Sentencia definitiva, denegatoria del recurso, condena penal, nulidad relativa, allanamiento, participación necesaria, apreciación de la prueba, calificación legal, constitucionalidad, multa
Materia: PROCESAL
Carátula: Minuet, Gustavo Ariel y otros c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-21

Corresponde rechazar los recursos de casación interpuestos por las defensas y confirmar el pronunciamiento condenatorio emitido. En primer término, corresponde rechazar el planteo de nulidad sobre los allanamientos dispuestos en los domicilios de Ariel Gustavo Minuet y de Adolfo Díaz, pues no sólo el auto que los ordenó habilitó formalmente el horario nocturno, sino que los jueces destacaron los motivos por los que resultó atendible la realización de los registros domiciliarios en los horarios en que efectivamente fueron practicados. Ello, sumado a que las defensas no han demostrado la efectiva afectación a algún derecho de sus asistidos, permite entender que el horario en que fueron realizados los registros domiciliarios fue ajustado a derecho. Existieron suficientes elementos de prueba, detallados y valorados correctamente por el a quo, que permitieron sostener la calificación legal elegida -art. 5°, inc. "e", de la ley 23.737- respecto de Díaz, quien se encargó de entregar estupefacientes a Gustavo Minuet a título oneroso, corroborado a partir de evidencias concretas que daban muestra del modo, fecha y lugar en que fue entregada la sustancia ilícita. La sentencia impugnada se encuentra correctamente motivada y fundada y ha logrado acreditar, con la certeza requerida en una instancia condenatoria, la hipótesis delictiva que fundamenta la intervención de Díaz en los hechos que fueran objeto de la presente investigación. Su intervención no fue casual ni azarosa, sino que actuó con dolo y su finalidad estaba destinada a la entrega de sustancias estupefacientes a título oneroso, lo que resulta ajustado a la calificación legal escogida por el a quo. Asimismo, fueron debidamente detallados los resultados de las intervenciones telefónicas a partir de los cuales se puede afirmar que Gustavo Ariel Minuet no sólo se encargó de comercializar estupefacientes (valiéndose de la participación de su hijo de dieciséis años, al momento de los hechos), sino que era quien daba las directivas al resto de los intervinientes. El a quo evaluó adecuadamente, conforme al plexo probatorio obrante en autos, que Minuet mantenía contacto con los proveedores y pautaba el precio de las ventas. Es posible afirmar la correcta aplicación al caso del art. 7 de la ley 23.737. Corresponde rechazar el agravio relativo al monto de pena impuesto respecto de Adolfo Díaz y Gustavo Ariel Minuet, por cuanto las pautas de mensuración expresamente meritadas por el tribunal como agravantes y atenuantes, a la luz de lo dispuesto en el art. 41 del Código Penal, otorgan adecuado sustento a los montos punitivos finalmente fijados a los nombrados, en tanto resultaron razonables en referencia a la escala penal prevista para los delitos perpetrados. En otro orden de ideas, las intervenciones telefónicas en las que participa el imputado Rodríguez resultan contestes para demostrar su grado de conocimiento respecto del negocio ilícito que llevaba adelante su yerno Gustavo Minuet. Fue quien se encargó de esconderle parte del dinero que era producto de las actividades ilícitas -aporte secundario al accionar del organizador Minuet-. Si bien la defensa del nombrado manifestó que el art. 7 de la ley 23.737 no admite la participación secundaria, pueden corroborarse todos los elementos propios de la participación respecto de Rodríguez. Minuet, autor del hecho principal consistente en organizar actividades vinculadas con el comercio de drogas, conocía y aceptó la ayuda de Rodríguez, quien se encargó de resguardar la suma de dinero que era producto de las maniobras espurias dirigidas por Minuet. Dicho de otro modo, el autor consintió el aporte brindado por el partícipe a fin de resguardar dinero que provenía de la actividad ilícita. El aporte de Rodríguez no resultaba esencial para la configuración del resultado típico, pues Minuet se encargaba de organizar las maniobras delictivas vinculadas con el comercio de droga, y podía continuar haciéndolo con o sin la ayuda brindada por Rodríguez al esconder parte de su dinero. De este modo, su aporte fue efectuado con el debido conocimiento e intención sobre las acciones realizadas por el autor, cuando dicho aporte no resultaba esencial para la cristalización del resultado típico. El juicio de subsunción legal definido en la sentencia respecto de Muñoz Piris -tenencia de estupefacientes con fines de comercialización- se encuentra suficientemente fundado a partir de las concretas circunstancias del caso. La imposibilidad momentánea de detentar corporalmente la cosa prohibida no es óbice para la existencia o continuación de la tenencia. Si bien al momento de practicar el allanamiento, Muñoz Piris no se encontraba en el domicilio, la tenencia de la sustancia espuria - aproximadamente 123 gramos de marihuana y 7,239 kg de cocaína- se manifestó dentro de su ámbito de custodia a partir de un dominio situacional sobre el hecho -y particularmente sobre el objeto del delito-, basado en las constancias de autos que permiten entender que el domicilio allanado era un lugar donde éste ejercía la custodia de los objetos que se encontraban en su interior. Es decir, Muñoz Piris poseía un vínculo de disposición con el material estupefaciente. El a quo valoró correctamente el elemento objetivo del tipo por el cual se le atribuyó a Juan Muñoz Piris la custodia del material estupefaciente que se encontraba dentro del domicilio allanado del coimputado Baiocco. Si se logró aseverar que el recurrente poseía absoluto señorío sobre la tenencia de dicho material espurio que no tenía otro fin más que su comercialización, resulta apropiado el encuadre jurídico efectuado en calidad de autor, toda vez que intervino activamente en las maniobras vinculadas con la comercialización de la droga secuestrada en el domicilio de Baiocco. Por último, no se advierte que la ley 27.302 haya transgredido la técnica legislativa contrariando preceptos de orden constitucional, lo cual demuestra que no existe una efectiva afectación al principio de división de poderes ni al principio de legalidad. El argumento que considera que, en caso de imposibilidad de pago, se transformaría en una prisión por deuda, se trata de una cuestión hipotética, que no logra acreditar la efectiva repugnancia de la pena de multa impuesta con los preceptos de la Carta Magna. La pena de multa impuesta no resulta desproporcional al hecho cometido por los recurrentes, lo cual no justifica la imposición de una multa por debajo de la prevista legalmente. Respecto a la existencia de disparidad entre los valores que suponen las 45 unidades fijas impuestas y aquello establecido en los arts. 21 y 24 del Código Penal, la defensa de Muñoz Piris y Rodríguez no ha demostrado aún la efectiva imposibilidad de pago por parte de sus asistidos, ni tampoco la dificultad de su satisfacción a través de bienes, sueldos u otras entradas de los condenados. Por último, la norma cuestionada no supone una interrupción del proceso de adaptación al medio libre del condenado, sino más bien, resulta congruente con lo establecido en la ley que regula la ejecución de la pena privativa de la libertad -art. 35, inc. b-. Por todo lo expuesto, no es posible concluir que el monto de la pena de multa resulte repugnante a los preceptos establecidos en nuestra Carta Magna, por lo que el planteo de inconstitucionalidad será rechazado. Del mismo modo, el monto de pena de multa impuesta a Gustavo Ariel Minuet no resulta excesivo ni desproporcionado con el hecho ilícito cometido. Dres. Hornos, Borinsky y Carbajo.