Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-02-08


En la ciudad de Comodoro Rivadavia, Provincia del Chubut, a losocho días del mes de febrero del año dos mil siete, reunida en Acuerdo la Sala A de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, con la presidencia de su titular Dr. Fernando Nahuelanca y asistencia del señor Juez de Cámara Dr. Julio Antonio Alexandre y de la señora Jueza de Cámara Dra. Silvia N. Alonso de Ariet, para dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados:

"N, F B. y otra c/ O, P N. s/ SUMARIO", Expte. nro. 13.555/06, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 2 (Expte. nro. 1089/05), y atento el resultado del sorteo establecido en el art. 268 del Código de Procedimientos Civil y Comercial (fs. 263), correspondió el siguiente orden para la votación: Dr. Julio Antonio Alexandre, Dr. Fernando Nahuelanca y Dra. Silvia N. Alonso de Ariet.

Acto seguido se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida de fs. 229/233? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestión el Dr. Alexandre dijo:

Se alza la accionada en contra de la sentencia de fs. 229/233, por la que se hace lugar al pago por consignación articulado por la accionante y se desestima el pedido de inconstitucionalidad del Decreto 214/02 en sus arts. 1 y 8, planteado en la contestación de demanda, a tenor del informe de fs. 253/258 vta., sin respuesta de la contraria.

La demanda no ha podido superar las deficiencias iniciales pese a la advertencia de la demandada desde el inicio y así, la heteróclita dirección del proceso sufrió el primer revés a fs. 112/113 vta.

Y no tan sólo se dio curso a un pago en consignación sin el acompañamiento del depósito de la suma que se señala en el escrito de presentación, sino que se lo hace posteriormente. Y luego de los sucesivos depósitos que implicarían ampliación de demanda, el Director del proceso no ordena su sustanciación mediante el correspondiente traslado en abierta violación al principio de defensa de la contraria.

De la misma documental acompañada por la accionante surge su intención de ampararse en la normativa de emergencia económica establecida por entonces (ver texto de CD 32.406,203 9 AR del 13/03/02), pero tratando de aprovechar en su favor la directiva que fulminaba la autonomía de voluntad afectando de manera extraordinaria el valor del negocio -pese a la mora ya ocurrida- que establecía, a través de su decreto reglamentario, requisitos complementarios que ignoró, al igual que los intereses moratorios y, pese al rechazo inicial de la demandada, por su acreedor, y las debidas advertencias por las irregularidades de tal presentación, nunca se subsanaron o al menos el juez ordenó sanear. Que lo manifestado ha sido denunciado al momento de los alegatos, pero el a quo, tras enunciaciones teóricas referidas a la materia, formula una decisión de seudo equidad dejando de lado el debido proceso, el derecho de defensa y la debida congruencia.

Y es que el art. 758 del Código Civil enuncia los requisitos que debe llenar la consignación para ser válida y tener eficacia cancelatoria y tales recaudos no se encuentran probados en autos. En efecto, hace a la eficacia del pago por consignación, la concurrencia de los principios de identidad e integridad. La demandada no está obligada a recibir el pago de algo distinto o de algo incompleto.

En tal sentido la jurisprudencia tiene dicho que: "El pago por consignación no se satisface con la mera intimación a que se cobren determinadas acreencias, es menester, en todo caso que el ofrecimiento refiera concreta y oportunamente a la suma debida en su totalidad (vale decir que se debe consignar como monto debido, no solo el capital sino también los intereses devengados...).

De no ser así la intimación previa no habrá de revelar de parte del deudor un intento serio o mejor dicho un ofrecimiento positivo, y por lógica consecuencia, tampoco podrá derivarse la negativa del acreedor de recibirlo en tales términos" (ver v.gr. CCiv. y Com., Resistencia, Sala II, 09/12/2005- "O, E c. P E D S..." en La Ley Online).

Así las cosas en el subjudice surge manifiesta la insuficiencia de lo depositado, desde que el pago no satisface el principio de integridad, pues hallándose en mora el deudor -atento lo convenido y no controvertido y testimonial de fs. 193 y lo dispuesto por el art. 509 del CC-, debió adicionar al monto sustrato de obligación, los intereses moratorios, y el cálculo del CER de conformidad por lo preceptuado por ley 25561 y decreto reglamentario (arts. 4º y 8º).

Es que la consignación que intenta el deudor moroso tendrá que ser suficiente, debiendo comprender no sólo la prestación debida sino el complemento por el retardo en el pago, esto es los intereses moratorios (ver también "El pago por consignación frente a la pesificación" por Descalzi, José Pablo en DJ 2003-1, 854).

Las sumas depositadas en autos no importan para el acreedor satisfacción alguna de su crédito impago, pues no recayó sobre el requerido obligación legal de manifestarse, desde que tal silencio no fue condicionado por conducta anterior alguna de su parte (ver v.gr. CCiv. y Com. Resistencia, Sala II, 09/12/2005- "O, E c. P E D S.A."- La Ley Online).

En efecto, conforme la regla general consagrada en la norma legal contenida en el art. 919 CCiv., el silencio no puede ser considerado manifestación de voluntad con excepción de las cuestiones enumeradas por la propia disposición: cuando haya una obligación de explicarse por la ley o por las relaciones de familia o a causa de una relación entre el silencio actual y las declaraciones precedentes. Menos aún cuando a la hora de los alegatos se objetan tanto en lo formal como en lo sustancial.

Pese a los reproches formulados he adoptado la misma solución ante idénticas situaciones, esto es: que cuando los agravios pueden ser reparados por la vía de la apelación no corresponde considerar el de nulidad (conf. v.gr. Fenochietto-Arazi, "Código Procesal.", t. I, pág. 792 y ED 110-161; ED 128-581, entre muchos).

Así, propongo al acuerdo revocar la resolución impugnada en sus puntos primero y tercero conforme lo ordenando por el art. 279 CPr. y en consecuencia desestimar el pago por consignación intentado por la actora con costas en ambas instancias, difiriéndose la regulación de honorarios al momento del acuerdo, en el que se tendrán en cuenta las pautas arancelarias de la ley 2200 con su modificatoria por ley 4335.

A la segunda cuestión el Dr. Alexandre dijo:

1. Hacer lugar a la apelación articulada por la demandada contra la sentencia de fs. 229/233, revocándola y, en consecuencia, se desestima la demanda, conforme los considerandos pertinentes, con costas en ambas instancias a la accionante.

2. Difiérase la regulación de honorarios de ambas instancias al momento del acuerdo.

A la primera cuestión el Dr. Nahuelanca dijo:

l) La sentencia se dicta a fs. 229/233, por la que se hace lugar a la demanda y se autoriza a los actores B F N y E D. F, a consignar los pagos que deben abonar al demandado P N. O, conforme al considerando tercero. Rechaza la inconstitucionalidad interpuesta por la parte demandada. Impone las costas en el orden causado y regula en porcentuales los honorarios de los profesionales intervinientes.

2) Apela la parte demandada a fs. 236 y el recurso se concede a fs. 244.

3) La parte demandada P N. O expresa agravios a fs. 253/259 vta. Señala los antecedentes del litigio, demanda interpuesta por los actores reconociendo ser deudores de su parte por la suma de U$s.11.000, por la compra de un inmueble, financiado en 36 pagarés en dólares.

Afirma que su parte no se negó a recibir el pago de la suma correspondiente al pagaré del 7/3/04, sino que lo haría como pago a cuenta y a fin de obtener una compensación adecuada en base a la doctrina del esfuerzo compartido.

Destaca que la demanda de consignación no fue acompañada de depósito alguno, lo que debió determinar el rechazo de la demanda.

En el primer agravio se expone que aún considerando la validez de la decisión pesificadora, lo resuelto no se ajusta a las normas de pago por consignación, ello es, sin considerar que no fue acompañada del depósito de suma de dinero alguna, por otra parte no se consideraron los intereses, ni tampoco el CER que se había devengado, que en definitiva no se cumplieron los extremos del art. 758 C.C. Cita doctrina y jurisprudencia.

Sostiene que con la solución del "a-quo" pretendiendo otorgar se suplan las omisiones, se incurre en incongruencia, sin que a su vez se haya considerado si la ausencia de liquidación del C.. no importaba la insuficiencia de la acción consignación.

Segundo agravio. Critica el concepto jurisdiccional al entender una postura negativa de su parte a recibir el pago ofrecido por los deudores, aludiendo a la C.D. de su parte donde ratifica que recibiría el pago y que para su imputación procedería conforme con el art.11 Ley 25.561, con lo que entiende no configurada la hipótesis del art.757, inc.1º C.C.

Tercer agravio. Señala la sustancia de la acción, el reconocimiento de adeudarse la suma de U$S.11.000, afirmando que es de público y notorio la recuperación del valor de la propiedad, que fundamenta con copia de un artículo periodístico. Sostiene en consecuencia que los 11.000 dólares aún incrementados con el C.., significa un notorio empobrecimiento. Afirma que se viola el art.11 de la Ley 25.561, en su previsión integral, aún con la modificación introducida por la Ley 25.820.

Anota jurisprudencia concordante determinante de la aplicación de la teoría del esfuerzo compartido en la consignación pactada en moneda extranjera. Concreta finalmente el agravio en que el sentenciante aplica en forma parcial el art.11 Ley 25.561, aludiendo, asimismo, a los dichos de la testigo E. A R. Peticiona, en definitiva, la revocatoria del fallo, con costas.

Plantea el sentenciante cuáles eran los recaudos que debía reunir la accción de consignación conforme con los arts. 756 a 763 del C.C., con expresa referencia al inc. d) receptando que la consignación solo será válida si se verifican los principios que rigen el pago.

El sentenciante analiza distintas variables que generan dificultades que imposibilitan el pago directo, considerando en consecuencia la negativa del deudor a su recepción antes de la mora, a cuyo respecto expone que la jurisprudencia la considera injustificada y que es el caso que autoriza la acción de consignación (punto l.c.2, de fs. 231).

Al seguir explicando los institutos en juego, expresa en cuanto al tercer supuesto que el demandado no aceptó la intención de pago de los actores, con lo que mediando el problema de la "pesificación", alteró de manera sustancial las condiciones pactadas, poniendo a los contratantes en situación de conflicto de no fácil solución y que colocó a los deudores en situación de pretender la consignación judicial, la que declara procedente.

En el considerando tercero señala las bases de la resolución, considerando la postura de las partes, que se estuvo a punto de encontrar un acuerdo entre las partes, cita jurisprudencia, tiene por válidas las sumas depositadas a favor del demandado y establece las bases de la conversión.

4) De todos los derechos invocados por las partes y disposiciones durante el juicio, es evidente que la acción de consignación viene inmersa en las leyes de emergencia económica.

5) La actora señaló al demandar que la deuda se originó en una financiación otorgada por el demandado por la suma de U$S.11.000, que se materializó en 36 pagarés en dólares, con diferentes montos que surgieron de una tasación del sistema de amortización francés, que adjuntaron y reconocida por la demandada a fs. 43vta., punto III -l la intimación de fs. 3-, que definía la materialización de la deuda en 36 pagarés firmados ante Escribana el día 10/10/2001, con cuatro pagarés pagos, creándose el conflicto a partir del 5to pagaré de fecha 7 de marzo de 2002. 6) Aún el juicio bajo la más definida acción de consignación, la trama litigiosa respecto obligaciones de pago de tracto sucesivo pactada entre las partes adquieren connotaciones específicas -avizoradas en las mismas intimaciones intercambiadas entre las partes (Doc. Res. Nº 131/05)- a raíz de las circunstancias económicas que determinaron la legislación excepcional.

7) La parte demandada, ejerce su derecho al contestar fundada en parte en la legislación de emergencia, Ley 25.561 y en planteo subsidiario por la inconstitucionalidad del Dec.214/02 -sin reiteración en esta Alzada pero determinante del pronunciamiento del sentenciante- pero formula los agravios con técnica jurídica de ajuste a la sola acción de consignación para pedir el rechazo de la demanda, pero que en la realidad del juicio, demuestra que la consignación resulta desbordada por la legislación señalada, pero que ha sido derecho imprevisible para cualquiera de las partes.

Una y otra de las partes pretendieron en su momento la mejor postura, en cuanto a la demandada que ahora se agravia, no puede sostener que la única posición mantenida fue aceptar los pagarés como pago a cuenta, cuando en primer término oponía en su C.D. de fecha 19/3/2004 (fs. 41, doc. res. Nº 131/05), que rechazaba la intimación a recibir en pesos los pagarés, que subrayaba como derecho adquirido de protección constitucional.

Luego sí, al efecto conciliatorio, aceptaría el pago en pesos, como pago a cuenta y para de allí acordar una fórmula consensuada, con base en la doctrina de la imprevisión y el principio de esfuerzo compartido. Reiteraba finalmente para el caso contrario reserva de ejecutar el crédito en dólares.

Anteriormente, las deudoras F N y E F, privilegiaban el pago en pesos y se amparaban en la Ley 25.56l y decretos reglamentarios, entre otros 214/2002, pero omitiendo todo complemento, el coeficiente de estabilización de referencia y los intereses, previsto en el art. 8 y en su relación con el art.4 del citado Dec.214/2002.

8) Las partes se expidieron a poco tiempo de la legislación dictada, privilegiando en principio posturas que impidieron otras previsiones de la normativa, los pagos no debían suspenderse y efectuarse a cuenta, ni negarse su recepción por la acreedora (C.D. de la parte actora de fs. 2 y C.D. de fs. 41 y 42 de la parte demandada obrantes en doc. res. Nº 131/05).

Por ello, los agravios de la parte demandada P N. O, traídos a esta Alzada en cuanto señala defectos a la consignación por sumas deficientes y resaltando el art.11 Ley 25.561 y modificación por la Ley 25.820, incluso esta normativa dictada con posterioridad a las intimaciones de las partes y a la interposición de la demanda, importan entender las cuestiones inmersas en la acción de reajuste, ínsita por otra parte en la demanda interpuesta, conforme los términos de solicitud de fs. 10 vta. (Conf. criterio de esta Sala A. en los autos caratulados "A, H R c/ C, M s/ juicio sumario - consignación", Expte. Nº 13.484/2002).

9) El derecho vigente impone la aplicación de la invocada Ley 25.820, modificatoria de la Ley 25.561 y declarada de orden público. La propia conducta de las partes en juicio demuestran la pretensión del acuerdo (fs. 217 a 218), con lo que en definitiva se verifica la previsión del art. 11 de la Ley 25.561, pero que en la versión de la citada Ley 25.820, si bien determina "...ocurrir ante los Tribunales competentes para dirimir sus diferencias", establece en principio directamente la pesificación y modalidad específica.

10) Asiste razón parcial a la parte apelante (punto 29 de fs. 258 vta.) en cuanto a que el sentenciante no aplica correctamente el art. 11 Ley 25561 con la modificación de la Ley 25820, pero tampoco corresponden los extremos evaluatorios que expresa, ello es si aún con la aplicación del C., resulta notoriamente disminuida la prestación de su parte y enriquecido los deudores.

Tampoco depende la evaluación de los extremos pretendidos por verificarse la hipótesis de rechazo de la inconstitucionalidad pretendida (punto 30, fs. 259 vta.), ya que el eventual pronunciamiento es paso posterior que depende de una acción de parte por reajuste equitativo conforme a la segunda parte del art. 11 citado, ajena a los presentes autos.

Por otra parte, debe observarse la escasa prueba ofrecida (fs. 169), carente de incidencia en los extremos pretendidos, habiendo desistido a fs. 194 de la prueba confesional.

11) La norma que rige para resolver es, conforme se expide sobre la materia el Excmo. S.T.J. en los autos caratulados: "N S... c/ I C S... s/ Ejecución hipotecaria", Expte.Nº 19.014-N-2003, donde se destaca que con la Ley 25.820, se aventa toda duda e incertidumbre respecto a la llamada pesificación, de las obligaciones de dar sumas de dinero existentes al 6 de enero de 2002, expresadas en dólares estadounidenses, no vinculadas al sistema financiero, convertibles a razón de U$S.1 igual a $l, con más los coeficientes previstos o los que en el futuro los reemplacen y estableciendo el procedimiento de reajuste de las ecuaciones económicas.

12) Por una parte, en consecuencia, el fallo se ajusta parcialmente a derecho en cuanto establece a fs. 233 la pesificación en la relación de U$S.l,00 = $1,00, con relación a cada vencimiento, pero donde cada monto deberá incrementarse en función del C.E.R. hasta su efectivo pago, con más los intereses que correspondan previstos en el art.4 del Dec. 214/2002, cuya liquidación se formalizará en proceso de ejecución de sentencia, en concordancia con el considerando 5).

13) El punto precedente importa la revocatoria del fallo en cuanto da por válida las sumas depositadas en autos, que además de su insuficiencia, no resultaron debidamente sustanciadas conforme al art. 331 CPCCCh, por lo que la demanda solo prospera parcialmente en función de la acción de reajuste.

14) Las costas devienen impuestas por su orden, punto que debe confirmarse y del mismo modo imponerlas en esta Alzada. La legislación de emergencia como derecho nuevo y de orden público ha dado lugar a una variada jurisprudencia, provocando incertidumbre en el derecho de las partes.

La solución es asimismo concordante con el resultado de las acciones, porque la consignación fue ejercitada por la parte actora para tener en consideración en el momento de expedirse de la desproporción de los valores (fs. 10 vta.), de suyo inviable cuando ha de estarse a las resultas del juicio (Conf. arg. "Cod. Civ. Anotado", Salas-Trigo Represas, art. 756, T. l, pág.381, punto l. inc. b.). Deviene en definitiva una suerte de compensación de costas por el resultado del juicio -sin perjuicio que carezca de virtualidad el pronunciamiento específico sobre la consignación, ya que prospera la acción como reajuste (art.68, 2da. parte del CPCCCh).

Para regular los honorarios, rigen los arts. 279 del CPCCCh, las leyes arancelarias Nos. 2200/4335, arts. 6, 7, 9, 19, 47 y concords. de la ley 2200 y ref.ley 4335, teniendo en consideración el mérito de los trabajos profesionales, la complejidad de las cuestiones planteadas y la misma concepción de las costas en primera instancia, corresponde confirmar las regulaciones allí dispuestas.

De igual modo en esta Alzada, las normas arancelarias citadas, asimismo el art.14, la evaluación precedente y pendiente el monto del juicio, propongo los honorarios de los Dres. M D V y M L B, en el 30% de los que le resulten en primera instancia.

A la segunda cuestión el Dr. Nahuelanca dijo:

Voto:

1) Hacer lugar parcialmente al recurso interpuesto por la parte actora, fundado a fs. 253/259 vta.

2) Revocar el punto 1 de la parte resolutiva de la sentencia de fs. 229/233 vta., de conformidad con el punto siguiente.

3) Hacer lugar parcialmente a la demanda interpuesta por los actores B F N y D E F, como acción de reajuste, ordenando la pesificación de las obligaciones de pago a favor de la parte demandada P N O, de conformidad con el considerando 11) y restantes alcances del punto.

4) Confirmar la imposición de las costas de la primera instancia y regulaciones de honorarios.

5) Costas de la Alzada por su orden, a cuyo fin propongo la regulación de los honorarios de conformidad con el considerando respectivo.

A la primera cuestión la Dra. Silvia N. Alonso de Ariet dijo:

1. El fallo apelado. Remisión. Las síntesis efectuadas por los magistrados preopinantes acerca de los antecedentes de la causa, fallo dictado y agravios de la actora contra el decisorio en crisis, autorizan -por razones de brevedad- que a ellas me remita.

2. Tratamiento de los agravios.

El primer agravio de la actora se refiere a la falta de sustanciación de los depósitos. Tal déficit es real, sin embargo no corresponde su tratamiento en este estadio procesal, puesto que se trata de un defecto de trámite que ha sido consentido. En efecto, no caben dudas que conoció el vicio al momento de alegar y sin embargo no interpuso en tiempo procesal oportuno el pertinente incidente de nulidad, es decir el medio de impugnación previsto legalmente para tales supuestos.

Sabido es que los vicios de procedimiento anteriores a la sentencia definitiva deben ser atacados por la vía del incidente de nulidad conforme reiteradamente lo ha decidido este Tribunal en consonancia con la jurisprudencia nacional unánime; en tanto que los errores de procedimiento de la sentencia se impugnan por la vía del recurso de apelación que comprende el de nulidad por defecto de sentencia.

Agrego que incluso al momento de alegar se ha referido a la insuficiencia de tales depósitos;extremo que demuestra que no ha sido vulnerado en el caso el ejercicio de su derecho de defensa en juicio.

El segundo agravio versa sobre la procedencia de la consignación efectuada por los actores. Su dilucidación exige recordar que este modo de extinción de las obligaciones se verifica cuando el deudor ejerce coactivamente su derecho a liberarse para suplir la falta de cooperación del acreedor o para salvar los obstáculos que imposibilitan el pago directo espontáneo.

Se desprende de la definición efectuada que el presupuesto que habilita esta vía excepcional es la negativa del acreedor a recibir el pago. Su concurrencia en el caso ha sido puesta en crisis por el apelante -segundo agravio, fs. 256 vta./257-; sin embargo sus manifestaciones instrumentadas las cartas documentos obrantes a fs. 41/42, autorizan a tenerla por configurada.

La situación se equipara a las previstas por el artículo 757 del Código Civil desde que el demandado rechazó la pesificación del crédito exigiendo el pago en una moneda distinta a la establecida por una ley de orden público. Huelga recordar que la enunciación contenida en la citada norma no es taxativa y que la apreciación de las circunstancias que puedan obstar al derecho de pagar debe ser efectuadas prudencialmente.

Así, teniendo presente que el negocio jurídico que vinculó a las partes fue la compraventa de la unidad funcional nº 1 perteneciente al Consorcio de P E Avenida R nº **** y **** -copia escritura obrante a fs. 34/39-, que el precio fue pactado en dólares estadounidenses, que quedó un saldo que se financió en treinta y seis cuotas que se pagaron cuatro cuotas y que los vencimientos de las restantes operaron con posterioridad a la llamada pesificación; no hay dudas que ésta constituyó una real dificultad para practicar el pago directamente en manos del acreedor.

Queda así superada toda cuestión formal respecto de la acción de consignación y corresponde adentrarse en los aspectos de fondos relativos a la misma.

En tal orden de ideas, he de detenerme sólo en la cuestión conducente para la solución del litigio; esto es, el principio de integridad del pago cuya aplicación determina que para que la conducta del deudor tenga fuerza solutoria debe ser cuantitativamente igual a la debida (art. 673, 742 y 744 del Código Civil) y bajo tal esencial pauta legal, examinaré lo actuado por éste.

Al promover la demanda de consignación -26 de marzo de 2002, los actores hicieron una reseña del negocio jurídico que vinculó a las partes -compraventa de inmueble-, informaron la existencia de un saldo de precio de dólares once mil pagaderos en treinta y seis cuotas instrumentados en igual número de pagarés con vencimientos los días diez de cada mes, agregaron el detalle de los montos de cada una de las cuotas -fs.8-, señalaron que se habían pagado cuatro cuotas y detallaron los inconvenientes que se generaron con la percepción de la quinta cuota que vencía el 10 de marzo de 2002 con motivo de la pesificación a cuyo favor se pronunciaron, hicieron reserva de ampliar la demanda por los vencimientos posteriores pero no acompañaron comprobante de depósito judicial alguno.

Este extremo, obviamente trascendental, fue evidenciado por el demandado al contestar la acción -punto IV, fs. 44 vta.-, indicando que debió haber sido rechazada sin trámite. Recién el 5 de abril de 2002 -fs. 15- fue agregado el comprobante del depósito de la quinta cuota efectuado el 4 de abril de 2002 -fs. 14- por la suma de $467,37; suma exacta a la que ascendía el valor de la cuota en dólares -según detalle de fs. 8-; es decir sin adicionar suma alguna para cubrir los intereses por la mora ni para integrar el coeficiente al que hace referencia el artículo 11 de la ley 25.561 -coeficiente de estabilización de referencia o coeficiente de variación de salarios-.

Estos coeficientes son los mecanismos imperativos que el legislador ha dispuesto para paliar los efectos de la pesificación en las relaciones entre los particulares; las normas que los crearon son de emergencia económica, importan una intervención del estado en los contratos celebrados entre particulares y hacen al orden público económico; de modo tal que corresponde su aplicación de oficio por los jueces.

Luego se acompañaron -fs. 14, 19, 24, 25, 53, 57, 64, 71, 78, 85, 101, 120, 123, 128, 131, 140, 154, 157, 161, 163, 167, 171, 178, 184, 189. En todos los casos los depósitos fueron efectuados en pesos por las sumas denunciadas a fs. 8 como adeudadas en dólares a una paridad equivalentes a 1 U$S = 1$; es decir, sin adicionar suma alguna para cubrir el reajuste ordenado por el artículo.

Es justamente este extremo el que entiendo obsta a la procedencia de la acción intentada porque demuestra que los actores-deudores no han efectuado una oferta íntegra de pago. Por lo tanto la consignación efectuada debe ser rechazada puesto que para que ésta sea eficaz debe verificarse el respeto de los principios de identidad e integridad que resguardan la exactitud del objeto.

No hay vulneración del principio de identidad puesto que la aplicación de las leyes de emergencia económica a las que he hecho referencia habilitaron el pago en pesos, pero sí hay vulneración del de integridad desde que la suma consignada no fue íntegra por los motivos señalados. No se trata en el caso de una pequeña diferencia, supuesto que autorizaría una valoración distinta al amparo de los principios de buena fe y abuso del derecho.

Su trascendencia económica es vital puesto que como he dicho es el mecanismo legal previsto para compensar diferencias en el tipo de cambio por mutación de la moneda de pago en obligaciones que estuvieran establecidas en moneda extranjera. En el caso lo expuesto resulta corroborado por el detalle realizado por la parte actora a fs. 243 -depósito-; así por ejemplo en la cuota cuyo vencimiento operó el 10 de octubre de 2004, la aplicación del C.. importa un reajuste de más del 10%. Los motivos señalados determinan el acogimiento del recurso y el consecuente rechazo de la demanda.

3. Costas y honorarios.

Más allá del resultado del proceso propicio la imposición de las costas por su orden. Fundo tal decisión en las razones que ha señalado el Dr. Nahuelanca; esto es, la legislación de referencia como derecho nuevo y de orden público, las variadas interpretaciones jurisprudenciales sobre la misma, las múltiples normas dictadas que variaron el panorama legal y la conducta de las partes en el proceso.

Los honorarios se fijarán de conformidad con las pautas establecidas en los artículos 6, 7, 9, 19 y 47 de la ley 2200. En base a ello cuantifico los mismos en la suma de pesos tres mil a favor de los Dres. M L B y M D V, en forma conjunta, y de pesos quinientos a favor de la Dra. M X P; los correspondientes a las Dras. M F y N M. A de S se fijan en la suma de pesos dos mil.

Los correspondientes a esta instancia se establecen a favor de los Dres. M L B y M D V, en forma conjunta, en la suma de pesos setecientos.

A la segunda cuestión la Dra. Silvia N. Alonso de Ariet dijo:

Por todo lo expuesto propicio la siguiente fórmula decisoria 1º) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el demandado a fs. 236.

2º) Revocar el punto 1º y el 3º parcialmente de la sentencia de fs. 229/233.

3º) Rechazar la demanda de consignación interpuesta por los señores B F N y E D. F contra el Sr. P N. O.

4º) Costas de ambas instancias en el orden causado. Regular los honorarios de primera instancia a favor de los Dres. M L B y M D V, en forma conjunta, en la suma de PESOS TRES MIL y a favor de la Dra. M X P en la suma de PESOS QUINIENTOS; los correspondientes a las Dras. M F y N M. A de S se fijan en forma conjunta la suma de PESOS DOS MIL. Los correspondientes a esta instancia se establecen a favor de los Dres. M L B y M D V, en forma conjunta, en la suma de PESOS SETECIENTOS.

En todos los casos con más el IVA si correspondiere. Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar, con las disidencias señaladas, la siguiente SENTENCIA:

1º) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el demandado a fs. 236.

2º) Revocar el punto 1º y el 3º parcialmente de la sentencia de fs. 229/233.

3º) Rechazar la demanda de consignación interpuesta por los señores B F N y E D. F contra el Sr. P N. O.

4º) Costas de ambas instancias en el orden causado. Regular los honorarios de primera instancia a favor de los Dres. M L B y M D V, en forma conjunta, en la suma de PESOS TRES MIL ($3.000) y a favor de la Dra. M X P en la suma de PESOS QUINIENTOS ($500); los correspondientes a las Dras. M F y N M. A de S se fijan en forma conjunta la suma de PESOS DOS MIL ($2.000).

Los correspondientes a esta instancia se establecen a favor de los Dres. M L B y M D V, en forma conjunta, en la suma de PESOS SETECIENTOS ($700). En todos los casos con más el IVA si correspondiere.

5º) Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fernando NAHUELANCA - Presidente.

Julio Antonio ALEXANDRE - Juez de Cámara.

Silvia N. ALONSO de ARIET - Juez de Cámara.

REGISTRADA BAJO EL Nº 05 DEL AÑO 2007 DELLIBRO DE SENTENCIASDEFINITIVAS