Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-02-07


SENT ° 12 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 07 DE FEBRERO de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana, Alberto José Brito y Antonio Gandur, con más la integración del señor vocal de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, doctor René Mario Goane -por no existir votos suficientes para emitir sentencia válida- bajo la Presidencia de su titular doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la representación letrada del Banco de la Nación Argentina en autos: "Triguero, Miguel Rogelio y otro s/Sucesión (Incidente promovido por el Banco de la Nación Argentina s/Apelación".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito, Héctor Eduardo Aréa Maidana y René Mario Goane, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

Viene a conocimiento y decisión del Tribunal el recurso de casación deducido por el doctor Néstor Marcial Díaz invocando la representacion del Banco de la Nación Argentina, en contra de la sentencia de fecha 29 de abril de 2002 dictada por la Cámara Civil en Familia y Sucesiones Sala IIa. por la que se decide "Hacer lugar al incidente de caducidad de esta segunda instancia planteado por la letrada Elsa M. A. Alaniz en representacion de las coherederas Alicia del Valle Triguero y María Inés Triguero, según se considera".

I.- El recurso luego de expresar que se encuentran reunidos los presupuestos de admisibilidad, narra los antecedentes de la causa señalando que se inicia por una denuncia formulada por las herederas declaradas en la sucesión por la presunta existencia de un certificado de plazo fijo Nro. 6386285 por la suma de $ 2.021,13 con vencimiento el día 14 de agosto de 1997 librado a nombre de Miguel Rogelio Triguero.

Que por ello el Juzgado de Familia de la VIa. Nominación libra oficio al Banco de la Nación Argentina -Sucursal La Ciudadela- para que informe si existe tal depósito a nombre del causante y un segundo oficio cual había sido el destino del mismo.

Que el BNA contesta en dos oportunidades, diciendo en la primera que no existía el plazo fijo mencionado y en una segunda que el plazo fijo referido con vencimiento el día 14 de agosto de 1997 había sido cobrado el día 21 del mismo mes y año por la co-titular Sra. Francisca Benítez.

Sostiene que se trataba de un certificado librado a nombre de dos personas a la orden reciproca e indistinta de cualquiera de los titulares.

Agrega la parte recurrente que las herederas del señor Triguero inician el juicio sucesorio de su padre y de la segunda esposa señora Benítez de Triguero, de quien se dicen herederas en atención que no existen otros.

Así es que en base a estos antecedentes el Juzgado intima al BNA a que deposite el importe indicado en el término de 72 horas y no obstante la explicaciones dadas, el Sr. Juez entiende que la institución incurrió en desobediencia judicial y resuelve condenarlo al pago de Astreintes.

Que la institución bancaria oficial deduce recurso de revocatoria y apelación en subsidio. Que el recurso de apelación en subsidio se concede y que la Sala IIa. de la Cámara Civil en Familia y Sucesiones resuelve requerir los autos principales y a continuación decide convocar a la Administradora de la Sucesión para que informe si había iniciado acción por el cobro del certificado de plazo fijo.

Sigue diciendo el recurrente que posteriormente se reclama se declare la caducidad de la segunda instancia por cuanto había transcurrido el plazo de 3 meses sin trámite.

A continuación el apoderado del BNA señala que en fecha 2 de julio de 2001 la Sala IIa resuelve: "Téngase presente y en consecuencia reábranse los términos oportunamente suspendidos y por ello habiéndose cumplimentado lo dispuesto en resolución del 7/6/01, vuelvan los autos a resolución del Tribunal".

El argumento de que se habría operado la caducidad radica en que siendo la providencia anteriormente transcripta el último acto procesal y no habiendo quedado ejecutoriada en razón de no cumplirse todas las notificaciones, la resolución del pase los autos a despacho para resolver tampoco habría adquirido ejecutoriedad.

Afirma que tales argumentos son errrados y que privan a los decidido de toda fundamentación.

Critica acto seguido el dictamen de la Sra. Fiscal de Cámara.

Argumenta que el decreto citado contiene dos partes, la reapertura de los términos y la vuelta a despacho para resolver, por lo que si no ha adquirido firmeza el pase a resolución de la Sala tampoco adquiere firmeza la reapertura de los términos procesales. Concluye que los términos se encontraban suspendidos por decisión expresa por lo que no pueden correr los términos de la caducidad.

Cita jurisprudencia en su favor y reitera la reserva del caso federal para ocurrir por la vía del recurso extraordinario.

II.- Los fundamentos de la sentencia expresa que la reapertura de los términos fue notificada a las partes por cédulas y ordenando la Presidencia la notificación personal a Mauricia Martínez, constando la confección de la cédula correspondiente en el informe del Actuario de fecha 13 de agosto de 2001 sin que se hubiere diligenciado la misma y que esta actividad correspondía al recurrente por lo que demuestra su falta de impulsar el procedimiento por el período de los tres meses que establece el art. 210 inc. 2° del Código de Procedimientos Civiles.

III.- El Sr. Ministro Fiscal se expide por la improcedencia de la caducidad en razón de que se llamaron los autos a resolver.

IV.- El art. 218 inc. 1° del CPCC dice: "La caducidad de instancia no se producirá: 1° ) cuando los autos están pendientes de sentencia".

La Sala IIa de Familia como se ha dicho, para sostener que los plazos procesales se encontraban corriendo no obstante el llamado que vuelvan los autos a resolución del Tribunal invoca la falta de actividad de la representacion del BNA para diligenciar la cédula de notificación a la Sra. Mauricia Martínez, por lo que consideraba que el llamado de autos para resolver no se encontraba ejecutoriado.

Sin entrar al análisis si a quien correspondía practicar la notificación si a la parte o a la Sala del llamado de autos para sentencia, cabe preguntarse si la notificación que no se diligenció obstaba al dictado de la sentencia.

A los fines de comprobar el carácter que invocaba la Sra. Mauricia Martínez y contando con los autos principales caratulados "Triguero, Miguel Rogelio y Benítez Francisca s/Sucesión con 234 fs." a la vista, se comprueba que Mauricia Martínez se presenta en el juicio invocando el carácter de acreedora de la sucesión en fecha 20 de setiembre de 2000 (fs. 203), escrito que no se provee en razón de no contar con firma de letrado.

Y la segunda presentación de fecha 26 de marzo de 2001 (fs. 225) se provee por el Juzgado de primera instancia que venga en términos claros y precisos y que indique el carácter que reviste en el sucesorio.

Así dicho cabe concluir que la notificación a la Sra. Mauricia Martínez resultaba a todas luces inoficiosa ante la relación procesal sustancial entablada entre las herederas declaradas de la sucesión de Miguel Rogelio Triguero -sus hijas- Alicia del Valle Triguero y María Inés Triguero (sentencia de fecha 30 de abril de 1998) y el Banco de la Nación Argentina representado por sus apoderados.

Por lo que resulta ajustado a derecho expresar que los términos para decidir la cuestión planteada no se encontraban suspendidos en razón de no haberse efectuado una innecesaria, inútil, notificación.

Esta conclusión se ve reforzada por precedentes jurisprudenciales y en este sentido me remito a sentencia de este Tribunal de fecha 11 de noviembre de 1999 dictada en juicio "Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán vs. Zurita, Angel Rolando s/Cobro ejecutivo de pesos. Inc. de caducidad de instancia casatoria donde se ha expresado: "Mas el auto de concesión del remedio casatorio intentado por la actora, no está comprendido entre los actos procesales de notificación personal; por lo que no cabe reclamar al recurrente falta de diligencia en la concreción de una notificación innecesaria o sobreabundante, dirigida a quien nunca tomo intervención en este proceso".

Este concepto liminar -la inoficiosidad del acto- es lo relevante, ya que no es admisible para la declaración de caducidad de la instancia de apelación, se dé entidad de acto sustancial a aquellos que carecen de eficacia jurídica, o que resulte inútil por su desvinculación de la cuestión a resolver.

Con este mismo alcance no puede sostenerse que la sentencia no pueda dictarse porque falta efectuar una notificación inoficiosa a una persona a quien nunca se le ha concedido intervención en el proceso.

Por ello corresponde dictar como doctrina legal la siguiente: "No obsta al dictado de la sentencia que no se haya practicado una notificación innecesaria e inoficiosa a una persona a quien no se le ha concedido intervención en un juicio y que es ajena a la relación procesal sustancial".

En consecuencia e imponiéndose las costas a las incidentistas se dicta la sustitutiva que sigue: "Rechazar el incidente de caducidad promovido por las herederas del sucesorio y vuelvan los autos para resolver el recurso de apelación en subsidio concedido. Con costas a la vencida art. 106 CPCC".

El señor vocal doctor Alberto José Brito, dijo:

I.- Viene a conocimiento y decisión del Tribunal el recurso de casación deducido por el doctor Néstor Marcial Díaz, invocando la representación del Banco de la Nación Argentina, en contra de la sentencia de fecha 29 de abril de 2002 dictada por la Sala IIa. de la Cámara Civil en Familia y Sucesiones que hace lugar al incidente de caducidad de la segunda instancia planteado por la letrada Elsa M. A. Alaniz, en representación de las coherederas Alicia del Valle Triguero y María Inés Triguero.

II.- El recurso de casación es admisible, toda vez que se satisfacen las exigencias de los arts. 816 y 817 del CPCC; asimismo, la cuestión se enmarca dentro de lo preceptuado por el art. 813 inc. b) de ese digesto, por cuanto se ha afectado la estructura esencial del procedimiento, con transgresión de las reglas del debido proceso y del derecho de defensa en juicio, de raíz constitucional (art. 18 CN).

En la especie, por resolución del 29/9/2000, el Juzgado de Ia. instancia no hizo lugar al recurso de revocatoria deducido a fs. 175 por el BNA, y concedió el recurso de apelación interpuesto en subsidio. En lo que interesa, en la alzada se imprimió el trámite procesal de rigor, y, con fecha 07/6/2001 (fs. 45), el tribunal decidió suspender los términos procesales en este incidente y citar a una audiencia informativa a la administradora del sucesorio. Satisfecha la finalidad perseguida en relación a la información que se requería, por providencia del 2/7/2001, se dispuso que se reabran los términos suspendidos, y que vuelvan los autos a resolución del tribunal, otorgándosele el carácter de personal a esa notificación. Se cursa las cédulas respectivas, y a fs. 57 vta., la dirigida a Mauricia Martínez, es regresada sin diligenciar, por los motivos que allí se exponen. La presidencia de la Sala dispone que se notifique personalmente a Mauricia Martínez a fin de que constituya nuevo domicilio real, decreto que lleva fecha del 8/8/2001 y que corre a fs. 58. A continuación (fs. 59) la letrada apoderada de Alicia del V. Triguero y María Inés Triguero deducen el incidente de caducidad de instancia, que fuera admitido por la Cámara en la sentencia del 29/4/2002, y el fund amento dado por el tribunal de apelaciones es que "la reapertura de los términos fue notificada a las partes por cédulas Nro. 1492 (fs. 55) y 1493 (fs. 56) y ordenado por Presidencia de esta Alzada a fs. 58 la notificación personal de Mauricia Martínez en su domicilio real, constando la confección de la cédula pertinente en informe actuarial de fecha 13/8/2001 sin que fuera diligenciada la misma, actividad procesal que correspondía al apelante en el presente incidente de apelación, demostrando su actitud la falta de impulsividad del procedimiento por los tres meses de plazo dispuesto por el art. 210 inc. 2° del C.P.C.T." (sic, fs. 84).

Deben admitirse los agravios de la recurrente, toda vez que los términos estaban suspendidos por la mentada resolución del 7/6/2001, y la providencia de reapertura del 2/7/2001, que es de notificación personal, no había sido notificada todavía a Mauricia Martínez (fs. 57), incluso la presidencia de Cámara dispone una notificación personal en el domicilio real para que constituya nuevo domicilio legal. El curso de la caducidad se suspende cuando está suspendido el trámite de la causa incidental (art. 211, 2° párrafo). Por consiguiente, el argumento de la inactividad imputada a la parte apelante por la resolución del 29/4/2002, a los efectos de la caducidad de la instancia, no se ajusta a las constancias del expediente, pues precisamente Mauricia Martínez no había sido notificada de la reapertura de los términos. El error de derecho en que incurre la sentencia impugnada es evidente al considerar firme la reapertura de términos, cuando la misma no se había operado.

En consecuencia, la decisión cuestionada, afecta lo dispuesto por los arts. 210 y 211 del CPCC, y 18 de la CN, por lo que corresponde que se case la misma a tenor de la siguiente doctrina legal: "Si la providencia de reapertura de los términos no se encuentra firme, el plazo de caducidad del incidente se encuentra suspendido". Por ende, se revoca la sentencia del 29/4/2002 y se desestima el incidente de caducidad de segunda instancia deducido por las coherederas Alicia del Valle Triguero y María Inés Triguero, con costas a las mismas (art. 106 y 107 CPCC).

Las costas del recurso de casación se imponen a las perdidosas en el planteo de caducidad (art. 106 CPCC).

El señor vocal doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal doctor Alberto José Brito, voto en el mismo sentido.

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal doctor Alberto José Brito, voto en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la Sala en lo Civil y Penal R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación deducido por el doctor Néstor Marcial Díaz, invocando la representación del Banco de la Nación argentina, en contra de la sentencia de fecha 29 de abril de 2002 dictada por la Sala IIa. de la Cámara Civil en Familia y Sucesiones, se casa y revoca la misma a tenor de la doctrina legal enunciada; por tanto, se dicta la siguiente sustitutiva: "Desestimar el planteo de caducidad de la segunda instancia deducido por Alicia del Valle Triguero y María Inés Triguero con costas a las mismas". Devuélvase el depósito.

II.- COSTAS del recurso de casación, conforme se considera.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.- HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA ALBERTO JOSE BRITO ANTONIO GANDUR (con su voto) RENE MARIO GOANE ANTE MI: