Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2011-09-05


SENT Nº 644 C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Cinco (05) de Setiembre de dos mil once, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán, Antonio Gandur y Daniel Oscar Posse, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel Estofán, para considerar y decidir sobre los recursos de casación interpuestos por la parte demandada y actora, respectivamente en autos: ?Hoffmann Gaspar Francisco vs. Banco del Tucumán S.A. s/ Medida de aseguramiento de prueba?.

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Daniel Oscar Posse, Antonio Gandur y Antonio Daniel Estofán, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Daniel Oscar Posse , dijo:

I.- Viene a conocimiento del Tribunal los recursos de casación deducidos por las partes demandada y actora en contra de la sentencia dictada el 30/4/2010 (fs. 1400/1405) por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Común del Centro Judicial de Concepción.

Los recursos han sido concedidos por autos del 25/10/2010 obrantes a fs. 1483 y vta. y 1484 y vta..

II.- Al recurso del demandado:

Fundamenta el recurso en que la sentencia habría violado normas de derecho de fondo, arts. 1197 y 1198 del CC; 16 y 17 de la CN y normas de forma contenidas en los arts. 34, 40 y 108 del CPCC; que la sentencia es arbitraria e incongruente. Propone doctrina legal.

Sostiene que la violación del art. 1197 CC reside en que en tanto su parte cumplió con lo convenido en el contrato de cuenta corriente, no lo hizo la actora en cuanto sobrepasó el giro en Descubierto permitido por el Banco y aceptado por el propio cliente y emitió cheques sin el debido respaldo financiero, lo que no fue reconocido por la sentencia de primera ni de segunda instancia.

Sostiene que la sentencia viola el art. 1198 CC al haberse imputado a su parte que no actuó con buena fe, lo que resulta errado pues fue el actor quien se excedió siempre girando en descubierto y sobrepasando los límites del acuerdo y que a pesar que califica al actor de incumplidor condena al banco por una suma abultada .

Afirma que la sentencia no ha respetado el principio de congruencia en cuanto por un lado afirma que más del 80% de la debacle del actor tuvo causa en cuestiones ajenas al cierre de la cuenta por el Banco y aun así lo condena al pago de una suma exorbitante sin prueba alguna; que no obstante rechazar el 80% del monto de la demanda, lo condena al pago total de las costas.

Refiere que al existir vencimientos recíprocos, no puede cargársele las costas, conforme al art. 108 CPCyC; que se rechazaron tres rubros; que el que prosperó lo fue por el veinte por ciento de lo reclamado Sostiene que la sentencia es arbitraria en cuanto considera que la causal de la debacle no fue el Banco y sin embargo lo condena a una abultada suma; lo condena al pago total de las costas no obstante receptar sólo el 20% del lucro cesante.

Sostiene en relación al lucro cesante admitido que los argumentos de la Cámara son errados al considerar que el Banco no actuó en un debido marco legal o bien con total licitud al cerrar la cuenta corriente del actor; que el Banco no tenía por qué mantener sine die la situación que el actor gire por encima de un acuerdo de descubierto, aun cuando lo hizo en algunos supuestos; que tampoco tenía que notificarlo que a partir de determinada fecha si giraba en descubierto se le iba a cerrar la cuenta, por cuanto el actor firmó un mes antes un acuerdo por $ 25.000 de descubierto, por lo que sabía a qué atenerse si incumplía con dicho giro; que cada una de las partes sabía cuáles eran sus derechos y obligaciones al suscribir los respectivos formularios; que se cierra la cuenta ante el sobregiro del actor circunstancia objetiva y conocida por el actor; que un mes antes se recalifica al actor y se establece la suma de $ 25.000 de sobregiro en razón de la delicada situación financiera del país; que el Banco no modifica unilateralmente lo pactado, como tampoco vulnera los principios de la buena fe; que es falso que los $ 300 provenían de la multa que aplica el Banco Central; que si el Banco no le cobró la multa tampoco se ocupó el actor de abonarla a fin de evitar que se produzcan los elevados daños que reclama; que si el actor siguió calificado en situación 5 como irrecuperable en el Veráz se debe a su exclusiva responsabilidad ya que no hizo nada para levantar tal calificación abonando la multa, preguntándose si ya estaba preparando el camino para el reclamo; que posiblemente canalizó a través de sus hijos y de otras cuentas toda su actividad; que no advierte donde están los daños acogidos en la sentencia si el actor pudo mantener el patrimonio, adquirir bienes y continuar operando a través de sus hijos; que en la actualidad el actor sigue operando con el Banco del Tucumán.

Se agravia de la sentencia en cuanto condena al Banco en tanto el actor no prueba su culpa o negligencia; que quien actuó en forma irresponsable es el actor con indiferencia de las consecuencias que ello pudiere generar y que es el actor quien incumple y no el Banco.

Se queja que luego de analizar que la situación económica del deudor no se deriva únicamente del cierre de la cuenta bancaria sino de la situación general del país que hace eclosión en el 2001/2002; que la recesión data de 1998 estallando en el 2.002 condena en una abultada suma al demandado con base en consideraciones subjetivas fundada en meras presunciones del perito.

Respecto al daño moral se agravia porque no corresponde en el supuesto de incumplimiento contractual; que no ha probado su existencia ni que su causa sea el cierre de la cuenta; que las dolencias que invoca ya existían o son consecuencias inexorables del tiempo; que el estado psíquico aludido por la perito no ha sido acreditado ni que sea culpa del Banco; que los peritos solo reproducen los relatos del actor.

Se agravia de la imposición de costas a su parte no obstante que la acción prosperó parcialmente en proporción muy inferior a lo reclamado, por lo que debieron prorratearse en proporción al resultado arribado y al éxito obtenido por las partes.

III.- Al recurso del actor:

Se agravia de la sentencia por violación a la norma de derecho; que es arbitraria e incurre en autocontradicción e incongruencia; que existe violación a la estructura esencial del proceso; que se han violado los arts. 34, 264, 265 -incs. 4 y 5- y 272 CPCyC; que el fallo carece de motivación.

1) Sostiene que la sentencia incurre en incongruencia y arbitrariedad en relación al grado de responsabilidad del banco, en relación a los daños y perjuicios generados a su parte; que sus expresiones hacen presumir que la calificación de conducta del accionado efectuada por la Excma. Cámara será mayor que la adjudicada por el fallo de primera instancia; que sin embargo al momento de materializar mayor responsabilidad -a la que el perito Garlatti calificó de mayúscula a fs. 1295 vta.- el fallo retacea su aplicación a las indemnizaciones correspondientes, generando un desmérito del daño sufrido.

Refiere que el fallo al aceptar los conceptos de su parte, coloca a esa entidad en una situación prácticamente de dolo en su accionar, o cuando menos de culpa gravísima teniendo en cuenta que la accionada tuvo la posibilidad de revertir gratuitamente la situación; que al confirmar el fallo la alzada contradice sus considerandos, incurriendo en incongruencia.

Se agravia en cuanto por un lado considera que el demandado ha incurrido en conducta antijurídica, modificando lo considerado al respecto por la sentencia de primera instancia y sin embargo mantiene los rubros y montos establecidos en primera instancia, modificando únicamente el orden de las costas que las impone a la contraria.

2) Se agravia por considerar arbitrario al fallo respecto a las pruebas rendidas en autos sobre su relación con Integral Insumos SCA -al recortarlas- tomando parcialmente la pericial del CPN Garlatti de fs. 1271/1295; que las relaciones con la empresa fueron afectadas por el cierre de la cuenta; que no tuvo en cuenta su relación con la misma reveladas en la cuenta simple según lo informa el perito Garlatti que analiza el listado de vencimientos y entrega de dinero y cheques diferidos; que hasta el cierre de la cuenta bancaria los registros no revelan mora, la que se produjo luego del cierre; que antes no hubo reclamos lo que se verifico luego del rechazo por el accionado de cheques diferidos, cuyo pago fue intimado por correspondencia; que no tuvo en cuenta la testimonial brindada en autos que acredita tales circunstancias, como así también que no le vendieron más máquinas; que se le cortó el crédito y no se lo autorizó a representar o gestionar para esa firma la venta de maquinarias; que no tuvo en cuenta el acuerdo de refinanciación y pago celebrado posteriormente; que el daño se refleja en el acuerdo de refinanciación y pago celebrado después con una carga de intereses y gastos generados por la actitud dolosa del banco.

Refiere que los valores entregados a Insumos SCA se diferencian de los demás por su elevado monto y que era un componente importante del daño invocado; que parcializa la prueba pericial del CPN Garlatti y de la medida para mejor proveer sobre la responsabilidad del Banco, en cuanto resalta el dictamen respecto a la indeterminación del porcentaje de responsabilidad del banco en la caída de la actividad productiva del actor.

3) Se agravia en cuanto a la trascendencia del cierre de la cuenta la sentencia sostiene que mantuvo una cuenta en el Banco Nación al desconocer las constancias de la causa en cuanto a fs. 621 se informa que el nexo comercial se mantuvo hasta el 05/3/1999 y su buen comportamiento en esa entidad; que la normativa vigente en ese entonces imponía a los bancos el cierre de las cuentas si figuraba en la base de datos del Veráz y del BCRA, lo que informa el HSBC; que si los bancos hubieran hecho lo contrario habrían sido pasibles de gravísima sanción.

Se queja en cuanto afirma que continuó operando a través de sus hijos mayores de edad, pues los mismos sólo colaboraban en las tareas y no tenían ninguna cuenta, lo que importa ligereza en el tratamiento de los agravios y las constancias de la causa.

4) Se agravia de las fechas a partir de las cuales deben actualizarse los rubros de condena, aclarando que sobre el punto planteó recurso de aclaratoria (posteriormente desestimada por sentencia del 06/8/2010); considera arbitrario e incongruente que la sentencia alude a distintas fechas en que fueron calculados los montos indemnizatorios; que la sentencia sostiene que el lucro cesante es calculado a la fecha de la medida para mejor proveer en tanto el daño emergente y el lucro cesante han sido calculados a la fecha de la pericia (julio de 2005), por lo que debe estarse a dicha fecha.

5) Refiere que los errores de la sentencia se resumen en que llega a la misma conclusión que la sentencia de Primera instancia en cuanto a los rubros de condena no obstante considerar que existe un error en la misma en cuanto medió de parte de la accionada una conducta antijurídica, no reconocida por el fallo de primera instancia.

5.1) Se agravia en cuanto la sentencia de primera instancia sostiene que no hubo dolo de la accionada por lo que su responsabilidad abarca las consecuencias inmediatas y necesarias y no así las mediatas y el fallo de Cámara sostiene que hubo una conducta antijurídica del banco Se agravia que la Cámara nada dice sobre su recurso sobre los cinco factores tenidos en cuenta para valorar el monto de los daños; que desconoce el informe pericial del CPN Garlatti.

5.2) Sostiene que las consecuencias de estas incongruencias son el retaceo de la responsabilidad del banco con grave desmedro de sus intereses lesionados por el obrar doloso del mismo al proceder al cierre de la cuenta.

Transcribe los considerandos de la sentencia de primera instancia sobre los cinco factores desencadenantes de la crisis y la incidencia del 20% del total del decrecimiento informado, cuantificado el mismo en $ 2.118.659,36.

Se agravia que la sentencia recurrida nada dice no obstante que fue materia de agravio; que no explicita cuales fueron los otros cuatro factores no imputables al Banco, limitándose a afirmar que la cifra le parece equitativo.

Sostiene que ello es más evidente si se tiene en cuenta que ambas sentencias tomaron como cierto y válido el dictamen del CPN Garlatti.

5.3) Refiere que existe un defectuoso análisis al fijar la condena; que respecto al daño emergente no ha tenido en cuenta cheques que fueron abonados por su parte a Integral Insumos, referidos en la pericia del CPN Garlatti; que están probados los cheques rescatados con el consabido pago de intereses, que integraron la refinanciación de deuda y que el perito determina en $ 255.286,61, que ello integra las consecuencias inmediatas; que ello no constituye un mero disenso. Propone doctrina legal.

IV.- La sentencia recurrida sostiene que el contrato de cuenta corriente que mantenían las partes era de confianza; que el actor tenía un margen mayor de descubierto más allá de los límites prefijados y la naturaleza y calificación del cliente; que según da cuenta la pericial practicada por el CPN Jerez -fs. 184-, existían oportunidades en que los giros superaban el monto de $ 100.000 y que no obstante el banco cubría el descubierto, luego aportado por el cliente; que la cuenta no se limitaba nunca a una suma determinada y fija que importara la imperiosa necesidad de manejarse en esos límites de cobertura -la que no pudo determinarse-, aunque la pericial expresa los montos mayores durante los años 1997/1998.

Refiere que conforme la pericia realizada por el CPN Garlatti de fs. 985/1007 el accionado nunca efectuó notificaciones o cualquier medio de comunicación al actor que informara su saldo deudor a fin que pudiere evitar su afectación y por ende sus consecuencias; que las notificaciones cursadas por el banco avisando el rechazo de los tres cheques que fundamenta el cierre y el mismo cierre de la cuenta corriente fuera realizada el 22/10/1998.

Considera que existe un error de la sentencia de primera instancia en cuanto afirma que el cierre de la cuenta luce ajustado a las previsiones legales, lo que estima erróneo porque si bien unilateralmente el banco había previsto un monto máximo de descubierto no respetó las normas contractuales; que por un deber de buena fe objetiva debió haberse notificado al actor para que tenga la oportunidad de cumplir con las exigencias bancarias; que por un principio de prudencia era necesario acordar una prudente espera a fin de acordar una solución.

Sostiene que existe una conducta antijurídica de la demandada al haber actuado sin la previsibilidad suficiente a fin de evitar daños al actor que según el orden natural de las cosas era de prever que impactaría negativa y en forma importante en la actividad comercial del actor, lo que hace a la imputabilidad del accionado en orden a la frustración contractual conforme los arts. 1197 y 1198 CC.

En cuanto al daño emergente sostiene que el perjuicio debe ser cierto en cualquier tipo de responsabilidad, sea contractual o extracontractual; que el rescate de los cheques diferidos y la diferencia que debió abonar a Integral Insumos SCA alude a la pericia del CPN Garlatti en cuanto a que no pudo determinar que parte de la caída en la actividad productiva le cupo al banco, lo que considera correctamente analizado en la sentencia de primera instancia, que el cierre de la cuenta no tuvo incidencia inmediata en la ulterior refinanciación del crédito. En cuanto al rescate de cheques estima insuficientes los agravios.

Respecto al lucro cesante que estima que es antes de determinar la indemnización del daño contractual que con carácter previo se debe analizar que haya un daño al interés contractual, que medie relación de causalidad entre el incumplimiento y el daño; que el incumplimiento repose en una causa de imputabilidad, teniendo en cuenta la necesaria relación de causalidad adecuada que debe existir entre el incumplimiento contractual y la certeza del daño.

Sostiene que el análisis del tema efectuado por la juez aquo recorre todos los ítems necesarios para arribar a una conclusión positiva respecto a las tres actividades afectadas.

Analiza la pericia del CPN Garlatti como medida para mejor proveer y la perdida de crecimiento del actor de lo que surge la suma de $ 10.593.269,81, a que ascienden los daños por decrecimiento pero que no puede afirmarse que el decrecimiento obedezca únicamente al cierre de la cuenta por estar el mismo sujeto a variables de carácter financiero y económico en donde tiene una importancia mayor la incidencia de la economía y otros factores socioeconómicos vigentes a efectos de su cuantificación.

Evalúa que el actor tenía cuenta en el BNA, que era manejada por sus hijos, que el actor mantiene su patrimonio; que en sus pagos había retrasos y refiere la incidencia de la crisis del 2001/2002; que el porcentaje fijado en la sentencia del 20% surge de la pericia de fs. 1279; que coincide con la pericial en que el cierre de la cuenta produjo una importante caída en la evolución económica, lo que se originó también en los vaivenes económicos de cualquier actividad económica son multicausales, por lo que considera justo y equitativo la cifra de $ 2.118.659,36.

Sostiene que la tasa de interés a aplicar debe ser la pasiva y no la activa solicitada por el actor, aludiendo al método de aplicación.

Respecto al daño moral considera que la sentencia de primera instancia ha evaluado todas y cada una de las pruebas rendidas por lo que la suma fijada aparece justa y equitativa. Finalmente se pronuncia sobre costas, imponiéndolas al demandado.

V.- En cuanto a la extensión del daño y su cuantificación, se agravian ambas partes. El actor sostiene que la sentencia desconoce la existencia de la totalidad de los daños que reclama y el demandado se queja que su parte no es responsable de los supuestos daños reconocidos en la sentencia.

Asimismo, ambas partes se quejan que la sentencia no precisa el origen de los daños derivados del cierre de la cuenta o las causas que lo provocaron.

Al respecto estimo necesario ingresar previamente en los daños denunciados por el actor, receptados parcialmente por la sentencia bajo recurso y de lo que se quejan ambos litigantes.

La sentencia de primera instancia confirmada por el fallo recurrido sostiene que hubo culpa de parte del banco accionado en el cierre de la cuenta y no dolo como lo afirma el actor.

Bajo tal encuadre, frente al incumplimiento culposo de las obligaciones contractuales, solamente merecen ser resarcidas las consecuencias inmediatas y necesarias así generadas, quedando al margen de la indemnización aquellos daños padecidos por el acreedor en tanto fuesen una consecuencia mediata y no necesaria, vale decir, contingente, del incumplimiento del deudor (art. 520 Cód. Civil; cfr. Llambías, Jorge J., "Código Civil anotado, Obligaciones", t. II-A, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1979, p. 168).

Desde esa perspectiva, resulta claro que la indemnidad que debe otorgar la sentencia que se dicte en supuestos de responsabilidad culposa -como en el caso de autos-, debe responder a la necesidad de reparar las consecuencias inmediatas y necesarias derivadas del incumplimiento contractual en el que incurrió la demandada, mas no a las "consecuencias mediatas" y "no necesarias" que hubieren sido reclamadas por el actor (arts. 520 y 901 Cód. Civil).

La excepción a la regla antedicha estaría configurada -tal como sugiere el demandante y que fuera desestimada- en el supuesto de probarse que la inejecución de la obligación hubiese sido maliciosa, en cuyo caso "los daños e intereses" deben comprender "también las consecuencias mediatas" (art. 521 Cód. Civil).

En efecto: si el incumplimiento que origina la responsabilidad del deudor hubiere sido obrado dolosamente, la relación de causalidad entre la conducta antijurídica y el daño es ampliada por la ley, que ya no se detiene en las consecuencias inmediatas, sino que abarca, incluso, las consecuencias mediatas del hecho del deudor.

Para resolver la cuestión estimo necesario indagar cuáles son los daños reclamados por el actor, si los reconocidos en la sentencia son consecuencia inmediata del incumplimiento culposo en que incurriera el accionado y cuales serían consecuencia mediata del hecho dañoso y que por tanto deben ser excluidos del reconocimiento indemnizatorio.

Del análisis de autos surge que el actor reclamó la indemnización de los daños y perjuicios que son consecuencia inmediata y mediata del incumplimiento contractual en que incurriera el banco demandado al proceder abruptamente al cierre de la cuenta corriente del actor.

En efecto, en el escrito de demanda (fs. 269/281) el actor en el punto V.-1. que intitula ?Daños patrimoniales inmediatos y mediatos?, luego de referir el colapso total que le produjo el cierre de la cuenta y consecuente cierre en las cuentas de otros bancos, expone que el recupero de los cheques importó una tarea titánica, para lo que tuvo que recurrir al circuito interbancario, con intereses muy superiores al bancario.

Refiere expresamente que este daño patrimonial tanto mediato como inmediato al cierre de la cuenta se valora en 1) el costo de intereses, gastos de devolución de cheques y salvataje, viajes, comunicaciones, etc y los daños producidos al caer los créditos que estaban siendo atendidos normalmente; 2) la lesión originada en los préstamos con garantía prendaria por compra de equipos y la caída del plan de pagos estipulado, el que estima en la suma de U$S 327.131,84.

Como lucro cesante, demanda el resarcimiento de los daños provenientes de: a) El freno del crecimiento en su actividad de servicio de recolección de cultivos; b) La disminución de ventas del Servicentro Agromóvil y la postergación de su ampliación y mejora y c) Pérdida de la representación de máquinas agrícolas por deterioro de su relación con la firma Integral Insumos S.A., perdiendo la posibilidad de venta de las mismas.

Reclama asimismo por Daño Moral, por los padecimientos psíquicos y físicos que desencadenó el cierre de la cuenta en el banco demandado y la imposibilidad de tener cuenta en ningún banco argentino, aclarando que tales exteriorizaciones no tiene por qué darse de manera inmediata sino en forma paulatina durante años, pero en todos los casos con un origen común.

En el escrito de fs. 385/387, agrega documentación y amplía demanda, cuantificando los daños materiales inmediatos y mediatos, los que estima en la suma de $ 500.000 o lo que en más o en menos quede demostrado en juicio (punto III.1).

En el punto III.2 de dicho escrito unifica los tres ítems que integran el lucro cesante, manifestando que los daños que estima en la suma de $ 450.000 no son sólo lo que surgió de modo inmediato al cierre de la cuenta.

En el otro punto III.2, respecto al daño moral expresa que el padecimiento se extiende hasta la actualidad y cuantifica el mismo en la suma de $ 300.000 o lo que en mas o en menos quede demostrado.

Estima que el monto total de la demanda asciende a la suma de $ 1.250.000 con más los intereses que allí reclama.

Se advierte que tanto la sentencia de primera instancia del 13/02/2009 como la de la alzada del 23/11/2009 no han precisado cuáles daños son consecuencia inmediata del hecho dañoso de responsabilidad del accionado y cuáles son consecuencia mediata del mismo hecho.

Según surge de la demanda y su ampliación antes explicitadas la totalidad de los daños reclamados por el actor son demandados en el marco de consecuencias inmediatas y mediatas del cierre abrupto de la cuenta corriente bancaria de marras.

En consecuencia, al haberse resuelto que el obrar del accionado fue culposo y no doloso, con carácter previo a la determinación y cuantificación de los rubros indemnizatorios que reconoce la sentencia debió deslindar con precisión cuáles daños de los reclamados devienen como consecuencia inmediata y cuales son consecuencia mediata del hecho dañoso, advirtiéndose que ambas sentencias han omitido tal examen.

En este aspecto el discurso sentencial no proporciona motivo que valide la conclusión a la que arriba, lo que descalifica al pronunciamiento como acto jurisdiccional válido en mérito a lo previsto por los arts. 30 de la Constitución Provincial y 264 y 265 del CPCCC, atento la omisión señalada.

VI.- En cuanto a la relación causal entre el hecho dañoso y los daños reclamados y reconocidos parcialmente en la sentencia recurrida se agravian ambas partes. El actor sostiene que la sentencia es arbitraria al rechazar parcialmente los rubros reclamados en la demanda (en concepto de daño emergente) y al reconocer parcialmente la existencia de lucro cesante sin identificar los cinco factores tenidos en cuenta para valorar el monto de los daños; en cuanto considera que es equitativo el criterio de cuantificación del daño. Y en su mérito, confirma la sentencia de primera instancia El accionado se agravia porque a su criterio no le cabe responsabilidad alguna a su parte al haber procedido legalmente al cierre de la cuenta; que la sentencia no ha respetado el principio de congruencia en cuanto por un lado afirma que más del 80% de la debacle del actor tuvo causa en cuestiones ajenas al cierre de la cuenta por el Banco y aun así lo condena al pago de una suma exorbitante sin prueba alguna; que luego de analizar que la situación económica del deudor no se deriva únicamente del cierre de la cuenta bancaria sino de la situación general del país que hace eclosión en el 2001/2002; que la recesión data de 1998 estallando en el 2.002, condena en una abultada suma al demandado con base en consideraciones subjetivas fundada en meras presunciones del perito.

Respecto al daño moral se agravia porque no corresponde en el supuesto de incumplimiento contractual; que no ha probado su existencia ni que su causa sea el cierre de la cuenta; que las dolencias que invoca ya existían o son consecuencias inexorables del tiempo; que el estado psíquico aludido por la perito no ha sido acreditado ni que sea culpa del Banco; que los peritos solo reproducen los relatos del actor.- Se advierte que los agravios de ambas partes se relacionan con el nexo causal entre el hecho dañoso (cierre de la cuenta corriente bancaria) y los daños derivados del mismo respecto a lo cual la sentencia recurrida confirma la sentencia de primera instancia respecto a la cuantificación del daño emergente, lucro cesante y daño moral.

Del análisis de la sentencia recurrida surge que ha omitido analizar y por tanto precisar el nexo causal existente entre el hecho dañoso y los daños denunciados. El déficit consiste entonces en la valoración genérica de los factores que provocaron el daño y el porcentaje que atribuye al hecho del accionado, lo que exigía una explicación racional a partir de las constancias concretas de la causa.

La afirmación de la sentencia de primera instancia que sostiene que el cierre de la cuenta es uno de los cinco factores que provocaron el daño y cuantifica el daño resarcible en el 20% del total reclamado sin explicar el porqué de tal selección del porcentaje carece de motivación y por tanto el fundamento esgrimido es solo aparente.

Adviértase que la sentencia no explica las razones por las cuales aparentemente acuerda a los cinco factores -tampoco explicados-, un porcentaje idéntico a cada uno de ellos en la causa del daño. Por su parte, la sentencia recurrida afirma que el fallo de primera instancia fundamenta el porcentaje en el análisis puntual de las pruebas aportadas y entre ellas la pericial de fs. 1279 señala el decrecimiento del actor del 20,18%; que la pericia señala que a partir del cierre de la cuenta se produce una importante caída en la evolución económica del actor pero tal cierre no es la única causa de la caída ya que los vaivenes económicos son multicausales, por lo que considera que la cifra de $ 2.118.659,36 es justa y equitativa, por lo que confirma la sentencia apelada.

Concretamente, tampoco el fallo bajo recurso explica cuáles fueron las demás supuestas concausas en la supuesta caída en la evolución económica del actor y porqué asignó al cierre de la cuenta el 20% de las mismas y por tanto tampoco aparece debidamente fundado su conclusión que la suma fijada es justa y equitativa.

Es que no basta el mero enunciado de la existencia de diversas concausas sin precisar las mismas y asignar al hecho dañoso denunciado un porcentaje dogmático de responsabilidad en los daños causados, pues resulta inexcusable establecer la efectiva contribución de cada una de ellas en la producción del daño pues de lo contrario es arbitrario el porcentaje del 20% fijado a los fines de la cuantificación del daño resarcible.

En este aspecto, la motivación del fallo es aparente, lo que convierte al acto sentencial en carente de fundamento y por ello descalificable como tal, en mérito a lo previsto por los arts. 30 de la Constitución Provincial y 264 y 265 del CPCCC (CSJTuc., Banco Provincia de Tucumán vs. Ana Gloria Cornejo s/ Cobro ordinario, sentencia Nº 308, 05/5/1998), por lo que corresponde se haga lugar a los recursos deducidos por el actor y el demandado, se case y deje sin efecto parcialmente la sentencia bajo recurso, dictándose la siguiente doctrina legal:

?Es arbitraria y, por ende, jurídicamente descalificable como acto jurisdiccional válido la sentencia que establece la responsabilidad contractual culposa del accionado y no discrimina los daños que son consecuencia inmediata y mediata del hecho dañoso reclamados en la demanda?.

?Es arbitraria y, por ende, jurídicamente descalificable como acto jurisdiccional válido la sentencia que no expone una explicación racional de los diversos factores concausales del daño y la incidencia del hecho denunciado a los fines de la cuantificación del daño resarcible?.

Atento al resultado arribado, no cabe emitir pronunciamiento sobre los demás agravios de las partes.

Conforme a lo considerado, corresponde el reenvío de los autos para que con la integración de Tribunal que corresponda, se dicte nuevo pronunciamiento en mérito a la doctrina legal antes expuesta.

VII.- Atento el resultado arribado y el progreso parcial de los recursos de casación deducidos por ambas partes, corresponde se impongan las costas de ambas instancias en el orden causado, de conformidad a lo previsto por el art. 105, inc.1 del CPCyC.

El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

Estando de acuerdo con los fundamentos vertidos por el señor vocal preopinante, doctor Daniel Oscar Posse, vota en idéntico sentido.

El señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal doctor Daniel Oscar Posse, vota en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR parcialmente a los recursos de casación deducidos por el actor y el demandado en contra de la sentencia dictada el 30/4/2010 (fs. 1400/1405) por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Común del Centro Judicial de Concepción, conforme a la doctrina legal antes enunciada y en consecuencia devolver los autos a su origen a fin que con la integración del Tribunal que corresponda se dicte nuevo pronunciamiento.

II.- COSTAS por su orden, conforme lo considerado III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN ANTONIO GANDURDANIEL OSCAR POSSE ANTE MÍ:

CLAUDIA MARÍA FORTÉ.