Tribunal: CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-06-14


//nos Aires, 14 de junio de 2013.

REGISTRO N° 942/13	Y VISTOS Y CONSIDERANDO:	I.- El Juzgado Nacional en lo Correccional nº 4 declaró la nulidad de la clausura de la instrucción dispuesta a fs. 255/256 vta. y de todo lo actuado en consecuencia y remitió las actuaciones al Juzgado Nacional en lo Correccional nº 7 a sus efectos (cfr. resolución de fs. 265/268).

A fs. 271/273 vta. el titular del Juzgado en lo Correccional nº 7 mantuvo la validez del auto de elevación a juicio, no aceptó la competencia atribuida y devolvió la presente causa al remitente invitándolo, en caso de no compartir el criterio expuesto, a elevar las actuaciones a esta sede para dirimir la cuestión.

A fs. 278/vta. el Juez a cargo del Juzgado Correccional nº 4 sostuvo su posición y, en consecuencia, elevó el legajo a esta Cámara Federal a fin de resolver la contienda.

La Sra. Juez Dra. Liliana E. Catucci, dijo:

Liminarmente cabe tener presente que las actuaciones se iniciaron por una denuncia de fs. 2/3 efectuada por Pablo Trentín, que quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción nº 33, delegándose la investigación a la fiscalía a tenor del art. 196 del Código de Rito (fs. 4), cuyo resultado dio lugar a la indagatoria de Horacio Adrián Díaz por ".haber cometido una maniobra defraudatoria en perjuicio de Pablo Trentín al lograr mediante la falsificación de su firma, llevar a cabo una transacción de compra de dólares por la suma de siete mil quinientos dólares estadounidenses.el compareciente y su consorte de causa (actualmente sobreseído) el día 4 de junio de 2010, desempeñando las funciones de ..cajero. habría falsificado la firma del damnificado en "Puente Hermano S.A." sito en Sarmiento 444 de esta ciudad, y así habrían concretado la compra de la suma en dólares ut supra referida, impidiendo que cuando con posterioridad -7 de junio del año en curso- Trentin se dispuso a realizar el mismo tipo de operación en la empresa en cuestión, le informaran que no podía hacerlo, puesto que había superado el límite mensual máximo permitido por la normativa aplicable." (fs. 52/53).

A fs. 72/74 el juez de instrucción se declaró incompetente para continuar interviniendo en la pesquisa por considerar que los hechos denunciados encuadraban en el tipo penal previsto en el artículo 292 del Código Penal, por lo que remitió las actuaciones a la sede correccional, resultando desinsaculado el Juzgado en lo Correccional nº 7.

A fs. 92/95, la firma Puente Hnos, informó de otros tres hechos similares al denunciado, y ante la posible comisión de delitos de acción pública, el juez ordenó la extracción de testimonios y su remisión a la Cámara del fuero para que se sortee el juez en lo correccional que debería intervenir, tocándole al nº 9.

Su titular a fs. 121/122 no aceptó la competencia y devolvió la causa al Juzgado en lo Correccional nº 7.

El magistrado a cargo de este último órgano jurisdiccional entendió a los hechos investigados como una infracción a la ley penal cambiaria (ley 19.359), se declaró incompetente y lo remitió a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico para que determinara el Juez en lo Penal Económico competente (fs. 128/130).

El Titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico nº 5, no aceptó la competencia atribuida y devolvió las actuaciones a la sede correccional, a fs. 135/136.

Es así que vuelta la causa al Juzgado Correccional nº 7, sobreseyó a Santiago Desaloms del delito previsto en el artículo 292 del Código Penal, dictó auto de procesamiento con respecto a Horacio Adrián Díaz por ser prima facie autor de falsificación de documento privado (art. 292 C.P.), mantuvo su libertad provisional, y extrajo testimonios de las partes pertinentes y los remitió mediante oficio al Banco Central de la República Argentina, de conformidad con lo dispuesto en la ley 19.359 sobre Régimen Penal Cambiario (fs. 142/9).

A fs. 196/197 luce el requerimiento de elevación a juicio en relación a Díaz por el suceso denunciado a fs. 2/3, en los términos del artículo 292 del Código Penal; a fs. 243/246 su defensa se opuso y requirió el sobreseimiento. A fs. 255/256 vta., el Juez Correccional ordenó la elevación a juicio de la causa por falsificación de documento privado y la remisión del expediente a la Oficina de Sorteos de la Cámara respectiva para el sorteo del Juez Correccional a intervenir en la etapa de juicio.

Recibida la causa por el Juzgado en lo Correccional nº 4, el Dr. Francisco Ponte observó que ".habiéndose denunciado en autos cuatro maniobras similares y sucesivas, puestas todas en cabeza del encartado Díaz, ha quedado como objeto procesal de estos autos, únicamente la que advirtiera Trentin, mientras que las restantes a la fecha, aparecen siendo motivo de investigación en el Banco Central de la República Argentina.", contexto en el cual consideró que ".habiéndose remitido al Banco Central de la República Argentina el conocimiento de los tres hechos denunciados a fs. 92/95, debiendo intervenir en tal hipótesis la Justicia en lo Penal Económico por las infracciones de normas que regulan el Régimen Penal Cambiario, entiendo que el análisis correspondiente respecto de esta causa -en la que se investiga un hecho similar-, y de estrecha relación temporal y espacial con el resto, evitaría el eventual dictado de pronunciamientos contradictorios y la escisión de la investigación en distintos procesos y distintos órganos jurisdiccionales."	En ese estado de cosas, declaró "la nulidad de la clausura de la instrucción dispuesta a fs. 255/256 vta. y de todo lo actuado en consecuencia (confr. arts. 166, 167 inc. 2º y 168 del Código Procesal Penal de la Nación) y remitió las actuaciones al Juzgado Nacional en lo Correccional nº 7 con quien finalmente se dio por trabado el presente conflicto, que incumbe a esta Cámara Federal decidir de conformidad con el art. 24, inc. 7° del decreto-ley 1286/58 y en el carácter de superior jerárquico común que le fue reconocido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación al resolver la competencia N° 736, XXIV, "López, Esteban Emilio p/ lesiones" el 16 de junio de 1993 (vid., considerandos 6° y 7°) y la competencia N° 115, XXVI, "Almaraz, Rodolfo Aníbal s/ infracción ley 23.737", del 5 de abril de 1994.

Ahora bien a través de la compulsa de la presente causa queda expuesto un escándalo procesal del que participaron diversos órganos jurisdiccionales, perdiendo de vista la investigación integral de los hechos denunciados, los cuales, de lo actuado hasta el momento, y pese a su desvío, permiten vislumbrar la competencia más amplia de la justicia de instrucción debiendo retomarse y agotarse la pesquisa por parte de quien primero intervino, esto es, el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción nº 33 de esta Ciudad, quien deberá enmendar el procedimiento con la debida intervención fiscal.

Es de destacar que esta Cámara tiene suficientes facultades para declarar la competencia del juez correspondiente aunque éste no forme parte de la actual contienda, en resguardo de la celeridad y buen servicio de justicia de la justicia y del principio de economía procesal, tendiente a evitar una profusión de decisiones jurisdiccionales en torno al tema de la competencia que, de perdurar podría configurar un caso de privación jurisdiccional (C.S.J.N. "Comp. 92, L.XX, "Benett, Armando s/denuncia", del 25 de septiembre de 1986 y Comp. nº 693 XXXVIII, "Rodríguez, Raúl Omar y otro c/Poder Ejecutivo Nacional s/amparo", del 12 de diciembre de 2002.

Por ello, oído el Sr. Fiscal General, propongo al acuerdo, declarar la competencia del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción nº 33 de esta ciudad para continuar interviniendo en la presente causa, debiendo enmendar el procedimiento con la debida intervención fiscal.

Regístrese, hágase saber y remítanse las actuaciones al declarado competente sirviendo la presente de atenta nota de envío. Previamente, envíese copia de lo aquí resuelto a los Juzgados en lo Correccional nº 4 y nº 7, para su conocimiento.

El Sr. Juez Dr. Eduardo R. Riggi, dijo:

Que habremos de discrepar con la solución propuesta por la distinguida colega que nos precede en el orden de votación, pues entendemos que para dilucidar el caso, resulta de aplicación la doctrina seguida por esta Cámara de Casación, en cuanto a que las decisiones de los tribunales orales - en este caso del juez correccional a cargo del debate- deben ser acatadas por los jueces instructores -aún cuando discrepasen con lo resuelto-, sólo en el caso de que aquéllas hubiesen sido dictadas en el marco de sus facultades, ceñidas a la declaración de las nulidades que pueden decidirse de oficio (arts. 168, párrafo segundo y 354 del C.P.P.N.); y eventualmente, al control de que se hubiesen practicado las notificaciones que manda el art. 349 del cuerpo normativo y que la situación jurídica de los imputados hubiese sido legalmente resuelta (conf. causa n° 31 "Cauchi, Augusto s/conflicto" resuelta 1/9/93).

Cabe agregar que, es criterio de esta Sala que la actividad del tribunal del juicio en ejercicio de las facultades que le acuerda el artículo 354 del C.P.P.N., debe limitarse a la supervisión de la validez de los actos procesales presupuestos del debate, pues dicha norma no lo habilita a retrotraer la causa al instructor sólo para completar la pesquisa (conf. causa n° 443 "Herranz, Pablo D. s/conflicto" del 17 de mayo de 1995, entre otros precedentes).

En el caso, la decisión del juez correccional a cargo del juicio de declarar la nulidad del acto de clausura de la instrucción, se fundó esencialmente en la supuesta ausencia de investigación de tres hechos nuevos denunciados por la firma "Puente Hermanos" durante la pesquisa -similares al suceso elevado a juicio-, como asimismo en la falta de determinación de una correcta subsunción legal para todos estos acontecimientos.

De manera que, el señor juez a cargo del debate, excedió con su actividad el marco de facultades que le otorga el citado artículo 354, pues al encontrarse dadas las bases para la realización del plenario por el hecho elevado a juicio -relativo a la operación verificada el 4/6/10 atribuido a Adrián Horacio Díaz, y calificado como falsificación de documento privado-, en la medida en que a su respecto se cumplieron todos los actos procesales pertinentes para asegurar la verificación de los presupuestos del debido proceso legal -indagatoria, procesamiento, requerimiento de elevación a juicio, oposición de la defensa y auto de elevación-, la fase preparatoria quedó indudablemente alcanzada por los principios de preclusión y progresividad que impiden las retrogradación del proceso a estadios válidamente superados.

Por lo demás, resulta claro que en modo alguno este tribunal está convocado a resolver en esta coyuntura el acierto o error respecto a la extracción de testimonios de los tres hechos denunciados con posterioridad, más aún cuando la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de esta Ciudad, habría avalado lo decidido sobre el particular (fs. 232).	Por ello, y en consonancia con lo dictaminado por el Ministerio Público Fiscal, entendemos que es el juez a cargo del Juzgado Correccional 4 quien debe seguir interviniendo para la realización del debate.

Tal es nuestro voto.

El Sr. Juez Dr. Mariano H. Borinsky, dijo:

Llamado a formar mayoría en presente acuerdo, con motivo de los votos discordantes de mis distinguidos colegas que me preceden en el orden de votación, adhiero a la solución propuesta por el doctor Eduardo Rafael Riggi, en cuanto a que corresponde al Juzgado Nacional en lo Correccional nº 4 seguir interviniendo en las presentes actuaciones. Ello así, en atención al alcance de la pretensión punitiva del Ministerio Público Fiscal respecto del hecho de fecha 4/6/10 imputado a Horacio Adrián Díaz en autos (cfr. requerimiento de elevación a juicio de fs. 196/197 y presentación del señor Fiscal General ante esta instancia, doctor Ricardo Gustavo Wechsler de fs. 282 -con remisión a los fundamentos de la resolución de fs. 271/273 vta.-) y a las particulares circunstancias fácticas y procesales del sub lite.

En mérito a lo expuesto, el Tribunal, por mayoría, RESUELVE:

DECLARAR que corresponde al Juzgado Nacional en lo Correccional nº 4 de esta ciudad seguir interviniendo para la realización del debate en las presentes actuaciones.

Regístrese, notifíquese al señor Fiscal General, comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Acordada de la CSJN nº 15/13), hágase saber lo aquí decidido al Juzgado Nacional en lo Correccional nº 7 y remítase la causa al declarado competente, sirviendo la presente de atenta nota de envío.

Fdo: Dres. Liliana E. Catucci - Eduardo R. Riggi - Mariano H. Borinsky. Ante mi: Walter Daniel Magnone. Prosecretario de Cámara.