Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2008-05-08


NEUQUEN, 8 de mayo de 2008.

Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados: "MAYORQUIN FABIAN GUILLERMO J. C/ ALTEC S.E. S/ COBRO DE HABERES" (EXP Nº 306789/4) venidos en apelación del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO LABORAL Nº 1 a esta Sala I integrada por los Dres. Lorenzo W. GARCIA y Luis E. SILVA ZAMBRANO con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. Mónica MORALEJO DE GIORGETTI, y de acuerdo al orden de votación sorteado el Dr. Lorenzo W. GARCIA dijo:

I.- Contra la sentencia de fs. 185/187 apela la demandada, expresando sus agravios a fs. 189/191, cuyo traslado fue respondido por la actora a fs. 196/7.

Sostiene la recurrente que los decretos en que se fundó la acción no son aplicables al sector público a que pertenece la empleadora Altec SE, contradiciendo la doctrina jurisprudencial del TSJ de Río Negro y la letra de los decretos y leyes que menciona y el dictamen del Ministerio de Trabajo de la Nación del 30/9/02, y la pauta del art.8º de la ley 24.156, así como diversos fallos de distintas jurisdicciones referidos a casos análogos (v.gr.Capel. Nqn Sala III in re "Suarez, Fabián c/Transcomahue SA s/cobro de haberes".

II.- La suerte del recurso depende de la aplicabilidad de la suma no remunerativa dispuesta por Decreto 1273/3 y similares, en el marco de la emergencia económica declarada por ley 25561, y circunscripto al ámbito de las relaciones privadas -excluyendo al sector público, al servicio doméstico y trabajo agrario-, teniéndose en cuenta que la empleadora-demandada reviste la condición de sociedad del Estado provincial rionegrino, bien que afectada a una actividad netamente comercial, cual es la atención del servicio de estacionamiento medido en el ejido de la Municipalidad de Neuquen.

Sin desconocer la doctrina receptada por la Sala III de esta Alzada in re "Suárez", citada supra, he de coincidir con la a quo en el encuadre del sub examen, en el entendimiento que, como bien señala Vazquez Vialard, "cuando el Estado actúa a través de empresas públicas, las relaciones de éstas con su personal se regulan, por lo común, de acuerdo con las normas del derecho privado; opera como empleador sujeto a las obligaciones y derechos que surgen de la LCT (Antonio Vazquez Vialard, "Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social", t.1, pág.290).

En similar sentido ha interpretado la jurisprudencia que:

"Aún admitiéndose que la relación entre el trabajador y una Empresa del Estado sea de empleo público, no se ha de regir por las reglas jurídicas de derecho administrativo cuando por acto expreso el ente público declina ese ámbito normativo administrativo e incluye al contratado para prestar servicios en la LCT, no se trata de trabajadores regidos en su vínculo por convenios colectivos a pesar de que se desempeñen para un ente administrativo. (Cfr. Sala II, sent. 43788, 2/9/76, "Lakis de Alvarez Rojas, H. c/Empresa Obras Sanitarias de la Nación"). Autos: Szwaecbart de Neiburg Beatriz Flora c/Empresa Obras Sanitarias de la Nación s/Despido. Magistrados: R. Rod. Sala II. 15/05/1986 - Exp.nº 57065/86. Sent.nº s.d.57065.

"Ha resuelto nuestra jurisprudencia que "si se trata de una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, ella ha sido constituida bajo una regulación especial de derecho privado, que, más allá de su objeto y la aplicación del derecho privado que corresponda en algunos aspectos, no puede ser asimilada a las personas de derecho público (Cn Com. Sala E L.L. 1991, A-pág. 364). En virtud de ello es que, sin perjuicio de la polémica que generara, en el sentido expuesto, su encuadramiento, lo cierto es que indudablemente no nos encontramos, en el caso, ante el ejercicio de una actividad puramente administrativa del Estado sino que, en realidad, se trata de su actuación como empresario, asumiendo un papel competitivo frente a la empresa privada. Tampoco puede hablarse, en los supuestos contemplados, de una relación de empleo público de los actores con su empleadora. Así, al decir de Dromi, en la obra ya citada, pág. 321, "el personal directivo reviste calidad de agente público en tanto sus vínculos con la sociedad, e incluso con el Estado, principal titular de la Sociedad, son de Derecho Público. El personal no directivo, subalterno, de obreros y empleados, se sujeta, por el contrario, a un vínculo privado. Correlato de la cual, culmina diciendo el mismo autor que "la fiscalización judicial de la actividad desarrollada por las Sociedades del Estado, en tanto se rige principalmente por el Derecho Privado, civil, comercial, laboral, etc. es decir, que no se aplican normas de Derecho Público, la competencia es de los Tribunales Ordinarios, y los conflictos se tramitan por vía procesal civil, comercial o laboral, o sea que no se aplican las normas del proceso administrativo" (pág. 324 obra citada). Por todo ello es que el litigio planteado no puede ser considerado materia contencioso-administrativa y, por ende, este Tribunal no resulta competente para entender en el mismo. Obs. Del Sumario: P.I. Tsj -1997- Nº 1701, Tsj Nq, A 162625 RSI-1701-97 I. 19/06/1997 Carátula: Amaolo Daniel Arturo y Otros C/Provincia del Neuquen S/Cobro de Haberes. Mag. Votantes: Macome-Otharan-Gonzalez Taboada-Vidal.

"La sola calidad estatal, propiamente dicha empresa del estado o ente autárquico, no basta para tener al personal como ubicado en la categoría de empleado público, sino que es preciso merituar en el caso, la naturaleza de la relación de empleo que une a las partes. Queda así excluida de la competencia de los tribunales del trabajo las cuestiones emanadas de una relación de empleo público, tanto porque el estado es parte como por las normas sustantivas aplicables al fondo de la cuestión."- AGUIRRE, ISOLINA MARTA C/ MUNICIPALIDAD DE EL BORDO S/ORDINARIO (Nº Fallo 99170263) (Mag.: CABRERA-FIGUEROA CASTELLANOS - 14/10/99 - CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO.

Entiendo, siguiendo la evolución que en el tratamiento de la temática en discusión sintetiza Fernández Madrid ("Tratado Práctico de Derecho de Trabajo", t.1, Págs.670 y sgtes.), que en el caso de autos la relación contractual no puede considerarse en el marco del empleo público, no gozaba de estabilidad propia ni se rigió por el derecho administrativo, y por ende no resulta sustentable la postura de la recurrente en cuanto pretende incluirla en la comprensión de "sector público" excluido de la aplicación de la normativa de emergencia.

Si bien la jurisprudencia no se ha alineado netamente a favor de la aplicación lisa y llana de la LCT al personal contratado de las empresas o entes públicos, la jurisprudencia de la CSJN in re "Leroux de Emede c/MCBA", la tendencia actual francamente prevaleciente admite la aplicación de la LCT a los contratados desprovistos de estabilidad propia y condición de empleados públicos amparados por el art.14 bis CN (Carlos Pose "Ley de Contrato de Trabajo", pàg.12).

Por las razones expuestas, y correctos fundamentos del fallo recurrido, propongo al Acuerdo su confirmación en todo cuanto ha sido materia de recurso y agravio, con costas en la Alzada a la apelante vencida, a cuyo efecto se regularán los honorarios profesionales de conformidad con el art.15 LA.

Tal mi voto.

El Dr. Luis SILVA ZAMBRANO dijo:

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que antecede, adhiero al mismo expidiéndome de igual modo.

Por lo expuesto:

SE RESUELVE:

1.- Confirmar la sentencia de fs.185/188 en cuanto fue materia de recursos y agravios.

2.- Imponer las costas de Alzada al apelante vencido (art.17 Ley Nº921).

3.- Regular los honorarios profesionales de esta Instancia en las siguientes sumas: para el Dr....., letrado apoderado del actor, de pesos TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO ($335) y para la Dra....., letrado apoderado del demandado, de pesos DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO ($235) (art.15, LA).

4.- Regístrese, notifíquese y, oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen.

Dr.Luis SILVA ZAMBRANO - Dr. Lorenzo W. GARCIA Dra.Mónica MORALEJO - SECRETARIA REGISTRADO AL Nº 48 - Tº II - Fº 231/233 Protocolo de SENTENCIAS -S A L A I- Año 2008.