marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Contratos comerciales, medios de prueba, medios de prueba no previstos, Derecho procesal
Materia: COMERCIAL
Carátula: EXPTE. N° 37987 ALOISIO BRAVO S.A. c/ CLUB SOCIAL LUJÁN s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2006-04-20

La compraventa mercantil no es un contrato formal y, por ende, puede celebrarse sin atenerse a forma alguna, por lo que los medios de prueba deben admitirse con amplitud; en cuanto a la carga de la prueba, rige sobre el particular el principio general de que todo aquél que invoca un hecho, acto jurídico, contrato o estipulación parcial del mismo, corre con la carga de demostrarlo.
Martillero, matrícula profesional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: KARLEN GERARDO PABLO s/ SOLICITUD DE MATRICULA DE MARTILLERO PUBLICO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-10-03

La ley local 7191 ha agregado un requisito más de los contemplados en la ley nacional 20266. No otra cosa se desprende del art. 2 en cuanto, luego de mencionar las condiciones habilitantes de la legislación nacional, indica " y cumplimentar... ". En concreto, reunir las condiciones habilitantes del art. 1 ley 20266:

mayoría de edad y no estar comprendido en las inhabilidades del art.

2 inc. a; título secundario (inc. b); y aprobación de un examen de idoneidad (inc. c); y además poseer alguno de los títulos mencionados en el art. 12 inc. b ley 7191.-No es admisible que el título oficial de martillero mentado en la última norma citada sea el certificado de aprobación del examen de idoneidad del art. 1 inc. c ley 20266, por cuanto amén de lo dicho, es obvio, que al utilizar el vocablo " oficial " que se está refiriendo a un título de martillero otorgado por una institución educacional, mientras que el certificado del art. 1 inc. c ley 20266 simplemente significa, valga la redundancia que se ha aprobado un " examen de idoneidad " ante el Tribunal judicial, que habilita a inscribirse en la matrícula y ejercer como martillero, pero no otorga un título de martillero. Entonces debemos analizar si la legislatura de la provincia tiene facultades para dictar semejantes normas. En este sentido la legislación provincial no puede ir más allá de lo dispuesto en la legislación sustancial, desde que legislar sobre los requisitos de ejercicio de esas funciones es materia exclusiva del derecho com un de la nación , compitiéndole al Congreso de la Nación (art. 67 inc. 11 Constitución nacional), como facultad delegada por las provincias que les está vedado ejercer (art. 108 Const. Nac.), restando a las provincias solamente el gobierno y organización de la matrícula (art. 104 Const. Nac.). Tales normas, son, en consecuencia, inconstitucionales, sin perjuicio, de que aunque así no fuera, se trataría de un verdadero despropósito que el interesado deba demostrar sus aptitudes aprobando el examen que ordena la ley nacional, y además contar con el título de martillero. Es una muestra más de los muchos y graves errores que presenta la ley 7191.
Honorarios, regulación de honorarios, costas, oportunidad procesal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PLUS ULTRA CIA. DE SEG. c/ LLOYD AEREO BOLIVIANO  S.A. s/ HONORARIOS - PROFESIONAL CON ASIGNACION MENSUAL FIJA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-08

El auto regulatorio nada dijo sobre las costas, por manera que la demandada no tenía obligación, en ese momento, de pronunciarse sobre la viabilidad de la pretensión de cobro posteriormente expuesta. Por ello, la oposición formulada al serle intimado el pago fue oportunamente realizada, toda vez que la invocación del art. 2 del arancel puede ser hecha inclusive hasta el momento de la ejecución de los honorarios.
Prueba pericial, valor probatorio, perito único
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: ALCORTA, JULIO CESAR s/ DEFRAUDACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-04-16

No es nulo el peritaje suscripto por un solo perito, ya que al establecer el precepto ritual (art. 323 del C.P.M.P.) el número plural no le hace como exigencia absoluta sino como una conveniencia para una mejor ilustración del Juez para la coincidencia o disparidad de opiniones: las excepciones que el mismo artículo contiene revelan que la regla general se inspiran en esta razón y no en otra, lo que aparece confirmado por el art. 346 del Código de Procedimientos en Materia Penal, que priva de fuerza vinculante al dictamen pericial, que será estimado por el magistrado de la causa.
Juez de instrucción, competencia
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: QUIROGA DE BURGOS, Herminda s/ COMPETENCIA PENAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1996-09-27

Habiendo el titular del Juzgado de Instrucción dispuesto su avocamiento y la realización de diversos actos instructorios, conforme a lo establecido por la acordada 110 artículo 3ro., la radicación de los autos es definitiva y extemporánea la contienda de competencia formalizada.
Resoluciones judiciales, portación de armas, sentencia definitiva, recurso de inconstitucionalidad, denegatoria del recurso, incidentes
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Defensoría General de la CABA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Incidente de apelación en autos L., R. E. s/ 189bis 2/4° parr. Portación de arma de guerra sin autorización
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-01

El pronunciamiento de la Cámara que confirmó el rechazo del pedido de detención domiciliaria de un condenado resulta una decisión equiparable a la sentencia definitiva, ya que podría generar un perjuicio de imposible o tardía reparación ulterior derivado de la denunciada frustración de aquellos derechos invocados por el recurrente que resultarían solo susceptibles de tutela inmediata. (Del voto de los jueces Inés M. Weinberg, Marcela De Langhe, Santiago Otamendi y Alicia E. C. Ruiz).
Medidas cautelares, haber de retiro, ejecución de sentencia, improcedencia del recurso
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: BUSSO ALBERTO FABIAN c/ A.N.Se.S. s/ Medidas cautelares c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-07

Corresponde confirmar el rechazo de la medida cautelar solicitada, cuando mediante ésta no se pretende otra cosa que el liso y llano cumplimiento de la sentencia de reajuste de haberes que obtuvo el titular en sentido favorable; motivo por el cual deberá ejercer la vía procesal específica que contempla el código de rito para satisfacer su derecho. (cfr. Sala II de esta Cámara en autos "Barragán, Alicia Susana c/ A.N.Se.S.", sent. 57873 del 01.04.04, Disidencia del Dr. Fernández, Publicado en el Boletín de Jurisprudencia de la CFSS Nro. 38).
Acción de amparo, amparo por mora
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: LAZCANO DE ARRIARAN, SUSANA L. c/ ENTEL s/ AMPARO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-26

El amparo no tiene por finalidad obviar o urgir el trámite de los procedimientos administrativos o judiciales previstos legal o reglamentariamente para el logro del resultado que con él se procura, ni resulta apto para autorizar a los jueces a irrumpir en asuntos ajenos a la jurisdicción que por ley tienen conferida, alterando el normal juego de las instituciones vigentes, sin que por lo demás esté acreditado que la actora haya urgido el procedimiento previsto por el decr. 2.772/61 ni probado su insuficiencia.
Procedimiento laboral, juicios contra el Estado, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: SILVESTRI, JORGE FRANCISCO FINGEL c/ L.S. 83 T.V. CANAL 9 s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-29

Tratándose de una relación de naturaleza laboral, corresponde la aplicación de la ley general y no de la ley 3952, cuando el Estado Nacional comparece en representación del primitivo empleador, sin perjuicio de los derechos que asisten a aquél de invocar y acreditar la imposibilidad de pago del capital diferido a condena en el plazo previsto.
Nulidad del acto jurídico, prueba pericial
Materia: LABORAL
Carátula: Villalba, Manuel Carmelo c/ Santa Ursula S.C.A. s/ Indemnización por accidente, diferencia haberes y certificaciones
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-06-30

Debe confirmarse el auto que desestimó la nulidad planteada, ya que los cuestionamientos que efectúa la apelante se refieren a disidencias críticas y análisis valorativos o axiológicos de la pericial que deberán ser oportunamente evaluados por el Tribunal y que en modo alguno legitiman o autorizan a considerar la nulidad de tal dictamen.
Accidentes de trabajo, inconstitucionalidad, decreto de necesidad y urgencia, derechos adquiridos, derecho de propiedad
Materia: LABORAL
Carátula: Quiroz Carlos Martin c/ Instituto Autarquico Provincial del Seguro de Entre Rios  s/ accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-08-24

Resulta inconstitucional dicho decreto por no cumplirse con las formas para su dictado, y podría agregar la retroactividad que plantea, pues en mi criterio resulta claro que se afecta derechos adquiridos de los damnificados, los trabajadores, y contradice de alguna forma el precedente 'Espósito' de la Corte Suprema, sobre la no aplicación de nueva normativa a causas anteriores, violando el principio de irretroactividad de la ley dispuesto en el artículo 7 del CCyCN y el derecho de propiedad de los siniestrados. Es que, en esencia al dictar el DNU 669/2019, el Poder Ejecutivo Nacional se arrogó facultades legislativas vedadas por el artículo 99 inciso 3 de la CN, con motivo de que no se cumplían las condiciones excepcionales que determina la Constitución Nacional para sortear la intervención del Congreso, pues no existía un grave riesgo, como tampoco que el Congreso estuviere impedido de funcionar (se encontraba en período de sesiones ordinarias), y menos que la medida estuviese destinada a proteger intereses generales, sino más bien particulares y de la parte fuerte del contrato en perjuicio del más débil (Voto Romero. Adhesión Stettler)
Avocación jurisdiccional, cuestiones de competencia, cuestión abstracta
Materia: PROCESAL
Carátula: CANO, OSVALDO c/ MUNICIPALIDAD DE PUERTO GENERAL SAN MARTIN s/ AVOCACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-02-14

La pretensión ejercida por el Ente municipal en esta instancia y con fundamento en el artículo 2 de la ley 11.330 habilita a esta Corte a decidir únicamente sobre qué tribunal debe entender en la presente causa -en el caso si lo es el tribunal con competencia en lo laboral o la Cámara de lo Contencioso Administrativo-, y no sobre la cuestión de fondo, por lo que es, a ese único efecto, al que se convoca a este Tribunal para fallar en esta oportunidad.

En ese marco, la decisión tomada por el Juez Laboral en cuanto declaró su incompetencia por entender que la pretensión de la actora debe ser resuelta por la Cámara con competencia en lo Contencioso Administrativo, ha sustraído la materia a resolver en la presente solicitud de avocación, por lo que corresponde que así deba declararse.
Cosa juzgada, Constitución Nacional
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: JORGE A. FERRARI HANDOY. s/ DIVORCIO  VINCULAR-  SENTENCIA-  COSA  JUZGADA-  DERECHOS Y GARANTIAS  CONSTITUCIONALES.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-08-13

El respeto a la cosa juzgada es uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta nuestro régimen constitucional.
Beneficios previsionales, derecho al beneficio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Milone de Maidana, Dolores Edith Mabel c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-08-12

Los actos y hechos jurídicos que afectan la integridad del beneficio de pensión deben ser declarados nulos y sin valor alguno (art. 57 in fine del dec. ley 9650/80).
Extravío del cheque, inhabilidad de título
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO PATAGONIA S.A. c/ JASAK S.R.L. Y OTRO. s/ COBRO EJECUTIVO.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-05-10

Tampoco obsta al progreso de la acción, la circunstancia de que la demandada haya denunciado el extravío del título ejecutado, toda vez que, sobre el particular, diversos precedentes judiciales señalaron que "conforme reiterada jurisprudencia de este tribunal, la excepción de inhabilidad de título fundada en la denuncia de extravío del cheque es inadmisible en razón de que versa sobre una cuestión causal insusceptible de tratamiento por vía ejecutiva, y debe ser planteada, en todo caso, en el juicio ordinario posterior (esta Sala in re 'Capella Rubén c. Velárdez Antonio' del 28/8/1989; ídem 'Protel S.A. c. Cableacero S.A. s/ Ejec.' 16/5/1996-La Ley, 1996-D, 688; DJ, 1996-2-1033- entre muchos otros; Sala E, 'Flores Delmira c.

Pujatti Carlos s/ Ejec.' 06/7/1989; sala C 'Udenio Araño c. Barreyro Ana', 18/11/1985).

La existencia de querella criminal -sin noticia sobre la suerte final de la misma-, en nada modifica lo expuesto: la naturaleza propia del título que sustenta la acción determina la improcedencia de indagaciones que exceden el escaso marco cognoscitivo que impone la observancia del art. 544 párr. 4 Cód.

Procesal." (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala A, in re "Cooperativa de Viv., Créd. y Cons. Unicred Ltda. c. Yudachkin, Marcelo F.", 04/12/2001, publicado en DJ 2002-1, 1055).

En igual sentido, se dijo que "debe rechazarse la excepción de inhabilidad de título opuesta, en la ejecución de un cheque, con sustento en que el mismo habría sido robado por el ejecutante pues si bien, el art.

5 de la Ley 24.452 legitima el rechazo de cheques por el girado ante la denuncia de su extravío o sustracción, tal circunstancia no constituye impedimento legal al progreso de su ejecución" (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala D, in re "Radiodifusora del Plata S.A. vs. Numen Insight S.A.", de fecha 14/10/2009, cita online AR/JUR/46638/2009).

DRES.: GANDUR - POSSE - SBDAR.
Incidente de nulidad, domicilio denunciado
Materia: LABORAL
Carátula: Domínguez Giménez, Sergio c/ Calimboy S.A. s/ Cobro de pesos-Acum. Incidente de nulidad de notificación
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-04-10

Si luego de concluído el vínculo laboral, en sede administrativa -Dirección Provincial del Trabajo- se señaló como domicilio el lugar donde se diligenciaría la notificación de demanda y de citación para la audiencia prevista por el artículo 66 del Cód. Procesal Laboral y allí se dirigieron los telegramas de reclamos previos a la instancia judicial, también fue indicado como domicilio por la propia incidentante en cartas documentos utilizadas para comunicar el despido y rechazar aquéllos, tal conducta de la incidentante le impedía solicitar la invalidez pretendida.
Prueba pericial, tribunal de enjuiciamiento
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Parrilli, Rosa Elsa s/ recurso en SCD-187/09 s/ denuncia efectuada por el señor Ministro de Justicia y Seguridad del GCBA
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-11-15

En relación con el peritaje psicológico, producido en ocasión del juicio, a diferencia de lo postulado por la recurrente, el Jurado valoró el dictamen y lejos de estimarlo idóneo para rechazar la acusación resolvió que el comportamiento de la recurrente ameritaba la destitución por mal desempeño. (Voto del Dr. Luis F. Lozano).
Injurias, pago de la multa, daños y perjuicios, indemnización, costas
Materia: PENAL
Carátula: N., S. s/injurias c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-02-08

Los vocales explicaron que el texto del artículo 64 del Código Penal dispone que ".La acción penal por delito reprimido con multa se extinguirá en cualquier estado de la instrucción y mientras no se haya iniciado el juicio, por el pago voluntario del mínimo de la multa correspondiente y la reparación de los daños causados por el delito". Por lo tanto, el acogimiento de la imputada al mencionado derecho, implica para ella la necesidad de afrontar no sólo la multa que correspondiese al delito endilgado, sino también la reparación de los daños causados, que incluyen la indemnización por el daño material consistente en el daño emergente, el lucro cesante y el daño moral (arts. 1737, 1738 y cc. del Código Civil y Comercial). Dentro de este último tópico resulta razonable incluir el pago de costas. La doctrina ha entendido que dicha obligación "se extiende, respecto de todos los que tengan derecho a la reparación, como directa o indirectamente damnificados, al pago de las costas" (Lascano, Carlos J., Código Penal y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial, dirigido por David Baigún y Eugenio R. Zaffaroni, 2ª ed., Buenos Aires, Hammurabi, 2007, p. 298/299).." .-
Beneficio de litigar sin gastos, beneficio provisional
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Sacayan, José Ramón c/ Cámara de Senadores de la Provincia s/ Acción de Plena Jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2008-12-30

"El concepto de simultaneidad en la iniciación del proceso principal y la solicitud del beneficio de litigar sin gastos debe interpretarse en forma que no resulte extremadamente riguroso, bastando con que el beneficio se encuentre promovido antes de la traba de la litis para tenerse por cumplimentada la contemporaneidad requerida". (Conf: LLGran Cuyo, 2001-860).

En sentido concordante se ha dicho: "Si bien la exención dispuesta por el Art.83 del Código Procesal respecto del pago de impuestos y sellados de actuación hasta tanto recaiga resolución en la solicitud de beneficio de litigar sin gastos, sólo resulta aplicable cuando esta última se hubiere peticionado anterior o contemporáneamente a la promoción de los autos principales, el concepto de simultaneidad en la iniciación de ambos procesos no puede interpretarse en forma tan rigurosa como para entender que indefectiblemente deben efectuarse el mismo día, bastando con que el beneficio se encuentre promovido antes de trabarse la litis. Asimismo, si con independencia de las constancias de los cargos en los escritos iniciales de cada uno, el beneficio de litigar sin gastos se inició antes que se diligenciaran las cédulas de traslado de la demanda, debe tenerse por cumplimentada la contemporaneidad exigida por el Art.83 del Código Procesal".
Doctrina de la arbitrariedad, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, acción de amparo, recurso de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Asociación de Trabajadores del Estado c/ GCBA s/ amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-01

Corresponde rechazar la queja en tanto el recurrente, al cuestionar la interpretación que Cámara hizo de término "paramédico" previsto en el art. 14 de la ley n° 471, sostiene que esa actividad es la que realizan las personas que trabajan en ambulancias sin fundar ello en norma alguna y sin hacerse cargo de las razones dadas por el a quo para resolver en el modo que lo agravia. La decisión del a quo se fundó en la garantía de igualdad; cuestión que no ha sido tratada por el GCBA recurrente. (Del voto en disidencia del juez Luis Francisco Lozano). "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Asociación de Trabajadores del Estado c/ GCBA s/ amparo", expte. SACAyT n° 15848/18, sentencia del 1/7/2020. 5. Corresponde rechazar la queja porque no logra poner en crisis las razones brindadas por los jueces al denegar el recurso de inconstitucionalidad. En efecto, el recurrente insiste en objetar el modo en que la Cámara interpretó los hechos, la prueba, y las normas infraconstitucionales que rigen la cuestión, sin articular sus dichos con los términos del auto denegatorio, apelando a consideraciones genéricas que son insuficientes para configurar una crítica al auto denegatorio, y que muestran un simple desacuerdo con el temperamento adoptado. El quejoso vuelve sobre aspectos de su recurso de inconstitucionalidad que -más allá del acierto o no de la decisión recurrida- fueron abordados por el voto de la mayoría. (Del voto en disidencia de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Recusación, recusación sin causa, Administración Nacional de la Seguridad Social
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Aguilera Grueso, Emilio c/ Anses y otro s/ reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-12-04

La pretensión de la Administración Nacional de la Seguridad Social de efectuar un ejercicio masivo del instituto de la recusación sin expresión de causa desnaturaliza los propósitos y fines para los que fue concebido y ocasiona múltiples perjuicios a los justiciables, a la vez que crea un problema institucional que no cabe minimizar, pues el fuero se encuentra abrumado por la litigiosidad y el efecto nocivo derivado de estos planteos, por lo que se configura así un abuso del proceso que los jueces no deben tolerar, ya que el ordenamiento les impone el deber de dirigir el procedimiento señalando los actos que desvirtúen las reglas o generen situaciones irregulares o de marcada anormalidad (art. 34, inc. 5, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Despido por maternidad, despido discriminatorio, notificación al empleador
Materia: LABORAL
Carátula: Pomares Lorena Verónica c/ Signoretta Stella Maris s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-11-18

El hecho de que el empleador no haya recepcionado "en mano" en su domicilio real el telegrama enviado por la trabajadora donde le comunicaba su estado de gravidez, no obsta a la eficacia de la comunicación, en la medida en que fue dirigida al domicilio correcto. (En el caso, fue receptado por la misma trabajadora y luego no le hizo entrega al empleador). Dicho domicilio no pierde su cualidad de tal por la circunstancia de que el empleador no se encontraba allí en el momento de la diligencia.

El despacho ingresó en el ámbito de su conocimiento presunto y corresponde otorgarle plena eficacia en orden a la finalidad a la que estaba dirigido. Por ello frente al despido dispuesto por el empleador corresponde hacer lugar a la indemnización agravada del art. 182 LCT. (Del voto del Dr. Pirolo, en minoría).
Responsabilidad solidaria, relación de dependencia
Materia: LABORAL
Carátula: Troncoso Fernando Miguel c/ Zapatería Tachuelas y/o Farmacia Ameghino S.C.S. y/o Zapico de Picón María Silvia y/o Rousselot de Zapico María Teresa y/o Picón Bernardo José Dimas, como titular de la firma Tachuelas y/o Zapico Ezequiel Luis y/o quien Res. responsable s/ Despido, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2000-08-16

No es procedente el agravio de los co-demandados quienes se duelen porque se los condena solidariamente sin que exista fundamento de una comprobación efectiva de la existencia de una relación laboral con ella. Alegan que el actor trabajaba solo en un comercio y la única relación entre ambos comercios era de índole familiar pero era dependiente solo de uno.

Ello así, ya que el hecho de la prestación de servicios admitido por los mismos, maguer en forma ocasional, es suficiente para tener por acreditado que el actor también trabajó en el otro negocio de propiedad de los co-demandados.

Ello así, porque la alegada transitoriedad de los servicios prestados en el referido negocio, no aprece debidamente probada en la especie, ninguna duda cabe que debe asumir las consecuencias de no haber extremado fatiga al efecto, habida cuenta que de conformidad al art.99 de la ley 20744, el empleador tiene a su cargo la prueba de tal aseveración.