Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-10-20


AUTOS N° 20.171 (109.215 - CONT. ADMIN.) "COLLADO José Antonio C/ Provincia de San Juan - Amparo por Mora" L. DE A. T° 168, F° 154/159 SAN JUAN, 20 de octubre del año dos mil nueve. VISTO:

Para resolver en estos autos N° 20.171 (109.215 - CONT. ADMIN.) caratulados "COLLADO JOSÉ ANTONIO C/ PROVINCIA DE SAN JUAN - AMPARO POR MORA", el recurso de apelación interpuesto por el actor, a fs. 125, contra la sentencia interlocutoria de fecha 20 de mayo de 2009, cuya copia obra a fs. 122 dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo.

Y CONSIDERANDO:

El recurrente funda su apelación argumentando que le causa agravio la sentencia recurrida en cuanto impone las costas por su orden y particularmente, el Dr. Federico de la Torre apela los honorarios regulados por ser manifiestamente bajos.

Con relación al primer cuestionamiento sostiene que es errada la apreciación de la sentencia en cuanto estiman que se trata de un proceso instrumental en el cual no hay contienda ni debate y de que pudo el interesado utilizar una vía gratuita.

En contra asevera que es unánime el criterio de la doctrina judicial que cuando se verifica la mora de la administración ella debe responder por las costas. El tema pasa por la ilegitimidad, ilicitud e ilegalidad de la conducta reticente de la administración que genera la necesidad de interponer la demanda, con lo cual no puede cargar económicamente el administrado.

Por otra parte, expone que con creces se había superado el término en los cuales el órgano administrativo debió despachar el expediente, pues estima que toda actuación realizada por los órganos de la administración que no resuelvan el fondo del Recurso Jerárquico resultan inocuas dado que no producen la interrupción del plazo de 60 días previstos por el art. 9 del Decreto 655.

Aún en el caso de considerarse como interruptivo el plazo otorgado el día 04/08/08 para ampliar o mejorar el recurso jerárquico interpuesto, aún así se encontraría cumplido el plazo de 60 días al momento de interponer la demanda de amparo por mora el día 19/12/08.	El plazo legal para dictar la resolución de fondo, es obligatoria para la administración y ésta no tiene la posibilidad legal de dividir el plazo según tantas intervenciones previas realizadas para dictar la resolución.

Por otra parte, se hace cargo del aserto de la sentencia de que debió recurrir a la instancia gratuita contestando que el pronto despacho administrativo carece del imperium compulsivo del Amparo por Mora, adjuntando doctrina judicial y autoral en aval de su posición.

En cuanto al recurso interpuesto por el profesional de la abogacía contra la regulación de los honorarios que estima bajo, expresando que labor no se limita a lo que expresa el resultado final del amparo por mora sino que es menester el estudio de la base administrativa para determinar si se da el presupuesto de mora y a la par realizar distintas gestiones que no reflejan los escritos existentes en autos.

Formuló reservas.

Corrido traslado al a contraria, ésta en función de los argumentos que vierte solicita la desestimación de la pretensión recursiva. En paralelo y para la hipótesis de que se hiciere lugar, deja planteada como apelación subsidiaria el recurso autorizado por el art. 228 de la ley 2150 por considerar a la suma de $ 800 elevada.

Deja planteada reserva y cuestión constitucional.

Propuesto los themas decidendum de este modo por las partes, corresponde precisar que en autos N° 19.735 (104.089 Cont. Adm.) "Martínez, Stella Marys c/ Provincia de San Juan - Amparo por Mora", (L. de A. Tº 138/142 - 6/11/2008), recordábamos que en autos N° 19.002 (86.529 - 8º Civil) "Correa D´Amico, Mario Daniel c/ Provincia de San Juan - amparo por mora" dictado en fecha 30 de marzo de 2007 (L de A. Tº 150 F 136/141) se dijo que "ab initio cabe precisar que el mandato legal contenido en el art. 41 de la Constitución de San Juan del año 1986, en el cual se regula concretamente el instituto del "Amparo por Mora", ha puesto punto final a toda discusión relativa a si el Estado tiene o no el deber de pronunciarse con anterioridad a la reforma nacional.

Ello es así, por cuanto no se podría conceder - a toda persona interesada - la facultad de reclamar la protección de la jurisdicción cuando sufriere un perjuicio material, moral o de cualquier naturaleza por incumplimiento del deber que una ley u otra ordenanza imponga a un funcionario o entidad, si no existiere, aún cuando fuere como un deber implícito (arts. 33 C.N., 12 C.S.J.), la obligación de dar respuesta a los requerimientos deducidos en el ámbito del trámite administrativo por los particulares.

En directa vinculación con el deber de pronunciarse que tiene la Administración, ha sido recepcionado expresamente en algunos fallos de la provincia, cuando se fijo que "el Estado y sus organismos, a través de sus respectivos funcionarios responsables, tienen el deber innegable de ser los primeros en cumplir con las disposiciones o resoluciones de orden judicial a fin de, no sólo de no perjudicar a los justiciables con demoras injustificadas en el cumplimiento de sus deberes, sino también en atención al respeto que merecen las decisiones de los jueces que han quedado consentidas." (Cám. Apel. Civ. Com. y Minería, Sala Segunda, autos Nº 17.902 "De la Torre Raúl c/ Provincia de San Juan - Amparo por Mora", L. de S. 2004 Tº II F 165/170, 4/8/2004).

En idéntica dirección, en otra sentencia, se marcó que "la administración está obligada a resolver, tiene el deber jurídico de resolver expresamente las cuestiones que frente a ella se susciten y debe hacerlo conforme a ciertas pautas que le son legalmente impuestas. Tiene a su cargo la impulsión e instrucción de las causas de oficio (art. 1º de la ley 3784), debe actuar con celeridad, economía, sencillez y eficacia, mediante decisiones fundadas. Además no tiene que resolver en cualquier momento, sino dentro de los plazos y límites temporales que en cada caso se le fijen para hacerlo, pues los plazos son obligatorios tanto para los interesados como para la Administración. Su silencio es la típica violación de un deber de acción; es que el silencio de la Administración consiste en la duración de una situación que debe cambiar. La demora en resolver se convierte en silencio cuando vencen los plazos que la administración tiene para pronunciarse; a partir de ese momento queda configurado el incumplimiento." (Cám. Apel. Civ. Com. y Minería, Sala Tercera, autos Nº 7917 "González de Soria, María Cristina y otros c/ Provincia de San Juan - amparo por Mora", 26/09/2003, Prot. de Sent. Tº III Fº 460/462-2003).

Por su parte, la Corte de Justicia de la Provincia, con acertado criterio dado que sintetiza la evolución del instituto, ha sostenido en expte. Nº 2995 "Roldán, Juan Alberto c/ Provincia de San Juan - Amparo por Mora Administrativa - Inconstitucionalidad" PRE Sala 2ª-2004-II-288, 2/07/2004) que "los plazos son obligatorios para la Administración (art. 1 inc. "e" n 1 de la Ley 3.784); que el administrado tiene derecho a una decisión expresa y fundada (art. 1 inc. "f" n 3); que considerar el silencio como denegatoria tácita es una opción prevista a favor del particular y no una prerrogativa a favor de la Administración; la vigencia del principio pro actione y por último -y principalmente - que desde que el instituto del amparo por mora fue incorporado a la Constitución de la Provincia (art. 41) con carácter de cláusula operativa y sin sujeción a condicionamiento alguno - como los que aquí la parte recurrida pretende - debe prevalecer en función del principio de supremacía constitucional.".

A partir de ello, cuando se examina el planteo formulado por la recurrente relativo a la carencia de facultades de la Jurisdicción para declarar la caducidad de una acción contenciosa administrativa. Con relación a ello, es correcta la apreciación del recurrente al sostener que cuando se trata de un proceso de amparo por mora no tiene, el tribunal judicial, abierta la posibilidad de declarar caduca la acción contencioso administrativa, sino de expresar si procede o no el requerimiento para que se pronuncie el Estado.

En ese sentido, cabe recordar que la doctrina fijada por el voto mayoritario de los miembros de la Corte de Justicia de San Juan en el caso "Lucero, Nora A. de y otros c/ Provincia de San Juan s/ Contencioso Administrativo s/ Inconstitucionalidad y casación" (P.R.E. Tº 1991 fs. 86/97), citado en su crítica por el recurrente, marca el ingreso a la nueva tendencia que impone el deber de pronunciarse al Estado y reconoce, en paralelo, el derecho de los administrados a tener un pronunciamiento cierto a su petición. (P.E.A., "Reflexiones sobre los efectos del silencio de la administración con relación a la acción contencioso administrativa", LL Gran Cuyo, 2003 (Diciembre), pag. 788).

Ante ello, el silencio o reticencia del Estado que se manifiesta al no pronunciarse ante un pronto despacho administrativo, le da la opción al administrado para iniciar la instancia judicial o para esperar el pronunciamiento efectivo de la Administración. En este último caso, puede ser impulsado con la interposición del amparo por mora en sede judicial, dado que la interposición del pronto despacho administrativo no impide la interposición del amparo.

Esta doctrina fue aplicada precedentemente por este tribunal en el caso Nº 18.700 "Correa de D´Amico Mario c/ Prov. de San Juan - Amparo por Mora" (L. de A. Tº 146 F 198/201) cuando sostuvo aplicando la doctrina del caso "Roldan..." emitido por la Corte local que "el administrado tiene la opción de acudir al juicio contencioso administrativo en base a la denegatoria tácita, pero también puede optar por esperar el dictado de un acto administrativo expreso, que en caso de ser denegatorio le abrirá la posibilidad de promover el pertinente juicio contencioso administrativo. Ahora bien, si el administrado puede ejercer la opción de esperar la resolución expresa que en forma tardía la Administración dicte, también -claro está- puede exigir el pronunciamiento, instándolo, para lo cual tiene las herramientas que el ordenamiento procesal administrativo pone a su disposición. Esto es, en los casos donde la denegatoria tácita se produce automáticamente (supuesto en que es de aplicación el art. 25 de la ley 3.784) podrá el interesado instar el pronunciamiento de la Administración interponiendo el pronto despacho previsto en el art. 10 de la ley 3.784 y también el amparo por mora contemplado en el art. 22 ibídem. Estos dos institutos, en el régimen local -en aquellos supuestos, como el de la especie, en que rige el art. 25 de la ley 3.784- no son incompatibles, dado que - como ya se vió- aquí el pronto despacho no tiene por finalidad provocar la denegatoria tácita sino habilitar la vía impugnativa subsiguiente...".

En igual sentido, se ha juzgado en autos 20140 "Martinez, Stella Marys c/ Provincia de San Juan - amparo por mora" (L. de A. T° 167 F° 96/98 - 31/08/2009) aseverando que "la acción de amparo por mora consagrada en el art. 41 de la C.P. y regulada por ley 3784, constituye un instrumento instituido en protección del administrado en su relación con la Administración, cuando ésta ejerce función administrativa.

Su procedencia, requiere la existencia de una situación objetiva de mora en cumplir el deber impuesto en un plazo determinado, siempre que la omisión afecte un derecho subjetivo o un interés legítimo y que sea imputable a un funcionario, repartición o ente público administrativo.

Cuando el particular debe recurrir, por causa de la administración, a los estrados de la justicia, a efectos de obtener una orden de pronto despacho -de índole netamente procedimental- a fin de que la autoridad administrativa se expida en forma favorable o contraria a su recurso, es justo que la parte que, con su conducta negligente, ha obligado al actor a demandar, cargue con las costas del proceso.

Más aún si la administración no justifica su demora ni expide el acto requerido durante el transcurso del proceso, debiendo el juez ordenar el pronto despacho, lo que en autos se dispuso a fs. 21 vta..

Es decir, en conclusión que corresponde imponer las costas a la administración demandada si ésta produjo la demora que obligó al actor a incoar la acción judicial por el acto administrativo estaba a su cargo".

Fijada la doctrina aplicable al caso se advierte que al momento de impetrar el amparo por mora (19/12/2008), la administración no había dado respuesta al recurso jerárquico introducido en fecha 21 de julio de 2008. Por el contrario, conforme se surge de los antecedentes agregados a los autos y considerado por el A quo, es en fecha 11 de febrero de 2009 el Ministerio de Hacienda y Finanzas dictó la Resolución 0075-MHF.

Como se colige el pronunciamiento requerido es dado dentro del plazo para evacuar el pedido de informe con lo cual ha devenido abstracto, y así es declarado por la sentencia puesta en crisis.

Sin embargo, se advierte que el pronunciamiento ha sido emitido luego de vencido el plazo legal para hacerlo, lo cual ha generado la necesidad para el actor de iniciar la acción de amparo por mora, pues si hubiera sido dado en tiempo, se debió desestimar la pretensión de amparo.

Va de suyo, que resulta injusto que el administrado deba asumir el costo del proceso cuando tenía justificación legal para iniciarlo, por lo que corresponde modificar la sentencia e imponer las costas a la Administración vencida.

Atento a ello y el contenido de los recursos relacionados con la cuantificación de los honorarios regulados al abogado Federico de la Torre, los mismos se estiman bajos y deben ser elevados atendiendo la actuación realizada en autos a la suma de $ 1.500.	Por ello, SE RESUELVE:

Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto a fs. 125. En consecuencia: I. Imponer las costas a la Provincia requerida. II. Modificar la regulación de los honorarios devengados por la tramitación en la primera instancia en favor del abogado Federico de la Torres, en la suma de pesos un mil quinientos ($ 1.500).

Protocolícese, notifíquese en debida forma y previa reposición de sellado de ley, si así correspondiere, bajen los autos al Juzgado de origen.