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Accidente de tránsito, daño por vicio o riesgo de la cosa, presunciones
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MIGLIAVACCA FEDERICO RODOLFO c/ EDUARDO ADRIAN ESCUDERO RODRIGUEZ Y AUT. EL TRAPICHE S.R.L. s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S129 - 246)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-03-24

...valoro necesario recordar que cuando un accidente de tránsito se produce entre dos vehículos en movimiento los sostenedores -como este tribunal (L.S. 119-108)- de la corriente según la cual se neutralizan los riesgos creados por esas cosas riesgosas, quedando neutralizado el fundamento de la responsabilidad o culpa objetiva y debiendo acudirse para dirimir el pleito a los principios de la culpa subjetiva, retornan a las disposiciones del art. 1113 CC cuando las cosas no son de igual tamaño y peligrosidad produciendo consecuentemente riesgos que no son de la misma naturaleza o de igual grado.- Cuando un hecho, como en el sub-examen goza de presunción legal, sea que admita o no prueba en contrario, esta exento de prueba pues tal es precisamente el objeto de las presunciones. No es que el hecho no pueda ser objeto idóneo de prueba, sino que no necesita prueba, dado que la pressunción no prueba ni reemplaza a la prueba, sino que la hace innecesaria, pues cuando la presunción es creada por el legislador, se considera definitivamente cierto el hecho (si es iuris et de iure) o provisionalmente mientras no se suministre prueba en contrario (iuris tantum). En este último caso es necesario que se desvirtúe el hecho cierto con plena prueba, por que si el Juez no tiene la certeza sobre el hecho contrario al presumido, debe atenerse a la presunción.

Por lo contrario la presunción judicial hace que el hecho aparezca simplemente como probable. De acuerdo a las circunstancias el juez infiere una presunción judicial a favor o en contra de la verosimilitud de los hechos que son objeto de pruebas, siendo entonces estas presunciones el resultado de los razonamientos probatorios del juzgador.-
Acción de amparo, existencia de otras vías, sociedad cooperativa, nulidad de asamblea de accionistas, impugnación de decisión asamblearia, asamblea ordinaria
Materia: PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: LOMBARDERO, JULIO c/ GONZALEZ, JOSE s/ SUMARISIMO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-20

Resulta improcedente deducir la acción de amparo prevista por la CN: 43, con el objeto de obtener la declaración de nulidad de cierta asamblea ordinaria de una entidad cooperativa. Ello así, cuando como en el caso- existen acciones suficientes, aptas, expresa y adecuadamente dispuestas para la obtención de el objeto pretendido por los accionantes. En tal sentido, la Ley 20337, art. 62, prevé la acción de impugnación de las decisiones asamblearias, acción que es la específicamente dispuesta por la ley para tales supuestos, sin que quepa pensar apriorísticamente que el trámite de esa acción no sea expedita y rápida como lo es la de amparo de la CN: 43. A más, la finalidad del amparo no es "sustituir" las vías procesales expresamente previstas para el caso de que se trate, sustitución que supuestamente procedería, por el solo hecho de que el trámite del procedimiento previsto al efecto insume un cierto tiempo. Por su parte, la ley 20337, art. 118, dispone la aplicación supletoria a las cooperativas de la ley de sociedades, sección V, de modo que es perfectamente aplicable la regla de la ley 19550, art. 15.
Sanciones disciplinarias administrativas, facultades de la administración, facultades discrecionales, revisión judicial de actos administrativos, control de legitimidad, control de razonabilidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Catalán Carlos Nicolás c/ A.N.A. s/ empleo público
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-27

Corresponde al organismo que ejerce facultades disciplinarias apreciar los hechos configurativos de las faltas, determinar la norma aplicable y graduar la sanción, la potestad del poder judicial de revisar esos actos sólo comprende como principio el control de su legitimidad o razonabilidad, (confr. esta Sala, in re "Mansilla, José c/ Dirección Gral. de Fabricaciones Militares", del 15/10/91).
Derecho penal, Derecho procesal, víctima del delito, derechos y garantías constitucionales, prueba, careo, valor probatorio
Materia: PENAL
Carátula: BANEGAS Exequiel Nicolás c/ VIDELA Daniel Fernando,   LOZANO Jorge Gabriel y  LOZANO Guillermo Alejandro
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2009-02-11

De las apreciaciones antojadizas y sin justificación razonable de las rectificaciones practicadas en el acto de careo por parte de la denunciante, se advierte, que lo expuesto por la co-careada/o y la denunciante, en verdad no pueden ser evaluadas a la luz de los principios de la sana crítica racional, como algo que en rigor de verdad precisamente refleje ello y sí como consecuencia de un presunto temor lógico que trae aparejado, máxime en una mujer, el enfrentarse verbalmente con la persona que la noche de los hechos, si bien no tuvo una activa participación, sintió que le expresó a los otros participantes que "le hubieran pegado un tiro al p... ese para que no hable".

A lo expuesto, debe sumarse, que el hecho importó la consumación de algo sumamente grave atento el uso de un arma punzante y la presencia simultánea de tres personas, de forma tal que por su número, el uso de ella y la conducta reiterante de idéntico proceder hacia la víctima, hace presumir que lo dicho en el careo a la que acude la apelante para pedir un eventual cambio de calificación y grado de participación en favor de uno de los imputados, no fue el fruto de expresiones voluntarias y sí de algo engendrado por el temor de lo que le tocó vivir sumado a la presencia de uno de sus autores.

Es conteste la jurisprudencia en casos similares, en entender que existe co-participación y no partícipe secundario en todos aquellos supuestos en donde se comparte el dominio de los hechos dividiéndose funcionalmente las tareas de acuerdo a un plan común o cuando la puesta en marcha del delito refleja un accionar conjunto, premeditado, en el cual cada uno cumple un rol previamente asignado.

Al efecto es aleccionador consultar los distintos fallos jurisprudenciales citados por Edgardo Alberto Donna y otros en El Código Penal y su Interpretación en la Jurisprudencia, T.I.-, págs. 441/ 467, sin perjuicio de transcribir a continuación dos fallos de la Cámara Nacional C.Correccional, Sala VI y IV, dictados en causas Nºs. 25686 y 41264.
Costas, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: GAUTO, JORGE B. c/ PROVINCIA DE RIO NEGRO s/ RECLAMO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1994-07-22

Cuando la cuestión de la accesoriedad, se vincula con el crédito por honorarios: éste siempre resultará autónomo e independiente del crédito que dio origen al proceso en que se impusieron costas al deudor. Ello es así porque al ejercitar un derecho propio-por ejemplo, la ejecución de sus honorarios regulados-el abogado tiene una relación personal diferente de la que proviene de la condena en costas, aunque con frecuencia pudiera advertirse una identidad de situaciones entre el cliente ganancioso y su abogado respecto de los respectivos créditos (el principal y el que corresponde al letrado por imposición de costas). Pero los derechos de uno y otro son autónomos porque es autónoma la "causa" generadora de uno y otro crédito.
Daños y perjuicios, gastos médicos, gastos de farmacia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Piccinin, Franco c/ La Moronera S.A. y Otro s/ Daños y perjuicios Coria, Carlos A. y Ot. c/ Teppaz, Victor A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-02-16|1996-09-05

La indemnización debida por los gastos de curación y convalecencia, más que un resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados, constituye un reintegro del valor de los gastos hechos, ya que al pagar todos los gastos, experimenta un menoscabo inmediato en su patrimonio, se trata, en definitiva, de una pérdida real y efectivamente sufrida. Si bien estos gastos deben probarse por el reclamante (art. 375 del CPCC), no es menester una prueba concluyente, en razón de la absoluta necesidad de los mismos y de la dificultad de obtener los medios probatorios, pero es necesario, que guarden relación de causalidad con la naturaleza del daño sufrido.-
Facultades del fiscal, acusación fiscal, acción pública, querella, revocación del sobreseimiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: AGUILERA, Miguel Angel. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-02-26

Aunque el Ministerio Público sea un órgano independiente, con autonomía funcional y autarquía financiera, ello no lo transforma en depositario excluyente del ejercicio de la acción pública. El art. 120 de la C.N. establece que sus funciones se ejercen en coordinación con las demás autoridades de la República y el art. 188 del C.P.P.N. regula su interacción con el juez competente (*).

Al encontrarse el sistema judicial en una etapa de transición teórica al acusatorio, debe ser el legislador el que limite la competencia de los jueces.

Dada la etapa histórica que atraviesa el país y la debilidad de las instituciones debe adoptarse un criterio amplio en cuanto a las atribuciones de la querella de impulsar las actuaciones, cuando el fiscal ha propuesto la desestimación con o sin el aval del Fiscal General, para compensar la debilidad real de los ciudadanos (del voto del Dr. Elbert).

Si la C.S.J.N. invistió al acusador privado de la autonomía necesaria para impulsar el proceso hasta el dictado de una sentencia condenatoria, dicha circunstancia lo autoriza para habilitar la vía recursiva en relación a la resolución judicial que sobresee al imputado, y lo legitima a actuar solidariamente desde el comienzo de la causa penal por el delito de acción pública, sin que sea necesaria la participación del Ministerio Público Fiscal (**) (del voto del Dr. Bruzzone).

Por ello, debe revocarse el sobreseimiento del imputado.
Marcas, registro de marca, productos, cosas accesorias
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: PLAZA  OESTE  SA c/ PEREZ  CUESTA  SACI s/ cese de oposición alregistro de marca.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-07

Se ha flexibilizado el principio de especialidad en supuestos de productos afines registrados en distintas clasificaciones (Cfed., Sala única, causa Nº 5893, del 11-6-68), o fabricados con la misma materia prima predominante (Sala II, causa Nº 556, del 16-4-71; Sala I, causa Nº 5849 del 24-11-90), o cuando unos son partes accesorias de otros destinados al consumo final (Sala II, causas Nº 529 del 16-3-71 y Nº 1892 del 7-12-72), o están ubicados en distintas categorías pero relacionados por la misma actividad y finalidad (Sala II, causa Nº 8825, del 11-2-92).
Locación, rescisión del contrato, preaviso, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: Arias de Abate Daga, Nilda Felisa c/ Torres de Cirino, Rafaela y otra s/ Locacion
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1996-05-21

En algún caso concreto podría cuestionar la indemnización sustitutiva se probara claramente que el locador no sufrió perjuicio alguno por cuanto alquiló nuevamente la finca de inmediato, apenas restituida, por un precio igual o mayor. Lo cierto es que la Ley 23091 ha establecido un sistema de indemnización tarifada al acordar al locatario el beneficio de la resolución unilateral apartándose del sistema del Código Civil. Puesto que el contrato es para las partes como la ley misma, su incumplimiento no puede dejar de acarrear algún tipo de sanción, aunque sea con la modalidad civil de la indemnización sustitutiva. En el caso, la omisión del preaviso con antelación de sesenta días se sustituye con el pago de dos meses de alquiler, que se suma a la indemnización propiamente dicha por resolución anticipada consistente en otro período igual, todo según texto expreso del art. 8 de la Ley 23091.
Absurdo, principio de congruencia, sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Vargas, Eduardo c/ Bravo, Virginia Inés y otro s/ Escrituración
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2021-04-26

El principio de congruencia tiene por objeto conducir el pleito en términos de razonable equilibrio dentro de la bilateralidad del contradictorio, importa que la sentencia se muestre atenta a la pretensión jurídica que forma el contenido de la disputa y no resulta violado mientras exista el nexo necesario entre la fórmula propuesta en la traba de la litis y el contenido de la decisión del juzgador, pues sólo aparecería el quebrantamiento si el argumento decisorio alterara aquella relación.(doctor Torres, sin disidencia)
Acción de amparo, recurso de apelación (procesal), interposición del recurso, carga procesal, copias, sentencia definitiva, sentencia interlocutoria
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: Asociación Vecinal Belgrano c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Amparo Buenos Aires s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-02-22

En la resolución que concede la apelación, el juez a quo no indicó qué piezas habrían de copiarse, según lo impone el inciso 1 del artículo 226 para los casos de apelaciones deducidas contra sentencias definitivas, solución también aplicable a las apelaciones de sentencias interlocutorias a las que se refiere el inciso 2. Ningún sentido tiene formular distingo al respecto según la naturaleza del pronunciamiento recurrido, y por cuanto no parece razonable interpretar que la carga del apelante pueda ser más pronunciada en los casos del inciso 2 que en los del inciso 1, mientras que el rango del decisorio abogaría precisamente en sentido inverso. Las diferencias que presenta el trámite en uno y otro supuesto no controvierten que en ambos casos es el recurrente a quien incumbe colocar las actuaciones en condiciones de ser conocidas por el superior. (Del voto de los Dres. Inés M. Weinberg de Roca y Esteban Centanaro.
Daño psíquico, daño moral
Materia: CIVIL
Carátula: López Jordán, Ricardo José c/ Gimbernat, Pablo Nélson y Otros s/ Demanda por Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-04-14

El llamado "daño psicológico" debe diferenciarse del daño moral, ya que en principio aquél no está comprendido dentro de este último. En efecto, el primero refiere a las minusvalías o deficiencias psíquicas causadas a raíz del ilícito, las fobias, los cuadros de depresiones profundas, los complejos de inferioridad, claramente detectables para los especialistas en este tipo de afecciones, en tanto que el resarcimiento por daño moral tiende a compensar de alguna manera las angustias, las aflicciones y los sufrimientos que, sin lugar a configurar una dolencia del punto de vista de la psiquiatría, el accidente produce a quien lo padece.
Daños y perjuicios, indemnización
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Alcántara, Ramón Angel c/ González, Damián F. y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-04-28

Los gastos y costas del proceso penal son condenaciones civiles que a ese título deben ser soportadas por el responsable del ilícito.-
Estado Provincial, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: HUBER, Federico c/ PROVINCIA DE SALTA s/ ORDINARIO - DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1992-03-24

Para determinar la competencia contencioso administrativa, cabe armonizar las distintas hipótesis de conflicto que surgen de los textos constitucionales y legales vigentes. Así, 1) Si se reclama por la afectación de un derecho subjetivo o interés legítimo conferido por una norma administrativa (Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución Provincial y artículo 1 C.P.C.A.) se está en presencia de una contienda contencioso administrativa de competencia de ese fuero que requiere el agotamiento de la vía establecida en la Ley de Procedimiento Administrativo; 2) Si se reclama por la afectación de un derecho o interés legítimo de naturaleza civil en la actuación del Estado como poder público, la competencia será contencioso-administrativa, debiendo efectuarse el reclamo previsto por la Ley 5018; 3) Si se reclama por la afectación de un derecho o interés de índole civil en la actuación del Estado como persona de derecho privado, la competencia será del fuero civil y no procede exigir el reclamo previo ante la administración (Disposición Transitoria Cuarta, 1º párrafo, in fine, de la Constitución Provincial). [Voto de la Mayoría]
Amparo por mora, mora de la administración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: S., D. c/ Universidad de Buenos Aires s/ amparo por mora
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-09

La acción de amparo por mora ha sido prevista como una de las vías posibles ante la inactividad de la administración, ya qué frente a la tardanza de ésta en expedirse respecto de la petición, el administrado puede optar entre urgir una decisión expresa en sede judicial (art. 28, Ley 19.549), o en sede administrativa (art. 71, Decreto 1759/72), o tener por configurado el silencio habilitante de la instancia judicial, en los términos del art. 10 de la Ley de Procedimientos Administrativos
Prescripción, suspensión de la prescripción, desistimiento de la instancia
Materia: CIVIL
Carátula: NORIEGA, NIMIA BERTA c/ FERROCARRILES ARGENTINOS s/ PRESCRIPCION - SUPUESTO DE DESERCION DE LA INSTANCIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-28

El artículo 3987 del Código Civil dispone que la interrupción, que es consecuencia de una demanda, se tiene por no sucedida si el juicio perime, criterio que resultaría también aplicable para el caso en que se le asignen efectos suspensivos, ya que el artículo 3986, segunda parte (incorporado por ley 17.711_fue incluido precisamente- en el capítulo que trata de la interrupción. No obstante, esta causal de suspensión no responde a razones de orden subjetivo del acreedor -como las otras vigentes en el Código Civil antes de la reforma-, sino que procura un nuevo medio para evitar el curso de la prescripción mientras duran las tratativas extrajudiciales enderezadas a obtener el cobro de la deuda, sin sorpresas para el acreedor cuando ellas se dilatan y sin necesidad de recurrir a la demanda judicial a la que sí se asignan efectos interruptivos.
Concurso preventivo, proceso de verificación, indicación de la causa, pagaré
Materia: COMERCIAL
Carátula: RODRIGUEZ CASTELLI,R.- BRUETMEN,J. s/ CONCURSO- INCIDENTE DE REVISION.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-12

Deben considerarse acreditadas las circunstancias determinantes de la adquisición del título por el incidentista al beneficiario del pagaré que se intenta verificar, cuando la causa de la obligación que provocó la transmisión del título fue atestiguada por dicho beneficiario quien además acompañó el recibo otorgado por el acreedor coincidente en su monto con el de la propia cambial. Con mayor razón aún cuando el único impugnante del crédito resulta ser el concursado librador del pagaré quien ni siquiera invocó las razones por las cuales no rescató el título, todo lo cual diluye la posibilidad de connivencia dolosa tendiente a incrementar injustificadamente el pasivo.
Eximición de prisión, migraciones, trámites judiciales, pasaporte, presunciones
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Cora, José L. s/ c. 1.725
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-09-29

La mera gestión de pasaporte, diligencia que no requiere autorización del Juez de la causa, no resulta pauta para presumir el viaje al exterior del encausado sin dar noticia con el fin de eludir la acción de la justicia.
Expropiación, indemnización, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Perkins Argentina S.A.C.I. c/ Provincia del Chaco s/ Expropiación irregular. Perkins Argentina S.A.C.I. c/ Provincia del Chaco s/ Expropiación irregular.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1995-06-23|1995-06-23

Si bien la ley imperante en la materia prevé la intervención obligada de la junta de valuación, no prohibe la producción de otras pruebas tendientes a demostrar el valor del bien sujeto a expropiación. De allí que este Tribunal, luego de merituar los mismos con amplia libertad, -tal como se hizo-, podrá aceptar o no el peritaje brindado para dicha Junta, ya que constituyen elementos de colaboración pero en definitiva, es el Juez quien deber resolver con criterio jurídico, teniendo en cuenta todos los factores inherentes al caso y existentes en el expediente, a cual de las pruebas le otorgar mayor poder de convicción, máxime cuando ciertas circunstancias no se tuvieron en cuenta o bien, no debieron ser consideradas como ocurre con los índices correctivos, que a criterio de la suscrita influyen de manera apreciable en la determinación de los valores.
Fuerzas Armadas, retiro militar
Materia: MILITAR - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Revol, Gustavo Adolfo y otros c/ Estado Nacional - Fuerza Aérea Argentina. s/ Recurso de hecho.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-03-08

Las sumas otorgadas al personal militar en actividad, en las condiciones de la resolución 500/85 del Ministerio de Defensa, dictada en virtud del decreto 1897/85, tienen una naturaleza diferente de la asignada por dichas normas - constituyendo una "gratificación" que debe estar comprendida en el concepto de "haber" o "asignación" a que alude la ley 19.101.
Recurso extraordinario federal, fundamentación del recurso, autonomía del recurso, improcedencia del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Tinganelli, Martín Daniel s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-17

Adhiero al criterio sustentado por mis colegas en cuanto a la inadmisibilidad de la vía extraordinaria, sólo en la medida en que la presentación en estudio, no cumple con el requisito de admisibilidad formal de fundamentación autónoma que demanda el art. 15 de la ley 48 y la conocida jurisprudencia de la Corte al respecto. Esto así, pues el recurrente no invoca ni determina adecuadamente la cuestión federal en la que motivaría su impugnación, omitiendo la crítica circunstanciada, razonada y prolija de los argumentos en los que fundó la mayoría de esta Sala, la conclusión que le agravia. (Dra. Ledesma según su voto).
Derecho Tributario, actualización monetaria, principio de legalidad
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Molinos Río de la Plata c/ F.N.   D.G.I. s/ Repetición
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-02

En materia impositiva no hay actualización sin ley que lo autorice.
Sentencia, nulidad de sentencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Depetris, Sergio Oscar c/ Frigorífico Iguazú s.r.l. s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-04-23

Entre las causas que provocan la nulidad de la sentencia, se anotan la omisión de cuestiones esenciales no estudiadas, ni decididas, como el no tratamiento de defensas planteadas por el demandado.-
Facultades del juez, sanciones procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: JOURNADE, Myriam Nora y Otro c/ DE MAIO, María Rita s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-28

La defensa de los derechos, consagrada en el art. 18 de la Constitución Nacional, es una garantía amplísima, pero ello no significa que, en aras de una mejor defensa, se utilice una terminología injuriosa, con el consiguiente menoscabo del respeto recíproco que, genéricamente, se deben los magistrados, funcionarios y litigantes. Tal conducta debe ser severamente sancionada.-