Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-04-20


MARINUCCI, María de los Angeles contra MUNICIPALIDAD DE FIRMAT Reg.: A y S t 206 p 196-209.

En la ciudad de Santa Fe, a los veinte días del mes de abril del año dos mil cinco, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores María Angélica Gastaldi, Roberto Héctor Falistocco, Mario Luis Netri, Eduardo Guillermo Spuler y Rodolfo Luis Vigo, con la presidencia del titular doctor Rafael Francisco Gutiérrez a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "MARINUCCI, María de los Ángeles contra MUNICIPALIDAD DE FIRMAT sobre RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN" (Expte. C.S.J. n 741, año 1992), de conformidad con el acuerdo celebrado el día trece del corriente mes y año.

A la primera cuestión -¿es procedente el recurso interpuesto?-, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo: 1. María de los Ángeles Marinucci promueve -por apoderado- recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción contra la Municipalidad de Firmat, tendente a obtener la nulidad de la resolución 144/92 (del 25.8.1992) y, consecuentemente el reintegro a la planta permanente de empleados municipales en el mismo cargo y categoría que desempeñaba, con más el pago de todos los salarios caídos desde el momento de la suspensión hasta la reincorporación, con más los intereses legales y costas.

Relata que integraba la planta de personal permanente de empleados municipales del ente público demandado, desde el 4.12.1990, habiendo rendido concurso para el cargo de Inspector municipal, categoría 8 (conf. resolución interna de la Secretaría de Gobierno 1/90).

Se explaya en que siempre cumplió con las tareas asignadas con corrección y de conformidad con las instrucciones impartidas por la accionada, sin que se le haya aplicado sanción disciplinaria alguna.

Expresa que el 18.3.1992 le fue requerida la entrega de la totalidad de los recibos de recaudación de derechos de venta ambulante, lo que cumplimentó poniendo en manos de Esther de Robles (Sub Directora de Finanzas).

Asevera que en fecha 2.4.1992, recepcionó la carta documento 86.943, por la que se le informaba que se había detectado el faltante de nueve recibos del talonario por ella entregado, intimándola a informar sobre el destino de los mismos, lo que -según refiere- cumplimentó en tiempo y forma, explicitando adecuadamente las razones de hecho que existieron al momento de la entrega.

Las autoridades municipales, con posterioridad, decidieron instruir sumario administrativo (por resolución 64/92, del 14.4.1992) al considerar que el faltante de nueve recibos podía resultar causal de cesantía o exoneración de la agente imputada, disponiendo de inmediato su suspensión preventiva (conf. resolución 65/92).

Menciona que tramitado que fuera el sumario administrativo, al que le imputa una serie de irregularidades que justificarían la declaración de nulidad de todo lo actuado, la demandada procedió a exonerarla mediante la resolución 144/92 (de fecha 25.8.1992), la que impugnó mediante el recurso de reconsideración, que fue denegado por resolución 189/92 (que le fue notificada el 5.11.1992), con lo que entiende agotada la instancia administrativa.

Le endilga al sumario administrativo instruido serios vicios de forma y sustanciales. 1.1. En cuanto a los primeros, señala que los vicios de forma de que adolece el sumario se contraponen a las disposiciones de la ley 9.286 y, conducen a la nulidad de todo lo actuado.

En primer término, señala la vulneración del secreto del sumario (dispuesto por el artículo 83, del Anexo I, ley 9.286) que propone se desprende palmariamente de la declaración de Esther de Robles, la que hace referencia a un informe oportunamente requerido a la Sección Contaduría, aclarando "...y que consta en el presente legajo" (remite a la declaración de f. 13 del sum. adm.). Se interroga sobre la fuente del conocimiento de dicha agente acerca de la existencia del informe dentro del sumario administrativo, en tanto se encontraba en la etapa de secreto.

En segundo, indica respecto del interrogatorio del instructor a los testigos, que la forma en que ése lo realiza induce a éstos, condicionándolos y, a la vez, prejuzgando sobre los hechos, considerando a la agente responsable de lo imputado.

Postula que, además, el instructor incumplió lo preceptuado por el artículo 97 (de la misma ley y Anexo), que establece que las citaciones a los testigos se efectuará por cédula. Entiende que el sumariante optó por la notificación en diligencia, que es de excepción. Asimismo, hace mención a la omisión de firma en algunas notificaciones así efectuadas a testigos.

Apunta que también se incurrió en omitir las formalidades impuestas por la legislación -art. 99, Anexo I, ley 9.286- al momento del interrogatorio a los testigos, dado que les comprenden las generales de la ley por encontrarse incursos en subordinación jurídica y económica respecto de la accionada.

Todas las irregularidades puestas de manifiesto coadyuvan, en la propuesta argumentativa de la recurrente, a distorsionar la transparencia que debe reunir un procedimiento administrativo y evidencia error en el accionar del instructor que pretende fundar en una presunta falta administrativa la causal para aplicar la exoneración de la Administración municipal.

En síntesis, por los argumentos desarrollados solicita la declaración de nulidad del procedimiento y, consecuentemente, de la resolución dictada oportunamente.

1.2. En relación a los vicios sustanciales de la decisión administrativa, señala que el único fundamento esgrimido por la instrucción es el faltante de nueve recibos, lo que no corresponde imputar a la actora ante la carencia total de prueba que así lo confirme y de que se hubiere irrogado perjuicio material o moral a la Administración demandada.

Reitera que en todo el procedimiento se avizora un prejuzgamiento de la conducta de la actora y una clara intencionalidad política de adoptar una medida impeditiva de su continuidad en la Administración Pública.

En la labor de basar sus afirmaciones, pone de resalto que la instrucción funda sus cargos en un supuesto perjuicio sufrido por la Municipalidad de Firmat, mas ello adolece de falsedad, pues esos recibos nunca fueron utilizados, formulándose así meras hipótesis, distorsionándose como consecuencia de ello los principios rectores del derecho.

Afirma que en el supuesto caso de que la actora hubiera incurrido en una demora en la entrega de los recibos, ello se habría debido al diagrama de horarios -vespertino- y zonas asignadas -periféricas- en las que no se habrían realizado tareas de cobranzas, dado que los vendedores ambulantes se concentran en la zona céntrica y abonan por la mañana.

Destaca la total y absoluta buena fe y predisposición de la accionante, quien entregó la totalidad de la documentación que obraba en su poder, acreditativa del normal rendimiento de los recibos.

Interroga respecto de a quién corresponde imputar la irregularidad de no haber colocado en el recibo 2.569 -de puño y letra de quien lo recibía- el dato del inmediato anterior, si a la actora o a otras personas -a quienes hubiere beneficiado económicamente-, así como que tal proceder bien pudiera formar parte de una maniobra tendente a perjudicarla.

También pregunta si puede constituir causa suficiente para fundamentar la exoneración, el omitir la anotación de un número, dado que esa falta no puede imputarse a la actora. Esgrime que, asimismo, no luce probado de manera alguna que la actora haya utilizado los recibos o que no los haya entregado, ello a tenor de que se le solicitó la entrega de toda la documentación que obraba en su poder, lo que así cumplimentó. Además, sostiene que el mero faltante de la glosa de un número -que configura responsabilidad de un tercero dependiente de la Administración municipal, que no es la recurrente- no constituye por sí mismo causa alguna para la aplicación de medida de tal extrema gravedad.

Menciona que el artículo 116 -Anexo I, de la ley 9.286- establece que toda sanción se graduará teniendo en cuenta la gravedad de la falta, los antecedentes y los perjuicios causados.

Con referencia a la gravedad de la falta, tal como se ha indicado supra, explicita las motivaciones por las cuales la falta no puede entenderse grave. En lo relativo a los antecedentes de la actora, pone de relieve que los mismos son impecables, no habiendo sido pasible de sanción disciplinaria.

Asevera la inexistencia de perjuicio alguno causado al ente público, ya que el instructor basa el dictamen acusatorio en meros indicios, a los que pretende constituir en pruebas esenciales, sin poder ocultar un cargado subjetivismo, pretendiendo justificar una sanción que políticamente ya había sido adoptada.

Asimismo, reitera todos los fundamentos esgrimidos en sede administrativa.

En síntesis, postula que la medida adoptada excede las disposiciones legales vigentes aplicables, en razón de que: en el sumario se han cometido serias anomalías que perjudican los derechos del trabajador; la ausencia de perjuicio de cualquier tipo para la Administración municipal y la inexistencia de antecedentes de la exonerada; por lo que solicita la anulación de la resolución recurrida, con los alcances supra indicados.

2. Declarada por Presidencia la admisibilidad del recurso interpuesto (f. 26), citada y emplazada a estar a derecho la Municipalidad de Firmat, no comparece pese a encontrarse debidamente notificada, por lo que se decreta su rebeldía (f. 32). Corrido traslado de la demanda, no la contesta. Habiendo luego comparecido la demandada (f. 43), se dispuso el cese de la rebeldía (f. 44) y se le dio por decaído el derecho de contestar la demanda (f.

46).

Abierta la causa a prueba (f. 46) y producida la que consta en autos, informa la parte actora sobre su mérito (fs. 80/86). Dictada (f. 87) y consentida la providencia de autos, agregada la contestación al oficio 2.126 por la accionada y consentida la vuelta de la causa a estudio (f. 127), queda la presente en estado de ser resuelta.

3. La actora solicita se declare la nulidad de la resolución 144/92 (del 25.8.1992), dejándose sin efecto la exoneración que entiende injustamente impuesta, emanada del Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Firmat, se ordene la reincorporación en el cargo y categoría desempeñado, se le abonan los salarios caídos desde la suspensión y hasta la reincorporación, con más los intereses legales y las costas.

Conforme surge de las constancias obrantes en la causa, la demandada no ha contestado la demanda.

Este Tribunal, con distinta integración, tiene señalado que la incontestación de la demanda surte el efecto del artículo 143 del Código Procesal Civil y Comercial (por remisión del art. 23, ley 4.106). Los hechos articulados por la actora son tenidos por ciertos, sin perjuicio de la prueba en contrario y de su evaluación conforme a derecho (cfr. criterio de A. y S. T. 77, pág. 303, "Ramírez", A. y S. T. 122, pág. 466; "Fuentes", T. 125, pág. 195; "Cabrera", A. y S. T. 156, pág. 214). También ha señalado que: "En estos casos, el Tribunal examina 'la legitimidad de los actos y hechos en lo que concierne al orden o interés público' y el 'concepto de orden público es el que impone al Tribunal la determinación de la verdad real, y no de la verdad formal; también él explica la mayor amplitud de atribuciones del Tribunal en lo contencioso administrativo, a diferencia del juez del procedimiento civil, que en diversas situaciones procesales simplemente homologa por así decirlo, lo que demandan, proponen o consienten las partes'; '... en ambos recursos (de plena jurisdicción y de anulación o ilegitimidad) la jurisdicción se propone determinar la verdad real del acto y no sólo la pretensión jurídica del recurrente'" (criterio de "Armas", A. y S. T. 137, pág. 395, con cita de Bielsa, "Sobre lo contencioso administrativo", Buenos Aires, 2da. ed.; reiterado en "Oviedo", A. y S. T. 141, pág. 473, entre otros).

Por lo expuesto, la existencia o no de los vicios endilgados al acto impugnado podrá ser declarada por este Tribunal, de conformidad al resultado obtenido en la tarea de juzgar la base fáctica del presente a la luz del derecho aplicable. 4. Corresponde entonces efectuar el tratamiento de los vicios endilgados por la recurrente a la resolución que dispuso su exoneración.

Para adentrarnos en el análisis de la legitimidad se impone considerar los hechos imputados, que se tuvieron por acreditados, y su encuadramiento como falta disciplinaria (art. 64, inciso a), Anexo I, ley 9.286), pasible de la sanción de exoneración establecida en el artículo 61, inciso d), del mismo Anexo y Estatuto.

Ello así pues el contralor de legalidad "supone la debida aplicación por el órgano administrativo de las normas estatutarias, de manera que tanto la configuración como la calificación de los hechos sea correcta y las sanciones se ajusten al texto legal (cfr.

criterio del Alto Tribunal nacional en "Bomparola", Fallos: 308:176 y sus citas de Fallos: 259:266; 262:67; "Jarnub de Villalba").

En otras palabras, "corresponde al tribunal examinar si la adecuada interpretación del... Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública... admite que se considere a los hechos que determinaron la sanción impuesta como contrarios al deber establecido en dicha norma y, en caso afirmativo, si tal transgresión puede dar lugar a la aplicación de la sanción contemplada..." (cfr. el criterio de la C.S.J.N. in re "Caputo", Fallos: 307:1286; así como en la causa "Ramírez", Fallos: 306:1792).

Por lo tanto, en el análisis de legalidad de la exoneración dispuesta, deberá dilucidarse si las situaciones fácticas imputadas podrán razonablemente ser encuadrables como falta administrativa contenida en la aludida disposición (art. 64, inc. a), Anexo I, ley 9.286), la que establece "Son causas de exoneración:...inciso a) Faltas graves que perjudiquen material o moralmente a la administración". Ello dado que en el acto que dispuso la medida expulsiva se alude específicamente a este precepto, asumiendo que se había infringido el respectivo deber, por lo que corresponde indagar la causa y fundamento que sustentara la resolución respectiva.

En cumplimiento de este cometido debe abordarse el examen del alcance de los deberes o prohibiciones estatutarios a fin de determinar si esas circunstancias fácticas configuran o no la falta y violación a lo legalmente estatuido.

A tenor de lo expuesto, el examen de la legitimidad del acto administrativo que dispuso la exoneración, exige atenernos a la comprobación de los hechos imputados y a la razonabilidad de su subsunción en la calificación típica de la sanción aplicada. Criterio explicitado por nuestro máximo Tribunal al referirse a la potestad del Poder Judicial de revisar los actos disciplinarios de la Administración, pues el control de legitimidad supone el de la debida aplicación de las normas estatutarias, de manera que los hechos se clarifiquen adecuadamente y que las sanciones se ajusten al texto legal" (cfr. Fallos: 306:1792 y, en igual sentido Fallos: 307:1282 y 308:176, citados por Tawil, Guido Santiago en "El control de la calificación jurídica de los hechos por parte de los tribunales de justicia", jurisprudencia anotada publicada en L.L., 1992-D-335).

4.1. Con base en las premisas sentadas, se analizará la comprobación de los hechos que sustentaron la exoneración y, en su caso, si constituyen o no supuestos que justifiquen su inclusión en las calificaciones jurídicas que la fundamentan.

En el caso, los hechos constitutivos de la imputación sumarial, de los que dan cuenta las expresiones vertidas por el ente público (a f. 7 del expte. adm.; resol. 64/92) refieren "acerca del faltante de nueve recibos correspondientes a Recaudación Derecho de Vendedores Ambulantes N 2.560 al 2.568 inclusive, del talonario N 2.551 al 2.600 en poder de la Señora María de los Ángeles Marinucci, no habiendo ingresado por caja el importe de los mismos", agregando que ello "puede ser causa de cesantía o exoneración, de conformidad con lo establecido por los artículos 63 y 64 de la ley 9.286".

A su vez, en oportunidad de emitir el dictamen el instructor sumariante, esas mismas imputaciones respecto del faltante de los recibos vuelven a mencionarse, mas considerando "que habría incurrido en el artículo 64 inciso a) de la ley 9.286, Anexo I - falta grave que perjudica material y moralmente a la administración" (a f. 31 del exp. sum., en fecha 1.7.1992), pasible de la sanción de exoneración. En ese dictamen de la instrucción (a fs. 38/41 vto. de las act. sum.), cuyo análisis adquiere relevancia a tenor de la remisión que efectúa la resolución 144/92 del Intendente Municipal -al decidir la exoneración de la agente- como motivación (a f. 48 de las act.

sum., de fecha 25.8.1992), se tiene por acreditado el faltante de los recibos 2.560 al 2.568 inclusive, del talonario 2.551 al 2.600 de la recurrente, así como el no ingreso por Caja del importe correspondiente con base en el informe de la Secretaría de Finanzas de foja 1 de las actuaciones administrativas, que entiende corroborado por el informe de Tesorería de foja 2 de dichas actuaciones. Para ello examina las declaraciones de la imputada (cfr. f. 38 vto. de las act. sum.) respecto de la falta de control acerca de la numeración de las boletas y los recibos, así como que el 30 de marzo de 1992 la señora de Robles le dice que faltaban nueve recibos, los que fueron buscados en los registros verificándose la inexistencia de error. En cuanto a las testimoniales de que se vale la instrucción, pueden mencionarse -entre otras- la de la señora de Robles (cfr. a f. 38 vto. de las act. sum.), la que analiza lo manifestado en cuanto a que al realizar el control del legajo de caja del día 18 de marzo y volcar el resultado comprueba la falta de los mencionados recibos, "dado que luego del recibo n 2.560 entrega el 25 de setiembre de 1991 el recibo n 2.569 e inmediatamente y en fecha 24 de marzo de 1992 hace entrega de los recibos nros. 2.570/71 y 72 de los que se desprende el faltante de los 9 recibos y que luego de agotar todos los recursos de control -incluso un informe de contaduría que obra en el presente legajo- llamó a la señora María de los Ángeles Marinucci y le pidió que le trajera el talonario que obraba en su poder, lo cual ésta hace en horario de la tarde y se lo entrega a la señora Mabel Bártoli". Asimismo se examina (cfr. f. 38 vto. de las act. sum.) la declaración testimonial de la señora de Dutry quien se desempeñara como cajera y manifiesta "que cuando la señora Marinucci le hace entrega del recibo de recaudación n 2.569, extrañamente en el mismo no figura el n anterior 2.568 que indefectiblemente debería constar de su puño y letra como ocurre habitualmente en todas las entregas que hacen los inspectores y lo que sí figura es la fecha 18 MAR 1992 colocada con un sello y tilde, y que además, en la entrega posterior que hace la señora ...Marinucci del recibo número 2.570, sí figura el número anterior de su puño y letra..." y "...aclara que en la caja no pasó inadvertida la falta de boletas, y que además ella trabajaba con total tranquilidad dado que la señora de Robles lleva estricto control del tema" (cfr. f. 38 vto. de las act. sum.). También evalúa, entre otras consideraciones, un informe de la oficina de personal respecto al trabajo de la hoy actora.

Inicialmente debe señalarse que la agente no consiente las imputaciones formuladas por el ente público, por el contrario, controvierte cada una de ellas, partiendo del desconocimiento de su responsabilidad por el supuesto faltante de los nueve recibos de su talonario, así como respecto de cada una de las demás acusaciones tales como no haber ingresado los cobros, al expresar "todos y cada uno de los cobros por mí realizados fueron ingresados oportunamente por caja de esa Municipalidad" (cfr. f. 6 y vto. de las act. adm., respuesta ante la intimación cursada por la Municipalidad en forma previa a la decisión de instrucción de sumario). Actitud negatoria que se reitera en los demás actos de los que participa la imputada, entre los que puede mencionarse la declaración de foja 11 y vuelto de las actuaciones sumariales, en la que asegura que "... en todo momento obró de buena fe y que en ningún momento cometí el hecho o falta que se me atribuye, tal es así que al requerírseme la entrega de la documentación, hice entrega de toda la que obraba en mi poder sin guardarme nada...". 4.2. Corresponde considerar lo referido a la comprobación del faltante de los nueve recibos premencionados, y eventualmente, la responsabilidad que en ese aspecto le cupo a la agente Marinucci, lo que es negado por ésta.

Adelanto que, en esta cuestión, le asiste razón a la accionante. Como seguidamente se explicitará, no surge acreditado de las probanzas producidas en la causa -con suficiente grado de certidumbre- el faltante que se le atribuye ni obviamente -se adelanta también- la responsabilidad de la agente sancionada.

En efecto, la aludida falta de certeza con el consiguiente margen de duda se avizora ni bien examinamos las pruebas rendidas en autos. Se impone analizar las declaraciones testimoniales rendidas en sede jurisdiccional, en lo que resulta de interés.

Así, surge que la cajera municipal, señora Tardini (a f. 61 y vto. expte. jud.) afirma en respuesta a la pregunta sexta que "Sí sabe que faltó algunos de los recibos porque lo advirtió mi jefa la señora de Robles que era quien llevaba ese control", asegurando que quien recepcionaba habitualmente ese tipo de documentación era el cajero, desempeñándose en ese momento la dicente como cajera (respuesta a pregunta nueve), contestando que quien entregaba los talonarios de recibo a los inspectores era la señora de Robles (a la pregunta 10, a f. 61 vto. del expte. jud.); desconociendo -por no ser su tarea- si se efectuaba la revisación de los talonarios para comprobar que los mismos contaran con todos los formularios, numerados correlativamente (respuesta a la pregunta 11); asimismo, expresó desconocer si la Municipalidad realizó algún tipo de denuncia penal; en cuanto al cotejo con su declaración en sede administrativa, se le inquirió sobre la razón por la que no se consignó en el recibo oficial 61.062 el número anterior del recibo rendido, a lo que expresó que "no le encuentro explicación, no tengo respuesta para esta situación".

A su vez, la señora Bártoli (a f. 65 y vto., en su declaración testimonial en sede jurisdiccional) sostiene que recibió el talonario de recibos "pero no miré los números ya que era ella la que controlaba los números, que eso ocurrió a la tarde cuando estaba haciendo horas extras" (respuesta a la pregunta dos del pliego, a f. 65 del expte. jud.), agregando -con relación al conocimiento que podía tener respecto de si faltaba alguno de los recibos que componían dicho talonario- que "repito, yo lo único que hice fue recibir los talonarios, creo que era uno, no me consta si faltaba alguno de los recibos que componía dicho talonario" (respuesta a la pregunta tercera, a f. 65 de autos); que "el talonario se lo entregué a la Sra. de Robles, en ese momento Directora de Finanzas de la Municipalidad" (respuesta a pregunta quinta); que no recepcionaba habitualmente este tipo de documentación (respuesta a la pregunta sexta); que los talonarios de recibos eran entregados a los inspectores por la señora de Robles (pregunta octava y su respuesta), y en relación a si se efectuaba revisación de los talonarios para comprobar que los mismos contaran con todos los formularios, numerados correlativamente -pregunta novena-, respondió que "Sí se hacía por la Sra. de Robles"; preguntada sobre el lugar en que quedó el talonario desde el momento en que lo recibiera hasta su entrega a la señora de Robles, dijo no recordar con detalle "pero supongo que lo habré dejado en mi escritorio".

Por su parte, la señora de Robles (a f. 69 del expte. jurisdicc.) en oportunidad de testimoniar en esta sede, explicitó que "Faltaban exactamente nueve recibos, advertí ese faltante al hacerme ella rendición de cuenta de los recibos por cobranzas a los vendedores ambulantes, yo llevaba un cuaderno de control, en el que anotaba los nros. de recibos, a quien los entregaba de los empleados, y firmaban de conformidad la recepción" (respuesta a la pregunta tercera); declarando -en vinculación con la documental reintegrada por Marinucci- que "además del talonario entregó uno o dos recibos, no recuerdo bien cuántos, de rendición por las cobranzas que tenía, que ingresaba en caja, pero ahí nota la dicente el faltante de los nueve recibos (a la pregunta cuarta); en relación con lo interrogado respecto de quien recepcionaba habitualmente este tipo de documentación (pregunta séptima), respondió "A mí me rendían oficialmente, porque los cuadernos los tenía yo, salvo alguna eventualidad, como en este caso, que vino de tarde la Sra. Marinucci con otra empleada y yo estaba sólo de mañana" (cfr. f. 69 vto.); preguntada respecto de quien entregaba los talonarios de recibo a los inspectores (pregunta octava), ésta contestó: "Yo entregaba y recibía los talonarios de recibos a los inspectores, porque eso estaba en la caja fuerte y yo tenía la llave. Los recibos yo los ingresaba por Caja, dando al inspector o cobrador una constancia, el recibo oficial, en el que se hacía constar de qué número a qué número entregaba de ese talonario de la cobranza de vendedores ambulantes"; en cuanto a lo preguntado sobre cómo se realizaba la revisación de los talonarios para comprobar que los mismos contaran con todos los formularios, numerados correlativamente (pregunta novena), la respuesta brindada por la declarante consistió en que "seguro los revisaba al recibirlos, pero no al entregarlos, confiando en la imprenta donde se hacían, a mí no me pasó nunca, pero sí en Caja alguna vez ha surgido que hubo alguna falta de un recibo por error de imprenta o extravío, en cuyo caso se buscaba celosamente, se controlaba el troquelado de los talonarios, labrándose el acta respectivo"; interrogada sobre si se tomaron las medidas de control que relatara y si se había labrado el acta correspondiente al encontrarse el faltante de los nueve recibos (pregunta undécima), la contestación de la dicente pasó por aseverar que se tomaron "automáticamente al ir a rendirme...el próximo paso fue informar a las autoridades, desconozco, mas bien no recuerdo si las autoridades labraron un acta"; en cuanto a lo indagado respecto de si recordaba haber revisado el talonario para descartar el error de imprenta (repregunta del apoderado de la actora), la testigo respondió "Que no recuerdo, pero en ese caso no lo ví como error de imprenta, podría ser que la imprenta se salteara uno, pero no consideré que pudiera saltear nueve" (a f. 70 de las act. jud.).

De la declaración de la testigo señora Torres (a f. 75 del expte. jud.), que según expresa tenía la misma actividad que la accionante, se desprende, preguntada respecto de la entrega de recibos y rendición del mes de marzo de 1992 de la actora (pregunta dos), que "sí teníamos un talonario con el que cobrábamos la sisa a los vendedores ambulantes y cada tanto, cuando nos lo pedían, lo entregábamos para controlarlos" (a f. 74 de autos); en cuanto a la realización de control en presencia de la actora del contenido de la documentación entregada (pregunta cuarta), refirió no recordar bien "a veces lo revisaban y otras veces no, en la confianza dejábamos el talonario numerado del que nos proveían, con la constancia de la operación y la constancia de su importe"; interrogada sobre cuál era la frecuencia de rendición de cuentas por parte de los inspectores municipales (pregunta sexta), respondió no saberlo "que cada inspector lo manejaba a su manera, de acuerdo al turno, es decir, si trabajaba de mañana o de tarde, y de acuerdo a los vendedores ambulantes que encuentres en la calle"; declaró que los talonarios de recibos a los inspectores eran entregados por la señora de Robles (respuesta a pregunta décima) y en relación con lo indagado referido a si se efectuaba revisación de los talonarios de recibo para comprobar que los mismos contaran con todos los formularios, numerados correlativamente, respondió que "supuestamente creería que sí, por el orden que se llevaba, los talonarios eran numerados".

No resulta un dato de menor entidad que el ente público demandado en oportunidad de responder el oficio 2.126 (a f. 126 del expte. jud.), en contestación a la pregunta a), informa que no obra en la Municipalidad constancia de la entrega a la actora del talonario de recibos de recaudación de derecho de vendedores ambulantes, agregando que de la entrega de los mismos se dejaba constancia en un cuaderno, el cual no era firmado por los empleados a los que se les entregaba. Por lo demás, no obra constancia alguna en la causa de que se haya labrado algún acta a consecuencia de haberse detectado el faltante de los recibos en el talonario, ni realizado denuncia penal. Tampoco luce incorporado en la causa el talonario de recibos correspondientes a los números 2.551 al 2.600 -en el que se había operado el faltante-, sino sólo los recibos -sueltos- de rendición de los recibos de cobranzas de vendedores ambulantes números 2.551 (f. 15, exp. jud.), 2.552 (f. 16), 2.553 (f. 17), 2.554 (f. 18), 2.555 (f. 19), 2.556/7 (f. 20), 2.558/9 (f. 21), 2.569 (f. 22), 2.570/2 (f. 23).

En cuanto a las formalidades observadas en la rendición del recibo o liquidación 2.569 correspondiente a derecho de venta ambulante, extendido a nombre de la agente accionante, concretada mediante recibo oficial 61.062 de fecha 18.3.1992, no se aprecia "prima facie" que adolezca de irregularidad alguna. Dicha conclusión se impone de la lectura y observación del mismo, dado que no sólo fue rubricado por quien lo confeccionó, sino que consta sello y firma de Liliana T. de Dutry (Receptoría) y de Esther P. de Robles (Sub Director de Finanzas), conforme surge del mencionado recibo oficial remitido por el ente municipal en respuesta al oficio 2.126 (obrante a f. 125 del autos). Para ello, asimismo, se ha tomado en consideración la omisión de acreditación de existencia de reglamentación alguna que impusiera alguna otra exigencia para tales rendiciones.

Como consecuencia del análisis del material probatorio del "sub lite", consistente en las declaraciones testimoniales rendidas en esta instancia jurisdiccional puede arribarse a las siguientes conclusiones: quien entregaba los talonarios de recibos a los agentes era la señora de Robles, sobre quien -en principio- habría recaído la función de controlar la existencia de la totalidad de los números de recibos correlativos, tanto de su entrega para su utilización como de su recepción o reintegro una vez utilizados por parte de los agentes, y de llevar la documentación destinada a constatar fehacientemente la entrega a cada inspector de los talonarios, bajo su firma; que la mencionada no habría realizado tales operaciones de control y en el sub caso particularmente se habrían omitido los mecanismos que conforme surge de las declaraciones vertidas habían sido adoptados en otras oportunidades al detectar el faltante de recibos en los talonarios, tales como labrar acta de ello y verificar si, conforme a los troqueles adheridos en los talonarios o de los reintegrados después de su utilización, se hubiere tratado de un error imputable a la imprenta; ello a tenor del propio reconocimiento de la nombrada de la omisión de control de tales circunstancias, en forma previa a la entrega a cada agente. No empecen a las precedentes consideraciones las declaraciones de la cajera (señora Tardini) en torno a lo que habría constituido un mecanismo por ella implementado, mas sin que se advierta su apoyatura en normativa alguna, que habría consistido en dejar constancia o efectuar anotación del número del recibo anteriormente rendido por el mismo agente, entre otros datos, al recibir el importe de cada rendición. Tal proceder no se verificó en el recibo 2.569 rendido por Marinucci, sin que la declarante hubiere encontrado explicación posible o respuesta para esa actitud omisiva (cfr. su decl. testimonial a f. 61 vto. del expte. jud.). Mas de ello en modo alguno puede concluirse, que la omisión de dicho proceder resultara atribuible a título de falta a la agente Marinucci. Corolario de lo hasta aquí expuesto es que no ha quedado acreditado en el sub lite que las circunstancias fácticas relatadas, en vinculación con aquéllas imputadas por el ente público a la agente Marinucci, hayan constituido una falta que resultare indubitablemente atribuible a la recurrente. Menos aún, que pudiera entenderse que revistiera tal entidad como para considerar que la misma denotaba gravedad.

Las probanzas rendidas en autos no resultan suficientes en torno a la acreditación de la falta imputada. Repárese en que el dictamen del instructor sumarial (obrante a fs.

38/41 vto. de las act. adm.), el que fue convalidado administrativamente (cfr. f. 47 de las act. sumariales) y que constituyó la motivación de la resolución 144/92 del Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Firmat que ordenó la exoneración (f. 48 de dichas actuaciones), básicamente se fundamenta en la prueba indiciaria o de indicios "que hacen presumir la responsabilidad de la señora María de los Ángeles Marinucci en el hecho en cuestión" (cfr. f. 40 vto., act. sum.). Obviamente la "presunción" de responsabilidad resulta asaz insuficiente para servir de base a la exoneración, dicho ello sin perder de vista la etapa procedimental en que se vertieron esas consideraciones, mas reflexionando sobre lo exigido por la normativa aplicable que requiere "comprobar un hecho pasible de sanción" -inc. a), art. 70, Anexo I, ley 9.286-. 4.3. La Municipalidad demandada estableció como primer indicio para la presencia de una situación de anormalidad, la demora de la accionante en entregar el talonario del que -refiere- se detectó el faltante de los recibos, tomando en consideración la declaración testimonial en sede administrativa brindada por el Jefe de División de Inspección General y Tránsito que aludió a que "los inspectores suelen hacerlo una vez por semana, aunque a veces suele pasar de 15 a 20 días" (cfr. dictamen del instructor, a f. 40 vto. del exp.

sum.). Si bien se extiende sobre las razones brindadas por la recurrente para justificar tal actitud, no obstante, hace referencia a las contradicciones entre las declaraciones de ésta con los testimonios de los agentes municipales rendidos en autos, inclinándose por dar prioridad como relevantes a la de éstos últimos en consideración a la antigüedad que tenían en sus funciones -aún cuando reconoce que ello no es determinante- y a su conducta intachable. Pese a que reconoció la notoria falta de concordancia respecto de cuándo y cómo fue entregado el talonario de recibos que dio origen a esta controversia, seguidamente consideró la instrucción -en su dictamen- como prueba determinante el hecho de que en el recibo oficial 61.062 correspondiente a la liquidación del recibo de recaudación de derechos de venta ambulante 2.569, que la señora Marinucci entregó el 18.3.1992, no figuraba el último número anterior (2.568) de puño y letra de la cajera, como ocurría habitualmente, para concluir que ello daba la pauta de "que dicha entrega fue preparada para que la misma pasara inadvertida" (cfr. f. 41 del exp. sum.). Advierto, examinando tales documentos, que resulta cuanto menos dudoso que de dichas constancias pueda extraerse una afirmación tan categórica como la sustentada en sede administrativa, ya que, si dicho examen no se hubiera realizado con un criterio estricto y riguroso previsto para otras situaciones, otra hubiese sido la solución que debió otorgarse al caso.

Tales conclusiones formuladas sobre las bases argumentativas ya señaladas, no pueden ser consideradas de acuerdo con las reglas de la sana crítica como indicios que generen presunciones graves, suficientes o con tal grado de conexión que aporten convencimiento sobre el hecho atribuido, careciendo de decisividad en punto a generar convicción, resultando -por ende- insuficientes para sustentar la sanción expulsiva consistente en la exoneración. Máxime si se toma en consideración que se constituyeron prácticamente en la única y exclusiva prueba en que la instrucción fundamentó su dictamen acusatorio y el ente público -por remisión- la sanción de exoneración, no encontrándose corroborados por otras pruebas que valoradas en su conjunto pudieran ayudar a la solución de la causa. 4.4. Entiende el instructor (a f. 39 vto. act. sum.) que "no se trata de que se esté en presencia de una falta -figura típica del Derecho Administrativo- sino de la gravedad de la misma", aseverando que lo relevante es que dicho "'defecto, negligencia u omisión de cuidado' sea lo suficientemente grave para producir un perjuicio material o moral a la Administración". Considera que ha existido un perjudicado, la Administración municipal, a la que no ha ingresado el importe correspondiente a dichos recibos y que si bien no puede estimarse el monto sino sólo presumiblemente, puede afirmarse con certeza que se trata de dinero que no ha ingresado al erario municipal. Al perjuicio moral, lo sustenta en la irregularidad de la situación, advertida por la autoridad y por otros agentes, infiriendo que la omisión de investigación y sanción afectaría la lealtad y deterioraría la transparencia de la Administración municipal.

La accionante, cuestiona tales aseveraciones con variados argumentos.

Adelanto que no asiste razón a la demandada. No luce acreditado el perjuicio material alegado, en tanto no se demostró fehacientemente el faltante, la utilización de los recibos, ni que la percepción de suma alguna sea imputable a la agente sancionada. En cuanto al perjuicio moral, tampoco se avizora su concreción, resultando insuficientes en tal sentido las alegaciones efectuadas por la Administración municipal.

Por lo demás, la recurrente había entregado, en cumplimiento de la requisitoria municipal, la totalidad de la documentación obrante en su poder, conforme surge de las pruebas obrantes en la causa, por lo que la carga de la actividad probatoria transcurrió por los carriles de los principios generales y en modo alguno puede hacerse recaer sobre la accionante. En efecto, no surge de las constancias probatorias obrantes en autos que los recibos hayan sido utilizados por la agente municipal o que hubiere percibido alguna suma con ellos vinculada.

Adviértase que precisamente el objeto de la instrucción del sumario administrativo radica (conforme previsiones del artículo 70, del Anexo I, de la ley 9.286) en: a) comprobar un hecho pasible de sanción; b) reunir la prueba de todas las circunstancias que pueden influir en su calificación legal; c) determinar la responsabilidad administrativa del o de los agentes intervinientes en el hecho principal o los accesorios que surjan del sumario; y d) dar las pautas determinadas de las responsabilidades de orden civil y/o penal que pueda surgir de las investigaciones. Del análisis del "sub lite" se aprecia que los postulados del mencionado precepto normativo, no han sido cumplimentados. Por lo demás, la sanción aplicada -exoneración- deviene irrazonable por su desproporción en relación con los hechos imputados aún en el caso de entenderse acreditados y, a tenor de la calificación legal que -a título de falta administrativa- el ente municipal le imputó y por la que sancionó a la agente Marinucci. En conclusión y con base en las premisas sentadas, juzgo como no comprobado el supuesto de haber incurrido en falta grave que perjudique material o moralmente a la Administración (art. 64, inc. a), Anexo I, ley 9.286), careciendo de sustento legal el mencionado encuadramiento, por lo que corresponde declarar la ilegitimidad de la resolución 144, de fecha 25 de agosto de 1992, de la Municipalidad de Firmat que dispuso la medida exonerativa.

4.5. Corresponde determinar las consecuencias que en el sub examine acarrea la declaración de ilegitimidad de la medida dispuesta, las que deben analizarse a la luz de la estabilidad consagrada en la ley 9.286, atento al carácter de personal de planta permanente de la agente (acreditado en autos, particularmente a f. 92 del exp. jud.) que no constituyera motivo de controversia entre las partes.

La actora pretende el reintegro en el mismo cargo y categoría y el pago de los salarios caídos desde el momento de la suspensión hasta la reincorporación, con más los intereses legales y costas. Conforme a las disposiciones legales, la estabilidad en el empleo público municipal o comunal -artículo 16, Anexo I, ley 9.286- supone que procede la reincorporación cuando al agente se lo separa del cargo por causas no determinadas en el Estatuto (art. 49). La reincorporación podrá efectuarse en distinta dependencia y en otra función de la especialidad, de igual nivel y jerarquía a la que ocupaba al momento de la separación del cargo y con la remuneración vigente (art. 48). Se trata de la estabilidad "propia", dando lugar en el supuesto de declaración de la ilegitimidad del acto expulsivo -en el sub caso, exoneración- a la reanudación de la relación de empleo que fuera extinguida por el acto luego anulado ("Ramírez", ya citada).

Corresponde, entonces ordenar se disponga la reincorporación de la agente.

En cuanto a la pretensión de pago de los salarios caídos desde el momento de la suspensión hasta la reincorporación propuesta en la demanda, se aprecia que no fue articulada por la recurrente en sede administrativa (cfr. recurso de reconsideración obrante a f. 50 de las actuaciones sumariales y sus precedentes presentaciones).

Sabido es que la naturaleza revisora de esta jurisdicción contencioso administrativa impone la regla de que no se puede demandar judicialmente lo que no ha sido peticionado en sede administrativa ( A. y S. T. 54, pág. 268; T. 72, pág. 398; T. 97, pág. 49; T. 100, pág. 191; T. 107, pág. 404; T. 125, pág. 123; T. 126, pág. 165; T. 139, pág. 341; T. 149, pág. 316; entre otros).

Por ello, no atañe su resolución. Las costas deben imponerse a la demandada (art. 84, ley 4.106).

Con tal alcance, voto a esta cuestión por la afirmativa.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Falistocco, Netri, Spuler y Vigo y el señor Presidente doctor Gutiérrez expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por la señora Ministra doctora Gastaldi y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión -en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?-, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo: Atento al resultado obtenido al tratar la cuestión anterior, corresponde declarar procedente el recurso, con el alcance consignado en los considerandos precedentes, declarar la ilegitimidad de la resolución 144/92 del Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Firmat y de lo posteriormente actuado en sede administrativa, ordenando a la demandada a disponer la reincorporación de la actora -con el señalado alcance del artículo 48, Anexo I, ley 9.286-. Costas a la demandada.

Así voto. A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Falistocco, Netri, Spuler y Vigo, y el señor Presidente doctor Gutiérrez, dijeron que la resolución que correspondía dictar era la propuesta por la señora Ministra doctora Gastaldi y así votaron.

En mérito de los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Declarar procedente el recurso interpuesto, con el alcance consignado en los considerandos precedentes y, en consecuencia, declarar la ilegitimidad de la resolución 144/92 del Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Firmat y de lo posteriormente actuado en sede administrativa, ordenando a la demandada a disponer la reincorporación de la actora -con el señalado alcance establecido en el artículo 48, Anexo I, ley 9.286-. Costas a la demandada.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros, por ante mí, doy fe.

Fdo.: GUTIÉRREZ-GASTALDI-FALISTOCCO-NETRI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)