marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Acción de amparo, permiso precario, personas con discapacidad, permiso de venta en la vía pública
Materia: ADMINISTRATIVO - CIVIL
Carátula: CHAVEZ JUAN ALBERTO c/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES s/ AMPARO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-09

La ley 22.431 de protección a las personas discapacitadas no impone que se mantenga el permiso municipal que beneficia a quienes se encuentren en esa condición.

La norma del art. 11 de la ley 22.431 que es la que rige para los permisos, sólo reconoce a los discapacitados una prioridad para su otorgamiento, lo que naturalmente cuadra únicamente de asignarse permisos, pero no constriñe a que se les otorgue, ni a que se los mantenga. No procede el ampara deducido por un discapacitado, permisionario para la venta en la vía pública, contra la Ordenanza N. 42.723 que diera por finiquitado su permiso, toda vez que el derecho de preferencia de los discapacitados ha sido reconocido por la estructura normativa municipal, al disponerse que esas actividades en el futuro se desarrollan en el predio en que funcionará el Mercado Dorrego, art. 1, encomendándose al Departamento Ejecutivo a establecer en ese predio un sector especial para discapacitados Art.

3.

Como el Municipio podía con ajuste a derecho revocar el permiso lisa y llanamente, de la circunstancia que previera la eventual reubicación de los permisionarios, con derecho de preferencia en la mitad de la fracción respectiva para los discapacitados, no puede derivarse que la eventual dilación en tal reubicación tenga entidad para justificar el amparo.
Cuestiones de competencia, menores
Materia: PENAL
Carátula: Cayo, Lucrecia Noemi s/ Protección de menores
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1998-09-09

El ejercicio por un Juzgado de Menores de las facultades que le son propias, de acuerdo a lo previsto en los artículos 1 de la ley 22.278, y 28 y 419 del Código Procesal Penal no constituye por sí motivo suficiente para provocar el desplazamiento de competencia de actuaciones relativas a la protección de personas que tramitan ante un Juzgado de Familia, respecto del menor que incurriera en la conducta típica. Sin perjuicio de ello las facultades del Juzgado de Familia respecto de la disposición del menor se ejercer n con las limitaciones del caso hasta tanto cese la disposición provisional que ejerce el Tribunal del fuero penal.
Consejo de la Magistratura, jueces, procedimiento de selección
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Maida, Juan Adolfo s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-05-03

El reglamento dictado por el Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires, según el cual para evaluar el cumplimiento de la exigencia prevista en el art. 178 de la Constitución de la Provincia sólo se tendrá en cuenta la antiguedad en la matrícula, constituye una norma razonable, desde que la matriculación es un requisito sine qua non para poder "practicar" la abogacía.
Competencia federal, fraude a la Administración Pública
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: GONGORA, RICARDO s/ DEFRAUDACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-30

El menoscabo al patrimonio del Instituto Nacional de Servicios para Jubilados y Pensionados, afecta los intereses económicos de la Nación por ser un ente público, razón por la cual debe intervenir la Justicia Federal en todo ilícito en que ese organismo sea sujeto pasivo.
Violación, abuso sexual calificado por acceso carnal
Materia: PENAL
Carátula: GUSTAVO ADOLFO MAZARELLI c/ MORENO, CESAR ALEJANDRO s/ ABUSO SEXUAL ABUSO SEXUAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2001-04-05

El acceso carnal conseguido a travÚs de la violencia o por la fuerza, por lo general produce serias lesiones, contusiones en la cara interna de los muslos, lesiones debidas al esfuerzo realizado por el agresor con las rodillas, las manos o las uñas, para lograr su cometido, tratando de vencer la resistencia opuesta por la víctima, pues la actitud de defensa y las lesiones están en relación con el dicho popular de la imposibilidad de la inmisión si la relación no es querida.
Daño moral, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: FINAZZI, JUAN MARIA RAFAEL J. c/ FINAZZI, PEDRO PABLO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-14

La suma a fijarse para reparar el daño moral debe medir la magnitud del hecho agraviante dado que seguramente la víctima habrá de sentirse mucho más ofendida cuando la conducta del agresor es más reprochable o temeraria.

Tratándose de la comisión de un delito del derecho criminal, doloso, se lo mire desde el extremo de la gravedad de la culpa del ofensor (tesis punitiva) o de la magnitud del daño ocasionado a la víctima (tesis resarcitoria) se hallará, a estos fines exclusivamente, que las pautas coinciden. Hay pronunciamientos donde se despliegan las dos posturas, en que los vocales que sustentan una y el restante vocal, que sostiene la contraria, concuerdan en el monto a establecer como indemnización.

Para este fin es necesario considerar, entre otros factores, la gravedad de la culpa, las condiciones personales del autor del hecho y las de la víctima. Entre estas condiciones se encuentra, también la envergadura del patrimonio del ofensor.

Se disiente con la postura que sostiene que atender el patrimonio del demandado para graduar la cuantía de la indemnización por agravio moral sólo se compadece con la tesis que lo considera de carácter punitivo.

Puede verse, cuando se trata de multas procesales como las que sancionan la temeridad y la malicia, que la graduación entre las pautas máxima y mínima que vienen establecidas por el legislador (art. 45, Código Procesal) no depende de ese factor sino de otros, como la mayor o menor dilación producida en el trámite del proceso (conf. art. 551, segunda parte, código citado); y en materia de derecho penal, la graduación se hace de acuerdo a un sinnúmero de pautas prefijadas prolijamente por el legislador (conf. art. 41 Código Penal), sin que aparezca señalado de modo particular aquel factor; de ahí que el mismo ha de incidir, junto a los restantes, cualquiera sea la postura que se sustente sobre el carácter de la reparación.
Honorarios, relación de dependencia, inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Municipalidad de Resistencia c/ Servicio de Agua y Mantenimiento Empresa Estado Provincial (S.A.M.E.E.P.) s/ Ejecución Fiscal. Municipalidad de Resistencia c/ Servicio de Agua y Mantenimiento Empresa Estado Provincial (S.A.M.E.E.P.) s/ Ejecución Fiscal.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1995-07-13|1995-07-13

Estando en vigencia la ley 2868 al momento de promover la demanda y efectuar el pedido obrante en la causa, los reparos constitucionales efectuados recién en oportunidad de expresar agravios, devienen reflexión tardía que torna improsperable la queja.
Sanciones disciplinarias, independencia del fuero penal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Contreras, Rodolfo c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-04-12

El derecho disciplinario no tiene, por su propia finalidad el rigor ni la inflexibilidad que requiere la violación de las normas de derecho penal sustantivo ni requiere las garantías funcionales propias del derecho común o contravencional.
Filiación, prueba de ADN, derecho a la identidad
Materia: CIVIL
Carátula: N.N. c/ N.N. s/ FILIACION
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2005-08-25

La presunción adversa al accionado que crea la Ley, cuando en un proceso sobre filiación éste se niega a la prueba de histocompatibilidad (H.L.A.), no vulnera garantías constitucionales, justamente, porque nadie está obligado a hacer lo que la Ley no manda, y porque representaría un acto de violencia física, es que no se ejerce compulsión sobre el litigante para obtener la muestra de sangre destinada a la prueba biológica.

Lo que la Ley 23.511 y la opinión pacífica de jueces y autores hacen, es interpretar, conforme a la lógica más elemental el significado, la razón de ser de una conducta procesal asumida por la parte. No es posible, seriamente, confundir una supuesta obligación de hacer lo que legalmente no se impone como deber, con la interpretación que corresponde dar a una actitud procesal, que injustamente impide dejar establecida con certeza la realidad en torno a un controvertido vínculo de filiación.-
Contrato de trabajo, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Marchetta Juan Antonio c/ Baez Gregorio s/ Cobro de Pesos (Diferencias salariales, despido y otros rubros)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1999-06-11

Es suficiente como medio de prueba la declaración testimonial de una persona ampliamente conocida en el medio, profesional intachable y de cuya palabra no se puede dudar ya que sería muy difícil que cometa perjurio.
Amparo por mora, cuestión abstracta
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Greco, Héctor Antonio y otro c/ Municipalidad de la Capital s/ Amparo por Mora de la Administración
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2005-12-21

En la acción de amparo por mora debe atenderse a la situación existente al momento del dictado de la sentencia y, por ende, el deber de expedirse de la administración debe continuar vigente.

En autos se interpone acción de amparo por mora de la administración, en base a que según narra el actor presentó para su visación proyecto de plano de loteo, sin que hasta la fecha el municipio se expida en forma inequívoca acerca o no de la procedencia del requerimiento del administrado, imponiendo o no condicionamientos a ser cumplidos.

Ahora bien, de acuerdo al informe de la Municipalidad surge que la visación solicitada del proyecto por su ubicación -dentro de área a concertar- implica una extensión del área urbana y conlleva todo un proceso complejo. Que habiéndose superado lo requerido a fin de la visación provisoria -medidas de los lotes, ancho de las calles-, corresponde cumplimentar otros requisitos que establece la Ordenanza 1062/83 relativos a la implementación de servicios inexistentes en el área sin urbanizar.

En el caso, al intimar la Dirección de Catastro a los pretensores para el cumplimiento de las condiciones que establece la Ordenanza 1062/83 relativa a la implementación de servicios inexistentes en el área sin urbanización a efectos de la visación definitiva, la acción se ha tornado abstracta. En conclusión, habiendo de este modo cesado la mora en la que se fundó el amparo durante la sustanciación del proceso, la acción queda concluida sin costas -Art. 14 última parte Ley 4795-.

Del voto del Dr. Oviedo. Por la Mayoría
Seguros, prescripción
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Aramberry Luis Ma. c/ I.A.P.S. s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-06-17

La obligación de la compañía aseguradora reconocida por ésta interrumpe la prescripción en los términos del artículo 57 de la Ley de Seguros hasta que sea practicada la liquidación de la indemnización y conformada por el beneficiario.
Doctrina de la arbitrariedad, improcedencia del recurso, insuficiencia del agravio
Materia: CIVIL
Carátula: Leys, Rubén Oscar y otros c/ Lombardo, Miguel Angel y otro s/ Daños y perjuicios c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2020-10-23

La doctrina de la arbitrariedad posee carácter excepcional y no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues para su procedencia, se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido.
Ejercicio profesional, ética profesional, tribunal de disciplina, sanciones del Colegio Profesional, sanciones pecuniarias, revocación de la sanción
Materia: CIVIL-ADMINISTRATIVO
Carátula: DAPONTE, JORGE LUIS s/ CONDUCTA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-15

Corresponde revocar la sanción de multa equivalente al 50% de la remuneración percibida por un Juez Nacional de Primera Instancia cuando la conducta del matriculado no configura la infracción prevista por el art. 22, inc. a) del Cód. de Etica la que refiere a no guardar un estilo adecuado a la jerarquía profesional en las actuaciones ante el poder jurisdiccional y órgano administrativo ya que no parece en modo alguno excesivo reconocer al abogado el derecho a requerir que la sanción, que en su oportunidad legítimamente le impusiera el Tribunal de Disciplina, se viera agravada, en el momento de concretarse, por una mortificación aún mayor consistente en que precisamente la lectura la efectuara un profesional que, con independencia de las funciones que cumple en el Colegio profesional, resulta su contrincante en un pleito, en el que el sancionado actuaba por derecho propio.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, derecho de propiedad, cosa juzgada, sentencia, Corte Suprema de Justicia de la Nación, ejecución de sentencia
Materia: CIVIL - PROCESAL - CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: JOSEFA DELLA VALLE DE PALMA. s/ IMPROCEDENCIA  DEL  RECURSO  EXTRAORDINARIO- CORTE SUPREMA- EJECUCION  DE SENTENCIA- INDEMNIZACION POR EXPROPIACION- SUCESION.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-12-24

Si en la sentencia dictada en la causa por expropiación confirmada por la Corte- se estableció que en ese juicio se debía verificar el pago de la indemnización, debe descalificarse -en salvaguarda de la cosa juzgada- la sentencia que dispuso transferir dicho monto para su liquidación en el sucesorio.
Honorarios, inconstitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Arriete,  Julio  Néstor c/ A.A. Aerolíneas Argentinas S.A. y otro s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-11-23

Resultan inconstitucionales los arts. 1, 8 y concs. de la ley 24432, en tanto introducen un límite de responsabilidad en el pago de costas modificando el art. 277 LCT. Son dichas normas inconstitucionales, pues de acuerdo con el principio protectorio consagrado en el art. 14 bis de la Constitución Nacional, así como al derecho de propiedad del trabajador (art. 17 CN) que ha ganado el pleito, la indemnización establecida no puede considerarse justa si como consecuencia de lo dispuesto en el art. 277 LCT se viera obligado a destinar parte de la indemnización objeto de condena, al pago de honorarios de su letrado y de los peritos que intervinieron como parte necesaria del proceso. Así es, que de no verse satisfechos los honorarios regulados en su totalidad por la condenada en costas, los mismos podrían ser ejecutados en contra del trabajador (cfr. Art. 49 ley 21839), sin posibilidad de repetición contra la demandada, quien resulta se la obligada a cargar con las costas.
Demanda, rectificación de la demanda
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Nicolás Dazeo S.A.C.I.F.I c/ Ramírez Eusebio y/o quien resulte propietario inmueble s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-02-05

La transformación de la demanda importa una alteración de alguno de los elementos objetivos -objeto o causa- o subjetivos -sujeto- de la pretensión, resultando admisible solo cuando se efectúa con anterioridad a su notificación. (Minoría u opinión personal)
Acto administrativo, presunción de legitimidad, impugnación del acto administrativo
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: E. R. s/ Homicidio resultó víctima (3883/2003). c/  s/ Recurso de Queja C.J.G c/ I.S.S Y S s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-10-12|2018-05-10

En virtud de la presunción de legitimidad, la principal carga que pesa sobre quien promueve una acción contencioso administrativa es la demostración de la ilegitimidad del acto que lo agravia; es obligación del recurrente incoar una impugnación concreta, metódica y razonada de los argumentos que sustentan la decisión que se cuestiona; su omisión no se salva con la remisión a piezas obrantes en el expediente agregado a la causa y la consecuencia de este déficit es que los fundamentos esenciales de aquélla adquieran firmeza.
Honorarios, monto del juicio, transacción, oponibilidad a terceros
Materia: COMERCIAL
Carátula: ACYMA Asociacion Civil c/ Corporate Fitness SA  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-17

La transacción o conciliación que pone fin al pleito es oponible a los fines arancelarios aun a profesionales que intervinieron en el proceso y no participaron en el acuerdo (v. CNCom, Sala E in re "Sanatorio Otamendi y Miroli SA", del 24/04/07), ello en concordancia con la doctrina asentada por la Corte Suprema de Justicia (CSJN in re "Coronel Martín Fernando c/ Villafañe Carlos Agustín y Universidad Nacional de Tucumán", del 11/04/06).

Solamente cabe apartarse de esta regla frente a un contexto de palmaria desproporción entre el monto de la acción y el de la transacción que provoque una presunción de que el acuerdo fuera fraudulento o destinado a burlar los intereses de los profesionales (cfr. CNCom, Sala E, in re "Industrias Termoplásticas Rider SRL c/ Compañía de Seguros La Mercantil Andina SA y otro s/ ordinario", del 18/11/09, ídem "Monsanto Argentina SAIC c/ Escarpatri SA s/ Ordinario", del 29/06/12).
Exhibición de objetos secuestrados, auto de clausura del sumario, nulidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: HERNANDEZ, JORGE ALBERTO s/ DECLARACION INDAGATORIA. CLAUSURA DEL SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-03-25

Debe declarase la nulidad de todo lo actuado a partir del auto de cierre del sumario , dado que no se le exhibieron al procesado, en las numerosas ocasiones que declaró, la abundante documentación aportada, que en gran medida constituye el sustento de los requerimientos punitivos endilgados; nulidad que se limitará a la resolución mencionada, no alcanzando el acto en sí de la declaración indagatoria.
Infracciones aduaneras, verificación de la carga, pesaje de la carga, pérdida parcial de mercaderías, autodenuncia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BODEGAS Y VIÑEDOS PEÑAFLOR  S.A.A.I.C.  Y OTROS s/ RECURSO DE APELACION - ADUANA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-18

Habiéndose comprobado diferencias en pesaje, la autodenuncia realizada posteriormente al embarque no puede computarse a los fines previstos por el art. 178 de la ley de la materia.

En lo referente a la actualización de la multa, basada en el art. 10 de la ley 21898, es inaplicable al caso, habida cuenta de la inconstitucionalidad del mismo.

Cuadra resolver cuál es la norma penal más benigna aplicable al sub lite; para ello debe compararse la totalidad del contenido de las normas penales, de las leyes cuya aplicación correspondiere (art.

900 del C.A.) y toda vez que el art. 884 del código de la materia prevé la actualización de las multas, la aplicación integral de dicho cuerpo legal al caso de autos (art. 900 C.A.), resultaría más gravosa para la actora.
Modificación de la tasa de interés, facultades del juez, cláusulas del contrato
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Ariel Dada S.A. c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires. s/ Materia a categorizar
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2018-10-10

La determinación del carácter abusivo o inmoral de las cláusulas contractuales - como así también la morigeración de los intereses por juzgarlos abusivos o usurarios- constituyen por regla facultades privativas de las instancias de grado, ajenas a la competencia extraordinaria de esta Corte, salvo absurdo.(doctor Soria, sin disidencia)
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, juicio de apremio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fisco de la Provincia c/ Junín Motor S.A. s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-02-25

El pronunciamiento dictado en un juicio de apremio que tiene por extinguida la obligación fiscal reviste carácter de definitiva.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Cámara de Apelaciones, vocal del Tribunal, sufragio, error material
Materia: PROCESAL
Carátula: ESCOBAR, ISMAEL c/ SWIFT ARMOUR SAA s/ COBRO DE AUSTRALES. QUEJA POR DENEGACION EL RECURSO DE   INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº 1180-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-09-03

Debe desestimarse la acusada nulidad del fallo en crisis sustentada en la falta de participación del tercer vocal en la decisión, en razón de los sólidos fundamentos expuestos en el auto denegatorio respecto a dicho planteo -y que el recurrente no logra conmover en su presentación directa, incumpliendo la carga que le impone el artículo 8 de la ley 7055-, acerca de que se trataba, sin lugar a dudas, solamente de un error de transcripción, señalando que "desde la mención de la citada vocal en el acápite del Acuerdo, pasando por la emisión de su voto en la primera y segunda cuestión, hasta llegar a la firma del Acuerdo, se sigue una secuencia lógica de la expresión de su voluntad decisoria, sólo interrumpida por falta de mención de su nombre con repetición del de la vocal opinante en primer lugar, que indican claramente el error"; agregando que "tal como está redactada la tercera cuestión, sólo constituye una derivación razonada de lo propuesto en las cuestiones anteriores, sobre todo cuando no existe formulación de disidencia alguna", para finalizar en que "la gravedad institucional se configuraría, por el contrario, con la anulación pretendida por el quejoso que importa un uso abusivo del ritualismo formal".
Honorarios, base, boleto de compraventa
Materia: PROCESAL
Carátula: GORDILLO E.A. c/ ESPINOSA PAZ H. s/ RECURSO DIRECTO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-10-23

Las mejoras introducidas en el inmueble, después de firmado el boleto, no constituyen el objeto de la compraventa, de modo, que son ajenas al juicio de cumplimiento de contrato. El art. 65 de la Ley 7269 en su expresión "valor actual" solo significa que se computa como base regulatoria el valor del inmueble objeto del contrato, actualizado al momento de la regulación, lo que no implica necesariamente y como regla, tomar en cuenta el mayor valor por las mejoras introducidas fuera del contenido obligacional. La propiedad de esas mejoras está ligada, naturalmente, al hecho de que se otorgue o no la escritura (C. Civil art. 2519) pero ese es un efecto secundario y mediato del litigio que no autoriza a vincular el valor de aquellas con el trabajo profesional realizado.-
Presupuesto provincial, acción declarativa de inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Traviesas, Oscar A. c/ G.C.B.A. y Otro s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-03-04

El actor no puede pretender obtener, a través de una acción declarativa de inconstitucionalidad, la transferencia de competencias exclusivas a las Comunas, la transferencia de bienes y recursos y hasta el dictado de una nueva ley de Presupuesto, posibilidades que están fuera de la esfera decompetencia que le asigna el art. 113 inc., 2do CCBA. (Voto de la Sra. Jueza Ana María Conde).
Despido, indemnización por despido
Materia: LABORAL
Carátula: Pierrestegui, Oscar Roberto c/ Braceplast SACIEI s/ Diferencia de indemnización
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-08-04

La indemnización prevista en el art. 245 de la ley de contrato de trabajo está sujeta al tope máximo establecido en las normas de tres veces el salario mínimo, vital y móvil vigente a la fecha del despido por cada año de servicio.