Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-03-05


2º Instancia. - Buenos Aires, marzo 5 de 2009.

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada? El doctor Dieuzeide dice:

1. Que fue apelada por la codemandada Citibank N.A. la sentencia definitiva de fs. 354/358 que hizo lugar a la demanda promovida por Gustavo Rodolfo Aller y Sonia Alejandra Michielin contra aquél y contra Daniel Enrique Bártoli, cuyo objeto mediato era el cobro de cierta suma de dinero debida por Bártoli en su carácter de librador de cheques contra la cuenta corriente que mantenía abierta en el banco demandado y que fueran rechazados por éste al ser presentados al cobro. Los agravios fueron expresados en fs. 393/394 y contestados en fs. 396/403.

a) La descripción de la traba de la "litis" fue adecuadamente reseñada en la sentencia apelada, por lo que cabe remitirse a ésta. El señor juez de primera instancia fundó sustancialmente su decisión en que la apelante incurrió en una conducta negligente al abrir la cuenta corriente a nombre del codemandado Bártoli sin haber requerido información al denominado "Sistema de Telecomunicaciones del Area Financiera", de donde hubiera surgido que éste ya se encontraba inhabilitado por el B.C.R.A., y que existía suficiente relación de causalidad entre tal conducta y el daño sufrido por los actores, concretado en la falta de cobro de los importes de los cheques.

b) Los agravios expresados por la codemandada básicamente se sustentan en que:

I) El señor juez merituó solo parcialmente la prueba producida y las constancias del proceso, al poner el acento en una supuesta omisión por su parte en consultar la base de datos del B.C.R.A. cuando -como ya sostuvo al contestar la demanda- no contaba con aquella información, de la cual solo tuvo conocimiento en julio de 2000.

II) Su actuación, aun en el supuesto de que hubiera existido algún tipo de error involuntario, no guarda relación de causalidad con el supuesto perjuicio invocado por los actores pues la falta de pago de los importes de los cheques respondió exclusivamente a que el cuentacorrentista Bártoli dio la expresa orden de no pagar.

III) No se tuvo en consideración lo expuesto con relación a que asistía a los actores el derecho de reclamar por vía ejecutiva el cobro contra el librador de los cartulares, pese a lo cual prefirieron demandar al banco.

IV) Los actores no probaron la supuesta vinculación entre Bártoli y Balegas G.N.C. a quien le fueron remitidas las facturas que instrumentarían la causa de la obligación para cuyo pago habrían sido librados los cheques.

2. Con base en el desarrollo precedente debe dirimirse el mérito del recurso:

a) No existe controversia acerca de la apertura por parte del banco de una cuenta corriente a nombre del codemandado Bártoli en el mes de marzo de 1997, ni tampoco respecto del rechazo de distintos cheques girados contra la cuenta de aquel por los actores. Se encuentra acreditado además que Bártoli se encontraba inhabilitado para operar en cuenta corriente desde el mes de enero de 1997 (fs. 177) por haber librado cheques sin existencia de fondos. Ahora bien, la recurrente reitera en esta instancia su defensa relativa a que carecía de conocimiento en la fecha de apertura de la cuenta corriente acerca de tal situación, por lo cual tal apertura no fue precedida de una conducta negligente.

I) Debe tenerse presente que la apertura de una cuenta corriente bancaria requiere el cumplimiento de la reglamentación emitida por el B.C.R.A., y que la que se encontraba vigente en la fecha de la apertura de esa cuenta requería, entre otras cosas, y en lo que aquí interesa que:

A) Se exigiera al solicitante que denunciara su nombre y apellido completo, fecha y lugar de nacimiento, estado civil, profesión, domicilios real y especial, clave única de identificación tributaria o laboral, nombre y apellido del cónyuge, nombre y apellido de los padres, tipo y número de documento (1.1.1.1) y nombre y domicilio de dos o más personas que pudieran dar suficientes referencias sobre la solvencia moral y material del solicitante (1.1.1.2).

B) Antes del cumplimiento y verificación de la exactitud de los requisitos señalados en el punto 1.1.1. y de resolver favorablemente, se consultara si el solicitante se encontraba incluido en la base de datos de cuentacorrentistas inhabilitados (1.1.2).

II) De las constancias del proceso surge que en el caso el banco cumplió con el recaudo exigido en los puntos 1.1.1.1 y 1.1.1.2 de dicha reglamentación, pero no con la verificación de la exactitud de los datos brindados ni con la comprobación de que el solicitante no estaba incluido en la base de datos de los cuentacorrentistas inhabilitados. Es más, el banco demandado afirmó no haber contado en ese momento con información alguna referida a la inhabilitación del codemandado Bártoli, pese a lo cual -como bien señaló el señor juez de la primera instancia-, el B.C.R.A. informó que los datos relativos a los inhabilitados eran difundidos al sistema financiero por medio del Sistema de Telecomunicaciones del Area Financiera, por intermedio del cual las entidades financieras tomaban conocimiento de las altas, bajas y modificaciones diariamente (v. fs. 221).

III) Por lo tanto puede concluirse en que el banco apelante no puede excusarse en su falta de conocimiento de una situación que estaba en condiciones y que tenía el deber de conocer en oportunidad de la apertura de la cuenta corriente bancaria a nombre del codemandado Bártoli. Debe ponderarse para tal conclusión el mayor nivel de exigencia de actuar con diligencia respecto de la situación del solicitante de apertura de una cuenta corriente que es susceptible de afectar seriamente valores, derechos o bienes, y que es deber de los bancos obrar con la mayor prudencia para evitar, en la medida de lo posible, que la titularidad de una cuenta corriente bancaria sea el medio para cometer una defraudación. Y en este sentido debe tenerse en cuenta también que la conducta del banco no puede ser merituada con los mismos parámetros aplicables a un particular en razón de que su actividad profesional lo obliga a ajustarse a un standard de responsabilidad agravada. Por esa razón es que en el mencionado contrato de apertura se hace necesario exigir la mayor estrictez, no solo en cuanto al cumplimiento de los requisitos establecidos sino también en la comprobación de su veracidad (CNCom, Sala A, 20.10.04, "Tuñez, Verónica c. Banco Itau Buen Ayre SA").

IV) Por consiguiente considero que este agravio debe ser rechazado.

b) El apelante argumentó también que aunque hubiera habido de su parte algún error involuntario, la responsabilidad por la falta de pago de los importes de los cheques corresponde exclusivamente a Bártoli quien dio expresa orden de no pagar.

I) Debe tenerse en cuenta que efectivamente, la mayor parte de los cheques no pudieron ser cobrados por el actor por expresa orden del librador, pues de los once cheques librados por el Bártoli a favor de aquel sólo el primero fue rechazado por falta de fondos, en tanto que los demás lo fueron por orden de no pagar impartida por el librador al banco demandado.

II) En tal sentido, debe también ponderarse que quien demanda a un banco por los daños que le habría ocasionado la apertura de la cuenta corriente bancaria sin cumplir con las exigencias reglamentarias debe acreditar además del incumplimiento de los recaudos exigidos por el B.C.R.A. la adecuada relación de causalidad entre el ilícito y el daño invocado (CNCom, Sala E, 11.5.92, "Luis Federico Bullrich y Hnos. SA c. Banco Río de la Plata"). Y si bien en este caso efectivamente el banco demandado incurrió en negligencia al acceder a la solicitud de Bártoli de abrir una cuenta corriente bancaria pese a estar inhabilitado, debe examinarse sin embargo la suficiente relación de causalidad -negada por el banco demandado- entre la conducta de este y el perjuicio que afirmó haber padecido la parte actora.

III) Por otra parte, si bien es cierto lo alegado por la recurrente en el sentido de que fue Bártoli quien impidió que el actor pudiera cobrar los cheques con su orden de no pagarlos, ante lo cual no tuvo más opción que rechazarlos, también lo es que los actores no se hubieran visto involucrados en esa situación si el banco recurrente hubiera cumplido de igual forma con su obligación de rechazar la solicitud de apertura de la cuenta corriente de Bártoli por hallarse inhabilitado para operar con ese tipo de cuentas, lo cual establece en principio suficiente relación de causalidad en el campo de la responsabilidad aquiliana, por tratarse el eventual perjuicio de una consecuencia mediata previsible de la conducta negligente, en los términos del c.c. 901 y 904 (v. Llambías, J. J. "Tratado de derecho civil - Obligaciones" t. I, nro. 308/309 ,p. 411/413, ed. 1973). Si bien un banco no asume directamente responsabilidad frente a terceros por la apertura de una cuenta corriente, sí debe responder ante quien ha sido víctima del uso de una chequera que fue mal otorgada, pues su responsabilidad tiene causa en las irregularidades en que incurrió al no cumplir las disposiciones dictadas por el Banco Central (CNCom, esta Sala, 04.05.05, "Jorge Alberto Caso SA c. Citibank NA"), puesto que el abuso de la cuenta para cursar cheques tiene virtualidad dañosa sin posibilidad de precaverse demasiado por parte de la víctima, y el abuso en la utilización del cheque requiere como concausa generadora del perjuicio la relativa confianza del receptor del instrumento que lo acepta como medio de pago (CNCom, Sala D, 5.6.87, "Santasmarinas Maria c. Banco de la Provincia de Buenos Aires").

IV) Por consiguiente, juzgo que este agravio también debe ser desestimado.

c) Ahora bien, a pesar de lo expuesto, el tercer agravio del recurrente acerca de la falta de ejercicio por parte de los actores del cobro ejecutivo al cual tenían derecho, merece a mi juicio otra consideración:

I) Los actores se limitaron a afirmar que ante el rechazo de los cheques enviaron una carta documento de reclamo a su librador el codemandado Bártoli, pero ni su original fue agregado ni fue producida prueba alguna que acreditara su efectiva remisión, y menos aun que hubieran siquiera intentado ejercitar la acción cambiaria o causal subyacente al cheque o se hubiera explicado claramente los motivos por los cuales sería infructuosa. Tales omisiones son relevantes para definir la cuestión, en la medida en que el sólo rechazo de los cheques no es suficiente para configurar un daño susceptible de provocar la responsabilidad del banco (CNCom, Sala C, 10.7.02, "Brandel Oscar c. Banco Supervielle Societe Generale").

II) En tal sentido se ha pronunciado esta sala en la sentencia dictada el 20.11.07 en el proceso "Wolkowiski Damián c. Banco Sudameris Argentina S.A.". En esa oportunidad se sostuvo que "...debe tenerse en cuenta que cuando el cheque es rechazado en su presentación al cobro ante el banco girado el acreedor debe procurar su cobro directamente del librador en virtud de lo dispuesto por la ley nro. 24.452:38, y que solo en el caso de que la percepción del crédito por ese medio sea ineficaz o imposible... quedará abierta la vía para responsabilizar al banco, puesto que el daño sólo es resarcible cuando es cierto, sea presente o futuro, y no cuando es conjetural o eventual porque no hay certidumbre sino una mera posibilidad de su existencia (CNCom., Sala E, 24.04.1998, "Omni Sudamericana S.A. c. Deutsche Bank S.A."; íd., esta Sala, 16.05.2001 "Da Silva Pulido, E. c. Banco de Galicia y Buenos Aires")...".

III) Es por tal razón que considero que debe admitirse este agravio del banco demandado, dirimente del resultado final del recurso.

d) Si bien en virtud de lo expuesto en el punto anterior aparece abstracto referirse al último argumento vertido por la recurrente en el sentido de que no ha sido probada la supuesta vinculación entre el Sr. Bártoli y Balegas G.N.C. a nombre de quien se encuentran emitidas las facturas que serían la causa del pago reclamado, entiendo oportuno aclarar que según surge del oficio contestado por la AFIP y que se encuentra agregado en fs. 206, el codemandado Daniel Bártoli efectivamente integraba una sociedad de hecho cuyo domicilio coincide con el que figura en las facturas en cuestión como el de la referida firma Balegas G.N.C. de cuya aptitud patrimonial positiva o negativa no se aprecia evidencia.

3. Por todo lo expuesto, normas y doctrina citadas propongo al acuerdo que en caso de ser compartido mi voto, se admita el recurso de apelación interpuesto por Citibank N.A. y se revoque la sentencia apelada con el efecto de rechazar la demanda promovida contra dicha entidad bancaria, con costas. Las costas de esta instancia serán impuestas a la parte actora vencida (c.p.c. 68).

Los doctores Vassallo y Heredia adhieren al voto que antecede.

Concluida la deliberación, los señores Jueces de Cámara, por mayoría, acuerdan:

a) Admitir el recurso de apelación interpuesto por Citibank N.A. y, en consecuencia, revocar la sentencia apelada con el efecto de rechazar la demanda promovida contra dicha entidad bancaria.

b) Imponer las costas de ambas instancias a la actora vencida (art. 68 Cód. Proc.).

c) Diferir la regulación de los honorarios hasta tanto sean fijados los correspondientes a la primera instancia. -Pablo D. Heredia. -Juan José Dieuzeide. -Gerardo G. Vassallo.