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Contratos, compraventa de automotores, concesionario (comercial), derechos de las partes, obligaciones de las partes, entrega del bien, mora, responsabilidad del fabricante, responsabilidad del concesionario (comercial), condena a entregar cosas, concursado
Materia: CIVIL-COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Spodo, Pablo Gustavo c/ Guido Guidi SA y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-18

Se verifica que el conflicto que dio origen a las actuaciones excedió el mero desacuerdo de precios, toda vez que se comprobó una práctica abusiva del concesionario, en tanto pretendió hacer valer cláusulas no suscriptas por el consumidor, mediante las cuales el precio podía ser válidamente modificado por el vendedor sin notificación previa, y el plazo de entrega era meramente informativo. Además, el contrato establecía, en el supuesto de que el comprador no integrara el nuevo precio, la pérdida de todo lo abonado hasta ese momento.
Delitos contra la integridad sexual, víctima menor de edad, declaración de la víctima menor
Materia: PENAL
Carátula: R., G. E. c/  s/ abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo reiterado-Ciudad
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2016-09-27

Corresponde condenar al imputado por resultar autor penalmente responsable del delito previsto y penado por el art. 119 segundo y cuarto párrafo letra "B" del Código Penal de la Nación ya que éste era el padre de la víctima, y convivía con ella en el seno de su familia, que ésta a la fecha del hecho tenia entre diez y quince años de edad. Por lo que en los primeros años hasta que cumplió trece años, no podía prestar consentimiento válido y después de esa edad, es indudable la falta de consentimiento de la menor para con estas prácticas a la que era obligada por el autor a someterse. Por los dichos de la menor, en cámara Gesell, se acredito que se trató de una relación no consentida, en la que juega un papel preponderante la inmadurez sexual y el desconocimiento por parte de la niña, logrando el autor su silencio por el miedo que ella tenía a los castigos que recibía.
Recurso de apelación (procesal), tribunal de alzada, facultades de la alzada
Materia: PROCESAL
Carátula: SUCESION DE LORENZO ECHENIQUE c/ ALFREDO MAFUD s/ REIVINDICACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 1992-12-09

El tribunal de alzada, quien es el juez del recurso, es el que, aún de oficio, puede modificar o dejar sin efecto, o rever lo decidido, pues la concesión y trámite del recurso de apelación dispuesto por el a-quo no reviste carácter de definitividad ni vincula al órgano superior que siempre se halla facultado para reexaminar y, eventualmente modificar lo actuado por el inferior
Obligaciones de dar sumas de dinero, desindexación
Materia: CIVIL
Carátula: Romero, Silvina Mónica y Otros c/ Consejo Provincial de Educación s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-04-16

El requisito de previo pago de la suma de lo que el deudor estimaba deber, reclamado por la actora como de procedibilidad de la articulación desindexatoria, es atinada.
Procedimiento administrativo, silencio, acción de amparo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: González, Rosa Haydée c/ Instituto de Seguridad Social y Seguros de la Provincia delChubut s/ Demanda de Nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-12-26

Ante el silencio el ofendido lejos está de encontrarse desprotegido. Así es que puede esperar la decisión administrativa, no importa cuánto ésta tarde -salvo disposición de la Ley, en la Provincia inexistente-, pues mientras no se pronuncie los plazos de caducidad -si los hubiere- o de prescripción, no corren -se interrumpen-. Exigir, por la vía jurisdiccional, que la Administración se pronuncie en el plazo que fije el juez competente, mediante el Amparo por Mora, instituto no regulado en nuestro derecho adjetivo ante la ausencia de Código específico, pero que podría comprenderse, de darse los supuestos, en el Amparo común.
Competencia, obras sociales, juicio de apremio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "ASOCIACIÓN  BANCARIA (SOCIEDAD EMPLEADOS DE BANCOS) c/ Institutode Servicios Sociales Bancarios". s/ EJECUCION LEY 23660
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-04-15

Salvo el limitado marco de los juicios de apremio regulados por el art. 24 de la ley 23.660, no existe norma expresa que habilite el conocimiento del fuero de la Seguridad Social en las causas que versen sobre el Sistema Nacional de Seguro de Salud. En efecto, si bien la ley 24.655 -que creó la Justicia Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social- estableció la competencia de los tribunales del fuero respecto de las causas previamente asignadas a la Justicia Nacional del Trabajo por el art. 24 referido, no realizó un tratamiento general particularizado respecto de los litigios que pudieran involucrar a las Obras Sociales o al Sistema Nacional de Seguro Social de Salud, situación que sí se verifica en relación, por ejemplo, a la materia previsional (art. 2, incs. a, b y c de la ley 24.655). (Del voto de la mayoría. El Dr. Herrero votó en disidencia).
Transporte por agua, responsabilidad del transportador, eximentes de responsabilidad, prueba, carga de la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: IGUAZU CIA. DE SEGS.  S.A. c/ CAPITAN    Y-O   PROPIETARIO  Y-O  ARMADOR  DEL  BUQUE  "THAMESHAVEN" s/ TRANSPORTE  POR AGUA. EXENCION DE RESPONSABILIDAD. CARGA DE LA PRUEBA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-05

Frente a las causales de exención de responsabilidad establecidas en el art. 4to., incs. 1 y 2, de la Convención de Bruselas, corresponde al transportador acreditar su existencia y su relación de causalidad con las averías.-
Empleados públicos, suspensión preventiva
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Soler, José Enrique c/ Municipalidad de Chascomús s/ Demanda contencioso administrativa Castellanos, Juan Carlos c/ Municipalidad de Brandsen s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-03-24|1997-03-18

La suspensión preventiva decretada mientras se sustancia un sumario administrativo no constituye en modo alguno un prejuzgamiento dado que no posee carácter de sanción disciplinaria sino precautoria, y puede válidamente disponerse por la autoridad administrativa por disposición estatutaria, con el objeto de evitar mantener en actividad a un funcionario sobre el que pesa una sospecha.
Recurso extraordinario, límites del pronunciamiento, sentencia arbitraria, revocación de sentencia, revocación parcial
Materia: PROCESAL
Carátula: Cedros Dorados S.A. y otro c/ Styrax S.A. y otros s/ simulación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-23

La anulación de una sentencia apelada por la vía del art. 14 de la ley 48, en los casos en que no se funda en vicios relativos a su condición de instrumento jurídico procesal, sino a defectos de su contenido como acto jurisdiccional decisorio, sólo puede entenderse declarada respecto de las partes viciadas por arbitrariedad sin afectar a las que han quedado firmes.

No cabe admitir que exista indivisibilidad del pronunciamiento, de suerte que la totalidad de él quede afectada por el vicio parcial que funda la procedencia del recurso.
Declaración indagatoria, derecho a conocer el hecho imputado, tentativa, calificación legal, error judicial, falta de mérito, nulidad procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: DEVALLE, Juan J. y otros. s/ PROCESAMIENTO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-03-22

Corresponde la nulidad de la indagatoria, al habérsele descripto el hecho en forma errónea, dado que es relevante que el hecho sea o no tentado o se haya consumado. Disidencia del Dr. Donna
Recurso de inconstitucionalidad, Municipalidad, servicio público, caducidad, jueces, incompetencia, competencia contencioso administrativa, Superior Tribunal de Justicia
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Municipalidad de Rosario c/ Martín Fierro S.R.L. s/ Recurso de inconstitucionalidad - Demanda (Expte. CSJ N. 586-1999)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-08-29

Es improcedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la demandada contra el decisorio del Tribunal A quo que concluyó en la incompetencia de la justicia ordinaria para entender en la contrademanda incoada cuando la postura de la Sala aparece razonable. Es que el recurrente, con su contrademanda, impugna la legitimidad de decretos del ente municipal, esgrimiendo un derecho subjetivo de carácter administrativo proveniente del contrato de concesión sobre una línea del transporte público de pasajeros oportunamente adjudicada, presupuestos que tipifican la competencia que a la Corte local le otorga el artículo 93, inciso 2 de la Constitución Provincial.
Acción de amparo, bien jurídico protegido
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Municipalidad de Rosario e Instituto Municipal de Previsión Social de Rosario c/ Empresa Provincial de la Energía s/ Recurso de Inconstitucionalidad - Amparo (Expte.: C.S.J. Nro. 428 año  2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-10-29

La Constitución Nacional, al reconocer a toda persone el derecho a "interponer acción expedita y rápida de amparo", lo hace con relación a actos y omisiones que "en forma actual o inminente" lesionen, restrinjan, alteren o amenacen con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías consagrados por ella, por un tratado o por ley, reproduciendo así un requisito cuya necesaria verificación ha sido reafirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en reiteradas oportunidades, expresándose con claridad que constituye una doctrina consolidada aquélla según la cual la acción de amparo únicamente procede para la tutela inmediata de un derecho constitucional violado en forma manifiesta; es inadmisible, en cambio, cuando el vicio que compromete garantías constitucionales no resulta con evidencia y la dilucidación del conflicto exige una mayor amplitud de debate y prueba (artículos 1 y 2 , inc. d, de la ley 16.986), requisitos cuya demostración es imprescindible para la procedencia de aquella. Este criterio no ha variado con la sanción del nuevo artículo 43 de la Constitución Nacional.
Recurso de inconstitucionalidad, error material
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BERTERO, ELDA c/ MALPIEDI, EDEMONDO s/ COBRO DE PESOS.   QUEJA   POR  DENEGACIÓN  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 150-83
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-03-14

Frente a la afirmación de la sala A quo de que en la sentencia en que se funda el reintegro reclamado existían elementos probatorios acreditantes de ser el ahora quejoso uno de los condenados, y que se debió a un error material de dicho pronunciamiento antecedente la mención de "Edelmiro" en lugar de "Edelmondo" y que al corregirlo no se menoscaba la cosa juzgada, adolece de defectos de fundamentación la pieza recursoria que no se hace cargo de dichos argumentos y por ende no indica, en relación a sus planteos de apartamiento de los términos de la litis y de violación del principio de congruencia, como pueden configurarse en el caso, dichos vicios.
Acción de inconstitucionalidad, medidas cautelares, igualdad ante la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Wal Mart Argentina S.A. s/ Medida cautelar innovativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-05-26

No confiere verosimilitud suficiente a la situación invocada como lesionada el criterio de la actora que considera que una norma transgrede el principio constitucional de igualdad, si con su desarrollo argumental, y sin que ello implique prejuzgamiento sobre el fondo de la cuestión, no acredita "prima facie" el distinto tratamiento de quienes se encuentran en las mismas condiciones. (Minoría u opinión personal)
Debido proceso, defensa en juicio, nulidad procesal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Moschini, Roberto Mateo y Otros s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-05-16

Luce irrazonable la declarada nulidad si los hechos han quedado delineados en los respectivos requerimientos y las defensas han conocido de qué se las acusa por medio de esas piezas. La nulidad declarada cuatro años después de recibidas las actuaciones, luego de haber efectuado el control que exige el art. 354 CPPN, unido a la ausencia de razones suficientes que demuestren la concreta afectación a las garantías de debido proceso y defensa en juicio, como exclusivo y válido fundamento para tornar viable una declaración de nulidad como la cuestionada, conducen a concluir en que ésta carece de todo sustento, y por ello arbitraria, ya que las defensas no han podido demostrar que desconocían los hechos por los que se las llevó a juicio, atento que la plataforma fáctica no fue modificada.
Confirmación de sentencia, acción de repetición, repetición de impuestos, intereses compensatorios
Materia: PROCESAL - TRIBUTARIO
Carátula: Establecimientos Textiles La Suiza Industrial  S.A. s/ recurso por retardo - impuesto sobre los capitales.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-27

Corresponde confirmar la sentencia que admitió la procedencia de los intereses resarcitorios al prosperar el recurso por repetición, aun cuando no fueron objeto de petición expresa si al no contener el art. 161 de la ley 11.683 (t.o. en 1978) restricción o limitación alguna, cabe entender que involucra también la viabilidad de dichos intereses, con fundamento en el principio que ellos se limitan a retribuir la privación del capital de las sumas que resultaron no adeudarse.
Beneficio de litigar sin gastos, responsabilidad del socio
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: AGUAS PROVINCIALES DE SANTA FE S.A. c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-10-12

Mediante la queja consistente en que debió primeramente declararse la inoponibilidad de la personalidad jurídica para responsabilizar luego a los socios, mencionando que el consorcio ya no subsiste y que no guarda identidad con sus actuales accionistas, la recurrente no asume una crítica concreta a lo razonado por la Cámara respecto a que la sociedad se disolvió por pérdida de capital y se encuentra en liquidación (no contando con medios líquidos y sin actividad), consignando que la carencia de Aguas Provinciales no es de recursos ni de la posibilidad objetiva de lograrlos, sino de liquidez y de activos disponibles, y que esa sociedad fue constituida para acceder a la contratación en su momento con la Provincia, por lo que determinaron que la solución justa y que más se adecua a la real situación de la actora es precisamente la de que puede afrontar los costos y costas del juicio mediante recursos proporcionados por los accionistas -acreedores- que formaron aquel consorcio oferente.
Expropiación, indemnización, intereses, tasa pasiva
Materia: PROCESAL
Carátula: PROVINCIA DE SANTA FE c/ BANCO UNICOR COOPERATIVO LTDO. s/ EXPROPIACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-02-11

Corresponde liquidar intereses sobre la diferencia entre el monto depositado al demandar y el fijado en esta sentencia, a la tasa pasiva promedio mencionada en el artículo 10 del decreto nacional 941/91, desde la fecha de la toma de posesión hasta la del efectivo pago. (Del voto del Dr. Gutiérrez, que hizo mayoría. En disidencia parcial: Dr. Erbetta) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Decreto nacional 941/91, artículo 10
Acción de amparo, improcedencia del recurso, radiodifusión, programa de radio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ballesteros, José s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-04

Es improcedente la acción de amparo promovida a fin de que se ordene la reposición de un programa radial cuya emisión había sido interrumpida, si no se acreditó que los motivos que impulsaron dicha suspensión por parte de la emisora estatal, reunían los recaudos impuestos por el art. 1. de la ley 16.986.
Concursos, proceso de verificación, demanda de verificación, deuda previsional, certificado de deuda
Materia: COMERCIAL
Carátula: LABORATORIOS  FAAT  SRL s/ CONCURSO PREV. S/ INC. DE REVISION PORFISCO NACIONAL AFIP-DGI.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-18

Resulta improcedente la pretensión del fisco de liquidar cierta deuda previsional e impositiva en los términos dispuestos por el decreto 93/00 considerando operada la caducidad cuando, -como en el caso-, surge que dicho organismo reconoció que la deudora en oportunidad de solicitar su concursamiento se hallaba cumpliendo regularmente el pago de las cuotas correspondientes al plan de facilidades del mentado decreto. Ello pues, la apertura de su concursamiento lo inhibió de realizar actos que importen alterar la situación de los acreedores por causa o titulo anterior a la presentación, de modo que se vio imposibilitado de continuar honrando la moratoria, sin que tal conducta pueda calificarse de morosa, dada la veda legal dispuesta por la norma aludida. De modo pues, que el imputado incumplimiento del ingreso de las cuentas del citado plan acaecio declarado el concurso preventivo de la deudora, no correspondiendo otorgar a tal conducta los efectos del decreto 93/00 art. 16 inc. a, en virtud de lo preceptuado por la LC art. 16
Ejecución fiscal, intereses, índices de actualización
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: PROVINCIA DE SAN JUAN c/ Barros, Josué Salomón s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2012-11-06

En el sub exámine, resulta adecuado determinar que los intereses se calcularán conforme lo dispuesto en el Código Tributario, particularmente en el art. 43 bis, inc. `h´, sustituido por el art. 3 de la Ley Prov. N° 8.250 (B.O. 20/12/2011), que textualmente expresa: "Inciso h) Por el período durante el cual no corresponda actualización, conforme a lo previsto en el Inciso a), las deudas a favor de la Dirección General de Rentas devengarán: 1. Un interés resarcitorio mensual, sin necesidad de interpelación alguna, que se computará desde la fecha de vencimiento de la obligación tributaria adeudada por el contribuyente o responsable hasta la fecha en que se pague o se regularice la misma o bien hasta la fecha en que se interponga la demanda judicial para su ejecución.

La tasa de interés resarcitorio mensual será fijada por el Ministerio de Hacienda y Finanzas, a través de la Secretaría de Hacienda y Finanzas, por resolución fundada. 2. Un interés punitorio mensual que se computará desde la fecha de interposición de la demanda judicial hasta la fecha en que se pague o se regularice la obligación adeudada por el contribuyente o responsable.

La tasa de interés punitorio mensual será fijada por el Ministerio de Hacienda y Finanzas, a través de la Secretaría de Hacienda y Finanzas, por Resolución fundada y no podrá exceder en más de un cincuenta por ciento (50%) la tasa de interés resarcitorio mensual que se encuentre vigente".
Jueces, deberes y facultades del juez
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: ZAGO, JUAN CARLOS Y OTRO c/ GOMEZ VDA. DE SALOMON SILVIA DEL VALLE Y OTRA s/ ACCION DE RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO Y REPETICION DE  PAGO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-04-22

Las facultades instructorias que el Código procesal confiere al juzgador, no pueden lesionar el derecho de defensa en juicio ni pueden ser invocadas para suplir la negligencia de las partes. Es que en la dirección del proceso se debe mantener el equilibrio de los litigantes, pues desde el momento en que se otorga una ventaja a uno de ellos a despecho de su actuación y merecimientos procesales, se vulnera la igualdad de las partes en juicio, desde que lo que se concede a uno se resta a los logros del otro.
Habilitación profesional, Colegio Público de Abogados, matrícula profesional, mora, cláusula penal
Materia: CIVIL
Carátula: ANTONINI MODET, Martiniani c/ COLEGIO DE ABOGADOS DE LA CAPITAL FEDERAL s/ ACCION DECLARATIVA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-02-20

A las entidades que representan a los abogados corresponde el derecho de arbitrar todos los medios -incluso los económicos- para cumplir con los fines a que están destinadas. Al respecto, debe existir un correlato equilibrado entre la función de la abogacía, los derechos de matriculación que se deben abonar y la multa a pagar en caso de mora. Por ello, ante lo normado por el art. 656, segunda parte del Cód. Civil y teniendo en cuenta que el propio Colegio de Abogados ha expuesto la necesidad de rever el monto de la multa en caso de mora (Ver "Revista del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, octubre de 1991, n° 41, pág. 14), corresponde disminuir la misma fijándola en un 75 por ciento, para lo que se tiene en cuenta además el extenso ciclo temporal que comprende la multa, que en el caso rige no solamente para un día de mora sino para todo el período vigente de la matrícula.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, libertad de prensa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Gutheim, Federico c/ Alemann, Juan. s/ Recurso de Hecho.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-15

Lo decidido por la Corte respecto de que la conducta cuestionada se encuentra tutelada por los arts. 14 y 32 de la Constitución no importa juicio alguno en relación a la eventual responsabilidad que pueda caber al recurrente en función de los restantes fundamentos invocados en la pieza de inicio, que fueron controvertidos en el responde, sobre los cuales no medió expreso pronunciamiento de la alzada.
Contrato de trabajo, presunción de contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Herrera,  Ram3/4n c/ Asociaci3/4n  Civil  Hecho  Empresa  Social s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-03

La presunción acerca de la prestación de los servicios instituída en el art. 23 LCT y concordantes, tiende a resguardar jurídicamente la situación del trabajador contratado informalmente, sin embargo ello no puede conducir a presumir la subordinación como tal en cualquier situación, ya que en orden a ello juegan factores de actitud y condiciones personales de los protagonistas que permitan perfilar la efectiva prestación de tareas en un vínculo laboral dependiente (Conf. Arg. arts. 21, 22 y 23 LCT; art. 386 Cód. Procesal).
Prescripción de la acción penal, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, cómputo del plazo, renuncia al empleo, sobreseimiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: SANCHEZ, Gerardo y otro. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-02-09

En los casos previstos para los funcionarios públicos dentro de la hipótesis del art. 67 del C.P., la prescripción debe empezar a computarse a partir de la separación del cargo de funcionario (*).

La hipótesis del art. 67, segundo párrafo "in fine" del C.P., ya sea dentro de la ley 21.338 o de la 25.188, requiere que alguno de los imputados se mantenga en el ejercicio de la función pública.

La prescripción debe empezar a computarse a partir de la renuncia del imputado al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, al haber transcurrido entre ésta y el llamado a prestar declaración indagatoria más de siete años, debe revocarse el auto de primera instancia, declarar extinguida la acción penal por prescripción y, en consecuencia, sobreseer al incuso.