Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-02-15


Salta, 15 de Febrero de 2013 Y VISTOS: Estos autos caratulados "CREDINEA S.A. vs. CAMPOS, Lucia Mercedes - Ejecutivo", Expte. Nº 398939/12 del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial de Procesos Ejecutivos, Expte. Nº CAM 412162/12 de esta Sala Tercera y, C O N S I D E R A N D O I) Se encuentran estos autos a despacho a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto a fs. 13 por la razón social actora, contra la resolución de fs. 10/12 que declaró la incompetencia del Juzgado para intervenir en los presentes autos. Por memoria de fs. 15/16 la accionante funda su recurso. Sostiene que la sentencia recurrida no es una derivación razonada del derecho vigente, al enmarcar el vinculo existente entre las partes en la Ley de Defensa del Consumidor 24.240, incurriendo en contradicción al admitir que el instrumento debe pagarse en la Ciudad de Salta y que las partes pueden prorrogar la competencia territorial para luego volver sobre el articulado de la norma de consumo y declararse incompetente. Entiende que es improcedente analizar la causa de la obligación, y concluye que habiendo las partes fijado el lugar de pago en el propio documento y que el mismo resulta extrínsecamente válido, sin que existan normas de orden público que desnaturalicen lo dispuesto por el art. 21 del Código Civil, cabe se revoque la sentencia recurrida.

A fs. 24/25 dictamina la Sra. Fiscal de Cámara quien se pronuncia por la confirmación de la declaración de incompetencia del Juzgado, argumentando para ello que en el instrumento de fs. 3 se ha fijado como domicilio de pago el de calle Alberdi Nº 202, sin especificar de que ciudad por lo que entiende que coincide con el lugar donde se realizó el pagaré, esto es la ciudad de Joaquín V. González, sin que surja que las partes hubiesen pactado la prórroga invocada por la actora.

II) Los agravios traídos a conocimiento de este Tribunal se asientan en la imposibilidad legal del magistrado de analizar la causa del pagaré en virtud de su abstracción a fin de declarar su incompetencia, y en la existencia de una invocada prórroga expresa de competencia que obstaría a la procedencia de la declaración de incompetencia de oficio.

III) Cuadra entonces reparar que la competencia territorial es esencialmente prorrogable por conformidad de los interesados (conf. CSJN, Fallos 313:717); y en consecuencia resulta relativa y disponible, en tanto no se encuentra comprometido el orden público (CNCom., Sala A, Doctrina Judicial, t. 1997-1, p. 1066) resultando susceptible de ser prorrogada implícitamente cuando el actor promueve la demanda, la que se consolidaría si el demandado no opone oportunamente la excepción de incompetencia, En el caso -tal como ha puesto de resalto el dictamen fiscal-, de las constancias de fs. 3 surge que, en el texto del pagaré se ha consignado la ciudad en la que fue suscripto - Joaquín V. González- más no el domicilio de pago, ni convención alguna respecto de este último, por lo cual no contamos con elemento alguno, más que los argumentos de la actora, que demuestren la existencia de la pretendida prórroga de competencia, por lo que el agravio en lo que a ello se refiere, queda sin sustento y debe ser rechazado.

Resta analizar el restante agravio, esto es si el sentenciante puede declarar de oficio su incompetencia territorial con fundamento en el art. 36 in fine de la Ley 24.240, cuando se trata de la ejecución de un pagaré que se caracteriza por su abstracción. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, siguiendo lo dictaminado por la Procuradora ante la Corte en el caso "Cía. Financiera vs. Toledo", sostuvo que no procede declarar de oficio la incompetencia en asuntos exclusivamente patrimoniales cuando ella se funda en razón del territorio, en tanto puede ser prorrogada por las partes (CSJN, 231 L XLVI, 24 de agosto de 2010). Cabe destacar que se trataba de un supuesto similar al presente, en el cual se pretendía ejecutar un pagaré y el magistrado de primera instancia declaró su incompetencia de oficio con sustento en el art. 36 de la Ley 24.240.

El aludido criterio jurisprudencial resulta a criterio de la Sala, plenamente aplicable al caso. Máxime, cuando en el sublite no se cuenta con elementos que permitan -tal como ocurrió en los precedentes citados en el fallo recurrido- determinar que la actora -más allá del nombre de la persona jurídica- se encuentra comprendida en el art. 2 de la Ley de Defensa al Consumidor.

Asimismo, es pertinente poner de resalto que el dictamen aludido en la sentencia en crisis emitido en los autos "Cía. Financiera vs. Monzón - Ejecutivo", de trámite por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, refiere a un supuesto distinto al de autos, en tanto el planteo de incompetencia fue formulado por la parte y no de modo oficioso, y más allá de ello el Máximo Tribunal aún no ha dictado sentencia en el caso (v. http://www.csjn.gov.ar/expcon/documentos/expedientes/datosexpe.jsp).

Es importante por último destacar que el criterio que se postula fue asimismo sostenido por la Sala in re Banco Macro S.A. vs. González, Héctor Hugo (CApel.CC. Salta, Sala III, año 2011 f° 556/557) ocasión en que el Dr. Guillermo F. Díaz -voto al que adhiriera el Dr. Marcelo Ramón Domínguez- dijo que "las prescripciones de la ley de defensa del consumidor presuponen, necesariamente, el ámbito de la relación de consumo. Ello quiere decir que para determinar su aplicación resulta preciso conocer la causa de la obligación litigiosa. De allí que el procedimiento estatuido en el art. 53 de la ley 24.240 es el ".de conocimiento más abreviado que rija en la jurisdicción del tribunal ordinario competente."; o sea, en nuestro caso, el juicio sumarísimo; que permite claramente la indagación sobre la causa del negocio." "Distinto es el supuesto de los negocios cambiarios documentados en instrumentos que traen aparejada fuerza ejecutiva, pues se han desprendido de su causa originaria, la que no puede indagarse en el juicio ejecutivo. De allí que deba entenderse que el art. 36 de la misma ley 24.240 que refiere a operaciones de venta de crédito, es ajeno al ámbito del juicio ejecutivo y, en todo caso, podría resultar de aplicación en el juicio de conocimiento posterior (el procedimiento sumarísimo que resultaría de la aplicación del art. 53 en el supuesto que el negocio base estuviere amparado en la ley de defensa del consumidor, sería incompatible con el carácter ordinario del proceso de conocimiento posterior al ejecutivo que prescriben los códigos de procedimientos)." "Por tanto, deben entenderse excluidos de la aplicación de la ley de defensa del consumidor a los juicios donde se ejecutan títulos abstractos pues, tratándose de procesos que presumen la legitimidad de la causa, impiden conocer el negocio de base que pudo o no haber tenido lugar en una relación de consumo. Como se dijo más arriba, los juicios derivados de relaciones de consumo comprendidos en las previsiones de la ley 24.240, deben tramitarse en proceso sumarísimo o verbal, es decir, por la vía de un proceso de conocimiento, con clara posibilidad de investigación y debate sobre la causa; cuestión que resultaría imposible en los negocios abstractos; resultando ajeno al espíritu de la ley que la vía ejecutiva no sea de aplicación a esos negocios abstractos cuando hubieren sido celebrados por un banco." "Distinto son los supuestos en que se ejecutan prendas u otros negocios causados, que permiten presuponer la relación de consumo (como el supuesto de la prenda sobre un automóvil destinado a uso particular, fallado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial Sala D, cita online AR/JUR/64712/2010) y no un pagaré abstracto como en el caso de autos." "Por tales razones, entiendo que rigen en este supuesto las disposiciones sobre competencia comunes, apareciendo en consecuencia prematura la decisión del Juez, si aun no se ha dado oportunidad procesal de conocer si se verificará prórroga expresa o tácita de la jurisdicción." Por lo expuesto, corresponde revocar la resolución de fs. 10/12, en tanto resulta anticipado todo pronunciamiento sobre la competencia territorial.

Por ello, LA SALA TERCERA DE LA CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA PROVINCIA DE SALTA, I) HACE LUGAR al recurso de apelación de fs. 13, y en su mérito REVOCA la resolución de fs. 10/12, mandando continúe la tramitación de la causa en el Juzgado de grado.

II) CÓPIESE, regístrese, notifíquese y REMITASE.

CApel. CC. Salta, Sala III - T. 2.013 Fs. 08/10 (15/02/13).