Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2009-10-19


Córdoba, octubre 19 de 2009.

1º ¿Es nula la fundamentación de la decisión impugnada? 2º ¿Qué resolución corresponde adoptar? 1º cuestión.- La doctora Tarditti dijo:

I.a. Con fecha 26 de abril de 2006, la Fiscalía del Distrito I Turno I, resolvió que se tenga por querellante particular al denunciante Dr. A. G. E., en su carácter de Presidente de la Institución Portal de Belén (fs. 151). Contra la decisión aludida, el Dr. H. G., en su carácter de abogado defensor de los imputados Jorge Alberto Belluzo y Rolf Erik Robert Hartmann, deduce oposición en contra de aquel decisorio (fs. 216).

b. Por Auto nº 249, del 13 de septiembre de 2007, el Juzgado de Control de Séptima Nominación de esta ciudad resolvió: "No hacer lugar a la oposición interpuesta por el abogado defensor H. G. T. y, en consecuencia, confirmar la participación como querellante otorgada por la Fiscalía del Distrito I Turno I (fs. 223 a 225 vta.). Contra el aludido auto, la defensa de los acusados deduce recurso de apelación (fs. 236).

c. Por Auto nº 371, del 24 de octubre de 2008, la Cámara de Acusación de esta ciudad, resolvió: Revocar el auto apelado en cuanto ha sido materia del presente recurso, sin costas (CPP, arts. 550 y 551), y declarar por tanto inadmisible la pretensión de la asociación "Portal de Belén" de participar como querellante particular en esta causa (CPP, art. 7 y cctes.) (fs. 32/41) II. En contra de la resolución aludida el Dr. A. G. E. interpone recurso de casación invocando ambos motivos de la referida vía impugnativa (fs. 1 a 22).

En primer lugar bajo el título "Inconstitucionalidad" el impugnante plantea, para el caso que la presente no sea mantenida por el Fiscal General, la irregularidad constitucional de los artículos 352, 446, 464 y 471 del CPP, pues entiende que no puede subordinarse el tratamiento del recurso deducido por el querellante particular al mantenimiento por el Ministerio Público.

La propia Corte Suprema de Justicia -agrega- reconoce a las víctimas las garantías del debido proceso y del derecho de apelar e impulsar el trámite aunque el Ministerio Público no lo haga. Por lo que, resultaría un absurdo, que una ley provincial subordine su recurso de apelación o el de casación al criterio de un funcionario que carece de jurisdicción. Cita doctrina judicial en abono de su posición.

Luego de realizar una exhaustiva reseña de los antecedentes de la causa, señala que los responsables del laboratorio Monte Verde S.A., con evidente complicidad del Estado Nacional, le privan a los habitantes la información sobre los verdaderos efectos del producto Segurité, por cuanto omiten colocar en su prospecto que el mismo evita la implantación del óvulo fecundado.

Esto explica que haya dos líneas de investigación, una hacia directivos de los laboratorios, que lleva adelante la Fiscal de Instrucción y otra línea ordenada por el Juez de Control, quien remitió testimonio de la causa a los jueces federales porteños, y que apunta hacia los funcionarios de la ANMAT que miraron para el costado, cuando el laboratorio propuso la aprobación de un prospecto absurdo.

Destaca que se está investigando el ocultamiento en la información al público, del efecto antiimplantatorio o abortivo de los fármacos, lo que tipifica el artículo 201 del Código Penal, al distribuirse fármacos ocultando su carácter nocivo o perjudicial, y ello se hace con la complicidad de las autoridades, que aprueban el prospecto de venta, para la comercialización interjurisdiccional.

Entiende que no se le puede negar a órganos de la investigación el aporte de una Organización no Gubernamental que se ha venido especializando durante años para enfrentar el engaño de los laboratorios y la complicidad del Estado. Considera que la intervención de Portal de Belén es de importancia trascendental para el aporte de pruebas contundentes, en miras de lograr una mayor protección y tutela al derecho inalienable de la vida de las personas.

a. El impugnante considera que la decisión incumple la expresa disposición del artículo 93 del Código Procesal Penal de Córdoba, el cual establece que una vez que se hubiere expedido el Fiscal de Instrucción por la admisibilidad del querellante, se podrá deducir oposición ante el Juez de Control. Si este se expidiere por la ratificación de la admisión como parte querellante en el proceso, esa resolución no será apelable.

Señala que en la cuestión que nos ocupa, el legislador ha querido expresamente que la cuestión de la admisión o el rechazo del querellante en el proceso penal sea visto en dos instancias y, sólo excepcionalmente, en una tercera.

En el caso, el imputado plantea nuevamente la cuestión de la admisión del querellante, pero esta vez por vía de oposición a una admisión anterior, con lo cual nos encontramos ante la misma cuestión reglada en el artículo 93 del ordenamiento penal procesal.

Por ello, denuncia la ilegalidad de la decisión, pues el a quo se apartó de la disposición expresa de la norma contenida en el artículo 93 del Código Procesal Penal.

De otro costado, luego de reseñar los argumentos expuestos por la mayoría del Tribunal a quo sostiene que la posibilidad de cuestionar el ingreso como querellante particular estaba precluida, ya que al resolverse la oposición deducida por el defensor, el Juez de Control se había pronunciado fundadamente por la admisión del querellante particular.

Destaca que el Fiscal de Instrucción dio motivos suficientes para sostener la admisión de querellante particular, actuando conforme las normas que regulan su actuación. Lo mismo sucede con el Juez de Instrucción, quien al no hacer lugar a la oposición deducida dio sobrados argumentos para sostener su decisión.

La Cámara de Acusación contraría flagrantemente la disposición del artículo 184 del CPP, al permitir reeditar el tratamiento de una cuestión que ya estaba definitivamente resuelta, cual es, la admisión como querellante particular del Portal de Belén.

De manera tal que la admisión del querellante particular no afecta garantía constitucional alguna, máxime cuando se trata de una inclusión en el proceso, con todos los recaudos normativos que el ordenamiento procesal exige. A más de haberse cumplimentado con las exigencias de admisibilidad formal que también la norma demanda.

b. El quejoso destaca que no habiendo sido motivo de agravio, la mayoría con particular y erróneo criterio se introduce en el fondo de la cuestión, pretendiendo cambiar la calificación legal de los hechos imputados y con su particular manera de analizar la única cuestión a resolver cambia lo que ha sido sometido a su consideración.

Luego de reseñar los argumentos vertidos por la mayoría, el recurrente sustenta que no se entiende como el Sentenciante pretende el cambio de calificación legal de los hechos investigados, si ello a más de no haber sido materia de agravio del apelante ha existido un adelantamiento de criterio sobre el fondo de la cuestión investigada, no querido ni permitido por la ley.

Denuncia que el iudex, se introduce en una cuestión que está fuera de la órbita de su competencia, analizando el fondo de la cuestión -cambio de la calificación legal- y no el concreto sometido a la resolución -admisión o no del querellante particular-.

Alega que el a quo parece desconocer que para el Código Civil, la existencia de las personas comienza en la concepción (CC, 63 y 70), y que igual temperamento adoptan los tratados constitucionalizados de derechos humanos (art. 4 de la CADH, y 1º de la Conv. Int. de los Derechos del Niño, en la declaración interpretativa realizada por la ley 23.849).

La Cámara ignora que la concepción alude al momento inicial de un ser humano, es decir, a la fecundación del óvulo por el espermatozoide. Cita la acepción que dan de la voz "concepción" distintas enciclopedias jurídicas, resaltando el fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 5 de marzo de 2002, in re "Portal de Belén".

Es que, el sistema legal argentino considera niño, al ser humano y a partir de la concepción, por lo que todo fármaco que impida el anidamiento en el útero de un ser humano ya concebido, es dañino y perjudicial para el mismo y no para su madre como pretender afirmar la Cámara.

Entonces -prosigue-, si el antiimplantatorio es ocultado groseramente por los laboratorios, como surge del expediente administrativo secuestrado en el ANMAT, no caben dudas que se está en el tipo previsto en el artículo 201 del Código Penal, delito que se consuma desde que se distribuye o pone en venta, ocultando su carácter nocivo.

El laboratorio tenía la obligación de poner en venta el producto con la misma información extranjera, conforme se desprende de lo previsto en el artículo 3ro. del Decreto nº 150/92 y art. 3ro. de la resolución nº 470.

Tampoco el prospecto finalmente aprobado no explica el proceso de la generación humana, y lo que se implanta en el útero, no son sólo óvulos, sino óvulos fecundados.

Cuando la Cámara afirma que no se estaría prima facie ante el tipo previsto en el artículo 201 del Código Penal, no hay duda que desconoce los alcances de esa norma con relación a las previsiones de los artículos 63, 37, 264 y cc. del Código Civil y la normativa internacional de los derechos humanos. Transcribe las opiniones vertidas por el dictamen brindado por la Comisión Nacional de Ética Médica en la ya mencionada causa "Portal de Belén".

c. El impugnante señala que es incorrecta la aplicación de los artículos 7 y 91 del Código Procesal Penal.

Luego de reseñar los fundamentos vertidos por este Tribunal en el precedente "Bonfigli", sostiene que el querellante particular tiene por objeto solventar la hipótesis jurídico delictiva desde el punto de vista probatorio. Que es de vital importancia la cooperación del Portal de Belén en la provisión y ofrecimiento de pruebas.

Luego de exponer doctrina científica para sustentar su posición, señala que no puede soslayarse las razones que le asisten a la conclusión del Juez de Control en orden a la posibilidad de que las asociaciones no gubernamentales representen los intereses colectivos o difusos. Reformada la Constitución en 1994, se brinda a las organizaciones no gubernamentales, que trabajan en la protección de derechos de incidencia colectiva, la posibilidad de ejercer la acción de amparo frente a la violación de los derechos constitucionales del colectivo protegible.

Tan es así que, el Portal de Belén, es quien tiene como objetivo principal de su existencia, la protección del derecho a la vida de los niños a partir de la concepción (art. 2 de su estatuto), ha utilizado esa herramienta para prohibir la comercialización de fármacos, a partir de la interposición de una acción que fue resuelta favorablemente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

No hay argumento jurídico alguno para impedir que la Asociación aludida coadyuve en la investigación contra quienes comercializaron dichos fármacos con efectos abortivos, destruyendo a los niños no nacidos y engañando a la población.

Previa exposición de las normas contenidas en los distintos ordenamientos procesales provinciales que legitiman a las asociaciones no gubernamentales para constituirse en querellante particular cuando se afecten bienes jurídicos de incidencia colectiva, señala que los artículos 7 y 91 del Código Procesal Penal deben enmarcarse dentro de un ordenamiento jurídico nacional y supranacional, al cual deben simplemente adecuarse. Es que, si el artículo 43 de la Constitución Nacional aparece en escena, con operatividad directa, ello implica sin dudarlo, que esa misma tutela puede introducirse en el proceso penal, buscando esa misma protección y el castigo de los responsables, conforme la posibilidad de tener acceso a la jurisdicción efectiva y el castigo de los responsables, conforme la posibilidad de tener acceso a la jurisdicción efectiva, conforme lo dispuesto por el artículo 8.1 de la CADH.

Destaca que el Portal de Belén constituye una respuesta colectiva y solidaria a la necesidad de defender y promover intereses comunes. Es una respuesta solidaria para atender a un colectivo de personas que no pueden hablar, que no tienen voz, que son los niños aún no nacidos, que pueden ser exterminados por estos fármacos sin que sus padres puedan hacer nada por ellos.

Por mandato expreso de la ley 26.051, el Estado debe propiciar la constitución de organizaciones y organismos para la defensa y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes (art. 4, inc. e). Además el Portal de Belén integra el "Sistema de Protección Integral de los Derechos del Niño" (art. 32), lo que nos habilita plenamente para proteger colectivamente a la infancia.

Este proceso judicial concierne a la vida y a la salud de miles de niños y la Convención es clara en el artículo 27 cuando afirma que se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado en todo proceso judicial o administrativo que le afecte, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado en consonancia con las normas de la ley nacional.

Si el laboratorio esconde la información y si los propios padres no conocen el engaño, sólo queda el Portal de Belén para esclarecer la cuestión y ser la voz de los niños no nacidos.

d. Por último, el recurrente denuncia que el iudex, sin mediar ninguna decisión sobre la reposición presentada en contra del Auto que decidió conceder la queja, procedió a dictar el Auto nº 371, del 21 de octubre de 2008, sin decir una sola palabra sobre la reposición.

Con fecha 29 de octubre de 2008, se procedió a solicitar un pronto despacho para la resolución de la reposición deducida, lo que fue respondido mediante Auto nº 398, del 4 de noviembre de 2008, aludiendo que con el dictado del Auto nº 371 se ha respondido a la reposición.

Esta insólita respuesta, implica -sin dudarlo- un agravio enorme al derecho de defensa y a la garantía de la defensa en juicio de Portal de Belén.

Nada dice la Cámara en el Auto nº 371 de las alegaciones deducidas en el recurso de reposición. Ha ignorado absolutamente ese Tribunal el recurso de reposición y todas las alegaciones que allí estaban vertidas.

Con fecha 4 de noviembre de 2008, se procedió a deducir el incidente de nulidad correspondiente por la absoluta violación del derecho de defensa del Portal de Belén, art. 18 de la Constitución Nacional y 40 de la Constitución Provincial, alegando que el Tribunal ha ignorado superlativamente el recurso de reposición, y hasta la introducción de este recurso de casación, no expidiéndose aún la Cámara sobre dicho incidente.

II.A. Corrida la correspondiente vista, la Fiscal Adjunta de la Provincia señala que no se expedirá sobre el punto porque al no revestir el recurrente esa calidad (querellante particular), se torna abstracto el planteo, toda vez que aún no resultan de aplicación las normas que cuestiona (fs. 31).

B. Oportunamente, el Dr. H. G. T. informa sobre el recurso deducido, expidiéndose sobre la improcedencia formal del mismo.

Luego de reseñar los antecedentes de la causa, señala que la resolución que se ataca no es susceptible de ser impugnada a través del recurso de casación, por cuanto la misma no constituye sentencia definitiva ni equiparable a tal.

Señala que el legislador ha determinado que no llegue a conocimiento del alto cuerpo judicial cualquier decisión interlocutoria, no sólo para no abarrotar de causas dicho Tribunal, sino para permitir por otra parte la marcha normal de los procesos que quedarían sine die demorados por la discusión casacionista.

De otro costado, señala que no resulta procedente el agravio referido a la nulidad de la decisión por haberse vulnerado el artículo 93 del CPP. Es que, las razones por las que se concedió la apelación fueron invocadas por la Cámara de Acusación y no han sido controvertidas por el recurrente.

Con relación a los agravios subsiguientes, considera que los mismos adolecen de sustento fáctico y legal y que son desestimables merced a las razones esgrimidas por la Cámara de Acusación para hacer lugar al recurso de apelación.

En un correcto análisis de situación, la Cámara de Acusación ha puesto luz a tanta sombra y confusión, haciendo un profundo estudio respecto del verdadero encuadramiento legal de los hechos denunciados, en el caso que los mismos constituyan delitos. Reseña los argumentos brindados por el a quo para revocar la admisión como acusador privado.

Considera que es falso que la Cámara se haya expedido sobre algún extremo que no ha sido objeto de agravio, siendo que justamente el compareciente ha fincado su agravio en forma oportuna en la calificación legal, lo que no significó estar de acuerdo con la tipicidad de la conducta denunciada y todo ello de cara a la pretensión otorgada para intervenir como querellante particular.

Entiende que, era necesario el análisis jurídico legal que hace el a quo en orden a la eventual figura penal que será o no atrapada por el obrar de los inculpados, pues el referido tópico era materia de agravio. Aclara que no se ha mutado la calificación legal, sólo se ha dicho que de ninguna manera la conducta denunciada puede subsumirse en el artículo 201 del Código Penal.

Crítica también la afirmación del recurrente en orden a que la doctrina que sustenta el fallo es vetusta y no se encuentra adecuada a la reforma constitucional de 1994. Es que, de su libelo sólo surge una tendencia a esgrimir cuestiones extraprocesales y, por lo tanto, su agravio queda desvirtuado por falta de sustento fáctico y jurídico.

III.1.A. Impugnabilidad objetiva.

Como cuestión liminar cabe precisar que, a los efectos de definir el alcance de la expresión "sentencia definitiva" (art. 469 CPP), hay que prestar atención a los lineamientos trazados por el Máximo Tribunal de la República, tal como se exige a partir del precedente "Di Mascio" (cfr. Alejandro D. Carrió, Garantías constitucionales en el proceso penal, Hammurabi, Bs. As., 2000., p. 77).

En ese contexto, cuadra anotar que la Corte Suprema establece que existen pronunciamientos que pueden y deben ser equiparados a sentencias definitivas. A este respecto se ha expuesto que una resolución jurisdiccional es equiparable a sentencia definitiva, si ocasiona un agravio de imposible, insuficiente, muy dificultosa o tardía reparación ulterior, precisamente porque no habría oportunidad en adelante para volver sobre lo resuelto (T.S.J. "Sala Penal", A. nº 178 del 3/5/01, "Acción de Amparo presentada por Jorge Castiñeira", A. nº 52 del 10/3/03, "Cesaretti"; A. nº 242 del 4/8/03, "Castro"; entre muchos otros).

Dentro del referido marco de entendimiento, el Alto Tribunal Federal señaló que la decisión que resuelve en sentido adverso a la pretensión del recurrente de actuar como querellante provoca un agravio de insusceptible reparación ulterior, pues ante la denuncia de los delitos en orden a cuales se solicitó ejercer aquel derecho amparado constitucionalmente (Fallos: 268:266), resultaría tardía toda posibilidad de volver a debatir el tema en una posterior oportunidad procesal, en la medida que lo decidido se vincula con el ejercicio de la jurisdicción por parte de los jueces naturales (cof. Fallos: 300:75; 302:1128 y 321:2826) (CSJN, "González", 19/10/2004, Fallos: 327:4451) (T.S.J. "Sala Penal", "Bonfigli", S. nº 79, del 17/6/2007).

B. Impugnabilidad subjetiva.

Ahora bien, en lo que respecta a la impugnabilidad subjetiva debe señalarse que no es de aplicación al recurso de casación incoado por quien pretende constituirse en acusador privado en el proceso, pues la regla circunscribe la necesidad del mantenimiento por parte del Ministerio Público a las impugnaciones deducidas por quienes ya se encuentran constituidos como querellantes particulares (CPP, 471 y 464).

Es que, estimamos que el carácter adhesivo que la ley procesal ha conferido al querellante particular lo es en la medida en que éste coadyuva a la tarea del Ministerio Público, "para acreditar el hecho delictuoso y la responsabilidad penal del imputado...", mas no cuando -como en el caso- se peticiona la propia incorporación al proceso como acusador privado, toda vez que en éste la víctima pretende la concreción de la fase primordial de la tutela judicial efectiva (CN, 75 inc. 22 y CADH, 25), como es, el derecho de poder acceder al proceso; en tanto que la regulación prevista en el ordenamiento de rito establece una limitación para aquellos ofendidos que ya sean constituidos como querellantes particulares y quieren provocar la apertura de una etapa eventual del mismo, como es la recursiva.

2. Si bien el recurrente plantea una serie de defectos en que ha incurrido el a quo al momento de dictar la decisión que se impugna, lo cierto es que ellos se vinculan -esencialmente- con la cuestión relativa a la extensión del concepto de querellante particular previsto en el ordenamiento de rito (CPP, 7), vale decir, de quiénes se encuentran legitimados para intervenir en ese carácter en el proceso penal.

Sobre el referido tópico debe repararse que en los precedentes "Bonfigli" (S. nº 79, del 17/5/2007) y "Denuncia formulada por Bellotti" (S. nº 92, 24/6/2007), esta Sala Penal se expidió sobre el marco constitucional e infraconstitucional en el que se inserta el derecho que tiene la víctima en constituirse en acusador privado y la posibilidad de ampliar tal legitimación a las asociaciones intermedias, por lo que las consideraciones allí efectuadas serán de suma utilidad para la solución del presente caso.

A.a. La intervención del querellante particular en el proceso penal, como es sabido, se presenta como una manifestación del derecho a la jurisdicción y derecho a la tutela judicial efectiva, que corresponde -entre otros- a la víctima del delito.

Uno y otro son derechos de raigambre constitucional por imperio de lo prescripto en el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, que establece que los tratados internacionales que en él se mencionan tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de la ley suprema y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos.

Entre dichos instrumentos internacionales se encuentra, precisamente, la Convención Americana sobre Derechos Humanos -Pacto de San José de Costa Rica- (en adelante, CADH), cuyos artículos 8.1 y 25, respectivamente, consagran los mencionados derechos. La primera de estas disposiciones prescribe que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente, imparcial, establecido con anterioridad por la ley... para la determinación de sus derechos y obligaciones... de cualquier carácter; la segunda establece: "1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aún cuando tal violación sea cometida por personas que actúan en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados Partes se comprometen: a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso".

Es indudable que, por virtud de estas directivas constitucionales, la víctima del delito tiene un verdadero derecho a una intervención relevante en el proceso penal, para la satisfacción de sus legítimos intereses jurídicos. En este contexto debe repararse también que los organismos internacionales, más precisamente, el documento de Naciones Unidas sobre Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas del Delito y Abuso de Poder, el cual entiende que por víctima se debe considerar a las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, perdida financiera o menoscabo sustancias de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados Miembros, incluso la que prescribe el abuso de poder (Resolución de las Naciones Unidas nº 40/34, del 29 de noviembre de 1985, publicada en Victimas, Derechos y Justicia, colección de Derechos Humanos y Justicia, oficina de Derechos Humanos y Justicia de la Provincia de Córdoba, nº 3, p. 7).

b. El Código Procesal Penal de la Provincia, reglamentando las máximas constitucionales antes vistas (CN, 28, 121 y 122), consagra derechos favorables a la víctima en su mero carácter de tal (art. 96 C.P.P.), a la vez que admite la posibilidad de que ella actúe en el proceso penal como acusador privado, interviniendo en rol de querellante particular (arts. 7, 91 y ss. C.P.P.).

Concretamente, la ley de rito determina que el ofendido penalmente por un delito de acción pública, sus herederos forzosos, representantes legales o mandatarios, podrán intervenir en el proceso como querellante particular en la forma especial que este Código establece (CPP, 7).

De la lectura de la definición dispuesta por el ordenamiento procesal y la contenida en la Resolución de las Naciones Unidas reseñada supra, surge indudable que el legislador optó por otorgarle legitimación para constituirse en querellantes sólo a la víctima directa o sus familiares en tanto tengan la calidad de herederos forzosos, mientras que las demás víctimas a la que alude el referido documento internacional carecen de la mentada legitimación.

La previsión normativa dispuesta por el Código Procesal impone un examen sobre la naturaleza y características del hecho que constituye el objeto de la imputación, con el fin de establecer si se evidencia la condición del pretensor de ser el "ofendido penalmente" (Ferrer, Carlos, "El querellante particular en el C.P.P. en Córdoba", en Pensamiento Penal y Criminológico, año II, nº 2, Ed. Mediterránea, Córdoba, 2001, p. 58).

En este estadio cabe aclarar que, ofendido penalmente es quien porta en el contexto concreto el bien jurídico protegido por la norma penal de prohibición o de mandato presuntamente infringida (Maier, Julio B.J. Derecho Procesal Penal -II Parte General. Sujetos procesales-, Editoriales del Puerto, Bs. As., 2003, p. 681. En sentido similar: Balcarce, Fabián I. "El querellante particular en la legislación procesal cordobesa", en En torno al querellante particular, Advocatus, Córdoba, 2003, p. 96). Tal concepto permite la admisión como querellante particular a quien, frente a la supuesta comisión de una conducta ilícita cuya definición legal no lo erige directamente como titular del bien jurídicamente protegido según la sistematización del Código Penal, ha sido sin embargo afectado real y directamente en un bien jurídico individual, situación que con bastante frecuencia se da en los delitos de ofensa compleja (Ferrer, Carlos, ob. cit., p. 58).

c. Ahora bien, en el precedente citado se abordó el análisis de la constitución de querellante particular en los procesos en que se investigan delitos contra la administración pública y, reparándose en una mayor eficiencia en el esclarecimiento e investigación de hechos que pueden configurar los referidos delitos, esta Sala estimó que, sin perjuicio de la existencia de un ofendido individual con derecho a querellar, debía admitirse como querellante particular a las asociaciones intermedias, en aquellos casos en que la conducta perseguida vulnere el aludido bien jurídico cuya protección aquéllas propenden.

Parécenos que existen buenas razones para legitimar la actuación de las asociaciones intermedias como querellante particular en aquel grupo de casos en que las circunstancias fácticas denunciadas pongan en peligro la salud pública de la comunidad en general o de un colectivo de personas que forman parte de ella -en virtud de las particulares condiciones en que se encuentran los sujetos que lo conforman-, siempre y cuando las referidas asociaciones propendan a su protección.

Es que, como bien lo destaca la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la protección de la salud pública constituye una obligación que el Estado debe proveer (Fallos: 31:273), pues el derecho a la salud está comprendido dentro del derecho a la vida que es "el primer derecho natural de la persona humana preexistente a toda legislación positiva que, obviamente, resulta reconocido y garantizado por la Constitución Nacional" (Fallos: 302:1284; 310:112). Así se entendió que en el Preámbulo de la Constitución Nacional "ya se encuentran expresiones referidas al bienestar general, objetivo preeminente en el que, por cierto, ha de computarse con prioridad indiscutible, la preservación de la salud" (Fallos: 278:313, considerando 15) (CSJN, "Asociación Benghalensis y otros c/Ministerio de Salud y Acción Social - Estado Nacional s/amparo ley 16.986", Fallos: 323:1339).

De tal manera que, una adecuada tutela a los derechos fundamentales en juego requiere la admisión como querellante particular a las mentadas organizaciones no gubernamentales, pues las mismas constituyen, en muchos de los casos, el medio más eficaz para garantizar la defensa de intereses colectivos que pueden afectarse con la conducta denunciada, atento a la experiencia y la técnica aprendida en el ámbito definido en el cual operan (Slonimsqui, Pablo "El derecho de querella en los delitos que protegen bienes jurídicos colectivos" en Cuadernos de doctrina y jurisprudencia penal, Ad Hoc, Año VI, nº 10 -A-, Bs. As., 2000, p. 330; Maier, Julio B., ob. cit, p. 684).

La télesis propuesta, como ya se dijo en los precedentes citados, no sólo se asienta en buenos criterios de política criminal sino en una interpretación sistemática (T.S.J., Sala Penal, "Boudoux", S. nº 36, 7/5/01) que posibilita, trasvasar la directriz constitucional que surge de las disposiciones relacionadas con la legitimación de derechos de incidencia colectiva en la acción de amparo de las organizaciones no gubernamentales, que tienen como fin la defensa de esos derechos (CN, 43) (CSJN, "Asociación Mujeres por la Vida - Asociación Civil sin Fines de Lucro -filial Córdoba- c. Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación", Fallos: 329:4593).

B. Reconstruido el marco conceptual en que debe analizarse la pretensión del impugnante, no se advierte obstáculo alguno para habilitar a la Asociación Portal de Belén para intervenir como querellante particular en los presentes actuados.

Es que, la pretensa querellante resulta ser una asociación intermedia que, entre sus fines estatutarios, se encuentra: promover y defender el establecimiento de condiciones sociales que posibiliten y favorezcan la efectiva prestación del derecho a la vida de la persona desde el momento de la concepción y el goce del respeto de su dignidad intrínseca a lo largo de la vida (v. fs. 5); en tanto que la denuncia que dio comienzo al presente proceso versa sobre presuntos ilícitos cometidos al momento de poner en circulación un fármaco ocultando el daño que el mismo produce al evitar la implantación del óvulo fecundado (fs. 2 a 4).

En consecuencia, estimo que en los presentes cabe acoger la pretensión deducida, puesto que así lo aconseja una interpretación del artículo 7 del código ritual a partir de las normas constitucionales que informan el sistema.

Voto, pues, afirmativamente a esta cuestión.

La doctora Cafure de Battistelli dijo:

La señora Vocal preopinante, da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

La doctora Blanc G. de Arabel dijo:

Estimo correcta la solución que da la señora Vocal doctora Aída Tarditti, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.

2º cuestión.- La doctora Tarditti dijo:

I. Atento al resultado de la votación que precede, corresponde hacer lugar al recurso de casación deducido por el Dr. A. G. E., y en consecuencia anular la decisión impugnada, en cuanto revocó la decisión del Juzgado de Control que confirmó la participación como querellante particular otorgada por la Fiscalía Distrito I Turno I a la Asociación Civil Portal de Belén.

Por razones de economía procesal, estimo conveniente evitar el reenvío de los presentes actuados a la Cámara de Acusación a los fines de un nuevo pronunciamiento, pues no queda margen para que una nueva consideración del thema decidendum pueda insistir en la falta de legitimación de la referida asociación con otros fundamentos; por lo que debe disponerse -en esta instancia- el rechazo de la apelación deducida por el Dr. H. G. T., sin costas (art. 550/551, C.P.P.), debiéndose remitir las presentes actuaciones a la Fiscalía de Instrucción para su prosecución.

II. Las costas en esta sede deben imponerse por el orden causado, atento a que el querellante tenía razón plausible para litigar, en especial, frente a la concesión de su pretensión por la Cámara de Acusación (arts. 550 y 551, C.P.P.).

Así voto.

La doctora Cafure de Battistelli dijo:

Estimo correcta la solución que da la señora Vocal preopinante, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia de igual forma.

La doctora Blanc G. de Arabel dijo:

La señora Vocal del Primer Voto, da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

En este estado, el Tribunal Superior de Justicia, por intermedio de la Sala Penal; resuelve: I) 1. Hacer lugar al recurso de casación deducido por el Dr. A. G. E. y, en consecuencia, anular la decisión impugnada, en cuanto revocó la decisión del Juzgado de Control que confirmó la participación como querellante particular otorgada por la Fiscalía Distrito I Turno I a la Asociación Civil Portal de Belén. 2. Disponer -en esta instancia- el rechazo de la apelación deducida por el Dr. H. G. T., sin costas (art. 550/551, C.P.P.), debiéndose remitir las presentes actuaciones a la Fiscalía de Instrucción para su prosecución. II) Costas en la Alzada por el orden causado (arts. 550 y 551, C.P.P.).- Aída Tarditti.- María E. Cafure de Battistelli.- María de las M. Blanc G. de Arabel.