Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2011-07-05


Expte. Nº 5486/11 "PONTORIERO PRIOR Gladys Cristina y otro - Amparo - Inconstitucionalidad" En la Ciudad de San Juan, a cinco ( 05 ) días del mes de julio del año dos mil once, reunidos los señores Miembros de la Sala Segunda de la Corte de Justicia, que entienden en esta causa, doctores Juan Carlos Caballero Vidal, Adolfo Caballero y José Abel Soria Vega, a fin de examinar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Obra Social Provincia y Provincia de San Juan, contra la sentencia dictada por la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, en fecha dieciséis de marzo del año dos mil once, en autos Nº 116334 - 10556 caratulados: "Pontoriero Prior Gladys Cristina y otro - Amparo".----------------------- --- EL SEÑOR MINISTRO DR. JUAN CARLOS CABALLERO VIDAL, DIJO:--------------------------------------------------- --- En la sentencia impugnada el Tribunal rechazó el recurso de la demandada. De esta manera, confirmó la sentencia de primera instancia que había receptado parcialmente el amparo y, en consecuencia, condenado al Estado Provincial a brindar a una menor discapacitada la cobertura de docente auxiliar integrador. En su primer agravio apelatorio, la demandada alegaba que no había conducta arbitraria de su parte; que el Estado provincial brinda cobertura en establecimientos especiales, por lo que condenarlo a proveer un docente auxiliar integrador exclusivo importa un privilegio respecto de otros ciudadanos con patologías similares. Al rechazar dicho agravio, el a quo comienza diciendo que el que se plantea es un caso de amparo, ya que está en juego la salud y la vida de la hija de los amparistas. Agrega que es arbitraria toda conducta injusta, aunque sea legal, y que, en el caso, la arbitrariedad emana de la documentación acompañada por los actores, tanto en lo que refiere a la discapacidad, como a la necesidad de la docente integradora, lo que no ha sido cuestionado ni desconocido por la demandada. Concluye que el argumento de que el Estado cuenta con establecimientos especiales debe ser descalificado, ya que no todas las discapacidades son iguales, difieren en cuanto al tipo y grado, por lo que requieren atención y tratamiento diferentes.-------------- --- La demandada encuadra su recurso de inconstitucionalidad en las causales de los incisos 2º y 3º del artículo 11 de la ley 2275. Dice que la sentencia es arbitraria y violatoria de sus derechos de igualdad, propiedad, defensa en juicio y legalidad, y del principio de división de poderes.------------------- --- Se agravia señalando que el a quo ha prescindido de las constancias de la causa, de las cuales surgía que el Estado pone a disposición del amparista instituciones públicas especiales, en las que se brinda una educación integral a favor de personas con discapacidad, lo cual daría respuesta a la pretensión sin necesidad de otorgar privilegios. En cuanto al argumento del fallo vinculado con la disparidad de las discapacidades, aduce que las referidas instituciones tienen en cuenta distintos grados de discapacidad, por lo cual satisfarían las pretensiones de la amparista.--------------------------- --- Tras exponer los antecedentes del recurso planteado, me aboco a examinar su admisibilidad formal. Adelanto que dicho examen conducirá a desestimarlo, por las siguientes razones:------------------------------------- --- Comienzo por señalar un defecto en la fundamentación del recurso. Consiste en el planteo conjunto y no subsidiario de las causales de los incisos 2º y 3º del artículo 11 de la ley 2275. Es que la vía del inciso 3º tiende a la nulidad de la sentencia; en tanto que las de los restantes incisos, al propiciar la revocación de la sentencia, la asumen como válida. Por ende, resulta contradictorio plantear la nulidad de la sentencia y, a la vez, considerarla válida. Tiene dicho, al respecto, el tribunal: "La alternativa resulta excluyente, y la Corte no puede inferir por sí misma cuál es realmente el fundamento de derecho que sostiene al recurso" (P.R.E. 1977-451; 1980-I-73; 1985-II-276).---------------------- --- En segundo lugar, advierto que la recurrente no ha satisfecho el requisito que impone el artículo 12 de la citada ley 2275, ya que ante las instancias de mérito no introdujo de manera idónea la cuestión constitucional que ahora invoca. Al expresar agravios ante el a quo, se limitó a reiterar una fórmula que, palabras más o menos, ya había usado en primera instancia: Para el supuesto de recaer un fallo adverso a las pretensiones de mi parte, dejo introducida la cuestión constitucional y formulo expresa reserva de recurrir por vía de recurso extraordinario (.) por encontrarse comprometidos los derechos de mi mandante atinentes a propiedad, igualdad, defensa en juicio, etc..-------------------------------- --- Pues bien, esa fórmula no satisface el requisito del artículo 12 de la ley 2275. Introducir o, en su caso, mantener la cuestión constitucional implica plantear de antemano la contradicción entre una eventual decisión y un derecho constitucional. En palabras de esta Corte, quien la formula debe "especificar que si se resuelve en 'tal' sentido, ha de violarse 'cierto' derecho, por 'determinada' causa" (P.R.E. S.2ª.-2008-II-400). Sólo frente a un planteo así formulado el tribunal de mérito puede expedirse sobre la cuestión constitucional, es decir, juzgar si la decisión que se adopta viola o no el derecho invocado. Por otra parte, es imprescindible que se invoque la violación constitucional ante las instancias de mérito. Dicha violación ha de ser el objeto del posterior recurso extraordinario y, de no planteársela ante los tribunales de mérito, la Corte debería resolver el punto en instancia originaria. En fin, esto explica la razón de ser de la exigencia legal, que en definitiva asienta en el principio de congruencia.----------------- --- Lo dicho hasta aquí permite diferenciar la introducción de la cuestión constitucional de la mera reserva de plantear los recursos extraordinarios. Tal diferencia ha sido reiteradamente señalada por esta Corte (P.R.E. S.2ª.-1997-II-230; I-141; S.2ª.-1996-III-419; S.2ª.- 1995-I-39; etc.), y al respecto cabe aclarar que si la ley requiriese la reserva se trataría de una exigencia carente de todo sentido y utilidad. Por otra parte, lo expuesto describe la manera idónea de introducir aquella cuestión: señalando una contradicción concreta y explícita entre determinada resolución y cierto derecho constitucional. Como adelanté, la fórmula utilizada por la recurrente no satisface el requisito del artículo 12 de la ley 2275. En primer lugar, porque consistió, básicamente, en una reserva de recurrir ante esta Corte y no en la introducción de la cuestión constitucional. Por lo demás, la referencia que aquélla hizo a los derechos constitucionales tampoco cumple con las pautas enunciadas, ya que fue meramente genérica y no especificó en qué puntos y por qué razones la resolución habría violado tales derechos. En definitiva, ello impidió al a quo expedirse sobre el punto.------------------------------- --- Tales deficiencias son suficientes como para desestimar el recurso. A ello cabe agregar que el resultado no variaría incluso si se examinase el agravio que la demandada trae a esta instancia. Cabe recordar que el a quo rechaza el primer agravio de la demandada señalando: en primer lugar, que la necesidad de la docente integradora no había sido cuestionada; en segundo, que la existencia de establecimientos especiales no obstaba a la procedencia del reclamo, porque las discapacidades difieren en tipo y grado, por lo que requieren atención y tratamiento diferentes. Al pretender fundar su recurso de inconstitucionalidad, la demandada se limita a insistir en que el Estado tiene instituciones especiales y, en cuanto al argumento del fallo vinculado con la disparidad de las discapacidades, aduce que hay instituciones que tienen en cuenta distintos grados de discapacidad, por lo cual satisfarían las pretensiones de la amparista.----------- --- Ninguno de los referidos argumentos resulta suficiente para fundar el recurso. El primero es mera reiteración de lo que la parte ha planteado ante las instancias de mérito y ya ha sido considerado por el a quo, por lo que carece de relevancia. Y en cuanto al segundo, se trata de un argumento novedoso, que la parte omitió invocar tanto en primera como en segunda instancia.- --- Pues bien, tal omisión impide a este Tribunal extraordinario examinar el argumento, pues ello violaría el principio de congruencia. En este caso, no es sólo, como se ha dicho más arriba, que la recurrente haya omitido introducir el sesgo constitucional de la cuestión, sino que ni siquiera la planteó. Al respecto, tiene dicho esta Corte que en la instancia extraordinaria no corresponde hacerse cargo de cuestiones que -pudiendo serlo- no fueron sometidas a las instancias de mérito ni resueltas por ellas (P.R.E. 1968-167; 1971-208 y 235; etc.). Caso contrario, el Tribunal estaría resolviendo en forma originaria tales cuestiones, lo que desvirtuaría la naturaleza de su jurisdicción (P.R.E. S.2ª.-1998-III-418; ídem 1994-II-145).----------------------------- --- A todo ello debo agregar que, en última instancia, la impugnación involucra una cuestión fáctica y probatoria: decidir si, en la especie, el grado y tipo de discapacidad de la hija de los amparistas requiere que concurra a un establecimiento especial, o bien a uno de tipo general con apoyo de una docente integradora. Pues bien, para que se invalide una decisión sobre aspectos fácticos o probatorios, la decisión debe revelar arbitrariedad, y en tales casos la arbitrariedad implica trasgresión a las reglas de la lógica o valoración absurda de la prueba (P.R.E. S.1ª.-1990-I-48). Dicho de otro modo: este Tribunal extraordinario no está autorizado a discernir si estos aspectos fácticos han sido evaluados y valorados correctamente. Su función se limita a constatar que la valoración sea válida, es decir, que no resulte absurda. En el caso no se advierte tal absurdo en la valoración, lo que también conduce a desestimar el recurso.------------------------ --- Por todo ello, voto por desestimar formalmente el recurso planteado.-------------------------------------- --- LOS SEÑORES MINISTROS DRES. ADOLFO CABALLERO Y JOSÉ ABEL SORIA VEGA, DIJERON:------------------------------- --- Por sus fundamentos, nos adherimos al voto emitido precedentemente.---------------------------------------- --- En mérito al resultado de la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE: I) Desestimar formalmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto. II) Devolver al recurrente la copia para traslado acompañada. III) Protocolícese, notifíquese y oportunamente archívense.- Df-5486 E.B.T.

Si-/// ///guen las firmas: Fdo. Dres.: Juan Carlos Caballero Vidal, Adolfo Caballero y José Abel Soria Vega. Ante mí: Jorge Daniel de Oro, Secretario Letrado.- P.R.E. S.2ª.- 2011-II-326.