Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2017-09-19


AUTOS N°161562 (C.C.Nº22463) DEL Séptimo Juzgado Civil, Caratulados: "Palacio Silvia C/ Defensoría del Pueblo de la Provincia de San Juan - Amparo".

PROTOCOLIZADO:L.S.- Año 2017- del TºII -Fº52/57- En la Ciudad de San Juan a Diecinueve (19) días del mes de septiembre de 2017, reunida en Acuerdo la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, bajo la presidencia del Dr. Oscar Roberto Otiñano y el Sr. Vocal Dr. Roberto M. Pagés Lloveras, a fin de conocer los recursos concedidos mediante decretos de fs. 149 y 168, contra la sentencia de fecha siete de julio del año dos mil diecisiete, recaída en los presentes autos Nº161562 (C.C. Nº22463) caratulados: "PALACIO SILVIA C/ DEFENSORIA DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN - AMPARO -", dictada por la Sra. Juez titular del Séptimo Juzgado Civil, obrante a fs. 116/136.- 1° cuestión: ¿resultan procedentes los recursos planteados? 2° cuestión: En su caso ¿Qué resolución corresponde dictar? A LA PRIMERA CUESTIÓN, EL DR. ROBERTO M. PAGÉS LLOVERAS DIJO:

Antecedentes I. A fs. 116/136 obra la sentencia dictada por la Sra. Juez titular del 7* Juzgado Civil, en la que se resolvió desestimar la pretensión de la amparista Sra. Silvia Palacio en cuanto a dejar sin efecto el Acto Administrativo instrumentado mediante Resolución 10196 de la Defensoría del Pueblo de fecha 10 de Marzo del corriente año; ordenar que las partes de común acuerdo establezcan una forma de liquidar la deuda que mantiene la amparista por la incorrecta liquidación de sus haberes desde Marzo de 2015 a Febrero de 2017, respetando por parte de la demandada el número de cuotas que se convengan a efectos de mantener el carácter alimentario del salario, el 20 % estricto de cada haber y la igualdad de cada una de dichas cuotas, otorgando para ello un plazo de quince días para llevar a cabo el indicado acuerdo; disponer la continuidad de la cautelar decretada en estos autos hasta tanto se cumpla efectivamente el punto anterior; e imponer las costas en el orden causado y regular los honorarios de los profesionales intervinientes.

Para así resolver, en resumen, estimó que analizado el objeto de la acción impetrada advierte que no existe una petición concreta de cuál es el resultado específico que se persigue, es decir que no es un reclamo específico, sino abstracto.

Agrega que el objeto principal que se pretende es dejar sin efecto la Resolución 10196/2017 de fecha 10/03/2017 dictada por el Señor Defensor del Pueblo en Expediente Nº 25638-DP.17, como que surge indubitable la existencia de error administrativo, pues la forma en que fueron liquidados los salarios de la amparista con un Plus, no se ajustaba a la normativa aplicable, y que el actuar de la Defensoría del Pueblo fue legal, por lo que la demanda basada en un presunto derecho adquirido a mantener sin alteraciones un nivel de remuneración basado en un equívoco no puede tener resultado favorable Sin perjuicio de ello consideró que corresponde que la Defensoría del Pueblo revise su decisión con la participación efectiva de la amparista que es su dependiente a los efectos de establecer un descuento mensual que no supere el 20 % del haber bruto y en tantas cuotas como se acuerden respetando el carácter alimentario del salario, las que por otra parte deberán ser iguales entre si, tal como lo determina la Resolución Nº 10196/17, y que debe mantenerse la cautelar decretada hasta tanto se cumpla con las condiciones que he establecido.

II. A fs. 143/148 vta. consta la apelación y los fundamentos expresados por el apoderado de la parte accionada.

Sostiene, en síntesis, que la sentencia es contradictoria al dejar vigente la resolución de la Defensoría del Pueblo objetada y ordena a las partes a llegar a un acuerdo sobre el mismo tema, sin tener en cuenta la legislación vigente ni los requisitos formales de la acción de amparo, por lo que pide su revocación Indica que también debe modificarse la imposición de las costas y hace reservas.

III. A fs. 150/155 vta. se adjunta el escrito de réplica a los agravios presentado por los apoderados de la parte actora.

Expresan -en resumen- que consideran erróneo que se siga manteniendo la vigencia de la Resolución N° 10196 de fecha 10/03/17 de la Defensoría del Pueblo y que se mande a realizar un acuerdo de partes.

Consideran que con la sentencia de primera instancia hay una nueva medida cautelar, que debe aplicarse lo dispuesto en la Ley 142-A, y rechazarse el recurso de apelación, con costas. Hacen reservas.

IV. A fs. 159/167 vta. consta el escrito en el que los apoderados de la parte actora plantean el recurso de apelación y dan sus fundamentos.

Alegan, como primer agravio, una errónea interpretación de la suma remunerativa "Plus de la Defensoría", y no aplica las disposiciones de la Ley 142-A, y demás normas reglamentarias y de rango constitucional.

Agregan que la actora fue comisionada a la Municipalidad de Iglesia a través de la Resolución de la Defensoría del Pueblo N° 8820/2012, sin modificación alguna en su remuneración.

En el segundo agravio sostienen que lo resuelto es injusto pues se debió -a su entender- declarar la nulidad de todo el proceso administrativo y la inexistencia de la de deuda.

El tercer agravio está referido a que las costas deben ser soportadas por la parte accionada.

Introducen cuestión constitucional, hacen reserva de derechos, recusan con causa a los miembros de la Sala II y piden que se admitan los agravios.

V. A fs. 169/171 vta. se adjunta escrito de réplica a los agravios expresados por la parte accionante, presentado por el apoderado de la parte accionada.

Indica, en primer lugar, que resulta extemporánea la recusación con causa a los integrantes de esta Sala II.

Respecto del primer agravio, sostiene que debe ser rechazado en razón de que la actora percibió un adicional no remunerativo en forma errónea y con su consentimiento se estableció la forma de su devolución.

Con relación al segundo agravio, alega que no está debidamente planteado y debe también debe ser rechazado, indicando que la actora ha consentido o prestado conformidad a la liquidación y a la resolución objetada.

En el tercer agravio hace referencia a que debe ser rechazado por considerar que las costas deben ser impuestas a la parte actora.

Pide que se fije una audiencia de conciliación, e introduce reservas.

VI. A fs. 175/vta. consta la resolución en la cual se rechaza por extemporáneo el planteo de recusación con causa y se fija audiencia de conciliación, en la que -conforme acta obrante a fs. 178- las partes no llegan a un acuerdo y se da por fracasada la misma.

VII. A fs. 179 vta. se certifica el pase de los autos a resolver.

Tratamiento de los recursos 1. El recurso de apelación no es un nuevo juicio sino la revisión de la sentencia impugnada es que, como principio, el tribunal de alzada está limitado a pronunciarse sobre los capítulos propuestos a decisión del juez de primera instancia, tal como expresamente lo dispone el art. 262 del CPCCyM, salvo las excepciones que contempla la misma norma.

2. Ahora bien, constituye una manifestación del principio dispositivo el principio de congruencia (arts. 33 inc. 4°, 164 inc. 6° del CPCCyM), que va dirigido al sentenciante indicándole que su decisión debe guardar relación con las pretensiones, partes y hechos de la litis; y la excepción prevista en el art. 578 inc. 2° solo prevé expresamente que "...La determinación precisa de la conducta a cumplir con las especificaciones necesarias para su debida ejecución, que podrá diferir de lo pedido si determina un resultado práctico equivalente, atenuando las consecuencias en relación al acto o conducta cuestionadas".

3. Por lo tanto, el tribunal deberá examinar las cuestiones de hecho y de derecho sometidas a la decisión del juez de primera instancia que hubiesen sido materia de agravios, y en este caso ambas partes recurrente han coincidido en que la sentencia recurrida es incorrecta.

4. Existe incongruencia objetiva cuando la sentencia no guarda conformidad con las peticiones o reclamos de las partes, sin perjuicio de lo previsto en el art. 578 inc. 2° del CPCCyM y, en los términos señalados, la sentencia apelada no constituye una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a los hechos comprobados de la causa, lo que impone su descalificación como acto jurisdiccional válido.

En efecto, la sentencia que desestima la pretensión de la amparista y sin ningún sustento normativo ordena a las partes que de común acuerdo establezcan una forma de liquidar la deuda que mantiene la amparista por la "incorrecta" liquidación de sus haberes" y dispone -además- la continuidad de la cautelar debe anularse, pues ninguna mención se hace a la normativa en virtud de la cual se podría justificar constitucionalmente tal resolución.

5. Además, en la sentencia se debe poder comprender cómo y porque a los hechos que se han tenido por probados (en el caso, errónea percepción de una adicional) se le aplica la norma que rige el caso. Es decir, la sentencia debe proporcionar a quien la lee una pauta clara que vincule lo decidido con los hechos probados y con la norma en vigor.

Si ese hilo conductor en este caso no existe, la sentencia de primera instancia resulta arbitraria, porque en lugar de basarse en las circunstancias concretas de la causa, debidamente ponderadas, tiene su raíz nada más que en la pura voluntad del juzgador, lo cual la torna inconstitucional por ser violatoria del debido proceso consagrado en el art. 18 de la Constitución Nacional, por no constituir una "sentencia fundada en ley" en los términos del art. 17 de la CN, y por ser irrazonable, es decir, contraria al art. 28 de la carta magna.

Por ende, ante la ausencia de fundamentación fáctica y jurídica que justifique el pronunciamiento recurrido, corresponde declarar su nulidad y resolver sobre el fondo del litigio (art. 264 bis, CPCCyM).

6. En el caso en análisis la parte accionada recurrente sostiene que por aplicación de lo dispuesto en la Ley 142-A (art. 25), no obstante haber sido afectada en comisión al Municipio de Iglesia, debe percibir el "Plus adicional" y revocarse la Resolución de la Defensoría del Pueblo (N° 10196/17), pero en la acción promovida el objeto de la pretensión deducida fue contra las "vías de hecho" de la Defensoría del Pueblo para descontar en forma arbitraria e ilegítima el salario de la actora.

Además, de las constancia agregadas se advierte que en la Resolución 10196/17 de la Defensoría del Pueblo, se indica que por un error involuntario se le abonó a la accionante Sra. Silvia Palacios de más el adicional y que el mismo se le descontará en 36 cuotas mensuales, iguales y consecutivas a partir del mes de Abril de 2017.

Por lo tanto, al no existir "vías de hecho" para descontar en forma arbitraria e ilegítima el salario de la actora, sino una Resolución de la Defensoría del Pueblo que no fue impugnada por la accionante, a la que además prestó su conformidad (fs. 81/vta.), la acción de amparo debe ser rechazada por improcedente (art. 565, CPCCyM).

7. Por último, en relación a las costas del proceso propongo que sean impuestas en ambas instancias por el orden causado en razón de que se deja sin efecto la sentencia de primera instancia sobre la base de argumentos invocados por ambos apelantes (art. 66, segundo párrafo, CPCCyM).

Así voto.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN, EL DR. ROBERTO M. PAGÉS LLOVERAS. DIJO:

En mérito a lo acordado al tratar la primera cuestión corresponde declarar nula a la sentencia de primera instancia y, en su lugar, disponer que se rechaza la acción de amparo, con costas de ambas instancias en el orden causado.

EL DR. OSCAR R. OTIÑANO DIJO:

Por sus fundamentos adhiero al voto precedente el que doy por reproducido.-	Por el mérito que resulta de la votación de que instruye el acuerdo que antecede SE RESUELVE:

I- Declarar nula a la sentencia de primera instancia y, en su lugar, disponer que se rechaza la acción de amparo promovida;

II- Imponer las costas de ambas instancias en el orden causado.- Protocolícese, hágase saber y bajen previa reposición de sellado si correspondiere.- si /// /// guen firmas MAGISTRADOS: DR. OSCAR ROBERTO OTIÑANO;

DR. ROBERTO M. PAGES LLOVERAS;

SECRETARIA DE CAMARA:DRA.ELVA ALVAREZ DE CAIROLI.