marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Obligación alimentaria, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: G., N.C. c/ J., O.A. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-11-03

En materia de alimentos de los hijos menores no se requiere probar la necesidad. La prestación alimentaria es uno de los deberes que se impone a los padres como contenido de la patria potestad, por lo que no se encuentra sujeta, como ocurre respecto a los otros parientes con derecho alimentaria, a la prueba de su necesidad merced que cabe presumir que el hijo menor de edad no puede proveerse por sí mismo de lo necesario para subvenir a sus necesidades.
Juicio ejecutivo, inhabilidad de título
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pugliese, Luis c/ Casas, J. s/ Ejecución de alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-09-19

Hasta que no se entregue la cosa locada, aun luego del vencimiento del plazo contractual, continúan corriendo los alquileres. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Proceso penal, cuestiones prejudiciales
Materia: PENAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Doncel, Eugenio Rodolfo c/ Estado Provincial s/ Contencioso Administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1999-09-20

Si bien es cierto que el procedimiento administrativo disciplinario y el proceso penal son diferentes, por su génesis, sus fines y sus sanciones, teóricamente puede admitirse un cierto paralelismo entre ellos, práctica y racionalmente ha de evitarse que un mismo hecho de lugar a decisiones contradictorias en el procedimiento administrativo. La verdad judicial, debe ser, en lo posible única.

Ello da como resultado, que si se absuelve en la instancia penal a un funcionario, la sanción administrativa no sería procedente, si se invocasen exacta y precisamente los mismos hechos y circunstancias que sirvieron de base al pronunciamiento penal. Si así fuere se penetraría en el mundo del caos, rompiendo la unidad lógica que esencialmente debe existir en la actuación de los órganos estatales.

Ambas sanciones son independientes, autónomas entre sí.
Acto administrativo, nulidad del acto administrativo, Administración Pública, relación de dependencia, empleados públicos, reincorporación, docentes
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cescut, Celia Inés c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte CSJ   Nº 197-84)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-12-03

Si el acto administrativo cuya nulidad se declara, modifica el desarrollo de una situación administrativa, la consecuencia -en caso de no haber una regulación legal distinta o que el régimen de derecho público justificara otra solución- sería que la situación afectada se reconstituyera tal como habría sido si ese ilegítimo acto no se hubiese dictado jamás. En el caso, en que la actora -docente interina- sólo solicita, como consecuencia de la anulación del acto impugnado, que se ordene a la demandada que disponga su "inmediato reintegro al cargo", deberá diferirse el pronunciamiento sobre dicho pedido por cuanto la ausencia de elementos que permitan determinar hasta cuándo pudo razonablemente extenderse dicho interinato, hace que las partes deban aportar los elementos necesarios para resolver la cuestión.
Costas
Materia: CIVIL
Carátula: PLANETARIO S.R.L c/ GALVEZ BLAS A. s/ PAGO POR CONSIGNACION-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-08-06

El Estado debe imponer al vencido, la obligación de resarcir los gastos que al vencedor le ha ocasionado el litigio, aunque aquél haya creído proceder con derecho.Este criterio es el sustentado por la doctrina moderna.
Alimentos, deber de asistencia entre cónyuges
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: F., M. Z. c/ D., E. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-06-04

La reforma introducida por la ley 23515, no condiciona el derecho alimentario de la mujer a la falta de medios o posibilidad razonable de obtenerlos, pues el actual artículo 198 del Código Civil al instituir con carácter genérico el deber de los cónyuges de prestarse mutuamente alimentos, no priva a la mujer de la facultad de solicitarlo y sin connotaciones con los supuestos que aprehenden los artículos 207 y 209 (arts. 272, Código Procesal). La supuesta aplicación del artículo 207 del Código Civil se apontoca en un pronunciamiento judicial sobre la separación de las partes, inexistente al presente y el artículo 209 se vertebra en igual hito jurisdiccional y vinculado a alimentos "de toda necesidad", todo lo cual es ajeno al continente de este proceso y a los acontecimientos judiciales que involucran a los justiciables.
Acción de amparo
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Warner,Diana Cristina c/ Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-10-11

La amparista depende del Consejo General de Educación y consecuentemente debió dirigir al mismo su reclamo por ser dicho organismo el obligado al pago de los haberes en cuestión. La Constitución Provincial reconoce autonomía en sus funciones al mismo, no resultando por ende, el Gobierno de la Provincia, ser el obligado al pago de los salarios de sus agentes.- Corresponde desestimar la acción por insuficiente integración de la litis.
Abogados, matrícula profesional
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco Hipotecario S.A. c/ Rey Rubén José y Otros s/ Ejecución Hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-06-24

En el caso resulta necesario determinar si una persona no matriculada como Abogado en esta o extraña jurisdicción, se encuentra legitimada para ejercer, aunque fuere sustituyendo en un profesional matriculado la representación en juicio. Y compartimos que "en el supuesto en que se hubiera dado mandato a un tercero no profesional para accionar judicialmente, ello no impide que el mandatario supla su inhabilidad sustituyendo el mandato a un abogado o procurador, pues la facultad de sustituir está autorizada por el art. 1924 del C.C.
Daños y perjuicios, daño moral, muerte de un hijo, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: URANJES, LOVRO c/ ESTADO NACIONAL Y BOGADO CARLOS EUSEBIO s/ COBRO - SUMARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-25

En cuanto al daño moral difícilmente se concibe un hecho de mayor proyección espiritual que la muerte de un hijo cuando ésta alcanza a una persona joven, en circunstancias sorpresivas y profundamente trágicas. El daño, en estos supuestos, no requiere prueba, desde que es la consecuencia natural del hecho antijurídico.
Empleados públicos, exoneración, cesantía
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CONTRERAS, RAQUEL OFELIA OCHONGA DE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     CSJ EXPTE NRO 167-82
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-09-28

No quedando razonablemente margen de duda frente a las pruebas indiscutibles de que la interesada conocía los modos de cumplimiento de las medidas de suspensión por haber cumplido de idéntica forma sanciones aplicadas en el año anterior, debe considerarse legítima la cesantía y rechazarse el pedido de anulación y reintegro al cargo.
Trabajadores rurales, despido
Materia: LABORAL
Carátula: VIVAS CARLOS RAMON c/ FRIGORIFICO ENTRE RIOS S.A. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-12-26

El R.N.T.A., artículo 71, a diferencia de la Ley de Contrato de Trabajo, artículo 212 4to. párrafo, no prevé que la extinción de la relación laboral por la mera incapacidad absoluta del trabajador, genere obligación indemnizatoria a cargo del empleador, sino únicamente que un resarcimiento tal procede cuando medie despido patronal en razón de discapacidad del obrero.
Excepciones procesales, cosa juzgada, Constitución Nacional, tratados internacionales, indulto, procesado
Materia: PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: "SUAREZ MASON, Guillermo y otros...". s/ .
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-04-01

Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos y para la Corte Suprema de Justicia de la Nación sólo adquirirá el efecto de cosa juzgada material aquellas sentencias que hayan sido dictadas luego de un debido proceso.En efecto la Corte Suprema relativizó los efectos de la cosa juzgada, desconociéndose la inmutabilidad de aquellos pronunciamientos en los que media fraude, violencia, cohecho o cualquier otra circunstancia que impida que la sentencia sea el corolario de un debido proceso (Fallos 238:18, 254:320, 279:54, 294:434, 309:1689 -voto del Dr. Carlos S. Fayt, considerando 14, pág.1780-, entre otros).En términos análogos se pronunció la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el precedente Castillo Petruzzi, luego de analizar la situación de cuatro ciudadanos chilenos, todos procesados en el Estado peruano por un tribunal sin rostro perteneciente a la justicia militar, y condenados a cadena perpetua bajo el cargo de ser autores del delito de traición a la patria. En respuesta al argumento de que el proceso cuestionado había adquirido condición de cosa juzgada -esgrimido por el Estado peruano-, la Corte aclaró que "todo proceso está integrado por actos jurídicos que guardan entre sí relación cronológica, lógica y teleológica. Unos son soporte o supuestos de los otros y todos se ordenan a un fin supremo y común: la solución de una controversia por medio de una sentencia. ....Si los actos en que se sostiene una sentencia están afectados por vicios graves, que los privan de la eficacia que debieran tener en condiciones normales, la sentencia no subsistirá. Carecerá de un soporte necesario: un proceso realizado conforme a Derecho" (sentencia dictada el 30 de mayo de 1999, párr. 214/225).

Específicamente en materia penal, los indultos, las amnistías y las modificaciones realizadas sobre las sentencias firmes tras la interposición de recursos de revisión, importan excepciones a la cosa juzgada -estas últimas, establecidas legalmente para operar sólo en beneficio del condenado (artículo 479 del Código Procesal Penal de la Nación), porque si bien no se cuestiona el proceso anterior a la sentencia se desconocen sus efectos. La prescripciones legales que disponen que los recursos -o acciones- de revisión sólo pueden producir modificaciones que beneficien al condenado, podrían resultar severamente controvertidas por disposiciones de jerarquía constitucional.
Administración Pública, demanda, pronto despacho, recurso contencioso administrativo, instancia administrativa, agotamiento de la instancia administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MASCALI, JULIO CESAR c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.   REVOCATORIA.     CSJ EXPTE NRO 42-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-05-23

El presupuesto procesal consagrado en el artículo 3 de la ley 7234 -"la demanda podrá entablarse directamente si transcurrieren quince días administrativos desde la presentación del pronto despacho"- sólo está previsto para las demandas a deducir ante la justicia ordinaria, pero no rige para el agotamiento de la vía administrativa establecido como recaudo previo a la instancia contencioso administrativa, la cual tiene su propio y específico trámite recursorio.
Acción de inconstitucionalidad, competencia, Superior Tribunal de Justicia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BRIEND ROBERTO FELIX Y OTROS s/ ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD"EXPTE. N 10760/95
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1996-04-30

No encontrándose prevista la acción autónoma de inconstitucionalidad como posibilidad de actuación jurisdiccional,este Superior Tribunal de Justicia no tiene competencia para intervenir en el planteo formulado.(Voto en minoría).-
Testamento ológrafo, protocolización, autenticidad
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Monteverde, Elena Asunción Josefa c/  s/ recurso de inconstitucionalidad (concedido por la cámara)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-04-23

En razón de que la orden de protocolización no constituye más que una medida conservatoria a la que se arriba tras una comprobación sumaria -no definitiva- de la autenticidad y en el marco de un proceso no contencioso, ello no impide atacar luego al documento por nulidad o falsedad por medio de un proceso de conocimiento ordinario y contencioso, donde los interesados, en caso de que sea procedente la protocolización del instrumento ológrafo, podrán concurrir a la sucesión para cuestionar en un proceso con mayor amplitud de debate y prueba los vicios que consideren invaliden el documento, ya sea su falsedad, falta de solemnidades o, como menciona el artículo 3650 del Código Civil aplicable al caso, por la capacidad del testador, por su fecha, firma o escritura; y a este último respecto, es dable puntualizar que, en el supuesto en que los interesados utilicen dicha vía para impugnar el testamento, los juzgadores tendrán para ponderar las probanzas rendidas a tal fin en estas actuaciones, puntualmente los peritajes caligráficos producidos con la conformidad expresa de ambas partes y la experticia llevada a cabo por la perito calígrafo de esta Corte respecto de la firma, fecha y texto del testamento a protocolizar. (Del voto del Dr. Falistocco) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Civil, artículo 3650
Recurso contencioso administrativo, resoluciones irrecurribles, sentencia consentida
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SCHNIDRIG, HORACIO HUMBERTO RENE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 297-83
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-05-29

No ha de considerarse que un resolución administrativa es reproducción de otra anterior, porque lo sea literal o gramaticalmente; es preciso además, que la segunda haya sido dictada en presencia de los mismos hechos y en fuerza de idénticos fundamentos que la primera, es decir, que el contexto de las dos resoluciones sea idéntico.
Huelga, derecho de huelga
Materia: LABORAL
Carátula: Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (Un.T.E.R) s/ Acción de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1996-02-06

La huelga es la abstención colectiva y concertada de la prestación laboral. No dispone tal medida el trabajador individual sino el "grupo". Adviértase que el art. 14 bis, párr. 2do. de la C.N. reconoce la huelga como derecho de los gremios y que el art. 41, párr. 3ro., apart. 4 de la Constitución Provincial, reserva a los sindicatos el derecho a declararla. Sin embargo la decisión adoptada en el ámbito colectivo produce efectos en la órbita individual, legitimando la no prestación del débito laboral por parte del trabajador que se pliega a ella, conducta que -por tanto- no constituye incumplimiento contractual, tal como ocurriría si el dependiente actuara por decisión propia.
Filiación, aplicación de la ley, efecto retroactivo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ROMERO HILDA J. c/ ROMERO O MOLINA TERESA H. s/ FILIACION    EXTRAMATRIMONIAL    Y  PETICION  DE  HERENCIA  ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-09-30

En este caso y como método de ordenamiento lógico se debe necesariamente tratar que con respecto al fondo de la cuestión a decidir,debe convenirse que la misma consiste,en que si es aplicable con efecto retroactivo a la fecha de su vigencia el art.254 del Código Civil,Consecuentemente al momento del fallecimiento del causante,a quién se le imputa la paternidad extramatrimonial y también a la fecha de la interposición de la demanda,se encontraba vigente el art. 325 del Código Civil,que exigía que el hijo extramatrimonial que intentara la acción después de la muerte de su padre,debía demostrar que contaba con la posesión de estado. Por lo tanto,si al momento de producirse,de acuerdo a la ley vigente,los hechos no tenían fuerza suficiente para engendrar una relación jurídica,esa relación jurídica no nace y una ley posterior no puede vivificarla sino le concede expresamente efecto retroactivo.Por lo tanto habiendo fallecido el causante durante la vigencia del art.

325 del Código Civil,promovido la acción también durante esta y de acuerdo a la valoración probatoria de los elementos respectivos referidos a la posesión de estado,efectuada por la Cámara,para lo cual es soberana en la apreciación de la prueba,estos no satisfacen su acreditación,la acción es improcedente,por no encontrarse la actora legitimada para obrar al no contar con el requisito "de la posesión de estado "requerida por el mencionado artículo 325 .- " .
Accidentes de trabajo, prescripción
Materia: LABORAL
Carátula: SAAVEDRA IRUSTA CARLOS EN J: 29898 SAAVEDRA IRUSTA c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA s/ Ordinario. Inconstitucionalidad JUAN CRUZ S.A. EN Jº 20.139/41.943 JUAN CRUZ S.A. s/ QUIEBRA NECESARIA S/ CAS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2004-08-05|2005-03-22

El momento inicial de la prescripción en materia de accidentes de trabajo recién puede correr a partir de que el daño se manifiesta, es cierto y susceptible de ser apreciado, o sea desde que la víctima pudo tener conocimiento de la lesión y sus efectos incapacitantes.
Medidas cautelares, verosimilitud del derecho invocado
Materia: CIVIL
Carátula: O'LEARY, Brígida c/ PERKINS O'LEARY, Lorena s/ DERECHO PROCESAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-12

Es requisito indispensable para el otorgamiento de una medida cautelar que la pretensión accionable sea prima facie verosímil y el juez no puede juzgar la verosimilidad de un derecho cuya legitimidad sentenciará otro magistrado sin resentir el presupuesto del art. 230 inc. 1 CPCC.
Presunciones, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: GUZIK, Luis s/ Defraudación por retención indebida
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-03-29

En el caso de la inverosimilitud de los dichos del imputado podrá determinar la desestimación de los mismos, pero no constituir indicio por no tener directa vinculación con el hecho.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Reordenamiento del sistema financiero, acción meramente declarativa, medidas cautelares, rechazo in límine
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: "Errea   Héctor   A. c/ PEN  -Ley  25.561  Dtos. 1570/01  214/02 s/ proceso de conocimiento -Ley 25.561".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-04-30

Debe confirmarse el rechazo in limine de la acción meramente declarativa y de la medida cautelar interpuesta que pretende obtener la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 1, 11 y 12 del decreto 214/02; del decreto 320/02, en cuanto modifica el art. 12 del decreto 214/02; la ley 25.587; los arts.

1 y 3 del decreto 471/02; los arts. 1 y sig. del decreto 644/02;

la Resol. del M° de Economía N° 73/02 y las normas complementarias dictadas en su consecuencia.
Interpretación de la ley, voluntad del legislador, derechos y garantías constitucionales
Materia: PROCESAL
Carátula: Benítez  Cruz, Luis Carlos y otros c/ Estado Nacional (Ministerio de Justicia) s/ juicio de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-28

No cabe atenerse en todos los casos a la literalidad de los vocablos de las leyes, sino rescatar su sentido jurídico profundo, pues por encima de lo que parecen decir debe indagarse lo que ellas dicen jurídicamente. Para ello, es regla de interpretación dar pleno efecto a la intención del legislador, computando la totalidad de sus preceptos de manera que armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional, y en los casos no expresamente contemplados debe preferirse la inteligencia que favorece y no la que dificulta aquella armonía y los fines perseguidos por las reglas.
Investidura de la calidad de heredero, inscripción de la declaratoria de herederos, condominio
Materia: CIVIL
Carátula: S., P. M. y otro c/ J., E. L. y otro  s/ división de condominio
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-03

Nada obsta a que el heredero del condómino ponga en movimiento la acción prevista en el art. 2692 del Código Civil -art. 1997 del Código Civil y Comercial-, aun cuando no se hubiera procedido a la inscripción a su nombre en el Registro de la Propiedad del Inmueble de los bienes dejados por su autor.
Responsabilidad del escribano, obligaciones del escribano, escrituración, robo
Materia: CIVIL
Carátula: Galíndez, Elizabeth Marta c/ Calzón Patalio, Angel A. y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-09-13

Incurre en responsabilidad el escribano que no adopta las medidas de seguridad necesarias para evitar un asalto durante el acto de firma de una escritura pública relativa a una compraventa inmobiliaria, debiendo responder ante el adquirente del bien por la suma que en ese momento había entregado al vendedor y que, cuando se estaba contando por éste, fue sustraida por dos asaltantes que portando armas irrumpieron en el lugar.

Si la puerta de entrada a la escribanía era de madera con vidrio opaco en su parte superior, no tenía mirilla ni portero eléctrico, ni cadena de seguridad y si la secretaria del escribano al sólo llamado abrió la puerta, lo que determinó que a partir de ese momento cualquier intento de resistencia hubiera sido inútil y mortalmente peligroso, no se cumplió con el deber de seguridad que se debía ofrecer a las partes, y conforme al art. 514 del Código Civil el hecho no fue imprevisible y pudo evitarse a través de prudentes medidas que pesaban sobre el notario en cuya oficina se realizaba una operación que incluía el pago de dinero en efectivo, lo que estaba implícito en las obligaciones derivadas del vínculo contractual.

La responsabilidad del escribano no deriva de que se le hubiese entregado a él el dinero y de un supuesto deber de custodia, lo cual no tendría sentido ya que el dinero es llevado por el comprador al acto de compraventa para entregárselo al vendedor, sino que, en virtud de la relación contractual con las partes del negocio jurídico a celebrarse en la notaría, es escribano no sólo debe cumplir con las obligaciones principales consistentes en el estudio de títulos, la verificación de identidad, el cumplimiento de las formas que el acto requiere para su perfeccionamiento, etc., sino que existe una obligación accesoria de rodear de seguridad al acto que allí se realiza. Quienes acuden a la escribanía portando una suma importante de dinero, cuentan con que el profesional, responsable de la exitosa celebración del acto, cumplirá también con la adopción de medidas de prudencia destinadas a evitar la frustración del acto, al menos en cuanto ello resulta posible. La fuerza mayor que implica el acto de terceros con utilización de armas de fuego, y que rompe el nexo causal, no resulta invocable cuando la realización del hecho resultó posible por no haber adoptado medidas de previsión quien tenía la obligación de ofrecer seguridad a las partes, máxime cuando, por la profesión que se ejerce, mayor es el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas (art. 902 del Código Civil).
Recusación, desestimación de la recusación
Materia: PROCESAL
Carátula: Infracción ley 24.769. Impulsor: Afip-DGI', s/ incidente de recusación de la Sra. Jueza Subrogante del J.F. 2
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-10-12

Es improcedente la recusación pretendida ya que los recusantes no ostentan la calidad de parte, por lo que no están facultados para intentar apartar a la jueza interviniente.