Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-05-08


Reg.: A y S t 282 p 64/71.

Santa Fe, 8 de mayo del año 2.018.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Ministerio Público Fiscal de la 2da. Circunscripción de la Provincia de Santa Fe contra la resolución 479 de fecha 27 de Junio de 2017, dictado por el Colegio de Jueces de Segunda Instancia en lo Penal de la ciudad de Rosario en autos "BUSTOS, LUCRECIA MALVINA- RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD EN CARPETA JUDICIAL: 'BUSTOS LUCRECIA MALVINA; FARINI, SEBASTIAN DANIEL ANGEL; RUIZ DIAZ, GUILLERMO JAVIER; GALVAN, JOSE ANTONIO Y D'ANGELO VICTOR LUIS S/ DELITOS CONTRA EL ORDEN PUBLICO - ASOCIACION ILÍCITA - APELACIÓN DE SENTENCIA' (CUIJ 21-06081655-4)" (Expte. C.S.J. CUIJ N°: 21-00511657-8) y,	CONSIDERANDO:

1. Por decisorio de fecha 27 de junio de 2017 el Colegio de Jueces de Segunda Instancia en lo Penal de la ciudad de Rosario -en lo que aquí concierne- confirmó parcialmente la sentencia recurrida, respecto a Guillermo Fabián Ruíz Díaz, en cuanto dispuso la condena impuesta por los delitos de extorsión e incumplimiento de los deberes de funcionario público, determinando que los mismos concurren en forma ideal; absolviéndolo por el delito de falsedad ideológica de instrumento público por principio de la duda razonable (bloque Quiroz); revocó la misma en cuanto dispuso la condena impuesta por los delitos de extorsión y falsedad ideológica de instrumento público que se le efectuara por estricta aplicación del artículo 7 del Código Procesal Penal (bloque Lezcano); confirmó parcialmente el resolutorio objetado en cuanto dispuso la condena impuesta por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público; revocándolo en lo que hace a la imputación por el delito de falsedad ideológica de instrumento público que se le efectuara y absolviéndolo por estricta aplicación del artículo 7 del ordenamiento procesal (caso Vazquez); y confirmó parcialmente la decisión impugnada en cuanto dispuso la condena por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, revocándola en cuanto lo condena por el delito de falsedad ideológica de instrumento público por estricta aplicación del artículo antes mencionado, disponiendo su absolución (bloque Pellegrino), concurriendo todos estos delitos en forma real imponiéndosele la pena de siete años de prisión, inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el mismo término e inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena y multa de $10.000, con más accesorias legales (arts. 5, 12, 19, 20, 20 bis, 22 bis, 40, 41, 45, 54, 55, 168, 248, 293 en función del 298, todos del C.P. y arts. 7, 332 y 333 y concordantes del C.P.P.).

En relación a Sebastian Daniel Farini, el Tribunal de Segunda Instancia en lo Penal de Rosario confirmó la sentencia recurrida en cuanto dispuso la condena por los delitos de extorsión, allanamiento ilegal e incumplimiento de los deberes de funcionario público, determinando que los mismos concurren en forma ideal (caso Quiroz); confirmó la misma en cuanto dispuso la condena por los delitos de extorsión y allanamiento ilegal, determinando que los mismos concurren en forma ideal (caso Lezcano); confirmó el decisorio apelado en cuanto dispuso la condena por los delitos de extorsión, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica de instrumento público agravada por ser funcionario público, determinando que los mismos concurren en forma ideal (caso Vazquez); y confirmó parcialmente la resolución impugnada en cuanto dispuso la condena por los delitos de extorsión y falsedad ideológica de instrumento público agravada por ser funcionario público, concurriendo ambos delitos en forma ideal; revocando la condena por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público que se le efectuara, al disponer su absolución por estricta aplicación del artículo 7 del Código Procesal Penal (caso Pellegrino), concurriendo todos los delitos en forma real, imponiéndosele la pena de doce años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el mismo término e inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena y multa de $10.000, con más accesorias legales (arts. 5, 12, 19, 20, 20 bis, 22 bis, 40, 41, 45, 54, 55, 151, 168, 248, 293 en función del 298, todos del C.P. y arts. 7, 332 y 333 y concordantes del C.P.P.).

Respecto a Víctor Luis D'angelo, la Alzada confirmó la sentencia recurrida en cuanto dispuso la condena impuesta por los delitos de extorsión y allanamiento ilegal que concurren en forma ideal (caso Lezcano); confirmó la misma en cuanto dispuso la condena por los delitos de extorsión y falsedad ideológica de instrumento público agravada por ser funcionario público, los que concurren en forma ideal (caso Vázquez); y confirmó la decisión impugnada en cuanto dispuso la condena por los delitos de extorsión y falsedad ideológica de instrumento público agravada por ser funcionario público en concurso ideal (caso Pellegrino), concurriendo, a su vez, todos estos delitos en forma real, imponiéndose la pena de diez años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el mismo término más inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena y multa de $10.000, con más accesorias legales (arts. 5, 12, 19, 20, 20 bis, 22 bis, 40, 41, 45, 54, 55, 168, 248, 293 en función del 298 todos del C.P. y arts. 7, 332, 333 y concordantes del C.P.P.).

En relación a Jose Antonio Galván, el Tribunal de Segunda instancia en lo Penal revocó la sentencia recurrida en cuanto dispuso la condena por el delito de extorsión, absolviéndolo por el beneficio de la duda razonable (caso Quiroz); confirmando dicho decisorio en cuanto dispuso la condena por el delito de extorsión, modificando el grado de intervención a la de partícipe secundario (caso Pellegrino) imponiéndosele la pena de tres años de prisión de ejecución condicional con las correspondientes reglas de conducta por el término de dos años, e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el término de la condena y multa de $5000 (arts. 5, 20 bis, 22 bis, 26, 27 bis, 40, 41, 46 y 168 del C.P., y 7, 332, 333; y 407 y concordantes del C.P.P.).-	Por último, y en lo atinente a Lucrecia Malvina Bustos, el Tribunal A quo revocó la resolución recurrida en cuanto dispuso la condena por el delito de extorsión, absolviéndola por el beneficio de la duda razonable y confirmó la misma en cuanto dispuso la condena por el delito de falsedad ideológica de instrumento público agravada por ser funcionario público (caso Lezcano), imponiéndosele la pena de un año de prisión de ejecución condicional, e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el término de la condena y multa de $5000 (arts. 5, 20 bis, 22 bis, 26, 27 bis, 40, 41, 45, 293 en función del artículo 298 del C.P. Y 7, 332, 333, 407 y concordantes del C.P.P.) (f. 2).

2. Contra dicha resolución, los representantes del Ministerio Público Fiscal interpusieron recurso de inconstitucionalidad (f. 41).

Luego de efectuar una introducción al caso y relatar los antecedentes de la causa, expresan que la resolución cuestionada es arbitraria por no constituir la misma una derivación razonada del derecho vigente de conformidad con las constancias comprobadas de la causa.

En primer lugar, postulan la arbitraria valoración de la prueba efectuada por la Alzada en el "bloque Quiroz", en cuanto a que la privación ilegítima de la libertad del mismo tras el allanamiento ilegal de su domicilio deviene como medio comisivo para configurar el delito de extorsión y por tanto, lo deja subsumido por aquella figura al no aplicar las reglas del concurso real. Dicho razonamiento, estiman los comparecientes, se aparta de las reglas de la lógica y el derecho, pues esa conclusión es la que el legislador previó en forma autónoma en los artículos 142 bis y 170 del Código Penal.

Por otro lado, manifiestan que la Alzada incurre en omisión arbitraria y sin fundamentación del testimonio de la víctima para tener por acreditada la participación del oficial Galván en este hecho delictivo y que fuera oportunamente acogido por el Tribunal de juicio.

Asimismo, sostienen que la interpretación efectuada por la Alzada respecto al accionar de Ruíz Díaz en torno a los delitos de falsedad ideológica de instrumento público e incumplimiento de deberes de funcionario público resulta arbitraria. Ello, toda vez que la Cámara establece que el accionar del comisario no implica la comisión del primer delito sino que queda inmerso en la figura de incumplimiento de deberes de funcionario público.

En lo atinente al "bloque Lezcano", señalan que la arbitrariedad radica en la falta de justificación del razonamiento efectuado por la Cámara de la conducta de Ruíz Díaz y su rol como comisario principal de la comisaria 19 de Rosario. De acuerdo a los postulantes, el fallo de Alzada sugiere que dicho carácter tenido en cuenta y valorado por el Tribunal de juicio carece de relevancia.

Agregan que no existió por parte de los Magistrados un análisis lógico e integral para sostener la absolución de Ruiz Díaz en orden a los delitos de extorsión y falsedad ideológica de instrumento público. Específicamente manifiestan que es arbitraria la valoración que efectuó la Alzada de la ausencia del comisario en su dependencia desde las 14 hasta 20 horas el día del hecho que fuere víctima Lezcano y del desconocimiento alegado por Ruiz Díaz de los datos falsos ingresados en las actuaciones, refrendadas en su carácter de comisario.

Aducen los quejosos que la Alzada efectuó una fundamentación contraria a derecho en torno al análisis de las conductas de los funcionarios policiales en los cuatro bloques, a partir de un carácter inescindible que impide considerarlas en modo aislado y por lo tanto pasibles de ser encuadradas dentro de un concurso ideal, que se mantiene en todos los casos.

Dentro del mismo bloque, manifiestan que la Alzada efectuó un ejercicio arbitrario de la jurisdicción que se traduce en la violación del principio de imparcialidad a partir de la revocación de una condena sobre cuestiones que no han sido objeto de agravio en la apelación de la defensa de Lucrecia Bustos y en una aplicación arbitraria de la regla de congruencia para fundar su absolución por el delito de extorsión.

Finalmente, en lo atinente al "bloque Pellegrino" argumentan que la motivación de la Alzada para fundamentar la participación criminal secundaria de José Antonio Galván esta viciada de arbitrariedad por la interpretación parcializada del testimonio de la víctima.

3. El Tribunal de Segunda Instancia en lo Penal de Rosario, resuelve en Acuerdo 876 de fecha 14 de noviembre de 2017 denegar la concesión del recurso de inconstitucionalidad (f. 150), con fundamento en que, en el examen liminar de la admisibilidad sustancial, se observa que el recurso interpuesto expresa divergencias con la resolución del Tribunal, sin que constituyan un fundamento válido para abrir la vía extraordinaria.

Tal denegación motiva la presentación directa de los recurrentes ante esta Corte (f. 161).

4. Cabe anticipar que esta impugnación no ha de prosperar.

Ello es así ya que en el caso, más allá de las diferentes apreciaciones, lo cierto es que los quejosos con sus alegaciones no consigue descalificar desde la óptica constitucional la respuesta otorgada por los Magistrados, quienes actuaron dentro de la órbita de la competencia que le es propia. Y si bien los comparecientes invocan afectación de garantías constitucionales y arbitrariedad en el fallo del A quo, de la lectura del escrito recursivo y su confrontación con la sentencia atacada surge que, en sustancia, se discute la interpretación que de los hechos, pruebas y derecho común realizó el mismo en ejercicio de funciones propias, cuestiones ajenas al recurso extraordinario intentado.

En efecto, del análisis de la resolución de Alzada surge que cada una de las postulaciones fueron debidamente analizadas y argumentadas. Para ello, más allá de realizar un tratamiento integral de los hechos enrostrados, que luego fueron sistematizados en cuatro bloques en orden a cada una de las víctimas, la Cámara argumentó la conclusión arribada en cada uno de ellos por separado, de acuerdo a cada imputado en particular, la participación puntual en el delito por el cual fuera condenado en baja instancia y la concurrencia de dichas conductas entre sí. Pese a la disconformidad que evidencian los recurrentes, el A quo ha brindado una respuesta acabada a cada uno de los planteos efectuados por la vía ordinaria, ajenos a esta instancia de excepción.

Previo a tratar cada caso en particular, los Sentenciantes han evaluado en forma integral la concurrencia de las conductas reprochadas en los correspondientes bloques y expresaron que "si hay un único fin, el despliegue de conductas no puede de modo alguno escindirse totalmente, pues lo que diferencia el concurso real del ideal (...) es la propia estructura del tipo delictivo en cada caso en particular. Al respecto la Cámara Nacional de Casación Penal ha entendido que 'cuando la conexión entre los diversos delitos es tan íntima que si faltase uno de ellos no se hubiese cometido el otro, se debe considerar a todo el complejo delictivo como una unidad es decir como un concurso ideal (...) y así se considerará por imputado dentro de cada bloque en caso de determinarse múltiples reproches penales'" (f. 9).

En lo que refiere al "bloque Quiroz" y la pretensión fiscal de encuadrar la conducta de los imputados en el delito de secuestro coactivo, señalaron que "...si bien se concretó la aprehensión de Leandro Quiroz en las circunstancias que previamente detalló el Tribunal de grado [...] el órgano acusador no logró demostrar que ese accionar resulte abarcativo de la acción de sustraer a Quiroz 'para' un fin determinado, como lo era el de obligar a la víctima o a un tercero a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad, ya que la aprehensión de Quiroz tuvo un sustento diverso". Y agregaron que "[...] Leandro Quiroz en ningún momento dejó de tener registro, contacto, interrelación con el mundo exterior con las personas que lo detuvieron o con familiares que acudieron a la dependencia policial..." (fs. 9v./10).

Respecto a la situación de Galván en ese bloque, argumentaron que "...el único que lo ubica a Galván dentro de la comisaría es Raúl Quiroz, pero nunca más allá de una presencia pasiva, sin interceder ni intervenir para canalizar un buen final para el entuerto que estaban tratando de dirimir (...), pues lo único que se aporta como dato es que cuando el testigo estaba con Ruiz Díaz, se apersonó Galván (al que conocía como 'Pepe'), y el comisario le dijo 'este está con nosotros'" (f. 13).

También sostuvo el A quo en torno al delito de falsedad ideológica de instrumento público achacada a Ruiz Díaz que "de acuerdo a la imputación que se le efectuara oportunamente (...) dicha actividad resulta atrapada por el ilícito tratado precedentemente, esto es incumplimiento de los deberes de funcionario público, con lo cual no cabe sino absolver a Ruiz Díaz de la imputación efectuada..." (f. 15).

Por otro lado, ya en el "bloque Lezcano", la Alzada analizó la situación de Ruiz Díaz frente al delito de extorsión y expresó que: "...ninguna precisión se brindó en juicio que lo individualizara en algún despliegue que refiera a la exigencia de aportar dinero para poder 'dejar las cosas como estaban'" y "...la ausencia de una individualización por parte de Lezcano respecto a la persona de Ruiz Díaz, cuando en la audiencia señaló a los otros involucrados y no a éste, no puede ser suplantada con la mera alusión a que 'el Jefe' fue el que redobló la exigencia monetaria...", agregando que "...conforme surge del Libro memorándum de guardia Ruiz Diaz se retiró de la Dependencia policial a las 14 horas, haciéndose presente en la Comisaría recién a las 20:00 hs." (fs. 19v./20).

En similar sentido concluyó el Tribunal, al momento de evaluar la conducta en orden al delito de falsedad ideológica de instrumento público y expuso: "...no obra acreditado con el grado de razonable certeza que requiere esta instancia que el imputado haya conocido de la falsedad de los datos que se incorporaban en el acta, conocimiento que no puede ser suplido o considerado -tal como lo hiciera el a-quo- con la mera firma en el proveído de remisión de las actuaciones a la Fiscalía. [...] A mayor abundamiento se impone la duda sobre su presencia en la Seccional durante el tiempo en que transcurrieron las 'maniobras' toda vez que fue expuesta en audiencia -y no controvertido por la Fiscalía- que el imputado se retiró de la dependencia..." (f. 21).

Por su parte, para deslindar de responsabilidad a Bustos por el delito de extorsión en dicho bloque argumentó que "...de un cotejo de la inicial acusación al momento de auto de apertura a juicio, con los argumentos con los cuales el Sentenciante livianamente le adjudica participación en el ilícito, más sin siquiera precisar debidamente en qué carácter y en qué consistió su accionar concretamente, impiden que este Tribunal convalide una atribución de responsabilidad penal con dichos extremos. [...] repárese que a Bustos se le atribuyó 'haberle dicho a Silvio Lezcano si había forma de arreglar', siendo que a la postre -y tal como lo pusiera de relieve el defensor de la imputada- es el Tribunal de juicio el que termina completando el sustrato fáctico por el que en definitiva la condena" (fs. 20/v.).

En lo correspondiente al "bloque Vazquez", la Alzada señaló -en razón a Ruiz Díaz- que: "el cotejo de la resolución impugnada con los componentes fácticos que fueran objeto de atribución, se compatibilizan con el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y no de falsedad ideológica de instrumento público, razón por la cual a dichas exigencias típicas corresponde remitir su análisis, por lo que cabe precisar que su inconducta será objeto de análisis en particular sobre dicho delito..." (fs. 27/v.).

Por último, dentro del "bloque Pellegrino", argumentó el Tribunal respecto a la participación de Galván que: "se limitó a actuar como mero interlocutor intermediario de mensajes entre Laviano y el agente Farini. Ello lo posiciona por fuera del codominio del hecho que se le atribuyó e incluso, en lo que podría ser una participación esencial que no se advierte configurada, sino tan solo en una secundaria intervención, en los términos del artículo 46 del Código Penal en el delito de Extorsión" (f. 31) y en orden al delito de falsedad ideológica de instrumento público atribuido a Ruiz Díaz concluyó que "no se ha probado que el impugnado haya ordenado la incorporación de datos falsos en las actas, aunque ello no quiera significar que no haya faltado a sus deberes funcionales del debido control de sus subalternos, pero ello lo hará pasible de sanción por otro delito pero no por el de falsedad ideológica que aquí se le imputa..." (f. 32).

En ese orden, de la compulsa de los argumentos brindados por la Alzada, con el memorial introductor, aquéllos permanecen incólumnes, y por tanto corresponde rechazar la queja interpuesta, toda vez que los agravios no logran aportar razones valederas que hagan concluir que la valoración de las probanzas realizadas por los Sentenciantes resulten ilógicas, a punto tal de descalificarlas como alternativa constitucional válida, con lo cual el planteo queda reducido a la mera discrepancia de los presentantes para con la decisión del Tribunal.

En este contexto, indudablemente, el acierto o error con que los Juzgadores fallaron la causa, y la mera discrepancia que denotan los comparecientes en sus planteos, no deparan caso constitucional idóneo para operar la apertura de la instancia extraordinaria ante esta Corte, cuya misión es efectuar el control de adecuación de las sentencias al ordenamiento jurídico fundamental, pero de ningún modo sustituir los Tribunales ordinarios en su cometido jurisdiccional.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copia al Tribunal de origen.

FDO.: GUTIÉRREZ-FALISTOCCO-GASTALDI-NETRI-SPULER-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA)	Tribunal de origen: Jueces del Colegio de Cámaras de Apelación en lo Penal de Rosario, doctores Salvador, Beltramone y Hernández.

Tribunal que intervino con anterioridad: Tribunal de Juicio Oral del Colegio de Jueces de Primera Instancia de Rosario, integrado por los doctores Postma, Marcogliese y Lamperti.