Tribunal: CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-12-27


En la Ciudad de Buenos Aires, a los 27 días del mes de diciembre del año dos mil once, se reúnen los miembros de la Sala Tercera de la Cámara Nacional de Casación Penal, doctores Liliana E. Catucci, Raúl R. Madueño y Eduardo R. Riggi bajo la presidencia de la primera de los nombrados, asistidos por el Prosecretario de Cámara, doctor Walter Daniel Magnone, con el objeto de dictar sentencia en la causa n° 14.048, caratulada:

AInca Ticona, Mariano; Inca Llupanqui, Policarpio s/recurso de casación@. Representa al Ministerio Público el señor Fiscal General el doctor Raúl Omar Pleé, y ejerce la defensa particular de los imputados el Dr. Mario Pablo Perriconi de Matthaeis.

Efectuado el sorteo para que los señores Jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden: Catucci, Madueño y Riggi.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

La señora Juez, Dra. Liliana E. Catucci, dijo:

PRIMERO:

Las presentes actuaciones llegan a conocimiento de este Tribunal a raíz del recurso de casación interpuesto a fs. 1270/1277 por la defensa particular contra el pronunciamiento dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3, de San Martín, provincia de Buenos Aires, obrante a fs. 1231/1254, que CONDENÓ a MARIANO INCA TICONA a la pena de cinco años de prisión accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable del delito de trata de personas en su modalidad de captación, transporte o traslado dentro del país y desde el exterior BRepública de Bolivia- y acogimiento de personas mayores de dieciocho años de edad, mediante engaño, fraude, o cualquier otro medio de intimidación o coerción, abusando de una situación de vulnerabilidad con fines de explotación, agravado por ser más de tres las víctimas, con costas (arts. 5, 12, 19, 29, inc 3°, 40,41, 45 y 145 bis, primer párrafo, e inc. 3° Del C.P., conf. ley 26.364; 398, 399 y cc. del C.P.P.N.).

Por otra parte, CONDENÓ a POLICARPIO INCA LlUPANQUI, a la pena de dos años y tres meses de prisión, cuyo cumplimiento dejó en suspenso, por considerarlo cómplice secundario del mismo delito (arts. 5, 26, 29, inc. 3°, 40, 41, 46 y 145 bis, primer párrafo e inciso 3° del C.P., conforme ley 26.364; 398, 399 y cc. del C.P.P.N); y, le impuso las reglas de conducta dispuestas por el artículo 27 bis, inc. 1° del Código Penal.

Durante el término de oficina, el Representante del Ministerio Público Fiscal, solicitó el rechazo del recurso de casación articulado por la defensa particular de los nombrados(cfr. fs. 1303/1308).

Celebrada la audiencia prevista por el artículo 468 del Código Procesal Penal de la Nación, el defensor particular presentó breves notas (fs. 1317/1319), el expediente quedó en condiciones de ser resuelto.

SEGUNDO:

La defensa particular fundó el recurso de casación en ambos incisos del art. 456 del C.P.P.N.

Señaló los siguientes agravios:

a. Violación de los derechos de defensa en juicio e igualdad ante la ley, por haber incorporado, ante una aparente contradicción, por lectura testimoniales que las supuestas víctimas habían prestado en sede policial y haberlas hecho prevalecer.

Agregó la fragmentaria valoración de la prueba en desmedro de sus defendidos.

b. Errónea aplicación del artículo 145 bis, primer párrafo, e inc. 3° del C.P.; y de la agravante de haber sometido a más de tres personas, sin haberse acreditado fraude, coerción, explotación, ni ultra intención respecto de Mariano Inca Ticona.

Sostuvo que se descalificaron los dichos de los trabajadores que habían aludido a que se trataba de un trabajo voluntario, y que no eran explotados.

Señaló la omisión de considerar la ley laboral en cuanto permite el funcionamiento de los talleres textiles bajo ciertas modalidades intensivas, lo que descarta la aplicación de la figura agravada.

Dijo que la conducta de Mariano Inca Ticona, era atípica por ausencia de los requisitos del tipo objetivo y subjetivo que la caracterizan.

c. En relación a Policarpio Inca Llupanqui, invocó la inobservancia del debido proceso por el desconocimiento del idioma castellano, que afectó la validez de su indagatoria, sin que la asistencia de un traductor durante la audiencia de debate hubiere superado ese defecto.

Finalizó solicitando que se haga lugar al recurso de casación, haciendo reserva del caso federal.

TERCERO:

A) El tribunal oral tuvo por probado que desde una fecha incierta hasta el 17 de marzo de 2009, Mariano Inca Ticona, con la colaboración no esencial de su padre Policarpio Inca Llupanqui, captaron y trasladaron bolivianos desde su país de origen, mayores de dieciocho años, hasta el taller textil del primero sito en la calle Hipólito Irigoyen n° 3529/31 de la localidad de San Martín, provincia de Buenos Aires abusando de sus situaciones de vulnerabilidad con el fin de explotarlos laboralmente.

El órgano sentenciante calificó el accionar de Mariano Inca Ticona como constitutivo del delito de trata de personas en su modalidad de captación, transporte o traslado dentro del país y desde el exterior BRepública de Bolivia- y acogimiento de personas mayores de dieciocho años de edad, mediante engaño, fraude, o cualquier otro medio de intimidación o coerción, abusando de la situación de vulnerabilidad con fines de explotación, agravado por ser más de tres las víctimas, en calidad de autor (arts. 5°, 12, 19, 29, inc. 3°, 40, 41, 45 y 145 bis, primer párrafo e inciso 3° del C.P., conforme ley 26.364; 398, 399 y cc. del C.P.P.N.).

Adecuó la conducta de Policarpio Inca Llupanqui como cómplice secundario del mismo delito (art. 46 del C.P.).

Según surge del pronunciamiento atacado la prueba de la materialidad del hecho se conformó con varias piezas de convicción, entre ellas (art. 398 del C.P.P.N.), el acta labrada por personal de la División Trata de Personas de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina, por la que se dejó constancia de que el Consulado de Bolivia había puesto en conocimiento de la Oficina de Rescate y Acompañamiento de Personas Damnificadas del delito de Trata de Personas, del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, de una denuncia telefónica acerca de que el ciudadano Boliviano Hilarión Whuarica Salas estaría privado de su libertad y explotado en un taller ubicado en las calles Irigoyen y San Martín, del partido de San Martín, provincia de Buenos Aires, frente a la parada de la línea de colectivo número 252. Actividad que regentearían los hermanos Félix y Mariano Inca Ticona.

Vitales fueron además los dichos de los trabajadores de ese lugar a través de los cuales se pudo constatar el desarrollo de ese taller (declaración de Betty Huaqui Quispe de fs. 544/6, Jhony Carlos Poma Mamani fs. 355/6, ratificando la de fs. 133/4, Ricardo Julio Apaza Huanta fs. 383/4, ratificando parcialmente la anterior de fs. 135/6 vta., pero sin modificarla en cuanto a que conoció a Hilarión trabajando en el taller, entre otros).

El funcionamiento de ese taller en las condiciones citadas se verificó con los testimonios que los funcionarios policiales que habían realizado tareas de inteligencia Sabrina Kuhnel y Gustavo Javier Dotta, dieron en la audiencia oral.

Elocuente es el comentario del último acerca de que le llamó la atención que las dos ventanas del local estaban cerradas, que uno de los postigotes de hierro estaba soldado y el otro asegurado con un precinto metálico. Manifestó Dotta que pese a que no se podía ver el interior del inmueble, pudieron averiguar que allí trabajaban y pernoctaban bolivianos, todo lo cual se corroboró en el allanamiento.

El acta que documentó esa diligencia practicada en la calle Irigoyen n° 3529/31 y/o 70 de San Martín, por personal de la división Trata de Personas de la Policía Federal Argentina, dio cuenta del nombre de quienes se encontraban en el lugar, algunos de los cuales eran dueños o encargados del taller, trabajadores de distinto sexo, todos de nacionalidad boliviana, y de menores de edad convivientes con sus familiares.

Se dejó constancia de la existencia de varias habitaciones, del cierre hermético de las ventanas que daban a la calle [soldadas o precintadas], con quince máquinas de coser [doce de las cuales estaban siendo operadas por algunos trabajadores], y cantidad de prendas de vestir, algunas ya confeccionadas, y otras en vías de serlo (fs. 59/61, transcripta a fs. 62/3).

En sentido coadyuvante obraron las deposiciones en el debate de los testigos civiles de actuación, José Antonio Arande y César Juan Litsas, los que reconocieron sus firmas en el acta de fs. 59/61 y se explayaron sobre el allanamiento.

Se acopló a ese cuadro cargoso la versión de Arande quien expresó que en el lugar, que tenía un solo baño, estaba desordenado y sucio, con habitaciones de reducido espacio, trabajaban y pernoctaban varias personas, algunas manejando máquinas de coser, diciendo según su criterio que estaban hacinadas.

César J. Litsas recordó que sólo un sábado vio a una persona del sexo femenino que entraba a la casa con su carrito con alimentos, la que estaba el día del procedimiento, junto a los dos acusados a quienes había visto transitar frente a su negocio en varias oportunidades. Negó haber oído en el barrio comentarios de ese taller, diciendo que su única puerta de entrada estaba cerrada, las dos ventanas que daban a la calle selladas con precintos; y que los dormitorios eran pequeños con camas tipo marineras (cuchetas).

Contestes fueron las deposiciones de María Eugenia Cuadra y Paola Mariana Tabares, de la Oficina de Rescate y acompañamiento de personas damnificadas por el delito de trata de personas del citado Ministerio quienes intervinieron en el procedimiento del taller, y que recogieran de los trabajadores que eran de origen boliviano, pero que entendían y hablaban el idioma castellano, sin recordar excepción alguna que tenían escaso nivel cultural, casi sin educación y que respondían con frases breves y concretas las preguntas que les formulaban (cfr. dec. de Cuadra).

Agregaron que los trabajadores estaban hacinados y en situación de vulnerabilidad, cansados por el extenso horario de trabajo, con poca comida y salida restringida, a excepción de los fines de semana, que lo hacían pero acompañados por alguien del taller. Se enteraron de que ganaban poco dinero; que no cumplían con el pago y que debían reintegrar el costo del pasaje desde Bolivia a San Martín. También fueron contestes en que estaban en condiciones de explotación, que el lugar era precario, sucio, que había restos de comida en las pequeñas habitaciones, cada una de las cuales tenían varias camas; y que sólo había un solo baño para todos.

Sirvió como material gráfico el croquis de la finca(fs. 67/9) y las fotografías que muestran el estado de la propiedad (162/179), elementos que ilustraron los testimonios.

En la misma dirección cargosa opera el informe de Mariana Schvartz de la Oficina de Rescate y Acompañamiento de las víctimas de trata de personas (fs. 243/81), elaborado según los dichos de Cuadra y Tabares, y del cual se desprende con detalle, los relatos de los trabajadores, la constitución del inmueble, habitaciones y el baño; el estado general del lugar(higiene y seguridad); alimentación deficiente, la deudas sobre los salarios, el hacinamiento, la imposibilidad de entrada y salida con libertad, que revela condiciones infrahumanas de vivienda y trabajo.

Útil fue también el informe de la Dirección de Inspección Federal del Ministerio de Trabajo, relativo a que las personas que trabajaban en ese taller no estaban registradas en sus padrones y que su titular no estaba inscripto en la A.F.I.P. como empleador (fs. 272).

Se unieron a ese cuadro las planillas agregadas a fs. 74/82 de las que surge por propios dichos de los trabajadores la fecha de ingreso al país y la deuda de monto incierto por los trabajos realizados.

Se evaluaron en sentido incriminatorio las declaraciones testimoniales de los empleados del taller: Rómulo Condori Quispe (fs. 374/5), Rubén Torres Sosa (fs. 541/3 vta.), Delia Claudina Mamani Inca (fs. 381/2vta.), Gregoria Arismendi Poma (fs. 378/80), Betty Guasqui Quispe (fs. 544/6), Rosalía Medrano Mamani (fs. 389/9), Zuly Dominga Apaza Apaza (fs. 387/8), Jhony Carlos Poma Mamani (fs. 385/6) y Ricardo Julio Apaza Huanta (fs. 383/4 vta.), valiosas porque trabajaban en el sitio, identificaron a sus dueños y encargados y comentaron las circunstancias que rodeaban la actividad de cada uno, deposiciones incorporadas por lectura al debate [ante la imposibilidad del tribunal a quo de ubicarlos en la Argentina o su país de origen, pese a las medidas tomadas).

Se dejó asentado en el fallo que las declaraciones de las profesionales de la oficina de asistencia estatal resultan contestes con las de los policías Kuhnel y Dotta acerca del número de personas convivientes, falta de condiciones mínimas de higiene y seguridad, ritmo agotador de trabajo, la existencia un solo baño y de un tendido eléctrico precario que colgaba por las paredes y techos, que ponía en peligro la vida de los ocupantes, entre los que se encontraban los hijos de corta edad de quienes lo habitaban.

Los restos de alimentos en descomposición, los vahos que se percibían desde la calle y que dificultaban la respiración, denotan las condiciones infrahumanas de la vida de los trabajadores [cfr. dec. del preventor Dotta].

Los dichos de éste complementaron la prueba al refrendar el deplorable estado comentado en el párrafo anterior.

A todo ello se sumó el relato de María Margarita Condori Quispe, durante la instrucción, quien pese a haberse presentado sorpresivamente en la sede del tribunal oral, guardó silencio frente a las preguntas que le hicieron o se expidió en forma acotada, y por demás, ininteligible, habiendo explicado a su respecto los Médicos legistas del Poder Judicial de la Nación que la nombrada A..se encuentra afectada por un moderado a severo retraso mental que la incapacita psíquicamente para declarar como testigo en la audiencia oral y pública"(fs 1205/7).

Pese a esa minusvalía, la nombrada había reconocido durante la etapa de instrucción que se relacionaba con Policarpio desde hacía cuatro años atrás en Bolivia y que el motivo del traslado a la Argentina había sido para que él se atendiera de una dolencia en su pierna, pensando que se quedarían hasta que se curase.

Comentó que la actualmente prófuga Jesusa Haycho Huasco "trabajaba en el taller... por la mañana ordenaba la ropa fabricada y la doblaba... a la tarde iba al taller y ordenaba telas, también se encargaba de abrir y controlar quiénes salían... pidiendo permiso podían salir... sólo Félix y Jesusa lo hacían (acompañaban a algunos trabajadores cuando salían del taller) para mostrarles el lugar... (que) Policarpio... no hacía nada (en el taller) que estaba mal de un pie..."(fs. 370/1 vta.).

Sin embargo el tribunal oral sostuvo que en esa oportunidad la testigo había podido comprender lo que sucedía a punto de que trataba de aliviar la comprometida situación de Mariano Inca Ticona y de su padre Policarpio Inca Llupanqui, y que había aludido someramente a los hoy prófugos Jesusa y Félix.

También se tuvo en cuenta en la instancia oral que el testigo Mirko Carrillo Alí comentara que había llegado desde la Ciudad de La Paz, Bolivia, ante una oferta de empleos para trabajar en la Argentina. Llamó al número telefónico proporcionado, y al ser atendido se le dijo que se contactara con Mariano Ticona cuñado del interlocutor. Ticona le confirmó la oferta de trabajo, casa y comida, y en consecuencia aceptó habiéndosele pagado el pasaje hasta Liniers. Dijo que en Buenos Aires, conoció a ese tal Mariano quien lo llevó junto con su esposa e hijo al taller, en agosto de 2008. Allí trabajó hasta diciembre de ese año, vivía en una pieza de la casa. Junto con él trabajaban otras seis personas. Volvió de Bolivia el 27 de enero de 2009, para seguir trabajando en el taller, oportunidad en la que comprobó ya había alrededor de dieciséis personas [Mamani, Rubén; Betty, Rómulo; Ricardo; Víctor; Agustín; Jhony; Iván y su esposa; otra mujer cuyo nombre olvidó; su primo Roque; Julio; otro Agustín, entre otros]. Recordó Carrillo Alí que los dueños del negocio eran Mariano y Jesusa; y que Félix -el hermano de aquél-, era el encargado en el taller, el que algunas veces llevaba cortes de tela y controlaba las tareas. Comentó asimismo que en esa segunda etapa ya estaba en el taller Policarpio, que realizaba tareas livianas, como por ejemplo el barrido, y algunas veces conversaba un poco con ellos, tanto en castellano como en aymará. En cuanto al inmueble dijo que tenía tres piezas en el primer piso para los casados y sus familias y, abajo otras dos para los solteros. La jornada de trabajo comenzaba a las 7 de la mañana y concluía a las 22 hs., desayunaban a las 8 hs., almorzaban a las 13 o 14 hs., y a la tarde merendaban.

Agregó el testigo que los dueños estaban a cargo de la comida, que cada uno consumía en su habitación, que ellos vivían en el piso superior. Adentro de la casa podían circular libremente, pero cuando querían salir tenían que pedir permiso a los dueños, dado que la puerta de entrada siempre estaba cerrada con llave, que aquéllos conservaban en su poder aludiendo a razones de seguridad por la villa lindera.

Dijo que allí realizaban una Aactividad común entre sus conciudadanos" y les pagaban mensualmente por prenda. Cada uno cobraba según su trabajo; que le debían mil trescientos pesos que le pagaron luego del allanamiento; y que el último contingente de conciudadanos llegó a raíz de la publicidad radial en Bolivia, sin saber con quien hablaron.

Por la prueba actuada, el tribunal oral llegó a la conclusión que tanto Carrillo Alí como otros bolivianos llegaban al país atraídos por una propaganda radial, que los conectaba con Mariano Inca Ticona, quien los recibía en Liniers y los llevaba hasta el taller de la calle Irigoyen, donde estaban Jesusa [otra de las dueñas], Félix Inca Ticona[encargado del lugar] -ambos prófugos-, y Policarpio Inca Llupanqui, que por su afección en una pierna realizaba tareas menores, y porque además se trataba de la vista, según surge de la documentación por que presentó en la causa.

A través de las piezas de convicción recogidas se tuvo por demostrado que los trabajadores no tenían libertad para salir, dado que las llaves las tenian los que mandaban, que las ventanas se encontraban bien aseguradas, al parecer porque se temía más a la fuga de "los trabajadores" descontentos con el trato que recibían, que a la excusa de los villeros y que para poder dejar el lugar debían saldar los gastos de la llegada al taller textil.

La prevalencia de las deposiciones de los testigos víctimas Rómulo Condori Quispe; Delia Claudia Mamani, Jhony Carlos Poma Mamani, Gregoria Arismendi Poma, Rubén Torres Sosa, Rosalía Medrano Mamani, Zuly Dominga Apaza Apaza, y Ricardo Julio Apaza Huanta (cfr. en razón de brevedad, fs. 1243/1246) prestadas en la sede prevencional a las tomadas en el debate se debió a las contradicciones en que incurrieran en la última oportunidad en un claro intento de beneficiar a los procesados y por su discordancia con las de los funcionarios intervinientes quien habían declarado con precisión. En esa selección el tribunal consideró inverosímiles las justificaciones ensayadas por aquéllos de que habían firmado de apuro, o porque ignoraban que se debía dar lectura al contenido del acto antes de suscribirlo o, porque no se les habían leído ni lo habían hecho ellos personalmente. Excusas carentes de sentido y tendientes a atribuir incorrectas actitudes a los funcionarios policiales o a sembrar dudas acerca de la legalidad de su actividad.

Incuestionables fueron para el órgano de juicio las deposiciones de las funcionarias Cuadra y Tabares de la oficina de rescate, quienes habían presenciado desde el comienzo la invetigación, el allanamiento de la casa hasta su finalización; la declaración de las presuntas víctimas, a quienes habían brindado su apoyo, contención, y que habían recibido las explicaciones volcadas en el informe suscripto por Mariana Schvartz, despejando a su respecto todo atisbo de parcialidad.

Los hechos se afianzaron con los testimonios de los "costureros", procedentes de la República de Bolivia, sin hospedaje, que viajaron atraídos por una propaganda radial escuchada en aquel país, contratados por Mariano Inca Ticona, quien los recibía en Liniers, los llevaba a la casa de San Martín y allí los instalaban sin poder abandonar el lugar hasta tanto saldaran los gastos de traslados.

Dieron asimismo por probado que no tenían libertad para salir del taller, y cuando lo hacían eran acompañados por Policarpio Inca Llupanqui, padre de Mariano.

En lo que a éste atañe, se dejó sentado que estaba en el lugar desde tiempo atrás sin atender al pretexto por él esgrimido de que era por sus dolencias físicas. En lo que a este sujeto atañe resultó significativo para el órgano de juicio que hubiera intentado aducir el desconocimiento del idioma castellano, diciendo que sólo hablaba aymará, circunstancia que nunca antes había manifestado, pese a lo cual en resguardo de sus derechos en el juicio, se dispuso la asistencia de un empleado del Consulado Boliviano en Buenos Aires, conocedor de ese idioma.

El confronte de las piezas probatorias dejó al descubierto la mendacidad con la que se habían expedido Policarpio Inca Llupanqui y Mariano Inca Ticona en la audiencia de debate (cfr. fs. 1247/1248). Sólo se tuvo en cuenta que ambos habían admitido trabajar en el taller, el primero en tareas menores y el otro como dueño.

A su vez ese cúmulo probatorio permitió desvirtuar la negativa de los nombrados de haber contratado personas en Bolivia y trasladado al país para trabajar en la confección de prendas.

Versiones que se revelan como efugios frente a las exposiciones del personal policial, de los funcionarios de la Oficina de Trata de Personas del Ministerio de Justicia,de los testigos civiles del allanamiento José Antonio Andrade y César Juan Litsas cuyas percepciones dejan al descubierto una situación por demás anormal de los trabajadores ilegales del taller, quienes realizaban tareas con excesos de horas, con una deficiente alimentación, hacinados en un lugar insalubre, rodeados de peligros y suciedad, al igual que sus hijos menores que con ellos compartían las habitaciones; y, sin posibilidad de retirarse ante la negativa de sus explotadores.

Por vía de lógica y de la experiencia se llega a la misma conclusión acerca de que aquellas rectificaciones ensayadas en el debate oral por los mencionados testigos se debió a factores extraños que sembraron miedo en sus ánimos, situación comprensible de quienes eran endebles por su aislamiento en un país extranjero.

El control de la ponderación de los elementos de juicio anticipada en la instancia oral autoriza a descartar infracciones a las reglas de la sana crítica que se mostró efectiva en esa tarea, conforme lo dispone el artículo 398 del Código Procesal Penal.

Bajo esas apreciaciones la evaluación acerca de la responsabilidad penal de Mariano Inca Ticona y Policarpio Inca Llupanqui no muestra defecto alguno.

B.1) El agravio referente a la incorporaron por lectura en el debate de las declaraciones testimoniales prestadas en la instrucción, ha perdido su naturaleza de tal frente al descarte que de ellas hizo el tribunal de mérito.

Precisamente, la detenida revisión de anteriores exposiciones de los testigos víctimas no hizo más que acercar su versión a la realidad de lo ocurrido. Lejos de deformar el camino probatorio se advierte por parte del juzgador el deseo de develar la percepción de los testigos que trabajaban en el taller para confrontar con el resto del material probatorio.

No acierta la defensa en demostrar la tergiversación de las declaraciones de un testigo determinado, pues sólo se limitó a invocarla sin puntualizar lo que anunció como erróneamente afirmado por el a quo y negado por la testigo.

Las deficiencias señaladas debilitan su agravio a la vez que van dejando incólumes la ponderación anotada en el fallo.

En definitiva el tribunal oral dentro de las atribuciones que le compete, y en el marco de la inmediación, dio motivos razonables y suficientes para dar prevalencia a las primigenias declaraciones de las víctimas, aunque se prestaran en la sede policial, sobre las recibidas en la sede judicial.

La inmotivada pretensión de escuchar el debate, no merece respuesta alguna, menos aún teniendo la defensa habilitada esta vía de impugnación.

Finalmente, de la lectura de la causa se advierte que el tribunal oral agotó los medios procesarles pertinentes para que comparezcan los testigos a declarar en el juicio oral (cfr.

fs. 761 y ss.).

Frente a lo expuesto, los argumentos de la defensa resultan infundados y sólo muestran su discrepancia con el resultado alcanzado sin evidenciar la violación al derecho de defensa alegado, por lo que sus agravios han de ser rechazados.

B.2) En cuanto a la errónea aplicación de la ley sustantiva, es de señalar que probado como quedó el hecho, se advierte el acierto del tribunal oral en la selección del tipo penal.

En efecto, el órgano sentenciante con abundante cita de doctrina y jurisprudencia señaló, entre otras cosas, que el delito de trata de personas Ano es ni más ni menos que una forma coactiva o fraudulenta de restringir la libertad ambulatoria de la víctima, que es orientada a alguna de las específicas intenciones del autorY se ha constituido con este nuevo tipo penal una especie de privación ilegal de la libertad calificada por la finalidad de >explotación=, tal como regla el protocolo de Palermo@ (cfr. en razón de brevedad, fs. 1249/1250 vta.).

El tipo objetivo lo integran el sujeto activo, autoría que puede asumir cualquiera; el sujeto pasivo, donde se presume que la víctima sea mayor de los dieciocho años, ya que en caso contrario se tornaría aplicable el 145 ter., para el cual es suficiente la existencia de una sola persona damnificada; y de ser superior a tres el número de víctimas la figura se agrava conforme el párrafo segundo, inciso 3°. La acción por otra parte puede tener variantes alternativas, sin capacidad para aumentar la criminalidad, pero sí para influir en el monto de la sanción a aplicar.

Sostuvo el a quo que según la prueba valorada precedentemente, en el presente se dan por reunidos los supuestos del engaño y el abuso de la situación de vulnerabilidad.

En el caso de Mariano Inca Ticona se comprobó que por una emisora radial boliviana atraía engañosamente a personas de esa nacionalidad ofreciéndoles el traslado a la República Argentina, trabajo, con casa y comida en el taller que poseía en el Partido de General San Martín, engaño eficiente pues quedó probado que lo logró, pero con la voluntad viciada de sus víctimas, de cuya vulnerabilidad abusó.

Se asentó bien en el pronunciamiento que se revisa que Ase considera en condición de vulnerabilidad aquellas personas que, por razón de salud, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. Podrán constituir causas de vulnerabilidad, entre otras, las siguientes: la edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas o a minorías, la victimización, la migración y el desplazamiento interno, la pobreza, el género y la privación de la libertad@.

La concreta determinación de las personas en condición de vulnerabilidad en cada país dependerá de sus características específicas o incluso de su nivel de desarrollo social y económico (AReglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad@, Cumbre judicial Iberoamericana, Brasilia 4, 5 y 6 de marzo de 2008).

No caben dudas entonces de lo que dio por probado el tribunal en el sentido de la existencia de un consentimiento viciado de las víctimas, conciudadanos del propio procesado, de donde se desprendía la facilidad para entrar en contacto con ellos convencerlos para que aceptaran sus promesas, y así trasladarlos a otro país del cual desconocían la legislación laboral, sin dinero para subsistir; y con impedimento para recurrir a terceros, pues los mantenían encerrados.

Queda fuera de discusión, a consecuencia de la evaluación probatoria que las personas captadas eran en su mayoría analfabetos o poseían un grado de educación muy baja;

con un nivel cultural paupérrimo; sin familiares cercanos desconociendo el lugar donde residían, tal es así que algunos eran llevados sólo los fines de semana a un descampado cercano donde se efectuaban partidos de fútbol, en tanto que otros preferían quedarse en sus habitaciones para recuperarse del agotamiento semanal trabajaban a diario desde las 7 de la mañana hasta más allá de las 22 horas]; que percibían un mínimo resarcimiento en fechas inciertas por la confección de prendas de vestir, previo descuento de lo abonado por el pasaje.

Destacó el órgano sentenciante, el hacinamiento, la suciedad, el deterioro de las instalaciones del inmueble, sin ventilación ni luz natural, con malos olores, con un solo baño para la totalidad de los trabajadores que dormían amontonados en cuchetas instaladas en pequeñas habitaciones, diferenciadas para los solteros y los que tenían familia casi todas con hijos pequeños, sin conocerse si recibieran algún tipo de educación o cuidado cuando sus padres trabajaban en las máquinas.

Es así que para la consumación del delito basta la mera realización de las conductas descriptas en la ley, las que han de producir por las condiciones de excesivo trabajo y deficientes formas de habitalidad, conocidas de antemano por el autor y desconocidas por las victimas, como consecuencia la explotación de estas últimas.

Quedó diferenciada en el fallo la actividad de Policarpio Inca Llupanqui de la de su hijo Mariano, que sólo resulta partícipe secundario sobre la base de la prueba colectada de la que sólo pudo determinarse que acompañó a alguno de los viajeros desde su país natal hasta el taller, donde realizaba actividades de menor entidad por los problemas físicos que le aquejaban, sin tener el dominio del hecho, que sí lo tenía su hijo Mariano.

Se descartó, en coincidencia con el fiscal, la calificante de organización ante la falencia probatoria al respecto.

Pero no sucedió lo propio con la agravante referente al número de víctimas, más de tres, según lo señalado por el acusador en su alegato, quien hizo mención a los casos de María Margarita y Rómulo Condori Quispe; Rubén Torres Sosa; Delia Claudia Mamani Inca; Gregoria Arismendi Poma; Mirko Arrillo Ali; Betty Guasqui Quispe; Rosalía Medrano Mamani; Zuly Dominga Apaza Apaza; Jhony Carlos Poma Mamani y Ricardo Julio Apaza Huanta.

A lo dicho por el tribunal se puede agregar que la norma ha sido incorporada al catálogo punitivo por la Ley n° 26.364 de Prevención y Sanción de la trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas (publicada en el Boletín Oficial el 30 de abril de 2008), cuyo objetivo es implementar medidas destinadas a prevenir y sancionar la trata de personas, asistir y proteger a sus víctimas.

Esta ley fue dictada en cumplimiento, y en consonancia, con el AProtocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños@ (conocido como Protocolo de Palermo) complementario de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, aprobada mediante la ley 25.632, que establece el deber de los Estados de adoptar las medidas legislativas necesarias para tipificar como delito la trata de personas y de proteger la privacidad y la identidad de las víctimas (cfr. debate parlamentario de la ley, en Antecedentes Parlamentarios. Ley 26.364. Trata de personas y asistencia a sus víctimas, Septiembre 2008, n° 8, La Ley, pág. 724 y ss).

En virtud de dicha preocupación internacional se ha procedido mediante dicha ley, entre otras reformas, a la incorporación de nuevas figuras penales dentro del código sustantivo Barts. 145 bis y 145 ter-.

La pluralidad de las víctimas encontradas al momento del descubrimiento del hecho revela la adecuación legal anticipada (art. 145 bis), norma que establece que será reprimido con pena de tres a seis años de prisión el que:

"...captare, transportare o trasladare, dentro del país o desde o hacia el exterior, acogiere o recibiere personas mayores de dieciocho años de edad, cuando mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima, con fines de explotación..." Por tratarse de un tipo alternativo con cualquiera de dichas acciones da lugar a la configuración del delito sin perjuicio de que su pluralidad pueda ser tenida en cuenta a los efectos de la mensuración de la pena.

Ninguna duda cabe de que se está en presencia de un tipo doloso, a punto de que se exige el conocimiento de los elementos de tipo objetivo más la voluntad de realizarlos.

Pero además, ese contenido doloso consume la explotación de las víctimas, a consecuencia de las mismas acciones, traducido esto como Afines de explotación@, con prescindencia, claro está, de que éstos se concreten.

En tales condiciones, se advierte que el tribunal oral ha aplicado correctamente la ley sustantiva, por lo que cabe rechazar el presente agravio.

B.3) La alegada violación de normas procesales, pues durante el debate Policarpio Inca Llupanqui, no hablaba castellano, por lo que tuvo que contar con un traductor, ha de ser rechazado.

En efecto, de la lectura de las actuaciones rápidamente se advierte que la actitud del acusado desenmascaró una maniobra tendiente a anular el proceso en donde se encontraba seriamente comprometido.

En efecto, se desprende que a fs. 214 el propio Policarpio Inca Llupanqui se notificó los derechos que tenía, entre ellos, de nombrar abogado defensor en la matrícula y que en caso de que no lo ejerza se le iba a designar el defensor público oficial. Así nombró al Dr. Gabriel Becker, con quien mantuvo una entrevista previa antes de la declaración indagatoria. Se dio lectura al acta respectiva y el propio nombrado la firmó.

Acto seguido se le recibió declaración indagatoria a Llupanqui quien ratificó la designación de su abogado particular, declaró con normalidad, y demostró sin inconvenientes manejar el idioma castellano, cuanto menos, en forma oral [pues se declaró analfabeto], estampando nuevamente su firma, junto con su abogado de confianza al finalizar el acto; y sin que ninguno de los dos diera cuenta de esta dificultad (cfr. fs. 215/216 vta.).

Además, de la lectura integral de la causa se desprende que nadie hizo referencia a la existencia de un no hablante de la lengua castellana, es más el testigo que declaró en el debate Mirko Carrillo Alí reconoció que con el nombrado Llupanqui hablaba indistintamente en español y en aymará.

Estos datos, por sí solos, permiten desterrar el endeble argumento ensayado por el encartado en la audiencia de debate acerca de que no manejaba el idioma español, ensayo de excusa motivada en el intento desesperado de eludir su responsabilidad en el hecho acriminado, con lo cual queda desvirtuado este agravio.

Para finalizar, no se advierten defectos de motivación del pronunciamiento o un apartamiento de las reglas de la sana crítica racional. Por el contrario, en este caso, los jueces han ponderado y razonado las pruebas colectadas, de modo de permitir en esta instancia la verificación del control de legalidad que aleja el pronunciamiento del absurdo o arbitrariedad.

Sentado cuanto precede, parece claro que la crítica de la defensa particular parte de un examen individual, aislado o fragmentario de cada uno de los elementos de prueba introducidos en la causa, método de valoración estigmatizado por la jurisprudencia de la Sala I de esta Cámara y del Alto tribunal (cfr. c. n° 1818, ACisneros, José Luis s/rec. de casación@, Reg.

N° 2480, rta. el 6 de noviembre de 1998 y su cita de la C.S.J.N., Fallos: 207:72; 217:198 y 284:115, y más recientemente, c. n° 7927, AUrtiaga, Carlos A. y Canale González, Marcelo R. s/rec. de casación@, Reg. N° 10.363, rta. el 20 de abril de 2007, entre otros).

En suma, extremando las posibilidades revisoras de conformidad con lo decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en este expediente con remisión a la doctrina emanada de la causa C. 1757 XL ACasal, Matías Eugenio y otro s/robo simple en grado de tentativa@ -causa n° 1681- rta. el 20 de septiembre de 2005, se advierte que en la sentencia condenatoria no se han considerado en forma fragmentaria o aislada los elementos de juicio -testimonios y constancias probatorias-, ni se ha incurrido en omisiones y falencias en la verificación de elementos de prueba, los que fueron seleccionados, con ajuste a su concordancia y descartados los restantes, observándose en esa tarea una apreciación de visión de conjunto, por lo que no corresponde su descalificación.

En consecuencia, propongo al Acuerdo que se rechace el recurso de casación interpuesto por la defensa particular de Mariano Inca Ticona y Policarpio Inca Llupanqui.

Tal es mi voto.

El señor Juez, Dr. Raúl R. Madueño, dijo:

Que se adhiere al voto de la Dra. Liliana Catucci.

El señor Juez, Dr. Eduardo R. Riggi, dijo:

Las plurales consideraciones volcadas en el voto de la distinguida colega que lidera este acuerdo en torno a la valoración de las pruebas y la calificación legal asignada al hecho objeto del proceso (art. 145 bis inciso 3/ del Código Penal) -cuyos fundamentos compartimos y tenemos por reproducidos por cuestiones de brevedad-, despejan cualquier tacha de arbitrariedad en el fallo puesto en crisis como asimismo posibles errores en la aplicación de la ley penal sustantiva, lo que amerita el rechazo del recurso de casación interpuesto por la defensa en tal sentido.

Habremos de añadir que la incorporación por lectura de las declaraciones testimoniales prestadas en la etapa instructoria por parte de algunas de las personas que trabajaban en el taller, encontró anclaje en la letra del artículo 391 inciso 3/ del Código Procesal Penal de la Nación, atento a los infructuosos esfuerzos por determinar la actuales residencias de esos testigos, por lo que la validez de su introducción se ajusta a la doctrina seguida por esta Sala (conf. causas n/ 2251 "Fuñoli Salazar, José s/recurso de casación", reg. n/ 651/99 del 26/11/99; n/ 2622 "Novoa, Jorge s/recurso de casación", reg. n/ 430/2000 del 10/08/2000; n/ 3631 "Ramírez, Carlos s/recurso de casación", reg. n/ 316/02 del 11/06/2002; n/ 4919 "Taboada, Arturo Valeriano s/recurso de casación", reg. n/ 447/04 del 25/08/04; n/ 7246 "Zabala, Gastón Enrique s/recurso de casación", reg. n/ 130/07 del 21/02/07, entre muchas otras).

Por otra parte, compartimos los fundamentos expuestos por la doctora Catucci en el considerando B.3) de su voto en cuanto corresponde rechazar el pedido de nulidad introducido por la defensa de Policarpio Inca Llupanqui, pues su alegado desconocimiento de la lengua castellana quedó desvirtuado por el resto de las constancias del expediente allí mencionadas.

Por todo ello, adherimos al voto que lidera el acuerdo y emitimos el nuestro en idéntico sentido.

Tal es nuestro voto.

Por ello, en mérito al resultado habido en la votación que antecede, el Tribunal, RESUELVE: RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por el defensor particular, con costas (arts. 471 a contrario sensu, 530 y concordantes del C.P.P.N.).

Regístrese, hágase saber, y devuélvanse las presentes actuaciones al tribunal de origen, sirviendo la presente de atenta nota de envío.Fdo: Liliana Elena Catucci, Eduardo R.