Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-09-23


SENTENCIA NÚMERO: TREINTA Y NUEVE En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los veintitrés días del mes de septiembre de dos mil trece, reunida en acuerdo la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por los señores Ministros doctores Luis Raúl Cippitelli -Presidente-; José Ricardo Cáceres y Amelia Sesto de Leiva para entender en el Recurso de Casación deducido en autos, Expte. Corte Nº 81/13, caratulados:

"RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por el Dr. Francisco Carlos Alocco Defensor Técnico de T., S. R. c/ Auto Interlocutorio Nº 50/13 de fecha 9 de Mayo de 2013", el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1º) ¿Corresponde disponer el cese de la prisión preventiva y, como consecuencia, ordenar el recupero de la libertad del imputado T., S. R. ? 2º) ¿Qué resolución corresponde dictar? El recurso de casación interpuesto en contra del Auto Interlocutorio Nº 50/13, dictado por la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos, reúne los requisitos de admisibilidad formal establecidos por el art. 460 del C.P.P.

Fue interpuesto en forma y en tiempo oportuno, por parte legitimada, y se dirige en contra de una resolución judicial equiparable a sentencia definitiva en tanto se discute la privación de la libertad del imputado, cuestión que no es susceptible de ser revisada eficazmente con posterioridad sin que eventualmente se ocasione un gravamen irreparable. Por tal razón el recurso se considera formalmente admisible.

De acuerdo al orden de votación sorteado a fs. 31, los Sres. Ministros se pronunciarán de la siguiente manera: en primer lugar, el Dr. José Ricardo Cáceres; en segundo lugar, el Dr. Luis Raúl Cippitelli y, en tercer término, la Dra. Amelia Sesto de Leiva.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

I. Por Auto Interlocutorio Nº 50/13, dictado el 09/05/2013, la Cámara de Apelaciones en lo Penal y Exhortos, no hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica del imputado T., S. R. en contra del Auto Interlocutorio 72/2012 del Juzgado de Control de Garantías de la Tercera Circunscripción Judicial de Belén, mediante el cual se resolvió ordenar la prisión preventiva de su defendido.

El hecho por el cual el Sr. Juez de Control de Garantías ordenó la medida restrictiva de T. es el siguiente:

"Que aproximadamente entre los meses de mayo del año 2011 y el día lunes 29 de octubre del año 2012, en circunstancias en que la menor . se encontraba en su vivienda, sita en (.), provincia de Catamarca, en horarios nocturnos y mientras se encontraba sola en la habitación donde dormía T., S. R. , padre biológico de la víctima, abusaba sexualmente de ella y bajo las amenazas de que no hablara porque de lo contrario dañaría a su madre y a sus hermanitos, la accedía carnalmente vía vaginal. Hechos reiterados de los que resultó un embarazo de aproximadamente cinco (5) meses de gestación" II. Contra el decisorio aludido, comparece el defensor técnico del imputado e interpone recurso de casación esgrimiendo los motivos previstos en el inc. 4º del art. 454 del C.P.P.

II. a. El recurrente se agravia porque sostiene que tanto el Juez de Control de Garantías como los camaristas presumen la posibilidad de fuga analizando únicamente el quantum de la pena. Sostiene que es una apreciación equivocada, ya que debieron inferir aquél del análisis, en primer lugar, de las condiciones subjetivas del imputado.

Agrega que en la resolución atacada no se expresaron los motivos por los que su defendido tornaría ilusorios los fines del proceso y que sólo se valoró que el delito imputado no sería excarcelable.

Finalmente realiza observaciones relacionadas con la prisión preventiva y la procedencia del presente recurso, citando una cantidad extensa de doctrina al respecto y hace reserva del Caso Federal y de plantear el recurso contenido en el art. 2, apartado 3, inc. "b" del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y de recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

III. En esta instancia y tras realizar el estudio del planteo, en función de las constancias de la causa de imprescindible valoración, adelanto que la medida de coerción dispuesta, debe ser confirmada.

Advierto que los argumentos propuestos son insuficientes a los fines de enervar los fundamentos del fallo vinculados con la concurrencia de indicios que en esta etapa justifican la sospecha sobre la intervención del imputado en el hecho de la causa, el que, por su gravedad, reflejada en la escala penal conminada en abstracto por la norma aplicable, constituye una pauta válida para evaluar positivamente la existencia de riesgo procesal de elusión de la acción de la justicia.

Así lo considero puesto que, de resultar acreditado el hecho en las circunstancias fijadas, el imputado podría ser condenado a sufrir una pena no menor de ocho años de prisión, y esa perspectiva podría alentarlo a tratar de sustraerse de la autoridad de la ley y de los jueces de la causa para evitar el encarcelamiento.

En el caso, creo oportuno mencionar que en el primer inciso del artículo 292 del CPP el legislador estableció una presunción iuris tantum de peligrosidad procesal fundada en un pronóstico de pena privativa de la libertad de cumplimiento efectivo; circunstancia que concurre en el hecho que se atribuye a T., calificado como de Abuso sexual con acceso carnal agravado por se cometido por un ascendiente, es decir que se trata de una amenaza penal que excede el límite fijado entendido como generador de peligro de que el imputado pueda impedir la actuación de la justicia, en caso de encontrarse en libertad.

Pero también es cierto que tal presunción de peligro no se infiere indefectiblemente del pronóstico de pena de efectivo cumplimiento sino que debe concurrir en el caso algunas circunstancias específicas que enerve esa sospecha, por presentarse condiciones distintas del común denominador de las personas, que resulten suficientes para desactivar la presunción legal en la que está comprendido el hecho atribuido a T.

Así, valoro que en el caso, la defensa no se hace cargo de desarrollar razones sobre el punto, sino que se limita a exponer una crítica que involucra una postura diferente de la asumida por el juez control de garantías y que fue confirmada por la Cámara de Apelaciones, respecto de la necesidad de encarcelamiento del acusado para contrarrestar la presunción de peligrosidad procesal que derivaron de que Titos pueda obstaculizar el accionar de la justicia, ya sea influyendo sobre los testigos -quienes son integrantes de las dos familias que formó con dos mujeres y once hijos- e influir sobre la versión de la denunciante y la supuesta víctima menor de edad, o sustraerse de concurrir al juicio, toda vez que la gravedad del pronóstico punitivo, refuerza el interés social en la sustanciación del proceso que se pretende asegurar a través de la presencia del imputado.

Al respecto, estimo que corresponde poner de resalto lo dispuesto en el art. 34 de la Convención sobre los Derechos del Niño, atento la edad de la supuesta víctima -ahora 15 años- según el cual, la garantía de la protección a la persona menor de edad de toda forma de abuso sexual exige investigar el delito de esa naturaleza del que haya sido víctima, con arreglo a un procedimiento judicial favorable a ella, y realizar el juicio para que, según su resultado, el autor sea declarado culpable y condenado a sufrir la pena que corresponda.

Es decir, que para cumplir con esa finalidad, el estado está obligado a implementar los resguardos para que el juicio no se frustre por el incomparendo del imputado.

De manera que la seriedad del delito, el peligro procesal que razonablemente cabe inferir de su imputación, subsiste en el caso, sin que otra medida cautelar pueda, con pareja eficiencia, satisfacer la necesidad de asegurar la sujeción del imputado al proceso, su comparencia al juicio y, en definitiva, la realización en el caso de la ley penal.

En ese marco, como lo anticipé, estimo acertado el fallo recurrido en tanto la amenaza que se cierne sobre el imputado podría alentarlo a tratar de eludir la acción de la justicia para no correr el riesgo de perder su libertad ambulatoria si la recuperara en esta instancia.

Por ello, estimo apropiado mantener preventivamente la prisión del imputado para asegurar su comparecencia al juicio y con ella, la realización de éste y la efectiva actuación de la ley penal sustantiva, sin que las circunstancias del caso, permitan por ahora, hacer uso de otras medidas menos gravosas que permitan conjurar el referido riesgo procesal.

Tal es el compromiso internacional asumido por el Estado argentino (art. 75 inc. 22 C.N.) en la Convención de Belém do Pará y en la ya citada Convención sobre los Derechos del Niño-, de asegurar, no sólo la investigación, sino también el juzgamiento y eventual castigo de los hechos que importen un agravio cierto a menores de edad víctimas de abuso sexual, los que, como en el caso, se encuentran en situación de vulnerabilidad.

En este contexto, debemos reconocer el carácter de provisoria de la medida coercitiva dispuesta, y siguiendo el criterio fijado por esta Corte en S. nº 8, del 23/04/09 y S. nº 17, del 21/09/2009, y más recientemente en S. N º22/13 "Sotomayor", y presumiendo el avance que debió tener la investigación de la causa durante la tramitación de este recurso, es de estimar que la investigación penal preparatoria debe estar próxima a concluir por lo que deben tomarse los recaudos indispensables, a fin de evitar dilaciones en los autos principales, que podrían derivar de la eventual impugnación a esta resolución.

Me resta decir, sin perjuicio de que no surge atribución de responsabilidad alguna respecto de la diligencia del proceso, que el prolongado tiempo que demandó el trámite de este recurso aconsejan advertir a la Fiscalía interviniente, que adopte las medidas útiles para concluir la etapa de la investigación penal preparatoria, conforme a las pruebas arrimadas a la causa. Así voto.

Es así que, para asegurar el equilibrio de los intereses en juego y para garantizar la efectiva vigencia de los derechos de las partes corresponde disponer que este Expte. Corte 81/13 continúe su trámite por cuerda separada, y que se remita el principal a origen para que prosiga la causa, según su estado.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

Me adhiero a las consideraciones efectuadas que el Sr. Ministro preopinante manifiesta con relación al instituto de la prisión preventiva. En consecuencia, por las razones dadas, mi respuesta a la cuestión planteada es negativa. Así voto.

A la Primera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Adhiero en su totalidad a los fundamentos vertidos por el Dr. Cáceres, votando en consecuencia en igual sentido.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

Atento al resultado de la votación que precede, corresponde: I) Declarar formalmente admisible el Recurso de Casación interpuesto a fs. 01/10 vta. por el Dr. Francisco Carlos Allocco, asistente técnico del imputado T., S. R. II) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto.

III) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.). IV) Tener presente la reserva del caso federal y la de los recursos contenidos en el art. 2, apartado 3 inc. "b" del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto San José de Costa Rica.

V) Disponer que este Expte. Corte 81/13 continúe su trámite por cuerda separada, y, ordenar la remisión de las actuaciones principales, para que continúe el proceso de la misma.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la Segunda Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Estimo correcta la solución que brinda el señor Ministro Dr. Cáceres, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma. Así voto.

Por los resultados del acuerdo que antecede, y por unanimidad, la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA;

RESUELVE:

I) Declarar formalmente admisible el Recurso de Casación interpuesto a fs. 01/10 vta. por el Dr. Francisco Carlos Allocco, asistente técnico del imputado T., S. R. II) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto.

III) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.).

IV) Tener presente la reserva del caso federal y la de los recursos contenidos en el art. 2, apartado 3 inc. "b" del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto San José de Costa Rica.

V) Disponer que este Expte. Corte 81/13 continúe su trámite por cuerda separada, y, por Secretaría, remítase a la brevedad las actuaciones principales, para que prosiga la causa según su estado.

VI) Protocolícese, hágase saber y oportunamente, bajen estos obrados a origen a sus efectos.

FIRMADO: Dres. Luis Raúl Cippitelli -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Amelia del V. Sesto de Leiva. ANTE MI: Dra. María Fernanda Vian -Secretaria- ES COPIA FIEL de la sentencia original que se protocoliza en la Secretaría a mi cargo. Doy fe.