marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Cámara de Apelaciones, vocal del Tribunal, fundamentación de sentencias, parte dispositiva, Superior Tribunal de Justicia, pautas
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: DIESER, MARIA GRACIELA Y FRATICELLI, CARLOS ANDRES s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-12-16

En orden a la interpretación que corresponde asignar a la expresión "voto totalmente concordante" que emplea el artículo 26 de la Ley Orgánica de Poder Judicial, cabe remitir a los argumentos desarrollados por el señor Ministro doctor Juan B. Iturraspe en el precedente "Milo" en el que sostuvo que "...imponer al pensamiento de dos juzgadores una estructura 'clónica' absolutamente homogénea desde el punto de vista de su diversa constitución mental, importa un requisito contrario a la naturaleza humana.

La percepción de los hechos y su aplicación al derecho varía de individuo a individuo, salvo en el supuesto de un servil mimetismo, o de una incondicional adhesión, cosa que realmente no es deseable para el progreso de la ciencia jurídica y para la afinación del concepto de justicia". Agregó que si bien hay quienes sostienen esa interpretación, ésta, al introducir un recaudo "extravagante" en las sentencias de los cuerpos colegiados, conduce a una uniformidad que choca con los valores creativos del pensamiento.

Es que precisamente, la riqueza del órgano judicial colegiado supone el diálogo racional que tolera puntos de vistas no exactamente iguales, ni complementarios al modo de caminos que, sin embargo, conducen al mismo destino final.(del voto del Dr. Vigo, al que adhiere la mayoría de la Corte en "Cenzi".(Del voto del Dr. Erbetta que hace mayoría).
Acción de amparo, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GUIDA, Héctor N.D. c/ G.C.B.A. s/ AMPARO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-19

El hecho de no haberse recurrido a vías administrativas previas, no cercena necesariamente la posibilidad de acceder a la acción de amparo, habida cuenta las variaciones que ha sufrido nuestro derecho constitucional a consecuencia del nuevo texto del art. 43 de la Constitución Nacional.-
Delitos militares, Poder Judicial, presunciones, obediencia debida
Materia: PENAL - PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Ramón Juan Alberto Camps y otros c/  s/ #TIPO_TRIBUNAL: CS c/  s/ #TIPO_TRIBUNAL: CS c/  s/ PODER EJECUTIVO NACIONAL s/ RECURSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-22

El art. 1 de la ley 23.521 establece que las personas mencionadas en él actuaron en un estado de coerción y en la imposibilidad de inspeccionar las órdenes recibidas, vedándole a los jueces de la Constitución toda posibilidad de acreditar si las circunstancias fácticas mencionadas por la ley (estado de coerción e imposibilidad de revisar las órdenes) existieron o no en realidad. Es decir, la disposición en examen impone a los jueces una determinada interpretación de las circunstancias fácticas de cada caso particular sometido a su conocimiento, estableciendo una presunción absoluta respecto de la existencia de aquéllas.
Relación de consumo, carga probatoria dinámica
Materia: PROCESAL
Carátula: Navarro Muruaga, Veronica Susana c/ Telecom Personal S.A. s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2017-09-27

Todo procedimiento en el que se encuentre en juego una relación de consumo importa la vigencia en materia probatoria de las "cargas dinámicas", principio que es llevado en estos casos a su máxima expresión (conf. Junyent Bas, Francisco y Del Cerro, Candelaria, art. cit.; Berstein, Horacio, "El derecho-deber de información y la carga de la prueba en las infracciones a la ley de defensa del consumidor"; LL 2004-B, 100). El concepto "carga dinámica de la prueba" o "prueba compartida" consiste en hacer recaer en ambas partes la obligación de aportar elementos de juicio al juzgador, privilegiando la verdad objetiva sobre la formal para brindar la efectiva concreción de la justicia. Por la aplicación de la doctrina de las cargas probatorias dinámicas, cuando una de las partes está en mejores condiciones fácticas para producir cierta prueba vinculada a los hechos controvertidos o de la causa, ésta debe soportar el onus probandi. Así, cuando por la índole de la controversia surge evidente que uno de los litigantes se encuentra en una posición dominante o privilegiada en relación con el material demostrativo, ya sea porque se encuentra en posesión del instrumento o por el rol que desempeño en el hecho litigioso, su deber procesal de colaboración se acentúa, al punto de atribuírsele una carga probatoria más rigurosa que a su contraparte.-...-Es que la Ley de Defensa del Consumidor, luego de la reforma introducida por la nº 26.361, introdujo innovaciones en materia probatoria como derivación del régimen protectorio allí establecido. El nuevo párrafo tercero del art. 53 dispone que: "Los proveedores deberán aportar al proceso todos los elementos de prueba que obren en su poder, conforme las características del bien o servicio, prestando la colaboración necesaria para el esclarecimiento de la cuestión debatida en el juicio". DRES.: ALONSO - MANCA.
Juicio de desalojo, prueba de la posesión, carga de la prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Puga, María del Carmen c/Trani, Juana Rosa y otro s/Desalojo c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2021-09-27

Si bien es posible conocer sobre la posesión en un juicio de desalojo, no es suficiente que el demandado manifieste que es poseedor para que, por esa sola circunstancia, quede relevado de la carga de probar la verosimilitud de su afirmación, obligando al actor a recurrir a las acciones reales o posesorias para recuperar el inmueble.(doctor Torres, sin disidencia)
Recurso de casación, procedencia parcial, adopción, guarda preadoptiva, registro de adoptantes, registro provincial de adoptantes, inscripción registral, citación de los padres de sangre, responsabilidad parental
Materia: PROCESAL
Carátula: O., A. B. y F., L. M. s/ GUARDA CON FINES DE ADOPCION s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2004-10-04

Coincido con los casacionistas que al momento del pronunciamiento de la Cámara no existía una imposición del requisito de la previa inscripción en el R.U.P.A.A., para la asignación de la guarda preadoptiva. No lo decía ni el C.C., ni la Ley Nacional 24779, ni la Ley 3268 que establece una prioridad genérica, no un impedimento. Ahora sí, con los arts. 7, 8, 16 y cc. de la Ley Nacional 25854, hay un "requisito esencial" de admisibilidad en el Registro Unico - Central - La norma local referencia en el art. 1 al ahora derogado art. 2 de la Ley Nacional 24779 y en el art. 9 establece que "... se dara prioridad ..." a los inscriptos en el R.U.P.A.A., pero no excluye otras alternativas, es referencial para el órgano jurisdiccional a quien cabe toda la responsabilidad de las decisiones y no puede avanzar desde una ley local sobre el ejercicio de la patria potestad sin suspensión o pérdida de ésta, ni objetiva y fehaciente acreditación de los requisitos del art. 317 y cc. del C.C.
Situaciones jurídicas subjetivas, interés legítimo, interés simple (administrativo), derechos subjetivos
Materia: CONSTITUCIONAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Steinhauser  S.A. c/ Rowntree Mackintosh s/ Marcas
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-05-04

Sabido es que el interés legítimo tiene una connotación y protección jurídica más débil que el derecho subjetivo, encontrándose en una posición intermedia entre éste último y el interés simple.

En tal sentido podemos reseñar: A) Derecho Subjetivo: El derecho subjetivo consiste en un poder atribuido a una voluntad individual; es una esfera en la cual reina soberanamente la voluntad de una persona.

B) Interés legítimo: El interés legítimo aparece como una de las distintas situaciones jurídicas subjetivas, que no encuadran en la notación del derecho subjetivo típico y representa para el administrado una garantía de legalidad que importa una utilidad instrumental.

C) Interés simple: En él, el título no es ya singular, sino que se actúa en función del bien común o círculos de interés determinados, pero de carácter más genérico; en tal situación el particular está habilitado para ejercer el derecho de peticionar ante las autoridades, el cual en virtud a su rango constitucional no requiere de una ley que lo reconozca, concretándose tanto por medio de meras peticiones, como de propuestas, iniciativas, etc.
Recurso de casación, sentencia, defensa en juicio, violación
Materia: LABORAL
Carátula: GIARRATANA PEDRO SALVADOR c/ MODART SA s/ INDEMNIZACION - RECURSO DIRECTO - ENFERMEDAD ACCIDENTE -
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1984-06-06

El decisorio al introducir un elemento de hecho no contenido en la demanda, ni en el alegato, viola el principio de igualdad de las partes en el proceso y el derecho de defensa en juicio del demandado, por lo que corresponde ser casado en ese punto. (Const.

Nac. Art. 18, Const. Prov. Art. 9).
Divorcio, injurias graves
Materia: CIVIL
Carátula: C. B. M. c/ G. D. E. s/ Divorcio Vincular - Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-11-30

Las injurias graves, han sido definidas por la doctrina como, comprensivas todas las palabras, los actos, los hechos contrarios a las obligaciones del matrimonio y a la dignidad de la vida conyugal que signifiquen una violación a los deberes de ese estado a un atentado a la dignidad del otro cónyuge, hiriéndolo en sus justas susceptibilidades, motivo sobre los cuales el Juez tiene amplias facultades discrecionales para apreciar sus circunstancias configurativas.
Sociedades comerciales, impuestos, responsabilidad solidaria
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: "Marrero Carlos Alberto (TF 16.875-I) c/ DGI".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-11-09

La responsabilidad solidaria tributaria no resulta más que la aplicación del principio general en materia de sociedades contenido en la ley 19.550, en cuanto en su artículo 59 se establece que los administradores y representantes de aquella "que faltaren a sus obligaciones son responsables, ilimitada y solidariamente, por los daños y perjuicios que resultaren de su acción u omisión". Los matices que contienen cada una de las normas no modifican el análogo tratamiento que se le acuerda -tanto en la ley comercial como en la tributaria- a la conducta de quienes representan a la sociedad (esta Sala, "Petrone, Juan Antonio, 10-12-02).
Concubinato, sociedad de hecho
Materia: CIVIL
Carátula: R., A. c/ Sucesión de B., D.R. s/ Juicio Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1971-05-31

Los tribunales han requerido para que exista sociedad de hecho trabajo y esfuerzo común; o la actividad de cualquiera de los concubinarios cuando sobrepasa la asistencia normal recíproca en los menesteres de la casa, que acrecientan el caudal económico formando un capital mediante el esfuerzo personal de cada uno; prueba de los aportes o trabajos comunes, así como el propósito de obtener alguna utilidad apreciable en dinero, o de la existencia de un estado de comunidad de bienes e intereses; probar intención de constituir una sociedad para obtener ganancias; se prueba con la entrega de aportes en dinero u otros bienes, como la ejecución de trabajo personal, o se acredita la existencia de un estado de comunidad de bienes o intereses; pero la sociedad no podría verse sobre todos los bienes de los concubinos por obstar a ello el artículo 1651 del Código Civil, que hayan existido aportes de dinero u otros bienes, ejecución de trabajo personal o un estado de comunidad de bienes e intereses.
Prisión preventiva, excarcelación, plazo legal
Materia: PENAL
Carátula: AZAR MUSA Y OTROS S. D. HOMICIDIO CUADRUPLEMENTE CALIFICADO POR ALEVOSIA, ETC. E. P. DE VILLALBA PATRICIA Y BASHIER NAZAR LEYLA s/ CUADERNO DE APELACIÓN - CASACIÓN E INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-03-21

El plazo establecido en el artículo 1 de la ley 24.390 no es de aplicación automática si ante la inflación de trámites procesales y por distintas circunstancias no puede ser cumplido, y teniendo en cuenta que el derecho básico de los ciudadanos no es a ser "excarcelado", sino a "ser juzgado" (siendo el primero una consecuencia del incumplimiento del segundo) en un plazo razonable, los esfuerzos del Poder Judicial no deben dirigirse hacia soluciones mecánicas y meramente coyunturales, sino a resolver el problema sustancial y a lograr que dentro de ese plazo razonable todo ciudadano sea efectivamente juzgado, sin perjuicio de resolver paralelamente los casos concretos sometidos a su conocimiento a efectos de evaluar si, en cada uno de ellos, el plazo de detención ha dejado de ser razonable.
Contrato de trabajo, prueba, recurso de casación, cuestiones de hecho y prueba
Materia: LABORAL
Carátula: DIAZ, DOMINGO ALBERTO c/ UNION TRANVIARIOS AUTOMOTOR CENTRAL Y/U OTROS s/ RECOCACION DE MANDATO, ETC. - CASACION LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2012-05-09

El reconocimiento de la existencia de un contrato de trabajo que vincule a las partes, es una cuestión típica de hecho y prueba. En efecto; la determinación del carácter de la relación jurídica que deben formular los jueces en sus sentencias dependerá de las distintas circunstancias fácticas que se hayan acreditado en la causa, ya sea sobre la base de las presunciones que hoy establece el art. 23 de la ley de contrato de trabajo; o aun en el trabajo prestado en forma autónoma, por citar algunos ejemplos que suelen discutirse en el litigio cuando se niega la existencia de la relación o del contrato laboral.
Recurso de casación, procedencia del recurso, cosa juzgada
Materia: PROCESAL
Carátula: Mongolini, Hernán July y Otros c/ Banco Patagónico S.A. s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1988-07-04

Si bien las cuestiones vinculadas con la existencia, o no, de cosa juzgada, son en principio insusceptibles de ser tratadas en la instancia extraordinaria, provincial o nacional, el principio cede cuando ella no reúne las características que permiten tenerla por tal, pues lo contrario implicaría en definitiva obliterar las garantías -y consecuentes derechos- de rango constitucional que se vinculan con la defensa en juicio, el debido proceso y el derecho de propiedad.
Prescripción, acción, daños y perjuicios, demanda
Materia: CIVIL-PENAL-PROCESAL
Carátula: Goodies SA c/ Lactalis International SNC y otro  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-24

Corresponde declarar prescripta la acción de daños y perjuicios promovida con motivo de la ruptura del contrato de distribución que vinculara a las partes, pues se configura en el caso un supuesto de excepción al plazo de prescripción quinquenal (CCCN 2560), en tanto resulta de aplicación el plazo "distinto" o menor previsto por el CCCN 2651, párrafo 2°, que postula que "el reclamo de la indemnización de daños derivados de la responsabilidad civil prescribe a los tres años", plazo que aparece consumido al momento de interponer la demanda (conf. CNCom, Sala D in re "Diseño del alma SRL c/ Autobiz SA s/ Ordinario" del 23/08/22 -y sus citas-).
Prescripción, prescripción decenal, licitación privada, sociedad accidental o en participación, contratos innominados, rendición de cuentas
Materia: CIVIL
Carátula: ASFA  SRL / QUIEBRA c/ ETCHEGOIN, JUAN s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-16

Toda vez que el acuerdo celebrado entre la ahora fallida adjudicataria de una licitación privada (en el caso, convocada por ENTel)-, y un tercero al que se le subadjudicó la ejecución de la obra licitada, reservándose aquella la dirección técnica de la obra y la tramitación de los certificados de obra y los de mayores costos con rendición de cuentas al finalizar la obra, fue un contrato innominado y no una sociedad accidental o en participación (pues no existió la formación de un fondo común mediante aportes comunes, el reconocimiento recíproco de la condición de socio, mediando solo una subcontratación de la locación de obra celebrada entre la ahora fallida y ENTel), procede hacer lugar a la acción de rendición de cuentas reclamada por el síndico de la quiebra, en atención a que el documento por el que las partes convinieron en dar por definitivamente rendidas las mismas es de fecha posterior a la declaración de quiebra e inoponible a la masa de acreedores, siendo aplicable en este caso la prescripción decenal (ccom 846).
Infertilidad humana, fertilización asistida
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Costantino, Mario  Daniel  y  otra c/ O.S.E.C.A.C. s/ Amparo - Med.  Caut. - Benef. Lit. sin gastos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-10-31

La infertilidad humana es una enfermedad y por tanto merece ser tratada, en tanto el derecho a la salud ha sido reconocido expresamente en diversos tratados internacionales con jerarquía constitucional, y es así que la ley 14208 reconoció la cobertura médico asistencial integral de las técnicas de fertilización homóloga (Voto del Dr. Candisano Mera)
Excepciones procesales, falta de legitimación para obrar
Materia: COMERCIAL
Carátula: WORLDSALES SA c/ HOTEL SAN REMO TRG SACIF s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-14

La falta de legitimación para obrar (cpr: 347-3°), refiere exclusivamente a la falta de calidad del titular del derecho invocado por el actor o, en su caso, a la falta de calidad de obligado del demandado. Se trata de una defensa vinculada con las cuestiones de fondo sometidas a la decisión final del tribunal, por lo que, en consecuencia sólo cabe declararla -con carácter de excepción de previo y especial pronunciamiento cuando sea manifiesta conforme lo establece la precitada norma legal. Este extremo no se da en la especie, pues en el caso esa titularidad surgiría prima facie acreditada a partir de la reconvención deducida por la propia demandada contra la actora reconvenida. En estas condiciones, resulta procedente diferir la consideracion de la defensa para el momento de dictar sentencia.
Daños y perjuicios, seguros, cobertura, actualización monetaria
Materia: CIVIL
Carátula: AGUERO, RAMON IGNACIO (H) c/ CASO, JUAN JOSE Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - SEGURO - DEPRECIACION MONETARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1978-12-26

En materia de seguros la cobertura máxima que resulta de la póliza debe ser actualizada en base a la depreciación monetaria en la misma proporción en que se actualiza el monto originario de los daños.
Gabinete criminológico, falta de fundamentación
Materia: PENAL
Carátula: Porqueres, Walter Fabián c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-03-22

Si bien el informe del Servicio Criminológico no resulta vinculante para la judicatura, lo cierto es que en el caso el tribunal no ha expresado los motivos por los que se apartó del favorable dictamen -conducta ejemplar diez y concepto muy bueno siete, sin registrar sanciones y cumpliendo los objetivos propuestos-, como así tampoco las razones que lo condujeron a inclinarse por la ponderación del informe del Cuerpo Médico Forense por sobre lo concluido por el servicio criminológico y la situación concreta del interno en la progresividad del régimen penitenciario.
Revocación de sentencia, régimen de consolidación de deudas, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Iglesias, Lucila y otros c/ E. N. Dirección Nacional de Migraciones s/ empleo público.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-04

Corresponde dejar sin efecto el pronunciamiento que resolvió que los créditos reclamados por los actores se encontraban excluidos de la consolidación, si realizó una interpretación equivocada del art.

1. de la ley 23.982 al omitir considerar que sólo procede dicha exclusión respecto de las deudas corrientes no comprendidas en alguno de los incisos de la misma.
Acción civil, cuestiones prejudiciales, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: MERCADO JUAN D c/ MADRIÑAN HUGO s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-30

El pronunciamiento condenatorio emanado de la justicia represiva surte, respecto al juicio civil, los efectos previstos en el art.

1102 del Código Civil; o sea que no puede debatirse la existencia del hecho delictuoso, ni la culpa del condenado, quien se encuentra obligado a resarcir el daño causado. Sin embargo ello no impide examinar si ha mediado en la producción del hecho, alguna proporción de culpa del damnificado, ya que tal circunstancia incidiría sobre el resarcimiento admisible.
Intervención de terceros, seguro colectivo, seguro de vida obligatorio
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Acosta, Miguel Daniel c/ Instituto Autarquico Provincial del Seguro de Entre Rios s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2013-05-31

El municipio en el cual laboraba el actor no pude ser citado como tercero en la causa iniciada por aquél a fin de obtener al cobro del seguro de vida colectivo contratada por la comuna con el IAPS, toda vez que el ente municipal no reviste la calidad de asegurado, sino que es el tomador del seguro, por lo tanto prescindible en esta litis, debiendo en su caso la aseguradora -IAPS- responder en la medida de la cobertura asegurativa contratada según la póliza.
Acto administrativo, presunción de legitimidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: G., J.C. c/ Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-12-01

Se sustenta la doctrina de falta de jurisdicción en tanto la presunción impide a los jueces examinar exofficio la invalidez de los actos administrativos, y consecuente con ello se ha fallado "...la falta de precisión... en el escrito de la demanda importa por sí sola, la imposibilidad de juzgar sobre su legitimidad que sólo puede ser revisada a instancia de parte.
Seguros, denuncia del siniestro, responsabilidad del asegurado, fraude
Materia: COMERCIAL
Carátula: TARZI ROBERTO c/ CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-20

Cabe tener en cuenta que la malicia a que se refiere la ley 17 418: 48 debe asimilarse al dolo y como tal, debe tratarse de un acto ejecutado a sabiendas y con la intención de dañar al asegurador.

Pero para que el fraude pueda ser aplicado en contra del asegurado, debe ser "patente" y "real", el error involuntario no acarrea sanción alguna al igual que la simple omisión culposa.

En la calificación de la conducta maliciosa y fraudulenta del asegurado, deberán ponderarse sus condiciones personales y las circunstancias particulares de cada caso concreto. También debe considerarse en su integridad la conducta seguida por el asegurado en la emergencia atento a que si los actos de éste, tomados aisladamente, son insuficientes para computarlos por sí solos como decisivos para tal calificación.
Contratos administrativos, elementos del contrato
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: V., O. c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-05-17

Aún en el marco de prerrogativas estatales que cualifican la contractualidad administrativa, el consentimiento, el acuerdo de voluntades, constituye un elemento esencial sin el cual no existe contrato. No es óbice para ello que en la mayoría de los casos, el contrato resulte de un acatamiento a toda una serie de condiciones prefijadas por la Administración. Si bien debe aceptarse un desplazamiento de la primacía del contrato como acuerdo de voluntades, propia del derecho privado, no es menos cierto que la adhesión a esas condiciones, es voluntaria, y normalmente se formaliza durante el proceso selectivo mediante la presentación de ofertas en las condiciones preestatuidas.