Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-04-12


SENTENCIA NÚMERO: ONCE En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los doce días del mes de abril de dos mil trece, reunida en acuerdo la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por los señores Ministros doctores Luis Raúl Cippitelli -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Amelia del Valle Sesto de Leiva, para entender en el Recurso de Casación deducido en autos Expte. Corte Nº 03/12 caratulados: "RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por el Dr. Víctor Manuel Pinto - por la defensa del imputado José Enrique Coronel, en Expte. letra "C" Nº 101/11 - Coronel, José Enrique - s.a. Lesiones leves y Abuso de armas en concurso real en calidad de autor y Tenencia ilegítima de armas de guerra. En contra de Auto Interlocutorio Nº 57/11", el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1º) ¿Es nulo el Auto Interlocutorio Nº 57/11 dictado por el Juez de Cámara de Tercera Nominación que dispone no hacer lugar a la solicitud de suspensión de juicio a prueba? 2º) ¿Qué resolución corresponde dictar? El recurso es presentado en forma y en tiempo oportuno, por parte legitimada y se dirige contra sentencia equiparable a definitiva en tanto la cuestión no es susceptible de ser revisada eficazmente en oportunidad posterior, por lo que es formalmente admisible.

De acuerdo al orden de votación sorteado a fs. 17, los Sres. Ministros se pronunciarán en el siguiente orden: en primer lugar, la Dra. Amelia del Valle Sesto de Leiva; en segundo lugar, el Dr. José Ricardo Cáceres y, en tercer término, el Dr. Luis Raúl Cippitelli.

A la Primera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

I. Por Auto Interlocutorio Nº 57/ 11, dictado el 26/03/2012, la Cámara en lo Criminal de 3º Nominación, en lo que aquí concierne, resolvió: "I) No hacer lugar al pedido de suspensión del juicio a prueba efectuado por el asistente técnico del imputado José Enrique Coronel, Dr. Víctor Pinto (art. 76 bis cuarto párrafo del Código Penal). Con costas (art. 536 y 537 del CPP). II) No hacer lugar a la intervención del Estado en el presente proceso solicitado por el Dr. Víctor Pinto, por improcedente".

Los hechos por los que el Fiscal solicitó la elevación a juicio de la causa son los siguientes:

Hecho nominado primero: "Que el día 30 de Septiembre de 2010, en un horario que no se ha podido determinar con exactitud, pero que estaría comprendido a horas 14:40 aproximadamente, en circunstancias en que Marcelo Ramón Luján se encontraba en su domicilio sito en Barrio Malvinas Argentinas, calle Sargento García Nº 2000 de esta ciudad Capital, en compañía de su hermano José Maximiliano Luján, su madre Rita Mabel Velásquez e Ismael Luis Cruz Vera, en la ocasión se hicieron presentes José Enrique Coronel y Pablo Coronel previo a mantener una discusión con Marcelo Ramón Luján, José Enrique Coronel sacó de entre sus prendas una pistola de 9 mm, de color plateada secuestrada en los presentes obrados, y con la culata de la misma le propinó un golpe a Marcelo Ramón Luján en la región frontal derecha de la cabeza causándole lesiones que le demandaron 10 días de curación y 3 de incapacidad laboral según consta en examen médico de autos".

Hecho nominado segundo: "Que el día 30 de Septiembre de 2010, en un horario que no se ha podido determinar con exactitud, pero que estaría comprendido a las horas 14:40 aproximadamente, en circunstancias en que Marcelo Ramón Luján se encontraba en su domicilio sito en Barrio Malvinas Argentinas, calle Sargento García nº 2000, en compañía de su hermano José Maximiliano Cruz Vera y su madre Rita Mabel Velásquez se hicieron presentes José Enrique Coronel y Pablo Coronel y previo mantener una discusión con Marcelo Ramón Luján, José Enrique Coronel sacó entre sus prendas 9 mm., de color plateada secuestrada en los presentes obrados, e inmediatamente de acaecido el hecho nominado primero apuntó con el arma descripta a José Maximiliano Luján efectuándole un disparo sin herirlo, según consta de procedimiento obrantes en autos".

Hecho nominado tercero: "Que el día 30 de Septiembre de 2010, en un horario que no se ha podido determinar con exactitud, pero que estaría comprendido a las horas 20:40 aproximadamente, en circunstancias en que personal de la Unidad Judicial Nº 3, se hacen presente en el domicilio de José Enrique Coronel sito en calle R. Olmos esquina Chaquiago, la Chacarita dpto. Capital, provincia de Catamarca, a los fines de llevar adelante un allanamiento en la búsqueda de arma objeto de un ilícito, en dicho marco se procedió al secuestro de un arma de fuego, portátil, de puño de carga automática, tiro semiautomático, pistola, marca HI POWER, calibre 9 mm., quedando acreditado en dicho acto la tenencia ilegítima de arma de guerra, sin la debida autorización legal, por parte de José Enrique Coronel".

II. Contra la decisión transcripta en el punto I, comparece el Dr. Víctor Manuel Pinto -en adelante el recurrente- en su calidad de asistente técnico del imputado José Enrique Coronel e interpone recurso de casación esgrimiendo el motivo sustancial previsto en el inc. 1º del art. 454 del C.P.P.

Sostiene que el a quo, al rechazar el pedido de suspensión del juicio a prueba, ha aplicado erróneamente el art. 76 bis del CP, por excluir del beneficio de la probation a delitos reprimidos con pena de inhabilitación, como en este caso.

Dice que esta interpretación, hecha en forma aislada, contradice lo dispuesto por normas de derecho penal, de la Constitución Nacional y de Tratados Internacionales. Cita doctrina y jurisprudencia que considera relevantes a fin de respaldar su postura.

Argumenta que resulta irrazonable excluir del beneficio de la suspensión del juicio a prueba a los delitos reprimidos con pena de inhabilitación, siendo que sí es aplicable a delitos que contemplan una pena privativa de libertad, mucho más severa que aquélla. En tal sentido, efectúa observaciones al respecto, citando jurisprudencia, especialmente los precedentes "Acosta" y "Norverto".

Cuestiona la omisión de citar al Estado como damnificado en la causa, argumentando que dicha situación acarrea inexorablemente la nulidad de lo resuelto de conformidad a lo prescripto por el art. 355 C.P.P.

Desde otro ángulo, manifiesta que no desconoce que el consentimiento del Ministerio Público Fiscal resulta una condición insoslayable para habilitar la suspensión del juicio a prueba (art. 76 bis, 4to. Párrafo del C.P.), pero que semejante atribución no es absoluta, para que su dictamen fiscal negativo vincule al juez en el trámite para la concesión de la suspensión del juicio a prueba, el mismo debe ser fundado.

Reitera que lo determinante de la oposición fiscal ha sido que el tipo penal endilgado a su defendido contempla en forma conjunta pena de inhabilitación. Considera tal razonamiento arbitrario, citando doctrina y jurisprudencia que avalan su postura.

Finaliza solicitando la nulidad de la sentencia atacada y formulando reserva del caso federal y de los recursos contenidos en el Art. 2, apartado 3, inciso "b" del Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos, y del Pacto San José de Costa Rica.

III. Analizando el memorial recursivo, se constata que el recurrente ha centrado su estrategia defensiva aseverando que el a quo ha aplicado erróneamente lo dispuesto por el art. 76 bis del C.P., en cuanto excluye del beneficio solicitado a los delitos reprimidos con pena de inhabilitación.

De lo expuesto, cabe adelantar que, pese al esfuerzo argumental desarrollado por el recurrente, sus críticas no resultan eficaces para conmover la decisión puesta en crisis. Digo ello, porque el Auto Interlocutorio que aquí se cuestiona, no hizo lugar al pedido de suspensión del juicio a prueba fundando tal decisión en lo prescripto en el art. 76 bis, 4º párrafo, lo cual dista de las críticas expuestas por la defensa técnica del imputado. En efecto, otros han sido los argumentos brindados por el titular de la acción penal para oponerse a la viabilidad del beneficio solicitado. Así, en la audiencia prevista en el rito (art. 355), el Fiscal consultado aclaró que los delitos por los cuales fuera requerido el imputado (Lesiones Leves -art. 89- (Hecho nominado primero); Abuso de Armas -art. 104- (Hecho nominado segundo) y Tenencia ilegítima de arma de guerra -art. 189 bis 2º párrafo, 2º supuesto, 55 y 45 en Concurso Real), no dejan dudas que el pedido no puede encuadrar en el inciso primero de la norma en cuestión, toda vez que el máximo previsto en ellas, excede claramente los tres años fijados en el art. 76 bis, 1º párrafo, del C.P.; razón por la cual, dirigió su análisis dentro de las previsiones del artículo 76 bis, 4º párrafo, del citado cuerpo normativo toda vez que la escala penal atribuida a los delitos en cuestión es entre dos y diez años de prisión. En la señalada dirección, invocó razones de política criminal para opinar que, con arreglo a las circunstancias del caso, estimaba que no pediría pena en suspenso (fs. 258/258 vta.).

Consecuentemente, no se advierte en el caso que el recurrente haya rebatido el argumento fiscal sobre el mayor reproche que merecen los hechos cometidos (lesiones leves, abuso de armas y tenencia ilegítima de arma de guerra) en las circunstancias apuntadas, con respecto a que los tres hechos se realizaron con armas de fuego, aclarando que, si bien en el primero, aquella fue utilizada como arma impropia, sin embargo, enfatizó que en los tres hechos está involucrada un arma de fuego. En tal sentido, argumentó que razones de política criminal obstaculizan la viabilidad del instituto. Con la señalada omisión, quien recurre no demuestra la irrazonabilidad de ese criterio fiscal ni, por ende, la idoneidad de ese argumento para concurrir válidamente a justificar un eventual pedido de cumplimiento efectivo de la pena, como sostuvo el fiscal interviniente.

En la resolución impugnada, la referida oposición fiscal a la suspensión al juicio fue ponderada como debidamente fundada, y ninguno de los argumentos invocados en el dictamen fue desestimado. En esas condiciones, la valoración judicial efectuada permite deducir que el Tribunal no constató vicio de logicidad ni de motivación, ni otra deficiencia que afectara el carácter vinculante del dictamen fiscal.

Además, reitero que el recurrente no se hace cargo de señalar errores graves del dictamen en la interpretación del Instituto ni en la de los motivos legales que obstan a su aplicación; alegando circunstancias no invocadas por el representante fiscal y omitiendo refutar con argumentos adecuados las objeciones de la Fiscalía que fueron conocidas y contestadas por la defensa en ocasión de la audiencia referida, y fueron valoradas en la resolución apelada como adecuadas y suficientes para impedir la suspensión del juicio a prueba.

En ese contexto, corresponde decir que tampoco le asiste razón al recurrente al cuestionar la omisión del tribunal de notificar al Estado, no resultando aplicable al caso la jurisprudencia que cita en el recurso interpuesto, puesto que, como bien lo ha señalado el a quo, el delito atribuido -tenencia ilegítima de arma de guerra-, no necesita al Estado como damnificado, aclarando que no es víctima en este proceso, por lo que dicho pedido resulta improcedente.

En este orden de ideas, también debo decir que la pretendida declaración de nulidad tampoco resulta de recibo. Recuérdese aquí, lo sostenido por esta Corte en numerosos precedentes (S. nº 8, 09/03/2012; S. nº 17, 06/06/2011; S. nº 1, 10/02/10) en donde se dijo que: "el vicio (art. 408 inc. 3º del C.P.P.), sólo es capaz de tornar nula la sentencia cuando el defecto formal que a ella se atribuye es dirimente, lo cual implica que su eventual corrección posee aptitud suficiente para conducir a una conclusión diferente de la que se impugna. La demostración del valor decisivo del vicio, ha sido exigida tanto para la procedencia formal como para la sustancial del recurso"; demostración que ha sido omitida en el presente cuestionamiento.

De igual modo, se ha sostenido que "no hay nulidad por la nulidad misma, sino sólo cuando hay una lesión efectiva al interés de las partes y que tal exigencia tiene por objeto evitar el establecimiento de un sistema de nulidades puramente formales, acogiendo sólo aquellas que por su posible efecto corrector, tengan idoneidad para enervar los errores capaces de perjudicar realmente aquel interés. En tal sentido se ha expedido la C.S.J.N. (Fallos 259:961, 298:1413, 311:2337, entre otros).

En efecto, en este caso, los vicios denunciados, en modo alguno exhiben idoneidad para conmover la conclusión adoptada por el sentenciante.

Por ello, con arreglo a las consideraciones expresadas, mi respuesta a la primera cuestión planteada es negativa. Así voto.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

La señora Ministra preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

Estimo correcta la solución que da la señora Ministra Dra. Sesto de Leiva, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.

A la Segunda Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

A mérito de lo resuelto al tratar la primera cuestión, y atento la votación que antecede, corresponde: I) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 01/11 en favor del imputado José Enrique Coronel. II) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto. III) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.). IV) Tener presente la reserva efectuada del caso federal y la de los recursos contenidos en el Art. 2, apartado 3, inciso "b" del Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos, y del Pacto San José de Costa Rica.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

La Sra. Ministra preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello, adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

Estimo correcta la solución que da la Dra. Sesto de Leiva, por lo que adhiero a la misma en un todo, votando en consecuencia, de igual forma.

Por los resultados del acuerdo que antecede y por unanimidad, la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA;

RESUELVE:

1º) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 01/11 en favor del imputado José Enrique Coronel.

2º) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto.

3º) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.).

4º) Tener presente la reserva efectuada del caso federal y la de los recursos contenidos en el Art. 2, apartado 3, inciso "b" del Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos, y del Pacto San José de Costa Rica.

5º) Protocolícese, hágase saber y, oportunamente, bajen estos obrados a origen a sus efectos.

FIRMADO: Dres. Luis Raúl Cippitelli -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Amelia del Valle Sesto de Leiva. ANTE MI: Dra. María Fernanda Vian -Secretaria- ES COPIA FIEL de la sentencia original que se protocoliza en la Secretaría a mi cargo. Doy fe.