Acción de amparo, reincorporación
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y Otros c/ Municipalidad de El Alto s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-08-13

A través de la presente acción de amparo las recurrentes solicitan se declare la nulidad del Decreto Nº 105/2011 que revocó el Decreto Nº 670/2011 a través de cual fueron designadas en planta permanente.

Según las constancias que obran en la cusa, se las designa en planta permanente a partir del 1 de diciembre de 2011, y a los quince días de la designación, el nuevo Intendente decide revocar tales nombramientos, aduciendo la falta de partida presupuestaria suficiente; con lo que la Administración habría ejercido durante el transcurso del período de prueba la facultad discrecional que lo habilita a cancelar las designaciones.

El tema traído a resolver merece especial consideración, porque más allá de comprobarse, en el caso, que la cancelación fue realizada en el tiempo durante el cual la Administración podía hacerlo, un análisis más profundo de la cuestión, me lleva a detectar los graves defectos que tuvo el proceso de formación de la voluntad administrativa.

Con ello quiero decir, que este nuevo acto administrativo, dictado en ejercicio de una potestad que le es propia y que se fundamenta en la satisfacción directa e inmediata del interés público, debió reunir todos los requisitos propios de un acto administrativo, pues este acto que avanza sobre los intereses y/o derechos de los particulares, debe ser respetuoso del principio de legalidad y del debido procedimiento previo, debiendo concurrir sin vicios, para su validez con todos los elementos que surgen de los Arts. 27 y 28 del Código de Procedimientos Administrativos.

Principio elemental de esta disciplina que nuestro Máximo Tribunal tuvo que recordar en los autos "Micheli, Julieta Ethel c/ EN-M Justicia y DD.HH. -Resol 313/00- s/empleo público" cuando sostuvo que la cancelación de una designación en planta permanente dentro del período de prueba constituye una facultad discrecional, pero ello no exime a la Administración de respetar los recaudos que el Decreto-Ley 19.549/72 exige para la validez de los actos administrativos, ni tampoco puede justificar una decisión arbitraria, irrazonable o discriminatoria.

Aclarado este principio, encuentro entonces que, en el sub-examine, la Administración ha hecho uso de una potestad que le compete, de revocar en su propia sede el decreto de designación, y que ello ha sido ejercido durante el período de prueba en que el agente no goza de estabilidad, empero ello, también advierto que el acto administrativo traído a revisión, no tiene en cuenta precisamente esa circunstancia, ya que según se lee de sus considerandos la falta de partida presupuestaria determina y expresa la causa de la revocación de los nombramientos.

En la causa "Rasguido" como "Quipildor", he finalizado mi voto diciendo que ".si el resultado de las evaluaciones realizadas en las condiciones personales de los dependientes no conformaba a la Administración, y si ellas han sido en efecto los presupuestos de hecho del acto impugnado, ninguna objeción cabe formular.pues la cancelación de las designaciones se había dispuesto antes de cumplir los seis meses de servicio efectivo".

Situación diferente a la que se ventila en autos, donde se invocan como presupuestos de hechos cuestiones presupuestarias, que nada tienen que ver con las condiciones de idoneidad de las recurrentes. De allí la discordancia entre la facultad -limitada- que es concedida a la Administración para cancelar la designación durante el período de prueba y la finalidad de la norma.

Y así la notoria incongruencia entre uno y otro extremo deja entrever que el acto administrativo que revoca sin considerar la idoneidad, presenta un vicio en su finalidad, ya que el ejercicio de la potestad ha sido empleado para un fin distinto. Así se dice la finalidad como elemento del acto administrativo debe ser el cumplimiento de las previsiones contenidas en la norma que le sirve de causa.

A mayor abundamiento, es del caso también decir que el motivo genérico que se emplea para justificar la medida, revela solo una fundamentación aparente, pues en forma ambigua y confusa, y sin exponer un detalle mínimo aunque preciso de informes que avalen la decisión adoptada, a los cinco días de asumir el nuevo Intendente, sin darle ninguna participación a los interesados se dispone la revocación de las designaciones.

Oportuno es recordar que en el ejercicio de facultades discrecionales la necesidad de motivación se profundiza, ya que la motivacion es el resguardo frente a la arbitrariedad.

En conclusión, entiendo que el ejercicio de la potestad revocatoria impone la observancia de determinados recaudos legales, ya que la sola circunstancia de que se la ejerza en tiempo oportuno, no es suficiente para otorgarle validez al acto.

En base a tales premisas, corresponde hacer lugar a la acción de amparo interpuesta, ordenando revocar el Decreto Nº105/2011 que dispuso vetar la Ordenanza Nº412/2012, homologatoria de la designación de las recurrentes, y en consecuencia reincorporar a las actoras a sus lugares de trabajo y pagar los salarios caídos, dentro del plazo de DIEZ (10) DIAS de quedar firme esta sentencia.