marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Honorarios, honorarios del perito, perito contador, patrocinio letrado
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Paraná  S.A.  de Seguros c/ Cap. y/o Prop. y/o Arm. Bq. "Sea Commerce" s/ Cobro
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-25

Los aranceles profesionales son los que fijan las remuneraciones que por su aplicación pueden percibir determinados profesionales. Y como la Ley 21.839 se aplica solamente a los casos en que hay labor de abogado o procurador, la actuación del perito contador en los trámites del cobro de sus emolumentos no genera derecho a percibir honorarios aún cuando actuaren sin la asistencia de patrocinante ya que ello contraría lo dispuesto por el artículo 56 del Código Procesal. No modifica lo expuesto la remisión que el artículo 12 del Decreto - Ley 16.638/57 efectúa respecto de la Ley 21.839 puesto que siendo supletoria la aplicación de esta última, resulta improcedente extenderla a supuestos como el de autos regulados expresamente por otras normas.
Jueces, sentencia, jurisprudencia, doctrina
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: SULIGOY,  NANCY  ROSA  FERUGLIO DE; SULIGOY, MARCELO JAVIER; SULIGOY, MARIA GABRIELA Y SULIGOY, PABLO LUIS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  NRO 352-87)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-12-29

Tanto la jurisprudencia como la doctrina son valiosos auxilios del juez en la etapa deliberativa del mecanismo prudencial.
Beneficios tributarios, aplicación de la ley tributaria, promoción forestal
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: MADONI Y MORETTI S.C.A. s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-19

El requisito según el cual el inversionista beneficiario de la desgravación deba ser el titular del correspondiente plan técnico de forestación, aprobado por el instituto Forestal Nacional recién surge en el texto de la resolución general 1933 y no aparece como exigencia en el texto del decreto 465/74; es distinto requerir que las plantaciones deban efectuarse según planos técnicos aprobados, que exigir que ellas deban financiarse por el titular de los planes técnicos referidos.
Martillero, honorarios
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco de Galicia y Buenos Aires c/ Delorenzi Luis Ernesto y otro s/ Cobro Ejecutivo Jeanmaire Jaime y otra c/ Pascuali Sergio Víctor s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-09-15|1998-09-15

La previsión contenida en el art. 74 de la ley 10973 resulta sólo aplicable en supuestos de frustración definitiva del acto, cuando el único parámetro retributivo emerge de la base de la venta no concretada. Pero si, como en el caso, tal frustración no ha sido más que una alternativa previa camino de la subasta luego realizada y cuya evaluación solo puede hacerse al concluir la labor del martillero, la pauta utilizable debe ser la nacida del precio de la subasta que se hizo, y en tanto la primigenia base evidencióse irreal.- (Minoría u opinión personal)
Honorarios, regulación de honorarios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Sociedad Cooperativa de Transporte Automotor Litoral Limitada (S.C.T.A.L.L.) c/ Municipalidad de San Nicolás s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-04-21

En atención a que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto la sentencia y no surge de la pretensión expuesta en la demanda que se persiga el resarcimiento de un monto determinado, la regulación en autos deberá practicarse de acuerdo a lo dispuesto por el art. 22 del dec. ley 8907/77 para el principal. La regulación de honorarios del recurso extraordinario denegado se efectuará siguiendo las pautas señaladas por el art. 6 de la ley 21.239. (Minoría u opinión personal)
Recurso contencioso administrativo, recurso de reposición (procesal), honorarios, base regulatoria, causa no susceptible de apreciación pecuniaria, defensa en juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: Weibel, Abel Miguel c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso de revocatoria- Recurso contencioso administrativo de plena  jurisdicción - Auto regulatorio - Revocatoria (Expte.: C.S.J. Nro.  262 Año 1990)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-10-29

Corresponde rechazar el presente recurso de revocatoria, desde que el argumento dirigido a cuestionar la estimación de la base económica para la regulación de los honorarios por parte de la accionada no puede ser atendida por cuanto la ley 6767 autoriza a los profesionales a estimar sus honorarios, lo que implica un análisis de la cuantía (artículo 4, inc. a, y 27), pero no prevé una necesaria incidencia previa con participación de las partes, estando suficientemente tutelado el derecho constitucional de defensa con la posibilidad -y carga- de estimar el monto reclamado, y de ser oída y producir pruebas sobre el particular al interponer revocatoria. Y si bien es cierto, que el justiprecio de los honorarios fue efectuado sobre esa base económica y de allí la mención que se hace en los considerandos respectivos al artículo 27 de la ley de aranceles, que autoriza ese proceder, la impugnante no logra demostrar que la misma se errónea. En efecto, la alegación de que la demanda carece de monto cuya determinación se haría por medio de prueba pericial, no puede prosperar en virtud de que la restitución en la esfera jurídica vulnerada, en le aspecto económico, fue expresamente solicitada en aquella etapa, haciendo operativa la norma de enunciado 8vo. de la ley de aranceles profesionales, tal como se expresó en el auto recurrido.
Recurso extraordinario, cuestión de derecho común, sentencia arbitraria, interpretación del contrato, interpretación literal, autonomía de la voluntad
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Eirin, Alberto c/ Plan Ovalo  SA . de Ahorro para Fines Determinados. s/ Reecurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-02

Si bien lo atinente a la exégesis de la voluntad contractual es materia de derecho común, ajena al recurso extraordinario, ello reconoce excepción cuando los jueces asignan a las estipulaciones de un contrato un alcance reñido con la literalidad de sus términos y la clara intención de las partes, y lo decidido no se basa en explícitas razones suficientes de derecho.
Estupefacientes, secuestro de bienes, tenencia de estupefacientes, bien jurídico protegido, sentencia condenatoria, in dubio pro reo, marihuana, cuerpo del delito
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Maccio, Juan C. s/ Inf. Ley 23737. Causa 25196
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-06-21

Si resulta imposible determinar la pureza o el grado de concentración del estupefaciente no pudiéndose determinar su poder toxicomanígeno, no se puede elucidar si la indeterminada tenencia de la sustancia transgreda el bien jurídico que la Ley 23737, tutela y en consecuencia, queda comprometida la acreditación del cuerpo del delito.

Por ello, resulta imposible arribar a un veredicto condenatorio, debiendo resolverse el caso en favor del encausado en virtud de lo dispuesto por el art. 13 del Código de Procedimientos en Materia Penal.
Contrato de trabajo, ley de empleo, inconstitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: "Liguori, Natalia c/ Rabedra, Hugo y otro s/ Despido".
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-21

Si bien la actora en los agravios planteó la inconstitucionalidad del art. 47 inc. b ley 25.345 por entender que la imposición al trabajador de la denuncia al ente recaudador es un cercenamiento liso y llano del derecho que le conceden los arts. 8, 9 y 10 de la ley 24.013, violando los arts. 14 bis y 17 de la Constitución Nacional, no cabe hacer lugar a dicho planteo pues la norma analizada se limita a agregar una suerte de requisito específico que no es de cumplimiento imposible y posee aristas debatibles. La base fundamental de la supremacía de la constitución es el conocido "principio de razonabilidad", según el cual los actos de cada uno de los poderes del estado deben ser razonables para ser considerados constitucionales. Lo opuesto a la razonabilidad es la arbitrariedad. Tanto el legislador como el juez deben actuar con razonabilidad y están supeditados al control de constitucionalidad, en tanto que es doctrina de la Corte Suprema que la razonabilidad se determina ante la presencia de proporcionalidad entre el medio escogido por el legislador y la finalidad propuesta. Sobre tal base, si se considera que el fin del legislador ha sido el de combatir la evasión fiscal y previsional (ley 25.345 conocida como "Ley Antievasión"), la exigencia impuesta al trabajador no parece desproporcionada e irrazonable en la medida que se aprecie que apunta al interés general y no sólo del empleado.
Infracciones formales tributarias, falta de facturación, controladores fiscales, evasión fiscal
Materia: PENAL-TRIBUTARIO
Carátula: FREE WAY S.R.L. s/ INF. LEY 11.683
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-11-18

Si se encuentra probado que el contribuyente había emitido facturas sin emplear el controlador fiscal que exige la reglamentación, y, por consiguiente, no está en discusión si se emitió o no factura, resulta irrelevante que el incumplimiento no importe evasión de tributos, que no hubiera perjuicio para el fisco y que no se hayan obstaculizado las facultades de verificación y fiscalización de la Administración. La falta de emisión de comprobantes en las formas, requisitos y condiciones que establece la Administración Federal de Ingresos Públicos implica un incumplimiento de los deberes formales del contribuyente y se encuentra sancionada por el inc. a) del artículo 40 de la ley 11.683 (t.o. 1998). (Sumario confeccionado por el SAIJ)
Prueba, apreciación del juez
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sens, Roberto c/ Godoy Martires y ots. s/ Daños y perjuicios Godoy Martires, y otra c/ Bovari, Luis Guillermo y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-12-03|1992-12-03

Ha dicho esta sala que en la labor interpretativa no ha de procederse por un desmenuzamiento atomístico de las pruebas, haciéndoles perder a éstas su unidad sistemática. No corresponde utilizar la sana crítica a través de una aislación de elementos sino proceder por síntesis valorativa (arts. 384, 456, CPCC).
Recurso extraordinario federal, fundamentación del recurso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: DE LA RUA LUIS A. s/ RECURSO EXTRAORDINARIO EN AUTOS:"CONCEJO DELIBERANTE DE LA CAPITAL  DE SANTIAGO DEL ESTERO C/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA   (INTERVENCION FEDERAL) S/ QUERELLA POR CONFLICTO DE PODERES".
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-03-07

El impugnante incurre en iguales vicios, si al tiempo de introducir la Cuestión Federal por vía de sentencia arbitraria, y de la gravedad institucional no demuestra los extremos que evidencian, no efectúa una alegación precisa, por lo que corresponde denegar el recurso.
Plazos procesales, suspensión del plazo
Materia: LABORAL
Carátula: Antoni, Carlos V. c/ Frigorífico Gorina S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-05-10

Que la suspensión decretada por el Presidente del Tribunal del Trabajo resulta improcedente desde que el art. 17 de la ley 11653 establece la perentoriedad e improrrogabilidad de los términos procesales. (Minoría u opinión personal)
Sucesiones, colación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Scrocchi, José María c/ Scrocchi, Ernesto Amilcar s/ Simulación y colación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-08-09

La colación consiste en el acto por medio del cual los herederos forzosos de una persona, aportan o reúnen a la masa hereditaria los bienes o valores desprendidos por voluntad de esta última de su patrimonio, en concepto de liberalidades o actos a título lucrativo, que lesionen a la porción legítima. De ese modo se logra una justa e igualitaria división y partición. A pesar de las expresiones usadas en los arts. 3477 y 3469 del C.C., se trata, de una reunión "ficticia" a los efectos de una operación de contabilidad, de una reunión de "valores" como lo aclara la nota al art. 3744 C.C.
Poder Judicial, Corte Suprema de Justicia de la Nación, nombramiento, Poder Ejecutivo, Cámara de Senadores
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Padilla  Miguel  Manuel c/ E.N. -Senado de la Nación s/ proceso deconocimiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-09-23

Atento a que de la Constitución Nacional resulta que el nombramiento de juez de la Corte Suprema ha sido atribuido a la responsabilidad y valoración definitiva y final del Poder Ejecutivo y del Senado; respetadas las especiales exigencias regladas en aquel texto, y desechada una conducta manifiestamente irrazonable o arbitraria -ya que no es dable sostener que al designar al abogado los poderes ejecutivo y legislativo hayan en forma manifiesta desbordado el margen de apreciación que les dan las normas constitucionales-, la revisión judicial en los términos pretendidos implicaría -en definitiva- la adopción de un criterio de mérito por el tribunal judicial sustituyendo a quienes tienen la competencia según el orden constitucional. (Del voto de la Dra. Jeanneret de Pérez Cortés).
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, Estado
Materia: ECONOMIA-POLITICO
Carátula: Mendoza, Marcos Francisco c/ Instituto Frigorífico Municipal s/ Laboral (Expte Nro. 62-93) -Tribunal pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-05-02

Cuando el Estado se ocupa directamente de la producción y circulación de los bienes, convirtiéndose en empresario -industrial o mercantil- se somete a las reglas del mercado y le rigen o deben regir las mismas normas que a los individuos, manteniendo un correcto equilibrio entre las fuerzas económicas. Ha de tenerse presente en el orden de lo expuesto la clara y constructiva postura adoptada por la Iglesia Católica (principio de subsidiaridad), especialmente a través de León XIII (Encíclica Rerum Novarum), Pío XII, Juan XXIII y Juan Pablo II. Pío XI indicaba sobre el principio de subsidiaridad que la actividad del Estado tiene carácter de orientación, de estímulo, de coordinación, de suplencia y de integración, nunca de destrucción y absorción de la actuación privada; lo que resulta ampliada por Juan XXIII (Mater et Magistra) "La experiencia efectivamente atestigua que donde falta la iniciativa personal de los particulares hay tiranía política; pero hay además estancamiento de los sectores económicos destinados a producir, sobre todo la gama indefinida de bienes de consumo y de servicios, que se refieren, no sólo a las necesidades materiales, sino también a las exigencias del espíritu; bienes y servicios que ocupan de un modo especial, la genialidad creadora de los individuos. Por otro lado, donde falta o es defectuosa la debida actuación del Estado, reina un desorden irremediable, abuso de los débiles por parte de los fuertes menos escrupulosos, que arraigan en todas las tierras y en todos los tiempos, como la cizaña entre el trigo". (De los Fundamentos del Dr. Marin -En Disidencia-). En el caso la cuestión a resolver es: ¿Es competente la Justicia del Trabajo para dilucidar los conflictos de naturaleza laborativa suscitados entre el Instituto Frigorífico Municipal de la ciudad de Santa Fe y sus dependientes?
Locación de cosas, excepción de incumplimiento contractual, equipo teleimpresor
Materia: COMERCIAL
Carátula: EQUITEL  SA c/ AMTRAK  SA s/ SUM.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-06

Corresponde el rechazo de la exceptio non adimpleti contractus articulada por la locataria ante la demanda por el cobro de los alquileres de un equipo teleimpresor, si no existe prueba de intimación alguna dirigida a la locadora tendiente al suministro de un mejor servicio, o en su caso la cesación del contrato por causa imputable a aquella. Ello, deriva de la actividad omisa de la locataria, no adecuada a las reglas que rigen para el contrato de locación, ya que correlativamente a la garantía que la ley pone a cargo del locador por los vicios que impidieran el uso de la cosa arrendada (cciv 1525), incumbe al locatario darle aviso y requerir las reparaciones necesarias a cargo de aquel.
Despido con causa, abandono de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: P. J. I. c/ B. S.R.L. s/ Cobro de Pesos - Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-08-04

El abandono de trabajo en los términos del art. 244 L.C.T. no se configura cuando el trabajador responde a la intimación cursada por el principal exponiendo los motivos de su ausencia que, justificada o no, revelan su intención de no abandonar el contrato de trabajo.
Locación de cosas, locación de inmuebles, resolución anticipada del contrato
Materia: CIVIL
Carátula: PEREIRA DEMARCHI José Luis c/ Sancho Francisco Javier y Otros s/ Cobro de Alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2013-02-08

La Ley de Locaciones Urbanas (Ley 23.091) consagra -en el art. 8- un supuesto especial de conclusión del contrato de locación inmobiliaria ligado al fenómeno de la temporalidad. Así, según señala la doctrina, si bien el legislador ha establecido plazos mínimos a favor de ambas partes, lo que impone su necesario cumplimiento, morigera -a la vez- la rigidez de la solución respecto al locatario, ya que lo faculta a resolver anticipadamente el contrato siempre que concurran los requisitos establecidos.
Competencia federal, daños y perjuicios, responsabilidad médica, mala praxis, responsabilidad de la obra social
Materia: PROCESAL
Carátula: PARDO DE MENENDEZ PAEZ, María Inés c/ BALASSANIAN, Pedro s/ RESPONSABILIDAD MEDICA - COMPETENCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-18

Reclamados daños y perjuicios por mala praxis médica contra el profesional y una Obra Social que cubre las prestaciones requeridas por el personal del Estado, el objeto del proceso gira en torno de un aspecto de la responsabilidad estatal, de donde la causa resulta de competencia de la justicia federal.-
Cuestiones de competencia, readaptación del condenado, competencia en lo penal económico, juez de ejecución, nulidad procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: GODOY POBLETE, EDUARDO s/ Contrabando
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-05-28

1 - En materia de ejecución penal resultan excluyentemente competentes los Jueces Nacionales de Ejecución Penal, aún en los casos en que las sentencias condenatorias hayan sido dictadas conforme a las previsiones del Código de Procedimientos en Materia Penal, y la cuestión debe regirse por las previsiones del Código Procesal Penal de la Nación, por ser este último el que establece las competencias y facultades de aquellos magistrados y que nada se preveía al respecto por el código anterior.- 2 - Los Jueces de Ejecución Penal son los magistrados competentes para conocer en cuestiones como la planteada en autos (rehabilitación del condenado por sentencia firme), por lo que el tribunal "a quo" (Juzgado en lo Penal Económico) carecía de competencia para conocer y resolver en la solicitud de la defensa del procesado, de lo cual resulta que por no haberse observado las reglas para determinar la competencia en razón de la materia, corresponde declarar la nulidad.
Domicilio, domicilio constituido, domicilio especial
Materia: PROCESAL
Carátula: CIRCULO DE INVERSORES  S.A. c/ BLANCO, ANDREA s/ EJECUCION PRENDARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-02-09

La calificación de domicilio constituido sólo corresponde al domicilio procesal o ad-litem fijado a los efectos del proceso, conforme al régimen establecido por el cpr: 40, no procede, por consiguiente, asimilarlo al domicilio especial constituido en el contrato prendario inscripto en el registro correspondiente, sin que ello importe desconocer los efectos que el CCIV: 101 otorga a tal domicilio.
Recurso de apelación (procesal), cuestiones de competencia, agravio concreto, improcedencia del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Incd. de apel.de MARINO,Rubén A.". s/ .
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-12

No causa gravamen a las partes los cambios de radicación de la causa entre juzgados del mismo Fuero.
Recurso contencioso administrativo, producción de la prueba, plazo, dictamen pericial, prueba pericial
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Construcciones Industriales y Civiles S.R.L. c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción-Recurso de  revocatoria (Expte.: C.S.J. Nro. 147 año 1986)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-11-27

No puede tener acogida el recurso de revocatoria interpuesto por la demandada entendiendo que la prueba informativa solicitada es improcedente porque no fue ofrecida dentro del término legal desde que, la que se solicita, lo es a los fines de la adecuada producción de la prueba pericial. En efecto, no se trata de una prueba ofrecida por medio de informativa sino de una información necesaria para conocer la situación del objeto de la peritación luego de reanudados los términos en la causa, es decir, no es más que un trámite necesario a los fines de la producción de esa prueba.
Actualización monetaria, prescripción
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Idiazábal, Raúl Alberto c/ Provincia de Buenos Aires (Inst. Prev.Social) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-12-18

La actualización de oficio de los haberes previsionales impuesta al Instituto de Previsión Social por el art. 44 del decreto ley 9650/80 no importa por sí misma la imprescriptibilidad de las sumas devengadas por tales conceptos, toda vez que, consistiendo la prescripción un principio en la materia, ninguna excepción se consagra en la ley vigente al respecto.
Prescripción, aplicación de la ley, servicio militar, accidente en acto de servicio, responsabilidad del Estado, fallos de la Corte Suprema, aplicación analógica de la ley, accidentes de trabajo, incapacidad laboral
Materia: ADMINISTRATIVO - CIVIL - PROCESAL
Carátula: Díaz, Claudio A. c/ Gobierno Nacional s/ Costas
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-28

A partir del precedente de esta Sala en la causa 3499 confirmado por la Corte Suprema en su sentencia de 26/8/86, sostuvimos que la responsabilidad del Gobierno Nacional en casos como el de autos se encuentra disciplinada no sólo por las normas que reglamentan la relación militar, sino también por el precepto del artículo 2 de la Ley 9.688, párrafo incorporado por la Ley 18.913.

La presencia de este precepto dentro de la ley que regula los accidentes de trabajo nos lleva de la mano a la conclusión de que, cuando de prescripción se trata, lo razonable es que se recurra el régimen específico de dicho ordenamiento y no a los dispositivos del Código Civil. Consecuentemente, el plazo aplicable es el que establece el artículo 19 de dicha Ley, que si bien es también de dos años, tiene la particularidad de que contempla, en su anterior redacción (Ley 15.448), la aptitud interruptiva de las actuaciones administrativas, en tanto que en el texto vigente - según la modificación dispuesta por la Ley 23.643 - se incorpora un régimen amplio para la determinación del pronto de partida de la prescripción, que presupone el conocimiento cierto de la incapacidad, exigencia que ya aparecía en el artículo 258 de la Ley 20.744 (t.o. 1976) y en la jurisprudencia de la misma Corte Suprema.