Tribunal: CAMARA DE APEL. CONT. ADM. Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-16


En la Ciudad de Buenos Aires, a los 16 días del mes de mayo de dos mil seis, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para dictar sentencia en los autos "COTO centro Integral de Comercialización S.A. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones",- Expediente Nº RDC 657/0, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver: ¿Se ajusta a derecho la disposición apelada? Practicado el sorteo, resultó que la votación debía realizarse en el siguiente orden: Señores Jueces de Cámara Doctores Esteban Centanaro, Eduardo Ángel Russo y Nélida Mabel Daniele. A la cuestión planteada el Dr. Esteban Centanaro dijo: RESULTA: 1. El día 28 de junio de 2002, funcionarios de la Dirección de Lealtad Comercial inspeccionaron uno de los locales de la recurrente, situado en la calle Emilio Castro nro. 7661, de esta ciudad. En esa oportunidad, pudieron constatar la existencia en dicho local no se exhibían los precios de los siguientes productos ofrecidos a la venta en góndolas: dulce de leche por 500 gramos marca "Ciudad del lago", azúcar por 1 kg. marca "Cedul" y jabón en polvo por 800 gramos marca "Zorro", códigos de barra 2800000798529, 7791716000011 y 790990084403, respectivamente (detallados en el act N° 229/DLC/2002, agregada a fs. 2 de los presentes). 2. Con posterioridad a la presentación del descargo obrante a fs. 4 /8 y luego del dictamen favorable emitido por la Procuración General (ver fs. 33/4), la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante la disposición Nº 1912-DGDYPC.-03 (fs. 67/9vta.), resolvió imponer al comercio que funciona con el nombre de fantasía COTO, correspondiente a la razón social Centro Integral de Comercialización S.A., una multa de pesos diez mil ($ 10.000.-) por presunta infracción al art. 6º de la Resolución 7-SCDYDC-02 y de acuerdo a lo dispuesto por la ley 24.344. Asimismo sobreseyó a la firma mencionada por la presunta infracción al artículo 3° de la misma resolución. 3. Contra la mencionada disposición, Coto Centro Integral de Comercialización S.A. (en adelante Coto) interpuso recurso de apelación (fundado a fs. 61/5), el que fue concedido a fs. 51vta. En su memorial, la recurrente sintéticamente señaló: a) que la disposición recurrida en su segundo considerando, no guarda relación alguna con el contenido del acta N° 229 -la cual sól o describe tres productos en presunta infracción a lo establecido en la resolución 7/2002 (arts. 1°, 3° y 6°)- por cuanto la misma no hace constar en la constatación de falta de lista de precios que permitan su individualización; b) que no rebate los argumentos de defensa presentados oportunamente por no haber sido tratados; c) que sólo señala que el sumariado es reincidente en los términos de la ley 22.802 sin ningún detalle pormenorizado sobre el antecedente; d) que viola el derecho a la igualdad consagrado en el art. 16 de la Constitución Nacional por cuanto no otorga la posibilidad de abonar el pago voluntario del cincuenta por ciento, conforme los autoriza el artículo 15 del Anexo I del Decreto N° 17-GCBA-2003; y que la autoridad de aplicación graduó en forma desproporcionada e inadecuada la sancón impuesta. 4. A fs. 75/7vta., el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contestó los agravios expuestos por la sancionada, presentación a la que cabe remitirse en honor a la brevedad. CONSIDERANDO: 5. Liminarmen te, estimo necesario analizar el régimen legal aplicable a las presentes actuaciones. El art. 12 de la ley 22.802, de Lealtad Comercial, dispone en su inc. i) que la autoridad administrativa de aplicación tendrá la facultad de [o]bligar a exhibir o publicitar los precios". A su vez, la resolución Nº 7-SCDyDC-02, reglamentaria de la ley 22.802, establece que "quienes ofrezcan directamente al público bienes muebles o servicios deberán exhibir precios con sujeción a lo establecido en la presente resolución". El artículo 6° de la disposición citada dispone que "En el caso de bienes muebles, la exhibición se hará sobre cada objeto, artículo, producto o grupo o conjunto de una misma mercadería que se encuentre expuesto a la vista del público. Cuando por la naturaleza, ubicación de los bienes no fuera posible, deberá utilizarse lista de precios" Asimismo, cabe señalar que el art. 3º de la ley 24.240 establece que "[l]as disposiciones de esta ley se integra con las normas generales y especiales aplicables a las relac iones jurídicas antes definidas, en particular las de Defensa y de la Lealtad Comercial. En caso de duda, se estará siempre a la interpretación más favorable para el consumidor". 6. En atención a la situación central aquí planteada, cabe advertir que el Tribunal no está obligado a seguir a la recurrente en todas y cada una de sus argumentaciones, sino tan sólo en aquellas que fueran conducentes para dirimir el tema en debate. 7. Detallados los hechos y el marco legal aplicable, cabe destacar que la recurrente no ha impugnado las actas labradas por los inspectores de la Dirección de Lealtad Comercial, sino que en su memorial sólo intenta poner de manifiesto una supuesta irregularidad en la que habría incurrido el órgano sancionador. En ese orden de ideas, es evidente que para cumplir con el objeto de las disposiciones legales aludidas, se hace indispensable que el precio de los bienes ofertados se exhiba en todo momento, sin que sean atendibles -en consecuencia- las razones que invoca la recurrente. En ese sen tido la quejosa impugna la disposición en crisis, toda vez que uno de sus considerandos hace mención a una constatación no referida en el acta de infracción N° 229 del 28/06/2002 respecto a la lista de precios de los productos en cuestión. A partir de ello, si bien el acta de fs. 2/3 no hace alusión a la referida constatación, lo cierto es que en oportunidad de que la firma denunciada presentara el descargo de ley, sólo se limitó a realizar ciertas apreciaciones que para el caso resultan desacertadas. Para así decir, la recurrente sostuvo que: "en caso de que cualquier cliente que tuviera duda o inquietudes respecto a los precios de los productos a la venta, sólo tiene que recurrir a la línea de cajas a fin de corroborar los precios vigentes con personal de la firma que siempre se encuentra a disposición del cliente para evacuar dudas" (ver fs. 6, tercer párrafo). Ahora bien, el artículo 6° de la Resolución N° 7-SCDyDC-/2002 en su parte pertinente dice expresamente que: "Cuando por la naturaleza o ubicación d e los biens no fuera posible, deberá utilizarse lista de precios". En síntesis, la forma en que la firma sancionada describió la ubicación de los tres productos aludidos en el acta de infracción, no denota una impsobilidad material para que éstos sean fácilmente individualizados (ver fs. 5). Entonces, forzoso resulta concluir que, si bien el acta no hace mención a la constatación mencionada en la disposición recurrida, la lista de precios tampoco se encontraba a disposición del público. En suma, tales motivos me inclinan por el rechazo del agravio vertido al respecto. 8. En segundo término, la recurrente se agravia porque en la disposición atacada no se rebaten los argumentos de defensa presentados oportunamente por no haber sido tratados. Ahora bien, en lo atinente a este agravio, resulta oportuno señalar que el artículo 5° de la Resolución 7-SCDyDC-02, tiene por objeto garantizarle al consumidor su derecho a ser informado de una de las características esenciales del producto exhibido, en este caso, su preci o. La razón de proteger este derecho -que encuentra base en el art. 42 de la Constitución nacional, en cuanto consagra el derecho de los consumidores a una información adecuada y veraz; notas que son complementadas por el art. 46 de la Constitución local cuando agrega que, asimismo, debe ser transparente y oportuna- se halla en la necesidad de suministrar al consumidor conocimientos suficientes, al efecto de permitirle efectuar una elección racional y fundada respecto de un determinado bien o servicio. En este sentido, se ha afirmado que corresponde multar a un supermercado por infracción a la ley de lealtad comercial si se comprobó que tenía mercadería lista para la venta sin exhibición del precio, pues tal incumplimiento atenta contra el fin mismo de la reglamentación vigente, consistente en proteger al público consumidor permitiéndole la comparación de precios y productos en forma inmediata (cfr. CNPenal Económico, Sala A, in re "Supermercados Ekono S.A.", sentencia del 18 de septiembre de 2002). . En cons ecuencia, es evidente que para cumplir con el objetivo de esta resolución se hace indispensable que el precio de los bienes ofertados se exhiba en todo momento, sin que sean atendibles las razones que invoca la recurrente para fundar la imposibilidad material de controlar esa circunstancia. En esa misma dirección y en especial referencia al hecho de que la firma sancionada maneja innumerables cantidades de productos (ver fs. 6 in fine), no la exceptúa de los deberes legales impuestos. Máxime, cuando la empresa sostuvo que "teniendo en cuenta que es una realidad que hechos como el que da cuenta el acta N° 229 se suceden y siendo en la práctica inevitable que situaciones como las descripta puedan suscitarse, atento el mayor de los cuidados al respecto, que de hecho mi mandante los tiene..." (ver fs. 62, pto. B, cuarto párrafo), por lo que debería haber arbitrado los medios pertinentes para que en este tipo de circunstancias por ella reconocida no se viole el mencionado derecho de los consumidores. 9. Finalmente la recurrente se alza contra la disposición de la administración por el sólo hecho, de que allí se señala, para fijar el criterio de graduación de la multa impuesta, que el sumariado es reincidente en los términos de la ley 22.802 sin ningún detalle pormenorizado sobre el antecedente. Ahora bien, cabe señalar que, aunque la ley 22.802 no contiene criterios para graduar la sanción, esa normativa conforma un sistema protector en conjunción con la leyes de Defensa de la Competencia (ley 22.262) y de Defensa del Consumidor (ley 24.240). Así debe entenderse el citado art. 3º de esta última (ver quinto párrafo del considerando 5º). Señalado ello, y sobre este punto en particular, como sostuviera el Dr. Corti, (in re "BBVA Banco Francés S.A. c/ GCBA s/ otras causas con trámite directo ante la cámara de apel.", expte. Nº RDC 680, sentencia del 16 de febrero de 2006), voto al que adherí como integrante de la Sala I de este Tribunal, respecto de las facultades sancionatorias de la administración en este tipo de proces os, que la resolución que aplica una sanción en el marco de la ley 24.240, como todo acto administrativo, debe reunir para su validez los requisitos esenciales enunciados en los arts. 7º y 8º de la LPA de nuestra Ciudad de Buenos Aires (in re "Auto Generali S.A. y otros c/ GCBA s/ otras demandas contra la autoridad administrativa", expte. Nº 5740, sentencia del 24 de junio de 2003; "Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. c/ GCBA s/ otras causas con trámite directo ante la cámara de apel.", expte. RDC nº 184/0, "Viajes Ati S.A. c/ GCBA s/ otras causas con trámite directo ante la cámara de apel.", Expte. RDC nº 101/0, sentencias del 23 de septiembre de 2003; y "Alfacar S.A. c/ GCBA s/ otras causas con trámite directo ante la cámara de apel.", expte. RDC 224, sentencia del 11 de noviembre de 2003). La ley local de procedimientos administrativos (al igual que la ley federal sobre la materia) exige, como condición de validez de los actos administrativos, su causa, motivación y procedimiento. De acuerdo al art. 7º, " son requisitos esenciales del acto administrativo los siguientes: ...b) Causa. Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable ... ce) Motivación. Deberá ser motivado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados en el inc. B) del presente artículo". Expuesto este claro marco jurídico, es preciso destacar que en el caso de hallarse en el acto sancionatorio que aquí se recurre irregularidades en el cumplimiento de tales recaudos, deberá ser declarado nulo por contener vicios esenciales (arts. 7 y 14 LPA). Así, se ha señalado, respecto de la causa, que debe ser entendida como los antecedentes de hecho y de derecho que sirven de sustento al acto administrativo. En consecuencia, cuando tales circunstancias fácticas son inexistentes, o bien distintas a las invocadas, entonces el acto se encuentra viciado y corresponde su declaración de nulidad (Sala I, entre otros, "Auto Generali S.A. y otros c/ GCBA s/ otras demanda contra la Autoridad Administrativa", expte. Nº 5740, sentencia del 24 de junio de 2003). En este contexto, considero que la multa impuesta carece de adecuado sustento fáctico. Estas irregularidades, a su vez, demuestran la existencia de vicios en la motivación del acto recurrido. Corresponde destacar que los actos administrativos deben estar precedidos por un razonamiento que incluya un análisis fáctico y argumentos de carácter jurídico adecuados (ver, por todos, el comentarios de Comadira, Julio Rodolfo: Procedimientos administrativos, Ley nacional de procedimientos administrativos, anotada y comentada, t. 1, La ley, Buenos Aires, 2002, pág. 201 y ss. Punto 6.1.5). Al respecto, se ha expresado que "la exigencia legal de fundar el acto administrativo, a través de la motivación, tiene por objeto garantizar los derechos de los particulares y, en especial, la garantía de defensa, al permitirles conocer las razones que indujeron a la administración a dictar el acto. Asimismo, la motivación constituye un elemento de esencial trascendencia para el juez llamado a controlar la actividad administrativa, toda vez que le permite revisar acabadamente su legitimidad" (in re "Quiroga Estela Julia c/ GCBA -Secretaría de Hacienda y Finanzas- Dirección de Medicina del Trabajo s/ Amparo", expte. 3906). En igual sentido, se ha dicho que la motivación, en cuanto importa la exteriorización de las razones que justifican el dictado del acto, "tiende a cumplir tres finalidades: a) que la Administración, sometida al derecho de un régimen republicano, de cuenta de sus decisiones; b) que éstas pueden ser examinadas en su legitimidad por la justicia en caso de ser impugnadas; c) que el particular afectado pueda ejercer su defensa" (S.C.J. de Mendoza, in re "Aguilar", sentencia del 16/05/84, voto de la Dra. Kemelmajer de Carlucci, cfr. Comadira, Julio R., ob. Cit., pág. 203). En suma, como ya señaló, en su momento, Bartolomé Fiorini: "el recaudo amplio de la motivación se sustenta en el valor republicano de la publicid ad de los actos estatales; en el dato esencial de toda actividad administrativa como es la razonabilidad y la moralidad; coadyudando para le ejercicio de un derecho humano judicial para que plenamente pueda juzgar los actos administrativos. Esto último es tanto más justificable después de la conquista sobre el control de la finalidad y razonabilidad de los motivos que justifican el acto" (Derecho Administrativo, segunda edición actualizada, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1995, pág. 423). Expuesto lo que antecede, considero que, de la lectura del acto referido y las constancias del expediente, surge que la autoridad de aplicación no mencionó cual fue el antecedente previo por la cual se la ha considerado reincidente a la empresa Coto en otra infracción de igual especie. Por todo ello, siendo que el acto aquí impugnado es parcialmente nulo y el criterio de graduación de la sanción no está suficientemente fundado, estimo pertinente y propongo al acuerdo reducir la multa impuesta a la recurrente en un cincuenta po r ciento (50 %). 10. En virtud de tales consideraciones, deviene innecesario pronunciarse respecto de los restantes agravios esgrimidos por la recurrente. Por las razones expuestas, voto por confirmar la Disposición N° 1912-DGDYPC-2003 en cuanto a la verificación de la infracción al artículo 6 de la Resolución 7-SCDYDC-02 y modificarla en cuanto al monto que se ha fijado, debiendo reducirse el mismo en un cincuenta por ciento. En cuanto a las costas, atento el resultado que obtuviera el recurso deducido, corresponde imponerlas por su orden (art. 62, segundo párrafo, CCAyT). La Dra. Nélida Mabel Daniele, por los motivos expuestos, por los motivos expuestos precedentemente adhiere al voto del Dr. Esteban Centanaro. En virtud de los motivos vertidos, el Tribunal por unanimidad, RESUELVE: Confirmar la disposición Nº 1912-DGDYPC-02 y modificarla en cuanto al monto que se ha fijado, debiendo reducirse el mismo en un cincuenta por ciento. En cuanto a las costas, atento el resultado que obtuviera el recurso deducido, corresponde imponerlas por su orden (art. 62, segundo párrafo, CCAyT). El Dr. Eduardo Ángel Russo no suscribe la presente por encontrarse en uso de licencia. Regístrese en el libro de recursos directos, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.-