marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Acción de amparo, tasa de justicia, Impuesto de sellos, sellado judicial
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: STELLA, FRANCISCO HECTOR Y RODRIGUEZ, LUIS RENE c/ PODER EJECUTIVO MUNICIPAL DE ANDALGALA s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2006-11-13

No obstante haberse declarado su viabilidad formal, resulta improcedente la acción de amparo que carece de la declaración jurada de los peticionantes sobre la inexistencia de un reclamo similar anterior por la cuestión pretendida, conforme lo exige el art. 5 Inc. "d-" de la Ley 4642, este motivo sumado al hecho de que hasta este momento de dictarse sentencia no se encuentran presentadas las boletas del Colegio de Abogados y Caja Forense, ni tampoco el pago de la tasa de justicia y sellado de ley, definen el resultado de la acción deducida la que debe ser rechazada ante dichas omisiones sin que sea necesario verificar el resto de los presupuestos requeridos y, menos aun, introducirnos en la cuestión sustancial del planteamiento.
Prueba, admisibilidad de la prueba, hecho conducente, hecho pertinente, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: SYNCRO ARGENTINA S.A.Q.I.C.I. Y F. c/ QUIMICA MONTPELLIER s/ CESE DE OPOSICION AL REGISTRO DE MARCA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-19

Desde el punto de vista del proceso sólo interesan al juez los hechos afirmados por las partes como existentes o inexistentes, es decir, introducidos a la causa. Tales los hechos pertinentes, mencionados en el artículo 356, inc. 1° del Código Procesal. Y es que la pertinencia hace a la congruencia lógica que debe existir entre el relato fáctico de las partes y el objeto de la prueba, estrechamente vinculado al principio estructurista y preclusivo (cfr. Fenochietto-Arazi, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", T. 2, P. 296, correspondiendo al juez la valoración de la pertinencia o no del hecho en oportunidad de ofrecer pruebas, oportunidad que impone amplitud de criterio (cfr. Fenochietto-Arazi, op. cit. p. 296 y ss.), sólo se deben probar los hechos que tienen vinculación con el proceso, los que la doctrina ha llamado "hechos conducentes": aquellos que fundan debidamente la pretensión y se relacionan directamente con ella (cfr. Falcón, E. M., "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, anotado, concordado, comentado", T. III, p. 113 y ss.).
Cuestión constitucional, facultades tributarias del GCBA, Ministerio Público Fiscal, recursos, conflicto de intereses
Materia: COMERCIAL-TRIBUTARIO
Carátula: Valot SA  c/ AGIP - DGR s/ impugnación actos administrativos s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-15

A los efectos de resolver el recurso de inconstitucionalidad concedido en forma parcial por la Cámara, la invocada arbitrariedad de la sentencia impugnada aparece inescindiblemente unida a aquellos agravios constitucionales por los que se admitió la apelación y, en consecuencia, integra el ámbito de revisión que el recurso propone a este Tribunal. Ello así, corresponde declarar formalmente admisible la queja a fin de sostener el recurso de inconstitucionalidad que fuera parcialmente denegado en cuanto a la invocación de la doctrina de la arbitrariedad y gravedad institucional, y analizar todos los agravios articulados en el recurso de inconstitucionalidad de la empresa. (Del voto en disidencia de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Incidentes, nulidad procesal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: López, Fermin Adrian s/ Incidente de nulidad en autos: "Iribarren, Nelson y otros s/  Mandamus"
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1999-03-31

La promoción de incidente constituye la única vía admisible para obtener la declaración de nulidad de cualquier acto procesal realizado durante el curso de una instancia, salvo que la impugnación se funde en la existencia de un defecto vinculado con alguno de los requisitos que deben reunir las resoluciones judiciales, y éstas, asimismo, sean susceptibles de recursos.
Recurso de queja (procesal), denegatoria del recurso, sistema informático, falta de copias, recurso extraordinario
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por el Estado Nacional - Gendarmería Nacional en la causa Ojeda, Vicente y otros c/ EN - M° Seguridad - GN s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-02-11

Corresponde desestimar la queja deducida contra la resolución que tuvo por no presentado el recurso extraordinario en razón de no haber incorporado al sistema informático la correspondiente copia digital, pues el recurso de hecho constituye un medio de impugnación solo de decisiones que deniegan recursos deducidos ante la Corte Suprema, para lo cual es preciso que se haya presentado y denegado una apelación.
Propiedad intelectual, patentes, solicitud de patente, interpretación de tratados internacionales, Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
Materia: COMERCIAL
Carátula: Pirelli SPA. c/ Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual s/ denegatoria de patente
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-11-06

La disposición transitoria del art. 65.1 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Industrial relacionados con el Comercio (ADPIC) -cuya incorporación resultó decisiva a fin de conseguir la más plena participación en los resultados de las negociaciones- consiste en un plazo de transición automático que no prevé comunicación alguna que condicione su ejercicio ni requiere reserva internacional de ningún tipo, puesto que el acuerdo no admite reservas (art. 72).
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, recurso de apelación (procesal)
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Martin, Carlos Ernesto c/ Martin, Adolfo Miguel s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-10-01

Si la cuestión recurrida es definitiva (art. 278 C.P.C.) también lo es la resolución de la alzada que declaró inapelable aquélla.
Interés superior del niño, adopción
Materia: CIVIL
Carátula: Q.T. c/  s/ Guarda Institucional
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-12-11

El art. 11 de la ley nacional 26.061 de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes reconoce el derecho de todo niño de "crecer y desarrollarse en su familia de origen, a mantener en forma regular y permanente el vínculo personal y directo con sus padres, aun cuando estos estuvieran separados o divorciados, o pesara sobre cualquiera de ellos denuncia penal o sentencia, salvo que dicho vínculo, amenazare o violare alguno de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que consagra la ley". Con todo, el mismo precepto añade que "en los casos en que ello sea imposible y en forma excepcional tendrán derecho a vivir, ser criados y desarrollarse en un grupo familiar alternativo o a tener una familia adoptiva, de conformidad con la ley" (doctor SORIA, sin disidencia).
Prefectura Naval, personal de la Prefectura Naval, extinción de la relación funcional, razonabilidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "LANDABURU   DIEGO   FEDERICO  CARLOS c/ EN-  M  INTERIOR-  PNA s/ PERSONAL    MILITAR    Y    CIVIL    DE    LAS   FF.AA.   Y   D
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-08

El procedimiento no evidencia defectos de trámite y la labor fue aprobada por el Sr. Prefecto Nacional Naval y se ha dado tratamiento al pedido de reconsideración planteado por el actor contra lo decidido por la Junta de Calificaciones. En tales condiciones, no cabe a este Tribunal meritar el acierto de la medida, so riesgo de sustituir el criterio de un órgano establecido por la ley con un fin específico, lo cual no se ajustaría a derecho (conf. Fallos 320:147, in re, "Guasti, Ricardo Alberto"). Que, en cuanto a la baja del actor, la decisión resulta la consecuencia lógica y necesaria de la calificación discernida por la Junta de Calificaciones. En efecto, la medida fue solicitada por el Director del Personal por haber sido calificado como "no propuesto para permanecer en actividad" por la Junta de Calificaciones para Oficiales Subalternos -2003-; y adoptada por el Prefecto Nacional Naval. En conclusión, lo así resuelto aparece como una derivación razonada de los hechos y de los antecedentes en que se funda (arts. 7, inc. b) y 14, inc. b) de la ley 19.549), no habiendo logrado el actor probar la arbitrariedad o falta de razonabilidad en la resolución impugnada, de modo que no se advierte la existencia de vicios que priven al acto administrativo de sus efectos propios.
Daños y perjuicios, privación del uso del automotor, lucro cesante, daño emergente, indemnización
Materia: COMERCIAL
Carátula: PIS, HECTOR c/ MAFA SRL s/ ORD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-06

La privación de uso del rodado no constituye un lucro cesante, sino un verdadero daño emergente. El lucro cesante apunta a los perjuicios emergentes de la privación o frustración de ganancias que, verosímilmente el acreedor hubiera podido obtener; y, es la probabilidad objetiva, debida y estrictamente comprobada de ventajas económicas justamente esperadas, conforme las circunstancias del caso (cciv 519 y 1069). La "privación de uso" consiste en la imposibilidad material de utilizar el vehículo siniestrado. Se trata de una consecuencia inmediata (cciv 904), con reparación patrimonial de un determinado hecho (cciv 1068). La sola privación del vehículo constituye un perjuicio, ya que para que su propietario se desplace en condiciones similares a las proporcionadas por el vehículo propio es necesario que incurra en gastos; dicho daño se acrecienta si el rodado se empleaba habitualmente en funciones propias de la actividad del afectado. Es factible la acumulación de ambos rubros, cuando el objeto sobre el que recae responde a actividades lucrativas y a fines de uso personal. Para ello deberá arrimarse al proceso prueba acabada de los supuestos de marras pues, un daño improbado no existe para el derecho.
Debido proceso, principios procesales
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: O., C. O. s/ Robo Agravado en Grado de Tentativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-07-12

He de recordar el principio de proporcionalidad que desde el art. 18 de la Constitución Nacional repercute en nuestro derecho público provincial y encuentra acogida en el art. 44 de la carta magna provincial e implica que entre el hecho delictivo y la decisión jurisdiccional que así lo declara -y que en consecuencia restringe derechos- ha de existir una relación de causa y grado, esto es una medida adecuada entre la expansión del poder estatal y lo que justifica o se pretende con esa expansión. Desde esta perspectiva todo acto estatal que se extiende más allá de lo tolerable infringe el texto constitucional y repugna al orden legal.
Empleo no registrado, indemnización agravada, trabajadores rurales
Materia: LABORAL
Carátula: CEJAS SANTIAGO REINALDO c/ TRONO SANDRO Y/U OTROS s/ INDEMNIZACION ART. 76 LEY 22.248, ETC. - CASACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2011-05-17

El agravante indemnizatorio impuesto por el art. 1 de la ley 25.323 únicamente se aplica a las indemnizaciones contempladas en la ley de contrato de trabajo 20.744 de cuya órbita se encuentra expresamente excluido el trabajo rural o agrario.
Determinación del haber jubilatorio, cómputo de servicios
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: SCOLASTICO, ALFREDO s/ JUBILACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-10-31

La pretensión de que se computen para la determinación de haber, los años que correspondan únicamente dentro del período de trabajo efectivo, con la consiguiente exclusión a los mismos fines de los años de inactividad, resulta inatendible por cuanto aquellos años no están comprendidos dentro de los cinco años inmediatamente anteriores al cese (conforme sentencia número 4477 del 12 de mayo de 1983 'Guinard, Augusto Wilzer s/ jubilación'; conforme dictamen SPGT. número 5456 del 19 de abril de 1983, id. Sala II, 'Walsh, Thomás Patrick s/ jubilación', sentencia número 48179 del 15 de agosto de 1981 con dictamen SPGT. número 4293 del 22 de mayo de 1981; id. Sala VI 'Gómez, Antonio s/ jubilación', sentencia número 20282 del 27 de septiembre de 1984, conforme dictamen SPGT número 6197 del 22 de agosto de 1984).
Proceso judicial, tasa de justicia, Colegio Público de Abogados, multa
Materia: PROCESAL
Carátula: "Kucich Marcela María c/ C.P.A.C.F. (Espte 11.259/99)".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-04

En una sanción de multa aplicada a un letrado por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal a fin de calcular la tasa de justicia resultan aplicables los arts. 3 inc. g), 4 inc.

j), 9 inc. h) y 11 de la ley 23.898, y no rige la excepción prevista por el art. 13, inc. d de la citada norma.
Intereses, actualización monetaria, cláusula penal
Materia: CIVIL
Carátula: BANCO REGIONAL DEL SALADO  S.A. c/ LAPUR, JUAN C. s/ EJECUCION PRENDARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-02

Admitida la actualización pretendida por el ejecutante de los montos debidos, en los términos previstos en el contrato base de una ejecución es procedente reducir el cálculo de los intereses de la cláusula penal. Estos intereses punitorios convenidos en un porcentual del 120% anual sobre el saldo impago en carácter de punitorios y 96% anual como moratorios, resultarían violatorios de la enunciada regla del art. 953 del Código Civil. Por analógica aplicación del art. 622 del citado cuerpo legal, la tasa de los intereses -incluidos compensatorios y punitorios- sobre el capital actualizado debe limitarse a dos veces y media el interés puro, es decir, el 15% anual.
Cuestiones de competencia, contienda negativa de competencia, contrabando, robo, control aduanero, delito más grave, competencia de instrucción
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: N.N. s/ Contrabando, incidente de traba de competencia
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-18

1 - Corresponde que continue entendiendo el Juzgado Criminal de Instrucción en la cuestión de competencia negativa suscitada entre éste y el Juzgado Nacional en lo Penal Económico, porque en casos en los cuales se investiga el presunto apoderamiento de mercadería que se encontraba en tránsito por el territorio nacional, no se advierte que el robo constituya un delito medio tendiente a posibilitar el delito de contrabando, sino que cabe estimar que el propósito principal de los autores del hecho habría consistido en la consumación del apoderamiento ilegítimo, sin perjuicio de que, para conseguirlo, hubiese resultado necesario sustraer la mercadería del control del servicio aduanero.- 2 - En tal circunstancia, el robo y no el contrabando habría sido el delito fin, de donde corresponde establecer, provisoriamente, que el hecho en cuestión constituiría un concurso ideal de delitos integrado con el robo cometido con armas y el contrabando; en consecuencia, en atención a las penas previstas por estos delitos corresponde atribuir el conocimiento de la causa al Juez que tiene competencia para entender en el delito más severamente penado. Además de que con la fraccionada investigación del suceso, por parte de los distintos órganos juridiccionales, se podría afectar el principio del "non bis in idem" previsto por el art. 1 "in fine" del CPP.
Personal militar, impugnación del acto administrativo, declaración indagatoria, ley vigente
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Arguello, Gerson Samir c/ En - M Seguridad - Pna s/ personal militar y civil de las FFAA y de Seg
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-06-27

La parte actora promovió demanda contra la Prefectura Naval Argentina con el objeto de impugnar el acto administrativo mediante el cual se dispuso su baja como Cadete de Tercer Año de la Fuerza de conformidad con las disposiciones del Reglamento Especial de Institutos de Formación (R.I. PNA 3-050), solicitando en consecuencia la sustanciación del sumario administrativo de conformidad con la Reglamentación del Personal de la Prefectura Naval (R.I. PNA 6-008), al indicar que su situación jurídica se había modificado por haber egresado de la Escuela de Oficiales al momento en que fue notificado de la obligación de prestar declaración indagatoria por la imputación en su contra del delito previsto en el artículo 10 de la ley 23.737.

La sala puntualizó que el bloque normativo aplicable exige como requisitos inescindibles reunir otras condiciones además de haber finalizado los estudios correspondientes a la carrera para formar parte del Personal Superior de la PNA; y lógicamente con ello, ser sujeto pasible de las consecuencias jurídicas inherentes que tal condición supone (cfr. arts. 26, 32 y 33 de la ley 18.398 y arts. 020201, 020203 de la Reglamentación del Personal de la Prefectura Naval). En ese sentido, puso de resalto que el actor soslayó el hito determinante de que su ascenso al grado inmediato superior de acuerdo a la normativa vigente nunca se materializó y que, por ende, se mantuvo incólume su condición de alumno de la institución hasta el momento de su baja, por lo que le resultaron válidamente aplicables las disposiciones del Reglamento Especial de Institutos de Formación hasta el momento en que fue apartado de la Fuerza.

Por otra parte, indicó que en el caso no se advirtió un supuesto de arbitrariedad o ilegitimidad en el procedimiento seguido por la PNA para determinar la suspensión y posterior baja del actor, habida cuenta de que pudo ejercer en todo momento su derecho de defensa bajo las disposiciones vigentes; y cuya sanción gozó de presunción de legitimidad que no logró ser desvirtuada.
Alimentos, cuota alimentaria, actualización monetaria, actualización trimestral, índice de precios al consumidor
Materia: CIVIL
Carátula: M. DE M.T. c/ M.M. s/ ALIMENTOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-10-30

El reajuste de la cuota alimentaria debe efectuarse en forma trimestral sobre la base de los índices de los precios al por mayor, nivel general, pues llevarlo a cabo bimestralmente tornaría más grave la obligación del alimentante y en última instancia en caso de incumplimiento se perjudicaría al menor, a quien se trata de tutelar. Unicamente en supuestos en que el obligado fuera un trabajador en relación de dependencia y el índice fijado fuera el crecimiento de los salarios, se justificaría un reajuste mensual o bimestral acorde con dichos emolumentos (conf. C.N.Civ. Sala C, R.

9486 del 23/10/84; R. 9876 del 6/11/84).-
Contrato de pastoreo, prescripción quinquenal
Materia: CIVIL
Carátula: ORTIZ GOMEZ Y  CIA. S.R.L. c/ ROSALEDA  S.A. s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO - ADULTERACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-09

En los contratos de pastoreo, se aplica la prescripción quinquenal (art. 4027 del Código Civil).
Control migratorio, ejercicio conjunto de la patria potestad, autorización para viajar
Materia: CIVIL
Carátula: Lenci, Romualdo Oscar c/ Ministerio    del    Interior  (Dirección  Nacional  de  Migraciones) s/ Apelación artículo 40, Ley 22.140
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-13

El artículo 264 quater del C.C. (Ley 22.140) exige el consentimiento expreso del padre y de la madre para que el hijo menor de ambos pueda salir de la Rep., y los artículos 1 de los capítulos II y III y 2 del capítulo IV de la Resolución 2.895/85 de la Dirección Nacional de Migraciones establecen que necesitan autorización para viajar al exterior en razón de su edad los argentinos que no hubieran cumplido 21 años, que la autorización es exigible al padre y madre del menor, que debe ser expresa otorgada ante escribanos, jueces, otras autoridades que hagan sus veces o por instrumentos públicos, y debe tener la clara indicación que la otorgan el padre y la madre.
Prescripción adquisitiva, condominio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Bariffo de Volpi, Amalia Josefa c/ Cattaneo, Manuel Reymundo sus herederos y/o Sucesores y/o quienes se consideren con derecho s/ Usucapión
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1999-07-15

La doctrina y jurisprudencia han admitido la posibilidad de que el condómino adquiera por usucapión el inmueble de que es titular de parte indivisa, a condición de que la posesión promiscua del principio se convierta en otra exclusiva por la interverción del título, con los efectos de hacer concluir el dondominio y adquirir la propiedad de la totalidad de la cosa, por el transcurso del tiempo. Por ello la accionante tiene expedita la vía del juicio de usucapión, en la medida que el objeto pretendido sea el inmueble en su integridad ya que no resulta jurídicamente posible la adquisición por prescripción de parte indivisa.
Certificados de obra, intereses
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ocral c/ Belleil, Jorge E. s/ Ejec.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-11-21

Cuando el art. 46 de la Ordenanza 165/73 dispone el pago de un interés punitorio del 2% mensual sobre el importe del saldo adeudado, este último en modo alguno es la sumatoria del capital e intereses compensatorios. En el mismo artículo, se hace expresa mención a que en el caso autorizado de considerarse cumplidos todos los plazos pendientes, la pertinencia de la exigencia del total de lo adeudado es con exclusión del interés financiero de las cuotas pendientes. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Tenencia de estupefacientes para consumo personal, recurso de inconstitucionalidad, improcedencia del recurso, facultades del Poder Legislativo
Materia: PENAL
Carátula: Luna, Beatriz del Carmen s/ Recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-25

En referencia a la posible introducción por vía de inconstitucionalidad de esta cuestión -penalización de la tenencia de estupefacientes para consumo personal- se ha dicho que "... a excepción de que se consagre un atentado contra los derechos constitucionales o se advierta una manifiesta desproporción entre los medios arbitrados y los fines perseguidos por la norma, y so pena de arrogarse ilegítimamente facultades legislativas, no es posible revisar judicialmente postulados de política criminal propios de otras esferas de los poderes del Estado. O en otros términos: es el legislador quien analiza la distinta utilidad de la prevención penal como remedio para determinada clase de criminalidad en base a criterios de oportunidad, mérito o conveniencia que escapan a la revisión judicial". (Voto del Dr. Casanovas).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuestiones de hecho y prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Morales Aníbal Alfredo. s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1996-06-11

En lo referente al agravio sobre "omisión de considerar una prueba rendida", éste S.T.J. en un todo de acuerdo con las conclusiones arribadas por la jurisprudencia patria, resolvió en numerosos fallos que en principio y salvo absurdo "la apreciación de la prueba es una cuestión de hecho, propia de los jueces de grado y exenta de revisión en casación" (conf., SCBA, fallos publicados en DJBA; T. 116, págs. 480, 491 y 509; T. 117, págs. 52, 73 y 79, -entre muchos otros-) lo precedentemente expuesto es de aplicación al caso que se analiza en virtud a que el recurrente no solamente no planteó absurdo en la valoración de la prueba a la que hace referencia en su escrito recursivo, sino que ni siquiera calificó a la misma como esencial para resolver el caso.