Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-03-13


Reg.: A y S t 281 p 165/168. Santa Fe, 13 de marzo del año 2.018.	VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por Alejandro César Nucci, con patrocinio letrado, contra la resolución 219/2016 dictada por el Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación en autos "NUCCI, ALEJANDRO CÉSAR -LLAMADO A CONCURSO INTERNO FISCALÍA REGIONAL N° 2- (EXPTE. N° FG - 000522/2015)" (EXPTE. C.S.J. CUIJ N°: 21-00511025-1); y, CONSIDERANDO: 1. Surge de las constancias de la causa que, por resolución 219/2016 dictada por el Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación, se rechazó el recurso de apelación interpuesto por Alejandro Cesar Nucci confirmando, de ese modo, "...la decisión del Tribunal Evaluador del concurso interno para cubrir el cargo de Oficial Mayor en la Fiscalía Regional de la 2da. Circunscripción Judicial, -Unidad de Investigación de la UFE de Delitos Económicos y Complejos de la Ciudad de Rosario-". Asimismo se ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Evaluador, a los fines de que éste confeccione nuevamente el acta final, expresando en porcentajes la calificación asignada al recurrente (fs. 2/4). Contra dicha decisión, el actor interpuso recurso de inconstitucionalidad según las previsiones de la ley 7055 (fs. 7/12), el que fue rechazado por el Fiscal General por inadmisible (fs. 14/15v.). Para ello, dicho funcionario entendió que a pesar que el artículo 1 de la ley 7055 dispone que el recurso procede contra sentencias definitivas y autos interlocutorios que pongan fin al proceso, lo que de suyo implica que la via es jurisdiccional; el actor intentó el remedio extraordinario de inconstitucionalidad para impugnar una decisión que no constituye un acto jurisdiccional, como lo es la resolución FG 219/2016 de la Fiscalía General del Ministerio Público de la Acusación. Estimó en ese sentido que se trataba más bien un acto administrativo y como tal no admitía la impugnación propuesta. Notificada dicha resolución (f. 16), Nucci, con patrocinio letrado, se presenta directamente ante esta Corte Suprema de Justicia mediante la interposición de la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad (fs. 17/26), manifestando que al afirmar el Fiscal General que el pronunciamiento cuestionado es un acto administrativo y, por lo tanto, no corresponde contra él el recurso de inconstitucionalidad, desconoce que dicha decisión no es atacable por la vía contencioso administrativa, dado que el artículo 5 de la ley 11330 no contempla la impugnación de esta clase de actos. Agrega -con cita en el artículo 16 de la ley 13013- que el Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe es quien reviste la máxima jerarquía dentro de ese Órgano, al menos en lo relativo a la resolución referida a ascensos de personal. Expresa que, al no estar previsto recurso alguno al respecto, por imperio de las normas constitucionales que aseguran una revisión judicial suficiente, no queda al litigante otra instancia que la de ocurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Provincia. 2. Se adelanta que el presente recurso debe desestimarse. Sabido es que para la determinación de la competencia corresponde atender de modo principal a la exposición de los hechos que el actor hace en la demanda y, en la medida que se adecue a ellos, al derecho que se invoca como fundamento de su pretensión. En el "sub judice" luce demostrada la naturaleza administrativa de la pretensión: el caso se origina en la impugnación de una resolución de carácter administrativo en el marco de un concurso interno para el personal de este Poder Judicial -con el fin de cubrir un cargo de categoría mayor con empleados de la inmediata inferior-, la que ha sido resuelta desfavorablemente para el interesado por el Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe, quien reviste la calidad de máxima autoridad administrativa dentro de aquel organigrama funcional, en lo que a la decisión sobre los ascensos del personal respecta. En tales condiciones, al no estar previsto recurso alguno en el ordenamiento normativo provincial aplicable -ley 13013- que procure la vía impugnativa a seguir para la revisión judicial por razones de legitimidad contra actos jurídicos administrativos como el aquí traído a consideración y no siendo susceptible de ser encuadrado el caso en las previsiones del restringido ámbito de la ley 11330 ni en ninguna otra norma específica, cabe tener presente la atribución constitucional de esta Corte para entender de manera originaria y exclusiva en materia contencioso administrativa en los modos y casos establecidos por la ley (art. 93, inc. 2, Const. prov.). Es que, este Tribunal es quien reviste la calidad de máximo intérprete de la Constitución provincial e interviene en lo que hace a la fijación de la política recursiva en la materia, atribución jurisdiccional y constitucional que en nada se ha visto afectada con la creación de las Cámaras en lo Contencioso Administrativo (leyes 11329 y 11330). Recuérdese que este Tribunal está facultado para resolver, aun de oficio, en lo que atañe a su propia competencia, no pudiendo las partes ni directa por vía de prórroga, ni indirectamente atribuir a otros órganos jurisdiccionales la competencia constitucionalmente asignada a este Cuerpo. En este orden de ideas, luego de un prudente examen del ámbito de aplicación del capítulo temático que hace a su "competencia originaria", la Corte resulta responsable de modo directo de realizar dicho control judicial de legitimidad en ejercicio de las altas funciones jurisdiccionales que indelegablemente le corresponden en su condición de Tribunal Supremo. Por lo expuesto, y atento a las particulares circunstancias de la causa, se vislumbran razones incontestables para entender que el "sub lite" suscita "materia contencioso administrativa" correspondiente a la competencia adjudicada a esta Corte por la citada cláusula de la ley fundamental provincial, lo que determina la exclusión de toda otra vía. Con lo cual, teniendo presente los argumentos dados para resolver y lo novedoso de la cuestión, corresponde otorgar al recurrente el plazo de 30 días a fin de que adecue sus pretensiones a la acción contencioso administrativa. Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta. Otorgar al recurrente el plazo de 30 días a fin de que adecue sus pretensiones a la acción contencioso administrativa. Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen. FDO.: GUTIÉRREZ-ERBETTA-FALISTOCCO-GASTALDI(AMPLIACIÓN DE FUNDAMENTOS)-NETRI-SPULER-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA) AMPLIACIÓN DE FUNDAMENTOS DE LA SEÑORA MINISTRA DOCTORA GASTALDI: Coincido sustancialmente con los argumentos y la solución propuesta en la resolución precedente. En efecto: La presente cuestión refiere al rechazo del recurso de apelación por la cual se confirmara la decisión del Tribunal Evaluador del concurso interno para cubrir el cargo de Oficial Mayor en la Fiscalía Regional de la Segunda Circunscripción Judicial (Unidad de Investigación de la UFE de Delitos Económicos y Complejos de la Ciudad de Rosario). De tal modo y para estos casos conforme a la ley aplicable, el Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe -órgano que integra este Poder Judicial- reviste la calidad de máxima autoridad administrativa dentro de aquel organigrama funcional, en lo que a la decisión sobre los ascensos del personal respecta. Y si bien, en el intento de revisar judicialmente lo decidido, el recurrente interpretó que debía encausar sus cuestionamientos por la vía prevista por la ley 7055, lo cierto es que a los fines de la adecuada tutela del derecho a la carrera y de la garantía comprometida en ella, se impone un amplio marco de debate en la revisión. Y a esos efectos, corresponde que la presente pretensión se entable por la vía contencioso administrativa ante esta Corte de manera originaria, a fin de realizar el control judicial de legitimidad en ejercicio de las altas funciones jurisdiccionales que indelegablemente le corresponden en su condición de Tribunal Supremo. En razón de ello, he de propiciar el rechazo de la queja interpuesta, otorgando al interesado un plazo de 30 días a fin de que adecue su pretensión a la acción contencioso administrativa. FDO.: GASTALDI-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA)