Sentencia definitiva, condena penal, transporte de estupefacientes, crimen organizado, denegatoria del recurso, acción de nulidad, pluralidad de intervinientes, non bis in ídem, constitucionalidad, multa
Materia: PROCESAL
Carátula: Jaime, Ramón Teodoro c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-28

Corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa y confirmar el pronunciamiento condenatorio emitido. Con relación a la alegada nulidad de las intervenciones telefónicas, en autos se verificaba la existencia de una línea de investigación razonable que justificó la medida realizada. Como consecuencia de las tareas de inteligencia, siempre informadas al juez de grado, se detectaron diversos números telefónicos de interés para la pesquisa que se estaba llevando a cabo en contra de las personas implicadas en hechos de narcotráfico que 81 derivaron, a su vez, en múltiples órdenes de intervención de sus líneas, prorrogadas oportunamente, pero todas con el correspondiente respaldo motivacional para dar sustento a los autos jurisdiccionales pertinentes. Esas medidas de injerencia fueron solicitadas para constatar la ocurrencia de hechos denunciados y, conforme a las particularidades de los sucesos, fueron legalmente dispuestas por el órgano judicial interviniente. Esas órdenes hallaron su motivación en las pruebas con que se contaba hasta ese momento en el proceso, dentro de los límites de las posibilidades que la realidad impone en la génesis investigativa. La determinación punitiva de la sentencia sometida a inspección jurisdiccional, aparece precedida de la debida fundamentación, a tenor de los arts. 123 y 404 inc. 2, del C.P.P.N., habiéndose observado los estándares establecidos en los arts. 40 y 41 del Código Penal. La parte no ha desarrollado suficientemente las razones por las cuales debería descalificarse la mensuración punitiva efectuada por el a quo. Si bien la defensa sostiene que la cantidad de estupefaciente secuestrado no puede ser un criterio válido para agravar la pena impuesta y que la norma aplicable solo permite valorar este aspecto como atenuante, este aspecto sí ha sido bien considerado y no existe una afectación al ne bis in idem, pues no hubo doble valoración del elemento en cuestión, sino que sólo se tuvo en cuenta la gravedad e intensidad del daño causado. El quantum de la sanción individualizada no luce desproporcionado ni irrazonable y se ajusta a la escala penal de los delitos reprochados. En cuanto a los nuevos agravios introducidos por la defensa ante esta Cámara durante la etapa prevista en los arts. 465 y 466 del Código Procesal Penal de la Nación -indicando que en la resolución cuestionada se realizó una interpretación extensiva del término "transportar"-, se señaló que la acción típica reprimida por el art. 5, inc. "c", de la ley 23.737 es la de transportar -en este caso, estupefacientes- y no la de transportarlos hasta su destino. Si, como sucedió en autos, el vehículo fue detenido por la prevención en un lugar diferente al de salida, la conducta de los imputados debe ser sancionada como constitutiva del delito de transporte de estupefacientes (art. 5 inc. "c", ley 23.737), sin importar si ese último lugar era o no el destino final o parcial de la droga. Asimismo, corresponde rechazar la inconstitucionalidad del art. 9 de la ley 27.302, por cuanto la remisión que efectúa dicho artículo al formulario de inscripción del Registro Nacional de Precursores Químicos no vulnera el principio constitucional de división de poderes alegado. Corresponde asimismo rechazar los cuestionamientos respecto a la proporcionalidad y razonabilidad de la pena, toda vez que el a quo ponderó debidamente las pautas contenidas en los arts. 40 y 41 del C.P. a fin de alcanzar la pena que se impuso. Con respecto a las críticas a la proporcionalidad y a la razonabilidad de la sanción pecuniaria, las objeciones planteadas por el impugnante sólo se vinculan con críticas a las razones de política criminal implícitas en la decisión del legislador, sin demostrar que, en el caso, apartarse del mínimo legal de la sanción de multa prevista para el tipo penal de transporte de estupefacientes implique una aplicación arbitraria de la norma, ni que la sanción impuesta sea desproporcionada o irrazonable, habida cuenta de que la pena se aplicó como corolario del correspondiente examen y explicitación sobre los criterios y pautas utilizados para su individualización. En igual sentido, corresponde el rechazo del planteo vinculado con que la multa individualizada acarreaba una prisión por deudas al ser de imposible cumplimiento, por cuanto el art. 21 CP brinda una serie de alternativas para hacer efectivo el pago de la multa previo a su conversión en pena de prisión. El momento en el que corresponderá analizar esta cuestión será en la etapa de ejecución penal, ello con ajuste a las previsiones de la disposición sustantiva citada, la que establece una serie de posibilidades que tienen por objetivo reducir al mínimo la sustitución a cualquier forma de cumplimiento que importe privación de la libertad, por lo que el agravio, tal como ha sido planteado por la defensa, es conjetural e hipotético. En razón de los motivos expresados, tampoco habrá de tener favorable acogida el pedido subsidiario de perforación del monto mínimo de multa. El voto concurrente señaló que el hallazgo del estupefaciente se debió a un cauce procesal independiente, producto del procedimiento en que se secuestró el material estupefaciente. En dicha oportunidad, los acusados evadieron el respectivo control vehicular al no acatar el requerimiento de la autoridad policial que hizo señas para que detengan su marcha y solicitar la documentación pertinente, situación que motivó el inicio de la persecución, que finalmente culminó con la detención de los imputados y el hallazgo de ciento cuarenta y nueve kilogramos (149 kgs.) de marihuana en el vehículo en que circulaban -plataforma fáctica que no ha sido cuestionada por la asistencia técnica de los imputados-. En efecto, mediante su recurso de casación la defensa no logra rebatir la decisión del tribunal oral en orden a la inexistencia de vinculación entre el auto que dispuso intervenciones telefónicas -hasta entonces- en el marco de otra causa judicial en trámite y el hallazgo del material prohibido dentro del automóvil -en las condiciones aludidas por los señores jueces preopinantes-. La acreditación de dicha relación directa, resultaba un requisito elemental para la aplicación de la regla de exclusión probatoria pretendida. Dres. Carbajo, Hornos -voto concurrente- y Borinsky -voto concurrente-.