Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-12-07


Causa Nº 12767-01/CC/2006 "Incidente de nulidad en autos Candia, Narcisa s/inf. art. 83, ley 1472- Apelación" En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 7 días del mes de diciembre del año dos mil seis, se reúnen los miembros de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, a efectos de resolver el recurso de apelación interpuesto por el Sr. Defensor Oficial, Emilio Antonio Cappuccio a fs. 12/17 de la presente, de la que:

RESULTA:

1) Que a fs. 1/4 vta. del presente incidente obra el planteo de nulidad interpuesto por el Emilio A. Cappuccio, cotitular de la Defensoría Oficial nº 4 en lo Contravencional y de Faltas, contra los procedimientos llevados a cabo en autos, los días 18 de abril, 26 de mayo, 26 de junio, 18 de julio, 2 y 3 de agosto de 2006, y las resoluciones de fs. 10, 32, 46, 61/61vta, 82/83, 95/96 del expediente principal.

2) A fs. 6/8 vta., contesta la vista el Luis Esteban Duacastella Arbizu co-titular de la Fiscalía de Primera Instancia en lo Contravencional y Faltas nº 4.

3) Que a fs. 9/11 obra el decisorio del Sr. Juez de grado, Norberto Luis Circo, por el que resuelve no hacer lugar a las nulidades articuladas por la Defensa.

4) Que a fs. 12/17 obra el recurso de apelación interpuesto por el Sr. Defensor Oficial contra la resolución mencionada ut supra, solicitando su revocación y la nulidad de los procedimientos que dieron origen al proceso, como así también lo actuado en consecuencia.

5) Que a fs. 18 el Juez de grado concede el recurso de apelación interpuesto por la defensa.

6) Oído el Sr. Fiscal de Cámara a fs. 23/24 vta., pasan los autos a resolver, siendo las cuestiones a dilucidar: ¿resulta admisible el recurso de apelación interpuesto Y en su caso, ¿resulta adecuado a derecho el resolutorio recurrido PRIMERA CUESTIÓN:

Admisibilidad del Recurso 7) En primer término, cabe mencionar que el recurso ha sido interpuesto en las condiciones y plazos establecidos por el art. 50 de la ley nº 12 y el art. 449 del C.P.P.N., respectivamente, y por quien se encuentra normativamente facultado para hacerlo.

En efecto, el Sr. Juez de grado resolvió con fecha 2 de octubre de 2006 rechazar en un todo el planteo del Sr. Defensor Oficial, resolución que fuera notificada a la defensa oficial el día 4 de octubre del mismo año (fs. 11vta.), quien interpuso el recurso de apelación el día 6 de octubre ppdo. (fs. 12/17), es decir dentro del segundo día de su notificación, mediante escrito fundado con indicación de los motivos de su agravio.

Por lo expuesto, siendo admisible la vía procesal intentada, corresponde entrar a analizar los agravios del impugnante.

SEGUNDA CUESTIÓN:

De los agravios 8) En lo relativo a la cuestión de fondo traída a estudio de esta Alzada, cabe analizar los agravios expresados por el Sr. Defensor Oficial en el recurso obrante a fs. 12/17, contra la resolución del a quo de fs. 9/11.

Adelantamos que confirmaremos la decisión recurrida, conforme las consideraciones que expondremos a continuación.

9) En primer lugar, la Defensa Oficial se agravia en la falta de motivación en el proceder de la prevención al momento de practicarse los distintos secuestros, pues a su entender no existieron elementos de prueba que permitiesen afirmar que Narcisa Candia estaba ejerciendo una actividad lucrativa de acuerdo con las previsiones del artículo 83 del Código Contravencional, todo lo cual lleva a cuestionar la validez de los distintos actos de la prevención.

Cabe aclarar que en este caso, no encontramos ningún vicio sustancial ni violación constitucional que pueda servir de fundamento para que se declare la invalidez de un acto.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha resuelto que "la nulidad procesal requiere un perjuicio concreto para alguna de las partes, porque cuando se adopta en el sólo interés del formal cumplimiento de la ley importa un manifiesto exceso ritual no compatible con el buen servicio de justicia" (Fallos 295:961; 298:312; 311:237, entre otros).

Las medidas cautelares sólo pueden ser mantenidas mientras permanezca invariable la situación fáctica que primariamente aconsejara su adopción por el órgano jurisdiccional.

Los jueces de grado consideran que las medidas precautorias adoptadas no implicaron una evidente desproporción punitiva, y por lo tanto las han confirmado (ver fs. 10). Los señores magistrados entendieron que los elementos probatorios reunidos en el legajo permitieron estimar al menos con el grado exigido en esta etapa, que si la encartada ejerció una actividad lucrativa no autorizada en la vía pública, ofreciendo a la venta productos alimenticios (ver fs. 32).

Cabe confirmar que, en los casos analizados, la conducta reprochada a la imputada constituiría "prima facie" una contravención (art. 83 LC), dado el plexo probatorio.

De ahí que, los secuestros de los elementos reunidos en autos por parte del personal policial se hallan convalidados a través de las medidas cautelares, que en las distintas oportunidades han sido correctamente adoptadas.

10) En segundo lugar también se agravia la Defensa Oficial en que las resoluciones judiciales que confirmaron los procedimientos devinieron tardías y/o carecieron de toda razonabilidad.

La finalidad del art. 21 de la L.P.C. es que el fiscal tome conocimiento del secuestro practicado por personal policial preventor en el preciso momento que se incautan los bienes, y que el Juez de grado convalide tal acto, por lo cual a nuestro entender se debe analizar si se ha actuado con la premura necesaria en los casos analizados.

De las presentes actuaciones se desprende que los Sres. Fiscales actuantes fueron informados inmediatamente del hecho ilícito y ordenaron el secuestro de los efectos (ver fs. 3vta., 26vta., 40vta., 57vta., 75vta. y 89vta.).

Analizando los diversos períodos de tiempo entre el pronunciamiento judical y el procedimiento policial llevado acabo en los distintos secuestros practicados surge que: 1) el día 18 de abril del 2006 se labró acta contravencional (fs. 3) y a los 8 días el Señor Juez confirmó la medida (fs. 10); 2) el 26 de mayo de 2006 se labró acta contravencional (fs. 26) y a los 10 días fue confirmada la medida por el Señor Juez Alfredo Durante (fs. 32); 3) el día 26 de junio 2006 se efectuó el secuestro descripto en el acta de fs. 40, y pasaron 3 días hasta que la Señora Jueza María Laura Martínez Vega lo confirmara (fs. 46); 4) el día 18 de julio de 2006 se labró acta contravencional (fs. 57) y tardó 6 días el Señor Juez Norberto Ricardo Tavosnanska para avocarse a su estudio (fs. 61vta); finalmente los días 2 y 3 de agosto de 2006 se labraron las actas contravencionales (fs. 89 y 75) y la Señora Jueza de grado las convalidó a los cinco días (82/3 y 95/96).

Cierto es que, sin perjuicio de la necesidad de un control efectivo sobre la actuación del personal policial para brindar mayor celeridad sobre el procedimiento, las demoras en las distintas convalidaciones no han ocasionado perjuicio real alguno para el recurrente, no resultando afectado el principio de razonabilidad inclusive en el hecho referido en el punto del párrafo precedente. La mera alegación a la afectación de la propiedad privada es insuficiente para sustentar un agravio fundado en la demora de la convalidación jurisdiccional del secuestro de fs. 26vta. ppal.

Tal como sostuvimos en el precedente "Valenzuela, Juan Carlos s/inf. art. 83, ley 1472- Apelación, causa nº 10097-01/CC/2006 rta. 09/08/2006", que fuera mencionada por la defensa, al referirnos a la "inmediatez" (art. 21 L.P.C), debemos apelar a la sana crítica del juez, quien debe hacer un análisis de qué es razonable a luz de los hechos específicos correspondientes a cada caso.

El plazo razonable en la jurisprudencia emanada de tribunales nacionales e internacionales ha sido interpretado sistemáticamente como una situación que tiene que analizarse en cada proceso de acuerdo con las particularidades del mismo (Acuerdo nº 6/95 en Plenario nº 3, causa de la sala IV Molina Roberto Carlos s/recurso casación 24/08/95).

Si queremos estimar la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso tres son los requisitos necesarios: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; y c) la conducta de las autoridades judiciales. (Conf. Corte Interamericana de Derechos Humanos los casos "Geni Lacayo", rta. 29-01-1997 y "Suárez Rosero", rta. 12-11-1997).

Sentado ello, en el presente caso no se advierte que las conductas de las autoridades judiciales puedan ser cuestionadas como inválidas pues el plazo que trascurrió para la convalidación resultó ser razonable.

En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que el plazo razonable "depende en gran medida de diversas circunstancias propias de cada caso, por lo que no puede traducirse en un número de días, meses o años" (Fallo Barra, Roberto Eugenio, causa Nº 2053-W-31 rta. 9/3/04).

La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de América en el caso "Barker v. Wingo se refirió al derecho a un juicio rápido (Speedy Trial), contenido en la Enmienda 6°, sosteniendo que el mismo es genéricamente distinto a las demás garantías que el Estado concede a los imputados, ya que la privación a este derecho, no lo afecta en todos los casos. Agrega, asimismo, que muchas veces es la propia defensa la que favorece las demoras en la tramitación de los juicios, como estrategia, estableciendo como ejemplo que el paso del tiempo borra la memoria de los testigos. También aclaró la Corte la imposibilidad de precisar una definición concreta de esta garantía, lo que la diferencia con las restantes, al tratarse de un concepto vago e impreciso, lo que dificulta determinar su violación. Es así como, mediante la creación del llamado "Balancing Test", establece pautas y variables para determinar si la garantía bajo estudio ha sido vulnerada. Las mismas son: la determinación del período concreto que llevó el caso; el análisis de las razones brindadas por el Estado, para justificar el retraso; la determinación sobre si las mismas son atendibles; la conducta del imputado, a los fines de determinar si propició o activó dilaciones indebidas para retrasar el proceso; y el análisis del perjuicio personal sufrido por el imputado, en virtud del retraso.(Conf. Plazo razonable de duración del proceso penal por Luciana Glenda Basile y María Belén Diez Azconegui publicado en http://www.espaciosjuridicos.com.ar).

Es por ello, que no habiéndose afectado derecho constitucional alguno, rechazaremos el planteo de nulidad efectuado por la Defensa Oficial en este sentido.

11) Por otra parte la defensa también alega la falta de motivación de las decisiones que confirmaron los secuestros, entendiendo que fueron más aparentes que reales y, al ser irrazonables (arts. 1 y 28 de la C.N.; arts. 1 y 10 de la C.C. B.A), no resta otro temperamento que declarar su invalidez.

Las resoluciones recurridas no son incongruentes ni auto contradictorias, y constituyen una derivación razonada de los hechos y del derecho vigente, ya que por un lado afirman la existencia de contravención y por otro confirma una medida asegurativa cuyo presupuesto es un hecho con relevancia jurídico-penal (contravención prevista en el art. 83 de la ley 1472).

Ante la inexistencia de vicio alguno de carácter esencial, que nulifique lo resuelto por los distintos magistrados, siendo que los agravios sostenidos por el defensor son muestras de mera disconformidad con la apreciación efectuada por el magistrado, corresponde rechazar el presente planteo.

A la luz de lo que venimos sosteniendo en los párrafos precedentes, las resoluciones de los jueces contravencionales exhiben una motivación coherente y lógica.

Al respecto, el Fernando de la Rúa explica que para que la motivación sea lógica, es necesario que sea coherente, "es decir, constituida por un conjunto de razonamientos armónicos entre sí, formulados sin violar los principios de identidad, de contradicción y tercero excluido. Para ello, debe ser: a) congruente, en cuanto las afirmaciones, las deducciones y las conclusiones deben guardar adecuada correlación y concordancia entre ellas; b) no contradictoria, en el sentido de que no se empleen en el razonamiento juicios contrastantes entre sí, que al oponerse se anulen; c) inequívoca, de modo que los elementos del raciocinio no dejen lugar a dudas sobre su alcance y significado, y sobre las conclusiones que determinan" ("La Casación Penal", Editorial Depalma, Año 1994, pág. 156/157).

La motivación es una operación lógica basada en la certeza, en la cual el juez debe cumplir con las "leyes supremas del pensamiento" que gobiernan la elaboración de juicios y dan base cierta para determinar cúales son verdaderos o falsos ( D Aquila; Natalio s/recurso de casación 9/12/03Voto del Riggi, adhieren los Dres. Tragant y Catucci. Causa n° : 4517).

De tal forma se encuentran motivadas las resoluciones jurisdiccionales de los jueces intervinientes en los presentes actuados, puesto que circunscribe el hecho y brinda precisos fundamentos acerca de su decisión.

En consecuencia, resultando ajustada a derecho y a las constancias de autos, corresponde confirmar la resolución obrante a fs. 9/11, en todo cuanto ha sido materia de recurso.

12) Atento al mérito del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE:

I. CONFIRMAR el decisorio recurrido, obrante a fs. 9/11, en cuanto no hace lugar a los planteos de nulidad realizados por la defensa de la Sra. Narcisa Candia.

II. Tener presente la reserva del caso federal.

Regístrese, notifíquese al Fiscal de Cámara y oportunamente devuélvase al Juzgado en lo Contravencional y de Faltas nro. 23, a fin de que efectúe las notificaciones pertinentes.

Ante mí:

La Marta Paz dijo:

1) El recurso de apelación ha sido interpuesto por quien se encontraba legitimado para hacerlo, en tiempo y forma, por lo que es formalmente admisible.

2) El defensor se agravia ante el rechazo del planteo de nulidad (fs. 12/17) fundado en que: 1) no se acreditó la verosimilitud de la participación de la imputada en la contravención del art. 83 C.C., sin perjuicio de las declaraciones de los preventores y en 2) la intervención tardía de los jueces/as de garantías.

3) El agravio acerca de la resolución por haber denegado el planteo de nulidad por la falta de motivación en el proceder de la prevención al momento de practicarse los secuestros y por no existir elementos de prueba que corroboren mínimamente la comisión de la contravención; postula en definitiva la inexistencia de causa que funde adecuadamente la sustanciada contra su defendida.

Como he señalado en la causa nº 469-00/CC/2006, Alcaraz Héctor Juan ó Ríos, Ramón Alberto s/inf. art. 189 bis C.P. - APELACION "no toda vulneración o infracción de normas procesales produce indefensión".

El sentido uniforme de la jurisprudencia en la materia es la interpretación restrictiva". Así se ha resuelto que: "los preceptos legales sobre nulidad deben ser interpretados restrictivamente, si no se quiere desvirtuar el régimen legal mediante una interpretación extensiva o analógica. (voto del Tragant). Suñe, José María s/recurso de casación. Tragant. Casanovas. Riggi, CNCP - SALA III. 17/03/1997, entre muchas otras).

Por otra parte, el recurso de apelación en tratamiento reedita en realidad los argumentos que fundaran el planteo de nulidad, sin rebatir las razones dadas por el juez a quo al rechazar el mismo, motivo suficiente para que sea rechazado en esta instancia.

4) En segundo lugar se agravia la defensa por la resolución que deniega el planteo de nulidad por la tardía intervención judicial a los fines del art. 21 LPC.

No son aplicables para resolver el caso, conceptos elaborados por la doctrina y jurisprudencia respecto de la prolongación indebida del proceso, desde que aquí no se cuestiona el sometimiento a un proceso que no se concluye en un periodo de tiempo que se repute lógico, mas allá del cual se advierte una lesión a los derechos del imputado; sino que se cuestiona si ha resultado oportuna la intervención del juez en el proceso validando una medida cautelar de secuestro (en verdad varias).

Tales intervenciones tuvieron lugar a los 8, 10, 3, 6 y 5 días de haber tenido lugar los secuestros respectivos. La actuación dentro de un plazo -a precisar- calificado de "inmediato" no es pasible al excederse el mismo de ser invalidado en resguardo solamente de las formas procesales.

La defensa no ha alegado tampoco una concreta lesión derivada del tardío anoticiamiento. El plazo, que no está determinado, al que remite la descripción de inmediatez del art. 21 CC no comporta uno perentorio e improrrogable, sino ordenatorio, que debe ser evaluado en cada caso.

Para que prospere un planteo de nulidad debiera haberse demostrado la afectación concreta de un derecho de la imputada que se haya visto privada de ejercer en virtud de la demora o, en su caso, evidenciarse una absoluta irrazonabilidad en la intervención.

Ante la falta de agravio concreto no puede prosperar el planteo nulificante, ya que en el procedimiento penal tiene excepcional relevancia y debe ser tutelado el interés público que reclama la determinación de la verdad en el juicio, dado que aquel no es sino el medio para alcanzar los valores más altos: la verdad y la justicia (en este sentido CNCasación Penal, sala III, abril 25-994. Kolek, Carlos P.). DJ. 1995-1-267.

5) Por todo lo expuesto corresponde: 1) NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por la defensa y CONFIRMAR la resolución recurrida; 2) Tener presente la reserva del caso federal.

Ante mí:

Endede 2006 notifiqué al Sr. Fiscal de Cámara. Conste.

En de de 2006 se remitió al Juzgado en lo Contravencional y de Faltas Nº 23. Conste.