Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-02-10


TS06I 32008 19-02-10 SALA VI EXPTE. Nº 15.687/09 JUZGADO Nº 47 AUTOS:"HARASYMON MAURICIO ALEJANDRO C/ INC S.A. Y OTRO S/ACCIDENTE - LEY ESPECIAL" Buenos Aires, 10 de FEBRERO de 2010.

LA DOCTORA BEATRIZ I. FONTANA DIJO:

Contra la resolución de primera instancia de fs. 81/82 por la cual se hizo lugar a la excepción de prescripción opuesta por la demandada INC S.A., viene en apelación la parte actora a tenor del memorial obrante a fs. 85/94, el cual ha merecido la réplica de la demandada Liberty ART S.A. de fs. 98/99	Oportunamente, las presentes actuaciones han sido remitidas al Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones, emitiendo dictamen la Sra. Fiscal General Adjunta, el que obra en autos a fs. 104/vta.

El Sr. Juez "a quo", en consideración a la fecha de egreso del actor (29/12/2005), y la fecha de interposición de la presente demanda (20/05/2009), entendió ampliamente vencido el plazo bianual desde el cese previsto por el artículo 44 de la Ley de Riesgos del Trabajo; sin que los efectos suspensivos del reclamo ante el Seclo -inicio el 27/03/2007) -seis meses- conforme los términos del acuerdo plenario nro. 312, cambien la suerte del reclamo.

En este sentido, la recurrente afirma que lo decidido le causa agravio por entender, concretamente y en lo que interesa, que la presentación del reclamo ante el Servicio de Conciliación, en tanto reclamación ante la autoridad administrativa, produjo la interrupción del curso de la prescripción (conf. Art. 257 de la Ley de Contrato de Trabajo).

Analizadas las constancias de autos, adelanto que en mi opinión el recurso debe ser atendido.

He tenido oportunidad de pronunciarme sobre este tema, al emitir mi voto en los autos "Sallent, Adrián c/ Banco Itaú Buen Ayre S.A. s/ despido", S.D. Nº 61516 del Registro de esta Sala del 26/08/2009; donde sostuve que la presentación del reclamo ante el Servicio de Conciliación, en tanto reclamación ante la autoridad administrativa, produce la interrupción del curso de la prescripción (conf. Art. 257 de la Ley de Contrato de Trabajo).

Tal como lo sostuve entonces advierto que la llamada "prescripción liberatoria", que es la que da sustento al conflicto sometido a examen, tiene lugar "por el solo silencio o inacción del acreedor, por el tiempo designado por la ley" y su consecuencia es que el deudor queda libre de toda obligación (conf. art. 4017 C. Civil).

El curso de la prescripción que está pendiente desde el nacimiento de la acción respectiva, puede verse alterado por dos fenómenos diversos entre sí: la suspensión y la interrupción de la prescripción.

Enseña Llambías que la suspensión consiste en la detención del tiempo útil para prescribir por causas concomitantes o sobrevinientes al nacimiento de la acción en curso de prescripción. Mientras actúa la causa que opera la suspensión, el lapso que transcurre es inútil para prescribir, pero en cuanto dicha causa cesa de obrar, el curso de la prescripción se reanuda, sumándose al periodo transcurrido con anterioridad a la suspensión (conf. art. 3983 C.Civil).

Por el contrario, la interrupción inutiliza el lapso transcurrido hasta ese momento. Consiguientemente, acaecido un hecho interruptivo de la prescripción, se requerirá el transcurso de un nuevo periodo completo sin poderse acumular el periodo anterior (conf. art. 3998 C.Civil).

Las causas legales que dan lugar a la suspensión de la prescripción según el Derecho Civil, están relacionadas con la existencia del matrimonio (art. 3969 C.Civ.); con el heredero que aceptó la herencia con beneficio de inventario, respecto del crédito que tenga contra la sucesión (art. 3972 C.Civ.); con la existencia de tutela y curatela, respecto de reclamos entre tutores y curadores y sus pupilos y curados (art. 3973 C.Civ.); además de lo previsto en los arts. 3982 bis y 3986 segundo párrafo del C.Civil.

Por el contrario, las causas que dan lugar a la interrupción de la prescripción son: a) la demanda instaurada por el acreedor contra el deudor (conf. art. 3986 C.Civ.); b) el reconocimiento de la obligación hecho por el deudor (conf. art. 3989 C.Civ.); y c) el compromiso arbitral celebrado por las partes (conf. art. 3988 C. Civ.).

Es decir que la suspensión tiene como fundamento que el acreedor no puede desplegar la actividad necesaria para mantener vivo su derecho, y que el impedimento que padece ha sido considerado justificado por el legislador. Mientras que la interrupción es consecuencia directa de la actividad de las partes, cuya conducta pone de relieve la subsistencia del vínculo que las une.

Por ello, se advierte una diferencia entre las situaciones suspensivas producto de una inactividad justificada del acreedor, y los actos interruptivos, que son consecuencia directa de la actividad desplegada por las partes.

La redacción del art. 3986 modificado por Ley 17.711 no deja lugar a dudas respecto del efecto interruptivo que cabe otorgar a la demanda judicial. Pero la doctrina y la jurisprudencia se han preguntado qué debe entenderse por "demanda" a los fines interruptivos de la prescripción.

En ese sentido, Borda analiza el efecto adjudicado por la jurisprudencia a las "gestiones administrativas" y destaca la existencia de tres tendencias: quienes niegan terminantemente a dichas gestiones el efecto interruptivo; quienes admiten el efecto interruptivo de la prescripción solamente cuando dichas gestiones tienen el carácter de instancia previa y necesaria para interponer la demanda; y quienes admiten lisa y llanamente el efecto interruptivo de las gestiones administrativas, sean o no instancia previa ineludible (Tratado de Derecho Civil, Obligaciones T. II, Sexta Edición, Editorial Perrot, pag. 40/41).

Entre estos últimos, menciona Borda la doctrina establecida por el Fallo Plenario N° 52 de esta Cámara de Apelaciones del Trabajo, que por el voto unánime de sus miembros dispuso que "La reclamación administrativa interrumpe la prescripción de las acciones judiciales por cobro de salarios".

El entonces Procurador General Dr. Sureda Graells al dictaminar en dicho plenario, destacó como una de las finalidades perseguidas por el derecho del trabajo la solución de conflictos, tanto colectivos como individuales, mediante avenimientos o procedimientos conciliatorios, y señaló que un organismo administrativo como el Ministerio de Trabajo se encuentra legalmente habilitado para efectivizar dicha finalidad.

Por esa especificidad propia de nuestra materia, afirmó entonces que el término demanda del art. 3986 C.Civil "debe ser interpretado en sentido gramatical, en cuanto representa solicitud, petición, súplica y no con la estrictez que se desprende de su acepción procesal, circunscripta a la actividad específicamente judicial, vale decir toda ejecución de un acto que sin lugar a dudas trasunte un deseo de voluntad de ejercitar un derecho que la inacción y el transcurso del tiempo pueda hacerlo perder, extinguiéndolo".	En ese orden de ideas, sostuvo el Dr. Sureda Graells que "la presentación del trabajador ante el Ministerio de Trabajo, por sí o por intermedio de un asesor gremial, en procura del reconocimiento de un derecho del que fuere titular, . tiene todas las características de una demanda, en cuanto esta pueda significar actividad, diligencia puesta en movimiento, para evitar que el transcurso del tiempo pueda extinguir el derecho que asiste al titular".

Los Dres. Miguez y Videla Morón destacaron que es la ley la que otorga competencias al Ministerio de Trabajo para intervenir en instancias conciliatorias, y por ello consideraron que las actuaciones o reclamaciones realizadas ante esa autoridad administrativa en materia de derecho laboral producen efecto interruptivo de la prescripción, por tratarse de instancia conciliatoria determinada por la ley, y en caso de negársele ese efecto se destruiría la razón de ser de la misma.

El Dr. Allocatti por su parte comenzó señalando que las normas del C.Civil sobre el punto (arts.3984, 3985 y 3986 anteriores a la reforma de la Ley 17.711), habían tratado la interrupción de la prescripción teniendo en cuenta esencialmente la prescripción adquisitiva, y remite a un fallo del Dr. Argañaras como miembro de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires en el cuál sostuvo que "Esto no excluye . que nuestra jurisprudencia haya aplicado a la prescripción liberatoria lo que en el art.3986 se dispone para la adquisitiva, admitiendo por extensión que la demanda en justicia sirve también como acto interruptivo de las acciones personales.. Pero lo expuesto viene a demostrar que si la demanda en justicia viene a ser útil para la extinción de la prescripción extintiva, no tendría para ésta el carácter limitativo que para la prescripción adquisitiva le asigna el art.3986 C.Civil, .por lo que este texto legal no podría oponerse eficazmente para excluir otros actos que, sin ser una demanda, deben aceptarse como actos equivalentes, interruptivos de la prescripción liberatoria en cuanto revelan la formal intención del acreedor de mantener activo su derecho, procurando con ello que la prescripción no se cumpla (conf. art.4017 Cód. Civil)".

Por ello, el Dr. Allocatti también se pronunció por el carácter interruptivo de las actuaciones administrativas ante el Ministerio de Trabajo, en tanto demuestran que no ha existido silencio o inacción del trabajador (conf. art.4017 C.Civil).

Esa interpretación amplia es evidentemente la que ha prevalecido en la redacción de la norma contenida en el art.257 LCT, en tanto expresamente reconoce efecto interruptivo de la prescripción a "la reclamación ante la autoridad administrativa del trabajo", si bien limitando dichos efectos al plazo máximo de seis meses, solución que resulta razonable a fin de no generar incertidumbre en las relaciones jurídicas.

Ahora bien, la Ley 24.635 (B.O. 3/5/96) llamada "Ley de instancia obligatoria de conciliación laboral", estableció en su art.1° que "Los reclamos individuales y pluriindividuales que versen sobre conflictos de derecho de la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo, serán dirimidos con carácter obligatorio y previo a la demanda judicial" ante el Servicio Laboral de Conciliación Obligatoria dependiente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, creado por el art. 4° del mismo cuerpo normativo.

El art.7° de la Ley 24.635 en su segundo párrafo estableció que la presentación del reclamo ante ese organismo "suspenderá" el curso de la prescripción por el término que establece el art.257 L.C.T., dando lugar con ello al conflicto planteado por la parte actora en estos actuados.

Por ello, para resolver la cuestión sometida a esta alzada, es necesario establecer si el procedimiento obligatorio regulado por la Ley 24.635 constituye o no un acto interruptivo de la prescripción.

En el orden de ideas esbozado a lo largo del presente, corresponde destacar ante todo que aún cuando el carácter obligatorio de la instancia conciliatoria pueda ser considerado un impedimento temporal del acreedor para iniciar la demanda judicial -lo cuál permitiría considerar justificado el efecto suspensivo que otorga el art.7° Ley 24.635-, lo cierto es que la misma forma en que está estructurado legalmente dicho procedimiento demuestra en mi opinión que el mismo requiere de una actividad del acreedor que revela su voluntad de ejercitar su derecho, impidiendo que el mismo se extinga.	En efecto, el propio Título III de la Ley 24.635 se titula "Demanda de Conciliación", denominación que resulta relevante si tenemos en cuenta que dicho título comienza con el controvertido art.7° que en su primer párrafo regula la formalización del reclamo ante el Servicio de Conciliación.

Los arts.8 a 11 de la Ley 24.635 demuestran otras similitudes con el proceso judicial, en tanto contemplan la asignación por sorteo del conciliador, los casos de excusación y recusación del mismo, y las incompatibilidades que lo limitan en lo que atañe al asesoramiento, representación y/o patrocinio de las partes.

El art.22 de la Ley 24.635 dispone que en caso de arribarse a un acuerdo conciliatorio, el mismo se someterá a la homologación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que la otorgará cuando entienda que el mismo implica una justa composición del derecho y de los intereses de las partes conforme lo previsto por el art.15 L.C.T.

A su vez, el art.26 ley 24.635 considera el acuerdo homologado un título ejecutable por el procedimiento de ejecución de sentencia de la Ley 18.345.

A mayor abundamiento, es importante recordar que el Título IX de la Ley 24.635 prevé la posibilidad de que las partes sometan el diferendo a un arbitraje voluntario, suscribiendo el correspondiente compromiso arbitral, lo que debe ser evaluado de acuerdo con lo dispuesto por el art.3988 C.Civil.

Es decir que estamos en presencia de un reclamo ante la autoridad administrativa, en tanto el Servicio de Conciliación depende directamente del Ministerio de Trabajo, y fundamentalmente teniendo en cuenta que es este último el que otorga las homologaciones de los acuerdos conciliatorios debiendo ceñirse a lo dispuesto por el art.15 LCT.

En ese aspecto, no advierto que existan diferencias sustanciales respecto de "la reclamación ante la autoridad administrativa del trabajo" a la que se refiere el art.257 LCT.

Se ha señalado que este procedimiento es obligatorio y previo a la demanda judicial, mientras que los reclamos a los que alude el art.257 LCT son procedimientos voluntarios.

Pero ese argumento en todo caso debe jugar en mi opinión a favor del efecto interruptivo y no en su contra.

En ese sentido, Borda en el Tratado antes citado ha manifestado respecto de la diversidad de criterios de los tribunales, que "Sería de desear que los tribunales procuraran ordenar y unificar su jurisprudencia, para poner seguridad en materia tan importante como ésta; y sería también deseable que no extremaran su rigorismo al punto injustificable de negar efectos interruptivos a las gestiones administrativas que deben entablarse necesariamente como instancia previa a la demanda judicial; pues en este caso es evidente el propósito de poner en movimiento el aparato judicial, lo que debe bastar".

Es decir que, precisamente por tratarse en este caso de un procedimiento de carácter obligatorio sin el cuál no es posible iniciar la demanda judicial, con mayor razón debe considerarse la presentación de la "demanda de conciliación" como una actividad del acreedor demostrativa de su interés en ejercitar el derecho que le asiste, y por ende conforme art.4017 C.Civil, el efecto de esa presentación debería ser la interrupción del plazo de prescripción.

También resultan aplicables al procedimiento de conciliación obligatoria los argumentos vertidos en el fallo Plenario N° 52 de esta Cámara, a los que me he referido supra. En especial considero que la "demanda de conciliación" que reglamenta el art.7 de la Ley 24.635 debe ser interpretada con el criterio amplio postulado por el Dr. Sureda Graells, y sin olvidar que como lo sostuvo el Dr. Argañaras según cita del Dr. Allocatti, el art.3986 del C.Civil no podría oponerse eficazmente para excluir otros actos que, sin ser una demanda, deben aceptarse como actos equivalentes, interruptivos de la prescripción liberatoria, en cuanto revelan la formal intención del acreedor de mantener activo su derecho, procurando con ello que la prescripción no se cumpla (conf. art.4017 C.Civil).

En ese sentido, Héctor Guisado ("Los efectos del reclamo ante el SECLO sobre el curso de la prescripción" DEL nro. 227, Julio 2004 pág. 619 y sigs) ha sostenido que "resulta llamativo que se atribuya a la formalización del reclamo un efecto suspensivo de la prescripción, cuando el citado artículo 257 asigna a la reclamación administrativa alcances interruptivos, solución esta que -como también hemos expresado en otras ocasiones- resultaría especialmente justificada ante la imposición de una instancia previa y obligatoria como la que estamos examinando, cuyo cumplimiento constituye un requisito de admisibilidad de la demanda" agregando el autor que "en España, donde la instancia conciliatoria previa también reviste carácter obligatorio, la presentación de la solicitud de conciliación interrumpe los plazos de prescripción (art. 65 de la ley de procedimiento laboral)".

Por su parte, Juan C. Fernández Madrid y Carlos A. Etala han sostenido que no cabría distinguir entre el reclamo administrativo que viene impuesto como exigencia previa a la instancia judicial, y el que voluntariamente formula el trabajador (conf. Fernández Madrid, J.C Tratado Práctico de Derecho del Trabajo, Tomo II, 1ª ed., pag. 1361; Etala, C.A. Contrato de Trabajo, Editorial Astrea, 1ª. Ed.).

A lo expuesto, corresponde agregar en el ámbito del Derecho del Trabajo la pauta establecida por el art.9 LCT, ya que existiendo dos normas aplicables al caso -el art.257 LCT y el art.7 Ley 24.635-, en tanto ambas regulan el instituto de la prescripción, por el procedimiento de conglobamiento por instituciones no cabe duda que la más favorable resulta ser la prevista en el art. 257 LCT, y por lo tanto debe estarse al efecto interruptivo reclamado por la parte actora.

Por otra parte, dicha interpretación es la que se adecua a los caracteres propios de la prescripción reconocidos por la doctrina civilista, entre los que se destaca la interpretación restrictiva o estricta, esto es, que en la duda debe estarse por la subsistencia plena del derecho y por el plazo de prescripción más dilatado (conf. Llambias, J.J. Tratado de Derecho Civil, Obligaciones, T. III, pág. 311; Borda, G.A. Tratado de Derecho Civil, Obligaciones, T. II, pág. 11).

Desde el punto de vista de la jerarquía de las leyes, tampoco es posible soslayar en mi opinión que la Ley 24.635 es una ley de forma, y como tal debe adecuarse a las leyes de fondo tal como lo prescribe el art.31 y art. 75 inc. 12 de la Const. Nacional. En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido en referencia a la prescripción que la misma está regida por las leyes nacionales (Código Civil) cuyas disposiciones no pueden ser desconocidas por las normas locales (art.67 inc. 11 de la Constitución Nacional) (Fallos 276:401, sus citas y otros.).

A modo de conclusión y de acuerdo con los fundamentos desarrollados hasta aquí, en mi opinión, siendo el reclamo ante el Servicio de Conciliación Obligatoria un reclamo ante la autoridad administrativa; en tanto el mismo ha sido impuesto por una ley de forma que no puede sino respetar lo dispuesto por las normas de fondo; considerando el concepto amplio de demanda receptado por el art. 257 LCT; siendo que la formalización del reclamo ante el Servicio de Conciliación Obligatoria constituye una actividad del acreedor que revela su interés en ejercer el derecho que le asiste; considerando el carácter restrictivo de la prescripción que implica que ante la duda debe optarse por la subsistencia plena del derecho y por el plazo de prescripción más dilatado; atento lo dispuesto por el art.4017 C.Civil, y la interpretación que prescribe el art.9 LCT, considero que asiste razón a la parte actora.

En consecuencia, frente a lo dispuesto por ambos textos, propongo optar por la norma más favorable en tanto ello se adecua al carácter estricto de la prescripción, y establecer en consecuencia en el caso concreto que la presentación del reclamo ante el Servicio de Conciliación, en tanto reclamación ante la autoridad administrativa, produjo la interrupción del curso de la prescripción (conf. art.257 LCT).

Por ello, considerando los aspectos que llegan firmes a esta alzada, tales como la fecha de cese, la del reclamo ante el Seclo, y la de interposición de la demanda, entiendo que la presente acción no se encuentra prescripta, puesto que el nuevo plazo prescriptivo a ser computado por efectos de la interrupción operada por el reclamo ante el Seclo, comienza a correr a partir del cumplimiento del plazo de seis meses contemplado en el acuerdo plenario nro. 312, en idéntico sentido a lo dispuesto por el artículo 257 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Esto es así pues como lo sostiene Moisset de Espanés, los actos interruptivos pueden diferenciarse según sean de carácter instantáneo, o tengan cierta proyección temporal.

Cuando el acto es instantáneo, como el reconocimiento del deudor -por ejemplo- sus efectos se agotan en ese mismo momento, quedando como no sucedido todo el lapso de prescripción anteriormente transcurrido. Pero también, desde ese mismo instante puede comenzar a correr un nuevo plazo de prescripción liberatoria.

En cambio, cuando el acto es complejo y tiene proyección temporal -como sucede con la demanda judicial- la interrupción se prolonga y continúa produciendo sus efectos durante todo el período que dure el acto interruptivo. Se puede decir que frente a actos interruptivos que prolongan sus efectos en el tiempo, la interrupción cesa desde el instante en que dejan de producir esos efectos.

En el caso, por aplicación de la doctrina del Acuerdo Plenario nro. 312 y del art.257, LCT; esos efectos cesan a los seis meses de iniciado el trámite ante el SECLO, y en consecuencia, concluido dicho lapso comienza a correr el nuevo plazo de prescripción.

En consecuencia, entiendo que el presente reclamo no se encuentra prescripto, y propongo que se revoque lo decidido en primera instancia al respecto y que vuelvan las presentes actuaciones al juzgado de origen a sus efectos.

EL DOCTOR JUAN CARLOS FERNANDEZ MADRID DIJO:

Que adhiere al voto que antecede.

En atención al resultado del presente acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el art.125, 2do. párrafo, ley 18.345, EL TRIBUNAL RESUELVE: Revocar lo decidido en primera instancia respecto de la prescripción y disponer que las presentes actuaciones vuelvan al Juzgado de origen a sus efectos.

Regístrese, notifíquese y vuelvan