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Querella, injurias, competencia federal, funcionarios públicos, Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: F., C. Y OTROS c/ P., E. s/ Querella por injurias (Expte Nº 25-99, Resolución Nº  60, Tomo 5,  Folio 46)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-06-17

Según jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "cabe asignar a la justicia federal el conocimiento de aquellos hechos que involucran a ex directivos del Banco Central de la República Argentina, quienes, por haber desempeñado funciones eminentemente federales, quedan comprendidos en las previsiones del artículo 3 inciso 3 de la Ley 48, que abarca a los delitos que obstruyen o corrompen el buen servicio de los empleados nacionales";"Es competente la justicia federal para conocer en la causa por los delitos de calumnias e injurias si el ofendido se desempeñaba como empleado nacional al momento de publicarse los textos y las conductas que se le atribuyeron resultan vinculadas al cumplimiento de sus funciones de carácter federal como delegado regional del Instituto Nacional de Servicios Sociales para jubilados y pensionados."; "Es competente la justicia federal para conocer en la causa por los delitos de calumnias e injurias, si el imputado es el delegado normalizador de una obra social designado por el Ministerio de Salud y Acción Social y sus manifestaciones guardarían relación con sus funciones públicas". En el caso, no quedan dudas que las presuntas expresiones difamatorias hechas por el querellado, están estrechamente relacionadas con su función de Presidente del Banco Central ya que las mismas fueron hechas específicamente en el acto de transferencia del Nuevo Banco de Santa Fe S.A.. e, independientemente de la discusión que pueda suscitar si su presencia era acertada o no en ese momento y en ese lugar, lo importante es que el funcionario federal en uso de sus facultades discrecionales y como Presidente del Banco Central de la República Argentina dispuso asistir a ese acto y verter las manifestaciones inevitablemente relacionadas a sus funciones federales.
Trabajadores marítimos, buque de bandera extranjera, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: MENESES VARGAS, ARY c/ CAPITAN DEL BUQUE DE BANDERA PANAMEÑA GENERAL URDANETA s/ ACCIDENTE-LEY 9688
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-27

Para que pueda aplicarse la ley del pabellón al personal de un buque extranjero, es necesario que la parte interesada purebe el presupuesto de hecho de la norma o normas que invoca como fundamento de su pretensión, defensa o excepción, art. 377 CPCCN, y para que el juez pueda investigar su existencia, es necesario al menos, que se arrimen a la causa, elementos básicos como precisar el contenido de la norma a aplicar, acompañar copia del texto, número, fecha de sanción, etc.
Compraventa de automotores, defensa del consumidor, industria automotriz, responsabilidad del fabricante, defectos de fabricación
Materia: COMERCIAL
Carátula: MANESSI, ALBERTO VICENTE c/ GENERAL MOTORS DE ARGENTINA SA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-28

Procede la acción por la cual quien adquirió una camioneta a una concesionaria oficial, reclama de la empresa fabricante del vehículo los perjuicios sufridos por su incumplimiento contractual (consistente en que el rodado adquirido quedó un tiempo sin circular a consecuencia de un vicio de fabricación), toda vez que en el marco de la relación de consumo (C.N.art. 42) desde que un producto sale de fábrica y a través de la cadena de comercialización llega a su destinatario final, pueden originarse situaciones fácticas con consecuencias jurídicas que involucran al consumidor. Una se presenta cuando no media relación obligacional previa entre el elaborador y el consumidor (cfr. Galdos, Jorge Mario, "La responsabilidad del contratante frente al consumidor no contratante", J.A. 1997-iii-680). Es decir, que asiste derecho al pretensor para reclamar los daños sufridos a cualquier miembro de la cadena de producción; el consumidor puede demandar a todos los intervinientes de la cadena de consumo desde el productor hasta el contratante directo. La responsabilidad por el daño se determinará entre los demandados (y entre quienes éstos hagan citar al juicio y resulten responsables) a los fines de las acciones de regreso que pudieren competer, pero esto último es un problema ajeno al consumidor (cfr. Belluscio, Augusto; Zanoni, Eduardo, "Código Civil y Leyes Complementarias, comentado, anotado y concordado", tomo 8, ed. Astrea, Bs. As., 1999, Pag. 934).
Recurso de inconstitucionalidad, falta de agravio concreto, proceso penal, acción civil, legitimación procesal, recurso de apelación (procesal), nulidad del acto jurídico, defensa en juicio
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: DAVIDOVICH, ALBERTO JULIO s/ LESIONES CULPOSAS.    QUEJA   POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 319-84
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-12-18

Debe rechazarse la queja interpuesta, si la quejosa que habla de una efectiva privación de justicia al negársele las impugnaciones intentadas, ha reconocido que interpuso los recursos ordinarios ante su necesidad de hacerse oir, "...Aun no contando con vías habilitadas a tal fin...".

En el caso, el a quo no hizo lugar a los recursos de apelación y nulidad interpuestos por el actor civil contra la sentencia que dispuso el procesamiento de uno de los imputados; el auto de falta de mérito contra dos de las encartadas, y el archivo de la causa con respecto a las denuncias por lesiones, al entender que "...Resulta evidente la falta de legitimación de la accionante civil para impugnar por vía de apelación cualquier decisorio del juez instructor que se refiera exclusivamente a la cuestión penal".
Daños y perjuicios, responsabilidad del Estado, cosa riesgosa, pozo sin protección, trabajos en la vía pública
Materia: CIVIL
Carátula: FRANYI DE BULOS, María c/ EDESUR S.A. s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-29

1- La empresa prestataria de un servicio público se encuentra obligada a ejercer una razonable vigilancia de las condiciones en que se encuentra el lugar en donde lleva a cabo una obra, deber que se refuerza cuando los trabajos son realizados sin autorización de la Comuna.- 2- El cierre definitivo de la zanja abierta con motivo de tareas de mantenimiento o tendido de servicios públicos, es responsabilidad de la empresa prestataria.-
Despido, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: Landi, José E. c/ Orígenes A.F.J.P. S.A. s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1999-11-30

Cuando se trata de remuneraciones variables, el cálculo de la indemnización por antigüedad debe efectuarse sobre la base de la mejor remuneración mensual normal y habitual percibida durante el último año. La redacción de la norma contenida en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo no permite otra lectura, lo que aventa cualquier idea de promediar las mismas.
Daños y perjuicios, relación de causalidad, empresa de servicios eléctricos
Materia: COMERCIAL
Carátula: HONORABLE SENADO DE LA NACION c/ EDESUR SA s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-08

El juicio positivo o negativo sobre la relación de causalidad entre el daño y el incumplimiento jurídicamente relevante del deudor importa establecer cuándo y en qué condiciones un resultado cualquiera -más precisamente un perjuicio- debe ser imputado objetivamente a la acción de una persona (Orgaz, Alfredo "El daño resarcible"; Marcos Lerner Editora Córdoba, 1992, págs. 31 a 33). Para ello se impone calificar si la conducta obrada -en este caso, el incumplimiento culposo del contrato por parte de Edesur- fue apta para producir el resultado -me refiero aquí a los daños a los equipos-. La prueba apreciada en conjunto no autoriza a descartar que haya podido serlo, "según el curso natural y ordinario de las cosas" (art. 901 del Código Civil).
Delitos tributarios, non bis in ídem
Materia: CONSTITUCIONAL - TRIBUTARIO
Carátula: Moño Azul  S.A. s/ ley 11.683.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-15

Si bien los arts. 43 y 44 de la ley 11.683 (t.o. 1978 y sus modif ), se refieren al incumplimiento de deberes formales, no se configura un supuesto de doble persecución penal, en tanto en el art. 44 el cumplimiento de los deberes formales constituye el instrumento que ha considerado el legislador para aproximarse al marco adecuado en el que deben desenvolverse las relaciones económicas y de mercado.
Sentencia arbitraria, apreciación de la prueba, fallos de la Corte Suprema, legitimación procesal, non bis in ídem
Materia: PENAL
Carátula: ROMERO, Ricardo Héctor c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-09

Cabe concluir que la sentencia recurrida evidencia graves defectos en su fundamentación, razonamiento y en la valoración de la prueba, con relevancia decisiva para dirimir la controversia planteada, que llevó al apartamiento de la solución legal prevista para el caso, lo que la invalida como acto jurisdiccional e impone su descalificación conforme la doctrina de la CSJN en materia de arbitrariedad. Con relación al planteo efectuado por la defensa oficial en su presentación de días de oficina, -vinculado con la legitimidad recursiva del representante del Ministerio Público Fiscal- que en los precedentes "Arce" (Fallos: 320:2145) y "Juri" (Fallos: 329:5994), la Corte Suprema de Justicia de la Nación precisó que si bien los acusadores no gozan de la garantía constitucional del derecho a recurrir ante un tribunal superior y que el Estado puede limitar válidamente dicha facultad en los supuestos en que considere que no revisten suficiente relevancia como para justificar su actuación, nada impide -más allá de tales restricciones- su actividad recursiva en los casos establecidos por la ley (artículo 433 CPPN). Por lo demás, en numerosos precedentes hemos sostenido que el reenvío de las actuaciones al tribunal que resulte sorteado para la realización de un nuevo juicio no conculca el principio ne bis in ídem ni garantía constitucional alguna.
Servidumbre de electroducto, indemnización
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Dirección de Energía de la Provincia de Buenos Aires c/ Zemborain, María Esther s/ Constitución de servidumbre de electroducto
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-12-15

En el tema específico de imposición de costas en materia donde se aplica el art. 23 de la ley 8398 la finalidad de la norma es que debe cargar con ellas la parte que ha estado más alejada del valor que a la postre determine la sentencia, poniendo de manifiesto la seriedad de las posiciones de una y otra parte. Para que ese propósito se cumpla, lo que debe compararse son las cifras que indican el valor indemnizatorio ofrecido por el Fisco y el estimado por el demandado cotejo que debe realizarse con cantidades homogéneas, es decir que todas las cifras a comparar deben reflejar unidades de igual valor adquisitivo, tomadas a un mismo momento.
Derechos de las niñas, niños y adolescentes, tutela, guarda del menor
Materia: CIVIL
Carátula: Defensor de los Derechos del Niño y Adolescentes  c/ C. A. P.  s/ tutela
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2023-05-30

Considerando la totalidad de acciones y estrategias desplegadas desde el nacimiento de la niña, el tiempo transcurrido al cuidado exclusivo de su tía materna desde su nacimiento, y entendiendo que la eficacia de la tutela judicial es un estándar del derecho internacional humanitario relacionado con las garantías fundamentales de acceso a la justicia, el plazo razonable para la determinación de los derechos y el derecho a una decisión oportuna, en el marco de la presente situación fáctica, el mejor interés de la menor es aquel que ha sido elegido por su propia madre: la posibilidad de estar al cuidado de una adulta y conformar una familia que aquella no ha podido brindarle lo cual en el difícil contexto en que se encontraba, lo considero un verdadero acto de amor. Es en razón de lo expuesto resultan irreversibles en el corto y mediano plazo las razones que motivaron la guarda y por tanto no puede más que aplicarse a las presentes la solución de la última parte del art. 657 del CCyC en cuanto refiere que debe resolverse la situación mediante otra figura del Código Civil y Comercial.
Concesión errónea del recurso, falta de legitimación para obrar, incumplimiento de los deberes del funcionario público
Materia: PENAL
Carátula: N . G. , Martín - G . B .  , Javier - Villegas , Luis Oscar c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-09-15

Corresponde declarar parcialmente mal concedido el recurso interpuesto por la querella respecto de los imputados, toda vez que la querella carece de legitimidad objetiva para recurrir la sanción impuesta, pues las limitaciones establecidas por el artículo 458 del código de rito constituyen un límite legal infranqueable para la facultad recursiva de la parte.

En el caso ha quedado demostrado con el grado de certeza requerido que el encausado, mientras prestaba funciones como miembro de la Policía Federal Argentina, tomó parte activa en un mal trato en perjuicio de la víctima, ya que en su intervención se verifican una serie de anomalías y excesos a todas luces inadmisibles para el rol que debe desempeñar un miembro de las fuerzas de seguridad.Tampoco son atendibles los argumentos defensistas relativos a las notorias contradicciones y falencias en la argumentación respecto del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, pues la actividad desplegada por el funcionario en ningún momento respetó protocolo alguno sino que, por el contrario, configuró una concatenación de irresponsabilidades y abusos, en tanto de entrada otorgó entidad a los falsos dichos de los agresores y se sumó de inmediato a la persecución de las verdaderas víctimas del hecho. No puede pasarse por alto la calidad funcionarial del imputado, y la especial trascendencia que esa condición imprime a los hechos en los que se ha acreditado su intervención, encontrándonos en presencia de un delito de infracción de deber, de infracción institucional.
Sentencia, fundamentación de sentencias, acusación
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: ANDRADA, JUAN CARLOS s/ SENTENCIA - ACUSACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1966-10-14

Si bien constituye un defecto técnico la falta de enunciación de los hechos imputados en la parte inicial de la sentencia (después de consignado el nombre, apellido y demás condiciones personales de los acusados) dicho defecto no puede ser causa de nulidad,cuando la enunciación está contenida en la motivación de la sentencia y no permita dudar de que aquélla responde a la acusación con la cual está relacionada.

Si la finalidad del art. 432, inc. 2do., C.P.P., es asegurar la correlación entre acusación y sentencia, para que no pueda violarse el derecho de defensa, debe atribuirse -en la sentencia- un hecho o una circunstancia calificante, que no ignore el defensor por no haber sido contenido en la acusación. Además, sin esa relación circunstanciada, no podría efectuarse la tarea de fiscalización jurídica que la ley ha atribuído a este tribunal al no precisarse determinadamente el objeto de la cosa juzgada.-
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, monto del juicio, nulidad del acto jurídico
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cardinale, Miguel A. c/ Ocampo de Salinardi, María y ot. s/ Acción pauliana Dumrauf, Honorio y ots. c/ Dumrauf, Irma Catalina y ots. s/ Simulación y colación de herencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-10-25|1990-08-21

El valor económico del litigio, a los efectos de los arts. 278 y 280 del Código Procesal Civil y Comercial, está configurado por la valuación fiscal del inmueble a que se refiere la escritura cuya nulidad se pretende, actualizada a la fecha de interposición del recurso extraordinario. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Estabilidad del empleado público, acción contencioso administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Amadeo, Patricia Fátima c/ Municipio Urbano de la Costa s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-09-25

Aún en situaciones en las que no se encontraba vulnerada la garantía de estabilidad del agente público (y, por tanto, no resultaba aplicable la inteligencia de que el daño se producía como derivación inmediata del cese de una relación jurídica amparada por la mencionada protección constitucional), se atribuyeron consecuencias patrimoniales a la declaración de ilegitimidad de los actos administrativos que extinguieron en forma irregular las respectivas relaciones laborales. Se admitió, por tanto, que la referida falencia de la actuación estatal provocaba un perjuicio susceptible de ser reparado (del voto del doctor PETTIGIANI).
Sentencia, nulidad de sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Fernández, Rosa Margarita. c/ Castro, David Roberto. s/ Daños y perjuicios.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2006-06-07

No resulta arreglada a derecho la sentencia que tiene por operada la caducidad de la instancia del proceso principal, sin tomar en cuenta la existencia de actos jurisdiccionales idóneos para impulsar el proceso (decreto por el cual se exime a la actora de acompañar copias para el traslado de la demanda)
Daños y perjuicios, indemnización, valor vida
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: HERRERA, MIRTA NOEMI c/ ESTADO NACIONAL (MINISTERIO DE DEFENSA) s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - CONSECUENCIAS INMEDIATAS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-22

La vida humana no es mensurable económicamente. La trascendencia ínsita del hombre no puede ser menoscabada por simples operaciones contables, pues ella se encuentra por encima de las negociaciones económicas.

Sin embargo, la muerte de un esposo y padre, puede, con todos los defectos que ello supone, valorarse de una manera tal que, aún cuando no lo reponga en el hogar, permita a sus herederos -desde un simple pero valedero punto de vista material- suplir su ausencia
Honorarios del abogado, resoluciones recurribles
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Español del Rio de la Plata c/ Pérez, Roberto y otro s/ Incidente regulacion de honorarios Romaniolli, Nicolás y Rossi de Romaniolli, Corina s/ Sucesión ab intestato. Sus sucesiones Cadiou de Karcher, Elisa S. Sucesión s/ Incidente regulación de honorarios Cerdá, Lorenzo c/ Gismondi, Medardo Otello y otro s/ Disolución y liquidación de sociedad Incidente de regulación de honorarios en autos: Maglione de Delvecchio, Nelba María contra Chuit y Maglione S.A.C.I.A.F.E.I. s/ Remoción de directores, síndico y designación de administrador  judicial González Sánchez, José Ramón c/ Berdasco, Ramón s/ Cumplimiento de contrato Luque, Elcira A. s/ Sucesión Rotundo de Taselli, Estela c/ Taselli, Sergio s/ Nulidad de acto jurídico Ganin, Décima Blanca c/ Pacusse, Carlos D. s/ Daños y perjuicios Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ La Lucila S.C.A. s/ Expropiación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-08-30|1987-10-13|1989-03-07|1995-05-23|1994-03-22|1993-09-28|1991-08-20|1997-06-10|2000-06-07|2001-06-27

Contra las decisiones de los tribunales colegiados que regulan honorarios no son admisibles los recursos extraordinarios, precisándose que tal limitación está referida a la regulación en sí misma, tanto respecto a su monto como a las bases o pautas ponderadas por el tribunal de grado para llegar a su determinación, dejando abierta la posibilidad de conocer en esta materia cuando los agravios están dirigidos a otros aspectos que pueden ser abordados a través del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Accidente de tránsito, vehículo en movimiento, presunción de culpa
Materia: CIVIL
Carátula: LA BUENOS AIRES COMPAÑIA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA c/ TRANSPORTE VILLA ADELINA SOCIEDAD ANONIMA s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-17

Cuando intervienen dos vehículos en movimiento en la colisión, la presunción establecida en el art. 1113 del C. Civil no es aplicable, pues la procedencia de la acción de daños y perjuicios se encuentra supeditada a la justificación del dolo, culpa o negligencia del que resulte autor del hecho, por estar en juego los arts. 512, 902, 1067 y 1109 del C. Civil, por lo que, de conformidad a lo dispuesto por el art. 377 del C. Procesal la carga de la prueba está a cargo de aquél que invoca los hechos.
Medidas cautelares, inhibición general de bienes
Materia: PROCESAL
Carátula: T., R.J.s/incidente de apelación con efecto devolutivo en autos: "M., R. c/ T., R. J. y otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-06-13

La inhibición general de bienes es, en cierto modo, una medida precautoria sustitutiva que cabe decretar cuando el derecho que se pretende asegurar no puede salvaguardarse de otro modo, por lo que su viabilidad debe ser apreciada con criterio restrictivo. Es que la imposibilidad de disponer la totalidad de los bienes es la proyección de una incapacidad que afecta a la persona, la cual constituye una situación de excepción frente a la regla general que predica la capacidad genérica, razón por la que participa de la misma naturaleza excepcional de la incapacidad que provoca, rasgo que también se comunica al ámbito de los procedimientos judiciales.
Derecho procesal, medidas cautelares, medida de no innovar, improcedencia del recurso, coronavirus, resoluciones judiciales
Materia: PROCESAL
Carátula: Winicki, Gerardo Damian c/ Banco de Galicia SA s/ medida precautoria
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-26

Procede confirmar la resolución mediante la cual se rechazó el dictado de una medida de no innovar contra el Banco accionado a los fines de interrumpir los intereses financieros, moratorios y punitorios y cargos administrativos por mora o cualquier otra causa respecto de las deudas que tuviere la actora con la demandada, durante el período de la cuarentena o durante la negociación que solicitó en autos. Ello por cuanto, en el caso, no existen en la causa elementos para determinar que el comportamiento de la accionada sea susceptible de generar perjuicios en la recurrente, en forma actual o inminentemente, que requieran la intervención del tribunal en los términos pretendidos. Véase que la única gestión que el actor invocó haber realizado a fin solicitar la refinanciación de su deuda fue la remisión de una carta documento que -según sostuvo no habría sido respondida por la entidad bancaria; existiendo otras alternativas posibles para lograr su cometido -circunscrito, en principio, a entablar un proceso de negociación con la demandada-, que no se advierte siquiera intentadas por la peticionante. Máxime teniendo en cuenta no denunció concretamente que la demandada hubiese incumplido la normativa dictada con la finalidad de mitigar los efectos económicos provocados con motivo del aislamiento social obligatorio. De hecho, tal como fue reconocido por la propia recurrente y surge de las constancias acompañadas a la causa, el pago de las cuotas de los préstamos otorgados al actor, correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo y junio del corriente año, fueron efectivamente diferidos para los siguientes meses.
Medidas cautelares, embargo preventivo
Materia: PROCESAL
Carátula: COLOMBO BAUTISTA c/ FRAGOLA S. s/ EMBARGO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1914-12-29

Aunque no haya cantidad líquida, procede el embargo preventivo solicitado por el litigante que ha obtenido una sentencia favorable:

debido, en tal caso, fijar el juez una cantidad prudencial por el cual debe librarse el mandamiento.