Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-03-17


Salta, 17 de marzo de 2010.- Y VISTOS: estos autos caratulados "CARREÑO, María Clara; CARREÑO, Sebastián; CARREÑO, María Mercedes; CARREÑO ORELLANO, Néstor Rubén vs. Schneide, Marta Alicia - Sumario: Cobro de Pesos", Expte. n° 232.101/08 del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial 6ª Nom., Expte. n° 287.356/09 de la Sala III, y C O N S I D E R A N D O El Dr. Marcelo Ramón Domínguez, dijo:

I) La resolución de fs. 77/78 vta. es apelada a fs. 87 por el Dr. David E. Espinosa, quien expresa agravios a fs. 90/91 vta. Dice que en autos es clara la inexistencia de los escritos de fs. 27, 32, 37, 43, 49, 55 y 60 ya que los mismos no están firmados ni por la parte ni por su apoderado; que tampoco se presentó poder alguno con anterioridad a su planteo ni se invocó personería de urgencia en los términos del art. 48 del Código Procesal; que tales actos aparecen firmados por la Dra. Ana Huber como patrocinante, persona distinta al apoderado Dr. Federico Huber. Sostiene que la firma de la mencionada abogada no tiene validez procesal por más que en forma posterior y extemporáneamente se adjunte un poder, el que desconoce por no haber sido otorgado por los actores. Afirma que, de esta forma, los actos posteriores a la demanda están viciados de nulidad; que revisten el carácter de actos inexistentes y que no obstante ello, la sentenciante sin sustento lógico ni jurídico trata de convalidarlos, cuando tal categoría de actos no es susceptible de confirmación o ratificación pues falta un presupuesto que hace a la vida misma de la relación procesal. Cita jurisprudencia de la Corte de Justicia de Salta y también de la Corte Federal.

Se agravia, además, de que se hayan impuesto las costas a su parte por cuanto la contraria fue la que ocasionó el desgaste jurisdiccional; que la letrada firmante no podía desconocer la necesidad de la firma de la parte o de la presentación del poder o de la invocación de la personería de urgencia. A fs. 93/95 replica los agravios el Dr. Federico Alfredo Huber, en ejercicio de la representación acreditada en autos, sin revocar poder, y la Dra. Ana Laura Huber. Dicen que la presentación de la contraria no contiene una crítica concreta y razonada del decisorio que pretende conmover sino que insiste en su original tesitura sin precisar cuál es el concreto interés que el peticionante procura subsanar ni el perjuicio que sufre. No se ha expresado la lesión insalvable que le pudo haber ocasionado los escritos que cuestiona. Que el recurrente omite toda consideración acerca de la conexidad existente entre estos autos y el Expte. 72.062/03 caratulado "Carreño, Néstor Rubén s/Sucesorio" en el cual, al realizar similar planteo al de autos aquél omitió acreditar la representación que invoca siendo que hasta entonces había venido actuando como letrado patrocinante. Que tratándose de expedientes relacionados y que tramitan ante el mismo Juzgado en virtud el fuero de atracción del sucesorio, los abogados en su calidad de auxiliares de la justicia no pueden dejar de tener en cuenta las constancias obrantes en ellos, incluso por imposición del principio de lealtad procesal. Que existen actuaciones en el expediente conexo ya referido en que la Dra. Ana Laura Huber lo ha patrocinado; que más allá de ello reviste calidad de apoderada de Federico Alfredo Huber. Señala que el mandatario de la contraria consintió la intervención de la Dra. Ana Huber en tal carácter, en ocasión de la audiencia celebrada a fs. 256 del juicio sucesorio donde se señaló que la Dra. Ana Laura Húber actuaba como apoderada de Federico Alfredo Húber. Es más, la Dra. Húber ejerce la representación de los actores en el juicio por nulidad de matrimonio. Señala por último, que no se está ante un supuesto de falta de representación ni tampoco se trata de una gestión de urgencia, sino lisa y llanamente de la omisión de acompañar a autos copia rubricada del instrumento acreditativo del carácter que inviste la abogada firmante. A fs. 109/110 vta. se expide la Sra. Fiscal de Cámara Civil en sentido favorable al acogimiento del recurso.

II) Similar planteo al de autos ha sido recientemente resuelto por este Tribunal en el expediente conexo nº 72.062/03 del Juzgado en grado, Expte. CAM nº 165.123/06, que se tiene a la vista. En él se dijo que "... tal como se señala en el auto en crisis, la Dra. Ana Laura Huber ha sido instituida como apoderada por el Dr. Federico Alfredo Húber, en fecha 01 de agosto de 2007, según constancias de fs. 291/292, siendo las presentaciones cuestionadas posteriores a tal apoderamiento. El quejoso no ha cuestionado el alcance del mandato y por ende no hay nulidad que atender en tanto se encuentra justificada la existencia de la representación y además ha sido consentida al no manifestar reparo alguno al proveído de fs. 247 que da respuesta favorable a la petición de fs. 246 en que la Dra. Ana Laura Huber se presenta también como apoderada del Dr. Federico Alfredo Huber, participando de la audiencia de fs. 256 en que se precisa tal circunstancia". Tales consideraciones son aplicables en la especie, tanto por que el sub lite es conexo a aquél donde la contraria consintió la intervención de la Dra. Ana Laura Huber como apoderada del Dr. Federico Alfredo Huber, cuanto por que también aquí los escritos tachados de nulos son posteriores a la fecha de otorgamiento de dicho mandato, según surge de la copia del primer testimonio del Poder agregado a fs. 72/73 del presente.

Como sostiene la parte actora, no se trata de inexistencia de representación, pues ésta existía, sino de la omisión de justificarla. La doctrina y la jurisprudencia han señalado que si el profesional que invoca la representación de una parte no justifica la personería en la oportunidad prevista por los arts. 46 y 47 del C.P.C.C., el juez debe exigir de oficio el cumplimiento de este requisito, fijando plazo para ello, bajo apercibimiento de tenerlo por no presentado (Palacio: "Derecho Procesal Civil", Bs.As., AbeledoPerrot, 1976, tomo III, pág. 68; Colombo: "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", Bs.As., AbeledoPerrot, 1975, tomo I, pág. 131), solución que resulta justificada teniendo en cuenta que la caducidad de derechos debe interpretarse restrictivamente (Fassi: "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", Bs.As., Astrea, 1978, tomo I, pág. 174 n° 382). Y si accediendo a la intimación, se acompaña el poder y se justifica la existencia de representación al momento de invocársela, cabe tener por subsanada la omisión y continuarse los procedimientos (CApel.CC.Salta, Sala III, 19/7/85, tomo año 1985, pág. 775; íd. íd., 19/2/86, tomo año 1986, pág. 47; íd. íd. 13/11/00, tomo año 2000, pág. 795).

En autos si bien no ha mediado tal intimación, la parte ha acreditado con la copia agregada a fs. 72/73 que el mandato existía con anterioridad a la deducción de la demanda, por lo que no hay nulidad que atender.

III) Interpretando la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (caso Colalillo, en Fallos 247-176, caso Cabres, en Fallos 240-99 y J.A. 1958-II238), se ha señalado hay que acordar primacía a la verdad jurídica objetiva e impedir su ocultamiento ritual, como exigencia del adecuado servicio de la justicia que garantiza el art. 18 de la Constitución Nacional (Pedro J. Bertolino: "El exceso ritual manifiesto", La Plata, Lib. Edit. Platense, 1979, pág. 23 y 158; CApel.CC.Salta, Sala III, año 1980 pág. 253; año 1989, pág. 959; año 1992, pág. 247 y año 1993, pág. 527). También se dijo que "abandonado en la actualidad el excesivo formalismo ritual que inspiró el procedimiento en las legislaciones antiguas influenciadas por la tónica aportada por el Derecho Romano, cuanto la desestimación del principio opuesto generado por la Revolución Francesa, con la entronización absoluta de la libertad de formas, el proceso moderno se encuentra imbuido de criterios de elasticidad, flexibilidad y adecuación, que permite adaptarse con mayor precisión a las necesidades de la evolución social. Añádanse a las reglas antes denunciadas el principio de instrumentalidad o finalismo en virtud del cual los actos procesales son válidos en tanto hayan sido realizados de cualquier modo apropiado para la obtención de su finalidad (CApel.CC.Salta, Sala III, año 1993-733 y año 1995-137).

Voto entonces por el rechazo del recurso. Con costas a su articulista (arts. 67 y 68 del Código Procesal).

La Dra. María Cristina Montalbetti, dijo:

Adhiero por sus fundamentos al voto que precede._ Por lo que resulta del acuerdo que antecede, LA SALA TERCERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL I) NO HACE LUGAR al recurso de apelación interpuesto a fs. 87, CONFIRMANDO la resolución de fs. 77/78 vta.. CON COSTAS a su articulista (arts. 67 y 68 del Código Procesal).

II) COPIESE, regístrese, notifíquese y BAJE.