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Recurso de inconstitucionalidad, inadmisibilidad del recurso, reserva de la cuestión federal, planteo oportuno
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: SERA, MIGUEL c/ BARRAGUIRRE, ARISTIDES s/ ORDINARIO     EXPTE NRO 22-83
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-08-06

Uno de los requisitos formales para abrir la instancia superior, consiste en la oportuna introducción de la cuestión constitucional o por lo menos, la reserva expresa de realizar el planteo si la sentencia resulta adversa a las pretensiones del recurrente; y en el caso ese requisito no aparece debidamente cumplido ya que la sentencia de la Alzada no hizo otra cosa que aplicar la norma (decreto ley 6582-58 artículos 1 y 2) y era de prever ya al contestar la demanda que ello ocurriera, por lo que en ese momento se debió plantear la cuestión constitucional.
Beneficios previsionales, acto administrativo, otorgamiento del beneficio, derechos adquiridos, transformación del beneficio, derechos y garantías constitucionales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ALIAGA, María Elisa c/ Instituto Municipal de Previsión Social
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-25

Con posterioridad al acto administrativo que otorgó el beneficio e incorporó al patrimonio del interesado el derecho a la jubilación con determinada jerarquía, no puede aceptarse que -so color de efectuar reestructuraciones internas- se modifiquen los elementos que integran el "status jubilatorio", pues ello importaría en la práctica una retrogradación en la condición de pasividad que resulta incompatible con las garantías constitucionales de los arts. 14 bis, 16 y 17.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gardella de Spinola, M. Marta c/ Picatto, Omar y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-08-20

No puede prosperar el agravio referido a una cuestión de hecho si no se demuestra que sea producto de un razonamiento absurdo.
Devolución de objetos secuestrados, medidas cautelares, embargo preventivo, inhibición general de bienes
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: IKEM, BEN-IBRAHIM ABDURAHAMANI-CASTILLO, CECILIA-CASTILLO, ELINA s/ Contrabando de estupefacientes, incidente de devolución de valores secuestrados a Ikem Ben Okwudili solicitado por su defensor.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-17

Corresponde confirmar el auto que denegó la devolución de distintos efectos secuestrados al imputado ya que, si bien asiste razón al recurrente en cuanto a que el monto a fijar por el juez en concepto de embargo debe alcanzar para garantizar los efectos de la eventual sentencia condenatoria, lo cierto es que, ante la negativa del imputado de notificarse de dicha medida cautelar, el juez dictó la inhibición general de bienes a pesar de que se conocería la existencia de cosas del imputado, en transgresión a lo dispuesto por el Art. 518 del CPP y sin notificar al representante del Ministerio Público Fiscal, por lo que la restitución deviene prematura, debiendo el juez adoptar las medidas que correspondan en el incidente de embargo preventivo y, una vez efectuadas, analice si corresponde la entrega de los objetos que excedan el valor del embargo dispuesto, siempre y cuando no constituyan cosas o ganancias que sean el producto o el provecho del delito o que se hayan servido para cometer el hecho (Art. 23 del CP).
Interés superior del niño, faltas del servicio, derecho a la salud
Materia: CIVIL
Carátula: KALBIN RAUL ALEJANDRO Y OTRA c/ ESTADO PROVINCIAL Y OTROS s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2016-02-25

La falta de servicio puede manifestarse en dos formas: a) Las omisiones a mandatos expresos y determinados en una regla de derecho y b) las omisiones referidas a aquellos casos en los que el Estado está obligado a cumplir una serie de objetivos fijados por la ley sólo de un modo general e indeterminado, como propósitos a lograr en la mejor medida posible. Así la protección de la salud de un niño menor proviene de diversos mandatos legales y convencionales nacionales e internacionales que obligan al Estado a velar por la salud de las personas, y más aún de las vulnerables como resultan ser los niños cuyo interés superior se debe atender más agudamente.
Competencia, jueces, regulación de honorarios, ejecución de honorarios
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Valor Liliana Gabriela c/ Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina s/ Incidente - exhorto
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-22

En materia de exhortos, la ley 22.172 ha atribuido competencia originaria al juez oficiado para el acto regulatorio de los honorarios de los profesionales intervinientes; en consecuencia, también la tiene para conocer en la ejecución de los mismos.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, sentencia definitiva
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: NAVARRO, DIANA c/ E. J. LOPEZ S.R.L. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-04-08

Si bien el agravio invocado por la presentante en referencia al exceso y transgresión en la aclaratoria de los límites del artículo 248 del Código Procesal Civil y Comercial -por entender que se habrían modificado los términos de la resolución- es definitivo en tanto dicha cuestión no puede ser reeditada en el proceso previsto en el artículo 483, se impone la misma solución desfavorable para la admisión del remedio interpuesto, desde que la Alzada entendió que le asistía razón a la apelada y que de la sola lectura del contenido de la aclaratoria se observa que ésta es concordante con los considerandos de la sentencia que fundaron el decisorio, conformándose aquélla con las previsiones del artículo 248, que autoriza a corregir cualquier error material, tal como acontece en el caso de autos.
Acción de amparo, financiamiento de campaña electoral, boletas de sufragio, derechos políticos
Materia: ELECTORAL
Carátula: Movimiento Libres del Sur y otros s/ amparo electoral c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-09-09

En uno de sus primeros precedentes en materia electoral (in re "Partido de los Trabajadores Socialistas s/ amparo", expte. n° 314/00 y su acumulado "Partido Humanista Ecologista s/ amparo", expte. n° 316/00; sentencia del 13/04/2000), este Tribunal ha interpretado que la contribución para la impresión de las boletas está incluida en el aporte público establecido por la ley n° 268, lo cual es consistente con el criterio que surge del instructivo aprobado por la resolución n° 197/2021 de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (órgano de control competente, cfr. los artículos 135 de la Constitución de la Ciudad; 136, inciso l) de la ley n° 70 y 17 y 18 de la ley n° 268) para la preparación de los informes previo y final de campaña para las elecciones PASO y generales de este año, que considera a los gastos de impresión de las boletas como "gastos operativos de campaña" (como lo ha hecho también en los procesos electorales de 2019, 2017, 2013) y, en consecuencia, una aplicación posible y válida del aporte público. (Del voto en disidencia de los jueces Santiago Otamendi y Marcela De Langhe).
Competencia federal, daños y perjuicios, Internet, responsabilidad por publicaciones en Internet
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: MORELLI  NESTOR ANTONIO RAMON Y OTROS c/ DIARIO EL DIA s/ DAÑOS YPERJUICIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-01

La parte actora inicia acción contra EL DÍA SA Entidad Registrante del Diario Digital EL DÍA a fin de que se lo condene a pagar una indemnización por los daños y perjuicios que dice haber sufrido y que -sostiene- subsisten actualmente, y a que se le ordene retirar de todos los buscadores de Internet y de todas las páginas web, noticias referidas al doctor Morelli. Agrega que en la página web de CLARÍN se publicó una nota con contenido falaz y difamatorio respecto del mencionado doctor Morelli. Funda su derecho en los arts. 512, 902, 1071, 1071bis, 1089, 1090, 1109 y 1113 del Código Civil y en los pactos internacionales con jerarquía constitucional. Teniendo en cuenta que la materia en debate se refiere a actividades que se llevarían a cabo por vía de internet -medio de interrelación global que permite acciones de naturaleza extra local-, corresponde intervenir a la justicia federal (conf. Corte Suprema de Justicia de la Nación, "Rondinone, Romina Inés c/ Yahoo de Argentina SRL y otros s/ medidas precautorias", del 27/2/07, dictamen de la Sra. Procuradora Fiscal subrogante al que se remite).
Administración Pública, revisión judicial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Doncel, Eugenio Rodolfo c/ Estado Provincial s/ Contencioso Administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1999-09-20

En cuanto a las sanciones expulsivas, su revisión judicial y la posibilidad de revocación en la sede administrativa depende de la demostración contundente de que la decisión impugnada ha traspasado los límites de razonabilidad, vulnerando principios de defensa o excediendo facultades legales o reglamentarias, o sea dicho en otras palabras, demostrando en juicio el carácter arbitraria de la sanción expulsiva.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, cuestiones procesales, expediente
Materia: PROCESAL
Carátula: Cena, Florentino c/ Boneau o Boineau, José María s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Ordinario (Expte. CSJ No. 444-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-07-29

La irrecurribilidad que establece el artículo 59 del Código Procesal Civil y Comercial refiere tan solo a las decisiones relativas al trámite o forma de la reconstrucción del expediente, punto este librado al prudente arbitrario del juez. Por ende, no alcanza dicha irrecurribilidad a la orden judicial de reconstrucción del expediente, que por su naturaleza y efectos se halla comprendida en el supuesto del artículo 346, inciso 2) del mismo cuerpo legal.
Locación de inmuebles, convenio de desocupación, homologación judicial, plazo de la locación
Materia: CIVIL
Carátula: FOA, Pablo Alberto c/ VERA, Aldo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-08-13

No obsta a la homologación de un convenio de desocupación, la circunstancia de que se haya suscripto conjuntamente con el contrato de locación, si fue presentado tres años después de su firma, el plazo mínimo legal (art. 2 de la ley 23091) se encontraba holgadamente respetado y vencido el contrato oportunamente celebrado por las partes. Es que en tales condiciones, resulta claro que el convenio en cuestión no ha sido utilizado para turbar el uso y goce de la cosa locada durante el curso del plazo contractual
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, igualdad ante la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Zofracor S.A. c/ Estado Nacional s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-20

No todo tratamiento jurídico diferente es discriminatorio y violenta los derechos constitucionales, ya que existen desigualdades fácticas que pueden traducirse en desigualdades justificadas en el tratamiento jurídico, que expresen una proporcionada relación entre las diferencias objetivas y los fines de la norma.
Docentes, docentes privados, convenios colectivos de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Royano, Jorge Walter. c/ Rsc. Parroquial Milagroso Niño Jesús de Praga. s/ Ordinario.
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2007-02-23

En la Resolución Nro. 376 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social del día 07/11/99, se declara constituida la Comisión Negociadora, con el fin del dictado del convenio colectivo de trabajo de la actividad de los Docentes Privados y luego se dicta la Resolución 175/02 (25/09/02) de Secretaría de Trabajo de la Nación, ante el requerimiento de SADOP, estableciéndose en su art. 2 que todos los trabajadores docentes privados se encontraban comprendidos dentro de las previsiones de los decretos 1273/02 y 1371/02 de acuerdo a la resolución Nro. 169/02 (28/8/02), y por otra parte la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Expte. Nro. 30.481/02, falla por la vigencia de los Decretos Nro. 1273/02, 1371/02, 2641/02, 905/03 y 392/03 estableciendo el derecho de los docentes privados a cobrar las asignaciones allí establecidas.
Concursos, honorarios, regulación de honorarios
Materia: COMERCIAL
Carátula: EMPRESA DE OBRAS Y SEVICIOS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA s/ CONCURSO PREVENTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-10-10

La regulación de los honorarios de los distintos profesionales intervinientes en el concurso debe efectuarse sobre el monto del activo prudencialmente estimado por el juez en los límites fijados por la ley de concursos: 289. Debe asimismo tenerse en cuenta la limitación contenida en el segundo párrafo de la norma citada, tomando como elemento para la fijación del emolumento el pasivo verificado, que también debe reajustarse.
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, regulación de honorarios, reducción de la regulación
Materia: PROCESAL
Carátula: Chavanne, Juan Claudio c/ Graiver, Juan y otros. s/ quiebra
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-10-10

Es inadmisible el recurso extraordinario contra el pronunciamiento que redujo los honorarios (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la NACION) (Disidencia de los Dres. Julio S. Nazareno y Carlos S. Fayt).
Estafa, tarjeta de crédito, delito reiterado, delito continuo
Materia: PENAL
Carátula: PERES VIEYRA s/ ESTAFA    TARJETA DE CREDITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-15

1) La reiteración de la estafa por el uso de tarjeta de crédito, sólo puede darse en el caso de que fuesen más de una tarjeta o independientemente perjudicados los comerciantes a quienes no se le reconociese el valor de la compra o prestación de servicios.

2) Si bien en autos no se determinó a quién se causó el perjuicio patrimonial, si a los vendedores o prestadores de servicios, o al titular de la tarjeta o a quien la emitió; por aplicación de la norma contenida en el art. 13 C.P.C., corresponde decidir que las maniobras aún separadas en el tiempo fueron parte de un proceso consumativo único que culminó, cuando la firma tuvo que hacerse cargo de un modo integral de los distintos gastos efectuados a través de dicha tarjeta por el procesado; debiendo calificarse la conducta atribuida al encausado como robo en grado de tentativa en concurso real con estafa.
Redargución de falsedad, testamento por acto público, testigos, insuficiencia del agravio, firma, carga de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: M. C. A. c/ D. G. B. T. y otro/a s/ nulidad de testamento
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2020-08-18

Ha de rechazarse la acción de redargución de falsedad de la escritura pública incoada por el actor, atacando el testamento de nulidad por defecto de forma -arts. 2466, 2469, 2473 y 2474 del CCCN-, al considerar que los testigos hábiles del acto no estuvieron presentes hasta finalizar el mismo y que la firma de la causante es un 'garabato', dado que la carga de la prueba de la falsedad ideológica pesará sobre quien querella, y con relación a la evaluación de la misma cuando es menester dar por tierra con la fe pública del instrumento, se han exigido mayores esfuerzos al redarguyente. Así habrá que proporcionar la que pueda vencer la presunción que juega a favor de la actividad fedataria de modo de llevar al juez a un convencimiento pleno y sin asomo de dudas; por comparación con la prueba en contrario, se considera que ésta al no tener que vencer similar presunción, puede ser apreciada con mayor latitud, permite un juego de presunciones de mayor amplitud y, en definitiva, podrá habilitar, según las circunstancias, la admisión de la duda en contra de los hechos que se pretenden destruir, lo que no ocurre en autos donde, en caso de duda, debe estarse a la validez del instrumento.
Martillero, honorarios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Oceanico Cooperativo Limnitado c/ Persic, Sonia s/ Ejecución hipotecaria Consorcio Bernardo de Irigoyen 3552 c/ Amieiro, Antonio y otros s/ Ejecución de expensas Robles, Ana María c/ Baudrix, Silvio Abel s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1981-06-11|1995-08-29|1997-02-25

No le corresponde al martillero remuneración alguna cuando la subasta es suspendida provisoriamente, si con posterioridad realiza la misma. La falsa comisión sólo es procedente si se encarga la subasta a otro martillero o si la suspensión es definitiva. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Enfermedad accidente, jubilación por invalidez, incapacidad absoluta, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: CASTELLANO c/ LAFERLA s/ DEMANDA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-05-22

El sólo otorgamiento de la jubilación por invalidez, no implica que le corresponda al trabajador la indemnización del art. 212 cuarto párrafo ley de Contrato de trabajo., sino que este indicio en su favor de la incapacidad de que pretende, debe ser complementado con otros elementos de convicción que avalen su postura. Otro indicio en favor de las pretensiones del actor, lo comporta el hecho de que la patronal haya omitido el examen médico de egreso, previsto por el decreto 351/79 reglamentario de la ley 19.587.
Interpretación de la ley, pena privativa de la libertad, ejecución de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Coronel, José Antonio c/  s/ hurto en tentativa
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-12-26

Los artículos 35, inc. e) y 50 de la 24.660 deben ser interpretadas en consonancia con disposiciones de jerarquía constitucional como el art. 5.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece que "las penas privativas de libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados", la cual fue receptada en forma congruente por el artículo 1 de la ley 24.660. La ejecución efectiva de la pena de prisión impuesta (que no supere los seis meses) no cumple en modo alguno con el mandato constitucional si se tenía en cuenta que difícilmente podría obtenerse en tan corto lapso de tiempo de ejecución de una pena, el fin constitucional legalmente establecido. El encierro en tales casos, genera con seguridad mayores inconvenientes en orden a la obtención del fin de la sanción penal, por lo que aparece por demás razonable acudir a la sustitución de la pena por tareas comunitarias con sustento en la normativa en cuestión (voto del juez Huarte Petite).
Medidas cautelares, sentencia arbitraria
Materia: PENAL
Carátula: De Vido, Julio Miguel c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-12-13

La resolución no cuenta con un análisis adecuado de las razones por las que se decidieron por la medida cautelar más severa que es la última ratio (art. 210 inciso "K" CPPF) ni por qué resultaban insuficientes para asegurar los fines del proceso las menos intensas detalladas en los incisos anteriores. La sujeción de la medida prevista en el inc. "j" del art. 210 CPPF a los presupuestos fácticos del art. 10, CP y 32 ley 24.660 que efectúa el Tribunal no contempla la diferente naturaleza de ambas previsiones ni la télesis del catálogo de medidas de coerción menos intensas que prevé la nueva normativa.
Alimentos provisionales, prueba, prejuzgamiento
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: M., M.P. en representación de sus hijos A. Y F. C. c/ L.L. C., G.C. y G.P.de C. s/ alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2011-02-11

El art. 375 del CC expresamente autoriza fijar alimentos provisorios, que tiene por finalidad la satisfacción de las necesidades impostergables de los alimentantes hasta el dictado de la sentencia. La fijación de la cuantía de los alimentos provisionales se efectúa teniendo en cuenta esta finalidad y en base a las pruebas aportadas, sin que signifique prejuzgar sobre decisión definitiva.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, derecho a la privacidad
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Alejandro Carlos CAPALBO c/  s/ TENENCIA  DE  ESTUPEFACIENTES Gustavo Mario BAZTERRICA c/  s/ TENENCIA  DE  ESTUPEFACIENTES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-08-29|1986-08-29

Forma parte de la esfera reservada de los individuos la decisión acerca de su propia inseguridad corporal en la medida en que con los actos de autolesión no afecten derechos de terceros.
Poder Judicial, responsabilidad del Estado, indemnización, sentencia absolutoria, sobreseimiento
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CHEIN, GRACIELA CRISTINA c/ ESTADO NACIONAL (MINISTERIO DEL INTERIOR) s/ INDEMNIZACION (DAÑOS Y PERJUICIOS Y DAÑO MORAL)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-20

"En modo alguno debe admitirse responsabilidad del Estado, con la relativa obligación de indemnizar, cuando alguien haya estado privado de su libertad durante la sustanciación del proceso y sea finalmente puesto en libertad -sobreseído o absuelto- por el órgano jurisdiccional de primera, de segunda o, eventualmente de tercera instancia, dentro del curso normal u ordinario del proceso (conf.

Tratado de Derecho Administrativo de M.S. Marienhoff, IV, 1976, N.

1667, pág. 764)".
Impuestos, coparticipación federal, contribuyentes, Impuesto sobre los ingresos brutos, transporte interno, impuesto a las ganancias
Materia: PROCESAL - TRIBUTARIO
Carátula: Transportes Automotores Chevallier S.A. c/ resolución  n°  21  del  Plenario de la Comisión Federal de Impuestos s/ Impugna imp. a los ingr. brutos locales.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-11-17

Los derechos que otorga al contribuyente el art. 14 de la ley 20 221 bastan para conferir al reclamo tendiente a que se declare que los impuestos locales a los ingresos brutos sobre el transporte terrestre interjurisdiccional de pasajeros, en cuanto se oponen al federal de las ganancias, el carácter de "caso" en el sentido de interés concreto en obtener la revisión de lo decidido.
Caducidad de instancia, suspensión de la caducidad, asignación de causa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE GODOY CRUZ c/ RAUL ROLANDO ZALAZAR s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: A132 - 007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-04-28

Todo acto procesal requiere entre otros elementos un sujeto que lo ejecute (juez, auxiliares, partes, terceros, etc.), pues de lo contrario es imposible su realización. La sentencia no podía dictarse hasta tanto no se decidiere que Juez debía hacerlo, ya fuere por vía de designación del nuevo titular del Tribunal (Séptimo Civil) en donde se encontraba radicada la causa -lo que en definitiva ocurrió- o por vía del procedimiento seguido a fs. 100, llamado del "sorteo del expediente" o distribución de causas. Mal podría mantener sus efectos el llamamiento de autos, o sostenerse que la causa se encontraba en estado de resolver, sino había juez precisamente que la resolviera, mal podría estar corriendo el plazo para dictar sentencia -como efecto propio del llamamiento si todavía no se sabía el juez que iba a entender.-
Recurso de casación, cuestiones de hecho y prueba
Materia: PENAL
Carátula: ORELLANA ANTONIO ALFREDO s.d. HOMICIDIO SIMPLE e.p. VELEZ MIGUEL ANGEL s/ CASACION CRIMINAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-08-13

La potestad de seleccionar y valorar el material probatorio configura en principio una facultad privativa del tribunal de juicio, que sólo puede ser controlada por este Superior en los supuestos de arbitrariedad de la sentencia. Este ejercicio, se encuentra condicionado sólo a que la prudencia pueda ser objetivamente verificable, y que la conclusión que se estime como razonable, no aparezca absurda respecto de las circunstancias de la causa, extremo éste demostrativo de un ejercicio arbitrario de aquellas potestades.-