Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-12-21


En la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, a los 21 días del mes de diciem-bre del año dos mil seis, reunida en Acuerdo la Sala B de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivada-via, con la presidencia de su titular Dra. Graciela Mercedes García Blanco y asistencia de la Sra. Jueza de Cámara Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts, para dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados: "F., R. D. c/ E. G. A. S.A. s/ DEMANDA LABORAL (indem. por despido)", Expte. nro. 16.148/06, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Laboral (Expte. nro. 5827/99), y atento el resultado del sorteo establecido en el art. 268 del Código de Procedimientos Civil y Comercial (fs. 409), correspondió el siguiente orden para la votación: Dra. Graciela Mercedes García Blanco, Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts y Dra. Nélida Susana Melero.

Acto seguido se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida de fs. 374/387? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestión la Dra. García Blanco dijo:

Viene a mi conocimiento la presente causa por apelación deducida por la parte actora contra la sentencia definitiva nro. 105/2006 que falló deses-timando la excepción de prescripción opuesta por la demandada G. A. SA, hizo lugar parcialmen-te a la demanda y condenó a la empresa accionada a abonar al actor R. D. F. la suma de $169,59, a entregar certificado de trabajo, con más las costas del proceso (fs. 374/387, fs.388).

El agraviado sostiene en su memorial que existió una parcial y arbitraria apreciación de la prueba. Reconoce que el actor participó de la riña no la provocó y fue Espinosa quien lo buscó en su lugar de trabajo, surge del testimonio de A. que el agresor no fue el actor; también que se lo cita a firmar una declaración ya confeccionada con anteriori-dad, estaba en la mira de los directivos empresarios y cita los artículos pertinentes a las facultades disci-plinarias de los empleadores. Hace reserva del caso federal (fs. 401/4).

En situaciones similares, en oportunida-des anteriores, respecto de la valoración de la prueba por parte de los magistrados de grado y utilización de ese único argumento por el recurrente para sostener la expresión de agravios, sostuve que los jueces forman su convicción a través de los elementos de prueba que estiman esenciales y suficientes para resolver el pleito, sin necesidad de tener que referirse a la totalidad de los que se hubieran producido en los autos, no siéndole impuesto como obligación que deba expresar en la sentencia la valoración de todas las pruebas producidas sino únicamente las que fueran esenciales y decisivas (sostuvo la doctrina en Morello, Sosa, Berizonce "Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Nación y la Pcia. de Buenos Aires", T.II C, pág. 68).

El Superior Tribunal de Justicia de la Pcia. del Chubut en autos "S., E. R. y O. c/ F. S. S.A.", Expte. 16.009/S/97, en idéntico sentido sostuvo "los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus alegaciones y argumentos. Basta con que se hagan cargo de aquellos que sean conducentes a la decisión del litigio" (ídem autos 12.823 F 90).

Conforme fue señalado precedentemente, estriba su queja el actor en la mención de un error de apreciación sin señalar cuál es, y la sola mención en una discrepancia respecto de la valoración de los medios probatorios; es sabido que la mera discrepancia con el a quo no es suficiente para mantener el recurso, debiendo éste bastarse a sí mismo e indicar cómo arribaría el quejoso a una solución diversa.

La agresión física o verbal a un compa-ñero de labor, a un superior jerárquico, o al propio empleador, originada por cuestiones de trabajo, ocurri-do en su lugar de trabajo, constituye injuria suficien-temente grave que autoriza el despido con causa del trabajador ocasionante del incidente. Cabe resaltar que en el caso existe un reconocimiento por parte del actor del incidente, pretendiendo minimizar el mismo o reducirlo en su incidencia considerando que es de una valoración casuística, cuando fue la causal del dis-tracto (según telegrama de fs. 72, relato en la demanda a fs. 75 y siguientes).

Con relación a esta causal de disolución del vínculo laboral, en el escueto marco del plexo probatorio reducido a las documentales incorporadas, las declaraciones testimoniales, proporcionaron los argumentos del decisorio, que comparto.

El hecho objetivo que se le imputa al actor según texto del telegrama, la valoración de la proporcionalidad de la sanción frente al hecho cometi-do, con relación a la conducta, fue realizada por el juzgador prudencialmente según establece el Art.242 de la LCT, teniendo en consideración los parámetros de causalidad, proporcionalidad y oportunidad, y la falta u omisión endilgada para constituir la justa causa de despido que revistió una magnitud de suficiente impor-tancia para desplazar del primer plano el principio de conservación del empleo a que hace referencia el art. 10 de la LCT.

La sentencia atacada resulta adecuada-mente fundada conforme las constancias probatorias y un razonamiento ajustado a derecho, manteniéndose inmuta-bles las conclusiones a las que llegó el primer senten-ciante. "Sin expresión de agravios el tribunal se encuentra imposibilitado de verificar la justicia o injusticia de lo resuelto. Y la misma debe concretar la materia en que ha entender el tribunal de grado, aportando fundamentos y las bases jurídicas de los disímiles puntos de vista frente a lo resuelto por el primer juzgador, en tanto el escrito conteniendo generalidades y discrepancias genéricas no constituye técnicamente una expresión de agravios,..." (DJ 1996, pág. 527).

Por lo cual propicio el rechazo del recurso, por constituir una discrepancia subjetiva del actor recurrente. No demuestra el recurrente el error en la valoración de las pruebas ni violación al princi-pio de la sana crítica, para tal afirmación me remito al razonamiento del primer juzgador contenido en fs. 379 vta./381 y siguientes, respecto de los hechos, y la situación acaecida el 30 de agosto de 1996, en particu-lar las declaraciones testimoniales de fs. 204/ 202, 205, motivando en consecuencia el adecuado razonamiento que es expresado por la magistrado de grado de la sentencia atacada.

En tal sentido dijo el Superior Tribunal de Justicia de nuestra provincia en autos "R., J. K. c/ C., T. H. y otros s/ sumario", Sent. nro.16 del 13 de julio del 2001, refiriéndose a la carencia de fundamentación que exponía el fallo que: "Ha de quedar claro que este Tribunal no pone en tela de juicio la selección de la responsabilidad aplicable al "sub examine", sino que la crítica se hace efectiva respecto de la ausencia de razonamiento llevado a cabo por el órgano jurisdiccio-nal para sostener su postura. "Es menester suministrar cuál ha sido el desarrollo del razonamiento del juez que analiza los supuestos de hecho admitidos y en su caso, las pruebas que los verifican, para subsumirlos en los preceptos jurídicos. Sobrevienen así juicios históricos respecto de los hechos y de las pruebas, y desde luego juicios críticos en torno a la valoración de las pruebas y de las normas jurídicas que aplica, todo lo cual debe quedar debidamente expuesto en los considerandos de la resolución judicial ("Recaudos constitucionales para una sentencia válida. Contenido y motivación", Gualberto Lucas Sosa, J.A. 1981-III, pág.781).

Estos motivos, y como adelantara párra-fos precedentes, me llevan a desestimar los agravios confirmando la sentencia recurrida, imponiendo las costas al apelante conforme principio objetivo de la derrota (art.68 CPCCCh).

Con relación a la apelación de la parte demandada de fs. 360 con respecto a las costas y honorarios, en lo que atañe a la regulación de los honorarios profesionales cuestionados por altos y por bajos, para resolver la cuestión ha de tenerse en cuenta el monto base de regulación, que en el caso se trata como parámetro inicial.

El Superior Tribunal de Justicia de la Pcia. en un antiguo fallo "E. I., L. c/ I. SA s/ demanda Laboral", Expte. 14109-E-1992 Sent. Def. 5/93, sentó el criterio que a los fines regulatorios no puede prescindirse del monto de la liberación que obtiene el profesional para su cliente respecto de las pretensiones serias que se reclaman en la demanda (invoca sentencias anteriores nros. 9/85, nro. 32/88, nro.9/91). En la especie tal criterio ha de considerarse por ser de aplicación sin hesitación, y se evalúa también el monto del proceso. En cuanto a este último parámetro no puedo dejar de indicar que en el debido concepto de monto del proceso que resultara de la sentencia, debe tanto atenderse el monto determinado que se cifra cuando se hace lugar a una demanda, reconvención o sus liquidaciones y en cuyo caso debe estarse a sus resultados, como el que sin mencionarse queda desestimado al rechazarse una y otra de esas acciones. El monto del juicio en este último caso es el total de lo que se pretende al demandar o reconvenir, aunque luego no prospere (art. 19 ley 2200) (Sala A, sentencia interlocutoria del 03-02-1995 "B. de la P. del C. c/ S., L. A. s/ Ejecutivo" - elDial - BC379). Sin perjuicio de lo sostenido por esta Cámara en la Sala A, no ha sido erradicado el criterio que "La determinación del monto del proceso a los efectos de la regulación de los honorarios debe ser apreciada por el tribunal en cada caso, según las circunstancias, procurando preservar la "ratio legis" que orienta la referencia legal a dicha cuantía, que es la justa distribución de las remunera-ciones en orden a la solvencia patrimonial de quienes deben sufragarlas y al grado de responsabilidad del profesional por los intereses en juego, conjugándose estas pautas con la complejidad de la cuestión y el mérito de la labor desempeñada" (CNCiv. Sala C, nov. 6-984, LL 1985-B-548, idem CNT, sala I dic. 30-88 DT 1990-A-58). Criterio este que brinda conjuntamen-te con las pautas establecidas en la ley arancelaria la posibilidad discrecional a los magistrados de evaluar además de los montos la conducta profesional y la trascendencia para las partes, según se dijo ut supra, pero hay que evaluar los mínimos establecidos por la ley.

En este orden de ideas observo que los montos establecidos en la instancia de grado, en orden a la labor profesional y monto en juego, resultan ajustados a derecho con relación a la parte demandada, por ello confirmo el fallo de primera instancia exclu-sivamente respecto de esa parte, pero no implica desestimar el agravio, dado que reajusto y sobre las mismas pautas doctrinales, jurisprudenciales y legales (art.8 ley 2200 y mod.) por lo cual modifico los honorarios de los letrados del actor estableciéndolos en $500.

La queja respecto de la imposición de las costas de la instancia de grado a la parte demanda-da en forma exclusiva, la recepto toda vez que no está correspondido con el criterio que mantuve en reiteradas oportunidades; en diversas sentencias tuve ocasión de dejar establecido remitiéndome a lo dicho en Sent. Nº 68/01, sent.29/99 Sent. Nº 35/99, Nº 22/1998, 81/1988, 29/1999, que entre otras se encuentran en los registros del Tribunal, compartiendo la doctrina del STJ de la provincia en Sent. Def. nro. 21/97, que refiriéndose a la aplicación del art.20 de la LCT y 59 de la Ley 69, aplicó el criterio de costas proporcionales pues, "interpretó que no puede consagrarse la total irrespon-sabilidad de una litigiosidad artificial, que existen situaciones en que sin ser una plus petitio inexcusable hay pretensiones deducidas que no pueden admitirse por tratarse de rubros pagos", en aquel caso. En el presen-te ateniéndome no solo al resultado de la causa y quien ostenta en apariencia el carácter de vencido y en que, no debo apartarme de la doctrina seguida, pues en el caso concreto reclamó rubros cuya demostración en el transcurso del proceso contradijo su propio reclamo tal la causal del distracto que fue rechazado, los pagos condenados por los cuales prosperó la demanda obedecen a errados cálculos, además de haber prosperado la excepción interpuesta de prescripción (fs. 386 vta).

Por tal motivo hago lugar al agravio y estimo que deben imponerse las costas de la instancia de grado proporcionalmente en un 20% al demandado y 80% al actor.

Por último y a los fines ilustrativos cito: "Si bien no puede considerarse que haya existido una plus-petitio inexcusable en los términos del art. 72 del C.P.C.C., teniendo en cuenta que se demandó por rubros importantes cuantitativamente como lo son la indemnización por despido arbitrario y horas extraordi-narias que fueron rechazadas, probándose su improceden-cia con relación a la primera y no probadas las segundas, se opina que por aplicación del art. 71 del CPCCCh se impongan las costas en ambas instancias proporcional a la actora y a las demandadas", citar: elDial - AY793.

Las costas de la Alzada se imponen a la actora recurrente, conforme principio objetivo de la derrota (art. 68 CPCCCh), sin que implique lo decidido respecto de la imposición de las costas y lo decidido sobre los honorarios una modificación que altere la condición de vencida; difiriendo la regulación de los honorarios profesionales actuan-tes en esta etapa al momento del Acuerdo que se evalua-rán según lo establecido en el Art.14 de la ley arance-laria.

A la segunda cuestión la Dra. García Blanco dijo:

Esta vocalía propone:

1.- Rechazar el recurso interpuesto por la parte actora, receptar los agravios de la parte demandada, modificando parcialmente la sentencia de fs. 374/387 venida en crisis, según considerando respecti-vo, en la imposición de las costas que serán en un 80% al actor y un 20% al demandado y los honorarios de los profesionales actuantes que se reducen los regulados para los profesionales del actor en $500.

2.- Costas al actor apelante, difiriendo la regulación de los honorarios profesionales al momento del Acuerdo, según el considerando respec-tivo.

3.- Tener presente la reserva del caso federal.

A la primera cuestión la Sra Juez de Cámara Marta Susana Reynoso de Roberts dijo:

Que llegan las presentes actuaciones a la Alzada en apelación (fs 388) de la sentencia de fs 374/ 387 que rechaza la excepción de prescripción opuesta por la demandada G. A. S.A. respecto de los créditos peticionados en la demanda, conforme el considerando I; hace lugar parcialmente a la demanda y condena a G. A. S.A., a abonar en el plazo de diez días de quedar firme la presente al Sr R. D. F., la suma de ciento sesenta y nueve pesos con cincuenta y nueve centavos ($169,59); condena a la demandada a la entrega de la certificación de remuneraciones y cesación de servicios, de acuerdo a lo que establece el art. 80 segundo párrafo de la LCT, rechaza la notificación a los organismos de seguridad, solicitado por la actora, impone las costas a la demandada y regula los honora-rios.

A fs 396 y vta, en representación de la demandada y por derecho propio, los Dres N. de E. y F. L. G., apelan la senten-cia en cuanto no hacen lugar a la excepción de pres-cripción opuesta e impone las costas a su representado.

Asimismo apelan los honorarios regulados a la parte actora por altos.

Luego de detallar las pretensiones del actor, sostienen que la demanda prosperó por una mínima parte y que por ello, los honorarios debieron guardar estricta vinculación con el monto por el que prosperó.

Agrega que los honorarios regulados a los profesionales de la parte actora superan ampliamente el porcentaje máximo previsto en la ley de aranceles.

Por iguales razones, entienden que las costas por la pretensión rechazada debieron ser impues-tas a la parte actora, regulando los honorarios a estos profesionales en función de dicho rechazo que consti-tuía la parte fundamental del reclamo.

A tenor de ello, señalan, que se advier-te que los honorarios regulados a los profesionales apelantes son bajos.

A fs 200 desiste la demandada de la apelación en punto al rechazo de la excepción de prescripción, manteniendo la misma respecto a las costas y honorarios elevados a los apoderados del actor.

A fs 401/403 vta se agrega la expresión de agravios del actor.

Funda la misma en la parcial y arbitra-ria apreciación de la prueba rendida por parte del a-quo quien endilga a su representado la exclusiva responsabilidad en la generación de la riña en virtud de la cual posteriormente es despedido.

Transcribe consideraciones de la senten-cia que se refieren a las testimoniales.

Se agravia, dice, por cuanto el senten-ciante considera que el episodio del cual fue víctima su mandante, constituye un evento de tal grave-dad que justifica la adopción del despido con justa causa.

Reproduce la parte de la sentencia que justifica la decisión.

Alega que contrariamente a lo que en forma arbitraria sostiene la a-quo, si bien el actor se vio envuelto en una riña, de ninguna manera provocó la misma, lo que surge de la declaración de A., quien señaló que no sólo insultó y agravió a su mandan-te sino que se dirigió al testigo para decirle que no se metiera en problemas ajenos.

Alude a la participación del actor en protestas laborales, lo que lo colocó en la mira de las autoridades de la empresa, así como al apriete al testigo A. en la empresa para que firmara una declaración ya confeccionada.

Considera que la actitud de los protago-nistas no alteró el normal funcionamiento de la planta fabril.

Insiste en que es clave la declaración de A..

Se refiere, a lo que considera llamati-vo, en cuanto todos los testigos concordaron que en caso de riña es política de la empresa el despido, lo que se contrapone con el espíritu de la ley de contra-to de trabajo, la que prevé graduaciones en las sanciones. Hace mención a los arts. 67 y 68 de la LCT.

Concluye en que el despido del Sr F. es el resul-tado de una gravísima arbitrariedad por parte de la empresa. Hace reserva del caso federal.

Y trataré los agravios, atento a las consideraciones efectuadas por los Sres Ministros del Superior Tribunal de Justicia en autos: "P., R. J. c/ B. P. S.A.M.C.I." en donde con fundamento en lo dispuesto por la Corte Suprema de la Nación, ha dicho que "La valoración de la expresión de agravios, a los fines de determinar si reúne las exigencias necesarias para mantener el recurso de apelación, no debe llevarse a cabo con injustificado rigor formal..." y en autos "G., M. I. s/ Recurso de amparo", Expte 17205-G-1999, el Dr Torrejón ha sostenido: "Se ha declarado que la brevedad y el laconismo de la expresión de agravios, no constituyen razones suficientes para sentar la deserción del recurso en el supuesto en que el apelante individualice, aún en mínima medida, los motivos de su disconformidad con la sentencia impugnada, por cuanto la gravedad de los efectos que la ley imputa a la insuficiencia del mencionado acto procesal aconseja aplicarla con criterio amplio, favorable a la admisión del recurso".

Noto que el quejoso, funda sus agravios en la merituación de las pruebas. En principio cabe reiterar lo ya sostenido en otras oportunidades sobre la apreciación de la prueba que efectúa el sentenciante y que se plasma en la jurisprudencia que transcribo: "La apreciación de la prueba en los juicios de trabajo queda librada a criterio del soberano juzgador, salvo el caso de ser manifiestamente absurda, entendiéndose por tal la que escapa a las leyes lógicas formales, transgrediéndolas, o lo que es impensable o incon-cebible y no puede ser de ninguna manera por haber quedado al margen de las reglas del raciocinio", Ley de Contrato de Trabajo y sus reformas, Sardegna, pág. 222.

Es preciso destacar que las testimonia-les producidas, emanadas de quienes presenciaron los hechos sobre los que relatan y cuyos dichos resultan a mi entender, respecto de lo principal y valoradas en su conjunto más allá de las reservas y prevenciones que los principios de la sana crítica aconsejan, coheren-tes, claros, precisos dando cada ponente debida razón de sus dichos, dando cuenta de la situación suscitada entre los protagonistas, así como la decisión conocida por todos, de la empresa ante hechos similares.

Es dable recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha sostenido que los jueces no están obligados a tratar imperativamente, todas las argumentaciones propuestas por las partes, sino sólo aquellas que estimen decisivas (Fallos 258:304; 310:267).

El ordenamiento del rito impone a los litigantes el deber de probar los presupuestos fácticos que invoca como fundamento de su pretensión, defensa o excepción y tal imposición no depende de la calidad de actor o demandado sino de la situación en que se coloquen dentro del proceso, por lo tanto al actor le corresponderá acreditar los hechos constitutivos de su pretensión en tanto que, al contrario, los extintivos, impeditivos o modificatorios que oponga a ellos la demandada a ésta (in re, "A. B. B. y C. SCA c/ T., R.", pronunciamiento del 5/3/1979, ED, 87-703), ya que las simples alegaciones procesales no bastan, para proporcionarle al órgano jurisdiccional la suficiente convicción para emitir un pronunciamiento favorable.

Observo que las causas esgrimidas en la CD para el despido, tal como lo señala la Sra Juez, son las mismas razones esgrimidas en la contestación de demanda y que más allá de la negativa del actor de haber participado en la riña, al contestar el telegrama y aducir que en caso de existir fue víctima, en la demanda ninguna referencia efectúa a ello, puntualizan-do las razones por las que a su entender existieron maniobras persecutorias que culminaron con este despi-do.

Apoya sus críticas en la testimonial de A. que dice la Juez no ha tenido en cuenta, indicando la parte de la declaración que entiende inciden en lo decidido, tales como el carácter de agresor de E. y la firma por parte del testigo de una declaración que ya estaba confeccionada, sin reparar que la Sra Juez lo ha tenido presente, no obstante valoró también que a pesar de ello A., no desconoció que los hechos sucedieran.

A lo que debe sumarse lo relatado por C. quien observó parte de la riña.

Todos los testigos se anoticiaron de los hechos, de allí que ninguna duda cabe sobre el desorden que se produjo en el lugar de trabajo, siendo de conocimiento de todos los trabajadores la actitud de la empresa ante situaciones como estas. Señala Risolía en "Derecho del Trabajo y la Seguridad Social" Doctrina, legislación, jurisprudencia y modelos, octava edición", pág. 554 que en principio configura injuria grave que impide la prosecución del contrato de trabajo, cuando la riña ha ocurrido en el lugar de trabajo o en ocasión del trabajo, es decir mientras el dependiente está sujeto al poder discipli-nario del empleador, resultando importante determinar la repercusión y consecuencias del incidente en las relaciones laborales porque, si tomó estado público, la injuria resulta agravada.

Siguiendo las enseñanzas de Julio Armando Grisolía en obra citada, "págs 550 y sgtes. Depalma, he de consignar ciertos principios que no por básicos son menos relevantes, y que justifican la decisión adoptada. Para que el despido tenga justa causa debe existir una inobservancia de las obligacio-nes de alguna de las partes de tal entidad que configu-ra injuria. La violación de los deberes de conducta de las partes constituye un ilícito contractual que no siempre legitima el ejercicio de la facultad decisoria: se debe tratar de una injuria que por su gravedad torne imposible la continuidad del vínculo, es decir, de un grave ilícito contractual. Por lo tanto no cualquier incumplimiento de una obligación justifica despido, que es la máxima sanción. Teniendo en cuenta los principios generales del derecho del trabajo, y el principio de continuidad y estabilidad en el empleo, el primer párrafo del art. 242 de la LCT limitó la posibi-lidad al determinar que "una de las partes podrá hacer denuncia del contrato de trabajo en caso de inobservan-cia por parte de la otra de las obligaciones resultan-tes del mismo que configuren injuria que, por su gravedad, no consienta la prosecución de la relación". La valoración de la existencia de injuria la debe efectuar prudencialmente el juez.

Y es esa valoración, merituando la posición de las partes y el material probatorio acerca-do, lo que me permite concluir que la decisión adoptada por la patronal ha sido conforme a derecho. "La parti-cipación en una riña es causal suficientemente grave para disponer el despido porque tal conducta contravie-ne el deber genérico de todo buen trabajador, que no es sino el de guardar buena conducta y cumplimiento diligente con dedicación adecuada al trabajo según sus características tal como está previsto en los arts 62,63 y 84 LCT... (CNAT, Sala VII, 4-10-96,DT1997-A-761).

Ante la imposición de las costas que dispusiera la Sra. Juez, ya he tenido oportunidad de expedirme en atención al éxito de las acciones y rubros reclamados, con fundamento en el art. 71 del CPCCh en concordancia con el art. 59 de la ley 69.

El Superior Tribunal de Justicia en autos "F. c/ L. i." de fecha 3 de octubre del año 1997 y posteriormente, fijó tal doctri-na en "C. de R. c/ C. C. y otro" (S.D. 3/93), donde se reitera y reafirma lo en su momento decidido en autos "C. L. c/ Prov. del Chubut" (S.D. 7/91). Al decir que el Art. 59 de la ley ritual laboral establece un principio general, que no es de aplicación mecánica y automática, puesto que siempre remite a discernir la condición de derrotado o vencido, en un enfoque global del resultado del pleito, mediante un análisis de suma prudencia particularizado a la cuestión. Que es seguir el criterio del STJ ya adoptado en "O. c/ O. E. A." (S.D. 40/88), también seguido en "C. c/ Cooperativa... de Pto. Madryn" (S.D. 47/92), reiterado en "V. T. c/ Est. L. B." (S.D. 71/92), aceptando como regla el Art.59 de la Ley 69 pero no de un modo absoluto, sino admitiendo excepciones que lo relativizan, deriva-das del análisis prudente de las circunstancias parti-culares del litigio, que puedan determinar con legali-dad y razonabilidad la aplicación del Art.68 2da. parte y/o 71 CPCC. de conformidad con el Art. 76 de la Ley 69.

En atención por lo tanto a las preten-siones deducidas por el actor, sólo se admitió la diferencia entre lo abonado por el mes de septiembre, vacaciones no gozadas, SAC y diferencia en el SAC proporcional del segundo semestre de 1996.

También prosperó la entrega del certifi-cado de remuneración y cesación de servicios.

Con relación a la actitud del demandado, si bien se rechazó la excepción de prescripción, se admitió el despido con justa causa, y por ende fueron rechazados los montos indemnizatorios solicitados por el actor y lo referente a los Organismos de la Seguri-dad Social.

Como se desprende de lo dicho el monto por el que prospera la demanda es muy inferior al solicitado, rechazándose la demanda en lo principal. No obstante el empleador no cumplió con todas las obliga-ciones a las que se encontraba obligado al despedir al actor, y que sólo logra a través del requerimiento judicial. Ante ello estimo que nos encontramos en el supuesto de distribuir las costas de la instancia de origen en proporción al resultado obtenido y no como lo resolviera la Sra. Juez.

Así entonces, opino que las costas de la primera instancia deben ser distribuidas, imponiendo al actor el 80% y el 20% al demandado. Y a decir de Reimundín, "La condena en costas", pág 107: "No son los argumentos los que acarrean las costas, sino el litigio en general de acuerdo a las concretas pretensiones deducidas".

Respecto a la regulación de los honora-rios, luego de valorar el monto del proceso por el que prospera la demanda (art 6 inc. a) y 19), el mérito de la labor profesional, las etapas del juicio (art.39) así como las pautas de los arts. 6, 7, 19 y 47 de ley 4335, y las razones dadas por la Sra Juez preopinante, me adhiero a los montos que determinara, manteniendo los regulados en la instancia de grado respecto a la demandada y modificando los de la parte actora que los fijo en $500.

Las costas de esta instancia estarán a cargo del actor vencido. Y a fin de regular los honora-rios de la Alzada tengo presente iguales pautas que las valoradas anteriormente y lo que dispone el art.14 de la ley de aranceles.

A la segunda cuestión la Sra. Juez de Cámara Marta Susana Reynoso de Roberts dijo que:

1) Rechaza los agravios de la actora y confirma la sentencia de fs 374/387.

2)Modifica parcialmente el punto 5) de la sentencia, imponiendo las costas de la primera instancia en un 80% al actor y 20% al demandado. Los honorarios del Dr E. F., R. M. L. y E. O., en forma conjunta los fijo en la suma de quinientos pesos ($500), manteniendo los de los Dres Es. Y L. G. en la suma de seiscientos pesos ($600).

3) Impone las costas de la Alzada al actor vencido. Difiere la regulación de los honorarios para el momento del acuerdo.

4) Tener presente la reserva del caso federal de fs. 403 vta.

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar la siguiente SENTENCIA:

1) Rechazar los agravios de la actora y confirmar la sentencia de fs 374/387.

2) Modificar parcialmente el punto 5) de la sentencia, imponiendo las costas de la primera instancia en un OCHENTA POR CIENTO (80%) al actor y en un VEINTE POR CIENTO (20%) al demandado. Los honorarios del Dr E. F., R. M. L. y E. O., en forma conjunta se fijan en la suma de QUINIENTOS PESOS ($500), manteniendo los conjuntos de los Dres N. B. L. de E. y J. F. L. G. en la suma de seiscientos pesos ($600).

3) Costas de la Alzada al actor vencido, a cuyo fin se regulan los honorarios profesionales de los Dres. N. B.L. de E. y J. F. L. G., conjuntamente, en la suma de PESOS CIENTO OCHENTA ($180) y del Dr. N. R. M. L. en la suma de PESOS CIENTO VEINTICINCO ($125).

4) Tener presente la reserva del caso federal de fs. 403 vta.

5) Regístrese, notifíquese y devuélvase.

La presente sentencia se dicta por dos vocales de Cámara en virtud de encontrarse en uso de licencia la señora Jueza de Cámara Dra. Nélida Susana Melero y concordar en la solución del caso (arts. 1, 2, 3 y 5 de la Ley 4550, modif. Ley 1130).

GRACIELA MERCEDES GARCÍA BLANCO - Presidente MARTA SUSANA REYNOSO de ROBERTS - Juez de Cámara REGISTRADA BAJO EL nro. 89 DEL AÑO 2006 DEL LIBRO DE SENTENCIAS DEFINITIVAS