marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, notificación, nulidad de la notificación
Materia: PROCESAL
Carátula: Valentín, Matías Alfonso c/ Ferrocarriles Metropolitanos S.A. s/ Recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-10

Es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) el recurso extraordinario deducido contra el pronunciamiento que hizo lugar al planteo de nulidad de la demandada y ordenó que se notificase la demanda en el domicilio constituido al promoverse el incidente.
Embargo preventivo, costas, responsabilidad del deudor
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Caucota Irma Blanca Luz del Valle c/ Centromedica SA s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-19

El relación a las costas por el incidente del embargo preventivo, le asiste razón al accionado, toda vez que la retribución de las gestiones realizadas por el abogado para obtener el dictado de un embargo preventivo, con ajuste al articulo 212 inc. 3 del C.P.C.C.N. -pretensión que no fundó en conductas de disminución de la responsabilidad patrimonial de la deudora-, no deben ponerse a cargo de la demandada afectada por la cautelar. Por lo que corresponde revocar la imposición de las costas a cargo de la demandada, quedando en cabeza de la actora.
Protección de consumidores y usuarios, amparo colectivo, derechos de incidencia colectiva, intendente, distribución de energía eléctrica, continuidad del servicio, revocación de sentencia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Grindetti, Néstor Osvaldo c/ Edesur S.A. y otro s/ amparo colectivo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-15

El intendente carece de legitimación para promover una acción de amparo contra la empresa distribuidora de energía y el Ente Nacional Regulador de la Energía Eléctrica por la cual se solicitó cautelarmente que se garantice la continuidad del servicio, pues la invocación de los intereses de los habitantes del municipio que el actor dice defender no autoriza la intervención de las autoridades locales en los términos del segundo párrafo del art. 43 de la Constitución Nacional, en tanto no resultan legitimadas activas de acuerdo con el texto constitucional citado que sólo menciona al afectado, al Defensor del Pueblo, y a las asociaciones que propenden a los fines indicados en la norma, sin que pueda considerarse que las provincias, sus gobiernos -o los municipios, constituyan una organización no gubernamental o una asociación intermedia de esa naturaleza. -Del dictamen de la Procuración General al que el voto del juez Maqueda remite-
Excusación, deber de inhibirse
Materia: PROCESAL
Carátula: Ortiz, Orlando Ceferino c/  s/ medidas de seguridad
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2021-02-25

Corresponde hacer lugar a la inhibición planteada por el señor Defensor Oficial para intervenir en la causa, atento a haber participado durante toda la etapa de ejecución en calidad de Fiscal -arts. 48 inc. 1 y 63 del Código Procesal Penal de la provincia de Formosa-, por cuanto el motivo invocado resulta atendible para su apartamiento.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, sentencia, incongruencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CANTEROS, JUANA FRANCISCA c/ CIS, RAMON s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-05-20

Con respecto al invocado apartamiento en la sentencia de la regla de la congruencia procesal, la Sala fundó el rechazo en el auto denegatorio en que no surgía del desarrollo del recurso dónde se detectaba tal incongruencia, que fue alegada genérica y abstractamente, sin referir en lo concreto a lo acontecido en primera instancia y sin efectuar las transcripciones pertinentes de la demanda y su contestación; frente a lo cual, en la queja, sigue sin aportar precisiones concretas que pudieran sustentar su acusación de incongruencia procesal, por lo que se mantiene incólume la argumentación de la Alzada. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 10160, artículo 42, inciso 2
Dominio público, Administración Pública, bienes públicos del Estado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Municipalidad de Rosario s/ Orden de allanamiento calle Lima (frente a Plaza Chiodi) y Camino de  los Granaderos (a la altura de Palestina). Recurso de   Inconstitucionalidad (Expte CSJ Nº 681-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-07-06

El principio general en materia del dominio público, en cuyo mérito la Administración Pública puede actuar por sí misma, sin recurrir a la autoridad judicial, constituye sin embargo una verdadera excepción en el orden jurídico, un verdadero privilegio a favor del Estado. De ahí las siguientes consecuencias: a) en primer término, es indispensable que el carácter público del bien sea indubitable, no debiendo existir respecto de dicho bien ningún derecho patrimonial de quien motive la actividad administrativa (CS, 31-10-1934, en J.A. T 48 p 22: "...la colocación por el Gobierno de la Provincia de un mojón poseído por el actor procediendo administrativamente en defensa de la facultad que dice corresponderle por tratarse de un bien del dominio público constituye un acto de turbación de la posesión, si no resulta de autos en forma clara y concluyente la afectación del inmueble a fines de utilidad general, mediante su adquisición o uso inmemorial").
Sanciones procesales, temeridad o malicia
Materia: CIVIL
Carátula: FREIJO DE SOBRINO PILAR c/ RUA ANA DEL CARMEN s/ DERECHO PROCESAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-07-30

El respeto y la consideración -semejante a la de un magistrado- que debe guardársele a un abogado en el ejercicio de su profesión (art.

58 Código Procesal) exige como contrapartida que el profesional del derecho valore adecuadamente las cuestiones para las que se le requiere su opinión, sobre todo cuando decide aconsejar la promoción de un incidente o defensa avalable con su patrocinio la actuación judicial de la parte, por cuanto, entonces, también su conducta puede ser pasible de una multa si el juez de la causa la estimare temeraria a (art 34 inc. 5 ap.d, 35, 45, 103 y ccs. CPCC).
Recurso de queja (procesal), Impuesto sobre los ingresos brutos, convenio multilateral, contribuyentes
Materia: PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Delta Corner SA s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Delta Corner S.A. c/ GCBA (Dir. Gral. de Rentas) s/ recurso de apelación judicial c/ decisiones de DGR' SA s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Delta Corner S.A. c/ GCBA (Dir. Gral. de Rentas) s/ recurso de apelación judicial c/ decisiones de DGR'
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-02-12

No es correcto, en el recurso de la Ciudad, apelar al principio de defensa (CN, 18; CCBA, 10) para expresar sorpresa en el fallo debido al problema suscitado por la falta de información a las demás jurisdicciones impositivas involucradas, conforme a la resolución nro. 62/95 de la Comisión Arbitral. Y no lo es, porque la misma DGR de la Ciudad, a pesar de la enorme confusión del litigio llevado a cabo, defendió el punto de vista consistente en que el problema de la citada información sólo era una cuestión interjurisdiccional, que no podía invocar el contribuyente y, menos aún, para requerir la nulidad de la determinación de deuda y su intimación (Del voto del Dr. Maier).
Exceso ritual manifiesto, impugnación de la declaración testimonial
Materia: PENAL
Carátula: Gascue, Dante Eduardo y Prestipino, Adrián c/  s/ abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público (art 248.) en concursoideal con defraudación contra la administración pública
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-10-13

Incurre en excesivo rigor formal la declaración de nulidad de los testimonios si no se ha demostrado menoscabo a los derechos de los imputados, pues al momento de citar a declarar a los testigos de nacionalidad china se había prorrogado el secreto de sumario, por lo que la falta de notificación a la defensa a dichos actos reproducibles encontró fundamento en los términos del art. 202 CPPN, ya que las testimoniales podrían ser recibidas nuevamente en el eventual debate con la intervención de los intérpretes que el tribunal considere idóneos.
Prescripción, plazo, prescripción bienal, contrato de transporte, factura
Materia: COMERCIAL
Carátula: TOMARO, HECTOR c/ PAPEL DEL TUCUMAN  S.A. s/ ORD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-24

Aún cuando la pretensión deducida tenga por objeto el cobro de una factura, si dicho instrumento fue expedido a consecuencia y con motivo de la celebración de un contrato de transporte, resulta inescindible del mismo y por consiguiente rige el plazo de dos años en materia de prescripción, previsto expresamente por el ccom 855 2.
Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2009-03-30


SENT Nº 247 San Miguel de Tucumán, 30 de Marzo de 2009.- Y VISTO: El conflicto negativo de competencia suscitado entre el Sr. Juez en lo Civil y Comercial Común de la III Nominación y la Sra. Jueza Civil en Familia y Sucesiones de la V Nominación en autos: "Vuillermet Raúl Bernard vs. Blas Jovovic y otra s/ Cumplimiento de contrato"; y	C O N S I D E R A N D O :

Que se produjo un conflicto negativo de competencia pues tanto el Sr. Juez en lo Civil y Comercial Común de la III Nominación como la Sra. Jueza Civil en Familia y Sucesiones de la V Nominación se declararon incompetentes, y elevaron el juicio para que esta Corte resuelva según la facultad asignada por el artículo 50 inciso 1° apartado b) de la ley 6238.

Siendo el actor el causante del sucesorio, no rige el fuero de atracción establecido en el artículo 3284 inciso 4 del Código Civil, por los motivos que expresa el Sr. Ministro Fiscal en su dictamen, cuyos fundamentos esta Corte comparte y a los cuales se remite.

Por ello, de conformidad con el referido dictamen, y encontrándose en uso de licencia el doctor Antonio Daniel Estofán, se	R E S U E L V E :

DECLARAR COMPETENTE al Sr. Juez Civil y Comercial Común de la III Nominación para entender en el presente juicio. Disponer que se protocolice el dictamen del Ministro Fiscal adjunto a la presente sentencia.

HÁGASE SABER.

ANTONIO GANDUR RENÉ MARIO GOANE ALBERTO JOSÉ BRITO CLAUDIA BEATRIZ SBDAR ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, discrepancia del recurrente
Materia: LABORAL
Carátula: Lazarte, Francisco Ignacio c/ Marder de Falcoff, Perla s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-11-30

Carece de sustento el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se funda en circunstancias fácticas distintas a las que admitió el juzgador y se apoya solamente en opiniones personales del recurrente en discrepancia con las del fallo y que se basan en simples apreciaciones subjetivas que no fueron compartidas por los jueces de mérito, no sólo respecto de la evaluación de los hechos sino del derecho aplicable a los mismos.
Dominio público, gratuidad del dominio público, transporte de pasajeros
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: SOLANO RIOS, CARLOS ANDRÉS s/ Infr. art. 83 ley 1472- APELACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-11-14

La nota característica del espacio público es el uso social del mismo y su fácil accesibilidad.

El espacio público no está entonces determinado por el carácter del propietario y no corresponde identificarlo con los bienes de dominio público (en oposición a los de dominio privado).

El sentido jurídico refiere al espacio sujeto a una regulación por parte de la administración,que puede ser propietaria del dominio - aunque éste es un dato no excluyente - que garantiza que todos los ciudadanos pueden acceder al mismo y utilizarlo.

En este sentido Manuel María diez remite a los bienes que están afectados al uso directo de la colectividad " es un uso que pueden realizar todas las personas por su sola condición de tales, sujetándose a la obligación de observar las disposiciones reglamentarias dictadas por la autoridad competente". (Derecho Administrativo, Tomo IV, pág.509, Editorial Plus Ultra, 1985).

El uso común, conforme el mismo autor, debe ser " a) libre; b) gratuito; c) igual para todos; d) sin limitación de término... Esta regla de la gratuidad del uso común del dominio público tiene exepciones" (Diez, obra cit., págs.509/510).

Existen distintos tipos de usos comunes y el más importante es el del caso, esto es: el transporte por vías públicas, donde se paga un boleto para ser transportado, lo que constituye la excepción a la regla de gratuidad a que hice mención en el párrafo anterior (que no empece el carácter público).
Cámaras de casación, imputado, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fiscal de Cámara, derecho al recurso, debido proceso, cosa juzgada, derechos y garantías constitucionales, doctrina de la arbitrariedad, sentencia, agravantes de la pena, código penal, código procesal penal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Roldán, Jorge Armando Fiscal Adjunto de Casación s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley en causa N° 22.411 seguida a González, Marcos Maximiliano
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-11-06

Independientemente de la interpretación efectuada por el Tribunal de Casación acerca de los alcances del derecho al recurso, atento la previsión procesal -propia del ámbito penal- que contempla la facultad de los jueces de ir más allá de los motivos de agravio, si ello mejora la situación del imputado -artículo 435 del Código Procesal Penal-, no se evidencia trasgresión a los principios constitucionales invocados por el Fiscal en su recurso -debido proceso y cosa juzgada-, ni, por ende, la alegada arbitrariedad del pronunciamiento en tanto, al modificar lo resuelto por la sentencia de grado, resolvió no aplicar la agravante del artículo 41 bis del Código Penal.
Prueba, carga de la prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: BULACIO, CARLOS ALBERTO c/ NAZAR, RAMON EMILIO s/ INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE LOCACION DE OBRA-DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-12-17

Se define a la carga probatoria, como el imperativo del propio interés; es decir que la puja procesal, en caso de adeudarse una obligación de resultado, corresponde al actor acreedor, compatibilizando la directiva procesal de los arts. 377, 369 del código de forma, con las características especiales del objeto de la obligación. Por ello, en toda obligación de resultado corresponde probar: a)la existencia de un contrato válido y vigente; b)las obligaciones asumidas por el deudor del mismo; c)el incumplimiento material de la obligación contraída y por último; d) el daño sufrido, los recaudos de su resarcibilidad y la cuantía del mismo.

Ello es así, por ser los hechos constitutivos de la pretensión del acreedor, es decir los presupuestos fácticos que la norma procesal vigente impone demostrar al actor, so pena de una sentencia desfavorable a su interés procesal. (Minoría u opinión personal)
Expropiación, intereses
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Provincia de Buenos Aires c/ Bambozzi Carrocerías S.A.I.C.F. s/ Expropiación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-03-23

Ha establecido la Suprema Corte que en caso de expropiación corresponde el pago de los intereses compensatorios desde que el Fisco ha tomado posesión del bien, sea judicial o extrajudicial (SCBA, 5/2/74; DJBA 102, 237).
Recurso contencioso administrativo, competencia de la Corte Suprema, empleados públicos, remuneración, diferencias salariales, Administración Pública, relación de dependencia, jueces, facultades del juez
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: DONAYO, OSCAR FEDERICO Y OTROS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE   Nº 449-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-06-19

La Corte Provincial puede resultar competente en los casos en que se cuestione la aplicación -por parte de la Administración- de una mecánica salarial establecida mediante determinadas directrices de indudable vigencia, pero no cuando se pretende la anulación de los actos por los cuales se fijaron aquellas directrices, lo que supone el ejercicio de atribuciones discrecionales, estrechamente vinculadas con la ponderación de circunstancias en principio ajenas a la valoración de los jueces.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, secuela de juicio, derecho comparado
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Pieckenstainer, Dieter Walter s/ Lesiones - Recurso de inaplicabilidad de la doctrina legal -   (Tribunal pleno)  En el caso, la cuestión a resolver es la posibilidad de considerar   como "secuela de juicio" (artículo 67 del Código Penal) con entidad   interruptiva de la prescripción de la acción penal a determinados   actos de la instrucción previos a la requisitoria de elevación a   juicio.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-07-12

El Código Penal vigente, estatuye que la prescripción se interrumpe por la "secuela de juicio", interpretación que inicialmente se tomó o atribuyó el significado de "juicio abierto", y que luego fue reducido a "estado de la causa en movimiento", expresión mucho más correcta, ya que la fórmula "secuela de juicio" es una causa de interrupción y no de suspensión de la prescripción. Por cierto que el Derecho comparado muestra fórmulas posiblemente mejores o más adecuadas, ya que algunas de ellas hablan de la acción del Juez dirigida contra el autor a causa de un hecho, como ocurre en el Código Penal Alemán (Art. 68); en tanto en otros se hace referencia a los actos de instrucción o de persecución, como ocurría en el Código de Instrucción Criminal Francés (Art. 637): o el que requiere que el procedimiento se dirija contra el culpable (Art. 117 del Código español anterior); lo que no ocurre con el derecho nacional, donde ni en el propio texto legal, ni en la exposición de motivos de la ley 13.569, o de su precedente citado en aquella, como era el art. 109 del Proyecto de 1937, se dice o definía cual es el significado de "secuela de juicio". (Del Voto del Dr. Crippa García)
Recurso extraordinario, cuestión federal, reserva de la cuestión federal, prescripción de la acción penal
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: CRUZ, MANUEL J.P. s/ APELACION ART. 32 LEY DE BANCOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-12-01

El agravio introducido sólo en el recurso federal, resulta atendible en la instancia extraordinaria cuando está dirigido a obtener la declaración de la prescripción de la acción penal, omitida en el pronunciamiento del a quo.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cita legal
Materia: PENAL
Carátula: Reyes, Carlos A. s/ Robo en grado de tentativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-07-12

Es improcedente la denuncia de violación de los arts. 105, 107 y 256 del Código de Procedimiento Penal -según ley 3589 y sus modif.- alegando que el tribunal descartó indebidamente el valor probatorio del acta de secuestro que daba cuenta de la incautación de un arma determinada, -sin que se promoviera redargución de falsedad de dicho instrumento-, y tuvo en cuenta testimonios que declararon que se trataba de la misma que se periciaria en el proceso, -a pesar de las diferencias de marco, calibre y numeración-, si la Cámara resolvió que las señaladas divergencias obedecían a un error material, y mediante prueba tuvo por acreditada la identidad del arma secuestrada con la empleada en el hecho, y por medio de prueba pericial, la aptitud; y frente a lo así resuelto el recurrente omite relacionar sus agravios con las normas de prueba invocadas por el juzgador, y tampoco demuestra que la prueba testimonial deba ceder ante la instrumental.
Exenciones impositivas, IVA, determinación de impuestos, aplicación temporal de la ley, retroactividad de la ley
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Austral Cielos del Sur S.A. (TF 16.545 - I) c/ DGI.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-23

No tiene ninguna relevancia a los efectos de confirmar la sentencia que dejó sin efecto la resolución de la Dirección General Impositiva que determinó de oficio la obligación de la actora frente al impuesto al valor agregado, el hecho de que el decreto 879/92 haya sido ratificado por la ley 24.447 (art. 22), en cuanto esta ley -que fue publicada en el Boletín Oficial del 30 de diciembre de 1994- es posterior a los períodos fiscales sobre los que versa la causa, de manera que, aunque se entendiera que con la aludida intervención del Congreso la ley del IVA quedó válidamente integrada con las modificaciones previstas por ese decreto, resulta evidente que esa normativa no podría ser aplicada con carácter retroactivo a hechos anteriores a ella.
Lanzamiento preventivo, defensa en juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público -Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Incidente de apelación en autos: Gómez Cristian s/infr. art. 181, inc. 1, CP
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-02-25

Aunque no fuera necesario para ordenar la restitución del inmueble, la "afectada" tomó conocimiento de la actuaciones, ofreció prueba y fue citada a declarar en los términos del art. 161 del CPPCABA por la comisión de la conducta que aquí se investiga, todo, con carácter previo a que se ordenara la restitución y de nada de eso se hizo cargo la defensa, sino que, por el contrario, se limitó a afirmar que su asistida no había tenido oportunidad de demostrar su derecho a vivir en el inmueble, pero sin conectar esos dichos con lo que efectivamente ha ocurrido en la causa. (Voto de los Sres. Jueces Ana María Conde y Luis F. Lozano).
Dominio, abuso del derecho
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fregonese, Carlos Alberto c/ Puyou, Carlos Alberto s/ Acción sumaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-08-23

El derecho del propietario que deriva del art. 2628 del C.C., debe ser coordinado -en su ejercicio- con el art. 1071 del mismo código.
Derecho contravencional y de faltas, juicio correccional, sanciones administrativas, non bis in ídem
Materia: CONTRAVENCIONAL-PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: DANCHOW, Rubén Esteban s/ Quebrantamiento de pena
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 2006-10-24

No existe violación al principio non bis in idem atento que una misma conducta -conducir su vehículo pesando una condena de prisión en suspenso y 5 años de inhabilitación especial para conducir- genera distintas reacciones en función de los ámbitos en que nos desenvolvamos: la juez municipal de faltas impuso multa e inhabilitación por diez años para conducir automotores y el juez correccional impuso pena de prisión. La primera se trata de una sanción de carácter administrativo que se desprende del poder de contralor que posee el municipio para regular las habilitaciones para conducir automotores; mientras que la segunda constituye una sanción penal.
Cuestiones prejudiciales, culpa civil, indemnización
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: La Primera Compañía Argentina de Seguros Generales SA c/ Angel Giobbi y-o Empresa Giobbi Transportes de Pasajeros s/ Demanda Ordinaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1971-10-25

Después de la absolución del acusado en lo criminal, se puede discutir en lo civil la existencia de culpa civil y condenarlo, como autor de un cuasidelito, en este orden el pago de la correspondiente indemnización, es el más justo y el más legal.