Tribunal: TRIBUNAL DE CASACION PENAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-10-23


La Plata, octubre 23 de 2004.

1º ¿Es admisible el recurso de casación interpuesto? 2º ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? 1º cuestión.- El doctor Hortel dijo:

I. Sostiene la recurrente respecto de la admisibilidad formal del recurso que intenta, que se ha interpuesto contra la sentencia dictada en juicio abreviado, de conformidad a lo dispuesto por los arts. 450 y 448, inc. 1º del CPP -cita a dicho efecto la sentencia dictada el 24 de mayo de 1999 por este Tribunal en causa Nº 256 "Venencio" en el sentido que la sentencia dictada en el marco de juicio abreviado es también definitiva y que "'las partes deben tener una herramienta práctica para que la instancia tuteladora del imperio de la ley guardiana del debido proceso, se halle en condiciones de verificar la conformidad de lo actuado con los dispositivos que rigen dicha forma de juicio"-.

II. A fs. 44/45 se expide el Fiscal Adjunto ante este Tribunal de Casación, doctor Jorge Armando Roldán, entendiendo que el recurso incoado no puede tener acogida favorable en tanto la contraparte se conformó con una calificación y un monto de pena que le fueron impuestos, de lo que se deduce que no existiría agravio, siendo este último el criterio sustentado por este Tribunal en procedimientos como el de autos.

III. Por su parte, a fs. 46/49, la Defensora Oficial Adjunta ante este Tribunal, doctora Ana Julia Biasotti, manifiesta en torno a la admisibilidad del recurso intentado que, si bien se trata de una sentencia condenatoria dictada en el marco de un juicio abreviado, existen en el presente agravios.

Resalta que en el proceso penal se encuentran en juego derechos y garantías constitucionales, principalmente las de defensa en juicio y debido proceso -arts. 1º, 14, 16, 18, 75, incs. 12 y 22 de la CN; 2º y 8º, apartado 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos- y que su correcta interpretación conduce a sostener la imposibilidad de admitir que un acuerdo de partes pueda someter al juzgador, en desmedro de la correcta aplicación de la ley al caso concreto. Entiende que el alcance del acuerdo no puede bajo ningún aspecto, en atención a tales garantías, significar ausencia de interés recursivo que coarte la posibilidad de acceder al control jurisdiccional en esta instancia y que el art. 435 del CPP debe entender que habilita no sólo al órgano jurisdiccional sino que obliga al defensor a efectuar planteos que conduzcan a mejorar la situación de su asistido encontrándose ante resoluciones no firmes.

Refiere que resulta claro el art. 396 del CPP en cuanto a los puntos que debe abarcar el acuerdo para arribar al trámite de juicio abreviado, circunstancia que no conduce a que se tenga por aceptada la culpabilidad del imputado respecto del hecho objeto del proceso, así como tampoco autoriza que el Tribunal a quo obvie la necesaria fundamentación de los contenidos del veredicto y de la sentencia -art. 371 del CPP-. Estima que ir más allá del alcance dado al acuerdo sobre el trámite abreviado, significaría perjudicar garantías constitucionales -arts. 18, 75 inc. 22, CN; 15 y 171 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires-.

Referencia lo dicho por esta sala en causas Nº 8793 "Barrios, Héctor Raúl s/ recurso de casación", sentencia del 14 de noviembre de 2002, registro 753/02, voto del suscripto al que adhirieran los doctores Celesia y Mancini; y 8132 "Molas, Diego David s/ recurso de casación", sentencia del 12 de febrero de 2002, registro 14/02.

Por lo expuesto, estima debe declararse la apertura de la vía casatoria en el caso.

IV. Entiendo que el recurso intentado debe ser declarado admisible.

La queja ha sido interpuesta en tiempo oportuno contra una sentencia definitiva dictada por un Juzgado Correccional, habiendo agregado el recurrente copia de la documentación de que intenta valerse así como de la reserva de recurrir en casación, desarrollando los motivos en que funda su pretensión y citando las normas que considera violadas o erróneamente aplicadas, por lo que la presentación cumple con los requisitos formales establecidos por los arts. 450 y 451 del CPP.

Asimismo, y por imperio de lo dispuesto por el art. 454, inc. 1º de dicho texto adjetivo, el impugnante se encuentra legitimado para recurrir.

Entiendo también, que el recurrente posee el interés para recurrir exigido por el art. 421 del CPP. Ya hemos dicho en otra oportunidad -"Nuevo Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires. Comentado", Ed. Universidad, Buenos Aires, 1998- que: "Tal interés directo está referido al gravamen, concepto objetivo que consiste en la diferencia entre lo peticionado por la parte y lo obtenido en la decisión, de manera que carece del derecho de impugnación aquella parte que ha obtenido la plenitud de sus pretensiones. De tal manera es requisito indispensable la existencia de un perjuicio, una lesión o un agravio, que debe serlo a los intereses del recurrente.

En el caso sub examine, el planteo del recurrente no se encamina a desvirtuar los resuelto por el a quo de conformidad con lo establecido por el art. 399 del CPP, esto es, el monto de la pena y la calificación impuestos, sino que denuncia la violación de los arts. 117 y 210 del CPP y la inobservancia de los arts. 119, 201, 203, 207 y 211 del ordenamiento de rito. Tales circunstancias -o la posibilidad que ellas acaecieran en autos-, se traducen en un perjuicio que otorga a la parte el interés necesario para recurrir (arts. 421, 456 y 466, inc. 2º, CPP).

En tal sentido nos hemos expedido en la sentencia dictada en la causa Nº 8793 "Barrios, Héctor Raúl s/ recurso de casación" el 14 de noviembre de 2002, registrada bajo el Nº 753 del Libro de Sentencias de esta sala -citada por la Defensora Oficial Adjunta ante esta instancia-, y en sentido contrario -esto es, careciendo de interés el recurrente- en la causa Nº 8132 "Molas, Diego David s/ recurso de casación" el 21 de febrero de 2002, registrada bajo el Nº 14 del Libro de Sentencias de esta sala.

Voto por la afirmativa.

El doctor Celesia dijo:

Adhiero al voto del doctor Hortel en igual sentido y por los mismos fundamentos.

El doctor Mancini dijo:

Adhiero al voto del doctor Hortel en igual sentido y por los mismos fundamentos, recordando además mi posición expuesta al respecto en la causa Nº 8075 "Merlo", sentencia del 27 de diciembre de 2001, registrada bajo el Nº 1006.

2º cuestión.- El doctor Hortel dijo:

I. Refiere la recurrente que en la sentencia de autos los fundamentos que llevan a la magistrada a tener por acreditados la existencia del cuerpo del delito y la autoría responsable de B. no reflejan la aplicación de las reglas de la sana crítica racional, habiendo incurrido en violación a lo dispuesto por el art. 210 del CPP. Referencia en el punto un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires -1967, I-394-.

Indica, por un lado, que sin perjuicio que la sentenciante declaró nulo un certificado médico -por haber sido practicado sin las formalidades estipuladas en los arts. 247, 276, 277 y 127 del CPP-, al dictar sentencia lo valora a fin de acreditar las lesiones de la víctima, violando entonces las reglas de la apreciación probatoria -art. 210 del CPP-, e inobservando lo prescripto en el art. 211 del CPP que le veda apreciar tal actuación, obtenida con afectación de la defensa en juicio.

Señala que si la a quo no hubiera valorado dicho certificado no se habría podido determinar el carácter de las lesiones, a lo que aduna que toda vez que no se ha instado la acción penal, debió concluirse por una absolución atento la situación de duda.

Advierte, por otro lado, que la magistrada no hizo lugar, en cambio, al planteo de nulidad del acta de fs. 2/vta. y lo actuado en su consecuencia. Alude que la parte efectuó dicho cuestionamiento en la audiencia prevista en el art. 338 del CPP, en base a que el instrumento se practicó sin las formalidades previstas en el art. 117 del CPP, por no haberse dejado constancia de la razón de la ausencia de testigos como establece el art. 118 del mismo código adjetivo, a resultas de lo cual, en su criterio, resulta nula conforme los arts. 119, 201, 207 y concs. del CPP.

Transcribe partes de dicha decisión impugnada alusivas al planteo e indica que efectuó a su respecto la protesta prevista en el art. 338, anteúltimo párrafo del CPP.

Observa que el razonamiento de la a quo es ilógico porque luego de admitir que no han intervenido testigos en la actuación y que no se han consignado expresamente los motivos que impidieran dicho requisito -como impone el art. 117 del CPP-, concluye que se cumplieron las exigencias de la norma por haber firmado el acta los funcionarios policiales.

Ello conlleva a que la a quo estimara que el acto reúne las formalidades del art. 117 del CPP, sin embargo, en el criterio de la parte, inobserva el art. 119 -último párrafo- del mismo ordenamiento legal. De tal modo, la conclusión a la que arriba la magistrada no se adecua a las premisas que ella cita, por lo que el razonamiento deviene contrario a las normas de la lógica y agravia a su parte porque consiente una actuación que no cumple los requisitos legales y deja incólume la plataforma fáctica del hecho, siendo que de haberse respetado dichas normas y haberse declarado nulos el acta y los actos que de ella dependieran, no se habría acreditado la materialidad infraccionaria del suceso.

Peticiona que se case el fallo y que, previo al debate, se lleve a cabo la instrucción del sumario con respeto de las garantías del debido proceso y de defensa en juicio plasmadas en los arts. 18 de la CN, reglamentadas por el CPP mediante las normas invocadas que prescriben el cumplimiento de ciertos requisitos mínimos que deben reunir los actos de acuerdo a los arts. 117 y 119, bajo sanción de nulidad.

II. A fs. 44/45 se expide el Fiscal Adjunto ante el Tribunal de Casación Penal provincial, doctor Jorge Armando Roldán, entendiendo que el recurso incoado no puede tener acogida favorable ya que, si bien es cierto que la sentenciante menciona en la cuestión primera del veredicto una actuación anulada -reconocimiento médico-, subsisten el resto de los elementos de convicción ponderados para acreditar el extremo de la materialidad infraccionaria. Y observa que el recurso padece de insuficiencia, pues no demuestra mediante adjunción de copia documental indispensable ni por vía de argumentos que, excluida la pieza invalidada, se modifique sustancialmente la solución del caso.

III. Por su parte, a fs. 46/49, la Defensora Oficial Adjunta ante este Tribunal, doctora Ana Julia Biasotti, manifiesta que mantiene en todos sus términos el recurso incoado.

a) Respecto del primer motivo de agravio traído por la recurrente -relativo a la ponderación del reconocimiento médico anulado en el proceso convictivo que realizó la a quo para tener por acreditado el extremo de la materialidad ilícita-, cita jurisprudencia de este Tribunal que se expide estableciendo que la apreciación y valoración de los hechos no constituye materia de análisis casatorio -esta sala, causa Nº 5321 "Barreto, Ruben Maximiliano s/ recurso de casación", sentencia del 20/11/2001; y sala III, causa Nº 3532 "Fernández, Oscar Leonardo s/ recurso de casación", sentencia del 28/11/2000- y asevera que aceptándose la incorporación del reconocimiento médico anulado como elemento de acreditación de la materialidad infraccionaria -como afirmara el Ministerio Público Fiscal- no corresponde valorar la suficiencia o insuficiencia del resto de los medios de prueba, toda vez que de ese modo se ingresaría en la esfera propia del juez de grado.

Asimismo, observa que el elemento de prueba en cuestión resulta fundamental también para acreditar el carácter de las lesiones padecidas y que debe avalarse el agravio de la impugnante en tanto, aniquilada la diligencia en cuestión, queda huérfana de probanza su naturaleza, dado que la sentenciante no lo acreditó por otro medio. De tal modo, no encontrándose acreditada la entidad de las lesiones, éstas pueden resultar leves, siendo necesaria la instancia de la acción penal a su respecto. Y tal circunstancia no se verifica en autos, razón por la cual corresponde absolver libremente a B. en base al principio in dubio pro reo (arts. 18, 33 de la CN y 1º, CPP).

b) Asimismo, postula el mantenimiento del otro agravio planteado por la recurrente en relación a la resolución que no hace lugar a la nulidad del acta de procedimiento.

Explica que resulta infundada la argumentación de la a quo, tratándose de una motivación aparente dado que se aparta de las propias normas del rito (arts. 106, 119, 201, 207, CPP) y de las pautas lógicas que rigen el razonamiento. Ello así, porque el art. 117 del CPP prevé que en los actos llevados a cabo por el juez de Paz y los Oficiales o Auxiliares de la Policía, debe dar fe de los mismos un testigo que, de ser factible, sea extraño a la repartición policial. En autos el Cabo Fabián Cabo da fe de los actos realizados por el Oficial Mirándola, sin justificar la no presencia de un testigo extraño, razón por la cual la argumentación de la a quo basada en la mera rúbrica del acto por dos policías sin otra explicación del valor convictivo que ello apareja, resulta inmotivada y arbitraria, viola la defensa en juicio y el debido proceso legal (arts. 18, 75 inc. 22 de la CN; 8º, Convención Americana de Derechos Humanos, 106, CPP).

Finalmente, hace reserva de la cuestión federal en virtud de encontrarse en juego las garantías constitucionales precitadas.

Por lo expuesto solicita se case la sentencia impugnada.

IV. He de expedirme respecto de los agravios en orden inverso al planteado por la defensa.

a) Refiere la recurrente como queja el fundamento dado por la magistrada -en la resolución dictada en virtud del art. 338 del CPP, obrante a fs. 8/14-, para rechazar la nulidad que se incoara respecto del acta de procedimiento, ya que, en criterio del impugnante, se han infringido los arts. 117, 118 y 119 del CPP.

De las constancias de autos surge que la magistrada actuante sostuvo (fs. 8/14): "... Al planteo de nulidad del acta de fs. 2 y vta., considero que si bien es cierto que no se ha consignado en la misma la circunstancia que justifique la imposibilidad de la asistencia por parte de testigos, cierto es que la misma ha sido rubricada, tal como lo establece el art. 117 y concs. del CPP por el Oficial Leonardo D. Mirándola y el Cabo Fabián Cabo, ambos funcionarios de la policía de esta provincia, por lo que no he de acoger favorablemente dicho planteo entendiendo cumplidos los requisitos establecidos por dicha norma legal. Art. 117 y concs. y 201 'a contrario' del CPP." Estimo que debe rechazarse el planteo por cuanto si bien el régimen procesal regulatorio de las actas -Título V, Capítulo IV del CPP-, exige expresamente en el art. 117, en lo que aquí importa, que "Cuando el funcionario público que intervenga en el proceso deba dar fe de los actos realizados por él o cumplidos en su presencia, redactará un acta en la forma prescripta por las disposiciones de este capítulo...", luego refiere que los oficiales o auxiliares de policía serán asistidos por un testigo que de ser factible, sea extraño a la repartición policial, debiendo estar presente durante todo el trámite del acto; y seguidamente establece que "La imposibilidad de asistencia por un funcionario público o testigo deberá ser expresamente señalada, al igual que sus causas determinantes", esta última precisión, sin embargo, no se encuentra prevista bajo sanción procesal alguna para el supuesto de incumplimiento, circunstancia que sella la suerte del planteo.

Ello encuentra sustento, además, en las disposiciones de los arts. 118 y 119 del CPP que prevén, respectivamente, el contenido y las formalidades de las actas -lugar, fecha, nombre y apellidos de las personas intervinientes, motivo que hubiera impedido la intervención de las personas obligadas a asistir, indicación de las diligencias realizadas y su resultado; declaraciones recibidas, su carácter espontáneo o requerido y si fueron dictadas por los declarantes; aludiendo luego a que será firmada, previa lectura, por todos los intervinientes que deban hacerlo, que se haga mención si alguno no pudiere o no quisiera firmar, y que en el supuesto en que deba firmarla una persona ciega o una analfabeta, se les informará que el acta puede ser leída así como, en su caso, suscripta por una persona de su confianza, lo que se hará constar-; y el sistema específico de nulidades del instrumento - "El acta será nula si falta la indicación del lugar, de la fecha o la firma del funcionario actuante o la del Secretario o la información prevista en la última parte del artículo anterior. Cuando faltare la firma de los testigos de actuación, se analizará el motivo que haya impedido la intervención de esas personas y, cuando se encontrare verosímil la existencia de imposibilidad material o situaciones análogas, quedará al arbitrio del órgano judicial declarar o no la nulidad del acta"-.

Sabido es que nuestro Código Procesal Penal provincial adscribe al sistema de nulidades específicas; instituyendo como regla general la especificidad-taxatividad -"serán nulos los actos procesales sólo cuando no se hubieran observado las disposiciones expresamente prescriptas bajo tal sanción, en especial cuando se violara la defensa en juicio", art. 201 del CPP-, admitiendo supuestos de nulidades genéricas -que pueden ser declaradas por vicios de los actos que no necesitan estar concretamente amenazados en la ley bajo sanción de nulidad y, por lo común, se refieren a actos fundamentales del proceso y a la intervención de sujetos sustanciales (conforme Creus, Derecho Procesal..., p. 488, citado por Pedro J. Bertolino en "Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires, Comentado y anotado...", Ed. Depalma, Buenos Aires, 2003), y cuyos supuestos se encuentran consagrados en el texto del art. 202 del CPP-.

Sin perjuicio que en el caso de autos surja del acta -que luce en fotocopias a fs. 1/2 acompañando el recurso- que actuó "... el suscripto Oficial Sub Inspector Leonardo Daniel Mirándola, secundado por el Cabo Fabián Cabo", esto es, auspiciando de testigo un agente policial del accionar de otro sujeto de igual carácter, circunstancia que por sí hace ya a la validez del instrumento; la asistencia de un testigo de acta que sea extraño a la repartición policial, así como dejar constancia en el instrumento de la imposibilidad de asistencia por un funcionario o testigo y las causas determinantes, no constituyen formas imperativas que se encuentren sancionadas con nulidad específica ni resultan supuestos de los previstos por la ley procesal como sancionados con nulidad de orden general (arts. 119, 201 y 202 -todos a contrario- del CPP).

A consecuencia de ello debe rechazarse el planteo.

b) Sin embargo, estimo que le asiste razón a la recurrente respecto del primer agravio que postula.

Manifiesta la señora Defensora Oficial que resulta perjudicial a su parte la apreciación que efectuara la a quo del certificado médico -para acreditar las lesiones y su carácter-, ya que dicho instrumento había sido declarado anteriormente nulo en oportunidad de expedirse la magistrada respecto de los planteos realizados en la audiencia prevista en el art. 338 del CPP, violándose de dicho modo los arts. 210 y 211 del CPP. A ello añade que sin tener en cuenta dicho elemento, debe tenerse en cuenta que en autos la respectiva acción penal no ha sido instada, debiendo concluirse por la absolución de su asistida, ante una situación de duda.

Efectivamente -como señalara la defensa- la a quo declaró nulo el certificado médico cuestionado por resolución obrante en este expediente a fs. 8/14.

En dicho pronunciamiento la magistrada indicó "... Respecto del reconocimiento médico de fs. 43 vta., siendo cierto lo argumentado, en cuanto a que las notificaciones al Defensor, de los actos cumplidos en las fojas citadas, han sido practicadas con posterioridad, al momento en que estos fueran realizados, ello conforme surge de las constancias obrantes a fojas 23 y 38, respectivamente, con lo que se ha incumplido con la manda del aty. 247 primer párrafo del CPP, sin que se haya acreditado en autos, la circunstancia prevista en el citado artículo, en su párrafo segundo, tales notificaciones debieron ser diligenciadas con suficiente anterioridad como para que las partes puedan ejercer su derecho de asistencia y de proponer perito a su costa. En razón de ello, es que deberé pronunciarme conforme a la declaración de nulidad de dicha experticia médica, atento a lo dispuesto por los arts. 247 y 201 sigtes. y concs. del CPP...".

Así las cosas, posteriormente, en la cuestión primera del veredicto (que luce a fs. 21/29), dicha jueza refiere: a) "Que doy por debidamente acreditado en autos, que el día 11 de julio de 1999, en horas de la mañana, M. A. B., que circulaba en un automóvil marca Fiat patente C 836199, por el Acceso a Tigre de la localidad de La Horqueta, al llegar a la intersección con la calle Tomkinson, de manera imprudente comenzó a retomar la misma hacia su izquierda, y se interpuso en la trayectoria del ciclomotor que conducía A. R. B., hacia el oeste y debido a lo intempestivo de la maniobra esta última no pudo evitar colisionar el rodado, y a consecuencia de tal impacto padeció las lesiones descriptas y comprobadas en autos que fueron calificadas como graves"; y b) luego indica los elementos probatorios que conforman su íntima convicción respecto de la existencia del hecho en su exteriorización material, señalando entre ellos el certificado médico de fs. 4 vta. y el reconocimiento médico de fs. 43 vta. a cuyo respecto dice: "donde el facultativo interviniente caracteriza las lesiones sufridas por la nombrada como resultado del hecho ilícito del cual resultara víctima como de carácter graves".

Sin perjuicio que la calificación -lesiones culposas en los términos del art. 94 del CP- y, asimismo, el monto de la pena, se ajustan a lo pactado por las partes a fs. 17/18 (ver "calificación legal" y "pronunciamiento que corresponde dictar" obrantes a fs. 29/32), la invocación para determinar la naturaleza o carácter de las lesiones del certificado médico que fuera declarado nulo por la misma sentenciante, acarrea indefectiblemente la invalidez del pronunciamiento atacado en esta instancia.

Y a ello no empece -como postulara el señor Fiscal Adjunto ante esta instancia- la subsistencia de los restantes elementos de convicción ponderados para acreditar el extremo de la materialidad infraccionaria, desde que, sin perjuicio de lo antes señalado -la sentencia condena por igual calificación legal y monto de pena que los acordados por el Ministerio Público Fiscal, el imputado y su defensor-, no puede valer jurisdiccionalmente un dato conviccional en cuya producción no se resguardaron las formalidades especiales establecidas por la ley a fin de proteger el derecho de defensa en juicio (arts. 247, 201 y concs. del CPP). Y asimismo, estimo atinente la observación de la señora Defensora Oficial Adjunta ante esta instancia en el punto, en el sentido del a extrañeza a la competencia de este Tribunal de las cuestiones de hecho y prueba que pretende introducir el representante del Ministerio Público Fiscal.

En efecto, la norma aplicable al caso es el art. 211 del CPP en tanto establece que "Carecerá de toda eficacia la actividad probatoria cumplida y la prueba obtenida, con afectación de garantías constitucionales". De tal modo, debió excluirse del material probatorio el elemento nulo.

El tema se encuentra vinculado con el principio de legalidad de la prueba, presupuesto indispensable para la utilización del elemento de prueba en abono de un convencimiento judicial válido. Refiere en el caso José I. Cafferata Nores -en su obra "La prueba en el proceso penal", Ed. Depalma, Buenos Aires, 1988, p. 14-, que la ilegalidad de la prueba puede originarse en dos motivos: por su irregular obtención o por su irregular introducción al proceso; y luego detalla que para que la incorporación de los datos probatorios en el proceso sea regular: debe respetarse el modo previsto en la ley para el ingreso del elemento de prueba en el proceso; en caso que "la ley impusiera alguna formalidad especial para su producción relacionada con el derecho de defensa de las partes, la observancia de ella será también condición sine qua non para que la prueba que se obtenga pueda ser regularmente incorporada..."; y, por último, refiere que "otras veces, en virtud de los caracteres propios de la etapa del proceso que se transita, se impone una forma de recepción determinada (vgr., durante el juicio, los testimonios se recibirán en forma oral...) o ella se condiciona a la observancia de ciertos requisitos (vgr., a las actas judiciales sólo se las podrá incorporar al debate si fueron labradas de conformidad con las normas de la instrucción...)". Luego concluye que "La inobservancia de cualquiera de estas disposiciones impedirá utilizar el dato conviccional recibido sin resguardarlas, en la fundamentación de toda resolución (v. gr., si el desarreglo determinó la nulidad del acto de recepción de la prueba), o sólo en la sentencia definitiva (v. gr., un reconocimiento practicado en la instrucción, sin observar formas no impuestas bajo pena de nulidad...)".

Tal es el supuesto de autos, en consecuencia, corresponde hacer lugar al recurso en este punto, en virtud de no haber sido observada la disposición del art. 211 del CPP.

Por lo expuesto, propongo se dicte pronunciamiento anulando la sentencia en crisis, y se reenvíe la presente a fin de que conformado hábilmente el Juzgado Correccional proceda a dictar un nuevo pronunciamiento (art. 461, CPP).

En el sentido expuesto doy mi voto.

El doctor Celesia dijo:

Adhiero al voto del doctor Hortel en igual sentido y por los mismos fundamentos.

Así lo voto.

El doctor Mancini dijo:

Adhiero al voto del doctor Hortel en igual sentido y por los mismos fundamentos.

Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente sentencia: Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, la sala II del Tribunal por mayoría resuelve: Declarar admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 36/40 por la Defensora Oficial Adjunta del departamento judicial San Isidro, doctora Cristina Alicia Sosa, en favor de M. A. B., contra la sentencia del Juzgado Correccional Nº 3 del mismo departamento judicial, de fecha 13 de diciembre de 2002 por la que se condenara a M. A. B. a la pena de un mes de prisión en suspenso y un año y dos meses de inhabilitación para conducir automotores, con costas, como autora penalmente responsable del delito de lesiones culposas. Anular la sentencia atacada reenviando los autos a la instancia originaria a los efectos que de que conformado hábilmente el Juzgado Correccional proceda a dictar un nuevo pronunciamiento (art. 461, CPP), sin costas (arts. 421, 448, 451, 530, 531 y concs. del Cód. Procesal Penal). Téngase presente la reserva del caso federal efectuada por la recurrente. - Eduardo C. Hortel. - Jorge H. Celesia. - Fernando L. M. Mancini.