Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-05-21


En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut, a los 21 días del mes de mayo del año dos mil ocho, se reunió en Acuerdo la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, integrada por los doctores Jorge Pfleger, Alejandro Javier Panizzi y Juan Pedro Cortelezzi, con la presidencia del primero de los nombrados, para dictar sentencia en los autos caratulados "C., C. J. y E., C. s/ Robo Calificado por el uso de Arma de Fuego - Trelew" (Expediente 20.708 - 255 - 2006).

El orden para la emisión de los votos resultó del sorteo de fojas 771: Panizzi, Pfleger y Cortelezzi.

El Juez A. J. P. dijo:

I) El día 27 de septiembre del año 2006, la Cámara en lo Criminal de la ciudad de Trelew dictó la sentencia registrada bajo el N° 70/06 y cosida a fs. 629/657 de autos, mediante cual condenó a don C. J. C. y a don C. R. E. a la pena de ocho años de prisión, accesorias legales y costas del proceso, al hallarlos coautores penalmente responsables del delito de robo agravado por el uso de un arma de fuego, por razón del hecho ocurrido el día 4 de diciembre de 2005, aproximadamente a las 9,30 hs., en el comercio sito en calle Soberanía Nacional N° **** de la ciudad de Trelew, en perjuicio de don J. S., doña V. C. y don C. D. (artículo 166, inciso 2°, segundo párrafo del Código Penal).

II) El hecho por el cual los acusados fueron llevados a juicio, ocurrió en la fecha y hora citadas en el párrafo precedente, cuando al menos tres personas de sexo masculino irrumpieron en forma violenta en el local comercial del rubro fábrica de pastas, ubicado en Soberanía Nacional N° **** de Trelew, que gira bajo la razón social "Nápoli", tras lo cual redujeron al propietario del comercio, a su esposa y a un cliente que ocasionalmente ingresaba al inmueble, intimidándolos con un arma de fuego que portaban y, tras golpearlos, reducirlos y maniatarlos, se apoderaron en forma ilegítima de una billetera de cuero de color marrón, con distintos elementos en su interior, un juego de llaves del rodado Musso Sang Young, la suma de aproximadamente $4.000.- (Pesos cuatro mil), un dije color azul con al inscripción VILMA, un manojo de llaves correspondientes al local y al domicilio de la madre del Sr. S., así también la suma de US$ 100.- (cien dólares estadounidenses), un reloj marca Citizen con fondo dorado, malla plateada y dorada, para posteriormente darse a la fuga del lugar. Luego, dos de ellos -los aquí traídos a proceso- fueron aprehendidos por personal policial, alcanzando el restante a darse a la fuga.

III) El pronunciamiento condenatorio fue atacado por los imputados C. J. C. (a fs. 661/671, 683/684) y C. R. E. (a fs. 672/673) por derecho propio. Mientras que a fs. 674/681 llevó a cabo una impugnación el Dr. G. T., en representación de E., en tanto el Dr. Javier E. Reuter hizo lo propio a fs. 685/695, ejerciendo la defensa oficial de C.

En ese orden sintetizaré los argumentos impugnatorios esgrimidos por cada uno de los recurrentes.

IV) El acusado C. J. C. atacó el fallo por considerarlo carente de motivación y, consecuentemente, arbitrario. Estimó que no podía calificárselo como coautor del hecho investigado al no haberse demostrado que, el día del hecho, tuvo en su poder el arma de fuego con que la se perpetró el delito.

Señaló que fue aprehendido sin indicios del injusto que se le imputa, ni tenía en su poder objetos relacionados con el robo. Denunció que las declaraciones de los testigos presenciales de los hechos, fueron planificadas por el personal policial interviniente, para incriminarlo.

Destacó que en el momento de su detención tenía barba y bigote de dos meses aproximadamente, tal como muestran -en su opinión- las fotografías de fs. 149, sin embargo ninguno de los damnificados declaró esa particularidad al brindar una descripción de los presuntos autores. Por esta razón, solicitó la nulidad del acto de reconocimiento en rueda de personas, en el que fue identificado por el damnificado D., en tanto resultó contradictorio el detalle que dio de los presuntos culpables con el reconocimiento del acusado.

Sobre la base de lo expuesto, solicitó su absolución.

V) En una breve presentación, C. R. E. señaló que las víctimas declararon haberse resistido al asalto, y destacó que D. expresó haber peleado con uno de los asaltantes, considerando el recurrente que en ese forcejeo debió haber una manipulación del arma de fuego.

Con tal argumento, señaló que el arma utilizada no estaba cargada puesto que, de lo contrario, se habría accionado, circunstancia que descalifica su aptitud para el fin propuesto.

Agregó que la bolsa de monedas secuestrada durante su detención fue "implantada", ya que luego no fue reclamada como propia por ninguna de las víctimas.

Por los argumentos expuestos, solicitó su absolución.

VI) El recurso deducido por el defensor de confianza de don C. R. E., doctor G. F. T., se fundó en el artículo 415, inciso 2° del Código Procesal Penal con argumentos que planteó durante la instrucción y el debate, que ya fueron resueltos en cada una de las instancias.

Tachó de irregular el procedimiento policial por el que se detuvo a su asistido, por cuanto los preventores declararon que su actuación se motivó en la actitud sospechosa del acusado y la posterior huida al advertir la presencia policial, lo cual -aclaró el recurrente- se opuso a la declaración del acusado.

Por otra parte, desarrolló con detalle ciertas contradicciones que -en su opinión- surgen al contraponer el contenido del acta cosida a fs. 1/2, con lo declarado durante el debate por los oficiales intervinientes en la prevención, y los dichos de los testigos de actuación.

Agregó que los agentes tampoco pudieron justificar la existencia de ciertos elementos incautados -bolsa con monedas- lo que significa, para la defensa, una duda suficiente para considerar que hubo "implante de pruebas".

Atacó también la calificación legal escogida por el a quo, para lo cual destacó que el arma secuestrada fue manipulada por el testigo que la halló, con lo que contaminó la evidencia. Esa circunstancia impidió que luego se llevara a cabo un pericia genética o dactiloscópica sobre el elemento, no obstante lo cual, la Cámara dejó a salvo la legalidad del secuestro.

A criterio del recurrente, la pericia balística debió ser declarada nula, por la circunstancia de no haberse guardado la cadena de seguridad. Por esa razón, entiende que no quedó probado el regular funcionamiento del arma, y con ese fundamento solicitó que se recalifique el hecho en el último párrafo, del artículo 166 del Código Penal y se reduzca la pena impuesta a su asistido.

VII) A fs. 685/695 luce el remedio intentado por el defensor oficial de C., doctor Javier E. Reuter, fundado en el artículo 415, inciso 2° del Código Procesal Penal, donde planteó tres motivos para respaldar la nulidad del fallo condenatorio que solicita.

Alegó falta de motivación en la sentencia para fundar la autoría del hecho en cabeza de su representado, para lo cual desarrolló una crítica minuciosa a los elementos de cargo utilizados en el fallo para establecer la responsabilidad penal de C., con mayor amplitud pero en los mismos términos que lo hizo el propio acusado en su impugnación de fs. 661/671 y 683/684.

Con iguales cimientos que el Dr. T., este recurrente planteó la nulidad de la pericia balística al haberse roto la cadena de seguridad sobre el arma, luego del secuestro, por lo que solicitó la recalificación del hecho en el último párrafo del artículo 166 del Código Penal.

Añadió que, al no haber podido disponer los imputados de la res furtiva, la acción de apoderamiento quedó en grado de tentativa, lo que solicitó se considere al momento de realizar una nueva apreciación legal del hecho.

Por último, solicitó la aplicación de una pena limitada al mínimo de la escala penal, porque el tipo penal requerido por el Fiscal no se corresponde con los elementos probatorios. Señaló que no se produjeron lesiones de órganos vitales, sino que fueron consecuencia de los actos defensivos que llevaron a cabo los damnificados, como en el caso del Sr. D., quién reconoció haber comenzado a pelear con uno de los delincuentes.

Hizo reserva de plantear el caso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

VIII) Luego de analizar los agravios vertidos por los diferentes impugnantes, coincidentes en muchos aspectos, advierto que la mayoría de los planteos recursivos fueron esgrimidos y resueltos, tanto en la instrucción como en el pronunciamiento condenatorio.

El ataque dirigido a declarar la nulidad del procedimiento policial fue planteado, en los mismos términos que aquí, a fs. 216/222 de autos, por el Dr. L. T. en representación de ambos acusados, y rechazado a fs. 265/272 vta. por el Juez de instrucción, doctor Roberto Adrián Barrios.

Disconforme con lo resuelto, el defensor apeló ese fallo a fs. 307/312 vta. y la Cámara de Apelaciones del Noreste del Chubut, a fs. 345/346 vta., confirmó lo decidido por el magistrado de la instancia anterior.

A fs. 374/384 el Juez Barrios dictó el procesamiento con prisión preventiva para los dos acusados, auto que fue apelado por el doctor L. T. mediante el escrito de fs. 386/391 vta. en el que acudió, nuevamente, a la crítica de la actuación prevencional para atacar la valoración de los elementos de cargo que utilizó el sentenciante para procesar a los imputados. El recurso fue resuelto por la Cámara de Apelaciones mediante el pronunciamiento de fs. 424/426 vta., en el que confirmó el auto de fs. 333/343 recurrido.

Una vez más, a fs. 550, el imputado C. planteó la nulidad del secuestro del arma de fuego y del resto de los actos procesales que resultaron consecuencias de aquel. Esta impugnación fue ratificada por la señora Defensora Oficial, doctora Mónica Rodríguez, en representación de ese acusado. Y la ratificó con el escrito de fs. 559. La réplica fue rechazada por la Cámara de Apelaciones a fs. 569/vta.

Abierto el debate, el Presidente del Tribunal corrió traslado al Ministerio Público Fiscal de un planteo de nulidad de dos actos procesales (el reconocimiento en rueda de personas y el secuestro del arma de fuego), efectuado, a fs. 615/617, por el imputado C.

Hecho el descargo por el titular de la acción penal pública, el Presidente difirió la resolución del planteo para el momento de la emisión de la sentencia definitiva, no obstante lo cual sendos defensores plantearon -una vez más, al finalizar el debate-, la nulidad de la actuación policial, del reconocimiento en rueda de personas y del secuestro del arma.

En el fallo de condena, los magistrados Minatta y de Franco en mayoría, rechazaron las nulidades planteadas por no advertir afectación de garantías constitucionales en el proceder policial, por cuanto el arma secuestrada y los proyectiles que contenían fueron debidamente preservados.

Agregaron que la diligencia de allanamiento se realizó en presencia de dos testigos habilitados, que legitimaron el secuestro, por lo que la ruptura de la cadena de seguridad sólo involucra la realización de diligencias posteriores que, precisamente por esa razón, no se llevaron a cabo.

Consideraron enteramente válido el reconocimiento en rueda de personas de C., en el cual C. D. identificó al acusado, pues se realizó cumpliendo con todos y cada uno de los recaudos que el rito penal impone para ello en su regulación específica.

Agregaron que en las imágenes difundidas por Canal 3 sobre lo ocurrido el día del hecho, no fue posible determinar características fisonómicas del acusado, por lo que en nada pudieron afectar la credibilidad del reconocimiento.

En primer lugar, rechazo las nulidades impetrada ante esta Sala contra la actividad prevencional y los actos procesales de la instrucción, puesto que fueron reiteradamente resueltas en instancias anteriores, con fundamentos que no se pueden objetar. Además, el inciso 1° del artículo 152 del Código Procesal Penal establece, con claridad, un plazo perentorio para su planteamiento, que a esta altura del proceso ya se encuentra ostensiblemente fuera de las etapas adecuadas en que el juicio se divide. Cada una de ellas clausura la anterior sin posibilidad de replantear lo ya decidido en ella.

Por otra parte, los análisis que imputados y defensores realizaron acerca de los hechos tal como constan en las actas labradas por la actuación policial, no son más que críticas minuciosas a circunstancias poco relevantes que no afectaron realmente el proceso ni el ejercicio de la defensa, por lo que no logran componer un agravio concreto merecedor de la sanción legal que propiciaron.

IX) No procederá tampoco el planteo referido al cambio de calificación legal, fundado en la nulidad de la pericia balística como consecuencia del ataque al secuestro del arma, pues esta última diligencia se realizó con acatamiento de todos los requisitos exigidos por el ordenamiento ritual, de manera que a salvo queda la práctica de fs. 301/303 y la solicitud de los recurrentes pierde sustento.

Es falso el argumento empleado por E. para desbaratar la prueba de la aptitud letal del arma, con el fin de obtener la recalificación del hecho.

Por cuanto, de haber estado accionado algunos de los sistemas de seguridad con los que las pistolas semiautomáticas cuentan -y aún de haber carecido la recámara de un cartucho a bala- el arma jamás se habría disparado; inclusive si se golpeara en una caída contra el suelo, o se manipulara durante una reyerta, por muy violenta que ésta fuera. Por esta razón, desecharé el planteo.

Los damnificados en el hecho declararon que tres fueron los sujetos que perpetraron el robo, pero sólo dos fueron individualizados. Detenido E. se encontró en su poder gran parte de la res furtiva y nada en manos de C., lo que permitió razonar a los sentenciantes que la parte del botín no encontrada debió quedar en manos del tercer sujeto interviniente, que logró darse a la fuga.

Esta circunstancia es la que impide el progreso de la pretensión defensiva de recalificar el hecho en grado de tentativa, pues existió un plan delictivo con división de tareas para cada uno de los copartícipes, evidente por la manera en que se desarrollaron los hechos, donde el apoderamiento por uno de los participantes logró concretarse.

Además, tal como quedó establecido en el debate el hecho juzgado, por haberse cometido éste en lugar poblado y en banda, la selección de la calificación legal efectuada por el a quo es menos gravosa que la que prevé el Código Penal para tales casos. Aunque, como se sabe, el principio legal de la prohibición de la reformatio in pejus, me impiden modificarla.

X) Para aplicar la medida de la pena seleccionada, los jueces tuvieron en cuenta, en la sentencia, las circunstancias personales de los acusados, ciñéndose a las pautas legales que regulan el instituto.

De manera que los agravios vertidos no son eficaces para adulterar o corromper la valoración circunstanciada que efectuó el tribunal de grado para determinar la pena, ya que no media contradicción con las pautas que establecen los artículos 40 y 41 del Código Penal.

XI) Por todo lo expuesto, propicio el rechazo de los recursos de casación deducidos en autos contra la sentencia de condena, con costas, y la confirmación del pronunciamiento de fs. 629/657 dictado por la Cámara en lo Criminal de la ciudad de Trelew (artículos 24, inciso 2º, 415, 485 y concordantes del Código Procesal Penal).

XII) Regulo los honorarios de los profesionales intervinientes, en la suma equivalente al veinticinco por ciento del monto regulado en la instancia de grado (artículos 6, 10, 14, 45 y concordantes del Dto. Ley 2200, modif. por la Ley 4335; artículo 59 de la Ley 4920, Dto. 1303, BO. 24/10/02).

Así voto.

El Juez Jorge Pfleger dijo:

I. He de iniciar el trabajo que me toca sin enunciar los antecedentes que motivan la inspección casatoria.

Lo consiente la muy precisa y prolija tarea realizada en el primer voto a cuyos términos, por prudente, me remitiré.

Desarrollaré, así sin más prólogo que el presente, la convicción que he formado acerca del contenido de las impugnaciones.

II. Luego de examinar las argumentaciones de los recurrentes, estimo que los puntos medulares sobre los que versará mi ponencia son los que de continuo se exponen y se tratarán en el orden de prelación establecido, a saber:

a) la legalidad y verosimilitud de lo consignado en las actas de detención y secuestro obrantes a fs. 1/2 respecto de E. y a fs. 5/vta. de C. .

b) el valor probatorio de la pericia realizada sobre el arma secuestrada en los actos reflejados en fojas 20/vta. y 27/vta.

c) la consistencia del discurso de justificación del fallo que se ataca d) la calificación legal escogida por el Tribunal, y e) la individualización de la pena.

III. Ya en tema diré que en relación con el punto a) coincidiré con el ínclito Magistrado que ha vertido opinión antes en que no le asiste razón a los quejosos.

Veamos.

1) El acto de aprehensión de los imputados E. y C. (actas de fs. 1/2 y 5/vta.) Como lo he sostenido en causas anteriores, no me parece necesario explicar profusamente el sentido que tienen las actas en el procedimiento penal.

Sólo resulta del caso evocar las prescripciones de los arts. 121, 122 y 123 del C.P.P.(Ley 3155), en particular aquellas que conciernen al modo de construcción de esos documentos y a las sanciones procesales que suceden a su inobservancia.

Desde esa perspectiva, debe de señalarse que sólo está prevista la fulminación de los instrumentos de marras cuando se dan las condiciones que la norma prevé, en particular: la ausencia de indicación de la fecha o la firma del funcionario actuante o de los testigos de actuación, o la indicación de que quien firma es analfabeto o es ciego.

Si las reglas formales aparecen satisfechas, cualquier planteo que las ponga en vilo implica o involucra (como mejor se entienda) verificar dos cuestiones: a. la falsedad intrínseca del acta b. la alteración de la cadena de seguridad de los secuestros.

Habiéndose invocado una falsedad de contenido, señalo que los quejosos no trajeron al proceso elementos que pudiesen servir de pábulo a sus denuncias.

En rigor de verdad, no es suficiente argumento aquél que se resume en poner un manto de sospecha sobre la actividad policial desplegada en procura de la aprehensión, sin dar la opción que habilite a pensar que las cosas no resultaron del modo en que fueron documentadas.

Pretender que la policía, sistemáticamente, intenta perjudicar a sus pupilos (los de la defensa) por el solo hecho de conocerlos, suena inconsistente, si no se aneja otra razón.

En el caso de la detención de C. se demostró que personal policial alertado por la comisión de un delito, en búsqueda de los autores, ubicó visualmente en proximidades del teatro de los hechos al causante corriendo, vestido como uno de los que habían efectuado el despojo e intentando poner distancia con el comercio damnificado.

Nada más propio, a mi parecer; ante ese cuadro y la urgencia que imponía la necesidad de evitar que el sospechoso se escapara, es que el personal de policía haya dispuesto lo necesario para aprehenderlo.

Es claro que no desconozco la importancia de las formas como reaseguro para el orden regular del proceso en todo su contenido y - por añadidura- para la adquisición legal de la evidencia; pero otra cosa diferente es la descalificación de la actividad estatal basada en supuestos no comprobados y, para peor, sostenidos por los elementos con los que el acta puede confrontarse.

Porque nada indica que el procedimiento no se realizó en el lugar, en la fecha o en la hora en que los actuantes impusieron.

Creo, como he dicho en causas anteriores, que se han puesto afanes infructuosos en escindir los hechos, de enunciados teóricos, de postulados dogmáticos.

Y esto lo digo así, de esta manera, porque no desconozco el principio constitucional erguido que, para bienes, tiene antecedentes muy antiguos en la legislación argentina y un contenido preciso que, en el caso, no se ha menoscabado.

Ya enunciaba el "Decreto de Seguridad Individual" sancionado por el Primer Triunvirato el 23 de Noviembre de 1811 en sus consideraciones que "...Si la existencia civil de los ciudadanos se abandonase a los ataques de la arbitrariedad, la libertad de imprenta publicada en 26 de Octubre del presente año, no sería mas que un lazo contra los incautos, y un medio indirecto para consolidar las bases del despotismo. Todo ciudadano tiene un derecho sagrado a la protección de su vida, de su honor, de su libertad y de sus propiedades. La posesión de ese derecho, centro de la libertad civil, y principio de todas las instituciones sociales, es lo que se llama seguridad individual...".

Y así mandaba, artículo 2 en cuanto nos interesa, que: "... Ningún ciudadano puede ser arrestado sin prueba, al menos semiplena, o indicios vehementes de crimen, que se hará constar en proceso informativo dentro de tres días perentorios. En el mismo término se hará saber al reo la causa de su detención..."; y así persistió en el Estatuto Provisional de 1815 (art. IX, Capítulo I de la Sección Septima), en el Estatuto Provisional de 1816 (arts. 15, 16 y 17 del Capítulo 3°), en la Constitución de 1819 (arts. CXVI y ss) y en la Constitución de 1826 (art. 167) (ver al respecto "Estatutos, Reglamentos y Constituciones Argentinas" Librería Platero, Editorial- Buenos Aires, Biblioteca del autor de voto)	Ese fue el cuño liberal de nuestro artículo 18 de la Constitución Nacional y ese el espíritu de la reglamentación que consagran los Códigos de Procedimiento y las leyes que el Congreso o las Legislaturas locales sancionan en ejercicio del poder de policía, que dan fuente a las restricciones razonables de los derechos individuales (arts. 14 y 28 de la C.N.).

De modo entonces que, en el Estado configurado en el deber de abstención frente al ejercicio de la libertad de las personas, sólo se ejecuta la potencia vulneradora en los específicos casos previstos por la ley.

"...La libertad implica la ausencia de restricción arbitraria..." ha dicho la jurisprudencia de los Estados Unidos de Norteamérica, pero "...no la inmunidad de regulaciones y prohibiciones razonables impuestas en interés de la comunidad..." (ver la cita a Samuel P. Weaver y su referencia en Linares Quintana, "Tratado de la Ciencia del Derecho Constitucional", Editorial Alfa, página 113)	La pertinencia de cuanto se ha dicho radica en que no toda limitación es " per se" un desmadre o desquicio del poder estatal, sino que resulta menester verificar en el caso concreto si algún aspecto de la libertad civil se encuentra menoscabado por la acción del poder público, para de ello derivar en la legalidad de los actos cumplidos por éste y su validez en el proceso penal. El cartabón, la regla de medida, lo constituirá esa idea acerca del poder y la manera de concebirlo en el Estado de Derecho.

En el caso de C. nos encontramos frente a la actividad policial que obtura la libre ambulación de una persona que corría por la vía pública, que en apariencias venía desde el lugar donde se había perpetrado un delito, vestido con ropa similar a las enunciadas por vía radial, y con características físicas coincidentes.

No pierdo de vista la polémica que despiertan temas como el presente ya lo decía Morello en su artículo: "La actitud sospechosa como causal de detención de personas" (LL 1999-B- 282) cuando expuso "....no cabe fiarse de las apariencias cuando se imponen fórmulas simples y directas, habida cuenta que si la reflexión profundiza las diversas capas de la cuestión no se tarda en advertir que el que nos convoca es uno de esos tipos de asuntos duros de pelar, en donde la clave (envuelta en particulares riesgos de diverso carácter históricos, culturales, de mudanzas de valores, de ausencia de reaseguros interiores eficaces, etc.) porfía por una búsqueda constante de criterios de razonabilidad y la necesidad de preservar, nada menos que en el coto de la libertad física, un espacio o reducto intangible a decisiones públicas determinantes de un avasallamiento sin "adecuada compensación" lo que se hace cada vez más difícil...".

Y ese autor, crítico como era de la decisión mayoritaria de la Corte Suprema en el caso "Fernández Prieto" en el que se cohonestó la detención de una persona sobre la base de la "actitud sospechosa", no dejó de marcar la opinión de la minoría en cuanto a que esa circunstancia podía validar la actuación del poder público en la medida en que poseyera "causa razonable", esto es una concreta situación que permitiera verificar el proceder del que actuó.

En ese sentido tengo para mí que el contexto descrito en las líneas que han precedido a estos párrafos constituye un supuesto en que resulta razonable la actividad policial.

Debe de convenirse que la ronda policial con experiencia, aún mínima, en la detección de ilícitos no pudo dejar de verificar a ese sujeto que se desplazaba corriendo en las condiciones aludidas.

Con más razón, en el caso de E., resulta obvio que por su actitud de dejar las cajas de pastas en la vía pública sin una explicación aparente, y de salir corriendo arrojando parte de las res furtiva cuando la policía intentó identificarlo, adquiere ribetes propios de un sujeto sospechoso.

Lógico es pensar que quien toma decisiones en el campo mismo de una tarea como la que se estudia, realiza operaciones intelectuales de menor calibre que aquellas que pueden formularse en el ámbito sereno de un despacho y ese es un dato a tener en cuenta a la hora de ponderar los presupuestos fácticos que conducen a la actividad en relación con la norma que la permite.

Porque la racionalidad de la restricción será juzgada luego de asociar la percepción del agente público, la impresión que el cuadro le causa, las diversas opciones que pueda representarse, las motivaciones y la autoridad de la que está investido.

Pero tampoco desdeño analizar el cuadro desde la perspectiva que dio la sentencia para demostrar que, aún si la policía aplicó sus facultades propias como policía de seguridad del Estado, el resultado es la validez de lo actuado.

La Ley Provincial 815 (texto según las modificatoria 4123) regula, prolijamente, su función en este aspecto y le brinda el marco para la realización de la preservación del orden y de la seguridad pública.

En ese sentido la fuerza local posee capacidad para identificar personas, realizar operativos de prevención del delito y aún privar temporalmente de la libertad a aquellas por un lapso determinado y por las razones que expresa, minuciosamente, el artículo 10.

No aparece, en el texto de las actas, que la policía hubiera actuado bajo estas premisas, salvo la intención primigenia de identificarlos, no encausaron el episodio desde esa perspectiva. Pero si acaso lo hubiese hecho, no me parece incorrecto y mucho menos ilegal que personas y petates hubieran sido conducidas a la policía, al menos para verificar adecuadamente la identidad de la persona y tomar nota de los objetos que llevaba consigo. Y si en el curso de ese lapso se supo que los bienes eran mal-habidos y que las personas los habían sustraído, tampoco me parece equivocado adoptar el criterio de aprehenderlo y consignarlos a disposición del Juez secuestrando, a la par, los objetos, como lo hicieron.

Si prevenir implica evitar y el término "seguridad" connota la manda de proteger la vida, el honor, la libertad de las personas, una restricción como la padecida, en el marco en que se produjo, halla causa.

Pero en el esquema actual de cosas la policía cumple (y la propia norma que se acaba de citar así lo estatuye, del mismo modo que los Códigos Procesales) la función anexa de policía judicial o de auxiliar del Poder judicial, como quiera llamársele.

En ese sentido el art. 164 del C.P.P. (Ley 3155) consigna que, por iniciativa propia, y me sustraigo ex professo de los otros supuestos, la policía investiga los delitos de acción pública, impide que los hechos cometidos sean llevados a consecuencias ulteriores, individualiza a los culpables y recoge la prueba útil para el caso.

Específicamente esta norma de procedimiento autoriza a la policía a aprehender al supuesto culpable (art. 165 inc. 8°) y efectuar las requisas urgentes que la situación amerite (art. 165 inc. 5°).

Por fin, el art. 253 del ritual hoy derogado pero que rige para el caso, autoriza la detención de las personas sin orden judicial, entre otras hipótesis, cuando "...existen indicios vehementes de haber participado en un hecho punible...".

Si como aparece en los folios la policía sospechó de E. dando razones, lo aprehende para explicarse como mínimo el porqué de su conducta y luego, verificado el hecho delictual se procede a recoger las cosas que estaban esparcidas por la acción del personaje -sospechadas de vincularse con la investigación- y se consigna al sujeto a disposición del Juez como posible autor de lo que se pesquisa, puede decirse que, objetivamente, operó el "sistema de seguridad" descrito y que operó con causa visible, lo que determina la legalidad de la conducta estatal.

Esta situación fue contemplada -y coincido al respecto- en la sentencia que se escruta. El Juez del primer voto expresó: "...Lo señalado por los preventores entendemos que se trata de una situación fáctica que reúne todos los ingredientes exigidos por doctrina y jurisprudencia nacional e internacional ya citada como para encuadrarla en lo dispuesto en el artículo 10 de la ley 815, reformada por la 4123, pues no solo debe interpretarse que E. se negó a identificarse al fugar y resistirse ante la orden policial, dándose así uno de los requisitos que habilita a la policía a demorar, sino que las circunstancias de que los patrulleros venían de conocer un hecho ilícito reciente en las inmediaciones del lugar - calle Paraguay ****-, la conducta previa de E. de dejar dos cajas en un cantero y la misma fuga ante la orden de identificación, amén de tirar adrede un a billetera con dinero en efectivo antes de ser aprehendido, es un hecho objetivo más que suficiente como para que funcionarios experimentados puedan razonablemente sospechar y deducir de tal conducta de esa persona podía presumiblemente tener vínculo con alguna infracción, por lo que también se da el requisito exigido por la ley. Así las cosas, también concurrieron en el caso la necesidad, urgencia y proporcionalidad de la medida para dar cumplimiento a la finalidad de la ley, por lo que mal puede calificarse de ilegítima la detención que, por otra parte, estuvo poquísimo tiempo en carácter de demorado, ya que al ser avisado que reunía la persona de E. características similares a uno de los autores del hecho correspondiente al comercio de pastas, la libertad quedó automáticamente legitimada como uno de los casos de detención sin orden judicial que permite el Código Procesal en la investigación de un delito, a tal punto que tal supuesto se dio antes de ser trasladado a la comisaría...".

Me parece desatinado la alusión a cierta disonancia horaria que pareciera echar un tizne a la actuación policial.

Los fundamentos de la sentencia resultan sólidos al respecto, pues la reconstrucción de lo acontecido (y en particular me refiero a los fundamentos dados por el Juez Defranco) no admite resquicio alguno.

No he podido examinar los dichos de Pinilla y de G., por las naturales razones que complotan en perjuicio de la revisión amplia: lo irreemplazable de la inmediación en el debate.

Pero sí he leído el testimonio de E. (fs. 263/264) y de G. (fs. 129), ambos incorporados por su lectura al debate, y me brindan la misma convicción que al Magistrado, entendida ésta -la convicción- como seguridad de estar en posesión de la verdad, en estado de certeza.

2) El valor probatorio de la pericia realizada sobre el arma secuestrada.

Teniendo en cuenta que el ataque principal, en este punto, se ha asentado en la legalidad de los actos reflejados en las actas de fs. 20/vta. y 27/vta. oportunidad en la que se secuestraron elementos utilizados posteriormente como soporte de pericias, he de decir, en concordancia con lo sostenido por mi colega, que no le asiste razón a los impugnantes.

El Tribunal ha ponderado correctamente el modo en que sobrevinieron los hechos de hallazgo y secuestro, como así también la secuencia temporal de la colección, con estricto cumplimiento de las formas establecidas por el Código Adjetivo.

En efecto, en el acta de fs. 20/vta. el personal policial actuante dio cuenta de la existencia, en la vivienda de Mitre **** en la intersección con calle Moreteau, ocupada por la señora M. T. T., de elementos abandonados por el sospechoso en la urgencia propia de quien se siente perseguido por la fuerza Pública.

Así, se dejó constancia de la actividad de rastrillaje por las inmediaciones y localización y verificación de los mentados elementos, dejándose una consigna para asegurar la preservación de los mismos hasta contar con una orden de allanamiento y secuestro conforme a ley.

La adquisición de evidencia fue consecuencia del allanamiento de fojas 27/vta. y todo indica que, como lo señalé antes, la aplicación de la lógica no trae sino aparejado considerar que aquellos fueron arrojados por E. en su intento de eludir la responsabilidad por el hecho perpetrado.

Es más ha encomiable el orden con el que la policía También en el domicilio sito en calle Mitre xxx se realizaron constataciones y secuestros con la correspondiente orden de allanamiento y secuestro emitida por el Juez competente.

En todos estos casos se cumplió con las formas legales.

3) La cadena de resguardo de la prueba Este concepto connota que todo cuanto sea adquirido procesalmente debe preservarse de modo adecuado para procurar su intangibilidad hasta la realización de actos procesales que lo exijan durante la preparación del caso o el debate.

En otras palabras, la cadena de custodia impide la posibilidad de toda modificación en lo que atañe a los objetos que son expropiados legalmente para el proceso. Que las mismas cosas en su naturaleza, calidad y cantidad permanezcan incólumes en la medida de lo posible para operar sobre ellas cuando las exigencias lo hagan necesario.

De allí la razón que motiva las previsiones que la norma adjetiva, Ley 3155, que exige en el Capitulo III del Título II "De la instrucción", especialmente en el art. 202 cuanto trata de la preservación de los secuestros.

En el sub examine los efectos adquiridos como evidencia fueron debidamente preservados quedando solo una duda respecto de la manipulación del arma, por parte de quienes la encontraron.

Por ese motivo, en el curso de la investigación, no se realizaron pericias dactiloscópicas sobre el arma que se secuestrara a escasos metros del lugar donde fue aprehendido E. por entender que no se encontraba dentro del marco de seguridad que exigía esa clase de experticia.

Mas, sin perjuicio de ello, el acto de secuestro que se indica, fue materializado -como dije antes- en el marco de las pautas procesales impuestas por el Código de Rito, razón por la cual el arma secuestrada y sus proyectiles resultaron soporte válido para la realización de dos pericias, una para determinar la capacidad de disparo y otra para conocer su número de serie y su procedencia.

Esta situación ha quedado consolidada en el rechazó a la nulidad planteada por la Defensa Técnica, mediante el auto interlocutorio de fs. 569/vta., y en la aplicación de igual criterio en el fallo en crisis.

4) El fuste de la motivación del fallo.

En el curso del juicio se acreditó suficientemente la existencia del hecho, el que, de todas maneras, no fue negado por los incusos ni sus defensores.

La mira de la impugnación se puso sobre la autoría en cabeza de los imputados, pues se sostuvo que la prueba colectada no abonaba el estado de certeza respecto a su participación en la perpetración del delito de marras.

Pero, a poco de andar en la lectura de la sentencia, se puede apreciar, sin esfuerzo, la detallada y completa labor desarrollada por los Jueces de la mayoría que uno a uno trataron todos los temas que contuvieron los alegatos, explicando porqué las aprehensiones de los encausados y los secuestros habían sido legales, y de qué manera comprometieron definitivamente a aquellos.

En esa tarea y respecto del acusado E. ponderaron, además de la circunstancias de haber sido aprehendido en proximidades del comercio saqueado, en tiempo concomitante con la huida de los ladrones, el secuestro de varias de las cosas muebles en su poder que el mismo arrojara en su corrida en la vía pública ante la negativa a ser identificado por la prevención en momentos posteriores al hecho: la billetera propiedad de D. con todo lo que tenía en su interior, las cajas de pastas dejadas en la vía pública, el secuestro del celular y el arma en los antepatios y patios de los domicilios por los que transitó en su fuga el imputado.

También la requisa personal realizada al mismo por orden judicial donde se le secuestra el dije azul con la inscripción "Vilma", tres billetes de un dólar, el reloj marca Citizen, dinero nacional y llaves, así como la compatibilidad de las manchas hemáticas existentes en sus zapatos y prendas con la sangre de las víctimas.

Con relación al rol que se le imputó a C. arribaron a la certeza por el reconocimiento en rueda de personas que realizara D. en la instrucción, y el mismo que repitiera en la audiencia de debate en forma concluyente, sumado a ello, las manchas de sangre que tenían las prendas secuestradas a C. en la requisa personal, una de ellas coincidente con el grupo sanguíneo "A" de las víctimas S. y D. y que fueron informados por el Bioquímico.

Los jueces dieron cuenta, además, que otro elemento que confluyó, con los ya mencionados, a arribar al estado de certeza, fueron las circunstancias en las que fue aprehendido C., esto es, en proximidades del local donde se había producido el hecho, nervioso, asustado, resistiéndose a los policías G. y L. que advertidos por G. vía radial sobre las características físicas y vestimentas de los presuntos autores dieron con él en la vía pública.

Todos estos elementos de cargo fueron bien citados y relacionados por los integrantes del Tribunal colegiado que votaron, dando pábulo a su conclusión condenatoria, la que, como ya he manifestado, encuentro completa y correcta.

5) La calificación legal escogida por el Tribunal.

Tampoco habrá de prosperar la pretendida modificación de la adecuación legal del hecho endilgado, toda vez que, como ya lo he expresado cuando traté el tema de la validez del secuestro del arma, éste fue llevado a cabo con estricta observación de los recaudos establecidos por el Ordenamiento Ritual para estos casos, quedando incólumes los actos posteriores dependientes, como lo son las pericias que demostraron la aptitud de disparo del arma utilizada para concretar el despojo, y la realizada con el fin de conocer el origen de aquella.

De esa manera quedó establecido el peligro real que amenazó la integridad de las víctimas al momento de ser reducidas por los incusos, y resultó condición para que operara la agravante del robo con armas por el que han sido condenados.

En cuanto a la descalificación de la hipótesis consagrada en la sentencia en crisis, referida al uso del arma, opino, en concordancia con lo manifestado por el Juez Panizzi que, la explicación a la circunstancia que se refiere, de no haberse disparado el arma cuando forcejearon, pudo ser porque se encontraba en esos momentos con el seguro puesto o, aunque no fuera así, por haber carecido la recámara de un proyectil, lo que desbarata los argumentos de la impugnante.

También deberá rechazarse la postulación del reproche en grado de conato que se reclama, pues parte del botín no fue recuperado, y posiblemente haya sido lo que se llevó el tercer individuo no identificado que logró eludir el accionar de las fuerzas policiales.

Sin embargo la adecuación legal realizada por la "a-quo" no es la correcta porque, según criterio sobre el tema de esta Sala, el hecho se agrava también por haber sido cometido en poblado y en banda, pero dicha falencia, por imperio de la prohibición "reformatio in peius" no podrá remediarse.

6) La individualización de la pena Nada se puede añadir a lo que dijeron los Jueces que se preocuparon por exteriorizar, en forma por demás prolija, completa y abundante, cada una de las circunstancias agravantes y atenuantes que encuentran correlato con las constancias de la causa.

La sanción aplicada es correcta. Los jueces de la inspeccionada han actuado con apego a las reglas de los arts. 40 y 41 del C.P., computando las circunstancias del hecho, las condiciones personales de los imputados. A ello reputo razonable.

IV. Por lo expuesto, coincidiendo con el colega que me precede en la opinión, propicio el rechazo de los recursos de casación deducidos en contra la sentencia de condena, con costas, y la confirmación del pronunciamiento de fs. 629/657 (artículos 24, inciso 2º, 415, 485 y concordantes del Código Procesal Penal).

V. Respecto de los honorarios de los profesionales intervinientes, estimo adecuado lo fijado por el Juez Panizzi, en la suma equivalente al veinticinco por ciento del monto regulado en la instancia de grado (artículos 14 y concordantes del Dto. Ley 2200 y artículo 59 de la Ley 4920) Así me expido y voto.

El Juez Cortelezzi dijo:

Con los sufragios coincidentes de los doctores Alejandro Javier Panizzi y Jorge Pfleger, se ha integrado la mayoría de votos necesaria para conformar la voluntad del Superior Tribunal de Justicia, por lo que haré uso de la facultad de abstención prevista en el art. 357 del C.P.P. (Ley 4550).

Con lo que finalizó el Acuerdo, pronunciándose la siguiente:

--- S E N T E N C I A - 1º) No hacer lugar a los recursos de casación deducidos por los acusados C. J. C. (a fs. 661/671, 683/684) y C. R. E. (a fs. 672/673) por derecho propio, y por el Dr. G. T. (a fs. 674/681), en representación de E., y el Dr. J. E. R. (a fs. 685/695), ejerciendo la defensa oficial de C., con costas (artículo 24, inciso 2°, 415, 485 y concordantes del Código Procesal Penal);

2º) Confirmar la sentencia dictada a fs. 629/657 por la Cámara en lo Criminal de la ciudad de Trelew, registrada bajo el N° 70/06;

3°) Regular los honorarios de los profesionales intervinientes, en la suma equivalente al veinticinco por ciento del monto regulado en la instancia de grado (artículos 6, 10, 14, 45 y concordantes del Dto. Ley 2200, T.O. 4335; artículo 59 de la Ley 4920, Dto. 1303, BO. 24/10/02);

4°) Protocolícese y notifíquese.

Fdo: Pfleger, Cortelezzi, Panizzi.-