Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2015-06-17


[[p]]///MA, de junio de 2015.[[/p]][[p]]Reunidos en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro, doctores Enrique J. Mansilla, Sergio M. Barotto, Liliana L. Piccinini, Adriana C. Zaratiegui y Ariel Gallinger, según surge del acta de audiencia obrante a fs. 412/413, con la presencia del señor Secretario doctor Wenceslao Arizcuren, para el tratamiento de los autos caratulados "P., J.E. s/Homicidio s/Casación" (Expte.Nº 27559/15 STJ), elevados por la Sala B de la Cámara en lo Criminal de la Iª Circunscripción Judicial con asiento de funciones en Viedma, deliberaron sobre la temática del fallo a dictar, de lo que da fe el Actuario. Se transcriben a continuación los votos emitidos, en conformidad con el orden del sorteo previamente practicado, respecto de las siguientes:[[/p]][[p]]C U E S T I O N E S 1ª ¿Es fundado el recurso? 2ª ¿Qué pronunciamiento corresponde? V O T A C I Ó N A la primera cuestión el señor Juez doctor Enrique J. Mansilla dijo:[[/p]][[p]]1. Antecedentes de la causa:[[/p]][[p]]1.1. Mediante Sentencia Nº 154, del 23 de julio de 2014, la Sala B de la Cámara en lo Criminal de la Iª Circunscripción Judicial resolvió -en lo pertinente- rechazar el acuerdo de las partes para la realización del juicio abreviado en la presente causa, por las razones expuestas en los considerandos (fs. 347/351).[[/p]][[p]]1.2. Contra lo decidido, las doctoras Marta Gloria Ghianni, Margarita G. Carriqueo y Patricia Arias, Defensoras Penal subrogante y Adjunta y Defensora de Menores e Incapaces, respectivamente, en forma conjunta y en representación de J.E.P., y el doctor Fabricio Brogna, Fiscal de Cámara subrogante, dedujeron sendos recursos de casación, que fueron denegados por el a quo y declarados admisibles por este Cuerpo, vía queja.[[/p]][[p]]1.3. Dispuesto que el expediente quedara por diez días en la Oficina para su examen por parte de los interesados (arts. 435 y 436 C.P.P.), a fs. 392/398 vta. y a fs. 399/409 presentaron dictamen la señora Defensora General y el señor Fiscal General, respectivamente.[[/p]][[p]]/// 1.4. Realizada la audiencia prevista en los arts. 435 y 438 del Código Procesal Penal con la asistencia de la señora Defensora General doctora María Rita Custet Llambí y el señor Fiscal General doctor Marcelo Álvarez, los autos han quedado en condiciones de ser tratados.[[/p]][[p]]2. Agravios del recurso de las señoras Defensoras:[[/p]][[p]]Las funcionarias refieren que la sentencia impugnada resulta arbitraria en los términos del art. 200 de la Constitución Provincial, en tanto rechaza de manera infundada el acuerdo al que arribaron las partes para la realización de juicio abreviado.[[/p]][[p]]Afirman que resulta arbitrario no reconocerle este derecho al joven por su calidad de tal, por la edad de la víctima o por el tipo de hecho, en tanto ello excede totalmente los requisitos que se exigen para la procedencia del instituto. Recuerdan que, en el actual sistema de enjuiciamiento -de neto corte adversarial-, cuando hay consenso entre los interesados no hay conflicto ni adversarios, por lo que, salvo normas de mayor jerarquía en juego, el Juez debe reconocer (no interferir, admitir, autorizar) esas convenciones, las que muchas veces trasuntan o suponen variantes, circunstancias, intereses institucionales o un proceso previo de negociación que la magistratura por regla desconoce.[[/p]][[p]]Se agravian con lo resuelto por el a quo por cuanto consideran que "la simplificación del proceso en este caso atenta contra el dictado de Justicia", y señalan que han presentado un acuerdo, conjuntamente con el representante de la acusación, el que se encuentra motivado en el marco legal de lo dispuesto por el art. 330 del rito, con el cumplimiento de todos los recaudos y requisitos exigidos.[[/p]][[p]]Agregan que, en la oportunidad de la realización de la audiencia de juicio abreviado, el Tribunal claramente le informó al imputado acerca de la voluntariedad del acto y los alcances y efectos del consentimiento que había prestado con tal fin, circunstancia que, además, antes de realizar el ofrecimiento, había sido conversada extensamente entre el joven y esa Defensa. Manifiestan que la denegación de ese juicio abreviado consensuado y propuesto por las partes conduciría a un juicio oral desgastante e inútil en el que seguramente, y en conformidad con los estándares internacionales en materia de derecho penal juvenil, la Fiscalía reiteraría la misma pretensión punitiva y la Defensa se expediría en idénticos términos.[[/p]][[p]]Entienden que la loable preocupación del Tribunal por el hecho enrostrado al imputado, así como por la juventud tanto de este como de la víctima, de ningún modo imposibilita la aplicación del instituto de juicio abreviado. Manifiestan que el hecho de no ///2. haber prestado declaración indagatoria hace precisamente a la estrategia defensista, y la no-sustanciación de la prueba es la clara consecuencia de haber optado en forma conjunta, tanto la Fiscalía de Cámara -titular de la acción- como la Defensa, por el instituto del juicio abreviado previsto en los arts. 330 y sgtes. del código adjetivo.[[/p]][[p]]Alegan que el instituto del juicio abreviado resulta plenamente aplicable a la justicia de menores, que corresponde adaptar la normativa interna a los estándares internacionales y que la Constitución Nacional no hace distinciones en función de las edades. Destacan además que la Constitución Provincial determina que los jóvenes gozan -como mínimo- de las mismas garantías procesales que los adultos (art. 18 C.Prov.).[[/p]][[p]]También critican la afirmación del a quo en el sentido de que la aceptación del juicio abreviado no le permitiría introducirse en "el conocimiento profundo de la cuestión investigada", dado que la esencia del procedimiento de juicio abreviado radica en que no se ventila en él la prueba; los hechos existen -están en la requisitoria de elevación a juicio- y de allí surge la calificación legal y la responsabilidad atribuida a su representado.[[/p]][[p]]Por otra parte, señalan que el pronunciamiento en crisis refiere que, de comprobarse la autoría, correspondería una discusión profunda acerca de la pena que cabría aplicar, respecto de lo cual alegan que ese Ministerio Público de la Defensa aceptó la calificación jurídica dada al hecho materia de reproche en el requerimiento de elevación a juicio y, teniendo en cuenta el resultado del tratamiento tutelar impuesto así como la obligatoriedad del Estado de cumplir con un tratamiento judicial diferente del que en igualdad de circunstancias le correspondería a un adulto -con la reducción prevista para el delito tentado-, ofreció el cumplimiento de una pena de seis años, todo lo que fue ratificado por su defendido en la audiencia fijada al efecto. Agregan que el quantum de la pena ofrecida en forma conjunta con la parte acusatoria se basó en los estándares internacionales de derechos humanos en materia de derecho penal juvenil que nuestro país suscribió.[[/p]][[p]]Por lo expuesto, solicitan que se revoque la sentencia que desestima la homologación del juicio abreviado y se ordene la constitución de un nuevo Tribunal para resolver la presentación.[[/p]][[p]]3. Agravios del recurso del señor Fiscal de Cámara:[[/p]][[p]]/// El representante de la acusación sostiene que las partes en el proceso han pugnado por lograr sus pretensiones y que la instancia del juicio abreviado permite cerrarlo de manera cierta y definitiva, cometido que la realización de un juicio común no asegura en lo inmediato ya que, atento a la particular situación del imputado, es de esperar que la sentencia que se dicte sea recurrida por una u otra parte hasta llegar a las instancias extraordinarias finales.[[/p]][[p]]Continúa diciendo que para la Fiscalía se destaca la certeza de una condena a pena de prisión efectiva, que resulta particularmente controvertida en los casos en donde se cuenta con imputados menores, agotando así el interés de esa parte que consiste en que el hecho no quede impune y su autor sea condenado a una pena superior al mínimo previsto para su caso.[[/p]][[p]]Aduce que ese Ministerio no puede fundar en particular los extremos que hacen al monto de la pena (v.gr., extensión del daño causado, calidad de los motivos que lo llevaron a delinquir, grado de educación, conducta precedente, edad, etc.) sin comprometer su estrategia para un eventual juicio. Agrega que, de todos modos, el Tribunal no ha motivado el rechazo en la cuantía de la pena ni ha dado razón alguna acerca de la necesidad de discutirla entre partes que ya lo han hecho.[[/p]][[p]]Menciona que de las constancias de autos no surge que la voluntad del imputado tuviera signo que indique alteración alguna de sus facultades mentales y que su comprensión de los extremos del acuerdo están previstos como una presunción legal y asegurados triplemente por la labor del Presidente del Tribunal que lo examinó, por su Defensa técnica penal y su Defensa tutelar, por ser menor al momento del hecho.[[/p]][[p]]Adujo que la calificación legal no ha sido la razón del rechazo del Tribunal, que esta no se encuentra controvertida en autos y se ha mantenido invariable, al igual que el hecho imputado durante todo el proceso.[[/p]][[p]]Refiere que el Tribunal formuló consideraciones genéricas y declarativas, sin referencia normativa o jurisprudencial alguna, y expresó la preocupación, que comparte, por un hecho cuya gravedad y repercusión social es de público conocimiento, pero no fundó en derecho su rechazo, lo que ha privado a las partes de una sentencia con fundamentación razonada y legal, a la que tienen derecho de índole constitucional, conforme la previsión del art. 200 de nuestra Constitución Provincial.[[/p]][[p]]Destaca que los dos principales argumentos que el Tribunal esgrimió a la hora de desestimar el acuerdo presentado por las partes no corresponden al ámbito de su competencia;[[/p]][[p]]///3. por un lado, se inmiscuyó en la estrategia defensiva (art. 22 inc. d Ley K 4199), señalando que el imputado no había declarado en indagatoria y que no se había producido prueba en su defensa, y por el otro lado se arrogó la función de la Fiscalía de Cámara de velar por el interés de la sociedad (art. 16 inc. b Ley K 4199), aduciendo que el hecho investigado es grave, con autor y víctima jóvenes.[[/p]][[p]]Afirma que le está reservada al Tribunal otra función, la de aceptar o rechazar el acuerdo evitando que las partes acuerden por fuera de las previsiones legales atinentes a la determinación de la autoría, la calificación legal y el monto de la pena.[[/p]][[p]]Por último, solicita que se case la resolución impugnada y, en virtud de la previsión contenida en el art. 330 inc 4° del Código Procesal Penal, se haga lugar al acuerdo de juicio abreviado y se dicte sentencia definitiva, condenando a J.E.P. a la pena de 6 (seis) años de prisión efectiva, accesorias legales y costas, por ser autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego (arts. 41 bis, 45 y 79 C.P., conforme la escala de pena prevista en el inc. 4 Ley 22.278), en virtud de la propuesta presentada por la señora Defensora Penal y la señora Defensora de Menores y aceptada por esa Fiscalía. Subsidiariamente, pide que se decrete la nulidad de la Sentencia Interlocutoria N° 154 del registro de la Sala B de la Cámara en lo Criminal y Correccional de esta Primera Circunscripción Judicial, de fecha 23 de julio de 2014, en cuanto resuelve remitir las actuaciones al subrogante legal y, en atención a que no ha hecho consideración alguna acerca del fondo del asunto ni valorado la prueba o ningún otro extremo referente al caso, se ordene que el juicio sea sustanciado por el procedimiento común con la misma integración y el mismo Fiscal de Cámara.[[/p]][[p]]4. Dictamen de la señora Defensora General:[[/p]][[p]]4.1. Escrito de fs. 392/398 vta.:[[/p]][[p]]La señora Defensora General doctora María Rita Custet LLambí afirma que comparte los fundamentos vertidos en el recurso de las señoras Defensoras, a los que añade las siguientes consideraciones.[[/p]][[p]]Entiende que la sentencia impugnada es arbitraria en tanto rechaza la aplicación del instituto del juicio abreviado sin motivación suficiente. También refiere que de las constancias obrantes en autos surge que el acuerdo al que arribaron las partes cumple con todos los /// requisitos exigidos en el art. 330 del rito y, sin perjuicio de ello, la sentencia cuestionada denegó la homologación del referido acuerdo limitándose a manifestar su preocupación por los hechos investigados y sosteniendo que no resulta prudente homologarlo, con lo que ha interferido en las funciones propias de los Ministerios Públicos, en tanto se arrogó facultades de política criminal y de defensa (conf. arts. 16 inc. b y 22 incs. b, d y h Ley K 4199).[[/p]][[p]]De acuerdo con las reglas del sistema acusatorio, considera que habría sido admisible que el a quo rechazara el acuerdo propuesto por el titular de la acción -Fiscalía- y las titulares de la defensa -Defensa Penal y de Menores- solo si, a la luz del interés superior del joven, hubiese advertido que el consentimiento brindado por este no era libre e informado, o que la pena acordada no se ajustaba a lo dispuesto por la normativa internacional y regional de derechos humanos imperante en el tema, lo que no sucedió en autos.[[/p]][[p]]Afirma que la sentencia impugnada no ha cuestionado el consentimiento brindado por el joven, y reseña que del expediente surge que a fs. 116 se celebró audiencia de indagatoria (en la que J., con la debida asistencia técnica, hizo uso de su derecho de abstenerse de declarar); a fs. 315 la Defensa y la Fiscalía acordaron la aplicación del instituto del juicio abreviado, y a fs. 342, el día 1 de julio de 2014, se celebró audiencia en la cual J. manifestó su voluntad de acceder al instituto en cuestión. Agrega que este acto se realizó ante el Juez y estuvieron presentes el joven imputado, sus asistentes técnicos -Defensoras Penales y de Menores- y la parte acusadora -Fiscalía-, y que al momento el imputado era mayor de edad -18 años-.[[/p]][[p]]Expresa que el joven se abstuvo de declarar, sin que su silencio pueda ser utilizado en su contra (art 18 C.Nac.), y que nada impide que se le reconozca la posibilidad de ejercer su derecho a acceder al instituto del juicio abreviado, ya que lo contrario implicaría violar el principio de igualdad y no discriminación (art. 2 CDN).[[/p]][[p]]En lo referido al monto de la pena convenido por las partes aduce que, del simple cálculo matemático teniendo en consideración el delito que se le imputa al joven, se puede concluir que resulta acorde con la normativa convencional y constitucional vigente y la doctrina fijada en precedentes como "Maldonado", de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.[[/p]][[p]]En virtud de lo expuesto, concluye que la decisión cuya revocación se promueve carece de motivación suficiente y, en consecuencia, no se ajusta a derecho, por lo que deviene ///4. arbitraria en tanto afecta los derechos y las garantías convencionales que le asisten al joven imputado.[[/p]][[p]]Finalmente, expresa que sostiene en los términos del art. 21 inc. d) de la Ley K 4199 el recurso de casación oportunamente interpuesto por las señoras Defensoras y solicita que se le haga lugar y se deje sin efecto la sentencia impugnada.[[/p]][[p]]4.2. Alegato en la audiencia:[[/p]][[p]]En la oportunidad del debate, la doctora Custet Llambí invoca la violación de los arts. 16 y 18 de la Constitución Nacional y agrega que el motivo del rechazo del acuerdo no puede ser la minoridad del imputado, quien era mayor de edad al momento de su aceptación. Expresa que solo corresponde evaluar la legalidad y razonabilidad del acuerdo, requisitos que se cumplían en el caso, de modo que lo resuelto es arbitrario y violenta el art. 28 de la Constitución Nacional.[[/p]][[p]]Invoca los límites para la actuación de los jueces en el marco del sistema acusatorio, que entiende avasallados en el caso, así como el interés superior del niño que rige el trámite.[[/p]][[p]]Por otra parte, alude a la falta de debido proceso donde hay jóvenes imputados y hace referencia a que, en autos, el imputado fue privado de su libertad sin fundamentos y se le prorrogó la medida cautelar por simple auto, lo que, según sostiene, no fue cuestionado por la Defensa quizá por su estrategia en relación con el acuerdo sobre juicio abreviado que se pretendía concretar con la Fiscalía. Afirma que en este expediente -y en otros- no se aplicó la Ley 4109 y se violaron garantías procesales de modo flagrante.[[/p]][[p]]Por lo anterior, entiende que cabe casar positivamente lo resuelto y hacer lugar a la presentación de las partes.[[/p]][[p]]5. Dictamen del señor Fiscal General:[[/p]][[p]]5.1. Breves notas de fs. 399/409:[[/p]][[p]]El doctor Marcelo Álvarez refiere los agravios del Fiscal de Cámara, afirma que los comparte, haciéndolos propios, y remite a ellos en honor a la brevedad.[[/p]][[p]]Advierte vicios en el trámite que son sancionados con la nulidad de los actos procesales y, en este orden de ideas, refiere que del acta de fs. 342 se desprende que la audiencia de juicio abreviado se desarrolló con la presencia de solo uno de los miembros integrantes del Tribunal, extremo que debe compatibilizarse con la existencia de deliberación /// de los miembros de la Cámara posterior a la audiencia (arts. 330 inc 5°, 372 y 374 C.P.P.). Luego agrega que tales falencias no imponen la anulación de la resolución recurrida, pues lo actuado ha sido convalidado con la conformidad de las partes sobre el modo en que se estructuró y desarrolló el juicio abreviado, en tanto han consentido que sea solo uno de los jueces quien recoja el acuerdo por ellos alcanzado, por lo que mal puede ahora alegarse la nulidad del acto por inobservancia de las formas procesales previstas por el ritual.[[/p]][[p]]Afirma que el punto de controversia serio y determinante para la solución del caso es establecer cuáles son las razones que puede invocar el Tribunal para rechazar el acuerdo de las partes en la aplicación del instituto que consagra el art. 330 del Código Procesal Penal, compatibilizando tal marco con los principios acusatorios que rigen la segunda etapa del proceso, los que no son otros que aquellos que han impulsado la sanción del nuevo procedimiento penal aprobado por la Legislatura de Río Negro.[[/p]][[p]]Refiere doctrina, antecedentes legislativos y los fines del legislador, y entiende que la facultad del Tribunal debe limitarse a un control del acuerdo que debe necesariamente circunscribirse a la calificación jurídica del hecho y a la pena acordada, la que debe encontrarse dentro del quantum que tal tipo penal prevea, asegurando asimismo que el imputado realice una manifestación libre y con conocimiento sobre los alcances y consecuencias de lo convenido.[[/p]][[p]]Expresa que en la decisión en crisis no se formuló objeción alguna a la calificación jurídica otorgada al hecho -la que además permaneció incólume a lo largo del proceso-, ni se planteó que el monto de la pena acordada estuviera fuera de la escala legal. Agrega que el a quo sí se pronunció sobre el monto de la pena al afirmar que "la gravedad del suceso y el daño causado (la muerte de un joven) ameritan una discusión profunda sobre la pena a aplicar al responsable del homicidio.". Aduce que con ello y sin más rechazó el acuerdo de forma infundada e inmotivada y, por ende, arbitraria, por lo que su consecuencia es la invalidez de la decisión.[[/p]][[p]]Argumenta que el sentenciante también basó el rechazo en que la Defensa no había propiciado el diligenciamiento de medidas probatorias tendientes a demostrar la inocencia de su asistido y que este no declaró al tiempo de ejercer su defensa material. Al respecto, resalta que ninguno de los dos extremos invocados fue acompañado del razonamiento lógico del que derivan las conclusiones vertidas en la decisión en crisis.[[/p]][[p]]///5. Por último, pide que se haga lugar al recurso del representante del Ministerio Público Fiscal.[[/p]][[p]]5.2. Alegato en la audiencia:[[/p]][[p]]El señor Fiscal General reseña los hechos e insiste en que en la audiencia no hubo observaciones, pero el Tribunal luego no aceptó la propuesta, lo que derivó en la impugnación de las partes, pues lo decidido no tiene fundamentación. También reitera que los considerandos del rechazo no expresan fundamentos válidos.[[/p]][[p]]En tal sentido, alega que el Juez debe verificar si el acuerdo se encuentra dentro del marco de legalidad y razonabilidad, y que otra actividad que exceda el límite indicado es cuestionable. En el caso, prosigue, el Tribunal se inmiscuyó en temáticas de prueba acerca de la inocencia del imputado, lo que, además de no condecirse con las circunstancias de la causa, implica que no ha valorado ninguna de las pruebas, pues tal mérito lleva a una conclusión opuesta a la del Tribunal.[[/p]][[p]]Plantea además que el pronunciamiento es contradictorio pues, al haber intervenido uno solo de los miembros del Tribunal, se contraría la manda del art. 330 del Código Procesal Penal, en tanto no puede haber deliberación si no se participó previamente. De todos modos, insiste, esto fue consentido por las partes, que fueron sorprendidas por la actitud del Tribunal.[[/p]][[p]]Concluye finalmente que la sentencia debe ser casada por ausencia de fundamentación, dado que no se puede seguir el camino lógico de lo decidido ni hay análisis de la prueba de la causa, por lo que requiere que se haga lugar al recurso, se lleve adelante una casación positiva, se haga lugar al juicio abreviado y se condene en los términos del acuerdo.[[/p]][[p]]6. Hecho reprochado:[[/p]][[p]]La requisitoria fiscal de elevación a juicio de fs. 213/216 le atribuye al enjuiciado el hecho ocurrido "en la ciudad de Viedma, el día 1 de noviembre de 2013, minutos antes de las 22:44 horas, aproximadamente, [circunstancias en las que] habría disparado un arma de fuego en dirección a la cabeza de Jorge Luis Sandoval, con la finalidad de darle muerte, en momentos en que ambos se encontraban casi en el medio de la arteria de la calle 30 del barrio Lavalle, frente al ingreso de la Unidad 12 del Servicio Penitenciario Federal. Como consecuencia del disparo, Jorge Luis Sandoval falleció".[[/p]][[p]]/// En la misma pieza procesal, se encuadró el hecho en los arts. 79, 41 bis y 45 del Código Penal a título de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y, en función de que tenía diecisiete años, en el art. 1 de la Ley 22278.[[/p]][[p]]7. Reseña de las actuaciones:[[/p]][[p]]Para una mejor comprensión de lo que corresponde decidir, considero necesario realizar una sucinta reseña de las actuaciones pertinentes:[[/p]][[p]]A fs. 315 obra el ofrecimiento de juicio abreviado presentado por la Defensora Penal doctora Marta Ghianni y la Defensora de Menores doctora Patricia Arias, con la conformidad del Fiscal de Cámara doctor Fabricio Brogna, donde las partes aceptaban la calificación de homicidio agravado por el uso de arma de fuego (arts. 79, 41 bis y 45 C.P.) y solicitaban la pena de seis (6) años de prisión efectiva.[[/p]][[p]]La audiencia para sustanciar el juicio en los términos del art. 330 del código ritual fue llevada adelante por el vocal de la Sala B de la Cámara en lo Criminal doctor Jorge Bustamante, y asistieron las Defensoras, el imputado y el Fiscal de Cámara. Sin cuestiones preliminares, el magistrado dispuso que por Secretaría se diera lectura al hecho y la calificación legal contenidos en la requisitoria de fs. 213/216, y del ofrecimiento de juicio abreviado obrante a fs. 315. Luego el señor vocal hizo comparecer al imputado J.E.P., lo puso en conocimiento de sus derechos y le explicó los alcances del acuerdo así como también su facultad de aceptar o no la propuesta formulada, ante lo cual este dijo que reconocía la autoría del hecho y aceptaba la calificación legal seleccionada (homicidio agravado por el uso de arma de fuego, cf. arts. 79, 41 bis y 45 C.P.) y la pena de seis años de prisión. A continuación, el doctor Bustamante le hizo saber que se aceptaba su presentación, sin observaciones, y citó a las partes para la lectura del fallo definitivo (fs. 342 y vta.).[[/p]][[p]]En la resolución impugnada se expusieron dos argumentos:[[/p]][[p]]1) "El imputado no ha prestado declaración indagatoria, tampoco se ha sustanciado prueba alguna en pro de su defensa. No parece prudente que un hecho de tal gravedad, homicidio, con la participación como víctima y victimario de personas muy jóvenes, tenga como fundamento para su resolución la aceptación de responsabilidad por parte del entonces menor y con sólo ello, se le aplique una pena de prisión efectiva [...] el reconocimiento efectuado por quien era menor al momento del hecho no nos da la certeza para emitir una ///6. sentencia de carácter condenatorio, considerando necesario proceder a la continuación del proceso" 2) "Por otra parte, de acreditarse la existencia del hecho y la responsabilidad en el mismo del imputado, la gravedad del suceso y el daño causado (la muerte de un joven), ameritan una discusión profunda sobre la pena a aplicar al responsable del homicidio, la que solamente es posible en el desarrollo del debate de la etapa de juicio".[[/p]][[p]]8. Análisis y solución del caso:[[/p]][[p]]8.1. El señor Fiscal General afirma que advierte una causal de nulidad en el trámite, aunque entiende que no cabría sanción alguna por estar las actuaciones convalidadas por las partes.[[/p]][[p]]La ausencia de agravios y de perjuicios concretos respecto de la forma en que se realizó la audiencia de fecha 01/07/2014 (fs. 342 y vta.) me exime de toda consideración.[[/p]][[p]]No obstante, recuerdo que en la Acordada 3/2015 este Superior Tribunal de Justicia dispuso como regla interpretativa de uso forense y práctica procesal en la aplicación del plexo normativo determinado por el Legislador, lo siguiente: "Art.3 ero.: AUDIENCIA DE PROPUESTA Y ACUERDO DE JUICIO ABREVIADO: 1) La AUDIENCIA fijada conforme el art. 330 inc. lero. a) y b), como la instrumentación del Acta de Acuerdo, con los debidos recaudos, la aceptación del imputado a la propuesta del Fiscal o la que resultare efectivamente aceptada por éste y las alegaciones permitidas, contenidas en los incs. 2do. y 3ero. del aludido artículo, podrán ser llevadas a cabo por uno de los Jueces del Tribunal, el que será designado en el decreto de fijación de audiencia y siempre que el imputado preste conformidad. Si el Acuerdo es aceptado sin observaciones, el Juez que lleva adelante la audiencia podrá declarar la admisibilidad formal y poner los autos para resolver por el pleno en el plazo y bajo los términos fijados en el art.330 inc.4to.[[/p]][[p]]"Lo establecido en el párrafo anterior no será de aplicación a los procesos seguidos contra quienes habrían delinquido siendo menores de edad. [...]".[[/p]][[p]]8.2. Las partes recurrentes sostienen la falta de motivación de la sentencia en crisis en razón de que la Cámara Criminal resolvió por fuera de las atribuciones que le confiere la ley adjetiva en la regulación del juicio abreviado.[[/p]][[p]]/// En el fallo STJRNS2 Se. 197/12 "Fiscal de Cámara subrogante" me he pronunciado sobre la legalidad y los alcances del juicio abreviado previsto en el código adjetivo, con cita del precedente STJRNS2 Se. 177/05 "Gagliardi".[[/p]][[p]]Concretamente y en lo relevante al sub lite, en esta última sentencia se sostuvo que el "rito dice que la aceptación de la propuesta fiscal por parte del imputado debe ser instrumentada en la audiencia y se labrará un acuerdo con determinados requisitos. El código dispone también: \'Sin perjuicio de ello, las partes podrán alegar en dicha audiencia, sobre la calificación legal y sobre el monto de la pena\' [.]. Del propio texto legal es dable deducir que el juzgador, a quien se dirige el alegato, tiene facultades para controlar tales cuestiones: esto es, la calificación legal y el monto de la pena [...] Además de ello, inicialmente el instituto en tratamiento \'... es un verdadero juicio, en el que se abrevia la producción de la prueba por razones de economía procesal y celeridad, evitando el debate cuando las partes se ponen de acuerdo respecto de la claridad y suficiencia de la producida durante la etapa instructoria (TO 14, LL, 2001-C, 591)\' [...]".[[/p]][[p]]En este orden de ideas, si bien -como se dijo en el precedente citado- la Ley P 2107 solo reconoce la atribución jurisdiccional del control sobre la calificación legal y el monto de la pena (a diferencia de otras legislaciones que autorizan el análisis de ciertos recaudos expresos: mejor conocimiento de los hechos, discordancia con la calificación, etc.), el Tribunal de juicio también debe expedirse sobre la existencia del hecho y la autoría reprochada (conf. arts. 374, 375, 380 y ccdtes. C.P.P. y 18 C.Nac.), por lo que sería una sentencia inmotivada con afectación de garantías constitucionales aquella que tuviera por acreditados tales extremos con el único sustento de la "admisión" que realice el imputado en el marco de un juicio abreviado.[[/p]][[p]]El requisito "prueba" exigido por el art. 18 de la Constitución Nacional no puede estar cumplido con la sola conformidad del sometido a proceso penal, pues es insuficiente por sí para justificar el acogimiento liso y llano de la pretensión de responsabilidad penal.[[/p]][[p]]En el fallo impugnado en el sub examine, el a quo argumentó que no parece prudente que solo con la aceptación de responsabilidad por parte del entonces menor se le aplique una pena de prisión efectiva, pues no le confiere la certeza para emitir una sentencia de carácter condenatorio. Luego, en la resolución que declaró inadmisibles los recursos de casación, afirmó que "la prueba que incrimina al imputado es el testimonio de una sola persona de 14 ///7. años de edad al momento de efectuársele la Cámara Gesell (fs. 46/47) y el hecho habría ocurrido en el posible marco de una pelea; también debe tenerse en cuenta que existen referencias en autos que la víctima habría agredido al imputado con golpes de puño. El imputado, también menor de edad al momento del hecho, no declaró en autos" (fs. 367).[[/p]][[p]]La contradicción en que incurrió el a quo en las consecuentes resoluciones es de tal evidencia que se torna una obviedad referirnos al tema. Además, de la simple lectura del requerimiento de elevación a juicio y de la prueba proveída por el Juez de la Cámara en lo Criminal (fs. 263 y vta.) se desprende que la determinación de la autoría del imputado resultaría de la valoración de un conjunto de pruebas producidas en la etapa de instrucción, lo que justificaría el acuerdo de juicio abreviado al que arribaron los Ministerios Públicos de la Defensa y Fiscal, con la expresa aceptación del imputado ante el magistrado del Tribunal de juicio.[[/p]][[p]]Desechado el primer argumento del sentenciante por motivación aparente al apartarse de las constancias de la causa, corresponde señalar que igual suerte correrá el segundo, por falta de fundamentación.[[/p]][[p]]Para rechazar un acuerdo de juicio abreviado, la normativa no prevé como requisito que el Tribunal considere que las circunstancias de la causa "ameritan una discusión profunda sobre la pena a aplicar al responsable del homicidio".[[/p]][[p]]Las partes y el imputado llegaron a un acuerdo y cumplieron con las previsiones del art. 330 del Código Procesal Penal. El Tribunal lo aceptó y pasó a deliberar. Luego dictó sentencia sin objetar el encuadramiento de los hechos pero, sobre la base de una presunta disconformidad con el quantum de la pena acordada, rechazó el acuerdo de juicio abreviado, de lo que resulta una decisión carente de motivación por omitir la expresión de fundamentos legales.[[/p]][[p]]La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado que "la motivación es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática. El Tribunal ha resaltado que las decisiones que adopten los órganos internos, /// que puedan afectar derechos humanos, deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En este sentido, la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Por todo ello, el deber de motivación es una de las \'debidas garantías\' incluidas en el artículo 8.1 de la Convención para salvaguardar el derecho a un debido proceso" (CIDH, "Caso Tristán Donoso Vs. Panamá", sentencia del 27/01/09, párrafos 152 y 153, citado en STJRNS2 Se. 20/14 y Se. 158/14, entre otras). ASÍ VOTO.[[/p]][[p]]A la misma cuestión el señor Juez doctor Sergio M. Barotto dijo:[[/p]][[p]]Adhiero a los fundamentos y consideraciones expuestos precedentemente por el distinguido colega preopinante doctor Enrique J. Mansilla y, en consecuencia, VOTO EN IGUAL SENTIDO.[[/p]][[p]]En relación con las manifestaciones efectuadas por la señora Defensora General al final de su alegato en audiencia del día 2 de junio del corriente (cfme. acta de fs. 412/413), por las cuales "... alude a la falta de debido proceso donde hay jóvenes imputados de delito y hace referencia a que, en el caso, el imputado fue privado de su libertad sin fundamentos y se le prorrogó la medida cautelar por simple auto, lo que, según sostiene, no fue cuestionado por la Defensa quizá por su estrategia en relación con el acuerdo sobre juicio abreviado que se pretendía concretar con la Fiscalía. Afirma que en este y en otros casos no se aplicó la Ley 4109 y se violaron garantías procesales de modo flagrante", y para no consentir por medio del silencio dichas aseveraciones, me veo en la obligación de señalar lo siguiente:[[/p]][[p]]1. La internación determinada por el señor Juez de Instrucción mediante auto interlocutorio del 12/11/13 -que constituye la continuación de igual medida que había dispuesto el día 02/11/13- fue objeto de recurso de apelación deducido por la señora Defensora de Menores e Incapaces (cfme. fs. 130 y 163/168), el que provocó la resolución de la Cámara de Apelaciones de fs. 170/172. En aquel trámite, la Defensa cuestionó la fundamentación o, mejor dicho, la supuesta ausencia o debilidad jurídica de la medida restrictiva dispuesta respecto del joven P., crítica que fue objeto de rechazo por parte de dicho Tribunal. La Defensa no intentó recurso extraordinario respecto de esta última decisión.[[/p]][[p]]///8. Entonces, la medida cuestionada tuvo adecuado tratamiento jurisdiccional, en esa etapa del proceso.[[/p]][[p]]2. A fs. 201 y en fecha 23/12/13, el señor Juez de Instrucción prorrogó por sesenta (60) días más aquella anterior internación, decisión que no fue recurrida por la Defensa.[[/p]][[p]]3. A fs. 243, el día 13/03/14, la Defensa se presentó y solicitó que "... se intime al Organismo Proteccional a que garantice a J.P. la realización de actividades formativas y recreativas acordes a su edad y situación actual...", pero no cuestionó nuevamente la internación, en sí misma considerada.[[/p]][[p]]4. A fs. 309, en fecha 06/06/14, apareció la prórroga de la internación "... por simple auto..." de la que se queja la señora Defensora General, dispuesta por el señor Presidente de la Cámara en lo Criminal interviniente, acto que, como la misma doctora Custet Llambí reconoce en autos, "... no fue cuestionado por la Defensa...", aun cuando dicha decisión habría respondido al pedido efectuado por la señora Defensora de Menores el 30/04/14, para que "... se resuelva la necesidad o no de continuidad de la medida".[[/p]][[p]]Frente al derrotero procedimental reseñado, se tiene que la medida de internación ha merecido razonable consideración jurisdiccional, pues a su respecto ha existido pronunciamiento de la Cámara de Apelaciones, a la postre firme.[[/p]][[p]]La prórroga de aquella, dispuesta desde la Presidencia de la Cámara en lo Criminal a fs. 309, fue convalidada por ambas Defensas que representaban el joven P. (de Menores e Incapaces y la propia del Fuero Penal), al no interponer recurso alguno en contra, porque "la acción es la medida del interés" (sin perjuicio del orden público, que no advierto comprometido en el sub lite). Así, frente a lo actuado en la especie, surge que el Ministerio Público de la Defensa no hizo lo que podría haber hecho si es que perseguía la recuperación de la libertad ambulatoria de su pupilo y, de tal modo, de haberse producido en la causa la "violación flagrante de garantías procesales" que anuncia la señora Defensora General, tales eventuales vicios han tenido como protagonista a dicho Ministerio, por omisión funcional. MI VOTO.[[/p]][[p]]A la misma cuestión la señora Jueza doctora Liliana L. Piccinini dijo:[[/p]][[p]]Adelanto mi adhesión al temperamento que propicia el voto ponente y a las consideraciones que agrega el señor Vocal que me precede en el orden de votación, pero /// habré de hacerlo en orden a mis propias consideraciones, sin remisión a lo expresado en los precedentes STJRNS2 Se. 177/05 "Gagliardi" y Se. 197/12 "Fiscal de Cámara Subrogante".[[/p]][[p]]En el sub examine se desprende con claridad meridiana que no se han cumplido los recaudos procesales que otorgan andamiaje a este instituto, que permite llevar adelante abreviadamente el juicio. La sola evidencia de tales falencias resta a la decisión en crisis sus cualidades de acto jurisdiccional válido, toda vez que ha sido fruto de un encaminamiento procedimental portador de irregularidades formales que han alterado los pilares del debido proceso legal, en términos de acusación, prueba, defensa y sentencia.[[/p]][[p]]En rigor de verdad, en relación con este instituto del juicio abreviado, se le achaca ese grave riesgo, tachándolo de inconstitucional, y los principales exponentes de tal crítica provienen -en su mayoría- de las filas de la Defensa. Se sostiene que no se trata de un verdadero juicio (Ferrajoli), y también que se trataría de un apremio ilegal de baja intensidad (Luis Niño), entre otros. En definitiva -a más del generoso y enriquecedor debate-, en lo atinente a su constitucionalidad cabe remitirse a lo dicho por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Arduino, Diego José y otros/ p.ss.aa. infr. ley 23.737" (causa N° 64/00 C), que en lo pertinente acoge el dictamen de la Procuración General. El juicio abreviado, como cualquier otra forma de juicio en el que se respete la acusación, la prueba, la defensa y se dicte sentencia, será un debido proceso y, por ende, no repugna a los postulados constitucionales. Pero las formas deben ser cumplidas en su total dimensión y alcance.[[/p]][[p]]Así, como se destaca en los votos precedentes, nuestro ritual es claro en cuanto a los pasos procesales adecuados y las partes, junto al Tribunal, deben recorrerlos sin atajos ni subterfugios.[[/p]][[p]]En el sub lite, se trata de la realización de un juicio abreviado en el que el imputado se encuentra acusado de haber cometido un delito siendo menor de edad; punible, pero dentro de la franja etaria que conlleva la realización de un procedimiento especial. En nuestro ritual, dicho procedimiento especial está regulado en el Capítulo II del Título II, que establece que se procederá de acuerdo con las disposiciones comunes del código más las establecidas en dicho capítulo que, por cierto, se trata de dispositivos cuya "especialidad" radica en trasladar algunos conceptos del régimen de la Ley 22278, por ejemplo, el art. 388 ("Medidas Tutelares"). Ahora bien, nada empece a que, dentro de las normas comunes que son aplicables, también se sustancie el juicio de manera abreviada y que, al hacerlo, al momento ///9. de analizar la individualización de la pena se sigan las pautas establecidas en la ley de fondo (léase art. 4º Ley 22278 complementaria del C.P.).[[/p]][[p]]Ello así fundamentalmente porque, si definitivamente se comprende que el joven en conflicto con la ley penal se hace merecedor de un proceso que -como mínimo- contenga las mismas garantías que son dadas al infractor adulto, y si a ello le aditamos que en nuestra provincia rige la Ley 4109, que es la réplica de la Ley 26061 con adecuación a la Convención de los Derechos del Niño, la respuesta no puede ser otra. Si al infractor adulto debidamente asesorado se le admite renunciar al debate porque, si no pudiera renunciarlo (así como puede renunciar al derecho de guardar silencio o no decir nada en su propia contra), pareciera que la garantía que tiene por ser imputado terminaría invocándose para operar en contra de su voluntad; y, si así se admite para los adultos como ejercicio de su derecho, así corresponde que se admita para el joven infractor una vez cumplidos los dieciocho años de edad.[[/p]][[p]]Sobre este tópico, también podría plantearse que dentro del régimen -aún vigente por imperio de la Ley 22278- la declaración de responsabilidad corresponde a una primera audiencia y la necesidad de imponer pena se debe producir en otra.[[/p]][[p]]De este requisito objetivo del art. 4 de la Ley 22278, unos sostienen la imposibilidad de aplicar el juicio abreviado en procesos dirigidos contra jóvenes en cuanto este contiene un acuerdo sobre la pena; otros entienden que puede llevarse adelante el juicio abreviado adoptando el mecanismo de cesura, separando el juicio de responsabilidad del juicio sobre la necesidad de pena. En realidad, ni la imposibilidad -merced al acuerdo sobre la pena- está correctamente fundada, ni es menester realizar dos audiencias separadas para la realización de la tarea, en tanto existe acuerdo de las partes y el joven punible cuenta, no solo con la capacidad de discernir y comprender que asume la responsabilidad por el hecho, sino que además cuenta con la asistencia técnica reforzada. Luego, el quantum de la pena, si bien se ofrece como producto de un acuerdo, ello no obsta a la realización de la cesura en la misma audiencia. Aun cuando cierto es que la cesura implica la posibilidad de postulación, contradicción, prueba y debate de las circunstancias fijadas como parámetros rectores en los arts. 40 y 41 del Código Penal, incluido el art. 26 del mismo ordenamiento (para el joven infractor también se ponderará la disminución del art. 4º inc.3 Ley 22278), y si bien lo esencial radica -repito- en la posibilidad de la postulación, no menos cierto es que, en el juicio /// abreviado, el acuerdo al que arriban las partes y llevan al Tribunal se hace merecedor del tratamiento que establece el art. 330 inc. 3º del rito, a modo de alegación y no de postulación / contradicción, no obstante lo que aquí interesa es que, aun concurriendo las partes con un acuerdo respecto del monto de la pena, tienen la ocasión de explicitar fundadamente las razones que posibilitaron llegar a la individualización del monto de la pena, las que deben ser sometidas a consideración del Tribunal, para ponderar si dicho acuerdo no ofrece observaciones (art. 330 inc. 4 C.P.P.) y pasar a deliberar.[[/p]][[p]]Lo explicitado hasta aquí tiene como norte el poner en evidencia que no se han cumplimentado debidamente las formas que resguardan (en este tipo de juicio abreviado-, como en todo tipo de juicio penal) los parámetros rectores que hacen al debido proceso legal, teniendo en cuenta que a ese debido proceso legal (como piso mínimo) se adita el plus de garantías, por tratarse de un reproche dirigido a quien era menor de edad al momento del hecho disvalioso. Y ello se colige con puntualidad de la circunstancia de haberse llevado adelante sin la presencia del Tribunal en pleno, que a la postre deliberó sin oír a quien admitía su responsabilidad en la comisión de un hecho perpetrado cuando era menor de edad (lo cual implica una confesión lisa y llana de autoría), sin posibilidad alguna de tener -cada Juez- una impresión acabada, sin escuchar a las partes dando fundamentos sobre el monto de pena acordado, verificando su razonabilidad y legalidad -obviamente- sin posibilidad de realizar observaciones, puesto que las oportunamente señaladas pueden dar lugar a posteriores alegaciones que las diluyan o conducir, de no ser suficientes y satisfactorias en términos de razonabilidad y legalidad, al rechazo -también fundado- del acuerdo.[[/p]][[p]]Por consiguiente, a mi modo de ver, no es tan clara y categórica la conclusión de estar ante el desarrollo de una audiencia cuya modalidad fue consentida por las partes y, en virtud de ello, la irregularidad quedaría compurgada. Puedo justificar que las partes no ofrezcan dicho agravio para otorgar andamiaje al recurso, asumiendo que no les está dado venir en contra del acto propio, pero en modo alguno la inexistencia de agravio me lleva a admitir que la audiencia tal y como fue desarrollada haya resguardado las garantías como han sido supra señaladas. Y es por tal razón que la sentencia traída a recurso adolece de ausencia de motivación razonada y legal, toda vez que es fruto de una actividad jurisdiccional irregular e incompleta.[[/p]][[p]]///10. Es por el resguardo a las garantías que se mencionaron precedentemente que en el Plenario del Fuero Penal que dio lugar a la Acordada 3/2015 STJ expresamente se vedó la realización del Acuerdo ante un solo magistrado en los procesos seguidos contra quienes habrían delinquido siendo menores de edad.[[/p]][[p]]La ausencia de fundamentación de la sentencia en crisis radica -esencialmente- en los siguientes aspectos:[[/p]][[p]]1) El a quo sostuvo que no parece prudente que solo con la aceptación de responsabilidad por parte del entonces menor se le aplique una pena de prisión efectiva, pues no le confiere la certeza para emitir una sentencia de carácter condenatorio. Luego agregó-en el juicio de admisibilidad casatoria- que "la prueba que incrimina al imputado es el testimonio de una sola persona de 14 años de edad al momento de efectuársele la Cámara Gesell (fs. 46/47) y el hecho habría ocurrido en el posible marco de una pelea; también debe tenerse en cuenta que existen referencias en autos que la víctima habría agredido al imputado con golpes de puño. El imputado, también menor de edad al momento del hecho, no declaró en autos" (fs. 367).[[/p]][[p]]Sin embargo, y tal como se advierte en el control casatorio aquí efectuado, resultaría que la determinación de la autoría del imputado se desprende de la valoración de un conjunto de pruebas producidas en la etapa de instrucción, lo que justificaría el acuerdo de juicio abreviado al que arribaron los Ministerios Públicos de la Defensa y Fiscal, con la expresa aceptación del imputado. De tal modo, no se está ante la sola admisión del hecho y la responsabilidad, despojado el caso de todo sustento probatorio, sino que ha existido un apartamiento de las constancias de la causa (fundamentación aparente); a ello se agrega argumentación arbitraria, toda vez que no puede ponderarse el ejercicio de una garantía (abstención de declarar en la etapa de instrucción) de modo perjudicial.[[/p]][[p]]2) Motivar el rechazo del acuerdo exponiendo que las circunstancias de la causa "ameritan una discusión profunda sobre la pena a aplicar al responsable del homicidio" no conlleva fundamentación razonada, tanto menos legal, a la par de dejar al desnudo una grave contradicción, dado que al argumento de no otorgarle certeza al solo reconocimiento de responsabilidad del joven ahora se dispara la expresión "del responsable del homicidio".[[/p]][[p]]/// Al referirme a la facultad jurisdiccional de individualización de la pena en el fallo STJRNS2 50/14 "Canales", he dejado expuesto mi criterio sobre la pervivencia de dicha facultad de los Jueces, haciendo la salvedad de aquellos institutos -como el del juicio abreviado- que imponen a los magistrados límites en el ejercicio de su imperium. De allí que no convenga con todo lo expuesto en el precedente STJRNS2 Se. 177/05 "Gagliardi", al que se remite el fallo Se. 197/12 "Fiscal de Cámara Subrogante", toda vez que la única facultad que entiendo persiste, en cuanto a rechazar un acuerdo de juicio abreviado por el monto de la pena propuesta, radica en el meduloso y puntual análisis de la razonabilidad y la fundamentación legal que expongan las partes para así haberlo acordado.[[/p]][[p]]Solamente estará en condiciones el Tribunal de desechar un acuerdo, respecto de la individualización de la pena que se propone como acordada, cuando su quantum no repose en los parámetros legales o resulte absurda e inconsistente la ponderación de las circunstancias que sirven de parámetros para la individualización del monto, lo que no es otra cosa que analizar si los constructores de esa composición han dado debidos fundamentos, con apego a la normativa que rige el caso. En el sub examine, se trata de las que contemplan el típico enrostrado, los arts. 40 y 41 del Código Penal, los parámetros de la ley fondal complementaria Nº 22278 (art. 4 inc. 3º in fine) y, además, la Constitución Nacional con la incorporación de las convenciones y tratados y la normativa infraconstitucional que los recoge (Ley nacional 26061 y provincial 4109). Ahora, si no los ha exigido en el momento oportuno, merced a las observaciones que está facultado a hacer, no puede luego, con la sola mención de estar ante la necesidad de debatir en profundidad la pena a imponer, rechazar el acuerdo, pues la satisfacción de esa necesidad estaba entre sus posibilidades y sus obligaciones a ejercer en la audiencia, en tanto cabe preguntarse: ¿en qué ámbito y en qué oportunidad estima el juzgador que podría realizarse ese debate profundo, si no es en la audiencia que llevó adelante? ASÍ VOTO.[[/p]][[p]]A la misma cuestión los señores Jueces doctores Adriana C. Zaratiegui y Ariel Gallinger dijeron:[[/p]][[p]]Atento a la coincidencia manifestada entre los señores Jueces que nos preceden en orden de votación, NOS ABSTENEMOS de emitir opinión (art. 39 L.O.).[[/p]][[p]]A la segunda cuestión el señor Juez doctor Enrique J. Mansilla dijo:[[/p]][[p]]///11. 1. Admitidos los agravios y establecida la descalificación de la sentencia como acto jurisdiccional válido, considero que no puede tener acogida favorable la pretensión de que este Cuerpo resuelva mediante casación positiva hacer lugar al acuerdo de juicio abreviado y disponer la pena correspondiente porque -en este caso- se advierten dos motivos de insoslayable atención.[[/p]][[p]]En primer lugar, porque no estuvo presente el imputado en la audiencia realizada por este Superior Tribunal, cuestión que obsta a la certeza sobre la actualidad de la aceptación y sus consecuencias, requerida por el art. 330 inc. 2 del rito.[[/p]][[p]]En segundo término, porque solo el reenvío para que se realice una nueva audiencia y se resuelva lo que corresponda (conf. art. 330 C.P.P.) garantiza el derecho a recurrir y a obtener una revisión amplia de lo que se decida (conf. arts. 18 y 75 inc. 22 C.Nac., arts. 8.2.h CADH y 14.5 PIDCyP).[[/p]][[p]]2. Por los motivos que anteceden, propongo al Acuerdo hacer lugar a los recursos de casación en estudio, anular la sentencia impugnada y la audiencia correspondiente, y reenviar el expediente al Tribunal de origen para que, con distinta integración, continúe con el trámite (arts. 98, 330 y ccdtes. C.P.P.; 200 C.Prov.; 18 y 75.22 C.Nac.; 8.1 y 8.2 CADH, y 14.1, 14.2, 14.3 y 14.5 PIDCyP). ASÍ VOTO.[[/p]][[p]]A la misma cuestión el señor Juez doctor Sergio M. Barotto dijo:[[/p]][[p]]Adhiero a la solución propuesta por el vocal preopinante y VOTO EN IGUAL SENTIDO.[[/p]][[p]]A la misma cuestión la señora Jueza doctora Liliana L. Piccinini dijo:[[/p]][[p]]Por lo expuesto y considerado al tratar la primera cuestión, tal como se viene propiciando en los votos precedentes, estimo debe hacerse lugar a sendos recursos de casación impetrados por las partes, declarar la nulidad del fallo traído a conocimiento y decisión y reenviar la causa al a quo para que proceda, con distinta integración, a efectuar nueva audiencia de juicio abreviado, cumplimentando todos los recaudos formales y fondales de aplicación en el sub examine. ASÍ VOTO.[[/p]][[p]]A la misma cuestión los señores Jueces doctores Adriana C. Zaratiegui y Ariel Gallinger dijeron:[[/p]][[p]]/// Atento a la coincidencia manifestada entre los señores Jueces que nos preceden en orden de votación, NOS ABSTENEMOS de emitir opinión (art. 39 L.O.).[[/p]][[p]]Por ello, EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA RESUELVE:[[/p]][[p]]Primero: Hacer lugar a los recursos de casación interpuestos a fs. 356/359 y 360/363 de las presentes actuaciones por las señoras Defensoras Penal, Adjunta y de Menores e Incapaces doctoras Marta Gloria Ghianni, Margarita Carriqueo y Patricia Arias, y por el señor Fiscal de Cámara subrogante doctor Fabricio Brogna, respectivamente.[[/p]][[p]]Segundo: Anular la Sentencia Nº 154/14 de la Sala B de la Cámara en lo Criminal de Viedma y la audiencia correspondiente, y reenviar el expediente al Tribunal de origen para que, con distinta integración, continúe con el trámite (arts. 98, 330 y ccdtes. C.P.P.; 200 C.Prov.; 18 y 75.22 C.Nac.; 8.1 y 8.2 CADH, y 14.1, 14.2, 14.3 y 14.5 PIDCyP).[[/p]][[p]]Tercero: Registrar, notificar y oportunamente devolver los autos.[[/p]][[p]]ANTE MÍ:[[/p]][[p]]Firmantes:[[/p]][[p]]MANSILLA - BAROTTO - PICCININI - ZARATIEGUI (en abstención) - GALLINGER (subrogante en abstención) ARIZCUREN Secretario STJ.[[/p]]
[[p]]///MA, de junio de 2015.[[/p]][[p]]Reunidos en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro, doctores Enrique J. Mansilla, Sergio M. Barotto, Liliana L. Piccinini, Adriana C. Zaratiegui y Ariel Gallinger, según surge del acta de audiencia obrante a fs. 412/413, con la presencia del señor Secretario doctor Wenceslao Arizcuren, para el tratamiento de los autos caratulados "P., J.E. s/Homicidio s/Casación" (Expte.Nº 27559/15 STJ), elevados por la Sala B de la Cámara en lo Criminal de la Iª Circunscripción Judicial con asiento de funciones en Viedma, deliberaron sobre la temática del fallo a dictar, de lo que da fe el Actuario. Se transcriben a continuación los votos emitidos, en conformidad con el orden del sorteo previamente practicado, respecto de las siguientes:[[/p]][[p]]C U E S T I O N E S 1ª ¿Es fundado el recurso? 2ª ¿Qué pronunciamiento corresponde? V O T A C I Ó N A la primera cuestión el señor Juez doctor Enrique J. Mansilla dijo:[[/p]][[p]]1. Antecedentes de la causa:[[/p]][[p]]1.1. Mediante Sentencia Nº 154, del 23 de julio de 2014, la Sala B de la Cámara en lo Criminal de la Iª Circunscripción Judicial resolvió -en lo pertinente- rechazar el acuerdo de las partes para la realización del juicio abreviado en la presente causa, por las razones expuestas en los considerandos (fs. 347/351).[[/p]][[p]]1.2. Contra lo decidido, las doctoras Marta Gloria Ghianni, Margarita G. Carriqueo y Patricia Arias, Defensoras Penal subrogante y Adjunta y Defensora de Menores e Incapaces, respectivamente, en forma conjunta y en representación de J.E.P., y el doctor Fabricio Brogna, Fiscal de Cámara subrogante, dedujeron sendos recursos de casación, que fueron denegados por el a quo y declarados admisibles por este Cuerpo, vía queja.[[/p]][[p]]1.3. Dispuesto que el expediente quedara por diez días en la Oficina para su examen por parte de los interesados (arts. 435 y 436 C.P.P.), a fs. 392/398 vta. y a fs. 399/409 presentaron dictamen la señora Defensora General y el señor Fiscal General, respectivamente.[[/p]][[p]]/// 1.4. Realizada la audiencia prevista en los arts. 435 y 438 del Código Procesal Penal con la asistencia de la señora Defensora General doctora María Rita Custet Llambí y el señor Fiscal General doctor Marcelo Álvarez, los autos han quedado en condiciones de ser tratados.[[/p]][[p]]2. Agravios del recurso de las señoras Defensoras:[[/p]][[p]]Las funcionarias refieren que la sentencia impugnada resulta arbitraria en los términos del art. 200 de la Constitución Provincial, en tanto rechaza de manera infundada el acuerdo al que arribaron las partes para la realización de juicio abreviado.[[/p]][[p]]Afirman que resulta arbitrario no reconocerle este derecho al joven por su calidad de tal, por la edad de la víctima o por el tipo de hecho, en tanto ello excede totalmente los requisitos que se exigen para la procedencia del instituto. Recuerdan que, en el actual sistema de enjuiciamiento -de neto corte adversarial-, cuando hay consenso entre los interesados no hay conflicto ni adversarios, por lo que, salvo normas de mayor jerarquía en juego, el Juez debe reconocer (no interferir, admitir, autorizar) esas convenciones, las que muchas veces trasuntan o suponen variantes, circunstancias, intereses institucionales o un proceso previo de negociación que la magistratura por regla desconoce.[[/p]][[p]]Se agravian con lo resuelto por el a quo por cuanto consideran que "la simplificación del proceso en este caso atenta contra el dictado de Justicia", y señalan que han presentado un acuerdo, conjuntamente con el representante de la acusación, el que se encuentra motivado en el marco legal de lo dispuesto por el art. 330 del rito, con el cumplimiento de todos los recaudos y requisitos exigidos.[[/p]][[p]]Agregan que, en la oportunidad de la realización de la audiencia de juicio abreviado, el Tribunal claramente le informó al imputado acerca de la voluntariedad del acto y los alcances y efectos del consentimiento que había prestado con tal fin, circunstancia que, además, antes de realizar el ofrecimiento, había sido conversada extensamente entre el joven y esa Defensa. Manifiestan que la denegación de ese juicio abreviado consensuado y propuesto por las partes conduciría a un juicio oral desgastante e inútil en el que seguramente, y en conformidad con los estándares internacionales en materia de derecho penal juvenil, la Fiscalía reiteraría la misma pretensión punitiva y la Defensa se expediría en idénticos términos.[[/p]][[p]]Entienden que la loable preocupación del Tribunal por el hecho enrostrado al imputado, así como por la juventud tanto de este como de la víctima, de ningún modo imposibilita la aplicación del instituto de juicio abreviado. Manifiestan que el hecho de no ///2. haber prestado declaración indagatoria hace precisamente a la estrategia defensista, y la no-sustanciación de la prueba es la clara consecuencia de haber optado en forma conjunta, tanto la Fiscalía de Cámara -titular de la acción- como la Defensa, por el instituto del juicio abreviado previsto en los arts. 330 y sgtes. del código adjetivo.[[/p]][[p]]Alegan que el instituto del juicio abreviado resulta plenamente aplicable a la justicia de menores, que corresponde adaptar la normativa interna a los estándares internacionales y que la Constitución Nacional no hace distinciones en función de las edades. Destacan además que la Constitución Provincial determina que los jóvenes gozan -como mínimo- de las mismas garantías procesales que los adultos (art. 18 C.Prov.).[[/p]][[p]]También critican la afirmación del a quo en el sentido de que la aceptación del juicio abreviado no le permitiría introducirse en "el conocimiento profundo de la cuestión investigada", dado que la esencia del procedimiento de juicio abreviado radica en que no se ventila en él la prueba; los hechos existen -están en la requisitoria de elevación a juicio- y de allí surge la calificación legal y la responsabilidad atribuida a su representado.[[/p]][[p]]Por otra parte, señalan que el pronunciamiento en crisis refiere que, de comprobarse la autoría, correspondería una discusión profunda acerca de la pena que cabría aplicar, respecto de lo cual alegan que ese Ministerio Público de la Defensa aceptó la calificación jurídica dada al hecho materia de reproche en el requerimiento de elevación a juicio y, teniendo en cuenta el resultado del tratamiento tutelar impuesto así como la obligatoriedad del Estado de cumplir con un tratamiento judicial diferente del que en igualdad de circunstancias le correspondería a un adulto -con la reducción prevista para el delito tentado-, ofreció el cumplimiento de una pena de seis años, todo lo que fue ratificado por su defendido en la audiencia fijada al efecto. Agregan que el quantum de la pena ofrecida en forma conjunta con la parte acusatoria se basó en los estándares internacionales de derechos humanos en materia de derecho penal juvenil que nuestro país suscribió.[[/p]][[p]]Por lo expuesto, solicitan que se revoque la sentencia que desestima la homologación del juicio abreviado y se ordene la constitución de un nuevo Tribunal para resolver la presentación.[[/p]][[p]]3. Agravios del recurso del señor Fiscal de Cámara:[[/p]][[p]]/// El representante de la acusación sostiene que las partes en el proceso han pugnado por lograr sus pretensiones y que la instancia del juicio abreviado permite cerrarlo de manera cierta y definitiva, cometido que la realización de un juicio común no asegura en lo inmediato ya que, atento a la particular situación del imputado, es de esperar que la sentencia que se dicte sea recurrida por una u otra parte hasta llegar a las instancias extraordinarias finales.[[/p]][[p]]Continúa diciendo que para la Fiscalía se destaca la certeza de una condena a pena de prisión efectiva, que resulta particularmente controvertida en los casos en donde se cuenta con imputados menores, agotando así el interés de esa parte que consiste en que el hecho no quede impune y su autor sea condenado a una pena superior al mínimo previsto para su caso.[[/p]][[p]]Aduce que ese Ministerio no puede fundar en particular los extremos que hacen al monto de la pena (v.gr., extensión del daño causado, calidad de los motivos que lo llevaron a delinquir, grado de educación, conducta precedente, edad, etc.) sin comprometer su estrategia para un eventual juicio. Agrega que, de todos modos, el Tribunal no ha motivado el rechazo en la cuantía de la pena ni ha dado razón alguna acerca de la necesidad de discutirla entre partes que ya lo han hecho.[[/p]][[p]]Menciona que de las constancias de autos no surge que la voluntad del imputado tuviera signo que indique alteración alguna de sus facultades mentales y que su comprensión de los extremos del acuerdo están previstos como una presunción legal y asegurados triplemente por la labor del Presidente del Tribunal que lo examinó, por su Defensa técnica penal y su Defensa tutelar, por ser menor al momento del hecho.[[/p]][[p]]Adujo que la calificación legal no ha sido la razón del rechazo del Tribunal, que esta no se encuentra controvertida en autos y se ha mantenido invariable, al igual que el hecho imputado durante todo el proceso.[[/p]][[p]]Refiere que el Tribunal formuló consideraciones genéricas y declarativas, sin referencia normativa o jurisprudencial alguna, y expresó la preocupación, que comparte, por un hecho cuya gravedad y repercusión social es de público conocimiento, pero no fundó en derecho su rechazo, lo que ha privado a las partes de una sentencia con fundamentación razonada y legal, a la que tienen derecho de índole constitucional, conforme la previsión del art. 200 de nuestra Constitución Provincial.[[/p]][[p]]Destaca que los dos principales argumentos que el Tribunal esgrimió a la hora de desestimar el acuerdo presentado por las partes no corresponden al ámbito de su competencia;[[/p]][[p]]///3. por un lado, se inmiscuyó en la estrategia defensiva (art. 22 inc. d Ley K 4199), señalando que el imputado no había declarado en indagatoria y que no se había producido prueba en su defensa, y por el otro lado se arrogó la función de la Fiscalía de Cámara de velar por el interés de la sociedad (art. 16 inc. b Ley K 4199), aduciendo que el hecho investigado es grave, con autor y víctima jóvenes.[[/p]][[p]]Afirma que le está reservada al Tribunal otra función, la de aceptar o rechazar el acuerdo evitando que las partes acuerden por fuera de las previsiones legales atinentes a la determinación de la autoría, la calificación legal y el monto de la pena.[[/p]][[p]]Por último, solicita que se case la resolución impugnada y, en virtud de la previsión contenida en el art. 330 inc 4° del Código Procesal Penal, se haga lugar al acuerdo de juicio abreviado y se dicte sentencia definitiva, condenando a J.E.P. a la pena de 6 (seis) años de prisión efectiva, accesorias legales y costas, por ser autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego (arts. 41 bis, 45 y 79 C.P., conforme la escala de pena prevista en el inc. 4 Ley 22.278), en virtud de la propuesta presentada por la señora Defensora Penal y la señora Defensora de Menores y aceptada por esa Fiscalía. Subsidiariamente, pide que se decrete la nulidad de la Sentencia Interlocutoria N° 154 del registro de la Sala B de la Cámara en lo Criminal y Correccional de esta Primera Circunscripción Judicial, de fecha 23 de julio de 2014, en cuanto resuelve remitir las actuaciones al subrogante legal y, en atención a que no ha hecho consideración alguna acerca del fondo del asunto ni valorado la prueba o ningún otro extremo referente al caso, se ordene que el juicio sea sustanciado por el procedimiento común con la misma integración y el mismo Fiscal de Cámara.[[/p]][[p]]4. Dictamen de la señora Defensora General:[[/p]][[p]]4.1. Escrito de fs. 392/398 vta.:[[/p]][[p]]La señora Defensora General doctora María Rita Custet LLambí afirma que comparte los fundamentos vertidos en el recurso de las señoras Defensoras, a los que añade las siguientes consideraciones.[[/p]][[p]]Entiende que la sentencia impugnada es arbitraria en tanto rechaza la aplicación del instituto del juicio abreviado sin motivación suficiente. También refiere que de las constancias obrantes en autos surge que el acuerdo al que arribaron las partes cumple con todos los /// requisitos exigidos en el art. 330 del rito y, sin perjuicio de ello, la sentencia cuestionada denegó la homologación del referido acuerdo limitándose a manifestar su preocupación por los hechos investigados y sosteniendo que no resulta prudente homologarlo, con lo que ha interferido en las funciones propias de los Ministerios Públicos, en tanto se arrogó facultades de política criminal y de defensa (conf. arts. 16 inc. b y 22 incs. b, d y h Ley K 4199).[[/p]][[p]]De acuerdo con las reglas del sistema acusatorio, considera que habría sido admisible que el a quo rechazara el acuerdo propuesto por el titular de la acción -Fiscalía- y las titulares de la defensa -Defensa Penal y de Menores- solo si, a la luz del interés superior del joven, hubiese advertido que el consentimiento brindado por este no era libre e informado, o que la pena acordada no se ajustaba a lo dispuesto por la normativa internacional y regional de derechos humanos imperante en el tema, lo que no sucedió en autos.[[/p]][[p]]Afirma que la sentencia impugnada no ha cuestionado el consentimiento brindado por el joven, y reseña que del expediente surge que a fs. 116 se celebró audiencia de indagatoria (en la que J., con la debida asistencia técnica, hizo uso de su derecho de abstenerse de declarar); a fs. 315 la Defensa y la Fiscalía acordaron la aplicación del instituto del juicio abreviado, y a fs. 342, el día 1 de julio de 2014, se celebró audiencia en la cual J. manifestó su voluntad de acceder al instituto en cuestión. Agrega que este acto se realizó ante el Juez y estuvieron presentes el joven imputado, sus asistentes técnicos -Defensoras Penales y de Menores- y la parte acusadora -Fiscalía-, y que al momento el imputado era mayor de edad -18 años-.[[/p]][[p]]Expresa que el joven se abstuvo de declarar, sin que su silencio pueda ser utilizado en su contra (art 18 C.Nac.), y que nada impide que se le reconozca la posibilidad de ejercer su derecho a acceder al instituto del juicio abreviado, ya que lo contrario implicaría violar el principio de igualdad y no discriminación (art. 2 CDN).[[/p]][[p]]En lo referido al monto de la pena convenido por las partes aduce que, del simple cálculo matemático teniendo en consideración el delito que se le imputa al joven, se puede concluir que resulta acorde con la normativa convencional y constitucional vigente y la doctrina fijada en precedentes como "Maldonado", de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.[[/p]][[p]]En virtud de lo expuesto, concluye que la decisión cuya revocación se promueve carece de motivación suficiente y, en consecuencia, no se ajusta a derecho, por lo que deviene ///4. arbitraria en tanto afecta los derechos y las garantías convencionales que le asisten al joven imputado.[[/p]][[p]]Finalmente, expresa que sostiene en los términos del art. 21 inc. d) de la Ley K 4199 el recurso de casación oportunamente interpuesto por las señoras Defensoras y solicita que se le haga lugar y se deje sin efecto la sentencia impugnada.[[/p]][[p]]4.2. Alegato en la audiencia:[[/p]][[p]]En la oportunidad del debate, la doctora Custet Llambí invoca la violación de los arts. 16 y 18 de la Constitución Nacional y agrega que el motivo del rechazo del acuerdo no puede ser la minoridad del imputado, quien era mayor de edad al momento de su aceptación. Expresa que solo corresponde evaluar la legalidad y razonabilidad del acuerdo, requisitos que se cumplían en el caso, de modo que lo resuelto es arbitrario y violenta el art. 28 de la Constitución Nacional.[[/p]][[p]]Invoca los límites para la actuación de los jueces en el marco del sistema acusatorio, que entiende avasallados en el caso, así como el interés superior del niño que rige el trámite.[[/p]][[p]]Por otra parte, alude a la falta de debido proceso donde hay jóvenes imputados y hace referencia a que, en autos, el imputado fue privado de su libertad sin fundamentos y se le prorrogó la medida cautelar por simple auto, lo que, según sostiene, no fue cuestionado por la Defensa quizá por su estrategia en relación con el acuerdo sobre juicio abreviado que se pretendía concretar con la Fiscalía. Afirma que en este expediente -y en otros- no se aplicó la Ley 4109 y se violaron garantías procesales de modo flagrante.[[/p]][[p]]Por lo anterior, entiende que cabe casar positivamente lo resuelto y hacer lugar a la presentación de las partes.[[/p]][[p]]5. Dictamen del señor Fiscal General:[[/p]][[p]]5.1. Breves notas de fs. 399/409:[[/p]][[p]]El doctor Marcelo Álvarez refiere los agravios del Fiscal de Cámara, afirma que los comparte, haciéndolos propios, y remite a ellos en honor a la brevedad.[[/p]][[p]]Advierte vicios en el trámite que son sancionados con la nulidad de los actos procesales y, en este orden de ideas, refiere que del acta de fs. 342 se desprende que la audiencia de juicio abreviado se desarrolló con la presencia de solo uno de los miembros integrantes del Tribunal, extremo que debe compatibilizarse con la existencia de deliberación /// de los miembros de la Cámara posterior a la audiencia (arts. 330 inc 5°, 372 y 374 C.P.P.). Luego agrega que tales falencias no imponen la anulación de la resolución recurrida, pues lo actuado ha sido convalidado con la conformidad de las partes sobre el modo en que se estructuró y desarrolló el juicio abreviado, en tanto han consentido que sea solo uno de los jueces quien recoja el acuerdo por ellos alcanzado, por lo que mal puede ahora alegarse la nulidad del acto por inobservancia de las formas procesales previstas por el ritual.[[/p]][[p]]Afirma que el punto de controversia serio y determinante para la solución del caso es establecer cuáles son las razones que puede invocar el Tribunal para rechazar el acuerdo de las partes en la aplicación del instituto que consagra el art. 330 del Código Procesal Penal, compatibilizando tal marco con los principios acusatorios que rigen la segunda etapa del proceso, los que no son otros que aquellos que han impulsado la sanción del nuevo procedimiento penal aprobado por la Legislatura de Río Negro.[[/p]][[p]]Refiere doctrina, antecedentes legislativos y los fines del legislador, y entiende que la facultad del Tribunal debe limitarse a un control del acuerdo que debe necesariamente circunscribirse a la calificación jurídica del hecho y a la pena acordada, la que debe encontrarse dentro del quantum que tal tipo penal prevea, asegurando asimismo que el imputado realice una manifestación libre y con conocimiento sobre los alcances y consecuencias de lo convenido.[[/p]][[p]]Expresa que en la decisión en crisis no se formuló objeción alguna a la calificación jurídica otorgada al hecho -la que además permaneció incólume a lo largo del proceso-, ni se planteó que el monto de la pena acordada estuviera fuera de la escala legal. Agrega que el a quo sí se pronunció sobre el monto de la pena al afirmar que "la gravedad del suceso y el daño causado (la muerte de un joven) ameritan una discusión profunda sobre la pena a aplicar al responsable del homicidio.". Aduce que con ello y sin más rechazó el acuerdo de forma infundada e inmotivada y, por ende, arbitraria, por lo que su consecuencia es la invalidez de la decisión.[[/p]][[p]]Argumenta que el sentenciante también basó el rechazo en que la Defensa no había propiciado el diligenciamiento de medidas probatorias tendientes a demostrar la inocencia de su asistido y que este no declaró al tiempo de ejercer su defensa material. Al respecto, resalta que ninguno de los dos extremos invocados fue acompañado del razonamiento lógico del que derivan las conclusiones vertidas en la decisión en crisis.[[/p]][[p]]///5. Por último, pide que se haga lugar al recurso del representante del Ministerio Público Fiscal.[[/p]][[p]]5.2. Alegato en la audiencia:[[/p]][[p]]El señor Fiscal General reseña los hechos e insiste en que en la audiencia no hubo observaciones, pero el Tribunal luego no aceptó la propuesta, lo que derivó en la impugnación de las partes, pues lo decidido no tiene fundamentación. También reitera que los considerandos del rechazo no expresan fundamentos válidos.[[/p]][[p]]En tal sentido, alega que el Juez debe verificar si el acuerdo se encuentra dentro del marco de legalidad y razonabilidad, y que otra actividad que exceda el límite indicado es cuestionable. En el caso, prosigue, el Tribunal se inmiscuyó en temáticas de prueba acerca de la inocencia del imputado, lo que, además de no condecirse con las circunstancias de la causa, implica que no ha valorado ninguna de las pruebas, pues tal mérito lleva a una conclusión opuesta a la del Tribunal.[[/p]][[p]]Plantea además que el pronunciamiento es contradictorio pues, al haber intervenido uno solo de los miembros del Tribunal, se contraría la manda del art. 330 del Código Procesal Penal, en tanto no puede haber deliberación si no se participó previamente. De todos modos, insiste, esto fue consentido por las partes, que fueron sorprendidas por la actitud del Tribunal.[[/p]][[p]]Concluye finalmente que la sentencia debe ser casada por ausencia de fundamentación, dado que no se puede seguir el camino lógico de lo decidido ni hay análisis de la prueba de la causa, por lo que requiere que se haga lugar al recurso, se lleve adelante una casación positiva, se haga lugar al juicio abreviado y se condene en los términos del acuerdo.[[/p]][[p]]6. Hecho reprochado:[[/p]][[p]]La requisitoria fiscal de elevación a juicio de fs. 213/216 le atribuye al enjuiciado el hecho ocurrido "en la ciudad de Viedma, el día 1 de noviembre de 2013, minutos antes de las 22:44 horas, aproximadamente, [circunstancias en las que] habría disparado un arma de fuego en dirección a la cabeza de Jorge Luis Sandoval, con la finalidad de darle muerte, en momentos en que ambos se encontraban casi en el medio de la arteria de la calle 30 del barrio Lavalle, frente al ingreso de la Unidad 12 del Servicio Penitenciario Federal. Como consecuencia del disparo, Jorge Luis Sandoval falleció".[[/p]][[p]]/// En la misma pieza procesal, se encuadró el hecho en los arts. 79, 41 bis y 45 del Código Penal a título de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y, en función de que tenía diecisiete años, en el art. 1 de la Ley 22278.[[/p]][[p]]7. Reseña de las actuaciones:[[/p]][[p]]Para una mejor comprensión de lo que corresponde decidir, considero necesario realizar una sucinta reseña de las actuaciones pertinentes:[[/p]][[p]]A fs. 315 obra el ofrecimiento de juicio abreviado presentado por la Defensora Penal doctora Marta Ghianni y la Defensora de Menores doctora Patricia Arias, con la conformidad del Fiscal de Cámara doctor Fabricio Brogna, donde las partes aceptaban la calificación de homicidio agravado por el uso de arma de fuego (arts. 79, 41 bis y 45 C.P.) y solicitaban la pena de seis (6) años de prisión efectiva.[[/p]][[p]]La audiencia para sustanciar el juicio en los términos del art. 330 del código ritual fue llevada adelante por el vocal de la Sala B de la Cámara en lo Criminal doctor Jorge Bustamante, y asistieron las Defensoras, el imputado y el Fiscal de Cámara. Sin cuestiones preliminares, el magistrado dispuso que por Secretaría se diera lectura al hecho y la calificación legal contenidos en la requisitoria de fs. 213/216, y del ofrecimiento de juicio abreviado obrante a fs. 315. Luego el señor vocal hizo comparecer al imputado J.E.P., lo puso en conocimiento de sus derechos y le explicó los alcances del acuerdo así como también su facultad de aceptar o no la propuesta formulada, ante lo cual este dijo que reconocía la autoría del hecho y aceptaba la calificación legal seleccionada (homicidio agravado por el uso de arma de fuego, cf. arts. 79, 41 bis y 45 C.P.) y la pena de seis años de prisión. A continuación, el doctor Bustamante le hizo saber que se aceptaba su presentación, sin observaciones, y citó a las partes para la lectura del fallo definitivo (fs. 342 y vta.).[[/p]][[p]]En la resolución impugnada se expusieron dos argumentos:[[/p]][[p]]1) "El imputado no ha prestado declaración indagatoria, tampoco se ha sustanciado prueba alguna en pro de su defensa. No parece prudente que un hecho de tal gravedad, homicidio, con la participación como víctima y victimario de personas muy jóvenes, tenga como fundamento para su resolución la aceptación de responsabilidad por parte del entonces menor y con sólo ello, se le aplique una pena de prisión efectiva [...] el reconocimiento efectuado por quien era menor al momento del hecho no nos da la certeza para emitir una ///6. sentencia de carácter condenatorio, considerando necesario proceder a la continuación del proceso" 2) "Por otra parte, de acreditarse la existencia del hecho y la responsabilidad en el mismo del imputado, la gravedad del suceso y el daño causado (la muerte de un joven), ameritan una discusión profunda sobre la pena a aplicar al responsable del homicidio, la que solamente es posible en el desarrollo del debate de la etapa de juicio".[[/p]][[p]]8. Análisis y solución del caso:[[/p]][[p]]8.1. El señor Fiscal General afirma que advierte una causal de nulidad en el trámite, aunque entiende que no cabría sanción alguna por estar las actuaciones convalidadas por las partes.[[/p]][[p]]La ausencia de agravios y de perjuicios concretos respecto de la forma en que se realizó la audiencia de fecha 01/07/2014 (fs. 342 y vta.) me exime de toda consideración.[[/p]][[p]]No obstante, recuerdo que en la Acordada 3/2015 este Superior Tribunal de Justicia dispuso como regla interpretativa de uso forense y práctica procesal en la aplicación del plexo normativo determinado por el Legislador, lo siguiente: "Art.3 ero.: AUDIENCIA DE PROPUESTA Y ACUERDO DE JUICIO ABREVIADO: 1) La AUDIENCIA fijada conforme el art. 330 inc. lero. a) y b), como la instrumentación del Acta de Acuerdo, con los debidos recaudos, la aceptación del imputado a la propuesta del Fiscal o la que resultare efectivamente aceptada por éste y las alegaciones permitidas, contenidas en los incs. 2do. y 3ero. del aludido artículo, podrán ser llevadas a cabo por uno de los Jueces del Tribunal, el que será designado en el decreto de fijación de audiencia y siempre que el imputado preste conformidad. Si el Acuerdo es aceptado sin observaciones, el Juez que lleva adelante la audiencia podrá declarar la admisibilidad formal y poner los autos para resolver por el pleno en el plazo y bajo los términos fijados en el art.330 inc.4to.[[/p]][[p]]"Lo establecido en el párrafo anterior no será de aplicación a los procesos seguidos contra quienes habrían delinquido siendo menores de edad. [...]".[[/p]][[p]]8.2. Las partes recurrentes sostienen la falta de motivación de la sentencia en crisis en razón de que la Cámara Criminal resolvió por fuera de las atribuciones que le confiere la ley adjetiva en la regulación del juicio abreviado.[[/p]][[p]]/// En el fallo STJRNS2 Se. 197/12 "Fiscal de Cámara subrogante" me he pronunciado sobre la legalidad y los alcances del juicio abreviado previsto en el código adjetivo, con cita del precedente STJRNS2 Se. 177/05 "Gagliardi".[[/p]][[p]]Concretamente y en lo relevante al sub lite, en esta última sentencia se sostuvo que el "rito dice que la aceptación de la propuesta fiscal por parte del imputado debe ser instrumentada en la audiencia y se labrará un acuerdo con determinados requisitos. El código dispone también: \'Sin perjuicio de ello, las partes podrán alegar en dicha audiencia, sobre la calificación legal y sobre el monto de la pena\' [.]. Del propio texto legal es dable deducir que el juzgador, a quien se dirige el alegato, tiene facultades para controlar tales cuestiones: esto es, la calificación legal y el monto de la pena [...] Además de ello, inicialmente el instituto en tratamiento \'... es un verdadero juicio, en el que se abrevia la producción de la prueba por razones de economía procesal y celeridad, evitando el debate cuando las partes se ponen de acuerdo respecto de la claridad y suficiencia de la producida durante la etapa instructoria (TO 14, LL, 2001-C, 591)\' [...]".[[/p]][[p]]En este orden de ideas, si bien -como se dijo en el precedente citado- la Ley P 2107 solo reconoce la atribución jurisdiccional del control sobre la calificación legal y el monto de la pena (a diferencia de otras legislaciones que autorizan el análisis de ciertos recaudos expresos: mejor conocimiento de los hechos, discordancia con la calificación, etc.), el Tribunal de juicio también debe expedirse sobre la existencia del hecho y la autoría reprochada (conf. arts. 374, 375, 380 y ccdtes. C.P.P. y 18 C.Nac.), por lo que sería una sentencia inmotivada con afectación de garantías constitucionales aquella que tuviera por acreditados tales extremos con el único sustento de la "admisión" que realice el imputado en el marco de un juicio abreviado.[[/p]][[p]]El requisito "prueba" exigido por el art. 18 de la Constitución Nacional no puede estar cumplido con la sola conformidad del sometido a proceso penal, pues es insuficiente por sí para justificar el acogimiento liso y llano de la pretensión de responsabilidad penal.[[/p]][[p]]En el fallo impugnado en el sub examine, el a quo argumentó que no parece prudente que solo con la aceptación de responsabilidad por parte del entonces menor se le aplique una pena de prisión efectiva, pues no le confiere la certeza para emitir una sentencia de carácter condenatorio. Luego, en la resolución que declaró inadmisibles los recursos de casación, afirmó que "la prueba que incrimina al imputado es el testimonio de una sola persona de 14 ///7. años de edad al momento de efectuársele la Cámara Gesell (fs. 46/47) y el hecho habría ocurrido en el posible marco de una pelea; también debe tenerse en cuenta que existen referencias en autos que la víctima habría agredido al imputado con golpes de puño. El imputado, también menor de edad al momento del hecho, no declaró en autos" (fs. 367).[[/p]][[p]]La contradicción en que incurrió el a quo en las consecuentes resoluciones es de tal evidencia que se torna una obviedad referirnos al tema. Además, de la simple lectura del requerimiento de elevación a juicio y de la prueba proveída por el Juez de la Cámara en lo Criminal (fs. 263 y vta.) se desprende que la determinación de la autoría del imputado resultaría de la valoración de un conjunto de pruebas producidas en la etapa de instrucción, lo que justificaría el acuerdo de juicio abreviado al que arribaron los Ministerios Públicos de la Defensa y Fiscal, con la expresa aceptación del imputado ante el magistrado del Tribunal de juicio.[[/p]][[p]]Desechado el primer argumento del sentenciante por motivación aparente al apartarse de las constancias de la causa, corresponde señalar que igual suerte correrá el segundo, por falta de fundamentación.[[/p]][[p]]Para rechazar un acuerdo de juicio abreviado, la normativa no prevé como requisito que el Tribunal considere que las circunstancias de la causa "ameritan una discusión profunda sobre la pena a aplicar al responsable del homicidio".[[/p]][[p]]Las partes y el imputado llegaron a un acuerdo y cumplieron con las previsiones del art. 330 del Código Procesal Penal. El Tribunal lo aceptó y pasó a deliberar. Luego dictó sentencia sin objetar el encuadramiento de los hechos pero, sobre la base de una presunta disconformidad con el quantum de la pena acordada, rechazó el acuerdo de juicio abreviado, de lo que resulta una decisión carente de motivación por omitir la expresión de fundamentos legales.[[/p]][[p]]La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado que "la motivación es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática. El Tribunal ha resaltado que las decisiones que adopten los órganos internos, /// que puedan afectar derechos humanos, deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En este sentido, la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Por todo ello, el deber de motivación es una de las \'debidas garantías\' incluidas en el artículo 8.1 de la Convención para salvaguardar el derecho a un debido proceso" (CIDH, "Caso Tristán Donoso Vs. Panamá", sentencia del 27/01/09, párrafos 152 y 153, citado en STJRNS2 Se. 20/14 y Se. 158/14, entre otras). ASÍ VOTO.[[/p]][[p]]A la misma cuestión el señor Juez doctor Sergio M. Barotto dijo:[[/p]][[p]]Adhiero a los fundamentos y consideraciones expuestos precedentemente por el distinguido colega preopinante doctor Enrique J. Mansilla y, en consecuencia, VOTO EN IGUAL SENTIDO.[[/p]][[p]]En relación con las manifestaciones efectuadas por la señora Defensora General al final de su alegato en audiencia del día 2 de junio del corriente (cfme. acta de fs. 412/413), por las cuales "... alude a la falta de debido proceso donde hay jóvenes imputados de delito y hace referencia a que, en el caso, el imputado fue privado de su libertad sin fundamentos y se le prorrogó la medida cautelar por simple auto, lo que, según sostiene, no fue cuestionado por la Defensa quizá por su estrategia en relación con el acuerdo sobre juicio abreviado que se pretendía concretar con la Fiscalía. Afirma que en este y en otros casos no se aplicó la Ley 4109 y se violaron garantías procesales de modo flagrante", y para no consentir por medio del silencio dichas aseveraciones, me veo en la obligación de señalar lo siguiente:[[/p]][[p]]1. La internación determinada por el señor Juez de Instrucción mediante auto interlocutorio del 12/11/13 -que constituye la continuación de igual medida que había dispuesto el día 02/11/13- fue objeto de recurso de apelación deducido por la señora Defensora de Menores e Incapaces (cfme. fs. 130 y 163/168), el que provocó la resolución de la Cámara de Apelaciones de fs. 170/172. En aquel trámite, la Defensa cuestionó la fundamentación o, mejor dicho, la supuesta ausencia o debilidad jurídica de la medida restrictiva dispuesta respecto del joven P., crítica que fue objeto de rechazo por parte de dicho Tribunal. La Defensa no intentó recurso extraordinario respecto de esta última decisión.[[/p]][[p]]///8. Entonces, la medida cuestionada tuvo adecuado tratamiento jurisdiccional, en esa etapa del proceso.[[/p]][[p]]2. A fs. 201 y en fecha 23/12/13, el señor Juez de Instrucción prorrogó por sesenta (60) días más aquella anterior internación, decisión que no fue recurrida por la Defensa.[[/p]][[p]]3. A fs. 243, el día 13/03/14, la Defensa se presentó y solicitó que "... se intime al Organismo Proteccional a que garantice a J.P. la realización de actividades formativas y recreativas acordes a su edad y situación actual...", pero no cuestionó nuevamente la internación, en sí misma considerada.[[/p]][[p]]4. A fs. 309, en fecha 06/06/14, apareció la prórroga de la internación "... por simple auto..." de la que se queja la señora Defensora General, dispuesta por el señor Presidente de la Cámara en lo Criminal interviniente, acto que, como la misma doctora Custet Llambí reconoce en autos, "... no fue cuestionado por la Defensa...", aun cuando dicha decisión habría respondido al pedido efectuado por la señora Defensora de Menores el 30/04/14, para que "... se resuelva la necesidad o no de continuidad de la medida".[[/p]][[p]]Frente al derrotero procedimental reseñado, se tiene que la medida de internación ha merecido razonable consideración jurisdiccional, pues a su respecto ha existido pronunciamiento de la Cámara de Apelaciones, a la postre firme.[[/p]][[p]]La prórroga de aquella, dispuesta desde la Presidencia de la Cámara en lo Criminal a fs. 309, fue convalidada por ambas Defensas que representaban el joven P. (de Menores e Incapaces y la propia del Fuero Penal), al no interponer recurso alguno en contra, porque "la acción es la medida del interés" (sin perjuicio del orden público, que no advierto comprometido en el sub lite). Así, frente a lo actuado en la especie, surge que el Ministerio Público de la Defensa no hizo lo que podría haber hecho si es que perseguía la recuperación de la libertad ambulatoria de su pupilo y, de tal modo, de haberse producido en la causa la "violación flagrante de garantías procesales" que anuncia la señora Defensora General, tales eventuales vicios han tenido como protagonista a dicho Ministerio, por omisión funcional. MI VOTO.[[/p]][[p]]A la misma cuestión la señora Jueza doctora Liliana L. Piccinini dijo:[[/p]][[p]]Adelanto mi adhesión al temperamento que propicia el voto ponente y a las consideraciones que agrega el señor Vocal que me precede en el orden de votación, pero /// habré de hacerlo en orden a mis propias consideraciones, sin remisión a lo expresado en los precedentes STJRNS2 Se. 177/05 "Gagliardi" y Se. 197/12 "Fiscal de Cámara Subrogante".[[/p]][[p]]En el sub examine se desprende con claridad meridiana que no se han cumplido los recaudos procesales que otorgan andamiaje a este instituto, que permite llevar adelante abreviadamente el juicio. La sola evidencia de tales falencias resta a la decisión en crisis sus cualidades de acto jurisdiccional válido, toda vez que ha sido fruto de un encaminamiento procedimental portador de irregularidades formales que han alterado los pilares del debido proceso legal, en términos de acusación, prueba, defensa y sentencia.[[/p]][[p]]En rigor de verdad, en relación con este instituto del juicio abreviado, se le achaca ese grave riesgo, tachándolo de inconstitucional, y los principales exponentes de tal crítica provienen -en su mayoría- de las filas de la Defensa. Se sostiene que no se trata de un verdadero juicio (Ferrajoli), y también que se trataría de un apremio ilegal de baja intensidad (Luis Niño), entre otros. En definitiva -a más del generoso y enriquecedor debate-, en lo atinente a su constitucionalidad cabe remitirse a lo dicho por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Arduino, Diego José y otros/ p.ss.aa. infr. ley 23.737" (causa N° 64/00 C), que en lo pertinente acoge el dictamen de la Procuración General. El juicio abreviado, como cualquier otra forma de juicio en el que se respete la acusación, la prueba, la defensa y se dicte sentencia, será un debido proceso y, por ende, no repugna a los postulados constitucionales. Pero las formas deben ser cumplidas en su total dimensión y alcance.[[/p]][[p]]Así, como se destaca en los votos precedentes, nuestro ritual es claro en cuanto a los pasos procesales adecuados y las partes, junto al Tribunal, deben recorrerlos sin atajos ni subterfugios.[[/p]][[p]]En el sub lite, se trata de la realización de un juicio abreviado en el que el imputado se encuentra acusado de haber cometido un delito siendo menor de edad; punible, pero dentro de la franja etaria que conlleva la realización de un procedimiento especial. En nuestro ritual, dicho procedimiento especial está regulado en el Capítulo II del Título II, que establece que se procederá de acuerdo con las disposiciones comunes del código más las establecidas en dicho capítulo que, por cierto, se trata de dispositivos cuya "especialidad" radica en trasladar algunos conceptos del régimen de la Ley 22278, por ejemplo, el art. 388 ("Medidas Tutelares"). Ahora bien, nada empece a que, dentro de las normas comunes que son aplicables, también se sustancie el juicio de manera abreviada y que, al hacerlo, al momento ///9. de analizar la individualización de la pena se sigan las pautas establecidas en la ley de fondo (léase art. 4º Ley 22278 complementaria del C.P.).[[/p]][[p]]Ello así fundamentalmente porque, si definitivamente se comprende que el joven en conflicto con la ley penal se hace merecedor de un proceso que -como mínimo- contenga las mismas garantías que son dadas al infractor adulto, y si a ello le aditamos que en nuestra provincia rige la Ley 4109, que es la réplica de la Ley 26061 con adecuación a la Convención de los Derechos del Niño, la respuesta no puede ser otra. Si al infractor adulto debidamente asesorado se le admite renunciar al debate porque, si no pudiera renunciarlo (así como puede renunciar al derecho de guardar silencio o no decir nada en su propia contra), pareciera que la garantía que tiene por ser imputado terminaría invocándose para operar en contra de su voluntad; y, si así se admite para los adultos como ejercicio de su derecho, así corresponde que se admita para el joven infractor una vez cumplidos los dieciocho años de edad.[[/p]][[p]]Sobre este tópico, también podría plantearse que dentro del régimen -aún vigente por imperio de la Ley 22278- la declaración de responsabilidad corresponde a una primera audiencia y la necesidad de imponer pena se debe producir en otra.[[/p]][[p]]De este requisito objetivo del art. 4 de la Ley 22278, unos sostienen la imposibilidad de aplicar el juicio abreviado en procesos dirigidos contra jóvenes en cuanto este contiene un acuerdo sobre la pena; otros entienden que puede llevarse adelante el juicio abreviado adoptando el mecanismo de cesura, separando el juicio de responsabilidad del juicio sobre la necesidad de pena. En realidad, ni la imposibilidad -merced al acuerdo sobre la pena- está correctamente fundada, ni es menester realizar dos audiencias separadas para la realización de la tarea, en tanto existe acuerdo de las partes y el joven punible cuenta, no solo con la capacidad de discernir y comprender que asume la responsabilidad por el hecho, sino que además cuenta con la asistencia técnica reforzada. Luego, el quantum de la pena, si bien se ofrece como producto de un acuerdo, ello no obsta a la realización de la cesura en la misma audiencia. Aun cuando cierto es que la cesura implica la posibilidad de postulación, contradicción, prueba y debate de las circunstancias fijadas como parámetros rectores en los arts. 40 y 41 del Código Penal, incluido el art. 26 del mismo ordenamiento (para el joven infractor también se ponderará la disminución del art. 4º inc.3 Ley 22278), y si bien lo esencial radica -repito- en la posibilidad de la postulación, no menos cierto es que, en el juicio /// abreviado, el acuerdo al que arriban las partes y llevan al Tribunal se hace merecedor del tratamiento que establece el art. 330 inc. 3º del rito, a modo de alegación y no de postulación / contradicción, no obstante lo que aquí interesa es que, aun concurriendo las partes con un acuerdo respecto del monto de la pena, tienen la ocasión de explicitar fundadamente las razones que posibilitaron llegar a la individualización del monto de la pena, las que deben ser sometidas a consideración del Tribunal, para ponderar si dicho acuerdo no ofrece observaciones (art. 330 inc. 4 C.P.P.) y pasar a deliberar.[[/p]][[p]]Lo explicitado hasta aquí tiene como norte el poner en evidencia que no se han cumplimentado debidamente las formas que resguardan (en este tipo de juicio abreviado-, como en todo tipo de juicio penal) los parámetros rectores que hacen al debido proceso legal, teniendo en cuenta que a ese debido proceso legal (como piso mínimo) se adita el plus de garantías, por tratarse de un reproche dirigido a quien era menor de edad al momento del hecho disvalioso. Y ello se colige con puntualidad de la circunstancia de haberse llevado adelante sin la presencia del Tribunal en pleno, que a la postre deliberó sin oír a quien admitía su responsabilidad en la comisión de un hecho perpetrado cuando era menor de edad (lo cual implica una confesión lisa y llana de autoría), sin posibilidad alguna de tener -cada Juez- una impresión acabada, sin escuchar a las partes dando fundamentos sobre el monto de pena acordado, verificando su razonabilidad y legalidad -obviamente- sin posibilidad de realizar observaciones, puesto que las oportunamente señaladas pueden dar lugar a posteriores alegaciones que las diluyan o conducir, de no ser suficientes y satisfactorias en términos de razonabilidad y legalidad, al rechazo -también fundado- del acuerdo.[[/p]][[p]]Por consiguiente, a mi modo de ver, no es tan clara y categórica la conclusión de estar ante el desarrollo de una audiencia cuya modalidad fue consentida por las partes y, en virtud de ello, la irregularidad quedaría compurgada. Puedo justificar que las partes no ofrezcan dicho agravio para otorgar andamiaje al recurso, asumiendo que no les está dado venir en contra del acto propio, pero en modo alguno la inexistencia de agravio me lleva a admitir que la audiencia tal y como fue desarrollada haya resguardado las garantías como han sido supra señaladas. Y es por tal razón que la sentencia traída a recurso adolece de ausencia de motivación razonada y legal, toda vez que es fruto de una actividad jurisdiccional irregular e incompleta.[[/p]][[p]]///10. Es por el resguardo a las garantías que se mencionaron precedentemente que en el Plenario del Fuero Penal que dio lugar a la Acordada 3/2015 STJ expresamente se vedó la realización del Acuerdo ante un solo magistrado en los procesos seguidos contra quienes habrían delinquido siendo menores de edad.[[/p]][[p]]La ausencia de fundamentación de la sentencia en crisis radica -esencialmente- en los siguientes aspectos:[[/p]][[p]]1) El a quo sostuvo que no parece prudente que solo con la aceptación de responsabilidad por parte del entonces menor se le aplique una pena de prisión efectiva, pues no le confiere la certeza para emitir una sentencia de carácter condenatorio. Luego agregó-en el juicio de admisibilidad casatoria- que "la prueba que incrimina al imputado es el testimonio de una sola persona de 14 años de edad al momento de efectuársele la Cámara Gesell (fs. 46/47) y el hecho habría ocurrido en el posible marco de una pelea; también debe tenerse en cuenta que existen referencias en autos que la víctima habría agredido al imputado con golpes de puño. El imputado, también menor de edad al momento del hecho, no declaró en autos" (fs. 367).[[/p]][[p]]Sin embargo, y tal como se advierte en el control casatorio aquí efectuado, resultaría que la determinación de la autoría del imputado se desprende de la valoración de un conjunto de pruebas producidas en la etapa de instrucción, lo que justificaría el acuerdo de juicio abreviado al que arribaron los Ministerios Públicos de la Defensa y Fiscal, con la expresa aceptación del imputado. De tal modo, no se está ante la sola admisión del hecho y la responsabilidad, despojado el caso de todo sustento probatorio, sino que ha existido un apartamiento de las constancias de la causa (fundamentación aparente); a ello se agrega argumentación arbitraria, toda vez que no puede ponderarse el ejercicio de una garantía (abstención de declarar en la etapa de instrucción) de modo perjudicial.[[/p]][[p]]2) Motivar el rechazo del acuerdo exponiendo que las circunstancias de la causa "ameritan una discusión profunda sobre la pena a aplicar al responsable del homicidio" no conlleva fundamentación razonada, tanto menos legal, a la par de dejar al desnudo una grave contradicción, dado que al argumento de no otorgarle certeza al solo reconocimiento de responsabilidad del joven ahora se dispara la expresión "del responsable del homicidio".[[/p]][[p]]/// Al referirme a la facultad jurisdiccional de individualización de la pena en el fallo STJRNS2 50/14 "Canales", he dejado expuesto mi criterio sobre la pervivencia de dicha facultad de los Jueces, haciendo la salvedad de aquellos institutos -como el del juicio abreviado- que imponen a los magistrados límites en el ejercicio de su imperium. De allí que no convenga con todo lo expuesto en el precedente STJRNS2 Se. 177/05 "Gagliardi", al que se remite el fallo Se. 197/12 "Fiscal de Cámara Subrogante", toda vez que la única facultad que entiendo persiste, en cuanto a rechazar un acuerdo de juicio abreviado por el monto de la pena propuesta, radica en el meduloso y puntual análisis de la razonabilidad y la fundamentación legal que expongan las partes para así haberlo acordado.[[/p]][[p]]Solamente estará en condiciones el Tribunal de desechar un acuerdo, respecto de la individualización de la pena que se propone como acordada, cuando su quantum no repose en los parámetros legales o resulte absurda e inconsistente la ponderación de las circunstancias que sirven de parámetros para la individualización del monto, lo que no es otra cosa que analizar si los constructores de esa composición han dado debidos fundamentos, con apego a la normativa que rige el caso. En el sub examine, se trata de las que contemplan el típico enrostrado, los arts. 40 y 41 del Código Penal, los parámetros de la ley fondal complementaria Nº 22278 (art. 4 inc. 3º in fine) y, además, la Constitución Nacional con la incorporación de las convenciones y tratados y la normativa infraconstitucional que los recoge (Ley nacional 26061 y provincial 4109). Ahora, si no los ha exigido en el momento oportuno, merced a las observaciones que está facultado a hacer, no puede luego, con la sola mención de estar ante la necesidad de debatir en profundidad la pena a imponer, rechazar el acuerdo, pues la satisfacción de esa necesidad estaba entre sus posibilidades y sus obligaciones a ejercer en la audiencia, en tanto cabe preguntarse: ¿en qué ámbito y en qué oportunidad estima el juzgador que podría realizarse ese debate profundo, si no es en la audiencia que llevó adelante? ASÍ VOTO.[[/p]][[p]]A la misma cuestión los señores Jueces doctores Adriana C. Zaratiegui y Ariel Gallinger dijeron:[[/p]][[p]]Atento a la coincidencia manifestada entre los señores Jueces que nos preceden en orden de votación, NOS ABSTENEMOS de emitir opinión (art. 39 L.O.).[[/p]][[p]]A la segunda cuestión el señor Juez doctor Enrique J. Mansilla dijo:[[/p]][[p]]///11. 1. Admitidos los agravios y establecida la descalificación de la sentencia como acto jurisdiccional válido, considero que no puede tener acogida favorable la pretensión de que este Cuerpo resuelva mediante casación positiva hacer lugar al acuerdo de juicio abreviado y disponer la pena correspondiente porque -en este caso- se advierten dos motivos de insoslayable atención.[[/p]][[p]]En primer lugar, porque no estuvo presente el imputado en la audiencia realizada por este Superior Tribunal, cuestión que obsta a la certeza sobre la actualidad de la aceptación y sus consecuencias, requerida por el art. 330 inc. 2 del rito.[[/p]][[p]]En segundo término, porque solo el reenvío para que se realice una nueva audiencia y se resuelva lo que corresponda (conf. art. 330 C.P.P.) garantiza el derecho a recurrir y a obtener una revisión amplia de lo que se decida (conf. arts. 18 y 75 inc. 22 C.Nac., arts. 8.2.h CADH y 14.5 PIDCyP).[[/p]][[p]]2. Por los motivos que anteceden, propongo al Acuerdo hacer lugar a los recursos de casación en estudio, anular la sentencia impugnada y la audiencia correspondiente, y reenviar el expediente al Tribunal de origen para que, con distinta integración, continúe con el trámite (arts. 98, 330 y ccdtes. C.P.P.; 200 C.Prov.; 18 y 75.22 C.Nac.; 8.1 y 8.2 CADH, y 14.1, 14.2, 14.3 y 14.5 PIDCyP). ASÍ VOTO.[[/p]][[p]]A la misma cuestión el señor Juez doctor Sergio M. Barotto dijo:[[/p]][[p]]Adhiero a la solución propuesta por el vocal preopinante y VOTO EN IGUAL SENTIDO.[[/p]][[p]]A la misma cuestión la señora Jueza doctora Liliana L. Piccinini dijo:[[/p]][[p]]Por lo expuesto y considerado al tratar la primera cuestión, tal como se viene propiciando en los votos precedentes, estimo debe hacerse lugar a sendos recursos de casación impetrados por las partes, declarar la nulidad del fallo traído a conocimiento y decisión y reenviar la causa al a quo para que proceda, con distinta integración, a efectuar nueva audiencia de juicio abreviado, cumplimentando todos los recaudos formales y fondales de aplicación en el sub examine. ASÍ VOTO.[[/p]][[p]]A la misma cuestión los señores Jueces doctores Adriana C. Zaratiegui y Ariel Gallinger dijeron:[[/p]][[p]]/// Atento a la coincidencia manifestada entre los señores Jueces que nos preceden en orden de votación, NOS ABSTENEMOS de emitir opinión (art. 39 L.O.).[[/p]][[p]]Por ello, EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA RESUELVE:[[/p]][[p]]Primero: Hacer lugar a los recursos de casación interpuestos a fs. 356/359 y 360/363 de las presentes actuaciones por las señoras Defensoras Penal, Adjunta y de Menores e Incapaces doctoras Marta Gloria Ghianni, Margarita Carriqueo y Patricia Arias, y por el señor Fiscal de Cámara subrogante doctor Fabricio Brogna, respectivamente.[[/p]][[p]]Segundo: Anular la Sentencia Nº 154/14 de la Sala B de la Cámara en lo Criminal de Viedma y la audiencia correspondiente, y reenviar el expediente al Tribunal de origen para que, con distinta integración, continúe con el trámite (arts. 98, 330 y ccdtes. C.P.P.; 200 C.Prov.; 18 y 75.22 C.Nac.; 8.1 y 8.2 CADH, y 14.1, 14.2, 14.3 y 14.5 PIDCyP).[[/p]][[p]]Tercero: Registrar, notificar y oportunamente devolver los autos.[[/p]][[p]]ANTE MÍ:[[/p]][[p]]Firmantes:[[/p]][[p]]MANSILLA - BAROTTO - PICCININI - ZARATIEGUI (en abstención) - GALLINGER (subrogante en abstención) ARIZCUREN Secretario STJ.[[/p]]