Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-19


Buenos Aires, 19 de julio de 2006.

Vistas: las actuaciones indicadas en el epígrafe, resulta:

1. Mediante la disposición nº 4752-DGDYPC-2003, la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires impuso una multa de pesos cuarenta mil ($ 40.000) al Banco Bansud Grupo Macro S.A., y la obligación de publicar dicha sanción en el diario La Nación, por considerar que dicha entidad infringió el art. 4 de la ley 24.240, al no informar a los consumidores en forma fehaciente la tasa de financiación aplicada al sistema de Tarjeta de Crédito, lo que fuera constatado mediante el acta de infracción nº 133, labrada con fecha 11 de marzo de 2003 en la sucursal de Rivadavia 11.178 (fs. 28/29).

2. El Banco Bansud Grupo Macro S.A. interpuso el pertinente recurso de apelación contra dicha disposición administrativa (fs. 18/24), que fue rechazado por la sentencia dictada con fecha 31 de mayo de 2005 por la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fs. 14/17).

3. Ante dicha decisión, el citado Banco interpuso recurso de inconstitucionalidad agraviándose por la supuesta arbitrariedad del pronunciamiento objetado (fs. 2/12), que fue declarado inadmisible por la Cámara por considerar que no se hallaba configurado un verdadero caso constitucional (fs. 1).

4. El banco Bansud Grupo Macro S.A. planteó el recurso de queja ante este Tribunal (fs. 36/48).

5. El Fiscal General Adjunto entendió, en su dictamen, que la queja debe ser desestimada (fs. 57/59).

Fundamentos:

La jueza Ana María Conde dijo:

1. El recurso de queja ha sido interpuesto en tiempo y forma debida (art. 33 LPTSJ). Sin embargo, el mismo no puede prosperar.

2. Es un requisito mínimo para la concesión de la queja, que contenga, básicamente, una crítica concreta y razonada del auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad; recaudo que el escrito en examen no reúne ya que la actora no logra rebatir el fundamento central por el cual la Cámara denegó su recurso, es decir la ausencia de un caso constitucional (cf. el Tribunal in re "Guglielmone, María Dolores s/ art. 74 CC s/ recurso de queja", expte. nº 291/00, resolución del 22/03/2000; "Góngora Martínez, Omar Jorge s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Góngora Martínez, Omar Jorge c/ Banco de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo (art. 14, CCABA)", expte. nº 3264/04 y sus citas, resolución del 23/2/05).

3. En efecto, tanto en los recursos de inconstitucionalidad como en la subsiguiente queja, el recurrente fundamenta la tacha de arbitrariedad -que le ocasionaría una violación en sus derechos a la propiedad, el debido proceso y la defensa en juicio- en los siguientes motivos:

a)Arbitraria valoración del acta 133: el recurrente manifiesta que donde el acta dice que el Banco "exhibe una hoja ... en la que consta una tasa nominal anual (60 %) no existiendo la tasa efectiva mensual (T.E.M.) y se verifica el tamaño de la letra no fácilmente perceptible y/o legible...", la Cámara infundadamente interpreta que:

i.La hoja que los inspectores dicen que el Banco exhibía no estaba a la vista del público consumidor, sino que apareció recién ante la presencia de éstos y al momento de confeccionarse el acta.

ii.La hoja que se exhibía no acredita que los consumidores hayan estado informados.

La recurrente sostiene que nada de esto surge del acta, y que lo realmente cierto es que el Banco exhibía al público esta hoja con la TNA en una cartelera, y es por ello que los inspectores dicen expresamente que el Banco "exhibe" la hoja con la TNA.

b)Modificación de la imputación que originariamente se realizó contra el Banco: el recurrente afirma que, conforme lo que surge del acta 133, lo que se le imputaba al Banco era la falta de publicación de la TEM (Tasa Efectiva Mensual), pues se dejó expresa constancia que sí se exhibía una hoja con la TNA (Tasa Nominal Anual), y la entidad realizó su descargo dirigido a refutar dicha imputación.

Sin embargo, al momento de dictar sentencia la Cámara habría modificado su imputación, y con ello el objeto mismo del sumario de carácter infraccional, al sostener que el Banco tampoco exhibía la hoja con la TNA, que esta hoja sólo apareció al momento de confeccionarse el acta.

c)Inexistencia de infracción: el recurrente dice que el art. 16 de la ley 25.065 obliga al Banco a exhibir al público la tasa de financiación aplicada al sistema de tarjeta de crédito, y ello fue cumplido con la exhibición de la tasa nominal anual, hecho constatado por el acta nº 133, por lo que no existió ni existe infracción.

Como podemos apreciar, estos argumentos planteados por el recurrente constituyen una mera discrepancia con la valoración que la Cámara realizó de la prueba obrante en autos, más precisamente el acta nº 133 en que se fundó la sanción administrativa cuestionada. Y es doctrina reiterada de este Tribunal que la valoración de las pruebas obrantes en una causa judicial debe ser realizada por los jueces ordinarios, y que ello no constituye el caso constitucional previsto en el art. 27 de la ley 402 como requisito de acceso a esta instancia extraordinaria.

4. La insuficiencia señalada no puede ser sorteada por medio de la invocación de arbitrariedad en la sentencia apelada, ya que en el caso se trata de una apreciación puramente genérica de la recurrente, donde el supuesto agravio de carácter constitucional es mencionado sin fundamentación suficiente.

Los argumentos vertidos en el recurso de inconstitucionalidad y en la queja expresan una mera discrepancia con la interpretación razonable y fundada efectuada por la Cámara sobre la situación fáctica del caso, las pruebas obrantes en autos, y la aplicación de normas infraconstitucionales -más precisamente, las leyes 24.240 y 25.065-.

Que la parte recurrente discrepe con el razonamiento efectuado por la Cámara no significa que la sentencia devenga infundada y, por ende, arbitraria (cf. Constitución y Justicia [Fallos TSJ], Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 1999, t. I, ps. 282 y ss., en: "Federación Argentina de Box c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ acción de inconstitucionalidad", expte. n° 49/99, resolución del 25/8/99 y sus citas), pues "si el fallo apelado, dictado por los jueces de la causa, es fundado y serio, aun cuando pueda discutirse con base legal la doctrina que consagra o sus consecuencias prácticas, no resulta aplicable la jurisprudencia excepcional establecida en materia de arbitrariedad" (Fallos 237:69).

Y en el presente caso la Cámara valoró todas las manifestaciones contenidas en el acta nº 133 en forma conjunta y armónica, contrariamente a la interpretación propuesta por el recurrente, quien se detiene en el análisis de un extracto específico del acta -las observaciones de los inspectores- pero omite merituarla en su totalidad, incluyendo el formulario preimpreso.

Es decir, de la parte preimpresa del acta nº 133 surge con absoluta claridad que "...la entidad bancaria ... viola el artículo 16 de la ley 25.065 al no exhibir al público la tasa de financiación aplicada al sistema de Tarjeta de Crédito, lo que constituye, por la integración normativa dispuesta en el artículo 3 de la Ley 24.240, una presunta infracción al artículo 4 de la misma ley relativo al deber de información que tienen todos aquellos que presten servicios ..." (ver fs. 26). Ello es valorado por la Cámara en el apartado 7º de su sentencia, pero no ocurre lo mismo con el recurrente, quien realiza una interpretación parcial del acta al enfocarse exclusivamente en las observaciones detalladas por los inspectores.

Ello permite afirmar que existen dos valoraciones distintas de la misma prueba documental -acta nº 133-, y la realizada por la Cámara emerge como armónica, fundada y razonable, contrariamente a la visión parcial y forzada del recurrente.

5. En conclusión, la actora no logra conectar el agravio concreto que -afirma- le provoca la sentencia de Cámara, con un motivo de impugnación de carácter constitucional, esto es, con la aplicación de una norma que lesione una garantía constitucional referida directamente al caso (cf. este Tribunal in re "Góngora Martínez, Omar Jorge s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Góngora Martínez, Omar Jorge c/ Banco de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo [art. 14, CCABA])", expte. nº 3264/04, resolución del 23/02/05).

En efecto, en el recurso de inconstitucionalidad sólo se invoca, de forma genérica, la violación de los derechos de propiedad y defensa en juicio en la que habría incurrido la Cámara al dictar un fallo arbitrario en cuanto a la valoración de los hechos y pruebas, y la aplicación de derecho infraconstitucional, pero sin exponer -en un argumento formalmente adecuado- un caso constitucional, conforme lo establece el art. 27 de la ley n° 402.

Cabe recordar que la referencia ritual a derechos o principios constitucionales, si no se acredita precisa y fundadamente su cercenamiento, es insuficiente, ya que si bastara la simple invocación de un derecho o garantía de raigambre constitucional este Tribunal se vería convertido, de ordinario, en tercera instancia obligada de todos los pronunciamientos dictados por el Poder Judicial de la Ciudad (cf. el Tribunal in re "Carrefour Argentina S.A. s/ recurso de queja", expte. n° 131/99, sentencia del 23/2/2000).

Por todo ello, voto por rechazar el recurso de queja interpuesto por la actora.

El juez Luis Francisco Lozano dijo:

Adhiero al voto de mi colega, la jueza Ana María Conde.

El juez José Osvaldo Casás dijo:

1. Adhiero al voto de la señora jueza de trámite, doctora Ana María Conde, y a los fundamentos que en sentido concordante expresa el señor Fiscal General Adjunto en su dictamen (fs. 57/59).

En consecuencia, corresponde rechazar el recurso de queja deducido.

2. Agrego, en lo que a mi respecta, en un aspecto secundario del pronunciamiento, que la actora cuestiona el monto de la multa impuesta y solicita su disminución al mínimo previsto en la norma (punto II.5 de la queja y del recurso de inconstitucionalidad).

Sostiene que ni la Cámara ni la Administración han merituado las condiciones fácticas y jurídicas del caso y que, por ello, han arribado a una sanción desproporcionada (fs. 45 vuelta).

La disposición que impone la sanción (n° 4752-DGDYPC-2003) para la graduación del monto de la multa tuvo en cuenta "el incumplimiento constatado, la potencialidad de consumidores que pudieron resultar engañados por la conducta descripta y el estado de reincidencia del encausado" (v. copia obrante a fs. 28).

En este punto, corresponde recordar que nuestro Tribunal cimero, en posición que comparto, ha sostenido que "la facultad de graduación de la multa entre el mínimo y el máximo previsto en la ley, no escapa al control de razonabilidad que corresponde al Poder Judicial con respecto a los actos de la Administración Pública, incluso cuando se trata de facultades discrecionales de la administración (doctrina de Fallos: 313:153 entre otros). En modo alguno la discrecionalidad implica una libertad de apreciación extralegal, que obste a la revisión judicial de la proporción o ajuste de la alternativa punitiva elegida por la autoridad, respecto de las circunstancias comprobadas, de acuerdo con la finalidad de la ley" (in re: "Iván N. Demchenko v. Prefectura Naval Argentina -DPSJ 3/96-", sentencia del 24 de noviembre de 1998, Fallos: 321:3103).

Sin embargo, en este caso concreto, tampoco los pretendidos agravios constitucionales que por este motivo se levantan contra la sentencia atacada pueden ser atendidos. Ello así, toda vez que la Cámara, más allá de su acierto o desacierto, respondió de manera expresa y fundada en el punto 8 de su decisorio los argumentos expuestos en el recurso de apelación deducido -defensas vinculadas básicamente con la inexistencia de la infracción enrostrada porque no se había omitido publicar algún dato susceptible de engañar a los clientes, con la buena fe de la entidad y con la alegada omisión de la autoridad de aplicación en tanto no ponderó el hecho de que el Banco no era reincidente (cf. copia del recurso obrante a fs. 18/24 vuelta)-.

La recurrente, a continuación, no se hace cargo debidamente de los fundamentos brindados en el citado punto 8 de la sentencia de Cámara -p. ej., en punto a la cuestión de la reincidencia-.

Por lo demás, existen otros argumentos sobre el tema que recién son introducidos en el recurso de inconstitucionalidad (y se mantienen en la queja). Es claro que ellos no pueden ser valorados en esta instancia excepcional, pues al no haber sido propuestos oportunamente -el Banco no ofreció descargo en sede administrativa (v. fs. 25 vta.) y tampoco hizo mención del los mismos en el recurso de apelación-, no han podido ser evaluados por los jueces de la causa -me refiero concretamente a la defensa que se orienta a poner de resalto la poca incidencia que respecto de los clientes tendría la falta de publicación de las tasas aplicables al sistema de tarjetas de crédito en la sede del Banco, dado que la propia entidad brinda esa información mediante los resúmenes mensuales que les envía (v. recurso de queja a fs. 45 y recurso de inconstitucionalidad a fs. 8 vuelta)-.

En virtud de las consideraciones expuestas, corresponde rechazar la presente queja y dar por perdido el depósito de ley.

Así lo voto.

El juez Julio B. J. Maier dijo:

1. Resulta palmario que el recurrente centra todo el recurso en la alegación de cuestiones de hecho, prueba y Derecho común, cuestiones ajenas a la competencia del Tribunal, según lo expresa el mismo voto de la Sra. jueza de trámite. Así, se intenta tornar plausible la idea de que el tribunal de mérito de segunda instancia ha interpretado arbitrariamente las constancias de la causa, argumento que también prosigue en el capítulo de queja por la indeterminación del comportamiento sancionado, para desembocar en una interpretación arbitraria de un acta de constatación, afirmar la inexistencia de la infracción imputada y culminar con una interpretación de la ley común (infraconstitucional) favorable a su mandante. Más allá del error o del acierto de la sentencia confirmatoria dictada por la Cámara como tribunal de mérito, lo cierto es que ninguno de estos argumentos posee base constitucional, por más que el recurrente cite diversos derechos constitucionales que no vincula específicamente con el caso concreto, sino a través de la reglamentación de la interpretación de la ley infraconstitucional cuyo texto él mismo considera conforme a la Constitución.

2. Como ya lo tengo dicho en otras sentencias, la palabra arbitrariedad ni siquiera es utilizada en el sentido técnico que pretende habilitar la CSJN (sentencia infundada o su equivalente por estar motivada irracionalmente, dicho de manera general) y sólo designa a la palabra agravio, esto es, a la acción de disentir con la sentencia recurrida (cf. mis votos en "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Farías, María Antonia c/ GCBA s/ empleo público [no cesantía ni exoneración]'", expte. n° 3565/04, resolución del 26/05/05 y "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Lococo, Marcela c/ GCBA s/ empleo público [no cesantía ni exoneración]'", expte. nº 3792/05, resolución del 29 de junio de 2005). Esta aplicación del vocablo, aun por fuera de mi posición absolutamente restrictiva del motivo (ver mi voto in re "Loñ, Carolina y otros c/ GCBA s/ amparo [art. 14 CCABA] s/ recurso de inconstitucionalidad concedido" y su acumulado expte. n° 4143/05 "Sound Garage SA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Loñ, Carolina y otros c/ GCBA y otros s/ amparo (art. 14 CCABA)'", expte. n° 4229/05. sentencia del 10 de mayo de 2006; entre muchas otras causas), no surte, con evidencia, la competencia del Tribunal conforme al art. 27 y cc. de la local n° 402.

3. Por lo demás, quiero advertir que el recurrente ha tolerado la competencia de los tribunales de mérito para interpretar ciertas leyes cuya ubicación dentro del Derecho federal o fuera de él es, por lo menos, discutible, y, con ello, ha tolerado la competencia de los tribunales de la Ciudad. No corresponde que esta cuestión, que no integra el pleito, sea decidida aquí.

4. Por las razones expuestas, voto por rechazar el recurso de queja planteado a fs. 36/48.

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

1. La Cámara no admite el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por Banco Macro Bansud porque, según afirma fs. 1/vta., el recurrente no logró plantear un caso constitucional al defender una interpretación de ciertas normas del derecho común y una valoración de hechos y pruebas de la causa que difieren de las sostenidas por la Cámara en la sentencia de fs. 14/7.

En el marco del auto denegatorio, el quejoso sólo pudo intentar una crítica aceptable de esa decisión volviendo, como lo hace, a los argumentos del recurso de inconstitucionalidad. Dicho en otros términos, en tanto el a quo se interna en el campo de la fundabilidad del recurso de inconstitucionalidad excediendo el control de admisibilidad que le compete, la queja tal como ha sido planteada se torna procedente.

2. Por las circunstancias expuestas corresponde tratar los agravios de Banco Macro Bansud expuestos a fs. 2/12.

Ahora bien, la invocación reiterada de la violación al derecho de propiedad, de defensa y al debido proceso no alcanzan para sustentar una cuestión constitucional pertinente ni para acreditar la arbitrariedad de la sentencia de Cámara de fs. 14/7.

Coincido por ello con el análisis que realiza la Sra. jueza de trámite en los apartados 3, 4 y 5 de su voto, aunque no comparto la solución que propone. A partir de los mismos fundamentos que contiene el voto de mi colega en los apartados indicados, entiendo que debe ser rechazado el recurso de inconstitucionalidad e imponerse las costas al recurrente. Así voto.

Por ello, de conformidad con lo dictaminado por el Fiscal General y, por mayoría, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Rechazar el recurso de queja interpuesto a fs. 36/48.

2. Dar por perdido el depósito oportunamente integrado, en los términos del art. 35, ley nº 402.

3. Mandar que se registre, se notifique y oportunamente se remita a la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.