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Indemnización por accidente de tránsito, indemnización por accidente de trabajo, indemnización por muerte, indemnización insuficiente, obligaciones del asegurador, exclusión de la cobertura, validez de cláusula contractual
Materia: COMERCIAL
Carátula: "GUZMÁN, PABLO ISMAEL S/ HOMICIDIO CULPOSO AGRAVADO (TRES HECHOS) EN CONCURSO IDEAL CON LESIONES CULPOSAS (DOS HECHOS)", Expte. Nº 2069 (G-492/05/TSJ) s/ RECURSO DE CASACIÓN.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2007-02-27

No corresponde hacer lugar a las acciones, cuya cobertura se encuentra excluida contractualmente en el contrato de seguros, esto a fin de impedir a los asegurados y/o los terceros que, por vía de una interpretación extensiva del contrato, reclamen derechos que no tienen, en detrimento de quien por vía convencional ha determinado con precisión -y antes de la producción del daño- la magnitud de la reparación a la que se ha obligado.

Mas aun cuando no se encuentra acreditado en autos que los contratantes del seguro con la inserción de dicha cláusula de exclusión de responsabilidad, hayan tenido en vista perjudicar los derechos de terceros, en fraude a los derechos de la víctima o sus derecho habientes, razón por la que no se verifica el supuesto contemplado en el art. 953 del Cód. Civil, en cuanto declara la nulidad de los actos jurídicos que perjudiquen a terceros, motivo por el que no cabe admitir la pretendida nulidad de aquella cláusula.-
Recurso de queja (procesal), improcedencia del recurso, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: CORREA, WALTER A. s/ RECURSO DE QUEJA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-20

El recurso es infundado si los argumentos del recurrente solo muestran su discrepancia con la valoración de los elementos de prueba, sin lograr demostrar los vicios de razonamiento o defectos probatorios que invoca.
Cosa juzgada, ejecución de sentencia
Materia: PENAL
Carátula: AZAR, MUSA; GOMEZ, JORGE; MATTAR, FRANCISCO Y OTROS s.d. HOMICIDIO TRIPLEM. CALIF. P/ALEVOSIA C/ EL CONC. PREMEDITADO DE DOS O MAS PERSONAS Y CRIMINIS CAUSA, ET. e.p. VILLALBA PATRICIA; BSHIER NAZAR LEYLA Y ADM. DE JUSTICIA s/ INCIDENTE DE EXCARCELACION EXTRAORDINARIA-CUESTION DE COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2012-07-12

Los jueces de anterior jerarquía confundieron la suspensión de los efectos que hace a la ejecutabilidad de las sentencias, con la inmutabilidad propia de la cosa juzgada que recién adquirió el fallo, con la desestimación de la queja dispuesta por este Tribunal.
Beneficio de litigar sin gastos, depósito previo
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: SANTA CRUZ LANAS COMERCIAL Y AGROPECUARIA S.R.L. c/ A.F.I.P. - D.G.I. s/ Impugnación de deuda
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-23

Deviene formalmente inadmisible el recurso de apelación interpuesto ante la alzada, si no se ha justificado probatoriamente la incapacidad de pago relativa del depósito previo, extremo éste exigido por la doctrina del Alto Tribunal a los fines de exceptuar el cumplimiento con la manda legal impuesta por el art. 15 de la ley 18.820; a lo que debe sumarse que el beneficio de litigar sin gastos incoado solo tiene por objeto exceptuar a los litigantes de los gastos irrogados por los gastos judiciales (art. 84 C.P.C.C.), que no se relaciona con la exigencia fiscal reseñada.
Contratos administrativos, objeto del contrato, elementos del contrato
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: NISALCO S.A. c/ CIA. ARG. DE SEGS. LA ESTRELLA S.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-16

En lo tocante al objeto del contrato administrativo, la voluntad contractual es el factor absolutamente determinante de su creación.

La relación económico - financiera, es decir la bilateralidad, se encuentra en la concurrencia de dos voluntades contratantes con todos sus ingredientes de carácter oneroso y de sinalagmático, que establecen relaciones jurídicas que al mismo tiempo aceptan las relaciones y obligaciones provenientes de la otra parte, tal es la obligación de la actora de asegurar y mantener dicho seguro vigente por el lapso indicado. Lo contrario sería romper el principio de la justicia conmutativa: es decir igualdad de las contraprestaciones; y de la justicia distributiva: porque el co - contratante se vería en el caso gravado con una mayor contribución al riesgo en caso de que no lo hubiera asegurado.
Elecciones, candidatos, lista de candidatos, oficialización de listas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Patti Luis Abelardo c/ Cámara de Diputados de la Nación s/ promueve acción de amparo.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-09-14

La verificación efectuada en el marco de los artículos 60 y 61 del Código Electoral Nacional no se limita a la constatación de las condiciones formales previstas, en este caso, por el artículo 48 de la Constitución Nacional, sino que -de conformidad con lo expuesto por esta Cámara en Fallos 3275/03- incluye también el requisito de la idoneidad (art. 16 de la C.N.) -(Sumario confeccionado por el SAIJ)
Derecho laboral, indemnización, apreciación de la prueba, cobro de sumas de dinero, formalidades procesales
Materia: LABORAL
Carátula: R. E. E. c/ Y. M. D. C. s/ COBRO DE PESOS Y ENTREGA DE CERTIFICACION LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-06-15

El requisito (comunicación formal) tiene fundamento en la necesidad de asegurar el derecho de defensa, lo que ocurre cuando las partes conocen, desde el principio del pleito y aún antes de la traba de la litis, la causa del despido, como una forma de salvaguardar el principio de raigambre constitucional de la defensa en juicio y el de buena fe y no verse sorprendidas en el acto de la traba de la litis con la invocación de motivos distintos a los consignados en la comunicación documentada del distracto (de ocurrir se estaría privando a la patronal -en este caso- de oponerse adecuadamente a la pretensión o dificultándole la eventual producción de prueba). Como derivación de ello, el juez no puede extender su análisis a cuestiones no invocadas en el telegrama de auto despido y debe limitarse a analizar la causal invocada en la notificación del distracto (Voto Welp. Adhesión Ronconi)
Recurso de casación, monto del juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: AGUILERA DE SITANOR, LILIANA NOEMI c/ MULLER, HORACIO ANIBAL Y/U OTROS s/ SUMARIO S/CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1993-03-05

Procede el recurso de casación contra la sentencia de Cámara que al regular los honorarios del perito contador tomó como base el monto total del juicio, pues consideró que el Decreto Ley 199/66 determina que cuando se trata de juicios contradictorios el monto base será el que fije la sentencia o resolución que ponga fin al pleito. Esta no es la interpretación correcta, pues es doctrina de este Superior Tribunal de Justicia que la remuneración del perito ha de estar vinculada a la labor realizada y enmarcada además por los lindes de tal actividad, siéndole indiferente el monto total del juicio en la medida que éste comprenda otros aspectos desvinculados de los trabajos del experto.-
Demanda, pretensión procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: R., N. F. c/ PROVINCIA DEL CHUBUT s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-11-29

"Aparece inevitablemente en la pretensión como fin concreto que el demandante persigue, y tiene dos elementos esenciales: su objeto, que es el determinado efecto jurídico perseguido (derecho o relación jurídica que se pretende o responsabilidad que se imputa al sindicado) por lo tanto la tutela jurídica que se reclama; y la razón que es el fundamento que se le da, y se distingue en razón de hecho o de derecho, o sea el conjunto de hechos que constituyen el relato histórico de las circunstancias de donde se cree deducir lo que se pretende y la afirmación de su conformidad con el derecho en virtud de determinadas normas de derecho material o sustancial, identificándose con la "causa petendi" de la demanda y con los hechos en que se basa la imputación formulada, esto es, la "causa imputandi".- A su vez la pretensión tiene un fin, cual es la tutela particular del pretendiente, puntualizado en la demanda, mediante sentencia favorable".
Cumplimiento de la pena, violencia de género, asistencia psicológica
Materia: PENAL
Carátula: VARGAS NATANIEL DAVID c/  s/ LESIONES AGRAVADAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2017-12-14

No obstante que transcurrido el plazo de la pena de cumplimiento efectivo, igualmente el condenado por delitos de cuestiones de género saldrá de los establecimientos carcelarios, (nadie pretende un aseguramiento a través de su exclusión de la sociedad), como Juzgador se deben extremar los recaudos para que el tratamiento psicológico que necesita sea realizado estrictamente durante el plazo de la pena fijado (Dos años y dos meses); y entonces, al salir de su encierro, lo haga habiendo adquirido habilidades interpersonales con el fin de atenuar sus conductas desajustada.(del voto del Dr. Andrés Repetto en mayoría).

Fuente del sumario: OFICIAL
Recurso de queja (procesal), recurso de reposición (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: Fermanelli, Miguel Angel c/ Manzoni, Egidio Severo. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-06-12

Es improcedente el recurso de queja interpuesto contra el pronunciamiento que hizo lugar a un recurso de reposición.
Instancia administrativa, plazo judicial
Materia: PROCESAL ADMINISTRATIVO
Carátula: TEJADA, GABRIELA DE LA PAZ c/ PROVINCIA DE SAN JUAN s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-05-30

Conforme a los artículos 761/762 del C.P.C., el cómputo de los treinta días "hábiles" judiciales para deducir la demanda en sede judicial debe iniciarse desde la fecha de la resolución definitiva, desestimando el reclamo, en sede administrativa (cuando hay denegatoria expresa) o cuando medie denegatoria tácita a partir del vencimiento del plazo de noventa días, establecido por el art. 761 C.P.C.
Regla de exclusión, deberes del juez
Materia: PENAL
Carátula: I., M. -aborto provocado c/  s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 1998-08-12

La teoría de los frutos del árbol venenoso o "regla de la exclusión", en virtud de la cual los medios probatorios obtenidos ilegalmente no podrían ser tenidos en cuenta para resolver un caso, se limita a reglamentar situaciones en aquellos supuestos en que se ha producido un quebrantamiento de un requisito positivamente exigido respecto del procedimiento. No obstante la categórica formulación de la regla de la exclusión, la misma admite el concurso de factores que pueden atenuar los efectos de una aplicación automática e irracional y, asimismo, resulta conveniente recordar que los jueces tienen el deber de resguardar, dentro del marco constitucional estricto la razón de justicia que exige que el delito comprobado no rinda beneficios. (Citas: CSJN, "José Tiboldi", Fallos 254:320, consid. 13; CSJSta.Fe: "Mónaco" AyS T 145 p 1). (Del Voto del Dr. Falistocco)
Accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Coelho Alves, Antonio c/ Empresa del Oeste S.A. s/ Enfermedad accidente (ley 9688)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-10-01

La exigibilidad del crédito indemnizatorio con fundamento en las disposiciones de la ley 9688 aún luego de las modificaciones introducidas por la ley 23.643 se determina a partir de la fecha en que el trabajador adquiere conocimiento de la disminución de su capacidad.
Inexistencia de cuestión federal suficiente, denegatoria del recurso
Materia: PENAL
Carátula: López, Cristóbal Manuel c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-04-20

Corresponde rechazar in limine el recurso de reposición deducido contra el proveído mediante el cual se designó audiencia a los fines dispuestos por el art. 465 bis CPPN si el planteo se presenta como una mera disconformidad con el trámite legal dispuesto y no evidencia la existencia de un agravio concreto que permita dejar sin efecto la disposición. (Dres. Figueroa, Hornos, Riggi)
Nulidad procesal, oportunidad procesal, confirmación del acto jurídico
Materia: LABORAL
Carátula: González, Beatriz Alicia c/ Urquijo, Román s/ Indemnización por despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-07-23

La nulidad de los procedimientos anteriores a la sentencia debe plantearse en la misma instancia en que se produjeron los vicios que la motivan, bajo pena de convalidarse el acto como legítimo, debiendo por lo tanto promoverse el incidente de nulidad en la oportunidad indicada.
Proceso contravencional, medidas cautelares, clausura preventiva, prueba, prejuzgamiento
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: G, E. s/ artículo 72
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-06-21

La configuración del artículo 72 del Código Contravencional se trata de un hecho sujeto a las pruebas que habrán de rendirse oportunamente. En consecuencia, mal podría ordenarse la clausura preventiva sobre la base de que su configuración surge de forma palmaria de los elementos de prueba que obran en los actuados, sin incurrir en claro prejuzgamiento. (Del voto de la Dra. Robledo con adhesión del Dr. Ventureira (por sus fundamentos))
Impuestos, exenciones impositivas
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: "ENTE Provincial de Energia del Neuquén (TF 19218-I) c/ D.G.I.".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-04

Conforme el espíritu de la ley 23.696, a la luz el cual se dictó el decreto 1.521/93, es necesario que la empresa se privatice para que los beneficios tributarios allí previstos se concreten.

(Cons. IV).
Jurisdicción administrativa, cobro de sumas de dinero
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: El precio del poder S.A. c/ Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos s/ Sumario s/Competencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2006-06-13

La apertura de la jurisdicción administrativa del S.T.J. exige encontrarse frente a un caso típicamente contencioso-administrativo, cuya demanda requiera la satisfacción de un derecho subjetivo o un interés legítimido regido por el Derecho Administrativo, que su solución dependa de la inexorable aplicación -integral y prioritaria - de normas de derecho público, lo que no ocurre en el sub lite pues el caso es un conflicto derivado de la falta de pago de sumas de dinero de quien se encontraría obligado en virtud de una operación regida por el derecho privado, sumas dinerarias cuya satisfacción constituye el único objeto de la demanda.

Si bien ello deriva de una relación de naturaleza administrativa que podría generar litigos típicamente contencioso administrativos, no es este el caso toda vez que el órgano judicial sólo debe corroborar la existencia de la deuda, que la misma esté a cargo del demandado y sea exigible y aplicar los pertinentes preceptos de la ley común; siendo así, el conflicto debe ser atendido por el órgano jurisdiccional a quien legalmente le esté atribuido hacerlo, en la especie, al Juzgado Civil y Comercial y no al Alto Cuerpo, habida cuenta que la competencia extraordinaria fijada por los artículos 1 y 2 del Código de Procedimiento Administrativo -reglamentario del artículo 167, inciso 3 de la Constitución de Entre Ríos- no puede ser habilitada para la discusión y resolución de cuestiones regidas exclusiva o preeminentemente por el derecho común (cfrme. dictamen fiscal).-
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, planteo oportuno, interposición del recurso, Estado, división de poderes, Municipalidad, autonomía municipal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CORDINI, RAUL JUAN c/ COMUNA DE SAN JOSE DEL RINCON s/ Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad -Recurso Administrativo sumario ley provincial 10.000 (Expte.: C.S.J. Nº. 413 Año 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-05-07

No puede prosperar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto po r la Comuna demandada, desde que diversas razones se erigen en obstáculo para la admisibilidad de la impugnación; entre ellas, en primer término, la falta de cumplimiento del recaudo que establece el artículo 1 in fine de la ley 7055, por cuanto la cuestión constitucional recién se introdujo -haciendo alusión genérica a una supuesta violación de la división de poderes y a la autonomía municipal- en la pieza de interposición del memorial recursivo, habiéndose limitado a efectuar una reserva de ocurrir ante la Corte local al contestar la demanda; mas lo cierto es que -como bien apunt a el A quo-, no fue mantenida tal cuestión por el ahora recurrente ni hizo mención alguna de ella al deducir el recurso de apelación, momento en que resultaba necesario aludir específicamente a ella. Es que no puede sino interpretarse que el requisito de marras, aunque no condicionado a fórmulas sacramentales, requiere una proposición concreta, no resultando suficiente -como en el caso- la formulación de mera reserva.
Queja por apelación denegada, ejecución de honorarios, honorarios del abogado, cesión de derechos
Materia: PROCESAL
Carátula: "Fideicomiso  Financiero  SJ2  -RQU (Autos 25.573/00 SOTO) y Otro s/ queja".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-07-13

Corresponde desestimar sin más trámite la queja interpuesta por el abogado en representación de un Banco de Servicios y Transacciones, en su carácter de fiduciario de dos fideicomisos que desestimó la apelación subsidiaria intentada contra la providencia que desestimó su pedido de intervención en una causa, al entenderse que el peticionario no revestía la calidad de parte en las actuaciones, ya que el negocio jurídico invocado resultaba ajeno al ámbito del proceso en el que se intentaba hacer valer dado que su planteo consiste en ser tenido por parte en su carácter de cesionario de los honorarios de los letrados intevinientes, porque -entre otras consideraciones- el recurrente no había considerado la necesidad de definir la vigencia y el alcance de los acuerdos y poderes invocados frente a las presentaciones realizadas por los doctores en causas análogas a la de autos, en las que fue sustanciado el pedido de intervención y donde informaron que habían resuelto el contrato de cesión y fideicomiso y revocado el mandato otorgado, y por encontrarse cuestionada la propia vigencia y el alcance de los acuerdos en que el abogado funda su planteo, el asunto no puede definirse sino luego del análisis de esa controversia, aspecto que -como reconoció el propio recurrente- resulta ajeno al ámbito de estas actuaciones, lo que conduce a la conclusión de que la causa en trámite no resulta la vía adecuada para dar esa solución, por lo que deberá articular sus derechos por el cauce procesal correspondiente.
Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia no aplicable, competencia por conexidad, principio de especialidad
Materia: PROCESAL
Carátula: CABRERA, MARIA SUSANA c/ PALDINI, MARIA MABEL Y OTROS s/ COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-03-10

Yerra la magistrada laboral cuando razona que resulta aplicable al caso lo resuelto por este Tribunal en la causa "De Vicenzo", en cuanto a que, a los fines de dirimir el presente conflicto de competencia, es determinante el principio de especialidad para decidir qué juez se encuentra en mejores condiciones para juzgar el caso, puesto que en dicha oportunidad, fue precisamente la conexión entre el pedido de regulación de honorarios solicitado por la profesional y la causa principal radicada en sede laboral (derivadas de las actuaciones administrativas previas) la circunstancia decisiva para resolver la contienda negativa de competencia y no el principio de especialidad, que fue citado como un argumento complementario al razonamiento anterior; así, precisamente la regulación de honorarios debía efectuarla el magistrado que había intervenido en la causa que siguió a las actuaciones administrativas previas (reclamación ante una Comisión Médica), por ser el que en mejores condiciones se encontraba para justipreciar la labor profesional desarrollada en las mismas. - CITAS: De Vicenzo, AyS T 309, p 291.
Funcionarios públicos, Banco Nación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: " MUNAIN, E. y otros ". s/ .
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-30

Los criterios para determinar la condición de funcionario público se pueden dividir en tres: a) por la naturaleza del órgano empleador, b) por el régimen jurídico aplicable al caso o c) por la función pública a cumplir. La jurisprudencia y la doctrina en materia penal ha sido uniforme al adoptar el punto c) anteriormente citado (la "función pública" llevada a cabo), como el criterio utilizado para determinar el concepto de "funcionario público". Considerándolo también, como aquel al que hace referencia el artículo 77 del Código Penal, difiriendo del concepto utilizado en el derecho administrativo. Desde este punto de vista, se ha reputado "funcionario público" a la persona que, aunque no posea dicho status, participe del ejercicio de la "funciones públicas", considerando a éstas como "toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona natural en nombre del Estado o al servicio del Estado, o de sus entidades en cualquiera de sus niveles jerárquicos".

Dicha definición ha sido recogida tanto por la Ley de Ética Pública (ley n° 25.188) en cuanto define las "funciones públicas", como por la Convención Interamericana contra la Corrupción (Anexo I, art. 1 °), con jerarquía supralegal, que amplía pero sin modificar, la definición de "funcionario público" que otorga el artículo 77 del Código Penal. En este sentido se ha referido también, la Excma. Cámara Nacional de Casación Penal de la Nación, Sala I, Causa n °5539, caratulada:

"VILA, JULIO", reg. n° 6988, rta. el 6/9/04 y este Tribunal, Sala Primera, Causa n° 33556, "TASSANO ECKART, C.", rta. el 1/11/01, reg. n° 1022; Sala Segunda, en la Causa "MAGLIETTA, A.", rta. el 30/8/88; Causa "GIRONELLA TABARÉ" rta. el 28/6/85, entre otras. Dentro de este marco conceptual quienes ejercen el cargo de jefe de departamento del Banco de la Nación Argentina participaban, en mayor o en menor medida, de la "función pública" propia de la voluntad del ente estatal dentro del cual trabajaban, con capacidad de autorización, delegación y firma, resultando dichas tareas parte de los actos de la actividad bancaria que el estado desea llevar a cabo, aún dentro de un Área específica.
Doctrina de la arbitrariedad, sentencia arbitraria, cesantía, denegatoria del recurso, proceso de faltas
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: IBARRA, ROSA MALVINA s/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO en IBARRA, ROSA MALVINA c/ GCBA s/ RECURSO DIRECTO DE REVISIÓN POR CESANTÍAS Y EXONERACIONES DE EMPLEADOS PÚBLICOS (ART. 464 Y 465 CAYT)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-15

Corresponde rechazar la queja toda vez que la recurrente no logra conmover los fundamentos dados por la Cámara para denegar su recurso de inconstitucionalidad, relativos a la ausencia de un caso constitucional. En efecto, las objeciones se dirigen a cuestionar, en último término, el análisis que la Cámara realizó de los hechos, la prueba y la normativa infraconstitucional aplicable (el Estatuto del Docente y el Reglamento Escolar, entre otros) para resolver el recurso directo de revisión presentado por una maestra de sección suplente que se desempeñaba en la sala de lactarios de un jardín maternal, por incumplimiento del inciso 12 del artículo 74 del Reglamento Escolar. Este examen resulta -como principio- ajeno a esta instancia extraordinaria. (Del voto de los jueces Marcela De Langhe, Inés M. Weinberg y Santiago Otamendi).