marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Juicio ejecutivo, prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco Mayo c/ García Carlos s/ Ejecución Cristalfin S.A. c/ Verga, Margarita s/ Ejecución Fisco de la Pcia. Bs.As. c/ Waitz de Luque Ana s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-09-24|1999-05-04|2000-02-22

Si las pruebas ofrecidas por el ejecutado aparecen como útiles e idóneas para dilucidar los hechos que dan sustento a la excepción opuesta, sin que su producción implique exceder las magras posibilidades de conocimiento que caracterizan a este tipo de procesos, resulta procedente la apertura a prueba en el juicio ejecutivo. (Minoría u opinión personal)
Medida de no innovar, peligro en la demora, verosimilitud del derecho invocado, acción de amparo, Instituto nacional de servicios sociales para jubilados y pensionados
Materia: PROCESAL
Carátula: ASOCIACION ARGENTINA DE ESTABLECIMIENTOS GERIATRICOS c/ INSTITUTO NAC DE SER SOC PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS s/ AMPARO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-13

Deducido amparo contra el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, pretendiendo se declare la inconstitucionalidad de las resoluciones N° 898/96 y 926/96 (dictadas por el INSSJP) reglamentarias del decreto del PEN N° 925/95, por violar expresas normas y garantías constitucionales, la actora solicitó se decrete medida de no innovar, ordenándose la no aplicación de las mentadas resoluciones ya que los afectaría considerablemente agravándose aun más la situación caótica de sus representados, sin perjuicio de lo que oportunamente se resuelva al momento de dictarse la sentencia definitiva. El a quo imprimió a las presentes actuaciones trámite de proceso sumarísimo, corrió traslado de la demanda y decretó la medida precautoria solicitada. En orden a la verosimilitud del derecho, se deben entender como la posibilidad de que este exista, y no como una incontestable realidad (que solo puede ser alcanzada en esta especie al momento de dictarse la sentencia de mérito), de allí que para decretar la cautelar basta que a través de un estudio prudencial y ajustado al estado del trámite y constancias arrimadas a la causa, sea dado percibir un fomus bonis iuris en la medida peticionada y, con respecto al peligro en la demora el art. 230, Código Procesal, en su segundo inciso, es más explícito que el anterior, ya que requiere la posibilidad de que si se llegare a alterar la situación de hecho o de derecho ello podría incidir en la sentencia, convirtiéndola en ineficaz o de ejecución imposible (cfr.

Morello, A. M. - Sosa G. L.- Berizonce R. O., "Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación, comentados y anotados", T° II-C, pág. 954), situación que prima facie
Adopción, adoptante, diagnóstico psicológico, facultades del juez
Materia: CIVIL
Carátula: R., G s/ PROTECCION DE PERSONA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-27

La evaluación psico-social de quienes solicitan la guarda y eventual adopción de un menor, excede el marco de discrecionalidad dentro del cual el juez está facultado para investigar las condiciones personales de los peticionantes, máxime si no existe elemento, siquiera relativo o indiciario, que muestre alguna clase de perturbación mental o emocional o insociabilidad en aquéllos.
Sociedades comerciales, sociedad anónima, impugnación de decisión asamblearia, nulidad de asamblea de accionistas, validez del acto jurídico
Materia: COMERCIAL
Carátula: MADANES, MONICA c/ ALUAR ALUMINIO ARGENTINO SA s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-12-29

Toda vez que, -como premisa general-, las nulidades no pueden ser pedidas en el solo interés de la ley, la invalidez de las resoluciones asamblearias deben acordarse con criterio restrictivo, tanto por la magnitud de su declaración, como por aplicación del principio de conservación de los actos jurídicos de acuerdo con el cual en caso de duda debe preferirse la interpretación que bonifica el acto y su validez y no la que lo tiene por nulo (conforme CCOM:

218-3.). Por ello -en la especie-, cabe el rechazo de la nulidad de las decisiones asamblearias, por cuanto ninguno de los temas invocados por la actora, para justificar pretensión invalidatoria de la asamblea, concierne al ámbito de regularidad formal de las deliberaciones, su convocatoria o el transcurso del acto asambleario desde el punto de vista de la legalidad de los que lo conforman y excede el ámbito de la acción contemplada por la Ley 19550: 251, que como con acierto ha destacado la doctrina, no ampara el interés en rigor de una vía social ut singuli (Halperín I. "Sociedades Anónimas", Buenos Aires, 1974, pág. 640, Parág. 68, Especialmente nota al pie nro. 244 y 268, parág. 71.).
Concurso aparente de leyes, Código de Justicia Militar, código penal, abuso de autoridad
Materia: PENAL
Carátula: Fiscalía Federal s/ dcia.  infracción  art. 144 bis, inc. 2x, del C. Penal (Provincia del  Neuquén)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-03

Subsistirá la aplicación del art. 702 del Código de Justicia Militar cuando concurra de modo aparente con una figura de la ley común sancionada con pena menor.
Competencia por conexidad, conexidad objetiva, competencia federal, falsificación de instrumento público, adulteración de la numeración de bienes registrables, documentación del automotor, patente del automotor
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Mancuso, Víctor s/ Competencia
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-07

Como media entre el hecho de falsificación de la documentación de un automotor y la adulteración de chapa identificatoria, números de motor y de chasis, íntima conexidad en los términos del artículo 37 del C.P.M.P. corresponde atribuir el conocimiento de los mismos a la Justicia Federal al no darse el supuesto de excepción del artículo 40 del aludido texto legal.
Recurso de casación penal, nulidad de sentencia
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Agüero, Walter José s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Víctor García en causa Nº 89/08 caratulada AGÜERO, Walter José p.s.a. Robo Agravado por el Uso de Arma de Fuego
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-02-10

Para que los vicios endilgados a la sentencia tengan entidad para conducir a la nulidad, deben relacionarse con pruebas valoradas en contra de las reglas de la sana crítica racional, u omitidas de ponderar que tengan valor decisivo (art. 454 inc. 2 del C.P.P.), toda vez que estos defectos son los captados por la ley (art. 408 inc. 3 del C.P.P.).
Contratos, emergencia económica, leasing financiero
Materia: COMERCIAL
Carátula: PAPELERA  DON  TORCUATO  S.A.C.I. c/ PROVINCIA  LEASING SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-07-30

Procede confirmar la resolución que desestimó la demanda que por consignación efectuara la actora y que imputó a la opción de compra fijada en el contrato de leasing celebrado entre las partes, en tanto, toda vez que la normativa de emergencia pesificó las obligaciones en moneda extranjera a la paridad un peso igual un dólar, quantum que debía integrarse con el CER; el depósito efectuado por la accionante sin la adición de este último concepto torna el pago incompleto. Es que si bien, en el caso, se trata de un fideicomiso financiero corresponde efectuar la remisión al artículo 3 del decreto 214/02 que establece que a diferencia de los depósitos en dólares existentes en el sistema financiero que serán convertidos a la paridad de un dólar igual un peso cuarenta, en el caso de las deudas en dólares con el sistema financiero, cualquiera fuere su monto o naturaleza, serán convertidos a pesos a la paridad un peso por cada dólar más CER (ver además artículo 4 del decreto). En ese orden, también dicha normativa dispuso que las deudas en moneda extranjera o en dólares estadounidenses, deben ser convertidas a la equivalencia que fija el artículo 3, aplicándose además lo dispuesto por el artículo 4 del mismo decreto. Ello así, en supuestos como el del caso cabe la aplicación de la normativa de emergencia, por lo que corresponde desestimar la apelación de la demandada en cuanto solicitó la aplicación del reajuste equitativo de las prestaciones o, en su caso, el reintegro de lo adeudado en la moneda pactada, es decir, en dólares estadounidenses.
Accidente de tránsito, bicicleta, responsabilidad concurrente
Materia: CIVIL
Carátula: ORTIZ, Ramona Erika Eleonor y Otros c/ Romero Raúl y Otro s/ Daños y Perjuicios ORTIZ, Ramona Erika Eleonor y Otros c/ Romero Raúl y Otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2013-09-19|2012-09-19

Resulta evidente la imprudencia de los conductores de ambos rodados: a) El del automóvil porque circulando desde atrás de las actoras no adoptó las medidas de precaución que requerían las circunstancias y que la ley impone a fin de conservar en todo momento el dominio efectivo del vehículo teniendo en cuenta los riesgos propios de la circulación, debiendo advertir cualquier maniobra previamente realizándola con precaución, sin crear riesgo ni afectar la fluidez del tránsito (conf. arts. 39 y cc. de la ley 24.449) y en el caso del adelantamiento constatar previamente que a su izquierda esté libre en una distancia para evitar todo riesgo, advirtiendo la intención de sobrepaso al que le precede por medio de luces o de la bocina (conf. art. 42 incisos a, b y c); b) la actora conductora de la bicicleta también se comportó imprudentemente al intentar una maniobra insólita como la relatada y probada en autos al tratar de que otra persona se trepara al cuadro de su bicicleta en la forma tan riesgosa que provocó la desestabilización de la marcha normal del biciclo que obstruyó la circulación normal del resto de los vehículos que circulaban entre los cuales se encontraba el automóvil del accionado.
Recurso extraordinario federal, admisibilidad del recurso, sentencia arbitraria, fundamentación de sentencias, fundamentación insuficiente, honorarios, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: Cargen  S.A. s/ quiebra  s/  incidente  de revisión promovido por La Plata Cereal Co.   SACIAF. e I.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-09-28

Es admisible el recurso extraordinario respecto a las retribuciones profesionales fijadas en las instancias ordinarias, cuando la decisión traduce pautas de excesiva latitud, omite pronunciarse sobre articulaciones conducentes oportunamente planteadas por los interesados, e importa una variación sustancial de lo regulado en la anterior instancia, sin fundamentación suficiente.
Prescripción veinteñal, animus domini, falta de prueba
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Domínguez, Oscar Alberto y Otro c/ Ganadera del Sud S.A. s/ Prescripción
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2015-10-14

La Alzada realizó un análisis parcial y fragmentado de la prueba, por el cual arribó a conclusiones que son contrarias a un examen integral del material probatorio arrimado a esta causa a fin de tener por acreditados los extremos exigidos para adquirir el derecho de propiedad por intermedio de la prescripción -20 años continuos, pacíficos e ininterrumpidos de ejercicio de la posesión con ánimo de dueño-. El déficit radica en acoger la pretensión actoral sin encontrarse acreditados los expresos requisitos exigidos por la normativa civil.
Agotamiento de la instancia administrativa, recurso de reconsideración
Materia: PROCESAL
Carátula: ENERGIA SAN JUAN S.A. c/ E.P.R.E. s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2007-03-20

No se requiere agotar la via administrativa deduciendo recurso de reconsideración a los fines de habilitar la instancia judicial.

En principio se podría aceptar que la misma pueda ser revisada exigiendo la impetración del recurso de revisada exigiendo la impetración del recurso de reconsideración, pero resulta un escollo insalvable la redacción dada al art. 84 del decreto 655-G dado que concede al particular el remedio administrativo como una facultad y no como una carga. A partir de ello, no se puede exigir su impetración obligatoria para considerar definitiva a la resolución a los fines de la procedencia de la acción contenciosa administrativa. Sin embargo, si voluntariamente el particular da la oportunidad a la Administración para que revea su resolución, éste deberá esperar el tiempo legal para dar por denegado el recurso, conforme los plazos fijados en el art. 86 y 87 del decreto 655-G.

Es decir, no es obligatorio impetrar la reconsideración contra un pronuciamiento definitivo porque es facultativo (podrá); pero si es interpuesto, de buena fe, se deberá esperar el cumplimiento de los plazos para estimar que ha sido denegado por el silencio.
Regulación de honorarios, prescripción
Materia: CIVIL
Carátula: CLAUSEN, Enrique H. s/ HONORARIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-18

Habiendo transcurrido en exceso, el plazo de dos años desde la finalización del proceso, a la iniciación de la incidencia de reclamación de honorarios por parte de los letrados, la acción nacida del derecho a cobrarlos estaba prescripta al tiempo de la regulación de los mismos (art. 4.032, inc. 1°, primer supuesto, Cód.

Civil).
Interrupción de la prescripción de la acción penal, secuela de juicio, actos interruptivos
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Ferrando, Ricardo s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-04-19

Corresponde otorgarle calidad interruptiva a los actos persecutorios y provenientes de los órganos que tiene a su cargo la impulsión, regulación y resolución de la acción penal, debiendo desecharse los actos de mero trámite o normales del proceso y aquéllos que efectúa el procesado o la defensa técnica (Voto del Dr Tragant).
Sanciones disciplinarias administrativas, abogados, Colegio Público de Abogados, revisión judicial de actos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: LINARES, Hugo Néstor s/ conducta
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-12-30

El hecho de haber sido observada la conducta del recurrente en sede judicial, es irrelevante para restar sustento a la decisión adoptada por la autoridad disciplinaria.
Recurso extraordinario, honorarios, ley arancelaria
Materia: PROCESAL
Carátula: ULANOVSKY, ANGEL c/ BANCO UNION COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- INCIDENTE  DE REGULACION DE HONORARIOS (EXPTE.: C.S.J. NRO. 498 AÑO 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-07-06

Si los quejosos han desistido del recurso extraordinario federal y lo actuado no ha traspasado el ámbito local, resulta decisivo valorar lo dispuesto en el artículo 28, inciso e) de la ley de aranceles profesionales para abogados y procuradores nro. 6767 para concluir que no debe efectuarse regulación de honorarios por la tramitación del recurso federal referido.

Efectivamente, esa disposición ha sido encauzada por este Tribunal en sus justos límites al considerarse "que el artículo 28, inciso e) de la ley arancelaria local nro. 6767, que prevé que los recursos sobre honorarios no devengan honorarios y se exceptúan de todo gravamen, resulta aplicable sólo para el caso en que se cuestione la base económica".

En consecuencia, atento a que ese aspecto fue esgrimido por los quejosos como uno de los fundamentos centrales de su postulación recursiva y éstos no han demostrado que el caso encuadre dentro de alguna de las excepciones de la regla referida, corresponde aplicar la norma citada.
Administración Pública, facultades de la administración, Fuerzas Armadas, veteranos de guerra
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "REYES,  JUAN  SALUSTIANO c/ Estado  Nacional  A  Ministerio deDefensa s/ Personal  militar  y civil de las fuerzas armadas y deseguridad".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-07

Salvo ostensible abuso, no le compete a los jueces examinar el acierto con que el Poder Ejecutivo, en su carácter de jefe de la administración pública y en perjuicio de las facultades que le son propias, ha establecido las condiciones singulares que, a su criterio, habilitan al personal a percibir el suplemento creado por el Decreto 1244/98. De lo contrario, el órgano jurisdiccional incurriría en la apreciación de una cuestión privativa de la Administración, controlando un acto de contenido discrecional. (Del voto de la mayoría. La Dra. Lucas votó en disidencia).
Responsabilidad del Estado, subsidio estatal, derecho a la vivienda digna, situación de desamparo, situación de vulnerabilidad
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Q. C., S. Y. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-24

Cuando se demuestra que el Estado, al elegir prioridades presupuestarias, ha dejado en situación de desamparo a personas en grado de extrema vulnerabilidad - en el caso la actora y su hijo menor discapacitado se encuentran en "situación de calle"- que no pueden procurarse necesidades vitales básicas y perentorias, se impone la presunción de que prima facie no ha implementado políticas públicas razonables, ni tampoco ha realizado el máximo esfuerzo exigido por el art. 2° del PIDESC, presunción que no implica que el Estado tenga obligaciones más allá de sus reales capacidades económicas, ni tampoco que las limitaciones de recursos no deban ser tenidas en cuenta al momento de determinar el alcance de sus deberes, pero sí implica que aquél debe demostrar que ha realizado todo esfuerzo por satisfacer sus deberes, y no el afectado que ve sus derechos insatisfechos.

-Del voto del juez Enrique Santiado Petracchi-.
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, quiebra, cesación de pagos, sentencia firme
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Carnes Pampeanas S.A. s/ quiebra.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-12

Es inadmisible el recurso extraordinario contra la sentencia que, al rechazar un recurso local, dejó firme el fallo que había determinado la fecha de inicio de cesación de pagos de la fallida (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) (Disidencia de los Dres. Carlos S. Fayt, Augusto César Belluscio, Enrique Santiago Petracchi y Gustavo A. Bossert).
Despido, notificación
Materia: LABORAL
Carátula: Cuello, Raúl Felipe y otros c/ García Gómez Rouco y Cía. S.A. s/ Proceso Laboral (Despido)
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1994-06-03

Con la notificación del traslado de la demanda queda debidamente resguardado el principio de la buena fe ( que es el protegido por el art. 243), pues el empleador conoce debidamente las causas por las que el trabajador se da por despedido y puede alegar y probar, con amplitud, lo que haga a su derecho.
Sistema acusatorio, derechos y garantías constitucionales, requisitoria fiscal
Materia: PENAL
Carátula: Fernández, Juan C. s/ Lesiones graves culposas s/Casación.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1995-07-03

En nuestro sistema de enjuiciamiento tiene plena vigencia aquélla máxima que enuncia "nec precedat judex ex officio"; porque justamente es el nuestro, un sistema acusatorio en el que no se concibe proceso, ni condena, sin acusación. En el caso de que el fiscal se expida en un sentido desincriminante, no hay norma constitucional alguna que permita sostener que los jueces tienen jurisdicción para condenar. Si se condena sin la precedente pretensión punitiva en la etapa del juicio, se violan dos garantías constitucionales: a) El debido proceso, porque no se siguen los pasos insalvables del ordenamiento procesal. El requerimiento de elevación a juicio no reúne los requisitos de una acusación. Carece de su complemento en el juicio, que consiste en la valoración de las únicas pruebas válidas en el nuevo procedimiento, las del debate, y de un período concreto de pena.

b) La inviolabilidad de la defensa, en cuanto no hay debate - contradictorio- sobre la valoración de las pruebas y la individualización de la pena, lo que implica que no pueda ejercerse materialmente. (En minoría: Dr. Echarren).
Principios generales del Derecho, interpretación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: C. SRL c/ E., M. y Otros s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-10-31

"La interpretación de las normas procesales no puede prevalecer sobre la necesidad de dar primacía a la verdad jurídica objetiva, de modo que su esclarecimiento se vea trabado por un excesivo rigor formal".
Extinción del mandato, renuncia del apoderado, notificación
Materia: COMERCIAL
Carátula: OSTROVSKY, RAUL  O c/ CAÑADAS, GUSTAVO s/ ACCION DE TRANSITO - SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-10

El CPR 53, 2, dispone que la representación de los apoderados cesará por renuncia, en cuyo caso deberán, bajo pena de daños y perjuicios, continuar las gestiones hasta que haya vencido el plazo que el juez fije al poderdante para reemplazarlos o comparecer por si, cuya fijación de plazo se hará bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía, y que la resolución que lo disponga se haya notificado en por cédula en el domicilio real del mandante. El eventual conocimiento que la contraparte hubiera podido tener da la renuncia del apoderado, no afecta la responsabilidad del poderdante en cuanto tal, hasta el vencimiento del plazo en cuestión, pues la norma en la que podría sustentarse esa tesitura, el civ 1965, cede ante el CPR (CCIV 1870, 6). Cabe agregar, que la notificación de marras incumbe al renunciante.
Grooming, abuso sexual simple
Materia: PENAL
Carátula: Arias, Dante Omar c/  s/ Grooming y abuso sexual con acceso carnal en concurso real en perjuicio de D. M. Y.
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2017-08-15

Corresponde confirmar la condena por los delitos de grooming y abuso sexual simple en concurso real impuesta a quien utilizó la red social Facebook para contactar a la víctima menor de edad, con el propósito de arremeter contra su integridad sexual, toda vez que del análisis integral de la prueba producida resulta palmario que los delitos atribuidos al encartado se encuentran acreditados a partir de la declaración de la víctima, de las pericias técnicas realizadas en los elementos informáticos, de los informes psicológicos de la damnificada y el victimario, de las declaraciones testimoniales, de los informes médicos y de otros indicios que resultan unívocos para arribar a la decisión condenatoria luego de que fueran valorados en conjunto y no en forma fragmentada.
Locación, contratos consensuales, contratos en curso de ejecución, prueba del contrato
Materia: CIVIL
Carátula: PUPPIO, ANTONIO Y O. c/ RODAS, RAFAEL s/ DESALOJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-10

La locación es un contrato puramente consensual para que basta con el mero consentimiento de las partes, sin necesidad de formalidad alguna (art. 1494 del Código Civil). Puede celebrarse no sólo mediante instrumento público o privado, sino aún verbalmente. La limitación que para la prueba de su existencia consagra el art. 1193 del mismo código, no tiene vigencia cuando el contrato hubiera tenido principio de ejecución.-
Jurisdicción y competencia, cuestiones de competencia, exposición de los hechos
Materia: PROCESAL
Carátula: García,  Héctor  Jorge c/ E.N. - Poder Judicial - Cámara NacionalApelaciones Comercial s/ amparo ley 16.986.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-10

Para determinar la competencia corresponde atender de modo principal a la exposición de los hechos que el actor hace en la demanda y después, sólo en la medida que se adecue a ello, al derecho que invoca como fundamento de la pretensión.