Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-11-30


2º Instancia.- Buenos Aires, noviembre 30 de 2009.

El doctor Rodríguez Brunengo dijo:

I. La sentencia de primera instancia (fs. 249/255), que hizo lugar a la demanda, ha sido apelada por la accionada a tenor del memorial obrante a fs. 262/267.

Por su parte, la perito contadora (fs. 256) apela los honorarios que le fueron regulados por considerarlos reducidos.

II. Previo al tratamiento del recurso incoado, considero oportuno recordar que el vínculo dependiente que uniera a las partes se extinguió por decisión de la demandada en los siguientes términos: "Comunicámosle que habiendo incurrido en grave inconducta y negligencia que constituye injuria laboral al empleador al haber generado en su función de cajera faltantes de caja y realizado un manejo incorrecto de los sistemas que permitió la desaparición de $ 40.000 en el cobro de expensas de los edificios administrados por esta sociedad en el período enero 2007-agosto 2007, todo lo cual ha sido recientemente determinado por una auditoría realizada, e implica un grave perjuicios material y moral a su empleador, que se agrava por su función y pleno conocimiento de la operatoria de trabajo, violando además los deberes de conducta, buena fe, cumplimento de ordenes e instrucciones y transgrediendo art. 62, 63, 84, 85 y 86 y ccss. de la LCT en forma tal que impide la prosecución del vínculo laboral ni siquiera a título provisorio, en la fecha queda Ud. despedida por justa causa y su exclusiva culpa..." Desde tal perspectiva, destaco que la cuestión fundamental a decidir en el pleito es si resultó probado el hecho invocado por la accionada para despedir a la actora y, llegado el caso, si tal conducta constituyó injuria de tal gravedad que impidiera la prosecución del vínculo de trabajo.

La Sra. Jueza de grado, a su turno, consideró que las causales invocadas como fundamento del despido no resultaron idóneas para justificar el accionar de la demandada y así declaró procedentes las indemnizaciones correspondientes al despido incausado.

III. La demandada sostiene en su recurso que la sentencia es arbitraria por cuanto decidió que el despido con causa dispuesto por su parte resultó injustificado, pese a que se probaron por distintos medios las irregularidades cometidas por la actora.

Tras realizar una extensa exposición teórica acerca de las reglas de la apreciación de la prueba, se agravia por la interpretación que realizó la Jueza "a quo" del informe técnico rendido en autos y porque aduce que hubo falta de consideración de otros medios probatorios acompañados y producidos en estas actuaciones.

Sin embargo, lo cierto es que en la comunicación del despido se le imputó a la actora la responsabilidad por la desaparición de $ 40.000 en el cobro de expensas de los edificios que la demandada administra pero, en el caso, no encuentro elementos contundentes de prueba que acreditan la irregularidad endilgada a la actora para despedirla.

En efecto, si bien surge de la pericia contable que el usuario que utiliza la clave asignada a la actora realizó anulaciones que se describen como de "capital", también se desprende del informe realizado por el perito analista de sistemas, que "...todo débito o crédito queda registrado en el libro caja de cada edificio y en el libro Cta. Cte. de la unidad".

De acuerdo a lo expuesto, comparto la conclusión arribada por la sentenciante de grado acerca de que la demandada no podía ignorar ni desconocer de manera excusable los movimientos de dinero que, mes a mes, hacen al giro y objeto propio de su actividad y, en el punto, dicha conclusión no logró ser desvirtuada por el apelante.

La accionada se agravia porque no fue tenida en cuenta la testimonial rendida en autos pero advierto que su análisis tampoco logra modificar lo decidido en grado.

Castro, a fs. 164, propuesta por la demandada, afirma que la actora hacía cobranzas de expensas "Que el procedimiento de pago de expensas, ella las cobraba, ingresaba en un sistema de administración de consorcios,...que lo ingresaba por medio de un usuario por medio de una clave, cargaba cada unidad según el consorcio, que lo sabe porque la testigo reemplaza eventualmente a Claudia Caamaño y cuando cerraban la caja la actora le rendía su caja. Que la caja se rendía, según el usuario, cargaba y mandaba a depositar. Según el consorcio. Que el perdón de capital debía estar firmado por un superior, que eran supervisores, en ese momento hubo varios que pasaron...".

Valeria Gojan, a fs. 166, a instancia de la actora, aduce que la reemplazó en las dos semanas que le daban en las vacaciones de verano del año 2006 "...que por medio del sistema ADA estaban las cuentas de distintos inmuebles y edificios y ahí se imputaba el pago, se hacía, que eso se hacía en efectivo o se acreditaban en el banco y uno los tenía que ingresar en el sistema. Que esto en el día se cierra y lo controla a las 16.30 o 17 Claudia Caamaño. Se cierra la caja y se entrega. Que Caamaño que es la jefa del sector controla todas cuentas...Ella es la que comanda todo eso, si hay una diferencia es ella la que informa en el momento".

La prueba testimonial referenciada a la luz de lo normado por el art. 386 CPCCN, se revela objetiva, concordante y con debida razón de sus dichos, siendo que los deponentes han declarado sobre hechos que conocieron por haber trabajado con la actora en condiciones similares y se revelan conocedores de las circunstancias de tiempo, modo y lugar sobre las que depusieron.

Dichos testimonios, no hacen más que corroborar la conclusión a la que arribó la "a quo" pues, si la actora realizó los "perdones" de capital que pudieron haber generado los faltantes de dinero mencionados, -práctica que según el telegrama del despido se verificaron a partir de enero de 2007-, la realidad es que la demandada no pudo desconocer dicha situación en virtud del sistema de control y supervisión que existía, de acuerdo surge de la testimonial analizada.

Concluyo que, en virtud del poder disciplinario que posee el empleador, cuya función -entre otras-, es corregir la mala conducta del trabajador, advierto que correspondía a su parte, si así lo consideraba, hacerle notar a la actora que la práctica realizada no estaba ajustada a derecho, otorgándole así, la oportunidad de modificar su proceder. Ello, obviamente, desde el primer momento en que se advirtió la irregularidad.

Por las consideraciones expuestas, entiendo injustificado el despido dispuesto por la demandada por lo que propicio confirmar la sentencia apelada en lo que a ello respecta y ha sido materia de recurso.

IV. En cuanto a las restantes consideraciones vertidas por el apelante, destaco que -tal como la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sentado criterio- el juzgador no está obligado a ponderar una por una y exhaustivamente todas las argumentaciones y pruebas agregadas a la causa, sino sólo aquellas que estimare conducentes para fundar sus conclusiones, ni a analizar todas las cuestiones y argumentos utilizados que -a su juicio- no sean decisivos (conf. CSJN, 29.4.70, LA LEY, 139-617; 27.8.71, LA LEY, 144-611 y citas jurisprudenciales en "Código Procesal..." Morello, Tº II-C, Pág. 68 punto 2, Editorial Abeledo Perrot; art. 386, última parte, del Código Procesal; y de esta Sala, ver autos: "Bazaras, Noemí c/Kolynos" S.D. 32.313 del 29.6.99).

V. Los honorarios de la experta contable, los encuentro reducidos en atención al mérito y extensión de la labor desarrollada por el profesional, por lo que propicio elevarlos al 8% del monto total de condena (art. 38 ley 18.345).

VI. De acuerdo a la solución a la que he arribado en el presente voto, propongo que las costas de alzada sean soportadas por la demandada (art. 68 CPCCN) a cuyos efectos estimo los honorarios de la representación letrada de su parte y de la actora, en el 25%, para cada una de ellas, de lo que les corresponda percibir por su actuación en la primer etapa (art. 14 ley 21.839).

La doctora Ferreirós dijo:

Por compartir los fundamentos, adhiero al voto que antecede.

El doctor Juan Carlos Eugenio Morando: No vota (art. 125 ley 18.345).

Por lo que resulta del precedente acuerdo, el Tribunal resuelve: 1) Confirmar la sentencia apelada en lo principal que decide. 2) Elevar los honorarios del perito contador al 8% (ocho por ciento) del monto total de condena. 3) Imponer las costas de alzada a la parte demandada. 3) Regular los honorarios de alzada para la representación letrada de la parte actora y de la demandada en el 25% (veinticinco por ciento), para cada uno de ellas, de los determinados en la instancia anterior.- Néstor M. Rodríguez Brunengo.- Estela M. Ferreirós.