Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-10-11


Trelew, 11 de octubre de 2007.

VISTO: El recurso de apelación interpuesto a fs. 09/10 y vta. por el Fiscal General Jefe del ministerio Público Fiscal de la ciudad de Trelew, Dr. Ricardo ángel Basílico, mantenido y renunciada la audiencia prevista por el art. 413 C.P.P. a fs. 20, contra el auto de fs. 4/6 y vta., y CONSIDERANDO: El auto recurrido concedió el beneficio excarcelatorio a favor de G. A. T.. II. Entiende el apelante que las condiciones por las cuales se dictó la prisión preventiva del imputado auto que fuera confirmado por la Cámara de Apelación Instructoria no han variado.

Sostiene que el delito enrostrado establece una pena que no permite la ejecución condicional de la condena, dato objetivo que permite inferir el peligro de fuga.

Manifiesta que en los autos principales resta efectivizar distintos actos procesales, por lo que el legitimado en libertad los podría entorpecer con su accionar. Solicita la revocatoria del la decisión. Al momento mantener el recurso ratifica los argumentos expuestos y renuncia expresamente a la audiencia prevista por el art. 413 C.P.P.

III. En principio es necesario recordar la manda del artículo 285 CP.P.CH. que establece: "Excarcelación. Oportunidad. La excarcelación será acordada en cualquier estado del proceso, de oficio o a pedido del imputado o su defensor".

Sin perjuicio del dictado de la prisión preventiva, resulta ajustado a derecho verificar si la situación procesal actual de T. varió con relación a la analizada oportunamente.

Es que las decisiones dictadas sobre medidas de coerción personal pueden mutarse si varían las circunstancias que en su momento se tuvieron en cuenta para su resolución.

Al momento del dictado de la medida de coerción personal la investigación todavía no había culminado y existía la posibilidad cierta de peligro procesal.

Actualmente luego de la decisión de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia el proceso se encuentra con la investigación finalizada, puesto que sólo restaría rehacer o no el requerimiento de elevación a juicio, instancia procesal que requiere como condición que la instrucción esté agotada (artículo 304 C.P.P.CH.).

Puede observarse sin hesitación que las condiciones de procedibilidad han variado sustancialmente. T. ha dado muestras claras que cuando fue beneficiado con su libertad se allanó al requerimiento judicial permaneciendo en el domicilio fijado en el acta de soltura, asistiendo a cada llamado del tribunal, accediendo a realizar distintos actos procesales, lo que importa la presunción clara de su sometimiento al procedimiento y su predisposición para no obstaculizar la averiguación de la verdad.

La invocación de garantías constitucionales no puede servir nunca para consolidar excesos o mantener medidas irrazonables fundadas supuestamente en la necesidad de salvaguardar el orden y el interés público, comprometido por hechos y actitudes de innegable gravedad.

De allí que la soltura prevista por normas procesales y constitucionales no sería, en el caso concreto, una invitación al acusado para colocarse al margen de la ley, circunstancia que emerge del dato objetivo aportado precedentemente como es la comprobación fehaciente que T. en libertad se sometió acabadamente a la acción de la justicia.

La práctica jurisprudencial ha demostrado que, por regla general, sólo se consideran los parámetros objetivos para conceder el pedido excarcelatorio, lo que desvirtúa sus fines declarados. Es así que se reduce el derecho a la libertad durante el proceso de todo imputado a una presunción, que no admitiría prueba en contrario, de que todo individuo acusado de ciertos delitos intentará fugarse si es liberado.

Ello no quiere decir otra cosa que toda persona gozará del derecho a la libertad hasta no tener sentencia firme, siempre y cuando sea acusada de delitos menores.

Esta categoría de "delitos menores" es de advertir incluyen a las acciones que el legislador conmina sin penas de prisión o cuando ellas no superan determinado límite de años, sin tener en consideración el grado o proyección real de perjuicio social que ciertos delitos provocan, pero que no han sido sancionados con altas penas por la misma lógica del sistema.

La peligrosidad en punto a la no finalización del proceso fundada en peligro concreto de fuga, constitutiva de una de las causales restrictivas de la libertad en el presente proceso respecto de T., debe entenderse como la probabilidad cierta de que el prevenido eluda la acción de la justicia, lo que no se da, se vuelve a reiterar, si el acusado, como en el caso, se presentó espontáneamente y residió con su familia en la ciudad.

De otro lado, el Ministerio Público Fiscal en su libelo recursivo ningún dato objetivo ni subjetivo aportó para fundar dicho presupuesto. Todo aquello relacionado con la limitación de la libertad personal debe ser interpretado restrictivamente y para cada caso en particular, adecuándolo a las necesidades del proceso y su objetivo principal, cual es verificar los hechos y asegurar el descubrimiento de la verdad real como requisito previo a la actuación de la pretensión punitiva.

"Quien lucha contra la criminalidad prematuramente, es decir, antes de la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, por medio de la prisión preventiva, no respeta el principio de inocencia, le quita valor al procedimiento principal y lesiona a una persona sin fundamento jurídico" (Conf. Hassemer, Winfried, "Los presupuestos de la prisión preventiva", p. 119, en Crítica al Derecho Penal de hoy, Ed. Ad Hoc, Buenos Aires, 1995).

Las decisiones judiciales no deben dejar duda alguna en orden a la legitimidad de una medida de tanta intensidad. Cuando el caso ha estado sometido a la presión mediática durante la instrucción, la fundamentación de las medidas cautelares debe ser particularmente escrupulosa, y aventar toda suspicacia en cuanto a la influencia de la "gravedad y repercusión social del hecho" como base real de la decisión.

Los esfuerzos argumentativos en aquel momento procesal estaban dirigidos a no predecir con anticipación la imposición de una pena, sino a analizar con cuidado cuáles eran las razones valederas que autorizarían a afirmar que existiría la posibilidad cierta de que el nombrado impediría la realización del proceso penal, y por qué razón la detención era la única alternativa útil y proporcionada. Distinto debe ser el análisis en este estado del proceso, cuando el legitimado demostró acabadamente su intención de someterse a juicio.

Si la amenaza de una condena a pena de cumplimiento efectivo permite presumir que el imputado eludirá la acción de la justicia, justo será verificar, en cada caso concreto, si la inferencia es verdadera. Pues verdadero resulta en el caso, de acuerdo a la verificación de los extremos objetivos, el sometimiento del encartado al cumplimiento de las imposiciones judiciales.

Debe ponerse de resalto que ante una decisión judicial recuperó su libertad y aún a sabiendas que estaba ligado a un proceso por la imputación de un delito de suma gravedad, realizó conductas encaminadas al cumplimiento de las condiciones ordenadas, dando muestra cabal de su intención de no eludir la hipotética aplicación del derecho sustantivo.

Si la ley procesal es el modo que adopta el ordenamiento jurídico, para averiguar la verdad real de los hechos sometidos a juzgamiento, parece una traición a este postulado constitucional, que precisamente cuando se debe resolver sobre la libertad personal se rehuya "atender a la verdad jurídica objetiva de los hechos que de alguna manera aparecen en la causa como de decisiva relevancia para la justa decisión" (Fallo Nº 2113, ED, 21/4/1989, Nº 7225, Síntesis de Jurisprudencia de la Corte de Justicia de la Nación, Causa Nº 22.272).

Todo lo que facilite la libertad del imputado tiene respaldo fundacional, concepto por cierto de enhiestos contornos, porque la institución debe ser de aplicación amplia en todos los casos que medien circunstancias que posibiliten la finalidad de la pena, sin recurrir a la prisión del procesado, en una prudente compaginación de las requisitorias de libertad con las demandas comunitarias de seguridad y de defensa contra el delito.

Por ende, el instituto de la excarcelación y otros análogos tienen arraigo constitucional, porque la privación de libertad antes de la sentencia no debe mortificar conforme a la aplicación del art. 18 C.N. más allá de lo que la seguridad exige.

No debe olvidarse, en definitiva, que un fin esencial de la Constitución Nacional, enunciado con firmeza y enfáticamente por el Preámbulo, es "afianzar la justicia". Ese objetivo es primordial en materia de excarcelación por cuanto hace a una de las maneras de mantener en libertad a las personas, o hace cesar el efecto de la detención o la prisión preventiva, recuperando el valor esencial destacado por los autores al que tiende toda la Carta Magna Nacional.

Con relación al peligro de entorpecimiento, no se advierte la posibilidad cierta de su concreción, toda vez que la instrucción se encuentra culminada y el fundamento del apelante no da cuenta de datos concretos respecto de los actos procesales pendientes de producción ni tampoco el modo en que T. los obstaculizará, presupuesto necesario para fundar constitucionalmente la restricción de la libertad.

Con lo que se dio por terminado el Acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros por haber coincidencia de opinión y hallarse vacante la restante vocalía de la Sala (art. 8 ley 1130, textos de la ley 4550).

Por ello, la Sala "A" de la Cámara de Apelación Instructoria de Trelew Chubut,RESUELVE: 1) CONFIRMAR el auto de fs. 4/6 y vta. venido en apelación.

2) Regístrese, notifíquese a la Fiscalía de Cámara y devuélvase al Juzgado de origen a sus efectos.

CARLOS DANTE FERRARI CARLOS A. VELAZQUEZ Ante mí: JOSÉ ALBERTO GARCIA REGISTRADA BAJO EL Nº 42 de 2007. SIP. SALA "A". CONSTE.