Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-06-03


Esquel, 03 de junio de 2009.- VISTO:El recurso de reposición interpuesto por el Dr. M. I. M. en representación de la actora, contra el decreto dictado por la Presidencia de esta Cámara en fecha 21 de mayo de 2009 (fs. 203); y.

CONSIDERANDO:1. Que de conformidad a lo previsto en los arts. 238, segundo párrafo del art. 240, 259 y 273 del CPCC, corresponde a este Cuerpo el tratamiento del mismo, por lo que nos avocaremos a ello.--2. Refiere la actora (fs. 206 y vta.) que esta Alzada dispuso poner los autos en Secretaría para que los apelantes expresen sus agravios, habiendo omitido efectuar un debido y correcto control de admisibilidad de la decisión sobre la concesión del recurso de fs. 189.Relata que el Tribunal a quem se encuentra obligado incluso de oficio para revisar las decisiones que sobre la concesión de los recursos efectúa el Juez de Grado, agregando que ese análisis previo de admisibilidad debe dirigirse -entre otros aspectos- a determinar si el quejoso tiene calidad de parte y si la resolución apelada ocasiona a quien la recurrió agravio o perjuicio personal, indicando que quien actúa como representante -legal o convencional- no ejercita la acción en su interés sino en el de su representado. Cita doctrina.Explicita que surge de autos (fs. 188), que al apelar la sentencia los Dres. T. y M. no indicaron en qué carácter lo hacían, por lo que solicita "que previa revocatoria de la providencia en recurso respecto de los apelantes de fs. 188, se declare mal concedido el recurso de apelación por éstos interpuesto." Cita fallo de esta Cámara y solicita se revoque la providencia de fs. 203 y como consecuencia de ello se declare mal concedido el recurso interpuesto por la Defensa Pública a fs. 188 -- 3. Así ello, advertimos en primer lugar que esta Alzada -previo al dictado del decreto de fs. 195- y en razón de la facultad y el deber de dirección y saneamiento del proceso que corresponde a los jueces en virtud de lo previsto por el art. 34 del Código Procesal, ha analizado los requisitos de admisibilidad de los recursos concedidos en la instancia inferior (fs. 187 y fs. 189), ello por cuanto le compete a este Cuerpo verificar que se haya cumplido el presupuesto de admisibilidad de la impugnación como requisito indispensable para su procedencia, en el cual no es necesaria la apreciación judicial, sino simplemente se debe resolver corroborando si el presupuesto fue o no cumplido, y ello en base a pautas objetivas expresamente previstas en la ley, deduciéndose de las actuaciones que dicha circunstancia fue analizada y cumplimentada, por lo cual posteriormente se dictó el decreto que solicita se revoque (fs. 203).-Nuestra jurisprudencia ha entendido que: "El tribunal de alzada tiene la facultad de pronunciarse de oficio y con independencia de la resolución del juez o tribunal inferior, sobre la admisibilidad o procedencia formal del recurso llevado a su conocimiento, ello, aunque vengan concedidos sin objeción, pues el orden de las apelaciones y las instancias pertenecen al sistema de la ley y no a la voluntad de las partes." (Cámara Civil y Comercial de Jujuy, sala I, 10/05/1997 "Ruggeri Ponce de León, Héctor O. c/ Banco de Crédito Argentino y otra" conf. L.L.NO.A, 1998-714), es así que en su momento (decreto de fs. 195) se mandó subsanar las omisiones señaladas por la Actuaria a fs. 194, perfeccionándose el control de admisibilidad.-A más de ello, surge de las actuaciones (fs. 20) que el Sr. L. A. P. otorga "Poder para juicios" a favor del/la Defensoría y/o Abogado/a Adjunto/a y/o subrogante que corresponda de la Oficina de la Defensa Pública de Circunscripción Judicial del Noroeste de Chubut para que en su nombre y representación, ya sea conjunta, separada o alternativamente intervengan en juicio, facultándolos/las para oponer y contestar toda clase de recursos, entre otros actos jurídicos.-Tal acontecimiento nos hace deducir que los profesionales intervinientes actúan como apoderados del Sr. P., por lo que el/los letrados apoderados tienen el deber (la obligación, dicen en general las leyes), de interponer recursos y fundarlos, porque es otro de los actos relacionados con su apoderamiento, así el art. 50 del CPCC, refiere: "El apoderado estará obligado a seguir el juicio mientras no haya cesado legalmente en el cargo. Hasta entonces las citaciones y notificaciones que se hagan, incluso las de las sentencias definitivas tendrán la misma fuerza que si se hicieren al poderdante, sin que le sea permitido pedir que se entiendan con éste. Exceptúase los actos que por disposición de la ley deban ser notificados personalmente a la parte.", entendiendo por ello que el apoderado o representante deberá actuar dentro de los límites del apoderamiento, circunstancia que tanto el Dr. T. como el Dr. M. han acatado, por lo que ambos están legitimados para interponer recursos.--Que en todo caso, si la actora entendió que los Dres. T. y M. no estaban legitimados para interponer recurso de apelación (fs. 188), debieron advertirlo -en su oportunidad- ante el Juez de Familia, cuando la magistrado concedió el recurso deducido por ellos (fs. 189) ya que dicho decreto quedó firme al ser notificado ministerio legis el 24 de febrero de 2009, por lo que rigiendo en nuestro sistema procesal el principio de plenitud de la jurisdicción, y el principio de preclusión, los actos firmes de primera instancia no pueden ser atacados e impide que la Cámara proceda a revisarlo, por lo que no procede la revocatoria solicitada.Sabido es que el instituto de la preclusión es la pérdida o extinción del derecho de cumplir un acto procesal debido, entre otras razones, por la falta de ejercicio del derecho en el momento oportuno y, por ende, constituye la consumación de una facultad procesal. Tal circunstancia guarda relación con la oportunidad procesal de realización -que constituye uno de los requisitos generales de los actos procesales- pues, cuando se entiende al proceso como un transcurso, cada momento contiene en sí la posibilidad de realizar determinados actos en el tiempo. Ello así, su ordenado y coherente desarrollo se obtiene, entre otras cosas, sobre la base de las preclusiones.-Lino Enrique Palacio ha expresado respecto de este principio, que "...el proceso se halla articulado en diversos períodos o fases dentro de cada uno de los cuales deben cumplirse uno o más actos determinados, con la consecuencia de que carecen de eficacia aquellos actos que se cumplen fuera de la unidad de tiempo que les está asignada." "(Manual de Derecho Procesal Civil", Ed. Lexis Nexis, 18º edición actualizada, 2004, pág. 70).Así, el mencionado autor continúa expresando que "b) Por efecto de la preclusión adquieren carácter firme los actos cumplidos dentro del período o sección pertinente, y se extinguen las facultades procesales que no se ejercieron durante su transcurso ..." (opus cit.).De lo hasta aquí expuesto, puede concluirse que, consentida y firme la providencia de fs. 189 que concedió el recurso de apelación interpuesto por la Defensoría Oficial, no puede prosperar la petición de la actora.Asimismo, asiste la garantia de la doble instancia, entendiendo que éste es el sistema adoptado por nuestro legislador -en aras a una adecuada organización de justicia-, que supone un espacio de solución (primera instancia) y un espacio de reflexión (segunda instancia), por lo que corresponde que continúen los autos según su estado.Por ello, la Excma. Cámara de Apelaciones del Noroeste del Chubut,-- -R E S U E L V E: -- 1º) NO HACER LUGAR al planteo de revocatoria interpuesto a fs. 206 y vta. por las consideraciones vertidas precedentemente.2°) REGÍSTRESE, notifíquese y continùen los autos segùn su estado.--La presente resolución es dictada por dos Jueces de Cámara por encontrarse vacante una vocalía y haberse alcanzado la mayoría (arts. 8 y 9 Ley Nº 1.130, texto según Ley Nº 4.550).-- JORGE L. FRÜCHTENICHT GÛNTHEFR ENRIQUE FLASS REGISTRADO BAJO EL Nº 67 DEL LIBRO DE SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS AÑO 2009. CONSTE.- Norma Marrero Secretaria