Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-14


Causa Nº 1792-01-CC/2006 caratulada "Incidente de Excarcelación en autos Aldao, Mauricio Ángel s/ inf. art. 189 bis CP - Apelación" En la ciudad de Buenos Aires, a los 14 días del mes de marzo de 2006, se reúnen en Acuerdo los Señores Jueces integrantes de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Marcela De Langhe, Pablo Bacigalupo y Fernando Bosch, para resolver en las presentes actuaciones.

Y VISTOS:

El titular del Juzgado en lo Contravencional y de Faltas Nº 23, Norberto Luis Circo, resolvió con fecha 23 de enero del corriente no hacer lugar a la excarcelación de Mauricio Ángel Aldao (fs. 11).

Para así decidirlo consideró que existía en el caso el peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación aludidos en el art. 57, inc. 3, LPC, en virtud de que, por un lado, los antecedentes del imputado determinaban que la eventual condena que se impusiera en este proceso sea de cumplimiento efectivo y que, por el otro, no se había podido constatar el domicilio del nombrado, pues respecto de aquel que aportara ante la autoridad policial, su madre había informado que no vivía allí desde hace tres años.

Contra esa resolución dedujo recurso de apelación el Sr. Defensor Oficial, Javier E. de la Fuente, exponiendo los fundamentos que se sintetizan a continuación.

En primer lugar, argumentó que el Juez de grado había efectuado una inadecuada interpretación del régimen de excarcelación previsto en el ordenamiento procesal nacional ya que, según explicó, el art. 316 CPPN prevé dos supuestos distintos en los cuales resulta viable la liberación del imputado, de modo tal que cuando el máximo de la escala penal aplicable en abstracto no supere, como en el caso, los ocho años de prisión, la excarcelación resulta procedente más allá del modo en que se cumplirá la sanción, el tipo de pena, el mínimo de la escala penal, o los antecedentes de quien se halla sometido a proceso.

Expresó también que, contrariamente a lo afirmado por el Circo, la mera posibilidad de que recayera en este supuesto una sentencia condenatoria de efectivo cumplimiento resultaba insuficiente para presumir que el imputado intentaría eludir la acción de la justicia, pues las condenas anteriores por sí mismas no eran indicativas de determinado comportamiento procesal.

Por otra parte, explicó que el riesgo de fuga no podía fundarse en el hecho de que Aldao ya no viviera en el domicilio de su madre, pues él había aportado los datos del lugar en el que reside con su propia familia, sin que se hubiera ordenado ninguna diligencia tendente a su constatación.

Argumentó además que la resolución cuestionada no se encontraba debidamente fundamentada, sino que se basaba en simples afirmaciones genéricas, y que una decisión como la recurrida contradecía claramente el principio constitucional de inocencia y desconocía el carácter excepcional del encarcelamiento preventivo.

Por esas razones, y basándose además en numerosos fallos jurisprudenciales y citas doctrinarias que apoyan su petición, el de la Fuente solicitó que se revoque el auto cuestionado y se conceda la excarcelación a Mauricio Ángel Aldao (fs. 16/24).

Radicadas las actuaciones en esta instancia, el Sr. Fiscal de Cámara, Walter Fernández, por los motivos que expuso en su dictamen de fs. 31/33, consideró que correspondía confirmar la resolución en crisis.

De este modo, cumplidos los pasos procesales pertinentes, se encuentran las actuaciones en condiciones de ser resueltas.

Y CONSIDERANDO:

I.

La presentación del Sr. Defensor Oficial cumple en su totalidad las exigencias formales relativas al tiempo, modo y lugar de interposición del recurso, así como los requisitos de admisibilidad, tanto objetivos como subjetivos, necesarios para habilitar la vía intentada.

II.

Las particulares características del caso resultan adecuadas para explicitar y sistematizar, de modo armónico con las garantías y principios constitucionales que rigen la actividad jurisdiccional del estado, el criterio que en materia de excarcelación esta Sala ha expuesto a través de sus decisiones en numerosos precedentes; reiterándose aquí, por lo demás, algunos de los argumentos que fueron expuestos en el día de la fecha al confirmarse el auto de prisión preventiva dictado respecto de Mauricio Ángel Aldao.

El principio rector de la interpretación en este ámbito ha de ser, naturalmente, el de garantizar el pleno goce del derecho del imputado a permanecer en libertad durante la tramitación del proceso, como consecuencia estricta del estado de inocencia que caracteriza a todo ciudadano en tanto no adquiera firmeza una sentencia condenatoria dictada en su contra.

La necesidad de conciliar dicha garantía con el cumplimiento de los fines propios del proceso (averiguación de la verdad y aplicación de la ley material) conduce a admitir limitaciones razonables a aquel derecho en la medida en que su ejercicio irrestricto obste la realización de tales fines. Consecuentemente la legislación procesal establece como presupuestos necesarios para restringir la libertad ambulatoria del imputado la existencia de "peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación" (art. 57, inc. 3, LPC).

Tales pautas, cuya estricta verificación es requerida en el régimen ritual local para justificar la procedencia de la prisión preventiva, se concilian adecuadamente con las reglas previstas en la ley de forma nacional -de aplicación supletoria- para conceder, o bien denegar, la excarcelación de quien se halla sometido a proceso.

En esa normativa se fijan, en primer lugar, los supuestos en los que resulta procedente la libertad del imputado. En este sentido se señalan los siguientes casos: 1. "cuando pudiere corresponderle [...] un máximo no superior a los ocho (8) años de pena privativa de la libertad" (art. 316, párr. 2, primer supuesto, CPPN); 2. cuando se "estimare prima facie que procederá condena de ejecución condicional..." (art. 316, párr. 2, segundo supuesto, CPPN); 3. los restantes mencionados en el art. 317, inc. 2º yss., CPPN, tendentes a evitar la prolongación de la prisión preventiva más allá del tiempo de detención que habría de sufrir el imputado si fuere condenado.

Sin embargo, dado que el gozar de libertad durante la tramitación del proceso constituye el principio, interesa especialmente concentrarnos en la interpretación de las pautas establecidas para delimitar la necesidad de restringir su absoluta vigencia. A este respecto, el art. 319 CPPN enuncia una serie de criterios a los cuales se debe vincular la presunción fundada de que el imputado "intentará eludir la acción de la justicia o entorpecer las investigaciones", regla análoga, por lo demás, a la mencionada en el art. 57 de la ley procesal local.

Es decir, la norma legal indica que no basta con verificar en cada caso las circunstancias en ella contenidas -características del hecho, condiciones personales, etc.-, sino que impone además el deber de justificar que de tales pautas objetivas pueda derivarse la presunción que autoriza a restringir la libertad personal del imputado. En otras palabras: la mera corroboración de que se está ante uno de los supuestos previstos normativamente resulta insuficiente para habilitar restricción alguna en la medida en que a partir de ese dato no sea posible fundamentar un pronóstico relativo a un comportamiento procesal que obste el normal desenvolvimiento del juicio.

La interpretación y aplicación de esas pautas, además, tiene que conciliarse armónicamente tanto con el principio constitucional de proporcionalidad (art. 28 CN), cuyo mandato de necesidad determina el deber de que las medidas restrictivas de derechos se limiten en su intensidad y duración a lo estrictamente requerido para permitir el fin que las justifica, como con las normas internacionales que imponen al Estado el deber de garantizar el libre y pleno -es decir, óptimo- ejercicio de los derechos en ellas reconocidos, entre ellos, naturalmente, la libertad ambulatoria (cfr. esp. arts. 1.1 y 7, CADH).

Tales parámetros supralegales implican, entonces, que aun cuando se afirme la existencia de aquel riesgo de obstrucción del normal desenvolvimiento del proceso y sea necesario en consecuencia restringir la libertad del imputado, deba aún evaluarse la entidad de la presunción de ese riesgo en función de las circunstancias que la justifican para decidir la magnitud de la restricción a imponer, debiendo escogerse la medida menos lesiva que permita garantizar suficientemente el logro de los fines procesales.

Así, de las pautas hasta aquí sentadas se deduce que, por ejemplo, en abstracto, para privar de su libertad a un imputado, no baste con la mera comprobación de que, en virtud de sus antecedentes, en caso de recaer condena en el proceso ésta será de cumplimiento efectivo, sino que se exige, en primer lugar, evaluar en qué medida la magnitud de la pena en expectativa -parámetro estrictamente vinculado a la pauta normativa "objetiva y provisional valoración de las características del hecho" y también a la ocasional necesidad de unificar penas- puede conducir a afirmar la presunción contenida en la norma y, en segundo lugar -esto es, luego de efectuada esa afirmación-, escoger la medida de coerción personal menos restrictiva que aún sea idónea.

De ese modo, no obstante el dato objetivo de la eventual condena de cumplimiento efectivo, es posible que al llegar a cierto estado del proceso el pronóstico de pena permita favorecer el goce de la libertad personal, sea con ciertas restricciones (cauciones de diversa índole de lesividad progresiva -juratoria, personal, real-), sea en forma irrestricta cuando el monto de la sanción esperable resulte de escasa gravedad.

Resta ahora establecer de qué forma las consideraciones efectuadas condicionan la solución del caso que ha sido sometido a conocimiento de esta Alzada.

III.

La decisión mediante la cual se deniega la excarcelación a Mauricio Ángel Aldao tiene como fundamento, como se señaló en los primeros párrafos, las siguientes circunstancias, a saber: por un lado, el hecho de que los antecedentes condenatorios del imputado determinarían que la pena que eventualmente recayera en este proceso sería de cumplimiento efectivo (arts. 26, 27, CP); por el otro, que al ser constatado el domicilio aportado inicialmente por Aldao, la madre de éste informó que ya no vivía allí, sin que hasta el momento de dictar ese pronunciamiento se hubiera verificado algún lugar de residencia del nombrado.

El último argumento expresado en la resolución recurrida resulta en verdad inadecuado para justificar la restricción de la libertad personal del imputado, en la medida en que, tal como lo afirma la defensa, no se ha realizado ninguna diligencia tendente a establecer si efectivamente reside en el domicilio que aportó al prestar declaración en el proceso, omisión ésta que en modo alguno puede valorarse en contra del encausado.

Sentado ello, para arribar a una correcta solución del caso, cabe remitirse a lo expresado en el apartado anterior en punto a que el mero hecho de la efectividad del cumplimiento de la condena que pudiere ser impuesta a Aldao no justifica per se la restricción de la libertad ambulatoria del imputado, en tanto la magnitud de la pena en expectativa no active la presunción relativa al riesgo de que se obstaculice la realización de los fines del proceso.

En este supuesto en particular, a diferencia de otros que han sido objeto de conocimiento de esta Sala, en el que sus especiales características permiten describirlo como un caso con escasos rasgos determinantes de gravedad, es admisible proyectar que el monto de sanción que eventualmente se imponga, si bien podría superar la pena mínima legal, difícilmente llegaría a alcanzar el punto máximo de la escala prevista para el delito de tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil por el que se ha confirmado el auto de mérito dictado en el legajo principal -monto de pena que, por lo demás, no debe ser unificado con el de otras condenas dictadas con anterioridad-. Concretamente, el hecho de que el ilícito atribuido prevea una escala penal de seis meses a dos años de prisión, sumado a la particularidad relativa a la escasa gravedad del episodio y a la circunstancia de que, conforme a la certificación obrante a fs. 46 vta., la pena impuesta en la última condena que registra Aldao se halla vencida, permite proyectar que la sanción que eventualmente se determine en este proceso no será excesiva.

Más allá de que tal prognosis resulte de entidad suficiente para hacer presumir el riesgo aludido en la norma, tal como lo expresamos al pronunciarnos respecto de la prisión preventiva dictada en el principal, previo a descartar la posibilidad de excarcelar al imputado es necesario evaluar si es posible resguardar su sujeción al proceso mediante medios de coerción menos lesivos.

Esta evaluación conduce a afirmar que, ante un pronóstico razonable del monto de pena en expectativa que ubica en principio la sanción a imponer entre los seis meses y el año de prisión, y en virtud de la inexistencia de otros factores de riesgo procesal, resulta viable conceder la excarcelación a Aldao bajo una caución de carácter real cuyo monto deberá ser fijado por el Juez a quo respetando las pautas que para su adecuada determinación fija la ley procesal (art. 320 CPPN).

Por lo demás, y hasta tanto sea verificado el domicilio aportado por el imputado, lo cual deberá ser ordenado en forma inmediata en la instancia inferior, habrá de imponérsele la obligación de comparecer cada 15 días ante el juzgado a cargo del Circo.

En consecuencia, habiendo concluido el Acuerdo, el Tribunal:

RESUELVE:

I.- REVOCAR la resolución de fs. 11 mediante la cual no se hace lugar a la excarcelación de Mauricio Ángel Aldao.

II.- CONCEDER LA EXCARCELACIÓN A MAURICIO ÁNGEL ALDAO, bajo caución real cuyo monto deberá ser fijado por el Juez a quo respetando las pautas que para su adecuada determinación fija la ley procesal (art. 320 CPPN).

III.- IMPONER AL IMPUTADO el deber de comparecer cada 15 días ante el Juzgado en lo Contravencional y de Faltas Nº 23 hasta tanto sea verificado el último domicilio por él aportado en el proceso, diligencia ésta que deberá ser cumplida en forma inmediata en la instancia inferior.

Tómese razón, notifíquese por nota al Sr. Fiscal de Cámara y, oportunamente, devuélvase a la primera instancia interviniente, la que deberá practicar las notificaciones correspondientes. Sirva lo proveído de atenta nota de envío.

Fdo: Marcela De Langhe, Fernando Bosch, Pablo A. Bacigalupo. Jueces de Cámara.

Ante mí: Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara.

Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas Causa Nº 1792-01-CC/2006. Sala II.

Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas