Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-02-11


SENT Nro. 20 San Miguel de Tucumán, 11 DE FEBRERO de 2003.- Y VISTO: El recurso de queja por casación denegada deducido por la defensa técnica de Juan José Romero en autos; "Romero, Juan José y otros s/Homicidio";

C O N S I D E R A N D O :

Viene a conocimiento y resolución del Tribunal el recurso de queja por casación denegada interpuesto por la defensa técnica de Juan José Romero en contra de la sentencia del 30/8/2002 dictada por la Sala Va. de la Cámara Penal, la que rechazó el recurso de casación presentado contra la sentencia del 21/8/2002.

El recurso de queja fue presentado en término y está dirigido contra la sentencia definitiva.

El recurso debe ser desestimado pues si bien el recurrente aduce que se ha cumplido el plazo previsto en el art. 283 inc. 3 del CPP y que, por consiguiente, su defendido debe ser puesto en libertad, lo cierto es que en el juicio se verifica actualmente que Juan José Romero ha sido condenado a la pena de trece años y seis meses de prisión por ser autor del delito de homicidio en contra de Dardo Antonio Aybar por sentencia del tribunal oral del 17/6/2002, y que esta Corte rechazó tanto el recurso de casación como el recurso extraordinario federal (sentencias del 28/8/2002 y 8/11/2002, respectivamente), por lo que la condena se encuentra firme. Por tanto, Romero no se encuentra privado de su libertad en virtud de la prisión preventiva, sino cumpliendo la condena que le ha sido impuesta.

En esas condiciones no se encuentra configurado o ha desaparecido la configuración del presupuesto exigido por el mentado art. 283, en cuyo caso el recurso no se sustenta ya en la norma que invocaba, por lo que al carecer del fundamento jurídico actual el mismo debe ser desestimado.

Por ello, y oído el señor Ministro Fiscal, se R E S U E L V E :

DESESTIMAR la queja por casación denegada interpuesta por la defensa técnica de Juan José Romero contra la sentencia del 30/8/2002 dictada por la Sala Va. de la Cámara Penal.

HAGASE SABER.-	HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA ALBERTO JOSE BRITO ANTONIO GANDUR (con su voto) ANTE MI:

MARIA C. RACEDO ARAGON DE LUNA Voto del doctor Antonio Gandur:

1.- Viene a conocimiento y decisión de este Tribunal el recurso de queja por casación denegada interpuesto por la defensa técnica de Juan José Romero en contra la sentencia de fecha 30 de agosto 2002 dictada por la Excma. Sala Penal oral Va., la cual resolvió rechazar el recurso de casación presentado contra la sentencia de fecha 21 de agosto de 2001.

El recurso de queja por casación denegada fue presentado en término, con copias y está dirigido contra sentencia definitiva.

2.- Como antecedentes relevante debemos señalar que la Cámara mediante sentencia de fecha 17 de junio de 2002 condenó a Juan José Romero a la pena de trece años y seis meses de prisión por haber sido encontrado autor penalmente responsable del delito de homicidio en contra de Dardo Antonio Aybar. En el punto segundo de la resolutiva el tribunal indicó que se prorrogaba la prisión preventiva dictada al condenado en los términos del art. 283, inc. 3 in fine del CPPT. Con posterioridad al dictado de la condena el defensor técnico solicitó el cese de la prisión preventiva iniciada el 12 de abril de 2000 por encontrarse cumplido el plazo de dos años impuesto por la ley. La Cámara resolvió rechazar tal solicitud en razón de que la prisión preventiva había sido prorrogada en el punto segundo de la sentencia condenatoria (sentencia de fecha 21 de agosto de 2001).

El representante del imputado interpuso recurso de casación en el que manifestó que la resolución del tribunal había provocado una situación de gravedad institucional al vulnerar los derechos de la colectividad. Indicó que el criterio sostenido no solo prolonga indebidamente la privación de la libertad ambulatoria de una persona sino que pone en peligro la libertad de todos los componentes de la sociedad. Que no tuvo en cuenta que el art. 3 del digesto procesal penal fija un criterio de interpretación restrictiva para toda disposición legal que coarta la libertad personal. Concluye afirmando que el fallo infringió abiertamente derechos y garantías procesales de origen constitucional que atañen a la comunidad entera.

3.- En el presente recurso de queja el defensor técnico indica que el recurso casatorio fue interpuesto en tiempo y forma conforme a las previsiones legales del art. 474 y cctes. del CPPT. Que las razones en que se funda la errónea aplicación e interpretación del derecho de forma fueron señaladas con la debida precisión legal y jurisprudencial.

Finaliza señalando que la sentencia efectuó una errada interpretación de la ley procesal en razón de que al momento de ser condenado ya había cumplido más de dos años de prisión preventiva.

4.- Corresponde examinar si se han cumplido los recaudos de admisibilidad exigidos por el CPPT para la interposición del recurso de queja, así como para la utilización de la vía impugnativa extraordinaria de la casación. Ello porque aun cuando se hallen reunidos los requisitos exigibles para la deducción del primero, resulta inoficioso concederlo si no se han cumplido las exigencias de admisibilidad de la casación interpuesta.

5.- Se debe señalar que el recurso casatorio carece de fundamentación adecuada que haga posible su admisión. En efecto, el escueto escrito recursivo muestra su notoria insuficiencia, toda vez que el recurrente no se hace cargo de los argumentos contenidos en la sentencia. En sus planteos no se advierte una crítica puntual y concreta como así tampoco expresan las normas de derecho sustancial o formal transgredidas. El acusado no rebate los argumentos esgrimidos en la resolución que rechaza la solicitud del cese de la prisión preventiva, es decir, la aplicación por parte del tribunal del art. 283 inc 3 in fine del CPPT. De igual modo la simple invocación de una situación de gravedad institucional no resulta suficiente para sostener el recurso. En estas condiciones, sus afirmaciones no pasan de ser una simple manifestación carente de sustento jurídico, ya que no plantea una cuestión jurídica sino de hecho.

El recurrente se desentiende de los argumentos en los cuales el juez sustentó la condena y como lo expresó este Tribunal en reiteradas oportunidades, al omitir toda consideración sobre ellos se dejan esas circunstancias fuera del ámbito de discusión careciendo el recurso de la fundamentación requerida por la ley procesal (cfr. CSJTuc., "Fuentes Marcelo Rubén s/homicidio culposo", 15/9/95; TSJ Córdoba, causa A. I. nº 6 del 27/2/87).

No obstante lo expresado, se puede agregar que la cuestión referida a la prisión preventiva se tornó abstracta en tanto que al dictarse la sentencia condenatoria -que en la actualidad se encuentra en ejecución- dejan de computarse los plazos establecidos por el artículo citado. En efecto, el artículo 2 de la Ley 25.430 establece que: "Los plazos previstos en el artículo precedente no se computarán a los efectos de esta ley, cuando los mismos se cumplieren después de haberse dictado sentencia condenatoria, aunque la misma no esté firme". La citada ley nacional es reglamentaria del art. 7 punto 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 7 de la Ley 25.430) y en consecuencia, tiene aplicación inmediata en todo el ámbito de la Nación.

En torno al alcance que tiene una ley nacional que reglamenta un pacto internacional con jerarquía constitucional por sobre los códigos procesales provinciales se produjo un serio debate doctrinario al momento de promulgarse a la Ley 24.390 que -como la actual 25.430- establecía los alcances de la prisión preventiva.

Al respecto la doctrina expresó que: "La Ley 24.390 jamás puede ser atacada como inconstitucional, toda vez que como reglamentaria de la Convención Americana sobre Derecho Humanos deberá en primer lugar, tenerse en cuenta que los tratados internacionales se incorporan al derecho interno argentino con la prelación que sobre el derecho provincial les acuerda el art. 31 de la Constitución Nacional, y con la naturaleza de derecho federal cualquiera fuera la materia regulada por el Tratado; la eventual reglamentación interna que pueda requerir su aplicación suscita suficiente competencia del Congreso de la Nación para dictar las leyes necesarias con vigencia en todo el país, aunque acaso la materia sobre las que recaigan esas leyes reglamentarias del Tratado esté reservada a las provincias en el reparto federal de las competencias internas (Bidart Campos, G.J., "Tratado Elemental de Derecho Constitucional", t II, p. 294). En segundo lugar, los tratados prevalecen sobre la legislación interna del Estado Parte, toda vez que la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados a la que adhirió la República Argentina, impide i nvocar el derecho interno para incumplir un tratado (art. 27), por lo tanto la ley que lo reglamenta que tiene la misma naturaleza que el tratado, ha dado cumplimiento a lo que el Pacto de San José de Costa Rica manda en su artículo 2º... (Gualda, Raúl A. "Los límites a la prisión preventiva, el nuevo Código Procesal Penal para la provincia de Córdoba y la ley 24.390", LL Córdoba, 1995 p. 5)" (Citado en "Digesto Práctico de La Ley, Excarcelación", Ed. La Ley primera edición, Buenos Aires, pág. 481).

Además de lo expuesto precedentemente, podemos agregar que la sentencia de condena se encuentra firme en tanto que por sentencia nº 993 de fecha 8/11/2002 recaída en los autos "Romero Juan José s/homicidio. Recurso Extraordinario Federal", este Tribunal denegó tal recurso extraordinario deducido contra el fallo que desestimó la casación interpuesta contra la sentencia condenatoria. Ante estas circunstancias y aún en el caso que se deduzca el recurso de queja por ante la CSJN la sentencia condenatoria se encuentra firme (art. 285 Cód. Proc. Civ. de la Nación; CSJN fallos 294-327; CSJ de Mendoza: "Fiscal contra Moyano Juan Carlos por resistencia a la autoridad y amenazas" del 22/9/2000).

Se debe recordar el espíritu de la legislación referida a la prisión preventiva y que modificó el CPPT busca resolver la situación de los detenidos sin ser juzgados los cuales gozan de presunción de inocencia por no haber sido condenados. En la especie el dictado de la sentencia de Cámara desdibujó las razones por las cuales se realizó el pedido del cese de prisión preventiva.

En relación a la cuestión planteada esta Corte ya afirmó "...que lo que la norma del art. 453 del CPP prohíbe es que se dé comienzo de ejecución a una condena impuesta por una sentencia definitiva que todavía no está firme. Más dicha prohibición no significa necesariamente que el condenado por sentencia no firme, que se halla privado de su libertad deba recobrarla, o que aquel que se halla en libertad deba continuar en tal estado, hasta tanto aquel pronunciamiento judicial adquiera firmeza. El art. 503 establece que cuando la sentencia sea absolutoria el tribunal dispondrá inmediatamente la libertad del imputado que estuviere preso y la cesación de las restricciones cautelares impuestas, aunque la sentencia absolutoria fuere recurrible, esto es, aunque no hubiere quedado firme. Ahora bien, si la sentencia es condenatoria e impone una pena privativa de libertad, y el imputado no se encuentra detenido, nada obsta a que el tribunal sentenciante, mediante el dictado de una medida cautelar, ordene la detención provisoria del acusado para asegurar el cumplimiento de la condena. En distintos precedentes, esta Corte Suprema de Justicia ha señalado que el tribunal colegiado de única instancia está habilitado para dictar medidas cautelares, en ejercicio de la competencia atribuida por el ordenamiento procesal (CSJTuc., sent. 780 del 9/10/97 causa: "Recurso de hábeas corpus interpuesto por la defensa del imputado Miguel Angel Guchea a su favor en causa: 'Aguirre, Martín Felix y otro s/robo agravado'", "Argañaráz, Ramón Eduardo s/recurso de hábeas corpus", 29/5/98). Dijo, además, en alusión a la condena dictada en igual fecha significa invocar una 'nueva circunstancia' de las enunciadas en el art. 284 CPPT concordante con el art. 281 del mismo cuerpo legal (cfr. CSJTuc., "Casiva, Joaquín y otro s/recurso de hábeas corpus a favor de Mario Oscar Ferreyra y Juan Enrique Vairetti", 23/12/98). Pero cuando, como ocurre en el caso de autos, el imputado ya se encuentra privado de su libertad por efecto de la prisión preventiva ordenada durante la etapa de instrucción, el dictado de una condena a prisión de cumplimiento efectivo, justifica la vigencia de la medida cautelar ya adoptada por el Juez de Instrucción, y torna innecesario un nuevo pronunciamiento autónomo en tal sentido" (CSJT, sent. nº 46 del 19/02/2002, "Soria Pedro Roberto s/violación agravada. Incidente de cese de prisión preventiva. Recurso de queja por casación denegada").

Conforme a lo precedentemente exhibido, la queja en examen no puede prosperar, por cuanto la instancia casatoria pretendida resulta inadmisible.

HAGASE SABER.- ANTONIO GANDUR