Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-07-31


2º Instancia.- Santa Fe, julio 31 de 2008.

1º ¿Es justa la resolución recurrida? 2º ¿Qué resolución corresponde dictarse? 1º cuestión.- El doctor Cordini dijo:

La Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música demanda a Liliana Nancy Guerrero en procura del cobro de la suma de $ 3.024,08, intereses y costas, afirmando que la demandada tiene a su nombre la habilitación de un local bailable, omitiendo el pago del arancel correspondiente a la difusión musical, no obstante los insistentes reclamos formulados, afirmando que SADAIC es la única entidad representativa de los autores de temas musicales. Al ejercer su defensa, la demandada reconoce que en el local indicado se emite música y que Guerrero es responsable de dicho negocio, afirmando que la Asociación de Autores Interpretes y Compositores (ADAICO), con personería jurídica reconocida desde 1992, se encuentra facultada a los mismos fines que la actora, acompañando recibos de pago expedidos por dicha sociedad, y admitiendo que no pagó suma alguna a SADAIC, dice que no corresponde pagar dos veces por la misma causa. Agrega que ADAICO se encuentra al igual que la entidad que acciona, habilitada para la protección de los derechos de los autores, para seguidamente transcribir disposiciones legales que serían de aplicación en el caso de autos. Tramitado el juicio, el 6 de diciembre de 2007 (fs.129/131), el Juez de Primera Instancia dicta sentencia y resuelve hacer lugar a la demanda. Considera que conforme las disposiciones del a ley 17.648 y Decreto Reglamentario Nº 5146 SADAIC tiene a su cargo la percepción de los derechos de autor emergentes de la utilización de obras musicales, con facultad para cumplir su cometido en todo el territorio nacional. Seguidamente el a quo analiza que ante la afirmación de la demandada en el sentido que los periodos denunciados como impagos fueron percibidos por otra asociación asume dicha parte la carga de la prueba y explica que ADAICO fue una entidad a la que el Gobierno de la Provincia de Jujuy le reconoció personería jurídica en el año 1992, que posteriormente revoca, lo cual es confirmado con la resolución dictada por el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy de fecha 13 de octubre de 2004, de manera que no existe otra asociación con idéntica finalidad que la cumplida por la demandante.

Define como incumplimiento procesal de la parte accionada no haber probado lo contrario, sumado a la confesión ficta producida como consecuencia de la incomparecencia a la audiencia fijada a tal efecto. Recurrido dicho pronunciamiento, a fs. 145 se agrega la expresión de agravios los cuales resumidamente consisten en mencionar en primer lugar que la demandada no tiene convenio de pago ni recibe comisión para custodiar los intereses de una empresa privada como SADAIC y agrega que ni siquiera conoce cuál es el repertorio musical que ésta administra, insistiendo en que contrató con ADAICO sin que se haya revocado por ninguna de las partes ese acuerdo. Seguidamente pasa a enunciar y transcribir una serie de disposiciones relacionadas con el derecho de autor, el derecho de propiedad de obras artísticas, literarias o científicas, con el régimen de la Ley de Propiedad Intelectual, contrato de edición, representación y venta, decreto de desregulación económica, que transcribe en parte de su articulado, como también de la Ley de Defensa de la Competencia, culminando con el relato del contenido de un proyecto de legislación modificatoria de la ley 11.723.

Ningún agravio concreto dirige la recurrente respecto del contenido medular del fallo impugnado en relación con los fundamentos por los que se estima procedente la demanda. En relación con la importancia que asume el escrito de fundamentación de los agravios esta Sala reiteradamente ha mencionado que en materia de recursos el supuesto agravio que la decisión alzada ocasiona al recurrente constituye el fundamento y la medida del mismo, y que dicho agravio para poder ser dimensionado por el Tribunal ad quem para que obre confirmando o reformando la decisión que lo ocasiona, debe ser oportunamente manifestado de una manera clara y concisa, ordenada y correctamente, señalando, en base a argumentos y probanzas, por qué la sentencia no es justa, cuáles son los motivos de su disconformidad, cómo el juez ha merituado mal la prueba, ha omitido alguna que puede ser decisiva, ha aplicado mal la ley, en qué consiste el error del pronunciamiento o cuál es el defecto que contiene el proceso lógico mental que exteriorizó el juez al dictarlo, ya que de no procederse así se coloca al tribunal de segundo grado en la posibilidad riesgosa de proceder a una revisión indiscriminada de la sentencia cuya alzada originó al interponerse el recurso, apartándolo de su esencialidad funcional de revisión y control y no de creatividad, careciendo, en otras palabras de medida y de materia respecto de la cual debe emitir su pronunciamiento (esta Sala I en "Cattaneo s/Ausencia con presunción de fallecimiento", Acuerdo del 19/6/87; "Muttaner s/Desalojo", Acuerdo del 11/8/87; "Santi c. Santi s/Colación", Fallos 46-59, del 12/9/97, entre otros). La demandada asumió desde el momento en que acude a esta Sede Revisora, la obligación de articular específicamente y en forma clara, dónde se encuentra el error de la decisión emitida por el Tribunal de primer grado cuando menciona que dicha parte no probó la existencia de otra sociedad que cumpla con las funciones acordadas por ley a la actora; no rebate la argumentación relacionada con la fuerza probatoria de la confesión ficta y tampoco emite agravio en relación con la inexistencia de la asociación a la cual aduce haber efectuado los pagos que aquí se le reclama y de la facultad para percibirlos, habiendo sido revocada la personería jurídica de ADAICO como se demuestra con la documentación glosada a fs. 95/99. En síntesis, como lo expone el fallo de primera instancia, la demandada admite en la contestación y absolución de posiciones ficta que no cumplió con el pago de la suma reclamada en el escrito introductivo, y no acredita que los efectuados a la asociación que alude correspondían en sustitución de lo adeudado en razón de tener dicho ente facultad legal para actuar en igualdad de condiciones con la actora. Por ello, a este primer interrogante, voto por la afirmativa.

Los doctores Genesio y Saux dijeron, a su vez, iguales razones en parecidos términos y votaron, por lo tanto, afirmativamente.

2º cuestión.- Los doctores Cordini, Genesio y Saux dijeron, sucesivamente, que de acuerdo a lo que antecede corresponde rechazar el recurso de apelación y en consecuencia confirmar el fallo alzado, con costas a cargo de la parte demandada (art. 251 CPC y C).

Por los fundamentos del acuerdo precedente, la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Santa Fe, resolvió: Rechazar el recurso de apelación y en consecuencia confirmar el fallo alzado, con costas a cargo de la parte demandada (art. 251 CPC y C). Los honorarios de alzada se liquidarán en la proporción establecida en el artículo 19 de la ley 6767, oportunidad en que se correrá vista a la Caja Forense. Insértese, hágase saber, bajen. Concluido el acuerdo, firmaron los señores Jueces de Cámara por ante mí, que certifico.- Edgardo I. Saux. - Raúl J. Cordini. - Juan Carlos M. Genesio.