marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Acto administrativo, solicitud de suspensión
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Fulladoza, Vital José c/ Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de Córdoba s/ Acto administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1997-04-15

No existe falta de fundamentación en el decreto que declara inadmisible la solicitud de suspensión de los efectos del acto administrativo por "no reunir los requisitos del art. 19 Ley 7182". Ello así, dado que la norma citada es suficientemente comprensiva de los extremos que dicho pedido debe contener para su viabilidad formal, esto es, la indicación acerca de la existencia de grave daño y la inexistencia de lesión al interés público.

La exigencia de que cuando se solicite la suspensión de los efectos del acto administrativo, se indique la existencia de grave daño y la inexistencia de lesión al interés público se funda en que se trata de una medida de excepción, donde no basta el mero pedido de la parte actora. Ello tiene por finalidad que el Tribunal al resolver, oídas las consideraciones que al respecto efectúen ambas partes, se encuentre en situación de poder evaluarlas, a fin de establecer la procedencia o no de la medida. (Voto de la mayoría, Dres. Garzón de Bello y Sánchez Gavier).
Derecho penal, jurisdicción y competencia, falsificación de documentos, competencia penal, competencia criminal y correccional, incidentes
Materia: PROCESAL
Carátula: Incidente de competencia en autos Sarabia, Rodrigo Alejandro c/  s/ s/ 292 1° párr. - falsificación de documento público y privado s/ Conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-09-16

En el caso, corresponde declarar la competencia del juzgado Penal, Contravencional y de Faltas para juzgar la presunta falsificación de documentos, en tanto no existen dudas acerca de que el registro de conducir fue exhibido en la Ciudad de Buenos Aires. Si bien no ha sido emitido por la Ciudad, se trata de un documento respecto del cual la Ciudad cuenta con facultades propias para así como también con potestades para controlar que quienes circulen por el ejido de la Ciudad cuenten con el instrumento que dé cuenta de su aptitud para conducir. Por lo tanto, el caso queda abarcado por la segunda condición establecida en el punto tercero del tercer Convenio de transferencia de competencias de la justicia nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ratificado por las leyes 26702 y 5935). La interpretación propiciada se alinea con el principio de "buena fe federal" al que alude la Corte en el fallo "Bazán" (Fallos: 342:509), en cuanto los estados -nacional y local- deben evitar el abuso en el ejercicio de sus respectivas competencias y tender a las soluciones que mejor armonicen sus disposiciones; y tiene en miras alcanzar la plena autonomía de la Ciudad en materia jurisdiccional, objetivo del Tercer Convenio. (Del voto en disidencia de la juez Inés M. Weinberg).
Atenuantes de la pena, agravantes de la pena, calificación de concepto del interno
Materia: PENAL
Carátula: Córdoba, José Feliciano s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-04-04

El concepto vecinal no configura un dato de cual pueda predicarse certeza y univocidad si los testigos dijeron no haber mantenido continuidad en el trato con el imputado, ni se revelaron conocedores de sus hábitos sociales o laborales.
Concurso preventivo, crédito quirografario, crédito por honorarios, actualización monetaria, deflación
Materia: COMERCIAL
Carátula: CLUB ATLETICO ATLANTA ASOC. CIVIL s/ CONC. PREV. S/ INC. VERIF. DE CRED. POR ROJAS JORGE A.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-30

En el caso de un crédito quirografario por concepto de honorarios regulados a valores indexados con posterioridad a la presentación en concurso, corresponde deflacionar el importe respectivo en consideración a la fecha de aquella presentación inicial.
Despido indirecto, ius variandi, cambio de lugar de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: González  Nasif,  Daniela  Alejandra c/ Impact Promociones SRL y otro s/ Despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-04-08

Aún cuando la actividad del actora era la de promotora de servicios en un banco, el cambio de sucursal como lugar de prestación de tareas resulta atingente a aspectos estructurales de la relación dentro del ejercicio del ius variandi y constituye injuria suficiente que justifica la decisión de la trabajadora de considerarse en situación de despido indirecto (arts.  66, 242 y 246 LCT). (En el caso, existió un contrato celebrado entre la actora y su empleadora donde se previó que solamente prestaría tareas en la sucursal del Citibank de Flores no estando prevista la posibilidad de su traslado a otra sucursal).
Auxiliares docentes, derecho a la salud, obligaciones de la obra social, obra social provincial
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: RECABARREN OLIVARES Jorgelina c/ Obra Social Provincia s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2022-03-07

Las disposiciones de la ley 216-Q justifican la solicitud de cobertura a la Obra Social Provincia de la D.A.I. que necesita el menor. El régimen jurídico tiene por finalidad otorgar las prestaciones que hagan al completo estado de bienestar físico y social de los beneficiarios.
Sentencia, plazo
Materia: LABORAL
Carátula: Maré de Parigini, Mónica L c/ Círculo Médico de San Nicolás y/o quien resulte responsable s/ Indemnización por despido, etc
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-12-27

No invalida el veredicto y la sentencia del tribunal del trabajo el hecho de que se lo dicte vencido el plazo legal.
Ministerio de Industria y Minería, Dirección General de Fabricaciones Militares, resoluciones, importaciones, derechos de importación, tributos aduaneros, ley de procedimientos administrativos, competencia administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO - TRIBUTARIO
Carátula: Bodegas y Viñedos Giol  EEI y C. c/ Dirección General de Fabricaciones Militares. s/ Ordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-26

La Resolución N° 2/71 - que reglamentó en forma conjunta entre el Ministerio de Industria y Minería y la Dirección General de Fabricaciones Militares, la emisión de licencias arancelarias para la importación de flejes y chapas estañadas -, otorgó la competencia para fijar la proporción entre la hojalata que debe adquirirse en el mercado interno y la que se puede obtener en el exterior mediante las mencionadas licencias, y aún cuando el procedimiento implantado no estableciera expresamente una fecha tope, antes de la cual el órgano debe pronunciarse, corresponde indagarse sobre el alcance temporal de la habilitación. Ello es así, pues en el caso de rebasarse sus lindes la autoridad estaría produciendo un acto viciado de nulidad absoluta por carecer de competencia para expedirse (art. 14, inc. b), de la ley 19.549).
Recurso de queja (procesal), queja por apelación denegada, admisibilidad del recurso
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Gobierno de la Cdad. Bs.As. c/ A.  S.A s/ exceso de velocidad velocidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-02-06

Resulta desacertado apelar un auto cuyo fin está dirigido a rechazar una apelación previa, y menos aún interponer recurso de queja fundamentado en dicho rechazo.

El recurso de queja debe ser presentado contra el auto que deniega la apelación; en consecuencia, es aquél y no otro, el momento procesal oportuno para interponer dicho remedio impugnaticio. No se trata de aferrarse a un rigorismo formal excesivo, sino de ajustarse a las claras disposiciones de la ley, ya que de otro modo se afectarían la seguridad, la celeridad y el buen orden del proceso; al respecto se ha dicho que "la garantía de defensa en juicio, que se integra también por el derecho a una rápida decisión de las controversias, no ampara la negligencia, ineficiencia o incuria de los litigantes" (Del Voto de los Dres. Dessanti y Lucangioli)
Registro de marca, nulidad de marca, marca extranjera, aplicación territorial de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: Aprika Kassai Kabuschimi Kaisha c/ Morgenstern, Natalio Eduardo s/ Opos. Reg. Marca
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-05

La pretensión de nulidad no podría ser acogida sobre la base de la mera existencia de registros de la marca en otros países; porque, si ello se admitiera, podría obtenerse en nuestro país una eficaz protección marcaria mediante el sólo registro en el extranjero, conclusión inaceptable habida cuenta de que no consulta el principio de territorialidad que recoge nuestra ley de la materia rectamente interpretado.
Proceso penal, nulidad del acto jurídico
Materia: PENAL
Carátula: MALDONADO JOSE MARTIN S.D. DE ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL E.P. DE MALDONADO ROCIO SOLEDAD s/ CASACION CRIMINAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2012-06-22

La falta de notificación al imputado del tribunal de apelación que resolvió el recurso interpuesto por la parte querellante, no genera nulidad alguna, si el imputado al expresar agravios en el recurso de casación, no logra precisar ni acreditar cual es el perjuicio concreto que le causa tal omisión, como así tampoco, se advierte que el mismo cuestione la integración del Tribunal.
Alimentos, obligación alimentaria
Materia: CIVIL
Carátula: C.B.E. Y OTROS. c/ V.J.C. s/ ALIMENTOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-12

La obligación alimentaria respecto de los hijos pesa en mayor medida sobre el padre ya que la madre compensa su debe alimentario con la atención que le presta al detentar su tenencia, criterio que no ha perdido vigencia con la reforma de la ley 23.264.

La alegada insuficiencia de sus recursos no dispensa al alimentante del cumplimiento de su deber alimentario, deber que le es impuesto no sólo por la ley (conf. arts. 265 y 271 del Cód. Civil), sino por el propio orden natural y que lo constriñe a arbitrar los medios necesarios para satisfacer adecuadamente las necesidades de aquélla.
Medidas para mejor proveer, jueces, razonabilidad
Materia: PENAL
Carátula: COTTON, ROBERTO s/ Cheque sin fondos Causa 30770
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-18

1- La facultad de decretar medidas para mejor proveer es amplia e independiente de la actividad que pudiera haber cumplido u omitido la parte acusadora, pues en tales supuestos los jueces ponen en ejercicio facultades que le son privativas (Art. 493 del Código de Procedimientos en Materia Penal) y que se relacionan directamente con el deber que les incumbe de administrar justicia rectamente según derecho, y sobre la base de la verdad averiguada sobre los hechos.- 2- El objetivo de todo proceso es la averiguación de la verdad real, teniendo los jueces discrecionalidad técnica en cuanto a la elección de dichas medidas.- 3- "La facultad de los jueces de disponer medidas de mejor proveer debe tener el límite razonable de que ellas no importen o sustituyan la prueba que debió rendirse en la fase oportuna del juicio".
Medidas cautelares, bienes inembargables, Banco Hipotecario Nacional, bien de familia
Materia: CIVIL
Carátula: Peralta c/ Varela s/ Cobro de sumas
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-16

La inembargabilidad o inejecutabilidad de los inmuebles destinados a vivienda propia y constituidos con préstamos del Banco Hipotecario Nacional se compadece con el objeto social y el carácter de orden público que tienen las normas legales que consagran aquéllas. Esta solución concuerda con las funciones de fomento de la vivienda familiar atribuidas a la función del Banco y con el espíritu de normas análogas, como las que regulan el llamado "bien de familia" (art. 34 y ss. de la ley 14394), que hallan su soporte constitucional en el artículo nuevo de la Constitución Nacional, en cuanto tiende al financiamiento de la vivienda, fruto del esfuerzo de los integrantes del grupo familiar y de la ayuda estatal. Sostener que el beneficio de la inembargabilidad se extingue juntamente con el pago total de la deuda, importaría aceptar que ha sido instituído con el sólo interés del Banco, pese a que éste está suficientemente asegurado con el crédito hipotecario (LL 1987- A pág. 493/496, CSJN "Jaralambides, Teófilo L. Pereira Rocha de Jaralambides, Irma N." del 30/10/86.).
Acción de amparo, inconstitucionalidad, poder de policía, competencia
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Liga de Amas de Casa Consumidores y Usuarios c/ Estado Nacional - Ministerio de Salud s/ Amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-05-20

Tal como fue introducida la presente acción, cuyo objeto principal es la declaración de inconstitucionalidad del artículo 4 de la Resolución del Ministerio de Salud n° 1632/2013, es claro que la pretensión esgrimida en el sub examen cuestiona un acto u omisión de la administración pública en cuestiones relativas al poder de policía que ejerce el Estado Nacional en materia de salud, por lo que está regida, en principio, por normas propias del derecho administrativo y no se desenvuelve en la órbita del derecho común, de manera que es propia del fuero en lo contencioso administrativo federal, lo que torna procedente su competencia.
Accidentes de trabajo, enfermedad accidente, incapacidad, perito oficial
Materia: LABORAL
Carátula: VILLAGRAN FRANCISCO OSCAR c/ RENAULT ARGENTINA S.A. s/ DEMANDA  -  RECURSO  DIRECTO - CASACION LABORAL - PRINCIPIO LOGICO DE  RAZON SUFICIENTE - VIOLACION  -  ACCIDENTE  DE  TRABAJO  - ENFERMEDAD  ACCIDENTE - INCAPACIDAD - PERITO OFICIAL -
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-06-16

Frente a la incapacidad establecida por el perito oficial, el tribunal pudo hacer prevalecer el grado de minusvalía determinado por el perito de control de la accionada o solicitar un nuevo informe, pero no disminuir el mencionado porcentaje con base en razones ajenas a la litis. En razón de haberse probado las condiciones de trabajo desarrolladas durante casi veintiún años, las que fueron invocadas en demanda y relatadas a los peritos a solo nueve meses de extinguido el vínculo laboral, y estos las consideraron hábiles para calificar la dolencia como 'enfermedad del trabajo', corresponde determinar la responsabilidad empresaria en la incapacidad del actor. El porcentaje de incapacidad será el asignado por el técnico oficial, por ofrecer mayor credibilidad que los de control, ya que no tiene relación alguna con las partes. No obsta a esta conclusión, la circunstancia de que el accionante se desempeñe para una nueva empleadora en una tarea en parte semejante a la que realizara para la demandada -no idéntica-, ya que no existe elemento objetivo alguno que permita inferir que las várices que sufría a su ingreso al nuevo trabajo hayan tenido un proceso de agravamiento en solo nueve meses. Tampoco puede afirmarse que el esfuerzo requerido para manejar un automotor (actual labor) sea el mismo que efectuara para manejar una grúa o mulita.
Oficial de justicia, nombramiento
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BANCO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO c/ PETRONA NAVARRO s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1994-05-11

La designación de un Oficial de Justicia para que diligencie el mandamiento de intimación de pago y embargo, en lugar del oficial de Justicia del Banco autorizado por Acordada del Superior Tribunal de Justicia, no causa gravamen irreparable, desde que en definitiva, practicada por uno u otro funcionario la diligencia, los efectos son los mismos.-
Daños y perjuicios, determinación del monto
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Díaz, Ceferino Antonio c/ Transporte Ideal San Justo s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-07-15

No se cumple con el recaudo del ritual, al solicitar que se contemple el verdadero detrimento patrimonial ocasionado a la víctima, o que se tengan en cuenta las lesiones padecidas y sus secuelas incapacitantes, si no se especifica concretamente por qué razón el importe establecido en la sentencia no satisface el principio de reparación integral, con concreta referencia al tipo y extensión del menoscabo y a las condiciones personales de la víctima, con indicación precisa de ellas.- (arts. 260 y 261 del C.P.C.C.).-
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, derecho a la justa retribución
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: D.N.R.P. c/ Vidal  de Docampo, Clara Aurora s/ ejecución fiscal-inc. de ejecución de honorarios-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-14

A efectos de establecer las retribuciones, debe considerarse, como uno de los elementos de análisis, si compensaciones equivalentes de las pretendidas pueden ser obtenidas por otros miembros de la comunidad -en el ámbito público o privado mediante la realización de una actividad socialmente útil, desempeñando las más altas responsabilidades o en las especialidades de mayor complejidad que obtienen las más elevadas contraprestaciones (Voto de la Dra. Elena I. Highton de Nolasco).
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia no firme, medidas cautelares
Materia: PROCESAL
Carátula: MOORE, CARLOS NORBERTO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- ASEGURAMIENTO DE PRUEBAS Y /O MEDIDA CAUTELAR (EXPTE. C.S.J. NRO. 18  AÑO 2004)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-04-06

Resulta ser posición pacíficamente aceptada, tanto por esta Corte como por el más Alto Tribunal de la Nación, que corresponde atribuir el carácter de sentencias definitivas a las decisiones que si bien no ponen fin al pleito en cuanto a la controversia de fondo que se debate, causan un gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior. Conforme a ello, cuando la decisión versa sobre medidas cautelares, concretamente aseguramiento de pruebas, no puede constituirse en objeto procesal de la impugnación extraordinaria, por no ser una sentencia definitiva ni auto interlocutorio con las características prescriptas en el aludido artículo 1ro. de la ley pertinente. En consecuencia , la decisión que, acertada o no, dispuso no hacer lugar al pedido de despacho de medidas de aseguramiento de pruebas y o medidas cautelares necesarias no ostenta la definitividad exigida por ley.
Recusación con causa, recurso extraordinario
Materia: PENAL
Carátula: AZAR MUSA Y OTROS S. D. HOMICIDIO CALIFICADO POR ALEVOSIA CON EL CONCURSO PREMEDITADO DE DOS O MAS PERSONAS Y CRIMINIS CAUSA, ETC E. P. DE VILLALBA PATRICIA FERNANDA, NAZAR LEYLA F-TIMA Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA s/ QUEJA POR CASACIÓN DENEGADA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-10-01

El decreto desestimatorio de la recusación con causa, no reúne las condiciones necesarias para ser cuestionado a través de un recurso extraordinario como la casación, remedio que sólo resulta admisible contra sentencias definitivas o asimilables a tal.
Excarcelación, ley procesal, constitucionalidad, circunstancias que impiden la excarcelación
Materia: PENAL
Carátula: Camiolo, Adriana s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-28

Corresponde no hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa, teniendo en cuenta la constitucionalidad de las normas procesales que regulan el instituto de la excarcelación, en tanto admiten una interpretación que se encuentra a cubierto dicha tacha, según la cual la escala penal prevista para el delito endilgado da pautas que no son inflexibles, sino indicativas y la gravedad debe ser analizada en el caso concreto (Voto del Dr. David, adhieren los Dres. Mitchell y Fégoli).
Recurso extraordinario de nulidad, acuerdo y voto individual
Materia: PENAL
Carátula: Gómez, Hernán Rodrigo s/ Hurto
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-12-15

Existe violación del art. 168 de la Constitución provincial si la resolución de la Cámara que revocó la declaración de extinción de la acción penal por prescripción, ha sido dictada sin cumplir con el requisito del acuerdo y voto individual de los jueces.
Proceso contravencional, acta contravencional, nulidad procesal
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Soldano, Francisco Daniel (responsable local calle José León Suarez 2227) s/ inf. art. 73 Ley 1472
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-11

En el caso, la recurrente plantea la nulidad del acta prevista en el artículo 36 de la Ley Nro. 12 pues a su entender no cumple con los requisitos allí establecidos, esto es, no cuenta con las formalidades establecidas por la norma, y fue labrada por quien no estaba facultado para ello.

Como cuestión preliminar corresponde recordar que en el marco de la Ley Nro. 12 las actuaciones pueden ser iniciadas de oficio por la fiscalía y por las fuerza de seguridad, o por denuncia ante cualquiera de esos organismos (artículo 16 y 17 de la Ley de Procedimientos Contravencionales). El artículo 36 de la Ley Nro. 12 establece los requisitos que debe reunir el acta que labra la autoridad preventora anye la posible comisión de una contravención.

Sentado ello, cabe advertir que en el caso bajo estudio, las actuaciones contravencionales se iniciaron ante la denuncia del Director General de Control de Calidad Ambiental, quien puso en conocimiento de la justicia el labrado de un acta de comprobación por supuesta violación de clausura.

En este sentido y contrariamente a lo afirmado por la defensa, en momento alguno se labró un acta contravencional en los términos del artículo 36 de la Ley de Procedimiento Contravencional, pues el procedimiento se inició por denuncia y no como consecuencia de la actuación de la prevención policial.

El labrado del acta, que fuera cuestionada por la defensa, fué el producto del control del cumplimiento de la Disposición Nro. 2191 DGCCA/2005 que ratificó la clausura impuesta.

Por lo tanto y en función de lo expuesto precedentemente, la nulidad planteada por la defensa deviene completamente improcedente , motivo por el cual correponde rechazarla sin más trámite.
Despido sin causa, empleo no registrado, indemnización por despido, integración del mes de despido
Materia: LABORAL
Carátula: PALLONI, Mariela Haydee c/ Depormed S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-10-19

"La duplicación a que alude el artículo 15 de la ley 24.013, incluye "la suma prevista en el artículo 233 2do. párrafo de la L.C.T.".
Autoría, duda
Materia: PENAL
Carátula: M.A.B. y otros p.s.a. abandono de persona agravado por la muerte en concurso real con abuso sexual, con acceso carnal, Tilcara s/ Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en el expte. Nro. 153/01. L.A. N 45 F 639/640 N 280. la muerte en concurso real con abuso sexual, con acceso carnal, Tilcara s/ Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en el expte. Nro. 153/01. L.A. N 45 F 639/640 N 280.
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2002-08-01

Ante la ausencia de certeza en cuanto a la autoría del procesado debe aplicarse lo normado en el art. 410, tercer párrafo del Código Procesal Penal. Y ello es así porque una regla fundamental de crítica probatoria tiene establecido que un hecho procesalmente sólo puede tenerse por probado cuando a su respecto ninguna otra hipótesis resulta concebible, es decir cuando quepa excluir toda posibilidad de que hubiese acaecido de distinta manera a la que se tiene por cierta.
Contratos administrativos, contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, liquidación de regalías petrolíferas, licitación pública
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cadipsa  S.A. c/ Estado Nacional y otros s/ nulidad de acto administrativo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-16

El otorgamiento de una disminución en el pago de las regalías establecidas por la ley 17.319 no opera de oficio y siempre tiene lugar en etapas posteriores a la contratación. Nunca puede pretenderse racionalmente que acontezca durante el proceso licitatorio.