Daños y perjuicios, jubilación por invalidez, honorarios, recurso de casación
Materia: PENAL
Carátula: BRIZUELA, VICENTE JULIÁN Y OTROLESIONES CULPOSAS Y HOMICIDIO CULPOSO s/ RECURSO DE CASACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1999-08-17

La indemnización por el daño causado, cuando éste ha producido un detrimento económico, tiene por objeto la reparación de la víctima al mismo estado patrimonial en que se encontraba antes de producirse el evento dañoso.

En virtud de ello, quien resulte jurídicamente responsable debe indemnizar, en principio, la totalidad del daño causado por el acto ilícito, con las limitaciones legales que circunscriben la responsabilidad al daño previsto o previsible y a la situación pecuniaria de los interesados (arts. 907 y 1069 C.C.), sin que esto implique un enriquecimiento sin causa.

Por ello es que el daño debe apreciarse en cada caso concreto, teniendo en cuenta no sólo las consecuencias perjudiciales, sino también los beneficios de los que puede resultar acreedora la víctima como consecuencia del daño sufrido. De tal confrontación- denominada "compensación de beneficios"- deriva el perjuicio efectivamente causado, y por ende, el objeto de la reparación pecuniaria.

Ahora bien, resulta evidente que tal compensación sólo opera entre aquellas ventajas y perjuicios que reconocen como causa al acto ilícito, y no comprende las que resultan ocasionalmente de dicho evento. Ello excluye aquellos beneficios patrimoniales que tuvieran un origen causal ajeno al hecho mismo, que no puede ser invocado por el obligado a indemnizar para menguar o excluir su responsabilidad.

El haber jubilatorio o la pensión que de él deriva reconocen una etiología diferente: los aportes efectuados por el causante durante un determinado número de años, y el derecho a percibirlo conforme las leyes previsionales.

El acto lesivo es sólo la ocasión en que se cumple la condición a la que el beneficio estaba supeditado. Tratándose entonces de ventajas ya previamente compensadas con los aportes efectuados por la víctima, no pueden entonces ser invocadas por el responsable para la determinación del daño a reparar.

El informe mismo no tiene la jerarquía de una recurso, pues se trata de un acto procesal de carácter defensivo que importa un contralor formal y sustancial del recurso interpuesto por otro y por ello carece de autonomía.

Si la actividad profesional desplegada por el letrado es un informe, acto procesal que- por no constituir propiamente un recurso- no resulta atrapado por el art.89 de la normativa arancelaria, ni tampoco por alguna otra disposición específica.

Al no encontrarse expresamente reglado debe aplicarse, a su respecto, el art. 34 de la legislación arancelaria que prevé un mínimo de 4 jus " por cualquier acto procesal" sin que se encuentre reglado el tope máximo en este aspecto.

Sin embargo, aún cuando no fueran de aplicación específica las disposiciones previstas en los arts. 37, 38, 89, 90 y 91 de la ley 8226, a la hora de efectuar una prudente estimación del honorario respectivo, deben tenerse presente aquellas escalas, conforme las pautas del art. 36 de la citada normativa. Ello así, dado que no sería razonable que lo percibido por el informe exceda lo que correspondería por el propio recurso de casación interpuesto.

Es menester realizar entonces un razonamiento analógico, partiendo del art. 89 de la normativa arancelaria- ley 8226 y su modificatoria 8304- que establece que para el recurso de casación debe observarse lo dispuesto para los procesos de conocimiento, pero siempre resguardando un mínimo de 60 jus como honorario profesional por la impugnación extraordinaria.