marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Expropiación, indemnización, bienes inmuebles, valor real
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD c/ OTERO, LIDER PEDRO s/ EXPROPIACION      EXPTE NRO 173-84 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD c/ OTERO, LIDER PEDRO Y-O QUIEN RESULTE PROPIETARIO s/ EXPROPIACION DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD c/ SALOMON,  RAFAEL ARCANGEL Y-O QUIEN EN DEFINITIVA RESULTE PROPIETARIO s/ EXPROPIACION (CSJ EXPTE Nº 233-83)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-04-14|1992-04-22|1992-12-02

Los montos convenidos entre la expropiante y los propietarios afectados por leyes expropiatorias, no suelen representar el valor real de plaza, sino uno inferior.
Derechos de incidencia colectiva, acción popular
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires c/ EDESUR SA s/ responsabilidad por daños
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-03-16

El interés difuso, llamado también fragmentario, colectivo o supraindividual, ha sido caracterizado como aquél que no pertenece a una persona determinada o a un grupo unido por un vínculo o nexo común previo, sino que corresponde a un sector de personas que conviven en un ambiente o situación común. Es decir, se trata de un bien que pertenece a todos y al grupo, pero que es indivisible, por lo que la satisfacción del interés respecto de uno de ellos importa la de todos. (Sumario confeccionado por el SAIJ).
Recurso de apelación (procesal), agravio concreto
Materia: PROCESAL
Carátula: A.T.E. c/ M. R. s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-03-22

No procede la apelación por agravios posibles o hipotéticos o conjeturales. Tampoco por agravios futuros.
Contrato de trabajo, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Cabral, Emilio c/ Unión Agrícola de Avellaneda Cooperativa Limitada y/o responsable s/ Haberes adeudados
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1998-04-30

No es procedente el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del a-quo que declara inexistente la relación laboral. Ello así, ya que carece de asidero que se hubiese omitido ponderar la pretensa duración de la situación fáctica. No es improbable que por ese motivo el actor pudiera haberse considerado con expectativas de continuar realizando trabajo a changas, más no puede razonablemente establecerse que únicamente por esa eventual inteligencia, corresponda tener por acreditada la existencia de la relación laboral invocada en la demanda, lo contrario nos llevaría por vía de dicho razonamiento a admitir efectos jurídicos no deseados por el legislador. Ningún compromiso para el principio de constitucionalidad de igualdad ante la ley, puede derivarse de que en alguna oportunidad pudiera haber considerado dicha circunstancia, toda vez que de ordinario el trabajo "a changas" resulta de una cuestión de hecho y de prueba que en la especie no autoriza su aplicación, ya que no surge acreditado que el actor hubiese tenido la obligación contractual de aceptar el ofrecimiento del trabajo de la principal, ni tampoco ésta de ofrecérselo.
Concesión errónea del recurso, recurso extraordinario federal, acción de amparo, juicios contra el Estado, competencia federal, jurisprudencia aplicable
Materia: PROCESAL
Carátula: V., C. M. c/ Profe Inlcuir Salud y otro s/ amparo Ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-02-07

Resulta mal concedido el recurso extraordinario planteado por la Defensora Pública Oficial, en el amparo incoado contra el Estado Nacional y el de la Provincia de Córdoba, por quien padece distrofia muscular de Duchenne, pues al sostener que ambas acciones corresponden al Juzgado Federal de Córdoba desconoce los precedentes que han determinado -independientemente de lo que pueda opinarse-, la división jurisdiccional entre el fuero federal y la justicia ordinaria en tanto sean demandados conjuntamente los Estados nacional y provincial, temperamento mantenido incluso en las acciones relativas a personas con discapacidad.
Poder Legislativo, inmunidad de expresión, rechazo in límine
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Tula, Lucía Garín de s/ En Expte. Cámara Nº 205/00 "Cisternas, Mario Héctor c/ Tula, Lucía Garín de s/ Indemnización por daño moral y profesional" s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2005-04-05

Doctrina y Jurisprudencia son unánimes en reconocer que el trámite que ha de imprimIrsele a una causa iniciada en contra de un legislador, por opiniones por Este vertidas durante el desempeño de su mandato es el rechazo in límine.

Y es que no se puede imponer al diputado demandado la obligación de defender en sede judicial su actuación como legislador, ya que ello sería tanto como estorbar su accionar, rompiendo el equilibrio que debe existir en la actuación de los tres poderes de la República.

Del voto del Dr. Lilljedahl-Según su Fundamento
Intereses, tasas de interés
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Autodelta S.A. c/ Arce José Eusebio y otros. s/ Ejecución prendaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-12-09

Cuando se ha convenido la tasa de interés compensatorio y no la de los moratorios, aquella tasa es también aplicable a éstos (Cfr. art.

568 C. Com.).-
Prescripción adquisitiva, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: RIVEROS, JUAN ALDO s/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-03-20

La acción declaratoria de la usucapión prescripta por el art. 4015 C. Civil, persigue establecer la situación de hecho que corresponde a su derecho buscando la eliminación del obstáculo, presunción de vacancia del inmueble que impide o perturba la libre disposición del dominio por él adquirido originariamente, siendo sus requisitos esenciales, la posesión continuada y pacífica por el término de ley, y la existencia de un elemento subjetivo que consiste en el ánimo de poseer como dueño lo que pretende adquirir. Se debe demostrar el cuerpo posesorio y la intención de poseer la cosa para sí, ello requiere elementos probatorios que acrediten fehacientemente el "animus" de poseer.

Los actos posesorios deben ser probados de manera precisa, fehaciente, por medio de actos concretos. Un comportamiento ambiguo, o una actitud complaciente jamás lleguen a constituirse en expresiones claras y convincentes del "animus domini".
Asociaciones de consumidores, legitimación procesal, legitimación activa
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: ADECUA - Asoc. de Defensa de los Consumidores y Us. de la Arg. c/ ENARGAS Res. 302/303/304/305/306/307/308/309/310/96.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-09

La habilitación normativa de las asociaciones de consumidores no viene dada tan solo por el artículo 43 de la Constitución Nacional, sino además, por lo dispuesto en el artículo 55 de la ley 24.240, en el que se señala que: "las asociaciones de consumidores constituídas como personas jurídicas están legitimadas para accionar cuando resultan objetivamente afectados o amenazados intereses de los consumidores sin perjuicio de la intervención del usuario o consumidor prevista en el segundo párrafo del artículo 58". (cons.

III).
Quebrantamiento de clausura, contravención continuada
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: M, E. D. s/ Recurso de revisión
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-05-16

En el caso, yerra el recurrente al invocar la existencia de una contravención continuada, toda vez que como bien señala el Sr. Fiscal de Cámara "la autoridad administrativa cada vez que concurrió al local fijó una nueva faja de clausura ... o sea que hubo una reposición de faja. Por lo tanto no se puede afirmar que hay una contravención continuada, ya que el inspector al colocar una nueva faja, hizo cesar la falta".

Del acta labrada y la inspección obrante en autos se desprende que el local en ese momento se encontraba funcionando, hecho que lleva a concluir que el imputado rompió la faja de clausura fijada horas antes por el inspector, constituyendo este acto una nueva infracción. (Del voto de la Dra. Robledo con adhesión del Dr. Ventureira)
IVA, asegurador, bien asegurado, siniestro, venta del bien siniestrado
Materia: TRIBUTARIO - COMERCIAL
Carátula: La Meridional Cía. Argentina de Seguros  S.A. s/ recurso de apelación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-11-09

Las ventas por las compaÑías aseguradoras de los bienes siniestrados que los asegurados abandonaron a su favor, no pueden calificarse como actividad "habitual" en los términos del inc. a) del art. 4 de la ley 20.631).
Inimputabilidad, alteración morbosa de las facultades
Materia: PENAL
Carátula: D., A.A.G. s/ Tentativa de Homicidio, en Concurso Real con Homicidio -dos hechos- en Concurso Real
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-12-19

La patología que afecta al acusado, el Trastorno Límite de la Personalidad, no alcanza un grado que implique la inimputabilidad, (Código Penal, artículo 34 inciso 1°). Es muy claro, en ese sentido, el dictamen producido por la licenciada. Pienso que la minoría de la Cámara, no debió transformar arbitrariamente, al ponderar tal prueba, una "dificultad en la dirección de las acciones" en la "imposibilidad de frenar la impulsividad" ya que sólo lo primero tiene en el caso, un correlato científico fehaciente, con repercusiones concretas en el ordenamiento jurídico aplicable. Explica Ricardo C. Núñez que: "En el sistema del Código penal la imputabilidad existe o no existe. Los casos llamados de imputabilidad disminuida, que, en virtud de trastornos de las facultades o de la conciencia, acusan una disminución de la capacidad intelectiva o volitiva, no tienen una regulación particular".
Contrato de trabajo, entrega del certificado de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: SCIOTI, TERESA c/ CONSOLIDAR AFJP s/ INDEM.   ART.  80  LCT   L. 25.345
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-09-28

La entrega del certificado de servicios y remuneraciones no resulta suficiente para tener por acreditada en tiempo y forma la obligación que impone el art. 80 de la LCT. Sin perjuicio de señalar que es criterio mayoritario de esta Sala que la obligación citada se integra por la entrega de: a) un certificado de trabajo, y b) una constancia documentada de aportes; esta última no considerada por aquélla; también lo es que no debe confundirse el "certificado de trabajo" del art. 80 de la LCT, con la "certificación de servicios y remuneraciones" de la ley 24.241, ya que: "Esta última se expide en un formulario de la ANSES (P.S.6.2.) en el que se insertan datos similares, aunque no del todo coincidentes con los exigidos por el art. 80 LCT. Además, la finalidad de uno y otro certificado es distinta: el primero le sirve al trabajador para conseguirse otro empleo, mientras que el segundo se utiliza para gestionar un reconocimiento de servicios o la obtención de un beneficio previsional, y queda archivado en las oficinas de la ANSES"
Filiación, daños y perjuicios
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: CORONEL MORALES GRACIELA ERMELINDA c/ DIAZ CARLOS ALFREDO s/ FILIACION DE LA MENOR LEYSA CECILIA CORONEL MORALES Y DAÑOS Y  PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-07-10

Es temporánea la demanda, que reclama daños y perjuicios por la negativa del presunto padre de reconocer la filiación, cuando se interpone conjuntamente con el reclamo de esa filiación. La sentencia de filiación, por su naturaleza es constitutiva en punto a su objeto al atribuir el título de la filiación. (Minoría u opinión personal)
Acción de amparo, ombudsman, medidas cautelares, legitimación procesal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Defensor del Pueblo de la Nación c/ PEN - Sec. de Comunicaciones - Resol. 868/98 s/ Amparo ley 16.986.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-16

El art. 43 de la Constitución Nacional determina que el Defensor del Pueblo se encuentra facultado para interponer acción de amparo, en los términos que se detalla en el primer párrafo del mentado artículo, contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protege, resulta, entonces claro, por lo menos dentro del marco del proceso cautelar, donde sólo se debe apreciar interina y provisionalmete, la concurrencia de un interés tutelable, que el Defensor del Pueblo se encuentra legitimado procesalmente para peticionar la medida requerida. (Cons. III).
Recurso de casación, inadmisibilidad del recurso, sentencia definitiva, juicio ejecutivo, prescripción
Materia: PROCESAL
Carátula: Olmos, Vicente Horacio c/ Tampellini, Delmo s/ Sucesión
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1985-03-29

Los agravios en contra del acogimiento por parte del Tribunal ad-quem de la excepción de prescripción contemplada en el art. 16 del Decreto Ley 5965-63, en cuanto solo revelan discrepancias de la recurrente con la decisión apelada, no constituye impugnación eficaz que sustente excepción admisible a los efectos del art. 286 del Código Procesal Civil de la Provincia del Chubut, pues nada obsta a que la ejecutante haga valer sus derechos en el competente juicio ordinario posterior, como lo preve dicho código, en tanto establece que cualquiera fuera la sentencia que recaiga en el juicio ejecutivo, el ejecutante o el ejecutado podrán promover el ordinario una vez cumplidas las condenas impuestas.
Responsabilidad civil, culpa de la víctima, cuestiones prejudiciales
Materia: CIVIL
Carátula: Boratto, Carlos Alberto c/ Videnoff, Paula Verónica y otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-10-06

"La condena en sede penal que, en principio, impide volver respecto de la existencia del hecho y la culpa del condenado, no obsta a que se valore -aun de oficio- si medió concurrencia de culpa por parte de la víctima para determinar de tal modo la relación de causalidad y la consiguiente responsabilidad civil, pues la culpa demostrativa del ilícito penal puede autorizar la condena aún cuando no sea exclusiva del agente del daño, ya que la conducta de la víctima no fue motivo de juzgamiento".
Accidentes de trabajo, competencia
Materia: LABORAL
Carátula: Quiroga, Juan Eduardo c/ Ciccone Calcográfica SA s/ Enfermedad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-04-23

El art. 46 de la ley 24.557 pretende posibilitar el ejercicio de un entronque jurisdiccional contra las resoluciones de cuerpos de esencia administrativa, lo que parece muy saludable, e imprescindible como lo dijo desde antiguo la Corte Suprema de la Nación.
Sentencia interlocutoria, fundamentación de sentencias
Materia: PROCESAL CONSTITUCIONAL
Carátula: Bolland y Cía. S.A. c/ Comisión de Actividades Infantiles Mutual, Social y Deportiva s/ Sumarísimo -Apelación Efecto Devolutivo-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-05-08

El art. 169 de la Constitución Provincial en su nueva redacción no ha querido hacer extensivo sus alcances a las resoluciones procesales en general -autos, decretos y sentencias-, sino tan solo a aquéllas que reúnen las características de definitivas o sea aquéllas que ponen fin al pleito o hacen imposible su continuación.
Accidentes de trabajo, responsabilidad del asegurador, recurso extraordinario, legitimación del asegurador
Materia: LABORAL
Carátula: Dagrava, Felipe Eulogio c/ Lafne S.A. s/ Enfermedad accidente-ley 9688
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-09-30

Cuando la compañía aseguradora cuestiona la fecha de toma de conocimiento por el actor de su incapacidad se encuentra habilitada para recurrir toda vez que aborda el referido cuestionamiento como factor determinante de la falta de cobertura del contrato de seguro en virtud del cual fue citada en garantía y constituye por lo tanto una cuestión propia vinculada a su legitimación pasiva. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Transporte aéreo, transporte de pasajeros, billete de pasaje, demora en el servicio, sobreventa de pasajes, incumplimiento del contrato, indemnización, monto de la indemnización
Materia: AERONAUTICO
Carátula: CAPON, CARLOS A. Y OTRO c/ AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS VARIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-08

El Dr. Adolfo Roberto Vázquez, vocal de la Sala III de esta Cámara, en su voto en la causa 5483/92 del 22.11.92. Ha dicho "...

Dicha imposibilidad de viajar, con los pasajes ya previamente reconfirmados ... En el día y hora estipulados se debió a que el pasaje estaba colmado por la existencia de sobreventa de pasajes o de 'overbooking' ... Lo expuesto lleva a definir la conducta de la empresa transportadora como de incumplimiento contractual, siendo irrelevante, a este sólo efecto, el análisis de la determinación de la ocurrencia de "overbooking" o sobreventa, en la medida en que no habiéndose demostrado una causal eximente de la inejecución del contrato de transporte aéreo de pasajeros, sus consecuencias patrimoniales pesan sobre las obligada en forma ineludible (CNFed.

Civ. y Com., Abril 23-1969, ED, 28-429; Idem Sala III, 11.11.81, ED, 98-216 y muy recientemente esta misma Sala en la causa "Rodríguez Santorum c/TAP" del 21.12.92) ... Lo expuesto autoriza a presumir un supuesto de "overbooking" o sobreventa de pasajes, circunstancia que cabe señalar como un agravante del incumplimiento contractual verificado. La jurisprudencia internacional ha juzgado severamente esta práctica estructurando su criterio sobre la base del llamado "bumping" o rebote -situación esta que consiste en impedir embarcarse a una persona con pasaje-entendiéndose que constituía una práctica discriminatoria inaceptable ...". Y concluyó: "en síntesis, la transportista incumplió con su obligación de obrar con la debida diligencia, obligación de medio que le está impuesta conforme la figura típica en la que enmarca el contrato de transporte aeronáutico" (cfr. Malbran, Manuel "El Principio de Responsabilidad en la Convención de Varsovia", en Revista de Jurisprudencia Argentina del 12.9.53, citado por Rodríguez Jurado, A., en "Teoría y Práctica del Derecho Aeronáutico", Tomo I, pág. 234; esta Sala causa N° 8513 del 21.12.92).
Ejecución hipotecaria, inhabilidad de título
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Bank Boston N.A. c/ Crecencio, Victor Santos y otras s/ Ejecución Hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-04-27

Es procedente la excepción de inhabilidad de título cuando (pese a que del mutuo con garantía hipotecaria resulte la forma de determinar la cantidad exacta de capital total que debía ser abonado de acuerdo al "sistema francés" estipulado) no se haya mencionado en la demanda la cantidad de cuotas ya abonadas por el demandado, pues de faltar dicho recaudo, la deuda en ejecución no sería "facilmente liquidable" toda vez que el saldo insoluto está compuesto, por una parte de capital y otra de interés. (Minoría u opinión personal)
Daños y perjuicios, responsabilidad del Estado, allanamiento domiciliario, allanamiento ilegal, allanamiento sin orden, ilegalidad del secuestro, cuerpo del delito
Materia: PROCESAL
Carátula: LAVIE, RICARDO CLAUDIO c/ LA  NACION  ARGENTINA  -  EJERCITO  ARGENTINO - MINISTERIO DE DEFENSA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-03

En el punto a la responsabilidad por haberse efectuado un allanamiento sin orden judicial, y el secuestro del cuerpo del delito, es la demandada, quien debe responder por los daños sufridos por el actor, que estuvo detenido desde el 1 de julio de 1983 al 21 de febrero de 1985, 1 año y 7 meses, en virtud de un acto inconstitucional, lo cual no significa desconocer, como así no lo desconocieron ni el Procurador Fiscal ni el Juez Federal, que la computadora que había desaparecido del regimiento, estaba en el domicilio del actor, como así también que el motivo del sobreseimiento definitivo fue el resultado de haberse practicado un allanamiento sin orden judicial, y el consencuente secuestro del cuerpo del delito.
Caducidad de instancia, impulso de parte
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Szojchet, Jaime s/ Tercería en autos "Estray c/ Langenauer s/ Ejecutivo"
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-11-07

Si bien la carga de instar el proceso pesa sobre los litigantes, quedan éstos liberados de las consecuencias de su incumplimiento cuando el órgano jurisdiccional se encuentra en condiciones de proveer sin necesidad de gestión de los interesados (art. 313 inc. 3 CPCC).
Recurso de inconstitucionalidad, código procesal penal, resoluciones apelables, aplicación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: LAVACA, RICARDO JOSE c/  s/ ESTAFA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-12-05

Lo resuelto por el A quo en relación a la inapelabilidad del auto que rechazó el pedido de suspensión de juicio a prueba no resulta derivación razonada del derecho vigente por cuanto el Magistrado sólo interpretó que no eran susceptibles de apelación aquellas resoluciones que no eran sentencias definitivas ni causen un gravamen irreparable, independientemente de si lo son o no en el sistema de enjuiciamiento penal instaurado por la ley 12734; y, en razón de que el rechazo del pedido de la probation es de fecha posterior al inicio del período de transición, resulta aplicable lo previsto en el artículo 11 de la ley 13004, que dispone que a partir del comienzo del período de transición, los recursos de apelaciones de todas las causas iniciadas con anterioridad se regirán por las disposiciones del Nuevo Código Procesal Penal, ley 12734. (Del voto del Dr. Erbetta).
Resistencia a la autoridad, abuso de armas, concurso ideal, atentado contra la autoridad
Materia: PENAL
Carátula: FERMI, RICARDO L. s/ RESISTENCIA A LA AUTORIDAD
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-11-15

El art. 239 del CP sólo prohibe la acción de la resistencia a la autoridad, sin que le sea aplicable,por no estar prevista, la agravante por la comisión a mano armada, sí prevista para el delito de atentado a la autoridad, por lo que, para dar cabida al injusto típico, debe recurrirse a dos figuras, la resistencia y el abuso de armas, que concurren en forma ideal. No debe confundirse el delito de resistencia con el de atentado a la autoridad, pues el primero presupone impedir el cumplimiento de un acto de autoridad ya en curso, el segundo, en cambio, supone imponer a un funcionario una acción u omisión que éste no ha comenzado a concretar en el mundo objetivo
Resoluciones irrecurribles, suspensión del juicio a prueba, daño resarcible, acción civil
Materia: PROCESAL-PENAL-CIVIL
Carátula: Calvo, Néstor s/ recurso de queja. Causa: 555
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-10

Por expresa disposición de la ley de fondo, lo resuelto en materia de reparación del daño al otorgarse la llamada probation no es susceptible de recurso por el particular damnificado en sede penal, cuyo disenso respecto del tema deberá viabilizarlo por ante la justicia en lo civil.