marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, representación procesal, mandato, poder, poder especial, ley procesal, interpretación de la ley, falta de personería
Materia: CIVIL
Carátula: Fata Soc. Seguros Mutuos c/ Chomicki y Cía. SRL y otro s/ Cobro de pesos y daños y perjuicios. Cuestión a resolver: Fuera del  Orden público -que se dice- impera en los supuestos de representación  inexistente, defectuosa o insuficiente, en las cuestiones de  personería ¨Rigen las pautas comunes sobre preclusión y  consentimiento de los actos procesales? (Expte. Nro. 53-74-Tribunal  plenario) s/ Cobro de pesos y daños y perjuicios. Cuestión a resolver: Fuera del  Orden público -que se dice- impera en los supuestos de representación  inexistente, defectuosa o insuficiente, en las cuestiones de  personería ­Rigen las pautas comunes sobre preclusión y  consentimiento de los actos procesales? (Expte. Nro. 53-74-Tribunal  plenario)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1979-10-08

Debe considerarse idóneo el instrumento de poder especial para otorgar representación procesal al personero actuante, toda vez que si bien en el mismo no se menciona de manera expresa al actor, allí se alude a un juicio que ya se "ha promovido", resultando obviamente estrechas las posibilidades por la materia, por los demandados, por la sede del Tribunal y por la dimensión temporal, de lo que se infiere la inequívoca voluntad de la recurrente de otorgar representación a los referidos profesionales para intervenir en dicho juicio que por entonces era el único que reunía las aludidas características de acuerdo al informe de Secretaría. La falta de mención del nombre de la actora, por una evidente omisión involuntaria, no puede traer como consecuencia una sanción tan grave como el desconocimiento de la personería. En consecuencia, no estándose en presencia de una representación defectuosa sino simplemente de la omisión voluntaria de una mención que no ha impedido individualizar el juicio; rigen los principios generales sobre preclusión y consentimiento de las actuaciones judiciales.

(Del Voto del Dr. Andorno). En el caso la cuestión a resolver es si, fuera del orden público -que se dice- impera en los supuestos de representación inexistente, defectuosa o insuficiente, en las cuestiones de personería ¿rigen las pautas comunes sobre preclusión y consentimiento de los actos procesales?
Locación, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: JARMA, Víctor c/ ARMESTO, José María s/ SUMARIO: COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1991-11-11

La circunstancia de que se haya convenido que el locatario debía devolver el inmueble "en el excelente estado de conservación en que se encuentre, salvo el desgaste producido por el buen y normal uso por el transcurso del tiempo", no autoriza a exigir que lo devuelva pindado. Esa prestación varía sólo si se prueba que el desgaste excedía el "buen y normal uso por el transcurso del tiempo".
Viajantes de comercio, remuneración, comisiones, declaración jurada, prueba, estatuto del viajante
Materia: LABORAL
Carátula: FERNANDEZ, MARCELA c/ DISTRIBUIDORA ALEFER SA s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-31

En los casos en que se controvierte el monto o cobro de los salarios, la prueba en contrario a la reclamación corresponde a la patronal sin que resulte necesario que el viajante de comercio haya cumplido con el juramento previsto en el art.11 del estatuto (conf. CNAT Sala I, sent. del 30.12.66 in re "Benvenuto, Roberto s/Subell Peña y cía" LT XV, p.463).
Empleados públicos, estabilidad del empleado público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MUNICIPALIDAD DE PARANA c/ VIOLA OMAR SANTIAGO s/ ACTO ADMINISTRATIVO - ANULACION -
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1990-03-22

La estabilidad consagrada en la Constitución Provincial (artículo 21)de ningún modo consagra un derecho absoluto.La misma norma establece que dicha garantía se reglamentará por ley, la que determinará las bases para el ingreso a la Administracíon Pública.

Tal ingreso está reglamentado por la Ordenanza 4220. Por consiguiente el ingreso hecho en contravención a la norma que lo regla es irregular y no está amparado por la garantía de estabilidad que consagra la norma constitucional.
Recurso extraordinario federal, cuestión federal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GONZALEZ JOSE DOMINGO c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-RECURSO EXTRAORDINARIO  INTERPUESTO POR DRA.GALVAN
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-12-23

La falta de reserva de la cuestión federal no puede afectar a la admisión del recurso interpuesto en virtud de que los supuestos vicios alegados sobre causales de arbitrariedad emanarían de la propia resolución atacada y en tal circunstancia la cuestión federal no resulta previsible con anterioridad. (Minoría u opinión personal)
Seguros, exclusión de la cobertura, prueba
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Rognone, Liliana Edith c/ Caja de Seguros SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-03-09

La exclusión de un riesgo del seguro hace que a su respecto no exista seguro; siempre -claro está- que tal exclusión de cobertura haya sido comunicada de modo fehaciente al asegurado/beneficiario. Y es -ciertamente- el asegurado quien deberá acreditar el cumplimiento de los recaudos para no caer en el no seguro (cfr. Halperín. "Seguros", Ed. Depalma, cit. supra, pág. 624).
Títulos de crédito, cheque, protesto
Materia: CIVIL
Carátula: REYNA, TERESA c/ MARINI, NESTOR CARLOS s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1995-04-05

El decreto 4776/93 determina requisitos para la eficacia de la constancia que debe poner el banco, encontrándose entre ellos la firma de la persona autorizada para suscribir la constancia. En este caso, la constancia puesta en el adverso del título carece de firma, por lo tanto no produce los efectos del protesto, consecuentemente lo torna inhábil para proseguir su cobro en juicio ejecutivo.
Recurso de casación, resoluciones judiciales, sentencia, gravamen irreparable, excepción de incompetencia
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: MERKIN, S. s/ rec. de casación Causa nro. 28.043
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-24

Si bien se impugna una resolución cuyo cuestionamiento por la vía escogida no se halla contemplado expresamente en la enumeración del artículo 457 del ordenamiento formal, debe equiparársela a sentencia definitiva en la medida en que se advierte que en el caso concurre una cuestión federal que habilita el conocimiento de la Cámara Nacional de Casación Penal, a la luz de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde entiende admisible el recurso de casación contra decisiones que -como la atacada- ocasionen al recurrente un gravamen de insuficiente, imposible o tardía reparación ulterior. Cabe destacar que, pese a la reiterada jurisprudencia del Alto Tribunal en el sentido de que no constituyen sentencia definitiva las decisiones que versan sobre la distribución de competencia entre magistrados, ello reconoce excepción en los casos en los que las cuestiones debatidas remiten a la consideración de puntos regidos por disposiciones constitucionales.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, organismos del Estado, aplicación de la ley, acto administrativo, presunción de legitimidad, ley de contrato de trabajo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ROMERO, JORGE c/ FEDERACION DE COOPERADORAS ESCOLARES (FAE) s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-06-15

Conforme tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la actuación de los organismos administrativos está regida por un sistema jurídico diferente que se sustenta en principios propios, no compatibles con los aplicables en materia de derecho común, y debe recordarse que la presunción de legitimidad de los actos administrativos aparece en pugna con la contenida en el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, que presupone una actividad de fraude a la ley por parte de los empleadores, desde que la Provincia de Santa Fe no es una empresa, establecimiento o empleador en los términos de la Ley de Contrato de Trabajo y, por tanto, no puede ser alcanzada por una responsabilidad solidaria que sólo es inherente a esos sujetos del contrato de trabajo, más aún cuando esta regulación es incompatible con el régimen de derecho público al cual está sujeta la Provincia. - CITAS: CSJN: Fallos 308:1591; 312:146; 314:1679; 321:2345. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 20744, artículo 30
Jubilaciones, acuerdo de partes, liquidación, pago
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Ponti, Erminda Rosa s/ jubilación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-08-24

Si bien el convenio que tuvo por objeto la cancelación íntegra de las deudas emergentes de las reliquidaciones de haberes dispuestas por sentencias judiciales anteriores a junio de 1988 no importaba la renuncia a derecho alguno, al aceptar la jubilada que con los pagos se le cancelaban en forma total las deudas emergentes a la fecha de aquél, no es revisable la sentencia según la cual se practicó la liquidación respectiva con posterioridad al cumplimiento íntegro por parte de la autoridad administrativa.
Interpretación de la ley, Constitución Nacional
Materia: CIVIL
Carátula: Piñeiro, María Elvira s/ sucesión ab intestato.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-11

La primera fuente de exégesis de la ley es su letra y cuando ésta no exige esfuerzo de interpretación debe ser aplicada directamente, con prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del caso expresamente contempladas por la norma, ya que de otro modo podría arribarse a una interpretación que, sin declarar la inconstitucionalidad de la disposición legal, equivaliese a prescindir de su texto.
Responsabilidad contractual, prescripción decenal, daños y perjuicios
Materia: COMERCIAL
Carátula: Kok Juan Francisco y otros c/ Banco Itau Buen Ayre SA s/ sumario.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-28

Corresponde aplicar el plazo de prescripción decenal a una acción resarcitoria incoada contra una entidad bancaria, toda vez que la responsabilidad achacada tiene causa contractual.

Ello así, pues si bien los actores reprochan cierta actuación de dependientes del Banco, que calificaron de ilícita, sin embargo, lo imputado al Banco fue haber actuado, en relación a las cuentas corrientes abiertas por los actores, de un modo escasamente profesional que los perjudicó patrimonialmente, lo cual sumerge la naturaleza de la responsabilidad atribuida a la órbita contractual.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestión de derecho común
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Fernando Raúl GUNTHER c/ ESTADO NACIONAL (EJERCITO ARGENTINO) s/ SERVICIO  MILITAR  -  DAÑOS Y PERJUICIOS - TRABAJO - RETIRO MILITAR -  DERECHO ADMINISTRATIVO  -  RESPONSABILIDAD  EXTRACONTRACTUAL - ESTADO  NACIONAL - RECURSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-08-05

No procede la vía excepcional del recurso extraordinario, si los reparos de los apelantes sólo trasuntan sus discrepancias con el alcance acordado a la legislación aplicable y con la valoración de las circunstancias de hecho debatidas, aspectos que no autorizan la apertura de la vía excepcional del recurso extraordinario.
Sentencia arbitraria, responsabilidad internacional del Estado, non bis in ídem
Materia: PENAL
Carátula: Gutiérrez, José Manuel c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-05-29

La disidencia sostuvo que más allá de la arbitrariedad del fallo y la posible responsabilidad internacional, conceder el recurso al fiscal implicará, en los hechos dar una nueva chance al Estado de realizar un nuevo juicio, constituyendo ello una afectación directa a una garantía de orden superior, el principio ne bis in idem. (Dres. Figueroa, Ledesma -disidencia-, Slokar).
Recurso de inaplicabilidad de ley, inadmisibilidad del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Lorenzo, Susana  Lía  por  sí  y  en  representación de Sur Sociedad Anónima. s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1995-09-13

Si del escrito en el cual se deduce el recurso no surge la ley o doctrina legal que se repute mal aplicada ni los argumentos tienen entidad suficiente para desvirtuar el razonamiento lógico jurídico del sentenciante, debe el mismo ser declarado inadmisible por incumplimiento de los recaudos formales establecidos en el código de rito.(Dra. Oudín).
Competencia federal, secuestro extorsivo, aplicación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: Goncebatte, Eduardo Maximiliano y otros c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-04-11

Más allá de las interesantes disquisiciones que efectúan los recurrentes, lo cierto es que el legislador, en ocasión de la reforma operada mediante la mencionada Ley 25.886, a partir del resonado caso "Blumberg", ratificó como regla la atribución a la competencia federal, sin efectuar los distingos a los que aluden los casacionistas.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestión de derecho común, inimputabilidad
Materia: PENAL
Carátula: Guarino de Otheguy, Beatriz Ida s/ hurto
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-15

El art. 34, inc. 1 del Código Penal es una norma de derecho común cuyo alcance debe ser determinado por los jueces de la causa.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), fundamentos insuficientes, Impuesto de sellos, hecho imponible, quiebra, verificación de créditos
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: SAVESKY, JAIME NOACH c/ JOSÉ JUAN YAPUR S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- PEDIDO DE  QUIEBRA (EXPTE.: C.S.J. NRO. 546 AÑO 2004)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-08-03

Corresponde rechazar la queja desde que si bien el impugnante alega que el fallo de la Alzada "... viola el texto expreso de la ley de impuesto de sellos y efectúa una exégesis irracional de dicha norma, creando una hipótesis de arbitrariedad en concreto" no ha logrado demostrar que el razonamiento del A quo hubiera desbordado las posibilidades hermeneúticas con base a las cuales decidió el planteo en ejercicio de funciones propias.

En el caso, no obstante que no se hayan acompañado copias de la documental y no se pueda precisar con exactitud su naturaleza jurídica, no está puesto en tela de juicio que el o los instrumentos cuestionados se suscribieron en la ciudad autónoma de Buenos Aires, y debían ser cumplidos fuera de esta jurisdicción provincial y carecían de sellado.

Partiendo de tales presupuestos, el Tribunal a quo analizó el caso con base en las previsiones del artículo 167 del Código Fiscal, que en referencia al impuesto de sellos prescribe como hechos imponibles las "... operaciones realizadas fuera de la jurisdicción de la Provincia, cuando de su texto o como consecuencia de los mismos, resulte que deban ser negociados, ejecutados o cumplidos en ella", agregando que si "... los instrumentos respectivos hubieran sido repuestos correctamente en las jurisdicciones de origen, podrá deducirse del impuesto que corresponde tributar en la Provincia de Santa Fe el monto ingresado en aquélla hasta el monto que resulte obligado en esta jurisdicción y siempre que refiera al mismo hecho imponible".

Y es a tenor de tales pautas, que en orden a analizar el control del cumplimiento de la correcta reposición de la documentación traída a la causa conforme a las prescripciones legales, la Cámara expresó que la "... circunstancia de que por un juicio universal como lo es la quiebra se debió presentar ante estos Tribunales no tornan al acto gravable, caso contrario todos los actos celebrados en otra jurisdicción por personas domiciliadas en esta provincia estarían sujetos a imposición, pues hipotéticamente podrían llegar a solicitar su verificación en caso de concurso o quiebra...." .-
Policía, personal policial, cesantía, reincorporación, ascenso laboral, leyes, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Calabrese, Roberto Luis c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 38-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-05-12

Siendo que, de conformidad a la ley 6769, el tiempo mínimo de permanencia en el grado de Oficial Principal es de tres años (Anexo V) es claro que el actor, de haberse computado el período de inactividad forzada, tenía derecho a ser considerado por la Junta de Calificaciones para el ascenso al grado de Subcomisario.
Empleados públicos, funcionarios judiciales, inembargabilidad del salario
Materia: COMERCIAL
Carátula: COLUMBIA  CIA.  FINANCIERA  SA c/ CACABELOS, RICARDO EDUARDO s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-07-17

El sueldo de los empleados públicos resulta inembargable en el marco del juicio ejecutivo en tanto no resulta posible determinar ni indagar acerca de la causa antecedente de la emisión de los títulos abstractos. En cuanto a su aplicación a los empleados del poder judicial, se estima que deben considerarse incluídos pues si bien reiteradamente se ha aclarado que no son empleados de la administración publica, no por ello deben considerarse ajenos a un decreto que usa dicha terminología en contraposición a los empleados que no perciben su sueldo de alguna dependencia del estado.
Competencia en razón del monto, demanda, pretensión, prueba, producción de la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PAPAOLO, MARCELO ALBERTO c/ JOSSET, MIGUEL ANGEL Y OTROS s/ DA#OS Y PERJUICIOS     CONFLICTO DE COMPETENCIA      CSJ EXPTE NRO 364-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-03-01

Si al demandar la actora por daños y perjuicios realizó una estimación cuantitativa del monto reclamado supeditada al resultado de la prueba, a los fines de la determinación de la competencia por valor, debe estarse a esa estimación provisoria. La concreción de montos efectuada una vez producida la prueba no reviste el alcance de una ampliación de demanda en los términos de los artículos 135 y 136 del Código de Rito, instituto éste que ostenta diferentes características.
Contratos administrativos, cláusulas del contrato
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: OTTONELLO, SANTORO  S.A.C. c/ CORPORATION DEL MERCADO CENTRAL s/ COBRO DE PESOS - ACTUALIZACION MONETARIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-28

La impugnación de las cláusulas de contratos administrativos sólo puede efectuarse atacando el contrato mismo o los actos que lo precedieron, en oportunidad de celebrarse aquél o producirse éstos;

resultando tardía la deducida contra actos posteriores que no importan sino aplicar pautas consentidas por falta de censura en tiempo propio.
Prueba documental, libros del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: Narváez, Elsa Cristina c/ Aguilera, Estela de s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-08-31

La aplicación de los arts. 52 y 55 de la Ley de Contrato de Trabajo presupone la existencia de un contrato de trabajo.
Prueba, prueba de informes
Materia: PROCESAL
Carátula: Cantos, José María c/ Santiago del Estero, Provincia de s/ COBRO DE PESOS - ORIGINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-08

De acuerdo a lo dispuesto por los arts. 396 y siguientes del Código Procesal, la prueba de informes reviste caracteres propios que le otorgan autonomía, consiste en la obtención de datos que resultan de la documentación o archivo del informante y, en su caso, de documentos o instrumentos que se hallan en poder de terceros que, por ese medio, pueden ser aportados al proceso.
Impuestos, impuestos de emergencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SUPERMERCADOS ABUD S.R.L. c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS s/ DEMANDA    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVA  POR  REPETICION  DE  IMPUESTO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-09-19

Las características de los impuestos de emergencia hacen que en alguna medida alteren principios y moldes a los que han venido adecuando las normas fiscales ordinarias, y a los que no se adaptan aquéllos precisamente por su carácter extraordinario, sin que ello importe que se hallen reñidos con el orden constitucional. En el caso de tales gravámenes, cuya vigencia en determinadas circunstancias de crisis sociales se ha considerado legítima -lo que en la especie no se discute-, no es exigible que la ley que los establece sea previa al hecho imponible que quedará sujeto al impuesto, pues esta condición importaría casi necesariamente la imposibilidad de consagrarlo.
Derecho comercial, intereses moratorios, cómputo de intereses, audiencia de mediación
Materia: COMERCIAL
Carátula: LA  MERIDIONAL  CIA  ARGENTINA  DE SEGUROS SA c/ LOGINTER S.A. s/ FALTANTE Y/O AVERIA DE CARGA TRANSP TERRESTRE.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-07-14

Los intereses reclamados deberán correr desde la constitución en mora del deudor. Tratándose de un supuesto de responsabilidad contractual, y no existiendo un requerimiento extrajudicial anterior, categórico, coercitivo y circunstanciado de cumplimiento factible y apropiado en cuanto al objeto, modo, magnitud y tiempo de pago (conf. esta Sala, causas 3797 del 30.9.93, 9398 del 20.9.94, 24.853/94 del 2.3.95), estimo que la constitución en mora ha sucedido en ocasión de la mediación. Habida cuenta los términos de la concreta petición de la apelante, propicio acoger este agravio y disponer que los intereses moratorios se computen "desde el día posterior a la última audiencia de mediación" (jurisprudencia en sentido análogo de esta Sala, causas 1155/01 del 26.2.02; 9305/00 del 12.3.02; 5045/04 del 12/04/07).
Honorarios, honorarios del perito, regulación de honorarios, IVA, costas, gastos del proceso
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Dellece, O. y otro s/ Aclaratoria
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-10

Los Jueces no se hallan obligados a calcular el monto del impuesto al valor agregado, a fin de no entorpecer el cobro íntegro de la retribución de los profesionales intervinientes en la causa, por lo que resulta pertinente dejar establecido que en los emolumentos calculados no se halla incluido el I.V.A., y que de corresponder éste, será soportado por el condenado en costas.

Además, por su propio régimen, el impuesto al valor agravado recae sobre el consumidor del servicio, es decir el cliente del profesional, quien a su vez podrá recuperarlo del vencido en costas, a título de gasto ocasionado por la sustanciación del proceso.