marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Confirmación de sentencia, excepción de transacción
Materia: PROCESAL
Carátula: Picallo, Juan Ignacio  c/ Libra Compañía Argentina de Seguros SA  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-14

Cabe confirmar la resolución que rechazó la excepción de transacción que opuso el accionado. Ello en tanto no se ha acompañado documento que contenga un acuerdo celebrado con el actor, ni que éste último hubiera recibido el debido asesoramiento jurídico y, en definitiva, tampoco se ha demostrado el cumplimiento del invocado acuerdo al que habría arribado con el accionante. Al efecto, cabe recordar que la transacción es un contrato por el cual las partes, para evitar un litigio o ponerle fin, haciéndose concesiones recíprocas, extinguen obligaciones dudosas o litigiosas (CCCN 1641), debiendo celebrarse por escrito (CCCN 1643) y es de interpretación restrictiva (CCCN 1642).
Confirmación de sentencia, rechazo de la demanda, Unidad de valor adquisitivo, préstamo bancario, falta de prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Alveolite, María Celia  c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires  s/ sumarisimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-13

Cabe confirmar el rechazo de la demanda, mediante la cual el accionante solicitó que se ordenara a su contraparte abstenerse de debitar automáticamente las cuotas del crédito UVA para los meses futuros, invocando la alteración extraordinaria en el valor de los UVAs del préstamo recibido de parte del banco accionado. Ello puesto que el perito contador manifestó en su dictamen -que no fue impugnado- que no pudo determinar el ingreso mensual del accionante dado que no le brindó información al respecto; y que la entidad demandada dio cumplimiento con la normativa aplicable. A más, la actora no produjo prueba alguna tendiente a acreditar los hechos fundantes de su reclamo.
Responsabilidad médica, deber de obrar con prudencia
Materia: CIVIL
Carátula: Olguín, S. y otros c/  s/ procesamientos y embargos - homicidio simple
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-06

Es improcedente equiparar la distribución de roles entre los integrantes de un cuerpo médico, incluso en presencia de relaciones institucionales jerárquicas. La Ley 17.132 sobre el ejercicio de su profesión, reclama a cada uno de ellos velar directa y personalmente por los pacientes en las circunstancias en las que les ha tocado intervenir, sin contemplar relaciones de subordinación o facultades de delegación que los exima de sus deberes.
Denegatoria del recurso, deserción del recurso, oportunidad procesal, concurso preventivo
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Sammartino, José María  c/ concurso preventivo  s/ queja
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-27

Corresponde desestimar la queja articulada contra la providencia que declaró desierto el recurso deducido por la quejosa en razón de no haber sido presentada en tiempo oportuno las copias requeridas para la formación del incidente. Ello por cuanto, ante la declaración de deserción de su recurso no debió ocurrir en los términos del CPR 282, por el contrario, en disconformidad con el temperamento asumido por el magistrado debió optar por el instrumento procesal adecuado a fin de que sea revisada aquella decisión (CPR 238), (Fassi - Yáñez, Código Procesal Civil y Comercial, Comentado, Anotado y Concordado, Ed. Astrea, 1989, tomo 2, pág. 518; Kielmanovich Jorge, Código Procesal Civil y Comercial Comentado y Anotado, Ed. Abeledo Perrot, 2010, tomo 1, pág. 627).
Confirmación de sentencia, despido sin causa, indemnización, extinción por mutuo acuerdo
Materia: LABORAL
Carátula: Kruger, Cristian Gabriel c/ LAN Argentina S.A. s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-29

La demandada, LAN Argentina S.A., se agravia porque la Sra. Jueza consideró que la extinción del contrato de trabajo por mutuo acuerdo celebrado entre las partes en los términos del art. 241 de la LCT configuró en realidad el encubrimiento de un despido sin causa. La rebeldía de la demandada (art. 71 de la ley 18.345) generó una presunción de veracidad de los hechos lícitos y verosímiles invocados. El actor denunció que la demandada le hizo saber a los empleados la existencia de un "Plan de Retiro Voluntario", remarcando que el mismo se encontraría vigente mientras la empresa tuviera recursos financieros para ello, luego de lo cual se precedería lisa y llanamente a despedir bajo la figura de falta de trabajo del art. 247 de la LCT. Asimismo, también fue adjuntada la nota emitida por la empresa, así como los recortes periodísticos que dan cuenta del público conocimiento de la situación de LAN Argentina S.A. a la época de suscripción del convenio rescisorio, en el sentido de que dejaría de operar en el país. Cabe concluir que se encuentran reunidos elementos relevantes como para inferir el grado de incidencia condicionante de la voluntad del trabajador para suscribir el acuerdo desvinculatorio cuestionado ya que resultaba inminente la pérdida de empleo y la posibilidad cierta de no percibir indemnización. Cabe confirmar lo decidido en primera instancia.
Derechos del consumidor, ley de defensa del consumidor
Materia: COMERCIAL
Carátula: Gallardon, Leonardo  c/ Alg Sports SRL  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-28

Los elementos del caso muestran que el actor actuó como consumidor al realizar la inversión. Por su parte, el gestor reviste el carácter de proveedor, en los términos de la LDC 2 y del CCCN 1093, puesto que presta servicios financieros de manera profesional. En consecuencia, esa relación se rige por las normas del derecho consumeril. Ello así, de la confrontación de la inversión realizada con el área de actividad del actor -actividades comerciales y productivas no vinculadas a la financiación-, se presume que fue realizada fuera del marco profesional del accionante. La actuación no profesional se ve corroborada por el perfil no especulativo de la inversión, su cuantía, la inexistencia de indicios de habitualidad y el canal de la inversión -una plataforma digital disponible al público en general-. En consecuencia, los elementos del caso muestran que el actor actuó como consumidor al realizar la inversión. Voto de la Dra. Vásquez
Exclusión de la tutela sindical, asociaciones sindicales, despido con causa, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: AFIP- Aduana c/ Di Grigoli, Oscar Luis s/ exclusión de tutela
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-15

La protección amplia que el art. 48 de la ley 25.551 otorga a quien ejerce funciones gremiales sólo puede ser excluida frente a la existencia de una justa causa de despido que en todos los casos debe ser acreditada, en forma previa en un proceso judicial sumarísimo, sin que el modo de extinción que contempla el art. 252 de la LCT deba ser interpretado como un despido con justa causa, por tratarse de un modo de extinción del vínculo que si bien depende de un hecho objetivo su perfeccionamiento no se produce por el simple cumplimiento de dicha condición objetiva, sino que requiere de la activación del emplazamiento exigido por el art. 252. Así entonces, si se intima al trabajador durante el lapso de estabilidad gremial, y éste termina después del plazo del art. 252 de la LCT, se plantea un conflicto de normas entre la LCT y la Ley de Asociaciones Sindicales, por lo que deben predominar las que rigen la estabilidad gremial, que reglamentan una protección con fundamento constitucional (art. 14 bis CN). Por tanto el empleador sólo puede iniciar la acción sumarísima con el fin de extinguir el vínculo si se invoca la existencia de una justa causa de despido, que no se encuentra configurada por la hipótesis del art. 252 LCT, que sólo es un supuesto de extinción de la relación laboral. De lo contrario bajo la aparente excusa de la jubilación, el empleador podría intervenir directamente en la constitución de las autoridades de una organización sindical en violación a lo normado por el art. 53 inc. b), g) e i) LAS.
Despido discriminatorio, nulidad del despido, actos ilícitos, daño resarcible
Materia: LABORAL-CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: Carrasco, Diego Emiliano c/ Talleres Navales Dársena Norte S.A. s/ acción de amparo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-06

El despido discriminatorio está prohibido por la Constitución Nacional (art. 14 bis y 16), como por diversas cláusulas de los tratados internacionales constitucionales y de la OIT y por la ley 23.592, razón por la cual, además de ser nulo (art. 1044 Código Civil) produce los efectos de un acto ilícito (art. 1056 Código Civil), motivo por el cual es obvio que el perjuicio debe ser reparado reponiendo las cosas al estado anterior al del acto lesivo (art. 1083 Código Civil).
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, cuestión de derecho público local
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la parte demandada en la causa Iriarte, Luis y otra c/ Provincia de Tucumán s/ inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: 
Fecha: 2024-08-27

Resulta ajeno a la instancia extraordinaria el examen de decisiones que resuelven cuestiones regidas por el derecho público provincial, porque son privativas de los tribunales locales, en virtud del respeto debido a las atribuciones de las provincias de darse sus propias instituciones y regirse por ellas (Voto del juez Lorenzetti).
Plan de ahorro previo, despido, falta de prueba, presunción de contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Edery, Gabriel Cristian c/ Club San Jorge S.A. de Capitalización y Ahorro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-22

El actor invocó en su demanda que ingresó a trabajar bajo relación de dependencia para realizar las tareas de promotor vendedor de planes de automóviles, motos, vivienda y dinero en efectivo para fines determinados. La juez de grado consideró no acreditada la relación laboral denunciada. La accionada reconoció que el accionante prestó funciones para la sociedad y alegó que lo hizo en carácter de profesional autónomo como productor asesor independiente de planes de capitalización y ahorro de conformidad con lo dispuesto por la ley 22.400 y la cláusula 14 del CCT 288/97, no existiendo ninguna de las notas típicas de una relación laboral. La accionada no produjo prueba alguna que permita considerar que las actividades propias del giro comercial de la empresa -para las cuales fue contratado el actor- hayan sido desarrolladas por él desde una organización propia destinada a proveer tal tipo de servicios a terceros. No existe constancia al respecto que acredite que el actor se hubiera matriculado en la Cámara de Agentes de Capitalización como "productor asesor independiente" lo cual lleva a desechar la afirmación de la accionada respecto a que se considere al actor comprendido en las previsiones de la ley 22.400 como "profesional independiente". No se trata de extralimitar el marco del Derecho del Trabajo a relaciones que le son ajenas, sino de calificar correctamente las relaciones desarrolladas según su auténtica naturaleza. El trabajador, no era un empresario que prestó servicios a su propia cuenta y riesgo y desde su propia organización, lo cual define necesariamente la suerte del conflicto contra los intereses del tomador del servicio. Así entonces, se encuentra expresamente reconocido que el actor prestó para la demandada los servicios que señaló en su demanda, por lo que en la medida en que ello permite obliga a presumir la existencia del contrato de trabajo (conf. art. 23 LCT). Entre las partes ha mediado una relación de trabajo dependiente, que finalizó por la decisión del actor ante la negativa de la demandada a reconocer el vínculo, legitimando de tal modo la percepción de las indemnizaciones previstas en los arts. 232, 233 y 245 de la LCT más el incremento indemnizatorio dispuesto en el art. 21 de la ley 25.323. Cabe revocar el decisorio de la anterior instancia.
Discriminación, discriminación por motivos ideológicos, políticos o gremiales
Materia: LABORAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Carrasco, Diego Emiliano c/ Talleres Navales Dársena Norte S.A. s/ acción de amparo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-06

La ley 23.592 tiene por objeto sancionar el trato desigual en cualquier ámbito de que se trata, incluso el laboral, fundado en el hecho de pertenecer a ciertos grupos o presentar determinados caracteres o tener ciertas ideas, vale decir el trato desigual y peyorativo que se basa en circunstancias de tipo subjetivas como la nacionalidad, raza, sexo, religión, caracteres físicos, ideas políticas, religiosas o sindicales entre otras.
CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE RÍO NEGRO, código procesal civil y comercial, reconocimiento de la prueba documental, hecho admitido, rebeldía, falta de pago, deberes del juez, restaurantes
Materia: PROCESAL
Carátula: Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (SADAIC) c/ Melo, Javier Antonio s/ cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2024-08-19

Corresponde tener por recibida y admitida la documental adjuntada por la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (SADAIC) -en los términos de los artículos 60 del Código procesal civil y comercial y 356 del Código procesal de la provincia de Río Negro-, y condenar al dueño de un restaurant que hacía ejecución pública de obra musical y ya se había negado a pagar la multa cuando fue inspeccionado por un agente del organismo de control quien asimismo le informó la existencia de otros períodos impagos, por cuanto persistió en su conducta evasiva y contumaz la que no puede ser desconocida por el juzgador al momento de evaluar el incumplimiento argumentado en la demanda.
Revocación de sentencia, concurso preventivo
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Certus SA  c/  s/ concurso preventivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-22

Cabe revocar el pronunciamiento que rechazó la apertura del concurso preventivo. Ello por cuanto, en el caso, los recaudos señalados -como pendientes o incompletos- por el juez de grado en el primer despacho, han sido sustancialmente satisfechos, a excepción de aquél que compromete los libros sociales o comerciales, respecto de los cuales continúa aun hoy la incógnita de cuáles son los que faltaría presentar, además de los ya denunciados. Y en cuanto al resto de los ítems inicialmente no requeridos y cuya integración no se habría producido adecuadamente -información laboral y de procesos judiciales-, estímase que pueden ser completados dentro de un plazo perentorio. Es por ello que frente a la posibilidad de que la deudora acceda a una solución preventiva, preservando -en ese entendimiento- las fuentes de trabajo que ofrece, aparece razonable conceder a la presentante un plazo extraordinario de cinco (5) días hábiles -a contar de la notificación del presente- para que cumplimente los recaudos señalados por el magistrado.
Competencia de la Corte Suprema, sentencia arbitraria, caso concreto
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la parte demandada en la causa Iriarte, Luis y otra c/ Provincia de Tucumán s/ inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-27

Resulta ajeno a la jurisdicción de la Corte pronunciarse respecto de los agravios con relación a la arbitrariedad en la que habría incurrido el tribunal local si no existe causa o controversia alguna que sustente su intervención (Voto del juez Rosenkrantz).
Indemnización por despido, trámite jubilatorio
Materia: LABORAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Barbasan, Horacio Alberto c/ Ediciones Santillana SA. s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-17

El requisito de la intimación a efectuar por el empleador para que el dependiente inicie los trámites jubilatorios resulta esencial (art. 252 LCT) para la validez de la extinción del vínculo laboral sin obligación de pago de las indemnizaciones por despido, siendo válida la mencionada intimación aun después de que el dependiente haya iniciado los trámites por su cuenta, o aun luego de concedido el beneficio jubilatorio, toda vez que no siempre es posible para el empleador saber si el trabajador se encuentra en condiciones de acceder a un beneficio jubilatorio (Del voto del Dr. Diez Selva, en minoría).
Ampliación de la demanda, prueba, prescripción
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Restelli, Mariana  c/ Tip Top Argentina SA  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-29

Así también, ha de estimarse que la ampliación de la demanda -introductoria de mayores fundamentos y pruebas a las vertidas en el escrito inaugural- es válida, al haber sido realizada en el marco temporal prescripto por el CPR 331 (CNCom, Sala F, in re "Wilk Alfredo s/ sucesión ab intestato c/ Mundi SA y otros s/ ordinario", del 28/12/10).
Destrucción total del automotor, daño material, siniestro
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Zurakowski, Valeria Lorena  c/ Bostón Compañía Argentina de Seguros SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-06

Si ese vehículo ya no fuera fabricado, deberá acudirse al valor que se asigne a aquél que lo hubiera reemplazado o, en su defecto, al que se asemeje más al siniestrado, todo lo cual será informado por la misma demandada dentro del plazo de diez días fijado por el anterior magistrado para el cumplimiento de la sentencia. Ese importe sólo generará intereses en caso de injustificada demora por parte de la defendida en el cumplimiento de la sentencia.
Facultades del Poder Legislativo, competencia de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la parte demandada en la causa Iriarte, Luis y otra c/ Provincia de Tucumán s/ inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-27

El Congreso de la Nación no cuenta con aptitud para, en ejercicio de sus atribuciones legislativas propias y excluyentes, imponer la intervención del Poder Judicial de la Nación por fuera de los casos que menciona el artículo 116 de la Constitución (Voto del juez Rosenkrantz).
Daño estético, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: Rodríguez, Juan Alfredo c/ Swiss Medical ART S.A.  s/ accidente-ley especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-21

No existen razones para limitar el reconocimiento del daño provocado por lesiones estéticas solo a las que pudieran verificarse a nivel del rostro y cabeza o las ocasionadas por quemaduras, ya que la admisión de tal tipo de afecciones no supone contradecir los valores establecidos por el baremo a efectos de la unificación de criterios. Lo contrario descalificaría la actividad reglamentaria por contrariar la finalidad y sentido de la norma reglamentada. Surge la necesidad de compensar también el llamado "daño estético", como modo de equilibrar dentro de un nivel de razonabilidad, la desventaja que todo ser humano padece cuando exhibe cicatrices o mutilaciones que afectan el sentido estético propio y ajeno.
Despido, remuneración en especie, tarjeta de crédito, cargas sociales, indemnización agravada
Materia: LABORAL
Carátula: Nigro, Juan Santiago  c/ Banco Saenz S.A. s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-15

La juez de grado desestimó la incidencia del concepto tarjeta corporativa y por ello se agravia la actora. La accionada entregaba en especie al trabajador, el uso de la tarjeta corporativa, que integraba de este modo la remuneración que este percibía mensualmente. La misma tiene como objetivo disminuir las cargas sociales y hacer menos oneroso el denominado "costo laboral". Las tarjetas bancarias denominadas "dinero plástico" debido al material con el que se fabrican y son utilizadas como medio de pago en cualquier transacción. Por lo tanto son medios de pago equivalentes al dinero "físico", en sustitución del cual son entregadas. Si ambos medios de pago son dinero, es más que obvio que la tarjeta no constituye pago en especie y por lo tanto sus importes perfectamente determinables deben ser registrados en los libros del art. 52 LCT, lo cual normalmente no se hace para evadir el pago de cargas sociales. Así entonces los pagos no registrados constituyen pagos clandestinos y por consiguiente constituyen un deficiente registro de la relación laboral equivalente al del art. 10 de la ley 24.013 que habilita a que la indemnización del art 245 de la LCT sea incrementada al doble. En consecuencia cabe hace lugar al recurso. (Del voto del Dr. Pesino, en mayoría)
Personas con discapacidad, cobertura médica, Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, pensión por invalidez, declaración de inconstitucionalidad, derecho a la salud
Materia: CONSTITUCIONAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la parte actora en la causa B., R. A. c/ Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-20

La restricción consagrada por el artículo 10 de la resolución 1100/2006 del INSSJP que impide a una persona con discapacidad acceder a la cobertura de salud que acuerda la ley 19.032 -en el caso, como integrante del grupo familiar del afiliado titular-, si no renuncia a la pensión social que le corresponde en derecho, resulta irrazonable y desproporcionada, y por ende inconstitucional, pues el propósito de alcanzar sistemas sociales sustentables y coherentes no puede justificar reglas de incompatibilidad entre prestaciones que tienden a cubrir riesgos sociales diferentes y complementarios, que, además, responden al cumplimiento de obligaciones constitucionales distintas en resguardo de los derechos de las personas con discapacidad. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Revocación de sentencia, despido, producción de la prueba, presunción de contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Felli, Carlos Vicente c/ Ersa Urbano S.A. y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-30

La acción por despido entablada por el actor ante la negativa de la demandada a registrar la relación laboral, fue desestimada por la juez de grado. La prueba producida da cuenta que el accionante laboró para Correo Oficial de la República Argentina bajo su dependencia y subordinación, que diariamente le era asignado un circuito para distribuir la correspondencia, carga y encomiendas bajo las órdenes y dirección de la coaccionada Correo Oficial y que utilizaba vestimenta con el logo de correo que replicaba en el vehículo, lo cual activa la presunción que emana del art 23 de la LCT. Asimismo, ninguna prueba aportó el accionado para determinar que el actor revestía carácter de empresario de transporte por el hecho de utilizar para su trabajo diario, su propio vehículo. Más allá de la intermediación fraudulenta de la empresa de transporte para quien facturaba el actor sus servicios -y responsable en los términos del art. 29 de la LCT-, fue la codemandada Correo Oficial de la República Argentina la empleadora directa del trabajador, en tanto éste realizó siempre tareas propias del objeto social de dicha empresa -prestación de servicios postales- utilizando elementos materiales pertenecientes a la misma y recibiendo sus directivas, lo cual lleva a caracterizar la relación habida entre las partes como un contrato de trabajo. Cabe revocar la sentencia de la anterior instancia.