Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-12-22


Comodoro Rivadavia, Veintidós de diciembre de 2004.- VISTOS Y CONSIDERANDO:

Estos autos caratulados: "P., A. H. c/ Herederos de C. E. T.: M. L. A., F. T. y F. T. s/ SUMA-RIO (daños y perjuicios)", Expte. N° 14.641/2004, veni-dos del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Ci-vil, Comercial, Rural y de Minería N° 2 (Expte. N°59/2004).- I.- Que llegan las presentes actuaciones a esta Alzada en virtud de los recursos de apelación interpuestos, a fs.317, por la parte actora, y a fs.322 por la parte demandada, ambos contra la sentencia in-terlocutoria de fs. 315 y vta.

A fs.319/320 expresa agravios la actora en cuanto el aquo interpreto que el acompañar el poder otorgado por A. H. P. constituya una ratificación, por cuanto en el escrito con el que se contestó traslado de la excepción de falta de personería expresó que había omitido involuntariamente acompañar el poder con el es-crito de inicio. Agrega que la ratificación tiene razón de ser en el supuesto de representación insuficiente en la que el mandante ratifique lo actuado por quien com-pareció invocando representación o se salven las defi-ciencias del poder, señalando los casos de insuficien-cia de mandato, por lo que al considerar que no se en-cuadra en alguna de las circunstancias que describe lo agravia que el a quo halla condenado en costas conside-rando que se había dado el supuesto de ratificación. Cita jurisprudencia a favor de su postura.

Asimismo se agravia de la cuantificación de los honorarios y por ser estos elevados.

A fs.330/331 expresa agravios la parte demandada, señalando que es un desatino que se esta-blezca que el rechazo de la falta de personería en el demandado, se encuentra en la falta de acreditación del vínculo (inc.a) del pto.3 de la sentencia de fs.315/vta. mientras que inmediatamente después y con base en el art.274 del CC., se pretende que la repre-sentación necesaria y perfecta de los hijos menores en el proceso, se encuentre cumplida procediendo a recha-zar la excepción.

Transcribe lo dispuesto por el art.274 citado y concluye que el fundamento dado por el a quo carece de consistencia y base legal.

Que para el caso que se considere que los menores fueron demandados mediando las circunstan-cias establecidas en el art.347 inc. 2 del CPCCh, y que en el caso no existe falta de personería, no hay norma que los respalde y a todo evento la demanda debió haberse incoado contra la Sra. A. M. L. en su calidad de representante legal o en el ejercicio de la patria potestad sobre los citados menores (art.264 inc.3° del CC).

Agrega que la de falta presentación oportuna le hubiera ocasionado un perjuicio mayor, pues hubiera generado un seguimiento del proceso en rebeldía y posterior planteo de nulidad.

Contesta agravios la actora a fs.333 y señala que en autos se entabló demanda contra los here-deros de quien en vida fuera C. T., ante los cuales se encuentran F. T. y F. T., que junto con la Sra. M. L. A. suceden patrimonialmente al causante.

Que los menores como herederos son titu-lares de derecho y obligaciones y por ende susceptible de ser demandados. Que sean incapaces de obran no quie-re decir que no puedan ser demandados y que se ha ins-tituido la representación legal de sus padres mediante el art.57 del CC. Y que la única prohibición impuesta para los menores de edad es la de comparecer a juicio sin consentimiento de los padres (art. 264 quater del CC).

II.- Corresponde en primer término eva-luar el agravio de la actora referido a la excepción de personería, y que se considero que el poder otorgado por A. H. P. constituya una ratificación, por cuanto en el escrito con el que se contestó traslado de la excep-ción de falta de personería expresó que había omitido involuntariamente acompañar el poder con el escrito de inicio, imponiéndosele las costas en consecuencia.

La personería constituye un presupuesto procesal, a través de la cual se le atribuye, al repre-sentante, capacidad procesal suficiente para actuar en nombre y representación de otro. Al respecto el art.46 del código de rito requiere que la personería sea acre-ditada, en forma simultánea, con el primer escrito que se presente, en tanto se actúe por un derecho que no resulte propio.

No obstante que el segundo párrafo del artículo 46 citado establece un plazo de gracia, que conviene no confundir con la figura del gestor que pre-vé el art.48, y que el juez no intimó a corregir la omisión, resulta manifiesta la improcedencia del agra-vio impetrado, toda vez que la personería invocada fue acreditada con posterioridad al planteo de la excepción referida, por lo que resulta congruente la imposición de costas, en este caso a la actora, toda vez que la contraria debió realizar el planteo de la excepción que posteriormente se rechazo y se tuvo por subsanada, po-niendo así en movimiento la actividad jurisdiccional y del patrocinio de la demandada.

Con relación a los agravios acerca de la cuantificación y lo elevado de los montos se difiere su tratamiento para lo último.

III.- Respecto del agravio efectuado por la demandada con relación al rechazo de la excepción de falta de personería en los demandados cabe anticipar el rechazo del mismo.

Ello pues respecto de los herederos con-cretamente se ha resuelto que "Si los demandados han fallecido deberán ser citados sus herederos, en aten-ción a que no procede la representación en tanto no se trata de un "ausente" (arts. 724, 729, 734, 768, y cc CPC).CPCB Art. 724 ¦ CPCB Art. 729 ¦ CPCB Art. 734 ¦ CPCB Art. 768"Asociación Filantrópica "M. A." c/ F., R. A. y otros s/ Usucapion" - CC0203 - LP 95171 RSI-29-1 I - 6-3-2001 causa 95171 reg. int. 29/01.).

El solo hecho de ser heredero los hace pasibles de ser los demandados.

A mayor abundamiento, cabe señalar que en oportunidad de demandas contra herederos o sucesión se expresó que "Si bien la normativa nacional no esta-bleció con claridad la naturaleza de la sucesión indi-visa, tanto la doctrina como la jurisprudencia han co-incidido en señalar que la sucesión no es una identidad distinta a los herederos, ni tiene personería propia. En consecuencia, las demandas entabladas en su contra deben dirigirse hacia la persona de los herederos por ser los verdaderos titulares de los derechos y obliga-ciones que emanan del difunto. Una solución diferente violentaría lo dispuesto en los arts. 3416, 3420 y cctes. del CC y el 722 del CPCC así como los que hacen a una correcta traba de la litis tanto desde el punto de vista formal como sustancial.

En este sentido esta Corte ya señaló que "no existe en nuestro derecho la entidad sucesión como persona distinta a los herederos del causante pues no constituye una persona de existencia ideal, ni ficta ni jurídica dentro del concepto del Libro I, Sec. Primera, Título I del Código Civil (art. 30 y ss) ya que la co-munidad hereditaria carece de una personalidad distinta de los herederos que la integran... En otras palabras, cuando se demanda a una sucesión, esté en tramite el sucesorio pertinente o el mismo hubiera sido ya liqui-dado, la acción habrá de entenderse siempre dirigida contra los herederos y la sentencia que en su base co-rresponda dictar absolverá o condenará según el caso a los herederos nunca a la sucesión aún en la hipótesis en que hubiera un solo heredero" (CSJTuc., sentencia Nº 235 de fecha 6 de julio de 1992). Sentencia N° 928 - "S. A. R. s/ HOMICIDIO Y LESIONES CULPOSAS" - CORTE SU-PREMA DE JUSTICIA - Sala Civil y Penal - 22/10/2002).

Es claro que en la calidad de parte no hay disquisición, y que los herederos pueden - como titulares de derechos y obligaciones- ser pasibles de verse demandados, con la relevante distinción que tie-nen incapacidad absoluta de hecho, de acuerdo con la ley civil: las personas por nacer los menores impúberes (los menores de 14 años), los dementes y los sordomudos que no saben darse a entender por escrito, carecern de aptitud para estar en juicio, debiendo hacerlo a través de sus representantes necesarios (art.56 Cód.Civ.), te-niéndose en cuenta, además, que por el artículo 59 del Código Civil la representación de los menores e incapa-ces es promiscua con el Ministerio Pupilar.

En el caso los menores nacieron el 26 de agosto de 1984 y 25 de noviembre de 1985 (cfr copias certificadas a fs.326), por lo que no se encuentran en-tre los supuestos descriptos, debiendo en consecuencia rechazarse el agravio y confirmar lo resuelto por el juez de grado.

IV.- Sentado lo anterior, corresponde por último avocarse al agravio de la actora referido a la cuantificación de honorarios y considerar altos los fijados. Si bien resulta apresurada la cuantificación realizada por el a quo para determinar los honorarios por la incidencia resuelta, de haberse estipulado por-centajes, ello implicaría también cuantificar sobre el monto solicitado los emolumentos señalados, por lo que lo efectuado por el Juez de grado no resulta inadecua-do, maxime si en el caso se posee un monto de referen-cia como es el que contiene el escrito de inicio, y que fue considerado por el a quo en los términos del art.19 de la ley de aranceles, por lo que corresponde rechazar el agravio en este aspecto.

Que con relación a que los mismos resul-tan elevados, cabe receptar el agravio interpuesto, pues aun considerando todas las pautas descriptas para la determinación de los honorarios, no puede descono-cerse que la excepción solo consistió en que se verifi-có la falta de agregación de un poder, que la actora había omitido acompañar, pero que ya había sido otorga-do conforme lo agregara al contestar la excepción, por lo que en esta aspecto corresponde tomar los mínimos que marca la ley de aranceles, por lo que como señala la recurrente, en virtud de los parámetros que estable-ce el art.33, corresponde modificar los montos regula-dos y fijar los honorarios de lo Dres. G. M., F. V. M. y H. C. G., apoderados de la actora, en forma conjunta, en la suma de PESOS UN MIL CIEN ($1.100).

Con relación a los honorarios del Dr. C. G. A., toda vez que las costas de grado fueron impues-tas a los demandados vencidos, que son sus representa-dos, no habiendo recurrido los mismos, no puede este Tribunal de Alzada expedirse sobre los mismos, ni con-siderar el recurso de la parte accionante, toda vez que no sustenta agravio alguno.

V.- Las costas de esta instancia cabe imponerlas en atención a los vencimientos parciales y mutuos en el 50% a cargo de la actora y 50% a cargo de la demandada (conf. art.68, 69, 71 y cc. del CPCCh.). A los fines de la regulación de honorarios por los traba-jos realizados en la Alzada se tendrá en cuenta el re-sultado obtenido y la relación entre la gestión profe-sional y la probabilidad de efectiva satisfacción de la pretensión reclamada, siempre dentro de los porcentua-les previstos por el art. 14 del Dto-Ley 2200, modific. por ley 4.335).- Por ello, la Sala B de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en Comodoro Rivadavia, R E S U E L V E:

1).- Rechazar los recursos de apelación interpuestos, a fs.317, por la parte actora, y a fs.322 por la parte demandada, y en consecuencia confirmar la sentencia interlocutoria de fs. 315.

2).- Con costas de esta instancia co-rresponde en atención a los vencimientos parciales y mutuos en el 50% a cargo de la actora y 50% a cargo de la demandada (conf. art.68, 69, 71 y cc. del CPCCh.) Regúlanse los honorarios de los Dres. F. V. M. en el VEINTE POR CIENTO (20%) de lo regulado para la primera instancia y al Dr. G. A. C. en el VEINTE POR CIENTO 20% de lo regulado en la resolución de fs. 315 (arts. 6 a 9, 19, 22, 33, 39, 47 y cc. Dec.Let 2.200, modif.ley 4435).

3).- Hágase saber a la Secretaría del Juzgado de origen que deberá reservar los originales en la caja fuerte hasta tanto se cumpla con lo ordenado a fs.329.

4).- Regístrese, notifíquese, devuélva-se.- La presente sentencia es firmada por dos vocales de Cá-mara en virtud de encontrarse inhibida de actuar la Srta. Juez de Cámara Dra. Nélida Susana Melero y con-cordar en la solución del caso (artículos 1, 2, 3 y 5 de la Ley 4550, modif. de la Ley 1130).

Fdo: Marta Susana Reynoso de Roberts -Presidente-; Gra-ciela Mercedes García Blanco -Juez de Cámara-.- REGISTRADA BAJO EL N° 278 DEL AÑO 2004 DEL LIBRO DE SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS