Empleados públicos, jubilación de oficio, compensación especial por jubilación, renuncia al empleo, denegatoria del beneficio
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Vidal, Hugo Norberto c/ Obras Sanitarias Catamarca y/o Estado Provincial s/ Acción Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2003-09-30

El Estado provincial y Municipal, en virtud de la transferencia de la Caja de Jubilaciones de la Provincia a la Nación, han dictado normas -como el Decreto 1126/95- tendientes a facilitar la jubilación o retiro de los agentes de la administración pública, habida cuenta de la necesidad de racionalizar el número de personas dependientes del erario público.

En el derecho previsional rige el principio de que la ley aplicable es la vigente a la fecha de servicios, en el caso, la 4620, que quedaba derogada con fecha 31/7/95.

Ello así, el agente, para poder jubilarse, debía cesar en su servicio mientras estaba vigente la ley provincial, lo que implicaba una renuncia a la función que venía cumpliendo, situación que creaba un riesgo y una desprotección al empleado público ya que, si bien al otorgársele la jubilación se le pagaría con retroactividad al momento del cese, no iba a recibir salario o haber previsional por un lapso prolongado, mientras durara la tramitación de la jubilación, a la vez que corría el riesgo de que, presentada la renuncia, no se le otorgara el beneficio, con la consabida pérdida del empleo.

De ahí que el Estado, interesado en retirar gente de la administración pública, emitió normas que ordenaban pagar, como adelanto de jubilación, un 70% del haber y, en caso de no ser concedido el beneficio, reintegrar al agente una suma de dinero hasta completar lo que hubiera sido su sueldo.

La suma de dinero que percibió el agente recurrente no nació como una obligación del Estado en virtud de una contraprestación como empleado público -es decir, sueldo, pago de una suma de dinero- habida cuenta de que esta persona renunció al cargo, porque si no cesaba, nunca podría haber pretendido la jubilación y porque hay una resolución que lo reincorpora, como dice la ley.

Por eso, la suma que percibió y que debe percibir nace de un acto administrativo de carácter general que reconoce a un particular una suma de dinero, dadas ciertas condiciones que se deben reunir. No hay contrato de empleo público ni ningún tipo de contrato con la administración.

Simplemente, lo que se persigue es el cumplimiento de una obligación de dar y, en este caso, de dar una suma de dinero como se ha obligado. Se le podrá dar el nombre de subsidio, etc., pero la naturaleza jurídica es que la Administración se obliga unilateralmente al pago de una suma de dinero a la que, dadas las condiciones de las normas legales, se hace acreedor el recurrente.

De ello fácilmente se colige que estamos ante una simple negativa del Estado a reconocer a una persona un derecho preexistente, que no necesita para su existencia y ejercicio que le sea reconocido por acto administrativo particular. Por lo tanto, las actuaciones realizadas por la administración son meros pronunciamientos administrativos.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dice que en casos como el de autos no hay un plazo de caducidad, ya que no estamos ante la acción impugnatoria de acto administrativo alguno, sino ante una acción creditoria, siendo la prescripción el único modo de extinción del derecho en virtud del factor tiempo, cuestión no debatida en autos.

Conforme a lo expresado, corresponde condenar a la demandada a pagar la suma de dinero que resulte de integrar al 70% que venía percibiendo un 30% más, que deberá calcularse sobre lo que el agente debió percibir durante el tiempo que duró su desvinculación como empleado público, o sea una suma equivalente a los haberes líquidos que hubiera percibido en caso de haber estado prestando servicios, más el porcentaje por el sueldo anual complementario y un interés del 8% anual, devengados hasta su efectivo pago. (Del voto del Dr. Cáceres: en disidencia)