marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Robo seguido de homicidio, homicidio criminis causa, dolo
Materia: PENAL
Carátula: Chiancone González, Daniel Edgardo s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-09-21

Una interpretación apegada a los principios de máxima taxatividad interpretativa y de in dubio pro reo lleva a considerar la calificación del art. 156 CP en lugar del homicidio agravado del 80 inc. 7º CP, toda vez que no pudo demostrarse en el caso la existencia de aquellos elementos que exige este tipo, a saber la conexión subjetiva entre el homicidio y el robo y su ultrafinalidad; ya que en la sentencia no fueron relevadas las circunstancias relativas a la muerte de la víctima -una persona mayor en condiciones de indefensión-, así como observaciones de los peritos en la materia respecto de este caso en particular, por lo que se carece de información concreta que permita analizar las causales y circunstancias que acompañaron el deceso, de tal suerte, la afirmación sobre la finalidad del autor de lograr la impunidad porque su víctima podía reconocerlo resulta meramente una conjetura que carece de sustento en la prueba y el desarrollo de los fundamentos de la sentencia. El voto concurrente agregó que la ultrafinalidad exigida por el tipo del art. 80 inc. 7º CP, como conexión ideológica en cabeza del autor entre la muerte y la comisión de otro delito, requiere que el autor haya querido matar para cometer otro delito o procurar su intimidad, lo cual no ha sido probado en la causa. La disidencia parcial, si bien sostuvo que en el caso no existe prueba suficiente para tener por acreditado el dolo del art. 164 CP, adhirió al primer voto a los efectos de conformar mayoría necesaria respecto al tribunal que deberá imponer la nueva sanción a fin de garantizar el principio de imparcialidad.
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, juicios en que es parte una provincia, Estado Provincial, asociaciones profesionales, Dirección Nacional de Asociaciones Gremiales, resoluciones, Ministerio de Trabajo, Asociación de Trabajadores del Estado
Materia: PROCESAL-LABORAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Asociación Trabajadores del Estado c/ Estado de la Provincia de Entre Ríos. s/ Laboral
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-26

Es de la jurisdicción originaria de la Corte la demanda por la que se pretende compeler a una provincia a cumplir con una resolución de la Dirección Nacional de Asociaciones Gremiales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, prima facie vinculante para todos los empleadores que ocupan personal afiliado a la Asociación de Trabajadores del Estado: art. 1°, de la resolución N° 46/85.
Intereses, convertibilidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Municipalidad de Tordillo c/ Giorgi, Carlos Camilo s/ apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-09-17

Toda disposición legal que consagre la repotenciación de deudas que corresponden al precio de un servicio, debe reputarse derogada por imperio del artículo 10 de la ley 23928, dictada por el Congreso de la Nación, fundada en razones de orden público para reformar la totalidad del sistema monetario. La ley de convertibilidad ( ley 23.928 ) es, según su art. 13, una ley de orden público y su art. 10 derogó, con efecto a partir del 1° de abril de 1.991, todas las normas legales o reglamentarias que establecen o autorizan la indexación por precios, actualización monetaria, variación de costos o "cualquier otra forma de repotenciación de las deudas", impuestos, precios o tarifas de los bienes, obras o servicios. La derogación se aplicará aún a los efectos de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, no pudiendo aplicarse ni esgrimirse ninguna cláusula legal, reglamentaria, contractual o convencional -inclusive convenios colectivos de trabajo-de fecha anterior, como causa de ajuste en las sumas que corresponda pagar, sino hasta el 1° de abril de 1.991.
Medidas cautelares, embargo de buque, agente marítimo, flete, falta de pago, responsabilidad del capitán, responsabilidad del armador
Materia: NAVEGACION
Carátula: CREA SEGURIDAD SA c/ AGENCIAS MARITIMAS Y AEREAS AMARSAC SAC Y OTRO s/ INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-08

Conocida la situación del agente marítimo aduanero (agente marítimo) y que, por lo tanto, actúa en nombre y por cuenta del Capitán y/o Armador del buque (cfr. J. D. Ray, "El Agente Marítimo", ED, T. 1, p. 1100); dada la índole del negocio anudado y frente a la ausencia de elementos que convenzan en el sentido de que la agencia se haya obligado personalmente, procede el embargo solicitado respecto del buque de la compañía propietaria y/o armadora. Sobre embargo peticionado por el agente marítimo aduanero, concerniente a un crédito por fletes, ver Sala II, Causa 6.127/96 del 14.3.96.
Cuestiones de competencia, resoluciones judiciales, sentencia definitiva, resoluciones equiparables a definitiva
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: OMOLDI, ROSALIA s/ RECURSO DE QUEJA INTERPUESTO POR EL FISCAL DE LA  C.F.A. DE LA PLATA Causa 693
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-19

Las resoluciones que deciden cuestiones de competencia no revisten -en principio- el carácter de sentencia definitiva; no obstante, el más alto tribunal ha admitido por vía de excepción que son equiparables, por sus efectos, a tal categoría de sentencias los pronunciamientos sobre competencia anteriores a la resolución definitiva que: a) deniegan el fuero federal; b) conducen a la caducidad del derecho que se pretende ejercitar; c) ocasionan un supuesto de privación de justicia; d) remiten a la consideración de puntos rígidos por disposiciones constitucionales, siempre que medie en el caso una cuestión de derecho federal, lo decidido vaya contra el derecho federal invocado y lo debatido guarde relación directa e inmediata con el proceso; e) debaten el sistema de competencias -federal y local- previsto por la constitución nacional y el pronunciamiento atacado resulta contrario al principio de autonomía provincial invocado por el recurrente con fundamento en las disposiciones de los artículos 5 "in fine", 104, 105, 108 de la Carta Magna.
Empleados públicos, escalafón, Administración Pública, recurso contencioso administrativo, Corte Suprema de Justicia de la Nación, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SUAREZ, PABLO JOSE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO   CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 242-83 GALOTTO, MIGUEL ANGEL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 270-83 ROMAN, HECTOR RAUL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 243-83 ORGANIZACION RODRIGUEZ-SERVICIO DE SEGURIDAD c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-10-21|1987-12-10|1987-12-10|1990-12-27

No puede ser objeto de determinación por parte de esta Corte señalar en cuál de los tres niveles del Agrupamiento Profesional y Técnico -Sub agrupamiento Profesional-, previstos por el Escalafón del Personal Civil de la Administración Pública Provincial (Decreto 0791-1980), debe ser encuadrado el actor, porque tiene que ser la Administración quien actúe en tal cometido, conforme las previsiones pertinentes del citado estatuto.
Sentencia, principio de congruencia
Materia: PENAL
Carátula: BERNASCONI RUBEN RICARDO ANTONIO s/ P/HOMICIDIO CULPOSO. CAPITAL."EXPTE. N9889/94
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1995-09-29

No existe incongruencia entre la sentencia y la pieza acusatoria cuando de los hechos imputados y el hecho acreditado en la sentencia los elementos fácticos son los mismos, y sobre ellos tuvo la defensa la posibilidad (y la uso) de expedirse en el debate.-
Banco central, entidades financieras
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Isaac  Kolton  Inmobiliaria  S.A.C.I.F.  y  otra c/ B.C.R.A. s/ juicios de conocimientos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-10-28

La exigencia impuesta por el Banco Central a las entidades financieras de constituir los activos financieros regulados por las comunicaciones "A" 617 y 925, en el marco de la relación de sujeción especial que vincula a éstas con aquél, representa la exteriorización o instrumentación de criterios políticos en materia financiera y monetaria, necesariamente ligados a las condiciones de coyuntura económica.
Impuesto sobre los ingresos brutos, aplicación de la ley, ejercicio profesional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Locurscio, José A. s/ Demanda de inconstitucionalidad de la ley 9006
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-08-07

El legislador ha incurrido en un notable desvío axiológico infringiendo los arts. 24 y 158 de la Constitución provincial al sancionar el art. 120 de la ley 10397 que establece entre actividades alcanzadas por el impuesto sobre los ingresos brutos a los profesionales liberales, en el caso la abogacía, con olvido de la especial naturaleza que ella inviste de servicio auxiliar de la Administración de Justicia, con caracteres de función pública (patrocinio), sirviendo un interés público. El art. 58 de la ley adjetiva 5177 asimila a los abogados en el desempeño de su profesión con los magistrados. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Acción de amparo, Ley Orgánica de los Partidos Políticos, interpretación de la ley
Materia: ELECTORAL
Carátula: Línea Viva Perón c/ Junta Electoral Partido Justicialista s/ acción de amparo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-12-09

Esa garantía constitucional (de la acción de amparo) no puede ser interpretada de forma que importe, en los hechos, sustituir los procedimientos específicos previstos por la ley 23.298 (cf. Fallos CNE 2618/99; 2623/99; 2816/00; 3420/05; 3625/05; 4014/08 y 4170/09).
Empleados públicos, responsabilidad del funcionario público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Rodriguez, José María c/ Municipalidad de Coronel de Marina Leonardo Rosales s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-10-03

El abandono del servicio que se atribuya a un médico municipal no puede ser soslayado aduciendo que no asumió la guardia que le correspondía desempeñar, pues está dado por su conducta de omitir concurrir en el horario inicial aduciendo impedimentos que, como se probó, no eran tales.
Recurso de casación, requerimiento de elevación a juicio
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: FERREYRA, JULIO s/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-04-14

El requerimiento de elevación a juicio regulado por el art. 347 C.P.P.N. es un requisito indispensable para la apertura del juicio propiamente dicho, en tanto él fija el límite de su objeto fáctico. Por cierto, este acto de promoción de la acción penal es un acto de acusación en el sentido de que expresa oficialmente la subsistencia del interés del ministerio público en el ejercicio de la acción penal contra el imputado. Con arreglo a la trascendencia que reviste ese acto la misma ley exige no sólo la descripción circunstanciada del hecho y su calificación legal, sino, además, una exposición sucinta de los motivos en que se funda. Sin embargo, esa pretensión ejercida sobre la base de motivos 'provisionales', pues en verdad, los hechos que configuran su objeto deben probarse en el juicio, a punto tal que ninguna de las probanzas que dieron 'motivo' al requerimiento de elevación podrán ser tenidas en cuenta por el Tribunal de Juicio si no son introducidas de modo regular al debate.
Recurso de inaplicabilidad de ley, absurdo, apreciación de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Freijo, Adrián Enrique c/ Editorial La Capital S.A. s/ Indemnización por despido, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-10-31

La apreciación del material probatorio constituye materia reservada a los jueces de grado y sus conclusiones no pueden revisarse en casación, salvo absurdo configurado por el razonamiento arbitrario o por el error palmario y fundamental, extremos que deben evidenciarse por quien los invoca.
Acción de amparo, actos u omisiones de autoridades públicas
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Giallonardo Hermanos S.R.L. c/ Provincia   de  Buenos  Aires.  -  Dirección  de  Comercio  Interior. s/ AMPARO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-29

El uso prematuro de la vía excepcional del amparo sólo es posible cuando la inminencia del daño torna ilusoria su reparación.
Embargo, subasta judicial, derecho de preferencia
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: JOSE HUESPED E HIJOS S.A.I.C. c/ LAMBERTI MIRNA RITA s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1995-11-07

Realizada la venta judicial de la cosa embargada, su producido debe destinarse al pago de las costas originadas en esa realización y el remanente aplicarse al pago de los acreedores que hayan obtenido embargos sobre la cosa y en el orden cronológico en que fueron trabados. Habiendo un conflicto entre acreedores embargantes frente a un deudor común no concursado, debe resolvérselo por el principio del primero en el derecho. En consecuencia, para la satisfacción de los derechos creditorios posteriores, previamente deben ser pagados los acreedores anteriores. Constatada la existencia de un embargo prioritario, los fondos quedan indisponibles para el ejecutante hasta cubrir el importe de ese embargo, sin necesidad de que esta preferencia deba hacerla valer mediante tercería de mejor derecho.

El art. 911 del CPC establece que del importe realizado será satisfecho el crédito del ejecutante luego de cubierto las costas de la ejecución y pagado al acreedor de preferencia. En igual sentido tenemos el art. 914 del CPC que establece para el caso de existir otros acreedores preferidos, se depositará el importe de sus créditos en el establecimiento destinado al efecto y el resto se aplicará al pago del ejecutante. Si el ejecutante se considera con derecho a cobrar primero, es él quien debe promover la tercería de mejor derecho y no el primer embargante, habida cuenta que en el Código de Procedimiento Civil y Comercial de Córdoba, no tiene normas como las que se consagran en el orden nacional de comunicar a los jueces embargantes arts. 573, inc. 5to. y 575 del CPCN. La tercería que debió articular el ejecutante exitaba la comparecencia del primer embargante y con ello el contradictorio necesario para dilucidar la eventual controversia y siempre que la provocase el ejecutante al ser postergado en el pago de su crédito por el primer embargante.-
Derecho procesal, procesos de conocimiento, juicio ordinario, prueba, prueba confesional, confesión ficta
Materia: COMERCIAL
Carátula: PERICOLI ANDRES MARIO c/ TELECOM PERSONAL SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-26

La confesión ficta produce los mismos efectos que la expresa, en cuanto a la admisión de los hechos personales contenidos en las posiciones aunque, a diferencia de aquélla, sólo crea una situación desfavorable al absolvente, y constituye una mera presunción juris tantum, que puede ser desvirtuada por prueba en contrario. A ello, precisamente, está referida la mención de las "circunstancias de la causa". Este condicionamiento final de la norma la diferencia de la confesión expresa, cierta, pues la eficacia de la confesión ficta no tiene valor de plena prueba ni actúa vinculativamente en el juez en forma operativa, directa, sin más. Tiene mérito exclusivamente racional de suerte que el juez, en la sentencia, le atribuirá eficacia dentro del contexto global, o sea, de acuerdo a los demás elementos de juicio, la existencia e importancia de otras pruebas, la actitud de las partes, etc. En función de todo ello juzgará si corresponde atribuirle pleno, limitado (principio de prueba) o ningún valor probatorio con sujeción a las reglas de la sana crítica (Morello -Sosa- Berizonce, Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación, comentados y anotados, Tº V-B, página 76 y ss., Librería Editora Platense - Abeledo- Perrot, año 1992) y, (iii) finalmente, la confesión ficta no siempre es decisiva, debiendo ser apreciada en su correlación con el resto de las pruebas y atendiendo a las circunstancias de la causa ya que de lo contrario se haría prevalecer la ficción por sobre la realidad y la decisión podría alejarse de la verdad objetiva.
Recurso de casación penal, reenvío
Materia: PENAL
Carátula: ABREGU CLAUDIO DANIEL S.D. ROBO CALIFICADO; ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL, ETC. E.P CORONEL JULIA AZUCENA s/ CASACION CRIMINAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-03-04

La Sala Penal del Superior Tribunal para determinar cuándo existe un vicio en el razonamiento del a quo en la valoración de la prueba, debe realizar su propio análisis, y del enfrentamiento de ambos, se deriva que el razonamiento del fallo impugnado adolece de cualquiera de los vicios descriptos; lo conveniente es sustituir el razonamiento del a quo por el de la Sala, y no ordenar el correspondiente reenvío.
Denegatoria del recurso, robo calificado, concurso real, lesiones leves, uso de armas, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Gutiérrez, Marco Sebastián c/  s/ robo con armas
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-05-21

Corresponde rechazar el recurso de casación articulado contra la sentencia que condenó al imputado como autor penalmente responsable del delito de robo agravado por haber sido cometido con arma en concurso real con resistencia a la autoridad que concurre idealmente con lesiones leves, si no se observa una arbitraria valoración de las pruebas incorporadas al proceso que sirvió de base a los magistrados actuantes en el debate para demostrar la existencia material del hecho y la autoría del imputado. El análisis sistemático realizado por el tribunal ha socavado los diversos argumentos ensayados por la recurrente, dado que el pronunciamiento condenatorio no se sustentó de modo exclusivo en los dichos de un testigo, como planteó, sino que ellos fueron evaluados en su correspondencia con los restantes elementos de cargo que confirman la versión de manera incontrastable (voto del juez Morin al que adhirieron los jueces Días y Sarrabayrouse).
Prescripción, interpretación de la ley
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Provincia de Río Negro (Fiscalía de Estado) c/ Morcol S.R.L. s/ Ejecución Fiscal s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2019-02-20

Parte de la doctrina sostiene que del texto del art. 75, inc. 12° de la Constitución Nacional surge que la potestad del Congreso Nacional de dictar los códigos de fondo comprende la facultad de regular la prescripción y los demás aspectos que se vinculan con la extinción de las acciones destinadas a hacer efectivos los derechos generados por las obligaciones de cualquier naturaleza. Para esta opinión, la prescripción no es un instituto propio del derecho público local, sino un instituto general del derecho. Por su parte, otra posición, a la que adherimos, sostiene: que la autonomía dogmática del derecho tributario, tanto en el orden federal como local, justifica la existencia de normas locales en materia de prescripción; que las normas de derecho privado son inaplicables a las relaciones de derecho público; que en el ejercicio de facultades tributarias propias que integran el sistema federal argentino y con las que concurre en el régimen de Coparticipación previsto en el art. 75, inc. 2° de la Constitución Nacional, es lógico que los poderes locales puedan regular tanto lo relativo al nacimiento de la obligación tributaria como a su régimen de cumplimiento y a su exigibilidad y; que en materia tributaria, la regulación de la prescripción no puede escindirse del sistema de recaudación, dado el tipo de obligaciones de que se trata, directamente implicadas en el sostenimiento básico del Estado, sus funciones y el cumplimiento de sus deberes. (Voto de la Dra. Piccinini, Dr. Apcarian y Dra. Zaratiegui por la mayoría)
Ejecución fiscal, excepciones procesales, inhabilidad de título
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Municipalidad de Clorinda c/ Cooperativa  de  Provisión de  Obras  y Servicios Públicos Clorinda Limitada s/ Ejecución Fiscal de  Obras  y Servicios Públicos Clorinda Limitada s/ Ejecución Fiscal
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1997-05-13

La ejecución fiscal es el resultado directo del acto administrativo firme que determina o liquida el tributo y accesorios. Así la suma liquidada se incorpora al título ejecutivo denominado boleta de deuda, en consecuencia la excepción de "inhabilidad de título" se limita a lo puramente externo. (Fundamento del Dr. C. González)
Inconstitucionalidad, excepción de incompetencia
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: ACUÑA RAUL OMAR c/ CONSOLIDAR A.R.T. S.A. Y OTRO s/ LEY 24557
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-03-10

Si el quejoso al deducir recurso de apelación -en los términos del artículo 46 de la L.R.T.-, utilizó y convalidó el sistema recursivo previsto por la ley 24.557, no resulta congruente que, luego de haberse voluntariamente sometido a dicho régimen, y con su recurso de apelación haber motivado la intervención de la C.F.S.S., impugne su constitucionalidad. En consecuencia, deviene improcedente el planteo de la excepción de incompetencia y corresponde su rechazo.
Gobernador, gobierno de facto, contratos administrativos, forma del acto administrativo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Cantos, José María c/ Santiago del Estero, Provincia de y/o Estado Nacional s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-03

Carece de eficacia, y es inoponible a la provincia, el convenio que sólo trasunta la determinación personal manifestada por el gobernador "de facto", expresada al margen de las más elementales formalidades que deben reunir los actos jurídicos que lleva a cabo el Estado.
Prueba documental, empleador, sujetos del contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Ayo Ku Marlene Elizabet c/ Duret Julio Alberto Y Otro s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2012-06-21

De conformidad al certificado médico incorporado a la causa, el Tribunal ordenó el rechazo de la acción incoada en contra de la codemandada tras verificar - prima facie - que dicha parte no estaba en condiciones de contratar, debido a su precario estado de salud. A juicio del opinante, no hubo prueba para demostrar respecto a quien se trata, que haya ejercido las funciones de empleadora, más allá de vivir en la casa con su hijo y de recibir las atenciones y cuidados de la actora. Entiende que no resulta suficiente para otorgarle el carácter pretendido y mucho menos para habilitar una eventual condena en su contra.
Expropiación irregular, valor del bien, lucro cesante
Materia: CIVIL
Carátula: TELECENTER  S.A. c/ ESTADO NACIONAL s/ HONORARIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-23

La sentencia que anuló el decreto que decidió la toma de posesión de bienes de la actora y que hizo lugar a la demanda de expropiación inversa, está incluida en el art. 54 inc. b de la ley 23696 tanto por la condena al pago del valor del bien como por la compensación del lucro cesante.
Participación criminal, constitución de sociedades
Materia: PENAL
Carátula: C., S. P. y otros c/  s/ insolvencia fraudulenta
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-07-11

Finalmente indicaron que correspondía profundizar la investigación en torno a las irregularidades señaladas por el recurrente, en cuanto a la constitución de la sociedad adquirente del inmueble, la representante de aquella y la participación de los restantes imputados en las operaciones denunciadas.