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Prescripción, delito continuo
Materia: CIVIL-PENAL
Carátula: Quiroga Romina Daniela - Quiroga Enzo Leonardo - Quiroga Verónica Belén - Quiroga Edgardo Dionisio y Estrada Marcela Andrea  c/ Agua y Saneamiento Mendoza S.A. y Ente Provincial de Agua y Saneamiento s/ Proceso de consumo p/ recurso extraordinario provincial
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2023-05-02

Cuando el daño es continuo o de carácter evolutivo, creciente en el transcurso del tiempo y agravado por la subsistencia de las causas dañosas, el punto de arranque del curso de la prescripción se ubica a partir del momento en que la responsabilidad existe y ha nacido la consiguiente acción para hacerla valer. Y si bien, como regla general, ello acontece cuando sucede el hecho ilícito que origina la responsabilidad, por excepción, puede determinarse un momento diferente, ya sea porque el daño aparece después o bien porque no puede ser apropiadamente apreciado hasta el cese de una conducta ilícita continuada.
Docentes, remuneración, equiparación salarial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CIPRIANI, ROBERTO MARIANO A. Y OTROS c/ MINISTERIO DE EDUCACION Y JUSTICIA Y OTROS s/ COBRO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-12-19

Desde la sanción de la ley 16.445 hasta el Decreto 3.516/64, la diferenciación en poco o mucho en las tareas, horarios, tiempo de servicios cumplidos semanalmente y categoría de títulos habilitantes; para una y otra categoría, no fueron obstáculo alguno para mantener la igualdad en las remuneraciones durante tanto tiempo. En nada han cambiado aquellos presupuestos desde el Decreto impugnado, hasta la fecha, en que el decreto 1.337/87, también sin fundamentación alguna, estableció nuevamente la igualdad en las remuneraciones entre las dos categorías de docentes, lo que debe interpretarse como una ratificación del Decreto 3.516/84.
Sentencia, monto del juicio, intereses, nulidad de sentencia, falta de pronunciamiento expreso
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO DE CREDITO LINIERS  S.A. c/ GAUT, GLADYS s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-07-03

La sentencia incumplió parcialmente la norma del CPC: 163 inciso 6, pues no contiene decisión expresa, positiva y precisa sobre el monto de la condena que impuso respecto del pago del capital nominal reclamado por el banco acreedor. Ciertamente, la sentencia pudo diferir a ulterior liquidación el monto de los accesorios indexación e intereses de ese capital nominal-, conforme al CPC:

165, más no el del capital nominal ya líquido.

Procede su enmienda formal sin acudir al remedio extremo de la anulación del acto procesalmente defectuoso.
Recurso contencioso administrativo, inadmisibilidad del recurso, taxi, Municipalidad, dictámenes
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Albano, María Florencia c/ Municipalidad de Rosario s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción. Revocatoria  (Expte. CSJ Nro. 398-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-07-11

Si de los expedientes administrativos se desprende que la recurrente obró, en todo caso, como aspirante a titular de un registro de taxímetro -como surge inequívocamente de diversas piezas allí incorporadas-, del dictamen de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad -que estimó procedente la autorización requerida-, no puede extraerse más que una expectativa favorable del lado de la impugnante, pero resulta inhábil para forjar la inferencia de que la transferencia se encontraba aprobada; máxime cuando la resolución que rechazó el pedido de transferencia le fue notificada expresamente.
Ministerio Público Fiscal, rechazo del querellante
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ministerio Público - Fiscalía de Cámara Especializada en Faltas, Contravenciones de Tránsito y Lesiones Culposas de Tránsito de la CABA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Gabriele, Carlos Raúl y otros sobre 189 bis (2) - portación de arma de fuego de uso civil
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-11-15

Asiste al Ministerio Público Fiscal un interés jurídico directo (art. 281 del CPP, aplicable supletoriamente, cfr. El art. 2 de la ley n° 402) en obtener la revisión de la decisión que confirmó el rechazo de la solicitud de la víctima de constituirse como parte querellante. Le incumbe, en general, ". [p]romover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad." (cfr. Los arts. 125 de la CCABA y 17, inc. 2 de la ley n° 1903) así como ". [v]elar por la observancia de la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y las leyes nacionales y locales" (cfr. El art. 17, inc. 6 de la ley n° 1903). (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Administración Pública, desviación de poder, recursos administrativos, prueba, acto administrativo, recurso contencioso administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SOLIS, ANTONIO CARLOS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE   Nº 522-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-06-04

Generalmente, el vicio de desviación de poder exige un mayor esfuerzo probatorio, pues, no es común que surja del propio acto impugnado, sino de éste en su confrontación con otros elementos de prueba. Si esto es así en el ámbito de los recursos contencioso administrativos que le siguen a la interposición de los remedios administrativos ordinarios, cuánto más es postulable en supuestos en que el Tribunal tiene limitadas -dada la naturaleza extraordinaria de la impugnación administrativa- sus posibilidades de control jurisdiccional.
Regulación de honorarios, tope regulatorio
Materia: PROCESAL
Carátula: BERTARELLI MARIO ANDRES c/ CAJA  DE  PREVISION  Y SEGURIDAD SOCIAL DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE LA PROVINCIA DE CORDOBA s/ HONORARIOS - APREMIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-07-04

El honorario mínimo (art. 34 Ley 8226) institución de carácter excepcional en cuanto escapa a la regla general de la proporcionalidad de los aranceles, ha sido establecido con una finalidad bien precisa y determinada, que es asegurar al abogado una compensación digna evitando que, por el exiguo monto del pleito, su tarea pueda verse remunerada con una retribución insignificante y, sobre todo, desproporcionada con la jerarquía técnica, la responsabilidad y la dedicación que requiere la atención del asunto Esta motivación falta en absoluto cuanto al mismo tiempo y en el mismo Tribunal se inician separadamente ochenta juicios de mínima cuantía e idéntico trámite, por causas iguales contra un solo deudor, quien, a su vez, tiene las mismas defensas que hacer valer en todos esos procesos. No hay aquí ochenta trabajos profesionales, a cada uno de los cuales deba reconocerse un valor en si mismo, independientemente de la cuantía del juicio, sino un único trabajo profesional ejecutado a través de ochenta juegos de copias. En esta situación el honorario mínimo no es una necesidad sino un artificio, porque tratándose de una sola tarea profesional, desempeñada en relación con un solo interés económico, que es la percepción de la suma de los ochenta créditos, la aplicación del sistema porcentual no conduce a una retribución indigna ni desproporcionada.

No se puede negar al letrado demandante la facultad de promover separadamente esos juicios, sobre todo habiendo quedado firme la decisión del Juez a quo de no acumularlos. Pero el ejercicio de esa facultad resulta abusivo si con ella se pretende escapar a la ley de la porcentualidad y obtener ochenta regulaciones mínimas por una sola tarea profesional. Lo que corresponde en casos como éste, en función de lo que dispone el art. 1071 C. Civil, es practicar en cada uno de los procesos individuales una regulación porcentual aplicando la escala con prescindencia del tope mínimo. Sumando todos esos honorarios se obtiene una cifra superior al mínimo, con lo cual se respeta el espíritu de la ley sin afectar la dignidad de la labor profesional.-
Certificados de obra, intereses
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ing. Hector. F. Carrera S.A. c/ Echaves de Ramos, Laura s/ Cobro Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-10-14

La actualización monetaria en el supuesto de ejecución de certificados corre -en principio- a partir de los treinta días de la publicación edictal que notifica al obligado al pago de la liquidación de la obra. Es que así lo dispone el artículo 46 de la O.G. 165/73 aplicable a tales instrumentos, en razón de tornarse exigible la deuda desde ese momento. Ello, por supuesto, si el pago de la obra se convino al contado. Tratándose de la ejecución de un certificado de obra pública resulta procedente la reducción de los intereses punitorios a la tasa del 7% anual cuando se trata de capitales indexados (arts. 21, 656, 953 y 1071 C.C.)
Proceso penal, prisión preventiva, interpretación restrictiva
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Alianza   "Frente   para   la  Unidad"  (elecciones  provinciales gobernador  y vicegobernador, diputados y senadores provinciales) s/ oficialización listas de candidatos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-27

Las limitaciones a la libertad que impone el sometimiento a un proceso penal son de interpretación restrictiva, y con la única finalidad de asegurar los fines de dicho proceso, y ellas en modo alguno pueden convertirse en un adelantamiento de pena (Voto del Dr. Enrique Santiago Petracchi).
Daños y perjuicios, daño estético
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Leguizamón, Marcelo A. c/ Jimenez, Dolores J. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-04-18

El disvalor ínsito en el daño estético no es únicamente lo "feo" -por deformante, repugnante o ridículo- y sí, además, lo "extraño", lo "raro", lo "anormal" e, inclusive, lo "distinto con relación a la presentación física anterior al hecho.
Revocación del acto administrativo, derechos subjetivos, revisión judicial de actos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Consular Consultores Arg.  S.A. c/ M.C.B.A. s/ Ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-11-17

La administración puede revocar los actos, siempre que no haya prestaciones cumplidas caso contrario debe plantear su invalidez judicialmente. Se basa el concepto en el art. 17 del decreto ley 19 549, que así lo estatuye, pues cuando hay derechos subjetivos en ejecución, el acto se encuentra bajo la protección de la jurisdicción para mantener las garantías que ella posibilite. Si la administración, por resguardo de los intereses públicos, puede invocar su propia torpeza, en ese caso lo debe hacer ante la justicia, sea por medio de acción, de reconvención o de excepción, para evitar perjuicios a los derechos individuales.
Derecho administrativo, Instituto nacional de servicios sociales para jubilados y pensionados, conflictos interadministrativos, competencia administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Instituto  Nacional  de  Servicios  Sociales  para  J.P.  (PAMI) c/ E.N. (Mº de Salud y Acción Social) s/ proceso de conocimiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-06-24

A la luz de concebir al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados como "organismo descentralizado" de la Adm. Pública, y por ende, estatal -ello de conformidad con las normas aprobatorias del organigrama de aplicación de la Administración Nacional centralizada y el ámbito jurisdiccional de actuación de los organismos descentralizados (Decreto 357/02) y la nueva estructura organizativa del M° de Salud (decisión administrativa n° 24/02)- corresponde concluir que el tratamiento de la cuestión traída a debate debía ser ventilada en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional. (Del voto del Dr. Licht, consid. XX).
Prescripción adquisitiva, herederos, interversión de título
Materia: CIVIL
Carátula: GONZALEZ Juana Onofe s/ Prescripción Adquisitiva
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-05-12

Nos encontramos con varios herederos de una sucesión, por lo que es de aplicación el principio sentado en el art. 3449 de que la posesión de la herencia por alguno de ellos aprovecha a los otros. Y es justamente esta premisa de nuestro ordenamiento jurídico la que debe ser rebatida por el heredero que pretende revertir su título lo que no ha logrado la actora.

El que ha comenzado a poseer por otro y luego intervierte su título se transforma en poseedor vicioso por abuso de confianza porque había recibido la cosa con obligación de restituirla.

Por lo que dado que la interversión del título equivale para quien posee a nombre ajeno una nueva "causa", teniendo en cuenta que nadie puede cambiar por sí mismo ni por el transcurso del tiempo la causa de su posesión; es que de la prueba debe surgir el ejercicio de actos que equivalgan a negarle la posesión a aquellos por quienes ha comenzado a poseer.

"No basta la mera detentación de la cosa, pues lo contrario importaría confundir ocupación con posesión. De allí que sea exigible una prueba categórica sobre el comienzo de la posesión "animus domini" que acredite la interversión del título, pues ser tenido por propietario sólo es fama y no un hecho posesorio."
Competencia, declaración de oficio, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Consorcio Edificio Villamonte VIII de Villa Gesell c/ Nannei, Aldo Carlos y otro s/ ejecución de expensas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-11-11

En asuntos patrimoniales el juez no debe de oficio declararse incompetente por razón del domicilio, pues ello significaría anticiparse a la voluntad de las partes. Cuando se acoge una excepción de incompetencia, corresponde establecer las costas a cargo del actor por ser su conducta la causa de su oposición y no encontrarse mérito para excusar la misma. Las actuaciones deben archivarse cuando se entiende competente a un Juzgado con sede fuera de la Provincia, toda vez que no corresponde su remisión en orden a la limitación consagrada por el art. 352 del C.P.C.C., aplicable por analogía.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, agravio concreto
Materia: PENAL
Carátula: Ríos, José s/ Privación ilegal de la libertad agravada - Robo agravado por el uso  de armas.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-02-24

Es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que invoca violación de los arts. 255 y 256 pero cuyos argumentos no aparecen relacionados con pasaje alguno de las normas en que apoya su planteo, ni se advierte de que modo sus afirmaciones evidenciarían transgresión legal alguna dentro del ámbito de tales artículos.
Locación de obra, cumplimiento parcial de la obra, enriquecimiento sin causa
Materia: CIVIL
Carátula: PAGNERI DE REGNASCO, JOSEFINA c/ BASONE, ANTONIO s/ LOCACION DE OBRA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-07-31

Si los trabajos realizados en virtud de un contrato de locación de obra, aún cuando su cumplimiento sea sólo parcial, son trabajos aprovechables, obligan al dueño de la obra a pagarlos, para evitar un enriquecimiento sin causa, a menos que acredite que debe destruirlos.
Daños y perjuicios, valor vida
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Olivera, Ramón y otra c/ Rodríguez, Gerardo Antonio y otra s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-06-03

La pretensión indemnizatoria promovida por los herederos del damnificado directo fallecido, reclamando el resarcimiento de los daños patrimoniales y morales por la supresión de esa vida humana, es de naturaleza extracontractual y se ejercita "iure propio" y no "iure hereditatis", en su condición de damnificados indirectos ejercitando una acción personal.
Recurso de apelación (procesal), acción de amparo, bien jurídico protegido
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "CATELLA RICARDO HUGO c/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ ACCION DE AMPARO- APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2004-06-23

El derecho a acceder a los tribunales, al debido proceso, a que la judicatura decida con justicia y a que tutele los derechos e intereses legítimos de los sujetos jurídicos que litigan con razón, son principios básicos de un Estado de Derecho, y en los que se asienta el sistema jurídico. Su negación conduciría a la desprotección del justiciable, y esto en definitiva, significaría la frustración parcial o total de los fines del Derecho.
Estafa, apropiación de cosa perdida, delito reiterado, concurso ideal, tarjeta de crédito, cupón de tarjeta de crédito
Materia: PENAL
Carátula: GIGENA, RAQUEL SUSANA s/ CONCURSO DE DELITOS - DELITO CONTINUADO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-09-06

La adquisición por parte de la procesada de bienes en distintas oportunidades mediante la falsificación de los cupones correspondientes a la tarjeta de crédito hallada, configuran estafas reiteradas que concurren idealmente con la apropiación indebida de aquélla.
Extradición, competencia nacional
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Estrada González, Marco Antonio s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-11-18

Lo atinente al trámite que ha otorgado el Estado requerido al pedido de extradición excede la jurisdicción de los tribunales nacionales, y debe rechazarse el recurso de casación interpuesto contra lo resuelto en este sentido ante el pedido de caducidad de la solicitud de extradición en función de la falta de reclamo por parte del poder judicial ante el incumplimiento de la justicia paraguaya consistente en ordenar un aplazamiento no previsto en el tratado. La disidencia sostuvo que el a quo no analizó concretamente el hecho traído a estudio, ni confrontó los argumentos esgrimidos por el apelante. (Dres. González Palazzo -en disidencia-, Hornos y Diez Ojeda).
Apreciación de la prueba, testigo único, declaración testimonial, in dubio pro reo
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: L., N. A.; E., C. s/ Homicidio agravado por alevosía s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2014-06-12

De acuerdo con la doctrina legal del Superior Tribunal, en un caso como el sub examine, de hipótesis simple-la de cargo -, se trata sólo de establecer si esa hipótesis está o no justificada y en qué grado puede considerarse aceptable (Taruffo, La prueba de los hechos, pág. 246).

Asimismo, para ello es necesario adoptar un estándar de prueba que permita decidir si una determinada hipótesis o enunciado fáctico debe o no declararse probado según el grado de confirmación previamente establecido.

Esto depende del estándar que se utilice. [] En el ámbito penal, gobierna un estándar que reclama que la hipótesis esté confirmada más allá de toda duda razonable (STJRNS2 Se. 1/14 Rojas, con cita de Octavio Paganelli, Estándares probatorios, juicios de credibilidad de testigos y riesgo de error judicial, en Revista de Derecho Penal y Procesal Penal, Ed. Abeledo Perrot, 11, pág. 2226). (Voto de la Dra. Piccinini)
Revocación de sentencia, procedencia del recurso, recurso extraordinario, código penal, Ministerio Público Fiscal, requerimiento de elevación a juicio, facultades del fiscal, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL
Carátula: Cornejo Torino, Jorge Antonio y otro c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-03-19

Cabe hacer lugar al recurso extraordinario deducido por el Ministerio Público Fiscal y dejar sin efecto la sentencia apelada -que hace lugar al planteo de prescripción articulado por la defensa, en orden al delito de estrago doloso agravado por la muerte de personas- pues le niega al requerimiento fiscal de elevación a juicio -que no fue anulado- el carácter interruptor de la prescripción que el Código Penal reconoce, por cuanto le reconoce al tribunal oral la facultad de anular el requerimiento de elevación a juicio válidamente emitido, por el contenido y a partir de su propia apreciación de prueba incorporada con posterioridad a ese dictamen, atribuyéndole así la potestad de determinar la pretensión punitiva del Estado, con afectación de la autonomía funcional de los fiscales, a quienes incumbe decidir si cabe mantener el objeto de la acusación -hasta ese momento vigente- conforme fue descripto en el requerimiento y a pesar de la provisoria apreciación que el tribunal hizo de aquella prueba nueva; agregarle otro hecho de manera alternativa, o modificarlo. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Recurso de inconstitucionalidad, admisibilidad del recurso, usurpación, juicio de desalojo, resoluciones inapelables, ley procesal, doble instancia, gravamen irreparable
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: KOTOFF, NORMA BEATRIZ Y BURGOS, MARCELO c/  s/ USURPACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-09-13

Si bien el auto impugnado declaró mal concedida la apelación contra la resolución que dispuso el cese del estado antijurídico en una imputación por usurpación y por tanto el desalojo de los ocupantes de la vivienda, con fundamento en el último párrafo del artículo 207 del Código Procesal Penal (cuya constitucionalidad se cuestiona), que prevé que la incidencia debe ser decidida en audiencia oral y sin recurso alguno, corresponde declarar admisible el presente remedio extraordinario, por cuanto la garantía del doble conforme prevista en la Convención Americana sobre Derechos Humanos alcanza no sólo a las sentencias definitivas sino también a los autos procesales importantes; y en el caso, la medida implicó el desalojo de un grupo familiar integrado por dos niños menores -respecto de quienes se invoca una situación de probable vulnerabilidad social- de un inmueble afectado a vivienda, a lo que debe adicionarse que la defensa puso en duda que se hubieran cumplimentado los requisitos de las medidas cautelares, lo que pudo generar un gravamen de entidad tal que ameritaba su revisión por parte del Tribunal de Alzada. (De la disidencia del Dr. Erbetta)
Funcionarios públicos, policía, actos y diligencias procesales
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Z., C. s/ Homicidio en Grado de Tentativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-08-04

Si los funcionarios policiales para practicar una investigación preliminar han de observar, en lo posible, las normas de la instrucción, el ensamble de los arts. 165 inc. 4°, 184 y 200 párrafo 2° del indicado ordenamiento les impone que al relevar y recoger rastros dactiloscópicos durante la inspección del lugar del hecho no sólo lo hagan constar en el acta respectiva, sino que procedan a un efectivo resguardo de dichos rastros asegurando los soportes de las huellas obtenidas del modo que prevé el art. 202 código citado.; ello atañe a la "segura custodia" a que esta norma se refiere, pues se entronca con la adecuada identificación y conservación de los soportes de manera de evitar su alteración. La identificación de los mismos, su inventario y resguardo bajo la firma del funcionario y dos testigos -en reemplazo del sello del Tribunal y firma del secretario previstos en aquella norma, de imposible cumplimiento en la investigación preliminar en razón de la no intervención en ella del juez-, deben considerarse en tal caso parte imprescindible del acta labrada conforme al art. 122 del cuerpo legal adjetivo. No se trata entonces de recaudos deseables "de lege ferenda", sino de requisitos impuestos "de lege lata". Su omisión da lugar a la nulidad del acta incompleta, reduce la prueba de cargo así obtenida a la condición de ilegal, con menoscabo del constitucional derecho al debido proceso, y, en esta instancia extraordinaria, deja expedito el sendero a la casación por la causal del art. 415 inc. 2° CPP.