marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Obediencia debida, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, jerarquía de los Tratados Internacionales
Materia: INTERNACIONAL PUBLICO - CONSTITUCIONAL - PROCESAL - PENAL
Carátula: Raffo, José Antonio y otros s/ tormentos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-28

Lo dispuesto en el art. 2 "in fine" de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (aprobada por la ley 23.338), en tanto establece que no podrá invocarse una orden de un funcionario superior o de una autoridad pública como justificación de la tortura, constituye un obstáculo insalvable para la aplicación de la ley 23.521 en el "sub lite", y tal conclusión significa apartarse de la doctrina de la Corte basada en que ni el art. 31 ni el 100 de la Constitución Nacional atribuyen prelación o superioridad a los tratados con las potencias extranjeras respecto de las leyes válidamente dictadas por el Congreso de la Nación.
Delitos aduaneros, declaración inexacta de mercaderías
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Intercitrus S.A. (T.F. 6.833-A) c/ A.N.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-25

El hecho ilícito queda configurado con la presentación de la declaración de encontrarse reunidos en ese momento todos los elementos que el art. 954 establece. Para determinar si esa declaración inexacta pudo producir el efecto a que se refiere el inciso c) del art. 954 carece de relieve cualquier conducta posterior del declarante (conf. sentencia de esta Sala in re "Lotopa" del 24/3/92).
Reconocimiento en rueda de personas, nulidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: MARIO ALBERTO GUIDI s/ ABUSO DE ARMAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1996-06-12

Los testigos llamados a dar fe para sindicar al prevenido, no prestaron juramento de decir verdad como expresamente lo establece el artículo 272 del Código Procesal Penal, en el Acto de Reconocimiento en Rueda de Personas. Tal circunstancia por sí sola nulifica dicho acto definitivo e irreproducible y así cabe declararlo.
Daños y perjuicios, tasas de interés, tasa activa, modificación de la tasa de interés, capitalización de intereses, fundamentación de sentencias, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por UGOFE S.A. en la causa García, Javier Omar  c/ UGOFE S.A. y otros  s/ daños y perjuicios (acc. trán. c/ les. o muerte)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-07

Es arbitraria la sentencia que fijó intereses, desde la fecha del accidente hasta el 1 de agosto de 2015, a la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina y, desde entonces hasta el efectivo pago, al doble de esa tasa, pues la norma del art. 771 del Código Civil y Comercial de la Nación, a la que remite la sentencia, solo faculta a los jueces a reducir -y no a aumentar- los intereses cuando la aplicación de la tasa fijada o el resultado que provoque su capitalización excede sin justificación y desproporcionadamente, el costo medio del dinero para deudores y operaciones similares en el lugar donde se contrajo la obligación.
Títulos de crédito, cheque, monto del cheque, moneda de curso legal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MENDOZA REFRESCOS S.A. c/ GUILLERMO BIANCHINI s/ Ejecutivo (LIBRO: S071 - 176)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-05-26

Es válido el cheque que consigna la suma a pagar en australes aunque dicha moneda no fuera ya de curso legal, ya que la reglamentación del Banco Central permite el pago de los mismos sin tener en cuenta la fecha de su constitución.
Nulidad procesal, acta policial, firma de testigos, falta de firma
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por el Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal en la causa González, Domingo Fernando s/ arts. 296 y 289, inc. 3 C.P. c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-04-09

El art. 140 del Código Procesal Penal de la Nación establece que serán nulas las actas si faltare, entre otros requisitos, la firma de testigos que intervinieron en el acto pero no en el caso de ausencia, ya que su intervención no puede ser interpretada sino como colaboradores que cumplen una función de asistencia y control frente a una garantía procesal, que no se ha visto afectada -ni cuestionada- en tiempo y forma. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-.
Tasa de justicia, integración de la tasa de justicia, asegurador por riesgos del trabajo
Materia: PROCESAL
Carátula: PROVINCIA  ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. c/ IRRIBARREN,Alejandro Oreste y otros s/ INTERRUPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-09-16

Si la persona Jurídica Provincia Aseguradora de Riesgos de Trabajo inicia una acción de daños y perjuicios debe tributar la tasa de justicia respectiva porque no se encuadra dentro de las excepciones que enumera la ley 23.898. A ello se añade que la ley 9434 de la Provincia de Buenos Aires es una ley local y por tanto no cabe extender su aplicación a la jurisdicción nacional, aunque la actora tenga como socio mayoritario al Banco Provincia no se encuentra eximida del pago de la aludida tasa.
Pedido de quiebra, reconocimiento de las obligaciones, certificación de firma, prueba sumaria del crédito, reconocimiento de firma
Materia: COMERCIAL
Carátula: ESTADIO SRL s/ PDQ POR JUAN MINETTI SA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-02-28

Procede incoar un pedido de quiebra con base en un reconocimiento de deuda y convenio de pago cuando, -como en el caso-, se verifica que las firmas se encuentran certificadas, toda vez que resulta innecesario el previo cumplimiento del recaudo de integrar el trámite con actos incompatibles, es decir, la citación al reconocimiento de la firma respectivo. De modo pues, que la citada documentación, sirve de presunción suficiente a los fines perseguidos en este tipo de trámites, esto es, la prueba sumaria del crédito a tenor de lo dispuesto por la L.C. art.80; puesto que ello implica en este liminar marco el reconocimiento de la existencia de la acreencia.
Proceso penal, delitos contra la propiedad, hurto simple, encubrimiento, estelionato, sentencia condenatoria, recurso de casación, apreciación de la prueba, prueba testimonial, expresión de agravios, información reservada, denegatoria del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Quiroga, Luis René - encubrimiento, etc. - s/ rec. de casación c/ sent. nº 32 de expte. nº 52/17 acumulado al nº 156/18 c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2020-03-10

Los agravios del recurrente dirigidos a atacar la fundamentación probatoria de la sentencia, tienen directa vinculación con la valoración que del material probatorio ha efectuado el tribunal a quo para arribar a un pronunciamiento condenatorio. Sin embargo sus cuestionamientos logran conmover la sentencia impugnada, debido a que el quejoso no demuestra lo absurdo o irrazonable de los fundamentos de la decisión recurrida y su la crítica sólo expresa su discrepancia con la valoración todos los elementos de juicio que concurrieron a formar el criterio del tribunal de la instancia anterior para resolver como lo hizo, pues la coautoría del imputado en el hurto quedó acreditada, en tanto los testigos que expusieron en la audiencia de debate causaron una impresión en el tribunal de mérito derivada de su inmediación con la prueba, lo cual constituye una cuestión subjetiva perteneciente a la esfera reservada a aquellos por la ley, que no puede reemplazarse toda vez que la revisión casatoria, supone el control de razonabilidad de la sentencia del Tribunal y no que se practique un nuevo debate. Y es en ese sentido que esta Corte -en sus distintas integraciones- se ha pronunciado en numerosos fallos (S. n° 59, 01/12/2017; S. n° 29, 29/08/2013; S. 23, 31/05/2012; S. n° 7, 04/04/2011; S. n° 13, 26/06/2009; S. n° 9, 23/04/2009; S. n° 3, 03/03/2009; S. n° 1, 06/02/2009; S. n° 2, 06/02/2009; S. n° 22, 11/11/2008, S. n° 8, 30/04/2008, entre otros), siguiendo la doctrina sentada por el Máximo Tribunal de la República a partir del fallo "Casal" (CSJN 20/09/2005).(Del voto de la Dra. Molina).
Concursos, concurso especial, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lavezzari, José c/ Monthieu, Luis s/ Concurso especial hipotecario
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-07-11

Corresponde imponer las costas al ejecutante que anticipadamente recupera su crédito con respecto al resto del concurso, pues ello debe traducirse en un costo para el propio interesado, del cual no tiene por qué hacerse cargo el concursado.-
Ministerio Público de la Defensa, intervención del Ministerio Público
Materia: PENAL
Carátula: G., P. s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-08-05

Si no se dio vista de las actuaciones al Defensor de Menores que por turno debía intervenir, corresponde devolver la causa al tribunal de origen para que así se haga, pues es parte necesaria en todo proceso donde sea interesado un menor de edad más allá de la representación que puedan ejercer sus padres. El voto concurrente señaló que en el caso se configuró una nulidad absoluta, pues la decisión del tribunal de juicio en contra de los intereses de la niña damnificada, sin dar oportuna intervención al Defensor de Menores con antelación al dictado de la resolución recurrida, ha derivado en un perjuicio insusceptible de reparación ulterior. (Dres. Madueño, Rodríguez Basavilbaso -voto concurrente- y Fégoli).
Recurso extraordinario de nulidad, omisión de cuestión esencial
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Sociedad de Fomento Barrio Residencial "Las Dunas" y otros c/ Provincia de Buenos Aires s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-04-23

Si el Tribunal no consideró una cuestión esencial, resulta fundado el recurso extraordinario de nulidad que denuncia esa omisión.
Tenencia de hijos menores, resoluciones judiciales
Materia: CIVIL
Carátula: M.C.A. c/ R.F.L. s/ Regimen de Visitas
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-09-24

lo referente a cuestiones en que se encuentre involucrada la situación de menores de edad respecto a la tenencia y régimen de visitas por parte de sus progenitores, es de resolución provisoria, toda vez que lo decidido hoy, puede no resultar conveniente mañana y dar lugar a transformaciones sustanciales. Pero, para que ello ocurra-variación de una situación vigente-, han de unirse razones de entidad suficiente que incidan sobre el interés del menor.
Sociedad de hecho, prueba, apreciación de la prueba
Materia: COMERCIAL
Carátula: SERGIO ALVIZUA c/ GRECO HERMANOS  SAICA s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-09-15

La circunstancia de que una sociedad de hecho pueda ser acreditada por todos los medios de prueba (ls: 25) implica que en el caso concreto deban analizarse las probanzas aportadas a fin de apreciar si de su conjunto surge un serio poder de convicción que autorice a admitir su existencia. Pero si bien la realidad de la sociedad puede ser acreditada por cualquier medio de prueba, ello no implica amplitud en el criterio de apreciación de la prueba, sino sólo en los medios de prueba. Lo expuesto encuentra fundamento racional en las gravosas consecuencias que pueden derivar de su reconocimiento respecto a una relación determinada.
Contrato de obra pública, prórroga del plazo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: TECSA SA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 151-80
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-07-18

No puede imputarse imprevisión a la empresa respecto a la inundación del obrador resultado de una lluvia extraordinaria y de una creciente que eleva el nivel hasta la cota + 52,621, ya que las actitudes que atendiendo a lo normalmente calculable puede adoptar, no hubieran evitado ese acontecimiento y sus consecuencias, en razón del volumen extraordinario de las precipitaciones y al desborde del río de su cauce -hecho que debe considerarse probado pues frente a la rotunda afirmación efectuada al demandar, la Administración no opuso la categórica negativa que requiere el artículo 142 inciso 2 de la ley 5531 aplicable, (artículo 23 ley 4106)- no surgiendo de autos que tal desborde, en este río de barrancas definidas sea habitual o razonablemente previsible ni aun en épocas de crecientes según el comportamiento demostrado en el curso de ejecución de la obra.

Por ende, se admite el derecho a ampliación del plazo de entrega de la obra pública por inundación del obrador.
Defensa del consumidor, multa administrativa
Materia: CIVIL
Carátula: Corlli, Sandra Liliana c/ Banco Columbia S.A. s/ Recurso de apelación directa
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2014-07-25

A fin de determinar el incumplimiento de las obligaciones asumidas en el marco de la ley de defensa del consumidor, procede la analogía con el Código Civil, que legisla que el pago debe ser hecho el día del vencimiento de la obligación, entendiéndose por pago lo dispuesto por el art. 725 de dicho digesto
Robo con armas, arma propia, arma impropia, cortaplumas, concepto de arma
Materia: PENAL
Carátula: L.,  C.A. s/ Robo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-02

Siendo arma todo elemento u objeto, o todo aquello que aumente el poder físico ofensivo del ser humano y pueda causar un mayor daño que el que naturalmente puede ocasionar su propio cuerpo, no existen dudas que el cortaplumas multiuso lo es, debiendo calificarse el hecho como robo agravado por el empleo de armas (art. 166 inc. 2do.) del C.P. ).
Recurso contencioso administrativo, decretos provinciales, agotamiento de la instancia administrativa
Materia: PROCESAL
Carátula: TEMPORELLI S.A. c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-05-10

Sin perjuicio de si en efecto el actor debía o no impugnar necesariamente en sede administrativa el decreto 1188/98, tanto este último como el decreto 3199/93 fueron dictados por el Poder Ejecutivo, órgano que luego de un extenso trámite administrativo y judicial tuvo pleno conocimiento del asunto debatido y la posibilidad de pronunciarse expresamente, y en tales condiciones, puede razonablemente entenderse que la actividad desplegada en el caso -e incluso en otros similares que llegaron a la sede de esta Corte- dio oportunidad bastante a la demandada para valorar y resolver los cuestionamientos que ahora se traen ante el Tribunal, por lo que se encuentran adecuadamente preservados en la especie el sentido y la finalidad del requisito de agotamiento de la vía administrativa previa; debiendo añadirse que el objeto de impugnación del recurso contencioso administrativo -conforme surge de lo anteriormente relatado- abarcó al decreto 3199/93 y a los actos concordantes, por lo cual, en las particulares circunstancias de la causa, el decreto 1188/98 era susceptible de ser considerado como integrante de aquel objeto. - CITAS: CSJStaFe: Sanitek, AyS T 183, p 225. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Decretos provinciales 3199/93 y 1188/98.
Acción de inconstitucionalidad, legitimación activa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Matoso, César A. s/ Acción de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-07-14

La calidad de parte interesada debe ser acreditada como requisito necesario para la procedencia de la demanda (art. 161 inc. 1 Const. prov.) siendo atribución de la Corte efectuar el examen in límine litis.
Jurisdicción y competencia, competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, competencia federal, cuestión federal, juicios en que es parte una provincia, Impuesto de sellos, contrato de transporte, transporte interno
Materia: PROCESAL
Carátula: Sociedad Anónima Expreso Sudoeste (S.A.E.S.) c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-06-24

Corresponde a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la acción prevista en el art. 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, contra una provincia, a fin de obtener la declaración de inconstitucionalidad del impuesto de sellos que la demandada pretende aplicar respecto del permiso de explotación nacional conferido a la actora para efectuar el servicio público de trasporte interjurisdiccional de pasajeros y afines, conforme al régimen de la ley nacional 12.346. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Despido, comunicación del despido
Materia: LABORAL
Carátula: PAIZ, Gualberto c/ ARIAS, Edgardo Pedro s/ Cob. de dif. de sueldos, SAC, Indemn."
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-03-18

Se ajusta a las prescripciones del art. 243 L.C.T. la imputación comunicada en la carta documento, más aún si quedó probado el hecho injurioso.
Juicios contra el Estado, sentencia, ejecución de sentencia, Estado Provincial, bienes, embargo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: LENO, RUBEN Y OTROS c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION - INCIDENTE  DE APREMIO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 137 AÑO 2006)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2007-03-28

En caso de que el presupuesto correspondiente al ejercicio financiero en que la condena deba ser atendida carezca de crédito presupuestario suficiente para satisfacer la sentencia, el Poder Ejecutivo o titular del Ente, deberá efectuar las previsiones necesarias a fin de su inclusión en el ejercicio siguiente, a cuyo fin las Jurisdicciones y Entidades demandadas deberán tomar conocimiento fehaciente de la condena antes del 31 de julio del año correspondiente al envío del proyecto, debiendo remitir a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Hacienda y Finanzas u órgan o que corresponda al Ente territorial, con anterioridad al 31 de agosto del mismo año, el detalle de las sentencias firmes a incluir en el citado proyecto.

Acreditado el cumplimiento de esta carga los fondos son inembargables, situación que subsistirá aún cuando queden condenas firmes que no puedan abonarse como consecuencia del agotamiento de los recursos asignados en el presupuesto, y en ningún caso procederá la ejecución del crédito hasta transcurrido el período fiscal siguiente a aquél en que dicha acreencia no pudo ser cancelada por haberse agotado la partida presupuestada por el legislador.
Contrato de trabajo, responsabilidad del administrador de la sociedad, responsabilidad de los directores, rebeldía
Materia: LABORAL
Carátula: Fernandez, Juan Carlos c/ Lesague S.A. y otro s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-30

Si bien en materia de extensión de resposabilidad es necesario tener en cuenta lo expresado por la CSJN in re "Carballo c/Kanmar S.A." del 31/10/2002 y en los autos "Palomeque c/Benemeth S.A." del 3/4/2003, en el caso concreto la rebeldía en que se encuentran incursos la sociedad demandada y el presidente de la misma hace tener por reconocidos fictamente los pagos en negro y la falta de ingreso de sumas a los organismos de la seguridad social que le imputara la demandante. Así, de conformidad a lo dispuesto por el art. 274 de la LS cabe responsabilizar en forma ilimitada y solidaria al director de la sociedad anónima por el mal desempeño de su cargo atento los parámetros fijados en el art. 59 LS
Acto administrativo, ratificación del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: El Principado S.A. c/ E.N. -Mº de Defensa- s/ contrato administrativo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-10-07

El acto sujeto a "aprobación" es un acto administrativo válido porque ha nacido conforme al ordenamiento jurídico vigente, siendo emitido -contrariamente a lo que acontece con el acto "ad-referendum"- por el funcionario con competencia para dictarlo; la posterior aprobación -que es una de las formas a través de las cuales se ejerce el control administrativo preventivo- sólo le confiere eficacia a ese acto válido anterior (confr. Heredia "contralor administrativo sobre los entes autárquicos", págs. 74 y 75; Marienhoff, "Tratado de Derecho Adm.", T.I, pág. 646, nº 230; Sayagués Laso, "Tratado de Derecho Adm.", T. I, pág. 417), por lo que la doctrina dominante considera que la aprobación es declarativa, produciendo efectos retroactivos a la fecha del acto originario (cfr. autores citados; asimismo, Procuración del Tesoro, Dictámenes T. 52, pág. 521; Sandulli, Manuale di diritto amministrativo, págs. 230 y 241). En definitiva, entonces para que exista "aprobación" en el sentido estricto del término, se requiere que el órgano que dicta el acto originario sujeto a aprobación, tenga competencia para dictarlo; si carece de ella, sólo emitirá un acto preparatorio "ad-referendum" del órgano competente (cfr. Procuración del Tesoro, Dictámenes T. 80, pág. 71). (Consid. IV. 2.4, nota 1).
Daños y perjuicios, vencimiento del plazo, restitución de cosas, alquileres, pago, aceptación sin reserva
Materia: CIVIL
Carátula: RUIZ MORENO, HECTOR JOSE Y OTROS c/ ESCALANTE, HECTOR A. SUBINQUILINOS Y/U OCUPANTES s/ DESALOJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1972-08-29

Que el locador tiene el derecho de reclamar daños e intereses al locatario por el uso y goce de la cosa locada posterior al vencimiento del contrato y al pedido de restitución, aún cuando no se ha formulado reservas de cobrarlos al percibir los alquileres de los períodos a que corresponden esos daños e intereses.
Acusación de la querella, apoderado de la querella, mandato, poder general, nulidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: DELAITI, CARLOS J. s/ ACUSACION - NULIDAD PROCESAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-07-24

Es nula la acusación formulada por mandatario que nunca requirió ser tenido por apoderado, ni se lo tuvo por tal y que además carecía de poder especial al efecto. En tal sentido es unánime la jurisprudencia del Tribunal, y así, en el fallo plenario "Fiori, E.

F.",del 14-5-54 se estableció como requisito mínimo, la denominación jurídica del hecho y la indicación en lo posible de la persona del querellado. Es también insuficiente en un poder general, facultar genéricamente para presentar denuncias y querellas penales (Fallos, C.C.C. II, pág. 224) y que para proseguir la querella ya iniciada por el mandante es bastante incluir en un poder general una cláusula especial referente al caso (Fallos, IV, pág. 390).
Procesamiento, expedición de moneda falsa
Materia: PENAL
Carátula: Frascarelli, Lucas Germán s/ Infracción art. 282 CP
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-06-21

Debe procesarse en orden al delito de expendio de moneda de curso legal falsa, en grado de tentativa, a quien habría intentado abonar en un comercio con billetes apócrifos, pues se encuentra acreditado "prima facie" que el encartado tenía conocimiento de las características espurias del papel moneda, y el delito no se consumó por circunstancias ajenas a la voluntad del nocente.
Divorcio, causales de divorcio y separación personal, separación de hecho
Materia: CIVIL
Carátula: S., F.A. c/ S., A.N. s/ DIVORCIO ART. 214, INC.2º CODIGO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-11-14

La ley no habilita a los esposos a demandar el divorcio invocando sólo la circunstancia de hallarse separados de hecho. Lo que la ley pretende es que accedan al tribunal los casos en que puede inferirse, razonablemente, que el matrimonio ha fracasado. Y esta inferencia se obtiene, objetivamente, cuando ha transcurrido el tiempo durante el cual ambos han abdicado de su convivencia permaneciendo separados sin voluntad de unirse.