marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, sentencia definitiva, monto del juicio
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Aguas Argentina SA c/ GCBA s/ recurso de apelación ordinario concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-10-02

El recurso ordinario de apelación ante el TSJ está previsto sólo para litigios de envergadura en que la Ciudad sea parte, que superen los $ 700.000 (cf. art. 26, inc. 6, de la ley 7, modificado por el art. 2 de la ley 189), contra la sentencia definitiva que pone fin al pleito. (Voto del Sr. Juez Julio B. J. Maier).
Poder Judicial, Poder Legislativo, división de poderes, leyes, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CARLOS IGNACIO CAMINAL  S.C.A. c/ FISCO NACIONAL  D.G.I. s/ NULIDAD DE RESOLUCION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-14

Por no corresponder a los jueces sustituir al legislador, sino aplicar la norma tal como la concibió, está vedado a los tribunales el juicio sobre el mero acierto o conveniencia de las disposiciones adoptadas por los otros poderes en ejercicio de sus propias facultades.
Despido sin causa, vacaciones, daño moral, indemnización por despido
Materia: LABORAL - CIVIL
Carátula: MALLORCA, GUILLERMO c/ COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CAPITAL FEDERAL s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-15

Si el accionante pretendía que se le resarciera el daño moral padecido por un despido incausado y abusivo, debió haber demostrado las circunstancias que justificaban tal reclamo. No basta para tener por acreditado ese daño la invocación de que el despido operó en forma incausada durante el período de licencia anual del actor siendo ello de conocimiento de la demandada, pues dicho perjuicio ya se encuentra comprendido en la indemnización prevista por el art. 245 LCT, y no responde a un daño que resultara indemnizable aún en ausencia de una relación laboral como exige el rubro en cuestión.
Contratos, concesión comercial, automotores, buena fe
Materia: COMERCIAL
Carátula: Vazquez Automotores SA c/ Chery Socma Argentina SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-17

La circunstancia de que medien cláusulas predispuestas o condiciones generales de negociación, no importa necesariamente que quede soslayado el marco del derecho privado, en tanto no se trata de una manifestación unilateral de la voluntad, para dar nacimiento al vínculo con el otro sujeto, debiendo concurrir ambas voluntades, aun cuando tales individuos no se hallen en un pie de igualdad. Solo la demostración de conducta abusiva o ejercicio abusivo de cláusulas predispuestas provocará la distorsión que reprochará, en su caso, la ley.
Competencia laboral, empleo público
Materia: Procesal Laboral
Carátula: Delgado Penailillo, Olivia c/ Provincia del Chubut s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1990-11-14

El reconocimiento del derecho pretendido se asienta, primero, en normas del derecho laboral, y éstos serán los que en definitiva darán la solución de fondo a este concreto litigio.

El objeto del proceso es propio, en razón de la materia, del fuero ante el cual ha sido planteado, y ajeno a la competencia originaria del Superior Tribunal reservada ésta a las causas y recursos contencioso-administrativos, esto es, "cuando el conflicto se origine en decisiones exteriorizadas por actos, que según su naturaleza y la de las normas en juego, son administrativos".

No empece a la competencia ordinaria, que fuera parte en la litis la Provincia o sus entidades autárquicas o descentralizadas, como tampoco que medie vinculación de empleo público entre ellas y el actor.
Superior Tribunal de Justicia, Ministerio Público, procurador general, recusación
Materia: PROCESAL
Carátula: Pagliettini S.A. c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción-Incidente de  recusación (Expte. C.S.J. Nro. 845 Año 1994)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-02-20

De conformidad a doctrina jurisprudencial uniforme de la Corte local que ha tenido ahora recepción legislativa con la reforma que la ley 11.427 introdujo al artículo 12 de la ley 10.160 (t.o. dec.

046/98), las recusaciones notoriamente improcedentes deben desestimarse de plano. Bajo esa premisa debe rechazarse la recusación articulada contra el Señor Procurador General de la Corte, por cuanto, por imperio de lo dispuesto en el artículo 12 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia (aplicable según lo preceptuado por el art. 23, ley 4.106) los funcionarios del Ministerio Público, tal su máximo representante, no son recusables;

y, no se advierte la necesidad de darlo por separado de la causa pues, como lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación "dicho funcionario no tiene por misión juzgar sino dictaminar y no puede, por ende, incurrir en forma alguna de prejuzgamiento".
Legitimación activa, derechos patrimoniales, derechos de incidencia colectiva, acción popular
Materia: PROCESAL
Carátula: Elva Isolda Calsina; Jorge Daniel Toril; Ramón Eduardo Nebhen; Miguel Antonio Cabezas y otros c/ Estado Provincial s/ Acción de inconstitucionalidad. L.A. Nro.  50 F. 45/49 Nro. 20. Nebhen; Miguel Antonio Cabezas y otros c/ Estado Provincial s/ Acción de inconstitucionalidad. L.A. Nro.  50 F. 45/49 Nro. 20.
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2001-04-10

El criterio adoptado por el Superior Tribunal de Justicia al resolver el caso "Ceballos c/ Legislatura de la Provincia", estableció que, según su objeto, podían diferenciarse dos clases de acciones de inconstitucionalidad según el dispositivo atacado afectara derechos patrimoniales o derechos de la personalidad no patrimoniales. Para cada categoría resultaba exigible de su promotor, la acreditación de un derecho subjetivo o de uno de incidencia colectiva, respectivamente. Idéntico temperamento fue el de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, al sostener, que ". si se atacan leyes, decretos, ordenanzas, reglamentos, etc. que afectan derechos patrimoniales, cabe exigir . la lesión a un interés individual, particular; en cambio, cuando se afectan intereses públicos . la cuestión de la legitimación adquiere otro tipo de ribetes, debiendo admitirse pautas más flexibles" (del voto de la Dra. Kemelmajer de Carlucci en "Unión de Centro Democrático y otro v. Prov. de Mendoza J.A. 1989-III pag. 241 y siguientes).
Injurias, presunciones, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Y., R. J. c/ C., R. s/ Querella s/Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-06-04

También se verifican indicios de actitudes sospechosas, en virtud de "... los indicios de manifestaciones posteriores al delito. También en este supuesto, al igual que en el anterior, pueden consistir en expresiones o actitudes de una infinita gama, las que habrá que rescatar en cada caso en particular, pues ellas permiten generalmente inferir si el acusado tiene algo que reprocharse en relación al delito... como ser las derivadas del comportamiento general del sujeto, su actitud ante el juicio, frente a la víctima, la forma de responder al interrogatorio, su reacción frente a la imputación...".
Recurso de inconstitucionalidad, derivación no razonada del derecho vigente, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia aplicable, ley laboral
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: SANCHEZ, GLADYS ANGELICA c/ ASOCIART ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO (ART) S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-02-14

Si bien al presente caso resulta aplicable la ley 26773, teniendo en cuenta la fecha del accidente laboral in itinere - resulta procedente el recurso de inconstitucionalidad desde que la Sala en oportunidad de resolver la apelación deducida por la demandada -y previo traslado a las partes para que expresen lo que estimen conveniente a su derecho teniendo en cuenta los fallos "Espósito", "Antuña" e "Ibarra"- emitió un pronunciamiento que a la postre culminó por desmerecer y marginar el derecho aplicable, con argumentos que resultan insuficientes para sustentar lo decidido desde una óptica constitucional, tal como se expusiera en autos "Cassiet c/ Provincia ART SA", cuyos fundamentos se dan aquí por reproducidos en razón de la analogía existente. - CITAS: Jurisprudencia vinculada: Cassiet, AyS T 280, p 352/358.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, ejecución fiscal, prescripción, cómputo del plazo, Impuesto sobre los ingresos brutos
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - TRIBUTARIO
Carátula: Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires c/ Puerto Blanco   SA . s/ Recurso de Hecho.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-02-18

Procede el recurso extraordinario contra la sentencia que declaró prescripta la acción fiscal para exigir el cobro del impuesto a los ingresos brutos, si se apartó sin dar razón alguna de aquellos preceptos que regulan de modo específico la materia (art. 2x y 9x de la ley 19.489) y que fueron oportunamente invocados por las partes.
Estupefacientes, facultades de la autoridad de prevención
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Camos, Carlos Dario s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-05-30

El presente caso no resulta equiparable al resuelto in re "Quaranta" de la CSJN -como pretende la defensa-; toda vez que la denuncia no fue anónima sino que la sospecha provino del propio accionar preventor de la división encargada de la lucha contra el narcotráfico, es decir que la noticia no partió de una fuente desconocida sino del resultado de labores policiales específicas. Las tomas fotográficas e imágenes fílmicas en la vía pública fueron autorizadas fundadamente por el juez ante el pedido efectuado por la prevención que le hizo saber que en una vivienda determinada un sujeto que vivía con su pareja y un niño vendía estupefacientes a jóvenes que concurrían al lugar y que la transacción se realizaba en la vía pública. El motivo de allanamiento dispuesto por el juez en la finca habitada por el sospechado con el fin de secuestrar material prohibido y elementos relacionados se encuentra legitimado en un panorama de sospecha fundada y precisa, toda vez que antes de llevarse a cabo el allanamiento, los preventores detectaron la presencia de dos jóvenes concurrentes a la finca que llegaron en un vehículo y realizaron una compra de estupefacientes, por lo cual los siguieron e interceptaron y lograron incautar cuatro cigarrillos de marihuana en poder de una menor de edad. Luce acertado el encuadre jurídico escogido por el a quo en los términos del artículo 5 "c" de la ley 23.737, toda vez que el encausado fue descubierto por los preventores justamente porque comercializaba asiduamente estupefacientes, en muchos casos en la propia vía pública, lo que permite tener por probado que el material incautado en su domicilio no era para su consumo personal sino que estaba destinado a su comercialización. Tampoco se observa un desacierto al aplicarse el agravante previsto por el art. 11 "a" de la ley que rige la materia, en tanto la propia parte reconoció que al momento de los hechos el comprador era menor de edad. La parte recurrente no aportó nuevos fundamentos que logren conmover la doctrina de la C.S.J.N. en relación a la constitucionalidad de los arts. 14 y 50 del C.P. Los votos concurrentes expresaron, por un lado que la agravante encuentra su fundamento en la minoridad de la persona perjudicada o utilizada para la comisión del delito, a quien el ordenamiento jurídico considera con su capacidad de culpabilidad disminuida por el menor grado madurativo al que ha arribado debido a su edad, lo que presupone un contenido disvalioso adicional de la conducta desplegada por el autor; y por el otro, que corresponde rechazar los planteos de inconstitucionalidad del mínimo de la escala penal del delito imputado y del art. 12 del CP introducidos como "nuevos agravios".

(Dres. Catucci, Riggi y Figueroa -según sus votos-).

Camos, Carlos Dario s/recurso de casación.
Mediación, honorarios del mediador
Materia: PROCESAL
Carátula: LYTWIN  FRANCO DANIEL c/ COMISION NAC. ASESORA PARA LA INTEG. DELAS PERSONAS DISCAPACITADAS Y OTRO S/ s/ MPARO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-07

En el sub lite no deben aplicarse las nuevas disposiciones con relación al trabajo del mediador realizado con anterioridad a su vigencia, pues ello traería aparejada una afectación de derechos adquiridos que integran el patrimonio de las partes del pleito. Y no es óbice, claro está, la disquisición semántica que realiza la recurrente sobre el carácter sustitutivo y no derogatorio de la nueva reglamentación, teniendo en cuenta que la sustitución de la norma produce los mismo efectos jurídicos que la derogación; en todo caso, habría que examinar en qué términos se produce la entrada en vigencia de la nueva norma. Y como en la especie el decreto 1465/07 nada dice sobre el punto, resulta forzoso concluir en que sólo regirá para el futuro (arg. arts. 2 y 3, del Código Civil).
Seguros, alcance de la cobertura
Materia: LABORAL
Carátula: LLAMONAO, CELESTINA c/ SA. EXPORTACION E IMPORTACION LAHUSEN Y CIA. s/ INDEMNIZACION POR ENFERMEDAD ACCIDENTE (ART.1113 CC.)   S/INAPLICABILIDAD DE LEY.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1991-07-31

El propósito del seguro no puede ser -finalmente- otro que el de cubrir los eventos dañosos, los perjuicios, los accidentes, las enfermedades indemnizables, que puedan exteriorizarse, producirse, confirmarse o constatarse con posterioridad a la contratación.

Establecer un criterio distinto supone generar una zona de imprecisión donde todo se torna difuso; pues bastará que dentro de un período muy próximo a la contratación del seguro pueda aparecer una dolencia, para que la aseguradora pueda aducir con éxito que la misma se debe a causas anteriores a la contratación y con ello el propósito exacto de aquel seguro quede frustrado, muchas veces en perjuicio del más débil.
Derechos y garantías constitucionales, extranjeros, ingreso de extranjeros, reglamento de migraciones
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Mascarehnas, Marco Aurelio c/ E.N. (Min. Int.) s/ Impugnación de Acto Administrativo y Medida Cautelar
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-05-14

El principio constitucional de nuestro ordenamiento jurídico establece que los derechos reconocidos en el art. 14 C.N. no son absolutos en tanto se gozan conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio (art. 4 y 28 C.N.).

El derecho de los extranjeros de ingresar y permanecer en el territorio de la Nación no está al margen de dicho principio (arts. 14, 20, 25, 67 inc. 16 y 28 C.N.). En concordancia con lo dispuesto por la C.N., la ley de Migraciones y Fomento de la Inmigración, preceptúa "el ejercicio del derecho de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio, se subordinará a las disposiciones de la presente ley y de sus reglamentaciones" (art. 15).
Acto administrativo, causa del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ALLUB RICARDO F. Y PEREYRA TERESA DEL V. c/ MUNICIPALIDAD DE LA BANDA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURSIDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-02-29

La Corte Suprema de Justicia de la Nación sentó el criterio de considerar la causa como elemento insoslayable para la validez del acto y consideró que carecía de los requisitos esenciales de validez, por falta de causa y debida motivación, el acto por el cual se había dispuesto la prescindibilidad de un agente sin que hubiera mediado el debido proceso legal, vicio que determinaba su nulidad absoluta e insalvable.
Proceso penal, acción penal, facultades jurisdiccionales
Materia: PENAL
Carátula: Incidente  de  nulidad  por  inconstitucionalidad  en autos: Fretes, Hernán Urso s/ Homicidio-art. 84 C.P. autos: Fretes, Hernán Urso s/ Homicidio-art. 84 C.P.
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2000-03-20

Mediante el inicio de la acción, explica Vélez Mariconde, se provoca o excita la actividad jurisdiccional: el Tribunal abandona entonces su "posición de espera pasiva" y asume el conocimiento del hecho en que se basa una concreta y determinante pretensión represiva; es decir, queda autorizado para conocer de la hipótesis concreta, fáctica y jurídica, que le plantea la autoridad o la persona que promueve la acción. La obra del juzgador, consiste, precisamente, en verificar si esa hipótesis tiene fundamento fáctico y jurídico, mediante la búsqueda, recepción, selección y valoración de los elementos de prueba pertinentes y útiles -lo que permitirá reconstruir el pasado y determinar el hecho cometido y mediante la evaluación jurídica de éste (calificación legal o subsunción), que por esa operación intelectuales puesto en relación con el derecho sustantivo.
Delito penal, participación criminal, comisión por omisión, robo, agravantes de la pena, armas, homicidio
Materia: PENAL
Carátula: D., A. Y OTRO s/ Robo calificado y homicidio (Expte Nº 25-96, Resolución Nº 22, Tomo  3, Folio 468)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-09-04

Corresponde rechazar las argumentaciones relativas al surgimiento de responsabilidad penal por no haberse actuado impidiendo la consumación del hecho de muerte, desde que el obrar omisivo sólo es reprochable en quien jurídicamente tiene el papel de actuar.

Agudizando el análisis podría considerarse si los partícipes, por su propio obrar, -esto es, interviniendo en un hecho de robo con armas-, y al crear un peligro para la vida de la víctima no habían asumido el papel de garantes de la misma, es decir si no se podría configurar un supuesto delictivo de comisión por omisión. Empero, para que semejante alternativa se presentase sería menester que aquellos a quienes se efectuara la imputación hubiesen conocido concretamente la existencia del riesgo de muerte para las víctimas.
Prueba testimonial, testigo único, declaración testimonial, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: KAROLINSKY, DINA J.C. c/ LINEA 213 S.A. DE TRANSPORTE Y/U OTRO s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-05

Un testigo único puede fundar una sentencia si merece fe de acuerdo con las reglas de la sana crítica. Ello porque en el sistema de evaluación de la prueba que preside nuestro ordenamiento procesal (art. 456 del Código Procesal), la aplicación de la máxima "testis unus, testis nullus" se encuentra excluida.

Aún cuando no exista la concordancia que supone la armonía entre las declaraciones de varios testigos, ella puede ser compensada por la calidad del testigo único y la exigencia de que, en tal supuesto, el Juez debe apreciar el testimonio con mayor severidad y rigor crítico.
Derecho electoral, elecciones, facultades no delegadas, autonomía provincial, Municipalidad
Materia: CONSTITUCIONAL-POLITICO-ELECTORAL
Carátula: Apoderado del Partido Justicialista y otros s/ Amparo e Inconstitucionalidad s/ Competencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1999-05-04

La cuestión electoral que supone el ejercicio de las facultades específicas del art. 122 de la Constitución Nacional, y sus consecuencias plasmadas en la Constitución Provincial, no constituyen de ningún modo "materia específicamente comunal" sino "materia exclusivamente provincial".
Acción civil en el proceso penal, pretensión procesal
Materia: PENAL
Carátula: ZAMBONI ARMANDO MARTIN s/ INCIDENTE OPOSICION CONSTITUCION DE ACTOR CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1996-02-05

Lo que debe estar determinado con claridad en esta primera etapa es la causa pretendi -daño material, moral, etc.-, toda vez que esa petición no puede luego ser ampliada al presentarse la demandada durante el Plenario -confrontar libro de Sentencia año 1981, causa indicada fojas 646 vta./647-. Queda claro que no se habla de montos y, fundamentalmente, que el análisis no es durante la instrucción sino ya en la etapa plenaria
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, culpa concurrente, seguridad en espectáculos deportivos, responsabilidad de los padres
Materia: COMERCIAL
Carátula: GIRAUD, MARIANO c/ PISTA BLANCA  SA s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-06-03

Si los padres de un menor promueven acción reclamando daños y perjuicios como consecuencia de la lesión sufrida por aquel -en el caso en el ojo derecho- mientras observaba una práctica de hockey sobre hielo, la responsabilidad de los progenitores es directa, como si el hecho hubiese sido cometido por su propia culpa, por cuanto esto deriva de su falta de vigilancia, es decir, que responden fundamentalmente ante la omisión de sus deberes de vigilancia, porque los hijos menores están bajo la autoridad y el poder de sus padres. Por ello cabe precisar su grado de culpabilidad de conformidad con la pauta normada por el cciv 1109 y 902 siendo lógico concluir que tengan que compartir el peso del daño con el propietario del establecimiento deportivo en la medida en que cada uno contribuyó a causarlo.
Actos voluntarios, causa adecuada
Materia: CIVIL
Carátula: A., D.M. c/ B., B. y Otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-06-28

La teoría de la causa adecuada, recogida por el texto actual del art. 906, Cod. Civ., distingue entre "causa" que es el antecedente, que, según el curso natural y ordinario de las cosas, es idóneo para producir el resultado, y "condición", que son los demás antecedentes o factores de ese resultado.
Domicilio constituido, terminación del proceso, carga procesal, regulación de honorarios, notificación por cédula
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Dr. A. M. GIMENEZ BONET y otro s/ INC. DE REG. DE HONORARIOS -  Causa 15.364
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-06-01

Los efectos legales de la constitución de domicilio no subsisten luego de terminado el juicio o de su archivo, dado que ha finalizado la carga procesal del que lo constituyera de tenerlo como tal (Art.

42 del C.P.C.C.). Por tal razón, la notificación por cédula del auto que ordena el traslado previsto por los arts. 246 y 486 en función del 498 del C.P.C.C. a quien deberá soportar el pago de los honorarios carece de eficacia al no haber constituido el actor domicilio con motivo de la presente contienda.
Recurso extraordinario de inconstitucionalidad, cuestión constitucional
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Caja de Seguridad Social para Odontólogos de la Provincia de Buenos Aires c/ Grunewald, Ana Teresa s/ Apremio Albarello, Arturo José s/ Cancelación de cheques extraviados. Recurso de queja Doddi, Eduardo O. c/ Lozano, Ramón s/ Ejecución de honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-02-20|1988-07-05|2000-06-07

El recurso establecido en el art. 149, inciso 1, de la Constitución de la Provincia, se abre en el único supuesto en que en la instancia ordinaria se haya controvertido y decidido la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos que estatuyan sobre materia regida por la Constitución.