Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-03-27


Reg.: A y S t 281 p 357/359. Santa Fe, 27 de marzo del año 2018. VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el actor contra la resolución número 254 de fecha 9 de mayo de 2017 dictada por la Cámara de lo Contencioso Administrativo N°2 de la ciudad de Rosario, en autos "MORENO, Juan Carlos contra PROVINCIA DE SANTA FE -RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- (Expte. 136/16)" (Expte. C.S.J. CUIJ N° 21-00511254-8); y, CONSIDERANDO: 1. Surge de las constancias de autos que por resolución número 612 de fecha 14 de noviembre de 2016 la Cámara de lo Contencioso Administrativo N° 2 de la ciudad de Rosario rechazó el recurso de revocatoria contra el auto de Presidencia (número 551 de fecha 12.10.2016) que -a su turno- había declarado inadmisible por incompetencia el recurso contencioso administrativo interpuesto contra la Provincia de Santa Fe, tendiente a que se deje sin efecto la Resolución nro. 203/16 dictada por el Ministro de Trabajo y Seguridad Social de la Provincia en cuanto dispone rechazar por inadmisible el recurso de queja interpuesto contra la Resolución N° 174/14, por entender que la cuestión traída a debate se inicia con una "denuncia efectuada como consecuencia de una actividad desarrollada por una profesional en el ejercicio propio de su actividad como tal, cuya revisión y control no corresponde a este Tribunal (arts. 1, 3, 5 y 6 ley 11330)" (fs. 1/2). 2. Contra dicho pronunciamiento el actor deduce recurso de inconstitucionalidad con fundamento en el artículo 1, inciso 3 de la 7055 (fs. 6/24v.). Entiende que la resolución puesta en crisis hace una interpretación extensiva y contra legem del artículo 6 de la ley 11.330, sin observar que el objeto de la litis es el juzgamiento en sede administrativa de una conducta de un agente público actuando en su condición de profesional independiente del derecho -y no como funcionaria pública- a los fines de verificar si violó lo dispuesto en el artículo 13 de la ley 8.525 en cuanto dispone "observar en el servicio y fuera de él una conducta intachable y decorosa conforme a su cargo y función". Manifiesta que la Administración Pública tramitó la denuncia dentro de su ámbito de "poder disciplinario" que ejerce sobre los agentes cuando su comportamiento perjudica el debido cumplimiento de la relación administrativa principal, constituyendo un presupuesto para el ejercicio de dicho poder la subsistencia de una relación de empleo público. Considera que los fundamentos brindados por la Cámara reniegan de una obligación legal sustancial: la atribución por parte de la ley de la competencia para el juzgamiento de la conducta de los agentes públicos cuando el litigio versare "sobre empleo público, previsión social y sanciones administrativas aplicadas en ejercicio de la potestad de policía (art. 59, ley 10.160)", ya que la falta denunciada se encuentra tipificada en la ley de Empleo Público Provincial. Entiende que se está ante una denuncia administrativa y que la misma tramitó en la sede correspondiente, por lo tanto los actos emanados de dicho actuar son materia del presente recurso. Dice, en definitiva, que resulta arbitrario el pronunciamiento atacado a través del remedio extraordinario en tanto no reúne las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción que acuerda la Constitución provincial por cuanto desconoce la competencia que la ley le asigna como intérprete judicial de los casos que caen bajo la órbita del empleo público. 3. La Cámara de lo Contencioso Administrativo N° 2 de la ciudad de Rosario mediante resolución de fecha 9 de mayo de 2017 (número 254) denegó la concesión del recurso de inconstitucionalidad (fs. 25/27v.), con fundamento en la falta de demostración de un supuesto de arbitrariedad, denotando solamente su disconformidad con lo decidido. Tal denegación motiva la presentación directa de la accionante recurrente ante esta Corte (fs. 29/40v.). 4. Encontrándose los presentes a estudio de este Cuerpo, se adelanta que no corresponde en el caso franquear el acceso a esta instancia de excepción. Liminarmente corresponde señalar que el actor efectúa su denuncia a los efectos de que las autoridades competentes tomen conocimiento del caso; como consecuencia, la Administración Provincial instruyó una investigación a los fines de dilucidar la situación referida, en el ejercicio de sus propias potestades disciplinarias cuya finalidad es que se reconozca, declare o proteja un derecho, pero se trata de un derecho que pertenece a la Administración, cual es el de sancionar las extralimitaciones que cometan sus funcionarios o agentes (criterio de "Pedrotti, A. y S. T. 270, pág. 306; v. Hutchinson, Tomás, "Régimen de Procedimientos Administrativos", pág. 38); ello, tendente a mantener el debido funcionamiento de los servicios administrativos, e incluso mejorarlos (Marienhoff, Miguel S., "Tratado de Derecho Administrativo", T. III-B, pág. 404). Y si bien, la denuncia efectuada tuvo como finalidad poner en movimiento la organización administrativa, dicha presentación no es otra cosa que un pedido de un sujeto de derecho que, sin tener un interés directo y personal, teniendo sólo un interés simple (según surge de su relato que no persigue la reparación de los daños y perjuicios con fundamento en normas del derecho civil; ver f. 22v.), se presenta ante la Administración para hacerle notar un acto o hecho irregular (Dromi, Roberto, Derecho Administrativo, pág. 886). En efecto: la Cámara consideró que la denuncia efectuada por el señor Juan Carlos Moreno ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a los efectos de que se investigue si la actitud de su abogada particular -agente de dicho Ministerio- era contraria a lo dispuesto por el artículo 13 de la ley 8.525 no constituía materia contencioso administrativa en virtud del artículo 6, inciso b, de la ley 11.330, ya que la misma "resultaba ser una actividad desarrollada por una profesional abogada en el ejercicio propio de su actividad como tal, cuya revisión y control no corresponde a este Tribunal (arts, 1, 3, 5 y 6 ley 11.330)". Y en este sentido, el impugnante no logra persuadir de que corresponda en el caso franquear el acceso a esta instancia de excepción, en virtud que de la confrontación del pronunciamiento atacado con los argumentos expuestos en el escrito de interposición del recurso y el de queja, surge tan sólo la discrepancia del recurrente frente a la solución adoptada por la Cámara, mas sin delinear adecuadamente hipótesis de arbitrariedad que permitan sostener que, al resolver como lo hizo, el A quo hubiese desbordado el ámbito inherente a sus atribuciones propias. Es que del razonamiento seguido por el Tribunal, surge que lo resuelto no excede, tal como pretende genéricamente hacer ver el impugnante, los límites propios de los jueces de la causa al valorar la normativa aplicable al caso. Lo dicho es suficiente para desestimar la presente queja en razón de que, en definitiva, no se puede descalificar lo resuelto cuando no se ha prescindido de dar un tratamiento adecuado a la controversia, con arreglo a las constancias de la causa y las normas aplicables al caso, ya que la sentencia se encuentra fundada en argumentos que resultan suficientes para sustentarla e impiden su desacreditación como acto judicial. Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta. Regístrese y hágase saber. FDO.: GUTIÉRREZ-FALISTOCCO-GASTALDI-NETRI-SPULER-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA) Tribunal que intervino con anterioridad: Cámara de lo Contencioso Administrativo N° 2 -Rosario-.