Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1912-10-10


Fallo de la Cámara de Apelaciones de lo Criminal y Correccional Buenos Aires, septiembre 5 de 1912.

Y Vistos: Considerando: Que según resulta de la exposición de antecedentes formulada en el escrito que precede, el letrado recurrente invoca los fueros que derivan de su condición de legislador de la provincia de Buenos Aires a efecto de sostener la improcedencia de la corrección disciplinaria de arresto impuesta por este tribunal en uso de facultades que le confiere la ley a efecto de asegurar el respeto y la consideración que se le debe, en el ejercicio de su función institucional.

Que es indudable que un privilegio de esa índole no puede ser invocado fuera del territorio en que rige la constitución de que dimana, cuyo alcance es exclusivamente local, y cuyas disposiciones carecen por consiguiente de imperio, más allá de los límites de aquél.

Que si bien el artículo 5º de la Constitución Nacional dispone que el gobierno federal garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones, bajo los requisitos a que alude tal garantía debe entenderse en el sentido de asegurarlas dentro de su propio territorio por los resortes legales a su alcance, pero en manera algunas como el reconocimiento implícito de un principio que acuerde a sus leyes constitucionales efectos de extraterritorialidad llegando, como sucedería en el caso de autos, hasta establecer primacía de sus privilegios sobre los que son inherentes a las autoridades del territorio en que se intenta hacerlos valer, ya que las facultades acordadas a los tribunales de justicia de toda jurisdicción y jerarquía, para imponer correcciones disciplinarias, son, en definitiva, privilegios necesarios para tutelar su existencia y su prestigio.

Que el reconocimiento del privilegio que reivindica el peticionante, no puede, por otra parte, desprenderse por analogía del principio que lo establece para los legisladores nacionales, desde que se trata de materia que por definición, es de interpretación y de aplicación restrictivas.

Que finalmente, y en todo caso, la solución del punto controvertido en la forma indicada en los considerandos precedentes, se ajusta a las tendencias modernas que se inclinan sólo a reconocer privilegios de esta naturaleza en el caso de que la orden de arresto pudiera comprometer los principios que constituyen la causa generadora de los mismos, pues no es siquiera presumible que la medida que motiva esta resolución, impuesta a un legislador de la provincia de Buenos Aires que litiga ante los tribunales de esta capital y que se somete por ello a su jurisdicción, obedezca al propósito de trabar, o puede trabar, las amplias y libres deliberaciones del parlamento de que forma parte.

Por ello y no siendo obstáculo legal para el fallo de la incidencia el tiempo transcurrido desde que se dictó la providencia de fojas 196 vta., dado que el carácter de privilegio de que se hace mérito, autoriza su invocación en cualquier momento en que se pueda afectar el derecho a la libertad que protege, se declara que el doctor Manuel Gazcón (hijo), carece de la inmunidad que invoca, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22, inciso 3 del Código de Procedimientos en lo Criminal, se concede el recurso de apelación debiendo elevarse los autos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la forma de estilo. - Castillo. - Frías. - Seeber. - Casares.

Buenos Aires, octubre 10 de 1912.

Y Vistos: El doctor Manuel Gazcón (hijo), ha interpuesto para ante esta corte y le ha sido concedido por la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de capital, el recurso extraordinario previsto en el artículo 22, inciso 2, del Código de Procedimientos en lo Criminal, que corresponde al artículo 14 de la ley número 48 y 6 de la ley número 4055, alegando lo siguiente:

"Debe dejarse sin efecto la orden de arresto, por cuanto desempeñando las funciones de senador en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, gozo del privilegio de inmunidad de arresto en todo el territorio de la Nación; este privilegio emana: de la forma representativa republicana federal de gobierno adoptada por la Constitución Nacional, artículo 1º: de la existencia necesaria de la legislatura provincial (artículo 105): de la facultad de Buenos Aires para dictar su propia constitución (artículo 106): del artículo 93 de la Constitución de Buenos Aires: de la garantía que el artículo 5º de la Constitución Nacional ofrece a la provincia en el ejercicio y goce de sus instituciones constitucionales; y en los principios fundamentales del derecho parlamentario".

En su memorial ante esta corte, agrega, únicamente, para fundar la declaración de inconstitucionalidad que persigue, lo resuelto por ella en la causa que se registra en el tomo 103 de sus fallos, reconociendo la constitucionalidad del artículo 9º de la ley electoral número 4578.

Y Considerando: Que la corrección disciplinaria, arresto de cuarenta y ocho horas, ha sido impuesta en la capital de la república, por aplicación del artículo 107 de la ley orgánica del Poder Judicial, según el cual: las cámaras podrán reprimir con apercibimiento y pena de multa que no exceda de ochenta pesos o arresto de veinte días, las faltas contra su autoridad y decoro, ya sea en las audiencias o escritos.

No se trata pues, de determinar, en el caso, si la inmunidad parlamentaria local o la exención de arresto conferida por una Constitución Provincial a los miembros de su legislatura, puede ser invocada ante la justicia federal o en un proceso criminal, sino, si esa inmunidad puede ser alegada ante otra judicatura local o sea la de la capital y en un procedimiento por menosprecio o falta de respeto a sus tribunales.

El doctor Manuel Gazcón (hijo), senador en la provincia de Buenos Aires, ejerce según expresa, el cargo de defensor de un reo ante la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la capital de la Nación y en el desempeño de esa tarea presenta un escrito que el tribunal considera depresivo de su autoridad y le impone la corrección de cuarenta y ocho horas de arresto.

Si el doctor Gazcón merecía o no la corrección impuesta, es punto ajeno al recurso extraordinario interpuesto y librado a la apreciación exclusiva de la Cámara de Apelaciones.

Ese recurso extraordinario cuyas condiciones legales se desconocen en el escrito de fojas 3 y de las que una corte no debe apartarse para mantener su jurisdicción sin invadir la de otro poder, ha sido tomado de la sección 25 de la ley americana Judiciary act, de 24 de septiembre de 1789 (Revised Statutes, Sección 709), y se propone asegurar la supremacía de la Constitución Nacional, tratados y leyes del Congreso establecida en el artículo 31 de la Carta fundamental, de tal manera, que no procede a falta de desconocimiento de esa supremacía y de su discusión en el pleito. Con arreglo a ello, el punto que esta corte está llamada a resolver por haber sido ahora planteado y decidido en el pleito, es si la Constitución Nacional ampara, como se pretende, ante los tribunales de la capital, la inmunidad de arresto que confiere a los miembros de su legislatura el artículo 93 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, en una falta contra la autoridad y decoro de aquéllos.

Y desde luego debe observarse que "los principios fundamentales del derecho parlamentario" a que el senador doctor Gazcón se acoge para eludir su responsabilidad, no responden a sus pretensiones.

A su privilegio o inmunidad de arresto, el tribunal opone otro privilegio, el de arrestar por menos precio, autorizado en su ley orgánica respecto de los que intervienen en los juicios, como medio de asegurar la consideración y el decoro correspondiente a su investidura, pues sin esa facultad no sería posible, en muchos casos, el cumplimiento de su alto ministerio.

La facultad de corregir con multas o prisión las faltas de respeto contra los tribunales está consignada expresamente en nuestras leyes (ley número 48, artículo 19; ley número 1893, artículos 75 y 107; ley número 4055, artículos 11 y 23, y otras), y la doctrina por el órgano de sus más acreditados intérpretes, ha podido agregar que esa facultad es inherente a los tribunales de justicia porque sin ella quedarían privados de autoridad (Blackstone, comm. IV, ch. 20, párrafo 280, 285 y 286; Story párrafo 1774; 128 U.S. 289; 158 U.S. 564).

Tan necesarias se han considerado esas facultades disciplinarias para el regular funcionamiento de las cortes de justicia que, en países considerados como modelo de instituciones libres, no han sido trabadas en su ejercicio por el privilegio parlamentario de exención de arresto.

En los tiempos más recientes, dice Erskine May, los miembros del parlamento constituidos en prisión por los tribunales de justicia, por menos precio (contempt), no han conseguido su liberación invocando su privilegio (Trad. de Delpech de 1909, pág. 127). Y después de exponer los diversos casos de los siguientes miembros de la cámara de los comunes, Mr. Walesley 1831, Mr. Charton 1837, Mr. Walley 1874, Mr. Gray 1882, Mr. Mac Hugh 1902, condensan la doctrina haciendo constar que el parlamento no ha afirmado su privilegio en los casos en que el menosprecio contra la corte revestía carácter "quasi" criminal, a la inversa de aquéllos en que el acto era de naturaleza puramente civil, como sucedería en el de resistencia al pago de una deuda (I, pág. 130).

La razón la había dado el presidente de la corte de cancillería, Lord Brougham, cuando refiriéndose al caso del diputado Mr. Welesley constituido por él en prisión, observaba que no había violación de los privilegios del parlamento cuando un miembro de éste había violado los de la corte, que era de tan alta jerarquía e indisputada jurisdicción como la alta corte del parlamento mismo (May, A. Trextive on the law v of parliament, 6º ed. pág. 145).

Ese privilegio de exención de arresto ha perdido así, ante el mismo parlamento a que debe su existencia, la confianza que inspiraba como garantía de su regular funcionamiento, particularmente en los casos de menosprecio contra los jueces, debido sin duda, entre otras causas, a que los hechos han demostrado que no son las cortes de justicia ni sus facultades disciplinarias las que pueden obstaculizar el funcionamiento libre y regular del Poder Legislativo.

Sometiéndose a la jurisdicción de un tribunal, ya sea para hacer valer sus derechos propios, ya para ejercer su profesión de abogado, el litigante o defensor se someten a las reglas que gobiernan el funcionamiento de aquél y que son la garantía de la justicia misma que está encargado de administrar.

Tal es el derecho parlamentario. La inmunidad de arresto del legislador cede ante las facultades disciplinarias del tribunal porque en ello está interesada la administración de la justicia (Cushing, Práctica parlamentaria americana I, párrafo 564; Williams R. Anson, The law customs of the constitution, 2º ed. Pte. Ia página 143; Kent, Commentaries I, página 236, ed. 14º).

Respecto a las disposiciones constitucionales invocadas por el apelante, debe observarse que el Honorable Congreso, al sancionar o adoptar como legislatura local de la capital las leyes de procedimiento que rigen en ella, ha podido conferir facultades a sus tribunales para imponer correcciones disciplinarias como ha hecho en lo federal (incs. 27 y 28, art. 67 y art. 94 y sig., Const. Nac.).

Esas facultades no se encuentran restringidas por la circunstancia de que los litigantes o abogados gocen de inmunidades para estar en juicio (art. 19, ley 48; arts. 11 y 23, ley 4055; art. 53, Cód. de Procs. de la Capital y arts. 57 y 107 de la ley orgánica citada).

La doctrina que informa el art. 9º de la ley 4578, aun aceptada ampliamente, tanto en lo que se refiere a los jueces llamados a aplicarla como a la clase de funcionarios y de delitos para cuya represión sea necesario que se levanten previamente las inmunidades en él mencionadas, no es aplicable en el caso que ha dado origen al presente recurso.

Con efecto, el privilegio acordado a los miembros de los cuerpos legislativos no se extiende al arresto impuesto por desacato a los tribunales de justicia, como se ha demostrado anteriormente, porque si es esencial para la independencia y funcionamiento del Poder Legislativo la exención aludida en general, lo es también, que el Poder Judicial sea respetado por todos, pues por motivos análogos goza de inmunidades y perdería su dignidad y autoridad imposibilitándose para llenar su misión si los legisladores pudieran desacatarlo, sin corrección inmediata, en las audiencias o escritos que presenten ante él, o sea, en actos ajenos a su mandato de tales.

En el conflicto aludido es natural que prevalezca el privilegio o las atribuciones del poder dentro de cuya jurisdicción se llevan a cabo los actos agresivos, desde que cada provincia se gobierna por sus propias instituciones y los arts. 5º, 105 y 106 de la Constitución no han establecido preeminencias al respecto.

Esa solución se impone con mayor motivo si es una autoridad nacional la desacatada, carácter que inviste la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, desde que debe su origen a una ley del Congreso, cuya constitucionalidad no se impugna, y las autoridades de provincia están obligadas a conformarse a ella, no obstante cualquier disposición en contrario que contengan las leyes o constituciones provinciales (art. 31, Constitución Nacional).

Por otra parte, de los términos de los arts. 60 y 61 de la Constitución Nacional y sus correlativos 93 y 94 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, se infiere que ellos han tenido en vista la privación de la libertad de los legisladores con motivo de juicios criminales en los que el arresto o la prisión sea en realidad susceptible de impedirles el ejercicio del cargo, toda vez que hablan de sumario, querella, acusación.

Las correcciones disciplinarias o castigos por desacato no importan el ejercicio de jurisdicción criminal propiamente dicha, ni del poder ordinario de imponer penas (fallos, tomo 19, página 231), como quiera que consisten en prevenciones, apercibimientos, multas y sólo por excepción, en detenciones.

Y, si el miembro de las asambleas legislativas que ejerce ante los tribunales su profesión de abogado no estuviera sujeto al igual de los otros abogados a la superintendencia de los tribunales, ni las primeras podrían autorizarlos a abogar, ni los segundos se lo permitirían, porque, de lo contrario, se quebrantaría la regla fundamental de procedimiento que requiere la igualdad de condiciones en los litigantes, sus apoderados y defensores (art. 16, Constitución Nacional).

Finalmente, el doctor Gazcón (hijo) apoya su tesis en el fallo pronunciado por esta corte en 20 de marzo de 1906 en la causa seguida por don Juan Vitón contra don Marcelino Ugarte, por violación de la ley electoral, sobre inconstitucionalidad del artículo 9º de la ley número 4578.

En esa resolución, que puede leerse en la página 439 del tomo 103 de los fallos de esta corte, se decidió que el artículo 9º de la ley citada no era contrario a la Constitución Nacional en cuanto requería el previo desafuero, cuando el juicio recayera sobre funcionarios que por aquella constitución o las de provincia gozaran de inmunidades para estar en juicio.

La decisión se fundó en que el Congreso de la Nación no está obligado a conferir a los jueces federales toda la jurisdicción que ellos deben ejercer en general, con arreglo al art. 100 de la Constitución Nacional, como se había resuelto en el fallo del tomo 99, pág. 414 y precedentes allí invocados; agregando que con más indiscutible autoridad había podido el mismo Congreso subordinar la jurisdicción de dichos jueces a formalidades que constituían una limitación de menor alcance y trascendencia para el fuero federal.

Las consideraciones del señor procurador general que se transcriben por el apelante y que se aceptaron en cuanto fueron concordantes con las anteriores, así como las del fallo del tomo 9, pág. 537, carecen de aplicación al sub judice, al que no se extiende la excepción del artículo 9º de esa ley, ni se referían tampoco a la represión de las faltas contra el decoro de un tribunal.

Por estos fundamentos y concordantes de la resolución apelada, se la confirma en la parte que ha sido materia del recurso. Notifíquese con el original, devuélvanse y repónganse los sellos, ante el inferior. - A. Bermejo. - Nicanor G. Del Solar. - M. P. Daract. - D. E. Palacio.