marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de inconstitucionalidad, prueba, torturas, diagnóstico médico
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: AGUIAR, WALTER GABRIEL c/  s/ PRIVACION ABUSIVA DE LA LIBERTAD-TORTURAS-APELACION HORIZONTAL DE SENTENCIA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-04-11

La mayoría de la Cámara en el pronunciamiento bajo análisis, para descartar la aplicación del delito de torturas restó decisividad a las lesiones físicas encontradas en la víctima, eludiendo con ello ponderar en su integralidad los informes médicos pertinentes, a la par que prescindió de aquellos elementos probatorios relacionados a la acreditación del daño psíquico, los que fueran precisamente merituados en el fallo sujeto a revisión por ante la Alzada y que concluyera en la acreditación de la figura legal referida. (Del voto del Dr. Gutiérrez)
Recurso extraordinario de inconstitucionalidad, estatuto del periodista
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Roca, Mario Alberto c/ Análisis S.A.I.C. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1972-04-03

No es revisable en la instancia extraordianria lo resuelto por la Cámara en el sentido de que la falta de matriculación del actor no obsta para que pueda ampararse en las normas sobre despido contenidas en el Estatuto del Periodista Profesional.
Honorarios del abogado, prescripción, cómputo del plazo
Materia: CIVIL
Carátula: POPEA S.C.A. c/ CONSORCIO DE PROPIETARIOS LIBERTAD 1350/52/54 s/ MEDIDAS PRELIMINARES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-29

Si bien cuando se trata de un juicio no terminado y habiendo cesado el abogado en su ministerio, la disposición aplicable es la del art. 4032, inc. 2 del Código Civil, o sea la prescripción de dos años, en caso de que el profesional no hubiese cesado y, al contrario, hubiese proseguido su actuación, corresponde aplicar la prescripción de cinco años estatuida en el art. 4032, inc. 1, apartado 3 del Código citado, debiendo computarse dicho término desde la fecha del último trabajo profesional o actuación que le da origen
Costas, costas en el orden causado, daños y perjuicios, rechazo de la demanda, propiedad horizontal, demolición de obra
Materia: CIVIL - PROCESAL
Carátula: CONSORCIO DE PROPIETARIOS CIUDAD DE LA PAZ 1926/28 c/ FERNANDEZ, María Susana s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-04

A pesar del rechazo de la demanda a través de la cual el consorcio pretendía la demolición de una obra nueva realizada sin su consentimiento, las costas deben imponerse, en primera y segunda instancia, en el orden causado. Ello es así por cuanto, si bien se rechazó la demanda, la decisión de la accionante de promover la acción, frente a la obra realizada por la copropietaria sin el mencionado consentimiento unánime del resto de los consorcistas, encontraba suficiente respaldo en el texto y espíritu de la ley 13.512 y el Reglamento de Copropiedad del Edificio, resultando aplicable, en consecuencia, el artículo 68, 2º párrafo, del Código Procesal.-
Contrato de trabajo, carga de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: MORALES, MARIO ANTONIO c/ FENIX CREDITOS PROGRAMADOS S.A. Y/O VIDEO FILM PRODUCCIONES Y/O RUBEN  MASNAGUETTI s/ DIF. DE SUELDOS, ETC. MORALES, MARIO ANTONIO c/ FENIX CREDITOS PROGRAMADOS S.A. Y/O VIDEO FILM PRODUCCIONES Y/O RUBEN  MASNAGUETTI s/ DIF. DE SUELDOS, ETC.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-03-05|1997-03-05

Ante la negativa total del accionado en autos de la existencia de la relación de trabajo subrodinado con el actor, su calidad de gerente, como así también de convenio alguno sobre porcentajes a percibir, nace la obligación del actor de probar todo lo argumentado por éste.
Remuneración, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Sosa, Ignacia Beatriz c/ Milanese, Miguel y otra s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-04-01

Cuando lo que se discute en el litigio es el monto y cobro de las remuneraciones la disposición del art. 39, segunda parte de la ley 11.653 no establece presunción alguna a favor del accionante, sino que lisa y llanamente invierte la carga de la prueba. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Deberes del funcionario público, incumplimiento de los deberes del funcionario público
Materia: PENAL
Carátula: Maciel Villalba, Anastacio; Maciel, José Luis s/ Promoción y facilitación de la prostitución - Meza, Mario  s/Violación  de  los deberes de Funcionario Público y Encubrimiento Promoción y facilitación de la prostitución - Meza, Mario  s/Violación  de  los deberes de Funcionario Público y Encubrimiento
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2000-03-09

La Doctrina y jurisprudencia es uniforme en señalar "ese incumplimiento debe referirse a los actos de la función, es decir, a los actos que son el contenido de la función, y no a los actos que el funcionario debe personalmente realizar para cumplirlos, cuya transgresión suele estar prevista como infracción disciplinaria: faltar a la oficina, llegar tarde. Para que este tipo de faltas constituya delito es preciso que concreten una efectiva omisión: el secretario se retira antes de tiempo para no recibir y cargar un pedido urgente (por ejemplo: hábeas corpus). La omisión debe ser ilegalmente cometida. La función de la palabra es la de marcar a un tiempo el contenido objetivo y el subjetivo de la acción. Debe tratarse de una conducta omisiva ilegal, y debe actuarse en el conocimiento de esa ilegalidad, es decir, la omisión ha de ser maliciosa. Creus señala (Delitos contra la Administración Pública) en referencia a la distinción con la figura del art. 248, "que ninguna duda se suscitará cuando el acto omitido no haya sido previsto por la ley sino que surja como "obligación del funcionario de disposiciones administrativas internas acuñadas en reglamentos que no tienen carácter de ley, o de costumbre administrativos, en tales estaremos en una de las hipótesis del art. 249. Un fallo jurisprudencial es claro al respecto "incurre en violación de los deberes de funcionario público el oficial de la Prefectura Marítima que por dolosa inactividad omite dar cuenta a sus superiores del ejercicio de la prostitución en un buque surto en la zona del puerto cuya vigilancia estaba a su cargo".
Accidentes de trabajo, acción civil por accidente de trabajo, muerte del trabajador, asegurador por riesgos del trabajo, daños y perjuicios, indemnización, relación de causalidad, responsabilidad civil, sentencia arbitraria
Materia: CIVIL-LABORAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. en la causa Descalzo, María Betania p/ sí y en rep. de sus hijos menores y otro c/ Brossi S.A. y otros s/ accidente - ley especial c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-12-17

Es arbitraria la sentencia que condenó a la ART a reparar los daños sufridos por los derechohabientes a causa de la muerte del trabajador pues la concatenación de tan dispares y numerosos hechos que el fallo apelado describe para fundar su decisión no configura la relación de causalidad adecuada entre la conducta imputada y el daño producido, presupuesto indispensable para la atribución de responsabilidad civil (arts. 901, 904 y 905 del Código Civil y 1726 y 1727 del Código Civil y Comercial), en tanto ese razonamiento permitiría extender la obligación de reparar sin limitación alguna a cualquier daño que se produzca, independientemente de su previsibilidad y del tipo de consecuencia en que aquel consista (inmediata, mediata, causal, etc).
Impuestos, facultades tributarias
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Sade S.A.C.C.I.F.I.M. y otra c/ Provincia de Buenos Aires (Dirección Gral. de Rentas) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-09-21

Las disposiciones convenidas en materia tributaria por las partes contratantes constituyen una cuestión suscitada entre terceros, y las autoridades administrativas no se encuentran limitadas por los alcances de tales previsiones.
Cuestiones de competencia, competencia ordinaria, falsificación de documentos, uso de documento falso, juez previniente, declinatoria
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: N.N. c/  s/ incidente de incompetencia. Damnificado: Alonso, Hernán Mariano
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-08-26

Corresponde a la justicia nacional ordinaria que previno continuar con la investigación - denuncia relativa a que personas aún desconocidas habrían constituido ficticiamente una sociedad a nombre de los denunciantes- y, en su caso, incorporar los elementos necesarios para darle precisión a la declinatoria, pues en ésta no sólo se realiza un encuadre jurídico relativo a conductas de índole común, sino que además, se apoya la decisión de incompetencia material en meras conjeturas no corroboradas acerca de la utilización de documentos federales falsos o ajenos, pese a que -tal como lo señala el juez federal en el rechazo - existirían posibles indicios en la causa que permitirían además considerar lo contrario. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Derecho de habitación, derecho de habitación del cónyuge supérstite
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GONZALEZ RICARDO s/ DECLARATORIA DE HEREDEROS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1988-06-24

El uso y goce que acuerda la ley a la viuda lo es en su exclusivo provecho y en el de sus hijos (lo que debe entenderse como menores de edad), con exclusión de cualquier otro heredero, salvo el caso de condominio.

La relación de comunidad creada en el contexto de la sucesión universal contiene, dándose los presupuestos del art. 3573 bis C.C, la atribución del dominio útil al cónyuge supérstite, del inmueble que constituye el hogar conyugal.

La diferencia del uso y habitación legislado dentro del capítulo del usufructo, el que aquí se analiza tiene la característica de que se otorga por la ley, en cambio el primero es dado por convención de partes, ya que aquel tiene un contenido puramente asistencial, que es uno de los rubros que integra la prestación alimentaria.

Este instituto ha tenido en mira la persona del cónyuge sobreviviente, tenga o no hijos que vivan con el.

El derecho real de habitación otorga al cónyuge beneficiario la facultad de uso y goce de la propiedad de por vida, sin perjuicio y en relación a lo que dispone el art. 3452 C.C.
Daños y perjuicios, caso fortuito, hechos naturales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SANTARELLI VICENTE c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ (LIBRO: S064 - 482)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1990-05-30

Los hechos naturales están sometidos a las leyes de la causalidad y, por ende, sujetos a una cierta previsión y consiguiente prevención por parte del hombre, de ahí que, cuando responden al curso regular de la naturaleza, tales hechos como la lluvia, el viento, la creciente de los ríos, no configuran el hecho fortuito.
Acto administrativo, notificación
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: GIAVITTO, ANA MARIA SANSO DE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 268 AÑO 1994)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-05-18

Las formalidades cuyo cumplimiento incide en la validez de la notificación (artículo 29, decreto-acuerdo 10.204/58), están establecidas en el artículo 21 del mismo .

En el caso, es el previsto en el artículo 20, inciso a), del decreto-acuerdo 10.204/58 (notificación "en diligencia")-, el procedimiento de notificación que se pretende oponer a la recurrente. Sin embargo, no se observa que aquellas formalidades hayan sido respetadas por la Administración, desde que no consta que el acto de notificación se haya realizado como lo exige el mencionado artículo 21, ni que haya sido acompañada por la firma del agente encargado de la notificación, requisito también exigido por el mencionado precepto.

A mayor abundamiento, puede agregarse que el acto administrativo que correspondía notificar constituía un claro supuesto de motivación "per relationen", en cuanto remitía a informes y dictámenes previos, obrantes en las actuaciones administrativas y ninguna constancia existe de que la agente haya tomado conocimiento del contenido de dichos actos, obrantes, como se observa, en actuaciones distintas al expediente en el que se concretaba la actividad notificadora.
Locación de cosas, deudas derivadas de la locación, juicio ejecutivo
Materia: CIVIL
Carátula: MADERPOS S.A.C.I.M. c/ MARTIN, Eduardo y Otro s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-27

La hermenéutica de lo normado por el art. 1581 del Cód. Civil impone considerar que se encuentra amparada por el procedimiento ejecutivo cualquier deuda originada en el contrato de locación (conf. esta Sala, ED 1-418), siempre que reúna las condiciones de liquidez y exigibilidad que establece el art. 520 del ritual.

En tal sentido debemos considerar incluidas en dicho procedimiento las deudas por cobro de servicios, cuando los mismos han sido puestos contractualmente a cargo del locatario y las sumas reclamadas surgen nítidamente determinadas en las facturas acompañadas por el accionante, que resultan integradoras del título (contrato de locación).
Pueblos originarios, participación ciudadana, situación de vulnerabilidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Comunidad Mapuche Catalán y Confederación Indígena Neuquina c/ Provincia del Neuquén s/ acción de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-08

La situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los pueblos indígenas -debido a su idiosincrasia que los diferencia de la mayoría de la población- exige que el Estado diseñe, promueva y fomente diversas formas de participación que permitan a dichos sectores de la sociedad entender en los asuntos públicos que involucren sus intereses (Voto del juez Rosatti).
Contratos administrativos, licitación pública
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Radeljak, Juan Carlos c/ Administración General de Puertos s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-29

En los contratos en que interviene la Administración se supedita su validez y eficacia al cumplimiento estricto de las formalidades exigidas por las disposiciones vigentes en cuanto a la forma y procedimientos de contratación, entre los que se encuentra la licitación pública.
Sociedad irregular, responsabilidad del socio
Materia: COMERCIAL
Carátula: Veira Fernández, Edgar c/ Emilio Castro  S.R.L.  y otros s/ Cobro de sumas de dinero
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-06-23

Si la sociedad no se encuentra inscripta en el Registro Público de Comercio de conformidad con lo dispuesto por el art. 7 de la Ley 19.550 el ente no se encuentra regularmente constituido. Se le aplican las normas que rigen la sociedad de esta naturaleza (arts.

21 y sigs., ley cit.), entre las que se destaca la que establece que los socios y quienes contrataron en nombre de la sociedad quedarán solidariamente obligados por las operaciones sociales, sin poder invocar el beneficio del art. 56 ni las limitaciones que se funden en el contrato social (art. 23, ley cit.), desechándose la previa excusión de los bienes sociales (art. 56 cit.), si se trata de una acción contra el socio gerente.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestiones procesales, costas, honorarios del abogado
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - CIVIL
Carátula: VICTOR HUGO ALEMIS Y OTROS c/ MUNICIPALIDAD DE RESISTENCIA Y PROVINCIA DEL CHACO s/ ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD.    IMPUESTOS MUNICIPALES.    HONORARIOS DE ABOGADOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-06-11

Los honorarios regulados en las instancias anteriores, las bases computables para su determinación y la apreciación de los trabajos profesionales realizados, en razón del carácter fáctico y procesal de las cuestiones que suscitan, no son revisables, como principio, en la vía extraordinaria.
Cuestiones de competencia, competencia de menores, juez de instrucción
Materia: PROCESAL
Carátula: Señor Juez de Instrucción Dr. José A. Reyes -Apóstoles s/ Cuestión de Competencia.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1997-04-11

Encontrándose la causa en la etapa de instrucción, debe estarse a lo normado por el art. 412 del C.P.C., en cuanto establece que se debe proceder en el proceso de menores conforme a las normas comunes de este código; rige al respecto el art. 185 del código ritual citado, en cuanto atribuye al Juez de Instrucción la potestad de investigar la comisión de ilícitos. Concluida que fuera esta etapa, recién será competente el Juez en lo Correccional que sólo tiene funciones de juzgador y no de instructor, sin perjuicio de la adopción de las medidas especiales que el código establece con relación a los menores.
Derecho procesal, expresión de agravios, contenido de la demanda
Materia: PROCESAL
Carátula: MORALES, LUIS ANGEL Y OTROS s/ POSESION VEINTEÑAL-SUMARIO-II CUERPO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-09-30

Si bien el recurso contra la sentencia abre la jurisdicción de la alzada a los efectos de resolver sobre la justicia de dicha sentencia. En manera alguna posibilita fallar sobre las peticiones formuladas en segunda instancia con prescindencia de las cuestiones planteadas ante el juez de primer grado, pues el tribunal ad-quem carece de atribuciones para resolver sobre ningún capitulo que no hubiese sido propuesto a decisión del inferior. No puede alegarse en segunda instancia una cuestión que altere la litis contestatio, estando obligado el tribunal de apelación a fallar únicamente los agravios sobre los puntos pertinentes fijados en la traba de la litis o sea que no puede tomarse en cuenta nada cuento no pertenezca a la demanda y contestación.
Delitos de los recursos de la seguridad social, Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, trámites judiciales, recurso de reposición (procesal), nulidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: RIESCO, ANA MARIA s/ Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, Causa: 36911.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-31

Corresponde declarar la nulidad de la resolución que dispuso el archivo de las actuaciones porque se omitió dar vista a los interesados del recurso de reposición interpuesto (Art. 447 CPP).

Tal circunstancia implica una violación al derecho de defensa en juicio y a la garantía constitucional del debido proceso (Art. 18 CN) y es susceptible de que la nulidad que se decide, sea declarada de oficio (Art. 168 CPP) proyectándose a los actos posteriores a ella (Art. 172 CPP).
Excarcelación, tiempo de detención
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: CENDON, Nestor N. s/ LEGAJO DE INCIDENTES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-06-26

Corresponde conceder la excarcelación a quien ha cumplido en detención un lapso mayor que el previsto en el art. 701 del C.P.M.P.

sin que se haya dilucidado su situación procesal, máxime si se tiene en cuenta que no existen evidencias ciertas que permitan pensar que se intentará burlar la acción de la justicia.
Derecho civil, contratos administrativos, persona jurídica pública estatal, fallos de la Corte Suprema, aplicación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: AREA  Data  SA c/ Instituto  Nac.de Serv. Soc. para Jubilados yPensionados s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-07-05

La demandada no es una persona estatal (conf. art. 1° de la ley 19.032), vale decir, no integra la administración pública ni pertenece a la colectividad aun cuando su conducta pueda verse regida por el derecho público (ver en ese sentido: Cassagne, Juan O., Derecho Administrativo, Ed. Abeledo Perrot, 1996, t. 1, pág. 221, quien recuerda la clásica distinción de Enrique Sayagués Laso).
Divorcio, culpa, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: CARDULLO ASDRUBAL OMAR c/ FRANCISCA SARA DOMIANO s/ DIVORCIO VINCULAR
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-02-27

Al efecto de dejar a salvo los derechos del cónyuge inocente de la separación (art. 204 C.C.), en modo alguno es necesario que él demande el divorcio o reconvenga, ni puede extraerse presunción desfavorable alguna en su contra por la omisión en hacerlo.

Por otra parte, no es menester acreditar la culpa del otro cónyuge, sino que lo suficiente, y al mismo tiempo indispensable, es poner de relieve la inocencia propia: no haber dado causa a la separación Más aún, en principio, la prueba de la culpabilidad del otro esposo no es índice bastante de la inocencia propia, desde que en numerosos casos es la culpa compartida entre los cónyuges el germen de la separación personal.

La ley no permite extraer del alejamiento de uno de los cónyuges la presunción de que se trata de un abandono voluntario y malicioso.

Por el contrario, el art. 204 exige expresa y contundentemente la prueba de la personal inocencia por quien la alega. Lo esencial es, pues, cuál fue, antes de la separación, la conducta del cónyuge que se dice inocente.-
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestión de derecho común, tenencia de hijos menores, patria potestad, sentencia arbitraria
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL
Carátula: Echeverría de Villalba Díaz, María del Carmen c/ Villalba Díaz, Jorge Luis s/ div. 67 bis. incidente de autorización.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-13

Procede el recurso extraordinario contra la decisión que ha suplido el consentimiento que integra las facultades de uno de los progenitores y autorizado la radicación en el extranjero de parte del grupo familiar mientras dure el desempe!o del cargo consular que ocupa la madre, si la interpretación, tanto del derecho aplicable como de las circunstancias acreditadas en la causa, no ha tenido en cuenta el contexto general de las normas en juego y los fines que las informan, ni las consecuencias que se derivan de la sentencia.
Hábeas data, banco de datos personales, fuerzas de seguridad, policía federal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: "Beliz,  Gustavo  O.  y  otro c/ P.E.N. (Mº del Interior) s/ amparo ley 16.986".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-05-17

Si existen constancias de que la Policía había comisionado a personal en la sede de la institución y que éste efectuaba informes por escrito -que podían ser destruidos si no correspondía su conservación conforme a lo dispuesto en el Reglamento General de Correspondencia de la Policía Federal-, verbales o telefónicos -que, de resultar pertinente, eran volcados en informes finales-, la mera negativa -de la demandada- acerca de la existencia de otros informes respecto del actor y del partido que preside no podría resultar por sí sola suficiente para el rechazo de la acción de hábeas data deducida. Adoptar tal criterio implicaría -en los casos de acciones destinadas a obtener el acceso a la información que sobre una persona consta en un registro o banco de datos- otorgar al eventual demandado la posibilidad de evadir su obligación -constitucional y legal- por vía de una simple negativa, haciendo fracasar el requerimiento sin brindar explicaciones suficientes.
Notificación, impugnación de la notificación, cédula de notificación, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: PROCESAL
Carátula: Díaz, José R. y otros c/ Banco Hipotecario Nacional s/ incidente de apelación. s/ incidente de apelación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-06-16

Deben rechazarse las impugnaciones fundadas en que la cédula no habría sido entregada a quien correspondía, si el receptor fue identificado concretamente por el notificador y, aunque no firmó, se trata de la misma persona que había recibido numerosas notificaciones cursadas por la Corte Suprema en los expedientes donde interviene el mismo abogado patrocinante.