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Proceso penal, imputado, audiencia de conocimiento personal, leyes, principio de inmediación
Materia: PENAL
Carátula: F., O. s/ Robo calificado por el uso de arma (Expte Nº 47-99, Resolución Nº  71, Tomo 6, Folio 189)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-10-08

Siempre en el marco de la indagación de posible afectación de alguna norma constitucional, entiendo que en cuanto hace a la idea de que un proceso para ser tal, esto es, para satisfacer la concepción de l o que es el debido proceso legal, requiere un mínimo de inmediación que permita el conocimiento personal del imputado por el juez de la causa, el fundamento normativo con jerarquía constitucional que puede hallarse para sustentar la exigencia del art. 41 del Código Penal, radicaría en la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) en cuanto establece como garantía judicial el derecho de todo imputado de ser oído por un juez competente.
Recurso de casación civil, compraventa, remito, prueba del contrato
Materia: CIVIL
Carátula: GRAZIOSI MARIO ALBERTO c/ HERMINIO GEREZ Y OTRO s/ COBRO DE AUSTRALES-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1994-06-01

En materia de compraventa, la documentación probatoria se limita exclusivamente al remito o factura los cuales demuestran que la compradora recibió de conformidad las mercaderías que ellos especifican y constituyen así como las facturas, la prueba por excelencia de la ejecución del contrato.
Daños y perjuicios, indemnización, daño material, lucro cesante
Materia: CIVIL
Carátula: GUILLERMO TORRES Y OTRA. c/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES. s/ DAÑOS  Y PERJUICIOS- DETERMINACION DE LA INDEMNIZACION- DAÑO MATERIAL   LUCRO CESANTE- RESPONSABILIDAD DEL ESTADO- INUNDACION.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-12-17

En el caso en que se hizo lugar a la demanda por los daños producidos a raíz de la inundación de campos, corresponde indemnizar el lucro cesante, tanto el ya operado como el futuro, toda vez que este último aparece como un efecto aún no sucedido pero que se producirá con certeza objetiva dentro del curso natural del fenómeno.
Alimentos, cuota alimentaria, deber de asistencia entre cónyuges
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Punzi, René Roberto y Arca de Punzi, Laura Dora s/ Divorcio-Art.67 Bis L.M.C.-Inc. de aumento cuota alimentaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-06-30

No debe dejar de computarse la conducta del alimentante, en orden a no permitir una correcta determinación de su caudal de ingresos, que provienen de una profesión liberal y siendo de difícil determinación por la variabilidad de los mismos, el demandado ha actuado con reticencia, no dando a conocer elementos indispensables para poder arribar a una sentencia justa para ambas partes.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Costas, allanamiento, oportunidad procesal, declaración de rebeldía
Materia: PROCESAL
Carátula: STEIN JORN, SIMON EDUARDO c/ SIBAMA  S.A. s/ COSTAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-15

El allanamiento no revistió el carácter de oportuno pues la accionada no contestó la demanda, por lo que fue declarada rebelde;

por ende, el ulterior reconocimiento de la razón que asistió a su contraria, no la exime de la atención de los gastos del proceso, pues compelió infundadamente a aquella a litigar.
Apreciación de la prueba, sentencia condenatoria
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Vera, Carlos Víctor s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-03-09

Las diversas pruebas analizadas en la sentencia permiten tener por acreditada con el grado de certeza requerido para un pronunciamiento condenatorio, la materialidad de los hechos y la participación que en ellos tuvo el imputado, sin que las críticas formuladas por la defensa logren conmover lo resuelto como acto jurisdiccional válido. De tal modo, las observaciones del defensor en cuanto a que no se habría tenido en cuenta la versión exculpatoria del imputado, no pueden servir como fundamento para derribar el cargoso cuadro probatorio analizado por el juez, máxime cuando el magistrado señaló razonadamente los argumentos en virtud de los cuales el descargo del imputado no era creíble. (Dres. Ledesma, David, Slokar).
Colegio Público de Abogados, tribunal de disciplina, potestad disciplinaria, abogados, sanciones disciplinarias
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: R., P. A. s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Reconstrucción de la causa. Sanción  impuesta por el Tribunal de Etica del Colegio de Abogados (Expte.   CSJ Nº 684-98)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-10-20

Sanciones como la impuesta por el Tribunal de Ética del Colegio de Abogados al recurrente -suspensión del ejercicio profesional por el término de seis meses- representan la privación -aunque sea temporal- de un bien (el derecho al ejercicio profesional, comprendido en el más amplio derecho a trabajar -arts. 14 y 20 de las Constituciones nacional y provincial, respectivamente-), que en abstracto aparece justificada por la transgresión de reglas de conducta cuyo castigo se ha atribuido legislativamente por vía de delegación a esa entidad de base corporativa, que ejercita así una "potestad sancionatoria pública", que reviste neto carácter de función pública, y que no es sino una variante segmentada del ejercicio de la policía que el Estado confía, por distintas razones de política jurídica, a diversos órganos.
Pena, graduación de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Mokalled, Jacinto y otro s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-10-17

No corresponde valorarse como agravante en los términos del art. 41 inc. 2º del Código penal ni, por ende, disponer el aumento de la pena si el Fiscal de Cámaras denunció la transgresión de los arts.

50 y 51 del Código Penal solicitando la declaración de reincidencia, pues no habiéndose requerido la aplicabilidad del art. 41 inc. 2º ello significaría quebrantar la prohibición de la "reformatio in pejus". (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Principio de congruencia, principio dispositivo
Materia: PROCESAL
Carátula: M., F.A. c/ F. G. s/ Cobro de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-02-24

"El principio de congruencia consagrado en el artículo 34, inc. 4 y 163, inc. 6 del Código Procesal es una de las manifestaciones del principio dispositivo y consiste en que la sentencia debe guardar estricta correlación con lo pretendido en la demanda o reconvención, con las cuestiones oportunamente planteadas por las partes en los escritos con los cuales se ha trabado la litis".
Prueba confesional, personas jurídicas, representante legal
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: GONZALEZ, José Raúl c/ A.B.C. PRODUCCIONES s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1993-02-04

La absolución de posiciones de una persona jurídica debe hacerse a través de su representante legal y no de los apoderados judiciales, ya que aquél es quién representa legal y estatutariamente a la persona jurídica demandada. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Cuestiones de competencia, competencia por el territorio, lugar del hecho, competencia penal, estafa, cheque
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Martínez, Carlos Alberto s/ denuncia.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-02-25

Es competente para entender en la estafa con un cheque, el juez del lugar donde fue entregado.
Reajuste jubilatorio, recursos de la seguridad social, limitación de recursos económicos, derechos y garantías constitucionales, igualdad ante la ley, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: DANERI, JORGE ALBERTO c/ A.N.Se.S. s/ HABERES PREVISIONALES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-07-16

Si la intención del legislador ha sido facilitar con un juicio de conocimiento pleno el debate amplio y oportuno de las posiciones de las partes en contienda, favoreciendo así una mejor defensa de los derechos articulados, no se ve razón lógica de introducir la excepción de limitación de recursos, cuestionable no sólo desde el punto de vista temporal -ya que hace a la etapa ejecutiva más que a la instructiva- sino también esencial al llevar una cuestión extraprocesal -la situación económica del deudor- a una categoría de excepción o defensa procesal, con detrimento de los principios de igualdad entre las partes, derecho de defensa y todas aquellas garantías consagradas en nuestra Carta Magna, que ocioso sería repetir por tan conocidas y, a veces, tan arbitrariamente ignoradas (cfr. Sala II, sent. del 11.04.97, "Ciampagna, Rodolfo Nicolás").
Acción de amparo, costas, derecho de propiedad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: PAZ, ALFREDO SABIEN c/ A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-14

Si en una acción de amparo se concluyera que la ley 24.463 prevalece en su aplicación por sobre el principio general que en materia de imposición de costas contemplan tanto el Código ritual en su art. 68 como la propia ley 16986, se vulneraría el art. 16 de la C.N. en cuanto a la garantía de igualdad que todos los litigantes merecen ante los tribunales de la República, y se lesionaría el derecho inviolable de propiedad del vencedor en la medida que su patrimonio, pese al reconocimiento judicial de su verdad, se disminuiría ilegítimamente. (Del voto del Dr. Fernández)
Accidentes de trabajo, presupuestos de responsabilidad, enfermedad profesional
Materia: LABORAL
Carátula: SILVEYRA JUAN PEDRO c/ PREVENCION ART S.A. s/ ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENFERMEDAD PROFESIONAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2014-03-19

Cuando la pretensión se funda al amparo de las normas del derecho civil -"extrasistémico"-, lo cual implica que su procedencia se encuentra sujeta a presupuestos condicionantes y específicos más estrictos que los contemplados por la Ley de Riesgos del Trabajo, se asume la carga de acreditar todos los requisitos que hacen a la responsabilidad civil, es decir debe probar el hecho, el factor de atribución, el daño y la relación causal adecuada, incluyendo los incumplimientosde las obligaciones de control y prevención endilgados a la ART.
Haber jubilatorio, pago, Administración Nacional de la Seguridad Social, régimen de consolidación de deudas, derechos y garantías constitucionales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: PREZIUSO, Lorenzo c/ A.N.Se.S. s/ SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-07-08

Corresponde ordenar a la A.N.Se.S. abonar al titular en efectivo los importes devengados desde el cese laboral y hasta el otorgamiento de la jubilación ordinaria, aún por el período posterior al 01.04.91, ya que considerar dicha parte del crédito incluida en los planes de consolidación de deuda (leyes 23.982 y 24.130) vulnera en forma directa e inmediata los derechos constitucionales consagrados en los arts. 17 y 18, como asimismo el art. 14 bis que protege al titular no solo en el parágrafo tercero sino también en el primero, dado que el trabajador no deja de serlo -como categoría social- cuando pasa a la mal llamada pasividad, y al cesar en sus tareas prevé las normas y pautas que regirán su futura condición de jubilado; existiendo una estrecha relación entre la intangibilidad del salario y la protección del haber previsional.
Derecho procesal, partes del proceso, intervención de terceros, citación judicial, efectos entre partes, desistimiento, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Muiño Vigo, Carlos Alberto c/ Galanzino, Carlos Fabián y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-01

Procede revocar la resolución que tuvo por desistida de la citación de tercero solicitada por la actora, en relación a cierta sociedad. Ello por cuanto, en el caso, de las constancias obrantes en el expediente, surge que, oportunamente, libró la cédula a los fines de obtener la citación cumpliendo así con lo ordenado por el magistrado. Tal acto demuestra el interés que tiene la recurrente en cumplir, circunstancia que impediría tenerla por desistida. En ese marco, si bien se aprecia que, desde que la cédula fue devuelta y hasta el dictado de la resolución apelada, la actora no solicitó el libramiento de una nueva cédula u otra medida a los fines de conocer el domicilio de la tercera, no puede desconocerse que durante dicho lapso, el expediente estuvo varias veces a despacho en virtud de la presentación de las demandadas en autos, lo que podría haber impedido la activación de la citación en cuestión. Tampoco puede soslayarse que la inacción no se produjo durante un lapso que pudiera ser considerado excesivo o demostrativo de la ausencia de interés por parte de la actora de efectivizar la citación en cuestión. Así las cosas, dando preeminencia al derecho de defensa en juicio, estímase que corresponde acceder a la pretensión de la actora.
Expropiación, bienes inmuebles, despojo, notificación, actos y diligencias procesales, consentimiento
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PROVINCIA DE SANTA FE c/ RODRIGUEZ, HUGO ALBERTO s/ EXPROPIACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2011-08-24

Corresponde rechazar el pedido de que se deje sin efecto la toma de posesión efectuada por la Provincia sobre el inmueble expropiado con fundamento en la falta de comunicación previa, toda vez que la apoderada del expropiado se notificó personalmente en Secretaría del decreto por el cual se fijaba fecha y hora para aquella diligencia, lo que torna inadmisible la ilegitimidad planteada por ser su presentación fruto de una reflexión tardía, en virtud de que la inactividad de la parte importó su consentimiento a la realización del acto de toma de posesión que le impide introducir la invalidez del mismo con posterioridad. Siendo ello así, no se ha configurado la vulneración del derecho de defensa invocado.
Intereses moratorios, tasa activa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: HUAQUINCHAY VIUDA DE MASS, TERESA JESUS c/ CANTERAS Y CALERAS EL REFUGIO S.A. s/ APELACION DE SENTENCIA-INCONSTITUCIONALIDAD Y CASACION-
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1994-09-28

La fijación de la tasa activa como interés moratorio no es el instrumento idÓneo para castigar a los litigantes de actuar maliciosamente, sino que en forma expresa las leyes disponen instrumentos a tal fin, por otra parte no resulta razonable gravar a todos los deudores con la aplicación de la tasa activa, como si todos tuvieren una conducta maliciosa o dilatoria, cuando hay juicios en los cuales dicha conducta no se da y las partes solo ejercen sus derechos en forma incuestionable (del voto en disidencia del dr. Medina).
Impugnabilidad objetiva, resoluciones irrecurribles, fundamentación insuficiente, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Franco, Miguel Ángel, registro 932 c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-07-13

La queja en estudio no habrá de prosperar en la medida que la resolución recurrida no supera el límite de impugnabilidad objetiva previsto por el Art. 457 CPPN. Además, el recurrente no alcanzó a demostrar el agravio actual de tardía o imposible reparación ulterior que le genera la decisión dictada por el a quo, que permita equipararla a definitiva a los efectos de habilitar la intervención de esta Cámara. Los agravios formulados por la defensa no han logrado conmover los fundamentos brindados por el Tribunal a quo, ello de acuerdo al grado de certeza exigido según el estadio procesal por el que transitan las actuaciones. Dres. Hornos, Gemignani
Despido, derechos y garantías constitucionales, indemnización por despido
Materia: LABORAL
Carátula: Duperre, Osvaldo Rodolfo y otros c/ Lever y Asociados S.A. s/ Diferencias salariales
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-06-25

Para efectivizar la protección de la estabilidad en el empleo del trabajador, que garantiza el art. 14 bis de la Constitución Nacional, el legislador no adoptó el régimen de la llamada estabilidad propia, sino el de libertad de rescindir el contrato con o sin justa causa y en este último caso con la consiguiente obligación indemnizatoria a cargo del empleador cuando la cesantía resulta arbitraria o cuando al dependiente le asista el derecho de considerarse en situación de despido indirecto.
Delitos contra la humanidad, sentencia absolutoria, privación ilegal de la libertad calificada, torturas, sustracción de menores, médicos, sentencia arbitraria, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por el Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal en la causa Bignone, Reynaldo Benito Antonio y otros c/  s/ sustracción de menores de 10 años (art. 146) - texto original del C.P. Ley 11.179
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-10-18

Es arbitraria la sentencia que absolvió a quien había sido acusado como autor de privación ilegal de la libertad agravada en concurso real con imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político del damnificado y con sustracción, retención y ocultamiento de un menor de diez años, en concurso ideal con hacer incierto su estado civil, pues lo que la mayoría del a quo consideró es que no se había demostrado la intervención del imputado en esos hechos, a pesar de su desempeño en el hospital -que funcionó como una unidad militar, dependiente del Comando de Institutos Militares, que sirvió a los objetivos del plan generalizado y sistemático de agresión contra parte de la población civil-, y lo poco creíble que resulta que no supiera nada al respecto, tal como habría afirmado para defenderse. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-. El juez Rosenkrantz, en disidencia, consideró inadmisible el recurso extraordinario (art. 280 CPCCN).
Ius cogens, Derechos humanos, jerarquía constitucional
Materia: PENAL
Carátula: Arancibia Clavel, Enrique Lautaro c/  s/ homicidio calificado y asociación ilícita y otros Ccausa n° 259C.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-24

La Constitución Nacional de 1853 reconoció la supremacía del derecho de gentes y en ese acto lo incorporó directamente con el consiguiente deber de su aplicación correspondiente por los tribunales respecto a los crímenes aberrantes que son susceptibles de generar la responsabilidad individual para quienes los hayan cometido en el ámbito de cualquier jurisdicción. Por consiguiente, a la fecha de la institución de los principios constitucionales de nuestro país el legislador lo consideraba como preexistente y necesario para el desarrollo de la función judicial (Voto del Dr. Juan Carlos Maqueda).
Municipalidad, descentralización administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: B., J.A. y C.R. de C.C. s/ Homologación de Convenio
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-04-23

A diferencia de las municipalidades, que son entidades autárquicas y, por lo tanto, con personalidad, las comunas rurales son simples descentralizaciones burocrát icas dependientes del poder central. Para el sub júdice y en la dirección apuntada, es conteste el artículo 166 de la Ley Nro. 3.098 (texto según Ley Nro. 4.204) al disponer en lo pertinente que: "Las comunas rurales a que se refiere el Capítulo XIII de esta Ley continuarán bajo la dependencia administrativa del Poder Ejecutivo, hasta tanto se implemente el cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 150, 151 y 152 de esta Ley".
Recurso directo, denegatoria del recurso, gravamen irreparable
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ministerio Público -Asesoría General Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en incidente de apelación en autos A., C. A. s/infr. art. 149 bis, CP
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-07-04

El rechazo "in limine" de una apelación constituye un auto interlocutorio que, aunque por regla no resuelve el fondo del asunto, eventualmente, es capaz de producirle al recurrente un perjuicio irreparable, esto es, no constituye bajo ningún concepto un auto de mero trámite cuyo fin sea ordenar el proceso, de manera tal que pueda ser adoptado por uno sólo de los integrantes de la Sala III. (Voto de la Sra. Jueza Ana María Conde).
Cuestiones de competencia, guarda del menor, adopción, competencia por el territorio, domicilio del menor
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: V. , L. E. s/ inscrip. de nacim. - guarda.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-26

A los fines de entender en la guarda con fines de adopción, teniendo como fin resguardar los derechos de la menor, dado el tiempo transcurrido desde el inicio de las actuaciones- más de siete años-, debe prevalecer la competencia del juez del domicilio donde ésta vive efectivamente, solución que contribuye a una mejor protección de sus intereses, ya que favorece un contacto directo y personal con el órgano judicial, y una mayor concentración y celeridad en las medidas que pudiere correponder tomar en beneficio de la incapaz. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Tasa de justicia, hecho imponible, regulación de honorarios, apelación de honorarios
Materia: CIVIL
Carátula: BANCO DEL HOGAR ARGENTINO c/ ABREU J.B. Y OTRO s/ TASA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1918-09-03

La ley N. 10.361, al establecer que corresponde el sello de m$n. 10 a la notificación de las resoluciones confirmatorias de las providencias y sentencias apeladas, no se refiere a la regulación de honorarios modificada como consecuencia del recurso de la contraparte.
Querellante, admisión del querellante
Materia: PENAL
Carátula: Sassi, Héctor Mario s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-06-30

La pretensión del Colegio Público de Abogados de ser tenido por parte querellante resulta procedente si la investigación se halla enderezada a establecer si el imputado ha usurpado el título de abogado. (Dres. Hornos, Diez Ojeda, González Palazzo).
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BANCO DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES c/ ANTONIO JAVIER COSSARA Y NORMA LILIANA GUERRA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1995-10-31

El principio de colaboración impone cada vez m s la necesidad de exigir a las partes conductas positivas dentro del proceso.El quebrantamiento de este deber ser de colaboración configurado por una conducta omisa, en punto a posibilitar la demostración de sus afirmaciones,debe jugar contra el infractor, a la hora de decidir.
Asegurador por riesgos del trabajo, integración del capital social, AFJP
Materia: LABORAL
Carátula: ROLDAN, Lelis Carmen y otro c/ Asociación Trabajadores de la Sanidad A.T.S.A. San Juan y otros s/ Apelación de Sentencia
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2007-04-30

Que de conformidad con la establecido por el art. 5 del Dto. 334/96, corresponde a la ART o al empleador autoasegurado, integrar el capital indemnizatorio al saldo de la cuenta de capitalización individual que el asegurado tenga en la AFJP.

Es decir que si la ART no ha efectuado el depósito en la cuenta mencionada ella es la deudora y si lo ha hecho lo es la AFJP, pues no está establecida la ley aludida 24.241, obligación solidaria alguna.

Que siendo así, resulta evidente que no habiéndose acreditado por la actora, ni por la ART, que se realizó el depósito mencionado, ninguna duda cabe que el monto debido se encuentra en poder de la aseguradora y solo se puede condenar a ella como obligada al pago.-