Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-06-24


ZARATE, Enrique Augusto y otros contra PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE Reg.: A y S t 198 p 85-89. Santa Fe, 24 de junio del año 2.004.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por los doctores Enrique Augusto Zárate y Andrés Sebastián Payró contra la sentencia 194 del 27 de junio de 2002, dictada por la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario en autos "ZÁRATE, Enrique Augusto y otros contra PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE -Acción Ley 10000- (Expte. 303/01)" (Expte. C.S.J. nro. 318, año 2003); y, CONSIDERANDO:

1. La Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario, mediante decisorio 194 del 27 de junio de 2002, acogió parcialmente los recursos de apelación interpuestos por los doctores Enrique Augusto Zárate y Andrés Sebastián Payró, por derecho propio, y por la Caja Forense, contra el auto 1163/2000 -por el que se habían regulado los honorarios de los citados profesionales y de la doctora Edita Mariela García por su actuación en la causa de marras, en la suma de $2.500.-, en proporción de ley-, elevando dichos honorarios al monto de $3.000.- (fs. 2/4).

Contra aquel pronunciamiento deducen los doctores Zárate y Payró recurso de inconstitucionalidad, tachándolo de arbitrario por no satisfacer el derecho a la jurisdicción, como lesivo del derecho de propiedad y de la garantía del debido proceso.

Citan el artículo 1 inciso 3 de la ley 7055 y normas pertinentes de la Carta Magna local y de la Constitución nacional (fs. 7/15).

Postulan los quejosos la irrazonabilidad de los fundamentos empleados en el acuerdo recurrido, señalando que ellos son puramente dogmáticos, sólo aparentes, y carentes de objetividad.

Las causales descalificantes que invocan pueden sintetizarse así:

a) Arbitrariedad por falta de motivación suficiente: consideran que la sentencia exhibe sólo una motivación "aparente", desde que -a su juicio- presenta fundamentos contradictorios, que no son fruto de un razonamiento lógico, coherente, ni con sustentación en los hechos probados de la causa.

Coligen que ello convierte la resolución en arbitraria y basada en la sola voluntad del Juzgador.

Destacan que la autocontradicción en que incurrió el Sentenciante radica en que, por un lado, juzgó aplicables a las regulaciones de honorarios en las causas de la ley 10000 las pautas previstas en los artículos 4, 5 y 37 de la ley 6767, aduciendo que los límites del artículo 12 de dicho cuerpo no resultaban operativos, con mayor razón en aquellos casos en que apareciese de alguna manera involucrado algún interés económico en la cuestión.

Pero, por otro lado, a la hora de resolver, el Judicante -según alegan los impugnantes- desconoció las pautas de los aludidos artículos 4, 5 y 37 de la ley 6767, y aplicó un honorario coincidente con la parte final del artículo 12 de la misma ley.

En este aspecto, formulan diferentes consideraciones acerca del alcance del límite establecido por el artículo 12 inciso 9 -in fine- de la ley 6767, analizan la normas pertinentes de la ley 10000, y comparan la acción que concede esta ley con el instituto del amparo.

Por otra parte, los recurrentes tildan de inentendible, rebuscada e inútil, la argumentación del fallo impugnado basada en la interpretación de la imposición de costas.

En relación con ello, ponen de relieve que la sentencia de primera instancia condenó a la Provincia a efectivizar el plan de equipamiento en su totalidad, no sólo un 10% del mismo.

Enuncian, también, la importancia económica y social que -a su criterio- reviste el asunto, afirmando que un parámetro para medir esa trascendencia son los efectos económicos indirectos o mediatos que pueda tener la acción.

b) Arbitrariedad en la solución: entienden que la Sala optó por confirmar una solución notoriamente injusta para el caso concreto, pues si bien elevó los honorarios a $3.000.-, tal suma sigue siendo absolutamente desproporcionada con la labor realizada.

Afirman que no puede perderse de vista la condena en costas, debido a que en función de ella se determinará el monto real a cobrar como emolumento profesional.

Ejemplifican lo expuesto diciendo que, en los hechos, la Cámara ha elevado los honorarios de la suma de $250.- (10% de $2.500.-) a $300.- (10% de $3.000.-).

Subrayan, asimismo, que la regulación efectuada representa sólo el 2% de lo estimado oportunamente por la Caja Forense, lo que evidencia -según dicen- la manifiesta desproporción de aquélla.

Concluyen que, de este modo, se consagró una respuesta jurisdiccional inequitativa, confiscatoria y arbitraria, y que este tipo de regulaciones, que son -a su entender- absolutamente mezquinas, atentan contra la dignidad profesional, el carácter alimentario del honorario y la incumbencia de los curiales que ejercen la rama del derecho ambiental y las acciones populares.

c) Arbitrariedad por prescindencia de prueba decisiva y contradicción con inequívocas constancias de autos: señalan que en el sub lite se prescindió y a la vez se contradijo prueba decisiva, consistente en numerosos elementos que acreditaban la trascendencia económico-social de la causa, así como la calidad y extensión de la labor profesional dentro y fuera del proceso.

Aducen que el A quo omitió meritar numerosas constancias incorporadas al expediente, que acreditaban en forma cierta y determinada el efecto económico indirecto o mediato de la causa (presupuestos para el equipamiento de los Bomberos Zapadores por un monto total de $8.131.984.-).

Argumentan que tampoco se ha sabido apreciar la prueba que refería a la trascendencia social de la demanda, por ejemplo, la documental consistente en recortes periodísticos referidos a la pésima situación del Cuerpo de Bomberos Zapadores.

Añaden que por tratarse de un servicio público de carácter general, toda la comunidad está interesada en su buen funcionamiento.

2. El Tribunal a quo, mediante auto 203 del 8 de julio de 2003, denegó la concesión del remedio intentado, lo que motivó que los perdidosos acudieran por vía de queja ante esta Sede (fs. 24/27).

3. Reiterados pronunciamientos, tanto de esta Corte como del más Alto Tribunal de la Nación han sostenido que las cuestiones referentes a la regulación de honorarios e interpretación de las normas arancelarias son materias que escapan a la esfera de aplicación del remedio extraordinario (Fallos: 230:321; 257:157; 297:46; 302:253; A. y S. T. 50, p. 481/485; T. 100, p. 34/39; T. 115, p. 252/255; T. 116, p. 208/212, T. 156, p. 459/479, entre otros).

Tal regla, sin embargo, encuentra excepción cuando la impugnación constitucional y la tacha de arbitrariedad logran demostrar que la decisión jurisdiccional incurre en un apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso, o cuando lo resuelto afecta la justa retribución de los profesionales y los priva de derechos definitivamente incorporados a su patrimonio como consecuencia de las tareas realizadas, como así también, cuando media una decisiva carencia de fundamentos (cfr. Fallos: 294:459; 297:287).

Sentadas dichas premisas, ha de señalarse que no es esta última la situación que depara el sub lite, toda vez que del cotejo de la pieza recursiva con la sentencia impugnada surge con nitidez que los reparos formulados dejan traslucir tan sólo el desacuerdo de los impugnantes -sin entidad constitucional- para con el criterio sostenido por el Juzgador, no revistiendo, en consecuencia, aptitud para configurar un supuesto que habilite excepcionar la regla aludida ut supra.

Adviértase, a tal efecto, que los quejosos no discrepan con la Sala en cuanto a la normativa que juzgan aplicable, postulando -tanto aquéllos como ésta- la operatividad de los artículos 4, 5 y 37 de la ley 6767.

Y aunque los recurrentes plantean la autocontradicción del pronunciamiento impugnado, no logran rebatir suficientemente los motivos de la denegatoria, en cuanto expresa: "...La contradicción que se apunta no resulta configurada, por cuanto el hecho de que se admitiera que la regulación de honorarios en las acciones deducidas con fundamento en las prescripciones de la ley 10000 no estaría limitada por los términos del artículo 12 "in fine" de la ley 6767, no obstó a que -como se lo hiciera-...se llegase a regular una suma coincidente con la resultante de dicha norma, conforme a lo normado en el artículo 5 con remisión al 4 de la ley 6767..." (fs. 26vto./27).

Al respecto, en el recurso directo, los impugnantes cuestionan el fundamento precedentemente transcripto por reputarlo errático e incoherente, y advierten que resulta por demás sugestivo que la regulación coincida con el límite máximo establecido en el artículo 12 in fine de la ley de aranceles (cfr. f. 37); mas con tales alegaciones no llegan a acreditar que el razonamiento del A quo padezca una fractura lógica que lo haga ininteligible y que sea menester acudir a aportes argumentales extraños a su contenido para tornarlo comprensible.

Los quejosos no demuestran, en suma, que el decisorio incurra en una irreductible oposición conceptual de magnitud tal que lo descalifique como acto jurisdiccional (A. y S. T. 67, p. 418; T. 74, p. 302; T. 99, p. 209; T. 101, p. 1).

A más de lo señalado, resulta decisivo para descartar la arbitrariedad imputada a la sentencia recurrida, la falta de demostración de un concreto supuesto de apartamiento normativo en virtud del cual surja, en forma clara, el derecho de los recurrentes a una regulación mayor de conformidad con disposiciones arancelarias.

Con relación a la falta de fundamentación suficiente en que -según los impugnantes- habría incurrido la Alzada, no puede dejar de mencionarse que ésta brindó los motivos que la condujeron a elevar a la suma de $3000.- la regulación practicada en primera instancia, habiendo expresado que se trataba de una causa no susceptible de apreciación pecuniaria, especificado qué normas entendía aplicables al caso, y evaluado -de conformidad con tales disposiciones- tanto el éxito obtenido, como la labor profesional desplegada por los apelantes (cfr. fs. 3/4).

En este sentido el Sentenciante afirmó "...que la proporción del 10% en que se considerara haber prosperado la pretensión, no puede entenderse de ninguna manera cuantitativamente económica, y menos en la magnitud que se procura..." y agregó "...Es que si el equipamiento importa la suma de $8.131.984.-, y ese rubro el 10% de la pretensión, la incorporación y capacitación del personal, que configuraría el 90% de lo pretendido, sería de $73.187.856..." (f. 4).

Frente a ello, los quejosos intentan oponer su particular apreciación del sub examine, apoyándose en que la sentencia de primera instancia había condenado a la Provincia a efectivizar el plan de equipamiento en su totalidad -no sólo un 10% del mismo-, y en la trascendencia económica y social que atribuyen al tema en cuestión.

Sin embargo, lo invocado no alcanza para desvirtuar los razonamientos del Tribunal, especialmente, si se tiene en cuenta que la exigencia de adecuada fundamentación que surge del artículo 95 de la Carta Magna local "no impone al juzgador desarrollos minuciosos, bastando que, mediante las proposiciones formuladas en torno a los hechos y el derecho del caso, la sentencia se sostenga a sí misma, como pronunciamiento razonable y objetivo, o lo que es lo mismo, no aparezca como pura afirmación dogmática, caprichosa y subjetiva de la voluntad judicial" (cfr. A. y S. T. 65, p. 424/428; T. 99, p. 195/197; T. 102, p. 236/241, entre muchos otros).

El reparo de los recurrentes, atinente a que el A quo habría consagrado una solución injusta para el caso concreto, tampoco puede prosperar. Ello así, desde que aquéllos remiten en su argumentación a la consideración del monto real a percibir en virtud del porcentaje de condena en costas, cuestión ésta que no resulta implicada en la regulación misma, y que carece de incidencia en la determinación de la cuantía de los honorarios.

Tampoco es decisiva su argumentación relativa a la disparidad de lo regulado con respecto a la estimación de la Caja Forense, como bien se expuso en el auto denegatorio del recurso (cfr. f. 27), no rebatido sustancialmente por los impugnantes.

Finalmente, los reproches por prescindencia de prueba decisiva y contradicción con inequívocas constancias de autos, no se advierten configurados en la especie.

Nótese que, aunque los quejosos vinculan dichas tachas a la trascendencia económica y social de la cuestión debatida, no logran conmover los fundamentos brindados por el A quo, que de acuerdo con lo supra señalado, resultan suficientes para sustentar la respuesta jurisdiccional brindada.

Recuérdese que, más allá de su grado de acierto o error, los jueces no se hallan obligados a seguir a los recurrentes en todas sus alegaciones (cfr. A. y S. T. 53, p. 75; T. 100, p. 457, entre otros), ni tienen el deber de ponderar todas y cada una, exhaustivamente, las pruebas arrimadas a la causa, sino que basta que analicen aquéllas que entienden conducentes para fundar sus conclusiones (cfr. A. y S. T. 100, p. 251; T. 101, p. 408, T. 139, p. 375, entre otros).

En suma, a través de las tachas de arbitrariedad formuladas, no demuestran los impugnantes que se de en el caso un supuesto que constituya una excepción a la regla general ya mencionada, según la cual las cuestiones relativas a la regulación de honorarios e interpretación de las normas arancelarias son materias que escapan a la esfera de aplicación del remedio extraordinario.

Las razones expuestas sellan, sin más, la suerte adversa del presente recurso.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.:FALISTOCCO-GASTALDI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)