Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-03-18


SENTENCIA DEFINITIVA NUMERO: Nueve.- San Fernando del Valle de Catamarca, 18 de Marzo de 2009.- Y VISTOS:

Estos autos Corte Nº 98/2005: "AGUAS DEL VALLE S.A. c/ ESTADO PROVINCIAL y EN.RE. - s/ Acción de Plena Jurisdicción e Ilegitimidad ó Anulación", en los que a fs. 167 tiene lugar la Audiencia que prescribe el Art. 39 de la Ley Nº 2403; obrando a fs. 168/174 vta. Dictamen Nº 33 del Sr. Procurador General; llamándose autos para Sentencia a fs.179. En este estado el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1) ¿Es procedente la Acción de Plena Jurisdicción e Ilegitimidad interpuesta?. En su caso, ¿Qué pronunciamiento corresponde?- 2) Costas. Practicado el sorteo conforme al acta obrante a fs.180, dio el siguiente orden de votación: Ministros Dres. JOSÉ RICARDO CÁCERES, LUIS RAÚL CIPPITELLI y JULIO EDUARDO BASTOS. A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cáceres dijo:

A fs. 58/77 vta. el apoderado de Aguas del Valle S.A. promueve demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción e ilegitimidad en contra de la Provincia de Catamarca y el Ente Regulador de Servicios Públicos y Otras Concesiones -EN.RE.-, a fin de que se declare la nulidad del Decreto Nº 1307/05 que denegó el recurso de alzada interpuesto contra diversos actos administrativos emanados del EN.RE. Justifica los recaudos de admisibilidad de la acción, y expresa que a raíz de un reclamo promovido por la Sra. María Agüero, a raíz de la pérdida de agua en la red de distribución que le produjo daños en su inmueble, la Dirección de Denuncias y Reclamos del EN.RE. previo informe, dictó la Disposición D y R Nº 089/04, que ordenó a la concesionaria a realizar las reparaciones necesarias en el inmueble de la usuaria. Contra dicha resolución se interpuso recurso de apelación, que resuelto éste por Resolución N° 094/04 en sentido desfavorable a los intereses de la concesionaria, se dedujo recurso de reconsideración con alzada en subsidio. Que de esa forma se encuentra agotada la vía con el dictado del Decreto Provincial H y F Nº 1307/05 que rechaza el recurso de alzada. Así en lo que hace a los agravios que le causan las decisiones tomadas en sede administrativa que atribuyeron su responsabilidad exclusiva por los daños verificados en la vivienda de la reclamante, expresa la concesionaria, que el error finca en considerar determinante un informe absolutamente subjetivo, parcial, que no detalla las maniobras de inspección, y que ha dejado de lado circunstancias de importancia, como ser la construcción de un solado efectuada por la usuaria sin contar con la autorización de la municipalidad, ello en un sector de terreno destinado a espacio verde que impide el escurrimiento de los desagües pluviales externos y los desagües internos. Que en todo caso el elevadísimo porcentaje de casas que se hunden o de paredes que se agrietan en el Barrio Parque América se produce por defectos en la construcción, o malas condiciones de los terrenos en que se levantaron, que no tienen suficiente capacidad portante, de modo que por ejemplo la acumulación de agua de lluvia durante un tiempo considerable puede provocar también el hundimiento de las construcciones. Por otra parte añade, que no se ha considerado la responsabilidad que se le adjudicara al Instituto Provincial de la Vivienda por las deficiencias y vicios redhibitorios de las construcciones, que ello debió ser informado y tenido en cuenta por el EN.RE., que dicho organismo nunca consideró la actitud de la reclamante -de acudir al I.P.V. en busca de respuestas- por lo que las reparaciones efectuadas por el I.P.V. constituyen un reconocimiento tácito de su responsabilidad, que tampoco se ponderó la denuncia penal que el Estado Provincial efectuó en contra de la Empresa Constructura No.Ru.Zi.. Que por todo ello resulta injusta la responsabilidad que se le atribuye a la concesionaria que no intervino en el tendido de redes ni advirtió pérdida de agua al momento de inspeccionar el domicilio de la reclamante, añadiendo por último que decisiones administrativas del EN.RE. carecen de requisitos esenciales -objeto y procedimiento- lo que apareja su nulidad absoluta. Por último ofrece prueba documental, informativa, y de reconocimiento de firma, funda el derecho, hace reserva del caso federal, y concluye solicitando se declare nulo el Decreto Nº 1307/05 y todas las decisiones anteriores que establecieron la responsabilidad y la consecuente sanción, con costas.

A fs. 82 se declara la jurisdicción y competencia del Tribunal para entender en la presente causa. A fs. 88/91 vta. los apoderados del Estado Provincial al contestar demanda oponen excepción de falta de legitimación pasiva, pues aducen que al ser el EN.RE. una entidad autárquica con capacidad jurídica y patrimonio propio, no corresponde demandar en forma conjunta al Estado Provincial. Seguidamente y en lo que hace a la cuestión de fondo, expresan, que todo se origina por la denuncia que efectúa la Sra. Agüero a causa de la ruptura del caño madre de la red de agua, situada en la vereda del domicilio, lo que produjo importantes daños en la vivienda. Señalan, que la obligación que se le impone a Aguas del Valle de reparar los daños ocasionados, se sustentó en dos informes técnicos, que todo ha sido el resultado de un procedimiento regular donde se han respetado las garantías constitucionales, razón por la que corresponde rechazar la demanda, con costas. A fs. 96/99 vta. el apoderado del EN.RE. al contestar demanda, informa sobre el procedimiento seguido en sede administrativa y que concluyera con el acto que ordenó la reparación de la vivienda de la usuaria. Aduce que la rotura de la conexión domiciliaria y con ello la presencia de agua en el suelo -en todo tipo de terreno- es la que produce los daños en el inmueble de la usuaria y que dichos factores fueron determinantes para atribuir la responsabilidad exclusiva a la concesionaria. Que la construcción de un solado de baldosas no puede ser como esgrime la parte actora la causa del deterioro de la vivienda, pues dicha construcción permite precisamente el escurrimiento de las aguas pluviales. Que la concesionaria debió tener en cuenta la escasa capacidad portante de los terrenos en la zona donde está emplazada la vivienda de la usuaria, para así extremar los cuidados en las condiciones de la red, que era responsabilidad suya el mantenimiento de las instalaciones, por lo que debe hacerse cargo de las consecuencias de las prestaciones. Que así la sanción aplicada devino como consecuencia de un procedimiento regular donde se ha respetado el derecho de defensa. Termina así su responde ofreciendo prueba, y solicitando en definitiva el rechazo de la demanda con costas. A fs. 100 se abre la causa a prueba, sustanciada la misma, a fs. 123 se clausura dicha etapa; luego a fs. 128 la parte actora plantea recurso de reposición contra el decreto que dispone tener por clausurado el período de prueba y por desistida a la parte actora de la prueba informativa ofrecida. Seguidamente a fs. 139/140 se rechaza el recuso interpuesto, agregándose a fs. 147/166 vta. los alegatos de las partes. Luego a fs.168/174 vta. se incorpora el dictamen del Sr. Procurador General de la Corte, con lo que la causa previo llamado de autos se encuentra en estado de ser resuelta. Siendo ello así, estimo conveniente repasar que el conflicto que suscita nuestra competencia revisora se origina con motivo de la obligación de reparar la vivienda de la Sra. Agüero que el EN.RE. le impone a Aguas del Valle una vez determinado que el daño se produce a causa de la pérdida de agua en la conexión domiciliaria o del caño maestro.- La parte actora justifica la competencia del Tribunal señalando que contra el acto del Director de Denuncias y Reclamos del EN.RE., que dispuso la obligación de reparar el daño causado en el inmueble, se interpuso recurso de apelación, que el mismo fue rechazado por el EN.RE. mediante Resolución Nº 094/04, luego contra dicha resolución, deduce la Concesionaria recurso de reconsideración y alzada en subsidio, siendo rechazo el primero "in limine", y elevado el segundo al Poder Ejecutivo Provincial para su tratamiento. De ese modo se arriba al Decreto H y F Nº 1307/04 que rechaza el recurso de alzada, y confirma lo resuelto por el Ente Regulador. Habiéndose agotado la vía administrativa con la interposición y resolución del recurso de alzada previsto en el Art. 123 del C.P.A., creo pertinente tratar como primera cuestión la procedencia o no de la excepción de falta de legitimación pasiva que opone la Provincia, fundada en el carácter de ente autárquico que tiene el EN.RE., con capacidad jurídica, patrimonio propio y por lo tanto responsable directo de los actos que de él emanan, ello de conformidad al Art. 1 de la Ley Nº 4836, que crea el Ente Regulador. Al respecto se afirma, que el mencionado medio impugnativo es un recurso propio de los entes autárquicos que procede contra los actos definitivos de los mismos, ejerciendo el Poder Ejecutivo sólo control de legitimidad. Encuentro que asiste razón al Estado Provincial cuando afirma que solo la regularidad del procedimiento debe examinarse cuando se deduce el recurso de alzada, excluyéndose la revisión de la oportunidad, mérito o conveniencia. Este Tribunal, en supuestos similares, donde se demandó a la Provincia de Catamarca conjuntamente con un ente autárquico, se ha expedido afirmando "...que la resolución del recurso de alzada solamente produce el efecto de control de legalidad, entrañando la supervisión del recurso, la completividad procesal que el acto que se impugna necesita, a fin de producir el agotamiento de la instancia administrativa. Que ello no significa que el acto del ente descentralizado se integre con el acto de control, ni implica por ende identificar el ente autárquico con la Provincia, puesto que aquél conserva la plena capacidad jurídica que le otorga la ley para estar en juicio, y responder en definitiva con su propio patrimonio por los eventuales perjuicios que pueda producir a terceros. Por ello es improcedente la demanda conjunta o demanda directa e individual contra la Provincia o Estado Mayor, pues el demandado debe ser el ente descentralizado: autor y emisor del acto lesivo. La resolución denegatoria del Poder Ejecutivo o Administración central, en un recurso de alzada, sólo tiene por finalidad dejar expedita la vía judicial contra el acto del ente descentralizado..."(Dromi José Roberto, "El Procedimiento Administrativo", págs. 104,105). En atención a ello, y al resultar en forma evidente que en autos se atacan actos emanados del Director de Denuncias y Reclamos del EN.RE. -al que se le debe imputar o atribuir el acto controlado y no al sujeto controlante- y siendo que aquél es un ente autárquico como plena capacidad para estar en juicio, no corresponde traer a juicio al Estado Provincial, por lo que propicio hacer lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva planteada. Resuelta entonces esta primera cuestión, entiendo que el objeto de la impugnación deducida por la ocurrente queda limitada a resolver la nulidad de la Resolución EN.RE. Nº 106/04 mediante el cual se rechaza el recurso de reconsideración interpuesto en contra de la Resolución Directorio EN.RE. Nº 094/04, que rechaza el recurso de apelación incoado contra el acto originario Disposición D y R EN.RE. Nº 089/04 que ordena a Aguas del Valle S.A. a realizar los trabajos necesarios a fin de reparar los daños ocasionados en el inmueble de la Sra. Agüero.

Ahora bien la cuestión a dilucidar gira en torno, a determinar si corresponde confirmar la responsabilidad atribuida a la concesionaria del servicio público por los daños ocasionados en la vivienda de la Sra. María Asunción Aguero en la que se le agrietaron paredes, se le hundieron pisos, etc., o bien los daños se deben a defectos de construcción y en consecuencia la responsabilidad sería de la empresa constructora y del Estado Provincial contratante.

En ese emprendimiento creo pertinente recordar que el recurrente insiste en señalar que las decisiones administrativas adolecen de un error esencial, cual es, haberse fundamentado en informes que no son técnicos, sino parciales, que desconocen dos circunstancias de importancia como ser la construcción efectuada por la reclamante de un solado de baldosas no autorizado por la municipalidad -que le quita capacidad portante al terreno y que impide el escurrimiento de las aguas pluviales- lo que habría ocasionado el daño en la vivienda, y el hecho por todos conocidos del alto porcentaje de casas del Barrio Parque América que se caen por esenciales defectos de construcción. Asimismo con especial énfasis, refiere a la refacción que el Instituto Provincial de la Vivienda efectúa en la vivienda dañada, lo que significa un claro reconocimiento de su responsabilidad. A su turno el apoderado del EN.RE. señala que los informes técnicos que sustentaron el acto que ordenó la reparación a cargo de la concesionaria, han sido terminantes al momento de señalar que la presencia de agua afecta cualquier tipo de suelo utilizado para fundar -dado que implica la pérdida de su capacidad portante-, por lo que se encuentra acreditado el nexo causal entre la presencia de agua derivada de la rotura de la conexión domiciliaria y los daños producidos en la vivienda-. Aduce que las distintas órdenes de trabajo -realizadas los días 24/5/03 y los días 12, 15, 21 y 31 de Diciembre de 2003-, dan cuenta de ello. Que, en el caso de las viviendas de Parque América conforme al informe presentado por la misma concesionaria, se requería extremar las medidas a fin de minimizar las roturas o bien se imponía la pronta reparación dadas las características del suelo limo -arenoso- que exigen un mayor cuidado en las condiciones de la red. Que surge del contrato de concesión, -numeral 3.2.1- Redes Externas y Responsabilidad- la obligación de la concesionaria respecto al mantenimiento de las instalaciones, entre ellas las conexiones domiciliarias.- Expuesta así las cuestiones, he de recordar que los daños que se producen en la vivienda consisten en: hundimiento de la calzada, vereda y piso del espacio verde, fisuras y grietas en el muro de fachada como consecuencia del asentamiento del suelo de fundación de sus paredes portantes. Que resulta un hecho incontrovertido a esta altura del proceso, que existió una conexión domiciliaria responsabilidad de Aguas del Valle S.A. que tuvo una pérdida de agua y que fue reparada en distintas oportunidades. De ello da cuenta las órdenes de trabajo emitidas por la Concesionaria el día 24/05/03 como las emitidas en el transcurso de los días del mes de Diciembre de 2003. Los informes técnicos a su vez coinciden en determinar que el hundimiento del frente de la vivienda, se debe al colapso del suelo y/o pérdida de su capacidad portante provocada por la presencia de agua. Concluye uno de los mismos afirmando, "que como consecuencia de la pérdida de agua de la red en la conexión domiciliaria, ya que debido a su proximidad con la construcción (escasos 2,50 m.) el aporte de la misma produjo una disminución en la capacidad portante del suelo de fundación y el consecuente asentamiento de los pisos y de los cimientos de la pared de fachada, situación ésta que no se habría producido sin la presencia del agua producto de dicha pérdida". Que analizando ello y las constancias que obran en la causa, debo decir coincidiendo con la opinión vertida por el Sr. Procurador de la Corte, que Aguas del Valle no ha logrado acreditar las circunstancias esgrimidas como factores excluyentes de su responsabilidad. Es decir se invoca en su favor, las características del suelo en que está asentada la vivienda dañada, ofreciéndose como prueba dirimente un artículo publicado el día miércoles 08/01/01 en el diario "La Unión" que informa sobre la base de estudios, que el mencionado Barrio Parque América fue asentado sobre terrenos colapsables, que sufrieron un mal procedimiento de compactación. Dicha apreciación que hace el medio periodístico, sin perjuicio de importar una conclusión técnica que escapa a su función, no sirve para exculpar de responsabilidad a la accionante si a la vez no se logra acreditar con elementos de prueba idóneos la veracidad de la información y su respectiva incidencia en los daños producidos. He de advertir que insistentemente en la demanda se hace referencia a un informe que tendría que haber contestado el Instituto Provincial de la Vivienda y del cual surgiría a juicio del recurrente los vicios redhibitorios de las construcciones. Se afirma que las decisiones administrativas han sido emitidas sin tener en cuenta dicho elemento de prueba. Al respecto, cabe apuntar que el oficio remitido al Organismo referido se limita a requerir informe circunstanciado acerca de todas las tramitaciones que existan en el Organismo, respecto de los daños producidos y constatados en el Barrio Parque América, de esta Ciudad. A su vez se solicita la totalidad de las actuaciones administrativas, motivadas en los reclamos de la Sra. María Agüero. Que en la contestación del informe que obra a fs. 121 de estas actuaciones, el Organismo requerido remite tal cual se solicita copia debidamente certificada de las actuaciones tramitadas en Exptes. Letra "D" Nº 1337/03 y L "D" Nº 1685/03 referidos a documentación de la Sra. Agüero María Asunción, del Barrio Parque América II Etapa (210 viviendas). En relación a ello, forzoso es señalar el error en que se incurre cuando a través de la prueba de informes se pretende probar el hecho afirmado en el procedimiento administrativo y sostenido en la demanda como relevante para influir en la decisión final del litigio, sin tener en cuenta que el objeto de la misma está reservado solamente para aquellas cuestiones para las que está destinado, transferir de manera vehicular el conocimiento de un documento, registro o fuente de entidades públicas, privadas o escribanos de registros. No puede servir para incorporar prueba documental fuera del período pertinente, ni tampoco para constituirse en testimonial o pericial indirecta"(Falcón, Enrique M. "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, t. III, p.228). Ello a más de ser un principio por todos conocidos resulta de las actuaciones acompañadas, donde claramente se expresa, a fin de determinar los posibles vicios ocultos causantes de los deterioros, de la necesidad de realizar una correcta auscultación de la vivienda que comprenda distintos pasos entre los que se detallan: 1) ensayos por medio de los cuales se puede conocer las propiedades de los materiales estructurales constituyentes del inmueble, 2) comprobación del grado de compactación del suelo y sus otras propiedades como ser grado de humedad, resistencia a comprensión etc., 3) pruebas hidráulicas en las cañerías tanto básica de desagüe como de provisión de agua. De ello surge entonces, que si el hecho conducente residía en la demostración de los defectos de construcción que presentaba la vivienda de la usuaria, el medio probatorio por excelencia tendría que haber sido aquel que nos brinde los conocimientos especiales que la materia debatida impone. No siendo ello así, ha de soportar la parte a quien correspondía proponer un medio idóneo, las consecuencias adversas que provoca la incertidumbre del hecho controvertido, pues "el aspecto más importante del principio de la carga de la prueba, es quizás el reconocimiento de que es, una regla de juicio dirigida al órgano jurisdiccional, que le señala la forma de dirimir el litigio en el supuesto de que falte la prueba de los hechos que sirven de base a las pretensiones y excepciones en cada proceso.

Pero, simultánea e indirectamente, dicha regla establece qué hechos debe probar cada parte para no resultar perjudicada cuando el juez la aplique (también cuando no haya prueba allegada de oficio o suministrada por la parte contraria, en virtud del principio de adquisición o comunidad de la prueba), puesto que, conforme a ella, la decisión debe ser adversa a quién debía aportarla, es decir, a quién le interesa para evitar las consecuencias perjudiciales".(De Santo, Víctor, "La Prueba Judicial", 2º edición actualizada, pág. 72).

Reparo que en el trámite del procedimiento administrativo la parte recurrente omitió impugnar las dos pericias realizadas por profesionales pertenecientes a la Administración Pública, que en dichas actuaciones no ofreció perito de parte, y que en el trámite de este proceso judicial no propuso dicho medio de prueba.

Que así las cosas, la acreditación de los puntos en disputa no puede ser, como pretende el recurrente, a través de un nota publicada en un medio de comunicación local, ni tampoco mediante el informe técnico que se acompaña a fs. 48/51 que atiende al interés de aquél que lo ha propuesto, y que llega a idéntica conclusión con la vertida en las dos pericias realizadas, de que el hundimiento/asentamiento del frente tiene su origen en el colapso del suelo y/o perdida de su capacidad portante provocada por la presencia de agua. Su punto de divergencia reside en determinar otras fuentes probables de donde podría provenir el agua, apreciación que se justifica si se considera que dicho consultor pone sus conocimientos al servicio de la postura más favorable a quien lo ha contratado. Entiendo así, que la única certeza que se tiene, es que hubo una conexión domiciliaria de agua que perdió un tiempo hasta que fue arreglada. Que ello es un hecho reconocido por la concesionaria y verificado por las dos pericias en que se apoya el acto impugnado, de las que no cabe apartarse si éstas aparecen seriamente fundadas en principios técnicos y científicos. De ahí que se infiera sin mayor esfuerzo, que los daños se debieron al agua en el subsuelo, y la fuente de dicha agua aparezca ligada a los defectos o vicios de la cosa, lo que hace indudable el nexo de causalidad, como para endilgar responsabilidad a la concesionaria. Respecto al resto de los argumentos esgrimidos por el recurrente, habrá que entender que la forma en que se resuelve la presente contienda, lleva a su implícito rechazo. Por lo que no surgiendo de estas actuaciones otro elemento que me lleve a inferir la interrupción del nexo causal entre el daño provocado en la vivienda y el agua proveniente de la rotura de la conexión domiciliaria, encuentro razonable la conclusión enunciada en las decisiones impugnadas, propiciando en consecuencia el rechazo de la acción. Por lo expuesto propongo hacer lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva, interpuesta por los apoderados del Estado Provincial, y disponer el rechazo de la demanda. Así voto. A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cippitelli dijo:

Comparto y adhiero a los fundamentos y solución propiciada por el Sr. Ministro que habilita el Acuerdo y, emito mi voto en esa dirección. Solo voy a permitirme agregar que, respecto de la excepción de falta de legitimación pasiva, deducida por el Estado Provincial, a la luz de la legislación vigente, resulta con meridiana claridad que el En. Re., es una institución de derecho público, y tiene carácter de organismo descentralizado y autárquico (conf. Art. 1º Ley Prov. N° 4836); conforme a ello y en atención a que de las constancias de autos resulta en forma evidente, que en los presentes, se atacan actos administrativos emanados de la competencia exclusiva del Ente regulador, no corresponde traer a juicio al Estado provincial, toda vez que el dictado del Decreto H. y F. Nº 1307/05, por parte del Poder Ejecutivo, solamente produce el efecto de que el mismo ejerza el debido control de legalidad, sin que ello implique identificar al ente autárquico con la provincia, puesto que aquél conserva la plena capacidad jurídica que le otorga la ley para estar en juicio y responder, en definitiva, con su propio patrimonio por los eventuales perjuicios, que pueda producir a terceros. En tal sentido es oportuno precisar que por la Ley de creación del En.Re., -4836- el ente efectivamente tiene estos atributos, -goza de autarquía y tiene plena capacidad jurídica para actuar en ámbitos del derecho público y privado-, entonces, si se cuestiona un acto o un comportamiento de un ente descentralizado, el sujeto pasivo debe ser ese ente, aun cuando, es organismo público y forma parte del Estado. En esta línea de pensamiento, no existe identidad con el sujeto Estado Provincial, por que la descentralización administrativa se confiere, precisamente, para actuar como sujeto con personalidad propia diferente de la que tiene éste. Oportuno es señalar que el control que ejerce el Poder Ejecutivo sobre los entes descentralizados y que lo habilita para revocar o modificar sus actos, -si bien con algunas limitaciones- no cambia las cosas.

Que ello es así pues, mientras la cuestión se sustancie en sede administrativa, el órgano superior puede ejercer el control jerárquico; pero, cuando el ente descentralizado es demandado ante la justicia cesa ese control y nada puede hacer dentro del juicio contencioso administrativo. De tal modo que, el hecho de haber autorizado o aprobado el Poder Ejecutivo actos dictados por el ente descentralizado no modifica la imputación de la voluntad, son actos del ente y no del Estado. En concordancia con ello, en caso de que la intervención de la Alzada, sea confirmatorio o aprobatorio del acto del ente, en general, la doctrina es conteste en admitir que el demandado debe ser exclusivamente, la entidad cuyo acto fue confirmado, puesto que el acto confirmado se imputa o atribuye al ente que lo dicta y no al que lo controla, por lo que debe hacerse lugar a la excepción planteada por el Ejecutivo Provincial. Por otra parte respecto al fondo de la cuestión, esto es el planteamiento de nulidad de la Disposición D. y R. Nº 089/04 y de las Resoluciones de Directorio Nº 094/04 y Nº 106/04, y del Decreto H y F Nº 1307/05, reitero mi adhesión a los fundamentos y conclusiones expresadas por el Sr. Ministro preopinante y en consecuencia voto en igual sentido, por el rechazo a la acción entablada. A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Bastos dijo:

Que adhiero al fundamento y solución propiciada por los Sres. Ministros que me anteceden, por lo que voto en el mismo sentido.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cáceres dijo:

Conforme se resuelve la primera cuestión planteada, corresponde que las costas sean soportadas por la parte actora que resulta vencida. A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cippitelli dijo:

Con costas a la vencida. A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Bastos dijo:

Que una vez mas adhiero a la conclusión expuesta por los Sres. Ministros, para la solución de la presente cuestión, votando en igual sentido. Con lo que se dio por terminado el acto, quedando Acordada la siguiente sentencia, doy fe. Fdo: Dres. Luis Raúl Cippitelli (Presidente), José Ricardo Cáceres (Ministro), Julio Eduardo Bastos (Ministro) y Esc. Elsa Lucrecia Arce (Secretaria - Corte de Justicia). San Fernando del Valle de Catamarca, 18 de Marzo de 2009.- Y VISTOS:

En mérito al Acuerdo de Ministros que antecede y por unanimidad de votos, LA CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA RESUELVE:

1) Hacer lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por el Estado Provincial. 2) Disponer el rechazo de la demanda contencioso administrativa planteada en autos. 3) Con costas a la parte actora que resulta vencida.

4) Diferir la regulación de honorarios hasta tanto exista base suficiente para ello. 5) Protocolícese, hágase saber y oportunamente archívense.

Fdo: Dres. Luis Raúl Cippitelli (Presidente), José Ricardo Cáceres (Ministro), Julio Eduardo Bastos (Ministro) y Esc. Elsa Lucrecia Arce (Secretaria - Corte de Justicia).