marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Procedimiento laboral, despido, pérdida de confianza
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Nieva, Miguel Angel c/ Centro de Enfermedades Renales y/o Q.R.R. s/ Beneficios Laborales s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-06-08

Cuando se alega pérdida de confianza, resulta necesario que se invoquen y prueben los hechos objetivos en que se funda tal estado subjetivo, pues la pérdida de confianza no es una causal autónoma de despido, sino que debe partirse de la alegación de un hecho desleal como lo es un incumplimiento concreto, que dé razón suficiente a aquella ausencia de confianza, de modo que, conjugados tales extremos -el subjetivo y objetivo- el principal esté habilitado para rescindir el contrato de trabajo por culpa del trabajador.
Telefónica de Argentina, bonos de goce y de participación
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Acosta,  Aída  y  otros c/ M° T Y SS-PPP- Dto 395/92 y otros s/ proceso de conocimiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-11-27

Del texto del art. 29 de la ley 23.696 no se desprende la existencia de una posibilidad abierta a que se pudiera excluir de un PPP el bono de participación en las ganancias de la empresa (Del voto del juez Coviello, cons. VIII).
Escritos judiciales, firma falsa
Materia: COMERCIAL
Carátula: TEXTIL PLATENSE SA s/ QUIEBRA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-16

El escrito presentado con firma falsa no constituye un acto voluntario susceptible de producir efectos procesales ya que, por tratarse la firma de algo personalísimo, no puede ser reemplazada por grafismos de terceros señalando que dicha circunstancia lleva a concluir que tal actuación no tiene existencia jurídica (cciv 1012), pues al ser el proceso un conjunto de actos en que cada uno de ellos no puede dejar de coordinarse a los demás para la obtención de una finalidad, la inexistencia de algún acto compromete su vida misma.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, jurisprudencia, Colegio Público de Abogados, tribunal de disciplina, potestad disciplinaria, falta de pago
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: F., S. N. s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Recurso de Apleación ante el   Tribunal de Etica de Abogados (Expte. CSJ Nº 558-98)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-08-30

No puede prosperar la defensa intentada por la profesional recurrente fundada en la prescindencia por parte del A-quo del fallo pleno emanado del Tribunal de Etica del Colegio de Abogados que resuelve que la falta de pago de la boleta de iniciación de juicio no constituye por sí sola una falta ética, desde que dicho antecedente fue valorado, considerándose que no era aplicable al caso en razón del número de procesos (2100) en los que se había omitido el aporte obligatorio, lo que -a criterio del Sentenciante- resultaba decisivo a los efectos de encuadrar la conducta de la recurrente en el apartado 2, artículo 51, del Estatuto del Colegio de Abogados.
Prueba testimonial, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Martigano, Edith c/ Novelli, Juan C. s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-04-18

Quien dispone por un conocimiento meramente referencial, no es un testigo, desde que no puede dar fe de un hecho -testibus- quién solo lo conoce "ex auditio alieno"", de allí que sus declaraciones sean inatendibles.
Hurto con llave o ganzúa, robo con llave o ganzúa, llave falsa
Materia: PENAL
Carátula: Rueda, Walter A. s/ Robo agravado
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-04-07

La fueza en las cosas, como requisito típico, no es absolutamente excluyente del uso de ganzúa o llave falsa, requeridas por el art.

163, inc. 3 del C.P., en función del art. 167, inc. 4, de ser así debería entenderse que la genérica agravante contenida en esta última norma proviene de una inadvertencia legislativa, lo cual es imposible.
Error de prohibición, delitos cometidos durante actividades antisubversivas, desaparecidos
Materia: PENAL
Carátula: Acosta, Jorge Eduardo y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-04-23

La causal de inimputabilidad por error de prohibición indirecto invocado por los militares imputados por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada, torturas agravadas y homicidios calificados cometidos durante el último gobierno de facto, deviene improcedente, por cuanto el grado de instrucción de los mismos impide presumir que hayan perpetrado estos graves hechos en la falsa creencia de un supuesto de validación normativa por vía de justificación, ni la característica que en aquel tiempo tenía la institución en la que revestían los imputados demuestra que pudieron haberse creído con derecho para vejar a otras personas, máxime cuando existió ocultamiento de su accionar, lo que permite inferir que los imputados sabían de su carácter delictivo .
Inadmisibilidad del recurso, suspensión de la pena, resoluciones irrecurribles, cuestión federal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Liporace, Carlos Alberto s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-11-02

Es inadmisible el recurso extraordinario interpuesto contra el rechazo del de casación, pues no se dirige contra una sentencia definitiva ni equiparable a tal, toda vez que no ostentan dicho carácter los pronunciamientos que no ponen fin a la acción, ni a la pena, ni tampoco deniegan la extinción, conmutación o suspensión de la pena, ni proporcionan un perjuicio de imposible reparación ulterior, sin que en el caso se trate de una cuestión federal ni se haya demostrado la existencia de arbitrariedad. (Dres.

Borinsky y David).
Derecho laboral, mobbing, violencia laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Muzyka, Paola Fabiana  c/ Consorcio de Propietarios del Edificio Bernardo de Yrigoyen  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-08

La accionante laboraba como recepcionista para el consorcio de propietarios, en un edificio de renta temporaria de departamentos, y se colocó en situación de despido indirecto. El juez de grado hizo lugar a las pretensiones salariales, indemnizatorias y sancionatorias deducidas en el inicio, y consideró justificado el despido indirecto al concluir que se generó un ambiente de trabajo hostil que determinaron la existencia de "mobbing" (o acoso moral en el trabajo). La prueba testimonial producida da cuenta de los malos tratos recibidos por la accionante de parte de un compañero de trabajo, llegando al extremo de agredirla propinándole golpes y empujones, y amenazarla de muerte. El cuadro de violencia descripto desencadenó problemas de salud en la actora, que determinaron su ingreso a un centro de salud por lapso de 20 días, debido a una descompensación psicofísica. Cabe destacar entonces que se conformó un ambiente de trabajo en el cual la actora vivenció situaciones de agresión y violencia -que la empleadora no atendió-, incumpliendo abiertamente con su deber elemental de prevención. En consecuencia, se confirma la sentencia de la instancia anterior.
Transporte aéreo de pasajeros, responsabilidad del transportador aéreo, incumplimiento del contrato, presunción de culpa, daño por vicio o riesgo de la cosa, Convención de Varsovia
Materia: CIVIL
Carátula: BLANCO MARGARITA SUSANA c/ VIASA VENEZUELAN INTERNATIONAL AIRWAYS Y OTRO s/ INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-10

El art. 19 del convenio Varsovia - La Haya (a la que se sujetó el transporte, conforme estipulación del billete) hace responsable al transportista de los daños que causare por retraso, debiéndose tener en cuenta que en materia contractual - como principio - el mero incumplimiento hace presumir la culpa (cfr. J.J. Llambias, "Tratado de derecho civil - obligaciones", t. I, n° 168, p. 190), no constituyendo el vicio propio de la cosa, esto es, del medio transportador, causal de exención de responsabilidad.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, falta de cita legal
Materia: PENAL
Carátula: Barrientos, Juan Domingo s/ Robo. Privación ilegal de la libertad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-10-27

Es ineficaz el recurso extraordinario que reclama por la omisión de tratamiento de los testigos a que hace alusión la defensa pues no se cita como infringido el art. 226 in fine del Código de Procedimiento Penal que establece las atribuciones de los juzgadores respecto de la selección en la valoración de la prueba, siendo inconducente a esos fines la mención de los arts. 251 a 253 y 263 regla 4a, letras b y g de dicho cuerpo legal. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Resoluciones apelables, prueba extemporánea
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: P., E.P. c/ B., S. s/ Divorcio Vincular
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-05-31

"La resolución del Juez es apelable cuando es negado el derecho de producir la prueba por habérsela ofrecido después de vencido el plazo correspondiente".
Competencia, sociedad de hecho, concubinato
Materia: PROCESAL
Carátula: SERRUDO NELLY c/ ALBERTO FLORES FUENTES s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-08-12

Si el pedido de disolución de una sociedad de hecho entre concubinos se ha tramitado en un juzgado civil y comercial éste carece de competencia para entender, pues por Acuerdo Reglamentario Nro 25-A (del T.S.J., 7.XI.80) y lo sucesivos en la materia, para las cuestiones societarias son de competencia excluyente en la Primera Circunscripción Judicial, los Juzgados de Concursos y Sociedades. Así, tratándose de una incompetencia por materia, resulta la improrrogabilidad aunque mediare conformidad expresa o tácita de las partes (arts. 2, 3 y cc. C.P.C), y estando en ello interesado el orden público, puede y debe declararse aún de oficio en cualquier estado de la causa.-
Recursos, queja por denegación o retardo de justicia, inadmisibilidad formal, incompetencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Yebara, Damián Enrique c/  s/ queja por privación denegación o retardo de justicia en Yebara, Damián Enrique contra ORBIS Compañía Argentina de Seguros SA sobre relación de consumo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-08-24

Corresponde rechazar el planteo por el que el presentante denuncia que se le ha denegado el acceso al servicio de justicia en el marco de una acción que afirma fue remitida por la justicia Nacional Civil a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial aceptando un requerimiento (formulado por este último tribunal) en el marco de un planteo de declinatoria. Cualquiera sea el mérito del trámite que esos órganos permanentes del Poder Judicial de la Nación le estén dando a su presentación, este Tribunal resulta incompetente para obrar en planteos que les imputan denegatoria de justicia. No varía lo expuesto la índole local de las competencias cuyo ejercicio demanda el presentante. Ello, debido a que una jurisdicción de ese alcance no viene encomendada a este Tribunal por la doctrina sentada por la CSJN in re Bazán (publicada en Fallos: 342:509), en tanto se pide aquí el ejercicio de un correctivo propio de la superintendencia. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Procedimiento contencioso administrativo, cuestiones de competencia, competencia federal, competencia por la persona, renuncia a la competencia, prórroga de la competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SA c/ GCBA s/ OTRAS CAUSAS CON TRAMITE DIRECTO ANTE LA CAMARA DE APEL.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-27

En relación con la competencia federal, razonae personae, esta Sala, ya ha sostenido en autos "GCBA c/ Univ. de Buenos Aires s/ejecución fiscal", que "No existiendo renuncia al privilegio del fuero federal por parte del ente, frente a la demanda articulada contra la entidad nacional [...] debe prevalecer la competencia federal establecida a su respecto en el artículo 116 de la Constitución Nacional, y que no reconoce excepciones en la especie toda vez que no se verifica su declinación o renuncia por parte de la entidad nacional demandada, único caso en que podría admitirse la prórroga en razón de su persona" (Y más recientemente, en "GCBA c/ AGP s/ Ej. Fisc.", expte. EJF: 662.776, sentencia de fecha 22-08-06).
Asociaciones sindicales, aportes sindicales
Materia: LABORAL
Carátula: Espíndola, Carlos y otros c/ Federación de Trabajadores de la  Industria de la Alimentación y otro s/ amparo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-11-02

No se discute en nuestro ordenamiento positivo, la posibilidad que se acuerden, en el marco de la concertación sectorial, cláusulas que impongan cotizaciones a los trabajadores no afiliados a la organización sindical (art. 9 de la ley 14250, t.o. decreto 188/88 y 37 inc. a) de la ley 23551). Dichas estipulaciones, también llamadas "de solidaridad" han sido avaladas por la CSJN (ver en particular, Fallos 282:269 y el análisis de J. Rodríguez Mancini en "Las instituciones del Derecho Colectivo del Trabajo y la Constitución Nacional" LL pág 55 y sgtes) y se justifican porque los logros y avances en las condiciones de trabajo, obtenidas por la asociación sindical con personería gremial, se extienden, por el efecto "erga omnes" sobre los contratos de trabajo de los dependientes no afiliados. En consecuencia, es razonable exigirles una contraprestación por esa suerte de gestión de negocios de carácter legal, que irroga para la entidad una labor y un costo. (Del Dictamen FG N° 39.219 del 29/10/04, al que adhiere la Sala).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso, prueba, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: González, Carlos Alberto; Basualdo, Héctor Ventura s/ Exacciones ilegales. Privación ilegal de la libertad, etc
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-06-09

Es insuficiente el agravio fundado en que el sentenciante escogió y meritó sólo una de las declaraciones de la víctima, si no se denuncia violación legal alguna ni se demuestra el absurdo alegado.
Recurso de apelación (procesal), inapelabilidad en razón del monto, monto mínimo
Materia: CIVIL
Carátula: CONSORCIO  DE  PROPIETARIOS  MONTEVIDEO  27/31 c/ BRAHIM MILO s/ EJECUCIÓN DE EXPENSAS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-03-12

Cuando el monto del capital reclamado en un proceso no alcanza el monto previsto en la preceptiva legal ($20.000 conf. art. 242, inciso 3 del Código Procesal, t.o. ley 26.536), la resolución resulta inapelable. Es que, el defecto de multiplicidad de instancias no viola la garantía del debido proceso, de manera que la imposibilidad de apelar en razón del monto tampoco confronta esta garantía, en tanto la doble instancia no es un requisito constitucional.
Derecho constitucional, derecho a la vivienda digna, determinación del monto
Materia: PROCESAL
Carátula: Roldán, José Roberto c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Roldán, José Roberto c/ GCBA y otros s/ amparo (art. 14 CCABA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-08

Corresponde rechazar la queja pues la decisión que pretende que sea revocada - aquella que confirmó el rechazo de la solicitud del actor para que se adecuara el monto del subsidio otorgado por sentencia firme hasta el monto de su canon locativo- no es la definitiva a que se refiere el art. 27 de la ley n° 402, sino una posterior dictada en la etapa de ejecución, y la recurrente no muestra que resulte un apartamiento palmario de aquella (mutatis mutandis Fallos: 187:628; 147:379; 190:139; y 194:40; entre otros). (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, falta de cita legal
Materia: LABORAL
Carátula: Torres, Jorge Osvaldo c/ Acuña, Oscar Raúl y otro s/ Despido y salarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-11-08

Es inatendible el agravio que no se vincula con la denuncia de violación de ningún precepto legal (art. 279, C.P.C.C>)
Daños y perjuicios, falta de licencia de taxi, lucro cesante
Materia: CIVIL
Carátula: FRANCO, Roxana Beatriz c/ GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-14

Si bien cuando se trata del lucro cesante derivado de la inactividad de un taxi, resulta sumamente difícil acreditar las ganancias exactas dejadas de percibir, ello no es óbice para la procedencia del reclamo si se ha acreditado que por circunstancias imputables a la Comuna el accionante careció de la habilitación correspondiente para desarrollar la actividad de taxista y los ingresos promedio que se obtienen.
Agravantes de la pena, ebriedad
Materia: PENAL
Carátula: P., C.E. s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1979-07-06

La embriaguez en que se halla el procesado en el momento del hecho, al no ser completa e involuntaria, debe obrar como agravante, en tanto debe predominar su temibilidad social antes que su responsabilidad moral, representando el bebedor "un peligro especial".
Duración del proceso, cuestión no constitucional
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Ministerio Público - Defensoría General  de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Incidente de excepción por vencimiento del plazo razonable para investigar en autos Buffarini, Leandro y otros s/infr. art. 129 CP'
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-05-08

La discusión referida a la interpretación que le cabe a los plazos que han sido establecidos en las leyes procesales para concluir una de las etapas del proceso o desde qué momento puntual deben comenzar a computarse esos plazos, no suscita per se una cuestión de orden constitucional, sino que se trata de una discusión que discurre por un plano infraconstitucional, que, por regla, no excede el ámbito privativo de los jueces de mérito. (Voto de la Sra. Jueza Ana María Conde).
Mandato, ratificación del mandato
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: BRAVO, SANDRA ELIZABETH c/ CHAVEZ, PEDRO s/ ALIMENTOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2001-12-04

Si bien la ratificación de la actuación del profesional por parte del mandante debe producirse, como lo señala la norma procesal, en término, si esta ocurre con posterioridad al plazo de 60 días, y la parte contraria la consiente, precluye la etapa pertinente y en tales condiciones, la preclusión impide la posterior sanción de nulidad, en virtud de lo estatuido por el art. 48 del Código Procesal.
Estado Nacional, entidades de bien público, instituciones de beneficencia, personas jurídicas, bien común
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sociedad de Beneficiencia de la Capital. c/ Estado Nacional. s/ reivindicación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-09-29

Si bien en 1823-al crearse la Sociedad de Beneficencia-no se distinguían con precisión las diferencias entre sociedad, asociación, persona pública o privada, el uso que se hizo de la denominación "sociedad", estaba acorde con el contenido semántico de la palabra, ya que sociedad de beneficencia debía entenderse como la unión o reunión de personas asociadas al Estado en la consecución de los fines asumidos en común entre el ente convocante y los particulares.
Designación de jueces, audiencia pública
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Gil Domínguez, Andrés c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-10-20

El Constituyente de la Ciudad impuso dos requisitos para la participación de la Legislatura en la designación de los magistrados de la Ciudad: una pauta temporal, y la participación ciudadana a través de un mecanismo de audiencia pública. Los dos requisitos son compatibles entre sí, por lo que el plazo de 60 días es una pauta temporal comprensiva de dos circunstancias: la remisión de los pliegos y la realización de la audiencia pública. En ese término previsto de modo expreso por el Constituyente deben realizarse los dos actos estatales.
Accidentes de trabajo, acción civil por accidente de trabajo, cosa riesgosa
Materia: LABORAL
Carátula: GAVILAN, JOSE NECEMIO c/ GENERAL MOTORS ARGENTINA SA. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-03-25

Escalera cubierta por suciedad, aceite y grasa es encuadrable jurídicamente en las previsiones del artículo 1113 segundo parrafo del código civil, aun cuando en principio la escalera no es una cosa riesgosa en los términos de la disposición legal mencionada.
Subasta judicial, adquirente en subasta
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Villaplana, Marcos y otra c/ Obras Sanitarias y otros s/ Incidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-09-02

El adquirente en subasta es sucesor del titular del bien en los términos de los Arts.3265 y 3266 del Cód. Civil, pues el Art. 3262 de ese plexo no exclusivisa el modo de transmisión de los derechos de una persona a otra, y la consecuente adquisición de los mismos, a los casos en que participa la voluntad del transmitente, sino que también los extiende a los derivados de la ley, siendo ello aplicable tanto para el caso de la sucesión universal cuanto para la sucesión particular (Art. 3263, Cód. cit.). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Honorarios, honorarios del perito, perito calígrafo, medidas cautelares, recurso de apelación (procesal), ley de consolidación de la deuda pública, fallos de la Corte Suprema, costas, gastos del proceso
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: CORAPI, LUIS c/ CAJA DE CREDITO VERSAILLES COOP. LTDA s/ ORD
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-24

Cabe confirmar la sentencia que declaró improcedente la medida cautelar solicitada por un perito calígrafo contra el Banco Central, atento haber considerado aplicable a la causa la ley 23982, toda vez que, aun cuando se sostuviera, en la hipótesis mas favorable al apelante, que la obligación principal de restituir no se encuentra comprendida dentro de la ley de consolidación, de igual modo corresponde considerar que la deuda por honorarios si lo está, dado que conforme con lo dispuesto en la última parte del art. 3 del dec.

Reglamentario de la citada norma legal, en caso de duda debe resolverse a favor de la consolidación. Por lo tanto, procede concluir que si bien la obligación de restituir esta excluida de la consolidación por la ley 23982, sin embargo se encuentran afectados por ella los honorarios, que en calidad de costas debe soportar el Estado Nacional u organismos mencionados por dicha ley, los que se encuentran sujetos al régimen de pago en ella establecido (CNCIV, sala K, 30.9.92, "Chebekdjian, Jorge c/ MCBA s/ Ejec. de sentencia").

A mas, y a los fines de la ley de consolidación de deudas establecida por la ley 23982, no existen diferencias entre el honorario de los abogados y el de los peritos, pues ambos están afectados por el régimen especial de pago de obligaciones establecido en ese sistema normativo, en la medida que comporten obligaciones dinerarias a cargo de un ente estatal en las condiciones previstas por su art. 1º, o sea que reconozcan título o causa anterior al 1.4.91, conforme lo decidió la Corte Suprema en relación a los honorarios de abogados en la causa "Moschini, José c/Fisco Nacional" del 28.7.94, doctrina que reitero posteriormente en "Lorenzo Barca c/ Comision Municipal de Viviendas" del 4.10.94.