Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-10-17


SENT Nro. 789 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 17 de DE OCTUBRE de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, René Mario Goane y Alfredo Carlos Dato, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en autos: "Díaz, Miguel Angel y otro vs. Zelaya, Daniel Alberto y otro s/Cobros".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Alfredo Carlos Dato, René Mario Goane y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Alfredo Carlos Dato, dijo:

1.- Contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara del Trabajo, Sala I, con fecha 31 de agosto de 2001 (fs. 183/185), la parte demandada interpone recurso de casación, el que es concedido por auto del 3 de abril de 2003 (fs. 275). Consta en el informe actuarial de fs. 285, que sólo ha presentado memorial facultativo la parte actora .

2.- El fallo atacado acoge la demanda por la suma total de $6.855,04 en concepto de indemnización por despido, preaviso, integración de mes de despido, SAC sobre preaviso y vacaciones proporcionales por los períodos que señala, además de haberes impagos. Impone las costas a la vencida y regula honorarios a los profesionales actuantes.

Comienza examinando lo efectos del art. 58 CPTT al incontestar la demanda, considerando que para ello sólo debe acreditarse la prestación de servicios, a la que considera probada con el silencio frente a las sendas cartas documentos que envían los actores, cuyo texto transcribe.

Agrega que no se puede guardar silencio, pues en razón del art. 57 LCT, esta actitud desencadena una serie de presunciones que se vinculan al principio de buena fe que debe presidir toda contratación.

Las testimoniales de la accionada en el sentido de no haber visto a los actores en la playa de estacionamiento no alcanzan, en su concepto, por su envergadura como prueba en contrario, estando en presencia de reiterados silencios incluida la no contestación de la demanda, pese a la fehaciente notificación.

Continúa diciendo que estando acreditado el vínculo corresponde aplicar las presunciones de los arts. 55 LCT y 61 CPTT, declarando por el tiempo que señala que existía un contrato de trabajo, en los términos del art. 21 LCT.

Considera arbitraria la postura asumida en el acta realizada administrativamente, donde ha negado la relación, lo que se repite al absolver posiciones determinando la existencia de injuria, con la gravedad prevista por el art. 242 LCT, que justifican el auto despido.

3.- La expresión de agravios comienza con una referencia a los requisitos formales de admisibilidad, centrándose en dos aspectos a) la imposición de costas en la aclaratoria y b) errada y arbitraria aplicación de los arts. 23, 57 LCT y 58 CPTT.

El primer aspecto lo funda en que sólo se intentaba una modificación conceptual que según la misma Sala significó subsanar las deficiencias de orden conceptual y que esa utilidad determina que no se le pudieran imponer las costas.

Referido al restante agravio explica que ello deviene de que la acreditación laboral aparece fundada solamente en el silencio, y con transcripción de la parte pertinente, tanto del fallo como la disposición considera errado su aptitud para probar la prestación de servicios.

Explica que la Sala utiliza el silencio como prueba de la relación laboral y elemento condicionante para la aplicación de presunciones que van por andariveles distintos como es la del art. 23 LCT y art. 57 CPTT.

La decisión en su concepto deviene abusiva, pues no existe la prueba de la prestación, razón que abona con doctrina y jurisprudencia que cita, proponiendo doctrina legal en tal sentido.

4.- Reexaminada la admisibilidad del recurso intentado, se advierte temporánea interposición contra sentencia definitiva, cumplimiento de los requisitos del art. 132, encuadrándose en el art. 135 CPTT, respecto a la innecesariedad de afianzar y motivo casatorio suficiente, por lo que debe abordarse la procedencia.

5.- La construcción de la sentencia para llegar a la condena que integran los rubros indemnizatorios liquidados es la existencia de un despido incausado, sobre la base de encontrar la Sala acreditada la prestación de servicios, por "el silencio en que incurre la parte accionada a la INTIMACION efectuada por ambos actores, por medio de las cartas documentos que le remitieran con fecha 2/3/95"(fs 183 vta.).

La impugnación del recurrente, obliga a examinar las disposiciones procesales y de fondo aplicadas, como así también la interpretación que la doctrina y jurisprudencia ha hecho de las mismas, para ver si la sentencia en crisis escrutó debidamente si se daba en autos el presupuesto de hecho para que opere tal presunción, habida cuenta del rigor indispensable que exige además la negativa a que refiere la resolución, tanto en las actuaciones administrativas, como en la absolución de posiciones ( fs. 184).

En general se trata de probar un hecho para que la norma opere y es la constatación de su existencia la que permite presumir que media un contrato de trabajo.

Allí donde es indispensable transcribir la parte pertinente del fallo cuando dice "se advierte que la prestación de servicios invocada por los co-actores, surge acreditada ante el silencio en que incurre la parte accionada a la INTIMACION efectuada por ambos actores, por medio de las cartas documentos que le remitieran con fecha 2/3/95 ..."(fs. 183 vta.).

Con tal aseveración explica que ese silencio en función del art. 57 LCT desencadena la presunción que el mismo indica, para lo cual la Sala procede a transcribirlo.

La CNTrab., Sala III, con fecha 18 de diciembre de 1992 expresó que tal disposición "requiere para ser operativa, que previamente se acredite la existencia de un contrato de trabajo" (DT 1993-A-633).

Comentándolo Carlos Pose allí mismo dice que tal criterio "importa descartar la utilización incorrecta o abusiva de tal presunción", al destacar que su funcionamiento "presupone la comprobación previa de la existencia de un contrato de trabajo o relación laboral sin que sirva para demostrar la existencia de estas últimas figuras".

Agrega "lo decidido es irreprochable ya que las presunciones de los arts. 23 y 57 de la ley de contrato de trabajo se complementan sin dejar de deslizarse por andariveles diferentes. La primera presunción se apoya en la existencia de prestaciones de servicios y conduce a tener por cierta la existencia de una relación de trabajo, mientras que la segunda, al apoyarse sobre esta última figura, sirve de base para concluir que han existido incumplimientos patronales y que es cierta la versión dada por el trabajador relativa a los hechos denunciados sobre los que apoya su reclamo, sea la existencia de una injuria laboral, sea el acaecimiento de un accidente de trabajo" (" Ley de Contrato de Trabajo, Anotada, Comentada y Concordada"- David Grinberg- 2001, pág. 634).

La situación es similar con respecto a la aplicación que la sentencia hace del art. 55 LCT, sobre la que esta Corte expresó: "toda persona a quien favorece una presunción legal se halla dispensada de probar el hecho sobre el cual dicha presunción recae importando así tales presunciones una alteración del objeto probatorio por vía de dispensa de una actividad procesal que sería necesaria en casos normales. Sin embargo, se trata de una alteración parcial pues si bien los hechos presumidos quedan al margen del objeto de la prueba, no ocurre lo mismo con los hechos que configuran la base de la presunción los cuales deben probarse en la hipótesis de no ser admitidos (cfr. Palacio, Derecho Procesal Civil Tomo IV, pág. 355)" (CSJT, sent. nº 174 del 13/5/1992). Desde esta interpretación, se advierte que la falta de libros sólo puede constituir una presunción que favorece al trabajador cuando ha sido previamente acreditada la relación laboral, cosa que no sucedió en autos, según fue considerado precedentemente"(CSJT sent. nro. 1009 del 29/11/2001).

De manera que en modo alguno puede concluirse que el silencio a una intimación aparezca como prueba del hecho que exigen el conjunto de presunciones consagradas por el derecho sustantivo y procesal a favor del trabajador por su carácter tuitivo, tendiente, como se ha dicho repetidas veces a compensar la desigualdad.

Rechazando un planteo del actor se dijo que "denuncia por otro lado el recurrente que se violado los arts. 55 y 57 LCT, pues la Cámara ha omitido aplicar las presunciones que derivan de los mismos. Tales presunciones, requieren para ser operativas que se acredite previamente la existencia de un contrato de trabajo, lo que, no se ha verificado en autos. Al respecto, se ha dicho que las presunciones contenidas en los artículos 55 y 57 de la ley de contrato de trabajo juegan cuando se ha acreditado la relación laboral entre las partes pero carecen de eficacia para evidenciar la existencia misma de dicho vínculo (cfrme. SC Buenos Aires, diciembre 17-996.- Milani, Eduardo A. y otro c/Expreso Nuevo Albión S.R.L. y otro; DT, 1997-A, 970; en Manuales de Jurisprudencia La Ley, Ley de Contrato de Trabajo, 3ª Edición, Bs.As., 1999, núm. 13 en pág. 176). Por otro lado, en orden a la inversión de la carga de la prueba derivada de la aplicación del art. 58 del CPTT que pretende el recurrente aplicar en relación al co-demandado, cabe señalar, que ello es así en tanto y en cuanto el trabajador acredite previamente la prestación de servicios, situación que a criterio del Tribunal no se ha verificado, siendo tal criterio irrevisable en esta instancia casatoria, habida cuenta de que también constituye una cuestión de hecho y no se alegan motivos suficientes que permitan calificar al fallo de arbitrario en este punto" (CSJT sent. nro. 590 del 29/7/2002).

Lo hasta aquí dicho determina que la sentencia deba ser revocada, con costas a los vencidos (art. 49 CPTT y 106 CPCCT) a tenor de la siguiente doctrina legal "Viola los arts. 58 CPTT y 57 LCT la sentencia que aplica las presunciones allí previstas sin haberse acreditado la prestación de servicios" y por lo tanto disponer sustitutivamente lo siguiente: I) NO HACER LUGAR a la demanda interpuesta por Miguel Angel Díaz y Ariel Hernán Díaz, en contra de Daniel Alberto Zelaya por indemnización por antigüedad, indemnización por falta de preaviso, vacaciones proporcionales SAC proporcional, SAC sobre preaviso e integración del mes de despido. II) COSTAS, a los actores; III) RESERVAR pronunciamiento sobre honorarios".

6.- Atento el resultado a que se arriba resulta inoficioso el tratamiento del agravio en cuanto a las costas de la aclaratoria del 30/11/2001 (fs. 196 y vta.), imponiéndose las del recurso a los actores, por ser de ley expresa (arts. 49 CPTT y 106 CPCCT).

Los señores vocales doctores René Mario Goane y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la demandada en contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara del Trabajo, Sala I, con fecha 31 de agosto de 2001 (fs. 183/185), en base a la doctrina legal que da cuenta el punto "5" de los considerandos dictándose como sustitutiva la siguiente: I) NO HACER LUGAR a la demanda interpuesta por Miguel Angel Díaz y Ariel Hernán Díaz, en contra de Daniel Alberto Zelaya por indemnización por antigüedad, indemnización por falta de preaviso, vacaciones proporcionales SAC proporcional, SAC sobre preaviso e integración del mes de despido. II) COSTAS, a los actores; III) RESERVAR pronunciamiento sobre honorarios".

II.- COSTAS, como se consideran.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre honorarios.

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR RENE MARIO GOANE ALFREDO CARLOS DATO