Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-12-01


SENT Nro. 959 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 01 DE DICIEMBRE de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Héctor Eduardo Aréa Maidana con más la integración de los señores vocales doctores Alfredo Carlos Dato -por recusación sin expresión de causa del doctor Alberto José Brito- y doctor René Mario Goane -por no existir votos suficientes para dictar sentencia válida- bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por el letrado Carlos Alberto Montilla en autos: "Rojas de Malmierca, Susana Beatriz del Valle y otro vs. Navarro, Gabriel y otros s/Daños y perjuicios. Expte. nro. 11.107/91 (Incidente promovido por el letrado Carlos Alberto Montilla s/Regulación de honorarios)".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Antonio Gandur, Héctor Eduardo Aréa Maidana, Alfredo Carlos Dato y René Mario Goane, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

1.- Viene a estudio y resolución del Tribunal el recurso de casación interpuesto por el letrado Carlos A. Montilla contra la sentencia de fecha 4 de abril de 2001 (fs. 128/129) dictada por la Sala IIª de la Cámara de Documentos y Locaciones, que fue concedido por resolución de fecha 7 de setiembre de 2001 (fs. 152).

Se verifica que la impugnación fue presentada en término, que está dirigida contra sentencia definitiva, y que se adjuntó boleta de depósito. El memorial se basta a sí mismo, contiene indicación de las normas de derecho que se pretenden violadas o erróneamente aplicadas, y se expone la doctrina que el recurrente estima correcta.

2.- El recurrente se agravia de que la Cámara tomó como base para regular honorarios de la excepción de arraigo, el monto fijado para caucionar. Manifiesta que la ley arancelaria no distingue cuál es la finalidad y el monto del arraigo a los fines regulatorios, y que por ello el Tribunal se apartó de la ley arribando a conclusiones erradas. Señala que el arraigo está regulado como excepción previa en el art. 294 bis CPCC, y que su verdadera finalidad es el ejercicio del derecho de defensa en el contexto del Código de Procedimientos. Expresa que la regulación de honorarios debe practicarse como incidente (art. 60 ley 5480), no como una medida cautelar (art. 62 ley 5480), y tomando como referencia el monto demandado.

También se agravia de la imposición de costas, argumentando que le asistió razón suficiente para litigar, particularmente si se considera que el caso no estaba contemplado expresamente por la ley arancelaria local y que el tribunal realizó una interpretación subjetiva sobre la cuestión.

3.- El agravio principal sostiene que el honorario de una excepción de arraigo debe regularse como incidente (art. 60 ley 5480), tomando como base el monto del juicio (art. 40 ley 5480), en contra de lo resuelto por la Cámara, que practicó la regulación tomando como base el monto arraigado, y sobre éste la escala del art. 60 de la ley 5480.

El instituto del arraigo está regulado como excepción previa (art. 294 bis inc. 5 CPCC), y tramita por las reglas de los incidentes (art. 295 CPCC). Según el inc. 5 del art. 297 CPCC, una vez fijado el monto del arraigo y transcurrido el plazo para constituirlo o en su caso obtener beneficio de litigar sin gastos, el juicio prosigue o no según se cumpla o no lo ordenado.

4.- El art. 60 de la ley 5480, que establece las pautas para la regulación en los incidentes, dispone que el honorario se regulará entre el 10% y el 30% de lo que correspondiere al proceso principal, atendiendo a la vinculación mediata o inmediata que pudieren tener con la solución definitiva del proceso principal, y la naturaleza jurídica del planteamiento.

Aun cuando el art. 60 de la ley 5480 no formula distinciones cuando hace referencia a la base, cabe destacar que la pauta legal genérica de toda regulación debe ser la razonabilidad y la proporcionalidad con el interés resguardado por la parte, para lo cual debe considerarse el interés perseguido y su apreciación en términos económicos cuando ello es posible, ya que en definitiva, no puede perderse de vista que la base regulatoria debe ser el valor patrimonial puesto en juego. Por ello, es que la interpretación de la norma referida, debe resguardar el principio rector contenido en los incisos a) y b) del art. 16 de la ley 5480 ("monto del asunto, si fuere susceptible de apreciación pecuniaria, y el valor, motivo y calidad jurídica de la labor desarrollada").

Un criterio de razonabilidad debe prevalecer para no ignorar la cuantía del asunto y el valor patrimonial puesto en juego, ya que "el principio rector en materia de honorarios debe ser su proporcionalidad con el interés resguardado a la parte" (SCMendoza, julio 27-990, en "Banco de Mendoza c. Martirés Arce y otra, L.L. 1991-D, 576). Conforme a tal criterio, cuando el objeto litigioso del incidente planteado tiene un interés económico propio que es autónomo del involucrado en el proceso principal, la retribuciones de los profesionales que intervinieron en el incidente debe fijarse en relación a la entidad económica que estuvo comprometida en él (cfr. CN Civ. Sala F, julio 5, 1990, MM c. M. G., L.L. 1991-D p. 577).

5.- La naturaleza jurídica del planteo incidental, (pauta regulatoria establecida por el art. 60 de la ley 5480), nos lleva a recordar que "el arraigo tiene por finalidad garantizar al demandado -en caso de resultar vencedor-, el futuro cobro de los gastos y honorarios a que se habría visto obligado para litigar, de modo que el importe de dicha caución no es sino una estimación anticipada de tales erogaciones". (CS, setiembre 22-994, "Mackenzie Davidson, M. W. C.Houssay, Abel F. y otros", L.L. t. 1995-A p. 296).

La excepción de arraigo es por naturaleza una medida cautelar concedida al demandado, pues funciona como garantía por las probables consecuencias derivadas de un resultado adverso a la contraparte, de lo que se deduce que dicha garantía debe ser suficiente para cubrir los gastos y honorarios cuyo pago tendría que soportar en esa eventualidad (cfr. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala II, 1999/03/11, Pfizer Inc. c. Finadiet S.A., L.L., 2000-A, 389; Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal Sala II, 1996/06/27, "Central Impulsora S.A. c. Saénz Briones y Cía. S.A., L.L., 1996-E, 354; Cámara Nacional de apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala II , 1997/12/30 en "The Wellcome Foundation Limited c. Laboratorios Armstrong S.A"., L.L., 1998-C, 314; Cámara Civil y Comercial Común Sala 1 de Tucumán en "Lybra Internacional vs. Constantino Iosa", sentencia del 26-4-96).

Vale decir, que el arraigo tiene como finalidad la constitución de una medida cautelar, cuya cuantía se determina por los eventuales honorarios y gastos que afrontaría el demandado en caso de resultar vencedor.

Conforme a la pauta general regulatoria contenida en los incisos a) y b) del art. 16 de la ley 5480, se advierte que en el caso del arraigo existe una cuantía específica a los fines regulatorios, determinada por el interés perseguido por la parte, que es el valor patrimonial puesto en juego en esa excepción, constituida por los gastos y honorarios a pagar por el demandado, siendo tal la base referencial para regular los honorarios del arraigo.

Por ello, y conforme lo analizado en el parágrafo anterior, es que en la excepción de arraigo resulta justo y razonable tomar como base para la regulación de honorarios, el monto fijado para caucionar, ya que tal es el real interés económico comprometido en la pretensión incidental. (En igual sentido, CCiv. y Com. Rosario Sala III, 1980/04/18, "San Martín de Carreras, A. c. Fata", Lexco; Cám. Civ. y Com. Mar del Plata Sala II, causa 73.048 reg. 866 bis, 21/12/88).

Atento a lo expresado, no corresponde hacer lugar al recurso de casación respecto del agravio referido a la base regulatoria.

6.- El agravio referido a la imposición de costas resulta atendible, considerando que se ha planteado una cuestión de derecho respecto de un caso no regulado específicamente por la ley arancelaria, susceptible de diversas interpretaciones. Por ese motivo, se hace lugar al mismo, en mérito a la siguiente doctrina legal: "Resulta descalificable por haber incurrido en arbitrariedad, el pronunciamiento que impuso las costas sin hacer mérito de las especiales circunstancias de la cuestión planteada, referida a un caso no regulado específicamente en la normativa arancelaria y susceptible de diversas interpretaciones". Por lo expresado, corresponde casar la imposición de costas resuelta en la sentencia recurrida.

7.- Por los mismos fundamentos expresados en el considerando anterior, las costas del presente recurso se imponen por su orden (art. 106 CPCC inc. 1°).

El señor vocal doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijo:

Viene a conocimiento y resolución del Tribunal el recurso de casación deducido por el letrado Carlos Alberto Montilla, actuando por derecho propio, contra la sentencia de fecha 04/4/2001 dictada por la Cámara Civil en Documentos y Locaciones, Sala IIª, que desestimó el recurso de revocatoria a tenor del art. 32 de la ley nro. 5480.

El recurso fue concedido por resolución del 07/9/2001 (fs. 152), verificándose que la impugnación ha sido deducida en término contra un fallo definitivo. El memorial introductorio se basta a sí mismo, con indicación de las normas de derecho que se pretenden violadas o erróneamente aplicadas y de la doctrina que el recurrente estima correcta; adjuntándose boleta que acredita el depósito judicial exigido por el ley adjetiva .

1.- Antecedentes de la causa: El letrado Carlos A. Montilla, al haber cesado su intervención como letrado apoderado del co-demandado, Roberto José Lobo Zavalía solicitó regulación de honorarios por su intervención en autos, al oponer excepción dilatoria de arraigo. El a quo reguló honorarios por tales actuaciones profesionales en la suma de $39.693, tomando como base regulatoria el monto de la demanda, la que asciende a $14.433.486, en pronunciamiento de fecha 12/10/99 (fs. 77), que fue impugnado mediante los recursos de apelación, deducidos por la parte actora en desacuerdo con el monto regulatorio estimado y en subsidio se agravia por altos los honorarios regulados al no haberse aplicado al caso las normas previstas por los art. 41, 44 ,60 y 62 de la ley arancelaria local. A su vez, el letrado Montilla, sólo impugna los honorarios en cuanto no se consideró en el auto de regulación, su actuación en el carácter de letrado apoderado. La Cámara Civil en Documentos Locaciones, Sala IIª, por sentencia de fecha 26/10/2000 (fs. 106/107), hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, al determinar que la base regulatoria a los fines de merituar la labor profesional por la excepción de arraigado, se encuentra conformada por e l monto de la cautela fijada a los fines del arraigo, esto es $48.763, fijado en resolución del 25/11/92. En consecuencia, modificó los honorarios al Dr. Montilla, contemplando también su carácter de letrado apoderado, e impuso las costas del recurso íntegramente al incidentista. Interpuesto el recurso de revocatoria, art. 32, ley 5480 ( fs. 111/114), fue rechazado por el tribunal en fecha 04/4/2001 (fs. 128/129). Contra dicha sentencia, el Dr. Montilla interpuso el recurso extraordinario local que fue concedido el 07/9/2001 (fs. 152).

2.- Como agravios expresa el recurrente, que la Cámara incurre en un error conceptual al tomar en cuenta la naturaleza y finalidad de la excepción de arraigo (sea incidente o cautelar), para la determinación de sus honorarios, cuando la ley arancelaria no formula ese distingo, refiriéndose a la contestación de la demanda en forma genérica, comprensiva tanto de las excepciones dilatorias como de la contestación propiamente dicha. Afirma, que al tomar el tribunal, como presupuesto de su decisión la naturaleza del arraigo y concluir que la base regulatoria debe estar constituida por su monto, se aparta de la ley y arriba a conclusiones totalmente equivocadas y arbitrarias.

Señala que el tribunal sentenciante emplea en la interpretación de los textos legales, el sistema de la libre convicción, olvidando que la ley adjetiva aplicable en la especie, en virtud de la remisión contenida en el art. 74 de la ley 5480, expresamente adopta el sistema de la sana crítica, llegando a conclusiones incorrectas desde el punto de vista jurídico legal. Agrega, que tal como lo trata nuestra ley procesal al arraigo, está equiparado a todos los efectos, como excepción dilatoria previa, en idéntica situación jurídica que las demás excepciones dilatorias. Destaca, que es un medio defensivo ejercido por el demandado, aun cuando se ha manifestado a través de la figura de una caución.

En cuanto a la imposición de costas, destaca su desacuerdo con la decisión recurrida, habida cuenta que le asistió razón suficiente para litigar (art. 107 CPC), teniendo en cuenta que la Cámara, aduciendo que el caso no estaba contemplado expresamente por la ley arancelaria local, realizó una interpretación absolutamente subjetiva de la cuestión.

Concluye solicitando que se anule el fallo del 04/4/2001, por el que se rechaza el recurso de revocatoria contra la sentencia de fecha 06/10/2000, y en su lugar se confirme la base regulatoria tomada por la jueza de primera instancia, teniendo en cuenta la doctrina legal propuesta y se proceda a elevar los honorarios conforme lo establecido por el art. 15 de la ley 5480, con costas a cargo de la contraria. Hace reserva del caso federal, en razón de que la sentencia recurrida afecta derechos y garantías constitucionales previstas en los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional.

A fs. 142/144, glosa la contestación al traslado del recurso por parte de la actora, quien peticiona que se rechace el recurso propuesto con costas.

3.- Requerido los autos principales, surge que en dicha causa no se ha dictado aún sentencia de fondo, ni ha concluido la misma por desistimiento, transacción, conciliación o archivo de las actuaciones. Como última actuación judicial, consta la decisión del a-quo de fecha 03/12/2001 (fs. 1041), por la cual se declaró extinguido el arraigo ofrecido por el actor y aceptado por el juzgado, al haber constituido el accionante su actual domicilio real en nuestra provincia.

Las presentes actuaciones incidentales, se encuentran referidas a la regulación de honorarios provisoria, solicitadas por el letrado Carlos Alberto Montilla por derecho propio, al haberse desvinculado profesionalmente del co-demandado Roberto José Lobo Zavalía, referida a la defensa que opuso como excepción dilatoria de arraigo, la que fuera sustanciada, fijada por el a quo y confirmada en su oportunidad por el tribunal de alzada.

4.- El recurso ha sido interpuesto contra resolución definitiva; las cuestiones son de derecho y, encontrándose reunidos los demás requisitos de forma, corresponde admitir este medio impugnativo.

5.- De la confrontación de los argumentos sentenciales, con los agravios expuestos en el memorial casatorio, emerge que la razón le asiste al recurrente, al solicitar la confirmación de la base regulatoria determinada por la jueza de primera instancia y por ende la revocación del pronunciamiento impugnado, por apartarse de disposiciones legales arancelarias aplicables al caso.

Veamos, al regular honorarios en primera instancia por las actuaciones de referencia, la jueza estimó como base regulatoria el capital reclamado en la demanda, esto es $14.433.486,18 al 25/8/98 (fs. 77 y vta.).

A su turno el tribunal de alzada, revocó la decisión del inferior en grado, modificando los honorarios regulados al tomar como monto regulatorio, la entidad económica en juego en este incidente, es decir la suma determinada para la cautelar de arraigo por resolución del 25/11/92 se fijó en $48.763 (fs. 106/107). Criterio éste, que fue confirmado por el tribunal al rechazar el recurso de revocatoria, señalando al respecto, que el importe del arraigo es la base del valor del asunto en que intervino el recurrente, que el resultado obtenido es el mérito de su labor profesional, que en absoluto tiene algo que ver con el monto del juicio. Destaca la sentencia de fecha 04/4/2001 (fs. 128/129), que sería incongruente establecer como base regulatoria el monto del juicio, por no estar comprometido con el asunto materia del debate.

6.- Al respecto la Corte Suprema de Justicia de la Nación, señaló que el arraigo tiene por finalidad garantizar al demandado, en caso de resultar vencedor, el futuro cobro de los gastos y honorarios a que se habría visto obligado para litigar, de modo que el importe de dicha caución no es sino una estimación anticipada de tales erogaciones y no constituye por ende, una base apta y autónoma para el cálculo de los emolumentos profesionales de la causa ("Mackenzie Davidson, Malcom W. vs. Houssay Abel F. y otros", 22/9/94). En aquella oportunidad, el Alto Tribunal, destacó que al adoptarse como monto del litigio el importe del arraigo, el a quo -apartándose de las normas arancelarias aplicables- practicó una regulación que no guarda relación con la realidad económica de los intereses debatidos en la causa, lo que se traduce en evidente menoscabo de la integridad del crédito de los letrados, garantizada por los arts. 14 y 17 de la Constitución Nacional. Concluye la CSJN, en este caso (similar al que es materia de recurso), que la Cámara por vía indirecta, ya se había expedido respecto de la base económica computable a los fines regulatorios, pautas por lo demás indicativa del interés patrimonial defendido y la responsabilidad asumida oportunamente por el letrado. Al volverse contra dicho criterio, agrega, el Tribunal incurrió en una afectación del derecho de defensa, a la vez que comprometió el derecho a la adecuada contraprestación de los servicios profesionales, con lo cual lo resuelto guarda vinculación directa e inmediata con las garantías constitucionales que se invocan como vulneradas.

Siendo así, el tribunal de alzada ha procedido a regular honorarios, tomando como base regulatoria, un monto erróneo, al margen de lo establecido legalmente (arts. 15,16, 19, 39, 40, 41, 43, 44 y 60 la ley 5480). El amplio margen de discrecionalidad de que gozan los magistrados para la ponderación de los factores que deben tenerse en cuenta para la fijación de los honorarios no puede derivar en la aplicación de una estimación que se aparta de los extremos dados por la ley, proceder en que incurre el tribunal a quo.

7.- Por todo lo expuesto, corresponde casar la sentencia recurrida de fecha 04/4/2001, conforme a la siguiente doctrina legal : "La base para la regulación de honorarios profesionales en la excepción de arraigo, se encuentra conformada por la suma reclamada en la demanda (art. 40 inc. 1° de la ley 5480)".

En consecuencia, se deja sin efecto la sentencia recurrida de fechas 6 de octubre de 2000 y 4 de abril de 2001, a fin de que el tribunal con la integración que corresponda proceda a dictar a emitir nuevo pronunciamiento, tomando como base regulatoria la estimación efectuado por sentencia regulatoria de primera instancia, con la reducción prevista por el art. 41, por tratarse de una regulación provisoria, teniendo en cuenta, que se trata de un juicio ordinario, en donde aún no se ha dictado sentencia de fondo, no se completó la primera etapa procesal con la contestación de la demandada, oportunidad en donde se interpuso la excepción dilatoria y de conformidad a lo dispuesto por los arts. 15, 16, 19, 20, 23, 39, 40, 41, 43, 44 y 60 de la ley nro. 5480.

8.- Las costas del recurso del recurso se distribuyen por su orden en razón de que no es imputable a las partes la causal de nulidad (art. 106, inc. 1° CPCC).

Los señores vocales doctores Alfredo Carlos Dato y René Mario Gaone, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del presente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia por intermedio de la Sala Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación deducido por el letrado Carlos Alberto Montilla, por derecho propio, en consecuencia, se casa y se anulan las sentencias recurridas de fechas 6 de octubre de 2000 y 4 de abril de 2001 a tenor de la doctrina legal enunciada, debiendo volver los autos a la Cámara Civil en Documentos y Locaciones, Sala IIª, para que con la integración del tribunal que corresponda, se dicte nuevo pronunciamiento. Devuélvase el depósito.

II.- COSTAS del recurso de casación, por su orden.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR (en disidencia) HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA ALFREDO CARLOS DATO RENE MARIO GOANE