Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-08-12


Comodoro Rivadavia, Doce de agosto de 2005.	VISTOS Y CONSIDERANDO	Estos autos caratulados: "C. S.R.L. c/ A., J. E. s/ORDINARIO", Expte. Nro. 13240/00, veni-dos del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Ci-vil, Comercial, Rural y de Minería Nro. 1 (Expte. Nro. 2176/00), por haber sido apelada a fs. 247 por la parte actora, la resolución de fs. 245 y vta.

Que a fs. 249/250, se agravia la re-currente por considerar errónea la apreciación del a-quo de los actos procesales cumplidos. Manifiesta que no corresponde declarar la caducidad si cualquiera de las partes activó el procedimiento antes de que ella sea acusada o denunciada. Señala que se produjeron ac-tos impulsorios del procedimiento, que con posteriori-dad a la devolución de los autos al Juez de grado, el 14 de febrero de 2005 el agraviado presentó un escrito manifestando una petición que exigía un pronunciamiento concreto del a quo, quien se pronunció rechazando el pedido y ratificando la resolución de fs. 207. Expresa que la petición fue concreta y exigía un pronunciamien-to del Juez de la causa. Que la contraria presentó su pedido de caducidad en marzo del 2005, lo que revela la improcedencia de la pretensión. Cita jurisprudencia.

Correspondiendo verificar la presen-cia de las condiciones que configuran la caducidad, de las actuaciones en análisis surge que la providencia inicial es de fecha 27 de agosto de 2004 (fs. 229), en tanto a fs. 230 la parte actora presenta un escrito pe-ticionando un nuevo pronunciamiento respecto de la mo-dalidad de pago de la tasa de justicia, cuestión que fuera resuelta con antelación por el Juez de primera Instancia, y confirmada por este Tribunal (ver fs. 207 y 224/225), a fs. 236 la misma parte se presenta con el patrocinio letrado de la Dra. M. C. M. C. quien ratifi-ca el domicilio legal.

Ahora bien, debe analizarse si la pe-tición del actor que data del 14 de febrero de 2005 y la presentación de la letrada patrocinante resultan in-terruptivas del plazo de caducidad. Como es sabido, la inactividad no es sólo aquella que supone omisión ne-gligente de cumplir con actos procesales de impulso de la causa, sino también, las acciones inoficiosas o in-idóneas para avanzar en el procedimiento, pues sólo re-visten idoneidad los actos vinculados con el desarrollo del procedimiento principal y que correspondan a la etapa en la que se encuentren. En el caso de marras, la petición efectuada por el actor, no reúne las caracte-rísticas de acto procesal impulsorio, toda vez que re-itera una solicitud ya resuelta con antelación, y no produce avance alguno en el proceso. Por otra parte, la mera presentación del patrocinio letrado resulta una actuación de las denominadas "de mero trámite", clara-mente inoperante para el desarrollo de la litis.

Al respecto enseña Bacre que "Las pe-ticiones en general, para ser interruptivas, deben ser útiles y adecuadas al estado de la causa, de modo que la intención de la parte se traduzca en hechos que evi-dencien su propósito en ese sentido, guardando relación directa con la marcha del juicio" (Eisner Isidoro: "Ca-ducidad de Instancia", Ed. Depalma 1991, p. 119).

En el mismo sentido se ha sostenido que "A los fines de la caducidad de instancia, se debe estimar que el impulso procesal está dado por una acti-vidad de las partes o del órgano jurisdiccional que tienda idónea y específicamente, a hacer avanzar el proceso en el cumplimiento de sus diferentes etapas, para obtener así su completo desarrollo y llegar al dictado de la sentencia definitiva." (C.Apel. C.C. Ro-sario, Rep. LL XLI, J-Z, 2243, sum. 100, op. Cit, p. 229) Más aún, evaluando el deber del Tri-bunal de ordenar actos impulsorios, se constata que en el caso no se produjo omisión alguna por parte del a-quo, puesto que atendiendo al estado del proceso, la parte debió impulsarlo mediante un acto procesal que resulte válido e idóneo, sin que sea posible argüirse la existencia de los presupuestos normados por el art 313 del C.Pr. inc. 3º.

Sobre el punto, enseña la doctrina que "Los alcances de la disposición trascrita han sido precisados reiteradamente por la jurisprudencia en el sentido de que solo existe demora imputable al Tribunal cuando la resolución pendiente es la definitiva o una interlocutoria , y no en los casos de providencias de mero trámite..." (Op. Cit., p. 185).

Atento las constancias de autos, y teniendo en cuenta que la providencia inicial para el cómputo del plazo data del 27 de agosto de 2004, no ha-biéndose producido actos procesales impulsorios hasta el planteo de caducidad interpuesto el día 29 de marzo de 2005, puede observarse que ha transcurrido el plazo previsto por el art. 310, inc. 1ro. del Cód. de Proc. para que opere la caducidad conforme lo expuesto prece-dentemente. (v.Gozaíni: Cód. Proc. Civ. y Com. comenta-do y concordado, T.2, P.150 y sgtes.).

Siendo que la parte beneficiaria de la caducidad no la ha consentido, sino por el contra-rio, la acusa expresamente, el pedido debe resolverse conforme los elementos de autos y verificado que fuera el transcurso del plazo legal, tornando irrelevantes aquellas actuaciones efectuadas con anterioridad al vencimiento, en tanto no resultaron admitidas como im-pulsoras del procedimiento por la contraria.	Por lo expuesto debe confirmarse el fallo recurrido, con costas de la Alzada a la parte ac-tora vencida, regulando los honorarios de los letrados intervinientes en porcentuales, teniendo en cuenta la regulación de primera instancia, y las pautas de la ley 2200-4335.

Por ello, la Sala A de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia,	RESUELVE:

1) Confirmar la resolución de fs. 245 y vta.

2) Costas de la Alzada a la parte ac-tora vencida. Regular los honorarios del Dr. O. G. A. en el TREINTA POR CIENTO (30%) y los del Dr. M. A. O. en el VEINTICINCO POR CIENTO (25%), respectivamente, de los correspondientes a la primera instancia.

3) Regístrese, notifíquese y devuél-vase.-	La presente sentencia es firmada por dos vocales de Cámara en virtud de encontrarse la Dra. Silvia Alonso de Ariet en uso de licencia y por concor-dar en la solución del caso (Arts. 1, 2, 3 y 5 Ley 4550 -modif. Ley 1130-).

Fdo: Julio Antonio Alexandre -Presidente-; Fernando Na-huelanca -Juez de Cámara-.- REGISTRADA BAJO EL N° 121 DEL AÑO 2005 DEL LIBRO DE SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS