Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-05-08


En la ciudad de Trelew, a los 08 días de mayo del año dos mil siete, se reúne la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de esta ciudad, bajo la Presidencia del Dr. Sergio Rubén Lucero y presencia de los Sres. Jueces del Cuerpo Dres. Raúl Adrián Vergara y Edgar María de la Fuente, para celebrar Acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados:

"L., P. J. c/ F., F. M. y otro s/ dif. de hab. e indem. de ley" (Expte. N° 22.114 - año 2007) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en el orden resultante del sorteo practicado a fs. 161.- A LA PRIMERA CUESTION, el Dr. Lucero dijo:

Vienen estos actuados a conocimiento de la alzada con motivo del recurso de apelación interpuesto por la parte actora (fs. 155), en contra del pronunciamiento definitivo dictado en autos (fs. 149/151), por el cual se rechaza la demanda planteada por el Sr. P. J. L. en contra de los Sres. F. M. F. y M. V., con costas a su cargo.

El informe previsto por el art. 62 de la Ley 69, luce agregado a fs. 157 y vta..- Corrido traslado del mismo a la contraria (fs. 158), el mismo no fue evacuado.- I.- Expresa que se agravia de que la sentencia hubiera desestimado la demanda fundada en el acta de inspección consigna que el responsable del fondo de comercio "E. E." es el Sr. L. y en la falta de contemporaneidad entre el incumplimiento laboral y el despido indirecto en el que se colocara.

Asevera que de las constancias del expediente municipal de habilitación comercial del mencionado fondo de comercio que obra incorporado en autos, surge en forma clara e irrefutable que los titulares de dicho fondo fueron los Sres. V. y F. y luego el Sr. L..

Agrega que también surge de dicha instrumental que su parte laboró en dicho fondo de comercio en el período referenciado en la demanda y que los propios demandados reconocen la titularidad del mismo al responder a la demanda.

Indica que el tribunal debió hacer aplicación de las normas contenidas en los arts. 225 y 228 de la L.C.T. y de la ley 11.867 de transferencia de fondos de comercio, para responsabilizar a los demandados por los incumplimientos laborales referentes a la relación de dependencia que mantuviera en el comercio "E. E." y luego "E. P.".- II.- En los límites provistos por los agravios antes reseñados, diré en primer lugar que no corresponde ingresar al análisis de aquellas cuestiones que no fueron materia de planteo por las partes al trabarse la litis ni, por ende, al no constituir el contenido del "thema decidendum" no pudieron ser conocidas ni decididas por el juzgador del anterior grado.

Es que de hacerlo se incurriría en la afectación del principio procesal de congruencia que ha de resguardarse en todo pronunciamiento jurisdiccional (Conf. Arts. 34, inc. 4to., 163, inc. 6to.; 271 y 277 del C.P.C.C.).

La regla general que consagra la norma contenida específicamente en el art. 277 del Código del rito, es coherente con la naturaleza jurídica de la apelación, que no configura un nuevo juicio en el que sea admisible la deducción de pretensiones o de oposiciones ajenas a las que fueron objeto de debate en la instancia precedente.

Y en tal sentido cabe resaltar que la segunda instancia es sólo un medio de revisión del pronunciamiento emitido en el anterior grado y no una renovación plena del debate, por lo que quedan fuera de la decisión del tribunal de alzada los temas extraños a los escritos de constitución del proceso, aunque se los introdujeran bajo la apariencia de meros argumentos de derecho (Conf. Alsina, Hugo, en "Tratado Teórico Practido de Derecho Procesal Civil y Comercial", Ed.

Ediar, ed. año 1961, T. IV, págs. 415 y sgtes.; id. Loutayf Ranea, Roberto, en "El recurso ordinario de apelación en el proceso civil", Ed. Astrea, ed. año 1989, T. 1, págs.167 y sgtes., & 61).- Habida cuenta de lo cual, todas las alegaciones vinculadas a la aplicación al supuesto de autos de las normas contenidas en los arts. 225 y 228 de la Ley de Contrato de Trabajo, devienen en inaudibles en esta instancia en tanto no fueron materia sobre la cual hubo ni pudo expedirse el juzgador del anterior grado.

Parece ser evidente de la instrumental citada por el Sr. Juez a quo y que luce agregada a fs. 30, consistente en el acta titulada "Acta de Habilitación Comercial" en copia fotostática simple certificada por el municipio de Trelew, que al 16 de noviembre de 2002, el actor pudo conocer sobre quien recaía la titularidad del comercio denominado "E. E." -antes- y al momento de la inspección realizada según consta en dicha instrumental "E. P.".

Es más, en dicho acto de inspección el firmante suscriptor como responsable es el propio actor en autos quien denunció como "propietario del comercio" al Sr. M. L. (vide: fs. 30) (Conf. Art. 386 del C.P.C.C., de aplic. por vía del art. 45 de la Ley 69).

Nótese que según relato de demanda el Sr. L. habría acordado con los aquí demandados "dejar en suspenso la relación laboral", lo cual según sus dichos habría acontecido en enero de 2005, cuando a esa fecha es incontrastable de la prueba instrumental aportada a requerimiento de los demandados, que éstos ya no eran titulares de comercio alguno desde hace años sino que se habían transformado en dependientes del Sr. M. A. L. (ver recibos de haberes obrante a fs. 7/8 y fs 11/12), lo cual coincide con los datos que emana de la autorización para ocupar el salón comercial a favor del Sr. F., por un plazo que venció en el año 2001, habilitación comercial a nombre del Sr. L. con fecha de alta el 16/11/2002 (fs. 9/10 y 14 respectivamente). E, igual acontece respecto del codemandado V., según recibos de haberes reservados en caja de seguridad y que tengo a la vista (ver: fs. 17/37).

Esto es, resulta evidente para mí que la demanda fue dirigida en contra de las personas equivocadas en tanto no resultan legitimadas pasivas según la relación jurídica sustancial que se invoca en sustento de lo pretendido.- De allí que, en mi opinión, no existiendo dato alguno aportado a la presente causa que permita sustentar el pretenso agravio formulado en contra del fallo desestimatorio de la demanda ni concretando una razonada crítica que provea de material de análisis a este tribunal revisor, allende del ya efectuado en relación a los elementos de prueba cuya valoración se efectuara precedentemente, corresponde concluir en que procede desestimar sin más el agravio vertido, confirmándose el fallo apelado en todo lo que fuera materia de agravios, con costas de segunda instancia a cargo del actor vencido en ella (Conf. Arts. 59 de la Ley 69 y 279 del C.P.C.C.).Los honorarios del Dr. J. G. V., letrado apoderado del actor, por sus tareas de Alzada, apreciándolas por su extensión, mérito y eficacia, estimo adecuado regularlos en la suma de $ 735, con más el I.V.A. pertinente (Arts. 6 y 14 de la Ley 2.200; leyes 23.349 y 23.871).

Finalizo el tratamiento de la presente cuestión pronunciándome en ella por la AFIRMATIVA.- A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. de la Fuente dijo:

I.- Llegan a esta instancia las presentes actuaciones como consecuencia del recurso de apelación que a fs. 155 dedujera la parte actora, concedido que fuera a fs. 156, contra la sentencia del anterior grado obrante a fs. 149/151, por la cual se rechaza la demanda promovida por el Sr. P. J. L. contra los Sres. F. M. F. y M. V., con costas al demandante.

Los informes que prevé el artículo 62 de la Ley 69 se hallan agregados a fs. 157/157 vta., y corrido el traslado pertinente a fs. 158, el mismo no es respondido por la contraria.- A fs. 160 pasan los autos a despacho a fin de dictar sentencia.- II.- La relación de los agravios vertidos por el quejoso ya ha sido adecuada y suficientemente desarrollada por el Sr. Vocal que me precediera en el orden de votación, motivo por el cual, y en homenaje a los principios de economía procesal, omitiré su reiteración.- En tal entendimiento, y del análisis de los antecedentes habidos a lo largo del proceso, por una parte resulta cierto que el apelante trae a esta Alzada cuestiones que no fueron formuladas en la etapa procesal oportuna, como las que expone al pretender que el juzgador debió haber hecho aplicación de los alcances de las pautas contenidas en los artículos 225 y 228 de la Ley 20.744, tema que no fue motivo de debate durante la sustanciación de la causa, y por ende no estuvo a la mano del Sr. Juez a-quo para resolver sobre el mismo.

En consecuencia, y por imperio de las disposiciones contempladas en el artículo 277 del CPCC, vedada se halla para este Tribunal de revisión la posibilidad de ingresar al tratamiento de pretensiones que no fueran motivo de controversia y decisión en la instancia anterior.- Así, en razón de que el ámbito de conocimiento de la Alzada se encuentra limitado por el contenido de las cuestiones propuestas a decisión del juez de primera instancia, es inadmisible la deducción de pretensiones u oposiciones ajenas a las que fueron objeto del debate en la instancia originaria (conf., De Santo, V., "Tratado de los Recursos", Ed. Universidad, año 1999, T.I, p. 392; idem; LL, t. 1996-E, p. 653).

Pero por otro lado, y como acertadamente se ha señalado en el voto del Sr. Magistrado ya sufragante, al examinar la documental arrimada, se comprueba que tanto los codemandados F. como V., iniciaron su relación de dependencia con el Sr. M. A. L., titular del establecimiento en que laboraba el actor, en el año 2003, y conforme se desprende de fs. 11/14 y fs. 17/37, que se halla en sobre reservado y tengo a la vista al sentenciar (v. recibos de haberes y Habilitación Comercial).

Es decir con holgada anticipación a la fecha del distracto, y aún al supuesto acuerdo a que habría arribado con los demandado para dejar en suspenso la relación laboral.

Se concluye, pues, sin mayor esfuerzo, que las personas demandadas en autos no eran los legitimados pasivos destinatarios del reclamo indemnizatorio pretendido por el actor, por no existir aportados a la causa elementos probatorios suficientes y necesarios que admitan tal viabilidad, como muy bien se lo ha puntualizado en los Considerandos del fallo en crisis, argumentos que no han logrado ser desarticulados por el escrito impugnatorio aquí bajo examen; y en virtud de lo cual corresponde, por lo tanto, desestimar los agravios vertidos por el recurrente.

En razón de los fundamentos explicitados, propicio al Acuerdo la confirmación del pronunciamiento venido en apelación en todo cuanto fuera materia de agravios, imponiendo las costas de Alzada al actor perdidoso, conforme los parámetros establecidos por los artículos 59 de la Ley 69 y 279 del CPCC.

Por ello, y en mérito a la calidad, eficacia y extensión de las tareas desplegadas en esta segunda instancia, y de acuerdo a las previsiones de los artículos 6 y 14 de la Ley 2.200, se han de regular los honorarios del Dr. J. G. V., apoderado del actor, en la suma de $ 735,00 a los que se añadirá el IVA correspondiente.

Concluyo mi intervención y a esta primera cuestión voto POR LA AFIRMATIVA.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Lucero dijo:

El pronunciamiento que corresponde dictar es el siguiente, a saber: 1) CONFIRMAR el fallo apelado en todo lo que fuera materia de agravios.

2) IMPONER las costas de segunda instancia a la parte actora vencida en ella. 3) REGULAR los honorarios del Dr. J. G. V., por sus tareas de alzada, en la suma de $ 735, con más el I.V.A. pertinente.

ASI LO VOTO.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. de la Fuente expresó:- El fallo que corresponde dictar es el propiciado por el Dr. Lucero, en virtud de consistir en el acuerdo alcanzado por el Cuerpo en todas las cuestiones traídas a su decisión.- ASÍ LO VOTO.

Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal por haberse logrado la mayoría (art. 9 de la ley 1130, textos de la ley 4550), pasándose a dictar:- S E N T E N C I A:

Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Trelew; RESUELVE:- CONFIRMAR el fallo apelado en todo lo que fuera materia de agravios.

IMPONER las costas de segunda instancia a la parte actora vencida en ella.

REGULAR los honorarios del Dr. J. G. V., por sus tareas de alzada, en la suma de $ 735, con más el I.V.A. pertinente.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo: SERGIO RUBEN LUCERO - EDGAR MARIA DE LA FUENTE REGISTRADA BAJO EL Nº 26 DE 2007 - SDL.- CONSTE.-