Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-07-06


Trelew, 06 de julio de 2007.

Y VISTOS: El recurso de apelación interpuesto por el actor a fs. 147 contra la resolución de fs. 141/145, memorial de agravios de fs. 150/153 y su contestación de fs. 155/156 vta., y CONSIDERANDO: I. En la resolución apelada se hizo lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por la codemandada G. L. V. y se declaró de oficio la existencia de cosa juzgada respecto del codemandado "T. P. M. A. C. L.".

El actor se agravió, en lo esencial, en razón de que si bien la excepcionante no es la titular registral de dominio, la subasta pública, al estar sometida a un régimen de fondo y forma especial la transmisión del dominio, opera sin requerir la escritura pública ni la inscripción registral.

Transcribió parcialmente una resolución de la Sala "B" de esta Cámara que avalaría su postura.

Sostuvo que siendo la demandada V. titular de la relación jurídica sustancial, es insostenible hacer lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva.

Expuso que si el argumento para mantener la cosa juzgada no es otro que la seguridad jurídica, esta no se vería afectada cuando el proceso intelectivo del juzgador se funda en cuestiones meramente formales, sin análisis del fondo de la cuestión y de los derechos del usucapiente.

Expresó que el juez de grado sostuvo lo que no dice el fallo anterior. En tal sentido, explicó que el decisorio en crisis indicó que el juez anterior, además de la falta de presentación del plano, fundó su rechazo en la circunstancia de no haberse acompañado recibos de pago de impuestos, ni acreditado la existencia de mejoras o construcciones efectuadas en el inmueble, cuando estas últimas circunstancias fueron argumentos "obiter dictum".

Alegó que el precedente que se invocó como del que emerge la cosa juzgada es del tipo de sentencias denominadas como "sentencias determinativas" ó "dispositivas", que implican una inequívoca limitación de la cosa juzgada y que le impone un límite temporal a la misma.

Adujo que la mencionada, es del tipo de sentencias que se caracterizan por estar condicionadas al funcionamiento eventual de una suerte de cláusula "rebus sic stantibus", en el sentido de que es posible obtener otro pronunciamiento del juez, cuando la situación de hecho que se puso como base del primer pronunciamiento, se modificó.

Sostuvo que modificada la situación de hecho del fallo anterior con la correcta individualización del inmueble, con la agregación del plano agregado y "extraviado" en la instancia anterior, para preservar el valor justicia, es necesario el dictado de un pronunciamiento de fondo sobre la cuestión en debate, para que nazca la cosa juzgada sin condicionamientos formales.

II. Como principio general, la cosa juzgada se extiende a aquellas cuestiones fueron propuestas por las partes a la consideración de los jueces y expresamente decididas por éstos.

La cosa juzgada alcanza incluso a aquellas cuestiones que, pudiendo haber sido propuestas, no lo fueron, y en el caso de una pretensión idéntica a otra ya decidida mediante sentencia firme, cuando mediante ella se intenta salvar deficiencias probatorias incurridas en el proceso anterior, y aunque se invoquen nuevos fundamentos jurídicos (confr.: S.C.B.A., Rep. L.L. XXXI 436, sum. 27; esta alzada, c. 14.973 S.D.C. 19/04, c. 21.929 S.D.C. 25/07).

En razón de lo expuesto y considerando lo resuelto en las sentencias de primera y segunda instancia dictadas en los autos: "G. H. c./T. P. M. A. C. L.y otros s./posesión veintenaria s./desalojo daños y perjuicios" Expediente. 652/93, donde la pretensión consistió en que se declare la posesión veinteañal sobre el mismo inmueble que el de autos, se confirmará la sentencia apelada en cuanto declarara la existencia de cosa juzgada respecto de la pretensión del actor contra "T. P. M. A. C.".

A diferencia de lo que sostiene el apelante, la sentencia de primera instancia y fundamentalmente la dictada por este cuerpo en el expediente mencionado, trató y decidió sobre la falta de prueba de la posesión en la medida requerida para hacer lugar a la demanda incoada.

Ante el considerando de la sentencia de primera instancia de aquel juicio, según el cual no se habían acompañado a la demanda recibos de pago de impuestos, tasas y contribuciones, ni de mejoras o construcciones efectuadas en el inmueble, el apelante (el mismo del presente juicio), expuso en el punto III de fs. 304 vta./305 vta., los argumentos según los cuales sostenía que era poseedor "animus domini".

Dichas cuestiones fueron materia de tratamiento en el punto IV de fs. 319 vta./320y 3º de fs. 321 vta./322 por esta Sala, cuando se consideró que no había sido veraz lo expresado en el memorial de agravios en el sentido de que los recibos de pago de impuestos habían sido agregados a otras causas y que un informe municipal sirviese para acreditar la posesión invocada.

III. Le asiste razón al apelante en cuanto a que la codemandada G. L. V. se encontraba legitimada pasivamente en este juicio.

En razón de ser cesionaria del boleto de compraventa en subasta judicial, V. se encuentra en la misma posición del adquirente (arts. 1444, 1459, 3265, concs. C.C.). De conformidad con lo establecido por los arts. 1184 C.C. y 586 C.P.C.C., la adquisición de inmuebles realizadas en remates judiciales posee un régimen especial. Así, el primero de los artículos mencionados indica que determinados actos deben ser hechos en escritura pública a excepción de los que fuesen "celebrados en subasta pública", en tanto de la otra norma referida surge que la venta judicial requiere la aprobación del remate, pago del precio o la parte correspondiente si se hubieran otorgado facilidades, y la tradición del inmueble a favor del comprador, sin que resulte necesaria la escrituración.

La inscripción el registro inmobiliario es sólo el medio necesario para posibilitar la publicidad de los derechos reales, dando seguridad al comercio sobre inmuebles, pero no tiene efectos constitutivos, pues el derecho real en el caso del dominio se adquiere con la escritura pública y la tradición de la cosa, no tiene efectos sino meramente declarativos.

Por ello, la inscripción registral prevista actualmente en el art. 2505 C.C., no se aplica al caso de adquisición de un inmueble en pública subasta, instituto que no admite limitar los efectos propios del remate judicial entre las partes y recién después de aquélla hacerlos extensivos también a los terceros, ya que la oponibilidad erga omnes de la subasta proviene del específico régimen de publicidad a que se halla sujeta (esta Sala S.I.L. 33/04).

La propiedad así adquirida por la codemandada la legitima pasivamente en este proceso de usucapión, pues las constancias del expediente judicial donde fue celebrada la subasta son equiparables al otro "registro oficial" aludido en el art. 24, inc. "a" de la ley 14.189.

IV. Sin perjuicio de ello, por aplicación de la doctrina de la apelación implícita pacíficamente admitida por la jurisprudencia y por esta Cámara (confr.: S.D.L. 21/93, 88/95, 16/96, 52/96; esta Sala "A", S.D.L. 142/98; S.D.L. 62/02; S.D.L. 48/02), será tratada la excepción de cosa juzgada planteada oportunamente por la codemandada V. y que fuera desestimada en la instancia anterior, en sentencia interlocutoria que por serle finalmente favorable al acoger la defensa de falta de legitimación pasiva, no le era dado apelar.

Es que quedan implícitamente sometidas a la decisión del tribunal de segunda instancia en virtud del recurso interpuesto por la contraparte, todas aquellas cuestiones planteadas por el vencedor y que fueron rechazadas o no consideradas por la decisión en grado.

En estos casos, si el tribunal de alzada considera procedentes los agravios del recurrente, no por ello debe acoger el recurso de apelación y revocar la sentencia, sino que debe entrar a conocer también de esas cuestiones rechazadas o no consideradas por el juez de primera instancia; o sea, el tribunal de alzada debe analizar todos los puntos que fueron oportunamente introducidos por el vencedor en primera instancia, y luego de este análisis podrá resolver sobre el acogimiento o rechazo del recurso de apelación interpuesto (con la consiguiente modificación o no de la sentencia de grado (confr.: Loutayf Ranea: "La Apelación Adhesiva", en Revista de Derecho Procesal Medios de Impugnación Recursos T II, ed. Rubinzal Culzoni, pág. 161).

A diferencia de lo que se sostiene en la sentencia apelada, debe entenderse que la pretensión del actor en el anterior proceso respecto de la codemandada V. consistió en obtener frente a ella la declaración de posesión veinteañal y además en el desahucio del inmueble, que había ocupado con base en el hecho de ser cesionario de un boleto de compraventa de una subasta judicial.

Ello es así, sin perjuicio de que en la sentencia de los autos agregados no se haya rechazado expresamente la usucapión en relación a dicha codemandada.

La demanda antecedente se inició por posesión veinteañal, además de contra la entonces titular registral, también contra el comprador en subasta pública, que según el primer escrito era J. M.(ver fs. 6) y que según un escrito posterior fue J. H. L., contra quien se amplió la demanda a fs. 25. A fs. 39 se amplió la demanda contra G. L. V., como cesionaria del boleto judicial de compraventa.

Por lo tanto, también le alcanzan a esta última los efectos de la cosa juzgada, lo que así se declarará, haciendo lugar a la excepción opuesta. Es que la cosa juzgada alcanza incluso a aquellas cuestiones que, si bien planteadas en el proceso, no son objeto de decisión. El aserto es válido haya mediado o no recurso de aclaratoria: en el primer caso, el resultado desfavorable de éste importa un rechazo de la cuestión supuestamente omitida; en el segundo, la falta de impugnación entraña un consentimiento de la sentencia y un pronunciamiento implícitamente adverso a la procedencia de la cuestión no resuelta (confr.: Palacio, "Derecho Procesal Civil" T V pág. 515 AbeledoPerrot 1999 Lexis 2508/003720).

V. Las costas de Alzada se impondrán al actor que resulta derrotado (art. 69 C.P.C.C.).

Teniendo en cuenta el resultado obtenido, importancia y eficacia de las labores desarrolladas, carácter con el que actuara y demás pautas legales, se regularán los honorarios por la labor ante esta Instancia a los Dres. E. R. M. y W. G. M., en el 0,90 % y 0,30 %, respectivamente y al Dr. L. M. O. en la suma equivalente al 0,75 % del monto del juicio sobre el mismo monto, con más el I.V.A. pertinente (arts. 6, 7, 9, 14, 23, 47 y concs. del dec.ley 2.200).

Por ello, la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Noreste del Chubut; RESUELVE: 1º) Confirmar la resolución de fs. 141/145 en cuanto declara la existencia de cosa juzgada respecto de la pretensión del actor contra "T. P. M. A. Company Limited".

2º) Revocar dicha resolución en cuanto hace lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por G. L. V. y desestima la excepción de cosa juzgada deducida por esta misma codemandada.

3º) Hacer lugar a la excepción de cosa juzgada interpuesta por la codemandada G. L. V..

4º) Imponer las costas de Segunda Instancia al actor.

5º) Regular los honorarios por su labor ante la Alzada a los Dres. E. R. M. y W. G. M., en el 0,90 % y 0,30 %, respectivamente del monto del juicio y al Dr. L. M. O. en la suma equivalente al 0,75 % sobre el mismo monto, con más el I.V.A. pertinente Se deja constancia que el presente se dicta por dos miembros del Tribunal por licencia del Sr. Juez de Cámara Dr. Juan Humberto Manino (art. 8 de la ley 1.130, T. ley 4.550).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

FERRARI VELAZQUEZ REGISTRADA BAJO EL Nro. 103 DEL AÑO 2007. SIC Conste