marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Renta vitalicia, pago en dólares, pesificación
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "PETROLI, AMALIA SUSANA c/ Poder Ejecutivo Nacional". s/ AMPAROS Y SUMARISIMOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-31

Un contrato de renta vitalicia se celebra para satisfacer una necesidad alimentaria del beneficiario y no con fines meramente especulativas o por razones de ganancias. En ese orden de ideas, atento a la situación financiera existente al momento de celebración del contrato y a que el pago de la prima se efectuó en moneda cuyo valor era equivalente al dólar estadounidense, debe concluirse que ello es al solo efecto de mantener el valor de la prestación que ulteriormente habría de percibir el titular, exenta de toda fluctuación. Adoptar la tesitura de la compañía de seguros de retiro que intenta abonar una suma de dinero depreciada la colocaría en una situación de desigualdad respecto del actor, ya que el titular pagó la prima con moneda valor dólar. (Del voto de la mayoría, argumento del Dr. Chirinos. El Dr. Díaz votó en disidencia).
Poder Judicial, gobierno nacional, promoción industrial, política económica
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: PROVINCIA DE MENDOZA c/ ESTADO NACIONAL s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-11-25

No es susceptible de revisión judicial, la conveniencia o acierto de las leyes y disposiciones complementarias que tienen el propósito de lograr el fomento de las actividades económicas por medio de mecanismos de promoción industrial y son la consecuencia de una política económica adoptada por el gobierno nacional en función de facultades que les son inherentes.
Excarcelación, rebeldía, reincidencia, pena máxima eventual
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: "KLOSTER, Claudio D. s/ excarcelación".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-04-15

Formulado el reproche en base al art. 292 del Código Penal cuya escala penal va de dos a seis años de prisión, conforme el art. 316 del Código Procesal Penal de la Nación permite al imputado transcurrir el proceso en libertad. Ello asi, toda vez que -al no superar el máximo de los ocho años de prisión- el análisis en el caso se agota en la posibilidad prevista por el primer supuesto establecido por la norma citada.

A ello no empece la posibilidad de declaración de reincidencia puesto que, amén de constituir a esta altura del proceso una especulación, no puede presentarse como único parámetro para denegar la excarcelación sin reparar en la regla general que permite a toda persona imputada de un delito a permanecer en libertad hasta que exista condena firme.

Tampoco se alza como impedimento a la soltura la declaración de rebeldía cuestionada por otro lado sobre la base de notificaciones imperfectas, constituyen circunstancias que justifican restricciones a la libertad ambulatoria pero que no importa en si misma un argumento negativo para ella.
Derecho tributario y aduanero, procedimiento tributario, recurso de apelación (administrativo), agotamiento de la instancia administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "JOSEMA SACI (TF 25.180-A) c/ DGA".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-02-18

En el Título III "Recursos", Capítulo II, artículo 1132 del CA se dispone que los remedios procesales con los que cuenta el afectado por una resolución defiinitiva del administrador de la Aduana, dictada en un procedimiento para las infracciones son 1) el recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal, y 2) la demanda contenciosa ante el juez competente. Asimismo el artículo 1139 contenido en el mismo capítulo, prescribe que si no se intepusiere apelación ni demanda contenciosa, cuando fueran viables, la resolución del administrador se tendrá por firme y pasará en autoridad de cosa juzgada. Le asiste la razón a la recurrente en cuanto a que no resulta procedente la vía del recurso jerárquico contra las resoluciones definitivas pues la vía administrativa queda agotada con su dictado. Ello es así además, en razón de que el interesado no ha planteado la inconstitucionalidad de la norma que fija el monto mínimo para recurrir (que sirvió de fundamento al Tribunal a quo para declararse incompetente), y que lo deja desprovisto de revisión por un órgano con facultades jurisdiccionales (Cons. III).
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, defectos en la fundamentación normativa, honorarios del abogado
Materia: PROCESAL
Carátula: Habas, Aurora Noemí c/ Albini, Ernesto D. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-02-07

Corresponde dejar sin efecto el pronunciamiento que reguló a una abogada en causa propia, por la contestación del traslado previsto en el art. 257 del Código Procesal referente a una multa impuesta a la contraparte y a su letrado, una suma que equivale a más del doble del monto de la sanción, sin que la cita de los inc. b) y f) del art. 6 de la ley 21.839 explique tal desproporción, pues dichos preceptos sólo servirían para justificar la diversa ponderación de la actividad profesional dentro de los porcentajes establecidos por el art. 14, norma de estricta aplicación en la especie.
Medida de no innovar, facturación excesiva
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Watcom Sociedad Anónima c/ Telefónica de Argentina  S.A. s/ Amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-18

Los elementos de juicio aportados, las argumentaciones desarrolladas en el escrito de inicio y la documentación acompañada prestan sustento suficiente a la verosimilitud del derecho que se atribuye a los efectos de la medida impetrada.

Por otra parte, la inobservancia de la obligación de pago de las facturas podría ocasionar la inminente suspensión y aún la baja definitiva del servicio, por lo que la peticionaria deberá consignar en autos el importe de las facturas impagas devengadas y que se devengaran en el futuro de conformidad con las pautas que establece el art. 18, inciso d), del decreto 1420/92.
Ejecución de alquileres, cláusula penal
Materia: PROCESAL
Carátula: Berta María Josefina c/ Aparicio Flavio Eduardo y otro s/ cobro ejecutivo de alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2019-02-04

Resulta prudente la reducción de la cláusula penal moratoria del contrato de alquiler, ya que ésta daría un crédito equivalente a cuatro valores locativos por cada mes de ocupación indebida, lo que éste Tribunal considera excesivo ya que su monto debe ser sustancialmente superior a la prestación incumplida, aunque nunca abusivo, pues opera con las limitaciones impuestas por el orden público, la moral y las buenas costumbres.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, discrepancia del recurrente
Materia: LABORAL
Carátula: Ramírez, Juan Bautista c/ Caimari S.A.I.C.I. s/ Indemnización art. 212, L.C.T.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-09-22

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que invoca absurdo pero no evidencia que el juzgador hubiera efectuado un razonamiento viciado o que exceda el marco de la apreciación en conciencia, puesto que la mera exposición de argumentos que sólo traducen un particular criterio, distinto al de los jueces de mérito respecto a la apreciación de la prueba, constituye un procedimiento inidóneo con arreglo a la exigencia del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial para desmerecer el acierto de la decisión y abrir en casación el reexamen del litigio, en función que le es impropia.
Lucro cesante, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Empresa de Transportes Jorge Newbery SACI c/ Pegazzano C.A. y ot. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-09-06

En los casos de empresas de autotransportes intercambiables, para la configuración del lucro cesante, cuanto resulta afectado un vehículo de la empresa, es necesaria la prueba específica del daño. Es que en este concepto es preciso la certeza de su producción, no pudiendo afirmarse sin más que ésta ha existido por el solo hecho de que el vehículo afectado debió ser retirado de la circulación (art. 1068 del Cód. Civil).
Proceso penal, duración del proceso, morosidad del proceso, criterio de razonabilidad, garantías procesales, debido proceso
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Amadeo  de  Roth,  Angélica  Lía s/ lesiones culposas -Causa N°1395/81-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-04

Si bien lo atinente a la duración del retraso, las razones de la demora, y el perjuicio concreto que ello ha irrogado al imputado son factores insoslayables para saber si se ha conculcado la garantía a obtener un juicio sin dilaciones indebidas, no pueden ser valorados aisladamente como una condición suficiente, sino que deben ser ponderados y sopesados uno frente al otro, atendiendo a las circunstancias concretas de la causa (Voto del Dr. Gustavo A. Bossert).
Jurisdicción, prórroga de la competencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: LLANOS, JUAN DIONISIO c/ COOPERATIVA DE TRANSPORTES LA UNION LTDA. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS GOMEZ, MABEL EMILSE c/ COOPERATIVA DE TRANSPORTE LA UNION LTDA. s/ INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-10-02|1996-10-24

Si los codemandados consienten la prórroga de la jurisdicción al contestar la demanda es obstáculo a la pretensión del recurrente, por haberse excluido así la posibilidad, para aquel litisconsorte, de prevalerse de su distinto domicilio a fin de reclamar el fuero federal. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Derecho procesal, preclusión
Materia: CIVIL
Carátula: Ledesma, Víctor s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1984-11-28

El auto que se impugna, se limita a desestimar la reiteración de un planteo sustancialmente idéntico al que fuera objeto de pronunciamiento desestimatorio por el a quo, con lo que la cuestión se encontraba precluida, no pudiendo reeditarse el debate sobre la misma. (Del voto del Dr. Angel Nicolás Agüero Iturbe)
Contrato de trabajo, personal policial, servicios de vigilancia
Materia: LABORAL
Carátula: BOBBA, JOSE c/ FRIGORIFICO RUSSO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-25

Los servicios adicionales que brinda la Policía Federal a través de sus agentes, en el marco de los dec. 13473 y 13474/57, ratificados por la ley 14467, deben entenderse como una continuación de la labor cumplimentada en la institución, por lo que se lo considera una ex- tensión del servicio originario. Con la aceptación por parte del agente adquieren carácter obligatorio y están sujetos al régimen disciplinario y disposiciones reglamentarias, administrativas y operativas. En consecuencia, no existe una vinculación contractual con la empresa o institución beneficiaria de tales servicios adicionales.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia suficientemente fundada, hurto, responsabilidad extracontractual, acción penal, prescripción, prueba, carga
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: NAZABAL, JOAQUIN Y NAZABAL, OSCAR c/ MESTRE, CARLOS ALFREDO Y/U OTROS s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-06-07

Los cuestionamientos esgrimidos por los presentantes enderezados a criticar a la Alzada por haber rechazado la demanda en relación a uno de los coaccionados no lucen idóneos para desvirtuar los fundamentos dados por aquella al decidir convalidar lo ordenado por la inferior en punto a ello, ya que para así resolver, la Cámara principió por destacar el carácter extracontractual de la responsabilidad reclamada por los accionantes respecto del codemandado al imputarle ser el autor del hurto del contenido de la caja fuerte, recalcando que no hubo sentencia en sede criminal pues la acción prescribió, motivo por el cual nada le impedía juzgar en dicha instancia la autoría de aquel hecho; ponderando, seguidamente, que por tratarse de un hecho ilícito, se encuentra a cargo de quien alega el hurto demostrar sin hesitación que la persona señalada es su autora, y con apoyo en tales consideraciones y tras valorar los elementos de confirmación arrimados al proceso, coligió que en los actuados no se pudo determinar con precisión ni cuándo sucedió el hecho ni quién lo cometió.
Medidas cautelares, secuestro de bienes, caducidad de instancia, daños y perjuicios
Materia: PROCESAL
Carátula: DEMINCIS ALBERTO c/ PRATI VAZQUEZ IGLESIAS s/ ORIDINARIO - MEDIDAS CAUTELARES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-07-10

El hecho de que el acreedor haya obtenido como medida cautelar ejecutiva, el secuestro de los bienes prendados y hubiese a su vez mantenido tal desapoderamiento aún después de la caducidad de la instancia que se decretara en el proceso de ejecución, no hace que su conducta sea el factor eficiente del perjuicio inferido al deudor moroso que se vio privado de la utilización de los bienes secuestrados, porque el principio rector en la materia, es que el daño es indemnizable sólo en la medida en que responda al hecho generador, como consecuencia jurídicamente atribuible al responsable. La actuación del accionado pudo ser considerada como la causa material de los perjuicios invocados, pero no puede ser calificado el causante jurídico. No es suficiente que un hecho haya sido antecedente de otro, es menester que tenga la virtualidad esencial de producir el efecto dañoso. Tanto para los sostenedores de la teoría de la condición preponderante, como los de la denominada causa eficiente o adecuada, existe uniformidad en destacar que la causa de un resultado dañoso es la condición que rompe el equilibrio entre los factores favorables y adversos para la producción del daño. Es una condición "sine qua non", pero no cualquiera, sino la que, entre todas las que concurren, ha influido decisivamente en la dirección del resultado operado. Entre todas las que condiciones de un resultado, no todas son equivalentes, sino al contrario, de eficacia distinta, y sólo cabe denominar causa a la condición más activa o eficaz para la producción del evento en cuestión, o sea, la dotada de mayor fuerza productiva.
Estafa, ardid, engaño, actos preparatorios
Materia: PENAL
Carátula: RUISANCHEZ LAURES, ANGEL s/ RECURSO DE CASACION Causa 353
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-26

El ardid del artículo 172 del código penal, se integra con la falsedad y el error como elementos constitutivos del mismo, por lo que la sola presentación de un engaño, por más agresivo que sea (documento falso), sin el correlativo error, sólo sería acto preparatorio; por cuanto la índole de este delito requiere en toda su trama la actividad de ambos sujetos -el activo y el pasivo-, lo que sólo se materializa con la disposición patrimonial (voto de la Dra. Durañona y Vedia)
Caducidad de instancia, cómputo del plazo, impulso procesal
Materia: CIVIL:
Carátula: ALBANESE, Gladys Marta c/ PASTOR, Luis y Otro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-10-19

Los plazos de caducidad de la instancia corren desde la última petición de las partes o providencia o actuación del tribunal que tenga por objeto impulsar el procedimiento (art.

311, párr. 1ro, Cód. Procesal), y no desde que la misma quedó notificada o adquirió firmeza (conf.CNCiv. Sala C del 14/4/92, c. "Federación Patronal González, Lucas), y empiezan a computarse desde la medianoche en que termine el día de su fecha (art. 24, Cód. Civil), esto es, desde la medianoche del día en que tuvo lugar la última actividad impulsoria. Y tratándose de un plazo de meses, termina el día que el mes respectivo tenga el mismo número de días de su fecha de inicio; así, un plazo que principió el 15 de un mes, terminará el 15 del mes correspondiente, cualquiera sea el número de días que tengan los meses (conf. art. 25, Cód. Civil), sin perjuicio de que por tratarse de un plazo de carácter procesal rige el lapso de gracia contemplado por el art. 124, párrafo tercero del Código Procesal.
Derecho administrativo, empleo público, remuneración, adicionales de remuneración, docentes, igualdad ante la ley, igual remuneración por igual tarea
Materia: ADMINISTRATIVO-LABORAL
Carátula: Banchero, Gerardo Luis y otros c/ GCBA s/ empleo público (no cesantía ni exoneración) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-09

La definición unilateral o pactada de la retribución de los trabajadores cristaliza o trae aparejada, al entrar en vigencia, una modalidad de ejecución presupuestaria, modificarla en las condiciones aquí analizadas (es decir sin acreditar ejercicio ilegítimo de potestades propias de la autoridad competente), en un momento posterior a través de una sentencia, impacta sobre aquella previsión al margen de las reglas constitucionales. Al propio tiempo, la decisión judicial referida interfiere en el ámbito de negociación de los verdaderos protagonistas. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Juicio ejecutivo, inhabilidad de título
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cons.Copropietarios Edificio Bahía Blanca c/ Mascaretti O. s/ Ejecución honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-10-22

Si bien en los créditos por expensas comunes, el examen del título no debe ser extremadamente riguroso, en virtud de la particular naturaleza del crédito reclamado y que consiste en la necesidad de no perturbar el desenvolvimiento del consorcio, ese título ejecutivo para ser válido debe ser suficiente por sí mismo. Si los certificados de deuda acompañados carecen del nombre del demandado, y no se ha intentado allegar siquiera la documentación tendiente a acreditar dicho extremo, no se cumple en el caso con las previsiones contenidas en el artículo 521 inciso 1 del Código Procesal, por lo que el título resulta inhábil. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Declaración de inconstitucionalidad, existencia del agravio, agravio concreto
Materia: CIVIL
Carátula: Medicus S.A. de Asistencia Médica y Científica c/ D.N.C.I. s/ Defensa del Consumidor - Ley 24.240 -art. 45
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-02-22

La descalificación constitucional de un precepto normativo se encuentra supeditada a que en el pleito quede palmariamente demostrado que irroga a alguno de los contendientes un perjuicio concreto en la medida en que su aplicación entraña un desconocimiento o una restricción manifiestos de alguna garantía, derecho, título o prerrogativa fundados en la Constitución, siendo la actividad probatoria de los contendientes así como sus planteos argumentales los que deben poner de manifiesto tal situación, según ha expresado la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Servicio telefónico, pago, débito automático, titular de línea telefónica
Materia: COMERCIAL
Carátula: LLORENTE CRISTOBAL Y OTRO c/ TELECOM ARGENTINA SA. s/ CUMPLIMIENTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-11

El sistema de pago por débito automático y la publicidad que de él efectúa la demandada, por "público y notorio", no necesita mayor demostración pues de acuerdo a doctrina y jurisprudencia, no es necesario corroborar la prueba que se tiene presente al haberla recibido los abonados al servicio telefónico, y a reclames donde se invitaba a acogerse al referido sistema de abono. Frente a ello, no puede prosperar, en este tipo de situaciones, la defensa sub examen ya que cualquiera está legitimado para pagar este tipo de servicio.

Tampoco puede desconocerse que muchos de los titulares de dominio escriturales son cesionarios por instrumento público de sus líneas telefónicas de las que no realizaron el cambio de titularidad ante la empresa, pero que son usuarios -en ocasiones por años y aún por generaciones-de los respectivos servicios. Resultaría entonces injusto que por no haber cumplido un "acto meramente burocrático" de notificar a la empresa tal transferencia que, por otro lado, obra en un instrumento de mayor jerarquía jurídica y probatoria, cual es la escritura pública, la declaratoria de herederos, etc... y que además está inscripta en un verdadero Registro Público (Registro de la Propiedad Inmueble), pierdan el servicio telefónico al cual tienen derecho.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, copias, falta de copias, recurso de queja (procesal), caducidad de instancia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Zingano,  Claudia  Cecilia c/ Linazza,  Bruno Carlos Alberto y otro. s/ recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-02-20

La Corte Suprema tiene facultades para recabar las copias que estime convenientes y el art. 285, segundo párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación prevé como alternativa que se requiera su presentación o el cumplimiento de otros recaudos si fuese necesario, por lo que la parte debió haber sido diligente y hacer saber al Tribunal respecto de la imposibilidad de compulsar el expediente para poder extraer las copias en tiempo oportuno (Votos de los Dres. Julio S. Nazareno y Guillermo A. F. López y del Dr. Gustavo A. Bossert).
Competencia, fuero de atracción
Materia: LABORAL
Carátula: Cersofios Nelson Marcos y Otro c/ Paranatex S.A. s/ Incidente de Nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1992-05-07

Según resolución del S.T.J.E.R., homologado el acuerdo preventivo, el que no incluía el crédito laboral en ejecución, cesa el fuero de atracción del proceso concursal y recobra su competencia el Juez del Trabajo.
Robo, tentativa
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Márquez Ariel Cristian
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-11-22

Resulta autor del delito de robo calificado en grado de tentativa la persona que no tuvo la libre disponibilidad del bien que intentó sustraer, pues desde el momento de su egreso del local donde cometió el ilícito fue perseguido por el personal policial que posteriormente procedió a su detención.
Nulidad de la subasta, interpretación restrictiva
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BANCO CREDICOOP LTDO. c/ ANDRONA S.A. s/ Ejecución Hipotecaria (LIBRO: A130 - 429)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-05-20

El criterio a aplicar para anular los remates debe ser restrictivo, para crear un clima de confianza en los posibles compradores, procediendo admitir la nulidad solamante cuando la inobservancia de las normas procesales cause evidente perjuicio al incidentante.-