Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2011-08-30


AUTOS N° 20.971 (81.412 - 8° CIVIL) "PAEZ Cesar Roberto C/ Red Megatone S.A. y/o Electrónica Megatone SA - Daños y Perjuicios" L. DE S. T° 111, F° 5/10 En la ciudad de San Juan, a 30 días del mes de agosto del año dos mil once, reunidos en la SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINERÍA, el señor Presidente DR. GILBERTO A. RIVEROS, y el señor Vocal DR. PASCUAL E. ALFERILLO, a fin de conocer de los recursos de apelación que se interpusieran contra la sentencia recaída en autos N° 20.971 (81.412 - 8° CIVIL) caratulados "PAEZ CESAR ROBERTO C/ RED MEGATONE S.A. Y/O ELECTRONICA MEGATONE SA - DAÑOS Y PERJUICIOS", dictada en fecha veintidós del mes de abril del año dos mil diez, obrante a fs. 312-320, de estos autos originarios del Octavo Juzgado en lo Civil, Comercial y Minería, recursos que una vez concedidos tuvieran debida sustanciación en la alzada, fijadas ulteriormente las cuestiones a considerar en el orden que sigue:

1ra. CUESTIÓN: ¿Es justa o adecuada a derecho la sentencia venida en recurso? 2da. CUESTIÓN: En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde en definitiva? 1ra. CUESTIÓN: El Dr. PASCUAL E. ALFERILLO, dijo:

El a quo en su sentencia dictada en fecha 22 de abril de 2010, cuya copia obra agregada a fs. 312/320, encontró fundamento suficiente para hacer lugar parcialmente a la demanda interpuesta por el señor César Roberto Paez y en consecuencia, condenó a Red Megatone S.A. y/o Electrónica Megatone S.A. para que abone al actor la suma de $ 15.120,75 con más sus intereses legales los cuales deben ser calculados a partir de la fecha de la sentencia puesta en crisis. Impone las costas a la demandada vencida.

Contra este decisorio, a fs. 325 la parte actora y, a fs. 329, la demandada interponen recurso de apelación que son concedidos con efecto suspensivo.

La actora recurrente se presenta a fs. 330/334 y expresa sus agravios precisando su pretensión a cuestionar el rechazo del reclamo por la pérdida de chance, el monto dado al daño moral y la fecha a la cual se acoge el daño y el material.

Para iniciar su análisis observa que el concepto jurídico de daño abarca la protección de todo interés no reprobado por la ley, salvo las restricciones específicamente queridas por el legislador.

A partir de ello cuando examina críticamente la pérdida de chance reclamada, luego de transcribir las consideraciones del juzgador desarrolladas en la sentencia, sostiene que siendo la pérdida de chance, la frustración de una oportunidad verosímil de lograr una ventaja económica y jurídicamente valuable, como daño actual y resarcible, se afirma que está claramente acreditado sin que prueba en contrario o alguna oposición de parte de la demandada, pueda restarle el valor de prueba contundente que tiene el testimonio analizado del señor Flores.

En cuanto al monto fijado para resarcir el daño moral, de $ 15.000, critica la determinación del mismo al mes de abril de 2010 cuando el hecho dañino ocurrió en el año 2003. Su parte estima que la determinación es escasa y errada para el perjuicio real sufrido y ello ocurre porque el inferior circunscribe su reparación exclusivamente a algunas de las circunstancias que se deben tener en cuenta como es el contenido de los resúmenes y además, las que ha considerado, lo hizo en forma parcial.

Continúa diciendo que la acción antijurídica le produjo no solo afecciones físicas sino también le cercenó durante meses las posibilidades de trabajo en los que se solicitaban su referencia con el consiguiente bochorno social que le produjo minusvalía anímica y emocional.

En función de ello reclama se reconozca el monto reclamado y a la fecha de ocurrencia del hecho.

En el párrafo siguiente, cuestiona la decisión adoptada en cuanto a la fecha de la determinación del daño para la aplicación de los intereses. Así lo dice al referirse que al tratar el daño material el sentenciante admite con justicia los montos demandados pero resuelve su procedencia a la fecha de la sentencia, es decir al 22 de abril de 2010, ya que, cuando lo trata no se refiere a la fecha pero en el resuelvo suma el monto de los gastos que integran este daño, a la suma que admite como daño moral y dispone que los intereses legales serán debidos a partir de la fecha de la sentencia.

Ello es criticado porque dice que está probado que los gastos que componen el rubro daño material fueron realizados entre los años 2003 y 2004, por lo cual deben repararse desde esa fecha.

De igual modo ocurre con la fecha de la determinación del daño moral, razón por la cual sostiene que los intereses se deben desde la fecha en que se generó la obligación.

Corrido traslado a la contraria, ésta se presenta a fs. 353 y en función de los argumentos que expone solicita la desestimación de la pretensión recursiva de la parte apelante.

Por su parte la demandada, a fs. 336/338, cuestiona la sentencia expresando sus agravios contra la misma. En ese sentido sostiene que le perjudica en cuanto no ha entendido que el actor no ha acreditado los hechos base de la demanda, particularmente la relación para imputarle que el daño fue generado por ella. Dado que el hecho de que su parte sea titular de la cuenta registrada en el Correo Argentino bajo el N° 10862 "Electrónica Megatone S.A.", no implica la comisión del hecho dañoso.

En el apartado b) critica la recurrente a la sentencia en la parte que dice que si bien ha desconocido que los resúmenes de cuenta hayan emanado de su parte no acredito dicha circunstancia. En ese sentido, sostiene que es conocido que no es fácil acreditar un hecho negativo, pero asevera que el actor tampoco arrimó prueba alguna para tener por cierto el envío.

En el c) da su interpretación relacionada con la preocupación que decía el actor había tenido su parte, lo cual debe entendérselo como para de un accionar diligente.

En el d) marca como contradicción de la sentencia la aseveración realizada por un lado de que reconoció tácitamente su responsabilidad y por el otro, de que no se habría acreditado en autos la autoría de los resúmenes. En otras palabras, dice que el nudo de la contradicción del sentenciante radica en que no queda en claro en el marco de la sentencia si su parte reconoció o no ser autores del hecho siendo que en definitiva es ilógico señalar que por un lado Megatone no reconoce la autoría del hecho y por otro que lo reconoce tácitamente.

De igual modo, en el punto e) cuestiona que se den por reconocidos los hechos en función de consentir la resolución n° 290 D.D.C., aclarando que las actuaciones en sede administrativa no pueden implicar un reconocimiento ni tácito ni expreso de haber cometido ilícito alguno, todo lo contrario, el organismo de Defensa de los Consumidores no impuso sanción alguna no solo porque no se acreditó sino porque supeditó la misma a que no se reitere la conducta.

En el apartado III hace referencia a la fundamentación jurídica de sus agravios, sosteniendo que no se ha probado los hechos base de la demanda, precisando respecto de la prueba indiciaria que el juzgado debe convencerse de la existencia de un hecho concreto conforme al curso natural de las cosas para determinar que el imputado es responsable.

En síntesis sostiene que no puede inferirse que sus mandantes hayan emitido los resúmenes que la actora considera injuriante, que el contenido de dichos resúmenes tenga naturaleza potencial para causa daño y muchos menos que se lo haya causado a la actora ni material ni moral.

Hace reserva del caso federal.

Corrido traslado a la contraria, la parte actora se presenta a fs. 343 y en función de los argumentos que vierte solicita la desestimación del recurso. Planteado de este modo el recurso y siguiendo las técnicas para la construcción de una sentencia de daño que indica que en primer lugar se deben evaluar, cuando existe como agravio, la determinación del sujeto responsable de indemnizar, para luego pasar a la etapa de valoración y cuantificación de los daños reclamados, corresponde atender los agravios vertidos por la demandada en primer lugar.

Respecto de ellos cabe precisar que los mismos no cumplen con la exigencia del segundo párrafo del art. 253 C.P.C., dado que no se ha efectuado una crítica concreta y razonada de los puntos de la sentencia que se estiman equivocados a la luz de la normativa aplicable y de los hechos acreditados. En ese sentido, en reiterados fallos se ha sostenido que no basta con reiterar los planteos formulados inicialmente sino que es menester desmoronar el edificio lógico jurídico sobre el cual se construyó la sentencia y, a partir de ello, exponer cuáles son las razones jurídicas que avalan la pretensión recursiva.

En el caso, la recurrente no logra conmover la sentencia en cuanto a que tiene por acreditado el origen de los agravios vertidos contra la actora, pues en autos se ha demostrado acabadamente la utilización de la cuenta de correo de la accionada para remitir la misma.

Este detalle, modifica la situación probatoria, pues en el conocido pensamiento del procesalista Peyrano, se habría producido una modificación de la carga probatoria, en función de la dinámica de la misma. En otras palabras, si se acreditó que las misivas han sido remitidas desde la cuenta de la demandada, le incumbe a ésta demostrar que no ha tenido intervención ni responsabilidad en su remisión. Por cierto, que la empresa accionada no puede ampararse en decir que es la actora la cual debe acreditar ello.

De igual modo, en distintos fallos hemos sostenido la teoría de la carga probatoria conforme el dominio de los hechos, pues en distintas hipótesis quien domina los hechos que se producen en determinado ámbito (verbigracia, dentro del quirófano, consultorio, el sistema informático de una empresa, etc.) tiene a su cargo la prueba de lo allí acontecido por encontrarse en mejores condiciones para ello.

Esta situación acontece en autos, donde la empresa es la que en mejores condiciones se encuentra para probar y destruir el nexo de causalidad que surge a la vista entre la emisión de la misiva y la utilización de su cuenta de correo.

Además de ello, se debe tener en cuenta que la misiva con los agravios tiene detalles y datos que estaban en base de la empresa, configurándose con ello otro indicio que juega como presunción.

Como se colige la empresa demandada, no ha logrado desvincularse de los agravios conferidos desde su seno a la actora, por lo cual propongo que se desestime la pretensión recursiva de la demandada y se mantenga la atribución de responsabilidad.

En cuanto a los daños reclamados y respecto del primero reclamado y denegado, se entiende que "frustración de una "chance" es la pérdida de la oportunidad de conservar la actividad productiva plena o de mejorar el nivel de rendimiento o progreso económico" (Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, Sala Penal, 24/05/2004, Sent. 39, "Bravo, Francisco David p.s.a. Homicidio preterintencional Recurso de Casación e Inconstitucionalidad" (Expte."B", 18/02), citado en libro "Daño a la Persona - Visión jurisprudencial", Alferillo - Pandiella, Ed. , pág. ).

En ese sentido para diferenciarlo de figuras semejantes se ha dicho que "la indemnización del lucro cesante requiere que el evento dañoso haya causado a la víctima una pérdida inmediata de ganancias, mientras que en la indemnización por pérdida de "chance", por el contrario, las pérdidas se exteriorizan en la posibilidad y oportunidad de conseguir esas ganancias o beneficios" (Cámara Apelaciones Civil y Comercial Octava Nominación de Córdoba, 22/02/2001, "R., R. E. c/ Grgich Barruca, Alejandro", La Ley 2001-D, 370 - LLC 2001, 756.

En el mismo sentido, "el objeto de la pérdida de chance remarcábamos radica en... la probabilidad de obtener ganancias o beneficios materiales en el futuro, frustrada como consecuencia del detrimento producido. Así, para admitir un lucro cesante es menester únicamente una certeza relativa o seria probabilidad del beneficio que el hecho ha truncado. La "chance" concluíamos no llega ni siquiera a la certeza relativa, basta una probabilidad suficiente... de lograrlos" (Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, Sala Penal, Sent. 39, 24/05/2004, (Expte."B", 18/02) "Bravo, Francisco David p.s.a. Homicidio preterintencional Recurso de Casación e Inconstitucionalidad" - Citado en libro "Daño a la persona", antes cit.) A partir de esta conceptualización se debe tener en cuenta que la posible pérdida de chance de trabajos futuros no tiene nexo causal con las misivas, sino que la misma se endilga al comportamiento de un responsable de la empresa demandada. A partir de precisar un origen diferente del hecho generador del daño, correspondía a la actora acreditar el nexo causal entre el accionar del empleado y la pérdida de chance.

En ese sentido, la declaración que la actora tiene como basamento para su pretensión, la realizada por el señor Horacio Flores, se da testimonio de que había contactado con el actor para una eventual contratación junto a otros postulantes, y en esa tarea de decidir, compulsó las referencias con un gerente de la empresa demandada, el cual dijo que no le dio ni buenas, ni malas referencia sino le indicó que habían tenido un problema con el, aclarando que se le dio a entender que tenían un litigio con hombre y entonces decidió no tomarlo para no tener problema.

Sin embargo, el mismo testigo dice más adelante que no contrató a nadie más porque buscaba una persona de perfil comercial que le llevara la ferretería era para que se hiciera cargo de la misma.

Como se colige, la causa por la cual no ganó el cargo para el que se postulaba no está plenamente identificada con la testimonial, además que se debió endilgar el accionar a un determinado gerente, con nombre y apellido, de la firma demandada.

No existe plena prueba que traiga convicción suficiente entre un supuesto dar de malas referencia (que no lo hace según la testimonial) y la pérdida de la posibilidad de conseguir empleo.

En función de ello corresponde en derecho desestimar este rubro reclamado en la pretensión recursiva.

Con respecto del daño moral, argumenta la recurrente con fuerza suficiente respecto de los daños que le habían ocasionado a su parte con la burla introducida en un medio de comunicación dominado por la demandada. El particular método empleado para agredir la paz social del actor, evidentemente, en cualquier persona producen inquietudes profundas porque no se está recibiendo la agresión por parte de una empresa pequeña sino todo lo contrario, es de una empresa de grandes dimensiones en el país, lo cual generaba aún mas preocupación por el alcance de su influencia. La sentencia puesta en crisis procede a realizar un adecuado análisis del concepto, dimensión del daño moral y la estimación concreta del mismo para este caso de acuerdo a los antecedentes de la causa en la suma de $ 15.000 a la fecha de la sentencia recurrida del 22 de abril de 2010. Esta suma debe ser confirmada.

En cambio, en la imposición de los intereses que forma parte de los agravios con relación a la fecha desde la cual corresponde se compute su curso, se debe diferenciar teniendo en cuenta que la indemnización de los daños y perjuicio es una deuda de valor, por lo que se debe diferenciar entre el momento de su determinación (que pasa a ser deuda estimada en dinero) con el curso de los intereses moratorios. En ese sentido, los intereses deben ser impuestos desde el mes de septiembre del año 2003, pero la tasa de interés debe ser pura del 8 % anual hasta la fecha de la sentencia de primera instancia que es el momento en que se determinó el valor indemnizatorio de este rubro. A partir de la sentencia, corresponde se abone hasta su efectivo pago la tasa de interés activa conforme el fallo plenario Huaquinchay dictado por la Corte de Justicia.

Es por ello que propongo que se haga lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la actora, conforme se precisa en los considerandos.

En cuanto a las costas propongo que sean impuestas a la demandada dado que la posición asumida en la apelación fue derrotada en términos generales, mas allá de la desestimación de algunos rubros que la actora pretendía su modificación.

El DR. GILBERTO A. RIVEROS, dijo:

Por los fundamentos expresados por el Magistrado que me precede en el orden de votación, voto en sentido concordante.

2da. CUESTIÓN: El DR. PASCUAL E. ALFERILLO, dijo:

En mérito a la votación que antecede corresponde: I) Admitir parcialmente el recurso de apelación deducido por la actora. En consecuencia se modifica la sentencia impugnada sólo respecto de los intereses, que deberán imponerse desde el mes de septiembre de 2003, con tasa pura del 8% anual, hasta la fecha de la sentencia de primera instancia, y a partir de allí y hasta su efectivo pago, se aplicará la tasa de interés activa conforme el fallo plenario Huaquinchay dictado por la Corte de Justicia. II) Desestimar el recurso de apelación deducido por la demandada. III) Costas a cargo de la demandada.

El DR. GILBERTO A. RIVEROS, dijo:

Por iguales razones, voto en el mismo sentido.

Por ello, y lo acordado precedentemente, SE RESUELVE:

I) Admitir parcialmente el recurso de apelación deducido por la actora. En consecuencia se modifica la sentencia impugnada sólo respecto de los intereses, que deberán imponerse desde el mes de septiembre de 2003, con tasa pura del 8% anual, hasta la fecha de la sentencia de primera instancia, y a partir de allí y hasta su efectivo pago, se aplicará la tasa de interés activa conforme el fallo plenario Huaquinchay dictado por la Corte de Justicia. II) Desestimar el recurso de apelación deducido por la demandada. III) Costas a cargo de la demandada.

Se deja constancia que el presente fallo se expide con dos firmas en virtud de lo dispuesto por el art. 257 de la ley 8037.

Protocolícese, notifíquese en debida forma, y previa reposición del sellado de ley, si correspondiere, bajen los autos al Juzgado de origen.