Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-02-25


SENT Nro. 75 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 25 DE FEBRERO de dos mil cuatro, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, René Mario Goane y Alfredo Carlos Dato, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "Cuellar, Nicolás Alfredo vs. Panpack S.A. s/Cobros".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores René Mario Goane, Alfredo Carlos Dato y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

I.- La parte actora, a fs. 234/238, plantea recurso de casación en contra de la sentencia Nº 61 dictada por la Excma. Cámara del Trabajo, Sala IV, de fecha 9 de mayo de 2003, obrante a fs. 225/228 de autos, que es concedido mediante resolución del referido tribunal del 30-7-2003 (cfr. fs. 239 y vta.). Sólo la parte demandada presentó la memoria facultativa a que alude el artículo 137, primera parte, del CPT, conforme surge del informe actuarial de fs. 247.

II.- Sostiene el recurrente, para fundar su recurso de casación, que la decisión de no hacer lugar a la demanda entablada quebranta el artículo 209 de la LCT y la doctrina legal sentada por la Sala III de la Excma. Cámara del Trabajo en la causa "Agüero de Jorge, Sara D. vs. Panificación Alou y otros s/ despido", del 16-9-93. Según el impugnante, en el citado pronunciamiento se dispone que corresponde al trabajador acreditar la notificación de la enfermedad o la existencia de la misma, de acuerdo a lo prescripto en el artículo 209 de la LCT, y que la ley no exige una comunicación formal, ya que el aviso puede darse por cualquier medio, y que incluso se permite que se lo sustituya por la prueba posterior de la incapacidad.

Luego de transcribir a fs. 235 parte del acto jurisdiccional en crisis, afirma que la "inconducta" de su parte jamás podría ser caratulada como "falta sin aviso", por cuanto se justificó durante el transcurso del día en cuestión, o sea, el 01-9-97, tal como la misma sentencia lo consigna en el quinto párrafo de fs. 226, tomándolo de los dichos de la demandada. Añade que a esta altura debe traerse a colación el artículo 209 de la LCT -al que transcribe-, con lo cual el despido de autos se torna no causado.

Arguye también que el fallo es contradictorio, porque en un primer momento manifiesta que el actor comunicó que faltaría, conforme surge de la ficha médica, para después expresar que se trata de una falta sin aviso, cuando es la misma accionada la que reconoce haber recibido el aviso efectuado por el accionante de su inasistencia por razones de salud.

Cita pasajes de una obra de Fernández Madrid; indica que el régimen aplicable es el artículo 209 de la LCT y que cumplió con el imperativo impuesto por dicha norma de que el aviso debe darse en el transcurso de la primera jornada de trabajo, lo que se encuentra plasmado en el quinto párrafo de fs. 226, haciendo mención a continuación a jurisprudencia recopilada por Miguel Angel Sardegna en su "Ley de Contrato de Trabajo".

Finalmente, se agravia de la imposición de costas resuelta en la instancia de grado, destacando que este cuestionamiento es accesorio al anterior, de tal suerte que su procedencia depende de la admisión de este último.

III.- Siendo inherente a la competencia funcional de esta Corte por su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, el pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso de casación incoado, corresponde entrar a su tratamiento.

Ha sido interpuesto en término (cfr. fs. 232 y vta. y 238); el acto judicial atacado constituye una sentencia definitiva en los términos del artículo 130 del CPT; no resulta exigible el afianzamiento previsto en el artículo 133 del mismo digesto de rito en razón de que el pronunciamiento no resulta condenatorio para el recurrente; el escrito recursivo se basta a sí mismo en cuanto a sus fundamentos fácticos y jurídicos, y la impugnación se motiva en la invocación de infracción a normas de derecho. Por tales motivos juzgo admisible al recurso de marras; voto porque así se declare.

IV.- Entrando a la consideración de los agravios, interesa poner de relieve que de la lectura del fallo en recurso se desprende que el tribunal de grado sustentó el rechazo de la demanda en consideraciones vinculadas exclusivamente al tópico del aviso de la alegada enfermedad del actor.

En efecto; luego de sintetizar las posiciones de las partes, señala que la relación se extingue por decisión de la empleadora motivada en las reiteradas faltas injustificadas y sin aviso, conforme a antecedentes y severas amonestaciones y suspensiones, y que la falta sin justificar del 01-9-97 es la que injuria a la demandada.

Aduce que es a esta última a quien le corresponde la prueba de la legitimidad de la medida dispuesta; que en la audiencia de fs. 177 el actor reconoce la recepción y firma de cada uno de los documentos que le fueron exhibidos, tales como el acta de la SET, el reglamento interno de la empresa, 20 amonestaciones y 17 notificaciones de suspensiones; y que en el presente caso adquiere singular importancia el mencionado reglamento en tanto se constituye en fuente reguladora de las relaciones entre las partes, transcribiendo el artículo 20 del mismo.

A renglón seguido procede a valorar la conducta asumida por el actor, y en tal sentido observa que se trata de un dependiente reiterativo en sus llegadas tardes y faltas injustificadas, sin que ninguna de las sanciones disciplinarias que se le impusieran hayan sido objeto de reclamo u observación por su parte; agrega que el trabajador tiene el deber de cumplir con sus obligaciones en tiempo y forma, porque en caso contrario incurre en inconducta laboral.

A fs. 227, donde se exponen los fundamentos esenciales de la decisión, refiere que "El señor CUELLAR, ha faltado a su trabajo sin cumplir con el aviso instituido por la LCT, para de esta manera permitir el control de la enfermedad que alega sufrir y sobre todo para que el empleador pueda tomar las medidas del caso para su reemplazo si ello fuera menester. La presentación de un certificado médico, no reconocido por el galeno firmante, recién en la instancia conciliatoria ante la SET, no constituye de modo alguno el aviso oportuno que impone la ley laboral, como derivado del deber de buena fe que debe imperar en las relaciones entre las partes y que es el sustento de toda relación laboral".

En mérito a ello concluye expresando que el despido es legítimo, teniendo presente los antecedentes del demandante, la falta de aviso de la invocada enfermedad y la ausencia de pruebas de su parte, ponderado todo esto en el marco del artículo 242 de la LCT.

Se advierte así que el núcleo de la argumentación del fallo se centró en la consideración de que, en la especie, no había mediado el aviso oportuno que impone la LCT, negándole tal condición a la presentación del certificado médico de fs. 27 en la instancia conciliatoria ante la SET. Sin embargo, nada se dice con relación a la constancia de fs. 184 y vta. (ficha clínica) -cuya autenticidad es reconocida a fs. 191 por el doctor Buabse, siendo su testimonio a su vez tachado por la parte actora a fs. 195-, traída a la causa por la propia demandada, de la cual surge que el actor había comunicado a la empleadora la alegada enfermedad a las 20:00 horas del mismo día (01-9-97) en que se produjo la ausencia causante de la invocada injuria (lo que es reconocido incluso en el responde -cfr. fs. 127 y vta.-); es decir, con anterioridad a la fecha en que, según la Sala a quo, se presentó el certificado médico en cuestión, siendo ésta la única referencia temporal tenida en cuenta expresamente por el fallo en la inteligencia de esclarecer el tema del aviso de la alegada enfermedad del accionante.

De allí que, situado siempre en el razonamiento o línea argumental seguida por la Excma. Cámara y ajustándome al contenido de los agravios, se puede concluir que la sentencia resulta descalificable como acto jurisdiccional válido, al haber prescindido de elementos de hecho que, en aquel contexto, se revelan como pertinentes para la resolución de la litis.

De otra parte, respecto de los conceptos explicitados en la memoria que corre a fs. 245/246 de autos, cabe destacar que lo que la demandada allí pretende presentar como un argumento conducente al rechazo del recurso, en realidad, o más bien, serviría para evidenciar un déficit aún más profundo del pronunciamiento ya que, como se dijo, la motivación de la resolución desestimatoria de la demanda se vinculó únicamente a la falta de aviso oportuno de la enfermedad y no a la ausencia de justificación de la misma, lo cual, en definitiva, deberá ser evaluado y resuelto por la Excma. Cámara en el nuevo pronunciamiento a dictarse.

Por lo tanto, queda claro que en cualquier caso el fallo presenta vicios de entidad nulificante, y que es a la luz de las precedentes consideraciones en el marco de las normativas aplicables que debe abordarse en la nueva sentencia el tópico relativo a la existencia o no de injuria en el sub examine, siendo inoficioso por los fundamentos que anteceden, hacerse cargo de los restantes agravios.

Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso de casación deducido por la parte actora en contra de la sentencia Nº 61, de fecha 9 de mayo de 2003, de la Excma. Cámara del Trabajo, Sala IV, obrante a fs. 225/228 de autos. En consecuencia, casar la misma, dejándola sin efecto, conforme a la siguiente doctrina legal: "Resulta descalificable, como acto jurisdiccional válido la sentencia que rechaza la demanda prescindiendo de circunstancias de hecho relevantes a tal fin, teniendo en cuenta la lógica y línea argumental elegida por el tribunal a quo para arribar a dicho resultado desestimatorio". Por consiguiente, por los fundamentos in extenso desarrollados en sentencia Nº 759 de esta Corte, del 29-9-97, debe disponerse la remisión de los presentes actuados a la Excma. Cámara del Trabajo a los efectos que, por la Sala que corresponda, dicte nuevo fallo con arreglo a lo considerado, dejándose debidamente aclarado que lo resuelto en modo alguno significa señalar el sentido u orientación que deberá observar el nuevo pronunciamiento.

V.- Las costas de esta instancia casatoria, atento al resultado a que se arriba, se imponen por el orden causado (artículos 49 del CPT y 106, inciso 1, del CPCC).

Los señores vocales doctores Alfredo Carlos Dato y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación deducido por la parte actora en contra de la sentencia Nº 61, de fecha 9 de mayo de 2003, de la Excma. Cámara del Trabajo, Sala IV, glosada a fs. 225/228 de autos. En consecuencia, casar la misma, dejándola sin efecto, conforme a la doctrina legal enunciada en los considerandos, y disponer la remisión de los presentes actuados a la Excma. Cámara del Trabajo a los efectos que, por la Sala que corresponda, dicte nuevo fallo con arreglo a lo considerado.

II.- COSTAS de esta instancia casatoria, como están consideradas.

III.-DIFERIR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR RENE MARIO GOANE ALFREDO CARLOS DATO