Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-02-28


SENT Nº 51	C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Veintiocho (28) de Febrero de dos mil doce, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán, Antonio Gandur y Daniel Oscar Posse, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel Estofán, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte la parte actora en autos: "Provincia de Tucumán -D.G.R.- vs. Gama Metal S.R.L. s/ Ejecución fiscal".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Antonio Gandur, Daniel Oscar Posse y Antonio Daniel Estofan, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

I.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia, el recurso de casación interpuesto por la parte actora a través de su representación letrada (fs. 728/738), contra la sentencia nº 108 de la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones - Sala IIª, dictada en fecha 4 de mayo de 2011 (fs. 724). La presente vía recursiva extraordinaria local fue concedida por sentencia de fecha 30 de agosto de 2011 (fs. 748) del referido Tribunal de Alzada.

II.- En autos, la parte actora promueve demanda de ejecución fiscal sustentada en las boletas de deuda que obran a fs. 2/11 (identificadas como BD/2268/08, BD/2269/08, BD/2270/08, BD/2271/08 referidas a Ingresos Brutos y BD/2454/08 y BD/2455/08 referidas a Salud Pública), por la suma de $ 306.790,47 y en contra de la firma Gama Metal S.R.L.. A fs. 49 se presenta la firma demandada, opone excepción de falta de personería y prescripción, y solicita se rechace la ejecución.

El pronunciamiento de primera instancia de fecha 29 de junio de 2010, rechaza la defensa de falta de personería y recepta en forma parcial la excepción de prescripción, esta última decisión la adopta a partir de interpretar que el plazo de prescripción de los periodos correspondientes al año 2002 se inicia recién el 1º de enero del año 2004 y así sucesivamente, de conformidad al texto del artículo 55 de la ley 5121 (Código Tributario de Tucumán), cuando señala que el plazo de prescripción comienza a correr a partir del 1º de enero del año siguiente del plazo general para la presentación de la declaración jurada o para el ingreso del gravamen.

Sobre esa base, considera que con relación a la boleta de deuda BD/2269/2008, la totalidad de los periodos -que van desde el 1º al 9º del año 2001- se encuentran prescriptos, dado que el plazo de cinco años se inició el 1º de enero del año 2003 y se operó la prescripción en fecha 01/01/2008, mientras que la interposición de la demanda ocurre en fecha 12 de noviembre de 2008. Similar razonamiento realiza el fallo de primera instancia para concluir que se encuentran prescriptos los periodos referidos al año 2001 que involucra la boleta de deuda BD/2270/2008. Por su parte y, con relación al resto de los periodos reclamados en las distintas boletas de deudas, el fallo rechaza la excepción de prescripción, sin embargo, se destaca que con relación a los periodos del año 2001 involucrados en las boletas de deuda BD/2455/2008 y BD/2454/2008 se consideraron no prescriptos en atención a la existencia de notificaciones de "Actas de Deuda" realizadas en fecha 27 de diciembre de 2007, a las que se les asignó aptitud para suspender el plazo de prescripción por un año y, en consecuencia, se consideró no operado el plazo de prescripción con relación a los periodos del año 2001 de las referidas boletas de deudas.

A partir de allí, el fallo de primera instancia resuelve llevar adelante la ejecución en contra de la firma demandada por la suma de $ 126.534,71. Contra el referido pronunciamiento, la parte actora interpone recurso de apelación (fs. 695) y expresa agravios a fs. 700/704, en donde cuestiona la declaración de prescripción de los periodos referidos al año 2001 a partir de considerar -entre otros argumentos- que la sentencia de primera instancia no valoró la cédula de notificación nº GC 66453, mediante la cual se habría notificado las Actas de Deuda nº 1515/2007 y 1516/2007, referidas -según la parte actora- a los periodos declarados prescriptos por la resolución de primera instancia. Asimismo, cabe señalar también, que la parte actora realiza diversas consideraciones sobre la relación que debe existir entre las normas locales que regulan el instituto de la prescripción en lo referido a los tributos y las normas del Código Civil sobre la materia.

Por su parte, el pronunciamiento de Cámara de fecha 4 de mayo de 2011, que obra a fs. 724, consideró que la parte actora se equivoca cuando pretende que, en materia de prescripción de tributos locales, se apliquen las normas de la ley 5121 por sobre las del Código Civil. Para demostrar tal yerro, recurre a la doctrina emanada de éste Tribunal en la causa "Gobierno de la Provincia vs. Servituc S.A.", en el cual se señaló -en lo sustancial- que, en materia de prescripción, debe privilegiarse la aplicación del Código Civil sobre lo contrariamente dispuesto por la legislación local, en la inteligencia de que resulta facultad exclusiva de la legislación nacional dicha regulación y que no puede una ley local derogar los plazos establecidos por leyes sustantivas dictadas por el Congreso. A su vez, en la referida sentencia, se destaca que si bien cuando el texto legal de fondo habla de "demanda judicial", pueden equipararse otros actos judiciales, no es así con las gestiones administrativas, las que no tiene idoneidad para interrumpir el plazo de prescripción, sin perjuicio del efecto suspensivo que puedan tener conforme al artículo 3.986 del Código Civil.

A partir de allí, la Cámara interpreta que "no corresponde la aplicación de la Ley 5121, sino el Código Civil en cuanto a la interrupción de la prescripción" y, en consecuencia, considera que las actuaciones administrativas, concretamente, la notificación realizada de las Actas nº A 1515 y A 1516, "no tienen el efecto interruptivo de la prescripción", por lo que rechaza el recurso de apelación. III.- Ante ello, la representación letrada de la parte actora, deduce recurso de casación (fs. 728/738) contra la sentencia de fecha 4 de mayo de 2011. El recurrente invoca que la sentencia impugnada viola expresas normas de derecho (artículos 14, 16, y 121 de la Constitución Nacional, artículos 33 y 34 del CPCCT y artículos 54, 55 y 59 del Código Tributario Provincial), tacha de arbitraria a la sentencia y expresa que viola el principio de congruencia y que la cuestión asume gravedad institucional. A su vez, expone los motivos por los que interpreta que se encuentran cumplidos los requisitos de admisibilidad del recurso y realiza una reseña de los antecedentes del caso.

En cuanto a los agravios que contiene el recurso de casación, se advierte que la parte recurrente cuestiona la sentencia impugnada sobre la base de interpretar que existe armonía entre las normas locales y las del Código Civil en lo que involucra al instituto de la prescripción liberatoria. Sobre esa base, la parte recurrente expone lo que a su criterio, constituirían ejemplos de cómo se adecuaron armónicamente las normas del Código Tributario Provincial con las normas del Código Civil (momento de inicio del cómputo y plazo de prescripción), para luego abordar la temática referida a la interrupción de la prescripción. Sobre el particular, la recurrente considera que cuando el Código Civil señala que sólo la demanda interrumpe el plazo de prescripción, "se está refiriendo a la manifiesta voluntad de requerir el pago de la deuda de que se trate, pero de ningún modo de que es únicamente la demanda judicial propiamente dicha la que tiene la idoneidad de interrumpir el curso de la prescripción", por lo que considera que los trámites administrativos, concretamente la determinación de deuda, posee virtualidad suficiente para interrumpir los plazos de prescripción.

Además, señala la parte recurrente que, al no haber delegado las provincias en el gobierno federal la cuestión tributaria local, el instituto de la prescripción en los tributos -que se encuentra específicamente regulado por el derecho tributario local-, no debe analizarse a la luz de las normas del Código Civil, sino por las normas tributarias de orden local. En tal sentido, interpreta que aplicar las normas del Código Civil -el que además regula relaciones de derecho privado y no de derecho público-, afectaría la autonomía provincial. Cita jurisprudencia que el recurrente interpreta que avalaría su posición. Sobre esa base, la parte recurrente destaca que, en la especie, existe la confección de la resolución determinativa -boleta de deuda- correctamente notificada y que sería el acto administrativo a que alude el artículo 59 del CTP, "en el cual existe una manifestación expresa y exteriorizada de la voluntad de la administración de requerir el pago de la deuda determinada. Dicha manifestación posee todos los caracteres y elementos esenciales (competencia, objeto, voluntad y forma) para ser considerado un acto administrativo válido y como tal interruptivo de la prescripción en los términos citados". A tales fines, identifica la cédula de notificación nº GC 66453, mediante la cual -según la parte recurrente- se habría notificado las Actas de Deuda nº 1515/2007 y 1516/2007, en fecha 27 de diciembre de 2007.

Por su parte, e identificado como segundo agravio, la parte recurrente expresa que en el supuesto que se considere que los actos administrativos referidos no tienen virtualidad interruptiva de los plazos de prescripción, como efectivamente lo interpretó la sentencia de Cámara, la misma debió analizar los efectos que producen los mismos en el mundo jurídico, concretamente, el efecto suspensivo que puedan tener conforme el artículo 3.986 del C.C., en cuyo caso -señala la parte recurrente- no se encontrarían prescriptos los periodos referidos al año 2001. Asimismo, señala que la situación de los periodos declarados prescriptos (por Ingresos Brutos) es similar a la de los periodos de Salud Pública que la sentencia de primera instancia declaró no prescriptos, lo que provoca -según la firma recurrente- soluciones distintas para tributos que, si bien son distintos, cuentan con idéntico modo y plazo de prescripción. De conformidad a las consideraciones reseñadas, solicita se haga lugar al recurso tentado, propone doctrina legal y, ante la eventualidad de un pronunciamiento adverso, formula reserva del caso federal.

IV.- Corrido el traslado de ley, la parte demandada solicita el rechazo del recurso de casación interpuesto, por las razones expuestas en su presentación de fs. 742/744. Por auto interlocutorio del 30 de agosto de 2011 (fs. 748), la Cámara concede el recurso de casación, correspondiendo en esta instancia el análisis de su admisibilidad y, eventualmente, su procedencia.

V.- En orden al juicio de admisibilidad, se verifica el cumplimiento de los requisitos de depósito (fs. 727) y presentación tempestiva, el escrito se basta a si mismo, invoca infracción a normas de derecho y tacha de arbitrario al pronunciamiento impugnado. A su vez, el recurso resulta admisible, toda vez que el Tribunal de alzada resuelve la cuestión propuesta de modo definitivo para las partes, en tanto que la interpretación de la sentencia no puede ser impugnada por el recurrente en un proceso de conocimiento posterior (conf. CSJT, sentencia nº 331 del 20 de abril de 2009, nº 103 del 3 de marzo de 2008, nº 620 del 29 de julio de 2005, entre otras), por lo que corresponde declarar admisible la vía extraordinaria local y examinar su procedencia.

VI.- Previo al análisis de la procedencia del recurso bajo estudio, corresponde recordar aquí, que si bien existieron opiniones dispares sobre la facultad de las provincias de legislar en materia de prescripción en las cuestiones de derecho público local, en lo que refiere a materia impositiva, la Corte Suprema de la Nación tiene fijado un criterio rector que se mantiene invariable y sin matices, que fue analizado en forma exhaustiva en la sentencia de fecha 30/09/2003 en los autos "Municipalidad de Avellaneda s/inc. de verif. en: Filcrosa S.A. s/quiebra", en la cual se ratificaron numerosos precedentes (Fallos 175:300; 176:115; 193:157; 203:274; 284:319; 285:209; 320:1344; cfr. considerando 5º). En el referido pronunciamiento, se destacó que "Toda vez que las provincias resignaron en favor de las autoridades nacionales su posibilidad de legislar de modo diferente lo atinente al régimen general de las obligaciones, una de cuyas facetas es la prescripción, no corresponde a ellas ni a los municipios, dictar leyes incompatibles con lo que los Códigos de fondo establecen al respecto, pues al haber atribuido a la Nación dicha facultad, han debido admitir la prevalencia de las leyes del Congreso y la necesaria limitación de no dictar normas que las contradigan" y continúa "Aún cuando los poderes de las provincias son originarios e indefinidos y los delegados a la Nación definidos y expresos, la facultad del Congreso Nacional de dictar los Códigos de fondo - art. 75, inc. 12 de la Constitución Nacional - comprende la de establecer las formalidades que sean necesarias para concretar los derechos que reglamenta, entre ellas, la de legislar de manera uniforme sobre la prescripción en cuanto modo de extinción de las obligaciones de cualquier naturaleza", y agrega "Son inválidas las legislaciones provinciales que reglamentan la prescripción en materia tributaria en forma contraria a lo dispuesto en el Código Civil, pues las provincias carecen de facultades para establecer normas que importen apartarse de la aludida legislación de fondo, incluso cuando se trata de regulaciones concernientes a materias de derecho público local" y "Si bien la potestad fiscal de las provincias es una de las bases sobre las que se sustenta su autonomía, inconcebible si no pudieran contar con los medios materiales que les permitieran autoabastecerse, el límite de esas facultades viene dado por la exigencia de que la legislación dictada en su consecuencia no restrinja derechos acordados por normas de carácter nacional", por lo que "No basta apelar a la autonomía del derecho tributario para desconocer la uniformidad de la legislación de fondo en materia de prescripción de la acción de cobro de tributos locales, perseguida mediante la atribución que se confiere al poder central para dictar los códigos -art. 75, inc. 12 de la Constitución Nacional-, la cual no sería posible si las provincias pudieran desvirtuarla en su esencia, legislando con distinto criterio, so color del ejercicio de los poderes que les están reservados, lo que no implica negar que ellas gozan de un amplio poder impositivo (del dictamen del Procurador General que el voto de los doctores Belluscio y Boggiano hace suyo)" (conf. CSJT, sentencia nº 715 del 5 de agosto de 2008).

Esta posición, expuesta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos "Municipalidad de Avellaneda s/inc. de verif. en: Filcrosa S.A. s/quiebra", sentencia de fecha 30/9/2003, fue ratificada por posteriores y recientes pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v.gr. CSJN, sentencia de fecha 08/09/2009 en los autos "Municipalidad de Resistencia vs. Lubricom S.R.L.", Fallos 332:2108; sentencia de fecha 28/12/2010 en los autos "Arcos Dorados S.A. vs. Provincia de Buenos Aires", entre otras).

En igual sentido, esta Corte Suprema de Justicia, desde sentencia nº 620 de fecha 29 de julio de 2005 in re "Gobierno de la Pcia. de Tuc. -DGR- vs. Servituc s/Ejecución fiscal" destacó que, "la Corte Suprema de Justicia de la Nación privilegia la aplicación del Código Civil sobre lo contrariamente dispuesto por la legislación local, en la inteligencia de que la materia (de la prescripción) resulta facultad exclusiva de la legislación nacional, ejecutada aquélla mediante el dictado del Código Civil y de Comercio -fondo común del derecho-, no pudiendo una ley local derogar los plazos establecidos por leyes sustantivas dictadas por el Congreso (en esp. cfr. 'Fallos: 176:115, y elenco jurisprudencial en idéntica línea, ver 'Fallos: 119:417; 149:417; 161:397; 168:403; 169:296; 175:300; 178:9; 180:96; 183:143; 188:403; 190:142; 193:231; 200:444; 202:516; 203:274; 205:200; 215:5; 217:189; 222:587; 232:482; 235:571; 269:379; 282:20; 293:427, entre muchos otros, en doctrina cfr. Villegas, Héctor B., 'La legislación impositiva y el derecho privado'', L.L. t. L, pág. 870 y Enrique G. Bulit Goñi, L.L. año 67, n° 793, t. 73, enero 1.996 pág. 39: 'el inciso 12 confiere al Congreso Nacional la atribución para el dictado de la legislación de fondo, lo que determina que los ordenamientos de niveles inferiores no pueden dictar normas en materia tributaria que pudieren contraponerse a tales regulaciones de modo de desarticular la unidad nacional de legislación sustantiva') (conf. CSJT, sentencia n° 870 del 28/10/1997; sentencia n° 643/98)" (CSJT, sentencia nº 660 del 08/09/2010).

Ahora bien, corresponde aclarar que si bien las alegaciones de la parte recurrente no logran conmover en ningún aspecto la posición de éste Tribunal sobre la relación que debe existir entre las normas tributarias locales de la prescripción y las normas del Código Civil, se advierte que el recurso de casación sub examine debe prosperar en atención a los fundamentos que se exponen a continuación.

En primer lugar, cabe aclarar que lo que se discute en las instancias recursivas de autos, es la prescripción o no de los periodos referidos al año 2001 de las Boletas de Deuda BD/2269/2008 (obrante a fs. 4 y referida a Ingresos Brutos) y BD/2270/2008 (obrante a 5/6 y también referida a Ingresos Brutos), los que fueran declarados prescriptos en la sentencia de primera instancia (fs. 691/692) y cuya decisión fuera confirmada en la sentencia de Cámara que aquí se analiza. Sobre el particular, asiste razón a la parte recurrente cuando en su escrito casatorio -concretamente en el punto identificado como "segundo agravio" a fs. 736- cuestiona que la sentencia impugnada no haya analizado el efecto suspensivo que, sobre el plazo de prescripción, pudiera provocar la actuación administrativa de determinación de deuda y, específicamente, su notificación. Así, la parte recurrente, postula que en fecha 27 de diciembre de 2007, mediante cédula de notificación nº GC 66453 (obrante a fs. 434), se notificó las Actas de Deuda nº A1515 y A1516, a las que vincula, precisamente, con las boletas de deuda BD/2269/2008 y BD/2270/2008 respectivamente. Es que del examen de la sentencia cuestionada, se advierte que se limita a considerar que las actuaciones administrativas referidas anteriormente (notificación de las Actas de Deuda nº A1515 y A1516), "no tienen el efecto interruptivo de la prescripción", omitiendo de esa forma, analizar si cuentan con efecto suspensivo del plazo de prescripción, a pesar de haber requerido la actora (en su recurso de apelación) que se analice el valor jurídico con la que cuentan, sobre el plazo de prescripción, las actuaciones administrativas referidas anteriormente. La omisión señalada en el pronunciamiento en crisis, adquiere especial relevancia, cuando se observa que la misma, destaca (mediante la transcripción de un precedente) que "las gestiones administrativas no tiene idoneidad para interrumpir el curso de la prescripción, ello sin perjuicio del efecto suspensivo que puedan tener conforme al art. 3986 CC último párrafo.".

Además, la tacha de arbitrariedad invocada en el recurso casatorio, se patentiza cuando se observa -como lo señala la recurrente- que existen soluciones diferentes para supuestos similares, dado que si bien se aplican a tributos distintos (Ingresos Brutos y Salud Pública), la forma de cómputo del plazo como la plataforma fáctica, en ambos casos, resultaría similar. Por su parte, en la especie, lo relevante es el análisis referido a la existencia o no de valor jurídico de la supuesta notificación de las Actas de Deuda nº A1515 y A1516 (en el marco de las actuaciones administrativas) y si la misma fue realizada antes de que se opere la prescripción, pero carece de sentido la discusión referida a la aptitud interruptiva o suspensiva de los plazos de prescripción con la que contarían las actuaciones administrativas anteriormente referidas, toda vez que la notificación se habría producido en fecha 27 de diciembre de 2007 (fs. 434), mientras que la interposición de la demanda es de fecha 12 de noviembre de 2008, es decir, antes de que transcurra el plazo de un año, por lo que en ambos supuestos, el resultado sería similar.

A partir de lo analizado, se advierte que la omisión en la que incurrió la sentencia del tribunal a-quo, referida a la falta de análisis de la cédula de notificación nº GC 66453 y la posibilidad de que la misma goce de virtualidad para suspender los plazos de prescripción, implicó una vulneración del principio de congruencia procesal que afectó a la parte actora, la que no obtuvo un pronunciamiento sobre una cuestión necesaria y conducente para la correcta solución de la causa. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha elaborado una reiterada doctrina según la cual comportan agravio a la garantía de defensa, tanto las sentencias que omiten el examen de cuestiones oportunamente propuestas por las partes que sean conducentes para la decisión del pleito, como aquellas que se pronuncien sobre pretensiones o defensas no articuladas en el proceso (conf. CSJT, sentencia nº 432 de fecha 11/05/2009 y sentencia nº 1163 de fecha 13/11/2008, entre otros).

En consecuencia, nos encontramos ante una sentencia que infringió el principio de congruencia y el deber de motivación, impuesto por el artículo 30 de la Constitución de la Provincia de Tucumán y previsto en el art. 264 del CPCC, que exige que los jueces deben hacer evidente la expresión del razonamiento crítico, valorativo y lógico, con que han sido apreciadas las cuestiones sometidas a su conocimiento, explicitando el sentido de su decisión (CSJT, sentencia Nº 264 de fecha 04/04/2006). Las deficiencias señaladas vician la motivación de la sentencia y provoca la nulidad de la misma. Sin embargo, corresponde remarcar que la impugnación de la resolución de Cámara ante la ausencia de motivación, no significa asumir postura alguna sobre el fondo de la cuestión debatida, la que deberá ser analizada y resuelta por el tribunal que corresponda.

Por las razones expresadas, corresponde casar la sentencia impugnada en mérito a la siguiente doctrina legal: "No resulta arreglada a derecho la sentencia que omite el tratamiento y análisis de una cuestión necesaria y conducente para la adecuada solución del pleito". En consecuencia, corresponde dejar sin efecto la sentencia nº 108 de fecha 4 de mayo de 2011, debiéndose remitir los presentes autos a la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones a fin de que, por intermedio de la Sala que corresponda, dicte nuevo pronunciamiento con arreglo a lo considerado. VII.- Proviniendo la nulidad de la actividad del órgano jurisdiccional, corresponde que las costas se impongan por su orden (artículo 105 inciso 1º del CPCCT).

El señor vocal doctor Daniel Oscar Posse, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor Antonio Gandur, vota en igual sentido.

El señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, dijo:

I. Adhiero al voto del señor vocal doctor Antonio Gandur sin perjuicio de que -en mi opinión- se torna necesario dejar debidamente sentado que la determinación sobre la configuración o no del supuesto vicio de arbitrariedad que se denuncia en el escrito de casación constituye una cuestión que en puridad hace, no ya a la admisibilidad del remedio extraordinario local, sino a su procedencia, y, por ende, es a esta Corte a quien de manera exclusiva compete determinar si los agravios que en tal sentido se formulan tienen entidad suficiente como para invalidar el acto jurisdiccional en cuestión (cfr. CSJT, 27/4/2010, "Juárez Juan Carlos y otra vs. Provincia de Tucumán y otro s/ daños y perjuicios", sentencia N° 249; 28/10/2010, "Agudo Juan Ángel y otra vs. I.P.S.S.T. s/ amparo", sentencia N° 820; 28/10/2010, "Argañaraz, César Mauricio vs. S.A. San Miguel A.G.I.C.I. y F. s/ despido", sentencia N° 822; 17/12/2010, "Centro Vecinal Marcos Paz vs. Municipalidad de Yerba Buena s/ amparo", sentencia N° 977).

Ello es así pues, tal como lo vengo sosteniendo desde la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo de la Corte -al menos en su composición mayoritaria- la ponderación que el tribunal de casación hace de la valoración del material fáctico obrante en la causa efectuada por los jueces de grado, resulta objeto propio -ni "ajeno" ni "excepcional"- del recurso extraordinario local, en la medida que se trata de una típica cuestión jurídica, cual es la determinación de la existencia o no de un error in iuris iudicando por parte del órgano a quo (cfr. CSJT, 30/6/2010,"Frías Daniel Eduardo vs. Municipalidad de Alderetes s/ daños y perjuicios", sentencia N° 487; 03/5/2011, "Serrano Víctor Oscar vs. Minera Codi Conevial S.A. s/ indemnización por despido", sentencia N° 223; 03/5/2011, "Maidana Silvia Inés y otra vs. Molina Víctor Hugo, Mothe Fernando y Alderete Alberto s/ cobro de pesos", sentencia N° 227; 06/5/2011, "Isamain Emilio David vs. Tarjeta Naranja S.A. s/ cobro de pesos", sentencia N° 237; 11/5/2011, "Soraire Julio Roberto vs. Berkley International ART S.A. s/ cobro de pesos", sentencia N° 252).

Lo dicho no quita que, en tal supuesto, la Corte se limita a examinar la juridicidad del juicio ponderativo de la plataforma fáctica obrante en el caso llevado a cabo por el a quo y no dicha plataforma cuyo juzgamiento compete de manera exclusiva y excluyente al tribunal de grado. Por tanto, la competencia de este Tribunal Cimero en la instancia extraordinaria local de casación, se agota con la conclusión que infiere y pronuncia en su sentencia, en el juicio sobre la existencia o no del vicio de arbitrariedad en la operación, propia del órgano sentenciador de grado, de su juicio ponderativo del material fáctico ofrecido y producido en los autos.

En el caso de autos la vía casatoria resulta admisible, toda vez que la recurrente alega fundadamente errónea valoración del cuadro probatorio reunido lo que hace que el pronunciamiento en crisis incurra en arbitrariedad fáctica y por dicha circunstancia, se haya sentenciado en forma contradictoria viciando de nulo de nulidad absoluta al pronunciamiento impugnado.

II. Ahora bien, en orden a la procedencia del recurso, efectuaré las siguientes consideraciones.

Respecto a la preeminencia de la ley local por sobre el CC en la materia sub discussio, son aplicables al caso las expresiones vertidas por este alto Tribunal en el precedente: "Gobierno de la Provincia de Tucumán -DGR- vs. Servituc S.A. s/ Ejecución fiscal", sent. n° 620 del 29/7/2005 -entre otras- referidas a que la Corte Suprema de Justicia de la Nación privilegia la aplicación del Código Civil sobre lo contrariamente dispuesto por la legislación local, en la inteligencia de que la materia (de la prescripción) resulta facultad exclusiva de la legislación nacional, ejecutada aquélla mediante el dictado del Código Civil y de Comercio -fondo común del derecho-, no pudiendo una ley local derogar los plazos establecidos por leyes sustantivas dictadas por el Congreso (en esp. cfr. "Fallos: 176:115, y elenco jurisprudencial en idéntica línea, ver "Fallos: 119:417; 149:417; 161:397;168:403; 169:296; 175:300; 178:9; 180:96; 183:143; 188:403; 190:142; 193:231; 200:444; 202:516; 203:274; 205:200; 215:5; 217:189; 222:587; 232:482; 235:571; 269:379; 282:20; 293:427, entre muchos otros, en doctrina cfr. Villegas, Héctor B., "La legislación impositiva y el derecho privado", L.L. t. L, pág. 870 y Enrique G. Bulit Goñi, L.L. año 67, n° 793, t. 73, enero 1996 pág. 39: "el inciso 12 confiere al congreso nacional la atribución para el dictado de la legislación de fondo, lo que determina que los ordenamientos de niveles inferiores no pueden dictar normas en materia tributaria que pudieren contraponerse a tales regulaciones de modo de desarticular la unidad nacional de legislación sustantiva") (conf. CSJT, sentencia n° 870 del 28/10/1997; sentencia n° 643 del 28/8/1998). Que la corriente jurisprudencial tradicional afirma que a la "demanda" (art. 3986 CC) son equiparados otros actos judiciales, pero las gestiones administrativas no tienen idoneidad para interrumpir el curso de la prescripción, ello sin perjuicio del efecto suspensivo que puedan tener conforme al art. 3986 CC último párrafo (conf. Pizarro-Vallespinos, "Obligaciones", T. III, pág. 720 y doctrina allí citada).

Es decir, conforme se dejara sentado por esta Corte en "Servituc.", con criterio aplicable al sub lite, que "las intimaciones administrativas de pago efectuadas por la actora en el expediente administrativo han producido un efecto similar a "la constitución en mora efectuada en forma autentica" (arg. art. 3986 CC).por lo que la prescripción se suspendió ese día en que fueron recibidas conforme Aviso de Recibo" (cfr. fallos relacionados: sentencia N° 684 "Gobierno de la Provincia de Tucumán -D.G.R.- vs. Levy Roberto Orlando s/ Ejecución fiscal", del 08/8/2006; sentencia n° 1050 "Gobierno de la Provincia de Tucumán -DGR- vs. Chili Repuestos S.R.L. s/ Ejecución fiscal" del 09/11/2007).

En autos, se advierte que la sentencia cuestionada se limita a considerar que las actuaciones administrativas (notificación de las Actas de Deuda n° A 1515 y A 1516), "no tienen el efecto interruptivo de la prescripción", omitiendo analizar el efecto suspensivo que conforme jurisprudencia de este Tribunal Cimero "tienen las intimaciones administrativas de pago realizadas por la actora que por medio fehaciente se haga al deudor del pago" (in re "Servituc"), pese haberlo requerido la accionante (en su recurso de apelación) que se analice el valor jurídico con la que cuentan, sobre el plazo de prescripción, las actuaciones administrativas correspondientes.

De allí que se advierta la omisión en que incurrió la sentencia del tribunal a quo, referida a la falta de análisis de la cédula de notificación n° GC 66453 y la posibilidad de que la misma goce de virtualidad para suspender los plazos de prescripción, lo que implicó una vulneración al principio de congruencia procesal que afectó a la parte actora, que no obtuvo un pronunciamiento sobre una cuestión necesaria y conducente para la correcta solución de la causa.

En tal sentido mi voto.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal,	R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por el apoderado de la parte actora (fs. 728/738), en contra la sentencia nº 108 de fecha 4 de mayo de 2011 (fs. 724), dictada por la Sala IIº de la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones, la que se casa y se deja sin efecto en mérito a la doctrina legal enunciada en el considerando, y se dispone la remisión de los autos al tribunal interviniente a fin de que, por intermedio de la Sala que corresponda, dicte en lo pertinente, un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo considerado.

II.- COSTAS como se consideran.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.	HÁGASE SABER.

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN (con su voto) ANTONIO GANDUR	DANIEL OSCAR POSSE ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA [Dictámen Ministerio Fiscal] Reg: 00030638-01.