marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recursos administrativos, apoderado, personería, acreditación de la personería
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Bergesio, Adriana Stella Maris Mori de c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción- Recurso de  revocatoria contra el auto de inadmisibilidad (Expte. CSJ Nro.   137-1994)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-08-29

La reglamentación para el trámite de las actuaciones administrativas -decreto-acuerdo 10204/58- prevé en su artículo 10 que: "Cuando se actúe ante la Administración en representación de terceros, deberá justificarse la personería". Dicho precepto coloca en cabeza del interesado el deber de justificar la representación que se invoca.

Constituye, pues, carga de la parte recurrente justificar todo lo concerniente a la representación de sus intereses frente a la Administración.
Protección de la vivienda, inscripción registral, embargo, levantamiento del embargo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Minoldo Víctor M. c/ Bravo Pedro A.y otro s/ Ejecución de honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-12-29

No cabe el levantamiento del embargo que afecta al demandado en una ejecución de honorarios, por presunta violación a los términos de la Ley 14394, ya que el principio de inembargabilidad que dicha norma consagra (art.38) aprehende deudas posteriores a la inscripción del bien y en el caso el derecho del letrado tiene su origen en trabajos jurídicos practicados y constitutivos de una deuda anterior a tal inscripción, con prescindencia del momento del acto declarativo de la regulación de honorarios (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Plan austral, escala de conversión, obligaciones a plazo, desagio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: AIRCOLD S.R.L. c/ ESTADO  NACIONAL  -Min.  de  S.  y  Acc.  S.- Hospital Nac. J.T. Bord s/ contrato administrativo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-09-08

La escala de conversión prevista por el art. 4 del decreto 1096/85 "es aplicable a las obligaciones a plazo cuyo curso comenzó con anterioridad a la entrada en vigencia del citado decreto y venció después, siempre y cuando las expectativas inflacionarias estuvieran ciertamente implícitas al concretarse la relación creditoria, razón por la cual no cabe la aplicación indiscriminada de la escala de conversión del decreto 1098/85 en todos los supuestos, dado que la concreta existencia de una expectativa inflacionaria es un presupuesto fáctico que condiciona la aplicación del desagio y deberá constatarse en cada caso (confr. Fallos 311:1147, "Cantarellin Andrés", del 26 de junio de 1988; "Mancina" del 25 de octubre de 1988; "Bigma c/Entel", del 6 de febrero de 1992", entre otras).
Embargo, certificados de obra
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BANCO PROVINCIAL DE SALTA c/ KOSINER S.A. s/ EMBARGO PREVENTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1989-06-02

En consecuencia de lo establecido por el art. 219 inc. 3º del Cód.

de Proc. Civil y Comercial y art. 96 de la Ley de Obras Públicas, corresponde levantar el embargo trabado sobre un certificado parcial de obra, sin perjuicio de la que la orden pueda efectivizarse -en su momento- sobre el certificado final de la obra. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Sentencia, principio de congruencia
Materia: PENAL
Carátula: Azzaro, Marcelo José Norberto y ots. s/ Robos calificados, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-12-19

Corresponde anular de oficio la sentencia que al resolver la condena a aplicar a los procesados lo hace por delitos que no guardan concordancia con las conclusiones a que se arribara en la votación al decidir el encuadramiento legal de los hechos en juzgamiento, pues tal irregularidad constituye un caso excepcional de incompatibilidad con el debido proceso en tanto la sentencia recurrida aparece descalificada como acto jurisdiccional.
Inconstitucionalidad, declaración de inconstitucionalidad, regulación de honorarios, honorarios del perito
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Santa Ursula SA c/ Santa Ana SCA s/ Ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-20

Es improcedente el planteo de inconstitucionalidad, respecto de la ley 24.432, toda vez que - en el caso - la decisión que cuestiona el perito apelante no se funda en la norma tachada de inconstitucional, sino en el Dec. Ley 16.638/57, por ello, tal circunstancia impide estimar que se haya planteado una auténtica controversia, en el sentido que la corte suprema ha asignado al término, por cuanto el alto tribunal ha explicitado en sus sentencias (fallos: 245 y 301:991) que casos o causas en los términos de las cláusulas de la Constitución Nacional son los que contempla el art. 2 de la Ley 27, con la exigencia de que los tribunales solo ejerzan jurisdicción en casos contenciosos.
Sentencia firme, cosa juzgada, error judicial, daños y perjuicios, responsabilidad civil, indemnización
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Egues, Alberto José c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios (error judicial).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-29

Si el planteo apunta a demostrar que el proceso constituye una vía oblicua por la cual el demandante intenta alterar resoluciones judiciales firmes, el Tribunal examinará si el estado de cosa juzgada de las resoluciones que son tachadas de erróneas configura un obstáculo insalvable o no para la procedencia del derecho a resarcimiento cuando deba pronunciarse sobre los presupuestos de la responsabilidad civil (Disidencia parcial del Dr. Julio S. Nazareno).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, tipo penal, calificación legal, abuso sexual simple, prueba, víctima menor de edad, flagrancia
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Z., J. C. c/  s/ abuso sexual con acceso carnal -recurso de inconstitucionalidad-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-04-04

La impugnación no ha de prosperar, por cuanto -en relación a las postulaciones recursivas vinculadas con la calificación legal seleccionada para condenar al justiciable, por entender la quejosa que el hecho intimado a su pupilo encuadraría en el delito de abuso sexual simple-, del escrito introductor de la vía se evidencia que la defensa se limita a insistir con su propia postura, mas no logra con ello delinear un supuesto de arbitrariedad que imponga la apertura de esta instancia extraordinaria, al advertirse de la resolución recurrida que los Judicantes ensayaron una argumentación suficiente en respaldo de su conclusión, toda vez que la Cámara explicó las razones por las que consideraba acertado el encuadramiento de la conducta del imputado como abuso sexual con acceso carnal, al reparar no sólo en la existencia de dos testigos presenciales -quienes tras descubrir in fraganti al encartado en su accionar sobre la menor en un lugar público acudieron en busca de auxilio-, sino también en lo que la niña le relatara a su padre inmediatamente después de ocurrido el hecho y a su niñera, así como lo expuesto por los profesionales intervinientes, todo lo cual, sumado al hallazgo de plasma seminal en la prenda interior de la menor y en el slip del acusado, resultaba concluyente -a criterio de los Judicantes- para afirmar que efectivamente aquél había obligado a la menor a que le practicara sexo oral.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, tipo penal, robo, agravantes de la pena, intimidación, graduación de la pena, concepto de arma, aplicación de la ley penal, bien jurídico protegido
Materia: PENAL
Carátula: V, M y OTRO s/ Recurso de Inaplicabilidad de la doctrina legal - Robo (Expte.: Nro.  149 año 2003) (Tribunal Pleno) En el caso la cuestión a resolver es: El empleo de un arma de  fuego inhábil para el disparo por defecto, ¿conforma la circunstancia agravante prevista en el art. 166, inc. 2 del Código Penal?
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-05-27

Una pauta de razonabilidad indica que la intimidación con armas implica una agravante, porque esa circunstancia convierte al sujeto activo en un homicida en potencia ante una eventual resistencia que pueda ofrecer la víctima. Incluso un arma para ser tal, además de reunir las características naturales de su ofensividad, debe ser así considerada por quien la exhibe.

Pero la imposibilidad material de utilizarla para el efecto destructivo natural, aparecería teñido de un marcado rigorismo si la conceptuamos como idónea para la agravante, cuando la amplia escala que prevé el art. 164 del Cód. Penal permite ameritar sobre una sanción que conforme a las pautas de los artículos 40 y 41 del Cód. Penal, faculta al órgano jurisdiccional cabalgar en un amplio marco -un mes a seis años de prisión- para intentar una justicia mas consustanciada con la razonabilidad de la pena.

Pero además de ello, modernamente ésta es la postura que se desprende del texto de la ley 25297 -publicada el 22/9/00- que incorpora al Cód. Penal el art. 41 bis, que establece una agravante genérica para delitos cometidos mediante violencia o intimidación contra las personas con arma de fuego.

Y aquí no cabe duda que la expresión arma de fuego, refiere al bien jurídico tutelado -la vida- y obvio es que la vida se pone en peligro con un elemento apto para matar. (Del Voto En Disidencia Del Dr. Pangia)
Prueba, terceros, presunciones, simulación, defraudación
Materia: CIVIL
Carátula: Sausa, Raúl Osvaldo c/ Arriaga, Darío Alberto y otro s/ Nulidad por simulación
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2012-04-27

La imposibilidad para los terceros de obtener prueba directa de la realización del acto simulado con fines defraudatorios, es la razón de que adquieran operatividad las presunciones o "prueba imperfecta".
Acción de amparo, resolución denegatoria, sentencia, sentencia definitiva, notificación, leyes, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Fernández, Susana c/ Caja Previsión Social s/ Recurso de Queja (Expte. Nro. 314-00, Resolución Nro. 108, Tomo 24, Folio  43)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-11-15

Tanto la denegación del recurso como del auto que rechazó "in limine" la acción intentada, deben reputarse como definitivos, desde que ponen fin al proceso y por consiguiente afectan al derecho sustancial cuya tutela se demanda. Aunque más no sea por una duda más que razonable, aún en el marco de la ley 10.456 (que debe entenderse aplicable en cuanto resulte compatible con el art. 43 de la Constitución Nacional, no sólo como ley anterior sino por la supremacía de la Ley Fundamental), los términos que la misma emplea dan una idea concreta de tarea activa para el acto de la notificación y no la pasividad propia del anoticiamiento "automático" por lo que tales constancias deben obrar expresamente en los autos y no requerirse la constancia negativa del interesado.

Tal opinión obedece a un estricto sentido de justicia.
Actos voluntarios, relación de causalidad
Materia: CIVIL
Carátula: V., A. del C. c/ E., J. L. y/u otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-04-24

Para establecer la causa de un daño es necesario hacer un juicio de probabilidad determinando que aquél se halla en conexión causal adecuada con el acto ilícito o sea, que el efecto dañoso es el que debía resultar normalmente de la acción u omisión antijurídica, según el orden natural y ordinario de las cosas.
Recurso de inconstitucionalidad, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Centro Unión de Empleados de Comercio (CUEC) de San Carlos Centro c/ Municipalidad de San Carlos Centro s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: 
Fecha: 2024-04-16

El fallo emitido en autos por la Sala se fundó en precedentes de este alto Cuerpo -cuya eficacia y vigor no ha sido, al menos hasta la fecha, revocada por un tribunal superior-, reconociéndose y respetándose de tal manera la autoridad y el poder jurisdiccional que la Constitución de la Provincia le ha acordado al mismo en cuanto máximo tribunal en el orden santafesino, posición que se traduce -entre otros aspectos- en el hecho de que sus fallos han de ser lealmente seguidos por los tribunales de las instancias inferiores, dicho esto más allá del tipo de obligatoriedad que exhiba su jurisprudencia, en particular cuando se trata de cuestiones que remiten al examen de normas de derecho público local, respecto de las cuales esta Corte inviste el carácter de intérprete final; y resulta evidente la ausencia en el memorial del recurso de inconstitucionalidad de un discurso orientado a proporcionar nuevas razones verdaderamente conducentes que puedan justificar la modificación de la tesis adoptada por este Tribunal -por mayoría- en los leading cases mencionados. (De la disidencia del Dr. Netri) - CITAS: CSJStaFe: AyS T 132, p 67; Castets y Tanino S.R.L., Foschiatti, M. R. y Supermercado Reconquista S.R.L., T 279, p 142; Coto C.I.C.S.A., T 279, p 237.
Violencia de género, perspectiva de género, medidas cautelares, responsabilidad internacional del Estado, medios de prueba, declaración de la víctima, agravantes de la pena, lesiones
Materia: PENAL
Carátula: Pioli Patricio Amalio. Coacción y Lesiones Leves Calificadas en Concurso Real c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 2021-06-07

Cabe declarar al hecho como violencia contra la mujer -arts. 3, 4º y 5º de la Ley 26485-, ordenando al juez de ejecución y al Patronato de Liberados informar a la víctima todas las situaciones que se susciten en el proceso de ejecución, atinentes a la obtención de beneficios de salidas transitorias, semilibertad, libertad condicional y libertad definitiva del condenado, imponiendo en su caso medidas cautelares de restricción geográfica para tutelar judicialmente la persona de la víctima. Surge que el hecho investigado habría acaecido en el marco de una situación de 'Violencia de género", siendo obligación analizarlo con prudencia y en función a las obligaciones asumidas por la República Argentina, a través de instrumentos internacionales de rango constitucional, entre los que se destaca principalmente la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer ("Convención de Belén do Para"), que describe a esa especie de violencia como constitutiva de "una violencia de los derechos humanos y libertades individuales" de las mujeres. Ley 26485 garantiza los derechos reconocidos en la convención referida y dispone la amplitud probatoria para acreditar los hechos denunciados, teniendo en cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de violencia y quiénes son sus naturales testigos. En estos supuestos, el testimonio de la víctima tiene en sí mismo valor de prueba para enervar la presunción de inocencia.

Respecto de la agravante como se puede apreciar, las lesiones se agravan en función de las circunstancias del art. 80 del CP, por lo cual la incorporación de la cuestión de género como agravante del homicidio también opera como agravante de aquella figura penal. Es decir, las lesiones se agravan por la relación de pareja con la víctima, por odio de género, por cometerse contra una mujer mediando violencia de género y por venganza transversal; incorporándose de esta manera la perspectiva de género como circunstancia calificante -merecedora de plus punitivo- en el delito de lesiones.
Caducidad, interrupción del plazo, suspensión del plazo
Materia: PROCESAL
Carátula: Sud América T. y M. Cía. de Seg.  S.A. c/ S.A.S.  Scandinavian  A.S. s/ cobro.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-13

La caducidad no está sujeta a interrupción ni a suspensión ya que se aplica a pretensiones para cuyo ejercicio se señala un término preciso, por lo que nace originariamente con esta limitación de tiempo en virtud de la cual no se pueden hacer valer una vez transcurrido el plazo respectivo.
Admisibilidad del recurso, recurso de casación, defensa, responsabilidad penal, privación ilegal de la libertad calificada, torturas, concurso real, competencia del tribunal de casación, cuestiones de hecho y prueba, Cámara Federal de Casación Penal
Materia: PENAL
Carátula: Comes, César Miguel y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-29

Resulta formalmente admisible el recurso de casación deducido por la defensa de quienes fueron encontrados coautores mediatos penalmente responsables, de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada e imposición de tormentos agravada, ambas reiteradas y en concurso material, en tanto los recurrentes cumplan con la carga procesal que manda indicar los motivos de sus agravios, pues ello habilita al Tribunal de Casación Penal a cumplir su misión de fiscalizar la sentencia emitida por el a quo respecto de tales agravios, examinando la correcta aplicación de las normas involucradas y analizando las pruebas por aquél admitidas.
Estupefacientes, receta médica falsa, actos preparatorios
Materia: PENAL
Carátula: TIZON, Carlos A. s/ estupefacientes-Causa 16.115
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-12-30

El delito de confabulación previsto por el art. 29 de la Ley 23.737, sólo resulta aplicable a supuestos en que, mediante la realización de diversos actos preparatorios, se revela el "acuerdo de voluntades" previo, cuyo fin es la comisión de alguna de las hipótesis delictivas previstas por la norma.
Pensiones del personal policial, suspensión del beneficio, matrimonio, rehabilitación del beneficio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: García, Ramona c/ E.N.    (Ministerio del Interior - Caja de Retiros y Pensiones de la Policía Federal Argentina). s/ Retiro Policial.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-06-22

Corresponde que se rehabilite a la actora en el beneficio de pensión cuando:

1. La actora ya había gozado del beneficio pensionario en su carácter de viuda de suboficial;

2. Contrajo posteriormente nuevas nupcias y, por esta razón, solicitó la suspensión del pago de la pensión y;

3. Habiendo fallecido su segundo esposo y soportando apremios económicos, pidió dicha rehabilitación (confr. Leyes 22.611 y 23570).
Recurso de apelación (procesal), apelación en relación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: O., R. c/ T., M. s/ Medidas cautelar de no innovar - Tenencia - Actuación - Artº 250  Inc. 2º
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-09-29

En los recursos concedidos en relación no procede recibir nuevos elementos de juicio, desde que no mediando apertura a prueba en segunda instancia, el Tribunal, para la revisión de la providencia impugnada, sólo puede guiarse a través del memorial por las mismas pautas decisorias que el juez tuvo a su alcance. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Tratados internacionales, ratificación de tratados internacionales, facultades del Poder Ejecutivo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Frites, Eulogio y Alemán, América Angélica c/ Poder Ejecutivo Nacional -Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto- s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-04

La ratificación de un tratado debe ser realizada por el Jefe de Estado, Jefe de Gobierno o Ministro de Relaciones Exteriores, o sus representantes: art. 7º de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados (Disidencia del Dr. Antonio Boggiano).
Medidas cautelares, honorarios del abogado
Materia: LABORAL
Carátula: SILVESTRI, Carlos María c/ TECHINT S.A. y/o responsable s/ Acción de Inconstitucionalidad- Daños y Perjuicios y Daño Moral.  Laboral. Incidente de Medida cautelar.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-05-16

Del art. 67 de la ley de Aranceles surge con claridad que deben regularse honorarios por las medidas cautelares, pedidas en procesos como éste, tramitadas en forma autónoma o no, conforme a las pautas allí indicadas.
Recurso de apelación (procesal), sentencia no firme, medidas cautelares
Materia: PROCESAL
Carátula: Marin, Claudio Marcelo c/ Colegio de Psicólogos Alto Valle Zona Oeste s/ Contencioso Administrativo S/ Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2019-02-04

No se advierte en autos ningún argumento que permita desvirtuar la doctrina de este Superior Tribunal de Justicia respecto a la inapelabilidad de las medidas cautelares en los procesos administrativos, por la ausencia de definitividad. (Voto de la Dra. Zaratiegui y Dr. Apcarian por la mayoría)
Interpretación restrictiva, ley reglamentaria, procuradores
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Galvan Nehemias Samuel c/ Sheng Ling s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-29

El art. 15 de la ley 10.996 debe ser examinado con carácter restrictivo, frente al peligro de vulnerar la ley reglamentaria del ejercicio de la procuración y la finalidad que se tuvo en cuenta para sancionarla.
Intereses, compraventa inmobiliaria, rescisión del contrato, contratos de ejecución inmediata
Materia: CIVIL
Carátula: CASTRO DE GALATTO ELSA M.L. c/ PROGRESS S.A. s/ RESOLUCION DE CONTRATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-17

DEL VOTO DE LA MAYORIA:

Tratándose de sumas abonadas por el comprador y que deben ser restituidas por la vendedora al decretarse la resolución del contrato, el lapso en que deban comenzar y extenderse la imposición de intereses a partir de la mora, por ser moratorios (art. 509 del Código Civil), esto es desde el momento en que se notificó el traslado de la demanda, y tienen que devengarse hasta la fecha del efectivo pago del capital, sin que sea obstáculo para ello la condena accesoria de los daños y perjuicios sufridos por el adquirente con motivo de la no entrega de la posesión del bien en la fecha convenida en el contrato (conf. C.N.Civ. Sala F, L. 9537, del 27-3-85) donde se estableció que no resultaba de aplicación las normas del pago sin causa.

DEL VOTO DE LA MINORIA:

Tratándose de sumas abonadas por el comprador y que deben ser restituidas por la vendedora al decretarse la resolución del contrato, el lapso en que deben comenzar a extenderse los intereses es a partir de la fecha de cada uno de los pagos efectuados sobre sumas actualizadas a la tasa del 6% anual. Es pertinente la solución por aplicación al caso de lo dispuesto por el art. 1054 del Código Civil para el supuesto de nulidad (conf. CNCiv. Sala F, L. 9537 del 27-3-85).

Aunque no se trata de identificar los conceptos, ya que en el caso de la nulidad la extinción del negocio jurídico emana de un vicio del mismo y en el de la resolución de un incumplimiento, parece adecuado aplicar por vía analógica las normas atinentes a aquélla, ya que, de modo similar a la nulidad, la resolución del contrato de ejecución instantánea opera retroactivamente en cuanto a sus efectos (conf. López de Zavalía, "Teoría de los Contratos", Parte General, p. 349; Salas-Trigo Represas, "Código Civil Anotado", T. II, p. 69;

C.N.Com. Sala A, E.D. 77-338).
Accidentes de trabajo, relación de causalidad
Materia: LABORAL
Carátula: BURGOS DE JUAREZ, Asunción c/ CODIM S.A. y AGLOMERADO SALTA S.A. y/o Enrique Finetti y/o Roberto A. Moretti s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1991-08-09

No todos los accidentes ocurridos a personas sanas pueden generar indemnizaciones conforme a la Ley de Accidentes, a menos que se demuestre una acabada vinculación causal o concausal con el trabajo.

Corre a cargo de quien se pretende víctima la demostración del hecho, su vinculación con el trabajo y el grado de incapacidad. No encontrándose probado que el traumatismo sufrido haya sido la causa de la producción o desarrollo de la enfermedad, corresponde desestimar la pretensión indemnizatoria.