Medidas cautelares, embargo, acreedor embargante
Materia: PROCESAL
Carátula: C. A. K. c/ COMISION MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-22

Conforme los establece el artículo 193 del Código Contencioso Administrativo y Tributario (que reproduce el artículo 214 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), el efecto del embargo es, además de la especificación de los bienes afectados a la satisfacción del crédito, el estacionar, es decir, hacer indisponibles por todo el tiempo que dura el embargo, esos bienes, de manera que eventuales actos de disposición posteriores al embargo sean relativamente ineficaces, o sea, inoponibles al acreedor embargante (Messineo, Francesco, Manual de derecho civil y comercial, trad. Santiago Sentís Melendo, t. IV, Buenos Aires, 1971, p. 262).

Por lo tanto, el embargante, mientras no sea desinteresado en la totalidad del derecho cuya protección decidió la medida precautoria, tiene una pretensión legítima que puede hacer valer aún frente al tercer adquirente para que el embargo subsista con todos sus efectos.

Si se acepta, entonces, que el objeto embargado puede venderse, lo es con el deber de satisfacer el perjuicio que del contrato resultare a terceros (art. 1174 del Código Civil); pero ese efecto no puede sino ser mucho más extenso, porque las cosas siguen en la misma condición en que se encontraban y el que las adquirió o constituyó derechos, a sabiendas de la medida que lo afectaba, quedará sometido a las consecuencias de la sentencia, del embargo, etc. (Bibiloni, Juan Antonio, Anteproyecto de reformas al Código Civil argentino, Buenos Aires, 1930, t. II, p. 406; en el mismo sentido, CNCiv., Sala C, 25/6/92, LL, 1993-A, p. 6; íd., Sala I, 18/8/93, LL, 1994-A, p. 266). En otras palabras, quien tiene un bien embargado debe pensar en pagar a su acreedor y no en vender o efectuar una negociación inmobiliaria no obstaculizada; la solución contraria importaría tanto como admitir que el embargado está en idéntica situación de disponer de su patrimonio que quien no ostenta gravamen alguno sobre sus bienes.

Para vender privadamente debe cancelar su deuda, obtener la autorización del juez o, por lo menos y a falta de ello, el adquirente no puede pretender estar en mejor situación que el embargado (Highton, Elena I. y Nabar, María Josefina, "Venta del inmueble embargado", LL, 1985-C, p. 1193). De otro modo, quien es propietario de una cosa embargada se liberaría del gravamen transmitiéndola a un tercero y éste se colocaría en una situación distinta (y mejor, cabe agregar) a la de su transmitente y le impediría al embargante cobrar su acreencia debidamente garantizada con la medida.

Y aun cuando se parta de la base de que el tercero puede verse perjudicado, tal perjuicio no puede ser reparado a costa del interés del embargante que obtuvo en sede judicial la medida cautelar que está afectando un bien a la satisfacción de lo que se presumió al dictar la medida, era un interés legítimo.

Es inadmisible que un acuerdo entre particulares pueda alzarse contra un acto jurisdiccional -dictado conforme la normativa vigente-, modificando sus efectos. (Del voto en disidencia del Dr. Esteb an Centanaro).