Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-04-07


Esquel, 07 de abril de 2006.- VISTO: Los recursos de apelación interpuestos por la parte actora (fs. 299) y por el Dr. M. E. I. M. (fs. 300), por la representación acreditada y por derecho propio, por considerar bajos los honorarios profesionales que se le regularan, contra la Sentencia N° 61 de fecha 06 de diciembre de 2005 (fs. 293/298); y CONSIDERANDO:

1. Que, por la resolución recurrida, el Sr. Juez de grado decide hacer lugar a la "acción meramente declarativa promovida" por la actora, Sra. E. M. S., contra A. S.A., A. del S. S.A. y C. del O. S.A.C.I.A. y, en consecuencia, establecer que el contrato de mutuo en dólares celebrado entre las partes con fecha 27 de febrero de 2001 se encuentra alcanzado por las leyes 25.561 -modificada por la ley 25.820-, 25.713 y 25.972, con costas por el orden causado. - 2. Que, encontrándose consentida la intervención del Dr. Benjamín Moisá (SIC N° 103/05 CANO, fs. 284/285 vta.), la recusación sin causa formulada en su contra a fs. 300, además de inoportuna por prematura (art. 14, CPCC), deviene inadmisible. 3. Que a fs. 305/vta., se agravia la parte demandada en cuanto a la procedencia de la acción meramente declarativa intentada, alegando que es incompatible con la posición asumida por la actora.- En tal sentido, entiende que la demanda no debería haber sido acogida, pues, estando a la posición de la actora, no existiría la situación de incertidumbre que habilitaría su procedencia.

Argumenta que la actora sostuvo que la compraventa que originó el conflicto entre las partes era una operación comercial, cuyo precio había sido pactado en pesos, pagada en pesos y que, por lo tanto, correspondía dar por cancelada la garantía prendaria que aseguraba el cumplimiento del saldo del precio pactado. En consecuencia, según su criterio, no existiría situación jurídica alguna que merezca declaración de certeza.

Concluye la recurrente, entonces, con cita del art. 322 del CPCC y de autorizada doctrina, en que no advierte cuál sería la situación de incertidumbre que habilitaría el encauzamiento de la pretensión por la vía procesal elegida.- 4. Que, por su lado, la parte actora se agravia a fs. 306/309, centrando su crítica principalmente en que el decisorio se basa sobre un contrato de mutuo inexistente en la litis, lo cual afecta el principio de congruencia (art. 34, inc. 4, CPCC). - Además, se queja por cuanto, a su entender, la resolución no despeja el estado de incertidumbre inicial, ya que, al determinar la normativa aplicable, "ha pesificado una deuda en pesos" a la que considera aplicable el C.E.R.- Finalmente, expresa su disconformidad con la imposición de costas por el orden causado. 5. Que, resumidas del modo que antecede -en lo esencial y conducente- las críticas de los apelantes, corresponde ante todo considerar la cuestión relativa a la procedencia de la acción intentada, pues de ella dependerá la suerte de los demás agravios.

Enseña ALSINA que, para que la acción meramente declarativa prospere, se requieren las siguientes condiciones: "1°) Un estado de incertidumbre sobre la existencia o interpretación de una relación jurídica; 2°) Que esa incertidumbre pueda ocasionar un perjuicio al actor; [y] 3°) Que éste no tenga otro medio legal para hacer cesar la incertidumbre" (ALSINA, Hugo, Derecho Procesal, t. I, p. 355, EDIAR, Bs. As., 1963).

Tales enseñanzas han quedado plasmadas normativamente en el art. 322 del CPCC, que reconoce su fuente -con idéntica numeración y redacción- en el CPN, cuya "Exposición de Motivos" en ese sentido aclara: "Al consagrarse, en el art. 322, la acción meramente declarativa se ha acogido un postulado de la doctrina y de la legislación procesal modernas".

Ahora bien, según los propios términos de la demanda y la naturaleza misma de la pretensión, ninguno de los requisitos de procedencia referidos precedentemente se encuentran cumplidos, por lo que se impone el rechazo de la acción intentada.

6. Que, en efecto: "Como su nombre lo indica, [la "acción meramente declarativa"] persigue la pura declaración de la existencia, o inexistencia, de una relación jurídica y no propiamente la constitución de derechos o la condena del demandado" (FENOCHIETTO, Carlos Eduardo, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, p. 329, Astrea, Bs. As., 1999). - Claramente, se advertirá entonces que la pretensión de que "se haga lugar a la presente acción declarándose extinguida la obligación principal y consecuentemente se mande cancelar la garantía prendaria que se suscribiera al contratar", expresada en el "objeto" de la demanda (fs. 46) y reiterada en el punto 8) del "petitorio" (fs. 55), de ningún modo condice con la finalidad de la "acción meramente declarativa"; pues, no se persigue la pura declaración de la "existencia o inexistencia" de una relación jurídica, sino que, a partir de una incuestionable relación jurídica -contrato de compraventa de un automotor, con garantía prendaria por el saldo del precio-, se pretende que se declare extinguida la obligación principal, cumplido el contrato y, en definitiva, se ordene la cancelación de la prenda.

En otras palabras, se pretende que, previa declaración de extinción de la obligación de pagar el precio, se ordene la cancelación de la prenda ("acción de condena").

Precisando todavía más la cuestión, debe tenerse en cuenta que toda sentencia, aun la condenatoria, es declarativa, en cuanto contiene un reconocimiento del derecho del actor; pero, mientras la "sentencia meramente declarativa" se limita a declarar o negar la existencia de una relación jurídica, la "sentencia condenatoria" tiene una doble función: no sólo declara el derecho, sino que también prepara la vía para obtener, aun contra la voluntad del obligado, el cumplimiento de una prestación: en la especie, la cancelación de la prenda (cfr. ALSINA, op. et loc. cit., p. 354).- Al respecto, con razón se ha resuelto: "Aunque de ordinario sea propicia para preparar un litigio, la acción meramente declarativa no supone 'decisión de contienda' sino develamiento de extremos o presupuestos necesarios para la perfecta configuración de un derecho o de una situación de características críticas para el interés jurídico actual del peticionante, por lo que si la relación de los hechos demuestra la existencia de un conflicto jurídico entre las partes que reclama o bien una pretensión declarativa específica (acción de simulación) o bien una pretensión de condena (acción de cumplimiento de contrato), la vía elegida se muestra improcedente" (C. Civ. y Com. Bahía Blanca, sala 1ª, 28/9/1993, C. de G., M. M. v. G., M. J., JA 1994 - II - 468, LexisNexis, Informática Jurídica, Documento Nº 1.31229, JA Desde 1994).- 7. Que, en cuanto al "perjuicio o lesión actual" exigido por el art. 322 del CPCC, no se observa tal posibilidad, puesto que la amenaza a su patrimonio invocada por la actora en el punto II, f) de la demanda (fs. 46 vta.) es la común a todo deudor ante el eventual incumplimiento de su obligación, y lo propio cabe decir respecto de la indisponibilidad del bien prendado y el riesgo de su secuestro (punto II, ap. "g" a "i"), ya que son los efectos normales del derecho real ("prenda con registro") con el que se encuentra gravado el bien. Sobre el asunto, acertadamente se ha dicho: "La acción declarativa resulta improcedente cuando pretende ser utilizada como un modo de evitar la promoción de eventuales y futuros litigios, mediante la argución de defensas relativas a los temas que en ellos pudieran debatirse" (C. Nac. Com., sala E, 12/5/1995, E. H. S.A. v. B. de la C. de B. A , JA 1996 - III - 15, Informática Jurídica, Documento Nº 1.20148, JA desde 1994).

8. Que, por último, la vía apropiada para obtener la pretendida cancelación -obligación de hacer- de la prenda (art. 25, inc. "a", Dcto.-Ley N° 15.348/46, texto según Dcto. N° 897/95; art. 505, párr. 2°, Cód. Civ.), previa demostración de la extinción de la obligación, es una "acción de condena" dentro del marco de un proceso de conocimiento.-- En este sentido, al comentar los efectos de las obligaciones respecto del deudor (art. 505, párr. 2°, Cód. Civ.), GALLI observa: "Por supuesto que no es indispensable un acto formal de liberación. Aunque el acreedor no lo otorgue el deudor quedará jurídicamente liberado desde el instante en que se produjo cualquiera de los supuestos de extinción indicados por la ley. Apenas le interesará munirse de la prueba idónea para justificar el modo de extinción operado. - Esta regla general, sufre excepción en los casos en que se toma nota de la deuda en registros o se han otorgado seguridades que es necesario cancelar. En ellos, la liberación por parte del acreedor, puede ser exigida o judicialmente reclamada, como así la restitución de las garantías entregadas al acreedor" (GALLI, Enrique V. -actualizador-, en SALVAT, Raymundo M., Tratado de Derecho Civil Argentino. Obligaciones en general, t. I, p. 80, n° 60, TEA, Bs. As., 1957).- Concordantemente, COLMO dice: "Los derechos del deudor que cumple no son puramente negativos: adquirir el derecho a la liberación, y poder alegar la correspondiente excepción (de pago, de novación, etc.) contra una posible acción ulterior del acreedor.

También pueden ser positivos: por ejemplo, podría exigir del acreedor el recibo del caso (bien entendido, sobre la base del pago efectuado y de la prueba del mismo), como podría solicitar la cancelación del gravamen real (hipoteca, etc.) con que había garantido su obligación, etc." (COLMO, Alfredo, De las obligaciones en general, p. 41, n° 48, Jesús Menéndez, Bs. As., 1920.

En idéntico sentido: LLAMBÍAS, Jorge Joaquín, Tratado de Derecho Civil. Obligaciones, t. II-B, p. 260, n° 1533, Perrot, Bs. As., 1993; BUSSO, Eduardo, Código Civil Anotado. Obligaciones, t. III, p. 224, nros. 145 y 146, EDIAR, Bs. As., 1949, entre muchos otros). 9. En suma, si la actora, Sra. E. M. S., entiende -como lo hace en la demanda- que el contrato de compraventa ha sido cumplido por su parte y que se ha extinguido por pago su obligación, pretendiendo por ende la cancelación de la prenda que grava la camioneta marca Toyota Hilux SW4 TD, dominio , debe ocurrir por vía de la pertinente "acción de condena" y no por ésta. 10. Que, correspondiendo adecuar las costas y el monto de los honorarios, la apelación por derecho propio del Dr. I. M. se ha convertido en una cuestión abstracta. Sentado ello, las costas se imponen, en ambas instancias, a la actora vencida (art. 68 CPCC) y se regulan los emolumentos de los profesionales actuantes, teniendo para ello en cuenta los parámetros enunciados en el art. 6, incs. b) a f) del Arancel -por tratarse el presente de un proceso sin contenido económico-, en especial la efectiva labor desarrollada, mérito, extensión y eficacia de las tareas llevadas a cabo, condición de vencedor y de vencido, el doble carácter en que actuaran los letrados de la demandada (art. 9), mínimos establecidos (art. 8) y etapas cumplidas (art. 39), en la suma de $1.000.- para los Dres. J. C. S., M. E. I. M. y C. N. O., en conjunto; en la de $500.- para el Dr. O. S. G. y en la de $250.- para el Perito Contador G. J. T. (arts. 6 y 61 del Dec. Ley 2.200), por la labor realizada en la anterior instancia, con más el IVA pertinente.

Asimismo, se deben determinar los emolumentos de los profesionales actuantes en esta Alzada, regulándolos en la suma de $300.- para el Dr. M. I. M. y en la de $150.- para el Dr. O. S. G., por la labor desarrollada en esta Instancia, con más el IVA pertinente (art. 14 Dec. Ley 2.200).

Por ello, la Excma. Cámara de Apelaciones del Noroeste del Chubut, - R E S U E L V E - 1°) REVOCAR la Sentencia N° 61 de fecha 06 de diciembre de 2005 (fs. 293/298).

2°) RECHAZAR, por improcedente, la "acción meramente declarativa" interpuesta por la Sra. E. M. S. contra A. S.A., C. O. S.A.C.I.A. y A. del S. S.A.

3°) ADECUAR, conforme lo dispone el art. 279 CPCC, las costas y honorarios fijados en la sentencia, imponiendo las costas de ambas instancias a la actora vencida (art. 68 CPCC); y regulando los emolumentos de los profesionales actuantes en la suma de $1.000.- para los Dres. J. C. S., M. E. I. M. y C. N. O., en conjunto; en la de $500.- para el Dr. O. S. G. (arts. 6, incs. b) a f), 7, 8, 9 y 39 del Arancel) y en la de $250.- para el Perito Contador G. J. T. (arts. 6 y 61 del Dec. Ley 2.200) por la labor realizada en la anterior instancia. Todas ellas con más el IVA pertinente. - 4°) REGULAR los emolumentos de los profesionales actuantes en esta Alzada, regulándolos en la suma de $300.- para el Dr. M. I. M. y en la de $150.- para el Dr. O. S. G., por la labor desarrollada en esta Instancia, con más el IVA pertinente (art. 14 Dec. Ley 2.200). - 5º) TENER presente el Caso Federal planteado. - 6°) REGÍSTRESE, notifíquese, y devuélvase.-- La presente resolución es dictada por el Tribunal integrado con el Sr. Juez de Ejecución, Dr. Omar H. Magallanes, por encontrarse vacantes dos vocalías, inhibido de actuar el Sr. Juez en lo Civil, Comercial y Laboral y haberse alcanzado la mayoría (arts. 8 y 9 de la Ley N° 1.130, texto según Ley N° 4.550; Acordadas STJ Nros. 3.223/00 y 3.303/03). - BENJAMÍN MOISÁ OMAR H. MAGALLANES REGISTRADA BAJO EL N° 35 DEL AÑO 2006. CONSTE.-Irma Alicia Carbó-Secretaria.-