Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2006-06-23


SENT Nº 534 San Miguel de Tucumán, 23 de Junio de 2006.- Y VISTO: El recurso de queja por inconstitucionalidad denegada deducido por la parte actora en autos: "Espinosa, Alberto Alfredo vs.

Banco Macro Bansud s/ Hábeas data"; y C O N S I D E R A N D O :

I.- Viene a conocimiento y resolución del Tribunal la presente queja por inconstitucionalidad denegada interpuesta por la parte actora, en contra de la sentencia de la Sala Ia. de la Cámara Civil y Comercial Común, del 19/10/2005, por la cual se declaró inadmisible la concesión del recurso de inconstitucionalidad incoado en contra de la sentencia de fecha 28/6/2005.

II.- El Tribunal a quo sostiene que el recurso se limita a criticar el fallo en base a distintos argumentos ajenos al caso constitucional que debía ser el objeto principal de la cuestión debatida, por cuanto discrepa con que el Tribunal no hubiera considerado que estaban reunidos los requisitos que tornan procedentes la vía del amparo. Que, entonces, se reprocha el fallo de transgredir preceptos constitucionales, pero no es ese el objeto del recurso de inconstitucionalidad según el art. 106 CP y 91 ley 6944. Advierte que no existió controversia alguna acerca de la constitucionalidad de las normas legales que haya podido dar lugar a una sentencia definitiva que se pronuncie sobre la cuestión. En definitiva, advierte el tribunal que en la cuestión de fondo no se controvierte constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos y reglamentos que estatuyen sobre materias regidas por la CP y que ello fuera materia principal de discusión entre las partes. Que el art. 100 CP y 91, 92 de la ley 6944 son claros y terminantes en su exigencia y por consiguiente, declara inadmisible el recurso, con costas por su orden al haber tenido el actor razón probable para litigar (arts. 106 inc. 1° y 107, 108 procesal aplicables por remisión del art. 31 ley 6944).

III.- De un examen liminar de las constancias de autos se observa con claridad que el recurso es interpuesto temporáneamente, con depósito de ley y copias. Sin embargo se advierte que el recurso de queja no puede prosperar toda vez que, en la especie, no se satisface los requisitos de admisibilidad que se pueden inferir de lo preceptuado en la parte pertinente de los artículos 91 y 92 del Código Procesal Constitucional y en el artículo 93 de este mismo texto legal.

En efecto, conforme tiene dicho esta Corte, el artículo 91 del CPC sienta el principio fundamental y determinante en lo concerniente al recurso de inconstitucionalidad, legislado en el Título III, Capítulo III de dicho cuerpo normativo, al disponer como requisito ineludible de admisibilidad del mismo, que la cuestión constitucional haya constituido la materia principal de discusión entre las partes (cfr.

CSJT, "Suárez", sent. Nº 133, del 12-3-2001; CSJT. "Von Buren", sent.

Nº 541 del 29-6-2001, etc.). Asimismo, y concordantemente, sostuvo que el artículo 93 del citado digesto legal preceptúa que "Cuando se entable el recurso de inconstitucionalidad que autoriza el artículo anterior, debe deducirse el mismo con arreglo a lo allí prescripto, de tal modo que su fundamento aparezca de los autos y tenga una relación directa e inmediata a las cuestiones de validez de las disposiciones de la Constitución Provincial". De otra parte, se dijo en la precitada sentencia N° 541/2001, que "resulta manifiesto que el artículo 91 del CPC, que integra el Capítulo III, del Título III, del referido cuerpo legal, por la acusada semejanza con el texto del artículo 106 de la Constitución Provincial, compone la orgánica reglamentación legal procesal del recurso de inconstitucionalidad cuya fuente es, precisamente, el precitado dispositivo constitucional que expresa:

'Corresponde a la Corte Suprema conocer: De los recursos que se interpongan contra sentencias definitivas de los Tribunales inferiores, dictadas en causa en que se hubiere controvertido la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos y reglamentos que estatuyan sobre materias regidas por la Constitución de la Provincia, siempre que esto formase la materia principal de la discusión entre las partes...'". "Respecto al primero de los dispositivos citados, de su mismo texto se desprende en modo inconcuso que su objeto o alcance se reduce a aquellos casos en que se controvierta la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos y reglamentos respecto a la Constitución Provincial, y siempre que ello forme parte de la materia principal del debate; vale decir, se está en presencia del recurso de inconstitucionalidad que prevé el artículo 106 de la Constitución local. Esta interpretación es corroborada por el inciso 2 del artículo 92, en cuanto alude expresamente a la procedencia del recurso: 'Cuando la validez de una ley, decreto, norma con fuerza de ley o acto de una autoridad provincial se ha puesto en cuestión bajo la pretensión de ser contrario a la Constitución Provincial'; y por lo preceptuado en el artículo 93, el que bajo el título de 'FUNDAMENTACIÓN', determina que debe deducirse con arreglo a lo dispuesto en el artículo anterior (se refiere al 92), '... de tal modo que su fundamento aparezca de los autos y tenga una relación directa e inmediata a las cuestiones de validez de las disposiciones de la Constitución Provincial'. En la misma directriz debe entenderse el inciso 3 del artículo 92 cuando la impugnación recursiva que específicamente está reglamentando se dirige a una sentencia de las aludidas en los artículos 91, 92, incisos 1 y 2, '... sea arbitrario porque se ha afectado la protección constitucional a la inviolabilidad de la defensa en juicio de la persona y sus derechos o al debido proceso legal'" (En igual sentido, cfr. CSJT en sentencia N° 1110 del 28-12-01 en autos "Maldonado, Mariela Ester vs. La Caja de Seguros SA. s/Medida satisfactiva por vía de amparo" y precedentes que en ella se refieren).

El criterio precedentemente expuesto permite advertir que la admisibilidad de ese remedio procesal se circunscribe a los casos en los que se controvierte la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos y reglamentos que estatuyen sobre materias regidas por la Constitución provincial, siempre que ello forme la materia principal de la discusión entre las partes, y la sentencia o el auto fuere contrario a las pretensiones del recurrente (cfr. art. 91). En el art. 92 se especifican los supuestos de procedencia referidos a las resoluciones a las que alude el art. 91. De ello surge que el recurso de inconstitucionalidad 'tiene por objeto imponer la supremacía de la Constitución local respecto de las leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos provinciales que puedan considerarse en pugna con aquel plexo máximo, y se abre exclusivamente si se ha controvertido y decidido el caso constitucional'. (cfr. Hitters, J. C. en "Técnica de los Recursos Extraordinarios y de la Casación", p. 482 y ss. 1ª.

Edición, Librería Editora Platense; en igual sentido, Palacio, Lino E.: "Derecho Procesal Civil" t. V p. 248) (conf. CSJT, sent. n°989 del 21/11/2000). De allí que la mera invocación de derechos constitucionales no sea suficiente para lograr la apertura de esta vía extraordinaria.

Ahora bien, sobre la base de estas premisas se puede concluir que los planteos a los que se alude en el escrito recursivo y que se pretenden traer a conocimiento de esta Corte por conducto del recurso de inconstitucionalidad, lejos están de traducirse en un caso constitucional que se encuadre en los artículos 91 o 92 del CPC, y satisfaga las previsiones de su artículo 93.

En efecto, liminarmente cabe considerar que el presupuesto primario de la pretensión incoada es el conocimiento de la información que da verosimilitud a los datos consignados en los registros que, según el actor, lo dañan por su falsedad. La Cámara ha revocado la sentencia de primera instancia, en tanto sostiene que ha sido fundada en una circular del BCRA no vigente al momento de su dictado (OPASI 2-128).

Señala así que el fallo de inferior instancia se basa exclusivamente en la conclusión pericial que indica que no debieron efectuarse débitos en la cuenta por los rubros: Seguro de Vida, Mastercard y Visa pero que dicho informe técnico tuvo sustento en la Circular OPASI 2-128, derogada.

Indica cuál es la que rige el caso (OPASI 2-229, con vigencia a partir del 01/3/00) y sostiene que, según la misma, el Banco demandado estaba autorizado para debitar ciertos conceptos de la cuenta corriente siempre que medie autorización expresa del cliente (Circular OPASI 2-229:1.4.4.2: Servicio de cobranza por cuenta de terceros concertados directamente con el Banco o a través de dichos terceros -débitos automáticos directos- para el pago de impuestos, tasas, contribuciones y aportes, facturas de servicios públicos y privados, resúmenes de tarjetas de créditos, etc. cuando se encuentre asegurado el conocimiento del cliente con una antelación mínima de cinco días hábiles de la fecha fijada para el débito que el cuentacorrentista haya contratado). Sobre esta base, considera que en el caso de autos existe un contrato de "solicitud de productos y servicios" que es la base de la vinculación entre las partes cuya autenticidad no fue impugnada y que, por ende, existe autorización para efectuar los citados débitos de Tarjeta de Crédito, conforme al contrato de adhesión suscripto por el actor con la entidad bancaria demandada puesto que del mismo se desprende que el Sr. Alberto Alfredo Espinosa tenía cuenta corriente n°351-0254101 y había dado consentimiento para que se le haga débito automático por el mínimo de las tarjetas VISA y Mastercard. Agrega que ello está ratificado por la pericial de autos.

Descarta que pueda ser tratado el concepto de IVA dada su naturaleza tributaria, no depende de la voluntad de las partes y su destino son las arcas del Fisco Nacional, por lo que el actor puede adoptar la vía y forma correspondiente y ante el Órgano Judicial competente. Deja también a salvo los derechos y acciones que correspondan o pudieren corresponder aclarando que lo resuelto no implica emitir juicio de valor definitivo acerca de la condición de deudor del actor o de la cuantía de lo adeudado, pues ello excede el juicio limitado del conocimiento del presente caso.

El recurrente pretende la supresión de datos que considera falsos en Veraz y BCRA derivados de la registración en el Banco Macro-Bansud de su persona como deudor de la institución. Señala que impugnó tales registraciones debiendo cotejarse la contabilidad del Banco con la documentación que debe ser respaldatoria; que intimó al Banco aclarar documentadamente sus asientos contables; que el Banco no exhibió documentación respaldatoria, que fue renuente a la orden judicial; que los libros de comercio son prueba frente a otro comerciante pero no frente al usuario no comerciante y éste cuestina el asiento; que no tiene deuda con el banco ni derivada de cheque, tarjeta de crédito, ni créditos tomados con anterioridad y cancelados. Le agravia la sentencia por haber violado el art. 775 procesal y resolver el thema decidendum sobre la vigencia o no de la Opasi 2-128 eludiendo la cuestión de si dichos asientos se encuentran realizados conforme a documentación válida que los respalde. Insiste en que no la hay.

Aclara que no debe confundirse el hecho de que los asientos de cuenta corriente tengan el carácter de título ejecutivo una vez que ha sido consentido por el cliente o usuario con la presente situación en que el usuario impugna el asiento de la cuenta antes de que adquiera tal carácter en donde, para que tenga valor el Banco debe probar documentadamente la verdad de su asiento contable. Que el demandado ha ido contra la doctrina de los actos propios al indicar que la deuda era por un cheque y luego por tarjeta de créditos y posteriormente por crédito, dando razones para demostrar que de ninguna de estas tres causas se deriva su situación de deudor. Indica que se encuentra con todo ello controvertida la inteligencia de la cláusula de la CN que crea el derecho de habeas data, la inteligencia de la Ley 25.326, el art. 775 procesal -al pronunciarse la Cámara más allá de la expresión de agravios- el art. 344 procesal -presunción de que el actor tiene razón cuando intimado a presentar documentación el demandado no lo hace-, los arts. 44, 63, 64, 67 del Cód. de Comercio que obliga al demandado a llevar la documentación en forma y conservar la misma. Le agravia que la Cámara haya admitido la impugnación a la pericia por el demandado sin dar a su parte derecho a la defensa y comete ultra petitio y extra petitio pues en lugar de dejar sin efecto el fallo y mandar tramitar la impugnación a la pericia -que era el sentido de la apelación- resuelve como lo hace. Que en cuanto a las Circulares, el hecho de que la última admita operaciones que la primera no hacía no significa que esas operaciones en concreto se hayan realizado, pues para probar esto el banco debe presentar la documentación pertinente.

Ahora bien, del relato expuesto se advierte que la cuestión, en manera alguna configura un "caso constitucional" que encuadre en el artículo 91 del CPC, o en el artículo 92, ya que en el escrito recursivo no se invoca controversia alguna respecto a la inteligencia de una norma de la Constitución Provincial, debiéndose tener presente, además que la arbitrariedad a que hace mención el inciso tercero de esta norma refiere únicamente a la impugnación recursiva contra una sentencia de las aludidas en el artículo e incisos anteriores, y que no se encuentra habilitada la apertura de esta vía extraordinaria local, cuando la pretendida inconstitucionalidad se circunscribe a un alegado déficit del Tribunal y no de dispositivo normativo alguno (cfr.: CSJT, sent. n° 544 del 06/8/2004). Por lo demás, la mera invocación de la violación de normas constitucionales no es suficiente para cumplir los requisitos del recurso tentado, sino que éste requiere el debate de la cuestión constitucional y que el mismo sea materia principal de discusión entre las partes. En este orden de ideas, debe tenerse presente que no se encuentra habilitada la apertura de esta vía extraordinaria local, cuando la pretendida inconstitucionalidad se circunscribe a un alegado déficit del Tribunal, sin que a su respecto se configure una cuestión constitucional que incida en forma directa e inmediata en la Constitución local, o en materia propia y específica de ella (En este sentido in re: "Maldonado, Mariela Ester vs. La Caja de Seguros S.A. s/Medida satisfactiva por vía de amparo", sentencia Nº 1110, del 28-12-2001; "Deiana, Víctor Daniel y otros vs. Mutualidad Provincial de Tucumán s/Amparo", sentencia Nº 1009, del 19-12-2003, voto mayoritario). De allí que los cuestionamientos exteriorizados en el escrito recursivo no corresponda sean traídos a conocimiento y resolución de esta Corte mediante la vía extraordinaria del recurso de inconstitucionalidad, en la medida que los mismos refieren a planteos que no traducen controversia alguna respecto a la inteligencia de una norma de la Constitución provincial, ni guardan relación directa e inmediata con la validez de las disposiciones de la Constitución local o, en su caso, con cuestiones que no son propias y específicas de ella, en la medida que lo que se alega en dicho escrito es la violación de normas infra constitucionales mencionadas más arriba, de tal suerte que no se aprecia que los planteos de la agraviada refieran, de modo directo e inmediato, a cuestiones de validez de disposiciones de la Carta Magna local.

Nótese que en definitiva, el recurso se sostiene en la discrepancia con la solución de Cámara que entendió suficientemente documentada la deuda del actor remitiendo a otras vías procesales los planteos del recurrente, lo que configura una cuestión eminentemente fáctica ajena al carácter extraordinario del medio impugnativo tentado. Así no debe perderse de vista que el recurso de inconstitucionalidad busca fundamentalmente asegurar la supremacía de la Ley Fundamental, por lo que sólo las cuestiones que incidan en forma directa e inmediata en materia propia y específica de ella tienen entidad para viabilizar esta vía impugnativa. En este sentido se ha expresado que, para su cabida, "es preciso no sólo un déficit del juzgador, sino también -y como previo un error del legislador, consistente en dictar una norma inconstitucional". (cfr.Hitters, J.C. "Técnica de los Recursos Extraordinarios y de la Casación". Ed. Platense, 1984, pág.484). Por ende es preciso la individualización y cuestionamiento de las normas que estime violatorias de la Carta Magna provincial; en tanto se persigue el control de su supremacía respecto de aquéllas que la conculquen. Por lo tanto, toda pretensión que no dé adecuada satisfacción a este concepto y se sustente en argumentaciones que excedan el ámbito de aplicación del recurso en cuestión, devienen inadmisibles, como acontece en la especie.

En definitiva, esta Corte advierte que, en la cuestión de fondo que plantea la actora en su escrito de petición de amparo, no aparece ejerciendo una pretensión en que se controvierta la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos que estatuyen sobre materias regidas por la Constitución Provincial y que ello fuera la materia principal de la discusión entre las partes. El art. 91 de la ley 6944 es claro y terminante en su exigencia, y, por consiguiente, la impugnación constitucional de la actividad procesal desarrollada durante la tramitación del amparo no configura el supuesto previsto en esa norma, que autorice la habilitación del recurso.

Por lo expuesto, no encontrándose configurados los supuestos que habilitan el excepcional recurso de inconstitucionalidad, corresponde rechazar la queja interpuesta.

Por ello, habiendo dictaminado el Ministerio Fiscal a fs. 30 y encontrándose en uso de licencia el doctor Antonio Gandur, se R E S U E L V E :

NO HACER LUGAR al recurso de queja por inconstitucionalidad denegada interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia de la Sala Ia. de la Cámara Civil y Comercial Común, del 19/10/2005, por la cual se declaró inadmisible la concesión del recurso de inconstitucionalidad incoado en contra de la sentencia de fecha 28/6/2005.

HÁGASE SABER.

ALFREDO CARLOS DATO RENÉ MARIO GOANE ALBERTO JOSÉ BRITO HÉCTOR EDUARDO ARÉA MAIDANA ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA.