Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-12-21


Buenos Aires,	21	de diciembre de 2009.

Vistos: los autos indicados en el epígrafe, resulta:

1. El 19 de marzo de 2009 la Sr. Susana Graciela Mosquera, invocando su carácter de afiliada del Partido Nueva Dirigencia, efectuó denuncia criminal ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de esta Ciudad contra los Sres. Matías Barroetaveña y Alejandro Posse (a quienes sindica como Presidente y Tesorero, respectivamente, del Partido), como así también contra quien resulte ser autor, coautor, partícipe, cómplice o encubridor de los delitos de defraudación por abuso de confianza y estafa conforme lo establecido por los arts. 172 y 173, inc. 3º, Código Penal (fs. 5/6).

Sostuvo que los denunciados "han llevado a cabo una utilización indebida de los fondos públicos partidarios en beneficio propio, es decir con el propósito de obtener beneficios personales, ya que han pagado a `punteros políticos, micro ómnibus de pasajeros (sin factura o recibo respaldatorio), pago a personas para que concurriesen a un acto político partidario, pago de elementos para el consumo personal de ellos (sin factura o recibo respaldatorio), etc., con el fin de colaborar con el por entonces candidato a Jefe de Gobierno Lic. Daniel Filmus, lo que luego les ha brindado ciertos beneficios" con cargos públicos (nacionales o locales).

2. En la misma fecha, el Juez de Instrucción subrogante delegó la instrucción del sumario a la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción nro. 34 (fs. 7).

3. A fs. 12/13 luce agregada la ratificación personal de la denunciante, en la cual se advierte que amplía su denuncia al aludir -entre otras cuestiones- a irregularidades cometidas con relación a libramientos de cheques y a la falta de intervención -notificación e información- de la comisión de contralor patrimonial de partido respecto al balance correspondiente al año 2007.

4. El 29 de abril de 2009, el Sr. Fiscal en lo Criminal de Instrucción, postuló la incompetencia del fuero por considerar que "los fondos de los partidos políticos con alcance nacional, como es el caso, están integrados por aportes que provienen del Estado Nacional, existiendo administración del fondo permanente por parte del Ministerio del interior, como también control, fiscalización y auditoria en cabeza de la justicia federal con competencia electoral y la Cámara respectiva" (fs. 15/16).

5. A fs. 17, la Jueza en lo Criminal de Instrucción subrogante, si bien compartió las razones invocadas por el fiscal, resolvió declinar la competencia a favor de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional Federal.

6. La causa recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nº 3, cuyo titular no aceptó la competencia atribuida por entender que le correspondía al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nº 1 con competencia electoral del distrito.(fs. 19/20).

7. Devuelto el expediente al Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción n° 20, previniente, la magistrada a cargo compartió el criterio de su colega federal y remitió el expediente al Juzgado Federal Electoral de la capital Federal (fs. 21).

8. El 16 de junio de 2009, el Sr. Fiscal Federal Electoral dictaminó por la incompetencia del Juzgado Electoral Federal porque en su opinión, los hechos denunciados exceden "las cuestiones específicas contempladas en la ley 19.108 -mod. por la ley 19.227-, art. 12 apart. II inc. e), en el Código Electoral Nacional y la Ley de Partidos y la ley 26.215" (fs. 199).

9. El 3 de julio de 2009, la Señora Jueza Federal electoral del distrito, decidió archivar las actuaciones puesto que "tanto la aprobación del balance anual del ejercicio 2007 como la rendición de cuentas de la elección llevada a cabo el 28 de octubre de 2007, se encuentra firme y pasada en autoridad de cosa juzgada". Sin perjuicio de lo cual, en atención a que "la denuncia impetrada acarrearía en principio, una defraudación a las rentas de la Nación" al momento de financiar las actividades electorales y no electorales de los partidos políticos, resolvió remitir testimonios de ella a la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal (fs. 200/202).

10. A fs. 207/209 el Sr. Fiscal Federal a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nº 2, estimó que las actuaciones debían ser remitidas al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, "toda vez que los hechos denunciados constituyen ni mas ni menos que el cuestionamiento del destino dado a los fondos aportados por el Gobierno de la Ciudad respecto de la última campaña a Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y por parte del partido Nueva Dirigencia"	11. El 16 de septiembre de 2009, el Sr. Juez Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nº 6 concluyó que no pudiendo "revisarse el destino dado a los fondos nacionales por el partido Nueva Dirigencia, resta investigar en la presente el destino dado a los fondos aportados al mentado partido por el Gobierno de la Ciudad para la última campaña a Jefe de Gobierno porteño, razón por la cual corresponde que asuma la investigación" el Tribunal Superior de Justicia (fs. 209/210).

12. El 6 de octubre de 2009, el Sr. Fiscal General dictaminó que el caso "es de aquellos que resultan de competencia originaria del Tribunal Superior, por lo que correspondería que se aceptase la competencia atribuida y oportunamente", le sean remitidas las actuaciones para que realice los actos propios de su ministerio (fs. 212/214).

13. A fs. 216/220 el TSJ consideró que hay dos cuestiones de distinta naturaleza como derivación de la denuncia realizada que dio origen a estas actuaciones, y explicó que una es de naturaleza electoral exclusivamente local: la posibilidad de que los hechos denunciados pudieran haber derivado en una transgresión a la ley porteña n° 268, de regulación y Financiamiento de Campañas Electorales, y ello a partir de que tales hechos estarían relacionados con a la campaña electoral para Jefe y Vicejefe de Gobierno que tuvo lugar en el año 2007, y que culminó en comicios realizados en forma separada de los nacionales llevados a cabo ese mismo año.

Agregó que " [r] especto a este específico contexto, de indudable competencia del Tribunal en los términos de los arts. 113, inc. 6, CCABA y 27 de la ley n° 268, ya ha tomado conocimiento el señor Fiscal General -que actúa ante este Tribunal en los términos del art. 29 de la ley 1.903- como se desprende de su dictamen de fs. 212/214, y a él corresponde ejercer los actos propios de su ministerio en los términos del procedimiento contravencional previsto por la ley n° 12 y sus modificatorias (art. 28, ley n° 268), si considera que existe mérito para ello."	También dijo el Tribunal que "la segunda cuestión es de índole exclusivamente penal y no electoral, aunque esté relacionada con un partido político y con una elección. Y ella concierne a los denunciados delitos tipificados en los arts. 172 y 173, inc. 3°, del Código penal relacionados con los fondos de campaña del partido Nueva Dirigencia en la mentada elección de jefe de gobierno de la ciudad del año 2007, circunstancia esta última -el tratarse de una elección de cargos locales que, además, no se hizo en forma conjunta con los comicios nacionales del mismo año-, que sólo fue advertida por el Fiscal y Juez federales que intervinieron en último término en estas actuaciones (fs. 207/208 y 209/210, respectivamente). // Es decir que el asunto pendiente de naturaleza penal trata de las presuntas maniobras ilícitas relacionadas con los fondos de la campaña electoral local del año 2007 del partido Nueva Dirigencia. Y esto ocurre tanto si se lo enfoca desde el ángulo de la afectación, o defraudación de las rentas públicas -como lo hacen las resoluciones de fs. 17/vta. y 200/202 vta.-, aunque no del erario nacional que ningún aporte hace al partido para la campaña de una elección de cargos locales, sino, en este caso, del erario de la Ciudad por los fondos públicos que, conforme a la ley n° 268, pudieran haberse otorgado al Partido Nueva Dirigencia para la campaña electoral aludida; como si se lo quiere ver desde el encuadre del denunciante en los arts. 172 y 173, inc. 3, Código penal, o incluso, desde la óptica del perjuicio para el patrimonio del partido, pues, en definitiva, los subsidios que el estado local otorga para la campaña electoral pasan a integrar el patrimonio partidario afectado a la campaña, conjuntamente con los aportes privados de personas físicas que, también para la campaña, la citada ley autoriza (arts. 14 y 15, ley n° 268). // En cualquiera de las posiciones indicadas aparece claro que se trata de posibles ilícitos penales no electorales, cuya competencia no es federal sino local, pero que deben ser investigados por la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional en mérito a que la competencia penal de la justicia de la Ciudad se encuentra circunscripta a los delitos previstos en las leyes vigentes de transferencia progresiva de competencias penales, y a lo que surge de la doctrina de los fallos dictados por el Tribunal en los expedientes 5433/07 "Teodoro, Susana Mercedes s/desobediencia s/electoral - otros", y 5407/07 "Abriata, Alberto Luis s/inf. Art. 89 CC s/denuncia", referidos a circunstancias que no se ajustan a las concernientes a esta causa. " En función de lo expresado declaró su incompetencia para conocer de las cuestiones penales involucradas mencionadas en el apartado precedente y decidió remitir las actuaciones al juzgado Nacional en lo Criminal de instrucción que previno en la causa, e invitar al magistrado a su cargo a que, en caso de no compartir el criterio propiciado y a tenor de lo establecido en el art. 24, inc. 7º, del decreto-ley 1285/58, elevara las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a los efectos indicados en dicha norma.

14. A fs. 223/226 la señora jueza de instrucción subrogante del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción n° 20 consideró, en sustancia, que la hipótesis delictiva sobre la que versó la incompetencia decretada por el TSJ "no fue ponderada por la suscripta al inhibirse de entender en estas actuaciones (ver fs. 15/16)". De ello infirió que la contienda promovida por el TSJ difería la inicialmente planteada y que, por ende, sólo podía considerarse formalmente trabada en caso de que el TSJ conociera los argumentos que seguidamente expuso, y en virtud de los cuales rechazó la competencia atribuida y devolvió el expediente a este Tribunal, invitándolo a que, en caso de no compartir su criterio, elevara las actuaciones a la CSJN en los términos del art. 24, del decreto ley n° 1.285/58. Fundamentos:

La jueza Ana María Conde dijo:

1. Las razones brindadas en el decisorio de fs. 223/226 no conmueven los fundamentos expuestos por este Tribunal 216/220. Por otra parte, la posibilidad de "escándalo jurídico" que menciona la jueza de instrucción es eminentemente conjetural teniendo en cuenta la distinta naturaleza de la investigación de la violación de la ley local de regulación y financiamiento de campañas electorales por un lado -que obviamente carece de entidad penal- y de la investigación de la violación de la ley penal común por el otro.

Por el contrario, sí se produce un escándalo "a secas" cuando una denuncia de un delito de acción pública no es siquiera mínimamente canalizada y, vale reiterarlo, no es a este Tribunal -ni a los restantes tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- al que le corresponde ese cometido por carecer de la competencia para conocer de los delitos denunciados.

2. La resolución de la señora jueza de fs. 223/226 ha omitido considerar, entre otras cuestiones, cuál es el alcance del control del dinero que los partidos utilizan en una campaña electoral a los fines que informan la ley n° 268, cuáles son las consecuencias del incumplimiento de las normas pertinentes, y cuál es el ámbito de la competencia penal del órgano a quien la citada ley atribuye el conocimiento de tales incumplimientos previstos en ella.

3. En relación con el dinero que los partidos utilizan en la campaña electoral la ley establece a) el control de su origen, pues sólo autoriza a percibir fondos públicos que el estado local suministra (arts. 9 a 13) y fondos privados hasta cierto límite y sólo provenientes de personas físicas (arts.14 y 15); b) el control del monto de lo gastado (arts. 16/18) y c) la restitución del aporte público recibido si el partido no participar del acto comicial por retirar sus candidatos.

Para estos fines, destinados a garantizar tanto la transparencia del financiamiento, como a procurar la independencia y la igualdad de oportunidades de todos las agrupaciones contendientes en la elección, se establecen diversas obligaciones expresas que tienen como correlato diversas sanciones por transgredir el límite del gasto permitido (art. 19), no presentar los informes destinados a la Auditoría General (art. 20), violar el plazo determinado para la duración de la campaña (art. 21), recibir o efectuar aportes prohibidos (art. 22), efectuar propaganda gráfica en la vía pública que no contenga la identificación de la empresa que la realiza (art. 23), y no restituir el aporte público dentro de los cinco días para el caso de los partidos que retiren sus candidaturas.

Es decir entonces que, en tanto el partido participe en el acto comicial -caso del Partido Nueva Dirigencia en los comicios locales del 2007-, la ley n° 268 no prevé un control específico que culmine en una sanción por utilizar los fondos recibidos -públicos o privados- con un destino distinto al de la campaña electoral. Y a tal punto esto es así, que no prevé siquiera la restitución de los aportes públicos no gastados.

Más concretamente, aun cuando el artículo 17, inc. a, de la ley prevé que el informe que allí menciona debe indicar los ingresos y egresos efectuados con motivo de la campaña electoral, con detalle del concepto, origen, monto y, también, del destino, dichas indicaciones -incluida la del "destino"- sólo son susceptibles de producir consecuencias en el ámbito de la ley n° 268 en relación con el origen del dinero y el gasto permitido. Ello muestra con evidencia que en el marco de la ley n° 268 el destino sólo importa a los efectos de determinar el límite de gastos permitido.

En otras palabras, están al margen de las sanciones establecidas en la ley n° 268 las maniobras delictivas que puedan haber tenido lugar al administrar los fondos que el partido recibió en concepto de aportes públicos y privados para la campaña electoral, cuestión que es, precisamente, la que se ha denunciado a fs. 5 y vta.

4. Por otra parte es menester destacar que, contrariamente a lo que sostiene la señora jueza de instrucción, la Auditoría General de la Ciudad finalizó hace tiempo la tarea de control sobre los comicios del año 2007, como surge de los informes finales previstos en el art. 18, ley n° 268, publicados en el B.O. de la Ciudad de los días 25/10/2007 y 7/11/2007 Precisamente, en virtud del primero de ellos el Ministerio Público Fiscal inició la investigación preparatoria pertinente por violación a la ley n° 268, que se canalizó en el expediente que menciona el Fiscal General en su dictamen de fs. 212/214, circunstancia que en nada cambia las conclusiones arribadas por la diversa naturaleza de las cuestiones involucradas, como ya ha sido explicado. Por lo demás, la existencia o inexistencia de observaciones por parte de la Auditoría, tampoco en nada altera las consideraciones que este Tribunal ha efectuado tanto para admitir su competencia ante la posibilidad de que los hechos denunciados en estos autos pudieran haber derivado en una transgresión de la ley porteña n° 268, como para deslindar la competencia por violación a la ley penal común que la denuncia de mención trasunta.

A ello debe agregarse que -también contrariamente a lo que la señora jueza de instrucción afirma- los informes finales que produce la Auditoría General de la Ciudad, no son "aprobados" por este Tribunal. La competencia del Tribunal se resume, en lo que aquí interesa, a conocer de las cuestiones que suscite la aplicación de la ley n° 268 y a imponer las sanciones que ella prevé (art. 27, lex cit. y art. 113, inc. 6, CCABA) 5. Finalmente y a título de ejemplo se puede mencionar -para mostrar más gráficamente el desacierto de la resolución de fs. 223/226- que si los aportes de la campaña hubieran tenido como destino financiar actividades delictuales, como también si los de índole privada hubieran tenido origen en ellas, la materia concerniente a la violación de la ley penal sería totalmente ajena al ámbito de la ley n° 268 y, por ende, extraña a la competencia de este Tribunal.

6. Sentado todo lo anterior, opino que debe insistirse en la incompetencia de este Tribunal y trabar un conflicto negativo de competencia con el juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción n° 20 que previno en la causa. Asimismo, conforme lo establecido en el artículo 24, inc. 7°, del decreto ley n° 1.285/58, propicio la elevación de estas actuaciones a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la forma de estilo.

Los jueces Luis F. Lozano y José Osvaldo Casás dijeron:

Nos adherimos al voto de la jueza Ana María Conde.

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

Tal como señala mi colega Ana María Conde, las razones brindadas en el decisorio de fs. 223/226 no conmueven los fundamentos expuestos por este Tribunal a fs. 216/220. Ya han quedado precluidas las oportunidades procesales para que la Sra. Jueza de Instrucción Subrogante Elizabeth Paisán y el Tribuna,l sentaran posición en la cuestión suscitada en autos. Por tanto, voto por devolver las actuaciones al Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción nº 20 a sus efectos.

Por ello, por mayoría, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Insistir en la incompetencia de este tribunal dando por trabado en estas actuaciones un conflicto negativo de competencia con el juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción n° 20 que previno en la causa.

2. Elevar los autos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a los efectos establecidos en el art. 24, inc. 7º, del decreto-ley n° 1.285/58 3. Mandar que se registre, se notifique al señor Fiscal General, y se cumpla.

Fdo.: Conde; Lozano; Ruiz y Casás.