Coautoría, falta de prueba, declaración de la víctima, sentencia absolutoria, delitos contra la humanidad, funcionarios públicos
Materia: PENAL
Carátula: Ríos Ereñú, Héctor Luis c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-05-04

La conducta del imputado debe ser subsumida en el art. 142 inc. 1º CP (según ley 20.642) -y no en el art. 144 bis inc. 1º último párrafo según ley 14.616), en calidad de coautor pues, ante la ausencia de prueba alguna que revele que el imputado haya prestado servicios como funcionario público en el momento del hecho determina que el fundamento del tribunal de juicio para asignarle un tipo penal agravado no encuentra respaldo suficiente en los elementos de prueba reunidos. Las descalificaciones realizadas por la defensa de los testigos que han declarado respecto de los hechos que damnificaron a las víctimas, estimando que eran contradictorias o que se basaban en suposiciones, no pasan de ser meras discrepancias respecto de la valoración realizada por el a quo. No es cuestionable que los jueces hayan dado mayor valor probatorio a las declaraciones de las víctimas y testigos recibidas en el debate junto al resto de los contundentes y coincidentes elementos de cargo que a las endebles versiones de los inculpados. El juez tiene la potestad de valorar en su debida dimensión los dichos de los denominados testigos "de oídas" como un medio más para arribar a la finalidad de averiguación de los sucesos históricos. Los imputados desde sus posiciones -en sus roles de Jefe y Director de Seguridad de la policía provincial- tuvieron poder de mando sobre todos los agentes subordinados jerárquicamente a ellos y fueron cada uno, un eslabón clave en la transmisión e implementación del plan criminal pergeñado por el Comandante en Jefe del Ejército Argentino, impulsando tales órdenes a través del aparato de poder a su cargo hacia quienes resultaron ser los ejecutores directos de los delitos cometidos en el marco de la represión ilegal. La carencia de prueba concluyente, conduce necesariamente a la ausencia de certeza apodíctica para un pronunciamiento de condena, lo que torna incuestionable un temperamento liberatorio en los términos del art. 3 CPPN. Las pruebas analizadas resultan insuficientes para acreditar la participación del imputado, pues el a quo no precisa el modo su intervención en el hecho que damnificara a la víctima, pues quedó acreditado que la fuerza involucrada fue la policía de la provincia de Salta. Al no existir una relación necesaria entre premisa y conclusión, sino meramente contingente, el razonamiento efectuado por el a quo no puede sustentar válidamente la declaración de certeza que efectúa en la sentencia impugnada, por ello considero que corresponde la absolución del imputado como autor material del delito de privación ilegítima de la libertad agravada por abuso de sus funciones y el empleo de violencia (arts. 142 inc. 1° y 144 bis, inc. 1º -ley 14.616-); en concurso real con el delito de ii) aplicación de apremios ilegales por ser la víctima un perseguido político (art. 144 bis, primer y segundo párrafo CP, según ley 14.616), pues se configura un cuadro de duda que torna aplicable la regla prevista en el art. 3 CPPN, en salvaguarda del principio de inocencia. Los condenados resultan penalmente responsables en calidad de autores respecto de los delitos y hechos imputados, no obstante, se respetará la atribución de responsabilidad realizada por el a quo en aquellos casos en los que las acusadoras no se hayan agraviado en este sentido. La calidad de funcionario público de los autores no cualifica especialmente un hecho que hubiere podido ser cometido por un particular, transformándolo en una especie de los denominados "delicta propia"; sino que, directamente, el hecho merece ser considerado -y valorado para su imputación- como hecho funcionarial, esto es, no como hecho que reclama la intervención de un funcionario, sino como hecho de infracción a la institución funcionarial.