Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-08


PODER JUDICIAL DE LA NACION SENTENCIA DEFINITIVA Nº 17.567 EXPEDIENTE Nº 39.601/08 SALA IX JUZGADO Nº 61 En la ciudad de Buenos Aires, el 8 de febrero de 2012, para dictar sentencia en los autos caratulados: "Maza, Gabriela Miriam c/Vadelux S.A. s/Despido", se procede a votar en el siguiente orden:

El Dr. Alvaro Edmundo Balestrini dijo:

I- Contra la sentencia de primera instancia, que hizo lugar al reclamo, recurre la parte demandada, según el escrito de fs. 435/437, que mereció réplica de la contraria a fs. 444.	II- Cuestiona la parte el progreso del reclamo de los salarios correspondientes a los meses de febrero, marzo y abril de 2008, pero a mi juicio no le asiste razón. Lo digo, porque llega firme a esta alzada la ausencia de documentación idónea que demuestre la oportuna cancelación de tales conceptos (cfr. arts. 138 y sig. de la L.C.T.).

A los efectos que pudieran corresponder, se destaca que en el ámbito en el que se dilucida el debate, se requiere inexcusablemente que se instrumenten los pagos mediante recibos firmados por el trabajador, confeccionados con el contenido mínimo que estable la normativa aplicable (cfr. arts. 138, 139, 140 y 142 de la L.C.T.), siendo dicho medio el idóneo para acreditar la cancelación de créditos laborales.

En consecuencia, dado que la demandada no acompañó a la causa los instrumentos correspondientes que acrediten el oportuno pago de los salarios en cuestión, no cabe sino desestimar este aspecto de la queja y confirmar lo decidido en la instancia de grado a su respecto.

III- No obtendrá mejor suerte la divergencia tendiente a revertir la condena al pago de los salarios caídos por enfermedad. Lo digo, porque coincido con el criterio expuesto por la magistrada de grado anterior en punto a que si bien el artículo 213 de la L.C.T. no se refiere al caso concreto del despido indirecto, la situación allí normada resulta plenamente aplicable a este supuesto. Ello, por el fundamento dado a fs. 426 del fallo de grado -que en lo sustancial que interesa, comparto-, y que no se desmerece por las circunstancias que la apelante pretende enfatizar.

En efecto, si bien la norma en cuestión alude a uno de los supuestos posibles (el despido directo) también debe entenderse comprendida la otra alternativa (el despido indirecto), por cuanto cabe asimilar el caso en que la disolución del vínculo laboral se produce por voluntad directa del principal a aquél en que la conducta o actitud asumida por el empleador injuria de tal modo al trabajador que torna imposible continuar con el vínculo laboral.

Por otra parte, y teniendo en cuenta que en el caso la extinción del contrato de trabajo se produjo con fecha 8/5/08, resulta inatendible lo alegado por la apelante a fs. 435 vta., último párrafo ("segundo agravio").

En tales condiciones, y dado que no se exponen en la queja mejores argumentos que permitan revertir tal conclusión, voto por confirmar el fallo recurrido en cuanto pudo considerarse objeto del agravio tratado.

IV- A la misma conclusión cabe arribar en lo atinente a la condena fundada en el artículo 2º de la ley 25.323, toda vez que se advierten reunidos en el caso los presupuestos formales y sustanciales para su procedencia. En efecto, ha quedado demostrado que el despido decidido por la trabajadora resultó justificado -aspecto que llega incólume a esta instancia- y que la demandada, fehacientemente intimada (ver carta documento cuya copia luce glosada a fs. 39) no abonó en término las indemnizaciones debidas a aquél, obligándola a iniciar la presente acción judicial a fin de que se le reconozca su derecho, sin que se hayan invocado ni demostrado circunstancias que justifiquen la conducta de la empleadora en los términos del segundo párrafo de dicha norma.

En efecto, no han sido denunciadas ni probadas razones precisas y suficientes que -razonablemente apreciadas- avalen la morigeración total o parcial que autoriza la segunda parte del mentado artículo 2º, reservada exclusivamente para situaciones excepcionales en las que la postura refractaria de la empleadora a cumplir con su obligación resarcitoria tenga un sustento atendible, lo cual no acontece en el caso de autos dado que no resulta controvertido en esta alzada que la denuncia del contrato de trabajo decidida por la trabajadora resultó ajustada a derecho.

Por lo demás, cabe destacar -frente a los argumentos que se esgrimen en el memorial recursivo- que la norma en cuestión no establece plazo alguno para efectuar la intimación allí requerida, resultando suficiente con que el trabajador efectúe la interpelación luego de considerarse despedido, aunque sea en la misma comunicación rescisoria.

En el caso, la trabajadora se colocó en situación de despido indirecto mediante telegrama de fecha 8/5/08 (ver fs. 39) y, en esa misma misiva, realizó la intimación en cuestión, requiriendo el pago de las indemnizaciones derivadas del distracto, por lo que se encuentra cumplido en la especie el requisito (intimación fehaciente) exigido por la norma bajo análisis.

En consecuencia, cabe desestimar el planteo que efectúa la apelante sobre este tópico pues -reitero-, en definitiva, la trabajadora se vio obligada -ante la falta de cumplimiento del pago de las indemnizaciones derivadas del distracto-, a iniciar el presente reclamo para lograr el reconocimiento de su derecho y satisfacer su crédito, presupuesto que tipifica la aplicabilidad de la norma bajo análisis. Repárese que la finalidad de la norma bajo análisis es justamente la de evitar que el trabajador tenga que iniciar acciones judiciales o cualquier instancia previa -como es el reclamo ante el SECLO (cfr. art. 1° ley 24.635)- para la percepción de las indemnizaciones legales correspondientes.

En virtud de todo lo expuesto, sugiero confirmar la sentencia de grado también en este aspecto.

V- En cambio, merece aceptación la objeción dirigida a cuestionar el acogimiento del agravamiento indemnizatorio establecido por el artículo 1º del referido cuerpo normativo.

Lo digo, porque tal como he sostenido con anterioridad en precedentes que guardan similitud con el "sub examine" (ver mi voto en autos "Sabolcki, Roberto José c/Inc S.A. s/Despido", S.D. Nº 16.853 del 15/03/11; "Fernández, Laura Andrea c/Atento Argentina S.A. S.A. s/Despido", S.D. Nº 17.368 del 17/10/11; y "Napolitano, Eduardo Adrián c/Valot S.A. s/Ley 14.546", S.D. Nº 17.469 del 23/11/11, todas del registro de esta Sala, entre otras), no se verifica en autos el supuesto de clandestinidad contemplado en el precepto legal para la procedencia de la indemnización que prevé -en tanto la deficiencia que se atribuye obedece a la registración de una categoría laboral distinta a la efectivamente desempeñada por la trabajadora (en el caso, la demandada la categorizó y registró como "oficial", no obstante que la real categoría que ostentaba era la de "oficial de primera")-, sino un supuesto distinto consistente en un incumplimiento de la obligada por discriminación salarial arbitraria que no empece a la regularidad de sus registros.

En consecuencia, por los motivos expuestos, dado que no se advierte configurado en el caso el presupuesto fáctico indispensable para el progreso del concepto bajo análisis, sugiero receptar favorablemente la queja bajo estudio, y dejar sin efecto la condena referente a la indemnización que prevé el artículo 1º de la ley 25.323 decidida en la sede de origen, deduciendo del monto de condena la suma de $5.994,50.- correspondiente a dicho rubro (ver liquidación practicada a fs. 426 del fallo de grado), lo que así dejo propuesto.	VI- Como corolario de lo resuelto precedentemente, de prosperar mi voto, el capital de condena se reajusta a la suma de $21.250,77.- ($27.245,27.- menos $5.994,50.-), con más los accesorios fijados en la anterior instancia, sin suscitar controversia ante esta alzada.	VII- Sin perjuicio de lo normado por el art. 279 del C.P.C.C.N., en atención a que la modificación que he dejado propuesta precedentemente no varía en lo sustancial el resultado del litigo, considero ajustado a derecho mantener la distribución de costas efectuada en la anterior instancia, toda vez que ello se compadece con lo normado por el principio rector en la materia plasmado en el art. 68 del C.P.C.C.N., que encuentra su razón de ser en el hecho objetivo de la derrota.

Dicho criterio se fundamenta básicamente en que la parte que hizo necesaria la intervención judicial por su conducta, acción u omisión debe soportar el pago de los gastos que la contraparte ha debido realizar en defensa de su derecho.

Por lo tanto, si bien no soslayo que el monto por el que prospera la demanda es inferior al reclamado, entiendo que no corresponde adoptar un criterio puramente aritmético para la fijación de las costas derivado sólo del cotejo entre el importe reclamado y el monto de condena sino que es menester tener en cuenta cuál es el litigante que, en lo sustancial, resultó vencido (cfr. art. 68 del C.P.C.C.N.), por lo propongo confirmar la imposición de costas a cargo de la demandada dispuesta en el fallo de grado (cfr. art. 68 del C.P.C.C.N.). Más aun considerando que los honorarios han sido regulados solo sobre el monto de condena.

En efecto, teniendo en cuenta el resultado final del litigio, se advierte que -reitero- al margen de un criterio de apreciación estrictamente numérico, derivado sólo del cotejo entre el importe reclamado y el monto de la condena- la demandada ha resultado vencida en lo sustancial y principal del reclamo (cfr. arts. del C.P.C.C.N.).

Por ello, dado que, a mi modo de ver, no se verifican en el caso circunstancias que convaliden el apartamiento del principio objetivo de la derrota que rige la materia, contemplado en el artículo 68 de la L.C.T., y que permitan -tal como pretende la apelante- encuadrar la cuestión en las excepciones a las que alude la segunda parte del mentado dispositivo legal, previstas sólo para supuestos extraordinarios en el ordenamiento procesal (conf. art. 68 del C.P.C.C.N.), corresponde confirmar también este segmento del fallo apelado, lo que así voto.

VIII- Respecto de la regulación de honorarios, que motivó impugnaciones tanto de la parte demandada, por estimarlos elevados en su totalidad, como del experto contable, por considerar reducidos los propios, en atención al mérito, calidad y extensión de las labores desarrolladas en la anterior instancia, evaluadas en el marco del valor económico en juego y de conformidad con los parámetros arancelarios previstos en los arts. 6, 7 y concs. de la ley 21.839 -modificada por ley 24.432-, 3 y concs. del dto. ley 16.638/57 y lo dispuesto en el art. 38 de la L.O., estimo que los honorarios discernidos a la representación letrada de las partes actora y demandada, resultan adecuados, por lo que sugiero su confirmación. En cambio, considero que resulta equitativo elevar los emolumentos regulados al perito contador a la suma de $450.-, a valores actuales, teniendo en cuenta la labor realizada por el experto (presentaciones de fs. 128, 163, 200, 243, 269, y aceptación del cargo a fs. 127 vta) y que la producción de la prueba pericial contable se dejó sin efecto por exclusiva responsabilidad de la parte demandada (ver fs. 390/391).

IX- Sugiero imponer las costas originadas en esta sede en un 90% a cargo de la parte demandada y en el 10% restante a cargo de la parte actora, en atención a la existencia de vencimientos parciales y recíprocos (art. 68, segunda parte del C.P.C.C.N.) y, a tal fin, regular los honorarios de la representación letrada de las partes actora y demandada, por sus actuaciones ante esta alzada, en el 25%, para cada una de ellas, de lo que en definitiva les corresponda percibir por sus labores en la anterior instancia (art. 14 ley 21.839).

El Dr. Gregorio Corach dijo:

I- Coincido con la solución a que arriba mi distinguido colega preopinante excepto en el aspecto relativo al acogimiento del incremento dispuesto por el artículo 2° de la ley 25.323.

Al respecto memoro que ya he expresado que dicha reparación resulta improcedente cuando -como en el caso- la interpelación contemplada en dicha norma, se efectúa contemporáneamente con la comunicación del despido.

En efecto, entiendo que el artículo en cuestión exige, de manera clara, que la intimación que allí se prevé debe ser realizada, cuanto menos, luego de producido el distracto y si éste, como sucede en autos, se produjo por despido "indirecto", el dependiente debe cursarla una vez disuelta la relación.

Es que si el dispositivo aludido establece que dicho rubro resulta procedente cuando no se abonaren las indemnizaciones por despido, parece evidente que el requerimiento deba efectuarse una vez producida la extinción del vínculo, en tanto es en ese momento (si es que no se quiere aguardar al vencimiento del plazo contemplado en el art. 128 LCT al que remite el 149 del mismo cuerpo legal) en que resultan exigibles los resarcimientos derivados del despido; me parece evidente que mal podría intimarse el pago de una determinada acreencia cuando ésta, por el motivo que fuere, no se ha hecho aún exigible.

Cabe recordar, también que desde antaño la doctrina y la jurisprudencia han insistido en que el despido (o mejor, su comunicación) es un acto recepticio, lo cual, como se sabe, significa que solamente se perfecciona con la recepción en el ámbito del control y conocimiento del destinatario (Justo López, en la obra en colaboración con Centeno y Fernández Madrid, "Ley de Contrato de Trabajo Comentada" 2ª ed. t. II págs. 1111/1113, 1150 y 1166; C.N.Trab. Sala III SD 62.954 del 30-4-92 in re "Smith, Susana c/Grimberg Silvia s/despido"; id. Sala V SD 57.138 del 24-10-97 in re "Lannutti, Mönica y otros c/Furba SRL y otros s/despido"; id. Sala IV SD 53.797 del 27-5-85 in re "Gómez, Julia A. c/ Est. Textiles San Andrés SACIF"; SCBA 18-11-86 "Marín, Daniel H. c/Refrescos del Sur SAIC s/indemnización" en Trab. y Seg. Soc. 1988 p. 703; id. 29-12-94 "Meza, Pablo J. c/Antonio Gonzalez S.A. s/indemnización por despido" en D.T. 1995-A, 1011, entre muchos otros). Esto implica que tampoco puede admitirse que la interpelación exigida por la norma citada se concrete conjuntamente con la denuncia del vínculo; ello es así dado que hasta no se encuentre debidamente formalizado el distracto, no existe derecho alguno a la reparación por despido ni, consecuentemente, posibilidad alguna de intimar su pago (ver en este sentido, mi voto, in re "Gonzalez Hugo Ermenegildo c/Asoc. Civil Club Atlético Huracán s/Despido", SD 14.584, del 13/9/06).

De acuerdo con lo dicho, tal como lo anticipara, considero que cabe revocar lo resuelto en grado en este segmento y, por tanto, rechazar el reclamo de la demanda fundado en el art. 2º de la ley 25.323.	II- Sin perjuicio de dicha modificación y de lo dispuesto por el art. 279 del C.P.C.C.N., entiendo que corresponde mantener el modo en que fueron impuestas las costas y las regulaciones de honorarios fijadas en la sede de grado cuyos porcentajes, obviamente, deberán aplicarse sobre el nuevo monto de condena; con excepción de los correspondientes al perito contador sobre los que adhiero al voto precedente.

Por todo lo expuesto, de prosperar mi voto correspondería: 1) Modificar parcialmente la sentencia en cuanto al capital de condena y reducirlo a la suma de PESOS DIECISIETE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS ($17.164,52.-), que devengará intereses conforme lo determinado en la instancia anterior; 2) Asimismo, elevar los honorarios regulados al perito contador a suma de $450.-, a valores actuales; 3) Confirmar la sentencia de grado en todo lo demás que decide y ha sido materia de apelación y agravios; 4) Imponer las costas de la alzada en un 90% a cargo de la parte demandada y en el 10% restante a cargo de la parte; 5) Regular los honorarios de la representación letrada de las partes actora y demandada, por sus actuaciones ante esta alzada, en el 25%, para cada una de ellas, de lo que en definitiva les corresponda percibir por sus labores en la anterior instancia.	El Dr. Roberto C. Pompa dijo:

Por compartir sus fundamentos, en cuanto es materia de disidencia, adhiero al voto de mi distinguido colega Dr. Alvaro Edmundo Balestrini.

A mérito del acuerdo que precede el Tribunal, por mayoría, RESUELVE: 1) Modificar parcialmente la sentencia dictada en la anterior instancia, y reducir el capital de condena a la suma de PESOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS ($21.250,77.-), con más los intereses que allí se establecieron; 2) Elevar los honorarios regulados al perito contador a la suma de pesos cuatrocientos cincuenta ($450.-), a valores actuales; 3) Confirmar la sentencia de grado en todo lo demás que decide y ha sido materia de apelación y agravios; 4) Imponer las costas de la alzada en un 90% a cargo de la parte demandada y en el 10% restante a cargo de la parte; 5) Regular los honorarios de la representación letrada de las partes actora y demandada, por sus actuaciones ante esta alzada, en el 25%, para cada una de ellas, de lo que en definitiva les corresponda percibir por sus labores en la anterior instancia.	Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.- Ante mí.-