marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Autoría inmediata, órdenes ilegales
Materia: PENAL
Carátula: Olivera Rovere, Jorge Carlos y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-13

Los jefes militares que retransmitieron las órdenes de realizar operativos de seguridad encubiertos, las llevaron a cabo y fiscalizar su ejecución resultan autores inmediatos de los delitos de privaciones ilegítimas de la libertad, atendiendo a la existencia de un aparato organizado de poder, donde se verifica la facultad del hombre de atrás de expresar la continuidad del plan por otras prestaciones delictivas, circunstancia que resulta decisiva para fundar su imputación, más allá de la responsabilidad de los ejecutores materiales de las órdenes en esa ejecución, pues debe entenderse que la ejecución de los ilícitos constituye el cumplimiento del plan previamente configurado y que el hecho en su conjunto les pertenece a ambos. (del voto del Dr. Juan Carlos Gemignani en disidencia parcial)
Procedimiento laboral, deliberación
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Rastrilla Emiliano y otro en j: Lamata Cisneros Manuel y otro c/ Emiliano Rastrilla Hnos. s/ Cobro ordinario - Inconstitucionalidad - Casación (Libro: S064-235)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1957-04-04

En el procedimiento laboral, cuando las partes han alegado y el Tribunal pasa a deliberar, ese acto funcional no puede ser interrumpido por la intercalación de ningún acto procesal. Por ello si se suspende la deliberación para recibir una prueba decretada para mejor proveer, se contravienen las reglas adoptadas para el pronunciamiento del fallo y se infringen los arts. 148, 149, 160 y 161 de la Constitución, correspondiendo anular la sentencia.
Recurso de inconstitucionalidad, Cámara de Apelaciones, voto de los jueces, tribunal colegiado, voto mayoritario
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: FOSCHIATTI, HERIBERTO PEDRO c/ GUELER, ISAAC LUIS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- JUICIO ORDINARIO POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-11-10

No satisface el derecho a la jurisdicción la sentencia impugnada porque la Juez de Cámara "no votó" estrictamente la segunda cuestión por entender que se lo impedía el tratamiento que ella había conferida a la primera. Siendo ello así, puede afirmarse que solo en apariencia la Vocal mencionada "votó" la segunda cuestión habida cuenta que, además de la ostensible falta de fundamentación de que adolece el voto, ni siquiera se arriba a un resultado expreso de la apelación, esto es: si la sentencia sujeta a recurso es justa o injusta. Y este "no voto" de la Juez de Cámara aludida produce la fractura de la sentencia habida cuenta que rompe el sistema de las mayorías que rigen en todo órgano colegiado, suprimiendo, además, una etapa de suma trascendencia en el mecanismo de formación del pensamiento sentencial de esos tribunales, como lo es, la deliberación. (DEL VOTO DEL DR. NETRI)
Derecho penal, delitos, falso testimonio, competencia penal, competencia contravencional y de faltas, incidentes
Materia: PROCESAL
Carátula: Morinigo, Flavio Mauricio y otro c/  s/ Falso testimonio e instigación a cometer delito s/ conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-16

Si bien en el caso se investiga la posible comisión del delito de falso testimonio, en oportunidad de prestar el imputado declaración testimonial en un expediente tramitado ante un Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional, corresponde que sea el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas el que continúe con la investigación del presente proceso. El juzgado en lo Criminal y Correccional integra un fuero con competencia no federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo que sostener que correspondería la radicación de las actuaciones ante el fuero criminal y correccional sólo porque el falso testimonio se habría producido en una causa que tramita ante un juzgado que pertenece a la justicia nacional - cuya actuación es de naturaleza ordinaria por la materia que aborda y aplica-, implicaría una interpretación de las normas en juego que desvirtuaría el objeto del traspaso que tuvo en miras el tercer Convenio, esto es: avanzar en la concreción de la asunción plena de las facultades que le reconoce la Constitución Nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en cuanto a la administración de justicia que debe proveer a sus ciudadanos (cf. "Bazan" y de sus antecedentes "Nisman" [339:1342] y "Corrales" [338:1517]). (Del voto de los jueces Marcela De Langhe, Inés M. Weinberg y Santiago Otamendi, por remisión a los fundamentos brindados en "Incidente de incompetencia en autos "García, María Laura s/ 239 - resistencia o desobediencia a la autoridad" s/ conflicto de competencia I en/ García, María Laura s/ infr. Art(s). 239 del cp", expte. SAPCYF n° 16329/19, sentencia del 01-07-2020).).
Recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, sentencia suficientemente fundada, BANCO PROVINCIAL DE SANTA FE, transferencia del personal, remuneración
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: ROSSI, CARLOS ALBERTO c/ NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-08-26

Corresponde rechazar la queja, pues la decisión de la Sala -más allá de su grado de acierto o error- no exhibe exceso en el uso de sus potestades respecto de la apreciación del material probatorio producido ni de la interpretación de las normas aplicables a los hechos del caso.

En efecto, la Sala concluyó en que -de ser debidas- las sumas reclamadas en concepto de gratificación anual, reconocimiento de categoría y adicional por computación, en tanto su naturaleza remuneratoria indiscutida deberían ser soportadas por el Nuevo Banco de Santa Fe SA en la medida en que el compromiso refiera al lapso entre la toma de posesión del establecimiento y la efectiva reubicación en el Ministerio de Obras y Servicios Públicos.

Para así decidir tuvo presente que en el marco de las singularidades propias del proceso de privatización, particularmente respecto del personal transitorio se había dejado claramente establecido que sería a cargo del Nuevo Banco el pago de las remuneraciones, licencias y aguinaldo correspondientes al tiempo en que hubieren trabajado efectivamente; y también debía responder por las deudas devengadas al tiempo de la transferencia, en virtud de los artículos 225 y 229 de la Ley de Contrato de Trabajo (De la disidencia del Dr. Erbetta).
Fallo plenario, nulidad de sentencia
Materia: PENAL
Carátula: DEL MARMOL, RODOLFO E. Y OTROS s/ Defraudación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1976-11-26

Es nula la sentencia de una sala del tribunal que se aparta de la doctrina sentada en fallo plenario dictado por la misma Cámara.
Personal municipal, inflación, reducción del beneficio, movilidad del haber jubilatorio, carácter alimentario, declaración de inconstitucionalidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: LOCANE, Francisco c/ Instituto Municipal de Previsión Social
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-21

Corresponde declarar la inconstitucionalidad de los arts. 1 y 4 del decreto 412/81 por disminuir, en épocas de aguda inflación, el crédito alimentario reconocido al afiliado, y en especial porque la actualización monetaria no modifica el "quantum" de lo debido, persiguiendo únicamente, mantener la significación real de la obligación original (cfr. C.N.A.S.S., Sala II. sent. 7, 22.06.89, "GEY, Marcelo S., y C.S.J.N., sent. del 19.06.84, "TASSANO, Enrique J.").
Procedimiento administrativo, acto administrativo, control de razonabilidad, defensa en juicio, igualdad ante la ley, caducidad de instancia
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Graciela BELKIS DURUSSE DE FERNANDEZ c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ DEFENSA EN JUICIO - PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO - ACTO   ADMINISTRATIVO - CADUCIDAD DE LA INSTANCIA -
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-24

Importa un trato desigual no razonable de los sujetos de la relación de derecho público y atenta contra la garantía de la defensa en juicio la resolución que ante una manifestación inequívoca y expresa del recurrente de impugnar un acto administrativo, suficiente para determinar la medida y el alcance de su reclamo, y encontrándose las actuaciones pendientes del pronunciamiento del órgano administrativo ya que no quedaba ninguna diligencia a cargo del particular, declaró la caducidad de la instancia prevista en el art. 65 del decreto 10 204/58 cuando el órgano no cumplió con su obligación de resolver y el interesado no urgió la decisión.
Acto administrativo, acción de amparo, adjudicación de viviendas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: V., M. c/ Instituto Provincial de Vivienda (I.P.V.) s/ amparo - recurso de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-07-27

El amparo aparece como un medio adecuado por estar involucrado el acceso a una vivienda digna, derecho protegido constitucionalmente (art. 14 bis de la C.N.).

La exclusión de ésta via por existencia de recursos administrativos no puede fundarse en una apreciación meramente ritual, ya que el instituto tiene por objeto una efectiva protección de derechos más que una ordenación o resguardo de competencias.

En función de la jerarquía del derecho cuya protección se busca, resulta debidamente fundada la sentencia cuya revocación pretende el I.P.V., en tanto evidencia el carácter ilegítimo y arbitrario del acto administrativo de desadjudicación de la vivienda.
Proceso penal, juicio oral, audiencia de debate, videoconferencias, debido proceso, continuación del proceso judicial
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Fernández, Cristina Elisabeth y otros c/  s/ inf. arts. 174 inc. 5 y 210 del CP
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-23

Aún a través de medios virtuales, los principios consagrados en las reglamentaciones generales del ordenamiento procesal penal que regulan la etapa del debate -oralidad, continuidad, publicidad, concentración, contradicción e inmediación (arts. 363 y ss, CPPN)-, se hallarán lo suficientemente abastecidos. Pero para que así sea, es menester que los operadores judiciales observen con el mayor celo posible el devenir del debate, en pos de prevenir e impedir que el costo asociado al beneficio de la celebración remota del debate sea, justamente, el atropello de alguna garantía del debido proceso.
Juicio de desalojo, reconvención
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Villarino, Roberto c/ Maldonado, Néstor s/ desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-10-26

No se puede reconvenir en el juicio de desalojo, en el que se limita solamente a verificar si existe o no entre partes obligación de restituir el inmueble, ya que lo contrario implicaría desbordar su contenido natural
Demanda, principio de congruencia
Materia: PROCESAL
Carátula: LA EDITORIAL  S.A. c/ ESTADO NACIONAL s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-11-10

Sólo puede admitirse como objeto de la demanda aquello que haya sido perdido en ella de forma expresa y clara.
Poder Judicial, jueces, Superior Tribunal de Justicia, competencia funcional, superintendencia, Poder Ejecutivo, gobernador
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: D, R. O. s/ Lesiones graves. Recurso de inconstitucionalidad (Expte CSJ Nº   481-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-06-07

El acto del Poder Ejecutivo, mediante el cual remueve al magistrado sin acuerdo legislativo (artículo 72 inciso 6) y 92, inciso 5) de la Constitución Provincial) no es un acto puro de la Administración Pública, es decir, de su exclusiva órbita y responsabilidad, sino un acto sometido a un régimen especial que lo incluye, sustancialmente, entre los de superintendencia o gobierno del tribunal.
Intereses, tasa pasiva, tasa activa, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Z. M. D c/ GCBA y otros s/ impugnación actos administrativos administrativos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-09-26

De acuerdo con lo sostenido en autos "Paletta Aldo Daniel c/ GCBA s/ revisión cesantías o exoneración de empleo público", los intereses adeudados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deben ser calculados aplicando la tasa pasiva que publica el Banco Central de la República Argentina, a excepción del período comprendido entre enero/septiembre de 2002 en que cabe aplicar la tasa activa que publica el Banco de la Nación Argentina y a partir del 1 de enero de 2010 la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina. (Del voto en disidencia parcial del Dr. Balbín)
Acceso a la justicia, cuestión abstracta
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Ing. Bank N.V. -Suc. Argentina- y Otros c/ Provincia del Chubut s/ Promueve Acción Declarativa de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-08-28

"No procede la acción de certeza cuando la declaración que se persigue no tiene objeto práctico en beneficio de quien la intenta".
Ejecución de la pena, salidas transitorias, igualdad ante la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: BELIZAN, MANUEL LUIS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA) (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-10-27

En cuanto al reproche de la impugnante por la presunta afectación en el caso de los principios de igualdad y razonabilidad, luego de precisar que el principio de igualdad no impide que el legislador establezca distinciones valederas entre supuestos que estime diferentes, pero exige que concurran objetivas razones de diferenciación que no merezcan la tacha de irrazonabilidad; esta Corte afirmó que en el caso la norma cumplía con tales exigencias sin que se advierta arbitrariedad ni irrazonabilidad en el caso, al existir un denominador común que justificaba una mayor severidad en la ejecución de la pena que radicaba en la gravedad de los delitos que motivan la condena y que ello era fruto del legítimo ejercicio de las facultades discrecionales del Poder Legislativo y que respondían a razones de política criminal sobre el tratamiento penitenciario de los penados, respecto de cuyo ejercicio esta Corte carecía de control. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dres. Erbetta y Gastaldi)
Bien de familia, afectación del inmueble (civil), bienes gananciales de administración propia
Materia: CIVIL
Carátula: C. DE M.R.I. c/ M.H.M. s/ DIVORCIO  -  SEPARACION  DE  BIENES - TENENCIA DE HIJOS - ALIMENTOS Y  LITIS EXPENSAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1968-03-08

Encontrándose los esposos separados de hecho o por sentencia judicial, no puede uno de los cónyuges, aunque ejerza la tenencia de los hijos menores, exigir la constitución en "bien de familia" de un inmueble de la sociedad conyugal, cuya administración corresponde al otro cónyuge.
Prisión preventiva, prórroga del plazo
Materia: PENAL
Carátula: Acosta Damián s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-07-16

Dado que un término no puede se revivido, resulta inválida la prórroga de la prisión preventiva decretada a raíz de un requerimiento fiscal cursado luego de fenecido el término previsto por el art. 141 del ritual.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, arraigo, juicio sumarísimo, actos y diligencias procesales, nulidad procesal, costas, costas al vencido
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: FALCONE, DOMINGO R. Y OTRO c/ GALAN, EDUARDO S. Y OTROS s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -DAÑOS Y PERJUICIOS-LEGAJO DE COPIAS (EXPTE.: C.S.J. NRO. 233 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-09-08

No resulta irrazonable como para merecer reproche constitucional el sólido argumento sustentado por la Alzada -de conformidad a sus propios criterios doctrinarios-, al expresar que las excepciones de arraigo tramitan vía sumarísima, por lo que el a quo, una vez contestada la demanda inicial debió convocar a las partes a la audiencia de vista de causa (artículo 413 inciso e) y f), C.P.C. y C.), la que no fue dispuesta en autos, incurriendo así el juzgador en un palmario apartamiento de los procedimientos legales con restricción a la garantía del debido proceso (artículos 124 2d. párrafo y 126, C.P.C. y C.). Tal irregularidad, señala la Cámara, no fue convalidada al ser tempestivamente impugnada la resolución mediante recurso de revocatoria, el que fue indebidamente rechazado, manteniéndose en la Alzada el planteo nulidicente de los recurrentes en base a diversos argumentos -invalidez en la no celebración de la audiencia de vista de causa que correspondía fijar-, por lo que el vicio procedimental en que se fundó tal invalidez, aprovechó a todos los litisconsortes. Consecuentemente, la Alzada impuso las costas de ambas instancias a la parte actora -hoy recurrente- (artículo 251, código de forma) al haber formulado oposición al planteo de los nulidicentes. Los diversos argumentos que ensayan los quejosos en pos de demostrar que los gastos causídicos deben distribuirse en el orden causado (artículo 254 del C.P.C. y C.) resultan insuficientes a fin de derribar la postura de la Cámara, la que aplicó el sistema objetivo consagrado por el ordenamiento procesal santafesino en materia de costas, mediando un vencido (su parte) debe soportar el pago de ellas (artículo 251, C.P.C. y C.), quedando reducidos sus reproches a mero disenso para con lo resuelto por los juzgadores de grado, en ejercicio de funciones propias.
Concursos, proceso de verificación, demanda de verificación, indicación de la causa, honorarios
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Marcico, Alberto José c/  s/ concurso preventivo s/ incidente de verificación de crédito nudelman, claudio javier
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-07-14

Corresponde confirmar la resolución que declaró verificado un crédito por honorarios que habían sido regulados al incidentista en cierto juicio ejecutivo. Pues si bien es verdad que el crédito del cliente del incidentista no fue admitido en este concurso, lo cierto es que ese crédito no constituyó la base que dio origen a los honorarios que aquí se reclaman. La causa del crédito del aquí actor fue su trabajo profesional, y no el préstamo que su aludido cliente invocó en contra del concursado en el juicio antecedente donde se desempeñó ese profesional. En tal sentido, esta Sala mantiene consolidada jurisprudencia según la cual los honorarios regulados en juicio en favor de un letrado que reconocen una causa distinta de la que dio origen al crédito que justificó la promoción del expediente fueron fijados esos honorarios, conduce a descartar que exista accesoriedad entre ambas cuestiones (esta Sala C, 5/11/13, en "Ordas, Juan José s/ concurso preventivo s/ incidente de verificación de crédito por Furquet, José Norberto"). Y esto, por algo obvio: el eventual rechazo de esa verificación del crédito del demandante no restaría vigencia a la condena en costas pronunciada en la causa en donde se devengaron los honorarios que ha generado derechos contra el deudor en cabeza de terceros -los titulares de las acreencias por gastos causídicos-, derechos que no se confunden con el que corresponde al titular de aquel crédito (esta Sala C, 21/8/12, en "Kirovsky, Jorge Osvaldo s/ concurso preventivo s/ incidente de revisión por Buongiorno, María Fernanda").
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: VANOPSTAL, Roberto C. c/ Empresa de Construcciones CCI S.A. s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2010-08-10

Tampoco resulta audible la argumentación de falta de legitimación pasiva de la empresa accionada, toda vez que ello importa desconocer por completo el amplio abanico de alternativas legitimantes que ofrece el artículo 1 de la Ley 8369 que permite dirigir la acción contra toda decisión, acto, hecho u omisión de autoridad administrativa o judicial o legislatia en ejercicio de funciones administrativas, funcionario, corporación o empleado público, provincial o municipal o de un particular, que en forma actual o inminente, amenace, restrinja, altere, impida o lesione de manera manifiestamente ilegítima el ejercicio de un derecho o garantía implícito o explícito reconocido por la Constitución Nacional o provincial; y la demandada reconoce expresamente ser la autora de la obra que motiva el reclamo de Vanopstal, sin tener éste que investigar sobre el contrato que la liga con el Estado y discernir cómo se reparten las responsabilidades por los eventuales daños derivados de la misma. Lo cierto, concreto y comprobado en la especie es que del accionar de la empresa constructora demandada derivó el impedimento de ejercicio de derecho que denuncia el actor y contra ella aparece correctamente direccionada la acción de amparo, más allá de la responsabilidad refleja que le pueda caber a su contratante o de las acciones de repetición que la demandada pueda ejercer en su contra y hasta cupo la posibilidad de que solicitase su citación al proceso, lo que omitió hacer la demandada en su oportunidad. Por consiguiente, no existe ningún elemento de juicio que permita excluir su legitimación para contradecir en autos la demanda formulada.
Interdicto de retener, turbación de la posesión
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CUETO LUIS ALBERTO c/ RICARDO VILLARREAL Y/U OTRO s/ INTERDICTO DE RECOBRAR LA POSESION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-07-03

En el interdicto de retener debe desecharse la prueba del dominio que pretende aportar la accionada y el tercero interviniente, por cuanto en éste juicio no está en discusión ni se investiga esa situación, sino secundariamente el derecho con que alguien turba al actor en la posesión invocada.
Privación ilegal de la libertad, autoría mediata, dominio del hecho
Materia: PENAL
Carátula: Actuaciones instruidas por las supuestas desapariciones y muerte de Francisco Gregorio Ponce, Griselda Del Huerto Ponce, Julio Genaro Burgos y Nelly Yolanda Borda
Jurisdicción: Federal — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-06-15

El Jefe policial de la Provincia y el militar jefe de Regimiento son responsables como autores mediatos en virtud de la teoría del dominio del hecho mediante la utilización de aparatos organizados de poder de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada, pues contaban con poder de decisión y mando sobre lo acontecido en sus correspondientes jurisdicciones, controlaban la organización y tuvieron en los hechos incluso más responsabilidad que los ejecutores directos, al mantener el dominio de los mismos a través de los ejecutores, cuya voluntad se encontraba sometida a sus designios.
Quiebra, tasa de justicia, pago, revisión judicial
Materia: COMERCIAL
Carátula: CEMINO, ALBERTO c/ CARRANZA, GUSTAVO s/ QUIEBRA - INCIDENTE DE CONSIGNACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-03-09

El control y exigencia del cumplimiento tributario es función exclusiva del Tribunal, y ni la aquiescencia del demandado relevaría al órgano judicial de esos deberes.-
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, contratos civiles
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Verdenelli, Liliana María c/ Acciarri, Hugo Heraldo s/ Declaración de resolución de contrato y daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-05-09

Determinar si la escrituración estaba sujeta a plazo (cierto o incierto), el estado de mora entre las partes y la legitimación consecuente para hacer actuar el pacto comisorio estipulado, la calificación del incumplimiento contractual y la pertinencia de la resolución del vínculo -analizando para ello lo convenido en el contrato y la conducta de los contratantes- al suponer la emisión de juicios basados en la prueba producida, constituyen típicas cuestiones de hecho, excluidas del ámbito de la casación, salvo el supuesto excepcional de absurdo.