marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Alimentos, deber de asistencia entre cónyuges
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: PALADEA, YOLANDA NOEMI c/ BRAVO, DANTE EDGARDO s/ ALIMENTOS ALIMENTOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2001-08-15

El art. 209 del Código Civil hace referencia al supuesto de separación personal o al divorcio por causas objetivas, en los que no se deciden culpas, sino que se deben alimentos, con fundamento en un principio de solidaridad que debe estar presente entre quienes fueron cónyuges. Pero estos alimentos no se podrán acordar más allá de lo que es "necesario para la subsistencia", ni otorgarlos cuando no ha quedado probada la carencia de recursos ni la falta de posibilidad razonable para obtenerlos. Lo contrario representaría un distingo entre los casos del art. 209, que la letra de esta norma no admite.
Emoción violenta, homicidio, quemaduras, violencia familiar
Materia: PENAL
Carátula: Trias, Florencia Soledad s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-10-24

La mujer que arrojó agua hirviendo a su pareja durante una discusión, provocándole heridas que causaron su muerte con posterioridad, debe ser condenada en orden al delito de homicidio, pues no se evidencia un actuar bajo los efectos de una emoción violenta, ya que luego de cometerse el hecho, el sentimiento que aparece es de mucha culpa y estos elementos no se encontraron en el caso, sino que por el contrario, no estaba el arrepentimiento posterior, angustia ni tampoco estaba la cuestión de alteración del registro.
Expresiones incorrectas, Código de Ética
Materia: CIVIL
Carátula: ASOCIACIÓN PROTECCIÓN CONSUMIDORES DEL MERCADO COMÚN DEL SUR-PROCONSUMER c/ INC S.A. Y OTRO. ORDINARIO s/ INCIDENTE (DE RECUSACIÓN Y PEDIDO DE SANCIONES)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2016-12-20

El abogado debe mantener el máximo respeto en la critica de fallos o actos judiciales, absteniéndose de toda expresión violenta o agraviante -art.40.b. Código de Ética Profesional-. La descalificación a la persona del juez al pretender remover una decisión desfavorable, implican en sí insultos contrarios a la pauta ética aludida, y el uso disfuncional de la técnica recursiva que debe basarse en la crítica concreta y razonada de las partes del fallo que se consideren equivocadas. Si los profesionales actuantes están convencidos de la existencia de las causales de remoción del Magistrado, tal como se afirmó en este caso, la obligación de los quejosos es denunciarlas y probarlas ante el Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Alvarez, Avelino Alfredo s/ Tentativa de robo calificada.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-04-15

Es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley si se limita a sostener que una norma ha sido conculcada, pues ello impone la tarea de relacionarla con el fallo y, en consecuencia, demostrar en qué forma lo ha sido.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, Derecho laboral, indemnización por incapacidad, conciliación laboral, cosa juzgada
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Domínguez, Jorge c/ Alfredo Marietta - Marmetal S.A.I.C. s/ Queja por denegación del Recurso de inconstitucionalidad -Cobro de  pesos (Expte. CSJ N. 306-2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-12-12

Es inadmisible la queja interpuesta cuando el recurrente no logra conmover en su presentación directa la respuesta suministrada en la denegatoria por la Alzada al reparo centrado en la prescindencia del artículo 13 de la ley 24028, en punto a que el Tribunal, tras analizar la totalidad de las constancias de autos a la luz de la normativa aplicable en la materia, había considerado que en autos debía rechazarse la acción intentada por el actor en punto al reclamo indemnizatorio fundado en la ley 24028, habida cuenta que "el acuerdo conciliatorio celebrado en los términos del art. 15 de la L.C.T., homologado judicialmente, adquiría el carácter de cosa juzgada y que se estaba ante una sentencia definitiva de carácter material, a la que las partes se encontraban obligadas como a la ley misma".Tanto más si se repara en los propios términos de la sentencia enjuiciada al afirmarse que "en lo que hace a la falta de cumplimiento de los recaudos previstos en el 2do. párrafo del art.

13 de la ley 24.028 (determinación del grado de incapacidad por pericia o dictamen médico en sede judicial o administrativa) es dable aclarar que opera para supuestos en que se transen incapacidades de tipo permanente lo cual evidentemente, no aprehende el caso de autos al momento de celebrado el acuerdo" .
Honorarios, declaración de insania, base regulatoria
Materia: PROCESAL
Carátula: R.B. DE S.E. s/ INSANIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-18

La referencia al 10% de los bienes, que trae el art. 634 del Código Procesal, es un tope máximo para determinar los gastos y honorarios a cargo del presunto insano o inhabilitado y no un criterio para fijar todas las regulaciones de modo que sumen ese porcentaje. En consecuencia, no es necesaria la determinación exacta del patrimonio del interesado, pues los trabajos no deben retribuirse con sujeción a la escala del art. 7 de la ley 21.839, siendo de aplicación el art. 6, aun cuando se deba tomar en cuenta la situación económica de quien debe pagar. Tampoco procede la tasación especial de los bienes inmuebles, ya que el avalúo que prevé el art. 23 de la ley 23.839 se refiere a juicios en los cuales el litigio versa sobre bienes muebles o inmuebles o su transferencia.
Orden de detención, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Sr. Agente Fiscal de Ministerio Público Dr. Emilio Canavesio s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1999-12-01

El art. 22 in fine de la Constitución Provincial establece: "Ninguna persona, salvo el caso de flagrante delito, puede ser privada de su libertad ambulatoria o sometida a alguna restricción de la misma sin orden escrita de juez competente, la que deberá ser fundada en semiplena prueba de su culpabilidad". El art. 329 del C.P.P. norma:

"La orden de detención será escrita, contendrá el nombre del imputado o datos que sirvan para identificarlo y el hecho que se le atribuye y será notificada en el momento de ejecutarse o inmediatamente después..." Cuando el art. 22 exige que esta orden escrita se funde en semiplena prueba de culpabilidad impone al juez que el ordenar la detención, realice una operación intelectual de valoración, destinada a establecer previamente si existe eficacia conviccional sobre los hechos y elementos de prueba traídos a su conocimiento, para luego disponer la privación de libertad mediante una orden escrita, lo que no importa que todo el análisis motivacional efectuado por el Juez deba encontrarse transcripto en la misma. La semiplena prueba de culpabilidad debe surgir de los autos, en otras palabras: la orden que se emite debe estar respaldada en elementos de convicción que obren en el expediente, pero es necesario que todos ellos se expongan en aquella, como si fuera una sentencia. Sobre todo si se repara en la oportunidad que a partir de la reforma constitucional de septiembre de 1986 se restringió la orden de detención exclusivamente a la orden escrita de Juez competente.
Aportes sindicales, retención de aportes sindicales
Materia: LABORAL
Carátula: Murallón  Pinturas  SA c/ Unión Personal Fábricas de Pinturas yAfines de la Republica Argentina s/ Queja Expte. Administrativo.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-09-13

La obligación de actuar como agente de retención resulta del carácter sinalagmático del convenio colectivo, el que fuera celebrado en definitiva en la base del consentimiento acordado por las partes que concurrieron en representación de los sujetos que agrupan... así, la contribución es un elemento entre varios que integran el conjunto de las estipulaciones generales, de cuyo juego armónico resulta el mérito y la eficacia total y final del convenio colectivo que determina las condiciones de trabajo (Conf. CSJN "Potenzo, Pablo L. C/ Federación de Empleados de Comercio" del 12/4/1972, DT, 1972, p. 579).
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, revocación de sentencia, sentencia arbitraria, recurso de inaplicabilidad de ley, denegatoria del recurso, reglas de la sana crítica, exceso ritual manifiesto, verdad jurídica objetiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Romero, Hilda Jacinta c/ Romero o Molina, Teresa Hermenegilda. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-27

Es descalificable el pronunciamiento que, al desestimar el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto, realizó un análisis parcial y aislado de diversos elementos de convicción, sin integrarlos en el conjunto, por lo que la interpretación del a quo no se ajusta a las reglas de la sana crítica (art. 372 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Entre Ríos), aparte de que se traduce en un claro exceso ritual e incide en menoscabo de la verdad objetiva en que se sustenta la pretensión.
Caducidad de instancia, interrupción de la caducidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Riarte de Ponce, Tomasa c/ Villaroel, Ismael s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-04-09

Aun cuando haya transcurrido el plazo legal de la caducidad de instancia, este se interrumpe ante una presentación impulsando el proceso, anterior al acuse, aunque luego la contraparte no la consienta. Ello por cuanto el alcance del art. 315 del CPCC se limita sólo a las actuaciones del tribunal respectivo al asentimiento del solicitante posterior al vencimiento del plazo legal.
Defraudación, desbaratamiento de derechos acordados, participación necesaria, mutuo hipotecario, asiento registral, error de prohibición, oponibilidad a terceros, empleados de banco, monto del embargo
Materia: PENAL
Carátula: SERAFINI, Carmelo y otros. s/ PROCESAMIENTO-DESBARATAMIENTO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-13

Si bien los contratos no registrados son inoponibles a terceros, esto no ocurre en relación al propietario; es decir, respecto de quien desbarató el derecho oportunamente acordado. Quien coopera dolosamente en un hecho delictivo ajeno -cometido por quien el contrato es perfectamente oponible-, es partícipe o cómplice; por la entidad objetiva del aporte efectuado en la oportunidad, primario o necesario. Las denuncias realizadas por los damnificados, deben refutarse, pues sus derechos fueron desbaratados en virtud de la constitución de la hipoteca y no, como se pretende, por la falta de registración de los contratos y el concurso de la constructora. El registro no es obligación del adquirente, sino su facultad (**). Debe desecharse el error de prohibición, toda vez que la culpabilidad del autor no se funda en el conocimiento efectivo de la criminalidad de la conducta, sino en su mera posibilidad. La evitabilidad de la falta de comprensión de la criminalidad de la conducta debe valorarse siempre en relación al sujeto concreto y a sus posibilidades en una situación determinada (***). Si bien el encartado no es abogado, contador, o escribano, se encontraba a cargo de una gerencia en un banco; para llegar a tal posición en una entidad bancaria de renombre, al menos se debe tener cierto conocimiento en la materia, incluso, superior a ciertos profesionales del derecho. Esta afirmación encuentra suficiente apoyo en la sapiencia demostrada al momento de efectuar su descargo a tenor del art. 294, C.P.P.N., y denota que aún en el caso de existir un error, éste era vencible o evitable. Respecto al monto del embargo dispuesto por la a quo, éste puede ser modificado, aumentándolo o disminuyéndolo, conforme a los cambios o variaciones que puedan producirse durante el trámite del proceso (****).
Prenda comercial, cesión de créditos
Materia: COMERCIAL
Carátula: FLOR DE LIS SA s/ CONCURSO S/ INC. DE ELEVACION A CAMARA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-06-14

La cesión de un crédito en garantía de otra operación constituye en definitiva una prenda. La prenda de créditos guarda semejanza con la cesión de créditos, aunque en virtud de la prenda no se traspasa la propiedad del crédito, pues solo se garantiza con el otra operación. Para que se perfeccione ese derecho real, es necesaria la entrega del título en que consta el crédito (por ello solo pueden prendarse los créditos susceptibles de ser instrumentados por escrito), y la notificación al deudor.
Docentes, igualdad ante la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MAIDANA ANTONIO OSVALDO c/ PROVINCIA DE ENTRE RIOS s/ INCONSTITUCIONALIDAD    DECRETO    504/85    GOBIERNO  ARTICULO  1RO.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1988-04-11

El decreto Nro. 504 Gobierno (modificatorio del 4231 Gobierno ) es inconstitucional en cuanto dispone en su artículo 1ero. que quedan comprendidos en tal disposición - y por ende en la ley 7413 - todo el personal docente que se desempeña en organismos y establecimientos privados. Es decir incorpora lisa y llanamente un extremo no contemplado en la ley de incompatibilidades y con ello excede los límites de su función reglamentaria para modificar sustancialmente la letra de la ley , invadiendo así atribuciones propias del Poder Legislativo
Proceso penal, arraigo
Materia: PENAL
Carátula: EMMET, D.A. Y OTROS s/ EXCEPCION - ARRAIGO - IMPROCEDENCIA PROCESO PENAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1976-11-09

I.- No es admisible, en el proceso penal, la articulación de la excepción de arraigo prevista en la legislación procesal civil. II.

Las excepciones que anuncia el art. 443 C.P.C. componen un sistema de "numerus clauu".
Interposición del recurso, cómputo del plazo
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Eiben, Francisco c/ GCBA s/ empleo público (excepto cesantía o exoneraciones)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-02

Corresponde rechazar la queja si no ha sido interpuesta en tiempo oportuno (art. 32 de la ley n° 402). El hecho de que el escrito hubiese sido presentado en término ante la Cámara no hace variar la conclusión arriba expuesta, pues sólo es eficaz el cargo puesto por este Tribunal (conf. art. 108 del CCAT). El art. 32, primer párrafo, de la ley n° 402 es clara y no permite dudar si debe ser interpuesto ante este Tribunal o ante otro estrado. La norma no ofrece alternativas al litigante. Por tal razón, la fecha y hora de presentación del escrito ante el Tribunal, consignada en el cargo autorizado por funcionario competente de la Secretaría General (cf. art. 7, inc. d, del Reglamento del Tribunal Superior de Justicia), es la que resulta determinante para considerar la tempestividad de la presentación.
Trabajadores textiles, enfermedades inculpables, premio por presentismo
Materia: LABORAL
Carátula: UREÑA, OSCAR SANTIAGO c/ ESTABLECIMIENTO TEXTIL OESTE SA. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-03-31

El premio por presentismo previsto en el artículo 30 inciso a) del CCT. Numero 2/75 puede no ser abonado al obrero textil que estuvo ausente afectado por una enfermedad inculpable.
Acción de amparo, arbolado público
Materia: CONSTITUCIONAL-MEDIO AMBIENTE
Carátula: Heras, Claudia c/ G.C.B.A. y otros s/ Apelación - amparo ambiental
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-11-09

En el marco de una acción de amparo tendiente a resguardar el derecho constitucional de la amparista a un ambiente sano y equilibrado y a la preservación del patrimonio natural, puntualmente, del arbolado público corresponde ordenar al Poder Ejecutivo de CABA arbitrar las medidas correspondientes para materializar la inmediata suspensión de cualquier actividad de poda y/o tala del arbolado público existente en la ciudad que no cumpla con lo dispuesto por los artículos 10, 11 y 12 de la Ley 3263, pues no se observa que la medida adoptada afecte el interés público comprometido, y se advierte que la tutela preventiva no impuso la paralización de una tarea u obra pública y tampoco conlleva un riesgo de que ello ocurra, toda vez que la manda cautelar no ordenó la suspensión general del servicio de mantenimiento del arbolado público de la ciudad sino solamente los casos en que no cumpla con lo dispuesto por los arts. 10, 11 y 12 de la ley 3263 y siempre que un mediaren situaciones excepcionales que no admitan demora.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, concursos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: González Fabrizio, Norberto s/ Incidente de nulidad en "Ferrer y Asociados S.A. Concurso  preventivo"
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-05-23

No resulta definitiva la decisión recaída en un incidente de nulidad cuando éste compromete -en última instancia- la validez de un pronunciamiento que no encuadra en el art. 278 del Código Procesal Civil, como en el caso en que mediante el mismo se pretende cuestionar en última instancia la validez de la concurrencia de los acreedores verificados a la junta respectiva.
Condiciones de trabajo, carga de la prueba, declaración de insalubridad
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Cerullo, Roberto Carlos Evaristo c/ A.N.Se.S. s/ Dependientes - otras prestaciones
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-12-10

La salubridad del lugar de trabajo se presume hasta que sea declarado lo contrario por la autoridad competente. Por ello, no corresponde aplicar las disposiciones de la ley 11.544 cuando dicho extremo no se encuentra cumplido.
Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social, competencia derivada, silencio de la administración, recurso de apelación (procesal), reajuste jubilatorio, aplicación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: CAVIGLIA, OBDULIO PEDRO c/ Caja Nacional de Previsión para Trabajadores Autónomos s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-27

La competencia de la C.N.A.S.S. surge de lo dispuesto por el art. 8 de la ley 23.743 que la limita, en lo concerniente al retraso en que puedan incurrir los organismos administrativos que integran el sistema previsional, a los recursos de queja por apelación denegada y pedidos de pronto despacho de conformidad al art. 28 de la ley 19.549; sin que se halle contemplada la situación prevista por el art. 10 de la ley de procedimiento administrativo. Además, el decreto 9101/72 aclaró que respecto a los procedimientos en materia de previsión y seguridad social, las normas de la ley 19.549 y su decreto reglamentario 1759/72 son de aplicación supletoria, lo que equivale al reconocimiento de la especificidad de la normativa procesal que ha de regir la materia previsional, la cual no contempla el remedio del silencio. En consecuencia, corresponde desestimar el recurso de apelación interpuesto ante el silencio del organismo administrativo en dictar resolución sobre un pedido de reajuste de haberes.
Sobreseimiento, prescripción de la acción penal
Materia: PENAL
Carátula: BREVETTA RODRIGUEZ, MIGUEL; FERNANDEZ, FLOREAL O.; BAGLI, ANGEL RAMON; MUJICA, CARLOS ALDO; GOROSTIAGA, ANGEL; VINCE, ESTEBAN; MIRANDA, GONZALO s.d. VIOLACION DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PUBLICO-DEFRAUDACION CALIFICADA e.p. del ESTADO PROVINCIAL s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-07-04

Para determinar si corresponde la aplicación del sobreseimiento por prescripción de la acción penal, cabe verificar: a) calificación del delito; b) lapso acaecido desde su consumación; c) y la existencia de causales de suspensión o interrupción.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, proceso penal, calificación jurídica
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ROBERTI, DAVID ALEJANDRO c/  s/ ADMINISTRACION FRAUDULENTA EN CARACTER DE AUTOR-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-10-02

Pese a que la quejosa invoca arbitrariedad normativa en lo decidido, en realidad de la motivación aportada tan sólo se deduce su mera discrepancia con la calificación jurídica dada al hecho atribuido al imputado, cuestión ajena a la instancia pretendida, salvo supuestos de arbitrariedad que no se vislumbran configurados en el caso, ya que si bien esgrime la defensa afectación al principio de legalidad al entender que el rol que cumplía el imputado en la empresa en que trabajaba no habilitaba a considerarlo sujeto activo de administración fraudulenta, no demuestra en modo alguno que la Cámara al fundar la confirmación de la condena por tal delito hubiera excedido el límite semántico del tipo penal en cuestión, o bien que hubiera efectuado una interpretación extensiva del mismo, todo lo cual demuestra, como se adelantó, que se trata de una cuestión propia de los Jueces de la causa y que, más allá de que se comparta o no la solución, no habilita la apertura de la instancia intentada.-
Concurso de cargos, acción de amparo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MACCHI, RUBEN ANGEL c/ BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES s/ AMPARO- MEDIDA CAUTELAR- NO INNOVAR-
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-05-08

Corresponde dejar sin efecto la suspensión del examen en el llamado a concurso interno para la cobertura de cargos de abogados en el Banco de la Provincia de Buenos Aires porque, mientras no se lo cubra, el demandante podrá articular sus pretensiones sin desmedro o aflicción de sus derechos; siendo que por ahora la cuestión articulada carece de "periculum in mora"; máxime si se recuerda el carácter sumario de la vía escogida (amparo).-
Designación de conjueces, nulidad del decreto
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Aparicio, Ana Beatriz y otros c/ EN -CSJN- Consejo de la Magistratura - art. 110 s/ empleo público
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-04-21

Corresponde declarar la nulidad de la designación de conjueces efectuada por el Poder Ejecutivo Nacional oficializada en el decreto 856/14, en tanto el referido acuerdo no contó con el voto de los dos tercios de los miembros presentes del Senado de la Nación, como exige el art. 99, inc. 4°, primer párrafo, de la Constitución Nacional
Certificados de obra, mora
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Pypsa S.A. c/ Provincia de Buenos Aires (M.O.S.P.) s/ Demanda contencioso administrativa Pypsa S.A. c/ Provincia de Buenos Aires (O.S.B.A.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-04-19|1994-09-27

El art. 45 de la ley 6021 solamente condena al pago de intereses moratorios en los casos de demoras registradas en los pagos de los certificados, no existiendo mora por la simple emisión tardía de los certificados independientemente de su pago.