Tribunal: CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2010-03-31


AUTOS Nº 8268 "GONZALEZ Héctor Manuel C/ Ortiz Roberto y Otro S/ Apelación de Sentencia" // la ciudad de San Juan, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil diez, reunidos en la sala de acuerdos los miembros de la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, Dres. Miguel Ernesto Novoa, Hermes Francisco Carrera y José D. Castro, bajo la presidencia del primero de los nombrados, a fin de resolver el recurso de apelación deducido en autos Nº 8268, caratulados: "GONZALEZ HECTOR MANUEL C/ ORTIZ ROBERTO Y OTRO S/ APELACIÓN DE SENTENCIA", de cuyas constancias:

RESULTA:

Que por sentencia de fs. 299/312, el Sr. Juez del Primer Juzgado del Trabajo, resolvió hacer parcialmente lugar a la demanda, con costas en el 30% a la actora y en el 70% a la demandada.

Que contra dicha resolución se alza la actora en el recurso de fs. 348/358, que fue respondido por la contraria a fs. 372/375 y la demandada en la apelación de fs. 366/369, que fue respondida a fs. 377/378.

Que a fs. 384/386 consta la intervención del Ministerio Fiscal; a fs. 389 el llamamiento de autos para resolver y a fs. 390, el resultado del sorteo practicado para la emisión de los votos, el que arrojó el siguiente resultado: 1) Dr. Novoa; 2) Dr. Castro y 3) Dr. Carrera.

A CONTINUACIÓN EL TRIBUNAL PLANTEA LAS SIGUIENTES CUESTIONES A RESOLVER:

Primera cuestión: Es procedente el recurso de apelación deducido por la demandada? Segunda cuestión: Es procedente el recurso de apelación interpuesto por la actora? Tercera cuestión: Costas? SOBRE LA PRIMERA CUESTIÓN EL DR. MIGUEL E. NOVOA DIJO:

I.Que por una cuestión metodológica, he de proceder en primer lugar al tratamiento del recurso de apelación deducido por la demandada.

II.Que en la sentencia de primera instancia, resuelve que el actor estuvo vinculado laboral y dependientemente con el codemandado Roberto Ortiz, desde el 15/09/01, hasta el 30/09/03, en que concluyó por despido instrumentado en acta acuerdo de fs. 281, homologada a fs. 282 por la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia; reingresando posteriormente el dependiente bajo las órdenes del mismo empleador y del Sr. Raúl Esteban Cabrera, en fecha 01/10/04, hasta el 27/12/05, en que terminó por despido incausado.

Fundamenta su decisión el Inferior en el acta de inspección de fs. 21 y en las declaraciones de los testigos que han depuesto en autos, de los que surge una confesión extrajudicial en el sentido que el citado Ortiz se encontraba al frente del establecimiento, comportándose como un empleador.

También decide, como lo indicara precedentemente imponer las costas en el 30% a la actora y 70% a la demandada.

III.Que contra dicha parte del fallo se alza el codemandado Ortiz, mediante el recurso antes mencionado, disintiendo con el mismo, en tanto entiende que resulta contradictorio que el Aquo reconozca que el contrato con el actor terminó con el despido instrumentado en el acta aludida anteriormente y por otro aplique la disposiciones de los arts. 18 y 255 de la LCT, por un reingreso que está acreditado lo fue con otro empleador.

Fundamenta su recurso en este punto en el acta acuerdo y en el hecho de haber transferido el establecimiento al Sr. Cabrera.

Que también disiente con la imposición de costas y regulación de honorarios, en razón que la primera deberá ser soportada totalmente por la contraria al admitirse el recurso o en el mejor de los casos por su orden, atento que las dos parte fueron parcialmente vencidas; en tanto la segunda es baja para retribuir la actuación profesional de su mandante y alta con relación a el profesional de la actora.

IV.Que resumidos sintéticamente los antecedentes de la sentencia y de los agravios, corresponde avocarse al examen y decisión de éstos últimos.

1).Que a poco que se analice el primer punto de la impugnación de la demandada, se advierte que la misma no constituye una crítica concreta y razonada del fallo, que puntualice concretamente cuales son los errores en la apreciación de la prueba o en la aplicación del derecho en que ha incurrido el sentenciante; sino un mero disentimiento con la colusiones a las que arriba, pero que no alcanzan para reconocer la condición de injusta de la decisión y su revocación.

Que así por ejemplo, la recurrente no se hace cargo del principal argumento del Aquo (que le da sustento suficiente a la decisión), en el sentido que luego de reiniciada la vinculación laboral, se hizo una constatación en el establecimiento en fecha 04/10/04 (cuando ya se había producido el reingreso del trabajador), atendiendo al funcionario público y figurando como empleador, el mencionado Roberto Ortiz.

Tampoco ha criticado la declaración de los testigos que han depuesto en autos, ni la valoración que se hace en el decisorio apelado.

Que siendo así, la improcedencia de este agravio resulta evidente y así debe concluirse.

2).Que razonamiento similar merece la parte de la impugnación por la imposición de costas, que debe desestimarse si se tiene en cuenta que la sentencia no se altera con el recurso y también si se atiende a los rubros y montos por los que ha progresado la demanda; lo que hace de aplicación supletoria el art. 77 del CPC, que la parte recurrente no ha demostrado que se aplicara indebidamente, explicando concretamente cual es el error del sentenciante.

Que en lo que se refiere a la regulación de honorarios, no basta para su modificación, la invocación de que son elevados los de la actora y bajos los del profesional de la accionada o que los de la primera deban reducirse en su justa medida y los de la segunda aumentarse por la ardua labor desplegada; máxime cuando los porcentajes fijados resultan razonables y conforme las escalas de la ley 2150 y sin perjuicio de lo dispuesto por el Dto. 52/98.

V.Que por todo ello, voto porque se rechace el recurso de apelación interpuesto por la demandada.

SOBRE LA SEGUNDA CUESTIÓN EL DR. MIGUEL E. NOVOA DIJO:

I.Que en la sentencia de primera instancia, se resuelve que el actor estuvo vinculado laboral y dependientemente con el codemandado Roberto Ortiz, desde el 15/09/01, hasta el 30/09/03, en que concluyó por despido instrumentado en acta acuerdo de fs. 281, en el que se abonaron todas las obligaciones a cargo del empleador, homologada a fs. 282 por la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia, reingresando posteriormente el dependiente bajo las órdenes del mismo empleador y del Sr. Raúl Esteban Cabrera, en fecha 01/10/04, hasta el 27/12/05, en que terminó por despido incausado; con fundamento en que: 1) el primer vínculo laboral quedó extinguido en la fecha que detalla el acuerdo aludido, que tiene el carácter que resulta del art. 15 de la LCT; 2) el actor no puede prevalerse de un supuesto desconocimiento de lo convenido; 3) el dependiente no requirió la nulidad del acto administrativo de homologación, ni mencionó haber interpuesto acción alguna contra el órgano administrativo o que su voluntad estuviera viciada por alguno de los supuestos previstos en la ley; 4) la homologación en tal caso, hace operativa la cosa juzgada que indica la norma legal citada, pues se realizó el convenio con la intervención de la autoridad administrativa y se cumplió por el empleador el pago convenido, lo que fuera reconocido por el actor como recibido; 5) la nueva relación surge del acta de inspección de fs. 21, que importa una confesión extrajudicial; de los recibos de pago y de la testimonial producida en autos.

Que contra dicha parte de la decisión se alza la actora en el recurso de apelación antes indicado, disintiendo con la misma, con sustento en que: 1) hubo una sola relación con el codemandado Roberto Ortiz, sin interrupción alguna; 2) la homologación del acuerdo celebrado en la Subsecretaria del Trabajo, no tiene carácter de cosa juzgada para el dependiente, pues no fue notificado y dicho convenio y homologación son nulos de nulidad absoluta, porque medió simulación (la relación no se extinguió y luego se reinició), en fraude a la ley, pues ésta impide el desconocimiento de derechos irrenunciables del trabajador.

3) dicha nulidad absoluta debió ser declarada de oficio por el Juez, valorando la prueba producida, especialmente la testimonial y la inspección de fs. 170 y los contratos eventuales de fs. 167/168.

Que resumidos sintéticamente los antecedentes de la decisión y de los agravios sobre éste tema, la decisión pasa a mi criterio, por el análisis de los siguientes puntos: 1) si el acuerdo celebrado por las partes en la Subsecretaría de Trabajo, tiene y ha pasado en autoridad de cosa juzgada; 2) si teniendo dicho carácter, puede ser la eventual nulidad declarada de oficio o, por el contrario, la parte interesada debe atacar el acto y pedir la declaración de nulidad, mediante una vía procesal distinta a la empleada en estos autos; 3) si aún no teniendo el acto homologatorio administrativo, carácter de cosa juzgada, la falsedad ideológica se ha acreditado con la prueba producida, esto es si se ha demostrado que en realidad la vinculación fue ininterrumpida.

1).Que entrando al examen de los distintos puntos que considero indispensables para la solución del agravio, cabe tener presente que el art. 15 de la LCT, dispone en su parte final que: "En todos los casos, la homologación administrativa o judicial de los acuerdos conciliatorios, transaccionales o liberatorios, les otorgará la autoridad de cosa juzgada entre las partes que los hubieren celebrado"; a condición por supuesto, como la misma norma lo indica, que se realicen con intervención de la autoridad judicial o administrativa y mediante resolución fundada de cualquiera de éstas que acredite que mediante tales actos se ha alcanzado una justa composición de derechos e intereses.

Que haciendo aplicación de la norma legal mencionada al caso concreto de autos, se advierte que el acuerdo de fs. 280 y la homologación de fs. 281, se ajustan a la exigencia normativa, por lo que hay que concluir que éste reviste el carácter de cosa juzgada entre las partes; máxime no habiéndose invocado ni probado por parte del trabajador que interpusiese el recurso de la ley 5976 (Subsecretaría de Trabajo, arts. 93 y 96).

Que en nada empece la conclusión precedente, la manifestación de la actora, en el sentido que tal conclusión es errada, en tanto no fue notificada de la homologación; pues aún siendo así, lo concreto es que la parte, en su demanda (fs. 15 vta., segundo punto), demuestra tener conocimiento del acuerdo y su homologación, conocimiento que no puede negar luego de contestada la demanda e individualizado el expediente en el que se encuentran y su contenido (fs. 36) y mucho menos luego de agregada las actuaciones administrativas. (fs 281/282).

2).Que si bien es cierto que la cosa juzgada, en principio y de acuerdo con la doctrina procesalista, solo es posible admitirla en el proceso y luego de un pronunciamiento judicial; lo concreto es que la LCT, en su art. 15, ha equiparado la homologación que pueda realizar la autoridad del trabajo en los acuerdo transaccionales, conciliatorios, etc, a la cosa juzgada judicial, otorgándole el mismo carácter y efectos.

Que por tal motivo, resulta de aplicación la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, que ha expresado, a través de numerosos precedentes, "que el derecho reconocido por una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada constituye un bien que se incorpora la patrimonio del beneficiario del pronunciamiento y del cual no puede ser privado sin mengua del precepto constitucional que asegura la inviolabilidad de la propiedad"; o que "incurre en violación del art. 17 de la Constitución Nacional el fallo que deja sin efecto una sentencia consentida so opretexto de haber sido dictada por error"; "la que deja sin efecto una sentencia definitiva pasada en autoridad de cosa juzgada y cumplida por el demandado..." (Palacio, Derecho Procesal, Tomo V, pag. 508/509).

Que siendo así, se advierte que la invalidez de la sentencia y por asimilación la resolución homologatoria administrativa, no pueden pretenderse mediante la declaración de oficio o la simple prueba producida en otro proceso o trámite administrativo; sino que, solo puede declararse mediante la interposición del recurso de revisión contemplado en el art. 283 y siguientes del CPC aplicable o eventualmente de la acción autónoma de nulidad, que no es totalmente aceptada por la doctrina procesalista.

Ello, en tanto la nulidad, sobre todo de una sentencia o resolución que tenga igual carácter y efecto, impide que un Juez desconozca la firmeza y seguridad jurídica que de ella deviene, sin un amplio y previo debate y en casos excepcionales.

(Palacio, Derecho Procesal, T. IV, pag.173/176 vta.).

Que conforme lo que vengo sosteniendo, resulta claro que la pretensión de la actora de obtener la modificación de la sentencia apelada, conforme lo argumentos vertidos en su recurso y vinculado con los temas precedentes, es improcedente.

3).Que aún en el supuesto hipotético que entendieramos que en el caso sí es posible la declaración de nulidad de oficio o a petición de parte, en este proceso, no advierto que en el, la actora acreditara que el acuerdo de las partes homologado por la autoridad del trabajo, se realizara con simulación o fraude a la ley.

Que para arribar a la conclusión precedente, tengo en cuenta que de la inspección de fs. 170, no resulta la existencia de una relación ininterrumpida, puesto que en dicha acta el funcionario publico, solo deja constancia de los dichos de los dependientes presentes en el acto.

Además, el inicio de la prestación de servicios o antiguedad del trabajador actor, no es un hecho cumplido por aquél, ni pasado en su presencia, por lo que no hace plena fe con respecto a las partes o terceros, en un todo de acuerdo con lo establecido por el art. 993 del Código Civil.

Todo ello, sin dejar de hacer notar que el acta es de fecha 14/10/04, esto es, que no acredita que la vinculación continuó luego del 30/10/03., que es cuando cesa la primera relación.

Que por su parte los contratos de trabajo eventual, de fs. 167/168, también son de fecha 17/02/04, es decir que no prueban la continuidad ininterrumpida de del contrato de trabajo.

Que, finalmente, la prueba testimonial, independientemente de su coincidencia en cuanto a la fecha y cese del contrato de trabajo del actor con el demandado, a mi criterio no constituye la prueba cierta, clara e inequívoca de la simulación o de la falsedad ideológica del documento.

Ello, en tanto esta prueba no resulta coincidente con el propio acuerdo firmado por el actor, que no solo importa una confesión extrajudicial de los hechos, sino que ha sido celebrado sin que se invocara ni probara vicio alguno de la voluntad.

Que no está demás resaltar, que en el caso resulta de aplicación a la actora la teoría de los actos propios, en tanto "nadie puede alegar un derecho que esté en pugna con su propio actuar"; lo que ocurre, en tanto aquélla pretende una nulidad, que se contradice con el acuerdo celebrado por ella misma en sede administrativa.

Que, sin perjuicio de ello, no debe perderse de vista, que uno de los supuestos que permite descartar la simulación, está dado por el comportamiento posterior, como ocurre con el cumplimiento de las prestaciones asumidas, que en el caso se han cumplido, pues el trabajador ha admitido el cobro de las sumas resultantes del convenio y además no se agravia de la sentencia, en cuanto la misma manda deducir lo pagado de la indemnización que ahora corresponda.

4).Que por lo expresado hasta el momento, entiendo que este agravio de la demandante, resulta improcedente.

II.Que en la sentencia se desestiman los rubros: SAC primera cuota año 2004 y adicional Dto. 905/03, con sustento en que de acuerdo con la fecha de ingreso, corresponde la aplicación del Dto. 1347/03, que establece la asignación no remunerativa desde el 01/01/04; lo que provoca la impugnación de la actora, con sustento en que el de aplicación es el mencionado en primer lugar, atento el comienzo de la vinculación.

Que atento lo decidido en el punto precedente, ninguna duda cabe que la norma legal citada en primer lugar, no es de aplicación, en tanto dispone el aumento de la asignación no remunerativa, desde el 01/05/03 hasta el 31/12/03, es decir que no abarca el año de reingreso del trabajador, como lo hace la citada por el Aquo en su decisión.

Que por ello, entiendo que esta parte del recurso debe seguir la misma suerte que la anterior.

III.Que en la decisión de primera instancia, se rechaza la sanción conminatoria contemplada en el art. 80 de la LCT, con sustento en que no surge de las constancias de autos, que se hubiera dado cumplimiento con la intimación que prevé el artículo 3 del Dto. 146/01; y en cuanto no es inconstitucional éste último, en razón que el planteo de inconstitucionalidad no ha sido efectuado en los escritos liminares del proceso y en tanto reglamenta el modo y los plazos en que debe cursarse la intimación, lo que no resulta contrario a la carta fundamental.

Que contra dicha parte del fallo se alza la actora en el recurso aludido, disintiendo con el mismo, en tanto entiende que: la inconstitucionalidad puede ser declarada de oficio y en razón que el Dto. 146/01, reviste tal carácter, pues altera el espiritu de la ley y el reclamo se encuentra acabadamente cumplido con el reclamo administrativo.

Que habiendo decidido este Tribunal en varios procesos, la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de oficio, siguiendo las directivas de precedentes jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como de la Corte de Justicia de la Provincia, está claro que la pretensión de la actora en este sentido, es procedente.

Que sin perjuicio de ello, entiendo que no es viable la declaración de inconstitucionalidad del Dto. 146/01, en tanto:1) No se advierte que la norma legal resulte contradictoria con la Constitución, en tanto la reglamentación coincide con el marco de posibilidades regulatorias que brinda aquélla.

2) No resulta irrazonable el plazo establecido en la norma reglamentaria, en tanto no modifica sustancialmente el derecho otorgado; máxime que el instrumento de que se trata no es cualquier papel, sino la constancia documentada del ingreso de los fondos pertenecientes a la seguridad social, que importa la consulta y examen de diversos documentos e implica cierta demora y que en el caso que no haya habido registración de la relación, y por ende, no haya constancias a revisar previo a la elaboración del citado instrumento, en tanto y en cuanto, aún en esos casos, no es posible conjeturar cual va a ser la línea de conducta que va a seguir el obligado, declarando una inconstitucionalidad que ha de servir de fundamento a otros supuestos que no son idénticos.

3) No estamos en presencia de una norma que consagra una manifiesta inequidad.

4) La reglamentación ha dispuesto que debe mediar una intimación fehaciente, de modo que otras actuaciones no lo son ni habilitan a la procedencia de la reparación de la ley.

IV.En cuanto al último agravio vinculado con la imposición de costas, entiendo debe estarse a lo resuelto en la primera cuestión.

Respecto a la regulación de honorarios, propicio su rechazo por las mismas razones.

Art. 125 C.P.L. y 77 C.P.C.

SOBRE LA TERCERA CUESTIÓN EL DR. MIGUEL E. NOVOA DIJO:

Que atento la forma en que propicio se resuelvan los recursos, voto porque se las costas se impongan a la parte actora y demandada, en las impugnaciones deducidas por cada una de ellas.

Art. 125 CPL. LOS DRES. JOSÉ D. CASTRO Y HERMES F. CARRERA DIJERON:

Que por sus fundamentos adhieren al voto del Dr. Novoa.

Por todo ello, el Tribunal RESUELVE:

I) Rechazar los recurso de apelación deducidos por actora y demandada, con costas, de conformidad con los considerandos precedentes.

II) Tener presente las reservas de derechos efectuadas y la cuestión constitucional introducida.

III) Protocolícese, agréguese copia autorizada a los autos, notifíquese y oportunamente bajen al juzgado de origen.