marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Responsabilidad del Estado, visitas carcelarias, Servicio Penitenciario Federal, obligación de seguridad, prestación del servicio público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: S., C. N. c/ E.N. - M. Justicia DDHH  s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-06-22

Se encuentra demostrado que esa anormal prestación del servicio es materialmente imputable al personal del Servicio Penitenciario Federal, a cuyo cargo se encuentra la realización de las respectivas requisas y el control acerca del adecuado funcionamiento de los elementos de seguridad que cuentan las distintas penitenciarías y, en consecuencia, la actuación u omisión de las personas físicas en el ejercicio del conjunto de atribuciones y competencias normativamente atribuidas a una repartición estatal deben ser imputadas al ente de que forman parte, debiendo este soportar las consecuencias jurídicas del irregular cumplimiento sus funciones.
Mediación obligatoria, caducidad de instancia, reapertura de la mediación
Materia: PROCESAL
Carátula: Acosta, Mario Ricardo c/ Boston Compañía Argentina de Seguros S.A. s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-06-07

Cabe confirmar el rechazo de la demanda por encontrarse caduca la instancia de mediación prejudicial obligatoria al haber transcurrido el plazo de un año previsto por el art. 51 de la Ley 26.589, sin haberse iniciado el expediente judicial, y determinar que resulta necesario realizar una nueva mediación, habida cuente que ni la norma mencionada ni su decreto reglamentario (1467/11) han especificado cuáles son las consecuencias que se siguen de la declaración de caducidad del trámite de mediación y, por lo tanto, no cabe asimilar tal situación a la perención de la instancia judicial porque aquella no extingue el derecho del requirente, sino que sólo determina la necesidad de efectuar una nueva mediación.
Recursos administrativos, Administración Pública
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: CABALLERO MARTIN, CARLOS Y OTROS c/ PROVINCIA    DE   SANTA  FE  -DECRETO  PODER  EJECUTIVO  N.  4018/90- s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ILEGITIMIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-12-27

Si no existe recurso administrativo o instancia reclamatoria tempestiva y fundada de acuerdo al ordenamiento vigente, es obvio que no se colocó a la autoridad gubernativa en condiciones de apreciar los motivos de disenso de los interesados, a fin de que ésta pudiera reexaminar o reconsiderar su resolución a la luz de ellos.
Acción de inconstitucionalidad, interés legítimo
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Leiva, Martín c/ Entre Ríos, Provincia de s/ inconstitucionalidad ley 8144.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-19

La declaración de inconstitucionalidad no puede tener simplemente carácter consultivo, sino que debe corresponder a un caso en el que el titular de un interés jurídico suficientemente concreto busque precaver los efectos de un acto en ciernes al que se atribuye ilegitimidad y lesión al régimen constitucional.
Accidentes de trabajo, comisiones médicas
Materia: LABORAL
Carátula: Churruarín Pedro Oscar c/ Asociart ART S.A. s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-04-06

La decisión de la ley 27.348 al establecer que un conflicto de índole privada, que involucra a un sujeto doblemente hiposuficiente (un trabajador siniestrado, o que alega serlo), sea abordado por profesionales de la medicina, a quienes se les requiere que se expidan (que digan el "Derecho") sobre cuestiones jurídicas, no resiste la mínima crítica ni el cedazo de la más liviana criba constitucional (Voto Ronconi)
Transacción, Comisión Asesora de Transacciones, facultades del Poder Ejecutivo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Banco de la Nación Argentina c/ I.B.M. Argentina S.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-03-07

La actuación del Poder Ejecutivo por medio de la Comisión Asesora de Transacciones -órgano especializado en la materia- encuentra sustento suficiente en la atribución prevista en el art. 99, inc. 1, de la Constitución Nacional (Disidencia parcial del Dr. Antonio Boggiano).
Recurso extraordinario, admisibilidad del recurso
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: E.M.E.B.E S.A. c/ Estado Provincial s/ Expropiación inversa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-03-17

Los recursos extraordinarios carecen en sí mismos de efectos ante la ausencia de una norma legal precisa que les fije tal alcance como acontece con el art. 243 del Código ritual para el recurso ordinario de apelación. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso contencioso administrativo, resoluciones recurribles, facultades disciplinarias, control de razonabilidad, empleados públicos, cesantía, salarios caídos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PISACCO, MARIA ESTHER ARAUJO DE c/ COMUNA DE WHEELWRIGHT s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE   Nº 656-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-08-27

Con relación a los salarios caídos pretendidos por quien fuera ilegítimamente dejada cesante, corresponde hacer lugar al pedido, pero sólo por espacio de dos años, por las razones expuestas en reiterados precedentes de este Tribunal ("Ramírez", AyS T 122 p 366;

"Carrari", AyS T 125 p 123).
Multa, certificado de trabajo, declaración de inconstitucionalidad, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: Reyes, Carlos Javier c/ Video Drome S.A. s/ ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-03-26

Deberá acogerse el agravio relativo al rechazo del rubro 'indemnización art. 80 L.C.T.', correspondiendo la declaración de inconstitucionalidad del decreto 146/01. Esta Sala ya fijó posición al respecto. Así, en Expte. Nº 27378/11 se dijo que: 'En cuanto a la inconstitucionalidad del art. 3º Dcto. 146/01, cabe referir que el mencionado decreto reglamentó los arts. 43, 44 y 45 ley 25.345 denominada 'antievasión'. El art. 3º del decreto reglamentario dispone que: 'El trabajador quedará habilitado para remitir el requerimiento fehaciente al que hace alusión el artículo que se reglamenta, cuando el empleador no hubiera hecho entrega de las constancias o del certificado previsto en los aps. 2 y 3 del art. 80 L.C.T. 20.744 y sus modificatorias, dentro de los treinta días corridos de extinguido el contrato de trabajo'. Cabe declarar, y en tal caso confirmar lo ya pronunciado por la juez de la instancia anterior, la inconstitucionalidad del art. 3 del decreto 146/01, dado que como bien se señaló, con dicho decreto se ha traspasado la distinción fundamental entre la delegación de poder para hacer la ley y la de conferir cierta autoridad al Poder Ejecutivo a fin de reglar los pormenores y detalles necesarios para la ejecución de aquélla. La requisitoria que se impone al trabajador en el decreto 146/2001 constituye un claro exceso reglamentario, en relación a la norma superior que reglamenta. El decreto es reglamentario de una ley y, en consecuencia, debe estar jerárquicamente subordinado a la misma. Cabe, entonces, declarar la inconstitucionalidad del decreto 146/2001 y, en consecuencia, del mencionado plazo de treinta días. (Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala VII, 9 de agosto de 2006, "Coseres, Cristina María c. Oh Sung Yung", jueces Estela Milagros Ferreirós y Néstor Miguel Rodríguez Brunengo; disidencia del juez Juan Andrés Ruíz Díaz.-.

A ello cabe agregar que la demandada no cumplió hasta la fecha con la entrega de la documentación requerida, por lo cual corresponde condenar a la demandada al pago de la indemnización prevista en el art. 80 LCT, con costas.
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, juicios en que es parte una provincia, empleados públicos, Casa de la Provincia de Córdoba
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Delgado, Policarpo Oscar c/ Córdoba, Provincia de s/ demanda laboral.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-11

Es ajena a la competencia originaria del Tribunal la causa iniciada por quien se desempeñó como personal de maestranza en la Casa de la Provincia de Córdoba de la Capital Federal ya que la cuestión se encuentra directa e inmediatamente relacionada con la aplicación e interpretación de normas de derecho público local como son aquellas que reglamentan las relaciones jurídicas derivadas del empleo público.
Inconstitucionalidad, declaración de oficio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Club Atlético Calabera y Defensores del Este s/ Cumplimiento de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-06-22

Los jueces no pueden declarar de oficio la inconstitucionalidad de las leyes.-
Juicio ejecutivo, fiador
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Da Silva, Francisco María c/ Gutierrez, Domingo Alfredo s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-08-21

Si el fiador se obligó "...con las mismas obligaciones que el locatario..." deviene insoslayable la convocatoria del locatario a los efectos que manifieste la calidad o no de inquilino, y en caso afirmativo exhiba el último recibo, pues caso contrario se desvanece el piso de marcha para elucidar el monto de la condena y, lo que es más, conocer la vigencia de la deuda que se pretende ejecutar y a que accede la mentada fianza.
Designación de defensor, imputado, defensa en juicio, debido proceso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Yoannu, J. B. c/  s/ designación de defensa
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-12-02

En base a los alcances que deben otorgarse al derecho de defensa y en resguardo del debido proceso, del juego armónico de lo prescripto en los artículos 72, 73, 104, 107 y 211 del Código Procesal Penal de la Nación, se extrae con toda claridad que el imputado tiene derecho a ser defendido por un abogado desde el primer momento en que es sindicado como tal. (Del voto en disidencia de la Dra. Magdalena Laíño)
Confirmación de sentencia, excarcelación, condena anterior, recurso de apelación (procesal), robo en poblado y en banda, menores
Materia: PROCESAL
Carátula: Aramayo Pérez, M. E. A. c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-01-12

Procede confirmar el auto que no hizo lugar a la excarcelación bajo ningún tipo de caución, y en consecuencia rechazar el recurso de apelación incoado por la defensa del imputado -autor del delito de robo en poblado y en banda de un vehículo dejado en la vía pública y con la intervención de menores de edad-, ya que examinada su situación en los términos de los arts. 210, 221 y 222 del Código Procesal Federal y la Ley 23984, su soltura no resulta viable atendiendo la pena prevista para el delito que se le asigna y a las dos condenas que registra. Pese a la admonición que supone toda sentencia y de haber gozado libertades anteriores, se vio involucrado en otro conflicto con la ley penal, lo que debe ser valorado como prognosis de su futuro comportamiento y no se compadece con el derecho peticionado, la coerción personal resulta indispensable para la realización del juicio.
Cuestiones de competencia, contienda negativa de competencia, juez de ejecución, aplicación de la ley
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Napoli, Luis Alberto s/ competencia". Causa n. : 2376.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-06-02

El artículo 75 de la ley 24.121, dispone que "las funciones del juez de ejecución que establece el Código Procesal Penal de la Nación serán desempeñadas, en el interior del país (con la salvedad de las derivadas de la concesión de la suspensión del juicio a prueba), por un juez del tribunal oral respectivo", y que "sus decisiones serán recurribles ante la Cámara Federal de Apelaciones cabecera del distrito o ante el órgano judicial competente (esta Cámara Nacional de Casación Penal), según el caso". De modo, pues, que si en el lugar donde se ha trabado el conflicto el juez de ejecución es un juez de tribunal oral, sólo a éste -y no al cuerpo como colegio de jueces- corresponde intervenir en el caso puesto que, la expresión "o juez competente" empleada por el art. 3 de la ley 24.660 tiende a cubrir aquellos casos en que la jurisdicción provincial de aplicación carezca de una magistratura especial entendida en las cuestiones vinculadas con la ejecución de sentencias.
Delitos contra la humanidad, estaqueamiento, conscriptos, Estado militar
Materia: PENAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: POLANO, Alejandro Héctor Delfor s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-11-13

La ley 17.531, vigente al tiempo en que se produjeron los hechos (estaqueamiento de un conscripto en el marco de la denominada guerra de Malvinas), disponía que los argentinos convocados para prestar el servicio de conscripción "tendrán estado militar desde el momento en que efectúen su presentación, voluntaria o no, ante la autoridad militar, a los efectos de la asignación de destino" (art. 13), de donde surge que el actor (soldado conscripto) tenía estado militar.

El estado militar se adquiere con independencia de si la presentación (que tiene por objeto la asignación de destino) es el resultado de una decisión libre y espontánea o si no lo es, estableciendo de esta manera una distinción entre civiles e individuos con estado militar por el ingreso a alguna fuerza armada con total prescindencia de las motivaciones personales del sujeto al tiempo de su presentación ante la autoridad. De esta manera no se cumple con el requisito de "ataque a población civil" establecido para la configuración del delito de lesa humanidad estatuido en el artículo 7 del Estatuto de Roma y aprobado por ley 25.390. (Sumario confeccionado por el SAIJ)
Recurso de casación, procedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Marenco, Juan F. s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-08-16

Para la procedencia del recurso de casación es necesario que concurran tanto los extremos del art. 456 como los del art. 457 del C.P.P.
Fuerzas Armadas, adicionales de remuneración, carácter remuneratorio, bonificación generalizada, personal militar en actividad, personal militar retirado, incorporación al sueldo, fallo plenario
Materia: LABORAL-SEGURIDAD SOCIAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: MONGE, PEDRO JOSÉ Y OTROS c/ Estado Nacional (Ministerio de Defensa) HERRERO - FASCIOLO - ETALA s/ FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-07-08

Resulta indudable el carácter general y la naturaleza salarial de los adicionales instituidos por los Decs. 628/92 y 2701/93, habida cuenta que los mismos son abonados a la totalidad del personal militar (tanto en actividad como en pasividad) sin necesidad de solicitud individual del interesado ni distinción respecto a su situación personal. En igual sentido falló la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal en pleno, al determinar: "Corresponde reconocer al personal retirado y a los pensionistas de las Fuerzas Armadas el derecho a incluir dentro del concepto sueldo definido por el art. 55 de la ley 19.101 y sus modificatorias, los beneficios establecidos por los Decs. 1569/91, 2115/91, 628/92 y 2701/93" (cfr. sent. del 20.03.97, "Aebert, Otto y otros c/ Estado Nacional").
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación de los fundamentos
Materia: PENAL
Carátula: Méndez, José Enrique s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-04

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que la defensa impugna la aplicación de la agravante del robo descripta en el inc. 2º del art. 166 del Código Penal, sosteniendo que no se habría acreditado la ofensividad del arma empleada, si la Cámara -bien o mal- declaró expresamente al tratar la cuestión referida a la calificación legal que "por prueba de confesión se prestigia el uso de armas de fuego" en el hecho, y el quejoso se ubica en el terreno de los hechos sin denunciar como ilegalmente aplicada la normativa que rige el medio probatorio que invoca el sentenciante para declarar acreditado el extremo.
Consejo de la Magistratura, nulidad procesal, incompetencia, fallos de la Corte Suprema, falta de legitimación para obrar
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires s/ avocación en autos: Casaretto, Marcelo Pablo c/ Cámara de Diputados Nacionales y otro s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-04-18

Corresponde declarar la nulidad de todo lo actuado si el magistrado -con una notoria ignorancia del derecho vigente y de los precedentes de la Corte- al disponer como medida interina que las cámaras del Congreso no envíen a sus representantes al Consejo de la Magistratura, ha dado trámite a una acción promovida por quien manifiestamente carece de legitimación activa tanto en su carácter de ciudadano como en el de diputado nacional y, en consecuencia, se ha pronunciado fuera de un caso contencioso que pueda autorizar la intervención del Poder Judicial (artículo 116 de la Constitución Nacional; artículo 2° de la ley 27).
Jueces, recusación con causa, prejuzgamiento
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: LEMOS QUIROGA ROBERTO c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA s/ Amparo (LIBRO: A071 - 003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1992-09-21

La actuación del Juez en una causa anterior en ejercicio de un derecho propio y no en función jurisdiccional, no constituye la causal de prejuzgamiento por las opiniones allí vertidas.-
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, Ministerio Público, fiscal de Cámara, acusación, jueces, leyes, interpretación de la ley, Constitución Nacional, interpretación de la constitución
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Esquivel, Ariel Omar s/ Robo calificado - Rec. de inaplicabilidad de la doctrina legal.   (Tribunal pleno)   En el caso, la cuestión a resolver: ¿la falta de mantenimiento de la  acusación en la alzada por parte del Ministerio Público Fiscal,   coincidiendo con la instancia absolutoria solicitada por la Defensa,  impone al Tribunal la aceptación de las pretensiones de los sujetos   procesales, impidiendo fallar distinto a dichas peticiones?.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-07-03

No existe norma alguna en nuestro sistema legal, que autorice a otorgar carácter vinculante a la opinión del Ministerio Fiscal, como tampoco que implique imposibilidad de fallar frente a la abstención de ese órgano en la Alzada, por coincidir con la Defensa. (Del Voto del Dr. Crippa García)
Juicio correccional, homicidio culposo, recurso de casación, defensa en juicio
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Trujillo, Luis Alberto s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Jorge Lionel Toledo en Expte. Trujillo, Luis A. - s.a. Homicidio Culposo Agravado - Ruta Nac. 38 - El Pantanillo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-05-02

El Juzgado Correccional de Primera Nominación resolvió no hacer lugar a la solicitud de suspensión del juicio a prueba.

Contra dicha resolución, el defensor del imputado -por Homicidio Culposo Agravado- interpone este recurso de casación.

Después de estudiar los planteos efectuados, de nulidad de la sentencia por defectuosa fundamentación (1º agravio) y por falta de fundamentación (2º agravio), estimo pertinente tratarlos en orden inverso al que fueron propuestos en tanto, de prosperar el último, la sentencia sería irremediablemente nula, lo que tornaría abstracto el control del alegado como primer motivo de la impugnación.

No constato menoscabo alguno al ejercicio de la defensa en juicio derivado del supuesto vicio acusado en tanto la negada existencia de la suficiente fundamentación de lo resuelto está implícita en la calidad de defectuosa que el recurrente le atribuye a esa fundamentación como "Motivo sustantivo casatorio: errónea aplicación del art. 76 bis del Código Penal".

Bajo ese título, el recurrente ejerce las facultades de alegación y de refutación de esa Parte, con el desarrollo de múltiples argumentos en contra de expresiones del fallo cuestionado vinculadas con la interpretación que lo sustenta: sobre el Instituto, sobre las sentencias que cita de la Corte Suprema y de este tribunal, y sobre los distintos principios que rigen la materia; y hace consideraciones que estima útiles a los intereses que representa.

Así las cosas, debido a que el recurrente no demuestra el detrimento que alega, a la intervención y asistencia técnica del imputado, y ninguna afectación más que la que pueda provenir de su propia actuación cabe derivar del modo en que fue resuelta la cuestión, no es de recibo su pretensión para que el auto apelado sea invalidado por incumplimiento de lo dispuesto en el art. 186 inc. 3º del rito local.

Por ello, el agravio carece de fundamento y corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto.
Programas de salud, Programa Médico Obligatorio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: C.L., R c/ OSPRERA - SNR s/ amparo - medida cautelar
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-06-07

Es doctrina de esta Cámara que debe preferirse al profesional tratante; y que si el Programa Médico Obligatorio (PMO) en la Resolución que aprueba el Programa nº 247/1996, autoriza tratamientos por vía de excepción, con mayor razón debe autorizar la jurisdicción, en el caso, la internación de la niña en otro Establecimiento, si es en éste donde atiende el facultativo que la intervendrá.
Relaciones de familia, orden público
Materia: CIVIL
Carátula: Carnero, María Rosa s/ Homologación de Convenio
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-11-15

Dentro del derecho de familia, una norma es de orden público, cuando su fundamento trasciende el mero interés individual, de tal modo que su vigencia y aplicabilidad no cae bajo las facultades dispositivas de los particulares.
Extinción de la acción penal, duración de la instrucción, garantía a ser juzgado en un plazo razonable
Materia: PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Mancini, José Miguel s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-07-13

Corresponde declarar extinguida la acción penal si las actuaciones seguidas por supuestas maniobras de desvíos de fondos efectuadas en la órbita de las funciones del imputado como presidente de un club, llevan más de nueve años de sustanciación sin superar la etapa instructoria, pues la causa ha tenido una excesiva prolongación que no resulta proporcional a la complejidad del asunto objeto de acusación y supera con creces el máximo de la pena prevista para el tipo penal -administración fraudulenta-, sin que se evidencie una actitud obstruccionista ni dilatoria de parte del encartado y, en cambio, se aprecia una conducta morosa imputable al Estado. En virtud de lo normado por el art. 441 CPPN corresponde extender los efectos del recurso interpuesto a la situación procesal de los coimputados, por resultar enteramente aplicables las consideraciones efectuadas. El voto concurrente agregó que la acción penal se encuentra prescripta. La disidencia postuló la declaración de nulidad de la decisión por indebido cumplimiento de lo dispuesto en el art. 346 CPPN. (Dres. Mitchell, Catucci -disidencia- y Ledesma -voto concurrente-).
Horas extra, presunciones
Materia: LABORAL
Carátula: Ponce, María E. c/ Sigurani, Armando y otros s/ Indemnización y otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1999-09-23

En autos "Caire c/Minetto", 14/7/95, la Sala del Trabajo del S.T.J.

se ha expedido en el sentido que, cuando se encuentra controvertida la existencia de horas extras, no rige la presunción emanada del artículo 55 de la Ley de Contrato de Trabajo, lo que significa adhesión al criterio que sostiene que no es suficiente la prueba de presunciones a los efectos de acreditar el cumplimiento de servicios en horas suplementarias.