Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-07-23


AUTOS 110515 (C.C.Nº21935) DEL Cuarto Juzgado Civil, CARATULADOS: "SERVICIOS FEDERALES DE SALUD S.A. C/ Antuña Raúl Adolfo Y Otro - Daños Y Perjuicios".- PROTOCOLIZADO:L. A.-Año 2014- del Tº II - Fº05/09.- En la Ciudad de San Juan a 23 días del mes de julio de 2014, reunida en Acuerdo la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, bajo la presidencia del Dr. Oscar Roberto Otiñano y el Sr. Vocal Dr. Roberto M. Pagés Lloveras, a fin de conocer el recurso concedido mediante decreto de fs. 125, contra la sentencia de fecha 25 de julio del año dos mil doce, recaída en los presentes autos Nº110515 (C.C. Nº21935) caratulados: "SERVICIOS FEDERALES DE SALUD S.A. C/ ANTUÑA RAUL ADOLFO Y OTRO - DAÑOS Y PERJUICIOS", dictada por el Sr. Juez titular del Cuarto Juzgado Civil, obrante a fs. 121/123.- 1ra. CUESTIÓN: ¿Resulta procedente el recurso de apelación planteado? 2da. CUESTIÓN: En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde en definitiva? EL DR.ROBERTO PAGES LLOVERAS DIJO:

A la 1ra. CUESTIÓN:

Antecedentes I. El Sr. Juez de primera instancia, en la resolución que obra a fs. 121/123, dispuso -en lo pertinente al recurso- declara la caducidad de la segunda instancia, con costas a la vencida.

Para así resolver consideró, en resumen, que la segunda instancia que se abrió con la concesión del recurso de apelación en fecha 08/11/11, y que a la fecha en que se notificó a la contraria del traslado de los agravios, el término de tres meses previsto por el art. 274, inc. 2º del C.P.C. (Ley 8037) se encontraba cumplido.

II. A fs. 124, la parte actora recurrente plantea el recurso de apelación.

Funda el recurso sosteniendo -en resumen- como primer agravio que resulta erróneo aplicar en este caso lo establecido en el art. 797 y cc. del C.P.C.C.M, al alegar que no ha consentido la aplicación de la ley N° 8037. Agrega que no le fue notificada la providencia de fecha 05/12/11 y que el plazo aplicable es el de seis (6) meses, estimando que resulta inconstitucional lo establecido en el art. 798 del C.P.C.C.M. por contradecir lo dispuesto en los arts. 2, 3 del C. Civil y 22, 33 y 111 de la Constitución Provincial.

En el segundo agravio reitera el cuestionamiento de la aplicación en el caso de lo establecido en el art. 798 del C.P.C.C.M., como su alegada inconstitucionalidad.

III. A fs. 132/134 vta. consta agregado el escrito de réplica de los agravios presentados por el apoderado de la parte demandada recurrida.

Sostiene que deben ser rechazados los agravios en razón de que es aplicable lo dispuesto en la ley N° 8.037, que la providencia de fecha 05/12/11 le era notificable a la parte recurrente por ministerio de la ley (art. 132), y que al momento de ser notificada su parte había transcurrido el plazo de caducidad.

También expresa que la parte recurrente no ha demostrado la incompatibilidad de la norma impugnada de inconstitucional (art. 798) con los principios constitucionales, como de qué manera pudo haber afectado el ejercicio de sus derechos.

Pide el rechazo del recurso, con costas.

IV. A fs. 164 se certifica el pase de los autos a estudio.

Tratamiento del recurso 1. La crítica efectuada en el escrito de expresión de agravios debe consistir en la indicación detallada de los pretendidos errores, omisiones y demás deficiencias que se atribuyen al pronunciamiento, refutándose las conclusiones de hecho y de derecho en que fundó el juez su decisión (art. 253, segundo párrafo, C.P.C.C.M)., lo que no se cumple en el caso en cuestión, por las razones que se pasan a desarrollar.

2. El nuevo Código Procesal Civil (ley N° 8037) dictado durante el curso del proceso no altera los actos cumplidos hasta ese momento, pero se aplica a los actos a cumplirse en el futuro. Y las nuevas normas que regulan el instituto de la perención de instancia entraron en vigencia el 1 de febrero de 2010, por lo que se aplican de manera inmediata a los juicios en trámite, salvo lo relativo al plazo de gracia de treinta días (CJSJ. PRE S.1ª, 2013-II-323).

Este principio tiene su razón de ser en la noción del "consumo jurídico", que se basa en que los hechos pasados que han agotado la virtualidad que le es propia no pueden ser alcanzados por la nueva ley que, si los afectara, incurriría en retroactividad (Llambías: "Parte General", 2da. ed. actualizada, t. I Nro. 167, pág. 140).

Por ello se estableció (art. 793) que las disposiciones del nuevo C.P.C.C.M. entrarán en vigencia el día 1º de febrero de 2010 y serán aplicables a todos los juicios que se iniciaren a partir de esa fecha. Pero, además, se dispuso que la nueva normativa procesal se aplicará también a los juicios pendientes, con excepción de los trámites, diligencias y plazos que hayan tenido principio de ejecución o empezado su curso, los que se continuarán bajo el régimen establecido por la Ley Nº3738.

3. Por ende, el nuevo C.P.C.C.M. dictado durante el curso de este proceso, debe ser aplicado a los actos a cumplirse con posterioridad a su entrada en vigencia con excepción de los trámites, diligencias y plazos que hayan tenido principio de ejecución o empezado su curso. Y en lo que respecta específicamente a la pretensión, las disposiciones de los artículos 274 a 282 no serán aplicables aun cuando a esa fecha hubieran transcurrido los plazos de inactividad si los litigantes o el Juez o Tribunal impulsaren el procedimiento dentro de los treinta días hábiles subsiguientes, salvo que la parte legitimada ya hubiere acusado la perención a la fecha referida (art. 798).

Asimismo, no obsta a la aplicación inmediata de las nuevas normas procesales la circunstancia de que el juez haya omitido dictar una resolución advirtiendo a las partes esa circunstancia. Ello así, en la medida que las leyes resultan obligatorias a partir de su entrada en vigencia, con total independencia del conocimiento efectivo de ellas por quienes deben cumplirlas (CJSJ. PRE S.1ª, 2013-II-323).

4. El texto del artículo 798 del C.P.C.C.M. de San Juan es similar al del artículo 817 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (ley 17.454/67), norma que en su momento vino a fijar plazos de caducidad más cortos que su antecesora (ley 14.191/53).

El principio general del artículo 812 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (referido a la fecha de entrada en vigencia), ha sido aclarado por el artículo 817 (referido en especial a la caducidad de instancia), que no supone acordar un plazo de gracia a los procesos en que la caducidad ya se hubiera producido, sino sólo que los plazos fijados por el artículo 310 (que prevé nuevos plazos de perención) no son aplicables hasta que hayan transcurrido dos meses después de la vigencia del código (C.Nac. Civ., sala D, Rev. Arg. Der. Procesal, nº 1, pág. 122, R. 24, citado por los Dres. Augusto Morello, Gualberto Lucas Sosa y Roberto Berizonce, en Códigos en lo Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación, ob. cit. t. I, pág. 726).

De ello se concluye que los plazos fijados por los nuevos códigos para la perención, entraron a regir a partir de la vigencia de tal ordenamiento jurídico, pero con un agregado: en el caso de los códigos Nacional y de la Provincia de Buenos Aires: dos meses posteriores, y en el caso del código de San Juan, treinta días hábiles subsiguientes.

Y la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha declarado reiteradamente que no hay derecho adquirido a ser juzgado por determinado procedimiento. Las normas que atañen a éste son de orden público, y aplicables a las causas pendientes en cuanto no afecten actos concluidos ni dejen sin efecto lo actuado conforme a leyes anteriores (Fallos 200:189; 224:390; 224:297; etc.).

5. En el caso en análisis, no existe derecho adquirido alguno, no se afectan en su validez los actos procesales cumplidos y que han quedado firmes estando vigentes las normas procesales anteriores, de donde la aplicación de la nueva norma no violenta derecho constitucional alguno.

6. Y si el a quo ha resuelto que el plazo de caducidad comenzó el 05 de diciembre de 2011, no se advierte -conforme lo expuesto- cómo podría aplicarse al caso el Código Procesal Civil anterior.

Asimismo, dicha providencia era notificable a la parte recurrente por ministerio de la ley (art. 132) en razón de que fue dictada a consecuencia de una presentación (memorial de agravios) presentada por la propia parte recurrente, y no es uno de los supuestos previstos en el artículo 135 del C.P.C.C.M.

El fundamento del régimen de notificación automática -que constituye la regla adoptada en la materia por casi todos los códigos procesales del país- reside, por un lado, en la imposibilidad de conminar a las partes para que comparezcan a notificarse personalmente en el expediente y, por el otro, en la necesidad de evitar las dilaciones que trae aparejada la notificación en el domicilio.

7. En conclusión, la aplicación al caso de las disposiciones de la ley N° 8037 no ha importado menoscabo de ninguna de las garantías constitucionales que se dicen conculcadas por la parte recurrente, por lo que corresponde desestimar los agravios planteados por la parte recurrente y la alegación de inconstitucionalidad del art. 798 del C.P.C.C.M..

Así voto.

A la 2da. CUESTIÓN:

En mérito a la votación que antecede corresponde rechazar el recurso de apelación planteado a fs. 124, con costas de Alzada a cargo de la recurrente vencida.

EL DR.OSCAR ROBERTO OTIÑANO DIJO:

Por sus fundamentos adhiero al voto precedente el que doy por reproducido.-	Por el mérito que resulta de la votación de que instruye el acuerdo que antecede SE RESUELVE:

I- Rechazar el recurso de apelación planteado a fs. 124;

II- Imponer las costas de Alzada a la recurrente vencida y regular los honorarios de los profesionales intervinientes en un 30% de lo regulado en primera instancia.

Protocolícese, hágase saber y bajen previa reposición de sellado si correspondiere.

MAGISTRADOS:DR. OSCAR ROBERTO OTIÑANO;

DR. ROBERTO M. PAGES LLOVERAS;

SECRETARIO: DR. AGUSTIN RUGNA.