Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-15


SENTENCIA DEFINITIVA N°: 43795 CAUSA N°: 3.342/10 - SALA VII - JUZGADO N°: 76 En la ciudad de Buenos Aires, a los 15 días del mes de setiembre de 2.011, para dictar sentencia en estos autos: "UREÑA, CRUZ ALICIA C/ CARDIOVASCULAR AERONÁUTICO CENTRAL S.R.L. y otro s/ Despido", se procede a votar en el siguiente orden:

EL DOCTOR NÉSTOR MIGUEL RODRÍGUEZ BRUNENGO DIJO:

I) Las partes recurren el fallo de grado que admitió, en forma parcial, el reclamo inicial por despido incausado entablado con sustento en las normas de la Ley de Contrato de Trabajo.

El codemandado Miguel Angel José Fischetti recurre por la forma en que se distribuyeron las costas, y su letrada apoderada se agravia porque estima insuficientes sus emolumentos.

II) Los agravios de la empresa demandada giran el torno a la admisión del reclamo por despido incausado, intentando ampararse en el hecho de que la Fuerza Aérea Argentina rescindió en forma intempestiva el contrato empresarial que los unía comercialmente, debido a que la empleadora era una empresa contratada para brindar el servicio de cirugía cardiovascular en el Hopital Aeronáutico Central.

Puntualiza tal hecho como una cuestión de "fuerza mayor", toda vez que en razón de dicha circunstancia, no habría podido cumplir con el deber de ocupación de los trabajadores.

A mi juicio, no tiene razón.

En efecto, en cuanto a la queja relativa a que se desestimó el planteo defensivo de la demandada inherente a que el despido se habría producido por fuerza mayor, destaco lo que esta Sala tiene decidido: "para despedir por falta o disminución de trabajo, el empleador debe acreditar: a) la existencia de falta o disminución del trabajo que por su gravedad no consienta la continuidad del vínculo, b) que la situación no le sea imputable, es decir que se debe a circunstancias objetivas y que no haya culpa ni negligencia empresaria, c) que se respetó el orden de antigüedad, d) la perdurabilidad de la situación supuestamente desencadenante de la crisis empresarial y e) la política proyectada tendiente a conjurar la situación de desequilibrio económico financiero. De no cumplirse con los extremos enunciados -a mi juicio- desaparece la pretendida validez exculpatoria de responsabilidad y renace el deber indemnizatorio en plenitud atento que el trabajador es un miembro vital de la comunidad de trabajo y, como tal, no puede ser privado de su salario por causas ajenas al cumplimiento de las prestaciones a su cargo.

La postura del trabajador frente a la comunidad empresaria hace que, por naturaleza, las consecuencias directas de la política empresaria le resulten totalmente extraños desde que "...el trabajador enajena su trabajo por un precio y así como, en principio, no participa de los beneficios de la empresa, afirmo que tampoco debe soportar las pérdidas, sus inconvenientes o sufrir dificultades económicas..." (VIII Congreso Ibero Americano y VII Congreso Nacional), argumentación de indudable validez desde que el trabajador dependiente jamás interviene activamente en la planificación empresaria y -en consecuencia- debe resultar ajeno a los riesgos que toma el empresario. No resulta lógico, entonces, que sea el trabajador quien cargue con las consecuencias desfavorables del giro empresario traducida en la caída progresiva de la matriculación (que es el argumento en el cual la apelante basó principal y oportunamente su crítica), puesto que lo relevante del caso es que el empleador no demostró haber tratando de adoptar medidas tendientes a salvar la entidad como "empresa" y, en forma indirecta, seguir así brindando al trabajador los medios de subsistencia que procurara al momento de formalizar el contrato de trabajo (pese a que en el recurso se refiere vagamente a la adopción de medidas tendientes a reducir el "presupuesto de gastos", sin la menor indicación acerca de cuáles habría sido ni cómo se materializó dicho paliativo); mucho menos, ha intentado acreditar su inimputabilidad frente al acontecer que -a estar a la doctrina y jurisprudencia uniforme- también es recaudo formal para la admisibilidad de la pretensión (en igual sentido, esta Sala en autos: "Ferro, Alberto c/ Comercio Internacional s/ despido"; S.D. N° 25.642 del 28.9.95 y mas recientemente, en: "Cabral Ruiz, Elizabeth c/ Edusoft S.A. y otro s/ Despido"; S.D. 36.762 del 12.6.03).

Tampoco se ha señalado puntualmente prueba alguna, concreta y objetiva de que la accionada hubiera respetado la antigüedad y cargas de familia de los trabajadores al establecer el orden de los despidos conforme lo dispone el art. 247 -párrafos 2° y 3°- la L.C.T. (en sentido similar, esta Sala en: "Vázquez, Ricardo y otros c/ Obra Social de la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina s/ Despido"; S.D. 36.357 del 18.10.02), por lo que también cabe desestimar el pedido de aplicabilidad de la norma en cuestión (en igual sentido, esta Sala en "Verschoor, William c/ San Sebastian S.A. s/ Despido"; S.D. 38.207 del 03.02.05).

III) La recurrente se agravia por el nivel salarial reconocido en la sentencia de grado. Sin embargo, la crítica no debe admitirse, pues frente a la falta de exhibición de los libros y registros contables cuya confección tenía a su cargo, resulta válida la decisión de conferir certeza a las afirmaciones iniciales que el trabajador efectuó en ese sentido (cfme. art. 55 de la Ley de Contrato de Trabajo).

IV) Corresponde confirmar el decisorio de grado en cuanto incluyó en la condena a la indemnización prevista en el art. 1° de la ley 25.323 por registro deficiente de la relación laboral, puesto que no llega debidamente cuestionado el hecho juzgado de que la actora percibía parte de su remuneración en forma irregular o "en negro", lo que justifica la condena en tal sentido.

V) No es atendible el pedido de la demandada de que se descuente de la condena la suma correspondiente a la multa prevista en el art. 2º de la ley 25.323, toda vez que -en el caso de autos- se aprecian cumplidas las exigencias previstas en la norma: 1) la recurrente fue oportunamente intimada a abonar las sumas correspondientes a indemnizaciones propias del distracto (v. despacho telegráfico fs. 56 y fs. 58); y 2) la trabajadora se vio obligada a litigar judicialmente para perseguir el cobro de las indemnizaciones referidas debido a la conducta de reticencia a abonar dichos conceptos asumida por la accionada (en igual sentido, esta Sala en autos: "Parra, María Gabriela c/ Siembra AFJP SA s/ Despido", S.D. 37.090 del 29.10.03).

VI) En cuanto a la crítica de la actora por la falta de inclusión en la condena de la persona física demandada en autos, Sr. Miguel Angel José Fischetti, corresponde señalar que -tal como lo dejo expuesto- el "a quo" juzgó que existió una inadecuado registro de la prestación laboral, frente al pago de sumas abonadas en forma irregular, lo que constituye un severo incumplimiento que justifica su condena personal en los términos de los arts. 54, 59 y 157 de la Ley de Sociedades Comerciales.

En tal sentido, es indudable que el demandado Fischetti, en el carácter de socio gerente de la sociedad, tuvo (cuando menos, debió haber tenido) conocimiento acerca de tal obrar contrario a derecho, circunstancia que justifica la condena solidaria y a título personal por la falta de cumplimiento de las obligaciones asumidas -e incumplidas- en nombre del ente social (arg. arts. 59 y 274 L.S.C. y 14 L.C.T.; en igual sentido, esta Sala in re "Ghiglioni, Fabiana Graciela C/ Palma, Alejandro y otros S/ Despido", S.D. nro.: 34.880 del 19/04/01; "Maineri." ya cit.).

Por aplicación de las normas de la Ley de Sociedades referidas, es justo que la condena se haga extensiva sobre quien resultó responsable de lo que, en definitiva, puede calificarse como una conducción irregular del ente de existencia ideal al mantener al dependiente registrado por una suma menor a la efectivamente percibida, y cancelar una parte de sus remuneraciones en forma irregular y contraria a la legislación vigente.

Esto significó, sin más, la configuración voluntaria y directa de conductas tendientes a desbaratar los derechos laborales de un trabajador que sin dudas se tradujeron en un mero recurso para violar la ley (arts. 8 y 10 Ley 24.013), el orden público laboral (arts. 7, 12, 13, y 14 L.C.T.), la buena fe (que obliga al empresario a ajustar su conducta a lo que es propio de un buen empleador, art. 63 L.C.T.; en igual sentido, v. esta Sala in re "Núñez, Gabriela Susana C/ Racing Ravel S.R.L. y o. S/Despido", S.D. nro.: 37.272 del 16.02.04; "Castillo, Ruben Omar y otros C/ Tomasevich, Ricardo Alberto y o. S/ Despido", S.D. nro.: 41.326 del 31/10/08).

Veo oportuno señlar que el precedente judicial "Palomeque c/ Benemeth" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en una composición anterior a la actual no resulta de aplicación en estos autos, pues -más allá de que los fallos del Máximo Tribunal no son vinculantes ni obligatorios para casos análogos sino que sólo habría una especie de "deber moral" de conformar sus decisiones a las del Tribunal, ello según su propia doctrina (v. dictamen del Procurador General en fallo 323:3.085)- la condena en aquel caso mencionado se sustentó en el art. 54 de la Ley de Sociedades Comerciales (que recoge los principios de la "teoría de la penetración o de desestimación de la personalidad jurídica").

Ello, motivó que el Tribunal -en adhesión al dictamen del Procurador General- revocase el pronunciamiento por tal motivo y -lo destaco- basado también en el análisis del "contexto probatorio del caso" (sic; v. considerando IV último párrafo del dictamen emitido para el fallo citado).

Ello difiere del "sub lite" pues aquí se juzgan de aplicación otras normas distintas de la ley de Sociedades (vgr. art. 59, 157), además de una pluralidad de artículos de la Ley de Contrato de Trabajo y la ley Nacional de Empleo, y que regulan la materia de fondo específica de las relaciones laborales.

Propicio, en consecuencia, que se modifique parcialmente el fallo recurrido y se extienda la condena en forma solidaria e ilimitada al Sr. Miguel Angel José Fischetti. VII) De tener adhesión mi voto, propongo que las costas de ambas instancias sean soportadas por las codemandadas en forma solidaria (arts. 68 y 279 del C.P.C.C.N.), sin alterar la cuantía de porcentajes fijados en concepto de honorarios, por cuya aplicación los emolumentos resultan adecuadamente retributivos con los trabajos efectivamente cumplidos por los profesionales intervinientes (art. 38 de la ley 18.345 y l3y 24.432).

Regular los honorarios de esta instancia en favor de los Sres. profesionales intervinientes por las partes actora en el 35% (TREINTA Y CINCO POR CIENTO) y de las codemandadas en el 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) respectivamente, de lo que en definitiva les corresponda, a cada uno de ellos, por su actuación en la instancia anterior (art. 14 de la ley 21.839 -modif. por ley 24.432-). LA DOCTORA ESTELA MILAGROS FERREIRÓS DIJO: Por compartir sus fundamentos, adhiero al voto que antecede. LA DOCTORA BEATRIZ INES FONTANA: No vota (art. 125 de la ley 18.345 -modificada por ley 24.635-).

Por lo que resulta del acuerdo que precede, el Tribunal RESUELVE: 1) Modificar parcialmente el fallo recurrido y extender la condena en forma solidaria e ilimitada a Miguel Angel José Fischetti. 2) Confirmar lo demás que ha sido materia de recurso. 3) Imponer las costas de ambas instancias a las codemandadas en forma solidaria. 4) Mantener los porcentajes de honorarios fijados en primera instancia. 5) Regular los emolumentos de esta instancia para las partes actora en el 35% (TREINTA Y CINCO POR CIENTO) y de las codemandadas en el 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) de lo que en definitiva les corresponda, a cada uno de ellos, por su actuación en la instancia anterior.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.