Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-03-19


En la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, a los 19 días del mes de marzo del año dos mil siete, reunida en Acuerdo la Sala B de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, con la presidencia de su titular Dra. Graciela Mercedes García Blanco y asistencia de las Sras. Juezas de Cámara Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts y Dra. Nélida Susana Melero, para dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados:

"S, H J c/ I P Y C S.A. s/ ORDINARIO", expte. nro. 12.235/01, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 1 (expte. nro. 323/00), y atento el resultado del sorteo establecido en el art. 268 del Código de Procedimientos Civil y Comercial (fs. 661), correspondió el siguiente orden para la votación: Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts, Dra. Graciela Mercedes García Blanco y Dra. Nélida Susana Melero.

Acto seguido se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida de fs. 622/629 vta.? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestión la Sra Juez de Cámara Marta Susana Reynoso de Roberts dijo:

Que llegan las presentes actuaciones a la Alzada en apelación (fs 631 y 632) de la sentencia de fs 622/629 vta que admite la demanda y condena a I P y C S.A. a pagar a H J S, la suma de sesenta y un mil ochocientos sesenta y nueve pesos con treinta ctvos ($61.869,30), dentro de los cinco días de notificada, más los intereses de acuerdo al considerando respectivo, rechaza la reconvención incoada por I P y C S.A.

Impone las costas a la demandada vencida y regula los honorarios.

A fs 632 se agravian los apoderados del actor por derecho propio de los honorarios regulados, por bajos y por haberse omitido la fijación de los honorarios profesionales correspondientes al rechazo de la reconvención.

Entiende que los honorarios regulados debieron ser en un porcentual del monto del capital más intereses que en definitiva surja en la etapa de ejecución de sentencia, pues no existe monto total de condena, lo cual conforme a lo establecido en los arts 22 y 47 de la citada normativa, implica casi con seguridad que los honorarios de los peticionantes resultan bajos.

Hace mención a las prescripciones de los arts. 7, 9, 22, 38 y 47 D/L 2200, texto ordenado 4335.

Al haberse rechazado la reconvención, consideran que debieron regularse los honorarios profesionales en forma separada por tal reconvención, y sí numéricamente tomando como monto el articulado por I P y C S.A., con los intereses devengados hasta la fecha del dictado de la sentencia, tal lo dispone el art.19 de la ley 2200 y SD del STJ N° 5/2006.

A fs 640 el actor plantea recurso de apelación contra la denegatoria implícita de la aclaratoria de la sentencia.

A fs 648 se agrega la expresión de agravios y sostiene que independientemente de la facultad que el art. 278 del CPCCCh otorga a esta Cámara para la subsanación del error de tipeo motivo de la aclaratoria y de reconocimiento por parte del Sr Juez, al ordenar recaratular el expediente, tal como surge del beneficio de litigar sin gastos, y de la medida cautelar, así como de la documentación contable, comercial e impositiva agregada a los trámites judiciales, el nombre correcto es H J S.

Error que le produce un perjuicio irreparable.

A fs 650/652 se agrega la expresión de agravios del demandado, quien luego de transcribir parte del fallo, punto 2.3, sostiene que la sentencia incurre en los vicios de arbitrariedad por no valorar las respuestas 4 y 5 del testigo R, ya que la afirmación del a-quo no se compadece con la realidad y arbitrariedad por el hecho de haber registrado contablemente las facturas de transporte emitidas por el actor, y que no pueda sostener que en pago de las mismas se puso a disposición de la actora el uso y disponibilidad de los equipos transportados.

Señala que el asunto no es trivial pues al descalificar al testigo el A-quo ha eliminado una evidencia clara de que el negocio urdido entre las partes no era un mero transporte de equipos, con su precio pagado en dinero, sino un acuerdo en el que la contraprestación a cargo de su parte consistió en ceder el uso de los equipos hasta que se saldara el precio del transporte.

El segundo agravio, dice se configura con la inferencia errónea que, por el registro de las facturas emitidas por la actora, el argumento defensivo de mi parte deviene incompatible.

Aduce que tal registro es la exteriorización de una parte del negocio que fue la prestación del servicio de transporte realizado por el actor, lo que no obstaba al segundo tramo del acuerdo, la contraprestación consistente en el uso del equipo transportado.

Agrega que ese uso tuvo carácter retributivo y por lo tanto oneroso, por lo que se exteriorizó como locación, de allí que se facturara de esa forma y correlativamente con la facturación que emitió la actora.

Hace reserva de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

He de abordar los agravios de la demandada, pues la apelación del actor está sujeta a que se admitan o no los mismos.

Solicita el apelante se declare la nulidad de la sentencia por arbitrariedad por incongruencia al no resultar sus conclusiones de los hechos de la causa y concretamente en la valoración del testimonio de R.

Y sin perjuicio de referirme posteriormente a tal testimonio, se ha de rechazar la nulidad, pues como bien lo dice Roberto G. Lautayf Ranea, en "Recurso ordinario de apelación", pág 437, tomo 2, "Si sólo se trata de vicios intrínsecos de la sentencia, y no obstante ellos el tribunal de alzada está facultado para resolver el fondo del asunto, en tal caso la jurisprudencia ha hecho aplicación del principio de que el recurso de nulidad es de interpretación restrictiva y sólo cabe declarar la nulidad cuando el agravio no puede encontrar suficiente remedio a través del recurso de apelación...".

Se ha sostenido que "la declaración de nulidad de la sentencia sólo procede cuando se ha dictado sin guardar las formas y solemnidades prescriptas por la ley; un enfoque erróneo, la omisión de tratar determinadas cuestiones o la posible extralimitación en el thema decidendum no constituyen causal para admitir el recurso de nulidad" (CNCiv., sala E, "S, V M. c/ D, J", JA 1979-IV-116) "la nulidad de la sentencia -se ha dicho- sólo procede cuando la misma adolece de vicios o defectos de forma o construcción que la descalifican como acto jurisdiccional (art. 253 CPr.), es decir cuando se ha dictado sin sujeción a los requisitos de tiempo, lugar y forma prescriptos por la ley adjetiva (arts 34, inc. 4, y 163, Cód.cit) pero no a hipótesis de errores como los que plantea el que dice de nulidad, que de existir, pueden ser reparados por medio del recurso de apelación también mantenido y en el que este Tribunal de alzada puede examinar los hechos y el derecho con plena jurisdicción (Conf. Palacio, "Derecho Procesal.", t.V, op. 430; Colombo, "Código Procesal", t. I, p. 410; CNCIV., Sala F) "Teoría y Práctica de las nulidades y recursos procesales", Luis A. Rodríguez Saiach, tomo 1, pág. 253.

Asimismo, advierto que los agravios de la demandada se subsumen en la valoración que efectúa el Sr juez de las pruebas incorporadas, para arribar a una conclusión distinta de la pretendida.

Y en casos como los presentes tengo postura firme acerca de que el Juez es soberano para elegir y valorar las pruebas que lo conducirán al convencimiento de la resolución que adopte, sin que esté obligado a valerse de todas ellas, siempre que las elegidas y relacionadas entre sí no conduzcan al absurdo, situación que no se presenta en autos (art. 386 CPCCCh).

Con relación a los agravios, éstos son rayanos en la deserción; nada agregan a lo sostenido en la contestación y demanda, y se limita a sustentar los mismos en la prueba testimonial y en el resultado de las pericias, sin hacerse cargo de los otros argumentos de la sentencia.

En atención al carácter amplio que ha adoptado la Cámara, es que daré respuesta a los mismos, ya que aunque la expresión de agravios diste mucho de constituir un modelo en su género, si el apelante individualiza, aún en mínima medida, los motivos de su disconformidad, o aunque sucintamente y sin alarde de argumentos jurídicos, alcance a formular una crítica, no procede declarar la deserción del recurso (Morello, "Códigos Procesales", tomo III, pág. 362).

En igual sentido se pronunció el Superior Tribunal de Justicia en autos: "P, R J c/ B P S.A.M.C.I.", en donde con fundamento en lo dispuesto por la Corte Suprema de la Nación, ha dicho que "La valoración de la expresión de agravios, a los fines de determinar si reúne las exigencias necesarias para mantener el recurso de apelación, no debe llevarse a cabo con injustificado rigor formal..." y en autos "G, M I s/ Recurso de amparo", Expte 17205-G-1999, mantuvo igual postura.

El sentenciante ha hecho un prolijo detalle de las pruebas producidas, y sólo a fin de abundar, he de consignar otros elementos probatorios que me permiten coincidir con la decisión a la que arribó el sentenciante.

Quedó probado que la actividad que desarrolla el actor es de transporte y mudanza, y también la que realiza el demandado tal como consta en la escritura agregada a fs 289/297.

Asimismo los testigos A y A, confirman el trabajo efectuado por el actor, así como el traslado de equipos de la demandada para la cordillera.

Resulta relevante la pericia de fs 395, 417, toda vez que no se pudo probar la contraprestación que alega el demandado.

Concretamente el Contador A consigna "que no ha aportado ningún respaldo documental que avale la emisión de Fc. 0001-00000012 de la demandada" y a fs 595 la contadora C, dando respuesta al punto c) de las preguntas del demandado, respecto de las facturas que acompañó para avalar sus argumentos, informó, que "no se ha podido responder respecto a las cuatro primeras facturas y su inclusión en el subsidiario ventas, por no contar con las hojas respectiva de este libro.

Y con relación a la última factura (0001-00000012), esta perito no cuenta con el libro diario de la fecha que debería estar registrada".

Y sí coinciden los peritos en que la documentación presentada por el actor se encuentra registrada en los libros de comercio y en el "Libro Diario de la demandada", las facturas emitidas por la actora (fs 417).

Facturas que avalan el reclamo del actor y que se ve reforzado por el informe del perito "Pto. 3.3), no aportándose documentación que pruebe el pago de las facturas enumeradas en el punto anterior", y éstas son las presentadas por el actor.

Y si bien nada obstaba a que lo que el demandado llama segundo tramo, es decir la contraprestación por el servicio de transporte, se acordara, no ha logrado acreditar ese "segundo tramo" y las pericias han dado razones suficientes para arribar a la conclusión del a-quo y que comparto.

Y sólo a fin de abundar, he de referirme al testimonio de R.

Deviene acertada la acotación que efectúa el quejoso, en punto que a fs 624, p.2.3, el a-quo concluye que las respuestas a las preguntas 4ta. y 5ta. le restan eficacia probatoria, razón por la cual no ha de valorarlas, y que a fs 627 se vale del resto de las declaraciones, pero ello no permite dar a las declaraciones de R el alcance que pretende el apelante, pues analizando íntegramente tal testimonio, se concluye que se entregaron al actor equipos vial y repuestos para ser colocados en los equipos viales, y transportados desde la obra de El Bolsón a la base de Comodoro Rivadavia, confeccionándose el respectivo remito, pero que no sabe ni le consta que la entrega del equipo vial y de los repuestos se hiciera en pago de servicios prestados por el Sr H J S.

No dejo de advertir que H a fs 254 contestó que durante el período solicitado, mes de junio de 1996 a la fecha, no hubo vínculo comercial alguno con la firma I P y C S.A.; sin embargo, a fojas sin foliar de la documental reservada bajo el Nº4/2007, el demandado acompaña facturas emitidas por I P donde consta que dicha empresa estuvo durante el año 1999, relacionada con la demandada.

Llamativos y no carentes de esfuerzo y capacidad para defender los intereses de su cliente, son los argumentos dados en la contestación y en la expresión de agravios, pero no permiten destruir la fuerza probatoria que se desprende del material agregado a la causa.

Lo dicho es razón para desestimar los agravios y confirmar la sentencia.

El actor se agravia de los honorarios regulados por entender que debió el a-quo hacerlo en forma porcentual.

Y no encuentro razones para admitir el agravio, ya que el artículo 47 de la ley de aranceles establece claramente en qué caso corresponde la regulación como lo peticiona el actor.

Y en autos existe suma fija y están determinados los intereses y la fecha desde cuándo deben calcularse, en consecuencia, nada impide que la regulación sea numérica, tal como lo decidiera el sentenciante.

Si bien dice el quejoso que interpone el recurso contra la regulación por baja, luego señala que debieron ser fijados en porcentual, de allí que ello "implica casi con seguridad que los honorarios de los suscriptos resultan bajos", no obstante ello y con un criterio amplio, admitiré que el agravio se extiende al monto por bajo.

La queja se refiere también a la falta de regulación de honorarios por la reconvención interpuesta y que fue rechazada.

Debe tenerse en cuenta que de acuerdo al art. 39 del Dto. Ley Prov. 2200 y su modificatoria Ley Prov. 4335 (Los procesos sumarios, sumarísimos, laborales ordinarios e incidentes, se considerarán divididos en dos (2) etapas.

La primera comprenderá la demanda, la reconvención, sus respectivas contestaciones y el ofrecimiento de prueba.

La segunda, las actuaciones sobre producción de prueba y demás diligencias hasta la sentencia definitiva.

Ninguna disposición más allá de la mencionada se refiere a la regulación de los honorarios de los profesionales en caso de demanda, contestación y reconvención, de allí que he de seguir los principios que el Dr Santiago Fassi enuncia en "Código Procesal Civil y Comercial", T.IV, actualización, pág. 104.

"Demanda y regulación, en principio, dan lugar a dos regulaciones independientes, si cada una de ellas se inspira en una acción distinta".

En autos entiendo se trata de tal supuesto, pues si bien en demanda y contestación se reclaman sumas adeudadas, una por la tarea realizada y la otra por locación de cosas, se trata de dos acciones.

Y agrega el tratadista "En tales casos, siendo distintas las acciones, las regulaciones deben fijarse discriminadamente según el resultado de cada una de ellas".

Pues más allá de que la ley de la provincia la contemple o no, "la realidad que no puede desconocerse es que la reconvención significa un trabajo adicional para los letrados que la contestan asumiendo ellos la responsabilidad de una eventual condena por sus defectos...", voto en disidencia, LL1985-E-328.

Se confirmó la admisión de la demanda y el rechazo de la reconvención, y se impusieron las costas en la primera instancia al vencido, demandado y reconviniente.

Y a fin de determinarlos, tendré en cuenta el progreso de las pretensiones de la actora y el rechazo de la pretensión del reconviniente, el mérito de los trabajos realizadas, la complejidad, extensión de la tarea y resultado obtenido (arts. 6, 7, 10, 19 de la ley de honorarios).

Lo expuesto me permite, admitir la apelación de los letrados del actor con relación a los honorarios, los que estimo por haber prosperado la demanda en la suma de $32.760 (treinta y dos mil setecientos sesenta pesos) y $43.350 (cuarenta y tres mil trescientos cincuenta pesos) por el rechazo de la reconvención.

Apeló el actor el rechazo por parte del juez de grado a fs 639, de la aclaratoria que interpusiera a fs 634, concedido el mismo, el actor expresó agravios a fs 648 y vta.

Y entiendo que el mencionado recurso de apelación ha sido mal concedido, ya que al producirse la aclaratoria ya se ha subsanado la omisión, y si se quiere impugnar lo decidido, no sólo debe apelar sino expresar agravios de acuerdo a lo estatuido en el art. 265 del CPCCCh.

Ello así, por cuanto la resolución que desestima el pedido de aclaratoria es irrecurrible, ya que el eventual perjuicio que causa la omisión o el concepto poco claro es susceptible de recurso de apelación, teniendo en cuenta que la interposición de la aclaratoria no interrumpe el plazo para interponer tal recurso (conf. Loutayf Ranea, "El recurso ordinario de apelación en el proceso civil", T.1, P.832; Fenochietto, "Cód. Proc. Civ. y Com. Comentado", T.1. p. 627), en consecuencia es que si causaba gravamen a la actora lo resuelto por el sentenciante en la sentencia definitiva registrada bajo el Nº 73, debió apelarla dentro del plazo pertinente, pero no contra el proveído que deniega la aclaratoria, por ser este irrecurrible (conf. CNCiv. Sala A, 21/8/73, ED.T.51, P.409; CNCiv., Sala A, 12/8/83, LL, t.1983-D, p. 288; DE SANTO "Tratados de los Recursos", T.I, p. 215; esta Sala sent. int. nº 53/2005), registrada bajo el Nro. 099 del año 2005 del Libro de Sentencias Interlocutorias.

Sin perjuicio de lo dicho y más allá de no ser el procedimiento seguido conforme a derecho, no modificar en esta instancia el nombre del actor, provocaría un perjuicio a quien no ha sido responsable de ello, pues el error proviene del tribunal de la instancia anterior.

Por todo lo expuesto, y las facultades acordadas por los arts. 34, 36 y 278 del CPCCCh, admitiré la corrección del nombre del actor.

Las costas de esta instancia las impongo al apelante demandado-reconviniente.

A fin de regular los honorarios de esta instancia, que los difiero para el momento del acuerdo, valoro la labor profesional, el resultado obtenido, la posibilidad que las pretensiones prosperen y demás pautas de los arts. 6 y 14 de la ley de aranceles.

A la segunda cuestión la Sra Juez de Cámara Marta Susana Reynoso de Roberts dijo:

1) Rechazar los agravios de la demandada y confirmar la sentencia en cuanto ha sido materia de apelación.

2) Rechazar los agravios de la parte actora, y modificar el punto 1 de la sentencia de fs. 622/629 vta, respecto al nombre del actor y, en consecuencia, mandar a I P y C S.A. a abonar al Sr H J S, la suma y en la forma dispuesta en la sentencia de la instancia anterior.

3) Modificar el punto 3) de la sentencia en relación a los honorarios apelados por los apoderados del actor, E N y M M N, los que regulo conjuntamente en la suma de $32.760 (treinta y dos mil setecientos sesenta pesos) por la demanda y $43.350 (cuarenta y tres mil trescientos cincuenta pesos) por el rechazo de la reconvención.

4) Costas al demandado-reconviniente vencido.

5) Difiero la regulación de los honorarios de esta instancia para el momento del acuerdo.

A la primera cuestión la Dra. García Blanco dijo:

Apeló la parte demandada reconviniente (fs. 631), la Sentencia definitiva nro. 073/2006.

El juez Aquo hizo lugar a la demanda en todas su partes y condenó a pagar al actor S la suma de $61.869,30, rechazó la reconvención e impuso las costas a la vencida.

Por su parte también se alzaron contra el decisorio por los honorarios regulados los letrados de la parte actora por haberse omitido establecer los correspondientes a la reconvención (fs. 632).

En el fallo recurrido, el actor había reclamado la suma condenada con las facturas que numeró de fecha 22 enero 1997, marzo, abril, mayo, junio, octubre y noviembre del mismo año, lo que es contestado por la contraria argumentando una compensación y reconviene por una mayor.

El juez Aquo estableció el carácter comercial de la relación entre las partes de transporte de máquinas viales y repuestos, más allá del carácter mixto de los actos, tiene en cuenta las pericias efectuadas y sostiene que en los libros no rubricados de la demandada constan las facturas reclamadas, con prescindencia de la negativa tanto de la actividad del actor probada por testigos como su falta de cuestionamiento en el momento comercial oportuno, agrega que llevando irregularmente los libros de comercio, estos juegan en su contra.

Por último, sostuvo que no acreditó con la documentación respaldatoria, ni los hechos en que se funda, la factura por $74415 por la cual reconvino, arribando a la decisión descripta de fs. 622/29 vta.

A fs. 634 se pidió una aclaratoria por cuanto el nombre del actor estuvo mal impreso y fue desestimada, lo que también viene apelado (fs. 639 y fs. 640 fundado a fs. 648).

El memorial de agravios de la demandada reconviniente critica el análisis de la prueba testimonial de R porque el Aquo no la valoró cuando en realidad solo no recordaba el testigo el primer interrogante, eliminó al testigo y por ello una pieza clave para esa parte.

Reanaliza el negocio sosteniendo que la contrapartida de lo facturado por el actor no fue dar suma de dinero, sino el uso de equipo (fs. 650/52).

Hace reserva de derechos.

A fs. 655 es contestado por la actora el memorial de agravios de la demandada.

Análisis de las cuestiones:

La parte demandada apelante expresa agravios sosteniendo una arbitrariedad estructurada en la valoración de la prueba testimonial por parte del magistrado de grado.

He de adelantar que tanto la doctrina como la jurisprudencia sostuvieron que la búsqueda de la certeza mediante un método crítico de conjunto conceptualizado por Gorphe como un método que a la par que contemple cada medio probatorio, tenga en cuenta el conjunto y sea lo bastante sistemático para extraer las relaciones existentes entre todos los elementos ("Apreciación de la prueba", pág. 151, cita Casimiro Várela, "La valoración de la prueba", pág. 52, Ed. Astrea-90).

En cuanto a la apreciación de la prueba, se ha destacado la necesidad de enlazar hechos y circunstancias que hagan desaparecer las sombras que ocultan la realidad jurídica y que la certeza moral no se obtiene muchas veces con una apreciación aislada de los elementos probatorios, tomados uno a uno, sino en su totalidad, por cuanto probanzas que aisladamente pueden ser débiles o imperfectas, en muchos casos se complementan entre sí de tal modo que unidas llevan al ánimo del juez la convicción de la verdad de los hechos (Falcón, E. "Tratado de la prueba", pág. 584 t.1, Ed. Astrea-2003).

En este orden de ideas encuentro que la crítica no resulta suficiente, ya que no cuestiona el análisis de conjunto de la prueba adquirida en el pleito y sus conclusiones, fundamentalmente las periciales contables, sino que pretende atacarlo con citas parciales, que en ningún modo descalifican las conclusiones finales del Aquo que evaluó la totalidad de las pruebas adquiridas y, reitero, en particular las periciales de fs. 395 y vta. y fs. 417.

La contundencia de las conclusiones de los técnicos respecto de la falta de acreditación de las manifestaciones que hacen a su postura defensiva y reconviniente.

Guardó silencio el apelante respecto de las conclusiones de la pericia, la forma en que se llevaban los libros por parte de la demandada, que generaron presunciones en su contra, ningún argumento atacó del decisorio en este aspecto, que además fue cotejado con las restantes pruebas en la causa que prolijamente se detallan en las deposiciones de los demás testigos, sin que la declaración de R tomada en su totalidad dé cuenta de la entrega de los equipos viales al actor con efectos de pago por servicios prestados al accionante.

Ante la variedad de situaciones que se presentan frente a la contabilidad de las partes, el juez debe decidir apreciando la prueba de los libros de acuerdo con los principios de la sana crítica.

La ley recoge máximas de experiencia, al suponer que en los libros llevados regularmente, los asientos son practicados cuando el comerciante aún ignora que las operaciones a que se refieren provocarán un litigio en el futuro; y en principios de contabilidad, que no es una simple compilación de datos sino un sistema en que resulta difícil alterar una de las partes sin afectar el todo (cfr. CCiv. y Com. Lomas de Zamora, Sala II, 19/5/98, in re "C P S.A. vs. L, C y/otro", LL-BA, 1998-1254).

A este fundamento, la doctrina agrega "las dos condiciones de regularidad que se exigen a los libros para ser llevados en legal forma, y que son, su presentación al encargado del Registro, y la imposibilidad de raspaduras y claros.

Esto determina que el legislador posee la seguridad de que el comerciante no ha podido modificar el asiento de sus libros en el momento en que los presenta para usarlos como prueba.

Cuando el comerciante hace su asiento, nada prevé al respecto.

Se limita a su anotación.

Y como la presentación de los libros al registro no le permite sustituirlos, y la prohibición de llevarlos con claros y raspaduras le impide intercalarlos, o modificarlos, al exhibírselos al juez, éste los hallará tal cual como habían sido anotados.

Esa es la base de la fuerza probatoria de los libros de comercio, tanto a favor como en contra de los comerciantes...

No se le cree al comerciante porque sea un comerciante sino porque, forzado por la reglamentación de su profesión, lleva regular y fehacientemente sus libros" (cfr. Conil Paz, A. "Eficacia probatoria de los asientos en contra del titular de los libros de comercio", LL 1993-B, pág. 193).

Tanto a quien no presenta asientos en contrario, hechos en libros arreglados a derecho, como a quien no lleva los libros exigidos por la ley, habrá de exigírsele la prueba "plena y concluyente" a que hace referencia el art. 63, 3º párrafo.

Mas la norma tiene como premisa que éstos son llevados en legal y regular forma (arg. art. 63, primer párrafo), y esa prueba incumbe a quien la invoca, pretendiendo con ella las consecuencias que a su favor establece este dispositivo legal.

La máxima eficacia en juicio que la ley atribuye a los libros de comercio se presenta condicionada a que sean llevados en debida forma, se trate de un pleito entre comerciantes y por hechos relativos a su comercio.

En igual sentido Sentencia n° 902 "M R de la P S.A. vs. C D y Otros s. H. s/ Cobro Ordinario" del 15/10/02 ("RIO MEN S.A. c/ COVEMAT S.R.L. s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO" - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - Sala Civil y Penal - 17/04/2000, Citar: elDial - BB41FC).

En el caso, el demandado no lleva los libros en legal forma, la fragmentación de la prueba testimonial a la que hace referencia el recurrente no transforma en arbitraria la sentencia, pues el contenido general de la restante prueba producida no es objetada ni contradicha, y se hizo mérito, en particular de las periciales, tampoco se omitió para la resolución del caso la consideración en base a los hechos invocados por las partes para poder arribar a la solución del pleito.

Siendo insuficiente la pretendida arbitrariedad de la sentencia con la crítica parcial de una de las pruebas, lo que hace desmerecer el argumento fundante y la consiguiente apelación.

Procediendo al tratamiento de los agravios de los letrados del actor, el argumento de la porcentualidad no prospera por cuanto contradice el propio texto de los artículos que corresponde aplicar al caso y que los propios recurrentes asientan sus quejas por considerar bajos sus honorarios a saber, arts. 6, 7, 47 de la ley arancelaria, habida cuenta que no solo existe una suma concreta por la que se estableció en el fallo, y es un simple cálculo los intereses a la tasa que se condenó la sentencia lo que no amerita por la precisión y la factibilidad y facilidad del cálculo la regulación porcentual pretendida, desestimándose en este aspecto el agravio.

No así respecto del monto que arroja el cálculo del Aquo al establecer el honorario, considerando la labor desarrollada así como el monto de la sentencia el mismo es bajo y debe reajustarse, coincido con el monto establecido por la Sra. Camarista prevotante respecto de los apelantes y hago propia la decisión.

Varía la suerte de estos letrados apelantes respecto de la reconvención, la misma fue desestimada, versó demanda y reconvención sobre el mismo objeto, en el caso corresponde practicar regulación como una sola acción (ver Cámara - Sala Civil y Comercial - Concepción del Uruguay - Citar: elDial - AT923).

Aplico tal criterio en el convencimiento que computar el monto de la reconvención, no supone ampliar el ámbito económico en que quedó enmarcada la litis contestatio de la demanda.

Ello es así pues, si demanda y reconvención versan sobre el mismo objeto, es improcedente la acumulación de ambos montos a los fines de fijar los honorarios profesionales.

Proceder de otro modo implicaría practicar doble regulación por un proceso que estuvo sometido a un mismo trámite y que, por ende, no justifica computar dos veces igual monto, aunque sí cabe tener en cuenta que la reconvención significa un trabajo adicional para los letrados que la contestan asumiendo ellos la responsabilidad de una eventual condena por sus defectos (ver L.L. 1989-A-319; LL 1985-E-328).

Por tales argumentos desestimo el agravio en este punto.

Por último, el recurso de aclaratoria y su apelación: el mismo no es apelable; por otra parte, tampoco lo fundó el recurrente, lo que merece su desestimación.

No obstante, existen facultades del Ad quem que posibilitan, conforme lo establecen los arts. 277 y 278 del código ritual, rectificar errores de la instancia de grado aunque no haya pedido aclaratoria, toda vez que se trata de una cuestión que no altera el fondo de litigio, ni se contrarían las pretensiones de las partes (conforme Fassi, Santiago, Yáñez, César "Código Procesal..., t.2, Com. art. 277 y art. 278, págs. 500 y siguientes, Ed. Astrea-89).

Las costas de la Alzada se imponen a la demandada vencida según principio objetivo de la derrota (art.68 del ritual), comprenden el mismo concepto la apelación por los honorarios de los letrados de la actora que prosperaron parcialmente, difiriendo la regulación de los honorarios de los profesionales actuantes en esta instancia para el Acuerdo.

A la segunda cuestión la Dra. García Blanco dijo:

Esta vocalía propone:

1.- Desestimar los agravios de la demandada, según considerandos respectivos.

2.- Modificar la sentencia de grado punto primero condenando a I P y C SA a pagar a H J S la suma condenada en la instancia de grado, según facultades del art. 277 y 278 del CPr y considerando respectivo.

3.- Rechazar parcialmente los agravios de los letrados de la parte actora, modificando la sentencia en el punto 3ro. fijando los honorarios de los Dres. E N y M M N en $32.760 en forma conjunta según considerando respectivo.

4.- Costas de la Alzada a la demandada- reconviniente apelante, según considerando respectivo, difiriendo la regulación de los honorarios profesionales al momento del Acuerdo.

5.- Tener presente las reservas efectuadas.

A la primera cuestión la Dra. Melero dijo:

Considerando que, a tenor de la exi-gencia del art. 169 de la Constitución de la Provincia del Chubut, es innecesaria la repetición de los argumentos formulados por las partes en cada uno de los votos de la Alzada, razón por la cual a fin de evitar reiteraciones estériles que afectan los principios de celeridad y concentración procesal y resultando de quienes votan precedentemente la síntesis suficiente del caso traído a decisión, a la misma me remito.

I.A) Advierto que ha llegado firme a mi consideración por la mayoría lograda por mis colegas preopinantes, la temática sobre: 1) rechazo de agravios de las partes actora y demandada, modificando parcialmente el pto. 1ero. del fallo, condenando a la demandada a pagar al actor la suma condenada en primera instancia; 2) Modificar parcialmente el pto. 3ero fijando la regulación de los honorarios profesionales de los Dres. E y M M N en la suma de pesos treinta y dos mil setecientos ($32.700); 3) Imponer las costas de la Alzada a la parte demandada - reconviniente, quedando como desacordada la cuestión atinente a la procedencia de regulación de honorarios profesionales en el caso de efectuar reconvención.

Las circunstancias apuntadas hacen que me aboque a la emisión de mi voto sobre los puntos individualizados como desacordados en virtud de lo establecido por el art. 271 del CPCCh, ya que resulta suficiente para adoptar decisión los votos coincidentes de quienes me precedieron, máxime cuando el Excmo. Superior Tribunal de Justicia de esta Provincia ha admitido en sentencia de 01/06/98, mediante voto del Dr. Torrejón, que "La circunstancia que un magistrado haya tratado con mayor relevancia en su voto no significa discordancia, pues los jueces son libres de decidir los elementos que forman la convicción, siempre que se ajusten a los criterios de valoración de las pruebas, establecido en el orden procesal, y a todo evento llegan por distintos caminos a idéntica conclusión, formando así la mayoría legal suficiente para justificar el fallo".

I.A-a) En lo atinente a la procedencia o no de la regulación de honorarios profesionales en caso del planteamiento de reconvención (fs. 632 vta. - pto. 5to.), amerito que la Ley arancelaria provincial establece en el art. 7 que los honorarios de los abogados serán fijados sobre el monto del proceso, definiendo el mismo en su art. 19 como la suma que resultare de la sentencia o transacción, con lo cual nada dice sobre que corresponda regular honorarios sobre la base del planteamiento de reconvención, por lo que ha de tomarse la demanda y reconvención bajo una misma pauta, ya que proceder de otro modo implicaría practicar doble regulación por un proceso que estuvo sometido a un mismo trámite y que, por ende, no justifica computar dos veces igual monto, aunque sí cabe tener en cuenta que la reconvención significa un trabajo adicional para los letrados que la contestan asumiendo ellos la responsabilidad de una eventual condena por sus defectos.

En este sentido la Corte Suprema de Justicia ha resuelto que aún cuando exista duplicidad de acciones, al quedar trabada la litis por la vía de la acción y de la reconvención, tal circunstancia no es óbice para ignorar la unidad del proceso y la unidad de la regulación (conf. "N, E c/ D S.A. s/ Ordinario" - Fallo: 92190076 - Primera Cámara Civil - Mendoza - 1992/02/06 - Corte en Pleno - Expediente: 130461 - Ubicación: S149-104r: elDial - MC2BB).

Por dichos entendimientos arribo a la conclusión que deben desestimarse los agravios expuestos a fs. 632 vta. y confirmar la sentencia en este sentido. A la segunda cuestión la Dra. Melero dijo:

Por coincidir con la fórmula postulatoria de la vocal preopinante Dra. Graciela Mercedes García Blanco y considerar que esta parte del voto no está comprendida en la manda constitucional del art. 169 CPCCh, a la misma me adhiero.

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar, con la disidencia parcial de la Dra. Reynoso de Roberts, la siguiente SENTENCIA:

1) Desestimar los agravios de la demandada, según considerandos respectivos.

2) Modificar la sentencia de fs. 622/629 vta., punto primero, condenando a I P y C SA a pagar a H J S la suma condenada en la instancia de grado, según facultades del art. 277 y 278 del CPr y considerandos respectivos.

3) Rechazar parcialmente los agravios de los letrados de la parte actora, modificando la sentencia de fs. 622/629 vta. en el punto tercero, fijando los honorarios de los Dres. E N y M M N en TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS ($32.760), en forma conjunta.

4) Costas de la Alzada a la demandada- reconviniente, apelante, a cuyo fin se regulan los honorarios profesionales del Dr. E N en la suma de PESOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIEZ ($9.810) y del Dr. J M F de las C en la suma de PESOS DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($2.750).

5) Tener presente las reservas efectuadas.

6) Regístrese, notifíquese y devuélvase.

GRACIELA MERCEDES GARCÍA BLANCO -Presidente MARTA SUSANA REYNOSO de ROBERTS - Juez de Cámara NÉLIDA SUSANA MELERO - Juez de Cámara REGISTRADA BAJO EL nro. 11 DEL AÑO 2007 DELLIBRO DE SENTENCIASDEFINITIVAS