Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2003-02-20


2º Instancia.- Resistencia, febrero 20 de 2003.

Considerando: I. Que acceden estos autos a la alzada del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la Octava Nominación, en virtud del recurso de apelación interpuesto y fundado a fs. 49/58 y vta., por los apoderados de la parte demandada, contra la sentencia obrante a fs. 34/36 y vta.; que se concede a fs. 59 en relación y con efecto devolutivo. Corrido el traslado de rigor, el mismo es contestado a fs. 60/62vta. A fs. 65 se ordena la elevación de los autos a la alzada; los que se radican a fs. 77vta. ante esta sala primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial y luego de las notificaciones de rigor, se llama Autos a fs. 83; quedando de este modo la causa en condiciones de ser resuelta.

II. Contra la sentencia de primera instancia obrante a fs. 34/36 y vta., que decreta medida cautelar genérica, contra la Banca Nazionale del Lavoro S.A., a los fines de ordenarle se abstenga de otorgarle efecto al cierre de la cuenta corriente Nº 20720575365-1, como asimismo de no variar la calificación, que frente a la central de deudores del BCRA posee la firma La Radio S.R.L.; todo previa caución juratoria; se alza la accionada por las razones que pasaremos a exponer.

Agravia a su parte la resolución cuestionada, toda vez que la sentenciante al referirse a la verosimilitud del derecho y peligro en la demora, efectúa consideraciones genéricas, sin vincularlas siquiera con hechos concretos, debidamente acreditados, con lo cual la resolución es dogmática.

Manifiesta que existe un abuso desmedido para solucionar conflictos derivados de contratos entre partes por vía de medidas cautelares y/o autosatisfactivas; que las mismas llevan implícitas la característica excepcionalidad, contando con la protección jurisdiccional -particularmente en este caso- donde se actúa con una ligereza extrema, llegándose en el caso a legislar e imponer situaciones no previstas ni regladas por las normas que regulan la materia.

Refiere que el tribunal no tiene facultades ni competencia para ninguna de las medidas ordenadas, resultando arbitrario que se cambie de modalidad de funcionamiento de la cuenta corriente bancaria, que actúe como Banco Central "ad hoc", y se subrogue en los derechos del acreedor otorgando una espera de ese modo.

Que si la controversia recae sobre el modo de liquidar los intereses, cargos y multas devengados en la cuenta (accesorios), resulta excesivo paralizar todo (capital + accesorio) puesto que la orden judicial impide al banco ejecutar siquiera el capital; que ello afecta la seguridad jurídica y constituye una ilegítima intervención judicial en contratos entre particulares, lo que no puede encontrar amparo legal.

Sostiene que para la sentenciante los bancos están excluidos de las garantías constitucionales de la Nación, haciendo trizas el patrimonio de los mismos y a su vez convalidando por parte de la actora un verdadero abuso del derecho y un enriquecimiento sin causa, y más grave aún, una indebida intromisión judicial en los contratos, utilizando para ello fundamentos en garantías constitucionales que las viola una y otra vez según de quien se trate.

Alega que en el caso no se presenta ni la verosimilitud en el derecho, ni el peligro en la demora; que si bien la juez a-quo, sostiene respecto a la primera que surge con la documental aportada en la causa principal, no indica, precisa, ni mucho menos analiza de que documental está hablando, lo cual importa una grave violación del derecho de defensa e igualdad de las partes en el proceso. Que no basta para ello las citas jurisprudenciales si no se vinculan con hechos concretos y comprobables, debidamente acreditados en el proceso.

Expresa que el tribunal ha omitido considerar que: los cheques se entregaron con fecha de pago el 21/12/01; el saldo de la cuenta -respecto a esos cheques- recién fue cubierto en su totalidad 10 días después; ante la falta de débito de tales importes de la cuenta, la actora siguió operando y disponiendo de los saldos; que al momento en que los valores debieron debitarse de la cuenta, ésta no tenía saldo, incumpliendo así el contrato de cuenta corriente bancaria; que la actora distrajo el capital destinado a cubrir los cheques entregados para atender otros menesteres, y cuando el banco concretó el débito, la cuenta carecía de saldo.

Que la pretensa situación conservativa, significa afectar el patrimonio del acreedor que se encuentra impedido -en razón de la medida cautelar- de ejecutar el saldo impago, que al 6/09/02 supera los $ 41.389,20. Cita jurisprudencia.

Señala, por otra parte, que ha mediado conformidad del cliente con las operaciones llevadas a cabo en la cuenta e informadas por el banco, advirtiéndose que la juez de grado ni siquiera ha considerado cuál es el marco legal y convencional que regula esta situación.

Que el actor-cliente no cuestionó los saldos de la cuenta corriente bancaria ni los términos acordados entre las partes ni los plazos de ley; que este comportamiento deber ser evaluado en el marco de la doctrina de los propios actos, y resulta ser contradictorio con las alegaciones vertidas a fs. 2/4vta.

Al efecto señalado, transcribe las condiciones generales que deben tenerse en cuenta para la apertura de cuentas para personas jurídicas.

Que la omisión de considerar cuál es el marco legal y reglamentario que la actora incumplió, le quita toda legitimidad a su reclamo.

Agrega que en el caso la accionante incumplió con obligaciones a su cargo (las que cita detalladamente) y que ese incumplimiento no puede transformarse en una fuente de derechos para el mismo.

Que tampoco existió perjuicio o daño comprobable dado que la contraria admite haber dado otro uso a los fondos depositados, por lo que no puede agraviarse porque el banco debite el importe de los cheques emitidos.

Advierte que a partir de la vigencia de la ley 25.413, se ha creado una central de cheques rechazados -comunicación BCRA A2 3245- que continúa recibiendo la información que el mismo Banco Central requiere a las entidades financieras; que es importante tener presente que se ha derogado todo régimen sancionatorio que preveía la ley de cheques en materia de multas, cierre de cuentas e inhabilitaciones, con lo cual la variación de la calificación no puede sustentar la pretensión cautelar.

Que en síntesis, entiende que no se configuran los requisitos que hacen a la "verosimilitud en el derecho" en tanto se verifica una situación de incumplimiento atribuible a la propia actora.

Sostiene que los depósitos destinados a cubrir los cheques del 21/12/01, se verificaron 10 días después, luego de sucesivos feriados bancarios y cambiarios; que no obstante que el banco pagó los cheques, no debitó de inmediato tales importes, circunstancia que ningún agravio puede ocasionar, puesto que igualmente "La Radio S.A." dispuso del capital para cubrir otras obligaciones asumidas en la misma cuenta corriente, con lo cual el daño a resguardar es inexistente.

Agravia también a su parte la insuficiencia de la contracautela ordenada por la sentenciante, que con una simple caución juratoria se concede a un deudor de $41.389,20 una medida cautelar que implica graciosa espera por todo tiempo que dure un juicio sumario u ordinario.

Cita jurisprudencia al respecto. Solicita se haga lugar al recurso, revocando la medida cuestionada. Hace reserva de los recursos extraordinarios locales y del caso federal.

II. Ingresando al análisis de las quejas propuestas por el apelante, corresponde acudir a las constancias de la causa, de donde surge que Teresa Sobrado, en su condición de gerente de "La Radio S.R.L.", con patrocinio letrado, promueve Medida Cautelar, y hasta tanto se dicte sentencia en los autos principales (acción de daños y perjuicios), contra La Banca Nazionale del Lavoro S.A., a fin de que se abstenga de otorgarle efecto al cierre de la cuenta corriente (Nº 20/720-575365-1) unilateralmente dispuesto, sin notificación previa por el plazo de diez días, de la empresa que representa; como asimismo de no variar la calificación que frente a la central de deudores del BCRA posee dicha firma.

Alega básicamente que la empresa que representa se dedica como actividad principal a la comercialización de productos de YPF (según fotocopia certificada de contrato social adjuntado a fs. 25/31); que la relación comercial con la mencionada empresa funciona bajo la modalidad de una cuenta corriente, procediendo a la apertura de la misma en el banco accionado.

Agrega que en cumplimiento de su operatoria (pagos normales), paga a YPF, a través de recibo Nº 0029-00224297, fecha 21/12/01, cheque Nº 0150 por la suma de $7102; y recibo Nº 0029-00224299, fecha 21/12/01, cheque Nº 0161, por la suma de $24.100 (ver instrumental reservada sobre gaveta en letra G). Que a fin de cubrir dichos valores, deposita el 26/12/01 la suma de $25.600 e incrementa los mismos hasta llegar el 31/12/01 al saldo de $38.645,83.

Que sorpresivamente el 25/03/02 aparece el débito del cheque por la suma de $7102 y el 26/03/02 del cheque de $24.000; que la cuenta corriente se dispara a un saldo deudor de $30.909,56, momento a partir del cual comienza el desequilibrio financiero de la empresa.

Alega que ante tal situación requirió al banco información del porqué de tal situación, informándole que por errores administrativos, habían abonado los valores a su presentación, omitiendo hacer el débito, el que se realizó tres meses después. Que lógicamente la estructura financiera de la empresa no estaba en condiciones de soportar el pago de tasas, gastos, comisiones, impuestos y multas, que empezaron a devengar en el período subsiguiente, nacidas al amparo de un atípico comportamiento que desbordó las previsiones empresarias.

Que en fecha 10/09/02 el banco les notifica el cierre unilateral de la cuenta corriente y su afectación al veraz (ver cartas documento 449157248 AR y 449157217 AR, que en original obran reservadas en el sobre de mención).

Básicamente y con idénticos fundamentos, inicia la actora en igual fecha que la presente medida, acción de daños y perjuicios, expte. Nº 16.564/02, contra el banco, causa que corre agregada por cuerda a la presente.

Ahora bien, no podemos dejar de advertir, del escrito recursivo, que la accionada no controvierte la plataforma fáctica planteada en la cautelar, en el sentido de que los cheques de $7102 y $24.000 fueron librados el 21/12/01; que la cobertura de dichos valores se realiza con el depósito de $25.600 (26/12/01) hasta llegar a $38.645 el 31/12/01; que recién se realizaron los débitos el 25/03/02 y 26/03/02.

Pretende la recurrente en el caso, señalar la arbitrariedad del fallo cuestionado en tanto la juez de grado omitió considerar cuál es el marco legal y convencional que regula esta situación, normativas que rigen el contrato de cuenta corriente bancaria y su reglamentación; así como las disposiciones de la ley 25.413, y -comunicación BCRA A2 3245- respecto al régimen sancionatorio que preveía la ley de cheques en materia de multas cierre de cuentas e inhabilitaciones, todo lo cual era indispensable para tener por acreditada la verosimilitud que se exige para el andamiento de toda medida cautelar.

Al respecto, entendemos que no le asiste razón al recurrente, toda vez que el estudio o análisis que el mismo solicita se realice, escapa al limitado marco cognoscitivo que toda medida cautelar requiere, a fin de no incurrir en prejuzgamiento, evitando ingresar a la cuestión de fondo sometida a la causa principal, proceso éste donde corresponde se haga un estudio acabado de lo que hoy plantea el quejoso.

Como lo ha sostenido esta sala en anteriores pronunciamientos: "La cognición cautelar se limita a todos los casos a un juicio de probabilidades y verosimilitud, donde no es posible realizar largas investigaciones, ajenas a este tipo de proceso, las que quedan sometidas al dictado de la providencia principal. Es unánime la doctrina cuando señala, que los derechos que invoca el peticionante en la demanda de esta naturaleza cautelar, tengan "prima facie", existencia, es decir, razón jurídica, o sea la verosímil presunción mediante un conocimiento sumario de que lo que se dice es probable, o que la demanda aparece como destinada a ser exitosa..." (cfr. res. 48 del 10/10/95, entre otras de esta sala).

De los antecedentes detallados, surge "prima facie" acreditado el derecho que le asiste al cautelante, de que se suspendan los efectos del cierre de la cuenta corriente dispuesta por el banco accionado, a fin de preservar la continuidad de la firma comercial actora, hasta tanto se diriman las cuestiones invocadas en la causa principal, las que, entendemos, tienen directa relación con las alegadas por la institución apelante.

Todo ello a fin de evitar -mientras se sustancie la acción de daños y perjuicios- que actitudes unilaterales ya consumadas dificulten o hagan imposible el dictado de la sentencia a dictarse, no sólo porque se tornaría abstracta e inútil la acción intentada por cuerda, sino porque también podría implicar la quiebra o el cierre definitivo de la actividad comercial, fuente de trabajo de los actores.

Por otra parte, advertimos que el peligro que acarrea la demora en resolver el fondo del asunto -nótese que no se trata de una acción de amparo, donde los plazos son brevísimos-, se ve claramente configurado, puesto que el tipo de actividad que ejercita el accionante (comercialización de productos de Repsol YPF S.A.) ante los efectos del cierre de cuenta corriente en cuestión, y todo lo que ello implica, con restricción definitiva de acceso a créditos, y una eventual sentencia favorable al actor, podría resultar estéril, puesto que los daños ocasionados en el ínterin serían irreversibles, razón por la cual se entiende suficientemente acreditado el requisito del peligro en la demora, exigido por el art. 203 del CPCC.

Basta en suma, que el derecho de que se trate tenga apariencia de verdadero, máxime cuando el ordenamiento legal acuerda a estas medidas un carácter meramente provisional, de modo que reexaminadas que sean las circunstancias del caso, nada impide enmendar, modificar, y aun revocar lo que fuere menester y resultare justo.

Agravia también a su parte la insuficiencia de la contracautela ordenada por la sentenciante, que con una simple caución juratoria se concede a un deudor de $41.389.

En este sentido, y a fin de resguardar el principio de igualdad, jugando como sustituto de la bilateralidad, en tanto que la medida cautelar de autos protege la pretensión del actor sobre un derecho que es aún litigioso, teniendo en cuenta el especial alcance de la misma, y que la contracautela debe contemplar a su vez la efectividad el resarcimiento de los perjuicios que aquélla pudiera ocasionar en el supuesto de que hubiera sido trabada injustamente; entendemos que debe proceder la mejora de la misma -en sentido coincidente con el apelante- ya que la caución juratoria prestada, nada añade a la responsabilidad de quien obtuvo la medida.

Así, la tendencia moderna en la materia, es la de eliminar la caución juratoria, que implica sólo la promesa de responder de los posibles daños, y se remite a los bienes de quien la otorga como prenda común de los acreedores. Dado su fin y la naturaleza de la contrapartida de una medida cautelar como la de autos, resulta equitativo que la contracautela sea sólida (real), y no simplemente juratoria, pues el equilibrio de la justicia exige que mientras menos recaudos se requieran, más severo debe ser el criterio para aplicar la cuantía de la contracautela, merituando todos los elementos con que se cuenta en el juicio, así como la mayor o menor complejidad del caso, relacionándola con los montos en litigio, sin dejar de señalar que su fijación no debe ser tan gravosa que torne ilusorio el derecho de quien solicita la medida precautoria.

Los motivos expuestos nos llevan a concluir que corresponde confirmar la medida cautelar dispuesta a fs. 34/36 y vta., debiendo modificarse la contracautela allí ordenada, por una caución real, guardando la misma cierta relación con los montos en juego, al igual que la mayor o menor verosimilitud del derecho, ya que ello está en correspondencia con la eventual responsabilidad por la medida obtenida sin derecho o con abuso o exceso. El monto de la contracautela deber ser fijado por la juez a-quo una vez que bajen los autos, modificándose en este sentido la resolución de primera instancia.

III. Las costas en esta instancia se imponen al apelante vencido, en virtud del principio objetivo de la derrota, sustentado por los arts. 68 y 69 del CPCC. Los honorarios de los profesionales intervinientes, se difieren para la oportunidad de dictarse sentencia en la causa principal.

Por todo ello, la sala primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, resuelve: I. Confirmar parcialmente la medida cautelar ordenada a fs. 34/36 y vta., modificándose la contracautela dispuesta en el punto II del fallo de primera instancia; por una caución real suficiente que deber prestar la actora a satisfacción de la a quo, como contracautela de la medida cautelar dispuesta en autos, bajo apercibimiento de ley. II. Imponer las costas en esta instancia, a la parte apelante vencida (arts. 68 y 69, CPCC). Diferir la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes, para la oportunidad indicada en el considerando. - Manuel Luque. - María G. Lludgar. - María I. Alonso de Martina.