Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2010-02-11


AUTOS 53115 (C.C.Nº20427) DEL Primer Juzgado Civil, CARATULADOS: "AGUERO Sonia Nicolaza C/ Aguilera Antonio Rudecindo - Daños y Perjuicios".

PROTOCOLIZADO:L. de Autos -Año 2010- del Tº I- Fº1/5.- San Juan, 11 de febrero de 2010.

Y VISTOS: Estos autos Nº 20.427 AGÜERO, SONIA NICOLAZA C/ AGUILERA, ANTONIO RUDECINDO - DAÑOS Y PERJUICIOS, para resolver recursos interpuestos por la actora a fs. 88 contra la resolución de fs. 83/85 y el otro a fs. 92 contra el decreto de fs. 89 que desestima in limine el planteo de caducidad de instancia.

Los agravios por ambos recursos fueron expuestos a fs. 94/98 vta. en primer lugar contra el rechazo de fs. 89 y luego contra la sentencia de fs. 83/85.

Recurso contra el decreto de fs. 89: Se agravia alegando que la sentencia que resuelve el incidente de caducidad de instancia se dictó después de casi dos años sin actividad procesal alguna desde fs. 81 (19/4/07) hasta el dictado de la misma (16/11/08) notificándose su parte a fs. 90 el 3/3/09 solicitando en tiempo y forma es decir dentro de los cinco días se declarara la caducidad de instancia de dicho incidente.- Sigue diciendo que después de contestado el traslado (fs. 81) y a más de un año de dicha actuación se llama a autos para resolver el día 8/7/08 cuando había transcurrido el plazo previsto por el art. 294 inc. 1º.- Agrega que el decreto que llamó a autos debió notificarse personalmente o por cédula (art. 140 inc. 7º del C.P.C.) por lo que el mismo deviene ineficaz y la caducidad se habría operado antes de su dictado.- Solicita que se haga lugar al recurso revocando el proveído en cuestión declarando la caducidad del incidente de caducidad y consecuentemente la nulidad de la sentencia de fs. 83/85.

Recurso contra la sentencia de fs. 83/85: Solicita el recurrente la revocación en todas sus partes y declaración de nulidad de la misma en primer lugar por los fundamentos dados en el recurso precedente sin perjuicio de los siguientes: a) Porque el planteo de la citada en garantía se hizo fuera del plazo pertinente esto es, el que tenía para recurrir la resolución impulsiva del proceso de fs. 47 del 5/09/05, es decir dentro de los tres días (reposición) o de los cinco (apelación), que estima vencidos el 30/9/05 y el 3/10/05, haciéndolo recién al contestar la demanda el 11/10/05 cuando el término para contestar la demanda había vencido el 7/10/05, habiendo quedado consentido el acto impulsorio, lo que torna aplicable el art. 299 del CPC que impone el rechazo de la perención con costas.- Cita jurisprudencia en apoyo del recurso destacando especialmente lo resuelto por la Corte de Justicia local en autos "VILLAREAL, MÁXIMO C/ HEREDEROS Y SUCESION DE LA SRA. GÓMEZ DE ORO, LEONOR S/ DAÑOS Y PERJUICIOS el 17/03/08 y ésta Sala en fecha 26/03/03 y 1/03/82 en autos ORTIZ, MIGUEL A. C/ JOFRE, CRISTINA MIRIAM - DAÑOS Y PERJUICIOS - SUMARIO y TORRES ALMENDRO, ALCIDES Y OTRO C/ A. RIDAO E HIJOS - ORDINARIO.

Sostiene la recurrente que la claridad del art. 299 no puede ser suplida por el criterio del Juez que viola los derechos de defensa, propiedad y debido proceso de su parte.- Solicita en consecuencia la revocación del fallo y el rechazo de la perención de instancia por haberse consentido el acto impulsorio del 5/09/05 de fs. 47 con costas.

Por último hace reservas de los recursos extraordinarios regulados por la ley provincial 2.275 y federal 48.

La sentencia de fs. 83/85: Se dicta como consecuencia del incidente de caducidad promovido a fs. 55 por el Dr. Horacio F. Vita como gestor judicial de Juncal Compañía de Seguros S.A. que la Sra. Juez A Quo estima oportuno por haberse efectuado en el plazo para comparecer a la causa y contestar la demanda, admitiendo la pretensión del incidentista porque desde el 26/11/01 no hay actividad impulsoria hasta el escrito de ampliación de demanda de fs. 39/45 el 5/9/2.005.- Impone las costas a la actora vencida.

Y CONSIDERANDO:

Que con motivo del tratamiento de los recursos referidos el Tribunal advierte que la gestión efectuada por el Dr. Horacio F. Vita no se ha ratificado en término y por tanto corresponde de oficio decretar su nulidad atento lo previsto al efecto por el art. 51 del C.P.C..

En efecto la norma en cuestión establece que si la gestión no fuere ratificada dentro del término de sesenta días será nulo todo lo actuado por el gestor y en el caso la presentación donde se ratifica la gestión data del 23/2/2006 cuando había vencido con exceso el plazo respectivo.- Enseña la jurisprudencia sobre el tema que: El cómputo del término para la ratificación que exige el art. 51 del C.P.C. "comienza a correr desde la fecha en que se invoca la franquicia" o sea desde que el gestor se arroga la representación de alguna de las partes, con prescindencia de su eficacia y de toda declaración sobre el particular (E.D. 91 - 523).

El término que se concede a los gestores para acreditar la personería en casos urgentes comienza a correr desde la fecha de presentación, o sea desde el momento en que se toma intervención en autos, no requiriéndose, para que se inicie su transcurso decreto judicial admitiendo la intervención, petición de parte o notificación alguna (Z 19 - 203).

Dicho plazo "es perentorio y no corresponde intimación ni providencia previa alguna. Corre desde la primera presentación del gestor sin que sea necesaria declaración alguna del Tribunal. Las dificultades de hecho que tuviere el gestor para agregar el instrumento que prueba la personería no suspenden el plazo (J.A. 979 - III - 392).

El vencimiento del perentorio plazo "acarrea la sanción de nulidad sin necesidad de pedido o sustanciación alguna (SP. L.L. 979 - 436 y D.J. 979 - 14 - 49 Sum. 51). Dicha nulidad "sobreviene por el solo ministerio de ley al vencimiento del plazo" (L.L. 1.984 - A - 452).

La presentación del poder con posterioridad al plazo de sesenta días, no obsta a la aplicación de la consecuencia desfavorable del art. 48 - art. 51 del C.P.C. local - aunque aquel hubiese sido otorgado con anterioridad al vencimiento de dicho plazo. Lo mismo en caso de ratificación. Esta conclusión se funda en que la posibilidad que otorga es una excepción a las normas de la representación y quien pretende ampararse en ella debe someterse al contenido de la previsión legal en su totalidad (J.A. 979 - III - 392).- Dicha nulidad es de orden público (L.L. 1.989 - A - 257) y opera de pleno derecho (L.L. 1.992 - E - 441) que además puede ser declarada de oficio (L.L. 1.980 - B - 523).

Así las cosas corresponde dejar sin efecto de oficio el decreto de fs. 69 que tiene por ratificado la gestión realizada declarando nula la gestión realizada por el Dr. Horacio F. Vita a fs. 55/63 y consecuentemente la resolución de fs. 83/85, admitiendo en lo pertinente y por las razones invocadas en la presente el recurso de la actora, con costas a la vencida.

Por todo ello, SE RESUELVE:

Declarar nula la actuación como gestor del Dr. Horacio F. Vita.- En consecuencia admitir el recurso de la actora dejando sin efecto la resolución de fs. 83/85.- Imponer las costas al gestor (art. 51 del C.P.C.). Diferir las regulaciones respectivas para su oportunidad.

Protocolícese, hágase saber y bajen previa reposición de sellado si correspondiere.

MAGISTRADOS: DR. ALEJANDRO LARGACHA QUIROGA;

DR. OCTAVIO AUGUSTO SANCHEZ;

DR. OSCAR ROBERTO OTIÑANO;

SECRETARIA: DRA. ANA ESTELA VENTURA.

EL DOCTOR ALEJANDRO LARGACHA QUIROGA, EN DISIDENCIA DIJO:

Disiento con el fallo precedente en cuanto de oficio declara nulo lo actuado por el gestor por falta de ratificación oportuna y, en consecuencia hace lugar al recurso de la actora dejando sin efecto la resolución de fs. 83/85.

Si bien comparto que el plazo para la ratificación de la gestión previsto por el art. 51 del CPC es perentorio y la nulidad de lo actuado se produce en forma automática si no hay ratificación dentro del mismo, debiendo pronunciarse de oficio por estar en juego el orden público procesal; también estimo que si la ratificación de lo actuado se produce fuera del término fijado y pese a ello se la tiene por operada por providencia consentida, como ocurre en autos, no cabe declarar la nulidad de oficio y menos cuando han pasado más de tres años desde que se tuvo por ratificada la gestión, se ha dictado sentencia y la cuestión no fue objeto de la decisión apelada ni tampoco motivo de agravio, todo ello en virtud del principio de preclusión, que también es de orden público procesal.

En el sentido apuntado Augusto Mario Morello, Gualberto Lucas Sosa y Roberto Omar Berizonce, en "Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación -comentados y anotados", T° II - A, pags. 928 y 929, traen la siguiente jurisprudencia: "Aun cuando se admite que la norma consagra una nulidad absoluta (Art. 48 CPN similar al 51 de nuestro Código) y, en consecuencia, de orden público, debe reconocerse asimismo que también reviste este último carácter la preclusión, todo vez que lo que con ella se persigue es que los actos procesales cumplidos queden firmes y no pueda volverse sobre ellos prolongando la duración de las causas indefinidamente, lo que importa una necesidad jurídica que justifica la validez de aquéllos no obstante los vicios que pudieran presentar [criterio en el que coincidimos]. (SCBA, Ac y Sent., 1959,v. IV, pag. 548; 1964, v. I, pag. 596; 1967, V. I, pag. 1090; DJBA, v. 72, pag. 101: v. 76, pag. 201, etc.)".

"En sentido concordante se ha resuelto que, si un proveído tiene expresamente por cumplida la justificación de la personería, resolución que las partes consienten, precluye la etapa pertinente; y en tales condiciones, la preclusión impide la posterior sanción de nulidad en virtud de lo estatuido por el art. 48 del Código Procesal, ya que aquella institución tiende a dar certeza y seguridad al desarrollo del proceso, impidiendo que actos producidos firmes puedan ser invalidados cualquiera sea el vicio o defecto de que adolezcan, si no se formuló oportunamente la correspondiente impugnación. (Cám. 1°, apel. Bahía Blanca, DJBA, v. 82, pag. 108, etc.)".

Además de lo dicho y en virtud del principio dispositivo que rige el proceso civil y donde las partes tienen la iniciativa en el impulso procesal y en la propuesta de la cuestiones a decidir, bien puede admitirse que en virtud de ello una parte pueda consentir una actividad nula y darle así, por su voluntad, validez a un acto o actividad que no lo tenía.

Por lo dicho disiento con el fallo precedente en cuanto de oficio declara nulo lo actuado por el gestor por falta de ratificación oportuna y, en consecuencia, hace lugar al recurso de la actora dejando sin efecto la resolución de fs. 83/85, votando en el sentido de que corresponde tener por firme la ratificación de lo actuado por el gestor dispuesta a fs. 69, debiendo volver a estudio la causa a fin de que el tribunal se expida sobre los recursos deducidos por la actora a fs. 88 contra la resolución de fs. 83/85 y a fs. 92 contra el decreto de fs. 89, concedidos a fs. 93, no tratados en el fallo con el que disiento. Así voto.