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Prescripción, interrupción de la prescripción, demanda
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Robledo, Leandro Marcelo c/ Rojas, Ramón E. s/ Ejecutivo - Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2008-03-12

La cuestión relativa a la interrupción de la prescripción de la acción por demanda está prevista en las normas contenidas en los arts. 3986 y 3987 del C. Civ., las que suministran un amplio margen de interpretación que debe ser llenado por la jurisprudencia con su labor creadora, y a tal fin los jueces deberán integrar la norma determinando cuál es el sentido de los términos utilizados en ella. Corresponde definir qué debe entenderse por demanda a estos efectos, cuál es el alcance y valor que debe darse a este vocablo.

Dos son los requisitos esenciales para que esta pretensión accionable -como la denomina Spota- interrumpa la prescripción: debe ser deducida ante los órganos jurisdiccionales y debe demostrar inequívocamente la voluntad del acreedor de lograr el cumplimiento de la obligación.

Así el vocablo demanda se refiere a una actividad del acreedor ante los jueces, sin ceñirse al significado restricto que tiene la demanda en el derecho procesal, por lo que debe interpretárselo en forma extensiva y comprensiva de una cantidad de actos judiciales, aunque no constituyan estrictamente demanda en el lenguaje del derecho procesal.
Usurpación de inmueble, sobreseimiento, juicio de desalojo
Materia: PENAL
Carátula: ROMANO, Oscar A. s/ USURPACION.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-04

Corresponde revocar el procesamiento y sobreseer, a quien entró en la tenencia del bien luego de contratar su alquiler por unos años con el denunciante, pues la vía de la reparación del perjuicio, consistente en no haberse retirado una vez vencido el contrato, es el desalojo.
Recurso de apelación (procesal), Superior Tribunal de Justicia, inadmisibilidad del recurso, sentencia definitiva
Materia: Procesal
Carátula: Rodriguez, Segundo Eusebio y otros c/ Municipalidad de Comodoro Rivadavia s/ Recurso de Queja por Apelación Denegada
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1986-06-05

Conforme lo dispone la ley Nro.37, art. 32, inc. 7, el recurso de apelación ordinario, sólo procede contra sentencias definitivas, entendiendo por tales aquéllas que terminen la litis o hagan imposible su continuación, a la luz de tales disposiciones y para determinar la definitividad o no de un sentencia, debe tenerse en cuenta el criterio de supervivencia o no de la acción, por cuanto mientras éste subsista y el pleito pueda continuar, no habrá sentencia definitiva.
Base indemnizatoria, daño material, lucro cesante, pérdida de la chance
Materia: CIVIL
Carátula: Trejo, Elena Rosa y Otros c/ Amud, Héctor Leonardo s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2022-04-22

En la base regulatoria fijada en la sentencia apelada, existe un error al incluir dentro de los daños objetivos el reclamo por lucro cesante por lo que la base queda conformada por los daños materiales reclamados por la actora, pero incluyendo en los conceptos de carácter subjetivo, el reclamo de daño moral (daño no patrimonial) y el reclamo por lucro cesante (el cual quedó subsumido en la pérdida de chance).
Competencia contencioso administrativa, cuestión de derecho público local
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Sesto de Leiva, Amelia del Valle c/ Estado Provincial s/ Acción Autónoma de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2011-09-13

A la acción autónoma de inconstitucionalidad, por carecer de legislación adjetiva en la provincia y en cumplimiento de la manda constitucional de que los jueces deben arbitrar las normas necesarias a fin de poner en movimiento el procedimiento que garantice los derechos de los habitantes de la provincia, (Art.39 de la CP), corresponde la aplicación de las normas de un proceso de conocimiento de los ya existentes en nuestro ordenamiento procesal, concretamente las previsiones normativas de la acción contencioso administrativa de plena jurisdicción, en tanto se trata de una acción generada por normas provinciales, y a los fines de garantizar el debido proceso, el derecho de defensa y el derecho de igualdad de las partes.
Accidente de tránsito, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Baez, Marta Yolanda c/ Chiodi, Graciela Silvana y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-02-10

Más allá de la disquisición entre la guarda jurídica, material o intelectual, es lo cierto que resulta importante precisar quién ejerce el control directo de esa cosa y quién dispone de ella, dependiendo de las circunstancias del caso. Por ello, al locador del vehículo que intervino en el evento dañoso, no le cabe responsabilidad alguna, pues no reviste en la especie el carácter de guardián que se le pretende asignar.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Campodónico, Hugo Daniel s/ Robo agravado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-09-12

Es insuficiente el agravio por el que se impugnan los testimonios utilizados por la Cámara para acreditar la autoría responsable del procesado, denunciando la transgresión del art. 252 del Código de Procedimiento Penal por entender que los mismos no son contestes en el hecho, si no se demuestra tal afirmación.
Contratos, contratos administrativos, igualdad ante la ley, facultades de la administración, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ASOCIACIÓN COOPERADORA ALMIRANTE BROWN c/ GCBA s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-04

No es contrato, en el sentido del derecho privado, el acto celebrado entre el Estado como persona de derecho público y un particular porque no existe en tal caso entre los contratantes igualdad jurídica.

Ello así dado que es presupuesto característico del contrato que las partes se encuentren en pie de igualdad, al menos desde el punto de vista jurídico, ya que no siempre lo están desde el punto de vista económico. La paridad jurídica se daría cuando los dos contratantes gozan de tutela de igual intensidad por parte de la ley, aunque alguno de ellos pueda influir en la libre determinación del otro para que estipule el contrato, imponiendo, prácticamente en forma unilateral, el contenido del mismo, como puede suceder en los contratos por adhesión o con cláusulas predispuestas. Aún en estos casos, es factible advertir la diferencia con el contrato administrativo.

Porque la desigualdad jurídica se concreta en la posibilidad, por parte del Estado, no sólo de exigir el cumplimiento del acto celebrado con el particular -lo que también ocurre en el contrato de derecho privado- sino asimismo en la potestad de separarse de aquél y declarar sin efecto dicho acto, aunque a veces corresponda otorgar indemnización al particular.

Pero éste, ante la actitud del Estado de no cumplir, sólo tendrá el recurso de pedir la reparación, pero no el cumplimiento. Implica ello un claro apartamiento del principio de que los contratos se hacen para ser cumplidos, como asimismo del que establece que el deudor no puede eludir el cumplimiento de la obligación ofreciendo satisfacer daños e intereses (arg. arts. 658, 725, 740, 741, 742, etc., del Código Civil).

Tal desigualdad se justifica teniendo en cuenta el interés que persigue el Estado, que es el bien común, al que deben subordinarse los actos que realiza.

Por eso es admisible la posibilidad de apartarse de una contratación por parte del Estado, en la medida en que ésta ya no realiza su fin público, pero debe advertirse sobre la necesidad de que tal poder discrecional sea ejercido exclusivamente por ese motivo. (ver Código Civil, art. 1502).

De forma que existe una clara diferencia entre el contrato administrativo -que se caracteriza por sus cláusulas exorbitantes y su diverso trato- del civil donde las partes están en absoluto pie de igualdad, pero cuando la convención jurídica patrimonial en la que interviene el Estado y un particular carece de exorbitancia se debe encaminar la interpretación hacia la mayor paridad de trato.
Medios de comunicación electrónica, aplicación de la ley, control de razonabilidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Herrera, Ricardo Horacio y otro/a c/  s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2018-10-03

Las disímiles aplicaciones de una misma reglamentación que ha sido objeto de sucesivas modificaciones y aclaraciones, en el marco de una materia novedosa como es la utilización de medios electrónicos de comunicación en las actuaciones judiciales, deben necesariamente conllevar una interpretación flexible y contextualizada, guiada por un criterio de razonabilidad, que evite encerronas o sorpresas procesales para los justiciables, pues ese no ha sido el espíritu que inspiró la normativa que las rige.(doctor Genoud, sin disidencia)
Concursos, efectos de la apertura, fuero de atracción, juicios contra el concursado, derecho de opción
Materia: COMERCIAL
Carátula: BUSTELO REGATEIRO c/ AGUIRRE, JORGE s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-03

Del ordenamiento concursal no surge que exista plazo alguno para ejercer el derecho de optar por concurrir a la instancia verificatoria del crédito o por continuar con el proceso de conocimiento con miras a obtener una sentencia que operara como pronunciamiento verificatorio, conforme lo previsto por la LC art. 21-1 , por lo que mal puede pretender, el coaccionado, que la referida opción fue conferida por el legislador para ser ejercida dentro del plazo previsto por la LC art. 14-3 .
Pensiones militares, destitución, cesantía, retiro militar, retiro voluntario
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Codognelli, Silvia Virginia c/ Nación Argentina -Prefectura Naval Argentina s/ retiro militar.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-01

La pensión prevista para los familiares del agente dado de baja tiene por objeto evitar que éstos se vean perjudicados a través de la interrupción de los ingresos de aquél, pero esta "ratio legis" no es invocable en el caso de quien, al tiempo de la cesantía, ya carecía de ingresos por hallarse en retiro voluntario sin contar con derecho al "haber de retiro".
Autorización para viajar, quiebra
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: E.P.S.A. ELECTRICAL PRODUCTS SAIC s/ Quiebra
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-01-10

Si bien el proceso de quiebra se encuentra en pleno período informativo -lo cual torna necesaria la presencia del deudor para cumplir el deber de cooperación contenido en la LCQ. art. 102, corresponde conceder la autorización para salir del país pues no puede soslayarse que el propio art. 103 de la ley de quiebras prevé el otorgamiento de autorización cuando la presencia del fallido y/o sus administradores no sea requerida a los efectos del art. 102 citado, considerando asimismo que las limitaciones al derecho de entrar y salir del país deben ser interpretadas restrictivamente, por ser éste un derecho con reconocimiento constitucional (CN: 14), y que la administradora facilitó, según informó el síndico al dictaminar favorablemente sobre el pedido de autorización, todas las tareas de incautación y clausura, cumpliendo con la obligación de entrega de bienes y libros societarios.
Constitucionalidad, cambio de sexo
Materia: CIVIL
Carátula: R V. E. s/ Accion de Autorizacion Judicial para la Reasignacion de Cambio de Sexo (reservado)
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2012-02-17

Resulta inconstitucional el art. 26 inc. d) de la ley 3338 de la provincia de Río Negro en cuanto establece que los médicos no pueden realizar intervenciones que modifiquen el sexo sin la debida autorización judicial, pues no existen razones para justificar la intervención del magistrado en una decisión de carácter personalísimo que no perjudica a terceros, no ofende el orden y la moral pública, es que, la delegación de una decisión de tal envergadura a la autoridad judicial, constituye una injerencia estatal arbitraria y vulnera el derecho a la integridad personal. (art. 5, 11 y cc del Pacto de San José de Costa Rica)
Actualización monetaria, accidentes de trabajo
Materia: LABORAL-CIVIL
Carátula: REY ANDREA BEATRIZ c/ INSTITUTO AUTÁRQUICO PROVINCIAL DEL SEGURO DE ENTRE RÍOS s/ ACCIDENTE DE TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2014-02-28

Cuando se aplica algún mecanismo indexatorio permitido -como ocurre con esta ley 26.773- se debe volver a la tasa de interés puro del 6% anual que tenía fijada la Sala del Trabajo con anterioridad a la ley 23.928 (autos "Carrizo, B. c/ Confitería Laborde Hnos. s/ Cobro de pesos- Recurso de Inaplicabilidad de Ley" del 22/08/1979; CSJN, autos "Caja Nacional de Ahorro y Seguro c/ Asociación Cooperadora de Permisionarios ¨Congreso¨, Feria Municipal Modelo N° 77 s/ ejec. hipotecaria."del 02/08/1988 "Cuando se reconoce la actualización del capital, debe admitirse un interés puro a la tasa del 6% anual.", Fallos: 311:1249)".
Juicio de desalojo, plazo
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ARAMAYO, Inés c/ FADELL, Salvador s/ SUMARIO: DESALOJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1990-05-22

El artículo 1610 del Código Civil resulta aplicable solamente para el supuesto de mediar un contrato de locación sin término de duración, supuesto que no se da si no medió una relación locativa. Y no estando el demandado encuadrado dentro de la locación, no le resultan aplicables las normas sobre estos contratos, y por ende el plazo para el desalojo será el del artículo 700 del Código de Procedimientos Civil y Comercial.
Procedimiento administrativo, deberes de la administración, impulso de oficio
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Campos, Danilo c/ Estado Nacional, Ministerio de Defensa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-05-07

Es a la administración a la que le corresponde la impulsión o instrucción de oficio de las actuaciones iniciadas en su ámbito (art. 1º, inc. a, ley 19.549).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Lombar, Carlos Manuel y otro s/ Homicidio culposo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-03-14

Es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que no evidencia la inexistencia del "descuido" y la "conducción desatenta" atribuida al procesado para aplicar el art. 84 del C.P..
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio
Materia: PENAL - PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: AVENIDA INDEPENDENCIA 2131  S.R.L. s/ FALTAS Y CONTRAVENCIONES - DEFENSA EN JUICIO - DEFENSOR
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-02

En materia criminal la garantía consagrada por el art. 18 de la Constitución Nacional exige la observancia de las formas sustanciales del juicio relativas a la acusación, defensa, prueba y sentencia dictada por los jueces naturales.
Fuero de atracción, ley de orden público
Materia: PROCESAL
Carátula: Giacopazzi, Víctor Hugo c/ Cooperativa Albatros Argentina de Vivienda y Consumo s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-23

El fuero de atracción no puede ser dejado de lado, ni aún por convenio de partes, debido al carácter de orden público que reviste.
Acción, solve et repete
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ghisani, José María c/ Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento Rural s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-05-06

Si media liquidación administrativa determinando concretamente el monto adeudado y la misma no fue abonada previamente por la demandante (art. 30, C.P.C.A.), corresponde hacer lugar a la oposición formal deducida por la demandada.
Juicio sumario, hechos nuevos, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: ESTANCIAS    MARRE    SOCIEDAD   ANONIMA,  INDUSTRIAL,  AGROPECUARIA, FINANCIERA E INMOBILIARIA c/ PROVINCIAS DE CORDOBA, LA PAMPA Y BUENOS AIRES s/ JUICIO SUMARIO HECHO NUEVO PRUEBA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-06-19

Es inadmisible la alegación de hechos nuevos cuando ha transcurrido ampliamente el plazo previsto por el art. 365 del Código Procesal, computado desde la resolución antes mencionada; bien entendido que en el proceso sumario -a diferencia del ordinario- no existe una providencia específica que disponga la apertura a prueba del juicio (confr.: arg. art. 489 del Código citado).
Guarda del menor, afiliación a obras sociales, beneficios previsionales
Materia: CIVIL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: M.J.C. s/ guarda legal
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2013-02-21

Debe incorporarse al menor en la obra social del requirente -quien obtuvo la guarda judicial de su nieto-, pues no es jurídicamente acertado que pueda examinar en sede administrativa si la guarda es idónea para acordar los beneficios previsionales, y rechazar la afiliación cuando ella tenga "por único objeto, directa o indirectamente expresado, la incorporación del niño como beneficiario de la Obra Social Subsidio de Salud", obligando al afiliado a promover acción ante el fuero en lo contencioso administrativo para solicitar la revocación de aquellos actos cuestionados dictados por el organismo; desde un punto de vista jurídico, la verdad es precisamente la opuesta, a saber, en caso de alegar fraude a sus derechos, sería el Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán quien debiera accionar judicialmente impugnando a dicho título el discernimiento de la guarda. (del voto por su fundamento del Dr. Estofán)
Daños y perjuicios, responsabilidad objetiva
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Viedma Galarza c/ Salvadori, B. s/ Daños y Perjuicios Negrete, Orlando Z. y otros c/ Placenti, Roberto Omar y otros s/ Daños y Perjuicios Gonzalez, Javier Alejandro y otro c/ Krzyzanowski, Sara s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-02-18|1991-11-07|1991-12-12

Quien tiene a cargo la conducción de un vehículo asume sobre sí la posibilidad cierta de la ocurrencia de sucesos que en el curso ordinario del tránsito pueden presentarse de manera más o menos imprevista.
Prueba, carga
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GUTIERREZ JULIO;QUIROGA JULIO Y OTROS c/ CONSEJO GENERAL DE EDUCACION DE LA PROVINCIA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-04-29

Ante la falta de prueba el juez tiene el deber de resolver el litigio a favor de la parte que no tenía la carga de probar.
Concursos, proceso de verificación, quiebra, verificación tardía, costas
Materia: COMERCIAL
Carátula: Proyectos y Planificaciones SA c/  s/ incidente de verificación de crédito promovido por García, Claudia Beatriz y otra
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-06-16

Procede distribuir las costas en el orden causado por cuanto, en los supuestos en los que, como sucede en el caso, se obtuvo en la quiebra el reconocimiento del crédito mediante el dictado de sentencia favorable, con posterioridad al vencimiento del plazo fijado para que los acreedores solicitaran la verificación de sus acreencias, no cabe responsabilizarlo del carácter tardío del incidente al no contar con la posibilidad de insinuarse tempestivamente (v. "Compañía Argentina de Seguros Visión SA s/ quiebra s/ incidente de verificación de crédito pro FIDEC", del 4.12.14; íd. "Comense SA s/ quiebra s/ incidente de verificación de crédito", del 26.2.16). No empece a la adopción de ese criterio el que los acreedores no hubiesen formulado una "reserva" de su crédito, pues no hay norma legal en que se sustente esa exigencia (v. CNCom, Sala E, "Librerías Cienfuegos SRL s/ quiebra s/ incidente de verificación de crédito", del 4.3.16).
Prueba pericial, designación de perito
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: RIVAS TERESA ISABEL c/ SEFIAGRO S.A. Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-08-13

Dispuesta la intervención del perito oficial, el mismo es recusable (arts. 463 y 464 CPC) en cuanto ya ha emitido opinión o dictamen sobre los hechos juzgados en el marco de la anterior causa penal. Es recalcable al respecto que habiendo la parte ofrecido la producción "exnovo" de la pericia, lo cual fue receptuado favorablemente, tiene derecho a que la diligencia se concrete por quién no tenga ya comprometida su opinión respecto del asunto sobre el que ha de versar tal peritación, sin que fuere suficiente a tal fin la posibilidad de pedir aclaraciones o la realización de otra pericia por persona distinta, previsiones legales que apuntan a otras distintas situaciones procesales. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Caducidad de instancia, impulso de parte, interrupción de la caducidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Cooperativa Agrícola Gral. San Martín Ltda.. c/ Bel de Arlettaz Nilda y otro s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-04-29

En el especial caso sub-examine el escrito de fs. 47 revela el cumplimiento en forma extrajudicial por la parte actora de la intimación dispuesta a fs. 34.- La entrega de la suma dispuesta para adelanto de gastos en forma extrajudicial a la perito revela claramente la intención del actor de mantener vivo el proceso porque tiene relación directa con el estado de la causa y tiende a llevarla a un estadio posterior.-
Nulidad de sentencia, veredicto, juicio por jurados, abuso sexual calificado por acceso carnal, abuso sexual de menores, asesor de menores, debido proceso
Materia: PENAL
Carátula: J., T. A.; P., L. L. y V., J. C. c/  s/ recurso de queja (art 433 CPP) interpuesto por particular damnificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2021-12-23

Debe declararse la nulidad del juicio y del veredicto dictado por un jurado popular, que había declarado la no culpabilidad de los acusados por abuso sexual con acceso carnal calificado contra una menor de edad, porque los actos del debate, incluyendo la declaración de la víctima, fueron desarrollados sin la intervención de la Asesora de Menores e Incapaces por negativa del Tribunal, habida cuenta que la Suprema Corte provincial, en su Resolución 99/19, reconoce la intervención necesaria del Asesor de Incapaces en todo proceso donde se investigue la presunta comisión de delitos contra la integridad sexual que tuvieran como víctima a una persona menor de edad, con capacidad restringida o incapacidad, y la negada intervención de la Asesora supone una violación del debido proceso que conduce necesariamente a la nulidad del juicio de conformidad con lo establecido por el art. 202, inciso 2, del Código Procesal Penal
Amparo por mora, Inspección General de Justicia, competencia nacional
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: JUMBO RETAIL ARGENTINA SA c/ EN-M DESARROLLO PRODUCTIVO (RESOL 97/19) s/ LEALTAD COMERCIAL - LEY 22802 - ART 22".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-02-17

Declara la competencia de la Justicia Nacional en lo Civil para entender sobre resoluciones dictadas por la Inspección General de Justicia referidas a asociaciones civiles y fundaciones. Causa 16.700/2021