marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Suspensión del juicio a prueba, facultades del juez, sistema acusatorio, facultades del fiscal
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Fiscalía de Cámara Este de la CABA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Incidente de recurso de inconstitucionalidad en autos Crespo, Francisco Javier s/ 111 - conducir con mayor cantidad de alcohol en sangre del permitido o bajo los efectos de estupefacientes (Art. 114 según TC Ley 5666 modif.)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-21

La consecuencia de ubicar al juez en el lugar del fiscal, realizando un "acuerdo" con el imputado resulta irrazonable y, por otra parte, el art. 45 del Código Contravencional no deja margen para que el juez indague acerca de la mayor o menor consistencia de los motivos por los cuales el fiscal pretende ejercer la acción e impulsar la realización del juicio contravencional. En definitiva, la pretensión de determinar el contenido de los actos del representante del Ministerio Público Fiscal a través de un alegado control de legalidad como el descripto implica su reemplazo, provocando la alteración de roles en los actores del proceso, en vulneración de las reglas constitucionales comprometidas. (Del voto de los jueces Inés M. Weinberg y Luis Francisco Lozano, por remisión a los fundamentos brindados en "Ministerio Público -Fiscalía de Cámara Este de la CABA - s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado, en: incidente de apelación en autos Blanco Vallejos, Vidal s/ infr. art. 111, conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes, CC"", expte. n° 9876/13, sentencia del 20/11/2013).
Beneficios previsionales, movilidad del haber jubilatorio, reajuste jubilatorio, pandemia, coronavirus, principio de proporcionalidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: TORTEROLA JORGE NICOLAS c/ A.N.Se.S. s/ Amparos y sumarísimos c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-08

Nuestra Constitución Nacional estableció el derecho a la movilidad sin indicar concretamente una fórmula y/o mecanismo que le brinde un contenido econó-mico, quedando sujeto a la reglamentación que sancionara el Poder Legislativo en cumplimiento de las disposiciones previstas en su artículo 28, como así también la exigencia contenida en su art. 75, inc. 23) de legislar y promover medidas de acción positiva el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución "en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad"; ello implica que el legislador puede arbitrar distintos medios para determinar la movilidad a aplicar a los haberes previsionales, pero siempre respetando los principios de la debida proporcionalidad con los haberes de actividad manteniendo una razonable tasa de sustitución, que en realidad han sido parámetros creados jurisprudencialmente, que hoy conforman la doctrina de la Corte Suprema y que definen la existencia o no de agravio constitucional que plantea cada cambio de régimen, sobre todo cuando ello se funda en necesidades financieras, producto de situaciones coyunturales, como es el caso de estas pautas de movilidad.
Interpretación de la ley, aplicación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: A., M. A. c/ V., M. R. D. V. s/ Divorcio Vincular C.J.G c/ I.S.S Y S s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-08-31|2018-05-10

Una correcta hermenéutica conduce a estar a lo que más naturalmente surge de la letra de la norma, de la que no cabe prescindir cuando es clara y precisa , por cuanto no corresponde ignorar los preceptos que en la cuestión litigiosa contiene la norma aplicable, lo contrario implicaría sustituir al legislador en una materia que es propia del ámbito de la política legislativa.
Prefectura Naval, sanciones administrativas, prescripción, plazo, sumario administrativo, interrupción de la prescripción
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Alles Gerónimo c/ Prefectura Naval Argentina -DISP. DPSJ. JS1 221 A -96.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-05-12

El plazo de prescripción de la acción que establece el art.

701.0021 del REGINAVE -tres años de producido el hecho se interrumpe por la iniciación del sumario administrativo (en igual sentido Sala IV in re: "Di Mauro, Mario José c/ Prefectura Naval Argentina D.P.S.J. JS129 A/92" del 14/12/94). (Cons. VI).
Recurso de casación penal, procedencia del recurso, interposición del recurso, Ministerio Público Fiscal, sentencia condenatoria, pena privativa de la libertad, monto de la pena, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: CASAS NEUQUEN, Ceferino Felipe y otros s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-08-22

Para la procedencia del recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal contra una sentencia condenatoria, el artículo 458, inc. 2°), del Código Procesal Penal de la Nación exige que la pena privativa de libertad impuesta sea inferior a la mitad de la pedida, sin distinción alguna entre la de prisión y la de reclusión.
Revocación de sentencia, desestimación de la denuncia
Materia: PENAL
Carátula: C., A. R. c/  s/ desestimación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-09-20

El fallo de la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal en autos "C., A. R. s/ desestimación" (causa n° 33.583/2018) rta. 20/9/18, donde la Sala interviene con motivo del recurso de apelación interpuesto por la parte querellante contra el auto del juez de la instancia de origen que desestimó la denuncia por no constituir delito el hecho denunciado. Los vocales, por mayoría, revocaron el auto apelado.
Asegurador, costas
Materia: LABORAL
Carátula: TORRES AMERICO MARCELO c/ VISA s/ COMPAÑIA DE SEGUROS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-09-27

Quien formula la citación a juicio debe medir la conveniencia de traer al proceso a una o a varias aseguradora. Debe responder la aseguradora que tenía póliza vigente en el momento en que se produjo la desvinculación del actor. Es injusto cargar a las terceras intervinientes con las costas devengadas por una relación que bien pudo no existir o estar extinguida.-
Accidentes de trabajo, relación de causalidad, diagnóstico médico, facultades del juez
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Villata,    Felipe   Roberto c/ Freier SRL y otro s/ Accidente-Acción Civil.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-04-29

El juicio de causalidad, sobre la base de informes médicos en pleitos fundados en accidentes de trabajo, es siempre jurídico y es facultad del juez emitirlo con efectos vinculantes. Aún en los casos en los que el experto lo formula asertivamente, se debe entender que lo está haciendo desde una perspectiva médica y que siempre debe ser leído como hipotético.
Honorarios, funcionarios públicos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CAVALLARO, Juan Carlos s/ ACCION DE AMPARO. DEMANDA DE EJECUCION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1984-08-16

Los honorarios que puedan devengarse en favor del Presidente del Honorable Tribunal de Cuentas que menciona el art. 151 de la ley 57 96, conciernen solo a las actuaciones relacionadas con las sanciones a que dieran lugar los fallos de ese Tribunal, conforme lo determina el art. 143 de la Constitucion Provincial, por tanto cuando su intervención en un juicio lo es en carácter de funcionario público, no devenga honorarios.
Extorsión simple, tentativa
Materia: PENAL
Carátula: SPERANZA, MIGUEL s/ EXTORSION.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-02-12

Para el perfeccionamiento del delito de EXTORSION se requiere que el provecho perseguido sea consecuencia directa de la eficacia final del factor intimidante, sin interferencias causales, habiéndose demostrado en concreto que el caso de autos avanzó en el molde legal sólo hasta el grado de tentativa, habida cuenta que no fue el temor lo que indujo a ceder parte del dinero requerido, sino el propósito de preparar, en una posterior etapa, la aprehensión de las enjuiciadas.

La situación de las encausadas quedó así en grado conativo, pues la parcial disposición dineraria que realizaron en representación de la empresa no subsiguió ininterrumpidamente a la INTIMIDACION infundida por las encausadas, sino que obedeció a la motivación independiente al tender las bases para, en una segunda cita pretextada para abonar el resto exigido, permitir la intervención policial y la detención de las extorsionadoras.
Acciones de clase, jueces, igualdad de trato
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Abarca, Walter José y Otros c/ Estado Nacional - Ministerio Energía y Minería y Otro s/ Amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-09-06

La definición del colectivo es crítica para que los procesos colectivos puedan cumplir adecuadamente con su objetivo y el incumplimiento de tal recaudo por parte de los jueces actuantes en dichos procesos ha conllevado el dictado de decisiones sectoriales sin distinción de categorías de usuarios, tratando de manera igual situaciones heterogéneas.
Defensa del consumidor, garantías procesales, deber de información, etapas del proceso, etapas precontractuales
Materia: COMERCIAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Martin, José Manuel c/ Fiat Auto Argentina SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-21

Debe contar con la información adecuada para definir el producto o servicio que mejor se ajusta a sus necesidades y, luego, para poder comparar adecuadamente las ofertas similares del mercado (conf. Picasso - Vázquez Ferreyra, "Ley de Defensa del Consumidor" T. 1, pág. 65, ed. La Ley, Bs. As., 2009).
Pago, prueba testimonial
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: LA MERIDIONAL  CIA  DE SEGUROS c/ BANCO COOPERATIVO DE CASEROS LTDO s/ ORDINARIO - DEMANDA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-09-24

El pago es un hecho, no una convención, está exento de la prueba testimonial que impone para los contratos el art. 1193 del C. Civil.
Principios del derecho internacional público, pacta sunt servanda, Corte Interamericana de Derechos Humanos, derecho interno, CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE EL DERECHO DE LOS TRATADOS, responsabilidad internacional del Estado, competencia contenciosa de la Corte Interamericana
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Ivcher Bronstein c/ Perú s/ supervisión de cumplimiento de sentencia
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2005-09-21

Corresponde a un principio básico del derecho sobre la responsabilidad internacional de los Estados, la obligación de cumplir lo dispuesto en las sentencias de la Corte Interamericana, atendiendo a sus obligaciones convencionales internacionales de buena fe - pacta sunt servanda-, no pudiendo los Estados - artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados-, invocar razones de orden interno para evitar asumir la responsabilidad internacional establecida mediante sentencia.
Daños y perjuicios, muro medianero, filtraciones de humedad
Materia: CIVIL
Carátula: SALLES, FRANCISCO c/ CONSORCIO JUAN B. JUSTO 2726 Y OTRO s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-09-14

Demandados daños y perjuicios contra el consorcio del edificio contiguo y el titular de la unidad que, dentro de ese inmueble linda con la del accionante, a fin de que se le indemnicen los deterioros sufridos en su heredad a raíz de las humedades provenientes del vecino, resulta equivocado comprometer la responsabilidad del consorcio por la titularidad que tendría de la pared medianera que sirvió de conducto a la pérdida de agua proveniente de los caños del departamento del accionado, ya que la responsabilidad proveniente del vicio de las cosas tiene como presupuesto a la conexión causal entre el daño y esa falencia. No puede atribuirse la calidad de causa a un pasivo elemento por el que se difundió la humedad, como es la pared medianera, sino que ese rol se encuentra exclusivamente en las cañerías deterioradas, que por sí solas tuvieron virtualidad para generar los desperfectos en la casa del demandante.

No corresponde responsabilizar al consorcio por considerarlo dueño o guardián a la red interna de cañerías ubicadas en el departamento del copropietario si se trata de humedades en edificios sometidos al régimen de la propiedad horizontal, el consorcio responde siempre que la causa adecuada del daño corresponda a las cosas comunes, pero no si son privativas de las unidades.

Si en el reglamento de copropiedad y administración no se establece que las cañerías internas de los departamentos sean bienes de propiedad común, ya que sólo especifica que son comunes los tanques de almacenamiento de agua y bomba correspondiente, el "lavadero y water close" de la azotea y, en general, las partes o cosas de uso común e indispensables para mantener el edificio, resulta acorde a las disposiciones de la ley de propiedad horizontal y del reglamento lo establecido en la asamblea, que dispuso que cada propietario se hará cargo de las reparaciones de las cañerías que se extendiesen desde la arteria principal hacia los respectivos departamentos, por lo que la responsabilidad exclusiva por los deterioros sufridos por el demandante deben recaer sobre el titular del departamento que originó el perjuicio y la acción de daños y perjuicios sólo debe ser entablada contra los mismos.
Posesión, accesión de posesiones, testigos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: OSVALDO JAVIER AROZTEGUI s/ ADQUISICIÓN DE DOMINIO POR USUCAPION
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1991-05-10

Las escrituras que instrumentan las cesiones que se invocan para probar la accesión de posesión, si bien son instrumentos públicos, nada aportan en orden a la acreditación del corpus posesorio.

Deben desecharse los testimonios como prueba de hechos materiales demostrativos de la posesión, si los testigos se limitan a atribuír carácter de poseedor, invadiendo la esfera del juzgador, en lugar de aportar los elementos que permitan extraer la conclusión al respecto, a quien tiene impuesta la tarea de juzgar.
Personal municipal, aplicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Romo, Cesario José y otro c/ Municipalidad de Quilmes s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-21

No resulta aplicable el art. 2º de la ley 11.544 sobre jornada de trabajo -invocado en el caso por los actores en su carácter de agentes de un dispensario municipal-, toda vez que corresponde a la autoridad administrativa la declaración de insalubridad del lugar de trabajo.
Recurso de inconstitucionalidad, defensa en juicio, demanda, notificación
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: López, Hilaria N. c/ Empresa Manufactura de Calzado del Norte S.A. y otros s/ Recurso de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1997-10-23

Es descalificable el pronunciamiento que determina la extemporaneidad de la nulidad de la notificación de la demanda por haberse anoticiado el interesado de la existencia de la causa mediante su acceso a otra, ya que no puede reputarse, sin menoscabo del derecho de defensa, que ello suple el conocimiento de los actos del proceso y sus eventuales vicios.
Procedimiento laboral, concurso preventivo, verificación de créditos, crédito laboral, competencia laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Benítez  Guillermina  y  otro c/ Obra  Social para la ActividadDocente OSPLAD s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-23

En el supuesto en que la actora se presentó a verificar su crédito en el marco del proceso concursal y que, de acuerdo con lo aconsejado por el síndico, el Juez del concurso declaró inadmisible dicha acreencia, no cabe sino la aplicación de la disposición contenida en la última parte del art. 9 de la ley 26.086 que exceptúa de la aplicación inmediata de las modificaciones introducidas por dicha norma a la competencia material, a los casos en los que en el expediente se hubiera dictado el llamado de autos para sentencia. Así, si los procesos en los cuales se agotó la etapa de conocimiento deben permanecer radicados en sede Comercial, con más razón así debe ser en aquellos supuestos en los que el juez que entiende en el concurso se ha pronunciado sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de las acreencias. Resulta pues, incompetente la Justicia Nacional del Trabajo para seguir entendiendo en la causa.
Juicio abreviado, constitucionalidad, debido proceso, simple damnificado, facultades del fiscal
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: Sobrino, Marcelo Alberto, Fiscal General del Departamento Judicial de Azul c/  s/ ecurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 45.415 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul, seguida a Jaureguiber, Luciano
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2024-06-03

Cabe declarar la nulidad del fallo que había declarado la inconstitucionalidad del art. 402 del Código de Procesal Penal bonaerense por considerar que vulnera la garantía del debido proceso del particular damnificado, porque la instancia anterior se apartó de la controversia jurídica planteada, decidiendo una modificación del Código Procesal Penal, con desapego de las circunstancias emergentes del caso individual. Cabe destacar que, frente a la elección por parte del fiscal del procedimiento abreviado, ninguna norma constitucional o convencional, afirma que deba garantizarse al particular damnificado una suerte de derecho al veto respecto del acuerdo alcanzado.
Recurso extraordinario, cuestión federal, control de constitucionalidad, accidentes de trabajo, enfermedad accidente, indemnización por accidente de trabajo, igualdad ante la ley, Constitución Nacional
Materia: LABORAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: DARDANELLI DE CERIPER, ANA INES MARTA. c/ AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. s/ ACCIDENTE LABORAL.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-10-18

Procede el recurso extraordinario contra la sentencia que hizo lugar a la demanda por indemnización de accidente laboral y fijó el resarcimiento sobre la base del decreto n 16.130/46. Ello así, pues se encuentra planteada la invalidez de ciertos aspectos del mencionado decreto, bajo la pretensión de ser repugnante a la garantía de igualdad a que se refiere el art. 16 de la Constitución Nacional y ser la decisión adversa a los derechos que la recurrente fundó en dicha garantía (art. 14, inc. 3, ley 48).
Responsabilidad civil, responsabilidad médica, responsabilidad de los establecimientos asistenciales
Materia: CIVIL
Carátula: GUERRA, JORGE P. Y OTRA c/ HOSPITAL MILITAR CENTRAL Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-09-27

El principio de responsabilidad debe ser manejado con muchísimo tacto. Baste con pensar que acaso el profesional enjuiciado sea mucho más capaz que los expertos y que en cuestiones científicas nadie puede presumir de infalibilidad, para comprender hasta qué punto los tribunales, obligados a juzgar las cosas a través de dictámenes técnicos, corren el riesgo de equivocarse gravemente.
Delitos contra la libertad individual, reducción a servidumbre
Materia: PENAL
Carátula: " Coronel Montes, Víctor y otro s/ procesamiento ".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-04-13

" la reducción a servidumbre no implica necesariamente la privación de la libertad física de la víctima. Se sostiene que el mentado tipo penal "no resguarda la incolumidad de la libertad de desplazamiento de la persona, sino que el ámbito de tutela proporcionado por esta norma alcanza la condición de dignidad y libertad inherente a la persona en este punto, el consentimiento de la víctima carece de todo efecto jurídico que permita legitimar este tipo de relaciones serviles" (Aboso, Gustavo, "Código Penal y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial", Baigún, David y Zaffaroni, Eugenio, directores, ed. Hammurabi, Bs. As., 2008, tomo V, págs.183/5, con cita de Ricardo Núñez)"."Del mismo modo se ha expedido la jurisprudencia al considerar que "no excluye la configuración del delito de reducción a servidumbre el hecho de la permisión de la salida los fines de semana, dado que este delito no consiste en una privación de la libertad personal,sino que defiende su derecho a que sus servicios o su persona no sean materialmente sometidos al dominio absoluto de otro" (C.N. Crim y Corr, Sala I , causa n° 27.080, rta el 23/11/05 y en el mismo sentido, ver de esta Cámara, Sala I, causa n° 40.641, rta el 30/11/07, reg. n° 1452)"."Es decir, la idea que subyace en el concepto de servidumbre, abarca la anulación de la voluntad del sujeto pasivo, por eso su permanencia en esta situación, no significa una aceptación de dicha relación servil. Desde esta óptica, la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban las víctimas era aprovechada por los imputados para "obligarlas" a aceptar el tácito contrato, pues carecían de opciones dignas de trabajo debido a que la única alternativa era regresar a su país de origen, donde no tenían posibilidad laboral alguna".
Adopción, exequátur, competencia
Materia: CIVIL
Carátula: P.D.D. s/ ADOPCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-04-30

A la Cámara de Familia corresponde el análisis de mérito de los requisitos del exequatur, atento a que se trata de la adopción de personas (arts. 16 inc. 11 y 20 inc. 1ro. Ley 7676), con la participación del Ministerio Público Fiscal y del Asesor de Familia.

El trámite debe realizarse ante la Cámara de Familia por el procedimiento que la ley prevé para los incidentes, a tenor de lo dispuesto por el art. 131 de la Ley 7676. De esta manera los peticionantes y participantes del procedimiento podrán acreditar la legitimidad de su pretensión, probando la existencia del derecho extranjero aplicable al caso y que dichas normas se ajustan a las previsiones del art. 986 del C.P.C., con lo que obtendría fuerza legal en nuestro país la resolución dictada por el juez extranjero.-
Daños y perjuicios, accidente de tránsito, indemnización, seguros, transporte de pasajeros
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: VÁZQUEZ,  José  Eduardo c/ MENTABERRY,  Ricardo Julio y otro s/ HOMOLOGACIÓN DE ACUERDO - LEY 24.573.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-22

La declaración de inconstitucionalidad del art. 4° del anexo II de la Resolución N°25.429/97 de la Superintendencia de Seguros de la Nación a efectos de condenar a la aseguradora del transporte público de pasajeros a que abone al damnificado el total de la deuda en forma concurrente con la empresa asegurada es procedente sea o no la víctima pasajero, pues el seguro las ampara por igual. Es que, la ley no podría tratar en forma diferente a las víctimas por ser o no pasajeras, ya que se atentaría contra el principio de igualdad ante la ley, menos aún podría entonces hacerlo la interpretación de los jueces.
Cuidado personal compartido, plan de parentalidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: C., F; C., A; C., N.; C., M. s/ art. 10 ley 10067
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-05-21

Estas manifestaciones de las relaciones intersubjetivas parentales, conocidas como "visitas" son de profunda trascendencia espiritual para todos los protagonistas en la vinculación familiar.