Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2012-04-17


Expte. N° 4998/09 "PROVINCIA DE SAN JUAN (D.G.R.) c/ DI.VI.MA. - Ejecución Fiscal (art. 1° inc. "G" Ac. G 54/07) - Inconstitucionalidad y Casación" En la Ciudad de San Juan, a diecisiete días del mes de abril del año dos mil doce, reunidos los señores Miembros de la Sala Segunda de la Corte de Justicia, que entienden en esta causa, doctores Juan Carlos Caballero Vidal, Ángel Humberto Medina Palá y Adolfo Caballero, a fin de resolver los recursos de inconstitucionalidad y casación interpuestos por la parte actora contra la resolución dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, en fecha veintiuno de septiembre del año dos mil nueve, en autos Nº 20119 - 105699 caratulados: "Provincia de San Juan (D.G.R.) c/ DI.VI.NA. S.R.L. - Ejecución Fiscal - (Art.1º inc. "G", Ac.G. 54/07)"; procedieron a considerar las siguientes cuestiones: ¿Son procedentes los recursos de inconstitucionalidad y casación deducidos en autos? En su caso: ¿Qué resolución corresponde dictar?- --- EL SEÑOR MINISTRO DR. JUAN CARLOS CABALLERO VIDAL, DIJO:--------------------------------------------------- --- De los antecedentes del caso surge que en fecha 23/12/2002 el Jefe del Dpto. Fiscalización Externa solicitó al Director General de Rentas se dispusiera una verificación integral a la firma DI.VI.MA. S.R.L. en razón de haber detectado inconsistencias entre las declaraciones juradas presentadas por esa firma ante la propia Dirección General de Rentas y la AFIP. En fecha 30/12/ 2002 la D.G.R. formuló requerimiento a DI.VI.MA. S.R.L., iniciando así el procedimiento de determinación de oficio de la obligación fiscal que concluyó con la resolución de fecha 16/9/2003 en que la Dirección General de Rentas establece que la obligación fiscal de aquella firma a esa fecha era de $ 212.171,68. monto cuyo pago se le intimó a pagar en fecha 08/10/2003 (fs. 48 del expte. 405-12766 reservado como prueba documental).------- --- En fecha 01/7/2008 la Provincia de San Juan inicia demanda ejecutiva reclamando el pago de la cantidad de $146.937,59. La demandada opone excepción de prescripción y plantea la inconstitucionalidad del art. 47 primer párrafo y art. 48 inc. 2° del Código Tributario. En la sentencia de primera instancia se desestima la excepción de prescripción opuesta, ordenando se siga la ejecución adelante.---------------- --- La resolución impugnada admite parcialmente el recurso de apelación de la ejecutada. Ello por considerar que aunque DI.VI.MA. S.R.L. fue sometida a una verificación integral en razón de haberse detectado inconsistencias entre la declaración jurada ante la D.G.R. y la presentada ante la AFIP, el plazo de prescripción corre desde la fecha en que se devengó cada período, ello pues a partir de que la contribuyente -a través de la declaración jurada- puso en conocimiento de la D.G.R. la existencia de los hechos imponibles, se generó de inmediato la obligación de pagar el tributo, y a partir de allí se computa el plazo de prescripción del artículo 4027 inc. 3° del Código Civil. En base a tal fundamento se declara la prescripción de los períodos devengados con anterioridad al mes de septiembre de 2002.---------- --- En el desarrollo de la fundamentación que sustenta el pronunciamiento, el tribunal a quo comienza derechamente por declarar la inconstitucionalidad del primer párrafo del artículo 47 y el inc. 2° del art. 48 del Código Tributario en base a considerar que tales disposiciones modifican normas de fondo cuya competencia legislativa es exclusiva del Congreso de la Nación, de lo cual deriva que el caso es regido por el art. 4027 inc. 3° del Código Civil. Considera también el tribunal de alzada que la intimación efectuada el día 16 de septiembre de 2003 tiene el alcance conferido por el art. 3986 del C.C., vale decir, suspende por un año el curso de la prescripción desde el momento en que se devengaron los respectivos impuestos.------------------- --- En cuanto a esta forma de computar el plazo de prescripción, el a quo sostiene que "los hechos imponibles puestos en conocimiento de la D.G.R. a través de las declaraciones juradas realizadas por DI.VI.MA. S.R.L. generan de inmediato la obligación de abonar el tributo", y que "una prueba irrefutable de que el impuesto es exigible a partir del período en que ha sido devengado es la liquidación de los intereses que efectúa la D.G.R., pues no los hace a partir de finalizada la verificación (2003) sino desde el momento en que se devengaron".----- --- Sobre esas premisas, y considerando que la demanda fue interpuesta el día 1 de julio de 2008, y que la intimación -a la que se atribuye efectos suspensivos por un año- se efectuó el 16/9/2003, el a quo concluye en que, por aplicación del art. 4027 inc. 3 del C.C., se ha producido la prescripción de aquellos tributos devengados antes de septiembre de 2002 y cuyos hechos imponibles fueron denunciados en las declaraciones juradas efectuadas por DI.VI.MA. S.R.L.----------------- --- El recurso de inconstitucionalidad es encuadrado en el artículo 11 inc. 3° de la ley 2275 y -en lo que resulta de interés para que el Tribunal resuelva la cuestión traída- es motivado en que el fallo recurrido viola el derecho de defensa en juicio al incurrir en defectos de fundamentación normativa, autocontradicción, omisión de tratamiento de hechos controvertidos, incorrecta valoración de los hechos, falta de valoración de documental incorporada a la causa y afirmaciones arbitrarias.- --- Sostiene la recurrente que su parte incorporó al proceso el expediente administrativo que dio origen a la verificación integral para determinar el hecho imponible y su base, actuaciones en las que la demandada tuvo participación activa, realizando distintas presentaciones para finalmente consentir el resultado de la verificación que determina el monto adeudado que se ha reclamado en el sub lite, no habiendo el a quo siquiera considerado tal actitud al no valorar la prueba, violando así la defensa en juicio de la actora.- --- El recurso de casación es subsumido en ambos incisos del artículo 15 de la ley 2275 y motivado en que en el caso ha mediado una interpretación arbitraria del art. 47 C.T.------------------------------------------------- --- Reseñados así los antecedentes del caso, ingreso al examen de la procedencia sustancial del recurso de inconstitucionalidad, anticipando que en mi opinión debe ser acogido pues se verifica la hipótesis de arbitrariedad invocada por la recurrente.--------------- --- En efecto, en función de la plataforma fáctica del pronunciamiento, entiendo que las consideraciones del a quo importan prescindir del texto legal que rige el caso, lo cual vulnera la garantía constitucional de la defensa en juicio y destituye de fundamento válido al fallo traído en recurso.-------------------------------- --- Como ya se dijera, es un hecho alegado por la actora, que se verifica en la prueba documental agregada a la causa, e incluso es expresamente referido tanto en la sentencia de primera instancia como en la de Alzada, que -ante las inconsistencias detectadas entre las declaraciones juradas presentadas ante la D.G.R. y la A.F.I.P. por la firma demandada- se dispuso una verificación integral a la firma DI.VI.MA. S.R.L., procedimiento que concluyó con la determinación de la obligación fiscal, notificándose de ello a la ejecutada en su domicilio fiscal el día 08/10/2003. También surge de las actuaciones administrativas incorporadas como prueba documental que la demandada consintió esa determinación.------- --- Habiendo consentido la determinación de la obligación fiscal, la firma contribuyente debió efectuar el pago de la cantidad adeudada dentro de los 15 días a contar de la fecha en que se le notificó la determinación, tal como expresamente lo establece el art. 39 segundo párrafo del Código Tributario de la Provincia de San Juan (Ley 3908 y modificatorias). Al no efectivizar el pago en dicho plazo, quedó expedita la acción judicial para el cobro de esa obligación fiscal impaga, acción ésta cuyo plazo de prescripción es de cinco (5) años, conforme lo prescripto por el artículo 46 segundo párrafo del Código Tributario, norma que -como el tribunal de alzada aclaró expresamente en su resolución- no es declarada inconstitucional.----------- --- Encontrándose acreditado en la causa que la obligación fiscal adeudada por la demandada fue establecida mediante el procedimiento de determinación de oficio; que tal determinación fue puesta en conocimiento de la firma contribuyente en fecha 8/10/2003 y que la demanda ejecutiva fue entablada el día uno de julio de 2008, queda en evidencia que la resolución del tribunal de alzada, en cuanto declara la prescripción de los períodos devengados con anterioridad a septiembre de 2002, incurre en arbitrariedad en tanto se desentiende de las constancias de la causa y deja de aplicar los artículos 39 segundo párrafo y 46 segundo párrafo del Código Tributario sin exponer fundamentos plausibles que justifiquen tal proceder.---------------- --- Precisamente por desentenderse de lo dispuesto en el artículo 39 del Código Tributario, es que resultan carentes de asidero las consideraciones desarrolladas en el fallo del a quo según las cuales el cómputo de la prescripción debe efectuarse desde cada período devengado.---------------------------------------------- --- Por otro lado, la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 47 y 48 del Código Tributario, siendo que tales normas resultan ajenas al thema decidendum, se demuestra injustificada, innecesaria y en todo caso inconducente.---------------- ---	De lo que hasta aquí llevo dicho, se desprende que la solución consagrada en el fallo recurrido importa un evidente apartamiento de la solución normativa prevista para el caso, que lo destituye de fundamentación al no resultar derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa, por lo cual corresponde descalificar su validez como acto judicial. Por ello he de propiciar con mi voto se haga lugar al recurso de inconstitucionalidad deducido, y no restando cuestiones de hecho o prueba pendientes de meritación, propongo también que el Tribunal se aboque al fondo de la cuestión traída, disponiendo que retoma vigencia la sentencia de primera instancia, con costas en todas las instancias a la demandada.----------------- --- En función de la solución que propicio, no entro a examinar el recurso de casación. Así voto.------------- --- LOS SEÑORES MINISTROS DRES. ÁNGEL HUMBERTO MEDINA PALÁ Y ADOLFO CABALLERO, DIJERON:----------------------- --- Por sus fundamentos, nos adherimos al voto emitido precedentemente.---------------------------------------- ---	En mérito al resultado de la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE: I) Hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto, anular la resolución recurrida y abocándose el Tribunal al fondo de la cuestión traída, disponer que retoma vigencia la sentencia de primera instancia. II) No analizar el recurso de casación atento a lo resuelto en el recurso de inconstitucionalidad. III) Imponer las costas en todas las instancias a la demandada. IV) Agregar la presente al expediente y copias autorizadas a los protocolos respectivos y a los autos principales que deberán bajar al Tribunal de origen. Notifíquese y oportunamente archívense.- Fdo. Dres.: Juan Carlos Caballero Vidal, Ángel Humberto Medina Palá y Adolfo Caballero. Ante mí: Jorge Daniel de Oro, Secretario Letrado.- Ef-4998 E.B.T.

P.R.E. S.2ª.- 2012-II-279