Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2015-04-30


CONSIDERANDO:	I. Que, de acuerdo al escrito agregado a fs. 183/186 del Expediente Administrativo Nº 54-10553-10 de la Inspección General de Personas Jurídicas, la Asociación de Vecinos de los Ríos Castellanos y Lesser interpuso recurso de apelación en los términos del artículo 5º de la ley 4583 en contra de la resolución por la cual se le requirió que, para poder proceder al control asambleario de la asociación, acompañe su estado contable certificado por contador público cuya firma, a su vez, deberá ser certificada por el Colegio Profesional de Ciencias Económicas, según lo dispuesto por la Resolución IGPJ Nº 114/08, artículo 2.5. El recurso fue concedido en estas actuaciones judiciales, a fs. 11, luego de emitida la providencia de fs. 2 por el Sr. Presidente de la Corte de Justicia, en relación y con efecto suspensivo. ______	En su memorial de fs. 18/27 de autos la recurrente dice impugnar las resoluciones que le imponen la obligación de adjuntar balances societarios con la firma de Contador Público Nacional certificada por el respectivo Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Manifiesta que este recurso conlleva la tacha de inconstitucionalidad del ya citado artículo 2.5 de la Resolución IGPJ Nº 114/08 y de las demás normas jurídicas provinciales en las que se asientan las resoluciones recurridas._________________________________________	Relata los antecedentes de la Asociación e invoca la libertad de asociación, aduciendo que las decisiones aquí cuestionadas vulneran dicho derecho con la imposición de recaudos exorbitantes en relación a las dimensiones de esa asociación vecinal, teniendo en cuenta el costo elevado que representa cumplir con la exigencia de firma certificada y formalidades anexas. Dice que la reciente decisión de la Municipalidad de la Ciudad de Salta de sufragar con fondos públicos los gastos contables de las asociaciones que agrupan a los vecinos implica una serie de maniobras de disciplinamiento violatorias de derechos asociativos fundamentales. Considera que el requisito impuesto por la IGPJ constituye una autoritaria intervención en la vida de la asociación y una violación a los principios de reserva de ley y de razonabilidad, a partir de la decisión del Sr. Director General que -en su criterio- constituye una limitación al poder reglamentario del Estado. Manifiesta que en sus estatutos existen normas que contemplan suficientes mecanismos de control autónomo de ingresos y gastos, lo que equivale -en su criterio- que son los propios socios los encargados de vigilar el movimiento económico de la sociedad, sin perjuicio de sus derechos de demandar la intervención del Estado. Agrega que ninguna de las normas habilitantes (ley 4583/73 y Dto. Pcial. Nº 3964/74) introdujeron el requisito ahora exigido por la Resolución Nº 114/08.___________________________________________	Destaca la diferencia entre los distintos modos asociativos y expresa que la libertad de asociación con fines útiles sólo puede ser limitada por razones de seguridad, salud o la necesidad de proteger derechos de terceros; invoca la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ofrece prueba y pide se acoja el recurso declarando la inconstitucionalidad del artículo 2.5 de la Resolución Nº 114/08, eximiéndola de la obligación de presentar estados contables firmados por un contador público nacional e intervenidos por el respectivo Consejo Profesional. Pide costas.___________________________	A fs. 32/34 comparece la Inspección General de Personas Jurídicas y solicita el rechazo del recurso, con costas._____________________________	Destaca las características del organismo dependiente del Ministerio de Gobierno y sus atribuciones y competencias de acuerdo a la ley 4583/73, entre las que -señala- no se encuentra la de intervenir en juicios en calidad de actor o demandado. Por tal motivo considera que los agravios deben ser rechazados y que debe disponerse que la recurrente ocurra por la vía y forma que corresponda en contra de la Provincia de Salta.	Sin perjuicio de ello sostiene que el plazo para promover el recurso judicial previsto por el artículo 5 de la ley 4583 se encontraba vencido al momento de presentación del recurso. Menciona las fechas de notificación de la resolución y la de su publicación en el Boletín Oficial._________________	Agrega que la obligación impuesta por el artículo 2.5 de la Resolución Nº 114/08 se adecua a la normativa de fondo para que el ente sea considerado como persona jurídica de carácter privado, en los términos del artículo 33 2º párrafo inciso 1º del Código Civil. ___________________________________	Hace mérito de la importancia del balance respecto a la situación financiera, económica y patrimonial de una asociación civil y en relación a las posibilidades de control por parte de ese organismo._____________________	Niega la violación de los derechos invocados por la recurrente y la imposibilidad de afrontar el costo emergente de la actuación de los profesionales colegiados, mencionando la actuación de un profesional de la abogacía patrocinante de la Asociación que, por tal carácter, impone el pago de los aportes correspondientes, lo que en su criterio desvirtúa las alegaciones referidas al costo elevado del trámite.	A fs. 40/42 la Fiscalía de Estado contesta la vista oportunamente conferida, expidiéndose por el rechazo del recurso bajo análisis.	El Sr. Fiscal de Cámara Civil, Comercial y Laboral (interino) emite su dictamen a fs. 44/45 vta., considerando que deben rechazarse tanto el planteo de inconstitucionalidad como el recurso de apelación directa. _____________	Las presentes actuaciones se encuentran con llamado de autos, conforme providencia firme de fs. 58.____	II. Que, al tratar sobre la competencia para entender en los recursos directos interpuestos en contra de la Inspección General de Personas Jurídicas con fundamento en el artículo 5º de la ley 4.583, la Corte de Justicia dijo reiteradamente que es a los tribunales de alzada del fuero competente en razón de la materia, y no a la Corte de Justicia, a quienes corresponde resolver los asuntos donde se controvierten cuestiones de naturaleza civil o comercial. Bajo tal premisa, declaró la competencia de la Sala que en turno correspondiera para actuar como Tribunal de Alzada en el caso de dichos recursos (CJSalta, Tomos 74:077, entre muchos otros).__________________	Sin embargo, puesta esta Sala Primera a resolver, se torna necesario recordar que en recientes pronunciamientos el Superior Tribunal Provincial, en casos en donde se dilucidó -a los fines de la declaración de competencia material- si la litis versaba sobre una "causa civil" o no a la luz de la nueva doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación emanada del caso "Barreto" (CSJN, Fallos 329:759) se llegó a la conclusión de que cuando se trate de materia propia del derecho público y su regulación corresponda al derecho administrativo, aunque eventualmente se invoquen o se apliquen, de manera subsidiaria, disposiciones de derecho común o principios generales del derecho, la cuestión debe ser dilucidada en el fuero contencioso administrativo (Tomo 189:865, entre otros).	La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que si de los hechos de la causa resulta con meridiana claridad la dilucidación de aspectos propios del derecho público, ello no se desvirtúa frente a la particularidad de que puedan también regir, subsidiariamente, normativas o institutos del derecho común llamados a integrar su regulación especifica (cfr. "D'Aloisio, Armando c/ Bco. de la Prov. Bs. As. s/ DS y PS", S.C.Comp. 332.XLIV), toda vez que aquéllos no desnaturalizan el ámbito propio del derecho administrativo (Fallos, 306:1591; 310:1555; 325:2687; 329:759, entre otros) en cuyo plexo de principios pasan a integrarse (Fallos, 329:759).___________	De tal modo, es menester dejar establecido que situaciones como las debatidas en el marco del presente recurso de apelación directa, respecto del cual se tiene dicho que "El art. 5 de la ley 4583 prevé un sistema recursivo especial, donde incluso admite la posibilidad de opción entre recurrir ante la vía administrativa o instar la vía judicial, con lo cual se excluye la administrativa" (CJSalta, Tomo 137:491), es necesario determinar en primer lugar si hubo, en efecto, una resolución de ese organismo, como lo requiere la norma, que sea impugnable mediante el recurso directo; si, en su caso, el silencio de la autoridad superior del organismo puede tomarse como denegatoria tácita a los fines de la habilitación del remedio judicial; si la opción efectuada por el recurrente a favor del recurso judicial es procedente, ante las diversas presentaciones administrativas efectuadas por ante la Inspección General de Personas Jurídicas o si éstas deben ser tenidas como recursos administrativos en contra de la primera decisión (en la especie, la adoptada mediante Nota Nº 1739/13, fs. 178/179, y notificada al recurrente mediante diligencia que obra a fs. 180 el 8 de Agosto de 2013), a la luz del principio de informalismo del administrado.___________________________	Es que actos como los mencionados conforman un procedimiento administrativo particular que, no obstante haber sido específicamente regulado en algunos aspectos por la ley 4583, debe ser examinado según las normas generales y los principios emanados de la ley provincial de procedimiento administrativo nº 5348.____________________________________________	La cuestión de fondo a resolver, por lo demás, versa sobre las exigencias establecidas por el organismo perteneciente a los cuadros de la Administración Pública Provincial, en virtud de sus facultades administrativas reglamentarias, para tener por presentado el balance requerido a los fines del pertinente control asambleario de la asociación (art. 2 Res. 114/08). En definitiva, en este caso se niega a la recurrente la posibilidad de ser objeto de control por parte de la IGPJ por no haber cumplido con las condiciones establecidas por el artículo 2.5, decisión de neto carácter administrativo, como el recurrente lo puso de manifiesto en su presentación del 1 de Agosto de 2013 (fs. 175 Expte. Adm.).	No se trata entonces de materia civil o comercial, y por ello, luego del análisis precedente, se advierte que no resulta aplicable en el sub lite la anterior doctrina de la Corte de Justicia de Salta atributiva de competencia en el caso de recursos como el aquí interpuesto, por cuanto para resolver sobre su procedencia resultará esencial el examen e interpretación de actos administrativos y normas de carácter general relativos al diseño y ejecución de políticas públicas inherentes al control del funcionamiento de las asociaciones civiles previstas por el artículo 33º inciso 1º segunda parte del Código Civil, en el marco de competencias atribuidas al órgano mediante ley 4583 (cfr. doctrina CJSalta, Tomo 194:19/24).__________________________________	En consecuencia, el recurso no puede ser resuelto por esta Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial sino en el fuero con competencia material específica expresamente creado para casos donde se debatan derechos de índole administrativa. No obsta a ello la tacha de inconstitucionalidad formulada en contra de la disposición administrativa reglamentaria dictada por la IGPJ, pues sabido es que todo juez tiene a su cargo la posibilidad de ejercitar el llamado "control difuso de constitucionalidad" (CJSalta, Tomo 121:341)._______________________________________________________	En síntesis, siendo la providencia del Sr. Presidente de la Corte de Justicia de fs. 2 (26/9/13) y el decreto de concesión del recurso (fs. 7, 23/10/13) anteriores al dictado de los fallos por los que la Corte de Justicia acogió la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los casos "Barreto", "Galfetti de Chalbaud", etc. (Fallos 190:373 del 30/6/14; 192:979 del 6/10/14; 193:515/536 del 28/10/14; 194:19/24; 194:969/984; 195: 389/396), tratándose la situación en debate de materia netamente administrativa y considerando que por ley 6569 y Cláusula Transitoria Cuarta de la Constitución Provincial existe en la Provincia de Salta un fuero en lo contencioso administrativo, corresponde declarar la incompetencia del fuero civil y comercial para entender en las presentes actuaciones y remitirlas a la Corte de Justicia a fin de que determine, bajo las premisas de sus últimos pronunciamientos, cuál es el tribunal competente para resolver el recurso de apelación directo bajo análisis.	Por ello,	LA SALA PRIMERA DE LA CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL,	_____________________ RESUELVE:	I. DECLARAR LA INCOMPETENCIA del fuero civil y comercial para entender en las presentes actuaciones y, en consecuencia, REMITIR la causa a la Corte de Justicia de Salta para que determine cuál es el tribunal competente para intervenir en ellas.	II. MANDAR se copie, registre, notifique y oportunamente se dé cumplimiento a lo dispuesto en el punto I.