Entrega del certificado de trabajo, aportes y contribuciones previsionales
Materia: LABORAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Sanabria, Jorge Ismael  c/ COMEDA SRL y otros s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-05-14

El art. 80 de la LCT coloca a cargo del empleador la confección y entrega a la persona trabajadora de dos (2) certificaciones: a) una "constancia documentada" que acredite el cumplimiento de "la obligación de ingresar los fondos de la seguridad social por parte del empleador y los sindicales a su cargo, ya sea como obligado directo o como agente de retención" (cfr. 2° párr.); b) un "certificado de trabajo" cuyo contenido exhiba "las indicaciones sobre el tiempo de prestación de servicios, naturaleza de éstos, constancias de los sueldos percibidos y de los aportes y contribuciones efectuadas con destino a los organismos de la seguridad social (cfr. 3° párr.), referencias complementadas a través del Capítulo VIII del instrumento normativo bajo análisis (incorporado mediante el art. 1° de la ley 24.576), por cuyo intermedio se especifica que, en el instrumento apuntado, "deberá constar además...la calificación obtenida en el o los puestos de trabajo desempeñados, hubiere o no realizado el trabajador acciones regulares de capacitación". Tanto la omisión plena de extender y entregar los documentos apuntados, como asimismo su satisfacción defectuosa, podrá desencadenar la implementación de la indemnización contemplada en el párrafo final del dispositivo legal en estudio, en tanto concurran los presupuestos formales que supeditan su viabilidad. Por otra parte el art. 12 de la ley 24.241 establece la obligación de "otorgar a los afiliados y beneficiarios y sus derechohabientes, cuando éstos lo soliciten, y en todo caso a la extinción de la relación laboral, las certificaciones de los servicios prestados, remuneraciones percibidas y aportes retenidos, y toda otra documentación necesaria para el reconocimiento de servicios u otorgamiento de cualquier prestación". A diferencia del art. 80 de la LCT, dicho precepto no instituye resarcimientos ni multas explícitas ante la eventual inobservancia del imperativo allí previsto, persistiendo únicamente, por tanto, la facultad que el ordenamiento ordinario confiere a la judicatura en cuanto a la aplicación de sanciones conminatorias ante la hipótesis de incumplimiento de una manda judicial por cuyo intermedio se ordene la satisfacción del quehacer obligacional examinado. Los dispositivos legales sometidos a escrutinio han sido objeto de diversas regulaciones tendientes a delinear de qué modo deben proceder los empleadores para emitir adecuadamente las certificaciones apuntadas en los párrafos precedentes, con el confeso propósito de simplificar los trámites a llevar a cabo hacia dicho propósito y conjurar multiplicidad de interpretaciones en cuanto a qué tipo de instrumentos permiten reputar satisfecha esa obligación, e inclusive qué contenido deben exhibir esas constancias para hallarse confeccionadas con arreglo a lo establecido por el ordenamiento normativo. Esto es, los preceptos legales emitidos en el marco de la Resolución Conjunta N° 1887 de la Administración Federal de Ingresos Públicos y N° 440/05 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, como asimismo del artículo 7° del Decreto N° 618/97, consistentes en la Resolución Gral. N° 2316/07 y Nota Externa N° 3/08 del organismo tributario apuntado en primer término, cuyas disposiciones -a su vez- emergen complementadas merced a las Resoluciones N° 642/07 y 601/08 de la Administración Nacional de la Seguridad Social. Conforme aquí interesa destacar, los cuerpos regulatorios apuntados aprueban la implementación de un sistema informático que posibilitará que los empleadores generen y emitan las certificaciones contempladas en los mencionados artículos 80 de la LCT y 12, inc. "g" de la ley 24.241. La dilatada reseña normativa puesta de relieve permite arribar a la conclusión de que las obligaciones de hacer instituidas en los dispositivos legales apuntados lucirán satisfechas en tanto el empleador emita el instrumento al cual allí se alude. Consecuentemente, las constancias acompañadas por la empleadora al repeler la pretensión deducida gozan de idoneidad para cumplir el imperativo establecido en el art. 2° párr. del art. 80 de la LCT, pues guardan congruencia con las pautas prescriptas por el derrotero de resoluciones emitidas por las autoridades administrativas con competencia en cada uno de los ámbitos involucrados en la temática, las cuales constituyen una reglamentación razonable de los preceptos en cuestión. Dado que existen normas vigentes de derecho positivo que regulan el modo en el que el empleador cumple la obligación impuesta por el art. 80 de la LCT, su aplicación resulta obligatoria para quien juzga, salvo la descalificación de dichas normas con base constitucional, razón última del ordenamiento jurídico. Tal como tiene dicho en forma constante la Corte Suprema de Justicia, la conformidad que debe guardar una norma reglamentaria respecto de la ley que reglamenta no consiste en una coincidencia textual entre ambas, sino que aparecen limitada a la configuración de una consistencia de espíritu, a lo que cabe añadir que -en su inmensa generalidad- los dispositivos reglamentarios expedidos para la mejor ejecución de las leyes no vulneran la directriz instituida en el artículo 99, inc. 2° de la Constitución Nacional cuando se mantienen inalterables los fines y el sentido con que el cuerpo normativo fue sancionado (CSJN, Fallos: 178:224, entre muchos otros). La indagación del verdadero sentido y alcance de una ley, es misión del/de la operador/a jurídico/a interviniente, designio que ha de alcanzarse mediante un examen atento y profundo de sus términos en aras de consultar la realidad del precepto y el propósito de la legislación, y lo cierto es que la implementación de tal práctica exegética en el caso no permite identificar que medió subversión alguna entre el espíritu de la norma reglamentada (esto es, arts. 80, 2° párr. de la LCT y 12, inc. "g" de la ley 24.241), desenlace que -naturalmente- también conduce a descartar que haya mediado vulneración de la jerarquía normativa cristalizada en la Ley Fundamental. (Este es el criterio expuesto por el Dr. Catani en la S.D. del 16/05/214, "Orrego, Alejandro Lucas c/Frigorífico La Pompeya SA s/despido" y S.D. del 23/10/24, "Galán, Manuel c/IPNext SA y otro s/despido", entre muchos otros, y que ha persuadido a la Dra. Hockl de que el formulario PS6.2 de la Administración Nacional de la Seguridad Social resulta idóneo -per se- para reputar cumplimentada la obligación de hacer estatuida en el art. 80 de la LCT).