Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-23


SENTENCIA DEFINITIVA Nº 73983 . SALA V. AUTOS: "MIEREZ, NATALIA SOLEDAD C/ BARQUIN, MONICA NOEMI S/ DESPIDO" (Jdo. Nº 70) En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, a los 23 días del mes de marzo de 2012, se reúnen los señores jueces de la Sala V, para dictar sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente; y el DOCTOR ENRIQUE NÉSTOR ARIAS GIBERT dijo:

I. Contra la sentencia de fs. 280/292 apela la parte demandada a fs. 296/301vta. con réplica de la contraria a fs. 304/306.

Por razones de índole estrictamente metodológica, comenzaré analizando el agravio vertido por la apelante en torno a las causales invocadas por la trabajadora como fundamento de su decisión rupturista, a saber: a) negativa de tareas; b) incorrecto registro de categoría laboral y diferencias de salarios en virtud de ello; c) falta de pago de comisiones adeudadas y d) salarios por horas extras, trabajo nocturno y días domingos.

Cabe recordar ante todo que cuando se invocan varias causales como fundamento del distracto, es suficiente la demostración de una de ellas si resulta de entidad suficiente como para impedir la prosecución del vínculo laboral. Esta valoración debe realizarla el juzgador teniendo en cuenta los parámetros de causalidad, proporcionalidad y oportunidad y el hecho para constituir una justa causa de despido debe revestir una magnitud de suficiente importancia para atribuir la disolución de la relación al incumpliente.	El desconocimiento de la real categoría de la trabajadora por parte de la demandada reviste tal entidad, por cuanto no se trata de un mero incumplimiento formal, sino de un verdadero agravio desde el momento en que el trabajador se ve perjudicado al no abonársele su salario en la medida de las tareas efectivamente desempeñadas.

La accionada cuestiona la valoración de las declaraciones testimoniales rendidas por Sánchez (fs. 145), Guzman (fs. 173) e Yrala (fs. 175) pero no logra enervar las conclusiones de la sentencia.

Respecto a Sánchez, el hecho de haber trabajado la testigo solo un mes junto con la actora no descarta per se sus dichos, menos en cuanto se refieren a las labores cumplidas por Mierez por tratarse de un extremo sumamente ostensible que no demanda mucho tiempo para su conocimiento.

En cuanto a Guzmán, no resulta determinante que no haya dicho en momento alguno de su declaración que Mierez era encargada, puesto que a diferencia de lo que afirma la apelante, este testigo mencionó cada una las tareas que dijo haberla visto realizar de las que puede extraerse su categoría.	En cuanto a Yrala si bien es cierto que dijo conocer a la actora por ser ésta "conocida de la familia", no menos lo es que luego dio suficientes razones de los motivos por los que dijo saber las tareas y categoría de aquélla que no llegan concreta y fundadamente cuestionados por la apelante.

La decisión de la actora de romper el vínculo laboral frente a la respuesta obtenida de su empleador consistente en un cerrado desconocimiento de la categoría laboral cuyo debido registro y compensación salarial se pretendía, constituyó injuria laboral en los términos del artículo 242 de la L.C.T., por lo que corresponde confirmar en este aspecto el decisorio apelado.

II. La jurisdicción de la Cámara está limitada por el alcance de los recursos concedidos que determinan el ámbito de su facultad decisoria.

La accionada no cuestiona concretamente los rubros incluidos por la sentenciante de grado en la remuneración utilizada como base de cálculo de los rubros de condena.

El planteo referido a la "falta de pago de comisiones acordadas" fue efectuado exclusivamente en pos de evidenciar la ausencia de justificación de la decisión rupturista adoptada por la dependiente.

En cuanto a las horas extras, considero que no le asiste razón a la accionada en cuanto plantea que si la actora era "encargada" no puede admitirse el reclamo por horas extraordinarias de conformidad con lo dispuesto en la ley 11.544 y su decreto reglamentario 16115/33.

Con la prueba testimonial quedó acreditado el cumplimiento por parte de la actora de horas en exceso de la jornada máxima legal. Nótese que de los dichos de Guzman referidos por la propia apelante se desprende tal exceso, sin que resulte atendible lo expuesto en torno al trabajo por equipos por resultar un planteo novedoso en la litis, al no haber sido invocada tal modalidad de labor al tiempo de responderse la acción (cfr. 277 CPCCN; ver fs. 52/57).

El artículo 3º inciso a) de la ley de jornada de trabajo en su texto originario excluía de su normativa al "personal de dirección y vigilancia", términos particularmente polisémicos.

Pero la polisemia de un término no determina que cualquier interpretación sea válida o, con más precisión, preferible. Para ello debe tenerse presente el contexto de la enunciación que implica en primer término que estamos hablando de una excepción al régimen general de jornada, lo que importa una interpretación restrictiva de aquello que configura la excepción y, en segundo lugar la norma del artículo 9 RCT que establece la interpretación más favorable al trabajador.

Por otra parte, el artículo 11 del decreto reglamentario de la ley de jornada (nº 16115/33) establecía en su primer párrafo, incisos a) y b) el alcance de la denominación "empleados de dirección o vigilancia", disponiendo en su última arte que "Las personas enumeradas en este artículo se considerarán exceptuadas a condición de que ejerzan exclusivamente los trabajos inherentes a su denominación".

El destacado anterior me pertenece y obedece al hecho de entender que lo que debe tener preeminencia es la determinación de las tareas que el trabajador efectivamente ejecutaba y si éstas se ajustaban al concepto legal de dirección o vigilancia que consiste en la tareas exclusiva de dirigir o vigilar la actividad de otros empleados subordinados a él jerárquicamente y controlar la afectación debida de los bienes de la empresa puestos a su cuidado.

La modificación introducida por la ley 26.597 (B.O. 11/06/2010) al citado artículo 3º de la ley 11.544 termina de aclarar la cuestión al disponer que la excepción opera cuando se trate de "directores y gerentes".

Incumbía entonces a la demandada demostrar los presupuestos de tal excepción y, a mi juicio, éstos no surgen de las constancias de autos pues si bien quedó acreditado mediante las declaraciones testimoniales analizadas por la juzgadora de grado que la actora no era "ayudante de sandwichero" como estaba registrada por la accionada sino "encargada", las tareas que efectuaba en tal carácter no eran exclusivamente de dirección pues, según lo declarado por los testigos, entre otras, también atendía a los clientes (ver testimonios de Sánchez y Guzman).

De ahí que no pueda considerarse a la actora alcanzada por la aludida excepción y corresponda confirmar en este aspecto el decisorio apelado.

III. La demandada cuestiona la condena a abonar la multa prevista en el artículo 10 de la Ley Nacional de Empleo y le asiste razón en su queja en la medida que no se ha verificado el tipo legal consistente en la registración de remuneraciones inferiores a las percibidas por el trabajador. Es cierto que se registran remuneraciones inferiores a las devengadas en virtud de la real categoría ostentada y por la falta de cómputo de las horas extras efectuadas, pero el tipo requiere que la registración sea inferior a la percibida, la mención que a las remuneraciones devengadas hace el art. 10º LNE se refiere a la determinación de la sanción legal por haber incurrido en el tipo que determina la multa -tipo que, cabe destacar, no contempla a la categoría laboral-.

Por el contrario, corresponde confirmar la condena a abonar la multa del art. 15º LNE, ya que la actora se consideró en situación de despido dentro de los dos años de cursada la intimación y la empleadora no ha demostrado que su conducta de no reconocer la categoría laboral y no abonar las horas extras adeudadas no ha tenido por objeto inducirla a considerarse en situación de despido.

IV. Por último, el planteo formulado por la accionada en torno a los certificados y multa previstos en el artículo 80 RCT -t.o. según art. 45, ley 25345- no resulta admisible por no haber sido sometido a consideración oportuna de la sentenciante de grado -ver fs. 52/57- (cfr. art. 277 ya cit.).

V. En definitiva, en virtud de todo lo hasta aquí expuesto, corresponde deducir del monto diferido a condena en la instancia anterior la suma de $ 11.483,70 en concepto de multa artículo 10 LNE (según fs. 158vta.), lo que arroja un total de $ 133.443,14, cifra que llevará los intereses dispuestos por la juzgadora de grado por llegar firmes a esta alzada.

VI. No obstante la modificación propuesta, no hallo mérito para apartarme del principio objetivo de la derrota plasmado en el artículo 68 CPCCN, por lo que habré de confirmar la forma en que fueron impuestas las costas en la sede de grado.

VII. Las costas de alzada serán impuestas a cargo de la recurrente sustancialmente vencida (cfr. art. 68 cit.) y fijaré los honorarios de los letrados intervinientes en esta instancia en el 25%, respectivamente, de lo que les corresponda percibir por las tareas efectuadas en la etapa anterior (art. 14, LA).

LA DOCTORA MARIA C. GARCÍA MARGALEJO manifestó:

Adhiero a la propuesta del primer voto en lo que respecta a horas extra por compartir el argumento relativo a que no está probado que la actora realizara, exclusivamente, tareas de dirección.

No coincido con el primer voto en cuanto a la indemnización art. 10 L.N.E.; según la sentencia -y ello no lo encuentro desvirtuado en los términos del art. 116 L.O. conforme lo que además diré infra- la accionante cobraba sueldo "y la comisión en negro, que no figuraba en el recibo"; la jueza tuvo por acreditada tal modalidad (fs. 290). En tales condiciones sí es procedente la reparación art. 10 antes mencionada.

Por similar razón, y aunque no comparto lo expresado por el distinguido colega preopinante en el último párrafo del punto III de su voto sobre el alcance del art. 15 L.N.E., lo cierto es que de acuerdo con lo que he expresado en el párrafo anterior, resulta insustancial sumergirse en tal análisis, ya que la existencia de pagos marginales torna procedente la indemnización del art. 15 cit.

El agravio de fs. 299 vta./300 punto c no me parece atendible pues el testigo Guzmán no habla solo por comentarios de la accionante; este declarante que era sandwichero en el lugar, a fs. 174 claramente expresó que a la actora le daban un sobre cuando llegaba el supervisor, quien traía la planilla y "le daba el sobre a Natalia".

En lo demás, por análogos fundamentos a los que lucen en el voto que antecede a ello adhiero, con la siguiente salvedad. Como propondré en definitiva confirmar el fallo, hay que tratar la apelación del punto 6 de fs. 301. La lectura de dicho punto revela que, en lo que hace a costas, el memorial carece de los mínimos requisitos del art. 116 L.O., por lo que nada debería modificarse al respecto. En cuanto a los honorarios (fs. 291), teniendo en cuenta el mérito e importancia de las labores, monto involucrado, etapas procesales (hubo alegatos) y arts. 38 L.O. y 1, 6, 7, 9, 19, 37 y 39 ley 21.839 y decreto-ley 16.638/57, los emolumentos cuestionados no son altos.

Las costas de alzada deberían imponerse a la parte demandada apelante (art. 68 C.P.C.C.N.) y regularse los estipendios de los Dres. Antonio Edgardo Carabio y Lucas Freixas en los porcentuales de 3% y 4% respectivamente, a calcular sobre el monto definitivo de condena por capital e intereses (art. 14 L.A.).

EL DOCTOR OSCAR ZAS manifestó:

I) En lo que es materia de controversia entre mis distinguidos colegas preopinantes, por análogos fundamentos adhiero al voto de la Dra. García Margalejo.

II) En las demás cuestiones que motivan la intervención de la Alzada, me abstengo de votar al respecto (conf. art. 125, L.O.).

En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL POR MAYORIA RESUELVE: 1º) Confirmar la sentencia de 1ª instancia en todo lo que fue materia de recurso y agravios. 2º) Costas y honorarios de alzada conforme lo sugerido en el último párrafo del segundo voto de este acuerdo. 3º) Reg., not. y dev. Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mí, que doy fe.

Enrique Néstor Arias Gibert María C. García Margalejo Juez de Cámara Juez de Cámara Oscar Zas Juez de Cámara