Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-06-17


000173/2010 --- En la ciudad de Trelew, a los días de junio del año dos mil diez, se reúne la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones, con la Presidencia del Dr. Marcelo J. López Mesa y presencia de los Sres. Jueces del Cuerpo Dres. Carlos A. Velázquez y Carlos D. Ferrari, para celebrar acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "A., R. M. c/ E. A. S.R.L. y/o F. S.R.L. y/o B., G. R. y/o quien resulte responsable s/ Diferencia de haberes e indem de ley" (Expte. 173 - Año 2010 CAT) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿se ajusta a derecho la sentencia apelada?, SEGUNDA: ¿Deben modificarse los honorarios apelados a fs. 208?, y TERCERA: ¿qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en orden al sorteo practicado a fs. 225. --------.

A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Sr. Juez Dr. Carlos D. FERRARI dijo: -------------------I. La sentencia definitiva de primera instancia (fs. 199/203) acogió parcialmente la demanda entablada, condenando a E. A. S.R.L. y F. S.R.L. a abonar a la parte actora la suma de $ 24.743,62 con más sus intereses, imponiendo las costas a las demandadas vencidas y desestimó la demanda entablada por el actor en contra de G. R. B., imponiendo las costas al primero, efectuando una doble regulación de honorarios de los profesionales intervinientes.-------II. Los fundamentos del decisorio, en síntesis, son los siguientes: 1) luego de la lectura de las declaraciones testimoniales y demás constancias obrantes en la causa, el juez de grado no abrigó duda alguna de que le cupo razón parcial al actor en el planteo efectuado, pues a su juicio quedó debida y acabadamente demostrado que las tareas realizadas por éste mientras lo unió la relación de empleado con los codemandados E. A. S.R.L. y F. S.R.L. fueron las que denunció en la demanda, así como también puede afirmarse que si bien no acreditó las horas extras -aunque no era carga probatoria que le correspondiera a su parte- demostró que la jornada laboral no era parcial, lo que echa por tierra la media jornada por la cual fue registrado y la inferior categoría de revista, a más de resultar palpable por la simple lectura del texto del CCT Nº 379/2004, que era éste sin duda alguna el que debía aplicarse a la vinculación que mantuvieron los litigantes, y no el CCT Nº 130/75 para empleados de comercio. Sostuvo luego que lejos estaba R. A. de ser un simple cadete dentro de la organización comercial de la demandada, y menos aún que sus tareas sólo le insumían cuatro horas por día, o media jornada como lo afirmaron las codemandadas en su escrito de responde. 2) En cuanto al reclamo por horas extras, consideró el a quo que las declaraciones de los testigos R., V. y C. resultaron insuficientes para lograr convencerlo de la efectiva prestación de tareas más allá de las horas normales de labor según el CCT, la L.C.T. y la ley 11.544. Tuvo en cuenta a este efecto que en la demanda, simplemente y sin mayores detalles, el actor denunció una jornada diaria de labores de 10 horas, de lunes a sábados, y domingo por medio, sólo ello y nada más, a lo que debe agregarse que el reclamo de las horas suplementarias fue efectuado por A. luego de transcurridos siete meses de remitido el telegrama de renuncia, en enero de 2007, por lo que desestimó ese aspecto de la pretensión. 3) Concluyó el sentenciante acogiendo la demanda por las diferencias salariales entre media jornada y jornada completa, y por la diferencia de categoría entre el convenio colectivo por el cual las demandadas, siguiendo las escalas salariales, abonaron los haberes y aquél que correspondía aplicar, haciendo lugar a la demanda por la suma de $ 24.743,62, con más la aplicación de un interés equivalente al que fije el B. C. S.A. para sus operaciones de descuento de documentos comerciales, con costas a la parte vencida, teniendo en consideración para arribar a dicho monto la pericia contable practicada en autos, la que no mereció observación alguna ni impugnación por las partes. 4) En cuanto a la pretensión de que los efectos de la condena se hiciera extensivo al codemandado G. R. B. por encontrarse al frente de las sociedades codemandadas, sostuvo el juez de grado que ello por sí sólo no resulta un elemento suficiente para decidir la extensión de la condena, no advirtiendo asimismo que se haya infringido norma alguna de la ley de sociedades o que los entes societarios codemandados resulten insolventes a la hora de hacer frente a un fallo parcialmente adverso a sus pretensiones, por lo que desestimó la petición efectuada a su respecto, imponiendo las costas respectivas al actor vencido. - III. El fallo es apelado por las partes a fs. 209, 210 y 211, y a fs. 208 los Dres. N. O. M. y P. O. A. apelaron la regulación de sus honorarios profesionales a cargo de las codemandadas E. A. S.R.L. y F. S.R.L. por bajos, recursos todos ellos concedidos a fs. 212.-------------IV. A fs. 221, se declararon desiertos los recursos de apelación interpuestos a fs. 210 y 211 por las codemandadas E. A. S.R.L. y F. S.R.L., por no haber presentado memorial de agravios a fin de fundar los mismos. -V. A fs. 215/218 la representación letrada del actor presentó escrito a los fines de fundar el recurso de apelación interpuesto, expresando en síntesis, los siguientes motivos de agravio:1) importe de condena: sostiene que el pronunciamiento judicial de autos distorsionó el dictamen pericial, el que no mereció cuestionamiento alguno de las partes, toda vez que conforme emerge del punto e) de fs. 181, el perito concluyó que "el importe final determinado en concepto de diferencia entre lo cobrado por el actor y lo que le hubiera correspondido según convenio de S. era de $ 47.736,70. Agrega que el fallo descontó dos veces lo percibido por el actor, cuando en verdad debió admitirse la demanda en lo que hace a diferencia salarial por categorización laboral por la suma antes mencionada y no por el importe de condena que resultó del fallo en crisis. 2) Falta de extensión de la condena a G. R. B.: Refiere que el juez de grado rechazó la extensión de la condena en relación al Sr. G. R. B. fundando la misma en que el hecho de que éste se encontrara al frente de las sociedades codemandadas, no resultaba por sí un elemento para decidir la extensión de la misma. Afirma que al revestir el Sr. B. el carácter de socio gerente de las coaccionadas y haber permitido a través de su conducta que las sociedades registraran en forma parcial la relación laboral con el actor, sumado a que no se hicieron los aportes conforme a las horas trabajadas y al correcto encuadre convencional, existiendo por ende un fraude previsional y laboral, es que corresponde correr el velo societario y extender la condena en relación al nombrado. Agrega que lo contrario significaría legitimar en autos el fraude laboral y previsional. Cita doctrina al respecto. 3) Tasa de interés aplicable: sostiene que según abundante doctrina y jurisprudencia del Excmo. Superior Tribunal de Justicia la tasa aplicable a los créditos de carácter laboral, por resultar éstos de carácter alimentario, es la tasa activa que percibe el B. C. S.A. para las operaciones de préstamos personales y no la tasa para descuento de documentos comerciales que aplicó el a quo en el fallo en crisis. Alega que la tasa para préstamos personales es la que resguarda el crédito del actor, más aún en época de inflación disimulada por las estadísticas publicadas por el Estado que no guardan relación con la inflación real que lleva a la desvalorización monetaria. 4) Imposición de costas: afirma que el pronunciamiento judicial se apartó de lo normado en los arts. 68 y 71 del C.P.C.C. de aplicación supletoria al proceso laboral, dado que la condena en costas no respetó la proporcionalidad que debía guardar con el éxito y fracaso de las partes en lo que es objeto de reclamo y su admisión, teniendo en cuenta que fueron dos de los tres demandados los condenados, que se admitió el reclamo de categorización por convenio y la existencia de diferencias salariales. Agrega que, tratándose de créditos de carácter alimentario como el que registraba el actor, se debía ser cauteloso a los fines de imponer las costas al obrero a los fines de resguardar la garantía de los derechos laborales que emergen del art. 14 bis de la C.N. como asimismo el derecho de propiedad contenido en el art. 17 de la misma norma legal. 5) Vista a la AFIP: aduce que el juez de grado omitió en la sentencia poner en conocimiento de la AFIP las irregularidades en que incurrieron los demandados, por consistir en actos delictuales, toda vez que al haber registrado el vínculo laboral con el actor por espacio de cuatro horas diarias cuando existía doble jornada de trabajo, así como la errónea categorización laboral, se incurrió en omisión de integración de los aportes y contribuciones correspondientes. 6) Horas extras: objeta que el sentenciante haya desestimado el reclamo de horas extras aduciendo que las mismas no fueron acreditadas, que el reclamo se formuló en forma vaga y siete meses después que se produjera la renuncia del actor. Afirma que los testimonios rendidos en la causa por los testigos F. C., E. W., J. A. V. y E. E. E. R., dan cuenta que el actor además de trabajar de lunes a viernes, prestaba servicios para los demandados los días sábados a la tarde y domingos, acreditándose en consecuencia la existencia de horas extras, sumado esto a que las accionadas no incorporaron sistema de registro horario que diera sustento a las posiciones expuestas al contestar la demanda. Refiere que de la prueba producida en autos, surge que el actor superó holgadamente la cantidad de horas semanales que dispone el art. 18 del Convenio Colectivo Nº 379/2004 -45 horas- y que las mismas se devengaron los días sábados, después de las 13 hs. y los domingos. Cita doctrina y jurisprudencia al respecto. Concluye por último, solicitando se revoque la sentencia apelada en cuanto es materia de agravios, con expresa imposición de costas a los demandados. ------------------------VI. Corrido traslado a la contraria del memorial de agravios mediante providencia de fs. 219, el mismo no es contestado.---VII. El rechazo del reclamo por horas extras: -------------------- --- La ineptitud de los testimonios invocados por la parte apelante es manifiesta.----------Para comenzar, los dichos de V. C. no resisten un examen serio, racional, ya que de tomarse literalmente sus respuestas, tan generalizadoras e imprecisas, habría de pensarse que tanto el actor como el declarante vivían recluidos dentro de los respectivos establecimientos. Adviértase que al ser preguntado acerca de qué horario de trabajo desarrollaba el actor (3era.) responde: "yo siempre estaba ahí sábados y domingos, inclusive cuando la agencia estaba cerrada, él estaba ahí, domingos, feriados" (fs. 102). Esta aserción no puede calificarse menos que de insólita, por cuanto cabe preguntarse qué tareas o actividades hacían ambos -el testigo y el actor- los días domingos y feriados, "cuando la agencia estaba cerrada" y si las correspondientes a A. eran, en tales circunstancias, en utilidad y beneficio de su empleador. Más aun cuando el actor afirmó que realizaba ventas, atención de caja, trámites bancarios, etc., tareas que obviamente no pueden realizarse en días domingos y feriados; mucho menos, claro está, si la agencia está cerrada. Las restantes respuestas (4ta., 5ta.), limitadas a responder que veía al actor "todos los días" y que trabajaba "los siete días" no son sino un reiteración de su contestación a la tercera pregunta.-----La declaración de E. R., vecina del establecimiento, tampoco permite establecer un cuadro convincente acerca de la realización de horas extras, ni mucho menos acerca de su posible extensión horaria. Veamos: la testigo comienza por referir que A. trabajaba de mañana y de tarde y a veces también los sábados a la tarde (3era., fs. 97); que el horario normal era de 4 horas a la mañana y 4 a la tarde, y que "a veces hacía de corrido"; no aclara si las horas "de corrido" eran las ocho diarias o más, ni cuántas veces: si dos, cinco o diez. Tampoco queda explicado cómo podía apreciar con tanta precisión esos períodos horarios cuando ella misma trabaja en horarios rotativos variables (ver resp. a la 2da. repregunta). Acerca del trabajo en días domingos, responde "sí lo he visto"; tampoco dice cuántas veces, ni si la agencia estaba abierta o cerrada, como surgiría de los dichos de C.. Y para finalizar con el horario dominical, la declarante remata con una respuesta que contiene, en una sola frase, tres variables notoriamente incompatibles entre sí: "a veces", "bastante seguido" y "te puedo decir todos los días" (además, no queda en claro si quiso decir todos los días de la semana o todos los domingos). Con franqueza, considero que acoger un reclamo de horas extras basado en un testimonio así implica ni más ni menos que -echando mano a una solución puramente voluntarista- hacer caridad con el dinero patronal, dado que en tales términos resulta imposible adquirir un mínimo grado de certeza para determinar y liquidar los días y horas hipotéticamente laborados con carácter extraordinario.---------Esta falta de precisión se repite en los restantes testimonios. S. P. dice que las veces que lo vio trabajando fue en horario "de mañana", y que pasaba por allí "dos veces por semana" (3era. y 4ta., fs. 99). No menciona sábados ni domingos. V. afirma que realizó una operación de compra de un rodado que motivó su concurrencia al local "durante varios días", pero dice "no tener conocimiento del horario" de trabajo del actor (3era y 4ta.). En ese breve período dice haber ido "todos los días", incluso un sábado a la tarde" y el lunes siguiente (4ta., 5ta.). Imposible sería establecer a través de esta declaración cuántas horas el actor trabajaba los sábados, ni si lo hacía todos los sábados o sólo fue en esa ocasión. Quedan excluidos los domingos, ya que nada expresó al respecto.----------------------- En cuanto a W., este testigo deja flotando varias incógnitas en su declaración. Manifiesta haber visto al actor trabajando "a las nueve de la noche" -no aclara de qué día, ni si ese hecho se repitió- y también "a la mañana" -no aclara en qué horario, ni cuántas veces-. Dice ser desempleado (2da. repreg.) y cuando es preguntado acerca de la frecuencia con que visitaba la agencia, en una frase análoga por su imprecisión a la brindada por R., contesta: "en algunas oportunidades iba casi todos los días" (resp. a la 1era. repreg., fs. 101), lo cual exime de todo comentario.Considero, en suma, que el sentenciante hizo adecuado mérito de las circunstancias del caso al desestimar este aspecto de la pretensión. Las declaraciones testimoniales a las que alude el apelante no llegan a brindar una elemental cuota de certeza acerca de la realización por parte del actor de las alegadas labores en exceso del horario establecido en las normas legales. Si a ello se agrega la notoria extemporaneidad del reclamo, efectuado luego de haber renunciado al empleo, comparto la visión de juzgador en el sentido de que no concurren elementos mínimos para persuadir acerca de la legitimidad de este pedimento, según las reglas de la sana crítica racional (art. 390, C.P.C.C. - texto Seg. ley XIII N° 5; su doctrina).-------------No se desconoce el criterio sentado por el Superior Tribunal de nuestra Provincia al señalar que la prueba de este rubro no debe hacerse con criterio riguroso. No se trata aquí de emplear un criterio más o menos restrictivo, sino de adquirir convicción por los medios procesales en grado mínimamente aceptable, pues como bien lo señalara la jurisprudencia nacional, el horario puede ser probado por cualquiera de los medios de prueba expresa o implícitamente admitidos por la ley orgánica y la valoración de la prueba debe ser realizada conforme los principios de la sana crítica, como dispone el art. 386 del CPCCN (conf. CNTrab., Sala X S.D. 14.202 del 13/03/2006 - "Funari Raúl c/ Consorcio de Propietarios del Edificio J.V. Gonzáles 406" - elDial - AL167D).--------------En este contexto es necesario precisar los alcances del principio de la "duda" a favor del trabajador contenido en el art. 9 de la LCT. Con atinado criterio se ha puntualizado que, por aplicación del criterio general que rige sobre la carga de la prueba, "no debe confundirse la duda nacida de pruebas válidas con la falta de prueba idónea", por lo que si según las reglas de la sana crítica racional no existe suficiencia en la prueba, no hay grado de duda que conduzca a la aplicación indiscriminada de dicho principio (ver, en este sentido, CNTrab., Sala II, 10/02/2009 - SD. 96374 Expte. 6.449/2008 - "Espindola, Zulma Beatriz c/ Patagonic Group S.R.L. s/ despido" - elDial - AA51B8).---------------------Destaco que no está aquí en cuestión la validez o aptitud del medio probatorio empleado -prueba testimonial- sino su manifiesta insuficiencia para aportar certeza acerca no sólo de la realización de tareas suplementarias sino de su hipotética extensión y/o frecuencia. No es que se requiera un grado de exactitud ni precisiones diarias y horarias fuera de lo común y exigible a cualquier testigo presencial, sino cuanto menos las referencias mínimas que puedan ilustrar con seriedad y confiabilidad acerca de algo nada intrascendente, cual es la determinación las reales prestaciones realizadas y sus frecuencias habituales. Recuérdese que, como lo sostiene la doctrina, la evaluación judicial de la prueba es una lectura institucional del discurso definitorio de los hechos, lectura que al ser hermenéutica y constructiva, debe exhibirse racionalmente fundada, pues la aceptabilidad de la premisa fáctica del silogismo sentencial, es condición necesaria para lograr una subsunción legal que resulte dotada de una correcta motivación (conf. B., Carlos I., "Hechos, confirmación procesal, verdad y argumentación jurídica" p.18 - FUNDECIJU - Rosario, 2009).-------------------------- En suma, no puede confundirse la duda sobre la prueba existente con la ausencia de prueba suficiente. Si no hay prueba suficiente, el hecho simplemente no ha sido acreditado, incumpliéndose así con la carga procesal que pesa sobre quien alega un hecho como fundamento de su pretensión, defensa o excepción (art. 381 -antes 377- del C.P.C.C.), principio general que es aplicable también en el fuero laboral cuando falta prueba, por insuficiente, incompleta o por frustración de la actividad procesal de las partes (conf. Fenochietto-Arazi, "Código Procesal...", Tomo 2, págs. 322 y sigs. - id. CNTrab., Sala II - 03/02/2010 - SD 97.610 - Expte. 23.831/07 - elDial - AA5D5E) y que de ningún modo resultó derogado por la modificación al art. 9 de la LCT según ley 26.428.-------- --- Esta es, ni más ni menos, la situación que a mi juicio presenta el caso bajo examen, y con franqueza opino que sería escandaloso reconocer un crédito dinerario en base a la cantidad de horas extras reclamadas por tareas suplementarias en sábados y domingos a tenor de las declaraciones ya reseñadas, que carecen de toda aptitud convictiva para demostrar su efectiva realización, y mucho menos, su posible número o extensión horaria, según las reglas de la sana crítica racional (arts. 460, 390,C.P.C.C. texto seg. Ley XIII N° 5; su doctrina).-VIII. El monto de condena: ----------Tras cotejar las cifras del dictamen pericial contable con el razonamiento desplegado por el sentenciante a quo, llego a la conclusión de que el monto de condena es incluso superior al que en rigor le hubiera correspondido al apelante.--En efecto, si se computan los salarios brutos devengados según el CCT 379/2004 (Anexo II, fs. 178/179) en concepto de básico, antigüedad, zona desfavorable e incremento no remuneratorio, sin contar los montos calculados en conceptos de horas suplementarias -por no corresponder- y se le deducen los descuentos de ley, se arriba a un total neto devengado de $ 26.923,29. Detraída luego de esta suma los montos salariales efectivamente liquidados y percibidos durante dicho período ($ 8.829.-) se arriba a una cifra por este concepto de 18.094,29 que, sumada a los restantes rubros acogidos (dif. SAC y vacaciones: $ 163,40) hacen un total de $ 18.257,69.-----------------De tal suerte, como puede observarse, la pretensión fue acogida por un monto mayor que el realmente adeudado, mas dado que el mismo fue consentido por la contraparte, no podría modificarse dicho resultado sin incurrir en una modificación en perjuicio del actor apelante, lo cual le está vedado al tribunal en virtud del principio de non reformatio in pejus, de base constitucional (conf. arts. 34, inc. 4°, 165, inc. 3° y 4°, 274, C.P.C.C. - texto seg. Ley XIII N° 5; art. 18, Const. Nacional; su doctrina - conf. esta Cámara, Exptes. 10468; 10894; 12561; 15870; 19103; 22322; entre muchos otros), que veda agravar la situación obtenida a su favor por la parte recurrente en la anterior instancia, por lo que habrá de mantenerse lo decidido respecto del rubro acogido.---------------------IX. Falta de extensión de la condena a G. R. B.: - Opino que no le asiste razón al recurrente en esta queja. Por el contrario, opino que el juzgador ha acertado al desestimar la pretensión de extender la condena al socio gerente de las sociedades demandadas, en tanto el mero incumplimiento de las obligaciones laborales no es suficiente para considerar la existencia de un fraude laboral que habilite dejar de lado la personalidad jurídica de las empleadoras y sus responsabilidades emergentes de tal carácter. No hay en la causa elementos serios para afirmar que la incorrecta registración y el incumplimiento de ciertas obligaciones sea indicativo de que las sociedades demandadas se constituyeron con el propósito deliberado de burlar el orden público laboral y el régimen provisional ni se observan, a la par, otras infracciones al régimen de sociedades comerciales enderezadas a ese objeto.--------Si bien es cierto que una corriente jurisprudencial es hoy proclive a caracterizar los casos de empleo "en negro" y el incumplimiento de normas de orden público laboral como expresiones de "fraude" y/o "clandestinización" laboral, opino que no es aceptable efectuar una generalización dogmática tan amplia, con apartamiento de la letra y del espíritu de la ley de sociedades comerciales. Adscribo en cambio a la corriente que juzga necesario efectuar un análisis particularizado a fin de establecer, en cada caso concreto sometido a juzgamiento, si nos encontramos o no ante algún supuesto de los atrapados en los arts. 59 y 274 de la L.S. que justifique echar mano al instituto del "disregard" o "levantamiento del velo", a fin de hacer extensiva la responsabilidad económica derivada del incumplimiento de la sociedad a sus socios gerentes, directores, administradores o representantes en forma ilimitada o solidaria por el incumplimiento de tales obligaciones.---- Esta es la postura razonable que, entre otros conceptos, ha revindicado el maestro Héctor C. Alegría en el reciente Congreso Internacional de Derecho Privado celebrado en esta ciudad de Trelew, en homenaje precisamente a su figura y a la del maestro Jorge Mosset Iturraspe. En su ilustradora alocución que diera inicio a la primera jornada, bajo el título "La responsabilidad de los directores y administradores societarios. Principales supuestos y régimen aplicable", el Dr. Alegría señaló la gravosa carga que se pretende hacer pesar sobre quienes deben asumir esta tarea societaria, haciendo hincapié en los excesos interpretativos actuales que llevan responsabilizar en forma personal y con sus propios patrimonios a los administradores ante cualquier falta o incumplimiento de las cargas legales, trayendo como resultado final el desaliento a asumir este rol, por temor a los graves riesgos y consecuencias que ello puede implicar.------En análoga corriente exegética, el Dr. López Mesa ha expresado al respecto que en la moderna tendencia a abusar de la herramienta del "disregard" parecen resultar interdefinibles dos conceptos que no lo son: el incumplimiento de deberes empresariales hacia el empleado con fraude o finalidad implícita de la empresa (conf. autor cit., "Retomando algunas ideas sobre el abuso de la personalidad societaria" en Revista de Derecho Privado y Comunitario" - 2008-3 - "Abuso de la Personalidad societaria" - p.7 y ss. - Rubinzal-Culzoni, 2009). En este artículo nuestro colega y actual presidente de la sala, tras enunciar los cinco requisitos que a su criterio deben concurrir necesariamente para la aplicación de esta doctrina, puntualiza asimismo que "en el fuero laboral se constata una bipolaridad evidente, existiendo dos tendencias definidas, una correcta, que hace aplicación prudente y limitada de la doctrina a aquellos casos donde ella está legalmente indicada, y otra extrema, que aplica extensivamente la herramienta, llegando a conjeturar supuestos de fraude del mero incumplimiento de normas tuitivas laborales, lo que constituye un marcado exceso" (autor y art. cit., p. 47).--------------------También la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha puesto énfasis en que no debe caerse en excesos en esta materia, teniendo en consideración que la personalidad diferenciada de la sociedad y sus socios y administradores constituye el eje sobre el que se asienta la normativa sobre sociedades anónimas y que ésta configura un régimen especial porque aquéllas constituyen una herramienta que el orden jurídico provee al comercio como uno de los relevantes motores de la economía por lo que la extensión de la responsabilidad en materia societaria es de orden excepcional y no debe aplicarse si no está debidamente acreditada la existencia de una sociedad ficticia o fraudulenta, constituida en abuso del derecho y con el propósito de violar la ley, que, prevaliéndose de dicha personalidad, afecta el orden público laboral o evade normas legales (Del dictamen del Procurador Fiscal que la C.S.J.N. hizo suyo en - P. 1013. XXXVI RECURSO DE HECHO - "Palomeque, Aldo René c/ Benemeth S.A. y otro" - CSJN - 03/04/2003 - elDial - AA16F0).-----------------------Dado que en la especie no se advierte la concurrencia de estos requisitos, votaré por la desestimación de este agravio.------ X. Tasa de interés aplicable: --------Considero que las argumentaciones expuestas por el apelante no resultan idóneas para modificar el criterio que, por otra parte, ya viene sosteniendo esta Cámara desde larga data.---En esta materia, conforme lo estableciera este Cuerpo en reiteradas oportunidades, la tasa activa ha sido seleccionada con el propósito de mantener incólume el contenido económico de la sentencia y en ejercicio de la facultad judicial dispuesta en el art. 622, regla 3° del C.C. de determinar el interés que debe abonarse en defecto de habérselo convenido por las partes o existir disposiciones de leyes especiales. El objeto de este accesorio está dirigido a resarcir al acreedor el daño moratorio sufrido por la indisponibilidad del crédito judicialmente reclamado, a cuyo efecto, se parte de la razonable presunción de que el actor se ha visto necesitado de suplir tal indisponibilidad mediante el recurso a fuentes de financiación en el mercado de dinero. Aquí es cuando corresponde mensurar cuantitativamente este perjuicio, sirviendo entonces de parámetro las tasas activas que perciben los bancos, que marcan una razonable pauta acerca del costo del dinero. No fue ajena esta Alzada a la doctrina del más alto Tribunal de Justicia del país en los casos "YPF c/ Pcia.de Corrientes" y "López c/ Explotación Pesquera de la Patagonia S.A.", donde efectivamente se aplicaban las tasas pasivas y así tuvo ocasión este Cuerpo de aplicarlas en sus pronunciamientos (SDL 15/92; 30/93; 34/93, entre otros). Mas dicha doctrina sufrió un giro total en autos "Banco Sudameris c/ Belcam S.A." (T.yS.S. 1994-565), en la que se resolvió que la cuestión de la tasa de interés a aplicar no era de naturaleza federal, quedando sujeto a la prudencia judicial y no generando contienda federal salvo que por aplicación de la tasa en cuestión se suscitare el caso de sentencia arbitraria, modificando en consecuencia el criterio de la Sala a partir de la SDL 194/94, donde se estableció la procedencia de fijar como tasa de interés aquella que percibe el B. C. S.A. para sus operaciones ordinarias de descuento (SDC.3/98).---------------También ha sostenido esta sala que la tasa activa percibida por el B. C. S.A. para sus operaciones ordinarias de descuento, compensa de modo más equitativo la morosidad y consiguiente indisponibilidad de los créditos emergentes de sentencias judiciales (C. Apels. Trelew, Sala A, 16/8/96, "G., C., J. v. S. P. S.A. y otra", en AbeledoPerrot Online - id. Expte. 188 - S.D.L. 31/09 - voto del Dr. López Mesa).----------------------En mi opinión, las argumentaciones vertidas en la pieza recursiva no aportan razones convincentes que indiquen la necesidad o conveniencia de dejar de lado este criterio de la sala, por lo que propongo asimismo la desestimación de la queja propuesta por la parte apelante.----------------------XI. Vista a la AFIP: --------------------El artículo 132 de la ley 18.345 modificado por el art. 46 de la ley 25.345 establece: "Agrégase como último párrafo del artículo 132 de la Ley 18.345 (t.o. por decreto 106/98) el que sigue: Si por sentencia firme o ejecutoriada se estableciere que el actor es un trabajador dependiente y esa condición hubiera sido desconocida por la empleadora en su contestación de demanda, o si la fecha de ingreso del trabajador establecida en la sentencia fuera anterior a la que alegara su empleador, o si de cualquier otro modo se apreciare que el empleador hubiera omitido ingresar en los organismos pertinentes los aportes o las contribuciones correspondientes a los distintos sistemas de la seguridad social, el secretario del juzgado interviniente deberá remitir los autos a la Administración Federal de Ingresos Públicos a efectos de la determinación y ejecución de la deuda que por aquellos conceptos se hubiera generado. Antes de hacer efectiva esa remisión deberá emitir los testimonios y certificaciones necesarios para hacer posible la continuación del procedimiento de ejecución de sentencia hasta la efectiva satisfacción de los créditos deferidos en condena. El secretario que omitiere actuar del modo establecido en esta norma quedará incurso en grave incumplimiento de sus deberes como funcionario y será, en consecuencia, pasible de las sanciones y penalidades previstas para tales casos.-- Como puede observarse, no se presenta ninguna de las situaciones previstas en la norma legal transcripta. En primer lugar, no hubo aquí desconocimiento de la relación laboral ni de la fecha de ingreso, pues la disputa versó en torno a la extensión horaria, índole de las tareas, convenio aplicable y diferencias salariales emergentes. Tampoco se planteó la omisión de ingreso de aportes o contribuciones al sistema de seguridad social. En consecuencia, no correspondía la aplicación de la norma en el caso.-----------Sin perjuicio de lo señalado, haré notar asimismo que tampoco se trataba de una sentencia firme o ejecutoriada, siendo que esta es una condición necesaria para tornar operativa la obligación atribuida al secretario del juzgado en la etapa procesal pertinente y en la instancia respectiva, por lo que el agravio debe ser desestimado, y así lo dejo propuesto al acuerdo.---------------------XII. Costas: - En cuanto a la distribución de las costas de primera instancia, contra lo sostenido por el recurrente, opino que la sentenciante exhibió un criterio razonable conforme a las circunstancias del caso, ya que sopesó debidamente las pretensiones acogidas y las rechazadas, por lo que la distribución fijada representa una aplicación prudente y adecuada de la facultad prevista en el art. 72 C.P.C.C. (texto seg. Ley XIII N° 5), aplicable por remisión del art. 73, ley XIV N° 1 (ex ley N° 69), de manera que propondré la confirmación del decisorio también en este aspecto.-----------XIII. Conclusiones: -------------------Como síntesis de todo lo expresado hasta aquí, propondré la confirmación del decisorio en todo cuanto ha sido materia de agravios, con costas en la alzada a la parte apelante (art. 57, Ley XIV N° 1 - ex ley 69). En cuanto a los honorarios de los letrados de la parte actora, atendiendo a la extensión, calidad, eficacia de sus labores y al resultado obtenido, propongo fijarlos en el 25% de los que les correspondieron por su actuación en la anterior instancia (conf. arts. 5, 6, 8, 14, 18, 38, 46 y conc., Ley XIII N° 4, antes Dec. Ley 2.200).-----------------Voto entonces a esta cuestión por la AFIRMATIVA.------------ A ESA MISMA CUESTIÓN PRIMERA el Dr. Velázquez expuso:

En acatamiento del principio procesal de celeridad, me remito a la síntesis que de la decisión impugnada y los agravios vertidos por el recurrente realizara el Señor Magistrado antes sufragante.- En esta ocasión debo discrepar con las opiniones del estimado colega ponente en varios de los puntos sobre los que versan las impugnaciones. Me expediré sobre todos ellos.- I.- La reclamación de remuneraciones por horas extraordinarias de servicios.- En mi concepto, existe en la causa prueba suficiente para tener por efectivamente cumplidos esas tareas suplementarias. Aclaro que me refiero a las horas extras que han de ser liquidadas con un recargo del 100 % sobre el salario habitual, pues a ellas limitó el recurrente su agravio, en cuanto sostuvo que las mismas "se han devengado los días sábados después de las 13:00 y los días domingo" (fs. 218, párr. 7°), en coincidencia con la previsión del art. 201 "in fine" L.C.T.- Frente a la índole de los hechos a justificar -prestación de servicios en horas suplementarias-, el medio de prueba más idóneo es sin duda el testimonial, siempre peligroso pero, de común, muy necesario, porque en múltiples ocasiones "la fe en la palabra del hombre que ha presenciado el hecho es uno de los pocos recursos que restan al juez para la averiguación de la verdad" (Alsina, "Tratado...", 2da. ed., EDIAR, Bs. As. 1958, III-530/531, nros. 1 "a" y 2 "b").- La prueba cabal a la que aludí ha sido la aportada por las declaraciones testificales de E. E. E. R. y F. A. C.. La primera de esos deponentes, preguntada que fue acerca de los horarios de trabajo del actor, contestó que lo veía "de mañana y tarde y a veces los sábados hasta la tarde también" (fs. 97, resp. a la preg. 3era.), añadiendo luego que igualmente ha visto al demandante "trabajar los días domingos, quedándose él a hacerlo con frecuencia todo el día" (fs. íd., resps. a las pregs. 10ma. y 11era.). Por su lado, el testigo F. A. C. manifestó que el trabajador "siempre estaba ahí sábados y domingos, inclusive cuando la agencia estaba cerrada, él estaba ahí, domingos, feriados", desempeñándose "los siete días" semanales (fs. 102, resp. a las pregs. 3era. y 5ta.). A mi entender, ambos testigos merecen fe, pues no mostraron animosidad contra ninguna de las partes y suministraron muy adecuada razón de sus dichos; la primera explicó su conocimiento de los hechos por su calidad de vecina del establecimiento comercial y cliente del mismo, en el que el actor le vendió un automóvil, dándole así ocasión de ingresar al lugar una diez veces (fs. 97, resp. a las grales de la ley; fs. 97 vta., resp. a las repregs. 4ta. y 5ta.); el segundo fundó sus expresiones en la circunstancia de ser también vecino, por tener un salón de comercio enfrente del local de la empresa, de modo que sólo los "separa la calle" (fs. 102, resp. a la razón de los dichos).- No se me escapa que otro testigo, E. H. W., expresó haber visto trabajar al actor "todos los días, salvo un domingo" (fs. 101, resp. a la preg. 5ta.), pero ello no desmiente la versión fáctica del demandante, toda vez que él en su escrito liminar no alegó haber laborado la totalidad de los días domingo, sino únicamente dos domingos al mes (fs. 2 vta., pto. 3, párr. 1°).- Es verdad que los declarantes no brindaron precisiones exactísimas sobre los horarios de ingreso y egreso del trabajador a las labores, mas hemos de recodar que si bien la prueba del cumplimiento de horas suplementarias de labor debe ser asertiva y convincente -en razón de tratarse de prestaciones totalmente excepcionales, ajenas al desenvolvimiento común del contrato individual de trabajo (esta alzada, c. 19.346 S.D.L. 19/04, c. 19.686 S.D.L. 44/04)-, tal criterio no puede ser extremado al punto de transformarlo en el requerimiento de una auténtica prueba "diabólica", cual sería exigir la acreditación de detalles minuciosos sobre horarios y fechas exactas de realización de todas y cada una de las horas de trabajo extra, limitación esta que el cuerpo ha señalado también en varias oportunidades (c. 14.632 S.D.L. 12/99, c. 17.324 S.D.L. 33/01, c. 20.388 S.D.L. 19/05, c. 21.191 S.D.L. 56/07).- Cierta parquedad y alguna imprecisión en las declaraciones puede explicarse en razón de la capacidad memorativa de los deponentes, que varía de una persona a otra, y se conecta asimismo con la naturaleza del suceso a recordar, pues la descripción de detalles como fechas y horas, implica un mayor esfuerzo de la memoria (confr.: Devis Echandía, Teoría general de la prueba judicial", 5ta. ed, Zavalía Editor 1981, II-257, n° 4). Altavilla enseñaba que la fidelidad del testimonio, diferente a la sinceridad del testigo, resulta muy difícil de apreciar, entre otras razones porque la percepción presenta siempre lagunas y, ya en concreta relación con horarios y tiempo de duración de acontecimientos, porque tal recuerdo requiere la utilización de asociación de ideas y puntos de referencia ("Psychologie judiciaire", Ed. Cujas, París 1959, pág. 172 y sgts.).- También juega en la eficacia del testimonio la capacidad narrativa del declarante -su cultura, vivacidad, léxico, soltura para hablar-, así como el significado que en su medio social se dé a las palabras que utilice y que él mismo haya querido darles -aquí la referencia a los "siete días"- (confr.: Devis Echandía, ob. ind., II-261).- Cabe igualmente tener presente que para ser testigo presencial no es indispensable que el declarante haya percibido íntegramente los hechos -en el subexamen, los exactos momentos de ingreso y egreso del dependiente a la labor-, pues basta que ello haya ocurrido con alguna porción o fase de los acontecimientos, de manera tal que pueda reconstruirse con seguridad el desarrollo de los sucesos mediante una apreciación en conjunto de toda la prueba producida (esta sala, c. 17.989 S.D.L. 22/02, c. 18.699 S.D.L. 32/03, c. 19.628 S.D.L. 39/04, c. 20.842 S.D.L. 60/05, c. 21.071 S.D.L. 10/06, c. 21.647 S.D.L. 11/07, c. 93/10 S.D.L. 13/10 y sus citas).- En síntesis, aunque lo siempre deseado por los jueces es contar con testificales muy claras y precisas, en ocasiones, aceptando por fuerza las limitaciones humanas, hemos de conformarnos con algo menos. Después de todo, el testimonio se funda en la doble presunción de la conformidad del conocimiento del testigo con la realidad y de su fundamento moral; es decir, que el testigo no se ha engañado y de que no trata de engañar al juez (confr.: Alsina, opus cit., III-530/531, nros. 1 "a" y 2 "b"; Framarino dei Malatesta, "Lógica de las pruebas...", Ed. Temis, Bogotá 1964, II-53/63).- He de puntualizar y destacar especialmente a esta altura que acerca de la prueba de las horas suplementarias de trabajo existe en la Provincia específica doctrina legal sentada por nuestro Superior Tribunal de Justicia, el que, variando su anterior postura sobre el tema, en la sentencia pronunciada el día 10/10/08 en autos "T., M. S. y otros c/ S. N. S.A. s/dif. de hab. e indem. de ley" (S. D N° 11/SRE/08), declaró con voz firme que "no existe norma legal alguna que establezca que la valoración de la prueba de las horas extraordinarias deba ser realizada con mayor estrictez, o que la convicción que arroje la prueba producida deba ser más contundente que para cualquier otro hecho litigioso" , añadiendo de inmediato el Alto Cuerpo que "los jueces deben valorar la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, y que la posición restrictiva es incompatible con la realidad y la lógica, ya que exige un mayor rigor probatorio a un hecho que, cuando es real, es de difícil probanza para el trabajador afectado" (voto del Dr. Caneo), así como que "exigir un rigorismo probatorio extremo no tiene asidero legal, porque...no media en este caso ninguna diferencia con otro rubro de naturaleza laboral...los actores están sometidos a las mismas cargas procesales que para los demás rubros...Prácticamente, exigir -incluso- prueba minuciosa, milimétrica de horas y fechas precisas, se tornaría de imposible realización" (voto del Dr. Royer). Tal es la doctrinas legal vigente hoy en nuestro ámbito territorial, pues esa interpretación de la ley fue hecha por el Máximo Órgano Judicial del Chubut dentro del lapso de los últimos tres años previsto en el art. 291 inc. "a" C.P.C.C. (antes art. 288). El seguimiento del criterio allí sentado se impone entonces a los jueces de las instancias inferiores -cualquiera sea su opinión personal sobre el tema-, porque, como he señalado en varias casos ocurrentes (c. 19.479 S.D.L. 22/04, c. 21.405 S.D.L. 32/06, c. 22.863 S.D.L. 54/08), en tanto encargado el Superior Tribunal de Justicia de velar por la recta y uniforme aplicación de la ley en todo el territorio provincial, separarse de una doctrina legal por él claramente fijada frustraría el objetivo perseguido por el legislador al instituir con el recurso de casación un control nomofiláctico y uniformador.- Dichas probanzas testificales no son conmovidas tampoco por la supuesta presunción "hominis" nacida de la falta de reclamaciones por el trabajador de los salarios por horas extraordinarias durante la vigencia de la relación laboral. También ese antiguo criterio ponderativo ha sido abandono por el Superior Tribunal Provincial, quien en el mismo precedente antes citado (S. D N° 11/SRE/08), y reiterando doctrina establecida en un caso anterior (S. D. N° 35/SRE./04), declaró que no correspondía atribuirle a la actitud silente del dependiente esa significación jurídica, por ser opuesta al valor que al silencio de una de las partes le otorga el art. 919 Cód. Civ. y al principio de irrenunciabilidad de los derechos por el trabajador sentado en el art. 12 L.C.T. También en este tópico el seguimiento a la doctrina legal del Alto Cuerpo resulta obligatorio.- Por lo demás, si pese a las anteriores consideraciones la apreciación de la prueba dejara subsistente alguna duda en este concreto caso, ésta debe ser despejada a favor del trabajador, de acuerdo al nuevo texto que la Ley 26.428 diera al art. 9, párr. 2° L.C.T. Es exacto que esa posible duda ha de presentarse tras la apreciación de un plexo acreditante formado por pruebas válidas, mas ese calificativo de "válidas" está referido a la validez jurídica procesal, opuesta al concepto de nulidad, y no a su eficacia probatoria, a su fuerza de convicción (confr.: Devis Echandía, ob. ind.., II-97, n° 215 y II-113, n° 216). En este caso surge diáfano que los testimonios mencionados cumplen con todos los recaudos de validez, porque: a) la ordenación de ellos tuvo lugar en legal forma (fs. 58); b) fueron recibidos por magistrado legitimado para ello (fs. 97/98 y 102); c) los declarantes poseían capacidad jurídica para testimoniar; d) ningún dato de autos sugiere que los deponentes padecieran alguna inhabilidad física, moral o intelectual para testimoniar; e) tampoco hay rastros de que ellos prestaran declaración en momentos de inconsciencia o bajo coacción; f) prestaron juramento de decir la verdad en legal forma (fs. citadas); y g) las declaraciones han cumplido con las formalidades procesales de tiempo, modo y lugar establecidas para los actos de procedimiento en general y los actos de prueba en particular. Satisfechos quedaron pues todos los requisitos cuya ausencia podía viciarlos de nulidad (Devis Echandía, opus cit., II-97/113, n° 215); son entonces pruebas "válidas" y, por ende, aun su apreciación de conjunto era factible que generara hesitación a superar mediante la aplicación de la norma del art. 9, párr. 2° L.C.T. (texto agregado por la Ley 26.428).- Tales son las razones que me inclinan a reconocer el crédito por horas suplementarias de labor a ser liquidadas con el recargo del 100 % en el número descripto en la demanda, esto es cinco horas los días sábados y diez horas dos domingos al mes, lo que totaliza mensualmente entre cuarenta y cuarenta y dos horas, cual calculara el perito contador a fs. 178. En mi concepto, definirlo de otro modo pondría al decisorio en las puertas mismas de la arbitrariedad y la violación de la doctrina legal.- II.- El importe de la condena.- Cierto es que, cual esgrime el recurrente, el perito contador dictaminó que las diferencias salariales alcanzaba a $ 47.376,70 y que tal dictamen no fue cuestionado por las partes. Pero no es menos exacto que carece de trascendencia la circunstancia que los demandados no hayan impugnado el dictamen en oportunidad de corrérseles el traslado previsto en el art. 477 C. P. C. C. (antes art. 473, aplicable por remisión del art. 44 de la Ley XIV n° 1, ex art. 45 de la Ley 69); la ausencia de tal impugnación -cuya naturaleza es la de un alegato sobre el mérito de tal probanza, que la ley permite anticipar a los de los arts. 486 y 499 C.P.C.C. (antes arts. 482 y 495 )- no significa consentimiento que vincule al magistrado, ni cancela el poder-deber de éste de ponderar el grado de convicción del dictamen al sentenciar conforme las reglas de los arts. 390 y 481 (ex arts. 386 y 477) del mismo cuerpo legal (confr.: este tribunal, c. 11.251 S.D.C. 10/95, c. 45/09 S.D.L. 17/09; J. A. 1.972-Sec. reseñas-242, sum. 161; L. L. 122-912, sum. 13.403 S; L. L. 1987-C-101). Así entonces, si el cálculo de horas extraordinarias debe limitarlo esta alzada a las que lleven el recargo del 100 %, por ausencia de agravio concreto acerca de la liquidables al 50 %, será menester desagregar los montos de las últimas de los cálculos del experto, a los que cabe atender en lo demás.- A mi entender, corresponde adicionar los salarios brutos devengados en concepto de básico, antigüedad y zona desfavorable (de $ 24.566,40, de $ 2.602,37 y de $ 5.433,75, respectivamente; fs. 178, columnas 2da. a 4ta.), que alcanzan así a $ 32.602,52; añadirles luego los salarios de horas suplementarias al 100 % ($ 14.910,87; fs. 178, columna 8va.), con lo que llegamos a la suma de $ 47.513,39; y restarle a ésta el monto de los descuentos legales ($ 8.135,87; fs. 179, columna 8va.), lo que arroja la cantidad de $ 39.377,52. Deducido a ese importe el monto total de lo percibido por el trabajador ($ 8.829; fs. 179, columna 10ma.), quedamos en $ 30.548,52, monto que debe ser incrementado con el de los otros rubros que la sentencia de origen declarara procedentes, sin agravios que permitan revisarlos ($ 163,40 por diferencias en s.a.c. y vacaciones). Así arribamos a un monto por el ha de prosperar la demanda de $ 30.711,92.- III.- La tasa de interés.- Concuerdo con el colega preopinante en este punto. No me pasa por alto que el Superior Tribunal de Justicia en al menos tres causas de las que conociera en instancia originaria, por tratarse de litigios contencioso-administrativos provinciales, seleccionó para la liquidación de intereses la tasa utilizada por el B. C. S.A. en operaciones de créditos personales (S.D. N° 06/SCA/02, S.D. N° 09/SCA/06, S.D. N° 08/SCA/08).- Al así decidirlo el Alto Cuerpo no hizo sino pronunciarse dentro del espacio de discrecionalidad que el art. 622 Cód. Civ. reconoce a los magistrados, según criterio sentado por la Corte Suprema Nacional en autos "Banco Sudameris c/ Belcam S. A. y otra" (T. y S.S. 1994-565) al que nuestro el Alto Cuerpo Provincial adhiriera a partir de su sentencia definitiva n° 08/SRE/97. Mas esa elección de la tasa bancaria en operaciones de créditos personales no constituye una doctrina obligatoria establecida en sede casatoria, sino, lo reitero, un criterio personal de los Señores Ministros del Superior Tribunal seguido en pleitos de instancia originaria. Fuera de este último ámbito, la Corte Provincial ha venido sosteniendo la irrevisibilidad de lo resuelto en materia de intereses por los jueces ordinarios de la causa, quienes cuentan con dicho margen de discrecionalidad consagrado en el art. 622 Cód. Civ., con la única salvedad de la arbitrariedad en que ellos eventualmente puedan incurrir en un caso concreto por apartarse de circunstancias probadas en el proceso o desvío en el razonamiento lógico (S.D. N° 08/SRE/97 ya cit., seguida luego por las nros. 11/SRE/97, 14/SRE/97 y 16/SRE/98, entre otras).- Todavía profundizó y aclaró tal doctrina la Casación Provincial en su S.D. N° 24/SRE/01, donde, tras historiar las variaciones de su jurisprudencia en la materia, insistió en que el principio general es el de la libertad de los sentenciantes de las instancias anteriores para resolver esa cuestión de derecho común y en que sólo excepcionalmente cabe la revisión de lo decidido por ellos, por vía de recurso extraordinario de casación o de apelación ordinaria por causa de interés público, cuando se haya configurado el vicio de arbitrariedad, añadiendo que, de lo contrario, "correspondía estar a los intereses que han fijado los Jueces de las instancias anteriores, porque en principio, ello son soberanos en esta materia" (voto del recordado Dr. Torrejón).- Y no veo en la especie que el juzgador de origen, en ejercicio de su facultad discrecional, se haya deslizado hasta caer en la arbitrariedad por seleccionar para la liquidación de intereses la tasa utilizada por el B. C. S.A. en sus operaciones de descuento. Él no hizo sino aplicar el criterio que esta Cámara de Apelaciones tiene sentado a partir del 12/12/94 en decisorio habido en la causa "M. vs. F. S.A." (c.11.352 S.D.L. 194/94). Es esa por lo demás la postura ortodoxa sobre el tema, apoyada en las normas de los arts. 505, 508, 519, 622 Cód. Civil y en la analógica aplicación del art. 565 Cód. de Com., adunada por tan pacífica cuan prestigiosa doctrina (confr.: Colmo, "Obligaciones en general", Ed. Méndez 1920, pág. 300, nº 431; Salvat-Galli, "Obligaciones en general", 7ma. ed., T.E.A.. Bs. As. 1963, I-431, n° 492 , 2da.; Lafaille, "Tratado de las obligaciones", EDIAR, Bs. As. 1950, II-164, nº 1.060; Rezzónico, "Obligaciones", 9na. ed., Depalma, Bs. As. 1966, I-453; Busso, "Código Civil anotado", EDIAR 1958, IV-293, nº 20).- Este punto del decisorio ha de ser entonces confirmado.- IV.- La comunicación a la A.F.I.P.- Considero prematuro decidir sobre tal comunicación, pues cual el propio texto del art. 132 de la Ley 18.345 (redacción del art. 46 de la Ley 23.345) determina, el déficit de registración u omisión de ingresos debe quedar establecido por "sentencia firme o ejecutoriada", esto es pasada en autoridad de cosa juzgada, estadio no alcanzado aún en autos.- V.- La pretensión contra el gerente de las sociedades de responsabilidad limitada.- Coincido con el prevotante en que la especie no es subsumible en la norma del art. 54 párr. 3° de la ley 19.550. Cual declarara la Corte Suprema Nacional en su precedente "Palomeque c/ Benemeth", el mero incumplimiento de obligaciones laborales no autoriza por sí solo a concluir que las sociedades sean fraudulentas o ficticias, constituidas específicamente para violar la ley o frustrar derechos laborales de terceros (Fallos 326:1062).- Mas que el citado precepto no atrape el caso y no pueda entonces declararse inoponibles al tercero las personalidades jurídicas de los entes demandados -el conocido corrimiento del velo societario-, no significa que haya de ser descartada sin otro análisis la responsabilidad solidaria del socio gerente de la sociedad de responsabilidad limitada. Apuntaré aquí que el actor en su demanda no invocó en sustento de su pretensión el "disregard", ni tachó de ficticias o fraudulentas a las sociedades codemandadas, sino que denunció el mal desempeño de su cargo por el gerente, quien violó la ley al omitir el pago de aportes previsionales en la cantidad que correspondía a la realidad de la relación laboral habida entre las partes, signada por una carga horaria de labor mayor y una categoría del trabajador superior a las que hizo figurar (fs. 4).- Las coordinadas normas de los arts. 59, 157 y 274 de la Ley de Sociedades Comerciales extienden, ilimitada y solidariamente, la responsabilidad de la sociedad frente a terceros a los gerentes de sociedades de responsabilidad limitada que no hubieren obrado con lealtad y diligencia o lo hubieran hecho en violación de la ley o produciendo daños por su dolo, abuso de facultades o culpa grave.- Enfocadas con este prisma las circunstancias fácticas de la causa, corresponde advertir: a) que el codemandado G. R. B. es socio gerente de la sociedad designado en su contrato constitutivo (fs. 18, pto. II); b) que fue probado en la causa que él estaba personalmente al frente del comercio social (testigo R. O. R. S. P., fs. 99, resp. a la preg. 6ta.) -elemento de juicio corroborado por el contrato social de fs. 15/18, del que surge que F. S.R.L. está integrada por sólo dos socios, uno de ellos el gerente y el otro una socia con menor aporte, que además viven en el mismo domicilio-, de modo que medió de su parte la actuación individual prevista en el art. 274 párr. 2° de la ley 19.550 para imputarle responsabilidad; c) que abonar al trabajador salarios inferiores a los previstos en la convención colectiva aplicable (en el caso el C.C.T. 379/04 y no el C.C.T. 130/75 en el que se encuadró falsamente la relación) y realizar aportes y contribuciones al sistema de seguridad social inferiores a los debidos, constituyen violaciones a expresas normas legales integrantes del orden público laboral, como lo son los arts. 7 y 12 L.C.T. en cuanto prohíben establecer condiciones menos favorables para el trabajador que las dispuestas en las convenciones colectivas y reducir los derechos previstos dispuestos en ellas, así como el art. 80 parte 1era. de la misma normatividad, en cuanto eleva el ingreso de fondos de seguridad social a la categoría de obligación no sólo legal, sino a la vez contractual.- Esa conducta de la gerente violatoria de la ley entraña, al menos, culpa grave de su parte y, en tanto dañosa e ilegítima, compromete la responsabilidad solidaria suya de acuerdo a los ya citados arts. 59, 157 párr. 3° y 274 de la ley 19.550. Así lo hemos decidido en anterior caso, similar a éste en lo sustancial, en que acompañé con mi opinión el primer voto del Dr. Ferrari (c. 21.886 S.D.L. 6/07). Por estos motivos considero que la condena debe ser extendida en dichos términos contra G. R. B..- VI.- Por las razones que hasta aquí he expuesto, considero que la sentencia apelada debe ser parcialmente revocada a fin de elevar el monto del capital de la condena a la suma de $ 30.711,92 y extender tal condena al socio gerente G. R. B., confirmándola en cambio en lo demás que fuera materia de agravios.- De formar mayoría mi postura, corresponderá adecuar a la nueva decisión la condena en costas pronunciada y los honorarios regulados en la anterior instancia (art. 282 C.P.C.C., ex art. 279).- En cuanto a las primeras, habrían de ser impuestas a los tres codemandados vencidos (art. 57 de la Ley XIV n° 1, antes art. 59 de la Ley 69).- Tocante a los segundos, vista la extensión, calidad y resultados finales de las tareas profesionales, propongo regular los honorarios de los Dres. P. O. A., N. O. M., F. A. P. y G. H. U. en las sumas equivalentes al 10,80 %, al 10,80 %, al 12 % y al 4,20 % del monto total del proceso que surja de la liquidación a ser practicada en la etapa de ejecución (arts. 5, 6, 8, 9, 18 y 46 de la Ley XIII n° 4 (antes arts. 6, 7, 9, 10, 19, 47 del Dec.-ley 2.200).- Las costas de segunda instancia, al prosperar parcialmente las impugnaciones y atendiendo a la importancia económica de cada una de las acogidas y desestimadas, entiendo que deben ser distribuidas cargando con el 95 % de ellas a los codemandados y con el restante 5 % al actor (art. 72 C.P.C.C., ex art. 71).- Atinente a los honorarios por las labores profesionales de alzada, y atendiendo a las pautas apreciativas ya indicadas, así como a la sentada por el art. 13 de la Ley XIII n° 4 (antes art. 14 del Dec.- ley 2.200), propongo regularlos en beneficio del Dr. P. O. A. en la suma equivalente al 6,90 % del mentado monto del proceso.- Finalizo así el tratamiento de esta cuestión primera expidiéndome en ella PARCIALMENTE POR LA NEGATIVA.- A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Señor Presidente de la Excma. Cámara de Apelaciones de Trelew, Doctor Marcelo López Mesa, expresó:

--- Me toca intervenir en estos autos, en virtud de la disidencia de criterios existente entre los dos vocales preopinantes, lo que me coloca en la disyuntiva de formar mayoría con uno de ellos y zanjar la paridad existente, para dar resolución a esta causa. De tal modo, abordaré solo aquellas temáticas en las que ha existido disidencia entre ambos; en las restantes, carecería de objeto que me pronuncie, ya que sus opiniones coincidentes han formado la mayoría necesaria para conformar la decisión válida del cuerpo.----- --- Abordaré entonces dos aspectos principales: 1) la cuestión de las horas extras demandadas y 2) la de la extensión de la condena al gerente de la sociedad demandada, Sr. G. R. B.. Y analizaré también algunos otros tangenciales.

--- Analizadas las constancias de esta litis y los votos de los colegas que antes expusieran su criterio, debo decir que comparto sustancialmente el abordaje realizado por el Dr. Ferrari de la temática traída a revisión de esta Alzada y que mi voto se orientará en el sentido de su propuesta, bien que agregando a sus desarrollos diversos argumentos que creo militan también en pro del rechazo del recurso.-------------------------- --- En cuanto al agravio relativo al rechazo del rubro horas extras, coincido con el parecer del Dr. Ferrari sobre la inconsistencia de los testimonios presentados por la actora.----- --- No puedo coincidir con el Dr. Velázquez cuando afirma que la prueba cabal para conceder las horas extras es "la aportada por los declaraciones testificales de E.E.E. R. y F.A. C..". Por el contrario, no hallo sustancia ni persuasión en sus declaraciones. Menos aún para convencerme de la prestación de una cantidad enorme de horas extras en circunstancias que contradicen el principio de normalidad.---------- --- Me explicaré. El testimonio de la Sra. E. E. E. R. (cfr. Fs. 97) no permite tener por cumplidas las horas suplementarias que dice en su demanda haber cumplido el actor, por cuanto su testimonio es impreciso y general. Sólo tiene algo de miga sobre este punto de las horas extras la respuesta a la pregunta tercera (¿Qué horario de trabajo desarrollaba el actor en la concesionaria E. A.?), a lo cual la testigo respondió "De mañana y de tarde y a veces los sábados hasta la tarde también.". Luego afirma la testigo en la respuesta a la pregunta décima que ha visto al testigo trabajar los días domingo, pero luego en la respuesta a la octava pregunta ampliatoria contesta que E. no trabajaba los días domingos. Si a ello se suma que la testigo reconocer realizar una actividad que la saca de su casa en diversos horarios, que le impiden haber visto durante todo el tiempo un turno completo de actividad (un turno en los meses de verano y otro en los de invierno), y que es extraño cuando menos que una persona labore todos los domingos en una empresa que no atiende al público ese día, se concluye sobre la escasa confiabilidad de la testigo.----- --- Y no está de más recordar que ese testimonio es el más firme con que cuenta la parte actora para fundar el reclamo de horas extras; que al mismo el Dr. Velázquez le asignó el rol de prueba cabal de las horas extras y que lo que debía el testigo probar no sólo era que el actor desarrolló alguna hora extra en su desempeño, sino la cantidad aproximada de ellas que laboró, sobre lo cual no existe la posibilidad cierta de cuantificación, a la luz de los testimonios que el juez de segundo voto tiene por válidos y esclarecedores.--- --- El testimonio del Sr. V. C. es todavía menos convincente, rayando lo inverosímil. De tomarse al pie de la letra los dichos de los testigos R. y C., pareciera que ambos tienen en su vida la actividad principal de verificar el horario de desempeño del actor. No quisiera ser hiriente, pero de llevarse al extremo sus testimonios, pudiera uno terminar creyendo que los deponentes funcionaban como relojes de control de ingreso y egreso del personal de la demandada. No necesito decir que eso roza la inverosímil y que los jueces no pueden ni deben ser cándidos al apreciar los testimonios.------------------- --- No entraré a analizar la cuestión de si la apreciación de la prueba referente a horas extras debe ser exhaustiva o si el hecho de que las mismas sean reclamadas con mucho retraso después de concluido el vínculo laboral constituye una presunción en contra del reclamante. No hace falta en autos, dado que con severidad o no, la apreciación de la prueba de la realización de las horas extras es dudosa en cuanto a la realización efectiva de las mismas e inexistente respecto a la cuantía de ellas, a las circunstancias de su realización, etc.- --- No es normal, y por ende vulnera el principio de normalidad, que sí tiene una norma concreta de base en nuestro ordenamiento -el art. 901 del Código Civil-, conforme esta Sala sentara como doctrina legal en el precedente del caso "R., J. C. c/ Z. S.A.C.I. y F. s/ cobro de pesos - laboral" (Expte.nº 356 - año: 2009), la versión fáctica dada por el actor sobre su horario de desempeño de labores. No es normal que una persona labore siete días a la semana, sin expresar una queja durante todo su desempeño y formulando la misma siete meses después de concluido el vínculo. No es normal que la persona que dice vender autos cumpla diez horas de trabajo un domingo, cuando la agencia se encuentra cerrada, según los propios testigos que apoyan su versión. No es normal que se tenga por probada una prestación laboral tan extensa, tan dilatada, que habilite un fenomenal reclamo de horas extras a partir de testigos ya no dudosos, sino inconsistentes al extremo.-------------------------- --- Por otra parte, debe analizarse la razón de los dichos de los testigos al evaluar su testimonio. En un voto de mi autoría, en sentencia del 14/4/09 de esta Sala, in re "L., R. H. c/ M. H., M. A. y R., J. F. s/ dif. de hab. e indem. de ley" (Expte. 153 - Año 2009), dejé sentado que no debe olvidarse que un testigo es atendible cuando su declaración es idónea para crear la convicción del juez sobre la verdad de los hechos a los cuales refiere. En este orden, para apreciar la eficacia del testigo deben atenderse las circunstancias o motivos que corroboran o disminuyen la fuerza de sus declaraciones, pues ni el juramento de decir verdad impuesto por la ley ni las manifestaciones formuladas al responder por las generales de la ley impiden que el juez ejerza la potestad legal de apreciarlas según las reglas de la sana crítica (en este sentido, C. Nac. Civ., sala H, 18/11/96, "R. de O., M. J. v. Rojas, Julio C. y otro", JA 1998-I, síntesis; esta Sala, 19/2/09, in re "A., A. B. c/ C. H. R.H. S.A. y/o q. rlte. Prep. y/o resp. s/ Dif. de hab. e indem. de ley" (Expte. n° 276 - año: 2008).-------------- --- Agregué allí un dato central que no puede dejar de mencionarse en este caso: que no puede hallarse en los testigos que pretende esgrimir la apelante la fuerza convictiva que ella les asigna, cuando la razón de los dichos que brindan los testigos es inverosímil en razón, principalmente, de que ellos deponen no sobre un único hecho sino sobre el cumplimiento de jornadas de labor durante largos períodos que exigirían que la razón dada en abono del testimonio sea concordante con esos hechos y con los períodos en que se afirma haberlos apreciado. Nada de ello se cumple respecto de los testigos de la actora en autos (voto de mi autoría, en sentencia del 14/4/09 de esta Sala, in re "L., R. H. c/ M. H., M. A. y R., J. F. s/ dif. de hab. e indem. de ley" (Expte. 153 - Año 2009).-------------------- --- Ergo, la razón de los dichos de testigos que pretenden deponer sobre el cumplimiento de horarios extensos de labor, sobre hechos múltiples cumplidos en largos períodos, debe ser consistente con los hechos declarados y convincente, además de precisa. Ninguno de estos adjetivos calificativos es aplicable a las declaraciones de los testigos R. y C.; no son esas declaraciones ni consistentes, ni precisas ni convincentes.------------------------- --- La razón de los dichos de un testigo no es un ritualismo vano, sino la piedra angular del edificio conceptual de su declaración. Sin razón de dichos convincente, no hay testimonio convincente. Y respecto de los testigos R. y C. no hallo ni uno ni otro. -- --- El propio Dr. Velázquez, se explayó en términos no muy diferentes al respecto; en un voto suyo, en sentencia en la que yo fuera segundo votante, dijo sobre la razón de los dichos del testigo que "sobreabundante casi es enfatizar la importancia que para la apreciación de esta especie de prueba reviste la razón de los dichos, en tanto es ella la que informa acerca de las circunstancias de lugar, tiempo y modo de adquisición por el declarante del conocimiento de los hechos sobre los que depone, elemento esencial entonces para la adecuada crítica del testimonio (art. 445 "in fine" C.P.C.C., su doc.; este cuerpo, c. 21.157 S.D.L. 20/06, c. 22.374 S.D.L. 7/08). Tal razón de ciencia debe resultar probable de acuerdo a las reglas de la sana crítica, esto es a las máximas de la experiencia y principios de la lógica, y en esta especie no parece lógico ni se advierte en la experiencia diaria que el cruzar a una persona por las calles del barrio o en el curso de un viaje en colectivo permita sin más deducir que ella va o vuelve directamente de su trabajo, sin escalas previas; tampoco posee base lógica atribuir a alguien el cumplimiento de prestaciones laborales por ocho horas diarias y seis jornadas semanales con el único cimiento de haberla visto en el lugar de trabajo dos únicas veces en horas no precisadas. Forzado es entonces apartar dichas declaraciones del plexo de las pruebas, pues "si parece inverosímil que efectivamente el testigo haya podido adquirir ese conocimiento de los hechos, su testimonio carecerá de mérito probatorio; si resulta improbable, su credibilidad será muy poca" (Devis Echandía, "Teoría general de la prueba judicial", 5ta. ed., II-270/271)" (cfr. Voto del Dr. Velázquez en sentencia de esta Sala del 26/6/08, in re "Q. G. B. c/ A. M. A. s/ Dif. de hab." (Expte. N° 22.773 - Año 2008). Coincido palabra por palabra con ese párrafo que leo en el voto del Dr. Velázquez. Justamente ese es el problema.--- --- A la luz de ese estricto criterio de apreciación de la razón de los dichos del testigo, me resulta inverosímil lo que atestiguan los testigos R. y C. sobre el desempeño del actor. Es que, la razón de los dichos de un testigo no radica en si es vecino o no del comercio donde labora el actor, sino más concretamente en este caso, consiste en saber por qué el testigo estuvo presente en todos los momentos, todos los días en que el actor laboraba, incluido cuando no atendía al público ni el comercio donde se desmpeñaba el actor ni el del testigo (testigo C., cfr. Fs. 102).----- --- No puedo dejar de coincidir con la apreciación que de este último testimonio hace el Dr. Ferrari cuando advierte que es llamativo que el actor se desempeñare en días domingos, incluso con el comercio cerrado, cuando el actor afirmó realizar ventas de automotores, atención de caja, trámites bancarios, etc., tareas que no pueden realizarse en días domingos y feriados; mucho menos, claro está, con la agencia cerrada. No acierto a comprender cómo un testimonio de trazo grueso y que roza -si no configura plenamente una declaración inverosímil- podría ser tenido por prueba suficiente de la realización de un horario de trabajo extendido durante años los siete días de la semana.

--- No encuentro justificada suficientemente la razón de los dichos de los testigos R. y C., lo que me bastaría ya para no poder coincidir con el voto del Dr. Velázquez y plegarme al del Dr. Carlos Dante Ferrari.-------- --- Pero, además de lo anteriormente expuesto, el voto del Dr. Velázquez se contrapone al criterio que esta Sala ha seguido en infinidad de pronunciamientos -sin disidencia alguna- a través de mi voto. Ese criterio es el de que la apreciación de la prueba efectuada por los jueces de grado constituye una decisión tomada por el juzgador en el centro o núcleo mismo de sus facultades, que constituye el ámbito de mayor discrecionalidad y legítimo arbitrio que le concede el ordenamiento, no bastando impugnarlas sobre la base de una opinión distinta sino que debe ensayarse, a su respecto, un ataque frontal, fundado en argumentos hábiles y conducentes, que demuestren el desacierto manifiesto de la resolución (cfr. mi voto en sentencias de esta Sala del 13/10/09, in re "J., C. D. c/ P. P. S.A. s/ Cobro de pesos" (Expte. 325 - Año 2009 CANE); ídem, del 12/11/08, in re "L., A. c/ S., R. s/ Cobro de pesos" (expte. 117, año 2008); ídem, 4/4/08, "P. V. c/ M. H. O. s/ Dif. de hab. e indem. de ley" (Expte. N° 22.785 - Año 2008); Ídem, del 19/6/08, in re "F., R. D. c/ B. H. S.R.L. y otros s/ Indem. de ley" (registrada como SDL 38/08); ídem, 18/6/2008, "V., L. N. y otro c/ L. S.C.T.T.L. s/ dif. de haberes e indem. de ley", registrada bajo el Nº 36 DE 2.008 - SDL); ídem, 7/8/08, "G., N. F. c/ P., R. L. y/o q. rte. resp. laboral de E. T. s/ Indem. de ley", registrada al Nro. 50 de 2008 SDL; ídem, 8/9/06, "S., J. G. c/ S. I. A. S.R.L. s/ cobro de pesos - laboral", registrada bajo el Nro. 56 DE 2.008 - SDL; ídem, 20/9/08, "S. M. C. C. R. s. Cobro de Haberes e Indemnización de ley" (Expte. N° 22.915 - Año 2008, registrada bajo el Nº 61 de 2.008 - SDL; ídem, 23/9/08, A., S. A. c/ S., H. y otro s/ cobro de pesos - laboral" (Expte. n° 22.806 - año: 2008, registrada bajo el Nº 59 de 2.008 - SDL; ídem, 21/8/08, "F., M. c/ B., O. H. y Otros s/ Cobro de Haberes e Indem. de Ley" (Expte. n° 22.863 - año: 2008, registrada bajo el Nº 54 de 2.008 - SDL; en igual sentido, Cám. Civ. y Com. Neuquén, Sala I, 29/2/96, "Aravena Bastias, Fernando c/ UCASA s/ Accidente", en Juba, base Neuquén, sumario Q0000046).-- --- Y como agregara en mi voto de la causa "L., R. H. c/ M. H., M. A. y R., J. F. s/ dif. de hab. e indem. de ley" (Expte. 153 - Año 2009), en vista de lo anteriormente expuesto, el recurrente para cuestionar con éxito la apreciación de la prueba efectuada en la instancia anterior debe demostrar no ya un simple desacierto sino una valoración absurda o indefendible de la prueba. No alcanza con menos para conmover la apreciación de la prueba efectuada en el grado, máxime cuando se trata de un juez laboral. Y verdad es que en este caso -ni en el citado- el apelante ha logrado ese cometido, con lo que habilitar un reclamo de horas extras no ya dudosas, sino de insegura e improbable realización e indefinida cuantía, revirtiendo una sentencia de grado que rechazara el reclamo sobre la base de los testimonios de los testigos R. y C., trasciende ampliamente el umbral de lo que esta Sala en casos más o menos similares ha admitido en materia de prueba convincente. ----------------------- --- Y, verdad es, que no veo el por qué de variar en este caso la tesitura que he venido sosteniendo en materia de apreciación de la prueba de testigos.

--- Máxime cuanto en esta materia bien se ha dicho que a fin de tornar viable el pago de horas extras, el trabajador carga con la prueba del número, modalidades, frecuencia y lapso de las mismas, pero partiendo de la base indispensable de su adecuada formulación inicial, y debiendo sin perjuicio de ello producir en las actuaciones prueba asertiva y categórica relacionada con el quantum de las tareas extraordinarias cumplimentadas, así como respecto de su fecha y duración (C. Nac. Trab., sala 2ª, 15/06/2004 -Rajoy, Sebastián L. v. Born Consultora S.A. y otro, en AbeledoPerrot online).-------- --- Y se ha dicho también que la prueba del trabajo en horas suplementarias, debe ser fehaciente; además, el juez debe fijar en las sentencias el quantum y no dejarlas al arbitrio del perito contador, con lo que estaría abdicando del deber de juzgar (C. Lab. Santa Fe, sala 1ª, 03/04/1991 -Millán, José v. Cerra, Saverio) JA 1996-I, síntesis). Pues bien, en autos no existe posibilidad cierta -aún haciendo a un lado la liviandad de los testimonios- de cuantificar razonablemente esas horas. Ello constituye otro óbice y no menor para su reconocimiento.----- --- No me parece que exigir una prueba de cierta precisión de un hecho que tiene una importante correlación patrimonial y que excede lo corriente o normal del contrato de trabajo sea exigir demasiado. Y la prueba traída a autos sobre la materialidad de las horas extras, su efectiva prestación, su número, la labor que se desarrollaba especialmente los domingos durante tantas horas como las que se afirma trabajadas y con el comercio cerrado, no convence en absoluto. No hace falta apreciar severamente la prueba reunida en autos para considerar que ella no logra formar convicción sobre el desarrollo y cuantía de tales horas suplementarias. --------------- --- Innecesario me resulta entrar a analizar los otros testigos de la actora, cuando el propio Dr. Velázquez los ha marginado en su disidencia, lo que me lleva a creer que coincide sobre el criterio que a su respecto sostiene el juez de primer voto. ---------------- --- Innecesario también me resulta analizar los efectos de la duda en materia de reclamos laborales. Ello, en primer lugar, por cuanto para que se aplique el parámetro hermenéutico del art. 9 LCT debe existir duda, para lo cual debe partirse de una prueba parcialmente convincente y de cierta precisión, condiciones que no tiene la declaración de los testigos de la actora. En segundo lugar, porque como dijera en mi voto de la causa "A., J. M. c/ L. L., A.", a contrario sensu, el criterio del art. 9 de la LCT (texto modificado por Ley 26.428) no se aplica frente a hechos inverosímiles o contrarios al principio de normalidad, alegados por la parte actora. Y en el caso de autos la versión fáctica del actor confronta el principio de normalidad, que como ya he dicho ha sido tenido en mira por esta Sala en decisiones anteriores como fundamental prisma de análisis de las causas a fallar (cfr. mis votos de la causa "A., J. M. c/L. L., A." y "R., J. C. c/ Z. S.A.C.I. y F. s/ cobro de pesos - laboral" (Expte.nº 356 - año: 2009).---------------------- --- En tal situación, adhiero al voto del Dr. Ferrari en este tópico de las horas extras, expidiéndome también por la confirmación del decisorio de grado en este punto.------- --- En cuanto al agravio relativo al monto de condena, habré de coincidir con la propuesta de confirmación del decisorio apelado efectuada por el Dr. Ferrari, aunque por fundamentos diferentes -concordantes en cuanto a las consecuencias- a los dados por él.------ --- En mi concepto el agravio debe ser declarado desierto, ya que el cuestionamiento efectuado en este rubro por el apelante no satisface los recaudos establecidos por el art. 265 CPCC.

--- Concretamente, entiendo que el primer agravio de la expresión de agravios de fs. 215/218vta. adolece de manifiestas deficiencias técnicas, que llevarán a la declaración de su deserción, al no satisfacer mínimamente la pieza de agravios las exigencias técnicas establecidas por el art. 265 CPCyC.-------------------- --- Ello, dado que el agravio tiene tres partes: una primera en la que lacónicamente el apelante cuestiona al fallo de grado por haberse apartado del dictamen pericial, lo que lejos está de constituir un cuestionamiento admisible, por cuanto el juez no tiene por qué seguir al perito al pie de la letra en sus propuestas, pues es el juzgador a quien corresponde juzgar el caso, siendo el perito un auxiliar que no hace constataciones jurídicas sino científicas, propias de su especialidad.---------- --- Como dijera en un voto de mi autoría, actuando como juez subrogante de la Sala B de este Cuerpo, in re "N., J. O. c/ L., C. J. y otro s/ Daños y Perjuicios" (Expte. N° 22.052 - año 2007), la función del perito es la de auxiliar al juez. iluminando su juicio en materias ajenas a su conocimiento y propias de la incumbencia del experto consultado. Por ende, la función pericial se agota en la determinación de los aspectos científicos -propios de su incumbencia- involucrados en la disputa sub lite y el encasillamiento de los hechos debatidos en la liza en las reglas y leyes de la ciencia de que se trate. El encasillamiento jurídico de los hechos o aspectos científicos determinados por el perito escapa a la función pericial, al ser una labor propia del juzgador e indelegablemente suya. Y también es propia del juez, indelegablemente suya, la determinación de si un hecho controvertido ha quedado probado o no. -----------De tal modo, la determinación de si está probado o no en autos que el actor realizara horas extras o suplementarias escapa a la competencia de los expertos actuantes en la causa y es propia de los juzgadores. Así debe declararse.------- --- Se ha decidido que el experto reúne las características de "asesor", "colaborador" y hasta consejero del juez, por lo que el peritaje es un elemento de juicio de vital importancia para él, pues se trata de temas complejos y específicos respecto de cuestiones de hecho en las cuales hasta los propios especialistas discrepan, más ella debe ser apreciada en función de la competencia de los peritos, los principios científicos o técnicos en que se funda, la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica, las observaciones formuladas por los letrados, conforme los arts. 473 y 474 CPCCN. como así otro cualquier elemento de convicción que la causa ofrezca" (conf. C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 2ª, causa 7933 del 2/7/1991). En consecuencia, es al juez a quien en definitiva le corresponde tasar la peritación y es soberano al sentenciar en la apreciación de los hechos" (C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 3ª, 21/03/2005 -VALLEJOS, CATALINA B. v. ESTADO NACIONAL s/ACCIDENTE EN EL ÁMBITO MILITAR Y FUERZAS DE SEGURIDAD", en AbeledoPerrot online).------ --- En tal situación, el argumento de que el juez se aparta de la pericia no implica un agravio relevante ni logra patentizar desacierto alguno en el decisorio atacado.------------ --- En segundo lugar, el memorial de agravios afirma apodícticamente que el juez de grado ha descontado dos veces lo percibido por el actor, concepto que no explicita y que no logro comprender ni hallo evidenciado en el decisorio de grado.---------------------- --- En tercer lugar, el apelante afirma que la pericia no ha sido cuestionada por las partes, lo que como bien dijera el Dr. Velázquez en su voto disidente, no es un elemento de juicio a considerar, ya que cuestionada o no la pericia por las partes, son los jueces a quienes cabe juzgar el acierto de sus conclusiones y la exactitud de sus comprobaciones fácticas, pudiendo apartarse del informe del experto en caso de que no reúna tales condiciones.-------------- --- Puede verse de lo anterior que los únicos tres argumentos esbozados por el apelante lejos están de configurar cuestionamientos idóneos para conmover la sentencia apelada en cuanto a la cuantía de lo concedido al actor.-------------------- --- Y toda vez que este agravio no llena los recaudos o exigencias impuestas por el art. 265 C.P.C.yC. con carácter de carga técnica mínima que todo apelante debe satisfacer para que su embate sea admisible y pueda entrarse al análisis del fondo del mismo, la deserción de este ítem del ataque recursivo deviene el necesario desenlace del tránsito por esta alzada. -- --- Ello así, propongo al igual que el Dr. Ferrari la confirmación del decisorio apelado en este aspecto, aunque en mi caso por considerar que el ataque debe declararse desierto en este punto.- --- En lo tocante al agravio relativo a la no extensión de la condena a G. R. B., la lectura del voto del Dr. Ferrari permite anticipar que existe doctrina de mi autoría que en principio me encolumnaría en su postura, la que ha tenido la amabilidad de citar.--- --- El Dr. Velázquez se afirma para disentir con el criterio del juez de primer voto en las normas de los arts. 59, 157 y 274 de la Ley 19550.------------- --- El primer obstáculo que encuentro para adherir a su criterio radica en que esas normas son excepciones al principio general que establece tanto el art. 39 del Código Civil como el art. 2 de la Ley 19550, que es la separación patrimonial y personal entre el ente societario y sus miembros o administradores, personas físicas en cualquier caso. Ergo, las excepciones al principio general son de interpretación restrictiva, lo que no hallo reflejado en el voto del Dr. Velázquez.---------------------- --- Es más, de interpretarse tales normas en el sentido de que cualquier incumplimiento de las leyes laborales que se compruebe en un caso, habilita la condena solidaria del gerente, directamente no existiría ya la separación entre la persona societaria, sus miembros y sus administradores, por cuanto en los hechos, tal criterio implicaría borrar la barrera societaria de plano.----------- --- La aplicación de una condena solidaria a un gerente o accionista de la sociedad implica una aplicación de la doctrina del levantamiento del velo, bien que receptada por normas legales concretas. Por ahí decirlo, se trata de una "legalización" de la pretoriana doctrina del levantamiento del velo.

--- Ahora bien, sea por conducto de la doctrina del levantamiento del velo o sea por conducto de la aplicación de las normas citadas supra y en el voto del Dr. Velázquez soy de la opinión que se requiere algo más que una mera culpa del gerente. No alcanza con la culpa del gerente, sino que se requiere la existencia de dolo.

--- Y es ahí donde discrepo con el Dr. Velázquez, ya que no hallo ni dolo ni culpa grave probada en autos en la actuación del gerente a quien se pretende ampliar la condena de la sociedad. Que la conducta de la sociedad ha violado normas legales configurativas de orden público laboral es cierto, como que ha sido así declarado en el grado y se pretende aquí confirmar. Que ello habilite la ampliación de la condena al gerente es difícil de aceptar en vista de que no encuentro que cualquier violación de las normas tuitivas habilite la aplicación de una condena solidaria al gerente, como lo ha resuelto incluso la CSJN en precedentes, que infra desarrollaré en sus alcances.---------- --- En caso contrario, se llegaría al extremo de que el gerente tendría sobre sí una labor inmensa, desproporcionada, como planteara a manera de crítica el maestro Héctor Alegría en su reciente disertación en Trelew sobre el tema de la responsabilidad de los administradores, en la cual prohijara una interpretación restrictiva de la figura de la solidaridad, criterio que sostuviera yo también en el trabajo que el colega de primer voto cita (publicado en "Revista de Derecho Privado y Comunitario", Edit. Rubinzal y Culzoni, t. 2008-III, pp. 7 y ss.).--------------------- --- Dije allí que el legislador laboral en vez de utilizar la figura de la desestimación, extendió la solidaridad frente a los reclamos obreros al controlante, administrador o director de todo conjunto económico permanente. En los últimos años el fuero laboral ha mostrado un gran activismo en la aplicación de la herramienta de la extensión de responsabilidad a los administradores y accionistas, llegándose en algunos fallos a un exceso de entusiasmo en su aplicación, que pone en crisis cualquier previsibilidad, al haber sido en tales fallos ordinarizada esta herramienta, desmintiendo en los hechos su declamada excepcionalidad (cfr. López Mesa, Marcelo, "Retomando algunas ideas sobre el abuso de la personalidad societaria. (Estado de la cuestión a varias décadas del precedente "Swift Deltec)", en "Revista de Derecho Privado y Comunitario", Edit. Rubinzal y Culzoni, t. 2008-III, pp. 7 y ss.).------------------------ --- Dije también en ese artículo que de las dos tendencias que existen en el fuero laboral en materia de responsabilidad de administradores, adscribo a la que considera que no cabe aplicar a un caso la herramienta de la solidaridad laboral o la desestimación de la personería, si no se ha probado en él que se está en presencia de una sociedad ficticia o fraudulenta, constituida en abuso del derecho y con el propósito de violar la ley, siendo insuficiente al efecto la acreditación de un incumplimiento legal en perjuicio del trabajador (cfr. CNCom., sala A, 27/4/06, "Valle, Leandro R. c. Boating Shoes S.A.", DJ 6/9/06, p. 75; CNTrab., sala I, 30/11/06, "Loayza Morales, María L. c. Sevicsa S.A. y otros", DT 2007 (febrero), 186; ídem, 23/2/07, "Moreira, Héctor Armando y otros c. Establecimientos Ladrilleros Mecánicos Argentinos S.A. y otro", DJ 2007-II, 1161; ídem, sala IX, 28/2/07, "Díaz, Angela Noemí c. By Free S.R.L. y otros", en La Ley Online; ídem, 14/12/06, "Santillán, Walter E. c. Goleen Chef S.A. U.T.E. y otros", DJ 2007-II, 648; ídem, sala VIII, 23/6/06, "Novoa, José Tomás c. Servicios Rezur y otros", en La Ley Online; ídem, 23/6/06, "Roncallo, José O. c. New Service Post S.R.L. y otros", La Ley Online; ídem, sala II, 31/5/06, "Ferre, María Sol A. c. Delgado, Julio A. y otro", La Ley Online; Cám. Civ. Com. Y Lab. Trelew, Sala A, 5/12/02, "C., N. O. c/ L. Y S. SRL Y OTROS" (Expte. nº 17939 - año: 2002, sentencia registrada bajo el Nº 48 de 2.002 - SDL), voto del Dr. Manino, al que adhiriera el Dr. Ferrari, según su voto; en similar sentido, Cám. Apels. Lab. Posadas, sala II, 18/2/08, "B., D. N. c. E. N. S.A. y otros", LL Litoral 2008 (junio), 566). --- --- En la senda contraria, algunos fallos que responsabilizan al administrador societario, tornan interdefinible los términos incumplimiento de las regulaciones protectorias del contrato de trabajo con la persecución de objetivos extrasocietarios o directamente lo asimilan al fraude societario, conceptos los tres que no son interdefinibles entre sí.--- --- Soy de los que creen que no cualquier violación a las normas laborales habilita la condena solidaria del gerente. Me baso en esto en el criterio seguido al efecto por prestigiosos tribunales, como la Corte Suprema de Justicia y algunas Salas de la CNAT. Conforme surge de diversos fallos de estos tribunales, no correspondería por esa sola inobservancia, habilitar a los jueces a desestimar la personalidad jurídica de la sociedad anónima demandada y declarar la responsabilidad personal y solidaria de sus directores y socios fundadores (Corte Suprema de Justicia de la Nación, "Carballo, Atilano v. Kanmar S.A. (en liquidación) y otros" del 31/10/2002 y "Palomeque, Aldo v. Benemeth S.A. y otros" del 3/4/2003; C. Nac. Trab., sala 5ª, 29/05/2003 -Díaz, Leonardo v. Exportadora S & V S.A. y otros s/despido, decisorios todos que no hicieron otra cosa que plasmar en una mayoría, el voto disidente de los Dres. Moliné O Connor y Lopez en la causa "Cingiale, María v. Polledo Agropecuaria S.A." (5/3/2002), --- La Corte Suprema en estos fallos, sobre todo en el fallo "Palomeque, Aldo v. Benemeth S.A. y otro" (3/4/2003) limitó la eficacia del art. 54 ley 19550 a los supuestos en los que se trate de una sociedad ficticia o fraudulenta, constituida en abuso del derecho y con el propósito de violar la ley, que prevaleciéndose de dicha personalidad, afecta el orden público laboral o evade normas legales, esto es, que haya mediado utilización ilegal del contrato de sociedad y no, ilegalidad de ciertos actos por ella realizados.---- --- Y se trate de ese art. 54 o de las normas que cita el Dr. Velázquez, el criterio que debe aplicarse es el mismo, siguiendo la doctrina de la CSJN, pues el levantamiento del velo o la solidaridad laboral son figuras primas hermanas entre sí, a las que cabe aplicar similares criterios. La propia Cámara Nacional del Trabajo reconoció en un fallo que los precedentes de la Corte de los casos "Carballo, Atilano v. Kanmar S.A. en liquidación y otros" ; y "Palomeque, Aldo v. Benemeth S.A. y otro" se aplican tanto al art. 54 como al 59 de la Ley de Sociedades (C. Nac. Trab., sala 10ª, 06/10/2005 -Siegfried, Emmert v. Ciccone Calcográfica S.A. y otros s/despido, en AbeledoPerrot online).----------------------- --- Participo de la opinión de que resulta insoslayable que del contrato social nace una persona jurídica distinta de la persona de los socios y administradores (art. 2 ley 19550), no pudiéndose prescindir de considerar que "...la personalidad diferenciada de la sociedad y sus socios y administradores constituye el eje sobre el que se asienta la normativa sobre sociedades anónimas y que ésta configura un régimen especial porque aquéllas constituyen una herramienta que el orden jurídico provee al comercio como uno de los relevantes motores de la economía..." (dictamen del Procurador General in re "Palomeque, Aldo v. Benemeth S.A. y otro" que compartiera la Corte Suprema). Si no se invocó ni se probó que la persona jurídica en cuestión fue constituida en abuso de derecho y con el propósito de violar la ley, y que prevaleciéndose de dicha personalidad afectara el orden público o evadiera normas legales, no corresponde extender la responsabilidad a los socios frente a los créditos reconocidos a la accionante (C. Nac. Trab., sala 9ª, 11/12/2003 -Quintero de Moreno, Dalmacia v. Industrias Metalúrgicas Imperio S.A. y otro s/despido, en AbeledoPerrot online).---------- --- Participo también del criterio de dos fallos señeros de la CNAT: 1) La Corte Sup., a partir del caso "Palomeque, Aldo v. Benemeth S.A. y otro" (fallo del 30/4/2003), adhirió al dictamen del Procurador Fiscal, Dr. Obarrio por el que limitó, dentro del marco de la personalidad diferenciada de la sociedad y sus integrantes, la eficacia del art. 54 ley 19550, a los supuestos en los que se trate de una sociedad ficticia o fraudulenta, constituida en abuso de derecho y con el propósito de violar la ley, que prevaleciéndose de dicha personalidad, afecta el orden público laboral o evade normas legales, esto es, como resulta en la causa "Cingiale, María v. Polledo Agropecuaria S.A." (fallo del 5/3/2002) que haya mediado utilización ilegal del contrato de sociedad y no ilegalidad de ciertos actos por ella realizados. Ello así, en razón del sistema estatuido por nuestro ordenamiento legal para el reconocimiento de la personalidad jurídica en general y de las sociedades comerciales en particular y para delimitar la responsabilidad de los socios (arts. 33 , 39 y ss. CCiv.; 3 , 146 , 163 y concs. ley 19550) pilares éstos sobre los que se basa todo el ordenamiento jurídico vigente en la materia (C. Nac. Trab., sala 8ª, 30/04/2004 -Paiz, Julio v. Buro S.A. y otros s/despido, en AbeledoPerrot online); y --- ---2) El art. 54 ley 19550 diseña, como tipo legal, el supuesto de una sociedad ficticia y fraudulenta constituida en abuso del derecho y con el propósito de violar las leyes, esto es, una situación cuya gravedad extrema justifica hacer excepción de la regla de la personalidad jurídica diferenciada entre la sociedad, sus integrantes y órganos, sobre la que reposa la estructura misma del sistema institucional de la República. La registración incorrecta de los trabajadores con al consecuente violación a la legislación laboral, impositiva y previsional, no constituyen la finalidad última de la sociedad. Cuando la ley se refiere a "recurso para violar la ley, el orden público o frustrar los derechos de terceros", está aludiendo a la utilización en tal carácter de la forma societaria, no a actos indeterminados que, en cada caso, puedan perseguir esos fines. Consecuentemente, la falencia registral de una relación de trabajo es una situación del todo ajena al contenido preceptivo del art. 54 ley 19550. Esta interpretación se ajusta a la doctrina que fijó la Corte Sup., en la causa "Palomeque, Aldo v. Benemeth S.A." [J 40000126] (C. Nac. Trab., sala 8ª, 30/11/2004 -Ayala, Carlos v. Boeing S.A. y otros s/despido, en AbeledoPerrot online).-- --- Creo que la distinción del voto disidente en el precedente Cingiale y de los que lo siguieron entre la utilización ilegal del contrato de sociedad, extremo que habilita la ampliación de la condena del ente a la persona física que lo administra y, por otra parte, la ilegalidad de ciertos actos realizados por la persona, que no habilita tal extensión de la condena, es capital.----------------- --- Con esta distinción en mira, debe decirse que, en mi criterio, no se ha acreditado en autos, ni surge de ninguna de las probanzas arrimadas a la causa que la sociedad demandada sea un ente ficticio destinado a defraudar los derechos de terceros como finalidad societaria. No se ha acreditado la ilegalidad del contrato de sociedad, lo que cierra la puerta de la extensión de la condena del ente al administrador. Ello, justamente, porque no alcanza a tenor de los precedentes de la Corte que fueron citados, con la prueba de ciertos actos societarios concretos de ilegalidad.------------------ --- Es más, las Salas de la CNAT que imputan la responsabilidad del ente al administrador lo hacen aclarando que se apartan de los precedentes de la Corte que citara, buscando diversos fundamentos formales para tal apartamiento.------------------ --- Pero creo que en los términos de la doctrina de la Corte de los casos "Palomeque", "Carballo" y "Cingiale" lo que corresponde en este caso particular y concreto es mantener lo resuelto en el grado por el a quo.------------------- --- Adhiero a la opinión del Dr. Ferrari sobre que no le asiste razón al recurrente en esta queja y que el juzgador de primera instancia ha acertado al desestimar la pretensión de extender la condena al socio gerente de las sociedades demandadas, en tanto el mero incumplimiento de las obligaciones laborales no es suficiente para considerar la existencia de un fraude laboral que habilite dejar de lado la personalidad jurídica de las empleadoras y sus responsabilidades emergentes de tal carácter.-------------------------- --- No estando configurados en el caso los requisitos para la extensión de la condena del ente al gerente, voto por la confirmación del decisorio en este punto. ---------------- --- En lo tocante a la cuestión de la vista a la AFIP, no creo necesario opinar, dado que ambos colegas han coincidido en un punto: la sentencia de grado no se halla firme o ejecutoriada, lo que implica una condición necesaria para tornar operativa la obligación atribuida al secretario del juzgado en la etapa procesal pertinente y en la instancia respectiva. El Dr. Ferrari voto por rechazar el agravio y el Dr. Velázquez por considerarlo abstracto, pero ambos postularon que al no hallarse firme la sentencia el cuestionamiento no podía prosperar en este momento. Ello basta para tornar innecesario mi pronunciamiento al respecto, por no haber disidencia sobre la tesitura a adoptar. -------- --- En cuanto a la distribución de las costas de grado, coincido con el Dr. Ferrari en que no se aprecia irrazonabilidad en el criterio de imposición de ellas por el a quo. Este valoró debidamente las pretensiones acogidas y las rechazadas, plasmando la distribución de costas que realizara el juzgador de instancia un uso adecuado de los poderes que le confiere el art. 72, Ley XIII N° 5, ex art. 71 CPCyC, que resulta aplicable en el caso en virtud de la remisión que realiza el art. 73 de la Ley XIV N° 1, antes conocida como Ley N° 69. Ello así, corresponde la confirmación del decisorio de grado, también en este punto.---------------- --- Por tales fundamentos, habré de acompañar la propuesta del Dr. Ferrari de confirmar el decisorio impugnado en cuanto fuera materia de recurso y agravios, imponiéndose las costas de alzada a la actora, en su condición de apelante vencida en esta instancia (cfr. art. 57, Ley XIV N° 1, antes Ley 69). ------------------------- --- También propiciaré la regulación de los emolumentos del Dr. P. O. A. y G. U., letrados de la actora, atendiendo al mérito, trascendencia, extensión, calidad y eficacia de sus labores, así como a su resultado, en el 25% de los estipendios que se les fijaron por su actuación en la instancia de grado (cfr. arts. 5, 6, 8, 13, 18 y 46, Ley XIII N° 4).- --- Por los fundamentos expuestos supra, a la primera cuestión, VOTO POR LA AFIRMATIVA.- --- A LA SEGUNDA CUESTIÓN, dijo Dr. Carlos Dante Ferrari: --- A fs. 208 los letrados de la parte actora apelaron la regulación de honorarios fijada a su favor, por considerarlos bajos. Opino que les asiste razón en su queja, por cuanto debe considerarse al efecto, además de la extensión, calidad, eficacia de sus labores, la circunstancia de que han sido principalmente vencedores en la contienda. Este factor indica que debió tenerse en cuenta la escala del art. 6 del arancel (entre el 11% y el 20% del monto del proceso), a lo cual debe añadirse la procuración (art. 8). Por consiguiente, opino que dichos estipendios deben ser elevados al 15,5% del monto de condena debidamente liquidado con más el 40% por las tareas en la instancia de origen (arts. 5, 6, 8, 14, 18, 38, 46 y conc., Ley XIII N° 4 - antes Dec. Ley 2.200) y así lo dejo propuesto al acuerdo.---------------------- A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Velázquez expresó:

Ante la opinión mayoritaria de los colegas al expedirnos sobre la cuestión precedente, ya no habrá la adecuación de honorarios que de mi lado propusiera, tornándose entonces indispensable tratar el agravio expresado a propósito de los regulados en la instancia de origen.- Atendiendo a la magnitud, importancia y resultado de las tareas profesionales desplegadas por los Dres. N. O. M. y P. O. A. en la instancia anterior, en la que su asistida y representada resultara parcialmente vencedora y derrotada, considero que los emolumentos fijados son efectivamente bajos, correspondiendo elevarlos a la suma equivalente al 15,50 % del monto del proceso que surja de la liquidación a practicarse, por sus tareas de patrocinio, con más el 40 % de esa primer suma por los quehaceres de procuración.- Me pronuncio pues en esta cuestión segunda por la AFIRMATIVA.- --- A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Señor Presidente de la Excma. Cámara de Apelaciones de Trelew, Doctor Marcelo López Mesa, expresó: - --- Que a fs. 208 los abogados de la actora cuestionaron la determinación de sus honorarios practicada en el grado, al considerarlos bajos.---- --- Analizada la cuestión planteada a la luz de las pautas que habitualmente utiliza esta Cámara en similares asuntos, considero que poseen razón los recurrentes en su impugnación, ya que además del mérito, extensión, calidad y eficacia de las labores que ellos plasmaran en la instancia inferior, debe tenerse en consideración que tales labores han fructificado en la contienda, obteniendo un triunfo sustancial en la liza.-------------- --- El resultado favorable no fue suficientemente considerado como pauta de determinación arancelaria en el grado. A tenor de tal pauta, la escala del art. 6 del ordenamiento arancelario -del 11% y el 20% del monto del proceso- debió ser tenida en mira al practicar la determinación de emolumentos, debiendo sumarse a este elemento de juicio el doble carácter en que los abogados de la actora intervinieran (cfr. art. 8 del arancel).-- --- En tal situación, los emolumentos de los letrados de la actora, deben ser incrementados, hasta alcanzar el 15,5% del monto del proceso que se determine en etapa de ejecución de sentencia, a lo que deberá sumarse el 40% por las tareas en la instancia de origen (cfr. arts. 5, 6, 8, 14, 18, 38, 46 y cctes., Ley XIII N° 4 - antes Ley Ley 2.200).--- --- En vista del sentido de mi voto, el pronunciamiento que corresponde dictar -por mayoría- es el que propone el Dr. Ferrari en su voto a esta cuestión. --- Tal mi voto.- --- A LA TERCERA CUESTIÓN, dijo Dr. Carlos Dante Ferrari: En vista del acuerdo arribado respecto de los puntos precedentes, corresponderá por tanto: I) CONFIRMAR el fallo apelado en lo que fuera materia de agravios por la parte actora, modificándolo única y exclusivamente en cuanto a los honorarios regulados a los Dres. N. O. M. y P. O. A. por sus tareas en la instancia de origen a cargo de la parte demandada, los que deberán elevarse al 21,7% del monto de condena debidamente liquidado. II) Con costas en la alzada a la parte actora apelante, fijándose los honorarios de los letrados de la parte actora en el 25% de los que les correspondieron por su actuación en la anterior instancia.-------Así lo voto.

A LA TERCERA CUESTIÓN el Dr. Velázquez respondió:

Vista la mayoría formada con los votos coincidentes de los colegas, y sin perjuicio de mi opinión personal discordante, el pronunciamiento que corresponde dictar es el propuesto por el Dr. Ferrari.- --- A LA TERCERA CUESTIÓN, el Señor Presidente de la Excma. Cámara de Apelaciones de Trelew, Doctor Marcelo López Mesa, expresó: - --- En vista del acuerdo arribado precedentemente, el pronunciamiento que corresponde dictar -por mayoría- es el que propone el Dr. Ferrari en su voto a esta cuestión. ------ --- Tal mi voto.-------------------------- --- Con lo que se dio por terminado el acuerdo.

--- Trelew, de junio de 2.010.---.

En virtud de lo resuelto en el Acuerdo cuya copia antecede, la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Trelew; por mayoría, pronuncia la siguiente:------------S E N T E N C I A: ------- --- CONFIRMAR el fallo apelado en lo que fuera materia de agravios por la parte actora, modificándolo única y exclusivamente en cuanto a los honorarios regulados a los Dres. N. O. M. y P. O. A. por sus tareas en la instancia de origen a cargo de la parte demandada, los que deberán elevarse al 21,7% del monto de condena debidamente liquidado.-------------------IMPONER las costas en la alzada a la parte actora apelante.-- FIJAR los honorarios de los letrados de la parte actora en el 25% de los que les correspondieron por su actuación en la anterior instancia.-------- --- Regístrese, notifíquese y devuélvase.---------------- EN DISIDENCIA REGISTRADA BAJO EL Nº DE 2.010 - SDL.- Conste.- JOSE PABLO DESCALZI SECRETARIO DE CAMARA.