Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-07-30


SENT Nro. 543 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 30 DE JULIO de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, René Mario Goane y Alfredo Carlos Dato, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en autos: "Benavidez, Juan Carlos vs. Vicente Trapani S.A. s/Indemnizaciones".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Alfredo Carlos Dato, René Mario Goane y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Alfredo Carlos Dato, dijo:

1.- Contra la sentencia dictada por la Sala II de la Excma. Cámara del Trabajo el 14/3/2002 (fs. 463/465), la parte demandada dedujo recurso de casación, el que fue concedido mediante resolución del 30/12/2002 (fs. 497). Consta en informe actuarial de fs. 517 que ninguna de las partes ha presentado el memorial del art. 137 del CPTT.

2.- La sentencia hizo lugar a la demanda interpuesta por el actor en contra de Vicente Trapani S.A., condenándola al pago de la suma de $15.436,32 en concepto de indemnización por accidente de trabajo; rechazó la demanda por los rubros indemnización por extinción del contrato de trabajo, diferencias salariales y por asignaciones; e impuso las costas del juicio a la parte demandada.

El Tribunal consideró que las partes reconocieron la relación laboral y el acaecimiento del accidente en el lugar de trabajo, discrepando acerca de la responsabilidad del empleador, quien argumentó la existencia de culpa grave del trabajador basada en su desobediencia a las órdenes impartidas.

Seguidamente, analizó las declaraciones testimoniales producidas en el cuaderno de pruebas nº 5 de la parte actora, señalando que ellos no resuelven de modo objetivo la asignación de tareas, sus características y otras circunstancias que detalla el fallo, las que considera necesarias para extraer de dichas exposiciones una certeza asertiva sobre la extralimitación del actor a las órdenes impartidas.

Finaliza el fallo en que las apreciaciones de negligencia aportadas por los testigos, al no agregar más elementos de hecho que lleguen a la culpa grave, resultan insuficientes para configurar la eximente prevista en el art. 7 de la ley 24.028.

3.- Denuncia el recurrente que el actor incurrió en pluspetición inexcusable al reclamar una indemnización del 100% de su incapacidad laboral, sabiendo que la misma es imposible. De ello, infiere que existen méritos para eximir a su mandante del pago de la totalidad de las costas según lo establece el art. 106 inc. 1º CPCC, debido a que el actor demandó por una suma excesiva conforme surge de la demanda.

Por otro lado, sostiene que es arbitrario el apartamiento de la sentencia de los dichos vertidos por los testigos propuestos, entendiendo que el juez incurrió en un exceso de rigorismo probatorio al exigir dichos excesivamente puntillosos de los testigos que depusieron. Asevera que es incorrecto el modo de interpretar las pruebas de autos, ya que el sentenciante exige elementos que no le hacen falta, pues con lo que el expediente reúne son suficientes.

Manifiesta que corren en su ayuda dos elementos, el primero de ellos la ausencia de prueba en contrario de parte del actor, y en segundo término la eficacia probatoria de sus testigos, que han declarado coincidentemente sobre la culpa suficiente del tractorista Benavides, y destaca que estos dos puntos fueron descalificados por exceso de prurito protectorio del trabajador.

4.- El recurso ha sido interpuesto en el término que prevé el art. 132 CPTT, se dirige contra sentencia definitiva (art. 130 CPTT), y se cumplió con el afianzamiento del art. 133 CPTT.

En orden al motivo y suficiencia de la casación intentada, los agravios expuestos en segundo término por el recurrente se dirigen a atacar la valoración de los testimonios efectuada por la Cámara, en mérito a la cual determinó la falta de prueba de la culpa grave del actor invocada por el demandado como causal eximente de su responsabilidad, lo que constituye una cuestión de carácter eminentemente fáctico vinculado a la valoración de las pruebas de la causa, aspecto éste del pronunciamiento que resulta privativo de las instancias de grado, a menos que se demuestre con argumentos bastantes el vicio de arbitrariedad del pronunciamiento.

En concreta referencia al análisis que efectuado por la sentencia acerca de las testimoniales producidas, la Cámara hizo mención a una serie de circunstancias que no fueron referidas por los testigos a las que considera necesarias para extraer de sus exposiciones una certeza asertiva sobre la extralimitación a las ordenes impartidas, concluyendo en que las apreciaciones sobre negligencia aportadas por los testigos, al no agregar más elementos de hecho que lleguen a la culpa grave, resultan insuficientes para acreditar el supuesto eximente previsto por el art. 7 de la ley 24.028.

De allí que lo que el recurrente considera un exceso de rigorismo probatorio, en realidad constituyen cuestiones que la Cámara entendió que debieron ser abordadas por los testigos a fin de formar la convicción del tribunal acerca de que se configuró el supuesto eximente de responsabilidad invocado por el demandado.

Lo precedentemente expuesto, permite sostener que el recurrente no ha logrado demostrar suficientemente arbitrariedad en el pronunciamiento, toda vez que su agravio únicamente evidencia su discrepancia con el valor asignado por el tribunal a las pruebas testimoniales producidas en el cuaderno nº 5 del actor, en orden a la acreditación de la culpa grave de la víctima como supuesto eximente de la responsabilidad del empleador por los daños derivados del accidente de trabajo ocurrido.

En concreta relación a este tema, esta Corte tiene dicho que "Bueno es recordar que la aptitud de las pruebas testimoniales brindadas y su credibilidad, constituyen aspectos fácticos reservados al juicio prudencial del juez de mérito a quien corresponde, en definitiva valorar sobre su sinceridad y alcance probatorios; de otra parte, la arbitrariedad se configura cuando la operación intelectual desarrollada en la sentencia carece de bases aceptables, con arreglo a los preceptos legales que gobiernan la valoración de las pruebas, o cuando se prescinde de pruebas esenciales, pudiéndose concluir que estas situaciones no se verifican en autos, ya que las críticas referidas a la valoración que el tribunal efectuó de las declaraciones testimoniales sólo traducen una discrepancia con el valor probatorio asignado a las mismas, siendo este tópico insusceptible de revisión en esta instancia en razón de su naturaleza fáctica" (CSJTuc., in re "Fernández Susana del Valle vs. La Posta de los Arrieros s/ cobros", sentencia nº 360 del 24/5/99).

Consecuentemente, el carácter fáctico de la cuestión traída en casación y la insuficiente denuncia de arbitrariedad, determinan la inadmisibilidad del recurso de casación en este punto.

El restante agravio vinculado a las costas ha sido suficientemente expuesto y resulta aprehendido por el supuesto del art. 131 inc. a) CPTT, por lo que corresponde entrar a analizar la procedencia o no del planteo.

5.- El fallo impuso la totalidad de las costas a la demandada, citando la norma del art. 106 del Código Procesal Civil y Comercial.

El recurrente denuncia sustancialmente que la imposición de costas efectuada por la sentencia es arbitraria e infundada al condenar a su parte a abonarlas en su totalidad, y solicita que las mismas sean distribuidas entre ambas partes.

Adentrándonos en el análisis de las concretas circunstancias de la causa, la demanda ha prosperado únicamente por lo peticionado en concepto de indemnización por accidente de trabajo por $15.436,32 comprensivos de capital ($6.397,74) e intereses ($9.038,58), suma ésta que resulta indudablemente menor a los $19.959,87 reclamados en la demanda sólo en concepto de capital, debiéndose señalar además que los rubros indemnización por extinción del contrato de trabajo, diferencias salariales y de asignaciones, fueron rechazados por la resolución impugnada.

Las circunstancias destacadas en el párrafo precedente, permiten sostener que el presente caso no resulta subsumido en el art. 106 del CPCC como lo vislumbra el fallo, sino que advirtiéndose la incontrastable existencia de vencimientos recíprocos entre ambos litigantes, la situación ha quedado aprehendida por el art. 109 CPCC, de aplicación supletoria al caso por expresa remisión del art. 49 CPTT.

Al respecto, esta Corte recientemente dijo que "Debe descalificarse como acto jurisdiccional válido, la sentencia que ante un supuesto de vencimientos recíprocos (art. 109 CPCC), impone las costas haciendo aplicación del artículo 106 de dicho digesto de rito, efectuando una distribución arbitraria de los gastos causídicos, que no se compadece con las prescripciones de aquella norma" (CSJTuc., in re "Ojeda Miguel Eduardo vs. Pérez Juan Carlos s/ cobros", sentencia nº 25 del 11/02/2003).

En mérito a lo expuesto, corresponde casar parcialmente la sentencia en recurso, conforme a la siguiente doctrina legal: "Infringe el art. 109 CPCC, la sentencia que impone las costas íntegramente a la demandada, cuando el resultado del juicio es parcialmente favorable para ambos litigantes y el éxito obtenido por la accionada no aparece insignificante con relación al del actor", disponiéndose sustitutivamente al punto III del pronunciamiento impugnado: "III.- Las costas del juicio se distribuyen del siguiente modo: El actor soportará un 50% de las generadas por su parte, y el resto de las costas deberá ser afrontado por el demandado (arts. 49 CPTT y 106 inc. 1° CPCC)".

6.- Las costas del recurso se distribuyen por el orden causado (arts. 49 CPTT y 106 inc. 1° CPCC).

Los señores vocales doctores René Mario Goane y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- DECLARAR PARCIALMENTE MAL CONCEDIDO por el agravio analizado en el punto 4) de los considerandos, al recurso de casación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia dictada por la Sala II de la Excma. Cámara del Trabajo el 14/3/2002.

II.- HACER LUGAR PARCIALMENTE al recurso de casación deducido por la accionada en contra de la sentencia del 14/3/2002, y en consecuencia CASAR parcialmente la misma en base a la doctrina legal sentada en el punto 5) de los considerandos; disponiendo sustitutivamente al punto III del fallo: "III.- Las costas del juicio se distribuyen del siguiente modo: El actor soportará un 50% de las generadas por su parte, y el resto de las costas deberá ser afrontado por el demandado (arts. 49 CPTT y 106 inc. 1° CPCC)".

III.- COSTAS del recurso conforme se considera.

IV.- DIFERIR regulación de honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR RENE MARIO GOANE ALFREDO CARLOS DATO