Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-17


SENTENCIA No. 58306	CAUSA No. 42.097/1987 "CORREA HÉCTOR RUBÉN c/ FERROCARRILES ARGENTINOS s/ACCIDENTE- ACCIÓN CIVIL" - JUZGADO No. 29 - Buenos Aires, 17 de septiembre de 2007.

Y VISTO:

El recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 471/472, concedido a fs. 481, que mereció la réplica de la contraria a fs. 482.

Y CONSIDERANDO:

Que esta Sala ha sostenido reiteradamente de conformidad con lo dispuesto por el art. 109 de la ley 18345, la irrecurribilidad de las resoluciones dictadas en la etapa de ejecución, salvo que se configure alguno de los supuestos de excepción que contempla dicha norma o que se advierta un compromiso a la garantía de la defensa en juicio según lo previsto por el art. 105 inc. h) de dicha ley procesal o bien que la providencia impugnada llevara a desvirtuar la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada o fuera susceptible de causar perjuicios irreversibles (en sentido análogo, SD. Nº 83991, del 12.9.2002, en autos "Navata, Mario Fabián c/ Institutos Antártida s/ despido", SI Nº 49251 del 12.2.99 en autos "Rochio, Norberto Carmelo c/ S.E.G.B.A; SI Nº 49220 del 10.2.99 en autos "Boniface, Gustavo Aníbal c/ A.G.P."; SI Nº 53.442 del 4.7.2002 en autos "Oliver, María Isabel c/ Asociación Civil Universidad del Salvador"; SD Nº 83910 del 16.8.2002 en autos "Castillo, Juan Carlos c/ E.F.A. Empresa Nacional Ferrocarriles Argentinos", todos del registro de esta Sala);

Que en el presente caso estamos en presencia de una de las excepciones previstas por la norma citada, ya que se advierte la posibilidad de vulnerar, fundamentalmente, la garantía de defensa en juicio y el debido proceso;

Que la parte actora apela la resolución de la instancia anterior en la que la sentenciante tiene por iniciada la acción de repetición, dispone el levantamiento de las sumas dadas a embargo (conf. informe de fs. 295) e intima al actor y a su letrado, Dr. Roberto Daniel Martínez, para que reintegren las sumas de $1.737,17 y $18.146,50, respectivamente, bajo apercibimiento de ejecución (ver fs. 470);

Que el recurrente, en primer lugar, plantea la nulidad de la resolución cuestionada ya que, según su entender, carece de la fundamentación debida. En forma subsidiaria cuestiona: 1) que se haya tenido por iniciada la acción de repetición ya que, según sostiene, la presentación de fs. 444/448 no cumple con los requisitos exigidos por el art. 65 de la LO; 2) que el sentenciante haya omitido el traslado que dispone el art. 68 de la ley 18345;

Que corresponde desestimar la solicitud de nulidad articulada en el primer agravio por cuanto, contrariamente a lo sostenido por la recurrente, la resolución de fs. 470 se encuentra fundada. En efecto, la sentenciante acoge la petición de la accionada no sólo por compartir los términos del dictamen fiscal que obra a fs. 469 sino también en virtud de las constancias de fs. 295 y de lo actuado a fs. 401/404 y fs. 426;

Que, precisamente, este Tribunal estableció en la sentencia que obra a fs. 401/404 que la diferencia debida por la accionada, como consecuencia del pago tardío del monto de la conciliación, era notoriamente inferior a la suma pretendida por la actora en la liquidación de fs. 96 ($3159,05 en lugar de $115.025,43) y, por consiguiente, determinó la inviabilidad de la ejecución intentada por la parte actora por sumas mayores a las debidas, con el consiguiente derecho de la demandada al recupero de las diferencias canceladas en exceso (ver fs. 403, quinto párrafo);

Que dicho pronunciamiento se encuentra firme (ver fs. 426) y, por consiguiente, pasó en autoridad de cosa juzgada; Que, en tales condiciones, la accionada se encuentra asistida de derecho para reclamar al actor y a su letrado apoderado la restitución de sumas de dinero que percibieron en exceso; solicitud que puede ser hecha con un simple pedido de intimación en la causa, como la que obra a fs. 444/448, sin necesidad de iniciar una acción autónoma de repetición que cumpla con los requisitos exigidos en el art. 65 de la L.O.;

Que, en virtud de lo expuesto, el tratamiento del agravio respecto de la omisión del traslado dispuesto por el art. 68 L.O. deviene abstracto;

Que, por lo demás, la demandada también se encuentra asistida de derecho para reclamar a la Caja de Valores la restitución de las sumas que habían sido dadas a embargo por la Coordinación Nacional de Normalización Patrimonial ($134.994,33, ver fs. 295), importe que al 3/2/02 asciende a la suma de $143.736, según informe que en copia obra a fs. 416;

Que, ante la forma de resolver, las costas han de imponerse a cargo de la recurrente vencida (arg. art. 68 del CPCCN);

Por ello, el Tribunal Resuelve: I.- Confirmar la resolución de fs. 470 en cuanto dispone el libramiento del oficio a la Caja de Valores para que restituya a la demandada las sumas oportunamente dadas a embargo y en lo que se refiere a la intimación cursada al actor y al letrado Dr. Roberto Daniel Martínez para que reintegren las sumas allí indicadas bajo apercibimiento de ejecución. II.- Imponer las costas de alzada a cargo de la recurrente vencida. III.- Regular los honorarios de los firmantes de fs. 471/472 y de fs. 482 en las respectivas sumas de $150 y $200.

Regístrese, notifíquese y oportunamente, devuélvase.

Elsa Porta-Ricardo A. Guibourg Ante mi: Liliana Noemí Picón G.P. Secretaria Interina