Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2009-03-19


RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA NRO. 9 NEUQUÉN, 19 de marzo de 2009.

V I S T O S:

Los autos caratulados: "BORTOLATTO RUBÉN WALTER E/A GONZÁLEZ MARÍA VIVIANA Y OTRO C/ REBORD EDUARDO JOSÉ Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS S/ RECURSO DE QUEJA" (Expte. Nº 91 - año 2006) del Registro de la Secretaría de Recursos Extraordinarios del Tribunal Superior de Justicia, venidos a conocimiento para resolver, y CONSIDERANDO:

I.- Que llegan los autos del epígrafe a resolución de este Tribunal, en virtud del "Recurso de Casación" por Inaplicabilidad de Ley y Gravedad Institucional deducido por los demandados a fs. 30/39 contra el decisorio dictado a fs. 27/28, por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la ciudad de Zapala que rechaza el recurso de queja por apelación denegada.

Los recurrentes invocan las causales de los incisos a), b) y c) de la Ley Casatoria. Hacen un relato de lo acontecido en el proceso.

Así, señalan que el 1 de febrero de 2006, acusaron la caducidad de la instancia por considerar que no se verificaban actos de impulso entre el "06/06/05 y el 23/11/04" (sic. fs. 31 vta. in fine).

Refieren que la A-quo desestimó el planteo y que, contra esa decisión, interpusieron recurso de apelación, el cual fue denegado con fundamento en lo previsto por los arts. 317 y 496 del C.P.C. y C.

Frente a esa circunstancia, interpusieron recurso de queja por apelación denegada, que también fue desestimado por considerar -la Alzada- que el art. 317 no admite excepciones.

Sostienen que la sentencia dictada por la jueza de grado es arbitraria. Y en tal sentido, que:

"Dicha arbitrariedad surge nítidamente del análisis caprichoso que efectúa de las actuaciones producidas por la parte actora tendientes a efectivizar la traba de la medida cautelar, concediéndoles carácter interruptivo en torno a la caducidad de instancia, desatendiendo de tal manera el criterio sostenido por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia del Neuquén en reiterados fallos dictados en situaciones análogas" (fs. 33).

Hacen mención de los precedentes "BANCO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN C/ PÉREZ GERMÁN SANTIAGO Y OTROS S/ COBRO EJECUTIVO" y "DUCKWEN LIDIA TERESA Y OTROS C/ BLANCO CÉSAR ALEJANDRO Y OTROS S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO", resueltos por este tribunal en materia de caducidad de instancia.

Aducen que, en este proceso, los únicos actos de carácter impulsorio son: la interposición de la demanda, su ampliación, el auto que dispuso el traslado de la demanda y la presentación de la cédula de notificación pertinente.

Reiteran que, entre el período comprendido entre el "6 de junio de 2005 y el 23 de noviembre de 2004" (sic), no se realizaron actos de impulso. Por consiguiente -sostienen-, la instancia ha caducado.

Al referirse a la causal de "Violación de la ley y doctrina legal", señalan que la decisión de la A-quo viola la ley y la doctrina legal establecidas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque se aparta de las constancias producidas en el expediente y le otorga carácter interruptivo a actos que no poseen esa cualidad.

Posteriormente, aclaran que se vieron en la obligación de apelar el auto dictado en primera instancia, pese a conocer que no podía ser atacado por esa vía y a que el recurso sería denegado.

Los recurrentes lo interpusieron de todas maneras, con el solo objeto de "arribar por vía casatoria a un fallo del Excmo. Tribunal Superior de Justicia que subsane el grosero error del Juez de Grado, declarando operada la caducidad de instancia" (fs. 35 vta.).

Afirman que la A-quo se ha apartado, sin fundamento, del criterio adoptado por este Cuerpo y por el Máximo Tribunal Nacional. Tal temperamento ha significado fallar en forma contraria a la legislación aplicable.

Consideran que la doctrina emergente de la causa "DUCKWEN" y la cuestión que allí se debatiera, es análoga a la que se ventila en autos. Por ello, es aconsejable resolver los presentes en el mismo sentido.

Concluyen señalando que el fallo atacado reviste gravedad institucional porque excede el mero interés de los recurrentes. Sostienen que compromete el buen orden y la recta administración de justicia porque demuestra que una misma cuestión puede ser resuelta de manera opuesta, según sea el tribunal que entienda. Ello, con la grave pérdida de confianza en la justicia que experimentarán quienes obtengan soluciones contradictorias.

Por último, manifiestan que hacen reserva del caso federal y peticionan, finalmente, que se acoja favorablemente el recurso interpuesto.

II.- A fs. 50/51 y 53, respectivamente, toman intervención los señores Defensor y Defensor subrogante ante el cuerpo.

III.- A fs. 55 se expide el señor Fiscal subrogante ante el Cuerpo. Propicia el rechazo del planteo casatorio y se remite a los fundamentos del pronunciamiento de primera instancia.

IV.- Corresponde en este estadio procesal, a la luz de lo previsto por el art. 5° del ritual casatorio, efectuar el análisis pertinente, a fin de determinar si se encuentran cumplidos los recaudos legales que posibiliten la declaración de admisibilidad del remedio intentado y consiguiente apertura de la instancia.

En tal sentido y, como primera medida, debe analizarse si el recurso fue propuesto por escrito ante el tribunal que dictó la sentencia recurrida y dentro de los diez días siguientes a la notificación (art. 2° Ley 1.406).

Diversas posturas ha adoptado este Tribunal en supuestos en los que se rechaza el planteo de caducidad de instancia formulado por la demandada.

Así, se ha considerado viable y temporáneo el recurso de casación deducido contra una sentencia dictada en primera instancia (R.I. N° 60/05 "CAMPS"; R.I. N° 710/92 "DELVAS"), cuanto el deducido contra la resolución dictada por la Alzada, que rechaza la queja interpuesta contra la providencia denegatoria del recurso de apelación (R.I. N° 55/05 "DUCKWEN").

En todos esos casos, se encontraba en discusión un planteo de caducidad rechazado en primera instancia.

Frente a la situación descripta, resulta imperativo, atento la excepcionalidad de la materia, la claridad del art. 317 del C.P.C. y C. y el carácter extraordinario que tiene la intervención de este Cuerpo en la etapa casatoria, efectuar un nuevo análisis de la cuestión, con el objeto de establecer el procedimiento -también de carácter excepcional- que debe seguir el justiciable frente a la resolución desestimatoria de un acuse de caducidad, dictado en primera instancia. Todo ello, en aras del principio de uniformidad -que conlleva el valor seguridad jurídica-, como asimismo de economía procesal. Como punto de partida, cabe tener presente que la resolución que rechaza el planteo de caducidad de instancia es inapelable.

Esta premisa constituye la regla o principio general y se deriva del art. 317 del C.P.C. y C. que dispone:

"La resolución sobre la caducidad sólo será apelable cuando ésta fuere declarada procedente. En segunda o ulterior instancia, la resolución sólo será susceptible de reposición si hubiese sido dictada de oficio".

De allí se infiere, a contrario sensu, que cuando el pedido de caducidad es desestimado, la decisión resulta inapelable.

Lo expuesto determina que la denegación del recurso de apelación resulta ajustada a derecho, conforme lo prescripto por la norma antes citada. Al ser así, el decisorio que causa agravio y contra el cual la parte disconforme dirigirá su ataque, es el dictado en la primera instancia, dado que es éste el que se pronuncia sobre la materia discutida -caducidad de instancia-.

Por ende, es contra esa resolución que debe interponerse el remedio casatorio, sin perder de vista que se trata de una excepción a la regla prevista en el art. 1° de la Ley 1.406, que establece:

"Los recursos de casación por inaplicabilidad de ley y de nulidad extraordinario, procederán contra las sentencias definitivas de las cámaras de apelación de todos los fueros [.]".

En efecto, si se analiza detenidamente el caso planteado en autos, se advertirá que el pronunciamiento que los demandados han intentado impugnar es, en realidad, el dictado por la juez de primera instancia.

Ello surge de la exposición de los agravios que efectúan los quejosos, al sostener:

"Como hemos manifestado ut supra, el agravio tiene su origen en el apartamiento injustificado que efectúa la a quo de las disposiciones contenidas en el Art. 311 del C.P.C.C. [.]" (fs. 34 vta.) Luego, agregaron:

"Ya no puede escapar al elevado criterio de V.E. la clara violación por parte de la a quo en el fallo que se recurre a la ley y doctrina legal establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación [.]" (fs. 35 in fine).

Y, también:

"EN SÍNTESIS: la a quo lisa y llanamente no solo se ha pronunciado en contra de los criterios sostenidos doctrinaria y jurisprudencialmente, sino que no conforme con ello, ha fallado en forma contraria a la legislación aplicable [.], en evidente apatía por la imposibilidad expresa de fallar en forma contraria a las taxativas limitaciones que surgen de la letra de la ley" (fs. 36).

Ningún agravio esgrimen contra el resolutorio de la Alzada. Y mal podrían hacerlo, al menos en los términos intentados, cuando esta última se limitó a aplicar el art. 317 del C.P.C. y C. que establece la inapelabilidad de lo decidido.

Entonces, el recurso de casación debió interponerse contra el mismo auto dictado por la A-quo por ser el pronunciamiento generador de los agravios planteados. Además, no debe olvidarse que la uniformidad de la jurisprudencia que pretendían los impugnantes es una función propia del recurso de casación.

Es que, en definitiva, el recurrente persigue la revisión del fallo de primera instancia que rechaza el acuse de caducidad y, de existir -excepcionalmente- alguna decisión modificatoria, ésta debería recaer sobre ese pronunciamiento.

Consecuentemente, es desde la notificación de dicho auto desestimatorio que tiene que computarse el plazo a efectos de la interposición de los recursos previstos en la Ley 1.406.

De este modo, si no obstante las prescripciones del art. 317 de C.P.C. y C., se interpone apelación contra un pronunciamiento denegatorio de caducidad, ello no suspende ni interrumpe el plazo para intentar la vía recursiva extraordinaria local.

Claro está que el cumplimiento de dicho recaudo no enerva la necesidad de que se evidencie que, en el caso, debe equipararse a definitiva la resolución impugnada, con una carga más severa puesta en cabeza del recurrente, atento a que la apertura en tal hipótesis reviste carácter de máxima excepcionalidad.

En el caso, según afirma el recurrente a fs. 32, con fecha 18 de abril de 2006 se notificó del decisorio de la Jueza A-quo y, conforme surge del cargo de fs. 39, interpuso "Recurso de Casación" el 9 de junio del mismo año. Esto es, superado el plazo previsto por el art. 2º, L.C. a tal fin, por lo que el recurso resulta extemporáneo.

V.- Más allá de que lo afirmado bastaría para no admitir la apertura del recurso de Inaplicabilidad de Ley, a mayor abundamiento, debe señalarse que, en el presente, tampoco se advierte sorteado el recaudo de sentencia definitiva en los términos del art. 1º de la Ley 1.406. Pues va de suyo que la resolución atacada no finiquita el litigio ni impide su continuación. Por el contrario, al haberse rechazado la queja contra la resolución que denegó el recurso de apelación, interpuesto a su vez contra la que desestimó la caducidad impetrada, se evitó que feneciera el trámite, y de tal suerte, se posibilitó su prosecución.

Si bien este Cuerpo ha considerado soslayada la exigencia en cuestiones de caducidad, ello se debió a la gravedad institucional demostrada en cada caso, lo que no ocurre en la especie, no obstante el planteo realizado en tal sentido.

Es que, en primer lugar, los recurrentes presentan a la gravedad como causal autónoma a los fines casatorios. A tal fin invocan un antiguo antecedente (AC. N° 64/89), que tuvo una breve vigencia temporal, ya que fue reemplazada por aquella que entiende que este instituto sólo opera como uno de los supuestos excepcionales para salvar el escollo de la falta de definitividad de la sentencia (cfr. R.I. N° 1261/95, entre otras del Registro de la Actuaria).

Al respecto, este Tribunal ha dicho:

"[.] conforme es jurisprudencia constante de este Alto Cuerpo, la gravedad institucional, en el ámbito local, no constituye una causal autónoma, sino que está prevista a efectos de salvar el escollo de la definitividad de la sentencia (art. 1°, Ley 1.406), siendo resorte exclusivo del Tribunal Superior de Justicia determinar si [ella] se configura o no" (cfr. Acuerdo 64/88 y R.I. Nros. 144/87, 952/93 y 134/04, entre otros).

Y luego, sostienen que existe gravedad institucional porque lo resuelto en las presentes se contradice con la doctrina sentada por este Cuerpo.

Mas, la falta de autonomía del escrito recursivo, que también se evidencia, no permite verificar la similitud fáctica entre el presente y los casos a los que se alude, extremo indispensable para viabilizar la revisión excepcional por parte de este Cuerpo.

En tal sentido, el art. 16º de la Ley 1.406 exige que, de su sola lectura, pueda interpretarse cuáles han sido las pretensiones de las partes, los resultados obtenidos en las instancias anteriores, el devenir del proceso y cómo se configurarían las causales denunciadas, sin que se requiera la remisión a otras piezas del expediente (cfr. doctrina sentada y sostenida por este Tribunal en R.I. 689/92; 948/93; 1083/94; 1431/96; 256/05; 260/06, entre muchas otras). Y, en el caso, no es posible dar por acreditado tal extremo cuando, independientemente de lo ya apuntado, nada se dice respecto del reclamo que dio origen a estos autos. Pues genéricamente se menciona que se inició una demanda de daños y perjuicios sin especificar los hechos y fundamentos de ella.

Por otro lado, no se exponen correctamente los fundamentos de los judicantes anteriores, extremo que obsta el análisis que debe llevarse a cabo para establecer si el vicio denunciado se verifica en la especie.

Los demandados califican de arbitraria y caprichosa a la decisión de la A-quo (fs. 33/34) pero, al consignar parcialmente la motivación efectuada por los órganos jurisdiccionales actuantes, este Cuerpo se ve imposibilitado de juzgar si efectivamente ello ha sido así.

Como se dijera, la autonomía de un escrito recursivo implica que éste se baste a si mismo y que, de su sola lectura, pueda comprenderse lo acontecido en el proceso. Tal cualidad no se observa en el libelo bajo examen, en tanto ha sido preciso compulsar el resto de las piezas del expediente para acceder a los datos reseñados precedentemente.

En lo que respecta al art. 14° de la Ley de Casación, cabe acotar que los impugnantes no acreditan el valor económico de su agravio.

Del escrito recursivo no surge el cumplimiento de la exigencia antedicha, pues independientemente de que entiendan que la cuestión debatida no es de apreciación pecuniaria y que "...se encuentra habilitada la instancia en relación al requisito contemplado en el Art. 14º..." (fs. 31), lo cierto es que se trata de un reclamo de daños y perjuicios, por medio del cual se persigue el cobro de una indemnización, lo que constituye una clara cuestión susceptible de ser apreciada pecuniariamente.

Por ello, en el caso, debió hacerse expresa referencia al valor económico del agravio -quantum-, máxime, cuando ello no puede inferirse del relato de los antecedentes de la causa. Y dicha carga pesa sobre el recurrente, en cuya cabeza pone la ley la obligación ineludible de demostrar tal extremo (cfr. R.I. nros. 832/93, 119/2001, entre otras).

Las exigencias que se analizan no constituyen solemnidades innecesarias ni un arcaísmo sacramental que haya perdido su justificación procesal, sino que responde a la necesidad de no restarle al recurso su carácter extraordinario, lo que impone el previo cumplimiento de obligaciones inexcusables para evitar que en la práctica se concluya por desvirtuarlo (cfr. R.I. Nros. 130/99; 255/06, entre otras).

Lo expresado conlleva declarar inadmisible el remedio intentado, con costas por su orden, atento la falta de oposición en esta etapa e implicar el presente una revisión de la doctrina sentada por este Cuerpo en la materia (arts. 12º L.C. y 68º, 2do. Ap. del C.P.C. y C.). Dispónese la pérdida del depósito efectuado a fs. 42 (art. 10º ley citada) y difiérase la regulación de honorarios para su oportunidad.

Por ello, de conformidad Fiscal SE RESUELVE:

I.- Declarar INADMISIBLE del recurso de casación por Inaplicabilidad de Ley deducido por los demandados a fs. 30/39, por lo expuesto en los considerandos precedentes.

II.- Imponer la costas de esta instancia en el orden causado (arts. 12º L.C. y 68º, 2do. Ap. del C.P.C. y C.) por lo expresado en el considerando pertinente, difiriéndose la regulación de honorarios para su oportunidad.

III.- Disponer la pérdida del depósito efectuado por los recurrentes a fs. 42, de conformidad a lo dispuesto por el art. 10° de la Ley 1.406, dándosele el destino fijado por la Ley de Autarquía Judicial.

IV.- Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvanse los autos. Dr. OSCAR E. MASSEI - Presidente. Dr. RICARDO T. KOHON - Dr. EDUARDO F. CIA - Dr. ANTONIO G. LABATE - Dra. LELIA G. MARTÍNEZ de CORVALÁN Dra. MARÍA T. GIMÉNEZ de CAILLET-BOIS - Secretaria.