Declaración indagatoria, sentencia absolutoria, sentencia arbitraria, derechos y garantías constitucionales, declaración autoincriminante, improcedencia del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Riveros, Santiago Omar y otros c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-17

La disidencia sostuvo que la decisión del a quo que dispone la nulidad de las declaraciones indagatorias y las consecuentes absoluciones resulta arbitraria por cuanto responde a un criterio meramente ritualista, sin que se evidencie en la especie la vulneración de los principios constitucionales que se invocan (Fallos: 304:1564; entre tantos otros), toda vez que del examen de los actos anulados se evidencia que con anterioridad a su perfeccionamiento los incusos habían contado con la oportunidad de entrevistarse con la defensa designada y, a su vez, al inicio de las audiencias respectivas se les hizo saber expresamente "que poseían el derecho de negarse a declarar, sin que ello implicara presunción alguna en su contra", lo que explícitamente descartaron. La prohibición de autoincriminación forzosa, prevista en el artículo 18 de la Constitución Nacional y 8.2.g de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, consiste en el derecho que tiene toda persona para decidir libremente si declarará o no y cuál será el contenido de su declaración, por lo que bajo ningún modo se puede obligar o inducir al acusado a reconocer su culpabilidad, más ello no impide que el deponente se manifieste libremente respecto de los hechos que le fueran intimados. en el sub lite se han resguardado las garantías que tanto regulan como resguardan el debido proceso (art. 18 CN), ya que se les aseguró el derecho a una defensa técnica, mantuvieron una entrevista previa antes de declarar, se les hizo saber que no se encontraban obligados a prestar declaración y que permanecer en silencio no implicaba presunción alguna de culpabilidad en su contra, todo lo cual permite afirmar la validez de sendos actos procesales cuya nulidad declaró el órgano sentenciante. En definitiva, en la hipótesis la anulación de todo lo actuado desde las declaraciones indagatorias no tiene sustento en la acreditación de un perjuicio concreto y actual de garantías constitucionales, sino que se apoya en un detalle meramente formal, en flagrante infracción al principio de ultima ratio que impide la declaración de nulidad por la nulidad misma. Se observa así que los argumentos de los acusadores públicos y privados -que se expidieron en similar sentido- no fueron respondidos en la sentencia del tribunal de origen; la cual, en función de ello, luce carente de la debida fundamentación. En derredor al recurso de casación deducido por la defensa, los argumentos presentados por el impugnante no logran rebatir lo resuelto por el tribunal a quo a su respecto, en cuanto rechaza el planteo de nulidad de la declaración indagatoria prestada por su asistido y lo condena como coautor de los hechos objeto de imputación, toda vez que se ha demostrado en autos la existencia de tal fuente autónoma probatoria que ha conformado también el decurso incriminatorio con relación al mentado encausado y no se advierten elementos que tornen infundada la pena fijada en tanto la decisión se ajustó a las pautas de los arts. 40 y 41 del CP y los agravios de la defensa se manifiestan como un mero disenso con lo decidido por el tribunal de origen, a la luz de la gravedad de los hechos juzgados y la extensión del daño ocasionado a las víctimas de estos actuados. Dres. Yacobucci, Slokar -en disidencia- y Mahiques.