Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-03-01


Nro. de Sentencia: 013 En la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, a los 1 días del mes de marzo del año dos mil seis, reunida en Acuerdo la Sala B de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, con la presidencia de su titular Dra. Nélida Susana Melero y asistencia de las Sras. Juezas de Cámara Dra. Graciela Mercedes García Blanco y Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts, para dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados:

"I., C. I. Y otro c/ BANCO R. DE LA P. S.A. s/ SUMARIO (Consignación)", Expte. nro. 15.243/05, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 2 (Expte. nro. 902/02), y atento el resultado del sorteo establecido en el art. 268 del Código de Procedimientos Civil y Comercial (fs. 335), correspondió el siguiente orden para la votación: Dra. Graciela Mercedes García Blanco, Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts y Dra. Nélida Susana Melero.

Acto seguido se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida de fs. 278/279 vta.? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestión la Dra. García Blanco dijo:

Viene a conocimiento de este Tribunal la presente causa por apelación deducida por la parte actora contra la sentencia definitiva nro. 75/2005 que rechazó la consignación intentada por I., C. I. y P., W. O. desestimando la demanda incoada contra el Banco R. DE LA P. SA (fs. 278/9vta. A fs.292).

A fs. 310/323 obra el memorial de agravios de la parte actora apelante, solicitando revoque la sentencia atacada haciendo lugar a la consignación interpuesta y declare válidos los pagos efectuados con los fundamentos que seguidamente sintetizó. De no receptarse los agravios se modifique la condena en honorarios de abogados y peritos por exceder los montos la suma para ser una justa compensación por los trabajos efectuados conforme la ley arancelaria.

Primer agravio: La tardanza en efectuar la consignación que debió haberse efectuado según el Aquo en noviembre del 2001, transcribe la parte pertinente del fallo, criticando que la sentencia se fundó en una supuesta morosidad que no fue motivo de defensa por la demandada, quien argumentó que el pago es insuficiente por no haber depositado la totalidad de la deuda y al haber entrado en mora el 15 de noviembre tenían la obligación de cancelar la totalidad de la deuda.

También niega que los actoreshayan concurrido a abonar a la institución bancaria, el juez no se ajustó a la forma que quedó trabada la litis.

No fue cuestionada la extemporaneidad, y recuerda que no pudo obtenerse el dinero del banco por el conocido "corralito", recordando los términos de la emergencia nacional y la normativa vigente, que conforme lo establecido en el Art. 163 inc.3 del CPCCCh.

Sostiene la limitación al retiro de dinero con fecha 1-12-2001 y los decretos dictados a partir de ese momento. Transcribiendo parcialmente la normativa vigente, argumenta que hubo un impedimento para accionar judicialmente. El argumento central del agravio radica en la incongruencia, porque el Aquo se convirtió en un intérprete de la voluntad implícita de una de las partes alterando el equilibrio procesal de los litigantes, con grave menoscabo de los derechos de propiedad y defensa en juicio.

Critica la pericia de fs. 214, sosteniendo que la correspondiente cuota de noviembre del 2001 de $1700 en 6 cheques que habían sido dejados en custodia, y al momento de iniciarse la presente consignación se depositaron las cuotas correspondientes a los meses de diciembre 2001, de enero a junio del 2002.

Transcribe las misivas cursadas en junio del 2002 entre el actor y el banco demandado donde surge de las mismas que el accionado no deja constancia de la supuesta mora de noviembre del 2001, sino la de diciembre del mismo año. Efectúa una serie de consideraciones respecto del reconocimiento tardío. A fs. 57 en la absolución de posiciones el gerente del banco da cuenta que las cuotas se debitaban directamente de la cuenta corriente por débito automático.

Cita jurisprudencia y doctrina en su respaldo en lo concerniente a los plazos y pagos parciales.

Pide la liberación del las costas del proceso porque el banco percibió pagos depositados por lo cual debe aplicarse el Art. 71 del código procesal de la provincia.

1.- En forma preliminar he de destacar que la sentencia venida en crisis no se ve conmovida por interpretar que en el pago por consignación intentado no se encuentran reunidos los requisitos exigidos en la ley (Art. 757 y concs. del Código Civil). Ha de tenerse en cuenta que "Cuando se pretende realizar un pago por consignación corresponde precisar si la misma se ha ajustado a los términos del CC IV (Art.758) a fin que pueda otorgársele fuerza de pago a la consignación si no concurren los requisitos en cuanto al objeto y al tiempo.

El objeto debe reunir los requisitos de identidad (Art. 740) y de integridad (Código Civil, C.IV arts. 673, 742, 744). En las obligaciones a plazo el tiempo propio del pago es el día del vencimiento del respectivo término contractual estipulado y, por consiguiente, la concordancia entre los arts. 570 y 750 del CC lleva a la conclusión que el pago no puede efectuarse antes (salvo que se hubiera establecido a favor del deudor) ni postergarse para después por decisión unilateral de una de las partes" (CNCom. "L., E. c/ Bco. G. A. 14-05-84).

Respecto de la supuesta decisión incongruente, adelanto que no he de compartir los dichos del recurrente por cuanto al contestar demanda se dejó sentado que la acción iniciada no reunía los requisitos previstos en el Código Civil para su admisibilidad, haciendo hincapié en la temporalidad y en el modo pactado (fs.53/58).

No surge de autos que ofreciera pago alguno, que la demandada se negara a aceptarlo, que si bien existía el corralito, en la cuenta corriente donde se efectúa el debito automático por parte del banco no estaban los dólares depositados ni tampoco sumas que los reemplazaran según informe pericial y su contestación de fs. 213/18, fs. 170/73.

Los actores conocían que el acreedor había iniciado la acción hipotecaria, no obstante la intimación posterior por haber sido puestos en conocimiento por el banco, y de la propia carta documento obrante a fs. 48/49, fs. 150/51/52 anterior a la consignación surge con claridad que existía una situación de morosidad controvertida.

"Sin las ofertas es prácticamente imposible saber con precisión si el acreedor acepta o no el pago; más aun, sin las ofertas no solo queda en la incertidumbre la actitud del accipiens (no se sabe si aceptó o no), sino también queda en la penumbra la conducta del deudor. Lo que debe ser materia de prueba en el juicio por consignación no es la intención de pagar, sino el hecho de que ha sido ofrecido efectivamente el pago y que el acreedor rechazó su ofrecimiento" (Ernesto Wayar, "El pago por consignación", págs.73 y 131, Depalma-83).

Por otra parte, debe mediar total adecuación cualitativa, cuantitativa, temporal y espacial entre lo debido y lo consignado (Art. 758 del CC). Cualquier desarmonía en estos recaudos justificará o autorizará el rechazo del acreedor. Este no puede ser obligado a recibir algo distinto o incompleto de lo debido, arrojando por tierra cualquier argumento respecto del débito automático, ya que ello fue claramente establecido por el perito en el informe citado y al que hice referencia.

La Corte Suprema tiene dicho que la bús-queda de soluciones justas y adecuadas para adjudicación de los derechos de los conciudadanos era tarea común de legisladores y jueces (CS, oct. 18-73 "Mellar Coodwin" JA 20-1973-191). Pero en el caso concreto de los jueces "no pueden dejar de juzgar" las pretensiones de las partes a la luz de las leyes vigentes y aplicables (doctrina del Art. 15 del Código Civil).

En este orden de ideas advierto que no se trata de discernir qué alternativa tenían las partes frente a las contingencias, sino de decidir sobre la acción incoada con el alcance que fue delimitada, y en este sentido confirmo lo dicho por el Aquo, sin que sea factible analizar más allá que el marco dado por las partes, es decir, la falta de cumplimiento de los requisitos para la procedencia de la consignación.

Los fundamentos expuestos me llevan a confirmar lo resuelto por el Aquo.

2.- Cuestionadas también las costas de la instancia de grado impuestas al actor, siendo el principio objetivo de la derrota el seguido por esta Sala, el mismo ha sido atemperado en circunstancias especiales cuya casuística si bien reducida es merituada por las peculiares de la situación y en la convicción que el mismo no es absoluto.

Debe tenerse en cuenta una razón fundada para litigar, el vencido actuó sobre la base de una mera creencia subjetiva del litigante en orden a la razonabilidad de su pretensión. La existencia de circunstancias objetivas han demostrado la ausencia de un justificativo suficiente como para no dispensarlo de la aplicación del principio mencionado y mantener la preeminencia del criterio objetivo de la derrota; lo cual surge palmariamente de la diferencia de interpretación de los hechos, la notoriedad publica que tuvieron todos los acontecimientos relacionados relacionados particularmente con las situaciones de los deudores hipotecarios en ese momento en el país, no pudieron ser ignorados por los accionantes, y los argumentos como la aplicación de la norma, entre los que hasta el momento se decidió sobre el pleito.

Al contemplar el código de procedimiento distintas excepciones algunas impuestas por la ley y otras libradas al arbitrio judicial, tal como lo dispone el Art.68 en su párr. 2do., norma que importa una sensible atenuación al principio general al acordar a los jueces un marco de arbitrio, que debe ser ponderado en cada caso particular y siempre que resulte justificado el apartamiento, lo que no ocurre en el caso de marras, por lo cual tampoco recepto el agravio en este punto.

Las costas de la Alzada siguiendo tal principio se imponen al recurrente vencido difiriendo la regulación de los honorarios de los profesionales actuantes al momento del Acuerdo.- A la segunda cuestión la Dra. García Blanco dijo:

Esta vocalía propone:

1.- Desestimar los agravios confirmando la sentencia venida en crisis, conforme considerando respectivo.

2.- Costas de la Alzada a la recurrente vencida, difiriendo la regulación de los honorarios profesionales al momento del Acuerdo según considerando respectivo.

A la primera cuestión la Sra Juez de Cámara Marta Susana Reynoso de Roberts dijo:

Que llegan las presentes actuaciones a la Alzada en apelación (fs 292) de la sentencia de fs 278/279 que rechaza la demanda por consignación, efectuada por C. I. I. y W. O. P. contra el Banco R. DE LA P. S.A., impone las costas a los actores vencidos y regula los honorarios.

A fs 310/323 se agrega la expresión de agravios, fundando el primero en la tardanza que alude el sentenciante en haber iniciado la consignación.

Transcribe lo dispuesto en la sentencia a fs 279, y sostiene que los motivos dados por el sentenciante no fue cuestión de defensa de la accionada.

Enumera las razones dadas por la demandada para considerar que la consignación es improcedente: pago insuficiente, inexistencia de negativa por parte del banco de percibir las cuotas y negativa que los actores hayan concurrido a abonar la cuota a la institución bancaria.

Agrega que menos se puede sostener que hubo negligencia al no promover en forma inmediata la consignación, ya que ello es negar la realidad por cuanto todos sabemos el caos que se generó en diciembre de 2001.

Hace referencia a los decretos emanados del PEN, así como a la ley 25561 y sus decretos modificatorios, ampliatorios, por lo que alega que hubo un impedimento legal para accionar judicialmente de acuerdo a las normas que transcribió Cita jurisprudencia que avalan la postura esgrimida con relación a la introducción del magistrado de defensas no articuladas, y se refiere a la lesión constitucional que irroga tal actitud, entendiendo que se trata de una sentencia extra petita, y parafrasea, como dice, a la Corte.

Agrega que la consignación no resulta tardía por realizarse con anterioridad (29 de julio de 2002) a la notificación de la ejecución hipotecaria (29 de agosto de 2002).

Con relación al pago insuficiente, señalado por el Juez, por existir falta de pago en término de los servicios de amortizaciones de intereses, indica que no se advirtió que fue la negativa del banco lo que impidió el pago, al pretender el pago total de las sumas de dinero .

Alude a la pericia y al pago de $1700, que fue presentado en el expediente de ejecución hipotecaria y que no fue negado su autenticidad, en consecuencia con la percepción de estos cheques nada se debía al Banco al mes de noviembre.

Menciona las cartas documentos y el escritura N° 377 del mes de junio de 2002 y en mérito a las transcripciones que realiza, resulta que reconocen que deben diciembre y siguientes y la demandada no pone objeción en cuanto a los meses adeudados, sino que pretende que se le abone la totalidad del crédito hipotecario, sin aducir que se le debiera noviembre; indicando que en el reclamo de la ejecución hipotecaria no está incluido dicho mes. Ante ello insiste que no existía mora en el pago de la deuda.

Se refiere luego a la mora, con cita de doctrina, y dice que aún estando en mora el deudor, puede efectuar una consignación válida, siempre y cuando la obligación subsista y complete la deuda con las presentaciones adicionales derivadas de su proceder. Cita jurisprudencia.

Relata que el banco acreedor podía debitar de la cuenta bancaria de los deudores los importes correspondientes a las cuotas y no está demostrado la inexistencia de fondos.

Insiste en demostrar que no se encontraba en mora, y alude al artículo 509 y transcribe doctrina, reiterando que fue la negativa del acreedor a recibir o debitar el pago de la cuota, siendo en consecuencia hechos de fuerza mayor o fortuitos los que originaron la necesidad de promover el juicio.

Menciona la absolución de posiciones y señala que el juez ha omitido considerar que las sumas de dinero fueron entregadas a cuenta de capital y que a través de sus actos el banco ha reconocido los pagos con relación a las cuotas cuyo vencimiento se operaron con posterioridad al 15 de noviembre de 2001.

Con cita de doctrina y jurisprudencia, concluye que queda demostrado que el retiro de los fondos por parte de la demandada hacedor hipotecario, implica una aceptación de la consignación y sostiene que la misma es plena por los antecedentes que obran en el expediente.

Entiende que se debió recepcionar la consignación y establecer que en la ejecución de sentencia se determine si el monto consignado y perci-bido fue total o parcial.

A fs 329/332 se agrega la contestación de los agravios.

La controversia gira entorna a la validez de la consignación esgrimida por la actora y rechazada por el demandado y admitida por el sentenciante.

Y he de adelantar que coincidiré con la decisión del a-quo, y a fin de justificar tal determinación me valdré de principios formativos, doctrinales y jurisprudenciales, que son aplicación en autos de acuerdo a las constancias evaluadas.

Sabido es que el pago por consignación cubre tanto el supuesto en que el acreedor resiste aceptar el pago, como cuando existen dificultades para efectuarlo de modo específico y espontáneo, estableciendo el Art. 757 en qué casos puede tener lugar la consignación, resultando tal enumeración enunciativa y si bien este modo de pago es excepcional, ello no implica que se trate de una materia de aplicación restrictiva.

En autos el actor funda la consignación en la negativa del Banco a recibir el pago, a partir de la cuota que vencía el 15 de diciembre, mientras que éste justifica su actitud en que la mora se produjo en forma automática el 15 de noviembre de 2001 al no abonarse la amortización e intereses pactada para esa fecha y por aplicación de la cláusula III.12 del contrato de mutuo con garantía hipotecaria, correspondiendo en consecuencia el pago de todas las cuotas vencidas hasta completar el capital.

Y es preciso para que la consignación pueda ser admitida que concurran los requisitos de personas, objeto, modo y tiempo, "No concurriendo estos requisitos, el acreedor no está obligado a aceptar el pago", Art.758 del CC.

Y las partes han admitido la legitimidad por parte del actor para pagar y del demandado para recibir el pago; en cuanto al objeto, rigen a decir de Bueres-Higton, en Código Civil Tomo 2B, pág. 131, con cita de Ámela, Código Civil y leyes complementarias, 1981, Tomo III, pág. 547, los principios de identidad e integridad del pago, agregando que el acreedor no está obligado a recibir menos de lo debido.

Y en punto al tiempo se admite la flexibilidad en el mismo, aunque debe justificarse el retardo.

Los requisitos de objeto, con el alcance dicho y tiempo no se dan en autos, y fueron argumentados, por el acreedor al contestar las cartas documentos y la demanda.

De allí que las pruebas acercadas a fin de acreditar que el ofrecimiento de pago fue rechazado, resultan irrelevantes, en principio porque no se demostró con las testimoniales que el deudor diera en pago la totalidad de lo debido, así la testigo F.

dijo que concurrió al banco con los actores para pagar una cuota y no fue tomada, desconociendo las razones, no recordando la fecha en la que concurrieron. Por su parte el testigo C., identifica la persona del banco que los recibió, que los acompañó para que pagaran unas cuotas, que no se recibieron, y que no recuerda la fecha.

La escritura 378 da cuenta de la consti-tución de los deudores, junto al escribano en el Banco y que con fecha 21 de junio de 2002, se ofrece pagar la suma de $5000 en concepto de los meses de diciembre, enero, febrero, marzo, abril , mayo y junio de 2002.

De todo ello se desprende que los testigos no saben en qué fecha concurrieron al Banco y de la escritura surge que a la fecha de pretender el pago ya estaban en mora.

El artículo 509 del CC establece que en las obligaciones a plazo, la mora se produce en forma automática ("por su sólo vencimiento"); y en el contrato de crédito; con garantía hipotecaria con creación y emisión de letra hipotecaria, escritura 472, en el punto III.11; se convino que la mora se producirá de pleno derecho y sin necesidad de requerimiento o interpelación alguna por incumplimiento de obligaciones pactadas y en III. 12, se consignó que la mora en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por el deudor bajo la letra, en especial la falta de pago en término... permitirá al acreedor declarar la caducidad de todos los plazos y, en consecuencia exigir la inmediata devolución y reembolso del capital desembolsado y la aplicación de intereses compensatorios y punitorios...

En consecuencia el rechazo por parte del banco, ante la pretensión esgrimida y de la que dejara constancia ante escribano, fue ajustada a derecho, por tratarse de un pago parcial, y este no purga la mora, sino en los casos que sea admitida expresamente.

A partir del vencimiento de la cuota con vencimiento el 15-11-01, como surge de la pericia de fs 170/173 de los presentes y fs 273/276 de los autos encordelados, así como de la contestación de la impugnación de fs 214 y 218 y que no encuentro argumentos serios para apartarme de la misma, se operó de pleno derecho la caducidad de todos los plazos otorgados y a partir de ese momento la acreedora, hoy demandada, tuvo el derecho de exigir el pago total de la deuda.

Cabe señalar que no asiste razón al apelante, en punto a que el factor tiempo no haya sido invocado por la acreedora, ya que ello consta en la contestación de la carta documento y en la contestación de la demanda.

Noto asimismo que la jurisprudencia que menciona a fs 319, no tiene el alcance que pretende darle, pues el pago íntegro es el que se admite encontrándose el deudor en mora. "Para que la consignación tenga fuerza de pago deben concurrir todos los requisitos exigidos por la ley de fondo y cumplir con los principios de integridad e identidad del pago.

Y aun, cuando haya existido una prórroga tácita del mutuo hipotecario, sólo procede la acción si se consigna el capital con más los accesorios que correspondieran tal como emana de la doctrina plenaria, autos in re "B., H c/ M., D." del 24 de abril de 1961 (La ley 102-390). "El estado de mora no es impeditivo para hacer una consignación válida, pero siempre que la obligación subsista, o sea, que no haya invocado el acreedor ese hecho para disolverla, pero ello es así, a condición de que el accionante complemente la deuda originaria con las prestaciones adicionales derivadas de su mora.

Llenando estos requisitos y los substanciales de admisibilidad desde la consignación, el deudor moroso, que conserva el derecho de pagar, puede consignar el pago y en base a la consignación, oponer la excepción de litispendencia a la ejecución del acreedor, "B. DE G. Y B. A. S.A. c/ C., L. Y OTS. s/ EJECUCION HIPOTECARIA" - Fallo: 2190091 - Segunda Cámara Civil - Circunscripción: 1 - Mendoza - 2002/06/21, Tipo de Fallo: Sentencia Magistrados: MARZARI-CASO-VARELA (lo resaltado es propio).

Se agravia el quejoso, por entender que ha quedado demostrado con la doctrina y jurisprudencia que cita que el retiro de los fondos por parte de la demandada, acreedor hipotecario, implica una aceptación de la consignación y tal argumento será desestimado.

La mayoría de nuestros autores, Salvat -Galli, Llambías, Borda, Rezzónico, Cazeau-Trigo-Represas, Alterini-Ameal-López Cabana, Belluscio Zannoni, entre muchos, postulan una respuesta afirmativa al interrogante ¿es admisible la aceptación bajo reservas?, admitiendo que el acreedor pueda aceptar la prestación consignada efectuando reserva de exigir una cantidad mayor.

La solución es clara, dice el autor que transcribo, el acreedor impugna la consignación por cualquier motivo, ya sea por insuficiente, ya por no ser hecha en tiempo, etc.; no obstante, pide que correspondiendo ella, al menos en parte, a lo que es debido, le sea entregada, el juez no puede oponerse. Los argumentos son los siguen.

Si el deudor consignante tiene la posibilidad de retirar la prestación antes del perfeccionamiento de la consignación (art.761), igual derecho debe reconocerse en el acreedor, sin renunciar a exigir, la mayor cantidad que la retirada. Por otra parte si acreedor y deudor están de acuerdo, nada impide que el acreedor retire lo depositado que finalmente imputará a su crédito. "El acreedor de lo más lo es de los menos". "El Pago por consignación". Ernesto C.Wayar.

En los presentes el deudor, ha dado los montos en pago (fs 33 y en todas aquellas que ha ampliado la demanda), el acreedor a fs 109 y vta, 61 vta, 205 vta, 220 vta, 230 vta, 237 y 256, solicita ante ello el retiro de los fondos depositados los que serán imputables en primer lugar a los intereses y su remanente al capital, reiterando el rechazo de la consignación. Lo que fue admitido por el a-quo en los términos expuestos por la acreedora, no siendo motivo de agravio por parte de la consignante.

Asimismo los Dres Bueres-Higton, en Código Civil, 2B, pág. 138, se refiere al tema en tratamiento como un supuesto particular, que se produce cuando el acreedor acepte el pago, pero sostenga que es parcial, afirmando que la prestación debida es mayor a lo depositado. La aceptación del pago, pero confiriéndole el carácter de parcial, no obsta al retiro de los fondos por el acreedor, enerva el retracto del consig-nante, y exige la continuación del pleito...

La jurisprudencia al respecto se ha expedido en igual forma de "En tanto la cuestión consista en el más o el menos de la suma consignada, el acreedor tiene derecho a retirar la suma menor que deposita el deudor. Y ello así en cuanto hasta la suma depositada, hay acuerdo; porque si el deudor puede acudir a la consignación con reserva de repetir lo pagado de más, debe reconocerse al acreedor percibir con reserva de la prosecución del juicio para zanjar diferencias.

Asimismo, porque tal solución evita la improductividad de las sumas depositadas, con ventajas para ambas partes pues puede ser insuficiente resarci-miento el interés del depósito judicial y, finalmente, porque es dable para el acreedor aceptar pagos parciales (arts.742,759 y 761 C.C.), CCI Art. 742 CCI Art. 759, CCI Art. 761, "J. A. C. S.A. c/ I. A. C. s/ Pago por consignación" - CC0100 - SN 950507 RSD-210-95 S - 28-9-1995Juez MAGGI (SD) MAG. VOTANTES: MAGGI-VALLILENGUA-CIVILOTTI, TRIB. DE ORIGEN: JC0101; "S. I. DE B. EN B. A. C/ INS. MUN. DE O.S. S/PAGO POR CONSIG-NACION" CAUSA N° 8984/94, CODIGO CIVIL: ART. 761, CAMARA CIVCOMFED: 3 BONIFATI 21/05/96.

Respecto a la suma de $17.000, que menciona el actor, más allá que no fue introducida en la demanda de consignación, coincido con lo expresado por el perito.

Se esfuerza el agraviado en ubicar como preponderante la crisis de 2001, pero entiendo que ninguna incidencia relevante puede darse en los presentes, atento que la deuda no fue exigida en la moneda pactada.

En cuanto a las costas, si bien el Código Civil, trae disposición específica al respecto (Art.760) he de coincidir con los doctrinarios, que la materia no tiene en sí nada de peculiar que obligue a crear un estatuto propio que impida la aplicación de las normas procesales (Llambías).

Dicho artículo debe ser interpretado con un criterio fluido y no con carácter absoluto, pues si bien las normas procesales coinciden en ordenar las costas al vencido, permiten una solución distinta cuando hay mérito para ello (ver Ernesto C.Wqyar, obra citada, "Condena en costas en el proceso Civil, Loutaf Ranea.

Y siguiendo tales principios no encuentro mérito suficiente para apartarme de lo que dispone el artículo 760 CC.

Las costas de esta instancia al apelante vencido. A fin de regular los honorarios, merituaré la labor profesional, el resultado obtenido, la posibilidad que las pretensiones prosperen y demás pautas de los Arts. 6, 9 y 14 de la ley de aranceles.

A la segunda cuestión la Sra Juez de Cámara dijo:

1) Rechazar los agravios de fs 310/323 y confirmar la sentencia de fs 278/279 vta.

2) Costas al apelante vencido.

3) Diferir la regulación de los honorarios para el momento del acuerdo.

En este estado, y de conformidad con lo establecido en los arts. 271 y 272 del C.P.C.C.Ch. (reforma Ley 4550 del 23/12/99), se deja constancia que la decisión se adopta por mayoría, por lo que la Dra. Nélida Susana Melero no emite su voto.

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar y suscribir la siguiente SENTENCIA:

1) Rechazar los agravios de fs 310/323 y confirmar la sentencia de fs 278/279 vta.

2) Costas al apelante vencido, a cuyo fin se regulan los honorarios profesionales de los Dres. N. B.L. de E., J.F. L. G. y G. A. B., conjuntamente, en la suma de PESOS NOVECIENTOS ($900) y los del Dr. E. V. en la suma de PESOS QUINIENTOS ($500).

3) Regístrese, notifíquese y devuélvase.

GRACIELA MERCEDES GARCÍA BLANCO - Juez de Cámara MARTA SUSANA REYNOSO de ROBERTS - Juez de Cámara	REGISTRADA BAJO EL nro. 13 DEL AÑO 2006	DEL LIBRO DE SENTENCIAS DEFINITIVAS