Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-05-04


En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut, a los ....04...... días del mes de Mayo del año dos mil siete, reunida en Acuerdo la Sala Civil, Comercial, Laboral, Contenciosa Administrativa, de Familia y de Minería del Superior Tribunal de Justicia, con la Presidencia de su titular Dr. Daniel Luis Caneo y asistencia de los Sres. Ministros Dres. José Luis Pasutti y Fernando S.L. Royer, para dictar sentencia en los autos caratulados: "D....'A..., J y Otros c/ L... ** DE J... S.... s/ COBRO DE HAB. E INDEM. DE LEY" (Expte. Nº 20.595-D-2006), teniendo en cuenta el sorteo practicado a fs. 194 de conformidad con las Acordadas N° 3202 y Nº 3204 y atento que en virtud de lo dispuesto en el Acuerdo Plenario Nº 3607/07, asumió el 1º de Abril del corriente año la presidencia el Dr. Caneo correspondió el siguiente orden para la emisión de los votos: Dres. Pasutti, Royer y Caneo.

Acto seguido, se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es procedente el Recurso de Casación interpuesto? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.

A la primera cuestión el Dr. Pasutti dijo:- I).- ANTECEDENTES- 1.- A fs. 7/10 vta., los Sres. J D....'A...., J G Q y H E T, promovieron demanda contra LÍNEA ** DE J S.......... por la suma de DIECISÉIS MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y OCHO, con más intereses y costas del juicio.

Manifestaron que la empresa demandada explota la actividad comercial de transporte automotor de pasajeros de media distancia, en la zona del Noreste de la Provincia del Chubut. Y que comenzaron a laborar, el Sr. Q el 20 de Octubre de 1993; el Sr. D......'A.... el 1° de Diciembre de 1983 y el Sr. T el 1° de Octubre de 1992.- Expresaron que a principios del mes de Agosto de 2001 la empleadora propulsó una imperativa reducción salarial, consistente en la eliminación lisa y llana del adicional por zona desfavorable equivalente al 20% del salario.

Relataron que en aquéllas particulares circunstancias, gobernadas por la imposición al trabajador, la empresa adujo que la firma del referido "acuerdo" operaba como una condición sine qua non para avanzar en la homologación del mismo por parte de la Autoridad de Aplicación.

Dijeron que esa maniobra fue denunciada por la U T A -U.T.A.- seccional Trelew en fecha 14 de Agosto de 2001, poniendo de manifiesto la disconformidad que formularon todos los afectados y que la empleadora jamás promovió trámite tendiente a homologar el acuerdo en la segura convicción que ningún trabajador ratificaría la quita salarial, si debiera expresar su voluntad con las garantías que la Autoridad de Aplicación les confiere. Y que ello motivó el inicio de varios juicios por ante el Juzgado Laboral de Trelew.

Señalaron que los reclamos deducidos en procesos anteriores contemplaron el período Agosto de 2001 hasta Junio y en algunos casos Julio de 2002; y en el actual, respecto de los Sres. Q y T desde SAC-Junio 2002 hasta Marzo de 2004, y en el caso del Sr. D.....'A, quien no dedujo los anteriores reclamos, finalizando su relación laboral por renuncia en Octubre de 2003 y efectuando intimación fehaciente en marzo de 2004, su reclamo comprende los períodos no prescriptos desde Marzo de 2002 hasta su cese en Octubre de 2003.- Aclararon que el presente reclamo se fundamenta en la misma causa, es decir en la quita del adicional por zona -20%-, merced a un convenio que ha sido declarado nulo ab initio por sentencia firme pasada en autoridad de cosa juzgada, y que comprende las diferencias salariales devengadas desde Junio o Julio de 2002 -según cada caso- y hasta la fecha de interposición de la presente demanda.

Practicaron liquidación, fundaron en derecho su responde y ofrecieron pruebas.- 2.- A fs. 16/18 vta., la empresa LÍNEA ** DE J-... S........, contestó demanda. Negó la documental arrimada por la actora y los hechos alegados por ésta e imprimió a los mismos su versión. Reconoció la existencia de la relación laboral y de un acuerdo merced al cual ante la falta de prestación de tareas en zona desfavorable se quitó el adicional que por dicho concepto percibían los trabajadores, esto es ante la efectiva eliminación del servicio de algunas zonas, se suprimió dicho adicional, que no se encuentra contemplado en la ley ni en la convención colectiva aplicable.- Adujo que la validez del acuerdo alcanzado y el consecuente rechazo de aquellas demandas por parte de ese Juzgado, fue confirmado por la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de Trelew, pese al criterio contrario sostenido por la Sala "A", el que no comparte.- Sostuvo que dicho acuerdo en modo alguno afectaba el orden público laboral, ni otra materia indisponible, a la luz de lo normado por los artículos 7°, 12° y concordantes de la L.C.T., ni tampoco mínimos emergentes de la ley ni del C.C.T., que rige las relaciones laborales de la actividad, a menos que se haga decir a la letra del convenio lo que ésta no dice, merced a interpretaciones tan forzadas que contrarían su texto claro y expreso.

Ofreció prueba documental y solicita se declare la cuestión como de puro derecho.

A fs. 21, las partes de común acuerdo, solicitaron la suspensión de la sustanciación del presente proceso hasta tanto se expidiera este Cuerpo en los recursos de casación ante él incoados, atento las sentencias contradictorias dictadas por las Salas "A" y "B" de la Cámara de Apelaciones de Trelew. A fs. 24, se ordena reanudar el proceso y a fs. 30 se declara la cuestión de puro derecho.

A fs. 31/32, los actores Q y T amplían la demanda, por los nuevos períodos devengados del concepto reclamado, adicional por zona desfavorable 20%, por la suma de $ 16.579,86.- 3.- El Juez de Primera Instancia en lo Laboral de la ciudad de Trelew, dictó sentencia a fs. 39/41, haciendo lugar a la demanda en todas sus partes, y condenó a la empresa LÍNEA ** DE J S......., a abonar a los demandantes, en el término de diez días, la suma de $5.332,07; $5.565,70 y $5.191,91, respectivamente, con más la tasa de interés que determina el Bco del C S.A., para sus operaciones de descuento de documentos comerciales, desde que cada suma es adeudada y hasta su total y efectivo pago.- A fs. 47 y vta. ante la aclaratoria planteada por la parte actora a fs. 45, se integra la sentencia con los montos devengados por nuevos períodos -Abril de 2004 a Enero 2006- respecto de los actores J G Q y H E T por las sumas de $8.468,49 y $8.111,37, respectivamente, con más la tasa de interés determinada en la sentencia.

A fs. 44 apeló la demandada y a fs. 46 la actora. A fs. 48 se concedió la apelación de la demandada y se rechazó la planteada por la actora. A fs. 50/52 la demandada presentó el informe que prevé el art. 62 de la Ley Nº 69.

II).- SENTENCIA DE CÁMARA - A fs. 57/66 vta., la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de Trelew, revocó íntegramente la sentencia apelada, impuso las costas de ambas instancias a la parte actora vencida, adecuó los honorarios de Primera Instancia y reguló los honorarios ante la Alzada.

Los Señores Camaristas plantearon su opinión contraria al carácter vinculante atribuido por el Juez de Primera Instancia a la sentencia casatoria del Superior Tribunal.

Manifestaron que la doctrina señala, que en nuestro país la propia Corte Nacional sembró las dudas, pues en algunos fallos de antigua data estableció que los jueces debían conformar sus resoluciones a las decisiones de dicho cuerpo; en tanto que, en otros pronunciamientos, de fecha posterior, sentó el criterio que los inferiores no tenían por qué seguir su jurisprudencia.- Dijeron que por ello, para los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se han argüido a su favor razones de fuerza moral que emanan de sus juicios, como así también el beneficio de economía procesal que significa su acatamiento al eludir el dispendio jurisdiccional, como también evitar el escándalo jurídico de fallos contradictorios.

Pero que en el otro supuesto, se sostiene que las resoluciones de la Corte Suprema sólo deciden el caso concreto sometido a su fallo y no obligan legalmente sino en él.- Señalaron que en igual sentido se ha dicho que las sentencias de la Corte Suprema de Justicia tienen eficacia vinculante sólo en relación al proceso en que se dictan y la interpretación judicial no es, en principio y por sí, intangible ni obligatoria fuera de ese ámbito.

Entendieron que, partiendo de ese posicionamiento, que resulta perfectamente aplicable a los tribunales supremos de provincia, ha de reconocerse que los jueces, en ejercicio pleno de la jurisdicción de que se hallan investidos y por el libre juego de la división de poderes que ha traído consigo la práctica democrática, no pueden hallarse constreñidos en cada caso concreto que les toca resolver, por doctrinas o posturas que los compelan a encolumnarse en criterios de valoración con los cuales no estén plenamente de acuerdo. Hacerlo así implicaría un grave error, que desvirtuaría en los hechos su papel en la tarea de impartir justicia.

Y es en ese contexto, que recordaron que coexiste una afianzada postura en la Corte Suprema de Justicia Bonaerense en cuanto afirma que es inaplicable la doctrina de la obligatoriedad general de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia o superiores tribunales de provincia, en tanto que la simple expresión de la regla constitucional por la que los tribunales judiciales sólo resuelven dentro del marco de las causas concretas en que conocen, así lo indica.

Puntualizaron que respecto a la interpretación del principio de irrenunciabilidad, la Corte Suprema de Justicia Nacional en supuestos como el presente, se ha pronunciado con una solución diversa a la fijada por nuestro Superior Tribunal de Justicia.

Refirieron que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el fallo dictado en "Bariain, Narciso T. c. Mercedes Benz S.A." (C.S.J.N., 07-10-86, T. y S.S. 1987-120), descartó que se pudieran adoptar pautas interpretativas del principio de irrenunciabilidad de excesiva latitud, "que no conducen a una razonable interpretación del derecho aplicable a la causa", con cita de los arts. 63 a 66 y conc. de la L.C.T.- Y que tales referencias normativas no son casuales porque indican claramente que el sistema de relaciones laborales debe adecuarse a las pautas normativas aludidas.

Destacaron que en este fallo la Corte Nacional descalificó los argumentos contenidos en la sentencia revocada de la Sala VI de la Cámara de Apelaciones del Trabajo (C.N.Trab., T. y S.S., T. 1985-740), que citara el Superior Tribunal de Justicia de la provincia en el antecedente "L, E J c/ A A S.A. s/ Demanda Laboral (indemnizaciones)"(S.D. N° 44/95, S.T.J.Ch.).

Ante tal situación, plantearon el interrogante, de si el sometimiento a la doctrina que emana del fallo invocado por el Sr. Juez a-quo importa apartarse de la posición, que en contrario de la misma, hubiera establecido la Corte Federal, ¿a cuál debe someterse el juzgador llamado a entender en la controversia?, a la fijada por el Tribunal Supremo Nacional o al Superior Tribunal de la provincia?. Inclinándose en la postura que explicitaran precedentemente.- Afirmaron, respecto a que los actores adujeron haber firmado el acuerdo por imposición de la patronal, que se ha interpretado con criterio que comparten, que la norma del art. 939 del Código Civil no autoriza a incluir la posible amenaza de despido que pudiera considerarse insita en el concepto de "imposición", entre los alcanzados por el concepto de "injusta amenaza" contenido en la norma de cita. Aunque se exige que el intimidante no lo ejerza en forma irregular o abusiva, lo cual viene a constituir una cuestión de hecho, en cuya apreciación deben tenerse en cuenta las circunstancias de cada caso.

Arguyeron, que la norma de irrenunciabilidad contenida en el art. 12 de la L.C.T., indudablemente se encuentra inscripta en la instrumentación del orden público que inspira el régimen de contrato de trabajo, en cuanto se refiere claramente a la ineficacia de la voluntad concurrente -especialmente la del trabajador- para crear o modificar derechos que penetren en el límite mínimo que establecen las dos fuentes imperativas que se mencionan en el art. 1° de la L.C.T.: la Ley y la Convención Colectiva.

Consideraron que altera el principio de buena fe consagrado en el artículo 63 de la L.C.T., pretender incorporar un beneficio pactado por las partes de común acuerdo, por fuera y encima de las normas legales o convencionales que rigen la materia, como un derecho de carácter irrenunciable, cuando también ambas partes deciden dejarlo de lado. Como dicen ocurrió en el caso, donde los actores manifiestan que la reducción salarial reclamada se pactó en el mes de Agosto de 2001 (fs. 7 vta.).

Aludieron a la autonomía de la voluntad dentro del derecho del trabajo y advirtieron que en la L.C.T., el art. 12 contiene una regla que complementa la del art. 7, a la vez que interpretaron y expresaron que nada obsta a que las partes modifiquen hacia el futuro las condiciones inicialmente pactadas, siempre que ello no implique derogar los mínimos establecidos por las leyes o convenios colectivos de aplicación. Y que en tal inteligencia, no podría admitirse como válido que se cedieran inclusive los montos por devengarse en concepto del adicional por zona desfavorable mientras éste no hubiera sido suprimido de común acuerdo entre las partes del contrato, empero una vez que éste adicional fue excluido de la remuneración a devengar a partir de agosto de 2001, ningún crédito puede transmitirse por cuanto nadie puede transmitir un derecho mejor ni más extenso que el que detenta ni viceversa (Doct. Art. 3270 del Cód. Civil).

Consideraron que cabe presumir la existencia de una novación objetiva de la obligación remuneratoria, máxime cuando como en el particular supuesto planteado en autos, los actores se han mantenido, sin objeciones, durante la vigencia del vínculo que perduró luego del acuerdo por el cual se suprimiera el adicional por zona cuyo pago ahora reclaman en este proceso, y ello durante un prolongado lapso.

Dijeron que en el caso del actor D...'A... hasta que renunciara en Octubre de 2003, según lo afirma en el líbelo (vide fs. 8 vta.); y los actores T y Q hasta la interposición de la demanda (abril de 2004), toda vez, que ni siquiera cursaron intimación extrajudicial a la patronal reclamando el pago de las diferencias salariales que recién pretenden se les reconozcan por medio de la interposición de la demanda que diera origen al presente proceso.

Opinaron que no puede dudarse que la remuneración en su cuantía no es un mero elemento accesorio de la obligación a cargo de la patronal sino esencial, por lo menos en su consideración particular en la órbita específica del derecho laboral.

Adhirieron en todos sus términos, a la posición sentada por esa Sala B, de la Cámara de Apelaciones en el caso "R, A H c/ Líneas ** de J S.C.T.T.L." (S.D.L. Nº 47/03), en el sentido que el art. 37 del C.C.T. Nº 460/73, no contempla en forma específica el adicional por zona para los dependientes abarcado por sus normas, sino que solo explicita que no deroga cualquier clase de beneficio laboral que estuvieren gozando los trabajadores. Empero nótese que la inderogabilidad declarada en dicha norma no es más que reconocer los mayores beneficios que pudieran pactar en el ejercicio de su libertad contractual las partes del contrato por encima de las pautas mínimas convencionales. Es decir, si se gozan beneficios superiores a los convencionalmente fijados como de mínima, por acuerdo particular entre las partes, antes o después de su dictado, se seguirán gozando. Ahora bien, tales mejores beneficios no se encuentran englobados por el principio de irrenunciabilidad por cuanto encontrándose por encima de los mínimos legales o convencionales son de libre disponibilidad por el trabajador.

Alegaron encontrarse convencidos que esa interpretación es compatible por entero con el principio protectorio que informa todo el Derecho del Trabajo, en la medida que ajusta los límites tuitivos a términos razonables y no generan réplicas indeseadas como lo podrían propiciar adoptando un posicionamiento amplio en la consideración del tema.- Dijeron participar, de la hermenéutica asumida por la denominada postura tradicional es la más conveniente para el fin tuitivo pretendido por la norma, y precisaron, que ese posicionamiento en la cuestión la adoptaban sin el ánimo de provocar dispendio jurisdiccional estéril, y menos aún, para propender a una demora con el consiguiente perjuicio que pudiera irrogar a los actores tener que recurrir por la vía extraordinaria, a lograr una nueva revisión del asunto, sino que con toda honestidad intelectual lo hacían con la esperanza de provocar precisamente una ratificación o rectificación plena de la doctrina que, a su turno, acatara sin expresar argumento propio alguno el Sr. Juez del anterior grado.

III).- RECURSO- Interponen los actores a fs. 70/81 vta., contra el fallo de la Cámara dictado a fs. 57/66 vta., recurso extraordinario de casación fundado en las causales de violación de la ley o doctrina legal y por arbitrariedad, contempladas en el art. 288 incs. "a" y "e" del C.P.C.C.. Puestos estos autos a disposición de las partes conforme lo dispone el art. 293 del código ritual, ninguna de ellas ejerció la facultad que les acuerda la norma citada.- Respecto a la primera causal alegada, fundada en el inciso "a" del art. 288 del C.P.C.C., que entienden se encuentra configurada en autos, citan como precedente las sentencias dictadas por la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de Trelew, N° 47/2003 y Nº 48/2003 (Expedientes Nº 19002 y Nº 19017, respectivamente), en las cuales han tenido ocasión de ocuparse del mismo acuerdo de reducción salarial por el que se reclamaron diferencias salariales, a la empresa M y V S.R.L., donde los acuerdos cuestionados y las circunstancias fácticas que rodearon su firma son idénticos, ya que el texto de ambos acuerdos es igual, fueron suscriptos en el mismo lugar, las firmas fueron certificadas por los mismos escribanos; y las actuaciones administrativas ante la Subsecretaría de Trabajo fueron tramitadas de modo unificado, siendo unificada también la representación gremial y patronal.

Señalan que en la sentencia cuya casación se pretende, la Sala "B" efectúa una interpretación de la ley que influye decidida y sustancialmente en su dispositivo, en manifiesta contradicción a los precedentes citados.- Consideran que corresponde valorar que, además de cumplir con creces los requisitos de procedencia del recurso extraordinario aquí promovido, las Sentencias a que se viene haciendo referencia como precedentes (N° 47 y 48 del año 2003), han sido revocadas por este Excmo. Tribunal.

Aclaran que si bien el procedimiento contempla como causal un precedente en sentido contrario, como se refiere en el punto anterior, en este caso particular, se debe hacer pormenorizada cita de las sentencias dictadas por este Cuerpo, que significaron la casación de los pronunciamientos contradictorios, y cuyo criterio aparece ahora, definitivamente desconocido por la Cámara.

Sostienen que el escándalo jurídico no se limita a la existencia de sentencias contradictorias, sino que los actores T Y Q han obtenido un franco reconocimiento de sus derechos conforme Sentencia N° 11/2005 de este Superior Tribunal, en fecha 28 de Septiembre de 2005.

Refieren que este expediente contempla el devengamiento de las mismas diferencias salariales, motivadas en el mismo acto antijurídico, contra la misma empleadora, y respecto de lo cual, en este momento, se hallan percibiendo las acreencias que fueran reconocidas.

Afirman que un verdadero escándalo jurídico, que desbarata derechos acordados es lo que ocasiona la Sentencia recurrida, ya que nunca alcanzarán a comprender cómo el Poder Judicial reconoce esta acreencia por el período Julio de 2001 hasta Junio de 2002, pero se les desconoce por los períodos posteriores, que son los reclamados en autos; en el caso de T y Q desde SAC-Junio 2002 hasta Marzo de 2004 y desde Abril de 2004 hasta Enero de 2006 y respecto de D'....... desde Marzo 2002 hasta Octubre de 2003. Y todo ello aunado a un dispendio jurisdiccional innecesario, motivado en la reapertura de un debate ya definitivamente zanjado por este Cimero Tribunal de la Provincia.

Afirman que este Superior Tribunal de Justicia ha resuelto de modo definitivo el tema de autos en los siguientes fallos: "T, H E y otros c/ Línea ** de J S...... s/ Cob. De Hab. e Indem. de Ley" (Expte. Nº 19458-T-2004) S.D. N° 11 del 28/11/2005; "R, A H c/ Línea ** de J S... s/ Dif. De Hab. e Indem. de Ley" (Expte. Nº 19459-R-2004) S.D. N° 14 del 12/10/2005; "S, T D y otros c/ M y V SRL s/ Cob. De Hab. e Indem. de Ley" (Expte. Nº 19456-S-2004) S.D. N° 12 del 29/11/2005.

En relación a la segunda causal de casación, fundada en el inciso "e" del art. 288 del C.P.C.C., consideran que la sentencia opugnada es arbitraria por cuanto, el Superior ya sentó criterio sobre el tema en debate, unificando los precedentes contradictorios con el dictado de las sentencias N° 11, 12 y 14 del año 2005.

Afirman que aquí no se trata de un caso asimilable, sino del mismo caso, dado que el tema acerca de la validez o de la nulidad del acuerdo de reducción salarial ya fue resuelto por este Superior Tribunal, y lo que se reclama en estos actuados son meses posteriores a aquéllos que fueran ya reconocidos en el Expte. Nº 19.458-T-2004, a los actores T y Q. Evidenciando la existencia de sentencias contradictorias un escándalo jurídico unido a un dispendio jurisdiccional injustificable.

Invocan el instituto de la cosa juzgada, el que consideran vulnerado, pues no advierten los Sres. Camaristas que la Sentencia Nº 48/03, junto con las demás, fue revocada en todas sus partes por Sentencia Definitiva del Superior Tribunal de Justicia, que se encuentra firme y pasada en autoridad de cosa juzgada.

Sostiene que aquí no se trata de adoptar una postura u otra, de receptar una "doctrina" o "criterio", sino de asimilar como corresponde los efectos de la cosa juzgada para períodos mensuales posteriores a los abarcados por la Sentencia precedente.

Arguyen, respecto a lo sostenido por los Señores Magistrados acerca de la existencia de una novación objetiva, que precisamente el art. 812 del Código Civil establece de modo categórico que "la novación no se presume" y que no existe norma que habilite en el Derecho del Trabajo una interpretación contraria a la norma positiva del derecho civil. Dicen que esta decisión afecta el principio protectorio que gobierna en el ámbito laboral, y que se encuentra concretado en la letra viva del art. 9 de la L.C.T..

Recuerdan que se reitera en el caso, una decisión que contradice el derecho aplicable. Máxime cuando se analiza que la reducción salarial no fue acompañada de contraprestación a cargo de la empresa. Es decir, era una renuncia a cambio de nada.

Tildan de violatorio de elementales normas y derechos del trabajo el reproche relativo a la pasividad de los actores, por no haber reclamado extrajudicialmente los importes que componen la demanda. Si bien ello se puede observar en el caso de D'......., al comprender a Q y a T denota un absoluto desconocimiento de los antecedentes del mismo Fallo revocado por el Superior Tribunal.

Dicen que el Señor Juez de Cámara desconoce que los aquí actores Q y T promovieron su reclamo por demanda judicial el 12 de Septiembre de 2002. Y recuerdan que actualmente están cobrando en cuotas la acreencia que este Fallo les desconoce.- Afirman que tales actores junto con D'....., están reclamando un crédito laboral, y que la prescripción de dichos créditos es de dos años, no existiendo norma que obligue al trabajador a recurrir "inmediatamente" contra un acto nulo, como lo ha refrendado el Superior Tribunal de Justicia. Agregan que el límite de su reclamo lo demarca el art. 256 de la L.C.T., que en su articulado se ocupa de ratificar su condición de orden público, inderogable inclusive por convenciones colectivas de trabajo.

Expresan que si nada dijeron en la presente demanda sobre los precedentes que aquí se citan, es porque fue promovida con el objeto de evitar la pérdida del crédito por el paso del tiempo, debiendo hacerse notar que la traba de la litis es anterior al dictado de la Sentencia Definitiva de este Superior Tribunal. Y que esa circunstancia motivó la suspensión de las actuaciones, y su posterior declaración de puro derecho.- Reiteran que los Señores Camaristas, omiten lo expuesto en la demanda, acerca de la inmediata impugnación practicada por la U T A en sede administrativa, denunciando y cuestionando estos espurios acuerdos de quita salarial. La que fue valorada expresamente por el Superior Tribunal, y en este Fallo aparece tan desconocida como lo expuesto en el relato de esta parte en el escrito introductorio. Vale sólo aditar que la representatividad de la entidad gremial nunca fue cuestionada por la patronal.

Arguyen que si la remuneración es esencial, su modificación no puede interpretarse como una novación tácita, y menos penar al trabajador por no efectuar un reclamo "oportuno".

Alegan que el sostenimiento del vínculo, a pesar de la ilegal quita salarial no puede invocarse en contra del reclamo actoral, y que incluso esa Sala "B", en consonancia con el criterio generalizado, ha hecho primar la preservación del vínculo cuando del reclamo por diferencias en el salario se trata, comprendiendo que el trabajador puede accionar judicialmente en procura de sus créditos, preservando y conservando el vínculo laborativo, reprochando a aquellos que resuelven el vínculo, considerando incausado el distracto (art. 10 L.C.T.).- Esto es lo que han hecho los actores: preservar la relación laboral, y antes de cumplido el plazo de prescripción (mucho antes en el caso de Q y T), accionar judicialmente en procura de la merma salarial.

Aclaran que la crítica va más allá, porque en este caso, el Superior Tribunal -además-, ha autorizado la ruptura del vínculo por la negativa al pago de la quita salarial. Es lo que se resolvió en el expediente de "R-", condenando a la aquí también demandada a abonar las indemnizaciones por despido sin causa. Es decir, la quita salarial ha sido considerada como injuria para provocar el distracto. Que los actores escojan la vía judicial, preservando el empleo, no admite ninguna crítica, y por ello, el cuestionamiento debe ser desechado.- Argumentan que como enseñan los antiguos pronunciamientos del Cimero Tribunal de la Nación, los Jueces no pueden desentenderse de las consecuencias de sus sentencias. Precisamente, este Fallo produce exactamente el efecto contrario al que invocan: se trata de un gasto innecesario de los recursos del Poder Judicial, para debatir un tema ya cerrado de manera definitiva, que violenta la adquisición patrimonial de los derechos que emergen de la cosa juzgada, que incurre en manifiesta arbitrariedad -además-, por intolerable desconocimiento de los hechos, y que reedita el debate del caso como si de una obra doctrinaria se tratara.

Arguyen que este pronunciamiento, los coloca en el abismo de la pérdida de sus derechos -ya reconocidos por sentencia firme-, al exigir la interposición de un remedio extraordinario, que, según revelan los Sres. Camaristas, busca una "ratificación o rectificación plena de la doctrina". Y en esto, no sólo la demora es materia achacable, sino el elevado riesgo que impone la exigencia de transitar por una vía recursiva de carácter extraordinario, como lo es sin dudas la Casación, con un fin plenario ya obtenido.

IV).- ANÁLISIS- 1.- En cuanto a la causal esgrimida por los recurrentes para fundar la Casación, contemplada en el inc. "a" del art. 288 del C.P.C.C., sostuvieron que la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de Trelew al analizar los acuerdos de reducción salarial, expuso un criterio interpretativo contrario al de la Sala "A" del mismo Cuerpo en precedentes anteriores. Dando cumplimiento a lo dispuesto en el inc. "b" del art. 289 del mismo código, acompañan las sentencias en copia.

1.a.- En este tópico la Corte Bonaerense ha remarcado que para que se considere aplicable la doctrina legal admitida por ella, debe haber identidad entre la situación fáctica y jurídica del juicio antecedente que se invoca como sostenedor de la doctrina, y la del que se ha pretendido hacer valer. Por ello, ha declarado dicho órgano que "las decisiones enmarcadas en las circunstancias propias de cada causa, no determinan por sí mismas la inevitable conclusión idéntica en otro pleito con desarrollo procesal absolutamente autónomo" (L. 25.704, "Cyrte, Uvaldo c/ Sociedad Mixta Siderurgia Argentina s/ Cobro de pesos-daños y perjuicios", 20-III-79; DJBA, Doctrina de los Fallos, marzo 1979, págs. 52/53, citados por Hitters, Juan Carlos, "Técnica de los Recursos Extraordinarios y de la Casación", págs. 339/340, 2ª edición, Año 1998). Sin lugar a dudas, es este el criterio que ha adoptado este Superior Tribunal v.gr. en S.I. N° 58/90, 44/91, 80/92, y 212/94; y S.D. N° 14/95.

Además, señalé en S.D. N° 09/S.R.E./02 que concordaba con el Dr. Royer en la posición adoptada en esta causal de estudio y con lo sostenido en los precedentes que se citaban en cuanto admitir con amplitud de criterio esta causal aún cuando los fallos antecedentes que se traigan provengan de la otra Sala del mismo Tribunal de Alzada, en aras de la seguridad jurídica y la misión de unificar la interpretación jurisprudencial que le compete a este Alto Tribunal.

Sentadas estas premisas, cabe advertir que la situación en estudio no sólo es idéntica a aquéllas en las cuales resolviera la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Trelew y que citaran los recurrentes, sino que esta temática fue tratada por este Cuerpo al resolver las casaciones planteadas en los autos: "T, H E y otros c/LINEA ** DE J SCTTL s/Cob. de hab. e Indem. de Ley" (Expte. N° 19.458-T-2004), S.D. N° 11/S.R.E./05; "S, T D y Otros c/M Y V S.R.L. s/Cob. De hab. e Indem. de Ley" (Expte. N° 19.456-S-2004), S.D. N° 12/S.R.E./05 y "R, A H c/LINEA ** de J S.C.T.T.L. s/Dif. de hab. e Indem. de Ley" (Expte. N° 19.459-R-2004), S.D. N° 14/S.R.E./05, en los cuales se siguió el criterio amplio de interpretación del principio de irrenunciabilidad regulado por el art. 12 de la L.C.T., que con anterioridad plasmara este Superior Tribunal en la Definitiva N° 44/95.- 1.b.- En base a ello, considero adecuado recordar lo dicho por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de perfecta aplicación al caso de autos, en razón de la función de la casación en la Provincia del Chubut, cuando afirma: "El acatamiento que los tribunales hacen a la doctrina legal de esta Corte responde al objetivo del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, esto es, procurar y mantener la unidad en la jurisprudencia, y este propósito se frustraría si los tribunales de grado, apartándose del criterio de la Corte, insistieran en propugnar soluciones que irremisiblemente habrían de ser casadas. Esto no significa propiciar un ciego seguimiento a los pronunciamientos de esta Corte ni un menoscabo del deber de los jueces de fallar según su ciencia y conciencia, pues les basta -llegado el caso- dejar a salvo sus opiniones personales" (Sup. Corte Bs. As., 27/11/1990, "M M M v. I.E.C.S.A. S. A. s/Daños y Perjuicios", BA B21335; Sup. Corte Bs. As., 22/9/1992, "A de B, M L v. Provincia de Buenos Aires s/Expropiación inversa"; Sup. Corte Bs. As., 2/8/1994, "G, A y otros v. A, A s/Daños y Perjuicios"; Sup. Corte Bs. As., 27/12/1996, "M, D A v. R, S A s/Cobro de pesos por daños y perjuicios"; Sup. Corte Bs. As., 17/2/1998, "B, O A. V. F, A J. s/Daños y perjuicios"). Máxime -como ocurre en el sub-examine- cuando el precedente en el que sustentan sus votos los Sres. Magistrados de la Sala "B" fue revocado por este Cuerpo mediante S.D. N° 14/S.R.E./05 en los autos: "R..." mencionados precedentemente, al fijar doctrina sobre el tema en discusión.

Me parece apropiado señalar, respecto a la postura que adoptaron los Camaristas de la Sala "B" en el pronunciamiento recurrido, quienes al disentir con el criterio seguido por este Cuerpo en los precedentes citados, a raíz de lo decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos "Bariain, Narciso T. c/Mercedes Benz S.A." (C.S.J.N., 07-10-86, T. y S.S. 1987-120) que revocó el fallo de la Sala VI de la Cámara de Apelaciones del Trabajo (C.N.Trab., T. y S.S., T. 1985-740), citado por este Cuerpo en la S.D. N° 44/95, optaron por mantener el criterio de esa Sala en la materia en debate; que el Máximo Tribunal recientemente in re: "Murman, Gabriel L. v. IBM Argentina S.A. y otro"(C.S.J.N., 26/09/2006), sostuvo: "...se discrepa con la interpretación y aplicación del principio de irrenunciabilidad regulado por el art. 12 LCT, y... sobre los efectos del consentimiento del trabajador y los alcances de la voluntad de las partes en la relación laboral. En efecto, la recurrente sostiene que la interpretación del art. 12 realizada por el a-quo no responde ni a la letra ni al espíritu de la ley ni a sus antecedentes...Desde esa perspectiva, el tema que trae la impugnante a debate pretende solucionar una discusión que no es novedosa y se mantiene vigente en la doctrina laboral, pero no demuestra la arbitrariedad del pronunciamiento...Respecto del precedente "Bariain", que la demandada pone especial énfasis cabe recordar que el tribunal descalificó la sentencia de la Cámara porque se había sustentado -entre otras cosas - en consideraciones genéricas tales como que la base de la relación laboral es la situación de hiposuficiencia del trabajador y la influencia que la realidad socio-económica ejerce sobre la salud mental de la población (ver consid.2); en cambio en el presente caso el a quo examinó los alcances de las estipulaciones que las partes realizaron en un contrato de trabajo, a la luz de una interpretación posible de normas de derecho común que ponen a la decisión al abrigo de la tacha de arbitrariedad. Ésta no se sustenta en el hecho de que la solución acordada se encuentra en contradicción con opiniones doctrinarias o precedentes de otros tribunales o incluso, emanados del mismo tribunal, pues las partes no pueden exigir que los jueces mantengan en forma invariable la interpretación asignada a una norma, mientras no se demuestre que han actuado en forma irrazonable o arbitraria (Fallos, 270:124; 279:16, 303:1572;305:383; 306:1395; 311:1855, entre muchos otros).

Por ello, tal postura no aparece justificada, especialmente si se tiene en cuenta que las sentencias en las cuales fijara posición este Tribunal enrolándose en la tesis amplia, no fueron impugnadas por arbitrarias, encontrándose firmes y pasadas en autoridad de cosa juzgada, y más cuando dos de los hoy actores -T y Q- obtuvieron el reconocimiento de sus derechos mediante S.D. N° 11/S.R.E/05, encontrándose en este momento percibiendo sus acreencias. Constituyendo, en consecuencia, la materia debatida en la misma doctrina legal de este Cuerpo y los argumentos dados por los Sres. Magistrados que dictaron la sentencia recurrida, no demuestran razones válidas para su apartamiento.- 1.c.- Lo expuesto me permite recordar, que si bien al votar en la S.D. N° 02/S.R.E./04 y reiteré en la S.D. N° 08/S.R.E./04, sostuve, que ni siquiera los precedentes de la Corte Suprema tienen fuerza general legalmente vinculante para los tribunales locales en materia no federal, constituyendo toda disidencia fundada de dichos precedentes, una consecuencia necesaria del sistema federal adoptado en la Carta Magna y específicamente en sus arts. 67 inc. 11, 100, 104 y 105 de la misma (Conf. C.S.J.N.., Fallos: To. 304, p. 1459). También dije: "La exégesis que hace la Corte Nacional en las cuestiones no federales, tiene efecto de vinculación moral para los demás iudicantes, sobre la base de principios de celeridad y economía procesal, sin perjuicio de que los inferiores pueden apartarse, si así lo consideran conveniente según las circunstancias particulares de la causa" (S.C.B.A. 15/6/99, BA- B84984).

Otra variante de esa postura la constituye, la doctrina del "sometimiento condicionado" a los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por razones de deber institucional, que avanza un poco más que la teoría del deber moral. Admite, pese a ello, un "recto ejercicio de la libertad de juicio que es, en principio, propia de los jueces", en virtud de la cual los magistrados pueden no seguir la jurisprudencia de la Corte siempre que tal discrepancia sea debidamente fundada y que no signifique desconocimiento deliberado de la autoridad y prestigio del Tribunal Supremo. Toda sentencia de la Corte, en síntesis, obliga en principio; pero es "susceptible siempre de ser controvertida como todo juicio humano en aquellas materias en que sólo caben certezas morales" (C.S.J.N., Fallos, 212:59).- Esta doctrina opera no sólo respecto de los tribunales inferiores a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (nacionales o provinciales), sino incluso sobre ella misma. En los autos "Provincia de San Luis c. Cía. de Electricidad de Los Andes", el tribunal puntualizó que "si bien es cierto que la autoridad de los precedentes judiciales no es siempre decisiva, también lo es que si las circunstancias del caso no revelan claramente el error o la inconveniencia de las decisiones anteriores, haciendo ineludible un cambio de criterio respecto de la cuestión jurídica decidida, corresponde aplicar la doctrina de los mencionados antecedentes" (C.S.J.N., Fallos, 212:327; 183;409; 192:414). En otros términos, y como se dijo en el caso "Sieburger c. INTA", si la sentencia impugnada se sustenta en los precedentes análogos decididos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tiene que confirmarse el fallo, salvo que se aporten nuevos fundamentos que desvirtúen los que se adujeron en aquellas causas (LL, 151-239; ED, 65-159 - caso "Isola Albar, Juan"; ED. 93-893/894).

1.d.- Es en ese sentido que este Cuerpo al dictar las S.D. N° 30/93; 33/93 y 08/S.R.E./98, afirmó: en aquellos casos en que así lo ha comprendido, la Corte Suprema ha calificado como un "deber institucional" -y no sólo un deber moral- de los tribunales inferiores, acatar sus pronunciamientos, sin perjuicio de atender las particularidades del caso, ni enervar el recto ejercicio de la libertad de juicio de los Magistrados. Y la organización judicial ha aceptado, que la lectura de los acontecimientos peculiares que en orden a aquellos valores efectúan las Cortes Superiores, merece continuidad cuando se reitera y constituye "jurisprudencia constante e inveterada" (doctrina legal).

Admitiendo este deber institucional -señala GONZAINI- "no se priva a los Magistrados inferiores de expedirse conforme sus convicciones; simplemente se sugiere que existe una superioridad institucional, que magüer los inconvenientes de los sistemas de subordinación jerárquica, determinan una suerte de autoridad obligatoria". Y esta autoridad obligatoria se encuentra condicionada no sólo a la continua, constante e inveterada jurisprudencia sobre un tópico, sino también a la identidad entre el caso precedente y el que motiva el recurso, situación que se configura en la especie.

De ahí que, las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación deban ser atacadas por los Tribunales inferiores, siempre que no haya motivos valederos para apartarse de ellos. "No solamente por la vinculación moral o institucional que poseen, sino esencialmente por la credibilidad que debe mantener la Administración de Justicia, estando ajena a las contradicciones y anarquía jurisprudencial, que muchas veces reposa en la vanidad y no en el razonamiento jurídico" (Rev. JA 18-11-92, pág. 25).

1.e.- Por lo expuesto, y no encontrando motivos valederos para apartarme del criterio amplio que expusiera al resolver en S.D. N° 11/S.R.E./05, 12/S.R.E./05 y 14/S.R.E./05, propongo al acuerdo casar la sentencia venida en recurso por ser contraria a la doctrina que este Cuerpo siguiera en las mencionadas sentencias definitivas. ASÍ LO VOTO.- 2.- En orden a la segunda causal, prevista en el inc. "e" del art. 288 del C.P.C.C., los actores recurrentes alegan que la sentencia recurrida es arbitraria por cuanto este Superior Tribunal ha fijado doctrina sobre la materia en debate, al dictar las sentencias definitivas citadas precedentemente, las que han adquirido autoridad de cosa juzgada, y porque revela un apartamiento notorio de las constancias de la causa.

2.1.- En principio, quiero señalar respecto de los fallos de la Corte que puedan reputarse con un efecto vinculante condicionado (C.S.J.N., Fallos, 323:2322) -es decir que el juez debe seguir la doctrina de la Corte Suprema, pero puede apartarse dando fundamentos valederos-, que si un fallo difiere de lo decidido por el mismo juez o tribunal en anteriores decisiones suyas dictadas en otros autos, esa disparidad de criterio o los cambios de jurisprudencia no importa arbitrariedad en lo resuelto (C.S.J.N., Fallos, 312:195; 314:1349 y sus citas; 323:629; 324:2366), puesto que no rige en nuestro país el criterio del stare decisis, propio del common law. Un juez, en efecto, tiene pleno derecho a cambiar de doctrina de una causa a otra. Lo que tiñe de arbitrariedad a un veredicto no es que difiera de pronunciamientos anteriores, sino su oposición con lo razonable, según la derivación del derecho vigente, conforme las particularidades de la causa. (Confr. Sagüés, Néstor Pedro, "Recurso Extraordinario- Derecho Procesal Constitucional", 4ta., ed. Actualizada y ampliada, Ed. Astrea, Bs. As., 2002, Tomo II, págs. 230/253).- Así este Cuerpo viene sosteniendo, en concordancia con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que el apartamiento de precedentes jurisprudenciales no configura agravio atendible de arbitrariedad, salvo identidad entre el caso precedente y el que motiva el recurso, (ED Rep. 19-1183, Fallos, 266:106; 267:443; 282:295; 312:195; S.T.J.CH. S.D. Nº 47/92), demostración que el recurrente satisfizo, no sólo en cuanto a la identidad de las circunstancias de hecho de los precedentes traídos con el caso sub-examen, sino respecto a que sobre la materia en discusión sentó doctrina este Superior al dictar las Sentencias Definitivas mencionadas en el punto 2.

Es que en autos, la arbitrariedad aparece evidente, no sólo porque se dejan de lado precedentes de este Cuerpo, donde se fija doctrina legal, sin aportar motivos sustanciales y concretos para su apartamiento, sino por desconocimiento de las constancias de la causa, relevantes para la solución del caso; así no advierten que el presente proceso se suspendió hasta tanto este Cuerpo se expidiera en los autos mencionados en el punto 1.b.- 2do. Párrafo- y que dos de los hoy actores obtuvieron el reconocimiento de sus derechos, encontrándose percibiendo sus acreencias y que lo que reclaman en el caso son meses posteriores.

Por ello resulta de aplicación al caso de autos lo sostenido por este Tribunal en S.D. N° 35/86, al expresar: "Los argumentos consignados en el fallo recurrido no se sustentan en las constancias de la causa, además de contradecir los importantes elementos de juicio traídos al proceso sin apreciación crítica que lo justifique, con prescindencia de toda consideración concreta sobre la prueba conducente para la adecuada decisión de la causa, razón ésta que descalifica el pronunciamiento por arbitrariedad".- En ese orden, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reputado arbitraria la sentencia que incurre en falencias en el estudio de los antecedentes del caso que obran en el expediente (C.S.J.N., 13/2/86, DJ, 1987-I-58, íd. Fallos, 308:104 y 640), como así también las que no tienen en cuenta los hechos reconocidos en autos por las partes (C.S.J.N., Fallos, 284:119; 307:556; 296:442; 300:149; 306:79 y 951); y las que al omitir considerar los antecedentes obrantes en la causa, no constituye derivación razonada del derecho vigente (C.S.J.N., Fallos, 296:579).- 2.2.- Asiste razón a los actores, al ignorar la Cámara los efectos de las sentencias firmes dictadas en los autos: "T...", "S..." y "R....", ha vulnerado el principio de cosa juzgada, obligándolos a litigar en esta instancia innecesariamente, generando un dispendio jurisdiccional innecesario, que atenta abiertamente contra el principio de economía procesal.

He de advertir que el concepto de sentencia arbitraria se ha extendido a aquellos pronunciamientos que ilegalmente vulneran el principio de preclusión procesal y el de cosa juzgada (C.S.J.N., Fallos, 172:21) atentando contra resoluciones irrevisibles. Así un sector de fallos de la Corte Suprema reconoce en forma terminante que la sentencia que desvirtúe una resolución anterior firme, padece del vicio de arbitrariedad (C.S.J.N., Fallos, 308:117 y 2103; 319:2349; 321:172; 324:436).

En ese sentido tiene dicho la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires: "que es conocida jurisprudencia emanada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que los derechos que emanan de la cosa juzgada material quedan incorporados al patrimonio de la persona a quien beneficia y tutelados, en consecuencia, por la cláusula del art. 17 Constitución Nacional: ...y, también, porque de otra manera se produciría el denominado "escándalo jurídico" a que daría lugar a la coexistencia de sentencias contradictorias. Aplicando las reglas que gobiernan la institución de la cosa juzgada, ha establecido esta Corte que si una cuestión ha quedado definitivamente resuelta en sentencia que se encuentra firme, no puede ser nuevamente examinada y menos resuelta en distinto sentido, y que la declaración jurisdiccional una vez que ha pasado en autoridad de cosa juzgada vale no porque sea justa sino porque tiene, para el caso concreto, la misma fuerza de la ley," (CC0000 TL 9815 RSD-20-14 S 14-3-1991, "L de R, E y otros c/P, J y/o prop. s/Daños y Perjuicios").

2.3.- Por lo expuesto, propongo también casar la sentencia en crisis, por ser la misma arbitraria y confirmar la de Primera Instancia y su aclaratoria, en todas sus partes. ASÍ VOTO.

A la misma cuestión, el Dr. Royer dijo:

I.- Los antecedentes de la cuestión litigiosa ya fueron tratados y detallados adecuadamente por el colega que me precediera en el voto, por lo que entiendo apropiado remitirme a los mismos.

La actora fundó la casación en la causal contemplada en el inc. "a" del art. 288 del C.P.C.C., violación de la doctrina legal por ser la interpretación de la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de Trelew sobre los acuerdos de reducción salarial, contraria a la efectuada por la Sala "A" del mismo cuerpo en precedentes anteriores.

Como señalara mi colega al tratar esta causal, no sólo existe identidad entre los precedentes traídos y el caso bajo examen, sino que este Cuerpo sentó doctrina sobre esta cuestión al resolver las casaciones planteadas en los autos: "T, H E y otros c/LINEA // DE J... SCTTL s/Cob. de hab. e Indem. de Ley" (Expte. N° 19.458-T-2004), S.D. N° 11/S.R.E./05; "S, T D y Otros c/M Y V S.R.L. s/Cob. De hab. e Indem. de Ley" (Expte. N° 19.456-S-2004), S.D. N° 12/S.R.E./05 y "R, A H c/LINEA * de J S.C.T.T.L. s/Dif. de hab. e Indem. de Ley" (Expte. N° 19.459-R-2004), S.D. N° 14/S.R.E./05, siguiendo el criterio interpretativo del principio de irrenunciabilidad del art. 12 de la L.C.T., que le otorga la tesis amplia, coincidente con el establecido por este Tribunal en Sentencia Definitiva N° 44/95.- I.a.- He de señalar, que no existe ninguna norma escrita que consagre la obligación formal de los tribunales inferiores de acatar la jurisprudencia de la Corte, ni el art. 16 del C.C., incluye a la jurisprudencia como fuente del derecho, pero no obstante ello, ésta ha reiterado que carecen de fundamentos sentencias de los tribunales que se apartan de los "precedentes" de la Corte sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por el alto tribunal en su carácter de intérprete supremo de la constitución y de las leyes dictadas en su consecuencia.

Así la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re: "Cerámica San Lorenzo, S.A. Incidente de prescripción" (C.S.J.N., 4/7/85, LL, 1986-A-178), descalificó el fallo apelado por arbitrario, porque sin fundamentación seria, se apartó de la interpretación que la Corte tiene sentada en precedentes análogos sobre la misma norma que aplicó el tribunal y los contradijo. Así sostuvo: "...no obstante que la Corte Suprema sólo decide en los procesos concretos que le son sometidos, y su fallo no resulta obligatorio para casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a aquellos (Confr. Doctr. de Fallos, 25:364). De esa doctrina, y de la de Fallos, 212:51 y 160, emana la consecuencia de que carecen de fundamento las sentencias de los tribunales inferiores que se apartan de los precedentes de la Corte sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por el Tribunal, en su carácter de interprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia (conf. Causa: "Balbuena, César A., s/extorsión" [ED, 97-732]), especialmente en supuestos como el presente, en el cual dicha posición ha sido expresamente invocada por el apelante.". (E.D. 115:323).- Cabe destacar, que en el precedente citado la Corte menciona los casos "Santín" y "Pereira Iraola"; el primero de fecha 6 de Octubre de 1948, es decir anterior a la reforma de la Constitución del año 1949, que daba una respuesta terminante a la incógnita, pues en su art. 95 -que no llegó a reglamentarse- determinaba: "La interpretación que la Corte Suprema de Justicia haga de los artículos de la Constitución por recurso extraordinario, y de los códigos y leyes por recurso de casación, será aplicada obligatoriamente por los jueces y tribunales nacionales y provinciales". (Confr. Sagüés, Néstor Pedro, Ob. Cit., Tomo I, pág. 185; Bidart Campos, "Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino- El Derecho Constitucional del Poder", Tomo. II, págs. 345/347); es que la discusión entre el "efecto no vinculante" y el "efecto vinculante" de los fallos de la Corte Suprema, es planteada según los marcos normativos de la Constitución de 1853-1860.- Luego de "Cerámica", la Corte en "P.L.B." vuelve a sostener que el deber de los tribunales inferiores de conformar sus decisiones con aquéllas, se funda en "la autoridad del tribunal", aunque es factible que se aparten de la doctrina de la Corte fundándose en razones no examinadas o no resueltas por la misma (C.S.J.N., 26/10/89, ED, 136-453; Fallos, 318:2103). Y en "Encinas" termina por calificar como arbitraria una sentencia que desconoce la doctrina judicial de la Corte, aún en temas de derecho común, sin dar razones no examinadas o no resueltas por ella, para poder apartarse de su criterio (C.S.J.N., Fallos, 321:2294).

En ese sentido se ha dicho, respecto de los fallos de la Suprema Corte de Buenos Aires que: "Si bien es cierto, que no existe una norma legal que expresamente obligue a los jueces a seguir la doctrina emanada de la Suprema Corte Provincial, ello surge implícitamente desde que las normas constitucionales prevén el recurso de inaplicabilidad de la ley a los fines de resguardar la correcta aplicación de la doctrina legal y en tanto las normas procesales imponen entre los deberes del Juez asegurar los principios de celeridad y economía procesal, todo lo cual no implica un ciego acatamiento a lo que aquel Tribunal dispone en tanto el Juez puede dejar a salvo su opinión en contrario" (CC0101 MP 108886 RSD-90-99 S 6-4-1999, (SD), "Municipalidad de General Pueyrredón c/ C, M s/ Apremio").- I.b.- Sentando ello, quiero recordar que al votar en las S.D. N° 30/93, 33/93 y 8/S.R.E/98, me pronuncié por la no obligatoriedad del seguimiento de los fallos de la Corte, con las salvedades allí apuntadas respecto a los pronunciamientos del Máximo Tribunal en materia federal y en los casos que constituye doctrina legal.

Por tal motivo, concuerdo con mi colega preopinante, que en autos se controvierte la doctrina legal sentada por este Cuerpo, sin aportar motivos valederos y serios que justifiquen su apartamiento, ya que el argumento relativo a que la Corte Suprema revocó el fallo "Bariain, Narciso T. c/Mercedes Benz S.A." (C.S.J.N., 07-10-86, T. y S.S. 1987-120), que citara en mi voto en los autos: "Leon..." (S.D. N° 44/95), al adherir a la tesis amplia sobre la interpretación del principio de irrenunciabilidad del art. 12 de la L.C.T., no resulta justificado, si se tiene en cuenta que la Corte revierte la decisión de la Sala VI de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, por cuestiones formales de fundamentación, y no por la interpretación asignada a la norma citada; máxime si las sentencias en las que sentara doctrina este Cuerpo no fueron impugnadas por arbitrarias y se encuentran firmes y pasadas en autoridad de cosa juzgada.- A más, considero oportuno recordar que al votar en los autos: "T..." (S.D. N° 11/S.R.E./05), a raíz de que habían transcurrido diez años desde que adherí a la tesis amplia, volví a efectuar un análisis de la cuestión a la luz de las circunstancias particulares de la causa, reafirmando mi posición; por ello no encuentro en el presente caso elementos para apartarme de lo allí decidido, sobre todo considerando que se trata del mismo acuerdo de reducción salarial y que dos de los hoy actores -T y Q- reclaman en autos diferencias salariales devengadas por meses posteriores a los reconocidos en los autos mencionados ut-supra.- De ahí que la interpretación que hace la Cámara del denominado "acuerdo novatorio"; de lo dispuesto por la Corte en el caso "Padin Capella..." y del art. 37 del C.C.T Nº 460/73, recordando lo decidido por esa Sala en autos "Ramos", que fuera revocada por este Cuerpo al dictar la sentencia definitiva N° 14/S.R.E./05, me llevan a rememorar lo sostenido al votar en las sentencias T, Saldaña y la mencionada precedentemente: "4.a.-..., no tengo dudas que el convenio que han dado en denominar "acuerdo novatorio" existió, pero precisamente con la calificación que acertadamente le dio la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de Trelew, en los precedentes acompañados. Este convenio si bien suscripto por los actores, no tenía otro objeto que eliminar de la remuneración para el futuro, el adicional por "zona" (cláusula primera del acuerdo obrante a fs. 58/59 de la prueba documental). No se trató de una novación en los términos del art. 801 del Código Civil, porque no modificó ni alteró de modo sustancial la obligación principal, sino sólo un aspecto cuantitativo de una de las obligaciones esenciales de la relación jurídica laboral, en este caso, "la remuneración del trabajador". Aquí, quiero mencionar a mayor abundamiento, que la novación no consiste tan sólo en la transformación de una obligación en otra, como reza el art. 801 del Cód. Civ., sino que dicha transformación supone la extinción de la obligación preexistente y la creación de otra nueva que la sustituya, extremos que, sin lugar a dudas, no se han configurado en autos. (CNCiv., Sala I, 09/04/91, E.D., 143-369 citado por Bueres, Alberto J. y otros comentaristas a los arts. 801 a 831 del Código Civil en la obra "Código Civil y normas complementarias - Análisis doctrinario y jurisprudencial", Tomo 2 B-Parte General. Obligaciones, pág. 220, dirigida por Alberto J. Bueres y coordinada por Elena I. Higthon, Ed. Hammurabí). "Por ello, el adicional por zona desfavorable integra la remuneración de los actores, se trata de un derecho adquirido e incluido entre los llamados "Beneficios existentes" a los que refiere el tan invocado art. 37 del C.C.T. N° 460/73. Lógicamente, los actores en el contexto en el que se encontraban, debían aceptar trabajar y percibir la remuneración en las condiciones que su empleador les imponía para el futuro o derechamente no trabajar, habida cuenta de las nuevas imposiciones fiscales y previsionales a las que se encontraba sometida la accionada, según sus propios dichos que explicita en el Exordio del acuerdo a fs. 58 vta. Es decir, como lo sostuve en mi voto del fallo citado ..."nulo margen de negociación, nulas posibilidades de ofrecer una oferta alternativa, en definitiva, única opción...."; y en estas condiciones difícilmente se pueda generar una novación en el marco del art. 801 del Código Civil.-" " En mérito a lo expuesto, e implicando la reducción salarial dispuesta por la empleadora-accionada, una manifiesta violación al art. 12 de L.C.T. por cuanto el efecto querido fue la eliminación de un derecho incorporado a la remuneración de los actores y previsto en la convención colectiva conforme surge del citado art. 37, el acuerdo celebrado deviene nulo de nulidad absoluta, siendo en mi opinión irrelevante el compartimiento de los accionantes alegado por la parte demanda como defensa, al sostener que los actores siguieron percibiendo sus remuneraciones por varios meses sin haber invocado disconformidad alguna (fs. 25 vta., párrafos segundo y tercero), o que el mismo Sindicato haya reclamado la violación al principio rector sentado en el art. 12 L.C.T. a los dos días siguientes a su celebración. Estamos en presencia de una manifiesta transgresión al art. 12 que conlleva a la nulidad del acuerdo desde su nacimiento, y por ende, resulta inconfirmable, como acertadamente lo sostiene la Cámara en los precedentes citados (fs. 138, segundo párrafo y 143 vta. tercer párrafo). La misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que: "....el argumento de que medió en el caso una novación objetiva de las cláusulas contractuales con apoyo en el silencio del trabajador por el lapso anterior a la prescripción, conduce a admitir la presunción de renuncias a derechos derivados del contrato de trabajo, en abierta contradicción con el principio de irrenunciabilidad que emanada de los arts. 12, 58 y concordantes de la Ley de Contrato de Trabajo...." (Fallos, 310:558)....".

Por ello, considero que el apartamiento por parte de la Sala "B" de los precedentes de este Cuerpo en los cuales sentara doctrina, obligando a los actores a acudir nuevamente a esta instancia, ante la presencia de sentencias contradictorias, provoca un dispendio jurisdiccional inútil, en contravención al principio de economía procesal (art. 34 inc. 5°, apartado "e" del C.P.C.C.) y en desmedro de la seguridad jurídica. En ese sentido, Carlos I. SALVADORES DE ARZUAGA, "El acatamiento de la Jurisprudencia de la Corte Suprema y el fallo plenario", Rev. J.A.- 1992-IV-847.- I.c.- En función de lo dicho, resultando coincidente el criterio expuesto en los precedentes de la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de Trelew, con la doctrina legal de este Cuerpo sobre la materia debatida, propongo al acuerdo admitir el recurso y casar la sentencia opugnada, confirmando la de Primera Instancia. ASÍ LO VOTO.

II.- Los actores denuncian arbitrariedad -inc. "e" art. 288 del C.P.C.C.-, por cuanto este Tribunal ya sentó criterio sobre el tema en discusión, al unificar los precedentes contradictorios mediante el dictado de las S.D. N° 11, 12 y 14 (S.R.E.) del año 2005, las que han adquirido autoridad de cosa juzgada y por el desconocimiento absoluto de los antecedentes de autos.

II.a.- Expresa, Néstor Pedro Sagüés al comentar el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, "Cerámica..." (E.D.115:323), que de ese pronunciamiento cabe destacar la afirmación de tres cosas: a) que la Corte es la intérprete Máxima no sólo de la Constitución Nacional sino de todas las normas dictadas en consecuencia de ella (de todo el derecho argentino, cabría decir); b) que el apartamiento de un juez del criterio de la Corte Suprema exige aportar nuevos argumentos a los ya considerados por ella cuando definió su doctrina jurídica; c) que un fallo que se aparta de la jurisprudencia de la Corte sin dar esos nuevos argumentos, "carece de fundamentos", alternativa que acarrearía la arbitrariedad de él, porque la sentencia infundada es arbitraria e inconstitucional. (Confr., Autor nombrado, Ob. Cit. Tomo I, pág. 190).- En base a ello, vale decir que es condición de validez de las sentencias que sean fundadas y, por ende, que constituyan derivación razonada del derecho vigente (C.S.J.N., Fallos, 274:60; 283:86; 295:95; 306:1395). La doctrina arranca del leading case "Rey c/Rocha", que descalificó como sentencias judiciales a las que "desprovistas de todo apoyo legal, fundada tan sólo en la voluntad de los jueces y las reputó como "arbitrarias". La sentencia inmotivada exhibe "la inexistencia de las calidades mínimas para que el acto impugnado constituya una sentencia judicial" (C.S.J.N., Fallos, 247:715); "puesto que un pronunciamiento arbitrario y carente de todo fundamento jurídico, no es una sentencia judicial, y es obvio que el primer requisito del amparo judicial de los derechos es que sea eso, amparo judicial, es decir, fundado en la ley y en la prueba de los hechos formalmente producida" (Conf. Sagués, Néstor Pedro, Ob. Cit. T° 2, Pág. 151).- II.b.- En autos, partiendo de la doctrina de la arbitrariedad, expuesta por la Corte Nacional en los fallos reseñados por el Dr. Pasutti (ED Rep.19-1183, Fallos, 266:106, 267:443; 282:295; 312:195, S.T.J.CH., S.D. Nº 47/92), la misma aparece patente no sólo por el apartamiento injustificado de los precedentes del Tribunal en los que fijara doctrina legal sobre la cuestión, sino al ignorar los antecedentes de la causa, que revelan que dos de los hoy actores -T y Q- obtuvieron el reconocimiento de sus derechos en los autos: "T...." S.D., N° 11/S.R.E./05, encontrándose en este momento percibiendo sus acreencias, y que lo que reclaman en el presente son diferencias salariales devengadas con posterioridad, a las que motivaron aquél pedido, y surgen de la misma pretensión, nulidad del acuerdo de reducción salarial consistente en la eliminación del adicional por zona desfavorable, equivalente al 20% del salario.

Y, si bien el presente proceso se declaró de puro derecho, cabe señalar que la demandada en su contestación ofreció como prueba documental las constancias de los expedientes mencionados en el punto I-3° párrafo -ad efectum videndi et probandi-, que no fueron solicitadas por haberse opuesto la actora, en virtud de lo dispuesto en el art. 376 del C.P.C.C., solicitando posteriormente ambas partes de común acuerdo la suspensión del proceso, hasta tanto se expidiera este Cuerpo en los mismos (ver fs. 21). Por ello, dado que en autos los hechos controvertidos se encontraban acreditados con las constancias de la causa, cabía a los Sres. Camaristas la posibilidad de disponer las medidas necesarias, en función de lo dispuesto por el art. 36, inc. 2°, apartado "c" del C.P.C.C., para esclarecer la verdad, y de ese modo fallar conforme a derecho, pues no debe olvidarse que "la renuncia a la verdad es incompatible con el servicio de justicia" (CS, 10-12-73., "Vlachakis", J.A. 1974, 22-112; Fallos, 287:153; 290:293; 294:392).

Por ello: "Cuando se ha prescindido o valorado deficitariamente la prueba, se desemboca en una diáfana hipótesis de sentencia arbitraria, porque lo resuelto sólo en forma aparente satisface la exigencia de ser una derivación razonada de los "hechos comprobados", de la causa que no han podido ser cabalmente verificados al haberse dejado de atender pruebas, que debidamente evaluadas, habrían conducido a que se arribase a un sentido diferente del que propiciara el juzgador (C.S., Fallos, 259:55 y sus citas: 268:186; 271:226; 295:65; S.T.J.CH., S.D. N° 11/S.R.E./99).- II.c.- Observo que también asiste razón a los actores, cuando denuncian que en el presente se ha vulnerado el principio de la cosa juzgada, al ignorarse los efectos de las sentencias en las que fijara doctrina legal este Cuerpo sobre la interpretación del principio de irrenunciabilidad consagrado en el art. 12 de la L.C.T., las que se encuentran firmes, y por ello vale recordar que en las S.D. N° 30/93 y 33/93, sostuve: "Es principio establecido por la Corte desde antiguo, que la estabilidad de las decisiones jurisdiccionales, en la medida en que constituye un presupuesto ineludible de la seguridad jurídica, es exigencia del orden público y posee jerarquía constitucional (Fallos, 243:306; 250:751; 285:78; 299:373) y que ese principio no es susceptible de alteraciones ni aún por vía de la invocación de leyes de orden público (Fallos, 253:253; 259:289; 307:1291). Así como ha sostenido que "en virtud de los principios de preclusión y cosa juzgada es inadmisible que se modifique una decisión judicial firme en virtud de un cambio de jurisprudencia", aún cuando provenga de la misma Corte, pues la autoridad institucional del precedente comienza a regir para el futuro (Fallos, 293:531, con cita de Fallos, 9:53; 183:409; 192:414).- Por lo expuesto, corresponde también en este punto, admitir la casación de los actores y casar la sentencia opugnada, confirmando en todas sus partes la de Primera Instancia y su aclaratoria. ASÍ LO VOTO.

A la misma cuestión el Dr. Caneo dijo:

De acuerdo a los votos emitidos por los Dres. Pasutti y Royer, los que conforman la voluntad de la Sala Civil del Superior Tribunal de Justicia, no emitiré pronunciamiento según lo dispuesto en el art. 1º del Acuerdo Extraordinario Nº 3.555, en concordancia con los arts. 2º y 3º de la Ley Provincial Nº 5.475 y el Acuerdo Nº 3.202.

A la segunda cuestión, el Dr. Pasutti dijo:

Conforme he votado a la primera cuestión, propongo al Acuerdo: 1°) Admitir el recurso de Casación interpuesto por los actores a fs. 70/81 vta.; 2°) Casar la sentencia definitiva N° 30 (SDL) del año 2006 y en consecuencia confirmar en todas sus partes la sentencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Laboral de la ciudad de Trelew, registrada bajo el N° 39/2006 y su aclaratoria N° 45/2006; 3°) Adecuar las costas y honorarios por la apelación ante la Cámara de Apelaciones, de conformidad con lo dispuesto en el art. 279 del C.P.C.C., imponiendo las primeras a la demandada, conforme la primera parte del art. 68 del C.P.C.C., y regulando los honorarios del Dr. G H. U, en un 25% de los que a su favor se fijaron en la Primera Instancia (art. 14, Dto. Ley Nº 2200 - T.O. N° 138/99); 4°) Por lo actuado ante este Cuerpo, se imponen las costas a la demandada (1ra. parte, art. 68 C.P.C.C), regulando los honorarios del Dr. A M S, letrado de los actores, en mérito al resultado de la casación, a la calidad y extensión del memorial presentado, en un 35% de los que a su favor se fijaron en la Primera Instancia (art. 14 Dto. Ley N° 2.200 - T.O. Dto. N° 138/99). Todo con más el I.V.A. correspondiente.

A la misma cuestión el Dr. Royer dijo:

Atento como he votado a la primera, acuerdo con la solución propuesta por el Dr. Pasutti en la segunda cuestión.

A la misma cuestión el Dr. Caneo dijo:

Reitero la reserva formulada en el tratamiento de la primera cuestión.

Con lo que se dio por terminado el acto quedando acordado dictar la siguiente:- S E N T E N C I A - 1°) ADMITIR el recurso de Casación interpuesto por los actores a fs. 70/81 vta..

2°) CASAR la sentencia definitiva N° 30 (SDL) del año 2006 de la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Trelew, obrante a fs. 57/66 vta. y en consecuencia confirmar en todas sus partes la sentencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Laboral de la ciudad de Trelew, registrada bajo el N° 39/2006 y su aclaratoria N° 45/2006.- 3°) ADECUAR las costas y honorarios por la apelación ante la Cámara de Apelaciones (art. 279 del C.P.C.C.), imponiendo las primeras a la demandada (1ra. parte, art. 68 del C.P.C.C.), y REGULAR los honorarios del Dr. G H. U, en un 25% de los que a su favor se fijaron en la sentencia de Primera Instancia (art. 14, Dto. Ley Nº 2200 - T.O. N° 138/99).

4°) IMPONER las costas a la demandada por lo actuado ante este Cuerpo (1ra. parte, art. 68 C.P.C.C). REGULAR los honorarios del Dr. A M S, letrado de los actores, en un 35% de los que a su favor se fijaron en la Primera Instancia (art. 14 Dto. Ley N° 2.200 - T.O. Dto. N° 138/99). Todo con más el I.V.A. correspondiente.

5º) REGÍSTRESE, notifíquese y devuélvase.- Fdo. Dres. Daniel Luis Caneo, José Luis Pasutti y Fernando S.L. Royer Recibida en Secretaría el 08 de Mayo del año 2007.- Registrada bajo el Nº 05 S.R.E.. CONSTE Fdo. Dra. Carmen Velez -Secretaria-