Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-10


SENTENCIA DEFINITIVA Nº: 100103 SALA II Expediente Nro.: 38669/09 (Juzg. Nº 56) AUTOS: "PANIAGUA HECTOR C/ EMPRESA DEL ROSARIO S.R.L. S/ DESPIDO" VISTO Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires, el 10/02/2012, reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

Miguel Ángel Pirolo dijo:

La sentencia de primera instancia hizo lugar a las pretensiones salariales, indemnizatorias y sancionatorias deducidas en el escrito inicial.

A fin de que sea revisada esa decisión por este Tribunal de Alzada, la demandada interpuso recurso de apelación, en los términos y con los alcances que explicita en su expresión de agravios (fs. 110/111).

Al fundamentar el recurso, la accionada cuestiona que el Sr. Juez de grado haya entendido que no se logró demostrar en autos la configuración de la injuria descripta en la comunicación resolutoria, idónea para conformar una causal del despido. Asimismo, se agravia respecto al progreso de la sanción prevista por el art. 80 de la LCT.

Por las razones que -sucintamente- se han reseñado la apelante solicita que se modifique, la sentencia recurrida.

Los términos de los agravios imponen memorar que la demandada resolvió el vínculo que la unía con el accionante mediante la misiva de fecha 21/3/2009 (ver fs. 22), en los siguientes términos: ".en atención a la falta de respeto con insulto que Ud. dirigiera a su supervisor y a uno de los socios de la empresa el día 31/3/2009 en su lugar habitual de trabajo queda Ud. despedido por su exclusiva culpa.".

El actor rechazó la causal de despido invocada mediante TC de 3/4/2009, y sostuvo que en ningún momento había insultado al supervisor ni a miembros de la empresa. Adujo que, si bien existió intercambio de palabras con tonos elevados, tal situación habría derivado de una propuesta efectuada por él, ante reiteradas actitudes persecutorias llevadas a cabo por el supervisor de la empresa, desde hacía varios meses con el fin de intentar provocar su renuncia y ante una agresión física realizada por Daniel Caballero el 31/3/2009.

De acuerdo con los términos en los cuales quedó trabada la litis y en el estricto marco que imponen los agravios de la demandada, es evidente que a cargo de la ex empleadora se encontraba acreditar la existencia y entidad de los motivos en los que pretendió fundar la decisión resolutoria (art. 377 CPCCN), y estimo que no ha probado la configuración de una actitud imputable exclusivamente al actor que pueda considerarse constitutiva de "injuria".

En efecto, los dichos de Laprida y Reyes (fs. 67 y 82), -que declararon a propuesta de la demandada- nada aportan en favor de la recurrente, ya que lucen contradictorios e imprecisos, y no aportan evidencia objetiva de que la discusión que describen haya sido provocada por el propio accionante.

La testigo Laprida dijo que: ".que cree la dicente que el actor comenzó a trabajar en la calle Lima 221 a mediados de septiembre que cree que fue en el año 99 que no recuerda bien.que el actor trabajó hasta marzo del mismo año que entró que no recuerda la fecha."; y tal afirmación contradice los dichos del propio actor que afirmó haber ingresado en abril de 2003. Expresó luego que: ".sabe la dicente que la relación entre el actor y el Sr. Quinteros era mala. Que era mala porque no se entendían, que cuando le daban una orden no se entendían.que es un pensamiento de la dicente que para ella el actor vino a trabajar ahí con disgusto que no estaba contento.". La testigo, indudablemente, no da suficiente razón de sus dichos -en cuanto a que la relación era "mala" "no se entendían"-, y se basa en apreciaciones personales. Agregó que: ".el actor tuvo un entredicho también con el encargado supervisor Daniel Caballero. Que este fue en el lugar de trabajo de ellos, que no recuerda la dicente bien bien, que el mismo fue porque el encargado lo quería cambiar de horario.el encargado lo llamó al Sr. Caballero y ahí hubo una discusión fuerte.que discutieron no sabe bien la dicente el problema.después discutían, se decían muchas cosas feas y gritaban y después el actor seguía discutiendo con el Sr. Caballero y salieron al pasillo.que cuando llega el Sr. Caballero a ese lugar estaba de estado de animo bien. Que no hubo ningún tipo de agresión física en ese momento.". La dicente, por un lado, refiere que sabe el motivo de la discusión (cambio de horario), pero por otro lado expresó no saber bien cuál era el problema.

La testigo Reyes manifestó que: "...el actor dejó de trabajar después de un contratiempo que tuvo en lima, una discusión que tuvo con el Sr. Caballero.lo sabe porque la dicente estaba.". Sin embargo, luego expresó que: ".hablaban fuerte y no estaban en la misma oficina.en ese momento de la discusión la dicente estaba en un pasillo.".

Las contradicciones e imprecisiones antes reseñadas restan eficacia convictita a las declaraciones antes analizadas (conf. art. 90 LO); las cuales, de todos modos, no llegan a aportar evidencia concreta y objetiva de que los sucesos que describen se hayan originado en una conducta impropia asumida exclusivamente por el actor.

La mera circunstancia de que se hayan intercambiado insultos, no revela, por sí sola, que la situación haya sido imputable al accionante. Para que la disputa, intercambio de insultos o pelea pueda considerarse imputable a la responsabilidad del trabajador, debió demostrarse que fue provocada u originada por él; porque es obvio que su actitud también pudo responder a una natural reacción frente a una agresión verbal del otro involucrado en la disputa. Una riña, una disputa o una pelea en el lugar de trabajo, si bien produce una alteración del orden disciplinario, no es un hecho que revele por sí solo la existencia de un incumplimiento imputable al trabajador despedido, pues siempre será necesario analizar qué grado de participación o de protagonismo tuvo en ella. Creo necesario puntualizar que, por mi parte, rechazo toda idea de violencia y no me parece que las agresiones verbales sean el camino para dirimir un diferendo; pero no puedo desconocer que, así como pueden provenir de la agresividad desmedida que caracteriza a algunos seres humanos, también pueden responder al instinto de autodefensa connatural al hombre. Obviamente, no cualquier reacción puede entenderse como aceptable; sino sólo aquella que guarde cierta correlación con la agresión recibida. Para que una riña o pelea (física o verbal) constituya un incumplimiento laboral, es necesario demostrar que fue provocada por el trabajador a quien se pretende despedir bajo la invocación de aquel suceso. Creo del todo evidente que si no se demuestra que el hecho resulta imputable a la intención dolosa o al obrar culpable de un dependiente, no existe incumplimiento de su parte que justifique el despido. En cualquier caso, será imprescindible analizar -además- cuál es la conducta anterior del dependiente -globalmente considerada- porque ello permitirá apreciar si su caracter lo ubica como una persona normalmente agresiva; o si, acaso, se trata de una persona pacífica que pudo haber tenido una ocasional reacción (cabe recordar que en autos no existe prueba de la que surja que el actor haya recibido sanciones y/o apercibimientos y/o suspensiones por hechos similares).

En el caso de autos, no está demostrado que Paniagua haya sido quien provocó la "discusión" o el "intercambio de insultos al que, con las imprecisiones antes reseñadas, refieren los testigos que mantuvo con Quinteros y Caballero. No digo que esté bien discutir o pelearse con el encargado; sino que sólo he remarcado que no hay elementos objetivos que evidencien la existencia de actitudes de parte de Paniagua que permitan atribuírle la responsabilidad de lo sucedido como para que se justifique el despido. La discusión o cruce de palabras, en la medida que no haya podido establecerse que resultara imputable a actitudes dolosas o culpables del accionante, acaso, pudo haber dado lugar a una sanción disciplinaria menor (por la alteración del orden) antes que la adopción de la extrema decisión de resolver el vínculo (arg.arts.10, 62 y 63 LCT).

En consecuencia, coincido con el a quo en cuanto a que no fue probado en esta causa que el actor haya incurrido en una injuria que justifique el despido (conf. art. 242 LCT), por lo que propicio desestimar el segmento recursivo analizado.

La demandada se agravia por la condena al pago de la indemnización del art. 80 LCT, pero, a mi entender, dicho cuestionamiento, tampoco puede tener favorable acogida.

Liminarmente, cabe señalar, que arriba firme a esta instancia que Paniagua cumplió con el recaudo previsto en el art. 3 del decreto 146/01, y la requerida no se avino a cumplir con la obligación a su cargo dentro de los 2 días hábiles posteriores. Obsérvese que, aún cuando la recurrente manifiesta que el certificado habría estado a disposición del accionante, lo cierto es que no hay evidencia objetiva de que así haya sucedido; y que esa afirmación aparece desprovista de verosimilitud a poco que se observa que no que no efectuó consignación judicial del certificado y que recién lo acompañó después de haberse presentado en estos autos (ver fs. 34/39). En tales condiciones, corresponde confirmar la sentencia de grado en el punto.

De acuerdo con el resultado que se ha dejado propuesto para resolver la apelación, estimo que las costas de alzada deben ser impuestas a cargo de la recurrente vencida (art.68 CPCCN).

A su vez y con arreglo a lo establecido en el art.14 de la ley 21.839, habida cuenta del mérito y extensión de labor desarrollada en esta instancia por la representación y patrocinio letrado de la parte actora, y de la parte demandada propongo que se regulen los honorarios por esas actuaciones en el 25% para cada una de ellas, de lo que les corresponde, respectivamente, por la totalidad de lo actuado en la instancia anterior.

La Dra. Graciela González dijo:

Que adhiere a las conclusiones del voto de Miguel Ángel Pirolo, por análogos fundamentos. Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 de la ley 18.345), el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia en todo cuanto ha sido materia de recurso y agravio; 2) Imponer las costas de esta Alzada a la demandada vencida; 3) Regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado del accionante y de la demandada por las labores cumplidas ante esta instancia, en el veinticinco por ciento (25%) respectivamente de lo que a cada uno les corresponda percibir por su desempeño en origen.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Graciela González Miguel Ángel Pirolo Juez de Cámara Juez de Cámara