marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Ingreso a la función pública, personal contratado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: POZZO, JUAN ROBERTO s/ EMPLEO PUBLICO. NOMBRAMIENTO. PERSONAL TEMPORARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-22

De haber mediado incumplimiento de disposiciones legales en cuanto a la falta de suscripción de contrato de empleo temporario, podrá eventualmente configurar una irregularidad administrativa cuya dilucidación de responsabilidad deberá ser materia de la institución bancaria, pero de ninguna manera puede acordarle a la relación un contenido que evidentemente no estuvo en la intención de las partes al momento de su concreción.-
Sistema republicano, fundamentación de sentencias, soberanía, juicio político
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: ATE. San Juan, Secretario General Héctor Sánchez s/ juicio político - inconstitucionalidad. juicio político - inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-08-18

La motivación de la sentencia es la esencia del régimen republicano - en que las autoridades ejercen su función por delegación de la soberanía que reside en el pueblo -, pues no puede privarse a los ciudadanos de la provincia del acceso a las razones concretas que determinaron la revocación - por el juicio político - de un mandato de gobierno conferido por el voto popular.
Declaración testimonial, autoridad de prevención, idoneidad del testigo, valor probatorio
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: LEZCANO, Wilfredo s/ TENENCIA DE ARMA DE GUERRA SUAREZ, Jose Eduardo s/ TENENCIA DE ARMA DE GUERRA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-07-10|1986-08-25

Las declaraciones testimoniales de los preventores tienen plena fuerza probatoria en los términos de los arts. 305, 306 y 307 del C P.M.P. cuando se refieren a los hechos en los que han tomado conocimiento exclusivamente por razones funcionales, y no se fundan en intereses, afecto u odio.
Depreciación monetaria, intereses, desagio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Porcelli, Luis A. c/ Banco de la Nación Argentina s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-20

La tasa de interés del 23.22% mensual, al superar ampliamente la tasa de interés considerado puro en el momento de su fijación, incluyo expectativas inflacionarias.
Jurisdicción y competencia, competencia federal, proceso penal, banco central, falsificación de documentos, control de cambio
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Curtiembre "La Favorita"  S.R.L. s/ defraudación y falsificación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-13

Es competente la justicia federal para conocer en las actuaciones en las que se investiga la falsificación de declaraciones de regularización de operaciones de exportación, si la presentación de tales documentos ante el Banco Central pudiera obstruir el buen servicio de sus empleados o el normal desenvolvimiento del organismo: art. 3x, inc. 3x de la ley 48.
Jornada de trabajo, horas extra
Materia: LABORAL
Carátula: Alvarez, Alcides Jorge c/ Distribuidora Guadalupe S.R.L. s/ Recurso de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2004-12-15

La inversión automática de la carga probatoria que surge del precedente "Villalba", sólo se produce si se verifica la intimación precisa a exhibir el registro especial contemplado en el artículo 6 inciso c) de la ley 11544 y 21 del Decreto 16115/33.

En el caso se había intimado al demandado a presentar el libro especial del artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo, originales de recibos de haberes del actor y Registro único del personal, habiéndose resuelto que en razón de ello no cabe aplicar por extensión las presunciones contempladas en el artículo 87 del Código Procesal Laboral o 55 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Actualización monetaria, sentencia definitiva, hiperinflación
Materia: CIVIL
Carátula: MIERES VIUDA DE RODRIGUEZ ROBERTS, MARIA LUZ c/ AMEGHINO, EDUARDO Y OTRO s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-20

Si la previsión inicial contenida en la sentencia definitiva estaba destinada a obtener un procedimiento razonable para computar la depreciación monetaria, producido un desfasaje importante en la evolución económica con motivo de la hiperinflación de los meses de enero, febrero y marzo de 1990, no puede mantenerse dicho método cuando su aplicación deriva en una grave e importante reducción del crédito ejecutado.
Segunda instancia, sentencia, límites del pronunciamiento
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: FISCO NACIONAL  D.G.I. c/ ODOL SAIC s/ EJECUCION FISCAL - PROCEDIMIENTO JUDICIAL-
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-10

Conforme lo establece el art. 271, último párrafo del código procesal, la sentencia de la alzada solo examinará cuestiones de hecho y de derecho sometidas a la decisión del juez de primera instancia que hubiesen sido materia de agravios.-
Sucesión testamentaria, legado de cosa cierta, posesión, entrega de la posesión
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: R., C.E. c/ H., N.N. y otra s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-08-31

El dominio de la cosa cierta legada, se encuentra en cabeza del legatario desde el momento del fallecimiento del testador, perteneciéndole desde esa oportunidad los frutos, aumentos o deterioros de la cosa en tanto que la posesión material debe ser pedida a los herederos o albaceas por ser los encargados de cumplir los legados y/o dada por el magistrado en caso de que así se requiera, a menos que se proceda a una entrega voluntaria. Sin embargo, el hecho de ser propietario y no contar con el uso de la cosa no afecta al titular del derecho ya que la falta de disposición material no le impide al legatario controlar la administración ejercida por el heredero exigiendo el cumplimiento de aquellos actos que hagan a su conservación y aún pedir la entrega material antes del acto de partición.
Abogados, sanciones disciplinarias, apercibimiento
Materia: PROCESAL
Carátula: CLUB ATLETICO COLON s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - CONCURSO PREVENTIVO- INCIDENTE DE RECUSACION PROMOVIDO POR AFIP-DGI (EXPTE.: C.S.J. NRO. 90 AÑO 2008)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-03-04

Cabe aplicar la sanción de apercibimiento a los letrados recusantes- con conocimiento del Colegio de Abogados y del Organismo cuya representación ejercen- desde que las expresiones vertidas en el memorial del recurso extraordinario local bajo el pretendido amparo de "opinión pública" y "titulares periodísticos", sólo se enrojan en apreciaciones subjetivas que no traducen el ejercicio del derecho de defensa y denotan la utilización de un lenguaje que no puede estimarse adecuado con el deber de decoro y respeto que deben guardar los litigantes a la autoridad e investidura de los magistrados, y con los principios de probidad, buena fe y lealtad que deben presidir los debates ante la justicia, los cuales vienen impuestos como regla del recto desempeño profesional conforme al rol procesal que les cabe.
Cuestiones de competencia, competencia criminal, lugar del hecho, concurso ideal, defraudación, falsificación de documentos, falsificación de instrumento privado, tarjeta de crédito
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Lange de Barloqui, Nélida Delfina; Barloqui, María Isabel s/ estafas reiteradas - Pergamino.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-07

Tratándose de la obtención de bienes mediante el uso ilegítimo de una tarjeta de compra, la defraudación y la falsificación de documentos privados, que concurrirían idealmente, deben reputarse cometidas en cada uno de los lugares donde se ejecutó la disposición patrimonial constitutiva del perjuicio.
Concursos, categorización de acreedores, comité de acreedores
Materia: COMERCIAL
Carátula: VITAL SOJA SA s/ CONCURSO PREVENTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-24

En cuanto a la conformación del comité de control, en el marco de un concurso, los artículos 14 inciso 13, 42 y 45 LCQ (según su nueva redacción por Ley 26684), se limitan a expresar que el magistrado debe conformar dicho comité con representantes de los trabajadores de la concursada elegidos por estos mismos. Nada dicen en cambio esas normas -ni ninguna otra de dicho ordenamiento- acerca de cuál es el mecanismo que debe ser seguido para que esa voluntad de los interesados sea expresada.

Elementales reglas de hermenéutica exigen interpretar que ha sido voluntad del legislador deferir la solución al prudente arbitrio judicial. Como se ratifica a la luz del hecho de que el nuevo texto legal proporciona un indicio concreto de esa realidad, al autorizar al juzgador a reducir la cantidad de representantes de los trabajadores cuando la nómina de empleados así lo justifica (Conf. artículo 42 LCQ). Es el juez quien, en consecuencia, debe disponer la conformación de tal comité del modo en que juzgue procedente según el caso.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, daños y perjuicios, indemnización, muerte de la víctima, daño moral
Materia: CIVIL
Carátula: Franchi, Juan C. c/ Ferrer, Hector R. y otro s/ Daños y perjuicios. Cuestión a resolver: ¿Corresponde establecer un   monto indemnizatorio mínimo e igualitario por privación de vida   humana con prescindencia de todo otro perjuicio cierto?   Protocolizado Sala II, Folio 176 (Tribunal pleno) (Expte. Nro. 8-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-11-12

Debe hacerse el necesario distingo entre la víctima del homicidio y los damnificados eventuales por la muerte de aquélla, quienes si se postulan como reclamantes deberán acreditar el daño que pretenden se les indemnice. Salvo, claro está, que se trate de las personas mencionadas en los artículos 1084 y 1085 del Código Civil, en cuyo caso gozarían ellos de la presunción de la existencia de un daño que los jueces deberán evaluar. Y ello, sin perjuicio de la posibilidad de acreditar, a su turno, contra aquella presunción, que es sólo juris tantum y cede ante la prueba contraria. (Del Voto del Dr.

Casiello).
Efecto suspensivo, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, suspensión del juicio a prueba, imputado
Materia: CONSTITUCIONAL-CONTRAVENCIONAL
Carátula: Boggini, Sergio Ricardo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-08

Con el efecto suspensivo del recurso de queja contra la denegatoria del recurso de inconstitucionalidad deducido contra la resolución que confirmó la suspensión del juicio a prueba pese a la oposición de la fiscalía, se intenta impedir que el imputado cumpla el compromiso al que se obligó voluntariamente y que, una vez transcurrido el período acordado para la suspensión del juicio a prueba, se dicte una resolución que declare extinguida esta acción y torne estéril -o inconveniente- el tratamiento de las cuestiones planteadas. (Voto de la Sra. Jueza Ana María Conde).
Representante de la víctima, COLOMBIA, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, audiencia pública, alegato, declaración testimonial, conflicto armado interno, Pacto de San José de Costa Rica, presidente de la corte interamericana
Materia: INTERNACIONAL PRIVADO
Carátula: Caso Yarce y Otras c/ Colombia s/ Resolución del presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2015-05-26

El Presidente de la Corte Interamericana resuelve convocar a la República de Colombia, a las representantes de las presuntas víctimas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a una audiencia pública para recibir las declaraciones -de las presuntas víctimas, los testigos y los peritos-, alegatos y observaciones finales orales, sobre la excepción preliminar y eventuales fondo, reparaciones y costas en el caso en que se pretende la declaración de responsabilidad internacional del referido Estado por la supuesta violación a la Convención Americana, en perjuicio de cinco defensoras de derechos humanos en el contexto del conflicto armado interno entre grupos ilegales y fuerzas públicas.
Accidentes de trabajo, indemnización, acción civil
Materia: LABORAL
Carátula: Vallejos, Antonio c/ Novelli S.A.C.I.F.I.C.A. y/o quien resulte responsable s/ Acción Civil Art. 1113
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1999-09-29

La acción fundada en el art.1113 del derecho común, se aplica igualmente a los casos de enfermedades profesionales y enfermedades accidente, en tanto que el trabajo haya podido dar lugar, contribuir, agravar o acelerar procesos patológicos y con mayor razón, obviamente, en aquellos declarados efectos exclusivos del trabajo, siempre y cuando, claro está, se encuentre acreditado el nexo de causalidad (art. 906 del Cód. Civ.), que de ordinario ha de provenir de la prueba pericial médica, siempre y cuando ésta cumple con los requisitos científicos que hagan a su adecuada fundabilidad.
Alimentos, obligación alimentaria, alimentado con recursos económicos, carga de la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: C. DE L.J.H. c/ L. R. D. s/ ALIMENTOS. G.U.S.M.R. c/ S.F.J. s/ ALIMENTOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-03-14|1984-03-30

CARGA DE LA PRUEBA DE LOS RECURSOS DE LA ESPOSA EN JUICIO DE ALIMENTOS. El deber alimentario entre cónyuges (art.51 de la ley 2393) emerge no de una relación biológica, sino de un acto jurídico como el matrimonio. Las necesidades alimentarias que refiere el artículo 51 de la ley 2393 no precisan ser probadas por la mujer ya que se presumen; por el contrario, es el marido quien debe acreditar que los ingresos de su consorte los tornan improcedentes (conf. C.N Civ. Sala F, c.278.983 del 3/2/81; íd. Sala D, L.L. 1980-D-498).

NNOTA C.N.Civ. Sala F.R.5176,"C.de L. J.H.c/L.R.D. s/alimentos", del 14/3/84.
Remuneración, remuneración del juez, funcionarios judiciales, remuneración del personal judicial, equiparación salarial
Materia: PROCESAL
Carátula: BASSO, Estela María Cristina c/ E.N. s/ empleo público
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-11

Más allá, de las imperfecciones técnicas que pueden atribuirse a la redacción del art. 2 del Decreto 1770/91 (Sala I, "Fernández Pinto", del 23/3/94), lo cierto es que la intención del sistema así creado es comprender en sus alcances a todos los funcionarios judiciales equiparados por remuneración y/o jerarquía a los magistrados. Esta situación se encuentra plenamente corroborada por lo dispuesto en el decreto 2024/91 que, al sustituir el texto del art. 2 antes citado, aclaró que lo dispuesto en el art. 1 del Decreto 1770/91, "Se extenderá a todos aquellos funcionarios judiciales que por remuneración o jerarquía se encuentren equiparados a los jueces nacionales", resultando, a tal efecto, puramente ejemplificativa la enumeración de las normas que posteriormente efectúa (conf. Sala I "Fernández Pinto" antes citado). Consecuentemente, el derecho de los funcionarios equiparados a los jueces para percibir el pago de la suma contemplada en el Decreto 1770/91, deriva de lo dispuesto por éste y su Decreto modificatorio, y del hecho de su equiparación remunerativa.
Conjueces, honorarios de conjueces, interpretación de la ley, regulación de honorarios, juicios contra el Estado
Materia: PROCESAL
Carátula: Nación c/ Industrial del Norte de Santa Fe Ltda. S.A. "Ingenio Arno" s/ expropiación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1979-11-22

Tratándose en el caso de regular honorarios no a quien actuó como abogado sino como conjuez, y estando la retribución de los jueces a cargo del Estado Nacional, el recurrente no pudo solicitar la compensación pecuniaria que estima le corresponde, por vía de regulación de honorarios, ya que la ley 3952 y complementarias reglan el procedimiento a seguir en reclamos contra la Nación, trámite del que sólo cabe prescindir por disposición legal expresa (principio de carácter general en el derecho administrativo, adoptado v. gr. en su ámbito específico por la ley 19.549, art. 32). (Disidencia de fundamentos del Dr. Abelardo F. Rossi).
Derecho procesal, tribunal de alzada, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: ARAYA, ZULMA CLAUDIA c/ FRUTOS DE CUYO S.A. s/ APELACION DE SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-12-17

La alzada tiene poder de adecuar el régimen de costas y el monto de los honorarios establecidos por la instancia inferior, en caso de que revoque o modifique el fallo; como lo dice la ley, no se precisa al efecto de la interposición de un recurso, de manera que opera como una facultad oficiosa, de uso no arbitrario ni libre, sino condicionado a la existencia de una apelación sobre el fondo del asunto; es indiferente, como resulta de lo dicho, que a esa impugnación la acompañe otra, específicamente apuntada a corregir el régimen establecido por el fallo, si se revocare.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, igualdad ante la ley, excarcelación
Materia: PROCESAL - PENAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Kohen, Roberto L. s/ excarcelación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-11

Resulta conjetural el agravio contra la decisión que deniega la excarcelación, fundado en que viola el art. 16 de la Constitución Nacional, pues si el procesado ya estuviese condenado estaría en condiciones de gozar de la libertad en atención al tiempo de privación de la libertad sufrida y a la pretensión fiscal, si ni siquiera se ha producido en la causa la acusación del ministerio público.
Terminación del proceso, sobreseimiento, acción meramente declarativa
Materia: PENAL
Carátula: Gluschancoff, Mario y otros s/ Estafa-Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-03-15

Para dictarse el sobreseimiento en la fase instruccional -que equivale por sus consecuencias a una sentencia absolutoria en el Plenario oral- no bastan las dudas y probabilidades, debiendo el Juzgador para poder concretarlo poseer certeza negativa en este caso acerca de que el hecho no encuadra en una figura penal, lo cual presupone que está convencido y descarta cualquier otra hipótesis positiva, no dándose sin embargo en autos tal grado de convicción porque la Sala a-quo admitió en su resolución que preexistía un "estado de paridad de pruebas", que es propio de la sospecha, de la duda y hasta de la probabilidad, pero nunca de la certeza.
Competencia, declaración de oficio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: R.P.B. S.A. c/ PRONORTE S.A. s/ Ejecución Prendaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-02-15

En los casos en que la incompetencia es declarada de oficio y sin sustanciación, cabe aplicar los arts. 4 y  8  del CPCCER que disponen la remisión del expediente al Tribunal tenido por competente y no el archivo de las actuaciones, sin distinguir la jurisdicción provincial.-
Sumario administrativo, traslado, derechos y garantías constitucionales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Echeveste, José Horacio c/ Provincia de Buenos Aires (Poder Judicial) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-11-24

En materia disciplinaria, lo relevante en cada caso particular es determinar si, frente a la comprobación de determinada conducta del agente, la Administración se encuentra autorizada, por las normas que rigen la relación entre ambos, a aplicar alguna sanción y, en su caso, si se ha respetado el procedimiento previsto y la medida resulta razonable.
Contratos, compraventa de automotores, círculo cerrado, seguro de vida, entrega del bien, declaratoria de herederos, procedencia del recurso
Materia: CIVIL-COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Luconi, Romina Noelia c/ Plan Ovalo SA de Ahorro para fines determinados s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-11

En relación con las administradoras de planes de ahorro, recién a partir de la debida acreditación de la declaratoria de herederos -y no antes- los actores quedaron habilitados a retirar el referido bien, al resultar de dicho pronunciamiento judicial -como es sabido- el reconocimiento de su carácter de herederos legítimos (cfr. Zannoni, Eduardo A. "Manual de Derecho de las Sucesiones", 4° edición, Ed. Astrea, Buenos Aires, 2003, N° 283, pág. 232); y por lo tanto los demandantes sólo podían aspirar a la entrega del vehículo una vez obtenida la declaratoria de herederos (CNCom, Sala A in re "Hock, Rubén Miguel y otro c/ Círculo de Inversores SA de Ahorro para fines determinados", del 16/03/10).
Despido, embarazo, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: PAEZ ELENA DEL CARMEN c/ SANATORIO MAYO s/ DEMANDA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-11-09

No incurre en apartamiento de los términos de la litis el pronunciamiento que hizo lugar a la indemnización especial por causa de embarazo, toda vez que la a-quo (a partir de los hechos invocados por las partes:falta de notificación del referido estado) aplicó el derecho efectuando la labor de subsunción que era su deber realizar. El Tribunal actuante por vía de la interpretación de los arts. 177 y 178 ley 20744 que efectúa, ha considerado que la sola notificación de la trabajadora al empleador de su estado de embarazo no es suficiente para que comience el período de estabilidad a que se refiere el segundo apartado del art. 177 ley 20744 ni para que juegue la presunción del art. 178 de dicha ley, porque para ello es necesario que se acompañe el certificado médico correspondiente. Si la norma exige determinadas condiciones para hacerse acreedor a un derecho, la circunstancia de que el Juez verifique su cumplimiento no trae aparejado sin más un apartamiento de los términos de la relación procesal. El "conocimiento del estado de embarazo" como causa determinante del despido, negado por la a-quo no sólo la comunicación de tal estado, sino también su acreditación fehaciente por los medios impuestos legalmente. De allí que la negativa inicial se extiende a este último aspecto sobre el cual no ha mediado prueba alguna.
Juicio administrativo de responsabilidad, recurso de revisión (administrativo), plazos administrativos, aplicación de la ley, ley de contabilidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Alvarez, Cándido c/ E.N. s/ Ordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-15

Por fallo plenario del 14/8/84 en autos: "Pájares c/ E.N. ", esta Cámara dispuso que la acción de impugnación contra las resoluciones del Tribunal de Cuentas de la Nación, dictadas en juicios administrativos de responsabilidad está sujeta al plazo establecido en el artículo 25 de la Ley 19.549. Asimismo y conf. al pto. 4 del voto de la mayoría sostuvo que nada impide interpretar al recurso de revisión del artículo 133 de la Ley de Contabilidad en armonía con los plazos fijados por el artículo 22 de la Ley 19.549.

Ello así, el recurso de revisión establecido por el artículo 132 de la L.C. , resulta un procedimiento de contenido limitado, en un plazo muy amplio de interposición y naturaleza excepcional, por lo cual la resolución recaída en el juicio de responsabilidad se encuentra firme y con carácter de cosa juzgada administrativa.
Proceso judicial, preclusión
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: BERRUEZO FERNANDEZ DE SERNA, MARIA HERMINIA Y OTROS c/ PINTOS, OSCAR F. Y/U OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-03-27

Las etapas de un proceso se llevan o desarrollan en forma sucesiva y concatenada y el principio de preclusión importa en esencia que el dogma de la voluntad aparezca sustituido por el de las consecuencias de carácter objetivo.