Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2011-05-03


Reg.: A y S t 240 p 71-75.

En la ciudad de Santa Fe, a los tres días del mes de mayo del año dos mil once se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Daniel Aníbal Erbetta, María Angélica Gastaldi y Eduardo Guillermo Spuler con la Presidencia del titular doctor Rafael Francisco Gutiérrez a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados "FRANCO, Fabio Ramón contra Ministerio de Educación y Cultura de la Provincia de Santa Fe y otro -Indemnización de Daños y Perjucios- sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. nro. 367, año 2010). Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto?; SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente?; y TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?. Asimismo,se emitieron los votos en el orden que realizaron el estudio de la causa, o sea, doctores Spuler, Gutiérrez, Gastaldi y Erbetta.

A la primera cuestión -¿es admisible el recurso interpuesto?- el señor Ministro doctor Spuler dijo:

Mediante resolución registrada en A. y S. T. 235 p. 74/76, esta Corte admitió la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la demandada contra el pronunciamiento de fecha 20.02.2009 dictado por la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de esta ciudad, al no advertir obstáculos de índole formal que obsten a la admisibilidad de la presente impugnación y considerar que la postulación de la Provincia de Santa Fe contaba -prima facie- con suficiente asidero en las constancias de la causa e importaba articular con seriedad planteos que podían configurar hipótesis de violación del derecho a la jurisdicción, con idoneidad suficiente como para lograr la apertura de esta instancia extraordinaria. El nuevo examen de admisibilidad que impone el artículo 11 de la ley 7055, efectuado con los autos principales a la vista, me conduce a ratificar la conclusión arribada por el Cuerpo en aquélla oportunidad, de conformidad a lo dictaminado por el señor Procurador General (fs. 154/156 vto.).

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, el señor Presidente doctor Gutiérrez, la señora Ministra doctora Gastaldi y el señor Ministro doctor Erbetta expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro doctor Spuler y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión -en su caso, ¿es procedente?- el señor Ministro doctor Spuler dijo:

1. Surge de las constancias de autos que Fabio Ramón Franco inició demanda por indemnización de daños y perjuicios contra el Ministerio de Educación y Cultura de la Provincia de Santa Fe y contra la Escuela de Educación Técnica 277 "Fray Francisco Casatañeda" de la ciudad de San Justo y/o contra quien resulte jurídicamente responsable del accidente que sufriera el día 8 de abril de 1996 en el ámbito escolar -sección talleres-, en horario de actividad escolar y siendo alumno regular del establecimiento, del que resultara lesionado con perforación de cornea con secuelas incapacitantes irreversibles. Manifestó que la responsabilidad por el hecho dañoso recae en el propietario y/o responsable del establecimiento educativo por el hecho u omisión de sus dependientes y en su carácter de guardadores responsables, por falta de cuidado, de seguridad, de vigilancia y control de las herramientas puestas a disposición de los alumnos, y también por su responsabilidad objetiva.

Comparecida a juicio la Provincia de Santa Fe opone a f. 27 excepción de incompetencia como artículo de previo y especial pronunciamiento con fundamento en lo normado en el artículo 69 de la ley 10.160, por entender que en el caso se debate un supuesto de responsabilidad extracontractual del Estado.

El Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la 4ta. Nominación de esta ciudad resolvió, en fecha 16 de mayo de 2008, rechazar la excepción de incompetencia planteada, lo que motivó que la demandada interpusiera recurso de apelación.

El día 20 de febrero de 2009 la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial resolvió rechazar el recurso de apelación, confirmando la sentencia atacada, con costas. Luego de analizar el caso con cita del artículo 1117 del Código Civil (modificado por la ley 24.830), doctrina y jurisprudencia que entendió aplicable al sub judice, afirmó que resultaba claro que "...tratándose de los daños padecidos por un alumno del establecimiento, con origen en la invocada omisión del deber de seguridad por parte del plantel docente dependiente del Estado local y siendo que tal situación se presenta enmarcada en un contrato de enseñanza, el reclamo deba analizarse siguiendo las normas que rigen la responsabilidad contractual, por lo cual, tal como sostuvo el a quo en la resolución venida en revisión, es competente para entender en la presente causa, la Justicia Civil y Comercial" (fs. 90/ 92 vto.).

2. Contra tal pronunciamiento interpone la Provincia de Santa Fe recurso de inconstitucionalidad con fundamento en el supuesto previsto en el artículo 1ro., inciso 3ro., de la ley 7055, invocando arbitrariedad normativa por violación a la ley y al deber de seguridad en la administración de justicia, al fallar en contradicción con lo resuelto por otra Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de la Provincia y apartarse de la doctrina de la Corte Nacional en cuestiones similares a la de autos.

Luego de aludir a los antecedentes del caso, al cumplimiento de los recaudos formales de admisibilidad y al artículo 1117 del Código Civil, refiere a que la vía extracontractual es la regla general aplicable en el sistema de responsabilidad legislado por nuestro Código Civil.

Asimismo cita opinión de doctrina para los supuestos de responsabilidad civil de los establecimientos estatales, como así también jurisprudencia local vinculada a esa temática.

Manifiesta que no puede concebirse que la relación que pudiera existir con los terceros beneficiarios del servicio esencial de educación y el Estado revista naturaleza contractual con las características propias del derecho común o privado, aunque una de las partes no abone por la prestación del servicio. Aclara que el actuar del Estado no se desenvuelve dentro del ámbito de la libertad contractual, sino en el marco del deber legal asumido respecto de todos los integrantes de la sociedad y no exclusivamente respecto del presunto damnificado, por tanto los presuntos daños que puedan cometerse al llevar a cabo el mencionado accionar en procura de la satisfacción del interés general se presenta como potencial causa de responsabilidad aquiliana.

Por otra parte, sostiene que la Sala incurre en arbitrariedad normativa por contradecir la postura de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el sentido de que se trata de una cuestión de naturaleza extracontractual, cuyo fundamento estriba en la obligación de prestar un servicio que asume el Estado, en el caso la educación. Apoya tal afirmación en la causa "Brescia" y "Vadell" del Máximo Tribunal nacional. También invoca el fallo de esta Corte in re "Lopez c/ H.E.C.A." del 23.04.08, en el cual, ante un reclamo por daños y perjuicios resultantes de un supuesto hecho ilícito atribuido a un ente público, este Cuerpo se expidió declarando la anulación de la sentencia impugnada atento a considerar que la responsabilidad involucrada resulta de naturaleza extracontractual.

A su criterio la Sala debió brindar los argumentos por los cuales entendía que la doctrina sentada por los Máximos Tribunales nacional y provincial debían dejarse de lado, máxime ponderándose la previsión del artículo 18 de la Constitución provincial, resultando arbitrario el decisorio y lesivo de la distribución de competencias del Poder Judicial.

Añade que si bien los sentenciantes insinúan como elemento fundante para apartarse de los precedentes citados por la Provincia que en "Brescia" se decidió sobre la responsabilidad del Estado en torno a la obligación de prestar un servicio a la salud, mientras que aquí se trata del servicio de educación, en definitiva ambos subsumen en la previsión del artículo 1112 del Código Civil, por lo que en modo alguno admiten un tratamiento diverso, tal como lo destaca en base a doctrina y jurisprudencia que especifica.

Solicita, en suma, la anulación del pronunciamiento atacado, declarándose la competencia extracontractual en la materia.

3. Habiéndose cuestionado la validez constitucional de la respuesta jurisdiccional brindada por la Sala -en tanto confirmó la competencia del fuero en lo civil y comercial para entender en los presentes-, el detenido examen de la causa permite constatar que se debaten cuestiones análogas a las que fueran materia de decisión por esta Corte in re "CORONEL, Rubén y otro contra ESCUELA nro. 799 -Daños y Perjuicios- sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (A. y S. T. 236, pág. 70), del 27.04.2010.

Por ello, cabe aquí reiterar los conceptos expuestos por la mayoría de la Corte al resolver aquella causa, en donde la Sala interviniente -al igual que en el presente- adoptó la tesis contractualista rechazando la pretensión de la Provincia de Santa Fe de someter el caso, referido a la responsabilidad del Estado por daños sufridos en establecimientos educativos públicos, al régimen de responsabilidad extracontractual.

Allí se dijo que la nueva redacción del artículo 1117 del Código Civil (ley 24830, de 1997) ha establecido un régimen único de responsabilidad objetiva de los propietarios de los establecimientos educativos, privados o estatales, por los daños causados o sufridos por sus alumnos menores cuando se hallasen bajo su control, salvo caso fortuito; ello, con la finalidad de que se reemplace la responsabilidad subjetiva del antiguo articulado que recaía en cabeza de los directores y maestros artesanos, por ser una solución más justa para todas las partes involucradas.

Pero se aclaró, que esta consagración de una responsabilidad objetiva no modifica el ámbito extracontractual de reparación al tratarse donde se produjo el daño de un establecimiento de enseñanza gratuito, cuyo titular es el Estado provincial. Ello así, pues conforme lo resuelto por esta Corte en el precedente "López, Lidia contra H.E.C.A. y otros -Daños y Perjuicios- sobre Recurso de Inconstitucionalidad" (A. y S. T. 225, pág. 126), el régimen de responsabilidad civil de los entes públicos locales en la reparación de los daños que pudieran causar en la prestación de un servicio público (en autos, de educación) es de naturaleza extracontractual conforme a la hermenéutica que cabe efectuar de las normas constitucionales (art. 18 de la Const. Prov.) e infraconstitucionales en juego y de la jurisprudencia del Alto Cuerpo nacional (Fallos:307:821 y 317:1921); pues si contrae la obligación de prestar un servicio lo debe hacer en condiciones adecuadas para cumplir con el fin para el que ha sido establecido, siendo responsable de los perjuicios que provocare su incumplimiento o su irregular ejecución, lo cual encuentra fundamento en el artículo 1112 del Código Civil.

Por lo tanto, en mérito a los fundamentos expuestos en los antecedentes citados, corresponde concluir que la sentencia impugnada no es una derivación razonada del derecho vigente, conforme las constancias de la causa, por lo que debe ser anulada como acto jurisdiccional válido.Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión el señor Presidente doctor Gutiérrez, la señora Ministra doctora Gastaldi y el señor Ministro doctor Erbetta expresaron idénticos fundamentos a los expuestos por el señor Ministro doctor Spuler y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión -en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?-el señor Ministro doctor Spuler dijo:

Atento al resultado obtenido al tratar la cuestión anterior, corresponde declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular el decisorio impugnado, con costas al vencido (art. 12, ley 7055). Disponer la remisión de los autos al Tribunal que corresponda a fin de que dicte nuevo pronunciamiento.

Así voto.

A la misma cuestión, el señor Presidente doctor Gutiérrez y la señora Ministra doctora Gastaldi y el señor Ministro doctor Erbetta dijeron que la resolución que se debía adoptar era la propuesta por el señor Ministro doctor Spuler y así votaron.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular el decisorio impugnado, con costas al vencido. Disponer la remisión de los autos al Tribunal que corresponda a fin de que dicte nuevo pronunciamiento.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto firmando el señor Presidente y los señores Ministros por ante mi, doy fe.

Fdo.: GUTIÉRREZ-ERBETTA-GASTALDI-SPULER- Fernández Riestra (Secretaria)