Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-05-16


SENT Nro. 342 San Miguel de Tucumán, 16 DE MAYO de 2003.- Y VISTO: El recurso de queja por casación denegada deducido por la parte en demandada autos: "Sistema Provincial de Salud vs. Citromax S.A.C.I. s/Cobro ordinario de pesos"; y C O N S I D E R A N D O :

1.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte la queja presentada por la parte demandada contra la sentencia de fecha 14/2/2003 dictada por la Sala I de la Cámara Civil en Documentos y Locaciones, en la que se resolvió denegar el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de fecha 18/10/2002 dictada por ese Tribunal.

El recurso de queja por casación denegada fue presentado en término, con copias y boleta de depósito conforme art. 820 CPCC.

2.- En su recurso de casación el demandado relató los antecedentes del caso, señalando que antes de iniciarse el presente juicio, su parte promovió ante el fuero en lo contencioso administrativo una acción de nulidad y revocatoria del decreto que confirmó la multa impuesta a su parte, fundado en la inconstitucionalidad de las normas del sistema de policía sanitaria, alegaciones todas éstas que reprodujo como defensa en el presente juicio.

Manifiesta que al contestar la demanda del presente juicio, en el que se pretende el cobro de la multa impugnada por su parte ante el fuero en lo contencioso administrativo, su parte planteó la existencia de litis pendencia por conexidad en relación al juicio iniciado por Citromax ante el fuero en lo contencioso administrativo, basada en que la misma cuestión está pendiente de ser resuelta en dos jurisdicciones diferentes. Expone que la existencia de litis pendencia no fue tratada en primera ni en segunda instancia, y que es inadmisible el criterio de la Cámara de confirmar la sentencia de primera instancia haciendo lugar a la acción de cobro de multa, fundado en que la inconstitucionalidad planteada por Citromax puede desdoblarse, resolviéndose una parte en esta causa y la otra en el fuero contencioso administrativo. Expone que la litispendencia, prevista como excepción en los arts. 294 bis inciso 3 y 297 CPCC, puede ser declarada de oficio aún cuando no mediare petición de parte conforme al art. 34 CPCC, y que el juez tiene obligación de declararla aún cuando no haya sido solicitada por la parte. Expresa el recurrente que la existencia de litispendencia fue advertida por la Vocal que votó en disidencia, Dra. Rodríguez Prados de Basco, y se agravia señalando que no comparte el criterio expresado por ésta, porque considera que no corresponde suspender el dictado de la sentencia hasta que recaiga pronunciamiento en el juicio "Citromax c. Si.Pro.Sa.", sino que corresponde declarar la nulidad del proceso a partir de la providencia del 13/12/1994, porque previamente debió haberse resuelto el tema de litispendencia por conexidad, ya que de continuar vigentes estas actuaciones, se estaría en presencia de prejuzgamiento, y considera que las presentes actuaciones deben acumularse a los autos "Citro max S.A. c. Provincia de Tucumán".

Se agravia denunciando arbitrariedad de la sentencia porque los votos de la mayoría convalidan una sentencia nula, y la minoría también lo hace al proponer la suspensión del dictado de la sentencia y no la nulidad del fallo de primera instancia. Pide que se declare la nulidad de las sentencias de primera y segunda instancia, como así también la nulidad de las actuaciones desde fs. 65 en adelante, por violación de las normas sustanciales del proceso, y solicita que se declare litispendencia por conexidad.

El recurrente señala la contradicción del voto del Dr. Marcial, en cuanto expresó que la inconstitucionalidad fue tratada y resuelta en primera instancia con criterio que él comparte, a la vez que sostuvo que el Tribunal no es competente para entender en esa materia, por lo que no cabe su consideración ni que se emita pronunciamiento sobre la legitimidad de los actos administrativos que impusieron la multa.

Manifiesta que en primera instancia la Jueza desdobló el planteo de inconstitucionalidad cuando era uno solo, tratando solamente la violación al derecho de propiedad, sin resolver las otras cuestiones sobre las cuales dijo que no eran de su competencia.

Enuncia una serie de defensas opuestas por su parte que no fueron tratadas en las sentencias de primera y segunda instancia. Propone doctrina legal en el sentido de que es nula la sentencia que omite tratar la litispendencia por conexidad por ser cuestión de previo y especial pronunciamiento, máxime cuando se reconoció la incompetencia para tratar la materia, y plantea que en virtud del principio de economía procesal corresponde la acumulación de los autos para que no se dicten sentencias contradictorias.

La Cámara declaró inadmisible el recurso de casación por considerarlo insuficiente (fs. 14).

3.- Corresponde hacer lugar provisionalmente a la queja por las razones siguientes.

Según los agravios planteados, la sentencia dictada en el presente juicio ordinario tiene efecto definitivo, por cuanto se hace lugar a la acción de cobro luego de examinarse las alegaciones y defensas propuestas por las partes, las cuales serían también materia de la acción promovida con anterioridad por el aquí demandado ante el fuero en lo contencioso administrativo, en la que se pretende la declaración de nulidad e inconstitucionalidad de los actos administrativos y de las normas en base a las cuales se impuso la multa que es objeto del cobro promovido en el presente juicio.

La sentencia dictada en este juicio reviste carácter definitivo en los términos del artículo 813 CPCC por cuanto el agravio planteado, fundado principalmente en la existencia de una litispendencia, implica la posibilidad, a tenor de los agravios propuestos, que la misma materia que funda ambas pretensiones sea objeto de dos pronunciamientos en dos juicios que tramitan ante fueros diferentes. Por lo expresado, se hace lugar provisionalmente a la queja, sin perjuicio del ulterior pronunciamiento definitivo de admisibilidad (art. 820 in fine CPCC) cuando se tengan a la vista las actuaciones respecto de las cuales se formulan los planteos recursivos.

Por ello, y conforme lo dictaminado por el Ministerio Fiscal, se R E S U E L V E :

HACER LUGAR al recurso de queja por casación denegada interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de fecha 14/2/2003 dictada por la Sala Ia. de la Cámara en lo Civil en Documentos y Locaciones, y declarar admisible provisionalmente el recurso de casación, sin perjuicio del ulterior pronunciamiento definitivo de admisibilidad (art. 820 in fine CPCC).

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA