marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Acción de amparo, prueba documental
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Rodríguez, María Cristina s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1999-03-09

Es inadmisible la acción de amparo intentado por una legisladora Provincial, fundado en que solicitó formalmente por escrito que se pusiera a su disposición en forma urgente, la totalidad de los escritos y elementos presentados ante la Unión Interparlamentaria Mundial, a fin de tomar conocimiento de los actos que cumplieran el Señor Gobernador de la Provincia y el Presidente de la Legislatura Provincial, en calidad de Funcionarios del Estado. Por el principio republicano de gobierno, toda la documentación debería estar disponible para cualquier ciudadano y, con más razón para un representante del pueblo; pero que hasta la fecha se le ha negado sistemáticamente toda información al respecto y tampoco la Dirección de Información Parlamentaria, que debería contar con dicha documentación, ha recibido nada, que la accionante no ha ofrecido prueba documental que demuestre, o pretenda hacerlo, que ha solicitado informes a los requeridos y estos le han sido denegados.

Desde ese miraje, si bien es verdad que tal como consagra el art. 19 de la Constitución Provincial la acción de amparo no puede estar sujeta a "formalidad alguna", es cierto también, que ello no implica que se puedan obviar aspectos básicos para su habilitación, cual sería la demostración del presunto agravio. Ello de acuerdo al art. 6 de la Ley 4297. Esta sola reflexión resulta suficiente para rechazar la acción intentada, aún cuando no podemos dejar de mencionar que tampoco resulta el presente el ámbito adecuado de debate de aquellas facultades políticas que asisten a la representante y que afirma han sido frustradas. En suma, es en el propio ámbito de desempeño de las funciones políticas donde la presentante puede hallar mecanismos acordes para la satisfacción de su pretensión, que desplazan a esta acción cartular, pese a no ser "recursos judiciales" de los referidos en el art.2 inc.1 de la Ley 4297, o la vía "judicial" pronta y eficaz del art.19 de la carta constitucional.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, defectos en la consideración de extremos conducentes, contrato de trabajo, despido
Materia: PROCESAL - LABORAL
Carátula: Crisóstomo, Juan Luis c/ Local 6  S.R.L. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-04

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que hizo lugar parcialmente a la demanda por cobro de la indemnización por despido, si omitió considerar los argumentos de la actora tendientes a modificar la base del cálculo de la indemnización.
Seguros, seguro de daños patrimoniales, seguro de automotores, privación del uso del automotor, responsabilidad del asegurador, mora
Materia: COMERCIAL
Carátula: MIRAGLIA, DANIEL c/ LIBERTAD  CIA  ARGENTINA DE SEGUROS SA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-22

La indemnización por privación del uso del automotor se justifica cuando se persigue al autor del hecho que provoca la no disponibilidad del vehículo, pero tratándose del reclamo a la aseguradora, cuya obligación es el pago de la suma asegurada, en caso de incumplimiento en tiempo oportuno, esta, además del capital asegurado deberá los daños e intereses que haya causado su morosidad, los que deberán ser probados, mas no la privación de uso del automotor provocada por un tercero por el que no debe responder.
Ministerio Público Fiscal, querellante, legitimación procesal
Materia: PENAL
Carátula: Britos, Ester c/  s/ sobreseimiento
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-09-03

La promoción de la acción por el Ministerio Público Fiscal no habilita al querellante a una persecución autónoma aun en defecto de actividad requirente de la fiscalía, puesto que la legitimación del querellante para recurrir el auto del juez de grado que sobreseyó al imputado, se agota con la apelación interpuesta y decidida por la Cámara, confirmando esa decisión. Ello es así porque la ley no concede al querellante poderes autónomos para la promoción del proceso, por lo que, asegurada la intervención del Ministerio Público en el trámite de la apelación, si éste no ha encontrado razón para poner en crisis el auto de sobreseimiento del juez de grado, y decidido declinar la posibilidad de intervenir en la audiencia del art. 454 CPPN, no hay modo de obtener la prosecución del proceso contra la posición de la fiscalía. El ímpetu del proceso por delito de acción pública por el sólo ímpetu de querellante, no sólo carece de base legal, y por ende afecta el art. 18 de la Constitución Nacional, sino que, además plantearía múltiples problemas sistémicos frente a un diseño procesal que ha sido concebido para ser impulsado con la intervención necesaria del Ministerio Público; cualquier decisión distinta implicaría sustituirse a la discreción ejercida por el Congreso de la Nación en la elaboración de ese sistema, en el marco de sus competencias constitucionales (voto del juez García).
Derecho de comerciar, explotación de un garaje, régimen de circulación de vehículos, ejercicio del derecho
Materia: CONSTITUCIONAL-CONTRAVENCIONAL-CIVIL
Carátula: Explotaciones Coloniales SRL y otros c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-09-19

El derecho a ejercer el comercio, la propiedad y la libertad de tránsito y circulación invocada por los demandantes, no revisten carácter absoluto y su goce puede ser disminuido por las normas que los reglamentan, sobre las que pesa el deber de no alterar el espíritu del derecho regulado y, en el caso, el sistema de restricción a la circulación de vehículos para la zona del microcentro que se ataca no impide el goce de los derechos mencionados sino que los limita. (Voto del Sr. Juez Luis F. Lozano, al que adhiere el Sr. Juez José O. Casás).
Concursos, acción revocatoria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Domingos, Jose s/Quiebra c/ Transportes Almirante Brown S.A. s/ Revocatoria concursal
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-12-21

El conocimiento del estado de cesación de pagos del deudor resulta innecesario al resultar aplicable el artículo 122 inciso 3º de la ley 19551 y no el artículo 123 del mismo ordenamiento legal.
Protección de la vivienda, ley nacional
Materia: CIVIL
Carátula: TORRENS JOSE WILLIAM c/ PAZ NESTOR ENRIQUE Y OTRO s/ COBRO DE DOLARES ESTADOUNIDENSES - CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-02-27

No existe falta de regulación interna de orden federal, que se adecue o correlacione a la protección de la vivienda, establecida por los pactos y tratados internacionales con jerarquía constitucional, ante la existencia de la Ley Nacional 14.394 que establece el régimen de bien de familia. Distinto sería el caso si dicha ley -aplicable en todo el territorio nacional- estuviera en abierta contradicción con los primeros. En efecto, conforme lo establecido por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, el cual nuestro País ha suscripto, y que fuera aprobado por la ley ratificatoria 19.965, no se puede oponer el derecho interno como causal para no aplicar los compromisos asumidos conforme el Derecho de Gentes (Art. 27 de la Convención). Dicha situación no se verifica respecto de la ley 14.394, la que se compadece en un todo con los lineamientos de las disposiciones supranacionales al respecto, y con el principio esgrimido por el art. 14 bis (de protección integral de la familia) de la Constitución Nacional
Poder Ejecutivo, Poder Judicial, revisión judicial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: D, R. O. s/ Lesiones graves. Recurso de inconstitucionalidad (Expte CSJ Nº   481-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-06-07

Si bien el ejercicio de la discrecionalidad reviste de inmunidad a los actos políticos o de gobierno, no sería el único fundamento, ya que no debe olvidarse la función esencial que ellos revisten para la vida estatal que, en definitiva, también es fundamento del principio que los declara substraídos al control y eventual anulación por autoridades distintas de las gubernativas a las que compete su emisión. Por otra parte estos actos se vinculan directa e inmediatamente con la Constitución.
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, daños y perjuicios, daño moral, Pacto de San José de Costa Rica
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Pouler, E. R. c/ Estado Nac. Ministerio de Justicia s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-08

Es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) el recurso extraordinario interpuesto contra la sentencia que revocó la que había hecho lugar a los daños y perjuicios en concepto de daño moral en virtud de lo dispuesto por el art. 10 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Disidencia de la Dra. Carmen M. Argibay).
Competencia del tribunal de casación, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Luera, José Ricardo Y Otros s/ Recurso De Casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-03-12

La Cámara de Casación Penal se encuentra facultada para controlar los elementos de prueba y revisar la determinación de los hechos, según la doctrina del Alto Tribunal establecida en el precedente Casal, con el límite natural a partir de la adopción del sistema de la oralidad. (del voto en disidencia parcial del Dr. Juan Carlos Gemignani)
Proceso judicial, acumulación de procesos
Materia: PROCESAL
Carátula: "Correo  Argentino  SA c/ EN  -Dto  1074/03 y 1075 /03- CNC RS8431/04 (Expte 449/04 s/ Proceso de Conocimiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-09-09

Conforme se desprende del art. 188 del C.P.C.C.N. el instituto de acumulación de procesos procederá siempre que la sentencia que haya de dictarse en un pleito "...pudiere producir efectos de cosa juzgada en otro". Es decir, se procura que, en aquellas causas que tienen entre si una vinculación jurídica sustancial o una conexidad jurídica evidente, sea un mismo juez el que conozca a fin de evitar resoluciones contradictorias (conf. Fenochietto, Eduardo-Arazi, Roland; Código Procesal Civil y Comercial de la Nación-Comentado y Concordado, Ed. Astrea 1993; t. I, pág 723) y en orden al principio de economia procesal (Conf. Fassi, Santiago; Código Procesal Civil y Comercial de la Nación-Comentado, Anotado y Concordado, Ed. Astrea 1978; t. I, pág. 517) (Cons. IV).
Recurso de casación penal, procedencia del recurso, interpretación de la ley, sentencia absolutoria, pena privativa de la libertad, cómputo de la pena, cuestión federal, sentencia arbitraria, debido proceso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Dillon y Paz, Celia Tomasa Teresita s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-26

Si bien el Código Procesal Penal de la Nación tiene previsto como límite objetivo para la facultad de recurrir en casación contra una sentencia absolutoria -de específica aplicación respecto de la parte querellante- que se haya solicitado una pena mayor a tres años de pena privativa de libertad (arts. 458, inc. 1°), y 460 del ordenamiento de rito), ya se ha considerado como excepción el caso en que el acusador invoque la violación de garantías sustanciales del debido proceso. Pese que al ministerio público no le asiste el derecho a esta instancia, este Tribunal se ve compelido a tratar su agravio por la alegación de cuestión federal, desde que la Corte lo ha emplazado como órgano intermedio para dicho tratamiento. En el caso de autos, la querella manifiesta que se ha configurado un supuesto de arbitrariedad de sentencia que importó una cuestión de orden constitucional, relativa al debido proceso y la defensa en juicio y que tutelan también a la parte acusadora -art. 18 de la C.N.-, y que habilita, a hacer excepción a la limitación prevista en el Código de rito a la facultad recursiva de esa parte. Por ello, y en la medida en que la parte querellante ha invocado en autos la violación a las formas sustanciales del debido proceso, corresponde en el caso hacer excepción al límite objetivo previsto por el artículo 458 , inc. 1°, del C.P.P.N. (Voto del Dr. Hornos, adhieren las Dras. Berraz de Vidal y Capolupo de Durañona y Vedia).
Liquidación, índices de actualización
Materia: CIVIL
Carátula: Bujan, Rodolfo Gumersindo c/ Siciliano, Roque y otro y-o quien resulte responsable s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-03-13

...si bien los índices tenidos en consideración para realizar las respectivas actualizaciones no deben fragmentarse o aplicarse en forma parcial, en casos particulares, por razones de equidad y teniendo en cuenta la variación excepcional de los coeficientes correspondientes a determinados meses cabe apartarse de la regla general y aplicar de manera proporcional dichos numerales.
Defensa en juicio, situación del imputado, declaración indagatoria, entrevista previa con el defensor, secreto del sumario, aplicación de la ley penal, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Dr. CASABAL ELIA s/ pedido de cotejo de los autos -rec. de queja- Causa nro. 13.011
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-25

Es de destacar que, acerca de la interacción entre los artículos 106 y 204 del C.P.P. ha dicho este Tribunal que "...de la interpretación aislada del artículo 204 y con preeminencia sobre otras normas pertinentes, surgiría en este cuerpo de leyes una reserva de las actuaciones para la defensa aún más estricta que el propio secreto sumarial, ya que de acuerdo a la jurisprudencia de esta Cámara al respecto, en tal ocasión se manda compatibilizar tal medida con el derecho de defensa debiendo facilitarse a la parte aquellas piezas que resulten imprescindibles para ejercer su ministerio sin perjudicar la reserva dispuesta...". En ese orden de cosas cabe poner de resalto que en el citado precedente también se sostuvo que "...no puede pasarse por alto que si se impidiera tal consulta de los actuados previa a la declaración indagatoria sin que se hubiera decretado por medio de una resolución fundada del juez el secreto en las actuaciones, se tornaría en letra muerta lo normado en el artículo 73. Ello así ya que de no poder contarse con aquellos elementos que hacen a la imputación que se le dirigen, mal puede alguien presentarse a aclarar los hechos e indicar aquellas pruebas que a su juicio puedan resultar útiles".
Competencia, resoluciones recurribles
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: N.N. s/ Art. 10 dec.ley 10067
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-03-25

Las decisiones adoptadas por los jueces de menores en materia asistencial, cuando son recurribles, lo son ante la Cámara de Apelación en lo Civil, en virtud de la mayor afinidad existente entre ambas materias. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de inconstitucionalidad, inadmisibilidad del recurso, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, BANCO HIPOTECARIO NACIONAL, crédito hipotecario, vivienda, bienes inembargables, leyes, interpretación de la ley, jurisprudencia no aplicable
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: Banca Nazionale del Lavoro S.A. c/ Abdala, Manuel s/ Recurso de inconstitucionalidad-Demanda ejecutiva (Expte. C.S.J.   Nro. 258 Año 2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-03-20

No traspasa el umbral de admisibilidad del recurso de inconstitucionalidad el planteo impugnativo del recurrente quien sostiene que el Sentenciante soslaya aplicar la disposiciones contempladas en los artículos 1 de la ley 15283 y 35 de la ley 22232, que establecen la inembargabilidad e inejecutabilidad de los inmuebles destinados a vivienda propia y construidos con préstamos del Banco Hipotecario Nacional, destacando, además, el carácter tuitivo de las normas invocadas y el interés social comprometido en la especie. Ello así, por cuanto el imputado apartamiento del derecho aplicable al caso se derrumba a poco de considerar que la Alzada cimienta su razonamiento en el hecho de que la operatoria bancaria efectuada por el ejecutado en modo alguno podía insertarse dentro del régimen contemplado por el artículo 35 de la ley 22232 y como consecuencia de lo dispuesto por el artículo 1 de la ley 15283. Así, el Órgano revisor sostuvo que la Mutual del Personal de la Junta Nacional de Granos en modo alguno encuadraba en la tipificación contenida en la última de las preceptivas enunciadas ("Las disposiciones establecidas para las operaciones de crédito real con garantía hipotecaria del Banco Hipotecario Nacional, en lo que se refiere a privilegios y ejecución especial, consignadas en la ley orgánica de dicha institución, como así las que se establezcan en el futuro al respecto, alcanzarán a los Bancos provinciales, oficiales o mixtos, que realicen operaciones similares"), y con especial énfasis, agregó que la contratación realizada por la accionada con la aludida mutual tampoco podía asimilarse a las "operaciones similares" que prescribe la norma, en el entendimiento de que, aun cuando en el marco de una interpretación histórica -no la contextual derivada del contrato de mutuo y la de compraventa-, pudiera inferirse que parte del préstamo fue destinado a la adquisición de la vivienda de los demandados (el precio de esa compraventa fue menos de la cuarta parte del mismo), no podría asimilarse esa "operatoria" a las celebradas por el Banco Hipotecario Nacional: ni el número de cuotas (35) ni los intereses (un punitorio del 5% mensual) presentaban la analogía requerida por el artículo 1 de la ley 15283. (Del Voto del Dr. Netri)
Acción, derecho subjetivo vulnerado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Rodriguez, Raúl c/ Municipalidad de Avellaneda s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-11-22

El conocimiento de la pretensión de nombramiento en un cargo administrativo es inadmisible en vía contencioso administrativa, en tanto no aparece expuesta norma alguna que reglamente una situación subjetiva que el particular invoque como configurada en su favor y que obligue a la autoridad administrativa a su cumplimiento sin ponderación discrecional.
Reglas de la sana crítica, dictamen pericial, denegatoria del recurso, prueba pericial, apreciación del juez
Materia: CIVIL
Carátula: Ysasi Enturion Romualdo Javier c/ Energia de Entre Rios y otra s/ sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2012-05-31

Aún cuando las reglas de la sana crítica permitan apartarse del dictamen pericial, para su desestimación se deben exponer las razones por las cuales se desatiende la opinión de los peritos explicando los defectos formales o carencia de fundamentos científicos, la fuerza de convicción de otras pruebas del proceso, o su falta de concordancia con las mismas, pues el apartamiento debe serlo basado en razones serias que explicadas a través de un análisis crítico, tanto de sus fundamentos como de sus conclusiones y de las demás pruebas sobre los mismos hechos, que lleve al Juez al convencimiento de que, o bien aquellos no aparecen suficientes o carecen de lógica o son contradictorios entre sí, o bien no existe la relación lógica indispensable entre esos fundamentos y tales conclusiones o éstas contrarían normas generales de la experiencia o hechos notorios u otras pruebas más convincentes o resultan absurdas o increíbles o dudosas por otros motivos.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia definitiva, recurso contencioso administrativo, recurso de nulidad
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: STRAPPA, CARLOS ROBERTO c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-04-09

En el sub lite debe considerarse satisfecho el recaudo de definitividad de sentencia, por los argumentos que desarrollé en el precedente "Banco Bansud SA", los que en honor de la brevedad doy aquí por reproducidos mutatis mutandi (Del voto del Dr. Erbetta) (Citas: CSJStaFe: Banco Bansud, AyS T 242, p 472/488)
Delitos contra la libertad, amenazas simples, competencia penal, remisión del expediente, competencia contravencional y de faltas
Materia: PROCESAL
Carátula: Incidente de competencia en autos Palavecino, Marcelo Gustavo c/  s/ Lesiones agravadas y amenazas s/ conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-14

Corresponde atribuir la competencia al Juzgado en lo Penal Contravencional y de Faltas si las actuaciones se iniciaron ante el fuero Nacional con el fin de investigar la posible comisión de los delitos de lesiones y amenazas simples. La Justicia Nacional negó que el hecho investigado encuadre en la figura de lesiones dolosas y, descartado dicho ilícito solo resta investigar el delito de amenazas simples (art 149 bis. párrafo 1°), el cual es de competencia de la justicia local. (Del voto de los jueces Marcela De Langhe, Inés M. Weinberg y Santiago Otamendi por remisión al dictamen fiscal. Voto al que adhiere la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de reposición (procesal), prueba confesional
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Pereyra Sánchez M. en j: Pereyra Sánchez en j: Lemos R. y R. Lemos en j. Delu C. c/ L.A. Gorosito s/ Regulación - Inconstitucionalidad (Libro: A021A-274) Corte en pleno
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1953-08-18

La resolución del juez que desestima un recurso de reposición deducido contra el decreto que admite la prueba de posiciones, no es atacable por recurso de inconstitucionalidad, pues lo resuelto es un problema de índole procesal.
Denegatoria del recurso, queja por casación denegada, sentencia condenatoria, juicio abreviado, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Luis Edgardo Ramos c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-12-13

Corresponde rechazar el recurso de queja por casación denegada deducido contra la sentencia condenatoria dictada mediante el trámite de juicio abreviado, si el agravio de la defensa en punto a que se había verificado una arbitraria valoración de la prueba, no se encuentra debidamente fundado para demostrar su procedencia. Ello es así, pues la defensa no emprende un examen crítico y puntual de los términos de ese capítulo y, en particular, no demuestra que los fundamentos expuestos en la sentencia de condena en relación con ese punto sean aparentes o insuficientes, en tanto el esfuerzo concreto de demostración es tanto más exigible frente a un dispositivo dictado a raíz de la conformidad prestada por el imputado, con la asistencia de su defensa, que al prestarla conocía la pretensión de la fiscalía en punto a la materialidad del hecho, la responsabilidad del imputado, la calificación legal aplicada y la pena a imponer (voto del juez Morin al que adhirió la jueza Llerena).
Empleados públicos, cesantía, reincorporación, remuneración, convenios colectivos de trabajo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: TORRESAN, ENRIQUE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO   CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 5-80
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-12-27

Determinada la ilegitimidad del acto impugnado, corresponde declarar procedente el recurso intentado y anular el mismo, y ordenar la reincorporación del agente bajo apercibimiento de pago de salarios hasta que se efectivice la reinstalación o el actor alcance las condiciones para jubilarse, ello de conformidad a lo establecido en el artículo 6 del convenio colectivo de trabajo Nro 36-75.