marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Concursos, pedido de quiebra, trámites judiciales, prueba sumaria del crédito, cargo, acreedor, tasación
Materia: COMERCIAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Celulosa de la Mesopotamia SA le pide la quiebra Banco de la Ciudad de Buenos Aires c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-12

Procede rechazar la pretensión recursiva dirigida a impugnar el resultado de la tasación de los inmuebles realizada en autos. Ello por cuanto, de lo dispuesto en la LCQ 80 resulta que, cuando la quiebra es pedida por un acreedor titular de un crédito con privilegio especial, él debe demostrar sumariamente que los bienes afectados son insuficientes para cubrirlo. A esos efectos, fue designado en esta causa un tasador, que, tras cumplir con la encomienda en cuestión y valuar los bienes prendados, arribó a la conclusión de que ese valor ascendería a cierta suma de dólares estadounidenses; y, por otro lado, la liquidación aprobada arrojó como resultado un crédito en pesos argentinos que, convertida a dólares estadounidenses, según la cotización al día de la fecha, representa una suma inferior a la de dicha tasación. No se soslaya la seriedad de los argumentos expresado por el apelante para cuestionar la tasación de marras, ni desconoce que la propia demandada aceptó que había alterado los elementos que permitían individualizar cuáles eran los bienes afectados a la garantía, no obstante, las dudas generadas a raíz de esos hechos, no pueden ser resueltas a favor del incidentista en el marco de este proceso, desde que lo contrario conduciría a una solución que, como la declaración de quiebra, trasciende el interés particular de la deudora y es susceptible de incidir negativamente en los demás intereses que a su alrededor convergen, por lo que no puede ser preferida. En consecuencia, esas dudas por más fundadas que sean, deben ser dilucidadas en el marco de un proceso individual, en el que el acreedor pueda, por medio de la subasta respectiva, constatar efectivamente si el valor que se cuestiona se corresponde o no con la realidad.
Fuentes del derecho, equidad
Materia: CIVIL
Carátula: C., G.F. c/ C., R.O. y Otra s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-11-13

La equidad no ha sido establecida en nuestro ordenamiento independiente de la ley. No es fuente directa del derecho. Solamente se aplica por si misma cuando la ley se remite a ella para determinadas instituciones. Es claro que importa un elemento de indiscutible valor para la interpretación de las normas positivas, para lograr la justicia que el caso requiere, pero no cabe acudir a la equidad para soslayar las directivas concretas del sistema legal vigente.
Libertad de prensa, censura previa, delitos cometidos por medio de la prensa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Servini de Cubría, María Romilda s/ amparo. (S. 303- S. 292).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-08

La verdadera sustancia de la libertad de prensa radica fundamentalmente en el reconocimiento de que todos los hombres gozan de la facultad de publicar sus ideas sin censura previa, esto es, sin el previo contralor de la autoridad sobre lo que se va a decir;

pero no en la subsiguiente impunidad de quien utiliza la prensa como un medio para cometer delitos.
Recurso extraordinario, doctrina de la arbitrariedad, debido proceso, defensa en juicio, fundamentación de sentencias
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Taboada, Fabián Ernesto s/ robo de automotor -causa nx 38.023-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-13

Con la doctrina de la arbitrariedad se tiende a resguardar la garantía de la defensa en juicio y el debido proceso, exigiendo que las sentencias sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa.
Contratos civiles, interpretación del contrato, cláusulas equívocas
Materia: CIVIL
Carátula: Maruba S.C.A. c/ Tandanor s/ Contratos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-02-04

Dice Emilio Betti que se impone la carga de hablar claro al que toma la iniciativa en un pacto contractual, de tal modo que se consagra para él una autorresponsabilidad si hubiere formulado en términos oscuros o ambiguos los pactos contractuales en los que tuviere interés, en cuanto están dirigidos a crear obligaciones o a limitar los derechos de la contraparte. En tales casos se impone interpretar estos pactos en el sentido que resulte menos gravoso para ésta.
Prueba pericial, puntos de la pericia
Materia: PROCESAL
Carátula: GALDEANO José Emilio c/ Rodríguez Enrique Daniel s/ Ejecutivo - Actuaciones para Elevar a Cámara
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-06-17

Si bien como lo señala el apelante son las partes quienes proponen los puntos a peritar, es el Juez quien fija los mismos (art. 443 inc. 2 del C.P.C.), y en ese sentido la doctrina ha dicho que "Los peritos deben limitarse a conceptuar sobre los puntos señalados y si exceden el encargo y dictaminan sobre puntos distintos de los contemplados en el cuestionario que las partes o el juez les someten....... en esa parte el dictamen carecerá de mérito probatorio, a menos que se trate de cuestiones conexas con las que constituyen el tema de prueba y que hayan sido estudiadas como parte de la investigación", es decir, que los puntos que son las preguntas, los cuestionamientos, las dudas a dilucidar, salvo las excepciones en los casos señalados, los fija en definitiva el Juez pero, para poder contestar a esos "puntos" el perito más que la facultad tiene la obligación de agotar la investigación (según su ciencia) para resolver un problema técnico e informar la verdad real para que el Juez pueda encontrar la solución de las cuestiones jurídicas planteadas.

Y habida cuenta que para realizar su misión en busca de la verdad real los peritos calígrafos deben privilegiar como material de cotejo las firmas estampadas en los documentos anteriores o contemporáneos a la suscripción del documento dubitado, por sobre las confeccionadas exprofeso - con la consiguiente posibilidad de deformación voluntaria - luego de promovida la acción o como cuerpo de escritura en la etapa probatoria, siendo facultad del perito requerir a las partes que agreguen documentos vinculados y necesarios para el cumplimiento del dictamen pericial que obren en su poder.
Procesamiento, nulidad del acto jurídico, derechos y garantías constitucionales, inmunidades parlamentarias
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: Causa contra MOYANO, Arminda Angela s/ DESACATO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1990-12-07

Son nulos los actos procesales y el consecuente procesamiento, realizados en violación a la garantía constitucional de inmunidad de opinión parlamentaria, en razón de que no se puede acusar, indagar y declarar penalmente responsable por su conducta delictiva, a quien goza de tal garantía de inmunidad de opiniones vertidas en el ejercicio de su cargo, debiendo declararse el archivo de las actuaciones por no poderse proceder. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Procesos especiales, acción de amparo, acto administrativo inexistente
Materia: PROCESAL
Carátula: NAGLE José Sebastián c/ Obra Social de La Provincia de San Juan s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-06-10

La mera afirmación de que un empleado de la Obra Social Provincia le habría indicado "aquí no hacemos declaración jurada, vaya al juez" y aunque dicha indicación se hubiere probado mediante la testimonial ofrecida por su parte, no deja de ser un acto verbal aislado de un empleado que en modo alguno puede considerarse acto administrativo imputable al organismo en cuya esfera el amparista no acredita haber iniciado procedimiento alguno, de modo tal que no debe hesitarse de que en el caso no existe ni se dan los requisitos formales que justifican la procedencia del amparo, tal como correctamente ha concluido el Señor Juez A - quo, circunstancias que atento lo expuesto precedentemente justifican el rechazo del recurso.
Enfermedad profesional, responsabilidad del empleador
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Alloi, Jorge c/ Banco de la Provincia de Formosa s/ Indemnización por incapacidad laboral total y permanente derivada de  enfermedad accidente. Indemnización por incapacidad laboral total y permanente derivada de enfermedad accidente.
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1995-11-27

La ley 18694, dictada con la pretensión de erigirse en su momento (año 1970),en un régimen uniforme de sanciones para las infracciones a las leyes nacionales reglamentarias del trabajo, contiene esencialmente un sistema sancionatorio progresivo para aquellos que incurren en infracciones a las obligaciones formales impuestas por las leyes nacionales del Trabajo. Y si bien es cierto que el art. 2º agrega que "el incumplimiento de las obligaciones formales y la no exhibición en tiempo propio de esos instrumentos, constituirán asimismo una presunción-a valorar en juicio-en contra de las afirmaciones del obligado, sin perjuicio de otros efectos previstos por normas legales respecto a los actos o hechos afectados por dicho incumplimiento",no sólo que siempre está refiriendo a la sanción administrativa que se impone por dicha vía legislativa, y que como tal puede ser cuestionada judicialmente, sino que aún en el campo de las presunciones, el nuevo régimen implantado por la ley 24028 es suficientemente claro respecto a la necesidad del actor de probar la responsabilidad del empleador por las enfermedades.
Rebeldía, declaración indagatoria, notificación, falta de notificación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: BURSESE, Carlos. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-06-29

Si el imputado no fue notificado personalmente de la fecha fijada para comparecer a prestar declaración indagatoria, no corresponde ordenar su captura y posterior declaración de rebeldía, sino buscar una medida menos gravosa que cumpla la misma finalidad, esto es, la presencia del encausado ante los estrados del tribunal, pues "...antes de proceder a disponer una medida de coerción personal resulta pertinente agotar las distintas opciones que presenta la normativa procesal aplicable al caso, para lograr la comparecencia del nombrado" (*).

A tal fin, se podría librar oficio al Jefe de la Policía Federal, para que proceda a la averiguación del actual paradero, a efectos de notificarlo de la existencia de la causa y del requerimiento solicitado toda vez que si no existe conocimiento de la citación mal puede haber voluntad de incomparecencia.

En consecuencia, corresponde revocar la resolución materia de recurso.
Agotamiento de la instancia administrativa, Superior Tribunal de Justicia, incompetencia, competencia contencioso administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: MURUA DE POVOLO, TERESITA DEL VALLE Y OTROS c/ ESTADO PROVINCIAL s/ ACCION DE NULIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2007-04-03

En el proceso contencioso administrativo, conforme lo determina el CCA en sus Arts. 5, 6 y 7, se exige que previamente a la acción judicial, se haya agotado la vía administrativa con la obtención de un pronunciamiento de la autoridad competente de última instancia; se determina el valor del silencio para el supuesto de falta de pronunciamiento expreso y se fija el plazo perentorio de veinte días para la interposición de las acciones contencioso administrativas, contados desde la notificación de la resolución denegatoria en los actos de carácter particular, como el que se impugna en autos.

En el caso, se constata que los actores se notificaron de la Resolución de la Inspección General de Personas Jurídicas, con fecha 06/11/06, interponiendo contra tal acto recurso jerárquico con fecha 09/11/06, fecha a partir de la cual comienza a correr el plazo prescripto en el Art. 165 de la Constitución Provincial, en concordancia con el Art. 118 del CPA, de noventa días corridos para el acto de ficción de denegatoria tácita que, computados a la fecha de interposición de la demanda -06/02/07-, no se encuentra aún configurado.

En consecuencia, en este estadio procesal corresponde declarar la incompetencia del Tribunal para entender en la causa, ante el planteo prematuro de la acción, sin perjuicio de que en razón de la materia, la acción interpuesta, corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa de la Corte de Justicia.
Remuneración, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Iglesias, Antonio M. c/ Nueva Dinámica S.A. s/ Reclamo s/Inaplicabilidad de ley.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1995-10-05

Cuando de salarios se trata hay una condición primera para que la apreciación judicial que permite el art. 142 de la LCT pueda declarar válidos los recibos que no cumplen todas las formalidades legales y ella es -obviamente- que se trata de un instrumento que pueda así llamarse. (Opinión personal: Dr. Leiva).
Salario mínimo, vital y móvil, beneficios previsionales
Materia: PENAL
Carátula: CACERES ANA LUISA c/ ANSES s/ AMPAROS Y SUMARISIMOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-06-01

Si el ingreso que obtiene el actor es inferior al mínimo legal -que fue establecido por juzgarse suficiente para cubrir necesidades primarias de los beneficiarios-, la exclusión de la garantía prevista por el art. 125 de la ley 24.241 sin que el ordenamiento previsional obligue a las compañías de seguros a cubrir dicho mínimo vital, restringe de manera irrazonable derechos consagrados por la C.N. que el Estado debe garantizar de acuerdo a lo dispuesto por el art. 14 bis de la Carta Magna por resultar una protección operativa a las jubilaciones y pensiones. (cfr. Dictamen de la Procuración General de la Nación, en la causa "Etchart, Fernando c/ A.N.Se.S." de fecha 13.05.15). (Del dictamen fiscal al que adhiere la Sala).
Cuestiones de competencia, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia aplicable
Materia: PROCESAL
Carátula: BARRIOS, GUSTAVO GABRIEL c/ INTERACCION ART s/ COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-11-24

La cuestión debatida resulta similar -mutatis mutandi- a la decidida por esta Corte en la causa "García c/ MAPFRE ART S.A.", dado que presenta desde lo fáctico circunstancias similares, por lo que -precisamente en razón de ello- debe resolverse en el mismo sentido, correspondiendo remitir al citado precedente. (Del voto de los Dres. Spuler y Gutiérrez)
Seguros, perfeccionamiento del contrato
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pergamino Coop. de Seguros Ltda. c/ Galizia, Pedro Juan s/ Cobro de pesos por incumplimiento contractual
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-08

La consensualidad y la libertad de formas resultan caracteres salientes del contrato de seguro. La ley respectiva no impone solemnidad alguna a cuya observancia las partes deban sujetarse para dar vida al contrato. La perfección de éste se logra mediante la declaración común de voluntad. La ley 17418 no establece forma determinada para la exteriorización ni de la oferta ni de la aceptación. El contrato de seguro nace a la vida jurídica con el consentimiento, y con éste los derechos y deberes de los sujetos del contrato.-
Recurso extraordinario federal, improcedencia del recurso, cuestión no federal, cuestión de derecho común, beneficios previsionales, divorcio por presentación conjunta, cónyuge divorciado, reserva del derecho alimentario
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ALONSO DE BOTTINI, DOROTEA. c/ CAJA  DE  JUBILACIONES,  SUBSIDIOS Y PENSIONES DEL PERSONALDEL BANCO DE LA PROVINCIADE BUENOS AIRES. s/ DEMANDA CONTENCIOSOADMINISTRATIVA (PENSION).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-06-07

Es improcedente el recurso extraordinario contra la sentencia que reconoció derecho previsionario a quien se hallaba separada del causante en los términos del art. 67 bis de la ley 2393. Ello así, pues dicha solución constituye una exégesis posible de la citada disposición de derecho, emitida por los jueces dentro de las facultades que les son propias, situación que cabe hacer extensión al criterio respecto de la aplicación de las leyes previsionales locales -art. 61, inc. d), de la ley 5678 de la Provincia de Buenos Aires-; máxime si lo decidido tiende a mantener a la peticionante en la situación asistencia que venía gozando en vida del causante pues se había dejado a salvo su derecho a recibir alimentos- y que no se ve razón para que sea modificada ya que no se advierte que la solución dada por el a quo debilite la protección constitucional de la familia.
Notificación por cédula, falta de aviso, personas jurídicas
Materia: PROCESAL
Carátula: MALASPINA, HECTOR c/ AEROLINEAS ARGENTINAS s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-30

No puede descalificarse el acto procesal de comunicación porque no se haya dado el aviso de la ley, ya que si la destinataria era una persona de existencia ideal, y la misma vive allí, según la versión que recibe el oficial público de uno de sus dependientes, resulta innecesario el cumplimiento de ese recaudo que sólo es pertinente cuando no se encuentra quien deba ser notificado y quien atiende al notificador le hace saber ello y su imposibilidad de actuar en su nombre y representación, lo que habrá de determinar que se deje el denominado aviso de ley.
Recurso de casación, cuestiones de hecho y prueba
Materia: CIVIL
Carátula: BRITOS JUAN ANGEL Y OTRA c/ ALVAREZ JOSE R.; PEREZ CURBELO LUIS Y/O EMP. "GOMIR" Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2005-02-04

Las impugnaciones del casacionista, referentes a la atribución de responsabilidad efectuada por el Tribunal A-quo, son en principio ajenas a la esfera del recurso deducido, toda vez que, por tratarse de cuestiones de naturaleza fáctica y procesal, constituyen materia reservada a las instancias de Apelación, salvo supuestos de arbitrariedad en el fallo impugnado.
Recurso de apelación (procesal), reformatio in pejus
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Río de La Plata c/ García de Biancotto, A. s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-09-29

La circunstancia de haberse condenado a pagar dólares estadounidenses cuando el pagaré en ejecución ha sido confeccionado en pesos y se ha demandado su monto en esta moneda, amerita corregir dicha anomalía pues se exhibe más como un mero error de máquina que uno concerniente a la verdadera voluntad emitida en el fallo que en su parte resolutiva hace mención del "capital reclamado". Esta razón torna inexistente la eventual lesión a la prohibición de "no reformatio in pejus" aunque el punto no haya integrado los motivos de agravio, máxime ante la paridad del valor de cambio que consagran los arts. 1 y 11 de la ley 23.928-
Cuestiones prejudiciales, efectos de la sentencia penal en sede civil, defensa en juicio
Materia: CIVIL
Carátula: VIGNOGNA, Juan c/ TRANSPORTE METROPOLITANO ROCA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-03

El principio de prejudicialidad que emana del art. 1101 del Código Civil debe ceder cuando su aplicación importe un retardo inusitado para la solución de la causa civil. Pues la existencia de una dilación indefinida en el trámite y decisión de esta última, ocasiona agravio a la garantía constitucional del derecho de defensa en juicio, al producir una efectiva privación de justicia.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestiones de hecho y prueba, control de cambio, banco central, multa penal, pena de inhabilitación
Materia: COMERCIAL - CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: ALBERTO EDUARDO FLAGEAT s/ INFRACCION DE LA LEY 19359.   CAMBIO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-21

Es improcedente el recurso extraordinario deducido contra la sentencia en cuanto impuso las sanciones de multa e inhabilitación al autor material del hecho que prevé el art. 1ro., inc.b), de la ley 19.359. Ello es así, pues los agravios sólo revelan la discrepancia del apelante con el criterio de selección y apreciación de la prueba y con la decisión de los jueces de grado de considerar al ingreso de los valores en la República, como un tramo del accionar delictivo que ya se venía realizando.
Acción, mora de la administración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Burgwardt y Cía. S.A. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-04-27

El pedido de pronto despacho que frente a la demora de la autoridad administrativa en resolver exige el art. 7 del C.P.C.A., es un urgimiento que, junto con el transcurso de los plazos de ley, resulta indispensable para tener por configurada la retardación y por lo tanto la resolución denegatoria tácita o presunta que habilita la instancia contencioso administrativa, ya sea en caso de demora en el dictado de un acto definitivo o cuando hay omisión en pronunciar providencias de trámite, que son los dos supuestos de retardación contemplados en aquella norma del C.C.A. En el caso, la última actuación existente en las actuaciones administrativas -relacionadas con la presentación en análisis- tendientes a impulsar el procedimiento fue la remisión de las actuaciones al Departamento Administrativo para que se expida la Comisión de Variaciones como paso previo al dictamen de Asesoría de gobierno. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Prescripción, error registral
Materia: PROCESAL-CIVIL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Bottini, Nélida Elsa y Otro c/ EN-RENAPI s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-02-19

En materia de errores registrales el plazo de prescripción -artículo 4037 del Código Civil- en el caso de una acción sobre indemnización de daños y perjuicios provenientes de un informe erróneo expedido por el Registro de la Propiedad comienza a correr desde la fecha en que el error fue conocido, y no desde la emisión de dicho informe, según criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Municipalidad, personal municipal, indemnización, ley previsional, interpretación amplia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: AGÜERO, WERFIL c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  Nº 657-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-07-05

Las pretensiones esgrimidas por el recurrente -reconocimiento de la indemnización por cesantía, por incapacidad inculposa-, deben interpretarse de manera tal que no frustre "normas de seguridad social contenidas en el artículo 14 de la Constitución Nacional, las cuales al propio tiempo que consagran derechos para los jubilados, encomiendan expresamente al Estado el otorgamiento de tales beneficios... mandato constitucional cuyo cumplimiento atañe a los poderes públicos dentro de la órbita de sus respectivas competencias".
Daños y perjuicios, responsabilidad de la empresa ferroviaria, responsabilidad del transportador, obligación de seguridad, circulación con puerta abierta
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: DOMINGUEZ, Ramona D. y otro c/ FERROCARRILES ARGENTINOS y otro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-24

La circunstancia de que la puerta del vagón se encontrara abierta estando el convoy en movimiento, significa que la empresa de ferrocarriles no le estaba brindando al pasajero durante su viaje las medidas de seguridad indispensables para proteger su integridad física, lo que implica en consecuencia, la violación de la obligación de la empresa de conducir al transportado sano y salvo hasta el lugar de destino.