Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-03-17


BENASSI, Bibiana contra MUNICIPALIDAD DE ROSARIO Reg.: A y S t 195 p 275-279.

En la ciudad de Santa Fe, a los diecisiete días del mes de marzo del año dos mil cuatro, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores María Angélica Gastaldi, Rafael Francisco Gutiérrez, Mario Luis Netri y Eduardo Guillermo Spuler, con la presidencia del titular doctor Roberto Héctor Falistocco, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "BENASSI, Bibiana contra MUNICIPALIDAD DE ROSARIO sobre RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN" (Expte. C.S.J. nro. 291, año 1993), de conformidad con el acuerdo celebrado el día diez del corriente mes y año.

A la primera cuestión -¿es procedente el recurso interpuesto?-, el señor Ministro doctor Spuler dijo:

1. Bibiana Benassi promueve recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción contra la Municipalidad de Rosario, tendente a obtener se le abone indemnización por "despido incausado".

Relata que ingresó a trabajar en el mes de enero de 1988, en el carácter de contraprestataria, primero como médica de guardia, cumpliendo funciones en el Hospital Carrasco, y luego como médica de ambulancia en el Servicio Médico Domiciliario de Urgencia (S.M.D.U.); que en agosto de 1991 pasó a desempeñarse como reemplazante, en el mismo cargo, pero asignada al Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias (S.I.E.S.) -organismo que reemplazó al antiguo S.M.D.U.-; y que trabajó con esmero y dedicación, no siendo pasible de sanción alguna.

Dice que cumplía un horario mínimo de 36 horas semanales, con guardias de 24 horas, a razón de entre 6 y 8 por mes; y que, al momento del "distracto", contaba con una antigüedad de 4 años, 2 meses y 16 días.

Explica que ingresó como reemplazante al S.I.E.S. mediante decreto nro. 2284/89; que el carácter de reemplazante no otorga estabilidad y es susceptible de ser revocado por la Administración, pero no en cualquier forma y sin justificar causa alguna, aunque más no fueran "razones de oportunidad o conveniencia"; y que ello no fue lo que ocurrió en su caso.

Expone que el 10.3.1992 se presentó normalmente a tomar servicio, no encontrando su tarjeta de ingreso; que la Jefa de Personal del Hospital Alberdi -sede del S.I.E.S.- le informó que ello obedecía a una orden del Director del Servicio; y que, inmediatamente, formuló denuncia policial.

Al día siguiente -continúa- envió telegrama nro. 232 al Director del S.I.E.S., solicitando se aclarase su situación, bajo apercibimiento de considerar configurada "injuria suficiente para dar(se) por despedida sin causa", sin obtener respuesta; que por telegrama nro. 285 se dio "por despedida" e intimó "el pago de la indemnización correspondiente"; y que también en esta oportunidad la Administración guardó silencio.

Expresa que, ante ello, y a efectos de poner en conocimiento directo al Intendente de la situación, presentó reclamo administrativo en fecha 9.6.1992, tendente a obtener la indemnización que ya había sido solicitada por telegrama; y que, el 12.11.1992, el Intendente dictó la resolución nro. 266, por la que se denegó el pedido.

Puntualiza que los fundamentos en los que se basó la demandada fueron que la calidad de reemplazante no otorga la estabilidad prevista en el Estatuto, siendo susceptible de revocación en cualquier tiempo por la Administración; que el Poder Ejecutivo había dejado sin efecto la autorización concedida por decreto nro. 794, del 8.5.1992, con una adecuada fundamentación que descarta arbitrariedad; y que la recurrente tomó conocimiento de su cese en fecha 10 de marzo, efectuando el reclamo fuera del plazo fijado por la ley, no siendo idóneos los telegramas que invoca.

Remarca que dedujo reconsideración, argumentando que la falta de estabilidad no implica que no deba ser informado el empleado en forma fehaciente de su cesación y de las causas que lo motivan; que la existencia del "supuesto" decreto nro. 794/92 no modifica la conducta arbitraria de la Administración, por cuanto -de existir- nunca le fue notificado, pudiendo advertirse fácilmente que es posterior al hecho cuestionado, cual fue que se le impidió el ingreso al trabajo, toda vez que no se explica por qué se le retiró la tarjeta el día 10.2.1992 si el decreto lleva fecha 8.5.1992; y que es falso que se haya anoticiado de su cese en aquella fecha, pues ese día nadie le manifestó los motivos de la decisión, ni la existencia de un decreto que revocara su nombramiento.

Agrega que, no habiendo acto administrativo expreso, no corre ningún plazo para el administrado; que los telegramas existieron y fueron reconocidos por la Administración, de modo que ésta no puede pretender que no hubo actividad tendente a obtener una respuesta para solucionar el problema planteado; y que hubiera sido muy sencillo para la demandada, una vez recibido el primer telegrama, informarle que existía un decreto por el que se había prescindido de sus servicios, cosa que no hizo.

Entiende que era personal contratado (no permanente); que, como la misma demandada lo admite en su resolución nro. 266/92, para la remoción era necesario "un decreto con adecuada fundamentación que descarte cualquier arbitrariedad o falta de causa en el acto administrativo"; que tal acto debe ser anterior al hecho del despido y debe ser notificado al interesado; y que ninguno de esos requisitos fue cumplido. De ello deduce que la actitud que motivó el despido constituyó una vía de hecho.

Sostiene que, supletoriamente, el personal que no goza de estabilidad se encuentra amparado por el régimen de contrato de trabajo; y que, no encontrando amparo en el estatuto -que no prevé la posibilidad de exigir el reintegro o el pago de indemnizaciones para el personal que no goza de estabilidad-, sólo le resta acudir a aquella normativa.

2. Declarada por Presidencia la admisibilidad del recurso (foja 28), comparece la demandada a estar a derecho (foja 37), y contesta la demanda, pidiendo su rechazo con costas (fojas 40/41).

Luego de negar todos los hechos invocados por la actora que no reconozca expresamente, admite que Benassi se desempeñaba como reemplazante, cumpliendo -a la fecha de su cese- tareas dentro de la estructura del S.I.E.S.; y que su designación fue dejada sin efecto a partir del 6.3.1992, mediante decreto nro. 794, del 8.5.1992, con fundamento en "irregularidades en el cumplimiento de sus funciones, resintiendo de esta manera el servicio al cual se encuentra afectada...".

De ello extrae que el acto que dispuso el cese no es arbitrario ni infundado, negando que se tratara del ejercicio de vías de hecho que den lugar al reclamo indemnizatorio impetrado, cuyo encuadre legal rechaza por improcedente.

Al respecto, invoca el artículo 2 inciso "a" de la ley de contrato de trabajo, que establece la inaplicabilidad de sus normas respecto de los dependientes de la Administración Pública.

Asevera que, al dictar el decreto nro. 794/92, el D.E.M. actuó dentro de sus atribuciones y de conformidad con el artículo 40, inciso "8", de la ley 2756, razón por la cual no puede tenerse por arbitrario o incausado el acto en cuestión.

Destaca que ninguna de las actuaciones administrativas promovidas por la actora están dirigidas a enervar el aludido decreto, del que se manifiesta sabedora, al referir reiteradamente al mismo; que con tal inacción consiente el acto y contribuye al carácter de cosa juzgada de lo por él dispuesto; y que toda su actuación refiere a una pretensión indemnizatoria totalmente ajena a la materia contencioso administrativa.

Finalmente, solicita el rechazo de la demanda, con costas.

3. Abierta la causa a prueba, producida la que consta en autos, y agregados los informes de las partes (fojas 78/86 y 87/88), se llaman autos para sentencia (foja 89). Firme dicha providencia, queda la causa en estado de ser resuelta.

4. A tales fines, corresponde inicialmente remarcar que las partes coinciden en que el vínculo jurídico que las unía era una relación de empleo público regida específicamente por el estatuto ley 9286, que la actora era agente no permanente, y que en consecuencia no se hallaba amparada por la garantía de la estabilidad.

Mas la recurrente -y con ello disiente la demandada- postula, básicamente, que la ilegitimidad del "cese" dispuesto "de hecho" a partir del 10.3.1992 -mediante el retiro de la tarjeta con la que registraba su ingreso y la falta de contestación de los sucesivos telegramas que envió- genera el derecho a percibir la indemnización por "despido incausado" prevista en la ley de contrato de trabajo, como derivación de la genérica protección constitucional contra el "despido arbitrario", y dado que el estatuto específico no prevé la posibilidad de exigir el reintegro o el pago de indemnizaciones para el personal que no goza de estabilidad.

No le asiste razón en tal planteo.

En efecto: la ley de contrato de trabajo no resulta aplicable en principio a casos como el de autos, ya que -como lo destaca el Municipio- el artículo 2, inciso "a", de dicho cuerpo legal excluye de su ámbito a "los dependientes de la Administración Pública nacional, provincial o municipal, excepto que por acto expreso se los incluya en la misma o en el régimen de las convenciones colectivas de trabajo", supuestos estos últimos que ni se invocan ni se advierten configurados en la especie.

A ello cabe agregar que la ley de contrato de trabajo resulta un ordenamiento en principio por completo extraño al que -según lo admite la propia actora- rige el caso (criterio de "Gargatagli", A. y S. T. 156, pág. 202, y "Martorell", T. 156, pág. 237).

Este Tribunal tiene dicho -in re "Mule", A. y S. T. 141, pág. 159- que, al menos en los aspectos atinentes a la constitución y ruptura de la relación de empleo público, no pueden transferirse sin más los principios que sustentan aquella ley, por razón de los distintos objetivos o fines que distinguen la actividad de los órganos públicos de los sujetos de derechos en la órbita del ius privado.

Asimismo, ha interpretado muy restrictivamente aun las normas de derecho público que rigen los mencionados aspectos de constitución y ruptura de la relación de empleo público, con fundamento en que "sabido es que la relación de empleo público, concebida y trabada para desarrollo de la función pública..., se ha encontrado históricamente regida por disposiciones especiales de derecho público; y que la circunstancia de que una de sus partes sea la Administración determina ciertos rasgos del vínculo" ("González", A. y S. T. 139, pág. 333).

La indemnización reclamada no podría encontrar sustento, tampoco, en las previsiones del régimen específicamente aplicable. Al respecto, de las constancias obrantes en autos surge que por decreto nro. 2284, del 22 de noviembre de 1989 (f. 37, expte. adm.), el Intendente Municipal de Rosario resolvió "autorizar" a la Dra. Bibiana Benassi a "realizar reemplazos en el área de la Secretaría de Salud Pública" (artículo 1), dejando "expresamente establecido que la Dirección de cada hospital donde se desempeñe" debería "informar a la Dirección General de Personal el período en que realizó el reemplazo, y el nombre del titular" (artículo 2); se previó además la imputación presupuestaria del "gasto que demande el cumplimiento del presente" (artículo 3).

Conforme se expresa en los "vistos" del citado acto administrativo, dicha autorización obedeció a la necesidad de "contar con personal transitorio a fin de cubrir las guardias en los distintos hospitales cuando los profesionales titulares usufructúan licencias previstas en la reglamentación vigente".

Ello da la pauta -de manera similar a lo que ocurrió en los precedentes "Felibert" (A. y S. T. 139, pág. 115) y, en lo pertinente, "Mule" (citado)- de que la situación de la recurrente encuadra en el artículo 9 de la ley 9286, que define al personal transitorio como aquel que se emplea para la ejecución de tareas de carácter temporario o eventual, que no pueden ser realizadas por el personal permanente sin que se resienta la normal prestación de sus funciones específicas.

Y bien: siendo que llevan razón las partes cuando concuerdan en que la actora no estaba amparada por la estabilidad, pues el artículo 15 -Anexo I- de la ley 9286 la excluye de entre los derechos de que goza el personal no permanente, la indemnización reclamada no podría encontrar sustento en la previsión del artículo 23 inciso "a" del estatuto, que establece que "el personal tiene derecho a indemnizaciones" ... "por haber sido afectado su derecho a la estabilidad ... por causas no determinadas en este Estatuto...".

Por todo lo expuesto voto, pues, por la negativa.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Gutiérrez, Gastaldi, Netri y el señor Presidente doctor Falistocco expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro doctor Spuler y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión -en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?-, el señor Ministro doctor Spuler dijo:

Atento el resultado obtenido al tratar la cuestión anterior, corresponde rechazar el recurso interpuesto, imponiendo las costas a la actora (artículo 84, ley 4106).

Así voto.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Gutiérrez, Gastaldi, Netri y el señor Presidente doctor Falistocco dijeron que la resolución que correspondía dictar era la propuesta por el señor Ministro doctor Spuler y así votaron.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Rechazar el recurso interpuesto, con costas.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

Fdo.:FALISTOCCO-GASTALDI-GUTIERREZ-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)