Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-03-21


En la ciudad de Esquel, Provincia del Chubut, República Argentina, a los veintiún días del mes de marzo del año dos mil cinco, se reúne en Acuerdo la Excma. Cámara de Apelaciones del Noroeste del Chubut, bajo la presidencia del Dr. Benjamín Moisá y asistencia de los Sres. Jueces de Cámara Dres. C S. Margara y Randal C. Rowlands, a fin de dictar sentencia definitiva en los presentes autos caratulados: "H .M .E c/ R .M. L y otro s/ Laboral" (Expte. Nº 17/05 CANO), venidos en apelación a esta Alzada.

Practicado a fs. 441 el sorteo establecido en el art. 9 de la Ley 1130, correspondió el siguiente orden para la votación: Dres. ROWLANDS MARGARA - MOISÁ.-- Acto seguido se procedió a plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia apelada de fs. 419/423 vta.? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.-- A la primera cuestión, el Dr. Rowlands dijo:

En los presentes autos, según surge de la sentencia de fecha 20 de diciembre de 2004, registrada bajo el N° 102/2004 y obrante a fs. 419/423 vta., el Señor Juez a cargo del juzgado de origen ha hecho lugar a la demanda laboral entablada por M. E .H contra M .L .R y J C, pronunciamiento contra el que, a fs. 429, se alzan los accionados con la representación del Dr. C E. D, luciendo a fs. 432/433 la respectiva pieza de agravios, en la que, pese al contenido del punto 4.- PETITORIO de la misma, dicen quejarse porque: -- a) se los obligó a acompañar copia de la prueba documental, cuando la ley 69 - dicen -, "no obliga al demandado a acompañar copias";-- b) se rechaza la defensa de legitimación pasiva articulada a favor del codemandado J .C .C;

c) confunde la profesión liberal de cada codemandado con la sociedad conyugal;-- d) se les imponen las costas, y- e) se hace lugar a todos los rubros reclamados.- Entrando al tratamiento y solución de los cuestionamientos que preceden, tengo para mí que a esta altura de las actuaciones y conforme al principio procesal de preclusión, el primero de ellos no puede esgrimirse como agravio habida cuenta de que la cuestión que allí se planteara ha quedado resuelta a través del auto interlocutorio de este Cuerpo obrante a fs. 135/138, el que se halla firme.

En cuanto al segundo de los puntos arriba referenciados y dado que su contenido se halla íntimamente ligado al siguiente, he de encarar el tratamiento de ambos en forma conjunta. En síntesis, la discordancia de los recurrentes radica en que habiendo entendido el a quo que el comercio en que trabajara la actora es un bien ganancial por pertenecer a la sociedad conyugal que componen los demandados, resuelve rechazar la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por uno de aquellos y hacer lugar a la demanda instaurada contra ambos.-- Al respecto, es de advertir que entre las numerosas reformas que en el año 1968 se introdujeran al Código Civil a través de la ley N° 17711, se derogó el art. 1224 de aquel cuerpo legal restringiendo el régimen de comunidad de bienes al ámbito de las ganancias. Ello, sin perjuicio de la modificación de los arts. 1276 y 1277 en lo atinente a la administración o gestión marital y la derogación del régimen de los bienes gananciales de administración reservada a la mujer que contemplaba el art. 3° de la ley N° 11357, y como principio general en lo que hace a la materia aquí en estudio, incorporó el de la gestión separada, conforme a la cual, cada cónyuge administra y dispone de los bienes propios y gananciales que adquiere.

Así, frente a los acreedores rige para los cónyuges el principio de limitación de responsabilidad por deudas, en el sentido de que el cónyuge que no ha contraído la obligación no es responsable por ella (art. 5° ley 11357): de allí que la mujer no responde con los bienes que adquiere, sean propios o gananciales, por las deudas del marido, ni éste responde con los bienes propios o gananciales que administre por deudas contraídas por la mujer.-- Asimismo, la comunidad de intereses propia de las relaciones jurídicas patrimoniales entre los cónyuges en nada incide sobre la titularidad de bienes y derechos sobre los mismos, pues ellas se traducen en relaciones de comunidad internas, que en modo alguno afectan a la cotitularidad de los derechos en las relaciones externas con terceros. (Ver Eduardo A. Zannoni, "Derecho Civil. Derecho de familia", Editorial Astrea, 2da. edición, Bs. As., 1989, T I, pág. 408). Y así es que la sociedad conyugal mantiene la autonomía del patrimonio de ambos cónyuges, prenda común, individualmente considerados, de sus respectivos acreedores. ("Código Civil y normas complementarias", de Alberto J. Bueres y Elena I. Highton, Hammurabi, Depalma editor, Bs. As., 1999, Tomo 3C, pág. 149).-- Dado el marco normativo y doctrinario que dejo así expuesto y que entiendo es el aplicable al caso, no hallo asidero válido para el fundamento esgrimido por el a quo en el sentido de que por no haberse acreditado en autos la "división de patrimonio, divorcio con separación de bienes o disolución de la sociedad conyugal que constituirían los cónyuges R-C"..."ambos resultan ser empleadores de la actora,...". ello, con tanta mayor razón cuando en la misma sentencia se dice que "No es un hecho controvertido - por haberlo reconocido expresamente - que los demandados son cónyuges, así como que efectivamente la titular de la habilitación comercial del establecimiento comercial donde trabajó la actora se trató de la codemandada R. Tampoco lo es la circunstancia que dicho comercio funcionaba bajo la responsabilidad comercial y dirección técnica de la profesional farmacéutica que reviste la codemandada, y que al tiempo de obtenerse la habilitación comercial la misma era de estado civil casada (ver constancias instrumentales de la licencia comercial 00417 a partir de fs. 280 en adelante), aspectos todos frente a los cuales no tienen relevancia - a mi criterio -, el hecho de que, como también se dice en el fallo, el codemandado J .C "no ha objetado haber firmado como empleador el recibo de sueldo de la actora acompañado a fs. 31..." "y lo aportado por los diferentes testimonios incorporados en la causa quienes sostuvieron en mayor o en menor grado que ambos cónyuges se encontraban a cargo del comercio donde trabajaba la actora...", pues, como lo señala el a quo al referirse a los dichos del excepcionante, "todas las intimaciones cursadas por la actora fueron dirigidas a M. L. R., lo que indicaría que la accionante sabía muy bien quien era su empleadora." -- Refiriéndose a los efectos patrimoniales durante la vigencia de la sociedad conyugal, nuestra jurisprudencia tiene dicho que los mismos "se reducen a la restricción del art. 1277 del Código Civil y a la división de los gananciales por mitades al disolverse el régimen. El art. 5 de la Ley 11.357 fija la esfera de responsabilidad de cada cónyuge en forma negativa, esto es, mediante la enunciación de las obligaciones con terceros de las cuales no responden; por tanto, invirtiendo el asunto, cada uno de ellos responde con sus bienes propios y los gananciales que administre por las deudas que haya contraído, de manera que esta responsabilidad ante terceros compromete todo el caudal de su administración, se componga éste de bienes gananciales o propios, más allá de la imputación final de la deuda como propia o ganancial". (Cámara del Trabajo y Minas de Santiago del Estero, Sala 001, en autos "D.J c/ V.R s/ Jornales impagos, etc.", sentencia N° 10772, de fecha 13 de mayo de 1999, en SAIJ, Sumario N° Z0105961).

Conforme a lo que sobre este agravio dejo expuesto, tengo para mí que la sentencia debe ser modificada haciéndose lugar a la excepción de falta de legitimidad pasiva opuesta por el codemandado J .C. Así lo voto.-- Aunque no lo incluyeran en la enunciación inicial de sus agravios, también se quejan los recurrentes por lo que individualizan bajo la expresión "Respecto de los salarios", y de cuyo desarrollo colijo que la queja está dirigida a que el a quo tiene por cierto que, entre otras tareas, la actora desempeñaba las de cajera.-- Al respecto y atento a las consideraciones que siguen, anticipo mi convencimiento de que en este punto el recurso debe ser declarado desierto (art. 266 C.P.C.C.) y la sentencia confirmada sobre el particular.- En efecto; el párrafo con el que en tal sentido aquellos procuran revertir el fallo no pasa de ser una enunciación genérica de disconformidad con lo resuelto, desde que, si en ella no se arrima un serio elemento de convicción en apoyo de tal aserto, no puede tenerse por una crítica concreta y razonada, tal como lo manda el art. 265 del ordenamiento ritual, la mención de que "todos los testigos, presentados por los demandados, han coincidido que la única que manejaba la caja era la dueña la farmacéutica M .R, no así la actora", y que "Este aspecto el juez de grado lo ignora totalmente, de allí su parcialidad en la apreciación de la prueba testimonial, ya que imbuido del espíritu del derecho laboral, es más fácil darle la razón al trabajador (aunque no la tenga) que a la contraria".

Ello, con mayor razón cuando el sentenciante ha expuesto con suficiente claridad las constancias y argumentación en que funda su criterio, lo que permitía a los quejosos articular la defensa que creyeran pertinente, lo que no han hecho.-- Es que acorde con lo que constituye pacífica jurisprudencia de nuestros tribunales, la que ha sido invariablemente reiterada por este Cuerpo, en casos como el de autos he dicho que "la mera disconformidad con lo resuelto en la sentencia no basta para poner en marcha la función revisora que encierra la apelación, toda vez que la Alzada necesita saber, en tal sentido, cuáles son las razones jurídicas que, a criterio del recurrente, pueden hacer atendible su pretensión..." (S.D.C. 02/03 CANO y 07/05 CANO, entre otras).

Finalmente, discrepan también los recurrentes con el hecho de que, según dicen, la sentencia "hace lugar a todos los rubros reclamados", manifestación que, conforme al modo y al orden en que desarrollan y exponen sus agravios, asocio al contenido del punto 6 del escrito en estudio, de cuyo muy escueto texto rescato que estando probado en autos que los demandados "han puesto a disposición de la actora el certificado de servicios y remuneraciones", conforme allí se dice, "resulta improcedente la condena de este rubro".-- Sin embargo, de la lectura de la sentencia surge que si bien el punto en disputa ha sido tratado por el judicante disponiendo la procedencia de la entrega del certificado que prescribe el art. 80 L.C.T., ello ocurre en los considerandos del fallo, no así en la parte resolutiva o dispositiva del mismo, en la que nada se dice al respecto.

Sabido es que el fallo propiamente dicho está dado por la parte dispositiva de la sentencia, en la que "se sintetizan las conclusiones establecidas en los considerandos y se resuelve actuar o denegar la actuación de la pretensión procesal", lo que debe hacerse, según lo exige la manda legal del inc. 6° del art.163 C.P.C.C., en forma expresa, positiva y precisa respecto a las acciones deducidas en la litis y con ajuste a las causas invocadas (Ver Palacio -Alvarado Velloso, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", Rubinzal - Culzoni Editores, Santa Fe, 1992, Tomo Cuarto, pág. 407), exigencias aquellas que obedecen al derecho que le asiste a quien recurre de conocer cabalmente los fundamentos del fallo que entiende lo perjudica.-- De allí que si bien es cierto que conforme a jurisprudencia que transcriben los autores a que me refiriera más arriba (ver pág. 75 de la misma obra), "El agravio, finalmente, debe encontrarse localizado en la parte dispositiva de la resolución, siendo inapelables, por lo tanto, los considerandos de aquella" (en igual sentido ver Adolfo A. Rivas, "Tratado de los recursos Ordinarios", Abaco, Bs. As. 1991, Tomo 1, pág. 377/378), en la parte dispositiva de la sentencia en crisis se ha omitido - tal como quedara señalado -, el aspecto contra el que está dirigido el agravio en estudio, a lo que se agrega el hecho de que, como lo sostienen los recurrentes, el certificado de marras fue oportunamente puesto a disposición de la actora, por lo que la queja que ahora esgrimen no constituye agravio toda vez que ella está dirigida a un aspecto de la sentencia que no ha sido incluido en la condena, careciendo así de virtualidad su tratamiento. Así lo voto.- Que en cuento a su queja respecto a la imposición de las costas entiendo que debe ser desestimada, ya que la acción ha prosperado y no obstante la revocación de la sentencia en cuanto a la solidaridad dispuesta, la demandada ha resultado perdidosa, por lo que por aplicación del art. 68 del C.P.C.C. así debe resolverse.-- A igual cuestión el Dr. Margara dijo:

Vienen los presentes actuados a este Tribunal en razón de haber sido apelada por la parte demandada a fs 429 la sentencia dictada con fecha 20 de diciembre del año 2004, la que fuera registrada bajo el número 102 del mismo año y que glosa a fs. 419/423.- Mediante el memorial obrante a fs. 432/433, expone la recurrente las críticas que el fallo en crisis le merece, críticas estas que junto con las consideraciones respecto al petitorio obrante a fs. 433 fueron ya resumidas con precisión por el vocal que me precediera en el análisis, razón por la cual obviaré por innecesario su resumen y comenzaré directamente el tratamiento de las mismas conforme el orden en que fueran impuestas.-- Respecto de la primera, mediante la cual se queja en razón de que y durante el proceso se la obligó a acompañar copias de la documental que indica, es mi criterio que tal decisión de la anterior instancia ha quedado, a la fecha, firme y consentida, y ha precluído el derecho de los recurrentes a efectuar ataque alguno a tal decisión del judicante, tanto mas cuando en la sentencia apelada nada se ha resuelto a ese respecto.

Así ello, no puede considerarse como agravio la crítica que ahora efectúa respecto del procedimiento adoptado durante la tramitación del pleito.- En relación a su segunda queja, la que está referida al rechazo de la falta de legitimación pasiva que oportunamente planteara respecto de J. C. C, debo decir que para resolver su rechazo y condenar solidariamente a ambos demandados (esposos), el judicante fundó su decisión en lo normado por el art. 1272 del Código Civil sosteniendo que el bien pertenece a la sociedad conyugal.- Sobre esta cuestión que constituye el meollo del aspecto a resolver para decidir la suerte que correrá el agravio, voy a precisar que durante la unión matrimonial la sociedad conyugal no constituye una persona jurídica distinta de los esposos y que durante su vigencia, cada uno de ellos tiene la libre administración de sus bienes propios y de los gananciales que adquiera, según lo establecido por el art. 1276 y concordantes del Código Civil.-- Además, conforme el régimen establecido por el mencionado artículo y disposiciones del art. 5 de la ley 11.357, los cónyuges responden separadamente por las deudas contraídas frente a los terceros.- El art. 5 de la ley 11.357 consagra indiscutiblemente la regla de la separación de deudas de los cónyuges y de la independencia del patrimonio de cada uno de ellos por las deudas del otro.-- Conforme surge de autos, no me cabe duda que la farmacia era un bien ganancial y que su administración correspondía a la cónyuge, lo que, a mi juicio no podría ser de otra manera atento a lo prescripto por el art. 1 de la ley provincial 481, que preceptúa que las farmacias sólo pueden ser establecidas por farmacéuticos.-- Así ello, se corrobora que aquella, por la época de su adquisición, era un bien ganancial cuya administración correspondía a la esposa de C., y la circunstancia que apuntan las testimoniales respecto a que el marido colaboraba con ella en nada cambia el régimen legal establecido en cuanto al carácter del bien y a las consecuencias patrimoniales que se derivan respecto de quien es su administrador.-- La ayuda prestada por el esposo es, a mi juicio, un simple acto de colaboración y solidaridad conyugal, y no resulta nada extraño conforme a las máximas de la experiencia a las que el juzgador está autorizado a recurrir conforme a las reglas de la sana crítica, para desentrañar la verdad de los hechos, que uno de los cónyuges colabore con el otro.-- Concordante con el plexo probatorio reunido en autos, ver edicto de fs. 297, resulta de aplicación el siguiente fallo que se individualiza como Sumario nro. B 0254017(SAIJ), dictado por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, La Plata, Buenos Aires, Sala 01, Sentencia 95165 del primero de Marzo del 2001, que en lo pertinente dice: " Si un bien aparece como adquirido por uno de los esposos"... casado en primeras nupcias con tal persona...", se presume que se trata de un bien ganancial de su administración (art. 1276 del C. Civil) perteneciente a quien se consigna como "adquirente". En ese caso responderá por las deudas que el mismo contrajo hasta el cien por ciento de su valor. Es que por la deuda contraída por uno de los cónyuges, éste responde frente a los acreedores con los gananciales de administración reservada, y hasta la efectiva partición de la sociedad conyugal (arts. 1275, 1276 Código Civil; 5 y 6 ley 11.357)."-- Así también y conforme la manda del art. 1276 del CC y 5 de la ley 11.357, puede citarse, a los efectos de dilucidar el problema plantado por la solidaridad establecida, el fallo que se individualiza como Sumario nro. 20005836 (SAIJ), dictado por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Formosa, Interlocutorio, 5830 del 13 de marzo del año 2000, que en lo pertinente dice: "Respecto al régimen de los bienes de los esposos cabe señalar, que el art. 5 de la ley 11.357 sienta el principio de la irresponsabilidad de uno de los cónyuges respecto de las obligaciones contraídas por el otro con terceros. Es decir, que la responsabilidad por deudas es, pues, propia de quien las contrajo y afecta su patrimonio con total prescindencia de que los bienes que lo integran tengan calidad de propios o gananciales...".

También cabe agregar a lo dicho el criterio sentado en el fallo que se individualizan como Sumario nro. 50002540 (SAIJ) dictado mediante Sentencia 4034 del 13 de noviembre de 1996, por la Cámara de Apelaciones en lo Civil Comercial y Minería, San Juan, San Juan que en lo pertinente dice: " El régimen adoptado por la ley 17.711, es el de comunidad de gestión separada, y permite extraer la conclusión de que uno u otro de los cónyuges están facultados para obligarse libremente sin concurso del otro, es decir, cada uno de ellos administra y dispone de sus propios bienes y de los gananciales por él adquiridos (art. 1276 del Cód. Civil )...".

También resulta corroborante de lo que acabo de exponer en sustento de mi opinión respecto a la inexistencia de la solidaridad declarada en el punto "B" de la Sentencia en crisis el siguiente fallo que se individualiza como Sumario nro. B2001790 (SAIJ) dictado por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y comercial, San Martín Buenos Aires mediante sentencia, 47666 del 16 de Noviembre del 2000 que en lo pertinente dice: "La sociedad conyugal, en nuestro ordenamiento, es sólo un instituto que opera internamente y surte sus efectos propios en el momento de la disolución, careciendo de entidad propia para asumir el rol de sujeto de derecho, frente a terceros. Ante estos, es cada uno de los cónyuges en forma individual el que se obliga, aunque en el negocio de que se trate ambos lo hubieren hecho en forma mancomunada o solidaria (arts. 1275, Cód. Civ., 5y 6 Ley 11.357).".-- No me caben, entonces, dudas que y conforme el régimen establecido legalmente respecto de los bienes que componen la sociedad conyugal, tal como ha sido expuesto a lo largo de este voto, la única responsable por las obligaciones contraídas frente a la actora es M .L. R.-- A mayor abundamiento también quiero expresar, porque hace a la cuestión, que si bien la demanda fue instaurada contra los cónyuges, la actora llevó a cabo todas sus intimaciones a la Sra. R.-- En consecuencia voy a proponer el acogimiento del agravio interpuesto y la revocación de la sentencia en este aspecto, por lo que la condena recaerá solamente sobre M. L. R, lo que implica la revocación del punto "B" de la misma.- Corresponde ahora entrar la tratamiento de la queja vertida por el recurrente respecto a los rubros que acogiera el sentenciante.

Sobre esta cuestión, el recurrente sólo se limita a efectuar una manifestación general, que no es mas que una muestra de disconformidad respecto a la valoración de la prueba testimonial.

Dicha manifestación no constituye, entonces, una crítica concreta y razonada, en donde expusiera con claridad de qué testimonial surge su disconformidad y cómo o en qué sentido deberían haber sido interpretadas y valoradas las mismas en contraposición a lo sostenido en la sentencia.-- En consecuencia y no reuniendo el agravio vertido los recaudos exigidos por el art. 265 del C.P.C.C. , voy a proponer se declare desierto el recurso, tal como lo decidiera el vocal que me precediera en el análisis.

En el punto señalado con el número "6" en su queja, indica que sus representados pusieron a disposición de la actora el certificado de servicios y remuneraciones, por lo que resulta improcedente se lo condene en tal sentido.- Ni bien se analiza la parte resolutiva del fallo como así también su aclaratoria, advierto que el quejoso yerra en sus apreciaciones, puesto que no se lo ha condenado a la entrega de la mentada documentación, no obstante haberse hecho mención a ello en los considerando del fallo, y al no existir condena no hay agravio al respecto, razón por la cual carece de virtualidad tratar esta cuestión.-- Atento a como ha quedado resuelta la cuestión, no me caben dudas que su queja respecto a la imposición de las costas debe ser desestimada, dado que, y de ello no hay duda alguna, la acción ha prosperado y no obstante la revocación de la sentencia en cuanto a la solidaridad dispuesta, la demandada ha resultado perdidosa, por lo que por aplicación del principio sentado por el art. 68 del C.P.C.C. así debe resolverse.-- A la segunda cuestión el Dr. Rowlands dijo:

Atento lo expresado al votar a la cuestión anterior propongo: A) se declare parcialmente desierto el recurso de apelación interpuesto a fs. 429; B) se confirme parcialmente la sentencia venida en recurso, revocándola en cuanto rechaza la defensa de falta de legitimación pasiva interpuesta por el codemandado J C, haciéndose lugar a la misma, C) las costas en esta Instancia a la demandada (art. 59 y 76 de la Ley 69 y 68 del C.P.C.C.), regulando los honorarios del profesional actuante en esta Alzada, en un 4,25% del monto del juicio a determinarse en la etapa de ejecución de sentencia..- A la misma cuestión el Dr. Margara dijo:- En virtud de lo manifestado al votar a la primera cuestión, considero que corresponde: 1) declarar parcialmente desierto el recurso de apelación interpuesto a fs. 429; 2) confirmar parcialmente la sentencia venida en recurso, revocándola en cuanto rechaza la defensa de falta de legitimación pasiva interpuesta por el codemandado J C, haciéndose lugar a la misma, 3) imponer las costas en esta Instancia a la demandada (art. 59 y 76 de la Ley 69 y 68 del C.P.C.C.), regulando los emolumentos del Dr. C E. D en un 4,25% del monto del proceso a determinarse en la etapa de ejecución de sentencia, por la labor desarrollada en esta Alzada.

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictarse la siguiente:-- -S E N T E N C I A Y VISTO: Por los fundamentos del acuerdo precedente, la Excma. Cámara de Apelaciones del Noroeste del Chubut, resuelve:- 1) DECLARAR parcialmente desierto el recurso de apelación interpuesto a fs. 429.-- 2) CONFIRMAR parcialmente la sentencia definitiva de fs. 419/423 vta., revocándola en cuanto rechaza la defensa de falta de legitimación pasiva interpuesta por el codemandado J C, haciéndose lugar a la misma- 3) COSTAS en esta Instancia a cargo de la demandada (art. 59 y 76 de la Ley 69 y 68 del C.P.C.C.), fijándose los honorarios del Dr. C. E.D, en un 4,25% del monto del juicio a determinarse en la etapa de ejecución de sentencia, por la labor desarrollada en esta Alzada. (art. 14 Dto. Ley 2200).

4) REGISTRESE, notifíquese y devuélvase.- La presente sentencia se dicta por dos Jueces de Cámara por haberse alcanzado la mayoría (arts. 8 y 9 Ley 1130) y no haber hecho uso el Dr. Benjamín Moisá de la facultad que le asiste conforme lo establecido por el art. 271, último párrafo, del C.P.C.C., texto según Ley 4550.- RANDAL C. ROWLANDS C S. MARGARA REGISTRADA BAJO EL NRO. 10 DEL AÑO 2005. CANO.-Irma Alicia Carbó-Secretaria.-