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Impuestos, régimen penal tributario, competencia, falsificación de sellos, evasión fiscal, juez previniente
Materia: PENAL
Carátula: CORDOBA 3969 S.R.L. s/ Régimen Penal Tributario, Inc. de Competencia Causa 32757
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-09-30

Ante la cuestión de competencia planteada, más allá de si se trata de una falsificación de sellos prevista en el art. 288 inc. 1) del Código Penal que por ser un delito más severamente penado que la evasión impositiva desplazará la figura del art. 1 de la ley 23771 por el cit. art. 288, motivos por los que el juez en lo Penal Económico decidió su incompetencia, o si la falsificación de sellos habría sido realizada con el objeto de evadir tributos por lo cual debería aplicarse el régimen penal tributario, fundamentos estos del juez Federal para no aceptar la competencia atribuida, corresponde que siga conociendo el juez que previno en la causa hasta tanto exista la necesaria individualización de los hechos que la originaron.
Derechos y garantías constitucionales, fundamentación de sentencias
Materia: PROCESAL
Carátula: Asociación por los Derechos Civiles c/ Jefatura de Gabinete de Ministros (Provincia de Buenos Aires) s/ Amparo. Recurso extraordinario de nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2016-10-19

El quebrantamiento de las garantías consagradas por el art. 171 de la Constitución provincial sólo se produce cuando el fallo carece de toda fundamentación jurídica, faltando la invocación de los preceptos legales pertinentes, pero cumple con la exigencia que impone dicha norma constitucional, el que está fundado en expresas disposiciones legales, siendo ajenos al ámbito de dicha vía los agravios dirigidos a cuestionar el acierto en la fundamentación de la decisión impugnada.(doctor Negri, mayoría).
Estupefacientes, excarcelación, derechos y garantías constitucionales, tratados internacionales
Materia: PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: San Martín, Pablo Andrés del Valle s/ recurso de inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-29

La exclusión del beneficio excarcelatorio establecido por el art. 10 de la ley 24.390 resulta consecuencia de la ponderación que ha hecho el legislador respecto de la gravedad de los delitos allí mencionados -atribución expresamente reconocida sobre esta materia por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos- y en cumplimiento del compromiso asumido por nuestro país en la Convención de las Naciones Unidas sobre el tráfico ilícito de estupefacientes, celebrado en Viena, y ratificado por ley de la Nación 24.072. (Voto del Dr. Madueño).
Empleo público, derechos adquiridos, cláusulas exorbitantes, deberes del juez
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gatica Dalmacio Eugenio c/ Provincia de Río Negro s/ Contencioso administrativo s/ Inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2000-05-03

Los tribunales deben ser especialmente cuidadosos antes de atribuirle la calificación de "derechos adquiridos" a ciertos elementos del contrato de empleo público, que por imperio del llamado "régimen exorbitante" conllevan la facultad de la Administración de variar -dentro de ciertos límites- los extremos de la vinculación. Recuérdese que estamos en presencia de un típico contrato administrativo regido por el derecho público y no por el derecho privado.(Del voto del Dr. Lutz sin disidencia).
Justicia municipal de faltas, acta de comprobación, ley de tránsito
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: T.S.C.S.C. s/ Recurso de Queja.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-10-06

Corresponde analizar la regularidad del Acta, por la que resultó condenada la encartada.

No se ha cumplido con lo establecido por el artículo 70 inciso 4 de la Ley Nro. 24.449, toda vez que no se ha hecho entrega de copia de la misma al presunto infractor, ni se ha dejado constancia en el acta de las circunstancias que esta norma establece para justificar dicha omisión:que este no se identificare o se diere a la fuga. Este requisito no puede considerarse un mero "ritualismo", como lo ha expresado la sentencia de la Cámara de Faltas. Siendo entonces nula el acta en cuestión.
Juicio ejecutivo, inhabilidad de título, pagaré, títulos ejecutivos, lugar de emisión
Materia: COMERCIAL
Carátula: HERRERA FILIPOFF, Nora c/ COHN, Jorge Rodolfo s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1995-06-27

Aunque la falta de lugar de emisión de un pagaré, lo invalida como tal, el mismo puede valer como instrumento privado donde consta una deuda líquida y exigible y puede adquirir fuerza ejecutiva si ella es reconocida.
Control de razonabilidad, Constitución Nacional
Materia: PROCESAL
Carátula: Stegemann, Oscar Antonio s/ APELACION  DE RESOLUCION DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD DE  LAS PERSONAS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-29

No cabe a los jueces juzgar los motivos de oportunidad o conveniencia que mueven al legislador, salvo que ellos sean arbitrarios o irrazonables, de tal suerte que sería legítimo ponderarlos para impugnar la regulación legal de inconstitucionalidad .
Competencia, sociedades comerciales, bienes gananciales
Materia: PROCESAL
Carátula: KNAPP ALEJANDRO BERNARDO c/ MOLNAR IRENE s/ NULIDAD DE ACTO JURIDICO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-27

Son de competencia comercial exclusiva y excluyente todas las pretensiones cuyos elementos objetivos comprendan actos que puedan afectar el funcionamiento de una sociedad comercial, a lo que no empece el título que esgriman los pretendientes que derivaría del carácter de cónyuge e hijos del anterior titular de los bienes hoy fallecido.

Que la acción tienda a proteger bienes que se sostienen que eran gananciales, no impide que se declare la competencia de la Justicia Nacional en lo Comercial, pues siempre que fuese necesario intentar acciones judiciales a fin de proteger el patrimonio, los interesados deberán ocurrir por la vía que correspondiere y ante los jueces que las normas en razón de la materia establezcan.
Empresa, sindicatos, delegado gremial, estabilidad del delegado gremial
Materia: LABORAL
Carátula: MORO, LAURO c/ NUEVA EDITORIAL  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-06-23

La ley 23551, para empresas de cierto nivel, establece sólo un puesto garantido pero, ante la directiva constitucional, cabe extender la garantía al subdelegado cuando éste actúa en reemplazo del delegado, porque no se trata de dos puestos garantidos sino de uno solo, ya que el suplente no se adiciona al titular, sino que lo reemplaza.
Entidades financieras, banco central, honorarios del abogado, concursos
Materia: ADMINISTRATIVO - COMERCIAL
Carátula: Oliver  S.A. c/ Casco, Manuel y otro. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-19

Si el Banco Central actuó en un juicio ejerciendo una función que le es propia, como síndico, inventariador y liquidador de una entidad financiera en liquidación, asumiendo la representación procesal y sustancial que le impone la ley, hacer lugar a la ejecución de honorarios contra él implica confundir lisa y llanamente la persona del demandado con la de quien lo representa, con el agregado de crear un obligado solidario en términos inaceptables en el sistema de la ley 21.526.
Participación criminal, coautoría, robo calificado, robo con armas
Materia: PENAL
Carátula: U., E. M. y H., L. c/  s/ homicidio en ocasión de robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2018-10-10

Se juzgó con acierto la coautoría de los acusados, ya que en el transcurso del plan de desapoderar a las víctimas que pergeñaron los autores, utilizaron un arma de fuego que culminó con la muerte de uno de los damnificados y la lesión de otro. Sin embargo los jueces omitieron la agravante del uso de arma de fuego. Es que el artículo 165 no exige a nivel típico el uso de armas, ya que no prevé dentro de su estructura su empleo, lo que daría lugar a la excepción prevista al final de la norma. Siendo ello así, la lógica indica que debe aplicarse la agravante en el hecho investigado, conforme la doctrina sentada por esta Sala en autos "P., O. y otro s/ robo agravado seguido de muerte" (expediente 21.125-P-2007).
Costas, costas en el orden causado, marcas, marcas confundibles
Materia: COMERCIAL - PROCESAL
Carátula: SUTER  S.A.I.C.A.F. c/ BODEGAS Y VIÑEDOS RECOARO  S.A. s/ CESE USO DE MARCA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-09-02

Frente a la demostrada difusión de la actora y al hecho de que existe una infinita posibilidad de matices gráficos que se pueden emplear para distinguir una etiqueta de otra, la elección efectuada por la demandada, en la medida en que utiliza los colores preponderantes del registro de la actora -el dorado y el marrón- en botellas análogas de vino blanco, si bien no alcanza para impedir su coexistencia, justifica en cambio que se tenga en consideración para establecer el grado de razonabilidad que pueda haber asistido a la demandante para promover la acción de que aquí se trata, toda vez que lo relativo a la confundibilidad de los signos entra aquí en el ámbito de lo opinable que aconseja distribuir las costas en el orden causado.
Perspectiva de género, apreciación de la prueba, juicio por jurados populares
Materia: PROCESAL
Carátula: Roldan Jorge Armando -Fiscal ante el Tribunal de Casación Penal- c/  s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa N° 97.120 del Tribunal de Casación Penal, sala I, seguida a A.L.E. y T.A.D.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2023-04-03

La falta de perspectiva de género en el abordaje del caso se reflejó con claridad en las instrucciones iniciales y finales impartidas al jurado, en las que ninguna consideración se efectuó respecto a la necesidad de ponderar la prueba libre de estereotipos y prejuicios. En función de lo expuesto, atento al temperamento adoptado por el Tribunal de Casación Penal en torno a la realización de un nuevo juicio, se encomienda adoptar las medidas necesarias para asegurar que se cumpla con los estándares de debida diligencia reforzada y que, al mismo tiempo, se garantice que el jurado popular y el/la juez/a técnico/a cumplan con la garantía de imparcialidad, la que exige una actuación libre de estereotipos de género.
Poder Judicial, jueces, tribunal de enjuiciamiento, trámites judiciales, revisión judicial, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: T, J A s/ SU PRESENTACION. DENUNCIA. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ   EXPTE N. 315-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-12-26

El Alto Tribunal Nacional delimitó -en algunos antecedentes- dos cuestiones que deben correr por distintos andariveles en torno a la revisibilidad de las decisiones de los Tribunales de enjuiciamiento:

a) una cosa es el trámite o procedimiento del juicio político lato sensu con todas las formalidades que la Constitución y la ley imponen, transitado con sometimiento a las garantías constitucionales del debido proceso y de la defensa en juicio; b) otra es la interpretación aplicativa que de la Constitución y la ley hace el tribunal de enjuiciamiento en relación exclusiva con las causales de destitución. Así entendió que las decisiones en materia de los llamados juicios políticos o enjuiciamientos de magistrados en la esfera provincial, dictadas por órganos ajenos a los poderes judiciales locales, configuran cuestión justiciable cuando se invoca por la parte interesada la violación del debido proceso, se sustenta en dos pilares fundamentales: por un lado, el relativo a que los mentados procesos están protegidos por la garantía de defensa en juicio consagrada por la Ley Fundamental (artículo 18);

por el otro, el concerniente a que la violación a dicha garantía que irrogue un perjuicio a derechos jurídicamente protegidos -de estar reunidos los restantes recaudos de habilitación judicial- puede y debe ser reparada por los jueces de acuerdo con el principio de supremacía de la Constitución y con arreglo al control de constitucionalidad judicial y difuso (artículo 31 y concordantes).
Caducidad de instancia, interrupción de la caducidad, ampliación de la demanda, ampliación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: MARTINEZ SAAVEDRA DE OLIVERA CASTELLON, MARTHA c/ EMPRESA DE TRANSPORTES "EL PUENTE" LINEA 32 s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-09

Para interrumpir los plazos de caducidad, es preciso efectuar actos que, cumplidos por las partes, el órgano judicial o sus auxiliares, sean particularmente aptos para hacer avanzar el proceso de una a otra de las etapas que lo integra. De allí que se haya dado tal carácter no sólo al escrito por el cual se amplía la demanda sino, además, a las presentaciones que amplían la prueba ofrecida en la demanda por la que se ha promovido juicio sumario, ya que de esa única manera es posible incorporarlo según lo prescripto por el art.

486, 2do. párrafo, del Código Procesal.
Defensa del consumidor, contrato de prestaciones médicas
Materia: COMERCIAL
Carátula: T., R. H. c/ Sancor Salud  s/ prestaciones médicas
Jurisdicción: Federal — Provincia: Mendoza
Fecha: 2024-05-06

Corresponde confirmar la resolución que ordenó a la prepaga la reafiliación del actor y de su grupo familiar, debiendo mantener la antigüedad, sin carencias y readecuando la cuota conforme los valores diferenciales que autorice para el caso la Superintendencia de Seguros de Salud de la Nación, toda vez que la suscripción de un contrato de medicina prepaga se establece dentro del marco del derecho del consumidor donde las disposiciones legales están diseñadas para proteger al usuario, en este contexto, en caso de alegar un falseamiento de la declaración jurada la responsabilidad de demostrar la causa recae sobre la entidad proveedora del servicio de salud y no sobre el consumidor y en el caso, no se ha acreditado que la esposa del accionante conociera haber sufrido un ACV en forma previa a la firma del formulario de afiliación, de manera que no se puede afirmar que ha existido mala fe que permita resolver el contrato.
Cuestiones de competencia, demanda, contenido de la demanda, exposición de los hechos, fundamentación de la demanda
Materia: PROCESAL
Carátula: Iglesias, José Eduardo  Benito c/ Telecom  Argentina Stet FranceTelecom S.A. s/ sumario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-31

A los efectos de resolver cuestiones de competencia, se ha de tener en cuenta la naturaleza de la demanda en sí, la exposición de los hechos que el actor hace en su pretensión y después, sólo en la medida en que se adecue a ellos, el derecho que invoca como fundamento de la pretensión.
Actualización monetaria, consignación judicial
Materia: LABORAL
Carátula: ESCOBAR, JUAN c/ CORCEMAR S.A. s/ RECURSO DE REVISION Y CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1990-10-08

El depósito efectuado por la accionada no puede considerarse "efectivo pago" como lo exige el art. 276 Ley de contrato de trabajo y disposiciones concordantes hasta que el trabajador esté en condiciones de disponer de ese dinero, al ordenarse y expedírseles la orden de pago en los término del art. 725 del Cód. Civil aún cuando se lo haya hecho con ese propósito, sino que lo adquiere desde el momento en que se lo comunica al acreedor, porque sólo al tomar el conocimiento de esa operación , este está en condiciones de adoptar las medidas necesarias para disponer de los fondos. El pago insuficiente de obligaciones laborales debe entenderse como entrega a cuenta del total adeudado, aunque se reciba sin reservas, quedando expedita al trabajador la acción para reclamar la diferencia. En el análisis de las cuestiones derivadas de reajustes por depreciación monetaria, particularmente en lo referido a las liquidaciones que deben practicarse de conformidad con las sentencias respectivas, es preciso tener presente, para solucionar los conflictos que se generan, los detalles de orden práctico que se suman en el trámite procesal que las partes deben observar para llegar a un acuerdo sobre los respectivos montos, o en su caso, la decisión judicial que ponga fin a sus opiniones divergentes (publicación de los índices, traslados, notificaciones, aprobación formal de la liquidación ) observando en cada caso la conducta de las partes, antes de aferrarse a rigideces principistas.
Prueba testimonial, testigo prohibido, conviviente
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Villaverde, Nicolás Alberto s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-11-29

Más allá de que la concubina pueda ser equiparada o no a la cónyuge en los términos del art. 242 del C.P.P.N., la realidad es no estamos en presencia de una relación de concubinato actual, sino de una que finalizó el mismo día de los hechos; según los dichos de la propia testigo en sede prevencional donde manifestó además que no existía causa que la afecte para declarar. Es así que sus declaraciones fueron vertidas ya finalizada su relación de concubinato, con lo que no resultaría de aplicación, aún en el supuesto de equiparar a la concubina con la cónyuge, la prohibición del art. 242 del C.P.P.N:, pues no se encontraba ella en la disyuntiva moral que la norma quiere evitar. Tampoco la alcanzaría tal prohibición la circunstancia de tener una hija en común, pues la norma en cuestión no prevé tal hipótesis, y tampoco se compadece, en mi entender, con el espíritu de la norma. (Voto del Dr. Hornos, adhiere el Dr. Mitchell, Dr. Tragant según su voto).
Régimen penal cambiario, prueba, defensa en juicio, exhortos, código procesal penal
Materia: PENAL
Carátula: GALILEO ARGENTINA C.I.S.A. s/ Régimen penal cambiario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-02-12

1- El imputado tiene derecho a acreditar su inocencia, lo que no puede ser para él una carga si se tiene en cuenta que el Tribunal está en el deber de obtener toda la prueba de cargo y de descargo para satisfacer el fin de verdad que el proceso persigue inmediatamente. Esta conclusión está apoyada en la base constitucional del estado de inocencia. (Del voto del Dr. Repetto).- 2- La negativa del Banco Central, quien tiene a su cargo el proceso sumario, a diligenciar los exhortos librados al exterior implicaría para el apelante un gravamen irreparable que tornaría ilusoria la prueba ofrecida (dado el alto costo y tiempo que ello le demandaría) en flagrante violación del derecho de defensa en juicio. (Del voto del Dr. Repetto).- 3- Las normas del Código de Procedimiento Penal son aplicables de manera solo supletoria en el Régimen Penal Cambiario y los art. 476 y 477 del mencionado Código, referidos a los deberes de las partes en la producción de las pruebas que hubieran propuesto, deben entenderse suplidos por el art. 8 del citado régimen, el que establece una modalidad peculiar de tramitación, de características abreviadas e impulso oficioso. (Del voto del Dr. Hendler).
Delegación de la investigación, resoluciones irrecurribles
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: OTERO, David. s/ RECURSO DE QUEJA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-02-05

La delegación de la instrucción al fiscal no resulta materia de recurso de apelación (*).
Principio de irrenunciabilidad, contrato de trabajo, ius variandi
Materia: LABORAL
Carátula: Iglesias, Fernando Raúl c/ Cooperativa Eléctrica de Consumo y Vivienda Limitada de laCiudad de Trelew s/ Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-06-22

El principio de irrenunciabilidad de derechos adquiridos o en expectativa por parte del trabajador invalida toda modificación de las condiciones esenciales del contrato en perjuicio del trabajador. Y es que, no le son oponibles a éste, aun cuando la materia de convención trate de aquellos concedidos por encima de los mínimos legales o convencionales. Ello por cuanto participo de aquella opinión que no concibe que el trabajador acepte alteraciones contractuales que lo perjudiquen, renunciando voluntariamente a derechos sin obtener ningún beneficio o ventaja a cambio de la modificación que, efectuada solo en provecho del empleador, lo priva sin causa o razón de derechos adquiridos y legítimamente incorporados a su patrimonio. Y si acepta el cambio que lo perjudica, resulta a mi ver evidente que lo hace por necesidad, forzado por la situación de inferioridad jurídica y económica que lo obliga a optar por el mal menor, frente a otros que se le ocasionarían en caso de no acceder (el quedar desocupado en un mercado laboral excluyente y restringido).
Licencia extraordinaria, personal policial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: EMILIO EVARISTO CHAIN c/ PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ s/ DEMANDA CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVA  EXPTE. C-156/87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1988-05-13

El goce de vacaciones - licencia ostenta jerarquía de derecho social y por este motivo el descanso no puede ser compensado en dinero; pero en el supuesto que la relación de empleo público se disuelve por voluntad de una de las partes, por pase del agente a retiro obligatorio, es dable aceptar la compensación monetaria de la licencia extraordinaria no gozada.
Obligaciones, sanciones conminatorias, astreintes
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MERLO, EMILIO J. c/ FERROCARRILES ARGENTINOS s/ SANCIONES CONMINATORIAS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-24

Las "astreintes" son un medio instrumental encaminado a vencer la resistencia del renuente a dar cumplimiento a las decisiones judiciales y, por consiguiente, como paso previo ineludible a la imposición de sanciones conminatorias se requiere, además de la realización posible de la obligación de que se trata, la demostración de que el obligado se sustrae voluntaria y deliberadamente al cumplimiento de lo que debe.-
Verificación de créditos, incidente de revisión
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Humberto Tesei S.C. s/ Incidente de revisión en autos:Alberto M.Barrueco y Roberto E.  Barrueco Soc. de Hecho y otros s/ Concurso preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-11-16

La incontestación de la demanda en un incidente de revisión no obliga al juez del concurso a acceder automáticamente a la verificación pedida por el actor. Sino que sólo podrá facultarlo a tener por ciertos los hechos afirmados en el escrito de demanda, y ello porque en un concurso preventivo como el deudor no está desapoderado, podrían imponérseles las consecuencias de sus omisiones sin perjuicio de lo previsto en quiebra. Sin que de ninguna manera esto signifique, la incomparecencia del accionado exima a la contraria de la carga de acreditar sus afirmaciones, ya que de todos modos debe aportar el proceso los elementos de convicción que justifiquen la legitimidad de su reclamo.-
Tráfico de estupefacientes, juicio abreviado, dolo como vicio de la voluntad, agravantes de la pena, aplicación de la ley, código procesal penal
Materia: PENAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: J.O.C. c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-18

Es válida la imposición de una pena superior al límite legal dispuesto en el art. 431bis para el procedimiento de juicio abreviado si las partes lo acordaron y el imputado consintió el juicio abreviado en tales condiciones.
Atenuantes de la pena, agravantes de la pena, arma de fuego
Materia: PENAL
Carátula: Benavídez, Alfredo s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-02-22

El acto de robar (art. 166 inc. 2º, C.P.) no sólo importa la intimidación según la personalidad de la víctima sino también la peligrosidad del victimario, pues quien lleva un arma de fuego cargada va decidido, si fuera necesario, a matar o herir y ello implica un grave peligro para la víctima; dicha circunstancia, es demostrativa de "mayor peligrosidad" en los términos del art. 41 inc. 2º del Código Penal. (MINORIA U OPINION PERSONAL)