marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Empleados públicos, estabilidad del empleado público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ROSSI, GUIDO MARTIN c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  Nº 473-87)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-10-02

El artículo 16 de la ley 8525 establece que la estabilidad es el derecho del agente permanente "a conservar el empleo, el nivel escalafonario alcanzado y la inamovilidad en la residencia siempre que el servicio lo consienta..." pero -a tenor del texto expreso de la ley- no comprende la función que desempeñe el agente.
Requisitoria fiscal, debate, sentencia penal, nulidad del acto jurídico, defensa en juicio
Materia: PENAL
Carátula: González, Mario A. s/ Robo de ganado menor s/Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1995-05-29

Corresponde declarar la nulidad de la requisitoria de elevación a juicio y todos los demás actos consecuentes (incluido debate y sentencia) cuando resulta de la plataforma fáctica que no existiría delito alguno, pues el Señor Fiscal omitió la descripción de elementos esenciales, como son: la forma de ingreso del porcino al predio del imputado; ajenidad de semoviente en cuestión; determinación exacta sobre si se apoderó, si sustrajo o se apropió de la cosa; determinación y prueba del dolo de apoderamiento exigido por el tipo legal. Tal deficitaria descripción que culminó con una sentencia condenatoria, ha violado la intervención del imputado en el proceso, al privarlo de contradecir las circunstancias de hecho que se le atribuyen. De tal manera y, ante las omisiones señaladas precedentemente, el derecho de defensa del imputado ha sido violado, pues se comprometió severamente la posibilidad de negar o explicar los hechos atribuidos como así también, la posibilidad de introducir circunstancias que excluyeran o atenuaran su responsabilidad. (En disidencia: Dr. García Osella).
Daños y perjuicios, contrato de obra
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lattuada, Juan Carlos c/ Giangiácomo, Carlos José y otros s/ Resolución de contrato - Daños y pejuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-06-18

El incumplimiento deficiente de la obligación de ejecutar la obra, da nacimiento al derecho de obtener el resarcimiento de los daños causados, puesto que esa deficiencia, al determinar la necesaria complementación o perfeccionamiento, provoca un perjuicio a reparar aún las previsiones contractuales o la fijación judicial subsidiaria. Pero ello no implica desconocer el legítimo derecho que asiste al empresario a obtener la remuneración por los trabajos efectivamente realizados y en la medida en que éstos resultaran útiles o fueran aprovechados por el propietario, pues de lo contrario existiría un enriquecimiento sin causa.-
Daños y perjuicios, daño moral
Materia: MEDIO AMBIENTE
Carátula: Bortairy Juan Miguel c/ Carnes Del Litoral S.R.L. s/ Ordinario Daños Y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2013-10-31

El liso y llano ataque al derecho de gozar plenamente del derecho de dominio de la propiedad -Art. 2513 CCiv-, con los provechos y ventajas que la cosa es capaz de brindar, frente a su goce mermado, de por sí, justifica el daño moral.
Remuneraciones accesorias, gratificaciones, carácter no remuneratorio, aportes previsionales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: GRAFA S.A. c/ A.F.I.P. - D.G.I
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-04-10

En el marco del derecho previsional, no basta asignarles carácter remunerativo a las gratificaciones para que sean susceptibles de determinar la obligación de aportar, ya que, según voluntad legislativa, deben ser habituales y regulares para ser gravadas (ver art. 6 de la ley 24.241). Por lo tanto, tratándose -en el caso- de gratificaciones quinquenales, es decir, retribuciones que la empresa paga a sus obreros cada cinco años, debe concluirse que constituyen un rédito extraordinario y excepcional para los operarios, no susceptible de gravamen. (Del voto de la mayoría)
Accidentes de trabajo, responsabilidad del empleador, eximentes de responsabilidad del empleador, culpa del empleador, inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: LIZARRAGA, Juan c/ STREITFELD, Jorge s/ Accidente
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-07-31

Es inadmisible la adopción de un régimen legal que lleva a que una persona que sufre un daño por la culpa de otra o por la cosa peligrosa que está bajo la guarda de un tercero, no pueda ser indemnizada plenamente por el solo hecho de ser "trabajador". Este sistema diferenciado es el que establece la ley de riesgos del trabajo en su art. 39, cuya aplicación determinaría un menoscabo a la dignidad de la persona.
Derecho procesal, deberes del juez, facultades disciplinarias, multa, temeridad o malicia
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Ascensores Schindler SA c/ Inc SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-26

1 - Si bien los términos "temeridad y malicia" son utilizados usualmente como sinónimos, tienen significados diversos. El primero refiere básicamente la deducción de una acción o de una defensa con total conciencia de su injusticia o falta de fundamento. Mientras que la malicia es la conducta observada en el proceso con una finalidad exclusivamente distorsionadora de aquél, tendiendo a su obstrucción o persiguiendo su dilación (Arazi, R., y Rojas, J., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación - Comentado, Anotado y Concordado..., T. I, págs. 196/197). 2 - Así deben reunirse dos extremos para verificar su configuración: uno objetivo, que resultará de la ausencia de fundamentación o injusticia de la pretensión u oposición; y otro de tipo subjetivo, que se traduce en la propia conciencia de la concurrencia de esas circunstancias al caso concreto (Arazi, R., y Rojas, J., obra y tomo citados, página 196).
Cajas profesionales, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Montarce M.A. c/ Caja de Prev. Social para Abogados s/ Pase de excedente de aportes -cuestión de competencia art. 6º C.C.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-04-18

La competencia originaria que transitoriamente la Constitución de la Provincia atribuye a esta Suprema Corte sobre la materia contencioso administrativa comprende, en los términos del art. 4 del Código de Procedimientos de lo Contencioso Administrativo, a la materia previsional (arts. 1, 4 - 1er. parte-, 5, 28 inc. 3 y concs. del C.P.C.A.). Ello es así teniendo en consideración que la legislación específica del caso ha ampliado expresamente dicha competencia - atribuida por el art. 1 del Código de Procedimientos de lo Contencioso Administrativo- respecto de las resoluciones del órgano no estatal demandado que deniega la concesión de beneficios (art. 10 de la ley 6.716 y sus modificatorias - T.O. 1996- , situación que ha sido extendida a los casos que, por vía de una interpretación analógica inspirada en el espíritu de la norma, puede concluirse que se trata de una cuestión cuyo examen compete a este Tribunal en los términos de la correspondiente legislación especial. (Minoría u opinión personal)
Cosa juzgada, verificación de créditos
Materia: LABORAL
Carátula: Oborny, Oscar c/ Banco Velox SA s/ Despido Insua, Ricardo c/ Club Italiano Asoc. Civil s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-28|2009-05-14

El proceso de verificación de crédito tiene el alcance de una precisa demanda judicial y su consecuencia es la asignación del efecto de litispendencia o de una cosa juzgada que se proyecta a la resolución que se pronuncia sobre la acreencia del accionante, no sólo respecto del concursado sino también respecto a los restantes acreedores, o sea que debe entenderse al proceso de verificación como un procedimiento pleno de conocimiento, apto para suplantar los trámites de cualquier otro juicio paralelo o posterior que pretenda el reconocimiento del crédito sobre el que se trató el de verificación (ver entre otros Sala II sent. int. 56298 23/4/08 y esta Sala sent. 71536 4/5/09 "Preve, Mafalda c/ Liga Israelita Argentina de Previsión s/ despido"). No obsta lo expuesto el dictado de la ley 26086 pues el art. 9 de esa normativa expresamente dispuso que quedaban exceptuados "aquellos casos en los que en el expediente se hubiera dictado el llamado de autos para sentencia, los créditos de pronto pago y aquellos juicios en los que se hubiera optado por la verificación del crédito según lo previsto por el art. 21, inc. 1 de la ley 24522".
Cuestiones de competencia, sociedades mutuales, aumento de cuota, decreto de necesidad y urgencia, bases para la reconstrucción de la economía Argentina, competencia por la persona, competencia civil y comercial federal
Materia: ADMINISTRATIVO-COMERCIAL
Carátula: Cordovero, Diana Sofía c/ Frutos del País y otro s/ amparo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-05-24

La justicia comercial es incompetente para tramitar un amparo por los aumentos de las cuotas mensuales de una mutual de salud como consecuencia del dictado del DNU 70/2023, habida cuenta que no obsta a la jurisdicción federal exclusiva la circunstancia de que la relación jurídica mantenida entre las partes se encuentre regida por el derecho civil y comercial y sea, en principio, ajena a la materia federal, pues cuando se trata de establecer la competencia en razón de la persona, la atribución se efectúa en razón de la calidad de los sujetos involucrados, aun cuando la materia no sea federal, como ocurre en gran parte de los conflictos ventilados ante la justicia civil y comercial federal.
Factura, cesión de créditos, notificación
Materia: COMERCIAL
Carátula: HELLER SUD SERVICIOS FINANCIEROS SOCIEDAD ANONIMA c/ POLISUR SOCIEDAD ANONIMA s/ ORDINARIO POLISUR SOCIEDAD ANONIMA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-04-23

La ausencia de la expresión "hasta nueva orden" en la notificación al deudor de la cesión de facturas comerciales, no altera en lo sustancial su obligación, ya que más allá de esa mención, debe igualmente pagar las facturas al cesionario.
Concursos, confirmación de sentencia, declaración de inconstitucionalidad, facilidades de pago, deudas impositivas, ley vigente
Materia: PROCESAL
Carátula: Spiral Shoes SA c/  s/ concurso s/incidente art. 250
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-09

Procede confirmar la sentencia que declaró la inconstitucionalidad de los arts. 16, 20 y 39 de la RG AFIP 3587/14. Ello por cuanto, el requisito de acceso al plan de facilidades consistente en la renuncia o desistimiento de las acciones en trámite o futuras, fue incorporado por vía reglamentaria, por la autoridad de aplicación mediante la suscripción de una disposición administrativa -arts. 16 y 20- . Si bien la norma reglamentaria cuestionada no ha sido dictada por el Poder Ejecutivo -sino por una autoridad administrativa de jerarquía inferior habilitada a tal fin- resultan aplicables a su respecto, los límites específicos que la Constitución Nacional determina para los reglamentos ejecutivos o de ejecución. El límite específico que la Constitución Nacional prevé para el ejercicio de la referida atribución es que no podrá alterar el espíritu de la ley reglamentada con excepciones reglamentarias, lo cual no obsta a que, como ha interpretado reiteradamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pueda sí contener apartamientos literales que no comprometan la sustancia de la ley (CSJN, 12/09/95, "Barrose, Luis A.", fallos 318:1707; 19/05/99, "AADI-CAPIF, Asoc. Civil", fallos 322:775, citado por Comadira Julio Rodolfo en "Derecho Administrativo Argentino", pág. 23, Editorial Porrúa México, 2006). En el caso, sin embargo, la autoridad de aplicación ha establecido un requisito adicional para el ingreso al plan de pagos que la ley dispone. La acreedora producto de la aplicación de la normativa vigente, pretende que la concursada renuncie a ese derecho en expectativa que podría llegar a determinar la ilegitimidad de la deuda reclamada por la AFIP como requisito para permitirle ingresar al plan de facilidades de pago. En el contexto señalado, deviene irrazonable la limitación del ejercicio del derecho de defensa en juicio que reconoce y garantiza la Constitución Nacional. Del Dictamen Fiscal N° 1091/20.
Medidas cautelares, sociedades vinculadas
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: GOTELLI, Luis María s/ INCIDENTE DE APELACION Y NULIDAD
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-11-20

La circunstancia de que para la consumación de las maniobras que se reputan delictivas se hayan utilizado "empresas vinculadas" a los procesados, hipótesis a verificar en la causa, justifica la extensión otorgada a las medidas de interdicción dispuestas.

Por otra parte el carácter excepcional de éstas exige que se determine con premura la razonabilidad del mantenimiento de tan graves restricciones patrimoniales.
Marcas confundibles, derecho comparado, registro de marca
Materia: COMERCIAL
Carátula: MAS Consultores de Empresas  S.A. c/ Dirección Nacional de la Propiedad Industrial s/ Denegatoria Infundada de Marca
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-12

En el derecho inglés se admite el registro de una segunda marca semejante, siempre que exista un acuerdo expreso entre el solicitante y el titular del signo preexistente por el cual se limita el uso de la designación de modo de no cubrir los mismos productos o servicios.-
Proceso contravencional, medidas cautelares, allanamiento, falta de chapa municipal, nulidad procesal, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: V, L. A. s/ Ley 255
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-06

En el caso, la defensa se agravia por haberse llevado a cabo un allanamiento contrario al procedimiento estipulado en el artículo 224 del Código Procesal Penal de la Nación por no estar correctamente individualizados los números linderos, violando así el principio constitucional de división de poderes y el derecho de propiedad, lo que acarrearía la nulidad absoluta de todo lo actuado.

En efecto, la nulidad planteada por el recurrente comporta un supuesto de nulidad absoluta, toda vez que se advierte en el procedimiento una clara conculcación de los derechos de inviolabilidad del domicilio, trabajo y defensa en juicio, todos ellos de raigambre constitucional. Ello es así por cuanto, una vez constatada la ausencia de chapa en el inmueble objeto del allanamiento por parte de la autoridad policial, se hacía preciso que en la orden respectiva estuvieran especificados claramente los inmuebles linderos a fin de poder identificar con precisión el local pasible de la medida de marras.

Es menester destacar que el procedimiento a seguir al realizarse un allanamiento, debe adecuarse a lo dispuesto en el Capítulo IX "Registros domiciliarios" de la Ley Nro. 12. Sin embargo, ello tampoco ha ocurrido en autos, donde la parte acusadora no ha procedido conforme lo prevé el artículo 32 de la mentada norma. (Del voto de la Dra. Robledo con adhesión del Dr. Ventureira)
Recurso contencioso administrativo, verosimilitud del derecho invocado, Municipalidad, servicio público, ordenanzas municipales, acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Cooperativa de vivienda, provisión de obras y servicios públicos y asistenciales de Sauce Viejo Ltda. (CO.VI.SER. LTDA.) c/ Comuna de Sauce Viejo s/ Recurso contencioso administrativo. Medida cautelar (Expte. CSJ Nro. 87-99)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-06-19

En diversos precedentes la Corte local ha relacionado la verosimilitud del derecho con las razones invocadas por la Administración, ya en el acto impugnado, ya en la contestación del pedido cautelar. De allí que resulte decisivo examinar si las razones de la Administración por las que entendió vencido el plazo de la concesión del servicio de agua potable, aparecen o no ilegítimas. En el caso, correspondiendo examinar si las argumentaciones de la Comuna demandada prestan utilidad a fin de escrutar la verosimilitud del derecho esgrimido, no existe debate entre las partes con relación a que el plazo de la concesión es de veinte años, pero discuten en torno a la fecha en que empezó a correr dicho término (la Comuna considera que el término expiró el 30 de octubre de 1998, mientras que la Cooperativa actora entiende que el vencimiento del plazo operará el 20 de octubre del año 2006). Ahora bien: en un examen provisional propio de esta etapa cautelar, se observa que, a la luz del artículo quinto de la Ordenanza 398 del 30 de octubre de 1978, de acuerdo al cual "El plazo de duración de la presente concesión se fija en veinte años contados a partir de la aprobación de esta Ordenanza ...", la razón invocada por la Administración para entender que ha expirado la concesión no resulta desechable liminarmente, por lo que la pretensión incidental bajo análisis no puede prosperar.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, prueba pericial
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: ROSSANIGO, ALBERTO HORACIO c/ SUPERMERCADOS RIO S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2011-06-27

Con relación a lo planteado por la recurrente acerca de la impertinencia de la peritación contable obrante en otro expediente como medio probatorio para resolver en contra de sus postulaciones, cabe destacar que la eficacia de dicha prueba entra en el terreno de la valoración propia de los jueces de la causa, cuestión que -al margen de su mayor o menor grado de acierto- no resulta susceptible de ser revisada por esta vía de excepción; máxime cuando, como en el caso, la impugnante no demostró que la pericial declarada impertinente en la sentencia de división de condominio -ofrecida como prueba por él mismo- sea ineficaz para los presentes caratulados (Citas: CSJStaFe: AyS T 99, p 102; T 100, p 251; T 101, p 408) (Del voto de la mayoría)
Responsabilidad civil, intereses, prestación de servicios, relación de dependencia
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Barboza, Humberto Antonio c/ Provincia A.R.T. S.A. y otro s/ Ley 24.557
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-08-30

La prestación de de servicios en los términos de programas nacionales de empleo carece de los elemen-tos mínimos para calificarlas como una relación laboral, en tanto el beneficiario no pone su capacidad de trabajo a disposición, y tampoco su actividad está destinada a generar beneficios o ganancias al Estado, sino que dicho programa satisface un interés propio. Por ello, si el beneficiario sufre algún daño durante la prestación del servicio, quien resulte responsable deberá responder en virtud de las normas generales y particulares que regulan la responsabilidad civil (cfr. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de La Pampa, sent. del 07.05.08, "Rodríguez, Daniel José c/ Municipalidad de Gral. Pico", voto del Dr. Pérez Ballester).
Emergencia económica, Estado Provincial, régimen de consolidación de deudas
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: CARDOZO, JACINTA INES VILLA LARROUDET c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION- INCIDENTE DE APREMIO POR HONORARIOS (EXPTE.: C.S.J. NRO. 388 AÑO 2005)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2007-11-21

La Corte a partir de la instauración de los distintos regímenes de emergencia siempre ha procurado que la Administración -para el caso, la Provincia de Santa Fe- no pague más de lo que debe y que el acreedor no reciba menos de lo que le corresponde, estableciendo pautas basadas en las normas legales que han sido aceptadas uniformemente, para así, de esa manera, componer en la mayor medida posible los intereses de los litigantes.
Recurso contencioso administrativo, resoluciones irrecurribles, Poder Legislativo, funcionarios legislativos, política salarial, Superior Tribunal de Justicia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Bustamante, Alberto Rogaciano y otros c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción. Recurso de  Revocatoria (Expte. CSJ Nº 290-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-10-05

No puede prosperar el planteo de la parte actora -que más allá de las formas o las expresiones utilizadas en la demanda, incluida la genérica invocación a la violación del derecho a la estabilidad y a la carrera- atiende centralmente a la posibilidad de que la Corte Provincial resuelva respecto a la vigencia de un determinado escalafón para el personal de la Legislatura provincial y, particularmente, a la procedencia de la política salarial en él contenida, o la que -en su caso- quedó establecida como consecuencia del dictado de los actos impugnados (estimada como justa o injusta por la partes), siendo todo ello resorte exclusivo del Poder Legislativo.
Ius variandi, derechos personales
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Caminos Ramona Haydee c/ Rios Oscar Fabian s/ Ordinario Resolución de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2011-12-14

En una resolución de contrato, el "ius variandi" del contratante cumplidor tiene como único límite el establecido por el artículo 1204 del Código Civil: la imposibilidad de reclamar el cumplimiento si antes se había optado por la vía resolutoria (del voto de la Dra. Ramirez Amable).
Procedimiento administrativo, acción contencioso administrativa, Fuerzas Armadas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Daus,  Oscar  Normando c/ M°  del  Interior  y otros s/ daños yperjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-18

Los requisitos de admisibilidad de la acción contencioso administrativa previstos en la ley 19.549 no son aplicables en el ámbito de las fuerzas armadas y de seguridad, criterio que no varía aun cuando el decreto 9101/72 fue derogado por el 722/96 (modificado éste por el decreto 1155/97), puesto que la aplicación supletoria de la ley 19.549 a los procedimientos especiales no puede ser extendida a disposiciones restrictivas de derechos.
Jurisprudencia aplicable, obligatoriedad del precedente, fallos de la Corte Suprema, jerarquía constitucional, control de constitucionalidad, control de razonabilidad, Constitución Nacional, decreto reglamentario, jerarquía de las leyes, reglamentación de la ley, finalidad de la ley, derechos y garantías constitucionales, facultades del Poder Ejecutivo, inconstitucionalidad
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Capaccioni, Roberto Luis c/ Patagonia Motor S.A. y BMW de Argentina s/ Infracción a la Ley del Consumidor
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-09-30

Conforme reiterada doctrina emanada del Máximo Tribunal de la Nación -Fallos: 327: 4932; Fallos: 322:1318 y Fallos: 327: 4937; entre otros-, cuando un decreto reglamentario desconoce o restringe irrazonablemente derechos que la ley que reglamenta otorga, o subvierte su espíritu y finalidad, se afectan los principios de jerarquía normativa y supremacía constitucional configurando exceso en el ejercicio de las atribuciones conferidas al Poder Ejecutivo por la Carta Suprema.
Excepciones procesales, arraigo
Materia: PROCESAL
Carátula: LIGURIA SOCIETA DI ASSCURAZIONI  S.P.A. c/ GALICIA Y RIO DE LA PLATA CIA. DE SEGUROS s/ EXCEPCION DE ARRAIGO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-02

El arraigo debe comprender los hipotéticos gastos y honorarios que pueda ocasionar la demanda. Así es menester fijar su cuantía atendiendo al importe reclamado en la acción.

Para calcular estos costos debe preverse el quantum de los posibles honorarios de los profesionales intervinientes por la demandada (hasta el 20% del importe del juicio y 40% de aquel para el apoderado; ley 21.839:7 y 9), y de los eventuales peritos que es previsible habrán de designarse (8% perito y 4% consultor técnico).

Es de destacar que los porcentajes estimados constituyen los máximos legales; mas esta previsión puede ser reducida por el magistrado de acuerdo con las características del pleito iniciado.