Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-10-16


SENTENCIA DEFINITIVA NRO. 74515 . SALA V. AUTOS: "GONZÁ-LEZ, RAFAEL ENRIQUE C/ COAFI S.A. Y OTRO S/ ACCIDENTE-ACCIÓN CIVIL" (JUZGADO Nº 75).

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, a los 16 días del mes de OCTUBRE de 2012 se reúnen los señores jueces de la Sala V, para dictar la sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente; y EL DOCTOR OSCAR ZAS dijo:

I.- La sentencia de primera instancia (fs. 651/667) ha sido apelada por la parte actora y las codemandadas a tenor de los memoriales que lucen anejados a fs. 671/679 vta., fs. 683/685 vta. y fs. 690/694. El accionante y ambas demandadas contestaron agravios (fs. 696/697 vta., fs. 698/699, fs. 702/706 y fs. 710/716 vta.). A su vez, el Dr. Javier Ezequiel Indij, por derecho propio, se queja porque considera reducidos los honorarios regulados a su favor (v. fs. 695).

II.- El actor se queja por el grado de incapacidad fijado en el decisorio de grado. Afirma que no hay motivos para apartarse del peritaje médico que determinó la incapacidad en el 21% de la t.o. Sostiene que el magistrado de grado omitió tomar en cuenta la existencia de incapacidad psíquica. Manifiesta que la incapacidad que ostenta tiene como única causa los esfuerzos realizados al cumplir las tareas de bobinador para la empresa Coafi S.A. desde el 16 de julio de 1982 por lo que solicita se desestime la supuesta concausalidad aludida por el señor juez de grado. Cuestiona el quantum indemnizatorio y señala que se omitió condenar por el daño psicológico, los gastos médicos efectuados, el daño emergente y los tratamientos futuros.

Se agravia la demandada ART Interacción S.A. porque, a su entender, no puede ser condenada con sustento en el art. 1074 del Código Civil. Manifiesta que no está probado que hubiera incumplido las obligaciones que le impone la LRT y normas complementarias. Crítica el monto de condena y sostiene que sólo debe responder en los términos de la ley 24.557. Finalmente, apela los honorarios regulados a la representación letrada de la parte actora y a los peritos intervinientes por entenderlos elevados.

Por su parte, la codemandada Coafi S.A. afirma que se efectuó un incorrecto encuadre jurídico en el decisorio de grado. Sostiene que no se le imputó y tampoco se probó un factor de atribución de responsabilidad. Crítica, además, que se hubiera tenido por probado el accidente denunciado con el testimonio brindado por Medina. Cuestiona el porcentaje de incapacidad estimado por el sentenciante y la cuantía de los rubros diferidos a condena. Afirma que el magistrado de grado valoró en forma errónea el peritaje médico pues de él surge que el cuadro que ostenta el actor tiene origen en factores predisponentes. Crítica el salario tenido en cuenta por el sentenciante toda vez que, según sostiene, difiere con el denunciado al celebrar un acuerdo ante el SECLO como así también que se hubiera declarado la inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557. III.- El actor denunció en el escrito de inicio que sufrió un accidente de trabajo con fecha 14 de agosto de 2006 mientras se encontraba realizando sus tareas habituales manejando la máquina bobinadora "al bajar el hilo de la misma con el brazo izquierdo, sentí un fuerte tirón en el hombro que me quitó la fuerza y me ocasionó dolores muy fuertes en el mismo" (v. fs. 13). Agregó que dicho accidente no fue producto de un hecho aislado "sino más bien el resultado de una sumatoria de eventos (realizar la misma mecánica laboral con el brazo izquierdo por más de veinte años) que han venido acaeciendo durante toda la relación de trabajo, encontrando su causa en el propio trabajo realizado por el actor" (v. fs. 14). Concluyó que como consecuencia del trabajo ha sufrido una notoria impotencia funcional, parecia (sic) y pérdida de fuerza en miembro superior izquierdo con dolor intenso localizado en el hombro homolateral (v. fs. 14 vta.).

El perito médico designado de oficio, explicó que de la historia clínica del accionante y de la resonancia magnética de hombro izquierdo efectuada el 11/12/06 se desprende que "el actor presentó tendinosis de los tendones que componen el manguito rotador, desgarro del tendón del supra espinoso, discretos cambios escleróticos sobre la superficie del troquiter, vinculables a fricción subacromial crónica". Agregó que de acuerdo al parte quirúrgico con fecha 23/1/07 se le efectuó una artroscopia terapéutica con colocación de arpones en hombro izquierdo. Concluyó el experto que: "Al examen médico se encuentra una discreta hipotrofia muscular del hombro izquierdo con asimetría comparada con el otro miembro superior, cicatriz quirúrgica, disminución de la movilidad del hombro con discreta pérdida de fuerza. Radiológicamente se observa la presencia de arpón quirúrgico". Aclaró que el síndrome de fricción subacromial crónica tiene causas diversas como las degenerativas o mecánicas "por movimientos repetitivos e intensos que producen micro traumatismos a repetición, efectuados en determinadas posiciones con el miembro superior". Concluyó en este sentido que si se demuestra que la máquina que utilizaba el Sr. González en su trabajo requería el uso permanente y sistemático del brazo izquierdo especialmente en elevación y teniendo en cuenta la larga relación laboral, "esta actividad actuó en forma concausal con el cuadro descripto y en este caso el actor no puede volver a efectuar nuevamente ese tipo de actividades". Estimó la incapacidad por la secuela de hombro izquierdo en el 13 % de la t.o. (v. dictamen, fs. 565/572).

Con respecto a la afección psíquica, el perito sostuvo que el actor presenta un cuadro depresivo leve "relacionado con el accidente de autos" que le produce una incapacidad del 8% de la t.o.

Dicho dictamen se sustentó en el psicodiagnóstico efectuado por la psicóloga Marta Dora Luján quien concluyó que el accionante ".Se siente invadido por sentimientos de desvitalización en la medida que su imagen corporal se ve averiada para la realización de sus sustento, siendo este un individuo que ha utilizado sus capacidades intelectuales para actuar con propósitos prácticos, manuales y simples y esto ha sido constante en la relación de el y su entorno. Desde su estructura psíquica denota un aumento en su sintomatología depresiva con sentimientos de derrumbe que se apoyan en la temática insistente de no tener sostén ni seguridad para su vejez" (v. psicodiagnóstico, fs. 562/564).

Dichas consideraciones médicas se exhiben fehacientemente fundadas en sólidas bases técnicas y científicas, por lo que en mi criterio cabe concederles plena eficacia convictiva, más allá de las impugnaciones vertidas a fs. 574/575, fs. 577/vta., fs. 580/582 en tanto las mismas trasuntan meras disconformidades con el resultado del dictamen, sin aportar datos de orden científico que permitan apreciar imprecisiones o equívocos por parte del profesional en el arte de curar designado en autos, a lo que se agrega la solvencia expositiva del galeno y las explicaciones brindadas a fs. 589/590 en donde aclaró que un trabajador manual con una limitación importante en un hombro tiene más temor por el futuro que una persona con indemnidad de sus articulaciones (cfr. art. 477 C.P.C.C.N.).

Considero, al igual que el sentenciante, que se encuentran acreditadas las ta-reas de esfuerzo y repetición que debía realizar el actor para el cumplimiento de sus tareas en la máquina bobinadora así como que sufrió un tirón en el hombro izquierdo al cumplir con su débito contractual.

Así, el testigo Medina (fs. 623/624) -quien dijo ser compañero de trabajo del actor y que trabajaban ambos en el mismo turno- declaró que González era bobinador y que para realizar el trabajo se utiliza todo el cuerpo, "las manos para agarrar la bovina, pasaba el carrito y pasaba las bovinas en forma manual, requiriendo esfuerzo físico". Explicó que a mediados de 2.006 el actor realizó un esfuerzo con el brazo y sintió un tirón. Dijo que sabe ello porque era colaborador del actor y era quien le tenía el carrito. Explicó que "el actor cuando sintió el tirón estaba trabajando en la máquina uno, la más chica, cada uno tenía una máquina a cargo.que no se dictaban curso de capacitación, la enseñanza iba de uno hacia otro".

El testigo Melo (fs. 625/627) también afirmó que el accionante era bobinador y manifestó que trabajaban juntos en el mismo sector. Otorgo a estos testimonios valor probatorio porque tuvieron un conocimiento directo de los hechos sobre los cuales deponen y fueron compañeros de trabajo del reclamante sin que obste a esta conclusión que tuvieran juicio pendiente con la deman-dada en tanto no hay prueba alguna que los controvierta ni que revele que hubieran mentido (cfr. arts. 90 y 155, L.O.; 386, C.P.C.C.N.).	En concreto, considero que está probado que las afecciones que padece el accionante se originaron por el esfuerzo desplegado para cumplir con su tarea de bobinador a lo largo de 25 años así como por el hecho súbito que sufrió en el año 2.006 sin que corresponda, a mi juicio, disminuir el porcentaje de incapacidad asignado por el perito médico en el 21% de la to.

Ello así porque en el caso es claro que de no haber realizado las tareas reseña-das el actor no sería portador de las secuelas físicas y psíquicas que lo aquejan y que fueron descriptas por el experto médico, ello sin perjuicio de que contara con más de 50 años de edad.

Repárese que el perito médico se limitó a decir que una de las causas de la enfermedad pueden ser degenerativas pero no dijo que esa fuera la situación del Sr. González en tanto, como dije, está probado que realizó tareas de esfuerzo a largo de su vinculación laboral. En consecuencia, concluyo que existe una relación causal entre las afecciones que padece González y las tareas cumplidas, que le produce al actor una incapacidad parcial y permanente del 21% de la total obrera en tanto debe considerarse una conse-cuencia mediata previsible (conf. arts. 901, 902, 904, 909 y conc. C. Civil.).

Dicha temática fue motivo de estudio y al respecto creo conveniente exponer las siguientes conclusiones a las que arribé con el Dr. Moisés Meik:

"La mayoría de la doctrina coincide en que en la responsabilidad por riesgo creado, la medida o extensión del resarcimiento están determinados por la relación de causalidad adecuada entre el riesgo o vicio de la cosa y el daño".

"Sobre tal base, la responsabilidad alcanzará a las mismas consecuencias res-pecto de las cuales el deber de reparar en cualquier tipo de hecho ilícito (delito o cuasidelito): las inmediatas y las mediatas previsibles (arts. 901, 903 y 904 C.C.)".

"Las consecuencias inmediatas son las que acostumbran suceder según el curso natural y ordinario de las cosas".

"Respecto del problema de la predisposición orgánica, cabe recordar las pala-bras de Orgaz:" "Con mucha frecuencia el daño experimentado por la víctima en su capacidad de trabajo, no proviene exclusivamente de la lesión corporal que ha sufrido por la acción antijurídica, sino por la concurrencia de "predisposiciones orgánicas" que se revelan en esa oportunidad: por ejemplo, la lesión, por sí misma no grave, adquiere esta importancia a causa de una tuberculosis ósea que padecía el lesionado y que estaba latente; o de una diabetes conocida o no por la víctima; o de factores hereditarios o congénitos; etc.".

"Estas cuestiones se relacionan con el problema del nexo causal y, en general, debe decirse que las predisposiciones del sujeto no excluyen la responsabilidad del agente: nunca el acto ilícito produce por sí solo ningún daño y siempre es necesaria la concurrencia de otros factores, entre los cuales se encuentran, como es lógico, las condiciones personales de la víctima (su edad, su fortaleza física, sus condiciones orgánicas y de salud, etc.); las "predisposiciones" son, igualmente, una de estas condicio-nes ordinarias que no excluyen la relación de causalidad, ya que todos los individuos están predispuestos, necesariamente, a uno u otro tipo de enfermedades, de acuerdo con su constitución, las tendencias hereditarias, los hábitos adquiridos, etc; la predisposición constituye sólo una condición que facilita el resultado emergente del acto ilícito, pero que no lo excluye".

"Las consecuencias que resultan de la interposición de un acontecimiento distinto entre el hecho generador y el resultado -consecuencias mediatas-, se imputan al autor cuando han sido previstas o eran previsibles "empleando la debida atención y conocimiento de la cosa", de acuerdo con las relaciones causales que suelen acontecer en situaciones similares (arts. 901 y 904, C.C.)".

"De la fórmula empleada por el artículo 904 del Código Civil, se desprende que para la atribución de los efectos al autor del hecho es suficiente la previsibilidad abstracta de tales consecuencias, las haya o no previsto realmente. No se investiga la aptitud intelectiva o de comprensión de un sujeto dado, sino que se confronta el acto con la conducta genérica, jurídicamente exigible según la previsibilidad de un hombre común, que actúa con la prudencia y solicitud que las circunstancias exijan. Es el curso regular de las cosas o su curso natural y ordinario lo que prevalece, y no la previsibilidad subjetiva del daño mismo".

"En consecuencia, hay conexión causal entre un acto y un resultado, cuando ese acto ha contribuido de hecho a producir un resultado -es decir, ha sido una de las condiciones "sine qua non" de él- y, además debía normalmente producirlo, conforme al orden natural y ordinario de las cosas (cfr. art. 901 C.C.)".

"El hecho, interpuesto entre el hecho principal y la consecuencia, es dentro de la teoría de la causalidad adecuada, un hecho que el autor debió prever, "empleando la debida atención y conocimiento de las cosas".

"Sin embargo, el proceso de determinación de la relación de causalidad ade-cuada y la consiguiente imputación de consecuencias no se agota en el criterio de previsibilidad objetiva".

"La previsibilidad subjetiva también es relevante y extiende la trama causal de las consecuencias cuando concurre una especial aptitud del sujeto. El artículo 902 dispone al respecto:" "Cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos".

"En esa inteligencia, ha señalado la jurisprudencia:" "El empleador, cuya obligación principal, la de satisfacer la prestación remuneratoria, tiene sustancia eminentemente patrimonial, es, dentro del plexo de poderes y deberes mutuos que la ley distribuye entre partes, deudor de seguridad (art. 75, L.C.T.),.genérica imputación de un deber de obrar con especial prudencia y previsión (calificante, según los arts. 902 y 909 C.C., de un grado de previsibilidad superior al del hombre medio). La remisión de la parte final del artículo especifica, en lo que aquí interesa, el aspecto de la observancia de las "disposiciones reglamentarias pertinentes sobre higiene y seguridad del trabajo".

"Las normas del decreto 351/79, reglamentario de la ley 19.587, lo obligan a ejercer una supervisión del estado de salud del trabajador, a través del examen médico preocupacional y los exámenes periódicos, de frecuencia anual o, en algunos casos, menor".

"De donde "ministerio legis", la predisposición orgánica del trabajador a contraer determinadas enfermedades, es siempre un hecho previsible para el empleador, pues la ley es la que define cuál es, en concreto, "el debido cuidado y conocimiento de la cosa" que debe emplear (art. 902, C.C.)".

"En el ámbito contractual, ello señala, también, la condición especial del agen-te-empleador, que se tendrá en cuenta para estimar su grado de responsabilidad (art. 909 C.C.)".

"En este proceso, el hecho imputado al empleador (por una norma) es el haber sometido al actor a la acción de una cosa riesgosa, que lo dañó, de la que era guardián jurídico. El hecho diferente con el que se conecta, es la especial predisposición orgánica del trabajador a contraer determinadas enfermedades, susceptibles de ser provocadas por la exposición al riesgo específico de que dicha cosa es portadora. Que el trabajador presente esta predisposición es, para el empleador, no una concausa (hecho que altera el curso de la relación causal), sino un hecho previsible, ya que la ley le asignó al respecto una carga de conocimiento (D. 351/79) y otra de poner los medios idóneos para su evitación (art. 75, L.C.T.). La incapacidad del actor es una consecuencia mediata que, en razón de la carga de previsibilidad señalada, recae enteramente en el ámbito de respon-sabilidad del empleador, conforme al artículo 904 del Código Civil. Sin que ello implique aplicar (antes bien excluyendo), la teoría de la indiferencia de la concausa que es ciertamente extraña al sistema diseñado por el codificador".

"En el mismo sentido se pronuncia Goldenberg, al sostener que es menester computar la previsibilidad de las circunstancias concausales; por lo tanto, si ellas eran conocidas o cognoscibles para el autor del daño, éste habrá de soportar la agravación sobreviviente por efecto del obrar de aquéllas, aunque se aparten del curso natural y ordinario de las cosas".

"En esa inteligencia, no cabe considerar a la predisposición orgánica como un supuesto de caso fortuito o de fuerza mayor, pues, precisamente, caso fortuito es el que no ha podido preverse, o que previsto no ha podido evitarse (art. 514, C.C.)".

"Como señala acertadamente Brebbia, en la responsabilidad objetiva la exención de responsabilidad sólo se produce cuando se demuestra la ruptura del vínculo causal entre el daño y la actividad riesgosa. Es decir, cuando ha mediado caso fortuito o fuerza mayor extraña a la actividad o cosa riesgosa; culpa exclusiva de la víctima o de un tercero por el que no se debe responder".

"Como ya fue señalado, las características de imprevisibilidad y ajenidad, propias del caso fortuito, no se dan en el supuesto de predisposición orgánica del trabajador a contraer enfermedades, ya que estamos en presencia de un hecho perfecta-mente previsible para el empleador, a quien la ley le asignó una carga de conocimiento a través de los exámenes médicos preocupacionales y periódicos y otra de poner los medios idóneos para su evitación".

"En síntesis, la predisposición orgánica del trabajador para contraer enferme-dades no desplaza ni interrumpe el nexo de causalidad entre el riesgo de la cosa y el daño, debiendo el empleador resarcirlo íntegramente, por tratarse de consecuencias mediatas previsibles (cfr. arts. 901, 902 y 904, C.C.)" (ver "Los infortunios laborales y las acciones de derecho común" Moisés Meik y Oscar Zas, pub. ERREPAR- DEL-T.V. pag.277/297).

Ahora bien, en el caso no está probado que la empleadora le hubiera efectuado al actor un examen preocupacional por lo que considero que debe elevarse el porcentaje de incapacidad asignado en el decisorio de grado al 21% de la t.o. ya que se encuentra acreditada la relación de causalidad adecuada entre el trabajo desempeñado por el Sr. González a órdenes de Coafi S.A. y la enfermedad que ostenta.

En estas condiciones, demostrada como está la participación de una cosa vi-ciosa o riesgosa propiedad de la empleadora (máquina bobinadora) resulta de aplicación al caso lo dispuesto en el art. 1113 del Código Civil.

Al respecto, se ha considerado que no hay cosa peligrosa en función de su naturaleza sino de las circunstancias y que el damnificado no está obligado a comprobar el carácter peligroso de la cosa que lo ha dañado. Por el contrario, le basta establecer la relación de causalidad entre la cosa y el daño. El riesgo de la cosa se establece por el daño ocurrido por la sola intervención causal de ella, sin que medie autoría humana (J. LLambías, Tratado de Derecho Civil. Obligaciones, T. IV, pág. 627).

En este sentido, reiteradamente el Máximo Tribunal ha sostenido que no corresponde imponer al actor la carga de probar la configuración del riesgo de la cosa dañosa sino que, de conformidad con lo dispuesto en la norma mencionada, basta con que el afectado demuestre el daño causado y el contacto con la cosa riesgosa, quedando a cargo de la demandada, como dueña o guardián de ella, acreditar la culpa de la víctima o de un tercero por quien no deba responder (entre otros, Fallos: 307:1735; causa S. 86. XX "Soto, Carlos Angel c/ Monibe S.A." del 15 de abril de 1986).

En el caso, tal como se dijo precedentemente, el daño fue causado por la modalidad implementada por la empleadora para el cumplimiento de tareas de bobinador.

A lo expuesto se suma que el art. 512 del Código Civil establece con claridad meridiana: "La culpa del deudor en el cumplimiento de su obligación consiste en la omisión de aquellas diligencias que exigiere la naturaleza de la obligación, y que correspondiesen a las circunstancias de las personas, de tiempo y lugar", y el art. 902 del mismo cuerpo legal dispone: "Cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos".

Conforme este último artículo, el empresario tiene un mayor deber de previsión que el común de las personas, ya que está dotado de la posibilidad de adoptar medios técnicos e información que le permiten incrementar ese deber. Estando en juego la vida y la salud de los dependientes, lo que se exige a un buen empresario es la adopción de medidas de seguridad para evitar los riesgos. La consideración de la culpa como una omisión de la diligencia exigible, exhibe como contracara ese débito, la exigencia de que se prevean las circunstancias que pueden poner en peligro los bienes protegidos. Concretamente, el deber de diligencia es un deber de previsión. La previsión relacionada con el hombre, es principalmente un deber de seguridad. La culpa se configura en el diálogo con los mentados deberes de seguridad. Tanto la negligencia, como la imprudencia como la impericia, se refieren, primordialmente, a lo que no se ha hecho en materia de seguridad. Lo importante es establecer que el modelo del buen empresario se configura como el de alguien que cuida a sus empleados adoptando las medidas necesarias para hacerlo. Hay una conducta exigible al empresario que impone adoptar medidas impuestas por la ley, la experiencia, la técnica y la costumbre, necesarias para proteger la vida y la integridad psicofísica y prevenir el riesgo (conf. Lorenzetti, Ricardo Luis, "La responsabilidad por daños y los accidentes de trabajo", Abeledo Perrot, Buenos Aires, pág. 76/8).

Es claro, entonces, que a partir de la normativa aludida la persona jurídica responsable de llevar adelante una actividad comercial, debe brindar una razonable protección acorde al riesgo impuesto a los dependientes que concretan el trabajo, por lo que la conducta omisiva de la codemandada que no brindó cursos de capacitación a los empleados a los fines de adoptar posturas no perjudiciales para la salud para el cumpli-miento de las tareas acentúa aún más el reproche de que es pasible.

En base a lo dicho propicio se confirme lo decidido en origen en cuanto resulta responsable la empleadora Coafi S.A.

IV.- El agravio que remite al estudio constitucional del artículo 39, apartado 1 de la ley 24.557, ha sido objeto de tratamiento y decisión por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Aquino, Isacio c/ Cargo Servicios Industriales S.A. s/ accidente - ley 9688" (sentencia del 21 de septiembre de 2004), donde se estableció que la exención a los empleadores de responsabilidad civil frente a sus trabajadores y a los derechohabientes de éstos que -como regla- establece el artículo 39 antes citado, importa colocar a los trabajadores víctimas de infortunios laborales o de enfermedades profesio-nales en una situación desventajosa en relación con el resto de los ciudadanos, por cuanto la indemnización que la ley especial establece para tales casos solo contempla la pérdida de capacidad de ganancia de aquellos (hasta el tope máximo que el régimen establece), y los excluye de la reparación integral que la ley común prevé; en tales condiciones, debe confirmarse la sentencia en este punto.

V.- Seguidamente trataré los agravios que se proyectan sobre la cuantificación de la reparación integral.

En primer lugar cabe señalar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha descalificado la utilización de fórmula alguna para cuantificar dicha reparación.

En efecto, el Máximo Tribunal ha señalado que: "El valor de la vida humana no resulta apreciable tan sólo sobre la base de criterios exclusivamente materiales, ya que no se trata de medir en términos monetarios la exclusiva capacidad económica de las víctimas, lo que vendría a instaurar una suerte de justicia compensatoria de las indemni-zaciones según el capital de aquéllas o según su capacidad de producir bienes económi-cos con el trabajo, puesto que las manifestaciones del espíritu también integran el valor vital de los hombres" (A. 436. XL; Recurso de hecho: "Arostegui, Pablo Martín c/Omega Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y Pametal Peluso y Compañía SRL", del 8 de abril de 2008). En tal pronunciamiento la Corte Suprema de Justicia de la Nación expuso que: "La incapacidad del trabajador, por un lado, suele producir a éste un serio perjuicio en su vida de relación, lo que repercute en sus relaciones sociales, deportivas, artísticas, etc., y debe ser objeto de reparación, al margen de lo que pueda corresponder por el menoscabo de la actividad productiva y por el daño moral, pues la integridad física en sí misma tiene un valor indemnizable".

El señor juez a quo tomó en cuenta un salario de $ 2.500. Sin embargo, la demandada considera que debe tomarse en consideración el salario denunciado en el acuerdo celebrado ante el SECOSE.

Del detalle efectuado por el perito contador a fs. 507 se desprende que el salario tomado como parámetro en el decisorio de grado resulta ajustado a derecho pues el trabajador percibió ese salario en julio de 2.006 en tanto en junio y agosto cobró una remuneración mayor (cfr. art. 56 L.O.).

No controvierte lo expuesto que en el acuerdo celebrado ante el SECOSE las partes hubieran declarado que la mejor remuneración mensual ascendió a $ 2.021,65 (cfr. documental de fs. 247) pues esa manifestación se encuentra controvertida por la prueba producida en autos (peritaje contable) y, además, se celebró en el marco de la desvincu-lación del actor y como consecuencia del reclamo de las indemnizaciones derivadas del despido.	Con estos parámetros y tomando en consideración la edad del accionante a la fecha del evento dañoso, las secuelas psicofísicas verificadas por la afección física y psíquica (21% t.O.), la perspectiva de ganancia de la que el trabajador se ve privado, así como las diversas circunstancias de índole económico-social, a lo que se agrega la indudable dificultad con que se enfrentará al momento de pretender reinsertarse en el mercado productivo y el impacto que provocará la importante disminución que padece en el seno familiar; estimo que corresponde elevar el monto determinado en origen para resarcir el daño material, los daños emergentes y el lucro cesante a la suma de $ 100.000.

Asimismo, corresponde elevar la suma determinada en concepto de daño mo-ral a $ 20.000. Al respecto, cabe señalar que el daño moral no requiere prueba especial en tanto los jueces gozan de un amplio criterio para su determinación teniendo en cuenta las circunstancias en cada caso concreto.

El actor reclamó en el escrito inicial los gastos que debió afrontar por medicamentos, tratamiento de kinesiología y gastos de traslados, así como los que se continúan produciendo (v. punto IX 5), fs. 20 vta./21 vta.)y, si bien es cierto que no acompañó facturas que demuestren efectivamente las erogaciones efectuadas, se ha sostenido con criterio que comparto que "La reparación del daño material debe incluir los gastos de asistencia médica, curaciones y gastos de farmacia, pues aún teniendo en consideración que el trabajador tuviera obra social tales erogaciones resultan verosímiles, aunque no exista prueba específica sobre el monto y aunque el trabajador haya sido asistido por una obra social, pues todos los tratamientos y medicamentos nunca son gratuitos, aún cuando sobre sus costos se obtengan descuentos" (Sala II, Expte. Nro. 2359/00, sent. 89475 del 21/6/01, "Pellegrini, Rubén c/ Editorial Sarmiento S.A. s/ accidente acción civil"; en igual sentido Sala III, expte. Nro. 16756/05, sent. 89181 del 31/10/07, "Urcola, Sergio c/ Coto CICSA s/ despido").

Al respecto, la Historia Clínica obrante a fs. 331/348 da cuenta de la atención médica recibida por el actor.

De conformidad con tales premisas, teniendo en cuenta los gastos que debió afrontar para su tratamiento, la compra de medicamentos y traslados, estimo que la suma reclamada en el inicio de $ 3.000 para solventar estos gastos resulta adecuada por lo que debe condenarse a la accionada a abonar también este rubro.

Asimismo, el perito médico designado en autos informó que sería conveniente que el actor efectuara una terapia psicológica de una vez por semana por dos o tres meses (v. dictamen médico, fs. 571) en tanto la licenciada en psicológica Marta Dora Lujan estimó el costo de la sesión en $ 120 (fs. 564). En consecuencia, debe adicionarse al monto de condena la suma de $ 1440 en concepto de tratamiento psicológico.

De tener adhesión este voto, el monto de condena deberá elevarse a la suma de $ 124.440 que devengará los intereses dispuestos en origen desde la fecha allí consignada por llegar esta cuestión firme a la alzada (cfr. art. 116 L.O.).

VI-. Resta por analizar la situación de ART Interacción S.A.

Al respecto he de señalar que, reiteradamente he sostenido que el Estado Nacional ha delegado en las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo todo lo relativo al con-trol y sujeción de los empleadores a las normas de higiene y seguridad, imponiéndoles a estos gestores privados del sistema diversas obligaciones de control y supervisión.

Desde esta perspectiva, se genera una ampliación de los sujetos responsables, de modo tal que deja de ser el empleador el único sujeto obligado en materia de prevención de riesgos laborales; por lo cual la omisión o cumplimiento deficiente de aquella función "cuasi-estatal", puede generar la responsabilidad de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo, previa comprobación -claro está- de un nexo de causalidad adecuada con el daño sufrido por el trabajador.

Cabe destacar enfáticamente que uno de los objetivos esenciales de la ley sobre riesgos del trabajo es la reducción de la siniestralidad laboral a través de la prevención de los riesgos laborales (cfr. art. 1º, ap. 2, inc. a), ley 24.557).

En este marco, el sistema impone obligaciones concretas en cabeza de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo.

Así, el art. 4º, ap. 1º, ley 24.557 dispone en la parte pertinente que "...las ART están obligadas a adoptar las medidas legalmente previstas para prevenir eficazmente los riesgos del trabajo A tal fin, y sin perjuicio de otras actuaciones establecidas legalmen-te...deberán asumir compromisos concretos de cumplir con las normas sobre higiene y seguridad en el trabajo...".

Según el art. 31, ap. 1º de la ley citada, las A.R.T.:

"...a)Denunciarán ante la SRT los incumplimientos de sus afiliados de las nor-mas de higiene y seguridad en el trabajo...".

"...c)Promoverán la prevención, informando a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo acerca de los planes y programas exigidos a las empresas...".

Asimismo, los empleadores, en el marco del sistema, tendrán derecho a recibir de parte de las ART "...asesoramiento en materia de prevención de riesgos..." (cfr. art. 31, ap. 2º, a), lo que constituye correlativamente una obligación de dichos entes.

Por su parte, en virtud de lo dispuesto por el art. 18, dec. 170/96, las ART "...deberán brindar asesoramiento y ofrecer asistencia técnica a los empleadores afiliados, en las siguientes materias: a)Determinación de la existencia de riesgos y sus potenciales efectos sobre la salud de los trabajadores en el o los establecimientos del ámbito del contrato; b)Normativa vigente en materia de higiene y seguridad en el trabajo; c)Selección de elementos de protección personal...".

La omisión es causal cuando la acción esperada hubiere probablemente evitado el resultado; en otros términos, la relación causal se establece juzgando la incidencia que el acto debido, de ser realizado, hubiera tenido con respecto al resultado o a su evitación (cfr. Lorenzetti, Ricardo L, "Notas sobre la responsabilidad civil por omisión", Zeus, t. 33-D, p. 55).

Desde el punto de vista de la relación de causalidad, ese no hacer viene a ser una condición apta o adecuada para que el desmedro se produzca. Prueba de lo expuesto es que de haberse observado el comportamiento positivo que las circunstancias exigían se podría haber interrumpido el proceso causal, evitándose el desenlace dañoso (Goldenberg, Isidoro H., "La relación de causalidad en la responsabilidad civil", Astrea, Buenos Aires, 1984, p. 212; López Cabana, Roberto, "Poder de policía y responsabilidad del Estado", en Alterini, Atilio A. - López Cabana, R., "Responsabilidad Civil", Diké, Bogotá, 1995, p. 380).

El tema que nos ocupa está estrechamente vinculado con la dilucidación de la responsabilidad por omisiones del Estado en el ejercicio del poder de policía de actividades privadas.

La peculiaridad del caso es que -como ya fue adelantado "ut-supra"- ese poder de policía -en materia de higiene y seguridad y de prevención de riesgos laborales- es ejercido, por delegación estatal, por una entidad privada con fines de lucro.

Resulta pertinente, por ende, el conocimiento de los criterios imperantes en esa materia.

Así, se ha señalado, con criterio que comparto, que a tenor del art. 902 del C. Civ., cuando un ente especializado y con competencia suficiente toma conocimiento de la actividad de un particular que puede causar daño a terceros y omite tomar las medidas necesarias para evitar tal perjuicio, cuando su actuar le está impuesto objetivamente por la ley que previó tal situación, no puede caber duda alguna sobre la jerarquía causal de la omisión (cfr. Schiavo, Carlos A., "Responsabilidades emergentes de omisiones en el ejercicio de control de las actividades aseguradoras", Rev. Jurídica Argentina del Seguro, La Empresa y la Responsabilidad", año V, nº 17/20, p. 103, cit. por Kemelmajer de Carlucci, Aída, "La responsabilidad del Estado por omisión en la experiencia jurisprudencial", en Bueres, Alberto J. - Kemelmajer de Carlucci, A (directores), "Responsabilidad por daños en el tercer milenio. Homenaje al Profesor Doctor Atilio Anibal Alterini", Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1997, p. 498 y nota 27).

En sentido concordante con estas conclusiones, recientemente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, in re: " Torrillo, Atilio Amadeo y otro c/ Gula Oil Argentina S.A. y otro" (T. 205. XLIV del 31 de marzo de 2.009) ha sostenido que: " ..no existe razón alguna para poner a una ART al margen del régimen de responsabilidad previsto por el Código Civil, por los daños a la persona de un trabajador derivados de un accidente o enfermedad laboral, en el caso en que se demuestren los presupuestos de aquél, que incluyen tanto el acto ilícito y la imputación, cuanto el nexo causal adecuado (excluyente o no) entre dichos daños y la omisión o el cumplimiento deficiente por parte de la primera de sus deberes legales. Tampoco las hay, dada la variedad de estos deberes, para que la aludida exención, satisfechos los mentados presupuestos, encuentre motivo en el solo hecho que las ART no pueden obligar a las empleadoras aseguradas a cumplir determinadas normas de seguridad, ni impedir a éstas que ejecuten sus trabajos por no alcanzar ciertas condiciones de resguardo al no estar facultadas para sancionar ni para clausurar establecimientos. Esta postura, sin rebozos, conduciría a una exención general y permanente, por cuanto se funda en limitaciones no menos generales y permanentes. Asimismo, pasa por alto dos circunstancias. Por un lado, al hacer hincapié en lo que no les está permitido a las ART, soslaya aquello a lo que están obligadas: no se trata, para las aseguradoras, de sancionar incumplimientos o de imponer cumplimientos, sino de algo que antecede a ello, esto es, prevenir los incumplimientos como medio para que éstos, y los riesgos que le son anejos, puedan evitarse. Por el otro, olvida que no es propio de las ART permanecer indiferentes a dichos incumplimientos, puesto que la ya citada obligación de denunciar resulta una de sus funciones preventivas". En el caso, los testigos que declararon en autos dieron cuenta de que no recibieron capacitación alguna acerca del modo en que debía manejarse la máquina bobinadora y no hay constancia que demuestre que la ART hubiera verificado esa situación ni hubiera recomendado al empleador adoptar las medidas necesarias para que el trabajo de bobinador se efectuara en forma segura. Tampoco hay prueba alguna que demuestre que la ART hubiera efectuado visitas periódicas al establecimiento y menos aún que hubiera denunciado los incumplimientos por parte de Coafi S.A. a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. En estas condiciones, no tengo dudas que los incumplimientos por parte de la aseguradora sobre los deberes legales a su cargo guardan nexo de causalidad adecuada con la afección que padece González (cfr. arts. 901, 902, 904, 1.074 y ccds., C. Civ.).

El art. 901, C. Civ. establece:

"Las consecuencias de un hecho que acostumbre suceder, según el curso natu-ral y ordinario de las cosas, se llaman en este Código `consecuencias inmediatas´. Las consecuencias que resultan solamente de la conexión de un hecho con un acontecimiento distinto, se llaman `consecuencias mediatas´. Las consecuencias mediatas que no pueden preverse se llaman `consecuencias causales'." El art. 902, C. Civ. dispone:

"Cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos".

A su vez, el art. 904, C. Civ. reza:

"Las consecuencias mediatas son también imputables al autor del hecho, cuando las hubiere previsto, y cuando empleando la debida atención y conocimiento de la cosa, haya podido preverlas".

Las consecuencias mediatas suscitan un mayor interés en este caso, porque son las que provienen de la vinculación del hecho del sujeto con otro acontecimiento. Este último, interpuesto entre el acontecimiento principal y la consecuencia, impone la responsabilidad, dentro de la teoría de la causalidad adecuada, si su autor debió preverlo, empleando la debida atención y conocimiento de las cosas (art. 904). Pero el juicio de la probabilidad de las consecuencias en abstracto debe llevarse a cabo teniendo en cuenta que el sujeto, por sus conocimientos, sus aptitudes o su actividad, poseía mayor idoneidad de previsión que un hombre medio.

Por ello, propongo confirmar lo decidido en origen en este aspecto.

VII.- No obstante la modificación propuesta, corresponde mantener la imposi-ción de costas dispuesta en origen a cargo de las demandadas vencidas en forma solidaria en virtud de lo dispuesto por el art. 68 CPCCN.

En cambio, corresponde dejar sin efecto los honorarios regulados en la instan-cia de grado y adecuarlos al nuevo resultado del litigio (cfr. Art. 279 CPCCN), devinien-do abstracto el tratamiento de los recursos y agravios vertidos al respecto.

Teniendo en cuenta la naturaleza, alcance, tiempo, calidad y resultado de la tarea realizada, y el valor económico del litigio, corresponde regular a la representación y patrocinio letrado de la parte actora, de la codemandada Coafi S.A, de la codemandada Aseguradora de Riesgos del Trabajo Interacción S.A. y de los peritos médico y contador, por su actuación en primera instancia, en el 16%, 13%, 13%, 6% y 5%, respectivamente, porcentuales a calcularse sobre el capital de condena más intereses (cfr. art. 38 L.O., 6, 7, 9, 19, 37 y 39 de la ley 21.839; arts. 3 inc. b) y g) y 12 dcto-ley 16.638/57).

VIII.- En atención al resultado obtenido en esta instancia, cabe declarar las costas de alzada a cargo de las demandadas en forma solidaria (conf. art. 68, C.P.C.C.N.).

A su vez, corresponde regular los honorarios de los letrados firmantes de los escritos de fs. 671/679 vta.-702/706-710/716 vta.; fs. 683/685 vta.-696/697 vta. y fs. 690/694-698/699, por su actuación en la alzada, en el 25% a cada uno de ellos de lo que en definitiva les corresponda percibir por la labor desarrollada en primera instancia (cfr. Art. 14 ley 21.839).

LA DOCTORA MARIA C. GARCÍA MARGALEJO dijo:

En lo que respecta a la vinculación entre la enfermedad y las tareas, adhiero al voto del Dr. Zas en la medida en que allí se señala que no está acreditado fehacientemen-te que en este caso concreto las dolencias tengan un origen degenerativo, ni se ha probado la realización de examen preocupacional. En lo que hace al art. 39 L.R.T. adhiero al primer voto de conformidad con la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia en el caso "Aquino, Isacio".

Pasando al tema de la responsabilidad de la aseguradora de riesgos del trabajo y sin perjuicio de mi opinión personal al respecto, considero que es insoslayable tomar en cuenta la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia en el caso "Torrillo, Atilio Amadeo y otro c/ Gulf Oil Argentina S.A." (sentencia del 31-3-2009), donde la mayoría de los miembros del Alto Tribunal estableció que no existe razón alguna para poner a una ART al margen del régimen de responsabilidad previsto por el Código Civil, por los daños a la persona del trabajador derivados de un accidente o enfermedad laboral, en el caso en que se demuestren los presupuestos de aquel, que incluyen tanto el acto ilícito y la imputación, cuanto el nexo causal adecuado (excluyente o no) entre dichos daños y la omisión o el incumplimiento deficiente por parte de la primera de sus deberes legales (considerando 8º); previamente dicho fallo había dejado constancia de las obligaciones impuestas por la ley 23.557 a las A.R.T. que incluyen adoptar las medidas necesarias para prevenir eficazmente los riesgos (art. 4.1), incorporar en los contratos un plan de mejoramiento de las condiciones de higiene y seguridad (art. 4.2) así como controlar la ejecución de dicho plan y denunciar todo incumplimiento (y de las normas de higiene y seguridad) a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (art. 4.4) entre otros deberes -considerando 5º voto de la mayoría-.

Puesto que, en forma reiterada he indicado que como principio general corresponde acatar las doctrinas emanadas del Máximo Tribunal, y dado que en este caso en base a ello se torna procedente la responsabilidad -en los términos de la ley civil- de la ART, habré de sumarme a la propuesta del distinguido colega preopinante, en atención asimismo a lo que señala sobre la omisión de capacitación relativa al manejo de la máquina bobinadora, falta de recomendaciones al respecto de la A.R.T., falta de prueba de visitas periódicas y de la obligación de denunciar ante la S.R.T. los incumplimientos de Coafi S.A.

En todo lo demás, por análogos fundamentos a los que lucen en el voto que antecede, a ello adhiero.

En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL RESUELVE: 1) Modificar la sentencia de grado y elevar el monto de condena a la suma de PESOS CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA ($ 124.440) que devengará los intereses dispuestos en origen desde la fecha allí consigna-da; 2) Mantener la imposición de costas dispuesta en primera instancia a cargo de las codemandadas en forma solidaria; 3) Dejar sin efecto los honorarios regulados en primera instancia; 4) Regular a la representación y patrocinio letrado de la parte actora, de la codemandada Coafi S.A, de la codemandada Aseguradora de Riesgos del Trabajo Interacción S.A. y de los peritos médico y contador, por su actuación en primera instancia, en el 16%, 13%, 13%, 6% y 5%, respectivamente, porcentuales a calcularse sobre el capital de condena más intereses; 5) Costas y honorarios de alzada conforme lo propuesto en el apartado VIII del primer voto de este acuerdo; 6) Reg., not. y dev. Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mí, que doy fe. Se deja constancia que el Sr. Juez Enrique Néstor Arias Gibert no vota en virtud de lo dispuesto por el art. 125 de la ley 18.345.

MLF Oscar Zas María C. García Margalejo Juez de Cámara Juez de Cámara