Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-09-01


SENT Nro. 642 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 01 DE SEPTIEMBRE de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, René Mario Goane y Alfredo Carlos Dato, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "Rodríguez del Sueldo, Carlos Aurelio y otros vs. Gobierno de la Provincia de Tucumán s/Contencioso Administrativo".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores René Mario Goane, Alfredo Carlos Dato y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

I.- La parte actora, a fs. 1033/1041 vta., plantea recurso de casación contra la sentencia Nº 80 dictada por la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala II, de fecha 18 de abril de 2002, obrante a fs. 1022/1027 vta. de autos, que es concedido mediante resolución del referido tribunal del 14-8-2002 (cfr. fs. 1049 y vta.), habiéndose dado cumplimiento con el traslado previsto por el artículo 816, in fine, del CPCC, de aplicación supletoria al fuero por expreso mandato del artículo 89 del CPA.

II.- Sostienen los recurrentes, en un primer orden de agravios vinculados a lo que denominan "Infracciones a la norma de derecho sustantivo" (cfr. fs. 1034 vta.), que el fallo ha realizado una incorrecta interpretación del artículo 1º de la Ley Nº 4786.

En esta dirección manifiestan que la referida norma no ha creado un adicional especial, en los términos de los artículos 143 y siguientes de la Ley Nº 3823, y tampoco se orienta al abono de tareas especiales.

Resaltan que el primer criterio de interpretación lo provee la conducta de la propia administración demandada, esbozando a fs. 1035 de autos los motivos por los cuales estiman que dicho comportamiento vendría a avalar su posición.

Aseveran que la interpretación de la sentencia de acotarla a los casos de desempeño de tareas especiales se aparta del texto expreso del precepto, generando un factor de operatividad que no es dable hallarlo en la propia literatura de la ley, la que no exige más recaudos que la efectiva prestación habitual de servicios nocturnos; extremo éste que no es asimilable a las tareas especiales que se requieren como condición de procedencia del reclamo.

Señalan que también existe en ello autocontradicción porque, por un lado, se considera que el adicional sólo debe remunerar servicios especiales y, por el otro, se alude a que es presupuesto de su pago la habitualidad de los servicios nocturnos. Pareciera ser, dicen, que en la primera interpretación solamente quedan aprehendidos por la norma aquellos servicios que, por su especialidad, están más cerca de lo excepcional o de lo extraordinario, no obstante haberse valorado, en punto a lo que a la habitualidad concierne, que lo ordinario o extraordinario de la prestación nocturna debe ponderarse atendiendo al modo cómo se desarrollaron las prestaciones dentro del mes.

Aducen que de acuerdo a la hermenéutica adoptada por el pronunciamiento, jamás nadie tendría derecho al cobro de la acreencia, desde que es materialmente imposible compatibilizar la habitualidad de las tareas nocturnas con la calidad especial o extraordinarias de las mismas; agregan que sólo podría conjeturarse como comprendido en la hipótesis legal, según la interpretación de la Excma. Cámara, el policía que casi a diario y en horas de la noche, participara de balaceras o en la directa represión del delito.

Arguyen que, contrariamente a lo sostenido por el sentenciante, la ley no contiene discriminación o exclusión alguna, ni tampoco delimitación referente a grupos o sectores, siendo que el enunciado legal es vasto y generoso, dejando aprehendido a todo el personal policial, sin más exigencias que la realización habitual de tareas en horario nocturno. Enfatizan que si se observa el título III (sueldos y asignaciones) de la Ley Nº 3823 (artículos 143/145), se nota que se discierne el "riesgo profesional" a los cuerpos de seguridad y técnico; la "dedicación especial" a los de seguridad, profesional y técnico, y la "responsabilidad funcional" a los de seguridad, profesional y técnico; mientras que esa delimitación subjetiva no se aprecia con relación al adicional de la Ley Nº 4786, por lo que se trata de un suplemento general y no particular.

En cuanto a lo que conceptúan como "Infracciones a las normas de derecho adjetivo" (cfr. fs. 1037 vta.), tachan a la sentencia de arbitraria, imputándole haberse apartado indebidamente de los principios de la sana crítica. Destacan que se objeta por genéricas las conclusiones de la pericial contable y de la prueba de informes de la policía, sin advertir que dicha información pericial y documental no daba lugar a excepciones o a la necesidad de particularizar situaciones en las que los actores no hubieran cumplido su trabajo en horario nocturno. En su perspectiva, se habría producido una alteración en la lógica del razonamiento sentencial, porque lo que parece reclamarles es que acrediten las oportunidades en que no se prestó servicio nocturno, para recién concluir cuándo los desempeñó.

Afirman que no ha mediado en el caso cuestionamiento alguno por parte del tribunal a la competencia del perito, que no existió ninguna objeción de la demandada a la información suministrada por éste con relación a la efectiva prestación de servicios nocturnos y la extensión temporal de los mismos, y que la sentencia recurrida lejos está de conformar el facultamiento del artículo 360, segunda parte, del CPCC, que autoriza al juez a apartarse de las conclusiones periciales puesto que, lo que la norma le demanda, es que se expresen los fundamentos de su convicción, y en autos el reproche de genérico no solamente es infundado, sino que es inadmisiblemente discrecional por encontrarse contradicho por las constancias de la causa. Asimismo, precisan que tampoco se verificó impugnación con relación a los informes que proporcionara la policía, que forman parte del expediente 295/76, llevado sin objeciones, de tal suerte que al tratarse de un instrumento público tiene valor de prueba en juicio, y para apartarse de sus conclusiones no es suficiente un desconocimiento genérico de su contenido, sino que deben especificarse sus fallas, suministrando pruebas de ellas, todo conforme a la jurisprudencia que citan.

Alegan que el fallo patentiza una fundamentación sólo aparente que no satisface a los artículos 28 de la Constitución de la provincia y 33 del CPCC, que se hace presente cuando se asevera que las acreditaciones de la causa no alcanzan a especificar circunstanciadamente respecto de cada uno de los actores, el modo y frecuencia con que habrían desarrollado las tareas invocadas, pues ello está en franca contradicción, fundamentalmente, con las constancias de la pericial contable e informativa de la policía, lo que importa una verdadera omisión de ponderar prueba relevante.

Finalmente, por las razones que esgrimen a fs. 1040 vta./ 1041 de su escrito recursivo, se agravian de la imposición de costas a su cargo resuelto en la instancia de grado.

III.- Siendo inherente a la competencia funcional de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo de esta Corte, como tribunal del recurso casatorio, la de revisar si ha sido correctamente concedido, la primera cuestión a examinar es la relativa a la admisibilidad del acto impugnativo extraordinario local.

Ha sido interpuesto en término, conforme surge de lo actuado a fs. 1028/1029 vta. y del cargo actuarial inserto a fs. 1041 vta.; el acto judicial impugnado constituye una sentencia definitiva; se dio cumplimiento con el depósito que exige la ley del rito (cfr. fs. 1032); el escrito recursivo se basta a sí mismo en cuanto a sus fundamentos fácticos y jurídicos y propone doctrinas legales, y la impugnación recursiva se motiva en la invocación de infracción a normas de derecho. En cuanto a este tema, cabe destacar que es doctrina reiterada de este Tribunal que en principio la imposición de costas es una cuestión de hecho librada al prudente arbitrio de los jueces de grado, y que sólo es posible revisar en casación cuando en ese juicio se hubiera incurrido en arbitrariedad manifiesta o violación de los principios de la lógica (cfr. sentencias números 68, del 17-3-95; 721, del 17-9-97; 262, del 17-4-2000, entre muchas otras). Y justamente, al configurarse en autos esta última situación, y por todo lo considerado, juzgo admisible al presente recurso; voto porque así se declare.

IV.1.- Preliminarmente, interesa poner de relieve que el fallo impugnado se encuentra suficientemente motivado, según se infiere claramente de su simple lectura, no obstante que por fundamentos parcialmente distintos, en este voto, se arribe al mismo resultado desestimatorio de las pretensiones de los accionantes, conforme se verá infra. Es del caso recordar que, de acuerdo al principio iura novit curia, el juez actúa con total independencia en punto al conocimiento y determinación del derecho aplicable, y la correcta interpretación, alcance o sentido que es dable atribuir a las normas en juego en el conflicto a resolver. Así pues, los magistrados no sólo pueden, sino que deben interpretar las normas como presupuesto de su aplicación a los litigantes, siendo ello algo que les corresponde por antonomasia, y que deben concretar conforme a su recto criterio jurídico.

Del contenido del escrito casatorio se desprende que los agraviados controvierten la interpretación que efectuara el tribunal de grado de la Ley Nº 4786. Por consiguiente, constituye una cuestión de derecho esencial a resolver en esta instancia, la relativa a la determinación del correcto sentido y alcance del artículo 1º de la mencionada ley. Dicha norma establece, ".. a partir del 1 de marzo de 1977, un incremento por riesgo nocturno del 10% sobre la asignación del grado para el personal policial que realice habitualmente tareas en horario nocturno".

Teniendo en cuenta el texto de este precepto, considero correcta la interpretación del acto jurisdiccional en crisis en cuanto señala que, en el sub lite, se está en presencia de un beneficio especial que no alcanza a todo el personal policial por los riesgos propios que por su naturaleza tiene la función, por cuanto esta situación se encuentra aprehendida en el artículo 143, inciso 1º de la Ley Nº 3823, que consagra con alcance general un adicional o suplemento por "Riesgo Profesional, para todo el personal policial"; y que la Ley Nº 4786 agrega un nuevo elemento o factor riesgo (repárese en las expresiones de la ley que aluden a un incremento por "riesgo" nocturno) que se configura a partir de que las tareas se cumplan de manera habitual en horario nocturno. También reputo adecuado el razonamiento que el cumplimiento de este requisito debe efectuarse dentro de un marco referencial mensual, y que no es la mera disponibilidad del agente la que habilita la percepción del beneficio, sino la efectiva prestación del servicio durante las horas de la noche.

Sobre el particular, los recurrentes cuestionan lo que piensan ha sido la posición sustancial del tribunal -formulada a propósito del tratamiento de los informes que dan cuenta del desempeño de las funciones bajo la modalidad de 24 horas de trabajo por 48 horas de descanso-, de exigir que las tareas cumplidas por el personal, con habitualidad y en horario nocturno, hayan sido "especiales", por tratarse de un adicional especial. A criterio de los accionantes, tal hermenéutica de la norma contraría expresamente su texto al imponer un requisito que no surge del mismo, deviene contradictoria e incongruente, y conduce al resultado de tornar prácticamente inaplicable sus prescripciones.

A mi modo de ver, la pretensión de los impugnantes de revertir la decisión de la Excma. Cámara mediante la referida argumentación no puede ser acogida, pero por las siguientes razones.

En efecto; es del caso puntualizar que la habitualidad en el desempeño de tareas nocturnas es, de acuerdo a la norma de marras, uno de los requisitos esenciales a los que se subordina la procedencia del incremento por riesgo nocturno.

Expresan los actores que dicha exigencia debe estimarse cumplida por la circunstancia de haber desempeñado funciones con la modalidad de 24:00 por 48:00 horas, lo que vendría a acreditar la habitualidad con que se desarrolló el trabajo en horario nocturno, puesto que tal modalidad necesariamente abarca el horario de 21:00 a 6:00 horas. de la mañana. Sin embargo, a mi juicio, la prestación funcional ejercida en la forma indicada, que supone en el mejor de los casos no más de 10 días de trabajo en el mes, no se condice con la habitualidad exigida en el artículo 1º de la Ley Nº 4786.

En este orden de ideas, no debe perderse de vista que constituye un elemento del que no cabe prescindir a la hora de precisar el adecuado sentido y alcance del precitado dispositivo, que la Ley Nº 3823, en el inciso 1º de su artículo 143, hubiera previsto de manera omnicomprensiva, con alcance a todo el personal policial, lo que da en llamar suplemento general por riesgo profesional. O dicho de otra forma, como el riesgo profesional que en sí mismo entraña el desempeño de la función policial ya es objeto de retribución por medio de un adicional que lo contempla y que se aplica a todo el personal policial por el sólo hecho de serlo, resulta razonable entender que fue intención del legislador extremar los recaudos en la apreciación y conceptualización de los presupuestos fácticos que dan sustento al nacimiento de otro adicional, fundado también en la idea de riesgo, que fue concebido como de naturaleza especial, no general ni ordinario, atento a aquella circunstancia y a que es la habitualidad en la prestación nocturna la que genera el derecho al incremento. O sea, que dicha característica de la prestación funcional se erige en nota que cualifica al riesgo profesional mentado en el artículo 143, inciso 1º, de la Ley Nº 3823.

Por tales motivos, debe desecharse que con este criterio se esté desconociendo que el beneficio pueda alcanzar a cualquier personal policial -ni el fallo recurrido tampoco lo desconoció, conforme claramente se colige del II parágrafo del considerando-, esto es, que exista discriminación con respecto a cuerpos, escalafones, grupos o sectores del personal de la policía, como lo postulan erradamente los demandantes, ya que la especialidad del beneficio se construye, según se vio, sobre pautas diferentes, sin perjuicio de que tampoco en la letra de los artículos 143/145 de la Ley Nº 3823 -modificada por la Ley Nº 4703- se encuentren plasmadas las delimitaciones subjetivas que enuncian los recurrentes a fs. 1036 vta. de autos.

En mérito a lo hasta aquí expuesto, mal puede concebirse que el requisito de habitualidad de las tareas en horario nocturno se encuentre satisfecho, cuando las mismas se desarrollan bajo una modalidad que se traduce, en el mejor de los casos, en no más de 10 días de trabajo nocturno efectivo al mes.

Más lógico es inteligir que el derecho al adicional en examen para el personal policial se deriva del desempeño de funciones que se cumplen, en lo que se califique como horario nocturno, de manera más continuada -y no con las intermitencias a que da lugar el régimen laboral de 24:00 por 48:00 horas-, durante una parte más sustancial o más extensa de cada semana y mes.

En mi opinión, es solamente ante la presencia de estas condiciones en que el riesgo propio de la función policial, deja de estar receptado y retribuido por el suplemento general del artículo 143, inciso 1º, de la Ley Nº 3823 -en donde también se incluye el riesgo nocturno-, para pasar a ser aprehendido por la situación de riesgo a que refiere la Ley Nº 4786. O en otras palabras, el trabajar en horario nocturno supone una situación de riesgo que también se encuentra comprendida en el adicional regulado en la primera de las normas citadas; pero cuando dicho desempeño nocturno adquiere las característica señalada (habitualidad), es la otra norma la que cobra vigencia y aplicación en el caso. Es que, en definitiva, no guarda la suficiente razonabilidad extender el beneficio en examen al personal policial que sólo cumple sus funciones durante la noche en no más de 10 días al mes, pero sí lo es atribuirlo a quien desempeñó tareas en horario nocturno en forma continua durante una parte significativa de cada semana y mes.

Considero que tal es el resultado a que conduce una interpretación lógica sistemática de los textos legales implicados, y que ése fue el fin de la ley, que así concebido, representa una solución justa.

Concordantemente se ha expresado que "...el resultado de la interpretación es un elemento de la hermenéutica de enorme valor. No se trata, desde luego, de definir siempre la inteligencia de la norma por el mejor resultado que espera obtener de ella el intérprete, pues en ocasiones esa finalidad no será compatible con la verdad de la norma. Sin duda no se podrá hacer cuestión so pretexto del buen resultado para impostar a la norma jurídica una significación que ella no consiente, lo que sería una suerte de hipocresía jurídica que provocaría, por la violación del derecho, un mayor mal no compensado por el resultado esperado de esa falsía. Tampoco en derecho el fin justifica los medios. Pero en cambio, cuando legítimamente sea dable extraer de la norma dos o más significaciones, entonces sí será ineludible optar por la interpretación que reporte el mejor resultado, o sea el más justo y conforme con las exigencias de la materia social sometida al imperio de la norma en discusión" (Llambías, Jorge Joaquín: "Tratado de Derecho Civil", T° I págs. 105/106. Idem, Borda, Guillermo A.: "Tratado de Derecho Civil", Parte General, T° I pág. 197).

Asimismo, se ha dicho que es un principio de recta interpretación, que los textos legales, a los efectos de establecer su sentido y alcance, no deben ser considerados aisladamente sino correlacionándolos con los que disciplinan la misma materia (CSJN, JA, 1959-I-615); y que la interpretación de las leyes debe practicarse teniendo en cuenta el contexto general en ellas y los fines que las informan (CSJN, ED 50-304; 51-351).

De otra parte, tampoco se advierte la arbitrariedad fáctica que pregonan los recurrentes y que sustentan en la violación de los principios que rigen la sana crítica, desde el momento que, tal como lo puntualizara la Sala a quo, las conclusiones de la perito contable devienen genéricas e imprecisas al limitarse a sostener que los acreedores prestaron servicios en horario nocturno y que el pago se efectuó conforme a la mencionada ley (cfr. fs. 722 y 870 y vta.). Así, es de suma evidencia que tales conceptos lejos están de acreditar una prestación de servicios con la característica que se requiere y a la que se encuentra sujeta la procedencia del pago del adicional especial; mucho más aún, cuando surge de las constancias de autos y los mismos recurrentes lo reconocen y alegan (cfr. fs. 1034 y 1038), que durante el período reclamado las tareas se desarrollaron bajo la modalidad de 24:00 por 48:00 horas, lo que ya fue objeto de análisis.

Del mismo modo, el hecho que se abonara el beneficio hasta el año 1979, o la afirmación de la CPN Mirta Susana Masmut que al producirse la suspensión del pago no hubo cambio en el régimen de trabajo de los actores, también constituyen circunstancias totalmente irrelevantes e inidóneas a los efectos de probar, con relación a cada uno de ellos, la concurrencia en el caso y para el mismo período, de los presupuestos de hecho de marras. No es la conducta o comportamiento de la Provincia de Tucumán -cualquiera haya sido éste-, un parámetro válido y decisorio en la causa a los fines de determinar el sentido de la norma, más allá de que, en la especie, no se encuentra acreditado cual era la modalidad de trabajo de los accionantes durante el período en que se les pagó el adicional, y sin perjuicio que de las constancias de autos -a las que incluso hacen referencia aquellos (cfr. fs. 1034 y 1038)-, surge que era de público conocimiento en el ámbito policial que, ininterrumpidamente desde el año 1983, en la totalidad de las unidades de orden público y unidades especiales se implantó la modalidad laboral de 24:00 por 48:00 horas, añadiéndose que con antelación se trabajaba 24hs. x 24hs. (cfr. fs. 255/256, 258/262, 264, 266, 268, 272, 275, 277 y 287 del expediente administrativo nº 295/76 y agregados), vale decir, con un régimen de diferente intensidad.

Por todo lo que antecede, corresponde rechazar la pretensión impugnativa incoada con relación a los agravios precedentemente considerados, tornándose inoficioso realizar mayores consideraciones con relación a cualquier otro cuestionamiento vinculado al tema, por resultar lo hasta aquí expuesto suficiente para rechazar la pretensión de los actores de percibir diferencias en concepto de riesgo nocturno.

IV.2.- La imposición de costas también ha sido materia de crítica en esta instancia.

Sobre el particular, desde mi punto de vista, le asiste razón a los recurrentes, en tanto contribuye a evidenciar la razón probable para litigar que les asistió, la naturaleza compleja de la cuestión debatida en autos y las peculiares circunstancias de la causa -en donde se destaca la modalidad de trabajo de los actores-, a la luz de lo cual, en este contexto, se puede añadir la falta de respuesta de la Provincia al reclamo administrativo que se le formulara.

Sobre la base de estas razones, juzgo que los actores actuaron sobre la base de una convicción razonable acerca del derecho defendido, y que las costas debieron imponerse por el orden causado, por aplicación de lo preceptuado en el artículo 106, inciso 1º, del CPCC.

Por lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente, con devolución del depósito, al recurso de casación interpuesto por la parte actora contra la sentencia nro. 80, del 18-4-2002, de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala II, obrante a fs. 1022/1027 vta. de autos. En consecuencia, casar la misma, dejando sin efecto el punto II de su parte resolutiva, conforme a la siguiente doctrina legal: "Resulta arbitraria la imposición de costas que no toma en cuenta la naturaleza de la cuestión debatida, las peculiares circunstancias de la causa y prescinde de la razón probable para litigar que asistió a los actores". Dictar como sustitutiva: "II.- COSTAS, por el orden causado". Voto porque así se declare.

V.- En cuanto a las costas de esta instancia casatoria, atendiendo también a la naturaleza de la cuestión y a las particulares circunstancias que configuran el caso en examen, corresponde se impongan por su orden (artículos 106, inciso l°, del CPCC, y 89 del CPA).

Los señores vocales doctores Alfredo Carlos Dato y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR PARCIALMENTE, con devolución del depósito, al recurso de casación planteado por la parte actora contra la sentencia Nº 80 de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala II, de fecha 18 de abril de 2002, glosada a fs. 1022/1027 vta. de autos. En consecuencia casar la misma, conforme a la doctrina legal enunciada en los considerandos, dejando sin efecto el punto II de su parte resolutiva. Dictar como sustitutiva: "II.- COSTAS, por el orden causado". En lo demás, NO HACER LUGAR al recurso de casación incoado, todo conforme a lo considerado.

II.- COSTAS de esta instancia casatoria, como se consideran.

III.-DIFERIR pronunciamiento sobre regulación de honorarios.

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR RENE MARIO GOANE ALFREDO CARLOS DATO