marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Beneficios previsionales, caja otorgante, opción jubilatoria, prueba, cómputo de servicios
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: DE UÑA, MARIA ANGELA c/ Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos s/ SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-27

Es incuestionable el derecho del titular a optar, para la obtención del beneficio, por el régimen que estime más beneficioso, si cumple los requisitos exigidos por el art. 80 de la ley 18.037 (acreditación de 10 años continuos o discontinuos como mínimo con aportes en las ex-Cajas) y, en consecuencia, corresponde revocar la resolución que no hizo lugar al pedido de cambio de Caja Jubilatoria en virtud del principio de inmutabilidad, invocando la doctrina de la ex-Comisión Nacional de Previsión Social en el caso "Biaghetti, Eduardo, Res. N° 171.135 del 24.5.85). Además, la cuestión relativa a que el organismo asume el carácter de otorgante de la prestación deviene, actualmente, puramente formal, adjetiva y procesal, dada la unificación del sistema jubilatorio conforme lo dispuesto por la ley 23.769 y, más recientemente, la creación del Sistema Unico de Seguridad Social (Dec. 2471/91).
Situación del imputado, procesamiento
Materia: PROCESAL
Carátula: B., C. E. s/ Dcia. Abuso Sexual
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-11-21

"Para disponer el procesamiento la ley requiere elementos que permitan estimar la existencia de delito y la responsabilidad del imputado, bastando la existencia de indicios suficientes que deben apreciarse con un criterio distinto del que corresponde en la ocasión del fallo definitivo".
Recurso de apelación (procesal), facultades de la alzada
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Bernigola, Néstor c/ Zuazo, César s/ Daños
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-03-28

La competencia de la Cámara se encuentra circunscripta al tratamiento de aquellos ataques concretos y razonados vertidos, demostrativos -en sustento de las constancias del proceso- de la sinrazón del Juzgador, es decir, en función de los agravios técnica, idónea y suficientemente expuestos (arts. 260, 261, 266, 272 del CPCC).
Régimen de consolidación de deudas, interpretación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: Coronel, Elba Marisa c/ El Indígena  SRL s/ Recurso de Hecho.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-23

Es claro que si el legislador hubiese pretendido excluir del régimen de la consolidación a los fondos que ingresan en el haber de los entes públicos para cumplir un destino determinado, así lo hubiese consignado expresamente.
Leasing, valor residual, precio indeterminado, resolución del contrato
Materia: COMERCIAL
Carátula: GRUPO LIDER ASESORES DE SEG. SA / DIDEFON SACI S/ ORDINARIO Y DIDEFON SAC c/ GRUPO LIDER ASESORES DE SEG. SA s/ ORDINARIO (ED, 15.10.97, F° 48235).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-27

1. La falta de estipulación de un valor residual predeterminado de acuerdo con las pautas financieras que son de estilo en los contratos de leasing, y que contemple la amortizacíon realizada a traves de las mensualidades desembolsadas, no implica la inexistencia de un precio cierto determinado que importe la configuración de una locación con opción a compra y no de un leasing, ya que, en el convenio sub examine, se ha establecido que se acreditara el precio de adquisición del bien vigente al tiempo de formularse la opción de compra, lo cual constituye un supuesto de precio cierto determinado que vincula el valor de la cosa al precio corriente de plaza de la misma o de otros bienes de iguales características (ccom: 458). 2. Puesto que, en el contrato de leasing motivo del pleito, no ha sido predeterminado un valor residual para el caso de que el tomador optara por adquirir el bien locado, sino que se ha establecido que, al momento de formularse dicha opción, se acreditaría el precio de adquisición del mismo, cabe considerar que estaba a cargo del dador demostrar la razonabilidad de la cotización efectuada, mientras que el tomador, si consideraba que el valor era otro, debía depositar en calidad de pago el precio que estimaba pertinente y ofrecer pagar la diferencia que en mas pudiera determinarse judicialmente. 3. Dado que, en el contrato de leasing sub examine, ambas partes incumplieron con sus obligaciones -v.Gr. El dador, demostrar que la cotización del bien locado era razonable y el tomador, depositar en calidad de pago el precio que consideraba pertinente- cabe reputar que existe incumplimiento culpable recíproco; por lo que es dable concluir que, habiendo los contratantes coincidido en la pretensión de resolver el convenio, esta debe ser admitida con efecto retroactivo al día en que, promovida la demanda por cumplimiento de contrato -fijación de precio- el tomador omitió abonar el precio que estimaba correcto, ya que la voluntad de los obligados es coincidente en ese aspecto y no se halla comprometido el orden público.
Prueba pericial, dictamen pericial, contratos, interpretación del contrato
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: DON MANOLO S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -IMPUGNACION RESOLUCION ASAMBLEA 199 2 (EXPTE.: C.S.J. NRO. 59 AÑO 2004 Y ACUMULADO NRO. 553 AÑO 2004)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-02-13

El perito es una pieza del órgano jurisdiccional que contribuye al conocimiento y elaboración del juicio crítico del juez en aspectos técnicos esenciales. En juicios de gran complejidad fáctica puede ocurrir que los peritos contables dictaminen sobre asuntos respecto de los cuales no poseen los conocimientos técnicos necesarios, extralimitándose en su función, como por ejemplo sería en el caso todo lo referente a la interpretación de los contratos de explotación y del derecho aplicable, por lo que sus afirmaciones al respecto no pueden ser valoradas por los jueces como opinión de expertos, sino del mismo modo que aquéllas realizadas por la actora y la demandada en sus respectivos escritos.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación de los fundamentos
Materia: LABORAL
Carátula: Trotta, Angela Beatriz c/ Conf. Pergamino S.A. s/ Despido Bragas, Delfor E. c/ Transportes General Pueyrredón S.R.L. s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-11-05|1996-02-13

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que al desinterpretar una conclusión esencial del fallo, deja en pie sus fundamentos.
Ley de emergencia económica, emergencia administrativa, régimen de consolidación de deudas, Banco Nación, Banco de Inversión y Comercio Exterior
Materia: ECONOMIA
Carátula: LOMBARDI, GUILLERMO c/ BANCO DE LA NACION ARGENTINA s/ DESPIDO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-07-19

El art. 1 de la ley 25344, de emergencia económica, excluye de su ámbito al Banco de la Nación Argentina y al Banco de Inversión y Comercio Exterior. Se trata de organismos a quienes esa exclusión ha tornado del todo ajenos a las disposiciones con las que la mencionada ley se ha propuesto atender las consecuencias y derivaciones de la emergencia económico-financiera del Estado nacional que declara. Que la norma no haya mencionado en su art. 13 entre los sujetos excluidos al Banco de la Nación Argentina se debe a que dicha exclusión era innecesaria por tratarse de un sujeto no incluido en el régimen general de la ley (En el mismo sentido Sala IV sent. int. 38553 del 28/2/01 Pedros, Antonio c/ Banco de la Nación).
Empleados de banco, gratificaciones
Materia: LABORAL
Carátula: BRANDOLIN RAMON SEBASTIAN c/ BANCO DE ENTRE RIOS s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-11-30

Surge indubitable que la Institución bancaria interpretó que lo que los empleados percibían al cumplir 25 años de servicio debía ser descontado a valores históricos al momento del retiro definitivo. Y ello fue aceptado por los beneficiarios. Este repetición en la forma de pago por la accionada, durante toda la vigencia del plan, determina el elemento material y al ser aceptada esta conducta por los beneficiarios conforma la convicción común de que la observancia de dicha práctica responde a una necesidad jurídica o sea el elemento sicológico que, conjuntamente con el señalado anteriormente determinan a la costumbre como fuente formal del derecho. No existe conflicto en esta costumbre con otra ley y no podemos soslayarla, a pesar del propio entendimiento que podamos darle a la reglamentación, diciendo que es contra legem.
Derecho ambiental, contaminación ambiental
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ilarregui, Ana María y otros c/ Municipalidad de Paraná s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-12-07

Constatada la contaminación hídrica y atmosférica cuya reparación reclaman las accionantes, configura una directa lesión al goce del derecho al medio ambiente que explícitamente consagra, ahora, el artículo 41 de la Constitución Nacional, y genera -como contrapartida- el deber de preservación que la misma normativa fundamental asigna a las autoridades públicas en cuaqnto encargadas de proveer todo lo conducente a la preservación del ambiente, poniendo en cabeza de éstas no sólo la responsabilidad de planificación legislativa del ambiente, sino también responsabilidades directas y activas de policía ambiental, de fiscalización y control administrativo del ambiente.
Intereses, tasas de interés, juicio de apremio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fisco de la Pcia. de Bs.As. c/ Salio Carlos y otra s/ Apremio Fisco de la Pcia. de Bs.As. c/ Salio Carlos y otra s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-11-12|1998-11-12

La naturaleza del crédito y la calidad de acreedor -en base al impuesto el Estado obtiene fondos necesarios para sostener actividades que se consideran fundamentales para el cumplimiento de sus fines-, alejan en principio la posibilidad de que se pueda entender que el porcentaje fijado en el decreto 444/94 es excesivo, ya que la tasa de interés no es para favorecer a personas determinadas, sino a la sociedad toda. (Minoría u opinión personal)
Acción penal, prescripción, interrupción de la prescripción, secuela de juicio, proceso penal, etapas del proceso, fallo plenario
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: V, M R s/ Doctor Javier Vigo Leguizamón, Defensor de M. R. V. S- Solicita   Formación de Tribunal Pleno (Prescripción de la acción penal Expte.   Nro. 19-98) -Tribunal Pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-10-14

Los actos procesales interruptivos de la prescripción dentro de nuestro ordenamiento legal pueden viabilizarse a partir de la requisitoria de elevación a juicio en la que se concreta la imputación fijando objetiva y subjetivamente la persecución en el que se denomina juicio común; juicio oral y proceso correccional, y con la instauración de la demanda en el juicio por delito de acción de ejercicio privado. (Del Voto del Dr. Bassó). En la causa la cuestión a resolver es: ¨Qué debe entenderse por secuela del juicio a los fines del artículo 67, cuarto párrafo, del Código Penal?
Ejecución fiscal, monto mínimo, recurso de apelación (procesal), Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: G.C.B.A. c/ Lesko Trabacar UTE s/ Ejecución fiscal fiscal
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-06-04

De conformidad con el artículo 456 del Código Contencioso Administrativo y Tributario, la sentencia recaída en procesos de ejecución fiscal es apelable cuando el monto reclamado en el proceso sea superior al que establezca el Consejo de la Magistratura. Dicho organismo, en virtud de la mentada habilitación legal, dictó el Reglamento 149/99, en el cual estableció "en mil pesos ($1.000) el monto mínimo en concepto de capital, a partir del cual será procedente el recurso de apelación contra las sentencias definitivas recaídas en procesos de ejecución".

En consecuencia, el Tribunal no puede apartarse, bajo ningún concepto, de las disposiciones mencionadas.
Recurso de apelación (procesal), amparo colectivo
Materia: PROCESAL
Carátula: LUGO SILVIA  ITATI Y OTROS c/ AGUAS DE CORRIENTES SA s/ SUMARISIMO - RECURSO DE QUEJA
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 2013-05-22

La restricción apelativa del proceso sumarísimo no resulta aplicable a un proceso de carácter colectivo, pues la respuesta procesal pensada para el amparo contra particulares no resulta eficaz para resolver cuestiones vinculadas a los derechos de incidencia colectiva, debido a que lo esencial radica en el propósito de resguardar los derechos colectivos mediante reglas procesales que permitan a los jueces lograr la protección reclamada en un tiempo adecuado, con debidas garantías y en forma eficaz.
Seguros, seguro de daños patrimoniales, automotores, indemnización, lucro cesante, procedencia del recurso, apreciación de la prueba
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Felsenthal, Claudia Mariel c/ La Nueva Cooperativa de Seguros Ltda. s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-18

1 - Corresponde admitir el reclamo de indemnización en concepto de lucro cesante incoado en el marco de una demanda de cumplimiento de contrato de seguro, toda vez que la aseguradora rechazó injustificadamente la cobertura del siniestro de destrucción total acaecido sobre el vehículo asegurado. Ello así, toda vez que el automotor asegurado estaba afectado a un uso comercial como "remise".
Asociaciones sindicales, empleados de comercio
Materia: LABORAL
Carátula: CONFEDERACION GENERAL DE EMPLEADOS DE COMERCIO s/ RESOLUCION MINISTERIAL NUMERO 406/74
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1977-02-14

No es suficiente la actividad lucrativa de determinados establecimientos para ser representados por la Confederación General de Empleados de Comercio, ya que con ese exclusivo criterio y sin tener en cuenta otros factores, llevaría a aquella a tener prácticamente la totalidad de la representación de la clase trabajadora del país.

(En el caso, la Confederación General de Empleados de Comercio recurre contra la resolución 406/74 del Ministerio de Trabajo que aprueba los estatutos de la UTGRA., el que en su artículo 2 dispone que quedan comprendidos en dicha asociación obreros y empleados de rotiserías, fiambrerías, lecherías, heladerías y personal de colonias de vacaciones).
Concursos, recurso de apelación (procesal)
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Tentoni, José L. s/ Conc. Prev.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-04-21

El Juez de grado exigió el cumplimiento del inc. 3 del art. 11 de la Ley 24522, en cuento requirió, se acredite las normas seguidas para la valuación de los bienes que se denuncian como integrantes del activo. Este Tribunal tiene dicho ya en reiteradas oportunidades que se contemplan en la Alzada, que se cumplimenten los requisitos faltantes para la obtención de la apertura del concurso preventivo.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Excusación, deber de imparcialidad, derechos y garantías constitucionales, remisión del expediente
Materia: PROCESAL
Carátula: C., I. M. p.s.a. robo doblemente agravado en poblado, en banda y con el uso de arma - perito c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2018-06-28

En el entendimiento de que resulta necesario garantizar la imparcialidad del juzgador en todas las instancias del proceso penal así como en relación a cada una de las partes y/o interesados en el mismo, requisito sine quanon de las garantías consagradas en los arts. 18 y 29, tanto de la Constitución Nacional como de la Provincial, respectivamente, cabe el apartamiento de inmediato en el ejercicio de la jurisdicción inicialmente habilitada, debiendo remitirse la causa al subrogante legal que corresponda.
Segunda instancia, sentencia interlocutoria
Materia: PROCESAL
Carátula: Sindicato de Prensa. s/ Recurso    Extraordinario  de  Inaplicabilidad  de  Ley  y  Nulidad.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1998-10-13

Tanto en el art. 25 del Dto. Ley 1550, como en el art. 46 de la Ley Provincial 651 de Organización del Poder Judicial se restringe la exigencia del voto individual con posibilidad de adhesión al voto del vocal preopinante en caso de sentencias definitivas. De la interpretación conjunta del art. 25 del Dto. Ley 1550 y las normas contenidas en los arts. 271/272 del C.P.C. y C. puede inferirse que tratándose en el caso de un auto interlocutorio y no de una sentencia definitiva, no resultan de aplicación las disposiciones del Código Procesal ya mencionadas referibles exclusivamente a este último tipo de pronunciamiento.
Inconstitucionalidad, declaración de oficio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: COLMAN Julio R. y Otros s/ Acción de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2005-11-07

El artículo 87 de la Ley de Educación Nro. 9330 establece en su inciso d) que para ejercer la docencia en instituciones educativas dependientes del Consejo General de Educación se requiere tener título de docente y el artículo 88 inciso b) estatuye dicho organismo podrá habilitar a profesionales universitarios a ejercer la docencia, previo cumplimiento de los cursos que, al efecto, determine y que, obviamente, referirán a su capacitación docente ya que la profesional la han adquirido en virtud del título que poseen.

En consecuencia, el artículo 15 inciso b) del Decreto 4260/01 GOB, en tanto coloca en segundo orden de prioridad a profesionales universitarios de la modalidad sin título docente, está violentando aquella norma de jerarquía superior e inobservando el principio de legalidad entendido como el dictado de aquélla en armonía con el ordenamiento jurídico.
Honorarios del abogado, rechazo de la demanda
Materia: LABORAL
Carátula: Conte, Antonio Amilcar y otros c/ Loma Negra C.I.A.S.A. s/ Indemnización por despido, etc. Tornes, Hernán José c/ Zubiri, Manuel y otro s/ Indemnización por enfermedad accidente, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-12-29|1990-08-21

La base regulatoria, en caso de aplicación del art. 23 segundo párrafo de dec.ley 8904/77 no se integra con intereses porque la norma no contempla el agregado de tales accesorios.
Sentencia penal, fundamentación de sentencias, nulidad procesal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: VALLE VICENTE ALBERTO s/ ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL AGRAVADO POR EL VINCULO Y ABUSO SEXUAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-04-16

El artículo 413 inciso 4 CPP prevé la nulidad de la sentencia para el supuesto que faltare o fuera contradictoria la fundamentación en que se basa, o no se hubieran observado en ella las reglas de la sana crítica racional con relación a elementos probatorios de valor decisivo, lo que supone la adecuada ponderación de las pruebas, y la indicación o precisión de los elementos en los que se sustenta el decisorio.

Tales requisitos se vinculan a la adecuada motivación de la sentencia, puesto que de un lado el tribunal debe sustentar el fallo en un razonamiento claro y suficientemente circunstanciado, que se apoye en los elementos probatorios legalmente producidos en la causa.

Y la sentencia debe ser fundada de forma tal que la solución a que se arribe corresponda a los sucesos comprobados, evitando los pronunciamientos dogmáticos o de fundamentación meramente aparente, que impiden vincular concretamente las circunstancias del caso al derecho aplicado.
Fianza, carácter accesorio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: SELINMG MARIA ISABEL c/ CARRILLO DE SPINELLI MARTA BEATRIZ Y OTROS s/ PREPARA VIA EJECUTIVO-HOY EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-04-23

Es correcto afirmar que el caracter solidario de la obligación no requiere de términos sacramentales. Empero, también lo es que para revelar su presencia es necesaria la utilización de alguna expresión unívoca, que despeje toda incertidumbre o cualquier sospecha sobre su real concreción puesto que el trato jurídico a dispensar al principal pagador, al fiador solidario y al simple fiador son diferentes. Es necesario entonces, que la solidaridad haya sido pactada de manera clara para su existencia y validez, ya sea expresamente o bien renunciándose a tales beneficios. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Contrato de obra pública, rescisión del contrato administrativo, gastos improductivos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Corvin S.A. -Sorsa S.A.- c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-12-22

Las demoras sin culpa de la contratista son generadoras autónomas del reconocimiento por erogaciones que no producen, ni para el particular ni para la Administración.

Si ello culmina en rescisión, deben liquidarse los conceptos enumerados en el art. 64 de la ley 6021, es decir, que hay reparación derivada de la rescisión y ello nada tiene que ver con los gastos improductivos acaecidos con anterioridad.
Transporte por agua, conocimiento de embarque, obligaciones del transportador, obligaciones del destinatario, responsabilidad del transportador
Materia: COMERCIAL-NAVEGACION
Carátula: NATIL SA c/ CAP Y/O ARM Y/O PROP BQ STELLA F s/ FALTANTE Y/O AVERIA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-26

El transportador que expide el conocimiento para cubrir un transporte entre Keelung y Buenos Aires, no se puede desentender de las obligaciones asumidas por el solo hecho de que haya delegado la ejecución de un tramo de las obligaciones a un tercero, sin que el cargador/destinatario hubiera desobligado al transportista contractual. Con solo aplicar los principios generales en la materia se arriba a esta conclusión (art. 814, Cód. Civil), que en este ámbito específico lo regula el art. 292, L.N. (ver esta sala, causa 2957/94, de 24.5.94 y sus citas).
Indemnización por incapacidad, porcentaje de incapacidad, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: MARTINO, MIGUEL ANGEL c/ ACINDAR INDUSTRIA ARGENTINA DE ACEROS S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-10-25

No corresponde invalidar la sentencia como acto jurisdiccional desde que no logra el recurrente demostrar falta de motivación en lo expuesto por los sentenciantes al señalar que el 61% de incapacidad que fijó la jueza de primera instancia carecía de eficacia probatoria en relación al momento del cese de contacto con el ambiente laboral, especificando que el perito no realizó discriminación ni consideraciones específicas en torno a qué baremo utilizó ni el método que aplicó, advirtiendo que el porcentaje por incapacidad columnaria era llamativamente elevado de acuerdo a casos similares, y sin fundamento específico atento que el actor dejó de trabajar para la demandada en un tiempo considerablemente anterior a la extinción del contrato de trabajo, dado su incapacidad total y consecuente jubilación por invalidez en razón de otras afecciones -accidentes en sus manos, amputaciones y deterioros psíquicos-, pero no por dolencias columnarias y auditivas.Es por estos motivos que consideró que resultaba más acorde tomar la incapacidad que el trabajador pudo portar al momento del cese del contacto laboral, conforme surgía de los estudios realizados en forma contemporánea con la promoción de la demanda.( Del voto de la mayoría. En disidencia: Dr. Erbetta)