marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Proceso penal, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Villar, Ezequiel María s/ insubordinación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-06-08

El art. 12 de la ley 24.121 se refiere a las "causas actualmente en trámite", entendiéndose por tales a aquellas en las cuales el tribunal ha dispuesto actos totalmente jurisdiccionales.
Prueba pericial, anticipo de gastos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Quiñones Hugo c/ Valotto Hugo s/ Prueba anticipada
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-06-13

Como principio general se descarta la posibilidad de englobar aquellas erogaciones que no se demuestran vinculadas al cumplimiento cabal de la misión encomendada por el juez, porque exceden de las modalidades propias de la tarea confiada al perito, apreciadas con criterio prudente. En definitiva, el detalle del conjunto de las erogaciones debe ser armónico y compatible con la índole e importancia del trabajo realizado. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Presunción de contrato de trabajo, prestación de servicios, presunción de onerosidad
Materia: LABORAL
Carátula: Ríos, Ilsa c/ Encinas, Alicia s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-08-03

De acuerdo a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo se presume la existencia de un contrato de trabajo por el hecho de la prestación de servicios, y el artículo 124 de la ley citada refuerza o consolida el alcance de esta presunción estableciendo que el trabajo no se presume gratuito.
Cuestiones de competencia, nulidad procesal, deber de imparcialidad
Materia: PENAL
Carátula: Medina, Ricardo s/ competencia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-07

El rechazo al acuerdo de juicio abreviado, con fundamento en un mejor conocimiento de los hechos, impide que el tribunal se vuelva a expedir en las actuaciones, ya que se encontraría contaminada la garantía constitucional de imparcialidad, sin que se observe impedimento alguno para que el tribunal designado competente para la prosecución de las actuaciones, se expida respecto a la validez de un acto procesal planteado ante ese órgano jurisdiccional. (Dres. Borinsky, Hornos y Gemignani).
Seguros, seguro de responsabilidad civil, citación en garantía, improcedencia del recurso, efectos entre partes
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Paraná SA de Seguros c/ Cencosud SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-03

Procede revocar la resolución que rechazó el pedido de citación en garantía solicitada por el accionado. Ello así, cabe puntualizar que la LS 118 establece que el asegurado puede citar en garantía al asegurador hasta que se reciba la causa a prueba. Sobre el particular se ha interpretado que la justificación de que el plazo previsto en la norma citada se extienda hasta que quede firme el auto de apertura a prueba, se encuentra en que el tercero bien puede tomar conocimiento sobre la existencia de un asegurador recién con la contestación de la demanda o el ofrecimiento de prueba (Zunino Jorge Osvaldo, "Régimen de Seguros - Ley 17418", pág. 212). A más, la citación en garantía es un mecanismo procesal establecido en la ley de seguros como herramienta para que el asegurador sea integrado al proceso de daños en el cual se discute la responsabilidad del asegurado y, en caso de condena, resulte obligado al pago del tercero reclamante, dejando indemne al asegurado por cuanto le deba a éste, en la medida del seguro (CNCivyCom. Federal, 5.3.98, "Aluplata SA c/ Mercocarga SA y Otro s/ incidente art. 250 CPCC"). Desde esta perspectiva, el mentado instituto hace al interés no solo del asegurado, sino también del demandante, teniendo en cuenta que efectivizada la citación, la sentencia que se dicte hará cosa juzgada respecto del asegurador y será ejecutable contra él en la medida del seguro (LS 118). Si a ello se suma que, en el caso, la apelante solicitó la citación en garantía el mismo día que le vencía el plazo para recurrir el auto que declaró la cuestión de puro derecho y que, en definitiva, toda interpretación que conlleve la pérdida de un derecho debe efectuarse restrictivamente, habrá de estarse a la habilitación de la citación peticionada.
Daños y perjuicios, prescripción, plazo, suspensión del plazo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: NAHIM CARLOS c/ RODOLFO MARCONI s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S062 - 423)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1988-12-29

Si el término de la prescripción se suspende cuando no se puede ejercer la acción civil, no se ve de qué manera la denuncia o el instamiento de la acción penal en el caso de lesiones leves pueda suspender el término de la prescripción de la acción civil, cuando no existe impedimento alguno para que la víctima acumule la acción civil estando pendiente la acción criminal, en cuyo caso existe una verdadera interrupción.-
Accidente de tránsito, indemnización por accidente de tránsito, gastos médicos, gastos de farmacia
Materia: CIVIL
Carátula: ESQUIVEL DE ZOTTOLA DELIA c/ ROTOLA ROBERTO s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-11

La circunstancia de que la víctima de un accidente de tránsito sea asistida en una entidad asistencial pública, no obsta a que se le otorgue indemnización por gastos de farmacia, ya que los establecimientos públicos no proveen gratuitamente los medicamentos a los pacientes.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación de los fundamentos
Materia: PENAL
Carátula: Alvarez, Gastón Alberto s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-09-09

Es insuficiente la denuncia de violación del art. 80 inc. 2 del Código Penal si no fue la exigencia de premeditación alegada por el señor, Fiscal de Cámaras la que llevó a la sentenciante a descartar la existencia del invocado "procedimiento insidioso" sino el no haberse acreditado que el procesado "haya utilizado acechanzas u ocultamientos" en su accionar.
Acción de amparo, derecho de enseñar y aprender, derechos y garantías constitucionales, prueba
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Asesoría Tutelar Justicia Contencioso Administrativo y Tributario de la C.A.B.A. c/ G.C.B.A. s/ Amparo Tributario de la C.A.B.A. c/ G.C.B.A. s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-06-01

En autos se ha demandado a la Ciudad de Buenos Aires por la omisión en que ésta habría incurrido al no construir la escuela creada por la Ley Nro. 350 dentro del plazo allí establecido. Al contestar el informe del artículo 8 de la Ley Nro. 16.986, la accionada alegó que la mencionada norma es inconstitucional y de objeto imposible y, a su vez, consideró probado este último extremo mediante la documental que aportó.

Siendo ello así, la vía del amparo resulta apta para el tratamiento de la cuestión en examen, dado que se ha alegado la existencia de una omisión ilegítima por parte de la Ciudad que lesionaría derechos constitucionales reconocidos a los niños, niñas y adolescentes en cuya representación actúa el Sr. Asesor Tutelar, y la defensa central planteada por la defensa se centra en una cuestión de derecho -validez constitucional de la ley que ordenó la construcción de la escuela-.

Por otro lado, en cuanto a la imposibilidad fáctica de cumplir con lo dispuesto por la ley, no se aprecia que resulte necesario, en el caso, una mayor amplitud de debate o prueba.

Por último, la urgencia del caso surge evidente a poco que se repare en que la Ley Nro. 350 fijó como fecha para el inicio de la actividades en el establecimiento educativo en cuestión el ciclo lectivo del año 2000, siendo que, a esta altura del año 2001, no existen los estudio de factibilidad ordenados por la norma, y no se ha comenzado la construcción del edificio. Así las cosas, es claro que se encuentra configurado un perjuicio no actual, al privarse a los habitantes de la zona de la posibilidad de contar con una escuela cuya construcción se encuentra expresamente prevista y ordenada por ley y estando vencidos largamente los plazos fijados. Ello justifica acudir a la vía rápida del amparo para resolver el conflicto planteado.
Sentencia, ejecución de sentencia, inhabilidad de título
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Muñoz, Conrado Luca c/ Trinidad Carballo Vda. de Martínez s/ Ejecución de Convenio Homologado. Muñoz, Conrado Luca c/ Trinidad Carballo Vda. de Martinez s/ Ejecución de Convenio Homologado.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1988-08-25|1988-08-25

Aún cuando la excepción de falsedad refiere a las formas extrínsecas del título, cabe también su consideración cuando se ha puesto en tela de juicio alguno de los presupuestos esenciales de la vía ejecutiva (legitimación sustancial, exigibilidad de la deuda, etc.) sin cuya concurrencia no existiría título ejecutivo o éste no sería tal en relación a determinada persona.-
Sociedad conyugal, disolución de la sociedad conyugal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: R., A. F. c/ M., A. T. s/ Liquidación sociedad conyugal
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-07-06

Si producida la disolución de la sociedad conyugal (art. 1306 del Cód. Civil) las partes, convinieron la forma de dividir los bienes, mediante acuerdo que recibió judicial homologación, el acuerdo ha quedado a partir de entonces, dotado de la eficacia propia de la cosa juzgada (art. 1197, 1218 del Cód. Civil; 162, 309, 498 inc. 1 del Cód. Procesal).
Prescripción, cuestiones de competencia, presunción de legitimidad, acto administrativo, responsabilidad extracontractual
Materia: PENAL-PROCESAL-CIVIL-ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: F., L. A. y otro s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-16

En el caso bajo examen se debate la interpretación del art. 4037 del Código Civil -modificado por la ley 17.711-, que contiene el plazo de dos años para la prescripción de la acción por responsabilidad extracontractual. Teniendo en cuenta la doctrina emanada de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación e interpretando la norma citada a la luz de los Pactos Internacionales sobre Derechos Humanos contenidos en la Constitución Nacional -art. 75, inc. 22-, en especial el art. 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos -que consagra el derecho de toda persona a un recurso judicial efectivo que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales, aunque tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales, al tiempo que señala que los Estados Partes se comprometen, entre otras cuestiones, a desarrollar las posibilidades de ese recurso judicial-, deviene desacertada la pretensión del recurrente de que se cuente el término de la prescripción bienal del art. 4037 del Código Civil a partir de la producción del suceso bajo estudio, toda vez que - como lo señaló el a quo- "llevó más de dos años de paciente investigación previa, determinar la necesidad de detener y convocar a prestar declaración indagatoria a los presuntos responsables de la muerte de la víctima (decreto de fecha 2 de junio de 1998)", de los cuales gran parte ocupó el conflicto de competencia entre los tribunales federales y los ordinarios de la Provincia de Córdoba. Es más, el requerimiento de instrucción en contra de los imputados es del 5 de diciembre de 1997, esto es casi a los dos años de producido el delito, por lo que no se puede pretender que el tiempo de prescripción de la acción civil en contra de los condenados se inicie con una fecha anterior a ésta. Por lo tanto, al efectuarse la pretensión del actor civil el 5 de junio de 1998 concediéndosele tal carácter el 11 de mayo de 1999 no se ha superado el plazo indicado por el art. 4037 del Código Civil, por lo que la acción civil por responsabilidad extracontractual ejercida por la nombrada en contra del Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba no ha prescripto. Un análisis contrario tornaría prácticamente ilusorio el derecho al resarcimiento por parte del Estado por la acción ilícita de sus dependientes. Además, sólo esa interpretación del citado precepto se concilia con las recomendaciones contenidas en "Los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley", receptados en el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (La Habana, 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990). (Voto del Dr. David -en minoría-).
Deudor, mora, daños y perjuicios, carga de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Barria, Celia Esther c/ Empresa Geomater y/o sus propietarios y/o integrantes s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1992-08-13

Al acreedor de una suma de dinero no le es necesario acreditar el perjuicio ocasionado por el retardo en el pago de la deuda. Existe una presunción legal emanada del art. 622 del Código Civil del perjuicio ocasionado y de la relación de causalidad del perjuicio con el retardo. Y el deudor está obligado a resarcirla.
Accidente de tránsito, infracciones de tránsito, bocacalle
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Vitrano Marcelo Guillermo c/ Troffe Miguel Angel y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-10-22

La Ley 5800 como la actual Ley 11430 (art. 84) marca la obligación de los conductores de ceder rápida y eficazmente el espacio para que avancen los automotores destinados a un servicio público de emergencia. Ello se nutre en un deber elemental de solidaridad social y de evitar riesgos para las personas.-
Daños y perjuicios, responsabilidad médica, mala praxis, intervención quirúrgica, oblito quirúrgico, daño estético, monto de la indemnización, intereses
Materia: CIVIL
Carátula: HELGUERO, HUGO c/ SANATORIO GÜEMES SA s/ SUM.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-04-23

Procede hacer lugar a la indemnización por daño estético cuando, conforme al informe del perito médico, las cicatrices que se produjeron como consecuencia de la operación extractiva de la gasa que se dejara en la cavidad torácica del reclamante con posterioridad del by pass que se le efectuara, y de un cateterismo a que había sido sometido, importaron un menoscabo a la armonía del cuerpo y una disminución estética resarcible, la que se fijara, atento el fallecimiento del reclamante, en favor de su esposa en su carácter de sucesora mortis causa con relación a ese crédito indemnizatorio, en una tercera parte, por haber concurrido a la herencia de su marido conjuntamente con sus dos hijos, y atento a la graduación de responsabilidad establecida -en el caso 50%- en la suma de $1.200, A la fecha de este pronunciamiento, con mas sus intereses, desde el momento en que se concreto el perjuicio, esto es la operación en que se extrajo la gasa, y hasta el 31.3.91, a la tasa del 6% anual y desde el 1.4.91 a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina para sus operaciones ordinarias de descuento a 30 días.
Reconocimiento por fotografía, elementos del acto administrativo, nulidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: Diz, Jorge Sebastián s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-30

Debe declararse la nulidad del reconocimiento fotográfico, por resultar palmariamente inválida, pues ante esa situación la policía debió abstenerse de proceder como lo hizo y limitarse a comunicar al órgano encargado de la persecución penal por los hechos de los que tomaba conocimiento, para éste proceda según su objetivo y de conformidad con la reglamentación legal.
Sentencia, mayoría de opiniones
Materia: PENAL
Carátula: Quiñonez, Andrés Avelino s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-10-10

Existe mayoría de opiniones si la afirmación que a mayor abundamiento hizo el juez de segundo voto no descalifica su adhesión al juez preopinante.
Derecho procesal, procesos de ejecución, juicio ejecutivo, subasta de inmuebles, base, tasación
Materia: PROCESAL
Carátula: Blanco, Juan Carlos c/ Mizrahi, Alberto s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-07-19

La base de la subasta sólo constituye el punto de partida de la oferta para su venta, de modo que si el valor del inmueble es superior al estimado por el martillero, es de suponer que la puja llevará al precio a un valor lógico y adecuado (CNCom, Sala in re "Seráfica Martini Carlos Rodolfo Pedro c/ Ytal Siena y otro s/ ejecutivo" del 20-7-07).
Legitimación pasiva, daños y perjuicios, indemnización, daño material
Materia: CIVIL
Carátula: Cardozo, Noemí Esther c/ Ministerio de Salud y otro/a s/ Pretensión indemnizatoria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-06-11

El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de Pergamino resolvió rechazar la excepción de falta de legitimación pasiva esgrimida por la demandada. Hacer lugar parcialmente a la demanda por resarcimiento de daños y perjuicios iniciada por la Sra. Noemí Esther Cardozo contra la Provincia de Buenos Aires, rechazándola contra la codemandada Municipalidad de San Miguel y condenar en consecuencia a la Provincia de Buenos Aires a abonar a la demandante en concepto de daño material el 35 % de las sumas que debió haber percibido para el cargo que revistaba y no ha cobrado, ello desde el momento en que la actora dejó de percibir sus haberes, hasta la fecha en que la Administración se expidió resolviendo su no incorporación a la orbita provincial.
Violación, consentimiento
Materia: PENAL
Carátula: GOMEZ OMAR DOMINGO s.d. VIOLACION e.p. SILVA ALEJANDRA SILVINA s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-09-06

La lesividad del acto cuya regulación abstracta se encuentra prevista en el art. 119, y su agravante previsto en el inc.2º, no deriva de una especulación dogmática del legislador, sino de la intención de punir el "saber" y el "poder" ejecutar el acto criminoso. La aquiescencia, como eximente, no debe valorarse sólo desde una tabla de enfermedades mentales que señalan a los privados de razón para dar el consentimiento, sino también de la lesividad del acto. Y en esa lesividad deben incluirse, no sólo el hecho puro y aislado previsto en la norma penal, sino el contexto donde se efectúa, para valorar el accionar del imputado. Poco garantista de los derechos de la víctima sería discernir la presencia de la eximente de la sola elaboración científica de la personalidad de la víctima, sin examinar el contexto que le toca vivir, para determinar si existen las condiciones previstas en la norma.
Cuestiones de competencia, competencia ordinaria, tenencia ilegítima de armas de guerra
Materia: PENAL - PROCESAL
Carátula: Amato, Vicente Ernesto s/ tenencia de arma de guerra (art. 189).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-02

La tenencia de arma de guerra prevalece como punto determinante para la calificación del hecho, aún cuando en el contexto de acción ésta concurra con la tenencia de su munición correspondiente, por lo que corresponde asignar el conocimiento de la causa a la justicia local.
Juicio por rendición de cuentas, administrador del consorcio
Materia: PROCESAL
Carátula: Cons. Tucumán 238-40. c/ Fernández Cueto , Julio y otros. s/ Rendición de cuentas.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-30

No procede hacer lugar a la acción de rendición de cuentas encaminadas a que el administrador de un consorcio se ponga en orden con la deuda que el consorcio accionante mantenía con un organismo previsional, dado que esta acción supone la ignota existencia de créditos y deudas que deben ser explicitadas para obtener el debido control de la gestión del deudor de la obligación de hacer.
Contrato de trabajo, remisero, aplicación de la ley laboral, mandato comercial
Materia: LABORAL
Carátula: DE LUCA, RUBEN DARIO c/ TURISMO DEL NORTE  S.R.L.  Y OTRO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-30

La relación que liga al dueño de los 'autos remise' con la empresa dedicada a la prestación de 'servicio de remise' no es laboral, sino un mandato comercial mediante el cual el propietario del vehículo le encomienda al titular de la agencia su representación ante la Administración Municipal (Ordenanza Municipal 23792) y determinar el orden de adjudicación de los viajes mediante un sorteo.
Daños y perjuicios, tarjeta de crédito, titular de tarjeta de crédito, operaciones en moneda extranjera, falsificación de tarjeta de crédito
Materia: COMERCIAL
Carátula: U., N. c/ Industrial and Commercial Bank of China S.A. y otros s/ sumarísimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-06-06

Corresponde rechazar la demanda de daños y perjuicios impulsada por una usuaria de tarjeta de crédito que desconoció un consumo en dólares que se habría realizado supuestamente mientras se encontraba de vacaciones y en el horario en el que estaba en una excursión, dado que en relación a la posibilidad de falsificación de la tarjeta de crédito el perito informático indicó que si bien la seguridad de los sistemas no es absoluta, la relación costo/beneficio para la falsificación lo hace de muy baja probabilidad de ocurrencia, por lo que se descarta la posibilidad de que haya sido falsificada, además de que no fue un hecho invocado por la demandante. Por otra parte los datos registrados en el chip que se encontraba incorporado en la tarjeta indican que la demandante la poseía consigo al momento de efectuar tales transacciones comerciales.
Derechos y garantías constitucionales, prueba
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: M., A. y Otros s/ Incidente de nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-07-13

Creemos que la operatividad propia de las garantías constitucionales privará de todo valor, no sólo a las pruebas que constituyan propiamente el corpus de su violación, sino también a aquellas que sean la consecuencia necesaria e inmediata de ella, descalificando así tanto sus quebrantamientos palmarios o evidentes, como los larvados o encubiertos.
Costas
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: CABRERA DE MALET GREGORIA c/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA s/ RECURSO    DE   REVISION-COSTAS-RECURSO  DIRECTO-DAÑOS  Y  PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-04-28

Los gastos exagerados, impertinentes o inútiles realizados por el vencedor no estan a cargo del vencido, porque la obligación de éste solo comprende la de pagar las costas que sean consecuencia directa del pleito, esto es, las necesarias para la defensa del adversario.

Pero es un error identificar los gastos necesarios con los que han contribuido directamente al resultado del juicio y considerar superfluos o inútiles todos los que no constituyan la causa inmediata de la victoria, porque la responsabilidad del vencedor por las costas innecesarias no es objetiva sino subjetiva, de modo que no esta ligada al resultado del litigio sino a su propia culpa.