marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Derecho laboral, ley de accidentes de trabajo, asegurador por riesgos del trabajo, recursos
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Alvarez, Emiliano c/ Experta Art S.A. s/ recurso ley 27348
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-04

La actora apela el decisorio de grado que consideró insuficiente su planteo recursivo frente a la decisión de la CM central. No obstante, el recurso no puede prosperar pues el art. 16 de la Resolución SRT Na 298/2017, en consonancia con lo dispuesto por el art. 116 de la ley 18.345, establece que el recurso deberá ser fundado y contener la crítica concreta y razonada de la decisión, presupuestos que no se encuentran cumplidos en la causa, pues se limitó a expresar su disconformidad sin suministrar argumento alguno que sea apto para conmover el dictamen elaborado por la Comisión Médica Nro. 10 - en el que se sustentó el Servicio de Homologación para resolver del modo referido- como así tampoco brindó elemento alguno que demuestre que los profesionales que revisaron al trabajador hubiesen incurrido en error o en un uso inadecuado de las técnicas propias de su profesión, por lo que en rigor, las observaciones introducidas en el memorial se exhiben como una mera discrepancia subjetiva, en tanto que el apelante se limita a insistir en que el trabajador presenta incapacidad. (Del voto en disidencia de la Dra. Ferdman).
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, falta de fundamentación, honorarios del perito, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: Agostini, Silvia y otros c/ Medicor  S.A.  de Servicios Médicos. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-21

Corresponde dejar sin efecto la resolución que sostuvo que aún en el supuesto del art. 478 del Código Procesal el experto se halla habilitado para ejecutar sus emolumentos contra el que invocó la norma citada, por estimar que una cosa era a quién se imponían las costas y otra contra quién se ejecutaban pues se sustenta en una mera afirmación dogmática ya que no ha considerado la excepción que dicha norma procesal contempla y la inutilidad de dicho medio probatorio de acuerdo con los términos del art. 77 del Código Procesal.
Estado, división de poderes, seguridad pública, Derecho penal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PERALTA, HUGO D. c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - ACCION LEY 10000 (EXPTE.: C.S.J. NRO. 538 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-09-24

Durante la segunda mitad de los años noventa, la cuestión de la seguridad emergió en nuestro país como un tema político central capaz de poner en juego la capacidad del Estado de cumplir con algunas de las funciones que le son propias, tales como la resolución de conflictos, la promoción de la convivencia ciudadana, la prevención del delito y la reducción de la violencia, entre otros .

Lamentablemente, lejos de reconocerse la complejidad, se ha instalado -especialmente en los medios de comunicación- una descripción simplificada del problema y de sus soluciones; un concepto lineal según el cuál la seguridad se reduce al orden en las calles y se asocia al riesgo de ser víctima de un ataque a la integridad física o la propiedad.

Se produce así una mutación en el sentido común del significado mismo de la palabra seguridad que no quiere decir, en léxico político, seguridad de los derechos (de los derechos de todos y en especial de los que menos tienen), es decir, garantía de los derechos y por ello seguridad en las libertades, en el trabajo, en la educación, en la salud, sino tan sólo seguridad urbana.

Se piensa el crecimiento de la inseguridad como una fuerza que sólo puede ser resistida con un uso más intenso de las instituciones de seguridad y que tiene como correlato el incremento de las penas, la reducción de las garantías y la ampliación de las facultades policiales.

Se alimenta, de este modo, una idea de lucha en la que, paradojalmente, los "derechos" son percibidos como obstáculos a una supuesta solución simple y no como los bienes a proteger. Pero aún en esta perspectiva, y esto es grave, nunca el incremento de la fuerza es suficiente: cuando estas políticas fracasan, en lugar de admitirse el error, se reclama más violencia, más policía, más lucha.

En este punto, tal vez resulte necesario recordar más a menudo al maestro Francesco Carrara (1859): "... la insensata idea de que el derecho punitivo debe extirpar de la tierra todos los delitos, lleva a la ciencia penal a la idolatría del terror, y al pueblo a la fe en el verdugo, que es el verdadero curandero del derecho penal..." (Del Voto del Dr.Erbetta)
Concurso preventivo, admisibilidad formal, homologación judicial
Materia: COMERCIAL
Carátula: Entre Ríos 1221 SRL c/  s/ acuerdo preventivo extrajudicial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-05-09

Resulta improcedente la homologación del APE, toda vez que lo que la sociedad apelante persigue no es estructurar su pasivo, sino imponer obligaciones sobre los titulares de los boletos de compraventa que aduce haber celebrado, lo cual exigiría de su parte la pertinente aclaración a efectos de justificar la viabilidad de la herramienta jurídica que pretende utilizar (LCQ 69). Se trataría de los adquirentes de unidades funcionales de dos emprendimientos inmobiliarios dirigidos por la SRL y la propuesta ofrecida a ese conjunto de adquirentes consistiría en fijar un ajuste al precio final de las unidades vendidas con el objetivo de dar por satisfechas las obligaciones pendientes.

Sin perjuicio de ello, el mismo recurrente admite que la propuesta de acuerdo cuya homologación persigue no incluye a todos sus acreedores, razón por la cual pretende ser dispensado de la exigencia prevista en la LCQ 72-2°. Sin embargo, no la exime de acreditar, como lo exige la norma, que no existen otros acreedores registrados y detallar el respaldo contable y documental de su afirmación. Por lo tanto, no se verifica el cumplimiento del recaudo exigido por la aludida norma. Repárese que en cuanto a los acreedores no sujetos a la propuesta ofrecida, tan solo acompañó una mera referencia al monto de la deuda (v. gr. financiera, hipotecaria) sin detallar domicilios, monto de los créditos, causas, vencimientos y sin precisar su registración.
Derecho procesal, recursos, recurso extraordinario, cuestión federal, improcedencia del recurso, competencia, excepciones procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: Lago, Adriana Marcela y otro  c/ Aerolineas Argentinas SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-15

Cabe conceder el recurso interpuesto. Ello por cuanto, si bien, las decisiones judiciales sobre la determinación de competencia no autorizan la apertura de la instancia extraordinaria por no estar satisfecho el principio de sentencia definitiva, salvo que medien determinadas circunstancias excepcionales que permitan equipararlas a tales, como ser que haya denegatoria del fuero federal (conf. CSJN in re "Gepal SA C/ Municipalidad de La Matanza S/ Amparo", del 22/12/15, entre muchos otros), tal lo ocurrido en la especie.
Trabajador, aportes sindicales, aportes previsionales, empleador, sentencia condenatoria
Materia: LABORAL
Carátula: Pintos Francisco c/ Enrique Welbers S.A.I.C.A.G. s/ Haberes impagos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2002-04-26

Corresponde el rechazo de la apelación de la parte actora. Ello así, en cuanto pretende se condene a la demandada al pago de las acreencias que surgirían en favor de los organismos previsionales y sindicales, desde el momento en que depende de los organismos previsionales y sindicales, titulares de la acción, el demandarlos y en el caso no han tenido intervención, sin perjuicio de que se ponga en conocimiento de los mismos la Sentencia a los efectos que hubiere lugar.
Medidas cautelares, clausura preventiva, facultades del juez
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Club F.O. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Incidente de medida precautoria Incidente de medida precautoria
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-04-14

El artículo 29 de la Ley de Procedimiento Contravencional, dispone que cuando el juez o jueza verifica que la contravención pone en inminente peligro la salud o seguridad pública, puede ordenar la clausura preventiva del lugar..., entienden los suscriptos que en el caso de marras los entecos medios probatorios aportados por la Fiscalía de Primera Instancia, como para fundamentar la solicitud de una medida de excepción, no pueden dar al Juez la certeza suficiente para verificar tales extremos, por lo que, en definitiva, no habremos de hacer lugar al recurso interpuesto.
Recurso de inaplicabilidad de ley, caducidad de instancia, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Aire Conford S.A. s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2002-02-25

Mientras exista una vía útil de reparación posterior, no es viable el recurso extraordinario, puesto que el Tribunal de Casación no es una Tercera Instancia Ordinaria destinada a imponer su propio criterio por sobre el de los Jueces Naturales.

El agravio expuesto en cuanto a la eventual "prescripción" de la acción, es meramente conjetural y absolutamente abstracto; más bien parece destinado a cubrir la exigencia frecuente, de que en los casos de caducidad o perención, se invoque también la prescripción de la acción para acordar viabilidad al recurso extraordinario.(Dr. Márquez Palacios: en disidencia).
Cuestiones prejudiciales, sobreseimiento definitivo, cosa juzgada
Materia: PROCESAL
Carátula: Roca, Inés del Carmen y otros c/ Castro López, Sergio Daniel s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2003-02-12

Ni el sobreseimiento definitivo, ni la absolución del acusado hacen cosa juzgada en sede civil, si se han fundado en la falta o ausencia de culpa del imputado. Sólo a la inexistencia del hecho principal y la falta de participación del acusado, está limitada la influencia de la absolución o el sobreseimiento, dictados en sede penal, como cosa juzgada en la causa civil.
Excarcelación, robo calificado
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: GODOY, JUAN CARLOS s/ EXCARCELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-10-19

Si al acusado se le atribuye el delito de robo calificado (C.P., art. 167, inc. 3ro.), teniendo en cuenta la severa escala penal del hecho que parte de un mínimo de tres años y se extiende hasta un máximo de diez años de prisión y modalidad de comisión del mismo, se puede conjeturar fácilmente que , en caso de condena, el acusado será privado de su libertad en forma efectiva por más de ocho meses (C.P.P., art. 315, a contrario sensu, ley 7139), por lo que la excarcelación es improcedente.-
Derechos y garantías constitucionales, interés del menor, situación de vulnerabilidad
Materia: PENAL
Carátula: Paredes Patino, Ana Violeta c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-06-24

En el presente caso se encuentran en pugna derechos y garantías de raigambre constitucional y convencional, esto es, el interés superior que asiste al niño y al nasciturus, el derecho a una tutela judicial efectiva y la trascendencia mínima de la pena impuesta frente a la particular y vulnerable situación de la encartada.
Acta de secuestro, nulidad procesal, allanamiento domiciliario, allanamiento sin orden, orden de allanamiento, orden telefónica del juez
Materia: PENAL
Carátula: YBARGUREN, JUAN s/ ALLANAMIENTO. ACTA SECUESTRO. NULIDAD PROCESAL.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-11-11

"...No puede prosperar el pedido de nulidad del acta de secuestro basado en la inexistencia de orden de allanamiento, por cuanto la Policía actuó en base a la ORDEN IMPARTIDA TELEFONICAMENTE por el Juez de Instrucción. El art. 188 dispone que la policía recabará del Juez "la respectiva orden de allanamiento", pero lo mismo que el art. 18 de la C.N. no exige que la orden sea impartida por escrito.

Luego, hasta la orden verbal como ocurrió en autos, lo cual no impide señalar la suma conveniencia de que tales órdenes se impartan por escrito a menos que exista imposibilidad material para ello y la urgencia del procedimiento obliga a evitar toda demora...".
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, ley de defensa del consumidor
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Remonda Castro y Cia. S.A. c/ Badino Omar y José María S.H. Y otros s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-04-23

La quejosa, en su afán de imponer su propia apreciación de la causa, afirmó que en el sub lite se vulneraron derechos de raigambre constitucional, al desecharse la aplicación del plexo consumeril; sin embargo, se advierte que los judicantes -primigeniamente- destacaron que la falta de subsunción del caso de marras en la normativa tuitiva de consumidores y usuarios, no había sido una temática abordada por este Cuerpo en la sentencia que declaró procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto oportunamente en el caso por la demandada; y en tal sentido la Alzada, luego de poner de resalto las distintas tesis que han aflorado para restringir o ampliar el universo de casos que se vieran alcanzados por una noción más estricta o más laxa de consumidor, resaltó que el caso en análisis refleja la integración de la cosechadora objeto del pacto de modo inmediato y total al proceso productivo de los demandados con la finalidad de suministrar a través de ello prestación a terceros, motivo por el cual se trata de un bien de capital y no de consumo, porque según lo manifestaron los propios accionados iba a ser utilizada para producir otros bienes en el marco de la actividad agropecuaria y no para satisfacer necesidades personales o familiares. (De la disidencia de los Dres. Spuler y Gutiérrez) - CITAS: CSJStaFe: AyS T 322, 166.
Competencia, competencia del Superior Tribunal de Justicia, juicio político, FORMOSA, medidas cautelares
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Municipalidad de la Ciudad de Pirané c/ H.C.D de Pirané s/ Conflicto de poderes - Medida cautelar
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2012-05-29

Si bien el Superior Tribunal de Justicia de Formosa es competente en el control de legalidad y observancia del debido proceso legal y garantía de la defensa en juicio, no lo es como tribunal de apelación de las contingencias procesales que se originan durante el trámite de un Juicio Político.
Interpretación del contrato, buena fe contractual
Materia: CIVIL
Carátula: F., M. E. c/ B. P. SA s/ SUMARÍSIMO
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-03-11

La realidad contractual actual confiere a la buena fe una función que en ocasiones impone a una de las partes un deber "de información" (que debe ser exacta, clara, comprensible, suficiente y completa) en beneficio del cocontratante. Y no impone sólo conductas negativas excluyentes de actuares deshonestos, sino que exige también procederes positivos como el deber de informar sobre los eventuales defectos de la cosa o su estado.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuestión abstracta
Materia: PENAL
Carátula: Rodríguez, Lucía Beatriz s/ Homicidio y tentativa de suicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-07-06

Firme la conclusión referida a que en el caso, aunque se admitiera por hipótesis la existencia del factor biológico que requiere el art. 34 inc. 1º del Código Penal, no se encuentra presente la restante condición o sea el efecto de no comprender la criminalidad del acto, resulta abstracto tratar la etiología del padecimiento que habría sufrido la procesada, ya que ello no podría variar lo resuelto (art. 359, C.P.P.).
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, cuestión de derecho común, cuestiones de hecho y prueba, contrato de trabajo, responsabilidad solidaria
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Alonso, Rafael c/ Club Universitario de Buenos Aries y otro
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-10-01

Los agravios dirigidos contra el pronunciamiento que consideró al recurrente solidariamente responsable por la aplicación del art. 30 del Régimen de Contrato de Trabajo (t. o. por decreto 390/76), se refieren a cuestiones de hecho, prueba y derecho común, ajenas al recurso extraordinario, máxime si han sido resueltas con suficientes fundamentos en las circunstancias del caso.
Pago, efecto extintivo del pago
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rusiecki, Raquel c/ Crediplat S.A. s/ Consignación de pago
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-03-21

La cláusula contractual que prohíbe la aceptación de pagos anticipados o con imputación a cuotas no vencidas, no puede impedir al deudor cancelar de un solo pago la totalidad de la deuda y liberarse de su obligación, siempre y cuando dicho pago satisfaga adecuadamente el legítimo interés del acreedor.
Sentencia condenatoria, lavado de activos, comercialización ilegal de estupefacientes, delito precedente, coautoría, concurso real, prisión, multa
Materia: PENAL
Carátula: Castro Pizarro, Jonathan y otros c/  s/ av. Inf. Ley 23.737 y al art. 303 del C.P.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Mendoza
Fecha: 2019-05-03

Corresponde condenar a JONATHAN OSVALDO VICENTE CASTRO PIZARRO a la pena de CINCO (5) AÑOS Y ONCE (11) MESES DE PRISIÓN Y MULTA EQUIVALENTE A LA SUMA DE CINCUENTA (50) UNIDADES FIJAS Y DE TRES (3) VECES EL VALOR DE LA OPERACIÓN por encontrarlo penalmente responsable de la infracción al art. 5 inc. c) de la Ley 23.737 en la modalidad de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en concurso real -art. 55 del CP- con la infracción al art. 303 agravado por el inc. 2, apartado a) del CP en calidad de coautor -art. 45 del CP-.Ha quedado acreditada la materialidad de los hechos y la responsabilidad atribuida al encartado en torno al delito de comercialización de estupefacientes, ello por el modo en que la droga se encontraba acondicionada, el dinero secuestrado y la presencia de otros elementos usados para su fraccionamiento. Por otra parte, se precisa que los hechos atribuidos se encuentran plenamente probados desde que los encausados se dedicaban con habitualidad al lavado de dinero proveniente del comercio de estupefacientes, adquiriendo a nombre propio o de terceros vinculados a ellos, bienes inmuebles y rodados para introducir de esta manera el dinero de origen ilícito al circuito legal; todo ello haciéndolo de manera coordinada, con funciones asignadas y en base a un acuerdo común.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia, sentencia absolutoria, sentencia condenatoria, sufragio, jueces
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: JOZAMI BARREIRO, JULIO CESAR c/  s/ ADMINISTRACION FRAUDULENTA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-08-11

Del análisis del fallo atacado se advierte que el proceder de la Cámara se ajustó a la doctrina sentada por la mayoría de esta Corte en el caso "Scalcione", a partir del cual se fijó el criterio según el cual el tribunal de alzada que entienda, al analizar una apelación interpuesta por el actor penal, que conforme las pruebas producidas corresponde revocar una absolución y condenar, lo debe disponer en el fallo sin reenvío, cuando no resulte necesaria la realización de un nuevo juicio o procedimiento para el dictado de la nueva sentencia, preservándose el derecho del imputado a la doble instancia recursiva a través de la posibilidad de revisión amplia de lo resuelto por un nuevo tribunal integrado con otros magistrados del Colegio de Cámara de Apelación en lo Penal. Y si bien en dicho precedente no he acompañado tal doctrina, consideré que había quedado declarada la voluntad del Cuerpo, operando como mandato dirigido a los diversos órganos judiciales y, del mismo modo, como pauta orientadora de los justiciables, guiándolos en el camino procesal enderezado a la defensa de sus derechos. (Del voto del Dr. Falistocco. En disidencia: Dra. Gastaldi) - CITAS: CSJStaFe: Scalcione, AyS T 271, p 239; Garfagnoli, T 283, p 327; Gómez, T 280, p 288; Aguilar, T 287, p 17. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Procesal Penal de Santa Fe, Ley 12734, artículo 404, segundo párrafo
Excarcelación, intención de entorpecer la investigación judicial
Materia: PENAL
Carátula: Lazo, Alejandro Víctor Manuel s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-05-03

Resulta razonable la presunción de que quien está imputado en delitos gravísimos previstos también por el derecho de gentes, en caso de ser puesto en libertad, atentará contra los fines del proceso, y tal conjetura encuentra su debido fundamento en el indicio de que si se buscó, al cometerse los hechos, una modalidad que asegurara la impunidad futura, este mismo afán de sustraerse al juzgamiento podría tener una postrer secuela al otorgarse la libertad al procesado. El voto concurrente postuló la nulidad de la excarcelación al no ajustarse a la doctrina del plenario. La disidencia consideró que el recurso no rebatió adecuadamente las razones expuestas por el a quo. (Dres. Mitchell, Catucci -voto concurrente- y Riggi -en disidencia-).
Pagaré a la vista, mora
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Carta Austral S.A. c/ Marchan, Alicia Patricia s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-10-01

En casos de pagarés con la cláusula "sin protesto", exigibles "a la vista", con lugar de pago en el domicilio del acreedor -tal el caso de autos-, la carga de probar la omisión de la presentación pesa sobre el ejecutado invocante de esa carencia (art. 50 dec. ley 5965 /63), consecuentemente, ha de tenerse por fecha de constitución en la mora la que fuera denunciada por la actora en el escrito de inicio, de haber presentado el documento al pago, hecho éste que no ha sido desconocido por la contraria (art. 354 del C.P.C.C.). Es que si bien cuando en el título el protesto es dispensado con la inserción de la cláusula respectiva (art. 50, dec. ley 5.965/63), no queda el portador del documento relevado de la obligación de presentarlo para constituir en mora al deudor, la ley mercantil establece una presunción "juris tantum" favorable al portador de haber cumplido con tal diligencia y, por ende, pesa sobre el deudor la producción de la prueba que desvirtúe tal presunción, a condición de que el ejecutante manifieste haber presentado al cobro el documento en fecha y lugar determinados.
Recurso de inconstitucionalidad, procedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Chialva, Jorge Francisco s-Recusación s/ Recurso de Queja por Apelación Denegada
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1982-03-03

En cuanto a la causal de "gravedad institucional" alegada para fundar el recurso de inconstitucionalidad subsidiariamente incoado, corresponde puntualizar que a los efectos de la vía extraordinaria, ha menester que la decisión exceda el interés individual de las partes e involucre a toda la comunidad; debe tratarse de una resolución que trascienda el campo estrictamente privado en que se ha trabado.