Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2015-02-03


NEUQUEN, 3 de febrero de 2015.

Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados: "CONSEJO PROFESIONAL DE AGRIMENSURA, GEOLOGIA E ING NQN C/ BASCUÑAN MORA HORACIO SEGUNDO Y OTRA S/ ACCION MERAMENTE DECLARATIVA", (Expte. Nº 396874/2009), venidos en apelación del Juzgado Laboral n° 2 a esta Sala II integrada por los Dres. Federico GIGENA BASOMBRIO y Patricia CLERICI, con la presencia de la Secretaria actuante Micaela ROSALES y, de acuerdo al orden de votación sorteado, la Dra. Patricia CLERICI dijo:

I.- La parte actora interpone recurso de apelación contra la sentencia de fs. 313/317, que declara que resulta de aplicación a la relación laboral con los empleados de la actora el CCT n° 462/2006 (de UTEDYC), imponiendo las costas en el orden causado.

a) 1.- La recurrente se agravia por la interpretación que hace la a quo sobre cual ha sido el objeto de la demanda.

Dice que de acuerdo con el punto IX inciso 4 de la demanda, su parte requirió que oportunamente se dicte sentencia declarando si existe convenio colectivo aplicable a la relación laboral existente entre las partes y, en caso afirmativo, se lo identificara. Por su parte, sigue diciendo la apelante, la a quo señala que el objeto de la demanda es determinar que convenio colectivo resulta aplicable, si el 130/75 o el 462/06.

Entiende que la distinción entre la postulación formulada por la jueza de grado y por su parte al demandar es sustancial, pues en la medida que se acreditara que no existe convenio colectivo aplicable a la relación laboral existente entre las partes, así debería ser declarado judicialmente.

Sostiene que la sentenciante de primera instancia no se encontraba encorsetada por la opción de definir entre dos convenios, sino que era viable declarar la inexistencia de convenio aplicable, o la aplicabilidad de algún otro convenio.

Explica que la inexistencia de convenio colectivo aplicable a la relación laboral entre las partes no ha de causar alarma ya que los rubros salariales que ya han venido percibiendo los empleados se encuentran incorporados a su patrimonio, constituyendo un derecho adquirido. Agrega que el desconocimiento de la existencia de convenio colectivo aplicable a la relación laboral de autos no implica que la entidad sindical representativa de los trabajadores no pueda celebrar válidamente un CCT.

Destaca que no puede sostenerse que la Federación de Empleadores de Entidades Deportivas de Aficionados y Asociaciones Civiles (FEDEDAC), la Asociación Rosarina de Entidades Deportivas Amateurs, la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba o el Club de Regata de Resistencia sean entidades representativas de la parte actora.

2.- Considera que la sentencia recurrida no analiza la representatividad de la parte empleadora en la suscripción del CCT 462/2006, trasvasando su análisis lógico a la materia de la actividad principal del establecimiento, pero sin esgrimir una sola argumentación respecto al tema central planteado por la demandante: que la empleadora no ha sido representada en la negociación colectiva que origina el CCT 462/2006. Señala que esta cuestión es esencial a efectos de determinar el ámbito de aplicación del CCT.

Cita jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia, y precisa que dicho precedente reafirma los tres elementos esenciales postulados por la parte demandante: a) falta de representación de la parte empleadora en la negociación del CCT 462/2006; b) que la mera correspondencia entre los servicios prestados por los empleados y los servicios descriptos en el CCT no implica que tales empleados estén encuadrados en el convenio pretendido; c) que el art. 16 de la LCT impide la aplicación analógica de los CCT. Cita jurisprudencia de tribunales nacionales.

Sostiene que la falta de representación de la parte actora en la negociación ha quedado acreditada con la respuesta brindada por el Ministerio de Trabajo de la Nación que consta a fs. 272/280. Manifiesta que, conforme lo informado por el Ministerio referido, la Resolución n° 627/2006 expresa, con relación al CCT 462/2006 que el ámbito territorial y personal del mismo se corresponde con la actividad principal de la empresa signataria y la representatividad de la entidad sindical firmante emergente de la personería gremial.

Pone de manifiesto que la actividad principal de las entidades signatarias en nada representa el ejercicio del poder de policía profesional, que constituye el objeto de la parte actora.

3.- Plantea la nulidad del fallo de grado por indicar expresamente que de la documental adjuntada no surge la representación de la parte actora, y no obstante ello declara aplicable el CCT 462/2006.

Dice que este déficit constituye una falta de fundamentación en derecho.

4.- Se queja porque la judicante de primera instancia invoca el principio de la actividad principal del establecimiento para justificar la aplicación del CCT 462/2006, y reitera que la actividad principal de la parte actora consiste en el ejercicio del poder de policía profesional -actividad de derecho público no estatal-, y esta actividad no fue representada en la negociación del CCT 462/2006.

5.- Afirma que la parte actora no es una asociación civil, ya que conforme la Ley provincial n° 708, es una entidad de derecho público no estatal.

6.- Reitera argumentos anteriores y señala que UTEDYC ha celebrado CCT con los clubes de campo, con la AFA y con mutuales, por lo que bien podría negociar un convenio con las asociaciones profesionales de derecho público no estatal, pero no lo ha hecho.

b) La parte demandada no contesta el traslado de la expresión de agravios.

II.- La presente acción declarativa de certeza discurre en definitiva en torno a una cuestión de encuadramiento convencional, el que consiste en establecer las normas generadas por la autonomía colectiva que rigen en una o varias relaciones individuales de trabajo.

En primer lugar, debo dejar sentado que las partes no pueden elegir el convenio colectivo de trabajo que se aplicará a su contrato. La aplicación de un convenio colectivo de trabajo es una cuestión que compromete el orden público laboral por lo que no resulta gravitante para el análisis de la apelación el hecho que los empleados de la actora hayan aceptado un determinado convenio colectivo de trabajo para que rija el contrato laboral. Para así concluir tengo en cuenta que las cláusulas normativas de un convenio colectivo de trabajo tienen atributos semejantes a las leyes formales, por lo que rigen en general, para todas las relaciones laborales que quedan atrapadas en sus ámbitos de aplicación personal y territorial.

José Daniel Machado explica que "la cuestión de encuadramiento convencional se presenta en puridad cuando en el proceso de subsunción de los hechos a la norma una relación individual se acomoda a las previsiones de dos o más convenios colectivos, o bien no se ajusta decididamente a ninguna. Es decir hay un exceso o defecto de compatibilidad.

"En estos casos la regla tradicional de Kaskel-Dersch deviene en una petición de principio. No se puede establecer la primacía de la convención competente porque precisamente es ello lo que se ignora (o mejor dicho, sobre lo que se duda).

"En cualquier caso, el primer paso necesario es la lectura reflexiva de los respectivos ámbitos materiales (también llamados personales o profesionales) de las convenciones concernidas en el dilema. Un error contra el que hay que estar prevenido es el de remitir la cuestión a los estatutos de la asociación sindical signataria, ya que no siempre hay una coextensión entre ellos y la capacidad de representación gremial de la entidad que concertó la CCT. Por ejemplo, FATSA incluye entre sus posibles afiliados a los trabajadores de la salud del sector público, pero no tiene la personería gremial a su respecto.

"Además, hay que tener en cuenta que en un país en que la agremiación vertical es lo corriente, debe atenderse más al tipo de establecimiento implicado en la controversia que al régimen de categorías (o listado de incumbencias o tareas) que la misma convención contenga. Este es otro error exageradamente frecuente..

"De acuerdo a este criterio, lo determinante es la rama o sector de la economía en la que debe ser clasificado el establecimiento. De modo que, como regla, cabe prescindir de las tareas y oficios concretos que el trabajador cumpla a sus órdenes.." (cfr. aut. cit., "Encuadramiento convencional de las relaciones individuales de trabajo", LL on line AR/JUR/ 3134/2008).

De lo dicho se sigue la complejidad que reviste la determinación del correcto encuadramiento convencional, como así también que éste comprende no sólo la puja entre convenios colectivos diferentes, sino la inexistencia, conforme lo postula la parte apelante, de una convención colectiva específica o adecuada a la relación laboral de que se trate.

Por ello, y si bien es cierto que la a quo limitó su análisis a los dos convenios colectivos de trabajo involucrados por las mismas partes (n° 130/75, que aplica la actora; y n° 462/2006, cuya aplicación pretenden los demandados), el análisis de la controversia desde el punto de vista amplio del encuadramiento convencional permite incluir entre las hipótesis a considerar la inexistencia de una norma convencional que abarque las relaciones laborales entre la actora y sus empleados, por lo que esta posibilidad no queda fuera del estudio que he de abordar.

III.- Entiendo que para arribar a una correcta resolución de los agravios de la demandante debo partir de la naturaleza jurídica de la entidad empleadora.

De acuerdo con la Ley provincial n° 708, que regula el ejercicio profesional de la agrimensura, de la ingeniería en todas sus especialidades, de la geología y de las actividades técnicas afines graduadas (art. 1), se crea el Consejo Profesional de Agrimensura, Geología e Ingeniería de la Provincia del Neuquén (art. 11), reglando seguidamente sus atribuciones, composición y funcionamiento.

Con voto de la Dra. Kemelmajer de Carlucci, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Mendoza, si bien reconoce que la categoría de entes públicos no estatales ha sido negada por un prestigioso sector de la doctrina, señala que otra parte de los autores y la legislación la ha reconocido expresamente. Con cita de Miguel Marihenoff dice que la distinción entre persona pública estatal y no estatal fue sugerida por Michoud, pero la elaboración doctrinal de la clasificación pertenece a Sayagüés Laso, quién sostuvo que no toda persona jurídica pública es necesariamente estatal, en virtud de la existencia de numerosísimas entidades no estatales de carácter público (cfr. CSJ Mendoza, Sala I, "Ronchietto c/ Consejo Profesional de Ingenieros, Agrimensores y Geólogos de la Provincia de Mendoza", 14/10/1994, DJ 1995-I, pág. 606). En igual sentido se ha expedido el Tribunal Superior de Justicia de La Pampa (Sala A, "Ministerio de Gobierno y Justicia", 7/11/2007, DJ 2008-I, pág. 1.108): los colegios profesionales son personas jurídicas de derecho público no estatal, es decir no pertenecen a la estructura administrativa propiamente dicha del Estado, no integran el presupuesto de éste, pero sin embargo ejercen función administrativa delegada normativamente.

La misma Corte Suprema de Justicia de la Nación, con cita del precedente de Fallos 308:907, ha dicho que "el Colegio no es una asociación (art. 14 de la Constitución Nacional) que se integra con la adhesión libre y espontánea de cada componente, sino una entidad destinada a cumplir fines públicos que originariamente pertenecen al Estado, y que éste por delegación, circunstanciada normativamente, transfiere a la institución que crea para el gobierno de la matrícula y el régimen disciplinario de todos los abogados." (autos "Colegio Público de Abogados de Capital Federal c/ Estado Nacional - Poder Ejecutivo Nacional", 4/11/2008, Fallos 331:2406).

El Tribunal Superior de Justicia provincial también sostiene que los colegios profesionales, creados por ley, funcionan con el carácter, derechos y obligaciones de las personas de derecho público, pues cumplen un cometido administrativo para el que lo habilita su ley de creación (autos "Costarelli c/ Colegio Farmacéutico Provincia de Neuquén", R.I. n° 6.271/2008 del registro de la Secretaría de Demandas Originarias).

De lo expuesto surge, entiendo que con claridad, que la entidad actora no es una asociación civil o simple asociación, entendida ésta como persona jurídica privada, donde prima la autonomía de la voluntad, y que requiere de autorización para funcionar -pero no es creada por ley-, (cfr. Hersalis, Marcelo, "Las asociaciones civiles y el poder disciplinario. El caso River Plate", DJ, fascículo del 13/3/2013, pág. 5; Giavarino, Magdalena B., "Las asociaciones y la revisión judicial de sus actos", LL on line AR/DOC/1852/2013).

IV.- Ahora bien, de acuerdo con el Estatuto de la Unión de Trabajadores de Entidades Civiles y Deportivas (U.T.E.D.Y.C.) dicha asociación sindical representa a los trabajadores de entidades de derecho público no estatal y colegios profesionales (fs. 222).

Dado que la mencionada asociación sindical cuenta con personería gremial, es ella quién ejerce la representación de los intereses colectivos de los trabajadores de la parte actora.

Sin embargo, de ello no se sigue que cualquier convenio colectivo de trabajo que celebre U.T.E.D.Y.C. sea aplicable a la entidad demandante.

Es necesario tener en cuenta que para delimitar el ámbito de aplicación personal de un convenio colectivo de trabajo resulta menester considerar quienes han sido sus partes signatarias, ya que aquél surge de la representatividad ejercida por aquellos que suscribieron el convenio (cfr. CNAT, Sala IX, "W.G.W. c/ G.M.G.", 27/8/2013, DT 2014, pág. 399; ídem., Sala X, "Díaz c/ F.S.T. S.A.", 20/4/2012, DT 2012, pág. 3.264), siendo improcedente aplicar un convenio colectivo de trabajo a una empresa o entidad que no estuvo representada en el proceso negociador (cfr. CNAT, Sala X, "Asociación de Supervisores de la Industria Metalmecánica de la República Argentina c/ Volkswagen Argentina S.A.", 30/6/2010, LL on line AR/JUR/32987/2010).

La convención colectiva de trabajo n° 462/2006 fue celebrada entre U.T.E.D.Y.C. por la parte sindical, y las siguientes entidades por la patronal: Federación Empleadores de Entidades Deportivas y Asociaciones Civiles, Asociación Rosarina de Entidades Deportivas Amateurs, Unión Educadores de la Provincia de Córdoba y Club Regatas de Resistencia (fs. 225).

Descarto que la actora haya sido representada por algunas de las entidades mencionadas en segundo, tercero y cuarto lugar.

Resta analizar si la Federación de Empleadores de Entidades Deportivas y Asociaciones Civiles representa a la parte actora.

De acuerdo con la información brindada por la misma institución (www.fededac.org.ar) la Federación de Empleadores de Entidades Deportivas y Asociaciones Civiles asume la representación del sector empleador por las instituciones deportivas amateurs y asociaciones civiles, confederaciones, federaciones, entidades filantrópicas, asociaciones profesionales, bomberos voluntarios y entidades afines. Es por ello que el art. 3° del CCT 462/2006 extiende el ámbito de aplicación personal del acuerdo a las asociaciones profesionales (fs. 226).

De ello se sigue, en mi opinión, que la actora no se encontró representada en la negociación del CCT n° 462/2006, por lo que no está obligada a aplicar dicha convención. No paso por alto que el término asociación profesional puede inducir a confusión, pero a poco que se enmarque dicho concepto en el ámbito general de representación de la parte empleadora se advierte que la representación patronal se focaliza en instituciones de conformación y asociación voluntarias, y sin fines de lucro, por ello siempre la referencia es a la asociación, la que se diferencia, como ya se analizó de los colegios profesionales, que desempeñan función estatal por delegación normativa, siendo esa siempre su actividad principal.

A esta interpretación contribuye el tenor de la Resolución n° 627/2006 de la Secretaría de Trabajo de la Nación (fs. 290/292), mediante la cual se homologa el CCT n° 462/2006: "Que asimismo corresponde señalar que en cuanto a su ámbito de aplicación personal será para todos los trabajadores que se desempeñen en las instituciones deportivas y asociaciones civiles sin fines de lucro que pertenezcan a las ramas administrativa, de maestranza o cualquier otro servicio"; como así también que el estatuto de la asociación sindical que integró la mesa de negociación expresamente se refiere a entidades de derecho público no estatal y colegios profesionales, en tanto que este grupo de instituciones no se mencionan dentro del ámbito de aplicación personal del CCT celebrado.

En definitiva, entiendo que el CCT n° 462/2006 no resulta de aplicación al personal de la entidad actora.

V.- Si bien quedó firme el resolutorio de autos en cuanto a la inaplicabilidad a dicho personal del CCT n° 130/75, he de señalar que comparto los fundamentos dados por la a quo para así decidir.

De lo dicho se sigue que el personal de la parte actora no cuenta con una norma convencional que regle su actividad, por lo que corresponde se le aplique el régimen general de la Ley de Contrato de Trabajo. Ello, claro está, sin perjuicio que la entidad sindical con personería gremial que representa a los trabajadores del colegio profesional propicie la apertura de un proceso de negociación colectiva respecto de estas entidades, como lo pone de manifiesto la misma apelante.

VI.- Si bien no es un tema que ha sido materia de debate, entiendo pertinente señalar que, no obstante que la presente es una acción meramente declarativa o de certeza, constituyendo una vía apta para dilucidar un encuadramiento convencional (que siempre es un conflicto de derecho, reservado a la magistratura judicial), los alcances de la resolución se limitan a las partes intervinientes en el proceso.

VII.- En mérito a lo antedicho, propongo al Acuerdo hacer lugar al recurso de apelación planteado en estas actuaciones y revocar el resolutorio apelado, declarando que no resulta de aplicación al personal del Consejo Profesional de Agrimensura, Geología e Ingeniería de la Provincia del Neuquén ni el CCT n° 130/75, ni el CCT n° 462/2006, debiendo regirse las relaciones laborales por la Ley de Contrato de Trabajo hasta tanto se cuente con una norma convencional que las incluya.

En atención al tipo de acción de que se trata, y la complejidad de la cuestión, las costas por la actuación en ambas instancias se imponen en el orden causado (arts. 17, Ley 921 y 68, 2do. párrafo CPCyC).

Siendo ajustada a la labor cumplida se mantiene la regulación de honorarios determinada en el fallo de grado, y por la actuación ante la Alzada, se fijan los emolumentos del Dr. ... en la suma de $ ..., de acuerdo con la manda del art. 15 de la Ley 1.594.

El Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO dijo:

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que antecede, adhiero al mismo.

Por ello, esta SALA II RESUELVE:

I.- Revocar el resolutorio de fs. 313/317, declarando que no resulta de aplicación al personal del Consejo Profesional de Agrimensura, Geología e Ingeniería de la Provincia del Neuquén ni el CCT n° 130/75, ni el CCT n° 462/2006, debiendo regirse las relaciones laborales por la Ley de Contrato de Trabajo hasta tanto se cuente con una norma convencional que las incluya.

II.- Imponer las costas por la actuación en ambas instancias en el orden causado (arts. 17, Ley 921 y 68, 2do. párrafo CPCyC), atento los motivos explicitados en los considerandos.

III.- Mantener la regulación de honorarios determinada en el fallo de grado por resultar ajustada, y por la actuación ante la Alzada, fijar los emolumentos del Dr. ... en la suma de $..., de acuerdo con la manda del art. 15 de la Ley 1.594.

IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, en su oportunidad, vuelvan los autos a origen.

Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO - Dra. Patricia CLERICI Dra. Micaela ROSALES - SECRETARIA.