Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-11-09


CAUSA Nº 28833-00-CC/2006, caratulada "SUAREZ, Héctor Eduardo s/ Amparo".

En la Ciudad de Buenos Aires a los 9 días del mes de Noviembre de 2006 se reúnen en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Marcela De Langhe, Pablo Bacigalupo y Fernando Bosch, para resolver la presente causa.

Y VISTOS:

Motiva la intervención de este estrado el recurso de apelación interpuesto a fs. 250/251 por Héctor Eduardo Suárez, con el patrocinio letrado de la Clara Rosa Sklar, contra la resolución de fs. 240/245 en cuanto no hace lugar a la acción de amparo promovida por el nombrado, sin costas.

Conferido el traslado respectivo a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se presenta a fs. 259/261 y solicita se confirme el pronunciamiento recurrido.

Escuchado el Sr. Fiscal de Cámara a fs. 263/265 dictamina que corresponde rechazar la vía procesal en examen y confirmar la decisión apelada, conforme a los fundamentos que desarrolla en la presentación referida.

Cumplidos los plazos procesales pertinentes, se encuentran las actuaciones en condiciones de ser resueltas.

Y CONSIDERANDO:

I.- Primigeniamente cabe precisar que la ley de aplicación en los procesos de amparo que tramiten por ante la Justicia de la Ciudad es la N° 16.986. En este sentido el Máximo Tribunal citadino, en la causa 306/00, "Rodríguez Barrios, María Sixta c/GCBA s/amparo s/recurso de queja por denegación de recurso de inconstitucionalidad" resuelta el 31/05/00, ha señalado que "una de las características propias de la acción de amparo es su carácter expedito y rápido. Así lo establece con claridad el art. 14 de la Constitución de la Ciudad, que reglamenta la acción de manera suficientemente detallada y que debe ser el marco en el cual corresponde interpretar y aplicar la ley 16986".

Precisado ello, la admisibilidad del remedio impugnaticio deberá ser analizada a la luz del art. 15 de dicha legislación.

Puestos a decidir sobre la cuestión entiende la Sala que de conformidad con lo señalado por el más alto Tribunal de la Nación, los plazos en horas comienzan a correr desde el momento en que se ha practicado la notificación y se computan hora a hora (conf. Fallos 44:238; 80:164 y 181:241, entre otros) sin contar días feriados o inhábiles.

Sin embargo, se desprende del expediente que la notificación del pronunciamiento en crisis se practicó el 27 de Octubre del corriente a las 18:26 hs.- ver fs. 247/vta- y el escrito de apelación posee cargo fechador del "32" de Octubre a las 10:13 hs. (ver fs. 251 vta.) -fecha ésta, producto seguramente de un error mecánico en el cargo fechador, la que cabe por lógica hacer coincidir con el primer acto jurisdiccional inmediato posterior del día "1º de noviembre de 2006".

Frente al panorama descripto, consideramos que la presentación ha sido temporánea y que, consecuentemente, ha sido deducido en tiempo y forma.

Ello así por cuanto si bien quedó sentado que los plazos en horas se computan hora a hora, no es menos cierto que en aquellos supuestos en que el vencimiento opera en tiempo inhábil -recordemos que en el legajo la Causa Nº 28833-00-CC/2006. Sala II.

notificación se practicó a las 18:26.- automáticamente corresponde aplicar el plazo de gracia establecido en el art. 124 del C.P.C.C. de la nación, ya que de respetarse a rajatablas aquella regla general de hecho importaría una "reducción" de las 48 hs. respecto de aquellos que fueron notificados fuera del horario de oficina (en igual sentido nos expedimos en la causa nº 36-00-CC/2005, caratulada "Lazarte, Lirio René c/GCBA s/amparo", del 04/03/05).

II.- La acción de amparo opera como vía excepcional, de aplicación sumamente restrictiva, que procede contra actos u omisiones del poder público que en forma actual o inminente lesionen o restrinjan derechos consagrados constitucionalmente, y para cuya interposición deben ser observados un cúmulo de requisitos que lo hagan viable, pues dichos recaudos se basan en la necesidad que los extremos violatorios del acto administrativo cuestionado estén debidamente acreditados en sí mismos, esto es, que surjan prístinamente de los hechos expuestos o a través de elementos probatorios que se caracterizan por la simpleza de su producción -conf. causas del registro de esta Sala, N° 029-00-CC/2004, del 19/02/2004 y N° 337-00-2004, del 7/10/04).

Aclarado ello y abocados al análisis del tema que nos convoca, corresponde afirmar que no está discutido en autos que el día 17 de mayo del corriente se labró acta de comprobación Serie B nº 3902042 a Francisco Eduardo Luna, por conducir con tarjeta de chofer vencida por más de ciento veinte días.

Ahora bien, el actor sustentó la ilegitimidad del procedimiento en trámite por ante la Dirección General de Educación Vial y Licencias del GCABA habida cuenta de que la multa que generara el labrado de la infracción antes detallada se pagó (y por lo tanto se extinguió) y es tenida en cuenta como base para la apertura del sumario administrativo. En este sentido Suárez argumentó que la decisión de proseguir con las actuaciones administrativas ante la DGEVyL por un hecho que ya había ponderado la UACF, vulneró la prohibición del bis in idem y afectó ilegítimamente su derecho constitucional a trabajar.

En tal sentido habrá de coincidirse con lo resuelto por el Magistrado, puesto que el labrado del acta de comprobación serie B nº 3902042 -ver fs. 45- permitió que se evaluase, de manera legítima, un doble orden de responsabilidades. Por un lado la UACF analizó la del conductor no titular (Francisco Eduardo Luna) con su permiso ampliamente vencido y, como consecuencia de ello, impuso una sanción de concuenta pesos de multa que fue abonada. Por otra parte la Dirección General de Educación Vial y Licencias intentó verificar la responsabilidad que le correspondía a Suarez. Así, entendemos que el accionar del Gobierno de la Ciudad no resulta ilegal o arbitrario, sino que constituye una expresión válida del poder de policía propio del Estado local.

Sobre el punto se ha expedido la Sala de Feria de esta Cámara en los autos caratulados "Mamani, Osvaldo Antonio c/GCBA s/Amparo", rta. el 13/01/2005 y expresó que "(...) la normativa legal vigente resulta claro que la constelación fáctica en que se produjo la infracción cometida, y ya juzgada, resulta generadora de un doble orden de responsabilidades. El primero concierne al chofer del taxímetro que lo conduce con su tarjeta vencida en más del plazo máximo establecido por la ordenanza correspondiente. El segundo se refiere a la responsabilidad que le compete al titular de la licencia de taxi por omitir el cumplimiento de los requisitos exigidos, en el caso, permitir que el vehículo sea conducido por quien en ese momento no se encuentra habilitado para hacerlo. Ello se desprende del juego armónico de las disposiciones contenidas enel art. 4.1.9 de la Ley 451 y en la OM 41.815 con sus modificatorias, especialmente el art. 41 bis, modificado por la Ley 787."- del voto de los Dres. Bacigalupo y Bosch-.

Causa Nº 28833-00-CC/2006. Sala II.

En efecto, el art. 3º de la ley 787 reza: "modifícase el art. 41 bis de la Ordenanza 41.815, modificada por la Ley Nº 667, que quedará redactado de la siguiente manera: ´Será considerada infracción gravísima la prestación de servicio de taxi mediante un conductor no habilitado o cuya habilitación se encuentre vencida por más de ciento veinte (120) días. La sanción a aplicar por esta infracción será la caducidad de la licencia pudiendo incluso disponerse la inhabilitación del responsable por el término de cinco (5) años para ejercer la actividad. En estos casos, la autoridad de aplicación dispondrá el secuestro inmediato del vehículo, al sólo efecto de retirarle la documentación habilitante del taxímetro, incluida la oblea holográfica y el correspondiente reloj taxímetro. Una vez dispuesta la caducidad de la licencia, el organismo técnico competente deberá eliminar las características identificatorias del servicio de taxi, incluyendo la leyenda distintiva y la pintura del techo. Cuando se verifique la prestación del servicio mediante un conductor no titular de la licencia cuya documentación habilitante se encuentre vencida por más de treinta (30) días corridos y hasta sesenta (60), la sanción a aplicar al titular de la licencia será la suspensión para la prestación del servicio por el término de treinta (30) días hábiles.

Cuando se verifique la prestación del servicio mediante un conductor no titular de la licencia cuya documentación habilitante se encuentre vencida por más de sesenta (60) días corridos y hasta noventa (90) días corridos, la sanción a aplicar al titular de la licencia será la suspensión para la prestación del servicio por el término de sesenta (60) días hábiles.

Cuando se verifique la prestación del servicio mediante un conductor no titular de la licencia cuya documentación habilitante se encuentre vencida por más de noventa (90) días corridos y hasta ciento veinte (120) días corridos, la sanción a aplicar al titular de la licencia será la suspensión para la prestación del servicio por el término de noventa (90) días hábiles.´" De este modo, aún cuando se reconozca la garantía para los procedimientos administrativos y en cuanto al empeño del accionante en sostener la imposibilidad de que "alguien afectado por una imputación, vuelva a ser perseguido por la misma imputación" -ver fs.250- se impone expresar que la garantía del non bis in idem (que hoy reconoce rango constitucional indiscutible a partir de la incorporación complementaria al plexo constitucional de los Tratados de Derechos Humanos, conforme al art. 75, inc. 22 de la CN) afirma que "nadie puede ser perseguido penalmente más de una vez por el mismo hecho por el cual ya ha sido sobreseído o absuelto, ni tampoco tener contemporáneamente pendiente más de una persecución de naturaleza represiva penal, con relación al mismo hecho prima facie delictivo". (causa N° 556-CC/00, JCG s/ arts,. 37, 39, 39 ter, del 3/10/2000).

Así las cosas, para configurar el supuesto de persecución por el "mismo hecho" debemos atender a la clasificación doctrinaria tradicional, que caracteriza su existencia, mediante la conjunción de tres identidades distintas: a) eadem persona (identidad en la persona), es decir que la persecución sea ejercida sobre la misma persona física, b) eadem res (identidad del objeto de la persecución), la identidad entre el contenido fáctico de ambas persecuciones y c) eadem causa petendi (identidad de la causa de la persecución), que importa que "(...) las pretensiones penales ejercitadas sucesiva o simultáneamente, sean idénticas en sus alcances jurídico-procesales, es decir iguales en su capacidad de provocar una consideración del mismo hecho que les da fundamento a ambas, bajo todos los posibles encuadramientos penales, por parte de los tribunales que deban intervenir en ambos casos" (Cafferata Nores, José I. Proceso Penal y derechos humanos, Ed. C.E.L.S . pág. 101, en el mismo sentido Maier, Derecho Procesal Argentino, Tomo 1b, pag. 376).

En esta línea de pensamiento, a poco que se repare en las constancias del legajo abundan motivos para deshechar la identidad de la persona imputada.

Causa Nº 28833-00-CC/2006. Sala II.

Por lo demás, no cabe duda de que la dureza normativa tiene como norte procurar salvaguardar al máximo la seguridad en la circulación y asegurar el funcionamiento del servicio público de pasajeros en miras al bien común.

Sobre el particular el Tribunal Superior de Justicia local se manifestó en el Expte. nº 4106/05 "GCBA s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: ´Mancuso, Marcela Lidia c/Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires -apelación-´", rta. el 21/12/2005, del voto del Casás "(...) debe descartarse de plano que el pago de la multa impuesta por violación al Régimen de Faltas inhiba al Estado local para ponderar tales infracciones y, ante su gravedad o reteración, ejercer las potestades propias e indelegables que posee en todo lo que hace al control de una actividad de relevante interés para la comunidad, como sin duda es el servicio de transporte público de pasajeros (en el que cabe incluir el prestado por taxis, remises, colectivos, etc.), actividad definida por calificada doctrina como un verdadero ´servicio público impropio´ (cfr. Marienhoff, Miguel S., Tratado de Derecho Administrativo, Tomo II, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1993, p. 25). En este sentido, es posible prever sanciones de apercibimiento, suspensión e, incluso, la posibilidad de decretar la caducidad de la licencia que permite ejercer la mencionada actividad (cf. art. 41 bis de la ordenanza nº 41.815, texto según ley nº 787). De lo contrario, caeríamos en una situación ciertamente irrazonable, dado que nos encontraríamos ante un sistema que tolera que los prestadores del servicio de transporte público de pasajeros violenten las reglas contenidas en el régimen que regula la actividad, mientras puedan afrontar las sanciones pecuniarias, esto sería como consagrar para los permisionarios el apotegma ´infrinja mientras pague´." Por lo demás, se impone resaltar que el procedimiento que el actor cuestiona procura dar seguridad y transparencia al régimen relativo al funcionamiento de los automóviles en general, desarrollando una práctica usual del ejercicio del poder de policía que ostenta el Ejecutivo de la ciudad (conf. arts. 7, 104 inc. 11 y 105 inc. 6 de la CCABA).

Lo afirmado lleva a considerar otro aspecto de importancia en cuanto a la categorización y procedencia del amparo deducido, que es el referente al ya señalado poder de policía por parte de la Administración (en el caso el procedimiento originado en relación a la licencia de taxi nº 15597), debiendo recordarse que "la vía de amparo no justifica alterar las instituciones vigentes ni extender la jurisdicción legal y constitucional de los magistrados" (CSJN, 20.12.94, "Agnese de Packhan, Martha C. c/ Caja Nac. de Prev. de la Ind. Com. y Act. Civiles s/reajustes por movilidad").

Por último, en lo referente a la vulneración del derecho a trabajar y a ejercer industria lícita alegada por el impugnante, es de recordar una vez más que el uso y goce de tales derechos no es absoluto, conforme la clara disposición del art. 14 del texto constitucional nacional, que fija un límite al establecer que en el ejercicio de los mismos los habitantes de la Nación deben ajustarse a las leyes que lo reglamentan; "... la inexistencia de derechos constitucionales absolutos surge de los arts. 14 y 28 CN, puesto que su ejercicio se encuentra sujeto a reglamentación. Las limitaciones a la libertad aseguran el efectivo goce de la misma por parte de todos los ciudadanos, siendo éste el fundamento basal sobre el que se asienta el poder de policía inherente a la soberanía de todo Estado" (TSJCBA, causa nº 245/00, 24.10.00).- Por todo lo expuesto y habiendo concluído el presente Acuerdo, el Tribunal:

RESUELVE I.- CONFIRMAR la resolución de fs. 240/245 en cuanto no hace lugar a la acción de amparo promovida por el Sr. Héctor Eduardo Suarez, sin costas.

Causa Nº 28833-CC/00. Sala II.

II.- SIN COSTAS en esta instancia-art. 14 CCABA- Tómese razón, notifíquese por nota al Sr. Fiscal de Cámara y devuélvase a la primera instancia la que deberá practicar las notificaciones restantes.

Sirva lo aquí proveído de atenta nota de remisión.

Fdo: Pablo A. Bacigalupo, Fernando Bosch, Marcela De Langhe. Jueces de Cámara.

Ante mí: Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara.