Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-05-16


--- Trelew, de mayo de 2.011.

--- VISTOS: El recurso de queja por apelación denegada deducido en esta causa; y ----CONSIDERANDO: --------------------Que, de acuerdo a las constancias del legajo, el juez de grado con la sentencia nº 40 de 2011 (fs. 2/6) resolvió, por un lado, no hacer lugar a la acción de amparo instada por los accionantes en representación del menor y, por otro, ordenar a Seros Chubut que en forma inmediata lleve a cabo las acciones necesarias para cumplir la Res. nº 691/2005-ISS según la discapacidad del menor. ------------------Contra esta decisión, notificada por cédula el día 04/05/2011 (fs. 1), el quejoso dedujo apelación (fs. 7/11) el día 06/05/2011, y, no obstante que fue concedida por el tribunal, amplió la expresión de agravios con la presentación de fecha 09/05/2011 a las 8,45 hs. (fs. 12/vta.). ----------------------El tribunal de grado desechó dicha ampliación de agravios, en lo fundamental, porque el recurso de apelación fue concedido, y la ampliación no está prevista por procedimiento normado (fs. 13). -------El quejoso critica esta decisión afirmando, en síntesis, que: a) realizó la ampliación de agravios dentro del plazo legal para recurrir; b) el juez "a quo" contraviene el principio de amplitud del recurso; c) la ley de amparo no prevé la ampliación pero tampoco la deniega; d) no existe fundamento para denegar (invoca el art. 19 del Constitución Nacional). ------------------Agrega el recurrente que: e) en el caso del amparo prevé un sistema de preclusión por etapas en base al vencimiento de plazos; f) no se ha consumado el vencimiento del plazo para presentar la expresión de agravios. ---------------------Sobre esta base el quejoso solicita que se declare procedente la ampliación de agravios y se ordene su agregación a los actuados según su estado. ------------------------II.- Así planteado el caso deberá hacerse lugar a la queja y declarar mal denegada la ampliación de fundamentos del recurso de apelación. -----------La situación particular del peticionante, conforme surge de la sentencia cuestionada: discapacidad (Trastorno Generalizado de Desarrollo), el objeto del proceso (amparo por una cuestión de salud) y la interposición del recurso de apelación en término, así como lo exiguo del plazo para ello, ameritan un examen flexible de la presentación directa por la ampliación de fundamentos del recurso. --------------------------Es criterio de esta Sala que el tribunal de apelación, como juez del recurso, está facultado para examinar tanto su procedencia cuanto su admisibilidad, pues sobre dicha cuestión no se encuentra ligado ni por la conformidad de las partes, ni por la resolución del juez de grado, aun cuando esté consentida (doc. art. 279, C.P.C.C.; conf. esta Sala SIC. nº105 de 2001; nº 180 de 2007, nº 277 de 2009, entre otras). En ese orden, en la SDC. nº 21 de 2008, en la causa "G.", dijo esta Alzada que "los actos procesales son actos esencialmente temporales, es decir, que el transcurso del tiempo no es irrelevante para el ejercicio de una facultad procesal, pues la falta de ejercicio de ella en el tiempo establecido por el ordenamiento al efecto, hace que ya no se pueda ejercer, dándosele al interesado por perdido el derecho. Lo propio respecto del ejercicio inadecuado de una facultad, respecto de lo cual, luego no se puede enmendar la plana, principio que se conoce como preclusión por consumación". ---------Agudamente ha expuesto PALACIO que "Si se atiende, en cambio, al punto de vista específico, el tiempo aparece como el conjunto de lapsos destinados al cumplimiento de cada acto procesal en particular. Tales lapsos se denominan plazos (.), y su institución responde a obvias razones de seguridad y certeza: no basta, en efecto, el establecimiento del orden consecutivo en que deben realizarse los distintos actos procesales, sino que además es menester determinar los lapsos específicos dentro de los cuales éstos deben ejecutarse, ya que de lo contrario las partes carecerían de toda certidumbre acerca de las exactas oportunidades en que les corresponde hace valer las alegaciones y pruebas en que se sustentan sus respectivos derechos (con el desmedro de la garantía constitucional de la defensa en juicio que ello supone.), resultaría imposible el funcionamiento de la preclusión (.), y la duración del proceso se prolongaría indefinidamente" (PALACIO, Lino E., "Derecho procesal civil", Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1999, Tomo IV, Nº 339).----------------------Cabe tener presente, como se dijo en el voto del Dr. López Mesa en la causa "G." citada, que "la institución de la preclusión admite, según la doctrina unánime, tres vertientes: la primera y más obvia es la que se produce por el vencimiento del plazo asignado sin que se ejerza la facultad, la que ya no podrá volver a intentarse; la segunda, es la llamada preclusión por consumación, esto es, que el ejercicio de una determinada facultad agota el derecho del peticionante, no pudiendo éste volver a reeditarla (CHIAPPINI Julio, "Ciertos efectos de la Preclusión", LL.1990-B-312) y la tercera es la preclusión por acto propio, que consiste en que una vez realizado un acto procesal, no puede pretender ejercitarse otro de sentido contrario a él y en infracción a la doctrina de los actos propios". En autos, conforme los términos en que ha sido planteada la queja, nos encontramos en la segunda vertiente; la regla indica que una vez consumado el acto en su tiempo propio no puede volverse a replantear o ampliar. -Por ello se ha dicho que "la preclusión cumple -en palabras de la Corte Suprema- una función reconocida en todas las etapas del proceso al consolidar los resultados de los distintos actos y permitir su avance sin retrocesos; ello ocurre a medida que las diversas cuestiones, tanto sustantivas como procesales, que se suscitan durante el trámite de la causa son resueltas y finiquitadas, y ella asegura la fijeza de los actos procesales cumplidos y el avance del juicio hasta su terminación" (CS, 27/05/2004, "Rivarola, Ricardo Horacio s/ recurso", Fallos 327:1532; del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema). --------------------------Del mismo modo, en reiterados precedentes de la Suprema Corte de Buenos Aires ha quedado sentado con sencillez y claridad (conf. invocación del voto del Dr. López Mesa en la causa "G." de 2008 citada) que las cuestiones preclusas no pueden renovarse en el proceso como "tema litigioso", porque la preclusión opera como un impedimento (SC Buenos Aires, 18/8/1987, "Acuña, Gurmesindo y otros c/ Vainer S.A.", AyS 1987-III, 333; íd., 03/10/1987, "Habiaga, Miguel Neldo c/ Italo Tiribelli S.A.", AyS 1987-IV, 267; entre otras). --------------Sin embargo, en autos la aplicación del principio de preclusión (conf. MILLAR, Robert W., "Los principios formativos del proceso civil", Ed. Ediar, Buenos Aires, 1945, p. 95 y sig.) no ha de admitirse en forma absoluta si de su aplicación mecánica puede derivar no sólo una restricción de la vía utilizada (CS, 07/08/1999, "Goldadler de Pleszowski, Delia c/ Kleidermacher Arnoldo", Fallos 322:2073) sino, también, un perjuicio a los derechos sustanciales en juicio, porque ello -en los hechos- implicaría invertir la jerarquía de las normas de una manera incompatible con los arts. 14, 18 y 31 de la Constitución Nacional (doc. art. 34, inc. 4º, C.P.C.C.). ----------- Además, una restricción cognoscitiva -como la que derivaría de cerrar la vía al recurso ampliado dentro del breve término previsto para apelar por ley de amparo local, en una cuestión de salud sometida a conocimiento del Poder Judicial- no debe traducirse en un menoscabo consciente de la "verdad jurídica objetiva" (doc. art. 36, inc. 2º, C.P.C.C.); sobre todo, como expresa la Corte Suprema, cuando "las normas procesales no se reducen a una mera técnica de organización formal de los procesos sino que, en su ámbito específico, tienen por finalidad y objetivo ordenar adecuadamente el ejercicio de los derechos en aras de lograr la realización del valor justicia en cada caso y salvaguardar la garantía de la defensa" (doc. CS, 18/12/2007, "Longobardi, Irene Gwendoline y otros c/Instituto de Educación Integral San Patricio S.R.L.", Fallos 330:5345). ---------------Lo anterior está directamente relacionado con la ponderación de de las consecuencias que derivarán de la sentencia que declare bien o mal denegada la ampliación de fundamentos en cuestión. Esta Sala ha desarrollado diecisiete reglas de interpretación de la ley y, precisamente, dos de ellas ponen el acento en las consecuencias posibles de las decisiones (SDL. nº62 de 2009, voto del Dr. López Mesa). En particular, la regla 16 dispone que en la interpretación de la ley no cabe atenerse a una consideración meramente teórica de las fórmulas e intenciones legislativas, sino que además debe analizarse los resultados que el criterio sustentado por el intérprete provocan en el caso concreto: "Los jueces tienen el deber de ponderar las consecuencias sociales de su decisión" (conf. HOLMES, Oliver W., "La senda del derecho", Abeledo-Perrot, 1974, p. 32; CS, 1980, "Saguir y Dib, Claudia G.", Fallos 302:1284). Y la regla 17 establece que, por ello, una de las pautas más sensatas para comprobar el acierto del criterio extraído de la norma es si el mismo conduce a una solución razonable en el caso, puesto que la aplicación de una norma nunca puede hacerse de un modo irrazonable, que conduzca a resultados injustos. La verificación de los resultados a que conduce la exégesis de una norma y las circunstancias tomadas en cuenta para sancionar la ley, son presupuestos para llegar a su correcto entendimiento (CS, 01/09/1983, "Pagano, Héctor Daniel c/ Banco Hipotecario Nacional", Fallos 305:1254). -------------------No puede soslayarse que en la circunstancia de autos, según surge de la sentencia recurrida -sin que esto implique hacer mérito de la cuestión de fondo-, se denegó un amparo fundado en el derecho a la salud de una persona con discapacidad. Este aspecto del derecho fundamental a la vida tiene hoy jerarquía constitucional (conf. MORELLO, Augusto M., "El derecho a la salud desde el plano constitucional", Ed. Academia Nacional de Derechos y Ciencias Sociales de Buenos Aires, Anales año XXXIV, segunda época, nº 27, p. 8 y sig.; CS, 24/10/2000, "Campodónico de Beviacqua, Ana Carina c/ Ministerio de Salud y Acción Social. Secretaría de Programas de Salud y Banco de Drogas Neoplásicas", Fallos 323:3229), jerarquía que deriva de los instrumentos internacionales incorporados al orden interno por la reforma constitucional de 1994 (art. 75, inc. 22, Constitución Nacional; así, arts. 4º y 5º, Convención Americana de Derechos Humanos; arts. 1º, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; art. 3º, Declaración Universal de Derechos Humanos; art. 12, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; art. 6º, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), y ella debe ser el prisma de valoración con que han de considerarse tanto los hechos de autos como las consecuencias del criterio que se adopte en concreto para su decisión. ---------------------- --- Por ello frente a lo expuesto, en lo que respecta a la concesión del recurso, como explica la doctrina, el juez debe extremar su prudencia al decidir, pues la notable reducción de los plazos del régimen del amparo, unidos a la materia constitucional debatida, no tolera un criterio (preclusión) de aplicación inflexible (conf. MORELLO, Augusto M. - VALLEFIN, Carlos A., "El régimen procesal del amparo", Ed. Platense, La Plata, 4ª ed. 2000, p. 148). --------------Por lo expuesto, y toda vez que en el marco excepcional del amparo el fundamento del recurso ha sido ampliado dentro del plazo útil para apelar, corresponde declararlo mal denegado (fs. 13 del legajo). Lo contrario importaría un recorte formal y ritualista de la discusión (conf. ZULETA PUCEIRO, Enrique, "Los argumentos de la interpretación", en "Interpretaciones de la ley", AAVV, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2003, p. 62, "e"), que puede menoscabar la tutela sustancial del derecho a la salud de una persona con discapacidad, cuya "atención y asistencia integral" constituye, como lo tiene dicho la Corte Suprema, "una política de nuestro país" que "condiciona toda decisión" (CS, 18/06/2008, "Segarra, Marcelo Fernando c/ Instituto de Obra Social del Ejército s/ sumarísimo", Fallos 331:1449; del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema). Por ello, la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones con asiento en la ciudad de Trelew; RESUELVE: ----------------------Declarar mal denegada la ampliación de fundamentos por la resolución de fs. 13. ----Regístrese, notifíquese y resérvese hasta que sea remitido el expediente principal para su agregación y tratamiento conjunto. ---------------------- CARLOS DANTE FERRARI CARLOS A. VELAZQUEZ MARCELO J. LOPEZ MESA JUEZ DE CAMARA PRESIDENTE JUEZ DE CAMARA REGISTRADA BAJO EL Nº DE 2011 - SIC.- CONSTE.- JOSE PABLO DESCALZI SECRETARIO.