Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-11-24


2º Instancia. - Buenos Aires, noviembre 24 de 2009.

La doctora Porta dijo:

La actora, la demandada y el Sr. Perito Contador apelan el fallo de grado (fs. 495, 497/502 y 503/508).

La accionante se queja porque considera que el sentenciante, sobre la base de una errónea apreciación de los hechos y de las pruebas producidas en la causa, concluyó que la demandada estuvo asistida de derecho para poner fin al contrato laboral.

En mi criterio, no asiste razón a la recurrente, ya que los testigos traídos por la demandada corroboran los incumplimientos denunciados por ésta, pues los declarantes afirmaron que presenciaron los hechos ventilados en autos. En particular, Rubial (fs. 316/317), De Luca (fs. 379/380), Tiger (fs. 381/382) y Lescura (fs. 383/384) declararon que la actora se negó a cumplir las directivas dadas por De Luca, que éste, como encargado del local donde trabajaba la actora, le pidió a ésta que se hiciera cargo de la caja y ante la negativa de la dependiente, se comunicó con Rubial, a quien los testigos señalan como la persona con quien se comunican los encargados ante eventuales inconvenientes y quien decide acerca de la aplicación de sanciones; además, de las declaraciones de los mencionados testigos surge la reiteración de incumplimientos por parte de la actora.

Reconozco plena eficacia convictiva a estos testimonios, porque los declarantes han dado suficiente razón de sus dichos, los cuales resultan concordantes y las observaciones de la accionante no alcanzan para enervar su veracidad, pues -como señalé- los declarantes estuvieron presentes cuando sucedieron los hechos, De Luca y Rubial fueron quienes dieron las órdenes que la accionante se negó a cumplir y en autos no existe ningún elementos de juicio que desvirtúe aquellos relatos, en particular, porque el testigo Ibarrola -traído por la accionante- nada útil aportó a la causa, ya que dijo que se desvinculó de la demandada con anterioridad al acaecimiento de aquellos hechos (fs. 265/266; arts. 386 y 456 del CPCC).

Tampoco mejora la suerte de la apelante el informe brindado por el Sanatorio de la Trinidad Mitre, dado que del mismo surge que la actora el día 27 de abril de 2007 consultó por un dolor abdominal, sin diarrea ni vómitos, que refirió un dolor generalizado de estómago, que se le indicó que realizara dieta, que ese mismo día solicitó médico a domicilio a las 19.32 hs., que fue asistida a las 21 hs., pero nada surge acerca del cuadro gastrointestinal referido por la actora (fs. 201/202), mas aun si se tiene en cuenta que el incidente en el lugar de trabajo ocurrió en horario de la mañana.

El argumento de la apelante referido a que la comunicación rescisoria no cumplió los recaudos previstos en el art. 243 de la LCT no resulta atendible por esta alzada, ya que no fue sometido a consideración de la instancia previa (fs. 5/13; arts. 271 y 277 del CPCC).

Por lo expuesto, propongo confirmar lo decidido en el punto.

La queja de la demandada relativa al progreso de la indemnización prevista en el art. 45 de la ley 25345 no será atendida.

Cabe señalar, en este sentido, que la entrega de los certificados previstos en el art. 80 de la LCT a la dependiente en oportunidad de la extinción de su relación laboral es una obligación del empleador que debe ser cumplida en forma inmediata a la desvinculación (esto es, en el tiempo que razonablemente puede demorar su confección). No hay razones, pues, para considerar que el cumplimiento de esta obligación dependa -en lo que se refiere a su aspecto temporal- de que la trabajadora concurra a la sede de la empresa o establecimiento a retirar los certificados (procedimiento normal), sino que corresponde entender que, en caso de que así no ocurra, el empleador debe, previa intimación, consignar judicialmente los certificados (en sentido análogo, SD Nro. 83170 del 11.2.2002 "Fraza, María Aida c/ Storto, Silvia Noemí y otro", SD Nro. 86164 del 29.9.2004 "Díaz, Crisanto Olegario c/ Nicolás H. Robbio S.A.", del registro de esta Sala).

Por ello, propongo confirmar el fallo apelado en el punto.

En cambio, asiste razón a la demandada en lo que respecta al progreso de las diferencias salariales, ya que el reclamo de la actora se sustentó en supuestos pagos en negro que el juzgador rechazó por falta de prueba; así también, fue desestimada la pretensión inicial por horas extras y los salarios por los días de suspensión. Por ello, auspicio revocar en este aspecto el decisorio de grado y, en consecuencia, descontar del monto de condena la suma de $566,66, por lo que este queda establecido en $4.689,84 que deberá ser abonado por la demandada a la actora en la forma, en el plazo y con más los intereses moratorios fijados en el fallo apelado, cuestiones que llegan firmes a esta alzada.

Auspicio mantener el régimen de costas de primera instancia, dado que el mismo se ajusta a la suerte corrida por las respectivas pretensiones y, por los mismos fundamentos, propongo que las de la alzada sean soportadas en el orden causado (art. 68, 2º parte, del CPCC).

Considero que los honorarios regulados en autos son equitativos, en atención al valor económico de la contienda, a la calidad y extensión de las tareas desempeñadas por los profesionales intervinientes y a lo dispuesto en el art. 38 de la ley 18.345, arts. 6, 7, 8, 9, 14, 19, 37, 39 y conc. de la ley 21839 y arts. 3 y 6 del decreto ley 16638/57, por lo que propongo su confirmación. Asimismo, auspicio regular los honorarios de los letrados actuantes ante esta alzada, en el 25% de lo que, en definitiva, les corresponda percibir por sus trabajos ante la instancia previa.

En relación con la adición del I.V.A. a los honorarios regulados, esta Sala ha decidido en la Sentencia Nro. 65.569 del 27 de septiembre de 1993 en autos "Quiroga, Rodolfo c/Autolatina Argentina S.A. s/ accidente-ley 9688", que el impuesto al valor agregado es indirecto y por lo tanto grava el consumo y no la ganancia, por lo que debe calcularse su porcentaje que estará a cargo de quien debe retribuir la labor profesional. En el mismo sentido se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Compañía General de Combustibles S.A. s/recurso de apelación" (C.181 XXIV del 16 de junio de 1993) al sostener "que no admitir que el importe del impuesto al valor agregado integre las costas del juicio -adicionárselo a los honorarios regulados- implicaría desnaturalizar la aplicación del referido tributo, pues la gabela incidiría directamente sobre la renta del profesional, en oposición al modo como el legislador concibió el funcionamiento del impuesto". Ante lo expuesto, en caso de tratarse de responsables inscriptos, deberá adicionarse a las sumas fijadas en concepto de honorarios de los profesionales actuantes en autos el impuesto al valor agregado que estará a cargo de quien debe retribuir la labor profesional.

En definitiva y por lo que antecede, voto por; I. Confirmar el fallo apelado en lo principal que decide; II.- Reducir el monto de condena a la suma total de $4.689,84 que deberá ser abonado por la demandada a la actora en la forma, en el plazo y con más los intereses moratorios fijados en el fallo apelado; III.- Mantener la imposición de costas de primera instancia y declarar por su orden las de la alzada; IV.- Confirmar los honorarios de primera instancia y fijar los correspondientes a los letrados actuantes ante esta alzada, en el 25% de lo que, en definitiva, les corresponda percibir por sus trabajos ante la instancia previa; en caso de tratarse de responsables inscriptos, deberá adicionarse a las sumas fijadas en concepto de honorarios de los profesionales actuantes en autos el impuesto al valor agregado que estará a cargo de quien debe retribuir la labor profesional.

El doctor Guibourg dijo:

Que adhiere por análogos fundamentos al voto que antecede.

Por ello, el Tribunal RESUELVE: I.- Confirmar el fallo apelado en lo principal que decide; II.- Reducir el monto de condena a la suma total de $4.689,84 que deberá ser abonado por la demandada a la actora en la forma, en el plazo y con más los intereses moratorios fijados en el fallo apelado; III.- Mantener la imposición de costas de primera instancia y declarar por su orden las de la alzada; IV.- Confirmar los honorarios de primera instancia y fijar los correspondientes a los letrados actuantes ante esta alzada, en el 25% de lo que, en definitiva, les corresponda percibir por sus trabajos ante la instancia previa; en caso de tratarse de responsables inscriptos, deberá adicionarse a las sumas fijadas en concepto de honorarios de los profesionales actuantes en autos el impuesto al valor agregado que estará a cargo de quien debe retribuir la labor profesional. - Ricardo Guibourg. - Elsa Porta á