Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2011-03-30


Resistencia, marzo 30 de 2011.

I. ¿Es procedente el recurso de áinconstitucionalidad interpuesto en autos? II.- En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde ádictar? I.-A la primera cuestión la sra. jueza María Luisa Lucas, dijo:

1.- Arriban las ápresentes actuaciones a conocimiento y decisión de este áTribunal en virtud del recurso de inconstitucionalidad interpuesto a fs. á247/259 por la parte demandada, contra la resolución dictada por la Sala áTercera de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de esta ciudad que áobra a fs. 228/234. Elevada la causa, la misma se radica a fs 271 ante esta Sala Primera Civil, áComercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia la que se integra ádefinitivamente con los suscriptos a fs. 291.

A fs. 287/289 obra dictamen Nº 276/10 del Sr. áProcurador General y a fs. á290 se llama autos para sentencia, quedando la cuestión en estado de ser áresuelta.

2.- Siendo este Tribunal el juez de los recursos extraordinarios para ante él áintentados, corresponde examine previamente la concurrencia de los áextremos que hacen a la admisibilidad formal del que ahora considero. En tal ácometido, encuentro reunidos los de interposición en término, legitimación ápara recurrir y sentencia definitiva.

Respecto al requisito de la oportuna y áconcreta introducción de la cuestión constitucional, contrariamente a lo ásostenido por el Procurador General, surge del escrito de fs. 204/210 vta. áque los demandados, luego de expresar cada agravio, plantearon el caso áfederal conectándolo con la norma constitucional que creen conculcada en ácada caso, lo que cumplimentó el recaudo (confr. fs. 206 segundo y cuarto ápárrafo; fs. 206 vta. último párrafo/207; fs. 207 vta. primer párrafo in fine y áúltimo párrafo; fs. 210 segundo párrafo).

En consideración a lo expuesto, ácorresponde ingresar al examen del recurso en su faz sustancial. Sostienen los recurrentes que la áAlzada hace una interpretación errónea ya áque rechaza la apelación en el entendimiento que la actora funda la acción áen base al título de sus sucesivos antecesores, lo que no se condice con los átérminos en que quedó trabada la litis.

Afirman que el pronunciamiento es áautocontradictorio porque los jueces reconocen que la Sra. Arce tuvo una áposesión mayor al de la actora, pero afirma que esta última, o un antecesor, áobtuvieron la posesión antes que la demandada.

Cuestionan que la Cámara áentienda que por ser un inmueble fiscal no se admita la posesión de áparticulares. Recuerdan que el título de fs. 10 expresa que el Estado áProvincial trasmite todos los derechos de posesión que le correspondan, sin áafirmar que los detentaba.

Es también causa de agravio que la Alzada árechace la posesión de los Sres. R.A. y L. M. ya que áaunque no vivan en el inmueble, nunca dejaron de poseer. Agregan que el áart. 2351 CC no exige el "corpus" como arbitrariamente entiende la Cámara. áCuestionan la falta de valoración de pruebas trascendentales para acreditar ála posesión de los demandados.

También se agravian porque la Alzada ápretende concluir que la Sra. Rufina Arce renunció a su derecho de áposesión, lo que es arbitrario porque no está probado. Sostienen que el Acta áNº 221 no fue incorporado debidamente al proceso, ni siquiera con un átraslado, por lo que no se les puede oponer lo que surge de ella.

Aducen que áa fs. 113 se agregó un expediente, pero no específicamente la citada áprueba. Sostienen que hay otras constancias que corroboran que en realidad ála Sra. Rufina Arce nunca salió del campo. Finalmente se agravian porque el áfallo concluye que el acta de notificación y descargo efectuada por Rufina áArce y Ricardo Moreyra en el expediente Nº 568/03, corrobora la conclusión áque la Cámara atribuye al Acta Nº 221, pero en realidad todo lo que surge de átales instrumentos es que dichas personas son poseedores y que tienen áderechos. Inicialmente debo señalar, en cuanto a la impugnabilidad de la decisión, que áel tema planteado por esta vía, atento su naturaleza fáctica, probatoria y de áderecho común, se encuentra excluido, en principio, de revisión en sede áextraordinaria, por no guardar relación directa e inmediata con norma áconstitucional alguna, salvo la existencia de un vicio de naturaleza tal que áhaga descalificable lo decidido con fundamento en la doctrina de la áarbitrariedad (conf. Sent. Nº 444/02, entre muchas otras de esta Sala).

En ese orden de ideas, la áCorte Suprema de Justicia de la Nación tiene ádoctrinado que: "La valoración de la prueba, incluso la de presunciones, áincumbe a los jueces de la causa y es, como principio, insusceptible de árevisión en la instancia extraordinaria" (Fallos 294:331). En consecuencia "Los áagravios que se dirigen contra la valoración que los jueces hicieran de la áprueba y su encuadre en las normas de derecho común aplicables, son áajenos a la instancia extraordinaria de no mediar prescindencia de lo ádispuesto por la ley o de pruebas fehacientes regularmente presentadas" (CS, áfebrero 26-1981; RED XV, pág. 857, Nº 314) doctrina que resulta aplicable al árecurso extraordinario local fundado en similares motivos.

Es decir, que la áprocedencia del mismo está supeditada a la demostración de la existencia de áun vicio de gravedad extrema que haga descalificable lo decidido en base a ála doctrina de la arbitrariedad. Bajo estas directrices, no advierto configuradas en autos las tachas áque el áquejoso atribuye al decisorio, el que más allá que pueda ser o no compartido, ácuenta con basamento suficiente que obsta a su descalificación.

Ello así, toda vez que los agravios áexpuestos no logran conmover lo sentado ápor el tribunal de segunda instancia, quien afirmó: 1) "... entiendo que la actora áha justificado, con el instrumento presentado (fs. 1/11 vta.) y atestaciones en áel volcadas ("Adjudicación en Venta"), que su antecesor gozaba de la áposesión del inmueble en cuestión, jugando a su respecto la presunción áemanada del art. 2790 del Código Civil..." (fs. 231); 2) "...no se configuran los árequisitos indispensables para la procedencia de la excepción de prescripción áadquisitiva opuesta como defensa en las presentes actuaciones. Es que las ácondiciones requeridas para su existencia son: la posesión de la cosa á"animus domini" continua y no interrumpida, el transcurso de veinte años, no áexigencia de título ni buena fe y de las constancias de las presentes áactuaciones, no surgen constituidas a sus efectos" (fs. 231 vta.); 3) "Así, en áprimer lugar, de la totalidad de las probanzas arrimadas a la causa (...) surge áque los Sres. R.A. y L.M. (padres de los demandados Sres. Rufina Arce y Ricardo Alejandro Moreyra, traídos a juicio por pedidos áde éstos, conforme fs. 58 vta.) no residen en el inmueble cuya reivindicación áse reclama en los presentes. Siendo ello así, coincido con la decisión del áJuez a quo en el sentido de que, no puede prosperar la defensa de áprescripción adquisitiva interpuesta en autos por los citados, por cuanto a su árespecto no se encuentra presente el elemento material integrativo del poder, ádel señorío respecto de la cosa "corpus" (art. 2.351 del Cód. Civil), que áconfigure el elemento objetivo, fundamental y necesario para su áconsideración, lo que me exime de mayores comentarios al respecto" (fs. 231 ávta./232); 4) "...en cuanto a los mencionados accionados Sra. Rufina Arce y áSr. Ricardo Alejandro Moreyra, cabe resaltar primeramente que en relación al áSr. Moreyra, los testigos son coincidentes en señalar que el mismo recién áingresó al Lote 2 en cuestión e hizo su casita hace aproximadamente 8 ó 10 áaños, por lo que a su respecto no se configura el requisito legal temporal ánecesario como para poder oponer a la acción que nace del dominio de la ácosa -reivindicación-, la defensa de prescripción de la cosa inmueble" (fs. á232); 5) "A su vez, en relación a la Sra. Arce, aún colocándonos en una ápostura más favorable para con la misma en relación al tiempo en que ocupa áel predio en litigio, atento la discordancia existente al respecto entre los átestigos señalados precedentemente, concuerdo con el Juzgador inferior en áque lo manifestado por la citada en el Acta Nº 221 realizada ante el Juzgado áde Paz de Pampa del Indio de fecha 12/08/96 controvierte los argumentos áesgrimidos como fundamento de su defensa. Es que de dicha documental á(agregada legalmente a la causa conforme constancias de fs. 113, como bien álo sostiene el sentenciante y contrariamente a lo expuesto por la quejosa), no ásólo surge que la posesión a la que alude la demandada como base de la áexcepción interpuesta, no fue continua o sin interrupción alguna -tal como lo árequieren a sus efectos los arts. 4.015 y 4.016 del Cód. Civil- sino que a su ávez reconocen la propiedad del predio en cuestión a los accionantes.

Ello a ásu vez se encuentra corroborado -coincido con el juzgador de primera áinstancia- con el Acta de Notificación y Descargo, efectuada por ambos áaccionados..." (fs. 232 y vta.); 6) "Que a raíz de ello, considero que tampoco áse hubo acreditado a los fines de demostrar fehacientemente la defensa áesgrimida, el "ánimus" o elemento subjetivo intencional, que se exige del áposeedor, esto es la voluntad de comportarse respecto de la cosa, como si áse tratase del propietario de la misma, que demuestren en forma plena, áindubitable e inequívocamente su pretensión de usucapir, desvaneciéndose áen consecuencia los actos posesorios invocados por los apelantes á(construcción de casas, alambrados, siembra y pastoreo de animales) atento áa que los mismos -conforme lo señalado precedentemente- si fueron árealizados, lo fueron hecho, reconociendo siempre la propiedad y posesión de ála parte accionante, desnaturalizándose de esa manera la excepción áinterpuesta en contra del progreso de la acción en trato" (fs. 232 vta./233). La reseña de los áfundamentos vertidos por la Alzada, cotejada con las ádirectrices señaladas y los agravios formulados, me llevan a la conclusión que ála parte recurrente no ha logrado demostrar la existencia de las áarbitrariedades que denuncia.

Por el contrario, encuentro que la impugnación áluce ineficaz para conmover lo decidido, al no haber demostrado el recurrente áque resulte erróneo el criterio seguido por el tribunal ad-quem al aplicar las ánormas de derecho común que contemplan el caso sometido a decisión. Es que no debe escapar al áconocimiento del justiciable que es tarea propia áde juez, en ejercicio pleno de la jurisdicción judicial que le compete, ádeterminar cuál es el derecho aplicable. Ello supone el desarrollo de una átarea de cognición, en la que habrá de determinar: cuál es la cuestión a áresolver; cuál es la norma que contempla esa cuestión; cuáles son los ápresupuestos de hecho que la norma considera y si fueron debidamente ácomprobados en la causa. Como señala Arazi, "En esta faz de la jurisdicción á(de cognición o conocimiento) predomina el razonamiento, la valoración el ájuicio del juez, para declarar el derecho". (conf. Roland Arazi, Derecho áProcesal Civil y Comercial, 2da edición actualizada, T. I, Ed. Rubinzal Culzoni, ápág. 40 -las negrillas me pertenecen-).

Esta es la tarea desarrollada por los Sres. Camaristas que ácondujeron al áresultado final adverso a la defensa de los demandados y que intenta revertir ápor conducto de la doctrina de la arbitrariedad, invocando supuestos de áincongruencia y contradicción que no se configura en autos. Digo ello porque los señores ácamaristas, puestos en el deber de examinar si áse daban las condiciones exigidas para la procedencia de la acción de áreivindicación y luego de la defensa esgrimida por los demandados, áexcepción de prescripción adquisitiva, admitieron la primera por aplicación de álo establecido por el art. 2790 CC y desestimaron la última con fundamento en álo establecido por los arts. 4015 y 4016 CC. Para arribar a estas soluciones, árespecto lo primero, entendieron que la actora justificó con el instrumento ápresentado (fs. 1/11 vta.) y atestaciones en el volcadas "Adjudicación en áVenta" que su antecesor gozaba de la posesión del inmueble en cuestión, ájugando a su respecto la presunción emanada del art. 2790 del Código Civil áque establece que "Si presentare títulos de propiedad anterior a la posesión, áy el demandado no presentare título alguno, se presume que el autor del átítulo era el poseedor y propietario de la heredad que se reivindica", por lo áque siendo el inmueble transmitido "fiscal", al actor no le es menester áremontarse más atrás en la investigación. En lo segundo, partiendo de áestablecer las condiciones exigidas para la existencia de prescripción á(posesión de la cosa animus domini continua y no interrumpida por el átranscurso de veinte años) determinaron que: los Sres R.A. y L.M. no tienen el corpus (porque no viven en el inmueble); la Sra. Arce, ácarece de la posesión continua e interrumpida del inmueble y que el Sr. áMoreyra no vivió allí por el plazo legal de 20 años. Finalmente, la Alzada áentendió que de la prueba incorporada ninguno de los últimos nombrados áposeyó el inmueble con ánimo de dueño. Cabe destacar que conforme la ácontestación de demanda, los Sres. R.A. y L.M. fueron államados al proceso "...en razón de que son ellos los co-poseedores áconjuntamente con mis representados, del inmueble que pretende áreivindicar..." (fs. 58 vta.) lo que fue desvirtuado conforme lo valorado por los ájueces. Insisto, puede el quejoso no coincidir con la valoración y encuadre jurídico áefectuado para resolver la litis, pero lo cierto es que la decisión no exhibe ádeficiencias técnicas que la invaliden, ni cabe decir que se apoya en meras áafirmaciones dogmáticas, más allá de que pueda ser compartida o no; por el ácontrario, se advierte que los reproches de los demandados, no traslucen otra ácosa que su mera discrepancia, tomando en cuenta que la cuestión se áresolvió en definitiva por la improcedencia de la excepción de prescripción áadquisitiva con fundamento en las constancias de la causa, lo que no fueron ádesvirtuados por el recurrente.

Al respecto, los cuestionamientos referidos al áActa Nº 221 (fs. 113), la de Notificación y Descargo (fs. 2 y vta. Expte. á568/03), devienen improcedentes y tardíos dado que ninguna de estas ápruebas fue impugnada en tiempo oportuno no obstante estar debidamente ánotificados por nota de su incorporación (fs. 115). Advierto que conforme ásurge de fs. 115, no sólo se incorporó por cuerda floja el Expediente Nº 568/03 caratulado "Traiber, Matilde Susana s/ Exposición" del Juzgado de áPaz de Pampa del Indio, sino que también la copia certificada del Acta Nº 221, pruebas que habían sido ofrecidas en la demanda como informativa (fs. á13 vta.).

De esta prueba surge que la Sra. Arce reconoció haber dejado el ápredio y que las mejoras se las vendió al Sr. Herbert Treiber, su propietario á(cfr. fs. 113), así como también que trabajaba en la chacra, razón por la cual áse quedaban allí (fs. 2 Expte. 568/03 y fs. 7 expediente principal), en tanto el áSr. Moreyra reconoció trabajar en el predio (fs. 2 vta. Expte. 568/03 y fs. 7 vta. expediente principal).

Esta Sala ha señalado, siguiendo al Máximo Tribunal de Justicia de la áNación, que la doctrina de la arbitrariedad reviste carácter excepcional y su áaplicación no tiene por objeto corregir en tercera instancia pronunciamientos áque el recurrente repute equivocados a raíz de su simple discrepancia con la ásolución acordada al pleito, ni autoriza a suplir el criterio de los jueces en ácuestiones que, por su naturaleza, les son propias, si la sentencia expone áargumentos suficientes que bastan para sustentarla (conf. Sent. Nº 268/95; áNº 17/96, entre otras) como así que no resulta procedente la tacha de áarbitrariedad si los fundamentos dados por los sentenciantes tiene como base álos hechos de la causa y el derecho estimado aplicable, lo que confiere a la ádecisión cuestionada sustento suficiente, sin que resulte eficiente la ádiscrepancia del recurrente para otorgar vida a la arbitrariedad (conf. Sent. Nº 121/95; Nº 301/95, de esta Sala). Por los fundamentos dados, me expido por la improcedencia del árecurso en átrato, votando negativamente a esta primera cuestión. Así voto.

I.- A la primera cuestión áel sr. juez Rolando Ignacio Toledo, dijo:

Coincidiendo con los fundamentos y la solución propuesta en el voto que áantecede, adhiero al mismo y emito el propio en idéntico sentido. Es mi voto.

II.- A la segunda cuestión la sra. jueza María Luisa Lucas, dijo:

En virtud de la conclusión arribada al tratar la primera cuestión, propongo se ádesestime el recurso de inconstitucionalidad deducido por la parte ádemandada a fs. 247/259 contra la sentencia que obra a fs. 228/234, ádictada por la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de áesta ciudad. Las costas de esta instancia, dado el resultado que propicio y lo normado por áel art. 68 del C.P.C.C.Ch., deberán imponerse a la parte recurrente vencida. La regulación de áhonorarios del profesional interviniente deberá diferirse para ála oportunidad en que exista base (art. 5, 4 párrafo, Ley 5532 modificatoria de ála Ley 2011).

Así también voto.

II.- A la segunda cuestión el sr. juez Rolando Ignacio Toledo, dijo:

Con arreglo al resultado de la votación efectuada con motivo de la primera ácuestión, adhiero también a la propuesta del colega preopinante respecto de ála presente, adhesión que abarca asimismo lo relativo a imposición de costas y diferimiento de la regulación de honorarios profesionales. Es también mi voto.

Por los fundamentos del Acuerdo que áantecede, la Sala Primera Civil, Comercial áy Laboral del Superior Tribunal de Justicia resuelve: I. Desestimar el recurso de áinconstitucionalidad deducido por la parte ádemandada a fs. 247/259, contra la sentencia que obra a fs. 228/234, ádictada por la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y áComercial de esta ciudad. II. Imponer las costas de esta instancia al recurrente vencido. III. Diferir la regulación de honorarios para la oportunidad prevista en el áAcuerdo que antecede. - María Luisa Lucas. - Rolando Ignacio Toledo.