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Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-03-31


COTAL SOCIEDAD ANONIMA contra MUNICIPALIDAD DE ROSARIO Reg.: A y S T 195 p 468-469. Santa Fe, 31 de marzo del año 2.004. VISTOS: los autos "COTAL SOCIEDAD ANÓNIMA contra MUNICIPALIDAD DE ROSARIO sobre RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN" (Expte. C.S.J. Nro. 417, año 1.991); y, CONSIDERANDO:

1. A foja 172 el perito contador Miguel Ángel Druetta solicita la regulación de sus honorarios por la tarea desarrollada en autos. Corrida vista al Consejo Profesional de Ciencias Económicas, la evacuó a foja 174 solicitando que se justiprecie la labor mencionada teniendo en cuenta la importancia, la complejidad y extensión de las tareas desarrollados y la eficacia del dictamen pericial.

2. Se advierte, en primer lugar, que se está en presencia de una causa susceptible de apreciación pecuniaria en función de la efectiva existencia de consecuencias patrimoniales contenidas en la pretensión declarativa propuesta. Es decir, integró la demanda una pretensión patrimonial; empero, al no establecerse en ella su cuantía se hace menester recurrir al artículo 8 de la ley 6767 en cuanto dispone que "no existiendo en la demanda cantidad determinada, se tendrá en cuenta los valores, bienes o intereses comprometidos", desde que constituyen la consecuencia directa de la pretendida ilegitimidad.

Ahora bien, a tal fin, debe considerarse que el Tribunal efectuó observaciones concretas a la prueba pericial rendida en autos, a saber: "...el nivel de corte de boletos de una determinada línea de colectivos puede resultar alterado por una serie de factores diversos, propios de la dinámica de la comunidad en la que se presta dicho servicio..."; la no consideración de que "... la extensión del recorrido de la línea 110... permaneció suspendida entre el 4 de enero de 1990 y el mes de marzo -inclusive- de 1991" y que la propia actora denunció que el 25.3.94 dejaba de "prestar el servicio en la zona afectada".

En consecuencia, advertido de ello como pauta de orden cuantitativo; y teniendo presente, desde el punto de vista cualitativo, el mérito de la tarea, su calidad, eficacia, extensión y resultado (ver C.S.J.N. "Laboratorios Ricar S.A. c. E.N. y otro s. daños y perjuicios", fallo del 29.08.02), todo con el fin de constituir una remuneración razonable que satisfaga la exigencia constitucional de establecer una retribución justa, el Tribunal justiprecia la labor profesional del experto interviniente en la suma de $ 30.000.

Por ello, lo dispuesto en la ley 6.767 y en el artículo 361 de la ley 10.160 (t.o. Decto. 0046/98), la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Regular, en la suma de $ 30.000, los honorarios profesionales del perito contador Miguel Angel Druetta. Regístrese, hágase saber y córrase vista al Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

Fdo.:FALISTOCCO-GASTALDI-GUTIERREZ-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)
Denegatoria del recurso, inexistencia de cuestión federal suficiente, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, exhibiciones obscenas
Materia: CIVIL
Carátula: MINISTERIO PÚBLICO - DEFENSORÍA GENERAL DE LA CABA s/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO en DUARTE, Fernando Julio  c/  s/ SOBRE 129 2 PÁRR. - EXHIBICIONES OBSCENAS (AGRAVADO POR LA EDAD)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-17

Corresponde rechazar la queja porque las recurrentes no han logrado explicar la configuración de una cuestión constitucional en tanto no demuestran que el control de logicidad y razonabilidad efectuado por la Cámara sobre la condena, presente vicios de fundamentación. Contrariamente a lo afirmado por la defensa, al margen del acierto o error de las consideraciones que sustentaron la decisión que en última instancia impugna -aquella en donde la Sala descartó la teoría del caso ensayada por la defensa técnica y puso especial énfasis en la comprobada verosimilitud de los testimonios aportados y demás pruebas de cargo, como así también convalidó la apreciación que hizo la jueza de primera instancia sobre esos elementos incorporados al juicio-, no es posible sostener que se trate de un pronunciamiento arbitrario o carente de fundamentación. (Del voto de los jueces Santiago Otamendi, Inés M. Weinberg y Marcela De Langhe).
Accidente de tránsito, responsabilidad del peatón, cruce de ruta
Materia: CIVIL
Carátula: MARQUEZ, Andrés y otro c/ VOLKER, Kreft s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-10-08

Si el peatón intentó el cruce de una ruta provincial, invadiendo una zona reservada a los vehículos, insertándose en un ámbito de potencial peligro para su seguridad, dicha circunstancia lo hace pasible de un grado de culpa en la ocurrencia del evento, pues éste, en orden a su fragilidad, debió tener el máximo de prudencia y cuidado, máxime si quien tenía la prioridad de paso era el conductor (art. 57, inc. 3º del Código de Tránsito de la Provincia de Buenos Aires (ley 11430).

***LEY B 011430 0000 00 00 0057 000 0000 000
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, reserva de la cuestión federal, oportunidad procesal, presentación extemporánea, sucesiones, depósito judicial
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL - PROCESAL
Carátula: ANGEL D'ALESSIO Y OTRO c/ MANUEL PIÑA s/ SUCESION S/ESCRITURACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-05-22

No obsta a la procedencia del recurso extraordinario la introducción tardía de la cuestión federal si la demandada no planteó objeción concreta que obligara a expedirse en términos de protección constitucional, ni la índole del problema hacía previsible que los efectos del pago efectuados en el sucesorio habrían de ser desconocidos con fundamentos no invocados por las partes en sus agravios.
Recurso de inconstitucionalidad, denegatoria del recurso, aplicación de la ley, acción de amparo
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Subelza, Marcelo Gustavo c/ GCBA s/ amparo - otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-11-04

Dado que el salario que se determine para la jornada reducida de trabajo puede eventualmente resultar inferior al que la actora percibe en la actualidad en virtud de la medida cautelar dictada en autos y que corresponde a la jornada de 12 horas diarias de los franqueros; a fin de evitar los perjuicios que la disminución intempestiva de sus ingresos pueda provocar a quien, en definitiva, ha solicitado la protección jurisdiccional de su salud, es conveniente establecer una equitativa y paulatina convergencia entre el salario que la actora percibe actualmente y el que corresponda a su jornada reducida, si este fuera menor. Para lograr este objetivo, en la etapa de ejecución de sentencia se determinará, previa propuesta de las partes, un mecanismo de convergencia que mantenga el valor nominal del salario que la actora percibe en virtud de la medida cautelar. (Del voto en disidencia parcial de la jueza Marcela De Langhe).
Despido discriminatorio, nulidad del despido, resolución denegatoria, salud del trabajador, tutela sindical, exclusión de la tutela sindical
Materia: LABORAL
Carátula: Barone, Sergio Sebastián c/ Cartonería Acevedo S.A. s/ juicio sumarísimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-30

Debe desestimarse la solicitud de nulidad del despido, efectuada por el trabajador que adujo ser objeto de un despido discriminatorio debido a su estado de salud y a su condición de activista político, dado que con respecto a la enfermedad aludida -enfisema pulmonar-, esta solo fue citada por la declaración de ex compañeros de trabajo quienes dijeron saber de la dolencia por conversaciones con el actor, lo que evidencia la falta de acreditación de la condición de salud desfavorable y de la conducta discriminatoria del empleador; y en cuanto a la actuación gremial y/o política del actor, resulta claro que la misma no se encuentra tutelada por la garantía gremial prevista en la Ley 23551, puesto que sólo tienen derecho a la estabilidad los trabajadores que poseen representación sindical orgánica y no aquellos activistas o militantes, vinculados a la actividad profesional, pero que no han accedido a los cargos, ni han sido electos delegados.
Empleados públicos, inspección impositiva, remuneración, suplemento por inspección
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: COHEN, JACOBO MARIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION MANSILLA, SUSANA MAGDALENA MORELLI DE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION LOPEZ, ROBERTO ENRIQUE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION GORDUANT, CLARA BLANCA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION CIPITI, CARMEN HERMINIA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION ALONSO, BLANCA AMELIA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION BOSSIO, LUIS ANGEL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION LOPEZ, MARIA HERMINIA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-05-06|1992-05-06|1992-05-06|1992-05-14|1992-05-14|1992-05-20|1992-05-20|1992-05-20

Las funciones de inspección por las que se reclama el pago del suplemento que por tal motivo se establece en las normas que regulan el régimen escalafonario del Personal Civil de la Administración Pública Provincial, son las específicas del régimen tributario. En este sentido, las disposiciones del Código Fiscal corroboran que las inspecciones impositivas -"externas o respecto de terceros"- siempre se realizan fuera de las dependencias administrativas.
Contratos, buena fe, contrato de obra
Materia: CIVIL
Carátula: Hobecker, Guillermo c/ Poder Ejecutivo de la Provincia s/ Recurso Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1999-06-30

La buena fe, piedra angular de interpretación y ejecución de los contratados, contenido en el art.1198, 1er. párrafo del Código Civil no se encuentra restringida al derecho privado. Implica un principio de derecho y condición ética de alcance general, y por ende al Derecho Administrativo y al contrato de obra pública como el de autos.
Concurso preventivo, verificación de créditos, obligación de escriturar
Materia: COMERCIAL
Carátula: Bevilacqua, Vicente s/ Quiebra pedida
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1997-04-18

En toda verificación de créditos, el derecho debe ser acreditado, no frente al fallido, sino frente al concurso. Poco vale la conformidad del primero.

La certificación de firmas por parte del escribano corresponde a un contrato de locación con promesa de venta, y no a un boleto de compraventa. Parte del sello aparece en la segunda hoja pero no continúa en la primera. La fotocopia de la primera hoja no contiene ninguna firma. En tales condiciones, no existe el boleto de compraventa que requiere el art. 146 Ley 19551. La necesidad de que exista algún elemento que una las distintas hojas de un instrumento privado, normalmente que estén firmadas o inicialadas por los contratantes, se presenta como una elemental regla de prudencia a fin de evitar la sustitución de las hojas anteriores a la última.

En esta resolución no se descarta la utilización de otros signos de continuidad, como podría ser el estampado del sello del escribano.

La referencia de los apelantes a los escritos judiciales, en los que es usual que solamente se firme la última hoja, no es útil, desde el momento en que dichos escritos son incorporados a un expediente que, como tal es un instrumento público. (Voto del Dr. Oscar Vénica).
Concursos, fallido, legitimación procesal
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: ESACON SA c/ BARSEAN, JORGE s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO    QUEJA  POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD      CSJ EXPTE NRO 265-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-12-06

El fallido es parte sustancial pasiva pero también parte formal en el proceso de quiebra. No sólo en función de contralor, sino como factor subjetivo de activa participación en toda la compleja actividad procesal, que es también actividad suya, como lo es, en una supuesta convergencia de situaciones diversas y antitéticas pero siempre complementaria de otras partes. Sin embargo, en atención al principio general que sienta la ley, la intervención del fallido tiene sus limitaciones y sólo se admite en supuestos excepcionales.
Delitos cometidos por medio de la prensa, daños y perjuicios, responsabilidad civil, eximentes de responsabilidad
Materia: CIVIL-PENAL
Carátula: Guazzoni, Carlos Alberto c/ El Día S.A. s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-12-18

Para obtener la exención de responsabilidad del informador, es menester que éste hubiera atribuido directamente la noticia a una fuente identificable y que se trate de una transcripción sustancialmente fiel o idéntica de lo manifestado por aquélla.

(Sumario confeccionado por el SAIJ)
Régimen de garantía de los depósitos, connivencia fraudulenta entre depositante y depositario, imposición bancaria, entidades financieras, boleta de depósito, títulos de crédito
Materia: COMERCIAL
Carátula: Sergi Vinciguerra, Antonio c/ B.C.R.A. s/ cobro de australes.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-17

La pretensión de que una determinada imposición protegida por el régimen de garantía de los depósitos no ha sido concretada exige la imputación de que los actores, pese al recibo del ingreso del dinero, no concretaron esa entrega a la entidad financiera, lo que supone materialmente un concierto fraudulento entre el depositante y las autoridades de la entidad, ya que no puede concebirse el modo cómo podría haberse munido de su título sin la cooperación activa de agentes de la deudora (Disidencia de los Dres. Eduardo Moliné O'Connor, Antonio Boggiano y Guillermo A. F. López).
Acción, habilitación de instancia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Martínez Pérez, Felipe c/ Municipalidad de Bolívar s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-08-25

Si el propio actor, al demandar, niega que tuviese obligación de interponer revocatoria contra el acto que decretó su cesantía y, subsidiariamente, reiteró la alegación de inconstitucionalidad del plazo concedido a tal efecto por el art. 89 de la Ordenanza General 207, no es aplicable al caso la doctrina del Tribunal elaborada respecto de aquellos supuestos en que el demandado no cuestionó oportunamente la falta de requisitos que habilitan la instancia judicial y corresponde expedirse sobre ello.
Medidas cautelares, Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios
Materia: PROCESAL
Carátula: AGUAS ARG. S.A. c/ ENTE TRIPARTITO DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS s/ PROC. DE CONOC.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-12-22

Corresponde hacer lugar a la medida cautelar tendiente a que se suspendan los efectos de la resolución 115/94 emitida por el Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios en cuanto obliga a reintegrar la totalidad de los importes percibidos en exceso a los establecidos como "cargo de conexión" en el art. 36 del Régimen Tarifario de la Concesión o los importes correspondientes a ese concepto, en tanto no haya efectuado los trabajos para la efectiva conexión en la forma y con los recargos establecidos en el art.57 del Reglamento del Usuario.
Medidas cautelares, medida de no innovar, contracautela
Materia: PROCESAL
Carátula: Aranda Giusani David H. c/ Comité Federal de Radiodifusión -Dto. 310/88 s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-19

Para la procedencia de la prohibición de innovar se requiere que la cautela no pudiere obtenerse por otros medios (confr. art.

230 del C.P.C.C.N.).
Juicio ejecutivo, juicio ordinario posterior
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Courtial, P. M. c/ Lapine, R. A. s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-03-13

El juicio ordinario posterior al compulsorio previsto en el art. 551 del C.P.C., ha sido establecido precisamente para hacer valer allí toda defensa o excepción no admisible en el juicio ejecutivo, no siendo en modo alguno recaudo para la procedencia de la fianza en cuestión, la previa comprobación de la verosimilitud del derecho que invoca el interesado desde que la misma no es equiparable a una medida cautelar (art. 589 del C.P.C.). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Juicio de desalojo, competencia, competencia de paz
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Sánchez, Héctor Luis y otra c/ Pairuna, Hugo D. s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-04-09

Según la norma del art. 61 II i de la ley 5827 (texto según ley 11.411) los jueces de paz de la Provincia de Buenos Aires tienen competencia para entenderse en los juicios de "desalojo urbano por intrusión, falta de pago y/o vencimiento de contrato..." cuestiones que encuentran su origen ya en la relación jurídica de la locación ya en el hecho de la intrusión, y por lo tanto, en concordancia con el criterio limitativo antes reseñado, debe entenderse que cualquier otra causal susceptible de provocar el desalojo por culpa del locatario, queda marginada de la competencia de los jueces de paz, con mayor razón si se trata de cuestiones derivadas de una relación jurídica extraña a la locación como lo es el comodato, tal como se indica en la demanda que aquí no ocupa, a cuyos términos debe estarse, para determinar la competencia en razón de la materia, la que no puede ser modificada por la voluntad de las partes (art. 21 Código Civil).
Concursos, emergencia económica, acreedor hipotecario, depreciación monetaria
Materia: COMERCIAL
Carátula: SINWALD  INTERNATIONAL  SA c/ VANESKEHIAN, ERNESTO s/ QUIEBRA S/INC. DE CONCURSO ESPECIAL.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-31

Resulta improcedente que un acreedor hipotecario se oponga a la conversión de la acreencia originariamente establecida en dólares estadounidenses, pues ante la previsión de la L.C. art. 127 su crédito resultó convertido a moneda de curso legal, cuanto más, al tiempo de la declaración de quiebra; por ende, ello implica la conversión de esa acreencia a pesos con una relación equivalente de $1 = u$s1, de conformidad con la ley 23928, vigente al momento de la falencia. En tal sentido cabe precisar que, la pauta establecida procede tanto respecto de acreedores privilegiados como quirografarios, con prescindencia de la aplicación de los ordenamientos respectivos, a los que solo corresponde remitir para determinar los rubros que el privilegio ampara, más no en lo referente al momento fijado para establecer la conversión de la moneda, aspecto regulado -para el supuesto falencial- exclusivamente por la L.C. art. 127, sin que cuadre distinguir, a tal efecto, acerca del carácter privilegiado del crédito del incidentista (cfr. Quintana Ferreyra, "Concursos", 1986, t. 2, p. 131; id. Fassi-Gebhardt, "Concursos y Quiebras", Bs. As. 1997, pag. 310 con cita de jurisprudencia concordante).
Indemnización, actualización monetaria, cómputo de la actualización, pago, reparación integral
Materia: CIVIL
Carátula: GODOY DE RANIERI, MARTA N. c/ M.C.B.A. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-09-19

Para mantener la intangibilidad de la indemnización debe disponerse su corrección por depreciación monetaria hasta la fecha del efectivo pago, única manera de lograr que la reparación sea integral (conf. C.N.Civ. Sala F, L. 11.267 del 30-4-85), solución que se impone con mayor razón si se trata de una condena contra el Municipio contando éste con el plazo de treinta días hábiles para el cumplimiento de la misma.
Revocación de sentencia, fundamentación de sentencias, fundamentación insuficiente
Materia: PROCESAL
Carátula: Polimeni de Arveas, Neda Fanny c/ AGEASA. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-04

Debe descalificarse como acto judicial válido la sentencia que se apoya en argumentos que le dan fundamentación sólo aparente e ineficaces para sostener la solución adoptada.
Contrato de trabajo, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Velasco, Osvaldo c/ Italia, Héctor s/ Indemnización por despido Rivarola, Delfina c/ Moyano, Norberto E. s/ Indemnización -ley 9688-
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-09-13|1989-06-13

Negada la prestación de servicios por parte de la demandada, la carga de su acreditación corresponde al actor.
Cambio de nombre, notificación, procesos voluntarios
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: P. F., V. c/  s/ cambio de nombre
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-14

Debe revocarse la decisión que determinó la notificación al progenitor de la petición de cambio de nombre, habida cuenta que, no existiendo hoy una imposición legal de portación del apellido paterno (art. 64, Cód. Civil y Comercial), y siendo la peticionante una persona mayor de edad, no se advierte que el interés del padre se diferencie del de las restantes personas que son anoticiadas mediante la publicación de los edictos.
Poder Judicial, funciones administrativas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Spina, Domingo Vicente c/ Provincia de Buenos Aires (Poder Judicial) s/ Demanda contencioso administrativa (Poder Judicial) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-12-27

La tendencia jurisprudencial contemporánea ha sido la de receptar la doctrina que preconiza que la revisión judicial de la actividad administrativa que tiene lugar, tanto en el ámbito del Poder judicial como Legislativo, se erige en un principio básico y esencial de todo Estado de Derecho.
Acción penal, prescripción, interrupción de la prescripción, declaración del imputado
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: CORTESSE SERGIO HUGO s/ ACCION PENAL - PRESCRIPCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1984-08-15

Los actos procesales con efectos interruptor son aquellos actos válidos y dirigidos contra el imputado que impulsan real y eficazmente el proceso y que dimanan de los órganos judiciales o personas que actúan en ejercicio de los poderes que la ley les acuerda para iniciar o culminar el proceso.

La declaración del imputado tiene efectos interruptivos, desde que por la estructura del acto, se encuentra conformado de una dirección y aptitud interruptiva con eficacia dinamizadora del proceso (C P. P., arts. 292 y 296).-
Unificación de penas, cómputo de la pena, excarcelación, extradición
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: LA LUZ FERNANDEZ, RICHARD WILLIAM s/ RECURSO DE CASACION. Causa: 981
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-13

Debe tenerse en cuenta para el cómputo de la pena unificada el lapso de tiempo en que estuvo privado de su libertad luego de la decisión excarcelatoria no concretada de quien se encontraba afectado a un requerimiento extraditorio, porque en primer lugar, aquella decisión sería una mera declaración que, a más de no surtir su efecto natural -la libertad- habría de privar al beneficiario (si así pudiera llamárselo) de la oportunidad de que su detención fuera oportunamente computada, y además en este caso corresponde por imperio del art. 25 del Tratado de Derecho Penal Internacional de Montevideo de 1889.