Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-03-12


Buenos Aires, 12 de marzo de 2008 Vistos: los autos indicados en el epígrafe.

Resulta 1. La Defensora General Adjunta en lo Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires interpuso recurso de queja (fs. 42/50) contra el auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad (fs. 37/40), que fuera articulado, a su vez, contra la resolución de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas (fs. 17/26) que había decidido "REVOCAR la sentencia recurrida [...] en cuanto absuelve a José Luis Pérez y CONDENARLO por ser autor de la contravención prevista en el art. 60 de la Ley N° 1472 [suministrar alcohol a personas menores de dieciocho años], en su carácter de encargado del local, conducta que se llevó a cabo en su forma dolosa a la pena de un mil pesos ($ 1000) de multa; cuyo cumplimiento se deja en suspenso; disponiendo que el nombrado cumpla durante el término de seis (6) meses las siguientes reglas de conducta: a) fijar residencia y comunicar a la Fiscalía el cambio de ésta, b) cumplir con las citaciones o requerimientos que la Fiscalía o el Juzgado le hiciere (arts. 22 inc. 2, 25 inc. 2, 26, 29, 45 incs. 1 y 2, 46 y 60 de la ley 1472). CON COSTAS (art. 14 LPC)" (fs. 25vta./26).

2. En su recurso de inconstitucionalidad (fs. 27/35), la defensa presentó los siguientes agravios: a) violación a la garantía de "doble instancia" y/o "doble conforme" y a la garantía de defensa en juicio (arts. 18 y 33, CN y art. 13, inc. 3, CCBA), pues la sentencia dictada por la Sala I de la Cámara es la primera condena, siendo imperioso entonces garantizar el acceso a una segunda instancia, lo cual se encontraría vedado en el caso en particular (fs. 32); y b) errónea aplicación del art. 60 de la ley n° 1472 al caso concreto y "vigencia de los principios de legalidad y lesividad", pues la defensa disiente con la valoración de los dichos de los testigos realizada por los jueces en la sentencia de condena y considera que no se ha logrado demostrar con la certeza necesaria que las personas menores de edad hayan consumido alcohol, por lo que considera que debe jugar a favor de su defendido el principio in dubio pro reo (fs. 32vta./34vuelta).

3. La Sala I resolvió declarar inadmisible el recurso de inconstitucionalidad. Con respecto al primer agravio, entendió que dado que la sanción impuesta al Sr. Pérez ha sido dejada en suspenso, el agravio que sustenta la defensa no es actual, a lo que se suma que el monto de la multa es el mínimo legalmente establecido para la contravención (art. 60, ley n° 1472) y que las reglas de conducta que se le han impuesto no resultan limitativas a su libertad, lo que determinaría la insignificancia de la sanción y conllevaría a la inaplicabilidad de la garantía en el caso. En cuanto al segundo agravio, la Sala I consideró que, más allá de que la defensa efectúa una mención genérica de los principios constitucionales de legalidad y lesividad -sin relacionarlos en forma alguna con el caso-, los cuestionamientos expuestos se limitan a controvertir la valoración de la prueba efectuada por la Cámara y los fundamentos de la sentencia en cuestión para el dictado de una condena, lo que no alcanza a configurar un caso constitucional que amerite el tratamiento por el TSJ (fs. 37/40).

4. El señor Fiscal General Adjunto, en su dictamen, concluyó que se debe hacer lugar al recurso de queja, declarar admisible el recurso de inconstitucionalidad deducido y, conforme a lo dispuesto en el art. 290 del CPP de la Ciudad de Buenos Aires, se debe disponer que intervenga otra de las salas de la Cámara de Apelaciones para que atienda la revisión de la sentencia (fs. 55/57).

Fundamentos El juez José Osvaldo Casás dijo:

1. El recurso de queja presentado por la Defensora General Adjunta fue interpuesto en término y conforme las exigencias formales del art. 33 de la ley n° 402.

2. En cuanto al planteo relativo a la garantía de la doble instancia que el recurso de hecho defiende, considero que la queja debe ser rechazada.

La defensora no ha logrado rebatir los argumentos de la Cámara en torno a la ausencia de una cuestión constitucional en sus presentaciones, pues se limita a intentar una genérica equiparación entre el derecho contravencional local y el derecho penal -circunscripta a meras referencias de normas constitucionales nacionales y locales- que no ha fundamentado ni aun en forma mínima. En ese sentido, la Defensora General Adjunta no ha expuesto en la presentación en estudio reflexión alguna vinculada con la circunstancia de que, en el caso, se imputó al señor Pérez la comisión de una contravención (art. 60, ley n° 1472), y que, como consecuencia de ello, se le impuso la sanción mínima legal prevista -en especie y monto (multa de $ 1.000)-, cuyo cumplimiento, además, se dejó en suspenso sujeto al cumplimiento de dos "reglas de conducta" que, a pesar de lo afirmado por la recurrente, lejos están de constituir una restricción de entidad. No se explica la aseveración de la defensa en torno a que la regla de "fijar residencia y comunicar a la fiscalía el cambio de ésta" que se impusiera al señor Pérez implique que "no puede mudarse libremente de domicilio" (fs. 47). Tampoco se han expuesto argumentos que sustenten que la imposición de cumplir con las citaciones que puedan disponer la Fiscalía o el Juzgado intervinientes constituya una restricción de entidad.

Así las cosas, como lo he afirmado en reiteradas oportunidades, la alusión genérica a la garantía de la doble instancia reconocida en la Constitución local (art. 13.3), en mi concepto, no puede interpretarse como una argumentación suficiente para demostrar que ésta comprenda la exigencia de la observancia del "doble conforme" en los procesos contravencionales que tramitan ante la jurisdicción local y que, entonces, su desconocimiento provoque un menoscabo actual y concreto a la defensa en juicio (cf. mis votos in re "Gelabert, Sergio Claudio, Spangenberg, Hugo Hernán y otros s/ inf. arts. 116, 117 y 118 CC (Suipacha 845) -apelación- s/ recurso de inconstitucionalidad concedido" y su acumulado "Gelabert, Sergio Claudio - De Beláustegui, Néstor Marcelo s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Gelabert, Sergio Claudio, Spangenberg, Hugo Hernán y otros s/ inf. arts. 116, 117 y 118 CC (Suipacha 845) -apelación-'", exptes. n° 5186/07 y n° 5187/07, sentencia del 18 de julio de 2007 y sus citas).

Cabe expresar asimismo que la reformulación de argumentos que la defensa pretende ahora realizar mediante la interposición del recurso de queja -al solicitar que se "ordene el reenvío de la causa a fin de que una Sala de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas distinta de la que intervino en la causa, revise mediante un recurso amplio la condena impuesta al Sr. Pérez en el presente proceso" (fs. 50)- no resulta atendible, pues la presentación directa ante este Tribunal no resulta un medio apto para modificar los términos del recurso de inconstitucionalidad que se intenta mantener.

Por lo demás, tampoco se ha realizado esfuerzo alguno por demostrar que las herramientas recursivas que la defensa tuvo a su alcance hayan resultado inapropiadas en el caso. Por el contrario, si en el recurso de inconstitucionalidad la defensa solicitó que este Tribunal revisara la condena y absolviera al Sr. Pérez (fs. 32vta. y 35), pareciera que la vía del art. 27 de la ley nº 402 se consideró potencialmente apta para satisfacer el derecho a la "doble instancia" que, a su entender, se encontraba comprometido.

3. Dado que, a mi juicio, el agravio relativo a la vulneración de la garantía de la doble instancia no debe prosperar, correspondería ingresar al tratamiento de las demás cuestiones pretendidamente constitucionales alegadas por la defensa. Sin embargo, la queja sometida a decisión se ocupa únicamente de rebatir los argumentos por los cuales la Cámara denegó el recurso en lo que se refiere a la vulneración del "doble conforme", según explica la defensa en su escrito, "en el entendimiento de que los restantes agravios planteados oportunamente en el recurso de inconstitucionalidad deben ser abordados por otro tribunal de mérito -mediante un recurso de apelación amplio sobre la condena- antes de que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad se pronuncie al respecto" (fs. 42 vuelta). Así, al optar la defensa por referirse exclusivamente a uno de los motivos de agravio planteados en el recurso de inconstitucionalidad y omitir la crítica respecto de las razones que dio la Cámara para denegar el recurso de inconstitucionalidad en cuanto a los restantes planteos, el auto denegatorio ha quedado firme en relación a todos aquellos otros agravios que no han sido retomados en la presentación directa, circunstancia que impide que el Tribunal se pronuncie sobre ellos.

4. Por las razones expuestas, entiendo que corresponde rechazar el recurso de queja deducido por la defensa de José Luis Pérez e intimar al cumplimiento de la integración del depósito previsto en el art. 34, LPTSJ, dado que el imputado no se encuentra dentro de los sujetos exentos por la ley de tasa judicial (n° 327), ni ha acreditado haber obtenido o iniciado un beneficio de litigar sin gastos (cf. mis votos en: "Empresa de Transporte Pedro de Mendoza C.I.S.A. -causa n° 459-CC/00- s/ recurso de queja por recurso de inconstitucionalidad denegado", expte. n° 724/00, resolución del 14/2/01, en Constitución y Justicia [Fallos del TSJ], Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 2004, t. III, ps. 16 y ss.; "Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Contravencional n° 6- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Oniszczuk, Carlos Alberto y Marquez, Sandra Rosana s/ ley 255 -apelación-", expte. n° 2266, sentencia del 16/7/03; y "Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Contravencional y de Faltas n° 1- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Ronchetti, Leonardo s/ art. 47 CC -apelación-'", expte. nº 3996/05, resolución del 14/9/2005).

Así lo voto.

El juez Julio B. J. Maier dijo:

1. El recurso de queja deducido ante el Tribunal cumple con los requisitos que la ley establece en cuanto al lugar, el tiempo y la forma de su interposición (art. 33, ley n° 402).

La presentación directa rebate los fundamentos del auto denegatorio respecto del agravio vinculado a la violación del derecho al recurso, en tanto, en pocas palabras, demuestra que la discusión que propuso la defensora oficial -relativa a la necesidad de contar con un recurso amplio frente a una condena dictada por la Cámara- involucra la interpretación de normas constitucionales. Por esa razón, tal como lo hice en diversos precedentes ("Ministerio Público -Defensoría en lo Contravencional y de Faltas n° 2- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Sama, Javier Fernando s/ infracción art. 56 CC -apelación-'", expte. n° 3892/05, resolución del 05/08/05; "Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Contravencional n° 2- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Martínez, Horacio Daniel s/ art. 68 CC -apelación-'", expte. n° 3988, resolución del 03/10/2005; y "Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Contravencional n° 2- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en ´Moreno, Rodrigo Félix s/ inf. art. 56, CC -apelación-´", expte. n° 4302/05, resolución del 05/04/06), voto por hacer lugar a la queja para que el TSJ analice si la garantía invocada se vio comprometida durante el transcurso de este proceso contravencional.

Sin embargo, fuerza es advertir que la tesis expuesta por la Sra. defensora oficial en el recurso de inconstitucionalidad contiene un contrasentido: si, como ella cree, existe, contra la condena de la Cámara (primera condena), un recurso amplio ante el TSJ, que permite plantear problemas derivados de la valoración de la prueba y de la interpretación del Derecho común (infraconstitucional), agravios reales del apelante que intenta introducir por la vía de la recurribilidad de la sentencia y la arbitrariedad como motivo del recurso, entonces desaparece el agravio constitucional del derecho al recurso, pues éste existe y sólo se demanda su aplicación, conforme a la interpretación del recurso ante el TSJ en estos casos que propone la recurrente para argumentar sobre su admisibilidad. Sólo si el Tribunal rechazara el recurso por inadmisible, cabría proponer una lesión a la garantía citada.

Deseo agregar que, desde un punto de vista, si se quiere, estrictamente técnico, la defensora -luego de conocer la condena decidida por la Sala I- en lugar de interponer su recurso de inconstitucionalidad (o, al menos, junto con él, si es que la ley procesal le resultaba ambigua), debió apelar el fallo ante la propia Cámara, con el fin de que otros miembros de ese mismo tribunal reexaminaran ampliamente aquella sentencia. Si, eventualmente, los integrantes de la Sala interviniente le negaban la posibilidad de obtener el reexamen de su condena, ese auto (y no el fallo condenatorio) habría podido ser atacado por inconstitucional a través del recurso previsto en el art. 113, inc. 3, de la Constitución local. Ésta hubiera sido la secuencia correcta, porque, según lo explicado anteriormente, se puede advertir que, en el sentido de la doble conformidad no existe en el recurso que esta queja defiende regla o acto alguno de autoridad atacado por ilegítimo constitucionalmente. Empero, el hecho de que, en el fondo, lo que se quiere mediante el recurso, con alguna razón, es conseguir la revisión de la primera sentencia de condena, y la dificultosa formulación y realización del derecho a someter a control judicial el primer fallo condenatorio, conforme a una organización judicial arcaica, conservada positiva y culturalmente, me inclinan, al menos por el momento, a conceder la apertura del recurso para debatir el alcance de la garantía.

2. Antes de ingresar sobre los fundamentos del recurso de inconstitucionalidad denegado advierto, además, que la defensa, en esta queja, ha variado en cierta medida su presentación anterior: mientras que, como mencioné en el punto anterior, al recurrir por inconstitucional la decisión de la Sala I que condenaba al imputado sostuvo que era el propio TSJ el que debía revisar y revertir el fallo adverso al Sr. Pérez (porque, según argumentó, aquella sentencia arbitraria vulneraba los principios de legalidad y lesividad), en la queja solicita que otro tribunal de mérito examine la condena impuesta, de manera originaria, por los jueces de la Sala I de la Cámara. La solución que se prevé en la queja es idéntica a la que yo mismo indiqué en sentencias del Tribunal (cf., entre otros, "Alberganti, Christian Adrián s/ art. 68 CC -apelación- s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", expte. n° 3910/05, sentencia del 05/08/05 y sus citas): cuando existe una primera condena en segunda instancia, esa decisión es susceptible de un recurso amplio conforme la CADH, el PIDCyP, la CN y la Constitución local, y ese recurso debería resolverse en la misma Cámara, por otros jueces que no hayan intervenido anteriormente en el proceso. Esta es la solución que establece, para ciertos supuestos, el art. 290 del Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires -norma supletoria en el caso, según el art. 6 de la ley n° 12- y esta es también, precisamente, la corrección que ha introducido la queja respecto del recurso de inconstitucionalidad. Esa corrección, en verdad, respeta la ley positiva que no erige al TSJ en tribunal de mérito, sino que establece para su competencia un recurso excepcional, reducido a un agravio constitucional. No se trata, pues, de un nuevo agravio -porque él es idéntico: necesidad de contar con un recurso frente a la primera condena- sino, simplemente, de una corrección de la consecuencia a la que se dirige el recurso según un funcionario de grado inferior en el diseño institucional del ministerio público de la defensa, cuestión que es posible desde todo punto de vista (el asunto es más sencillo si se lo compara con el siguiente ejemplo: un fiscal de primera instancia apela una absolución decidida luego de celebrado el debate y, en ese escrito, requiere la modificación del fallo y la imposición de una pena ilegal; frente a ello, el fiscal de Cámara, al momento de expedirse, puede alterar válidamente la consecuencia pedida por el funcionario que recurrió y solicitar, en lugar de la pena prohibida, la aplicación de una sanción válida).

Esta variación, en consecuencia, no impide la procedencia del recurso de queja.

3. Visto el caso de esta manera, el recurrente planteó con éxito ante este Tribunal un caso constitucional a tenor de la invocada lesión de la defensa en juicio y del doble conforme (cf. art. 13, inc. 3, CCBA, arts. 18 y 75, inc. 22, CN y normas pertinentes del Derecho internacional de los derechos humanos) con relación a la imposibilidad por parte de su defendido de contar con una doble conformidad judicial con antelación a la imposición de una pena contravencional. En efecto, la defensa oficial del Sr. Pérez conectó, de manera seria y suficiente, las reglas constitucionales citadas con las constancias de la causa bajo estudio (cf. fs. 29 vta., 32 y 44). Por lo demás, no está en discusión que este motivo de agravio fue expuesto en tiempo oportuno y mantenido adecuadamente a lo largo de este proceso (fs. 11/14, 27/35 y 42/50 vuelta).

4. Sin embargo, y adentrándome ya en el estudio de los argumentos presentados en el recurso de inconstitucionalidad, considero que el caso es similar a aquel que tramitó en los autos "Martínez", ya citado. En consecuencia, no estoy de acuerdo en que deba arribarse al mismo resultado que expresé en ciertas sentencias del Tribunal, algunas de ellas invocadas por el recurrente (cf., entre otras, mi opinión en los autos "Alberganti", ya mencionados). Tal como lo manifesté en aquellas decisiones, la visión propia del Derecho comparado de la garantía de la doble conformidad (o del derecho del imputado de recurrir la condena o, de acuerdo con la expresión contenida en el art. 13, inc. 3, CCBA, la garantía de la doble instancia) excluye al que podríamos llamar "Derecho penal de menor cuantía" de la necesidad de observar esta regla (véase, a título de ejemplo, Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales [1950], Protocolo ampliatorio n° 7 [1984], art. 2, párrafo II). No obstante, el carácter privativo o limitativo de la libertad locomotiva de las penas que se decidían en aquellas sentencias me impulsó, básicamente, a conceder el recurso de inconstitucionalidad interpuesto y a otorgarle consecuencias.

Aquí se observa, en cambio, que la Sala I de la Cámara ha aplicado una multa, que la pena de multa ha sido la inferior posible en la escala ($1.000) y, por último, que esa multa no es ejecutable, al menos por el momento, porque ha sido aplicada en forma condicional (CC, art. 46). Las reglas de conducta impuestas, al mismo tiempo, no resultan asimilables a una pena, sino que constituyen una obligación menor (por un lado, fijar residencia y, eventualmente, comunicar a la fiscalía cualquier cambio, y, por otra parte, cumplir con las citaciones o requerimientos que la fiscalía o el juzgado le hicieren) durante un plazo mínimo; si, eventualmente, se abusara en la aplicación de estas reglas (por caso, si se lo hiciera comparecer en la fiscalía todos los días, o se le impidiera cambiar de domicilio), ése sería un problema propio de la ejecución de la sentencia. De tal manera, por una parte, se puede decir que el caso es nimio (insignificante) y, por la otra, que presenciamos un límite con relación a aquello que podemos llamar sentencia definitiva, puesto que el mismo fallo declara que la pena no es ejecutable y sólo lo será en el futuro si sucede una condición que domina el autor. Al mismo tiempo, ello denota la inexistencia práctica del agravio necesario para posibilitar el recurso de inconstitucionalidad, o, cuando menos, su insignificancia, tal como fue expresado anteriormente.

Realmente parece desproporcionado, en un caso como éste, en el que la sanción puede redimirse por el mero trascurso del tiempo -CC, 46, III, "(...) la condena se tendrá por no pronunciada"-, exigir una doble conformidad para que ella se pueda ejecutar, posibilidad negada, al menos provisionalmente, por la misma sentencia. En todo caso, parece más racional que si se cumple la condición que permite la ejecución de esta resolución, esto es, si la sentencia deviene eventualmente definitiva, se trate el problema cuando se dicte la decisión única que abarque a una condena posterior (CP, 58 y CC, 10) o, eventualmente, cuando el juez competente decida aplicar la pena porque el imputado incumplió alguna de las obligaciones fijadas por los miembros de la Cámara.

Ni siquiera bajo el aspecto del ingreso a un registro de contraventores -admonición que no guarda proporción con el derecho a la doble instancia- la sentencia recurrida parece definitiva, pues conforme al art. 50, CC, interpretación a la luz de lo previsto por el art. 46, III, CC, tal registro no es definitivo y caducará en un tiempo relativamente breve.

5. Por las razones esgrimidas en los párrafos precedentes, voto por admitir la queja y no hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad de la defensa en cuanto a la violación de la garantía de doble conforme.

El juez Luis Francisco Lozano dijo:

1. La defensa viene en queja al Tribunal únicamente con relación al planteo relativo al derecho a recurrir ante un tribunal superior todo fallo condenatorio, con características penales, que, a su entender, aseguran los arts. 10 y 13 de la CCBA, 18 y 75, inc. 22, de la CN, 8.2.h de la CADH y 14.5 del PICDyP y el precedente "Herrera Ulloa vs. Costa Rica", de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (conf. punto 2 de los resultas). En este orden de ideas, manifiesta que ".la queja se referirá exclusivamente al agravio referido a la vulneración de la garantía del 'doble conforme' como derivación del derecho constitucional a la defensa en juicio, en el entendimiento de que los restantes agravios planteados oportunamente en el recurso de inconstitucionalidad [errónea aplicación del art. 60 de la ley n° 1472 al caso concreto y "vigencia de los principios de legalidad y lesividad"] deben ser abordados por otro tribunal de mérito -mediante un recurso de apelación amplio sobre la condena- antes de que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad se pronuncie al respecto" (fs. 42vuelta). A tales fines, el recurrente agrega que el Tribunal deberá ordenar el reenvío de la causa a la Cámara Contravencional a fin de que una Sala distinta de la que intervino revise mediante un recurso amplio la condena impuesta a su defendido (fs. 49 y 50).

2. Asiste al recurrente, en virtud del contenido de la legislación de la Ciudad, el derecho a acceder a la revisión de una sentencia condenatoria por un tribunal distinto del que pronunció la condena, por lo que corresponde declarar mal denegado el recurso de inconstitucionalidad en este punto. Sintéticamente expuesto, conforme sostuve en las causas "Alberganti, Christian Adrián s/ art. 68 CC -apelación- s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", expte. nº 3910/05, sentencia de este Tribunal del 05/08/2005; "Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Contravencional n° 2- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Martínez, Horacio Daniel s/ art. 68 CC -apelación-'", expte. nº 3988, sentencia de este Tribunal del 03/10/05; y "Coultas, Juan Domingo s/ inf. art. 83 y 84 CC s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", expte. n° 4451/05, sentencia de este Tribunal del 06/06/06, a las que cabe remitirse, el legislador optó, en el art. 3 del Código Contravencional, por extender al juzgamiento de las figuras que instituía ".todos los principios, derechos y garantías consagrados en la Constitución de la Nación Argentina, en los tratados de Derechos humanos que forman parte de la Constitución Nacional (artículo 75, inc. 22) en los demás tratados ratificados por el Congreso de la Nación (artículo 31 de la Constitución Nacional) y en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

Esa fuente no queda enervada por la argumentación, por cierto relativa al fondo no a la admisibilidad, que vertió la Cámara al denegar el recurso de inconstitucionalidad en este punto, en tanto, por un lado, (i) la ley no introduce distinción como la propuesta por el a quo entre supuestos en que la condena debe ser cumplida y aquellos otros en que ha sido dejada en suspenso (conf. fs. 37/40), doctrina que tampoco surge de los tratados internacionales invocados en cuanto a los supuestos de condena por delito, y por el otro, (ii) porque asiste razón a la defensa en cuanto sostiene que la Cámara no explica de modo suficiente porqué la doctrina sentada por el Dr. Maier en las causas "Martínez" y "Coultas" (ya citadas) resulta aplicable a la situación de autos, máxime cuando a diferencia de lo acaecido en esos precedentes en el sub examine se le han impuesto al Sr. Pérez reglas de conducta.

3. A su vez, en dichos precedentes, dejé sentada la regla según la cual el alcance de dicha revisión y, consecuentemente, el ámbito en que tendrá lugar (esta instancia o una de grado) está directamente relacionada con el contenido de los agravios de la defensa. Si las objeciones planteadas por la defensa involucran solamente aspectos revisables por medio del recurso de inconstitucionalidad, es éste el medio recursivo con que el legislador cumple con la garantía. Si, por el contrario, contiene cuestiones ajenas al marco cognoscitivo de dicho recurso, hay razones para que la revisión provenga de un tribunal adecuado a ese objeto (cf. mi voto in re "Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Contravencional y de Faltas n° 2- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Moreno, Rodrigo Félix s/ inf. art. 56 CC -apelación-", expte. n° 4302/05, sentencia de este Tribunal del 05/04/06).

En el sub lite es el recurrente quien optó, mediante el mecanismo de abandonar en la queja los planteos que formuló en el recurso de inconstitucionalidad contra la sentencia de la Cámara, por que sus agravios sean tratados por un tribunal de grado.

3.1. Sentado lo que antecede, estimo que el mecanismo procesal más adecuado para satisfacer la garantía procesal de la doble instancia con el alcance que, según lo antedicho, quiso darle el legislador, es aquel que, a partir de la entrada en vigencia de la ley n° 2303, receptó en su artículo 290 el nuevo Código Procesal Penal de la CABA (aplicable a los procedimientos contravencionales por medio del art. 6 de la ley 12), es decir, encomendar a la Sala de la Cámara que siga en orden de turno que trate el recurso de la defensa.

Por ello y de conformidad con lo dictaminado por el Fiscal General Adjunto, voto por: i) hacer lugar a la queja por haber sido mal denegado el recurso de inconstitucionalidad en lo que fue materia de agravio; ii) hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad con respecto a la lesión de la garantía de la doble instancia; y iii) reenviar la causa a la Cámara Contravencional a fin de que le imprima el procedimiento previsto en el art. 290 del Código Procesal Penal de la Ciudad (cf. ley n° 2303).

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

1. La situación planteada en las presentes actuaciones es análoga a la resuelta en autos "Alberganti, Christian Adrián s/ art. 68 CC -apelación- s/ recurso de inconstitucionalidad concedido". En efecto -y tal como bien señala el Sr. juez Lozano en los puntos 1 y 2 de su voto a los que adhiero-, la defensa se agravia por la ausencia de recurso judicial idóneo para asegurar la efectiva vigencia de la garantía del doble conforme, ante una sentencia de la Cámara que revoque una absolución y condene.

En la causa citada sostuve que "[l]a Ley nº 12 faculta al ministerio público a recurrir por vía de apelación la decisión absolutoria del juez de primera instancia, con lo cual habilita la posibilidad de una primera sentencia de condena en Cámara. En esta situación el condenado está privado de recurrir ante un tribunal de mérito, porque el sistema procesal contravencional (Ley nº 12) no prevé un recurso ordinario o amplio ante otro órgano judicial para impugnar la sentencia de segunda instancia. En consecuencia, el recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior de Justicia (art. 53 de la Ley nº 12 y art. 27 de la Ley nº 402) es el único camino para la defensa. Como se ve, la estructura diseñada por la ley procesal contravencional, genera, en un caso como el de autos, la afectación a la garantía de la defensa en juicio y al principio del doble conforme. Y sólo por este agravio es parcialmente admisible el recurso de inconstitucionalidad." 2. Por las circunstancias de la causa que motivaron su interposición, la resolución que concede el recurso debe quedar limitada al agravio indicado precedentemente, porque únicamente en relación con la garantía de la defensa en juicio y al principio del doble conforme la sentencia recurrida debe tenerse por definitiva.

El carácter represivo del derecho contravencional y la disposición contenida en el art. 13, inc. 3, de la CCBA determinan el derecho del condenado a exigir una revisión amplia de la sentencia de Cámara. En forma adecuada la defensa apoya su argumentación en los arts. 10 y 13, inc. 3 de la CCBA, arts. 18 y 75, inc. 22, de la CN; art. 8, inc. 2, h, CADH; y art. 14, inc. 5, del PIDCP. Y, en el mismo sentido, he de mencionar los considerandos 157/168 del fallo de la Corte Interamericana en el caso "Herrera Ulloa vs. Costa Rica".

En esta oportunidad debo además señalar que la solución propuesta resultó consagrada legislativamente en el art. 290 del Código Procesal Penal hoy vigente, y de aplicación supletoria en materia contravencional. Dicha norma fija entonces el criterio que sostengo, y lo hace de manera general y sin reconocer excepciones fundadas en la insignificancia o criterios similares.

3. Por lo expuesto, voto por hacer lugar a la queja, declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad en cuanto a la violación de la garantía de la doble instancia, y remitir el expediente a la Cámara a fin de que la Sala que siga en orden de turno intervenga conforme a lo estipulado.

La jueza Ana María Conde dijo:

1. El recurso de queja cumple los recaudos formales que se exigen en la especie, en tanto fue interpuesto contra el auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad, mediante escrito fundamentado, dentro del plazo legal y ante el tribunal constitucionalmente competente para resolverlo. Más allá de que la queja presenta ciertas deficiencias de argumentación que alcanzarían para rechazarla sin más trámite, en esta oportunidad, considero conveniente habilitar esta instancia, por motivos excepcionales vinculados con la reciente entrada en vigencia del Código Procesal Penal de la Ciudad (ley nº 2303).

2. Brevemente, en su presentación de hecho la recurrente solicitó que se ordene un "reenvío" de estas actuaciones a la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas a los efectos de permitir que una Sala distinta a la que intervino anteriormente, esto es, distinta de aquella otra que frente a un recurso acusatorio revocó una absolución decidida en primera instancia y emitió la primera sentencia condenatoria del imputado, revise dicha condena sobre la base de los agravios presentados "oportunamente" en el recurso de inconstitucionalidad denegado. Si bien puede sostenerse, con acierto, que la defensa intentó modificar en buena medida su pretensión inicial en cuanto al "reenvío", que no fue solicitado expresamente en su recurso anterior, pienso que la excepcionalidad del presente caso -en especial porque una solución análoga a la propuesta por el recurrente ha sido consagrada por el legislador local mediante el art. 290, ley n° 2303- y el potencial desconcierto que, por hipótesis, pudo surgir a partir de los distintos criterios adoptados por quienes integramos este Tribunal -principalmente al variar nuestra jurisprudencia en función de algunos matices o, incluso, al cambiar las mayorías existentes en supuestos que presentaban cierta similitud- justifican que esa circunstancia sea soslayada. En otras palabras pienso que impedir el acceso a la instancia extraordinaria local podría constituir una concreta denegación de justicia, por un lado, porque la quejosa razonablemente pudo creerse obligada a exponer sus cuestionamientos o a formular sus peticiones de esa forma y, por el otro, porque el interesado -al impulsar esta vía de impugnación- agotó el único recurso procesal que, en ese momento, legalmente existía contra su primera resolución condenatoria (es decir, el recurso de inconstitucionalidad previsto en el art. 27, ley nº 402), circunstancia esta última que, a la fecha, se habría modificado notablemente.

En efecto, en función de la jurisprudencia históricamente acuñada por la CSJN para un recurso que guarda alguna congruencia con la finalidad del recurso de inconstitucionalidad local (arts. 113.3, CCABA), resulta razonable ajustar la resolución que corresponde adoptar a las circunstancias existentes al momento de pronunciar esta decisión (Fallos 306:1161; 310:670; 318:625; 321:1393, entre otros). En este sentido, en la actualidad existe una previsión expresa (el art. 290, ley nº 2303), que, aunque está destinada esencialmente a regular el trámite procesal que debe imprimírsele a otro tipo de conductas, intenta remediar una problemática análoga a la que nos enfrenta el presente caso, esto es, la contingencia de que una primera sentencia de condena sea dictada por los jueces de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, a consecuencia directa -naturalmente- de la actividad recursiva desplegada por los representantes del Ministerio Público Fiscal. Esta norma, en lo que ahora interesa, establece que, en los supuestos en los que aquella contingencia tenga lugar, la decisión condenatoria "podrá ser recurrida por la defensa dentro del tercer día, por escrito fundamentado, [directamente] ante la Sala de la Cámara que siga en orden de turno", solución que en definitiva, como vimos, no dista de la instada por la defensa. En mi opinión, esa misma solución puede adoptarse en las causas contravencionales si se efectúa una interpretación razonable y coherente, principalmente porque el propio código procesal que gobierna el caso autoriza su aplicación supletoria (art. 6, ley nº 12, en cuanto se encuentra dentro del ".Código Procesal Penal que rige en la Ciudad."), desde que, en realidad, esta nueva vía de impugnación contra una primera sentencia condenatoria del tribunal a quo no aparece restringida exclusivamente para el juzgamiento de los delitos, ni excluida expresamente para el juzgamiento de las contravenciones.

En estas condiciones entiendo que en la presente causa corresponde, en concordancia con la normativa procesal vigente, brindarle al contraventor la posibilidad de que su condena sea revisada por otro tribunal de mérito. La solución que propongo en este voto, por lo demás, deberá aplicarse también en lo sucesivo. Ello así, toda vez que considero que constituye un verdadero despropósito que el presunto contraventor, condenado por la Cámara a quo, interponga un (primer) recurso de inconstitucionalidad o, eventualmente, una queja contra su denegatoria, con el único objeto de que este Tribunal decida -oficiando como una especie de "secretaría general" o ejerciendo funciones de "superintendencia" que constitucionalmente no posee- si corresponde o no disponer un "reenvío" para que una Sala diferente de la Cámara revise su condena, habilitándolo luego para que, en el supuesto hipotético de que esta otra Sala de la Cámara confirme la sentencia, deduzca un (segundo) recurso de inconstitucionalidad o, eventualmente, (otra) queja contra su denegatoria, con el objetivo, ahora, de que este Tribunal se expida sobre el acierto o error de los legítimos agravios, pretendidamente constitucionales, que el presunto contraventor, probablemente, pueda tener contra la sentencia (confirmatoria) de (su primera) condena. La situación apuntada (por cierto, de difícil reseña) resulta idónea para poner en evidencia la necesidad de adoptar una solución concluyente y definitiva que evite este dispendio jurisdiccional, pues no cabe desconocer, por un lado, que se está obligando a un presunto contraventor a transitar por una senda recursiva sinuosa y confusa que no reconoce pautas legales concretas, y, por el otro, que el trámite de una causa contravencional inevitablemente se prolonga en demasía conspirando contra la celeridad que debiera imperar en la resolución de esta clase de controversias, en particular si tenemos presente que este Tribunal cuenta con ochenta (80) días hábiles, "a partir del llamado de autos" (art. 31, ley n° 402) -esto es, sin computar el tiempo que insume la vista al Fiscal o las diligencias de mero trámite-, para dictar sentencia. Frente a este escenario, no me queda ninguna duda de que el procedimiento que ha reglado el legislador local para un supuesto análogo (art. 290, ley n° 2303) constituye una vía razonable, apropiada y conveniente para las causas contravencionales.

Obiter dictum quiero dejar en claro que los peculiares motivos que me conducen a hacer lugar a la queja y a disponer el tratamiento, por un tribunal diferente, de los agravios oportunamente introducidos en el recurso que ésta defiende, de ninguna manera importan reconocer que aquí se ha presentado un caso constitucional con relación a la garantía de la doble instancia bajo la forma del doble conforme. En efecto, tengo la plena convicción -como ya lo he expresado en numerosas sentencias- que los arts. 13.3, CCABA, 8.2.h, CADH y 14.5, PIDCyP, literal y correctamente entendidos en lo que aquí nos importa, no consagran aquella garantía para las contravenciones y las faltas administrativas, sino exclusivamente para los "delitos" (Fallos 323:1797). Sin embargo, como soy absolutamente consciente de que esa opinión no resulta mayoritaria en la jurisprudencia del Tribunal y que de alguna forma se debe evitar el dispendio apuntado en el párrafo anterior (para un estudio completo consultar in re "Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Contravencional y de Faltas n° 2- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Alberganti, Christian Adrián s/ art. 68 CC -apelación-'", expte. n° 4328/05, sentencia del 15/03/06), opino que resulta aconsejable utilizar la herramienta recursiva establecida en el nuevo ordenamiento procesal penal, aun cuando, en rigor de verdad, no asista al contraventor un derecho constitucional a ella. 3. Por las razones que dejo expuestas voto por hacer lugar a la queja y reencauzar el recurso de inconstitucionalidad, en los términos del art. 290, ley nº 2303, a fin de que sea analizado por una Sala distinta a la que dictó la primera sentencia condenatoria del imputado. A estos efectos, en atención a las particularidades que exhibe este caso, el recurso ("de apelación") deberá tenerse por presentado en legal tiempo y forma.

Por ello, de acuerdo con lo dictaminado por el Fiscal General Adjunto, por mayoría, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Hacer lugar a la queja de fs. 42/50 en lo que fuera motivo de agravio.

2. Admitir el recurso de inconstitucionalidad con relación al agravio vinculado con la garantía de la doble instancia.

3. Remitir el expediente a la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas a fin de que le imprima el procedimiento previsto en el art. 290 del Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires (ley n° 2.303).

4. Mandar que se registre y se notifique.