Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2008-01-30


AUTOS 102255 (SALA SEGUNDA EN FERIA: C.C.Nº19.618) DEL Décimo Primer Juzgado en lo Civil, Comercial y Minería, CARATULADOS: "SAFFE Martin Jose Matias C/Club Atletico San Martin Amparo".

PROTOCOLIZADO: L. de Sent.

Año 2008 del Tº I Fº1/3.

San Juan, 30 de enero del año dos mil ocho.

VISTOS: Estos AUTOS 102255(SALA SEGUNDA EN FERIA: C.C. Nº19.618) DEL DECIMO PRIMER JUZGADO EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINERÍA, CARATULADOS: "SAFFE MARTIN JOSE MATIAS C/CLUB ATLETICO SAN MARTIN S/ AMPARO" venidos para resolver el recurso de apelación concedido a fs. 10 vta. contra la resolución de fs. 6/7 de fecha 14 de enero de 2008.

Y CONSIDERANDO:

Que de las presentes actuaciones surge que en fecha 11 de enero de 2008 (ver cargo de fs. 4) el actor se presenta solicitando amparo jurisdiccional a fin de que el Club Atlético San Martín "si requiere mis servicios que los pague y se estipulen condiciones en un contrato, como exige el convenio de los Futbolistas.

Pero en caso de estimar que no tenga las condiciones para ello, que permita que vaya a otro club donde pueda jugar y cobrar por ello, ya sea mediante la venta del pase o que me otorgue como lo pido el pase libre". Señala el amparista en su presentación que dicha pretensión le fue planteada el Club y que la institución deportiva le respondió mediante carta documento el día 10 de diciembre de 2007, que de acuerdo a los reglamentos de la Liga Sanjuanina de Futbol, debe estar dos años sin jugar para obtener la liberación.

Que la demanda se presentó ante el Fueron Laboral, quien, el día 11 de enero de 2008, se declara incompetente para entender en la causa por no estar demostrado la calidad de futbolista profesional. Ante ello pasa la causa al Fuero Civil, aceptando la competencia el Sr. Juez de turno en feria del citado fuero, y por resolución de fecha 14 de enero de 2008 rechaza la acción de amparo por extemporánea.

Contra lo resuelto se alza el amparista (fs. 8/9 vta.) manifestando que le agravia en primer lugar la resolución por la que se declara incompetente el Juez del Trabajo por que el derecho constitucional defendido es el derecho a trabajar y que declara erróneamente que no es jugador profesional. En segundo lugar se queja por la extemporaneidad de la presentación resuelta por el Juez Civil. Alega al respecto que el plazo de quince días para interponer la acción es un requisito anterior a las reformas constitucionales, provincial y nacional que incorporan la acción de amparo derogaron en lo que se oponen las leyes que lo habían acogido. Agrega además que no se puede contar desde que mandó el telegrama pues debía pasar unos días esperando la contestación.

Que estando cuestionada la competencia, dictamina el Agente Fiscal de Cámara a fs. 14.

Con respecto al primero de los agravios se advierte ab initio la improcedencia del cuestionamiento pues, tal como lo dictamina la Sra. Fiscal de Cámara, en los procesos de amparo, si bien a los magistrados se les exige analizar su jurisdicción y su competencia, por el contrario el art. 595 del C.P.C. prohíbe en este tipo de proceso el planteo de cuestiones de competencia. Ello es así en obsequio a imperativos de economía procesal y para evitar dilaciones que puedan traducirse en una privación de justicia (conf. SCJN. 5-10-95 "Velerga Federico Martín S/ Amparo. Citado por Gozaíni en El Amparo p. 383.

Al respecto el Tribunal de la Sala Segunda de esta Cámara de Apelaciones ha dicho: " No obsta a la declaración de oficio de la incompetencia lo dispuesto por el art. 595 del C.P.C. vedando la articulación de cuestiones de competencia en la acción de amparo, pues esa norma se refiere a las partes y no al juez y tiende a impedir el planteamiento de defensas o excepciones previas que pudieren trabar el trámite acelerado de la acción. Tampoco constituye un obstáculo para la declaración oficiosa de incompetencia si el tribunal hace lo dispuesto por el art. 583, segundo párrafo, del C.P.C." -autos: nº 58006 (c.c nº17.273), del octavo juzgado, caratulados " Rosello, Angela Teresa y otro s/ Acción de Amparo ".(L.S. -2002 TºIII Fº 32/36).

La misma suerte ha de correr el recurso de apelación contra la sentencia de fs. 6/7.

Así es. Según el inc. 3º del art. 584 del C.P.C. el amparo debe ser deducido dentro de los quince días siguientes de producirse el acto lesivo o la amenaza cierta y manifiesta. Ese plazo es un valor que opera para la seguridad jurídica evitando el desconcierto acerca de la eficacia de los actos, que una vez concretados, deben realizarse y producir efectos. Esa caducidad del tiempo sobre todo y especialmente opera a favor del presunto damnificado por el acto lesivo pues contrae la eficacia de los pronunciamientos de quien realizó dicho acto.

Desde otro punto de vista, si el probable afectado no recurre oportunamente, el silencio y su inactividad permiten deducir un consentimiento tácito (art. 874 y 979 del C. Civil).

Consideramos que dicho plazo establecido por el Código de Procedimientos provincial no es contradictorio y por ende no ha sido derogado por la reforma constitucional de la Provincia de San Juan ( 1986) por cuanto en su art. 40 establece "...siempre que fuera necesaria la reparación urgente del perjuicio, la cesación inmediata de los efectos del acto o la prohibición de realizar un acto ilegal y la cuestión por su naturaleza, no deba sustanciarse por alguno de los procesos establecidos por la ley o no resultare eficaz hacerlo" y que tampoco se opone la normativa de la Constitución Nacional que el art. 43 reza: "Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley". Y ello es así por cuanto de ambas normas constitucionales surge la urgencia de la actuación, urgencia que surge también del plazo de caducidad previsto por la ley procesal para interponer la acción y que no da cabida para entenderlo como una cortapisa o restricción para solicitar el amparo jurisdiccional, caso en que sí sería antagónico con la cualidad de "expedita" que impone la Constitución Nacional.

Con respecto al plazo de caducidad y su cómputo la Sala Segunda de la CACC y M. ha dicho" El plazo de caducidad establecido por el art. 584 inc. 3º del C.P.C. es un plazo de caducidad de la acción que opera desde el mismo momento en que se conoce el acto que se considera lesivo de los derechos que tutela la legislación respectiva y que, transcurrido, fulmina la posibilidad procesal de acudir a los estrados judiciales por la vía del amparo pues la inactividad del afectado por el lapso tasado por la ley pone de manifiesto que no necesita del remedio excepcional y expeditivo del amparo sino que puede reclamar por los procedimientos ordinarios" (entre otros L.S.

1992-III 520/526 confirmado por la CJSJ P.R.E. S2ª -1993.III. 131/135; L.S.

1999-I 126/130; L.S.

1999-II 203/204).

Ahora bien, en el sublite, conforme surge de la documentación que se adjunta y lo manifiesta el amparista la negativa del Club San Martín a su pretensión le fue comunicada por carta documento el día 10 de diciembre de 2007, por lo que es imperativo concluir que a la fecha de la interposición del amparo (11 de enero de 2008), la acción ya había caducado.

No es óbice para dicha conclusión que posteriormente el hermano del amparista pretendiera comprarlo pues esta era la pretensión de un tercero frente al Club y no la del jugador, hoy amparista.

De lo hasta aquí considerado resulta que debe mantenerse lo resuelto por la sentencia apelada y en consecuencia, rechazarse la pretensión revocatoria del amparista.

Por ello SE RESUELVE:

1) Rechazar el recurso de apelación concedido a fs. 10 vta. contra la resolución de fs. 6/7 de fecha 14 de enero de 2008 la que se confirma.

Protocolícese, hágase saber y bajen previa reposición de sellado si correspondiere.

MAGISTRADOS: DR. OCTAVIO AUGUSTO SANCHEZ;

DR. NOVOA DR. FRAU;

SECRETARIA: DRA. ANA ESTELA VENTURA.