Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2009-09-22


RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA Nº 165 NEUQUÉN, 22 de septiembre de 2009.

V I S T O S:

Los autos caratulados: "BUSTOS MARISA FABIANA C/ I.P.V.U. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS" (Expte. nro. 100 - año 2009) del Registro de la Secretaría Civil de Recursos Extraordinarios del Tribunal Superior de Justicia, venidos a conocimiento del Cuerpo para resolver, y CONSIDERANDO:

I.- A fs. 683/692 el INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA Y URBANISMO DEL NEUQUÉN (I.P.V.U.) deduce recurso casatorio "por Inaplicabilidad de Ley y Arbitrariedad en la sentencia, en los términos del Art. 15 inc. c de la ley 1.406" (sic), contra el decisorio dictado a fs. 669/674 vta. por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería, Sala II, de esta ciudad, en cuanto modifica la sentencia de grado y hace lugar parcialmente a la demanda, condenando al accionado a abonar la suma de pesos diez mil ($10.000) en concepto de daño moral con más sus intereses a la tasa MIX del Banco Provincia del Neuquén, desde la fecha del hecho dañoso hasta el efectivo pago.

Manifiesta, el recurrente, que el fallo atacado carece de fundamentación suficiente al momento de cuantificar el daño moral pues, efectúa una interpretación equivocada de los hechos y una apreciación errónea de las pericias, lo que lo torna arbitrario.

Así, expone que, en la especie, no se ha logrado evidenciar los daños que son el presupuesto de cualquier condena indemnizatoria. Ello en virtud de que - dice-, conforme el Art. 1067 del C.C., si no hay daño no hubo acto ilícito. Y en autos se ha demostrado que los daños que sufrió el menor no requirieron internación ni dejaron secuelas físicas clínicas.

Efectúa consideraciones en torno a la cuantificación de la reparación y cita, al efecto, el Art. 165 del C.P.C y C. Aduce que, conforme lo expusiera el fallo de Primera Instancia, no se ha acreditado el daño indemnizable que se reclama.

Considera inexacto que el perjuicio moral no esté sujeto a prueba alguna. Y agrega que, en los presentes, no se ha demostrado una verdadera y grave alteración en los estados del espíritu, lo que deriva en el rechazo de este rubro.

Por último, se agravia porque la Cámara no fundamenta cómo obtiene el monto por el que se determina el daño moral, como tampoco lo hiciera en su momento el actor en la demanda.

II.- Corrido el pertinente traslado, contesta la actora a fs. 707/708 vta.

Solicita la declaración de inadmisibilidad del recurso incoado.

A fs. 716 se notifica la Defensora de los Derechos del Niño y del Adolescente.

A fs. 728 toma intervención el Sr. Defensor ante este Tribunal Superior.

A fs. 729 se notifica al Sr. Fiscal ante el Cuerpo.

III.- Corresponde en este estadio procesal analizar el cumplimiento de los recaudos previstos por el Art. 5° del ritual casatorio, a fin de determinar la posibilidad de declarar admisible el remedio intentado.

En ejercicio de dicha labor, cabe señalar que el escrito recursivo fue presentado tempestivamente, por quien está legitimado para ello y ante el mismo Tribunal que dictara el decisorio en crisis. Se ha constituido domicilio ad-litem y anejado las copias para traslado.

IV.- También se encuentra presente la nota de definitividad exigible, a tenor de lo establecido por el Art. 1° del ritual aplicable, ya que la recurrida es sentencia que pone fin al pleito, aventando toda posibilidad de reedición.

V.- Mas, a distinta conclusión debe arribarse en punto a los restantes recaudos exigidos por la Ley Casatoria, para viabilizar la admisibilidad de los remedios extraordinarios intentados.

La pacífica doctrina de este Tribunal tiene dicho, en lo atinente al recaudo de autonomía, que un escrito, como el de análisis, exige que de su sola lectura pueda interpretarse cuáles han sido las pretensiones de las partes, cuál el desarrollo del proceso, los resultados obtenidos en las instancias anteriores, y cómo se configurarían las causales denunciadas (cfr. doctrina sentada y sostenida por este Tribunal en R.I. Nros. 197/88; 213/88; 689/92; 948/93;

1083/94; 1431/96, entre muchas otras, del Registro Actuarial).

En la especie, no se encuentran observados estos extremos pues, se hace una mención parcializada de las pruebas producidas, entremezclando el relato con su propia crítica. Así, se omite referencia alguna de la absolución de posiciones de la parte actora, de ciertas testimoniales -en especial, la del Sr. Leiva Enrique (entrenador deportivo del menor) (cfr. fs. 341) y las de los albañiles que trabajaron en las refacciones- como, así también, de la pericia del traumatólogo Dr. .... Ellas son de suma importancia, en atención a los argumentos esgrimidos por la Alzada para la concesión del daño moral peticionado.

Asimismo, el impugnante reseña, en forma fragmentada y confusa, los argumentos brindados por la Cámara, omitiendo todo el acápite referido a la atribución de responsabilidad. También, con respecto al daño moral, luce ausente, en su relato, el parágrafo por el cual se corrobora -de las pericias y testimoniales- que se trató de una lesión dolorosa y grave (cfr. 672 vta.), no respetándose, de esta manera, el desarrollo lógico realizado por la magistrada preopinante para la procedencia de este rubro.

Por lo tanto, al no mediar un relato completo y preciso de los antecedentes de la causa y de la resolución que se impugna, no puede tenerse por cumplido el recaudo analizado.

Tampoco se cumple con la exigencia prevista en el Art. 14° de la Ley 1406, respecto del monto habilitante del recurso de Inaplicabilidad de Ley, toda vez que de los antecedentes transcriptos en la pieza recursiva se desprende que el valor económico del agravio, traído a consideración de este Cuerpo, asciende a la suma de $10.000.

Por lo que no superaría el valladar impuesto por la normativa de referencia. Y no se invoca ni demuestra, supuesto excepcional alguno a fin de enervar la aplicación del precepto citado y posibilitar así la apertura de la instancia casatoria local, por la vía analizada.

VI.- Tampoco se observa el recaudo que hace a la suficiencia recursiva, ya que la pretendida crítica se realiza mediante una mera expresión de agravios, propia de la instancia ordinaria, en la que se engloban los vicios denunciados, sin desarrollar en forma independiente cada uno de ellos, ni demostrar prima facie su configuración.

Debe recordarse que la naturaleza extraordinaria y excepcional que reviste el remedio bajo análisis impone al recurrente una carga mayor. Por lo que debe extremar los presupuestos que hacen a dicha exigencia, precisando las causales con claridad estructural y sin déficit técnico.

Ha de destacarse que para motivar el recurso de casación no es suficiente exponer el agravio, sino que es preciso que el defecto o error que se imputa a la resolución recurrida esté expresamente tipificado por la ley. Es decir, que resulta ineludible efectuar una delimitación del tema recursivo (cfr. Hitters, Juan Carlos, Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación, Librería Editora Platense, 2° edic., pág. 213, Buenos Aires 2002).

Al respecto, es preciso resaltar que, en esta etapa, de análisis meramente formal, el principio iura novit curia es de interpretación restrictiva (cfr.

R.I. Nos. 871/93, 1431/96, entre otras de la Secretaría actuante). Y este Tribunal tiene dicho que quien afirma que la sentencia viola determinado precepto legal, no hace otra cosa que anticipar una premisa, cuya inmediata demostración debe hacer en el mismo escrito.

Además de lo expuesto, se advierte que el impugnante efectúa un embate parcial de los argumentos en que se sustenta el decisorio en crisis. Pues, deja incólume el fundamento que brinda la judicante para la determinación del daño moral, a saber:

"que de las pericias y testimoniales brindadas, en especial la del entrenador deportivo del menor, se corrobora la lesión dolorosa y grave, que le produjo inmovilización por treinta días, síntomas que denotan el daño moral" (cfr. fs.

672vta.).

Sabido es que resulta insuficiente el escrito de interposición que se limita a hacer una crítica fragmentada del fallo que se cuestiona, ya que de este modo impide que el Tribunal Superior pueda ejercer su función revisora (cfr. R.I. N° 1467/96, entre muchas otras).

Por otro lado, cabe poner de resalto que por vía de Inaplicabilidad de Ley, el recurrente alega vicios propios del recurso de Nulidad Extraordinario, tales como, "ausencia de fundamentación suficiente y "falta de fundamentación en torno a la obtención del daño moral" confundiendo los carriles impugnativos previstos en la Ley Casatoria, como también sus alcances y efectos.

En tal sentido, cabe recordar que resulta imperativo, a los efectos de activar la intervención y facultad revisora de este Alto Cuerpo, en tanto estrado casatorio, que el quejoso subsuma debida y correctamente el vicio que pretende atribuir al decisorio impugnado, dentro de alguno de los motivos de justificación objetiva previstos en la Ley Casatoria.

Y como lo tiene dicho este Tribunal, los recursos de Nulidad Extraordinario e Inaplicabilidad de Ley son dos vías distintas, de naturaleza, contenido y técnicas diversas, exigiéndose por ende, un planteamiento autónomo de cada uno, a los fines de delimitar la intervención extraordinaria de este Alto Cuerpo, estándole a él vedado suplir por inferencia los yerros u omisiones del recurrente, toda vez que resulta de aplicación restrictiva en este estadio procesal el principio iura novit curia (cfr. R.I. Nros. 1183/95; 1448/96;

12/97).

Para finalizar, el quejoso se limita a cuestionar la labor axiológica desarrollada por la Cámara sentenciante, en punto a la valoración de las pruebas rendidas en la causa y al quantum indemnizatorio. Materia de hecho reservada a los tribunales de grado y excluida de la casación, máxime cuando - como en el presente-, no se ha logrado demostrar -prima facie- la configuración de absurdo probatorio.

Este remedio, último y excepcional, está circunscripto a supuestos en que la valoración del material probatorio haya escapado a las leyes de la lógica formal o las transgreda, o que se haya producido el extremo de lo que es impensable o inconcebible, por haber quedado totalmente al margen del raciocinio, lo que no se acredita en la especie, dejando así incólume la plataforma fáctica del fallo en crisis.

En síntesis, conforme las consideraciones vertidas, corresponde declarar inadmisible el remedio analizado, con costas.

En razón de lo anteriormente dispuesto, deviene innecesario analizar el cuestionamiento formulado por la actora en su responde, en torno al requisito del depósito previsto por el Art. 2º de la Ley 1.406, en virtud de haber sido adjuntado por la recurrente luego de la interposición de la pieza casatoria (cfr. fs. 711).

Por ello, SE RESUELVE:

I.- Declarar INADMISIBLE el recurso de Inaplicabilidad de Ley deducido por el demandado INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA Y URBANISMO DEL NEUQUÉN (I.P.V.U.), a fs. 683/692.

II.- Imponer las costas al recurrente perdidoso (Art. 12°, Ley 1.406), a cuyo fin y de conformidad a lo establecido por el Art. 15 de la Ley 1.594, regúlanse los honorarios profesionales del Dr. ... -letrado patrocinante de la actora- en la suma de pesos OCHOCIENTOS VEINTICINCO ($825).

III.- Disponer la pérdida del depósito efectuado a fs. 711, por la suma de pesos DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO ($2.291)(Art. 10° de la ley de rito), dándosele el destino fijado por la Ley de Autarquía Judicial N° 1.971.

IV.- Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvanse los autos. Dr. OSCAR E. MASSEI - Presidente. Dr. EDUARDO F. CIA - Dr. ANTONIO G. LABATE - Dra.

LELIA G. MARTÍNEZ de CORVALAN DRA. MARÍA T. GIMÉNEZ de CAILLET-BOIS - SECRETARIA.