Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2010-04-30


AUTOS N° 20.322 (85.330 1° CIVIL) "S.U.O.E.M. C/ Municipalidad de Sta. Lucía Cumplimiento de Convenio" L. DE S. T° 107, F° 100/105 En la ciudad de San Juan, a 30 días del mes de abril del año dos mil diez, reunidos en la SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINERÍA, el señor Presidente DR. GILBERTO A. RIVEROS, y el señor Vocal DR. PASCUAL E. ALFERILLO con ausencia por licencia del Dr. CARLOS E. FERREIRA BUSTOS (art. 40 Ley 5854), a fin de conocer del recurso de apelación que se interpusiera contra la sentencia recaída en autos N° 20.322 (85.330 1° CIVIL) caratulados "S.U.O.E.M. C/ MUNICIPALIDAD DE STA. LUCÍA CUMPLIMIENTO DE CONVENIO", dictada en fecha dos del mes de octubre del año dos mil siete, obrante a fs. 403405, de estos autos originarios del Primer Juzgado en lo Civil, Comercial y Minería, recurso que una vez concedido tuviera debida sustanciación en la alzada, fijadas ulteriormente las cuestiones a considerar en el orden que sigue:

1ra. CUESTIÓN: ¿Es justa o adecuada a derecho la sentencia venida en recurso? 2da. CUESTIÓN: En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde en definitiva? 1ra. CUESTIÓN: El Dr. PASCUAL E. ALFERILLO, dijo:

El A quo en su sentencia dictada en fecha 02 de octubre de 2007, cuya copia obra agregada a fs. 403 y sig., encontró fundamento suficiente para hacer lugar a la excepción de falta de legitimación para obrar en el actor opuesta a fs. 354 por la demandada y en consecuencia desestima la demanda deducida en todas sus partes por no encontrarse habilitada la instancia judicial, con costas.

Contra este decisorio, la parte actora interpone recurso de apelación a fs. 414, el cual fue concedido en forma libre.

Elevado los autos a este tribunal ad quem, la recurrente se presenta a fs. 428 y expresa los agravios contra la sentencia.

En la presentación realiza, ab initio, una descripción de la situación fáctica de cómo se sucedieron los hechos que determinaron la reclamación de la parte actora.

Posteriormente, a fs. 430 vta., inicia con la expresión de agravios contra la sentencia focalizando sus críticas contra el criterio del a quo que estima que deba darse trámite de proceso contencioso administrativo a la reclamación de abono de los salarios determinados en la paritaria, por lo cual se debió agotar sin éxito los recursos administrativos para obtener de la autoridad competente el reconocimiento o denegación del derecho reclamado.

En otras palabras, le agravia que se sostenga que no se han agotado las vías administrativas para obtener los pagos reclamados en autos y se le impongan las costas.

La sentencia, estima el recurrente, le agravia cuando trata de un reclamo por deudas salariales de carácter alimentario que son tuteladas constitucionalmente, como vulgares acreencia o reclamos comunes, con una visión civilista del problema laboral que retrotrae los avances del constitucionalismo social cien años atrás.

En los párrafos siguientes expone sobre el marco jurídico de las convenciones colectivas y recuerda que los mismos tienen origen en el art. 14 bis de la Constitución Nacional, arts. 62 y 67 de la Constitución Provincial.

De igual modo, en el art. 75 inc. 22 de la C. N.

que otorga jerarquía constitucional al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 8PIDCP9, instrumento internacionales que mediante sus arts. 8.3. y 22.3 dan referencia constitucional a los Convenios N° 87 (1948) y N° 98 (1949) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En aval de su posición cita el contenido del Convenio 151 de la OIT (1978) (ratificado por Ley 23.328) donde se trata de las relaciones de trabajo en la Administración Pública.

De igual modo, la Recomendación 91 de la OIT (1951) y la Ley Nacional de Asociaciones Sindicales N° 23.551, su decreto reglamentario 467/88 y Leyes 23.328, 23.544, 23.546, etc. que completan el régimen jurídico en materia de Convenios Colectivos.

En función de ello la Carta Orgánica Municipal autoriza, entre otras facultades deberes, a reglar el régimen jurídico de los agentes municipales.

En ese marco normativo, recuerda que el Consejo Deliberativo sancionó las Ordenanzas N° 402, 404 y 409.

Estas tres ordenanzas homologan el producto de la negociación voluntaria y el diálogo conjunto realizado entre el gobierno Municipal y los Trabajadores Municipales organizados a través de su gremio, el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (SUOEM).

En función del contenido de esta normativa, sostiene que cuando la Municipalidad de Santa Lucía no abonó en término y como corresponde los haberes, los trabajadores y el Sindicato se encuentran habilitados automáticamente, para iniciar las acciones legales que entendieron pertinente para obtener el pago de los mismos.

Ergo, las deudas salariales tienen expedita la vía judicial para su reclamo inmediato, no es necesario otro reclamo previo.

En consecuencia, la vía administrativa para obtener el pago del incremento salarial dispuesto por las ordenanzas 1475 y 1483 del 2005, se agotó, con lo cual quedó expedita la vía judicial para reclamar por el incumplimiento en los pagos, por diferencias salariales, intereses, aportes y costas.

Como punto 2 recuerda que en materia de deudas salariales, el Estatuto y Escalafón para el Personal de la Municipalidad de Santa Lucía, en su art. 191, in fine, establece que no será necesario el procedimiento paritario en caso de conflicto de derecho, especialmente cuando mediare falta de pago en término de los haberes.

Sin perjuicio de lo antes expuesto dice que el ex intendente, por Decreto violó sus obligaciones como funcionario público y de manera unilateral, modifica el acuerdo contenido en el Convenio Colectivo de Trabajo y las Ordenanzas que le ordenaban cumplirlo.

El Decreto N° 436 del 31/8/2005, del cual acompaña copia la demandada, y el que jamás notificó a los actores, es ilegítimo, ilegal e inconstitucional, constituye un abuso del poder.

Ello es así, según su opinión, porque a pesar de existir dinero presupuestado cambia unilateralmente lo decidido por la paritaria que tuviera sanción por parte del Consejo Deliberativo (Ordenanzas1457 y 1483 CD 2005).

Recuerda que el ex Intendente trato por todos los medios de obstaculizar al punto de intentar fabricar una "reunión paritaria trucha" presionando a la representante paritaria del SUOEM, srta. Sonia Pappolo, lo cual motivó la denuncia de ésta y la verificación fehaciente de la negativa del Intendente a cumplir con la decisión paritaria.

Todo ello demuestra lo inútil e innecesario que es interponer el recurso administrativo no obligatorio ante el ex Intendente para que abone las diferencias salariales conforme lo dispuso la Ordenanza 1475.

Finalmente cuestiona la imposición de las costas y formula planteo constitucional.

Corrido traslado a la contraria, ésta se presenta a fs. 440 y en función de las razones que expone solicita la desestimación de la pretensión recursiva con costas.

Planteado de este modo el recurso de apelación el tema a decidir se centraliza entre la posición de la demandada que fuere reconocida en la sentencia puesta en crisis, que se vincula con la necesidad jurídica de que los actores debieron interponer los recursos previstos en la ley de procedimientos administrativo agotando esa instancia para tener habilitada la vía judicial para su reclamo.

En contrario, la parte actora se queja de que ello no resulta ineludible a la luz de la normativa Constitucional Nacional y Provincial, como también por la aplicación de los Tratados Internacionales entre ellos los de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que tuvieron como coronación el reconocimiento legal del sistema de Paritarias para definir las controversias de intereses entre el Municipio y sus empleados.

Con relación al tema se verifica que no existe discrepancia respecto que se cumplió con el procedimiento de paritaria establecido en el Convenio Colectivo Municipal, que resolvió las diferencias existentes de interés entre las partes que, por cierto, no contó con la aprobación del Ejecutivo Municipal el cual mediante Decreto N° 436 ordenó se liquide, a partir del día 1 de setiembre de 2005, el aumento dispuesto por Ordenanza 1483CD2005.

Y en el art. 2 ordenó se liquide el retroactivo del aumento en la Ordenanza 1483CD2005, correspondientes a los meses de enero a agosto de 2005, por Secretaría de Hacienda, en la medida de factibilidad financiera del Municipio.

A partir de estos antecedentes la exigencia de que los actores reclamen administrativamente y agoten la instancia antes el Ejecutivo Municipal para habilitar la vía judicial, estimo que constituye un requisito inexigible por lo cual corresponde que se los tenga por legitimado para reclamar en esta sede jurisdiccional.

Ello es así por cuanto se debe tener en cuenta que lo homologado por el Consejo Deliberativo de la Municipalidad es un acuerdo de voluntad celebrado en el marco paritario autorizado por el Convenio Colectivo de Trabajo debidamente aprobado por el mismo organismo municipal.

Es decir, no existe entre las partes en litis una situación de superioridad sino de par conditio en la definición de cómo resolver los conflictos laborales en el ámbito de la Municipalidad de Santa Lucía.

Ante ello, imponerle la condición de tener que reclamar vía administrativa el cumplimiento hasta agotar los recursos, es una exigencia que excede la racionalidad jurídica porque rompe la paridad y coloca al sector laboral en una situación de minusvalía que no es aceptada, de modo alguno, por la normativa protectora internacional y nacional de aplicación que es bien recordada por la actora en su presentación.

Además de ello, se debe tener en consideración que la remuneraciones por las labores llevadas a cabo por los agentes municipales, en particular, o de los trabajadores, en general, tienen carácter alimentario conforme los art. 62 y conc. de la Constitución Provincial.

Finalmente, y aún cuando se aceptara doctrinariamente que es un requisito el agotamiento de la vía administrativa para iniciar la judicial, sería aplicable el inc. e del art. 27 de la Ley 3784 dada la clara voluntad del Ejecutivo Municipal de cumplir parcialmente con la Ordenanza N° 1483CD2005, al ordenar que los retroactivos se liquiden cuando haya factibilidad financiera.

Por las razones expuestas corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora aceptando la legitimación de los actores para formular el reclamo sin necesidad de interponer y agotar los recursos administrativos en forma previa.

Por esa razón se deberá continuar con la sustanciación del proceso por ante el mismo Tribunal de Primera Instancia que entiende en la causa para dirimir la procedencia o no de la pretensión deducida por los actores.

Las costas por ser una cuestión de derecho opinable y sin precedente jurisprudencial conocido, opino que deben ser impuestas por el orden causado.

El DR. GILBERTO A. RIVEROS, dijo:

Por los fundamentos expresados por el Magistrado que me precede en el orden de votación, voto en sentido concordante.

2da. CUESTIÓN: El DR. PASCUAL E. ALFERILLO, dijo:

En mérito a la votación que antecede corresponde: I) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora aceptando la legitimación de los actores para formular el reclamo sin necesidad de interponer y agotar los recursos administrativos en forma previa.

II) Continuar con la sustanciación del proceso por ante el mismo Tribunal de Primera Instancia que entiende en la causa para dirimir la procedencia o no de la pretensión deducida por los actores.

III) Imponer las costas por el orden causado.

El DR. GILBERTO A. RIVEROS, dijo:

Por iguales razones, voto en el mismo sentido.

Por ello, y lo acordado precedentemente, SE RESUELVE:

I) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora aceptando la legitimación de los actores para formular el reclamo sin necesidad de interponer y agotar los recursos administrativos en forma previa.

II) Continuar con la sustanciación del proceso por ante el mismo Tribunal de Primera Instancia que entiende en la causa para dirimir la procedencia o no de la pretensión deducida por los actores.

III) Imponer las costas por el orden causado.

Se deja constancia que el presente fallo se expide con dos firmas por encontrarse el Dr. CARLOS E. FERREIRA en uso de licencia (art. 40 Ley 5854).

Protocolícese, notifíquese en debida forma, y previa reposición del sellado de ley, si correspondiere, bajen los autos al Juzgado de origen.