marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Relación de dependencia, prestación de servicios, falta de prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Tellechea Hugo José c/ Bacigalupo Benito José María (Hijo) y otros s/ Cobro de Pesos y entrega de Certificación laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2018-03-12

La sociedad de hecho es la figura no laboral elegida por los demandados para alejar la tesis de la relación de dependencia; por lo tanto, cumplido el primer supuesto (la prueba de la prestación de servicios en el predio explotado por los tres demandados), a ellos les incumbía demostrar la causa eximente (o sea la sociedad de hecho en el caso). Más allá de ello, de la prueba no surge, ni por asomo, que las tareas del actor en beneficio de los accionados, puedan reputarse como ajenas al derecho del trabajo: se mire por donde se mire -principio de la realidad mediante- el actor era empleado de los demandados -Voto del Dr Welp (mayoría: Dr. Welp, con adhesión del Dr. Romero)
Recurso extraordinario, admisibilidad del recurso, nulidad del acto jurídico, fundamentación de sentencias, interpretación de leyes federales, falta de fundamentación
Materia: PROCESAL
Carátula: Superintendencia de Riesgos del Trabajo c/ Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. s/ ejecutivo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-03

El auto de concesión del recurso extraordinario es nulo por carecer ostensiblemente de una debida fundamentación, toda vez que en su anterior fallo la cámara no formuló ninguna inteligencia sobre el alcance y aplicación al caso de una norma federal como lo es la ley 24.557 sino que se limitó a examinar lo atinente a la procedencia del recurso de apelación interpuesto por la ejecutada en función del monto debatido, lo cual evidencia que el tribunal a quo solo ha sustentado la viabilidad de la apelación federal en una motivación inexistente.
Daños y perjuicios, automotores, culpa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: FLORES DE CASTRO MARTHA c/ EMPRESA ESPINOSA s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S069 - 343)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-04-20

Si bien la empresa constructora puede actuar en forma severa para impedir el acceso a las obras en la calzada, debe hacerlo señalando con claridad y en forma patente las vallas colocadas.

No puede tender trampas, y la colocación de postes sin aviso lumínico son tales para la víctima.
Accidente de tránsito, exceso de velocidad
Materia: CIVIL
Carátula: CANO, GRACIELA NANCY c/ PEDRO PABLO MARCHIORI Y YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-03-26

Corresponde tener por excesiva toda velocidad que impida el total y pleno dominio del vehículo y/o sortear los obstáculos o peligros del tránsito en la vía pública. La velocidad imprudente no se determina por el número de kilómetros horas de su marcha, sino cuando importa, según las circunstancias, la pérdida culposa del control o del dominio de su vehículo, que lo despoja de toda posibilidad defensiva frente a obstáculos o peligros en la ruta, potenciales o previsibles.
Estado Nacional, oposición a la prueba, resoluciones inapelables
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Ante, Hugo César c/ E.N. - S.I.D.E. - Resol. 569/09 s/ Empleo público
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-05-15

Procede rechazar el recurso de apelación que interpuso el Estado Nacional-Presidencia de la Nación contra la sentencia que desestimó su oposición a la prueba documental y a la prueba testimonial, siendo que de conformidad con el art. 379 del Código Procesal, las resoluciones sobre producción, denegación y sustanciación de las pruebas son inapelables.
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, contratos bancarios, contrato de caja de seguridad, improcedencia del recurso, rechazo de la demanda, falta de prueba, hurto
Materia: CIVIL-COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Santillán, María Angélica c/ Banco de la Ciudad de Buenos Aires s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-26

Procede confirmar la resolución que rechazó la demanda por los daños y perjuicios padecidos por el actor ante el robo del contenido de la caja de seguridad que poseía en una sucursal del banco accionada. Ello por cuanto, en el caso, de las probanzas colectadas no fue posible concluir que el hurto denunciado había ocurrido. Es que, en el caso, no hay razones para creer que el hecho de que la puerta de la bóveda no hubiese operado con normalidad durante parte del día en el que se hubiera perpetrado el hurto, hubiera facilitado el acceso a delincuentes a la bóveda ni, dado que el bloqueo de la puerta se produjo como consecuencia de un error humano en el ingreso de la clave, hay motivos para creer que hubiera sido indicio de un defecto en la seguridad de la sucursal. Por otro lado, lo cierto es que, incluso si hubiera sido fallida la identificación de las personas que ingresaban al sector de cajas, ello tampoco habría sido suficiente para que pudiera producirse el hurto en la caja de seguridad de la actora. Sobre este punto, la sucursal tiene un sistema de apertura electrónico conforme al cual, una vez acreditada la identidad del cliente, el empleado del banco ingresa el número de la caja y el cliente accede a la bóveda con su llave para realizar la apertura. Por su parte, la empresa que realizaba los services del sistema de seguridad de la bóveda de la sucursal en cuestión, informó que el sistema de cajas de seguridad allí instalado tenía un control remoto de apertura que era administrado por personal de la sucursal y que, una vez que la persona encargada generaba la autorización a través de la consola de mando del sistema, el cliente podía ingresar solo a la bóveda para abrir la caja con su llave, no siendo posible concretar la apertura de la caja sin contar con la llave que se encontraba en poder del locatario. De ese modo, se advierte que, para poder abrir una caja de seguridad en particular, debían necesariamente reunirse dos condiciones: un empleado del banco debía introducir el código de apertura y debía contarse con la llave de la caja. Así, no bastaría con poder manipular el código de apertura ni, tampoco, con contar con una copia de la llave de la caja de seguridad para poder abrirla, sino que debían necesariamente reunirse ambos requisitos.
Costas, costas al vencido
Materia: PROCESAL
Carátula: D., L.A. c/ M., SA s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-04-18

El criterio del vencimiento puede establecerse y aplicarse en forma estricta (absoluta) o forma relativa. En el primer caso la única pauta para determinar la condena en costas es el vencimiento puro y simple, en cambio la forma relativa tiene lugar cuando se introducen excepciones al principio general del vencimiento, estableciéndose la facultad de eximir de costas al vencido cuando se encontrase mérito para ello.
Recurso de apelación (procesal), expresión de agravios
Materia: PROCESAL
Carátula: W., A. A. y otra c/ M., D. O. y otra s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-11-16

Resulta de aplicación el criterio inveterado de nuestros tribunales de mayor prestigio de que en ese caso corresponde considerar como expresión de agravios el escrito que no reuniría estrictamente los requisitos procesales. El criterio amplio que preside la materia tiende, así, a asegurar a las partes en litigio una mayor oportunidad para defender sus derechos y afianzar con ello la garantía consagrada por el art. 18 CN.
Derecho Tributario, principios tributarios, solve et repete
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Compañía de Circuitos Cerrados c/ Administración Federal de Ingresos Públicos - Dirección General Impositiva.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-03-09

Si la tacha de inconstitucionalidad del art. 81, tercer párrafo, de la ley 11.683 (t.o. 1998) en cuanto establece el principio solve et repete deriva de la propia conducta discrecional de la actora, que optó por el recurso de reconsideración previsto en el inc. a), del art. 76 renunciando a la posibilidad de recurrir lo resuelto por el organismo recaudador sin necesidad de afrontar el pago previo del tributo, resulta aplicable la jurisprudencia según la cual la garantía de la defensa (art. 18 de la Constitución Nacional) no ampara la negligencia de las partes, pues quien ha tenido oportunidad para ejercer sus derechos responde por la omisión que le es imputable.
Intereses, igualdad entre acreedores
Materia: CIVIL
Carátula: A.F.I.P. en autos "Brugna, Carlos Alberto s-Concurso Preventivo" s/ Incidente de Revisión
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-03-15

La pars conditio creditorum no implica que todos los créditos deban devengar la misma tasa de interés, sino que debe tenerse en cuenta lo pactado por las partes y lo que surge de las leyes especiales sobre la materia; por lo cual, atento la calificación del crédito, procede aplicar la tasa como si el obligado fuese un sujeto inbonis.
Sistema acusatorio, facultades del fiscal, facultades del juez
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: G.L., D. s/ Incidente de Nulidad en autos "Q., S.A. s/DenunciaAdministración Fraudulenta"
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-10-08

La ley 4743 está encaminada a la implementación de un nuevo sistema procesal del tipo acusatorio, que resulta menos gravoso para el imputado. De manera tal que recogida la prueba incriminante y siendo sustentable la imputación, se continúe con la investigación y se ponga a disposición de las partes el expediente, para fundamentar la posibilidad de elevación o no de la causa a juicio. En tal sentido, y puesta en manos del Ministerio Público Fiscal la efectiva titularidad de la acción pública, corresponde que sea su titular quien efectúe una valoración de los elementos cargosos recogidos, para fundamentar oportunamente la elevación o no de la causa a juicio. La separación de las funciones de perseguir y juzgar es la más importante de todos los elementos constitutivos del modelo teórico acusatorio como presupuesto estructural y lógico de todos los demás. Supone la configuración del proceso como una relación triangular entre tres sujetos, dos de los cuales están como partes en la causa, con funciones de postulación: acusador y defensor, y el tercero, ubicado por encima de aquellos con la tarea de juzgar: Juez o Tribunal. Esta división de funciones no impide tan sólo la parcialidad del juez, sino que suprime, además, la necesaria posición de objeto del acusado: la circunstancia de que este último se enfre nte a alguien que se le opone, da mayor libertad a su posición jurídica, asegurándole posibilidades de defensa. La pasividad del juez y el comportamiento activo de la parte acusadora son los presupuestos de la defensa en juicio. Este esquema -regulado por la nueva normativa procesal- no admite un monólogo del juez con la prueba para buscar la verdad, sino que requiere -con la sola invocación del mérito existente- el enfrentamiento de las partes, lo que en definitiva se denomina contradictorio.
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, recurso de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Orozco, Haydee Susana s/ queja por denegación de justicia en 'GCBA c/ Bellmunt Salmeron, Pedro y González Méndez Graciela s/ ejecución fiscal' justicia en 'GCBA c/ Bellmunt Salmeron, Pedro y González Méndez Graciela s/ ejecución fiscal'
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-07-08

El control de las sentencias de los tribunales inferiores se efectúa, si corresponde, a través de los recursos de inconstitucionalidad o apelación ordinaria (art. 113, incisos 3 y 5, respectivamente, CCBA), que llegan a conocimiento del Tribunal concedidos por los tribunales de instancias anteriores, o por recursos de hecho ante su denegatoria.
Mutuo comercial, mutuo hipotecario, aplicación de la ley, defensa del consumidor
Materia: COMERCIAL
Carátula: RUIZ   IRIGOIN  MANUEL  IGNACIO c/ SCOTIABANK  QUILMES  SA  (ENLIQUIDACION) S/ s/ RDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-21

Del Voto del Dr. Heredia:. 1. En el marco de los contratos de mutuo con garantía hipotecaria, en los cuales se pacte la utilización de intereses variables, la primera limitación a la validez de tales acuerdos queda representada por la eliminación de la fórmula consistente en pactar como tasa de referencia la que fijase el propio prestamista (conf. Moro Serrano, J., Garantías en la contratación bancaria (III). Garantías reales inmobiliarias, en la obra colectiva dirigida por Nieto Carolº, U., "Contratos bancarios y parabancarios", Editorial Lex Nova, Valladolid, 1998, ps. p. 1333). En la aplicación de tasas variables no es válido el pacto que deje librada la cuantía de la modificación a la voluntad excluyente de una de las partes, porque se trata de una prestación esencial a cargo del deudor (artículo 1355 del Código Civil, aplicable por analogía según el artículo 16 de ese cuerpo legal; Villegas, C. y Schujman, M., Intereses y tasas, Buenos Aires, 1990, p. 102, nº 4.2). En otras palabras, la validez del pacto de intereses variables depende de su referencia a criterios generalizados, objetivos y oficializados (conf. Moro Serrano, J., ob. cit., ps. 1333/1334). 2. Como segunda limitación, aparece la necesidad de que el prestatario sea suficientemente informado de las proyecciones que el pacto de interés variable puede tener en la amortización del crédito. Precisamente para cumplir con tal propósito informativo es que, como es notorio, se exigen los requisitos incluidos en el artículo 36 de la Ley 24240, sin que ninguno de ellos sea, en rigor, contrario a la utilización contractual de "tasas de interés variables".
Constancias administrativas, valor probatorio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: EMPRESA FERROCARRILES ARGENTINOS. c/ FELIX BUENAVENTURA. s/ COBRO DE PESOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-09-27

Las constancias de los libros de las empresas estatales tienen, como principio, valor de prueba en juicio. (SALA 2,2133,270983)
Aplicación de la ley, código civil
Materia: CIVIL
Carátula: RODRIGUEZ Miryam Rosa #INSTANCIA: C #TIPO_TRIBUNAL: CM c/ Colegio Médico de San Juan y Otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-10-20

Teniendo en cuenta los antecedentes que informan el caso traído a decisión, resulta ineludible precisar y aclarar que al momento de revisar las críticas propuestas por las partes, ha entrado en vigencia el Código Civil y Comercial, Ley 26.994, razón por la cual se debe tener presente el contenido del art. 7 que indica con relación a la eficacia temporal de las normas reguladoras en general, y en especial la de la responsabilidad civil que, a partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes.

En ese sentido, en distintos fallos se ha diferenciado que en la construcción de la sentencia de daño existen dos segmentos perfectamente diferenciados.

El primero relacionado con la determinación de quienes serán los sujetos responsables del deber de resarcir. Y la segunda etapa, se vincula con el análisis de las consecuencias derivadas del accidente que es la valoración y cuantificación de los daños padecidos y reclamados.

Claro está que, no era el régimen normado en ley 26.994 (a partir del mes de Agosto de 2015), el imperante al momento de producido el hecho (fallecimiento del Sr. Rodríguez).

En otras palabras, la determinación de los sujetos responsables del deber de reparar o no, se debe formular en base al régimen jurídico imperante en el momento en que acaeció el hecho dañador, que será la causa fuente de la obligación cuyo resarcimiento se reclama.

Es decir, se deben examinar los presupuestos de la responsabilidad conforme a la normativa y doctrina que informa a la misma, existente a la fecha de ocurrido el hecho considerado dañoso.

Ello es así porque ha quedado absolutamente agotado en su estructura normativa el hecho jurídico generador de la obligación, se ha consolidado y con ello tiene génesis la obligación de resarcir que tiene naturaleza de obligación de valor.

Con ello se puede expresar que quedó abierta para su meritación la etapa de las consecuencias jurídicas derivadas del hecho dañador (valoración y cuantificación del daño como deuda de valor), respecto de las cuales hasta que no queden consolidadas en su determinación, sea en sede judicial o extrajudicial, son alcanzadas por las nuevas leyes sancionadas. En el caso, por el contenido del Código Civil y Comercial, Ley 26.994.
Demanda, obligaciones de dar sumas de dinero, desindexación, aplicación de la ley
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Empresa Ottorino D'Agostini c/ Provincia de Catamarca s/ Acción contencioso administrativa de plena jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1995-12-11

Si en el caso se pretendió el reconocimiento y pago de intereses por mora en el pago de certificados, gastos financieros, gastos financieros de adicionales, descongelamiento de beneficio empresario de certificados adicionales, etc.; el objeto de la demanda fue una prestación dineraria, no siendo razonable establecer un patrón de medida respecto de un bien sustituto, a fin de la aplicación de la ley de desindexación.

En efecto, pretender que el Tribunal escrute y valore nuevos medios de prueba en búsqueda de parámetros de comparación que no se desprenden de la causa, equivaldría a desbaratar el anterior proceso y sustituirlo por otro, con grave desmedro de la seguridad jurídica, por lo que debe concluirse que se trata de un supuesto en el que resulta inaplicable el mecanismo de la ley 24.283, para la determinación del monto del pleito que sirva de base regulatoria de honorarios.
Pacto de San José de Costa Rica, derechos y garantías constitucionales, doble instancia, resoluciones recurribles
Materia: PENAL
Carátula: MERA, MARIO RUBEN Y JUAN HECTOR FIGUEROA c/ MIGUEL ROBERTO MUKDISE s/ QUERELLA CRIMINAL POR CALUMNIAS E INJURIAS CON REPARACION DE DAÑOS Y  PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-06-30

El Pacto de San José de Costa Rica no impone la doble instancia, como garantía de legalidad del proceso penal, en cambio si asegura en forma inexcusable, el acceso a las vías recursivas que permitan eventualmente rever el decisorio por instancias superiores que ejerzan el control de la legitimidad sobre la decisión del Tribunal de la causa. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, principio de congruencia, Derecho laboral, contrato de trabajo, cesión del establecimiento
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: DEPETRIS, JUAN ALFREDO c/ CORI, SUSANA MARIA DEL CARMEN Y OTROS s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- COBRO DE PESOS LABORALES (EXPTE.: C.S.J. NRO. 513 AÑO 2004)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-06-01

Corresponde rechazar la queja interpuesta por la co-demandada quien aduce que los juzgadores han vulnerado el principio de congruencia procesal al imponerle una condena solidaria sustentada en el artículo 225 y ss. de la Ley de Contrato de Trabajo, en tanto tuvieron por configurado un supuesto de transferencia de establecimiento, cuando en realidad el actor fundó su pretensión en la solidaridad que contempla el artículo 30 de la citada norma.

Ello por cuanto la recurrente fue co-demandada solidariamente por ciertos rubros indemnizatorios y remuneratorios sustentándose la pretensión en la existencia de una cesión o transferencia en la titularidad de un mismo establecimiento comercial, señalando que cualquiera fuera el título por el que se opere la transferencia del establecimiento, el reclamante mantenía sus derechos emergentes del contrato laboral, los que no fenecen con motivo del traspaso, habiendo concluido el a-quo que mal podía argüir que fue inducida a confusión sobre la naturaleza del debate, desde que la controversia se encuadró como un supuesto de "transferencia de establecimiento", y los jueces ponderaron objetivamente los términos de la demanda y apreciaron que las defensas argumentales y probatorias expuestas en el responde no diferían de las esbozadas en la Alzada. Lo expuesto denota que el fallo no ha incurrido en incongruencia, desde que no se advierte que falte correlatividad entre lo pretendido en autos y lo resuelto en la sentencia.
Suspensión del juicio a prueba, menores
Materia: PENAL
Carátula: C., C. s/ Suspensión del juicio a prueba
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-11-25

La suspensión del juicio a prueba corresponde cuando se atribuye uno o más delitos cuyo máximo de pena no supera los tres años de prisión (artículo 76 bis del Código Penal, cnf. artículo 3 de la ley 24.316). La corta edad de la víctima no empece a que se aplique la suspensión del juicio a prueba si es que la ley lo permitiera.
Convenios colectivos de trabajo, industria de la construcción, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: JIMENEZ, MARIO SALVADOR. c/ FALIVENE CONSTRUCTORA S.R.L. s/ COBRO DE PESOS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-03-02

El CCT Nº 76/75 este establece que éste será de aplicación en todo el territorio nacional y que regulará las relaciones de trabajo entre los empleadores y los obreros que presten servicios en la industria de la construcción y ramas subsidiarias, en especial, a los que actúen -entre otros- como conductores de vehículos automotores o choferes (artículos 3 y 4, inc. 21, del CCT Nº 76/75).

También se trata, pues, de un convenio de actividad, de tipo vertical. Entre las categorías laborales, contempla la de "oficial chofer", en la que se encuentran los trabajadores que cuentan con registro que los habilitan a conducir camiones, y en la que no quedan comprendidos los choferes de la administración (cfr. art. 5, inc. 10, CCT Nº 76/75).

Lo apuntado evidencia que las tareas cumplidas por el actor bajo la dependencia de la demandada -dada la actividad de esta última como empresa constructora- se encuentran expresamente contempladas en el CCT Nº 76/75 como comprendidas dentro de la actividad que tal convención colectiva regula, incluyendo las tareas desempeñadas por el trabajador en la conducción de vehículos de la empresa empleadora, tanto para el transporte de materiales, como de vehículos y maquinarias destinadas a la construcción.

Al respecto, viene al caso destacar que el actor realizaba diferentes tareas vinculadas a la construcción, conforme constancias de autos, entre las que se encontraba la de conducir vehículos de la empresa constructora demandada, lo que determinó que el actor no fuera incluido en la categoría de "chofer", sino en otra que contemple y comprenda aquellas otras tareas por él ejecutadas.

Sin embargo, aún cuando no hubiera desarrollado aquellas otras tareas y solamente se hubiera desempeñado en las de conducción de vehículos de la empresa demandada, de las que dan cuenta las constancias de autos, igualmente hubiera estado encuadrado en el CCT Nº 76/75, atento a la actividad desarrollada por su empleadora en la industria de la construcción y al tipo de convenios colectivos de trabajo de los que se trata en autos (ambos verticales).

(ESTOFAN - GOANE - SBDAR (CON SU VOTO).
Concursos, período de sospecha, igualdad entre acreedores, dictámenes, quiebra
Materia: COMERCIAL
Carátula: LMD Pack SRL c/  s/ quiebra
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-01

El periodo de sospecha se proyecta hacia el pasado para sostener la "pars conditio creditorum", la cual se vería destruida si no pudiera considerarse ineficaces, de modo más o menos simple, aquellos actos patrimoniales del deudor realizados cuando ya estaba en cesación de pagos afectando la igualdad entre los acreedores (conf. Heredia Pablo "Tratado Exegético de Derecho Concursal", tomo 4, pág 40, Ed. Ábaco de Rodolfo de Palma, Buenos Aires 2005). Por lo cual, cabe concluir que la finalidad de la institución del periodo de retroacción es, pues, evitar el perjuicio a la masa de acreedores (v. ob. cit. pág. 42). Del Dictamen Fiscal N° 1135/20:.