Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-02-17


SENTNº 34	C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Dieciesiete (17) de Febrero de dos mil doce, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán, Antonio Gandur y Daniel Oscar Posse, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel Estofán, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "Solórzano Lucrecia del Valle vs. Torres Manuel Osvaldo y otro s/ Daños y perjuicios".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Antonio Gandur, Daniel Oscar Posse y Antonio Daniel Estofán, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

I.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia, el recurso de casación interpuesto por la parte actora (fs. 276/281), contra la sentencia nº 201 de la Excma. Cámara Civil y Comercial Común - Sala Iª, dictada en fecha 11 de agosto de 2010 (fs. 271/272). La presente vía recursiva extraordinaria local fue concedida por sentencia de fecha 28 de abril de 2011 (fs. 290) del referido Tribunal de Alzada.

II.- En estos autos, el demandado Manuel Osvaldo Torres presenta alegato en fecha 22 de marzo de 2006. Por providencia de fecha 29 de marzo de 2006 (fs. 215) se dispone devolver la presentación por extemporánea. Contra esa providencia, el demandado Torres interpone recurso de revocatoria con apelación en subsidio en fecha 3 de abril de 2006 (fs. 216/217). Rechazado el recurso de revocatoria por providencia de fecha 5 de abril de 2006 (fs. 218), la misma dispone ".concédase en relación el recurso de apelación interpuesto. Elévense las actuaciones junto con los autos principales al Tribunal Superior.".

En fecha 24 de octubre de 2006, la Sala Iª de la Excma. Cámara Civil y Comercial Común, dicta pronunciamiento de fs. 231, por el que dispone que la presentación del alegato de la parte demandada (Sr. Torres), resulta tempestivo y, en consecuencia, ordena su agregación. Dicho pronunciamiento, fue objeto de notificación por cédula en el domicilio constituido de la parte actora y demandada, conforme surge de fs. 232 y 233 respectivamente.

Devueltos los autos al Juzgado Civil y Comercial Común de la IVª Nominación, se dictó providencia de fecha 5 de diciembre de 2006 (fs. 235), que dispuso ".Cúmplase. Y agréguese el presente incidente a los autos principales, dejándose constancia en el sistema informático". Por su parte, conforme surge de fs. 235 vta., los autos fueron puestos para su notificación en la oficina en fecha 7 de diciembre de 2006.

Posteriormente, en fecha 21 de noviembre de 2007 (fs. 236), se presenta el demandado (Sr. Torres) y plantea la caducidad de la instancia principal. Corrido el traslado del incidente de caducidad de instancia conforme providencia de fecha 23 de noviembre de 2007 (fs. 237), la actora contesta el mismo en fecha 10 de diciembre de 2007 (fs. 240/241) solicitando su rechazo.

En fecha 26 de junio de 2008 se dicta sentencia de primera instancia (fs. 246), que resuelve el rechazo del incidente de caducidad de instancia deducido por el demandado Torres. Contra la referida resolución, el demandado interpone recurso de apelación, el que concedido por providencia de fecha 4 de agosto de 2008, funda a fs. 252/255.

El referido recurso de apelación deducido por el demandado Torres, fue resuelto por sentencia de la Sala Iª de la Excma. Cámara Civil y Comercial Común, en fecha 11 de agosto de 2010 (fs. 271/272), la que dispuso hacer lugar al recurso de apelación y, en consecuencia, revocar el pronunciamiento de primera instancia y declarar la caducidad de la instancia del presente juicio.

Para arribar a esa solución, la Cámara interpretó que, si bien los plazos se suspendieron con el recurso de revocatoria con apelación en subsidio interpuesto a fs. 216/217 -por el cual el demandado Torres cuestionaba la devolución del alegato-, los plazos se reabrieron a partir de la sentencia de Cámara que recepta el recurso de apelación interpuesto en subsidio y el decreto de "Cúmplase" dictado en fecha 5 de diciembre de 2006. Considera la Cámara que a partir de ese momento no existían motivos que justifiquen que los plazos permanezcan suspendidos.

Aclara la sentencia de Cámara que no resultaba necesario un decreto expreso de reapertura de los términos "ya que las partes así como saben que los mismos se suspendieron por la mera interposición de los recursos de revocatoria y apelación en subsidio, claramente y sin duda alguna, saben que una vez terminados los mismos, se reabren de por sí los tiempos del proceso".

Por ello, concluye que entre el día 5 de diciembre de 2006 (fecha del dictado de la providencia que dispone "Cúmplase") y el día 21 de noviembre de 2007 (fecha del acuse de caducidad de la instancia), ha transcurrido con creces el plazo de caducidad de instancia dispuesto en el inciso 1º del artículo 213 del CPCCT.

Con los fundamentos referenciados, la Excma. Cámara Civil y Comercial Común - Sala Iª, mediante sentencia de fecha 11 de agosto de 2010 (fs. 271/272), hizo lugar al recurso de apelación, declarando la caducidad de la instancia del presente juicio. III.- Ante ello, la parte actora deduce recurso de casación (fs. 276/281) contra la sentencia de fecha 11 de agosto de 2010, a la que tacha de arbitraria e ilegítima, expresando que la misma conculcaría los principios constitucionales del debido proceso legal e igualdad de las partes. Aduce el recurrente, que en autos y previo al presente planteo de caducidad, existió un incidente de apelación referido a la agregación del alegato del demandado Torres, y que a partir de aquél, el Juzgado suspendió "los plazos procesales que estuvieren corriendo con efecto suspensivo en razón del recurso concedido, mediante providencia y notificación personal de tal hecho a las partes". Interpreta el recurrente que una vez resuelto el incidente correspondía -conforme artículo 153 inciso 9º-, disponer la reanudación de los plazos y notificar la misma por cédula. De allí, considera que se encontraban suspendidos los términos y que no corrían los plazos de caducidad.

Realiza consideraciones sobre la función del vocablo "cúmplase" y cuestiona que se pretenda asignarle la función de una reapertura automática de los términos. Invoca la aplicación del 2º párrafo del artículo 204, y expresa que se suspenderían los plazos, ".cuando por razones de fuerza mayor o causas graves discrecionalmente apreciadas por el juez, no se puedan realizar actos en el proceso o cuando por imperio de la ley (como es en este caso) se suspenda su trámite".

Afirma también el recurrente que, como lo expresara la sentencia de primera instancia, nada quedaba por hacer a las partes en el proceso, ya que estaba concluida y no dependía del obrar de la parte actora el avance del proceso. Asimismo, manifiesta que instó el proceso en todo momento buscando que se imparta justicia.

Cita jurisprudencia que avalaría su posición, el derecho aplicable e invoca las normas que justificarían la admisibilidad del recurso deducido. De conformidad a las consideraciones reseñadas, solicita se haga lugar al recurso tentado.

IV.- Corrido el traslado de ley, el demandado Torres solicita el rechazo del recurso de casación interpuesto, por las razones expuestas en su presentación de fs. 284/287. Por auto interlocutorio del 28 de abril de 2011 (fs. 290), la Cámara declara admisible el recurso de casación, correspondiendo en esta instancia el análisis definitivo de su admisibilidad y, eventualmente, su procedencia.

V.- En orden al juicio de admisibilidad, se verifica el cumplimiento de los requisitos de depósito (fs. 275), presentación tempestiva y la sentencia recurrida resulta definitiva en los términos del artículo 748 inc. 1º del CPCCT, en tanto la declaración de caducidad de la instancia pone fin al pleito, impidiendo su continuación (conf., CSJT, sentencia nº 697 de fecha 6 de agosto de 2007; sentencia nº 914 de fecha 15 de noviembre de 2004, entre otros). A su vez, el recurrente invoca infracción a normas de derecho y tacha de arbitraria a la sentencia atacada, por lo que corresponde declarar admisible la vía extraordinaria local y examinar su procedencia.

VI.- Confrontados los agravios con los fundamentos del pronunciamiento atacado, se advierte que el recurso no puede prosperar por los motivos que a continuación se exponen.

En primer lugar, cabe aclarar que los plazos de la instancia principal se suspendieron "ministerio legis" como consecuencia del recurso de revocatoria deducido por el demandado Torres a fs. 216/217 y decretado a fs. 218, mediante providencia de fecha 5 de abril de 2006, la que rechazó el recurso de revocatoria y concedió el recurso de apelación interpuesto en forma subsidiaria. Se hace constar que la providencia referida, dice "San Miguel de Tucumán, 5 de abril de 2006.- Téngase presente lo informado por el Actuario.- Proveyendo el escrito que antecede: El recurso de revocatoria interpuesto contra la providencia de fecha 29/03/06, debe ser rechazado.- La providencia recurrida se encuentra ajustada a derecho, toda vez que..- Atento a lo expuesto, corresponde rechazar el recurso de revocatoria interpuesto por la parte demandada contra de la providencia de fecha 29/03/06, manteniéndose firme en todas sus partes.- Pudiendo causar gravamen irreparable, concédase en relación el recurso de apelación interpuesto.- Elévense las presentes actuaciones junto con los autos principales al Tribunal Superior.- Sirva la presente de atenta nota de estilo. Fdo. Dra. Emely Ana Amenabar. Juez". Es decir, no existe en autos una providencia que disponga en forma expresa la suspensión del trámite, lo que resulta relevante por cuanto el caso se enmarca en lo dispuesto en el artículo 183 del CPCCT y nos remite al precedente "Hugo y Juan Carlos Enrico Empresa Constructora S.C. vs. Rengel Federico Tulio s/ Cobro ordinario" (CSJT, sentencia nº 49 de fecha 20 de febrero de 2008). En efecto, la suspensión referida, resulta la derivación de la deducción de un recurso de revocatoria sin cuya previa resolución, resultaba imposible la prosecución de la causa. Es decir, la razón de esa suspensión es la imposibilidad de continuar el trámite principal hasta que se resuelva la incidencia planteada. (conf., CSJT en sentencia nº 799 de fecha 20 de octubre de 2010).

Se advierte en consecuencia, como dijimos, que no existe una providencia que expresamente suspenda los plazos de los autos principales como pretende el recurrente en su recurso casatorio, sino que ese efecto se produce "ministerio legis" y a raíz del recurso de revocatoria con apelación en subsidio anteriormente mencionado.

La cuestión litigiosa consiste entonces, en determinar como y cuando se reanudan los plazos suspendidos "ministerio legis", a los efectos del cómputo de los plazos de caducidad de instancia.

Sobre el particular, este Tribunal ha sostenido desde sentencia nº 420 de fecha 29 de julio de 1994, en los autos "Brahim Antonio y otros s/ Concurso Civil Preventivo -casación-", que el efecto suspensivo a que se refiere el artículo 183 del CPCCT (ex 184) es acordado ministerio legis y, que ese efecto, sólo se mantiene durante el trámite del incidente y hasta tanto sea resuelto.

Con relación a la temática analizada, la doctrina dijo: "Empero, si se suspendiera el trámite hasta un determinado suceso (v.gr. la emisión de cierta resolución), llegado a conocimiento fehaciente de las partes la ocurrencia efectiva de ese suceso (emitida y notificada esa resolución), resultaría manifiesta la innecesidad de una declaración que levantase la suspensión antes dispuesta" (Sosa, Toribio Enrique, "Caducidad de Instancia" 2da. Edición, Buenos Aires, La Ley 2010, página 164). En la especie, al no haber existido una providencia expresa que ordenara la suspensión de los plazos, sino que la suspensión fue dispuesta "ministerio legis" como consecuencia del recurso de revocatoria con apelación en subsidio decretado a fs. 218, corresponde la aplicación de la doctrina emanada de éste Tribunal en los precedentes señalados y, en consecuencia, se advierte que no existía necesidad en autos, del dictado de una providencia que expresamente dispusiera la reapertura de los plazos.

Ahora bien, aclarado que no resultaba necesaria en autos una providencia expresa que ordenara la reapertura de los plazos, corresponde establecer el momento a partir del cual se reanudaron los plazos a los efectos del cómputo de la caducidad de instancia. Para ello, resulta necesario recordar que la suspensión "ministerio legis" dispuesta en autos, es la consecuencia de la deducción de un recurso de revocatoria con apelación en subsidio deducido por el demandado Torres, sin cuya previa resolución resultaba imposible la prosecución de la causa, en tanto que la misma versaba sobre la agregación o no del alegato de una de las partes, de forma que condicionaba la continuidad del proceso, el que no podía avanzar, so pena de caer en un grave desorden procesal que afecte la estructura esencial del procedimiento.

Es decir, fue el incierto resultado del planteo recursivo relativo a la agregación del alegato, lo que justificó la suspensión "ministerio legis" de los plazos de la instancia principal, por lo tanto, una vez resuelto -por la Cámara- el recurso de apelación subsidiario (fs. 231), la justificación y la imposibilidad de continuar el proceso han desaparecido (conf., CSJT, sentencia nº 420 del 29/7/1994) y, con la remoción de aquél escollo, no existe razón jurídica para continuar una suspensión "sine die" de la instancia principal, pues nuestro ordenamiento jurídico no prevé una suspensión ministerio legis indefinida, que no tenga previsto el cumplimiento de una condición para su cese (conf., CSJT, sentencia nº 1035 de fecha 3 de noviembre de 2009, en los autos "Gobierno de la Provincia de Tucumán -DGR- vs. Los Cevilares S.A. s/ Ejecución fiscal").

En consecuencia, el efecto suspensivo "ministerio legis" dispuesto en autos como consecuencia de la deducción de aquél recurso de revocatoria con apelación en subsidio (fs. 216/217) se mantiene durante el trámite recursivo y hasta tanto sea resuelto. Una vez concluido el trámite recursivo (en la especie, con la sentencia de Cámara de fs. 231), "la imposibilidad de continuar el proceso desaparece, y renace la carga procesal de la parte interesada en instar la causa principal. En consecuencia, el efecto suspensivo ministerio legis puede considerarse desde dos aspectos, su inicio determinado por la causa que lo generó, y su finalización, al cumplirse la condición que justificó la suspensión. De ello se colige que no existe un efecto suspensivo ministerio legis de duración indefinida que no esté supeditado al cumplimiento de cierto acto, pues la justificación de la suspensión es tramitar un incidente que impide la continuación de la causa principal; una vez concluido éste, se reanudan los términos del juicio" (CSJT, sentencia nº 1035 de fecha 3 de noviembre de 2009).

En la especie, al notificarse a la parte actora la sentencia de Cámara de fecha 24 de octubre de 2006 mediante cédula de fs. 232, la actora tomó conocimiento de la decisión final sobre el recurso de apelación interpuesto en forma subsidiaria al recurso de revocatoria y referido a la tempestividad de la presentación del alegato del demandado Torres y, en consecuencia, la actora supo con certeza que -una vez firme- se reanudaban los términos procesales, pues había desaparecido el motivo que justificó la suspensión (conf., CSJT, sentencia nº 1035 de fecha 3 de noviembre de 2009). Es decir, no puede entenderse que la suspensión ha continuado una vez resuelta la cuestión que la provocó, por el contrario, al quedar firme la decisión recaída sobre la agregación del alegato, ha renacido en cabeza de la actora la carga de impulsar el proceso principal.

Por ello, a partir de la notificación por cédula de la sentencia de Cámara dictada en fecha 24 de octubre de 2006 (cédulas obrantes a fs. 232 y 233), se reanudaron los términos de la instancia principal, y provocó que nuevamente se encuentre a cargo de la actora adoptar las medidas necesarias para instar el proceso a los efectos de la prosecución del trámite procesal. Por su parte, no se observa en la especie la existencia de un supuesto de suspensión por razones de fuerza mayor o causas graves como lo pretende el recurrente, toda vez que la actora fue notificada correctamente de la clausura de la instancia superior mediante cédula de notificación de fs. 232, por lo que conocía la conclusión de la instancia recursiva y contaba con los medios para impulsar el proceso (v.gr.: solicitando la confección de la planilla fiscal y el dictado de la providencia que pase los autos para sentencia).

En igual sentido, no corresponde receptar el agravio del recurrente referido a que en autos no quedaban trámites pendientes a cargo de las partes y que, por ello, no puede declararse la caducidad de la instancia. Sobre el particular, es doctrina reiterada de esta Corte Suprema de Justicia que, "la carga impulsiva del procedimiento recién cesa para las partes cuando los autos se encuentran 'pendientes de sentencia', como reza el artículo 218, inciso 1º, del CPCC; o sea, que este artículo excluye de la caducidad de la instancia a los autos en lo que lo único que falta es la sentencia, mas no a aquéllos en los que resta aún la conclusión del trámite para colocar la causa en estado de sentenciarse (cfr. CSJT, sentencia Nº 498, del 13-8-1996). Y hasta dicho momento deben los litigantes adoptar todas las medidas que resulten necesarias para poner la causa en situación de sentencia al no haber cesado de regir el principio de impulso de parte;... También corresponde señalar que la inactividad u omisión del órgano jurisdiccional no exime al litigante de la carga de instar el trámite del procedimiento a efectos de colocarlo en condiciones de ser fallado debiendo formular, en esa inteligencia, las peticiones adecuadas para vencer la conducta renuente del obligado en procura del cumplimiento de los deberes que le incumben. Así lo entendió reiteradamente este Tribunal (cfr. CSJT, sentencias Nº 417, del 05-6-2003; N° 174, del 25-3-99, entre otras). Que en el artículo 36 del CPCC se haga referencia al impulso procesal de los jueces, no significa que el órgano judicial sustituya a las partes en lo que concierne a mantener en movimiento al proceso. Antes bien, se trata de una responsabilidad compartida que no hace cesar la carga de las partes al respecto. El deber de actuar del juzgado coexiste con la carga que pesa sobre los litigantes. Lo mismo cabe predicar con relación a la facultad de dirección del proceso y de realizar los actos tendientes a obtener economía y celeridad en el desarrollo del proceso (cfr. CSJT, sentencia Nº 155, del 13-3-2006, entre otras)" (CSJT, sentencia nº 110 de fecha 7 de marzo de 2007).

A partir de allí, se observa que, en la especie, los autos no se encontraban pendientes de sentencia, por lo que aún estaba a cargo de la actora el impulso del proceso. En atención a ello, corresponde el rechazo del agravio.

En conclusión, se advierte que los agravios del recurrente no logran conmover la solución adoptada por la sentencia de Cámara, la que se ajusta a derecho de conformidad a los fundamentos tratados precedentemente. En mérito a todo ello, corresponde rechazar el recurso de casación deducido por la actora.

VII.- Atento a las particularidades del caso y a las razones por las que se resuelve el planteo de caducidad, las costas de esta instancia casatoria se distribuyen por su orden (art. 105 inc. 1° CPCCT).

Los señores vocales doctores Daniel Oscar Posse y Antonio Daniel Estofán, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor Antonio Gandur, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal,	R E S U E L V E :

I.- RECHAZAR el recurso de casación deducido por la parte actora contra la sentencia nº 201 de la Excma. Cámara Civil y Comercial Común - Sala Iª, dictada en fecha 11 de agosto de 2010 (fs. 271/272), conforme a lo considerado.

II.- COSTAS de esta instancia recursiva, como se consideran.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.	HÁGASE SABER.

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN ANTONIO GANDUR	DANIEL OSCAR POSSE ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA [Dictámen Ministerio Fiscal] Reg: 00031060-02.