marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Compraventa de automotores, información al consumidor, plan de ahorro previo, responsabilidad de la administradora del plan, responsabilidad del fabricante
Materia: COMERCIAL
Carátula: Formía, Fabricio Luciano c/ Pettiti Automotores S.A. y Otro s/ Abreviado
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2023-03-14

No ha habido falta de colaboración ni ocultamiento de prueba, por parte de esta demandada (empresa dedicada a la fabricación y venta de automotores), que la haga pasible de las consecuencias que le adjudica el a quo, cual es la de responsabilizarla por las supuestas violaciones a la LDC que habría efectuado la empresa no demandada (sociedad de ahorro para fines determinados), la cual es una sociedad comercial distinta que se dedica a la venta de automotores por el sistema de ahorro previo, referidas a no brindar la información que le fuera requerida, no otorgar la documentación relativa al contrato efectuado con el actor, no darle el trato adecuado por parte de sus dependientes, en definitiva, no responder al reclamo realizado por el consumidor, pues todas esas conductas habrían sido desplegadas por la firma que no fue traída a juicio y, por ende, la aquí demandada carece de elementos probatorios respecto de los mencionados hechos tendientes a confirmar o desvirtuar las afirmaciones que se efectúan en la demanda.
Acción de amparo, cosa juzgada
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: ALLUB, ROSENDO c/ COLEGIO DE MEDICOS s/ INDEMNIZACION DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-09-21

Si el juez del amparo en ejercicio de su jurisdicción califica el accionar de los autores del hecho como arbitrario e ilegítimo, tal calificación no puede ser controvertida a posteriori por otro juez, pues ello provocaría un verdadero escándalo judicial no querido por la norma.
REPÚBLICA ARGENTINA, derecho a la vida, derecho a la integridad física
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Torres Millacurá y Otros Vs Argentina c/  s/ Medidas provisionales
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2017-11-14

Corresponde ordenar a la República Argentina la adopción sin dilación de ninguna índole, de las medidas que sean necesarias para asegurar eficazmente la protección de la vida e integridad personal de quien fuera testigo principal del Caso Torres Millacura y otros Vs Argentina -Sentencia de26 de agsoto de 2011, Serie C No. 229- como así también para su compañera e hija atento el riesgo en que se encuentran frente a decisiones absolutorias de varios funcionarios policiales involucrados en dicho caso, debiendo el referido Estado, planificar e implementar aquellas medidas de protección, con participación directa de los beneficiarios.
Recurso de casación, fallos del Superior Tribunal, doctrina legal
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Orlandi, Enzo A. y otros c/ V.I.P. y/o Rojas, Pablo M. y/o Loma Negra CIASA - Cobro de pesos - Casación s/ Cobro de pesos - Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1999-04-06

No resulta de recibo el agravio de la casacionista que entiende violada la doctrina sobre el sentido y alcance asignado al art. 30 de la L.C.T., puesto que la doctrina legal que se supone violada, necesariamente debe ser referida a la expuesta anteriormente por el Tribunal que deba resolver la causa con igual composición, porque uno u otro que aún en la misma jurisdicción y con igual grado se hubiera expedido sobre el tema con otra composición, proporcionaría en todo caso al otro su jurisprudencia, pero no lo comprometería en doctrina legal.

El antecedente jurisprudencial constitutivo de doctrina legal es aquél surgido del seno del máximo tribunal de una jurisdicción con el objeto de establecer una interpretación uniforme sobre determinada cuestión, la que se torna obligatoria para todos los tribunales inferiores de esa misma jurisdicción en virtud de obvias razones de jerarquía jurídico-administrativa y que impone al recurrente que pretende valerse de tal presupuesto probar, como extremos constitutivos del mismo, primero la existencia de la doctrina legal que se presume violada, con referencia precisa del decisorio en que la misma fuera expuesta, segundo, el sentido y alcance que tal doctrina tiene como instrumento y fuente de interpretación legal específica y, por último, en qué medida esta interpretación y decisión del Organo superior es contraria o incompatible con la interpretación y decisión de la resolución del Inferior que se cuestiona. No parece entonces razonable pretender, como lo hace el recurrente, que el art. 298 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Catamarca, producto de facultades constitucionales delegadas a la Provincia en razón de la doble órbita de actuación institucional que supone el régimen federal de gobierno, atribuya fuerza obligatoria a las decisiones de un tribunal jurisdiccionalmente ajeno, más allá del acatamiento que tales decisiones generen en los tribunales ordinarios de nuestra Provincia por su autoridad intelectual, por su prudencia jurídica o por su jerarquía ética. (Del voto del Dr. Díaz)
Recurso contencioso administrativo, medidas cautelares, oportunidad procesal, demanda, regulación de honorarios, prescripción
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Arrieta, Mirta Susana y otros c/ Provincia de Santa Fe s/ Incidente de suspensión de medida administrativa (Expte.: C.S.J.  Nro. 677 año 1994)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-06-18

Corresponde rechazar la excepción de prescripción opuesta por la parte actora desde que, aún en la hipótesis más favorable a la recurrente -esto es, admitiendo que resulte aplicable al caso la prescripción bienal contemplada en el inciso 1 del artículo 4032 del Código Civil-, obsta al progreso de la excepción postulada, tal como lo destaca el incidentado, lo dispuesto por el artículo 3962 del mismo cuerpo legal en cuanto a que "La prescripción debe oponerse al contestar la demanda o en la primera presentación en el juicio que haga quien intente oponerla". De allí que, cualquiera fuere el plazo de prescripción que se aplique a la acción para solicitar la regulación de honorarios, en el caso, los efectos de su expiración se encuentran plenamente subsanados al haber quedado firme el auto que los reguló sin que se opusiera la prescripción y, de la misma forma, cualquiera sea el plazo que se considere aplicable a la acción de cobro de los honorarios ya regulados -que nunca podrá ser inferior al de dos años-, surge palmario que en autos ese lapso temporal no ha transcurrido.
Compraventa inmobiliaria, vicio aparente
Materia: CIVIL
Carátula: CAMPAGNA RICARDO ANTONIO c/ SCHPITZMAN SIMON s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-05-29

Para apreciar si un defecto es aparente basta con que pueda descubrirse mediante un examen atento y cuidadoso de la cosa objeto de la operación, practicado de la manera que usualmente se estila (conf. Salavat-Acuña Anzorena, "Tratado de Derecho Civil Argentino - Fuentes de las Obligaciones" 2da. ed. t. III, p. 454 nro. 2347;

Borda, "Tratado de Derecho Civil Argentino - Contratos", 3ro. ed. t.

I, p.162 nro. 222 Wayar, "Compraventa y permuta", p. 374 nro. 1;

Rezzónico, "Estudio de los contratos en nuestro Derecho Civil", 2a.

ed. p. 234; C.N.Civ. Sala F, E.D. 91-479; Sala E, E.D. 74-184), no pudiendo luego quejarse el adquirente de aquéllos que fuesen notorios, siempre y cuando haya tenido posibilidad de ver y apreciar la cosa a comprar (conf. C.N.Civ. Sala A, E.D. 86-686).
Recurso extraordinario, cuestión no constitucional, cuestión de derecho común, concurso preventivo, crédito fiscal, jueces, intereses, modificación de la tasa de interés, procedimiento tributario
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: DAGARO S.A.C.I.A. s/ RECURSO EXTRAORDINARIO PARA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA- CONCURSO PREVENTIVO- INCIDENTE DE RECURSO DE REVISION PROMOVIDO POR AFIP- DGI (EXPTE.: C.S.J. NRO. 223 AÑO 2004)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-06-15

No ha de prosperar el recurso incoado para ante la Corte Suprema de Justicia Nacional ya que -de acuerdo con lo dispuesto por el inciso 3 del artículo 14 de la ley 48- no se configura en autos la pretendida cuestión federal infraconstitucional.

Ello, puesto que el decisorio de esta Corte no ha propiciado una interpretación del artículo 37 de la ley 11683 -y de la normativa invocada- que contrariara la postulada por la quejosa, de modo que pudiera entenderse habilitada la función casatoria del Máximo Tribunal nacional. Antes bien, el referido pronunciamiento se ha limitado a convalidar la facultad jurisdiccional de morigerar intereses correspondientes a créditos fiscales insinuados en un concurso preventivo, sin necesidad de declarar previamente la inconstitucionalidad de normativa alguna, en ciertos supuestos previstos en el derecho común, lo que constituye -salvo arbitrariedad- materia ajena al control correspondiente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Contrato de trabajo, despido discriminatorio, asociaciones sindicales
Materia: LABORAL
Carátula: Álvarez Maximiliano y otros c/ Cencosud SA s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-25

Las leyes 23592 y 23551 se articulan, en orden a la protección contra los actos discriminatorios, en una relación que va de lo general a lo particular, de manera que la primera norma procura una tipificación abierta, genérica y omnicomprensiva de todo comportamiento que impida, obstruya, restrinja o menoscabe el ejercicio de derechos y garantías constitucionales; mientras que la ley 23551 solo se ha ocupado de algunos casos peculiarmente típicos y peculiarmente tenidos en consideración por el legislador de 1988 (arts 48 y 50). Aún en la postura doctrinaria y jurisprudencial mayoritaria que interpreta restringidamente el art. 47 de la ley de asociaciones sindicales, los casos no previstos especialmente en la ley 23551, sea por imprevisión o decisión política del legislador de 1988 o por no haberlos considerado típicos de la vida sindical argentina, resultan capturados por la norma general posterior sancionada en la ley 23592 que, por su redacción amplia y sin fisuras no parece dejar fuera supuesto alguno, siquiera aquellos no contemplados por las leyes anteriores. (Del voto del Dr. Maza, integrante de la mayoría).
Trabajadores de la construcción, responsabilidad solidaria, inscripción en el registro de contratistas, falta de inscripción
Materia: LABORAL
Carátula: ACEVEDO, JOSE A. c/ BANGA  S.A.  Y OTROS s/ LEY 22250
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-11-15

El único caso de responsabilidad solidaria dentro de la ley 22250 es aquel previsto en el art. 32, cuando el contratista no está inscripto en el Registro Nacional de la Construcción.
Superior Tribunal de Justicia, denegatoria del recurso, recurso de inconstitucionalidad, acción de amparo
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ GCBA s/ incidente de queja por apelación denegada - amparo (Art. 14 CCABA) en Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia c/ GCBA s/ Amparo (art. 14 CCABA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-10

Corresponde rechazar la queja deducida contra la resolución que denegó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la sentencia de Cámara que rechazó la queja por apelación denegada, articulada resolución de primera instancia que denegó -por aplicación del artículo 20 (actualmente art. 19 conf. texto consolidado digesto 2018) de la ley n° 2145- la apelación contra la decisión que había desestimado la solicitud de conexidad. Ello así, debido a que, en lugar de interponer el recurso de inconstitucionalidad contra la resolución de grado que denegó el pedido de conexidad, el GCBA optó erróneamente por intentar que la Sala I, que no tenía aptitud para ello, revisara aquella resolución, prescindiendo de este modo de la prescripción del artículo 19 de la ley n° 2145. (Del voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Fundamentación suficiente, sentencia condenatoria, agravantes de la pena, homicidio simple
Materia: PENAL
Carátula: Caimo, Facundo Emanuel c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-08-03

La sanción impuesta se encuentra suficientemente fundada, ya que el tribunal tuvo en cuenta las circunstancias de tiempo y lugar que rodearon el suceso que se tuvo por probado, es decir, que el hecho se perpetró en horas de la madrugada, en un lugar poco transitado y en un espacio donde la prevención policial es "casi inexistente" lo que facilitaba aún más el accionar del imputado, dichos extremos fueron reputados como agravantes, al igual que la naturaleza de la acción llevada a cabo, en este último sentido, se destacó que el imputado junto a su acompañante dispararon a dos jóvenes por la espalda, sin posibilidades de defenderse, secundado por lo menos por otras ocho personas que los rodearon, lo que dificultaba seriamente eludir la agresión.
Remuneración, convenios colectivos de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Ramundo, María Angélica c/ Sociedad Cooperadora de la Escuela Hebrea Jaim Najman Bialik y otra s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-03-02

Cuando la relación laboral está comprendida en el ámbito de un convenio colectivo de trabajo, a los efectos de la determinación del salario corresponde la aplicación de las escalas salariales y no el salario mínimo vital y móvil.
Accidentes de trabajo, incapacidad laboral, daño moral
Materia: LABORAL
Carátula: Navarro Jacinto c/ Empresa de Transporte de Pasajeros Libertad Sociedad de Responsabilidad y/o Sucesores de Aldo Perfecto Ermacora s/ Indemnización por Incapacidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2002-11-27

No prospera el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del a-quo que no hace lugar al daño moral. Ello así, ya que, no puede prosperar la pretensión pues la indemnización tarifada excluye el reclamo por daño moral en la acción que se sustenta en la ley 9688 y su modificatoria ley 23643, por tratarse de un régimen de carácter tarifado que abarca en su sistema indemnizatorio la totalidad de los daños ocasionados a la víctima.
Acción, juicio
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: GEPPEL Y PINASCO SACIC c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ DAÑOS Y PERJUICIOS     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD      CSJ EXPTE NRO 203-88 ROBERTO J AZCOITIA Y CIA SRL c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ DEMANDA ORDINARIA    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE NRO 543-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-04-19|1992-12-29

La acción funciona desde la demanda hasta la sentencia en la ignorancia de la razón sin razón del actor. Este resultado es connatural con el proceso mismo. La acción pues, vive y actúa con prescindencia del derecho que el actor quiere ver protegido. No sólo la pretensión infundada, sino también hasta la temeraria, la pretensión del improbus litigator, merece la consideración de la actividad jurisdiccional hasta su último instante. La materia puede hacer variar la competencia, la composición de los tribunales, las formas de tramitación, hasta la eficacia misma de los distintos procesos.
Mala praxis, consentimiento informado
Materia: CIVIL
Carátula: C. S. M. Y OTRO C/ V. M. Y OTROS S/ D. Y P. DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD POR EL EJERCICIO PROFESIONAL (MALA PRAXIS) c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2021-09-20

Es de fundamental importancia tener en cuenta que el "consentimiento informado" no es el cumplimiento de una mera formalidad, sino que constituye un elemento de vital importancia a fin de que el paciente puede conocer cuáles son las alternativas posibles, como así cuales son los riesgos que presenta el tratamiento propuesto. La médica tratante responde por las consecuencias dañosas que generó que la actora perdiera la chance entre decidir la aceptación o el rechazar la práctica. (Del voto del Dr. Marcelo MEDORI, en mayoría).
Periodistas, adicionales de remuneración, uso de automotor propio, uso de equipo propio, carácter no remuneratorio, fallo plenario
Materia: LABORAL
Carátula: ARRUEBARRENA, OLGA ESTHER c/ PRODUCCIONES ARGENTINAS DE TELEVISION  S.A.I.C. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-04-02

En la regulación establecida por el convenio colectivo 124/75, no revisten carácter salarial los "plus" que se reconocen a los periodistas por el art. 36, por uso mantenimiento y amortización de automóvil propio, y por el art. 39 por afectación y uso de equipos de filmación de imagen y sonido y cámaras mudas de su propiedad.
Proceso penal, prisión preventiva, prisión domiciliaria, cuestiones procesales, coronavirus, admisibilidad del recurso, dictamen fiscal
Materia: PENAL
Carátula: LLOCLLA HERMOSA, Geraldine s/ recurso de casación c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-03

Corresponde hacer lugar al recurso, anular la decisión impugnada y reenviar las actuaciones a su origen para que se dicte un nuevo pronunciamiento, en tanto el tribunal a quo se ha apartado arbitrariamente de lo dictaminado por el Ministerio Público Fiscal, para no hacer lugar a la medida de morigeración postulada por la defensa. En efecto, el señor Fiscal, ha basado su opinión favorable para la procedencia de la prisión domiciliaria (art. 210 inc. "j" CFCP), en que, a partir de diversos testimonios en la audiencia de debate que se estaba llevando a cabo, se advertía que Lloclla Hermosa ocuparía un rol inferior dentro de la presunta organización criminal que se investiga; circunstancia que conllevaría -según su entender- un menor riesgo procesal, en función de la prognosis de pena que, eventualmente, podría requerir a su respecto en el momento procesal oportuno. En virtud de ello, si bien el hecho que se le imputa a la aquí nombrada tiene una pena severa, corresponde considerar, en el caso, especialmente la circunstancia en la que el señor fiscal sustentó su postura favorable a la concesión de la prisión domiciliaria. En este sentido, debe tomarse en cuenta lo normado por el art. 210 del C.P.P.F. -ya implementado en cuanto al rol que posee el acusador en materia de solicitud de medidas cautelares. En este punto, resulta ineludible resaltar que el representante del Ministerio Público Fiscal ha dictaminado en favor de la morigeración de la prisión preventiva en una prisión domiciliaria y que el tribunal ha fundado su apartamiento en condiciones insuficientes para considerar fundada la resolución recurrida. El voto concurrente remarcó que toda vez que en el presente caso no se verificó controversia entre lo solicitado por la asistencia técnica de Geraldine Lloclla Hermosa y lo dictaminado fundadamente por el Ministerio Público Fiscal respecto a la procedencia de la morigeración de la prisión preventiva dispuesta respecto de la nombrada en los términos del art. 210 del CPPF (cfr. lo establecido sobre el punto en los arts. 210, 221 y 222 del CPPF, implementados por el art. 1 de la Resolución 2/19 de la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal, BO: 13/11/19), corresponde hacer lugar a la pretensión de la defensa. Señaló que la ausencia de contradictorio entre la defensa y el dictamen fundado del representante del Ministerio Público Fiscal impide, como en este caso, la convalidación del fallo impugnado. Dres. Hornos, Borinsky -voto concurrente- y Carbajo.
Recurso de inconstitucionalidad, fundamentos insuficientes, Derecho contravencional y de faltas, multa
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: ADIL, HUMBERTO BERNARDO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-04-16

El agravio de la Municipalidad de Santa Fe referido a la falta de fundamentación en que incurriera el Juez al resolver soslayando completamente la finalidad prevencional de la sanción aplicada, ha de ser acogido en tanto no ha merecido tratamiento, sino que se adoptó una solución en olvido de las cuestiones de derecho público y la finalidad de éste, cual es la de organizar una coexistencia pacífica del poder y de la libertad. Tal misión importa asegurar el orden de convivencia, "algo así como el precio que los integrantes de la sociedad está n conformes en pagar por mantener y resguardar su propia libertad" (Hauriou, J. Gicquel y P. Gélard, 1980, 41; L. Duguit, 1915, 45 y Vanossi, 1994, p g. 43; citados en "Estado y Justicia", Bielsa y Graña, Ediciones Ciudad Argentina, Bs. As., 1996, p g. 60)
Estabilidad del empleado público, derechos adquiridos, sumario administrativo, permanencia en el cargo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Aumann, Verónica Susana c/ E.N. Estado Mayor Gral. de la Armada Dir. de Bienestar de la Armada s/ personal militar y civil de las FFAA y de Seg..
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-14

El Estatuto para el Personal Civil de las Fuerzas Armadas (ley 20.239, art. 15), al igual que el regimen Jurídico Básico para la Función Pública (ley 22.140, art. 10) exige un plazo de 12 meses de servicio efectivo para que el personal permanente adquiera su estabilidad en el cargo. (Del voto de la juez Herrera, cons. VI).
Derecho procesal, medidas cautelares, improcedencia del recurso, defensa del consumidor, principio de prevención
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Giménez, Ricardo Alejandro  c/ Volkswagen Sa de Ahorro p/f determinados y otros  s/ incidente de apelación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-21

Esta Sala ha admitido la segmentación de pretensiones acumuladas en una misma demanda promovida por un consumidor permitiendo resolver anticipadamente aquellas pretensiones que se presentan como de puro derecho con el fin -precisamente- de evitar mayores daños al damnificado de conformidad con lo previsto en el CCCN 10 y 1711 (v. esta Sala, "Bracalante Sandra Carina c/ Caja de Seguros SA s/ ordinario", del 15/11/16).
Tasas retributivas de servicios, carga de la prueba
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Empresa de Distribución de Electricidad de Salta - Edesa S.A. c/  s/ acción de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-12-27

Corresponde hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad interpuesta y, en su merito declarar la inconstitucionalidad del artículo 18 ("Alícuota General") y Anexo III, E.1. de la Ordenanza 21/15 de la Municipalidad de El Quebrachal que establecen una alícuota del 2 % para la tasa de seguridad, salubridad e higiene en la actividad "generación, transporte y distribución de energía eléctrica" si de la prueba rendida quedó demostrado que dicha disposición incrementó en más de un 300 % la alícuota. Del voto en Mayoría del Dr. Cornejo, Dra. Ovejero Cornejo, Dres. Posadas, Samsón, Dra. Bonari, Dr. Catalano)
Abuso sexual simple, sentencia condenatoria, inadmisibilidad del recurso
Materia: PENAL
Carátula: E., S. E. S/ ABUSO SEXUAL SIMPLE c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2021-07-27

El derecho a la revisión plena del fallo condenatorio, que según dice fue cancelado, se cumplió en este legajo de manera efectiva. Por lo demás, siempre en consonancia con la excepcionalidad que entraña un recurso de este tipo, el propio Legislador previó motivos taxativos de procedencia (cfr. art. 254 del C.P.P.N.). En otras palabras, cualquier motivo ajeno a esas causales es improcedente y por tanto impide dar curso al trámite de rigor (con la consecuente facultad del Tribunal de requerir prueba y llamar a audiencia para la ampliación y refutación de argumentos).
Detención, acta de secuestro, testigos de actuación, ausencia de testigos, nulidad procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: "ROMERO, Diego F. s/ procesamiento...".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-07-15

Es nula el acta de secuestro y detención practicado por un funcionario policial en la que los testigos que la suscribieron , por ser convocados con posterioridad, no observaron la requisa e incautación del elemento incriminante, motivo por el cual, se vuelve imposible que den fe de cómo sucedieron los hechos.