Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2008-08-08


SENTENCIA DEFINITIVA NÚMERO: NUEVE San Fernando del Valle de Catamarca, 08 de Agosto de 2.008.- Y VISTOS:

Estos autos Corte N° 84/05 CARRIZO, Noemí Beatriz - c/ MUNICIPALIDAD DE TINOGASTA - s/ Laboral por Cobro de Haberes (Acción de Plena Jurisdicción)", en los que a fs. 56 tiene lugar la Audiencia que prescribe el Art. 39 del Código Contencioso Administrativo, llamándose autos para Sentencia a fs. 56 vta. En este estado el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1) ¿Es procedente la Acción de Plena Jurisdicción interpuesta?. En su caso ¿Qué pronunciamiento corresponde? - 2) Costas. Practicado el sorteo conforme al acta obrante a fs. 63 dio el siguiente orden de votación: Ministros Dres. JOSÉ RICARDO CÁCERES, AMELIA DEL VALLE SESTO DE LEIVA y LUIS RAUL CIPPITELLI. A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cáceres dijo:

A fs. 14 la Sra. Noemí Beatriz Carrizo con patrocinio letrado formula demanda laboral por cobro de haberes adeudados, en contra de la Municipalidad de Tinogasta. Comienza el relato de los hechos afirmando que su incorporación a la planta permanente del personal de servicios de la Municipalidad se produce en el año 2003, después de haber trabajado varios años como contratada. Señala que el día 5/1/2004 por Decreto MT Nº 01/04 las nuevas autoridades municipales dispusieron la derogación de los decretos de incorporación a planta permanente como el cese de sus servicios, afectando dicha medida a otros 22 empleados. Agrega que contra el referido Decreto se formuló acción de amparo, que la Corte de Justicia de la Provincia se pronunció a favor, ordenando la restitución a la situación laboral de la que fueron injustamente privados. Que el día 12/7/2004 mediante Resolución Nº 082/04 la Municipalidad demandada dispuso la restitución ordenada; y que los haberes reclamados corresponden a los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio y proporcional de Julio del años 2.004, además del SAC proporcional, vacaciones y canasta. Por último ofrece prueba y solicita que al hacerse lugar a la demanda se condene al pago de la suma reclamada, con más actualización intereses y costas. A fs. 18/19 el Sr. Juez de 1ª Instancia en lo Civil Comercial, Laboral y Menores de la 5ta Circunscripción Judicial resuelve declarar su incompetencia. A fs. 24 la Corte de Justicia resuelve declarar "prima facie" su jurisdicción y competencia para intervenir en la presente causa.- A fs. 35 la Corte de Justicia declara en rebeldía a la demandada Municipalidad de Tinogasta. A fs. 40vta. se abre la causa a prueba, a fs. 47 se tiene por purgada la rebeldía de la demandada, clausurándose a fs. 50 el período de prueba. A fs. 54/56 la parte actora presenta alegatos, a fs.56 vta. se decreta el llamado de autos para sentencia, con lo que la causa queda en estado de ser resuelta. Siendo ello así y definida la competencia contencioso-administrativa de la materia a resolver la que se refiere a un reclamo de haberes por los meses en que la actora- empleada municipal estuvo suspendida por decisión del Intendente de la Municipalidad de Tinogasta- creo oportuno señalar que dicha cuestión no se circunscribe solo a determinar que Tribunal debe entender en los presentes autos; sino que por el contrario debe decirse, la misma incide en la decisión a tomar, pues la competencia está indisolublemente unida al régimen jurídico aplicable. Que sin duda éste nos impone la concurrencia de determinados presupuestos o de condiciones de admisibilidad de la pretensión procesal administrativa, cuya revisión ex officio se autoriza dado el carácter de orden público que la cuestión reviste. I- En el caso en particular, forzoso es recordar la gran diferencia, que tanto la doctrina y la jurisprudencia ha realizado en cuanto a las diversas vías que tiene el administrado a la hora de acceder a la revisión judicial del obrar administrativo. II- Con ello quiero expresar, que contando el recurrente con un derecho subjetivo originado en una relación preexistente como es la relación de empleo público, debió canalizar su pretensión de cobro de los salarios por los meses en que estuvo suspendida a través del reclamo administrativo previo, permitiendo así a la Administración que defina su posición frente al requerimiento efectuado. III- Dicha diligencia no resulta facultativa para el administrativo, pues tal como se encuentra estructurado nuestro sistema, el régimen del reclamo vendría a conformar la plataforma del proceso contencioso de plena jurisdicción. Pues sabido es, el recurso contencioso, implica siempre la existencia de una decisión previa emanada de la administración pública, puesto que no se recurre contra el hecho causante, sino contra la decisión que es la que vulnera el derecho del recurrente. (Bartolomé A. Fiori, "Que es el contencioso", páginas 85/86) "Lo que se excluye totalmente del recurso contencioso, es la posibilidad de que pueda recurrirse contra una situación jurídica que no sea la expresión de una previa manifestación de la administración que se destaque como una decisión" (autor y obra citada). IV- Siendo ello así, y analizadas las constancias que obran en la causa, he de apuntar la ausencia de la mentada exigencia, carga que como señalara en párrafos anteriores no resulta optativa ni alternativa para el administrado. V- En consecuencia y dado el carácter revisor de actos de la jurisdicción contencioso administrativa, no otra conclusión que el rechazo formal de la demanda se deberá auspiciar en el sub-examine, dejando a salvo el derecho del recurrente de formular el pertinente reclamo administrativo en cualquier momento, pues no otro que el término de prescripción de los derechos materiales controvertidos es el que se deberá tener en cuenta, ello porque tal como se expusiera supra, la demanda persigue solo el reconocimiento de un derecho, de allí que al tratarse de una pretensión no impugnatoria ningún plazo de caducidad pueda aplicarse, pues la deficiencia procesal apuntada no importa el rechazo de la pretensión formulada. En conclusión deberá rechazarse la demanda. Así voto. A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Comparto en un todo las consideraciones formuladas por el Sr. Ministro que inaugura el acto y adhiero a la solución final propuesta, por lo que me pronuncio en idéntico sentido. A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cippitelli dijo:

Que examinada la causa en estudio y compartiendo el criterio y el alcance del análisis efectuado por el Sr. Ministro Dr. Cáceres, me inclinan a la adhesión de su razonamiento y resolución, votando en igual sentido. Así voto. A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cáceres dijo:

Imponer las costas conforme al principio objetivo de la derrota a la parte actora que resulta vencida. A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, la DRa. Sesto de Leiva dijo:

Que una vez más, adhiero a las conclusiones expuestas por el Sr. Ministro preopinante, Dr. Cáceres, para la solución de la presente cuestión, votando en igual sentido. A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cippitelli dijo:

Conforme al principio objetivo de la derrota las costas se imponen a la actora que resulta vencida. Así voto. Con lo que se dio por terminado el acto, quedando Acordada la siguiente sentencia, doy fe. San Fernando del Valle de Catamarca, 08 de Agosto de 2.008.- Y VISTOS:

El Acuerdo de Ministros que antecede y por unanimidad de votos, LA CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA RESUELVE:

1) Rechazar la Acción de Plena Jurisdicción (Laboral por Cobro de Pesos) interpuesta por la parte actora. 2) Con costas a la actora que resulta vencida. 3) Diferir la regulación de honorarios hasta tanto exista base suficiente para ello. 4) Protocolícese, hágase saber y firme o ejecutoriada que sea la presente archívense.