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Acción penal, prescripción, ley penal más benigna, instrumentos públicos, escribanos públicos, funcionarios públicos
Materia: PENAL
Carátula: GONZALEZ JOSE DOMINGO Y OTROS S.D. ESTAFA, FALSEDAD IDEOLOGICA EN CONCURSO REAL E.P. ESTADO PROVINCIAL s/ CASACION CRIMINAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-05-14

En caso de encontrarse imputado un escribano por un hecho anterior a las leyes 25188 y 25990, que modificaron el régimen de prescripción de la acción penal, corresponde aplicar la ley penal más benigna o favorable a los intereses del imputado.

Tal régimen es el vigente al momento de la comisión del hecho, ya que en el mismo no regía el nuevo texto del art. 67, 2 párrafo del Código Penal (aplicable a los escribanos), el que suspende el curso de la prescripción penal en los casos de los delitos previstos en los capitulos 6,7,8,9,9 bis y 10 del Título XI, lobro 2 de este Código, mientras cualquiera de los que hayan participado se encuentren desempeñando un cargo público. Corresponde en cambio, aplicar al caso el texto anterior (según ley 23077), ya que la falsedad ideológica de instrumento público no estaba comprendida entre los delitos que suspendían el curso de la prescripción mientras uno de los intervinientes ocuparan un cargo público.-
Usura, inembargabilidad del salario, mora del deudor
Materia: PENAL
Carátula: Nuevo Bersa c/ Lescano Gloria Esther s/ Monitorio Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2016-07-29

El decreto Ley 6754/43, en sus fundamentos, menciona que debe combatirse la usura, y para ello ideó dos mecanismos. El primero, consistente en establecer un régimen voluntario de afectación de una porción del 20 % del ingreso,para cubrir las deudas contraídas por "suministro de mercaderías" o "préstamos en dinero". Mediante éste se permite al acreedor -en caso de mora- cobrar directamente salvo que medie oposición, de la administración que descuenta el monto y se lo asigna a aquél, para lo que debe cumplimentar los requisitos del art. 2. Este sistema no puede considerarse ya vigente. El segundo mecanismo -regulado en el art. 11- abarca los supuestos en que no medie afectación de haberes, disponiendo que las que no se originen en "préstamos en dinero" o "suministro de mercaderías" podrán ejecutarse de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, aclarando que las que tengan origen en "suministro de mercaderías" sólo podrán hacerse efectivas mediante juicio ordinario y no darán lugar a embargos, salvo que exista sentencia condenatoria firme y hasta el 10 % de los haberes. Motivo por el cual debe entenderse que el decreto ha dejado la proscripción del artículo 1 para las deudas originadas en créditos por "préstamos en dinero" ya que a su respecto nada dice el art. 11. (Del voto de la minoría).
Encubrimiento real con receptación, automotor sustraído
Materia: PENAL
Carátula: Causa 103 s/ ENCUBRIMIENTO (ART. 277 INC. 3. del C.P.)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-14

Encuadra en la figura de encubrimiento previsto en el art. 277 inc. 3. del C.P., la acción del procesado, que fuera habido con un automóvil robado, acompañando al conductor, autor éste del robo, si sabía de la procedencia ilegal del automotor sustraído a su propietario.
Despido, responsabilidad solidaria, empleador conjunto, transferencia del personal
Materia: LABORAL
Carátula: Paparatto Antonio c/ Dulkre SA y otros s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-03-25

El denominado "trasvasamiento" empresario implica la desaparición fáctica de un sujeto de derecho que es "abandonado" a su propia suerte y cuyas actividades comerciales son "continuadas" por una tercer sociedad, constituida e integrada por personas vinculadas con la primera y que por lo general, aunque no necesariamente, desarrolla su actividad en el mismo local o establecimiento, utilizando para ello todo o parte de su activo (conf.

Nissen Ricardo "El trasvasamiento de sociedades", LL 1994- E-400). En el caso, al encontrarse reunidos los presupuestos fácticos aludidos por la doctrina al demostrar los elementos de prueba que medió una progresiva transferencia de los bienes, el personal y la clientela a favor de una S.A. sin que se formalizara la extinción de la primera sociedad para la que había trabajado el actor; ya sea con fundamento en la condición de empleador conjunto que ambas asumieron frente al trabajador (art. 26 L.C.T.) o con sustento en la demostrada existencia del trasvasamiento empresario (arts. 14 y 29 L.C.T.), ambas sociedades resultan solidariamente responsables por los créditos emergentes de ese único contrato de trabajo, es decir son solidariamente responsables por los créditos indemnizatorios derivados del despido del actor.
Juicio ejecutivo, pagaré, excepciones procesales, falta de personería, sociedad anónima, representación de la sociedad, estatuto social
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: VARELA SUAREZ, LEONARDO c/ CONSTRUCCIÓNES RIAZOR SA s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-03-07

En la ejecución de un pagaré, procede hacer lugar a la excepción de falta de personería opuesta por una sociedad anónima cuando, -como en el caso-, surge que el documento fue suscripto por quienes eran al tiempo de la firma del documento vicepresidente del ente y tesorero; mientras que el pertinente estatuto social establecia que la representación de la sociedad podia ejercerla "el vicepresidente en forma conjunta de a dos con uno cualquiera de los cuatro primeros directores titulares". Ello pues, el mentado tesorero no aparece como director de la entidad, por lo que es claro que en la suscripción del instrumento se ha infringido la organización plural de la sociedad. No empece lo expuesto lo normado por la LS: 58, toda vez que tal norma dispone que el principio general que establece no se aplica, cuando "el tercero tuviere conocimiento efectivo de que el acto se celebra en infracción de la representación plural", siendo que el ejecutante fue el presidente de la sociedad anonima "por un largo periodo"; puesto que no es concebible en el común acontecer que quien desempeño la presidencia no conozca las normas que integran su estatuto.
Concesión para la venta de automotores, plan de ahorro previo, incumplimiento del contrato, falta de entrega del automotor, RESPONSABILIDAD SOLIDARIA
Materia: PROCESAL
Carátula: Centurión Rodolfo Agustín c/ Volkswagen SA de Ahorro P/F Determinados y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-09

En consecuencia, ambas codemandadas resultan solidariamente responsables por la falta de entrega del automotor. La administradora, porque su obligación primordial radica, precisamente, en cumplir en tiempo y forma con la entrega de los vehículos que mediante dicho contrato los suscriptores pretenden adquirir. Por su lado, el concesionario interviniente también debe responder, por hallarnos frente a una relación de consumo. A la luz del derecho de consumo, la responsabilidad de todos los integrantes de la cadena de fabricación y producción es solidaria, y solo podrán liberarse total o parcialmente de responsabilidad si acreditan que la causa del daño le es ajena (LDC 40).
Divorcio, injurias graves, prueba testimonial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: P.R.C. c/ G.E.A. s/ Divorcio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-08-25

El medio generalmente idóneo para acreditar las injurias es la prueba testimonial, o sea, la declaración de aquellas personas que, por su vinculación con la pareja en litigio-amigos, parientes, vecinos, domésticos- se encuentran en conocimiento directo de los hechos que provocaron la instauración de la litis.
Daños y perjuicios, lesiones
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Montenegro, Justo c/ Fisco de la Prov. de Bs. As. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-02-26

No debe confundirse la lesión estética con el daño resarcible.En efecto, una cosa es que la lesión estética no haya arrojado un resultado antieconómico o sea que haya causado un daño patrimonial y otra cosa es negar la propia lesión y la posibilidad de recuperar o mejorar la integridad física de la persona afectada por la lesión, máxime cuando el propio sentenciante reconoce la existencia de la lesión.
Aplicación errónea de la ley, monto de la pena, agravantes de la pena, sentencia arbitraria
Materia: PENAL
Carátula: M. M., S. A. c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-03-12

Se verifica una errónea interpretación de los arts. 40 y 41 del Código Penal en lo relativo al monto punitivo impuesto en la sentencia condenatoria, si el tribunal oral se limitó a afirmar que no compartía el propuesto en el requerimiento formulado por el fiscal y que éste no podía ser considerado como un tope por no estar así previsto ni constitucional ni legalmente. De esta manera, no consideró las agravantes adecuadamente ponderadas en aquél e introdujo una nueva -las condenas anteriores que registraba el imputado- que no había sido objeto de discusión en el debate ni formado parte de las circunstancias relatadas en la acusación. Al respecto, tampoco explicó cómo las citadas condenas anteriores resultaban adecuadas para explicar un año de pena mayor que la solicitada por la fiscalía, cuando no se tomó en cuenta ni todas las agravantes que fundaron tal pedido -aunque coincidieron en las atenuantes- ni se precisó cómo ese indicador aumentaba la culpabilidad del imputado por los hechos reprochados razón por la cual cabe concluir que la pena discernida fue arbitrariamente fundada (voto del juez Sarrabayrouse al que adhirieron los jueces Morin y Días).
Competencia, seguros, citación en garantía, sucursal
Materia: CIVIL
Carátula: MOYANO,  José  Luis c/ MOURE,  José  Luis  y  otros s/ DAÑOS YPERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-03-29

Del voto de la mayoría (Dres. Li Rosi y Molteni): Si la víctima de un accidente de tránsito es un tercero con relación al contrato celebrado entre el asegurador y asegurado, a los efectos de fijar la competencia, adquiere especial relevancia no sólo la existencia de una sucursal con domicilio en la jurisdicción donde se produjo el accidente, sino además, que el vínculo sea gestado en esa sede.

Si bien el art. 118 de la ley 17.418 no formula ninguna distinción al conceder al damnificado la opción de entablar su demanda tanto en el lugar del hecho como en el domicilio del asegurador, por lo que válidamente podría ejercitarse en aquellos en que tuvieran radicadas sus sucursales, tal facultad sólo será viable, de acuerdo a lo establecido por el art. 90 inc. 4 del Código Civil, en caso de que el vínculo se origine con ese establecimiento.
Recurso de apelación (procesal), depósito previo
Materia: LABORAL
Carátula: GRANE, RAFAEL HECTOR EUGENIO c/ CLUB TIRO FEDERAL GUALEGUAYCHÚ s/ Indemnización, despido, rubros adeudados-RECURSO DE INAPLICABILIDAD  DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2010-09-09

No obstante que el poder otorgado no contenga expresamente las atribuciones para llevar a cabo actos de disposición, como lo es concretamente ofrecer bienes a embargo, si el instrumento en cuestión otorga mandato para apelar -como ocurre en el caso- ello revela en forma palmaria la autorización para cumplimentar todos los actos procesales que el código de rito impone para la concesión del recurso, pues una interpretación contraria importaría un excesivo rigor formal en detrimento de garantías constitucionales expresamente consagradas.
Derechos y garantías constitucionales, sentencia, thema decidendum, Constitución Nacional, interpretación de la constitución, leyes, interpretación amplia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: I, M. s/ Recurso de inconstitucionalidad. Aborto provocado (EXPTE CSJ Nº   1105-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-08-12

Una controversia en la cual se encuentran en juego intereses jurídicos de raigambre constitucional, debe abordarse desde una perspectiva abarcadora de todo el ordenamiento jurídico, es decir, no sólo limitada a un estudio de las disposiciones de derecho común -ya sean de fondo o de forma- sino que también teniendo en cuenta cuál es el criterio propuesto por la Carta Magna en ese sentido.

Ello por cuanto una interpretación a la luz de normas de derecho común no puede contradecir el espíritu plasmado en la Ley Fundamental. (Del Voto del Dr. Iribarren)
Costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CODINA MARTA NORMA c/ ARIAS EDUARDO ANDRES Y OTROS s/ DESALOJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-06-18

Si antes de emplazar a los demandados la actora solicitó la conclusión del juicio, lo cual se concretó, no puede emitirse válidamente ningún pronunciamiento de condena contra aquéllos, -aunque sea sólo respecto de las costas- quiénes no asumieron ni pudieron asumir, nunca, la calidad de parte, ni, por ende, contrastar los hechos y el derecho invocados por la accionante.
Competencia civil, juicios contra el Estado, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, haber jubilatorio, diferencia de haberes jubilatorios
Materia: PROCESAL
Carátula: PAPPATELLA, Osvaldo D. c/ GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-08

Si la deuda que se reclama en concepto de diferencias de haberes jubilatorios, no ha sido asumida, en principio, por el Sistema Integrado de la Seguridad Social, sino que, por su fecha, debería ser solventada por el Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires (conforme art. 5º de la ley 24.588), más allá del carácter y naturaleza de la obligación, al demandarse a la Municipalidad, resulta aplicable lo dispuesto por el art. 43, inciso a) del decreto-ley 1285/58 modificado por la ley 23.637, que atribuye competencia a la Justicia Nacional en lo Civil.
Prueba documental, libros del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: Uberman, Felisa c/ Escuela Hebrea Integral D.E.N.O. número 1091 s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-11-27

Si no se prestó en juicio la declaración jurada que contempla el art 39 del dec.ley 7718/71, no puede el accionante pretender la aplicación de ese precepto ante la instancia extraordinaria.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, eximentes de responsabilidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Iturre, Jorge c/ Soto, José s/ Daños y perjuicios Otero Nieto, Carmelo c/ Olivitto, Claudio T. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-03-21|1994-03-01

Determinar si la situación que excluye de responsabilidad (art.1113 2º párrafo in fine, del C.C.) está o no acreditada constituye una cuestión de hecho.
Despido indirecto, pago de la remuneración, indemnización por despido, contrato de trabajo
Materia: CIVIL
Carátula: Curache, Angela Rosa y otro. c/ Mendoza, Susana Hortensia. s/ Despido.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2008-07-29

La empleadora transitaba al momento del despido indirecto por una difícil situación económica, con "facturación casi inexistente", sin que se le impute culpa o responsabilidad dolosa por tal situación, próxima a la fuerza mayor. La ley contempla tales situaciones como morigeradoras de las consecuencias del incumplimiento total o parcial del empleador.

No se trata, en la especie, de contemplar el encuadre legal del despido en la comprensión del art. 247 LCT, ya que ello no fue invocado por la demandada, sino de tener en cuenta el criterio restrictivo con que cabe analizar la aplicación de normas sancionatorias en supuestos en que han mediado circunstancias calificantes del incumplimiento patronal.
Competencia, encubrimiento, autoría
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Carballo, Walter E. s/ Encubrimiento
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-08-26

Cuando media relación de alternatividad, derivada de la posibilidad que el imputado por encubrimiento sea el autor del delito encubierto, es competente el juez que conoce de este último hecho delictivo.
Dolo eventual, homicidio simple
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Luca, Gustavo Gastón y C.M.B. s/ P.s.a. Conducción peligrosa de vehículo en prueba de velocidad sin autorización legal (art. 193 bis) y Homicidio culposo
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2014-04-15

El ánimo reprobable que constituye el punto de apoyo del dolo ante la eventualidad del resultado, no puede ser el querer del delito, porque entonces se trataría de un dolo directo, sino el estado anímico de la sola indiferencia ante la representación de la probabilidad de que ocurra el delito, es decir, el menosprecio del resultado posible
Contrato de trabajo, intereses, actualización monetaria, ley de emergencia pública y de reforma del régimen cambiario, convertibilidad, inconstitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: MARTINEZ RAUL EDUARDO c/ OSUTHGRA Y OTROS s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-08-18

Debe rechazarse el planteo de inconstitucionalidad de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 y 4 de la ley 25.561 que proscriben la indexación de créditos, basado en la desprotección del crédito y violación al derecho de propiedad. En este sentido, cabe destacar que es indudable que la devaluación del signo monetario a partir de la ley 25.561 determina la alta probabilidad de que se haya abierto en el país, a partir del 1 de enero de 2002, un nuevo proceso inflacionario como los experimentados en épocas anteriores a 1991. Por ello esta Cámara ha aconsejado a los Señores Jueces de Primera Instancia, como adecuada compensación al perjuicio que se pretende reparar, la aplicación desde el 1 de enero de 2002 de la tasa de interés fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos, según planilla que difunde la Prosecretaría General de la Cámara, ya que la declaración de inconstitucionalidad de cualquier norma es la "ultima ratio" del orden jurídico, siendo innecesario recurrir a un remedio tan extremo.
Jurisdicción y competencia, competencia por la materia, quiebra, fuero de atracción, honorarios, oficios
Materia: PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: PESQUERA, CONO AUSTRAL e I s/ COMPETENCIA  ORDINARIA  - POR  LA  MATERIA  -  QUIEBRA  -  FUERO  DE  ATRACCION  -  REGULACION  DE  HONORARIOS - LEYES NACIONALES Y LOCALES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-05-06

Es competente el juez ante quien tramita la quiebra para entender en la regulación de honorarios del profesional que intervino en el diligenciamiento del oficio librado por aquél al juez provincial, pues no cabe hacer prevalecer lo dispuesto por el art. 12 del convenio aprobado por ley 22.172 -que establece que la regulación de honorarios corresponderá al tribunal ante el que se diligencia el oficio, que la practicará de acuerdo con la ley arancelaria vigente en su jurisdicción- sobre el régimen de la ley 19.551, ya que ésta regula específicamente lo atinente a los honorarios de quienes intervienen en el concurso al contemplar adecuadamente los intereses de éste y la justa retribución de los profesionales y demás funcionarios no permanentes; es por ello que su art. 294 establece la inaplicabilidad de las disposiciones de las leyes arancelarias locales, lo que debe hacerse extensivo a aquellas normas que -como el mencionado art. 12 de la ley 22.172- son de carácter genérico en cuanto no toman en consideración lo peculiar del juicio de quiebra y de las medidas que en él se ordenan.
Daños y perjuicios, accidente de tránsito
Materia: CIVIL
Carátula: W., A. A. y otra c/ M., D. O. y otra s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-11-16

La elaboración de nuestra jurisprudencia distingue entre un embestidor físico o material y un embestidor jurídico. En esta línea, se ha dicho que cuando la víctima se concreta como el embestidor mecánico, agente activo de la colisión, ello no hace derivar para ella una consecuencia plenamente desfavorable, desde que para que ello ocurra es menester que coincida el concepto de embestidor mecánico con el de embestidor jurídico; el primero se refiere a una calidad puramente física, y el segundo, a una jurídica.
Juicio de apremio, excepción de pago
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Municipalidad de Tordillo c/ Varas, Elbio Dugan s/ apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-08-07

Existiendo en el expediente las pruebas suficientes como para resolver en consecuencia, debe tenerse en cuenta los pagos parciales efectivos realizados por la accionada, los que han ingresado al erario público municipal, por lo que la parte actora no podía ignorar la existencia de los mismos antes de iniciar la acción
Honorarios, convenio de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: M.L., C.A. c/ C., L. del C. s/ Incidente de Ejecución de Honorarios en autos "C., L. del C. c/C., J. s/alimentos"
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-11-23

"... La fijación de los honorarios de los letrados intervinientes en un asunto o proceso puede ser hecha por convenio, pero en ningún caso es libre, pues debe fijarse bajo pena de nulidad, dentro de los límites que la ley establece, ya que sus disposiciones son de orden público. En efecto el párrafo 4 de la Ley 2.200 determina que no podrán ser objeto de pactos los asuntos o procesos que versen sobre derechos de sustancia alimenticia ...".
Salud pública, acción de amparo
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Menem Jacinto Amado c/ Obra Social de los Empleados Públicos s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2000-09-22

Se interpuso acción de amparo en contra de la resolución emitida por las autoridades de la Obra Social de los Empleados Públicos que denegó al ocurrente cobertura en la práctica de cirugía bariátrica por considerar que esta decisión es injustificada, arbitraria e ilegal, que lleva a la configuración de ilícitos como el abandono de personas y la violación de derechos constitucionales, puesto que la intervención quirúrgica urgente le fue indicada porque la obesidad que padece le produce perturbaciones de salud que implican riesgo de vida.

Corresponde determinar si en la relación contractual que une a las partes, la prestadora -Obra Social- se encuentra explícitamente obligada a dar cobertura asistencial al supuesto beneficiario en la práctica quirúrgica que solicita. De autos y en el restringido ámbito de conocimiento que la naturaleza excepcional de la acción impone no parece surgir tal obligación, pues la práctica no se encontraría contemplada como prestación en el nomenclador ni en el conjunto de prácticas establecidas por el Régimen Nacional de Seguro Médico como obligaciones ineludibles de las obras sociales adheridas.

Por ello, en el marco de la Ley de Amparo, no parece razonable imputar a la decisión denegatoria del órgano estatal los caracteres de arbitrariedad o ilegalidad que la ley exige para que los actos y omisiones lesivos de derechos constitucionales puedan ser objeto de la acción de amparo.

Por lo expuesto, la acción intentada debe rechazarse, dejando a salvo los reclamos que la actora pudiera realizar en ejercicio de los procedimientos administrativos o judiciales ordinarios.

(del voto del Dr. Díaz)