Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-03-09


EL PIAVE S.A. contra NEUMATICOS VERONA S.R.L.

Reg.: A y S t 205 p 267-272. Santa Fe, 9 de marzo del año 2.005.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el actor contra la sentencia nro. 36 de fecha 15 de abril del año dos mil cuatro, dictada por la Sala Cuarta -integrada- de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de la ciudad de Rosario en autos " -Demanda Ordinaria- (Expte. 161/03)" (Expte. C.S.J. nro. 503, año 2004); y, CONSIDERANDO: 1. Conforme surge de autos en fecha 15.04.2004 la Sala Cuarta -integrada- de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de la ciudad de Rosario por sentencia nro. 36 resolvió: a) rechazar el recurso de nulidad interpuesto por la demandada; b) revocar la sentencia alzada rechazando la pretensión contenida en la demanda; c) hacer lugar a la pretensión reconvencional, en la medida y con los alcances explicitados en ocasión de tratar la segunda cuestión, y d) imponer las costas de ambas instancias a la actora.

Contra este pronunciamiento la parte actora vencida dedujo recurso de inconstitucionalidad por considerarlo incurso en las causales previstas en los incisos 1 y 3 del artículo 1 de la Ley 7.055 y violatorio de los artículos 1, 17, 18, 31, 33 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional, y 1, 6, 7, 9, 15, 84 segunda parte y 95 de la Constitución de la Provincia.

Señala que el fallo que impugna no aplicó el derecho vigente, esto es, los artículos 31, 125 y 128 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia, y 318 de la Ley 10.160, por cuanto -entiende- debió declarar la nulidad de orden público dada la contravención en que incurrió la demandada al ser representada por un mandatario convencional no inscripto en la matrícula de procuradores, circunstancia que, a su criterio, no convalida la mera existencia de patrocinio letrado y que no debía admitirse en el proceso.

Afirma que tampoco aplicó la Sala el artículo 859 del Código Civil, norma que expresamente admite la rescisión de la transacción por el descubrimiento de documentos de los cuales, dice, no se tuvo conocimiento al momento de formalizarla. Expresa que la sentencia introdujo en forma incongruente una prueba no producida en autos.

Alega que el fallo volvió a incurrir en la misma causal de arbitrariedad respecto del artículo 365 del C.P.C. y C. de la Provincia, y, a su criterio, la consideración efectuada por los sentenciantes respecto a que esta norma es de interpretación estricta no alcanza a justificar la no aplicación de la misma, cuya interpretación resulta unívoca según doctrina y jurisprudencia.

Entiende también que el pronunciamiento no tuvo en cuenta prueba decisiva, como resulta la informativa del Banco de Galicia y Buenos Aires (facturas pro forma del 1.09.97 en la que no figuran los neumáticos, y factura definitiva del 9.10.97 en la que sí figuran aquellos). Agrega que fue esta discordancia entre ambas facturas la que indujo a error a la actora al suscribir la transacción.

Considera que la sentencia introdujo una prueba inexistente "...a través de la ilegítima invocación de una máxima de experiencia: 'Que la actora tuvo noticia de que el costo de las gomas estaba incluido en el precio de adquisición de los vehículos referidos en la demanda con anterioridad al 23 de noviembre de 1998'...", toda vez que tal hecho fue "indiscutiblemente" controvertido y expresamente negado por su parte a lo largo del proceso.

Agrega a ello que además de ilegítima esta máxima de experiencia no es cierta, en tanto no constituye una conducta frecuente que el comprador de un automóvil cero kilómetro adquiera conjuntamente otros cinco neumáticos de repuesto, o como en el caso, que el comprador de ocho semirremolques compre otros ciento cuatro neumáticos.

Expresa que el decisorio incurrió en incongruencia en la medida que invocó para concluir en el rechazo de la demanda y el acogimiento de la reconvención defensas no alegadas por la reconviniente, las que detalla.

Por otro lado, argumenta que la sentencia refutó las conclusiones del fallo de baja instancia mediante afirmaciones dogmáticas, desprovistas de la menor conexión con lo que fue materia de debate en la litis y de las circunstancias comprobadas de la causa.

Señala asimismo que la decisión carece de motivación suficiente al haber sido resuelta por el voto de tan sólo dos de los magistrados que componen el Tribunal, con la abstención de la Dra. García que invocó el artículo 26 de la ley 10.160, al que tacha de inconstitucional en tanto se trata de una norma que, según afirma el recurrente, contradice directa e inmediatamente los artículos 84, segunda parte, y 95 de la Constitución provincial.

Cita numerosos precedentes dictados por el Máximo Tribunal de Justicia de la Nación, cuya doctrina considera aplicable al sub examine, advirtiendo que el Tribunal a quo se apartó en el caso de la misma, circunstancia que, a su criterio, configura una nueva causal de arbitrariedad.

Asevera el quejoso que la abstención de un Vocal en pronunciarse evidencia una "...disidencia no pronunciada, ya que de lo contrario se adheriría a los votos anteriores...", constituyendo una obligación ineludible de los jueces de tribunales colegiados el voto en sus sentencias.

En relación a esta misma cuestión, alude a antecedentes de este Cuerpo provincial ("Solari", A. y S. T. 79, pág. 91; "Milo", A. y S. T. 83, pág. 127), efectuando diversas consideraciones respecto a la postura de la Corte en relación a la convalidación de la constitucionalidad de la norma que impugna.

La Sala por auto nro. 369, de fecha 25.10.2004 resolvió denegar la concesión del recurso de inconstitucionalidad interpuesto, circunstancia que determina la presentación directa del quejoso ante esta sede, insistiendo con las causales de arbitrariedad reseñadas.

2. En primer lugar, y si bien alterando el orden en que el recurrente expuso los agravios que dice le causa la resolución traída a revisión de este Cuerpo, resulta menester expedirse respecto del planteo conforme el cual invoca ausencia de motivación suficiente por entender que la Sala resolvió sólo con el voto de dos de los magistrados que la componen con la abstención de la doctora García, como así también en relación a la esgrimida tacha de inconstitucionalidad del artículo 26 de la ley 10.160.

Tales cuestionamientos no merecen ser acogidos en esta instancia, pues conforme reiterada jurisprudencia de este Cuerpo elaborada a partir del caso "Solari" (A. y S. T. 79, pág. 91), el ejercicio de la facultad conferida por el artículo de mención -abstención de votar- debe estar expresa y personalmente acreditado, en consonancia con la naturaleza de ese deber-potestad (A. y S. T. 171, pág. 139; T. 174, pág. 376; T. 180, pág. 428, entre muchos otros).

Y en el caso, claramente se advierte que tal aspecto se encuentra cumplimentado en debida forma, toda vez que, ninguno de los miembros del Tribunal ha quedado descartado a priori del estudio de la causa y la opción ejercida por la tercer Vocal de abstenerse de votar al advertir la existencia de los votos totalmente concordantes de los otros dos camaristas, fue debidamente documentada en autos.

Con ello quedan sin sustento alguno las consideraciones que realiza el compareciente en relación a que el artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Judicial pugna con los artículos 84, segunda parte, y 95 de la Constitución provincial, pues el primero refiere a la Cámara o Sala en cuanto órgano-institución, regulando su integración o composición, y en relación al segundo, tal como se señaló, en el sub examine no se prescindió de la participación del tercer magistrado, contando el pronunciamiento con la motivación debida, debiéndose destacar que, además, el recurrente no desarrolla argumentos consistentes ni indica particularidades de la causa que tornen inaplicable la firme jurisprudencia existente en esta materia.

También debe desestimarse la postulación del impugnante relativa a que el a quo se apartó de doctrina sentada por la Corte nacional, conforme la cual todos los miembros de una Cámara deben concurrir al necesario debate para fundar mediante sus votos una sentencia válida, toda vez que los precedentes que cita refieren a supuestos distintos al de autos.

En relación al vicio que el recurrente denuncia relativo Y como se señaló, en el escrito de queja el presentante no alcanza a desmerecer estas conclusiones al limitarse a argumentar una "interpretación elusiva prescindente" o "interpretación desordenada prescindente" por parte del Tribunal, lo que de ningún modo se infiere haya acontecido desde que precisamente y como se expresó la Sala ingresó al análisis de esta cuestión, aunque resolviéndola de una manera contraria a las pretensiones del quejoso, lo que no permite el franqueamiento de esta vía.

En cuanto a las restantes causales de arbitrariedad que el quejoso endilga al pronunciamiento en crisis -no aplicación del derecho vigente, no tener en cuenta prueba decisiva, introducir prueba inexistente, incurrir en incongruencia y en afirmaciones dogmáticas-, se debe señalar que, pese al esfuerzo que desarrolla con el fin de otorgar a sus planteos el suficiente matiz constitucional que le permita la apertura de esta instancia de excepción, los mismos no logran trasuntar sino sólo el disenso para con lo decidido por la Alzada sobre la base de elementos de convicción presentes en la causa y que llevaron a los sentenciantes a considerar que era la posición de la demandada la que debía prosperar.

En efecto, frente al reproche consistente en la no aplicación de lo dispuesto por el artículo 365 del C.P. C.y C. de la Provincia porque la Cámara tuvo por expresión de agravios los que considera "vagos comentarios del representante de la demandada", los juzgadores estimaron esencialmente que al sostener la apelante que la resolución del a quo resultaba injusta por no haber tenido en cuenta que el verdadero contenido del sub lite consistía en "dos operaciones independientes", tácita pero palmariamente refutó la argumentación del juez inferior -que descansó sobre la base de la existencia de una única operación comercial-, concluyendo así la Sala que al dirigir una versión fáctica que "...contradice y viene a dar por tierra otra versión fáctica que sirve de soporte para algunos puntos de la sentencia apelada...", la accionada no se encontraba constreñida a rebatir todos y cada uno de los puntos del pronunciamiento que impugnaba.

En cuanto al planteo que esgrime el quejoso relativo a la falta de aplicación por la Alzada de lo dispuesto por el artículo 859 del Código Civil, al margen de que constituye una cuestión ajena al recurso impetrado pues refiere a la labor de interpretación de una norma de derecho común, debe señalarse que justamente en tal hermeneusis no se advierte que el Tribunal haya incurrido en causal de arbitrariedad que excepcione este principio.

Y esto es así, pues para determinar cuál era la pretensión que debía prosperar, la Sala entendió que se debía dilucidar si se trataba de una única operación comercial (como alega la accionante) o de dos (la compraventa de los semirremolques a la empresa brasilera con los neumáticos y la compraventa de otros 104 neumáticos a la firma rosarina), resultando "gravitante" a esos fines definir si "El Piave S.A." conocía (o desconocía) la factura definitiva -que acreditaba que en el precio de adquisición de los semirremolques estaba incluido el costo de sus neumáticos- con anterioridad a la fecha en que se celebró la transacción entre las partes, pues de esa circunstancia sería o no aplicable el artículo 859 del Código Civil.

En este orden y luego del examen de los hechos y de las pruebas aportadas a la causa es que concluye en que la actora "...tomó conocimiento con anterioridad a la firma del acuerdo transaccional celebrado .... de que el costo de los neumáticos colocados en los semirremolques recibidos estaba incluido en el precio de adquisición de éstos...", resolviendo así la improcedencia de la nulidad solicitada, y por ende, la inaplicación de la norma mencionada.

Los restantes agravios formulados se relacionan, en definitiva, con esta apreciación que efectuó la Alzada.

Así y respecto del planteo esgrimido en cuanto afirma el quejoso que la Sala no tuvo en cuenta prueba decisiva -la informativa del Banco de Galicia y Buenos Aires- de la liminar lectura de la resolución surge precisamente lo contrario, y ello se infiere de la valoración que efectúa acerca de la naturaleza de la factura "pro forma" y de la factura definitiva; del análisis llevado a cabo del contenido del original de la factura definitiva; de las consideraciones vertidas en relación a la independencia entre la operación de crédito documentado a través del Banco de Galicia y Buenos Aires y la operación de compraventa de los semirremolques con la empresa brasilera, y de la evaluación de las conclusiones a que arribó el juez a quo respecto a toda la documentación (factura pro forma, factura definitiva, remitos).

Es decir, y de acuerdo a lo reseñado, no puede entenderse que el fallo haya prescindido de valorar la prueba mencionada; en todo caso, el Tribunal llevó a cabo una valoración que no es la que el quejoso procuraba, y esta circunstancia resulta ajena a su pretensión de apertura de la vía excepcional.

También alega que la sentencia introdujo una prueba inexistente "...a través de la ilegítima invocación de una máxima de experiencia..." con lo cual asevera que la conclusión de que su parte conocía antes de concertar la transacción que en el precio abonado a la firma de Brasil ya estaba incluido el costo de las cubiertas, es falsa, mas, pese a su intento al refutar tales consideraciones no logra persuadir a este Cuerpo acerca de que el Tribunal a quo hubiera creado elementos de prueba, pues, tal como lo afirma la Sala en la denegación del recurso, arribó a esta solución sobre la base de elementos de convicción existentes en la causa (los que enumera: los dichos de la actora; los de la demandada; las antagónicas versiones de los hechos que una y otra parte presentaron, y la documental acompañada), valorándolos a la luz de las referidas máximas.

Y de esta tarea no se infiere que haya construido alguna prueba -tal como lo pretende hacer ver el impugnante- ni que el sentido otorgado a la apreciación que de la misma efectuó resulte ilógica, irrazonable o arbitraria por lo que, en consecuencia, todas las postulaciones que endereza en tal sentido el compareciente no denotan sino su discrepancia, lo que determina la inadmisibilidad de las mismas.

Igual suerte adversa debe correr el restante agravio, también relacionado con la aplicación de las máximas de experiencia a los fines del análisis de la prueba y de los hechos de la causa: la formulación de afirmaciones dogmáticas, y ello es así pues, tal como se examinó, las aserciones brindadas por la Cámara encuentran su sustento en las mismas constancias de la causa y en las pruebas producidas, y no en la sola voluntad del juzgador.

En suma, y tal como se expuso, más allá de acordar o no con la decisión a la que arribó la Alzada, lo cierto es que la misma no desborda los márgenes de razonabilidad tolerados ni evidencia que los sentenciantes se hubieran excedido en sus facultades, por lo que, en definitiva, los reproches vertidos demuestran únicamente la intención de revertir lo decidido, lo que determina que la presente queja debe ser desestimada.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta y declarar perdido para el recurrente el depósito efectuado.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.:GUTIERREZ-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)