Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-29


SENTENCIA Nº 93151 CAUSA Nº 27.857/09 "FURMENTO MIGUEL JUAN C/ ASOCIACION CIVIL JOCKEY CLUB (STUD BOOK ARGENTINO) S/ DESPIDO" JUZGADO Nº 58 En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a 29/06/12 , reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el recurso deducido contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación:

La doctora Diana Regina Cañal dijo:

Contra la sentencia de primera instancia, se alzan ambas partes, en los términos de sus presentaciones de fs. 761/764 y 767/785, que merecieran réplicas de sus contrapartes a fs. 788/792 y fs. 795/807, respectivamente. Asimismo, el letrado patrocinante del actor (fs. 764) y el perito contador (fs. 758), apela sus honorarios, por bajos.

El actor sostiene, que la remuneración fijada como base de cálculo resulta inferior a la que realmente correspondería, si se tuvieran en cuenta los gastos de movilidad y la importancia de las tareas. Luego, cuestiona que la juez no tenga por cumplimentado la previsión del art. 3º del decreto 146/01, pese a que de todos modos se resolvió en favor de la procedencia de la multa del art. 80 de la LCT. Por último, se queja por la regulación de honorarios de todos los letrados internvinientes, incluyendo a los de su parte.

A la Asociación Civil Jockey Club, le agravia la decisión de la magistrada que, ante una hipotética incorrecta valoración de los hechos y de las pruebas, hizo lugar al reclamo de autos.

En dicho fallo, la sentenciante determinó que entre las partes medió un contrato de trabajo, y desestimó el planteo de la accionada que indicaba que aquélla era una locación de servicios.

El recurrente manifiesta que el trabajador era libre de hacer o no la identificación de caballos, y que, ante su ausencia, era llamado otro veterinario.

Finalmente, la accionada solicita que se disminuyan o extingan las multas de la ley de empleo, al estimarse comprendida en el supuesto del art. 16 de ese plexo normativo.

Por cuestiones de mejor orden expositivo, haré una breve reseña de los hechos.

El actor refiere que se desempeñó a las órdenes de la demandada desde el día 1º de diciembre de 1988 en calidad de médico veterinario, desarrollando tareas para el Stud Book Argentino, organismo que depende del Jockey Club Argentino y cuyo objeto social es, "la custodia del registro genealógico, de identidad y propiedad de los caballos pura sangre de carrera, árabes y anglo árabes".

Dice que ingresó como "inspector veterinario" a cargo de las tareas que detalla. Era remunerado en forma periódica mediante el pago de sumas en concepto de honorarios, y contra la entrega de facturas. Afirma que siendo vanos sus intentos, a fin de obtener la regularización de la relación laboral, decidió intimar formalmente a la demandada en los términos del telegrama del 15 de diciembre de 2008 (TCL74286465), y al no obtener respuesta favorable, se consideró injuriado y despedido el 18 de diciembre de 2008 (TCL74313983), por lo cual reclama en juicio el pago de las indemnizaciones legales.

La demandada al contestar la acción, reconoce ser titular del "Stud Book Argentino", que es a la vez el registro de los caballos sangre pura de carrera, y el registro de propiedad de los mismos. Sostiene que los médicos veterinarios que contratan para el cumplimiento de las tareas acordes a su función, son profesionales independientes. No obedecen a nadie, y los actos que realizan no son propios de un empleado. Expresa, en consecuencia, que el actor fue contratado para prestar servicios como profesional independiente. Cumplía sus funciones sin recibir ordenes ni instrucciones en las específicas condiciones que detalla. Dice que las tareas para las que fue contratado, son necesarias para el control de la corrección y genuinidad de los actos de la crianza de los caballos sangre pura de carrera, así como para la extensión de certificados que requieren inspecciones de médicos veterinarios. Enfatiza en su responde, que trabajaba con total libertad e independencia y que al desempeñarse en otros establecimientos, y ejercer su profesión en forma particular, en modo alguno podía vincularse con el SBA como profesional independiente.

De lo explicitado, resulta que no constituye un hecho controvertido que el actor prestó servicios en favor de la demandada en calidad de médico veterinario.

Liminarmente, debe precisarse que el caso de las profesionales liberales, es claramente border, puesto que se trata de los vínculos de profesionales universitarios generalmente (en la hipótesis se trata de un médico veterinario) a quienes, en principio, se les hace aportar como autónomos, sin que lo sean realmente. Luego, se discute si es posible la existencia de una relación de subordinación, en términos de dependencia.

Todos sabemos que las normas deben ser leídas, necesariamente, adaptadas a la realidad en la que han de ser aplicadas. Así, los requisitos de toda relación de dependencia no pueden ser hoy los mismos que al tiempo de la sanción y promulgación de la ley de contratos. El tipo de subordinación requerida por la misma, hoy no resulta aplicable a toda clase de vínculo, y ello es así porque las relaciones en sí ya no son iguales.

Cada vez más el mercado de trabajo nos presenta a trabajadores altamente capacitados, que no requieren de ninguna instrucción técnica por parte de su empleador, al que ni siquiera se le rinden cuentas, sencillamente porque aquél no tiene los conocimientos para comprender los alcances del aspecto técnico de su gestión. Precisamente por eso lo contrata y esto es lo que se presta a confusión, puesto que se comprometen no solo al cumplimiento de una tarea en forma continuada, sino a la realización de una obra en concreto.

Luego, el hecho de que a estos profesionales se los obligue a entregar recibos en concepto de "honorarios", y aún se los haga aportar como autónomos, no cambia las cosas. Ellos no pueden disponer libremente de su tiempo, quedando a disposición del empleador que, de alguna manera, "ordena" su tarea, al fijar a quiénes habrá de atender, por qué arancel, y demás.

Por lo tanto, en materia de esta profesión, la idea de "liberal" ha quedado rezagada al concepto de independencia técnica únicamente, convirtiéndose paso a paso más en una excepción que en una regla, que el profesional que trabaja con un tercero lo haga como autónomo.

De tal suerte, admitida la prestación de servicios, corresponde aplicar a la especie la presunción del artículo 23 de la LCT, quedando el onus probandi en cabeza de la accionada. Veamos entonces, el resultado de la prueba rendida a fin de definir de qué naturaleza fue la última parte de la relación.

La prueba rendida, lejos de desvirtuar la presunción, refuerza los argumentos esgrimidos por el actor.

En efecto, los dicentes Grandi, López Fresco, Caputo y Negrelli (fs. 199/203, 207/209, 212/215 y 223/225; todos por la parte actora) dan cuenta de que Furmento prestaba servicios para la accionada como médico veterinario, en forma habitual, tanto en el ámbito local como en el interior, que sus tareas consistían en la identificación e individualización de caballos que recibía de parte de la dirección del Stud Book Argentino, que prestaba tareas en el lugar donde se encontraban los equinos, que había un grupo de seis veterinarios que iban rotando semana tras semana, que cuando uno no podía concurrir a las labores, lo reemplazaba otro, y que tenían horarios fijos.

Reconozco plena eficacia convictiva a estos testimonios, pues los declarantes dieron suficiente razón de sus dichos, y fueron concordantes con lo expuesto entre sí y con los términos de los escritos introductorios (art. 90 L.O., arts. 386 y 456 del CPCCN), apoyando sus relatos, en definitiva, la versión del inicio.

A su vez, debe señalarse que incluso Cardoso (fs. 204/206), quien declara a instancias de la demandada, da aún más fuerza a esta idea. Así, el testigo, en la parte más relevante de su relato, expresa que "la relación diaria del actor estaba relacionada con el departamento de veterinaria, encargado de distribuir las tareas asignadas a ese equipo de veterinarios. El actor recibía instrucciones de la encargada, de la jefa de veterinaria, Silvia López, y en su defecto, del segundo jefe, Jorge Tagliaferro". En cuanto a las observaciones que realiza la patronal (fs. 235/240) respecto de que no deben valorarse los testimonios de Grandi y López Fresco por tener éstos juicio pendiente con aquella, encuentro que las mismas deben ser desestimadas.

Al respecto, he sostenido reiteradamente que, si un mismo factor aqueja a la comunidad de trabajo, es lógico que los trabajadores aún con juicio pendiente, declaren los unos en los juicios de los otros. De igual manera es razonable que los dependientes de la patronal sean ofrecidos por ésta.

La naturaleza cuasi cerrada de la comunidad de trabajo, obliga a aceptar estas circunstancias, aunque con una salvedad: que tanto los dichos de quienes tienen juicio pendiente, cuanto de quienes son empleados o parte de la patronal al tiempo de la declaración, sean analizados con mayor rigor, a fin de detectar la probable existencia de contradicciones entre sí y con los escritos de la traba.

En la especie, los testigos Grandi y López Fresco superan este test. Sus dichos han sido coherentes y convincentes, y se encuentran reforzados por la demás prueba aportada al expediente (art. 386 CPCCN y 90 LO).

Luego, las declaraciones de Iglesias (fs. 216/220) y Días (fs. 226), propuestos a instancias de la accionada, no son suficientes para desvirtuar la presunción legal que recaía sobre la asociación hípica. Ambos declarantes describen cómo era la mecánica de la relación de trabajo y del pago de honorarios, pero sus dichos no controvierten la contundencia de la restante prueba.

Obsérvese, por otra parte, que el accionante cumplía sus tareas sujeto a las indicaciones que le impartía la demandada, lo cual revela de modo innegable el ejercicio del poder de dirección y organización. Era la accionada la que establecía las pautas organizativas, y la mera circunstancia de que no le diera órdenes no le quita la condición de subordinado (CSJN DT 1976 p. 591, op. cit. p. 643). No era menester hacerlo, por lo demás, dado que por sus conocimientos superiores conocía lo que debía hacer. Las instrucciones impartidas, en cambio, se vinculan más con la inserción en la estructura.

En efecto, repárese en que Furmento prestaba tareas en las condiciones y en los establecimientos previamente acordados con la demandada; que durante las guardias cumplía el horario fijado, y si bien como señalaron los testigos de la accionada tenía la "opción de la negativa" (ello es, de exceptuarse de realizar un trabajo determinado por imposibilidad material), lo cierto es que era reemplazado por otros veterinarios del SBA.

En suma, las tareas para las que fue contratado el actor, resultaron necesarias para el cumplimiento de los fines de la demandada. Ello surge del reglamento del Stud Book Argentino. De allí se extrae que la inscripción de los productos, la identificación y el control filiatorio de los animales, así como la inspección de los establecimientos, no podría haberse llevado a cabo sin la actuación profesional de médicos veterinarios. En el caso, inspectores veterinarios designados por el SBA previo entrenamiento y supervisión del jefe del departamento técnico de veterinaria, dependiente de la demandada.

Además, el abanico de las siguientes circunstancias: que la accionada haya contratado al actor con una modalidad (por contraprestación) admitida por las normas que regulan su actividad y organización; le exigiera la presentación de facturas para pagarle sus retribuciones, que si no estaba disponible llamaba a otro trabajador o que incluso no se tomara vacaciones, es irrelevante. Todas estas características, carecen de trascendencia para desvirtuar la presunción legal aplicable, en especial cuando todos los elementos de prueba recolectados, favorecen la posición sustentada por el accionante.

Es más, estos hechos parecen ser mas una consecuencia de la precariedad en la que se había colocado el vínculo, y de la vulneración derechos laborales y de la seguridad social, antes que una manifestación de la asunción de riesgos por parte de una persona que se desempeña genuinamente de modo autónomo (SD3847, in re "Villega de la Vega, Susana Beatriz c/ P.A.M.I. s/ cobro de salarios", del juzgado 74).

Por último, es necesario resaltar -en el caso- la preeminencia del principio de la realidad (imperante en nuestra disciplina). Este principio rector fue utilizado erróneamente por el recurrente, pues basándose en él, indicó que nunca existió la obligación de prestar servicios por parte del trabajador.

Por contrario, a mi juicio, la prueba resulta contundente respecto de la acreditación de que en la especie había un vínculo laboral, y que si el actor no acataba las órdenes que se le impartían, podía llegar a perder su fuente de ingresos. Además, se encuentra fehacientemente comprobada la ajenidad de los riesgos en la labor de Furmento, y su inserción en la estructura organizativa de la asociación demandada.

Todo ello, me lleva a recordar lo expresado en el segundo párrafo del artículo 23 de la LCT, que menciona que la presunción allí prevista "operará igualmente aun cuando se utilicen figuras no laborales, para caracterizar el contrato, y en tanto que por las circunstancias no sea dado calificar de empresario a quien presta el servicio". Con esta expresión, el legislador busca persuadir a las partes de evitar estipular modalidades de contratos no laborales, al sólo efecto de travestir a las relaciones de trabajo.

Por lo tanto, este principio hace prevalecer, en caso de discordancia, lo fáctico, es decir, lo que realmente ocurre, sobre lo establecido en documentos, o que ha sido asentado de alguna manera.

Ante lo expuesto, propicio confirmar la decisión de primera instancia que acogió las indemnizaciones derivadas del despido, ya que el incorrecto encuadre de la relación resulta injuria suficiente para dar por extinguido el vínculo (art. 232, 233, 242, 245 y 246 LCT).

La solución que propongo, torna abstracto el tratamiento de la queja del actor relativa a la producción de prueba, la que, a todo evento, también a mi juicio resultaba innecesaria.

Respecto de la remuneración percibida, corresponde indicar que si bien por aplicación del dispositivo del art. 55 de la LCT, debería acogerse el salario invocado en el inicio, estimo que en el caso dicho importe resulta excesivo en relación con la extensión y calidad de las labores. Por lo que habrá de considerarse la índole de las tareas cumplidas, y el debido control judicial de razonabilidad que se impone, a fin de determinar la remuneración, según lo enfatizado por el Alto Tribunal (conf. CSJN, "Mosher c/ Seven Up", del 19/4/88, M. 764, XXI; "Cerrato c/ Seven Up", C. 719, XX).

Sobre tal base, en atención a la calidad de las labores desarrolladas por el demandante, la antigüedad en el empleo, como así también el nivel salarial vigente a la época en que aquí interesa, y el nivel de facturación que surge de la documental (excluido lo que cabe como reintegro de gastos), considero razonable y equitativo fijar un salario mensual de $ 15.000, a fin de determinar los montos de los créditos diferidos a condena (conf. arts. 56 de la LCT y art. 56 de la LO).

A su vez, corresponde declarar desierto el agravio del actor en torno a la sanción del art. 80 de la LCT, pues, más allá de que se haya cumplido o no con el requisito temporario del decreto 146/01, lo cierto es que la sentenciante de todos modos admitió la procedencia de este rubro, por lo que la queja resulta inatendible (art. 116 LO).

Tampoco será procedente la pretensión del demandado de que se aplique al caso lo dispuesto por el art. 16 de la ley 24.013, dado que no existe en la causa ningún elemento de juicio que permita presumir que el empleador pudo haber tenido -válidamente- alguna duda razonable, acerca de la aplicación al caso de la legislación laboral, por lo que no corresponde reducir la condena en concepto de aquellas multas (en sentido análogo, SD Nro. 86.106 del 31.8.2004 "Palladino, Nelson Luis c/ Maderint S.R.L. y otros", del registro de esta Sala).

Con motivo de la nueva base de cálculo deberá reajustarse los importes sujetos a liquidación, la que se conformará de la siguiente forma:

RUBRO	IMPORTE Haberes diciembre e integración del despido	$15.000 Preaviso	$30.000 Indemnización por antigüedad (67%)	$201.000 Vacaciones proporcionales	$16.800 SAC 2007	$15.000 SAC 2008	$15.000 SAC 2006 2do semestre	$7.500 Art. 8 24.013	$855.000 Art. 15 24.013	$239.709,67 Art. 80 20.744	$45.000 Art. 2 25.323	$119.854,83 TOTAL	$1.559.864,50 Ante el nuevo resultado del litigio y en virtud de lo normado por el art. 279 del CPCCN, corresponde dejar sin efecto la imposición de costas y las regulaciones de honorarios practicadas en la instancia anterior y determinarlas en forma originaria, por lo que resulta abstracto el tratamiento de las restantes apelaciones al respecto.

Las costas de ambas instancias se impondrán al demandado, vencido en lo sustancial del reclamo (art. 68 CPCCN).

En atención al resultado del pleito, a la calidad y extensión de las tareas desempeñadas por los profesionales intervinientes y a lo dispuesto en el art. 38 de la ley 18.345, arts. 6, 7, 8, 9, 22 y conc. de la ley 21.839, modificados por la ley 24.432, arts. 3 y 6 decreto ley 16638/57 y demás normas arancelarias vigentes, propongo regular los honorarios de los letrados de las partes actora, demandada y del perito contador en 16%, 14% y 7%, respectivamente, del monto de condena más sus intereses.

Asimismo, auspicio regular los honorarios de los letrados firmantes de fs. 761/764 y 767/785, por su labor ante este tribunal, en 32% y 25%, respectivamente, de lo que les corresponda por su actuación en grado.

En relación con la adición del IVA a los honorarios regulados se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Compañía General de Combustibles SA s/ recurso de apelación" (C. 181 XXIV del 16 de junio de 1993), al sostener "que no admitir que el importe del impuesto al valor agregado integre las costas del juicio - adicionárselo a los honorarios regulados - implicaría desnaturalizar la aplicación del referido tributo, pues la gabela incidiría directamente sobre la renta del profesional, en oposición al modo como el legislador concibió el funcionamiento del impuesto".

Ante lo expuesto, en caso de tratarse de responsables inscriptos, deberá adicionarse a las sumas fijadas en concepto de honorarios de los profesionales actuantes en autos el impuesto al valor agregado, que estará a cargo de quien deba retribuir la labor profesional.

Voto, en consecuencia, por modificar la sentencia apelada; elevar el monto de condena a un millón quinientos cincuenta y nueve mil ochocientos sesenta y cuatro pesos con cincuenta centavos ($1.559.864,50), con más los intereses conforme fuera resuelto en la instancia anterior; imponer las costas de ambas instancias a la demandada vencida; regular los honorarios de los letrados de las partes actora, demandada y del perito contador en 16%, 14% y 7%, respectivamente, del monto de condena más sus intereses; regular los honorarios de los letrados firmantes de fs. 761/764 y 767/785, por su labor ante este tribunal, en 32% y 25%, respectivamente, de lo que les corresponda por su actuación en grado. En caso de tratarse de responsables inscriptos, deberá adicionarse a las sumas fijadas en concepto de honorarios de los profesionales actuantes en autos el impuesto al valor agregado, que estará a cargo de quien deba retribuir la labor profesional.

El doctor Néstor M. Rodríguez Brunengo dijo:

Que adhiere al voto que antecede por compartir sus fundamentos Por todo ello, el Tribunal RESUELVE: I.- Modificar la sentencia apelada. II. Elevar el monto de condena a un millón quinientos cincuenta y nueve mil ochocientos sesenta y cuatro pesos con cincuenta centavos ($1.559.864,50), con más los intereses conforme fuera resuelto en la instancia anterior. III. Imponer las costas de ambas instancias a la demandada vencida. IV. Regular los honorarios de los letrados de las partes actora, demandada y del perito contador en dieciséis por ciento (16%), catorce por ciento (14%) y siete por ciento (7%), respectivamente, del monto de condena más sus intereses. V. Regular los honorarios de los letrados firmantes de fs. 761/764 y 767/785, por su labor ante este tribunal, en treinta y dos por ciento (32%) y veinticinco por ciento (25%), respectivamente, de lo que les corresponda por su actuación en grado. VI. En caso de tratarse de responsables inscriptos, deberá adicionarse a las sumas fijadas en concepto de honorarios de los profesionales actuantes en autos el impuesto al valor agregado, que estará a cargo de quien deba retribuir la labor profesional.

Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.

Néstor M. Rodríguez Brunengo	Diana Regina Cañal	Juez de Cámara	Juez de Cámara Ante mi:	Leonardo G. Bloise	Secretario