Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2007-02-28


Resistencia, febrero 28 de 2007.

1º ¿Es procedente el recurso de casación interpuesto a fs. 173/183? 2º ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? 1º cuestión. - El doctor Modi dijo:

I. La Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia, constituida en Sala Unipersonal, a cargo del doctor R. A. Y., por sentencia 50, de fecha 3 de julio de 2006, glosada a fs. 149/163 vta., condenó a Claudio Daniel Godoy como autor penalmente responsable del delito de Portación de Arma de Guerra Agravado por registrar antecedentes penales por delito doloso (art. 189 bis, 4º párrafo, en función con el 8º párrafo del mismo artículo, C.P.), a la pena de 4 años y 6 meses de prisión efectiva, con más las accesorias legales y costas.

Para así decidir, el a quo, consideró acreditado que el día 24 de noviembre de 2005, en horas del mediodía, personal policial de la Unidad de Investigaciones que se desplazaba por calle Perón hacia los números ascendentes, al llegar a la altura del 1450 aproximadamente, notó la presencia de 3 ó 4 individuos en actitud sospechosa, más aún teniendo en cuenta que a los pocos metros, en la esquina de Perón y Av. Mac Lean, se encontraba la boletería de una empresa de colectivos de larga distancia, por lo que procedieron a requisarlos, hallando en poder del imputado Claudio Daniel Godoy un arma de fuego catalogada como de guerra (fs. 154).

Contra dicho pronunciamiento se alzó la defensa, a cargo del doctor R. D. A., interponiendo el recurso de casación referido, el cual fuera concedido, remitiéndose la causa a esta sede, donde quedara radicada, encontrándose actualmente en condiciones de dictarse pronunciamiento.

La presentación hace referencia inicialmente a su objeto y a la admisibilidad del recurso y se explaya sobre los motivos de la impugnación.

En primer lugar se agravia por haberse procedido a la lectura de la sentencia veinticinco días hábiles después del cierre del debate, ya que esto ocurrió el día 29/05/06, haciéndose saber en tal ocasión que oportunamente se fijaría fecha para la lectura, habiéndose notificado posteriormente que la misma se llevaría a cabo, como ocurrió, el día 03/07/06.

Alega que el secreto y la continuidad de la deliberación están previstas con sanción de nulidad y por más entendible que sea el exceso de trabajo, la cantidad de causas en trámite, no se puede violar el plazo establecido ni los principios procesales de congruencia y concentración, entre otros.

También se agravia por considerar que el tribunal no describió el hecho atribuido a su defendido y en el cual basa su condena; que soslayó el principio de razón suficiente y que carece de fundamentación, efectuando consideraciones generales sobre estos aspectos.

Aclara que pretende la aplicación de los arts. 16, 18 y 19 de la Const. Nacional y de las leyes de forma y fondo que salvaguardan las garantías constitucionales de su defendido, como también las normas supranacionales, y además que la sentencia se encuentre fundada en elementos probatorios existentes en autos y dentro del término de ley del debido proceso.

Finalmente, sostiene que con apreciaciones meramente dogmáticas no se puede destruir la seriedad de los argumentos esgrimidos por su parte y que en la presente causa no se aplicó la sana crítica racional, ya que ello no ocurre cuando el entendimiento sobrepasa los límites de la posibilidad de contralor.

II. Así planteada la cuestión debatida en autos, corresponde proceder al examen del fallo en función a los argumentos en que se sustentan los agravios, sin perjuicio de verificar el cumplimiento de las condiciones necesarias para la validez general del mismo (CSJN, Fallos: 325:1227, in re "Caric").

Al respecto, según se advierte, en el caso examinado la clausura del debate se produjo el día 29 de mayo de 2006, no habiéndose establecido en tal ocasión la fecha de lectura de la sentencia, asentándose que la misma sería fijada oportunamente (fs. 143).

Que posteriormente, el día 28 de junio de 2006, se convocó a las partes para el día 3 de julio del mismo año a efecto de darse lectura al fallo (fs. 144), acto que efectivamente se concretó en la fecha anunciada (fs. 164).

De lo consignado se desprende que entre el cierre del debate y la lectura del decisorio transcurrieron 24 días hábiles, cuando la disposición del art. 406 del C.P.P. contempla 15 días como plazo máximo.

La norma además prevé la pena de nulidad para el caso que la prórroga de la deliberación exceda el término fijado, precisando la doctrina que "Se trata de una nulidad relativa, que deberá plantearse, o al momento de que se notifique la audiencia de la lectura integral para una fecha que exceda los quince días; o en el momento fijado para la lectura integral, cuando ésta no se produjo" (confr. Cafferata Nores - Tarditti, "Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba - Comentado" t. 2, p. 282, nota 354), siguiendo el criterio jurisprudencial del Tribunal Superior de Córdoba, expuesto en la causa "Medina Allende" (sent. 12 del 8/4/97), donde se estableció que es "... relativa la nulidad de la lectura de los fundamentos de la sentencia dos días después del término establecido por la ley -manteniendo precedentes anteriores...- ya que el único término que tiene status constitucional es el que refiere al tiempo razonable en el que una persona debe obtener sentencia" y que "constituiría un exceso ritual manifiesto "pensar que al haberse excedido en dos días el plazo por un error en el cómputo aparezca lesionando el principio constitucional del tiempo razonable para dictar sentencia" (ob. cit. t. 1, p. 460, nota 933).

En tal sentido, esta Sala tiene dicho que la nulidad prevista en el art. 406 no es una de aquéllas que define el art. 184 (incs. 1 al 3) como de carácter absoluto y que no caben dudas respecto a que las referidas interpretaciones, tanto doctrinaria como jurisprudencial, son las adecuadas a la disposición procesal local en cuestión, que concuerda en lo esencial con la normativa de la Provincia de Córdoba, por lo cual el planteamiento de nulidad en tales casos debe ser formulado, bajo pena de caducidad, en la oportunidad prevista por el art. 187 inc. 3 del C.P.P., es decir, inmediatamente después del acto donde se fijó la fecha de lectura de la sentencia, determinando su omisión la caducidad del derecho y paralelamente la subsanación del defecto, en razón de los efectos preclusivos establecidos para el caso por el art. 188, inc. 1, de la rituaria (confr. in re "Spiess", sent. 118/05).

También en el mismo precedente se dejó establecido que en tales casos la declaración de la nulidad procesal requiere además la existencia de un perjuicio concreto para alguna de las partes, ya que ella no procede en el solo interés del formal cumplimiento de la ley, resultando inaceptable en el ámbito del derecho procesal la declaración de una nulidad por la nulidad misma (confr. CSJN, in re "Romero Severo", Fallos: 322:507, esta SALA in re "López", sent. 178/04, y Cafferata Nores-Tarditti, ob. cit., t. 1, p. 454).

Sin embargo, tal precedente no resulta de aplicación en el sub examen, toda vez que cuando el a quo estableció por primera y única vez fecha para la lectura del pronunciamiento, el 28 de junio de 2006 (fs. 144), el plazo procesal máximo de 15 días, del art. 406 del C.P.P., ya se encontraba ampliamente superado, toda vez que para entonces habían transcurrido 21 días hábiles desde la clausura del debate.

Esto implica que de ningún modo el planteamiento de nulidad podía haber sido formulado con anterioridad al vencimiento real del plazo procesal, porque ya inclusive la fijación misma se produjo fuera de término de lectura, no pudiendo asignarse a la propia demora del a quo efectos subsanatorios del defecto con consecuencias preclusivas.

La dilación incurrida en el sub judice importa la violación de los principios de concentración y de continuidad ideológica entre el debate y la redacción de los fundamentos de la sentencia que debe subsistir durante este período, de acuerdo a la exégesis, que la CSJN considera adecuada, de las normas procesales que establecen plazos para la lectura del fallo (confr. Fallos: 325:3118), afectando de manera directa y decisiva el debido proceso legal, al no haberse desarrollado el mismo en condiciones tales que posibilite el dictado de una sentencia justa.

Esto es así porque, dadas las circunstancias del caso, no puede afirmarse que solamente se haya incurrido en una mera demora en la lectura del fallo sino que se produjo una exhorbitación del plazo deliberativo que la ley acepta como razonable para evitar que el tiempo transcurrido entre la recepción de las pruebas, los alegatos de las partes y la deliberación pueda producir algún olvido, desdibuje impresiones o esfume recuerdos de elementos de convicción o argumentaciones planteadas (confr. Cafferata Nores - Tarditti, ob. cit., t. 2, ps. 250/251), lo que acarrea un perjuicio concreto y actual para el condenado.

En tales condiciones, habiéndose constatado en autos que la fijación de la fecha para la lectura de la sentencia se realizó con posterioridad al vencimiento del plazo legal para la efectivización misma de la lectura, debe concluirse que entonces el daño potencial que la norma pretende evitar ya se había consumado, sin que el quejoso pudiera oponerse previamente, y por ende, privándolo de la posibilidad de defender adecuadamente su pretensión, lo cual determina tanto la existencia de una violación perjudicial del debido proceso legal como el interés jurídico del quejoso, que conllevan a la declaración de nulidad del pronunciamiento.

En virtud de tales consideraciones, me expido favorablemente en lo que fuera materia de esta cuestión, resultando innecesario, a raíz de esto, el tratamiento de los restantes agravios defensivos. Es mi voto.

El doctor Franco dijo:

Coincidiendo con el análisis realizado precedentemente por el colega preopinante, adhiero a las consideraciones y a su conclusión, votando en igual sentido. Es mi voto.

2º cuestión. - El doctor Modi dijo:

Con arreglo al resultado de la cuestión anterior, corresponde hacer lugar al recurso de casación deducido a fs. 173/183, declarando la nulidad de la sentencia de fs. 149/163 vta. y de los actos del debate, únicamente en lo concerniente al imputado Claudio Daniel Godoy, el que deberá efectuarse nuevamente ante el mismo Tribunal, con apartamiento del Magistrado interviniente en la presente, dada la decisión de tramitar la causa en Sala Unipersonal (fs. 92). Sin costas, salvo los honorarios del profesional interviniente, los que se regulan en la suma de $ 980,00, de conformidad a las disposiciones arancelarias vigentes. Así voto.

El doctor Franco dijo:

Comparto la solución propiciada y adhiero expresamente a la misma. Es mi voto.

Vistos: Los fundamentos del Acuerdo que antecede, la sala II en lo Criminal y Correccional del Superior Tribunal de Justicia resuelve: I. Hacer lugar al recurso de casación deducido a fs. 173/183, declarando la nulidad de la sentencia de fs. 149/163 vta. y de los actos del debate, únicamente en lo concerniente al imputado Claudio Daniel Godoy, el que deberá efectuarse nuevamente ante el mismo Tribunal, con apartamiento del Magistrado interviniente en la presente, dada la decisión de tramitar la causa en Sala Unipersonal (fs. 92). Sin costas, salvo los honorarios del profesional interviniente. II. Regular los honorarios profesionales del doctor R. D. A. en la suma de $ 980,00, de conformidad a las disposiciones arancelarias vigentes. -Alberto M. Modi. - Ricardo F. Franco.