Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-21


2º Instancia. - Buenos Aires, febrero 21 de 2008.

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada? A la cuestión propuesta, el señor Juez Vassallo dijo:

I. Amoblamientos Modulados S.R.L. promovió la demanda contra Sococia S.A. a quien reclamó el pago de la suma de $ 30.475,66 con más los intereses de aplicación en el fuero y costas.

Expresó que el monto reclamado tiene su origen en las facturas que acompaña, las cuales dan cuenta del suministro y colocación de muebles de cocina y vanitories en el edificio de la calle Moldes 2556 de esta ciudad que la demandada se encontraba construyendo en aquel tiempo.

Señaló que el costo de tal provisión e instalación ascendió a $ 52.095,92.

Precisó que las partes no firmaron contrato, sino que el convenio se concertó mediante la entrega por parte de la demandada de los planos de replanteo general de obra y de detalles de baños y cocina con especificaciones de arquitectura e instalaciones de muebles.

Afirmó que en el mes de julio de 2000 su parte ya había cumplido íntegramente con el trabajo encomendado. De su lado Sococia S.A. extendió con fecha 19.7.00 cinco certificados finales de obra por un total de $ 49.438,40.

Destacó que con motivo de tales certificados fueron emitidas facturas, las cuales -luego de impugnadas por la deudora por encontrarse ya ejecutados y pagados los trabajos- fueron anuladas por contener errores.

Empero, en tanto mediaba un saldo a favor de su parte, intimó por vía epistolar a la accionada a abonar el monto efectivamente debido.

II. Al comparecer al pleito, Sococia S.A. contestó demanda.

Reconoció haber solicitado a la actora el suministro de muebles de cocina y vanitories para la obra de la calle Moldes 2556.

Admitió también que por indicación irregular del arquitecto Guzzi, quien se desempeñaba como jefe de obra, fueron confeccionadas órdenes de compra para la provisión y colocación de los muebles en cuestión. Ese mismo día su parte recibió las facturas 1261 y 1262 de fecha 3.8.00 emitidas por la actora por la suma de $ 46.130,04.

Objetó tales facturas por no corresponder con los precios pactados y existir un desfase entre las fechas de las órdenes de compra y tales documentos.

A su vez afirmó que el quantum de tales facturas había sido cancelado oportunamente en su totalidad.

A su vez opuso la defensa de falta de acción con fundamento en que su parte se ha escindido en dos sociedades formando entonces Constructora del Tiempo S.A., a la cual le fue adjudicado, en el hipotético caso que existiese total o parcialmente, el crédito que invoca la actora.

Por ello sostuvo no ser ella la actual contraparte de la aquí actora en punto al negocio invocado.

III. La sentencia de primera instancia (fs. 601/608) admitió la defensa de falta de legitimación pasiva e impuso las costas del proceso a la actora vencida.

Entendió acreditada la formación, por vía de escisión, de la sociedad Constructora del Tiempo S.A., que tal creación fue registrada ante la Inspección General de Justicia antes de ser notificada Sococia S.A. de la actual demanda, que no había mediado oposición de la aquí actora a tal escisión, y que el eventual pasivo generado por la operación invocada por Amoblamientos Modulados S.R.L. había sido transferido a la nueva sociedad.

Contra tal pronunciamiento apeló Amoblamientos Modulados S.R.L., expresando agravios en fs. 621/3, los que fueron contestados por la demandada en fs. 625/8.

La recurrente desarrolló variadas razones en sustento de su queja.

Sus agravios fincaron en:

I. El reclamo judicial fue efectuado con varios meses de anticipación a la inscripción del acto de escisión. Y aun cuando Sococia S.A. fue notificada de la demanda luego de tal hecho, ya se encontraba anoticiada de la presente acción en virtud de lo actuado en el proceso de mediación.

II. Existió mala fe procesal por parte de la deudora, quien incurrió en ardides para demorar la notificación de la demanda hasta tanto fuera cumplido el registro de la nueva sociedad.

III. Que nunca fue acreditada la publicación de los edictos correspondientes al trámite de escisión. Así mal puede imputársele no haberse opuesto a tal reestructuración societaria.

IV. Que la conducta de la demandada fue incongruente pues por un lado negó la existencia de la deuda por encontrarse cancelada, pero por el otro dijo haber ha transferido un pasivo a la nueva sociedad.

V. Que del propio acto de escisión que se denunció, no surge la existencia del pasivo que habría asumido Constructora del Tiempo S.A. en relación al crédito de su parte.

VI. Que la demandada ha actuado con temeridad y mala fe procesal y comercial, lo cual obsta a la imposición de las costas del proceso a cargo de su parte.

IV. Cabe entonces ingresar al estudio del recurso.

Para una mejor comprensión de las cuestiones implicadas estimo conveniente ordenar cronológicamente los hechos invocados.

Veamos:

En septiembre de 1999 la demandada encargó a la actora el suministro y colocación de muebles de cocina y baño.

En julio de 2000 la pretensora habría cumplido íntegramente con las prestaciones a su cargo y en agosto de ese año se habrían emitido facturas cuyo pago fue reclamado por medio de carta documento de fecha 22.8.2000, la que fue rechazada por estar aquellas canceladas.

El 2.10.2000 fue iniciado el trámite de mediación previa.

El 27.12.2000 la demandada celebró Asamblea General Extraordinaria en la cual fue resuelta la escisión de la empresa transfiriendo a la nueva sociedad un activo de $ 465.638,40 en valores contables y un pasivo de $ 336.608,51 compuesto de valores y deudas según consta en el Libro Copiador Inventario nro. 2, y estableciéndose como fecha de reorganización el 31.3.01 o la del otorgamiento de la escritura pública, la que sea anterior.

El 9.02.2001 fue iniciada la presente acción.

El 28.6.2001 fue otorgada la escritura pública que instrumentó la escisión.

El 29.10.2001 fue inscripta la escisión ante la Inspección General de Justicia.

El 18.12.2001 fue notificada Sococia S.A. de la presente demanda.

Lo expuesto refleja claramente que el meollo del conflicto puesto a consideración de la Sala finca en determinar si la escisión es oponible al aquí actor, pues este reclamo judicial y el trámite de la escisión fueron iniciados prácticamente en forma simultánea.

A tal fin cabe repasar los requisitos que la LS 88 exige para la concreción de una escisión societaria.

Sucintamente, éstos son: la resolución social aprobatoria de la escisión que incluirá la atribución de las partes sociales, el balance especial de escisión; la publicación de un aviso en el diario de publicaciones legales de la sede social y en un diario de mayor circulación general en la República. Vencidos los plazos de oposición, será otorgado el instrumento de constitución de la sociedad escisionaria y serán concretadas las inscripciones correspondientes.

Dentro de este trámite, y a los efectos que aquí interesan, tiene particular trascendencia la publicidad que la ley establece de la decisión social de escindir al ente, pues tal medida permite a los acreedores oponerse a dicha partición en tanto vean afectados sus derechos.

Sólo cumplido ello, sea superado el plazo de oposición sin quejas o superadas las articuladas, puede concretarse el objetivo en curso.

Así será dispuesta la reducción de capital de la escindente y será otorgada la escritura que instrumente el acto de escisión, finalizando el proceso con las inscripciones en el Registro Público de Comercio y los demás registros que correspondan por el tipo de sociedad y la naturaleza que integran el patrimonio y sus gravámenes (Otaegui, Julio C. "Fusión y escisión de sociedades comerciales", nº 102, pág. 272, ed. 1981).

En el caso se encuentra acreditado que la demandada observó casi la totalidad de los recaudos antes detallados.

Sin embargo no obra constancia en esta causa de la publicación de edictos prevista por la LS 88:III, 4.

Destaco aquí que entre los recaudos probados se encuentra la efectiva inscripción de la conclusión del trámite de escisión (fs. 384).

Este punto resulta trascendente para dirimir el recurso.

Es que el artículo 4 de la ley 22.315 dispone que la Inspección General de Justicia debe inscribir los contratos de las sociedades comerciales y sus modificaciones, conforme el art. 7 del decreto 1493/82 que reglamenta aquella ley, "...previo cumplimiento de los requisitos legales... que correspondan al acto a registrar...".

Síguese de ello que, al estar inscripta la escisión en aquel organismo de control y registro (ver fs. 360/387), debe presumirse cumplidos los recaudos legales exigidos para ella, dentro de los cuales se encuentra tanto la previa publicación de los edictos como constatar la falta de oposición oportuna por parte de los terceros interesados.

Es que la Inspección General de Justicia debe ejercer un prudente poder de policía en punto a las peticiones de inscripción para que éstas sean conforme a los recaudos legales a fin de no desnaturalizar los fines del instituto (arg. Verón, "Sociedades Comerciales", T. I, art. 6, pto. 1 c), pág. 52, ed. 1993).

En definitiva, el cumplimiento de los pasos legales, y la ausencia de oposición por parte de la aquí actora al ser publicados los edictos de ley tornan oponible tal escisión a Amoblamientos Modulados S.R.L.

A todo evento cabe analizar brevemente los agravios no considerados puntualmente.

a. Es cierto que los trámites correspondientes a la mediación son de fecha previa a la resolución social aprobatoria de la escisión.

También lo es que la quejosa inició esta demanda con anterioridad a la mentada inscripción.

Sin embargo ello no es óbice para tener por perfeccionada la escisión de la sociedad demandada.

La transferencia patrimonial se produce al inscribirse en el Registro Público de Comercio el acuerdo definitivo y el contrato o estatuto de la nueva sociedad, momento en que se adquieren los derechos y obligaciones transferidas (Verón "Sociedades Comerciales", Actualización, art. 82 p. 9, pág. 134, ed. 1993).

De ahí que pueda estimarse que el trámite de mediación y, en su caso, la iniciación de esta acción contra la aquí demandada fueron correctamente dirigidos contra Sococia S.A., pues a ese entonces la hipotética deuda lo tenía como eventual sujeto pasivo.

Sin embargo, en algún momento entre el 21.12.00, fecha de la mentada resolución aprobatoria, y el 28.6.01, cuando se otorgó la escritura pública correspondiente, fueron publicados los edictos.

En ese tiempo debió la actora, a los fines de poder continuar con el reclamo de autos, haberse opuesto a la escisión en cuestión.

No se ignora que, aun en el caso de que Amoblamientos Modulados S.R.L. no hubiera formulado oposición alguna, mientras el contrato de escisión no hubiera sido inscripto, la supuesta acreedora podría tener derecho a reclamar a la aquí demandada.

Como fue dicho, solo a partir de la mentada inscripción la nueva sociedad adquiere las obligaciones transferidas.

Mas sucedió en el caso que la inscripción referida fue realizada, si bien varios meses después de iniciada la presente acción, con anterioridad a la notificación de la demanda a Sococia S.A. (18.12.2001).

Y congruente con tal novedosa situación, la aquí accionada opuso, al contestar demanda, la defensa de falta de acción denunciando la escisión ya inscripta.

De allí que no cabía a la actora otra opción más que enderezar la demanda contra la sociedad escisionaria Constructora del Tiempo S.A.

Es que habiendo sido cumplidos todos los recaudos exigidos por la LS 88, sin oposición de su parte, la acreencia sólo era exigible, de existir, a la nueva sociedad.

b. Carece de entidad la argumentación ensayada por la quejosa en punto a que medió una conducta desleal por parte de la aquí demandada en punto a demorar la efectiva notificación de la demanda hasta tanto fuera completado el trámite de escisión.

Tal imputación carece de elementos claros que permitan su acogimiento.

La primer diligencia realizada al domicilio de la calle Teodoro García 2020 de esta ciudad fracasó por no haber respondido nadie a sus reiterados llamados (fs. 180).

Atento a ello, se libró oficio a la Inspección General de Justicia, quien informó que el último domicilio social de aquella firma era en Avenida Belgrano 406 4º piso de esta ciudad, donde finalmente fue notificada.

Sococia S.A., al contestar la demanda, afirmó que los datos obrantes en dicho organismo se encontraban desactualizados, pues su sede social había cambiado varias veces encontrándose en ese entonces en la calle Uruguay 485 10º piso (fs. 227).

A pesar de ser reprochable que Sococia S.A. no hubiera comunicado a la I.G.J. las sucesivas modificaciones de su domicilio, ello no basta para atribuir a la aquí demandada la conducta ardidosa que le es imputada.

c. Por último tampoco es admisible el argumento del actor en punto a que del acto de escisión no surge la existencia del pasivo que habría asumido Constructora del Tiempo S.A. en relación al crédito de su parte.

En la escisión de sociedades la transferencia parcial del patrimonio de la escindente abarca bienes y puede incluir también deudas a cargo de la sociedad escisionaria, según se decida (cfr. Otaegui, J.C., op. cit., nro. 97, pág. 260, ed. 1981).

Conforme con ello, en el documento anejado a la causa (fs. 231/244) y que fuera oportunamente inscripto ante la Inspección General de Justicia, la sociedad demandada resolvió que "...De aprobarse la escisión, el activo escindido destinado a la nueva sociedad ascenderá en valores contables a $ 465.638,40 y el pasivo escindido a $ 338.608,51, compuesto por los bienes y deudas cuya transcripción se omite por hallarse transcripto en el Libro Copiador Inventario Nº 2...".

El perito contador designado en autos informó que en el mencionado libro constató que dentro del importe individualizado en el contrato como pasivos transferidos se encuentra la deuda contraída a favor de Amoblamientos Modulados S.R.L. por un monto de $ 15.846,64 (fs. 451).

Tal referencia, amén que la comprobación realizada por el perito, permiten tener por cumplido el recaudo que dijo omitido la aquí quejosa.

V. Finalmente, cuestionó la actora la sentencia en tanto le impuso las costas del proceso.

La actora ha sido derrotada en la causa. Ello justifica que las costas le sean impuestas (cpr 68).

La recurrente se opuso infructuosamente al planteo defensivo introducido por la demandada (véase la presentación de fs. 252/4).

Frente a esa situación, que implicó bilateralidad y controversia, cupo imponerle las costas del procedimiento, tal como lo decidió el magistrado de primera instancia (entre otros, CNCom Sala A, 11.4.1996, Carballo).

Es que no se aprecia en el caso circunstancia alguna que justifique un apartamiento del criterio objetivo de la derrota, en virtud del cual procede que la recurrente soporte las costas (arg. art. 68 y 69 del Código Procesal; entre otros, CNCom Sala E, 30.6.1981, Abramovich; íd., Sala E, 21.9.1981, Florencia Cía. Financiera SA; esta Sala, 31.8.2001, Roth).

VI. Por lo hasta aquí expuesto, propongo al Acuerdo desestimar el recurso deducido en fs. 611 por la actora, e imponer las costas de esta instancia a la quejosa por ser vencida.

Así voto.

Los señores Jueces de Cámara doctores Juan José Dieuzeide y Pablo Damián Heredia adhieren al voto que antecede.

VII. Concluida la deliberación, los señores Jueces de Cámara acuerdan:

(a) Desestimar el recurso deducido por la actora en fs. 611.

(b) Imponer las costas de esta instancia a la recurrente vencida (cpr 68).

(c) Diferir la consideración de los honorarios hasta tanto sean regulados los correspondientes a la anterior instancia. -Gerardo G. Vassallo. -Juan J. Dieuzeide. -Pablo D. Heredia.