Estupefacientes, responsabilidad del organizador, representantes financieros, principio de congruencia, pena, constitucionalidad
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Villalba, Miguel Ángel; Rodriguez, Jorge Alberto; Villalba, Luis Alberto; Solalinde Arrua, Rafael Antonio c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-12-29

No resulta pertinente la declaración de nulidad pretendida por la defensa, puesto que no se advierte que la investigación en estudio haya afectado el artículo 120 de la Constitución Nacional ni la independencia funcional del Ministerio Público Fiscal, para definir y mantener su criterio acerca del contenido de los actos procesales que le corresponden como titular de la acción pública.Tampoco resulta procedente el argumento esgrimido por la defensa de los encausados respecto de que el inicio de estas actuaciones es nulo en atención a lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo "Quaranta", toda vez que surge de las constancias de las actuaciones que ya existía un cause independiente de investigación en virtud del cual se dispuso la intervención de las comunicaciones telefónicas.La legitimidad de las intervenciones telefónicas dispuestas en este expediente está sustentada por el cumplimiento previo de la exigencia de la debida fundamentación y apoyada en un marco de razonabilidad a partir de las "sospechas suficientes" extraídas de las circunstancias objetivamente comprobables por las notas elevadas al magistrado instructor, quien, desde el punto de vista formal, para disponerla cumplió con las exigencias del art. 236 del código adjetivo.No habrá de prosperar el planteo de nulidad del procedimiento de instrucción respecto de uno de los imputados por supuesta inobservancia de la garantía constitucional del "ne bis in idem", pues no se advierte en el caso en estudio violación alguna a su contenido. En efecto los hechos por los cuales el encausado había sido condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 4 de San Martín fueron cometidos en los años 2000 y 2001, mientras que los hechos investigados en la presente se produjeron con posterioridad en un ámbito temporal distinto, incluso mientras el nombrado se encontraba privado de su libertad.No es exacta la afirmación de la defensa de que los miembros del Tribunal sentenciante desconocían el contenido de las escuchas que sirvieron como medio de prueba idóneo. No se observa la carencia de control judicial efectivo alegada por el impugnante ni tampoco la inobservancia de las exigencias de oralidad inmediación y contradicción requeridas en todo proceso oral y público.Corresponde rechazar el planteo de nulidad del alegato del Ministerio Público Fiscal, toda vez que de la lectura del agravio formulado en este aspecto por la recurrente, surge que varios de los argumentos en los que el defensor particular ha pretendido apoyar su pretensión se reducen a su simple discrepancia con la evaluación probatoria efectuada por el señor fiscal de juicio en relación a aspectos que han integrado objetivamente la acusación formulada, que no resultan pertinentes para cuestionar la validez del alegato formulado.Del cotejo de las piezas procesales pertinentes se desprende que la descripción del suceso imputado al encausado no ha variado a lo largo del proceso, siquiera de modo implícito; que la acusación ha sido clara y que su defensa a lo largo del proceso estuvo en condiciones de ejercer acabadamente todos sus derechos constitucionales.Se advierte como el Tribunal a quo a partir de las pruebas colectadas con motivo de las tareas de inteligencia realizadas y de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se llevaron a cabo los allanamientos y la detención de uno de los encausados con sustancias estupefacientes, concluyó razonable y fundadamente que tanto el mencionado, como los demás imputados comercializaban estupefacientes en forma organizada, subsumiendo correctamente su conducta dentro de la figura de los artículos 5º ,inciso "c", y 11º, inciso "c" de la ley 23.737, en la modalidad de comercio, y con el grado de certeza que todo veredicto de condena requiere.De la lectura de las constancias en autos, en la tarea de individualización de la pena, el "a quo" -a contrario de lo expuesto por las defensas- fundó de manera razonable la valoración realizada respecto de cada una de las pautas agravantes consideradas respecto de cada uno de los recurrentes y se observa que la aplicación del método composicional en la individualización de la pena única a la que fue condenado uno de los encausados respecto de las cuestiones que debían ponderarse en esa tarea, se encuentra suficientemente fundada.El recurrente no ha presentado nuevos argumentos que justifiquen la modificación de las posiciones sustentadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación al resolver sobre la constitucionalidad del artículo 50 del C.P., y su postura se dirige a cuestionar los fundamentos de la reincidencia, vinculándose con materias propias de política criminal, que en tanto no den lugar a normas que contradigan nuestra carta Magna, son aspectos propios de la esfera del Poder Legislativo y por lo tanto ajenos a la competencia de los jueces.El voto concurrente agregó que la calidad de organizador y financista de uno de los condenados en los hechos atribuidos en autos luce debidamente fundada en la sentencia impugnada y constituye una correcta aplicación de derecho vigente con aplicación a las particulares circunstancias de la causa y que tampoco podía considerarse que la calificación legal asignada a los hechos atribuidos (organización y financista de actividades de narcotráfico, agravada por la intervención de tres o más personas en forma organizada -arts. 7, en función del art. 5, inc. c, y 11, inc. c, de la ley 23.737) vulnere el principio non bis in idem. Ello, toda vez que ambas normas legales sancionan conductas distintas, por lo que exigen la concurrencia de elementos típicos diferentes para su configuración.La disidencia parcial expresó que correspondía declarar, de oficio, la inconstitucionalidad del art. 12, segunda y tercera disposición, del Código Penal y en consecuencia, dejar sin efecto la condena dictada respecto de todos los imputados, sólo en lo que respecta a la imposición de las accesorias dispuestas en el art. 12, segunda y tercera disposición, del C.P.