Proceso penal, acción civil
Materia: PROCESAL PENAL -CIVIL
Carátula: BAIADERA, FLORINDO VICTOR s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-12-28

En el proceso penal rige, por regla, el llamado principio de investigación judicial autónoma, en virtud del cual el Tribunal puede practicar de oficio, durante la instrucción, todas las diligencias útiles para el descubrimiento de la verdad (art. 202 C.P P.) y durante el juicio, aquéllas, taxativamente enunciadas (art.

369, segundo párrafo, 370, 378 inc. 6to., 403, 404, 411 C.P.P.).

Ese principio implica que por un lado, la actividad probatoria del órgano jurisdiccional, se desenvuelve por su propia decisión (de oficio), sin estar condicionada a petición alguna de los sujetos procesales, y por el otro, que el desenvolvimiento de ella es independiente de que exista o no controversia de partes, acerca de los hechos sobre los que recaerá.

Se trata, en suma, de una potestad autónoma de la controversia (sobre la existencia de los hechos) y de la iniciativa probatoria de las partes.

El carácter público e indisponible de la pretensión penal del estado, justifica la vigencia de este postulado, cuya justa satisfacción sólo será posible sobre la base del descubrimiento de la verdad real acerca de los hechos que le dan fundamento. De allí que no se considere conveniente limitar la actividad del Tribunal a la mera recepción de las pruebas ofrecidas a las partes, ni a la investigación exclusiva de los hechos por ellas controvertidos, pues tal limitación podría importar que aquella no pueda ser descubierta Sin embargo, la vigencia de esta potestad de la investigación jurisdiccional autónoma, indiscutible en cuanto a la cuestión penal, tendrá algunas limitaciones al respecto de la cuestión civil que pudiera haberse planteado en el proceso, derivada de la naturaleza privada y disponible de la presentación resarcitoria, cuales son: a) en la medida en que la existencia y extensión del daño causado por el delito (extremos de la pretensión civil) sean circunstancias también relevantes desde la óptica del bien jurídicamente protegido por la norma penal que se pretende actuar en el caso concreto (vgr.

perjuicio en la defraudación, inhabilitación laboral en las lesiones) será correcto admitir, respecto de ellas, la vigencia de la potestad autónoma de investigación, en sus dos proyecciones ya señaladas, en cuyo caso la coincidencia entre el interés público y el privado, legitima esta solución.

Pero, si se tratara, de hechos atinentes exclusivamente a la cuestión civil,por carecer de toda relevancia jurídico penal (por ejemplo quienes son los terceros civilmente damnificados por el homicidio) el l Tribunal carecerá de atribuciones para producir de oficio,prueba sobre ello,tanto si no fueron controvertidos, como si habiéndolo sido, los interesados omitieron la actividad probatoria necesaria para acreditarlos. Así lo exige, naturalmente, la característica de privada y disponible de la pretensión resarcitoria y la igualdad que debe regir entre las partes en este aspecto.

En definitiva, cuando se trate de cuestiones de naturaleza puramente penal o mixtas, el principio de investigación autónoma del tribunal de juicio, rige plenamente. Distinto es el caso, cuando se está en presencia de cuestiones netamente privadas, como en el caso, en el que no quedó el más mínimo resquicio de responsabilidad penal pues el imputado fue absuelto porque no se pudo demostrar la autoría del entonces imputado.-