marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario, cuestión no planteada
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: T. DE G.N.N. c/ G.E.J. s/ ALIMENTOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-07-06

La expresión "reserva" denota algo que se posterga para el futuro y quien la utiliza parece pensar que el punto federal sólo puede debatirse ante la Corte Suprema y se encuentra excluido en cambio, de la jurisdicción de los Jueces ordinarios, y no es así, puesto que es imprescindible que la cuestión federal se someta a los Jueces de la causa con la misma precisión con que se lo hace con cualquier otro punto esencial del litigio.No proceder del modo indicado, y solamente hacer la "reserva", es insuficiente y tal planteo ha sido invariablemente desechado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, si se ha sometido debidamente una cuestión federal a los Jueces de la causa, la "reserva" será superflua, y si no se lo ha hecho, ella será inútil.-
Accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo, acción civil por accidente de trabajo, seguros
Materia: LABORAL
Carátula: Maricoy, José Miguel c/ ENERCOM S.R.L. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-06-23

"La responsabilidad del asegurador en cuanto a la indemnización que debe percibir el trabajador como consecuencia de un accidente de trabajo habiéndose accionado por la vía del artículo 1113 del Código Civil como en el caso, tendrá la extensión y el alcance previstos en las cláusulas estipuladas en el contrato de seguro celebrado por el empleador con la compañía aseguradora, toda vez que la causa fuente de la obligación es el referido convenio".
Prueba, prueba confesional, indivisibilidad de la confesión, carga de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: R., A. S. c/ L., M. y/o q´ rlte. prop. y/o resp de la confiteria G. s/ Diferencia de haberes e indemn. de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-02-25

Cabe considerar el alcance del art. 428, inciso 1º, del C.P.C.C. (antes art. 424) ya que si la confesión es divisible recae en el confesante la carga de probar los hechos impeditivos, modificativos o extintivos.	La prueba del elemento agregado por el confesante (impeditivo, modificativo o extintivo), incumbe al mismo, pues está alegando una defensa sustancial.
Querellante, menores, Convención de los derechos del niño, derecho del menor a ser oído
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: B.P s/ CORRUPCION DE MENOR
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-11-07

Impedir el requerimiento del menor de ingresar al proceso penal como parte querellante constituye un exceso que debe ser resuelto por vía de excepción. A fin de hacer efectivo el derecho peticionado debe acudirse a las disposiciones de la Convención de los Derechos del Niño que otorga a los menores amplias facultades para ser oido y al estarle reconocidas al menor dichas facultades para defender sus intereses en sede penal, no puede una norma infraconstitucional (art. 82 CPPN) restringir tales prerrogativas de un modo no permitido por la citada Convención. También deben tenerse en cuenta los art. 1 y 2 de la ley 26.061 que disponen que la Convención sobre los Derechos del Niño es de aplicación obligatoria (sumario confeccionado por SAIJ).
Leyes, competencia contencioso administrativa
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: BUSANICHE Y CIA SA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE   N. 77-85)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-02-14

Las normas administrativas originadas en las autoridades nacionales, se aplican, por regla general, sólo en la Capital Federal, Territorio Nacional y lugares adquiridos (artículo 67, incisos 14 y 27 y artículo 86 inciso 3 de la Constitución Nacional) dado que son territorios directamente dependientes del Estado Federal (Nación); empero otras despliegan su eficacia en todo el territorio nacional cuando corresponden a atribuciones que el Gobierno Federal debe ejercer unitariamente según la Constitución Nacional.

Las normas administrativas provinciales rigen únicamente en el ámbito de su respectivo territorio, con exclusión de cualquier otra norma cuando se trata de instituciones y atribuciones propias (artículos 5, 104, 105, 106 y concordantes de la Constitución Nacional).
Municipalidad, conflicto de poderes, medidas cautelares
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Libonatti, Antonio c/ Concejo Deliberante de la Municipalidad de General San Martín s/ Conflicto art. 196 Constitución provincial
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-09-15

Como la medida cautelar dispuesta tiene atinencia exclusivamente a las circunstancias de hecho y de derecho tenidas en cuenta al momento de ser dictada, la suspensión denunciada posteriormente carece de relación con aquélla, razón por la cual deberá peticionar el interesado por la vía correspondiente.
Emergencia económica, oportunidad procesal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Oller, César Daniel s/ Incidente en Recurso de Revocatoria s-InconstitucionalidadOrdenanza  n° 5908-96 de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-10-18

La oposición de oficio de las normas de emergencia -o a instancia de parte- se produce normalmente en el proceso de ejecución de sentencia, cuando los créditos emergentes pretenden realizarse. Siendo así, al igual que en los casos de cuestionamientos a que puede dar lugar la aplicación de las normas de consolidación de Deuda Pública, y a salvo aquellos casos en que fueron objeto de debate en el pleito, las observaciones a la aplicación de las normas en cuestión, naturalmente importan la promoción de un incidente en el procedimiento de ejecución, puesto que exigir formalizar el reclamo por vía de acción, constituiría un exceso ritual que en razón del principio de ahorro procesal debe evitarse.
Recursos, fundamentación del recurso, denegatoria del recurso, procedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Vaccaro, Francisco Roberto c/ Paramio, Pascual Enrique e Inmobiliaria del Salado  SRL. s/ cumplimiento de contrato.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-17

El tribunal de la causa, al igual de los litigantes, debe exponer en forma pormenorizada, atendiendo a las cuestiones que les son llevadas por aquéllos, las razones pertinentes que hacen a la concesión o denegatoria de los recursos locales intentados.
Desindexación, aplicación de la ley
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE PARANA c/ ALFONSO CARLOS A. Y OTRO s/ APREMIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-02-10

La aplicación de la Ley 24.283, para las deudas anteriores al 1/04 /91 requiere la demostración de que como resultado de la aplicación de mecanismos de actualización, la prestación dineraria resulta desproporcionada.
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, compraventa de automotores, responsabilidad de la concesionaria, tallerista, reparaciones urgentes
Materia: CIVIL-COMERCIAL-LABORAL
Carátula: Testino, Luis María c/ Volkswagen Argentina SA y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-12

Procede confirmar la resolución que admitió la acción de daños y perjuicios ocasionados al actor por la compra de un vehículo que resultó defectuoso y que las accionadas nunca repararon eficazmente. Ello por cuanto, en el caso, el automóvil adquirido estuvo en el taller de la codemandada desde su compra, más de 400 días. Así, la acción promovida -falta de concurrencia de un "servicio técnico adecuado" en los términos de la LDC 12- se encuentra acreditada y justifica la aplicabilidad de la LDC 13, 17 y 40. Aparece evidenciado con las probanzas del expediente que el rodado en cuestión -a pesar de ser sometido a diferentes intervenciones del taller oficial con el objeto de solucionar deficiencias de origen con las que fue vendido- no cumplió con los requisitos de "durabilidad, utilidad y fiabilidad" esperables para un automóvil 0 km de alta gama como el de marras afectando, así, la finalidad para la que fue adquirido el vehículo y configurando, de este modo, la hipótesis prevista en el artículo 17 de la ley tuitiva del consumidor "Reparación no satisfactoria". Fluye de la probanzas de la causa que éste poseía desperfectos estructurales congénitos -o sea que eran propios del vehículo y extraños a la responsabilidad del actor- que se manifestaron desde un principio, no pudieron ser eficientemente reparados por el taller oficial de la concesionaria codemandada (a pesar de haber intervenido en dos oportunidades para remediar esa puntual deficiencia) e impedían su normal utilización.
Cuestiones de competencia, competencia federal, daños y perjuicios, responsabilidad por publicaciones en Internet
Materia: INFORMATICO-PROCESAL
Carátula: MORELLI  NESTOR ANTONIO RAMON Y OTROS c/ DIARIO EL DIA s/ DAÑOS YPERJUICIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-01

La parte actora inicia acción contra EL DÍA SA Entidad Registrante del Diario Digital EL DÍA a fin de que se lo condene a pagar una indemnización por los daños y perjuicios que dice haber sufrido y que -sostiene- subsisten actualmente, y a que se le ordene retirar de todos los buscadores de Internet y de todas las páginas web, noticias referidas al doctor Morelli. Agrega que en la página web de CLARÍN se publicó una nota con contenido falaz y difamatorio respecto del mencionado doctor Morelli. Funda su derecho en los arts. 512, 902, 1071, 1071bis, 1089, 1090, 1109  y 1113 del Código Civil y en los pactos internacionales con jerarquía constitucional. Teniendo en cuenta que la materia en debate se refiere a actividades que se llevarían a cabo por vía de internet -medio de interrelación global que permite acciones de naturaleza extra local-, corresponde intervenir a la justicia federal (conf. Corte Suprema de Justicia de la Nación, "Rondinone, Romina Inés c/ Yahoo de Argentina SRL y otros s/ medidas precautorias", del 27/2/07, dictamen de la Sra. Procuradora Fiscal subrogante al que se remite).
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, excarcelación, resolución denegatoria, inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL - PENAL
Carátula: Lizarraga, Reinaldo Oscar s/ excarcelación en autos 1213.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-11

Procede el recurso extraordinario contra las decisiones denegatorias de la excarcelación, en la medida en que medie la inconstitucionalidad de las normas impeditivas de aquella o graves defectos en el pronunciamiento denegatorio. Ello es así por la raigambre constitucional reconocida desde antiguo a la excarcelación y puesto que las normas procesales dictadas por el Congreso Nacional en esa materia son inmediatamente reglamentarias de un derecho consagrado por el art. 18 de la Constitución Nacional.
Divorcio contradictorio, daño moral, indemnización, injurias graves, malos tratos, lesiones, menosprecio al cónyuge
Materia: CIVIL
Carátula: F.,  D.A. . c/ D.,  E.H. . s/ Daños y perjuicios.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-30

Es cierto que dentro de la órbita extracontractual -tal como es la hipótesis de daños en el divorcio- el perjuicio aparece "in re ipsa loquitur", o de los hechos mismos, y en virtud de la acción antijurídica, pero no cualquier molestia genera un daño moral que merezca ser indemnizado, sino que para ello se requiere que posea cierta entidad. Es que no todo disgusto desagrado, contrariedad o aflicción encuadra en el concepto jurídico de agravio moral, sino que es menester que posea envergadura, que tenga alguna prolongación en el tiempo y que lesione sentimientos espirituales. No cualquier violación de un deber matrimonial merece un amparo jurisdiccional en favor del cónyuge ofendido tendiente a obtener una reparación pecuniaria y para que ello ocurra es menester requerir una fuerza dañadora muy punzante, una trascendencia de la ofensa fuera de lo común. Será materia de reparación del daño moral en favor del esposo o esposa que ha sufrido la violación del deber del otro, la actividad de éste de haberse mostrado desembozadamente con una persona del sexo opuesto y en actividad francamente indecorosas, impropias de una persona casada, mas no la de aquel que, aún violando el derecho de fidelidad, lo hizo en el recato propio de la intimidad, más allá de que pudiera haber sido sorprendido "in fraganti" por una de esas cosas que tiene el destino. Igual consideración merecen los insultos proferidos en público, golpes que dejan marca, etc. Para lograr obtener la reparación pecuniaria del honor o de la dignidad heridas será necesario que el cónyuge que ha recibido tales ofensas acredite fehacientemente en el expediente que ha mediado alguna de dichas situaciones exorbitantes. Caso contrario, habrá de considerarse que el daño no tiene la suficiente envergadura como para ser sancionado.
Juicio ejecutivo, inhabilidad de título
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Jara, Ricardo Hector c/ Zucca, Silvano y otro s/ ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-12-01

Aun cuando no tiene existencia autónoma, la excepción de falta de legitimación se encuentra comprendida dentro de la de inhabilidad de título.
Allanamiento domiciliario, nulidad procesal, hora indebida, allanamiento sin orden, consentimiento del morador
Materia: PENAL
Carátula: GIL, SEBASTIAN Y OTRO s/ ALLANAMIENTO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-24

Es nula la diligencia de registro domiciliario efectuada en horas de la madrugada por personal policial si se carecía de orden de allanamiento y de autorización para el ingreso, por encontrarse en franca violación a lo dispuesto por el art. 400 del CPMP, sin que concurran algunas de las excepciones previstas en tal norma, pues si bien debía procederse sin demora, nada impedía dejar una consigna en el lugar y requerir la urgente autorización judicial. No pudiendo tampoco entenderse que se daba el supuesto del art. 189 inc. 2 si la intervención policial no puede calificarse de persecutoria del delincuente sorprendido que emprende la fuga por haber mediado diferencia de tiempo entre la denuncia y la actuación policial.

La mera firma del acta que documenta una diligencia de secuestro no implica que el testigo otorgue autorización para el ingreso policial a la finca en la que también se domicilia, pues al suscribir el documento tan solo actúa en carácter de testigo de un procedimiento, constituyendo para él una carga pública, pero no constando en el acta que se le haya requerido autorización para entrar, ni que el ingreso fuera simultáneo con el secuestro, no cabe presumir que, tácitamente, se consentía el acceso de los policías.
Beneficios previsionales, prescripción
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Nieto, Ismael Roberto c/ Provincia de Buenos Aires (Instituto de Previsión Social) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-06-14

Si bien la solicitud ante la caja interrumpe el plazo de prescripción, ésta interrupción sólo alcanza a quien ha mantenido vivo el procedimiento consecuente, por lo que corresponde denegar el beneficio de la interrupción de la prescripción producido por un reclamo desestimado por una decisión que ha quedado firme y consentida.
Accidente de tránsito, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa, responsabilidad del conductor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BATALLANES DE GALDAME MARIA V. c/ CARLOS GIOVARRUSCIO s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S129 - 321)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-05-04

Pues bien llevando estos principios al caso de marras, no advierto a la luz de las probanzas rendidas en autos, ni graves razones que justifiquen apartarse de la prioridad legal de paso de quien circulaba por la derecha, esto es la actora, como tampoco causas o eximentes que liberen de responsabilidad al dueño y guardián de la camioneta y su aseguradora, condenados todos por la sentencia de la instancia anterior.-
Concursos, liquidación y distribución, Impuesto de sellos
Materia: COMERCIAL
Carátula: LIFE   SA s/ QUIEBRA  S/  INCIDENTE  DE  VENTA  -INMUEBLE  AV.CORRIENTES 345 6TO. PISO-.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-14

La escritura traslativa de dominio de un inmueble subastado tributa el impuesto de sellos previsto en el código fiscal de la ciudad de buenos aires, puesto que entre sus normas no se prevé que las operaciones que tuvieran por origen una subasta pública se encuentren exentas del tributo. por otra parte, también es claro que la imposición debe ser solventada por todas las partes otorgantes del acto en partes iguales. y -como en el caso- no obra ninguna resolución que haya decidido que el comprador asumiría la porción del tributo que le corresponde solventar a la parte vendedora, es procedente la solución de que la quiebra solvente la mitad de la suma determinada en concepto de impuesto de sellos.
Entidades financieras, depósito a plazo fijo, responsabilidad del depositario
Materia: ADMINISTRATIVO - COMERCIAL
Carátula: RENZETTI, JOSE Y CIA. c/ B.C.R.A. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-21

Es principio sustentado en jurisprudencia del más Alto Tribunal Federal la inoponibilidad de los depositantes, de los defectos y omisiones en que pueda incurrir el depositario: es decir, que el obrar irregular de éste no puede imputarse a aquéllos.
Daños y perjuicios, denuncia
Materia: CIVIL
Carátula: Montemerlo,Osmar José. c/ Miguel Cotich. s/ Resolución de Contrato.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1994-02-25

La circunstancia de que el actor haya sido sobreseído en la instancia penal no es pauta suficiente para endilgar responsabilidad al denunciante, en los términos de los arts.1109 y 1078 del Código Civil. Valorando la conducta del actor que es la única que cabe tener en cuenta, es de destacar que aquel se limitó a denunciar los hechos tal como sucedieron en el tiempo no imputándole acto delictivo alguno al demandado.La adulteración observable a simple vista pudo hacer suponer al actor y reconvenido que se encontraba ante un delito que lo perjudicaba.
Inconstitucionalidad, declaración de oficio
Materia: PENAL
Carátula: BATIOS, Norberto Demetrio s/ Robo calificado BROGLIO, Angel Osvaldo y otro s/ Infracción art. 26, ley 22421
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-10-03|1989-08-31

Para la declaración de inconstitucionalidad, no obsta el hecho de que tal vicio no haya sido invocado por las partes, aunque la Corte Suprema de Justicia haya resuelto que en casos como éste no procede.

A mi juicio la doctrina correcta sobre este tema está contenida en el voto de la minoría en la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de esta Provincia, en la causa L-34.071.
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, procedencia del recurso, valor cuestionado en último término, juicios en que la Nación es parte
Materia: PROCESAL
Carátula: ESTADO NACIONAL MINISTERIO DE DEFENSA c/ BANCO HOLANDES UNIDO SA s/ PROCESO DE EJECUCION.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-04

Para la procedencia del Recurso Ordinario de Apelación en Tercera Instancia en causas en que la Nación directa o indirectamente reviste el carácter de parte, resulta necesario demostrar que "el valor disputado en ultimo término" -o sea aquel por el que pretende la modificación de la condena o "monto del agravio"- excede el mínimo legal a la fecha de su interposición (cfr. Fallos: 246:303; 297:393;

302:502; 310:2914; entre otros).
Derecho a la salud, deberes de la administración, contratos administrativos, prescripción
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Nuñez, Marcela Alejandra c/ Gobierno de la Ciudad de Bs.As. s/ Daños y Perjuicios Bs.As. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-04-02

Si bien resulta indudable que el Estado tiene el deber jurídico de prestar el servicio de salud a todos los habitantes (artículos 33 CN y 20 y 21 CCABA), desde el momento en que dicho deber se particulariza mediante la prestación del mismo a una determinada persona en un hospital público por común acuerdo entre las partes que establecen derechos y obligaciones recíprocos, nace entre ellas una relación obligacional de innegable fuente contractual. Por otra parte, la circunstancia de que la prestación médica en los hospitales públicos no requiera de contraprestación alguna por parte del paciente en nada cambia las cosas, toda vez que, como es sabido, los contratos pueden ser onerosos o gratuitos (artículo 1139, Código Civil), sin perder por ello carácter contractual. En consecuencia, corresponde aplicar al supuesto de autos el plazo de prescripción decenal previsto en el artículo 4023 del Código Civil.
Beneficios previsionales, correlación de cargos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Strupine de Barros, Amelia Graciana c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-08-03

Si bien ante la pérdida de individualidad presupuestaria de un determinado cargo el Poder Ejecutivo se encuentra facultado para efectuar la correlación, ello sólo resulta posible cuando se realiza con los distintos cargos o categorías previstos en el presupuesto provincial, ésto es, respecto de los cargos establecidos en el respectivo escalafón y no de los desempeñados por aquellos agentes que, por expresa disposición legal, revistan como personal no escalafonado.
Sanciones disciplinarias administrativas, suspensión del agente, revisión judicial de actos administrativos, control de legitimidad, rechazo de la demanda
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GONZALEZ LILIANA BEATRIZ c/ M.C.B.A. s/ ORDINARIO - SANCIONES ADMINISTRATIVAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-04-20

Los tribunales no pueden arrogarse el poder disciplinario que es propio de las autoridades administrativas, porque ello implicaría un menoscabo del principio de separación de los poderes. Por tal razón, especialmente cuando se trata de sanciones que no imponen la cesantía o exoneración del empleado, la competencia del control jurisdiccional debe limitarse a la legitimidad del proceder administrativo, en el que exclusivamente se incluye al supuesto de manifiesta arbitrariedad. Desde esta restringida óptica, corresponde rechazar la acción interpuesta, ya que no se encuentran reunidos elementos de convicción que autoricen a concluir que la Municipalidad excediera burdamente el recto ejercicio de su facultad disciplinaria al imponer a la accionante una sanción, consistente en una suspensión por el término de quince días. El reconocido hecho de haber incorporado escritos presentados por un mismo administrado, soslayando la intervención que correspondía al Departamento de Mesa de Entradas y Salidas de la Subsecretaría de Inspección General y sin exigir el pago del respectivo sellado, evidencia una irregularidad suficientemente grave como para justificar la suspensión impuesta. Un proceder tan informal, lejos de imprimir una ventajosa celeridad en los trámites, introduce un grave desorden en la marcha de un expediente administrativo, donde las actuaciones, por conformar un instrumento público, deben guardar la fe y regularidad que se logra mediante el respeto de los trámites pertinentes. Cuando quien sortea esos recaudos reglamentarios, es una persona que se desempeña como Jefa de un departamento donde se tramitan importantes habilitaciones de empresas de espectáculos públicos, es obvio que mayor es el reproche que cabe formularle, ya que su conducta de aceptar peticiones de manera personal y sin respetar el procedimiento instituído, puede llevar a inferir a los administrados interesados o a terceros, como a sus propios subordinados, que no existe una total pulcritud en el otorgamiento de las habilitaciones, con el consiguiente desmérito del crédito personal del funcionario y lo que es peor, de la propia administración pública.