Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-02-27


Comodoro Rivadavia, 27febrero de 2.007.- VISTOS Y CONSIDERANDO:

Estos autos caratulados: "CH, F A c/ M... D.. L.. P... S.A. s/ INCIDENTE DE EMBARGO PREVENTIVO", Expte. N° 16.203/2006, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Laboral de esta ciudad (Expte. N° 3942/2006).- Que llegan las presentes actuaciones a esta Alzada por haber interpuesto la demandada M... de las P.... S.A. a fs. 116 recurso de apelación contra la resolución de fs. 90/91vta. que rechaza el pedido de sustitución de embargo preventivo que fuera oportunamente requerido.- Se agravia el embargado a fs. 124/127vta., señalando que se equivoca la Juez de grado al considerar que no se encuentra acreditada la titularidad del buque ofrecido en sustitución del embargo trabado sobre sumas de dinero.

Aduce que la certificación expedida por el Registro Nacional de Buques constituye un instrumento público que hace plena fe, mientras no sea redargüido de falso, por lo que no basta con el mero desconocimiento de la documental por parte de la contraria.

Agrega que le agravia la interpretación de la a quo cuando rechaza la pretensión por entender que el bien ofrecido es de propiedad de una empresa distinta a la embargada; entiende que con este bien el actor se encuentra doblemente beneficiado; tiene un deudor principal que respondería con todo su patrimonio (sociedad demandada) y un segundo deudor que respondería hasta el límite del bien ofrecido (empresa titular del buque).

Destaca que, a diferencia de lo que expresa el Juez en su resolutorio, se encuentra debidamente acreditada la libre disposición del buque ofrecido a embargo con el informe de dominio acompañado.- Por último expresa que la inmovilización dineraria dispuesta, siempre causa un perjuicio, en el desenvolvimiento empresarial.- Su contraria contesta el traslado a fs. 130/130vta., solicitando el rechazo de la pretensión.- I.- Sabido es que cuando la medida precautoria resulta gravosa para la parte, la misma puede ser sustituida por una mejor adecuada, siempre que resguarde el derecho que se intenta proteger.- En tal entendimiento, la jurisprudencia se ha expedido en el sentido que: "La sustitución es norma general en materia de medidas cautelares, de modo que en cualquier momento la pueden solicitar los interesados, o inclusive puede decidirla de oficio el juzgador, si con ello se garantiza la igualdad de los litigantes durante el curso del proceso" (CNCIv, Sala A, LL, 140-821, 25.036-S).- Sentado ello y si bien es cierto que debe priorizarce la mutabilidad y flexibilidad de las medidas precautorias, no lo es menos que quien requiere la sustitución debe acreditar no sólo la necesidad de la implementación de aquel, sino la titularidad, la libre disponibilidad de los bienes y su valuación (CCiv. Com. Mar del Plata, Sala 1, 8/4/80, JA-III-863, Nº 33, Eduardo N.De Lazzari, "Medidas Cautelares", tmo. I, p. 156, Ed. Lib. Editora Platense, La Plata, 1995).- En la especie, y más allá de los argumentos esbozados por el quejoso, el punto central radica en que el titular del bien mueble registrable ofrecido, es una persona jurídica distinta de la aquí demandada; circunstancia que por sí sola basta para desestimar la sustitución pretendida.

Al respecto, Morello, Sosa, Berizonce, con cita de jurisprudencia, han dicho que: "Es improcedente la medida cautelar que afecta el patrimonio de un tercero ajeno a la relación procesal, desde que la misma, se dicta para asegurar el resultado de una sentencia que produzca los efectos de cosa juzgada entre las partes, careciendo de perspectivas para afectar a terceros.

En este último caso falta el presupuesto de la razonabilidad, verosimilitud o presunción del derecho en cuya preservación se ha decretado". (Cód. Proc. En lo Civil y Com. De la Pcia. De Bs. As. Y de la Nación, comentados y anotados, Edit. Abeledo Perrot, T. II-C, pág.529/530).- No obsta a lo expuesto lo manifestado por la accionada en orden a la doble garantía ofrecida, ya que no puede compensarse con el dinero embargado y depositado a la orden del juzgado; que muy escuetamente invoca como perjuicio- y que no reviste envergadura tal que amerite sustituir la cautelar en desmedro de los intereses del acreedor no cumplimentándose lo previsto en el art. 203 del ritual.- En relación a la libre disponibilidad del bien que debería gozar, cabe aclarar que en autos no se ha denunciado el lugar de ubicación del buque; y si continúa navegando o no.- Un buque que continúa navegando está sujeto a los riesgos propios de toda navegación y puede disminuir su valor y aún naufragar y perderse, con la consecuencia que, llegado el momento de hacer efectiva la responsabilidad, la cosa, o sea el buque, carezca de valor económico o tenga un valor disminuido, insuficiente para responder al reclamo del acreedor (C.S.J.N. "Sonaco Soc. Nav. Costera S.R.L. c/ Y.P.F.", LL, 49-801, JA, 1947-4-845).- En ese orden de ideas, para que la garantía que implica el embargo sea efectiva y la embarcación no se sustraiga a la jurisdicción del tribunal que decreta el embargo, ni se exponga a los riesgos de la navegación, la medida debería complementarse con la interdicción de navegar, o sea, con la prohibición de que el buque deje el lugar en que se encuentre, resultando obvia la importancia y utilidad para el acreedor, porque a la par que del punto de vista de la solvencia del deudor se asegura el cobro del crédito, se sustrae la cosa a los riesgos de la navegación y a posibles siniestros (José D. Ray, "Derecho de la Navegación", tmo. I., p. 494, Ed. Abeledo Perrot, Bs.As., 1992); medida ésta que no ha sido ofrecida por la accionada, creando una situación de incertidumbre para el embargante.- En suma, la sustitución del buque por la suma de dinero embargada no garantiza suficientemente el derecho del acreedor, pues constituye una garantía indirecta y mediata, por lo que se torna inviable.- II.- Las costas de la Alzada, se imponen al embargante perdidoso (arts. 68 y 69 CPr.).

A los fines de la regulación de honorarios por los trabajos realizados en esta instancia se tendrá en cuenta el resultado obtenido y la relación entre la gestión profesional y la probabilidad de efectiva satisfacción de la pretensión reclamada, de conformidad a lo previsto en el Dto. Ley 2.200 modificado por Ley 4.335 (arts. 6, 7, 14, 27, 33, 38 y ccs.).- Por ello, la Sala B de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, R E S U E L V E:

1) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por M de las P S.A. contra la resolución de fs. 90/91vta..- 2) Costas de la Alzada a la vencida, conforme el considerando respectivo.

Por sus trabajos en esta instancia, regúlanse a favor del Dr. E O en la suma de PESOS CINCUENTA ($50,00) y a favor de los Dres. M E J y J A. G N, conjuntamente, en la suma de PESOS TREINTA ($30,00).- 3) Regístrese, notifíquese, devuélvase.

La presente sentencia es firmada por dos vocales de Cámara en virtud de encontrarse en uso de licencia la Sra. Juez de Cámara Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts y concordar en la solución del caso (artículos 1, 2, 3 y 5 de la Ley 4550, modif. de la Ley 1130).

Fdo:

Graciela Mercedes García Blanco, Presidente.

Nélida Susana Melero, Juez de Cámara.

REGISTRADA BAJO EL N°32 DEL AÑO 2007.

DEL LIBRO DE SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS