marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Prisión domiciliaria, coronavirus, emergencia sanitaria, pandemia
Materia: PENAL
Carátula: Cabral, Emanuel Alejandro c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-04-17

Del análisis del auto impugnado y de las constancias incorporadas al presente incidente no surge que se hubiera ordenado en la instancia anterior la confección de informes médicos tendientes a constatar las afecciones invocadas por el recurrente y determinar, de esta manera, su estado actual de salud y la viabilidad de la morigeración peticionada. Corresponde señalar que, posteriormente al dictado de la resolución traída a examen en esta instancia, esta Cámara Federal de Casación Penal definió parámetros de actuación en relación a la situación planteada por la sobrepoblación carcelaria y la pandemia Covid 19. Mediante la Acordada 9/20, se recomendó a los tribunales de la jurisdicción adoptar medidas alternativas al encierro respecto de "...f) personas con mayor riesgo para la salud, como (...) [aquellas] con condiciones crónicas como enfermedades coronarias (...). Las evaluaciones en cada caso deberían determinar si es posible proteger su salud si permanecen detenidas y considerar factores como el tiempo de pena cumplido y la gravedad del delito o la existencia de riesgos procesales y el plazo de la detención, para los procesados". Dicha circunstancia no ha podido ser considerada por el a quo al momento de resolver. Por ello corresponde devolver las actuaciones a la instancia anterior, a fin de que se dicte una nueva resolución con las consideraciones aquí señaladas, previa realización de un examen médico, sin que ello implique un pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión recurrida por parte de esta instancia. Finalmente, téngase presente que lo aquí dispuesto no implica una descalificación de lo resuelto, sino que a la luz de la ausencia de informes médicos actualizados y atendiendo las nuevas circunstancias reseñadas precedentemente, se impone un nuevo examen de la cuestión. Dres. Borinsky y Carbajo.
Pago por consignación, actualización monetaria
Materia: CIVIL
Carátula: GALLARDO DE ORDONEZ, BEATRIZ. c/ MAUARRO, JUSTO JOSE Y OTRO. s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-06-13

Para que la consignación produzca los efectos del pago, debe promediar aceptación del acreedor o, en su defecto, sentencia que lo declare legal (art. 759 del Código Civil). Impugnada por el acreedor, es obvio que al operarse la caducidad de la instancia no concurre ninguno de aquellos supuestos que llevan a la liberación coactiva del deudor consignante. El derecho a los fondos depositados quedó en cabeza de los consignantes desde que nunca fue transferido al acreedor. La depreciación del depósito, respecto del cual no se tomó ninguna medida para que se conservase su valor intrínseco al extremo de representar un ínfimo valor, recae sobre el acreedor que ha seguido siendo titular del derecho respectivo.
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, contratos bancarios, cuentas bancarias, cuenta sueldo, productos, débito automático, actos unilaterales, improcedencia del recurso, rechazo de la demanda
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Cazzulino, Maira Alexiana c/ Hsbc Bank Argentina SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-27

Procede confirmar la resolución que rechazó la demanda de daños por incumplimiento contractual del banco accionado. Ello por cuanto, en el caso, la actora aceptó varios productos que la entidad le ofreciera, entre ellos diversos préstamos personales y que, entre las condiciones de otorgamiento, ésta se comprometió a cancelar los saldos mediante descuentos de su cuenta sueldo por el sistema de débito automático. Y de acuerdo a su relato, conocía con certeza que se le efectuaban los débitos de su cuenta derivados de la utilización de los productos contratados. En ese marco, la revocación unilateral por el hecho de no poder afrontar los pagos de las deudas, no debe ser admitida, habida cuenta que uno de los principios sustanciales del derecho contractual es aquel según el cual las convenciones deben cumplirse como si se tratare de la propia ley. Es que la analizada adhesión al sistema de pago aceptada y reconocida por la actora en primer término no adolece de ambigüedad o falta de claridad susceptible de producir confusión en la consumidora adherente, advirtiéndose también cumplidos los recaudos de autosuficiencia y comprensibilidad que el CCCN 985 exige para las cláusulas predispuestas. Sabido es que los derechos del cliente bancario, por ser la parte débil en un contrato, típicamente de adhesión, han de ser resguardados con mayor celo que los de la entidad predisponente; sin embargo, ello no necesariamente conlleva a tener que prescindir del efecto vinculante que el CCCN 959 le otorga al contenido del contrato ya que la modalidad que adopta su formación consistente en la adhesión a un contenido predeterminado no deja de ser un acto de libre voluntad. En el caso, no se percibe que la facultad que el banco tenía para cobrar los productos haya sido ejercida en forma abusiva, discriminatoria o con mala fe. No sólo porque fue realizado en cumplimiento de lo voluntariamente aceptado en el contrato, sino ejerció la facultad de cobro permitida contractualmente y conforme normativa vigente y ello no configuró -ni evidenció- el alegado hurto al sueldo de la actora o un trato injusto, sin que quepa soslayar que también le fue indicado los saldos pendientes de pago por lo que tampoco se encuentra incumplido el deber de información que pesaba sobre el banco al respecto.
Daños y perjuicios, accidente de tránsito, autopistas, mantenimiento de autopistas, responsabilidad del concesionario (administrativo)
Materia: CIVIL
Carátula: BERTA, Roberto Héctor c/ COVISUR S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-26

La relación entre el concesionario de una ruta y quien transita por ella previo pago de un peaje es una típica relación de consumo por lo que la empresa concesionaria de ruta asume frente al usuario obligaciones jurídicas, algunas en forma expresa y otras en forma tácita. La obligación tácita de seguridad consiste en el compromiso de hacer posible el tránsito en todo el recorrido del tramo concesionado en condiciones de seguridad. Así, a la obligación principal contraída se le impone a la par otra anexa de indemnidad, mediante la cual debe garantizar que con el cumplimiento de la prestación principal, no será afectada la persona, ni los bienes del acreedor. Desde este enfoque si la Dirección Nacional de Vialidad detectó varios días antes del accidente una irregularidad en la placa de prevención de alcantarilla y se solicitó su reposición al concesionario, el siniestro provocado en un día lluvioso no puede adjudicarse a la víctima por su eventual exceso de velocidad e "hidroplaneo" al no demostrar la culpa como eximente. (Sumario N°20881 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Competencia, competencia por la materia, competencia laboral, accidentes de trabajo, acción civil por accidente de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Aramayo, Albino c/ Mamani, Sergio A. Y Cruz Eusebia Abigail s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2012-10-10

Los Tribunales laborales resultan competentes para entender en una acción ordinaria por daños y perjuicios incoada por un trabajador que habría sufrido un accidente laboral contra quien sería su empleador, pues el actor ha basado su demanda en un supuesto hecho ilícito consumado por la demandada en ocasión de la relación de trabajo, lo que importa situar la acción en términos de responsabilidad laboral del empleador. Además, el art. 1 del CPT de la Pcia. de Jujuy otorga la facultad del fuero laboral de aplicar el derecho civil y el sistema de la ley 24.557 atiende a situaciones y riesgos producidos en el ámbito del trabajo y encuadra el evento en la competencia de esta ley, aun cuando se invoque la aplicación de normas de derecho común.
Licitación pública, procedimiento licitatorio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PAGLIETTINI S.A. c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.:  C.S.J. NRO. 845 AÑO 1994)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-10-31

En el marco de una contratación pública , es dable señalar que la doctrina sostiene que "la omisión del trámite de la licitación instituida en la ley invalida el contrato" y que "cuando una ley dispone que determinada contratación deberá realizarse previa licitación, si ésta no se cumple hay exceso de poder o de mandato y en cualquier momento puede demandarse su nulidad".

Ello así, atento a que "las formalidades previas, como lo es la licitación pública, tienen por fin garantir la responsabilidad de la entidad que contrata, observando que el acto se haya procurado las mejores y más convenientes condiciones..., ya que la entidad no obra por sí misma sino por intermedio de sus representantes legales, cuya conducta es controlada por ese procedimiento claro y formal".

Es la violación de ese requisito formal un caso de nulidad por defecto de forma prevista por el artículo 1044 Código Civil que acarrea la nulidad -absoluta y manifiesta- del acto jurídico, ya que nadie puede ampararse en la ignorancia de la ley como excusa para escapar a las consecuencias de su inobservancia.
Entidades financieras, operaciones financieras, valor nominal, títulos públicos, cancelación de deudas
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO RIO DE LA PLATA SA c/ SEGURA WALROND LUIS ALBERTO Y OTR.- s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2005-04-11

De acuerdo a los textos de los decretos Nro. 1.387 y 1.570 por el cual las entidades financieras se encuentran obligadas a recibir títulos de la Deuda Pública Nacional a su valor técnico para el pago de deudas, se requiere que el deudor no simplemente ofrezca cancelar, sino que efectivamente lo haga.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, abandono de trabajo, notificación
Materia: LABORAL
Carátula: Sosa Hector Dario c/ Aguiar Ricardo Juan s/ Accion Comun
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2013-03-25

Deviene procedente el recurso extraordinario por arbitrariedad interpuesto contra la sentencia que consideró que el demandado omitió notificar por escrito al trabajador a fin de que cumpla con su descargo, citando el art. 244 de la L.C.T, toda vez que, en la comunicación telegráfica que efectuara la demandada no se menciona el abandono de trabajo, sino que se le requiere al actor justifique los días de inasistencia, razón por la que no se entiende la obligación de la notificación por escrito con sustento en la disposición citada para que efectúe su descargo, siendo que existe prueba testimonial que no fue tenida en cuenta ya sea para darle o restarle trascendencia al acto notificatorio.
Jurisdicción y competencia, competencia federal, competencia ordinaria, defraudación, estafa, hurto
Materia: PROCESAL
Carátula: Gómez, Mariano s/ hurto y estafa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-29

Si de los informes elaborados por la autoridad administrativa no surge la comisión de un delito de competencia federal, ni la existencia de hechos que importen un perjuicio directo y efectivo para el Estado Nacional que condicione la intervención del fuero de excepción corresponde al juzgado local continuar entendiendo en la causa en la cual se investiga la sustracción del soporte informático de una empresa que contenía los modelos de facturas utilizados. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, Constitución Nacional, leyes, interpretación de la ley, derechos y garantías constitucionales, jerarquía administrativa, derecho electoral, sufragio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Holder, Joel Archie y otros s/ Recurso de Inconstitucionalidad concedido por el Tribunal Electoral  (Expte CSJ Nº 654-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-11-29

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha declarado reiteradamente que la Constitución es una estructura coherente, que los derechos constitucionales tienen igual jerarquía; y que la interpretación "no debe efectuarse de tal modo que queden frente a frente los derechos y deberes por ella enumerados, para que se destruyan recíprocamente" (C.S. 18.4.1989 "Portillo, Alfredo, J.A.-1989-II-657). La priorización de ciertos derechos y libertades por parte del Derecho Norteamericano donde, -incluso- la temática eleccionaria ha merecido consideración preferente, ha surgido en un contexto diferente donde existe un doble standard de constitucionalidad. Por un lado los derechos económicos y por el otro las llamadas libertades fundamentales (v.gr. libertad de expresión , de reunión, de privacidad). Con relación a los primeros, sólo una grosera inconstitucionalidad puede permitir al Tribunal invalidar la ley. Por el contrario, en relación con las segundas, es el Estado quien debe justificar la existencia de un interés especial en la restricción de las mismas. (Bianchi, Alberto B., El caso "Texas vs.

Johnson" y el dilema de la colisión de los derechos constitucionales , Separata de la Revista Jurídica de Buenos Aires, 1990-II, pág.

35). Pero esta jerarquización, ha poco se la ha querido trasladar a otros sitios, ha acusado sus falencias. Esto ha ocurrido en vastas zonas del derecho cuando se ha querido incorporar con criterio simplista lo foráneo a lo vernáculo. (De la Ampliación de Fundamentos del Dr. Falistocco)
Procedencia del recurso, declaración de inconstitucionalidad, nulidad de sentencia, derechos y garantías constitucionales, libertad condicional
Materia: PENAL
Carátula: Giménez, Oscar Alejandro c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-23

La disidencia sostuvo que corresponde hacer lugar al recurso fiscal, declarar la inconstitucionalidad de los artículos 56 bis inc. 10 de la Ley 24.660, y, 14, segundo párrafo, del Código Penal -según redacción introducida por Ley 27.375-, anular la resolución y, en consecuencia, devolver la presente causa al tribunal a quo a fin de que dicte un nuevo pronunciamiento de conformidad a derecho, toda vez que existe incompatibilidad de los artículos 56 bis, inciso 10 de la ley 24.660, y del artículo 14, segundo párrafo, inciso 10 del Código Penal -incorporados por los arts. 30 y 38 de la ley 27.375 respectivamente- con los preceptos normativos fundamentales, consagrados en nuestra Constitución Nacional y, por vía del art. 75, inc. 22, en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, en cuanto vedan la posibilidad de los condenados de acceder a la libertad condicional por la sola razón de haber cometido un determinado delito. Dres. Catucci, Riggi y Gemignani.
Beneficios previsionales, derecho al beneficio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Neivert Rosa Rogelia c/ Estado Provincial y Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-08-06

Para determinar la viabilidad de un beneficio previsional como el que aquí se reclama, jubilación por invalidez, es necesario que la disminución en la ccapacidad laboral de quien lo solicita se haya producido por enfermedad, accidente o secuela de alguno de ellos, mientras existiere el vínculo laboral y en un grado tal que le impida continuar con la prestación de servicios (requiere la Ley Nº 8732 de la disminución del 66 % de la total obrera, absoluta y permanente), y dicha comprobación proviene fundamentalmente del estudio médico que motivamente permita establecer si el beneficio es procedente o no.-
Derecho procesal, actos y diligencias procesales, escritos judiciales, firma, firma digital
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Urbano, Marcelo Fabián  c/  s/ concurso preventivo s/ incidente de revisión de crédito por cura, nicolás
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-07-14

Cabe revocar la resolución que tuvo por no presentada la demanda en virtud que la firma del acreedor no fue introducida olográficamente en el libelo de inicio sino copiada y pegada de manera digital, en infracción a lo dispuesto en la Acordada 31/2020 anexo II, pto 1.

Ello así, pues si bien el letrado reconoce que la firma ológrafa del actor fue incorporada por medios digitales, ello no permite concluir que no haya existido voluntad del pretenso acreedor de insinuar su crédito. La sanción resulta extrema provocando un daño irreparable en virtud que conlleva la pérdida de reclamar la acreencia.

Consecuentemente, se concederá al letrado la posibilidad de subsanar la deficiencia bajo apercibimiento de tener por no presentados los referidos escritos (cfr. precedentes similares: CNCom, Sala E in re "Molino Nuevo SA s/ Quiebra", del 23/09/21, ídem "Lozano, Santiago Luis c/ Banco BBVA Argentina SA s/ amparo" del 22/06/23; arg. CPR 34-5°, ap. "b").
Empleo público, carrera administrativa, facultades discrecionales, límites a la discrecionalidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: LEPORI, RODOLFO CESAR c/ MINISTERIO DE TRABAJO s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-11

La organización del aparato administrativo es de competencia del poder administrador, incluida la selección y promoción de sus agentes y no puede desconocerse su facultad de sujetarse, al efecto, a su propio criterio de eficacia, quedando libre de censura judicial -no de control- lo que disponga en tal sentido, siempre que ello no contradiga el principio de legalidad y razonabilidad, exigencias éstas que constituyen un principio general ineludible en el ejercicio de las potestades públicas, que con frecuencia preside las soluciones aplicadas por la corte en los más diversos aspectos de la materia contencioso administrativo.
Suspensión del juicio a prueba, reglas de conducta
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Cativa, Eduardo Antonio s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-02-17

Corresponde dejar sin efecto el sobreseimiento dispuesto, pues la falta de reparación del daño causado en la medida de lo ofrecido, obedece a los exclusivos designios del incuso, pues ya en ocasión de efectuar el ofrecimiento de reparación, ejecutó un proceder que evidencia mala fe en su obrar, silenciando la existencia de un proceso concursal en relación a su persona y su calidad de fallido, extremos que le impedían satisfacer regularmente el compromiso resarcitorio que supuestamente estaba asumiendo. La disidencia consideró que el proceso iniciado en sede comercial constituye un obstáculo para que el imputado disponga de los bienes que integran su patrimonio, ello a riesgo de afectar los derechos de los acreedores que se presentaron a verificar sus créditos, sin que la damnificada se haya presentado como acreedora de la quiebra. (Dres. Ledesma -disidencia-, Riggi y Catucci).
Empleados públicos, retiro voluntario, beneficios previsionales, jubilación anticipada
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gullini, Marcelo y otros c/ Municipalidad de San Nicolás de los Arroyos s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-05-27

Tanto el capítulo referente a la pasividad anticipada como al retiro voluntario son instituciones específicas destinadas a lograr la finalidad que la ley 11.184 establece en su art. 2°, en los supuestos que los agentes no se hallen en condiciones de jubilarse, pues, en tales casos, el organismo que hubiere adherido a la ley se encuentra facultado para disponer el cese de los agentes a los fines previsionales, conforme surge de los términos el Capítulo III -Régimen jubilatorio de excepción- (arts. 14 y 17).
Prisión preventiva, prórroga del plazo
Materia: PENAL
Carátula: Moraño, Luis Lisandro s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-03-06

No siendo susceptible de apelación el auto que dispone la prórroga de la prisión preventiva, corresponde declarar mal concedido el recurso interpuesto (art. 299 del C.P.P.). (Minoría u opinión personal)
Robo calificado, robo en banda
Materia: PENAL
Carátula: Meza, Walter Gabriel s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-08-05

La simple pluralidad de personas que concurren en el injusto no es suficiente para que se configure el concepto de banda. Aunque no es necesario que se cumplan todos los requisitos de la asociación ilícita, debe al menos probarse que los tres o más sujetos que integran el grupo conformen una organización estable que demuestre una finalidad programática destinada a cometer uno o más delitos, aunque ni siquiera exista un jefe, líder u organizador.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio, defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - PENAL
Carátula: Jorge Norberto FERNANDEZ s/ PROCEDENCIA  DEL  RECURSO  EXTRAORDINARIO  - SENTENCIAS ARBITRARIAS -  CONSTITUCION  NACIONAL  -  DEFENSA  EN  JUICIO  -  DEBIDO  PROCESO  -  DEFENSOR OFICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-08-28

La inobservancia de formas sustanciales puede deberse a que no se haya dado al imputado oportunidad de ser oído, o que se haya privado al defensor designado de toda oportunidad de actuar, y también en los casos en que la intervención conferida sólo lo ha sido formalmente, pues en tal situación no se garantiza un verdadero juicio contradictorio. Ello es así pues la garantía de la defensa en juicio -en materia penal- no se reduce al otorgamiento de facultades para el ejercicio del poder de defensa, sino que se extiende, según los casos, a la provisión por el Estado de los medios necesarios para que el juicio a que se refiere el art. 18 de la Constitución Nacional se desarrolle en paridad de condiciones respecto de quien ejerce la acción pública y quien debe soportar la imputación, mediante la efectiva intervención de la defensa.
Recurso de revisión (procesal), improcedencia del recurso, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Durán, Mónica Patricia s/ recurso de revisión. Causa: 416
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-06

Es un remedio de carácter excepcional -con aptitud de remover una decisión penal pasada a autoridad de cosa juzgada-, sólo justificado ante situaciones que enfrentan una iniquidad manifiesta y que deben derivar necesariamente de las exclusivas previsiones contenidas en el artículo 479 C.P.P.N. No encuadran en él cuestionamiento sobre adquisición y valoración del material probatorio en el que se basó la condena.
Concurso preventivo, comerciante no matriculado, sociedad irregular, estados contables, balance
Materia: COMERCIAL
Carátula: PAGANO,  HORACIO  HUGO  "PAGANO  COMISIONISTA Y AGENTE INMOBILIARIOS" s/ CONCURSO PREVENTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-03

La Ley 22917 admitió como sujetos pasivos del concurso preventivo a los comerciantes no matriculados y a las sociedades irregulares;

como corolario de ello debe adecuarse la exigencia de adjuntar contabilidad legal, pues es evidente que éstos últimos, al no estar matriculados, no podrían obtener la rubricación de sus libros.

De todos modos, es menester en tal caso acompañar contabilidad o documentación de otra naturaleza (LC:11 inc.6) que permita reconstruir la marcha de la empresa y las operaciones comerciales del insolvente.

Esto adquiere gran trascendencia en el caso de los comerciantes no inscriptos, pues aún cuando no hayan cumplido con la carga legal de matricularse, debe demostrar una conducta impoluta y un orden administrativo que permita beneficiarlos con la solución preventiva.