Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-09-15


MUNICIPALIDAD DE SANTA FE contra EMPRESA TELECOM ARGENTINA-STET FRANCE TELECOM S.A. Reg.: A y S t 201 p 26-31. En la ciudad de Santa Fe, a los quince días del mes de septiembre del año dos mil cuatro, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores María Angélica Gastaldi, Rafael Francisco Gutiérrez y Mario Luis Netri, con la presidencia del señor Ministro decano doctor Rodolfo Luis Vigo, a fin de dictar sentencia en los autos "MUNICIPALIDAD DE SANTA FE contra EMPRESA TELECOM ARGENTINA- STET FRANCE TELECOM S.A. -Apremio- sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. Nro. 719, Año 2000).

Se resolvió someter a decisión las cuestiones siguientes: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto?, SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente? y TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar? Asimismo se emitieron los votos en el orden que realizaron el estudio de la causa, o sea doctores Vigo, Gutiérrez, Netri y Gastaldi. A la primera cuestión -¿es admisible el recurso interpuesto?- el señor Ministro decano doctor Vigo dijo: 1. En la presente causa la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe promovió juicio de apremio contra Telecom Argentina Stet-France Telecom S.A., pretendiendo el cobro de la suma de $ 1.388.730,36 con más sus accesorios, en concepto de derecho de ocupación de dominio público (artículos 106 y 89 del Código Fiscal Municipal y de la Ordenanza Impositiva Anual, respectivamente) por el período diciembre de 1990-noviembre de 1991, con base en el título ejecutivo emitido en fecha 26 de octubre de 1992 según resolución 224/92 (fs. 6/7 v.).

A fs. 63/69 la ejecutada opuso excepciones de litispendencia e inhabilidad de título, fundándose en la interposición -por ante esta Corte- de un recurso contenciosoadministrativo de plena jurisdicción contra el acto administrativo (res. 224/92) que en fecha 26 de marzo de 1992 rechazó el recurso de reconsideración planteado contra la resolución interna nº 2/92 de la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad (que a su vez había confirmado las determinaciones practicadas a su parte); sostuvo asimismo que su parte no había abonado el derecho que se pretendía cobrar en virtud de encontrarse exenta a tenor del artículo 39 de la ley 19.798. Mediante sentencia de fs. 207/216 el señor Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial nº 4 de la ciudad de Santa Fe hizo lugar a demanda y mandó llevar adelante la ejecución hasta que la actora se hiciese íntegro cobro del capital reclamado, con intereses y actualización monetaria, imponiendo las costas por su orden.

Para así resolver consideró el Oficio que en fecha 23 de junio de 1993 esta Corte había declarado inadmisible el recurso contenciosoadministrativo planteado por la ejecutada, en función de considerar como requisito necesario el previo pago del gravamen (R. A. y S., T. 101, pág. 94), "con lo cual adquiere firmeza y ejecutoriedad la resolución del Organismo nº 224, en función de la cual se expide el título que sirve de base para la ejecución"; en tales condiciones, agregó, "queda expedita para la municipalidad que se dice acreedora, la vía ejecutiva, de donde, y en principio, la litispendencia invocada al excepcionar, al momento de dictarse sentencia en estos autos, ha cesado, correspondiendo (...) desestimar dicha excepción.

No obstante ello, si así se resuelve en razón de haberse desestimado el recurso ante la Corte, debe tomarse en consideración que al momento de deducirse la excepción aún se encontraba en trámite dicha acción y ello influye en forma directa en la carga de las costas".

Con cita de los artículos 62 y 63 del Código de Procedimiento Tributario Municipal, y 53 al 55 de la ley 8173 con su interpretación por esta Corte in re "Municipalidad de Santa Fe c. Sociedad Rural de Santa Fe s/recurso de inconstitucionalidad" (Expte. nº 169, año 1991), expresó que en el caso de autos "la vía del apremio no se encontraba expedita por cuanto regía la suspensión de la obligación de pago al no encontrarse firme la resolución del Organismo Fiscal (art. 55, primera parte, del C.T.M.)". "(...) Aun cuando no exista litispendencia en sentido estricto, por los mismos fundamentos en base a los cuales se excepciona, al momento de excepcionarse la Municipalidad de Santa Fe carecía de título hábil al no encontrarse expedita la vía del apremio en razón de carecer de ejecutoriedad la resolución en base a la cual se expide el título que se ejecuta", hasta tanto no se expidiera al respecto la Corte formulando el juicio de admisibilidad que exige la ley.

En cuanto a la defensa por exención, la desesti 2. Contra tal pronunciamiento interpuso la Municipalidad recurso de inconstitucionalidad con fundamento en el artículo 1, inciso 3º, de la ley 7.055. En su presentación sostuvo que la Alzada, con una fundamentación insostenible, omitió considerar los serios argumentos expuestos por su parte cuando, al expresar agravios, demostró que la ejecución de autos tenía sustento en un título que ya originariamente era hábil, por lo que las costas debían ser impuestas a la ejecutada vencida. Observó que la arbitrariedad por incongruencia del fallo se advierte al reparar en que la apelación tuvo solamente en cuenta la cuestión de la condena en costas, único aspecto que le causaba un gravamen a su parte, siendo consecuentemente absurdo y autocontradictorio el razonamiento seguido por la Sala al resolver el recurso, que coloca a su parte en situación de manifiesta indefensión pues con el criterio atacado "tendríamos que haber también recurrido la cuestión de fondo que nos fue favorable".

En otro orden se remitió "a lo que calificamos de errónea y arbitraria decisión del a quo en cuanto invoca un inaplicable criterio de equidad para el caso resolviendo la distribución de las costas en el orden causado con sustento en lo normado por el art. 250 del C.P.C.C., siendo que la única normativa que debió tomar en cuenta en dicho aspecto resulta ser la primera parte del art. 251 de dicho cuerpo normativo, por resultar la demandada parte vencida en el juicio y no da Insistió en que la exigencia del pago previo del tributo está destinada a impedir que los recursos contenciosoadministrativos se transformen en medios dilatorios para el ingreso de las sumas adeudadas, tal como lo sostienen la doctrina y la jurisprudencia (fs. 277/285 v.).

3. Evacuado que fuera el traslado respectivo (fs. 288/292), la Sala -integrada al efecto- denegó la concesión del recurso mediante auto de fs. 328/331, accediendo la impugnante a la instancia extraordinaria por vía de queja (resolución de esta Corte registrada en A. y S., T. 164, pág. 185). En el nuevo examen que prescribe el artículo 11 de la ley 7.055 he de propiciar la rectificación del criterio sustentado en oportunidad de acoger el recurso directo, toda vez que el estudio de la causa -efectuado con los principales a la vista- me convence de que, no obstante las tachas de arbitrariedad formuladas, lo cierto es que los argumentos aportados por la impugnante sólo traducen en definitiva la mera discrepancia de su parte con la solución que los jueces de las instancias inferiores adoptaron en el ejercicio de facultades propias, extremo que -conforme reiterada jurisprudencia- no depara materia idónea en orden al franqueo de la instancia de excepción.

En el caso, conviene destacarlo, la Sala desestimó la apelación planteada contra lo decidido en baja instancia en punto a las co Habiéndose cuestionado la validez de tales conclusiones corresponde destacar liminarmente que -según reiterada jurisprudencia- las cuestiones referentes a la imposición de costas constituyen como regla materia reservada a los jueces de la causa, resultando insusceptibles de impugnación en la instancia extraordinaria que regula la ley 7.055, en atención a la naturaleza procesal (Chiovenda, Giuseppe, "La condena en costas", Librería General de Victoriano Suarez, Madrid, 1928, pág. 381) y accesoria que las mismas exhiben (vide R. A. y S., T. 26, pág. 2; T. 44, pág. 349; T. 47, pág. 335; y 387; T. 58, pág. 230; T. 81, pág. 273 y 348; T. 82, pág. 151; T. 112, pág. 107; T. 161, pág. 131; T. 171, pág. 454, etc.; en el ámbito del remedio federal, Fallos, 233:106; 240:28; 253:33; 279:140; 303:1009; 305:706; 306:1658 y 1787; 307:90; 308:1076 y 1917, etc.).