Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2017-08-29


Autos N° 22.384 (4° CIVIL - N° 137935), caratulados: "ALBORS Armando C/ Uzair Farias Nallib Hugo S/Cumplimiento de Contrato" En la ciudad de San Juan, a 29 días del mes de agosto del año dos mil diecisiete, reunidos en la SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINERÍA, el señor Presidente, Dr. GILBERTO AMÉRICO RIVEROS y el señor Vocal, Dr. PASCUAL E. ALFERILLO, a fin de celebrar acuerdo sobre el recurso de apelación que se interpusiera en subsidio por el actor, a fojas 186/188, contra la providencia, recaída en autos N° 22.384 (4° CIVIL - N° 137935), caratulados: "ALBORS ARMANDO C/ UZAIR FARIAS NALLIB HUGO S/CUMPLIMIENTO DE CONTRATO", dictada en fecha diez de febrero del año dos mil diecisiete, obrante a fs. 185, de estos autos originarios del Cuarto Juzgado en lo Civil, Comercial y Minería, recurso que una vez concedido a fs. 189, se han fijado ulteriormente las cuestiones a considerar en el orden que sigue:

1ra. CUESTIÓN: ¿Es justa o adecuada a derecho la sentencia venida en recurso? 2da. CUESTIÓN: En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde en definitiva? 1ra. CUESTIÓN: El Dr. GILBERTO AMERICO RIVEROS, dijo:

El caso: Viene los autos a estudio por recurso de apelación que interpone el actor, en subsidio, contra la providencia de fecha 10-02-2017 en la que el juez a-quo hizo saber que llamará autos a resolver en definitiva " para cuando se culmine el sumario penal (conf. artículo 1.101 del C.C.)".- El agravio del recurrente (fs. 186) es por la aplicación del art. 1.101 del C.C. cuando debió ser el art. 1.775 del C.C. y Com. en virtud del art. 7 del mismo texto legal. Argumenta que si bien la cuestión de fondo debe juzgarse por la ley vigente al momento del hecho ilícito, las normas del nuevo código relativas a prejudicialidad penal resultan aplicables en forma inmediata a los juicios en trámite en los cuales no se ha dictado sentencia, toda vez que son normas de naturaleza procesal que afectan una consecuencia de la relación procesal no agotada al momento de su entrada en vigencia.- En segundo lugar, también se agravia por cuanto dijo que la presente es una acción de daños y perjuicios derivados del incumplimiento contractual, razón por la que el factor de atribución aplicable es objetivo, "... responsabilidad contractual o ilícito civil en donde la culpa o dolo del demandado no hace a la esfera civil " por lo que la situación encuadra en la excepción prevista por el art. 1.775 inc. "c" del C.C. y Com, en consecuencia, no opera la suspensión del dictado de la sentencia civil hasta que se resuelva el juicio penal, sin perjuicio de lo dispuesto por el art. 1.780 inc."b" del citado código.

El juez a-quo resuelve la revocatoria a fs. 189, en fecha 15-03-2017, admitiendo la aplicación de las nuevas normas del C.C. y Com. sobre la prejudicialidad, revocando por contrario imperio el último párrafo del decreto atacado; pero mantiene la postergación del llamado a resolver en definitiva para cuando se culmine el sumario penal de acuerdo al art. 1775 del C.C.y Com. en tanto " ... no se dan prima facie los supuestos de excepción al mismo, esto es, responsabilidad objetiva por riesgo o vicio de la cosa como tampoco por garantía, siendo por demás prematuro juzgar en esta oportunidad que factores de atribución son aplicables. A más de ello, no debe perderse de vista que de acuerdo al art. 1.721 del C.C.y Com. en ausencia normativa, el factor de atribución es la culpa" En tal decreto concedió la apelación subsidiaria.

Tratamiento de los agravios.

El primer agravio referido a la aplicación al caso del art. 1775 del C.C. y Com. fue admitido por el juez el 15-03-17 al disponer que las normas sobre prejudicialidad tienen matices procesales y resultan de aplicación inmediata.- El segundo agravio, donde pretende no se aplique la prejudicialidad penal por encuadrar el caso en el supuesto de excepción previsto en el inc. "c" de la citada norma, cabe decir que la queja, como así la argumentación que esgrime el recurrente, no es suficiente para entender que la acción promovida sea derivada de un incumplimiento contractual, y por ello que el factor de atribución aplicable es objetivo, "... responsabilidad contractual o ilícito civil en donde la culpa o dolo del demandado no hace a la esfera civil ".- Ante todo diré que para que proceda la suspensión prevista en la norma resulta preciso que ambas acciones (penal y civil) nazcan del mismo hecho, lo que ocurre en el caso de autos en tanto no es solo la venta que el Sr. Uzair habría realizado a favor del Sr. Castán el hecho motivante del proceso, sino la existencia de un indebido quebrantamiento al compromiso que antes habría asumido con el Sr. Armando Albors.- Es que el actor atribuye al demandado el incumplimiento de la promesa de venta, a través de la escrituración y entrega de la posesión de un bien de su propiedad, imputándole una conducta delictiva, basada en que el Sr. Uzair vendió el inmueble referido a un tercero ocasionándole los daños que reclama en sede civil. Esto, mediante la denuncia por estafa, de fecha 19-08-2011, que tramita en Sumario Nº 12306/11 "Con Motivo de la Denuncia Formulada por el Sr. Albors Armando Ante la Fiscalía de Instrucción Nº1 S/Actuaciones", en trámite ante el Quinto Juzgado de Instrucción.

Por ello, que es el propio demandante quien somete a la investigación del Juez penal esos hechos, (copias de fs. 42 y ss.); que a la vez lo motivan a asumir calidad de querellante (fs. 49); denuncia que propuesta al Ministerio Público Fiscal da lugar a que requiera la instrucción (fs. 19) que es dispuesta por el magistrado interviniente por decreto del 07-10-11 (copia de fs. 48).

A su vez, que en el proceso civil, en base a iguales hechos demanda el "cumplimiento de contrato", luego pide la "rescisión del contrato" (fs. 88 vta.) y finalmente los daños y perjuicios por ser de cumplimiento imposible (fs. 96); y atribuyendo la frustración contractual, los daños y las consecuencias perjudiciales - que conforman el contenido de la indemnización perseguida en este juicio- al comportamiento antijurídico del demandado quien, luego de haber comprometido en venta el inmueble -a su favor- y recibido una contraprestación, lo enajena a otra persona.- De todo ello que no es válido entender, como lo hace el recurrente, que la acción civil mantiene absoluta independencia del pronunciamiento que se dicte en aquella sede si al tiempo de denunciar lo hizo asignándose calidad de "principal damnificado" y pone en conocimiento del Sr. Fiscal hechos que " ...me han perjudicado sustancialmente...".- La existencia, o no, de tales hechos, la eventual intervención de los protagonistas en ellos, y las principales circunstancias en las que ocurrieron, constituyen materia sobre la que debería expedirse el Juez penal; cuya decisión no podrá ser contradicha por el juez civil (arts. 1.776; 1.777 del Cód. Civil y Comercial).- Sin perjuicio de esa determinación y conclusión, no es menos cierto que los hechos que dan origen a los reclamos judiciales ocurren en el mes de enero del año 2.010, según las constancias acompañadas a la causa; que la denuncia penal se produce en fecha 19-08-2011, y el requerimiento de instrucción en el mes de agosto de igual año lo cual motiva a que, en virtud del principio iura novit curia, se adopte la solución que propone el apelante habida cuenta de la prescripción legislativa contenida en el art. 1.775 inc. b del Cód. Civil y Comercial en vista de la notoria y exagerada dilación del trámite e incertidumbre respecto de la conclusión de él. Dichas circunstancias implican, en los hechos, la frustración efectiva de la definición del derecho pretendido en sede civil; consecuencia reñida también con lo previsto por el art. 8 del Pacto de San José de Costa Rica.- En mérito a ello, voto por el acogimiento del recurso de apelación y la revocación del decreto de fecha 10-02-2017, debiendo proceder el juez a-quo a dictar sentencia sin que sea obstativo la falta de culminación del sumario penal (conf. artículo 1.101 del C.C.).- El DR. PASCUAL EDUARDO ALFERILLO, dijo:

Por los fundamentos expresados por el Magistrado que me precede en el orden de votación, voto en sentido concordante.

2da. CUESTIÓN: El DR. GILBERTO AMÉRICO RIVEROS, dijo:

En mérito a la votación que antecede corresponde: Acoger el recurso de apelación y revocar el decreto de fecha 10-02-2017, debiendo proceder el juez a-quo a dictar sentencia sin que sea obstativo la falta de culminación del sumario penal (conf. artículo 1.101 del C.C.).

El DR. PASCUAL EDUARDO ALFERILLO, dijo:

Por iguales razones, voto en el mismo sentido.

Por ello, y lo acordado precedentemente, SE RESUELVE:

Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto y revocar el decreto de fecha 10-02-2017, debiendo proceder el juez a-quo a dictar sentencia sin que sea obstativo la falta de culminación del sumario penal (conf. artículo 1.101 del C.C.).

Protocolícese, notifíquese en debida forma, y bajen los autos al Juzgado de origen.

PROTOCOLO: L. de A . T° II-2017; F°161/164; FECHA:29 de agosto de 2017 DRES.RIVEROS-ALFERILLO