Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-04-21


En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut, a los 21 días del mes de abril del año dos mil ocho, se reunió en Acuerdo la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, integrada por los doctores Jorge Pfleger, Alejandro Javier Panizzi y Juan Pedro Cortelezzi, con la presidencia del primero de los nombrados, para dictar sentencia en los autos caratulados "W. , Y. L. s/ Doble homicidio agravado" (Expediente N° 20.326 - W - 2005).

El orden para la emisión de los votos resultó del sorteo de fojas 1312: Cortelezzi, Pfleger y Panizzi.

El Juez Cortelezzi dijo:

1.- Que vuelven las presentes actuaciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a fin de dictarse nueva sentencia con arreglo a los precedentes citados en el fallo.

Así, corresponde ingresar directamente al tratamiento de la cuestión planteada en el recurso de casación interpuesto por el Defensor Público, doctor Eduardo Marsal.

La Cámara en lo Criminal de Esquel condenó a Y. L. W. a la pena de prisión perpetua con reclusión por tiempo indeterminado, inhabilitación absoluta y costas, por considerarlo autor material y penalmente responsable de los delitos de doble homicidio agravado por conexión con otro delito y robo simple, en concurso real, cometidos en esa ciudad el día 5 de noviembre de 2003, en perjuicio de Y. H. F. y E. F. (C.P., arts. 12, 19, 29, inc.3°, 40, 41, 52, 55, 80, inc.7° y 164).

Que el hecho acreditado por la a-quo ocurrió el día 5 de noviembre de 2003, antes de la once, el imputado, quien trabajaba como cocinero en el Restaurante Chino denominado Z. H., ubicado en calle 25 de Mayo *** y vivía en dependencias existentes en el patio de dicho edificio, procedió a dar muerte en primer lugar a quien explotaba dicho local, el ciudadano de nacionalidad china Y. H. F. , llevándola a cabo en un depósito próximo a la cocina, mediante el uso de sus manos, patadas y un elemento contundente de forma ojival de 04 cm. de diámetro, que no pudo ser hallado, propinándole posiblemente primero una patada en hemicara izquierda para luego una vez en el suelo golpearlo con el elemento contundente y contra la pared ocasionándole un severo traumatismo craneoencefálico que le produjo a su vez un paro cardiorrespiratorio, además de las restantes lesiones de carácter leve, constatadas. Que el violento accionar estuvo dirigido a obtener dinero de la víctima, lo que se infiere no sólo del robo posterior perpetrado y que justamente su conducta inmediata fue la de dirigirse hacia el sector del local en el que la víctima guardaba el dinero, sino también de la mecánica del suceso, ya que conforme lo explicara el perito en criminalística las distintas que tuvo el acontecimiento indicarían que el autor buscaba obtener algo de la víctima, golpeándolo primero en el suelo hasta que la cabeza sangró para luego golpearle la cabeza contra la pared donde dejó la impronta del sangrado con la forma de la cabeza, las salpicaduras radiales correspondientes a los golpes y el consecuente chorreado. Luego de ello se dirigió al sector de dormitorios que ocupaba la familia del occiso, donde en uno de ellos estaba el niño E. F. de tres años de edad, sobre la cama, aparentemente dormido, pues tenía puesto la ropa de dormir o pijama. En este sector, no se sabe si previo a iniciar la búsqueda del dinero, que realizó revolviendo las valijas, cajas, muebles que allí se hallaban, durante dicha búsqueda o con posterioridad a ella, también dio muerte al nombrado, golpeándole el cráneo en dos oportunidades mediante elemento romo de superficie abrasiva de gran masa, produciéndole fractura múltiple de huesos que le ocasionó la muerte.	Sentado ello, cabe analizar si los vicios alegados por el defensor particular de Y. L. W. resultan procedentes.

La crítica se centró en la motivación de la sentencia en lo que hace a la autoría del imputado, sosteniendo que la a-quo se ha apartado del sistema de la sana critica racional para valorar el material probatorio.

Sostuvo que el imputado en todo momento negó la pertenencia del pantalón secuestrado con manchas de sangre; que el dinero en su poder era producto de varios años de ahorro; que las lesiones que presentaba al momento de ser detenido en Capital Federal no fueron determinadas científicamente por un perito.

Continúa criticando y asegura que hubo falencias en la fundamentación del fallo y que los juzgadores han ido sumando indicios anfibológicos que de manera alguna constituyen una cadena indiciaria unívoca que demuestre con certeza que el autor de los homicidios sea el señor W. y no otro.

Planteado el motivo de agravio, corresponde ahora sí ingresar al tratamiento del mismo y al análisis de la sentencia.

Adelanto mi opinión contraria al recurso, ya que de la lectura del fallo se desprende que el mismo ha sido debidamente fundado, conforme lo exige el sistema imperante de la sana crítica y ha establecido con certeza la existencia del hecho delictivo y la participación en él del imputado.

Así, la a-quo tuvo por acreditado el hecho aquí investigado y la autoría del imputado con:

- la declaración de L. H. Z. (madre y esposa de las víctimas). Fue la primera que encontró los cuerpos. Este testimonio resultó clave para la investigación, no sólo porque fue quien llegó en primer lugar al escenario del hecho, sino que también aportó datos valiosos que permitieron encaminar la investigación. Dijo que tenían dinero guardado en su domicilio, consistente en treinta mil dólares y cien mil pesos, y plata chilena que era la que dejaban los clientes de esa nacionalidad. Estos datos relatados por la damnificada fueron contrastados con el acta de detención de fs. 181/210, cuando se secuestra en poder del imputado dinero de la misma nominación que denunciara como sustraída la esposa de la víctima (dólares, pesos y pesos chilenos).

- El hallazgo en la habitación que ocupaba el imputado de un pantalón con manchas de sangre, un par de zapatos de cuero color negro, un cuchillo de hoja ancha que la víctima siempre tenía en su mesa de luz y unos diccionarios.

- La pericia realizada en el laboratorio de Biología Molecular arrojó que la evidencia correspondiente al pantalón con manchas hemáticas presentó un mismo perfil genético que se correspondía con el perfil de una de las víctimas.

- Testimonio del perito criminalístico Oficial E., quien refirió que se podrían haber producido las manchas del pantalón mediante "salpicaduras" o "chorreo", y con ello descartó lo dicho por el imputado respecto a que se había producido por "roce" o "apoyadura".

- Testimonio nuevamente de la Sra. Z. y de la moza del restaurante que afirmaron que tanto el pantalón como la remera roja y los zapatos negros, eran los que usaba habitualmente el imputado, identificando además estos elementos por la suciedad que presentaba y las manchas de aceite, agregando la segunda de las nombradas que era la ropa que tenía puesta el imputado el último día que lo vio.

- Testimonio de los empleados del restaurante, L. y T. , quienes al concurrir a su lugar de trabajo a las 11.00 horas fueron atendidos por W. quien les indicó que tendrían franco hasta el martes porque el dueño había viajado a Buenos Aires.	- El comportamiento posterior del imputado.

- Las lesiones que presentaba el imputado al momento de ser detenido.

Que en base a todo el material probatorio colectado, se concluyó que este cúmulo de indicios han probado suficientemente la intervención del imputado en el hecho como único autor material.

En base a lo expuesto entiendo que el fallo ha sido debidamente fundado, y se ha probado fehacientemente la autoría y responsabilidad de W. en el mismo.	Así el tribunal utilizó esta pluralidad de indicios en contra del imputado partiendo de un hecho concreto, debidamente acreditado, e hicieron una elaboración mental razonada y acorde con el sistema de la sana crítica, explicando en el fallo su razonamiento.

Coincido asimismo con la calificación legal escogida en la sentencia, pues de acuerdo a la mecánica del hecho que ha sido descripta en la sentencia, es fácil concluir que el imputado mató para apoderarse del dinero que la víctima tenía en su dormitorio. Como bien lo explica el juez que lideró el acuerdo, tal vez, al comienzo W. le pidió, como otras veces, un adelanto, y ante la negativa de su empleador, y amparado en su superioridad física y la ausencia de la esposa de T., acometió contra él de forma violenta, al comienzo para exigirle la entrega de dinero, pero ante la resistencia, optó por matarlo. Para ello tuvo en cuenta el grado de violencia aplicado sobre el cráneo de la víctima y la cantidad de sangre que pediera, lo cual genera la certidumbre de la intención existente en W. de terminar con la vida del propietario del restaurante. Luego de ello, se dirigió al dormitorio donde se encontraba el dinero y al encontrarse con otro obstáculo, el niño, que seguramente al escuchar los ruidos pudo despertarse, también decidió terminar con su vida. Concluye la Jueza Jones que tanto la muerte del niño como la del padre se conectan con el robo, proponiendo como encuadramiento la figura agravada del artículo 80, inc.7°, a la cual adhieren sus colegas.

Sin embargo disiento con el a-quo con la imposición de la accesoria prevista en el art.52. Entiendo que la consecuencia punitiva que le corresponde a la calificación dada al hecho, es lo suficientemente grave como para reparar el daño ocasionado, sin necesidad que tener que aplicar el instituto cuestionado por la defensa.

Por otro lado, el artículo 13 del Código Penal dice que podrá lograr su libertad condicional a los treinta y cinco años, por lo que me parece más que adecuada la penalización impuesta.

En razón de lo expuesto habré de revocar la sentencia en este sentido.

Siendo ello así, entiendo que corresponde declarar improcedente el recurso de fs. 1026/34vta., confirmar parcialmente la sentencia fs. 937/974 vta. y revocar la imposición de la reclusión por tiempo indeterminado impuesta en forma accesoria.

Por último deberá regularse los honorarios profesionales de la Defensa Pública, a cuyo fin propongo la suma de pesos setecientos cincuenta ($ 750) -Ley 2200, artículos 10 y 14).

Así voto.

El Juez Jorge Pfleger dijo:

I. La convocatoria a la Sala lo es por consecuencia de la casación articulada en desmedro de la sentencia que condenó a Y. L. W. a padecer la sanción de prisión perpetua con reclusión por tiempo indeterminado, inhabilitación absoluta y costas, al haber sido hallado autor material y criminalmente responsable de los delitos de doble homicidio agravado por conexión con otro delito y robo simple, todo en concurso real, cometido en la ciudad de Esquel el 5 de Noviembre de 2003 en desmedro de Y. H. F. y de E. F. .

Por consecuencia de la pena y de los artículos 179 inc. 2° de la Constitución Provincial y 357 del C .P.P. (Ley 3155) llegó la causa por vía de la consulta.

II. En lo que atañe al recurso, la decisión fue atacada por el Defensor Público doctor Eduardo Marsal y obtuvo, en principio, un pronunciamiento adverso, ya que el 16 de Febrero del año de dos mil seis, el Superior Tribunal de Justicia declaró improcedente la casación y confirmó el fallo en su todo. Empero, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto el pronunciamiento al acoger la queja que la defensa había introducido cuando el recurso extraordinario le fuera denegado.

Vueltos los folios a la instancia, el señor Defensor General presentó memoria y mantuvo la reserva del caso federal en el escrito adosado en la hojas numeradas 1268 a 1276 y el señor Procurador General de la Provincia hizo lo propio en el memorial de la hoja 1280.

III. Formulada esta brevísima semblanza, pues con propiedad han sido expuestos tanto el contenido de la sentencia cuanto los puntos puestos en vilo por el señor Ministro Cortelezzi, me permitiré entrar derechamente al tratamiento del asunto, haciendo algunas aclaraciones preliminares.

En primer término seguiré sosteniendo lo que ha sido, hasta ahora, una opinión solitaria. Entiendo que el caso debe ser tratado por el pleno pues el instituto de la consulta marca el tono del procedimiento.

Así lo dije en "Leiva- Cayul" uno de los primeros precedentes en los que expresé mi punto de vista respecto de la aplicación del instituto constitucional cuando viene apareado al recurso de casación, aún de la casación del nuevo rostro cincelado por el precedente "Casal" arriba comentado; así lo expongo nuevamente.

IV. Pero voy al grano.

Al dar inicio al proceso de inspección que ocupa, expreso mi completa adhesión a la manera, prolija como es frecuente, en que los sentenciantes han dado tratamiento a la cuestión atinente al tema de la materialidad considerada en su faz objetiva.

Acertada ha sido la valoración de las autopsias de fs. 85 y 94, la ponderación de los dichos de la madre y esposa- S. L. H. - y el testimonio de A. A. P. , obrante en la hoja 10 incorporada al debate por su lectura, a lo que se suma el informe y la compilación fotográfica y los planos materializada por el Gabinete de Criminalística de la Policía Provincial en la ciudad de Esquel que recrea el estado de cosas al momento del descubrimiento del crimen.

Nada puede permitir que se dude de las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la muerte de F. Y. H. y E. F. o F. E. , tópica que, en este plano, no ha sido discutida.

Lo que ha sido puesto en discusión es el hecho de cargar en la mochila del imputado la autoría, en el modo en que lo hizo la sentencia y sobre este aspecto me pronunciaré en coincidencia con mi colega de Sala que con sintética justeza ha inspeccionado la recurrida propiciando su homologación.

Creo sinceramente en que las evidencias indicativas recogidas conforman un todo que concurre a la conclusión de que Y. L. W. fue el homicida de los F., padre e hijo, y que lo hizo para llevarse el dinero que pertenecía a su patrón asesinado.

Explico con pretensiones de ser claro	La prueba de presunciones es en términos generales y si se construye sobre la base de hechos indiciarios legalmente incorporados al proceso, unívocos, precisos y concordantes ( vieja fórmula con la que se conceptuaba a este medio) un medio apto para conducir a la certeza.

Apunto, como cita de autoridad a Morello: quien ha enseñado que: "..Si hay un sector del mapa probatorio que lleva al operador jurídico (juez, jurado, árbitro, abogado) a trabajar en un frente de conjunto, en una red que, interactuante, anude y teja, es el de los indicios: dispersos acaso débiles o insuficientes, si son tratados en solitario, pero que multiplican e interactúan en la recíproca articulación y en función unitaria, el valor de convicción de las evidencias. Las parcelas, los indicios, abastecen a las presunciones (así, en plural) que, se reflejan en el paciente armado de la totalidad de esos cabos sueltos. Tan delicada y compleja trama se dibuja, a los fines de la carga de probar, enlazando débiles consistencias parciales, en una ponderación que relaciona unos indicios con los otros para construir un plexo de hecho en unidad combinada. No hay modo de captar esas partes sino en un todo; sólo así se desemboca en un cuerpo de fuerza compacta...." (ver el autor en LL 1998- A- 312) El proceso de determinación de la verdad, en los términos vistos, es un proceso de construcción, en el que el Juez analiza cada una de las evidencias en si misma y en su contexto, de allí que la balcanización de las pruebas complota con la tarea que es objeto del sentenciante, porque, si así sucede, recreará una historia distorsionada por los puntos oscuros.

Desde esta perspectiva, creo que, desafortunadamente para él, el complejo reunido es suficiente para adquirir la certeza que se requiere para fundar la condena de W. .

Veamos.

Compelido por las exigencias del máximo rendimiento en la inspección seguramente incurriré en repeticiones, porque cuanto voy a decir ha sido desarrollado por los Jueces de la Cámara. Lo haré sintéticamente, no obstante.

Así: a. el indicio de presencia que significa la estancia del sujeto en el lugar de los homicidios, en el tiempo en que éstos ocurrieron es una primera cuestión ineludible, tanto y más cuando fue la única persona que estaba con los muertos, al tiempo de la ocurrencia, y permaneció en el restaurante (parte del ámbito del crimen) luego de que todos los parroquianos y demás empleados se retiraran. b. la conducta que desarrolló ante la mesera primero y luego la explicación de dio a ambos ella y uno de los dependientes, cuando les anunció que la actividad se había suspendido por el viaje del patrón a Buenos Aires, despachándolos sin más. c. el periplo hacia Buenos Aires, inmediatamente luego del momento del crimen, reseñado con prolijidad en la sentencia, a lo que se añade el hecho de que cerrara con prolijidad el recinto. d. la remesa de una abultada suma de dinero a China y el secuestro en su poder de plata cuyo monto y especie se condice con lo que faltaba en el negocio. d. la ropa y el calzado con improntas de sangre perteneciente a uno de los muertos, ropa que gastaba habitualmente en el negocio, según afirman los empleados que trabajaban con él y que fue encontrada en el cuarto que ocupaba. e. las evidencias físicas, lesiones, que tenía al momento de ser detenido, compatibles con la manera en que se produjo el ataque a Fu padre. f. la pueril excusa que vertió para explicar su manera de proceder, especialmente la razón de su plan de viaje hacia el oriente, su origen.

Es cierto que, como alega la defensa, alguna prueba podría haberse llevado a cabo para ajustar la idoneidad de algún indicio, pero no menos cierto es que ese ajuste posible no mella ni un ápice la sólida consistencia del todo para ser portador de creencia de estar en posesión de la verdad respecto del juicio de autoría.

Siempre, en el proceso de valoración de la prueba de indicios, he sostenido, es posible llegar a un punto en que aparezca alguna sutil anfibología, que se resuelve desde la lógica prevaleciente.

En ese sentido he referido a que no debemos olvidar que toda reconstrucción histórica es ideológica, o, para mejor decirlo, una representación mental acerca de lo pasado. Los jueces se configuran o prefiguran los sucesos en su cabeza a través de intermediarios, los medios de prueba y siempre existe, aún mínimamente, una posibilidad contraria a sus juicios (ya Leibniz lo decía al enunciar el principio de razón suficiente respecto de las verdades de hecho). No está en nuestro poder la capacidad de recrear imágenes como aquellas que proyectaba el artefacto pensado por Bioy Casares en "La invención de Morel" o el aparato ideado para la ficción por H.G. Wells, que brinden directamente-a los jueces- la realidad del pasado que es materia u objeto de un debate; de manera entonces que en la humana faena de determinación de la verdad sobre la hipótesis acerca de lo pretérito, sólo puede valerse, quien juzga, de la interpretación más ajustada de las pruebas que se aportan.

En este aspecto la sentencia debe ser homologada.

Capaz de recibir reproche, W. ha cometido los delitos en cuyos términos la conducta ha quedado subsumida y es acreedor de la pena que en el el art. 80 inc. 7° del C.P, está contenida, aplicando las reglas del concurso con la de robo simple (art. 164 y 55 C.P.) V. Capítulo aparte merecen los planteos de inconstitucionalidad deducidos por el señor Defensor General de la Provincia en su memorial.

VI. He mantenido una posición firme y sostenida en el sentido que la declaración de inconstitucionalidad de una norma es el último recurso del orden jurídico e implica el ejercicio del poder contra- mayoritario de los jueces que, como tal, neutraliza decisiones del órgano representativo de la voluntad nacional.

Es que si bien la clave del sistema político que se ha adoptado radica en la posibilidad del control constitucional, éste ha de ejercerse de modo prudente y cuando no existe otro remedio para conjurar atentados a los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución.

Si tal situación no es palmaria ( supuesto que admitiría la declaración de oficio) debe ser alegada y demostrada por quien la esgrime, sustrayendo la posibilidad de soluciones de alternativa a la grave sanción que se propone (recuérdese las llamadas "Reglas de "Brandeis" elaboradas por la Corte de los Estados Unidos de Norteamérica) Así dicho, comienzo el punto atinente a la pretendida infracción constitucional de la prisión perpetua aplicada.

En este sentido afirmo que salvo en el caso del art. 37 de la Declaración Universal de los Derechos del Niño, incorporado a nuestros dogmas constitucionales por el art. 75 inc. 22, no existe obstáculo para legislar la aplicación de la pena de que se trata.

Explícitamente esa norma alude a que no se impondrá, a los menores de dieciséis años de edad, pena de muerte o de prisión perpetua "...sin posibilidad de excarcelación..." lo que es consecuente con la entidad del interés que se protege (el Pacto de Costa Rica, eleva la prohibición a los menores de dieciocho años, art. 4. punto 5)	En el universo de personas mayores sólo la pena de muerte está proscripta para países que, como el nuestro, la han abolido (art. 4 punto 2 y 3 de la Convención Americana, ya citada) empero la Constitución Provincial especialmente se ocupa en declarar (art. 42) que "...Ninguna condena a muerte puede ser ejecutada en los lugares en que la Provincia ejerza sus atribuciones constitucionales en forma exclusiva...", mandando a que el Gobernador indulte aquellas emitidas por Jueces Provinciales, amén de la encomienda a los legisladores del distrito de prohijar, en el Congreso Federal, su abolición.

Pero no sucede con la prisión perpetua, pues, al consagrarla, los legisladores nacionales han actuado, formalmente, en ejercicio de sus capacidades del art. 75 inc. 12 de la C.N, sin afectar, en lo material, ningún principio (por caso el de culpabilidad o el de proporcionalidad) pues queda reservada a delitos graves, como es el caso.

Demás está decir que la prisión perpetua no implica privación de libertad sin límite, sino que, en primer término, posee un coto temporal y en segundo lugar sólo torna más exigente las condiciones o requisitos para la obtención de la libertad condicional.

Voto pues para que esta porción de los agravios sea rechazada.

En lo que toca a la reclusión perpetua me permitiré disentir con el distinguido abogado peticionante.

Si bien es cierto que la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el art. 52 del C.P. en los autos referidos en el memorial, no menos cierto es que las situaciones del precedente con el que aquí se analiza son diferentes y como tal los argumentos que condujeron a la Corte a decidir en el modo en que lo hizo.

Es que, sin renegar del concepto que considera a la reclusión por tiempo indeterminado una verdadera pena, no menos cierto es que su inclusión en el art. 80 del C.P. distingue la categoría de pasivos. No se trata aquí de la sanción accesoria a un recalcitrante o con más propiedad a un multireincidente, por esa situación abstraída de la conducta que ha merecido la condena.

No se aplica la sanción teniendo en cuenta la configuración de la historia personal, la propensión del sujeto a delinquir; la sanción obedece a la grave entidad de la conducta prohibida y, por consecuencia, no se ve afectado el principio de culpabilidad, uno de aquellos que la Corte defiende de manera cabal en "Gramajo", el precedente citado.

Observo, por otro lado, que en el caso de marras existía una notable desproporción entre el reproche que merecía la conducta del sujeto (declarado autor del delito de robo en grado de tentativa y penado con dos años de prisión por ello) y las consecuencias del art. 52 bajo crisis.

Esto no sucede aquí pues, otra vez, la razón por la que la sentencia sancionó de la manera vista, fincó en la entidad del doble homicidio calificado del que fueron víctimas padre e hijo, este último un infante, lo que habla a las claras del nivel de reprochabilidad del autor, que para más era un paisano de los muertos que formaban parte de una familia que le había dado cobijo.

Por todo ello, postulo también el rechazo de la pretensión casatoria.

VII. Finalmente digo de mi coincidencia con la regulación de los honorarios profesionales puesta en consideración por el señor Ministro preopinante.

VIII. En lo que atañe a la consulta me remito a lo ya dicho que implicó un examen completo. Así me expido y voto.

El Juez Alejandro Javier Panizzi dijo: I) En sendos votos de los reconocidos colegas que los emitieron antes hay concordancia con respecto al tema de la materialidad delictiva, considerada en su faz objetiva. También la hay en cuanto a que el imputado, Y. L. W. , es el autor del hecho; al igual que a su calificación jurídica, del mismo modo en que se efectuó en la sentencia traída, cuya homologación -sobre estos aspectos- ha quedado establecida en los votos precedentes.

Hay coincidencia también en lo atinente a la pena de prisión perpetua sentenciada por la Cámara de Juicio.

En cambio, existe divergencia en lo que concierne a la pena de reclusión perpetua que recayó sobre el imputado. Éste es, precisamente, la cuestión que debo dirimir.

Sobre el punto concuerdo con el voto del notable Ministro doctor Pfleger, tanto en que debe confirmarse la sanción cuestionada, como a que debe rechazarse el planteo de inconstitucionalidad propuesto por el señor Defensor General de la Provincia.

No existió la supuesta infracción constitucional de la reclusión por tiempo indeterminado aplicada al condenado (artículos 52 y 80, párrafo 1º del Código Penal) porque, como lo anotó con acierto el doctor Pfleger no hay obstáculo para legislar la aplicación -a casos como el que ahora juzgamos, es decir, a delitos graves- de la pena cuestionada.

La Corte federal, en el precedente ?Gramajo, Marcelo E.?, de fecha 05/09/2006 (JA 2007-I-530), citado por la propia recurrente, juzgó, con respecto a la inconstitucionalidad del artículo 52 del Código Penal que en dicha causa no se ventilaba la constitucionalidad ni el alcance de la reclusión accesoria prevista en el art. 80 del Código Penal, para el supuesto de los homicidios calificados. Allí, la cuestión se limitó ?... a los casos del art. 52 derivados de multirreincidencia... en principio parece excluir -como consecuencia necesaria- aquellos supuestos de delitos por demás graves ya que, en su caso, la condena hubiera implicado una pena de larga duración? (cons. Nº 29).

Con estos fundamentos adhiero por completo a los expresados en el segundo voto, confeccionado por el doctor Pfleger.

De manera que lo que la defensa propone en los agravios no será admitido, el recurso de fs. 1026/1034 vta. será rechazado y, por ende, se confirmará la sentencia fs. 937/974 vta., en todas sus partes.

II) Suscribo a lo decidido sobre la imposición de las costas y la regulación de honorarios que se determinó en el primer voto, por ajustarse ésta a las pautas de la ley arancelaria.

Así voto.

Con lo que finalizó el Acuerdo, pronunciándose la siguiente:

--- S E N T E N C I A - 1º) Declarar que el recurso de fs. 1026/34vta. es improcedente, con costas (C.P.P., art. 487).

2º) Confirmar la sentencia de fs. 937/974 vta.

3°) Regular los honorarios de la Defensa Pública en la suma de setecientos cincuenta pesos ($750), no incluye I.V.A. (Ley 2200, art. 14 y Ley 4920, art. 59).

4°) Protocolícese y notifíquese.

Fdo: Pfleger, Cortelezzi, Panizzi.-