marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Homologación judicial, convenios colectivos de trabajo, laudo arbitral, recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional
Materia: LABORAL
Carátula: Guzmán, Juan c/ Indecar SA s/ Recurso de Inconstitucionalidad - Laudo 29/75 (Expte.: C.S.J. Nro.  1761 Año 1996)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-08-20

La cuestión de la interpretación del laudo 29/75 frente al convenio de la especialidad "Rama Carrocera" ha venido debatiéndose desde antaño. La resolución emanada del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social entendió que "el laudo 29/75 fue dictado con posterioridad a la homologación del Convenio Colectivo de Trabajo 260/75, siendo además su jerarquía normativa de igual latitud, por lo que dado el carácter de norma posterior, un sano criterio interpretativo indica que debe estarse en primer término a lo que dispone el articulado y sólo subsidiariamente debe acudirse a la normativa anterior en cuanto no resulte haber sido modificada por la nueva". Aclarado ello, se impone destacar que -en el caso-, si bien todo el discurso argumental de la impugnante transita por intentar demostrar una excepción al principio enunciado, lo cierto es que no puede entenderse que haya logrado su cometido quedando reducida la cuestión a una disidencia puramente hermenéutica sin contenido constitucional.
Daño moral, legitimación activa
Materia: CIVIL
Carátula: BARRON HUGO WALTER Y OTROS c/ CONTRERAS HECTOR RICARDO Y/U OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2012-02-17

Con relación a la cuestión sobre quienes son legitimados activos para reclamar daño moral, este Tribunal opta por la posición amplia, no sólo por la obligación moral que conlleva alinearse a la doctrina sentada por el Máximo Tribunal de la Nación, sino además porque la redacción del artículo 1078 del Código Civil al hacer mención a "herederos forzosos", no hace mención al orden de preferencia del "ius successionis", sino que por el contrario, al expresar que si del hecho hubiere resultado la muerte de la víctima, pone en cabeza de éstos, como damnificados indirectos, una legitimación "iure propio". (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de queja (procesal), depósito previo, plazo, vencimiento del plazo, caducidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Buzzano,  Patricia  Mónica  por  sí  y  en representación, de sushijos   menores c/ Ferrocarriles Metropolitanos S.A. s/ deposito previo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-02-11

Si la constancia referente a la previsión presupuestaria fue presentada cuando ya había vencido el plazo previsto, ello importa la caducidad autómatica del acogimiento (art. 2°, segundo párrafo, de la acordada 47/91), ya que lo relevante es la fecha de presentación de dicha constancia y no el día en que el órgano administrativo la emitió.
Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-03-14


(Registro: Tomo 174: 59/62) Salta, 14 de marzo de 2013.

Y VISTOS: Estos autos caratulados "DOMÍNGUEZ, ANTONIO MARTÍN EN REPRESENTACIÓN DE SU HIJO MENOR DOMÍNGUEZ, TOMÁS FRANCISCO VS. INSTITUTO PROVINCIAL DE SALUD DE SALTA (I.P.S.) Y/O RESPONSABLES - AMPARO - RECURSO DE APELACIÓN" (Expte. Nº CJS 34.435/11), y CONSIDERANDO:

1º) Que contra el auto interlocutorio de fs. 187, que reguló los honorarios profesionales de la apoderada de la parte actora, Dra. Claudia de los Ángeles Pereyra, en la suma de $ 3.000 por su actuación en primera instancia, interpuso recurso de apelación la demandada a fs. 190/192.

Al expresar los agravios, el Instituto Provincial de Salud, perdidoso en la demanda de amparo, califica como excesiva y carente de fundamentación a la estimación de la retribución económica de la citada profesional de cara a la actividad cumplida en el caso.

Cita, en sustento de su planteo, regulaciones de honorarios practicadas en otros juicios.

2º) Que cabe recordar, en primer lugar, que el límite de apelación fijado por el art. 253 del C.P.C.C. -aplicable al presente proceso- conforma un requisito de admisibilidad formal del recurso y, como tal, debe ser considerado por la alzada (CJS, Tomo 128:121; 136:081; 167:359, entre otros).

Por su parte, el referido acotamiento fue actualizado por esta Corte de Justicia, mediante Acordada 11073 del 2/11/11, que fijó en la suma de $ 4.000 (pesos cuatro mil) el monto establecido como límite de inapelabilidad por el art. 253 del Código Procesal Civil y Comercial (cfr. punto II de la Acordada), razón por la cual si el monto inherente a la cuestión traída no excede del establecido en la acordada respectiva, la resolución resulta inapelable.

3º) Que en el caso, el monto cuestionado -$3000- es inferior al mínimo de apelación, por lo que la resolución recurrida resulta inapelable (cfr. art. 253 del C.P.C.C.) y corresponde entonces declarar mal concedido el recurso.

Por ello, LA CORTE DE JUSTICIA, RESUELVE:

I. DECLARAR mal concedido el recurso de apelación de fs. 190/192.

II. MANDAR que se registre y notifique.

(Fdo.: Dres. Guillermo A. Posadas -Presidente- Guillermo A. Catalano, Abel Cornejo, Gustavo A. Ferraris y Sergio Fabián Vittar -Jueces de Corte-. Ante mí: Dr. Gerardo J. H. Sosa -Secretario de Corte de Actuación-).
Suspensión de las garantías constitucionales, suspensión del derecho de huelga, interpretación de la ley, interpretación restrictiva
Materia: LABORAL
Carátula: CABRERA, OMAR c/ ESTABLECIMIENTOS METALURGICOS SANTA ROSA SA. s/ DESPIDO - ARTICULO 1113 CODIGO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-09-30

Una ley de excepción (en el caso la ley 21400) que suspende una garantía constitucional, sólo puede ser interpretada restrictivamente y su aplicación será legítima en tanto apunte a la satisfacción del especial interés protegido.
Daños y perjuicios, prescripción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ramirez, Dionisio Desiderio c/ Cappelletti, Ricardo Alberto y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-26

La prescripción de la acción de responsabilidad civil extracontractual, es la establecida por el artículo 4037 del Código Civil; y comienza a computarse desde que la acción queda expedita o sea, en principio, desde el momento del hecho y no a partir de la aparente agravación del daño o desde el conocimiento de su exacta dimensión.
Defensa del consumidor, legitimación procesal, asociaciones de consumidores, contratos de adhesión, medicina prepaga, derechos de incidencia colectiva
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PADEC c/ Swiss Medical S.A. s/ nulidad de cláusulas contractuales
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-08-21

Cabe dejar sin efecto la sentencia que hizo lugar a la excepción opuesto por la demandada y consideró que la asociación actora no estaba legitimada para demandar a la empresa de medicina prepaga con el objeto de que se declarara la ineficacia de determinadas cláusulas del contrato de adhesión que aquélla suscribe con sus afiliados y que la habilitan a aumentar el valor de las cuotas mensuales que éstos abonan, dado que dicha asociación tiene entre sus propósitos la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios tutelados por el art. 42 de la Constitución Nacional y los tratados con jerarquía constitucional y la defensa de aquéllos cuando sus intereses resulten afectados y/o amenazados, mediante la interposición de acciones administrativas y judiciales y la petición a las autoridades ya sea en representación grupal, colectiva o general, por lo que no se advierten óbices para que deduzca, en los términos del párrafo segundo del artículo 43 de la Constitución Nacional, una acción colectiva, sin que obste a ello a circunstancia de que se haya demandado por la vía de un proceso ordinario, pues el propio texto constitucional autoriza el ejercicio de acciones apropiadas para la defensa de intereses colectivos con prescindencia de las figuras expresamente diseñadas en él o en las normas procesales vigentes.
Contratos bancarios, cuenta corriente bancaria, rescisión del contrato, rescisión unilateral
Materia: COMERCIAL
Carátula: CORPORACION LAUHTEC SA c/ BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-11

Los contratos comerciales por plazo indeterminado, incluido el de cuenta corriente bancaria según regla del ccom 792, es susceptible de rescisión unilateral por la sola voluntad del rescindente, pues ningún sujeto puede estar indefinidamente obligado respecto de otro, sino que cabe reconocerle derecho a concluir la relación obligacional en algún momento y por causa de su sola voluntad.

Empero ese derecho debe ser ejercido de modo de no dañar innecesariamente a la otra parte de la relación, por tanto debe colocarse a esa parte en la posición de adoptar las previsiones adecuadas para adaptarse a la nueva situación motivada por la conclusión del vínculo que se rescinde. Y el medio de colocar a esa parte en tal posición es, obviamente, el preaviso.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), leyes, proceso penal, querellante
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CARRANZA, CATRIEL JULIO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2011-02-15

Corresponde admitir la queja interpuesta por la Fiscal de Camaras contra la decision de la Cámara que declaró la inconstitucionalidad del artículo 5 del Código Procesal de Menores y admitió la constitución de querellante en el proceso de menores desde que su postulación importa articular con seriedad planteos con idoneidad suficiente para operar la apertura de la instancia de excepción.En el caso, la impugnante sostiene que si se admitiera tal posibilidad podría ocurrir que, no instada la acción penal por el Ministerio Público Fiscal o ante el pedido fiscal de sobreseimiento debido a razones de mérito de la prueba, subsistiera una acusación de carácter privado respecto del menor de edad, ello sin que el legislador haya establecido tal instituto; que, de conformidad a la normativa vigente, quien se considere víctima de un delito puede ejercer los demás derechos que le asigna el Código Procesal Penal en virtud de lo previsto en el artículo 24 del Código Procesal de Menores, y que la declaración de inconstitucionalidad genera "lagunas" e "incertidumbres legislativas", de manera que los jueces ejercerían atribuciones propias de los legisladores derogando un artículo que merece ser discutido en el ámbito legislativo.
Prueba pericial, apreciación de la prueba, inimputabilidad, drogadicción
Materia: PENAL
Carátula: V, C M s/ HURTO      EXPTE NRO 83-89
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-09-06

El criterio del perito médico sobre la imputabilidad no puede suplir la valoración del Juez sobre la capacidad de reprochabilidad.

Es muy distinto prescindir del medio de prueba, lo que podría constituir una hipótesis de arbitrariedad.

El drogadicto que hurta los recetarios y el sello médico que lo está atendiendo, para procurarse la droga en un futuro, no encontrándose en un "climax de carencia" y habiendo consumido previamente una dosis, que sólo le produjo una sensación de bienestar y euforia, no puede ser considerado inimputable en los términos del artículo 34 inciso 1 del Código Penal.
Jurisdicción y competencia, concursos, fuero de atracción, sentencia definitiva
Materia: COMERCIAL
Carátula: Roja,  Claudia  Luján c/ Línea 213 S.A. de Transporte y otro s/ daños.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-12

No obsta a la radicación de la causa en el juzgado que tramita el concurso de la demandada la circunstancia de haber recaído sentencia definitiva en autos, ya que conforme a lo dispuesto en el art. 21 de la ley 24.522 todos los juicios de contenido patrimonial deben quedar radicados ante el juez que entiende en el juicio universal, lo cual deviene procedente aún en el supuesto indicado, en orden a que el proceso atraído será la razón y fundamento de la pretensión de verificación que pueda llegar a ejercer el acreedor (Disidencias de los Dres. Enrique Santiago Petracchi y Guillermo A. F. López y del Dr. Antonio Boggiano).
Menores, juicio de menores, pena
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: O., C. O. s/ Robo Agravado en Grado de Tentativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-07-12

Si acaso la postura absolutoria del Ministerio Fiscal en el proceso de menores, cuando a éste se le ha declarado responsable de delito, inhibe al Tribunal de Juicio de pronunciarse ( como ha ocurrido en la especie) tengo para mí que la imposición de una tuición en este particular proceso es irrazonable y por ende la sentencia debe ser casada en lo que toca. Y digo así por que si las medidas tutelares, como las penas, importan blaciones a los derechos individuales, no pueden ni deben operar en los supuestos en que sus efectos se tornan inocuos. Todo cuanto podría configurar una medida de custodia razonable -es elocuente que el Estado ha fracasado en la especie- se encuentra comprendido dentro de los términos del tratamiento carcelario especial al que están sometidos los menores, pero a la par desde la potente situación que implica la privación de libertad.
Honorarios, costas
Materia: LABORAL
Carátula: RODRIGUEZ NOEMI NILDA c/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA s/ INDEMNIZACION - RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1995-03-23

La facultad de cambiar las leyes procesales es un derecho que pertenece a la soberanía a de las provincias y si bien es un principio inconcuso que aquellas no deben alterar derechos adquiridos, no puede pretenderse que promedie un acuerdo legalmente imposible con el poder público, en cuya virtud éste se obligara a no alterar las soluciones legales, renunciando a hacerlas más justas y equitativas.

Sin embargo, no puede dejar de considerarse el prinicipio de ejecución de los actos procesales, que se manifiesta cuando el cumplimiento del acto constituye el presupuesto de otro posterior.

En este sentido la C.S.J.N. ha dicho que las leyes en nuestro ordenamiento, pueden tener efecto retroactivo, bajo la condición obvia e inexcusable de que su retroactividad no afecte garantías constitucionales (Sent. 261, 19/11/91).

Corresponde la aplicación de la normativa vigente al tiempo de la designación del perito y su aceptación del cargo. A ese momento, en el caso, el principio de costas al vencido dentro del régimen laboral (igualque en la ley arancelaria Nro. 7269) no contenía excepción alguna que impusiera las costas del perito propuesto como control a la propia parte.Por tanto, no puede cargarse a ésta con los honorarios fijados por dicha actividad cuando la a quo encontró mérito para imponerlo a la demandada que resultó "vencida", esto es que tuvo en cuenta las circunstancias del caso de conformidad con lo que establece el art. 268 C.P.C. (Voto del Dr. Ayán).
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, nulidad de la notificación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pellegrini, Héctor c/ Martini, Arturo s/ Ejecutivo. Recurso de queja Metzler, Amabella A. c/ Berardo, Ricardo L. s/ Daños y perjuicios. Rec. de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-11-28|1992-12-01

La decisión que resuelve el incidente de nulidad del diligenciamiento de la notificación de la sentencia de primera instancia tiene efectos de definitiva desde que pone fin al pleito como consecuencia de la firmeza que adquiere dicha sentencia.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Servidumbres, honorarios, honorarios del abogado, base regulatoria
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Ottavianelli de Sánchez, Mónica Isabel y otro c/ Bozzolo, Enrique Carlos s/ Acción confesoria. Daños
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-06-02

La acción confesoria, no puede dar lugar a una base regulatoria que sea la suma del valor de los dos inmuebles. Es cierto que en toda servidumbre hay un fundo dominante y un fundo sirviente (arts. 2973 y 2974 del Código Civil).

Pero esto no quiere decir que haya dos derechos. Hay sólo uno, que es el del titular del fundo dominante. El derecho de servidumbre de la parte accionante, y la correlativa restricción que sufre el de la parte demandada, son las dos caras de una misma moneda. Del mismo modo, en el reclamo de un derecho creditorio, no se deben sumar el valor del derecho del actor, y el de la deuda del demandado. (Minoría u opinión personal)
Derecho procesal, prueba, carga de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: BRAVO DE PACHECO, HERMINIA c/ BAEZ, CARLOS MARIO Y OTROS s/ DESALOJO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-11-08

La carga de la prueba es una circunstancia de riesgo donde quien no prueba los hechos que debe acreditar pierde el pleito, si de ellos depende la suerte de la litis. Es una noción procesal que contiene la regla del juicio por la cual se le indica al juez como debe fallar, cuando no encuentra en el proceso pruebas que le den certeza sobre los hechos que debe fundamentar su decisión e indirectamente, establecer a cual de las partes le interesa demostrar tales hechos para evitar consecuencias desfavorables.
Prueba confesional, valor probatorio, cuerpo del delito
Materia: PENAL
Carátula: N.N. s/ Robo - Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-12-30

El Código adjetivo no requiere que la confesión necesite estar "corroborada" para revestir validez probatoria sino que requiere que concuerde con las circunstancias y accidentes del cuerpo del delito (art. 235 inc. 7 -n.a.- del C.P.P.). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Deber de imparcialidad, recusación, sentencia no firme
Materia: PENAL
Carátula: Chabán, Omar Emuir y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-01

El pronunciamiento que rechazó la recusación no constituye sentencia definitiva a los fines del recurso extraordinario.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, acción de amparo
Materia: PENAL
Carátula: Scarimbolo, Martín c/ Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires s/ Amparo. Recurso de queja por denegación de recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-10-28

Las decisiones en materia de amparo pueden resultar definitivas, debiendo estarse a las circunstancias de cada caso en particular, no siendo posible decir lo contrario a priori. La sentencia de la Alzada que desestimó el amparo con sustento en la existencia de otras vías idóneas para la tutela de los derechos invocados por el actor, no reviste carácter definitivo en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, sin que en la especie se haya demostrado tampoco que la sentencia, por sus efectos, pueda ser equiparada a tal.
Costas, IVA, honorarios del abogado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Giuggia Rubén A. c/ Addea Carmelo y otros s/ Prescripción adquisitiva
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-10-15

Incluyéndose en el concepto de costas todos los gastos ocasionados por la sustanciación del proceso -a partir de lo cual integran tal rubro los honorarios profesionales- y constituyendo el Impuesto al Valor Agregado un tributo trasladable que grava el precio del servicio prestado, representando por tales honorarios, quién resulte condenado en costas deberá cargar con tal imposición. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, servicio público, servicio de agua corriente, tarifa de servicios públicos, leyes
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: CLUB DE GIMNASIA Y ESGRIMA SOC. CULT. Y DEPORT. ASOC. MUTUAL c/ AGUAS PROVINCIALES DE SANTA FE S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - AMPARO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 611 AÑO 2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2007-03-28

Corresponde rechazar la queja sustentada en que la Cámara al confirmar la sentencia de baja instancia ratifica la decisión de cuestiones no planteadas, desde que "decide lo que nadie pide" en orden a que se invalidan todas las facturaciones emitidas por el ente sanitario, convalidando la constitucionalidad de la ley 11.220, siendo que lo que se postuló fue la declaración de inconstitucionalidad del régimen tarifario por alterar la ecuación económica financiera preexistente a la privatización.

Es que, precisamente, el objeto del pleito giró en torno al cuestionamiento del régimen tarifario, siendo de toda lógica, entonces, concluir que el análisis de este punto se encontraba dentro de las atribuciones del Tribunal para calificar las cuestiones que las partes trajeron a su conocimiento.

Y, conviene recordar, que la declaración de inconstitucionalidad de una norma implica la extrema ratio del Derecho; se trata del ejercicio de la función más delicada de los jueces.

Y, en el caso, de la lectura del decisorio surge que el juez de baja instancia entendió que "como el régimen tarifario cuestionado resulta ahora modificado por la ley 11.644 es inconducente su declaración de inconstitucionalidad, correspondiendo reputar ilegal la facturación emitida por la concesionaria durante su vigencia" -y no se pronunció acerca de la constitucionalidad de la ley 11.220 como sostiene la recurrente-, decisión confirmada por la Cámara que no logra justificar la quejosa que implique alterar los presupuestos fácticos del caso.
Robo calificado, robo en banda
Materia: PENAL
Carátula: OLIVERA, Juan y otro s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-08-05

Considero que para que opere la agravante del art. 167 inciso 2do.

del C.P., no es necesario que se trate de banda en los términos del artículo 210 del C.P..- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Confirmación de sentencia, cuota alimentaria, hijo mayor de edad, educación superior
Materia: CIVIL
Carátula: O. B. A. G. c/ O. M. G. s/ ALIMENTOS PARA LOS HIJOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-03-27

Cabe confirmar la sentencia de grado que fija la pretensión de alimentos a favor de la hija mayor de edad en un 15% de los ingresos del alimentante, toda vez que si bien la alimentada cuenta con 22 años cumplidos, se ha acreditado la regularidad y continuidad en el cursado de una carrera univiersitaria, a sí como la carga horaria que le insume, a lo que debe agregarse el tiempo de estudio que debe dedicar; y si bien la joven podría laborar, en tanto no se ha demostrado que falta de capacidad o limitación alguna, lo cierto es que, difícilmente pueda "obtener los recursos necesarios para mantenerse en forma independiente" de proseguir con la carrera.
Suspensión del juicio a prueba, oposición del fiscal
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público -Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 2- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Arcienaga, Lucas Cristian s/ art. 189 bis, portación de arma de fuego de uso civil -CP- (p/L2303) Apelaciones con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 2- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Arcienaga, Lucas Cristian s/ art. 189 bis, portación de arma de fuego de uso civil -CP- (p/L2303)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-14

En la medida en que los representantes del Ministerio Público Fiscal expresen razones "suficientes u opinables" vinculadas con el caso concreto, corresponde dar virtualidad a su oposición al otorgamiento de una suspensión del juicio a prueba, extremo que no se verifica cuando la oposición fiscal es caprichosa, sistemática y expresada con total desapego de las circunstancias de la causa pues, de lo contrario, esa misma automaticidad que los fiscales predican respecto a la utilización excesiva de este instituto por parte de los magistrados, les cabría, también a ellos, con relación a sus propias oposiciones. (Voto de la Sra. Jueza Ana María Conde).