Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2011-08-24


Autos Nº 75056 (C.C. Nº20822) caratulados: "ENERGIA SAN JUAN S.A. C/ EPRE - Contencioso Administrativo En Civil" PROTOCOLIZADO:L.S.- Año 2011- del Tº III -Fº41/48.- En la Ciudad de San Juan a 24 días del mes de agosto de 2011, reunida en Acuerdo la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, bajo la presidencia del Dr. Oscar Roberto Otiñano y los Sres. Vocales Dres. Roberto M. Pagés Lloveras y Octavio Augusto Sánchez, a fin de conocer el recurso concedido mediante decreto de fs.182, contra la sentencia de fecha 29 de julio del año dos mil nueve, recaída en los presentes autos Nº75056 (C.C. Nº20822) caratulados: "ENERGIA SAN JUAN S.A. C/ EPRE - CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN CIVIL", dictada por la Sra. Juez titular del Tercer Juzgado Civil, obrante a fs. 169/179.- EL DR. ROBERTO M. PAGES LLOVERAS, DIJO:

ANTECEDENTES I. Los abogados que intervinieron en representación de la parte demandada interpusieron el recurso de apelación (fs. 181) contra la decisión de la a quo (fs. 169/179) en cuanto impone las costas por su orden por aplicación de la Ley Provincial n° 7675.

En el decisorio aludido, y en lo que es materia de agravio, entendió la jueza de grado que corresponde imponer las costas por su orden , en aplicación del artículo 20 de la Ley nº 7675, en el cual se establece que las costas serán impuestas en el orden causado.

II. Al fundamentar el recurso, expusieron los recurrentes que se agravian cuando la a quo impone las costas por su orden por aplicación de la norma referida, al considerar que la misma violenta la legislación de fondo colisionando con normas contenidas en el Código Civil (artículos 1068 y 1109), el derecho de propiedad (art. 17) y de igualdad (art. 16) con rango constitucional, y la estabilidad del empleo público al desconocer la normativa de la Ley Orgánica de Fiscalía de Estado que consagra el derecho de los abogados del Estado a cobrar honorarios de sus adversarios. También consideran que quebranta la garantía al trabajo y el principio general de imposición de costas al vencido previsto en el C.P.C..

Asimismo, esgrimen que el artículo 20 de la Ley 7675 lesiona la garantía de igualdad al exceptuar tal forma de imposición en los juicios ejecutivos Citan doctrina y jurisprudencia local, piden que se declare la inconstitucionalidad del artículo 20 referido y se impongan las costas a la parte actora. Hacen reservas.

III. Corrido el traslado de los fundamentos de la apelación (fs. 191), es contestado por los apoderados de la parte actora (fs. 193/196), quienes manifiestan que no contienen una crítica concreta ni razonada de la sentencia que se impugna y piden que sea declarado desierto.

Consideran que se debió introducir la cuestión constitucional en tiempo oportuno y no en forma extemporánea. Sin perjuicio de ello replican los agravios indicando que el principio de costas por su orden consagrado en la norma impugnada, no es absoluto ya que el juzgador previo a ello debe analizar si no corresponde aplicar las costas a alguna de las partes del proceso.

Señalan que en este caso la juez a quo no observó motivos para imponer las costas a alguna de las partes, como que el principio de aplicación de las costas al vencido no tiene raigambre constitucional. También hacen reservas, piden que se declare desierto el recurso y en subsidio que se rechace la apelación con costas a los apelantes.

IV. Dictado el pase de los autos para resolver (fs. 205), se estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Es ajustada a derecho la resolución apelada? CUESTIÓN PLANTEADA:

1. Ha sostenido reiteradamente nuestra Corte Federal que la declaración de inconstitucionalidad de un precepto es la última ratio del orden jurídico (Fallos: 260:154, entre muchos otros).

De allí que, si para la efectiva realización de la justicia en un caso concreto puede interpretarse y aplicarse la norma de forma tal que queden a resguardo los derechos y garantías que asisten a los interesados, el juzgador debe abstenerse de efectuar declaraciones que la invaliden.

2. Ahora bien, a los fines de la suficiencia del cuestionamiento por inconstitucionalidad de preceptos normativos, que un planteo de tal índole debe contar con un sólido desarrollo argumental ya que no basta la mera manifestación de disconformidad del interesado, ni la cita de preceptos constitucionales, ni la alegación de supuestos perjuicios, sino que se requiere que el interesado efectúe una critica razonada del precepto, argumentando acerca de la manera en que la norma que objeta contraría la Constitución y causa, de tal forma, un agravio a los derechos de que se es titular. Y quien invoca una transgresión constitucional debe indicar de qué modo la norma censurada ha quebrantado los derechos cuya tutela procura.

3. Teniendo por cumplido por los recurrentes los recaudos exigidos por el artículo 253 del C.P.C. (Ley n° 8037) con relación a la expresión de agravios, dire que la carga de las costas es materia de naturaleza procesal, sujeta en principio a las reglas y condiciones impuestas por las leyes locales, que válidamente pueden consagrar principios propios en materia contencioso administrativa (causas en el que el Estado Provincial, sus Entes Descentralizados y Empresas o Sociedades del Estado sean partes), distintos de los adoptados en el procedimiento civil y comercial (Cfr. SCJBs. As. causa A. 68.418, "Asenjo, Daniel Horacio y otros contra Dirección General de Cultura y Educación. Provincia de Buenos Aires. Proceso sumario de ilegitimidad"). Ello así en tanto los órganos administrativos no pueden ser equiparados a una parte civil ya que actúan en defensa del interés general.

4. Adelanto mi opinión de que la norma impugnada no es inconstitucional. En tal sentido se ha decidido por nuestra Corte Federal que el principio de imposición de costas por su orden no es discriminatorio ya que rige para ambas partes por igual (Fallos 257:251; 320:2792; "Acuerdos y Sentencias", 1984-I-242), ni lesiona el derecho de propiedad.

La garantía constitucional del art. 16 significa que todas las personas sujetas a una legislación determinada dentro del territorio de la Nación, deben ser tratadas del mismo modo, siempre que se encuentren en idénticas circunstancias y condiciones. Ello implica, para el legislador, la prohibición de establecer excepciones que excluyan a unos de lo que se concede a otros en idénticas circunstancias (CSJN, Fallos 123:106).

De allí que para que pueda alegarse que existe desmedro a la garantía constitucional de igualdad ante la ley (arts. 16 de la Const. Nacional y 11 de la Const. prov.) es necesario que la desigualdad o la discriminación inválida resulten del texto mismo de la norma, y la circunstancia de que la ley disponga que las costas se abonen en el orden causado no trae aparejada una lesión a las garantías de igualdad y propiedad en tanto el régimen favorece a ambas partes por igual.

5. Existen otras normas que, al igual que el artículo 20 de la Ley n° 7675, se apartan del principio consagrado con carácter general en los Códigos que rigen el proceso civil y comercial. Así, el art. 21 de la ley 24.463, que rige en el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, prevé "En todos los casos las costas serán por su orden", y dicha norma ha sido considerada constitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina (causa "Flagello, Vicente c/ ANSES s/ interrupción de prescripción", 20 de agosto de 2008, voto de la mayoría).

6. Debe tenerse en cuenta, también, que el artículo 21 de la Ley n° 7675 prevé la posibilidad de que el si el juez entiende que la Administración ha causado un perjuicio innecesario a los administrados obligándolos a promover un proceso y proseguirlo hasta su total terminación, o viceversa, acuda a la excepción al principio general que la norma en crisis prevé, fundada en la inconducta de la Administración o del administrado que actúan con temeridad y malicia, imponiéndoles las costas del proceso sin necesidad de proceder a la declaración de inconstitucional del artículo 20 de la citada ley.

En consecuencia, lo establecido en el artículo 20 no se trata de una férrea disposición que no permita al juzgador, aplicando lo previsto en el artículo 21, atender a las circunstancias concretas de los casos que se le presenten, como tampoco lo es la inserta en el Código Procesal Civil y Comercial para imponer las costas al vencido, ya que el Juez podrá eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al litigante vencido, siempre que encontrare mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento, bajo pena de nulidad (art. 66, segundo párrafo, C.P.C.).

7. Se ha señalado que, ya se trate del principio de imposición de costas por su orden o al vencido, cada ordenamiento contempla excepciones al principio implicando supuestos extraordinarios que deben motivarse, de modo tal que en cualquiera de estos supuestos, la propia ley confiere al juzgador la posibilidad de rectificar su aparente rigor y arribar a la solución justa en cada caso. Como indicaran en su obra Morello, Sosa, Berizonce ("Códigos Procesales", T. II B, págs. 51/52), se trata de una facultad excepcional y de interpretación restrictiva, que debe ejercitarse cuando las circunstancias de cada caso tornen manifiestamente injusta la aplicación del principio general.

Entonces, más que analizar la constitucionalidad o no de la norma, se debe considerar en cada caso razonabilidad en la interpretación, tanto de ella como de los hechos a los que se aplica, lo que no planteado en este caso (no se alega que la parte actora haya actuado con temeridad y malicia).

Es más, la onerosidad puede constituir un obstáculo en los sistemas donde se imponen las costas al perdidoso pues, a menos que el futuro litigante tenga la certidumbre de ganar el juicio, lo cual es improbable por la incertidumbre misma del resultado, debe afrontar el riesgo de perder el litigio y con ello de tener que afrontar los honorarios de abogados y auxiliares tanto propios, como los que haya elegido el contrario.

8. Por todo ello, propongo que se rechace el recurso de apelación y se mantenga la imposición de las costas por su orden, atento las razones señaladas.

Así voto.

EL DR. OCTAVIO AUGUSTO SANCHEZ, DIJO:

Disiento totalmente con el criterio del primer Votante, Dr. Pagés Lloveras, cuando propone el rechazo del recurso de los letrados apelantes. Entendemos que les asiste razón a los letrados apelantes en lo atinente a la inconstitucionalidad del art. 20 de la ley 7675 y la consecuente arbitrariedad de la imposición de costas por su orden que ha sentenciado la A quo en base a dicha norma legal pese al rechazo de la demanda que había promovido la actora.- Así lo ha sentenciado esta Sala, en anterior composición, en los AUTOS 19.774 (C.C.Nº18.950) DEL SEPTIMO JUZGADO CIVIL, CARATULADOS: "ACIAR DE TERRACHAN DOMINGA Y OTROS C/ CAJA DE JUBILACIONES - ORDINARIO".- PROTOCOLIZADO: L. de Sent.- Año 2007- del Tº II- Fº37/42 y en autos AUTOS 7789 (C.C.Nº19977) DEL CUARTO JUZGADO CIVIL, CARATULADOS: "LUCERO GONZALEZ, CARLOS Y OTROS c/CAJA DE JUBILACIONES - ORDINARIO".- PROTOCOLIZADO: L. de Sent.- Año 2009- del Tº IV- Fº34/38.- Los fundamentos de este temperamento radican en que, como se dijo en los antecedentes citados el control de constitucionalidad de una norma solo es practicable como última "ratio" del orden jurídico y, por ende, si existe una posibilidad de lograr una solución adecuada por otras razones ha de acudirse en primer término a dicha posibilidad. En el caso de autos, no se advierte que haya otro camino adecuado a la solución del conflicto. Además de lo expuesto considero que la norma en cuestión implica un menoscabo del derecho constitucional de propiedad porque la imposición de las costas implica una reparación de los gastos necesarios efectuados por la parte que ha resultado vencedora en el pleito para obtener el reconocimiento de su derecho, pues de otra forma los gastos se traducirian en definitiva en una disminución del derecho judicialmente declarado. Por otro lado, la aplicación de la disposición cuestionada en este proceso implicaría la afectación al principio de seguridad jurídica porque se estaría aplicando a un proceso iniciado con anterioridad a la sanción de la norma lo que constituiría una aplicación retroactiva de la ley.-Resulta oportuno en esta ocasión transcribir la opinión de un distinguido jurista de nuestra Provincia, el Dr. Antonio Rodolfo Lloveras, quien al referirse a la inconstitucionalidad del art. 20 de la ley 7675, señaló conceptos totalmente aplicables al caso de autos cuando dijo en la "LA VOZ DEL FORO" (publicación mensual del Foro de Abogados de San Juan) año V, nº 36 - julio 2006, pag. 38, entre otras cosas, que: "....................... De esta regulación, la norma que aparece como manifiestamente inconstitucional es la del primer párrafo del art. 20, en cuanto establece que: "fracasados los modos alternativos y debiendo el juicio ser resuelto por sentencia definitiva las costas serán impuestas en el orden causado." De los términos expresos de esta norma se desprende que la imposición de las costas en el orden causado rige cualquiera sea el resultado del juicio que establezca la sentencia definitiva, incluso cuando el Estado resulte perdidoso; salvo el caso de que se le pueda imputar y la sentencia impute al Estado o a sus representantes judiciales, alguna de las conductas que, en el párrafo siguiente, dan lugar a la imposición de las costas a la parte que incurra en ellas. Pero, si no cabe atribuirle ninguna de tales causales, no procede, según esta nueva disposición, aún cuando resulte vencido, imponerle las costas del juicio. Esto significa, por un lado, que se deroga, con respecto a los juicios en los que el Estado es parte y resulta vencido, el principio general consagrado por el art. 74 del C.P.C. de que: "La parte vencida en el juicio deberá pagar todos los gastos de la contraria, aún cuando ésta no lo hubiese solicitado"; y por otro lado, como consecuencia necesaria de la aplicación de ese criterio legal, que al quedar el Estado liberado de la carga de las costas, ella debe ser inexorablemente asumida por la contraparte del Estado, respecto a los honorarios de su abogado y los gastos del juicio, aún cuando haya resultado vencedora en el litigio; como también que, en el caso de que sea el Estado el vencedor, los abogados que lo representan pierden el derecho a cobrar de la contraparte vencida los honorarios correspondientes a su actuación profesional, que integran las costas que el vencido debe ser condenado a pagar sin necesidad de petición de la contraria.

11. Teniendo en cuenta que la imposición de las costas del juicio es una consecuencia objetiva de la derrota, ya que constituye el resarcimiento por el vencido al vencedor de los gastos que éste ha tenido que realizar para obtener justicia, las consecuencias señaladas resultan incompatibles con la garantía de inviolabilidad de la propiedad, tal como la ha definido y delimitado la Corte Suprema en los reiterados fallos dictados sobre la inconstitucionalidad de las restricciones impuestas al derecho de propiedad por la legislación de "emergencia", arriba citados. Tales restricciones, para ser constitucionalmente válidas, no deben menoscabar la "substancia" de los derechos garantizados; sino que, por el contrario, deben preservar y "mantener incólume y en su integridad la substancia de los mismos, así como la de los derechos y obligaciones que crean o declaren (Corte Suprema: fallos citados en el párrafo 5. precedente). Sin embargo, la norma del primer párrafo del art. 20 de la Ley Prov. 7.675 suprime el derecho de la contraparte del Estado, vencedora en el litigio, a ser resarcida de los gastos que le ha irrogado la defensa de su derecho reconocido en la sentencia, poniendo a su cargo implícitamente la totalidad de ese gasto, con manifiesto menoscabo de su patrimonio que se verá disminuído en un valor equivalente al de ese gasto. Esto es así porque el reconocimiento o restablecimiento de su derecho que establezca la sentencia, no será nunca íntegro ni plenamente compensatorio del desmedro sufrido, si debe asumir los gastos del litigio a costa de su patrimonio. Y este menoscabo, cualquiera sea su magnitud, alcanza a la substancia de su propiedad porque es definitivo e irrecuperable. Por esa razón, la norma en cuestión que, sin razón suficiente y sin causa jurídica que lo justifique (art.499 C. Civil), pone a cargo de la contraparte vencedora del Estado el pago de las costas del juicio que en todos los casos, salvo en éste, debe pagar el vencido, infringe la garantía del art. 17 CN. que asegura al vencedor que su propiedad es inviolable; lo que significa, estrictamente, que el derecho que le reconoce la sentencia y su valor económico, debe mantenerse íntegro e incólume como consecuencia de ella, lo que no ocurre si tiene que descontar de ese resultado los gastos del juicio. Análogo menoscabo se produce, en detrimento del derecho de los representantes judiciales del Estado, en la situación opuesta y simétrica de que sea el Estado el vencedor, por la supresión, resultante de esta norma, del derecho de los abogados que lo representan al Estado a cobrar sus honorarios al vencido, no obstante que este derecho pasa a formar parte de su patrimonio desde el momento en que queda firme la sentencia dictada a favor del Estado. Esta es la razón simple y evidente que demuestra la irremediable inconstitucionalidad de la norma en cuestión del primer párrafo del art. 20 de la Ley Prov. 7.675.-..........." En el mismo comentario, mas adelante indica el Dr. Lloveras que: ".........Respecto a la imposición de las costas en los juicios en los que el Estado resulte vencido, no queda otra alternativa, a nuestro parecer, que derogar la norma analizada por su manifiesta inconstitucionalidad, y dejar al criterio prudencial de los jueces la decisión de relevar al Estado del pago de las costas, atendiendo a las circunstancias del caso, de acuerdo a la atribución que les otorga el segundo párrafo del art. 74 C.P.C.. Creemos que la solución de fondo de este problema está en mejorar el control de legalidad de los actos del Estado, en encuadrar estrictamente las decisiones políticas en las limitaciones establecidas por la Constitución y la Ley, en ajustar el gasto público a los ingresos genuinos, y en evitar los juicios innecesarios; y no en otorgarse el Estado a sí mismo y a sus funcionarios responsables un salvoconducto -incompatible también con la garantía del art. 17 CN. y con la responsabilidad que establece el art. 43 de la C.P.- que los libere de las consecuencias judiciales de sus errores y arbitrariedades, a costa de los particulares afectados por ellos que han tenido que recurrir a la justicia para defender su propiedad e intereses legítimos. Y tenemos, finalmente, la esperanza de que las ideas y razones expuestas contribuyan a mejorar las soluciones que corresponde dar a los problemas tratados, y ayuden a evitar la litigiosidad innecesaria en beneficio del Estado y de los justiciables". Estos conceptos de tan prestigioso colega son aplicables al caso traído en esta oportunidad.- VOTO, por los argumentos expuestos, por la admisión del recurso de los letrados de la accionada, declarando la inconstitucionalidad del art. 20 de la ley 7675 y su consecuente inaplicabilidad al caso de estos autos.- Revocar la sentencia de primera instancia en lo atinente a la imposición de costas por le orden causado disponiendo imponer las costas de ambas instancias a cargo de la actora vencida en el proceso principal.- EL DR. OSCAR ROBERTO OTIÑANO, DIJO:	Por razones análogas a las aducidas por el Dr. Octavio Augusto Sánchez, voto en el mismo sentido.- Por el mérito que resulta de la votación de que instruye el acuerdo que antecede SE RESUELVE:

Admitir el recurso de apelación incoado por los letrados apelantes declarando la inconstitucionalidad del art. 20 de la ley 7675 declarando la inaplicabilidad de la misma al caso de estos autos.- Revocar la sentencia de primera instancia en lo atinente a la imposición de costas por su orden y en su lugar disponer que las costas de primera y segunda instancia se imponen a la actora vencida en el proceso principal.

Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad.

Protocolícese, hágase saber y bajen previa reposición de sellado si correspondiere.

MAGISTRADOS: DR. OSCAR ROBERTO OTIÑANO;

DR. ROBERTO PAGES LLOVERAS;

DR. OCTAVIO AUGUSTO SANCHEZ;

PROSECRETARIO AUXILIAR: DR. AGUSTIN RUGNA.