Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2010-03-17


Córdoba, marzo 17 de 2010.

1º ¿Es procedente el recurso interpuesto por la parte actora? 2º ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? 1º cuestión.- El doctor Rubio dijo:

I.1. El casacionista denuncia que la decisión que hizo lugar a la prescripción carece de razón suficiente. El a quo al tomar para el cómputo la fecha del accidente (30/07/96), soslayó que, con posterioridad, la Sra. Gorli continuó con dolores y recibió diversos tratamientos. No se le efectuaron los exámenes periódicos ni de egreso y hubo colisión de intereses: el médico de la demandada era el suyo y también de la ART, por lo que recién conoció de la consolidación de la patología y su vinculación con el infortunio al concurrir a otro profesional después de la desvinculación (08/08/01). Finalmente, remarca que el galeno refirió a que la dolencia no justificaba el "ausentismo" pero nunca a su inexistencia.

2. El Tribunal concluyó que es a partir del accidente -30/07/96- que quedó consolidado el daño, por lo que transcurrió en exceso el plazo previsto en los arts. 4.037 CC y 258 LCT (fs. 473). Y agregó que, aún en postura favorable -computar desde la notificación del dictamen de la Comisión Médica (05/10/98)-, la demanda fue interpuesta superados los cuatro años (fs. 473 in fine).

3. Para que comience a correr el plazo de prescripción se requieren dos elementos: el conocimiento de la incapacidad que se expresa a través de la limitación productiva y que presumiblemente sea consecuencia de la prestación laboral. Además, el instituto es inseparable de la acción: su curso sólo adquiere sentido cuando el acreedor, sabiendo que está en condiciones de ejercer su derecho, no lo hace (Sents. Nº 114/94; 29/00; 61/01, entre muchas otras).

Luego, el hecho que causa el perjuicio constituye el parámetro a considerar para saber si la acción queda expedita, aunque esta pauta no comprende todas las situaciones. Puede ocurrir que las consecuencias dañosas tengan lugar o sean conocidas tiempo después y, en tal supuesto, la prescripción debe contarse desde que ocurren o son advertidas por el acreedor ya que no hay resarcimiento si el daño no se materializa o es ignorado por el damnificado. Por ello no resulta correcto a esos fines la mera noticia de sufrir una enfermedad o estar bajo tratamiento médico, pues -se reitera- únicamente el conocimiento cierto de la naturaleza de la incapacidad y de su carácter irreversible coloca al interesado en condiciones de demandar el resarcimiento (en igual sentido Sent. Nº 81/93).

Y es del caso que, a partir del hecho súbito y violento acaecido el 30/07/96 -caída de un ventanal de metal y vidrio por desprendimiento espontáneo que contusionó en toda la región lateral de la cara de la actora-, expresamente reconocido por la demandada (fs. 472), comenzó para ella un periplo (dolor continuo, colocación de placa de relajación -junio de 1.998-; intervención por su dolencia cervical -09/11/98-, etc.) a los fines de su recuperación que no concluyó con el tratamiento a cargo de la ART ni con el Dictamen de la Comisión Médica Nº 5 la que, pese a reconocer la incapacidad que padecía Gorli, la calificó de "inculpable" (fs. 79).

De lo anterior se sigue que, al tiempo del accidente no se consolidó el daño que originó el reclamo. Tampoco el dictamen notificado en octubre de 1.998 fue hábil para poner en marcha el plazo indicativo de la inactividad del actor conforme entendió la sentenciante. Es así, porque se limitó a calificar las dolencias pero sin otorgarle grado de incapacidad alguno (ver fs. 79). Por el contrario, tales aseveraciones pudieron inducir a error en relación al carácter laboral y, por ende, respecto de quién debía responder por ellas.

Si además de lo señalado se tiene en cuenta que la Sra. Gorli fue reincorporada por "no encontrarse razones para justificar el ausentismo" pero que continuó con su tratamiento sin mejoría; y dicho aspecto expresamente fue reconocido por la demandada, así como su vinculación con el infortunio: "el accidente de trabajo del 30/6/96 fue el responsable de toda la sintomatología que tuvo y tiene la paciente siendo imposible negar la relación causal entre aquél hecho y las lesiones posteriores" (sic) (fs. 148/149), debió el empleador probar el cumplimiento de las obligaciones de la Ley de Higiene y Seguridad -exámenes periódicos y de egreso- que le hubieran permitido detectar la incapacidad y el correspondiente conocimiento por su dependiente.

Tal cuadro de situación y no existiendo una constancia cierta de la cual inferir que la actora supo de la existencia y entidad de la enfermedad, el plazo debe computarse desde la fecha del cese de la relación laboral -08/08/01-. Entonces, efectuado el cómputo pertinente, la demanda presentada el 05/11/02 se encuentra dentro de los dos años que prescribe el art. 258 LCT.

4. Lo expuesto determina la existencia del vicio denunciado por lo que debe anularse el pronunciamiento (art. 105, CPT). Reenviar los autos a la Sala de la Cámara de Trabajo que no sea la a quo a fin de asegurar a las partes el derecho de defensa y la posibilidad de revisión posterior. Voto por la afirmativa.

El doctor García Allocco dijo:

Coincido con la opinión expuesta por el señor vocal cuyo voto me precede. Por tanto, haciendo míos los fundamentos emitidos, me expido en la misma forma.

La doctora Blanc de Arabel dijo:

A mi juicio es adecuada la respuesta que da el señor vocal doctor Rubio a la primera cuestión. Por ello, de acuerdo a sus consideraciones, me pronuncio en igual sentido.

2º cuestión.- El doctor Rubio dijo:

A mérito de la votación que antecede corresponde admitir el recurso de la parte actora y consecuencia rechazar la excepción de prescripción articulada por Atanor S.A y La Caja ART SA, con costas. Remitir los autos a una Sala de la Cámara de Trabajo excluida la a quo a fin de que se pronuncie sobre la cuestión sustancial. Con costas por su orden en esta instancia atento la naturaleza del vicio que se verifica. Disponer que los honorarios de los Dres. V. C. R. y R. D. M., sean regulados por el Tribunal interviniente en un treinta y treinta y dos por ciento, para cada representación, de la suma que resulte de aplicar la escala media del art. 34, ley 8226, sobre lo que constituyó motivo de impugnación (arts. 37, 38, 104 ib. y 125, ley 9459). Deberá considerarse el art. 27, de la última ley citada.

El doctor García Allocco dijo:

Adhiero a la solución a la que se arriba en el voto que antecede. Por tanto, me expido de igual modo.

La doctora Blanc de Arabel dijo:

Comparto la decisión que propone el señor vocal doctor Rubio a la presente. Por ello, me pronuncio de la misma manera Por el resultado de la votación que antecede, previo Acuerdo, el Tribunal Superior de Justicia, por intermedio de la Sala Laboral, resuelve: I. Admitir el recurso de casación interpuesto la parte actora y anular el pronunciamiento, con costas por su orden en la instancia. II. Rechazar la excepción de prescripción articulada por "Atanor S.A." y "La Caja ART S.A.", con costas. III. Remitir los autos a una Sala de la Cámara de Trabajo excluida la a quo a fin de que se pronuncie sobre la cuestión sustancial. IV. Disponer que los honorarios de los Dres. V. C. R. y R. D. M., sean regulados por el Tribunal interviniente en un treinta por ciento, para cada representación, de la suma que resulte de aplicar la escala media del art. 34, ley 8226, sobre lo que constituyó motivo de discusión. Deberá considerarse el art. 27 del CA..- Luis Enrique Rubio.- Carlos F. García Allocco.- M. Mercedes Blanc de Arabel.