Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-03-07


Salta, 07 de marzo de 2018.- Y VISTOS: Estos autos caratulados "A. B., R. E. vs. A., E. J. O. - Alimentos", Expte. Nº 475.494/14 del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil de Personas y Familia 4ª Nominación; Expte. Nº 475.494/14 de esta Sala Tercera, y C O N S I D E R A N D O El doctor Marcelo Ramón Domínguez dijo:

I) La sentencia de fs. 138/141, con su aclaratoria de fs. 154, es apelada a fs. 147 por el demandado, recurso concedido a fs. 162, quien a fs. 167 desiste del planteo revisor, lo que así se acoge en la providencia de fs. 168, tercer párrafo.

A su vez, a fs. 155 deduce apelación la actora "contra la resolución por la que no se hace lugar a la aclaratoria dictada en autos", recurso concedido a fs. 158. A fs. 159/161 expresa agravios.

En primer lugar, destaca que, antes de analizar aspectos puntuales de la resolución, debe advertirse que la sentencia fue dictada, sin que hubiera existido una sola consideración a las reiteradas solicitudes planteadas, por una situación concreta que modificaba la suma de la cuota alimentaria provisoria y definitiva y que perjudicaba a sus hijos, por cuanto el accionado, ante la promoción del reclamo, se encargó de "sacar" de sus recibos de haberes, todo lo que se le pagaba en concepto de guardias, tanto en el hospital público donde presta servicios, como en los establecimientos de medicina privada en donde también trabaja. En consecuencia, al pasarse por alto sus peticiones de fs. 66, 72 y 80, que constituían pedidos de producción probatoria, la sentenciante dispuso fijar una cuota alimentaria de tan sólo el 36 % de los haberes que percibe el accionado como médico del Ministerio de Salud Pública de la Provincia, dejando de lado lo impetrado sobre la afectación alimentaria de las sumas que se le liquidan en los establecimientos de medicina privada, y también del Estado, como monotributista, sin advertir que si la cuestión ha quedado fuera de los límites en los que se trabara la litis, ha sido porque así lo decidió la sentenciante, por lo que, desde un punto de vista objetivo, se puede afirmar que no hubo durante el proceso voluntad alguna de integrar todos los ingresos del demandado para establecer la cuota alimentaria.

Pide se revoque la sentencia apelada y se deje establecido que el demandado debe pasar el 36 % del total de los haberes que percibe como empleado de planta permanente del Hospital Materno Infantil y como monotributista para el cobro de guardias, descontándose la cuota de sus ingresos en el Ministerio de Salud Pública de la Provincia y de lo que se le liquida en el Banco Macro S.A. por tal concepto, con autorización de cobro de ambos rubros a la actora.

A fs. 164/166 contesta los agravios el demandado. En primer lugar, pone de resalto que la contraria, en su escrito de demanda de fs. 4/5, expuso que él es médico del Ministerio de Salud Pública de la Provincia, percibiendo un haber mensual de $ 13.000, por lo que se encuentra en condiciones económicas de mantener a sus hijos, sin hacer alusión a la percepción de otros haberes, por prestar servicios en las guardias, tanto en hospitales del Estado como en instituciones sanitarias privadas. Muchos menos, ofreció prueba alguna, ni acompañó constancia que así lo acredite. En función de tal reclamo, es que su parte contestó la demanda a fs. 52/61, quedando de tal modo así trabada la litis.

Con posterioridad, a fs. 66, la apelante afirma que en connivencia con la administración pública provincial, se quitó de su recibo de haberes, las sumas correspondientes a la percepción de guardias, para facturarlas como monotributista, tratándose de una nueva pretensión de la contraria que modifica y altera los términos de la primigenia demanda, y advierte el respondente que ello fue rechazado a fs. 67 por no constar en autos los extremos denunciados, exponiendo que se le reprocha una actitud de mala fe hacia sus hijos cuando jamás se hizo mención a las supuestas guardias que cubría, a la cantidad de horas semanales de ellas, y a los establecimientos donde las realizaba.

La falacia de lo expuesto se evidencia cuando se tiene en cuenta que el artículo 13 de la Ley 7.678 considera como remuneración los montos abonados por -entre otros trabajos- las guardias activas, las que se cumplen como modalidad de extensión horaria y la que son dispuestas por la autoridad de aplicación, mediante el instrumento legal pertinente, a propuesta de las autoridades sanitarias.

Dicho esto -sigue exponiendo-, la actora jamás acreditó siquiera la cantidad de horas que pretende reclamar en concepto de guardias que supuestamente se le asignan, resaltando que las mismas deben ser dispuestas por acto administrativo y, otorgadas, han de figurar en el recibo de sueldo, tal como el resto de los adicionales que son percibidos por los agentes del Estado. Resulta de mala fe pretender que ante una nota presentada de su parte, la Provincia se haga eco de ello y proceda a violar la Ley de Presupuesto y toda norma relativa a la disponibilidad de partidas presupuestarias, con el único fin de disminuir la cuota alimentaria que aporta para sus hijos menores de edad.

A fs. 181/185 el demandado, en fecha 7 de noviembre de 2017, deduce incidente de caducidad de la segunda instancia, consignando que el último acto de impulso de la causa fue realizado en fecha 5 de junio de 2017 (fs. 169), de suerte tal que, la providencia de fecha 6 de octubre de 2017, por la cual se remiten los autos a la Mesa Distribuidora para asignación de Sala (fs. 175), fue dictada una vez vencido el plazo previsto en el Código Procesal Civil y Comercial, recordando que el término de perención en segunda instancia comienza con la interposición del recurso, cuanto que la obligación de urgir la elevación de los autos y la puesta de ellos en estado de dictar resolución por la Alzada, se encuentra a cargo de la recurrente.

Dispuesto el traslado del incidente de caducidad a la actora, el mismo no es replicado, por lo que a fs. 203 pide el incidentista se tenga por decaído el derecho dejado de usar, lo que se tiene presente a fs. 206.

A fs. 208 dictamina la señora Asesora de Incapaces N° 3, entendiendo que corresponde hacer lugar al recurso interpuesto, debiéndose incluir en el porcentaje de los haberes fijados en concepto de alimentos, los montos que percibe como empleado de planta permanente del Hospital Público Materno Infantil, como los que se le liquidan como monotributista para el cobro de las guardias.

A fs. 211/213 dictamina el señor Fiscal de Cámara. En primer lugar, analiza la caducidad de instancia interpuesta por el alimentante, reparando que en el presente proceso de familia se debate el derecho alimentario de dos niños de ocho y cinco años de edad. Advierte que el nuevo Código Civil y Comercial, en los artículos 706 y 709, consagra el principio de oficiosidad en los procesos de familia, estableciendo que el impulso procesal está a cargo del juez, quien puede ordenar la producción de pruebas, en tanto esté involucrado el derecho de los niños. Entiende que se ha derogado implícitamente el instituto de la caducidad de instancia, pues la solución de los conflictos de familia interesa no sólo a las partes sino a la sociedad toda y la declaración de caducidad atenta contra la tutela judicial efectiva y el principio de economía procesal, ya que, en caso de ser pronunciada, se deberá iniciar un nuevo juicio, con iguales fundamentos, para resguardar los derechos de los jóvenes. No puede dejar de mencionarse -añade- que se omitió dar intervención al Asesor de Menores, corriéndose vista luego que se interpuso la caducidad de instancia, de modo que el Ministerio Pupilar se vio impedido de instar el proceso a favor de su representada.

Sentado ello y en orden al recurso interpuesto, advierte que de la compulsa del expediente se verifica que la actora solicitó la fijación de una cuota alimentaria a favor de sus dos hijos y denunció que el demandado es médico del Ministerio de Salud Pública de la Provincia, declarando aproximadamente sus ingresos, sin discriminar si los obtenía en horario regular o no. Que la madre puso en conocimiento de la Jueza que el alimentante solicitó a su empleador cobrar sus guardias hospitalarias como monotributista. El informe social de fs. 151 relata que a través de audiencias de mediación se celebró un acuerdo de alimentos por el 30 % de los ingresos del alimentante, que cobraría $ 9.000 y después bajó a $ 6.000, debido a que las guardias no figuran en el recibo de sueldo. Por último, expone que la cuota alimentaria se fijó en relación a los ingresos del alimentante y necesidades de los alimentados y que el artículo 659 del Código Civil y Comercial no discrimina entre los ingresos ordinarios y aquellos que surgen por otras actividades.

A fs. 215 se llama autos para sentencia y a fs. 216 se pasan los autos a despacho.

II) En orden al planteo de caducidad de la segunda instancia realizado a fs. 181/185, en fecha 7 de noviembre de 2017, es decir, vigente el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, es oportuno recordar (Graciela Medina, El Proceso de Familia en el Código Civil y Comercial de la Nación; El proceso de familia en el Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación, Autor: Kielmanovich, Jorge L., RDF 66- 313, AP/DOC/1078/2014 -Los parientes como testigos en los procesos de familia y el Proyecto de Código- Guahnon, Silvia V.; Seltzer, Martín - La Ley 10/04/2014, 1 - La Ley 2014-B, 832 - DFyP 2014 (agosto), 3 - AR/DOC/796/2014 - La prueba testimonial en el proceso de familia en el Proyecto de Código Único - Kielmanovich, Jorge L. - La Ley 14/02/2013, 1 - La Ley 2013-A, 919 - AR/DOC/6079/2012 - El proceso de familia que involucra a niños - Mizrahi, Mauricio Luis - La Ley 27/11/2012, 1 - La Ley 23/11/2012, 1 -La Ley 2012-F, 1101 - AR/DOC/5479/2012 - La prueba de testigos en los procesos de familia. El artículo 711 del Proyecto de Código Civil y Comercial 2012 - Guahnon, Silvia V. - Seltzer, Martín - DFyP 2012 (octubre), 7 - AR/DOC/ 4833/2012 - El proceso de familia en el Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación - Kielmanovich, Jorge L. - La Ley 31/07/2012, 1 - La Ley 2012-D, 1390 - AR/DOC/3422/2012), que se establece en el nuevo ordenamiento de fondo que el juez de familia debe ser un juez activo, director del proceso, que ejerce sus amplios poderes-deberes. El principio de oficiosidad comprende las facultades del juez en materia de prueba, las medidas ordenatorias e instructorias (incluyendo el impulso de oficio) y la limitación del principio de disposición de los hechos y del proceso. Todas estas facultades deben ser ejercidas posibilitando el ejercicio del derecho de defensa, que implica la posibilidad de ser oído, presentar defensas, ofrecer contraprueba, controlar la prueba, y alegar sobre su mérito. Se consagra el impulso procesal de oficio. Por ende, el juez debe realizar todas las medidas necesarias para que el expediente avance hacia la sentencia, incluyendo confeccionar cédulas y oficios, proveer la prueba y fijar de oficio las audiencias, entre otras. Se deroga implícitamente el instituto de la caducidad de instancia. La solución de los conflictos de familia interesa no sólo a las partes sino a la sociedad toda. Por eso se carga sobre el servicio de justicia el otorgar una solución jurisdiccional. Dado que es responsabilidad del tribunal el avance del expediente, no puede la inacción de la parte generar la caducidad del proceso.

Jorge Kielmanovich (Juicio de alimentos y caducidad de instancia, publicado en: La Ley 02/02/2018, 02/02/2018, Cita Online: AR/DOC/167/ 2018) expone que "El Código Civil y Comercial (Cód. Civ. y Com.) ha encarado en sus arts. 705 a 711 la regulación del denominado "proceso de familia", sin que ello merezca objeción o reproche constitucional alguno, pues -como la Corte Federal desde antiguo estableciera-, el poder de las provincias sobre la materia procesal no es absoluto, desde que el Congreso Nacional tiene facultades para dictar normas procesales a fin de asegurar la eficacia de las instituciones reguladas por los códigos de fondo, así, v.gr., las excepciones que pueden oponerse a la acción ejecutiva de las letras de cambio o la eficacia de la prueba confesional en los suprimidos juicios de divorcio. Es así que, en lo que aquí nos interesa, el art. 709 del Cód. Civ. y Com., ha suprimido del ámbito del proceso de familia el instituto de la caducidad o perención de instancia, con una fórmula que, a nuestro modo de ver, requiere de algunas precisiones en materia de las acciones de alimentos lato sensu...". El Código Civil y Comercial regula pues un proceso de familia dispositivo "publicitado" en alguna de sus reglas, estableciendo así en sus arts. 705 a 711 los principios de la tutela judicial efectiva, de la inmediación, de la buena fe y lealtad procesal, de la oralidad, del acceso limitado al expediente, del acceso amplio a la justicia y resolución pacífica conflictos, de la especialización de jueces y apoyo multidisciplinario, del interés superior de niñas, niños y adolescentes, de los derechos de niños y personas mayores con capacidad restringida a ser oídos, a que su opinión sea tenida en cuenta y valorada según su discernimiento y cuestión debatida, de libertad, flexibilidad y amplitud de la prueba, de la carga dinámica, y, en lo que aquí nos interesa, de oficiosidad en cuanto establece que "en los procesos de familia el impulso procesal está a cargo del juez", si bien aclara a renglón seguido que "el impulso oficioso no procede en los asuntos de naturaleza exclusivamente económica en los que las partes sean personas capaces" (art. 709, Cód. Civ. y Com.). La regla, pues, es que la caducidad o perención no opera en el proceso de familia, salvo en aquellas causas seguidas entre personas capaces y en tanto simultáneamente su objeto sea de naturaleza exclusivamente económica, así, el de liquidación de la comunidad de ganancias o el promovido por el cobro de una pensión compensatoria.

En el precedente citado por el señor Fiscal de Cámara, la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones de la Provincia sostuvo que el derecho alimentario es un derecho humano, con protección constitucional, directamente relacionado con el derecho a la vida, pues hace a la vida misma y a la dignidad de las personas poder desarrollarse con los recursos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas. Cuando se trata de niños y adolescentes -cuya personalidad se halla en proceso de formación y se encuentran en una situación particular de vulnerabilidad en tanto dependen de los adultos para su desarrollo integral- este derecho ha sido dotado de una fuerza protectoria ineludible, proveniente de la Ley Fundamental y los tratados internacionales que integran el bloque de constitucionalidad (v. Cano, Mariela y Rodolfo Gabriel Díaz, La actualización de la cuota alimentaria como exigencia de tutela efectiva, publ. en Revista Derecho Privado y Comunitario, tº 2016-1, pág. 373, Rubinzal -Culzoni, Sta. Fe)". "La consagración más clara y amplia del derecho alimentario de los niños, niñas y adolescentes surge del artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que reza: "1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. 2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño. 3. (.) 4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan la responsabilidad financiera por el niño, tanto si viven en el Estado Parte como si viven en el extranjero".

Sigue diciendo el Tribunal en cita que "La tutela efectiva que exige la naturaleza de este derecho ha justificado que el Código Civil y Comercial de la Nación incorpore un catálogo de principios generales que deben informar los procesos de familia. Así, el artículo 706 enumera en primer término al principio de la tutela judicial efectiva, y lo sigue el de inmediación, buena fe y lealtad procesal, oficiosidad, oralidad y acceso limitado al expediente. A su vez, agrega que las normas que rigen el procedimiento deben ser aplicadas de modo de facilitar el acceso a la justicia, especialmente tratándose de personas vulnerables, la resolución pacífica de los conflictos y, por supuesto, la decisión que se dicte debe tener como pauta primordial el interés superior del niño. En efecto, la consideración del interés del niño -conforme art. 3.1 de la CDN, art. 3º de la ley 26.061- es la que se impone como criterio superior en todos los asuntos concernientes a aquéllos que tomen tanto los tribunales, como las instituciones públicas o privadas y las autoridades administrativas o los órganos legislativos. Esta pauta rectora cobra fundamental importancia, máxime cuando la Constitución Nacional ha otorgado jerarquía constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos. Es por ello que el Código Civil y Comercial lo enumera dentro de los principios eminentes que rigen en materia de familia". "Al respecto, es dable recordar que nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que: "... la atención principal al interés superior del niño apunta a dos finalidades básicas, cuales son la de constituirse en pauta de decisión ante un conflicto de intereses, y la de ser un criterio para la intervención institucional destinada a proteger al menor. El principio pues, proporciona un parámetro objetivo que permite resolver los problemas de los niños en el sentido de que la decisión se define por lo que resulta de mayor beneficio para ellos. De esta manera, frente a un presunto interés del adulto (...) se prioriza el del niño". (CSJN, 12/06/2012, "N.N o U., V. s/ Protección y guarda de personas", en LL 2012-D-182)". "Precisamente el artículo 709 del citado cuerpo normativo incorpora el principio de oficiosidad al disponer que: "En los procesos de familia el impulso procesal está a cargo del juez, quien puede ordenar prueba oficiosamente. El impulso oficioso no procede en los asuntos de naturaleza exclusivamente económica en los que las partes sean personas capaces". "En virtud de tales paradigmas, reconocida doctrina y jurisprudencia ha interpretado que la disposición contenida en el artículo 709 importa una derogación implícita del instituto de la caducidad de instancia (Graciela Medina, El Proceso de Familia en el Código Unificado, Revista de Derecho Procesal, Procesos de Familia, pág. 94, Rubinzal - Culzoni, Santa Fe, 2015; La Ley, cita online: AR/JUR/23501/2015) El caso sub lite se trata de una contienda de alimentos en un proceso de familia, por lo que debe estarse a las normas procesales dispuestas por Código Civil y Comercial vigente, que en su art. 709 consagra el principio de oficiosidad en las cuestiones de familia, salvo que se trate de cuestiones exclusivamente económicas en las que las partes sean capaces. Adquiere el juez un rol conductor del proceso, que lo faculta a tomar las medidas que entienda conducentes a la protección de los bienes jurídicos en disputa. Así, sostuvo la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires que: "En los procesos donde se ventilan conflictos de familia y en general cuestiones de interés social, se amplía la gama de los poderes del juez, atribuyéndosele el gobierno de las formas, a fin de adaptar razonable y funcionalmente el orden de sus desarrollos a la finalidad prioritaria de que la protección se materialice. Es evidente que en estos litigios aislar lo procesal de la cuestión sustancial o fondal, limitarlo a lo meramente técnico e instrumental, es sustraer una de las partes más significativas de la realidad inescindible" (voto del Dr. de Lázzari, sin disidencia, en los autos "B., G. S. c/M. G., R. A. s/Incidente de modificación de régimen de visitas", Expte. C 87.970, 05/12/07).

Y la Sala Cuarta de este Cuerpo (CApel.CC.Salta, Sala IV, t.XXXIX-I, Fº185/188) expuso: "Se consagra el impulso procesal de oficio y por ende, el juez debe realizar todas las medidas necesarias para que el expediente avance hacia la sentencia y se deroga implícitamente el instituto de la caducidad de instancia. La solución de los conflictos de familia interesa no solo a las partes sino a la sociedad toda. Por eso se carga sobre el servicio de justicia el otorgar una solución jurisdiccional. Dado que es responsabilidad del tribunal el avance del expediente, no puede la inacción de la parte generar la caducidad del proceso. (CApelCC Salta, sala IV, tº XXXVIII -I, fº 316/317; Medina, Graciela, El Proceso de Familia en el Código Unificado; Revista Reformas Legislativas. Debates doctrinarios. Código Civil y Comercial; Año I; N° 3; pág. 25; cita on line; Infojus id. SAIJ: DACF150456, Agosto de 2015). En este sentido, resulta conveniente apartarse del criterio sostenido por la señora Juez de primera instancia, y dejar sin efecto la resolución que declara perimida la instancia. Esta interpretación es, por otro lado, la que mejor se condice con el interés superior del menor involucrado. El principio rector de tutela judicial efectiva consagrado por el art. 706 del CCyCN impone atender principalmente, la situación de los sujetos vulnerables en el ejercicio de sus derechos. Este principio, puesto en valor por las 100 Reglas de Brasilia, extiende su connotación a lo que se denomina la "tutela diferenciada", que como señala autorizada doctrina en la materia "comprende la posibilidad de utilizar todas las herramientas procesales necesarias para garantizar el efectivo acceso a los derechos y se completa con la regla de la proporcionalidad que debe mediar entre la herramienta procesal y la solución buscada (Aída Kemelmajer de Carlucci, Marisa Herrera, Nora Loveras - Tratado de Derecho de Familia, tomo IV, pag 432). La jurisdicción que se despliega en conflictos que involucran cuestiones de familia se erige en una actividad estatal regida por la tutela judicial diferenciada, como variante de la tutela judicial efectiva. Se manifiesta con la existencia de reglas propias y flexibles, funcionales al Código Civil y Comercial de la Nación y a la complejidad de las situaciones o a las intervenciones en la urgencia, siempre considerando que lo que está en juego son los derechos esenciales de las personas. Lo diferenciador de la tutela radica en, el privilegio que el legislador otorgó a la protección de determinados derechos y se plasma tanto en el ámbito procesal como en el sustancial. (Marisa Herrera, Código Civil y Comercial Comentado, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, tomo II, pag. 544/545). El objeto de la pretensión de autos, son los alimentos peticionados al progenitor no conviviente en beneficio del hijo menor de edad, por lo que, a más de los fundamentos dados ut supra, resulta ineludible considerar la naturaleza de derecho humano fundamental y de carácter vital, comprometido en la decisión en crisis. (art. 3, 27 y cc. de la Convención de los Derechos del Niño - Ley 23.849; Art. 19 y cc del Pacto se San José de Costa Rica). Es criterio de la CSJN que "la consideración primordial del interés de los menores, que la Convención sobre los Derechos del Niño impone a toda autoridad nacional en los asuntos concernientes a éstos, orienta y condiciona toda decisión de los tribunales de todas las instancias llamados al juzgamiento de los casos (Fallos: 322:2701); por lo que no resulta fundado impedir la continuidad de un procedimiento que busca asegurar la subsistencia de los menores sobredimensionando el instituto de la preclusión al hacerlo extensivo a un ámbito que no hace a su finalidad (Fallos: 317:757). Que ello es así, pues cuando se trata de reclamos vinculados con prestaciones alimentarias a favor de menores, los jueces deben buscar soluciones que se avengan con la urgencia que conlleva este tipo de pretensiones, para lo cual deben encauzar los trámites por las vías expeditivas y evitar que el rigor de las formas pueda conducir a la frustración de derechos que hoy cuentan con particular tutela constitucional. (art. 27, inc. 4, de la convención citada)."(CSJN, Secretaria de Jurisprudencia, Interés Superior del Niño 1era. Ed. Año 2013, "Guckenheimer vs. Kleiman", Fallos 324:122)._________________________ III) Desestimado el planteo de caducidad de la segunda instancia, entramos ahora al mérito del recurso de apelación interpuesto.

Al demandar (fs. 4/5), la actora denuncia que reclama alimentos por sus hijos A. y E., de apellido A.A., que a la fecha del dictado de la presente, cuentan con ocho y cinco años de edad respectivamente (ver partidas de nacimiento de fs. 2 y 3), reclamando que se fije una cuota provisoria equivalente al 60 % de los ingresos del demandado, informando asimismo que el padre es médico del Ministerio de Salud Pública de la Provincia y que percibe una remuneración de aproximadamente $ 13.000 (la pretensión fue deducida el 2 de junio de 2014).

La resolución de fs. 7 fija en concepto de cuota alimentaria provisoria el porcentaje del 30 % -15 % para cada hijo- de los haberes que percibe el alimentante como empleado del Ministerio de Salud Pública de la Provincia, facultando a la madre a percibir directamente la cuota en el Banco Macro S.A. -Sucursal Depósitos Judiciales- (resolución del 9 de junio de 2014), informando el Ministerio a fs. 17 que empezará a ejecutarse la afectación con la liquidación de agosto de 2014 (el oficio fue recepcionado el 28 de julio de 2014 -fs. 13).

A fs. 37, luce el acta de la audiencia celebrada el 27 de marzo de 2015 -fijada a fs. 29- dando cuenta de la incomparecencia de la parte demandada y a fs. 38 la actora pide se fijen los alimentos definitivos en un equivalente al 45 % de los ingresos del accionado. A fs. 40 el Hospital Público Materno Infantil hace saber que el alimentante es personal transitorio del Ministerio de Salud Pública de la Provincia, habiendo ingresado a trabajar el 01 de junio de 2012, desempeñándose como residente de tercer año, siendo su remuneración neta de $ 15.981,81.

A fs. 51, se celebra una nueva audiencia -el 13 de agosto de 2015-, en donde el demandado ofrece pasar el 35 % de sus ingresos, lo que no es aceptado por la actora. A fs. 58/61 luce la contestación de la demanda en que destaca que el nuevo régimen legal establece la paridad de ambos progenitores respecto a la manutención de los hijos, condicionado a estrictos elementos objetivos, proponiendo en el equivalente al 30 % de sus haberes el monto de la cuota definitiva.

A fs. 66, lo que reitera a fs. 72 y 80, la accionante denuncia que el accionado solicitó percibir sus guardias hospitalarias como monotributista por lo que pide se proceda a retener de los depósitos que la empleadora le haga, el porcentaje que corresponde en concepto de cuota alimentaria, mereciendo el primer pedido la providencia de fs. 67, en donde se le hace saber que en autos no surge la situación expuesta; el segundo, el resérvese de fs. 74; y el tercero, que se deba estar a las resultas del oficio ordenado a fs. 79 a la Administración Federal de Ingresos Públicos.

En la sentencia venida en revisión, la Jueza de grado establece el monto de la cuota alimentaria, en un porcentual del 36 del total de los haberes que percibe el alimentario, con más las asignaciones familiares y el proporcional del S.A.C., y, ante la aclaratoria de fs. 144, ratifica a fs. 154 que en autos no se ha incurrido en ninguna omisión ni error en la sentencia ya que quien debe prestar alimentos es médico y trabaja como dependiente del Ministerio de Salud Pública, por lo que se dispuso que la cuota sea un porcentaje del total de los haberes que percibe.

Resulta relevante para la suerte del recurso, la informativa de fs. 174, de fecha 25 de julio de 2017, en donde la A.F.I.P. hace saber que, de consultas a las bases del organismo, no registra inscripción el demandado como contribuyente del sistema; que no se encuentra incluido como empleado en ninguna nómina de declaraciones juradas; que no cuenta con aportes previsionales, como así tampoco registra alta laboral declarada por empleador alguno.

En síntesis, no se ha acreditado que el alimentante se encuentre inscripto como monotributista, debiendo entenderse que el alcance de la condena incluye todo lo que percibe como dependiente del Estado Provincial, por cuanto las sumas que se le liquidan en concepto de guardias, son adicionales de naturaleza remuneratoria incluidas en la afectación alimentaria, por lo que, lo señalado por la apelante en cuanto solicitó su liquidación como monotributista, no encuentra respaldo en las constancias de la causa, razón por la cual el recurso de apelación intentado no cabe proceda.

IV) Las costas se imponen por el orden causado, dado lo novedoso de la cuestión y la naturaleza del reclamo.

El doctor José Gerardo Ruiz dijo:

Que adhiere al voto del señor Juez de Cámara preopinante.

Por lo expuesto, LA SALA TERCERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA PROVINCIA DE SALTA, I) NO HACE LUGAR al incidente de caducidad de la segunda instancia de fs. 181/185 planteado por el demandado.

II) RECHAZA el recurso de apelación de fs. 155, deducido por la parte actora.

III) IMPONE las costas en esta instancia por el orden causado.

IV) REGÍSTRESE, notifíquese y REMÍTASE.

SALA TERCERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA PROVINCIA DE SALTA VOCALES: MARCELO RAMÓN DOMÍNGUEZ JOSÉ RUIZ - SECRETARIA: DRA. MARÍA VICTORIA MOSMANN - EXP N° 475494/14 - SALA III, T. 2018 - DEF., Fº 81/87, 07/03/2018