Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-08-15


En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 15 días del mes de agosto de 2006, se reúnen en Acuerdo los Señores Jueces integrantes de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Marcela De Langhe y Fernando Bosch, para resolver la presente causa.

Y VISTOS Llegan las presentes actuaciones a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación promovido a fs. 143/147 por el representante de la "Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores", Fernando L. Ratti, contra la sentencia cuya parte dispositiva obra a fs. 136/136vta. -por los fundamentos de fs. 137/140- suscripta por el Roberto R. Tavosnanska, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contravencional y de Faltas nº 17, en tanto resuelve condenar a la encartada a las penas de multa de setecientos pesos -cuyo cumplimiento se deja en suspenso- y mil pesos -de cumplimiento efectivo- por la comisión de las faltas consistentes en carecer el 30 de agosto de 2005 de habilitación del local de la calle Piedras 735/7 y no poseer certificado de tratamiento ignífugo en alfombras, respectivamente -actas de comprobación 2 0826739 y 2 0859406-, con costas.

En relación a la primera de las infracciones mencionadas, el Magistrado meritó insuficiente el inicio de las actividades tendientes a obtener la habilitación correspondiente, a efectos de desvirtuar los instrumentos imputativos (fs. 138vta.). Encuadró la omisión endilgada en el tipo del art. 4.1.1 de la Ley 451 (fs. 139); discurrió sobre la atribución a la fundación de la responsabilidad por el obrar antijurídico objeto del proceso y determinó su plena culpabilidad, en virtud de conocer ésta la reglamentación existente y no obstante haber realizado sus actividades sin esperar el otorgamiento de la documentación de ley (fs. 139vta.). Fijó a fs. 140 el monto de la multa en la suma de setecientos pesos, cuyo cumplimiento dejó en suspenso, habida cuenta de la ausencia de antecedentes que pesaran sobre la encartada y de su voluntad de cubrir los requerimientos legales al mismo momento del hecho.

Con respecto a la falta de tratamiento ignífugo en alfombras, el sentenciante dedujo que el certificado traído por la firma se encontraba datado con posterioridad a la fecha de verificación de la infracción (fs. 138vta.). La presentación del "informe de ensayo" de fs. 103/117 fue apreciada también en sentido inhábil para revertir la imputación, toda vez que del documento aportado no surgiría la requerida certeza en cuanto a la aplicación de los trabajos exigidos (fs. 139). Tipificó la conducta así tenida por desplegada en las previsiones de los arts. 2.1.1 de la Ley 451 y 7.6.1.1 punto d) de la Ley 962 (fs. 139). Fundó del mismo modo la autoría y culpabilidad de la accionada (fs. 139vta.), para la que determinó una pena de mil pesos de multa de cumplimiento efectivo, en razón de la gravedad del hecho y del riesgo creado (fs. 140). Las costas fueron impuestas a la condenada en razón del resultado del juicio (fs. 140).

El representante de la "Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores" entiende que el a quo ha decidido equivocadamente en relación a la ausencia de habilitación, pues si bien su mandante no había finalizado el trámite pertinente al momento de la inspección, sí lo había iniciado. Alega que la demora en la sustanciación de las actuaciones se debió al colapso de la estructura administrativa generado por el acaecimiento de los trágicos y notorios sucesos de finales de 2004; ello tornaría atípica la conducta juzgada (fs. 143 y vta.).

Entiende, asimismo, que la norma aplicable al caso es la Ley Nacional nº 24.521 y no el Régimen de Faltas de la Ciudad, tanto por reglar aquélla el funcionamiento de las universidades privadas como por no ejercer la fundación una "actividad lucrativa" en sentido estricto, conforme la letra del art. 4.1.1 de la Ley 451 local (fs. 143vta./144).

En subsidio, solicita se aplique el mínimo de la escala legal prevista para la infracción (fs. 144).

En lo que atañe a la omisión de presentar el certificado de tratamiento ignífugo en alfombras, manifiesta también su disenso con lo decidido, por considerar que la aportación del aquel informe de fs. 103/117 "...excluiría la existencia de la falta pese a que el certificado exacto para el caso no hubiera podido ajuntarse [sic]" -fs. 145-. Estima que correspondía a la prevención efectuar una evaluación completa de las protecciones contra incendio, lo que no se ha hecho, por lo que debe suponerse que las instalaciones se encuentran en regla (fs. 145).

Causa nº 093-00/CC/2006. Sala II.

En tal sentido, el sentenciante no pudo haber considerado en contra de la encartada la simple potencialidad de daño que surgiría de la ausencia de la documentación legal. Es en orden a este mismo argumento que, también en forma subsidiaria -y por tratarse de la primera falta cometida por su representada- solicita se aplique una pena de ejecución condicional, cuyo monto no exceda el mínimo previsto (fs. 145vta.).

Finalmente, critica la pieza impugnada por evidenciar, a su criterio, ausencia de correspondencia entre la magnitud de la sanción y la infracción cometida, con lo cual las penas devendrían conculcatorias de las garantías de propiedad y defensa en juicio (fs. 145vta./146).

El Sr. Fiscal de Cámara se expide a fs. 152 y vta. sólo en relación a la condena impuesta por falta de habilitación -por haberse abstenido de intervenir su inferior jerárquico en las restantes infracciones, oportunidad en la cual propugna la reducción de la sanción en virtud de ella fijada a la de amonestación, por entender que el proveyente "...no valoró correctamente la voluntad manifiesta de la citada entidad por cumplir con la normativa vigente" (fs. 152vta., tercer párrafo).

Verificado el cumplimiento de los plazos y pasos procesales correspondientes, el legajo se halla en estado de ser resuelto.

Y CONSIDERANDO 1.

El recurso ha sido interpuesto dentro de los cinco días de notificados por cédula los fundamentos de la sentencia cuya parte dispositiva fue leída a las partes al finalizar la audiencia de rito -conf. punto IV del dispositivo de fs. 136vta., constancia de fs. 136vta. in fine y cédulas de fs. 141/142- ante el Tribunal del cual ésta emanó y por escrito que se encuentra fundado. Las motivaciones ensayadas encontrarían adecuación en las causales de arbitrariedad -toda vez que se critica la forma en que el a quo valoró la prueba producida - y violación de la ley -en orden a que se habría aplicado una normativa que no regiría el caso, a la vez de no haberse considerado las prescripciones de la regulación nacional, que reputa específica para el supuesto de autos-.

Lo dicho es suficiente a fin de meritar superadas las demandas formales y sustanciales de admisibilidad de la vía intentada.

2.

2.a) El primer embate ensayado contra la decisión de grado carece de vigor suficiente para enervarla, pues se sustenta en una declaración unilateral que no aparece constitutiva de agravio alguno. Ello así, pues si el recurrente consideró oportunamente que la Administración obraba con extrema lentitud -lo que le impedía satisfacer su expectativa de celeridad- así debió plantearlo en aquella sede. Sostener, por el contrario, que el canal de hecho adoptado por la infraccionada -esto es, comenzar a ejercer su actividad sin haberse completado el trámite de habilitación- resultaba legítimo en el particular, implicaría tanto desoír la específica letra de la ley -en cuanto rige su regular desenvolvimiento- como convalidar el otorgamiento de un injustificado recurso de acción material directa fundado en un supuesto estado de colapso institucional, cuya pública notoriedad sólo se halla sustentada en la causa por las declaraciones del quejoso -quien, finalmente, no logra presentar con fehaciencia un verdadero caso de arbitraria o repugnante restricción de derechos por mora del organismo encargado de la expedición del permiso de marras, ni explica de qué mod o la alegada tardanza habilitó a su representada a obrar antijurídicamente-.

Por último, claro es que la versión en estudio no conlleva implicaciones en el ámbito de la tipicidad, como propugna el presentante, quien pretende en realidad la existencia de una causa de justificación -el rebasamiento de las tareas de los órganos administrativos competentes- para eximirse de responsabilidad, dando así por supuesta la materialidad infraccionaria. Con ello, este último perfil del agravio aparece, como el anterior, inhábil a efectos de conmover la pieza recurrida.

2.b) La discrepancia relativa a la normativa que debió aplicarse al caso evidencia una confusión conceptual que también torna ineficaz la queja formulada al respecto. Más allá de que el mentado disenso es per se insuficiente para conformar la tacha de arbitrariedad en examen (conf. causas del registro de esta Sala números 345-00-CC/2005, rta. el 27/10/2005; 025-01/CC/2006, rta. el 03/05/2006; 050-00/CC/2006, rta. el 23/05/2006, entre otras), circunstancia que bastaría para rechazar el agravio, corresponde efectuar un breve análisis de las Causa nº 093-00/CC/2006. Sala II.

disposiciones invocadas por el apelante y las que regulan el caso, a fin de despejar toda duda respecto de la asignación de la autoría resistida.

La Ley Nacional nº 24.521 establece el régimen de Educación Superior y es comprensiva de las instituciones estatales y privadas de formación universitaria o no universitaria, en las jurisdicciones nacional, provincial y municipal, todas las cuales forman parte del Sistema Educativo Nacional regulado por la ley 24.195 (conf. su art. 1º). El art. 62 de la norma dispone que las instituciones universitarias privadas -como es el caso de la "Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores"- deberán constituirse sin fines de lucro, obteniendo personería jurídica como asociación civil o fundación. Aquí encuentra insalvable escollo el Ratti para el encuadre de la conducta endilgada a su representada en el art. 4.1.1 de la Ley 451, que prevé pena de multa para quien instale o ejerza "actividad lucrativa sin la debida habilitación o permiso o en infracción a la autorización concedida".

En primer lugar, debe decirse que la Ley de Educación Superior de ninguna manera desplaza normativamente las competencias locales que resultan manifestación de su legítimo ejercicio del poder de policía. En virtud de ello es que la Ley 25.488, "que garantiza los intereses del Estado Nacional en la Ciudad de Buenos Aires", le ha otorgado facultades propias de jurisdicción en materia de vecindad, contravencional y de faltas, contencioso-administrativa y tributaria (conf. su art. 8º, segundo párrafo). El cuerpo sustantivo infraccional dictado en consecuencia -Ley 451- dedica parte de su articulado a prever responsabilidades por la comisión de faltas dentro de su ámbito geográfico por parte de personas físicas y jurídicas (art. 4º). Por "persona jurídica" debe entenderse la totalidad de las legisladas en el cuerpo civil y el comercial, pues la ley local no efectúa distinción alguna. Es así que las "fundaciones" del art. 33 del Código Civil son pasibles de responsabilidad infraccionaria, del mismo modo que conforman centros de imputación o proyección de normas que rigen otras materias. Sostener que en virtud de que el régimen relativo al objeto social del ente deviene de competencias legislativas nacionales la normativa local no debe ser por él observada, supone desconocer que, aun integrando la comunidad vecinal, la "Fundación" está llamada a desobedecer los mandatos que le son impuestos en su carácter de habitante de la Ciudad y que tienden a preservar bienes jurídicos que influyen en la articulación de las relaciones sociales en el entorno en que se halla inscripta. El absurdo llegaría así al límite de considerar exenta a la firma del cumplimiento de disposiciones de fundamental aportación a la pacífica convivencia y a la seguridad de los usuarios y terceros, tales las que surgen del Código de la Edificación, y aun toda otra norma naci da del legítimo ejercicio de la autoridad local.

Sentado lo anterior, corresponderá determinar, a la luz de lo estatuido en el art. 4.1.1 de la Ley 451, si las "actividades lucrativas" allí referidas comprenden el ejercicio oneroso de la prestación de servicios educativos desempeñada por la fundación. Ello así, por objetar el quejoso en una segunda línea de crítica el encuadre típico efectuado en la especie por el Sr. Magistrado a quo.

El art. 1º de la Ley 19.836 establece que "las fundaciones a que se refiere el artículo 33 del Código Civil son personas que se constituyen con un objeto de bien común, sin propósito de lucro, mediante el aporte patrimonial de una o más personas, destinado a hacer posible sus fines". Sin embargo, el art. 22 del mismo cuerpo acepta la posibilidad de que las fundaciones obtengan "ingresos", cuya "mayor parte" debe destinarse "al cumplimiento de sus fines. La acumulación de fondos únicamente se llevará a cabo con objetos precisos como la formación de un capital total suficiente o el cumplimiento de programas futuros de mayor envergadura. En estos casos deberá informarse a la autoridad administrativa de control en forma clara y concreta, sobre objetos buscados y posibilidad de su cumplimiento".

Es claro que las entidades del tipo de la infraccionada pueden ejercer actividades que generen una retribución, de forma tal que no constituyen un mero "patrimonio de aplicación", sino una estructura dinámica susceptible de autosustentarse. Ello, sin pasar por alto que "así como en las asociaciones el elemento característico son los miembros, en las fundaciones lo es el patrimonio, razón por la cual no tiene miembros, sino administradores y beneficiarios. Por tanto, al carecer de aquéllos, la fundación sólo puede tener fines exclusivamente altruistas, pues su actividad se desarrolla con relación a terceros, denominados beneficiarios, que son las personas destinadas a gozar de los servicios que preste" (CNCiv., Sala H in re "Fundación para la Fertilidad Humana c/ Inspección Gral. de Justicia", rta. el 27/05/1007, LL 1997-E, pág. 656). En este sentido, "autorizada la constitución de la fundación, no procede prohibir que la entidad perciba ingresos por la prestación de servicios (...). Ello importa restringir la aptitud negocial de la fundación que bien puede obtener ingresos, tal como lo prevé el art. 22, ley 19.836, debiendo destinar la mayor parte de ellos al Causa nº 093-00/CC/2006. Sala II.

cumplimiento de sus fines. El órgano de aplicación tiene facultades de contralor en cuanto al modo en que son aplicados dichos ingresos, a fin de evitar la desnaturalización del instituto, mas no puede en modo alguno vedar al momento de la constitución de la fundación su posibilidad de obtener los recursos" (Salas, E., Trigo Represas, Félix y López Mesa, Marcelo: Código Civil Anotado, Tomo IV-B. Sumario Lexis nº 6805/007905). También se ha dicho que: "las fundaciones pueden dedicarse a toda clase de operaciones, incluso bancarias, comerciales e industriales (...). Lo importante es que las fundaciones no se desvíen de los propósitos para los cuales han sido creadas y destinen todo el patrimonio que alcancen a esos fines exclusivamente" (Cocca, Aldo Armando: Las fundaciones en el derecho argentino, publicado en revista La Ley, Tomo 1981-D, pág. 885).

La consagración normativa de esta facultad llegó con el dictado de la Resolución General nº 7/2004 de la Inspección General de Justicia, cuyo art. 1º otorga a las fundaciones constituidas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires capacidad para ser titulares de acciones de sociedades anónimas, lo que implica reconocer su aptitud para desarrollar operaciones de inversión financiera y de participación societaria en personas jurídicas que revisten carácter explícitamente comercial -conf. Ley 19.550-. A tal fin, deben aplicar exclusivamente sobrantes financieros circunstanciales que no resulten necesarios para el normal cumplimiento de actividades de la entidad, y la decisión de adquirir los papeles debe encontrarse expresa y concretamente fundada, tanto por el consejo de administración como, en su caso, por el representante de la fundación, si ésta se hubiere constituido en el extranjero -conf. art. 2, incs. 3 y 4-. Quedan también permitidas las operaciones en mercados de valores relativas a opciones sobre acciones y otros títulos o derivados susceptibles de conversión -conf. art. 2, inc. 5-.

El panorama descripto despeja toda duda acerca de la real posibilidad de las fundaciones de realizar transacciones que impliquen la obtención de ganancias, desplegando para ello una actividad materialmente lucrativa, en tanto excede el ámbito de la mera onerosidad y tiende en forma directa a la consecución de un rédito por aplicación de parte de su patrimonio a una especulación financiera. Se observa entonces que el "lucro" no constituye una intencionalidad negocial sólo reconocida a las personas jurídicas que adoptan otras formas de asociación: la ley permite a las fundaciones perseguir su fin altruista ampliando sus medios de actuación aun a aquellas actividades que únicamente pueden apreciarse como lucrativas, pues tienden, como objetivo inmediato, a la generación de una utilidad. La diferencia en relación a los restantes tipos societarios está dada en función del destino de aquellos rendimientos: mientras que en una sociedad comercial pueden distribuirse entre los accionistas, titulares de cuotas o partes, en las aquí en estudio, necesariamente, deben aplicarse a operaciones relacionadas con el norte benéfico para la que fueron constituidas y no pueden ser absorbidas por sus administradores ni por ningún otro asociado.

Emerge entonces una diferencia entre la "actividad lucrativa" descripta en el tipo del art. 4.1.1 del Régimen de Faltas y el "lucro" propiamente dicho, relacionado con la idea de una generación de utilidades aplicables al logro de un acrecentamiento patrimonial, a fin de hacer posible -en el caso de las sociedades comerciales- su distribución en forma de dividendos entre los socios -participación en las ganancias-.

Es en este sentido que el cobro de cuotas o la percepción de retribuciones fundadas en la prestación de un servicio constituyen "actividades lucrativas" en sentido material, esto es: son onerosas y tienden a la obtención de un beneficio, sólo que éste último debe destinarse no a la distribución entre quienes componen la persona moral, sino a la realización de actos que conlleven al cumplimiento del fin propio que informa su objeto. Así conceptuada, la consideración de la actividad llevada a cabo por la "Fundación Iberoamericana" como "lucrativa" no implica una extensión típica ni una aplicación analógica que impediría su encuadre en la figura examinada, en tanto las prestaciones a que están obligados sus beneficiarios superan la "onerosidad" propia de toda transacción e importan, desde la óptica de la asociación, la generación de una ganancia que, por imperativo legal, está compelida a reingresar en forma de operaciones tendientes al revestimiento de su objeto.

Siendo entonces que una fundación no se halla jurídicamente impedida -como alega la quejosa- de realizar "actividades lucrativas"; que las retribuciones percibidas por los servicios que presta la encartada rebasan, como quedó dicho, el campo de la mera onerosidad; que, así contextualizada la cuestión, la prestación continua desempeñada por la encausada es susceptible de ser considerada una "actividad lucrativa"; y habida cuenta de que al momento de inspeccionarse sus instalaciones aquélla no había finalizado el trámite habilitante, sin perjuicio de lo cual funcionaba como universidad privada, no existe óbice para cerrar el juicio de Causa nº 093-00/CC/2006. Sala II.

tipicidad en sentido afirmativo y en orden a la falta consistente en carecer de habilitación, en los términos del art. 4.1.1 de la Ley 451, lo que ha sido así correctamente decidido por el a quo.

En cuanto al monto de la pena, que el presentante solicita se reduzca al mínimo, cabe recordar que el sentenciante no se ha apartado de las pautas de individualización del art. 28 de la Ley 451 al momento de determinar el concreto castigo a imponer, circunstancia que perfila las manifestaciones del recurrente en el marco de una simple petición, sin sustento en ninguna de las causales diseñadas en el art. 56 de la L.P.F. Ello obstará definitivamente a la adecuación de la sanción a los parámetros propugnados por el quejoso y aun por el Sr. Fiscal de Cámara, cuyo ensayo deductivo aparece sólo inspirado en una apreciación subjetiva respecto de una voluntad del infractor de cumplir sus obligaciones, la cual, en todo caso, ya ha sido meritada por el a quo al momento de cuantificar la multa que impusiera -ver fs. 140-.

2.c) Distinta será la solución a la que se arribará respecto de la falta consistente en carecer de certificado de tratamiento ignífigo. Si bien los agravios del recurrente con ella vinculados traslucen una palmaria debilidad argumental -pues se estructuran a partir del reconocimiento de haber presentado una documentación diferente de la requerida por el preventor- lo cierto es que el juicio de tipicidad efectuado por el a quo -y aun por el Controlador administrativo- luce contradictorio en relación a la concreta imputación vertida al momento de inspeccionarse las instalaciones infraccionadas.

En efecto, el Sr. Juez de grado encuadró la conducta endilgada en las previsiones de los arts. 2.1.1 de la Ley 451 y 7.6.1.1 punto d) 1 de la Ley 962 -este último, en realidad art. 97 de aquella norma, que modifica el art. 7.6.1.1 del Código de la Edificación- citándolas textualmente.

La figura descripta en la primera de las normas invocadas abarca tres hipótesis de configuración: la primera, no poseer la cantidad de matafuegos con constancia legal de carga; la segunda, no poseer otros elementos de prevención contra incendio; la tercera, no disponer cualesquiera de los abarcados en las descripciones anteriores en la forma indicada por la autoridad competente. El art. 7.6.1.1, punto d) 1 del Código de la Edificación -en la redacción impresa por la ley 962- impone a los establecimientos como aquel en el que la encausada despliega sus actividades la exigencia de que los pisos de madera sobre cámara de aire y pisos flotantes, así como los revestimientos de solado de alfombra, sean ignífugos.

Ahora bien, el acta de comprobación de fs. 67 (nº 2 0859406), en el campo "DESCRIPCIÓN" reza: "Por carecer de certificado de tratamiento ignífugo aplicado en alfombras y cortinas". La leyenda, así estructurada, da cuenta de que, al momento de la solicitiud del instrumento a que ella alude, éste no le ha sido exhibido; sin embargo, la condena recayó en relación a una conducta distinta: no haber realizado los trabajos exigidos por la ley. Esta circunstancia, por sí sola, y advertible con sólo cotejar las menciones consignadas en el presente análisis, basta para enervar en el aspecto reseñado la pieza decisoria, toda vez que implica una franca violación al principio de congruencia, informante de la garantía constitucional del debido proceso, que, como es sabido, impide al órgano jurisdiccional aplicar una pena por un hecho diferente del que fue motivo de imputación.

El arco normativo invocado por el a quo como sustento de su resolución en modo alguno abarca la exhibición de la precisa documentación demandada. Antes bien, contempla un presupuesto fáctico y por tanto empíricamente verificable: la ausencia de elementos de prevención de incendios, entre los que se incluye el despliegue de métodos de contención o disipación, de los cuales un "certificado" material puede resultar indicio acerca de su efectiva realización. Ello no habilita a inferir con válidez que la omisión de su presentación constituye una infracción al Régimen de Faltas, ni aun considerando las exigencias -no invocadas- del art. 7.6.2.6 del ordenamiento constructivo -que manda a los "Institutos de Enseñanza" cumplir las disposiciones del capítulo 4.12 "De la protección contra incendio"-, pues tampoco en su minuciosa red normativa se prevé la carencia del instrumento de marras como hecho infraccional.

Es que la pacífica laxitud con que en sede judicial se aprecia el cumplimiento de los requisitos del acta de comprobación legislados en el art. 3º de la Ley 1.217 -v. g., la omisión de consignar la norma que el labrante considera infringida, conf. su inc. c) - debe encontrar correspondencia con la estructura general del acto administrativo acusatorio, de manera tal que las trascendentales consecuencias de su confección encuentren suficiente sustento instrumental y a la vez contemplen la plena posibilidad de que el así encartado ejerza cabalmente su derecho de defensa. Por ello es que si, como en el particular, el documento Causa nº 093-00/CC/2006. Sala II.

imputativo no consigna la norma que el funcionario estima infringida, la descripción del hecho deberá volcarse con especial claridad -dentro de la concisión que demanda el cuestionable diseño de su formato- como para asegurar que, en el marco del robusto -y tampoco exento de críticas- valor probatorio que posee el acta, la eventualidad para el encausado de una plena actuación procedimental quede salvaguardada. No otra implicación se deduce de la doctrina emanada de nuestro Tribunal Superior de Justicia en el precedente "Arbitra" -expediente nº 386/00 del 28 de marzo de 2001- que, si bien es anterior al dictado de la L.P.F., sienta el hasta ahora inconmovible criterio de que el instrumento público que imputa una falta -aun el generado digitalmente- es susceptible de cuestionamiento a través de la actividad probatoria, que incluso puede proyectarse hacia la demostración de la existencia de un estado de necesidad que, acreditado, torne inviable la aplicación de la pena prevista -conf., en especial, considerando 2.b del voto del Julio B.J.Maier-.

Mal podría entonces ejercerse en el particular esta atribución legalmente conferida al presunto infractor si, de inicio, y a falta de toda mención normativa en la pieza de comprobación, la conducta enrostrada no constituye hipótesis infraccional alguna. Frente a este panorama, y pese a no haberse formulado agravio específico sobre el punto, en cumplimiento de la superior tarea que incumbe al Tribunal de controlar la legalidad del proceso, es que habrá de revocarse la sentencia en esta parte.

A la luz de lo hasta aquí dicho, el tratamiento de las peticiones conectadas con esta tacha y formuladas en subsidio -modificación de la modalidad de ejecución de la pena y disminución de su monto- deviene abstracto.

En cuanto a las costas del proceso, en atención al resultado de la tramitación, su imposición será mantenida en esta instancia (conf. arts. 33 y 55 inc. h de la Ley 1.217).

En virtud de lo hasta aquí expuesto, el Tribunal RESUELVE I.- CONFIRMAR PARCIALMENTE el punto I de la sentencia cuya parte dispositiva obra a fs. 136/136vta. -por los fundamentos de fs. 137/140-, únicamente en cuanto condena a la "Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores" a la pena de setecientos pesos de multa, por la falta de habilitación del local de la calle Piedras 735/7, constatada el 30 de agosto de 2005, cuyo cumplimiento se deja en suspenso (acta de comprobación 2 0826739), con costas; y, en consecuencia, ABSOLVER a la encausada en orden a la infracción identificada como "falta de elementos de prevención contra incendio -no poseer certificado de tratamiento ignífugo en alfombras- (acta de comprobación nº 20859406).

II.- TENER PRESENTE la cuestión federal introducida a fs. 146/147.

Tómese razón, notifíquese al Sr. Fiscal de Cámara en su despacho y oportunamente devuélvase, debiendo el Sr. Magistrado a quo practicar las notificaciones restantes.

Sirva lo aquí proveído de atenta nota de envío.

Fdo: Fernando Bosch, Marcela De Langhe. Jueces de Cámara.

Ante mí: Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara.

Nota: Se deja constancia de que el Pablo Bacigalupo no suscribe la presente por encontrarse en uso de licencia.

Fdo: Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara.