Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2010-12-13


2º Instancia.- Resistencia, diciembre 13 de 2010.

1º ¿Es procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto en autos? 2º En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde dictar? I.- A la primera cuestión la doctora Lucas dijo 1. Arriban las presentes actuaciones a conocimiento y decisión de este Tribunal en virtud del recurso de inconstitucionalidad deducido a fs. 513/526 vta. por la parte actora contra la resolución dictada por la Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad que obra a fs. 474/483 vta. Elevada la causa, la misma se radica a fs. 560 ante esta Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia la que se integra definitivamente con los suscriptos a fs. 563. A fs. 570/571 vta. obra dictamen Nº 273/10 del Sr. Pro curador General y a fs. 576 se llama autos para sentencia, quedando la cuestión en estado de ser resuelta. 2. En el análisis de la concurrencia de los extremos que hacen a la admisibilidad formal del presente remedio, encuentro reunidos los de interposición en término, legitimación para recurrir, el pronunciamiento es definitivo y media oportuno planteo de la cuestión constitucional, por lo que es pertinente ingresar al examen de los agravios. Sostiene el recurrente que la Alzada se equivoca coexisten dos valuaciones, dado que la única que puede valuar el bien, conforme el art. 15 de la Ley Nº 2289, es la Junta de Valuaciones. Explica que para poder tomar posesión del inmueble, su parte hizo el depósito establecido por la Junta de Valuaciones en los términos del art. 33 de la Ley Nº 2289. Entiende que el fallo incurre en inequidad porque el dinero que depositaron, y que fue utilizado por la contraria, puesta a interés, daría la suma que ordena pagar la sentencia. También es causa de queja la base sobre la cual se regularon los honorarios profesionales. Aduce que no se tuvo en cuenta el depósito que efectuó su parte siendo que fue admitido y quedó firme y consentido once años atrás. Agrega que la sentencia resuelve que resta abonar sólo la suma de $ 198.120, dado lo cual éste debió ser el monto que se usara como base regulatoria y no la suma de $ 298.120. Otro motivo de agravio es que las sentenciantes no tuvieron en cuenta que los arts. 14 y 15 de la Ley Nº 2289 ordenan a la Junta de Valuaciones de la Provincia el estudio del valor del inmueble a expropiar para fijar el precio de la indemnización, dado lo cual fundar la sentencia en dicha ley, pero con un monto indemnizatorio fijado pura y exclusivamente en lo establecido por un perito, es inconstitucional. Inicialmente debo señalar, en cuanto a la impugnabilidad de la decisión, que el tema planteado por esta vía, atento su naturaleza fáctica, probatoria y de derecho común, se encuentra excluido, en principio, de revisión en sede extraordinaria, por no guardar relación directa e inmediata con norma constitucional alguna, salvo la existencia de un vicio de naturaleza tal que haga descalificable lo decidido con fundamento en la doctrina de la arbitrariedad (conf. Sent. Nº 444/02, entre muchas otras de esta Sala). En ese orden de ideas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene doctrinado que: La valoración de la prueba, incluso la de presunciones, incumbe a los jueces de la causa y es, como principio, insusceptible de revisión en la instancia extraordinarias (Fallos 294:331). En consecuencia, los agravios que se dirigen contra la valoración que los jueces hicieran de la prueba y su encuadre en las normas de derecho común aplicables, son ajenos a la instancia extraordinaria de no mediar prescindencia de lo dispuesto por la ley o de pruebas fehacientes regularmente presentadas (CS, febrero 26-1981; RED XV, pág. 857, Nº 314) doctrina que resulta aplicable al recurso extraordinario local fundado en similares motivos. Es decir, que la procedencia del mismo está supeditada a la demostración de la existencia de un vicio de gravedad extrema que haga descalificable lo decidido en base a la doctrina de la arbitrariedad. Bajo estas directrices, no advierto configuradas en autos las tacha al quejoso y atribuye al decisorio, el que más allá que pueda ser o no compartido, cuenta con basamento suficiente que obsta a su descalificación. Ello así, toda vez que los agravios e por el tribunal de segunda instancia, quien partiendo de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Nacional, afirmó: 1) En cuanto a la manda constitucional, la doctrina ha señalado que el tema de la indemnización obliga a especificar diversos aspectos: a) debe ser justa e integral. b) La indemnización que el juez fija en la sentencia debe tomar en cuenta lo que el bien vale a la fecha de la sentencia, y, c) la indemnización tiene que pagarse en dinero, no obstante puede mediar acuerdo entre expropiado con el expropiante para que se indemnice a través de vías sustitutivas o compensaciones no dinerarias (aut. y ob. cit., pág. 139/140) (fs. 477 vta./478); 2) Por su parte el art. 31 del mismo cuerpo legal establece que la indemnización se fijará teniendo en cuenta el valor del bien al tiempo de la sentencia. Si bien los dispositivos transcriptos fueron modificados, el primero de ellos por la incorporación de un párrafo establecido por Ley 5302 (sancionada el 26/11/03, promulgada el 15/12/03 y publicada en el Boletín Oficial Nº 8124 del 26/12/03) y luego por la Ley 5758 que modificó al anteriormente mencionado, como así los arts. 31 y 33 (dicha ley fue sancionada el 03/08/06, promulgada el 15/08/06 y publicada el 23/08/06 Boletín Oficial Nº 8509), habiendo sido dictada la sentencia el 08/09/03 no resulta de aplicación la reforma introducida por las leyes mencionadas, en función de lo preceptuado por el art. 3 del Código Civil (fs. 478 vta.). Luego analiza los agravios referidos al monto fijado como indemnización teniendo en cuenta las valuaciones existentes en la causa, así como los parámetros utilizados en ambos casos y concluyen: 3) Se advierte que la accionante al ofrecer la prueba propuso como puntos de pericia que el experto diera la valuación real y actual del bien expropiado, así como los valores venales de otros inmuebles cercanos a la propiedad expropiada, con indicación de inmuebles visitados y personas y/o firmas consultadas para determinar los valores indicados en los puntos 2 y 3; indicación de los métodos seguidos para producir la pericia (ver fs. 2/6, en particular fs. 8 vta., Punto 3) Pericia Valuativa), prueba que fuera ordenada a fs. 93, 109 y 110. (fs. 479 vta.), 4) el experto llevó a cabo el cometido conforme puntos de pericia, lo que implicó expedirse sobre el valor actual y real del inmueble, como así profesionales consultados a quienes individualizó, tuvo en cuenta los valores de venta de inmuebles cercanos al de marras, poniendo finalmente de manifiesto que utilizó el método comparativo o directo para la obtención de los guarismos. (479 vta./480), 5) el perito tasador Pereyra, contempló en su estimación los parámetros o aspectos básicos tenidos en cuenta por la Junta Valuadora, que recordemos, refieren a ubicación de los inmuebles, forma, superficie, altimetría o cota de nivel, infraestructura de servicios, equipamiento, entorno, precio del mercado inmobiliario en la zona, sin embargo la labor efectuada por el mismo, lo fue en febrero del año 2000. Y este último dato resulta de significativa importancia, por cuanto como lo sostiene la doctrina valuación (avalÀo) es sinónimo de tasación. La valuación del bien sirve para fijar el valor del bien expropiado y la indemnización (equivalente a ese valor) que hay que pagar. Hay dos aspectos a considerar: a) en qué momento se hace el aval, b) cuál es la fecha a la que el avalÀo se remite (conf, aut. y ob. cit. pág. 140). Lo que cobra relevancia en épocas de inflación (aunque no sea este el supuesto de autos). (fs. 480 vta./481), 6) De manera que no juzgo desacertada la ponderación del perito, máxime que de su tarea no advierto, como lo establece el art. 9 de la ley 2289/78 que se hayan incluido en el monto consignado ganancias hipotéticas o el mayor valor que pueda conferir al bien la obra a ejecutarse. Lo que sí tuvo en cuenta -como correspondía- es el notable crecimiento de la zona, según los aspectos que consigna más minuciosamente. (fs. 481 y vta.), 7) Ahora bien, en el caso de autos, considero conforme lo dispone el art. 31 de la Ley 2289, que el valor más próximo a la fecha de la sentencia de Primera Instancia (08/09/03) es el informado por el experto que lo suministra en febrero de 2000, y que asciende a la suma de $ 298.120. (fs. 481 vta.). Lo hasta aquí expuesto, resulta demostrativo de que las señoras camaristas puestas en el deber de reexaminar el monto de indemnización, el cual, conforme la ley declarada aplicable al caso (art. 31 Ley Nº 2289, antes de la reforma de la Ley Nº 5758), debe estar conforme el valor del inmueble expropiado a la fecha de la sentencia, desestimaron el que a juicio del juez a quo era aplicable, por no seguir dichos parámetros, por lo que la queja no excede del simple desacuerdo del actor. Cabe aclarar que el agraviado no ataca lo establecido por el citado artículo 31 (el cual se encuentra dentro del Título IV correspondiente al procedimiento judicial), sino que se limita a decir que es de aplicación lo prescripto por los artículos 14 y 15 de la Ley Nº 2289, lo que no corresponde ya que los mismos se refieren al procedimiento extrajudicial (conforme surge de Título III). Insisto, puede el quejoso no coincidir con la valoración y el encuadre jurídco efectuado para resolver la litis, pero lo cierto es que la decisión no exhibe deficiencias técnicas que la invaliden, ni cabe decir que se apoya en meras afirmaciones dogmáticas; por el contrario, se advierte que los reproches del Estado Provincial, traslucen sus discrepancias en el valor del bien determinado por el perito a fs. 122/129 y explicaciones de fs. 146/148, puesto que sólo aduce que no se tomó en cuenta el valor fijado por la Junta de Valuaciones, único que puede ser tomado en cuenta, reflexión que deviene improcedente y tardía tomando en cuenta que su parte propuso como punto de pericia (fs. 5 vta.) que se indique la: valuación real y actual del inmueble expropiado y que no fue motivo de agravio los fundamentos dados por la Cámara (fs. 480) para rechazar la impugnación de fs. 138/141 y lo ya expresado respecto la norma aplicable. Esta Sala ha señalado, siguiendo al Máximo Tribunal de Nación, que la doctrina de la arbitrariedad reviste carácter excepcional y su aplicación no tiene por objeto corregir en tercera instancia pronunciamientos que el recurrente repute equivocados a raíz de su simple discrepancia con la solución acordada al pleito, ni autoriza a suplir el criterio de los jueces en cuestiones que, por su naturaleza, les son propias, si la sentencia expone argumentos suficientes que bastan para sustentarla (conf. Sent. Nº 268/95; Nº 17/96, entre otras) como así que no resulta procedente la tacha de arbitrariedad si los fundamentos dados por los sentenciantes tiene como base los hechos de la causa y el derecho estimado aplicable, lo que confiere a la decisión cuestionada sustento suficiente, sin que resulte eficiente la discrepancia del recurrente para otorgar vida a la arbitrariedad (conf. Sent. Nº 121/95; Nº 301/95, de esta Sala). Párrafo aparte me merece los cuestionamientos referidos a la base r utilizada por el a quo. Liminarmente cabe señalar que esta Sala tiene resuelto en forma reiterada y con distintas integraciones, siguiendo el criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que lo atinente a los honorarios regulados en las instancias ordinarias, constituye materia ajena al recurso extraordinario, toda vez que la determinación del monto del litigio, la apreciación de los trabajos profesionales cumplidos y la interpretación y aplicación de las normas arancelarias son, como principio, en razón del carácter fáctico y procesal de las cuestiones que involucra, insusceptibles de tratamiento en la instancia extraordinaria, siendo la doctrina de la arbitrariedad particularmente restrictiva a su respecto (conf. Sent. Nº 11/81; 39/91; 162/96, 327/01, 285/06, entre otras; Fallos 270:388; 368:365; 277:248, etc.). (Sent. 493/07). Así, la lectura del pronunciamiento da en lo establecido por el art. 277 del CPCC adecuó la regulación de honorarios de primera instancia, estableciendo que deberán ser regulados sobre la base del capital por el que en definitiva procede la indemnización ($ 298.120) y de conformidad a lo preceptuado por los arts. 5 (16%), 6 (40%), 7 (80%), 22 (reducción del 20%) para los de Primera Instancia, y en adecuado nexo con lo dispuesto por el art. 11 (30%) para los de esta Instancia (fs. 182 vta.). Conforme lo expuesto, legal aplicable a la cuestión, toda vez que halló la solución del caso en lo establecido por el ordenamiento jurídico respecto de la estimación de los emolumentos profesionales para este caso particular. En efecto, el art. 22 de la L.A. establece: En los procesos de expropiación el monto será el valor de la indemnización que fijare la sentencia o transacción y el honorario será el que resultare de la aplicación del artículo 5 reducido en un veinte por ciento (20%) (la negrita me pertenece), lo que fue tenido en cuenta en el pronunciamiento. Cabe aclarar que el monto de indemnización que fija la sentencia es de $ 298.120, más allá que se le descuente la suma de $ 100.000 ya depositada, por lo que no resultan procedentes los agravios referidos a que no se tomó en cuenta la diferencia: $ 198.120. De conformidad a lo expuesto, el análisis de los reproches vertidos no persuaden en torno a la existencia de un vicio que determine la descalificación de lo decidido, habida cuenta que el sentenciante ha explicitado, los motivos fundantes de su criterio que confirma la determinación de los estipendios profesionales, lo que descarta la tacha de arbitrariedad invocada, al aparecer dicha solución como una derivación posible de las normas y principios que rigen la materia. Coincide el Procurador General al afirmar: entiendo que la suma depositada inicialmente haya sido puesta a disposición del accionado y de las cuestiones vinculadas al cálculo de los intereses a su respecto, lo cierto es que al haberse fijado la indemnización en la suma de $ 298.120,00 y que el art. 22 de la ley arancelaria establece que: "En los procesos de expropiación el monto será el valor de la indemnización que fijare la sentencia o transacción y el honorarios será el que resultare de la aplicación del artículo 5 reducido en un 20%.º, no encuentro configurado vicio alguno que resulte susceptible de descalificar lo decidido con base en la doctrina de la arbitrariedad de la sentencia. (fs. 571). Por los fundamentos dados, me expido por l a improcedencia del recurso (#65533#) trato, votando negativamente a esta primera cuestión. Así voto.

I. A la primera cuestión el doctor Avalos dijo:

Coincidiendo con los fundamentos y la solución propuesta en el voto que antecede, adhiero al mismo y emito el mío en idéntico sentido. Es mi voto.

II. A la segunda cuestión la doctora Lucas dijo:

En virtud de la conclusión arribada al tratar la primera cuestión, propongo se desestime el recurso de inconstitucionalidad deducido a fs. 513/526 vta. por la parte actora contra la resolución dictada por la Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad que obra a fs. 474/483 vta. Las costas de esta instancia, dado el resultado que propicio y lo dispuesto por el art. 68 del CPCC de la Provincia, deberán imponerse al actor vencido. Así también voto.

II. A la segunda cuestión el doctor Avalos, dijo:

Con arreglo al resultado de la votación efectuada con motivo de la primera cuestión, adhiero también a la propuesta del colega preopinante respecto de la presente, adhesión que abarca asimismo lo relativo a imposición de costas. Es también mi voto.

Por los fundamentos del Acuerdo que antecede, la Sala Primera Civil, Comercial D y Laboral del Superior Tribunal de Justicia, resuelve: I. Desestimar el recurso de inconstitucionalidad deducido a fs. 513/526 vta. por la parte actora contra la resolución dictada por la Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad que obra a fs. 474/483 vta. II. Imponer las costas al recurrente vencido. III. Regístrese. Protocolícese. Notifíquese. Remítase oportunamente la presente, por correo electrónico a la Sra. Presidente de la Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de esta ciudad y a la Sra. Presidente de dicha Cámara, dejándose por Secretaría la respectiva constancia. Oportunamente bajen los autos al Juzgado de origen. - María L. Lucas. - Rubén R. Avalos.