marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Privatizaciones, propiedad participada, Gas del Estado
Materia: COMERCIAL
Carátula: ALTAMIRANDA  JESUS  ALBERTO  Y OTROS c/ MINISTERIO DE ECONOMIA s/ PROCESO DE CONOCIMIENTO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-04

Todos los actores se hallaban trabajando en la sociedad del estado al tiempo de disponerse su privatización -la llamada "fecha de corte" en la privatización de Gas del Estado S.E., que no está cuestionada en la apelación- y, por tanto, habían contribuido al valor de la empresa que se transformaba por voluntad del legislador. Todos ellos fueron transferidos a Transportadora Gas del Sur S.A. y tenían convocatoria legal para acceder al programa de propiedad participada pero este derecho fue frustrado por causas ajenas a la voluntad de los trabajadores, que perdieron su condición de dependientes durante el período en que se demoró la instrumentación de los documentos de adhesión. Ello significa que la determinación de la cuantía de la condena comporta el establecimiento de una compensación justa para los actores, trabajadores injustamente excluídos y que sufrieron un menoscabo patrimonial que esta sentencia debe subsanar.
Defensa del consumidor, vicios, acción de responsabilidad, daños y perjuicios, daños punitivos, admisibilidad formal
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Bertaina, Matías c/ Compañía de Seguros La Mercantil Andina SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-26

1. La figura del daño punitivo es de carácter excepcional y no rutinario, y debe ser empleada con sumo cuidado, pues se trata de un instituto importado del derecho anglosajón, extraño a nuestro sistema jurídico que prácticamente no concibe la existencia de las llamadas 'penas privadas' (CNCiv, Sala F, in re "Cañadas Pérez, María c/ Bank Boston NA, del 18-11-09, LL 2010-A, 203; cita online AR/JUR/45423/2009)". 2. El referido artículo 52 bis de la ley 24240 sólo confiere al Juez la facultad de imponer estas sanciones al disponer que ".podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor.". No estamos entonces en presencia de una imposición al Juzgador sino sólo una potestad que el magistrado podrá o no utilizar según entienda que la conducta antijurídica previamente demostrada presenta características de excepción que exigen, congruentemente, una condena "extra" que persiga no sólo resarcir a la víctima sino también sancionar al responsable, quitarle todo resabio de rédito económico derivado de la inconducta, y que genere un efecto ejemplificador que prevenga su reiteración (CNCom, Sala D, in re "Liberatore Lydia Lilian c/ Banco Sáenz SA s/ ordinario", del 31-8-12).
Homicidio calificado por el vínculo, inimputabilidad, trastorno psicopático
Materia: PENAL
Carátula: SZOPIK, ALBERTO. s/ HOMICIDIO CALIFICADO. INIMPUTABILIDAD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-21

De la afirmación de los médicos, al señalar que el procesado presenta una personalidad de base esquizo-paranoide con marcados componentes psicopáticos, no puede desprenderse que se trate de un inimputable, máxime que los mismos indican que no es un alienado mental, demente en sentido jurídico; no hallando las psicopatías campo de adaptación, ni de inclusión, en la problemática de nuestro código; debiendo responder por el delito de homicidio calificado por el vínculo de su hija, excluyéndose la alevosía.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestiones procesales, prueba testimonial
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Héctor Juan FERREYRA c/ Y.P.F. s/ IMPROCEDENCIA  DEL  RECURSO  EXTRAORDINARIO  -  CUESTION NO FEDERAL -  INTERPRETACION DE NORMAS Y ACTOS COMUNES - ACCIDENTES  DEL  TRABAJO -  PRUEBA DE TESTIGOS - PERITOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-02

Es improcedente el recurso extraordinario, si las objeciones acerca de la eficacia de un testimonio y a lo concerniente a la distribución de la carga probatoria no traducen otra cosa que las divergencias del recurrente con la ponderación de la prueba y la solución final adoptada.
Derechos y garantías constitucionales, derecho de réplica, noticia inexacta, prueba
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Petric, Domagoj Antonio c/ Diario Página 12.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-16

El derecho de rectificación o respuesta se circunscribe a las informaciones inexactas o agraviantes emitidas en perjuicio del afectado, con lo que la clara terminología del precepto limita el derecho al ámbito de lo fáctico, lo relativo a hechos cuya existencia (o inexistencia) puede ser objeto de prueba judicial.
Divorcio, atribución de la vivienda
Materia: CIVIL
Carátula: G., A. A. c/ L., A. R. s/ ordinario divorcio G., A. A. c/ L., A. R. s/ ordinario divorcio
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2019-06-05|2019-06-05

La preferencia en la atribución de la vivienda familiar, conforme lo determina el art. 443 CCC, debe establecerse bajo pautas objetivas, no relacionadas con la ruptura matrimonial ni el género de los cónyuges. Sin embargo puede acontecer que ambos sujetos se encuentren en una condición de vulnerabilidad, con distintos niveles o tipo de vulnerabilidades, y no se justifique hacer tal preferencia entre uno y otro, sin que el recurso haya mostrado que esa fue una apreciación desacertada.
Personas con discapacidad, aplicación de la ley, tratados internacionales, Poder Judicial, Ministerio de Menores
Materia: PROCESAL
Carátula: V., R. C. c/ P., S. F. Y OTROS s/ COBRO DE HABERES. Y DESPIDO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2004-11-10

Hay un plexo normativo específico de raigambre constitucional que recepta convenciones internacionales y disposiciones expresas para quienes tienen capacidades diferentes, tales como la DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, el PACTO DE SAN JOSE DE COSTA RICA, las NORMAS UNIFORMES PARA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (Resolución 46/96 del 30-12-93 de la Asamblea General de la O.N.U.);

CONVENCION INTERAMERICANA PARA LA ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION CONTRA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD suscripta en Guatemala el 08-06-99; art. 75 inc. 22) y 23) y cc de la C.N.; arts. 36, 218 inc. 4) de la C.P.; art. 59 y cc del C.C.; Leyes nacionales 22431, 23592, 24147 (arts. 12 a 22) y 25280; Leyes provinciales 1504 (art. 11 inc c), 2430 (art 77), 2055 (arts. 1, 3, 4, 16 y cc) y 3164 (arts. 1, 3, 6 y cc), etc.

Ese plexo normativo específico pone en cabeza del Estado el deber de ejercer "acciones positivas" (inc. 23 del art. 75 de la C.N.) que, en concordancia con los arts. 36 y 218 inc. 4 de la C.P., requieren para la sustanciación de la causa la aplicación del art. 59 y cc del C.C., el inc. c) del art. 11 de la Ley 1504, el art. 77 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (L.O.) y sus reglamentaciones en relación con el MINISTERIO PUBLICO TUTELAR y el órgano jurisdiccional.
Seguros, obligaciones del asegurador
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Chiampan, Omar A. c/ Canal, Daniel Osvaldo s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-02-09

Cualquiera sea la naturaleza jurídica de la vinculación entre la compañía aseguradora y su agente, es aquélla quien debe abonar a éste las comisiones devengadas por los seguros producidos, y no los tomadores, quien nada adeudan al productor (arg. arts. 53 ley 17418 y 1195 del Cód. Civil). En consecuencia, no existiendo créditos en cabeza del ejecutado contra los tomadores de seguros por él producidos, no puede tener cabida el embargo de los mismos pretendidos por la actora.-
Sentencia, cuestión esencial
Materia: LABORAL
Carátula: Frola, Sergio c/ Desimar S.A. s/ Indemnización por despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-10-21

La preterición que genera la apertura del recurso de nulidad extraordinario es aquella en la que el tribunal del trabajo incurre por descuido o inadvertencia, pero no la que se desprende de la convicción exteriorizada en el fallo de que una o más de tales cuestiones no deben o no pueden ser consideradas.
Caducidad de instancia, actos interruptivos
Materia: PROCESAL
Carátula: José J. L. Lombardi e Hijos S.A. s/ concurso preventivo S/incidente de revisión por Banco Nacional de  Desarrollo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-09-25

Los actos interruptivos del plazo de caducidad pueden ser realizados por las partes, por el órgano juridiccional o por sus auxiliares (Disidencia del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Costas, costas en el orden causado, daños y perjuicios
Materia: PROCESAL
Carátula: Sarro, Antonio y otros c/ OCA S.R.L. y otros (Buenos Aires, Provincia de) s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-27

Si se rechaza la demanda entablada contra la provincia y el conductor del vehículo embestidor que resultó participante invo luntario del accidente, corresponde imponer las costas por su orden, en atención a las particularidades del caso (art. 68, segundo párrafo del Código Procesal).
Caducidad, feria judicial
Materia: PROCESAL
Carátula: Del Negro, Mirta Zulema contra Sarrichio, Luis Alberto y otro. Daños y perjuicios c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2018-11-21

Ya con anterioridad a la reforma introducida por la ley 12.357 al art. 311 del Código Procesal Civil y Comercial vigente el debate en orden a la inclusión o exclusión de las ferias judiciales en el cómputo del plazo de perención de instancia- no se podía actuar válidamente durante los días inhábiles, salvo naturalmente los supuestos de habilitación (arts. 153 y 154, CPCC). Dicha reforma puso punto final a las discrepancias suscitadas al respecto en tanto dispuso que los plazos señalados en el art. 310 "... correrán durante los días inhábiles, salvo los que correspondan a ferias judiciales" (texto actual art. 311, CPCC).(doctor Negri, minoría)
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, revisión judicial de actos administrativos
Materia: PROCESAL
Carátula: H., L. c/ Resolución N° 1.473/17 del Instituto de Seguridad Social y Seguros s/ Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2018-10-02

La Sala en este tipo de Recursos jurisdiccionales de apelación, se limita a analizar la prueba oportunamente presentada en el Expediente Administrativo. Ello es así, pues integra un sistema de impugnación o de control de los actos administrativos cuya naturaleza difiere de las acciones judiciales.
Competencia por la materia, automotores, cédula verde, falsificación de instrumento público, patente del automotor, competencia ordinaria
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: "BELFI, José s/ competencia".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-11-22

Compete a la justicia federal del lugar donde se verificó la sustitución de la chapa patente colocada (art. 289 del C.P.) y la falsificación de la cédula de identificación de ese automotor la sustanciación de esas infracciones. dada la estrecha vinculación que existe entre la falsificación y la coincidencia con la numeración del dominio colocado.Compete a la justicia penal común la investigación del posible delito de encubrimiento respecto de ese automotor.
Accidentes de trabajo, comisiones médicas, diagnóstico médico, revisión judicial de actos administrativos
Materia: LABORAL
Carátula: TIMO   LUIS   ROBERTO c/ LA  GENOVESA  SUPERMERCADOS  S.A. s/ ACCIDENTE-                      ACCION                      CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-18

El solo hecho de que el actor se someta al procedimiento administrativo creado por la ley 24.557 -ante la Comisión Médica local y la Comisión Médica Central- no importa renuncia a efectuar una impugnación constitucional contra el mismo. Ello así, por cuanto el trabajador no efectuó ninguna opción o elección voluntaria entre caminos o vías diferentes, y lo que hizo fue sólo cumplir con la ley vigente, que no le daba otra alternativa. Tampoco puede aplicarse la doctrina de la CSJN por la que "el voluntario sometimiento, sin reservas, a un régimen jurídico o a una decisión judicial o a una determinada jurisdicción, comportan un equívoco acatamiento que determina la improcedencia de su impugnación ulterior con base constitucional", pues ello conduciría a admitir la renuncia anticipada de derechos o garantías consagradas por la Constitución Nacional.
Beneficios previsionales, cómputo de servicios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Garobbio, Carlos José c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-09-17

No hay razón para denegar el reconocimiento a los fines previsionales de servicios prestados ad honorem si de las constancias de autos resulta que el cargo en cuestión encuentra otro similar en el presupuesto municipal. Ello, previo pago de los aportes respectivos (arts. 15 y 55 seg. parte y conc. dec. ley 9650 /80).
Participación criminal, malversación de caudales públicos
Materia: PENAL
Carátula: Moure, Lisardo s/ Denuncia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-10

Si el grado de participación del encausado es el de autor, su consorte de causa resulta cómplice primario si carece de las características especiales que debe tener el autor -funcionario público- y se comprueba que entre ambos existían un plan común.
Daños y perjuicios, daño moral, responsabilidad contractual, medicina prepaga
Materia: CIVIL
Carátula: COUCHOUD, ALBERTO c/ QUALITAS MEDICA SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-08

Resulta procedente el reclamo de indemnización por daño moral y cabe fijarlo en la suma de $ 8000, a causa del rechazo manifestado por una empresa de medicina prepaga quien se negó a efectivizar la cobertura de internación y tratamiento de la coactora, quien padecía de un infarto agudo, alegando a ese fin la configuración de preexistencia de la enfermedad, situación que fue desvirtuada por el dictamen del perito médico en base al resultado favorable que surgia de una coronografía realizada con anterioridad a la internación de la actora. Ello asi, pues en virtud de la interrupción de la cobertura médica, resulta claramente inferible el agravio moral que debió soportar la actora, a causa del estado de angustia e incertidumbre que le generó, agravado por la circunstancia de la enfermedad que padecía, que requeria atención médica especializada.
Cuestión constitucional, recurso de inconstitucionalidad, ebriedad
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Fiscalía de Cámara Este de la CABA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Incidente de recurso de inconstitucionalidad en autos Crespo, Francisco Javier s/ 111 - conducir con mayor cantidad de alcohol en sangre del permitido o bajo los efectos de estupefacientes (Art. 114 según TC Ley 5666 modif.)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-21

Existe caso constitucional si se cuestiona de modo concreto y suficiente la interpretación que los jueces de la causa hicieron de la norma aplicada al caso -artículos 45, CC-, por considerar que tal hermenéutica lesiona las reglas constitucionales vinculadas que estructuran el debido proceso en esta jurisdicción y establecen las competencias y atribuciones del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad según arts. 13.3, 124 y 125 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (Del voto de los jueces Inés M. Weinberg y Luis Francisco Lozano, por remisión a los fundamentos brindados en "Ministerio Público -Fiscalía de Cámara Este de la CABA - s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado, en: incidente de apelación en autos Blanco Vallejos, Vidal s/ infr. art. 111, conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes, CC"", expte. n° 9876/13, sentencia del 20/11/2013. Voto compartido por el juez Santiago Otamendi).
Daños y perjuicios, responsabilidad del Estado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cadesa  S.A. c/ Estado Nacional (ANA.) s/ daños y perjuicios. DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-03-21

Cuando un derecho patrimonial cede por razón de un interés público frente al Estado, o sufre daño por su actividad o la de los particulares, ese daño debe ser indemnizado tanto si la actividad que lo produce es ilícita o ilegítima cuanto si no lo es.
Prueba, producción de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: G., F.A. p.s.a. lesiones culposas leves a B., L.E. s/ Damnificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-04-26

"...definitivos son aquellos actos que en el momento de ser ordenados aparezcan como pruebas que tomará en cuenta el tribunal de juicio e irreproducibles son los que cumplidos no pueden renovarse sin variar las circunstancias originales".
Absurdo, cosa juzgada
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Bulgarella, Hilda Noemí c/ Añaños, Oscar Alberto y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2019-04-24

Se encuentra viciada por el absurdo la sentencia que tuvo por juzgado -alcanzada por los efectos de la cosa juzgada- el capital de condena como daño emergente al analizar los alcances de la sentencia dictada pata resolver la medida cautelar, cuando el objeto reclamado en uno y otro caso, si bien consistió en la fijación de un canon locativo por la privación de uso y usufructo del inmueble en cuestión, tuvo distinta finalidad y alcance (doctor de Lázzari, sin disidencia)
Competencia, derecho de los beneficios de la seguridad social
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ABUIN JOSE ANTONIO c/ MINISTERIO DE ACCION SOCIAL s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-06-21

Las cuestiones vinculadas con el derecho previsional, cuando se cuestiona la constitucionalidad de la ley 18.038 En cuanto impone la afiliación obligatoria a su régimen y, subsidiariamente, se demanda la fijación judicial del aporte correspondiente según las bases expuestas por la actora en el escrito inicial, deben ser decididas por jueces con versación específica en la materia, aun en ausencia de norma expresa que les atribuya dicha competencia, en tanto no exista otra que imponga una solución contraria. (S2,2093 210683)
Entidades financieras, responsabilidad del síndico de la sociedad
Materia: COMERCIAL
Carátula: ASTOLFO, H.R. Y OTROS (PROMOSUR  S.A.C.F. ) c/ B.C.R.A. s/ RESOL. N. 50
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-01

El SINDICO es responsable por omisión de todos los cargos impuestos al no haber efectuado los controles exigidos por las disposiciones vigentes como así tampoco haber obrado con la diligencia debida en las amplias facultades de vigilancia que la ley atribuye a los síndicos de las sociedades anónimas (ley 19.550, art.

294, inc. 1 y 9, 297 y 298).
Juegos de azar, contratos aleatorios, PRODE, contratos de adhesión
Materia: Civil
Carátula: Arce, Alberto Nicolás c/ Instituto Provincial de Lotería y Casino s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1994-09-23

La relación jurídica que vincula al Apostador con el agente autorizado -agenciero- surge del art. 2060 C.Civ., en tanto dispone que las deudas de juego son las que provienen directamente de una convención de juego o apuesta; y la existente entre el apostador y los Entes Coordinador y Organizador, configura un contrato aleatorio ... de adhesión, en el que el primero, acepta mediante el pago de una apuesta en la Agencia autorizada por el Estado, todas las normas reglamentarias y la ratificación de su jugada -art. 1144 CCI y 5 Reglamento del Prode-. Y la otra parte: el Ente Organizador Lotería Nacional se compromete a realizar antes de la competencia un procesamiento electrónico de registro y control, con el fin de determinar si las matrices se encuentran habilitadas para intervenir en el concurso que ingresaron. Y la llamada reglamentariamente: Entidad Coordinadora Oficial, en autos "Instituto Nacional de Lotería y Casinos", en razón del convenio suscripto entre la Lotería Nacional y la Provincia, se obliga a remitir al Centro Unico de Procesamiento de Datos del Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación -CUPED-, todas las tarjetas provenientes de las jugadas realizadas en jurisdicción Provincial.
Competencia contencioso administrativa, Cámara de Senadores, Constitución Provincial, Poder Judicial, acción de amparo
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Ampuero, Iván Dardo c/ Cámara de Senadores de la Provincia y/o Presidente del Cuerpo, Licenciada Grimaux de Blanco s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2011-05-02

En autos se interpone acción de amparo en contra de "la decisión política" de la Cámara de Senadores de excluir al accionante de su seno con fundamento en razones de indignidad, persiguiendo se declare la inconstitucionalidad de la sesión celebrada el 7/11/2010.

Delimitado el thema decidendum, corresponde pronunciarse acerca de la jurisdicción y competencia de esta Corte de Justicia para entender en la acción conforme a nuestro ordenamiento jurídico constitucional, lo que conlleva realizar una exégesis de las normas de superior jerarquía aplicables a la cuestión traída a conocimiento de este Cuerpo.

El principio cardinal que preside el ejercicio de la función jurisdiccional resulta del Art.207 de la Constitución Provincial, en cuanto establece que: "los Jueces y demás Tribunales, cualesquiera sea su jerarquía, resolverán siempre de acuerdo a la ley, y aplicarán la Constitución como Ley Suprema de la Provincia". En consecuencia, la jurisdicción de esta Corte de Justicia se encuentra atribuida por el Art.204 de igual plexo normativo, cuya interpretación es de carácter restrictivo y su competencia originaria reviste carácter estrictamente revisor del actuar administrativo de los tres Poderes del Estado, de conformidad a los presupuestos legales contenidos en los respectivos ordenamientos adjetivos, según la acción de que se trate.

Sentado ello, y en virtud de lo ordenado por el Art.3º de la Constitución Provincial que establece la división tripartita de los Poderes del Estado, se precisa que: "ninguno de ellos podrá arrogarse facultades que no le hayan sido conferidas por esta Constitución, ni delegar las que la misma les acuerda, so pena de insanable nulidad que debe ser declarada de oficio por los Tribunales de la Provincia".

Dentro del marco normativo expuesto, cobra singular relevancia para delimitar la competencia constitucional de cada uno de los Poderes del Estado, en orden a la materia de que se trata reseñada en los considerandos precedentes, lo dispuesto en el Capítulo IV de la Sección Segunda de la Constitución Provincial, que trata de: "Disposiciones comunes a ambas Cámaras", integrantes del Poder Legislativo, en cuanto preceptúa en el Art.95 que: "Cada Cámara...; podrán también excluir de su seno a cualesquiera de éstos por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, por.., por indignidad o por inhabilidad física o moral sobrevinientes a su incorporación..".

Del juego armónico de las disposiciones constitucionales citadas supra, resulta de manera indubitada la incompetencia de este Poder del Estado para ejercer la iurisdictio en el caso planteado en autos.

Por ello, corresponde declarar inadmisible la demanda, por falta de jurisdicción y competencia del Tribunal para entender en la misma.
Robo calificado, armas
Materia: PENAL
Carátula: Paboni, Víctor Fabián s/ Robo de aut.tor
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-12-14

No es suficiente para acreditar que los hechos han de encuadrarse en la normativa del art. 166 inc. 2º del Código Penal sólo lo manifestado por los testigos en cuanto a que han visualizado un objeto que responde a las características morfológicas de un arma de fuego pues de allí no puede extraerse su capacidad dañosa.