Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-10-21


SENT Nro. 807 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 21 de Octubre de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, René Mario Goane y Alfredo Carlos Dato, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en autos: "Santillán, Roberto Arnaldo vs. Gobierno de la Provincia de Tucumán s/Contencioso Administrativo".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores René Mario Goane, Alfredo Carlos Dato y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

I.- La parte demandada, a fs. 326/333, plantea recurso de casación contra la sentencia Nº 115 de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala III, de fecha 30 de abril de 2002, obrante a fs. 322 y vta. de autos, que es concedido mediante resolución del referido tribunal del 13-8-2002 (cfr. fs. 341), habiéndose dado cumplimiento en forma previa con el traslado previsto por el artículo 816, in fine, del CPCC, de aplicación supletoria al fuero por expreso mandato del artículo 89 del CPA.

II.- Sostiene la recurrente, para fundar su recurso de casación, que la sentencia atacada transgrede los artículos 33 y 34 del CPCC y 28 de la Constitución de la provincia.

En esta dirección se agravia del acto judicial por no haber considerado el punto 1º de la impugnación de los actores a la planilla practicada por la Honorable. Legislatura -concerniente a la no inclusión de los vales alimentarios de la Ley Nº 7007 en el cálculo de las diferencias adeudadas-, y lo expresado por su parte al contestar dicha impugnación en lo que a aquel punto se refiere.

Señala que el tribunal se limita a aseverar que les asiste razón a los demandantes, remitiéndose a lo resuelto en sentencia Nº 193/2001. Afirma que en este último fallo nada se dice acerca de los vales alimentarios ni tampoco sobre la exclusión en su percepción por parte de algunos accionantes.

Tacha al pronunciamiento de arbitrario por haber omitido decidir una cuestión oportunamente planteada y conducente para la solución del litigio. Asimismo, lo reputa carente de fundamentos, o con motivación aparente, al circunscribirse a citar otros fallos en los que no se trata la cuestión controvertida en autos.

Aduce que en ninguna parte se ha dado razón del criterio adoptado para aprobar la planilla presentada por los actores, en la que se incluye el monto de los vales alimentarios.

Finalmente, cita jurisprudencia en apoyo de su posición y concluye impetrando se declare la nulidad de la sentencia por los motivos expuestos.

III.- Siendo inherente a la competencia funcional de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo de esta Corte, como tribunal del recurso casatorio, la de revisar si ha sido correctamente concedido, la primera cuestión a examinar es la relativa a la admisibilidad del acto impugnativo extraordinario local.

Así, ha sido interpuesto en término, conforme surge de lo actuado a fs. 324 y del cargo actuarial inserto a fs. 333; se dio cumplimiento con el depósito que marca la ley del rito (cfr. fs. 325); el escrito recursivo se basta a sí mismo en cuanto a sus fundamentos fácticos y jurídicos y propone doctrinas legales, y la impugnación recursiva se motiva en la invocación de infracción a normas de derecho. En lo que respecta al requisito de admisibilidad del artículo 813 del CPCC, considero que debe estimárselo cumplido, habida cuenta que la sentencia que se impugna es susceptible de ocasionar a la recurrente un agravio irreparable, y que además el caso asume gravedad institucional, al encontrarse en juego el principio de congruencia y la garantía del debido proceso legal y defensa en juicio. Tales principios, consagrados en los artículos 34 y 272 del CPCC y 18 de la Constitución Nacional, deben ser observados por los magistrados, importando el apartamiento de los mismos una afectación a la estructura esencial del procedimiento en detrimento de los justiciables, pudiendo estimarse que la cuestión suscitada excede lo meramente individual al incidir en la adecuada prestación del servicio de justicia (CSJT, sentencia Nº 349, del 20-5-97). Por tales motivos, juzgo admisible el presente recurso; voto porque así se declare.

IV.- Entrando a la procedencia de los agravios, cabe poner de resalto, preliminarmente, que la Excma. Cámara en lo Contenciosos Administrativo, Sala III, en el punto II de la parte resolutiva de su sentencia Nº 197, del 29-5-2000, dispuso hacer lugar parcialmente a la demanda reconociendo a los actores "... el derecho a la incorporación a sus remuneraciones del incremento dispuesto por resolución Nº 994/90, en los alcances y con los límites antes considerado, condenando a la demandada a abonarles tales diferencias e incrementos" (cfr. fs. 180 vta.).

Una vez que hubo quedado firme la misma, a fs. 199/252 la accionada presentó planilla de liquidación, la que fue impugnada por la parte actora. En dicha presentación planteó objeciones respecto de distintas cuestiones y, entre ellas, en el punto I, se refirió al tema de los vales alimentarios en los siguientes términos: "Sin embargo, no debemos dejar de señalar que, de acuerdo al detalle informado por el Prosecretario Administrativo de la Legislatura, en el punto e) manifiesta que a partir de Marzo de 2000 se aplican las disposiciones de la Ley Nro. 7007 (que dispone el pago de parte de las remuneraciones mediante vales alimentarios). Surge de las planillas trasladadas que esa apuntada circunstancia de aplicación temporal, ha sido objeto de una equívoca interpretación por parte del liquidador, quien ha omitido durante los períodos de vigencia de la Ley Nro. 7007 calcular diferencias salariales sobre el total de las remuneraciones que por todo concepto reciben los actores (es decir, las que les son abonadas en efect ivo y también la parte que le es abonada en vales alimentarios), excluyendo de dicho cálculo las sumas que los vales alimentarios representan. A ello se agrega un segundo equívoco: dicho criterio de exclusión no es uniforme, ya que a algunos de los actores el porcentual adeudado conforme a sentencia le fue calculado -en este caso con criterio correcto- sobre el total de las remuneraciones percibidas, lo que lleva a una discriminación arbitraria.- Ejemplo Moreno, Juan" (cfr. fs. 315/316).

Corrido el traslado correspondiente, la Provincia de Tucumán se opuso al planteo de la actora, manifestando conformidad con relación a las demás objeciones formuladas, en los términos de fs. 321.

Así, en sustento de su oposición, sostuvo que se había excluido del cálculo a las sumas que los vales alimentarios representaban, porque los mismos consistían en un beneficio no remunerativo avalado por la Ley Nacional Nº 24.700, que respondían a la emergencia fiscal existente, presentando como características el no estar sujetos a aportes, no afectar el cálculo de horas extras, vacaciones y licencias extraordinarias, y constituir una medida de duración limitada instrumentada con el propósito de disminuir el costo laboral.

Puso de relieve que la Ley Nº 7007 consagró una disminución proporcional de la remuneración de todos los agentes de la administración pública, exceptuando de la obligación de recibir los vales a las personas que estuvieran en condiciones de acceder al haber jubilatorio en los próximos 10 años. Por tal motivo, dijo, debía descartarse toda posibilidad de trato desigual al ser distinta la situación de unos y otros, atento que las normas aplicables establecen que para la determinación del haber previsional se tomen en cuenta las remuneraciones percibidas durante los últimos 10 años de actividad.

Insistió en que con relación a los vales alimentarios no correspondía realizar aportes ni contribuciones porque eran beneficios sociales de carácter no remunerativo por expresa disposición del artículo 1º de la Ley Nº 24.700, y que las previsiones del artículo 4º de esta misma norma no resultaban aplicables al estado provincial, por encontrarse eximido de realizar el aporte del 14% para el financiamiento del sistema de asignaciones familiares (cfr. fs. 320/321).

Ahora bien; corresponde preguntarse acerca de cómo resolvió esta cuestión controvertida la sentencia en crisis.

De su texto se desprende que la única consideración al respecto fue la que a continuación se transcribe: "Examinada la cuestión planteada a la luz de lo resuelto en la sentencia definitiva de fecha 29/5/2000 (fs. 169/180), en consonancia con los elementos obrantes en autos, y analizados los argumentos en que los actores fundan su impugnación, cabe concluir que les asiste razón (como se resolvió en sentencia Nº 193/2001 de este Tribunal), resultando procedente por tanto hacer lugar a dicha impugnación, y en consecuencia aprobar las planillas de liquidación de capital e intereses presentadas por la parte actora, que arrojan la suma total de $216.030,27" (cfr. fs. 322 vta.).

De lo que antecede surge patente la conculcación al principio de congruencia en que se incurre, al decidir hacer lugar a la impugnación de los demandantes y aprobar las planillas presentadas por su parte, sin efectuar la menor consideración de las alegaciones esgrimidas por la accionada en su escrito de fs. 320/321 -que fueran reseñadas precedentemente- relativas a su pretensión de no inclusión de los vales alimentarios en la planilla de liquidación.

Si a ello le añadimos el hecho que la Excma. Cámara hace alusión a elementos obrantes en autos que no se identifican; al análisis de argumentos de la parte actora la que, conforme se vio, en su presentación de fs. 315/318 se limitó a reclamar la incorporación del importe de los vales en la base de cálculo sin aportar razones sobre el particular, y sin que siquiera se advierta la menor reflexión de la Sala a quo respecto a lo allí expresado; y si se repara, asimismo, en la circunstancia que se hace mención a una sentencia (nro. 193, del 29-5-2001, que se tiene a la vista, cfr. fs. 357 y vta.) que posee un considerando prácticamente idéntico al arriba transcrito, en la que tampoco el juzgador realiza ningún comentario sobre el tópico de los vales alimentarios e, incluso, la demandada no había ni siquiera contestado el traslado a la impugnación, fuerza es concluir que el pronunciamiento impugnado, además de aquél vicio, presenta también un déficit grave de fundamentación, que trae aparejado su descalificación como acto jurisdiccional valido, al no haber exteriorizado razones jurídicas adecuadas y suficientes que expliquen cómo, y porqué, llegó el tribunal a la conclusión que se deriva de su fallo.

De esta forma se concluye que, en la especie, se ha transgredido no sólo el principio de congruencia, sino también el derecho de defensa (artículos 34, 272 y 273 del CPCC, y 18 de la Constitución Nacional), y el deber de motivación exigido por el artículo 28 de la Carta Magna local.

Por lo expuesto, corresponde hacer lugar, con devolución del depósito, al recurso de casación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia Nº 115, del 30-4-2002, de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala III, obrante a fs. 322 y vta. de autos. En consecuencia, casar la misma, dejándola íntegramente sin efecto, conforme a la siguiente doctrina legal: "Debe descalificarse como acto jurisdiccional válido la sentencia que afecta al principio de congruencia y carece de motivación suficiente". Por consiguiente, disponer la remisión de los presentes actuados al referido tribunal a efectos de que, por la Sala que corresponda, dicte nuevo fallo con arreglo a lo considerado, dejándose debidamente aclarado que lo resuelto en modo alguno significa señalar el sentido u orientación que deberá observar el nuevo pronunciamiento.

V.- Acorde al resultado a que se arriba, el que no resulta atribuible a las partes, las costas de esta instancia casatoria se imponen por el orden causado (artículo 106, inciso primero, del CPCC y 89 del CPA).

Los señores vocales doctores Alfredo Carlos Dato y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR, con devolución del depósito, al recurso de casación planteado por la parte demandada contra la sentencia Nº 115 de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala III, de fecha 30 de abril de 2002, glosada a fs. 322 y vta. de autos. En consecuencia, casar la misma, dejándola íntegramente sin efecto, conforme a la doctrina legal enunciada en los considerandos, y disponer la remisión de los presentes actuados al referido tribunal a efectos de que, por la Sala que corresponda, dicte nuevo fallo con arreglo a lo considerado.

II.- COSTAS de esta instancia casatoria, como están consideradas.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios.

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR RENE MARIO GOANE ALFREDO CARLOS DATO