Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-10-18


En la ciudad de Trelew, a los 18 días de Octubre del año dos mil siete, se reúne la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones esta ciudad, con la presidencia del Dr. Sergio Rubén Lucero y presencia de los Sres. Jueces del cuerpo Dres. Raúl Adrián Vergara y Aldo Luis De Cunto, para celebrar acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "B., S. E. y Otra c/ C. S. y W., J. A. s/ DIF. DE HAB. E INDEM. DE LEY" (Expte. N° 22.323 año 2007) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en el orden resultante del sorteo practicado a fs. 305.

A LA PRIMERA CUESTION el Dr. Vergara dijo:1. Llega a conocimiento de este Tribunal las presentes actuaciones como consecuencia de los recursos de apelación interpuestos por los codemandados a fs. 284 y 285, que fueran concedidos a fs. 286, contra la sentencia de la anterior instancia de fs. 274/279 y vta. que hizo lugar a la demanda instaurada por S. E. B. y E. Del V. S. y condenó a J. A. W. y C. S.A. en forma solidaria a pagar la suma de $11.868,63. y $15.710,44. respectivamente, con más sus intereses, dentro del plazo de diez días, por los rubros individualizados a fs. 6 vta./7 del escrito de demanda, y asimismo dispuso el depósito del certificado de trabajo previsto por el art. 80 de la L.C.T. en igual plazo, bajo apercibimiento de aplicar una sanción conminatoria por cada día de retardo en el cumplimiento de la obligación, con imposición de costas a los vencidos.

Los informes previstos por el art. 62 lucen a fs. 289/297 y vta. y 298/299 y vta., el traslado conferido a fs. 300 no fue evacuado por sus contrarias, y señala el codemandado Williams que si las actoras pretendieron hacer extensiva la acción contra la sociedad y uno de sus directivos debieron demandar explicitando en forma clara y concreta los hechos que las llevaron a solicitar tal extensión.

Las actoras plantearon su responsabilidad en carácter de Presidente de la S.A. sobre la base de la teoría de la penetración receptada por el art. 54 de la LSC, cuando su eventual responsabilidad derivaría, acreditados los supuestos pertinentes, de lo prescripto por los arts. 59 y 274 de la LSC. Hace referencia a la prueba testimonial y señala que surge una falta de vínculo jurídico respecto a cada una de las actoras ya que no hay relación laboral con el suscripto.

El fallo efectúa una aplicación errónea del art. 54 de la LSC y cita jurisprudencia. El recurso de desestimación de la personalidad es un remedio excepcional pues una aplicación indiscriminada e imprudente puede llevar a aniquilar la estructura formal de las sociedades en supuestos en los que no procede, con grave daño para el derecho, la certidumbre y la seguridad de las relaciones jurídicas.

Se plantea el interrogante acerca de que significa utilizar la sociedad como un mero recurso (art. 54 de la LSC) y sostiene que no tiene que tener otro ingrediente en su actuación y finalidad.

En consecuencia, aquellas sociedades que cumplen normalmente su objeto social y violan en algunos aspectos de su actividad la ley no se encuentran alcanzadas por esa normativa.

Sostiene que el art. 54 no responsabiliza a los administradores ya que ese supuesto está contemplado en el art. 274. Foglia sostiene que la existencia de trabajadores en negro en una sociedad no constituye ni importa que la misma persiga fines extrasocietarios, sino que simplemente implica la realización de un hecho ilícito por una sociedad comercial de la cual la misma será responsable, y si se considera que es una actividad ilícita correspondería su disolución y liquidación (art. 18 de la LSC).

Cañal recepta esa crítica pero rechaza el extremo de la disolución de la sociedad. Cuando se pretende la extensión de la responsabilidad de los directivos la prueba debe ser asertiva y directa. Efectúa una reseña de la interpretación dada al art. 54 de la LSC por las distintas Salas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, por la jurisprudencia de la Provincia de Buenos Aires y por esta Cámara.

También alude a la visión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el tema. Considera que la mera omisión por la sociedad del cumplimiento de un deber legal no puede llevar a la aplicación de la teoría del corrimiento del velo o en su caso a la responsabilidad de un directivo.

Aplicar como lo ha hecho el Juez de grado el art. 54 a cualquier actuación de la sociedad, aunque implique una omisión en el cumplimiento de la ley, implica un uso abusivo de la llamada doctrina de la penetración o del corrimiento del velo societario. Como corolario no corresponde la aplicación de lo prescripto por el art. 54 de la LSC y en su defecto no se dan los presupuestos para imputar responsabilidad al suscripto. Peticiona el rechazo de la demanda en su contra, con costas.

Por su parte, la codemandada C. S. se agravia de la sentencia por interpretar la misma que las actoras han sido mal encuadradas dentro del convenio colectivo, correspondiendo se abonen diferencias salariales e indemnizaciones de ley. Basa su fallo en las declaraciones de L. S. M. (que mantiene juicio con la sociedad), P. A. B. y A. P. L.. L. fue la única testigo que manifiesta que B. manejaba dinero y sólo trabajó para la patronal tres meses y nunca compartió tareas con esa actora. El testimonio de Luna se contradice con el de San Miguel ya que manifestó que B. no manejaba dinero.

Los contratos fueron confeccionados de acuerdo a la normativa laboral y sus firmas ratificadas y reconocidas por la actoras. En cuestiones probatorias no rige el principio "in dubio pro operario".

No tiene en cuenta o en su caso minimiza la declaración de R. en cuanto al horario y condiciones de trabajo. En síntesis, la actora no ha probado ninguna de las aseveraciones y pretensiones vertidas al instaurar la demanda. Las tarjetas de crédito A. fueron ofrecidas a las actoras con plena aceptación de las mismas.

Nunca se relacionó ni se acreditó la bonificación incluida dentro de las liquidaciones de las tarjetas en cuestión con algún tipo de ausencia laboral, originadas por cualquier causa (sic). No es posible, tal cual expresa Luna, que B. hiciera todo el trabajo administrativo de la tarjeta.

La realidad es que cumplía tareas de empleada administrativa en general, nunca tuvo a su cargo a S., nunca tuvo la llave de la caja, cumpliendo en realidad una ínfima parte del trabajo administrativo.

Los recibos son oficiales con todas las previsiones de ley. En ningún supuesto corresponde a las actoras el reclamo de la indemnización prevista en los arts. 1 y 2 de la ley 25.323. Solicita el rechazo de la demanda, con costas.

2. Sostiene la sociedad apelante que los contratos fueron confeccionados de acuerdo a la normativa laboral y sus firmas reconocidas por las actoras, y que los recibos son oficiales y cumplen las previsiones de ley.

Al respecto, cabe precisar que la primacía de la realidad es una regla de interpretación para el juzgador según la cual por sobre la ficción que puedan haber montado las partes se impone la realidad resultante de los hechos cumplidos durante la relación. Prima así la realidad sobre la forma, lo que en el proceso se ha de traducir en el relativo valor de la prueba documental respecto de la testimonial .

La simulación implementada por las partes y el fraude por el cual el empleador utilizando un camino desviado, pero legal, busca violar la ley laboral deben encontrar en las formas procesales y en la posibilidad de apreciación del juzgador, las vallas que eviten la frustración del principio protectorio, que afirmen la irrenunciabilidad de los derechos y en definitiva consoliden el orden público laboral (Fernández Madrid, "Tratado Práctico de Derecho del Trabajo", La Ley, 2000, T. I, par. 2.7.15., págs. 310/311).

En ese direccionamiento, cabe destacar la íntima relación que existe entre la primacía de la realidad y la buena fe pues la realidad refleja necesariamente la verdad. La documentación puede reflejar la verdad, pero también puede reflejar la ficción dirigida a disimular o esconder la verdad con el objeto de eludir el cumplimiento de obligaciones legales o de obtener un provecho ilícito.

Afirmar invariablemente el imperio de la realidad que es lo mismo que decir, el imperio de la verdad equivale a rendir tributo al principio de la buena fe (Plá Rodríguez, "Los principios del Derecho del Trabajo", Depalma, 1998, par. 174, pág. 333).

Por lo tanto, en la "discordancia" entre lo que ocurrió en la realidad y lo que surja tal vez de documentos o acuerdos, hay que dar preferencia a lo primero, es decir, a lo que acaece en el terreno de los hechos. A tal efecto, el juez debe investigar para descubrir el hecho real.

Así pues, lo "escrito" no tiene validez, cualquiera sea el motivo que le de fundamento a su discordancia con la realidad (simulación, error, fraude, etcétera). En el caso, priman los hechos sobre lo documentado (Vázquez Vialard, Director, "Tratado de derecho del trabajo", Astrea, 1982, T. 2, par. 60, págs. 271/272).

En todos los ámbitos del derecho, y no exclusivamente en el del trabajo, se ha impuesto la teoría de la primacía de la realidad, pero debe destacarse que, en este derecho, se presenta con caracteres más nítidos. Es que la realidad tiene que prevalecer sobre la apariencia (Martínez Vivot, "Elementos del derecho del trabajo y de la seguridad social", Astrea, 1999, pág. 82).

En ese contexto cobra especial relieve el análisis de la prueba testimonial a fin de determinar si la empleadora consignó la real jornada, categoría y remuneración de las trabajadoras, o si por el contrario incurrió en alguno de los supuestos de clandestinidad parcial.

Y la lectura de la queja permite advertir que la apelante efectuó una ponderación fragmentada de las declaraciones prestadas por los testigos S. M., B. y L., y ello no es modo idóneo de expresar agravios ya que las pruebas han de apreciarse en su conjunto, relacionándolas unas con otras como integrantes de un plexo, y no escindiéndolas en comportamientos estancos, desconectadas entre sí (esta Cámara, en su composición de sala única, c. 11.532, S.D.L. 124/95; c. 11.831, S.D.L. 19/96).

Como también que la prueba testimonial debe valorarse en su conjunto y no atomizando las declaraciones (art. 386 del C.P.C.C.; esta Cámara, en su composición de sala única, c. 11.251, S.D.C. 10/95; c. 11.863, S.D.L. 61/96; c. 11.978, S.D.L. 75/96; sala "A", c. 15.546, S.D.L. 89/99; c. 15.768, S.D.L. 11/2000; sala "B", c. 21.409, S.D.L. 32/06, c. 21.842, S.D.L. 51/2006, entre otros pronunciamientos).

La prueba debe ser valorada en su conjunto, tratando de vincular armoniosamente sus distintos elementos de conformidad con las reglas impuestas por el art. 386 del C.P.C.C., puesto que el proceso debe ser tomado en su desarrollo total y ponderado en su múltiple unidad: las pruebas arrimadas unas con las otras y todas entre sí.

Las pruebas en general no son susceptibles de fraccionarse para que la parte que las invoca aproveche lo que le es útil y deseche lo que la perjudica (FenochiettoArazi, "Código Procesal .", Astrea, 1983, T. 2, pág. 357).

Pero aun cuando por hipótesis se obviara tal circunstancia procesal, conforme a las reglas de la sana crítica (arts. 386 y 456 del C.P.C.C., de aplicación por remisión del art. 45 de la ley 69) aprecio que las testigos Brunt y Luna dieron cuenta acerca de cuales eran las tareas cumplidas por B. y S. en una jornada laboral de ocho horas (contestación a la 2a., 3a., y 4a. pregunta, fs. 193; y a la 2a. pregunta, fs. 195, respectivamente).

Y ante tales declaraciones no corresponde descartar los dichos de S. M. que resultaron coincidentes en tal sentido (contestación a la 3a, 4a., y 5a. pregunta, fs. 192), ya que aun cuando tenga interés en el pleito no corresponde descalificarlos, sino valorar la eficacia de sus declaraciones de acuerdo con las reglas de la sana crítica (FenochiettoArazi, obra y tomo citado, pág. 482).

Por lo demás, tampoco observo que la declaración de Ragonesi prestada a fs. 233 y vta. "se acerca a los planteamientos de la demandada" como lo indica la recurrente, sin perjuicio de señalar que tal manifestación se revela de un modo genérico que incumple la manda impuesta por el art. 265 del C.P.C.C..

Tocante a la manifestación efectuada en el sentido que Luna desarrollaba su tarea en la calle para así descalificar sus dichos, cabe precisar que no se advierte de las declaraciones prestadas tal circunstancia ya que los testigos S. M., B. B. y R. nada manifestaron sobre las tareas cumplidas por Luna (192/vta., 193/vta., 194 y 233/vta., respectivamente).

En cuanto a que el testimonio de Luna se contradice con el de San Miguel ya que a criterio de la recurrente esta última persona manifestó que "no manejaba dinero", tal aseveración no es exacta..

En efecto, en ningún momento de su declaración San M. expresó que B. no manejaba dinero, sino que al contestar a la 6a. pregunta señaló a que personas había visto manejar dinero ("PARA . que personas y empleados vio Ud., que manejaran dinero de la empresa", fs. 192), y la circunstancia que no la haya visto a B. no significa que el hecho no haya ocurrido.

Así, esa declaración formulada en sentido negativo pierde relevancia frente a los dichos positivos de Luna al dar claro detalle del manejo de caja que tenía B. (contestación a la 2a. y 3a. pregunta, fs. 195), ya que sabido es que frente a los dichos de quienes aseveran haber presenciado o percibido hechos positivos concretos, quita relevancia a los de quienes deponen en forma negativa, puesto que la circunstancia de que ellos no hayan visto o sentido aquellos no significa que no hayan ocurrido (CNCiv., sala "B", noviembre 29974, "M., M. C. O, O. L.", L.L. 1975A, 719).

Y es mayor la fuerza de convicción resultante de afirmar un hecho que se dice caído bajo la impresión de los sentidos (Luna) que negar su existencia (S. M:). Se trata de la clásica diferencia entre la prueba de los hechos positivos y de los hechos negativos.

Las declaraciones positivas de testigos que afirman conocer un hecho dado no pueden ser enervadas por los testimonios de quienes sostienen que ese hecho nunca ha ocurrido, pues la circunstancia de que estos últimos lo ignoren no significa que el hecho no se haya producido (CNCiv., sala F, setiembre 29966, L.L. t. 125, 118).

Y ante la manifestación de la apelante acerca de que Luna fue la única testigo que manifestó que B. manejaba dinero, cabe señalar que la regla testigo único, testigo nulo quedó superada en el tiempo en dos situaciones, por la cualidad del testigo y por ser necesario (Colombo, "Código Procesal Civil y Comercial ...", AbeledoPerrot, 1969, T. III, par. 24, págs. 624/625).

Por lo demás, ninguna regla exige dos testimonios concordantes y nada impide dotarlo de credibilidad y eficacia (este Tribunal, sala "B", c. 12.914, S.D.C. 11/98).

Es que, la existencia de un solo testimonio que da cuenta del hecho del expediente no invalida ni desacredita la declaración en la medida en que se aprecie objetiva e imparcialmente, máxime cuando el testimonio no fue impugnado (CNTrab., sala V, mayo 31/994, "R., E. c/ S. y otros", E.D. 160519), en la instancia de origen conforme lo determina el art. 45 de la ley 69.

La declaración del testigo único puede tenerse como prueba suficiente cuando analizada con el rigor que presupone la prueba singular, debe concluirse que el testigo ha declarado en forma objetiva e imparcial (CNTrab., sala I, noviembre 30/987, "Ortega, Francisco J. c/ Iecsa, S. A.", D.T. 1988B, 1531).

La circunstancia de que se trate de un testigo único no invalida el testimonio, por cuanto la máxima "testis unus testis nullus" pertenece al sistema de pruebas legales, pudiendo asignársele pleno valor probatorio al testigo singular, frente a las reglas de la sana crítica que gobiernan la apreciación de la prueba cuando los antecedentes del caso así lo determinen (CNTrab., sala VI, octubre 13/980, "P., N. C. c/ Compañía Sudamericana B. T. B. S.A.", D.T. 1981A, 36).

En tal sentido, la atendibilidad de la prueba testimonial no se mide por el número de quiénes prestan declaración, pues el camino más seguro para establecer quiénes relatan el hecho con verdad y quiénes no lo hacen así, es la de ponderar todas las circunstancias que, examinadas, con criterio objetivo, valora de modo integral la prueba, y valga la repetición de aquello tan manido de que los testigos se pesan y no se cuentan (Morello, Sosa, y Berizonce, "Códigos Procesales .", Librería Editora Platense AbeledoPerrot, T. VA, pág. 352, y cita de pronunciamientos).

A su vez, la manifestación realizada acerca de que no es posible que Bausela realizara todo el trabajo administrativo ya que de ser así la empresa no tendría más empleados no es más que una simple generalización y como tal no constituye agravio.

No constituye así una verdadera expresión de agravios el escrito que sólo contienen simples afirmaciones dogmáticas sin una verdadera crítica de la sentencia en recurso; las afirmaciones enfáticas que no son más que simples generalizaciones son insuficientes por sí solas para sustentar el agravio (Morello, Sosa y Berizonce, ob. cit., 1988, T. III, págs. 354/355).

De la expresión vertida en cuanto a que no se acreditó en autos la bonificación incluida dentro de las liquidaciones de las tarjetas, cabe precisar que la misma no se compadece con las circunstancias comprobadas de la causa, y para ello me remito a las declaraciones prestadas por los testigos S. M. y B. (contestación a la 8a., 9a., y 10a. pregunta, fs. 192/ vta. y 193/vta., respectivamente).

Finalmente, la expresión de que no le "corresponde a las actoras, el reclamo de la indemnización prevista en los arts. 1 y 2 de la Ley 25.323" no contiene crítica alguna a los fundamentos expuestos por el Sr. Juez de la anterior instancia a fs. 277 vta., por lo que no hay agravio que atender.

En síntesis, sin perjuicio de que en algunos tramos de la queja la apelante incurrió en deserción parcial del recurso por deficiencia técnica, los restantes agravios se desestiman y ello conduce a confirmar el fallo en crisis en cuanto condena a la sociedad Celtic S.A.

3. Considera el codemandado Williams que no resulta de aplicación la extensión de responsabilidad planteada sobre la base de la teoría de la penetración receptada por el art. 54 de la LSC.

Le asiste razón en su planteo.

El Sr. Juez de la anterior instancia a fs. 277 vta. sustentó la condena solidaria en que parece un despropósito que deban ser las actoras quienes acrediten en sede laboral que la sociedad empleadora ha sido creada con fines de burlar la ley, entiendo que la sociedad en sí misma no fue creada con ese fin, pero sin duda quienes la dirigieron a lo largo del tiempo en que las demandantes prestaron allí labores fueron los que birlando las disposiciones legales vigentes en fraude a la ley y detrimento de los intereses de sus empleados sólo aportaron al sistema la mitad de lo que correspondía . fue W. quien sabiendo de esta irregularidad despidió a las demandantes, negó adeudar las diferencias salariales que se le reclamaban, desconociendo además el trabajo en jornada completa que invocaban las trabajadoras, conforme surge de las cartas documentos obrantes a fs. 18 y 19, 76 y 77 de la documental reservada.

Para agregar a fs. 278 vta. que es razonable y justo el criterio que permite hacer extensiva la condena a personas físicas integrantes, administradores o directores de sociedades, echando mano de la denominada teoría de la penentración, para de esa manera descorrer el velo societario y hacer extensiva la condena a sus integrantes o responsables.

Tal como lo señalara el juzgador la sociedad demandada no fue creada con fines de burlar la ley, motivo por el cual descarto que el incumplimiento de obligaciones laborales por sí solo permita reducir a la sociedad comercial a una mera figura estructural utilizada como instrumento para lograr objetivos puramente individuales.

Dicho de otro modo, que tales incumplimientos permitan por sí solo aseverar que la sociedad se constituyó "para violar la ley" o "para frustar derechos de terceros", dos de los supuestos previstos por el tercer párrafo del art. 54 de la ley 19.550.

De tal modo, la situación de clandestinidad parcial en la que se encontraban algunos trabajadores y falta de pago de diferencias salariales no permite concluir en el caso que deba aplicarse la citada normativa que hace excepción de la regla de la personalidad jurídica diferenciada entre la sociedad, sus socios y los integrantes de sus órganos para así responsabilizar en el caso a estudio al representante legal de la sociedad demandada.

En ese direccionamiento, destaco que la CNTrab., sala VIII, en autos "Ayala, C. A. y otros c/B. S.A. y otros s/despido", del 30/11/2004, siguiendo la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "P." señaló que el art. 54 de la ley 19.550 tipifica el supuesto de una sociedad ficticia y fraudulenta constituida en abuso del derecho y con el propósito de violar las leyes, esto es, una situación cuya gravedad extrema justifica hacer excepción de la regla de la personalidad jurídica diferenciada entre la sociedad, sus integrantes y órganos.

La registración incorrecta de los trabajadores con la consecuente violación a la legislación laboral, impositiva y previsional, no constituyen la finalidad última de la sociedad. Cuando la ley se refiere a "recurso para violar la ley, el órden público o frustar los derechos de terceros", está aludiendo a la utilización en tal carácter de la forma societaria, no a actos indeterminados que, en cada caso, pueden perseguir esos fines.

Consecuentemente, la falencia registral de una relación de trabajo es una situación ajena al contenido preceptivo del artículo 54 de la ley 19.550 (eldial.com.ar del 02/04/2005) (el resaltado me pertenece).

En igual sentido, la sola circunstancia de que se hubieren demostrado ciertas irregularidades, ello no constituye un elemento idóneo que habilite a confundir, en el plano estrictamente jurídico, la persona de los socios de la sociedad comercial empleadora fallida o como en el caso de autos la persona de su representante legal, con la de existencia ideal de ésta, en tanto que, para que ello resulte posible, debe invocarse y acreditarse eficazmente que ha existido una utilización fraudulenta de la personalidad societaria, o que se ha desviado su objeto con el própósito de encubrir la realización de fines extrasocietarios, constituir un mero instrumento para violar la ley, el órden público o la buena fe, o para frustar derechos de terceros (cfr. art. 54 ley 19550), extremos que no se advierten configurados en la especie (CNTrab., sala II, "Villalba, Adriano c/ Perotti, José María S.A. y otros s/despido", del 16/12/2004, eldial.com.ar, del 06/04/2005).

Y la C.S.J.N., en la causa "P, A R. c. Benemeth S.A. y otro", del 03/04/2003, al compartir los fundamentos y conclusiones del dictamen del procurador fiscal, sentó la doctrina según la cual es improcedente la resolución que extendió solidariamente la condena a los directores y socios de la sociedad anónima empleadora por falta de registración de una parte del salario convenido y pagado a un trabajador, si no fue acreditado que se trataba de una sociedad ficticia o fraudulenta, constituida en abuso del derecho y con el propósito de violar la ley y que, prevaleciéndose de la personalidad, afecta el orden público laboral o evade normas legales.

Y que debe revocarse la sentencia que extendió solidariamente la condena si el contexto probatorio del caso no posee virtualidad suficiente como para generar la aplicación de una causal de responsabilidad en materia societaria de orden excepcional (La Ley 2003F, 731) (la cursiva me pertenece).

Es que, la inoponibilidad de la personalidad jurídica prevista en el art. 54 de la ley 19.550 debe interpretarse con criterio restrictivo pues, en principio, resulta aplicable cuando el ente societario se crea como un mero recurso para violar la ley, salvo que las circunstancias del caso permitan hacer operativa esa responsabilidad de orden excepcional, supuesto que no se configura en este proceso pues en el marco de la consecución del objeto lícito de la sociedad se realizaron actos ilícitos, tales como falencias registrales o indebido encuadre que conducen a una falta de aportes y al pago incompleto de la remuneración debida, que no presentan en el marco probatorio de la causa una gravedad tal que permita utilizar ese remedio excepcional para imputar dichos actos directamente a aquellos sujetos que los hicieron posible.

La teoría del abuso de la personalidad jurídica no opera cuando una sociedad está regularmente constituida, con fines auténticos, y en su actividad comete actos ilegales sancionados por la ley, como es el caso del empleo no registrado o deficientemente registrado, ya que no se utilizó la sociedad como un instrumento para la comisión de dichas irregularidades (SCBA., agosto 312005, "A., C. A. c. B. G. S.. y otros s. despido", TySS. 2005737).

Por una deuda ajena (de la sociedad), se incorpora un obligado (administrador) como si fuera deuda propia. La vigencia de la teoría que contempla el art. 54, ley 19.550, es inviable en razón de la índole excepcional del precepto (G., M., "Responsabilidad de los directores de sociedades anónimas", LexisNexis, 4ta. ed., 2004, T. II, pág. 1148).

La desestimación de la personalidad societaria debe ser cuidadosamente utilizada, pues su aplicación irrestricta llevaría a consagrar la excepción como regla. Para poder probar que la actuación de la sociedad, encubriendo la consecución de fines extrasocietarios, ocasionó como resultado actos que afectaron el orden público, violaron la ley o causaron perjuicios a terceros, se exige la existencia de pruebas concluyentes respecto de las situaciones excepcionales, ya que se prescindirá nada menos que de la personalidad jurídica (V., A. V:, "Sociedades comerciales", Astrea, 1996, T. 5, págs. 139/140).

Descartado el supuesto del art. 54 de la L.S.C. no cabe acudir en la presente causa al régimen de responsabilidad previsto por el art. 274 de la LSC para el caso de mal desempeño del cargo de los integrantes del órgano de administración de la sociedad como sostiene el juzgador.

Es que, aun cuando el juez en virtud del principio iura novit curia determina el derecho aplicable, esto es, discurre el conflicto litigioso según el derecho vigente, no puede considerarse que los hechos alegados puedan subsumirse en dicha normativa ya que la lectura del escrito inicial no permite considerar que al promover la presente demanda laboral al mismo tiempo se instaurara una acción individual de responsabilidad contemplada por el art. 279 de la ley de sociedades comerciales, presupuesto necesario como para arribar a una condena en contra de un integrante del directorio.

En ese sentido, la responsabilidad de los directores de la S.A. (en el caso contra el Presidente del Directorio como representante legal) no es ajena a la teoría general de la responsabilidad civil, sino que se trata de una especialización del derecho común sobre responsabilidad (Rouillon, Director, "Código de Comercio .", La Ley, 2006, T. III, pág. 700).

Por ello, desde que esa responsabilidad se asienta en el régimen resarcitorio del derecho común deben cumplimentarse los presupuestos básicos de la misma, esto es, antijuridicidad, daño que no es el tasado del derecho laboral, relación de causalidad y factor de imputabilidad.

Sólo a mayor abundamiento señalaré que parte de la doctrina incluso sostiene que la acción individual de la ley 19.550 se refiere a los daños ocasionados a accionistas o terceros, y esa responsabilidad de los directores no cabe debatirse en la competencia de la justicia laboral sino como acción autónoma ante la justicia comercial (en esta jurisdicción justicia civil y comercial), lo que desde luego exigirá la demostración de la relación de causalidad entre la conducta atribuida y el daño causado (Rouillon, Director, "Código de Comercio .", La Ley, 2006, T. III, pág. 705 y nota n° 272 con cita de doctrina).

Con tales alcances, la sentencia apelada debe ser revocada parcialmente a fin de dejar sin efecto la condena pronunciada contra el codemandado J. A. W.

4. En consecuencia, propicio al Acuerdo revocar parcialmente la sentencia venida en apelación, dejando sin efecto la condena pronunciada contra el Sr. J. A: W.

Las costas de ambas instancias producidas por la actuación del citado codemandado se imponen a las actores vencidas, conforme al criterio objetivo de la derrota.

Asimismo, al adecuar a este decisorio los honorarios de la anterior instancia respecto a la demanda rechazada respecto del codemandado W., atendiendo a la extensión, mérito, eficacia y resultado que arrojan los trabajos profesionales cumplidos, entiendo que resulta prudente fijar los emolumentos del Dr. G. R. C., letrado apoderado de esa parte hasta fs. 236, y del Dr. J. E. F., letrado patrocinante por su presentaciones de fs. 256 y 264/271, en las sumas equivalentes al 13,5% y 3%, respectivamente, del monto pretendido en demanda, con más sus intereses, conforme al criterio de esta sala "B" c. 16.600, S.D.C. 01/2002, y que siguiera posteriormente el suscripto en c. 19.511, S.I.L. 18/2004, c. 19.486, S.D.L. 29/2004, c. 19.508, S.D.L. 36/2004, y más recientemente en c. 19.981, S.D.C. 37/2006, y c. 20.977, S.I.C. 194/2006, accesorios a computarse hasta la fecha del presente pronunciamiento y de acuerdo a la tasa que utiliza el B: del C. S. para sus operaciones ordinarias de descuento de documentos comerciales,. (arts. 6, 7, 9, 19, y 47 de la ley 2200), con más el I.V.A. correspondiente.

Con las pautas apreciativas ya indicadas y lo dispuesto por el art. 14 de la ley del arancel, entiendo prudente regular los honorarios del Dr. J. E. F., letrado patrocinante del codemandado W., por las tareas cumplidas en esta instancia, en la suma equivalente al 5,77% del ya aludido importe del proceso, con más el I.V.A. pertinente.

A su vez, el fracaso de los agravios vertidos por la codemandada C. S.A. llevan a imponer las costas de Alzada por su intervención a esa parte vencida (art. 68 del C.P.C.C.), regulándose los emolumentos del Dr. Jorge Enrique Ferrera por su actuación en esta instancia de fs. 298/299 y vta., de acuerdo a las pautas ya referidas en la suma porcentual equivalente al 2,25% del monto del juicio a determinarse en la etapa de ejecución de sentencia (arts. 14 y 47 de la ley 2200), con más el I.V.A. correspondiente.

Cierro mi intervención y a la primera cuestión voto PARCIALMENTE POR LA NEGATIVA.

A LA MISMA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Lucero dijo: Vienen estos actuados a conocimiento de la alzada con motivo de los recursos de apelación interpuestos por los codemandados (fs. 284 y 285), en contra de la sentencia definitiva dictada en autos (fs. 274/279 y vta.) por la cual se hizo lugar a la demanda planteada por las Sras. S. E. B. y E. Del V. S:, condenando al Sr. J. A. W: y a la sociedad que gira en el comercio bajo la denominación de "C. S.", en forma solidaria, a que en el plazo que fija, abone a las actoras la suma de $ 11.868,63 y $ 15.710,44, respectivamente, con más sus intereses y costas.

Los informes previstos por el art. 62 de la ley 69 obran agregados a fs. 289/297 vta., el correspondiente al codemandado J. A. W.; y a fs. 198/299 y vta., el de la codemandada "C. S.".

Ordenado el traslado de los escritos de expresión de agravios a la parte actora (fs. 300), el mismo no fue evacuado.

I. La reseña de los agravios fue realizada suficientemente por el magistrado que me precede en la votación, Dr. Vergara, por lo que a ella me atendré a efectos de evitar repeticiones estériles.

No obstante ello, si resulta útil puntualizar cuáles fueron los motivos de agravio, a saber: A) agravios del codemandado Sr. W. aplicación de la desestimación de la personalidad jurídica art. 54 de la L.S.; y, B) agravio de la codemandada "C. S.": incorrecta aplicación del convenio colectivo de la actividadvaloración probatoria.

II. Por razón de un mejor orden estimo adecuado ingresar al análisis del agravio formulado por la sociedad demandada para luego hacerlo en relación al que en su interés personal planteara el codemandado W.

B) El cuestionamiento vertido por la sociedad empleadora se focaliza en el mérito que se realizara en la anterior instancia de los testimonios prestados en autos y de los cuales el juzgador tiene por acreditado que la coactora Sra. B. manejaba dinero de la empresa.

Pues bien, de todo el argumento desarrollado en sustento del recurso impetrado por la sociedad demandada no encuentro en puridad cuál sería la concreta y razonada crítica que provea del indispensable material de análisis a este tribunal revisor.

Es que realizar una valoración paralela, evidentemente distinta a la efectuado por el juzgador pero sin mencionar, ni sugerir siquiera, cual habría sido el yerro, inexactitud, apartamiento u omisión en el que incurriera el sentenciante, de tal modo que de apoyo a la existencia y configure el contenido de la materia del agravio, no traduce más que la expresión de una mera disconformidad con lo decidido que impide dar andamiento a ésta porción del agravio.

Y en tal sentido contraponer los dichos de un testigo a los expuestos por otro que fue preferido en su mérito por el juzgador en los términos contemplados por el art. 386 del C.P.C.C., de aplicación al caso por vía del art. 45 de la Ley 69, no constituye la indicada esencial crítica.

Ello, allende del señalamiento que bien efectúa el Dr. Vergara en cuanto que efectivamente los testimonios de los testigos S. M. y B. fueron coincidentes en cuanto a la jornada laboral cumplida por las actoras, como así también, que sus dichos no se contraponen con los depuestos a su turno por el testigo Sr. San Miguel en tal sentido.

Como que también coincido en que, realmente no se puede obtener, como lo afirma la impugnante, del testimonio del Sr. R. la supuesta coincidencia de sus dichos con los que expusiera ésta al contestar la demanda. E, igualmente, comparto que no se alcanza a constatar, al menos de los elementos probatorios incorporados en la causa, cómo puede sostenerse la aseveración consistente en que la testigo Luna no prestaba trabajo dentro del establecimiento de la empresa empleadora para desacreditar sus dichos.

Y en tal dirección, es de señalar que la circunstancia que algunos testigos expusieran sobre la ocurrencia de un supuesto de hecho controvertido y otros no, no descarta de por sí que tal hecho afirmado positivamente por ocurrido existiera tal como es representando por quien lo corrobora con sus dichos como sucedido. Ello habida cuenta que por ser ignorado por algunos no descarta que pudiera ser visto y conocido por otros.

Asimismo, la aseveración de la pretensa impugnante en cuanto que postula que si fuera cierto que B. hiciera todo el trabajo administrativo de la empresa no hubiera hecho falta contar con otros empleados puesto que con ella sola bastaba, sin duda que no es más que un planteo genérico, abstracto, vago e improbable.

Esto último dado que no descarta tal dato, que igualmente hubiera otros dependientes con tareas distintas o bien, también con prestación de tareas administrativa lo cual permite tener una visión interpretativa distinta a la que con sentido excluyente pretende dar la sociedad apelante.

Esto es, que la actora hiciera toda la actividad administrativa debe ser interpretado como que cumplía todas las tareas más allá de las que se especifican en las respuestas dadas por la testigo Luna al contestar a los interrogantes 2do. y 3ra. de las preguntas que se le efectuara en concordancia con los demás testigos deponentes en autos (ver: fs. 195; 192 y vta. y 193 y vta.).

Sabido es que el sostenimiento de la apelación debe hacerse a través de una crítica puntual y concreta sobre aquellos aspectos que fundadamente se consideran un error valorativo del juzgador en la consideración de los hechos, o bien en la aplicación del derecho y/o en un eventual apartamiento en la apreciación de los elementos de prueba aportados por alguna de las partes de las reglas de la sana crítica racional.

No hecho de tal manera el recurso no es admisible por falta de instrumental lógico de crítica, antes que por la solidez de los argumentos en los cuales se sostiene la sentencia, que por tales falencias, ni siquiera es susceptible de ser examinada. Es por tal circunstancia, que no es viable evaluar positivamente la procedencia de la pretensión impugnaticia de mentas.

En suma, entonces, propondré al acuerdo que se desestime el recurso de apelación impetrado por la sociedad "C. S.", más allá de las deficiencias técnicas parciales antes apuntadas y que impiden revisar el fallo cuestionado en su totalidad por falta de material de análisis que atender, en aquello que vincula a dicho ente social (Conf. Arts. 265 y 266 del C.P.C.C.).

A) El ataque que dirigiera al fallo el codemandado Sr. W. centra en criticar que se hubiera extendido solidariamente la condena a su persona por su calidad de presidente no socio de la sociedad anónima empleadora de la actora.

En primer lugar, corresponde precisar que el juzgador del anterior grado tuvo en especial consideración que ".fue W. quien sabiendo de esta irregularidad despidió a las demandantes, negó adeudar las diferencias salariales que se le reclamaban, desconociendo además el trabajo en jornada completa que invocaban las trabajadoras.", añadiendo a continuación ".Directa y concretamente ha sido vinculado J. A. W. con la dirección de la sociedad por la testigo Luna, quien señala que era éste quien daba la directivas y órdenes dentro de la empresa."(sic)(fs. 277 vta. y 278).

Y, si bien la última afirmación de la sentencia se encuentra apoyada en los dichos de la testigo Luna, tales funciones son perfectamente compatibles con la calidad de gerente del impugnante, primero; calidad que se acreditara con la presentación del estatuto social y el acta ampliatoria del contrato social obrantes a fs. 82/87 (Conf. Art. 157 de la L.S.); y luego, una vez inscripta la trasformación de "C. S." en sociedad anónima, con su calidad de presidente del directorio, tornó éste en representante del ente social (Conf. art. 268 de la L.S.), recayendo de tal manera la administración social en el directorio, órgano que en el tipo social S.A. es el que ejerce la administración (ver: fs. 24/25 y 91/100 e informativa de fs. 130).

Esto es, siendo el presidente del directorio el nexo que vincula la sociedad con todos aquellos terceros con los cuales la persona jurídica interactuará en el cumplimiento de la actividad que hacen a la consecuencia de su objeto, hay que tener en cuenta que esta función implicará manifestar la voluntad de la sociedad mas no fijar su contenido.

Es decir, éste ha de ceñirse a producir la declaración de voluntad social previamente establecida por el órgano directorio quien ejercer, repito, la denominada gestión operativa que consiste en llevar a cabo todos los negocios que hacen al objeto social así como aquellas que les son conexas y accesorias.

En éstas el directorio es quien adopta la decisión respectiva por cuanto comprende todo aquello que sea de la actividad de la sociedad que no implique modificación de la estructura financiera o industrial de la empresa. En tales actos se encuentra englobado todo lo relativo a las relaciones internas nacidas a propósito de los contratos que vinculan al ente social con sus dependientes.

Esto lo traigo a colación por cuanto sabido es que, si bien en la Ley 19550 varias veces se utilizan los vocablos "administración" y "representación" como sinónimos son conceptos diferentes. Quiero decir con ello que, sin perjuicio del uso indistinto efectuado por el legislador, administración refiere más a la gestión interna de los negocios sociales y representación es la facultad de actuar frente a terceros en nombre de la sociedad, a fin de que ésta adquiera derechos y contraiga obligaciones.

Allende de tales disquisiciones que permitían explorar un análisis más profundo del tópico vinculado a la legitimación pasiva de quien solo ejercer la representación social en relación a terceros ajenos a la gestión social, merced a que ciertamente los integrantes del elemento personal de la empresa no se encuentran comprendidos en dicho grupo de terceros contratantes con el ente social, en la medida que lo integran como uno de los componentes de su estructura en la organización empresaria dispuestas al desarrollo y ejecución de su objeto social, lo cierto es que tal cuestión fue tratada y resuelta como excepción de previo y especial pronunciamiento por interlocutorio obrante a fs. 34/35, el que fue consentido y firme.

Empero, a todo evento, debido a que el argumento central en el cual se apoyara el juzgador a quo fue precisamente que "...la permanencia del excepcionante en la tramitación de la causa se justifica por el modo en que ha sido demandado, esto es, solidariamente y en virtud de lo dispuesto por el art. 54 de la ley 19.550..."(sic), necesariamente corresponde ingresar al examen de procedencia de tal fundamento legal que es en el que finalmente se apoyara el fallo para sustentar el veredicto en contra del ahora impugnante y que le da contenido al presente agravio bajo análisis.

Pues, en este particular aspecto de la cuestión cabe señalar que es precisamente en este campo donde el instituto de la inoponibilidad de la personalidad jurídica ha encontrado mayor aplicación en los últimos años, y especialmente en los casos de responsabilidad de los administradores, socios o controlantes por infracciones a las obligaciones laborales y previsionales, conocidas como trabajo en negro (ello a partir del "leading case": CNTrab., Sala III, 11041997 in re: "Delgadillo Linares Adela c/ Shatell S.A. y otros s/ Despido", TySS 1999667).

Los fundamentos de aplicación del instituto de la inoponibilidad básicamente son que el empleo en negro constituye un fraude laboral y previsional que perjudica al trabajador, al sector pasivo y a la comunidad comercial ya que al disminuirse así los costos laborales del autor se sitúa ilegítimamente en mejores condiciones para competir (Conf. CNTrab., Sala III, 19021998, in re: "D., S. c/ F. S. y otro", L.L. 1999B445; id. CNTrab., Sala X, 31072000, in re: "P., A., R. c/ B. S.A. y otro", L.L. 2001B539).

Y no obstante que tales argumentos fueron revisados por la Corte Federal en el último de los precedentes citados "supra" (C.S.J.N., 0302003, caso: "P.", L.L., 2003) en el cual se sostuvo, también en lo principal, que en cuanto no se acredite la existencia de una sociedad ficticia y fraudulenta, constituida en abuso del derecho y con el propósito de violar la ley, y que, prevaliéndose de dicha personalidad se afecte el orden público laboral o evade normas legales, no procede la desestimación de la personalidad jurídica, tengo para mi, que no es dable tener por fijado una regla absoluta en el tema.

Esto es, en principio, soy de la opinión que a los supuestos de violación de las normas laborales solo por vía de excepción podrá aplicarse la desestimación de la personalidad jurídica por vía de lo previsto por el 3er. párrafo del art. 54 de la Ley 19.550. Quiero decir con ello que en cada supuesto planteado a la jurisdicción habrá de verificarse si concurren aquellas circunstancias normativas activantes de la teoría de la inoponibilidad y que permita ponderar que procede su aplicación.

Sería, por caso, el supuesto de una sociedad cuya única finalidad fue la de defraudar a sus trabajadores. Es que, interpretar de otro modo la norma de mentas, aparejaría aceptar la aplicación de la desestimación de la personalidad societaria en todos y cada uno de los supuestos de incumplimiento a normas laborales por parte de la sociedad que llevaría al extremo de estimar que siempre que se despida a un trabajador de manera incausada, o incluso con indemnización atenuada, el deber de responder por las consecuencias se extenderían a los socios, controlantes o administradores.

Habida cuenta de lo cual, soy de la opinión, que no todo incumplimiento legal violación de la ley lleva necesariamente a permitir la aplicación del citado art. 54 párrafo 3ro. de la Ley 19.550 (ver: menú de supuestos de excepción que sí darían lugar a su aplicación en Verón, Alberto V. "Tratado de los conflictos societarios", Ed. La Ley, ed. 2006, págs. 321, & 35).

Por lo demás, destaco que si bien el trabajo en negro y similares violaciones perjudican al trabajador, quien se ve privado de derechos, de ello no puede derivarse la aplicación sin más de la "teoría de la desestimación de la personalidad jurídica", que es un remedio excepcional tanto en el ámbito del derecho del trabajo como del derecho civil, comercial y fiscal.

Insisto, quiero significar con ello que eventualmente en casos de empleo en negro podrá plantearse o obtenerse la inoponibilidad de la personalidad jurídica, pero para ello no basta la mera violación de la ley ni la demostración del daño sufrido sino que deberán invocarse y acreditarse los presupuestos de procedencia de la inoponibilidad de la personalidad jurídica (Vide: comentario al art. 54, en R., H. "Ley de Sociedades Comerciales, comentada y anotada", Ed. La Ley, ed. año2006, T. I, en especial, págs. 709 y sgtes., n° 10 a 15; id. Verón, Alberto Víctor, en "Tratado de los conflictos societarios", Ed. La Ley, 1ra. ed. 1ra. reimp., año 2006, págs. 301/302 y aut. cit. en notas n° 161 y 162; y Capítulo VII, págs. 307 y sgtes.).

Resulta interesante destacar también que, respecto a la sociedad empleadora que organiza y explota el sistema de tarjeta de crédito "A.", no fue ni sugerido siquiera al demandarse que se encontrare en insolvencia o en peligro de ingresar a tal estado de suerte tal que pudiere evaluarse el supuesto mencionado por el juzgador de grado y que enunciara como el fenómeno de "las empresas quebradas con empresarios solventes" como manifestación del uso indebido del tipo societario en fraude a la ley.

Esto es, no parecería configurar el supuesto traído a resolución de aquellos donde detrás de la persona jurídica aparente empleadora se trate de cubrir la responsabilidad patrimonial del responsable por medio de la insolvencia de la sociedad interpuesta. Lo dicho, sin perder de vista que el codemandado impugnante en autos Sr. W., ni siquiera es socio sino el presidente del directorio tal como se indicara al comienzo del presente análisis.

En tal dirección, no habiéndose invocado ni acreditado en este proceso, la insolvencia de la sociedad, ni la existencia de maniobras del presidente del directorio de la sociedad empleadora tendientes a disminuir la solvencia patrimonial de la personal jurídica, no resulta para mi, viable en el marco de la norma contenida en el art. 54, 3er. párr de la LSC, extender la responsabilidad por el incumplimiento a las obligaciones registrales previstas en la ley 24.013.

Por otra parte, ya existen sanciones específicas para reprimir tales violaciones en las normas contempladas específicamente por la citada ley 24.013 (también de modo acumulativo o no por la ley 25323) por lo que es de presumir que si el legislador hubiera querido extender la responsabilidad por dichas maniobras a todos los integrantes de la sociedad y sus administradores lo hubiera explicitado a través de dichas normas.

En resumen, considero clarificadora la siguiente reflexión a realizar respecto a los precedentes laborales vinculados a la desestimación de la personalidad societaria en los distintos avatares laborales que pueden darse, en el sentido antes explicitado y que reitero: los requisitos para la aplicación del tercer párrafo del art. 54 de la LSC, son: a) dolo o fraude; b) uso inequívoco de la personalidad, sin el cual el daño no se hubiese producido; c) que las consecuencias beneficiosas no recaigan directamente en la sociedad.

Caso contrario, si las consecuencias beneficia "directamente" a la sociedad, corresponderá aplicar la sanción a ésta, vía de nulidad del acto (y, eventualmente, de responsabilidad de los órganos que lo celebraron o dispusieron) y la repetición de lo ilegítimamente percibido. Todo ello también por aplicación del principio de que nadie se puede enriquecer con las consecuencias de un acto ilícito.

En principio, pues, cabría sostener que la inoponibilidad de la persona jurídica sanciona exclusivamente el supuesto de vicio en la causa del negocio societario, y si se prueba el ejercicio ilícito de una actividad (cuando la sociedad ha violado normas de orden público), no implica que la actividad de la sociedad se ilícita (art. 19, LSC), ni que esta sociedad fuera una pantalla.

La sanción prevista en la LSC tiene su justificación en el mal uso de la forma societaria, por lo que la violación por parte de la sociedad de una norma legal no permite el allanamiento de su personalidad, en tanto no se acredite que se esté abusando de la forma societaria para conseguir evadir los supuestos prohibidos por el art. 54, 3er. párr., LSC, esto es; violación de la ley o el orden público, conseguir fines extrasocietarios o frustrar derechos de terceros (Conf. V., A. V., op. cit., pág. 328/332; id. E. I., J. M. y V., F., "Personalidad Jurídica, levantamiento del velo societario y practica judicial", en L.L. 2000B1090 y sgtes.; id. C. H. F. y M., A. A. G., "inoponibilidad de la persona jurídica societaria", Doctrina Societaria y Concursal, Errepar, octubre 2003, N° 191, pág. 1013 y sgtes.).

Asimismo, comparto la postura doctrinal que pregona que en muchos de los supuestos en los cuales se intenta englobar la aplicación de supuesto contemplado por el citado art. 54, 3er. párrafo de la L.S., son perfectamente susceptibles de ser encausadas en las normas relativas a la responsabilidad de los administradores societarios (Conf. F., G. L. y R., H., en "Responsabilidad de directores por las obligaciones laborales", en Rev. de Der. de Daños, Ed. Rubinzal Culzoni, ed. año 2000, N° 8, págs. 155 t sgtes.; id. J. B., F., "Responsabilidad de los administradores societarios por fraude laboral apuntes a los fallos "D. L." y "D."; y: F., G. L., "La responsabilidad de los directores de sociedades anónimas y la inoponibilidad de la persona jurídica en la relación de empleo en "negro" a propósito del caso "D." y sus comentarios", Rev. de Der. Priv. y Com., Ed. Rubinzal Culzoni, año 20001, págs. 183/201 y 203/240 respectivamente: id. Molina Sandoval, "La personalidad jurídica en el derecho laboral", Sem. LexisNexis, del 20022002, pág.8/12).

El sistema de responsabilidad de los administradores de la sociedad está delimitado por las reglas consagradas en los arts. 59 y 274 de la ley de sociedades comerciales. Estos dispositivos estructuran un régimen propio que permite extender la responsabilidad de la persona jurídica a los directores, cuando estos incumplen con las pautas de conductas que delimitan su actuación.

Si bien el sistema adoptado por el régimen societario es particular para estos sujetos, se apoya sobre los principios rectores que regulan la teoría general de la responsabilidad civil. De lo que se sigue que un director responderá en tanto y en cuanto se configuren todos los presupuestos de aquella; o lo que es lo mismo, siempre que frente a un perjuicio, su comportamiento haya sido violatorio de la ley, el estatuto, el reglamento, o que no se haya conducido con la "lealtad y con la diligencia del buen hombre de negocios" (art. 59 LSC y su concordante art. 1109 del Cód. Civ.); que este comportamiento reprochable haya sido la causa adecuada del daño y que le sea imputable (Conf. O., J. C., "Administración societaria", Ed. Abaco, ed. año 1979, pág. 380; R., E. A. "Algunos aspectos de la responsabilidad de los directores de la sociedad anónima", en L.L. 1999B121).

Ahora bien, con total corrección advierte el magistrado que me precede en la votación, Dr. Vergara, que no es viable en el marco de la aplicación del principio "iuria novit curia" cambiar la naturaleza de la pretensión deducida por la actora en autos. Y, claramente no puede extraerse de los términos en que fuera planteado el caso en el escrito de inicio que la Sra. Bauselas hubiera incoado la pretensión resarcitoria directa en contra del codemandado Sr. W. con fundamento en los arts. 59, 274 y 279 de la Ley de sociedades comerciales.

Es indudable que la acción de responsabilidad de los directores y la desestimación de la personalidad jurídica son pretensiones de diversa naturaleza y con diversos presupuestos fácticos.

En ello se encuentra interesado el principio de congruencia so pena de afectarse gravemente el derecho de defensa en juicio (ver: Palacio, Lino "Derecho Procesal Civil", 3ra. reimpresión, Ed. Abeledo Perrot, t. V, pág. 429; id. Alsina, Hugo "Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial", Ed. Ediar, ed. año 1961, T. IV, pág. 92).

De todo lo expuesto, entonces, concluiré compartiendo lo expresado por el colega de sala sufragante en primer término, en que corresponde revocar parcialmente el fallo venido en apelación en cuanto extiende la condena solidariamente al presidente de la sociedad demandada, Sr. J. A. W. Así lo voto.

III. Conclusión:

Por todo lo expuesto, corresponderá revocar parcialmente la sentencia apelada para dejar sin efecto la condena solidaria en relación al Sr. J. A. W., confirmándola en todo lo demás que fuera materia de agravios.

Las costas devengadas en ambas instancias con motivo de la participación del mencionado codemandado deberán ser soportadas en su totalidad por la parte actora vencida a su respecto (Conf. arts. 59 de la ley 69 y 279 del C.P.C.C.).

En virtud de lo dispuesto por la última norma de cita corresponderá, asimismo, adecuar a este decisorio los honorarios profesionales correspondientes a los letrados que intervinieran en defensa del Sr. W..

A tal efecto, apreciando sus tareas de la anterior instancia por su extensión, calidad y eficacia, estimo adecuado fijarlos del siguiente modo, a saber: al Dr. G. R. C. y J. E. F., letrados apoderado y patrocinante del codemandado W., en las sumas equivalentes al 13,5% y el 3%, respectivamente, con más el I.V.A. pertinente (Arts. 6, 7, 9, 10, 37, 39, 47 de la ley 2.200; leyes 23.349 y 23.871).

Tales porcentuales a calcular sobre el monto pretendido en demanda comprensivo del capital histórico reclamado y sus intereses calculados a la tasa activa que fija y cobra el B. del C. S. para sus operaciones ordinarias de descuentos comerciales, a calcularse hasta la fecha del presente pronunciamiento (conf. mi voto en S.D.C. Nº 01/01, c. 16.600, C.A.N.E.).

Atento a idénticas pautas apreciativas y a tenor de lo dispuesto por el art. 14 de la ley del arancel, pondero que adecuado a la calidad y resultado obtenido con las tareas cumplidas en esta segunda instancia, regular los honorarios del Dr. J. E. F., en la suma equivalente al 5,77% del aludido monto del proceso, con más el I.V.A. pertinente.

Merced a que, en relación al único agravio formulado por "C. S.", resultó tal ente ideal totalmente vencido en la alzada, corresponderá atribuir al mismo las costas provocadas con su intervención (Conf. art. 279 del C.P.C.C.).

Los honorarios del Dr. J. E. F., letrado patrocinante de dicho persona ideal codemandada en autos, atendiendo a la calidad, extensión y eficacia de sus tareas de alzada, corresponde que sean fijados en la suma equivalente al 2,25% del monto de condena a liquidar en la etapa de ejecución de sentencia, con más el I.V.A. pertinente (Conf. arts. 6, 14, 19, 47 de la Ley 2.200).

Finalizo el tratamiento de la presente cuestión pronunciándome en ella PARCIALMENTE POR LA NEGATIVA.

A LA SEGUNDA CUESTION el Dr. Vergara dijo:Visto el acuerdo antes alcanzado, corresponde: a) revocar parcialmente la sentencia venida en apelación, dejando sin efecto la condena pronunciada contra el Sr. J. A. W. b) imponer las costas de ambas instancias generadas por la actuación del indicado codemandado a las actoras vencidas; c) fijar, por adecuación al presente decisorio, los honorarios de los Dres. G. R. C. y J. E. F., letrados apoderado y patrocinante del ya citado codemandado, en las sumas equivalentes al 13,5% y 3%, respectivamente, del monto pretendido en demanda, con más sus intereses a computarse hasta la fecha del presente pronunciamiento y de acuerdo a la tasa que utiliza el B. del C. S. para sus operaciones ordinarias de descuento de documentos comerciales; d) imponer a C. S. las costas por su actuación ante la Alzada; e) regular los emolumentos del Dr. J. E. F., por las tareas cumplidas en esta instancia, a favor de los codemandados W. y C. S., en las sumas porcentuales equivalentes al 5,77% y 2,25%, respectivamente, y f) declarar que los honorarios antedichos deberán ser incrementados con el I.V.A. correspondiente.

Así lo voto.

A LA SEGUNDA Y ULTIMA CUESTIÓN el Dr. Lucero dijo:

El pronunciamiento que corresponde dictar es el propuesto por el Dr. Vergara por resultar fiel reflejo del acuerdo antes alcanzado.

ASI LO VOTO.

Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal por haberse logrado la mayoría (arts. 9 de la ley 1130 y 271 del C.P.C.C., textos de la ley 4550), pasándose a dictar:

S E N T E N C I A:

Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones con asiento en la Ciudad de Trelew, RESUELVE: REVOCAR parcialmente la sentencia venida en apelación, dejando sin efecto la condena pronunciada contra el Sr. J. A. W:; IMPONER las costas de ambas instancias generadas por la actuación del indicado codemandado a las actoras vencidas;

FIJAR, por adecuación al presente decisorio, los honorarios de los Dres. G. R. C. y J. E. F:, letrados apoderado y patrocinante del ya citado codemandado, en las sumas equivalentes al 13,5% y 3%, respectivamente, del monto pretendido en demanda, con más sus intereses a computarse hasta la fecha del presente pronunciamiento y de acuerdo a la tasa que utiliza el B. del C. S. para sus operaciones ordinarias de descuento de documentos comerciales;

IMPONER a C. S. las costas por su actuación ante la Alzada; REGULAR los emolumentos del Dr. J. E. F., por las tareas cumplidas en esta instancia, a favor de los codemandados W. y C. S.., en las sumas porcentuales equivalentes al 5,77% y 2,25%, respectivamente, DECLARAR que los honorarios antedichos deberán ser incrementados con el I.V.A. correspondiente.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo: SERGIO RUBEN LUCERO RAUL ADRIAN VERGARA REGISTRADA BAJO EL N° 60 DE 2007 SDL. Conste.