Sistema acusatorio, amicus curiae, oposición del fiscal, sentencia absolutoria, violencia de género, situación de vulnerabilidad, responsabilidad internacional del Estado, prueba, menores, estupefacientes
Materia: PROCESAL
Carátula: Rodríguez, Maribel Carina c/  s/ audiencia de sustanciación de impugnación (art. 362)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-05

Con la implementación del C.P.P.F (conforme Leyes n° 27.063, 27.272 y 27.482, texto ordenado por Decreto 118/2019, B.O. del 8/2/19, y la Res. no 2/2019 de la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación, B.O. del 19/11/19 y ss), en el ámbito de la justicia federal, se dio inicio a un profundo proceso de trasformación del sistema de enjuiciamiento penal, que abre las puertas a la ineludible instauración del modelo de proceso acusatorio diseñado por nuestra Constitución Nacional (art. 118, 18, 75 inc. 22 de la CN, 26 de la DADDH, 10 y 11.1 de la DUDH, 8.1 de la CADH y 14.1 del PIDCyP -que expresamente ha reconocido la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los considerandos 7° y 15° del precedente "Casal" Fallos: 328:3399), y comienza a dejar atrás al antiguo sistema inquisitorial tan arraigado en nuestra cultura jurídica. Así pues, es responsabilidad de cada uno de nosotros como operadores del sistema -y actores de la reforma- desarrollar prácticas que contribuyan con la definitiva instauración y afianzamiento del sistema. Parte de esta tarea será tomar conciencia del rol que las partes deben asumir durante el proceso, adecuar el lenguaje jurídico al nuevo modelo y evitar la reiteración automática de antiguas prácticas que tiendan a desvirtuar los fines del sistema adversarial, único modelo respetuoso del sistema de garantías constitucional y convencional que debe regir en un Estado de Derecho. Corresponde no hacer lugar a la oposición del Fiscal General de incorporar el Amicus Curiae presentado por los doctores cotitulares de la Comisión sobre temáticas de Género de la Defensoría General de la Nación, toda vez que la mencionada presentación cumple con los requisitos de la Acordada nro. 7/13 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y de la resolución nro. 92/14 de esta Cámara Federal de Casación Penal. Corresponde rechazar la impugnación del Ministerio Público Fiscal contra la absolución de la encausada toda vez que el juez del tribunal oral valoró adecuadamente los hechos que excluyen la responsabilidad de la nombrada conforme los preceptos legales y constitucionales que rigen la materia del presente caso. Cabe señalar, en primer lugar, que atento a las especiales condiciones y circunstancias de vida de la nombrada, nos encontramos ante un supuesto de especial vulnerabilidad de la mujer en un contexto de violencia de género y necesidad económica, cuyo análisis no puede limitarse únicamente a las disposiciones del art. 43 inc. 3 del Código Penal, sino que debe incluir los principios rectores de las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos que conforman nuestro bloque constitucional (art, 75 inc. 12 CN). En atención a lo expuesto, es claro que el análisis del presente caso requiere un enfoque integrador que incluya la perspectiva de género en virtud de lo s compromisos internacionales asumidos por el Estado Argentino al ratificar la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer -"Convención Belem do Pará"- (CBP) y la ley 26.485, que imponen el deber de facilitar el acceso a la justicia, evitar la revictimización y garantizarla asistencia a las mujeres víctimas de violencia, además de prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres -arts. 7.b de la Convención Belem do Pará- (cfr. causa 11.343 "Nadal, Guillermo Francisco, s/ recurso de casación", resuelta el 5 de septiembre de 2013, registro 1260/13).Precisamente este ha sido el enfoque dado por el juez de juicio, quien luego de observar y evaluar toda la prueba producida en el debate -bajo los principios de contradicción e inmediación-, dio razones suficientes para tener por probado que la encausada era la única fuente de sustento económico de su familia, compuesta por ella y sus dos hijos menores; que se encontraba en una situación económica desfavorable, sin cobertura médica y escasos ingresos; que fue víctima de violencia física y psicológica de gravedad por parte de su pareja durante 6 años, situación que persistía en el aspecto psicológico y económico al momento de los hechos, y que su hija de dos años de edad, que padece una malformación congénita en su mano izquierda, debía recibir una cirugía reconstructiva urgente. En este sentido, sostuvo que la mujer no tuvo otros medios menos lesivos a los cuales recurrir antes de transportar la droga, para salvar otro bien de interés mayor amenazado, que era la vida e integridad psicofísica de su hija. Desconocer la situación de necesidad que primó sobre la imputada, quien -como sostuvo la defensa y confirmó el juez en la sentencia- se encontraba angustiada por la salud de su hija y la imposibilidad económica de hacer frente a la cirugía que el médico le prescribió con urgencia, así como la presión que recaía sobre ella por ser el principal sostén económico y emocional de su familia, implica caer en una mirada sesgada del caso, carente de toda perspectiva de género, propia de las estructuras androcéntricas que rigieron y aún persisten en el ì derecho penal. Si bien el Ministerio Público Fiscal postula una interpretación dogmática y objetiva del estado de necesidad justificante, lo cierto es que dicho análisis no puede prescindir de los factores sociales de género, pobreza y violencia que gobiernan la sociedad actual y que se acentúan en determinadas regiones. Si partimos de la base que "es inminente un mal a cuya merced se encuentra el sujeto" (cfr. Zaffaroni, Alagia y Slokar. Derecho Penal. Parte General, Ediar Argentina, Buenos Aires, 2001, p. 634), entonces la inminencia del mal, en este caso, está determinada por la imposibilidad de la encausada -debido a su situación de vulnerabilidad- de asumir con la premura que el médico le había indicado el tratamiento reconstructivo de la mano de su hija. Desde esta perspectiva, resulta claro que cuanto antes se opere mayores posibilidades tendrá de mejorar su calidad de vida. Extremos que han sido valorados por el juez al señalar que "si un tratamiento quirúrgico reconstructivo puede contribuir a la mejora de su desarrollo psicofísico, indudablemente aquel resultara más beneficioso cuanto a más temprana edad se realice". Sin embargo, a pesar de los esfuerzos argumentativos realizados por el fiscal para descartar la situación de violencia que vivía la encausada, cabe rememorar aquí las palabras del comité CEDAW en punto a que la definición de violencia de género no requiere "una amenaza directa e inmediata a la vida ni a la salud de la víctima" (cfr. Caso V. K. vs. Bulgaria citado en Chinkin Christine, Acceso a la justicia, género y derechos humanos, en Violencia de Genero, ì Estrategias de litigio para la defensa de los derechos de las mujeres, Ministerio Público de la Defensa, Buenos Aires, 2012, p.45). Así pues, más allá de que la nombrada efectivamente contara con la tarjeta de su expareja y su salario de 8000 pesos -salario que no alcanza ni mínimamente para cubrir las necesidades básicas de un grupo familiar-, no debemos olvidar que el sufrimiento psicológico actual de la nombrada también es una consecuencia directa del ejercicio de violencia física que sufrió dura nte 6 años en su ambiente familiar por parte de su expareja. En consecuencia, a partir de todo lo expuesto, no existen dudas del contexto de violencia de género y vulnerabilidad económica que atravesaba la nombrada al momento del hecho. Extremo que, además, ha sido abordado con profundidad en la sentencia cuestionada. En cuanto a la alusión del Fiscal a la especial gravedad del delito que se le imputa vinculado al tráfico de estupefacientes y a los compromisos asumidos por el Estado Argentino en la persecución de dichos delitos, sin desconocer la trascendencia que reviste la persecución de ese tipo de criminalidad, no debe pasar inadvertido que, nos encontramos ante un supuesto de una mujer que actuó como "mula" o "correo humano". En este sentido, un informe sobre pobreza y derechos humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que "La pobreza, la falta de oportunidades y las barreras al acceso a la educación ponen a mujeres y niñas en situaciones vulnerables, y hacen de ellas objetivos fáciles de la delincuencia organizada. De hecho, las mujeres con bajos niveles socioeconómicos y educativos figuran entre las personas en mayor riesgo de ser utilizadas para participar en operaciones delictivas como victimarias o como traficantes. La población de mujeres encarceladas por delitos relacionados con drogas, incluida la posesión, es muy alta y esta en continuo crecimiento" (CIDH, ì Pobreza y Derechos Humanos, OEA/Ser.L/V/II.164.Doc.147, 2017, párrafo 321). Teniendo en cuenta el contexto analizado, resulta evidente, la diferencia que existe entre los bienes jurídicos en juego. Por un lado, en términos abstractos se encuentra involucrada la salud pública (el bien protegido y tutelado en la Ley de Estupefacientes N° 23.737) -en este caso por el transporte de una cantidad inferior a un kilo de cocaína que era transportado por una mujer "mula" en su cuerpo-, y por el otro, en términos bien concretos, la calidad de vida e integridad psicofísica de su hija de tan solo dos años que se encuentra en la etapa de desarrollo. En consecuencia, no existen dudas que, en este particular supuesto, la calidad de vida e integridad psicofísica de su hija era el bien con mayor protección legal. Supuestos como el presente tornan imperioso evaluar con sumo cuidado las circunstancias personales de la persona en conflicto con la ley penal para poder establecer las posibilidades ciertas de actuar de un modo diferente, y evitar así el uso arbitrario del poder penal del Estado. En cuanto a la consideración del fiscal acerca de que el dinero proveniente del delito no era la única alternativa posible para operar a su hija, cabe señalar que según se acreditó en el juicio, la imputada no estaba inserta en el mercado de trabajo formal y su cobertura social era muy precaria. En efecto, al ser consultada sobre su actividad laboral contó que mientras duro su relación con el padre de sus hijos trabajo con el tío de aquel, preparando sándwiches, que también era "bagayera" y ocasionalmente hacía trabajos de limpieza. En este contexto, cabe preguntarse ¿qué posibilidades reales tenía Rodríguez de actuar de un modo alternativo para que su hija no vea disminuido su proyecto de vida? Desde este enfoque, no veo posible para la nombrada afrontar la operación de su hija, que tenía un valor de entre 100.000 a 200.000 pesos. Por otra parte, tampoco veo viable la posibilidad de recurrir al Hospital Público de la provincia de Salta -como sostuvo el fiscal- o de Buenos Aires, debido a los insumos de tiempo y dinero que podría generar trasladarse hasta allí. En consecuencia, las especiales condiciones de vida de la encausada constatadas en la sentencia producto de la situación de violencia y vulnerabilidad económica que padecía, así como la ausencia de posibilidades para acceder a un trabajo mejor remunerado, redujeron sus posibilidades de elección para actuar conforme a derecho. En ese contexto, asiste razón a la defensa en punto a que la posibilidad de obtener dinero mediante actividades vinculadas a delitos de drogas fue, para la nombrada, la única alternativa posible para resolver el problema de salud de su hija de dos años. Dra. Ángela E. Ledesma.