marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Acciones reales, poseedor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: FUNES DE LUCERO c/ MACHUCA s/ Desalojo (LIBRO: S066 - 439)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1991-07-09

El "poseedor" del inmueble no está legitimado para promover la acción de desalojo, cualquiera sea el carácter que inviste la persona contra la cual se promueva la misma, con mayor razón, si la actora, si bien manifestó haber adquirido el inmueble mediante boleto de compraventa, no afirmó haber recibido la tradición del mismo, ni tener el dominio, no teniendo la escritura de propiedad.
Elevación a juicio, requisitoria fiscal, detención, rebeldía
Materia: PENAL
Carátula: SULCA, JENIFER MARISEL c/ ERAZO, RAUL HUMBERO s/ Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2012-02-29

No habiendo concurrido sin haber justificado su incomparecencia por algún motivo fehaciente, este Tribunal resuelve declarar su rebeldía y ordenar su captura por intermedio de la Orden del Día de Jefatura de Policía de la Provincia, de conformidad con lo establecido por los arts. 278, 279 y 280 del C.P.P.
Hábeas data, información sensible
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: FARREL, DESMOND AGUSTIN c/ BCRA Y OTROS s/ AMPARO LEY 16.986.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-05

El derecho que otorga la Constitución en su art 43, tercer párrafo, para exigir la confidencialidad de datos, solo alcanza a la llamada "Información Sensible" esto es a aquellos datos que hagan referencia a la vida íntima de las personas, a sus ideas políticas, religiosas o gremiales.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, tribunal administrativo, derechos y garantías constitucionales, revisión judicial de actos administrativos
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Fiscal de Estado Dr. Luis Magín Suárez. s/ Enjuiciamiento  y  separación  de  miembros de la Suprema Corte de la  Provincia de San Juan
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-23

Procede el recurso extraordinario contra decisiones de órganos no judiciales susceptibles de afectar la protección de derechos fundamentales, cuando el ordenamiento jurídico no provee a la revisión judicial suficiente y oportuna de esas decisiones.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, presunción de contrato de trabajo, sociedad de hecho
Materia: COMERCIAL-CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: VALLS, ANTONIO LUIS c/ SEGUROS BERNARDINO RIVADAVIA COOPERATIVA LTDA. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-03-23

La presente queja no ha de prosperar, pues se advierte que el compareciente intenta oponer su particular enfoque a través de cuestionamientos que reiteran y reafirman su postura defensiva, pero sin lograr rebatir con ello los fundamentos de la Cámara que, con sustento en la exhaustiva tarea de valoración que llevó a cabo respecto al plexo probatorio y demás constancias de la causa, en base a las reglas de la sana crítica y en busca de la verdad real a la luz del principio de primacía de la realidad que prevalece en el derecho del trabajo, concluyó que en autos se había desvirtuado la presunción del artículo 23 de la ley de contrato de trabajo -en base a la cual había hecho lugar a la demanda el juez de grado-, en razón de los propios dichos del actor, quien afirmó haber sido empleado de un productor de seguros, quien le cedió la locación del local y todo el mobiliario necesario para desempeñar la actividad, constituyéndose como agentes institorios de la demandada; la falta de precisión por parte del accionante de elementos que acrediten la subordinación denunciada, como ser, la jornada laboral; los instrumentos privados acompañados por la demandada y reconocidos por el actor en la etapa procesal correspondiente, donde el actor reconoce una deuda a favor de la demandada por percibir cuotas de seguro en su carácter de productor y la Sociedad de Hecho asumía la participación personal del 50% del costo de un siniestro, acaecido bajo la póliza administrada por ella, lo que da cuenta de que aquél asumía eventuales pérdidas y los riesgos propios de su actividad; y las informativas producidas en autos, que reforzaban la acreditación de la calidad de empresario del demandante, al extraerse de éstas la actividad de la sociedad de hecho y diversas cuentas bajo el rubro servicio de productores, asesores de seguro. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 20744, artículo 23
Obligación alimentaria, compensación, seguro de vida
Materia: CIVIL
Carátula: S., M.V. c/ A., S. s/ AUMENTO DE CUOTA ALIMENTARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-17

La denegación de la solicitud de imponer al alimentante la contratación de un seguro de vida en favor de sus hijos menores es correcta, pues, en efecto, con posterioridad al fallecimiento, no se devengarían nuevas cuotas alimentarias y sería preciso accionar contra quienes resulten ser los obligados subsidiarios. Lo contrario importaría tanto como otorgar al deber asistencial carácter transmisible "mortis causae", cualidad ésta que expresamente veda el art. 374 del Código Civil.
Cuestiones de competencia, portación de armas, armas de uso civil, permiso de portación de armas, competencia correccional, sanciones administrativas
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: MOLINARI, Edelmiro
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-06-14

La portación de arma de uso civil sin la debida autorización encuentra su adecuación típica en lo establecido en el art. 189 bis, C.P., sin perjuicio de señalar que mediante el art. 42 bis, ley 20.429, incorporado por ley 25.086, se sancionó una nueva contravención de índole administrativa y no agregó un nuevo tipo penal a los previstos en el art. 189 bis citado, lo que importa la competencia de la justicia correccional.
Beneficios previsionales, movilidad del haber jubilatorio, derechos adquiridos, ejecución de sentencia, sentencia firme, cosa juzgada, cambio jurisprudencial
Materia: PROCESAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: CASTRO, NILIO RAMON c/ A.N.Se.S
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-31

El derecho adquirido a obtener mediante la ejecución de una sentencia firme lo que ella determine, no puede ser substancialmente alterado por las disposiciones de una ley posterior, por cuanto la sentencia firme es intangible. Lo expuesto cobra mayor fuerza cuando la alteración del estado de cosa juzgada es violentado a través de la interpretación que hace el a quo de un fallo de la Corte en un caso no análogo (en la causa Chocobar se apreciaba la procedencia del reajuste de haberes bajo la actual legislación y circunstancias económico-sociales, y en la causa en análisis se está frente a una ejecución de sentencia donde tales puntos ya fueron resueltos bajo otras normas). Ello así, puesto que es inadmisible la modificación de una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada en virtud de un cambio jurisprudencial posterior, aún cuando provenga de la C.S.J.N.
Caducidad de instancia, interrupción de la caducidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: COOPERATIVA AGRICOLA GRAL. SAN MARTIN LTDA. s/ Concurso Preventivo - Inc.de Revisión prom. por M. Eugenia Popelka
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2006-03-03

Respecto a la ampliación de demanda por ofrecimiento de nueva prueba, hemos de compartir la posición que al respecto expresara Fornaciari en su obra "Modos Anormales de Terminación del Proceso -Caducidad de Instancia-", T. III, pág. 148 cuando dice "en el supuesto en que la presentación efectuada antes de la notificación de la demanda, contiene una ampliación de la prueba ofrecida, estimamos que se le debe reconocer eficacia interruptiva, atento a que es la única oportunidad de hacerlo y el único medio apto a tal fin ... si se trata de procesos en los cuales la prueba debe ser ofrecida juntamente con la demanda; el agregado de un medio probatorio sólo puede tener lugar antes del traslado de aquélla".

Esa ha sido la línea que ha adoptado la Sala en anterior pronunciamiento reseñado por el quejoso (Cfr. "Ragone c/ Sociedad Coop. Escuela Nro. 44 Mariano Moreno y Otros s/ Preparación de la Vía Ejecutiva", Expte. 5258, 11-03-05. A ello debemos agregar el hecho de que el escrito bajo examen es la única ampliación efectuada en el proceso que cuenta con un breve plazo de caducidad -tres meses- y no evidencia la única intención de interrumpir el plazo con peticiones encaminadas a ese solo fin, lo cual podría eventualmente persuadir al tribunal de resolver en contrario.
Prueba, medidas para mejor proveer, resoluciones recurribles
Materia: PENAL
Carátula: Baracat, Carlos Alberto s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-06

La regla que contiene el art. 230 del C.P.P, no obstante el sitio de intercalación, es de carácter general e imperativo sobre la inapelabilidad de las providencias de prueba, por lo que también alcanza a la "medida para mejor proveer" el principio expuesto, sin que resulte ocioso señalar por otra parte, que respecto de estas últimas no media recurso alguno ante el Superior. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), depósito previo
Materia: PROCESAL
Carátula: O., M. N. c/ G., R. A. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Divorcio.   Competencia (Expte. CSJ No. 657-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-08-20

El supuesto contemplado en la ley 10924, en tanto autoriza a la Corte a fijar el monto del depósito a que refiere el artículo 8 de la ley 7055, ninguna relación guarda con las normas relativas a la convertibilidad del austral (ley 23928 y la prohibición de indexar que dispuso) y al realismo económico a que tendió la ley 24283 de límites a la "actualización de cosas, bienes o prestaciones" en las liquidaciones judiciales.
Calumnias, retractación, oportunidad procesal, retractación tardía
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Madanes, Mónica s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-09-20

Asiste razón a la recurrente cuando afirma que la pretendida retractación se realizó claramente fuera de la oportunidad prevista expresamente por la normativa legal establecida en el art. 117 del C.P., así resulta tardía, y por lo tanto carente de eficacia; salvo que el querellante la acepte, supuesto que en nuestro caso no se verifica. (Dr. Riggi en disidencia).
Demanda, notificación, nulidad procesal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Caceres, Conrado y otro c/ Molina, María y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-10-31

Cuando el acto que se dice viciado de nulidad es el de la notificación del traslado de la demanda, debe considerarse que el demandado se ha encontrado impedido de especificar las defensas que no ha podido hacer valer, al no tomar efectivo conocimiento de la acción contra él dirigida. Es que el acto de la notificación de la demanda, ha sido regulado por la ley e interpretado por la jurisprudencia del acto que, al determinar el ingreso del demandado al proceso, involucra la garantía de la defensa en juicio (art. 136, 149, 338, 343, Cód. Procesal). Es decir que, como pauta interpretativa, debe prevalecer la que tienda a la adecuada protección del derecho de defensa, de allí que cuando alguna duda pudiera subsistir sobre la irregularidad atribuida al acto de notificación de la demanda, debe estarse a la solución que evite conculcar garantías de neto corte constitucional (art. 18 Const. Nac.).
Amenazas, violencia de género
Materia: PENAL
Carátula: G., P. L. c/  s/ sobreseimiento
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-16

En el caso se visualiza un claro sometimiento y opresión de la damnificada por parte de los hombres de su familia, lo cual, lejos de interpretarse las amenazas proferidas por el denunciado como un hecho aislado, debe ser contemplado como un caso de violencia de género, máxime si se tiene en cuenta que los mensajes enviados dejan entrever cierto vínculo patológico del encausado hacia su sobrina.
Prueba, negligencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MARIO CESCA S.A. c/ GRACIELA AZAR s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-06-04

La providencia que declara la conducta negligente del actor en la producción de la prueba es inobjetable, cuando se funda en la inacción de éste en adoptar las medidas necesarias para que se practique en tiempo oportuno la prueba de su interés.
Derechos humanos, costumbre
Materia: PENAL
Carátula: VON WERNICH, Christian Federico c/  s/ Rec. de Casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-03-27

Las normas fundamentales de derecho humanitario deben ser respetadas por todos los Estados, hayan ratificado o no las Convenciones en que estás inscritas, pues constituyen principios intransgredibles de derecho internacional consuetudinario.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), Corte Suprema de Justicia de la Nación, indemnización tarifada, aplicación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GUIÑEZ, MARCOS RICARDO c/ LA SEGUNDA ART S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-06-11

Los cuestionamientos del recurrente en torno a la norma aplicable a los fines del cálculo de las indemnizaciones no resultan suficientes ni idóneos a fin de operar la apertura de esta instancia de excepción, en tanto no logra convencer en torno a la razonabilidad y equidad de su pretensión de que se aplique un mecanismo de ajuste de las prestaciones a las que tiene derecho, frente a la decisión del a quo de considerar viable en el caso las normas de la Ley de Riesgos del Trabajo relativas al ingreso base, más la fijación de intereses que se entendieron justos y adecuados a derecho, todo ello conforme a las pautas sentadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Corte de la Provincia. - CITAS: CSJN: Espósito, Fallos 339:781; CSJStaFe: Ojeda, AyS T 280, p 313.
Eximición de prisión, cauciones
Materia: PENAL
Carátula: BARCENILLA NORA LILIANA s/ INCIDENTE DE EXIMICION DE PRISION HISSE MIGUEL s/ EXIMICION DE PRISION NORA YOLANDA SALVATIERRA s/ EXIMICION DE PRISION CORBALAN MIGUEL EDUARDO s/ INCIDENTE DE EXIMICION DE PRISION PRESENTADO POR EL DR. JUAN CARLOS  STORNIOLO HUGO LETICIO GONZALEZ s/ HURTO-EXIMICION DE PRISION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2000-10-10|2001-05-17|2001-05-22|2002-04-05|2003-03-12

No corresponde la transformación de la caución real en juratoria si el peticionante solicita la eximición de prisión bajo la caución que el a-quo estime corresponder.
Recurso de inconstitucionalidad, admisibilidad del recurso
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BESACCIA, NORBERTO c/ MUNICIPALIDAD DE RAFAELA s/ Recurso de inconstitucionalidad (Queja admitida)-Recurso de amparo-  Apelación (Expte.: C.S.J. Nº. 215 Año 1999)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-03-26

En lo que respecta a la admisibilidad del Recurso de Inconstitucionalidad, el artículo 1 inciso 1) de la ley 7055 exige "que se hubiere cuestionado la congruencia con la Constitución de la Provincia de una norma de jerarquía inferior y la decisión haya sido favorable a la validez de ésta", es decir, que el conflicto se hubiese originado entre la Constitución provincial y una disposición de menor jerarquía. Ante ello no resulta correcto el encuadramiento normativo que el recurrente dio a su impugnación desde que, tal como lo asevera la Cámara en el auto denegatorio "...el contenido litigioso -de pleno derecho- se planteó entre una Ordenanza Municipal y la Constitución Nacional, y la sentencia decidió aplicar la Constitución. ... en ningún momento estuvo en juego ninguna disposición de la Constitución Provincial, y menos aún se dictó un fallo contrariándola...". Y si bien, la impugnante estima vulnerados los artículos 10 y 17 de la Carta Magna local, de ningún modo puede entenderse que la sentencia que ataca haya dado preeminencia a una norma de inferior jerarquía por encima de aquélla, desde que el primero de los artículos citados "...nada tiene que ver con el contenido de la litis, ya que aquel refiere al secreto de 'la correspondencia y de todo otro medio de comunicación'..."-, y en cuanto al artículo 17, la Alzada optó por la aplicación del artículo 43 de la Constitución nacional, no dejando de puntualizar la supremacía que la Ley Suprema ejerce conforme lo dispone su artículo 5 .
Responsabilidad del Estado por actos lícitos, daños y perjuicios, indemnización, responsabilidad de la Municipalidad, baches
Materia: CIVIL
Carátula: LAGE VEGA OMAR JOSE c/ M.C.B.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS POR UN POZO ABIERTO EN LA VIA PUBLICA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-21

El art. 2 inc. 9 de la Ley Orgánica Municipal, establece que es de competencia de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires la construcción y conservación de calles. Para ello dispone de recursos específicos denominados contribución de pavimentos y aceras (ley 21397), y queda a cargo de este organismo el cierre de las aperturas que hicieran en la vía pública las empresas de servicios públicos (ley 19084 y decreto 5353/71) y por esa razón es responsabilidad de la comuna mantener en buen estado las calles y aceras. Si de la omisión de este deber jurídico resulta perjuicio alguno, debe responder por él (arts. 1066, 1067, 1068, 1069 del Código Civil).

Puesto que un pozo o bache en el pavimento constituye un obstáculo riesgoso para los vehículos que circulan por allí, corresponde así mismo aplicar la inversión de la carga de la prueba prevista por el art. 1113, segundo párrafo del mismo código.

Por lo que corresponde acceder a los daños y perjuicios como consecuencia de incrustarse el automóvil en la abertura que había en la calzada oculta por el agua y sin señalamiento.
Concursos, prescripción, cuota concordataria, acreedores del concurso
Materia: COMERCIAL
Carátula: LA NIÑA SA S/ CONCURSO PREVENTIVO c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-28

Corresponde admitir el pedido de la concursada de declarar prescriptas las cuotas concordatarias adeudadas al acreedor ARBA, pues las constancias de la causa dan cuenta que para la fecha en que efectuó la petición tendiente a lograr la percepción de su acreencia, ya había transcurrido el plazo de 10 años previsto por el CCOM 846, sin que se registrara actividad previa del acreedor a efectos de obtener la cancelación del crédito verificado en este concurso.
Propiedad horizontal, reglamento de copropiedad y administración
Materia: CIVIL
Carátula: GARCIA BENITEZ, LIL c/ CHOCRON, CLARA Y OTROS s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-26

En el régimen de propiedad horizontal la ley está configurada por el reglamento de copropiedad que debe ser respetado por los copropietarios, sus sucesores, así como los ocupantes y aún los terceros, a partir del momento de la inscripción en el registro de la propiedad que hace que los adquirentes de unidades deban aceptarlo como condición de venta. El reglamento debe ser cumplido en todas sus partes por aquellos para quienes se ha dictado. Esa obligatoriedad surge de la ley 13512 y del principio de la autonomía de la voluntad art. 1197 c.Civil.
Terceros, intervención obligada
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: VAZQUEZ DE ARAUJO, NILDA c/ MUNICIPALIDAD DE LA BANDA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2000-03-14

En el instituto procesal -intervención obligada de terceros- se perfilan varios supuestos que van desde la simple denuncia de la litis para ejercer una eventual acción de regreso; o para que se dilucide quién es el verdadero y único deudor de la prestación o si lo fueron ambos; o una pretensión de condena por considerar que el tercero es el verdadero legitimado pasivo, etc.
Ausencia con presunción de fallecimiento, competencia
Materia: CIVIL
Carátula: STARITA, ROBERTO s/ AUSENCIA CON PRESUNCION DE FALLECIMIENTO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-06-30

Si del pedido de antecedentes para lograr la radicación en Brasil, efectuado ante la Policía Federal resultó que el domicilio del causante se hallaba allí, esa circunstancia no importó por sí sola la incompetencia del juez de esta jurisdicción pues dicho domicilio podría haber sido dado al sólo efecto de solicitar la mentada radicación cuyo acogimiento o rechazo se ignoran. Si transcurrieran nueve años de tal información, el causante podría continuar viviendo allí, haberse trasladado a cualquier parte del mundo e inclusive regresado al país, por lo que la cuestión no puede entenderse en términos contrarios a los que imponen una interpretación armónica de las prescripciones contenidas en los arts. 22, 24 y 16 de la ley 14.394, de la cual resulta que es competente para conocer en el proceso únicamente el juez del último domicilio o residencia en la República (conf. C.N.Civ. Sala G, L.

273.936 del 19-3-84; id. id. R. 13.532 del 8-5-85).
Caducidad de instancia, suspensión de la caducidad, ejecución fiscal, ejecución previsional, cargas sociales, AFIP DGI
Materia: PROCESAL - TRIBUTARIO
Carátula: FISCO NACIONAL DGI c/ SERVICIOS INTERNACIONALES SA s/ EJECUCION FISCAL.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-05

La suspensión de la caducidad de la instancia prevista por la Ley 24.587, tiene lugar en los juicios de ejecución fiscal en los que la DGI persiga el cobro de tributos. Quedan excluidos de su ámbito de aplicación los juicios en que se reclaman créditos previsionales, toda vez que éstos, conocidos genéricamente como "cargas sociales", no tienen naturaleza tributaria (cfr. CSJN, Fallos: 299:398 y 403; 301:926). Ver, asimismo, Sala I, Causa 22.350 del 17.9.96.
Concurso preventivo, juez del concurso, acreedor privilegiado, aplicación de la ley laboral
Materia: COMERCIAL
Carátula: Consultores Asociados Ecotrans SA c/  s/ concurso preventivo S/ incidente de verificación de credito por Morabito Juan Carlos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-02-15

Procede, en el caso, que la acreencia reconocida en concepto de capital, con más los réditos que se hubieran devengado durante dos años desde la mora, tenga el carácter de privilegio general del LCQ 246-1°. Ello por cuanto, debe descartarse que la indemnización por enfermedad pueda ser incluida dentro de la enumeración de la LCQ 241-2°, a menos que ella se origine en un accidente, configurándose así el supuesto expresamente contemplado en dicha norma. Es que la fuente exclusiva de privilegios en materia concursal es la ley 24522, en cuya normativa no se ha le ha otorgado de forma expresa el privilegio especial a las indemnizaciones de esa naturaleza (véase Villanueva, Julia, "Privilegios", pág. 151). La intención de procurar una más amplia garantía de los créditos laborales, por más loable que ello pudiera ser, no puede servir de fuente para admitir un privilegio que no está expresamente contemplado por vía de interpretaciones extensivas, ya que uno de los caracteres esenciales de esta institución es el de ser hermenéutica, estricta y restringida (véase Rivera, Julio C. "Cuestiones laborales en la ley de concursos", Ed. Astrea, 1982, pág. 168-169). Tales fundamentos y la ausencia de norma expresa concursal que le otorgue privilegio especial a la indemnización por enfermedad laboral impide que pueda reconocerse tal privilegio a la acreencia de marras.