Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-10-28


----En la ciudad de Trelew, a los días de octubre del año dos mil diez, se reúne la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones, con la Presidencia del Dr. Marcelo J. López Mesa y presencia de los Sres. Jueces del Cuerpo Dres. Carlos A. Velázquez y Carlos Dante Ferrari, para celebrar acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "C., C. M. c/ R., M. M. s/ Daños y Perjuicios" (Expte. N° 321- año 2010) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿se ajusta a derecho la sentencia apelada? y SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en orden al sorteo practicado a fs. 204.

----A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Velázquez expuso: I.- La sentencia de primera instancia condenó a la demandada M. M. R. a indemnizar a la actora C. M. C. con la mitad del valor de los daños sufridos por ésta, en razón de considerar que a la producción del accidente de tránsito concurrieron las culpas de ambas protagonistas, la demandada por realizar una maniobra antirreglamentaria para abandonar la semiautopista Antártida Argentina por la que circulaba desde Rawson en dirección a Playa Unión girando por la rotonda situada en la intersección con la arteria Vucetich, y la actora por la velocidad excesiva con que se desplazaba por la semiautopista en igual dirección que la anterior, lo que la privó del adecuado control del automotor que conducía.- II.- Apeló tal decisión la demandante, quien para fundar su recurso expresó, en síntesis, los dos siguientes agravios: - A) Las pruebas aportadas, erróneamente apreciadas por el "a quo", demostraron la exclusiva culpabilidad de la demandada, quien, tras rebasar la rotonda de las Avenidas Antártida Argentina y Vucetich, retrocedió marcha atrás por la primera de esas arterias procurando poder tomar por la segunda. Por el contrario, no resultan convincentes los testigos que aludieron a una velocidad excesiva de la actora, la que de haber circulado con alto ritmo de marcha hubiera chocado contra la camioneta que la precedía cuando ese vehículo disminuyó su velocidad para ingresar a la rotonda. Subsidiariamente, sostuvo que en caso de insistirse en la concurrencia de culpas correspondería atribuirle a ella una porción muy inferior al 50 % concluido por el sentenciante de origen.

B) El juzgador de primera instancia tasó el daño generado por la privación de uso del rodado chocado partiendo de un monto diario de $ 30, insuficiente para cubrir los gastos en un medio sustitutivo de transporte en la localidad de Lago Puelo donde la actora se domicilia.- Dichas impugnaciones hallaron réplica a fs. 195/198 vta.- III.- En qué consistió la desafortunada maniobra llevada a cabo por la demandada se encuentra demostrado en autos por probanza irrefutable. En efecto, puesta a ella como posición que el accidente "lo provocó al intentar retomar marcha atrás por la Avda. Antártida Argentina", la absolvente se negó a contestar por entender que esa posición segunda la llevaba a confusión en razón de cómo había sido formulada la primera, decidiendo el Señor Juez de la anterior instancia tener presente la cuestión en los términos del art. 414 C.P.C.C., hoy art. 418 (fs. 67, pos. 2da. y su respuesta de fs. 68). La posición guardó estrictamente las formas prescriptas por el art. 415 cód. cit. (ex art. 411), toda vez que ella fue clara, concreta, referida a un sólo hecho, contenía una afirmación y versaba sobre un punto controvertido en el proceso; tampoco inducía a confusión de ningún tipo en relación a la anterior, que versó sobre el protagonismo de la accionada en el accidente. No fue entonces una posición impertinente ni inadmisible y al negarse a responder la demandada incurrió en una reticencia contumaz que obliga a los magistrados a sancionarla teniéndola por confeso a tenor de aquélla (art. 418 C.P.C.C., antes art. 414; confr.: Cám. Apel. C. y C. Bahía Blanca, D.J.B.A. 60-58; C.N. Civ., Sala "A", L.L. 125-757, n° 14.726 - S) y ello, al decir de Enrique M. Falcón ("Código Procesal Civil y Comercial...", Abeledo - Perrot 1984, III-268/269, n° 414.9) "en forma expresa, con los efectos del art. 423" (hoy, entre nosotros, art. 427; este tribunal, c. 657/09 S.D.L. 86/09). Pues bien, como la confesión expresa constituye plena prueba según el art. 427 parte 1era. C.P.C.C., prueba tasada que escapa a la regla general de apreciación del art. 390 íd. (confr.:Morello y otros, "Códigos Procesales...", 1era. ed., V-385, "a"; esta sala, c. 22.513 S.D.L. 9/08, c. 22.670 S.D.L. 25/08, c. 270/09 S.D.L. 41/09), debe ser tenida por plenamente acreditada esa circulación marcha atrás en una semiautopista. Máxime que las circunstancias del choque fueron ratificadas por el testigo H. H. B. (fs. 103, resp. a la preg. 2da.).- Tal maniobra resulta claramente ilícita en tanto prohibida de modo expreso por el art. 48 inc. "h" de la Ley 24.449 -a la que la Municipalidad de Rawson adhiriera por Ord. n° 4.123- y lleva a presumir responsable del hecho a la infractora (art. 64, párr. 2° ley cit.). Por lo demás, allende esa presunción legal, el más ligero análisis de dicha conducta -marcha en retroceso en una autopista, a la salida de una rotonda y en momentos de intenso tránsito vehicular- conduce a tildarla de caprichosa e intempestiva, groseramente imprudente y, por ende, configurativa de culpa en los términos del art. 512 Cód. Civ. y generadora entonces de responsabilidad conforme el art. 1109 ídem.- En cuanto a la conducta de la actora, la velocidad excesiva a la que se desplazaba ha quedado acreditada con las coincidentes testificales de M. R. V. y P. G., quienes circulaban en la misma dirección de aquélla por el carril derecho y la vieron al sobrepasarlos avanzar muy rápido (fs. 71/vta. y 72, resps. a las pregs. 8va., 13era y 14ta.), y S. N. C., la que rodaba en sentido contrario y desde su posición notó que "la camioneta venía ligero"(fs. 74 vta., resp. a la preg. 14ta.). No invalidan esos testimonios sus diferencias con lo expresado por otros deponentes, ni la circunstancia que los declarantes no precisaran a cuánto ascendía el ritmo de marcha de la actora. Constituye regla de la experiencia que el testimonio sin errores es excepcional (confr.: S.C.B.A., Rep. L.L. XLI, J-Z, pág. 2434, sum. 29; este tribunal , c. 18.797 S.D.L. 29/03, c. 19.554 S.D.L. 34/04), que los pequeños yerros entran en el margen de error humano, pues un testigo no es una máquina grabadora de imágenes de mecánica y absoluta precisión. Súmese a ello que las referencias brindadas por los testificantes en cuanto a cifras, magnitudes, velocidades son datos usualmente sujetos a error, en razón de depender en gran medida del coeficiente individual de captación y retención de cada testigo, de suerte que, por encima de la exactitud de tales detalles, lo que cuenta es el sentido general de las declaraciones y lo que éstas pueden traducir fielmente de los hechos ocurridos (confr.: Gorphe, "Crítica al testimonio", 1era. ed., pág. 209; este cuerpo, c. 18.797 S.D.L. 29/04, c. 19.700 S.D.L. 55/04, c. 22.222 S.D.L. 47/07, c. 22.634 S.D.C. 16/08, c. 443/09 S.D.C. 45/09, entre otras).- Creo errado el razonamiento propuesto por la recurrente en el sentido que de haber ella avanzado a alta velocidad hubiera embestido al camión que la precedía cuando éste ingresaba a la rotonda reduciendo para ello su marcha. El testigo H. H. B., conductor de ese vehículo, expuso que, circulando también él en dirección a Playa Unión y para evitar el impacto contra el automóvil de la demandada que retrocedía marcha atrás, "me metí a la Vucetich y lo esquivé" (fs. 103, resp. a la preg. 2da.); esto es, que realizó H. H. B. una maniobra evasiva de urgencia que no presupone una disminución de la velocidad de su parte a partir de la cual quepa descartar el elevado ritmo de desplazamiento de la actora.- Sabido es que la velocidad resulta excesiva o no en atención no tanto al número de kilómetros recorridos por hora, sino de acuerdo a las circunstancias -visibilidad, condiciones de la vía , densidad del tránsito-, debiendo ella ser tal que permita siempre el dominio del vehículo y su detención oportuna (art. 50 de la Ley 24.449). En el caso la actora, por la velocidad a la que transitaba, no conservó ese adecuado dominio que le hubiera consentido inmovilizar su rodado antes del impacto y ello constituye igualmente culpa por imprudencia que libera de responsabilidad parcialmente a la demandada (arts. 512, 1111 Cód. Civ.).- En trance de decidir soberanamente cómo se habrían comportado personas cuidadosas colocadas en las mismas circunstancias externas (confr:: Mazeaud - Tunc, "Tratado...", E.J.E.A. 1962, I-II-87, n° 440), forzado es concluir la concurrencia de culpa de ambas protagonistas, pues junto a la imprudencia de la víctima que circulaba a una velocidad exagerada aparece la mucho mayor de la demandada que se desplazaba marcha atrás por una semiautopista, a la salida de una rotonda y en momentos de intenso tránsito. Ambas conductas resultaron condiciones indispensables, auténticas cocausas para la producción del accidente, ya que sin su concurrencia éste no habría acaecido (art. 901 Cód. Civ.), pero a la hora de discernir cuotas en los aportes causales de cada una no dudo en atribuirle una muy superior incidencia a la de la demandada que, en mi concepto, debe determinarse en un 75 %, mientras que la de la actora la estimo en un 25 %.- Como en todos los supuestos de cocausalidad el victimario debe responder en la medida de su contribución a la generación del perjuicio (confr.: Goldenberg, "La relación de causalidad en la responsabilidad civil", Astrea 1984, págs. 170/171, "c" y sus citas; esta sala, c. 18.781 S.D.C. 4/08, c. 30/98 S.D.C. 19/09), la condena a la demandada ha de alcanzar al 75 % de los rubros resarcitorios declarados procedentes.- IV.- Atinente al agravio relativo al monto del ítem privación de uso del rodado dañado, señalaré que si bien la actora denunció en la demanda su domicilio en la localidad de Lago Puelo -dato que quedó admitido por no haberlo desconocido la demandada (art. 360 inc. 1° C.P.C.C., ex art. 356)-, no alegó ni menos acreditó en cambio que esa circunstancia encarecía los costos diarios de medios de transportes sustitutivos, hecho este que no cabe calificar de público y notorio pues no entra en el conocimiento, en la información fácilmente asequible para todos los individuos de la comunidad a poco que se lo investigue (confr.: Rosenberg, "Tratado de derecho procesal civil", trad. de Romero Vera, ed. EJEA 1955, II-218/219; Micheli, "La carga de la prueba", trad. Sentís Melendo, ed. EJEA1961, pág. 119), de modo que él no resulta invocable de oficio por los jueces.- Comprobado el daño pero no justificado su monto, es sabido que corresponde usar la facultad judicial consagrada en el art. 167 "in fine" C.P.C.C. (antes art. 165), pero ante tal ausencia de elementos de juicio que permitieran evaluar con mayor precisión el perjuicio se vigoriza la pauta de máxima prudencia y criterio restrictivo en la determinación de la cuantía del resarcimiento, con el que ha de cubrirse no más que el perjuicio efectivamente sufrido, evitando el riesgo de colocar al damnificado en mejor situación a la que tendría si el hecho no hubiere acaecido, lo que equivaldría a sancionar un enriquecimiento incausado (este tribunal, c. 18.524 S.D.C. 15/03, c. 20.376 S.D.C. 42/05, c. 22.264 S.D.C. 5/08, c. 281/09 S.D.C. 50/09). A mi juicio, la tasación hecha por el Señor Magistrado "a quo" ha sido cauta y el monto al que arribara para el rubro merece ser confirmado.- V.- Por las razones expuestas propondré la parcial revocación de la sentencia apelada, a fin de elevar el monto del capital de la condena a la suma de $ 7.178,67.------ De ser compartida mi posición, habrán de adecuarse a esta nueva decisión la condena en costas pronunciada y los honorarios regulados en la anterior instancia.------- Tocante a la primera, impónese el seguimiento a la doctrina sentada por el Superior Tribunal de Justicia en sus precedentes S.D. 33/94, 28/95, 46/95 y 2/96, conforme la cual las costas en los procesos sobre daños y perjuicios cuando media causación conjunta deben imponerse en ambas instancias en la medida de la atribución de responsabilidad por aplicación del art. 69 parte 2da C.P.C.C. (ex art. 68; en idéntico sentido, ver Loutayf Ranea, "Condena en costas en el proceso civil", Astrea, Bs. As. 1998, págs.407/408 y sus extensas citas de jurisp. en notas nros. 99 a 102). Así pues, las costas causídicas de las dos instancias habrán de ser impuestas a la demandada en un 75 % y a la actora en un 25 %.- En cuanto a los honorarios, vista a la extensión, calidad y resultado de los trabajos profesionales cumplidos en primera instancia, propondré fijarlos para los Dres. M. A. G., C. R. Z. y C. F. M. en las sumas respectivas equivalentes al 15 %, al 5,25 % y al 17,50 % del monto del proceso que surja de la liquidación a practicarse (arts. 5, 6, 8, 18, 46 de la Ley XIII n° 4; ex arts. 6, 7, 9, 19, 47 del Dec.-ley 2.200); para el perito mecánico Sr. M. F., en la suma equivalente al 2 % de igual monto del asunto (art. 60 ley cit.).- Atendiendo a las pautas fijadas en los artículos ya citados de la ley arancelaria , así como a la establecida por su igual n° 13 (antes art. 14), propicio regular los honorarios por las labores de alzada de los mismos curiales y en idéntico orden en las sumas equivalentes al 4,50 %, al 1,50 % y al 4,70 % del aludido monto del proceso.- Me expido en esta cuestión entonces PARCIALMENTE POR LA NEGATIVA.- ---- A ESTA MISMA CUESTIÓN, el Dr. Carlos Dante Ferrari dijo: I. El Dr. Velázquez ha hecho ya un sumario de los antecedentes que informan el caso, de la sentencia dictada en la anterior instancia y de los agravios vertidos contra ella por la parte apelante. En vista de ello, resulta innecesario abundar sobre estos tópicos, por lo que me pronunciaré directamente sobre la cuestión traída a conocimiento de esta Alzada. II. Compartiré desde ya la postura del colega preopinante acerca de la interpretación que debe merecer la negativa de la demandada a responder la segunda posición formulada por la contraparte en la audiencia confesional (conf. pliego de fs. 67 - acta de fs. 68). La razón invocada para oponerse a responder, consistente en que dicha posición podía "...llevar a confusión a la parte demandada en razón de cómo ha sido formulada la primera posición" (textual) carece de justificación adecuada. Nótese que la primera rezaba: "para que jure como es cierto que el día 24 de diciembre de 2005, siendo aproximadamente las 18:15 hs., protagonizó un accidente en al ciudad de Rawson". Luego, la segunda estaba concebida en los siguientes términos: "...que el mismo lo provocó al intentar retomar marcha atrás por la Avda. Antártida Argentina de la ciudad de Rawson". Del cotejo de ambas puede observarse que la primera estaba dirigida a obtener el reconocimiento de la demandada acerca de la participación en el accidente de tránsito que dio motivo a la demanda, mientras que la segunda se refería en forma clara y puntual a la conducta de la demandada que habría dado lugar al siniestro, consistente en haber intentado la demandada dar marcha atrás en la arteria por la circulaba. Este hecho afirmado en la segunda posición es único, claro, puntual, no puede lugar a confusión alguna y se ajusta a las exigencias rituales, en cuanto determinan que "Las posiciones serán claras y concretas; no contendrán más de un hecho; serán redactadas en forma afirmativa y deberán versar sobre puntos controvertidos que se refieran a la actuación personal del absolvente" (art. 415 -antes 411- del C.P.C.C. - texto seg. Ley XIII N° 5). Ha de tenerse presente que el art. 418 -antes 414- del C.P.C.C. contempla que la parte absolvente podrá negarse a contestar una pregunta si la "estimare impertinente", en la "inteligencia de que el juez podrá tenerla por confesa si al sentenciar la jugare procedente" y así lo tuvo presente el a quo, si bien al apreciar la prueba no hizo luego mención alguna a esta incidencia, probablemente por inadvertencia. Pues bien: en plena coincidencia con el Dr. Velázquez, opino que ante la indudable procedencia de la posición bajo examen, la injustificada negativa a responderla conduce a tener a la demandada por confesa acerca de este hecho controvertido, el que, por otra parte, resulta esencial para la determinación de la mecánica del accidente y la asignación de las responsabilidades respectivas. ----- Sabido es que, cuando media oposición a responder a tenor de esta regla procesal, el absolvente debe proporcionar una razón atendible para abonar su negativa, y llegado el momento de dictar sentencia, el juez debe juzgar acerca de la negativa y, en caso de considerar conducente la formulación, la consecuencia será tener por confeso al absolvente remiso (art. cit., su doctrina). III. En síntesis, la confesión de la demandada -marcha hacia atrás en una avenida- hace plena prueba acerca de este hecho (art. 427 -antes 423- del C.P.C.C.), el que además ha sido corroborado por prueba testimonial concordante (test. V., resp. a la 2da. preg., fs. 102; test. B., resp. a la 2da. preg., fs. 103). De tal manera, tratándose de una maniobra claramente antirreglamentaria expresamente enumerada entre las prohibiciones del art. 48 de la ley 24.449, que en su inciso "h" veda "circular marcha atrás, excepto para estacionar, egresar de un garage o de una calle sin salida" (cuerpo normativo al que adhirió el Municipio de Rawson - conf. Ordenanza N° 4123), la misma se constituyó en la principal causa adecuada para la provocación del choque (conf. art. 499, 512, 902, 1109 y conc., Código Civil). IV. Claro está que esta maniobra no ha sido sin embargo el factor causal exclusivo de la colisión. La prueba testimonial permite comprobar que también la actora, por su parte, circulaba a una velocidad tal que, a la luz de los hechos, le impidió mantener el adecuado control sobre su vehículo (art. 50, Ley 24.449) y evitar el impacto, contribuyendo así al desencadenamiento del hecho dañoso. Esta falta suya se erige en una parcial exención de responsabilidad para la demandada (conf. art. 1111, Código Civil) y fue estimada en el 50% por el a quo, motivando la consiguiente queja del apelante a la que habré de referirme seguidamente. - Puesto a justipreciar ambos factores causales, puedo adelantar que coincidiré con el colega de primer voto acerca de las cuotas de imputación causal que cabe atribuir a ambos protagonistas en la provocación del choque. Como ya lo expresé, es indudable que la maniobra de retroceso efectuada por la demanda constituyó una actitud imprevista y difícil de eludir, por lo cual cabe asignarle mayor cuota de responsabilidad, habiendo sido correctamente estimada por el Dr. Velázquez en el 75%, mientras que el 25% restante debe atribuirse a la parte actora, a mérito de las razones ya expresadas. Por tal motivo, acompañaré la propuesta del magistrado preopinante a fin de modificar el decisorio en tal sentido, debiendo acogerse la demanda por el 75% de los rubros que han prosperado. V. Acerca de la cuantía de la indemnización por "privación de uso", bien ha señalado el colega de primer voto que el apelante procura introducir tardíamente en esta instancia hechos y circunstancias que no fueron concretamente alegadas en la demanda ni menos aún probadas en el curso del proceso. En verdad, la mayor carestía que hipotéticamente puede tener la movilidad por medios sucedáneos en la localidad de Lago Puelo no es un hecho de pública notoriedad, y esta sala ha sostenido en reiterados precedentes que el daño resarcible debe ser cierto y concreto, ya que no corresponde indemnizar perjuicios hipotéticos o meramente conjeturales. Para que el daño sea indemnizable debe lesionar un bien que afecta un interés propio (personal, patrimonial o moral), y además debe ser cierto y subsistente (conf. Zannoni, E.A., "El daño en la responsabilidad civil", p. 44 y ss. -Astrea, 1987). La certeza del daño la brinda su existencia real o, al menos, la probabilidad de una existencia futura (conf. Mosset Iturraspe, J., " Responsabilidad por daños ", p. 147 - Ediar, 1971-; conf. mi voto en Expte. 22730 - S.D.C. 23/08; id. Mi voto en Expte. 289 - S.D.C. 23/10; id. mi voto en Expte. 170 - S.D.C. 35/09; entre muchos otros), y en la especie ese mayor menoscabo económico no ha sido adecuadamente planteado ni demostrado, por lo que opino que debe desestimarse este agravio, manteniendo la estimación pecuniaria efectuada en la instancia de origen. -- VI. Conclusiones: A mérito de los fundamentos ya vertidos, compartiré la propuesta del colega preopinante en el sentido de modificar el monto por el que debe acogerse la pretensión entablada, fijándolo en la suma de $ 7.178,67, con más los intereses ya establecidos en el fallo. ------ ---- Corresponde adecuar asimismo las costas y honorarios de primera instancia a esta nueva solución, tal como lo determina el art. 282 -antes 279- del C.P.C.C., para lo cual, teniendo en cuenta las respectivas cuotas de responsabilidad, las costas deberán ser soportadas en medidas correlativas en ambas instancias (75% a cargo de la demandada; 25% por cuenta de la actora - art. 69, 2da. parte -antes art. 68- del C.P.C.C.; su doctrina). Y en cuanto a los honorarios profesionales, atendiendo a la extensión, calidad, eficacia de las tareas cumplidas y resultados respectivamente obtenidos, comparto las regulaciones que propicia el Dr. Velázquez, y que doy aquí por reproducidas en mérito a la brevedad, ya que se conforman con dichos parámetros de valoración, según las escalas arancelarias vigentes (arts. 5, 6, 8, 13, 18, 46, 60 y conc., Ley XIII N° 4). Voto entonces a esta cuestión PARCIALMENTE POR LA NEGATIVA.

----A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Velázquez respondió:

Ante el acuerdo precedentemente alcanzado, corresponde:

A) Revocar parcialmente la sentencia apelada, a fin de elevar el monto del capital de la condena a la suma de siete mil ciento setenta y ocho pesos con sesenta y siete centavos ($ 7.178,67).

B) Imponer las costas de ambas instancias a la demandada en un 75 % y a la actora en un 25 %.- C) Fijar, por adecuación a ésta, los honorarios los Dres. M. A. G., C. R. Z. y C. F. M., por sus labores de primera instancia, en las sumas respectivas equivalentes al 15 %, al 5,25 % y al 17,50 % del monto del proceso que surja de la liquidación a practicarse y los del perito mecánico Sr. M. F. en la suma equivalente al 2 % de igual monto del asunto.- D) Regular los honorarios de los mismos profesionales abogados, por sus tareas de alzada, en las sumas equivalentes al 4,50 %, al 1,50 % y al 4,70 % del aludido monto del proceso.- ASÍ LO VOTO.- --- A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Dr. Ferrari expresó: --- Tal como lo anticipé, comparto la resolución propuesta por el colega de primer voto en todos sus términos, votando en sentido idéntico.

---- Con lo que se dio por terminado el Acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal, por haberse logrado la mayoría (art. 8 Ley V - Nº 17). Trelew, de octubre de 2010. En virtud de lo resuelto en el Acuerdo cuya copia antecede, la Sala "A" de la ciudad de Trelew, pronuncia la siguiente: S E N T E N C I A: ---- REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia apelada, a fin de elevar el monto del capital de la condena a la suma de siete mil ciento setenta y ocho pesos con sesenta y siete centavos ($ 7.178,67).- ---- IMPONER las costas de ambas instancias a la demandada en un 75 % y a la actora en un 25 %.- ---- FIJAR, por adecuación a ésta, los honorarios los Dres. M. A. G., C. R. Z. y C. F. M., por sus labores de primera instancia, en las sumas respectivas equivalentes al 15 %, al 5,25 % y al 17,50 % del monto del proceso que surja de la liquidación a practicarse y los del perito mecánico Sr. M. F. en la suma equivalente al 2 % de igual monto del asunto.- ---- REGULAR los honorarios de los mismos profesionales abogados, por sus tareas de alzada, en las sumas equivalentes al 4,50 %, al 1,50 % y al 4,70 % del aludido monto del proceso. ---- Regístrese, notifíquese y devuélvase.

REGISTRADA BAJO EL Nº DE 2.010 - SDC.- Conste.- Cg.