marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Retiro obligatorio, jubilación por invalidez
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: WALKER, ALBERTO c/ CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CORDOBA s/ PLENA JURISDICCION ? RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2004-02-18

Es regla de hermenéutica de las leyes atender a la armonía que ellas deben guardar con el orden jurídico restante y con las garantías de la Constitución, y que en casos no expresamente contemplados ha de preferirse la interpretación que favorece y no la que dificulta aquella armonía y los fines perseguidos legislativamente.

Por ello, no es siempre el método recomendable el atenerse estrictamente a las palabras de la ley, ya que el espíritu que las nutre es lo que debe determinarse en procura de una aplicación racional, que elimine el riesgo de un formalismo paralizante; debe buscarse en todo tiempo una valiosa interpretación de lo que las normas, jurídicamente, han querido mandar, de suerte que la admisión de soluciones notoriamente injustas cuando es posible arbitrar otras de mérito opuesto, no resulta compatible con el fin común de la tarea legislativa y de la judicial.

Conforme esta línea argumental, es posible corroborar, como ya lo anticipara, el desacierto en que incurre la demandada al postular que la baja del actor constituye un obstáculo insalvable a los fines de concederle el retiro obligatorio por incapacidad regulado en el artículo 97 de la Ley 8024.

Es verdad que el artículo 91 ib. en su segundo párrafo dispone que queda excluido del Régimen especial del Capítulo IX "todo el personal de la policía y del servicio penitenciario provincial, que no tenga estado policial o penitenciario".

También lo es que los artículos 93 y 97 ib. insisten sobre este concepto, reiterando la necesidad de que el personal posea "estado policial o penitenciario".	Pero no menos cierto es que el propio artículo 97 ib., luego de precisar las condiciones necesarias para que proceda el retiro obligatorio por incapacidad, establece expresamente que "Esta prestación podrá ser otorgada por la Caja, cualquiera sea la causal de baja del agente, salvo caso de exoneración".

Entiendo, por tales razones, que la ley ha estimado que cuando el afiliado se encuentra incapacitado en un porcentaje igual o superior al sesenta y seis por ciento "en relación a la función específica que cumple", siempre que la misma se haya producido por un acto de servicio o como consecuencia del mismo inc. "a" del art. 97 ib. o por otras causas generadas durante el desempeño de la actividad inc. "b" del art. 97 ib., puede obtener el retiro obligatorio por incapacidad, cualquiera sea la "causal de baja", salvo el supuesto de exoneración.
Defensor particular, expresión de agravios, falta de expresión de agravios, Colegio Público de Abogados, tribunal de disciplina, responsabilidad del abogado
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: HERRERA, RAUL ANTONIO s/ ABOGADO - DEFENSOR PARTICULAR
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-02

En mérito a lo dispuesto en el inc. e) del art. 44 de la ley 23 187,deben remitirse testimonios al Colegio Público de Abogados para que por intermedio del Tribunal de Etica decida si procede adoptar algún tipo de sanción contra el abogado defensor que apeló el fallo, privando injustificadamente de la defensa a su pupilo, ante el Tribunal de Alzada, al omitir expresar los agravios que la sentencia le ocasionaba.
Comisiones médicas, inconstitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Vela Carlos David c/ La Segunda ART S.A. s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-04-05

Para este caso en concreto resulta inconstitucional el trámite ante las Comisiones Médicas, en función de que el accidente denunciado por el demandante, se encuentra desconocido por la ART, quien adujo en su momento que la dolencia era inculpable, todo lo cual implicaría que aquella Comisión integrada por médicos, tenga que expedirse en relación a cuestiones de estricta incumbencia jurídica, y por ende ajena al conocimiento de los mismos. De haber estado reconocido el accidente y/o enfermedad profesional por parte de la ART, entonces sí mi postura hubiere sido por la constitucionalidad del sistema (Voto Romero)
Daño ambiental, Derecho ambiental, Constitución Nacional, Constitución Provincial, aplicación de la ley
Materia: MEDIO AMBIENTE
Carátula: F., J. E. c/ CIA. NAVIERA PEREZ COMPANC SACIFI y Otros s/ ORDINARIO s/CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-03-15

Se debe partir entonces del "principio de prevención" que infuciona desde la base todo el sistema de protección al medio ambiente; tener presentes los preceptos constitucionales de los arts. 41, 43 y el Preámbulo de la Constitución Nacional, como así también las leyes provinciales y las Leyes de Presupuestos Mínimos Nacionales; e interpretar ciertas normas del Código Civil - entre ellas los arts. 2499, 2618 y 1113 2da. parte, 1071, 1112 y 1119, de un modo amplio e integrador a fin de abarcar en ellas la solución de los casos que se planteen.
Responsabilidad de la Municipalidad, protección del medio ambiente, Constitución Provincial
Materia: ADMINISTRATIVO-MEDIO AMBIENTE
Carátula: Fernández Cuéllar, Pablo Javier c/  s/ Acción de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2017-06-08

El art. 9 de la Constitución Provincial establece como competencia del municipio todo lo relativo a urbanismo, higiene, salubridad y moralidad, como así también a la protección y promoción del medio ambiente, paisaje, equilibrio ecológico y polución ambiental, tendiendo al desarrollo sostenible, y el art 30 establece que los poderes públicos deben defender y resguardar el medio ambiente en procura de mejorar la calidad de vida, además de prevenir la contaminación ambiental y sancionar las conductas contrarias.
Accidente de tránsito, carga de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Cibeira, Mauricio c/ Martín Sánchez, Jorge Antonio s/ Daños y perjuicios-Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1998-03-25

En materia de accidentes de tránsito las partes deben arrimar al proceso los elementos necesarios para llevar al convencimiento del magistrado que los hechos sucedieron en la forma en que cada uno describe, habida cuenta que en las colisiones aludidas no juega la presunción establecida en el artículo 1113 del Código Civil.
Deuda pública, obligaciones
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CURI TAWE CUADRADO c/ MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO BRAVO DE ESCOBAR, NELLY ESTELA Y OTRAS c/ DIRECCION DE NIVEL ESPECIAL Y ADULTOS Y/ O CONSEJO GENERAL DE EDUCACION s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION AYALA LUIS RENE c/ DIRECCION DE NIVEL PRIMARIO Y CONSEJO GENERAL DE EDUCACION s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2006-04-07|2007-03-27|2007-06-12

La normativa vigente que ordena la consolidación en el estado provincial de obligaciones vencidas o de causa o de título anterior al 01/01/00, abarca todas las deudas dinerarias exigibles contra el Estado Nacional, Provincial y Municipal, así como entidades autárquicas y descentralizadas.
Derecho penal, Derecho procesal, adulteración de alimentos, alimentos contaminados
Materia: PENAL
Carátula: ALUMNOS ESCUELA 9 DE JULIO HIPOLITO IRIGOYEN nº 142 c/ ARAMAYO, COSME GUIDO s/ ADULTERACION PELIGROSA MULTIPLE DE SUSTANCIA ALIMENTICIA EN CONCURSO IDEAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2008-11-07

_____ La acción típica es "adulterar". La Real Academia Española en su primera acepción dice que es tanto como viciar, falsificar algo. A su vez el Código Alimentario, con vigencia en la provincia de Salta por Decreto 4833/72 art. 1 (XXXM-B, 3157), establece definiciones de varias palabras que utiliza, así dice en el art. 6 apartado 7 que Alimento Adulterado es "El que ha sido privado, en forma parcial o total, de sus elementos útiles o característicos, reemplazándolos o no por otros inertes o extraños; que ha sido adicionado de aditivo no autorizado o sometido a tratamientos de cualquier naturaleza para disimular u ocultar alteraciones deficientes, deficiente calidad de materias primas o defectos de elaboración" ( el resaltado es agregado). En el caso que se analiza, de lo expuesto emerge con total claridad que el bromato de potasio al constituir una sustancia que ha sido prohibida, su utilización como aditivo torna al pan, en un alimento adulterado.
Juicio ejecutivo, suspensión del proceso judicial, acumulación de procesos, remisión del expediente
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Agencia de Administración de Bienes del Estado c/ Fazio, Luis Roberto y otro s/ proceso de ejecución
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-05-14

Corresponde dejar sin efecto la suspensión del proceso de ejecución dispuesta por la instancia anterior hasta tanto se arribe a la sentencia del proceso de conocimiento conexo, en el cual se ventila la validez del acto administrativo, porque la conexidad decretada entre las actuaciones no implicó la acumulación de procesos, sino la remisión del expediente al tribunal que previno, por razones de conveniencia práctica y de estrecha vinculación entre ambos litigios. Supuesto en el cual, la declaración de conexidad -en principio- no requiere la sustanciación conjunta de las causas conexas ni el dictado de una sentencia única. En consecuencia, la suspensión del trámite de esta causa no se corresponde con el alcance de la conexidad declarada y que, por otro lado, desnaturaliza el trámite propio del proceso de ejecución y el juez tendrá que determinar si existe situación alguna que pueda obstar a la procedencia de la vía del proceso de ejecución, como acción previa a lo que se discuta en el juicio de conocimiento.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuestión abstracta
Materia: PENAL
Carátula: Córdoba, Hugo Luján s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-10-17

Si ha quedado firme la conclusión del tribunal relativa a la inexistencia de ebriedad absoluta es innecesaria la consideración del carácter voluntario o involuntario del estado en que se hallaba el procesado y de la consiguiente aplicación de la doctrina de la "actio liberae in causa".
Recurso extraordinario de nulidad, falta de cita legal
Materia: PENAL
Carátula: García, Carlos Alberto y otro s/ Hurto simple. Falsedad ideológica
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-08-01

Es procedente el recurso extraordinario de nulidad en que se denuncia violación del art. 159 -n.a.- de la Constitución provincial; si en la sentencia de primera instancia se rechazó el pedido de anulación de la acusación fiscal hecho por la defensa, sin acompañar la decisión con cita legal alguna y la Cámara sólo lo ratificó, siendo que debió -por tratarse de un recurso concedido en relación- dar respuesta legalmente fundada a los planteos efectuados en oportunidad del art. 223 del Código de Procedimiento Penal.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Sociedades comerciales, responsabilidad del Estado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: P., E.C. y Otros c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-12-17

La sociedad comercial, como sujeto de derecho, presupone la existencia de un punto o centro de imputación jurídico que reconoce como sustrato a un grupo de individuos con una finalidad común por la cual "se autoimponen" un ordenamiento parcial.- La persona jurídica constituye entonces un ordenamiento particular, sancionado por los socios constituyentes y se encuentra regida por un complejo de normas emanadas de la ley y de los estatutos o instrumento constitutivo.- El estatuto es la ordenación constitucional de la asociación; es el conjunto de normas que regulan de un modo abstracto y general la estructura interna de la asociación, su funcionamiento y su actividad en el exterior.

Por ende, al analizar la intervención del Estado integrando una sociedad comercial como socio, corresponde atender a esta visión de centro de imputación diferenciada, con las particularidades propias del tipo que se ha elegido.- Si como ocurre en el caso, el Estado decide formar una SAPEM, y en el estatuto social establece que bajo esa denominación "funciona una sociedad por acciones bajo la forma de Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria, arts. 308 a 314 de la Ley 19.550..." ello es indicativo de que se autoimpone el tipo societario, constituyendo su norma de creación -o de transformación- la Ley Nº 4164- y su estatuto el ordenamiento particular al que se sujeta.- En lo previsto, habrá de regirla como sociedad de un modo abstracto y general su estructura interna, su funcionamiento y su actividad en el exterior.
Derechos y garantías constitucionales, derecho de propiedad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Bustos, Alberto Roque y otros c/ P.E.N. y otros s/ AMPARO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-10-26

No hay violación del art. 17 de la Constitución Nacional cuando por razones de necesidad se sanciona una norma que no priva a los particulares de los beneficios patrimoniales legítimamente reconocidos ni les niega su propiedad y sólo limita temporalmente la percepción de tales beneficios o restringe el uso que pueda hacerse de esa propiedad.
ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE IMPUESTOS DE SANTA FE, empleados públicos, escalafón, reescalafonamiento, recurso contencioso administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Degano, María Susana c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   N  145-1994)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-08-22

Si mediante el decreto 4448/92 que aprueba la estructura orgánica funcional de la API -hoy impugnado por la recurrente- se dotaba al nuevo ente autárquico de una nueva estructura orgánico funcional, diseñada con el fin de que resultase compatible con los objetivos del mismo, y tendiera a la utilización racional y la mejor aplicación de los recursos humanos y materiales disponibles, no puede en verdad sostenerse que los agentes cuenten con un "derecho adquirido" al mantenimiento de la nomenclatura que a determinada función se asignaba en la estructura anterior; máxime si -como ocurre en la especie- el planteo no se acompaña siquiera de algún mínimo enfoque comparativo general entre las sucesivas estructuras, ni se alude -al menos tangencialmente- a los criterios en base a los cuales se elaboró el nuevo organigrama.
Contrato de obra pública, gastos improductivos, doctrina de los actos propios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Enrique J. Bonneu S.A. c/ Provincia de Buenos Aires (Poder Ejecutivo) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-02-21

Si la empresa realizó el cálculo de los gastos improductivos desagregándolo en rubros justamente para evitar la discusión en torno al método a utilizar, no resulta posible su pretensión actual de recalcularlos en forma "acumulativa" so pena de incurrir en contradicción con sus propios actos.
Propiedad horizontal, expensas comunes, cobro de expensas comunes, obligaciones periódicas, mora
Materia: CIVIL
Carátula: MICHAINE, Alberto c/ CONSORCIO CALLE PASO 609 s/ CONS. DE ALQ.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-23

El pago de expensas comunes constituye una obligación de "tracto sucesivo"; el acreedor no está obligado a recibir pagos de cuotas cuando las precedentes están impagas. Tal conducta debe observarse con mayor rigor en los supuestos de las expensas en los edificios de propiedad horizontal que tiene su principal fundamento en un principio de solidaridad, de convivencia entre los integrantes del consorcio. El solo atraso de uno o de varios de ellos lesiona los intereses de la comunidad a la que crea problemas que pueden llegar a ser muy serios al poder verse en dificultades para atender el pago de servicios del edificio:> sueldos de portería, luz, gas y mantenimiento del inmueble.
Procedencia del recurso, autosuficiencia del agravio, reincidencia
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Ministerio Público - Defensoría General de la CABA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en incidente de apelación en autos alcides echagüe, claudio y otros sobre 5 c - comercio de estupefacientes o cualquier materia prima para su producción / tenencia con fines de comercialización
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-11-24

Si bien corresponde conceder la queja porque contiene una crítica suficiente del auto denegatorio, corresponde rechazar el recurso de inconstitucionalidad toda vez que el planteo de la recurrente, contrastado con la resolución impugnada, no supera una mera discrepancia interpretativa con los criterios y valoraciones de hecho y derecho que allí se consignan. Los jueces fundaron la verificación de los requisitos del encarcelamiento preventivo en el hecho de que la acusación tenía base fáctica con sustento probatorio suficiente conforme el estado del proceso; también tuvieron en cuenta la existencia de antecedentes penales y anotaciones en el Registro Nacional de Reincidencia; ponderaron la pena en expectativa que, de conformidad con la ley procesal penal aplicable, permitiría constatar la concurrencia de un indicador de peligro de fuga (art. 181, inciso 2, CPP) y, por último, valoraron las condiciones de arraigo. (Del voto en disidencia parcial de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Acción de amparo, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Vitale de Martínez, Beatriz A. c/ Municipalidad de Vicente López e Intendente Municipal Enrique García s/ Amparo -cuestión de competencia art. 6 C.C.A.- Ramírez, Alejandra Karina s/ Amparo. Cuestión de comp. art. 6 del C.P.C.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-05-05|1998-06-09

Si en autos se hallan cumplidos los requisitos de excepción previstos por el art. 20 de la Constitución de la Provincia y en la ley 7166 modificada por la ley 7261, cuya configuración justifica el desplazamiento de la competencia originaria de esta Corte en favor de la que tienen asignada los jueces y tribunales ordinarios, corresponde declarar que el órgano judicial interviniente (justicia ordinaria) tiene competencia para conocer y resolver en la acción de amparo interpuesta. (Minoría u opinión personal)
Accidente de tránsito, bocacalle, prioridad de paso, leyes, interpretación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: P., I. s/ Lesiones culposas (Expte Nº 28-00, Resolución Nº  19, Tomo 6, Folio  408)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-04-05

No existe razón jurídica para sostener que alguien tenía prioridad de paso por provenir desde la derecha, cuando el otro estaba ya muy avanzado en el cruce de la intersección. Adviértase que ni aún reconociendo a la prioridad de paso para quien proviene de la derecha un carácter absoluto, cual sostenía alguna doctrina y jurisprudencia, y hoy lo hace formalmente la ley de tránsito 24.449 -vigente en nuestra provincia conforme ley 11.583-, podría llegarse a una conclusión distinta. Es que no solo sería un disparate bloqueador de toda posibilidad de cruce de calles el sostener que siempre y en todo caso ha de pasar primero quien viene desde la derecha de otro (¿qué se haría si el que viene desde la derecha está a cincuenta u ochenta metros de distancia de la encrucijada?, ¿se le cedería el paso quitándole toda agilidad al tránsito?), sino que además la cuestión parece estar resuelta normativamente. En efecto, frente a la un tanto imprecisa expresión de la ley 13.893 respecto a la preferencia de paso para quien se "presente por una vía pública situada a su derecha" (artículo 49), la nueva ley señala que la prioridad se acuerda "al que cruza desde su derecha" (artículo 41; en ambos casos, los subrayados me pertenecen), en un cambio verbal al que debe acordársele sentido, y que no puede ser otro sino el de que no basta presentarse o provenir desde la derecha para adquirir l a prioridad, sino que además es menester haber comenzado de alguna manera a realizar el cruce o transcurso de la intersección (obviamente esto ha de integrarse con las restantes normas de tránsito vigentes).
Código civil y comercial, rectificación de cuenta corriente, contratos de consumo
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Ariel Dada S.A. c/  s/ Materia a categorizar
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2018-10-10

En atención a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación a partir del 1 de agosto de 2015 (ley 26.994, texto según ley 27.077, B.O., 19-XII-2014), tratándose de una acción de revisión de cuenta corriente bancaria y revisión de caja de ahorros y mutuo hipotecario otorgado por la entidad bancaria, cuyas operaciones fueron llevadas a cabo con anterioridad al dictado del novel plexo normativo, la cuestión debe ser dirimida de acuerdo con lo prescripto en la legislación por entonces vigente (conf. art. 7, Cód. Civ. y Com.). Ello sin perjuicio de aclarar que por haber quedado subsumida la problemática analizada al ámbito de los contratos de consumo, siempre serán de aplicación las normas supletorias más favorables al consumidor (conf. art. cit.).(doctor Soria, sin disidencia)
Competencia federal, delitos contra la salud pública, tráfico de medicamentos o mercaderías peligrosas, plan alimentario nacional
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Romero, Jorge Pedro -Coordinador Regional del  P.A.N. - s/ inhibitoria.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-11-15

Es competente la justicia federal para conocer en la causa por el delito previsto en el art. 201 del Código Penal seguido contra una supervisora del Plan Alimentario Nacional, toda vez que los hechos habrían afectado o corrompido el servicio que tiene a su cargo un organismo, ubicado en provincia, dependiente del Ministerio de Salud y Acción Social, por delegación del Poder Ejecutivo Nacional; arts.

1 y 3 de la ley 23.056.
Extinción por quiebra o concurso del empleador, indemnización sustitutiva de preaviso
Materia: LABORAL
Carátula: PICHEL, MANUEL Y OTROS c/ CINE INTERNACIONAL DE LA ARGENTINA SA. s/ QUIEBRA DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1980-07-28

Vencido el plazo de suspensión legal inmediata a la declaración de quiebra sin haberse decidido la continuación de la empresa, hay extinción automática por disposición legal del contrato y la relación de trabajo. En tal caso corresponde el pago de una u otra de las indemnizaciones a que se refiere el artículo 251 LCT., según sea el caso, pero no a la indemnización por preaviso (Conforme López, Centeno y Fernandez Madrid, "Ley de Contrato de Trabajo Comentada", T. II, página 911/12). La improcedencia de la indemnización por preaviso, en ese caso, se manifiesta, toda vez que se es acreedor a la misma cuando el contrato es disuelto "por voluntad de una de las partes" (artículo 231 LCT.), y no cuando el contrato se extinguió automáticamente.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, monto del juicio, constitucionalidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rossi, A. s/ Incid. de pronto pago en Ventura. Quiebra. Recurso de queja Espinosa, David c/ Molinos Río de la Plata S.A. s/ Cobro de seguro. Rec. de queja B. de F., A. c/ F., A. s/ Incidente de disolución de sociedad conyugal. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-12-27|1997-03-04|2000-07-12

Respecto de la inconstitucionalidad de la ley 11.593, esta Suprema Corte tiene dicho en forma reiterada que las limitaciones establecidas por las normas procesales para la concesión del recurso de inaplicabilidad de ley no vulneran derechos o garantías constitucionales desde que el art. 161 inc. 3 apartado a) de la Constitución de la Provincia establece que el conocimiento y resolución del mencionado recurso extraordinario compete a este Tribunal con las restricciones que las leyes de procedimiento establezcan. (MINORIA U OPINION PERSONAL)