Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2008-06-19


NEUQUEN, 19 de junio de 2008.

Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados: "BARBOZA SONIA ELEVINA Y OTROS C/ ALTEC S.E. S/COBRO DE HABERES", (Expte. EXP Nº 308271/4), venidos en apelación del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO LABORAL NRO. 2 a esta Sala II integrada por los Dres. Federico GIGENA BASOMBRIO y Luis E. SILVA ZAMBRANO, con la presencia de la Secretaria actuante Dra. Norma AZPARREN y, de acuerdo al orden de votación sorteado, el Dr. Luis E. SILVA ZAMBRANO dijo:

I.- A fs. 380/388 se dicta sentencia haciendo lugar a la demanda, y condenando a la demandada a abonar a los actores la suma de $ 25.533,00 y costas.

Contra dicho resolutorio interpone la parte demandada recurso de apelación, expresando agravios a fs. 403/406 vta., cuya réplica luce a fs. 412/413 vta.

II.- Se agravia la demandada por cuanto la sentencia de grado considera que el régimen aplicable a los actores es el privado, bajo el amparo de la LCT, y por ello entiende que corresponde se abonen las diferencias convencionales y las asignaciones no remunerativas previstas en los Decretos nros. 1273/02, 2641/02, 905/03 y 1347/03.

Sostiene la apelante que los decretos en los que se funda la acción no son aplicables a la empresa accionada, en razón de que excluyen expresamente al sector público del que ésta forma parte, y que el pronunciamiento de la a quo resulta contradictorio con la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en tanto da una calificación contraria a la realizada por el Alto Cuerpo.

Denuncia que lo decidido contraría también el art. 2 de la Ley 3186 de Administración Financiera y Control de la Provincia de Río Negro.

Dice que ALTEC S.E. se constituyó como una persona estatal pues su capital social pertenece mayoritariamente al Estado, siendo el régimen jurídico que corresponde aplicar es el de las sociedades y empresas del Estado. Que por ello el Poder Ejecutivo de la Provincia de Río Negro determinó la afectación de toda la planta permanente de la empresa al régimen de la Administración Pública. Además, sostiene la apelante, el objeto social de la sociedad es la prestación de servicios públicos esenciales, la designación de sus autoridades por el Poder Ejecutivo, la fiscalización por parte del Tribunal de Cuentas, el patrimonio social íntegramente aportado por el Estado y la íntegra regulación estatal en todos sus aspectos no pueden sino concluir en que la demandada es una empresa pública.

III.- La actora contesta los agravios formulados por su contraria sosteniendo que la quejosa confunde el carácter de empleados de derecho privado que tienen los actores con la naturaleza jurídica de la demandada, siendo el régimen jurídico que se aplica a sus empleados diferente al derecho aplicable a su creación.

Manifiesta que las sociedades del Estado, en el desarrollo de sus actividades comerciales, industriales y de investigación, son alcanzadas por las normas jurídicas del derecho privado, al igual que sus vínculos con terceros. Siguiendo este razonamiento, dice que la relación empleador-empleado no es una relación de empleo público.

Señala que no existe norma legal que disponga que los trabajadores de la demandada se encuentran afectados al régimen de empleo público, y que por lo demás, los actores tenían una jornada de trabajo distinta a la de los empleados de la Administración Pública rionegrina, y que contaban con categoría profesionales que no se encuentran en el escalafón administrativo de Río Negro.

IV.- Conforme las postulaciones de las partes, la controversia a dirimir por esta Cámara se circunscribe a determinar qué marco legal ampara a los trabajadores de una sociedad del estado provincial rionegrino, si el régimen de empleo público o el plasmado en la Ley de Contrato de Trabajo.

Las sociedades del estado, cualquiera sea éste, se encuentran sometidas al régimen establecido por la Ley 20.705, norma que las define como aquellas sociedades que "con exclusión de toda participación de capitales privados, constituyan el Estado Nacional, los Estados Provinciales, los Municipios, los organismos estatales legalmente autorizados al efecto o las sociedades que se constituyan en orden a lo establecido por la presente ley, para desarrollar actividades de carácter industrial y comercial o explotar servicios públicos".

La ley de aplicación somete a estas sociedades, en cuanto a su constitución y funcionamiento a las normas que regulan a las sociedades anónimas (Ley 19.550) -art. 2-, excluyendo expresamente para este tipo societario la aplicación de las leyes de contabilidad de obras públicas y de procedimientos administrativos (art. 6).

Lo expuesto determina que las sociedades del estado, no obstante ser una especie de descentralización administrativa, entendiendo ésta como la forma de hacer efectiva la actividad de la Administración Pública, a través de un ente separado de la Administración Central con personalidad jurídica propia y constituido por órganos también propios que expresan la voluntad de ese ente (cfr. Gordillo, Agustín, "Tratado de Derecho Administrativo", Ed. Fundación de Derecho Administrativo, 1998, T. I, Cap. XIV, pág. 1), son entidades que están regidas predominantemente por el derecho privado, sin perjuicio de la aplicación de ciertas normas y principios de derecho público no incompatibles con las finalidades de su creación (cfr. Procuración del Tesoro Nacional, 2/10/2007, "Estado Nacional -Sindicatura General de la Nación-", Dictamen n° 263:8, Lexis n° 70043152). Aunque debo señalar que para Miguel Marienhoff estas sociedades están sometidas principalmente al derecho privado cuando realizan actividades de carácter comercial o industrial, pero cuando su objeto social es la prestación de servicios públicos, tienen un sistema jurídico de derecho público (cfr. aut. cit., "Tratado de Derecho Administrativo", Ed. Abeledo-Perrot, 1995, T. I, pág. 475).

Ahora bien, de la documentación obrante en autos surge que la demandada tiene por objeto la realización de actividades comerciales, industriales y de investigación y desarrollo (Artículo Tercero del acta de constitución de la sociedad, fs. 56/vta.), o sea que no se encuentra dentro de su finalidad específica la prestación de servicios públicos. Por otra parte, el servicio de estacionamiento medido concedido a la accionada no puede calificarse como servicio público, sino que es un sistema de ordenamiento del tránsito vehicular derivado del poder de policía municipal. Por ello, habiéndose descartado la configuración del único supuesto en que, conforme la opinión de Marienhoff, podría suscitarse duda en torno al régimen legal aplicable, la controversia de autos queda plenamente situada dentro del derecho privado, y por ende, la relación de trabajo que vincula a las partes queda reglada por la Ley de Contrato de Trabajo y el Convenio Colectivo de la actividad.

Esta conclusión se ve corroborada por la jurisprudencia especializada, toda vez que las Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo aplica a los trabajadores de las sociedades del estado el régimen de la Ley 20.744 (cfr. CNAT, Sala 7°, 4/5/2006, "Caro c/ Sistema Nacional de Medios Públicos S.E.", Lexis n° 35003752; ídem., Sala 3°, 27/10/2005, "Ini c/ TELAM Sociedad del Estado", Lexis n° 70020335).

Por otra parte, y de acuerdo con las pruebas rendidas en la causa y detalladas en el resolutorio de primera instancia, la demandada dispensó a los actores, a lo largo de toda la relación laboral, un trato idéntico al que tienen los trabajadores incluidos en el régimen de contrato de trabajo, tanto en lo que refiere a horarios, remuneraciones y modalidad de vinculación; y que se diferencia claramente del estatuido para el agente público de la Provincia de Río Negro. Es un principio general del derecho que los sistemas o regímenes jurídicos que rigen para una determinada institución deben ser aplicados íntegramente, no pudiendo seleccionarse de ellos la norma más conveniente y desechar la que pueda resultar perjudicial. Por ello, la demandada no puede pretender que sus empleados no tienen derecho a percibir las asignaciones reclamadas o a ser incluidos en la CC de la actividad por el hecho de ser agentes públicos, cuando en todos los otros aspectos de la relación laboral no aplicó las normas que regulan el empleo público (estabilidad, nivel salarial, régimen de licencias, etc.).

Finalmente cabe señalar que no se ha probado en autos que exista legislación de la Provincia de Río Negro que determine que el personal de la accionada pertenece a la planta de agentes del estado provincial, existiendo, conforme lo expuesto en el párrafo anterior, una fuerte presunción en contrario toda vez que Altec S.E. no ha tenido una conducta acorde con la referida legislación.

Lo hasta aquí expuesto determina el rechazo de la apelación y la confirmación del decisorio recurrido en todo lo que fue materia de agravios, con costas de la presente instancia a la demandada apelante, debiendo regularse los honorarios de conformidad con las pautas del art. 15 L.A.

TAL MI VOTO.

El Dr. Federico Gigena Basombrío dijo:

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que antecede, adhiero al mismo.

Por ello, esta Sala II RESUELVE:

I.- Confirmar la sentencia dictada a fs. 380/388 en todo lo que ha sido materia de recurso y agravios.

II.- Imponer las costas de Alzada a la demandada vencida (art. 17 ley 921).

III.- Regular los honorarios correspondientes a esta Instancia en las siguientes sumas: para el Dr....., letrado apoderado de la actora, de PESOS UN MIL SETECIENTOS VEINTE ($1.720); para el Dr....., patrocinante de la demandada, de PESOS OCHOCIENTOS SESENTA ($860) y para el Dr....., apoderado, de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO ($345). (art. 15 L.A.).

IV.- Regístrese, notifíquese y, oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen.

Federico Gigena Basombrío - Dr. Luís E. Silva Zambrano Dra. Norma Azparren - SECRETARIA REGISTRADO AL Nº 103 - Tº IV - Fº 635/638 Protocolo de SENTENCIAS -S A L A II- Año 2008.