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Sociedad de responsabilidad limitada, sociedad irregular, sociedad en formación, rendición de cuentas
Materia: COMERCIAL
Carátula: OSCAR LOPEZ c/ MIGUEL MARISCAL s/ SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-05

La existencia de un lapso entre la concertación del contrato de sociedad de responsabilidad limitada y la constitución definitiva de ésta mediante la inscripción registral (ley 19.550: 7), no implica que durante el período intermedio exista una sociedad irregular, sujeta a la LS : 21 y ss. la denominada "Sociedad en formación" no es equiparable ni asimilable a la "sociedad irregular", pues la etapa formativa constituye el período necesario para obtener el tipo regular seleccionado en el instrumento constitutivo.

En ese lapso los socios no deben apartarse de las reglas del contrato social, ni quedan sujetos indefinida y absolutamente a responsabilidad solidaria e ilimitada por los actos sociales, ni les cabe provocar la disolución de la sociedad cuando les parezca, como sucedería si se aplicara la disciplina de la sociedad irregular.

Cabe concluir que el sujeto de derecho originado por consentimiento de las partes LS 1 y 2) no puede ser entendido como una sociedad irregular, durante el llamado "iter constitutivo", y una sociedad regularmente constituida luego de practicada la inscripción registral. Por el contrario, la sociedad en formación es la misma que los socios acordaron en el contrato originario y la que alcanzara regularidad al inscribirse en el registro, la cual podrá convertirse en irregular solo si se comprueba la interrupción voluntaria del proceso constitutivo.

No procede jurídicamente la acción de rendición de cuentas relativas al lapso en el que la sociedad estuvo en formación, dado que una vez inscripta quedó regularmente constituida, por lo que las cuentas y los resultados de la gestión realizada durante el período de formación deben resultar del procedimiento específico de formulación de balances, estados contables y demás documentación por someterse periódicamente a consideración de los socios LS 69, 157 párr. 2- y 234, inc. 1 y último párr.). Por identidad de fundamentos cabe la misma consideración respecto de la rendición de cuentas reclamada sobre el período posterior a la inscripción en el registro.
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, procedencia del recurso, juicios en que la Nación es parte, sentencia definitiva, valor disputado en último término, expropiación irregular
Materia: CIVIL
Carátula: Dos Américas I.C. y F. c/ Gob. del Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur s/ expropiación indirecta.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-10

Es formalmente procedente el recurso ordinario de apelación deducido contra el pronunciamiento que hizo lugar a la expropiación inversa fundada en el art. 51, inc. c), de la ley 21.499, si se trata de una sentencia definitiva, recaída en una causa en que la Nación es parte, y el valor disputado en último término supera el límite establecido por el art. 24, inc. 6°, ap. a), del decreto - ley 1285/58, ajustado por resolución 1360/91 de la Corte.
Resoluciones posteriores a la sentencia definitiva, jueces
Materia: PROCESAL
Carátula: Vecinos de Allen c/ YSUR Energía Argentina S.R.L. y otros s/ acción colectiva ambiental (c) s/ apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2019-10-01

Una vez resuelto el proceso, el magistrado no puede variar o modificar su decisión, ni volver a ejercer los poderes que son propios de la cognición. Es lo que ha querido significar el precepto citado al establecer que concluye su competencia respecto del objeto del juicio. Este como controversia, como contienda, ha terminado. En ese sentido, realmente, ya no tiene competencia: agotó su ejercicio (cf. Colombo - Kiper, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Anotado y Comentado", Ed. La ley, T. II, p. 221/222). (Voto del Dr. Apcarian sin disidencia)
Contrato de trabajo, subcontratación laboral, responsabilidad solidaria, contrato de distribución
Materia: LABORAL
Carátula: AGUERO, SEGUNDO c/ AUXICAR  S.A.  Y OTRO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-12

Si la distribución o desplazamiento de un producto se asume como prestación accesoria de otra que es la principal, no existe contrato de transporte sino una típica relación laboral. Por ello, la empresa elaboradora de una gaseosa, Coca Cola, y la que se dedicaba al transporte y distribución de dicha bebida, deben responder solidariamente ante los reclamos del trabajador que prestaba servicios repartiendo e producto en zonas asignadas y percibiendo un pago por cajon.
Estupefacientes, suministro de estupefacientes, entrega de estupefacientes a título gratuito, error (penal), error de prohibición
Materia: PENAL
Carátula: DI PASQUO, JORGE s/ ESTUPEFACIENTES - SUMINISTRO - ERROR
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-17

No puede aceptarse el error alegado por los procesados, acusados por suministro de estupefacientes, referente a que no conocían que estuviese prohibida la entrega aún regalada de drogas.

Sólo podría prosperar el planteo defensista si se hubiese intentado descalificar la intencionalidad dolosa, o sea el dolo del tipo respectivo, apuntando a su confrontación subjetiva con la objetiva de la figura en cuestión, pero nunca aduciendo que hubo error en la prohibición.
Falsificación de documentos, licencia de conducir, fotografía, participación necesaria
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: TUST LEGUIZAMON s/ FALSIFICACION DE DOCUMENTO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-10-01

Es partícipe necesario quien facilita a un tercero su fotografía a fin de que le confeccione una licencia para conducir transporte público de pasajeros, cooperación ésta sin la cual el delito no se habría cometido.
Concursos, honorarios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Riveiro Hnos. S.R.L. s/ Quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-11-05

El art. 264 inc. 1 de la Ley Concursal -al cual remite el art. 290 del mismo cuerpo legal- sólo contempla, a los fines regulatorios, el supuesto del letrado y procurador en su concurso preventivo o en la petición de su quiebra. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Aplicación de la ley, ley de defensa del consumidor, compraventa de automotores
Materia: PENAL
Carátula: ESTEVEZ GONZALO FEDERICO c/ FIAT AUTO ARGENTINA SA Y OTRO s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-03-09

Es de aplicación al caso la ley de defensa del consumidor (ley 24240), tanto desde la responsabilidad por vicio en la fabricación o elaboración del bien en cuestión -LDC 40-; como desde la responsabilidad por la reparación no satisfactoria -LDC 17-. Ello ya que no se ha logrado una reparación óptima y que no se ha cumplido -en consecuencia- con el mínimo de estándar que con relación al servicio técnico de post-venta era de esperar de la automotriz accionada, lo que claramente vulneró el derecho del consumidor, en esencia no ha habido en el caso de autos correspondencia de identidad entre el producto ofrecido y lo entregado (LDC 11). Voto del Dr. Machin
Confirmación de sentencia, solicitud de excarcelación, coautoría, robo, escala penal, antecedentes penales
Materia: PROCESAL
Carátula: Toribio, P. N. c/  s/ Excarcelación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-01-19

Procede confirmar la decisión que rechazó la excarcelación del imputado -como coautor del delito de robo-, dado que aún cuando la escala penal asignada al caso no supera el tope máximo de 8 años de los arts. 316 en función del inc. 1 del 317 del CPPN, existen otros datos objetivos que resultan indicativos del riesgo de elusión, imponiendo mantener su encierro cautelar. Si bien las condenas anteriores se encuentran vencidas, se determina que en caso de recaer sanción en estas actuaciones la pena a imponer no podrá ser de ejecución condicional y no podría eventualmente obtener la libertad condicional en virtud de la declaración de reincidencia que registra, de manera que esa amenaza cierta de futuro encierro opera como indicio de riesgo de elusión -arts. 13, 14, 26 y 27 del CP y art. 221 inc. b del CPPF-. Por último, cabe señalar que el tiempo que lleva en detención se exhibe proporcional en relación con la expectativa de pena prevista del delito que se le atribuye y su modo de cumplimiento, pues las múltiples condenas que registra autorizan a suponer que, en el caso de una eventual condena, la pena a imponer se apartará del mínimo correspondiente.
Confirmación de sentencia, multa aduanera, carga de la prueba
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: KIMBERLY CLARK ARGENTINA SA (TF 32664-A) C/ DGA S/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO - TFN - SALA "F" c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-02-23

Se confirma el pronunciamiento del Tribunal Fiscal de la Nación que confirmó una resolución de la Aduana que impuso una multa a la importadora por la comisión de la infracción prevista en el artículo 970 del Código Aduanero. La Sala considera que "la carga de la prueba del cumplimiento del régimen de excepción no ha sido cumplida y por ello la beneficiaría es merecedora del reproche formulado por la aduana". Relativamente al quantum de la multa, la sala sostiene que la Aduana se ajustó a las pautas previstas en los artículos 915 y 970 del Código Aduanero
Recurso de apelación (procesal), agravio concreto
Materia: PROCESAL
Carátula: C.P.E.T. III c/ P., S.A. s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-08-19

El agravio no sólo debe existir al momento de apelar si no que además debe subsistir al momento de dictar sentencia.
Derechos reales, inscripción registral, publicidad registral, medidas cautelares
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: ANDERLIQUE, HECTOR FABIAN c/ NOIRAT, SANTIAGO JOSE s/ LEVANTAMIENTO DE EMBARGO
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2014-06-26

La postura desarrollada por aquéllos, encuentra correlato en principios elementales en materia de transmisión o adquisición de derechos reales inmobiliarios, lo que otorga sustento suficiente a la decisión. Así se ha dicho en cuanto a los efectos de la inscripción registral: '[.] a partir del art. 2º de la ley 17.801, que establece que los títulos por los que se transmita, constituya, modifique, declare o extingan derechos reales sobre inmuebles se inscribirán o anotarán 'para su publicidad', es evidente que ésta se incorpora como un requisito de todo derecho real inmobiliario, extensivo a las medidas cautelares y a las demás situaciones cuya inscripción se disponga por ley...'.
Superior Tribunal de Justicia, excusación, recusación con causa, prejuzgamiento
Materia: PROCESAL
Carátula: PROCURADOR CORTE SUPREMA DE JUSTICIA s/ ELEVA DICTAMEN N° 12 DE FECHA 21.12.2012-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-07-29

Corresponde aceptar las excusaciones y recusaciones impetradas, desde que los Ministros de la Corte han intervenido todos, por expreso mandato legal, conformando como miembros del Tribunal de Enjuiciamiento la resolución que es materia de la impugnación extraordinaria, quedando ahí objetivamente definida su opinión sobre la cuestión, por lo cual no pueden ahora intervenir.
Contrabando, secuestro de mercadería, entrega provisoria del bien, devolución de objetos secuestrados
Materia: PENAL-ADUANERO-PROCESAL
Carátula: N.N. s/ Contrabando, incidente de devolución de mercadería
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-06

1 - Corresponde revocar la resolución por la cual se hizo lugar a la entrega de la mercadería secuestrada al solicitante, en carácter de depositario judicial, sin derecho a uso, pues la facultad de ordenar provisionalmente la devolución de los objetos secuestrados en el proceso, en calidad de depósito, se encuentra expresamente prevista por el art. 238 del CPP, el cual excluye la posibilidad de ordenar aquella devolución cuando los objetos secuestrados estén sometidos a la "confiscación, restitución o embargo".- 2 - Esto es así porque cuando por la segunda frase del art.

238 del CPP se establece que "esta devolución podrá ordenarse provisionalmente...", se está haciendo referencia a la "devolución" mencionada por la primera parte de aquel artículo, es decir, a la relacionada con los objetos secuestrados que no estén sometidos a los efectos indicados y en la causa, las mercaderías entregadas podrían - eventualmente - ser decomisadas, (art. 876, apartado I, inc. a, del Código Aduanero).
Acto administrativo, eficacia del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CORDOBA RAMON ALBERTO c/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTAIGO DEL ESTERO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-03-31

Debe rechazarse el recurso contencioso administrativo cuando la vía administrativa no se ha agotado, cuando se omite el recurso jerárquico es decir el reclamo ante el superior de quien ha emanado la decisión por lo que se interpreta que el acto administrativo no es definitivo ni causó estado.
Comodato, derechos del comodatario, reembolso de gastos
Materia: CIVIL
Carátula: OLMEDO, SUSANA BEATRIZ c/ LUEIZA VDA. DE UNAMUNO, MARIA s/ DESALOJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-10-13

Interpretado literalmente el texto del art. 2287 del Cód. Civ., parecería que los gastos extraordinarios hechos sin previo aviso y fuera de los casos de urgencia, no pudiesen ser reclamados por el comodatario. Sin embargo, se admite que pueden ser reclamados no en virtud de la acción que hace del contrato de comodato, sino como obligación de reembolsarlos a cargo del propietario (conf. art. 589 Cód. Civil), si el comodante es dueño actual de la cosa.
Orden de allanamiento, orden de fecha posterior, nulidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Raso, Carlos A. y otro s/ Nulidad
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-03-30

Debe hacerse lugar a la nulidad interpuesta, ya que el procedimiento investigativo adolece de graves deficiencias (la orden judicial de allanamiento fue labrada al día siguiente de ser inspeccionado el domicilio), que privan de validez a los actos cumplidos para la obtención de pruebas de cargo.
Vacaciones, obligatoriedad de las vacaciones, aplicación de la ley, pago
Materia: LABORAL
Carátula: REYNOSO, JORGE DANIEL. c/ CARRIZO, JOSE LUIS Y/U OTROS. s/ DIFERENCIA DE JORNALES, ETC. - CASACION LABORAL.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2012-02-15

El descanso anual para el cual están instituidas las vacaciones debe ser gozado como tal y no es sustituible por dinero.

La solución legal del artículo 156, unido al principio de su uso directo y compulsivo por el trabajador, artículo 157, importa la caducidad del derecho no utilizado en períodos anteriores al de la extinción contractual.(arts. 121, 123, 156, 162 y conc. L.C.T., art. 35 Ley 22250 y art. 16 CCT 76/75).
Procedimiento contencioso administrativo y tributario, caducidad de instancia, interrupción de la caducidad, interpretación restrictiva, diligenciamiento de cédulas, cédula ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: G.C.B.A. c/ Manjor S.R.L. s/ Ejecución fiscal
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-05-16

Si bien en principio los actos interruptivos de la caducidad de la instancia deben ser realizados en el expediente, se ha admitido que las diligencias cumplidas fuera de él, pero que activan el procedimiento, pueden tener efecto interruptivo, sin que la omisión del quejoso de informar el resultado de la actividad importe desconocer la verdad objetiva y aplicar con un criterio ritual un instituto de interpretación restrictiva.

Así, en el caso, la cédula librada en los términos de la Ley Nro. 22.172 arrimada por el ejecutante resulta idónea para interrumpir el plazo de caducidad de la instancia.

Ello es así, porque a pesar de no existir en el expediente constancia de la fecha en que el profesional actuante retiró el mencionado instrumento, se ha sostenido que dicho acto debe tenerse por cumplido en la fecha que allí figura, si los sellos puestos por el juzgado en él ratifican la autenticidad de lo informado.

Del simple cómputo de los plazos entre la última actuación impulsora hasta la fecha en que se diligenció la mencionada cédula resulta que el plazo previsto por el artículo 260, inciso 1, del Código Contencioso Administrativo y Tributario no se encontraba cumplido.
Matrimonio, nulidad de matrimonio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Agente Fiscal Nº 1 c/ F, J. C. s/ Nulidad de Matrimonio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-04-19

La ley 2393 -entonces vigente- consagraba como impedimento para el matrimonio, es decir, como aquélla situación que importa un obstáculo para su celebración la "locura", siendo causa de nulidad relativa hoy, en términos más precisos: "la privación permanente o transitoria de la razón, por cualquier causa que fuere".-
Sentencia, nulidad del acto jurídico
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: CHIPERICO, RODOLFO AMADEO s/ SENTENCIA - HECHO - NULIDAD - NON BIS IN IDEM
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1976-08-20

La falta de determinación del hecho comprobado acarrea la nulidad de la sentencia absolutoria por aplicación del art. 417, inc. 2do., del C.P.P., porque ese defecto atañe a la intervención del ministerio fiscal en el proceso, a quien se priva de un elemento sin el cual tampoco puede establecer si existe disparidad entre el hecho imputado y el hecho comprobado y, por ello, si la decisión se ajusta a derecho.

No se podría decir que la nulidad de la sentencia ha quedado subsanada porque el acto haya conseguido su fin respecto de los interesados (art.175, inc. 3ro., C.P.P.). La pretensión punitiva que impulsa el recurrente está vigente, porque la sentencia no ha podido cancelarla legítimamente.
Recurso extraordinario, medidas cautelares, resoluciones equiparables a definitiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Candia Acosta, Reina Teresa y otro c/  s/ recurso de queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-02-26

Si bien las decisiones que ordenan, modifican o extinguen medidas cautelares resultan, por regla y desde una visión formal, ajenas a la instancia del art. 14 de la ley 48 por no revestir el carácter de sentencias definitivas, cabe hacer excepción a dicho criterio cuando lo resuelto ocasiona un agravio de imposible reparación ulterior. -La jueza Highton de Nolasco, en disidencia, consideró que el recurso no se dirigía contra una sentencia definitiva o equiparable a tal-.
Delitos tributarios, nulidad procesal, debido proceso, defensa en juicio, declaración autoincriminante, AFIP DGI, verificación de impuestos
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: CARGILL S.A.C.I.-MARSILI, HECTOR O. s/ Régimen Penal Tributario, incidente de nulidad.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-10-04

1 - Corresponde confirmar la resolución que no se hizo lugar al planteo de nulidad, planteo basado en la estimación de haberse violado el debido proceso legal y el derecho de defensa en juicio, por el que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, en tanto los requerimientos del organismo recaudador vinculados a las operaciones objeto de la investigación fueron efectuados con anterioridad al inicio de la causa y aquellos realizados con posterioridad no estaban relacionados con aquellos hechos.- 2 - El hecho que operaciones efectuadas por el contribuyente se encuentren investigadas en un proceso penal no implica sustraer a la AFIP-DGI las facultades de fiscalización y verificación, sino que, como regla general, no debería requerir, mediante aquellas facultades, prueba relacionada con el proceso penal.- 3 - No corresponde que sea examinado por este Tribunal (Reg. 230/1999) el agravio distinto del que motivase el planteo de nulidad y la posterior apelación (en el caso, la alegación de que la AFIP-DGI tenía la convicción administrativa de la existencia del delito con anterioridad a la denuncia y a los requerimientos efectuados a la contribuyente en los términos de la Ley 11683 y que ello constituíria una afectación a la prohibición constitucional de obligar a declarar contra sí mismo) y que fuese recién expresado al presentarse el memorial, sin perjuicio de que tal agravio podría constituir un nuevo planteo de nulidad que debería ser formulado en la instancia anterior (Reg. 407/2005).
Subasta, subasta judicial
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Cattalin, Ricardo Domingo c/ Buzzani, Carlos Osvaldo s/ Responsabilidad civil contra Magistrados judiciales (Expte. CSJ Nro.   693-1998)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-08-15

La venta en subasta pública judicial no queda perfeccionada sino con posterioridad al remate, inicialmente con su aprobación, luego con el pago del precio y tradición, el dominio permanece hasta ese entonces en cabeza del ejecutado; pero es evidente que se trata de un dominio afectado por una obligación de transferencia adoptada por el órgano jurisdiccional dentro de un proceso de ejecución. Se trata de una operación ordenada por el juez para distinguirla de aquellas situaciones donde el negocio fue producto de la voluntad del deudor; la diferencia es que todos los actos de materialización son operables por el juzgado, tienen el carácter de meras actuaciones y no dependen del deudor que aparece a tales fines desplazado.
Recursos administrativos, personería, acreditación de la personería, domicilio legal, notificación, decretos
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Bergesio, Adriana Stella Maris Mori de c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción- Recurso de  revocatoria contra el auto de inadmisibilidad (Expte. CSJ Nro.   137-1994)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-08-29

La constitución de domicilio legal no guarda relación alguna con el tema de la debida acreditación de la representación que invoca quien pretende defender derechos de terceros. En tal sentido cabe señalar que la posibilidad de constitución de domicilio legal aparece contemplada en el decreto acuerdo 10204/58 con el objeto, entre otros, de practicar las notificaciones que correspondiera efectuar a la parte interesada, más de ninguna disposición de la normativa citada surge siquiera implícitamente que pudiera asignarse también el efecto de tener por cumplida la concreta obligación de acreditar la personería invocada contenida en el artículo 10 del decreto-acuerdo antes citado. La interpretación propiciada por la recurrente conduciría a otorgar a la constitución de domicilio legal efectos que ni la normativa ni los principios aplicables a la especie contemplan.
Escritos judiciales, firma
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ceccarelli, Angel c/ Martínez Ostaloza, Teresa y otra s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-06-17

A los fines de preservar la seguridad jurídica del sistema, la vía incidental de nulidad, procedente para aquellos supuestos en los que se desconociere la firma de un escrito judicial, puede ser planteada hasta tanto exista pronunciamiento firme de primera instancia con autoridad de cosa juzgada, a partir de allí, por imperio de principios procesales y del juego de derechos y garantías de orden constitucional, todo cuestionamiento de este tipo sólo puede ser canalizado por vía de acción de revisión de cosa juzgada irregular, írrita o fraudulenta.