marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Principio de congruencia, requerimiento de elevación a juicio, cambio de calificación legal, prueba
Materia: PENAL
Carátula: M., J. D. c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-06-13

El principio de congruencia exige que, entre la acusación y la sentencia, exista identidad en el hecho que se juzga, es decir, que el sustrato fáctico sobre el cual los actores procesales despliegan su necesaria actividad acusatoria o defensiva se haya mantenido incólume desde el requerimiento de elevación a juicio y hasta el pronunciamiento final del tribunal. No se ve prima facie conmovido por una modificación en la calificación legal que no altere la imputación fáctica, ni por la ausencia de concordancia con los actos procesales previos a la acusación. Se asienta en los hechos delimitados en la acusación que deberán mantenerse inconmovibles hasta el veredicto del tribunal para no desbaratar la estrategia defensista del acusado en violación al art. 18 de la Constitución Nacional. La única excepción a esta regla se encuentra prevista en el art. 381 del Código Procesal Penal de la Nación en cuanto contempla de manera expresa la posibilidad de que se amplíe la acusación ante el eventual surgimiento de hechos susceptibles de agravar la acusación durante el transcurso del debate; en ese caso, lo que la norma prevé es que el presidente de la audiencia le informe al imputado ese nuevo hecho o circunstancia que se le atribuyen y que su defensor tenga el derecho de pedir la suspensión del debate para ofrecer nuevas pruebas o preparar la defensa. Se tutela que el imputado tenga la posibilidad de defenderse adecuadamente de la ampliación de la base fáctica y del cambio de calificación que aquélla pueda implicar. El principio de congruencia se reduce a garantizar que el imputado pueda oponerse debidamente al reproche y formular sus descargos, la calificación legal no es en principio susceptible de afectarlo si los hechos se han mantenido sin alteraciones (voto del juez Morin).
Concursos, emergencia económica, depósito judicial, fondos del concurso, competencia, juez del concurso
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: OMEGA  COOPERATIVA  DE SEGUROS LIMITADA c/ CARREFOUR ARGENTINA SAS/ s/ RDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-31

Resulta competente la justicia comercial -y en particular el juez del proceso concursal- para entender en un planteo atinente a los depósitos judiciales, pues es doctrina de la Corte Suprema, que la administración y disposición de los fondos en los procesos judiciales implica el ejercicio del poder público estatal a cargo de los jueces (in re "Kestner Sacifia", del 24.5.93). Máxime, si los fondos fueron depositados a nombre del juez que tramita el proceso y como pertenecientes a los autos en que se concreto la imposición; pues ello trae como necesaria consecuencia procesal que solo sea dicho magistrado el que pueda válidamente pronunciarse sobre la actual situación jurídica de los mismos, decidiendo si ellos se encuentran alcanzados por la normativa de emergencia, porque de lo contrario la causa se desmembraría (Cncom, sala E, in re: "Mateos, Rubén Héctor Primitivo s/ quiebra s/ recurso extraordinario" del 5.10.05, con cita del fallo de la Cncaf, sala I, in re "Trosman, Valerio y Otro c/ PEN", del 26.6.02). Una solución diversa importaria escindir el conocimiento de aspectos medulares del proceso concursal, en franca oposición con los principios de economía y celeridad procesal y la consecuente afectación de principios de raigambre constitucional. Ello cobra mayor virtualidad, por cuanto la materia concerniente a la conversión del signo monetario de los depósitos, es derivación del objeto del proceso traído a su conocimiento y bajo su órbita jurisdiccional (cncom, sala C, in re "Godszer, Salomón c/ Banco Mercantil Argentino s/ sumario", del 18.2.05). A mas, no puede soslayarse el interés público que exhibe el proceso concursal en el que se desenvuelve el planteo analizado; toda vez que sus consecuencias se proyectan sobre el universo de acreedores concurrentes y afecta el comercio en general.
Divorcio, sentencia interlocutoria, notificación personal, notificación por cédula
Materia: PROCESAL
Carátula: A.H.J.  Y  C. DE A.E.F. s/ DIVORCIO 67 BIS - TRAMITE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-03

La resolución que decreta la disolución del vínculo matrimonial reviste, por su contenido y finalidad, la índole de una sentencia interlocutoria con fuerza de definitiva, razón por la cual corresponde inexcusablemente su notificación a ambas partes en forma personal o por cédula.
Sustracción de menores, supresión del estado civil
Materia: DERECHOS HUMANOS-PENAL
Carátula: Francisco Gomez, Jorge Luis Magnacco y Teodora Jofre s/ Sustracción Menor de 10 años
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-04-22

El elemento típico contemplado en la figura agravada del art. 139, inc. 2 del Código Penal, que determina un mayor motivo de reproche cuando la supresión o alteración de identidad recae sobre un menor de 10 años, impone considerar esa franja etárea al momento en que a la víctima se le suprimió la identidad; lo que sucede en el caso, en el cual los imputados inscribieron como hijo biológico propio al niño nacido y sustraído durante la detención de su madre en la Escuela de Mecánica de la Armada.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, inhabilidad de título
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Atuel Fideicomisos S.A. c/ Azcarate Rubi Oscar y ot. s/ Cobro ejecutivo. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-10-19

El pronunciamiento recaído en un juicio ejecutivo en que se hace lugar a la excepción de inhabilidad de título por no constar en autos la autenticidad de las firmas que suscriben la cesión del crédito base de la ejecución, no reviste carácter definitivo en los términos del art. 296 del Código Procesal Civil y Comercial desde que la Cámara se ha limitado a decidir cuestiones que no desbordan la estructura formal del proceso ejecutivo. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Medidas cautelares, impuesto a la ganancia mínima presunta
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: "COSA-CONCESIONARlA  RUTAS  POR PEAJE (E/L)- INC MED(4-V-ll) c/ EN-AFIP - DGI s/ MEDIDA CAUTELAR (AUTONOMA)".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-10-27

El juez a quo determinó que de las copias certificadas de las declaraciones juradas de los Impuestos a las Ganancias y a la Ganancia Mínima Presunta, los comprobantes de pago, el informe contable y demás documentos acompañados con la demanda por la parte actora, es posible tener por acreditados, prima facie, los hechos descriptos en la demanda, que colocarían al demandante en una situación de hecho similar a la resuelta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente ("Hermitage", Fallos: 333:993). Asimismo, remarcó la existencia de pérdidas durante los seis ejercicios anteriores que obstaron y obstarían a descontar el impuesto del que aquí se trata.
Salario mínimo, vital y móvil, constitucionalidad, enfermedad accidente, indemnización por accidente de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Loreiro, Alfredo c/ Policía de la provincia de Buenos Aires s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-07-14

Declarado inaplicable por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el valor nominal de veinte mil australes fijado en la resolución 7.89 del Consejo Nacional del Salario Mínimo Vital y Móvil, dicho importe debe ser actualizado desde el 1-VIII-89 hasta que el actor tomó conocimiento de la determinación de su minusvalía resultando de aplicación el índice del salario del peón industrial, por ser el instrumento adecuado para obtener el fin que se procura.
Acción de amparo, actos jurisdiccionales, resoluciones judiciales
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Zárate, Pablo Ignacio s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1994-07-01

Cuando lo que se cuestiona es una decisión judicial, la política restrictiva sobre la procedencia del amparo se agudiza, ya que se entiende que de esa manera se viola la garantía del Juez constitucional, al sustraerse la causa de quienes son los jueces naturales. Afectando un valor esencial como lo es el de la seguridad jurídica, ya que se anarquiza y perturba el orden del proceso judicial. Atacando una de las bases fundamentales del estado de derecho.

No puede la acción de amparo sustituir el procedimiento regular de la causa salvo que se acredite una grave violación de los derechos y garantías constitucionales, como consecuencia de una actitud arbitraria y opresiva.

Ello porque si bien la acción de amparo está destinada a resguardar derechos consagrados en la Constitución, no introduce alteraciones en el orden legal de la competencia.

Deviene ello de la característica propia de esta acción, que es una vía excepcional de impugnación y, en principio, no es la adecuada para la revisión de instancias judiciales previas, salvo que se acredite una grave violación de los derechos y garantías constitucionales, como consecuencia de una actitud arbitraria y opresiva, o dicho en otros términos, la lesión debe ser grave y consecuencia directa de una ilegitimidad descubierta, patente, palmaria, incontestable, es decir de tal magnitud que resulte posible reconocerla sin el menor análisis. Y ello es así por cuanto la acción de amparo ha sido destinada a asegurar la plena vigencia de la Constitución, principalmente en lo que se vincula a los derechos humanos, pero no introduce alteración en el orden legal de la competencia, ni mucho menos resulta apta para autorizar al Tribunal Superior de Justicia a irrumpir en asuntos ajenos a la jurisdicción que por ley tiene conferida.

Es decir que la acción de amparo no es una segunda o tercera instancia, sino un remedio de carácter excepcional, mucho más si con ella se pretende la revisión de decisiones judiciales.
Apreciación de la prueba, sentencia firme, prueba testimonial
Materia: CIVIL
Carátula: Reynoso, Luis Arturo c/ Mastellone San Luis S.A. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2007-11-29

Esta Excma. Cámara tiene fijado el criterio para valorar prueba, en donde cobra importancia que la parte actora sí hizo mérito de la misma. y la demandada no., que señala que: "en orden al art.

386 CPCC, en cuando la apreciación de la prueba es el acto mediante el cual el juez o tribunal, en oportunidad de dictar sentencia definitiva, se pronuncia acerca de la eficacia o atendibilidad de aquella para formar su convicción sobre la existencia o inexistencia de los hechos controvertidos en el proceso, lo que ocurre en autos lo que en conjunto y conforme prueba testimonial, pericial, y sana crítica en lo presuncional, no se desvirtúa la conclusión de la a quo".
Suspensión del juicio a prueba, daño resarcible
Materia: PENAL
Carátula: Cohen, Víctor s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-09

No resulta lógico ni ajustado a derecho pretender que el imputado afronte el pago de una suma que se encuentra por encima de su concreta situación patrimonial, pues ello implicaría privar al justiciable de su derecho a una solución alternativa (no punitiva) al ejercicio de la pretensión punitiva estatal, in haberse verificado debidamente la presencia de un impedimento legalmente establecido.
Beneficio de litigar sin gastos, honorarios del abogado, regulación de honorarios, monto del juicio
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: DAGE, Silvia René c/ CORREO ANDREANI SA y otro s/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-05-27

Al incidente de beneficio de litigar sin gastos no resulta aplicable analógicamente la disposición del artículo 33 de la ley del Arancel. Ello por cuanto, si bien el trámite del beneficio no posee una cuantía propia, se estima que más que hallarse vinculado al monto del proceso principal, su objeto se relaciona con la entidad económica de las costas generadas por aquel proceso.
Despido, despido por falta o disminución de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Pérez, Nelson Héctor y otros c/ Antonio Burattini e Hijos S.A. s/ Indemnización por antiguedad y otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-07-10

Los medios de convicción hábiles para acreditar la ajenidad del empleador a la situación de "falta o disminución" de trabajo (informativa, documental, pericial contable) no pueden suplirse por prueba testimonial que, debido a su propia naturaleza, no resulta útil para que se tenga por cumplido el recaudo de la demostración fehaciente del supuesto de excepción que autoriza la suspensión o el despido por tal causa económica.
Administración Pública, principio de legalidad, acto administrativo, legalidad objetiva
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GONZALEZ PALICIO, VICTOR ANTONIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  N. 214-84)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-07-03

El ejercicio de la función administrativa por la Administración Pública, está dominado por el principio fundamental de la legalidad, en el sentido de que las autoridades que la ejercen deben conformar sus actos al ordenamiento jurídico correspondiente, legalidad que surge del conjunto de normas reguladoras de la actividad de la Administración Pública y están indicadas en los artículos 68 y 69 del Código Contencioso Administrativo (Ley 4106) a propósito de los fundamentos jurídicos de la sentencia en los recursos interpuestos.
Obligaciones, emergencia económica, deudor, acreedor, obligaciones en moneda extranjera, esfuerzo compartido
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: ICE CREAM SRL c/ JARKO, JUAN s/ EJEC.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-06-23

El acreedor de un moroso recalcitrante y pertinaz no tiene el debito de "compartir de modo equitativo los efectos de la modificación de la relación de cambio" según los términos de la ley 25561 art. 11, cuando -como en el caso- la mora de la deudora ha sido innegablemente relevante, de modo que esa parte debe asumir todas las consecuencias de su incumplimiento, incluidas las derivadas del caso fortuito o fuerza mayor. En tal sentido cabe precisar, que si bien la previsión de la CN art. 16, supone que no debe otorgarse igualdad a quienes se hallan en situación desigual, pues es una imposición lógica y jurídica tratar en términos diferentes a quienes se hallan en situaciones diferentes; sin embargo, en tanto el texto de la ley 25561 (t.o.

por ley 25820 art. 3) equipara bajo la locución "haya o no mora del deudor...", provee un trato igual a quienes se hallan en situaciones diferentes; de donde se concluye que tal previsión es violatoria de las normas de la CN art. 16 y 17, razón por la que en tal supuesto no resultan de aplicación las previsiones de la ley 25561, conservando el acreedor intacto su derecho de percibir su crédito en la moneda originaria, o bien con su equivalente en moneda de curso legal. Es decir, que dadas las mentadas particularidades, corresponde abandonar el principio del esfuerzo compartido y declarar la inconstitucionalidad de la ley 25561 (texto según ley 25820). No empece lo expuesto, que en otros supuestos se haya entendido que se imponía la necesidad de que las partes compartan el esfuerzo en la soportación de las consecuencias de la emergencia, de modo que nadie se beneficie con la crisis a expensas de otros ya que no es compatible con el valor justicia brindar igualdad de trato al incumplidor y a quien no lo fue; toda vez que las particulares circunstancias que concurren en la especie, determinadas estas por la perpetuación en el incumplimiento que se traduce en una mora prolongada y por tanto recalcitrante, conforman un caso de especial contumacia que requiere adoptar un criterio distinto.
Pacto de San José de Costa Rica, informe de solución amistosa, obligaciones internacionales, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, derecho a las garantías judiciales, responsabilidad internacional del Estado Parte, REPÚBLICA ARGENTINA, sistema interamericano de reparaciones, tribunales arbitrales, laudo arbitral internacional
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Informe de Solución Amistosa No.168/2022, Caso 12.289 - Guillermo Santiago Zaldivar. República Argentina c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2022-07-25

Debe la Comisión Interamericana declarar pendiente de cumplimiento y continuar con la supervisión de la implementación del acuerdo de solución amistosa, celebrado entre la República Argentina y quien alegó su responsabilidad internacional por violación a las garantías judiciales contempladas en el artículo 8 de la Convención Americana -en el caso, el demandante quien fue declarado penalmente responsable por la comisión del delito de homicidio culposo, sufrió el impedimento de acceder a una revisión de dicha condena por una instancia superior como así también retardo de justicia-, pues aún no se han fijado las reparaciones pecuniarias que las partes convinieron someter a laudo de Tribunal Arbitral.
Rechazo de la demanda, daños y perjuicios, prueba, cierre de cuenta corriente, rechazo del cheque
Materia: PROCESAL-CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Díaz Lacoste, Alejandro y otro c/ Banco de la Ciudad de Buenos Aires s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-25

Procede rechazar la demanda por los daños y perjuicios derivados del rechazo de ciertos cautelares objeto de la litis. Ello por cuanto, en el caso, el cierre de la cuenta corriente bancaria abierta en el banco accionado no tuvo su origen en el supuesto rechazo de un cheque por una causal errónea -conforme sostuvieron los actores-, sino en el rechazo de una excesiva cantidad de cheques por la causal "sin fondos" y en la falta de pago del saldo deudor de cuenta corriente bancaria; lo que ocasionó, además del cierre de las cuentas corrientes bancarias en las distintas instituciones financieras, la inclusión de la parte actora en la base de datos del BCRA como cuentacorrentistas inhabilitados -tal como postuló la institución accionada-. A más, no resulta acreditado en autos que la entidad bancaria demandada hubiese obrado en forma antijurídica, al no haber incumplido las Comunicaciones y normativa exigidas por la autoridad de contralor en esta materia y, dentro de ese marco, no es posible atribuir responsabilidad a dicha institución -o, por lo menos, no se probó lo contrario en la especie-; ello, más allá de la ausencia de prueba de los daños invocados y de la relación de causalidad entre el hecho dañoso alegado y de la conducta del banco. No se pasa desapercibido que los actores no acompañaron a la causa el presunto cheque que habría sido rechazado por la causal "sin fondos" y que habría sido supuestamente denunciado como extraviado, pese a haberlo abonado y obtenido "su rescate", según aseveraron. A lo precedente se adiciona la no poco relevante circunstancia de que los pretensores tampoco acompañaron a autos la supuesta denuncia policial de extravío de los cartulares -entre los que se encontraría el que aquí nos ocupa- que afirmaron haber formulado, a la vez que tampoco anejaron constancia de notificación fehaciente de dicha denuncia que adujeron haber efectuado ante la entidad bancaria accionada.
Incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, expresión de agravios
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público -Fiscalía de Cámara Oeste de la CABA- c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Incidente de recurso de inconstitucionalidad en autos Aenlle, Gustavo Antonio s/ infr. art. 1, incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, ley n° 13.944'
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-30

Corresponde hacer lugar a la queja y el recurso de inconstitucionalidad y declarar la nulidad de la decisión de remitir el legajo al Centro de Mediación a pesar de la oposición fiscal. (Del voto en disidencia de la juez Inés M. Weinberg por remisión a los argumentos expuestos en "Ministerio Público -Fiscalía de Cámara Oeste de la CABA- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Valdivia, Jorge Alberto s/ inf. art. 149 bis, amenazas, CP'", expte. n° 11096/14, resolución del 26/08/15 y a los fundamentos brindados in re "Ministerio Público -Fiscalía de Cámara Sur de la CABA- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Leal, Walter s/ art. 52, CC' expte. n° 14104/16, resolución del 27/10/17. (Del voto de la juez Inés M. Weinberg).
Recurso de inconstitucionalidad, admisibilidad del recurso, improcedencia del recurso, cuestiones de hecho y prueba, apreciación de la prueba
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: D, F.G. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Artículo 47 Artículo 47
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-03

Las cuestiones relativas a hechos y prueba, y el tratamiento que de las mismas efectúe el Tribunal, son, conforme reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ajenas al recurso de inconstitucionalidad; siendo ello así, la cuestión introducida respecto de la valoración que se hizo en el fallo en crisis de los dichos de los testigos que depusieran en el juicio oral no afecta derecho constitucional alguno, en tanto y en cuanto tal valoración se realizó dentro del marco de lo que prescribe el artículo 48, párrafo cuarto, de la Ley de Procedimiento Contravencional. La discrepancia que al respecto señala el presentante no es más que su particular visión del asunto, sin que se verifique cuestión constitucional alguna.
Régimen de garantía de los depósitos, banco central, régimen de consolidación de deudas
Materia: COMERCIAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Cardinale, Miguel Angel c/ BCRA. s/ incidente de ejecución de sentencia.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-11-17

El crédito originado en la garantía de los depósitos por el Banco Central está comprendido en el régimen de consolidación de la deuda pública (ley 23.982) en la proporción que resulte de la magnitud de los aportes efectuados por el Banco Central al Fondo de Garantía, durante el período anual que corresponda a la fecha en que el depósito debió haber sido integrado: art. 56 de la ley 21.526, t.o.

según ley 22.051.
Alimentos, alimentos atrasados
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Zorzut, Celestina c/ Raffa, Angel s/ Incidente de ejecución de alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-05-23

La circunstancia de haberse practicado en autos liquidación de alimentos adeudados y sustanciado con el obligado a su prestación, quien ha impugnado los cálculos de aquella y confeccionado su propia liquidación -a la que se ha allanado la actora- no significa que resulta ineludible el pronunciamiento jurisdiccional que admita una u otra y que establezca expresamente la suma líquida que debe abonar el demandado en la intimación de pago, de idéntica manera a la dispuesta en los arts. 500, 502 y 506 del C. Procesal, ya que, de admitirse tal criterio, se desnaturalizaría la celeridad en el cobro de los alimentos.-
Administración Pública, empleados públicos, sanciones disciplinarias administrativas, acto administrativo, motivación del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: JIMENEZ LEONARDO JAVIER c/ MUNICIPALIDAD DE TERMAS DE RIO HONDO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION - RECURSO CONT. ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2013-05-22

El poder disciplinario de la Administración Pública puede definirse como la que se ejerce cuando la ley prescribe pormenorizadamente la manera en que el órgano administrativo debe decidir, predetermina la decisión, sin darle posibilidad a la Administración para que lo haga de modo diferente. En tales casos, ésta se limita a constatar si se dan los presupuestos de hecho enunciados por la ley y aplica directamente sus prescripciones, las cuales contienen la solución de ese caso en particular.