Proceso penal, recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, recurso de casación, iura novit curia, prisión preventiva, derechos y garantías constitucionales, revocación de la prisión preventiva
Materia: PENAL
Carátula: Del Pino, Jorge César y Otros s/ p.s.s.a. de Defraudación Calificada por Administración Fraudulenta - Recurso de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2000-04-06

1- Las violaciones a la Constitución pueden resultar de distintas causas y es importante determinar cuál porque la ley procesal "autoriza recursos diferentes y por diversas causales, según la índole de la violación", distribuyendo la competencia del Tribunal Superior para un mejor desempeño jurisdiccional. De tal modo, hay que discernir entre las vulneraciones a la Constitución por "la aplicación a un caso dado de una ley, de un decreto, de una ordenanza, de un reglamento, conteniendo normas en pugna con la constitución", agravio que debe ser traído por la vía del recurso de inconstitucionalidad; mientras que las vulneraciones por el "incumplimiento por parte de los jueces, en la substanciación y fallo de una causa, de ciertas formas y garantías procesales impuestas por la constitución"; o por "la no aplicación o la errónea aplicación a un caso dado de las normas constitucionales", deben ser traídas a través del recurso de casación.

2- El principio iura novit curia permite superar errores de encuadre legal entre las distintas causales de un mismo recurso, no así cuando el error versa sobre la elección del recurso extraordinario local (inconstitucionalidad o casación), atendiendo a las diferencias cualitativas de ambas vías y a la distinta competencia.

3- El trazado que la Constitución de la Provincia (artículo 165, 1 y 2) efectúa de la competencia conferida a este Tribunal tendiente a asegurar la efectiva vigencia del principio de supremacía constitucional en el orden local, no lo ha limitado en relación a las normas que consagren garantías que emerjan en forma "originaria" o mediante una "reiteración" de las establecidas en la Constitución Nacional. Asimismo, tal tesitura se adecua a los principios elaborados por el Máximo Tribunal de la Nación, aún en el más acotado marco de la acción declarativa de inconstitucionalidad, a través de los cuales admite que contra las leyes y decretos provinciales que se califican de ilegítimos caben tres procedimientos y jurisdicciones según la calidad del vicio imputado: a) si son violatorios de la Constitución Nacional, Tratados con las naciones extranjeras, o leyes federales, debe irse directamente a la justicia nacional; b) Si se arguye que una ley es contraria a la constitución provincial o un decreto es contrario a la ley del mismo orden, debe ocurrirse a la justicia provincial; y c) si se sostiene que la ley, el decreto, etc. son violatorios de las instituciones provinciales y nacionales debe irse primeramente ante los estrados de la justicia provincial y en su caso, llegar a esta Corte por el recurso extraordinario del art. 14 de la Ley 48.La cuestión constitucional debe haber sido debidamente introducida, esto es en la primera oportunidad en que la cuestión se suscitó o podía preverse que se suscitaría. Además, debe existir una resolución contraria a las pretensiones del impugnante.

4- El pronóstico punitivo hipotético consistente en una predicción provisoria de pena efectiva tiene que tener sustento en la protección de los fines del proceso -asegurar la investigación y la actuación de la ley- a los cuales se les reconoce jerarquía suficiente para restringir la libertad del imputado durante el proceso. Las limitaciones a los derechos fundamentales, entre los que se encuentra la libertad, con motivo de otros intereses que también cuentan con resguardo, encuentra sustento en otros textos de jerarquía constitucional federal. Ello así por cuanto, como todo derecho, no es absoluto (art. XXVIII, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre) se la subordina -implícitamente- a la existencia de garantías que aseguren la comparecencia del imputado durante el proceso y eventualmente para la ejecución de la pena, art. 9.3, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). La regla local consagra una presunción del legislador consistente en que el peligro para los fines del proceso existe toda vez que la amenaza penal exceda de cierto límite. La gravedad del pronóstico punitivo, refuerza el interés social en la sustanciación del proceso que se pretende asegurar a través de la presencia del imputado, pues si éste se ausenta aquél no puede continuar.

5- La peligrosidad procesal presumida no es absoluta, toda vez que es posible obtener el cese de la prisión preventiva cuando la privación de la libertad no fuere absolutamente indispensable para salvaguardar los fines del proceso. En tal supuesto, por el consenso de los órganos tuteladores de todos los valores puestos en juego, nada autoriza a prolongar el encarcelamiento pues éste ha perdido su más decisivo fundamento: la indispensabilidad como cautela para asegurar la normal sustanciación del proceso. La lectura del inc. 2 del art. 283 debe efectuarse en forma amplia -no literal- haciéndola aplicable no tan sólo para la etapa investigativa sino también para la etapa esencial del juicio, oportunidad en la que el consenso obviamente estará conformado por la opinión del representante del Ministerio Público así como por los integrantes del tribunal de juicio. Lo dicho garantiza que la justipreciación acerca de la absoluta indispensabilidad de la privación de libertad -repetimos- constituya un poder deber de ejercicio obligatorio aún para el tribunal de juicio.

Aún el supuesto en que el consenso en relación a la absoluta indispensabilidad no se obtuviera -y ello no se debiese a la arbitrariedad de los órganos judiciales-, siempre la privación de la libertad se encuentra resguardada en cuanto a su duración irrazonable.