marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo, prescripción, plazo, cómputo del plazo
Materia: LABORAL
Carátula: Miño, Ramón c/ Servicio Agua y Mantenimiento Empresa del Estado Provincial (S.A.M.E.E.P.) s/ Accidente ley 9688
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1998-06-30

Con la reforma de la Ley 23643 se establece un criterio para determinar el comienzo del plazo de prescripción de la acción, tanto de aquella que tenga como causa un accidente como una enfermedad de trabajo, haciendo referencia a la "toma de conocimiento de la incapacidad por parte del trabajador, a cuyo efecto se requería también que este último supiera el grado definitivo sufrido", las causas laborales que lo determinaran, la irreversibilidad del proceso incapacitante y que ha culminado el proceso de agravamiento de la incapacidad progresiva; la ley 24028 en su art.12, para los accidentes como para las enfermedades de trabajo que provocan incapacidades permanentes, total o parcial, fija el punto de arranque de prescripción al momento de la consolidación del daño, de modo pues que a la empleadora le basta con acreditar que el actor usando la diligencia de un buen trabajador (argumento art. 63 ley 20744), debió tomar conocimiento que se hallaba incapacitado en forma permanente; habida cuenta, que a los fines de la prescripción para la Ley 24028, no importa la precisa graduación técnica de la incapacidad.
Cesantía, motivación del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Romero, Carlos Alberto c/ Municipalidad de Lobos s/ Demanda contencioso administrativa Faragó, Jorge Eduardo c/ Municipalidad de Adolfo González Chaves s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-05-13|2003-10-22

Resulta tan insuficiente como inaceptable la pretensión de fundar la severidad de la pena aplicada en la supuesta ejemplaridad de la misma ("evitar reiteraciones en casos similares", según sostuvo la demandada), desde que ello repugnaría a los principios de derecho de un régimen republicano, específicamente el derecho a ser sancionado con una pena cuya severidad sea proporcional a la gravedad de la falta cometida y al bien jurídico tutelado y no teniendo en cuenta el "sano temor" que pudiere inspirar en terceros.
Defraudación, prenda
Materia: PENAL
Carátula: ESTELA MARIS IBAÑEZ, MARTA LIRA DEL VALLE DIAZ, CITIBANK Y OTROS c/ BALDASARRE ERNESTO, HABERKORN HERNAN, BADESSICH CLAUDIO CASSARINO, DE ANCHORIS DANIEL ENRIQUE, HABERKORN FERNENDO DENEDITO, HABERFORN GABRIELA ROXANA s/ ASOCIACION ILICITA, ESTAFA, FALSEDAD IDEOLOGICA DE INSTRUMENTO  PUBLICO Y ESTAFA EN FUNCION DEL ART. 45 DEL CODIGO PENAL EN CONCURSO  REAL DE DELITOS CITIBANK Y OTROS c/ BALDASARRE ERNESTO, HABERKORN HERNAN, BADESSICH CLAUDIO CASSARINO, DE ANCHORIS DANIEL ENRIQUE, HABERKORN FERNENDO DENEDITO, HABERFORN GABRIELA ROXANA s/ ASOCIACION ILICITA, ESTAFA, FALSEDAD IDEOLOGICA DE INSTRUMENTO  PUBLICO Y ESTAFA EN FUNCION DEL ART. 45 DEL CODIGO PENAL EN CONCURSO  REAL DE DELITOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2001-11-26

Tratándose de una institución de crÚdito que tiene sucursales o agencias en diversos puntos del país, se considera como asiento del patrimonio perjudicado por el delito de defraudación prendaria el del lugar donde se halla la agencia o sucursales que concedió el prÚstamo con garantía prendaria.
Sanciones disciplinarias administrativas, acto administrativo, motivación del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Lara, Miguel Alberto c/ Municipalidad de Tres Arroyos s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-05-09

La deficiencia de motivación torna irrazonable el acto e invalida la sanción pues, amén de no permitir al agente una suficiente defensa de sus derechos, vulnera el principio republicano de que toda Administración debe dar cuenta de us actos. Máxime si se tiene en cuenta que la justificación requerida hace al meollo de la cuestión planteada como en el caso: el derecho del agente sumariado a la susodicha indemnización, desde que la normativa aplicable preserva su reconocimiento y pago con el descuento pertinente si la penalidad se limita a suspensión y, en cambio, lo fulmina si de las actuaciones resulta que corresponde aplicar sanción expulsiva (art.

24, ley 11.685).
Notificación, debido proceso, objeto del proceso
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Spina, León José c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-10-11

La debida notificación de las distintas etapas del proceso tiene por objeto conceder a los interesados la oportunidad de ejercer con amplitud el debido proceso, y plantear las cuestiones que crean conducentes para la correcta solución del litigio. Asimismo, cuando está en juego el instituto procesal de la notificación, es adecuado indagar, por su sentido, desde la óptica constitucional. Esto es obvio en tanto asegura a los interesados en decisiones judiciales que hacen a sus derecho la defensa en juicio, evitando que se desconozcan actuaciones producidas en los estados judiciales que podrían afectarlos (cfr. C.S.J.N., sent. del 24.03.92, E.D. 148-385).
Seguros, intereses, cómputo de intereses
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Gamboa, Cynthia Carina y otro c/ Aseguradora Federal Argentina SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-09-06

En cuanto al cómputo de los intereses respecto del capital que adeuda la aseguradora en concepto de indemnización por un siniestro, cabe precisar que de conformidad con lo normado por la ley 17418: 56 y 49, se arriba al punto de partida de los réditos sumando los plazos de ambos artículos. Ergo, el asegurador cuenta con cuarenta y cinco días para pagarle al asegurado, resultando el vencimiento de esa fecha el "dies a quo" para el cálculo de los intereses (CNCom, Sala B, "Martínez, Miguel Ángel c/ AGF Allianz Argentina Cía. de Seguros SA s/ ordinario" del 16-12-05; íd. "Ledesma, Irma c/ Protección Buenos Aires Cía. de Seguros SA s/ ord." del 27-12-06, entre otros).
Accidentes de trabajo, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: Torres, Umberto Daniel c/ Sade Vigesa Montajes S.A. s/ Indemnización por accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-06-24

Las contingencias anteriores a que se refiere la Ley 24.557 son los accidentes y enfermedades profesionales ocurridos con anterioridad a la vigencia de la misma ley y no incluye las enfermedades laborales no profesionales que contemplaba la ley 24.028. A los accidentes de trabajo producidos antes de la vigencia de la Ley 24.557, consolidados o no, pero con conocimiento del empleador, no les será aplicable la ley nueva y se regirán por la ley anterior.
Enfermos mentales, internación, derechos de los enfermos mentales
Materia: PROCESAL
Carátula: R., M.J. s/ INSANIA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-19

Los pacientes institucionalizados, especialmente cuando son recluidos coactivamente sin distinción por la razón que motivó su internación, son titulares de un conjunto de derechos fundamentales, como el derecho a la vida y a la salud, a la defensa y al respeto de la dignidad, a la libertad, al debido proceso, entre tantos otros. Sin embargo, deviene innegable que tales personas poseen un estatus particular, a partir de que son sujetos titulares de derechos fundamentales con ciertas limitaciones derivadas de su situación de reclusión. (Sumario confeccionado por el SAIJ)
Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia, pautas orientadoras, honorarios, regulación de honorarios, ley arancelaria
Materia: PROCESAL
Carátula: INCIDENTE DE VERIFICACION DE CREDITO (B.C.R.A.) EN LUMA S.A.   -QUIEBRA s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - INCIDENTE DE VERIFICACION DE CREDITO -QUIEBRA (EXPTE.: C.S.J. NRO. 433 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-05-21

El Máximo Tribunal nacional ha dicho que "corresponde practicar las regulaciones conforme a la importancia de la labor cumplida, sin sujeción a los límites mínimos establecidos en la ley arancelaria (art. 13 de la ley 24.432), ya que la aplicación lisa y llana de los porcentajes previstos en el arancel aplicados respecto del monto del pleito ocasionaría una evidente e injustificada desproporción entre la importancia del trabajo efectivamente cumplido y la retribución que en virtud de aquellas normas arancelarias habría de corresponder" ; como así también que "el artículo 13 de la ley 24.432 no es una orientación de seguimiento mecánico sino una excepción que requiere una seria fundamentación, y la mera invocación de la norma no justifica cualquier apartamiento de las reglas del arancel".
Concursos, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Battistelli Néstor y Soto de Battistelli Ermelinda B. s/ Concurso Preventivo -Incidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-02-25

Dado la naturaleza de la impugnación al informe individual del síndico, que no es factible de sustanciación en ese estadio procesal, sino en la oportunidad a que refiere el art. 38 de la Ley 19551, no corresponde sanción en costas.
Obligaciones solidarias, aplicación de la ley, estación de servicio, mercados, improcedencia del recurso
Materia: LABORAL
Carátula: Ansaldi, Rosa c/ Bernigaud, María de los Ángeles y otros s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-08-11

En el caso, no resulta operativa la primera parte del art. 30, LCT (cesión parcial o total del establecimiento o explotación habilitado a su nombre), puesto que el local alquilado por la demandada Bernigaud, no se encontró habilitado a nombre de Barraca del Norte SRL, sino de la propia locataria. La disquisición apuntada cobra particular relevancia en el caso de autos, ya que las locaciones o concesiones de minimercados son actividades que necesariamente requieren una habilitación especial (ya sea en el ámbito municipal, sanitario, impositivo, entre otras). Y el dato relativo a quién resulta ser el titular del permiso de explotación -en mi opinión- es un elemento importante a considerar al momento de determinar el encuadramiento o no en la norma en cuestión. Nada apunta a señalar a la sociedad recurrente como la prestadora habilitada del minimercado "Yamandu" al momento del ingreso de la actora, sino más bien todo lo contrario, aparece como única habilitada para brindar ese servicio la coaccionada Bernigaud. Tampoco encuentro aplicable la segunda parte del art. 30 LCT (Voto Romero, en disidencia)
Sucesiones, competencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gomez, Sara Delia s/ Sucesión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-04-01

La ley ha establecido un principio objetivo para la determinación de la competencia territorial en materia sucesoria al disponer que es el último domicilio del causante el que ha de fijar el lugar en que se abre la sucesión y jurisdicción de los jueces (arts. 90 inc. 7 y 3284 primer párr. del Código Civil). A su vez, el art. 3 inciso 6 de la ley 9229 (texto según ley 10571), autoriza al peticionario que tenga domicilio real en el ámbito territorial de competencia del juzgado de Paz Letrado pertinente, a optar, cuando dicho órgano fuere competente con arreglo a lo normado en el Código Procesal Civil y Comercial y a la mencionada ley, para acudir al juzgado de Paz Letrado o ante el juzgado de primera instancia en lo Civil y Comercial del departamento judicial que corresponda a su domicilio.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de casación, cuestiones de hecho y prueba, interpretación del contrato, contratos administrativos, apreciación de la prueba, absurdo, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL
Carátula: Visor Consultora S.R.L. c/ Comisión Especial Ley 2312 y/o Provincia de Río Negro s/ Ordinario s/Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2003-07-11

"La interpretación de los contratos, de la intención, voluntad y cometido de las partes en su cumplimiento, como también lo relativo a la prueba, queda librado a la apreciación de los jueces de la instancia ordinaria, siempre que no se alegue y demuestre violación de las reglas de derecho relativas a tal interpretación y a la distribución y carga de la prueba, o absurdo o arbitrariedad, que quite al pronunciamiento el mínimo de coherencia necesaria para darle sustento".
Competencia federal, partidos políticos
Materia: PROCESAL-POLITICO Y ELECTORAL
Carátula: Unión Cívica Radical s/ su reorganización.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-02

Cuando una entidad partidaria funciona tanto como partido provincial cuanto de distrito, pero con autoridades únicas a ambos fines, lo concerniente a estas últimas es regido por normas federales y pertenece consecuentemente a la competencia de la justicia federal.
Recurso de casación, sentencia definitiva
Materia: PENAL
Carátula: Ministerio Público Fiscal s/ Recurso interpuesto en la causa 4764 del Juzgado Federal n° 1 de Morón
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-11

El archivo dispuesto por atipicidad del hecho imputado o por mediar una condición de procedibilidad, encuadra en las previsiones del artículo 457 pues paraliza el proceso ya que su efecto sobre la acción penal, es definitivo en cuanto se impide su promoción o prosecución válida haciendo imposible la continuación de las actuaciones.
Recurso extraordinario de nulidad, cuestión esencial
Materia: LABORAL
Carátula: Luisi, Guillermo R. y otro c/ Cooperativa de Trabajo SILA y otro s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-04-27

El recurso extraordinario de nulidad resulta inadmisible toda vez que los agravios planteados han sido tratados en el fallo, no constituyendo cuestión esencial en los términos del art. 168 de la Constitución de la Provincia los argumentos desarrollados por las partes en apoyo a sus pretensiones. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Concursos, concurso preventivo, acuerdo preventivo, propuesta de acuerdo preventivo, período de exclusividad, facultades del acreedor, espera, quita
Materia: COMERCIAL
Carátula: ARCANGEL  MAGGIO s/ INC.  DE  IMPUGNACION  AL ACUERDO PREV. (LL31.8.04, F 107992).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-05-03

Si el deudor propone quita y espera, se impone un análisis de la situación a fin de establecer si realmente se respetan los parámetros legales -ley 24522 art. 43-parr. 1 y 3-, que fija en el 40% la fracción mínima de los créditos que el deudor debe ofrecer pagar para que su propuesta sea valida, o se convierta en un subterfugio para eludir esa porción que el deudor debe actualmente ofrecer, tanto mas cuando pospone una parte sustancial de la deuda hacia el final del plazo, lo que parece evidenciar un propósito de durar tanto como sea posible mas que el de sanear la empresa.
Juicio de desalojo, comodato precario, oportunidad procesal
Materia: CIVIL
Carátula: SALVADOR MARINARO E HIJO S.R.L. c/ GALVAN, Antonio; CAMPOS, Yolanda Beatríz y PARTIDO BLANCO DE LOS JUBILADOS s/ DESALOJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1994-06-22

Si no se probó la relación locativa, habiéndose insinuado la existencia de un comodato, la ley presume su precariedad salvo prueba en contrario. En tal supuesto puede el comodante pedir la restitución de la cosa cuando quisiere procediendo la acción restitutoria por la vía del desalojo.
Acción penal, prescripción
Materia: PENAL
Carátula: D.P F.J.; M.D. Y P.L.J.G. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - INFRACCION ART. 13 Y 88 DEL CODIGO DE FALTAS (EXPTE.: C.S.J. NRO. 184 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-12-26

a extinción de la acción penal es de orden público y ella se produce de pleno derecho por el sólo transcurso del tiempo pertinente, ya que la declaración de prescripción resulta consustancial con la garantía de defensa en juicio; por ende, si ella se encuentra extinguida, ha cesado el poder punitivo -como contenido el proceso- y el objeto de éste desaparece.
Transacción, terminación del proceso, actos y diligencias procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: Murguía,   Elena   Josefina c/ Green,   Ernesto  Bernardo s/ cumplimiento de contrato.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-11

Si bien la transacción como contrato no puede perjudicar a terceros por aplicación del efecto relativo, desde el punto de vista procesal extingue al proceso, de modo que puede y cabe distinguir, los efectos sustantivos inoponibles de los procesales oponibles, ya que se trata de un contrato con repercusiones procesales (Voto del Dr. E. Raúl Zaffaroni).
Cobro de sumas de dinero, entrega del certificado de trabajo, asociaciones sindicales
Materia: LABORAL
Carátula: Ferroni Nestor Miguel c/ Distribuidora Nani Hernos SRL y Otros s/ cobro de pesos y entrega de certificación laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-08-02

El Procedimiento Preventivo de Crisis que contemplan los arts. 98 y ss. de la Ley 24.013 es un instituto típico del Derecho Colectivo del trabajo, segmento jurídico que tiene como protagonistas no a un trabajador aislado -como podría ser el actor-, sino a sujetos representantes de intereses de un sector gremial o corporativo. Los arts. 99 y 100 dejan muy claro que las "partes" entre las que la autoridad estatal debe sustanciar el PPC son el empleador y la asociación sindical. Siendo así, cuando el art. 103 -en que busca apoyarse la SRL codemandada- indica que "Si las partes...arribaron a un acuerdo.." nunca puede referirse a un trabajador en solitario. Esto implica que el actor no estuvo personalmente representado por nadie en el PPC iniciado por aquella SRL; que no tuvo "asesoramiento" o amparo del gremio de los camioneros; y menos que tuvo "patrocinio letrado" como quiere hacerlo ver esa recurrente. Por sobre todo esto es dable calificar de absurda la pretensión de que la Justicia tenga por "homologado" un acuerdo particular, celebrado entre un trabajador y un empleador, en el marco de un cuestionado PPC, cuando el objetivo de este trámite nunca podría ser este (Voto Ronconi. Adhesión Romero)
Recurso de queja (procesal), auto de procesamiento, notificación a letrados anteriores, procedencia del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: ANNER, Fernando Javier. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-11-07

Las notificaciones que por la naturaleza del acto exigen el conocimiento particular y complementario de la parte son, como regla general, aquéllas relacionadas con la necesidad de su presencia, o que por su trascendencia, pueden afectar su patrimonio o libertad, como las concernientes al procesamiento, embargo de bienes, excarcelación o exención de prisión.

Es necesaria la notificación al imputado del dictado del auto de procesamiento dada su naturaleza jurídica y en cuanto es el principal interesado en tomar conocimiento acerca de su situación procesal.

Procede hacer lugar al recurso de queja articulado por la defensa si, pese a que el término para apelar el auto que decreta el procesamiento ha sido excedido, si la notificación del auto decisorio fue diligenciada al domicilio constituido por el imputado correspondiente al de su anterior defensor, quien no le habría informado acerca de ella.
Recurso de inconstitucionalidad, procedencia del recurso, legitimación procesal, herederos, partida de defunción, prueba, apreciación de la prueba, doctrina de la arbitrariedad, apartamiento de las constancias de la causa
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: BANCO HIPOTECARIO S.A. c/ LEIVA, RAMON R. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -EJECUCION HIPOTECARIA (EXPTE.:   C.S.J. NRO. 36 AÑO 2005)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-02-15

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad desde que los sentenciantes -al declarar la nulidad de la presentación de la recurrente por carecer de legitimación para obrar - se han apartado de expresas constancias de la causa, adoptando una solución que por ello no satisface las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción que acuerda la Carta Magna local.

En el caso, la decisión de la Sala se sustentó en la tesis de que la recurrente no había acreditado suficientemente el fallecimiento de su padre, al limitarse a presentar "una copia simple de la partida de defunción", aserto que resulta inconciliable con la comprobación de que el certificado o "inscripción de defunción" ante el Registro del Estado Civil del progenitor se hallaba debidamente certificado en su reverso, al igual que el certificado de defunción de su cónyuge.

En tales condiciones se advierte la concurrencia de un típico defecto de arbitrariedad -apartamiento evidente de las constancias comprobadas de la causa y consecuente formulación de meras afirmaciones dogmáticas- que afecta irremediablemente la validez del pronunciamiento a la luz de las exigencias de fundamentación suficiente impuestas por el artículo 95 de la Constitución de la Provincia.
Abuso sexual, violencia de género, sentencia condenatoria, graduación de la pena
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Jara, W. N.  c/  s/ abuso sexual
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2023-03-02

La situación de violencia de género debe tenerse en consideración a la hora de medir la pena justa al caso, como un componente a incorporar en el principio resocializador. La obligación de debida diligencia estatal ante situaciones de violencia de género impone una consideración concreta en la etapa de imposición de penas en el ámbito penal.
Imputado no procesado, designación de perito
Materia: PENAL
Carátula: ETCHARRAN, Marcelo s/ PRUEBA PERITOS. IMPUTADO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-10-30

El art. 236, 2da. parte, del C.P.C. luego de la sanción de la ley 22 383 acuerda al imputado idénticas garantías y facultades que el procesado, entre las que se incluyen el derecho de proponer peritos.

Por otra parte, ya la jurisprudencia anterior había admitido que el imputado podía proponer a su costa la designación de peritos (conf.

causa 13.114, "Zandavalli", Sala III, 3/8/80).-
Recurso de inconstitucionalidad, competencia, Corte Suprema de Justicia de la Nación, contratos administrativos, cláusulas exorbitantes
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: PROVINCIA DE SANTA FE c/ FRATTINI, DARIO s/ DEMANDA ORDINARIA.    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.     CSJ EXPTE NRO 273-85
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-06-24

Si la Cámara ha resuelto la incompetencia de la justicia ordinaria para entender en el caso planteado, el negar la admisión del recurso de inconstitucionalidad no importaría declinar la competencia de la Corte; sin embargo, las circunstancias exigen declararlo admisible, pues si bien el Cuerpo no puede ser privado de su propia competencia, por lo cual está facultado para decidir al respecto de oficio, tampoco le pueden ser atribuidas causas en que no le corresponde intervenir, lo que justifica el análisis de los planteos del recurrente, al tratar de la procedencia del recurso En el caso, la Provincia de Santa Fe demandó el cobro de una liquidación por el costo de los servicios pactados (inseminación artificial de animales vacunos) ante la justicia ordinaria, lo que fue consentido por la demandada y no mereció objeción del Juez de Primera Instancia. Pero al entender la Cámara por vía de apelación, de oficio decidió que se trataba de un contrato administrativo, por contener cláusulas exorbitantes, y que en consecuencia era competente la Corte Suprema de Justicia, por vía del recurso contencioso administrativo.
Daños y perjuicios, daño moral, beneficiarios de la indemnización civil
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Nievas Roberto por sí y sus hijos menores c/ Juan Lorenzo Attaguile y Cayetano Attaguile y La Mercantil Andina s/ d - y p (LIBRO: S154 - 132)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1996-08-20

No puede disminuirse la indemnización por tratarse de una familia numerosa, ya que el reclamo de cada uno de los accionantes es individual, debiendo resarcirse el daño efectivamente sufrido.