marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Daños y perjuicios, responsabilidad de la Municipalidad, menor damnificado, responsabilidad de los directores de establecimientos educacionales
Materia: CIVIL
Carátula: ADAMO, GUILLERMO ANDRES Y OTRO c/ M.C.B.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-28

Demandados daños y perjuicios contra la Municipalidad, como consecuencia de los daños que sufriera el hijo de los accionantes, durante un recreo en la escuela sufriendo una hipoacusia profunda e irreversible en un oído, corresponde hacer lugar a la demanda si se encuentra probado el deficiente estado de la rejilla existente en el patio del colegio que motivara su caída.

Si bien la caída del menor también fue causada por un alumno, debe tenerse en cuenta que la pérdida del equilibrio fue ocasionada por el mal estado de la rejilla donde jugaban los niños, lo que evidencia una actitud imprudente por parte del titular del establecimiento, que encuadra el caso en la presunción sentada en la segunda parte del segundo párrafo del art. 1113 del Código Civil, sin que pueda aseverarse que el actuar culposo de un tercero -el alumno que lo empujó- cuya actuación conformó una concausa del accidente, pueda aventar dicha responsabilidad. El colegio es responsable en virtud de lo dispuesto por la norma citada, donde se establece que la obligación del que ha causado el daño se extiende a los daños que causaren los que tiene a su cuidado. Si se pretendiere hacer jugar la exoneración prevista por el art. 1117 del Código citado se debe ponderar que el mantenimiento de la escuela era deficiente, que se albergan en ella muchos alumnos, que se produjeron otros accidentes y que sólo dos maestros deben cuidar a los niños en el recreo y que de haberse adoptado las medidas correspondientes, el daño se hubiera evitado.
Intervención de terceros, intervención obligada, ejecución de sentencia
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: Ferro de Rocco, Luisa Carmen y otra c/ SEGBA s/ Cobro de Australes (Sumario)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-27

Esta Cámara ya ha tenido oportunidad de expresarse en reiteradas oportunidades sobre la procedencia y el alcance de la condena al tercero citado, entendiendo que corresponde incluirlo cuando reúne determinadas condiciones. Así se resolvió hacer lugar a la condena del tercero citada coactivamente en los términos del art. 94 del CPCC, cuando se dan condiciones tales como: que el citado comparezca a juicio; que conteste la demanda oponiéndose a las pretensiones del actor; que cuando proceda pida se cita en garantía a su asegurador, y en fin, realice toda otra actividad que permita inferir que ha ejercido con plenitud sus derechos constitucionales de ataque y defensa.
Pacto comisorio, condición resolutoria, resolución del contrato, precio, actualización monetaria, mora, constitución en mora
Materia: CIVIL
Carátula: SERGIO MONTENEGRO c/ ESTABLECIMIENTOS FIVE S. A. AGR. Y FOR. s/ DEMANDA.    RESOLUCION DE PROMESA DE VENTA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-28

Si el pacto comisorio produce en principio, con relación a las partes los efectos de la condición resolutoria, es decir que el contrato queda sin efecto retroactivamente, y las partes deben restituirse mutuamente lo que hubieran recibido como consecuencia de él (arg. artículos 543, 555, 1374, 2669, 2670 y sus concs.), cabe concluir que no se cumple con esa finalidad con la devolución del precio pagado revalorizado solamente a partir del momento en que quien ha dado lugar con su incumplimiento al ejercicio de la facultad resolutoria fue constituido en mora, en atención a la diferente aptitud adquisitiva de la moneda.
Procedimiento contencioso administrativo y tributario, competencia, competencia contencioso administrativa y tributaria, juicio político, facultades del Poder Legislativo, sesiones legislativas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ANTON ROBERTO ENRIQUE c/ LEGISLATURA DE C.A.B.A. s/ OTROS PROCESOS INCIDENTALES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-20

Es susceptible de control judicial la cuestión objeto de este juicio, consistente en determinar si el Poder Legislativo (Sala Juzgadora) ha actuado regularmente, es decir, con estricto apego a la Constitución, en el ejercicio de su competencia para actuar como tribunal de enjuiciamiento del Jefe de Gobierno (arts. 92 a 94, CCBA), El Poder Judicial no puede arrogarse funciones reservadas por la Constitución a los otros poderes del Estado, pero lo que sí debe hacer es ejercer la función judicial, esto es, la potestad de juzgar.

La cuestión traída a juicio en esta causa no escapa a esta regla, toda vez que -según lo dicho- la Constitución no establece excepción alguna. Asimismo, en tanto los actores aducen la violación palmariamente ilegítima y arbitraria del derecho de todo ciudadano a la publicidad de los actos de gobierno, prima facie se advierten reunidos los requisitos constitucionales y legales para la procedencia de la vía del amparo (arts. 43, CN; 14, CCBA, y 1, ley 16.986), circunstancia de la cual deriva la competencia de las instancias judiciales ordinarias (Del voto en disidencia del Dr. Carlos F. Balbín).
Defensa del consumidor, vicios, acción de responsabilidad, daños y perjuicios, daño punitivo, multa, seguros, automotores, asegurado, asegurador
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Sosnowski, Pablo c/ Caja de Seguros SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-03-10

1 - La multa prevista por la LDC 52 bis no constituye un daño sino una sanción que el juez impone en casos en que existe una actuación dolosa del demandado o una negligencia grave. En definitiva lo que se busca es castigar ciertos ilícitos calificados por su gravedad y no el daño en sí mismo (Pizarro, Ramón D., "Daños Punitivos", publicado en Derecho de daños, Kemelmajer de Carlucci (directora) y Palladera, Carlos (coordinador), pág. 292).

2 - Consecuentemente, tal imposición pecuniaria tiene una naturaleza claramente sancionatoria. Y en tal calidad su cuantía no estará limitada por el daño causado sino que incluso podrá superarlo, graduándose su monto con otros parámetros (conducta del infractor), como usualmente se aplica (Chamatropulos, D. "Estatuto del Consumidor Comentado", T. II, página 263/264; CNCom, Sala D, in re "Di Croce Nancy Karina c/ Caja de Seguros SA", del 28/02/19). 3 - En virtud de ello, la ley dispone que la multa deberá graduarse en función del hecho y demás circunstancias del caso, por lo que su cuantificación será necesariamente discrecional, debiendo el juez actuar con prudencia suma, de modo de no convertir la indemnización en un lucro.
Fuerzas Armadas, obediencia debida
Materia: PENAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Ramón Juan Alberto Camps y otros c/  s/ #TIPO_TRIBUNAL: CS c/  s/ #TIPO_TRIBUNAL: CS c/  s/ PODER EJECUTIVO NACIONAL s/ RECURSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-22

Cuando se trata de un mandato manifiestamente ilícito, el inferior que lo recibe no necesita gozar de poder de revisión alguno, toda vez que, al ser evidente su ilegitimidad, no hará falta que ejerza ningún examen para advertirla.
Constitución Nacional, libertad de prensa, derecho de réplica, Comunicaciones
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Petric, Domagoj Antonio c/ Diario Página 12.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-16

En nuestro texto constitucional la libertad de prensa es absoluta, no puede ser objeto de restricciones o reglamentaciones, y la finalidad de ese carácter absoluto no es la de tutelar a los propietarios de los medios de comunicación social sino a toda la sociedad, evitando los riesgos que genera su reglamentación (Disidencia del Dr. Augusto César Belluscio).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, relación de dependencia, prueba testimonial, testigo único, falta de prueba, trabajador autónomo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Lacroix, Maximiliano Alejandro c/ Agropecuaria Rafaela y otros s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-02-28

De la confrontación de los argumentos recursivos con la sentencia atacada, surge la mera discrepancia del compareciente con lo resuelto por la Cámara, que declaró nula la sentencia de baja instancia por considerar configurado el vicio de incongruencia y, de conformidad a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 114 del Código Procesal Laboral, consideró que cabía rechazar el reclamo indemnizatorio por cuanto del análisis de las constancias de la causa no surgía probada la invocada relación laboral entre las partes, ya que sólo se habían acreditado ciertas tareas de jardinería pero que éstas no podían ser utilizadas como prueba de una supuesta dependencia laboral por cuanto no habían sido alegadas por el actor ni siquiera de modo circunstancial, desde que el accionante pretendía valerse de los dichos de un único testigo, mientras otro de los testimonios no resultaba versosímil -por tratarse de un testigo de oídas- y en tanto las restantes declaraciones daban cuenta de que, para realizar aquella actividad, el propio demandante se había comprado las herramientas necesarias con las cuales era habitual verlo en la vía pública, lo que reforzaba la hipótesis de que realizaba esas labores aunque de modo autónomo. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Procesal Laboral de Santa Fe, artículo 114.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, concurso preventivo, verificación de créditos, incidente de revisión, trámites judiciales, junta de acreedores
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Méndez SA c/ Raul Alvarez SRL s/ Incidente de revisión. Quiebra. La cuestión a resolver es si resulta  necesaria la impugnación prevista por el artículo 36 de la ley   concursal para gozar de legitimación para promover el Recurso de   Revisión regulado por el artículo 38 (Expte. Nro. 5-88) -Tribunal pleno
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-12-27

No necesariamente la posibilidad de deducir el recurso de revisión depende de que previamente se hubiera llevado a cabo la correspondiente Junta de Acreedores. Tanto es así que doctrinaria y jurisprudencialmente se acepta, inclusive, tal posibilidad cuando media certeza de que no se celebrará la Junta de Acreedores (por ejemplo, por falta de presentación de propuesta de acuerdo preventivo). (Del Voto del Dr. Peyrano).
Transmisión del dominio, posesión de buena fe
Materia: CIVIL
Carátula: Barthe, Raúl Domingo y Otro. s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1998-06-29

Quien tomó posesión de un predio por medio de su abogado sin facultades especiales para tomar la posesión en representación de su cliente, pudo transmitir legítimamente la posesión a los actores mediante venta, antes de su anulación judicial, es decir, durante el período de validez de ese acto.
Abogados, aportes y contribuciones previsionales, CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA ABOGADOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, facultades reglamentarias, reglamentación de la ley, medidas cautelares, verosimilitud del derecho invocado, fallos del Superior Tribunal
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: SALIM, EDITH SUSANA Y OTROS c/ CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA ABOGADOS DE LA CABA s/ MEDIDA CAUTELAR
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-18

Este Tribunal resolvió -por mayoría- que frente a supuestos donde se plantearon pretensiones precautorias, solicitando la suspensión de la obligación de la presentación de la declaración jurada establecida en el artículo 62 de la Ley 1.181 y de la obligación contenida en el artículo 5º de la reglamentación de la Ley Nro. 1181 (Resolución 004-A-045), -similares a la deducida en esta causa-, aquélla no exhibía, prima facie, suficiente verosimilitud.

Esta Sala ha sostenido anteriormente que el peticionante de una medida cautelar no puede quedar relevado del deber de comprobación de la verosimilitud de su derecho, para lo cual habrá de arrimar los elementos idóneos para producir convicción en el tribunal acerca de la apariencia de certeza o credibilidad (in re, "Stagnaro, José c/ GCBA s/ impugnación actos administrativos", EXP 176/0; "Calabretta, Alejandro Antonio c/ G.C.B.A. y otros s/ amparo, Exp nº 8311/0; Martínez Botos, Raúl, Medidas cautelares, Universidad, Buenos Aires, 1996, pág. 41, y jurisprudencia allí citada); resultado que no se verifica en este caso.

La evaluación actual de la cuestión, a la luz de las consideraciones del fallo dictado por el Tribunal Superior de Justicia de esta Ciudad el día 18 de abril de 2007 en los autos: "Fornasari, Norberto Fabio c/ G.C.B.A y otros s/ amparo (art. 14 CCBA) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido" (Expte. nº 4911/06), conducen a concluir que no pueden tenerse por configurados los presupuestos de concesión de las medidas como las requeridas.
Impuesto sobre los ingresos brutos, determinación de impuestos, actividad comercial, hecho imponible, convenio multilateral, carga de la prueba
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: SENIPEX S.A. c/ GCBA s/ IMPUGNACION ACTOS ADMINISTRATIVOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-22

En el caso, corresponde revocar el pronunciamiento del Sr. Juez aquo y resolver respecto a la validez de la determinación impositiva practicada por la Dirección de Rentas del GCBA y por ende, la procedencia del cobro del impuesto sobre los ingresos brutos.

Pues bien, la pretensión de la actora de tributar los ingresos brutos producto de la actividad de inmobiliaria desarrollada en su integridad en la Ciudad de conformidad con las disposiciones del Convenio Multilateral no puede tener acogida. En efecto, resulta a todas luces evidente que la actividades de ganadería e inmobiliaria no pueden entenderse prima facie dentro de un proceso "único y económicamente inseparable", toda vez que, justamente en esos términos son manifiestamente separables e independientes.

Dada la clara independencia económica que hay entre las dos actividades realizadas por la actora (reiteramos: ganadería e inmobiliaria), es el contribuyente quien debe acreditar que su concreta realización implica, en los hechos un proceso económico único e inseparable.
Principios procesales, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: CASANA, OSCAR JUAN PABLO S/SUC. c/ COMPAÑIA DOLOSUR  S.A. s/ SIMULACION DEL ACTO JURIDICO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-22

La determinación de las normas jurídicas aplicables es propio de la función de juzgar con prescindencia de las manifestaciones de orden legal formuladas por las partes. Cada acción se identifica por el hecho que la origina y no por la designación que en forma incorrecta o insuficiente haya dado el accionante. Las normas que obligan a fallar conforme a las acciones sustentadas no obstan para la calificación judicial conforme al principio "iura novit curia", porque en definitiva esta facultad debe ejercitarse en función de otorgar plena eficacia a los postulados del adecuado servicio de justicia.
Monto de la indemnización, daños y perjuicios
Materia: PENAL
Carátula: BENITEZ MARIA ANGELICA c/ EDGARDO JAVIER SAVOY Y/U OTRA Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE s/ DAÑOS Y PERJUICIOS Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 2016-09-30

No obstante, es de público y notorio conocimiento el alto índice de inflación que aqueja desde hace tiempo a nuestro país, en especial en este último año. Ello repercute, claro está en todos los órdenes que hacen a nuestra economía, incluso los salarios. Un cálculo estimativo de a cuánto ascendería la indemnización a favor de la actora, sobre la base de los parámetros utilizados en primera instancia y si el accidente se produjera durante este mes de septiembre de 2016, nos arrojaría el siguiente resultado respecto de su vida útil: 14.583,21 x 13 x 9 x 30% = $ 511.870. Y en relación a su vida previsional: 5661 x 13 x 15 x 30% = $ 331.668. Es decir un total de $ 843.538.
Proceso penal, reconocimiento en rueda de personas, sana crítica racional, prueba testimonial, recurso de casación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Agüero, Walter José s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Víctor García en causa Nº 89/08 caratulada AGÜERO, Walter José p.s.a. Robo Agravado por el Uso de Arma de Fuego
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-02-10

Contra la sentencia que condenó al imputado como coautor penalmente responsable del delito de robo agravado por el uso de arma de fuego, cuya aptitud para el disparo no ha podido tenerse por acreditada, comparece el asistente técnico e interpone recurso de casación, invocando el motivo formal previsto en el art. 454 inciso 2 del C.P.P.

Corresponde analizar si el a quo efectivamente ha inobservado o aplicado erróneamente las reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas, como lo asevera el recurrente, y en su caso, si corresponde absolver al incoado en cuestión, conforme lo peticionado. Lo que puntualmente se discute aquí es la omisión de fundamentación en la que -a criterio del impetrante- incurrió el Tribunal al soslayar la selección y valoración de elementos de convicción decisivos para la decisión del caso.

Yerra el impugnante al afirmar que en el acto de reconocimiento en rueda de personas no se han cumplido las formalidades previstas en el art. 260 del C.P.P., puesto que el acta respectiva no sólo evidencia el cumplimiento de todos los recaudos legales (arts. 259, 260, 261 del C.P.P.), sino que, además, dicho acto procesal ha sido llevado a cabo en presencia de la defensa técnica del imputado, quien, a su vez, no formuló oportunamente oposición ni interpuso recurso alguno, lo cual implica que las partes han consentido libremente los efectos del acto, el cual se llevó a cabo en legal forma y con pleno respeto de los principios de contradicción y bilateralidad.

Tampoco se advierte cuáles son las contradicciones, aludidas por la defensa, existentes entre lo manifestado por los testigos, ya que el recurrente ha omitido señalar concretamente en qué consisten las mismas, exigencia requerida cuando lo que se pretende es justamente desestabilizar el fallo puesto en crisis.

Por lo expuesto, corresponde no hacer lugar al recurso de casación interpuesto.
Acción, habilitación de instancia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Rivera y García S.A. c/ Provincia de Buenos Aires (M.O.S.P.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-04-19

La circunstancia de haberse declarado por cuota firme en la oportunidad prevista por el art. 36 del Código de Procedimiento de lo Contencioso Administrativo la competencia del Tribunal y la procedencia prima facie de la acción por sus formas extrínsecas, no impide que ambas cuestiones puedan ser examinadas nuevamente en la medida que resulte necesario por aplicación del art. 24 del mencionado Código o por el replanteo que la demandada formule en torno a la procedencia formal de la pretensión, pues el límite debe encontrarse en la imposibilidad de asumir de oficio la cuestión en oportunidad de dictarse sentencia.
Delitos contra la humanidad, sentencia absolutoria, privación ilegal de la libertad calificada, torturas, sustracción de menores, médicos, sentencia arbitraria
Materia: PENAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por el Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal en la causa Bignone, Reynaldo Benito Antonio y otros c/  s/ sustracción de menores de 10 años (art. 146) - texto original del C.P. Ley 11.179
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-10-18

Es arbitraria la sentencia que absolvió a quien había sido acusado como autor de privación ilegal de la libertad agravada en concurso real con imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político del damnificado y con sustracción, retención y ocultamiento de un menor de diez años, en concurso ideal con hacer incierto su estado civil, pues las circunstancias de que existiera una estructura orgánica y funcional dispuesta para asegurar la ejecución de un plan sistemático de privación ilegal de la libertad de mujeres embarazadas y de apropiación de sus niños tras el parto y que aquél haya sido el superior de quienes realizaron tareas propias de esa ejecución, resultan suficientes para considerar que contribuyó a la configuración del curso de los acontecimientos, en tanto una conclusión opuesta importaría admitir que los médicos y el resto del personal que le respondían realizaban aquellas tareas en contra de su voluntad y de sus directivas, lo que carece de asidero. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-. El juez Rosenkrantz, en disidencia, consideró inadmisible el recurso extraordinario (art. 280 CPCCN).
Filiación, reconocimiento en sede judicial
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Romero, Daniela s/ Filiación
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-03-11

Es claro que a la luz de la novel preceptiva legal vigente -artículo 249, segundo párrafo del Código Civil, según Ley 23.264-, el interés moral que pueda motivar el reconocimiento filiatorio del hijo prefallecido como con singular acierto lo recuerdan Zannoni y Bossert "no ha de servir en ningún caso para atribuir expectativas patrimoniales de orden sucesorio" -cfr. en "Régimen legal de Filiación y Patria Potestad", Astrea, 1992, pág. 83 y Zannoni en su "Derecho Civil-Derecho de Familia", T.II pág. 331, Astrea, 1993.En dicha inteligencia recuérdese que el introducido artículo 3296 bis del Código de fondo establece que es indigno de suceder al hijo el padre o madre que no lo hubieren reconocido voluntariamente durante durante su minoridad, ratificando así el sentido ejemplar de la ley -idem en "Régimen legal de Filiación y Patria Potestad", pág. 83-.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, doctrina de la arbitrariedad, cuestión no constitucional, sentencia no firme
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: CYBULSKU DE MILANI, ELENA c/ DOS RUTAS SA s/ ORDINARIO     EXPTE NRO 481-86
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-08-21

El recurso de inconstitucionalidad interpuesto cumple con los requisitos estrictamente formales de la ley 7055. No obstante ello, no puede prosperar porque en el fondo, por la vía elegida se intenta abrir una tercera instancia, contrariando la naturaleza del recurso de inconstitucionalidad.
Revocación de sentencia, regulación de honorarios, perito ingeniero, principio de congruencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Consorcio Riobamba 1190 c/ Comercial Inmobiliaria y Financiera Cinag  S.A. s/ sumario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-07-02

Es descalificable la regulación de los honorarios del perito ingeniero, si el a quo incurrió en autocontradicción al afirmar que elevaba los emolumentos del experto, fijando su retribución en un monto que, medido a valores constantes, resultaba ostensiblemente inferior al establecido en el fallo de primera instancia.