Tribunal: CAMARA DE APEL. CONT. ADM. Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-21


"CURI ROBERTO HECTOR CONTRA GCBA SOBRE MEDIDA CAUTELAR" , EXPTE: EXP 16752 / 1 Buenos Aires, 21 de junio de 2006. Y VISTOS: Estos autos para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 19 -fundado a fs. 21/23-, contra la resolución de fs. 17/18. I.- La parte actora solicitó una medida cautelar autónoma a fin de que la Dirección General de Educación Vial y Licencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le otorgue, en forma transitoria y hasta que se resuelva el recurso jerárquico interpuesto, la habilitación para explotar un automotor como remís. Relató que el 25 de octubre de 2003 sufrió un accidente automovilístico, a consecuencia del cual su automotor quedó destruido. Posteriormente, y con el importe que le fuera abonado por la empresa aseguradora en virtud del siniestro antes referido, adquirió un vehículo marca Peugeot 405, modelo 1997, a fin de explotarlo en la actividad de remís. Sin embargo, cuando concurrió a solicitar la habilitación pertinente, ésta le fue denegada, en virtud de que no se encontraban cumplidos los recaudos previstos en el art. 4.8.5 de la Ordenanza nº 47.561, la cual establece que el automotor no puede tener más de cinco años a la fecha en que se solicita la habilitación. Ello motivó la interposición de la presente acción. II.- La magistrada de grado consideró improcedente la medida cautelar requerida, toda vez que el planteo efectuado carece de verosimilitud suficiente. Así, indicó la sentenciante que no parece arbitrario o irrazonable que la normativa establezca, entre los requisitos para que sea otorgada la habilitación como remís, una antigüedad del vehículo no mayor a los cinco años. Ello, pues es claro que el servicio debe brindarse dentro de los cánones mínimos de seguridad y confort. Asimismo, y en lo que se refeire a la antigüedad del rodado fijada respecto del desarrollo de la actividad de taxis y transportes escolares, la señora Jueza a quo consideró que no se trata de actividades comparables con la de remís y concluyó que, por lo tanto, no aparece vulnerada la garantía de igualdad. Contra dicha resolución la accionante interpuso recurso de apelación, lo que motiva la intervención de esta Alzada. A fs. 27 dictaminó la señora Fiscal de Cámara, propiciando el rechazo de la apelación planteada. III.- Tal como lo ha puesto de relieve anteriormente este Tribunal, el ordenamiento procesal local ha previsto expresamente el dictado de medidas cautelares autónomas. En efecto, el artículo 178 CCAyT establece que -salvo disposición legal en contrario- las providencias precautorias pueden ser solicitadas antes, simultáneamente, o después de interponer la demanda (esta Sala, in re "Vía Pública Clan S.A. c/ G.C.B.A. s/ Medida Cautelar", expte. 485/00; íd., "Carrizo, Atanasio Ramón c/ G.C.B.A s/ Medida Cautelar", expte. nº 161/00). Con respecto a las medidas cautelares en el proceso contencioso-administrativo la doctrina, la jurisprudencia y la leg islación tradicionalmente han exigido como recaudos de admisibilidad la verosimilitud del derecho, el peligro en la demora y la no afectación del interés público, sin perjuicio de la complementaria fijación de una contracautela (esta Sala, in re "Rubiolo Adriana Delia y otros c/ G.C.B.A. s/ Amparo", expte. nº 7; "Carrizo, Atanasio Ramón c/ G.C.B.A. s/ Medida cautelar, expte. nº 161/00; "Salariato, Osvaldo c/ G.C.B.A. s/ Impugnación de actos administrativos s/ Incidente de apelación-medida cautelar", expte. nº 1607/01, "Casa Abe S.A. c/ G.C.B.A. s/ Acción meramente declarativa-art. 277 CCAyT) s/ Incid. apelación contra resolución de fs. 108/9 y aclaratoria de fs. 119" expte. 271, entre muchos otros precedentes). Estos requisitos fueron receptados y regulados, con sus peculiaridades, en la ley procesal local. Así, el art. 177, CCAyT, establece que las medidas cautelares son todas aquellas que tienen por objeto garantizar los efectos del proceso, incluso aquellas de contenido positivo y la suspensión del acto ad ministrativo impugnado, aunque lo peticionado coincida con el objeto sustancial de la acción. El art. 177 agrega que aquel que tuviera fundado motivo para temer que durante el tiempo anterior al reconocimiento judicial de su derecho, este pudiera sufrir un perjuicio inminente o irreparable, puede solicitar las medidas urgentes que, según las circunstancias, fueran más aptas para asegurar provisionalmente el cumplimiento de la sentencia, aún cuando no estén expresamente reguladas. IV.- El examen de las constancias aportadas a la causa, a la luz de los principios enunciados precentemente, permite concluir que -por los fundamentos que se expondrán a continuación-, la medida cautelar autónoma solicitada no resulta admisible. En primer lugar, no se advierte que la distinta antigüedad exigida como requisito para la obtención de la habilitación de la unidad respecto de las actividades de remís, taxis y transporte escolar, carezca de reazonabilidad. Ello así, pues se trata de actividades absolutamente distintas, que no guardan relación entre sí, y respecto de las cuales se han establecido requisitos específicos para la obtención de la habilitación, según la naturaleza de cada una de ellas. Asimismo, no debe dejar de señalarse que, contrariamente a lo aducido por el apelante, la antigüedad máxima del automotor requerida para la obtención de la licencia de taxi es de doce (12) meses (conf. art. 8, inc. b, ordenanza nº 41.815). Así las cosas, el argumento expuesto al respecto por el accionante es claramente improcedente, pues se trata de una antigüedad mucho menor a la requerida para la habilitación del vehículo como remís (cinco años). V.- Finalmente, tampoco encuentra sustento -en el estado liminar en que se encuentra la causa- la irrazonabilidad alegada respecto de la distinta antigüedad del vehículo requerida para la habilitación inicial del remís y para la renovación de ésta. Adviértase, en este sentido, que si se concediera la habilitación respecto de un vehículo de más de cinco años de antigüedad, entonces, una vez o btenida ésta, el solicitante podría desarrollar su actividad por otros diez años. Así, se excedería la antigüedad máxima prevista por la normativa vigente, que es de quince años (adicionándose al modelo máximo requerido para la habilitación inicial, el límite establecido para la renovación de la licencia). En otras palabras, la razonabilidad de la norma se encontraría, prima facie, en que se trata de dos trámites totalmente diferentes, pues, aunque resulte sobreabundante aclararlo, mientras la concesión de la habilitación implica la inclusión en el servicio de un nuevo vehículo, la renovación de ésta permite la continuación en la prestación del servicio respecto de automotores que ya se encuentran habilitados con anterioridad. VI.- Todo lo expuesto no conduce sino a concluir que el planteo efectuado por el accionante carece de verosimilitud del derecho en grado suficiente para tornar procedente la concesión de la medida cautelar solicitada, pues no se advierte -en el marco limianr en que se encuentra el debat e- que la norma analizada sea irrazonable o arbitraria. Cabe recordar que, como ya lo ha indicado este Tribunal, el peticionante de una medida cautelar no puede quedar relevado del deber de comprobación del fumus bonis iuris, para lo cual deberá arrimar los elementos idóneos para producir convicción en el ánimo del tribunal sobre la apariencia de certeza o credibilidad de su planteo (esta Sala, in re "Stagnaro Juan José c/ GCBA s/ Impugnación Actos Administrativos", resolución del 15 de agosto de 2002, entre muchos otros precedentes), extremo que no se encuentra cumplido en el caso. Así las cosas, ante la falta de verosimilitud del planteo propuesto a conocimiento del Tribunal, resulta innecesario expedirse sobre el peligro en la demora (esta Sala, in re "Eg3 Red S.A. c/ G.C.B.A. s/ Medida Cautelar", EXP nº 5467/0; "Malacalza, Alberto c/ G.C.B.A. s/ Otros procesos incidentales", EXP nº 5764/1; "Máxima S.A. AFJP c/ G.C.B.A. s/ Impugnación de actos administrativos", EXP. nº 9775/0). En consecuencia, corresponde desestimar los agravios planteados por el recurrente. VOTO DEL DR. CARLOS F. BALBIN: I.- En esta etapa preliminar de la causa no se encuentra controvertido que el accionante se habría desempeñado en la actividad de remís hasta que sufrió el siniestro que menciona en el punto II del escrito de inicio (vid. fs. 1). Como consecuencia de dicho accidente se habría visto obligado a cambiar de vehículo para continuar desarrollando su actividad y, ante la negativa del SACTA de otorgarle la habilitación en virtud de la antigüedad del nuevo automotor, planteó la presente acción. II.- Así las cosas, a fin de verificar los requisitos de procedencia de la medida cautelar impetrada no pueden olvidarse las especiales circunstancias del caso, teniendo en cuenta que se encuentra en juego el derecho constitucional del actor a trabajar (art. 14, bis, CN) y, consecuentemente, su medio de subsistencia. III.- Ahora bien, las constancias obrantes en la causa, y la normativa que rige el caso, permiten advertir que la distinta antig üedad del vehículo exigida como requisito para la obtención de la habilitación de la unidad, con respecto a las actividades de taxi (1 año), remís (5 años) y transporte escolar (entre 12 y 15 años, conforme el cronograma de adecuación establecido en el art. 1, ley 1665), apreciada dentro del acotado conocimiento que admiten el estado liminar en que se encuentra la acción y la naturaleza del instituto precautorio, deviene irrazonable. Ello así pues, en primer lugar, si la finalidad perseguida es garantizar la seguridad de los pasajeros transportados -objetivo común a todos los supuestos-, para que se encuentre justificado el distinto trato normativo otorgado a cada una de estas actividades deberían existir diferencias esenciales entre ellas, extremo que no se aprecia en esta etapa de la causa. En segundo lugar, el medio escogido -determinación de la distinta antigúedad de los rodados como requisito para obtener la habilitación- no resulta adecuado para alcanzar el fin -según lo dicho, garantizar la seguridad d e los pasajeros-. En efecto, para concretar tal propósito, prima facie debe verificarse el estado del automotor, y no su antigüedad con carácter de parámetro excluyente. Adviértase, en este sentido, que el vehículo del actor habría superado la verificación técnica y -por vía de hipótesis- un rodado que cumple con el requisito de la antigüedad previsto en la norma podría, no obstante, estar en condiciones inaceptables para realizar la actividad. En síntesis, en el caso existen dos razones que tornan viable la cautela intentada, a saber: 1) Por un lado, la distinta antigüedad requerida para obtener la habilitación de un rodado a fin de emplearlo como remís, taxi y transporte escolar resulta, en principio, irrazonable, pues no refleja diferencias esenciales de las actividades en cuestión; y 2) El establecimiento de plazos de antigüedad objetivos para la obtención de las licencias no parece, prima fecie, un parámetro adecuado para alcanzar el fin perseguido por la normativa, es decir, tutelar la seguridad en el t ransporte público (arts. 28, CN; y 10 in fine, CCABA). Ello así, pues no se justifica que la antigüedad sea el factor a ponderar por parte de la autoridad de aplicación con alcance excluyente, en tanto no se tenga en cuenta -de forma prioritaria- la aptitud real del vehículo. IV.- Los fundamentos expuestos en el considerando anterior, que permiten tener por verificada la verosimilitud del derecho alegado por el accionante, sumados a la existencia de un evidente peligro en la demora -de conformidad con lo expuesto en el considerando II-, conducen a concluir que debe concederse la medida cautelar intentada, sin perjuicio de lo que pudiera resolverse al dictar la sentencia definitiva. Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por la señora Fiscal de Cámara, el tribunal RESUELVE: Rechazar el recurso de apelación interpuesto y, en consecuencia, confirmar la resolución recurrida en todo cuanto ha sido materia de apelación y agravio. Sin costas, atento a no haber mediado contradicción (art. 62, CCAyT). Regístres e, notifíquese, y al Ministerio Público en su despacho. Oportunamente, devuélvase. Carlos F. Balbín Horacio G. A. Corti (en disidencia) Esteban Centanaro