Tribunal: CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2014-02-26


_ Salta, 26 de febrero de 2014.

AUTOS y VISTOS: estos autos caratulados "GARCÍA, JUAN JOSÉ c. CAUCHOS INDUSTRIALES ARGENTINOS S.A. y/o SANTÍN, LUIS y/o TRANSPORTES LA SEVILLANITA SRL - ORDINARIO", expte. de Sala nº EXP 24810/13, originario del Juzgado de 1ª Instancia del Trabajo nº 6, para resolver las apelaciones interpuestas a fs. 250/53 y 256, y _C O N S I D E R A N D O _ Dijo el Dr. Figueroa: la sentencia de primera instancia, que rechaza la demanda entablada en contra de Transportes La Sevillanita SRL y la acoge parcialmente respecto de Cauchos Industriales Argentinos SA y Luis Santini, es recurrida en apelación por la primera de las nombradas, por las razones que expone en su memorial de fs. 256 y por la parte demandante, por las que explica a fs. 250 y sgtes.; las que paso a sintetizar a continuación.

_ El breve recurso de La Sevillanita (en adelante, L.S.), está dirigido en contra de la imposición de costas a su cargo, no sólo porque el pedido de fs. 30 vta. se formuló sobre la base del principio de eventualidad procesal (sin re- signar el planteo defensivo central, relacionado con la falta de acción, por ausencia de legitimación sustancial pasiva de dicha empresa), sino también porque tal imposición de costas pone en evidencia una incongruencia palmaria, teniendo en cuenta lo determinado en el punto I del fallo de fs. 246._ _ Agrega, que no obstante sentenciarse un categórico rechazo de la acción ejercida en contra de L.S., con costas, dada la notoria improcedencia de la demanda, se la condena al pago de costas por el rechazo de una pluspetición que ni siquiera había sido sustanciada; que en efecto, el decreto de fs. 41 ordenó sólo el traslado de la documentación y de la falta de acción, no del pedido de pluspetición; que tanto es ello así, que el actor, a fs. 45/46 solamente se expidió en relación a la falta de acción, no habiendo entonces mérito para que se impongan costas a su parte por la cuestión de la pluspetición y que la señora juez a quo, tomó nota de una mínima diferencia, existente entre el monto reclamado y el declarado procedente, pero entiende que la discrepancia sustancial está entre las personas demandadas y en contra de las que procede la demanda (ya que excluye de la condena a L.S.), con lo cual, si bien estima que no existe pluspetición, no deja de reconocer implícitamente, que su parte tenía derecho para formular la reclamación.

_ Finaliza, sosteniendo que el hecho de que la culpa en el obrar de la contraria, no haya sido suficientemente grave como para hacer aplicación del art. 20 LCT, no significa que el rechazo del pedido deba ser objeto de condena en costas; que con tal criterio, no sólo se exonera a los culpables de la sanción legal, sino que además se los premia (en perjuicio de su parte) sin que se hubiesen expedido siquiera sobre la cuestión; que no es ocioso destacar que luego de su defensa de fs. 29, el letrado del actor insistió en continuar la acción en contra de La Sevillanita, hablando hasta de fraude laboral, haciendo todo a sabiendas de que el actor nunca trabajó para dicha empresa, como lo reconoció en su confesional de fs. 223 y que si no había mérito para la dispensa efectuada por la señora juez, mucho menos la hay para que se impongan costas a cargo de esa parte. Pide se revoque la imposición de costas del punto IV de fs. 246, disponiéndolas, en su caso, por el orden causado. El recurso, no tuvo respuesta de la parte actora, según constancia de fs. 265.

_ La apelación de la accionante, impugna el fallo en cuanto rechaza la demanda entablada en contra de La Sevillanita SRL, argumentando la señora juez a quo que nunca existió entre ella y Cauchos Industriales, transferencia de establecimiento, entendido el mismo como unidad técnica y que el propio demandante, en una confesión desfavorable para él, reconoció expresamente no haber trabajado para L.S.. Agrega, que la sentenciante a quo no debe ignorar que los derechos que emanan de las leyes laborales son irrenunciables; que por ende, son de ningún valor los dichos o renuncias que se pretenden realizar a los derechos comentados; que quedó demostrado, que el actor desarrolló durante toda la relación laboral, tareas de sereno, en el horario de hs. 19 a 7; que según las constancias de autos, Cauchos Industriales (en adelante C.I.) y Luis Santín, venden a L.S., en noviembre de 2009, el inmueble donde desarrollaban sus tareas y que discrepa con el criterio de S.S., ya que para su parte existió una transferencia de establecimiento, si las tareas del demandante eran cuidar el inmueble objeto de la transferencia.

Continúa, señalando que el demandante no desarrolló tareas en la fabricación de cauchos y anexos, sino que por el contrario, el establecimiento donde las cumplía era el inmueble físico; que para el resto de los trabajadores dentro de la fábrica, indudablemente no hubo transferencia de establecimiento, porque el mismo cerró sin tener continuidad el nuevo adquirente; que en el caso de su parte fue diferente, ya que entre noviembre de 2009 (en que se hace la transferencia), hasta marzo de 2010 (en que García se da por despedido) siguió desarrollando sus tareas; que para su parte, debe considerarse que hubo una verdadera transferencia del establecimiento, ya que existe novación subjetiva del contrato, cuando lo que modifica es la persona del empleador; que ello es así, ya que el actor, sin saberlo, estuvo trabajando para el nuevo dueño del inmueble, o sea Transportes L.S., entre las fechas comentadas, por lo que como efecto de esa transferencia, todas las obligaciones laborales existentes al momento de ella, le son imputables al adquirente como al transmitente.

Añade, que le agravia que la sentenciante no haya merituado en absoluto el plenario "Baglieri", expuesto por su parte en los alegatos; que allí, se revolvió la controversia respecto de la aplicación amplia de las normas que fijan la solidaridad empresaria, en lo atinente a los trabajadores cuya relación laboral haya cesado con anterioridad a la cesión o transferencia del estable- cimiento y que eran titulares de obligaciones laborales no abonadas; que el adquirente de un establecimiento en las condiciones previstas en el art. 228 LCT, es responsable de las obligaciones del transmitente derivadas de obligaciones laborales extinguidas con anterioridad a la transmisión; que se hace necesario proteger al acreedor laboral, siendo intención del legislador otorgar al trabajador la tutela de sus derechos, sin formalismos difíciles de cumplir; que el dispositivo antifraude inserto en la norma, impone la solidaridad entre transmitente y adquirente de un establecimiento, lo que conlleva a que éste haga una adecuada evaluación de las obligaciones laborales pendientes al momento de la adquisición, ya que la ley lo hace igualmente responsable que a quien transmite la empresa, que tampoco se desobliga y que con la línea argumental del plenario citado, se le otorgan amplias garantías al trabajador, quien de otro modo estaría frente a la incertidumbre por el cobro de su crédito nacido con anterioridad al cambio de titularidad, viniendo este fallo a disuadir las transferencias fraudulentas en perjuicio del trabajador.

Finaliza, señalando que la sentencia (en la parte atacada) es descalificable como acto jurisdiccional, por no haber merituado la prueba obrante y hecho caso omiso de disposiciones legales específicas, como el fallo plenario comentado, favoreciendo así el fraude laboral producido por los codemandados L.S. y C.I.; que tales agravios, traducen la existencia de una sentencia arbitraria, que a tenor de la doctrina de la SCJN, no es derivación razonable del derecho vigente, importando una renuncia sustancial a la verdad; que en igual sentido, el juez debe impetrar con equidad la interpretación de las normas, ejerciendo la virtud de la prudencia, conjugando los principios de aquéllas con los elementos fácticos del caso; que el actor debió iniciar un reclamo laboral en marzo de 2010, cuando en noviembre del año anterior, el señor Santín había cobrado doscientos mil pesos; que de haber existido buena fe, transmitente y adquirente hubieran solucionado las acreencias laborales y, al no haberla, se procedió al fraude laboral; que es casi seguro que hoy tanto Santín cuanto C. I. se hayan insolventado y, de quedar firme este fallo, el actor haya sido burlado en sus legítimos derechos, habiendo permitido la sentenciante la continuidad del fraude y el peligro de cobro de sus acreencias; que deben considerarse arbitrarias, las sentencias que no son derivación razonada del derecho vigente, con aplicación a las circunstancias probadas de la causa, como así las que contravienen un adecuado servicio de justicia, como la presente, que viola el principio de moral y justicia, afectando la garantía del derecho natural y del orden histórico; que nuestra Corte, tiene sentada jurisprudencia en el sentido de diferenciar los asuntos discutibles y opinables de los que no lo son, convirtiéndose en sentencias inaceptables, arbitrarias; que estas son de por sí disvaliosas, acarrean desorden, inseguridad y discordia y apelan en su fundamentación a la racionalidad exigible a cualquier conducta humana, también a la conducta judicial; que son asimismo, aquéllas en las que el juez, sin dar razón alguna y fundado en su exclusiva opinión, falla aportándose de los extremos fácticos y legales del caso, arribando a una solución inaceptable y perjudicial y que de lo hasta aquí expuesto, surge que la sentenciante falló con desapego y en contradicción de la normativa legal, con perjuicio para su parte,. Pide se haga lugar al recurso, se revoque la sentencia en lo que es materia de agravios y se condene a L.S. a pagar en forma solidaria, lo resuelto en la sentencia, con costas. Formula reserva del caso federal.

La apelación, es respondida a fs. 260/ 61, pidiéndose su rechazo y la aplicación del art. 20 LCT, por conducta dolosamente temeraria. Con costas y reserva de la cuestión federal.

Entiendo que el recurso de la parte actora, que llena con esfuerzo el requisito del art. 255 CPCC, no puede prosperar. Configura nada más que una sucesión de frases, (en muchos casos reñidas con el buen gusto, como las permanentes alusiones a un fraude que no demuestra); una curiosa confusión conceptual (como atribuir a la juzgadora a quo haber "hecho caso omiso a disposiciones legales específicas como lo es el fallo plenario comentado"); una novedosa interpretación, vinculada a las secuelas de la confesión expresa y la irrenunciabilidad de derechos y una inaceptable atribución de indiscutible, al punto de vista que defiende.

_ Todo lo anterior, sin rebatir el fundamento-base de la sentencia, vinculado a la inexistencia de transferencia de establecimiento, del cual según S.S., "debe entenderse que se trata de la unidad técnica o de ejecución destinada al logro de los fines de la empresa", ver fs. 243 in fine.

LLegando al mismo tiempo (luego de transcribir conceptos doctrinarios que doy por reproducidos brevitatis causae), a la conclusión de que "lejos está el presente de haberse tratado de una transferencia de establecimiento.

_ No podría ser otro, el punto de vista de la juzgadora, si el propio recurso se encarga de narrar que "...Cauchos Insdustriales y Luis Santín venden a La Sevillanita en Noviembre de 2009 el inmueble donde desarrollaban sus tareas"; "las tareas de mi parte eran cuidar el inmueble objeto de la transferencia"; "el establecimiento en el que él desarrollaba sus tareas era el inmueble físico" (fs. 250 vta.) y "mi parte sin saberlo estuvo trabajando para el nuevo dueño del inmueble o sea Transportes La Sevillanita...", 251, primer párrafo (los subrayados son míos).

_ Con lo cual queda en evidencia, que por mucho esfuerzo que se haya realizado (que incluye la descalificación de la confesional desventajosa y la diferenciación entre el actor y "el resto de los trabajadores", que por laborar dentro de la fábrica no podían aspirar a transferencia del establecimiento, "porque el mismo cerró sin tener continuidad el nuevo adquirente") no logra el recurso, hacer que el inmueble donde funcionaba un establecimiento que cerró, se convierta en sujeto pasivo de la extensión de responsabilidad prevista por la Ley de Contrato de Trabajo.

_ Sobre la cuestión de la confesional de García y los comentarios del recurrente, formulados en el primer párrafo de fs. 250 vta., señalo que si interpretáramos contrario sensu el criterio de que no vale lo que el trabajador declare en su contra, llegaríamos a la conclusión de que debería valer lo que diga a su favor, con lo que violentaríamos el principio de que "En la prueba confesional sólo debe tenerse en cuenta lo que el absolvente diga en su contra, ya que resulta presumible que cada cual tratará de beneficiarse con sus dichos" (Sala, autos Chávez c. Gaspar, 22/10/96, Taboada c. El Billar, 22/10/99 y Juárez c. Reynoso Robert, 18/9/12, entre otros, siguiendo en ello a Palacio, Derecho Procesal Civil, T.IV, p. 492). El argumento de que cuando un juzgador no meritúa determinada normativa del modo que lo hace una parte, la sentencia se convierte en no aceptable, es cuanto menos poco serio y, el silencio del recurso en torno de que "Nuestra Corte tiene sentada jurisprudencia", impide todo control en este momento.

_ Por otro lado, de ninguna manera la señora juez a quo ha fallado "sin dar razón alguna" o "fundada en su sólo opinión" (252 vta.), frase que sólo puede estar motivada por una lectura superficial de fs. 243, vta. y sgte..

_ Las razones expuestas, (a las que agrego las inoportunas e impropias conjeturas del recurrente sobre la supuesta posibilidad de que "hoy Cauchos y Santín se hayan insolventado") me llevan a proponer el rechazo del recurso de la parte actora, con costas, art. 67 CPCC.

_ Sí debe prosperar, en cambio, la apelación de La Sevillanita, porque como bien se argumenta, una cosa es que la juzgadora a quo entienda que la situación no alcanzaba para que existiera una "pluspetición susceptible de ser sancionada" (segundo párrafo in fine, fs. 245) y otra que la parte cargue con costas por ello. Cuando tenía más que suficientes motivos para creerse con derecho, como que el punto I del fallo acoge sus puntos de vista y rechaza la demanda a su respecto. De seguirse mi voto, deberá revocarse parcialmente el punto IV de la parte dispositiva de fs. 246 e imponerse las costas por el orden causado, art. 67 segundo párrafo, del CPCC. Sin costas de alzada, por falta de oposición, por la misma norma mencionada.

El Dr. Jorge Cabrera, adhiere al voto anterior.

Por ello, la Sala I de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, FALLA I) Rechazando el recurso de apelación de la parte actora; con costas.

II) Haciendo lugar al recurso de "La Sevillanita SRL", revocando parcialmente el punto IV del fallo de fs. 246 e imponiendo costas de primera instancia por el orden causado. Sin costas.

III) Difiriendo la regulación de honorarios hasta que se practique en 1ª Instancia, teniendo presente la reserva formulada y mandando registrar, notificar y devolver los autos al Juzgado de origen.