Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-08-23


IBAÑEZ, Nélida E. contra KENNY de ROONEY, Margarita Reg.: A y S t 215 p 304-307.

Santa Fe, 23 de agosto del año 2.006.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la actora contra la sentencia 90, del 19 de abril de 2005 dictada por la Cámara de Apelación Civil, Comercial y Laboral de Venado Tuerto en autos "IBÁÑEZ, Nélida E. contra KENNY de ROONEY, Margarita -Demanda Laboral- (Expte. 124/04)" (Expte. C.S.J. nro. 68, año 2006); y, CONSIDERANDO: 1. Surge de las constancias de la causa que Nélida Ibáñez promovió demanda persiguiendo el cobro de diversos rubros indemnizatorios derivados de la ruptura de la relación laboral, en el marco del estatuto del servicio doméstico, que -dijo- la vinculó con la accionada.

El Juez de primera instancia de conocimiento desestimó su petición y, al conocer en apelación, la Cámara confirmó lo decidido.

Es este último pronunciamiento el que la accionante impugna a través del recurso de inconstitucionalidad por considerarlo arbitrario como lesivo de derechos y garantías de raigambre constitucional.

En el escrito introductor sostiene que el decisorio impugnado no reúne las condiciones necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción. Ello así, opina, en tanto la Cámara no efectuó una razonada interpretación de la normativa en consonancia con la realidad fáctica y las probanzas de autos. Afirma que el Tribunal desinterpreta las normas que regulan la temática en análisis, basándose en la acreditación de exigencias que la ley no prevé, prescindiendo por ende de la legislación aplicable e infringiendo las reglas de la sana crítica.

Endilga al A quo vulnerar las garantías del debido proceso, la defensa en juicio y el derecho de propiedad al omitir el tratamiento de la prueba producida en la causa y que resultaba conducente para la solución del pleito.

Achaca al Juzgador desconocer principios fundamentales que rigen el derecho procesal laboral; especialmente afirma que han partido de una errónea conceptualización del "in dubio pro operario" que debe tenerse en cuenta a la hora de valorar la prueba rendida y apunta que tal principio protectorio que orienta el derecho del trabajo no aparece reflejado en el decisorio del Inferior ni en el acuerdo impugnado.

Alega que el Tribunal, desde una arbitraria ponderación de la prueba, arriba al resultado equivocado. Al respecto, afirma que aquél ha errado al decidir sobre quién recaía la carga de la prueba ya que la demandada no se limitó a negar sino que introdujo un hecho modificativo al sostener que no se trataba de un contrato de trabajo aprehensible por el decreto 326/56; que no trabajaba más que cuatro días por semana, que la ocupación no superó las 3 horas diarias y que se desempeñó como trabajadora autónoma. Y, concluye, es aquí donde el Tribunal debió analizar cuál hecho quedó sin probar y sobre quién pesaba la carga de la prueba.

Sostiene que el vínculo laboral resultó acreditado con la confesión de la demandada y que de ello se desprende que la accionada no se limitó a negar la vinculación entre las partes sino que dijo que lo que las unía era de naturaleza distinta a la afirmada por la actora que era quien debía probarlo.

Se queja de la valoración de las testimoniales que acreditan que la modalidad de la prestación de las tareas permiten encuadrarla en el Estatuto del Servicio Doméstico.

La Cámara denegó la concesión del remedio intentado por entender que no se dio cumplimiento al requisito de planteo oportuno de la cuestión constitucional.

Asimismo, consideró la Alzada que los argumentos de la recurrente reflejaban tan solo una mera discrepancia con el criterio esbozado en la sentencia impugnada por lo que no cabía hacer lugar al remedio intentado.

2. Aún cuando de las alegaciones de la impugnante formuladas en la presentación directa ante este Cuerpo pudiera entenderse superada la invocada ausencia de planteo oportuno de la cuestión constitucional, cabe señalar que el recurso igualmente no puede prosperar.

Es que, pese a que la quejosa acusa la invalidez de la sentencia por presunta arbitrariedad como lesión de derechos y garantías de raigambre constitucional, del desarrollo de los fundamentos vertidos en la pieza recursoria, en su confrontación con la resolución atacada surge tan solo la mera disconformidad de la recurrente con lo resuelto por los Juzgadores, en ejercicio de funciones propias, sobre cuestiones de hecho, prueba y derecho común -que escapan a la materia específica del recurso de inconstitucionalidad-, en cuanto entendieron que debía desestimarse la pretensión de la actora por no haberse probado que su actividad como mucama, en el domicilio del accionado, resultara encuadrable en el estatuto para el personal del servicio doméstico.

En tal orden de ideas, cabe destacar que el discurso argumental de la impugnante (tendente a imputarle a los Jueces de la causa diversas tachas descalificantes, como lo son: irrazonable interpretación normativa en consonancia con las constancias fácticas de la causa; omitir ponderar prueba conducente y arbitraria valoración de los elementos probatorios; y errónea concepción del principio "in dubio pro operario") no permite vislumbrar que el Tribunal al resolver como lo hiciera haya soslayado el derecho vigente aplicable al caso ni transgredido las reglas que gobiernan la ponderación de las probanzas.

En efecto, la Cámara sustentó todo su razonamiento sobre el siguiente punto de partida: que para que las prestaciones caigan en el ámbito del Estatuto del Servicio Doméstico este ordenamiento legal prevé en su artículo 1 una serie de situaciones que deben cumplirse y aclaró que pese a tratarse de servicios prestados en una casa de familia, sin ánimo de lucro y tareas domésticas, no se encuadran en el mismo cuando el tiempo de prestación de servicios haya sido menor a un mes, o cuando se las preste menos de cuatro veces por semanas o cuando la jornada de trabajo fuese menor a cuatro horas diarias, siendo estos tres elementos independientes para excluir la aplicación de la norma, y por consiguiente cada uno de ellos es suficiente para que el estatuto especial no se aplique. Sentado ello, fue que pasó a ponderar las circunstancias concretas de la causa a los efectos de develar si correspondía o no encuadrar la situación de la trabajadora en dicho estatuto especial y en tal faena, aseveró que como consecuencia de los principios de distribución de la carga probatoria resultaba obvio que la demostración de los presupuestos fácticos que hacen a la pretensión de la actora corriesen por cuenta de la reclamante, pues todo aquél que afirma un hecho del cual pretende extraer consecuencias jurídicas debe probarlo (fs. 14 vto./15).

Frente a este razonamiento intenta oponer el suyo la impugnante con sustento en que resulta que la cuestión debía enmarcarse dentro de lo establecido por la normativa especial -esto es el decreto 326/56- ya que así ha quedado acreditado, pero además, porque por aplicación del principio protectorio (en lo que hace a los sustancial como en lo procesal) derivan presunciones que favorecen al trabajador, sobre todo equilibrando la desigualdad ínsita en la vinculación dependiente, pero en modo alguno los argumentos esbozados por Ibáñez resultan idóneos en orden a demostrar que concurrían fácticamente los presupuestos que la ley prescribe para la aplicación del referido régimen, como así tampoco que se arrimaran al proceso otros elementos de convicción que conlleven a admitir la postulación recursiva.

Y es que, en definitiva, toda la tesis de la impugnante reposa sobre la interpretación que hiciera el A quo del sistema que rige la relación, aspecto que atañe pura y exclusivamente a los jueces de la causa, excepto que se demuestre una hermenéutica jurídica que exceda los márgenes de legalidad y razonabilidad tolerados, supuesto que no se avizora en la especie.

Tal circunstancia guarda íntima vinculación con los reproches por los cuales la perdidosa enrostra a la Cámara restarle valor probatorio a la testimonial y confesional rendida en autos -de las cuales surgían, a su criterio, los extremos condicionantes para la aplicación del estatuto especial- otorgándole mayor eficacia a las meras negativas de la demandada en sus escritos de responde.

Ello así por cuanto tal planteo denota sólo la mera disconformidad de la apelante con el alcance asignado por la Alzada a los medios de confirmación, en especial, en punto a los testigos que consideró no coincidentes, por ello sin fuerza convictiva y no corroborados por otro elemento, mas sin demostrar que aquélla haya llevado a cabo una valoración probatoria que desvirtúe los principios que deben gobernar el recto desarrollo del pensamiento.

Recuérdese que la Cámara sostuvo que, tal como lo aseverara la Juez inferior, las manifestaciones vertidas por los testigos ofrecidos por las partes resultaban discordantes y por ello no podían ser tenidas en cuenta para sustentar esta acción y estimó que los agravios que traía la actora al respecto resultaban insuficientes.

Y, seguidamente y sin perder de vista las reglas que rigen la distribución de la carga de la prueba, concluyó que no existían otros elementos probatorios que avalaran la postura de la actora de modo tal de eliminar las dudas que surgían de las testimoniales. Es que, en rigor de verdad, el eje del razonamiento de la Sala pasó por considerar que, en virtud de cómo había quedado trabada la litis y de acuerdo a las reglas del onus probandi, correspondía a la actora acreditar los hechos constitutivos por ella invocados, carga que no había sido satisfactoriamente cumplida.

Sabido es que todo lo relativo a la selección y valoración de la prueba o el reparto de la carga de aportarla queda normalmente detraído del ámbito del recurso de inconstitucionalidad, dado que es una tarea que se reserva a los Sentenciantes ordinarios toda vez que ellos son soberanos en la fijación de los hechos litigiosos y en el análisis de los medios de confirmación.

Y si bien dicha regla admite excepción, la recurrente en modo alguno persuade que los Magistrados hayan incurrido en un exceso de las facultades propias que reste sustento racional y lógico a lo decidido.

En suma, la postulación impugnativa -tal como ha sido presentada- no traspasa el límite de la disconformidad en cuanto a la ponderación del material confirmatorio y con el alcance asignado por la Cámara a normas de derecho común y, por ende, con el encuadre jurídico de la situación de autos, temas propios de las instancias ordinarias y, de consiguiente, excluídos de este ámbito extraordinario.

Por ello y ante esta mera discrepancia hermenéutica, no se configura una cuestión constitucional idónea para habilitar esta instancia de excepción cuyo cometido no es corregir posibles errores o soluciones opinables. Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE:

Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

FDO.: VIGO-FALISTOCCO-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)