Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2004-05-18


Neuquén, mayo 18 de 2004.

Considerando: I. Que el defensor de Cámara, doctor G. L. V., en representación de Santiago Traipe, se presenta a fs. 118/119, e interpone recurso de casación en contra de la sentencia nº 127/2002 (fs.108/114) dictada por la Cámara Criminal Segunda de esta ciudad, que condenara a su asistido por considerarlo autor del delito de violación calificada (art. 119, cuarto párrafo, inciso "b)" del Código Penal), a la pena de ocho años de prisión e inhabilitación absoluta por igual término y demás accesorias legales y costas del proceso.

II. Que corresponde a este Cuerpo examinar si se han cumplido las prescripciones legales para que el recurso sea admisible, conforme lo dispuesto por el artículo 397 del C.P.P. y C.:

El escrito fue presentado en tiempo oportuno ante el Tribunal que dictó la sentencia que se cuestiona.

El decisorio recurrido reviste carácter de definitivo, poniendo fin a la causa.

El recurso resulta autosuficiente porque de su lectura se hace posible conocer acabadamente como se configuran -a juicio del recurrente- los motivos de casación aducidos y la interpretación de las normas que se estiman inobservadas.

Concretamente, el recurrente se agravia en "(...) la ilegitimidad constitucional de una condena por un delito que no haya sido imputado concretamente en la acusación...En efecto, la defensa en juicio (en este aspecto) se ejerce oponiéndose el defensor al hecho y a la calificación jurídica que el fiscal atribuye al hecho, lo que le demanda el desarrollo de la argumentación jurídica relativa a ese hecho y a esa calificación. En el presente caso, el fiscal dio por probado que el imputado fue autor de un acceso carnal obtenido sin violencia alguna ejercida sobre la víctima, pero de un modo acorde con la plataforma fáctica del delito de estupro agravado. En ningún momento el fiscal dijo que el imputado obtuvo la relación sexual por medio de violencia. ¿Cómo puede el imputado defenderse de un acceso sexual violento si el fiscal, en el juicio oral, le imputó un acceso sexual sin violencia?...Por estas razones, corresponde modificar la sentencia y condenar por estupro agravado a la pena de seis años de prisión (por ser el mínimo de la escala prevista en la ley penal para este delito -tomándose en cuenta que la sentencia impuso el mínimo de la escala penal que entendió aplicable al caso-)...". Como conclusión de su postura, afirma que "la defensa sólo pudo ejercitarse en relación al pedido de la pena de siete años de prisión por el delito de estupro agravado (y efectivamente fue ejercida en tal sentido) pero no pudo efectuarse (ni fue ejercida) con respecto a ninguna pena mayor a ella, en ese aspecto, debe ser anulada y adecuada a estos recaudos constitucionales que exigen entre acusación, defensa, prueba y sentencia..." . Hace reserva del caso federal.

III. Que es ya un criterio reiterado por este Tribunal, que "dentro del contexto del examen preliminar del recurso de casación en materia penal, no cabe solamente una mera constatación del cumplimiento ritual de ciertos requisitos formalmente apreciables sin el menor esfuerzo de análisis, sino que se impone adicionar al estudio del tribunal concedente un cedazo de malla más fina, que genere una primera aproximación al tema planteado e imposibilite el ingreso de causas cuya manifiesta improcedencia deberá luego declararse ineludible" (conf. Protocolo de Autos de Casación Penal - Año 1997- Tº I - Resolución Interlocutoria No. 15, entre otros precedentes).

IV. Que, a partir de este criterio, y luego de haber efectuado un análisis detenido, tanto del libelo recursivo, como de la sentencia materia de impugnación, deberá adelantarse la opinión en el sentido que, la impugnación articulada no podrá sortear el juicio de admisibilidad formal que se impone, como paso ineludible, en esta instancia.

Se dan razones: De la lectura del acta de debate obrante a fs. 106/107, se advierte que, al presentar el caso, la Fiscalía interviniente lo hizo de manera congruente con las piezas procesales que vertebraron el proceso instructorio (vgr. Acta de indagatoria, auto de procesamiento y requerimiento de elevación a juicio): "se le imputa a Santiago Traipe haber abusado sexualmente de la joven V. P. S. de 16 años de edad en la actualidad, hija biológica de su concubina Z. V. S., conductas iniciadas cuando la menor tenía doce años, en algunas ocasiones en el interior del domicilio que compartían sito en calle ..., de Plottier, aprovechando de la ausencia de la madre, como también en una chacra ubicada en las afueras de dicha localidad y también en el interior de un galpón donde el sospechoso guardaba herramientas. Que las conductas consistían primeramente en tocamientos inadecuados e inverecundos sobre las zonas pudendas (vaginal y anal) de la joven, para finalmente accederla vía vaginal. Todos los sucesos fueron cometidos bajo amenazas de matarla a ella o a quien se lo contara. Menciona la prueba de cargo, manifiesta que el hecho ha sido provisionalmente calificado como Abuso sexual simple reiterado, agravado por el vínculo en concurso real con abuso sexual con acceso carnal agravado reiterado por el vínculo (arts, 119, 1º párrafo en función al 4º párrafo Inc. "b", 55, 120 último párrafo inc. "b" del C.P.)...".

Todo el debate giró en torno a ese tópico.

La hipótesis factual delictiva quedó circunscripta con esos elementos en la pieza sentencial atacada: "...Santiago Traipe es traído a juicio imputado de haber abusado sexualmente de V.P.S., actualmente de 16 años de edad, durante aproximadamente dos años, siendo la nombrada hija biológica de su concubina, Z. V. S., abusos que habrían comenzado cuando P. tenía 12 años y que duraron hasta el mes de marzo de 2002, y sucedían en fechas indeterminadas, en el interior de la vivienda familiar de calle ... de Plottier, cuando la madre de la niña se encontraba fuera, en una chacra de la misma localidad y en el interior de un galpón donde se guardaban herramientas, sito en un horno de ladrillos a donde Traipe llevaba a la menor a trabajar, abusos consistentes en tocamientos inadecuados e inverecundos sobre las zonas pudendas (vaginal y anal) de la joven, accediéndola carnalmente por vía vaginal, a partir de febrero de 2000, bajo amenazas...". De lo que se colige también la plena congruencia entre el hecho, tal como se presentó en el juicio, y el que quedó abarcado en el decisorio en crisis.

Le asiste razón parcialmente al impugnante, en cuanto a que el Ministerio Fiscal, al momento de formular su alegación, si bien mantuvo la imputación contra el incoado, modificó parcialmente aquella inicial, entendiendo acreditado solamente el acceso carnal dirigido contra la menor, aprovechando el imputado la situación de desconocimiento de la víctima y su carácter de guardador de la misma; formulando acusación por el delito de estupro calificado por el vínculo, en los términos del art. 120 último párrafo del C. Penal.

El eje del asunto, bajo el plano del libelo recursivo, radica en el siguiente interrogante: ¿estuvo el curial del incoado privado de manera efectiva de ejercitar su defensa, por no considerar aquel alegato el aspecto fáctico al que hace alusión en su escrito casatorio, aunque ponderado en el juicio y receptado luego en el decisorio condenatorio?.

La respuesta, se adelanta, es negativa.

En efecto, de la misma acta de debate se consigna que luego de escuchar la posición del Ministerio Fiscal, el Defensor desestimó de plano aquellas imputaciones iniciales. A guisa de ejemplo, se cita el acta, en su parte pertinente: "(...) el Defensor manifestó que no se encuentra debidamente acreditado el hecho, no estamos ante un abuso sexual agravado por la penetración. El único elemento de juicio es el testimonio de la niña, el informe médico demuestra que tuvo relaciones sexuales pero no se sabe si fue Traipe. Los demás testigos lo saben por los dichos de la menor. Las testigos Torres Oñate y Zulema Sandoval dicen que contó el hecho como un comentario al pasar, que no estaba angustiada. La menor se va de su casa dos meses antes de iniciarse las actuaciones, no quiere hablar con su madre. No existen elementos para tener por cometido ni abuso sexual ni estupro...".

Surge entonces de manera evidente que la Defensa de Traipe se articuló para cuestionar ambas hipótesis fácticas (estupro y violación), anticipándose a la posibilidad de que, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 366 del ritual, el tribunal de juicio pudiera asignarle a los hechos una calificación legal distinta que la propiciada por el Ministerio Fiscal durante su alegación.

La observación hecha por el Defensor de Cámara, en el supuesto vicio que indica, siempre debe apreciarse bajo la óptica del efectivo y real ejercicio de la defensa, que requiere para su satisfacción; que el imputado tenga durante el curso del proceso el conocimiento y las posibilidades necesarias para defenderse del cargo que se le hace. Lo que se ha verificado conforme lo expuesto.

En un caso análogo al aquí planteado, este Tribunal postuló igual solución:"...Veamos: Según surge del acta de debate (...) la Fiscalía reproduce la hipótesis del hecho, contenida en el requerimiento de elevación a juicio (...).

No obstante ello, debe reconocerse que cuando la Fiscalía formula las conclusiones de su alegato, califica la conducta sólo como (...). Empero, como se advierte, no ha existido, en puridad, una mutación del hecho primigenio, sino que sólo se ha tratado de un cambio en la calificación (...) En suma: el razonamiento precedente demuestra que, cuando la Cámara de Juicio resolvió condenar al imputado como autor del delito de ...no mutó un hecho naturalmente único, sino que se limitó a disentir con la subsunción que propiciara la Fiscalía y, al obrar así, lo hizo de conformidad a lo preceptuado en el párrafo primero del artículo 366 de la ley de rito...tampoco se advierte la alegada violación al principio de congruencia...En este sentido, a lo largo de todo el proceso, no se advierte una variación en la atribución originaria..." (in re "Castillo, José Santiago - Cisterna, Angel Benito s/ Tentativa de robo con armas. Castillo, José Santiago s/ Hurto", R.I. Nº. 45/1998, expte. 782/1997).

Por último, y en cuanto a la alegada imposibilidad de defensa, a raíz de que el tribunal de juicio aplicó una pena mayor a la pretendida por la parte acusadora; se ha dicho -en opinión que este Cuerpo comparte- que "si bien el sistema acusatorio significa que el tribunal no investiga ni se transforma en parte, dado que su rol, enmarcado en una concepción garantista, es la de ser un tercero absolutamente imparcial, no determina de ningún modo que pueda delegarse en otros sujetos del proceso el encuadramiento jurídico, porque tal conducta significaría lisa y llana renuncia al deber de juzgar que es valorar, subsumir y decidir" (Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires, Sala I, sent. del 25/4/2000 en causa 706 "Igía", doctrina de la mayoría). En pleno, el mismo Tribunal, al fallar en la causa Nº 6467 "Fiscal ante el Tribunal de Casación solicita Acuerdo Plenario" (con la única disidencia del Dr. Benjamín Sal Llargués), con enjundiosos votos de los Dres. Horacio Piombo, Fernando Mancini, Carlos Natiello, Jorge Celesia, Eduardo Hortel y Ricardo Borinsky, resolvió que "la requisitoria fiscal no limita al juez en la determinación del monto de la pena, salvo en los casos legalmente previstos" ("Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal. Casación Penal", Ed. Ad. Hoc, Bs. As., diciembre 2003, ps. 379/407).

Por todo lo expuesto, se resuelve: declarar la inadmisibilidad del recurso de casación interpuesto por el Defensor de Cámara, doctor G. L. V., a favor del imputado Santiago Traipe.-Jorge O. Sommariva.- Arturo E. González Taboada.- Marcelo J. Otharán.- Roberto O. Fernández.- Alberto M. Tribug.