Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-05-29


Expte. n° 9047/12 "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denega-do en 'GNC San José SA c/ GCBA y otros s/ daños y perjuicios (excepto resp. médica)'" y su acumulado Expte. n° 9080/12 "Subterrá-neos de Buenos Aires S.E. s/ queja por recurso de inconstitucionaldad denega-do en 'GNC San José SA c/ GCBA y otros s/ daños y perjuicios (excepto resp. médica)'" Buenos Aires,	29	de mayo de 2013 Vistos: los autos indicados en el epígrafe, resulta:

1. La empresa G.N.C. San José S.A. promovió demanda contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante GCBA) y Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (en adelante SBASE) con el objeto de que se reparasen integralmente los daños que le ocasionara la obra pública de prolongación de la denominada línea B de subterráneos. En este sentido, adujo que el cierre de las calles Triunvirato y Tronador para la construcción de la estación "Tronador" y para la excavación del túnel afectó la explotación comercial de la estación de Gas Natural Comprimido de su propiedad, sita en la calle Triunvirato 3098 de esta ciudad. Reclamó en concepto de daños y perjuicios la suma de trescientos noventa y siete mil ocho pesos ($ 397.008), con más sus intereses y costas (fs. 2/26).

2. En oportunidad del dictado de la sentencia, la jueza de grado -tras rechazar las excepciones de prescripción y falta de legitimación pasiva opuestas por SBASE, con costas- resolvió hacer lugar a la demanda y condenar ". al GCBA y a SBASE -en forma solidaria- que paguen al actor la suma de ciento veinticinco mil pesos ($125.000) con más los intereses que correspondieren -calculados de conformidad con lo expuesto en el considerando IX- .", con costas a las demandadas (fs. 175/179 vuelta y fs. 183 y vuelta).

3. Disconforme con lo decidido, se alzaron -en lo que aquí importa- el GCBA (fs. 93/99 vuelta) y SBASE (fs. 215/216 vuelta y fs. 234/241).

A su turno, la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario resolvió -en lo que a esta queja interesa- ". [r]echazar los recursos de apelación interpuestos por (.) las demandadas contra la sentencia de grado y, en consecuencia, confirmar la decisión recurrida en todas sus partes. 2) Imponer las costas en ambas instancias a las codemandadas vencidas (.). 3) Confirmar las costas impuestas a Subterráneos de Buenos Aires S.E. correspondientes a la excepción de incompetencia" (fs. 112/123).

Sostuvo para arribar a esa conclusión que: i) resultaba razonable que quien era titular de la red de subterráneos y a su vez encargado de la dirección de la obra cuya ejecución causó daños (en el caso, SBASE), sea legitimado pasivo de la acción interpuesta por el demandante; ii) la acción iniciada no se encontraba prescripta; iii) los agravios relativos a que el fallo apelado carecía de fundamentos jurídicos para atribuir el daño a las demandadas debían ser declarados desiertos, pues ellas no explicaban por qué razones debía revocarse lo resuelto y disponerse que los perjuicios fueran soportados por el demandante; iv) la objeción de las codemandadas referida al obrar antijurídico de la demandante era extemporánea y se fundaba en una interpretación errónea de una norma técnica dictada por el ENARGAS; v) existía -conforme a la prueba ponderada- un nexo causal adecuado entre la ejecución de las obras de prolongación de la red subterránea y los daños sufridos por la actora; vi) los agravios de ninguna de las demandadas -de acuerdo a la correcta valoración de la prueba efectuada en la instancia de grado referida a los daños y perjuicios sufridos por la actora- permitía arribar a una conclusión distinta de la adoptada por la jueza de primera instancia; vii) al no fijar el sentenciante un plazo para el cumplimiento de la sentencia eran de aplicación los artículos 395 y subsiguientes del CCAyT; viii) correspondía confirmar la condena en costas a SBASE dispuesta en primera instancia respecto de la excepción de incompetencia que articulara, pues no se advertía la concurrencia de supuestos excepcionales que autorizasen apartarse de la regla general en esa materia.

4. Ambas codemandadas plantearon contra lo decidido sendos recursos de inconstitucionalidad.

El GCBA centró sus agravios en que la sentencia recurrida: i) violaba el principio de legalidad, en tanto prescindía de lo dispuesto en el artículo 4.037 del Código Civil y aplicaba en forma irrazonable la norma del artículo 22, inciso e, ap. 9 de la LPA; ii) vulneraba el derecho de propiedad, pues obligaba a su parte a dar una suma de dinero sin causa válida; iii) afectaba el derecho de defensa y principio de congruencia porque calificaba los daños que había considerado producidos como "emergentes", cuando en realidad la naturaleza del reclamo expuesto en la demanda y su tipificación debía ser analizada como una pretensión de "lucro cesante", concepto cuya reparación, por otra parte, no procedía en materia de responsabilidad del Estado por actos lícitos; y iv) conculcaba el derecho de igualdad, el sistema republicano de gobierno, la división de poderes y el principio de razonabilidad. Calificó de arbitrario el pronunciamiento atacado (fs. 58/69).

SBASE, por su parte, adujo en su recurso de inconstitucionalidad (fs. 125/134 vuelta) que lo decidido por la alzada conculcaba: i) su derecho de propiedad, pues a) la condenaba al pago de una suma de dinero pese a que la acción se encontraba prescripta aún antes de iniciarse el juicio; b) confirmaba la configuración del daño, aunque no se había probado que dicho daño importara un sacrificio especial para la parte actora, y que ella no tenía el deber jurídico de soportarlo; ii) también consideró afectado su derecho de defensa en juicio y el principio de congruencia, pues lo decidido en cuanto a la excepción de prescripción fue el resultado de una resolución dividida en la cual los votos de los miembros de la Cámara resultaban incongruentes entre sí respecto del alcance del encuadre jurídico que correspondía a las cuestiones fácticas propuestas en torno de dicha excepción; iii) se agravió también pues el fallo consideraba aplicable a su parte la LPA, aunque fáctica y jurídicamente SBASE no era una autoridad administrativa; iv) agregó que la sentencia implicaba la inobservancia del marco contractual existente entre la firma Metrovías S.A., quien tenía a su cargo la explotación del servicio de transporte de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires, y el Estado Nacional; v) cuestionó, además, por confiscatoria la imposición de costas en relación al rechazo de la excepción de incompetencia que intentara; vi) finalmente, tachó la sentencia impugnada de arbitraria.

5. Contestados los traslados pertinentes, la Cámara de Apelaciones rechazó los recursos de inconstitucionalidad deducidos por las codemandadas por considerar que ellas no habían logrado exponer, con la fundamentación, claridad y precisión debidas, un caso constitucional que justificase la intervención de este Tribunal en los términos del artículo 27 de la ley n° 402; ni se configuraba un supuesto de sentencia arbitraria (fs. 156/157 vuelta). Ello motivó las quejas del GCBA (fs. 73/86 vuelta) y de SBASE (fs. 164/170).

6. Requerido su dictamen, el Fiscal General Adjunto propició el rechazo de las quejas impetradas por las codemandadas, pues no lograban rebatir el argumento por el cual la Cámara de Apelaciones había denegado sus recursos: ausencia de un caso constitucional. Tampoco se configuraba un supuesto de sentencia arbitraria (fs. 389/391).

Fundamentos:

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

1. Los escritos deducidos por SBASE (fs. 164/170) y el GCBA (fs. 73/86 vuelta), fueron recibidos en el Tribunal dentro del plazo que fija el artículo 33 de la ley nº 402 para la interposición de un recurso de queja.

2. La Cámara no admitió los recursos de inconstitucionalidad deducidos por entender que: i) las críticas se encontraban dirigidas a controvertir el fundamento jurídico de derecho infraconstitucional, pues no se había logrado exponer, con la fundamentación y precisión debidas, un caso constitucional y ii) la decisión recurrida no era arbitraria pues la sentencia no resulta autocontradictoria, carente de lógica o de insuficiente fundamentación jurídica.

3. La queja presentada por SBASE dirige una crítica mínima aunque suficiente contra el auto denegatorio.

4. El recurso de inconstitucionalidad interpuesto por SBASE (fs. 125/134 vuelta) ha sido interpuesto en tiempo y forma ante el tribunal superior de la causa, contra un pronunciamiento definitivo y quien recurre goza de legitimación y capacidad procesal.

Pese a ser formalmente admisible, el recurso de incons-titucionalidad no puede prosperar toda vez que no se ha logrado demostrar la invalidez de la decisión objetada.

El núcleo de la impugnación se centra en la prescripción de la acción, la afectación del principio de congruencia por la falta de mayoría sustancialmente coincidente y la violación del derecho de defensa en juicio, pero no se expresa una concreta vulneración de derechos y garantías constitucionales.

Los fundamentos de los votos de los jueces de cámara que confirman que la causa no se encuentra prescripta no son contradictorios. Ambos entienden que el plazo comenzó a correr desde diciembre de 1999 -momento en el que empiezan a realizarse las obras que provocaron el cierre de una de las calles que posibilitaba el ingreso de vehículos a la estación de servicio-. Para el Juez Balbín se debe aplicar el plazo de 2 años que indica el Código Civil (Art. 4037) teniendo en cuenta que este fue interrumpido por la presentación del reclamo administrativo en junio de 2000, que no había sido resuelto al 4 de octubre de 2004 -fecha de interposición de la demanda-. Por otra parte, el Juez Corti sostiene que, según lo que ha desarrollado en el precedente "Versekas, Emilia María c/GCBA (Hospital General de Agudos "Cosme Argerich" -Secretaría de Salud) sobre Daños y Perjuicios", el plazo que debe aplicarse es de 5 años, por lo que la causa prescribía en diciembre de 2004. Se trata del abordaje del mismo instituto -la prescripción- como elemento dirimente de una defensa en el que sólo hay una divergencia circunstancial en el cómputo del plazo, que no impide dotar de coherencia a la solución alcanzada pues los plazos de prescripción de los votos de los jueces Balbín y Corti se yuxtaponen y permiten alcanzar el efecto liberatorio de la obligación reclamada. Por lo tanto, ambos coinciden en que la causa no se encuentra prescripta y los plazos que invocan no son contradictorios.

Los agravios del actor están únicamente orientados a que el Tribunal examine la valoración de los hechos y las pruebas y la aplicación de normas infraconstitucionales efectuada por los jueces de mérito, pues en el abordaje jurídico formal se llega a la misma solución, optando los magistrados por clasificaciones jurídicas diferentes que el recurrente no logra demostrar sean incompatibles ni contradictorias y que en consecuencia lesionen derechos y garantías constitucionales.

Como tengo dicho "la ausencia de una afectación constitucional impide a esta instancia extraordinaria suplir la actividad de los otros magistrados intervinientes en la causa, transformando el recurso de inconstitucionalidad en una revisión de cuestiones de hecho, prueba y normas infraconstitucionales" (conf. mi voto en "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Zuccoli, Oscar Luis Marcelo y otros c/ GCBA s/ daños y perjuicios (excepto resp. médica)'", expte. nº 6661/09, pronunciamiento del 27/05/2010).

5. La queja presentada por el GCBA debe ser rechazada. Me remito como fundamento a mi voto en "Technology Bureau S.A. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en ´GCBA c/ Technology Bureau S.A. s/ ejecución fiscal", expediente nº 4426/05, resolución del 21/06/06, entre otros antecedentes: " e s requisito necesario de la queja que ella contenga una crítica concreta, desarrollada y fundada del auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad (cf. TSJ in re "Fantuzzi, José Roberto y otro s/ art. 57 bis -causa nº 665-CC/2000- s/ queja por denegación de recurso de inconstitucionalidad", expte. nº 865, resolución del 09/04/01)".

En su presentación directa el GCBA reproduce los argumentos expuestos en el recurso de inconstitucionalidad. No desarrolla entonces una crítica concreta de la desestimación de la Cámara contenida a fs. 156/157 vuelta.

Por lo tanto, la quejosa no cumplió con la carga de demostrar el error en el cual a su juicio habría incurrido la Cámara al cerrar su acceso al Tribunal.

En síntesis, la pieza obrante a fs. 73/86 vuelta no constituye, técnicamente un recurso de queja y, tal como sostuve en otras oportunidades, éste es el único medio que habilita al Tribunal a evaluar la procedencia del recurso de inconstitucionalidad denegado porque -como es sabido- no está procesalmente prevista su interposición directa ante los jueces con competencia para tratarlo.

En consecuencia, las deficiencias de la presentación en examen definen su rechazo e impide avanzar en el análisis más allá de lo expuesto.

6. Por las razones apuntadas voto por declarar admisible la queja de SBASE de fs. 51/57, rechazar el recurso de inconstitucionalidad de fs. 125/134 vuelta y la queja intentada por el GCBA de fs. 73/86 vuelta.

El juez Luis Francisco Lozano dijo:

1. Las quejas deducidas a fs. 73/86 vuelta y 164/170 por el GCBA y SBASE, respectivamente, deben ser rechazadas porque ninguna de ellas ha acreditado la existencia de una cuestión constitucional (cfr. art. 113.3 CCBA) o federal (cfr. CSJN, Fallos 311:2478).

2. En efecto, los agravios desarrollados en el recurso de inconstitucionalidad por el GCBA que la queja de fs. 73/86 vino a defender, remiten al análisis de cuestiones de hecho e interpretación del derecho infraconstitucional (vinculadas, principalmente, a establecer si la disminución de las ventas de la actora fue consecuencia del avance de la obra de extensión del Subte "B" y, partir de allí, si se encuentra acreditado el nexo causal entre el daño invocado y la conducta de las demandadas -pero sin rebatir la apreciación que el a quo realizó, entre otros, del informe pericial aludido a fs. 53 y vuelta- ; si la prescripción opuesta por SBASE debió haber sido analizada también a favor del GCBA por tratarse de un litisconsorcio pasivo necesario; y si los daños calificados por el a quo como daño emergente debían haber sido calificados como lucro cesante, pero sin expresar en relación a ninguno de sus planteos por qué resultaba insostenible la apreciación e interpretación del a quo), ajenas a la revisión del Tribunal en la vía intentada cuando, como en el caso, no se demuestra que la solución impugnada se aparta de las previsiones que el ordenamiento jurídico vigente suministra a los jueces para apoyar sus sentencias.

3. Los planteos formulados por SBASE suscitan análogas consideraciones.	3.1. Las objeciones vinculadas al rechazo del planteo de prescripción de la acción; aquellas relativas a establecer si se verificó un daño emergente, y cuál fue la medida de éste en función de los beneficios que la obra pudo haber reportado a la parte actora; y las vinculadas a la imposición de costas respecto del rechazo del planteo de incompetencia, sólo trasuntan una discrepancia con la sentencia cuestionada, que encuentra apoyo en cuestiones de hecho, prueba y derecho infraconstitucional, todas ellas ajenas, en principio, a la vía intentada, sin que la recurrente muestre, a su respecto, que concurran razones para hacer excepción a la regla enunciada.

3.2. La objeción destinada a resistir el rechazo de su planteo de falta de legitimación pasiva no muestra que resulte insostenible la solución cuestionada, en tanto viene exclusivamente sustentada en la invocación de que resultaba ajena a cualquier beneficio de la explotación del servicio -porque la concesión del servicio de subte había sido otorgada, a través del Ministerio de Economía de la Nación, a Metrovías S.A.-. Ello así, no se hace cargo de rebatir las razones en que el a quo apoyó su decisión, y particularmente, la incidencia que los jueces de la causa dieron a que SBASE resultara titular de la red de subterráneos y hubiera estado encargada de la dirección de la obra que causó los daños para dirimir la cuestión; finalmente, tampoco rebate que la ejecución de la mentada obra hubiera requerido el cierre de la calle sobre la que se encontraba el acceso principal de la estación de expendio de GNC (cf. fs. 48/48 vuelta).

3.3. Finalmente, el agravio dirigido a cuestionar el rechazo del planteo de prescripción de la acción formulado por SBASE, con sustento en la alegada ausencia de mayoría no muestra que los jueces de mérito se hayan apartado de la normativa aplicable (art. 28 de la ley n° 7), cuya validez no ha sido controvertida, ni que la aplicación de esa regla procesal hubiera redundado en la afectación del derecho de defensa (cfr. mi voto in re "Ministerio Público -Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Sierra Frías y otros s/ infr. art. 181 CP, inc. 1'", Expte. n° 8188/11, sentencia del 28/03/12).

4. En suma, voto por rechazar las quejas deducidas a fs. 73/86 vuelta y 164/170.

El juez José Osvaldo Casás dijo:

Tal como acabadamente destaca el juez Luis Francisco Lozano en su voto, los agravios que el GCBA y Subterráneos de Buenos Aires S.E. pretenden sostener ante este Estrado no logran configurar un caso constitucional en los términos de los arts. 113, inc. 3, de la CCABA y 27 de la ley nº 402.

Por ello, en homenaje a la brevedad, adhiero a las consideraciones desarrolladas por mi aludido colega y a la solución que propicia, consistente en rechazar las quejas interpuestas a fs.73/86 vuelta y 164/170.

Así lo voto.

La jueza Ana María Conde dijo:

1. Los recursos de queja han sido interpuestos en tiempo y forma debidos (art. 33 LPTSJ), sin embargo deberán ser rechazados, pues no rebaten adecuadamente los motivos que tuvo en cuenta la Cámara para rechazar los recursos de inconstitucionalidad.

2. Tal como lo destaca mi colega preopinante, el Dr. Luis Lozano en los considerandos 1 a 3.2 de su voto (a los cuales adhiero), los argumentos vertidos en ambos recursos expresan una mera discrepancia con la interpretación razonable y fundada efectuada por la Cámara sobre la situación fáctica del caso, las pruebas obrantes en autos y la aplicación de normas infraconstitucionales -específicamente, las normas procesales referidas a la valoración de las pruebas, el plazo de prescripción, y las normas civiles que regulan la relación de causalidad en cuanto requisito de la responsabilidad civil-.

En sus recursos, la demandada no logra conectar el agravio concreto que -afirma- le provoca la sentencia de Cámara, con un motivo de impugnación de carácter constitucional, esto es, con la aplicación de una norma que lesione una garantía constitucional referida directamente al caso (cf. este Tribunal in re "Góngora Martínez, Omar Jorge s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Góngora Martínez, Omar Jorge c/ Banco de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo [art. 14, CCABA]", expte. nº 3264/04, resolución del 23/02/05). Es decir, que no se ha logrado exponer fundadamente un caso constitucional, conforme lo establece el art. 27 de la ley n° 402, más allá de efectuar una alusión genérica a la violación de los arts. 14, 17, 18, 19 y 123 de la Constitución Nacional, y 113 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.

En tal sentido, cabe recordar que la referencia ritual a derechos o principios constitucionales, si no se acredita precisa y fundadamente su cercenamiento, es insuficiente, ya que si bastara la simple invocación de un derecho o garantía de raigambre constitucional, este Tribunal se vería convertido, de ordinario, en tercera instancia obligada de todos los pronunciamientos dictados por el Poder Judicial de la Ciudad (cf. el Tribunal in re "Carrefour Argentina S.A. s/ recurso de queja", expte. n° 131/99, sentencia del 23/2/2000).

3. En cuanto al planteo de prescripción, coincido con la Sra. Jueza de trámite, Dra. Alicia Ruiz, en que no existe incoherencia -como lo plantean los recurrentes- en el voto de la mayoría de la Cámara, sino que ambos jueces (Dres. Balbín y Corti) entendieron que la causa no se encontraba prescripta, más allá de haber sostenido que son de aplicación diferentes plazos de prescripción en la especie.

4. Por ello, y de acuerdo con los argumentos vertidos por mi colega preopinante, voto por rechazar las quejas deducidas por el GCBA y por SBASE.

Por ello, de acuerdo con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General Adjunto, por mayoría, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Rechazar las quejas planteadas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado.

2. Mandar que se registre, se notifique y, oportunamente, se remita a la Sala interviniente para que sea agregada a los autos principales.