destaca que los principios y garantías constitucionales son operativos respecto a los individuos y no respecto de agentes del Estado. Asimismo, sostiene que no se ha violado el sistema acusatorio, toda vez que el juez realizó la subsunción legal dentro del marco del principio iura novit curia. Finalmente, hace reserva del caso federal.

VIII. Que a fs. 32 pasaron los autos a estudio de este Tribunal.

El Marcelo P. Vázquez dijo:

PRIMERA CUESTIÓN:

En primer término, cabe mencionar que el recurso de apelación interpuesto lo ha sido en las condiciones y plazos establecidos por la Ley Nº 12.

Al respecto, es dable recordar que esta Sala tiene dicho que si bien el artículo 50 de la Ley Nº 12 prevé expresamente la apelación de la sentencia, es de aplicación supletoria lo dispuesto por el artículo 449 in fine CPPN - art. 6 de la ley citada - que establece que pueden ser objeto de impugnación aquellas resoluciones que causen gravamen irreparable. El mismo se configura cuando el decisorio recurrido causa un perjuicio tal que "... no es susceptible de obviarse durante el trámite del proceso ni en la sentencia definitiva, de suerte que puede frustrarse el ejercicio de derechos procesales ..." (Francisco J. D'Albora, "Código Procesal Penal de la Nación- Anotado. Comentado. Concordado - Tomo II, ed. Abeledo- Perrot, Bs.As. 2003, pág 991).

Ahora bien, y como regla general esta Sala ha afirmado que las decisiones que se limitan a "confirmar", o no, medidas cautelares de secuestro son inhábiles para producir el necesario gravamen (Causas "Rojas, Juan Erasmo s/infracción art. 41 C.C. - Apelación", rta. 20/04/2004, "Waigandt, María Elena s/infracción art. 41 C.C. - Medida Cautelar- Apelación" rta. 20/04/2004, "Palacios, Norma s/infracción art. 40 C.C. - Apelación" rta. 27/10/2004, "Incidente de Apelación en autos Rojas Obando s/ infracción art. 83 C.C." rta. 29/03/2005, "Incidente de Apelación en autos Bravo Suárez, Evelly Anllely s/ infracción art. 83 C.C." rta. 31/03/2005, entre otras).

Sin embargo, del análisis de las constancias de la causa traída a estudio se desprende que el Fiscal impugna la resolución de la Sra. Juez de Grado que no convalida el secuestro dispuesto y ordena restituir los objetos secuestrados. Así, el recurrente se agravia en cuanto a que se lo ha privado de elementos probatorios útiles, y se ha violado el sistema acusatorio por el adelantamiento de opinión efectuado por la Juez a quo sobre la tipicidad de la conducta, el que considera que debe realizarse en la etapa correspondiente.

Por ello, la devolución de los bienes en los términos que resuelve la Magistrada dan sustento al agravio que invoca el Ministerio Público Fiscal (conf. causa nº 016-00-CC/2005 "Amitrano, Rubén Norberto s/inf. art. 83 CC -Apelación") por lo que corresponde declarar admisible el remedio procesal intentado.

SEGUNDA CUESTION:

Previo a analizar los agravios esgrimidos por el Sr. Fiscal de Grado, -en cuanto a que la Magistrada realizó un prejuzgamiento sobre cuestiones que deberían tratarse en la audiencia de debate oral y pública, al resolver sobre la atipicidad de la conducta, y por el otro, respecto a la restitución de los efectos que lo priva de elementos probatorios útiles y, en caso de recaer sentencia condenatoria imposibilita el cumplimiento de lo dispuesto por el art. 35 CC-; corresponde analizar el planteo de nulidad introducido por la Sra. Fiscal de Cámara, puesto que de prosperar aquél, devendrían en abstractas las demás cuestiones.

Que del estudio de la causa surge que ésta se encuentra en la etapa inicial del proceso, habiendo adoptado la Fiscalía interviniente una medida precautoria de las fijadas por el art. 18, inc. c) de la ley nº 12 "Secuestro de bienes susceptibles de comiso", procediendo a dar intervención al Juez de turno conforme lo normado en el art. 21 de la ley nº 12 "Trámite de las medidas precautorias". Que ante ello la Juez a quo resolvió no convalidar el secuestro y dispuso la restitución de los bienes.

Cabe señalar, en primer término que esta Sala ha resuelto anteriormente que ninguna duda cabe que el juez tiene no solo la facultad sino el deber de efectuar la subsunción legal de los hechos que conforman el objeto procesal y decidir en base a ello, pues mal podría continuar el trámite conforme el procedimiento contravencional si considera que no se ha cometido una contravención (causas Nros. 428-00-CC/2004 "Del Valle Aguilar, Benedicto s/ art. 40- Apelación", rta. el 23/03/05, 343-00-CC/2005 "Klivovocava, Antonia s/ inf. art. 83 ley 1472- Apelación", rta. el 21/11/2005, y 470-00/CC/2005 "Perón, Juan Domingo s/inf. art. 83 Ley 1472).

A lo expuesto anteriormente se aduna que, si el juez entiende que se encuentra en presencia de una falta y no de una contravención, así lo debe disponer, pues no sería ajustado al principio de celeridad procesal que el juicio se desarrolle en su integridad y que, transcurrido el debate, decida remitir las actuaciones a otra sede. Es decir, que de advertir que la calificación legal es errónea en su primera intervención, debe evitar el dispendio jurisdiccional que lo contrario importaría.

En este sentido, cabe recordar que la Ley 1166 -que modifica el Código de Habilitaciones y Verificaciones, reglamentada por el Decreto 612-, en su art. 11.1.2 prohíbe la venta, comercialización o ejercicio de actividad comercial y la elaboración o expendio de productos alimenticios en el espacio público de la Ciudad de Buenos Aires, a todo aquel que no tenga otorgado a su favor un permiso de uso, con el objeto de garantizar el control de la higiene y la calidad de los productos que se ofrecen en la vía pública.

Por otra parte, el art. 11.2.1 del mismo cuerpo normativo regula explícitamente el expendio y la elaboración en el espacio público de golosinas y productos de confitería.

Aclarado ello, corresponde afirmar que si el proceso se inicia por una actuación contravencional y se secuestran efectos, medida que es confirmada prima facie por la Fiscalía Contravencional, dicha medida debe seguir el trámite previsto por el art. 21 de la LPC, independientemente de que con posterioridad se decida su archivo en sede contravencional o su remisión, cuando correspondiere, a la UACF (confr. causa nº 143-01-CC/2004 incidente de apelación en autos "Arrelucea Castillo, Víctor s/inf. art. 41 CC").

Ahora bien, es dable mencionar que el hecho prima facie endilgado a la encartada, tal como se desprende de la copia del acta contravencional obrante a fs. 3, consistiría en la presunta comisión del art. 83 CC en atención a que Elizabeth Alvarenga se habría encontrado realizando una actividad lucrativa en la vía pública sin permiso, tratándose de la venta de panes y galletitas, el día 19/5/2006.

En el caso de autos, se advierte que la Magistrada resolvió no convalidar la medida de secuestro y ordenó restituir los efectos, mientras que en los considerandos del resolutorio decide sobre la atipicidad contravencional de la conducta sin resolver la situación procesal de la contraventora o su eventual remisión a la Unidad Administrativa de Faltas.

En este punto, corresponde señalar que por aplicación del principio iura novit curia, el Juez puede resolver sobre la tipicidad de la conducta al inicio de las actuaciones, y si considera que aquella resulta atípica a la luz del código contravencional -como en el caso-, no es posible continuar en este fuero con el trámite de la causa, por lo que no se llega a comprender el sentido de la remisión de las actuaciones al Sr. Fiscal de Grado. Por otro lado, si la Magistrada considera -como parece desprenderse de su escrito- que podría encuadrarse la conducta endilgada a Alvarenga en la normativa de faltas, debió disponer la remisión de los obrados a la Unidad Administrativa de Control de Faltas a tal efecto, y no disponer la devolución de los elementos secuestrados (art. 7 Ley 1217 y art 4.1.2 Ley 451).

Es decir, o decreta su archivo si considera que no existe contravención ni violación al régimen de faltas -art. 39, LPC y art. 195, segundo párrafo, CPPN, conforme art. 6 LPC-, poniéndole fin definitivamente a la causa -si correspondiere-; o reordena el proceso y lo remite a la Unidad Administrativa de Control de Faltas.

Sobre esta base, de la lectura de la resolución puesta en crisis, se desprende una fundamentación contradictoria puesto que en los considerandos se decreta la atipicidad de la conducta que no haría posible su continuación en el fuero contravencional, y su eventual remisión a la UACF, mientras que en la decisión final resuelve solamente no convalidar la medida cautelar y restituir los efectos sin expedirse sobre el destino de las actuaciones o resolver sobre la situación procesal del contraventor.

En este sentido, y de acuerdo a lo dispuesto por los arts. 123, 166 y 168 CPPN, es dable afirmar que el defecto antes apuntado implica una invalidez de carácter absoluto por los defectos de logicidad señalados, por lo que corresponde declarar la nulidad del auto de fs. 9/10, y devolver las presentes actuaciones a fin de que se dicte una resolución de acuerdo a derecho.

Así, se ha dicho que " Motivar o fundamentar las resoluciones judiciales implica asentar por escrito las razones que justifican el juicio lógico que ellas contienen. En otras palabras, importa la obligación de consignar las causas que determinan el decisorio o exponer los argumentos fácticos y jurídicos que sustentan la resolución, esto es, las razones que poseen aptitud para legitimar el dispositivo..." (CNCP, Sala III, causa nº 2266 caratulada "Novoa, Jorge Antonio y Skilarow, Alexander s/recurso de casación", rta. el 10/8/2000). Asimismo, se ha afirmado que "la fundamentación de la sentencia resulta contradictoria cuando se niega un hecho o se declara inaplicable un principio de derecho o viceversa y, después, se afirma otro que en la precedente motivación estaba explícita o implícitamente negado, o bien se aplica un principio de derecho antes descartado" (CNCP, Sala I, causa nº 3470 caratulada "Rodríguez, Rubén Darío s/recurso de casación).

En razón de lo expresado, corresponde declarar la nulidad de la resolución de fs. 9/10, en cuanto dispone no convalidar la medida cautelar y la devolución de los elementos secuestrados (arts. 123, 166 y cc. del CPPN, y art. 6 LPC).

Por último, y en base a lo expuesto en los párrafos que anteceden, cabe afirmar que si bien la resolución de la Juez a quo no ha resultada acertada, no se advierte en modo alguno vicisitud al principio de imparcialidad ni violación al sistema acusatorio, por lo que no corresponde el apartamiento de la Magistrada requerido por los fiscales de ambas instancias.

En razón de lo expuesto, voto por: I.- Declarar la nulidad de la resolución de fs. 9/10., en cuanto dispone no convalidar la medida cautelar y la devolución de los elementos secuestrados (arts. 123, 166 y cc. del CPPN, y art. 6 LPC). II.- Devolver las presentes actuaciones al juzgado de origen a fin de que dicte una resolución conforme a derecho. III. No hacer lugar a la solicitud de apartamiento de la juez interviniente.

Los Dres. Elizabeth Marum y José Sáez Capel dijeron:

PRIMERA CUESTION:

En relación a la admisibilidad de la vía recursiva intentada adherimos al voto que antecede.

SEGUNDA CUESTIÓN:

1. La Sra. Fiscal de Cámara solicita que se declare la nulidad de la decisión obrante a fs. 9/10 por considerar que afecta el debido proceso legal, el principio de imparcialidad y el sistema acusatorio. Expresa que la magistrada resolvió la atipicidad de la conducta sobre consideraciones propias de un juicio oral, afectando los dos primeros principios constitucionales; y que la no confirmación del secuestro sobre la base de la atipicidad de la conducta y la mención acerca de la remisión de las actuaciones a la UACF para que se investigue una supuesta falta, viola el sistema acusatorio.

Ahora bien, tal como se destaca en el voto que antecede, esta Sala resolvió anteriormente que decisiones como la impugnada en autos no vulneran los principios constitucionales citados, pues el Juez, al evaluar si procede mantener la medida de secuestro conforme la intervención impuesta por el art. 21 de la ley 12, debe necesariamente establecer la subsunción legal del hecho, delimitando si se trata de una contravención, una falta o si es una conducta atípica, análisis que debe fundarse, dada la etapa del proceso, en razones jurídicas y no probatorias, pues criterios de economía procesal indican que si ello se vislumbra en el inicio del proceso carece de sentido declararlo después de realizado el debate, todo lo cual descarta la afectación al principio de imparcialidad invocado (c. 373-00/2005, "Aguilera, Héctor Javier s/ inf. art. 83 CC", del 15/12/05; c. 982-00-CC/2006, "Solís Usuriaga, Javier s/infr. art. 83 CC", del 29/5/06). Por otra parte, ello no exime de la exigencia de verosimilitud del hecho en el caso en que se decida mantener la medida cautelar. Se decidió, asimismo, que ello no viola el principio acusatorio, pues no implica el ejercicio de una actividad requirente, ni de impulso de la acción, sino la decisión del caso a la luz del principio "iura novit curia" -c. 378-01-CC/2004, "NN (Rafael Obligado frente Aeroparque) s/ infr. art. 40 CC, entre otras-.

2. Específicamente, respecto a los agravios del recurrente centrados en que la conducta debe encuadrarse jurídicamente en el art. 83 CC, compartimos lo decidido en el voto que antecede, en relación a que el hecho encuentra adecuación legal en el art. 11.1.2 de la Ley 1166 que prohíbe la venta, comercialización o ejercicio de actividad comercial y la elaboración o expendio de productos alimenticios en el espacio público de la ciudad de Buenos Aires, a quien no posea un permiso, a efectos de garantizar el control de la higiene y calidad de los productos que se ofrecen en la vía pública. Ello así, teniendo en cuenta la cantidad y especie de tales productos -panes y galletitas-, todo lo cual no requiere de la producción de otra actividad probatoria, pues dicho extremo -dada la nitidez y precisión con que aparece- no ha sido controvertido ni cuestionado.

3. Sin perjuicio de ello, asiste razón al Fiscal cuando solicita que se revoque la decisión que dispone la devolución de los alimentos secuestrados en la medida en que su estado de conservación así lo permita. Al respecto cabe tomar en cuenta que si, conforme lo señala la magistrada, la conducta constituiría una infracción al régimen de faltas, dicha normativa prevé no solo la imposición de una multa, sino también el decomiso de los elementos secuestrados, a lo que se aduna que ambos ordenamientos prevén el secuestro de la mercadería objeto de infracción (art. 7 de la ley 1217), en virtud de lo cual es el Controlador de Faltas, quien debe decidir al respecto (esta Sala, c.8579-00-CC/2006, "Galván, Pablo Horacio s/art. 83 CC" del 3/7/06, y c. 8583-00-CC/2006 "Candia, Narciza s/art. 83" del 14/7/2006 -entre otras-).

Lo expuesto nos conecta con otra de las cuestiones que surge de la lectura de la decisión recurrida. En efecto, de sus considerandos se desprende que la magistrada ha entendido que el hecho no conforma una contravención sino eventualmente una falta y que por ello corresponde la remisión de las presentes actuaciones a la UACF, pese a lo cual omite incluirlo en la parte dispositiva, razón por la cual y asistiendo razón a la Sra. Jueza en este último punto, así debe disponerse.

En razón de ello, votamos por: I. RECHAZAR la nulidad solicitada por la Sra. Fiscal de Cámara. II. REVOCAR la resolución de fs. 9/10 en cuanto dispone la devolución de los elementos secuestrados, sin perjuicio de la remisión de la presente a la UACF, a cumplirse por el Juzgado de Primera Instancia (art. 4.1.2 de la Ley 451 y art. 11.1.2 de la Ley 1166).

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal, por mayoría, RESUELVE:

I. RECHAZAR la nulidad solicitada por la Sra. Fiscal de Cámara.

II. REVOCAR la resolución de fs. 9/10 en cuanto dispone la devolución de los elementos secuestrados, sin perjuicio de la remisión de la presente a la UACF, a cumplirse por el Juzgado de Primera Instancia (art. 4.1.2 de la Ley 451 y art. 11.1.2 de la Ley 1166).

Regístrese, notifíquese con carácter de urgente y cúmplase.

Ante mí: