Quiebra, recursos
Materia: COMERCIAL
Carátula: UANINI DESMONTES S.A. s/ QUIEBRA PEDIDA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-06-30

El recurso de reposición del art. 99 L.C. sólo puede fundarse en la inexistencia de los presupuestos sustanciales para la formación del concurso: calidad del deudor como sujeto susceptible de falencia (presupuesto subjetivo) y estado de cesación de pagos (presupuesto objetivo). En el caso, la quebrada no intentó siquiera confutar ese argumento dirimente; es que la calidad de acreedor y su legitimación para impetrar la falencia es sólo un requisito exigido para la apertura de la instancia, de suerte que su cuestionamiento por el deudor puede impedir la declaración de la quiebra, pero solamente hasta ese momento llega su operancia; abierta la ejecución colectiva, el pedido de revocación ya no puede sustentarse en circunstancias atinentes a la existencia del crédito o a la legitimación del acreedor, que no hacen a los extremos esenciales del concurso. Como situación excepcional, si la cesación de pagos se ha inferido exclusivamente del hecho revelador "incumplimiento del crédito del solicitante", tendría sentido fundar el recurso en la inexistencia de tal acreencia, en tanto con ello se destruiría el elemento indiciario de la insolvencia. Pero si ésta se ha deducido de otros hechos reveladores y no se ataca la insolvencia en sí, resulta irrelevante a los fines de la reposición la demostración de que el peticionante, en realidad, no era acreedor legitimado para abrir la instancia (Rouillón, "Procedimientos para la declaración de quiebra", Zeus, p. 106/107). Como afirma Satta, "lo que cuenta es que la insolvencia exista; si existe, la quiebra deberá ser declarada, y toda impugnación será vana (Instituciones del Derecho de Quiebra, E.J.E.A., p. 78). Además -subsidiariamente- no puede argüirse con seriedad a esta altura que la peticionante de la falencia no haya agotado los trámites de la ejecución individual; obtenida sentencia de remate, su ejecución hubiese resultado frustránea, dada la absoluta falta de bienes suficientes en el patrimonio de la deudora; es verdad que esto ha quedado patentizado en base a elementos de convicción colectados con posterioridad a la inauguración de la falencia, pero nada obsta a que tales elementos de juicio sean valorados en este momento, dado lo prescripto por el art. 99 -segundo párrafo-de la ley concursal, con arreglo al cual, al resolver, el Juez debe valorar todas las circunstancias de la causa principal y sus incidentes. Aún prescindiendo de los argumentos precedentes, no puede afirmarse dogmáticamente que pendiente la ejecución individual no es posible intentar en base a los mismos títulos la vía colectiva falencial. Tengo perfectamente presente las diversas posturas que sobre el punto exhiben la doctrina y la jurisprudencia nacional. Una primera línea de pensamiento colige que el acreedor que inició la vía singular no puede incoar la colectiva mientras no desista o se declare la caducidad de la instancia en la primera. Ex-contrarii, se aduce que no es menester finiquitar los trámites del proceso individual para pedir la quiebra del deudor, habida cuenta de las finalidades u objetivos netamente distintos de ambos procedimientos. A mi juicio, como formulación general puede afirmarse que el último criterio es el más ajustado. La acción individual apunta derechamente a la satisfacción de un crédito. La colectiva, a la ejecución de todo el patrimonio del deudor, ante un hecho peligroso que puede afectar a todos los acreedores y rozar, incluso, el interés público: el estado de cesación de pagos. Bien puede ocurrir que la impotencia patrimonial se revele o aparezca durante el curso de la acción singular, y ésta insumir un lapso considerablemente extenso. Adviértase que en varias oportunidades los procedimientos precautorios de la ejecución individual pueden resultar insuficientes para tutelar la integridad patrimonial del deudor. Por qué negarle entonces al acreedor la posibilidad de que a su riesgo y peligro articule la solicitud del concurso?. En otros términos: entre la aplicación indiscriminada del principio electa una vía nom datus recursus ad alteram y la necesidad de encarrilar en forma célere la impotencia patrimonial a través del andamiaje concursal, para beneficio de una plétora de intereses en juego, me inclino por esta última, por ser de grado ostensiblemente superior. Es evidente que la ley ha querido que una vez configurada la insolvencia la preceptividad concursal se ponga en marcha lo más rápidamente posible (arg. arts. 10, 89, 236 inc. 5to. L.C.). La conclusión expuesta no empece a que en ciertos casos concretos se juzgue, en función de sus particularidades propias, que la solicitud de quiebra pendiente el juicio individual comporta una actitud abusiva del acreedor, no es susceptible de ser cohonestada por el Tribunal Concursal. En consecuencia, estando cabalmente comprobada la cesación de pagos por diversos hechos reveladores: reconocimiento judicial implícito en la oportunidad del art. 91 L.C. -no se cuestionó el crédito ni la insolvencia-; incumplimiento generalizado -tanto respecto del acreedor peticionante como de muchos otros que debieron promover acciones judiciales-; cesación definitiva de la empresa varios años antes del pedido de falencia; carencia absoluta de bienes en el país; insuficiente valor de los que presuntamente existirían en el extranjero para cubrir ni siquiera el crédito hecho valer por el requirente de la falencia (arts. 86,incs. 1, 2, 3, 4, L.C.), la revocatoria debe ser rechazada.-