Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-27


Poder Judicial de la Nación TS06D 63771 27-03-12 SALA VI EXPEDIENTE Nro. 9.684/2009 JUZGADO Nro. 71 AUTOS: "MONZON MARIO ANTONIO C/ MOLINOS ARGENPAM S.A. Y OTRO S/ ACCIDENTE - ACCION CIVIL" Buenos Aires, de de 2012.

LA DOCTORA GRACIELA L. CRAIG DIJO:

La sentencia de primera instancia que hizo lugar a la demanda, viene apelada por la codemandada CONSOLIDAR A.R.T. fs. 375/380, cuya réplica por la parte actora luce a fs.385/387. Asimismo los peritos ingeniero y contador apelan las regulaciones de sus honorarios por considerarlas reducidas.

La apelante CONSOLIDAR A.R.T. se agravia porque, según su criterio existe una inadecuada transpolación de los efectos de la rebeldía de la empleadora MOLINOS ARGENPAM S.A.

En mi opinión no le asiste razón.

La demandada Molinos Argenpam S.A. no se presentó a contestar la demanda, pese a hallarse notificada del traslado, razón por la cual se la tuvo por incursa en la situación procesal de "rebeldía" del art. 71 de la L.O. La Sra. Juez a quo ante este escenario presumió la veracidad de los datos denunciados en el escrito de inicio como la fecha de ingreso, el salario y las tareas descriptas. Asimismo y ante la ausencia de prueba en contrario tuvo por cierto los movimientos y el exceso de peso que implicaba el cumplimiento de sus tareas (estibar bolsas de 50 kilos de harina) a órdenes de la demandada. En el mismo sentido y por las mismas razones tuvo por cierto que la empleadora no le entregaba los correspondientes elementos de seguridad para desarrollar su trabajo.

Todas estos hechos pertinentes y lícitos denunciados en la demanda son ciertos y no necesitan ser ratificados por ningún otro medio de prueba, como pretende el apelante. En efecto, las constancias consignadas en los libros contables no resultan hábiles para desvirtuar los extremos invocados por el actor ya que dichos registros son llevados en forma unilateral y no pueden ser opuestos al trabajador en tanto carece de la facultad de controlarlos.

Las manifestaciones vertidas en la queja en relación a que no se encuentran probados los presupuestos de responsabilidad civil, el hecho generador del daño y la relación de causalidad, resultan ineficaces para revertir la solución adoptada en la anterior instancia, toda vez que se prescinde de refutar en su integridad los fundamentos expuestos por la Sra. Juez "a-quo" (pericia médica fs. 388/388vta, pericia psicológica fs. 319/326 y testigos Carchio y Aguiar fs.173/174 y 198/1499, ambos compañeros de trabajo del actor) omitiéndose en consecuencia la crítica concreta y razonada que se exige en la ley adjetiva (art.116 de la L.O.).

Cabe poner de resalto que el recurso de apelación es una impugnación mediante la cual el apelante sostiene su recurso, efectuando un ordenado y claro detalle de cada uno de los errores, que en su concepto haya podido incurrir el pronunciamiento cuestionado. Por ello, disentir con la interpretación judicial, sin fundamentar la oposición o sin dar bases jurídicas a un distinto punto de vista no es expresar agravios" (Conf. Ley de Organización y Procedimiento de la Justicia Nacional del Trabajo Ley 18.345, comentada, anotada y concordada por Amadeo Allocati y Miguel Angel Pirolo, Tomo 2, págs. 299 y 324). En el caso, el presentante se limita a reiterar los argumentos invocados en el escrito de inicio, sin efectuar la crítica concreta y razonada de cada uno de los fundamentos que dio la sentenciante de grado en orden a rechazar la pretensión.

En el mismo sentido, corresponde desestimar el agravio relacionado con la inversión de la carga de la prueba ya que la ley 24.557 (arts. 4° ap. 1, 31 ap.1°) y el decreto reglamentario 170/96 ponen en cabeza de estos entes, obligaciones relacionadas al asesoramiento en materia de prevención de riesgos, la capacitación de los trabajadores, el control de las condiciones y medio ambientes de trabajo, que en caso de omitirse o de cumplirse eficientemente pueden generar su responsabilidad en el resultado disvalioso.

A este respecto es útil remarcar el art. 4 apartado 1, de la ley de riesgos al establecer los alcances de la obligación de las partes en materia de prevención, terminó con las dudas acerca de si se trata de obligaciones de medio o de resultado. En efecto, dicha normativa establece que las medidas a adoptar deben "prevenir eficazmente los riesgos del trabajo". Consecuentemente, no basta con proveer remedios formales tendientes a evitar los daños sino que actualmente la ley exige que cada parte cumpla sus deberes de un modo eficiente y exitoso.

En el caso, el perito técnico (fs.314/316) si bien informa que existió un plan de mejoramiento, un programa de acciones de prevenciones especificas, planes anuales de capacitación y que si el despacho es fraccionado, la carga de bolsas del producto se efectúa en forma manual, con la cinta transportadora o con el autoelevador, no es menos cierto que debido a la naturaleza de las tareas que realizaba el actor, es decir que levantaba una gran cantidad de peso, la principal obligación a su cargo consistía en asegurar la debida entrega de una faja lumbar, situación que no fue acreditada en la causa.

Desde dicha perspectiva, resulta evidente que la conducta negligente de la aseguradora consistente en la falta de adopción de medidas preventivas adecuadas y concretas para el caso del actor, constituyó el obrar antijurídico que culminó con las secuelas incapacitantes que presenta Monzón. Por ello, considero que dicha enfermedad, con sus secuelas, pudo eficazmente haber sido evitada si, en lo que respecta a la aseguradora, ésta hubiera cumplido con sus deberes a cargo en materia de seguridad y control, activando procedimientos preventivos tendientes a disminuir el riesgo de las tareas en tales condiciones. En síntesis, considero que se encuentra acreditada la responsabilidad de Consolidar A.R.T. S.A. en los términos del art.1.074 del Código Civil por las omisiones en cumplir sus obligaciones de contralor a su asegurada en materia de prevención de los riesgos. Desde dicha perspectiva, y en atención a la doctrina que asentó la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo "Torrillo", sugiero extender el monto total de condena en forma solidaria a la misma en los términos del art.1.074 del Código Civil, con los intereses allí dispuestos.

Por la forma en que se resuelve, entiendo que el tercer agravio en relación con el objeto del contrato de afiliación, no logran impugnar -en los términos del art.116, L.O.- lo decidido en la sentencia de primera instancia.

Lo mismo sucede con los agravios cuarto y quinto ya que ni la cuantificación del porcentaje de incapacidad ni el monto de condena han sido correctamente impugnados. En efecto, como mencioné anteriormente existen en autos dos pericias, la médica fs. 388/388vta, y la psicológica fs. 319/326 que determinaron que el actor presenta un 5% de incapacidad física y un 10% de incapacidad psicológica, las que no han sido objeto de agravios. Sin perjuicio de ello cabe señalar cuando se reclama una indemnización por las secuelas de una enfermedad accidente laboral en el ámbito de la acción común, que la reparación debe ser integral, resarciendo todos los daños afectados considerando como base no solo la incapacidad que sufre sino también las restantes posibilidades de reubicación dentro del mercado de trabajo.

Tampoco le asiste razón en relación al cómputo de interés. La pretensión del apelante de que se devengen desde la fecha de notificación de la pericia médica no resulta ajustada a derecho Ello es así en virtud de que en la misma contestación de demanda la apelante (ver fs. 65 vta.) reconoce que el 12 de mayo de 2006 Monzón se presentó en la Clínica Privada del Centro con el diagnóstico de ingreso de "lumbalgia post esfuerzo" y que le brindaron las prestaciones necesarias. Por ello propongo se confirme la decisión de la Juez a quo que establece que el monto de condena devengará los intereses que fija (que no han sido cuestionados) desde la fecha del accidente (12.5.2006) hasta la fecha del efectivo pago.

En atención a la extensión e importancia del trabajo realizado, valor económico del litigio y pautas arancelarias de aplicación propongo confirmar los honorarios de los letrados intervinientes.

Por lo hasta aquí expuesto, propongo imponer las costas de alzada a cargo de la codemandada vencida (art. 68, C.P.C.C.N.), a cuyo efecto propongo regular los honorarios de los letrados intervinientes en un 25 % de lo que les corresponda percibir por su labor en la anterior etapa.

EL DOCTOR JUAN CARLOS FERNANDEZ MADRID DIJO:

Que adhiere al voto que antecede.

En atención al resultado del presente acuerdo, EL TRIBUNAL RESUELVE: 1- Confirmar la sentencia de primera instancia en todo lo que ha sido materia de recurso y agravios. 2- Costas de alzada a cargo de la codemandada vencida, a cuyo efecto propongo que se regulen los honorarios de los letrados intervinientes en un 25% de lo que les corresponda por su labor en la anterior instancia.

Regístrese, notifíquese y vuelvan.

alf.

GRACIELA L. CRAIG	JUEZ DE CAMARA	JUAN CARLOS FERNANDEZ MADRID	JUEZ DE CAMARA