Tribunal: CAMARA NAC. APELAC. EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-04-09


Causa NRO. 94.626/2002 "Anitua Julio Mario -incidente med c/ PEN- Dto 214/02 s/ amparo ley 16.986" ///nos Aires, 9 de abril de 2002.

Y VISTOS:

El recurso de apelación deducido a fs. 27/31 por la parte actora contra la resolución de fs. 21/22 vta.; y CONSIDERANDO:

I. Que la actora dedujo la presente acción de amparo con el objeto de que se declarara la inconstitucionalidad de la ley 25.561, los decretos 50/02, 71/02, 214/02 y de la normativa dictada en consecuencia.

Asimismo, solicitó que, como medida cautelar, se dispusiera la entrega, en la moneda de origen, de las sumas depositadas en las cuentas de su propiedad en los Bancos Societe Generale y Boston.

II. Que, a fs. 21/22 vta., el juez de grado rechazó la medida cautelar solicitada.

Señaló que la situación que se planteaba en autos (edad avanzada y necesidad de efectuar gastos médicos) había sido contemplada por el Banco Central de la República Argentina en el marco de la comunicación AA@ 3446, en la que se había flexibilizado la indisponibilidad de los fondos derivados del régimen vulgarmente denominado "corralito".

Destacó que la demandante no impugnaba esas normas ni explicaba cuál era la circunstancia que le impedía acudir a las excepciones que en ellas se consagraba; máxime cuando ello le permitiría contar con los fondos necesarios para sufragar los gastos que aducía, por lo menos, durante el plazo que requiriera la sustanciación del amparo.

Agregó que la cautela que se pretendía revestía iguales efectos -entrega de los fondos depositados- que los que resultarían si se hiciera lugar a la demanda.

III. Que, contra esa decisión la parte actora interpuso recurso de apelación (confr. fs. 27/31).

IV. Que, debe recordarse que "las medidas cautelares tienden a impedir que, durante el lapso que inevitablemente transcurre entre la iniciación del proceso y el pronunciamiento de la decisión final, sobrevenga cualquier circunstancia que imposibilite o dificulte la ejecución forzada o torne inoperantes los efectos de la resolución definitiva" (conf. esta Sala, "Canop Nazar", 13/12/90, y muchas otras).

V. Que la procedencia de dichas medidas se halla condicionada, como principio, a que se demuestre: 1) la apariencia o verosimilitud del derecho invocado por quien las solicita (fumus bonis iuris); y 2) el peligro en la demora, que exige la probabilidad de que la tutela jurídica definitiva que la actora aguarda de la sentencia a pronunciarse en el proceso principal no pueda en los hechos realizarse, es decir que, a raíz del transcurso del tiempo, los efectos del fallo final resulten prácticamente inoperantes (conf. fallo cit. y 28/10/97, in re Radio Siglo XXI; 30/10/97, in re Robledo; 30/12/97, in re Pizarro; entre muchos otros). Además es menester que se fije una contracautela suficiente por los eventuales perjuicios que la medida pudiere ocasionar a la contraria, de haber sido pedida sin derecho (confr. esta sala, 15/5/92, in re "Incidente s/ recurso de apelación efecto devolutivo en los autos: Belt S.A. y otros c/ Dirección Nacional de Aduanas s/ juicio de conocimiento; 10/10/97, in re "Miguez José María c/ Estado Nacional - Mro. de Cultura y Educación s/ empleo público"). Por otra parte, en el caso de la prohibición de innovar se requiere que la cautela no pudiere obtenerse por otros medios (confr. art. 230 C.P.C. y C.).

VI. Que, para evaluar la verosimilitud del derecho invocado en la pretensión cautelar, es menester realizar las siguientes consideraciones.

1. Como sostuvo en fecha reciente la Corte Suprema de Justicia de la Nación, "se encuentra fuera de discusión en el caso la existencia de una crisis económica por lo que no cabe cuestionar el acierto o conveniencia de la implementación de medidas paliativas por parte del Estado. Pero ello no implica que se admita, sin más, la razonabilidad de todos y cada uno de los medios instrumentales específicos que se establezcan para conjurar los efectos de la vicisitud" (CSJN, ABanco Galicia en ..."Smith...", cons. 9, párrafo primero, el 1 de febrero de 2002).

2. Un examen preliminar y provisorio de la pretensión preventiva -propio de los procesos cautelares- lleva a considerar, al menos de modo inicial, que las normas instrumentadas no constituirían, como también lo puso de manifiesto el Tribunal Supremo en situaciones análogas (conf. causa "Banco de Galicia ...en Smith..." citada), una reglamentación razonable de los derechos y garantías constitucionales (art. 28 de la C.N.).

3. Se advierte, en primer lugar, que habiéndose suplantado el régimen de convertibilidad monetaria -en virtud del cual "un peso" era igual a "un dólar"- (conf. ley 23.928) por uno de flotación del valor de la moneda nacional con relación a esa moneda extranjera (conf. decreto 260/02), la conversión a pesos -pesificación- de los depósitos realizados en dólares -al valor de "PESOS UNO CON CUARENTA CENTAVOS...por cada DOLAR ESTADOUNIDENSE..." (conf. art. 2?, decreto 214/02)- sumada a la reprogramación de su devolución Ben 12, 18, o 24 cuotas mensuales a partir de enero, marzo, junio o septiembre de 2003, según el monto de lo depositado- (conf. resolución 46/02), afectaría prima facie el derecho de propiedad, reconocido en los artículos 14 y 17 de la Constitución Nacional.

4. Frente a ello no cabe soslayar, aun en esta instancia procesal inicial y provisoria, que los titulares de los ahorros depositados en el país -en su mayoría particulares- contrataron con entidades bancarias y financieras constituidas y concebidas, en esencia, como empresas de riesgo que, a su vez, prestaban ese dinero a tasas de interés cuyos índices atendían también a cubrir un alto riesgo, el cual no aparecería honestamente afrontado al producirse el evento perjudicial.

En consecuencia, aun cuando la situación de grave crisis pudiese justificar -por hipótesis- que los ahorristas debieran compartir el sacrificio que la situación pudiera imponer - acorde también a las previsiones del artículo 1198 del Código Civil- , no parecería ajustado a pautas de aceptable razonabilidad que fuesen ellos quienes cargasen con el mayor perjuicio, de modo tal que esa situación implicara la violación de la garantía del artículo 16 de la Constitución Nacional. Un reparto del sacrificio desigual e inequitativo violaría el mencionado precepto.

Y ello sería así aun sin entrar a considerar -por tratarse del estudio preliminar de una medida cautelar- el diferente trato que habría sido dado a los distintos agentes del sistema financiero en la medida en que pudiera implicar usar ahorro nacional genuino -imprescindible para la generación de riqueza y el crecimiento de toda sociedad- para cancelar deuda financiera, sin siquiera realizar distinciones respecto del monto, causa o finalidad de estas últimas.

5. Por otro lado, la tacha de inconstitucionalidad no podría quedar prima facie superada con la opción prevista en el artículo 9 del decreto 214/02 en virtud de la cual, los depositantes, podrían recibir - hasta la suma tope de dólares 30.000 por titular y por entidad financiera- bonos con cargo a los fondos del Tesoro Nacional en sustitución de la devolución en pesos de los depósitos realizados originariamente en dólares. Ello sería así atento a que, aun cuando se haya previsto la transferencia al Estado de activos de las entidades financieras (conf. art. cit.), pareciera que esos activos estarían constituidos por sus créditos contra el Estado Nacional y, en consecuencia, lejos de reforzar el derecho de los depositantes, implicaría para el ahorrista la liberación del deudor originario (la entidad financiera) y su sustitución por otro distinto (el Estado Nacional), que ha declarado públicamente su estado de insolvencia. 6. Cabe también poner de manifiesto que, una vez dispuesta la conversión a pesos de todos los depósitos realizados en moneda extranjera, resultaría prima facie carente de toda razonabilidad el cronograma de devolución de aquéllos previsto en la resolución 46/02, en tanto conferiría un trato desigual y más gravoso a los ahorristas Boriginarios- en Adólares@ (a quienes se devolvería, en pesos, a partir de enero, marzo, junio o septiembre de 2003, según el monto del depósito) respecto de quienes depositaron - originariamente- pesos (cuya devolución en cuotas sería a partir de marzo, agosto o diciembre de 2002, según su monto). Siendo regla de justicia tratar de igual modo a quienes se hallan en igualdad de condiciones (adviértase que, en definitiva, el depositante de "dólares" recibiría "pesos"), el cronograma diferenciado de devolución del dinero, según la moneda en que fue originalmente realizado el depósito, no se encontraría, al menos en esta evaluación provisoria, en armonía con la garantía prevista en el artículo 16 de la CN.

Dicha desigualdad se apreciaría a poco de reparar, a su vez, en que quienes ahorraron mediante depósitos en moneda extranjera, habrían resignado gozar de tasas de interés más favorables en pos de mantener una mayor seguridad ante eventuales modificaciones en la política cambiaria que en el futuro pudiese devenir.

VII. Que, ello asentado, es menester señalar que de las constancias de la causa resulta que tanto el actor como su cónyuge se encuentran afectados por graves enfermedades (confr. fs. 15/20), a lo que se suma la avanzada edad del demandante (73 años).

Esta particular situación -edad avanzada y enfermedad- no se encuentra expresamente contemplada dentro de los supuestos de excepción a la reprogramación de depósitos contemplados en la comunicación AA@ 3467 del Banco Central de la República Argentina (del 8 de febrero de 2002, B.O. 20/2/02), ya que en ella se prevé la exclusión de esa reprogramación respecto de las cuentas en las cuales los titulares, o al menos uno de ellos, tengan 75 años de edad o más (confr. acápite 1.2.5 del anexo de la Comunicación "A" 3467 del Banco Central de la República Argentina), o en particulares supuestos de enfermedad (confr. acápites 1.2.7 y 1.2.8 de las citada comunicación), más no para la situación de autos.

Tal circunstancia impone al tribunal la búsqueda de una solución de equidad que posibilite una resolución justa, que atienda a las particularidades que en el caso se presentan.

Y, a tales efectos, se considera razonable también por analogía aplicar al caso -de edad avanzada y enfermedad- el régimen previsto para personas de 75 años de edad o más; y, en consecuencia, excluir a las sumas depositadas por el actor -en los Bancos Boston y Societé Generale- de la reprogramación establecida en la resolución 6/02 del Ministerio de Economía -conforme el texto de la resolución 46/02 de esa cartera- en los términos y las condiciones previstas en el acápite 1.2.5. del anexo de la comunicación A 3467 del Banco Central de la República Argentina.

Por todo lo expuesto, SE RESUELVE: revocar la decisión objeto de recurso y disponer, como medida cautelar, la exclusión de las sumas depositadas por el actor -en los Bancos Boston y Societé Generale- de la reprogramación establecida en la resolución 6/02 del Ministerio de Economía -conforme el texto de la resolución 46/02 de esa cartera- en los términos y las condiciones de disposición previstas en el acápite 1.2.5. del anexo de la comunicación A 3467 del Banco Central de la República Argentina.

Regístrese y devuélvase al juzgado de origen a fin de que notificar la presente, dar cumplimiento a lo resuelto y continuar con el trámite de la causa.

ALEJANDRO JUAN USLENGHI - MARIA JEANNERET DE PEREZ CORTES - GUILLERMO PABLO GALLI (Por su voto) El Dr. Galli dijo:

1. En el caso el demandante reclama la restitución de sumas depositadas en cuentas de ahorro en dólares estadounidenses abiertas en Societe Generale y en Banco Boston invocando la inconstitucionalidad de la ley 25.561, su decreto reglamentario y normas complementarias en tanto obstaculicen la libre disposición del dinero allí depositado.

Invoca en su favor el estado de salud en que se encuentran tanto él como su esposa a cuyo nombre indistinto están dichas cuentas, lo que les crea una situación de desamparo ante la imposibilidad de disponer aquel dinero.

En la sentencia cuya copia obra a fs. 21/22 vta. de este incidente, el señor juez de primera instancia denegó la medida cautelar por considerar que los supuestos en que se encuentra la amparista están previstos en la comunicación A. 3446 del Banco Central de la República Argentina, modificada por comunicación A. 3467, de donde resulta la inexistencia de la urgencia para proveer a dicha cautela.

2. En su apelación de fs. 27/31 el apoderado del amparista ataca la comunicación A. 3446 entendiendo que el procedimiento previsto en dicha normativa resultaba absurdo y el sometimiento que se obliga a una persona de edad y enferma a los distintos trámites previstos en ellas aparece como vejatorio.

3. En principio ha de sostenerse que el escrito bajo examen no contiene una crítica razonada a la sentencia, pues se limita a realizar consideraciones genéricas respecto de una denunciada irrazonabilidad de los distintos pasos que deben cumplir las personas que requieren se les reconozca un tratamiento especial frente a los demás ahorristas alcanzados por las normas del régimen impugnado.

Sin embargo, ha de advertirse que en el caso se encuentra en juego un valor esencial del hombre que es su salud, por lo que, frente a disposiciones que puedan ponerla en peligro ha de salvarse ciertos escollos formales y considerar los reclamos del peticionante atento, por lo demás la circunstancia de manifestar claramente su decisión de continuar, aun en esta instancia con la pretensión esgrimida en la anterior.

4. En cuanto al fondo, es indudable que el actor se encuentra fuera de las previsiones contenidas en la comunicación del Banco Central invocada por el a quo, toda vez que no alcanza la edad mínima de 75 años exigidas allí para exceptuar de las normas que conforman el régimen financiero impugnado en autos. Por otra parte, de enfocar la cuestión desde el punto de vista de las dolencias que sufren tanto el actor como su esposa, no han justificado la existencia de gastos extraordinarios que hayan generado la necesidad impostergable que contar con los fondos depositados.

5. Sin embargo, no es siempre método recomendable el atenerse estrictamente a las palabras de la ley, ya que el espíritu que la nutre es lo que debe determinarse en procura de una aplicación racional, que elimine el riesgo de un formalismo paralizante; debe buscarse en todo tiempo una valiosa interpretación de lo que las normas, jurídicamente, han querido mandar, de suerte que la admisión de soluciones notoriamente injustas cuando es posible arbitrar otras de mérito opuesto, no resulta compatible con el fin común de la tarea legislativa y de la judicial (Fallos: 306:940).

6. En el caso, la edad de 75 años como límite mínimo para obtener el beneficio de ser eximido el titular del depósito de la postergación del cobro de su crédito, ha sido valorado por el organismo financiero como una pauta razonable en consideración de que a esa edad, por lo general, se observan distintas circunstancias que colocan a la persona en una posición más desfavorable respecto de aquellos de menor edad. Pero se trata de una presunción genérica que admite la demostración de la existencia casos excepcionales que deben subsumirse en la disposición, pese a no cumplir con todas las previsiones de la norma.

Entre ellas se encuentra en primordial lugar aquella del estado de salud: la enfermedad produce una minusvalía en la persona que la coloca en una situación de indefensión mayor que otra de su misma edad.

7. La edad del actor Bcotitular de los certificados en cuestión- y la enfermedad cardíaca que lo aqueja, sumado al estado de salud de su esposa -con quien comparte el crédito-, lleva a este tribunal a entender aplicable, por analogía, las normas de la comunicación A. 3446 modificada por comunicación A. 3467, para los supuestos de edad avanzada y de particulares casos de enfermedad y, en consecuencia, excluir a las sumas depositadas por el actor en el Banco Boston y en Societe Generale de la reprogramación establecida en la resolución 6/02 del Ministerio de Economía conforme el texto de la resolución 46/02 de esa cartera- en los términos y las condiciones previstas en el acápite 1.2.5 del anexo de la comunicación A. 3467 del Banco Central de la República Argentina.

Por las consideraciones precedentes, SE RESUELVE: revocar la resolución apelada y disponer como medida cautelar la exclusión de las sumas depositadas por el actor en el Banco Boston y en Societe Generale de la reprogramación establecida en la resolución 6/02 del Ministerio de Economía conforme el texto de la resolución 46/02 de esa cartera- en los términos y las condiciones previstas en el acápite 1.2.5 del anexo de la comunicación A. 3467 del Banco Central de la República Argentina.

Regístrese y devuélvase al juzgado de origen a fin de notificar la presente y dar cumplimiento a lo resuelto.

GUILLERMO PABLO GALLI Ante mi Cora Gfell de Juárez Peñalva Secretaria