Tribunal: CAMARA DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2010-04-20


2º Instancia. - Córdoba, abril 20 de 2010 El Tribunal se planteó la siguiente y única cuestión a resolver: se ha acreditado la existencia de relación laboral regida por ley de contrato de trabajo?, y en su caso, resultan procedentes los distintos rubros requeridos en la planilla de autos? A la única cuestión planteada el doctor Carlos A. Toselli dijo:

El debate en autos se circunscribe a verificar cuál es el vínculo que unió a las partes, ya que mientras la parte actora aduce que es un típico trabajador con las notas características de la dependencia laboral, la demandada sin negar ese aspecto sostiene que el actor era asociado de una cooperativa de trabajo y que por lo tanto su labor productiva se rige por la ley 20.337, con lo cual plantea una serie de defensas procesales tales como Incompetencia de Jurisdicción y de falta de legitimación activa para obrar.- Destaco que en realidad ambas trasuntan un planteo de falta de acción en atención al carácter de socio cooperativo que se le atribuye al demandante, sin perjuicio de señalar que conforme al art. 6 de la ley 7987, la incompetencia ratione materia en razón del ligamen discutido entre las partes, sólo puede ser resuelta en el fondo de la cuestión, pero desde ya destaco que de conformidad a lo prescripto por el art. 5 del C. de P.C. de aplicación supletoria al proceso laboral a tenor del dispositivo del art. 114 de la ley foral, "la competencia se determinará por la naturaleza de las pretensiones deducidas en la demanda y no por las defensas opuestas por el demandado", razón por lo cual se rechaza dicho planteo excepcionante, ya que las pretensiones son justamente el encuadramiento dentro del régimen de la Ley de Contrato de Trabajo y rubros de connotaciones netamente del Derecho del Trabajo que caen bajo la órbita competencial del suscripto.- Delimitado ello habré de pasar al análisis sustancial y preliminar cuál es el determinar la naturaleza del vínculo que unió a las partes.- La parte actora en su alegato hace un meritorio análisis doctrinario sobre la presunción del art. 23 de la L.C.T. enrolándose, en posición que comparte el suscripto, en la postura amplia respecto de las exigencias normativas, es decir que el hecho de la prestación de tareas a favor de otra persona física o jurídica que tiene aptitud para dirigirla hace presumir la existencia del contrato de trabajo, pero también aún en esta acepción amplia la misma norma expresa que es posible "desactivar" la presunción cuando las causas que motiven la vinculación así lo habilite.- Y justamente en autos se ha denunciado una causa de relacionamiento que prima facie desactiva la presunción, la existencia de un vínculo asociativo bajo la figura de la cooperativa de trabajo.- Debe quedar claro que no existe discusión alguna respecto de que el actor prestó tareas de vigilancia en distintos objetivos y que dicha labor en su cumplimiento no puede ser anárquica, aún en el régimen cooperativo, lo que implica la existencia de diagramas de funcionamiento y acatamiento de instrucciones y horarios dados por quien el ente cooperativo ha encargado la coordinación de tales labores. Lo que tiene que señalarse es que enunciada una causa desactivante de la presunción del art. 23, corresponde a la parte actora demostrar, no las notas características del contrato de trabajo, que las tiene por cuanto el vínculo asociativo en una cooperativa de trabajo las presupone, sino la existencia del fraude, que es lo que va a permitir el desplazamiento de la figura cooperativa y la aplicación del art. 14 de la L.C.T., es decir el mecanismo de conversión que hace que la relación fraudulenta se rija por el régimen general de la Ley de Contrato de Trabajo. Para precisar las cargas probatorias se destaca que corresponde a la cooperativa demostrar, en lo esencial, que estaba inscripta y habilitada como tal, que su funcionamiento era regular, que sus asociados percibían anticipos de retornos y que se realizaban Asambleas con los asociados para tratar distintos aspectos de la vida cooperativa.- Esos aspectos se encuentran demostrados con las constancias documentales glosadas a la causa. Así tenemos que a fs. 11/12 se encuentra agregada la Resolución 891/92 del Instituto Nacional de Acción Cooperativa por la cual se aprueba el Estatuto de la demandada y se la autoriza a funcionar como cooperativa. Dicha resolución tiene fecha 18 de noviembre de 1.992. De igual modo a fs. 101, la Dirección de Prestadores Privados de Seguridad, dependiente del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Córdoba informa que la cooperativa demandada fue habilitada a funcionar como prestadora privada de seguridad por Resolución 57 de fecha 19-5-2005. Obra glosada asimismo el Libro de Actas del Consejo de Administración Nro. 2, Acta Nro. 118á de fecha 31 de julio de 2.007 por la cual se aprueba con fecha retroactiva a la solicitud del afiliado, la incorporación como asociado y donde consta el actor en estos autos.- También se ha acompañado la constancia del Libro de Registro de Asociados, debidamente intervenido por la Dirección de Cooperativas y Mutuales, donde figura también como asociado el demandante.- A fs. 51 obra la solicitud de ingreso como asociado del actor y su legajo completo (fs. 51/71) donde figuran sus datos personales, su adhesión al Monotributo, la constancia de opción, la credencial de pago, formulario de informes del año 2.007 y siete comprobantes de anticipos de retorno correspondiente a los meses desde Noviembre de 2.007 a Mayo de 2.008 y donde figura como fecha de inicio de actividades el día 31-07-2007.- A fs. 108 figura el informe de Sancor Seguros que da cuenta que el actor figura como asegurado en el certificado Nro. 219 integrante de la póliza 708030, referencia 541200 de Accidentes Personales Integro, cuyo tomador es la demandada desde el 2-8-2007 al 26-12-2007 siendo renovado hasta el 27-12-2008 y anulado a partir del día 27-7-2008. A fs. 92 la demandada en la audiencia de exhibición de documentación, exhibe documentación pre y post asamblearia correspondiente a la Cooperativa demandada en donde consta la notificación a los asociados de la celebración de asambleas de fecha 14-4-2008 con notificación personal al actor y que se corresponde con la Asamblea llevada a cabo el día 30-4-2008. También se exhibió el padrón de asociados en condiciones de votar, donde figura el actor y otra notificación de fecha 11-2-2008 de convocatoria a Asamblea Extraordinaria llevada a cabo con fecha 10-3-2008 también suscripta por el actor.- Igualmente se exhiben los comprobantes de pago a la A.F.I.P. de la contribución como Monotributista del actor.- La parte actora en dicha audiencia se limitó a un cuestionamiento genérico de dicha documentación, que dice se corresponde con documentos administrativos internos de la demandada pero no se compadecen con la documentación laboral que debe llevar.-á Entiendo que con todos estos elementos que he reseñado la demandada ha cumplido su carga probatoria.- En consecuencia quedará al actor la demostración del fraude, con fundamento en el art. 14 del régimen general de contrato de trabajo, para verificar si se puede o no considerar a su relación como laboral y no asociativa.- Entiendo que la prueba no le ha sido favorable.- En oportunidad de la celebración de la audiencia de vista de la causa las partes renunciaron a las confesionales ofrecidas, por lo que seguidamente se pasó a recepcionar las testimoniales y de esta forma, al declarar el testigo Luis Carlos Romero dijo: Que trabaja en una empresa de Seguridad, tiene juicio pendiente con la demandada y el actor es su testigo. Que trabajó desde mayo/junio 2006 hasta mayo/junio de 2008 en distintos objetivos entre otros en la DNV, que trabajó junto con el actor en Dicasa empresa constructora, ello fue en el año 2007. Que cobraba mensualmente por días trabajados, en una ocasión estuvo enfermo y no cobró esos días. Que firmó varios papeles no sabe bien, que le descontaban por aportes a la AFIP. Que no participó de ninguna asamblea, que fue citado pero fue en el horario que cumplía sus labores de vigilador. Que los objetivos eran indicados por los supervisores, no se podía modificar el destino, el horario era de 19,00 a 07,00 y de 07,00 a 19,00 hs., los francos se ajustaban a las necesidades de la empresa, como regla era un franco semanal. Los horarios venían diagramados por planilla con objetivos. Que la empresa le descontaba el importe del monotributo, él nunca los pagó personalmente. Que él nunca fue sancionado, que cree que el actor fue sancionado por un entredicho con el supervisor Figueroa. Que en una sola oportunidad le notificaron de una asamblea, que no tiene conocimiento de compañeros que hayan ido a ellas. Que lo vio al actor en septiembre u octubre de 2007 trabajando, no sabe si él seguía cuando se fue. Que tres o cuatro veces en el mes los cambiaban de objetivo, los cuales podían ser distantes de sus domicilios, que él solicitó cambio de objetivo, más cerca de su casa, pero no tuvo respuesta, ello se lo solicitaban a Figueroa, Murúa Víctor o Bolo que eran supervisores. Que firmaban un recibo donde figuraban los días trabajados y una serie de datos personales, que para él era un recibo de sueldo, lo que figuraba era lo que cobraba, no recuerda haber cobrado en negro. Que le dieron una dirección donde ir para presentar su currículum, fue un compañero de vigilancia quien se la dio. Que el nombre figuraba como Cooperativa, pero él siempre se sintió como empleado, el trato era como empresa. Que firmó una serie de documentación al ingreso, entiende que figuraba el descuento para AFIP. Que recibía instrucciones del supervisor de la Cooperativa. Que él estuvo en lo objetivos de Dicasa, Bajo Grande, DNV. Que nunca los directivos de las empresas le dieron órdenes o le pagaban. Que mensualmente le daban una panilla de objetivos. Que reconoce el recibo de fs. 66 como idéntico al que le daban a él.- La parte accionada impugna la idoneidad del testigo en atención a tener juicio en contra de la demandada por idéntica causa que la que reclama el actor en este litigio.- Entiendo que dicha impugnación debe ser desestimada, porque el hecho de que el testigo tenga también juicio en contra de la demandada no inhabilita su testimonio en la medida que no se advierta que el mismo ha faltado a la verdad, situación que no surge configurada en autos, donde en definitiva lo que está en discusión, más allá de la cuestión fáctica, es el análisis jurídico del encuadramiento que corresponde a las relaciones de la Cooperativa con quienes prestan su fuerza laboral a favor de la misma.- Por su parte el testigo José Osvaldo Valentín Muñoz dijo: Que está en la cooperativa hace cuatro años atrás como vigilador. Que cobra en forma mensual en función de las horas trabajadas, no tiene ningún cargo. Que Figueroa es el supervisor, quien le indica los objetivos. Que su horario es de noche de 19,00 a 07,00 hs., participa de asambleas, lo citan con notificación. Que a la que él fue era para elegir los supervisores que quedaban o seguían, que a las otras no fue porque coincidía con su horario de trabajo. Que sabía que era una Cooperativa cuando ingresó, firmó copia del estatuto y reglamentación. Que unos 70 u 80 asociados participaron de la asamblea a la que él concurrió. Que mayoritariamente iban muchos asociados. Que sabe que la última que fue se trató de renovación de autoridades. Que a la que fue el contador les explicó el balance, las deudas, fue cuando dejaron los CPC como objetivos. Que los balances estaban sobre la mesa. Que la cooperativa les pagaba el monotibuto, que ese dinero no sale de su bolsillo. Que tiene obra social OSDEPYM, plan de salud Pyme, que cree que los restantes asociados también la tienen. Le dieron tarjeta de crédito y le hacen descuentos en carnicería, casa de electrodomésticos. Que supo que había cursos pero él no fue. Que presta servicios en la TAMSE y Figueroa le da las instrucciones. Que son todos socios de la Cooperativa. Que le explicaron que se trabaja por hora y que de ahí sale el sueldo, desconoce la relación con los balances. Que las asambleas son de día pero él no pudo concurrir porque estaba trabajando. Que cuando necesitó cambio de horario a la mañana por dos meses lo pidió y se lo dieron.- El testigo Walter Ariel Zárate, dijo: Que es chofer y que trabajó para la demandada desde mayo de 2007 a febrero de 2008, estuvo en Bajo Grande, en la TAMSE y CPC Alberdi. Que el actor trabajó con él en Bajo Grande y un par de días en la TAMSE. Que un amigo le dijo que fuera a hablar con el supervisor Víctor Murúa, quien le dijo que si no tenía problema de horario podía ingresar a trabajar. Que le hizo firmar un papel donde estaban sus datos y los de la Cooperativa, no recuerda si era una solicitud de asociación. Que cobraba con recibo que decía anticipo de retorno. Que la primera vez que lo sacaron de Bajo Grande a los veinte días lo mandaron a la Tamse, en cambio esta vez no pasó nada. Cuando dejó de trabajar el actor seguía, no sabe porqué lo dejó de hacer. Que en Bajo Grande estuvieron entre septiembre y noviembre, el horario era de 06,00 a 18,00, era el que había, él no lo eligió. Que en la Tamse era de 07,00 a 19,00 y de 19,00 a 07,00 hs. Que participó de asambleas donde se trató el balance final y sus accesorios, que el despido de Murúa también fue aprobado por los asociados, no recuerda que se hubiera hablado de expulsión de socio de Murúa. Que fue a las dos asambleas que menciona, fueron las únicas notificadas a él. Que él no podía elegir objetivos, que en alguna ocasión solicito al supervisor Figueroa objetivos, quien no accedió a su pedido, quería volver a Bajo Grande porque en la Tamse no se encontraba cómodo. Que cobraba en forma mensual y era una cifra similar. Que en una ocasión lo castigaron por un informe de una falta con una rebaja del 20% de su remuneración, fue sólo esa vez y por el mes. Que la demandada decía que los cambios de objetivos eran sanciones y al él lo cambiaron tres veces. Que no le dieron ninguna charla sobre el sistema cooperativo, luego se comenzó a instruir sobre el tema y empezó a reclamar, incluso se juntaron varios asociados y pidieron una asamblea pero no le dieron respuesta. Que después de eso no le dieron más trabajo. Que el balance podía ser visto en la secretaría de la cooperativa, pero él no fue. Que el anticipo de retorno era en función de las horas trabajadas y al final las ganancias se distribuían entre todos, pero no hubo ganancias. Que no conoce de ningún compañero que haya percibido utilidades en concepto de ganancias.- El testigo Juan Pablo Figueroa, dijo: Que es síndico de la cooperativa desde la asamblea del año pasado y coordinador del Area de Operaciones desde hace un mes y medio. Que fue vigilador, jefe de guardia en el Hospital de Urgencias y luego supervisor. Que con el actor siempre tuvieron una relación de asociado. Que todos los años realizan la asamblea ordinaria y el consejo de administración cuando hay tema convoca a asamblea extraordinaria. Que hay 220 o 230 asociados y son entre 70 u 80 los que concurren a las asambleas, que se los notifica a los asociados en forma personal en los objetivos y luego se lleva a fomento cooperativo. Que mensualmente se abonan anticipos de retorno por horas trabajadas. Que se efectúa el descuento de $10 al ingreso y cuando se retira o se lo expulsa se le reintegra. Que se retiene el monotributo y la cooperativa la bonifica, lo cual se expresa en el recibo de anticipo de retorno, también hay convenio con algunos comercios (librerías, carnicerías, etc.). Que se han distribuido excedentes en una asamblea, cree que en el año 2007. Que el año pasado se convocó una Asamblea Extraordinaria para forma un Fondo Solidario para cobrar las licencias médicas por enfermedad, vacaciones, y accidentes de trabajo. Que de la facturación mensual del cliente un día va a parar al Fondo. Que todo se aprueba por asamblea. Que las tareas se cumplen durante las 24 hs. por lo que la participación es alta en atención a que hay muchos que están trabajando. Que a los tres meses pueden incorporarse a la Obra Social, por la parte del pago de monotributo que lo cubre. Que la sede de la Cooperativa está en Chaco 147 que es alquilado, que hay cuatro asociados en la administración, son todos socios con diversos niveles de responsabilidad, uno se encarga de cobro y facturación, otro de relaciones con los asociados y uno que realiza el trámite de inscripciones en monotributo. Que si alguien quiere ingresar se le hace una charla sobre cooperativismo. Se dan cursos de capacitación sobre cooperativa, seguridad, vigilancia y de incendios. Que la solicitud de admisión es aprobada por el Consejo de Administración, que él lleva el libro de sindicatura. Que el actor estaba en Bajo Grande y él detecta que estaba consumiendo bebidas alcohólicas, luego de un sumario lo trasladan a otro objetivo con otro supervisor por lo que desconoce la causa de su retiro. Que la cooperativa lleva libro de actas, todos los miércoles se realizan las reuniones. Que el síndico es el representante de la masa de asociados velando por el derecho de los asociados conforme la ley 20337.- Dicho testimonio fue impugnado por la parte actora, pero al igual que en el caso anterior sostengo que no se dan argumentos suficientes ya que no se advierte falsedad en sus dichos, más allá de la valoración estricta que el tribunal hará en atención al cargo jerárquico que el declarante ocupara en la estructura productiva de la accionada.- Analizando estos testimonios se advierte que se han cumplido los actos cooperativos que fundamentan la figura utilizada, los testigos han sido notificados de Asambleas, han participado de las mismas, han podido verificar los balances, las Asambleas son las que han designado las autoridades del Consejo de Administración, se ha tratado también por dicha vía, la remoción de supervisores e incluso como señala el testigo Zárate, en disconformidad con el modo de funcionamiento de la cooperativa, junto con otros asociados, pidió informes e incluso convocatoria a Asamblea Extraordinaria, aunque la misma no fue receptada, todo lo cual denota que la figura no es ficticia y que son los propios asociados los que deciden la suerte de la Cooperativa. El hecho de que quienes presten labores en la misma perciban su retribución en base a las horas cumplidas o trabajadas, es natural y hace justamente a la esencia del sistema cooperativo con base en el esfuerzo compartido como un sistema solidario.- Las características positivas de las Cooperativas de Trabajo han sido señaladas en un reciente pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando se expresara: "... 3º) Que en cuanto a la determinación imperativa de la calidad de empleado del socio de una cooperativa de trabajo y a la inexistencia de norma que torne inaplicable el citado art. 27, predicadas por el juzgador, surge con nitidez que tales asertos no pudieron ser sostenidos válidamente con prescindencia de todo examen concerniente al sentido y esencia del tipo societario al que se adecuan las cooperativas de trabajo y al régimen legal establecido por la ley 20.337. En efecto, ninguna consideración han merecido los caracteres y concepto de estas entidades, æfundadas en el esfuerzo propio y la ayuda mutua para organizar y prestar servicios' (ley cit., art. 2º); sus particulares formas de constitución; las condiciones de ingreso y los derechos de los æasociados', así como las modalidades de retiro y, sobre todo, de exclusión de éstos (ídem, arts. 23 y 62); la formación del capital; las cuotas sociales; los caracteres de los bienes aportables; el régimen de gobierno, de administración y de representación del ente, y la fiscalización pública a la que éste se encuentra sometido. Otro tanto cabe decir acerca de lo atinente a los æactos cooperativos' (ídem, art. 4º), a los principios democráticos y de igualdad entre los asociados (p.ej., ídem, art. 2.3) y, muy especialmente, a que el grueso de los llamados æexcedentes repartibles', en una cooperativa de trabajo, está destinado a ser distribuido en æconcepto de retorno' entre los asociados en proporción al trabajo efectivamente prestado por cada uno de éstos (ídem, art. 42.5.b). De igual modo, el sentenciante no debió pasar por alto las normas que, en ejercicio de sus facultades reglamentarias, expidió el INAC, como lo son, v.gr., el art. 1º de la resolución 183/92 (7-4-1992), que tuvo como objeto æreafirmar que el vínculo jurídico entre el asociado y la cooperativa de trabajo es de naturaleza asociativa y está exento, por lo tanto, de toda connotación de dependencia, encuadrado en el derecho laboral', y la resolución 360/75 (20-5-1975), que determinó las excepciones al principio de æmutualidad rigurosa' en las cooperativas de trabajo, autorizando a que éstas pudieran utilizar servicios de personal en relación de dependencia sólo en los supuestos que enuncia. Ambas resoluciones, por lo demás, fueron expresamente declaradas vigentes por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) - continuador a la postre del INAC (decreto 721/2000)- mediante la resolución 1810/2007 (14-8-2007). Súmase a ello, tal como fue señalado por el Tribunal en æCooperativa de Trabajo de Transporte La Unión Limitada c/ Dirección General Impositiva' (Fallos: 326:4397), la resolución 784/92 (27-7-1992) de la Administración Nacional de la Seguridad Social, que declaró æcomo norma de alcance general [...] que los asociados a las cooperativas de trabajo no revisten la calidad de dependientes de las mismas, debiendo considerárselos como trabajadores autónomos' (art. 1º). Incluso es de relevancia el decreto 2015/1994 que, a la vista de la proliferación de asociaciones que, aprovechando la estructura formal de las cooperativas de trabajo, violentan tanto el fin de ayuda mutua y esfuerzo propio, principios rectores de su naturaleza, cuanto un ætipo asociativo basado en valores trascendentes de solidaridad', dispuso que el INAC no autorizará el funcionamiento de cooperativas de trabajo que, para el cumplimiento de su objeto social, prevean la contratación de los servicios cooperativos por terceras personas utilizando la fuerza de trabajo de sus asociados. Cuadra añadir que, con arreglo a las citadas resoluciones 183/92 y 784/92 y al decreto 2015/1994, la Dirección General Impositiva dictó la resolución general DGI nº 4328/1997: ælos asociados a cooperativas de trabajo legalmente constituidas, autorizadas para funcionar por el Instituto Nacional de Acción Cooperativa, deberán ingresar sus aportes con destino al Régimen Nacional de la Seguridad Social como trabajadores autónomos [...] (art. 1º). La especificidad de las cooperativas, a su vez, tampoco ha sido ajena a la Organización Internacional del Trabajo según lo pone de manifiesto, amén de su Constitución (art. 12.3) y de la Recomendación nº 127 - de 1966- , la más reciente Recomendación nº 193 sobre la promoción de aquéllas, de 2002, que entiende como tales a 'una asociación autónoma de personas unidas voluntariamente para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales en común a través de una empresa de propiedad conjunta, y de gestión democrática' (art. 2º). Añade, asimismo, como elementos de identidad de los entes en juego, 'los valores cooperativos de autoayuda, responsabilidad personal, democracia, igualdad, equidad y solidaridad, y una ética fundada en la honestidad, transparencia, responsabilidad social e interés por los demás', y ælos principios cooperativos elaborados por el movimiento cooperativo internacional', Declaración sobre la Identidad Cooperativa adoptada por la Asamblea General de la Alianza Cooperativa Internacional, en 1995: æadhesión voluntaria y abierta; gestión democrática por parte de los socios; participación económica de los socios; autonomía e independencia; educación, formación e información; cooperación entre cooperativas, e interés por la comunidad' (art. 3º y Anexo). Adviértese, en este sentido, que en la discusión general desarrollada durante el proceso de elaboración de la Recomendación nº 193, el miembro gubernamental de la Argentina presentó una subenmienda para incluir una referencia al æfraude laboral', que era un problema frecuente en algunas cooperativas de trabajo. Con ello, ærefería a la situación en la que los empleadores utilizaban cooperativas de trabajo para reducir costes laborales mediante la no aplicación de las normas del trabajo existentes. Esta posibilidad se producía por el hecho de que las cooperativas de trabajo tuviesen dos tipos de trabajadores: los socios trabajadores, a los que no se aplicaba la legislación laboral existente, y los trabajadores contratados, a los que sí se aplicaba. El problema surgía cuando las cooperativas de trabajo dejaban de ser verdaderas cooperativas' (Conferencia Internacional del Trabajo, Actas provisionales, Octogésima novena reunión, Ginebra, 2001, 18, párr. 120). A su turno, esta postura del gobierno, para lo que interesa en el sub discussio, se corresponde con la respuesta que también dio aquél durante dicho proceso, en cuanto señaló, respecto de los alcances de la ley 24.557 de riesgos del trabajo y atento a la universalidad subjetiva de cobertura que postula, que 'los trabajadores de las cooperativas están contemplados en el ámbito de aplicación de la ley, específicamente en el artículo 2, apartado 2, inciso c, donde se dispone que el Poder Ejecutivo Nacional podrá incluir en el ámbito de la ley de riesgos del trabajo a los trabajadores vinculados por relaciones no laborales' (Conferencia Internacional del Trabajo, 900. reunión, 2002, Promoción de las cooperativas, Informe IV (2 A), OIT, Ginebra, 2002, p. 4). En esta línea de ideas, corresponde recordar que la Corte, en æCuccioletti c. Cooperativa de Trabajo '12 de enero' Ltda. 'Codel', sostuvo, en términos vinculados con la ley 11.388 (de sociedades cooperativas) pero reiterables a la luz de la ley 20.337, que æsi se mantiene el sistema de contratar trabajadores no socios, las cooperativas de trabajo dejarían de llenar el fin de su creación, pues no cabe duda que la esencia de las mismas radica en la exclusiva labor de sus asociados, salvo casos en que se justifique la excepción' (Fallos: 275:243, 247, 249), acotando el juez Risolía, que esas asociaciones se originan en el propósito de evitar la ilegítima explotación del trabajo manual o intelectual del hombre. Su objetivo no es favorecer sino suprimir, en lo posible, el trabajo asalariado, para sustituirlo por el trabajo en común, mediante una aportación libre y solidaria del trabajo de todos (técnicos, empleados y obreros), que contribuyen de tal manera a la obtención de beneficios puros, en los que participan exclusivamente los que conjugan sus aptitudes y realizaciones, volcándolas a favor de la entidad. No se concibe, pues, la cooperativa de trabajo como una sociedad cerrada que instituya privilegios o reconozca discriminaciones de cualquier tipo. No se la concibe tampoco guiada por un primordial espíritu de lucro, consagrada a la acumulación de capitales e intereses o gobernada por núcleos excluyentes, al modo de una empresa comercial que loca sin restricciones el trabajo de los individuos, allegándolos en relación de dependencia' (p. 248). Más todavía; para la conceptualización de las cooperativas de trabajo es imprescindible situar a éstas, así como a la acción cooperativa en general, en el marco de las æpolíticas de estado' que han dado lugar al establecimiento de los ya mencionados INAC e INAES, sin dejar de contar el Instituto Nacional de Acción Cooperativa y Mutual (INACyM -decreto 420/1996). Dicho marco entiende, después de enunciar que el sector de la economía social, cimentado en los principios de solidaridad, ayuda mutual y equidad social, ha alcanzado un notable nivel de crecimiento que exige la presencia de un organismo del sector público cuya misión primordial sea la de contribuir a su desarrollo", que dicha economía social ætiene como pilares fundamentales la acción de las cooperativas' (decreto 721/2000 cit, considerandos primero, segundo y sexto). Ello originó, inter alia, el establecimiento y la creación de un fondo destinado a la promoción tanto de la educación cooperativa en todos los niveles de enseñanza primaria, secundaria y terciaria, cuanto de la creación y desarrollo de cooperativas en todos los ciclos del quehacer económico, producción primaria y fabril, comercial, de servicios, vivienda, trabajo y consumo (ley 23.427; asimismo: ley 25.791, y decreto 1171/2003, que declara æde alto interés la enseñanza teórico práctica, en los establecimientos educativos oficiales y privados, de los principios del cooperativismo y del mutualismo') (Corte Suprema de Justicia de la Nación, sentencia de fecha 24-11-2009, autos: "Lago Castro, Andrés Manuel c/ Cooperativa Nueva Salvia Limitada y otros").- Si bien en dicho pronunciamiento se tocan numerosos aspectos de la vida cooperativa y de la esencia del cooperativismo, no todos ellos cumplidos en autos, ni que se pueden precisar con la nitidez y del modo prístino que se enuncia en el precedente de nuestro máximo tribunal de justicia nacional, reitero que, a la luz de las constancias documentales y testimoniales recibidas, no se advierte la existencia de una conducta fraudulenta como para habilitar el desplazamiento de la figura asociativa. En atención a ello sostengo que la demanda incoada debe ser desestimada en todos sus términos con costas por el orden causado (art. 28 ley 7987) en atención a que los diversos pronunciamientos dictados por la jurisprudencia local y nacional (incluidos alguno del suscripto en casos de acreditación del fraude, tal como aconteciera en los autos: "NAEGELIá CELESTE MARIEL C/ COOPERATIVA DE TRABAJO OMEGA SEGURIDAD LTDA. Y OTROS - ORDINARIO DESPIDO" EXPTE. Nº 40447/37 - Sentencia de fecha 18 de junio de 2.008) pudieron verosímilmente hacer pensar al accionante que tenía derecho a litigar del modo en que lo hizo.- A los fines de determinar la base regulatoria, a las sumas reclamadas como adeudadas desde que se sostuvo que eran debidas y hasta su efectiva regulación y pago, se les aplicará el interés conforme la tasa media pasiva mensual que resulta de la encuesta que realiza el Banco Central de la República Argentina, incrementada en un dos por ciento mensual (2%), todo conforme lo dispuesto por la ley 23.928 y sus decretos reglamentarios 529/91 (art. 8) y 941/91 (art. 10), los que se mantienen vigentes luego de la sanción de la ley 25.561 y los fundamentos dados por esta Sala en los autos: "Allende Emiliano H. c/ Transporte Automotores 20 de Junio S.R.L. Demanda" (sentencia de fecha 11 de noviembre de 1991) y confirmado por el Tribunal Superior de Justicia en autos: "Juárez Guillermo c/ Cor Acero S.A. y otro - Demanda - Recurso de Casación" (Sentencia del T.S.J. Nº 93 de fecha 15 de octubre de 1992) y "FARIAS C/ MUNICIPALIDAD DE CORDOBA - DEMANDA - Sentencia de fecha 2 de noviembre de 1994" a los que me remito brevitatis causae y que deberán ser considerados como parte integrante de esta Sentencia, y a los fines de mantener incólume su contenido habida cuenta de la situación financiera que se vive en la actualidad y que evidencia un incremento en los índices inflacionarios, lo que lleva en definitiva a adoptar los intereses establecidos en el caso "HERNANDEZ JUAN CARLOS C/ MATRICERIA AUSTRAL S.A. - DEMANDA - REC. DE CASACION" (Sentencia del T.S.J. 39 de fecha 25-6-2.002) a partir del año 2.006, pretendiendo con ello esta Sala que integro ajustarse a la nueva realidad económica con el objeto de evitar que el deudor obtenga un enriquecimiento indebido por no cumplir en tiempo con su obligación y que el acreedor resulte perjudicado con la morosidad del primero, teniendo además presente que las tasas bancarias son sólo tasas de referencia.- Por lo demás la fijación de la tasa de interés no causa estado y si las circunstancias varían de modo notable, podrán ser modificadas, aún en etapas posteriores al dictado de la Sentencia, tal cual se ha expresado en otros antecedentes, sin que ello afecte el derecho de defensa de las partes, ni la cosa juzgada.- Las sumas definitivas de la base regulatoria deberán ser determinadas en la etapa previa de ejecución de la sentencia conforme arts. 812 y siguientes del C. de P.C. y art. 84 de la ley 7987 y abonarse por su obligada al pago dentro del término de diez días desde la notificación del auto regulatorio, conforme liquidación a practicarse de acuerdo a las pautas dadas y bajo apercibimiento de ejecución.- He valorado la totalidad de la prueba rendida en la causa y si alguna no transcribo es por no considerarla dirimente a los fines del decisorio.-á Así voto.- ----------------------------------------------------- Por el todo ello y disposiciones legales citadas, el Tribunal RESUELVE: I) Rechazar la excepción de incompetencia de jurisdicción interpuesta por la demandada.- II) Rechazar en todas sus partes la demanda instaurada por el Sr. JESUS FRANCISCO MALDONADO en contra de LA COOPERATIVA DE TRABAJO DE VIGILANCIA PUERTO DESEADO LIMITADA en cuanto pretendía que la demandada le abonara: Indemnización por antigüedad, Indemnización por omisión de preaviso, Integración del mes de despido, Haberes Julio de 2.008 y días de Agosto de 2.008, Aguinaldo Proporcional primer semestre año 2.007, 2do semestre año 2.007, primer semestre año 2.008 y proporcional 2do semestre año 2.008, Vacaciones proporcionales año 2.008, Diferencia de haberes ,y Sanción del art. 275 de la L.C.T.- Con costas por el orden causado (art. 28 ley 7987).- III) Diferir la regulación de honorarios de los Dres. Tomás Espejo Revol, Ernesto Luis Nadra, Augusto Roberto Embrioni y peritos contadores, para cuando exista base económica firme, líquida y actualizada para ello y deberán ser practicados de conformidad a lo previsto por los arts. 27, 36, 39, 49, 97, 125 y concordantes de la ley 9459.- IV) Oportunamente cumpliméntese la ley 8404 y la tasa de justicia.- V) Protocolícese y hágase saber.- Carlos A. Toselli