Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-24


SENTENCIA DEFINITIVA Nº: 100167 SALA II Expediente Nro.: 16.589/10 (Juzg. Nº 21) AUTOS: "BRANDAN URBANO DEONICIO C/ P.A.M.I. INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS S/DESPIDO" VISTO Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires, el	24/2/12	, reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

Miguel Ángel Pirolo dijo:

La sentencia de primera instancia hizo lugar a las pretensiones salariales, indemnizatorias y sancionatorias deducidas en el escrito inicial. A fin de que sea revisada esa decisión por este Tribunal de Alzada, interpusieron sendos recursos de apelación la parte actora y la parte demandada, en los términos y con los alcances que explicitan en sus respectivas expresiones de agravios (160/172 y fs. 175/182 ). A su vez, la representación letrada de la parte actora, por su propio derecho, critica la regulación de honorarios efectuada en su favor, por considerarla reducida (ver fs. 159); y la parte demandada, cuestiona la regulación de honorarios realizada en favor de la representación letrada de la parte actora, por elevada (ver fs. 178).

Al fundamentar el recurso, la parte demandada se agravia porque el sentenciante tuvo por demostrada la existencia de la relación laboral invocada en el inicio. Asimismo, la parte actora se queja porque, según dice, el judicante no incluyó en la base de cálculo del art. 15 LNE y 2º de la ley 25.323 la integración del mes del despido; por la remuneración que tuvo en cuenta el Sr. Juez de grado para el cómputo de los rubros por los que progresó la acción y porque se redujo la indemnización del art. 8 LNE.

Por las razones que -sucintamente- se han reseñado, solicitan que se modifique el pronunciamiento de grado de acuerdo con sus respectivas posiciones.

Sólo con el fin de adecuar el tratamiento de las cuestiones planteadas a un método expositivo que posibilite un lógico desarrollo argumental, estimo conveniente analizar en primer término los agravios expresados por la parte demandada.

Los términos en que fueran expuestos los agravios imponen memorar que el accionante manifestó en el escrito inicial que ingresó a trabajar para la accionada, como médico de guardia en la ambulancia de UTIM (Unidad de Terapia Intensiva Móvil) de la Dirección de Asistencia Médica Programada y no Programada XXIX de PAMI -servicio de urgencias- el día 1/11/99 y que cumplía una jornada de trabajo de dos guardias semanales de 24 horas cada una, los días sábados y los días miércoles, ambas en la Unidad Operativa Nº 47 con base en San Justo, Provincia de Buenos Aires. Expresó que la demandada jamás registró la relación laboral en los términos exigidos por la Ley Nacional de Empleo por lo que, "cansado de ser desoído" por la empleadora, mediante c.d. del 8/7/08, decidió intimarla formalmente a fin de que registre el vínculo legalmente pero, como la accionada negó la relación laboral pretendida (ver c.d. del 25/7/08, transcripta a fs. 9), no le quedó otro camino que considerarse despedido mediante c.d. del 13/8/08 (ver fs. 35).

La demandada, en el responde (ver fs. 72/85), destacó que ningún derecho le corresponde al accionante pues se lo contrató como profesional independiente y que percibía por ello honorarios por los servicios que prestaba sólo una vez por semana. Destacó que, como administradora de prestaciones de salud y a los efectos de brindar los mejores servicios a sus afiliados, contrata con terceros tales prestaciones bajo la modalidad de un contrato de locación de servicios.

El testigo Rosito (fs. 129) dijo conocer al actor porque trabajaron juntos en Pami. Señaló el deponente que era radio-operador en el servicio de urgencias y que trabajó junto con el actor (que era médico en el servicio de urgencias) en la delegación Nº 29 de Morón. Precisó que los días y horarios de trabajo del actor los fijaba la jefatura del servicio de urgencias y que esto lo sabía porque estaban diagramadas las guardias con los médicos respectivos en las diferentes operativas. Explicó el deponente que la planilla que asignaba las guardias a los médicos emanaba de la jefatura y que pasaba al jefe del día. Agregó que los horarios de trabajo del accionante los controlaba el Pami porque debían pasar el presente por radio y tenían que firmar una planilla que a fin de mes se remitía a administración para hacer la liquidación. Explicó tener conocimiento de todo ello porque el presente diario se lo tomaban los radio-operadores y que el deponente cuando recibía el presente por radio se lo pasaba al jefe del día y al coordinador de ambulancias. Indicó que cuando el actor terminaba con su horario de trabajo debía comunicar que se iba y firmar una planilla de egreso. Dijo que el jefe del día y el coordinaron eran quienes le daban las órdenes de trabajo al actor. Señaló que, si el actor no presentaba la factura, no cobraba y que todo esto lo sabe porque muchas veces de la oficina de administración le decían que le recordara al actor que lleve la factura porque si no, no iba a cobrar. Indicó que, si el actor tenía que ausentarse por alguna enfermedad, debía avisarle al jefe del día y a la oficina de administración.

La testigo Luna (fs. 131) dijo desempeñarse como coordinadora de emergencia y que, hasta el año 2005, se desempeñó como jefa de guardia. Indicó que el actor estaba a cargo de una de las unidades coronarias como médico de guardia y que lo sabía porque trabajaba los días sábados al igual que la dicente. Señaló que el accionante recibía la indicación de ir a un determinado domicilio y que si era necesario internaba al paciente. Precisó que, cuando el actor no podía concurrir, debía avisar a la parte adminsitrativa y que si la falta era sólo por ese día, bastaba con que le avisara a la deponente en su carácter de jefa de la guardia. Manifestó que Brandan debía firmar una planilla de ingreso y egreso y que esto lo sabe porque eran "las normas". Explicó que habían médicos de guardia y otros médicos que facturaban y que el médico que tenía legajo cobraba con recibo de sueldo y estaba en relación de dependencia. Añadió que, el médico que facturaba, no tenía ningún tipo de beneficio y que todo esto estaba instituido así. Dijo que no había diferencia en las tareas que desempeñaban los médicos nombrados con los que "facturaban o de contraprestación". El testigo Taboada Velázquez (fs. 133) dijo conocer al actor porque ambos se desempeñaron como médicos del Pami. Indicó que el actor tenía la obligación de concurrir a trabajar los días martes (la diferencia con los días señalados por el actor: miércoles y sábados, no es relevante en orden a la cuestión que se viene analizando) y que debía cumplir una guardia de 24 horas. Precisó que el accionante debía firmar una planilla de ingreso y egreso y que habían dos clases de planillas, una que decía "médicos nombrados" y otra que decía "médicos contratados o de prestación". Indicó que tanto los médicos nombrados como los contratados hacían la misma labor y que las órdenes de trabajo al actor se la daban los radio-operadores quienes le indicaban a dónde debía concurrir. Señaló que Brandan tenía que justificar la inasistencia si algún día no podía ir a trabajar; que debía comunicarse con la "Central", es decir, con la coordinación de Pami y que, si no concurría a prestar servicios, no se le pagaba.

La demandada reconoció en el responde que Brandan prestó servicios para el instituto pero sostuvo que dicha prestación no obedeció a una relación de dependencia, sino a un supuesto contrato de "locación de servicios" (ver fs. 81). Reconoció que el actor se desempeñó como profesional médico y no negó expresamente que se desempeñara en la ambulancia del Pami, por lo que cabe concluir que trabajó para el instituto en el ámbito de un establecimiento a su cargo.

Como se desprende de la prueba antes analizada, era la demandada a través la testigo Luna -jefa directa del accionante- quien se encargaba de controlar y dirigir el trabajo profesional desplegado por el Dr. Brandan y era el instituto demandado quien poseía una estructura organizativa propia, dentro de cuyo marco de actividad se insertó la prestación del accionante. Por otra parte, quedó demostrado que dicha prestación, normalmente, se llevó a cabo en una ambulancia utilizada por PAMI, es decir, en un establecimiento a cargo de la demandada. Asimismo, la demandada no logró acreditar que, al desempeñarse dentro del ámbito de su propio establecimiento en función de la actividad que organiza y dirige el instituto, el actor se comportara como una profesional independiente. Obsérvese que el accionante no percibía retribución de los afiliados ni de terceros sino que, por el contrario, era la demandada quién le abonaba la contraprestación por los servicios prestados, lo cual revela que Brandan no asumía el riesgo de la actividad profesional desplegada en el ámbito de un establecimiento de la entidad demandada.

Valorados en conjunto y a la luz de las reglas de la sana crítica los elementos precedentemente reseñados (art.386 CPCCN y art. 90 LO), no cabe duda que el actor prestó servicios dentro del marco de la actividad desplegada por el Instituto en función de organizador del P.A.M.I., en la ambulancia de guardia médica, es decir, dentro de su propio establecimiento y sujeto al cumplimiento de una jornada laboral. La circunstancia de que haya trabajado en el ámbito de un establecimiento a cargo del instituto demandado, aún para la posición doctrinaria más restrictiva respecto del alcance que corresponde otorgar a la presunción del art. 23 de la LCT, implica la prueba directa de la subordinación de los servicios pues éstos, en definitiva, se llevaron a cabo en un ámbito sujeto a un poder jurídico de organización y de dirección ajeno (conf. Justo López, "La presunción del contrato de trabajo. Art. 23 LCT" en L.T.XXIX, pág. 481).

De los elementos de juicio antes reseñados se desprende inequívocamente que la prestación de servicios profesionales del actor, constituyó uno de los medios personales que la entidad demandada organiza y dirige para llevar a cabo su actividad consistente en la prestación de servicios de salud para sus afiliados (arg. art.5 LCT).

Por otra parte, observo que la accionada no ha acreditado que el actor contara con una auto-organización económica que permita calificarlo como un profesional independiente de los servicios que prestó en su favor cuando se desempeñó en la ambulancia de guardia del instituto, atendiendo a pacientes afiliados al PAMI y resolviendo si correspondía o no internarlos en alguna institución médica, por lo que, a mi entender, no cabe sino concluir que tal prestación tuvo por causa la existencia de un contrato de trabajo (conf. arts. 21, 23, 25 y 26 LCT). La demandada sostuvo que se habría instrumentado un contrato de locación de servicios pero, probado como está que se trató de un vínculo de carácter subordinado y en tanto rige en nuestra materia el principio de primacía de la realidad, es obvio que la hipotética instrumentación de un contrato de naturaleza civil así como la facturación que haya emitido el actor carecen de virtualidad para desplazar la operatividad de las normas de orden público que regulan el contrato de trabajo (arg.arts.7, 12, 13 y 14 de la LCT), máxime cuando la actividad como médico aparece como subsumida en el marco de la prestación laboral que Brandan tenía a su cargo en la relación que mantuvo con la accionada. Tampoco resulta relevante la circunstancia de que se haya exigido al actor que facturara para percibir su remuneración porque la modalidad implementada por la empleadora para el pago del salario no incide en la determinación de la naturaleza del vínculo que constituye la causa fuente de la relación.

Las manifestaciones de la accionada acerca de que existían diferencias entre los médicos por "contraprestación" y los nombrados con respecto al otorgamiento de vacaciones y al pago del s.a.c., como así también por el modo en que se instrumentaban los pagos efectuados (ver fs. 74 y ss), no hace más que revelar el incumplimiento de sus obligaciones, si se considera que la parte ni siquiera explica -y menos alega haber demostrado- la existencia de las razones de hecho por la que existía esa diferencia en el tratamiento de médicos que, según la prueba testimonial, cumplían las mismas funciones (ver testimonio de Luna, fs. 131 y de Taboada Vázquez, fs. 133) (en sentido similar, esta Sala, in re "Rodrigo Honorio José c/ P.A.M.I. Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados s/regularización ley 24.013", S.D. Nº 99.701 del 29/9/11.

En definitiva, de la prueba producida no surge evidencia alguna de que el actor se haya desempeñado para la demandada a través de un contrato de locación de servicios, por lo que en ningún modo puede reputarse desvirtuada a través de ella la presunción que emerge del citado art. 23 LCT.

Por ello, propicio desestimar el agravio y confirmar el decisorio recurrido en cuanto concluyó que el actor estuvo unido con la demandada a través de un contrato de naturaleza laboral.

Se agravia la parte actora porque, según dice, el judicante omitió incluir la integración del mes del despido en la base de cálculo de los rubros art. 15 LNE y art. 2º ley 25.323.

Considero que le asiste razón. En efecto, si se tiene en cuenta que en concepto de indemnización por antigüedad el sentenciante difirió la suma de $ 36.000.- y que en concepto de indemnización sustitutiva del preaviso difirió la suma de $ 8.000.-, si se agrega la suma de $ 2.193,54.- en concepto de integración del mes del despido (17 días del mes de agosto), la duplicación del art. 15 LNE debió alcanzar a la suma de $ 46.193,54.- y no a la de $ 44.666,66.- que fuera diferida a condena por ese concepto. Lo mismo ocurre con el incremento del art. 2º de la ley 25.323 que el judicante calculó en la suma de $ 22.333,33.-, pues incluída la integración del mes del despido debió, haber alcanzado la suma de $ 23.096,77.- Por ello, corresponde revocar en este aspecto el decisorio recurrido y elevar el monto diferido a condena en concepto de duplicación art. 15 LEN a la suma indicada de $ 46.193,54.- y en concepto de incremento art. 2º ley 25.323 a la de $ 23.096,77.- Se agravia la parte actora por el sueldo mensual que consideró el Sr. Juez a quo para el cálculo de los rubros por los que prospera la demanda. Critica la conclusión del judicante y dice que, por un lado, viabilizó los adicionales adeudados desde febrero de 2008 hasta mayo de 2008, por la suma de $ 6.634,28.-, a razón de $ 1.408,57.- mensuales pero, al momento de determinar el haber mensual, omitió incluirlos, pues de haberlo hecho éste último debió haber alcanzado la suma de $ 5.158,57.- El Sr. Juez de la anterior instancia, a fin de determinar la remuneración mensual del actor, consideró lo establecido en los arts. 56 y 104 LCT y 56 LO y, a su vez, señaló que "Para calcular el monto por el que prospera la acción tendré en cuenta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Ortega, Carlos c/ Seven Up Concesiones SAIC" (sent. Del 10/07/86, Fallos 308:1078) ha expresado que, aunque el art. 55 LCT crea una presunción a favor de las afirmaciones del trabajador y facultan a los magistrados a fijar el importe del crédito, esto debe hacerse por decisorio fundado y siempre que su existencia esté legalmente comprobada, teniendo presente los salarios mínimos, vital y móviles y las retribuciones habituales de la actividad. las afirmaciones del trabajador facultan a los magistrados a fijar el importe del crédito que se trate. Esto debe hacerse por decisorio fundado y siempre que su existencia esté legalmente comprobada, teniendo presentes los salarios mínimos, vital y móviles y las retribuciones habituales de la actividad. En tal sentido, es deber del juez el "control de razonabilidad" de la remuneración invocada, conforme pautas objetivas y al salario mínimo, vital y móvil".

Estos aspectos del decisorio recurrido no merecieron crítica concreta y razonada por parte del apelante. En efecto, el accionante hace hincapié en que el Sr. Juez a quo para determinar el sueldo del actor consideró "las tareas comprometidas, el salario mínimo vial y móviles, la jornada cumplida y los días trabajados" pero omitió criticar los demás fundamentos en los que se basó el judicante para explicar las razones por las cuales, en base a la doctrina emanada del fallo "Ortega", consideraba que debía aplicar la presunción del art. 55 LCT del modo en el cual lo hizo (cfr. art. 116 LO) Por otra parte, según el apelante el judicante debió haber considerado los adicionales que viabilizó en el fallo y que, de haberlos incluído, habría totalizado una remuneración mensual de $ 5.158,57.- pero, lo cierto es que, este importe mensual tampoco coincide con el denunciado en el escrito de demanda, en el cual invocó una mejor remuneración mensual de $ 4.958,57.- incluídos los adicionales en cuestión. Por lo demás, la circunstancia de que se adeudaran ciertos adicionales por cuatro períodos mensuales, por sí sola, no llega a resultar demostrativa de que todos esos adicionales resultaran integrativos de la remuneración mensual, normal y habitual. Por ello, propicio no hacer lugar al agravio y mantener lo decidido en la instancia anterior en cuanto estableció que la remuneración computable alcanzó la suma de $ 4.000.- Se agravia el accionante porque el Sr. Magistrado de grado redujo la indemnización del art. 8 LNE "en virtud de la configuración contractual que medió entre las partes". Critica la conclusión del a quo y dice que el fundamento del judicante no se encuentra previsto en lo establecido en el art. 16 LNE.

Considero que le asiste razón. Las particularidades que rodearon la relación habida entre ambas partes, como por ejemplo, la sujeción a directivas de la demandada, la utilización de la ambulancia del instituto -que debe considerarse como un "establecimiento" en el cual prestó tareas el accionante-, el control de entrada y salida, el cumplimiento de una jornada laboral, la atención a pacientes del PAMI y el pago de una retribución a cambio de ello, por el lapso de casi 9 años, no pueden dejar dudas acerca de la real existencia de un contrato de trabajo y evidencian en forma inequívoca que Brandan trabajó bajo relación de dependencia de la demandada, quien intentó fraudulentamente ocultar el vínculo a través de un contrato de locación de servicios.

Por ello, considero que corresponde modificar en este aspecto el decisorio de grado y elevar el monto diferido a condena en concepto de indemnización art. 8 LNE a la suma de $ 105.500.- ($ 4.000.- ./.4 x 105 meses y 13 días).

En virtud de todo lo expresado, el monto diferido a condena debe quedar elevado a la suma de $ 257.851,25.- ($ 162.000.- monto de condena establecido en la instancia anterior menos $ 44.666,66.- en concepto de duplicación art. l5 LNE establecida por el Juez a quo, menos $ 22.333,33.- en concepto de incremento art. 2º ley 25323 fijado por el sentenciante, menos $ 12.000.- en concepto de indemnización art. 8 LNE admitida por el a- quo, + $ 105.500.- en concepto de indemnización art. 8 LNE determinada en esta instancia, + $ 46.193,54.- en concepto de duplicación art. 15 LNE establecida en este Alzada + $ 23.096,77.- en concepto de incremento art. 2º ley 25.323 determinada en esta instancia) con más los intereses establecidos en la sentencia de grado anterior, no cuestionados en esta instancia.

En virtud de las argumentaciones expuestas y con arreglo a lo establecido por el art. 279 del CPCCN, corresponde adecuar la imposición de costas y honorarios al resultado del pleito que se ha dejado propuesto para resolver la apelación; por lo que deviene en cuestión abstracta los planteos efectuados al respecto.

En orden a ello y en función de dicho resultado, de acuerdo con la directriz que emana del art. 68 del C.P.C.C.N, estimo que los gastos causídicos de ambas instancias deben imponerse a cargo de la demandada vencida en lo principal.

En atención al mérito y extensión de la labor desarrollada, al nuevo resultado del pleito que he dejado propuesto, de acuerdo con las pautas que emergen del art.6 y subs. de la ley 21.839, de la ley 24.432 y del art. 38 de la LO, estimo que, por las tareas llevadas a cabo en primera instancia, corresponde regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora en el 15% y los de la demandada en el 12% del monto total de que condena más intereses A su vez y con arreglo a lo establecido en el art.14 de la ley 21.839, habida cuenta del mérito y extensión de labor desarrollada en esta instancia por la representación y patrocinio letrado de la parte actora y de la parte demandada propongo que se regulen los honorarios por esas actuaciones en el 30% y 25% de lo que corresponde, por la totalidad de lo actuado en la instancia anterior.

El Dr. Miguel Ángel Maza dijo:

Que adhiere a las conclusiones del voto de Miguel Ángel Pirolo, por análogos fundamentos. Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 de la ley 18.345), el Tribunal RESUELVE: 1) Modificar parcialmente el decisorio recurrido y elevar el monto de condena a la suma de $ 257.851,25.- con más los intereses establecidos en la instancia anterior; 2) Imponer las costas de la Alzada, a cargo de la demandada; 3) Regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora en el 15% y de la representación y patrocinio letrado de la demandada en el 12% a calcularse sobre el capital de condena con más sus intereses; 4) Regular los emolumentos de la representación y patrocinio letrado de la parte actora y de la parte demandada, por los trabajos realizados en esta Alzada, en el 30% y 25%, respectivamente, de lo que corresponde, a cada una de ellas, por la totalidad de lo actuado en la instancia anterior.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Miguel Ángel Maza Miguel Ángel Pirolo Juez de Cámara Juez de Cámara