Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-10-21


--- En la ciudad de Trelew, a los días de octubre del año dos mil ocho, se reúne la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones, con la Presidencia del Dr. Carlos Alberto Velázquez y presencia de los Sres. Jueces del Cuerpo Dres. Carlos Dante Ferrari y Marcelo J. López Mesa, para celebrar acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "DIRECCION GENERAL DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y PROTECCION DE DERECHOS C. INC. S/ Inspección de Oficio Ley 24.240" (Expte. Nº 16 - año: 2008) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿ Es justa la multa impuesta a la apelante? y, SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en orden al sorteo practicado a fs. 37.----- --- A LA PRIMERA CUESTION, el Dr. López Mesa dijo: --- --- Que a fs. 9/11vta. el Sr. Director General de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de la Provincia del Chubut dictó la DISPOSICION 007/2008 mediante la cual se sancionó a la empresa C. Inc. SA con una multa de pesos veinte mil, con más la sanción accesoria de publicación de la parte dispositiva de dicho decisorio en un diario de mayor circulación de la zona.------ --- Que contra dicha Disposición la firma sancionada interpuso recurso de apelación a través de apoderado, solicitando se declare la nulidad de las actuaciones que llevaron al dictado de la Disposición 007/2008 y, consecuentemente, también de ésta. Subsidiariamente apela la Disposición, agraviándose en primer término de que se haya tenido por configurada una violación a lo dispuesto en el art. 5 de la ley 24240. Cuestiona que no se ha seguido en las actuaciones administrativas previas a la imposición de la multa el procedimiento establecido por el Código Alimentario Nacional. También cuestiona que el procedimiento administrativo no haya respetado el principio de legalidad y esgrime que el principio de informalismo del procedimiento administrativo es una garantía solamente invocable por el particular. Impugna las constataciones efectuadas por el inspector, las que dice no acreditan que los productos cuestionados hayan causado un peligro para la salud o integridad física de los consumidores, dado que no sólo no se respeto el C.A.A. sino que tampoco se hizo constar que los productos presentaran signos de deterioro. Cuestiona asimismo que se considere que ha existido peligro para el consumidor por la infracción constatada por el inspector. En segundo término cuestiona el quantum de la multa impuesta a su parte, la que juzga excesiva y desproporcionada con las irregularidades atribuidas a su parte, solicitando la descalificación de la multa por irrazonable. Plantea caso federal y solicita se revoque la decisión recurrida con costas.-------------- Que ingresando al tratamiento de la cuestión traída, advierto liminarmente que asiste razón al recurrente y que la Disposición cuestionada carece de las formas mínimas para ser considerada un acto administrativo regular y acorde a derecho, no siendo pasible de confirmación, al ser los yerros y omisiones existentes en él de tal magnitud que implican una severa violación al derecho de defensa en juicio de la apelante.------------------------------ No siendo necesario puntualizar todos los déficits encontrados, me centraré sólo en poner de resalto el más trascendente de ellos, la falta de motivación de la Disposición 007/2008, lo que transforma a dicho decisorio en un acto nulo.------------------------------------- En un decisorio reciente esta Sala, aunque actuando como Tribunal de Apelación en materia penal, tuvo ocasión de analizar con detalle la cuestión de la fundamentación adecuada de los decisorios judiciales y administrativas. Con fecha 5 de Septiembre de 2008, en el decisorio dictado en la causa caratulada "G., J. G. D. s/ lesiones graves- Puerto Madryn" (Carpeta 960, Legajo 6214 - (Expte. Nro. 22930/08, Sala A CANE) integrada por quien aquí vota, el Dr. Carlos Dante Ferrari y el Dr. Aldo De Cunto, y luego -con cita de la anterior- en una sentencia laboral esta Sala sostuvo -ambas decisiones unánimes- a través de mi voto (cfr. mi voto, en sentencia de esta Sala, dictada el 23/9/08, in re "A., S. A.. c/ S.S, H. y otro s/ cobro de pesos - laboral" (Expte. n° 22.806 - año 2008, registrada bajo el Nº 59 de 2.008 - SDL) que el requisito de la motivación de los actos judiciales y administrativos tiene por finalidad trasladar de manera sucinta al conocimiento del interesado los fundamentos de hecho y derecho de la decisión estatal para darle la oportunidad de aceptarlos o combatirlos en los recursos pertinentes (con cita del Tribunal Supremo de España, Sala 4ª, 23/3/81, ponente: Sr. Díaz Eimil, RAJ, 1981, 1312).----------------------------- Indicamos luego en dichos decisorios que la justificación objetiva de todo juicio de valoración o estimación de hechos o datos es el presupuesto formal que separa la discrecionalidad de la arbitrariedad y constituye garantía imprescindible del correcto, congruente y adecuado ejercicio de las facultades jurisdiccionales (en similar sentido, Tribunal Supremo de España, Sala 4ª, 9/6/83, ponente: Sr. Díaz Eímil, RAJ 1983, 3497).------- Y que la motivación de los actos jurisdiccionales o administrativos tiene como fundamento proteger al justiciable o al administrado contra el arbitrio de los poderes públicos, aportándole las razones en que sus decisiones se basan, a fin de que pueda, con conocimiento de causa, impugnarlas si así lo cree oportuno (Tribunal Supremo de España, Sala 4ª, 25/2/87, ponente: Sr. Gordillo García, LA LEY (España), t. 1987-2, p. 866 (8979-R).------------------------------------ Dijimos asimismo que hacer constar los fundamentos en virtud de los que se dicta un decisorio judicial por el que se deniega una petición formulada por un justiciable, no sólo es deber de cortesía hacia él, sino el medio que le posibilita criticar las bases en que tal acto se apoye, permitiendo a los Tribunales de alzada llevar a cabo el control de su legalidad y de su adecuación a los fines que justifiquen su contenido, que es al que han de ajustarse tales actos (en igual sentido, Tribunal Supremo de España, Sala 3ª, Secc. 2ª, 20/4/89, ponente: Sr. Sánchez-Andrade y Sal, La Ley (España) t. 1989-3, p. 379).------- La motivación del acto cumple diferentes funciones, ante todo, y desde el punto de vista interno, viene a asegurar la seriedad en la formación de la voluntad del órgano estatal; pero en el terreno formal -exteriorización de los fundamentos por cuya virtud se dicta un acto- no es sólo una cortesía, sino que constituye una garantía para el justiciable, que podrá así impugnar, en su caso, el decisorio con posibilidad de criticar las bases en que funda; además, y en último término, la motivación facilita el control jurisdiccional de las instancias superiores (Tribunal Supremo de España, Sala 3ª, Secc. 1ª, 18/4/90, ponente: Sr. Delgado Barrio, LA LEY (Esp.), t. 1990-3, p. 666 (12917-R); ídem, 13/7/91, ponente: Sr. Delgado Barrio, Archivo La Ley, 1991, 11643).----------------- --- Y aclaramos también en dichos decisorios que la motivación de los actos jurisdiccionales -en el presente caso, un acto administrativo, pero de esencia jurisdiccional- es decir, los motivos de hecho y de derecho del acto, puede ser sucinta, pero debe ser suficiente, de suerte de explicitar las razones esenciales o fundamentales del proceso o iter lógico y jurídico seguido por quien decidiera la cuestión y que lo llevaran a tomar la determinación que tomara sobre el asunto sub discussio (esta Sala, in re "G.., J. G. D. s/ lesiones graves- Puerto Madryn" (Carpeta 960, Legajo 6214 - (Expte. Nro. 22930/08, Sala A CANE) e ídem, mi voto, en sentencia de esta Sala, dictada el 23/9/08, in re "A., S. A. c/ S., H. y otro s/ cobro de pesos - laboral" (Expte. n° 22.806 - año 2008, registrada bajo el Nº 59 de 2.008 - SDL).------------------------ --- De todo lo expuesto se concluye sin dificultad que el verdadero sentido y alcance de la motivación de un acto, es el de ser expresión formal de los factores determinantes de la decisión adoptada, por lo que la falta de motivación o su insuficiencia constituye en nuestro ordenamiento jurídico un defecto que trasciende la órbita de lo formal y afecta la legalidad y validez de fondo del acto (cfr. esta Sala, sentencia interlocutoria de fecha 5/9/08, in re "G., J. G. D. s/ lesiones graves- Puerto Madryn" (Carpeta 960, Legajo 6214 - (registrada bajo el Nro. 07 de 2008, Sala A).------------------- --- Analizada con detenimiento la fundamentación de la Disposición 007/2008 encuentro que la misma no se halla compuesta de la expresión correcta y suficiente de las razones de hecho y de derecho que la sustentan. La fundamentación de la resolución glosada a fs, 9/11vta. es meramente dogmática, aparente y formal, ya que no ingresa al tratamiento suficiente de los hechos que motorizaran estas actuaciones, permaneciendo en el plano de lo formal y haciendo constar presuntos fundamentos que no se corresponden -o, al menos, que no se explicita de qué manera se corresponden- con los hechos de la causa. ---------------------- Se vuelcan a fs. 10/11vta. una serie de párrafos -ocho en sustancia- que bien mirados no implican más que una fundamentación aparente, ya que no ingresan al análisis sustancial del descargo de la sancionada ni demuestran cómo se corresponde la sanción dineraria impuesta con la materialidad de los hechos descriptos en el acta de fs. 1.--------- La Disposición de fs. 9/11 se mantiene en un plano abstracto, sin esclarecer en sustancia y concretamente por qué tales hechos merecen tal sanción. En la parte dispositiva de la sentencia (fs. 11vta, un artículo (art. 2º) recuerda "que a los efectos de determinar el quantum se ha considerado el informe de antecedentes de la firma, su posición en el mercado, la potencialidad de producir daño a la salud de los consumidores, así como también la cantidad de productos involucrados, en un todo de acuerdo con los parámetros de referencia establecidos por el art. 49 de la ley 24240".------ Ese solitario artículo consignado en la parte resolutiva, sin un considerando que lo sustente debe tenerse por no escrito, ya que la extrema generalidad y hasta la textura abierta que lo caracterizan, tanto podría servir para justificar una multa de veinte mil pesos en este caso, como una de dos millones en un caso de que se ofreciera aceite de colza como aceite para el consumo humano. --------------------- La exigencia de motivación suficiente de un acto administrativo no se satisface con la mecánica adición de fórmulas prearmadas y que carecen de un contenido concreto y de un alcance objetivo y verificable y que pueden tener cualquier género de consecuencias en cada caso. Motivar un acto administrativo no es una gentileza hacia el administrativo sino una obligación imperiosa e insalvable de los poderes públicos, quienes en caso de no cumplirla serán pasibles de ver anuladas sus decisiones.------------- Y lo primero que surge cuando uno lee detenidamente la imposición de multa que reviso es que sus fundamentos no permiten saber cuáles son los reales motivos que sustentan la decisión tomada, pues la expresión de los mismos no es escueta sino insuficiente y críptica y no surge de la misma que se hayan considerado allí todos los aspectos necesarios y conducentes para tomar una decisión válida en esta materia ni, menos aún, que la cuantía de la multa impuesta se corresponda con la materialidad de los hechos adjudicados a la empresa sancionada.------------ --- En segundo lugar, cuando se vuelcan opiniones de autores, las mismas son de una extrema generalidad, como ocurre con la cita de una obra de OSSOLA y VALLESPINOS, opinión a la que sería difícil no adherir, pero que dada su amplitud conceptual nada concreto implica a los efectos de este caso.También debe mencionarse que el anteúltimo párrafo de fs. 10vta. contiene una conjetura que no puede soslayarse, ya que se indica que "en relación a la peligrosidad de los productos una vez transcurrido el tiempo para su consumo, debe considerarse... y así lo entiende la doctrina, que el art. 5 de la ley 24240 contiene una obligación impuesta al empresario -proveedor- del producto, tendiente a la tutela preventiva de la salud y seguridad de los consumidores, destinada a disminuir riesgos" (sic).------------------- Tal párrafo es objetable desde varios puntos de vista. En primer lugar, porque no identifica la doctrina que esgrime; afirma que así lo entiende la doctrina, pero no indica cuál doctrina, con lo que esa mención esconde sólo la voluntad de los firmantes de la Disposición, al carecer de la identificación de respaldos doctrinarios objetivos y verificables. En segundo lugar, y principalmente, porque en ese párrafo se conjetura que la fecha de consumo del producto estaba vencida, lo que no se corresponde con el acta de fs. 1, que indica que algunos de los productos observados tenían fecha de vencimiento dudosa y otros no la tenían indicada, pero no se ha constatado en ese acta que ningún producto puesto a la venta estuviera vencido.----- Ergo, la Disposición dice apoyarse en las constataciones del acta de fs. 1, pero en los fundamentos que da va mucho más allá de ella, teniendo por probados extremos de hecho que, a la luz de las constancias objetivas arrimadas a la causa, no lo están.----------- Tales vicios, sumados a la carencia de fundamentación suficiente que padece el decisorio, me llevan a proponer la revocación de la Disposición en crisis en esta instancia.--- En un fallo reciente ha resuelto la CSJN, receptando en su totalidad y remitiéndose a él, el impecable dictamen de la Sra. Procuradora Fiscal, Dra. Laura Mercedes Monti, que dejara sentado que: 1) No puede sostenerse válidamente que el ejercicio de las facultades discrecionales, por parte del órgano administrativo lo eximan de verificar los recaudos que para todo acto administrativo exige la ley 19.549, como así también respetar el sello de razonabilidad que debe acompañar a toda decisión de las autoridades públicas.----------------------- ---2) El Tribunal ha reconocido que el control judicial de los actos denominados tradicionalmente discrecionales o de pura administración encuentra su ámbito de actuación, por un lado, en los elementos reglados de la decisión -entre los que cabe encuadrar, esencialmente, a la competencia, a la forma, a la causa y a la finalidad del acto (Fallos: 315:1361)- y por otro, en el examen de su razonabilidad, tal como se ha señalado supra.------------------------------ --- 3) Desde otro punto de vista, es dable reparar que la resolución impugnada omite invocar fundamento alguno que, además, torne razonable la revocación del nombramiento efectuado. Por ello, el acto atacado carece de otro de sus requisitos esenciales, en este caso, el de motivación. Tal omisión torna ilegítimo el acto, sin que quepa dispensar dicha ausencia por haberse ejercido potestades discrecionales, las que -por el contrario imponen una observancia más estricta de la debida motivación (confr. doctrina de Fallos: 324:1860).----- 4) Con arreglo a lo expuesto, los vicios apuntados constituyen "causa de nulidad del acto emitido con tales defectos (argumento de los arts. 7 y 14 de la Ley 19.549)" (Fallos: 306:1138), pues la resolución administrativa no puede quedar exenta de cumplir con los recaudos de legitimidad que, como se ha expresado, han sido vulnerados.----------- 5) La circunstancia de que la entidad administrativa obrare en ejercicio de facultades discrecionales, en manera alguna puede constituir un justificativo de su conducta arbitraria, como tampoco de la omisión de los recaudos que, para el dictado de todo acto administrativo, exige la ley 19.549. Es precisamente la legitimidad -constituida por la legalidad y la razonabilidad- con que se ejercen tales facultades, el principio que otorga validez a los actos de los órganos del Estado y que permite a los jueces, ante planteos concretos de parte interesada, verificar el cumplimiento de dichas exigencias (doctrina de Fallos: 307:639 y 320:2509) (dictamen de la Procuradora Fiscal, Dra. Laura M. Monti, del 13 de marzo de 2007, que la Corte hiciera suyo por unanimidad con fecha 8/4/08 (CSJN, 8/4/08, Causa N° S.2488, L.XLI - Schnaiderman Ernesto Horacio c/ Estado Nacional - Secretaría de Cultura y Comunicación de la presidencia de la nación (recurso de hecho)", en elDial - AA473E).-------------------------- Esta sentencia de la Corte -si bien dictada en una cuestión diferente- en su sustancia parece haber sido escrita para este caso, ya que permite comprender cabalmente que la falta de motivación suficiente que en la Disposición de fs. 9/11vta. luce palmaria, tiñe de arbitrariedad y vicios a la misma, abriendo paso a la declaración de su nulidad por la constatación de la existencia de vicios que obstan a su consideración como acto administrativo válido.------------------- Además, en el procedimiento seguido adelante en las actuaciones administrativas traídas en revisión se constata una pluralidad de déficits formales, que corona la falta de fundamentación de la procedencia de la sanción y la demostración de la razonabilidad de su cuantía. La Disposición 007/2008 -tanto como el procedimiento que le diera origen- adolece de un inocultable informalismo. Y si bien es cierto que en el procedimiento administrativo rige el principio de informalismo, también lo es que informalismo no equivale a un todo vale, ni implica cerrar los ojos a cualquier género de vicios.------- En esta línea el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén ha juzgado que el principio de informalismo del procedimiento administrativo no puede convertirse en un todo vale (TSJ Neuquén, Res. Interl. 1870/98 in re "C. ,A . A. c/ Dirección de Lotería y Quiniela y otros s/ Cobro Ordinario de Pesos" (Expte Nro. 567/97) y R.I. Nro. 1824 del 26 de Diciembre de 1997, dictada in re "L., J. C. c/ Municipalidad de Neuquén s/ Daños y Perjuicios"). Coincido con cada palabra dicha allí.-------------------------- Con cita de Dromi, expresó el TSJ de Neuquén en dichos precedentes que "el procedimiento administrativo es un instrumento de gobierno y control. Cumple una doble misión republicana: el ejercicio del poder por los carriles de la seguridad y la legalidad y la defensa de los derechos, por las vías procesales recursivas y reclamativas...". y señaló luego el mismo Tribunal que "Las notas de legalidad, seguridad y control, principios informadores del ordenamiento administrativo que nos rige, requieren, para ser efectivas, de la presencia de otro valor, el orden. Orden significa previsibilidad; orden significa ausencia de sorpresas. Orden significa un mínimo de formas a que ajustar la conducta, tanto del administrado como de la Administración".--------------------------------- Se continuó argumentando en esos precedentes que el Dr. Dromí, dijo en la Exposición de Motivos de la Ley 1284, que "Informalismo: ...(es) la excusación, a favor del interesado, de la observancia de exigencias formales no esenciales y que pueden ser cumplidas posteriormente. Obliga a una interpretación con benignidad de las formalidades precisas contenidas en el procedimiento. En consecuencia, el administrado puede invocar la elasticidad de las formas en tanto y cuanto lo benefician. Opera como un paliativo en favor del administrado por la falta de regulación adecuada o por la falta de límites concretos a la actividad administrativa...".------------------------------------- De tal suerte, informalismo no es desorden, ni es violación del derecho de defensa del administrado, debiendo considerarse además que, en todo caso, es una garantía o privilegio invocable por éste, pero no en su contra, por parte de la Administración.------------ En tal situación, y a mérito de la doctrina de la CSJN citada supra, propongo al acuerdo declarar la nulidad de la Disposición 007/2008 glosada a fs. 9/11vta. de autos, lo que a mi juicio así corresponde se declare, privando de efectos a la citada Disposición, por carecer la misma de recaudos esenciales para su configuración como acto administrativo válido.-------------------- En cuanto a las costas, en atención a la falta de contradicción y a la singularidad del procedimiento de revisión, entiendo que lo más justo es imponerlas en el orden causado (art. 68 CPCyC segunda parte).------------ Finalmente, en lo atinente a la retribución de los estipendios profesionales del Dr. E. R. V., considero que la suma de pesos un mil doscientos es la que mejor se corresponde, con la extensión, acierto y resultados de dichos trabajos (arts. 1,6,7 y cctes. Ley 2200).------------------ --- Por lo anteriormente expuesto, a la PRIMERA CUESTIÓN VOTO POR LA NEGATIVA, proponiendo al Acuerdo la declaración de nulidad de la multa impuesta al apelante.

--- Así lo voto.--------------------------------- --- A ESTA MISMA CUESTIÓN, el Dr. Ferrari dijo: ------------- I. Con la síntesis de los antecedentes del caso efectuada por el Dr. López Mesa quedan satisfechas las exigencias formales previstas en los arts. 163 y 164 C.P.C.C. en la faz narrativa, sin que resulte necesario abundar sobre este tópico. En consecuencia, me expediré sin más sobre la cuestión traída a decisión de esta alzada por la parte apelante.--- II. Tras haber leído con detenimiento el acta de inspección labrada por la Dirección de Defensa del Consumidor dependiente de la Secretaría de Trabajo (fs. 1) el 22/04/2008 en el Super Mercado "C." sito en X y Rivadavia de esta ciudad de Trelew, debo decir que la misma provoca desde ya serias dudas acerca de la existencia, naturaleza y entidad de las hipotéticas infracciones detalladas en su texto. Se menciona allí la falta de exhibición de precio de un producto (azúcar "Dominó") "por kg.", sin especificarse si dicho precio no figura en cada unidad o en el espacio de la góndola respectiva. Luego los funcionarios actuantes dan cuenta de unas tostadas con gluten "sin fecha de vencimiento" y por último, de unas pastas frescas con "fecha de vencimiento dudosa". En resumen, como puede apreciarse, las atestaciones mencionadas impiden saber con certeza si la omisión de precio se refiere a las unidades individuales de azúcar o a la falta de exhibición de dicho precio en la góndola; si las tostadas en cuestión se encontraban en efecto vencidas y, por último, por qué razón la fecha de vencimiento de las pastas resultaba "dudosa" -esto es, si la leyenda se mostraba ilegible, poco creíble, aparentemente adulterada o lo que fuere- y si, más allá de despertar tal estado de duda en los funcionarios intervinientes, pudo finalmente constatarse la data de vencimiento de dicha mercadería.------ III. A esa actuación le siguió el correspondiente descargo de la empresa, luego el dictamen legal en el que se predica la existencia de una infracción al art. 5° de la Ley 24.240 por tratarse de un hecho "de peligro abstracto", resultando irrelevante si hubo o no intencionalidad por parte del infractor y, por último, la resolución aquí apelada que, básicamente, se apoya en los siguientes fundamentos: 1) es cierto que el art. 4° de la ley 24.240 también alude al precio del "grupo o conjunto de una misma mercadería", pero "este extremo fue verificado y constatado por el funcionario actuante siguiendo los preceptos normativos del art. 4 de la ley 24.240" (sic); 2) la parte infractora no ha aportado prueba suficiente para desvirtuar el acta de inspección; 3) la ausencia de testigos no afecta la validez del acta, porque se trata de un instrumento público que da plena fe, salvo prueba en contrario, y no hay elementos que la desvirtúen; 4) en relación a la peligrosidad de los productos, una vez transcurrido el tiempo para su consumo contiene una obligación impuesta al empresario-proveedor del producto, tendiente a la tutela preventiva de la salud y seguridad de los consumidores, destinada a disminuir riesgos; 5) dicha norma no requiere resultados, sino que la tutela está dada por la posibilidad de producir un daño a la salud; 6) para que se configuren este tipo de infracciones no es necesario evaluar si hubo o no intencionalidad, pues revisten el carácter de "formales", para cuya sanción sólo se requiere una simple constatación, sin que en el caso se adviertan razones que justifiquen apartarse de esta regla general; 7) por todo ello, se aplica a la empresa una multa de $ 20.000; 8) que "a los efectos de determinar el quantum de la multa se ha considerado el informe de antecedentes de la firma, su posición en el mercado, la potencialidad de producir daño a la salud de los consumidores, así como también la cantidad de productos involucrados, en un todo de acuerdo con los parámetros de referencia establecidos por el art. 49 de la ley 24.240".------ IV. A la vista de estos antecedentes y en plena concordancia con la postura expuesta por el colega preopinante, opino desde ya que la fundamentación del acto administrativo impugnado no sólo es manifiestamente insuficiente, sino que además no llega a brindar una motivación sino aparente, por cuanto se desentiende y aleja del plano fáctico resultante de las constancias vertidas en el acta ya mencionada, incursionando en cambio en disquisiciones conceptuales y dogmáticas, sin analizar en forma adecuada y concreta los hechos planteados.------------- V. Para comenzar, debo insistir en que la única infracción "formal" -empleando la misma terminología de la Dirección de Defensa al Consumidor- que surgiría constatada en forma indudable sería la omisión de fecha de vencimiento en los paquetes de tostadas -ya que este hecho no ha sido negado en forma específica por la recurrente, quien en su descargo (fs. 4 vta.) se limitó a aducir la existencia de un "error de impresión no imputable" a su parte-, pues las dos restantes, como ya lo he expresado, dejan formulados severos interrogantes acerca de la existencia de una auténtica trasgresión a lo establecido en el art. 5 de la Ley 24.240.------ Estimo conveniente puntualizar este aspecto, por cuanto no se trata aquí de que la parte haya aportado o no prueba suficientes para desvirtuar los hechos comprobados -tal como reza el art. 45, sexto párrafo, de la ley 24.240- sino que la formulación y inconsistencia de tales hipotéticos hechos no permite adquirir suficiente certeza objetiva acerca de la existencia misma de al menos dos de las infracciones imputadas. Así, si bien en el acta se consigna la infracción a los arts. 4, 5 y 10 bis de dicho ordenamiento legal, las faltas reprochadas en concreto serían tres: 1) omisión de exhibir el precio en un producto (azúcar); 2) omisión de consignar fecha de vencimiento en otro producto (tostadas de gluten) y 3) fecha dudosa en un tercero (pastas frescas). Veamos: el art. 4° determina que el proveedor "...deberá suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, y las condiciones de su comercialización. La información debe ser siempre gratuita para el consumidor y proporcionada con claridad necesaria que permita su comprensión"; por lo que cabe interpretar que las presuntas infracciones por la omisión de precio y las deficiencias relativas a la fecha de vencimiento encuadrarían en esta previsión genérica. Sin embargo, en tanto debe correlacionarse el precepto con los restantes citados en el acta, puede apreciarse que en tanto el art. 5°, referido a la obligación de suministrar las cosas o servicios prestados "...en forma tal que, utilizados en condiciones previsibles o normales de uso, no presenten peligro alguno para la salud o integridad física de los consumidores o usuarios" y el art. 10 bis, que faculta al consumidor a "consumidor, a su libre elección a: a) Exigir el cumplimiento forzado de la obligación, siempre que ello fuera posible; b) Aceptar otro producto o prestación de servicio equivalente; c) Rescindir el contrato con derecho a la restitución de lo pagado, sin perjuicio de los efectos producidos, considerando la integridad del contrato. Todo ello sin perjuicio de las acciones de daños y perjuicios que correspondan", dichas citas legales no aportan un basamento relevante para esclarecer estas imprecisiones en la formulación de los cargos atribuidos al supermercado.--------- VI. Considero que la postura sustentada desde la Dirección General actuante -tanto en el dictamen legal cuanto en la resolución apelada- reivindicando a ultranza el criterio de la infracción como hecho de "peligro abstracto", sin necesidad de un resultado dañoso efectivo y por su simple constatación "formal", aun cuando pareciera hallar un apoyo primario en la pura literalidad del texto normativo, no puede conducir al extremo de una aplicación jurídica puramente mecánica, desapegada de la realidad y del sentido común, pues el derecho no tutela acciones basadas en meros dogmatismos, sino que debe atender a las situaciones concretas, sopesando en forma debida las circunstancias del caso, lo que ha llevado a nuestra Corte Suprema nacional a sostener que "incumbe al juez hacer las discriminaciones correspondientes para evitar fallos que resulten de formulaciones abstractas y genéricas" (conf. CSJN, 07/11/2006 - "Bianchi, Isabel del Carmen Pereyra de c. Provincia de Buenos Aires y /u otros" - Fallos: 329:4944 - id. C.S.J.N., 21/03/2006, " Ferreyra, Víctor D. y otro c. V.I.C.O.V. S.A." - Fallos: 329:646; entre otros).---------------- Por otra parte, la formulación legal no debería interpretarse como una mera enunciación "formal" desprendida de su auténtica finalidad tutelar. Es oportuno rememorar aquí algunos conceptos vertidos recientemente por el profesor y jurista Angel Carrasco Perera, catedrático de Derecho Civil y Director de Estudios de Consumo de la Universidad de Castilla-La Mancha. En su crítica al Real Decreto Legislativo 1/2007, al que, citando el pensamiento de Rebollo Puig, tilda de inconstitucional por "sufrir un grave déficit de tipificación y construirse como una norma cuasi penal en blanco", ha expresado a propósito de dicho decreto con todo fervor doctrinal que "las infracciones abstractas de normas de conducta determinadas cuyo objeto de protección es en especial la salud o seguridad o los intereses patrimoniales de las personas, con independencia de su afectación de peligro", "...conduce a que deba reputarse infracción de consumo, sin más, la puesta en el mercado de productos no seguros, aunque no se incumpla ninguna normativa específica que reglamente un extremo de esta clase y aunque no exista afectación concreta a un peligro real", afirmando de inmediato que "Esto constituye un exceso inadmisible, y una prueba de lo inaceptable que es legislar estableciendo mandatos o prohibiciones de conducta en abstracto y al mismo tiempo tipificar infracciones por cláusulas residuales o cláusulas de remisión a las normas materiales abstractas que se introducen. Se deja con ello en manos de las autoridades (autonómicas y locales) de consumo un enorme campo de apreciación discrecional" (autor citado, "La defensa de los consumidores y usuarios: responsabilidades y derecho sancionador" - publicado por el Centro de Estudios de Consumo - UCLM - http://www.uclm.es/cesco/pdf/comentarios/1.pdf). Estos conceptos tan esclarecedores, que ciertamente comparto, muestran que es imperativo reflexionar con toda hondura acerca de la necesidad de procurar respuestas jurídicas fundadas en la ponderación de los hechos concretos y no en una aplicación meramente dogmática y mecanicista de las normas invocadas en la resolución apelada.------------------------------------ VII. La demostración más palmaria de la falta de motivación suficiente en el acto impugnado la brinda la enunciación genérica de los elementos tenidos en consideración para la cuantificación de la multa, ya que se mencionan -en lo que no es sino una virtual recreación y/o transcripción parcial del texto del art. 49 de la ley 24.240- "el informe de antecedentes de la firma" (no se especifica cuál sería su contenido, ni tampoco surge de las actuaciones labradas, por lo que resulta imposible cotejarlo), "su posición en el mercado" (tampoco especificada), "la potencialidad de producir daño a la salud de los consumidores" (que se circunscribiría, como ya se ha dicho, a una hipótesis "formal", puesto que en definitiva nunca quedó esclarecido si los productos en cuestión se hallaban o no vencidos, y por otra parte, un magistrado, en su condición de lego en la materia, se ve impedido de apreciar cuál es -si la tiene- la toxicidad y/o peligrosidad potencial de las pastas y de las tostadas de gluten envejecidas por el tiempo), "así como también la cantidad de productos involucrados", que según el acta, fueron 23 paquetes de tostadas, lo cual, en un cálculo rápido y grosero para valorar la proporcionalidad de la sanción, implicaría una cifra cercana al millar de pesos de multa por cada paquete decomisado, evidenciando con ello la desproporción e irrazonabilidad de la decisión administrativa recurrida.--- VIII. Al referirse a los vicios de los actos administrativos, el maestro Gordillo, citando a Juan Francisco Linares, recuerda que, dado que es "una ley razonable... lo que debe servir de fundamento mediato o inmediato a las decisiones de la Administración, se concluye también que el acto administrativo está igualmente sometido a través de la ley que ejecuta al principio supremo de la razonabilidad" (Gordillo, Agustín A., "El acto administrativo", p. 289/290, Abeledo Perrot, 1969). Pues bien: en concordancia con la postura del colega preopinante, considero que la resolución punitiva en recurso es visiblemente infundada y arbitraria. El mismo autor nos recuerda que "Mientras que las nulidades civiles tienden fundamentalmente a custodiar la voluntad de las partes, las nulidades administrativas buscan principalmente reafirmar la vigencia objetiva del ordenamiento jurídico; o, si se prefiere, asegurar el interés público no en cuanto interés de la administración, sino en cuanto interés colectivo de que la administración no viole el orden jurídico. ... Dicho en otras palabras, el interés público o bien común, o bienestar general, etc., resultan la mayor parte de las veces meras fórmulas dogmáticas vacías de contenido, de explicación y de sustento fáctico, con las cuales se funda sin argumentación alguna cualquier solución favorable al poder de turno". Para agregar más tarde, a modo de colofón: "Sería paradojal, en efecto, que después de quedar establecidos en la norma, con sólido fundamento, los recaudos que debe cumplir la administración para emitir un acto válido, la justicia resuelva que puede incumplirlos, lisa y llanamente, sin que el vicio resultante sea insanable. Está claro que esto es una reprochable decisión de política jurídica." ("Tratado de Derecho Administrativo", Novena edición, 3. El acto administrativo, Cap. XI - http://www.gordillo.com/Pdf/3-9/capitulo%20XI.pdf).-------------------------- IX. También nuestro Superior Tribunal de Justicia provincial ha predicado en diversos precedentes la doctrina que exige una adecuada motivación de los actos administrativos para acordarles validez y legitimidad. Así, se ha sostenido entre otros conceptos que: "Causa y finalidad deben expresarse en la motivación. Su esencialidad la ha puesto de manifiesto el Cuerpo en diversos pronunciamientos. Así, en S.D. N° 4/SCA/01, se decía "El Acto Administrativo -la doctrina es coincidente- se constituye de diversos elementos, algunos esenciales, otros modales o accidentales, y entre los primeros causa y motivación destacan por su trascendencia. Por cierto que hay diferencia entre uno y otro, ya que causa o motivo es el presupuesto de hecho o derecho que induce al dictado del acto, que da origen, en cada caso, a la decisión de la Administración de dictarlo, el antecedente que lo precede y provoca, constituyendo así su razón de ser. Motivación es la expresión o constancia de que el motivo, la causa, existe o concurre en el caso concreto; la exposición clara y precisa de esas razones que constituyen la causa, y de su finalidad....Toda decisión administrativa que afecte derechos de los particulares debe responder a una motivación suficiente y resultar la derivación razonada de sus antecedentes, de modo tal que se encuentren cabalmente a resguardo de las garantías constitucionales en juego. Así lo exigen las normas de procedimiento administrativo -art. 30 del dec. ley 920- y lo ha establecido reiteradamente la jurisprudencia (vg. CNCAF Adm. Sala I "Díaz..."del 9/6/88). Y esta exigencia es establecida como elemento condición para la real vigencia del principio de legalidad en la actuación de los órganos administrativos (CNCAF - Sala I "Q."... Bol. Jurispr. ED Año 1998-N° 2)" (autos: "P., A.O. c/IAS del Chubut" - 05/02/2008 - La Ley Patagonia 2008 (junio), 248). X. En resumen, habida cuenta de las consideraciones ya expresadas, dada la falta de motivación suficiente exigible como requisito esencial de validez y tal como ya lo había anticipado, habré de compartir por tanto la solución propiciada por el distinguido colega de sala, debiendo declararse la nulidad de la disposición N° 007/2008 D.G.D.P. C y U., con costas en el orden causado debido a la ausencia de contradicción (art. 68, segunda párrafo, C.P.C.C.; su doctrina). Comparto asimismo la regulación de honorarios propuesta por el magistrado prevotante para retribuir las tareas cumplidas en esta instancia por el Dr. E. R. V., atendiendo a la calidad, extensión, eficacia de sus labores, a la trascendencia jurídica y económica de la cuestión ventilada y al resultado obtenido, según las escalas arancelarias vigentes (arts. 6, 14, 47 y conc., Dec.Ley 2.200).--------------------------------- Voto entonces a esta cuestión por la NEGATIVA.--------- --- A LA SEGUNDA CUESTION, el López Mesa dijo: ---------- Los desarrollos realizados respecto de la primera cuestión planteada, en caso de ser compartidos por los colegas de Sala, ameritarán el dictado del siguiente pronunciamiento: --------------------------- ---1) DECLARAR LA NULIDAD de la DISPOSICION 007/2008. DGDP.C y U., glosada a fs. 9/11vta. dejándose sin efecto las sanciones impuestas en la misma a la empresa C. INC SA.------------------------ 2) IMPONER las costas de esta instancia en el orden causado (art. 68 CPCyC segunda parte).--------------------------------- 3) REGULAR los honorarios de Alzada correspondientes al Dr. E. R. V., apoderado de la apelante, en la suma de pesos un mil doscientos ($ 1.200).-------------------------- 4) Regístrese y notifiquese.-------------- Así lo voto.------------------------------------ A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Dr. Ferrari expresó: -------------------------------- Conforme lo he adelantado, comparto la resolución propuesta por el Dr. López Mesa en todos sus términos, votando en sentido idéntico.-------------- --- Con lo que se dio por terminado el Acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal, por haberse logrado la mayoría (art. 9 Ley 1130, To. Ley 4550).----------------------- --- Trelew, de octubre de 2008.--- En virtud de lo resuelto en el Acuerdo cuya copia antecede, la Sala "A" de la ciudad de Trelew, pronuncia la siguiente:--------- S E N T E N C I A: ------ DECLARAR LA NULIDAD de la DISPOSICION 007/2008. DGDP.C y U., glosada a fs. 9/11vta. dejándose sin efecto las sanciones impuestas en la misma a la empresa C. INC SA.------------------------ IMPONER las costas de esta instancia en el orden causado (art. 68 CPCyC segunda parte).------- REGULAR los honorarios de Alzada correspondientes al Dr. E. R. V., apoderado de la apelante, en la suma de pesos un mil doscientos ($ 1.200).------ Regístrese y notifiquese.-------------- REGISTRADA BAJO EL Nº DE 2.008 - SDC.- Conste.