marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Trabajador en condiciones de jubilarse, integración del mes de despido, indemnización sustitutiva de preaviso
Materia: LABORAL
Carátula: MAGUNA MANUEL BERNARDO c/ BANCO DE LA NACION ARGENTINA s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-04-24

Es improcedente la indemnización por preaviso omitido e integración mes de despido, toda vez que la observancia del plazo previsto en el art. 252 LCT (un año), debidamente notificado, subsume el cumplimiento que indican los arts. 232 y 233 LCT
Prisión perpetua, homicidio calificado, derechos y garantías constitucionales
Materia: PENAL
Carátula: CALELLO JUAN ERNESTO c/  s/ HOMICIDIO DOLOSO AGRAVADO (ART. 80 DEL CP)
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2017-07-04

La pena de prisión de perpetua no puede ser considerada como cruel, inhumana o degradante, al punto de asimilarla a una tortura. En el caso "Díaz" se sostuvo que ".que la pena de prisión perpetua prevista por la ley para el presente caso no conlleva ningún cuestionamiento sobre su validez constitucional, por considerar que no se ve confrontada con ninguna norma de la Constitución, incluido en ello los tratados incorporados en los términos del artículo 75 inc. 22 de la CN". Fuente del sumario: OFICIAL
Derechos y garantías constitucionales, interpretación de la constitución
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Alimento de los Andes S.A. c/ Banco de la Provincia del Neuquén y otros s/ cumplimiento de contrato.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-09-14

Al sustentar la Constitución Nacional los derechos que plasma en su articulado, da por sentado la existencia de los remedios técnicos necesarios para asegurar a los habitantes de la Nación su goce pleno y efectivo, puesto que de no ser así, ellos importarían declaraciones abstractas sin ningún valor (Voto del Dr. Enrique Santiago Petracchi).
Recurso de apelación (procesal), resoluciones inapelables, constitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: GRANIA, GEREMIAS c/ VIEDMA  S.R.L.  Y OTROS s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-14

La adopción de aquella pauta de irrecurribilidad en causas donde el cuestionamiento contiene argumentos de apariencia constitucional, lleva a una virtual denegatoria de audiencia respecto de esos argumentos. Ningún tribunal podría examinarlos porque ellos incumben a la excelentísima corte nacional; a la cual los impugnantes no podrían llegar pues la sala a denegado, por consideraciones procesales, la audibidad de sus recursos ordinarios, sin ingresar a los aspectos constitucionales.
Ejecución hipotecaria, mutuo en moneda extranjera, pesificación, emergencia económica, fuerza obligatoria de los contratos
Materia: CIVIL-ECONOMIA
Carátula: INVERSIONES SARMIENTO S.R.L. c/ BALBUENA, Oscar Abel y otro s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-05-27

Ni el decreto 214/2002 ni la ley 25.561 sobre Emergencia Económica, derogaron los principios generales que contiene la ley civil, vinculados a la fuerza obligatoria del contrato, a la identidad de la prestación objeto del pago, al traslado de los riesgos, etc. Y la libertad contractual, implícita e insíta en la libertad de comercio y de industria, se trata un principio constitucional de alcance más amplio que cualquier norma extraconstitucional.

Del voto en disidencia del Dr. Dupuis
Daños y perjuicios, daño moral
Materia: CIVIL
Carátula: CHIMCHIRIAN  PHILPPOSIAN AGOP c/ SUM KIM MYUNG y otros s/ DAÑOS YPERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-19

Es improcedente la fijación del resarcimiento por daño moral en una cierta proporción con respecto a los daños patrimoniales. Es que, ninguna relación media entre la existencia y magnitud de ambos perjuicios, que tienen una naturaleza jurídica distinta en razón de que tutelan distintos bienes jurídicos. (Sumario N°20883 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Recurso de inconstitucionalidad, proceso penal
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: RUSSOMANO, PATRICIA s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-06-29

El recurso de inconstitucionalidad no puede prosperar por cuanto de la compulsa de las actuaciones de la causa, surge que la "instrucción práctica" se realizó en plazo produciéndose las medidas investigativas en el marco de lo estipulado por el artículo 208 del C.P.P., evidenciándose por parte de los profesionales que tuvieron a cargo la defensa, ausencia de cuestionamientos oportunos de la etapa instructoria, la cual procesalmente precluyó al quedar firme y ejecutoriado el procesamiento de la justiciable, que confirmó la Alzada y no recurrió ante esta Corte la defensa técnica.

Es decir, que de considerar aún la oportuna introducción de los agravios constitucionales, los mismos no fueron mantenidos en todas sus instancias por la defensa, sellando la suerte adversa del presente remedio constitucional respecto a este punto. (De la ampliación de fundamentos de la Dra. Gastaldi).
Gravedad institucional, recurso extraordinario
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: "Pinedo  Federico  y  otros  -Inc  Med (8-1-10) c/ EN -Dto 2010/09 s/ Proceso de conocimiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-02-24

En los supuestos de gravedad institucional cabe prescindir de alguno de los requisitos de la apelación federal -en el caso el de sentencia definitiva- en salvaguardia de los derechos fundamentales de la comunidad (Fallos: 313:511) y media un supuesto de esa índole cuando lo decidido excede el interés individual de las partes y afecta de manera directa a la comunidad (Fallos: 316:716), comprometiendo las instituciones básicas de la Nación (Fallos: 316:3025); a lo que cabe agregar que la gravedad institucional privilegia la defensa del interés de la sociedad nacional como un todo, y de su organización jurídica globalmente considerada que encabeza la Constitución Nacional, por sobre obstáculos nacidos en consideraciones parcializadas de ese ordenamiento (Fallos: 313:863, disidencia del Dr. Fayt) (Cons. II).
Improcedencia del recurso, insuficiencia del agravio, procesos de conocimiento, suspensión del acto administrativo
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: M° de Salud de la Nación c/ Novartis Argentina S.A. s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-09-21

El Dr. Alemany, en disidencia, sostuvo que no se configuraba el peligro en la demora alegado por el apelante, atento a que la administración había suspendido los efectos del acto administrativo cuya lesividad se pretendía, lo cual aparecía como suficiente a los fines de proteger el interés público invocado.
Recurso extraordinario, cuestiones procesales, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: CIRCULO  ODONTOLOGICO  SANTAFESINO c/ INSTITUTO NAC DE SERV SOCPARA   JUBILADOS  Y  PENSIONADOS  Y  OTRO  S/ s/ INCUMPLIMIENTO  DEPRESTACION DE OBRA SOCIAL.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-12-06

No procede la concesión del recurso interpuesto respecto de la calificación del sujeto procesal legitimado y de la distribución de costas decidida, puesto que tal materia constituye una cuestión procesal, de hecho y accesoria que no da lugar, como principio, a la apelación extraordinaria (Fallos 285:353; 286:81, 202, 213, 291; 293:226, 645; 295:310, 489, 678; 296:120; 322:1716 y 324:3421). El Tribunal estima que la solución se desprende del principio general en materia de efectos de la concesión del recurso extraordinario, decisión que, conforme al art. 258 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, tiene efectos suspensivos sobre la ejecución del pronunciamiento impugnado hasta tanto la Corte se pronuncie al respecto (conf. doctrina de Fallos 306: 1988 y 319:3470; esta Sala, causa 5553/03 del 5.11.02; Palacio, "Derecho Procesal Civil", t.V, pág. 302; Sagués, Recurso extraordinario, t. II, pág. 814).
Prueba testimonial, apreciación del juez
Materia: PENAL
Carátula: GILES, Bienvenido Oscar s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-03-16

No autoriza inferencias sobre un presunto estado subjetivo de animosidad, el lenguaje empleado por el testigo que se ajusta a la manera en que el común de las personas relata hechos similares.-
Juicio por delitos de acción privada, devolución del expediente, facultades del juez, facultades disciplinarias del juez, sanciones procesales
Materia: PENAL - PROCESAL
Carátula: ACUÑA, Carlos M. s/ Causa 30.872
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-11-30

Si bien el Juez ejerció facultades legítimas al disponer la intimación para que sea devuelto el expediente entregado, en observancia de lo establecido por el art. 68 del R.J.N., no ocurre lo mismo respecto de la extensión efectuada, al intimar que sea "conjuntamente con la contestación del traslado y bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar por derecho", pues por el carácter del delito motivante -de acción privada-, para que pueda llevarse a cabo esta intimación validamente, debió ser requerida por la parte querellante como actividad propia y exclusiva de instar el procedimiento, que aquí fue suplido oficiosamente.
Tasa de justicia, integración de la tasa de justicia, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Menem, E. s/ Querella
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-02-17

La tasa por acción civil deberá oblarse cuando se ejercite, en todos los casos, conjuntamente con la acción penal. En los delitos de acción privada, con el escrito de querella donde se vuelcan ambas pretensiones.
Administración Pública, facultades discrecionales, facultades regladas, acto administrativo, legalidad objetiva
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CABALLERO MARTIN, CARLOS Y OTROS c/ PROVINCIA    DE   SANTA  FE  -DECRETO  PODER  EJECUTIVO  N.  4018/90- s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ILEGITIMIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-12-27

El poder discrecional de la Administración se justifica con la necesidad que tiene ésta, muchas veces, de gozar de "libertad" de acción para el debido cumplimiento de ciertas finalidades generalmente de policía administrativa, organización de los servicios públicos, ejercicio del poder disciplinario, otorgamiento de concesiones, etc.-, circunstancias que ni el legislador ni el juez podrían apreciar con debido conocimiento de causa. Con todo, los actos discrecionales nunca lo son totalmente y no escapan al control de legalidad por motivos reglados: competencia, formas sustanciales del acto (con los respectivos vicios de ilegalidad externa, o sea, que afectan a los elementos extrínsecos del acto) y móvil o finalidad del acto (desviación de poder, tipo de ilegalidad interna).
Pacto de San José de Costa Rica, reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, daño irreparable, medidas urgentes, medidas provisionales, competencia contenciosa de la Corte Interamericana, Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Tyrone Dacosta Cadogan s/ solicitud de medidas provisionales respecto del Estado de Barbados - Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2008-12-02

En orden a los artículos 63.2 de la Convención Americana y 25 del Reglamento de la Corte Interamericana, en casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas, podrá el Tribunal adoptar las medidas provisionales que considere pertinentes, actuando a pedido de la Comisión Interamericana cuando se trate de asuntos que no se encuentren aún sometidos a su conocimiento.
Acción civil, legitimación procesal
Materia: PENAL
Carátula: Reggiardo, Alecio-Reynoso, Ricardo A. s/ Administración fraudulenta-Libram. cheque sin provisión de fondos  -Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-05-26

La legitimatio ad causam se encuentra específicamente regulada -y limitada- por la norma del artículo 15 del Código Procesal Penal que otorga titularidad para el ejercicio de la acción civil en el proceso penal sólo al damnificado por el hecho, sus herederos o a los representantes legales o mandatarios de ellos y es así, que no todo damnificado por el hecho -según las disposiciones del Código Civil- es un damnificado que, con arreglo al artículo 15 del Código ritual, pueda ser titular del ejercicio de la acción civil en sede penal, lo cual excluye toda posibilidad de satisfacer el reclamo resarcitorio de los actores en virtud de la condenación penal dictada por un hecho distinto de los que legitimaron el ejercicio de la acción deducida, específicamente motivada en la omisión de la devolución de los depósitos confiados por los accionantes a la sociedad comercial conducida por los imputados/demandados, cuyo carácter delictivo no se acreditó en la causa.
Nulidad de sentencia, Ministerio Público, declaración indagatoria, personas jurídicas, sociedad de responsabilidad limitada
Materia: PENAL
Carátula: METRON S.R.L. s/ Declaración indagatoria
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1967-12-15

FALLO PLENARIO N° 63.- 1- El Ministerio Público puede solicitar en la alzada la nulidad del fallo de primera Instancia, o de cualquier otra actuación ante la misma, aún en aquellos casos en que no hubiere interpuesto recurso de nulidad ante el Juez de la causa.- 2- Si en el contrato de la sociedad de responsabilidad limitada se hubiere establecido que la dirección y administración de los bienes sociales estaría a cargo indistintamente de dos o más gerentes, pero que para obligar a la sociedad se requiere la firma conjunta de todos ellos, la declaración indagatoria debe ser recibida a todos los gerentes de la sociedad o a dos de ellos, según lo que al respecto establezca el contrato social.
Derecho de la navegación, remolque asistencia
Materia: COMERCIAL
Carátula: Ferrini, Oscar Abel y otro c/ Frigorífico Siracusa S.A. s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-08-15

Para que proceda el salario de asistencia previsto por el art. 371 de la ley de navegación, no se requiere que se trate de servicios espectaculares o verdaderamente extraordinarios y el art. 379 preceptúa que el monto de la remuneración en dichos casos debe fijarse atendiendo a una pluralidad de circunstancias.
Honorarios del abogado, regulación de honorarios, funcionarios de la DGI, interpretación de la ley, crédito fiscal, multa tributaria, clausura del establecimiento, fallos de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL
Carátula: LIM OK KYU s/ Infracciones Tributarias - incidente de regulación de honorarios solicitado por la Dra. María Carolina Zunino.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-07

1 - Ninguna de la limitaciones al derecho de percibir honorarios establecidas por el Art. 98 de la Ley 11683 se verifica en el caso dado que en en el expediente principal no se persiguió, ni era posible hacerlo, el cobro de crédito fiscal alguno, ya que su objeto se vinculó con la aplicación de las sanciones de multa y clausura previstas por el art. 40 de la ley 11.683, no habiendo sido parte de aquél objeto la ejecución de aquellas sanciones y no es posible supeditar el derecho a la percepción de los honorarios de las letradas intervinientes devengados en la causa a una condición ajena al expediente (el cobro de un crédito fiscal) y también ajena a las tareas que éstas podían llevar a cabo en la causa (Del voto del Dr. Hornos en disidencia).- 2 - Conforme lo dispuesto por el Art. 98 de la Ley 11683, la regulación de honorarios que es el objeto de la incidencia no está supeditada a que éstos esten a cargo de la Nación ni que se haya satisfecho el crédito fiscal, pues éstas son condiciones para la percepción de los honorarios y no para la regulación de los mismos, la cual tiene como único requisito que los trabajos profesionales se hayan efectuado (Del voto del Dr. Hornos en disidencia).- 3 - En tanto la condena en costas recayó sobre la parte sancionada (por infracción a la Ley 11683), los honorarios a ser regulados por la actividad desarrollada por las letradas representantes del organismo de recaudacion no estarán a cargo de la Nación (Del voto del Dr. Hornos, en disidencia).- 4 - La limitación prevista por el Art. 2 de la Ley 21839 (modificada por Ley 24432), en cuanto se excluye del régimen de dicha ley a los trabajos realizados por "... los profesionales que actuaren para su cliente con asignación fija, periódica, por un monto global o en relación de dependencia...", no importa en modo alguno la imposibilidad de regular honorarios, toda vez que su actuación se presume onerosa (conf. Art. 3) y la cuestión relativa a la prohibición del Art. 2 no puede ser introducida sino a través de la excepción de falta de legitimación activa opuesta al cobro intentado por el ejecutante (Del voto del Dr. Hornos, en disidencia).- 5 - La CSJN tiene dicho que los autos regulatorios resuelven únicamente sobre el monto de las sumas con que la tarea profesional debe ser remunerada y nada establecen ni anticipan sobre la procedencia y forma de su cobro (FALLOS 319:318) (Del voto en disidencia del Dr. Hornos).
Doble instancia, fundamentación de sentencias
Materia: PENAL
Carátula: MACIEL, Romina c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-14

El voto concurrente agregó que en lo que hace al principio de la doble instancia y el derecho al recurso (art. 8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos -CADH- y Caso "Herrera Ulloa vs Costa Rica", Serie "C", N° 107, dictado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos -Corte IDH-), tales extremos se hallan debidamente garantizados, por cuanto han recaído pronunciamientos concordantes del juez instructor y de la cámara respectiva, que han valorado la solicitud de morigeración de la detención de la imputada en función de las circunstancias objetivas y concretas del caso. Dres. Petrone y Figueroa- voto concurrente-.
Empleador, obligaciones solidarias, contrato de trabajo, transferencia del contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Abbiatti, Alejandro c/ Jockey Club de la Provincia de Buenos Aires s/ Despido Saulino, Elba Ana c/ Jockey Club de la Provincia de Buenos Aires y otro s/ Enfermedad accidente Medina Alfonso y ot. c/ Jockey Club de la Provincia de Buenos Aires s/ Despido, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-03-22|1990-05-29|1991-03-05

En la hipótesis del art. 30 de la L.C.T., el empresario principal cede a otro su establecimiento a través del cual procura la concreción de sus fines pero reservándose la titularidad de modo tal que no se produce desprendimiento patrimonial, que es lo que acontece -aunque sea para surtir efectos en forma transitoria- en los casos de transferencia contemplados en el Título XI de la L.C.T.

en los que se opera una sucesión jurídica del titular.
Contravenciones de juego, juegos de azar
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Gelabert, Sergio; Spangenberg, Hugo Hernán s/ infracción arts. 116, 117 y 118 CC (Suipacha 845) - Apelación.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-11-03

La actividad de póker debe considerarse dentro de los caracteres del juego de azar, ello así por cuanto en él, recibidas las cartas por los jugadores, y de conformidad con su número, podrá deducirse con mayor o menor acierto el juego que tiene el contrario, teniendo en cuenta que sobre el primer paso de desarrollo las partes pueden efectuar el llamado descarte, recibiendo sobre tal operación, otras cartas en compensación.

La mayor o menor habilidad se ha referido sólo al monto de la apuesta. Para el caso de que uno de los jugadores, no teniendo juego favorable, de acuerdo con las circunstancias del desarrollo efectúe un bluff -mentira traducida en su posición aparentemente fuerte- la situación es la misma, por cuanto en última instancia el resultado dependerá de la mayor o menor creencia que el contrario le confiera.

De tal manera la relación causal entre las posiciones favorables creada por el jugador con su habilidad y el efecto o resultado, se encuentra interrumpida por acontecimientos inciertos que escapan a su gobierno, y por consiguiente, el juego analizado debería calificarse como juego de azar (Madariaga, Miguel; Moras Mom, Jorge "Juegos de azar", represión de su explotación, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1957, pág.70).
Accidente de tránsito, responsabilidad del conductor
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: MANSILLA, DANIEL Y OTRO c/ GONZALEZ, JOSE C s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-06-03

Es irrelevante el hecho de que la competencia deportiva fuera o no autorizada por la Policía de la Provincia, porque en ambos casos deben observarse las reglamentaciones respecto de los controles de seguridad en el transcurso de la competencia tanto por los organizadores como por los propios asistentes. El hecho de que los actores se conduzcan a excesiva velocidad es una contingencia normal propia de ese deporte, justamente la velocidad es la que determina la victoria con este tipo de competencias y no obstante considerarse riesgosa la práctica de este deporte, ello no empece a considerar imprudente la maniobra del demandado de estacionar en otro circuito de la competencia.
Obligaciones, incumplimiento de los deberes procesales, eximentes de responsabilidad, caso fortuito, fuerza mayor
Materia: CIVIL-PENAL
Carátula: Deconstrucción SA c/ Compañía de Seguros Mercantil Andina SA  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-07

EL CCCN 1730 prevé que, aunque ocurra el caso fortuito o la imposibilidad de cumplimiento, el deudor será responsable cuando: a) se ha hecho cargo del mismo; b) si la ley expresamente dispone que no se libera por el casus o la imposibilidad de cumplimiento; c) si se está en mora, a no ser que sea esta irrelevante para el advenimiento del caso fortuito; d) si el caso fortuito se debe a la culpa del deudor; y e) Si el caso fortuito -o la imposibilidad de cumplimiento que de él resulta-, constituyen una contingencia propia del riesgo de la cosa o actividad (cfr. CCCN 1733).
Recurso de apelación (procesal), admisibilidad del recurso, defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes, facultades del defensor, legitimación procesal, defensa en juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: IRUSTIA, Luis Guillermo s/ inf. art. 81 (ley 1472)" -Apelación -Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-23

Es criterio de esta Alzada que el recurso de apelación interpuesto por el defensor oficial resulta procedente aunque el imputado no haya prestado aún la declaración prevista por el artículo 41 de la Ley de Procedimiento Contravencional (Ley Nro. 12).

De lo contrario estaríamos frente a la posibilidad de que queden conculcados los derechos y garantías referidos a la protección de toda persona sometida a proceso.

Ello, porque la garantía de defensa en juicio no se reduce al otorgamiento de facultades para el ejercicio del poder de defensa, sino que se extiende, según los casos, a la provisión por el Estado de los medios necesarios para que el juicio a que se refiere el artículo 18 de la Constitución Nacional se desarrolle en paridad de condiciones respecto de quien ejerce la acción pública y quien debe soportar la imputación, mediante la efectiva intervención de la defensa.-