Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-10-04


2º Instancia. - Buenos Aires, octubre 4 de 2007.

Considerando: I.- Reiteradamente se ha sostenido, al interpretar lo dispuesto por el art. 265 del Código Procesal, que la crítica razonada y concreta que debe contener el memorial de agravios ha de consistir en la indicación punto por punto de los pretendidos errores, omisiones y demás deficiencias que se atribuyen al pronunciamiento. En ausencia de fundamentos específicamente referidos a las consideraciones determinantes de la resolución adversa a las pretensiones del recurrente, no hay agravios que atender en la alzada (conf. CN Civil, esta Sala, c. 131.297 del 4-8-93; c. 134.671 del 18-8-93; c. 134.110 del 4-8-93; c. 147.425 del 26-894; c. 161.621 del 5-12-94; c. 165.639 del 6-3-95, entre muchas otras).

El escrito de fs. 3174/3176 incumple la señalada carga. Es que, las manifestaciones vertidas por el recurrente, pese al esfuerzo desplegado, expresan más bien su disconformidad con la resolución de fs. 3166/3171 y se limitan a reiterar anteriores argumentaciones, pero sin aportar elementos de peso que pongan en evidencia el yerro que se le atribuye.

En efecto, como bien se destaca en el decisorio apelado, aun cuando ciertas erogaciones se acrediten con documentación que no cumple acabadamente con los requisitos que, en materia de facturación, deben respetar tales instrumentos, no puede pretenderse que se revean las cuentas que ya fueron aprobadas hasta el año 2000 en las asambleas ordinarias anuales de la forma que intenta la recurrente, porque lo que se trata es de determinar la realidad de lo imputado por encima de las formalidades incumplidas, máxime si tales asambleas no fueron impugnadas en las oportunidades correspondientes.

Por lo demás, en lo referente al "fondo de administración" y pese a la orfandad documental y deficiente registración contable puesta de manifiesto en las presentaciones del perito contador designado en autos (ver en especial fs. 3151/3152), lo cierto es que de estarse a las explicaciones brindadas por el testigo G., presidente de la anterior administración de la actora, en su origen no se trataba de una reserva para hacer frente a gastos extraordinarios sino de partidas, algunas de ellas por cobrarse, que se utilizaban para los movimientos comunes de caja del consorcio (ver fs. 3149/3150). Tales dichos, sostenidos también por la demandada al rendir las cuentas, no fueron desvirtuados por ninguna otra probanza producida en autos.

En este orden de ideas, parece oportuno recordar que impugnar es sinónimo de atacar de un modo concreto y específico la liquidación, demostrando el error incurrido por el ganancioso (conf. CN Civil, esta Sala, c. 261.260 del 16-3-99; c. 293.447 del 24-3-2000, entre muchas otras). De allí que el cuestionamiento efectuado sin ningún andamiaje probatorio no puede tener favorable acogida.

Por otro lado, a iguales conclusiones debe arribarse respecto de la crítica ensayada por la parte demandada en el escrito de fs. 3183/3184 donde se disiente con la decisión adoptada pero sin suministrar argumentos que rebatan de alguna manera los fundamentos expuestos en la resolución recurrida, en tanto tampoco se ha producido prueba alguna que demuestre que las retenciones bancarias computadas correspondieran a los movimientos de fondos del consorcio.

En lo relativo a la imposición de las costas, es sabido que la eximición que autoriza el art. 68 del Código Procesal procede, en general, cuando media "razón fundada para litigar", expresión ésta que contempla aquellos supuestos en que, por las particularidades del caso, cabe considerar que el vencido actuó sobre la base de una convicción razonable acerca del derecho invocado en el litigio. Sin embargo, no se trata de la mera creencia subjetiva del litigante en orden a la razonabilidad de su pretensión, sino de la existencia de circunstancias objetivas que demuestren la concurrencia de un justificativo para eximirlo de costas y sólo ha de disponerse la exención cuando existen motivos muy fundados, por la predominancia del criterio objetivo de la derrota (conf. CN Civil, esta Sala, LA LEY, 1987-B, 435 y sus citas; c. 167.349 del 5/5/95; c. 171.720 del 22/5/95; c. 173.494 del 20-6-95, entre muchas otras).

En el caso, no puede perderse de vista que el proceso resultaba necesario a los fines de analizar las cuentas que debía realizar el anterior administrador, tal como lo pactaron las partes (ver acta de fs. 100) y, si a ello se agregan las particulares circunstancias puestas de manifiesto, a criterio de este Tribunal, debe concluirse que se encuentra justificada la imposición de las costas en el orden causado.

Por estas consideraciones, se resuelve: Confirmar, en lo que fuera materia de agravios, la resolución de fs. 3166/3171. Las costas de Alzada, por lo señalado precedentemente, también se imponen en el orden causado (arts. 68, 69 y 71 del Código Procesal). En atención a la calidad, eficacia y extensión de la tarea de fs. 3063/3065, 3081/3084, 3122, 3126/3129, 3149/3150, 3151/3152 y 3160/3161, su mérito y extensión y la debida proporción que los honorarios periciales deben guardar con los de los profesionales intervinientes en todo el proceso (ley 24.432, art. 10; esta Sala, c. 66.064 del 19/3/90), se confirma la regulación del contador M.A. G. por resultar ajustada a derecho. El doctor Juan Carlos G. Dupuis no firma por hallarse en uso de licencia (art. 109 del RJN). Notifíquese y devuélvase. -Fernando M. Racimo. -Mario Pedro Calatayud.