Interrupción de la prescripción de la acción penal, improcedencia del recurso, insuficiencia del agravio, fundamentación de sentencias, falso testimonio, delitos contra la Administración Pública, calumnias, ley vigente, declaración autoincriminante, non bis in ídem
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: AGÜERO, Jorge Alberto c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-19

Corresponde rechazar el planteo de prescripción de la acción penal pues el impugnante omite computar entre los actos con entidad interruptiva de la prescripción de la acción penal el previsto en el inc. d) del art. 67 del Código Penal. En el caso, el 16 de septiembre de 2016, el órgano jurisdiccional actuante dispuso citar ".al señor Fiscal General y demás partes para que en el término de ley comparezcan a juicio, examinen las actuaciones, documentos y efectos secuestrados, ofrezcan pruebas e interpongan las recusaciones que estimen pertinentes (art. 354 del C.P.P.N.).", de manera que entre esta fecha y el dictado de la sentencia ahora en estudio -del 29/11/2019-, transcurrieron poco más de tres años, encontrándose vigente, por tanto, la acción penal por el delito atribuido. La subsunción de los hechos en la figura prevista en el art. 275 de CP resulta razonable y ajustada a derecho, Es que, tal como sostuvo el tribunal oral la persona que, citada como testigo, expone ante autoridad competente y en una causa ajena una versión imaginaria o diferente de la realidad, a sabiendas de lo que hace, puede ser pasible del delito de falso testimonio previsto y reprimido por la normativa citada, el que se consuma, según la autorizada doctrina citada en el pronunciamiento puesto en crisis, al rendirse la deposición, el informe, la traducción o la interpretación ante dicha autoridad. De todos modos, esta posición admite matices y, en cierta medida, ha sido refutada con sólidos argumentos por otra doctrina y jurisprudencia, aceptándose la posibilidad de que también puedan ser considerados testigos los propios sujetos de la relación procesal en cuestión, apartándose, por tanto, del requisito de que el testigo sea una persona ajena a aquella relación, o que tenga que ser un individuo que declare en causa ajena, o que sea un tercero ajeno o no interesado en la cuestión objeto del testimonio. En suma, sólo se excluye a las personas cuya declaración los pueda comprometer en la causa, específicamente los imputados. Los demás sujetos deberán invocar una causa de exculpación propiamente dicha, o de no exigibilidad, pero su conducta seguirá siendo típica. en tanto en su configuración se trata de un delito contra la administración de justicia (Fallos: 242:532) y, consecuentemente, "... contra la pureza de la fase probatoria en un proceso judicial" (cfr. Muñoz Conde, F. Derecho Penal, parte especial, duodécima edición, Tirant lo Blanch, Valencia, España, 1999, ps. 884/5), el daño que el falso testimonio le provoca al normal y eficaz funcionamiento de la actividad judicial no impide que el delito pueda ocasionar también una ofensa a bienes jurídicos individuales y dañar a los particulares, en su libertad, honor o economía, pero esto no constituye un elemento esencial de la figura bajo estudio No obstante, aquel delito -calumnias vertidas en juicio- por afectar a la administración de justicia, además de perjudicar a un particular, debe ser considerado figura propia del art. 275 del C.P. Es que la función pública debe prevalecer sobre el interés individual, por lo que el daño privado podría, incluso, tener como influencia la de agravar la pena. Sentado tales principios, es dable concluir que la intervención del encausado en las actuaciones de prevención iniciadas por el fiscal federal lo fue, evidentemente, desde una posición de ajenidad en la causa en la que depuso, pues allí concurrió citado como testigo, y fue a partir de allí que se configuró el delito de marras Es que su actuación se halló, desde el inicio, sólo circunscripta a declarar en esa calidad sobre hechos ajenos y percibidos por sus sentidos. No puede admitirse la pretensión de forzar la fecha que ha de considerarse como de comisión del delito, llevándola a la del acta cuya copia dio inicio a estas actuaciones, alegando un presunto bis prohibido en su contra, Es que al encausado no se le imputó lo que dijo ese día en la Cámara Federal de aquella provincia cuando alegaba oralmente en una audiencia de apelación en la causa "Rodríguez, Hermes Oscar y otros p.ss.aa de homicidio agravado, privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos", sino las manifestaciones vertidas en oportunidad de prestar declaración testimonial bajo juramento de decir verdad y sujeto a las penas previstas por el delito de falso testimonio, de las que fue impuesto, en las actuaciones de prevención referidas. Así, sólo cuando fue convocado por autoridad competente en calidad de testigo para que se explayara sobre todo cuanto supiera de los extremos referenciados en aquella acta, sus dichos adquirieron ribetes delictivos, habida cuenta de que allí sostuvo afirmaciones que sabía no respondían a la realidad, tal como lo tuvo por demostrado a la postre el a quo en su sentencia, que luce razonada y razonable, apoyándose en las constancias de la causa, en la normativa vigente y en la profusa prueba de cargo recabada. Tampoco ha de prosperar el planteo relativo a la omisión del relevamiento del juramento de decir verdad de la que, a entender de la parte, adolece la declaración indagatoria y sus ampliaciones recibidas al encartado. Ninguna duda cabe de que el encausado supo, en sendas ocasiones, el carácter de las declaraciones que prestaba. Es que una cosa es su declaración en calidad de testigo en el marco de una investigación iniciada a raíz de lo que surgía de un acta judicial en los que estaban concernidos tres jueces federales por actos ilícitos y otra, bien distinta, las prestadas al concurrir como imputado ante el juez federal interviniente por haber sido acusado del presunto delito de falso testimonio por las manifestaciones falaces vertidas en aquel carácter. Entonces luce ajustada la explicación brindada por el a quo de que en autos no se ha violentado la garantía constitucional de la prohibición de la autoincriminación por parte del imputado, ni ha existido la violación al ne bis in idem alegada, trasuntando el planteo ahora efectuado en el recurso una mera discrepancia con lo resuelto e insistiendo el impugnante en aspectos que han sido razonablemente resueltos por el órgano jurisdiccional de grado.