Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-03-03


DUNDA, Saúl contra PROVINCIA DE SANTA FE Reg.: A y S t 195 p 110-113. Santa Fe, 3 de marzo del año 2.004.

VISTOS: Los autos "DUNDA, Saúl contra PROVINCIA DE SANTA FE -Mere Declarativa de Inconstitucionalidad- sobre QUEJA POR DENEGACIÓN DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. nro. 548, año 2001), venidos para resolver acerca de la concesión del recurso extraordinario interpuesto por el actor (fs. 69/85), para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación; y, CONSIDERANDO:

1. Surge de estas actuaciones que la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario, mediante resolución 251, del 12 de octubre del año 2000, anuló las resoluciones de primera instancia -que habían acogido la medida cautelar peticionada por el actor- en razón de la incompetencia de la justicia ordinaria para entender en esta causa.

La denegatoria del recurso de inconstitucionalidad que contra el fallo de Alzada dedujera el actor, motivó su presentación directa en esta Corte (fs. 37/52), la que fue desestimada mediante resolución registrada en A. y S. T. 185, pág. 87 (fs. 59/62).

Es este último pronunciamiento el que se objeta a través de la vía del artículo 14 de la ley 48. En el escrito introductorio de la instancia federal, el apelante relata los antecedentes de la causa y enuncia los recaudos formales atinentes al recurso extraordinario. En tren de fundar la procedencia de su impugnación, asegura que esta Corte incurre en diversas causales de inconstitucionalidad y de arbitrariedad. Concretamente: violar el principio de supremacía constitucional (art. 31, C.N.); quebrantar la garantía del debido proceso (art. 18, C.N.); conculcar la garantía de la inviolabilidad de la propiedad (art. 17, C.N.); seleccionar e interpretar inadecuadamente la normativa aplicable al caso e invocar fundamentos carentes de apoyatura doctrinaria y jurisprudencial; omitir el tratamiento de una cuestión conducente y brindar fundamentos de excesiva latitud.

Considera, en tal dirección, que este Cuerpo desconoció el texto expreso del artículo 287 del Código Procesal en lo Civil y Comercial en tanto autoriza el dictado de medidas cautelares aun por jueces incompetentes, insistiendo en que la Cámara sólo tenía que analizar la procedencia o no de la cautelar despachada en baja instancia y no adentrarse en el tema de la competencia.

Asimismo, se agravia de que esta Corte haya señalado que el argumento de la Sala -relativo a que la medida cautelar no guardaba relación con la acción intentada- no hubiera sido rebatido por el recurrente. Ello así, asevera, desde que tal aspecto sólo fue puesto de relieve por la Alzada como una reflexión final que, como tal, lo relevaba de refutarlo. Sin perjuicio de ello, entiende que la cautelar sí guardaba relación con la pretensión entablada.

Le imputa también a este Órgano prescindir de temas decisivos para la solución de la litis, desde que no se ha hecho cargo de articulaciones serias y conducentes para una adecuada resolución, lo que, a su juicio, le quita fuerza de convicción al auto denegatorio.

Invoca, finalmente, la existencia de gravedad institucional en la inteligencia de que el decisorio impugnado afecta un interés de la colectividad al poner en crisis la eficacia de actos procesales que "atentan directamente a la perdurabilidad del proceso" e insiste en que el pronunciamiento en crisis carece de motivación suficiente.

Pide, por lo expuesto, la concesión del remedio federal.

Evacuado el traslado pertinente por la parte demandada (fs. 88/95), quedan los presentes en estado de resolver.

2. Cabe recordar, inicialmente, que en el escrito de interposición del recurso extraordinario federal, es menester que el impugnante rebata y neutralice cada uno de los motivos expuestos por este Cuerpo para fundar su pronunciamiento, trayendo razones de peso encaminadas a destruir la fundamentación de tal decisorio por considerarlo lesivo de derechos constitucionales.

Ello es así, por cuanto la propia naturaleza de la vía extraordinaria prevista en el artículo 14 de la ley 48, demanda que el recurrente impugne el pronunciamiento que objeta, demostrando ante la Corte por qué considera que el decisorio atacado no satisface el derecho federal invocado.

Efectuando el análisis en cuestión, se advierte que la postulación recursiva gira, esencialmente, en torno a la ausencia de jurisdicción de la Sala para pronunciarse sobre la competencia para entender en la causa, afirmando que esta Corte, al rechazar la queja, ha confirmado ese arbitrario decisorio incurriendo, a su vez, en inconstitucionalidad y arbitrariedad, toda vez que prescindió de lo normado por el artículo 287 del código de rito que consagra la posibilidad de dictar medidas cautelares por jueces incompetentes.

El remedio federal no habrá de tener acogida favorable. Cabe destacar, en primer término, que el pronunciamiento recurrido no reviste carácter definitivo en los términos requeridos por el artículo 14 de la ley 48, toda vez que, en rigor de verdad, se limita a declarar que la justicia ordinaria es incompetente para entender en la causa, no impidiendo canalizar la pretensión ante los Tribunales con competencia a tales efectos (Fallos: 242:308; 306:172; 307:1774; 311:455, especialmente "Rogiano" C.S.J.N., causa R. 426. XXXV, del 15.2.2000; y de este Tribunal: A. y S., T. 160, pág. 102; T. 164, pág. 471; T. 166, pág. 279; T. 169, pág. 47, entre muchos otros) y el apelante no ha invocado -y menos demostrado- la configuración de un supuesto de excepción que permita sortear esa regla.

Es que, se impone recordar, este Cuerpo -al rechazar el recurso directo- no hizo otra cosa que confirmar la existencia de materia contencioso administrativa declarada por el A quo y por ende de conocimiento de los tribunales con especialización en la misma, poniendo particular énfasis en las especiales aristas que la revisten (atribuida constitucionalmente, de orden público, improrrogable, etc).

En tales condiciones, y de acuerdo a las pautas jurisprudenciales elaboradas en este sentido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cabe concluir que el pronunciamiento recurrido no es sentencia definitiva ni decisión equiparable a ella. Si se enfoca el caso desde la óptica que pretende el recurrente, esto es: ceñir la cuestión exclusivamente al ámbito cautelar, tampoco el decisorio adquiriría carácter definitivo desde que, es sabido, "las resoluciones referentes a medidas cautelares, sea que las decreten, levanten o modifiquen, no constituyen sentencias definitivas en los términos del artículo 14 de la ley 48, salvo que medien agravios que por su magnitud y las circunstancias de hecho puedan ser irreparables", extremo que no se demuestra en la especie (cfr. Fallos: 205:1847, entre muchos otros).

Resta aclarar que el examen sobre la definitividad de la resolución efectuado por este Cuerpo en la presentación directa, difiere del que corresponde efectuar -aquí y ahora- en el recurso reglado por la ley 48, pues en aquella oportunidad estaba comprometida, precisamente, la competencia atribuida constitucionalmente a esta Corte.

Aun cuando por vía de hipótesis se considerase superado el óbice aludido, lo cierto es que el recurso federal tampoco correría mejor suerte.

Ello así, toda vez que los vicios imputados -magüer el matiz que el actor aspira otorgarles- no revisten naturaleza constitucional ni configuran una cuestión federal, puesto que refieren a una temática procesal y de derecho público local que, como es sabido, escapan al ámbito del remedio articulado, máxime cuando el demandante ha dejado incólume la argumentación del A quo, destacada a su turno por este Órgano, vinculada a la ausencia de relación entre la medida ordenada y la acción intentada, extremo que, al contrario de lo afirmado en el recurso, también resulta decisivo en el caso.

A ello puede agregarse, a mayor abundamiento, que esta Corte al declarar la competencia contencioso administrativa y consecuente incompetencia de los tribunales ordinarios decide, invariablemente, que las cautelares que se hubieran despachado quedan sin efecto, per se, por ser conculcatorias de lo establecido en el artículo 93, inciso 2 de la Constitución de la Provincia (criterio de A. y S., T. 118, pág. 234; T. 139, págs. 417 y 485; T. 141, pág. 128; T. 147, pág. 402; T. 148, págs. 143, 149 y 234).

Finalmente, debe desecharse la configuración de un supuesto de gravedad institucional que en forma genérica invoca el recurrente pues, a más de la insuficiencia de fundamentación que denota el punto, en manera alguna puede considerarse que el conflicto planteado en autos y la solución adoptada por este Tribunal excedan el marco del interés meramente individual para afectar el de la comunidad, en sus valores más sustanciales y profundos (A. y S. T. 79, pág. 498), circunstancia que el recurrente debe demostrar configurada en la especie (cfr. A. y S., T. 48, pág. 293; T. 72, pág. 284; T. 88, pág. 43/46; T. 100, pág. 2, entre otros).

Lo expuesto es suficiente para concluir en la inadmisibilidad del remedio federal deducido.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Denegar la concesión del recurso extraordinario interpuesto para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con costas.

Regístrese y hágase saber.

Fdo.:FALISTOCCO-NETRI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)