Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-12-09


AUTOS Nº 21.921 (131988-3° JUZ. CIVIL) caratulados: "PORCHE SOCIEDAD ANÓNIMA S/ Prescripción Adquisitiva".

En la Ciudad de San Juan, a 09 días de diciembre del año dos mil catorce, reunidos en la SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL y MINERÍA DE SAN JUAN, el Dr. GILBERTO RIVEROS y el Dr. JUAN JOSÉ VICTORIA a fin de celebrar acuerdo sobre el recurso de apelación que se interpusiera a fs. 64/66 de los AUTOS Nº 21.921 (131988-3° JUZ. CIVIL) caratulados: "PORCHE SOCIEDAD ANÓNIMA S/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA", contra la providencia dictada en fecha 22 de julio de 2014 obrante a fs. 63 de estos autos originarios del Tercer Juzgado Civil, Comercial y Minería de San Juan; recurso que una vez concedido tuviera la debida sustanciación. Seguidamente se fijan las cuestiones que deben considerarse en el orden que sigue: 1° Cuestión: ¿Es adecuada a derecho la resolución venida en recurso? 2° Cuestión: En su caso; ¿qué pronunciamiento corresponde en definitiva? A la Primer Cuestión: El Dr. GILBERTO RIVEROS dijo:

I- El caso.

La Provincia de San Juan, por medio de su apoderada, Dra. Graciela Gómez, a fs. 61; y ante la citación efectuada a fs. 58, solicitó la aplicación al proceso de la ley 8236, requirió se efectúe la comunicación previa al Estado Provincial, la suspensión del proceso y el cumplimiento de la etapa de mediación. En subsidio contestó la vista conferida y solicitó se le corra traslado de la demanda.

Ante ello, el a quo dictó la providencia recurrida de fecha 22 de julio de 2014 que dice: "SAN JUAN, 22 de julio de 2014. Agréguese cédula acompañada. Téngase a la Provincia de San Juan por presentada y domiciliada. A la aplicación de la ley 7675 modificada por la ley 8236, en tanto la presente causa se encuentra excluida de sus disposiciones ( Conf. art. 3 inc. 1° de la ley 7675), no ha lugar. A lo demás, atento a la denuncia de interés fiscal comprometido en base al informe del Departamento de Hidráulica de fs. 28 y lo dispuesto por el art. 677 inc. 4° del C.P.C., córrasele traslado de la demanda a la Provincia de San Juan, en los términos del proveído de fs. 54." La Provincia de San Juan interpuso recurso de reposición con apelación en subsidio, contra la parte del citado decreto que dispuso la no aplicación de la ley 7675 por encontrarse la causa excluida de sus disposiciones de conformidad con lo dispuesto por el art. 3 inc. 1° de la ley 7675.

En fecha 14 de agosto de 2014, el a quo dictó resolución por la que rechazó el recurso de reposición, concedió la apelación subsidiaria y ordenó la sustanciación del recurso. Para ello sostuvo, que en la presente causa se pretende la adquisición del dominio por uno de los medios utilizados por la ley, lo que no resulta asimilable a la "obligación de dar una cosa" como pretende la apelante a los fines de la aplicación de la ley 7675. Por otro lado, consideró que se encuentra comprometido el derecho de propiedad, con afectación del orden público, por lo que las partes no pueden transigir al respecto con cita del art. 4 de la ley 7675. Por ello, no resulta de aplicación dicha norma y sus modificatorias.

En fecha 10 de septiembre de 2014, el a quo dictó sentencia por la que hizo lugar al pedido de aclaratoria formulado por la Provincia de San Juan. Para ello sostuvo que el art. 286 del C.P.C. resulta de aplicación a la causa.

El apelante funda su primer agravio en que existe contradicción entre el decreto atacado y las restantes providencias dictadas durante el desarrollo de la causa obrantes a fs. 34, 36 y 58 que tuvieron por iniciada la presente acción de prescripción adquisitiva, imprimieron el trámite abreviado a la causa (arts. 455 y 677 del C.P.C.) y ordenaron dar intervención a la Provincia de San Juan por el término de diez días de conformidad con lo dispuesto por el art. 19 de la ley 8236. Sostiene que dicha norma modifica la ley 7675.

Afirma que la prescripción adquisitiva, no queda comprendida en la excepción del art. 3 inc. 1 de la ley 7967, ya que tiene como efecto inmediato declarar adquirido un inmueble, o sea implica dar una cosa a su dueño en calidad de tal.

Por último, considera que no resulta de aplicación el art. 286 del C.P.C. Expresa que no se trata de un proceso meramente declarativo, por no cumplirse con los extremos de la norma citada y por tener un procedimiento específico.

El actor contestó la expresión de agravios a fs. 78/79, solicitando su rechazo, conforme los argumentos allí vertidos.

Tratamiento de los agravios:

I- La intervención del Estado Provincial en el proceso de prescripción adquisitiva se da ante la existencia de interés fiscal según lo dispuesto por la ley 14.159 art. 24 inc. d. modificado por el dec. ley 576/58.

Por su parte, nuestra ley de rito en su art. 677 impone el trámite abreviado cuando se trata de probar la adquisición de dominio de inmuebles por posesión, previendo la intervención de la Provincia en el supuesto de encontrarse afectados intereses fiscales (inc. 2 y 4). En tal supuesto, se debe correr traslado de la demanda al Estado Provincial (art. 679 del C.P.C.).

La ley 7675 y modificatorias, establece el procedimiento a seguir en las "causas judiciales en las que el Estado Provincial", sus entes descentralizados y empresas o sociedades del Estado sean parte como actor, demandado o tercero voluntario u obligado. Determina en su artículo 2° las acciones incluidas en su regulación y en su art. 3° enumera aquellas exceptuadas; entre las cuales contempla las meramente declarativas cuyo resultado mediato no implique obligación de dar sumas de dinero o cosas.

La ley 8236 modificó en forma parcial la citada norma en sus arts. 12 y 19. El primero de ellos, estableció, que promovido el juicio respectivo de conformidad al supuesto del artículo anterior (causas comprendidas en el art. 2° de la norma, en las que haya fracasado el trámite de la mediación previa obligatoria) deberá efectuarse, previo a correr traslado de la demanda, la "comunicación previa" al Fiscal de Estado de la Provincia de San Juan, mediante oficio; contemplando allí el trámite a seguir. Dispone también, que tal comunicación rige para las causas identificadas en el art. 3° inc. a y b de la ley 7675 modificada por ley 7967.

En su art. 19 la ley 7675 y modificatorias, prevé plazos especiales en los casos en que el Estado Provincial sea parte en cualquiera de las calidades indicadas en el art. 1°, en los supuestos que enuncia. En su inc. "l", contempla el plazo de diez días por los que el juez deberá dar vista al Fiscal de Estado de la Provincia de la demanda de posesión adquisitiva, referida en el art. 677 del C.P.C. a fin de que exprese si en el proceso se encuentran afectados derechos e intereses del Estado provincial y, eventualmente tome participación suspendiéndose el curso del proceso en el transcurso del referido plazo o hasta el comparendo de la Provincia referido en el art. 677 inc. 2° del C.P.C.

Ahora bien, sentada la normativa aplicable a la presente acción, cabe determinar si la causa se encuentra comprendida en la excepción del art. 3 de la ley 7675 y modificatorias, a efectos de analizar los agravios propuestos.

II- La acción de prescripción adquisitiva de dominio es legal y no dependiente de la voluntad de los particulares. La adquisición se produce por la posesión continua, con los elementos característicos que marca la ley y por el plazo que la misma exige. La adquisición por ende surge de la ley cuando se dan las condiciones de su procedencia. La intervención judicial mediante el proceso de usucapión lleva a la comprobación de aquellas condiciones y en su caso, al dictado de una sentencia declarativa que da fehaciencia de tales antecedentes y logra la publicidad de la situación adquirida mediante la inscripción registral.

Si bien es declarativa la sentencia que recae en el proceso de adquisición del dominio por usucapión, en cuanto se limita a verificar una situación jurídica sin agregar nada que no haya existido antes de ella; sus efectos revisten gran trascendencia, que la alejan de ser "meramente declarativa", ya que una sentencia favorable en el juicio de usucapión, implica el reconocimiento y declaración del derecho real de dominio por parte del poseedor; y consecuentemente, por aplicación del carácter de exclusividad previsto por el art. 2508 del Cód. Civ, su pérdida para el anterior titular registral; es decir, produce la modificación del estado jurídico anterior en que se encuentra el accionado. La acción se desarrolla en un proceso contradictorio y plenario, pues a partir de la fecha de la inscripción en el Registro de la propiedad, aquélla tiene efectos sobre todos aquellos que tienen un interés sobre la cosa objeto del juicio; la sentencia produce efectos de "cosa juzgada material" y es oponible "erga omnes".

"La sentencia tiene el doble carácter y efecto, según hemos visto, de ser declarativa de la extinción del dominio anterior y de todo otro derecho real constituido sobre la cosa...; y constitutiva del nuevo dominio adquirido por ese modo originario por el usucapiente (art. 4015 del Cód. Civ.) que sólo y recién nace por efecto de la sentencia devenida firme, la cual constituye para el usucapiente su título de propiedad..." (conf. Lloveras, Antonio Rodolfo "El título de Propiedad Inmobiliaria en el Derecho Argentino; pág. 85; en igual sentido, pág. 81,82).

"El dominio se adquiere por la prescripción y no por la sentencia que la declara; y correlativamente, el anterior propietario pierde su derecho porque otra persona ha poseído ejerciendo de hecho el dominio sobre el inmueble durante el término y bajo las condiciones legales.

Ocurre que el tráfico jurídico requiere que quien haya usucapido tenga un título en sentido instrumental que le permita disponer jurídicamente del inmueble, y es por ello que debe acudir al proceso de usucapión, en busca de una sentencia que declare adquirido el dominio y en adelante cumpla las veces de ese título" (Arean, B., Juicio de Usucapión. Hammurabi, 1992, pág. 319- cfr. Jurisprudencia de la Nación- Cámara Civil y Comercial Común - Sala 1-CRUZ DANIELA ROMINA c/ ASOCIACIÓN CIVIL COMUNIDAD AMAICHA DEL VALLE s/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA, Fecha: 25/08/2014, Sentencia N°: 346, 1. Lex Doctor 9.1).

La acción tendiente a adquirir el dominio de inmuebles por usucapión, es típicamente declarativa, en el sentido reconocido por la doctrina tradicional. Sin perjuicio de ello, participa, igualmente de los caracteres de las acciones constitutivas, en tanto apunta al reconocimiento, constatación y constitución, a favor del usucapiente, de un título supletorio de dominio oponible a los contradictores en el proceso y aun a los terceros, citados a hacer valer sus derechos sobre el inmueble (cfr. Morello A. Cód. Proc. Civ. Com. Cdto.. T° VII-B, pág. 303). "Las sentencias declarativas son aquellas que a través de la declaración del derecho eliminan la falta de certeza sobre la existencia, eficacia, modalidad o interpretación de una relación o estado jurídico". (cfr. autor y ob. cit T° II-C pág. 98) En virtud de lo expresado, dadas las características y el alcance que reviste la sentencia que se dicte en los procesos de usucapión, considero que dicha acción, no se encuentra comprendida en la excepción del art. 3 inc. a de la ley 7675 y modificatorias, por no ser una acción "meramente declarativa" de las allí previstas.

III-Del desarrollo de la causa, se advierte que la Provincia de San Juan fue citada a fs. 58 a tomar intervención "por si hubiere interés fiscal comprometido", en el plazo de diez días, de conformidad con lo dispuesto por el art. 19 de la ley 7675 modificada por ley 8236.

Ante ello, la apoderada de la Provincia de San Juan, a fs. 61 y previo al dictado del decreto recurrido, solicitó la aplicación de la ley 8236. Así, requirió se efectúe la comunicación previa al Estado con los recaudos allí previstos, la suspensión del curso del proceso y el sometimiento del juicio a la etapa de mediación; y una vez cumplido ello, solicitó se corra traslado de la demanda.

El a quo dictó el decreto atacado y denegó la aplicación de las normas solicitadas por encontrarse la causa excluida de sus disposiciones (art. 3 inc. 1° ley 7675) y citó a la Provincia de San Juan, en razón de existir interés fiscal comprometido, ello, en base al informe del Departamento de Hidráulica de fs. 28. Como consecuencia, Fiscalía de Estado por medio de su apoderada, interpuso el recurso de reposición, motivo de análisis.

De lo expresado y en razón de no encontrarse comprendida la presente acción en las excepciones previstas por el art. 3 de la citada norma, corresponde se aplique las disposiciones de la ley 7675 en las partes en que la presente acción cae bajo su regulación. Por ello, le asiste razón al apelante, al sostener que existe contradicción entre el decreto atacado que denegó la aplicación de la ley 7675 y los anteriores que imprimieron el trámite abreviado y citaron a la Provincia de San Juan por existir interés fiscal comprometido en los términos de la ley 8236. Corresponde en consecuencia, revocar dicha parte del decreto atacado y proveer de conformidad a lo peticionado por la Provincia de San Juan en cuanto al cumplimiento del trámite impreso por la citada norma en su artículo 12.

IV- Tal como lo expuse al tratar los agravios anteriores, si bien la sentencia que se dicta en el proceso de usucapión es declarativa, no encuadra en los presupuestos de procedencia previstos por el art. 286 del C.P.C. Tal norma exige la concurrencia de dos requisitos: -un estado de incertidumbre sobre la existencia o modalidad de una relación jurídica y; -la existencia de un interés jurídico suficiente, en el sentido de que el estado de incertidumbre cause un perjuicio al actor que sólo el órgano jurisdiccional debe cancelar, pues de lo contrario sufriría un daño material, espiritual o moral.

El interés del actor en las pretensiones de mera certeza, radica en remover el estado de incertidumbre mediante una declaración judicial. "El interés consiste en una situación de hecho tal, que el actor sin la declaración se presenta para evitar ese daño" (Salgado A.J. "Juicio de Amparo y Acción de inconstitucionalidad" Ed. Astrea, pág. 206).

Tales recaudos, en cambio, no se dan en la acción la prescripción adquisitiva, la que se desarrolla en un proceso contradictorio y plenario, que tiene un trámite específico dado por el art. 677 y siguientes del C.P.C. Se trata de un proceso contradictorio por medio del cual, el actor adquiere la propiedad de la cosa no a partir del día en que se obtiene un reconocimiento judicial de ello, ni tampoco desde el día en que la prescripción quedó cumplida, sino que sus efectos se retrotraen al día que se inició la posesión.

Tal como sostuve la prescripción adquisitiva de dominio es legal. El derecho real nace en cabeza del usucapiente antes de promover la acción, pues es la conjunción de la posesión más el tiempo lo que determina la adquisición. La intervención judicial mediante el proceso de usucapión lleva a la comprobación de aquellas condiciones y en su caso, al dictado de una sentencia declarativa que da fehaciencia de tales antecedentes, logra la publicidad de la situación adquirida mediante la inscripción registral, dándole al dueño el título en sentido instrumental, que le permitirá en adelante realizar actos de disposición jurídica que integran el contenido de su derecho; y correlativamente produce la extinción del derecho del anterior propietario. Son tales alcances y la trascendencia de los efectos jurídicos de la sentencia lo que impide encuadrarla en la norma del art. 286 del C.P.C. Por ello, opino que este agravio debe ser admitido.

La presente acción es declarativa y cae dentro de la órbita de aplicación de la ley 7675, por lo que debe ordenarse el cumplimiento del trámite por ella impuesto. Tiene allí, una regulación específica dada por el art. 19 inc. "l" de la ley 7675 (modif. ley 8236), por ende no se encuentra excluída del trámite impuesto por el art. 12 de la ley 7675, en cuanto a la necesidad de la comunicación previa a correr traslado de la demanda, suspensión del proceso y sometimiento a "mediación".

V- Por último, considero que el argumento del sentenciante referido a que el Estado Provincial no puede transigir respecto del inmueble objeto de la acción por encontrarse afectado el orden público, no resulta ajustado a derecho. Ello, en tanto que en el caso de autos, el actor denuncia que el inmueble carece de inscripción de dominio; siendo así y en el supuesto que carezca de título particular, el inmueble quedaría comprendido en lo normado por el art. 2342 inc. 1 del Cód. Civ., perteneciendo al dominio privado del Estado Provincial. Por ello la Provincia de San Juan se encontrará sometida a las mismas prescripciones que los particulares en cuanto a sus bienes, (art. 3951 del Cód. Civ.), pudiendo en consecuencia, en igualdad de condiciones respecto del referido inmueble.

En virtud de lo expresado, propicio por admitir el recurso interpuesto por la Provincia de San Juan. Lo que así voto.

El Dr. JUAN JOSÉ VICTORIA dijo:

Por los fundamentos expresados por el Magistrado que me precede en el orden de votación, voto en sentido concordante.

2da. CUESTIÓN: El DR. GILBERTO RIVEROS, dijo:

En mérito a la votación que antecede corresponde: Admitir el recurso de apelación articulado contra el decreto de fecha 22 de julio de 2014, obrante a fs. 63, el que se revoca en la parte apelada, ordenándose se cumpla con el trámite previsto por el art. 12 de la ley 7675 y modificatorias, de conformidad a lo peticionado por la Provincia de San Juan. Las costas de esta instancia se imponen al actor vencido.

El Dr. JUAN JOSÉ VICTORIA dijo:

Por iguales razones, voto en el mismo sentido.

Por ello, y lo acordado precedentemente, SE RESUELVE:

Admitir el recurso de apelación articulado contra el decreto de fecha 22 de julio de 2014, obrante a fs. 63, el que se revoca en la parte apelada, ordenándose se cumpla con el trámite previsto por el art. 12 de la ley 7675 y modificatorias, de conformidad a lo peticionado por la Provincia de San Juan. Las costas de esta instancia se imponen al actor vencido.

Protocolícese, notifíquese en debida forma, y bajen los autos al Juzgado de origen.

PROTOCOLO: L. de A ; T° II-2014; F°192/197; FECHA:9 de diciembre de 2014 DRES.RIVEROS-VICTORIA