marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Indemnización por incapacidad, accidente in itinere, recurso de inconstitucionalidad, doctrina de la arbitrariedad
Materia: LABORAL
Carátula: Ruiz, Julia c/ Asociart ART. S.A. s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-10-02

Resulta inconstitucional el art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo 24.557, vigente a la fecha en que ocurrió el accidente (29 de marzo de 2011) en tanto, la incapacidad definitiva de la actora fue dictaminada por la comisión médica el 20 de agosto del 2012, recibiendo en concepto de salario correspondiente a ese mes, una suma sensiblemente superior a la que correspondería si se toma el promedio de los sueldos percibidos 1 año antes del accidente. Tal conclusión se impone en autos, en el contexto económico actual, lo que lleva a valorar la diferencia que resulta de calcular la indemnización con el IBM denunciado por la actora en lugar del considerado en la sentencia de grado. De esa manera, se resguarda el derecho constitucional del trabajador, cuya especial protección emana del art. 14 bis de la Constitución Nacional.

En consecuencia, la determinación del monto del ingreso base a computar para el cálculo de la indemnización, debe quedar establecido en el salario percibido por la actora al momento en que su minusvalía adquirió carácter definitivo, esto es, el 29 de agosto de 2012.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia suficientemente fundada, voto en disidencia, cuestión no constitucional, cuestión de derecho común, jurisprudencia aplicable
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BOGGIO, CLEMENTE JORGE c/ DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD (DPV) s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-06-03

Aun de considerarse superado el primer valladar señalado por la Sala mediante las alegaciones invocadas por el recurrente respecto a la arbitrariedad sorpresiva, el mismo no logra neutralizar el segundo fundamento referido a la ausencia de cuestión constitucional por cuanto, no obstante el esfuerzo del compareciente en su presentación directa, en la que insiste al sostener la arbitrariedad del decisorio recurrido señalando diversas hipótesis de arbitrariedad -tales como no ser derivación razonada del derecho vigente y autocontradicción-, los fundamentos que esgrime en su sustento revelan tan solo su disconformidad sobre cuestiones de derecho común propias de los jueces de la causa y ajenas, por ende, al recurso deducido sin lograr desvirtuar desde el punto de vista constitucional la motivación expuesta por el Tribunal a quo para denegar la concesión del recurso, en la que advierte además al recurrente que el criterio esbozado por el Tribunal para cuantificar la indemnización sistémica e intereses adeudados fue adoptada conforme las pautas trazadas por la Corte Nacional in re "Espósito", y Corte local in re "Britos", "Ojeda" y "Olivera" sobre intereses y capitalización, la que sella la suerte adversa del recurso deducido. (De la disidencia de los Dres. Spuler y Gutiérrez) - CITAS: CSJN: Espósito, Fallos 339:781; CSJStaFe: Britos, AyS T 275, p 346; Ojeda, AyS T 280, p 313 y Olivera, AyS T 278, p 295.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Voloschini, Abraham y otro c/ Trovatelli, Martin O. y otro s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-08-22

Para abrir la instancia de casación en lo que atañe a la revisión de cuestiones de hecho, como lo son interpretar las relaciones que ligan a las partes, no basta anteponer el criterio personal del interesado sobre el de los juzgadores respecto de la ponderación de las circunstancias fácticas y de la prueba, sin acreditar el desvío de razonamiento intolerable que configura el vicio invalidante.
Sentencia, costas, costas al vencido
Materia: PROCESAL
Carátula: Fernandez Cespedes, Antonia s/ Liquidación de sociedad conyugal
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2004-12-16

Al resolverse la cuestión con argumentos propios del Tribunal, se considera de equidad establecer que las mismas corran por el orden causado en ambas instancias en aplicación de la facultad otorgada por la segunda parte del art. 67 del Código Procesal.
Defensa del consumidor, compraventa inmobiliaria, deber de información, información al consumidor
Materia: CIVIL
Carátula: DELLïORO & VIO BRETON PROPIEDADES c/ SECRETARIA DE COMERCIO E INVERSIONES -DISP.DNCI. 136/96".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-10-07

La inmobiliaria denunciada no cumple con los deberes que le impone la ley 24.240, cuando no brinda desde un principio información completa acerca de la real situación dominial del inmueble que ofrece en venta.(La falta de la información pertinente impidió que los compradores pudieran conocer y asumir todas las características y consecuencias de la operación que se iba a concretar.)
Nulidad del acto jurídico
Materia: LABORAL
Carátula: Lapalma, Alejandrina Silvana c/ Frigorífico Entre Ríos S.A. y/u otra s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-10-22

No corresponde declarar la nulidad del fallo de Primera Instancia por cuanto el mismo no resuelve las excepciones opuestas como defensas por las accionadas, en tanto que, según lo dispuesto por el artículo 270 del Código Procesal Civil y Comercial al que remite expresamente el artículo 133 del Código Procesal Laboral, el Tribunal de Alzada está facultado para decidir sobre las cuestiones planteadas en la Primera Instancia y omitidas en la sentencia, siempre que se solicite su pronunciamiento en esta instancia.No es óbice para que la Sala se avoque al tratamiento de tales cuestiones que el planteo lo formule la actora, porque no media riesgo de que el Tribunal viole la prohibición de reformar la sentencia en perjuicio del apelante, "reformatio in pejus", ya que el fallo de Primera Instancia ha rechazado la totalidad de sus reclamos, por lo que la sentencia no podrá resultar más gravosa para el actor y, a su vez, la demandada al contestar agravios, interpreta como receptadas sus defensas por el sentenciante y no manifiesta conformidad con un eventual rechazo de las mismas. En consecuencia, la omisión del fallo de Primera Instancia, debe ser subsanada en esta instancia, en tanto la competencia del tribunal ha sido habilitada por la conducta de las partes en el trámite del recurso y se trata de una cuestión planteada en el proceso.
Dolo, homicidio, coautoría
Materia: PENAL
Carátula: Zhang, Chun Hu y Otros s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-08-13

Descartada la hipótesis defensista, el cuadro que se presenta permite afirmar con certeza que la muerte de las víctimas fue causada dolosamente, en el sentido que los coautores conocían y querían el resultado muerte. En ese orden, recuérdese que los cuerpos fueron hallados en una fosa tapada con cemento en el mismo lugar donde acontecieron los hechos. Allí habían enterrado también los elementos utilizados para dar muerte a las víctimas, que ostentaban un claro poder letal, junto con guantes de latex y otros objetos empleados. Semejante escenario no deja lugar a dudas en cuanto a la calificación adoptada en la especie. (Dres. Slokar, Ledesma y David).
Obras sociales, obligaciones de la obra social, planes de cobertura médica, Programa Médico Obligatorio, gastos médicos, derecho a la salud
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: GIOVAGNETTI, Jorge Juan c/ Obra  Social  Unión  Personal - Ministerio de Salud y S.N.R. s/ Amparo - Med. Cautelar
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-04-13

La Obra Social demandada, y en forma subsidiaria, el Ministerio de Salud de la Nación y el Servicio Nacional de Rehabilitación de las Personas con Discapacidad, deben proveer el tratamiento selectivo con radiocirugía de columna lumbar y cobertura médica y farmacológica al amparista, pues debe darse prevalencia a la opinión del médico tratante por sobre la obra social, y como el derecho a la vida es el primer derecho de la persona humana que resulta reconocido y garantizado por la Constitución Nacional, no puede limitarse la tutela judicial efectiva al Plan Médico Obligatorio.
Compraventa inmobiliaria, boleto de compraventa, cesión de boleto
Materia: CIVIL
Carátula: ARESO AITOR, PEDRO Y OTROS c/ PAMPA Y CONESA  S.R.L. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-15

El vendedor no puede intentar bajo el postulado de que nadie puede transmitir derechos más extensos que los que gozaba el cedente (conf. art. 3270 del Cód. Civ.), cercenar la expresa exigibilidad que el boleto reconoce para la escrituración -sujeta al único requisito de la designación del escribano- mediante una novedosa modificación del contrato que las partes concertaron con posterioridad a la realización de la cesión, e incluso luego de que la misma fuera notificada al deudor cedido. Al haber quedado perfeccionada la cesión respecto de terceros, desde el momento de esa notificación al deudor cedido, no es factible que el antiguo acreedor (cedente) pacte nuevas condiciones que supediten la exigibilidad o la propia existencia de una acreencia que ya no se encuentra en su patrimonio.

La convención celebrada entre el cedente y el deudor cedido con posterioridad a que el traspaso del derecho se viera perfeccionado, no puede conformar una limitación oponible a los cesionarios, quienes a la época de aquél contrato ya eran los derechos transmitidos.
Recurso directo, contestación de la demanda, aplicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: Máxima AFJP c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Recurso judicial de Apelación Recurso judicial de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-09

Teniendo en cuenta los términos de los fundamentos del recurso directo propuesto a conocimiento del Tribunal, los de su contestación por la recurrida y las respectivas posturas sostenidas por las partes en el procedimiento administrativo previo, a fin de brindar al debate una amplitud compatible con la adecuada preservación del derecho de defensa (arts. 18 CN y 11 CCABA) y acorde a las circunstancias del caso, cabe conferir traslado a la recurrente por el plazo de cinco días de la contestación del recurso, en los términos del artículo 281 segundo párrafo del Código Contencioso Administrativo y Tributario, de aplicación analógica (art. 27, inc. 5 c, CCAyT), pues allí se han alegado ciertos hechos conexos que exceden en parte los términos del debate sustanciado en sede administrativa que condujo al dictado de la resolución apelada. Del Voto de los Dres. Inés M. Weinberg de Roca y Carlos F. Balbín.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, jueces, iura novit curia
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Rossi Sarubbi, Maximiliano José c/ Cielos del Sur S.A. y otros s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-16

La Corte Suprema tiene la facultad de discurrir los conflictos litigiosos y dirimirlos según el derecho vigente, calificando autonómicamente la realidad fáctica, subsumiéndola en las normas jurídicas que las rigen, con prescindencia de los fundamentos que enuncien las partes (Disidencia de los Dres.

Eduardo Moliné O'Connor, Guillermo A. F. López y Adolfo Roberto Vázquez).
Admisibilidad del recurso, compulsa del expediente
Materia: PENAL
Carátula: Ramírez Monja, Domingo G. s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-11-13

Las genéricas referencias a la imposibilidad de compulsar un expediente que tramita en otro fuero y de acceder a una audiencia de debate en una causa que no es propia, no alcanzan las exigencias de admisibilidad del recurso de casación, pues no encuentran vínculo inmediato con algunas de las cuestiones constitucionales que justifican la intervención de la C.N.C.P. en el marco de la jurisdicción delegada por la C.S. en el sentido de erigirse en concretos motivos de agravio en los que aparezca comprometida una cuestión federal cuya reparación sea de imposible o tardía reparación ulterior. (Dres. Diez Ojeda, González Palazzo y Hornos).
Prueba testimonial, idoneidad del testigo
Materia: PENAL
Carátula: Bustos, Orlando Enrique s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-12-28

La condición de víctimas de los testigos no basta por sí sola para que adolezcan de inhabilidad.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), depósito previo, leyes, interpretación restrictiva, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia, sanciones administrativas, pena, Municipalidad, tribunal de faltas, multa
Materia: PROCESAL
Carátula: Lezcano, Horacio s/ Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad- Apelación   - Revocatoria (Expte. CSJ N.  429-2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-12-03

No cabe hacer lugar a la revocatoria planteada por el recurrente contra la providencia que le intima el pago del importe previsto en el art. 8vo. de la ley 7.055 por entender que "el presente trámite refiere a una sanción, represión o con mayor precisión, a una pena...por lo que es y será un trámite penal", puesto que la Corte local ya remarcó la calificación de la función del Tribunal de Superintendencia del Notariado y, por ende, las diferencias existentes entre sus sanciones y las contempladas por el Derecho Penal. En el caso- sanción de multa aplicada por un Tribunal de Faltas Municipal-, si bien la norma del artículo 99 de la ley 10.160, permite superar el escollo de la falta de control judicial suficiente en nada cambia la calificación de la materia traída a control.
Procedimiento laboral, excepción de incompetencia, oportunidad procesal
Materia: LABORAL
Carátula: CASTRO,  GUSTAVO  LUIS c/ PREVENCION A.R.T. S.A. Y OTRO s/ JUICIOSUMARISIMO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-06

Las declinatorias sólo pueden efectuarse en dos oportunidades: de oficio, en los términos del art. 4 del C.P.C.C.N. y 67 de la ley 18.345, o ante la iniciativa de la parte interesada, plasmada en una excepción opuesta en término, pero nunca en otras oportunidades ulteriores, salvo que se configure la hipótesis del art. 352 del código citado en primer término, relativo a la jurisdicción federal, supuesto en el cual los órganos allí mencionados son los únicos habilitados para declarar la incompetencia en cualquier estado del proceso. (En el caso, la declaración de incompetencia por el juez a quo tuvo lugar luego de trabada la litis con ambas codemandadas). (Del dictamen del Fiscal General, al que adhiere la Sala).
Acción de amparo, actos u omisiones de autoridades públicas, universidades, docentes
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: Binstok, Juan c/ Facultad  de  Ciencias  Bioquímicas  y Farmacéuticas  de la  U.N.R. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-11-10

El examen en torno al mérito de la resolución de renovar los servicios de un docente interino de una universidad, resulta ajeno al marco de una acción de amparo.
Sentencia, fundamentación de sentencias, daños y perjuicios, pérdida de la chance, salario mínimo, vital y móvil, lucro cesante, daño moral, muerte de un hijo
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: FITZ, MAURICE LUCIO c/ JOSEFINA PUEYRREDON DE LANUS Y OTRA s/ DEMANDA RECURSO DIRECTO HOY REVISION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1998-04-21

La estimación del daño moral está sujeta al arbitrio del juez, tal que no resulta posible fundarla en términos que se ajusten de un modo preciso al principio de razón suficiente, esto es dando las razones por las cuales la condena debió ser necesariamente esa y no otra. Pero, pese a ello, cuando el monto asignado al daño moral se aparta notoriamente en más o en menos de los límites, sin duda amplios, que la experiencia judicial tiene asignados para el caso (lesiones morales por muerte de un hijo), la conclusión así adoptada requiere una fundamentación específica que explique los motivos por los que resulta justo ese apartamiento de los parámetros que habitualmente se aplican para situaciones similares, lo contrario implicaría la utilización de un argumento que es sólo aparente, violando el precepto constitucional contenido en el art. 155, C. Prov. y su correlato en la ley formal, art. 147 del C.P.C..
Ley provincial, derechos de las niñas, niños y adolescentes
Materia: PROCESAL
Carátula: L., C. c/ A., F. s/ INCIDENTE s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-06-27

Tampoco, puede dejar de mencionarse en este examen la Ley Provincial Nro. 4109 - recientemente sancionada y promulgada - de protección integral de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes de la Provincia de Río Negro.

Así, tal normativa considera: que en aplicación del interés superior de la niña, el niño o el adolescente, cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de éstos frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros (art. 10); que tienen derecho a ser criados y cuidados por sus padres y a permanecer en su grupo familiar o de crianza y en su comunidad de pertenencia, en una convivencia sustentada en vínculos y relaciones afectivas y comunitarias (art. 27); que el Estado Rionegrino promueve las acciones destinadas a la protección de los mismos y entre los ejes que sustentan las políticas de protección se encuentra el carácter interdisciplinario e intersectorial en la elaboración, desarrollo, monitoreo articulación y evaluación de los programas específicos de las distintas áreas de salud, educación, vivienda, etc. (art. 35); los derechos y garantías procesales (art. 62), y que en todo el proceso serán partes obligadas el Ministerio Público Fiscal y la defensa, los que serán oídos previamente a la resolución fundada del tribunal (art. 65); y que en caso de conflicto entre cualquiera de las normas aplicables a niñas, n iños y adolescentes, será de aplicación la que más favorezca a los derechos de éstos (art. 72).
Acción de amparo, inexistencia de otras vías, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ballesteros, José s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-04

La acción de amparo constituye un remedio de excepción, cuya utilización está reservada para aquellos casos en que la carencia de otras vías legales aptas para resolverlos, pueda afectar derechos constitucionales.
Rechazo de la demanda, incidentes, sentencia firme, concursos, daños y perjuicios
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Incidente de pago voluntario realizado en el expte. B-96187/02 a favor de la Srta. M. J. L. c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2017-10-25

Cabe rechazar el incidente de pago voluntario -del crédito pre concursal otorgado a favor de la parte actora- planteado por la concursada, dado que ésta no puede defender la finalización del concurso, e incluso en consecuencia solicitar el levantamiento de su inhibición, para después incoar un incidente innominado y novedoso con el objeto de revivir la fenecida tramitación concursal, resulta inaceptable y por tanto no puede contar con la acogida favorable.
Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-07-12


SENTENCIA INTERLOCUTORIA N° 49.257 CAUSA N°38.063 / 2008 SALA IV "SAIEGH EDUARDO JORGE C/ TEXTIL PABRA S.R.L. S/ DESPIDO" JUZGADO N° 76.

Buenos Aires, 12 DE JULIO DE 2012 Y Visto:

La apelación deducida por el actor a fs. 309/310 contra la resolución de fs. 308 que desestimó su solicitud de levantamiento de embargo.

Y Considerando:

Que sin perjuicio de señalar que el recurso no satisface los requisitos del art. 116 de la L.O. en orden a la "crítica concreta y razonada" de la decisión, el Tribunal comparte el criterio del Sr. Juez a quo.

Que, en efecto, el beneficio establecido por el art. 20 de la LCT, según el cual la vivienda del trabajador no podrá ser afectada al pago de las costas, sólo opera a favor del "trabajador", de manera que ni no se prueba la relación laboral subordinada y la sentencia es desfavorable en tal sentido, resulta inaplicable ese beneficio (CNAT, Sala II, 30/3/90, "Pogonza, Roberto c/ Vara, Juan R. s/ accidente"; íd., Sala VI, 9/5/05, S.I. 28.004, "Álvarez, Rosa Emilia c/ Rodríguez, Pedro y otros s/ despido").

Que por los motivos expuestos a fs. 308 resulta razonable imponer distribuir las costas de la alzada en la misma forma que las de la instancia anterior.

Por ello, el Tribunal RESUELVE: Confirmar la resolución apelada, con costas en la alzada en el orden causado.

Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase. SILVIA E. PINTO VARELA	HÉCTOR C. GUISADO	Juez de Cámara	Juez de Cámara ANTE MI:

SILVIA SUSANA SANTOS	Secretaria
Prueba pericial, dictámenes, facultades discrecionales del juez
Materia: CIVIL
Carátula: AZAR LUIS ALBERTO c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SGO. DEL ESTERO s/ INDEMNIZACION POR DESPOJO ARBITRARIO DE INMUEBLE, ETC.-RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD Y CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-05-29

Si bien es cierto -en principio-, que el dictamen pericial no es estrictamente obligatorio para los jueces en la ponderación de la prueba, ni excluye las demás probanzas que los interesados puedan producir para acreditar el valor real de los bienes expropiados, también es cierto que para prescindir o apartarse de las conclusiones a que arriban los expertos, se requiere, cuanto menos, otros elementos o razones igualmente convincentes que justifiquen el apartamiento de las categóricas y decisivas conclusiones a las que llegaron los peritos.
Honorarios del abogado, actualización monetaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: González Fajore, Jorge c/ Page de Fernández, Aurora s/ Cumplimiento de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-06-06

El decreto ley 8904/77 establece en su art. 24 una pauta rígida para determinar la depreciación monetaria a los efectos de la aplicación de dicho cuerpo legal. Tal pauta está dada por la variación de los índices de precios al consumidor que suministra el INDEC.-
Derechos y garantías constitucionales, reglamentación de la ley, Derechos humanos, derecho a la vida
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: I, M. s/ Recurso de inconstitucionalidad. Aborto provocado (EXPTE CSJ Nº   1105-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-08-12

El derecho a la vida ocupa un lugar central y fundante en la sistemática de los derechos humanos, pues -en definitiva-, sin el reconocimiento del derecho a la inviolabilidad de la vida, los otros derechos quedan frágiles o en expectativa. La doctrina de la Corte Nacional ha ratificado reiteradamente que el hombre posee derechos inherentes o preexistentes al derecho positivo, derechos que deben ser hechos valer en forma obligatoria por los jueces en los casos concretos, sin importar que se encuentren incorporados o no a la legislación; y resulta obvio que sin admitir el "suyo de cada uno" a que se le respete la vida, cualquier otro derecho corre el riesgo de quedar sin sujeto.