Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-06-09


MENDEZ, Jorge Alberto Luis y otros contra PROVINCIA DE SANTA FE Reg.: A y S t 197 p 345-355.

En la ciudad de Santa Fe, a los nueve días del mes de junio del año dos mil cuatro, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores María Angélica Gastaldi, Rafael Francisco Gutiérrez, Mario Luis Netri, Eduardo Guillermo Spuler y Rodolfo Luis Vigo, con la presidencia del titular doctor Roberto Héctor Falistocco, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "MÉNDEZ, Jorge Alberto Luis y otros contra PROVINCIA DE SANTA FE sobre RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN" (Expte. C.S.J. nro. 403, año 1.993), de conformidad con el acuerdo celebrado el día dos del corriente mes y año.

A la primera cuestión -¿es procedente el recurso interpuesto?-, el señor Presidente doctor Falistocco dijo:

1. Jorge Alberto Luis Méndez, Jorge Alberto Ramón Díaz, Alberto Julio César Moreira, Rodolfo José Taborda, Carlos Alberto Cuatrin, Julio Alberto Moreira, Pedro Rubén Morales, Alcides Manuel Villalba, Manuel Mario Asension, Carmelo David Osvaldo Favaccio, Carlos Mendoza, Jorge Alberto Eguiazu, Julio César Chiapello, Delfino Tomás Luque, Juan Carlos Garello, Luis Alberto Segovia, Alfredo José Lombardo, Héctor Eulogio Domínguez, José Evaristo Andrés, Augusto Angel Perini, Rubén Osvaldo Salmerón, Adalberto Ricardo Canalis, Juan Abraham Bolgiani, Edgardo Alcides Taboro, Teresa Gani de Gutiérrez, Eduardo Marcos José Posadas, Relatan que son empleados de la Dirección Provincial de Vialidad de la Provincia y que, a los haberes correspondientes al mes de setiembre del año 1.990 los percibieron fuera de término "en una época de tremenda inflación, flagelo que asoló al país en los últimos años, con la consecuente pérdida del poder adquisitivo de la moneda, período en que dicho fenómeno devoró los salarios percibidos".

Expresan que interpusieron los recursos administrativos pertinentes y, sustanciados que fueron los mismos, la Dirección Provincial de Vialidad emitió la resolución I 043/92, que -aclaran- fue oportunamente recurrida mediante los recursos de revocatoria y apelación (expte. adm. 16101-0011865).

Refieren que al interponer los mencionados recursos solicitaron la acumulación de todos los expedientes que se encontraban en trámite por la misma causa, sin que nada se haya resuelto; al respecto acusan la nulidad del decreto y de las resoluciones cuestionadas por entender que no se han agregado los recursos oportunamente incoados.

Plantean, en cuanto al fondo de la cuestión, que las resoluciones I 043/92 y 919/92 de la Dirección Provincial de Vialidad son ilegítimas, injustas e ilegales.

Destacan en tal sentido que, como fundamento de las mencionadas resoluciones, se alega la inexistencia de normas que obliguen a la Administración a abonar los haberes a sus empleados dentro de un plazo determinado, y que la ley 8.525 nada aclara sobre el particular, toda vez que su artículo 29 sólo asegura el derecho a una justa retribución; que la política salarial es de resorte exclusivo del Poder Ejecutivo; que la Administración no tiene plazo específico y obligatorio para el pago de los haberes a su personal, por lo que se entendió que cumple con esta obligación en la medida que la cancelación de la deuda se efectúe durante el transcurso del mes siguiente al que se prestó el servicio.

Califican como "pretensos" a los argumentos brindados por la Administración ya que, por una parte, la legislación a que se alude carece de vinculación, resultando inaplicable a las relaciones laborales existentes entre las partes, y por otra, en razón de que la ley 8.525 rige las relaciones de los empleados públicos con el Estado, pero no ocurre lo mismo en el ámbito de la Dirección Provincial de Vialidad, en donde entienden que las relaciones se rigen por la ley 20.744 y el Convenio Colectivo de Trabajo 55/89.

En abono de dicha postulación refieren a la ley provincial 9.217, por la que la Provincia de Santa Fe adhirió al régimen previsto por la ley nacional 20.320 (Estatuto Escalafón para agentes viales), al que atribuye un ámbito de aplicación comprensivo tanto de la Administración nacional como de las provincial y municipal.

Extraen de ello que también resulta de aplicación al "sub examine" la Convención Colectiva de Trabajo 55/89.

Les achacan a las resoluciones I 043/92 y 919/92, así como al decreto 1.317/93, en cuanto se basan en la ley 8.525, su absoluta nulidad e inconstitucionalidad y no en la legislación realmente aplicable, enmarcada en la ley 20.744 y sus modificatorias, específicamente los artículos 126 y 128, que establecen los plazos en que la patronal debe abonar los haberes a sus empleados, como máximo a los cuatro días de vencido el período laborado.

De lo afirmado infieren que el pago de los haberes a sus agentes por parte de la Dirección Provincial de Vialidad excediendo dicho plazo, fue extemporáneo, y consecuentemente, deben actualizarse -teniendo en cuenta el proceso inflacionario vivido en esa época que deterioraba el poder adquisitivo de la moneda- y aplicarse los intereses moratorios -en atención a que la mora es automática y no requiere de interpelación judicial o extrajudicial alguna-.

Alegan que las remuneraciones para ser justas deben ser oportunas, y que atento a las circunstancias planteadas, las que motivan el reclamo no lo han sido en tanto se abonaron fuera de término.

Señalan que en sentido similar al postulado se ha expresado la Provincia, por intermedio de Fiscalía de Estado, en sus dictámenes 63/89, 87/90 y 115/90, reconociendo, con fundamento -a su vez- en reiterada jurisprudencia del más Alto Tribunal nacional y también del provincial, que la mora del deudor autoriza la actualización monetaria de la obligación pues ella constituye la única manera de restablecer la ecuación económica originariamente pactada.

Se explayan en cuanto al contenido del dictamen 115/90 de Fiscalía de Estado, indicando que "...el no haber dispuesto de sus retribuciones en tiempo ha causado un perjuicio patrimonial porque se ha visto impedido de atender obligaciones contraídas... y que reiteradamente nuestros tribunales tienen resuelto que corresponde revalorizar nuestras deudas dinerarias por la depreciación monetaria".

Insisten en que no pueden omitir recordar que la propia Provincia cobraba recargos y actualizaciones e intereses de impuestos, lo cual es incongruente con su actitud de obrar del mismo modo respecto de sus obligaciones.

Ingresando al análisis de los expedientes administrativos, y con relación a las resoluciones I 043/92 y 919/92 de la Dirección Provincial de Vialidad, postulan que son total y absolutamente nulas.

Hacen hincapié en la inexistencia de dictamen alguno, tanto de Asesoría Letrada de la Dirección Provincial de Vialidad o del Ministerio de Obras, Servicios Públicos y Viviendas, como de Fiscalía de Estado.

Alegan que ello surge de la simple lectura de las actuaciones, indicando que si bien a foja 145 la Jefa de Asesoría Jurídica de la Dirección Provincial de Vialidad se excusa de intervenir, a foja 149 se pronuncia respecto del proyecto de resolución.

Afirman que lo más incongruente y por lo cual acusan la nulidad de la Resolución I 043, es que en uno de sus parágrafos brinda como motivación un dictamen de Asesoría Jurídica del Ministerio de Obras, Servicios Públicos y Vivienda -a raíz de la excusación de la Asesoría Jurídica de la Dir. Prov. de Vialidad- no obstante el parecer de dicho órgano consultivo de que "no existe en ninguna parte del expediente antes de esa resolución".

Se interrogan sobre la razón para fundar la decisión en algo inexistente, expresando que no la hay, lo cual la hace incomprensible, ilegítima, ilegal, injusta e inconstitucional.

Agregan que, además no hubo dictamen de Fiscalía de Estado, ya que sólo se encuentran agregadas fotocopias de dictámenes emitidos en otros expedientes.

Puntualmente, en cuanto al decreto 1.317/93, proponen su ilegitimidad por falta de fundamento válido en que sustentarse, invocando para ello las razones que seguidamente se indican.

En primer lugar, afirman que en sus considerandos, se sostiene que "Fiscalía de Estado ha dado respuesta a planteos idénticos en el sentido de rechazar el recurso intentado (Dictamen nro. 28/91).

A los términos de dichos pareceres se remite por ser de aplicación al caso".

En segundo término, expresan que se brinda como argumento que la Administración no tiene plazo para abonar a sus empleados, cumpliendo con su obligación haciéndolo dentro del mes siguiente al de la prestación del servicio.

Le atribuyen a las resoluciones cuestionadas, violación de los derechos de rango constitucional previstos en los artículos 14 bis, 17 y 18 de la Constitución nacional, que protegen el trabajo, los salarios de los trabajadores, la retribución justa, el derecho de propiedad y "la defensa".

Entienden vulnerado el artículo 31 del mismo ordenamiento constitucional, en tanto consideran aplicable la ley 9.217 -que adhirió al régimen de la ley nacional 20.320- y no la 8.525.

En definitiva, reclaman el pago de actualización e intereses de los haberes correspondientes al mes de setiembre de 1990, que fueron abonados fuera de término.

Para ello, postulan la aplicación de los índices de precios al consumidor dados por el I.N.D.E.C., más el correspondiente interés, invocando para ello lo establecido en el artículo 128 de la L.C.T., lo normado en la ley de convertibilidad y lo dispuesto en la reiterada jurisprudencia de nuestros más Altos Tribunales, nacional y provincial.

2. Declarada por Presidencia la admisibilidad formal del recurso (f. 49/vto.), comparece la Provincia de Santa Fe (f. 56) y contesta la demanda (fs. 58/60 vto.).

Niega que: deban anularse las resoluciones Liminarmente, con relación al planteo inicial de los recurrentes vinculado con su originario pedido de acumulación de los distintos reclamos y constitución de domicilio legal, expresa que el decreto 10.204/58 nada dice al respecto, por lo que postula la aplicación del Código Procesal Civil y Comercial (arts. 340 y siguientes) y que, en tal sentido, no se ha tratado de demostrar el perjuicio causado de acuerdo al artículo 126 del Código citado.

En cuanto refiere a la imputada ausencia de dictámenes a las resoluciones emitidas por la Dirección Provincial de Vialidad (I 043/92 y 919/92), alega que el decreto 10.204/58 no exige -en lo vinculado con el recurso de revocatoria- dictamen jurídico antes de la emanación del acto -art. 42 y siguientes-. Expresa que, no obstante, en el caso, constan dictámenes en relación con ambas resoluciones como surge de fojas 119 y 149 del expediente administrativo.

Por otra parte, y con relación al recurso de apelación, manifiesta la existencia de dictámenes de la Asesoría Letrada del Ministerio de Obras, Servicios Públicos y Vivienda a fojas 153 y 169 del expediente administrativo, y de Fiscalía de Estado a foja 170, lo que a su juicio torna inconsistente el agravio de los recurrentes.

Afirma, por lo demás, la improcedencia de la pretensión de los requirentes.

En este sentido, les imputa prescindir del dato de la situación de emergencia económica en que se encontraba la Provincia a la época en que se originó la reclamación.

Considera que a la época del pago era indubitable la existencia de auténticas circunstancias de emergencia, entendida ésta como una realidad fáctica excepcional en los términos de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (con cita de Fallos: 202:456), y que desencadenó en el dictado de las leyes provinciales 10.472 y 10.798, de emergencia económica.

Refiere a que esa coyuntura era pública y notoria (mencionando el fallo "Peralta"), y que aparece como la justificación válida del ejercicio por parte del Poder Ejecutivo de potestades implícitas que se plasman en el dictado de los "actos necesarios" tendentes a enfrentar la situación excepcional de modo tal de satisfacer los intereses supremos de la comunidad, esto es las exigencias del "interés público" (cita de Fallos: 202:456 y 136:171).

Resalta que se trata de un interés cualificado y correlativamente, de la legitimidad de las limitaciones más severas o la suspensión -mas no la frustración- de los derechos de los particulares, en el sub lite, a la percepción en tiempo oportuno de los salarios.

Estima que puede válidamente afirmarse que la Administración abonó los salarios correspondientes a setiembre de 1.990 dentro de plazos que no violentan, desde la perspectiva de análisis del marco aludido, las pautas de razonabilidad y de proporcionalidad entre medios y fines; ello -afirman- sin entrar a considerar la viabilidad de la aplicación de los términos previstos por los artículos 128 y 137 de la L.C.T. para hipótesis análogas pero acaecidas en circunstancias normales y ordinarias.

Destaca -en lo que califica como argumento esencial que opera como justificación intrínseca- que ante la situación de emergencia social que acuciaba al Estado provincial, una demora prudente en los pagos, encuentra indudable justificación en las medidas que tuvieron que adoptarse para paliar la crisis, más aún cuando contaba con el respaldo jurídico suficiente legitimante de su accionar.

Remite a lo sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación con referencia a que "cuando se configura una situación de grave perturbación económica, social o política que representa máximo riesgo para el país, el Estado democrático tiene la potestad y aun el imperioso deber de poner en vigencia un derecho excepcional (Fallos: 246:23), es decir, un conjunto de remedios extraordinarios (Fallos: 238:76) destinados a asegurar la defensa de los intereses colectivos y el restablecimiento de la normalidad que la existencia misma del sistema requiere".

Afirma que las leyes 10.472 y 10.798 expresamente excluyen de su alcance a los créditos laborales con causa en la relación de empleo público y las prestaciones de naturaleza alimentaria aunque limitado a la suspensión transitoria de la ejecución de sentencias contra el Estado provincial (arts. 43, ley 10.472 y 18, ley 10.798), calificándolo de inaplicable al caso a tenor del carácter excepcional de tales disposiciones y su interpretación restrictiva.

Propicia, en definitiva, el rechazo del recurso, con costas.

3. Abierta la causa a prueba (f. 61) y producida la que consta en autos, informan las partes sobre el mérito de la causa (fs. 103/103 vto. y 104/106).

A foja 125 -en que se presenta nuevo apoderado de los accionantes- comparecen los herederos de Carlos Alberto Savo: Doña Susana Beatriz Lissa y sus hijos Sergio Daniel, Graciela Ramona, Ana María, Isabel Beatriz y Daniela Paola Savo, acompañando copia de declaratoria de herederos (f. 123) y partida de defunción (f. 124).

Dictada (f. 107) y consentida la providencia de autos, queda la causa en condiciones de ser resuelta.

4.a. Como se adelantó, la pretensión de los accionantes consiste en el reconocimiento de diferencias dinerarias que, sostienen, se les adeudan en concepto de actualización de salarios abonados fuera de término, en virtud de haber percibido los haberes correspondientes al mes de setiembre de 1.990 con atraso, con más intereses desde la fecha de la mora hasta la del efectivo pago.

A ello se opone la Provincia demandada, fundamentalmente con base en que en ese momento era pública y notoria la excepcional situación de emergencia en que se encontraba el Estado provincial, declarada por las leyes 10.472 y 10.798, argumentando que en tal contexto el pago de los salarios se hizo dentro de plazos que no violentan pautas de razonabilidad y de proporcionalidad entre medios y fines, agregando que una demora prudente en los pagos en dicha situación de crisis encuentra indudablemente justificación.

Debe mencionarse, en primer lugar que, en lo atinente al instituto de la actualización, este Cuerpo in re "Nesci" (A. y S. T. 113, p. 56) ha expresado que "...no es la mora por parte del deudor que no cumplió con sus obligaciones la circunstancia que habilita y condiciona el reconocimiento del reajuste, sino la variación del valor de la moneda que se da con independencia de aquélla y su fundamento se encuentra en la inviolabilidad de la propiedad, garantizada por el artículo 17 de la Constitución nacional (C-1117, 8.8.1985, 'Cukierman c. Coviella'). No se trata ni de financiar al acreedor ni de hacer mas gravosa la situación del deudor, sino de evitar que el envilecimiento en la moneda producido por el mero transcurso del tiempo, genere un perjuicio en el acreedor recibiendo un capital reducido en su valor adquisitivo real".

Señaló también en el referido precedente que "Pretender el pago de lo adeudado sin la indexación correspondiente implica pretender que injustamente el titular del crédito reciba aquello que le corresponde reducido, con la consiguiente afectación del afianzamiento de la justicia y del derecho de propiedad de raigambre constitucional.

Por ello también, la amplitud con la que la jurisprudencia admitió la oportunidad de la petición de actualización, procurando de esa manera el respeto a la reparación plena y a los 'suyos' comprometidos jurisdiccionalmente (C.S. 'Gobierno Nacional c. Roca de Schroeder', ED 24.11.1976; C.S. 'Camusso c. Perkins', JA 1976-III-228)".

Y si bien, como se ha señalado, es criterio de este Tribunal que no es menester la existencia de mora por parte del deudor en términos de actualización, ello no puede en modo alguno autorizar a que la Administración abone los salarios a sus dependientes en cualquier fecha.

En el caso, tal como surge de la pericia contable obrante a fojas 91/92, los haberes correspondientes al mes de setiembre de 1990 se abonaron a los recurrentes en un 80% el día 5 de octubre de 1990, y, en el 20% restante, el 19 del mismo mes e igual año.

Sentado ello, se advierte que en el ordenamiento administrativo provincial, no se encuentra establecida una norma expresa que establezca el plazo en que la Administración debe abonar los salarios de sus dependientes.

Tampoco existen normas provinciales aplicables por analogía ni principios generales de derecho administrativo ni de derecho público local que permitan resolver la cuestión.

Aclarado ello, debe recordarse que si bien la Ley de Contrato de Trabajo dispone como regla que no es aplicable a los dependientes de la Administración pública nacional, provincial o municipal, no es menos cierto que contempla una excepción al referido impedimento, consistente en que por acto expreso de la Administración se incluya a los agentes a la aplicación de la ley o en el régimen de las convenciones colectivas de trabajo.

Por lo tanto, encontrándose la actividad de los actores contemplada en un convenio colectivo de trabajo -55/89- y habiendo la Provincia adherido por ley 9.217 al régimen de la ley nacional 20.320 (Estatuto Escalafón para empleados Viales), no parece irrazonable a efectos de hallar la justa composición de la causa -donde está en juego una cuestión esencial en la relación de todo empleo, como lo es el pago de la contraprestación de la fuerza de trabajo del empleado- contemplar lo que se dispone en el ámbito del derecho laboral.

Entonces, puede verse que la Ley de Contrato de Trabajo establece que "El pago de las remuneraciones deberá realizarse... al personal mensualizado, al vencimiento de cada mes calendario; ..." (artículo 126), y que "El pago se efectuará vencido el período que corresponda, dentro de los siguientes plazos máximos: cuatro días hábiles para la remuneración mensual o quincenal y tres días hábiles para la semanal" (artículo 128).

Conclusión de lo expuesto es que tratándose en el caso de remuneraciones mensuales, el pago debía realizarse dentro de los cuatro días hábiles siguientes al vencimiento del período correspondiente.

No puede dejar de mencionarse que, teniendo en cuenta lo dicho, que el pago de salarios mensuales efectuado un día 19 del mes siguiente a aquél que se está remunerando, no tiene visos de normalidad, como tampoco podría tenerlo que la suma pagada con ese atraso no debiera ser actualizada.

La demandada formula su oposición a la aplicación de la normativa laboral con fundamento en la situación de emergencia económica que acuciaba al estado provincial, pero dicha emergencia, en principio, no es suficiente en el caso para desconocer el derecho de los actores, quienes se vieron perjudicados por el efecto inflacionario a consecuencia del retardo en el pago de sus salarios.

En ese sentido, debe recordarse la jurisprudencia de este Tribunal -en anterior integración- con relación al artículo 119 de la ley 10.472, consistente en que "la Provincia adhirió "en lo que fuere pertinente, a lo establecido en los artículos 43, 44 y primero y segundo párrafos del artículo 45 de la ley nacional 23.697, cuyos textos se dan por reproducidos en la presente ley".

El artículo 45 de la ley 23.697 establece en su primer párrafo que 'las políticas salariales que se instrumenten a partir del l de agosto de 1989, al personal de la Administración pública.... se trate de personal sujeto o no al régimen de convenciones colectivas de trabajo, deberá expresamente excluir la aplicación de toda fórmula para la determinación de las remuneraciones en función de coeficientes, porcentajes, índices de referencia o cualquier otro medio de cálculo que tenga como base retribuciones distintas a las del propio cargo o categoría, o norma que establezca la automática aplicación de mejores beneficios correspondientes a otros cargos, sectores, categorías laborales o escalafonarias o funciones cuando ellas no se ejerzan efectivamente'" (cfr. criterio de "Kessler", A. y S. T. 146, pág. 474, entre otros).

Al respecto debe fundamentalmente destacarse que la norma mencionada en el párrafo precedente refiere, en concreto, a las políticas salariales que se instrumenten o, en otros términos, al "sistema de remuneraciones", lo que no es materia discutida en la presente causa, en la que se reclaman diferencias en concepto de actualización de remuneraciones.

La circunstancia de que la legislación de emergencia haya vedado la aplicación de coeficientes para la determinación de las remuneraciones, no es fundamento adecuado para el rechazo del reclamo, pues, obviamente, una cosa es cómo debe establecerse una determinada política salarial, y otra muy distinta es la de cómo deben actualizarse las diferencias a favor de los agentes (criterio de "Kessler", citado).

En cuanto al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación invocado por la demandada -al informar sobre el mérito de la causa-, que data del año 1962, no constituye un criterio susceptible de ser aplicado al caso. Basta para así considerarlo con mencionar que del considerando 6 "in fine" de tal decisorio surge que el retardo habido en aquel momento de "penuria general de la Nación" fue soportado por todos los sectores, de modo tal que se hizo expresa alusión al régimen de preferencia que hubiese significado excepcionar de tales demoras a quienes se encontraban amparados por la garantía de intangibilidad de sus remuneraciones.

En virtud de todo lo expuesto, corresponde reconocer el derecho de los recurrentes a que se actualicen los haberes percibidos con atraso.

A tal fin, conforme a la jurisprudencia de este Tribunal (in re "Cabrera", A. y S. T. 196, pág. 315, del 28/4/2.004), cabe utilizar como parámetro de actualización la escala salarial prevista en el decreto 381/91.

4.b. Al informar sobre el mérito de la causa, los recurrentes impugnan la pericial contable realizada a su propuesta y agregada a fojas 91/92, con base en las siguientes objeciones: a) falta de especificación de la moneda tenida en cuenta para la determinación de los rubros; b) falta de mención de los índices tomados para proceder a la actualización y, c) aplicación del interés del 6%, que no es el que corresponde por cuanto a tenor de la jurisprudencia laboral pacífica y unánime oscila entre un 15% y 18% sobre capital actualizado.

Se advierte que la impugnación articulada habrá de prosperar sólo parcialmente.

Se impone aclarar que, en cuanto al primero de los aspectos no lleva razón la impugnante, por cuanto si bien en un examen liminar de la planilla practicada a foja 91 se advierte la omisión en que incurrió el perito en consignar el signo monetario en que se efectuaron los cálculos, del informe pericial que luce a foja 92 se aprecia que el cálculo del monto total adeudado se expresa en "Pesos".

En el mismo sentido, es menester destacar que el impugnante lleva la carga de demostrar que el signo monetario considerado no resulta ser el que debía ser utilizado al momento de practicarse la pericia, y ello no deviene del hecho de no haberse consignado en la liquidación, cuando sí se lo especifica en el informe en que se brinda el resultado de la pericia.

Los impugnantes no especifican ni demuestran en qué medida se los perjudica o dónde radica el perjuicio, como tampoco error en el cálculo por parte del experto.

Corresponde pues el rechazo de la objeción referida como a).

En lo referente al segundo achaque al informe, lleva razón la impugnante, ya que aun cuando en el informe pericial de foja 92 se especifica que las diferencias fueron ajustadas por el índice de precios al consumidor hasta el dictado de la ley de convertibilidad, ningún dato surge tanto del texto del informe como de la liquidación practicada, de los índices numéricos o coeficientes tenidos en consideración para su cálculo, razón por la que debe ser atendido el cuestionamiento.

Por último, el planteo impugnatorio con base en el interés del 6% anual aplicado sobre capitales actualizados durante el período inflacionario, determina la improcedencia con base en ese argumento de la impugnación.

Esta Corte desde antaño considera que el pago de intereses es una consecuencia de la actitud renuente del demandado a cumplir con su obligación no obstante ser constituido en mora (A. y S. T. 91, pág. 483; en similar sentido C.S.J.N., Fallos: 189:422; 255:371; etc.), citados en "Ayala" (A. y S. T. 126, pág. 310), por lo que deben ser aplicados desde el reclamo administrativo a la tasa del 6% (sobre valores actualizados), mas limitados temporalmente hasta el 31/3/1.991. De allí en más, se deberá computar la tasa pasiva promedio mencionada en el articulado del decreto nacional 941/91, o la que en su caso se demuestre pueda corresponder, según reiterado e invariable reconocimiento de este Tribunal.

Por ello, corresponde hacer lugar, con el alcance indicado en las consideraciones precedentes, a la impugnación parcial de la pericia contable practicada en autos.

4.c. Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso -con el alcance indicado en las consideraciones precedentes- y anular el decreto 1.317/93 del Poder Ejecutivo provincial y las resoluciones I 043/92 y 919/92 de la Dirección Provincial de Vialidad.

En consecuencia, condenar a la Provincia de Santa Fe a pagar a los actores en legal forma -y según liquidación que deberá practicarse en un plazo no mayor de treinta días- la actualización de los salarios del mes de setiembre de 1.990, conforme a la escala salarial prevista en el decreto provincial 381/91, hasta el 31/3/1.991, con más intereses a la tasa del 6% anual (sobre valores actualizados) desde la fecha del reclamo en sede administrativa y hasta el 31/3/1.991.

De allí en más, se deberá computar la tasa pasiva promedio mencionada en el articulado del decreto nacional 941/91.

En lo que refiere a las costas, adelanto que deben imponerse en proporción al éxito obtenido, en un 95% a la demandada y en el 5% restante a los accionantes.

En consecuencia, voto por la afirmativa.

A la misma cuestión los señores Ministros doctores Gastaldi, Gutiérrez, Netri, Spuler y Vigo, dijeron que compartían los fundamentos expuestos por el señor Presidente doctor Falistocco y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión -en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?-, el señor Presidente doctor Falistocco dijo:

Atento el resultado obtenido al tratar la cuestión anterior, corresponde declarar procedente el recurso -con el alcance indicado en las consideraciones precedentes- y anular el decreto 1.317/93 del Poder Ejecutivo provincial y las resoluciones I 043/92 y 919/92 de la Dirección Provincial de Vialidad.

En consecuencia, condenar a la Provincia de Santa Fe a pagar a los actores en legal forma -y según liquidación que deberá practicarse en un plazo no mayor de treinta días- la actualización de los salarios del mes de setiembre de 1.990, conforme a la escala salarial prevista en el decreto provincial 381/91, hasta el 31/3/1.991, con más intereses a la tasa del 6% anual (sobre valores actualizados) desde la fecha del reclamo en sede administrativa y hasta el 31/3/1.991.

De allí en más, se deberá computar la tasa pasiva promedio mencionada en el articulado del decreto nacional 941/91.

Las costas habrán de imponerse en el 95% a la demandada y en el 5% restante a los accionantes.

Así voto.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Gastaldi, Gutiérrez, Netri, Spuler y Vigo, dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por el señor Presidente doctor Falistocco y así votaron.

En mérito a los fundamentos de acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Declarar procedente el recurso -con el alcance indicado en las consideraciones precedentes- y anular el decreto 1.317/93 del Poder Ejecutivo provincial y las resoluciones I 043/92 y 919/92 de la Dirección Provincial de Vialidad.

En consecuencia, condenar a la Provincia de Santa Fe a pagar a los actores en legal forma -y según liquidación que deberá practicarse en un plazo no mayor de treinta días- la actualización de los salarios del mes de setiembre de 1.990, conforme a la escala salarial prevista en el decreto provincial 381/91, hasta el 31/3/1.991, con más intereses a la tasa del 6% anual (sobre valores actualizados) desde la fecha del reclamo en sede administrativa y hasta el 31/3/1.991.

De allí en más, se deberá computar la tasa pasiva promedio mencionada en el articulado del decreto nacional 941//91.

Costas, 95% a la demandada y 5% a los accionantes.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

Fdo.:FALISTOCCO-GASTALDI-GUTIERREZ-NETRI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)