Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-04-06


SENTENCIA DEFINITIVA NÚMERO: Trece.- San Fernando del Valle de Catamarca, 06 de abril de 2009.- Y VISTOS:

Estos autos Corte N° 086/08: "VILLAGRÁN, Omar Osvaldo c/ MUNICIPALIDAD DE FIAMBALÁ - s/ Acción de Amparo por Mora en la Administración", llamándose autos para Sentencia a fs.24 vta..- En este estado el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1º) ¿Es procedente la acción de amparo por mora interpuesta?. En su caso ¿Qué pronunciamiento corresponde? 2º) Costas. Practicado el sorteo correspondiente, conforme al acta obrante a fs.25, dio el siguiente orden de votación: Ministros: Dres. José Ricardo CÁCERES, Luis Raúl CIPPITELLI y Amelia del Valle SESTO de LEIVA . A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cáceres dijo:

Que a fs. 08, comparece el actor Sr. Omar Osvaldo Villagrán, por intermedio de letrado patrocinante, incoando acción de amparo por mora de la administración en contra de la Municipalidad de Fiambalá, ante la omisión de resolver sobre el Recurso de Reconsideración y el de Apelación que se dedujeran en contra de la Resolución Interna Nº1223/07 de fecha 28/12/07 por la que se le impuso una sanción disciplinaria de 5 días de suspensión sin goce de haberes. Aduce que el recurso de reconsideración se dedujo el día 14/01/08, luego el de apelación el día 29/01/08, y finalmente el día 14/04/08 presenta pronto despacho, sin obtener a la fecha ninguna respuesta. Señala que el tiempo transcurrido sin haberse resuelto el pedido de nulidad de la sanción aplicada, lo llevan a deducir la presente acción. A fs. 12, la Corte de Justicia resuelve declarar prima facie su jurisdicción y competencia para entender en la presente causa, y ordena se oficie a la Municipalidad de Fiambalá para que remita las actuaciones administrativas relacionadas con la Resolución Nº 1223/07, e informe acerca de los antecedentes del caso. A fs. 23/24, la demandada por intermedio de apoderado, presenta el informe requerido, en el cual manifiesta que el administrado debía haber considerado que se le agotó la vía administrativa quedándole expedita la vía contencioso, más aún luego del pronto despacho no contestado le quedó otra situación jurídica subjetiva de acto denegatorio por silencio, afirma de ese modo que la pretensión tiene que canalizarse por la vía que corresponde, no presentándose en el caso los presupuestos del amparo por mora. Quedando la causa en condiciones de ser resuelta, he de considerar en primer término la naturaleza de la pretensión que se ventila, toda vez que la finalidad del amparo por mora, es lograr el pronto despacho de las actuaciones administrativas que se estiman demoradas.

Que este Alto Cuerpo en reiteradas oportunidades ha sostenido, que "el amparo por mora de la administración es una protección referida exclusivamente al ritmo y atención que la esfera administrativa general debe poner en las actuaciones escritas que tramite, cuya naturaleza jurídica la ubica dentro del campo protector del Art.43 de la Constitución Nacional y forma parte de la garantía instrumental de dicho artículo. Que ello se conecta con el derecho subjetivo de peticionar a las autoridades, consagrado por el Art.14 de la C.N., el que se complementa con el Art.33 de dicho plexo legal, que así la administración no tiene la facultad de mantenerse en silencio ante la petición del administrado, sino que, por el contrario está sometida al deber de pronunciarse, de allí que el amparo por mora no tenga plazo de caducidad, es expedito, es decir sin condicionamientos y rápido. El amparo, afirma la doctrina, se aplica a cualquier pedimento formal en sede administrativa cuya resolución sufra dilación excesiva, pues para ser admitido requiere que se configure el estado objetivo de mora, siempre que el procedimiento administrativo mantenga vigencia. (Rivas, "El Amparo", p.679"). En orden a lo expresado y ante una situación concreta de mora administrativa, entendida como la inactividad formal de la administración, simple no contestación a una petición de los particulares, es dable consignar que la legislación nacional prevé tres técnicas de control a elección del administrado: "el reclamo en queja ante el superior (Art.71 RLNPA), el silencio administrativo (Art.10 LNPA) y la acción de amparo por mora de la administración (Art.28 LNPA). Interesa señalar que en dicho ordenamiento, ante la elección de una de las vías, no es posible luego intentar la alternativa. En consecuencia, interpuesto el pronto despacho del Art.10 de la LNPA, no se podrá articular la reclamación en queja ni la acción de amparo por mora. Sin embargo, no funciona a la inversa, iniciado un amparo por mora, siempre puede desistírselo e intentar la vía del silencio".

Que en el derecho público provincial, el Art.25 de la Ley de Procedimientos Administrativos, al tratar sobre el acto administrativo en general, en su segunda parte consigna: que "El silencio de por sí, es tan solo una conducta administrativa inexpresiva, únicamente cuando el orden normativo expresamente dispone que ante el silencio del Órgano, transcurrido cierto plazo, se considerará que la petición ha sido denegada o aceptada, el silencio vale como acto administrativo". De ello se sigue, que no existe acto, sino que la técnica del silencio está instrumentada para favorecer a los administrados, o dicho de otro modo, constituye una presunción legal establecida a favor de los particulares, de la que no puede prevalerse la administración para eximirse de su deber de pronunciarse ni puede escudarse en tal dispositivo para no dictar resolución expresa, sino que es precisamente el administrado quien le asigna sentido, no pudiendo suplirse su voluntad a los fines que ulteriormente persiga, ni tal sentido puede oficiosamente serle asignado para tener por configurados actos inexistentes". De allí, que la Administración no puede escudarse en el silencio, aduciendo que ya decidió la cuestión de esa forma. El silencio no es más que una ficción legal que, cuando el ordenamiento jurídico lo prevé, juega como negativa tácita otorgada a favor del administrado, del que nace un derecho subjetivo y correlativamente la obligación de la Administración de resolver en forma expresa las peticiones efectuadas por parte interesada en un expediente administrativo. En tal sentido "el mecanismo que ha puesto el orden jurídico a disposición del administrado para el ejercicio de este derecho, en cuanto puede solicitar un pronunciamiento expreso de la administración, es precisamente el amparo por mora", "...una vez demostrada la ausencia de respuesta administrativa, recién entonces queda a disposición del afectado la vía del amparo general, aún cuando el mismo sólo tuviera por objeto la orden judicial de "pronto despacho, para la cual no es obviamente exigible el previo agotamiento de las vías administrativas". (Conf: LL.1994-3, 716; en igual sentido: JA Rep.Gral. 1997-344; Los Tribunales Cordobeses analizando la ley local: LLC, 2000-466; La Corte de la Provincia de Salta en LLONA, 1998-306). Pues, "la decisión final de éste no puede ser otra que "despache la Administración las actuaciones en forma expresa" Hutchinson, Tomás (Ley Nacional de Procedimientos Administrativos", T.1, p.511). No siendo admisible que la administración se ampare en el silencio, pretendiendo que decidió el asunto en esa forma. (Barra, Rodolfo Carlos, "Defensas del administrado ante la mora en la decisión administrativa. Una feliz corrección a la doctrina "Dinet" en ED-74-222; Linares, "Sistema de recursos y reclamos", p.37; Carranza Torres Luis R., "Práctica del Amparo", p.109; Sagües, Néstor Pedro, "Derecho Procesal Constitucional-Acción de Amparo", T. 3, p. 599/600)". En sentido concordante, puede verse como los distintos Tribunales Superiores de Provincia, han resuelto que: "Corresponde hacer lugar a la acción de amparo por mora interpuesta por el administrado contra la omisión de la administración en resolver las peticiones dentro de los términos legales y ante una demora excesiva y perjudicial para sus derechos, aún cuando el expediente o procedimiento administrativo no se encuentre en estado de ser resuelto, toda vez que sea exclusivamente la conducta omisiva y consecuentemente morosa de la administración a la que se pretende poner un límite por esta vía -en el caso, el administrado interpuso el amparo por mora luego de haber solicitado pronto despacho, habiendo vencido los plazos del Art. 160 de la Ley 3909 y transcurridos más de dos años desde la primera presentación del reclamo- (LLGran Cuyo, 2003-424). En igual sentido, el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, sostuvo que: "La conducta lesiva que da lugar a la acción de amparo por mora de la administración, consiste en una omisión en la actividad de un órgano del Estado en ejercicio de la función administrativa de emitir decisión definitiva expresa, última o no, frente a peticiones en general o a recursos del interesado" (LLC, 2000-44). En consecuencia, y atento a las constancias de autos, cabe inferir que el administrado en esta causa no ha optado por asignarle sentido al silencio administrativo agotando así la vía que habilite la instancia jurisdiccional a fin de deducir las acciones contencioso administrativas que pudiera tener a su disposición; sino que ha optado por otro procedimiento que le brinda el ordenamiento jurídico, como es la acción de amparo por mora de la administración, que conforme se reseñara reviste características perfectamente diferenciadas. (CJCatamarca-24/09/2008 en autos "Perdigon, Olga Elena c. Dirección de Medicina Asistencial y/o Ministerio de Salud de la Provincia"). En tal sentido deben entenderse encaminadas las sucesivas peticiones del accionante tendientes a lograr un pronunciamiento expreso de la administración, sin que a la fecha de interposición de la demanda -ocurrido esto el día 04/05/08-, y de la presentación del informe a cargo de la accionada el día 18/12/08, medie decisión alguna. Que ante ello, debe tenerse por configurada una situación objetiva de mora administrativa en cumplir el deber concreto de emitir resolución acerca de lo requerido por el recurrente, por lo que debe ordenarse el pronto despacho de las actuaciones administrativas, en el plazo de diez días hábiles conf. Art. 13, inc. e) de la ley de rito, todo ello de conformidad a lo establecido por los Arts. 2, 10 y concordantes de la Ley 4795. Así voto. A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cippitelli dijo:

Comparto en un todo las consideraciones formuladas por el Sr. Ministro que inaugura el acto y adhiero a la solución final propuesta, por lo que me pronuncio en idéntico sentido. A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Que examinada la causa en estudio y compartiendo el criterio y el alcance del análisis efectuado por el Sr. Ministro, Dr. Cáceres, me inclinan a la adhesión de su razonamiento y resolución, votando en igual sentido. Así voto. A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cáceres dijo:

Con costas a la demandada que resulta vencida, Art. 14 de la Ley 4795. A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cippitelli dijo:

Que una vez más, adhiero a las conclusiones expuestas por el Sr. Ministro preopinante, para la solución de la presente cuestión, votando en igual sentido. A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Que adhiero a la conclusión expuesta por el Sr. Ministro, Dr. Cáceres, votando en igual sentido. Por todo ello y por unanimidad de votos LA CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA RESUELVE:

1) Hacer lugar a la acción de amparo por mora de la administración, respecto de la Resolución Interna N°1223/07, ordenando el pronto despacho de las actuaciones administrativas en el plazo de DIEZ (10) días hábiles, a contar desde la notificación de la presente, bajo los apercibimientos contemplados en el Art. 13, inc. e) de la Ley 4795. 2) Imponer las costas a la accionada que resulta vencida. 3) Protocolícese, hágase saber y firme que sea la presente archívense. Fdo: Dres. Luis Raúl Cippitelli (Presidente), Amelia del Valle Sesto de Leiva (Ministro), José Ricardo Cáceres (Ministro) y Esc. Elsa Lucrecia Arce (Secretaria - Corte de Justicia).