marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Actualización monetaria, pautas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ramognini, Juan Carlos c/ Davila, Heydelberg s/ Incidente de desindexación ley 24283
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-08-31

Siendo el objeto de la ley 24283 poner límite a los resultados de la indexación producido en obligaciones nacidas con anterioridad al 01 /04/91, tratándose de una obligación dineraria, debió acreditarse que el mecanismo indexatorio utilizado es irrazonable con el valor de la moneda al momento del pago (mediante prueba pericial contable o mediante análisis matemático financiero).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, prescripción de la acción penal, proceso penal, imputado, funcionarios públicos, ley procesal penal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PIACENTINI, OSCAR ROBERTO c/  s/ ESTAFA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-10-29

La compareciente insiste en cuestionar por irrazonable la interpretación que de las normas en juego hicieran los Jueces de la causa, mas lo cierto es que no logra con sus cuestionamientos desbaratar los fundamentos ensayados por el Sentenciante, quien -al resolver el recurso interpuesto- evaluó los agravios defensivos -nulidad de la imputación y pretensión de declaración de la prescripción de la acción penal- para concluir que éstos no eran suficientes para variar la solución a la que había arribado la Jueza de primera instancia, al no haber demostrado la insuficiencia o irrazonabilidad de los fundamentos esgrimidos oportunamente por aquélla -quien entendió, por un lado, que las supuestas imprecisiones de la imputación reseñadas por la defensa no resultaban idóneas para declarar su invalidez y, por el otro, que el justiciable, como Jefe de División de recursos administrativos de la Administración Provincial de Impuestos, revestía la calidad de funcionario público y por tanto, operaba a su respecto la causal suspensiva del curso de la prescripción prevista en el artículo 67 del Código Penal, sin perjuicio de que el término debía comenzar a correr a partir de su cesantía-. (Del voto del Dr. Erbetta) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Penal, artículo 67.
Competencia por el territorio, recurso contencioso administrativo, infracciones administrativas, lugar del hecho
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Algas S.A. c/ Sec. de Comercio e Inversiones -Disp. DNCI. 2481/96
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-30

La justicia competente para conocer de los recursos interpuestos contra resoluciones administrativas que penan infracciones comprobadas, es la del lugar donde ellas han sido cometidas (confr. en particular Fallos: 301:479, y arg. esta Sala in re "Laboratorio Biológico y Experimental del Sur S.A. c/ Ser.Nac. de Sanidad Animal (SENASA) y Estado y Otro s/ proceso de conocimiento", del 9/4/97, y Sala III, in re "La Foto S.A. c/ Sec. de Comercio e Inversiones -Disp. 144/96", del 19/9/96).
Prueba confesional, cuerpo del delito
Materia: PENAL
Carátula: MARCELLINO, Antonio s/ Usurpación de títulos y honores, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-10-23

La confesión del imputado es apta para acreditar el cuerpo del delito, cuando ella está corroborada por otras constancias del proceso.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia suficientemente fundada, acción penal, prescripción, auto de procesamiento
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: FENOUIL, EDUARDO NESTOR c/  s/ APELACION-SOBRESEIMIENTO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-06-19

La Fiscalía recurrente alega que debió tomarse para el cómputo de la prescripción la figura y participación acusada (administración fraudulenta en carácter de coautor), mas sin haber cuestionado a su hora la participación secundaria dispuesta en el procesamiento firme; quedando de tal modo incólumes los fundamentos del A quo al considerar extinguida la acción penal por prescripción para el caso concreto en el plazo que transcurre desde la fecha del hecho al llamado a indagatoria, cesando desde ese momento el poder punitivo como contenido del proceso.
Caducidad de instancia, actos interruptivos
Materia: PROCESAL
Carátula: Quiroga, Olga Josefina c/ Agronomía Integral SRL. y otros. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-23

Interrumpe la caducidad de la instancia la nota por la que el juzgado dejó constancia de la observación de un oficio.
Honorarios del abogado, bien de familia
Materia: PROCESAL
Carátula: RADAELLI SIGFRIDO AUGUSTO s/ SUCESION AB-INTESTATO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-31

La afectación de un bien al régimen del bien de familia, tiene por objeto la protección del grupo familiar integrado por quien realiza la afectación y los beneficiarios que en el acto de la afectación indica.

Este sentido tutelar, de intereses que trascienden lo meramente individual, como se vinculan con el interés del grupo familiar en cuanto a la seguridad de contar con vivienda, deben impregnar la interpretación de las diversas normas que al respecto contiene la ley 14.394.

La apertura de la sucesión y la transmisión hereditaria ocurren en el instante de la muerte del causante (art. 3282 y su nota del Código Civil). En principio, entonces es a ese momento que debe referir el análisis de la pertinencia de la aplicación de la norma tutelar contenida en el art. 48. El propósito de extender a sus familiares las diversas formas de amparo que regula la ley 14.394 a través del régimen de bien de familia que animó al causante a realizar la inscripción, quedaría en parte mutilado si no se tuviese en cuenta la afectación que existía al momento de la muerte del que la realizó, ya que la reducción de los honorarios dispuesta en la norma, habría de operar a la muerte del titular del dominio, máxime si las tres etapas del proceso sucesorio se cumplieron sin que el inmueble haya sido desafectado por la heredera quien recién lo vendió cuando ya había cesado la actuación de la profesional.
Actualización monetaria, índices de actualización, moneda, pago, realidad económica, inflación
Materia: CIVIL
Carátula: Agostini, Silvia y otro c/ Medicor  S.A. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-13

Cuando el mecanismo de actualización basado en el empleo de los índices con un mes de retraso, por la diferencia entre el indicador del mes anterior al que nació el crédito y el de aquél en el que se realizó el pago y que era desconocido al tiempo de practicarse la liquidación, frente a la realidad económica vivida durante el período se$alado vuelve objetivamente injusto el resultado de esa actualización, debe ser dejado de lado en tanto esta debe prevalecer sobre abstractas y genéricas fórmulas matemáticas.
Locación de inmuebles, plazo de la locación, destino de la locación, autonomía de la voluntad
Materia: CIVIL
Carátula: ARANGO, SALVADOR c/ BENDINER, FEDERICO s/ CONSIGNACION DE LLAVES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-11-03

El capítulo II de la nueva ley de locaciones, según resulta de su mismo título, sólo rige respecto de las locaciones destinadas a vivienda, lo que importa a contrario sensu que para las locaciones con otros destinos, los puntos allí tratados queden liberados a la voluntad de las partes, art. 1197 del Cód. Civ., ya que si el legislador hubiera querido incluirlas lo hubiera hecho expresamente, como lo hiciera al ampliar el plazo mínimo para las locaciones comerciales, art. 2do. de la ley 23091. Por ello, el término pactado por las partes en contrato de locación no habitacional es ley para ellos y debe ser cumplido, debiendo responder la parte que viola tal obligación.
Concurso de delitos, concurso real, unificación de penas
Materia: PENAL
Carátula: C. M. A. - M., J. E. c/ C., P. A. s/ Robo Agravado
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-07-01

"...A diferencia del concurso real, es decir, cuando se trata únicamente de unificación de penas (de delitos cometidos después de la primera sentencia firme), la condenación no desaparece y no existe razón alguna para que caiga, porque la primera condenación, en el momento en que fue pronunciada, no violaba ninguna regla de condenación única puesto que ese acto jurisdiccional, condenó por el único delito cometido".
Accidente de tránsito, prioridad de paso
Materia: CIVIL
Carátula: A. D. T. D. E. c/ L., H. E. y/u otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-04-03

El conductor que tiene que ceder el paso, sólo debe pasar por este cruce cuando esté seguro de no constituir una obstrucción o un peligro para el conductor titular del derecho de paso, cualquiera fuere la proximidad y/o la velocidad del otro vehículo.
Intereses, facultades discrecionales del juez
Materia: LABORAL
Carátula: Seren Sergio Enrique c/ Derudder Hermanos SRL - Ordinario - Despido c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2023-09-01

En la revisión de la tasa de interés judicial cabe evaluar las especiales características de las causas ventiladas en sede laboral. Esta tarea debe llevarse adelante sobre la base de "criterios objetivos de ponderación de la realidad", encaminados a evitar que la discrecionalidad judicial despeñe en arbitrariedad (cfr. CSJN, Fallos 301:319). No debe soslayarse que se trata del reconocimiento de créditos laborales, cuyo carácter asistencial impone que el incumplimiento de pago deba ser observado con mayor rigor en protección de la parte más débil y vulnerable. La renuencia patronal en el abono de las obligaciones de índole alimentaria lleva a la ausencia de ingresos y a la imposibilidad de satisfacer las necesidades primarias del trabajador o de la trabajadora (y de su núcleo familiar); quienes -en no pocos casos- deben recurrir al crédito, con el consiguiente costo. Al mismo tiempo, tampoco debe obviarse ponderar que las vicisitudes económicas ponen en jaque la subsistencia de las fuentes de trabajo, condición necesaria del proceso productivo. El riesgo de colapso de pequeñas y medianas empresas implica, paradójicamente, mayor vulnerabilidad para el sector asalariado. Las micro, pequeñas y medianas empresas cumplen un papel central en el esquema productivo del país y contribuyen a la creación y mantenimiento del empleo. Incluso, también se ha dado cuenta de las dificultades que las pequeñas y medianas empresas tienen para acceder al crédito, a pesar de las políticas públicas implementadas, no solo para la inversión sino -principalmente- para la financiación del capital de trabajo.
Ley sobre riesgos del trabajo, muerte del trabajador, sucesores, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: Fernández, Victoria del Valle c/ Rosemberg, Héctor y otros s/ Accidente
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-31

Tal como se expresa en la exposición de motivos del decreto 1278/00 "razones de urgencia y necesidad" y "elementales principios de justicia social" motivaron al Poder Administrador a la reparación de la situación de los progenitores del trabajador que fallecía soltero y que originariamente se hallaban excluidos de las prestaciones contempladas en la ley 24.557. Ocurre en el caso una omisión legal que se evidencia irrazonable a la luz de los motivos explícitamente expuestos al dictarse el decreto mencionado, que si bien subsanó la cuestión hacia el futuro, patentiza una desigualdad de derechos. Toda vez que el art. 18 ap. 2 LRT determinó una incompleta o incorrecta realización del principio de igualdad al conceder ventajas o beneficios a determinados grupos o categorías, sin extenderlos a otros que debían haberse hallado incluidos, y a su vez el decreto 1278/00 genera, respecto del presente caso, una sobreviviente situación discriminatoria, en razón de hallarse destinado a regir sólo para lo futuro, es acertado el criterio expuesto por Bidart Campos, en cuanto señaló que el juzgador antes de juzgar según la ley, debe juzgar según la Constitución (ED 119-311), por lo que las normas cuestionadas carecen de aptitud, en el presente caso, para desplazar principios y derechos atinentes a la igualdad, protección de la familia y justicia social erigidos por los arts. 16 y 14 bis de la Ley fundamental
Escribanos públicos, obligaciones del escribano, responsabilidad del escribano
Materia: CIVIL
Carátula: R.N.P.A. SOLICITA INTERVENCION DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS s/ CERTIFICACIONES A CARGO DE LA ESCRIBANA M.E.S., ADSCR. REG. NOT. Nº92  DE CAPITAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-06

El concepto de perjuicio no es enteramente aplicable en el caso de la responsabilidad administrativa que involucra el juzgamiento de una conducta profesional, donde son relevantes las cuestiones que hacen a las obligaciones funcionales de los escribanos, y al correcto ejercicio de la función notarial.
Querellante, rol de querellante, admisión del querellante
Materia: PENAL
Carátula: Arraña, Carlos A. s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-11-11

El recurso de casación es inadmisible si el pretenso querellante al solicitar ser tenido como parte querellante y en el recurso no cumplió con la carga que le impone el art, 83 inc. 2, al proclamarse ofendido de hechos presuntamente delictivos, sin un relato siquiera sucinto de éstos. El voto concurrente expresó que no puede ser querellante quien no acredita ser damnificado y si existe conexidad entre el hecho del que se dice damnificado y aquél por el que se lo procesa. (Dres. Mitchell -según su voto-, García y Yacobucci).
Acusación fiscal, acusación de la querella
Materia: PENAL
Carátula: Acosta, Jorge Eduardo y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-04-23

La falta de correlación entre la acusación pública y privada no genera agravio alguno, pues el sistema de enjuiciamiento vigente prescribe la formulación de acusaciones independientes de los acusadores en las diversas etapas del proceso -artículos 346, 347, 393 del Código Procesal Penal de la Nación- por lo que la imputación pública y privada son acusaciones que pueden o no coincidir en todos sus extremos, debiendo subsistir separadamente hasta la sentencia, conforme ha entendido la Corte Suprema en "Brusa".
Demanda, banco central, demandado, cuestiones prejudiciales
Materia: PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: KOCH, DANIEL c/ BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-08

Ha dicho la Sala que no basta la sospecha genérica de la configuración de un irregularidad sino que es necesario -para que la cuestión adquiera carácter prejudicial- una imputación concreta al titular del depósito o certificado.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, jueces, recusación
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Zamora, Federico s/ expediente N° 3001-1286/90.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-24

Son manifiestamente improcedentes las recusaciones que se fundan en la intervención de los jueces de la Corte en un procedimiento anterior propio de sus funciones legales.
Seguro de daños patrimoniales, seguro de automotores, automotor prendado, entidades financieras, responsabilidad del asegurador
Materia: COMERCIAL
Carátula: ENRIQUEZ, LEONARDO c/ LUA SEGUROS LA PORTEÑA SA s/ ORDINARIO. ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-06

Rechazada la cobertura del seguro de robo contratado respecto de un rodado adquirido por el accionante, cuya financiacion se efectuo por intermedio de un prestamo con garantia prendaria otorgado por una entidad financiera, no cabe atribuir responsabilidad solidaria a esta ultima, toda vez que ella no surge ni de la ley ni de la solicitud de credito, ni del contrato de prenda; la financiera no es parte de la relacion juridica derivada del contrato de seguro, ya que su intervencion fue unicamente como mandataria, en los terminos del cciv: 1869 y 1889, que contrato en nombre y por cuenta de su mandante, y por tanto no puede ser demandada por un contrato al cual no se obligo; maxime cuando el accionante no acredito que pueda responsabilizarsela por existir incumplimiento en las obligaciones como tomadora, mandataria o gestora de negocios del accionante; ni acredito y menos probo la insolvencia de la aseguradora, respecto de cuya eleccion por la financiera no formulo ningun reclamo, oposicion, ni reserva o protesta.
Subasta, suspensión de la subasta
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO DE CREDITO ARGENTINO S.A. c/ MEDICAL PROFIT S.A.I.C. y C. s/ ART. 250 DEL CODIGO PROCESAL - INCIDENTE CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-08-09

Cuando el ejecutado o un tercero con interés suficiente solicitan la suspensión de la subasta, es menester exigir que en dicho pedido se demuestre claramente la intención de saldar la deuda, y que, por consiguiente, su realización es innecesaria. Por ello, se requiere que quien formula tal pedido deposite la suma que sirvió de base a la ejecución, sin perjuicio de otros gastos que puedan sumarse al momento de practicar la liquidación definitiva.-
Menores, menor procesado, prescripción de la acción penal, comisión de nuevo delito, monto de la pena
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: S., J. R. y otro s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-04-20

El término que deberá transcurrir para que opere la prescripción de la acción penal en el caso de imputados menores es el mismo que se aplica a los imputados mayores, sin que corresponda adicionarle a la reducción de la pena prevista para la tentativa (art. 44 del CP) una nueva disminución en los términos del art. 4° de la ley 22.278. La comisión de un nuevo hecho delictivo por el que el imputado recibió condena interrumpió la prescripción de la acción penal. El voto disidente expresó que la reducción de la escala punitiva prevista por el art. 4° de la ley 22.278 resulta obligatoria, de modo tal que su máximo constituye el término computable para evaluar la vigencia de la acción penal, según lo previsto por el art. 62 inc. 2 del CP. En caso de que el delito atribuido, a su vez, no hubiera superado en su iter criminis la etapa de la tentativa, corresponderá aplicar la doble reducción. A los efectos de que la "comisión de otro delito" opere como causal interruptiva de la prescripción de la acción penal, en los términos de lo previsto por el art. 67 inc. a) del CP, es preciso que el nuevo hecho haya sido cometido ("hecho bruto") y que la sentencia condenatoria firme que lo reputa como delito y asigna responsabilidad a su respecto ("hecho institucional) haya sido dictado dentro del término de la prescripción aplicable al primer hecho. (Dres. González Palazzo, Hornos, Diez Ojeda -en disidencia parcial-).
Beneficio de litigar sin gastos, pacto de cuota litis, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: BASSI, Marcelo Gastón c/ FORCINITI, Alejandro Alberto s/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-02

Del voto de la mayoría (Dres. de Mundo y López Aramburu):La cláusula del pacto de cuota litis mediante el cual el cliente se hace cargo de las costas, es una declaración de solvencia del actor, que luego no puede dejarse de lado, en virtud de la doctrina de los actos propios, situación ésta que se da cuando, por un lado, se asumen los gastos que irrogue el proceso, liberando de ellos a los profesionales, y, a posteriori, se pretende el otorgamiento de la franquicia legal, asumiendo un temperamento contradictorio.-
Devolución de objetos secuestrados, nulidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: RIBAS, ROBERTO s/ NULIDAD PROCESAL - DEVOLUCION EFECTOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-09-01

La falta de audiencia previa de quienes pudieron deducir oposición a la entrega de los efectos, provoca la nulidad de la resolución que la ordena.
Resoluciones judiciales, preclusión
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: CLARA, Raúl Luis s/ DEFRAUDACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1993-09-08

La facultad de reformar discrecionalmente un pronunciamiento anterior convalidado, carece de regulación precisa en el texto legal adjetivo y es causa de incentivación para frecuentes errores interpretativos que repercuten invariablemente contra la estabilidad de los derechos que asisten a las partes, dentro del proceso penal, o en el trámite de actoría civil, desplegada como pretensión accesoria. La revocación oficiosa de un auto que deciden artículos interlocutorios por otro, aún dentro del marco de las facultades discrecionales de los jueces, encuentran límites cercenadores al exclusivo argumento por cambio de criterio, a no ser la cuota razonabilidad que ofrece la nota de provisoriedad y casación en las circunstancias operadas que justifique las nuevas modificaciones.Ello es así porque el principio de preclusión de los autos procesales, impide abatir una situación jurídica inimpugnablemente alcanzada. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Prueba del pago, firma del trabajador, impresiones digitales, valor probatorio
Materia: PROCESAL
Carátula: SALAZAR, DOMINICIANO c/ ORTIZ, DAMIANO Y OTRO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-31

La impresión digital puesta por un analfabeto no prueba que se haya enterado del contenido del documento, ni que el acto al que se refiere el mismo (en el caso, un pago) se haya hecho efectivo. Para probar la efectiva realización deben aportarse otros elementos de prueba que demuestren el conocimiento que tuvo el trabajador del contenido del acto, la consiguiente correspondencia de la declaración contenida en él con su voluntad real y, en su caso, la sinceridad de los hechos que con él se relacionan. (conforme Goldin, en 'Tratado de Derecho del Trabajo' dirigido por Vázquez Vialard).
Declaración de inconstitucionalidad, decretos, nulidad del decreto, Instituto nacional de servicios sociales para jubilados y pensionados
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Mesa  Coordinadora Nacional  de  Organizaciones  de Jubilados c/ Estado  Nacional  - Poder Ejecutivo  -  Ministerio  de  Trabajo ySeguridad Social y otro s/ acción meramente declarativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-23

Corresponde considerar comprendida en las causas contencioso administrativas contempladas en el art. 45, inc. a) de la ley 13.998 la acción tendiente a obtener la declaración de inconstitucionalidad y nulidad del decreto 197/97 del Poder Ejecutivo Nacional- que dispone el cese de la intervención al Instituto Nacional de Seguridad Social de Jubilados y Pensionados - si su dilucidación conduce al examen de normas y principios de derecho público, vinculados al alcance de las atribuciones del Poder Ejecutivo Nacional y de la autoridad a cargo de la conducción del Instituto demandado.
Subrogancia del juez, nulidad procesal, designación de jueces
Materia: PENAL
Carátula: Cemento San Martín y Loma Negra
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-01

Corresponde rechazar por infundado e hipotético el planteo de nulidad de designación de un magistrado como juez subrogante por no haber respetado el procedimiento de designación que exige la ley, si el incidentista no demostró el perjuicio concreto que dicha designación, y la consecuente desinsaculación del magistrado para intervenir en la causa, le ocasiona, ya que se trata del presupuesto necesario para el dictado de cualquier nulidad. (Dres. Gemignani y Borinsky).