marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Compraventa inmobiliaria, pago total, escrituración, quiebra
Materia: CIVIL
Carátula: GRIMAUX, GABRIEL A. c/ CENTRO DE SUBOFICIALES ASOCIACION MUTUAL s/ LIQUIDACION SOCIEDAD - INCIDENTES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-12-06

Si la acreedora verificante ha abonado la totalidad del precio del inmueble cuya escrituración reclama y se ha demostrado que no existen otros bienes registrados a su nombre, su situación está comprendida en la prevista por el art. 1185 bis del Código Civil para la protección del adquirente de inmuebles con boleto de compraventa frente a la masa del concurso de la vendedora. Esta solución no puede verse alterada por una temporaria ausencia del adquirente, justificada por las guardias que debe realizar en su calidad de bioquímico. Frente al pago de la totalidad del precio y sin que se haya demostrado ausencia de buena fe por parte de la adquirente, resultaría de excesivo rigor la exigencia puntual y acabada de recaudos convencionales cuyo objetivo no ha sido el pretendido sino la preservación del destino de vivienda de la unidad enajenada.-
Alimentos, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PONCE TOMASA c/ GERLINI CARLOS s/ Alimento Provisorios Litis Expensas (LIBRO: A073 - 116)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1991-08-14

La presunción que emana en favor de la mujer, según el sistema de la ley 2393 ya no aparece en la normativa vigente, en especial teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 198 C.C. En efecto, partiendo de la obligación alimentaria recíproca, ya no se presupone la necesidad de la mujer, quien deberá entonces probarla, para lo cual son pautas indicativas serias las que resultan del art. 207 C.C.-
Locación de obra, responsabilidad del director de obra, negligencia, obligaciones del locatario
Materia: COMERCIAL
Carátula: LA SEGUNDA  COOP.   LTDA.  DE SEGUROS GENERALES c/ CONSORCIO DE PROPIETARIOS JOSE HERNANDEZ 2045. s/ LOCACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-05-11

No corresponde extender responsabilidad por las consecuencias de un evento dañoso producido durante la construcción de un edificio a su propietario, cuando la guarda jurídica de la cosa ya no está en sus manos, sino a cargo de un director de obra; máxime si el daño es producto exclusivo de la negligencia en el cuidado de las cosas usadas en el arte de la construcción (conf. Cnciv, del 15.7.79).
Empleados públicos, revisión judicial de actos administrativos, cuestión no justiciable, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Russo, Eduardo Angel c/ Dirección General Impositiva.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-02

Lo atinente a la política administrativa y a la ponderación de las aptitudes personales de los agentes administrativos no es materia justiciable, facultades a las que ha de reconocerse una amplitud de criterio en aras de lograr un buen servicio, en tanto no incurra en sanción disciplinaria, grave descalificación del agente o manifiesta arbitrariedad (Disidencia del Dr. Guillermo A. F.

López).
Sentencia, principio de congruencia
Materia: PENAL
Carátula: Mansilla, Roberto Agustín y otros s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-07-07

Es nula la sentencia recurrida que no sólo no guarda congruencia con lo votado en la primera de las cuestiones planteadas por el tribunal, sino que tampoco permite conocer con certeza si el inculpado fue condenado por uno o dos hechos, y en su caso por cuál de ellos.
Emergencia económica, vivienda única, hipoteca
Materia: CIVIL
Carátula: Lucas, Susana Diana c/ Kappes Antonio Oscar s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-10-09

La ley 25.798 forma parte del denominado bloque normativo de la emergencia, el que ha sido declarado constitucionalmente válido en distintos pronunciamientos de la Corte federal. La propia ley 25.798 forma parte de las medidas legislativas tendientes a la conservación de la vivienda familiar que, ofrecida como garantía de algún crédito, se ve expuesta a grave peligro en razón de la debacle económica ocurrida. Es evidente, por otra parte, que tales medidas obedecen a un propósito de justicia, resultando razonables las restricciones que se imponen al derecho de propiedad del acreedor, en función de la entidad de la crisis que busca superarse (causa R-320-XLII, "Rinaldi", sent. del 15-III-2007) (del voto del doctor DE LAZZARI).
Confirmación de sentencia, hábeas data, Registro de Juicios Universales, pedido de quiebra
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Matimport S.A. s/ medida precautoria.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-09

Corresponde confirmar la sentencia que rechazó la acción de hábeas data, si la recurrente ha admitido que los datos inscriptos en el Registro de Juicios Universales, atinentes al pedido de quiebra rechazado por el tribunal comercial, se corresponden con las constancias del expediente judicial, de modo que no se presenta el presupuesto fáctico de la falsedad previsto para hacer procedente el instituto del hábeas data.
Locación, indemnización, daños y perjuicios, incumplimiento del contrato, canon locativo, cuestiones prejudiciales
Materia: CIVIL
Carátula: Macedo, Jorge Jaime c/ Municipalidad de Prof. Salvador Mazza s/ recurso de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-05-29

El art. 1101 del viejo Código Civil (art. 1775 del actual C.C.C.) se aplica a los supuestos en que el pronunciamiento civil se halla íntimamente vinculado al resultado del proceso criminal, asignándosele al precepto el rango de orden público y, por ende de imperatividad, lo que conlleva a su aplicabilidad de oficio y veda la alternativa de supresión por vía del ejercicio de la autonomía de la voluntad privada, siendo nulo el pronunciamiento que se expida en violación de estas pautas.

En el caso, el actor pretende que se le abone una suma de dinero en concepto de alquileres adeudados y una indemnización de daños y perjuicios, en virtud del contrato de locación celebrado, cuya validez se encuentra cuestionada pues, según la investigación penal en curso, podría tratarse de una maniobra delictiva en perjuicio de la demandada. Es decir, la cuestión está íntimamente relacionada con los hechos que constituyen el sustento de la denuncia que motiva la investigación penal, por lo que corresponde aplicar lo establecido por el art. 1775 del C.C.C.

En el nuevo ordenamiento procesal penal de la Provincia de Salta, la relación procesal penal y, en particular, su primer "estado" (o etapa procesal), es decir, la "investigación penal preparatoria" nace, se constituye y adquiere un perfil pleno y acabado a partir de la emisión del "decreto de citación a audiencia de imputación" que se menciona en los arts. 77, 108, 131, 258, 263, 414, 419 y cc. del C.P.P. (ello se desprende de una interpretación armónica y sistemática del régimen adjetivo implementado por la Ley 7690 y sus modificatorias). Dicho acto procesal -que vino a reemplazar, en definitiva, al "decreto de avocamiento" del antiguo régimen- marca el inicio formal y oficial de la "investigación penal preparatoria" y, por ende, de la relación procesal penal propiamente dicha.
Robo, robo con armas, lesiones, concurso de delitos, violación de domicilio, concurso real
Materia: PENAL
Carátula: FERNÁNDEZ, NÉSTOR RAMÓN (robo calificado, etc.) s/ RECURSO DE CASACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1999-07-01

El art.150 CP, al subordinar su propia aplicación a que no resultare "otro delito más severamente penado", ha incluido una regla expresa de subsidiariedad. La aplicación de la figura del art. 150, CP, no puede quedar supeditada a la no comisión de otros delitos más graves dentro del mismo contexto de acción, puesto que ello importa una desnaturalización del sistema de interpretación de la ley, por subordinar a la decisión del autor el discernimiento sobre lo que es materia propia de cada uno de ellos.

El delito de robo calificado por el empleo de armas no resulta de la violación de domicilio, toda vez que ésta no está comprendida por aquél. Tal independencia desactiva la subsidiariedad de la figura del artículo 150 del C.P., y torna aplicable la regla del artículo 55 del C.P.
Denegatoria del recurso, salidas transitorias
Materia: PENAL
Carátula: PEREZ GADIN, Daniel Rodolfo c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-09

Corresponde rechazar el recurso de casación deducido contra la denegación de las salidas transitorias, pues la circunstancia de que el causante no se haya incorporado al "Régimen de Ejecución Anticipada Voluntaria" (art. 5º del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional nro. 396/99 -B.O. 05/05/1999- y título IV del "Reglamento General de Procesados" aprobado por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional nro. 303/99 -B.O. 01/04/1996-) excluye de modo liminar la posibilidad de transitar por los períodos y fases del régimen penitenciario y, en su virtud, de acceder al instituto involucrado. Dres. Borinsky, Hornos, Barroetaveña.
Actuaciones administrativas, cosa juzgada
Materia: LABORAL
Carátula: Ortega, José M. c/ Ormas S.A. C.I.C.I.C. s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-06-27

No percibida por el actor la indemnización fijada por el delegado Regional del Ministerio de Trabajo de la Nación en el marco del dec.

1005/49 no se produce la cosa juzgada administrativa.
Expresión de agravios, suficiencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rovetta, Héctor c/ Scalise, Miguel s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-12-22

Las exigencias del art.260 del C.P.C.C. deben valuarse con la razonable amplitud que impone el ejercicio del derecho constitucional de defensa. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Jubilaciones, entes autárquicos, fiscal de Estado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GUENDULAIN, MANUEL c/ CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CORDOBA s/ CONTENCIOSO    ADMINISTRATIVO    -  ENTES  AUTARQUICOS  - JUBILACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1985-10-28

No siendo parte el fiscal de estado, ni habiendo acreditado los apoderados de la demandada -caja de jubilaciones de la provincia-la delegación que invocan, conforme lo establece el artículo 6 de la ley 6723, su situación no encuadra en las previsiones del artículo 17 del C.P.C.A., Atento su carácter restrictivo.
Acción de amparo, excusación
Materia: CIVIL
Carátula: HABRA FERNANDEZ, CARMEN MARGARITA c/ GOBIERNO DE LA PCIA. DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ RECURSO DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-06-21

Los simples contactos de las personas que, aún cuando se den con asididuidad, sólo son derivados del desempeño de funciones comunes, de la vecindad o de la frecuencia de los mismos lugares, no pueden ser invocadas como eximente de la obligación de la intervención del Sr. Fiscal, lo que hacen inadmisible su aceptación.-
Juicio abreviado, sentencia condenatoria, lavado de activos, asociación ilícita, concurso real, tráfico de estupefacientes
Materia: PENAL
Carátula: Menéndez, Hugo y otros  c/  s/ infracción ley 23.737
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-08-29

En el marco de lo acordado en el acta de juicio abreviado (art. 431 bis, CPPN), corresponde condenar a los imputados, en orden a los delitos de asociación ilícita en carácter de miembros, en concurso real con el de lavado de dinero procedente del narcotráfico, puesto que se tiene por legalmente acreditado que los encartados integraron una asociación ilícita, la cual se dedicó a lavar dinero proveniente del narcotráfico internacional (venta de cocaína en diversas ciudades de los Estados Unidos por parte de carteles mexicanos), que había sido girado desde los Estados Unidos de Norteamérica a la República Argentina a través de cuentas bancarias, y que dichos fondos eran retirados, ya sea en efectivo, cheques o por intermedio de otras transferencias, siendo distribuidos entre integrantes de la asociación ilícita para la constitución y compra de sociedades, inmuebles, maquinaria agrícola y rodados, como así también, para el desarrollo de la actividad agropecuaria, siempre bajo la apariencia de operaciones realizadas legalmente.
Recurso de apelación (procesal), expresión de agravios
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Carrizo, José Florencio y Otros c/ Petroquímica Comodoro Rivadavia SA s/ Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-11-30

"Si en el escrito de expresión de agravios se insiste en la posición originalmente asumida, sin aportar otros elementos de consideración, cabe concluir que no se cumplen las exigencias contenidas en el artículo 116 de la ley 18.345, puesto que no se efectúa una crítica pormenorizada y "fundada" de los argumentos de la sentencia para desestimar la petición".
Sentencia, nulidad de oficio
Materia: PENAL
Carátula: Bertoncelo, Margarita Irene; Chiri, Julio Santiago; Andino, Aldo Alberto s/ Homicidio agravado, etc. Quiroga, Luis Ismael s/ Privación ilegal de la libertad, etc. Gómez, Miguel Angel s/ Violación reiterada y robo simple
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-03-10|1995-10-24|1993-09-21

Corresponde anular de oficio y parcialmente la sentencia recurrida en cuanto aplicó el art. 142 bis del Código Penal pues como la necesaria competencia correspondía a la justicia federal (art. 3 inc. 5, ley 48 según leyes 20.661 y 23.817) el juzgamiento así realizado por la Excma. Cámara origina una situación excepcional de incompatibilidad con el debido proceso.
Competencia contencioso administrativa, tutela anticipada, interpretación restrictiva, Superior Tribunal de Justicia, competencia originaria
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Dres. Denett, Marcos Rodolfo J. y Herrera, Tadeo Antonio c/ Concejo Deliberante de la Capital s/ Medida Cautelar Anticipada
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2007-10-04

El pedido de tutela anticipada realizado por participantes de un concurso de antecedentes y oposición para cubrir el cargo de Defensor del Pueblo, se encuentra dentro de la órbita de la competencia originaria de la Corte, en la medida que tiende a rever actos administrativos, ya que este Tribunal tiene, en virtud de lo dispuesto en el art. 204 de la Constitución Provincial, la facultad esencialmente revisora por vía de la acción contenciosa administrativa. Es preciso recordar que la facultad revisora otorgada a la Corte de Justicia por la Constitución de la Provincia y normada por el Código respectivo ha sido ampliada jurisprudencialmente a través del fallo "áltamirano" en el caso de los amparos. Posteriormente, el mismo criterio fue aplicado a la accione s declarativas de certeza.

Ahora bien, en materia contencioso administrativa, los procesos urgentes -tutela anticipada-, como regla, no proceden, ya que indudablemente las vías de hecho podrán tener satisfacción en los tribunales de grado, habida cuenta que aquellas no habilitan la competencia originaria de la Corte de Justicia, quedando también excluidos los procesos urgentes de la mayoría de las cuestiones contencioso administrativas tales como: sumarios, cuestiones de complejidad técnica, contratos administrativos de ejecución y derechos patrimoniales en general.

En el caso que nos ocupa -tutela anticipada en el marco de un concurso de antecedentes y oposición en trámite-, la doctrina acepta que dicha solicitud sea tratable sólo de manera excepcional "Difícil aceptación en procedimientos selectivos ..." (SPACAROTEL, Gustavo D., "Las medidas autosatisfactivas en la Provincia de Buenos Aires. Con referencia al proceso contencioso administrativo. - LLBA-2006-1407). Del voto del Dr. Cáceres
Allanamiento domiciliario, orden de allanamiento, intervención de línea telefónica
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Padilla Echeverry, José y otros. s/ Causa 10.556
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-01-10

La exigencia de fundamentación exigida para disponer un allanamiento es plenamente aplicable a las intervenciones telefónicas.
Contrato de trabajo, relación de dependencia
Materia: LABORAL
Carátula: GONZALEZ ERMELINDA c/ BUSTOS DE PISANO BENITA s/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1996-02-13

Existe relación laboral si la actora, por más de seis años concurrió al domicilio de la accionada en una proporción no superior a las tres horas diarias, tres veces a la semana, realizando diversas tareas domésticas.

Por ello, corresponde aplicar tanto los principios generales del derecho del trabajo, como otros institutos no reñidos con los que se admiten para el personal doméstico incluidos en el Estatuto, pero reducido materialmente al número de horas que se laboraron y con la clara advertencia de que los beneficios que se acuerden, no pueden exceder los que el propio Estatuto prevé para quienes en él están incluidos.

Ratifica esta postura la circunstancia de que ha existido tanto en la Nación como en la Provincia de Córdoba un proceso reglamentarista, a través del cual se ha dado amplio reconocimiento a esta actividad de servicios acordes con la vida moderna, en la que el trabajador doméstico "con cama adentro" representa hoy una minoría y el llamado "trabajo por hora" es predominante. Así, en esta Provincia se dictó el Decreto Nro. 3922/75 que estableció categorías distintas de las previstas en la reglamentación nacional incorporando en su art. 6 el personal auxiliar de casas particulares en las especialidades de lavanderas, planchadoras y limpieza, fijándole una retribución por día y por una "labor máxima de tres horas de trabajo". Posteriormente, reglamentaciones como la Resolución 567/89 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social aluden directamente a "personal que trabaja por horas, por cada unidad".
Recurso de casación, procedencia del recurso, sentencia arbitraria, reenvío, doble instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: Nicolás Rostas S.A. s-Incidente por Venta Judicial por Licitac. Pública s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-08-30

En la medida en que un pronunciamiento judicial pueda padecer de un error que importe un gravamen a los intereses de uno de los litigantes, la ley de forma le otorga el derecho de obtener de otro Tribunal la reparación mediante el control de la decisión por vía recursiva. En este caso, aplicación arbitraria de la ley en una cuestión de hecho: omisión de valorar constancias obrantes en autos, intervino un Tribunal de Segunda Instancia, al que propongo reenviar los autos a efectos de que dicte nuevo pronunciamiento, teniendo presente que el principio de la doble instancia, encierra una preciosa garantía de control y de seguridad para el justiciable.
Allanamiento, allanamiento sin orden
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: BENITEZ MANUEL Y MEDINA MIGUEL EDUARDO s/ ROBO AGRAVADO POR EL EMPLEO DE ARMAS Y PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO DE USO CIVIL CONDICIONADA SIN LA DEBIDA AUTORIZACION LEGAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2004-04-06

De la disposición del art. 213 del CPP, en función de la norma general del art. 210 de la rituaria, emergen los requisitos para que pueda operar la excepción, los que en el concreto supuesto del inc. 3 refieren: a) que la introducción a la morada se halle precedida de una previa persecución del imputado, persona evadida o sospechada de criminalidad, y b) que exista una razón de "urgencia" por la cual no resulte posible postergar el acto; en cuanto a la primera de ellas de los precedentes de esta Sala surge que"... la exigencia normativa de " persecución"...", se puede verificar con "...la existencia de una continua e ininterrumpida actividad por parte de la autoridad policial en la investigación y detención de los autores del hecho ...", lo que resulta una premisa insoslayable para que pueda operar la excepción, ya que es precisamente la que dota de fundamento a la actuación policial autónoma y, en cuanto a la segunda condición , consistente en la necesidad imperiosa de que la medida sea practicada en forma " urgente", debe ser analizada con la equilibrada visión que impone el dinamismo del concepto, considerando básicamente el contexto dentro del cual se desarrollaron los acontecimientos que dieron lugar a aquella y la existencia de un notorio riesgo de frustración en caso de procederse de otro modo, en este caso , queda al descubierto que no resultaba posible , teniendo en cuenta que el procedimiento debía efectuarse en una localidad distante a 60 Km. de la sede del tribunal interviniente, diferir su ejecución hasta gestionar y obtener la orden judicial pertinente, sin el grave peligro de que se vea malogrado el resultado de la misma por eliminación de pruebas esclarecedoras e incriminates.
Empleados de seguros, inspector de seguros
Materia: LABORAL
Carátula: RODRIGUEZ GAMES, OSCAR c/ ASEGURADORES INDUSTRIALES  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-09-28

El hecho de que la inspección de vehículos siniestrados requiera un alto grado de conocimiento técnico, no implica una tarea autónoma cuando ella se efectúa dentro del marco organizativo de una empresa ajena en una actividad que hace esencialmente a los fines de esa misma empresa y sin la cual ella no podría desarrollar su labor aseguradora. Asimismo, el art. 6 del CCT 11/75 contempla expresamente la categoría de inspectores de seguros.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación de los fundamentos
Materia: PENAL
Carátula: Nuebo, Claudio Enrique s/ Encubrimiento
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-02-25

Es insuficiente el agravio en el que se denuncia que no obra acta de secuestro ni de entrega de los bienes sustraídos citando como infringidos los arts. 98, 99, 101 y 256 del Código de Procedimiento Penal y 979 incs. 2° y 4°, 980, 986 y 93 del Código Civil si en la sentencia no se acreditó la existencia de los bienes objeto del delito por el secuestro de los mismos sino que se lo estimó acreditado mediante el reconocimiento por parte del damnificado.
Recurso de apelación (procesal), regulación de honorarios, honorarios del abogado, costas en el orden causado, actuación por derecho propio
Materia: PROCESAL
Carátula: DARDO OSCAR NOFAL c/ CONCEPCION ANAYA DE DIAZ Y OTROS s/ ESCRITURACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 1992-03-11

Si las costas del recurso de apelación de la regulación de honorarios, fueran impuestas por el orden causado, no existe en el mismo obligado, por lo tanto, no corresponde decisión sobre la regulación de honorarios al letrado que actuó en el recurso por derecho propio, puesto que su tarea ha sido en carácter netamente personal y a favor de sus propios emolumentos.
Juicio ejecutivo, excepciones procesales, excepción de incompetencia, títulos de crédito, lugar de pago
Materia: PROCESAL
Carátula: American Express Bank (Switzerland) c/ Valdéz, Jorge s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-14

Resulta improdecente que en un proceso ejecutivo un coaccionado oponga la excepción de incompetencia por considerar que en el mismo debía entender el tribunal competente de los Estados Unidos, toda vez que el título en cuestión posee como domicilio de pago en "Bank Of América, Worldwide Plaza Branch 0931), po box 610144, Redwood, CA 94061, de Estados Unidos de Norteamérica...", y el domicilio que registró ante el banco fue en el Estado de California (EE.UU). Ello así, si - como en el caso - se verifica que tanto él como el otro accionado poseen su domicilio en la República Argentina, pues en tales circunstancias deviene adecuado a derecho que el accionante opte por la competencia atribuida por uno de esos domicilios (conf.

CPR 5; 5).
Eximición de prisión, excarcelación
Materia: PENAL
Carátula: SOSA LASTRA, N. s/ EXIMICION PRISION - IMPROCEDENCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-11-13

No corresponde la eximición de prisión peticionada en favor de quien, hallándose excarcelado, violó las exigencias contenidas en el art. 386 del C.P.C.