Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-11-23


Dictamen de la Procuración General de la Nación:

Suprema Corte:

-I- A fs. 48/64, Empresa Distribuidora Norte S.A. (en adelante, Edenor) promovió demanda declarativa de certeza contra la Provincia de Buenos Aires, en los términos del art. 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (CPCCN).

Explicó que se encuentra en una situación de incertidumbre motivada por el dictado de la disposición normativa serie "B" 70/02 de la Dirección de Rentas de la Provincia de Buenos Aires, del 5 de noviembre de 2002, en tanto le impide compensar la contribución única sustitutiva prevista en los arts. 19 y 20 del decreto 714/92 con sumas que el Estado provincial le adeuda por la prestación del servicio de energía eléctrica.

Afirmó que el conflicto generado por normas provinciales contrarias al régimen federal que regula la prestación del servicio concesionado ya fue resuelto por V.E. en la causa "Empresa Distribuidora Sur S.A. (EDESUR) el Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa" (sentencia del 26 de octubre de 1999), a favor de la preeminencia de la normativa federal.

Por otra parte, sostuvo que los argumentos del Fisco local en torno a que la compensación establecida por las normas citadas no resulta aplicable en razón de su incompatibilidad con lo dispuesto por el art. 81 del Código Fiscal de la Provincia, que sólo la admite entre tributos, carece de fundamento, ya que este último está dirigido a regular la cancelación de los que él crea y no es aplicable a la contribución única establecida para las empresas eléctricas por las normas federales.

Por ello, solicitó que se revoque la disposición cuestionada y se ordene a la demandada aceptar dichas compensaciones.

Por último, requirió el dictado de una medida cautelar de no innovar y la intervención del Estado Nacional como tercero, en los términos del art. 94 del CPCCN.

-II- Efectuada dicha citación, el Estado Nacional la respondió a fs. 77/88.

Sostuvo que tanto el decreto 714/92 como el contrato de concesión evidencian el propósito del concedente del servicio público de distribución de electricidad de establecer un único impuesto a cargo de Edenor S.A. en la Provincia de Buenos Aires y, a la vez, permitir su pago mediante compensación con deudas que, por suministro de energía eléctrica, registrara la Provincia.

En mérito a ello, sostuvo que la pretensión de la autoridad provincial vulnera el principio contenido en el art. 31 de la Constitución Nacional, puesto que avanza sobre prerrogativas propias del orden federal, como es la organización de la prestación de un servicio público.

Agregó que el decreto 714/92 implica el legítimo ejercicio reglamentario de las estipulaciones contenidas en las leyes 14.772 y 15.336, por lo que las disposiciones referidas al único impuesto a que se encuentra obligada Edenor en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires y a su compensación, poseen aquella naturaleza, además de contractual.

-III- A fs. 117/119, la Provincia de Buenos Aires contestó la demanda y solicitó su rechazo.

En primer término, negó la existencia de un estado de incertidumbre que habilite la procedencia formal de la acción intentada.

Seguidamente, manifestó que la Dirección de Rentas sólo ha indicado a Edenor la forma en que deberá hacer efectivo el único tributo provincial a su cargo (establecido por el decreto 714/92) y eliminó el instituto de la compensación.

También afirmó que disponer el medio de cancelación de las obligaciones fiscales es una facultad reservada a la autoridad de aplicación, incita en los poderes propios de la Provincia que no han sido delegados a la Nación (art. 121 de la Constitución Nacional) y que, de acuerdo con lo previsto por el art. 81 del Código Fiscal, la compensación procede de oficio o a pedido del contribuyente, sólo en el caso de obligaciones impositivas, sin alcanzar a las deudas generadas por la prestación de servicios.

Por último, sostuvo que el fallo de la Corte en la causa "Empresa Distribuidora Sur S.A. (EDESUR) c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa" no es aplicable al sub examine, en tanto aquél decidió la improcedencia del reclamo fiscal con relación al impuesto inmobiliario y a los automotores, pero no se expidió sobre la forma en que el tributo sustitutivo debía ser satisfecho, ya que tal cuestión quedaba reservada a la jurisdicción provincial y, en particular, a la Dirección Provincial de Rentas, por expresa voluntad del legislador (arts. 1, 8, 34 y ss, 72 y ss., 81 y cc. del Código Fiscal, t.o. 1999).

-IV- Pienso que la cuestión debatida en el sub examine corresponde a la competencia originaria de la Corte en virtud de los fundamentos expuestos por este Ministerio Público el 7 de octubre de 2003, en la causa E.95, L.XXXIX "Empresa Distribuidora Norte S.A. (EDENOR) e/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa de certeza - incidente 1", a los cuales me remito en cuanto fueren aplicables.

-V- Ante todo, cabe recordar que la declaración de certeza, en tanto no tenga carácter simplemente consultivo, no importe una indagación meramente especulativa y responda a un "caso" que busque precaver los efectos de un acto en ciernes, al que se atribuye ilegitimidad y lesión al régimen federal, constituye causa en los términos de la Ley Fundamental (Fallos: 308:2569; 311:421, entre otros).

Así las cosas, entiendo que ha mediado una actividad explícita de la Dirección Provincial de Rentas, dirigida a regular la percepción del impuesto único a cargo de la actora y obtener su cobro en esas nuevas condiciones (conf. fs. 8/12 y 39). Tales disposiciones la sumieron en un "estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance y modalidad de una relación jurídica", entendiéndose por tal a aquella que es "concreta" al momento de dictarse el fallo (v. Fallos: 310:606 y 311:421).

En tales condiciones, considero que se encuentran reunidos la totalidad de los recaudos fijados por el art. 322 para la procedencia de la acción intentada.

-VI- Por la forma en que ha quedado planteada la litis, el thema decidendum estriba en determinar si la decisión de la Provincia de Buenos Aires respecto de la forma en que la concesionaria deberá hacer efectivo el tributo provincial a su cargo, se encuentra en pugna con las disposiciones federales que le permiten compensar su importe con las deudas que, por suministro de energía eléctrica, registre aquella y, en consecuencia, vulnera el art. 31 de la Constitución Nacional, o si por el contrario, la Provincia se ha limitado a ejercer facultades impositivas originarias que no han sido delegadas a la Nación.

Inveteradamente ha sostenido V.E. que es facultad de las provincias darse leyes y ordenanzas de impuestos y, en general, todas las que juzguen conducentes a su bienestar y prosperidad, sin más limitaciones que las enumeradas en el artículo 108 -hoy art. 126- de la Constitución; siendo la creación de impuestos, elección de objetos imponibles y formalidades de percepción, de su propio resorte, puesto que entre los derechos que hacen a su autonomía es primordial el de imponer contribuciones y percibirlas sin intervención de autoridad extraña (Fallos: 7:373; 105:273; 114:282; 137:212; 150:419; 235:571, entre muchos otros), pero también ha expresado que tales facultades ceden cuando la Constitución otorga al Congreso Nacional, en términos expresos, un poder exclusivo, o si el ejercicio de idénticos poderes ha sido expresamente prohibido a las provincias, o cuando hay una absoluta y directa incompatibilidad en el ejercicio de ellos por estas últimas (Fallos: 3:131; 302:1181; 320:619, entre otros).

Desde esta perspectiva, es oportuno recordar que una ya arraigada doctrina ha establecido que lo atinente al régimen de la energía eléctrica se inscribe en un marco de regulación federal incorporado al concepto abarcativo que supone la interpretación del art. 75, inc. 13, de la Constitución (Fallos: 320:1302; 322:2624; 325:723).

En tal sentido, las finalidades de la legislación nacional energética han contemplado, a lo largo de su evolución, diversos sistemas de tratamiento impositivo. Entre ellos, en lo que aquí interesa, el régimen implementado por las leyes 14.772; 15.336 y los decretos 12.588/60; 1247/92 y 714/92 para los servicios públicos de electricidad prestados en la Capital Federal y en varios partidos de la Provincia de Buenos Aires, mereció un especial análisis de V.E. en Fallos: 322:2624.

El citado precedente valoró que, por la primera de esas leyes (14.722), se había declarado la jurisdicción nacional de los servicios públicos de electricidad prestados en la Capital Federal y en varios partidos de la Provincia de Buenos Aires y se había establecido que su prestación por parte de Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires S.A. (SEGBA S.A.), organismo creado al efecto (art. 3º y 4º), se llevaría a cabo respetando los poderes locales en todo aquello que fuera compatible con la jurisdicción técnica y económica que corresponde al Estado Nacional (art. 5º). En esa inteligencia, el art. 8 de la citada ley declaraba exentos de impuestos a ciertos actos, sin perjuicio de admitir que "las actividades de la nueva sociedad, se ajustarán a las disposiciones impositivas en vigor o que se dicten en el futuro".

Por su parte, recordó allí el Tribunal su tradicional interpretación de la ley 15.336, en cuanto reconoce, en el ámbito de la jurisdicción nacional que consagra, que las obras e instalaciones de generación, transformación y transmisión de energía eléctrica "no pueden ser gravadas con impuestos y contribuciones, o sujeta a medidas de legislación local, que restrinjan o dificulten su libre producción y circulación con la limitación atinente a las tasas retributivas por servicios y mejoras de orden local" (art. 12).

Para finalizar, correctamente afirmó V.E. que sucesivos decretos, como el 12.588/60 o el 1247/62, ratificaron estos conceptos. El primero, referido a la reglamentación de los arts. 1º y 5º de la ley 14.772, establecía en "concepto de único impuesto o gravamen municipal sobre los bienes y actividades de las empresas en cuestión una participación del 6 ë", sobre las ventas de corriente eléctrica. La decisión se fundó teniendo "en mira el respeto de los derechos de los municipios interesados que pudieran imponerse a las actividades de ambas prestatarias y que gravitarían sobre las tarifas de los servicios públicos a su cargo". Tal propósito obedecía a la conveniencia de "unificar los regímenes tributarios de orden local".

En cuanto al 1247/62, dictado en el marco específico del convenio entre el Poder Ejecutivo y SEGBA, recordó la exención prevista en el art. 12 de la ley 15.336 ya citado y agregó en el punto IV que SEGBA S.A. abonaría anualmente al Fisco de la Provincia de Buenos Aires "en concepto de único impuesto y contribución por sus actividades como prestataria del servicio público de electricidad en jurisdicción de dicha Provincia el 6 ë sobre sus entradas brutas recaudadas en esa jurisdicción por las ventas de energía eléctrica dentro de la misma, con las excepciones previstas en la sección III del presente artículo".

En tales condiciones, aseveró el Tribunal, la enumeración de la legislación nacional indica que el Congreso ha ejercitado sus facultades sobre la materia de manera compatible con los preceptos constitucionales, que lo autorizan para proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas las provincias mediante "leyes protectoras de estos fines" (conf. inc. 18 del art. 75), al establecer un sistema de exenciones complementado con un régimen que, sin desconocer facultades impositivas provinciales, tiene alcances que obedecen, según los considerandos del decreto 12.588/60, al propósito "de mantener la unidad tarifaria en todas las jurisdicciones territoriales a que corresponden los servicios públicos de que se trata". Seria, en suma, un comportamiento acorde al principio que sostiene que quien tiene el deber de procurar determinado fin tiene el derecho de disponer los medios para su logro efectivo (Fallos: 304:1186).

En ese contexto, pienso que deben estudiarse los alcances del decreto 714/92, en el que funda su pretensión la actora y que encuentra apoyo, según sus considerandos, en las atribuciones del Gobierno Nacional conferidas por las leyes 14.722, 15.336 y 24.065.

El art. 34, inc. b), del anexo II del contrato de concesión (aprobado por art. 9º del decreto 714/92, del cual forma parte integrante) establece el sistema de compensación de deudas por suministro de energía eléctrica a la Provincia con la contribución única del seis por mil (6ë), regula los plazos para realizarla así como aquellos dentro de los cuales el estado local puede verificar su exactitud y, por último, establece que las divergencias serán resueltas en forma irrecurrible por la Secretaría de Energía Eléctrica si las partes interesadas no hubieren optado por someterla a decisión judicial mediante el ejercicio de las acciones pertinentes (cfr. fs. 36/37).

Es mi postura que el precepto así descripto se inscribe como una más entre aquellas decisiones que el Estado Nacional clasifica, en el ámbito energético legal, como demostrativas de la determinación de los medios apropiados para lograr los fines de interés nacional en la materia y cuya validez constitucional V.E. ha reconocido en sucesivos precedentes (Fallos: 325:723; Y. 40, L. XXXV, Yacilec S.A. c/ Corrientes, Provincia de s/ acción declarativa", sentencia del 15/06/2004).

La debida sujeción de la demandada a sus preceptos y, más específicamente, al régimen fiscal consagrado en la ley 14.722 y sus normas complementarias, resulta aún reforzada en el sub iudice por los considerandos del decreto 714/92, cuando recuerdan que el art. 5º de aquélla "determina como criterio de relación entre el poder local y el nacional el respeto de aquél en todo lo que sea compatible con la jurisdicción técnica y económica que corresponde al Estado Nacional" (subrayado, agregado). Sobre tal base, entiendo que válidamente el Estado Nacional pudo implementar el mecanismo de compensación aquí debatido para cancelar la contribución única que debe abonar la actora, aún cuando -cabe admitirlo- ello implique regular las modalidades de percepción de un tributo local, resorte en principio propio de cada una de esos estamentos.

Ello es así, puesto que si bien es cierto, tal como ha señalado la Corte, que todo aquello que involucre el peligro de limitar las autonomías provinciales ha de instrumentarse con la prudencia necesaria para evitar el cercenamiento de los poderes no delegados, no lo es menos que el ejercicio por parle de la Nación de las facultades conferidas por el art. 75, inc. 18, de la Constitución Nacional no puede ser enervado por aquéllas, so pena de convertir en ilusorios los propósitos y objetivos de las citadas facultades que radican en la necesidad de procurar eficazmente el bien común de la Nación toda, en el que necesariamente se encuentran engarzadas y del cual participan las provincias (v. Fallos: 305:1847).

En el sub examine es evidente, a mi modo de ver, que la regulación del servicio público de electricidad por parte de la autoridad nacional es el interés primordial que debe ser atendido por virtud de la esencia misma de la Constitución, condensada en el principio de supremacía consagrado en el art. 31. En tal sentido, lo que debe quedar muy en claro es que la Nación no actúa como poder concedente del servicio público de que se trata en virtud de una gracia o permiso revocable de la Provincia, sino en el ejercicio de su competencia y de un derecho que es ínsito a su personalidad constitucional, en cumplimiento de sus fines específicos y con prescindencia de lo que sobre el particular pudiera opinar la autoridad provincial (Fallos: 305:1547) Por ello, las facultades provinciales no pueden amparar una conducta que interfiera en la satisfacción de un interés público nacional (Fallos: 263:437), ni justifiquen la prescindencia de la solidaridad requerida por el destino común de la Nación toda (Fallos: 270:11). El sistema federal importa asignación de competencias a las jurisdicciones federal y provincial; ello no implica subordinación de los estados provinciales al gobierno central, pero sí coordinación de esfuerzos y funciones dirigidos al bien común general, tarea en la que ambos han de colaborar, para la consecución eficaz de aquel fin.

-VII- En virtud de lo hasta aquí expuesto, opino que corresponde hacer lugar a la demanda y declarar la inconstitucionalidad de la disposición normativa serie "B" Nº 70/02, emanada de la Dirección Provincial de Rentas de la Provincia de Buenos Aires el 5 de noviembre de 2002. - Buenos Aires, 3 de octubre de 2005. -Ricardo O. Bausset.

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010 Vistos los autos "Empresa Distribuidora Norte S.A. (Edenor) c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa de certeza", de los que Resulta:

I) A fs. 48/64, la Empresa Distribuidora Norte S.A. -EDENOR S.A.- en su condición de concesionaria de la prestación del servicio público nacional de electricidad, deduce acción declarativa de certeza en los términos del artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, contra la Provincia de Buenos Aires, a fin de que se disipe el estado de incertidumbre que le genera, según dice, el dictado de la disposición normativa serie B 70/02, del 5 de noviembre de 2002, por parte de la Dirección de Rentas de la Provincia de Buenos Aires.

Cuestiona esa disposición en cuanto impide compensar la contribución única sustitutiva prevista -en reemplazo de los gravámenes provinciales y municipales- en los artículos 19 y 20 del decreto 714/92 y en el decreto 1795/92, modificado por el decreto 2449/92, con sumas que el Estado provincial le adeuda por la prestación del servicio de energía eléctrica. Sostiene que esa norma local exterioriza un criterio incompatible con el régimen federal, en tanto contradice expresamente esas normas que prevén y reglamentan tal compensación.

Afirma que ese proceder invade las atribuciones del gobierno federal para regular en forma privativa el régimen de electricidad e interfiere con la política nacional en la materia (conf. ley 24.065).

Después de fundar la competencia originaria del Tribunal y la procedencia de la acción de certeza que introduce, explica los alcances del marco regulatorio del mercado eléctrico compuesto por las leyes 14.772, 15.336, 23.969 y 24.065 y el decreto 1398/92. Examina los artículos 19 y 20 del decreto 714/92, en tanto fijan un único impuesto y contribución a ingresar a los municipios por parte de las empresas EDESUR S.A. y EDENOR S.A. y, en particular, el artículo 34 del contrato de concesión contenido en el anexo III, que regula el sistema de compensación que aquí se discute.

Se agravia porque considera improcedente el criterio de la Provincia de Buenos Aires, plasmado en la disposición normativa cuya validez impugna, frente a las normas arriba enunciadas. Arguye que el conflicto generado por normas provinciales contrarias al régimen federal que regula la prestación del servicio concesionado ya fue resuelto por la Corte en la causa E.53. XXXII "Empresa Distribuidora Sur S.A. (EDESUR S.A.) c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa", pronunciamiento del 26 de octubre de 1999, en favor de la preeminencia de la normativa federal.

Se agravia también porque el Fisco local sostiene que la compensación establecida en las normas federales que rigen el régimen tributario de las concesionarias del servicio no resulta aplicable al caso en razón de su incompatibilidad con lo dispuesto en el Código Fiscal provincial (t.o. 1999), que en su artículo 81 sólo admite la compensación entre tributos.

Todo ello se revela, a su entender, en violación del principio de supremacía contemplado en el artículo 31 de la Constitución Nacional, como así también de lo establecido en los artículos 7, 17, 18, 19, 28, 33 y 75, incisos 10, 13, 18 y 30 de la Ley Fundamental.

Por esa razón solicita que se revoque la disposición impugnada y se ordene a la provincia demandada aceptar las compensaciones en cuestión.

Por último, requiere el dictado de una medida cautelar de no innovar y la citación como tercero del Estado Nacional, en los términos del artículo 94 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

II) A fs. 77/88, se presenta el Estado Nacional y contesta la citación como tercero ordenada a fs. 71, ante el pedido efectuado por la actora.

Al coincidir en lo sustancial con la posición esgrimida por la empresa, señala que el decreto 714/92 implica el legítimo ejercicio por parte del Poder Ejecutivo Nacional de las potestades reglamentarias de las leyes 14.772 y 15.336, por lo que las disposiciones referidas al único impuesto y contribución del que es sujeto obligado la demandante en la jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires así como el sistema de compensación tienen primariamente ese carácter reglamentario además de contractual.

Advierte, en cambio, que no son de aplicación al caso de autos las normas locales que se opongan a la normativa federal en materia de distribución de energía, por lo que la disposición en crisis resulta inconstitucional pues no admite la compensación como medio de cancelación de la obligación tributaria, que el instrumento federal contempla. Aduce que la eliminación de la compensación a ese fin vulnera principios constitucionales y altera el desarrollo regular del contrato de concesión. Recuerda que el Tribunal en Fallos: 322:2625 ha establecido que las normas federales que regulan cuestiones como la que aquí se trata excluyen la aplicación de las normas locales cuando estas últimas resulten incompatibles con el régimen federal.

Concluye, así, en que la norma impugnada carece de fundamento. III) A fs. 117/119, la Provincia de Buenos Aires contesta la demanda y solicita su rechazo, con costas.

Frente a la acción intentada, sostiene que no se advierte de qué manera el Fisco local interfiere, por medio de la disposición normativa serie B 70/02, con la actividad de la empresa.

Explica que esa norma establece que el ingreso del tributo creado por los artículos 19 y 20 de los decretos del Poder Ejecutivo Nacional 714/92 y 1795/92 (modificado por el decreto 2449/92), respectivamente, se regirá por sus disposiciones. A su vez destaca que por su artículo 7º, se fija el modo en que el gravamen deberá ser ingresado mensualmente, y que la norma no prevé el instituto de la compensación "sino que más bien lo excluye al establecer un procedimiento formal y concreto para el pago".

Dice que ese instituto como medio de extinción de la obligación fiscal procede excepcionalmente y, en tal sentido, argumenta que la compensación de que se trata se encontraría prohibida por el art. 823, inciso 1º del Código Civil, pues -se trataría en la especie de una contribución directa -contribución única sustitutiva de impuestos- y las cláusulas del contrato de concesión no podrían interpretarse en forma contraria a aquél.

Sostiene que la compensación queda reservada a la autoridad de aplicación, ínsita en los poderes propios de la provincia que no han sido delegados a la Nación (art. 121 de la Constitución Nacional), y que, de acuerdo con lo previsto por el artículo 81 del Código Fiscal, la provincia puede proceder de oficio o bien, el contribuyente ser quien solicite la compensación "únicamente en el caso de obligaciones impositivas, lo que -huelga señalar- no comprende las deudas generadas por la prestación de servicios".

Por último, observa la inaplicabilidad al caso del precedente in re "Edesur", dado que allí se decidió la improcedencia del reclamo fiscal con relación al impuesto inmobiliario y reitera que no existe delegación alguna en cabeza del Poder Ejecutivo para regular los mecanismos de cancelación del único tributo establecido en estos supuestos. IV) A fs. 122 vta., se declara la cuestión de puro derecho.

V) A fs. 62/63, del incidente sobre medida cautelar obra el dictamen del señor Procurador General de la Nación acerca de la competencia del Tribunal.

Considerando:

1º) Que de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General de la Nación, el presente juicio corresponde a la competencia originaria de esta Corte en virtud de lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional.

2º) Que la demanda intentada por la vía de una acción declarativa de certeza resulta compatible con las exigencias del artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y de la jurisprudencia del Tribunal (Fallos: 307:1379; 310:606; 316:2855; 318:2374 y otros), en tanto ha mediado una actividad explícita de la Dirección Provincial de Rentas de la Provincia de Buenos Aires, dirigida a regular la percepción del impuesto a cargo de la actora y obtener su cobro bajo esas nuevas condiciones (v. fs. 8/12, 39, 93/98 y 104).

3º) Que la cuestión en debate requiere determinar si la empresa distribuidora de energía eléctrica EDENOR S.A. puede aplicar el mecanismo de compensación previsto en el artículo 34 del contrato de concesión, aprobado por el decreto 714/92, entre la contribución sustitutiva de tributos provinciales que fijan los artículos 19 y 20 del referido decreto (fs. 19/25) y que se debe abonar al Estado provincial en tal concepto, y las sumas que éste le adeuda por el suministro de energía eléctrica.

4º) Que, en tal sentido, como bien destaca el señor Procurador Fiscal subrogante en su dictamen de fs. 127/130 (v. acápite VI), ello exige interpretar si el criterio de la Provincia de Buenos Aires, con relación a la modalidad bajo la cual la empresa demandante debe hacer efectiva la contribución que le corresponde, se encuentra en pugna con las disposiciones de naturaleza federal que le permiten a la distribuidora compensar ese monto con las deudas que por la prestación del servicio de electricidad, mantiene el Estado local, y en consecuencia vulnera el artículo 31 de la Constitución Nacional.

O bien, si por el contrario la provincia demandada se ha limitado a ejercer sus facultades impositivas originarias, que incluyen las formalidades de percepción del impuesto, que no han sido delegadas a la Nación.

5º) Que en la causa E.53.XXXII. "Empresa Distribuidora Sur S.A. (EDESUR S.A.) c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa" (Fallos: 322:2624), el Tribunal señaló que una ya arraigada doctrina ha establecido que lo atinente al régimen de la energía eléctrica se inscribe en un marco de regulación federal incorporado al concepto abarcativo que supone la interpretación del artículo 75, inc. 13, de la Constitución. En esa ocasión recordó que en Fallos: 320:1302, considerando 5º, se afirmó que en "esa inteligencia el Congreso dictó las leyes 15.336 y 24.065 y así lo admite la propia demandada al reconocer que es competencia de aquél dictar la legislación destinada a planificar, establecer pautas generales y ordenar la política energética". Esas facultades -continuaba el fallo- inspiran el régimen legal vigente y a "la luz de tales principios es que debe resolverse si el régimen impositivo provincial, aplicado como lo hace la provincia demandada, pone en crisis ese régimen federal".

6º) Que, la legislación nacional sobre energía eléctrica ha contemplado a lo largo de su desarrollo diversos sistemas de tratamiento impositivo sin perder de vista los fines del servicio público que regula.

Así, por la ley 14.772, se declaró la jurisdicción nacional de los servicios públicos de electricidad prestados en la Capital Federal y en varios partidos de la Provincia de Buenos Aires y se estableció que esa prestación por parte de SEGBA S.A. -organismo creado al efecto (artículos 3º y 4º)- se llevaría a cabo respetando los poderes locales en todo aquello que fuera compatible con la jurisdicción técnica y económica que correspondía al Estado Nacional (artículo 5º). En esa inteligencia, el artículo 8º, de la citada ley declaraba exentos de impuestos ciertos actos sin perjuicio de admitir que "las actividades de la nueva sociedad, se ajustarán a las disposiciones impositivas en vigor o que se dicten en el futuro".

Por su parte, la ley 15.336 reconoció, en el ámbito de la jurisdicción nacional que consagra, que las obras e instalaciones de generación, transformación y transmisión de energía eléctrica "no pueden ser gravadas con impuestos y contribuciones, o sujetas a medidas de legislación local que restrinjan o dificulten su libre producción y circulación con la limitación atinente a las tasas retributivas por servicios y mejoras de orden local" (art. 12).

A su vez, sucesivos decretos, tales como el 12.588/60 o el 1247/62 ratificaron esos conceptos con el propósito de "unificar los regímenes tributarios de orden local" (Fallos: 322: 2624).

7º) Que los antecedentes normativos relacionados indican que el Congreso ha ejercido sus facultades sobre la materia de manera compatible con los preceptos constitucionales que lo autorizan para "proveer lo conducente a la prosperidad del -8- país, al adelanto y bienestar de todas las provincias mediante leyes protectoras de estos fines" (conf. inc. 18 del art. 75), al establecer un régimen tributario que, sin desconocer facultades impositivas provinciales, tiene alcances que obedecen, según los considerandos del decreto 12.588/60, al propósito "de mantener la unidad tarifaria en todas las jurisdicciones territoriales a que corresponden los servicios públicos de que se trata".

8º) Que, asimismo, cabe poner de resalto que en las causas registradas en Fallos: 305:1847; 322:1781; 325:723; 327: 2369, y más recientemente in re "Yacylec S.A. c/ Corrientes, Provincia de s/ acción declarativa" (Fallos: 329:358), esta Corte ha ratificado el criterio según el cual el régimen de energía eléctrica se inscribe en el marco de la regulación federal (v. B.195.XXXVI "Buenos Aires, Provincia de c/ EDENOR S.A. s/ remoción de electroductos", Fallos: 330:4564).

9º) Que en ese contexto de validación cabe examinar los alcances del decreto 714/92, del 28 de abril de 1992, el que dispuso la ejecución de la privatización de la actividad de distribución y comercialización a cargo hasta entonces de Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires S.A. (SEGBA).

Esta norma, en la que la empresa actora funda su pretensión, encuentra apoyo en las atribuciones del gobierno nacional conferidas por las leyes 14.772, 15.336 y 24.065. La sujeción a dicho marco legal y, más específicamente, al régimen fiscal consagrado en la aludida ley 14.772 y sus normas complementarias se discierne del texto del considerando cuarto del decreto sub examine, en tanto sostiene: "Que el artículo 5º de la citada ley determina como criterio de relación entre el poder local y el nacional el respeto de aquél en todo lo que sea compatible con la jurisdicción técnica y económica que corresponde al Estado Nacional".

A su vez y en lo que aquí interesa, los considerandos quinto y sexto del referido decreto indican "Que la citada norma [ley 14.772] establece que la reglamentación a dictar por el Poder Ejecutivo Nacional deberá reconocer el porcentaje que sobre las entradas brutas del concesionario corresponde asignar a cada municipio".

"Que así lo hizo en su momento dicho poder al dictar el Decreto 12.588 del 13 de octubre de 1960".

Estas pautas, ya enunciadas en el precedente de Fallos: 322:2624, considerando 5º, proporcionan el criterio con el que debe interpretarse la cuestión traída a juicio.

10) Que, en esa inteligencia, el art. 19 del decreto 714/92 fija "...en el seis por ciento (6%) de las entradas brutas recaudadas por EDENOR S.A. y EDESUR S.A. por venta de energía eléctrica dentro de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y los municipios de la provincia de Buenos Aires en cuya jurisdicción presten el servicio público de distribución y comercialización, la participación que las citadas empresas abonarán mensualmente a los referidos municipios en los términos del artículo 5º de la ley 14.772. Dicha participación tendrá el concepto de único impuesto y contribución, tanto de índole fiscal como en lo referente al uso del dominio público municipal, exceptuándose para su cómputo las entradas por venta de energía a los ferrocarriles, así como por suministro de energía eléctrica para alumbrado público y/o prestación de este último servicio en caso de acordarse esta última". "En cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo precedente, EDENOR S.A. y EDESUR S.A. liquidarán, dentro de los diez (10) días de vencido cada mes calendario, la diferencia entre el importe de la contribución del seis por ciento (6%) y el de las eventuales deudas por servicios o suministros prestados por cualquier concepto a la respectiva municipalidad. El pago -10- correspondiente de la suma resultante de tal compensación por EDENOR S.A. y EDESUR S.A. o el Municipio, según correspondiera, será efectuado dentro de los diez (10) días corridos a partir del plazo establecido para compensar". "Tal régimen tributario se completa con lo dispuesto en el art. 20 del decreto en estudio, que dispone que las empresas nacidas de la privatización del servicio abonarán a la Provincia de Buenos Aires, æen concepto de único impuesto y contribución, tanto de índole fiscal como en lo referente al uso del dominio público provincial, por sus actividades como prestatarias del servicio público de distribución y comercialización en jurisdicción de dicha provincia, el seis por mil (6ë) de sus entradas brutas recaudadas por las ventas de energía eléctrica en esa jurisdicciónÆ".

11) Que, asimismo, por el recordado decreto 714/92, anexo III, se aprobaron los términos y condiciones del contrato de concesión celebrado bajo un régimen de naturaleza federal, entre el Estado Nacional (la concedente) por una parte y la empresa distribuidora Norte -EDENOR S.A.- (la distribuidora), por la otra, y cuyo objeto consiste en otorgar en concesión a favor de la distribuidora la prestación en forma exclusiva del servicio público en el área definida en el contrato (art. 1º).

El artículo 34, dispone en su última parte que: "El sistema de compensación de deuda por suministro de energía eléctrica y la contribución única del seis por mil (6ë), operará en forma mensual. El plazo para llevar a cabo dicha compensación será de 10 días corridos contados a partir del vencimiento del plazo establecido para compensar" (v. copia del contrato, partes pertinentes a fs. 36/38).

Prevé así un mecanismo de compensación mensual de los importes facturados por suministro de energía eléctrica con la contribución del 6ë.

12) Que, ahora bien, a fin de considerar el caso de la compensación que aquí se discute cabe observar que el Estado provincial opone a la aplicación de ese instituto, la interpretación de dos preceptos normativos de diversa fuente.

En efecto, por un lado, la disposición normativa impugnada -que según el considerando octavo viene a reglamentar los artículos 19 y 20 del decreto 714/92- indica con referencia al aludido medio de extinción de las obligaciones que, conforme el ordenamiento tributario provincial, el instituto de la compensación se encuentra contemplado exclusivamente con relación a la concurrencia recíproca de saldos deudores y acreedores de gravámenes, extremo que impide la aplicación de otro mecanismo compensatorio tal como el del artículo 34 del contrato. En ese sentido, el artículo 81 del Código Fiscal (t.o. 1999), dispone que: "La autoridad de aplicación deberá compensar, de oficio o a pedido de los contribuyentes, los saldos acreedores, cualquiera sea la forma o procedimiento en que se establezcan, con las deudas o saldos deudores de gravámenes declarados por los contribuyentes o responsables o determinados por la autoridad de aplicación, comenzando por los más remotos, salvo excepción de prescripción y aunque se refieran a distintas obligaciones impositivas". (v. considerandos quinto y sexto de la disposición normativa serie B 70/ 02, a fs. 8/12).

Por otra parte, la representación provincial sostiene a fs. 118, que la compensación de que se trata se encontraría prohibida por el artículo 823, inciso 1º del Código Civil, pues se trataría en la especie de una contribución directa (contribución única sustitutiva de impuestos), y las cláusulas del contrato de concesión no podrían interpretarse en forma contraria a aquél (v. también la opinión del Fisco a fs. 99/102).

13) Que con respecto a la primera cuestión, el Fisco local desconoce el régimen de compensación establecido en el artículo 34 del contrato de concesión, aprobado por el mismo -12- decreto 714/92, sobre la base de su alegada incompatibilidad con el instituto compensatorio provincial reglado en el citado artículo 81 del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires (t.o. 1999) (v. fs. 101 vta.).

Por cierto, ese cuerpo normativo se dirige a regular la compensación de los diferentes tributos de un mismo contribuyente por él declarados o determinados por el organismo fiscal, en el ámbito de validez propio del derecho tributario; situación ésta bien distinta a la modalidad especial de compensación que se plantea en el contrato de concesión, celebrado bajo un régimen federal en el marco jurídico energético. De allí que, la disposición normativa impugnada, al establecer un procedimiento formal de pago de la contribución única fijada para las empresas eléctricas sin prever la forma de compensación sub examine, en definitiva la excluye e inhabilita a la demandante a efectuarla, sin reparar en las normas de jerarquía superior que regulan su aplicación, las que no pueden verse enervadas por aquélla, ni en el singular carácter de la relación jurídica que se desenvuelve entre el Estado y la distribuidora, sujeta al derecho administrativo. Al respecto, cabe poner de resalto que la concesión consiste en la transferencia al sujeto privado de una esfera de actuación originariamente administrativa, es decir, pública, por lo que resulta así constitutiva de derechos y sometida a controles específicos.

Por lo demás, el Tribunal ha sostenido que todo servicio público reconoce un titular, pero nada más que uno: el Estado o poder concedente, que tan sólo delega la prestación. El servicio, pues, se halla bajo la inspección y el control de ese poder concedente, con exclusión de toda voluntad extraña, lo cual resulta comprensible o, más bien, inevitable, por cuanto dentro de la coordinación armónica de intereses entre concedente -o titular- y concesionario -o delegado- no cabe la intromisión de otra autoridad soberana (Fallos: 316:2865, considerando 6º, y B.195. XXXVI "Buenos Aires, Provincia de c/ EDENOR S.A. s/ remoción de electroductos", pronunciamiento del 23 de octubre de 2007).

14) Que con relación a la segunda cuestión, corresponde examinar si lo dispuesto en el art. 823, inciso 1º, del Código Civil cierra toda posibilidad de dar curso a la compensación de marras.

Al considerar el punto, cabe poner de resalto que es un principio básico de la hermenéutica atender, en la interpretación de las leyes, al contexto general de ellas y a los fines que las informan (causa "Outon", Fallos: 267:215). Así, la tarea de interpretación y aplicación de las leyes requiere no aislar cada artículo y cada ley sólo por su fin inmediato y concreto, sino que todas han de entenderse teniendo en cuenta los fines de las demás y dirigidas a colaborar en su ordenada estructuración; de lo contrario las disposiciones imperativas estarían sujetas o a merced de cualquier artificio dirigido a soslayarlas, en perjuicio de quien se tuvo en mira proteger (Fallos: 294:223 y 304:1340).

De acuerdo a esta regla interpretativa es dable sostener que el decreto 714/92 -que aprueba el régimen técnico de la concesión- se fundó en las leyes 14.772, 15.336 y 24.065, de tal suerte que sus disposiciones integran el marco energético federal, al que se le ha reconocido primacía en este campo en mérito a la conveniencia que el sistema demuestra, según se ha referido en los considerandos 8º y 9º precedentes (conf. doctrina de Fallos: 327:2369).

En tal sentido, conforme al principio según el cual quien tiene el deber de procurar determinado fin tiene el derecho de disponer los medios para su logro efectivo, y habida cuenta que los objetivos enunciados en el Preámbulo y los deberes- facultades establecidos en el art. 75, inc. 18, de la -14- Constitución Nacional tienen razón de causa final y móvil principal del Gobierno Federal, no cabe sino concluir que éste no puede ser enervado en el ejercicio de esos poderes delegados, en tanto se mantenga en los límites razonables de los mismos conforme a las circunstancias (Fallos: 312:1437 y 327:5012).

En estas condiciones, la conducta de las autoridades nacionales, al establecer en el marco señalado el sistema compensatorio para las empresas prestatarias del servicio público de electricidad debe ser entendida en el contexto del reconocimiento por el Tribunal del principio enunciado (Fallos: 322:2624; 325:723 y 327:2369).

15) Que, en tales condiciones, este régimen específico no encuentra óbice en la normativa del Código Civil, en tanto el precepto invocado (art. 823, inc. 1º) instituye el principio de no compensación de las obligaciones tributarias en beneficio del Fisco, de modo que el Estado se encuentra facultado para modificar este criterio y establecer excepciones atendiendo a razones de conveniencia pública (p. ej. art. 35 de la ley 11.683). En efecto, con el principio citado el legislador ha querido evitar entorpecimientos en el ingreso de fondos a las arcas públicas, ya que con éstos debe abonar los gastos irrogados por la atención de necesidades colectivas, entre las que se encuentran las funciones y servicios públicos. Lejos de comprometer el financiamiento y la continuidad de tales servicios, el mecanismo de compensación que invoca el accionante tiende a asegurar la regularidad de su prestación al impedir la posible interrupción del suministro eléctrico en los edificios públicos.

16) Que, en este orden de ideas, así como la provincia demandada debió someterse al régimen de exenciones previstas en el decreto 714/02 (art. 21) y a la sustitución de sus tributos locales por la contribución creada al efecto (art. 20), corresponde que reconozca la primacía del sistema de percepción allí implementado, en tanto son aspectos propios e inescindibles del régimen tributario instituido en el marco regulatorio federal. Ello no importa menoscabo de las potestades tributarias de los estados provinciales, desde que éstos no pueden dificultar o interferir en el ejercicio, por parte de la Nación, de los poderes que le delegaron para el logro de propósitos de interés general (doctrina de Fallos: 297:236). Cierto es que los poderes de las provincias son originarios e indefinidos (art. 121 de la Constitución Nacional), en tanto que los delegados a la Nación son definidos y expresos; pero no lo es menos que estos últimos no constituyen meras declaraciones teóricas, sino que necesariamente han de considerarse munidos de todos los medios y posibilidades de instrumentación indispensables para la consecución real y efectiva de los fines para los cuales se instituyeron tales poderes, en tanto éstos se usen conforme a los principios de su institución. De no ser así, aquellos poderes resultarían ilusorios y condenados al fracaso por las mismas provincias que los otorgaron (Fallos: 329:2975).

17) Que en mérito a lo expuesto y a la preeminencia del ordenamiento federal sobre el local en el caso de la distribución de electricidad de acuerdo con el sistema adoptado por la Constitución y el marco regulatorio dictado en su consecuencia no parece posible admitir la pretensión fiscal de la Provincia de Buenos Aires. En consecuencia, y dentro del complejo marco normativo ya recordado, existen razones suficientes para concluir que ese Estado local carece de facultades para excluir, como lo hace por medio de la disposición normativa cuestionada, la compensación que se intenta, por lo que esa norma debe ser privada de validez en virtud del principio de supremacía federal contenido el artículo 31 de la Constitución Nacional (Fallos: 323:1705).

Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador Fiscal subrogante, se resuelve: Hacer lugar a la -16- demanda y declarar la inconstitucionalidad de la disposición normativa serie B 70/02, de la Dirección de Rentas de la Provincia de Buenos Aires, del 5 de noviembre de 2002, en cuanto impide a EDENOR S.A. compensar la contribución única sustitutiva prevista en los artículos 19 y 20, del decreto 714/92, con las sumas que el Estado provincial le adeuda por la prestación del servicio de energía eléctrica. Con costas (artículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), con excepción de las correspondientes a la intervención del Estado Nacional, que se distribuyen por su orden (artículo 1º del decreto 1204/01). -Ricardo Luis Lorenzetti. -Elena I. Highton de Nolasco. -Carlos S. Fayt. -Enrique Santiago Petracchi. -Juan Carlos Maqueda. -Carmen M. Argibay.