Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-02-26


"Vázquez, Stella Maris c/ La Cabaña SA y otros s/ daños y perjuicios"	LIBRE N° 602.286	En la Ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 26 días del mes de febrero del año dos mil trece, reunidos en acuerdo los señores jueces de la Sala "A" de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, para conocer en los recursos de apelación interpuestos en los autos caratulados: "Vázquez, Stella Maris c/ La Cabaña SA y otros s/ daños y perjuicios", respecto de la sentencia de fs. 320/345, el tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿ES JUSTA LA SENTENCIA APELADA? Practicado el sorteo resultó que la votación debía realizarse en el siguiente orden: señores jueces de cámara doctores: SEBASTIÁN PICASSO - HUGO MOLTENI - RICARDO LI ROSI - A LA CUESTIÓN PROPUESTA, EL DR. DIJO: SEBASTIÁN PICASSO	I. La sentencia de fs. 320/345 hizo lugar a la demanda entablada por Stella Maris Vázquez y condenó a La Cabaña S.A., a Claudio Marcelo Vergara y a la aseguradora Protección Mutual de Seguros del Transporte Público de Pasajeros a abonar a la actora la suma de $ 37.000, con más intereses y costas.

Contra dicho pronunciamiento expresaron agravios la citada en garantía a fs. 361/366 y la actora a fs. 371/373, cuyas presentaciones no fueron contestadas. Por su parte, la demandada La Cabaña S.A. alzó sus quejas a fs. 375/382, las que fueron replicadas por la contraria a fs. 386/388.

II.- Por una cuestión de orden lógico, en primer lugar habré de abordar los agravios que introduce en esta alzada la demandada vinculados a la responsabilidad que en la especie le ha atribuido el colega de grado.

La actora señaló en su demanda que el día 9 de febrero de 2006, aproximadamente a las 9.35 hs., viajaba como pasajera en un colectivo que identificó como el interno 10 de la línea 172, conducido por el Sr. Claudio Marcelo Vergara y de propiedad de la empresa demandada, que circulaba por la Av. Juan B. Justo de esta ciudad. Añadió que al llegar el referido colectivo a la intersección con la Av. Álvarez Jonte, ella se dispuso a descender de la unidad por la puerta delantera, pero debido a la enorme distancia existente entre el colectivo y el cordón cayó pesadamente al pavimento. Reclamó ser indemnizada por los perjuicios y las secuelas que padeció en razón del accidente.

A su turno, La Cabaña S.A. -en términos a los que adhirió el demandado Claudio Marcelo Vergara-, luego de realizar una negativa pormenorizada de los hechos invocados por la actora, brindó un relato distinto del contenido en el escrito inaugural. En este sentido, señaló que el colectivo se encontraba detenido y estacionado en forma correcta durante todo el tiempo de descenso y ascenso de los pasajeros y que la actora bajó por la puerta delantera, pese a que el chofer había solicitado que los pasajeros lo hicieran por la trasera. Continuó diciendo que la caída de la Sra. Vázquez se produjo en la vereda y como consecuencia de haberse tropezado, y añadió que fue trasladada por el chofer por motivos humanitarios.

Por su parte, Protección Mutual de Seguros del Transporte Público de Pasajeros se limitó a realizar una negativa pormenorizada de los hechos invocados en la demanda.

En su sentencia, el Sr. juez de grado consideró acreditada la existencia del contrato, el hecho dañoso y la relación de causalidad con los daños reclamados, y concluyó que los demandados no habían probado las eximentes contenidas en el art. 184 del Código de Comercio. En consecuencia -como ya lo señalé-, hizo lugar a la demanda.

III.- Los recurrentes se agravian por cuanto el anterior sentenciante tuvo por acreditada la versión brindada por la actora en punto a la manera en que se produjo el accidente y consideró vigente un contrato de transporte que ya había finalizado, todo ello sin prueba alguna que lo avale y habiendo sido expresamente negado por los emplazados.

IV.- El correcto tratamiento del agravio requiere recordar, ante todo, que -como acertadamente lo señaló el colega de grado- es de aplicación al caso el artículo 184 del Código de Comercio, que impone al transportista el pleno resarcimiento de los daños causados en caso de muerte o lesión de un viajero durante el transporte, excepto que acredite que el accidente provino de fuerza mayor o sucedió por culpa de la víctima o de un tercero por quien no sea civilmente responsable.

Más allá de ello, como lo tiene dicho esta sala (in re "Pérez Carmen Evangelina c/ Herrera Mario Alberto y otros s/ daños y perjuicios", L. 578.758, del 8/11/2011; ídem, "E., G. O. c/ Trenes de Buenos Aires S. A. y otro s/ Daños y Perjuicios", del 25/11/2011, LL, 2012-A-80, entre muchos otros), resulta pertinente poner de resalto que, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el vínculo entre el transportador y el pasajero constituye una típica relación de consumo, razón por la cual el citado art. 184 del Código de Comercio -que ya de por sí pone a cargo del transportador una obligación de seguridad de resultado- se integra con los arts. 42 de la Constitución Nacional y 5 y concs. de la ley 24.240, que consagran el derecho a la seguridad de los consumidores y usuarios (CSJN, Fallos, 331:819 y 333:203). Es decir que también por el juego de las normas citadas en último término la responsabilidad del proveedor (en este caso, la empresa de transportes) tiene un corte netamente objetivo (conf. mis trabajos "Las leyes 24.787 y 24.999: consolidando la protección del consumidor", en coautoría con Javier H. Wajntraub, JA, 1998-IV-753, y "La culpa de la víctima en las relaciones de consumo. Precisiones de la Corte Suprema", LL, 2008-C-562. Vid. asimismo López Cabana, Roberto M., en Stiglitz, Gabriel (dir.), Derecho del consumidor, nro. 5, Juris, Buenos Aires, 1994, p. 16; Mosset Iturraspe, Jorge - Lorenzetti, Ricardo L., Defensa del consumidor, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2003, p. 311; Prevot, Juan M., "La protección del consumidor en el transporte", en Picasso, Sebastián - Vázquez Ferreyra, Roberto A. (dirs.), Ley de defensa del consumidor comentada y anotada, La Ley, Buenos Aires, 2009, t. II, p. 617 y ss.).

En definitiva, probado el incumplimiento (que en el caso se configura por la simple producción del daño con motivo de la ejecución del contrato), el deudor únicamente podrá eximirse de responder demostrando la imposibilidad sobrevenida de la prestación, con los caracteres de objetiva, absoluta y no imputable al obligado (Bueres, Alberto J., "El incumplimiento de la obligación y la responsabilidad del deudor", Revista de Derecho Privado y Comunitario, nº 17, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1998, p. 95 y ss.; Idem., "Culpa y riesgo. Sus ámbitos", en Revista de Derecho de Daños, "Creación de riesgo I", Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2006, p. 40 y ss. Vid. asimismo mis trabajos "El incumplimiento de las obligaciones contractuales. El problema de la ausencia de culpa y de la imposibilidad sobrevenida de la prestación. Obligaciones de medios y de resultado", en Ameal, Oscar J. (dir.) - Gesualdi, Dora M. (coord.), Derecho Privado, libro de homenaje al profesor Dr. Alberto J. Bueres, Hamnmurabi, Buenos Aires, 2001, p. 1097 y ss., y "La culpa en la responsabilidad contractual. Ausencia de culpa e imposibilidad sobrevenida de la prestación", Revista de Derecho de daños, 2009-1-125).

Sin embargo, como acabo de señalarlo, la puesta en marcha de esa responsabilidad requiere la previa prueba del incumplimiento, que en función de lo establecido por el art. 377 del CPCCN se encontraba en cabeza de la actora, en tanto constituye el presupuesto de hecho necesario para la aplicación de las normas que estructuran la obligación de seguridad del transportador (arts. 184, Código de Comercio, y 5 y concs., ley 24.240). En otras palabras, debía la victima acreditar su calidad de pasajera, el hecho de haber sido dañada con ocasión del transporte, y la relación de causalidad adecuada con los perjuicios cuya reparación pretende (CSJN, Fallos: 313:1184; 316:2774; 321:1462; 322:139, 323:2930, ídem, 16/11/2004, "Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Salcedo, Alberto c/ Transportes Metropolitanos General Roca S.A.", JA, 2005-II-782, entre muchos otros; Trigo Represas, Félix A. - López Mesa, Marcelo J., Tratado de la responsabilidad civil, La Ley, Buenos Aires, 2011, 2ª ed., t. III, p. 411). Acreditado ello, cabía a la transportista la prueba de la imposibilidad de cumplimiento en los términos ya mencionados.

V.- Queda claro que la demandada admitió la calidad de pasajera de la actora al referir que ésta descendió por la puerta delantera pese a que el chofer había solicitado que lo hiciera por la trasera. Sin embargo, también señaló que la caída protagonizada por la Sra. Vázquez había tenido lugar en la vereda y como consecuencia de haberse tropezado. Es decir que, la apelante sostuvo que el accidente ocurrió una vez finalizado el contrato de transporte. Por ello, adelanto que no coincido con el distinguido colega de grado, quien entendió que la demandada no negó la existencia del hecho y por lo tanto la actora solo debía probar la relación de causalidad entre el suceso y los daños que reclama (vid. fs. 324).

Sentado lo hasta aquí expuesto, corresponde entonces determinar si se encuentra acreditado que la Sra. Vázquez sufrió un daño con ocasión del transporte.

Considero que con los elementos probatorios obrantes tanto en estos autos como en la causa penal caratulada "Vergara, Claudio Marcelo s/ art. 94", expte. n° 21.236 que tengo a la vista, no puede tenerse por probado que el daño sufrido por la actora ocurrió durante la ejecución del contrato de transporte.

A fs. 11 de la causa penal obra la declaración del apoderado de la empresa demandada, quien manifestó que desconocía los pormenores del hecho, y a fs. 23 se ordenó el archivo de las actuaciones en orden a la falta de elementos de convicción que permitieran avanzar en el esclarecimiento del hecho investigado y la autoría que pudo caber al imputado.

En cuanto al informe del Centro Médico SOI y del Hospital Vélez Sarsfield (vid. fs. 156/176 y 240/244, respectivamente) cabe señalar que dichas prueban resultan útiles para acreditar el daño sufrido por la actora, pero no son hábiles para tener por probada la existencia del hecho de la manera relatada por ella.

Por otro lado, no resulta ocioso señalar que la demandante desistió del testimonio del Sr. Jorge Crevatín, único testigo presencial del hecho cuya declaración se ofreció (vid. fs. 185).

Finalmente, no puedo soslayar la entrevista psicológica en la cual la actora efectuó una narración de los hechos distinta de la contenida en el escrito de inicio. Allí mencionó que mientras se encontraba descendiendo del ómnibus el chofer imprevistamente prosiguió su marcha y la actora cayó al pavimento (vid. fs. 254).

Sabido es que a tenor del artículo 377 del CPCCN, a cada parte incumbe la carga de probar los hechos que son el presupuesto para la aplicación de la norma que invoque como fundamento de su pretensión, excepción o defensa. En este entendimiento, es claro que correspondía a la Sra. Vázquez demostrar que el accidente se produjo durante la ejecución del contrato de transporte, puntualmente al descender por la escalera delantera del colectivo que había quedado muy alejado del cordón de la vereda.

Así las cosas, la falta de elementos probatorios que logren persuadir de la veracidad del relato de la actora impide tener por configurados los extremos necesarios para la aplicación del art. 184 del Código de Comercio y 5 y concs. de la ley 24.240.

En consecuencia, propongo al acuerdo hacer lugar al recurso de apelación, revocar la sentencia recurrida y rechazar la demanda.

VI.-	Por todo lo expuesto, y si mi voto fuere compartido, propongo: 1) Hacer lugar al recurso de apelación, y en consecuencia revocar la sentencia apelada y rechazar la demanda intentada por Stella Maris Vázquez contra La Cabaña S.A., Claudio Marcelo Vergara y Protección Mutual de Seguros del Transporte, 2) En virtud de lo dispuesto por el artículo 279 del CPCCN, imponer las costas de ambas instancias a la parte actora, atento al principio objetivo de la derrota que consagra el artículo 68 del citado código.

Los Dres. Hugo Molteni y Ricardo Li Rosi votaron en el mismo sentido por razones análogas a las expresadas en su voto por el Dr. Sebastián Picasso.

Con lo que terminó el acto.-	Es copia fiel de su original que obra a fs. del Libro de Acuerdos de la Sala "A" de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. FDO. FERNANDO P. CHRISTELLO (SEC.)	Buenos Aires, febrero 26 de 2013	Y VISTOS:

Por lo que resulta el acuerdo que informa el acta que antecede, Se resuelve: 1) Revocar la sentencia apelada y rechazar la demanda intentada por Stella Maris Vázquez contra La Cabaña S.A., Claudio Marcelo Vergara y Protección Mutual de Seguros del Transporte, y 2) Imponer las costas de ambas instancias a la parte actora.

Notifíquese y devuélvase.

SEBASTIÁN PICASSO	HUGO MOLTENI	RICARDO LI ROSSI