Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2008-08-21


TEXTO COMPLETO	NEUQUEN, 21 de agosto de 2008 Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados "HIDROCARBUROS DEL NEUQUEN SOCIEDAD ANONIMA -CANUELAS GAS S. A. S/ INSCRIPCIÓN CONTRATO UTE" (EXP Nº 14222/8) venidos en apelación del REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO -NQN- a esta Sala I integrada por los Dres. Lorenzo W. GARCIA y Luis E. SILVA ZAMBRANO con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. Mónica MORALEJO de GIORGETTI, y de acuerdo al orden de votación sorteado el Dr. Lorenzo W. GARCIA dijo:

I.- Contra la resolución de fs. 272/276 del Registro Público de Comercio que rechazó la inscripción del contrato de unión transitoria de empresas celebrado entre las partes, apela la parte que insta el trámite registral, según los fundamentos que expone a fs. 285/296.

Discrepa con la interpretación de la a quo en el sentido de no ser de aplicación al caso la excepción prevista por el art. 114 de la ley 2453 que autoriza a las empresas estatales provinciales a contratar en forma directa cuando fundadas razones lo hicieran necesario, por entender que ello se refiere a contratos ínter administrativos.

Que considera la juez de grado aplicable el art.118 lex cit, que si bien faculta a las empresas estatales para convenir con personas jurídicas de derecho público o privado las vinculaciones contractuales más adecuadas, exige que la elección debe efectuarse previo concurso y acreditación de un pago al contado en concepto de derecho de asociación.

Tras resaltar el dominio reconocido a las provincias por la Constitución Nacional (t.o.1994) respecto de los hidrocarburos que se encuentran en sus territorios, sostiene que puede ordenar su régimen de explotación y administración de la manera que estime adecuado al bien común, teniendo en cuenta que la formación de UTES es habitual en la industria petrolera por adecuarse a la explotación de recursos potenciales, aún no descubiertos.

Cita y trascribe los arts. 5º, 8º, 95º, 153º y 214º de la constitución provincial, y la facultad conferida al PE por la ley 790 ("constituir o participar en sociedades de economía mixta, anónimas con participación estatal mayoritaria y a establecer empresas del Estado"), en cuyo ejercicio aprobó los estatutos de HIDENESA SA mediante decreto 3698/88.

Que resulta, a su juicio, incuestionable que la empresa provincial se encuentra habilitada conforme a las leyes 2141 y 2453, art. 11, para desarrollar actividades de exploración y explotación "... directamente o mediante contratos de locación de obra y de servicios, integración o formación de sociedades y demás modalidades de vinculación con personas físicas o jurídicas que autoricen sus respectivos estatutos", art. 11.

Toda vez que el meollo de la cuestión versa -a su juicio- en torno a la interpretación limitativa de los modos o mecanismos de contratación disponibles para HIDENESA a la luz del mentado art. 114, desarrolla los principios de derecho administrativo que rigen la materia.

Deriva como corolario que el art. 114 de la ley 2453, al permitir excepcionalmente contrataciones directas, no puede ser interpretado en la forma limitativa en que lo hace la a quo, aduciendo que la ley 2453 morigera la exigencia de licitación pública, requiriendo tan solo "concurso público", atento el carácter intuitu personae de la relación.

II.- La cuestión que aquí se plantea coincide con la que fuera motivo de apelación in re "UTE HIDENESA -YPF-SIMA-RIO BARRANCAS S/ INSCRIPCIÓN CONTRATO DE UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS" (EXPTE. Nº 13366/7), en que mi postura favorable a la inscripción registral del contrato quedó en minoría frente a la interpretación contraria desarrollada por el Dr. Videla Sánchez con la adhesión de la Dra. Osti de Esquivel.

Dije en la causa antecedente que: "El meollo de la objeción del Registro, tal como lo señala el voto que antecede, consiste en la interpretación del art. 118 de la ley provincial de hidrocarburos, de cuya expresión literal se desprende que la necesidad de licitación o concurso público como requisito de contratación se refiere al supuesto de conformación de sociedades, lo que razonablemente no incluye a la Unión Transitoria de Empresas sobre la que versa la documentación que se pretende inscribir.

Si a ello se suma la documentación aportada en cuanto acredita la efectiva realización de concurso, aún cuando hubiese sostenido su innecesariedad, no advierto óbice en el ámbito propio del control registral para la formalización de la inscripción requerida.

En el recurso resuelto por esta Sala in re "BRASPIN S.A. S/ INSCRIPCIÓN DE ACTAS" (EXPTE. Nº 12969/7), adherimos a la jurisprudencia que sostiene:

"La función de la faz jurisdiccional del Registro Público de Comercio se limita al control de exactitud y legalidad de la inscripción de los asientos, tal como lo confiere el ordenamiento legal vigente, careciendo así de facultades para las demás cuestiones. Este control de legalidad formal consiste en la determinación de los recaudos de admisibilidad de la registración peticionada, tales como si el registro tiene competencia territorial para practicar la inscripción requerida; si se trata de un documento, acto o hecho que legalmente deba o pueda inscribirse, si quien solicita la inscripción tiene legitimación y capacidad (de hecho o de derecho), y si el documento o acto cuenta con todos los recaudos que la ley prescribe para la inscripción, vale decir que este control de legalidad sólo versa sobre el contenido del documento fundándose exclusivamente en lo que resulta de él, pero "no alcanza" a su naturaleza intrínseca, no estando obligado el Juez a su investigación ni ponderación de cuestiones de fondo atinentes a las relaciones jurídicas entre las partes. En síntesis: el Juez del registro sólo puede entender en lo relativo a la inscripción y carece, por ende, de competencia para las demás cuestiones." Cccsl4 Rs, L000 18891 Rsi-88-93 I. 15/07/1993. Juez: Trumper, José. (sd) Banco del Iberá S.A. C/ Alejandro Ríos Construcciones S.R.L. y Otros S/ Incidente de Nulidad. Mag. Votantes: Trumper José - Alonso de Martina.

"Rebasa la competencia del Registro Público de Comercio el planteo de cuestiones societarias, tales como la resolución de una cesión, ya que su actuación se limita a un control de legalidad formal, en cuanto al contenido del documento a registrarse. Es decir, que no puede en la instancia de inscripción entrar a considerar cuestiones que podrían llamarse de fondo o intrínsecas, relativas a las relaciones jurídicas entre las partes, a sus desinteligencias o litigios, aunque puedan en definitiva afectar la validez de los documentos y originar su eliminación del Registro; en consecuencia, el juez del registro sólo puede entender en lo relativo a la inscripción, previo examen de los documentos, careciendo de facultades de investigación para determinar la veracidad de las declaraciones." Obs. del Sumario: Fernandez-Gomez Leo "Derecho Comercial" T. II Pag. 27. Cc02 Se, C 10376 S. 06/06/1997. Juez: Bruchman de Beltran (sd) Viento Norte de Herederos de Bruno Corsi S.R.L. S/ Cambio de Domicilio a Otra Jurisdicción. Mag. Votantes: Bruchman De Beltran-NuÑez-Wayenbergh de Nasif Saber.

"El registro debe ejercer una prudente policía de peticiones de inscripción, procurando que éstas se conformen a la ley y no desnaturalicen los fines del instituto." Obs. del Sumario: Verón, Alberto Víctor "Sociedades Comerciales", T. I., Pag. 53. Cc02 Se 10929 S. 20/11/2000. Juez: Nunez (mi) Meridiano S.A. S/ Inscripción de Contrato Social. Publicaciones: Suplemento La Ley (noa), AÑo 5, Nº 7, Noviembre 2001, Pag. 625.- Mag. Votantes: Bruchman de Beltran-Contato-NuÑez.

"Si bien la autoridad judicial del Registro Público de Comercio debe ejercer una prudente policía de las peticiones de inscripción para que éstas sean conforme a la ley y no desnaturalicen los fines del instituto, pues el juez no puede ser un ente mecánico, ni el Registro una especie de "buzón o máquina automática", como resulta de la expresión "si la juzgara procedente" en el segundo párrafo del art. 167 de la Ley de Sociedades Comerciales, no es menos cierto que la función esencial del Registro es de control de la legalidad formal de los instrumentos que se inscriben y cuentan ya -al menos en el caso de las sociedades- con la visación previa de la Dirección de Personas Jurídicas, no correspondiéndole entrar en valoraciones ajenas a tal visualización." TRES VALLES SA. s/ MODIFICACION CONTRATO S/ CASACION. S STRNSC VIEDMA 00CC 000150 16-10-91 SD LEIVA "Nuestros registros públicos no son convalidantes, es decir, no subsanan las nulidades que pueden afectar al acto instrumentado mediante el documento que tiene acceso registral. Por ello, si una prórroga en la duración de un contrato social es nula, no puede tornarse válida por el solo efecto de la inscripción en el Registro Público de Comercio. (Voto Dra. Kemelmajer). Autos: Von Der Heyde Carlos C/ Provincia de Mendoza S/Acción de Inconstitucionalidad - Nº Fallo: 90199135 - Ubicación: S213-366 - Nº Expediente: 41607 Mag.: NANCLARES-ROMANO-SALVINI-MILA-KEMELMAJER-SARMIENTO GARCIA-MOYANO - SUPREMA CORTE DE JUSTICIA - Circ. 1 SALA 2 - 26/02/1990.

En el caso que nos ocupa, pues, estimo que la a quo ha excedido su función de control de legalidad al oponer a la inscripción requerida -conformación de UTE para una explotación hidrocarburífera- la falta de acreditación del concurso previo que infiere del art. 118 de la ley de la materia, siendo que dicha norma limita tal requisito a la conformación de sociedades, en tanto que faculta con amplitud a las empresas estatales a convenir con personas de derecho público o privada "las vinculaciones contractuales más adecuadas para el eficiente desenvolvimiento de sus actividades".

Ello por cuanto la letra clara del Artículo 114° ley 2453, expresa: "Las zonas que eventualmente fueran reservadas para ser exploradas y explotadas por empresas estatales se describirán y publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia y en los diarios de mayor circulación. Excepcionalmente y por resolución fundada, previa intervención favorable del área competente, una empresa estatal provincial estará facultada para contratar en forma directa el acceso a una concesión o permiso cuando realizado un concurso público hubiese resultado desierto el mismo o algunas de las áreas, en virtud de no haberse presentado ofertas o éstas no se hubieran ajustado a los requisitos previstos en los pliegos, o cuando fundadas razones o vinculación con otros proyectos industriales promovidos, en los que se debiera garantizar la viabilidad técnico-económica, lo hicieran necesario.

Artículo 118°: De conformidad con lo que establece el Artículo 10º, las empresas estatales quedan facultadas para convenir con personas jurídicas de derecho público o privado las vinculaciones contractuales más adecuadas para el eficiente desenvolvimiento de sus actividades, incluyendo la integración de sociedades. En este último caso, las empresas interesadas en asociarse deberán concursar y ofrecer en el concurso un pago al contado pagadero a la empresa estatal, en concepto de derecho de asociación. En el pliego respectivo, a ser aprobado por la autoridad de aplicación, quedará especificado el porcentaje de participación en la asociación y la responsabilidad que le cabrá a cada parte respecto a la operación de cada área o yacimiento. Como único tipo de contraprestación la empresa privada asociada recibirá un porcentaje de la producción de hidrocarburos que se obtenga.

En el caso que aquí nos ocupa cabe hacer mérito de la resolución fundada del directorio de HIDENESA, con intervención previa favorable del área competente, habilitando la contratación directa cuya objeción registral motiva esta recurso y que, por su condición de acto administrativo, goza de las presunciones de legitimidad y ejecutoriedad que le son propias (art. 55 ley 1284), así como de los antecedentes contractuales citados en la expresión de agravios en cuanto dan cuenta de particulares relaciones de larga data que explican la modalidad de contratación cuya inscripción se requiere.

Por lo expuesto propongo hacer lugar a la apelación deducida, revocando la resolución de fs. 272/276 y ordenando la inscripción registral del contrato como se pide, sin costas por no haber mediado oposición de parte.

Así lo voto.

El Dr. Luis SILVA ZAMBRANO dijo:

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que antecede, adhiero al mismo expidiéndome de igual modo.

Por lo expuesto:

SE RESUELVE:

1.- Revocar la resolución de fs. 272/276 y, en consecuencia, disponer que en la instancia de grado, se proceda a la inscripción registral del contrato.

2.- Sin costas, por no haber mediado oposición de parte.

3.- Regístrese y vuelvan los autos al Juzgado de origen.

Dr. Lorenzo W. GARCIA - Dr. Luis SILVA ZAMBRANO Dra. Mónica MORALEJO - SECRETARIA REGISTRADO AL Nº 218 - Tº III - Fº 420 / 424 Protocolo de INTERLOCUTORIAS -S A L A I- Año 2008.