marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Conflicto de poderes, gobierno municipal, revisión judicial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Vidal, Horacio Alfredo c/ Concejo Deliberante de Necochea s/ Conflicto art. 187 Const. Prov.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-03-26

Si el conflicto planteado en los términos del artículo 187 de la Constitución Provincial importa un replanteo íntegro de la cuestión, su conocimiento excede de la intervención de este Tribunal, consistente unicamente en una suerte de contralor extraordinario y excepcional, más no en una instancia recursiva. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Gobierno de facto, derechos adquiridos, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Gaggiamo, Héctor José Carlos c/ Provincia de Santa Fe s/ recurso contenciosoadministrativo de plena jurisdicción.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-19

Que los derechos nacidos al amparo de la legislación de facto no tengan el rango de los derechos plenamente adquiridos bajo las normas dictadas conforme al procedimiento constitucional, no es sino el inevitable costo que supone diferenciar entre un régimen de fuerza y uno basado en el imperio de la Constitución Nacional.
Recurso de inconstitucionalidad, prueba
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ACORONI, GUSTAVO JUAN c/ PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO (ART) S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-04-13

La impugnante no logra demostrar que, en la especie, los juzgadores se hubiesen apartado de la necesaria correlación que debe existir entre los hechos acreditantes de la imputada intención dilatoria de la aseguradora y la conciencia de la propia sinrazón, conforme mandato legal, toda vez que la Cámara, a los fines de fundamentar la patente e inequívoca conducta maliciosa de la accionada, la individualizó en base al minucioso análisis que con extrema prudencia efectuó sobre las pruebas y demás constancias de la causa, además de las medidas para mejor proveer que ordenó en igual sentido y, una vez concretadas, notificó a las partes en resguardo de su derecho de defensa, sin que ninguna de ellas hubiera efectuado observaciones al respecto.
Revocación de sentencia, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, impugnación del acto administrativo, fallos de la Corte Suprema
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GCBA s/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad Denegado en Demonte Fermín Oscar Y Otros c/ GCBA y Otros s/ impugnación actos administrativos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-11-15

Corresponde revocar la sentencia de la Cámara que en el caso, acotó el debate a la fijación de los alcances de la exención prevista por el artículo 12 de la ley n° 15336; y con apoyo en los precedentes "Intesar" y "Transener" de la CSJN, consideró que la pretensión fiscal de la Ciudad de percibir el impuesto sobre los ingresos brutos que la actora debía ingresar por la actividad de construcción de una estación transformadora de energía eléctrica en la Provincia de Corrientes, obstruía el fin de interés nacional perseguido por la referida exención. Ello así, en tanto hay razones intrínsecas a esa jurisprudencia y otras -la mayoría- acotadas a las circunstancias particulares de la causa, que impiden considerar que el fallo recurrido está debidamente fundado e imponen revocarlo. El GCBA recurrente pone en evidencia que la Cámara no tuvo en cuenta que no se probó de forma alguna -salvo por la expresión de voluntad de los contratantes, que resulta inoponible al Estado local- que su pretensión fiscal pudiera dificultar el transporte de energía eléctrica; ni meritó que, aún en ese caso, el actor podía trasladar su incidencia al canon que percibe de la Provincia de Corrientes, sin afectar con ello los fondos del Estado federal. (Del voto de las juezas Alicia E. C. Ruiz y Marcela De Langhe. Voto en igual sentido del juez Santiago Otamendi).
Playas de estacionamiento, daños al automotor, daños y perjuicios
Materia: CIVIL
Carátula: IOVANE, Damián Javier c/ HIPÓDROMO ARGENTINO DE PALERMO S.A. y otro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-08-20

Corresponde atribuir la responsabilidad indirecta a la empresa demandada que ofrece a sus clientes el servicio de estacionamiento gratuito (artículo 1113, primer párrafo del Código Civil) si ante el accionar imprudente y desatendido del empleado del valet parking que estacionó un vehículo con el cambio de velocidad puesto en lugar del freno de mano, se produjo la colisión de éste con otro de los rodados estacionados al presionar equivocadamente y a distancia el control para el encendido que estaba junto a la llave.

(Sumario N°18091 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil Boletín N°4/2008).
Desistimiento, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: Banco de Crédito Argentino c/ Casa Zvetcoff y-o Joaquín Do Brito o Noemí Haydeé Terrón s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-04-04

El desistimiento del proceso necesita para su eficacia la aquiescencia o por lo menos el silencio del demandado, extremo que no incide en la carga de las costas que, en tanto no medie acuerdo en contrario o se deba a cambios de legislación o jurisprudencia, hace que deba cargar con las costas.
Interés del menor, derecho del menor a ser oído
Materia: PENAL
Carátula: B., C. N. c/  s/ corrupción de menores
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-06-13

El art. 12.2 de la Convención sobre los Derechos del Niño claramente expresa que el niño debe ser escuchado directamente, o por medio de un representante o de un órgano apropiado "en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional" de modo que difiere el margen de apreciación de los Estados partes respecto de la elección del modo concreto en que el niño habrá de ser escuchado. La CDH no le impone regular que sea oído directamente en todos los casos, ni le fija condiciones para definir quién puede representar al niño, ni tampoco define cuándo será oído por un representante o cuándo por un "órgano apropiado"; en ese marco, los Estados gozan de un cierto margen de apreciación, siempre que garanticen una vía eficiente para que el niño pueda ser oído. Si no puede ser oído directamente, porque su edad y falta total de madurez mínima lo impiden, y si ninguno de sus representantes legales definidos en la ley interna se presentase ante las autoridades judiciales para hacer efectivo el derecho del niño a ser oído, entraría en consideración una posible afectación por parte del Estado de un deber de garantía, el de proveerle al niño la intervención de un órgano apropiado para que pueda ser oído en los términos del mencionado artículo (voto del juez García).
Sanciones laborales, impugnación de la sanción
Materia: LABORAL
Carátula: HURTADO, Victor David c/ CASA MACEL S.R.L. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1995-03-07

La ley no exige respecto del acto de impugnación ninguna forma específica, requiriéndose solamente una declaración recepticia dirigida al empleador que importe un comportamiento unívoco que evidencia la voluntad de cuestionar la suspensión. Resulta suficiente la objeción formulada al momento de la notificación, sin ser necesario el sometimiento a fórmulas sacramentales que por excesivo rigorismo hagan fracasar las posibilidades del trabajador mencionado.-
Procedimiento administrativo, defensa en juicio, derecho a ser oído, derecho a ofrecer y producir prueba, protección de la flora y fauna silvestre
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO - PENAL
Carátula: César y Antonio Karam  SCICA. s/ Contencioso  Administrativo  de  plena  jurisdicción  e  ilegitimidad  c/decreto N. 2.423/83 del P.E.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-24

No resulta atendible la alegada violación de la defensa en juicio si surge de las actuaciones administrativas por violación de la ley 22.421 sobre conservación de la fauna que el actor tuvo la oportunidad de ser oído y de producir la prueba que estuviese a su alcance, y, además, no destaca de qué pruebas o defensas se vio privado y cuál sería la incidencia que habrían tenido en la decisión del caso.
Extinción del contrato de trabajo, despido indirecto, indemnización por despido
Materia: LABORAL
Carátula: Casares, José María c/ Segatti Hnos. SRL s/ Cobro de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-11-02

Cuando median diversas intimaciones del trabajador y una sola de ellas reviste envergadura suficiente para justificar el auto despido, la indemnización del mismo deviene procedente.
Juicio oral, prueba, prueba pericial
Materia: PENAL
Carátula: García, Héctor Daniel s/ Robo agravado y tentativa de hurto calificado en concurso real
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-03-04

Es improcedente el agravio en el que se denuncia la transgresión del art. 271 del Código de Procedimiento Penal alegando que la pericia médica oportunamente solicitada por la defensa se realizó mediante prácticas que no guardan relación con el objeto de la misma si se advierte que los peritos incluyeron entre los datos evaluados algunos más de los señalados por la defensa, lo que en modo alguno puede equipararse a la denegatoria de prueba alegada por el recurrente.
Estafa, tipo penal, engaño
Materia: PENAL
Carátula: B., O.N. s/ Fraude en Perjuicio de una Administración Pública
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-11-06

"La simple mentira, es decir, la sola afirmación de un hecho incierto, no es per se elemento de la estafa, pero lo será cuando concurra con un artificio apto para engañar".
Justicia militar, tribunales militares, juzgamiento de civiles, actividades subversivas, estado de emergencia, recurso militar de infracción a la ley, efecto extensivo, coprocesado
Materia: PROCESAL - PENAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: ACUÑA, HAYDEE ELVIRA Y OTROS. s/ SUBVERSION.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-11-23

Teniendo en cuenta la naturaleza estrictamente excepcional con que fue instituída la jurisdicción castrense para el juzgamiento de civiles y la desaparición en la actualidad de las graves circunstancias de emergencia nacional que justificaron dentro de ciertos límites su legitimidad, la Corte considera aplicable en la especie la norma extensiva de los efectos favorables de la apelación que de la condena hubiere articulado alguno de los coprocesados, contenida en el segundo párrafo del art. 436 del Código de Justicia Militar, cuyo espíritu debe adecuarse a la especial situación en que se desarrollaron las actuaciones, consagrando un principio de equidad respecto de quienes no hubieran logrado, por diversos motivos, impugnar oportunamente la condena. Ello importa declarar que los efectos de la revocatoria de las sentencias dictadas en jurisdicción militar alcanza también a todos los condenados.
Delito de acción privada, impulso procesal, querellante, secuela de juicio, apertura a prueba
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: MAIRAL, Osvaldo M. s/ calumnias e injurias Causa nro. 12.933
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-27

En este tipo de procesos es a la querella a la que le corresponde el ejercicio de la acción, por lo tanto el acto que pueda ser considerado "secuela de juicio" y por ende interruptor de la prescripción debe provenir de ésta. En esa inteligencia se ha otorgado tal naturaleza al pedido de apertura a prueba materializado en un efectivo ofrecimiento y substanciación de ésta en favor e interés de la querella.
Daños y perjuicios, daño resarcible
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: TEJEDA DE GOMEZ, DOMINGA E. Y GOMEZ AMALIA c/ NUÑEZ EDUARDO Y OTROS Y/O QUIEN RESULTE CIVILMENTE RESPONSABLE s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-04-28

El daño concreto a resarcir al cónyuge e hijo por la muerte del esposo-padre, está representado por el daño patrimonial consistente en la privación de todo lo que les fuera necesario para proveer a la subsistencia.
Derecho procesal, medidas cautelares, interventor recaudador, ejecución hipotecaria
Materia: COMERCIAL
Carátula: MUÑIZ, OSCAR c/ ZAHRA, RUBEN s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-06-23

Procede la medida cautelar requerida -designación de interventor recaudador- y mantener las anteriores trabadas cuando, -como en el caso-, lo pretendido tiene sustento en la verosímil insuficiencia de su producto para atender al crédito invocado, toda vez que cierto inmueble se encuentra gravado con una hipoteca y afectado por un embargo ordenado en una ejecución hipotecaria, siendo que el valor probable de realización de un automotor, se aprecia prima facie insuficiente para asegurar el crédito reclamado y sus accesorias.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, fundamentación suficiente, concurso preventivo, verificación de créditos, AFIP
Materia: CONSTITUCIONAL-COMERCIAL
Carátula: POLICLINICO RAFAELA S.A. s/ CONCURSO. PREVENTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-02-18

Esta Corte ha sostenido en diversas oportunidades que el artículo 32 de la ley 24522 procura asegurar la real existencia del crédito insinuado, comportando la verificación del mismo un trámite que constituye una verdadera demanda de conocimiento, de naturaleza ordinaria y plena que hace cosa juzgada formal y material, donde el acreedor debe probar la existencia de la obligación; por lo que no obstante reconocer el Ente Fiscal haber incurrido en un error material al formular la boleta de deuda, los fundamentos del fallo de primera instancia consistentes en que no había acompañado una nueva boleta para demostrar adecuadamente la causa del crédito insinuado, permanecen incólumes (De la disidencia de los Dres.

Gutiérrez y Spuler).
Recurso de apelación (procesal), expresión de agravios
Materia: PROCESAL
Carátula: CARATE, Raúl Ezequiel c/ IPV s/ Información Sumaria" Expte. N° 426.337/13 del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil de Personas y Familia 6ª  Nominación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2014-02-13

Debe desestimarse el recurso si el apelante no ha seguido una correcta técnica recursiva porque no ha rebatido el fundamento expresado por el juez de primera instancia que tuvo en cuenta para rechazar la demanda promovida en autos.
Demanda, rectificación de la demanda, doctrina de los actos propios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Vernil S.A.C.I.I.F.C.A. c/ Industrias Velox S.A.C.I. Quiebra s/ Escrituración Sorzana, Guillermo c/ Ferrer, Juan Carlos y Garcia, Héctor s/ Embargo preventivo y ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-09-12|1986-05-27

Resulta inadmisible el cambio en la pretensión accionada que contraría los actos propios precedentes, deliberados, jurídicamente relevantes y plenamente eficaces.
Proceso judicial, prueba pericial, perito de parte, perito de oficio
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: RODRIGUEZ, SILVINA CLAUDIA Y OTRO c/ TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-05-06

El consultor técnico es, en el esquema de la ley procesal, simplemente un asesor de parte en materias técnicas, una suerte de "patrocinante técnico" de quien lo propuso, pero no un imparcial auxiliar del Juez como lo es el perito. (Sumario confeccionado por el SAIJ).
Recurso de apelación (procesal), preclusión
Materia: PROCESAL
Carátula: C., K.G. c/ S.S.V. SA s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-11-19

Si las razones o motivaciones fácticas y jurídicas expresadas por el apelante no son sino la repetición de cuestiones ya propuestas y decididas sobre las que ha recaído decisión firme, opera el principio procesal de la preclusión, que es de orden público e imposibilita reeditar dicho planteo en esta instancia.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, sentencia definitiva
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Empresa Constructora ECBA s/ quiebra s/ Concurso especial pedido por Banco Cooperativo de Caseros
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-02-17

Para determinar si una sentencia es o no definitiva lo que se necesita es saber si la cuestión puede o no renovarse en otra oportunidad o en otro juicio, porque si existe un medio por el cual es factible reparar el agravio causado por la violación o falsa aplicación de la ley o doctrina legal, no hay razón para conceder el recurso. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Tasas de interés, tasa libor, principio de congruencia
Materia: CIVIL
Carátula: Ilarraz  Francisco  Javier c/ Cap y/o arm y/o prop bq Atlántico yotros s/ faltante y/o avería de carga transporte marítimo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-14

El a quo expuso con claridad que demandada utilizó la tasa LIBOR a 360 días y que esa era la opción más favorable para la recurrente; incluso advirtió que la liquidación efectuada en Secretaría daba un resultado menor. Es evidente, entonces, que no podía aprobar la liquidación por un monto inferior al que propuso el propio deudor. Y ese proceder no impresiona como arbitrario; antes bien, supone respetar el principio de congruencia, manifestación del principio dispositivo que rige el proceso civil, que determina alcance de la decisión judicial a lo que las partes plantearon (arts. 34, inc. 4° y 163, inc. 6°, Código Procesal; Palacio, Lino E., Manual de derecho procesal civil, Ed. Abeledo-Perrot, 3ra. edición, actualizada, n° 278, p. 520).
Concursos, domicilio social, domicilio del deudor, domicilio falso, prórroga de la competencia
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Vido Construcciones s/ concurso preventivo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-09-25

Es domicilio ficticio aquel sólo aparente o convencional destinado a violentar los principios que consagran la indelegabilidad de la competencia, o la prohibición de prórroga por voluntad de las partes, al estar de por medio el interés público.
Arresto domiciliario, prisión preventiva, prórroga de la prisión preventiva, razonabilidad, medida cautelar genérica
Materia: PENAL
Carátula: Girling, Eduardo Morris s/ ley 24.390
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-05

Cuando el arresto domiciliario tiene por base y persigue las finalidades de la prisión preventiva corresponde aplicar al caso el art. 1 de la ley 24.390 que determina la fijación de un límite legal y prevé por vía de excepción una prórroga de un año, por lo que confirmar o autorizar nuevas extensiones excepcionales de la medida cautelar, no previstas expresamente en la normativa y carente de motivos pertinentes, reales y efectivos que la justifiquen, significaría una decisión contraria al control de razonabilidad conforme los criterios expuestos por la CSJN y por la Corte IDH. Es que el examen sobre la duración de la prisión preventiva no puede justificarse con aquellos parámetros que justificación la imposición de la medida cautelar (gravedad del delito, importancia de la pena y algunas situaciones relacionadas con la investigación), menos aún cuando estas consideraciones no variarán por la prolongación -aún indefinida- de la prisión preventiva. En el presente caso, no se había fijado fecha de debate, por lo que los argumentos del a quo basados en esos motivos carece de razonabilidad y corresponde disponer del cese de la prisión preventiva. El voto concurrente expresó que a la luz del alcance que asigna a los arts. 1, 2 y 3 de la ley 24.390, texto según ley 25.430, en el caso, se ha agotado holgadamente el plazo de la prórroga de la prisión preventiva de carácter excepcional de un año y en la decisión cuestionada el tribunal no ha señalado que la imposibilidad de realización del juicio se explique por existencia de articulaciones de la defensa que pudieses calificarse de dilatorias y que pudieren justificar una nueva prórroga a tenor del art. 3 de la ley. La disidencia expresó que corresponde convalidar la prórroga de la prisión preventiva teneindo en cuenta la gravedad de los hechos imputados al encausado y que la causa se encuentra en la etapa de juicio.
Accidente de tránsito, privación del uso de la cosa, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ROTTI SERGIO A. c/ JAN D. PORTUGAL Y OTRO s/ ORDINARIO - DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-07-29

La mera privación del uso del automotor, objetivamente considerada, independientemente de su afectación a determinada actividad o profesión, genera un daño que debe ser resarcido desde que aquél es usado por su propietario para satisfacción de necesidades cotidianas y no sólo como elemento de trabajo en alguna actividad productiva.

El responsable debe oblar a la víctima el dinero suficiente para que éste pueda valerse de medios sustitutos de igual calidad, ya que no existe razón para lo que deba hacer por un medio no similar al que disponía. A falta de prueba del desembolso ha de estarse a un uso medio racional del móvil, correspondiendo se descuenten los gastos que el damnificado necesariamente ha de ahorrar en razón del no uso del automotor, tales combustibles, estacionamiento, depreciación del móvil, etc. (Del voto en mayoría Dr. Napolitano).
Excepciones procesales, falta de personería, consorcio de propietarios
Materia: CIVIL
Carátula: Cons. Prop. Valle c/ Garfinkel, Jorge s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-07-07

Tratándose de un juicio entablado en nombre del consorcio contra un tercero, es indispensable cumplir con la existencia del art. 9no , inc. b) de la ley 13.612, vale decir, que el representante debió ser nombrado por acto de escritura pública.
Costas, demanda, notificación, acuerdo de partes
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO DE CREDITO ARGENTINO  s.a. c/ YACIRETA ENTIDAD BINACIONAL Y OTRO s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-10

Si se pondera que el funcionamiento de la imposición de costas está dado por el vencimiento, y que este concepto reposa obviamente en el principio de audiencia bilateral, audiatur et altera pars, no cabe sino concluir que la inexistencia de relación procesal en el sub lite impide aplicar a la apelante las costas de una contienda que no se generó por falta de integración. Ello, por cuanto la demanda judicial existe en el momento en que es comunicada regularmente a la otra parte.
Marcas, registro de marca
Materia: COMERCIAL
Carátula: Caterpillar Inc. c/ Logisticat S.R.L. s/ cese de uso de nombre.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-12

El art. 123 del citado cuerpo legal establece el principio general aplicable en la materia: los documentos en idioma extranjero deben presentarse acompañados de la correspondiente traducción. La actora no observó esa regla, lo que motivó el planteo de su adversaria; y el hecho de haber adjuntado la traducción antes de que el juez se pronunciara no basta para eximirla de las costas originadas en la actividad procesal que fue consecuencia de la conducta que discrecionalmente asumió.
Costas en el orden causado, divorcio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: DIAZ DOMINGO c/ ELENA Z. CORREAS s/ Divorcio Vincular (LIBRO: S149 - 163)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1992-03-19

"No cabe duda entonces, que el accionante resultó vencedor en cuanto se admitió el divorcio por la causal de separación de hecho por más de tres años y vencido, en cuanto se lo consideró culpable de la separación. Ello así cabe concluir que existió vencimiento recíproco y equivalente que justifica la imposición de costas en el orden causado".-