Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2016-02-04


Salta, 04 de febrero de 2016.-	Y VISTOS: Estos autos caratulados: "VERA, GABRIEL POR INFORMACION SUMARIA" - Expediente Nº 513780/15 del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil de Personas y Familia 6º Nominación (EXP - 513780/15 de Sala II) y,	C O N S I D E R A N D O:	I) Viene en apelación la resolución dictada a fojas 27/28 que desestima "in límine" la información sumaria deducida en autos. Para así decidir, el juez de la instancia de origen sostuvo que la pretensión de determinar que una persona que registra un nombre y una libreta de enrolamiento en nuestro país que no coincide con el nombre y la tarjeta de identificación que el mismo tiene en el vecino país de Bolivia, es una misma y única persona, debe encauzarse a través de un procedimiento especial previsto en el art. 2º de la Ley 17.671 y que excede ampliamente la jurisdicción voluntaria, debiéndose dirimir todas las controversias o infracciones a la norma referida por ante la justicia federal por tratarse aquella de una ley de orden público. Agregó que si lo que se pretende es anular el documento público emitido por el Estado Plurinacional de Bolivia, deberá instarse allí los respectivos trámites.	Al formular memorial el apelante sostiene que el fallo incurre en autocontradicción ya que no pretende la declaración de ningún derecho sino la acreditación de una situación de hecho, cual es que Gabriel Vera es la misma persona que José Vera Moisés, por lo que el caso encuadra en el art. 803 del CPCC. Señala que la referencia a los art. 13 y 18 de la ley 17671carece de sentido y sustento desde que no está en tela de juicio su identidad argentina; y que la remisión al procedimiento previsto en el art. 2º resulta infundada pues en ninguno de sus incisos se contempla la cuestión planteada en autos.	A fs. 39 emite opinión el Sr. Fiscal de Cámara quien se pronuncia por el rechazo del recurso. A fs. 40 se llaman autos para resolver, providencia que se encuentra firme.	II) El Sr. Gabriel Vera, con libreta de enrolamiento Nº 8.190.038, deduce información sumaria a fin de acreditar que es la misma persona individualizada como José Vera Moisés, en la Tarjeta de Identificación Personal Nº 2.383.622, expedida en la ciudad de La Paz por el Estado Plurinacional de Bolivia. Si bien en el escrito de demanda alude a los motivos que lo llevaron a pasar a la clandestinidad y radicarse en el exterior, durante la dictadura militar, como así también a la forma en que logró dicha identidad en aquel país, sin indicar las razones de su pretensión, de la lectura del memorial de agravios surge que lo hace en forma previa a reclamar la reparación patrimonial prevista en la ley 24.043, a fin de acreditar el hecho del exilio que sufrió junto a su familia.	La pretensión del recurrente excede el marco de la información sumaria deducida -encuadrada en el ámbito de los procesos voluntarios- toda vez que para su procedencia debe existir y denunciarse una exigencia judicial de constatación, lo que no se advierte en autos. En efecto, la mal denominada.

"jurisdicción voluntaria" - pues ni es jurisdicción ni es voluntaria y que más correctamente se podría denominar, al decir de Couture, "actor judiciales no contenciosos" - consiste en procedimientos seguidos sin oposición de parte, en los cuales la decisión que el juez profiere no causa perjuicio a persona conocida. Es decir que el juez, al fallar "inaudita altera parte", carece de uno de los elementos más convenientes a la emisión de un juicio jurídico: la comprobación de una tesis con su antítesis; el magistrado no conoce más verdad que la que le muestra la parte interesada (Conf. Couture, Eduardo J., "Fundamentos del derecho procesal civil", Depalma, Bs.As., 1978, págs. 46/49).	Siendo ello así, no cabe duda de que tales actos no deben extenderse indiscriminadamente so pena de incurrirse en violación de la garantía constitucional de defensa en juicio (art. 18 C.N.), la cual consiste precisamente, al decir de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en que el interesado debe ser oído y puesto en condiciones tales que pueda hacer vales sus derechos en forma y términos legales (Ac. y Sent. 1961, v. I, pág. 82). Por oposición a la sentencia jurisdiccional, cuyo contenido puede ser declarativo, constitutivo, de condena y cautelar, las decisiones que se profieren en los procesos judiciales no contenciosos son siempre de mera declaración, ni condenan ni constituyen nuevos derechos, puesto que se trata de aquellos casos en que la intervención del juez es "exigida por la ley para acordar autenticidad o relevancia a hechos o situaciones que pueden producir efectos jurídicos..." (art. 803 C.P.C. y C.).	En este caso, el accionante pretende se determine a través de una información sumaria que él, identificado en Argentina como Gabriel Vera y documentado en Bolivia en 1978 como José Vera Moisés, es una misma persona. Ello, con el fin de solicitar el beneficio indemnizatorio previsto en la ley 24043. Por ende la petición se vincula con los requisitos exigidos para la obtención de la reparación económica referida y, por lo tanto, deberá ser acreditada conforme lo disponen los artículos 2º y 3º de dicha ley, ante el Ministerio del Interior, autoridad competente encargada de comprobar en forma sumarísima el cumplimiento de los presupuestos exigidos a esos fines (actualmente ante la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, según artículo 8 de la ley 26.564, modificatoria de la ley 24043 y ley 27.143); y cuyas decisiones pueden ser objeto de recurso de apelación ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal. En efecto, el artículo 3º citado prescribe expresamente: "La solicitud del beneficio se hará ante el Ministerio del Interior, quien comprobará en forma sumarísima el cumplimiento de los recaudos exigidos...". Por lo tanto, la información sumaria deducida en esta sede, resulta improcedente y debe confirmarse el decisorio impugnado.	En virtud de la naturaleza de la acción incoada no corresponde la imposición causídica.	Por ello	LA SALA SEGUNDA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL,	I.- RECHAZA el recurso de apelación interpuesto a fojas 29 y CONFIRMA la resolución de fojas 27/28. Sin costas.	II.- ORDENA se registre, notifique y baje.- VOCALES: Dra. Hebe Alicia Samsón - Dra. Verónica Gómez Naar