Tribunal: CAMARA DE TODOS LOS FUEROS
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2012-02-16


ACUERDO: En la ciudad de San Martín de los Andes, Provincia de Neuquén, a los días dieciséis (16) días del mes de febrero del año dos mil doce, se reúnen en el Salón de Acuerdos de la Cámara en Todos los Fueros de la IV Circunscripción Judicial, los señores integrantes Dra. Gladys Mabel Folone y Dr. Federico Augusto Sommer, con la presencia de la Secretaria actuante Dra. Mariel Lázaro, para conocer de los recursos de apelación interpuestos en estos autos caratulados "ANTIN, Marisa Elisabet C/ Figun Erika Giselle S/ Despido por causales genéricas", Expte. CSM Nro. 550/11 del Registro de la Secretaría Civil de este Tribunal, venidos del Juzgado Civil n°1 de Junín de los Andes.

De acuerdo al orden de votos sorteado, la Dra. Gladys Mabel Folone dijo:

I. A fs. 83/91, el Sr. Juez de Primera Instancia dictó sentencia definitiva en la presente causa, haciendo lugar parcialmente a la demanda promovida por Marisa Elisabet Antin en contra de Erika Giselle Figun, condenándola a pagar a la actora la suma de mil ochocientos pesos ($1800), con más los intereses reclamados que se calcularán desde que cada suma es debida y hasta el efectivo pago a la tasa activa que aplica el Banco Provincia del Neuquén, en concepto de haberes devengados por los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2010. Finalmente, impuso las costas procesales a la actora en un noventa por ciento en forma solidaria con los Dres. ... y ... y el diez por ciento a la parte demandada. En relación a los honorarios de la parte actora señala que si bien comparte la doctrina que sostiene que no es posible franquear los mínimos legales, ya que éstos tienden a proteger la libertad y dignidad de la profesión del abogado, considera que en este caso se puede hacer una excepción a esta doctrina, en atención al flagrante desconocimiento de la legislación aplicable por parte de los profesionales, lo que evidencia, dice, que tal protección resulta injustificada. Que en este caso, el trabajo profesional en defensa de los intereses de la actora no amerita la escala mínima que prevé el arancel.

II. Contra el fallo citado, se alza el Dr. ..., apoderado de la actora, por derecho propio, con el patrocinio letrado del Dr. ..., quien también recurre por derecho propio, expresándose los agravios a fs. 94/97/ vta..

El recurrente señala, por la actora, que en la sentencia de grado, el sentenciante desconoce el principio de inversión de la carga de la prueba, de tutela del trabajador y el "in dubio pro operario", según el cual dice, es el demandado el que tiene la carga de la prueba. Que el fundamento en el derecho procesal del trabajo está en la forma como funcionan las relaciones laborales entre trabajador y empleador. Que al trabajador le basta afirmar que se ha incumplido con sus derechos y será el empleador o demandado quien tiene que acreditar lo contrario. Señala que agravia a su parte que el sentenciante no ha considerado para extraer futuras conclusiones, acerca de la veracidad de cada una de las posturas asumidas por la actora y demandada en relación a la actividad y el horario de trabajo de la actora. Se agravia también que el a quo, a los efectos de considerar los días trabajados no considere y profundice en quien retiraba al menor de la escuela los días martes y jueves. También cuestiona la parcial apreciación de los dichos de los testigos que realiza el sentenciante, pues dice, solamente considera veraces a los testimonios de los testigos de la demandada sin fundamento alguno. Se molesta porque no considera la prueba lógica e integralmente. Cuestiona la valoración de los testimonios de Alaniz y Badaro, que son pareja y amigos íntimos de la demandada. Tampoco, remarca, ha considerado las contradicciones de los únicos dos testigos de la demandada que declaran saber que días trabajaba la actora. Se agravia de la falta de credibilidad que le otorga al testigo Calfulen, y las apreciaciones efectuadas respecto de esta testigo, de la ligera apreciación de los dichos de Dádamo. Finalmente dice, que se agravia porque el sentenciante se apoyó en los dichos de los testigos de la demandada cuando a su entender están plagados de contradicciones. Considera probado que la actora trabajaba de niñera todos los días de las semana. También manifiesta su agravio en relación al modo de imposición de las costas realizado por el a-quo, esto es, noventa por ciento en forma solidaria a la actora y a sus letrados y diez por ciento a la demandada. Alega que el a quo desconoce el principio procesal de que la condena en costas debe ser soportada por la parte vencida y se impone por el solo hecho del vencimiento, sin otra consideración por responder a ese principio objetivo que tiene en cuenta la derrota independientemente de la buena o mala fe, de la mayor o menor razón para litigar. Que rige la teoría objetiva de la derrota. Que siendo el presente un reclamo laboral, se agravia por la imposición de costas a la actora y a sus letrados. Dice que la doctrina y la jurisprudencia es pacífica en cuanto a la primacía del principio señalado, aun cuando la demanda prospere parcialmente y por sumas menores o ínfimas, fundándose en la calidad laboral del crédito reclamado. Cita jurisprudencia.

Por otra parte, los letrados recurrentes por derecho propio, a fs. 97 vta. se sienten agraviados por la extensión de la condena en costas a los mismos, y por las expresiones del sentenciante. Expresan que su parte fundó el reclamo en el Estatuto de Servicio Doméstico, aunque admiten que fueron erróneamente consignados rubros en la liquidación, dice que eso no justifica la sanción impuesta, que exige conforme criterio del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia y la Corte Suprema de Justicia de la Nación una interpretación estricta, debiendo existir y ser evidente la inconducta profesional, expresando que en el caso no ha habido inconducta o negligencia profesional.

III. A fs. 99/100 la demandada contesta agravios a través de sus apoderados, en tiempo y forma. En relación al primer agravio dice que la actora no ha comprendido que el juez al dictar su pronunciamiento lo hace sobre la base de estar convencido, persuadido de sus afirmaciones, y que tal como el sentenciante lo señaló en su fallo, no está obligado a analizar las pruebas en su totalidad sino sólo aquellas conducentes para la correcta decisión. Respecto al segundo agravio relativo a la crítica de la valoración de los testimonios dice que el testimonio debe ser valorado dentro de un contexto, que es una unidad imposible de ser escindida, y así fueron analizados en la sentencia los dichos de los distintos testigos. Agrega que los testimonios que no se presentaron con fuerza para generar el convencimiento necesario para el juez fueron indicados y explicados los porque de la debilidad y que la valoración de los testimonios que confirman la posición de la demandada, se realizaron con igual criterio, analizando un todo y su consonancia con el resto de la prueba. En cuanto al agravio relativo a la imposición de costas, tanto en la proporción cuanto en la solidaridad impuesta a los letrados de la actora, considera acertada la postura asumida por el sentenciante y dice que no solo está justificada desde lo moral, sino fundada legalmente, agrega que la parte desconoce el art. 17 de la ley 921 y la posibilidad de apartarse del principio del art. 68 del CPCyC. Alega carencia de argumentación para desvirtuar la condena en costas. Dice que no cita fallos del Tribunal Superior y de la Corte Suprema, como dice, sino que son de otros tribunales. IV. Así las cosas, encuentro que los agravios expresados no alcanzan a conmover la sentencia del a-quo. En lo referente a los agravios expresados en relación a la valoración de la prueba producida, encuentro que éstos solo constituyen una disconformidad con lo expresado por el sentenciante, y no son una crítica concreta clara y razonada de los aspectos que se consideran errados. No considero suficiente para desvirtuar la conclusión a la que arribó el juez de grado, la trascripción de determinadas segmentos de los testimonios de algunos testigos de la recurrente, ni la descalificación de los testimonios de la demandada. Debe recordarse que la apreciación de la prueba producida, es una actividad propia del juez no sometida a ninguna regla, más que a la sana crítica racional, la que no se ha puesto en crisis en el caso que nos ocupa. Por tanto las apreciaciones subjetivas del apelante, la mera disconformidad con la sentencia por considerarla equivocada o injusta, no constituyen argumentos suficientes para conmover dicha pieza procesal.

Tiene dicho este Tribunal que: "...la parte debe seleccionar del discurso aquel argumento que constituya la idea dirimente y que forma la base lógica de la decisión. Efectuada la labor de comprensión, le cabe demostrar cuál es el punto del desarrollo argumental que muestra un error en sus referencias fácticas o en su interpretación jurídica -dando las bases del distinto punto de vista- que lleva al desacierto ulterior concretado en el veredicto. Cuando el litigante no formula su expresión de agravios de esa manera, cae derrotado por su falta de instrumental lógico de crítica, antes que por la solidez de la decisión que recurre..." (Morales Plata Hilda c/ Cruz Acurana Demetria y otros s/ Despido",Expte. CSM Nro. 06/2009, publicado en la página oficial de internet www.jusneuquen.gov.ar. Y, en fecha más reciente, "Huenteo, María Verónica C/ Coop. de trabajo San Martín de los Andes S/ Cobro de Haberes", CSM nro. 18 del corriente mes y año). En definitiva, corresponde el rechazo del recurso y por ende la confirmación de la sentencia en este punto. V) El siguiente agravio del apelante, se refiere al modo de imposición de las costas impuesto por el sentenciante, esto es 90% a la actora en forma solidaria con sus letrados y el 10% restante a la demandada. Dice que el a quo se ha apartado del principio procesal de que la condena en costas implica que el costo del litigio debe ser soportado por la parte vencida, por el solo hecho del vencimiento sin otra consideración. Que además de ello, tratándose de un reclamo laboral, el principio objetivo de la derrota, adquiere primacía aun cuando la demanda prospere parcialmente y por sumas menores o ínfimas, conforme jurisprudencia que cita. La accionada por su parte, al responder a este punto, considera acertada la posición del a-quo en su sentencia, la que se encuentra justificada, dice, no solo desde lo moral, sino también desde lo legal. Alega que el quejoso desconoce el art. 17 de la ley 921 y la posibilidad de apartarse del art. 68 CPC y C. Entiende que existe carencia de argumentación para desvirtuar la condena en costas.

En lo que respecta a este agravio, también habrá de ser rechazado. Indudablemente, los reclamos laborales, realizados por los profesionales, no han sido acogidos. Y el único aspecto del reclamo que prosperó, esto es los tres meses de servicios prestados a la demandada, no lo han sido con fundamento ni en la ley de contrato de trabajo, ni en el estatuto del Servicio Doméstico, lo que permitió al sentenciante, en posición que comparto, no aplicar el principio relativo a las costas en el proceso laboral en forma absoluta, sino que en función del escaso margen por el que prosperó la demanda, aplicó el art. 17 de la ley 921, que permite eximir de costas al vencido cuando razones fundadas así lo ameriten. Y en este caso resulta razonable, en atención, como dije, al escaso margen en relación al total demandado del progreso de la acción, y la lamentable actuación de los profesionales de la actora, que no han hecho gala de su experticia en la elección de la estrategia jurídica, errando nada más y nada menos que en la normativa aplicable; haciendo que la actora que confió en los profesionales elegidos, se viera perjudicada por el abordaje jurídico implementado. Esto último, también es aceptado por los profesionales a fs. 97 vta.. Razón por la que también, resultan razonables, los porcentajes de las costas impuestos por el juez de grado, que además la extendió a los letrados de la actora, lo que generó la queja del Dr. ... y del Dr. ..., quienes se presentan en la expresión de agravios, también recurriendo por derecho propio. Por lo mismo, entiendo que debe confirmarse el fallo, en tanto éste, hace una correcta y razonable ponderación del trabajo profesional realizado. En ese sentido a los efectos de la regulación, importa considerar el intrínseco valor de la labor cumplida y la responsabilidad comprometida en la causa, que evidentemente, en este caso, ha colocado a su cliente en una situación desventajosa, debido al incorrecto planteo jurídico, que ha provocado un dispendio jurisdiccional innecesario, lo que justifica, tal como señaló el juez de grado, la extensión de la condena en costas a los profesionales. En este sentido la jurisprudencia ha señalado, que "Toda vez que la labor profesional de los apoderados de la parte actora adolece de errores jurídicos de imposible excusación presentando deficiencias conceptuales de las reglas sustantivas y procesales que rigen los pleitos..corresponde su condenación solidaria en costas. Ello puesto que la normativa procesal obviamente indispensable y jurídicamente valiosa, no se reduce a una mera técnica de organización formal de los procesos, sino que en su ámbito específico, tiene como finalidad y objetivo ordenar adecuadamente el ejercicio de los derechos en aras de lograr la concreción del valor justicia y salvaguardar la garantía de defensa en juicio. (Cam.Nac.deApel. Civil, sala F-La Ley 1992-A,82-DJ1992-1,506 cita on line AR/JUR/582/1991).

En virtud de lo expuesto, considero que corresponde confirmar la decisión de primera instancia en lo que ha sido materia de agravios para la actora. En lo que respecta a las costas por la apelación de dicha parte, propicio sean impuestas solidariamente a la misma y a sus letrados, en atención al resultado del recurso (art. 68 del C.P.C. y C.).

Propongo al Acuerdo, asimismo, -por idénticos fundamentos al rechazo de la apelación actoral- no hacer lugar al recurso de apelación interpuesto a fs. 97 vta. por el Dr. ... y por el Dr. ..., ambos por derecho propio, tanto por la extensión solidaria de las costas a dichos letrados, como por el porcentaje atribuido por el juez; y en consecuencia, confirmar en su totalidad el pronunciamiento de grado. Las costas por el rechazo del recurso en análisis, propongo sean impuestas a los letrados perdidosos, por no encontrar mérito para apartarme del principio objetivo de la derrota.

Propicio, así también, regular los honorarios del Dr. ..., como apoderado de la actora, y del Dr. ..., como patrocinante, en el 25% de lo regulado en la instancia de grado; y los emolumentos de los Dres. ..., ... y ..., en el doble carácter de patrocinantes y apoderados de la parte demandada, y en conjunto, en el 30% de lo regulado a dichos letrados en la sentencia de grado. Asimismo, por el recurso de apelación de los Dres. ... y ..., por derecho propio, propongo regular los honorarios a los Dres. ..., ... y ..., en una suma equivalente a tres (3) JUS, en conjunto (arts. 6, 7 y 15 ley 1594). Así voto.

El Dr. Federico A. Sommer dijo: comparto las consideraciones y conclusiones a las que arriba la colega que emitiera su voto en primer término, por lo que adhiero al mismo. Aduno en lo que atañe a la apelación formulada al modo de imposición de las costas realizado por el a-quo -noventa por ciento en forma solidaria a la actora y a sus letrados y diez por ciento a la demandada-, que conforme ya ha sostenido este Cuerpo con el voto de la Dra. Maria Julia Barrese, impone expedirse en idéntico sentido al propiciado en el voto emitido por la Dra. Mabel Folone. En tal inteligencia, me remito a la jurisprudencia sentada en S.D. Nro. 01/2009, en autos "Aliste Araneda Mabel c/ D´Agosto Carlos A. s/ Despido" (Expte. CSM N° 02/2009), y que ha sido pacíficamente reiterado por este Cuerpo. En el referido pronunciamiento, la citada Magistrada sostuvo que en caso de vencimientos recíprocos y distribución de las costas, "...tiene directa correlación con la base regulatoria que se adopte. Así, si se toma como monto del juicio para la aplicación de las escalas arancelarias el reclamado en la demanda, cabe prorratear las costas en función de la medida en que prosperó, ya que la actora resulta vencida en la proporción en que su reclamo ha sido rechazado. Si la base regulatoria ha sido el monto de la condena, no encuentro mérito para la distribución de las costas, ya que en dicha medida la demandada ha resultado vencida, y debe regir el principio general de la derrota" (C.Apel.Civ.Com.Lab.yMin. Neuquén, Sala II, 11-11-2008, "Jaque Esteban Santos c/ Sosa Graciela s/ Despido", en www.jusneuquen.gov.ar". Atento que la sentencia de grado, ha establecido como base regulatoria y monto del proceso, el reclamado en el escrito de demanda de fs. 13/15 -Pesos cincuenta y cinco mil ochocientos tres con sesenta y nueve centavos ($ 55.803,69), y no el monto de condena establecido en el Punto 2 de la parte dispositiva sentencia de fs. 83/91 -Pesos un mil ochocientos ($ 1.800)-, resulta acertado el encuadre legal formulado por el Magistrado de grado y razonable conforme las particulares de autos el ejercicio de la facultad conferida por el ordenamiento ritual (conf. Art. 17 de la Ley 921), siendo tal el criterio el que viene siguiendo este Cuerpo hasta el presente, por lo que propicio, también, el rechazo del agravio aludido. Mi Voto.

Por todo ello, esta Cámara en Todos los Fueros, en virtud de lo normado en el artículo 45 de la ley 1436, RESUELVE:

1) RECHAZAR el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, imponiéndole las costas de esta instancia en forma solidaria con sus letrados (art. 68 del CPCyC y 54 de la ley 921).

2) RECHAZAR el recurso de apelación interpuesto por el Dr. Garcés y por el Dr. Caffaratto, ambos por derecho propio; con costas a su cargo (art. 68 del CPCyC).	3) REGULAR los honorarios..., (Arts. 10 y 15 de la Ley 1594). Por el recurso de apelación de los Dres. ... y ..., por derecho propio, regúlanse los honorarios ..., (arts. 6, 7 y 15 ley 1594). Los honorarios se calcularán de acuerdo al valor del JUS al momento de quedar firme la regulación y se abonarán en el plazo de diez días corridos, con más el porcentaje correspondiente al IVA en caso de que los beneficiarios acrediten su condición de "responsables inscriptos" frente al tributo. Por su parte, atento que los letrados apelantes -por derecho propio- resultaron perdidosos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 13 de la ley 1594, resulta innecesaria la regulación de sus honorarios profesionales.

4) Regístrese, notifíquese y oportunamente remítanse al Juzgado de origen.

Dra. Gladys Mabel Folone - Dr. Federico Augusto Sommer Dra. Mariel Lázaro - Secretaria Registro de Sentencias Definitivas Nro.: /2012.