Tribunal: CAMARA DE ACUSACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-02-18


Salta, 18 de Febrero de 2011.

AUTOS Y VISTO: Este Expte. Nº26.919/09 de la Cámara de Acusación, Sala II, originario Nº15.122/09 del Juzgado de Instrucción Formal de Sexta Nominación caratulado: "ZERPA, SEBASTIANA POR ROBO A ROMERO, MAXIMA", del Distrito Judicial del Centro; y CONSIDERANDO El Dr.LUIS FELIX COSTAS, dijo:

Que arriban los presentes obrados a esta alzada en virtud del recurso de apelación impetrado por la defensa técnica a fs.128/130 y vta. en contra del auto resolutivo de fs.110/111 y vta. que dispone el procesamiento de Sebastiana Zerpa por el delito de Robo previsto y reprimido por el art. 164 del C.P..

Que remitidos para notificación de la Sra. Fiscal de Cámara solicita a fs.133/134 se declare mal concedido el recurso articulado con encuadre en el art. 454 del C.P.P. toda vez que los plazos procesales son perentorios y el instituto de la suspensión de plazos no está legislado en nuestro código. Que el art. 463 del C.P.P. sólo prevé la prórroga de manera excepcional, por lo que de aceptarse la aplicación irrestricta importaría incurrir en tratamiento desigual de las partes, comprometiéndose la seguridad jurídica y la estabilidad de los actos procesales. Que el juez al conceder la mentada suspensión no cumplió con el deber de motivación exigido por el legislador de forma, como también se acredita en la causa la inacción de la defensa técnica, por lo que ante la no interposición del recurso de apelación en tiempo oportuno, opera la caducidad, imposibilitando su cumplimiento con posterioridad. En razón de ello, solicita se pronuncie esta alzada en el sentido señalado.

Que le asiste razón a la representante del Ministerio Público en orden a la inexistencia en nuestro código de ritos del instituto de la suspensión de plazos. No obstante ello, se advierte de manera reiterada una práctica contraria por parte de los operadores del sistema, tal lo que acontece en la presente causa en la que ante la errada petición de la defensa, el magistrado equivocadamente concede a esa parte la suspensión de plazos. En razón de ello, cotejadas que fueran las constancias de fs.120 y vta., 122, 123 y vta., 138 y vta. y 128/129 y vta., cabe afirmar que el remedio impugnaticio ha sido presentado dentro del plazo de cinco días, teniendo en cuenta la suspensión de plazos acordada por el a-quo. Que la pretensión de la Sra. Fiscal de Cámara, aún cuando sea acertada en su apreciación tanto respecto de lo que manda la ley sobre el particular, como de la actuación del magistrado y de la defensa en el caso, no merece acogida favorable, toda vez que en esa tesitura equivocada ha otorgado a la defensa la ampliación del plazo para ejercer un derecho y en razón de esa aquiescencia ésta lo ha ejercido formulando la respectiva apelación, la que fuera concedida y por ende habilitada la presente instancia revisora. Por lo que cabe afirmar que el recurso fue promovido en tiempo y forma por lo que resulta formalmente admisible, encontrándose expedita la vía recursiva para el tratamiento de la cuestión suscitada.

Que el a-quo luego de reseñar la prueba colectada en la causa, se inclina con mérito incriminador por el ilícito de Robo toda vez que surge de tales elementos que Sebastiana Zerpa el día 12/04/09 se presentó en el domicilio de la víctima Máxima Romero, en su ausencia, y previo romper el candado de la puerta sustrajo una serie de bienes de la denunciante, lo que se corrobora con el Informe del Cabo 1º Julio Guanca y la propia manifestación de la acusada quien si bien niega haber cometido delito alguno, ya que tales bienes pertenecían a su hijo Ariel Delgado, recientemente fallecido, reconoce haber roto el candado.

La defensa formula apelación y expresa agravios, los que en apretada síntesis, cuestionan los fundamentos esgrimidos por el resolvente a los que considera no convincentes, pues sólo tuvo en cuenta las manifestaciones unilaterales de la denunciante, sin haberse acreditado fehacientemente sus dichos en torno a que fuera propietaria de los bienes cuya devolución reclama, como tampoco que haya sido la concubina del difunto Ariel Delgado. No se tuvo en cuenta la prueba documental (facturas) aportada por su defendida que acredita que los bienes pertenecían a Ariel Delgado o a su padre Roberto Delgado y no a la denunciante, tampoco se han considerado las declaraciones de quienes vivían en el inquilinato las que autorizan a negar la convivencia de Máxima Romero con Ariel Delgado pues sólo confirman una relación de noviazgo entre ambos, ni se ha valorado la particularidad que la acusada sea la madre del extinto Ariel Delgado y por lo tanto su legítima heredera. Por ende, los elementos del tipo penal imputado a su defendida no se han corroborado en autos, ni aún la violencia en las cosas toda vez que no se ha acreditado la existencia del candado ni su ruptura, independiente que la supuesta víctima y la acusada manifiesten o reconozcan su existencia. Tal elemento no puede objetivamente valorarse, por no existir. En razón de ello solicita se revoque el auto apelado y se dicte sobreseimiento a su defendida.

Que así planteada la cuestión a resolver debe señalarse que el hecho que motivara estos obrados tiene su origen en el fallecimiento de Luis Ariel Delgado. El nombrado es hijo de la acusada Sebastiana Zerpa y mantenía una relación sentimental con la denunciante Máxima Romero. Que Delgado vivía en una pieza de inquilinato de la que su madre, luego de su muerte, retirara todos los bienes que allí se encontraban, previo romper el candado de la puerta por no haberle entregado voluntariamente la llave Romero. Tal circunstancia determinó que Romero denunciara a Zerpa alegando que vivía en concubinato con Delgado y que tales bienes le pertenecen. La conducta así imputada configuraría prima facie el delito de robo que importa el apoderamiento ilegítimo de bienes total o parcialmente ajenos mediante el uso de violencia física en las cosas o en las personas.

La materia del litigio entonces o la cuestión central a debatir, es la condición jurídica de los bienes secuestrados a fs.15/16, esto es determinar a quien pertenecen en propiedad o posesión los bienes removidos del pensionado sito en Pasaje 20 de Febrero s/nº del Bº 25 de Mayo hacia el domicilio de la imputada en calle Maipú Nº798, ambos de la localidad de La Merced, en función que la parte que se presenta como víctima y la parte que se la caracteriza como victimaria ofrecen distintas versiones. Así, mientras la denunciante alega que le pertenecen por revestir la calidad de concubina de Luis Ariel Delgado incorporando recibos a nombre de éste, la acusada manifiesta que su hijo vivía solo y que los bienes eran de él aportando también facturas que así lo acreditan.

El cotejo de los contenidos declarativos de ambas, nos lleva a considerar si estamos en presencia de bienes comprometidos en su división o liquidación del acervo propio de una sociedad de hecho concubinataria, en cuya hipótesis la cuestión pasaría por un tema propio de un conflicto civil, penalmente irrelevante a los fines de una tipicidad penal y por ende de la persecución punitiva que ejerce el Estado.

Dentro de este primer esquema pareciera coparticipar el dictamen de la Sra. Agente Fiscal Penal Nº2 (ver fs.67), a diferencia del criterio del a-quo que aprecia la consumación de un ilícito penal con alcance en los fundamentos dados en el auto de procesamiento impugnado.

Pues bien, en términos a dirimir, en la alternativa, aparece en principio que la Sra. Sebastiana Zerpa ha retirado los muebles en el convencimiento que eran de propiedad de su hijo y por lo tanto le asistiría derecho hereditario que la coloca por el grado de filiación ascendente en legítima posesión de los bienes y las imputaciones dirigidas desmerecen la justificación del auto de procesamiento dictado en su contra.

Ello es así porque la denunciante invoca un derecho de propiedad a partir de la condición de socia de hecho por una relación concubinataria, cuya corroboración no ha sido probada más que por sus unilaterales afirmaciones y las declaraciones de testigos propuestos que no son ajenos a la sujeción de personas ligadas a ella por vínculos de amistad o de parentesco, los que deben ser evaluados independiente a esos dichos y con otros elementos de juicio que se encuentran colectados.

Es decir, no se alcanza a discernir, ni el juez tampoco encaminó su labor de investigación a fines de verificar la mentada relación concubinataria y el aporte de contribución en la adquisición de los bienes que se reputan liquidables como consecuencia de la acaecida muerte de Luis Ariel Delgado.

En todo caso la comprobación o el carácter de bienes comunes susceptibles de división con motivo de la muerte de Ariel Delgado en confrontación con los derechos que le asisten a los herederos forzosos como detentan los padres del "de cuyus" en situación de revestir éste la condición de soltero y sin hijos, configuran una plataforma fáctica inapropiada para el proceso lógico de subsunción en el delito de robo.

En consecuencia, la recuperación de los bienes que intenta la denunciante por esta vía, sin apertura de sucesorio en calidad de acreedora legítima o con derecho de ejercer la acción de preterición o reinvindicación de bienes hereditarios, excluye el análisis dentro del esquema de cosa ajena a los fines de considerar a la encausada como presunta autora del delito de robo porque en principio, pesa sobre ella la condición de heredera y poseedora de pleno derecho respecto del acervo hereditario de su hijo, máxime cuando la invocada sociedad concubinataria que alega la denunciante no se encuentra comprobada con ningún elemento de juicio fehaciente y a la imputada, quien goza en su beneficio de la presunción de inocencia no le cabe acreditar la inversión del onus probandi para demostrar que no es autora de los hechos. Por el contrario, las pruebas testimoniales con valor prioritario, en función de que se trata de testigos residentes en el mismo inmueble ( ver fs.46/50) aseveran haber percibido la presencia de la denunciante Máxima Romero dentro del esquema o marco de noviazgo y supuestamente a la época de la enfermedad de Delgado integraba otro grupo de convivencia familiar que no coincide con la lógica atención y asistencia que mutuamente se brindan los concubinos en orden a la cohabitación y contención cuando uno de ellos está amenazado por una enfermedad terminal. Además, las facturas de los distintos bienes están expedidas a nombre de Luis Ariel Delgado y en alguna hipótesis reconocida su adquisición con la tarjeta de crédito del padre Pablo Roberto Delgado, excluyéndose la contribución económica que pretesta la accionante en calidad de socia. Aparece también llamativo y sorprendente que quien aduce cohabitar un inmueble y resulte turbada en su tenencia o posesión, se limite solamente al reclamo de los bienes que en él se encuentren, declarando en la ocasión de poner en conocimiento de la autoridad, un domicilio distinto a aquél en el que sucedieron los hechos en su perjuicio.

Conforme a lo destacado el juicio de probabilidad que importa el auto de procesamiento no tiene sustento alguno, resultando válidas las críticas formuladas a dicho decisorio por el apelante, por lo que se impone su revocatoria.

El déficit en la investigación del hecho que motivara estos obrados resulta manifiesto, por lo que se recomienda la realización de un amplio informe ambiental y vecinal en el domicilio de calle Mariano Boedo Nº57 a fin de determinar desde que fecha vive y reside allí la denunciante, grupo familiar conviviente, si conocen o les consta su estado civil, si Benito Villagra es su actual esposo o se encuentra separado de él, si les consta y den razones de la relación de Máxima Romero con Luis Ariel Delgado. Como también resulta pertinente recibir la declaración del nombrado Villagra -como lo propone la defensa- y de la hija de la acusada Norma Delgado (la nombrada bajo las previsiones de ley) quien conforme fs.2 reside en el mismo inquilinato que lo hacía su hermano Luis Ariel, a fin que depongan acerca de la relación entre éste y la denunciante; obtener el testimonio del carpintero Alejandro Escobar respecto a los muebles (juego de dormitorio y placard) que le habrían comprado Delgado y Romero y las razones que lo motivaron a expedir la nota agregada a fs.78; careo entre acusada e imputada y toda otra diligencia que posibilite, a criterio del a-quo o a propuesta de la defensa y el Ministerio Público Fiscal, el descubrimiento de la verdad real.

Se recomienda asimismo desterrar la mala práctica de ese Tribunal en orden a conceder suspensiones de plazos procesales, fundamentalmente por no estar previsto dicho instituto en el código de ritos, y de esa manera evitar afectar la seguridad jurídica, la estabilidad de los actos procesales y la igualdad de las partes en el proceso, tal como lo pusiera de resalto la Sra. Fiscal de Cámara.El Dr.ENRIQUE GRANATA, dijo:

Que se adhiere al voto del Vocal preopinante por sus fundamentos y conclusiones.

En mérito a ello y el acuerdo que antecede, LA SALA II DE LA CAMARA DE ACUSACIÓN, RESUELVE:

I) HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto a fs.128/130 y vta. y en su mérito REVOCAR el auto de procesamiento de fs. 110/111 y vta. II) RECOMENDAR a la anterior instancia que en forma previa a un nuevo pronunciamiento, se incorporen los elementos de juicio señalados en los considerandos.

III) REGÍSTRESE, PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, y oportunamente BAJEN los autos al Juzgado de origen.