marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de reposición (procesal), resoluciones de la alzada
Materia: PROCESAL
Carátula: Hernández, Hugo Alberto c/ Palomo, Luis y otros s/ Ejecución de honorarios en autos: Gómez, Segundo Arcangel c/Giovine, Ricardo  Anselmo  y  Palomo,  Luis   s/ Ordinario - Expte: nº 246/89. autos: Gómez, Segundo Arcangel c/Giovine, Ricardo  Anselmo  y  Palomo,  Luis s/ Ordinario - Expte: nº 246/89.
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1997-04-09

Las resoluciones dictadas por la Sala que interviene en el turno correspondiente, y como juez del recurso, carecen del carácter de providencias simples y por lo tanto insusceptibles del recurso de reposición (art. 240, 160, 271 y conc. del Código de Procedimiento).
Sentencia, nulidad de oficio
Materia: PENAL
Carátula: Zanazzi, Jorge Omar s/ Homicidio culposo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-03-10

No procede la anulación de oficio de lo actuado a partir de la resolución que concedió en relación el recurso de apelación deducido por el representante del particular damnificado contra la sentencia que absolvió al procesado si no se advierte que la omisión de notificar dicha resolución haya generado una situación excepcional de incompatibilidad con el debido proceso, siendo innecesario resolver si el régimen de los arts. 40 y 448 del Código de Procedimiento Penal imponía que sea notificada la defensa.
Instituto Nacional de Reaseguros, daños y perjuicios, dolo
Materia: COMERCIAL
Carátula: Lucero Cia. Arg. de Seg.  S.A. c/ I.N.DE R. s/ DAÑOS  Y PERJUICIOS  -  SEGUROS  -  CULPA  CONTRACTUAL  -  INSTITUTO  NACIONAL DE REASEGUROS - DAÑOS Y PERJUICIOS - DOLO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-08-07

Si bien el proceder ilegítimo de la aseguradora, no justifica idéntica actuación por parte del Instituto Nacional de Reaseguros, sí debe ser computado para la determinación del dolo de éste, pues su conducta fue consecuencia de aquélla.
Accidente de tránsito, desvalorización del automotor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MUSCARI DOMINGO GERONIMO c/ ESLISHALN RAUL Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-02-07

Si viene inatacada la afirmación de que el perito no inspeccionó el automóvil siniestrado luego de ser reparado, no surge acreditado el menoscabo en cuanto al rubro desvalorización del rodado, lo que veda conceder indemnización alguna -art. 1083 C. Civil-.-
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestiones de hecho y prueba, sentencia arbitraria, apartamiento de las constancias de la causa
Materia: PROCESAL
Carátula: Frieboes de Bencich, E.I. s/ incidente de determinación de crédito de O.S.N. y Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y Aguas Argentinas
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-04-29

Si bien el recurso extraordinario no tiene por objeto revisar decisiones de los jueces de la causa relativas al alcance otorgado a cuestiones de hecho, derecho común y procesal, salvo que medie apartamiento de las constancias comprobadas de la causa o inequívoca y manifiesta omisión de las normas conducentes para la solución del litigio, no se configura ninguno de los supuestos enunciados cuando la decisión objeto de recurso no resulta contradictoria con la anterior del mismo tribunal -con distinta conformación- si ambas resolvieron cuestiones de distinta índole. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Contrato de trabajo, indemnización por despido, daños y perjuicios, Banco Central de la República Argentina
Materia: LABORAL
Carátula: González María Eugenia c/ Vieira Argentina SA s/ otros reclamos-daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-04-28

El Banco Central instruyó un sumario por infracciones cambiarias contra la demandada, contra dos directores de ésta y contra la actora. Los abogados de la empresa demandada se hicieron cargo de las defensas. Sin embargo, la actora, por desconfianza, decidió afrontar su defensa contratando un abogado propio. Por ello, reclama los gastos que ella irrogó y el daño moral por la angustia que le generó la situación. La interpretación del art. 63 L.C.T. implica que una de las directrices para interpretar la conducta de las partes es su ajuste a la regla de la buena fe, y el comportamiento de la demandada se ha ajustado a esa regla. En este sentido, la accionada ofreció desde el primer momento el asesoramiento y defensa de los derechos e intereses de la actora en forma conjunta con los de la empresa y sus directivos. Si bien la actora podía válidamente elegir la dirección letrada que le pareciera más apropiada a la defensa de sus intereses y a su tranquilidad personal, esta decisión excede la indemnidad pactada en el convenio de desvinculación, y no obliga a la demandada a cargar con los gastos de la elección personal de la demandante.
Violencia de género, responsabilidad del Estado, deberes del juez, Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Acosta, Bruno Ariel y otros  c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-06-28

Cabe destacar que, según la Convención de Belém do Pará (Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Ley 24.632), es un deber estatal el respeto al derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia tanto en el ámbito público como el privado (art. 3) y de que se respeten y protejan sus derechos humanos, y que es deber de los magistrados encargados de aplicar la ley, hacerlo con una adecuada capacitación en políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer (art. 8.c). Asimismo, la mujer tiene derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos (art. 4.g).
Intereses compensatorios, tasas de interés
Materia: CIVIL
Carátula: B. E. TENNIS COURTS S.A c/ SALEM César s/ DESVALORIZACION MONETARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-12

En razón de la mora, los intereses que compensen la falta de utilización del capital y sanciona el incumplimiento no pueden exceder la tasa del 15% anual.-
Nulidad procesal, denuncia, autoridad de prevención, vista de las actuaciones, falta de vista al fiscal
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: García Huidobro, José s/ Nulidad procesal.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-10-28

Corresponde declarar la nulidad de lo actuado por falta de requerimiento fiscal de instrucción, toda vez que de la interpretación armónica de los arts. 188 y 195 del C.P.P. , se desprende que la impulsión del proceso, en los supuestos de denuncia ante la prevención, corresponde en forma exclusiva al fiscal.
Prescripción, cómputo del plazo, daños y perjuicios
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Navarro, Marta Zulema c/ Estado Nacional - Ministerio de Defensa - Estado Mayor Gral. del Ejercito s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-07

En una acción por daños y perjuicios deducida contra el Estado Nacional por la madre de un agente que falleció en un acto de servicio, el plazo de prescripción debe comenzar a correr desde el momento en que el juez de la causa penal decide que la responsabilidad por el suceso recae en el teniente que interviene en dicho operativo, y no desde la fecha en la que se produjo el infortunio, pues hasta entonces la actora ignoraba la mecánica del accidente y las responsabilidades que podía eventualmente generar.
Honorarios, acción judicial, leyes
Materia: PROCESAL
Carátula: Banco Mayo Cooperativo Limitado c/ Ramos, Sergio Horacio y otro s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-18

3 - Así, las pautas regulatorias previstas para el juicio ejecutivo no pueden ser empleadas para remunerar labores desplegadas en el marco de la ejecución de honorarios y, por consiguiente, la retribución mínima establecida para aquel proceso tampoco resulta aplicable.
Prueba pericial, jueces, reglas de la sana crítica
Materia: LABORAL
Carátula: Héctor Manuel Jara c/ Empresa  Operaciones Especiales Argentina  S.A.  y/o sus Propietarios y/o Integrantes y/o Quien Resulte Responsable s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1991-05-29

Es el Juez quien tiene imperio y si el admitiera como plena prueba una pericia no impugnada, se apartaría del principio de la sana crítica y estaría cediendo su jurisdicción al experto que sería quien, en definitiva, resuelva la causa. Ello no es como pretende la actora: el magistrado se encuentra obligado a valorar las conclusiones de la pericia y puede apartarse de ella.
Contratos informáticos, obligaciones de las partes
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: IBAÑEZ, ARMANDO F. c/ MIGUELES MIGUEL Y OTRO s/ RESCISION DE CONTRATO, DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-02-12

En los contratos informáticos el profesional tiene como primer deber precontractual, estudiar las necesidades del usuario, y requerirle toda la información necesaria acerca de lo que espera obtener con el servicio o equipo que pretende adquirir, de las particularidades de su organización, de la existencia o no de sistemas informáticos en su empresa, de la compatibilidad o no de los nuevos equipos o servicios con el sistema ya existente, de la modularidad de lo ofrecido, en función de sus necesidades futuras, del espacio físico, corriente y climatización que dispone, etc. En esta etapa el cliente asume un papel muy activo, siendo éste quien aporta los datos necesarios para que el profesional emita su consejo,quien a su vez debe requerir al usuario los datos o informaciones complementarias que pudieren haber sido omitidas por desconocimiento o inexperiencia. Esto explica que sea el profesional informático quien esté en mejores condiciones de probar estos extremos, a cuyos efectos es sumamente prudente la implementación de documentación precontractual suscripta por las partes, que sea expresión concreta de las necesidades del usuario y las informaciones complementarias pertinentes, instrumento que, ante la eventualidad de un conflicto, permitirá al proveedor probar el análisis insuficiente o incorrecto hecho por el usuario de sus propias necesidades, y al usuario, probar su mala interpretación por parte del proveedor. La falta de tal elemento probatorio debe, en principio, interpretarse en contra del profesional quien, por sus conocimientos técnicos y por la aludida situación de superioridad en que se encuentra, está en mejores condiciones de determinar y valorar dichos aspectos. Este deber de informar no se agota en la etapa de tratativas precontractuales. Una vez concretado el negocio jurídico, el operador informático asume la obligación de informar al adquirente o usuario sobre los aspectos atinentes a la fase de ejecución del contrato. Esta obligación es accesoria de la obligación principal de entregar y poner en funcionamiento el sistema.
Costas, exención de costas, allanamiento
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: S., J.C. y Otros s/ Solicitan Tercería de Dominio en Autos:"N., P. A. c/Ch., S.s/Ejecutivo"
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-10-08

Para que proceda la eximición de costas es necesario, como requisito negativo del allanamiento, que la parte que adopta tal actitud no hubiese dado lugar por su culpa a la reclamación de la contraria.
Acción de amparo, bien jurídico protegido, Administración Pública, acto administrativo, recursos administrativos, juegos de azar, bingo, recurso contencioso administrativo
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: LOPEZ, EDUARDO JOSE s/ AMPARO - RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº  671-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-07-28

La garantía constitucional del amparo no aparece apta para tutelar el desarrollo de actividades cuya habilitación supone el ejercicio de potestades administrativas que implican un cúmulo de valoraciones que, en rigor, tienden nada menos que a permitir aquello que por principio el ordenamiento jurídico prohibe -juegos de azar, Bingo-. Por ende, no es posible admitir que el recurrente pueda valerse de la garantía jurisdiccional del amparo para cuestionar una decisión de cese que constituía una atribución privativa de la Administración y que, además, deja desprovista a esa actividad de la única causa que permitiría considerarla como lícita (criterio sustentado in re "Club Social y Deportivo Edison", que se resuelve en la fecha).
Aplicación de la ley, jurisdicción y competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Massaccesi, Edgar s/ incidente de nulidad de la elevación a juicio en la causa: denuncia  s/ presuntas irregularidades en el Banco de la Provincia de Río Negro  - causa n 979/92.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-22

La circunstancia de que la ley sea posterior al inicio de la causa no obsta a su aplicación, toda vez que las disposiciones modificatorias de jurisdicción y competencia, aun en ausencia de precepto expreso, son inmediatamente aplicables.
Código penal, principio de legalidad, Poder Legislativo
Materia: CONSTITUCIONAL - PENAL
Carátula: Pupelis, María Cristina y otros s/ robo con armas -causa nx 6491.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-05-14

Desde el punto de vista material, el principio de legalidad establecido por el art. 18 de la Constitución Nacional, al exigir que la conducta y la sanción se encuentren previstas con anterioridad al hecho por una ley en sentido estricto, pone en cabeza exclusiva del Poder Legislativo la determinación de cuáles son los intereses que deben ser protegidos mediante amenaza penal del ataque que representan determinadas acciones, y en qué medida debe expresarse esa amenaza para garantizar una protección suficiente.
Daños y perjuicios, responsabilidad médica, responsabilidad de los establecimientos asistenciales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: NOVARA, Antonio c/ HOSPITAL DE CLINICAS JOSE DE SAN MARTIN s/ DAÑOS Y PERJUICIOS: RESPONSABILIDAD MEDICA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-12

La situación de la Universidad -a quien pertenece el Hospital- difiere de la de los médicos. No se ha demostrado que éstos incurrieran en culpa, y en cambio, existen elementos de juicio que autorizan a concluir que hubo culpa de aquélla.

Es indudable que hubo falencias de organización y/o administrativas con aptitud para responsabilizar a la Universidad.

Es posible que la operación debiera ser autorizada por el Jefe de Guardia y es cierto que los anestesistas de planta a los que les tocaba guardia ese día no se hallaban presentes, como así tampoco el médico residente de la especialidad, y que esa ausencia fue, precisamente la que motivó la intervención del médico anestesista, doctor Abal. Estos hechos concretos tienen apoyo en los informes de los profesionales de cada especialidad que lucen en la causa penal nro. 14.623 y en las probanzas aportadas a esta causa y también en el dictamen del profesor doctor Andrés A. Santas. Es cierto que éste no configura una pericia; pero tiene indudable valor, no sólo por la notoria autoridad de su emitente, sino también porque se trata de una actuación interna de la Universidad, y constituye el resultado de la investigación que se practicó en ese ámbito.
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, acto administrativo, impugnación del acto administrativo, Seguridad social
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL
Carátula: Santillán,   Oscar  Simón c/ Estado  Nacional  (Ministerio  del Interior) s/ personal Militar y Civil de las FF.AA y de seg.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-03-04

La apelación ordinaria de la Corte Suprema debe quedar limitada a los supuestos en que se han impugnado actos administrativos de la Administración Nacional de la Seguridad Social.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, empleados públicos, relación de dependencia, aplicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Mendoza, Marcos Francisco c/ Instituto Frigorífico Municipal s/ Laboral (Expte Nro. 62-93) -Tribunal pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-05-02

El contenido de la figura del empleado público comprende a todos aquéllos (funcionarios o no) ligados a la Administración Pública, en sentido amplio, por una relación de empleo público, debiendo tenerse en cuenta que las categorías de funcionario, oficial público, encargado de servicio público, empleado público y funcionario honorario, no son excluyentes sino que se entrelazan pudiendo una misma persona asumir más de una de dichas cualidades, mientras que, sin embargo, cada una de ellas se contrapone a la otra, debiendo señalarse que no todas interesan al Derecho Administrativo, ya que el oficial público y el encargado de servicio público conciernen fundamentalmente al Derecho Penal que le atribuye efectos especiales. (De los Fundamentos del Dr. Sánchez Gambino). En el caso la cuestión a resolver es: ¿Es competente la Justicia del Trabajo para dilucidar los conflictos de naturaleza laborativa suscitados entre el Instituto Frigorífico Municipal de la ciudad de Santa Fe y sus dependientes?
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, cuestión no federal, cuestiones de hecho y prueba, sentencia arbitraria, debido proceso
Materia: PROCESAL
Carátula: Carutti, Myriam Guadalupe c/ Administración Nacional de la Seguridad Social.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-19

Si bien la existencia o inexistencia de la cosa juzgada es un problema de hecho y de derecho procesal, ajeno a la instancia extraordinaria, ello no es óbice para conocer en un planteo de dicha naturaleza cuando la decisión impugnada extiende su valor formal más alla de límites razonables y omite una adecuada ponderación de aspectos relevantes de la causa, lo cual redunda en un evidente menoscabo de la garantía del artículo 18 de la Constitución Nacional
Relación de dependencia, trabajador
Materia: LABORAL
Carátula: Ortega, Flavio Daniel c/ Cuenca Lombardo Héctor y/o los Reyes de la Fruta y/o quien resulte responsable s/ Despido, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1999-09-28

No prospera el agravio de la parte demandada por la categoría de vendedor "C" de la Convención Colectiva Nro. 130/75 cuando que de la referida prueba testimonial se desprende que la tarea que efectuaba el mismo era de limpieza. Ello así, ya que el art.10 de la citada convención considera "personal de ventas" a aquel trabajador que como el actor se hubo desempeñado en tareas de ventas, cualquiera sea su tipificación. No empece a dicha conclusión que también hubiese llevado a cabo otras, como de limpieza y exhibición de fruta, pues éstas no excluyen a aquella que por su índole resulta ser la principal.
Obligaciones de dar sumas de dinero, mora, mora del deudor
Materia: CIVIL
Carátula: FISCO NACIONAL D.G.I. c/ SEMINARA EMPRESA CONSTRUCTORA S.A.I. s/ EJECUCIÓN FISCAL S.A.I. s/ EJECUCIÓN FISCAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-07

Es el deudor moroso y no el acreedor inculpable quien debe cargar con las consecuencias de las demoras requeridas para cancelar su obligación por vía judicial (arts. 508 y 513 del C.C.).
Incapacidad laboral, incapacidad total, indemnización por incapacidad, acción civil por accidente de trabajo, acumulación de indemnizaciones
Materia: LABORAL
Carátula: MATTEO, ANTONIO c/ COMPAÑIA ITALO ARGENTINA DE ELECTRICIDAD SA. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-05-20

No son acumulables las indemnizaciones emergentes de la acción de derecho comun y del artículo 212 ultimo parrafo de la LCT., En tanto la primera debe cubrir todas las contingencias derivadas del siniestro, incluso la imposibilidad de mantener el vínculo laboral como consecuencia del daño sufrido (disidencia del Dr. Casares).
Locación de cosas, desocupación del inmueble, desocupación inmediata
Materia: PROCESAL
Carátula: ORTEGA  GARRALDA,  José  Javier y otros c/ RIGONI, María Cristina s/ DESALOJO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-08-09

Corresponde desestimar el planteo de inconstitucionalidad del art. 684 bis por cuanto la mera invocación acerca de que la ley cuestionada afecta el derecho de defensa en juicio, no constituye un cuestionamiento serio y eficaz para no aplicar la norma emanada de los poderes respectivos y dictada de acuerdo a los principios constitucionales vigentes. Ello así porque la desocupación inmediata no funciona automáticamente, sino que es necesario demostrar una verosimilitud en el derecho alegado, si exige al interesado en la medida que preste caución real y se prevé una multa a favor de la contraparte para el caso que ocultare hechos o documentos (art. 684 bis del ritual). De modo que al disponer la desocupación anticipada a la sentencia de desalojo, no se advierte que exista violación al necesario equilibrio y a la igualdad que debe presidir en un proceso que se intentó agilizar y simplificar con una norma de tal naturaleza. (Sumario N°20301 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Beneficios previsionales, determinación del haber jubilatorio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Jauma, José Daniel y otra c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-09-20

Cuando el afiliado se incapacite para el desempeño de su actividad laboral o en caso de fallecimiento sus derechohabientes pueden obtener el beneficio previsional con el cumplimiento de menores recaudos que los fijados para la jubilación ordinaria (edad y años de servicios), pero el haber se ha de determinar conforme a la remuneración otorgada para el cargo en el cual hayan desempañado un período mínimo de doce meses, sea éste el desempeñado al momento de cesar u otro si fuera de mayor jerarquía.
Inconstitucionalidad, declaración de oficio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Navarro, Héctor Diego c/ Provincia de Buenos Aires (Ministerio de Justicia y Seguridad) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-06-20

La inconstitucionalidad de una norma puede y debe declararse de oficio (art. 57 de la Constitución local -principio iura novit curia -) de lo cual se desprende que no es aplicable a este tipo de procesos los recaudos y presupuestos establecidos para la acción declarativa de inconstitucionalidad (arts. 161 inc. 1, Const. Prov.; 683 y sigs., C.P.C.C.). (MINORIA U OPINION PERSONAL)