marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, admisibilidad del recurso, resoluciones recurribles, sentencia definitiva
Materia: PENAL
Carátula: Fernández Daguerre, José Luis s/ Supresión de documento público y otros público y otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-03-28

Los arts. 350 y 351 se refieren a la procedencia del recurso de inaplicabilidad de ley, en tanto que el 357 se relaciona con qué debe entenderse por sentencia definitiva a los fines del art. 350 del Código de Procedimiento Penal -según ley 3589 y sus modif.-, ejemplificando qué casos son equiparables a sentencia definitiva y cuáles no, atento que el art. 357 es una disposición común a los recursos extraordinarios de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ley. Es decir que cuando la normativa pertinente a estos remedios procesales se refiere a sentencia definitiva, el significado de este término debe ser desentrañado recurriendo al art. 357 del Código de Procedimiento Penal -según ley 3589 y sus modif.-. Por lo tanto los regímenes de tales artículos son complementarios. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Acción de inconstitucionalidad, legitimación procesal, programa nacional de salud sexual y procreación responsable, métodos anticonceptivos, anticoncepción hormonal de emergencia, establecimientos asistenciales, hospitales públicos, farmacias, cuestión política
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: B., D. J. s/ ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD (LEY 3999/05)
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2013-01-28

[.] He de señalar que la anticoncepción de emergencia se enmarca en este Programa que define una política pública, sin embargo el actor ataca solo una parcialidad sin objetar el conjunto de normas que enmarcan la distribución en hospitales públicos de la "píldora del día después".

De igual manera se advierte que la normativa nacional, en especial la ley 25673 que creó el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación responsable en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación, el Decreto Reglamentario Nº 1282/03 y la normativa proveniente del Ministerio de Salud de la Nación y de la Administración Nacional de Medicamentos y Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) tampoco han sido cuestionados por el actor. Precisamente, este déficit procesal pone de manifiesto que efectivamente, le asiste razón a la Fiscalía de Estado cuando advierte la falta de legitimación pasiva para entablar la presente acción contra el Estado provincial.
Protección de la vivienda, afectación del inmueble (civil)
Materia: CIVIL
Carátula: A,, N. B. y otro c/ G., R. y otro s/ Ejecución de sentencia. Legajo de copias Art. 252 inc. 2°
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-08-01

La exención del impuesto a la transmisión gratuita de bienes (art. 40) se condiciona a que no resulte desafectado dentro de los cinco años de operada la transmisión por causa de muerte, lo que indica que la afectación perdura después de fallecer el instituyente.

También involucra la idea de amparo posterior a dicho evento la protección de la ley de reducir los honorarios profesionales en los juicios de transmisión hereditaria. Y, sumado a ello, dentro del articulado de la Ley Nº 14.394 existen normas sobre indivisiones hereditarias que señalan una orientación legal acorde a la idea de no partición inmediata del bien de familia.
Ejecución de sentencia, recurso de apelación (procesal), Cámara Federal de la Seguridad Social, competencia
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: SALATINO, AROLDO c/ A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-25

La C.F.S.S. es competencia para entender en los recursos de apelación contra decisiones de los jueces laborales en los procesos de ejecución de sentencias previsionales (cfr. Sala II, sent. del 29.10.93, "Guimelli, Dante"), criterio que debe mantenerse cuando está en discusión la validez de una decisión dictada antes de la sanción de la ley de solidaridad previsional (24.463).
Emancipación por habilitación de edad, consentimiento del menor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SILVA DE DIAZ NILDA c/ JOSE GUBAIRA Y/O RESP. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1994-09-23

No puede librarse por sí solo el padre de un menor de los deberes que implica la patria potestad, puesto que el consentimineto del menor debe concurrir al acto de emancipacion por habilitación de edad, como una manera de impedir que los progenitores resignen sus funciones, habilitando al hijo.-
Concursos, actualización monetaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Concelebre S.A. s/ Quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-09-21

En el caso de liquidación parcial de bienes, el síndico carece de derecho a incluir en el proyecto de distribución el monto actualizado de los honorarios regulados sobre el activo realizado, ello porque tal proceder alteraría -elípticamente- los topes legales máximos, con la grave colisión de intereses que se produce entre los del síndico y los de la masa, permitiéndose que un solo acreedor, por obra y gracia de la actualización de su crédito, frustre las legítimas expectativas de cobro de los restantes acreedores.
Leyes, constitucionalidad, Municipalidad
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: SALVIA, FRANCISCO VICTOR Y OTROS c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     INCIDENTE DE SUSPENSION DE MEDIDA ADMINISTRATIVA      CSJ EXPTE NRO 208-89
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-10-30

Las objeciones a la constitucionalidad de la ley 9996, hechas por la demandada con fundamento en la autonomía municipal, deberán ser detenidamente analizadas en su oportunidad por este Tribunal, pero no tienen el grado de evidencia que autorice a los entes públicos municipales o comunales a desconocerlas por actos de propia voluntad.
Sanciones conminatorias, astreintes
Materia: LABORAL
Carátula: Rodríguez, Martín Ceferino c/ 100 Millas S.R.L. y/o quien resulte responsable. s/ Haberes adeudados. Despido. Indmenización agravada ley 23551.  Certificaciones.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-02-04

Las multas conminatorias pueden ser acrecentadas, disminuidas o dejadas sin efecto por el Juez, atento su carácter y condición de provisorias, ya que no pasan en autoridad de cosa juzgada. Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde que la resolución que las impuso adquirió ejecutoriedad, y el consecuente incumplimiento de la demandada, así como el escaso monto de la multa, corresponde modificarla y elevarla a la suma de $ 20 por día.
Daños y perjuicios, responsabilidad por omisión
Materia: CIVIL
Carátula: SORIANO, Pedro Rodolofo. c/ BANK BOSTON N.A. s/ DÑOS Y PERJUICIOS. SORIANO, Pedro Rodolofo. c/ BANK BOSTON N.A. s/ DÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-10-03|2012-10-03

Para que una conducta omisiva genere responsabilidad civil debe estar causalmente ligada con el resultado final, de modo que pueda afirmarse que la abstención ha actuado como factor eficiente de su consumación (López Cabana Roberto, "Responsabilidad Civil del Estado derivada del ejercicio del Poder de Policía", en Temas de Responsabilidad Civil, ECA, 1.995, p. 216). Goldenberg ha sostenido precisamente que 'desde el punto de vista de la relación de causalidad, ese no hacer viene a ser una condición apta o adecuada para que el desmedro se produzca.

Prueba de lo expuesto es que de haberse observado el comportamiento positivo que las circunstancias exigían se podría haber interrumpido el proceso causal, evitándose el desenlace dañoso (Goldenberg Isidoro H. "La relación de causalidad en la responsabilidad civil', Astrea, 1.984, p. 212)" (cfr.:CSJT, sentencia Nº 248 del 18/04/1996 in re: "Campbell Hugo Roberto y otra vs. Provincia de Tucumán y otra s/ daños y perjuicios").

A su vez, en un sistema de responsabilidad basado en la denominada "teoría de la causalidad adecuada", como lo es el que consagran las disposiciones del Código Civil (cfr. arts. 901, 906 y concordantes), de entre los distintos factores que concurren a la producción del evento dañoso, únicamente pueden considerarse causa adecuada o eficiente aquellos que sean aptos por sí mismos para producir ese resultado según el curso ordinario de las cosas.

Las restantes circunstancias, en la medida que no son idóneos "per se" para ocasionar el resultado final, aún cuando puedan en cierta forma coadyuvar a su producción o incluso agravarlo, son meras condiciones que carecen de toda virtualidad liberatoria para el sindicado como responsable (cfr: CSJT, sentencia Nº 487 del 30/6/2010). DRES.: ESTOFAN (CON SU VOTO) - GANDUR (CON SU VOTO) - POSSE.
Tasa de justicia, costas, costas en el orden causado
Materia: PROCESAL
Carátula: PERFILIO, SILVIA c/ ALIMAR S.A. s/ COBRO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-07-06

La tasa de justicia, por su naturaleza, constituye un gasto común de las partes - ya que todas acceden, utilizan y se benefician con la intervención judicial -, y, como es sabido, configura un efecto de la declaración de costas en el orden causado el que cada litigante pague las suyas y la mitad de las comunes.
Defensa del consumidor, acción judicial, aplicación de la ley, acciones de clase, sociedad colectiva
Materia: COMERCIAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Consumidores Financieros Asoc. Civil para su defensa y otros c/ Grupo Clarin SA y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-12

1 - Respecto de los presupuestos de la acción colectiva cabe recordar que, como lo ha sostenido nuestra Corte Suprema en reiteradas ocasiones, existen tres categorías de derechos jurídicamente tutelados: (i) los individuales, (ii) los de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos y, (iii) los de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos (CSJN, in re "Halabi, Ernesto c/ PEN ley 25873 - dto. 1563/04 s/ amparo ley 16986", del 24/02/09; ídem "PADEC c/ Swiss Medical SA s/ nulidad de cláusulas contractuales", del 21/08/13; entre otros, CNCom, Sala D, in re "Asociación Protección Mercado del Sur -Proconsumer- c/ Garbarino SAIC s/ ordinario", del 08/11/13; conf. Dates, Luis Sánchez Cortina, Federico, "La Corte Suprema y las acciones de clase", publ. en diario La Ley del 24/10/13). 2 - Esta última categoría de derechos se encuentra admitida en la CN 43, 2° párr. e incluye, entre otros, los derechos personales o patrimoniales derivados de afectaciones al ambiente y a la competencia, los derechos de los usuarios y consumidores y los derechos de sujetos discriminados. Y como es fácilmente asequible, en estos casos puede no haber un bien colectivo involucrado, ya que se afectan derechos individuales enteramente divisibles (CSJN, "PADEC c/ Swiss Medical SA s/ nulidad de cláusulas contractuales", consid. 9°).
Personalidad jurídica de la sociedad, legítima
Materia: CIVIL
Carátula: Barbalarga María Fernanda s/ Accion de Simulacion y/o Fraude- Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-04-09

Corresponde la aplicación del art. 54, tercer párrafo, de la ley 19.550, y declarar la inoponibilidad de la personería jurídica de una sociedad constituida por el causante y los herederos demandados, cuyo único aporte consistió en un inmueble de propiedad del de cujus, pues no obstante no haber resultado ficticia ni su objeto ilícito, la forma societaria perjudica la legítima que pertenece a la actora en su carácter de heredera forzosa, quien en caso de recibir acciones en lugar de los bienes materiales que componen el patrimonio de la sociedad, no podrá efectivamente usar y gozar de su legítima en su valor real -art. 3598 del Código Civil-, por lo que el bien en cuestión debe ingresar al acervo hereditario.
Competencia federal, competencia por la materia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Ernesto Sapir S.A. c/ Edenor S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-07-06

Tratándose de servicios públicos privatizados, cuando la pretensión versa sobre la regularidad de la prestación del servicio público por parte de la locadora, ventilándose cuestiones en las que pudieran encontrarse vinculados derechos, obligaciones o prerrogativas inherentes a la explotación de aquél o a la interpretación de las normas federales que lo rigen, la competencia debe desplazarse hacia la justicia federal.
Recurso de inconstitucionalidad, derivación razonada del derecho vigente, cuota alimentaria, actuación por derecho propio
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: G. DE L., C. A. c/ L., J. A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2011-08-16

Corresponde declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto y anular la sentencia impugnada, desde que dejar firme el pronunciamiento que mandó a practicar nueva planilla que comprenda en forma proporcional las cuotas alimentarias adeudadas solamente a la actora, implica aceptar un decisorio que amparándose en argumentos formales termina desconociendo, en definitiva y sin sustento suficiente, el gravamen que le provoca a la recurrente negarle en el caso legitimación para reclamar por derecho propio los alimentos atrasados como reembolso de lo que debió afrontar de su propio patrimonio para atender en su momento las necesidades de la enor.
Prescripción, plazo, cómputo del plazo, honorarios del abogado, regulación de honorarios
Materia: COMERCIAL
Carátula: TABOADA, ROBERTO c/ BUSCH, ADOLFO s/ LIQ. SOC. (ORD.).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-08

El plazo de prescripción aplicable a los honorarios del abogado es el previsto por el cciv 4032, 1., y se computará desde que quede firme la sentencia, no obstando a ello la circunstancia de que en la misma se haya especificado que serían regulados una vez fijado el valor patrimonial del litigio, pues en tal caso incumbe al interesado en la regulación urgir los trámites tendientes a tal determinación.
Filiación, daño material
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: CORONEL MORALES GRACIELA ERMELINDA c/ DIAZ CARLOS ALFREDO s/ FILIACION DE LA MENOR LEYSA CECILIA CORONEL MORALES Y DAÑOS Y  PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-07-10

En un juicio de filiación el daño material está mas cerca del régimen alimentario que de la responsabilidad civil. Los gastos de mantenimiento permiten demandar alimentos, pero no se configura en si mismo un daño, si no están debidamente acreditados como perjuicio.
Acto administrativo de alcance general, eficacia del acto administrativo, notificación del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SEGOVIA, RODOLFO JORGE c/ M.C.B.A. s/ AMPARO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-17

El decreto municipal de creación de un cuerpo de cobradores fiscales, llamando a los interesados a inscribirse como candidatos a desempeÑar tal función, no tiene contenido normativo y sólo interesa a una pluralidad de sujetos determinada. No se trata, de una disposición para la comunidad por lo que su falta de publicación en el Boletín Oficial no afecta ni a su validez ni a sus efectos, pudiendo comunicarse directamente a los distintos agentes o emplearse las formalidades de publicidad que se estimen oportunas.
Ejecución hipotecaria, mutuo, vivienda única, derecho de propiedad
Materia: PROCESAL
Carátula: Raffo, Alfredo José y otros c/ Praderio, Narciso Ricardo y otra s/ ejecución hipotecario s/ incidente (de liquidación de deuda y determinación del plan de pago)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-03-08

En el marco del procedimiento que contempla el art. 584 ter del CPCC, y frente a una capacidad de pago de los deudores que implicaría el pago en el término de cien años, surge con evidencia el sinsentido de la continuación del proceso, del empleo del procedimiento en el caso y de la obligación impuesta al juez de determinar un modo de pago. En virtud de ello, la obligación impuesta al juez de establecer un mecanismo de cancelación cuando es evidente que no puede tener lugar en el mundo real, es una manda inconstitucional, porque vulnera el derecho de propiedad de los acreedores y ata al magistrado a tomar una decisión injusta.
Culpabilidad, inimputabilidad, comprensión de la criminalidad del acto, ebriedad, uso indebido de estupefacientes
Materia: PENAL
Carátula: S., C. Y OT. s/ Robo calificado con armas reiterado (Expte Nº 69-99, Resolución Nº  77, Tomo 6, Folio 228)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-10-28

La sola circunstancia de haberse ingerido bebidas alcohólicas antes de un hecho no nos coloca necesariamente frente a un dato con relevancia como para excluir todo reproche de culpabilidad.

Técnicamente puede señalarse que para que una alcoholización -o el consumo de otra droga- pueda aspirar a lograr efectos exclusorios de la posibilidad de efectuar reproches a los autores de un hecho, ha de haber tenido consecuencias bloqueantes de la capacidad de los aludidos de comprender la criminalidad de lo que hacían y/o de dirigir sus acciones, ya que la presencia de estos componentes psíquicos al momento del hecho, son exigencias establecidas por el artículo 34 de nuestro Código Penal. Queda entonces en claro que aunque generalmente cualquier consumo de alcohol u otra droga tiene efectos perturbadores sobre la conciencia y así sobre las capacidades de comprensión y dirección antes aludidas, ello no deriva necesariamente en una pérdida de la capacidad de culpabilidad.
Quiebra, prescripción, concursos, concurso preventivo, verificación de créditos, verificación tardía
Materia: CIVIL
Carátula: PIRQUE S.R.L. s/ CONCURSO PREVENTIVO ACREEDOR: BAGLEY S.A. s/ INCIDENTE DE VERIFICACION TARDIA s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2004-08-02

Para el caso de verificación tardía en la quiebra la ley 24522, previó en el artículo 223 que los acreedores que intentan insinuar sus créditos después de haberse presentado el proyecto de distribución final, sólo tienen derecho a participar de los dividendos de las futuras distribuciones complementarias, en la proporción que corresponda al crédito total no percibido.

Tanto este artículo como el analizado - art. 56, ley 24522 - se refieren fundamentalmente a uno de los aspectos que acarrea el problema de la presentación fuera de los términos legales: la medida en que el tardío puede cobrar, pero quedan otros aspectos huérfanos de tratamiento y de allí los inconvenientes en la práctica.

La verificación tardía es un modo atípico de incorporación de pasivo y privilegiado, del cual disponen los "dormidos" para ingresar en la nómina de acreedores sin la incómoda vigilancia de sus pares y de la sindicatura y por ello este instituto debe utilizarse con absoluto recelo, pues de ninguna manera puede ser entendido como una posibilidad de menoscabar el derecho de los acreedores presentados en término, y bajo ese prisma debe resolverse el presente conflicto.
Régimen de consolidación de deudas, sanciones conminatorias, astreintes, presupuesto nacional
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: LEIVA, Francisco R. y OTROS c/ E.N. s/ EMPLEO PUBLICO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-08-19

En autos Parrilla , del 10 de agosto de 1994, la C.S.J.N. -al discutirse la causa de la obligación de pagar astreintes impuestas a la demandada en los términos de la ley 23.982- señaló que la causa de las obligaciones la constituyen los hechos o actos que de modo directo e inmediato les hubiesen dado origen. Por lo que el incumplimiento que había llevado al actor a iniciar el juicio no se relaciona sino de modo indirecto con la obligación de pagar las astreintes, las que tenían su causa directa en la falta de cumplimiento en la obligación de hacer impuesta a la demandada.

Cuando la causa de la obligación impuesta a la demandada nace con posterioridad al 1 de abril de 1991 resulta de aplicación insoslayable el art.22 de la ley 23.982, en cuyo mérito el acreedor sólo se encuentra habilitado para ejecutar su crédito a partir de la clausura del período de sesiones ordinarias del Congreso del año en que debe ser tratada la ley de presupuesto que lo contenga.
Denegatoria del recurso, insuficiencia del agravio, ejecución fiscal, embargo, pequeños contribuyentes
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA  c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en gcba contra suarez, juan pablo sobre ejecución fiscal - abl - pequeños contribuyentes
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-30

La queja dirigida en último término a cuestionar el rechazo del embargo a través del sistema SOJ, solicitado por el GCBA en el marco de un juicio ejecutivo, debe ser rechazada. Ello debido a que carece de fundamentación suficiente que permita demostrar la existencia de un agravio que por sus efectos, sea de imposible reparación ulterior y asimilable a una cuestión definitiva. (Del voto en disidencia de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Consejo de la Magistratura, juicio político, tribunal de enjuiciamiento
Materia: PROCESAL
Carátula: Bravo,  Alfredo  Pedro  (diputado  nacional) c/ integrantes de la Cámara Nacional Electoral
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-17

La valoración que realiza el Consejo de la Magistratura con relación a las conductas descriptas por el denunciante, tienen carácter político y -en tanto órgano de dicha naturaleza- posee discrecionalidad relativa, limitada por la prudencia y la responsabilidad en el análisis que debe dar lugar a un dictamen fundado, para definir -sin inmiscuirse en la función jurisdiccional- si existe el estado de sospecha que permita poner en marcha el procedimiento del juicio político, concretando la acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento (Voto de la mayoría, al que no adhirieron los Dres. Julio D. Petra Fernández y José Alejandro Mosquera).
Sentencia, principio de congruencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Río de la Plata S.A. c/ Barzizza Carlos Enrique y Otra s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-05-02

El decisorio que dispone que los intereses se liquiden desde una fecha anterior a la pedida, se aparta del principio de congruencia normado en el art. 163 inc. 6º del C.P.C.B. y reiterado por el art.

272 del mismo cuerpo legal, que exige la existencia de una perfecta correspondencia entre lo peticionado al promover la acción y lo que la sentencia resuelva.
Acción contencioso administrativa, trámites judiciales, Administración Pública, sentencia, ejecución de sentencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CABALLERO MARTIN, CARLOS Y OTROS c/ PROVINCIA    DE   SANTA  FE  -DECRETO  PODER  EJECUTIVO  N.  4018/90- s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ILEGITIMIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-12-27

En el recurso de ilegitimidad el procedimiento es en cierto modo, de instrucción en el que la Administración no es parte y se limita a "suministrar informes" y "formular observaciones y reparos" (artículo 57, Ley 4106), en su caso, "probar" (artículo 59), "informar en la vista de causa" (artículo 60). Los efectos del fallo estimatorio se limitan a la mera declaración de la nulidad y, en relación a los motivos aducidos en el recurso, alcanza a todos los destinatarios del acto, si por la índole de aquéllos resulta común a todos los efectos del fallo.
Medidas cautelares, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Total Austral S.A. -Sucursal Argentina c/ Dirección Provincial de Puertos de la Provincia de T.D.F. s/ acción mere declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-09-24

Es de la esencia de los institutos procesales de orden excepcional - medidas cautelares - enfocar sus proyecciones, en tanto dure el litigio, sobre el fondo mismo de la controversia, ya sea para impedir un acto o para llevarlo a cabo, porque dichas medidas precautorias se encuentran enderezadas a evitar la producción de situaciones que podrían tornarse de muy dificultosa o imposible reparación en la oportunidad del dictado de la sentencia definitiva (Disidencia de los jueces Maqueda y Rosatti).