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Divorcio, medidas cautelares, incidentes, principio de accesoriedad, aplicación errónea de la ley, recurso de casación
Materia: CIVIL-PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: B.C.M. c/ G.A.R. s/ Medida Cautelar s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2011-02-14

Comparto la relación de causa plasmada en el voto que me precede y adhiero a la solución propiciada en el mismo respecto de la normativa aplicable a la cuestión traída a esta instancia. En efecto, la causa de origen es la regulación de honorarios en una medida cautelar consistente en una traba de embargo previa al inicio de la causa de divorcio.

La misma ha generado dos planteos puntuales, por un lado determinar si conforme a la naturaleza de la medida precautoria, -autónoma o accesoria- corresponde la aplicación de los Arts. 27 o 33 de la Ley Nº 3956 -de aranceles- y por otro lado cuál es el monto base para el cálculo de los honorarios.

En primera instancia se reguló los honorarios en lo que aquí atañe aplicando el Art. 27 y como base para la regulación la sumatoria de los depósitos efectuados como consecuencia del embargo.

Apelado que fue el fallo dictado por el A quo por los representantes de la actora, titulares de los honorarios, la Cámara de Apelaciones revoca parcialmente el pronunciamiento. Confirma la aplicación de Art. 27, pero modifica el monto base de la regulación y al respecto afirma que corresponde "lo efectivamente embargado", "el valor realmente asegurado", "la suma efectivamente cautelada es la que está ordenada en la sentencia", entendiendo con estas expresiones que corresponde como base para la regulación el monto histórico que debía percibir el demandado en concepto de honorarios por su participación en una causa en el Fuero Federal, conforme a las pruebas aportadas. Contra este pronunciamiento, recurre el demandado-obligado al pago.

El voto de mi colega preopinante propone revocar el fallo en cuanto a la aplicación del Art. 27 de la Ley de Honorarios, y considera que corresponde aplicar el Art. 33 del mismo cuerpo legal, solución que comparto y adhiero.

Efectivamente y en esa inteligencia, después de la sanción de la Ley Nº 21.839 -ordenamiento arancelario nacional, cuyo articulado es análogo al del dispositivo provincial-, se reiteró la jurisprudencia nacional que establecía que a los honorarios por medidas precautorias, en los juicios de divorcio, no debía aplicársele el Art. 27 de la mencionada ley, que equivalía al 33% del Art. 7, primera parte, sino que la situación debía ser valorada en relación con el Art. 33, que oscilaba entre el 10% y el 20% ( hoy entre el 2% y el 20%), atendiendo a la vinculación mediata o inmediata que pudiera tener la resolución definitiva del proceso principal y también el monto del valor que asegurare.

Del voto del Dr. Cippitelli.
Sentencia absolutoria, abuso sexual, apreciación de la prueba, testigos
Materia: PENAL
Carátula: C., M. c/  s/ abuso sexual
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-05-17

Corresponde absolver al imputado respecto del hecho que fue calificado como constitutivo del delito de abuso sexual, si al examinar los antecedentes probatorios respecto de la secuencia que habría tenido el hecho investigado, más allá de que existen algunos elementos que favorecen a la acreditación de las hipótesis delictivas esgrimidas por los acusadores, hay otros con igual peso probatorio que permiten ponerlas en duda. Ello, porque por un lado, se atribuyó a los testigos afirmaciones que no fueron contestes entre sí, y por el otro, la denunciante tampoco presentó en su psiquis indicadores que reflejaran el supuesto abuso, a los que debe sumarse la ausencia de otros elementos. De modo que el marco probatorio reunido resulta insuficiente para afirmar, con el grado de certeza apodíctico que exige un pronunciamiento condenatorio, la ocurrencia del hecho pesquisado, lo cual impone la solución prescripta en el art. 3 del Código Procesal Penal de la Nación
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, recurso de casación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ricardo L. Giacone R.R.L. c/ Trincado Castia S.C., Trincado, Delfín, Castia, Mario. Grigoret, Luis y Rosemblett de Tchalidy, Fanny s/ Cobro de pesos y embargo preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-12-17

A la instancia extraordinaria le importa la sentencia y no el proceso, salvo absurdo.
Juicio oral, principio de adquisición
Materia: PENAL
Carátula: Alfaro, Fabián Marcelo s/ Homicidio Gil, Miguel Angel s/ Homicidio en ocasión de robo Martínez, Luis Oscar s/ Homicidio Caballero, José María; Ojeda, Oscar Alcides; Camal, José Alberto s/ Homicidio calificado, robo reiterado, asoc. ilícita, etc. Cervera, Claudio Manuel s/ Homicidio Bobadilla, Héctor Manuel. Morales, Jacobo Emanuel y otros s/ Robo y homicidio calificado López, Miguel Angel; González, Juan Carlos s/ Homicidio calificado - Robo Fuente Alba, Mario Alberto o Fuentes Alba, Mario s/ Homicidio simple Gil, Guillermo Oscar s/ Homicidio calificado Heintz, Jorge David y otro s/ Homicidio. Robo. Robo aut.tor
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-06-28|1992-10-20|1992-11-17|1991-12-23|1995-08-01|1993-02-16|1993-12-21|1997-10-21|1997-03-25|1996-02-06

La prohibición establecida por el reciente inciso 5 del art. 434 del Código de Procedimiento Penal tiene su campo de aplicación en el proceso escrito, sujeto a las restricciones del sistema de la prueba legal en el que ahora la declaración indagatoria sólo puede ser recibida por el juez. Pero dicha prohibición -que por vía indirecta excluye uno de los elementos básicos de la prueba compuesta- no puede interferir en el régimen probatorio establecido para el juicio oral, cuyo art. 286 no impone a los magistrados de la causa "regla alguna" para la apreciación de las probanzas, sistema que "deja al juzgador en libertad para admitir toda la prueba que estime útil al establecimiento de la verdad". (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Aportes previsionales, derechos de incidencia colectiva, depósito previo, seguro de caución
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "MONTRUL,  SILVIA ELIZABETH c/ A.F.I.P. - D.G.I. s/ Impugnación dedeuda".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-28

El depósito previo que exige el art. 15 de la ley 18.820 para la concesión del recurso importa el cumplimiento provisional y adelantado de la condena, constituyendo así una razonable medida precautoria impuesta en salvaguardia del interés colectivo comprometido (cfr. C.F.S.S., Sala I, "Parflik S.A.C.I.F.I.A.", sent. del 14.04.94; ídem, "Tronchet Pour L'Homme S.A.", sent. del 12.06.95; Sala II, "Club Atlético Vélez Sársfield Asoc. Civil", sent. del 18.12.98; Sala III, "Creaciones Guíñese S.A.I.C.", sent. del 17.05.95).

En consecuencia, habiendo la recurrente acompañado un seguro de caución, ha de tenerse por garantizado el pago de las obligaciones reclamadas en las actas que se cuestionan y, por tal motivo, eximirla de la carga impuesta por la norma referida, ya que la obligación se encuentra suficientemente garantizada.
Caducidad de instancia, actos interruptivos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GUAGLIA, ROGELIO L. EN J: QUAGLIA, ROGELIO L. c/ BENEGAS s/ Cobro de Alquileres - Casación (LIBRO: S244 - 001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-03-23

El acto interruptivo realizado en el expediente después de haber transcurrido tres meses contados desde el último acto útil, para ser oponible a la contraparte requiere de su notificación por cédula (Art. 68 inc. XIII C.P.C.). Ello porque transcurrido ese término, el demandado ha quedado relevado de la carga de controlar el expediente.
Recurso de casación, inadmisibilidad formal
Materia: CIVIL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Martínez, Rosario Soledad c/ Savio, Ana del Carmen y/o Q.R.R. s/ Beneficios Laborales s/ RECURSO DE CASACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-06-27

Llegan estos autos a esta Corte de Justicia con motivo de un recurso de casación interpuesto por la parte demandada.

Corresponde en esta instancia establecer si el recurso reúne los requisitos de admisibilidad formal a los fines de su viabilidad. Al respecto el Art. 297 del Código Procesal Civil, fija como requisito para la habilitación del recurso de casación que el valor del pleito exceda la suma que corresponde a la remuneración total de un juez de primera instancia. Analizadas las constancias de autos en ese orden, surge que el valor traído a debate no cumple con el requisito de mención toda vez que el monto expresado en la carátula del recurso es de PESOS QUINCE MIL ($15.000), siendo el límite a la fecha de interposición del recurso de PESOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA ($21.850), de lo que surge claramente que la cuantía de lo expuesto por la recurrente es insuficiente para ingresar la causa a conocimiento de este Tribunal.

La jurisprudencia siempre ha sido constante respecto de la exigencia del cumplimiento del requisito en tratamiento, así se dijo: "Corresponde declarar mal concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si el monto cuestionado ante la instancia extraordinaria no excede la suma fijada por el Art. 278 del Código Procesal Civil para su admisibilidad y no se configura ninguno de los supuestos de excepción previstos" (SCBA, L. 35.758, To. 131, pág. 390 DJBA). Que la base mínima del valor económico del proceso para poder deducir este recurso extraordinario de casación se encuentra en un límite razonable y no vulnera las garantías constitucionales (MORELLO "El Recurso Extraordinario", pág. 378). Así también lo tiene dicho esta Corte de Justicia en ( Exptes. Corte Nº 170/92 (A.I. Nº 66/93), Corte Nº 97/92 (A.I. Nº 183/92), Corte Nº 153/98 (A.I. Nº 261/98) y Corte Nº 116/02 (A.I. Nº 143/02 entre muchos otros).

Atento ello, resulta inoficioso ingresar al análisis de los demás requisitos formales que hacen a la viabilidad del remedio extraordinario intentado.

Por lo precedentemente señalado, el recurso deviene formalmente inadmisible.
Recursos, fundamentación del recurso, fundamentación insuficiente
Materia: PROCESAL
Carátula: Almada, Ricardo Epifanio y otros. s/ Causa  instruída en virtud del decreto No. 2540/90 del P.E.N. por los  hechos ocurridos el 3 de diciembre de 1990.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-04-12

La repetición de los mismos argumentos deducidos ante el tribunal de la instancia anterior determina el rechazo del recurso. Puesto que, carece de fundamentación suficiente el recurso que no rebata el argumento de la Cámara.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, prueba, apreciación de la prueba, Derecho laboral, despido, injuria laboral
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: ASEM, MARTA ROSANA c/ MI CASITA HOGAR DE PROTECCION AL MENOR s/ Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad -Cobro de  Pesos laborales (Expte.: C.S.J. Nº. 118 Año 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-04-02

No ha de prosperar la queja interpuesta por la demandada, toda vez que la confrontación de lo resuelto en la sentencia con las hipótesis de arbitrariedad esbozadas por la recurrente, permite advertir que aquéllas carecen de sustento en relación con las constancias de la causa, y traducen tan sólo el loable empeño de la demandada en miras a lograr hacer prevalecer su propio enfoque -opuesto al de la Cámara- sobre la solución que correspondería al "sub lite", al sostener que debió haberse rechazado la demanda impetrada por la actora atento a que la reiterada comisión de incumplimientos laborales a su cargo y la gravedad de los mismos, acreditarían en autos una injuria laboral con entidad para justificar el despido, más sin lograr persuadir acerca de que el A quo se haya apartado de los parámetros fácticos, probatorios y jurídicos con que contaba. (De la Disidencia del Dr. Netri)
Recurso de casación penal, costas
Materia: LABORAL
Carátula: RUIZ BARQUERO NESTOR ENRIQUE c/ SAAD HUGO HUMBERTO Y/O PROPIETARIO Y/O RESPONSABLE S/ DIFERENCIA DE SUELDOS, ETC. s/ CASACION LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-04-11

En los casos de desistimiento del recurso de casación, en cuanto a las costas, se aplica el principio objetivo de la derrota, pues se basa en la presunción de que quien desiste, válidamente pudo haber sido derrotado de continuar el juicio.
Desistimiento del recurso, plazos procesales
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Macchiavello, Gerónimo David y otro s/ recurso de queja.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-05-20

No constituye exceso ritual ni arbitrariedad y debe rechazarse el recurso de casación contra la resolución que tuvo por desistido el recurso de apelación al no haberse presentado en la audiencia del art. 454 segundo párrafo in fine CPPN, ya que la audiencia fue notificada con debida antelación al recurrente y la imprevisión de los motivos de su incomparecencia no surge palmariamente de las constancias de autos. (Dres. Madueño, Rodríguez Basavilbaso, Fégoli).
Defensa, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: C., C.; T., T.; P., J.; R., V. s/ Hurto
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1993-11-30

...la incidencia de la defensa no hace a una forma sustancial del procedimiento sino al grado de valoración de una prueba, la de reconocimiento de personas, a cuyo respecto cabe destacar su naturaleza psicológica.
Acción de amparo, improcedencia del recurso, existencia de otras vías
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: SEGURIDAD ENTRE RIOS S.A. c/ /MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA s/ ACCION DE AMPARO.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2011-08-30

Si la lesión constitucional denunciada puede ser reparada por las vías ordinarias- administrativas o judiciales-, aún a través de un proceso, es indudable que la vía excepcional del amparo, ejecución o prohibición no puede ser admitida, porque el proceso sumarísimo previsto para ellas restringe de manera evidente y significativa las posibilidades de conocimiento y de ejercicio de los derechos de defensa, prueba y alegación en pos de la celeridad en los casos en que ésta es indispensable como único medio para reparar el avasallamiento de derechos o garantías constitucionales.
Seguros, seguro de automotores, celebración del contrato, lugar de celebración, interpretación del contrato, robo, liquidación del siniestro, valor de reposición del automotor, cláusula CIF, indemnización, monto de la indemnización
Materia: COMERCIAL
Carátula: MAMAN ORFALI, GABRIEL c/ PARANA SA. DE SEGUROS s/ ORD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-12

En caso de robo de un vehículo extranjero ingresado temporariamente al país (admitido así por la Administración Nacional de Aduanas), por el que se contrató un seguro, en tanto el contrato se celebró en nuestro país para ser cumplido en él, su forma y obligaciones están regidas por el derecho argentino, y el valor de reposición a considerar debe ser el de nuestro país y no el de su país de origen.

(En el caso, se trató de un auto marca Ford, tipo cupé modelo Merck, año 1986 aforado por la Aduana en u$s 4.000 y asegurado en U$s20.000;

equiparado a la versión "Ford Sierra XR4/86", su valor de plaza estimado fue de u$s14.500; ello así es que la suma estimada por la que debe prosperar la pretensión del asegurado es de u$s10.000;

considerando que según cláusula contractual se estableció que se haría efectivo el importe íntegro de la indemnización que correspondiera dentro de la suma asegurada solo si se acreditase el pago de la totalidad de los derechos de importación pertinentes y que el asegurado podría transferir legalmente los derechos a la propiedad del vehículo, libre de todo gravamen al asegurador o a quien este indique y que en caso contrario se le abonaría solo el valor C.I.F.

de un vehículo de igual marca, modelo, característica).
Acción de inconstitucionalidad, emergencia económica, emergencia previsional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Bergallo Difiori, Ignacio Luis y otros. s/ Declaración de Inconstitucionalidad (Ley 2910 -art. 1º y 2º).
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1997-10-21

Las sucesivas prórrogas de la ley de emergencia, al establecer períodos determinados con concepto de transitoriedad conforme surge de las leyes que las disponen, por si solas, no afectan las garantías constitucionales previstas en el art. 14 bis y 17 de la Constitución Nacional sino cuando se acredita que lo que aparentemente constituye solidaridad social previsional, como fundamento legislativo de la norma impugnada, implica afectación de garantías constitucionales, circunstancias esenciales no probadas en autos, por lo cual subsistiendo a contrario sensu, las causas que dieron origen a la legislación de emergencia por el tiempo limitado en la norma, y siendo el interés general previsional institucional de jerarquía superior al interés particular, corresponde por los fundamentos fácticos jurídicos expuestos el rechazo de la acción instaurada en todas sus partes, con costas.(Dra. Poggiese de Oudín).
Accidentes de trabajo, indemnización tarifada, daño físico, daño moral
Materia: LABORAL
Carátula: MARCOVICH, MARIO c/ FEMESA s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-09

El daño psíquico está referido, como el físico, a la incapacidad resultante del accidente. En cambio el daño moral tiende a indemnizar, no la incapacidad resultante sino los sufrimientos que demanda la curación y los inconvenientes en la vida laboral y social. El daño psíquico y moral son conceptos independientes y, por lo tanto, susceptibles de indemnización autónoma. Pero resulta improcedente el reclamo por daño moral cuando el régimen elegido para accionar es de carácter tarifario y que incluye en sus sistema indemnizatorio la totalidad de los daños ocasionados a la víctima.
Administración Pública, facultades disciplinarias, cesantía
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Avalo, Julio César c/ Intendente de la Municipalidad de Huillapima y Concejo Deliberante s/ Acción de Plena Jurisdicción y Nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-02-12

De acuerdo al estatuto del empleado municipal que rige en el caso, para aplicar la sanción de cesantía por las causales previstas en el art. 54-: a) inasistencias injustificadas que exceden quince días (15) en el año calendario y b) abandono de servicio sin causas justificadas por cinco (5) días consecutivos- por el art. 51 se establece la obligación de intimar al agente hasta el séptimo y tercer día respectivamente, para que éste produzca su descargo.

La obligación de realizar dicha intimación,-obviada en el sub lite- no puede ser suplida por un memorando comunicando descuentos de haberes por faltas sin aviso, ni se puede inferir de las dos resoluciones dictadas, por las cuales en una se le aplicó al actor un apercibimiento y en otra una suspensión por un total de seis inasistencias injustificadas.
Medidas cautelares, daños y perjuicios, indemnización, abuso del derecho
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: DIRECCION NACIONAL DE RECAUDACION PREVISIONAL c/ LA BASKONIA  S.A. s/ EJECUCION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-19

La procedencia del resarcimiento que consagra el artículo 208 del Código Procesal, exige la demostración de que el solicitante de la medida precautoria "abuso o se excedió en el derecho que la ley otorga", es decir, que para configurar ese abuso se requiere haber obrado excediendo los límites impuestos por la buena fe, ello así, como consecuencia de haber adoptado nuestro ordenamiento procesal la doctrina subjetiva de la responsabilidad, que conlleva a la no admisión automática de la reparación.
Tarjeta de crédito, resumen de cuentas, mora del deudor, estados contables, saldos de actualización contable
Materia: COMERCIAL
Carátula: EXPTE Nro. 30486  BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.A. c/ OÑA, RICARDO ALBERTO s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2005-11-09

El pase a "mora" de una deuda, constituye una operatoria por la cual los deudores corrientes -como puede ser el usuario de una tarjeta de crédito- que incumplen los plazos de pago otorgados convencionalmente y posibles esperas, son ubicados en una cuenta -la de morosos- con tratamiento contable diferente.

Esta reclasificación del deudor se manifiesta documentalmente con la mención "deuda en pesos a mora" en el resumen emitido, y en estos supuestos, el saldo cero que figura en el casillero del formulario correspondiente obedece al referido pase contable, y no a una cancelación de deuda, que no ha sido acreditada.
Buques, requisición, daños y perjuicios, indemnización, lucro cesante
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Compañía Sudamericana de Pesca y Exportación  SAI.  y C. c/ EstadoNacional - Ministerio de Defensa s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-10-05

Tratándose del reclamo de los daños derivados de la requisición de un buque por el Estado, la calificación, efectuada por la actora, de sus reclamos por "pérdida de mercado" y "pérdida por falta de actividad" como lucro cesante, resulta decisiva para la suerte contraria a su decisión (art. 37 ley 16.970).
Juicio ejecutivo, falta de intimación de pago, embargo preventivo
Materia: PROCESAL
Carátula: VARGAS JOSE EDUARDO Y OTRO c/ OSPLAD s/ PROCESO DE EJECUCION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-09-11

Bajo ciertas circunstancias, el embargo preventivo puede ser admisible con anterioridad a la intimación de pago, como en los supuestos en que se acredite sumariamente que el ejecutado esta enajenando u ocultando sus bienes, o que ha disminuido apreciablemente su solvencia, pues en tales hipótesis la sujeción del embargo al fracaso de la intimación de pago, puede resultar fatal para el éxito de la medida postergada hasta entonces.
Recurso de inconstitucionalidad, honorarios, jus, Superior Tribunal de Justicia, acordadas, intereses
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: CHLUS, JORGE CARMELO c/ VILLALBA, ESTEBAN RAUL s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-03-07

El fallo impugnado en esta instancia extraordinaria, en cuanto hizo lugar al apremio por honorarios por la cantidad de unidades jus cuantificadas según su valor vigente conforme Acordadas de esta Corte- más los intereses devengados desde la firmeza del auto regulatorio no puede descalificarse desde el plano constitucional (Del voto del Dr. Netri) - Jurisprudencia vinculada: Cardozo, AyS T 279, p 461.
Falta de prueba, mala praxis, relación de causalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Palavecino Susana Felipa c/ Provincia del Neuquén s/ D. y p. - mala praxis
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-02-15

Cuando no se ha logrado probar la relación de causalidad entre el hecho y el daño experimentado, no corresponde suplir la falta de actividad probatoria de la parte, invocando la teoría de las cargas probatorias dinámicas, pues su utilización no exime a la parte de acreditar los presupuestos invocados como fundamento de su pretensión, de conformidad con el art. 377 del Código Procesal