marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Deuda pública, régimen de consolidación de deudas, acto administrativo, leyes, inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Premoldeadora Patagónica S.A. c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa y de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-12-24

El cobro de títulos Ley 3364, como consecuencia de la inaplicabilidad y-o inconstitucionalidad, e ilegalidad de actos administrativos y legislativos -Ley 3609, su Decreto reglamentario, Resolución de la autoridad de aplicación- el acuse de desigualdad es inoperante. Pues, en caso de haber existido, no es demostrativa de la inconstitucionalidad de las normas generales que la Resolución consolidatoria aplicó, y que son presupuesto de la pretendida condena. Una cosa es la inconstitucionalidad de una ley y otra muy distinta la eventual irregularidad -por desigualdad de trato- en que los agentes públicos hubieran incurrido al aplicarla. Además de que, en los casos en que el Poder Legislativo haya decidido su apartamiento, los motivos resultan de oportunidad, mérito o conveniencia, de su exclusiva potestad, y por ende, no justiciables.
Jueces, recusación, recusación con causa
Materia: PROCESAL
Carátula: Unión Judicial de Misiones. c/ Poder Judicial de la Provincia de Misiones. s/ Acción de declaración de inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1996-06-18

En la jurisprudencia ha prevalecido el criterio de que las causas sobre las cuales se asienta una excusación deben ser juzgadas con suma estrictez, y la reacción provocada por una contrariedad de orden espiritual, en virtud de la equivocada valoración de una circunstancia determinada, no puede ser utilizada como fundamento para que el Magistrado se excuse de seguir interviniendo en el juicio, por ello, es que no resultan admisibles las excusaciones fundadas en el exceso de susceptibilidad o que se asienten en la sola existencia de razones de delicadeza personal.
Exención de costas, sentencia absolutoria
Materia: PENAL
Carátula: Incidente de regulación de honorarios de Canestrari, Alejandra Laura c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-03-27

El art. 530 del Código Procesal Penal de la Nación establece como principio general que el pago de las costas corresponde a la parte vencida, pero este principio admite excepciones como las dispuestas en el art. 531 C.P.P.N., que no contempla expresamente la sanción de nulidad para el caso en que se omita fundar la excepción a la regla, a diferencia del art. 68 del código ritual en materia civil y comercial. En materia penal, ante el silencio respecto al pago de las costas parece difícil apartarse del principio general establecido en el art. 531 C.P.P.N.. Sin embargo, si el a quo se pronunció sobre el tópico en la sentencia absolutoria mediante la utilización del enunciado "sin costas" (voto del juez Niño).
Daño, daños y perjuicios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: FARMACHE HORACIO Y OT. c/ LA MERCANTIL ANDINA CIA. DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA s/ Sumario (LIBRO: S137 - 189)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1996-04-17

En nuestro derecho vigente el principio liminar en materia de responsabilidad civil y con mayor razón aún en materia contractual, sigue requiriendo, entre otros presupuestos, la antijuricidad.

La antijuridicidad de la acción es la que vuelve antijurídico el daño y no a la inversa. El principio entonces es, que el daño para ser resarcible debe ser "daño jurídico", es decir un daño producido por un comportamiento antijurídico.
Estabilidad del delegado gremial, cierre del establecimiento
Materia: LABORAL
Carátula: YAKIMIUK, ELIAS c/ MALENKY E HIJOS SA. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-08-22

La extinción de la calidad de delegado de personal por cesación de las actividades del establecimiento, no supone la correlativa pérdida de la estabilidad en el empleo por un año más (conforme artículo 4 ley 22105) si el contrato de trabajo siguió vigente por haber sido designado para prestar servicios en otro establecimiento de la empresa.
Actualización monetaria, intereses
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Barnaba, Carlos Salvador c/ Instituto de Previsión Social s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-08-05

A los intereses del capital actualizado de haberes previsionales adeudados les resulta aplicable la tasa del seis por ciento anual y su curso corresponde desde las fechas del reclamo idóneo para constituir en mora.
Inconstitucionalidad, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL
Carátula: Arquitrabe S.R.L. y Giudice S.A s/ Recurso de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1991-07-31

Que el absurdo, que origina arbitrariedad, nulidad e inconstitucionalidad según criterio plasmado en múltiples resoluciones de este Superior Tribunal de Justicia es "precisamente aquel error grave y manifiesto que quebranta de manera grave, las reglas que gobiernan el recto sentido del raciocinio; y tal vicio lógico se configura cuando la solución judicial es 'incoherente' y se apoya en conclusiones claramente 'insostenibles' y abiertamente contradictorias entre sí.
Derecho Aduanero, infracciones aduaneras, métodos de medición de la carga
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Agencia Marítima Alpemar  S.R.L. s/ Res. Apel. Del:  A.N.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-09-08

Esta Cámara ha tenido oportunidad de señalar la falta de certeza del método de medición por calado de buques frente al de pesaje por medio de balanzas controladas por la autoridad competente.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, concurso preventivo, síndico del concurso, crédito verificado, trámites judiciales, honorarios, regulación de honorarios
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Dirección Provincial de Rentas s/ Primera ¿Cuáles normas se aplican para regular honorarios en la   verificación concursal -tempestiva y tardía- de créditos?. Segunda   ¿Corresponde regular honorarios al síndico y/o su letrado patrocinante, distinguiendo según aquel sea contador o abogado y   según se impongan o no las costas al tercero verificante?. Tercera   ¿Cuál es la base regulatoria? ¿Se computa la desvalorización   monetaria y los intereses? Cuarta ¿Corresponde reducir la escala   arancelaria en función del trámite seguido y de las etapas cumplidas?   Auto sprint sobre quiebra. Incidente verificación crédito (Expte.   Nro. 128-87) -Tribunal pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-06-12

La verificación de los créditos es el núcleo de uno de los estadios del proceso concursal -la etapa informativa- donde se esclarece la real composición del pasivo. No son incidentes ni accidentes ni procesos accesorios del juicio concursal. Al contrario, son partes de una etapa normal de todo concurso; tan típica y necesaria (no accesoria, ni contingente ni ocasional) que si nadie verificara créditos cesa el concurso de inmediato (artículo 229 Ley de Concursos). Por eso la labor del síndico concursal en las verificaciones de créditos, durante la etapa informativa, es tarea "normal" del juicio del concurso. De cualquier concurso. Es obvio que esa tarea podrá ser mayor o menor según la cantidad de acreedores. Y, también, será más o menos compleja conforme la índole de los cuestionamientos que se susciten. Pero nunca puede considerarse, a los fines retributivos, labor "extra" o accesoria o que exceda la tarea sindical que la ley contempla al regular cuándo, cómo y cuánto se regulan los honorarios "totales" (artículo 289) del sindico concursal. (De los Fundamentos del Dr. Rouillon).
Daños y perjuicios, daño estético
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Francovig de Cetera, M. Rosa c/ Fiori, César Andrés s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-11-21

La actora, de sexo femenino, de aproximadamente cuarenta y siete (47) años de edad, tiene una cicatriz en el hombro derecho que si bien le irroga un "perjuicio estético de grado leve", no deja de tener significación, debiéndosela reparar según su entidad. Debe tenerse en cuenta el creciente cuidado y valorización que da el hombre de nuestros días a los factores estéticos, para lo cual es harto frecuente que se dedique tiempo y dinero al cuidado del cuerpo.
Orden de allanamiento, resoluciones judiciales, falta de firma, fundamentación de la resolución
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Mereles Vera de Maldonado s/ recurso de casación". Causa n. : 1107.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-04-28

El fin de la ley al requerir la firma del juez en un auto que disponga un allanamiento es garantizar que sólo la autoridad competente pueda disponer tal medida; así como también, al exigir que se disponga mediante auto fundado, lo relevante es poner de manifiesto las razones que avalan el por qué de la decisión, y así evitar cualquier arbitrariedad injustificada. (Voto de la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia).
Sentencia, fundamentación de sentencias, cosa juzgada
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Sindicato Unión Portuarios Argentinos c/ Empresa Terminal Quequén S.A. s/ Amparo Terminal Quequén S.A. s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-08-13

Es evidente que no puede afirmarse validamente que las disquisiciones realizadas en los fundamentos de la sentencia y referidas a la inconstitucionalidad de un decreto, tengan el alcance de cosa juzgada para las partes y por ende se ocasione agravio susceptible de ser reparado en esta instancia a la demandada. En consecuencia, la inconstitucionalidad referida en los considerandos del fallo no opera efecto alguno y mucho menos el de cosa juzgada para la partes, ni en este proceso ni en ningún otro. Esta interpretación es la que mejor se adecua al planteo del contralor de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas jurídicas (art. 31 de la C.N.), que dada la trascendencia y alcances que tiene, puesto que se está juzgando por el Poder Judicial la validez o invalidez de un acto de otro de los poderes del Estado, su interpretación respecto de la declaración de inconstitucionalidad debe ser notoriamente restrictivo y realizados en los casos excepcionales que así lo reclamen.-
Caducidad de instancia, inactividad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Hormaechea de Caballero, Miriam Graciela c/ Cristensen, Sergio y otro.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-03-07

Si el recurrente desatendió el trámite y dejó transcurrir el plazo de caducidad, debe decretarse la perención de la instancia, independientemente de que se tenga o no por válida la providencia reconstruida por disposición de la cámara.
Recurso de apelación (procesal), oportunidad procesal
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ARIZONA ARGENTINA S.A. c/ HUALPA MIRANDA, PEDRO; HUALPA, JOSE E. s/ EJECUCION DE SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1992-08-31

El Código Procesal Civil de Salta contempla la modificación a pedido de parte de los "efectos" con que fue concedido un recurso: al pedido de primera instancia se refiere el artículo 246 párrafo 2º, y al pedido en la alzada el artículo 270 párrafo 3º. El planteo de cambio del efecto es procedente en primera instancia a través del recurso de reposición, no contra el auto que concede la apelación en si misma, sino en cuanto al efecto con que se concede. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Ejecución de sentencia, liquidación judicial, cosa juzgada, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: MERELLANO, ANDREA MARGARITA Y OTROS c/ YPF s/ LESION O MUERTE DE PASAJEROS TRANSPORTE AEREO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-10-29

La liquidación tiene por objeto determinar cuantitativamente lo resuelto en la sentencia y es ésta la que impone los términos y límites en cuya virtud deben ser practicados los respectivos cálculos. El apartamiento de la cosa juzgada, malogrado el silencio de las vencidas, no impide al Juez colocar la situación en su quicio pues, como se sabe el acto de aprobación se dicta en cuanto hubiere lugar por derecho, es decir que su eficacia jurídica está condicionada a que se respete las bases indicadas en la sentencia final.
Delito culposo, autoría mediata
Materia: PENAL
Carátula: ROSAS, Luis M. s/ Causa 44.127
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-12-30

La autoría mediata en el delito culposo, sólo es posible en los casos en que "el hombre de atrás" maneje a una persona sin responsabilidad, o a una persona no libre, pero siempre será necesario que aquél maneje la situación de peligro.
Accidente de tránsito, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: CIVIL
Carátula: PAILLAN ANA ALICIA c/ MUNICIPALIDAD DE RIO GALLEGOS Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1994-05-06

El sobreseimiento en sede penal no es óbice para que se determine en juicio civil si medió culpa del sobreseído, sobre la base del derecho común (conf. art. 1103 del Código Civil, su doctrina).
Personal municipal, trabajadores temporarios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Sookoian, Simón c/ Provincia de Buenos Aires (Tribunal de Cuentas) s/ Demanda contencioso administrativa Sookoian, Simón c/ Provincia de Buenos Aires (Tribunal de Cuentas) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-03-30|1993-03-30

Para contratar personal administrativo la Ordenanza General 207 establece la exigencia del cumplimiento de un recaudo expreso. Esto es la demostración de la inexistencia de personal competente para llevar adelante tareas de especial naturaleza.
Costas
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Transporte El Gato S.R.L. c/ Rosario Refrescos S.A. s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1999-02-26

El caso planteado ha sido correctamente resuelto por el tribunal de grado toda vez que la prescripción no fue tratada como excepción sino como defensa, cuya dilucidación se difirió para el momento de la sentencia definitiva, donde efectivamente fue considerada y decidida, razón por la cual no corresponde seccionar la imposición de costas como se pretende, sino unificarla bajo el concepto común vencido tal como se efectuó en el fallo ahora impugnado.
Régimen penal de la minoridad, asesor de menores
Materia: PENAL
Carátula: Defensora de Menores e Incapaces del Centro Judicial Monteros en representación pupilar del menor C.N.J.A. s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2015-02-11

Cabe revocar la sentencia que dispuso el cese de la intervención de la Defensora de Menores cuando el imputado cumplió los dieciocho años de edad, pues se advierte que la edad del menor al momento del hecho es lo que fija el régimen penal de minoridad a que queda sujeto el acusado, sin que incida en contrario la circunstancia de que luego alcance la mayoría de edad, ya que aquella condición se cristaliza y le hace acreedor de todas las garantías, principios y finalidades tuitivas que gobiernan esa calidad de sujetos especialmente tutelados, ante la inmadurez que presentaba en ocasión del hecho que se le enrostra.
Pensiones graciables, veteranos de guerra, reconocimiento en sede judicial, pérdida del beneficio
Materia: ADMINISTRATIVO-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Paez, Ángel Bernardo c/ Poder Ejecutivo Provincial s/ sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 2003-07-01

Las pensiones de guerra no fueron concedidas graciosamente, sino que se otorgaron por una ley especial dictada a ese exclusivo efecto (Ley Nº 407). La distinción ya había sido marcada al sancionarse la Ley Nº 389, que estableció el RÉGIMEN ÚNICO DE PENSIONES ESPECIALES (R.U.P.E.), donde se menciona a las dos especies de pensiones por separado (art. 21: inc. d: pensiones graciables; inc. e: pensiones a los ex-combatientes).

De allí que el derecho a la pensión de guerra concedido por la Ley Nº 407 no puede suspenderse en su percepción o revocarse a los beneficiarios, por tratarse de un derecho que fue otorgado al veterano de guerra en reconocimiento a su valor por haberse encontrado en el Teatro de Operaciones Malvinas (TOM), o dentro del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS), en el conflicto bélico con Gran Bretaña por las Islas Malvinas. (Opinión personal del Dr. Mario A. Robbio)
Admisibilidad formal, ejecución de la pena
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Romero, Ercilia del Carmen c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-10

El recurso interpuesto por la defensa de la encausada es formalmente admisible, pues corresponde a esta Cámara Federal de Casación Penal resolver las cuestiones como las que en esta oportunidad vienen recurridas, conforme lo previsto por el art. 491 del C.P.P.N. y al criterio adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente de Fallos: 327:388, "Romero Cacharane, Hugo Alberto s/ejecución" (R.230. XXXIV, rto. el 9/3/04), en tanto afirmó la vigencia del principio de judicialización de la etapa ejecutiva de la pena.
Empleados públicos, trabajadores de la industria gráfica
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Escudero, Rubén José c/ Provincia de Buenos Aires (Instituto de Obra Médico Asistencial) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-02-22

La específica referencia a los conceptos que integran el sistema remuneratorio y bonificatorio del empleado gráfico en el nuevo régimen legal abastece la regulación del instituto y sustituye el ordenamiento general anterior de aplicación cuando no regía un sistema especial sobre la materia como sucede con la sanción de la ley 10.449 y su modificatoria 10.461. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Derecho procesal, secretario de juzgado, oficial primero, funcionarios judiciales, providencia simple, recursos
Materia: PROCESAL
Carátula: 3 Arroyos SA  c/  s/ concurso preventivo s/ incidente de pronto pago promovido por nievas, walter jose
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-07-05

Corresponde rechazar la queja promovida contra la desestimación de la apelación incoada contra una providencia suscripta por la Sra. Secretaria del juzgado, pues sólo las providencias que emanan del magistrado son susceptibles de ser revisadas por vía apelación y particularmente en lo que refiere a los incidentes solo aquellas que le ponen fin (LCQ 285) o las que provocan un gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior (v. gr. CNCom, Sala F, in re "3 Arroyos SA s/ concurso preventivo s/ incidente de pronto pago por Gómez, Cristian M.", del 22/05/23).
Ejecución fiscal, quiebra, fuero de atracción, cosa juzgada, competencia contencioso administrativa y tributaria
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/ Crediahora SRL s/ Ejecución fiscal s/ conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-21

La regla instituyente del fuero de atracción que ejerce el concurso (arts. 21 y 132 de la ley n° 24522) importa una excepción a las reglas de la competencia. Como tal, sólo puede hacerse efectiva sobre los juicios que se hallen en trámite, y no sobre los que a la fecha de declaración de quiebra ya hubieran concluido por sentencia firme. (Del voto de los jueces Inés M. Weinberg, Marcela De Langhe y Santiago Otamendi, al que adhieren los jueces Luis Francisco Lozano y Alicia Ruiz).
Estupefacientes, aplicación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: SOTO, A.M. s/ Estupefacientes"
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-29

Tratándose de un experimentador con personalidad proclive al consumo de drogas, para quien los facultativos aconsejan un tratamiento psicoterapéutico de rehabilitación, es de aplicación el art. 21 y no el art. 17 ley 23737, toda vez que no está ante un dependiente físico o psíquico de estupefacientes, presupuesto éste insoslayable para la aplicación de la medida de seguridad curativa legislada por la citada norma.
Prueba, apreciación del juez
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lobadino, Ruben Oscar c/ Alfaro, Juan Carlos y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-10-26

La selección del material probatorio constituye una facultad privativa de los jueces de la instancia de mérito y tal prerrogativa conlleva la posibilidad de inclinarse hacia unos elementos probatorios, descartando otros, sin que sea necesario expresar en la sentencia la valoración de todos ellos sino únicamente de los que resulten necesarios para el fallo de la litis (art. 384, 2da. parte código procesal).-
Extinción por quiebra o concurso del empleador, calificación de conducta, indemnización por despido
Materia: LABORAL
Carátula: MEDINA, MIGUEL Y OTRO c/ PROVEEDURIAS ARGENTINAS UNIDAS S.A.  SU QUIEBRA s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1972-10-09

'En los casos previstos por el artículo 157, inciso 5) del Código de Comercio -ley 11729-, la sola declaración de quiebra por aplicación de la ley 11719 no exime al empleador del pago de la indemnización íntegra por antiguedad si no acreditó que el estado de falencia obedeció a causas ajenas a su voluntad'. (tomado por artículo 251 Ley de Contrato de Trabajo).
Demanda, traslado de la demanda, notificación, defensa en juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: C. S.A. s/ Incidente de Nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-12-15

Cuando se trata de la notificación del traslado de la demanda se deben extremar los recaudos para garantizar debidamente el derecho de defensa en juicio, habida cuenta de la trascendencia del acto procesal de que se trata aun en el proceso laboral. Ello es así en razón, que el demandante debe ser, sin duda, el primer interesado en extremar las precauciones a fin de lograr que la relación procesal quede válidamente trabada, propósito que armoniza con el carácter inobjetable de la sentencia favorable a que aspira aún en un proceso instructorio como lo es el laboral. Y, así, en la apreciación de los recaudos legales requeridos para la notificación del traslado de la demanda corresponde proceder con criterio estricto. En caso de duda, habrá de atenerse a la solución que evita conculcar derechos de raigambre constitucional.
Indemnización, daño moral, lesiones culposas, accidente de tránsito
Materia: PENAL - CIVIL
Carátula: PEREZ RAUL HECTOR s/ INDEMNIZACION - ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1988-08-12

Para fijar el monto del daño moral, en el caso, se debe tener en cuenta el dolor y sufrimientos padecidos y que aún le restan padecer a la víctima por el resto de su vida, que tales sufrimientos no son solo físicos sino también psíquicos, la incapacidad que padece (del 73%), las intervenciones quirúrgicas e injertos que debió y deberá soportar, los padecimientos por la probable amputación de pierna, los días de internación que debió sufrir, el cortamiento de su pierna y muy especialmente su condición de mujer soltera arruinada, como así también la frustración en su vocación como maestra especial función ésta que ya no puede ejercer, salvo como particular y en forma limitada.-