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Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, excusación, violencia moral, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia, pautas orientadoras, interpretación restrictiva
Materia: PROCESAL
Carátula: T, A S Y D C, V M s/ EXCUSACION DE LA DRA. ELENA RAMON EN EXPTES. 661/03 "T., A.S. S/ DESOBEDIENCIA Y NRO. 1581/02" D.C., V.M. S/ FALSIFICACION DE INSTRUMENTO PRIVADO Y ESTAFA EN GRADO DE TENTATIVA" (EXPTE: N 6 Año 2003) (TRIBUNAL PLENO)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-08-11

La causal de violencia moral ha sido prevista como suerte de supuesto de abstención residual (más allá de los expresos supuestos ordenados como causales de recusación) para la valoración de íntimas situaciones que conmuevan el espíritu del magistrado frente a la perversa opción de que, opine como opine puede ser dudado de hacerlo por encono o por pusilanimidad. Lo que la ley adjetiva manda al exigir que la violencia moral proceda de un motivo objetivamente grave, ha de entenderse como que " lo decisivo no es sólo el modo de pensar o sentir del magistrado que desea apartarse, sino también el modo de pensar o de sentir de los jueces llamados a conocer si la razón alegada es creadora de violencia moral ".Ello significa que como no puede ser de otra manera pues el código no quiere ex profeso (cual lo exige en las causales de recusación) prever un rol o nómina de supuestos expresamente admisibles- la objetividad y gravedad se juzga por el juicio de los jueces actuantes en la excusación, es decir, de sus subjetividades. Es pues la opinión subjetiva de tales jueces en número hábil legalmente, la que, en el caso concreto, puede decirse que objetiviza los motivos y pondera su gravedad. Cuando se invoca por la Excma. Corte Suprema Provincial que se deben fijar criterios de interpretación, no cabe entender ello como la prefijación de causales en sí de excusación, lo que invadiría la atribución legislativa. (De la disidencia del Dr. Mestres) En el caso la cuestión a resolver es: Extensión de la causal de excusación por violencia moral.
Proceso contravencional, prueba, testimonio incorporado por lectura, sistema acusatorio, juicio oral
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: W, M. s/ Ley 255
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-07-11

La oralidad implica que el proceso culmine en una audiencia oral en la cual se reciban pruebas y se escuche a las partes, en un pie de igualdad. "Esta oralidad, inherente a todo sistema acusatorio, requiere que los testigos sean oídos directamente por el Juez o Tribunal encargado de juzgar, para permitir su examen inmediato. Es decir que el órgano jurisdiccional está obligado a fundamentar su decisión (y por tanto, su motivación) sobre el material de hecho y las pruebas expuestos oralmente en el proceso, de manera que no puede servirse de ningún elemento producido únicamente mediante el examen escrito, cuestión que además, violenta el principio de inmediación, también característica fundamental del sistema de enjuiciamiento acusatorio, puesto que al receptarse prueba producida fuera de la audiencia de debate, se rompe el contacto directo y simultáneo de los sujetos procesales con los medios de prueba en que deben basarse la discusión plena de las partes y la decisión definitiva del juzgador". (Del voto del Dr. Lucangioli)
Indivisión hereditaria, muerte del cónyuge, disolución de la sociedad conyugal
Materia: CIVIL
Carátula: Bahamonde de Solari, María Luisa c/ Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural de laProvincia s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-05-12

La muerte de uno de los cónyuges produce concomitantemente, la formación de la indivisión hereditaria y la indivisión poscomunitaria que sigue a la disolución de la sociedad conyugal, por lo que producida ésta, por la muerte de uno de sus integrantes y hasta tanto no se formalice la partición el acreedor del cónyuge supérstite no tiene derecho a agredir un bien ganancial integrante de la comunidad hereditaria.
Acto administrativo, pensiones, exceso ritual manifiesto, medios de prueba
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Morales, María del Carmen c/ Instituto de Seguridad Social de la Provincia de La Pampa s/ Demanda Contencioso Administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1998-01-10

Corresponde dejar sin efecto la resolución que denegó el beneficio de pensión basándose en una consideración genérica (no haberse probado fehacientemente la convivencia en aparente matrimonio entre la titular y el causante) y prescindiendo de los medios de prueba de los que pretendió valerse la peticionante, pues ello importa limitar el derecho de defensa que debe ser garantizado evitando incurrir en excesos rituales que conduzcan eventualmente al desconocimiento de la verdad jurídica objetiva.
Derecho laboral, principios laborales, in dubio pro operario, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: Fernández,  Nicolás c/ Ferrocarriles Argentinos s/ indemnizaciónpor enfermedad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-31

Los principios rectores en materia laboral, tales como el in dubio pro operario de la norma y de la condición más beneficiosa, exigen para su aplicación que se esté en presencia de una colisión normativa que cree dudas fundadas acerca de la ley aplicable.
Cuestiones de competencia, declaración de incompetencia, calificación legal
Materia: PROCESAL
Carátula: Carbajal Reyna, Luis Alberto s/ art. 52 C.C. -amenazas-
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-06-02

A los fines de que la Corte Suprema pueda ejercer las facultades que le confiere el art. 24, inc. 7°, del decreto-ley 1285/58, resultan elementos indispensables que las declaraciones de incompetencia contengan la individualización de los hechos sobre los cuales versa y las calificaciones que le pueden ser atribuidas, pues solo con relación a un delito concreto es que cabe pronunciarse acerca del lugar de su comisión y respecto del juez a quien compete investigarlo y juzgarlo (Fallos: 308:275; 315:312; 323:171 y 3867)
Daños y perjuicios, valor vida, beneficiarios de la indemnización civil, legitimación procesal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GONZALEZ DE BARRIONUEVO, EMILIA c/ DOMINGO MALDONADO Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-05-19

Se indemniza la vida humana, cuando su extinción representa un detrimento para los que reclaman la reparación, puesto que ella por sí no tiene un valor económico. En consecuencia la muerte de la víctima de un hecho ilícito, hace nacer una acción, no solo a favor del cónyuge sobreviniente y herederos necesarios de aquella-art. 1084 y 1085 C.Civil-, sino de cualquier persona que haya sufrido un daño-art.1079 C.Civil-siempre que pruebe el efectivo daño patrimonial sufrido. Por lo tanto la existencia de la presunción legal a favor del cónyuge e hijos, resulta comprensiva, pues la muerte de uno de los cónyuges produce un menoscabo en el hogar, y surgen gastos necesarios a realizar para sostener a los damnificados en sus necesidades alimentarias, de vivienda, vestido y asistencia médica en el nivel y condiciones habituales en vida del extinto.

Ahora bien, con relación a los padres, si bien el texto del art. 1085 del C. Civil al referirse a herederos necesarios del muerto, podría resultar comprensivo de los padres, no se les reconoce la titularidad de esta acción, pues no es ése el sentido de la norma que reserva esta situación de excepción para la viuda e hijos de la víctima, en tanto los padres, como terceros damnificados, están legitimados en la medida que demuestren el daño sufrido.
Concusión, billetes numerados, tentativa, delito experimental
Materia: PENAL
Carátula: BIAFORE, GUSTAVO s/ EXACCIONES ILEGALES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-20

En los supuestos en que configure mediante la entrega preparada de billetes individualizados, para posteriormente secuestrarlos en poder del sujeto activo, se está en presencia de una consumación experimental, imputable de acuerdo al art. 44 "in fine" del Código Penal o a una tentativa acabada, según el momento en que la autoridad irrumpa en el "iter criminis". Cuando la celada apunta a demostrar el delito consumado, es decir, la exigencia de una dádiva, no hay razón para pensar que el delito sea experimental.
Costas, amparo por mora
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Causa, Raúl Tomás c/ Gobierno Nacional s/ Amparo por mora.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-11-02

Corresponde en el amparo por mora imponer las costas de ambas instancias en el orden causado cuando la demandada cumplió con su deber de resolver, y esta decisión fue acompañada en la primera oportunidad procesal otorgada a los efectos de contestar el informe de rigor y dentro del plazo conferido por el Juez a tal fin, temperamento que permite exonerar de costas al demandado, en orden a que la cuestión encuadra en la previsión contenida en el art. 14 de la Ley 16.986, de aplicación supletoria en la especie, atento la similar naturaleza de ambas acciones sumarísimas.
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria, caducidad de instancia, honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Realmac S.A.C.I.F.I.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-29

Es descalificable el pronunciamiento que -al regular los honorarios de los letrados de la demandada en un proceso que concluyó por caducidad de la instancia- no efectuó cita legal alguna que permita inferir sobre qué pautas del arancel fundó concretamente su decisión, ni indicó si la regulación incluía la retribución de las tareas del incidente, como tampoco el modo en que se calcularon los honorarios de alzada (Disidencia de los Dres. Carlos S. Fayt, Juan Carlos Maqueda, E. Raúl Zaffaroni y Elena I. Highton de Nolasco).
Proceso penal, prisión preventiva, sustitución de la pena, leyes
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: CH., N. s/ RECURSO DE APELACION - SUSTITUCION DE LA PRISION PREVENTIVA (EXPTE N   105- 04, RESOLUCION N  17, TOMO 8, FOLIO 258)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-03-12

Las modificaciones de la Ley 12.162 indudablemente implican una revalorización importante de la actividad judicial, en cuanto otorgan más confianza al criterio de los jueces en lo que hace a la conducción y cuidado del proceso, al tiempo que significan un ajuste imprescindible del tema de encarcelamiento previo a la condena, a normas de jerarquía constitucional.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, sentencia no firme, medidas cautelares, embargo
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: SAN CRISTOBAL CAJA MUTUAL c/ DANERI, LUIS ENRIQUE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-05-08

El pronunciamiento que se impugna en el sub examine -por el cual la Alzada confirmó la resolución del Juez de baja instancia, desestimatoria de un pedido de levantamiento del secuestro del bien embargado-, de acuerdo a su propia naturaleza -cautelar-, no constituye sentencia definitiva o auto equiparable ya que no decide sobre el fondo del litigio y tampoco pone fin al juicio ni impide su continuación, obstando por ende a la admisibilidad de la vía intentada; conclusión que se ve reforzada toda vez que tampoco se advierte perfilado un gravamen irreparable que torne inexcusable la vigencia de las excepciones que esta Corte tiene admitidas. - CITAS: CSJN: Fallos 271:319; 316:2153; 326:25; 305:1929; 308:1107; 312:409, 326:1471; CSJStaFe: AyS T 30, p 150; T 93, p 40; T 191, p 36; T 182, p 89; T 159, p 40; T 192, p 312; T 196, p 206.
Atenuantes de la pena, agravantes de la pena, ebriedad
Materia: PENAL
Carátula: Sacco, José Ramón s/ Homicidio simple
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-07-31

Constituye índice de mayor peligrosidad la circunstancia de que el procesado conociera la agresividad que hallándose ebrio le producía la presencia de la víctima; cuyo conocimiento no le impidió colocarse "voluntariamente en la situación de poder generar resultados como el que causó".
Competencia, inhibitoria
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: INCIDENTE DE OPOSICION SRA. JUEZA DE PAZ LETRADO DE 1RA. NOMINACION s/ TIJERA, AURORA DEL VALLE/MAPFRE ACONCAGUA Y OTROS S/CUMPLIMIENTO DE  CONTRATO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2000-05-31

Es un total despropósito la actitud que asume el a-quo, en desprenderse de la competencia, al advertir que en atención a la estimación del monto de la demanda denunciada por la actora, corresponde la competencia de la Justicia de Paz, si cuando al momento de hacerlo ya se encontraba trabada la litis, las partes principales del juicio, léase actor y demandados habían consentido la intervención de S.S. y por ende de la competencia de la justicia ordinaria en lo civil y comercial.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, monto del juicio
Materia: LABORAL
Carátula: Firmapaz, Rubén Carlos y otros c/ Saiar SAIC de Aceros Rheem s/ Diferencia de salarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-10-13

El supuesto de excepción previsto por el art. 55 del decreto ley 7718/71 se configura cuando este Tribunal ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas legales que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado transgrede precisamente tal doctrina en caso similar.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de inconstitucionalidad, remuneración, aportes previsionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: López Marull, Eduardo Joaquín c/ Municipalidad de Rosario s/ recurso de casación (concedido por la cámara) y recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-02-14

Pese a la clara redacción de la norma previsional, según la cual la base para determinar el haber es la remuneración percibida en actividad, con la condición sine qua non de que se hubieren efectuado los aportes bajo el régimen municipal y seleccionándose los mejores 36 meses comprendidos en los 120 meses inmediatamente anteriores al cese efectivo, surge del iter administrativo analizado que dentro del período a computar de 120 meses se han devengado a favor del recurrente montos reconocidos por Decreto 639/09 y que los mismos no fueron incluidos en el cómputo de su haber inicial, es decir, no fueron incluidos para calcular los mejores 36 meses que manda la norma previsional; y el Instituto Municipal de Previsión Social no se encuentra válidamente facultado a detraer de la determinación del haber jubilatorio inicial del recurrente sumas que integraron la remuneración percibida por éste como activo; máxime cuando de las pruebas de autos surge que el pago fue documentado a través de recibos de haberes, se practicaron los descuentos y se realizaron aportes previsionales. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Municipalidad de Rosario, Ordenanza 639/09.
Recurso de apelación (procesal), calidad de parte, fundamentación del recurso, delitos, delitos contra las personas, tentativa, situación del imputado, dolo
Materia: PENAL
Carátula: FLORES, Franco Gabriel c/ CÓRDOBA, Maximiliano Julio s/ Recurso de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-05-31

En cuanto al aspecto subjetivo, cabe reiterar que sin duda no es tarea fácil el calificar la Tentativa de Homicidio por la exigencia del dolo, dificultad a que se añade el hecho de que en los delitos de sangre prima el resultado.

Justamente esa posición sustentada en algunos fallos, esto es que se responde por el resultado, es contradicha por la postura doctrinaria que sostiene como decisivo deducir el contenido de la voluntad del autor, del modo en que éste inició concretamente su conducta, por lo que la circunstancia de que el sujeto quiera matar o no, no puede depender de que la víctima efectivamente muera como consecuencia de la acción. La existencia de dolo si bien ha de ser considerada según hechos exteriores aprehensibles por los sentidos, no puede ser inferida sólo cuando se haya producido cierto resultado, sino del modo concreto en que el autor condujo su acción en el desarrollo causal de los hechos. La finalidad homicida, buscada en las circunstancias del caso surge a título de probabilidad.

El punto de inflexión y discusión gira entonces en torno a la prueba referida a la intencionalidad del agente puesta en acto al acometer contra la víctima. Problema que se plantea siempre ante la no consumación de un delito de resultado (tentativa) pero que en el iter criminis el autor ha realizado íntegramente la acción típica de otro delito.

Es el caso que nos ocupa en donde la conducta puede agotarse en el resultado de lesión ya producido o sólo el comienzo de ejecución de un homicidio tentado.

No mediando confesión, resulta necesario indagar en la interioridad del agente para conocer su verdadero designio criminoso, es tarea del investigador a través de los múltiples indicios o prueba circunstancial que se le presenta, partiendo de aquellos hechos objetivos suficientemente comprobados. (Según el voto de los Dres. Julio V. Pancio y Raúl Román).
Ejecución de la pena, improcedencia del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Lalin Iglesias, Carlos Tomás s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Incidente de recurso de inconstitucionalidad en autos Lalin Iglesias, Carlos Tomás sobre 73 - violar clausura impuesta por autoridad judicial o administrativa (Art. 74 según TC Ley 5666 y modif.) c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-12-14

Si el inicio de ejecución de una pena supone el dictado de una sentencia firme y, en el ordenamiento local, la queja deducida contra el rechazo del recurso de inconstitucionalidad no conlleva -por regla- efecto suspensivo, cabe concluir que la decisión de la Cámara mediante la cual se declara la improcedencia formal del recurso que prevé el artículo 26 de la ley n° 402 intentado contra una sentencia (que debe ser la definitiva conforme el art. 27 de la citada ley) habilita la ejecución de ésta y, por lo tanto, a considerarla firme. En otras palabras, toda sentencia que impone una condena que el ordenamiento procesal admite que sea ejecutada, reúne la calidad de decisión firme. El recurso de queja (art. 33, ley n° 402) opera como una suerte de acción impugnativa de una sentencia firme. (Del voto en disidencia de la juez Inés M. Weinberg).
Recurso de casación, igualdad ante la ley, improcedencia del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Bustamante Juan Pablo y otros s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. José Leonardo Berber, en contra de Sentencia Nº 18/2011 recaída en causa Expte. Nº 31/10 acum. 225/09 y 37/10, caratulada: 1) Bustamante Juan Pablo y otros ss.as. Robo, etc. Capital - Catamarca
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-06-29

La Cámara en lo Criminal, por mayoría, declaró culpable al imputado como autor del delito de robo (arts. 164 y 45 del C. Penal), hecho comprendido en el Requerimiento Fiscal, condenándolo en consecuencia a sufrir la pena de tres años de prisión. Contra el decisorio aludido, comparece el asistente técnico del imputado e interpone recurso de casación.

La defensa del imputado denuncia violación al principio de igualdad (art. 16 C.N. y 454 inc. 1 C.P.P.), argumentando que se le ha dado trato discriminatorio e ilegal, porque se absolvió a los dos consortes de causa e igual resultado se imponía para su defendido en base a las pruebas merituadas. Al respecto, cabe decir que el recurrente yerra en su interpretación en relación a la garantía constitucional que invoca.

Esta Corte invariablemente ha sostenido que: ".la garantía de igualdad ante la ley sólo comporta la consecuencia de que todas las personas sujetas a una legislación determinada sean tratadas del mismo modo, siempre que se encuentren en idénticas circunstancias y condiciones..." (S. nº 3, 08/02/2012).

En el caso bajo examen, ha existido una imposibilidad procesal constitucional para resolver en sentido contrario la situación de los consortes de causa, en razón de que el Ministerio Público Fiscal solicitó en forma expresa la absolución de los mencionados coimputados, por lo que ha existido una limitación y una imposibilidad legal y constitucional de expedirse en sentido opuesto.

En efecto, se percibe con claridad -y así lo aclaró el a quo- que es muy distinta la situación del imputado, contra quien el titular de la acción penal sí formuló acusación, obligando en consecuencia al tribunal a ponderar la prueba incorporada a debate a fin de acreditar la responsabilidad penal del mencionado imputado en el hecho en cuestión.

Consecuentemente, estimo oportuno aclarar que surge evidente que no resulta atendible la alegada violación a la garantía de igualdad ante la ley, ya que la misma implica que no cabe establecer excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en iguales circunstancias, lo que no ha ocurrido en el caso.

Por lo expuesto corresponde no hacer lugar al recurso interpuesto por este agravio.
Delitos de los recursos de la seguridad social, Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, competencia por el territorio
Materia: PENAL
Carátula: SANCHEZ, OSCAR RUBEN s/ Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, incidente de  apelación promovido por el Fiscal a cargo de la Fiscalía N° 3 del  Fuero, Causa: 36923.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-02

La competencia territorial de diferentes Jueces de la jurisdicción nacional debe determinarse según el lugar en que se haya cometido el delito. En este caso tuvo lugar la incorporación del trabajador a la Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones en la sede central de la Administradora en cuestión, sita en Capital Federal.

Consecuentemente, debe revocarse la resolución que declaró la incompetencia para investigar los hechos denunciados (Del voto de los Dres. Hendler y Repetto).
Acción contencioso administrativa, agotamiento de la instancia administrativa
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Gerez, Hugo Horacio c/ Banco de Catamarca en Liquidación s/ Acción Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2002-08-14

Para la habilitación de la instancia judicial que permita a este Tribunal ejercer su jurisdicción exclusiva y originaria y su competencia revisora, deben verificarse los requisitos de ineludible cumplimiento entre los que se encuentra y del cual no debe prescindirse el del debido agotamiento de la vía administrativa; el art. 5 del C.C.A. exige como requisito ineludible para que proceda la demanda contencioso administrativa "...aunque se trate de una resolución de carácter general, el interesado deberá siempre promover la reclamación administrativa previa.

En el caso, la acción que debe prepararse en sede administrativa no se encuentra debidamente concluida al no responder los pasos al orden lógico que la ley exige, ello en base a que articulado el primer reclamo, sus reiteraciones en los tiempos que fueron realizadas se revelan innecesarias al no poder ser consideradas ni por aplicación del principio del informalismo, como recurso alguno que es el paso siguiente al reclamo administrativo, por lo que carecen de efecto legal a los fines pretendidos.

Sumándose a ello que la demanda debe interponerse dentro de los veinte días hábiles de la denegatoria expresa o tácita -art. 7 C.C.A- en la especie la demanda resulta presentada extemporáneamente, encontrándonos frente a un acto definitivo, firme, consentido e irrevisable en esta instancia.

En tales condiciones se torna inoficioso pronunciarse sobre los restantes argumentos ensayados por el actor, concretamente sobre la cuestión de fondo, puesto que por las circunstancias narradas la competencia de este Tribunal no ha quedado habilitada. Ello así debe rechazarse la acción intentada ante la incompetencia de este Tribunal para su tratamiento al haberse interpuesto extemporáneamente. (Del voto del Dr. Oviedo -En disidencia).