Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-04-21


C A S A C I O N SENT Nro. 258 En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 21 DE ABRIL de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación deducido por el apoderado de la parte demandada en autos: "Terán Maximiliano Félix vs. BEPESA S.A. s/Especiales (Determinación de alquiler, Ley 23.747 art. 4)".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana, Alberto José Brito y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijo:

I.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia, el recurso de casación interpuesto a fs. 210/215 por el apoderado de la parte demandada en contra de la sentencia de fecha 12/12/2001 dictada por la Sala Ia. de la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones.

En Ia. instancia, se declaró abstracta la cuestión relativa al desalojo oportunamente promovido (por falta de pago y por vencimiento de contrato), a la consignación de alquileres y al cumplimiento de contrato y se hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios, condenando a pagar a BEPESA SA, la suma de $54.000 (fs. 153/172).

Apelado el pronunciamiento por ambas partes, el tribunal de alzada resolvió (fs. 203/206) rechazar el recurso interpuesto por la actora y receptar parcialmente, la apelación deducida por la demandada (confirmando la procedencia de la acción pero modificando los montos de la condena).

A fs. 219/221, el actor contesta el traslado del recurso de casación interpuesto, oponiéndose al mismo y solicitando su rechazo.

La Cámara a quo declaró admisible la casación planteada, por sentencia de fecha 11/4/2002 que glosa a fs. 225, por lo que corresponde a esta Corte en la instancia, el reexamen de admisibilidad del remedio articulado y -en su caso- considerar la procedencia del mismo.

II.- En orden al recaudo formal del art. 813 del CPCC, puede considerarse satisfecho en la especie. Se trata de una sentencia emanada del tribunal de alzada, que resuelve la cuestión propuesta, de modo definitivo para las partes.

III.- Desde la perspectiva del art. 815 procesal, alega el recurrente que el tribunal a quo, al analizar la aplicación del art. 1201 del Cód. Civil (exceptio non adimpleti contractus), prescindió de un hecho no controvertido en autos, cual era la precedencia cronológica del incumplimiento contractual del actor. Señala que esta cuestión era de fundamental importancia para determinar la procedencia de la pretensión indemnizatoria. Entiende que el previo cumplimiento del actor era un presupuesto liminar de la acción deducida; circunstancia que imponía al juzgador, verificar la concurrencia de aquel extremo.

Reitera que pese a lo considerado por la Sala a quo, fue el actor quien dejó de cumplir previamente con las obligaciones derivadas del contrato de locación.

Se agravia de que el pronunciamiento considere que la celebración de un nuevo contrato de locación con un tercero (futuro locatario) fuera demostrativo del incumplimiento de las obligaciones a su cargo como locador.

Entiende que el tribunal de alzada priorizó arbitrariamente los derechos de uso y goce del locatario por sobre los que a su parte correspondían.

Se agravia de que al momento de fijar el monto indemnizatorio, la Sala a quo haya recurrido a la preceptiva del art. 1522 del Cód. Civil para encontrar un criterio de cuantificación de los daños reclamados. Entiende que el pronunciamiento subsume el caso de autos en una norma, cuyo presupuesto fáctico difiere sustancialmente de aquel en que se funda la presente acción resarcitoria.

Como consecuencia de lo expresado, expresa que el pronunciamiento infringe la preceptiva de los arts. 273 inc. 6, 775 y 779 del CPCC, en tanto el tribunal de alzada se aparta del thema decidendum.

Sostiene que la Sala a quo se apartó arbitrariamente de lo peticionado por el actor en autos y al modificar la pretensión esgrimida, afectó principios tales como la igualdad de las partes en el proceso y su derecho de defensa en juicio.

Entiende que a falta de pruebas conducentes para la determinación del daño invocado (lucro cesante), el tribunal debía rechazar el reclamo indemnizatorio pero no recurrir a una norma extraña al caso y a una solución diferente de la planteada y debatida en autos.

Finalmente y para el supuesto en que se confirmara lo resuelto por la Sala a quo, se agravia de la imposición de costas que emerge del pronunciamiento impugnado.

Señala que el fallo infringe lo preceptuado por el art. 106 procesal pues en la instancia de apelación, se rechazó el recurso interpuesto por el actor y se hizo lugar parcialmente al recurso deducido por su parte, no obstante lo cual se le imponen la totalidad de las costas. Expresa que en estas circunstancias no correspondía considerarla "parte vencida", en los términos de la normativa mencionada. Afirma que debía aplicarse el art. 109 del CPCC que prevé la distribución proporcional de las costas en la instancia conforme la suerte de los recursos interpuestos.

IV.- Por un lado, cabe señalar que pese a la forma en que se expresan los agravios referidos a la errónea interpretación y aplicación del art. 1201 del Cód. Civil, el recurrente no logra revertir el criterio adoptado por el tribunal de alzada.

Esta Corte tiene dicho que constituye una típica cuestión de hecho determinar la procedencia de la excepción de incumplimiento, deducida con invocación del art. 1201 del Cód. Civil; máxime cuando lo pretendido es el reexamen de los extremos fácticos que han sido fijados por el tribunal a quo. Esta tarea resulta extraña a la instancia casatoria, pues la valoración del cuadro probatorio compete excluyentemente a los jueces de mérito y resulta ajeno a la instancia casatoria, salvo los casos extremos de absurdo o arbitrariedad que no emergen ni prima facie demostrados (CSJTuc., sent. 717 del 14/10/96, "Martín, Casimiro vs. Pedro Salvador Pérez s/Resolución de contrato"). Esta doctrina resulta concordante con el criterio según el cual la interpretación del contenido del contrato, de las obligaciones asumidas en virtud del mismo, de la conducta desplegada en su ejecución, de su adecuación al compromiso asumido, del eventual incumplimiento, como así también de las responsabilidades que correspondieran a las partes, se encuentra reservada a los jueces de grado; razón por la que escapa como principio, al control casatorio (CSJTuc., sent. 710 del 3/9/2001, "Fernández, Carlos Emilio vs. Mabel Feyling s/Cesación de alimentos"; sent. 311 del 30/4/2001, "Salas, Juan Carlos vs. Empresa Construcción Giacomo Fazio SACIFI s/Regulación de honorarios"; sent. 27 del 17/2/2000, "Elías, Oscar Humberto vs. Hugo César Sánchez y otro s/Cobro de pesos"; entre otros).

La Sala a quo entendió que si bien ambas partes alegaron el previo incumplimiento de las obligaciones correspondientes a la contraria (conforme la posición asumida en sus escritos de demanda y contestación) la postura del actor encontraba respaldado suficiente en las constancias de la causa.

En efecto, se consideró que el locador demandado había incumplido su obligación de conservar al locatario en el uso y goce pacífico de la cosa arrendada, desechando los argumentos alegados para justificar la extinción del contrato y el cese de las obligaciones a su cargo (cfr. fs. 204 vta.). Señaló que los hechos denunciados y acreditados en autos, importaron la perturbación del derecho de uso que correspondía al actor. Destacó que la conducta desplegada por el locador afectó la explotación comercial del locatario y generó los daños que se invocan; circunstancias que imponían admitir la responsabilidad contractual del demandado (fs. 204 in fine y 205).

Pese a los cuestionamientos que formula el recurrente en su memorial, no se logra demostrar la arbitrariedad del criterio adoptado. Las conclusiones a las que arribara el tribunal encuentran respaldo suficiente en las constancias de la causa (cfr. los contratos de locación agregados a fs. 60/65, el reglamento interno de la galería en que encontraba ubicado el local comercial a fs. 50/51, la declaración de los testigos agregada a fs. 173/185, el contrato de locación celebrado con un tercero que glosa a fs. 99, los instrumentos agregados a fs. 157/163, la pericia de fs. 164/168, actas de constatación de fs. 7, 95, 149 y 237, etc., todos ellos de la causa sobre cumplimiento de contrato); lo que excluye la tacha de arbitrariedad que formula el demandado.

El recurrente prescinde de las razones señaladas por la Sala a quo al admitir la procedencia del reclamo y al desechar la excepción de incumplimiento alegada por su parte (conf. art. 1202 del Cód. Civil); déficit que pone en evidencia la insuficiencia del recurso interpuesto.

V.- Tampoco resulta atendible el agravio según el cual a falta de prueba eficaz respecto de la cuantía del daño invocado, la Cámara "debía sencillamente rechazar la demanda incoada".

Se advierte que la existencia del daño patrimonial ha sido admitida por el tribunal de alzada, con referencia concreta a las pruebas presentadas por el interesado y demás constancias de la causa. Tal como surge de autos, el actor ofreció pruebas que más allá de su eficacia, se encaminaban a la determinación de la cuantía del perjuicio (pericia contable de fs. 192/195, la instrumental mencionada por el perito al momento de realizar su dictamen, etc.).

El recurrente prescinde de la preceptiva del art. 275 procesal que impone a los jueces el deber de fijar el importe de los perjuicios reclamados siempre que su existencia esté legalmente acreditada y aunque su monto no resulte justificado.

VI.- De otro lado y pese a las observaciones que mereciera la referencia al art. 1522 del Cód. Civil al momento de fijar la cuantía indemnizatoria, el agravio del recurrente resulta asimismo insuficiente.

La sentencia impugnada modifica sustancialmente en beneficio del demandado, la cuantía indemnizatoria; razón por la cual no se advierten las razones de la impugnación formulada.

Pese a la cuestión de derecho que pretende articular sobre el punto, el recurrente no satisface la finalidad técnica de ésta vía directa, lo que sella en forma adversa la suerte del agravio.

VII.- Asiste razón al recurrente en tanto el pronunciamiento omite motivar adecuadamente la imposición de costas dispuesta en la instancia de apelación.

La Sala a quo rechazó el recurso de apelación interpuesto por el actor y acogió parcialmente el recurso de apelación del demandado, no obstante lo cual impuso la totalidad de las costas a este último (cfr. el escueto considerando de fs. 200, penúltimo párrafo).

En materia de costas, los jueces pueden resolver aplicando el criterio objetivo de la derrota o, según su prudente arbitrio, apartándose total o parcialmente de él (art. 106 y 108 del CPCC); pero sea cual sea la solución final, no pueden dejar de abordar, el análisis de los factores que toman en consideración para adoptar esa posición.

El déficit apuntado descalifica al pronunciamiento como acto jurisdiccional válido, por lo que corresponde anular parcialmente el decisorio impugnado, conforme la siguiente doctrina legal: "Los jueces pueden aplicar el principio general que impone la condena en costas a la parte vencida, o bien -si las circunstancias de la causa lo autorizan- hacer excepción a la regla antes mencionada. En este caso, deberán justificar las razones en que se funda el apartamiento de la directiva legal. La ausencia de motivación sobre el particular descalifica al pronunciamiento como acto jurisdiccional válido".

Pese al déficit señalado, del análisis del pronunciamiento y en consideración del resultado al que arriba el tribunal de alzada, esta Corte entiende que resulta posible pronunciarse respecto de las costas provocadas en la instancia, dictando la sustitutiva pertinente.

Atento al rechazo del recurso de apelación interpuesto por el actor y al progreso parcial de la apelación articulada por el demandado (cfr. los agravios desestimados y el resultado del agravio vinculado a la cuantía indemnizatoria que finalmente se acoge), las costas de la instancia de apelación se impondrán del siguiente modo: al actor, el 100% de las costas propias y el 50% de las costas generadas del demandado; debiendo soportar éste último, el 50% de sus propias costas.

Corresponde por tanto, casar parcialmente la sentencia recurrida de conformidad a la doctrina legal antes mencionada, dictando como sustitutiva la siguiente: "III)- Las costas de la instancia de apelación se impondrán del siguiente modo: al actor, el 100% de las costas propias y el 50% de las costas generadas del demandado; debiendo soportar éste último, el 50% de sus propias costas".

VIII.- Atento al resultado del recurso interpuesto y a las razones que motivan la declaración de nulidad resuelta en la instancia, y no siendo ellas imputables a las partes, las costas serán soportadas en el orden causado.

Los señores vocales doctores Alberto José Brito y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR PARCIALMENTE al recurso de casación interpuesto por el apoderado de la parte demandada en contra de la sentencia de fecha 12/12/2001 dictada por la Sala Ia. de la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones. En consecuencia, CASAR el punto III de la parte resolutiva conforme la doctrina legal antes mencionada, dictando como sustitutiva la siguiente: "III)- Las costas de la instancia de apelación se impondrán del siguiente modo: al actor, el 100% de las costas propias y el 50% de las costas generadas del demandado; debiendo soportar éste último, el 50% de sus propias costas".

II.- COSTAS conforme se considera.

III.-RESERVAR pronunciamiento de honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.- ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA