Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-12-07


En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut, a los siete días del mes de diciembre del año de dos mil diez, se reunió en Acuerdo la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia integrada con los señores Ministros, Jorge Pfleger, Alejandro Javier Panizzi y Daniel Caneo, presidida por el primero de los nombrados para dictar sentencia en la causa caratulada "S., M. R. psa Homicidio culposo" (Expte. N° 21.852 - F° 164 - T ° II - Letra "S"- Año 2009).

El orden para la emisión de los votos, que resulto del sorteo de fs. 342, es el siguiente: Pfleger, Panizzi y Caneo.

El Juez Jorge Pfleger dijo:

I.- Reseña del caso.

a. Las sentencias La Sala ha sido llamada para entender en la impugnación extraordinaria deducida, a su turno, por el Fiscal General de la ciudad de Puerto Madryn y por la querellante, en desmedro de la sentencia de la Cámara en lo Penal 04/09, del veinticinco de septiembre del año 2009. También para conocer en la impugnación extraordinaria de la querellante en contra de la sentencia 02/10 del primer día de Marzo del corriente año, emitida por el mismo Tribunal.

La primera de ellas revocó parcialmente la sentencia 28/09 del Tribunal de Juicio de aquella ciudad en lo que a la calificación legal concierne y declaró a M. R. E. autor material y responsable del delito de homicidio culposo, dos hechos en concurso ideal (arts. 45, 54 y 84 del Código Penal).

La otra hizo lugar parcialmente a la impugnación deducida por la defensa técnica del imputado y modificó la pena impuesta por la Magistrado de la cesura, fijándola en cuatro años de prisión de efectivo cumplimiento y diez años de inhabilitación especial para conducir automotores (art. 84, 40, 41, 29 inc. 3°, 241, y ccdtes. del C. P. P.) Ambas se pronunciaron en el caso que envolvió a las muertes de M. G. y de V. I. S., acaecidas el 21 de agosto de 2008 en la ciudad de Puerto Madryn.

b. El contenido de las impugnaciones b.1. Recurso extraordinario del Ministerio Fiscal.

La doctora Marcela Pérez, de la Oficina Única del Ministerio Público Fiscal de Puerto Madryn, articuló su censura mediante el escrito que está añadido desde la hoja 229 a 231.

En él expuso los motivos que le causaron agravio y que comenzó, en lo que a esto concierne, con la alusión a la cualidad negativa de la sentencia que motejó de ". arbitraria, contradictoria." y con carencias de ". motivación suficiente.".

Denunció que los Jueces habían partido de la premisa que el relato del imputado era creíble en cuanto ". a que no observó la moto y que frenó.", que esa ". era la versión que había que destruir, y que esto no se logró con las probanzas arrimadas al juicio." y que esa inteligencia resultaba reprobable pues ". quedó más que probado que la versión dada por el imputado carece de todo sustento. La misma fue subjetiva, a más de ser tardía pues su declaración lo fue luego de recibida toda la prueba de las partes y no hubo probanzas que abonaran sus dichos.".

Tras cartón analizó cada uno de los sufragios.Respecto del que emitió el Juez Minatta, comenzó formulando una crítica del tratamiento que el Juez había dado a la tópica de si, acaso, el imputado ". observó la moto o no.".

Al respecto, recorrió el sendero de análisis que formuló sobre los testigos A., R., M. y R., B. y C., marcando lo que consideró errores de valoración, para derivar hacia la incorrección de juicio respecto de la sentencia del Tribunal del debate, cuyo tino destacó.

Después de insistir sobre el contenido del voto del doctor Minatta en lo que concierne a este puntual aspecto puso de manifiesto que se había apuntalado la versión de E. ". con testimonios que nada tienen que ver con la (sic) estado del imputado en ese momento." y que eso era contradictorio pues ". (Descarta a los testigos A. y R., descree que M. y R. estuvieran tanto tiempo distraídas, y toma a los testimonios que se contradicen entre sí para avalar que E. no vio la moto. No explica porque, si estos testimonios fueran realmente concordantes no vieron el biciclo, pero explica que E. no lo vio por sus circunstancias personales al momento del hecho, las que no pueden ser valoradas para B. y C..".

Un segundo tema que criticó, de la opinión del doctor Minatta, fue la posición que asumió respecto de si el imputado frenó su vehículo.

Indicó que aquél ". afirma algo que el propio E. no dijo ". inmediatamente de observar el bulto y chocarlo comienza a frenar su vehículo.", cuando el imputado dijo, ". se me apareció un bulto, lo choco, cuando lo choco me doy cuenta pero no sabía qué era, freno sin saber hasta ese momento que era, me bajo.". Utiliza para avalar sus dichos, la afirmación de que el rodado carece de servofreno y los dichos del perito D.. Lo cierto es que extracta frases tomándolas en forma parcializada, sin dar explicación alguna de porque se aparta de las conclusiones de los peritos M. e I., quienes fueron claros y desarrollaron este punto ampliamente en el debate. Utiliza una frase fuera de contexto para decir lo que el perito no dijo.". Además expuso que obvió valorar el testimonio de R. y el de A., que puso entre comillas en lo que toca.

Por fin, adujo, le agravió la posición del primer votante en tanto sostuvo la necesidad de un mínimo motivo o lazo previo entre el autor y la víctima que hiciera al menos sospechar una pasión, rencor o venganza que actúe como un motivo de la conducta, pues -opinó- esto agrega un elemento al dolo eventual al que llama motivo ". y que ante su carencia le da más fuerza a los dichos del imputado en el sentido que no vio la moto, sólo un bulto que no pudo evitar colisionar.".

Sobre el particular materializó un breve comentario acerca de los tipos de dolo que admite la doctrina y sus respectivos contenidos y fustigó la ponencia que concluyó en la tesis del homicidio culposo, pues, consideró, que cuando explicó el significado de previsibilidad o dominabilidad y sus requisitos incurrió en una contradicción que destacó.

Otro de los tramos del escrito los aplicó a reprobar la posición de la doctora Rodríguez.

De ella puso de manifiesto su desprecio por los testimonios de R. y A., quienes afirmaron que no vieron frenar al Chevy y por la opinión de los peritos I. y M. que efectuaron los cálculos suponiendo que el coche no frenó porque ". no hay prueba de que lo haya hecho.".

Esto, a su parecer, resultó consecuencia de la parcialización de la prueba que le condujo a concluir en que ". es probable que E. haya frenado el auto pero cuando ya era tarde.".

En otro orden tachó la sentencia en lo que atañe a la manera en que desechó la existencia de dolo eventual, pues, a su modo de ver, los elementos que lo componen se configuraron cuando E. se decidió a conducir el vehículo en las condiciones en que se encontraba, aceleró su rodado y efectuó las maniobras demostradas, antes de embestir a las jóvenes, situación que ponía en evidencia -a su decir- ". el desprecio por el eventual resultado de lesionar un bien jurídico.".

La que impugna, apuntó que la Jueza no explicó el porqué ". descree de los parámetros objetivos que valoró el Tribunal para arribar a la calificación jurídica en cuestión." y se preguntó ". cómo persona que sabe de las malas condiciones de su vehículo, la poca capacidad de frenado, que se encontraba conduciendo a velocidad imprudente y su grado de alcoholización, no pudo representarse el resultado, cuando aceleró un auto que sabía tenía graves dificultades en el frenado y poca estabilidad.".

Finalizó con que la enumeración materializada por la doctora Rodríguez en el acápite 17 de su voto no hace más que abonar la aplicación del dolo eventual en el caso, no entendiéndose, a su criterio, cómo la Magistrada sostiene que E. no pudo representarse el resultado.

En lo que hace a la posición del doctor Montenovo se remitió a lo expuesto respecto de sus colegas.

A modo de conclusión general, reiteró que se agraviaba por ". entender que la sentencia atacada no es fruto de un análisis de la totalidad de la prueba aportada, los jueces no explican porque desprecian las probanzas que no valoran, han parcializado los dichos del perito D., han valorado como contestes testimonios contradictorios, utilizaron frases fuera de contexto tanto de los testigos como de los peritos para abonar la versión del imputado, dándole una preminencia a la escueta declaración del mismo, toda vez que en dos frases E. se refiere al hecho que se le imputa.".

Pidió la confirmación de la sentencia del Tribunal Colegiado.

b.2. Impugnación de la parte querellante.

A. O. S., constituido en querellante y patrocinado por el doctor C. A. M. V., articuló las impugnaciones en sendos escritos que están adosados al legajo.

En el primero, dividió su discurso en dos partes cuya demarcación fue materia del punto número 1.

Allí anunció que venía a plantear la nulidad absoluta de la sentencia dictada por la Cámara en lo Penal, registrada bajo el número 04/09, pero que de modo subsidiario la impugnaba ". en virtud de las cuestiones de hecho y de derecho que expondré en los acápites siguientes.".

En el número 2 se introdujo, para principiar, en el problema de la legitimación advirtiendo que ". nos encontramos ante un caso no previsto en forma expresa, por el incumplimiento de la Cámara de dictar sentencia en debida forma." pero que de todas manera su proposición era legítima por la razones que indicó.

Entendió que el Tribunal, después de decidir el cambio de calificación, cometió el yerro de enviar el caso para la discusión sobre la pena a otro Magistrado pues la sentencia ". debió contener un pronunciamiento concreto sobre la pena, previo a realizar el juicio de cesura."; con ello, continuó, generó inseguridad jurídica e indefinición impropio, ". ya que no puede integrarse una sentencia con el pronunciamiento de dos Tribunales distintos.".

Al respecto dijo que no había sentencia porque no había pena establecida, aunque reconoció que había un veredicto de culpabilidad, determinando autoría y responsabilidad penal lo que ". podría implicar que no habiendo sentencia, no hay vía impugnativa abierta, aún.".

Reflexionó, en los renglones que siguieron acerca de las posibilidades a que daría lugar el modo en que se pronunció la Cámara Penal cuyo decisorio atacado tildó de ". contradictorio y antojadizo, apartado de las leyes de la lógica y la experiencia común.", de arbitrario e injusto, y a la par de ". incompleto y parcial.".

En el tópico 3 el recurrente volvió a cargar en contra de la sentencia, pues consideró que no contenía todos los requisitos necesarios para su validez, en la medida en que no podía integrarse parcialmente con la resolución de otro Tribunal, en este caso el remitido, pues su tarea debió consistir en la realización de ". la audiencia de cesura, porque había resuelto la nulidad de la anterior, en virtud del cambio de calificación." cumpliendo todos los pasos para la construcción de la sentencia porque -entendió- ". la pena correspondiente a ese veredicto (debe) ser resuelta por un Magistrado único.".

Repasó las normas procesales que atribuyen competencia a la Cámara Penal para concluir en que ". Si la Cámara, conforme lo pautado por el art. 332 y concordantes del ritual, pudo efectuar el cambio de calificación legal y con ello, mejorar la situación del imputado, entonces debió dictar un pronunciamiento completo y hacer la audiencia de cesura y cumplir con las mandas del art. 333, es decir, pronunciarse sobre la pena.".

Esa decisión la calificó como un yerro mayúsculo con cita de la norma aplicable y pidió, al respecto, la declaración de nulidad insanable del acto jurisdiccional.

La impugnación subsidiaria fue lo ocupó el punto 4 del escrito que se viene parafraseando.

El querellante, allí, señaló que el fallo resultaba ". contradictorio en su fundamentación y antojadizo, apartado de las leyes de la lógica y la experiencia común, por tanto resulta arbitraria e injusta, por su falta de motivación.".

Denunció que los sentenciadores habían construido sus votos a partir de las manifestaciones del imputado, pretendiendo justificar sus dichos, que atomizaron la prueba diligenciada en el debate y cometiendo un desatino mediante la aplicación de un razonamiento que tildó de "absurdo", "antojadizo" y "alejado de la realidad" pues descartaron todas las cuestiones objetivas tenidas en cuenta por los Juzgadores del Juicio, sin poder fundamentar en el motivo de su discurso.

Viró alrededor del tema del "principio de inocencia" y se dedicó, más adelante, a la crítica de los votos emitidos.

Al ocuparse del sufragio del doctor Minatta señaló que había exigido ". un imposible.", que una prueba directa se contrapusiera a esa declaración y de no ser así el atribuido dijera la verdad indefectiblemente. Le atribuyó el hecho de haber analizado de modo fragmentario la prueba generándose que todos los elementos que demostraban el agravamiento innecesario del riesgo creado por E. transformaran su conducta dolosa en culposa a los ojos del sentenciador.

Expuso el recurrente que todos los votos se afincaron en que el imputado no vio la moto ". sino un bulto que se le aparece." y que para así sostenerse debía realizarse un razonamiento lógico que justificara ese discurso, cuestión que en el presente no se daba pues su postura procesal ". no se encuentra apuntalada por ninguna otra clase de prueba de la causa, es más -continuó- ". existen pruebas objetivas no impugnadas por la defensa que destruyen esa postura, pruebas que fueran receptadas por los Jueces del Juicio para dictar la sentencia condenatoria por homicidio simple." las que describió y sobre las que predicó que ". lejos de demostrar la existencia de homicidio culposo como forzadamente surge del fallo en crisis, son elementos objetivos para la existencia de dolo eventual en el accionar del imputado.".

Luego de reiterar lo que consideró yerros de la sentencia, insistió en la condena del atribuido por el delito de homicidio simple a título de dolo eventual, dos casos en concurso ideal, sin perjuicio de la anulación de la sentencia por las razones expuestas al principio.

Más adelante, el recurrente atacó la sentencia una vez que se hubo dictada la pena por otro Tribunal, conducta procesal que no consintió por entender que se habían violado principios tales como el de la identidad física del Juzgador, la interrupción de la audiencia por más de diez días y las formas de la sentencia.

Reiteró argumento ya dados al tiempo de su primigenia impugnación extraordinaria.

En otro escrito planteó la nulidad de la pena dispuesta por la Juez Trincheri, y aludió allí a los planteos reiteradamente sucedidos.

III. El tratamiento de los temas del recurso.

III. a La nulidad del procedimiento y de sus consecuencias por el modo de suceder la imposición de la pena.

Creo que, desafortunadamente para él, no tendrá acogida la tesis sostenida por la querella en punto a la invalidez de la aplicación de la pena por otro Tribunal que no fuera aquél que estimó competente.

Daré mis razones lacónicamente.

El nuevo ordenamiento procesal innova respecto del momento de fijación de la pena.

El codificador ha pretendido brindarle relevancia a una cuestión que, corrientemente, era desconsiderada en las resoluciones o aún en la misma audiencia de juicio: una discusión sobre la pena.

Así, y aunque parezca de Perogrullo afirmarlo, robusteció ese instante procesal otorgándole un lugar relevante: una vez fijada la culpabilidad del acusado en relación con un delito, manda a discutir la sanción aplicable sobre la base de la escala penal acorde a la calificación escogida y las proposiciones de la acusación.

Esto no significa que no ocurriera sentencia, ni que se disgregara. La sentencia ha sido dictada y, salvo los efectos de los recursos articulados, hace cosa juzgada material. Sólo queda, sobre aquellas bases, la confutación de que se habla.

Cuando como en el supuesto la Cámara Penal atribuye al caso una calificación distinta y reenvía al solo fin de que se contienda sobre la sanción no hace más que repicar el esquema del procedimiento.

Y no hay agravio posible para las partes, por el contrario. Ellas podrán, a su turno, impugnar ambos extremos de la decisión pues, y otra vez en el litigio, nadie se ve menoscabado para poner en vilo lo que no satisfaga a la posición asumida.

No se ha obliterado en ningún caso el derecho al recurso.

La querella pudo venir y vino en impugnación extraordinaria.

De otro lado, se aseguró al imputado ambas impugnaciones reconocidas en el ritual: la ordinaria y la extraordinaria.

Tanto el tema central como la pena serán materia de inspección.

Digo de paso que creo que el núcleo de la decisión está tomado y, que la naturaleza de ese punto posee efectos sobre los plazos de duración del proceso, tema que no es del caso considerar en la especie.

Pero sí queda claro de que se trata de la solución legal y el hecho de que se defiriera a un Juez que no fuera el apelado tiene su razón de ser en que, acorde la subsunción, éste y no otro es procesalmente competente.

De manera tal que la pretensión nulificante será desestimada.

III. b. La modificación de la calificación legal.

Al comenzar el análisis de la cuestión medular del agravio de la querella no puedo obviar una breve parrafada sobre sus límites.

Es que el recurso de la parte perseguidora posee, según tengo expuesto, los mismos límites que aquellos que eran propios de la casación tradicional.

El carácter no ordinario de la impugnación estrecha el sendero que sólo puede ser transitado cuando se alegan, como pasavante, error de procedimiento (vicio in procedendo) o error in iudicando (errores de derecho).

Lo primero no significa que pueda revisarse la declaración de hechos contenida en la sentencia a través de una nueva inspección de la prueba.

Se trata de observar el comportamiento del Juzgador frente a otros hechos, los hechos de su propio comportamiento delante de la prueba que ha analizado. Claro, a menos que el vicio reporte a errores en el proceso que condujo a la sentencia; pero en todo caso la inspección versará sobre el desarrollo de la conducta del que juzga en ese sentido.

Los hechos quedan incólumes, ese es el lema, con la salvedad vista.

En esa dirección, tema sobre el que me expediré en primer lugar, no creo que la sentencia merezca objeciones.

Y así lo estimo pues existe simetría, salvo en un punto, entre lo que las partes han sostenido.

Porque nada obsta a dar por acreditado ni el hecho de la muerte de las jóvenes, ni su causa, ni su contexto, ni la identidad del autor.

Sólo un punto es crucial para quienes impugnan: ¿E. vio o no a las víctimas mientras conducía? En este instante es cuando hecho y derecho se cruzan, claramente, y la respuesta, según creo, resulta irrelevante.

Si E. vio a las mujeres y enfiló su coche hacia ellas atropellándolas no puede dudarse acerca del contenido de dolo en su conducta y afirmarse que aquél ha de ser considerado directo.

El sujeto sabe lo que hace y conoce el peligro concreto de su acción: atropellará y podrá matar; y aquí ha matado.

Pero ni las partes ni la sentencia venida han considerado esa hipótesis, que, por cierto, no surge de ningún dato del proceso que haya sido estimado; de modo entonces que descartado este supuesto el predicado que mencioné dos párrafos atrás alcanza sentido.

Pero una prueba más. Si se asocia cognición y volición para captar el contenido del dolo, no me cabe la menor duda que quién deliberadamente lanza un auto sobre un ser humano detenido quiere matar, si lo logra responderá como homicida y su dolo será directo.

Nuevamente nada de esto ha sido pretendido por los litigantes durante el juicio, ni reclamado a la Cámara en lo Penal al respecto; tampoco a esta Sala.

Observemos otras hipótesis posibles.

Si el sujeto que maneja y arrolla no ve el objeto sobre el que recae su acción o lo percibe cuando ya es tarde la cosa es diferente.

Tampoco muda el sentido de la precedente afirmación si no lo ve o lo ve tarde por razones que él mismo pone en la antesala del instante fatal.

Y en esa diferencia radica la corrección de lo predicado por la Cámara en lo Penal.

Claro está que decidir de esta forma- y formulo aquí una breve digresión- puede repugnar a los sentimientos de las víctimas secundarias: las familias destruidas por la acción desaprensiva de un malhadado conductor. Pero es deber de los Jueces apegarse a la norma y analizar su aplicación mediante las herramientas que brinda la dogmática jurídica.

La condena, para los Jueces, no es venganza ni debe serlo. No ha de responder al clamor popular o a las presiones de los grupos que movilizan, quizás, legítimos intereses.

El legislador y no el Juez es el que tarifa el disvalor de una conducta cuando estipula las escalas penales y la omisión legislativa no puede ser suplida mediante la extensión neumática de las normas del derecho penal.

Señalo así pues, reitero, los Jueces de la Cámara en lo Penal, aún los reparos que me merecen algunos conceptos que se han vertido en la sentencia, no han incurrido en error.

Pero veamos las cosas más detenidamente. III.c. El problema del dolo eventual En su "Derecho Penal Parte General" (Editorial Hammurabi, página 323) Bacigalupo enseña que en el dolo eventual ". las consecuencias de la acción no perseguidas intencionalmente por el autor son, al menos, posibles. Sin embargo posibles -continúa- son múltiples consecuencias de una acción y, por lo tanto, la teoría y la jurisprudencia han tratado de delimitar los casos en los que se debe apreciar el dolo. Los criterios que se proponen, como se vio, tienden en la actualidad a dejar de lado las exigencias que imponía la teoría de la voluntad. Por tanto el autor habrá obrado con dolo eventual cuando haya sabido que las consecuencias accesorias posibles de su acción no son improbables.". Y sigue: ". La teoría de las formas del dolo puede considerarse superada una vez que se ha eliminado el llamado elemento volitivo. En efecto, las distintas formas de dolo se basaban en dicho elemento volitivo. En la medida en que todas las "formas de dolo" tienen el denominador común del conocimiento del peligro concreto ya no tiene razón de ser más que una única forma de dolo.".

Terragni, por su lado, explica que ". el dolo eventual, como forma de dolo, requiere que el sujeto (a) Tenga conocimiento de que está conjugando con su obrar los elementos del tipo objetivo. (b) Exista voluntad de realización, aunque esté condicionada, pues el sujeto no sabe si el efecto se producirá o no. Si falta el conocimiento puede haber culpa (inconsciente). Si hay conocimiento y falta la voluntad puede haber culpa (consciente)." (ver "Culpa consciente y dolo eventual" Marco Antonio Terragni, Ed. Rubinzal Culzoni, página 114/ 115 de la Edición 2009).

Es decir el dolo eventual, criticado en su denominación por Jiménez de Azua, no deja de poseer, como especie de un género, de todos los caracteres típicos del dolo y por consiguiente hay la conjunción de dos elementos; uno es cognitivo y el otro volitivo, aunque, como se vio, una reputada doctrina postule la inocuidad de esa distinción Pero como manejamos lenguaje que, aunque técnico, ofrece problemas de interpretación. Intentaré algunas precisiones para explicar mis puntos coincidentes con la sentencia.

Sabe lo que hace quien domina su conducta en un sentido; y actúa con voluntad quien realiza ese sentido.

O, desde otra perspectiva, conoce el peligro concreto de su acción quien brinda a su conducta una dirección que pone en riesgo no permitido bienes jurídicos.

Pero tanto el saber y la voluntad o la puesta en peligro ha de ser actual, y por actual habremos de entender al momento del hecho punible; en este caso al momento de matar.

Y el punto de referencia en el concreto caso no ha de girar en el concepto de dolo en abstracto sino referido a la figura cuya aplicación se pretende, el art. 79 del Código Penal, con apego a los hechos fijados en la sentencia La Jueza Rodríguez, con agudeza, lo deja sentado de principio en el punto 4 de su voto: ". la noción de dolo eventual presupone, necesariamente y más allá de la posición teórica a la que se adscriba, el conocimiento previo -no potencial sino actual- de aquello que configura el objeto de la conducta, en este caso la acción de matar a otra u otras personas. Por eso tal categoría conceptual entra a tallar, normalmente en los casos de imprudencias denominadas temerarias, tales como la de los conductores kamikazes, o las carreras de la muerte, por ejemplo, es decir frente a conductas en las que, además de la dominabilidad, se advierte objetivamente un plan en el autor que integra en su conciencia la concreta posibilidad del resultado.".

Coincido con ese punto de vista que no se mella en el desarrollo del sufragio, por la consideración de ciertas circunstancias del caso. Explicaré, al menos haré el intento, de porqué no cambian las cosas cuando se ponen en valor los ingredientes que el imputado situó en el episodio.

E. estaba alcoholizado; padecía dificultades visuales; manejaba un automóvil con defectos mecánicos en el frenado; conducía cansado luego de una noche de juerga; inició su marcha a una velocidad desmedida. Había, en la ruta, iluminación razonable y el paso era franco. Sólo estaba la moto en la posición que referimos arriba y en ellas las infortunadas.

¿Qué sabía E. cuando comenzó a guiar el automóvil, a la sazón?: pues sabía de su condición física y de los defectos del rodado. ¿Cuál era su propósito?: manejar en ese estado.

¿Qué peligro concreto conocía a ese instante?: la asunción del riesgo prohibido de conducir en las condiciones resaltadas. ¿Cuál era el resultado que creía dominar?: Poder sortear con éxito las contingencias que pudieran presentarse, en abstracto.

¿Podríamos decir que si por obra de un tercero el causante hubiera detenido su marcha en ese momento, o unos metros más allá antes del impacto nos encontraríamos frente a la tentativa de algún delito doloso? La respuesta es clara: no, pues no había sucedido el comienzo de ejecución de alguna de esas hipótesis legales.

Pero, meditamos, provocó un resultado en el devenir de ese manejo. Mató a dos jovencitas que están aparcadas a pocos metros del cordón de la vereda, montadas en un biciclo, con las luces reglamentarias encendidas, tal vimos.

¿Ese resultado retrotrae el dolo al instante en que había comenzado su andar y cuando negábamos estar frente al comienzo de ejecución de un delito doloso? O, como se ha dicho, esa conducta nutre el concepto de culpa por imprudencia que es propio de la figura penal seleccionada por la Cámara.

La respuesta vuelve a ser negativa.

En el dolo eventual (que no adjetiva el dolo sino refiere al resultado) el sujeto desprecia las consecuencias que se representa como posibles, pues actúa desaprensivamente en procura de realizar sus fines.

¿Pero qué se propone? Se propone un objetivo que, para alcanzar, implica riesgos de sesgar vidas humanas; sin embargo va adelante.

En otras palabras, existe una relación dialéctica entre el tipo penal del homicidio doloso y su subjetividad, aunque el resultado puede o no acaecer, por la indiferencia en dominar o no las consecuencias que, a lo sumo, confía en que no se producirán.

Un ejemplo para ser más claros. Un conductor ebrio quiere sortear una patrulla policial de control, lo intenta y es perseguido; se lanza a una loca carrera a efectos de evitar que lo sancionen y mata en el trayecto. Es posible, en esa hipótesis, la existencia de dolo eventual. El autor será considerado homicida a ese título.

Es la solución del Supremo Tribunal Español recaída en un caso cuyos aspectos medulares trascribiré de continuo.

Allí se dijo: ".La doctrina de esta Sala -véanse sentencias de 24/1/2001 y 27/2/2004 - admite la existencia del dolo eventual cuando el autor somete consciente y voluntariamente a las víctimas a situaciones peligrosas que no tiene la seguridad de controlar, aunque no persiga el resultado típico ni lo prevea como consecuencia necesaria. El factum refleja que el acusado conducía el automóvil Volkswagen Touareg a una velocidad igual o superior a 120 kilómetros/hora, por la calzada destinada al sentido contrario de circulación. Lo que determinaba que los automovilistas que avanzaban en el correcto sentido tuvieran que realizar maniobras para evitar la colisión. Con ello debe admitirse que era consciente de que estaba originando un altísimo riesgo de que se produjera la colisión con alguno de los vehículos que marcharan en sentido inverso y muerte en sus ocupantes. Y no cabe pensar que tuviera la seguridad de controlar dicho riesgo. Todo ello cualquiera fuera el motivo que guiara su conducta, que además en el presente caso, carecería de adecuación social, como sería el escapar, por transportar droga, de la Guardia Civil." (Id Cendoj: 28079120012008100414 Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal Sede: Madrid Sección: 1 Nº de Recurso: 10992/2007 Nº de Resolución: 401/2008 Procedimiento: PENAL - JURADO Ponente: SIRO FRANCISCO GARCIA PEREZ Tipo de Resolución: Sentencia del 10 de Junio de 2008, consulta en página web del Tribunal).

Pero también ese Tribunal, tomado como referencia por la alta calificación de sus sentencias ha predicado lo que sigue, en lo que atañe al dolo eventual y la culpa.

Trascribo: ".En el dolo eventual la realización de los elementos del tipo -en este caso la muerte de una persona- es considerada o percibida por el sujeto como un resultado de producción posible junto a la consecución del fin propuesto, de modo tal que queda abarcado por lo querido aquello mismo que el autor asume. Mas exactamente concurre dolo eventual cuando el sujeto, conociendo la probabilidad de producción de los elementos de otro tipo delictivo -distinto de aquél que pretende cometer-, pese a ello actúa, asumiéndolos junto a la consecución del fin propuesto. 2.- La distinción entonces con la culpa consciente o culpa con representación exige introducir un criterio diferenciador, que permita separar los limites de uno y otra. A) Para la teoría del consentimiento o de la aceptación en el dolo eventual el sujeto aunque no persigue la realización del hecho típico como un fin, ni lo acepta como de necesario advenimiento junto a la consecución del objetivo propuesto, sí "consiente", "acepta", "asume" o "se conforma" -según la terminología de los distintos autores- con su eventual producción; mientras que en la culpa consciente el sujeto la rechaza, no se conforma con ello o confía en su no realización. La formula para discernir uno u otro supuesto sería no un juicio hipotético de lo que hubiese hecho el sujeto de conocer anticipadamente la certeza del resultado, sino el que atiende a la actuación concreta observada por el sujeto, una vez se ha representado lo eventualmente acaecible: si actuó a toda costa independientemente de la ocurrencia del evento típico hay dolo, pero sí actuó tratando de eludir su ocurrencia habría imprudencia consciente. B) Para la teoría de la probabilidad, el dolo eventual no requiere ningún elemento volitivo sino sólo el intelectivo o cognoscitivo de la representación del resultado típico como acaecimiento eventual, de modo que si el sujeto actúa considerando ese resultado, no solo como posible sino además como probable, es decir con determinado grado elevado de posibilidad, lo hará con dolo eventual, y si sólo lo considera meramente posible pero improbable, actuará con culpa consciente o con representación, entendiendo como probabilidad algo más que la mera posibilidad aunque menos que probabilidad predominante. 3.- Aunque la doctrina de esta Sala ha seguido una y otra teoría en distintos momentos de su evolución, actualmente su posición es favorable a una postura ecléctica. En efecto, por una parte, una vez adoptada para la caracterización del tipo objetivo la teoría de la imputación objetiva y ser condición de la adecuación del comportamiento a dicho tipo objetivo el que el autor haya ejecutado una acción generadora de un peligro jurídicamente desaprobado, obrará consecuentemente con dolo el autor que haya tenido conocimiento de dicho peligro concreto jurídicamente desaprobado para los bienes jurídicos, pues habrá tenido entonces el conocimiento de los elementos del tipo objetivo. Pero por otra parte quien actúa, no obstante tal conocimiento, asume con su decisión la producción del resultado, pues en definitiva la aceptación de éste se encuentra implícita en el hecho de haber preferido la ejecución de la acción peligrosa a la evitación de sus posibles consecuencias. Como señala la Sentencia de 17 de octubre de 2001 "no se rompe del todo con la teoría del consentimiento aunque se atenúen sus exigencias al darlo por presunto desde el momento que el autor actúa conociendo los peligros de su acción". La posición ecléctica de esta Sala conjuga la tesis de la probabilidad con la del consentimiento considerando que el dolo eventual exige la doble condición de que el sujeto conozca o se represente la alta probabilidad o riesgo serio y elevado de producción del resultado, que su acción contiene, y además que se conforme, asuma, o acepte esa eventualidad decidiendo ejecutar la acción. Esta orientación ecléctica ha sido recogida en numerosas Sentencias como la de 10 de febrero de 1998, 14 de mayo de 1998, 21 de junio de 1999, 21 de octubre de 2.002, 24 de mayo de 2.004 y 28 de febrero de 2.005 entre otras." (STE. Id Cendoj: 28079120012008100886 Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal Sede: Madrid Sección: 1 Nº de Recurso: 11363/2007 Nº de Resolución: 706/2008 Procedimiento: PENAL - APELACION PROCEDIMIENTO ABREVIADO Ponente: ADOLFO PREGO DE OLIVER TOLIVAR Tipo de Resolución: Sentencia, consultar página web del Tribunal).

He resaltado ambas sentencia, a riesgo asumido de la extensión que entraña, porque ambas explican, con sagacidad suma, el meollo del problema que aquí se discute.

De la primera cita se extrae la justeza de la distinción cualitativa expuesta por la doctora Rodríguez en el sufragio que emitió.

Acerca de ello convengo en que, más allá del grado de imprudencia grave incurrida en nuestro caso, las circunstancias son diferentes porque el contenido de la subjetividad del imputado ha sido distinto.

La otra resulta pertinente porque escinde las categorías en juego, poniéndolas en su lugar.

Por eso es, otra vez, irrelevante el no ver o, aún, el ver tardío, una hipótesis peor que la sostenida por el causante.

Creo que es correcto concluir, como se ha concluido, en que nada indica que E. se haya representado el riesgo concreto de producir una lesión al bien protegido por la norma jurídica cuya aplicación se pretende y lo haya despreciado.

En ese sentido, por el contrario, el contenido de su subjetividad completa los extremos de la figura culposa del homicidio, juicio que los Magistrados de la Cámara Penal han desarrollado atinadamente.

Así las cosas la sentencia debe homologarse.

De esta forma me expido y voto.

El Juez Panizzi dijo:

I. El voto que antecede, resumió con minuciosidad el recorrido procesal de la causa, las sentencias que en ella recayeron y las impugnaciones de las que fueron objeto, datos que doy por reproducido para no fatigar al lector.

II. El hecho que la sentencia revocada por la Cámara en lo Penal, grosso modo, es el que transcribo: El 21 de agosto de 2008, aproximadamente a las 5,20 horas, inmediatamente después del cierre del bar "Pub T.", las hermanas M. G. y V. E. S. circulaban en motocicleta por la calle Paulina Escardó, de la ciudad de Puerto Madryn, en dirección Sur. Se detuvieron cruzando el Pasaje Galina, a mitad de cuadra, para conversar con un amigo. En momentos en que muchas personas se retiraban del lugar, el imputado, M. A. E., que contaba con una alcoholemia de 1,49 g/l (lo cual, según las normas de tránsito le impedía conducir), partió raudamente con su automóvil Chevrolet Chevy y atropelló, a poco andar, con la parte frontal derecha del auto, la moto en la que viajaban las jóvenes S. (a una velocidad de entre 59,8 y 75,7 km/h). Luego de la colisión prosiguió su marcha por inercia. La conductora cayó contra la cubierta del motor del coche y luego, en la calzada. La pasajera quedó atrapada entre la moto y el auto y fue arrastrada por éste unos cuarenta y ocho metros, hasta que se detuvo por el rozamiento que ello produjo. E. no intentó ninguna maniobra de evitación ni activó los frenos durante ese trayecto, con indiferencia de lo sucedido. Ambas víctimas fallecieron por causa del choque. V., instantáneamente y G., unas quince horas después, en el Hospital de esa ciudad. El auto se encontraba en condiciones deficientes de uso (en su sistema de frenado y en el tren delantero); el servofreno estaba desconectado y el pedal, en su punto medio, con una eficiencia de frenado del cincuenta por ciento. E. se representó el resultado ocurrido.

III. El Tribunal colegiado condenó a M. R. E. (sentencia N ° 28/09), por dos hechos de homicidio simple con dolo eventual, en concurso ideal (artículos 45, 54 y 79 del Código Penal).

Ese fallo fue revocado parcialmente por la Cámara en lo Penal por sentencia N° 04/09 en lo que concierne a la calificación legal del hecho, al que subsumieron en la figura de homicidio culposo, dos hechos en concurso ideal (artículos 45, 54 y 84 del Código Penal).

Además, el mismo Tribunal, mediante su sentencia N° 02/10 del 1º de marzo de 2010, redujo la pena la pena impuesta, a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo con más diez años de inhabilitación especial para conducir automotores (artículos 84, 40, 41, 29 inc 3° del Código Penal; 241, y concordantes del Código Procesal Penal).

IV. No existe controversia en cuanto a que el imputado E. conducía su rodado Chevrolet Chevy, en el momento y en el lugar del hecho insimulado, ni que atropelló a la motocicleta (la que, como es obvio, estaba delante) causando la muerte de las dos víctimas, las hermanas S..

Pero el acusado afirmó que se le apareció "un bulto" (por la moto). Lo cierto es que no se le apareció a E., por la simple y axiomática razón de que eso no fue posible.

Es absurdo, de manera objetiva, que la motocicleta se hiciera visible repentinamente, causando sorpresa en el conductor que la atropelló. La moto no se encontraba oculta ni cobró existencia en ese momento: ya estaba allí mientras E. se dirigía hacia ella y hasta el momento de la colisión.

Es claro: ". Nada más lejos de la realidad que la supuesta imprevisibilidad de la aparición del segundo vehículo. Acaso ¿Qué se espera que aparezca por una calle destinada al tránsito de automotores? (Gustavo R. Melij, Efectos jurídicos de los accidentes de tránsito, Pág. 31, Ariel, Buenos Aires, 1978).

Pero es posible que no la hubiera visto, ya porque tenía dificultades en su visión (por su alcoholemia, por no llevar lentes o por ambas razones), por que miraba para otro lado o porque conducía con los ojos cerrados.

Aun cuando los testigos (M., R., B. y C.) declararon no haber visto la motocicleta, eso no la torna invisible o transparente en el momento del hecho.

La segunda votante (la doctora Martos) confutó los dichos de E. con ". la realidad de la situación, pues nada le impedía ver la moto que circulaba delante." de él, ". en la misma dirección y con las luces encendidas".

En síntesis, E. tuvo la obligación legal de ver la moto y nada se lo impedía.

V. La subjetividad del agente en el homicidio con dolo eventual requiere que el autor se represente la realización del tipo como posible y se resigne a ella.

En el caso, el agente no tuvo el propósito directo ni indirecto de matar a las jóvenes: le fue indiferente que las víctimas murieran como consecuencia de su conducta, es decir, fue condescendiente en que las muertes ocurrieran o, por lo menos, no rehusó la eventualidad de que sucedieran.

VI. El imputado generó un riesgo jurídicamente prohibido -conducir a excesiva velocidad sin lentes, injerir bebidas alcohólicas a sabiendas de que lo haría, en una zona urbana, en horario de salida de un local nocturno, sin mirar con atención hacia delante y en un vehículo veloz con el sistema de frenos defectuoso.

Sin dudas, por las características del hecho, tal como fue probado, ese riesgo era evidente. La doctora Martos, anotó en su voto que E., a sabiendas ". de las condiciones en las que se encontraba su vehículo, salió arando del pub.", lugar donde ". había un gran número de personas que se retiraban luego de su cierre.". Razonamientos similares se leen en el primer y tercer voto.

La evidencia del riesgo creado descarta que se trate de un caso en que el autor hubiera confiado en su destreza como conductor, pues demuestra que fue consciente del riesgo, lo asumió y tuvo una efectiva aceptación del resultado.

Por ello la contingencia del hecho fue más allá de la mera representación. Por el simple ejercicio de sus facultades intelectuales el imputado pudo advertir patentemente que podría embestir y matar, aun sin proponérselo, a dos personas. Ello excede todas las formas de la culpa admitida por la ley.

Dicho en términos sencillos: nadie ignora que si bebe en abundancia, con conocimiento de que manejará un vehículo con frenos deficientes y lo hace a excesiva velocidad por una zona urbana puede causar la muerte de alguna persona (nadie que sea capaz de pensar y proceder del modo en que lo haría la generalidad de las personas). Y no existe prueba alguna de que E. no contara con esa capacidad.

Aun cuando, como dijo, se le apareciera, en tales condiciones, un bulto. Lo cual, pudieron haber sido dos mujeres en una motocicleta, un animal o un objeto inanimado. En cualquier caso, las condiciones del riesgo evidente creado por el autor, no lo relevan de su posición de garante -y su consecuente deber de evitar el resultado dañoso- que surge de los peligros que genera el incumplimiento de la obligación de conducir de determinadas maneras, destinadas a que el peligro no lesione bienes ajenos.

Reitero, es posible que E. no hubiera percibido la motocicleta, pero es innegable que tenía el deber de hacerlo. Esa inobservancia coadyuvó a generar el riesgo prohibido.

VII. El doctor Pitkovsky, que tuvo a su cargo el primer voto, reflexionó, con respecto a si el autor vio o no el vehículo atropellado, que ". la única verdad, no controvertible, es que el compromiso y la obligación de la atención en la conducción (del automóvil) corresponde pura y exclusivamente al conductor, a nadie más". En igual sentido se expidieron los otros dos jueces, doctores Martos y Lorenzetti.

El entendimiento del riesgo creado por la conducta del autor, considerado en sí mismo -no un riesgo abstracto y general, sino evidente- y su aceptación confirma el desdén por el resultado de esa conducta.

Dicho de otro modo, la voluntad del imputado se manifestó tácitamente, pero sin la menor duda de la previsión del resultado y lo aceptó con indiferencia.

VIII. La sentencia atacada, hizo hincapié en que no se acreditó de modo fehaciente que el acusado no hubiera activado los frenos luego del impacto, que no frenara después del choque.

Lo que sí quedó probado es que no lo hizo antes de ello. Sus propios dichos lo confirman: ". se me aparece un bulto, lo choco. freno sin saber hasta ese momento qué era.". Es claro, primero atropelló al rodado y luego habría accionado los frenos. O sea que nada cambia el hecho de que hubiera frenado luego de provocar el hecho que generó el doble resultado mortal. Así surge del modo en el hecho objeto del juicio quedó establecido.

Si intentó alguna maniobra de evitación o activó los frenos (y aun si hubiera auxiliado a las víctimas) luego del hecho generador del resultado, en nada cambia la situación.

Los jueces del debate lo condenaron a M. R. E. por entender que pudo haber actuado de otro modo y no lo hizo. La conducta por la que los magistrados juzgaron que obró con dolo eventual, consistió, fundamentalmente, en conducir con exceso de la velocidad lícita, por una zona urbana, con un auto que carecía de requisitos básicos de seguridad, en especial, su sistema de frenos defectuoso ("graves fallas en su funcionamiento", anotó el doctor Lorenzetti en su voto) y con una alcoholemia que atenuaba sus reflejos; no por no haber visto (o haberlo hecho repentinamente sin posibilidad de reacción) a las víctimas cuyas muertes provocó.

En el voto anterior a éste se resumió así: "E. estaba alcoholizado; padecía dificultades visuales; manejaba un automóvil con defectos mecánicos en el frenado; conducía cansado luego de una noche de juerga; inició su marcha a una velocidad desmedida. Había, en la ruta, iluminación razonable y el paso era franco. Sólo estaba la moto en la posición que referimos arriba y en ellas las infortunadas".

Los magistrados de la Cámara que enjuiciaron la sentencia, como anoté al comienzo de este voto, la revocaron parcialmente (en punto a la calificación jurídica, homicidio culposo, dos hechos en concurso ideal: artículos 45, 54 y 84 del Código Penal) porque dedujeron que en el juicio no se logró desbaratar la hipótesis defensiva de que el autor no vio la motocicleta (sentencia de la Cámara en lo Penal N° 04/09).

Para el profesor Pfleger, que me antecedió en el voto, hay un punto crucial para los impugnantes, el de si E. vio o no a las víctimas mientras conducía, lo cual, a su juicio resulta irrelevante.

Yo concuerdo con esa apreciación.

Por que el imputado no fue acusado de eso. Haber producido el resultado mortal sin ver a las víctimas no estaba incluido en la plataforma fáctica.

Y es en este punto en el que la sentencia de la Cámara en lo Penal se apartó del hecho insimulado (que fue tenido por cierto por el Tribunal colegiado), ya que los jueces tuvieron a aquella circunstancia como la versión que había que destruir con certeza mediante las pruebas, para poder confirmar la sentencia condenatoria.

IX. De tal suerte, doy razón al Ministerio Público Fiscal y a la querella (en su impugnación subsidiaria) cuando pondera el tino del Tribunal de juicio reprueba las sentencias de la Cámara en lo Penal.

En las sentencias que reviso -atacadas por los acusadores público y privado- no hay elementos de juicio para confutar el dolo eventual según los fundamentos que tuvo en cuenta el Tribunal de juicio para justificar el tipo penal escogido y propicio al Acuerdo que sean revocadas, con costas.

X. De acuerdo con lo que razonado hasta aquí, también habré de propiciar la confirmación de la pena impuesta por el Tribunal de juicio.

Se hizo el juicio adversativo sobre la pena, con toda posibilidad de defensa.

Los jueces dieron razones nutridas de por qué al autor le aplicaron una pena (nueve años de prisión, cinco años de inhabilitación para conducir vehículos, más accesorias legales y costas), de acuerdo con los artículos 12, 20 bis, inc. 3º, 20 ter, 29, inc. 3º 40 y 41 del Código Penal.

Los magistrados juzgaron con prudencia las pautas que la rigen y anotaron con escrupulosidad las razones de su decisión (artículos 40 y 41 del Código Procesal Penal).

En cuanto a las penas de prisión e inhabilitación, las juzgo razonables. Se aplicó un monto de nueve años, apenas superior al mínimo legal (ocho años), por lo que fueron acertadas las pautas mensurativas, a las que, por brevedad, remito, especialmente, tratándose de un resultado que cobró dos vidas (artículos 40 y 41 y concordantes del Código Penal).

XI. En resolución, propongo revocar las sentencias N° 04/09 y N° 2/10 dictadas por la Cámara en lo Penal de la Circunscripción Judicial de Puerto Madryn y confirmar el fallo del tribunal de juicio N° 28/09, cosido en hojas 126/163.

De acuerdo a cómo he decidido la cuestión, no trataré las nulidades del procedimiento propiciadas por la parte querellante.

Así voto.

El Juez Daniel L. Caneo dijo:

I) Los colegas que me preceden en la votación, han propuesto soluciones disímiles para el caso bajo estudio, lo que me exige emitir un sufragio que dirima la controversia. Así, en un todo de acuerdo con el mandato del artículo 25 de la Ley XV N ° 9, motivaré mi decisión con una adecuada fundamentación lógica y legal, para zanjar la disyuntiva.

II) Los antecedentes de la causa y los planteos recursivos de la partes, han sido desarrollados por el Ministro Pfleger en el primer voto de este pronunciamiento. A ellos me remito, en favor de los interesados y con el fin de no malgastar su atención.

III) He leído con detenimiento los votos precedentes, las impugnaciones bajo estudio y los pronunciamientos atacados, con los que puedo resolver asumiendo una postura que irá en igual dirección que la asumida por el Ministro Panizzi.

Es que el Ministerio Público Fiscal y la querella denunciaron con acierto que los magistrados integrantes de la Cámara en lo Penal, se alejaron del hecho enrostrado -en franca violación al principio de congruencia- cuando se sumergieron en el análisis de la declaración del imputado, enredándose en la discusión sobre la repentina aparición o no, a los ojos de E., de la moto en la que se conducían esa mañana las víctimas.

Esa súbita presencia que declaró el acusado, no fue una circunstancia incorporada a la plataforma fáctica enrostrada y su ausente discusión durante el debate corrobora el hecho de que los magistrados Martos, Lorenzetti y Pitcovsky no la hayan considerado al condenar a E..

Los Jueces revisores apreciaron los dichos del acusado, dándole una nueva dirección a sus palabras, lo que les permitió valorar la conducta de aquél de un modo distinto a como lo había hecho el Tribunal de juicio. Con esa reinterpretación, entendieron, se derribaba la certeza que las pruebas producidas durante el juicio les habían arrimado a los Jueces de la condena, y así calificaron los hechos en el marco del artículo 84 del Código Penal.

Esa particular revisión de la sentencia condenatoria, merece ser revocada pues no ha brindado fundamentos concretos y suficientes para rebatir el dolo eventual que el Tribunal de Juicio halló probado en el actuar del acusado y que, además, dio sentido al tipo penal seleccionado.

En el pronunciamiento condenatorio los jueces dejaron claramente expuesto y debidamente fundado, que M. R. E. actuó con dolo eventual cuando decidió voluntariamente conducir con un alto nivel de alcohol en sangre y a exceso de velocidad, por las calles de la ciudad de Puerto Madryn, un automóvil que tenía graves fallas en su sistema de funcionamiento -más específicamente en los frenos.

Ha quedado demostrado en la causa que el acusado conocía las fallas del automóvil que le impedían circular a una velocidad superior a la de un auto estándar, tal y como lo hizo la mañana del evento luctuoso luego de sobrepasar por la mano derecha del carril a una camioneta -cuyos ocupante declararon durante el debate- para luego colisionar con el motovehículo en el que se conducían las víctimas.

En el dolo eventual, el resultado es la contingencia que el autor no tiene la voluntad de producir, no así la acción que produce ese resultado disvalioso. Bajo esta circunstancia y aun cuando E. no haya querido el resultado fatal, ninguna duda cabe que sí quiso llevar a cabo la acción tal y como la desarrolló, la que finalmente causó un daño que no era remoto.

Las pericias demostraron que el automóvil Chevrolet del acusado, circulaba a gran velocidad por el carril derecho de la calle Paulina Escardó, en el que también se conducía la motocicleta que transportaba a las víctimas. De ese modo fue que superó a la camioneta en la que se transportaban sus amigos M. B. y M. C., y embistió el rodado marca Guerrero G-100 de V. y M. S., por la parte trasera y ocasionó la muerte de ambas jóvenes.

Resulta imposible pensar que M. R. E. no se haya representado la posibilidad de causar resultado que era totalmente previsible cuando salió alcoholizado del Pub en el que se encontraba y decidió conducir en ese estado su vehículo, que sabía padecía de serias deficiencias en su sistema de frenado, no obstante lo cual partió del lugar a gran velocidad y así continuó conduciendo por las calle de la ciudad de Puerto Madryn.

Hallo razonable y acertado el razonamiento condenatorio del Tribunal de Juicio cuando señaló que el acusado tuvo la posibilidad de haber actuado de otro modo y no lo hizo, máxime cuando pesaba sobre sus espaldas la obligación legal de ver la moto en la que se conducían las víctimas, al tiempo en que no había ningún impedimento para ello.

Las circunstancias que rodearon al hecho enrostrado demostraron que el acusado fue indulgente con el resultado mortal que produjo, cuyo acaecimiento devenía una posibilidad real en atención a las condiciones en las que se desarrolló el evento.

Por todo lo expuesto, coincido con la propuesta del Ministro Panizzi y considero que deberán ser revocadas las sentencias N° 04/09 y 02/10 dictadas por la Cámara en lo Penal de la ciudad de Puerto Madryn, con costas, y confirmar el pronunciamiento del Tribunal de Juicio registrado bajo el N° 28/09, agregado a fs. 126/163 de autos.

IV) También concordaré con la propuesta de confirmar la pena de nueve años de prisión, cinco años de inhabilitación para conducir vehículos, accesorias legales y costas, impuesta por el tribunal compuesto por los Doctores Martos, Lorenzetti y Pitcovsky con fecha 21/05/2009 mediante la sentencia N° 28/09 OFIJU.

Los magistrados coincidieron con el monto de la pena impuesta y analizaron con razonamiento válidos los diversos factores de la misma situación, mediante un concienzudo análisis y valoración de las circunstancias agravantes y atenuantes, tal como lo prescriben los artículos 40 y 41 del C. P. P. y destacando fundamentalmente que el evento luctuoso tuvo un saldo mortal de dos víctimas.

El Tribunal de juicio no incurrió en arbitrariedad alguna al definir la sanción impuesta la que, por otra parte, no supera el estándar que permite la escala de la figura aplicada en el caso.

Por ello, considero que deberá confirmarse el fallo bajo estudio en este aspecto.

V) Atento a la solución del caso que propongo, tampoco habré de tratar las nulidades al procedimiento que el abogado defensor de la parte querellante, doctor C. A. M. V., impetró en autos.

VI) En razón de lo expuesto, concuerdo con la propuesta traída al acuerdo por el Ministro Panizzi y considero que deberán revocarse las sentencias N° N ° 04/09 y 02/10 dictadas por la Cámara en lo Penal de la ciudad de Puerto Madryn, con costas, y confirmarse el fallo dictado por del Tribunal de Juicio compuesto por los Jueces Martos, Lorenzetti y Pitcovsky con fecha 26/05/09 registrado bajo el N° 28/09 y agregado a fs. 126/163 de autos.

Así voto.

Con lo que finalizó el Acuerdo, pronunciándose la siguiente:

S E N T E N C I A 1º) Hacer lugar a las impugnaciones extraordinarias interpuestas por el Ministerio Público Fiscal y la parte Querellante, con costas.

2º) Revocar las sentencias N° 04/09 y N° 2/10 dictadas por la Cámara en lo Penal de la Circunscripción Judicial de Puerto Madryn.

3°) Confirmar el fallo del tribunal de juicio N° 28/09, cosido en hojas 126/163 4°) Procolícese y notifíquese.- Fdo: Pfleger, Panizzi, Caneo.