Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-19


Causa Nº 447-02-CC/2005 caratulada "Incidente de nulidad en autos GUERRERO, Carlos Alberto s/infr. art. 83 ley 1472 -Apelación".

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 19 días del mes de Mayo de 2006 se reúnen en Acuerdo los Sres. Jueces de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Marcela De Langhe, Pablo Bacigalupo y Fernando Bosch, para resolver la presente causa.

Y VISTOS:

El Defensor Oficial, Emilio A. Cappuccio, interpone recurso de apelación contra la resolución obrante a fs. 11/12 del presente incidente, en cuanto no hizo lugar al planteo de nulidad parcial del acta de la audiencia del art. 41 de fs. 81/vta. y del requerimiento de juicio de fs. 88/89vta. del expediente principal.

El escrito recursivo se centra fundamentalmente en la violación a los preceptos que regulan la función del juez en el proceso penal, el derecho de defensa en juicio y el principio de razonabilidad de los actos públicos. Sostiene el impugnante que el pronunciamiento de fecha 7 de noviembre de 2005 debería ser revocado porque mediante él "se echó por tierra la obligación del Ministerio Público Fiscal de motivar sus decisiones y sus requerimientos...es claro que carece de fundamentación una imputación formulada sin que se hayan asegurado datos elementales vinculados a la identificación del imputado, y a la relación directa entre la imputación formulada y el acusado a quien se quiere llevar a juicio" (ver fs. 18 in fine y vta.).

En consecuencia, alega que el "Ministerio Público Fiscal no puede llevar a juicio a una persona por la comisión de dos presuntos hechos contravencionales, simplemente porque esa misma persona tiene una imputación correctamente formulada por otro hecho, y porque los datos de los tres hechos tienen una mínima relación. Y esto así, sobre todo, porque en esta causa no hubo diligencia alguna tendiente ... a dilucidar el porqué de las divergencias. Estamos frente a direcciones distintas y frente a números de D.N.I. distintos, y esto no es un dato menor." (fs. 18vta.).

A fs. 74/74vta. dictamina la Sra. Fiscal de Cámara propiciando la confirmación de la resolución recurrida ya que la defensa no logró acreditar cuál es el vicio, la inobservancia de preceptos legales o la afectación de garantías constitucionales.

El Cappuccio se expidió a fs. 77 en los términos del art. 51 de la LPC, remitiéndose a los fundamentos ya expresados.

Cumplidos los pasos procesales de rigor, se encuentran los autos en estado de ser resueltos.

Y CONSIDERANDO:

I.- A modo de necesaria introducción, cabe señalar que oportunamente el Sr. Juez interviniente no hizo lugar a la impugnación de la defensa lo que motivó la queja del recurrente (fs. 54/58vta.). Esta Sala dispuso abrir la vía de hecho y encomendar al juzgado la concesión del recurso (fs. 66/67).

De ello se sigue que se ha verificado en la especie el cumplimiento de los requisitos formales de admisibilidad tanto en lo que atañe a sus aspectos objetivos como subjetivos.

II.- Correspondiendo entonces adentrarnos directamente en el fondo del asunto, debemos analizar si asiste razón al Sr. Defensor en cuanto considera procedente la vía nulificante para el debido respeto de los derechos y garantías de su asistido.

Afirma la Defensa que procede la nulidad ya que "tanto la audiencia prevista en el art. 41 del C.P.C. (obrante a fs. 81 y vta. del expediente) como el requerimiento de elevación a juicio (que luce a fs. 88/89 vta.) no pueden ser tolerados como actos procesales válidos. Ello así, pues la sola lectura del expediente basta para advertir que en las causas N° 4866-JC/05 y N° 6589-JC/05 (acumuladas materialmente) fueron labradas sendas actas contravencionales contra personas con nombre 'Carlos Alberto Guerrero' (D.N.I. 18.157.824, con domicilio en Av. Entre Ríos 1919, Ciudad de Buenos Aires) y 'Carlos Alberto Herrero' (D.N.I. 17.157.825, con domicilio en Av. Entre Ríos 1919, Ciudad de Buenos Aires), cuyos datos personales, como se ve a simple vista, no se corresponden con los que identifican a la única persona que fue escuchada e imputada en autos, es decir, Carlos Alberto Guerrero (D.N.I. 18.153.823, con domicilio en J.L. Borges 2347, 7° piso, Ciudad de Buenos Aires), quien resulta incriminado en estos actuados por el acta contravencional de fecha 29 de junio de 2005, que...no ha sido cuestionada" (fs. 16 vta.).

Causa Nº 447-02-CC/2005, Sala II.

Agregó también que al declarar Carlos Alberto Guerrero en la audiencia del art. 41 de la LPC (fs. 81/vta., del principal que corre por cuerda), además del hecho ocurrido el 29 de junio de 2005 se le imputó aquél acaecido el 24 de junio a las 14:35 hs., en la Avda. Ramos Mejía al 1630 y también el acontecido el 13 de agosto a las 17:00 hs., en la Avda. Ramos Mejía y Antártida Argentina, ambas de esta Ciudad, calificados a tenor del art. 83 CC, siendo que tales infracciones se hallan vinculadas claramente a otras personas. El error, a juicio de la Defensa, se habría reproducido en el requerimiento de elevación a juicio (fs. 88/89, del principal).

A su turno, el sentenciante fundó su decisión en que si bien los datos personales no coincidían exactamente en las tres actas, se trataría de un error subsanable al momento del debate oral y público, ya que la fiscalía ofreció la declaración de todos los testigos intervinientes en el procedimiento y en tal oportunidad podrían ser eventualmente interrogados y escuchados a los efectos de establecer si el presunto contraventor coincide en su fisonomía y demás características con la persona a quien le fueran labradas las actas. Por ello, concluye que resulta prematuro expedirse sobre la invalidez de los actos cuestionados con base sólo formal, pues el planteo podría tornarse abstracto (fs. 11/vta.).

Valga recordar que al momento de expedirse la Sala en el recurso de queja incoado por la defensa, se sostuvo que la nulidad oportunamente impetrada había sido efectivamente tratada y rechazada por el judicante, sin que a ello obstara la mención que realizara el juez al decir "...sin perjuicio de lo que pueda resolverse en el debate", al punto que el propio Magistrado reconoció que la defensa "no podría volver a realizar dicho planteo el día de la audiencia de juicio oral como cuestión preliminar", motivando tal extremo la apertura del recurso de hecho (fs. 42/43 de este incidente).

Aclarado lo anterior se impone señalar que el planteo nulificante se centra fundamentalmente en un único argumento, cual es la falta de motivación suficiente de los actos que cuestiona (llamamiento a la audiencia del art. 41 y requerimiento de elevación a juicio). En tal sentido se advierte que no acierta el Defensor con su postura en tanto pretende la sanción parcial de aquellas diligencias, reconociendo la validez de la imputación en relación a uno de los hechos, cuando en verdad tampoco en éste último los datos del contraventor coinciden plenamente con los consignados en los actos cuestionados -v.gr. se individualiza el DNI nº 18.153. 823 siendo que en el hecho cuya imputación se admite, el DNI que se menciona es el nº 18.156.823, según consta en el acta obrante a fs. 28, del principal-.

De cualquier modo, lo cierto es que no se aprecia en la especie la existencia del vicio de falta de motivación que invoca la asistencia técnica en sustento de la pretensa nulidad. Ello así por cuanto si bien surge del expediente principal que los datos personales del imputado evidencian mínimas diferencias en cada una de las actas contravencionales, lo decisivo es que aquellos contenidos en la audiencia ante el fiscal no difieren de los volcados en la requisitoria de juicio, y que fueron recabados por el fiscal en ocasión de comparecer personalmente el contraventor a la sede de la fiscalía interviniente (fs. 48 del principal).

Por lo demás, tampoco se advierte en los actos referidos defecto alguno que los prive de eficacia a la luz de las normas procesales que regulan su producción, vale decir, fueron confeccionados respetando los requisitos formales que establece la ley. Cabe tener en cuenta que es el requerimiento de juicio "la plataforma fáctica sobre la que habrá de discurrirse en el debate...es su elemento axil...se obtiene mediante la mención detallada de todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que la conducta del imputado se exteriorizó y cualquier otro dato de interés para el encuadramiento legal del hecho y la selección y graduación de la pena; sólo prosperará su nulidad cuando afecte realmente el derecho de defensa del acusado" (STCórdoba, Sala Penal, LLC-1991, p. 1054).

Por último, no se trata en el caso de la configuración de una hipótesis de nulidad de carácter absoluto por vulneración de garantías constitucionales, como sostiene el defensor, quien, por otro lado, no ha arrimado en su presentación argumentos tendientes a conectar el perjuicio que alega con la invocada lesión de aquellas.

En todo caso, las dudas que han sido planteadas respecto de la identidad del encausado y la consecuente autoría y eventual responsabilidad que se le imputan en orden a las infracciones por las cuales fue requerido de juicio, lógicamente habrán de ser tratadas y resueltas en el marco más amplio de discusión y comprobación que es propio de la etapa del debate.

Causa Nº 447-02-CC/2005, Sala II.

En definitiva, las quejas que ha traído a dilucidar a esta instancia la defensa, remiten con evidencia a cuestiones de índole probatoria y no a problemas vinculados con la validez formal de los actos por ella atacados.

Por lo expuesto y habiendo concluido el presente Acuerdo, el Tribunal RESUELVE:

I.- CONFIRMAR el auto de fs. 11/12, en cuanto fuere motivo de recurso.

II.

TENER PRESENTE la reserva del caso federal efectuada a fs. 20vta., punto 3.

Tómese razón, notifíquese por nota a la Sra. Fiscal de Cámara y oportunamente devuélvanse las presentes actuaciones al Juzgado de Primera Instancia interviniente, el que deberá practicar las notificaciones correspondientes.

Sirva lo proveído de atenta nota de envío.-.

Fdo: Fernando Bosch, Pablo A. Bacigalupo, Marcela De Langhe. Jueces de Cámara.

Ante mí: Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara.