Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-12-07


Trelew, 07 de diciembre de 2006.- VISTOS: El recurso de apelación contra los autos de fs. 295/303 vta. y 328/329 de la causa principal, interpuesto a fs. 333/336 vta. por el Sr. Defensor Particular de J. O. M., Dr. J. N. R., mantenido a fs. 348 e informado mediante escrito a fs. 363/368 vta.

El recurso de apelación contra el auto de fs. 35/38 del incidente de nulidad que corre por cuerda, interpuesto por el nombrado letrado a fs. 42/43 vta., mantenido a fs. 72 e informado a fs. 79/81; y- CONSIDERANDO:- -I.- a) El auto de fs. 328/329 rechazó la nulidad incoada por la defensa respecto de la declaración testimonial de I. M. T. F..- -b) El auto de fs. 295/303 vta. dictó el procesamiento con prisión preventiva en orden al delito de robo agravado por la utilización de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse de ningún modo acreditada, en concurso real con tentativa de homicidio -dos hechos- (arts. 166, inc. 2° último párrafo, 79, 42 y 55 del Código Penal).- c) El auto de fs. 35/38 (en el incidente que corre por cuerda) rechazó la nulidad planteada por la defensa respecto de la rueda de reconocimiento practicada a fs. 146/vta..- II.- a) Se agravia la Defensa por entender que el acto de declaración testimonial de la Dra. F. es nulo por encontrarse la testigo comprendida en las generales de la ley, en razón de la relación de dependencia económica laboral que la une con una de las víctimas y societaria con la otra, teniendo un interés en el resultado de la causa. Todo ello, a juicio del recurrente, por su condición de empleadora (deudora) de P. y socia de R., respectivamente.- -b) Asimismo, se agravia el recurrente por considerar que el juez de instrucción dictó el procesamiento y prisión preventiva de su defendido sustentando su decisión mediante una errónea y parcial valoración del plexo probatorio colectado. Se agravia por entender que el auto recurrido se funda únicamente en las declaraciones prestadas por las víctimas. Señala que en la causa no se ha secuestrado arma alguna y tampoco dinero, lo que resta credibilidad a las versiones de las víctimas, tanto respecto del desapoderamiento mediante el uso de arma de fuego como de las tentativas de homicidio. Analiza los distintos medios de prueba tenidos en cuenta por el Magistrado de grado, y estima que desde el inicio mismo de la investigación, surge una clara y arbitraria determinación de inculpar a M. por los hechos investigados. Hace referencia genérica a la existencia de contradicciones entre los testimonios de cargo.- Cita copiosa jurisprudencia y doctrina referente al grado de probabilidad positiva que requiere el tipo de resolución que impugna y concluye solicitando la revocatoria del decisorio por cuanto no existen, a su juicio, elementos suficientes que lo sustenten. Solicita se dicte sobreseimiento respecto de su defendido y, supletoriamente, se dicte una falta de mérito en su favor.- - Al mantener el recurso nada agrega a los argumentos esgrimidos en el escrito de apelación.- En oportunidad de la audiencia a tenor del art. 413 del C.P.P., presenta informe escrito en el que reitera y amplía los agravios planteados oportunamente. Cita doctrina y jurisprudencia. Concluye solicitando se haga lugar a las nulidades planteadas, revocando el auto de procesamiento con prisión preventiva atacado, decretando el sobreseimiento de su defendido y disponiendo su inmediata libertad. Subsidiariamente, solicita se dicte una falta de mérito en favor del aquí imputado.Cabe aquí observar que en fecha 27/09/06, esta Alzada (Reg. N°130/06 - SIP - Sala "A") supeditó el tratamiento de la apelación que aquí se detalla, al previo pronunciamiento del juez de grado respecto a la nulidad intentada contra la diligencia de reconocimiento en rueda de personas de fs. 146/vta., por así corresponder.- c) Resuelta que fuera por su rechazo la nulidad señalada a párrafo precedente, la Defensa se agravia por entender que el auto que así decide, es un acto nulo por haberse vulnerado los principios básicos de las nulidades de orden general al no decretarse la nulidad de una diligencia probatoria -a su juicio- violatoria de garantías constitucionales y haberla utilizado el a quo, además, como elemento de cargo válido para el dictado del auto de procesamiento con prisión preventiva. Cita doctrina referente al régimen de nulidades. Sostiene que la diligencia cuestionada resulta nula por no haberse tomado los recaudos necesarios tendientes a evitar el menoscabo de las garantías que asisten a su defendido, argumentando que -producto de tales omisiones- el testigo reconoció inmediatamente al imputado porque este último, al momento de la diligencia, calzaba zapatillas sin cordones y tenía visibles improntas de las esposas en sus muñecas, datos éstos, que lo revelaban como un "detenido" a los ojos de cualquier observador y que -a su criterio- fueron utilizados por la víctima para identificar rápidamente a M. como su agresor en el hecho que se investiga. Se agravia, asimismo, por no haber tenido en cuenta el a quo la modalidad de uso de la persiana americana de la sala de reconocimientos, que fuera descripta por el recurrente en su planteo nulificante, solicitando que este Cuerpo se constituya en el sitio a fin de corroborar su objeción, mediante la práctica de una inspección judicial en dicha sala de reconocimientos. -Al momento de mantener su recurso, ratifica en todos sus términos el escrito de apelación presentado.- -En oportunidad de la audiencia a tenor del art. 413 del C.P.P., presenta informe escrito en el que reitera y amplía los agravios planteados oportunamente. Agrega que le resulta increíble que el a quo tenga por inexpugnables los dichos de la víctima testigo que participara de la diligencia (Dr. R.) y que deseche la posibilidad de que el mismo mienta o se confunda, relacionando la existencia de tal posibilidad con la razón de ser del art. 275 del Código Penal. Concluye solicitando se declare la nulidad del auto que rechazó su planteo nulificante, revocando todos los actos que son su consecuencia, incluido el auto de procesamiento, decretando el sobreseimiento de su defendido y disponiendo su inmediata libertad. Subsidiariamente, solicita se dicte una falta de mérito en favor del aquí imputado.- -III.- Siendo varias las cuestiones a tratar, corresponde comenzar por los planteos de nulidad para luego, una vez establecida la validez o invalidez de los medios probatorios impugnados, analizar los agravios relativos al auto de procesamiento con prisión preventiva que en ellos se funda.- Respecto al agravio referido al rechazo de la nulidad planteado en relación a la declaración como testigo de la Dra. F. (resuelto a fs. 328/329; Reg. N° 130/06) y contenido en el recurso de apelación interpuesto a fs. 333/336 vta., en el apartado "VI", sin perjuicio de advertir este Cuerpo que el juez de grado nada dijo en relación a su admisibilidad (fs. 339) y siendo competencia de esta Alzada realizar el examen omitido por el a quo, no se hará lugar al recurso por haber sido interpuesto extemporáneamente, conforme surge de la notificación obrante a fs. 329 vta. y el cargo estampado a fs. 336 vta.. Encontrándose firme, a la fecha, por ende, la resolución de grado dictada a su respecto.- -En cuanto a la invalidez del auto que rechaza el planteo de nulidad respecto de la diligencia de reconocimiento en rueda de personas practicada a fs. 146/vta., la misma deberá ser rechazada por cuanto se advierte que el juez de grado, contrariamente a lo sostenido por el Sr. Defensor, al decidir la nulidad incoada valoró todos y cada uno de los aspectos citados por las partes, haciendo uso de la sana crítica, exponiendo sus fundamentos y llegando a una conclusión razonadamente derivada del análisis efectuado. Además, ha de observarse que el a quo sí tuvo en cuenta -contrariamente a lo alegado- la modalidad de uso de la persiana americana de la sala de reconocimientos descripta por el recurrente (levantarla o plegarla de abajo hacia arriba), sólo que las máximas de la experiencia -integrantes del concepto de sana crítica- y el resultado de la diligencia lo inclinaron a conceder razón a la parte querellante (también presente en el acto), quien describió que la cortina no fue levantada y/o plegada en la forma descripta por la defensa, sino que sus bandas rebatibles fueron puestas en posición horizontal para despejar la visual del testigo interviniente en el acto. Cabe señalar que nada objeta o replica el recurrente en relación a esta segunda versión ofrecida por la querellante sobre cómo se desarrolló materialmente el acto impugnado, limitándose a afirmar que el juez no tuvo en cuenta su versión. La práctica de una diligencia de inspección ocular como la solicitada es innecesaria, toda vez que esta Alzada tiene Superintendencia Administrativa sobre cuestiones edilicias, al igual que la Cámara del Crimen, siendo por ello del conocimiento de este Cuerpo tanto la sala de reconocimientos como todos los accesorios que la componen, incluida la persiana americana que, en efecto, puede ser operada en las dos formas descriptas por las partes, como todas las restantes persianas con que cuenta el edificio sede de estos Tribunales. Sin perjuicio de ello, como ya se adelantó, se observa que el juez evaluó las dos posibilidades y salió razonadamente de su estado de duda con el auxilio de: 1) las máximas de la experiencia: en general, los actos presenciados por el magistrado, se desarrollan en la forma descripta por la querellante; y 2) el resultado concreto de la diligencia: el testigo efectuó un reconocimiento "inmediato", lo cual no hubiese sido posible de tener que esperar a que se termine de plegar la persiana. Además, en su respuesta inmediata hizo alusión expresa al lunar en el pómulo derecho y señaló al reconocido con el dedo índice, de lo que se desprende que miraba el rostro del imputado. Por último, la víctima expresó que en ningún momento observó el calzado de la persona reconocida y que sólo le vió la cara. Sobre este último aspecto, ha de señalarse que el criterio para la valoración de los testimonios y testigos, resulta ser exactamente al contrario del que propone el abogado defensor. La más reconocida doctrina en la materia tiene dicho que "... presumir la inmoralidad de los ciudadanos sería una monstruosidad jurídica, incompatible con la civilización de los tiempos en que vivimos...", y también que "... la experiencia demuestra que es más probable la veracidad que la falsedad del testimonio, por lo cual, cuando no existe una razón especial para suponer lo contrario, debe creerse en aquélla..." (Hernando Devis Echandía; ob. cit. supra; págs. 85/86; con cita a Ricci y Bentham, respectivamente). El testigo R. es un ciudadano capaz, profesional liberal y sin ningún aspecto o condición personal -acreditada en autos- que lo haga objetable en algún sentido, por lo que las objeciones de la defensa a su respecto, no exceden de una libre manifestación carente de todo sustento objetivo y con la evidente intención de descalificar al testigo. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el planteo de nulidad contra el auto que rechazó la nulidad de la diligencia practicada a fs. 146/vta., por tratarse de una resolución jurisdiccional válida y ajustada a derecho.-IV.- Establecida en los considerandos precedentes la validez de los medios probatorios impugnados, corresponde ahora el tratamiento de los agravios referidos al auto de procesamiento con prisión preventiva dictado respecto del aquí imputado M., en orden al delito de robo agravado por la utilización de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse de ningún modo acreditada, en concurso real con tentativa de homicidio -dos hechos- (arts. 166, inc. 2° último párrafo, 79, 42 y 55 del Código Penal).- -Asiste razón a la defensa, en cuanto a la insuficiencia de elementos para sostener la calificación agravada por el hecho de robo. Sin perjuicio de que el imputado directamente niega haber estado en el lugar, lo cual no permite contraponer sus descargos a los dichos de las víctimas (que declaran bajo juramento y coincidentemente acerca del uso de un arma para lograr el desapoderamiento), lo cierto es que la defensa técnica ha objetado este punto y su agravio merece ser atendido. En efecto, no sólo no ha sido secuestrada arma alguna en autos, sino que tampoco existen otros datos objetivos que permitan acreditar -con grado de probabilidad- su utilización para perpetrar el latrocinio; tan sólo a modo de ejemplo: heridas de bala en alguna de las víctimas, vainas servidas en el lugar de los hechos, etc.. Así las cosas, frente a los dichos de las víctimas, y sin perjuicio de la credibilidad de que gozan todas sus manifestaciones, debe hacerse lugar al planteo de la defensa técnica por imperativa aplicación del principio in dubio pro reo, mutando la calificación a la figura de robo simple, respecto del hecho de desapoderamiento con violencia aquí investigado.- -No puede decirse lo mismo, en cambio, en relación a figura del despoderamiento en sí, aun no habiéndose secuestrado en autos las sumas denunciadas como sustraídas. En efecto, los dichos coincidentes de los testigos respecto al desapoderamiento violento sufrido, se abona con el dato objetivo de tratarse de un lugar habitual de "cobranzas" y movimiento constante de dinero. Este dato es corroborado hasta por los propios descargos del imputado M., quien a fs. 210 relata concretamente lo siguiente: "... ser de público conocimiento que en esa oficina se cobran distintas empresas he ingresa no sé si mucho dinero pero ingresa dinero...". El propio imputado realizaba pagos en forma regular en dicha oficina. Ello, sumado a la circunstancia común de que en todo robo consumado, justamente por concretarse la finalidad de desapoderamiento del autor, no es infrecuente que los elementos sustraídos no logren ser recuperados. A medida que aumenta la distancia temporal que separa al momento del hecho del momento de la detención de la persona sindicada como presunto autor, disminuye proporcionalmente la posibilidad objetiva de recupero de los elementos sustraídos. De tales consideraciones, en consecuencia, la probabilidad se inclina en el sentido de los dichos de las víctimas, sin que las objeciones de la defensa técnica permitan plantar un estado de duda razonable sobre la cuestión.

-Con relación a los dos hechos de ahorcamiento aquí acreditados como probables, deberá mantenerse la calificación de homicidio en grado de tentativa.Esta Sala, en diversos antecedentes (Reg. N° 91/02 - SIP, entre otros), ha sostenido que la figura art. 79 del C.P. no requiere un dolo específico, o sea una intención calificada o particular, como sucede con ciertos delitos en que la ley exige expresamente un fin especial; por el contrario, el elemento subjetivo del homicidio se satisface con el dolo genérico consistente en la intención de realizar un acto o de omitir un hecho que se debe ejecutar, del cual derive la muerte de otro. Esta especie de culpabilidad puede consistir en a) dolo directo o determinado; b) dolo indirecto; c) dolo eventual o indeterminado. Obra con dolo directo todo aquel que actúa queriendo un resultado preciso, determinado. Con relación al delito de homicidio, el autor obra con dolo directo o determinado, siempre que con su acción persigue la muerte de la víctima. En consecuencia, esta especie de dolo no depende de la previsión, sino de la voluntad, toda vez que se da "cuando el resultado previsto, de la acción voluntaria", es querido por el agente de manera inmediata, lo que ha dado motivo a ser denominado también dolo inmediato o de primer grado. (Confr. Bernardo C. Varela, "Homicidio Simple", Ed. Lerner, Buenos Aires, 1969, p. 29, nota 58). Pero también llega la pena del art. 79 del C.P. de la mano del dolo eventual, aunque el autor del óbito no haya querido matar: ni directa, ni indirectamente, sino que le resulta indiferente que la víctima muera o no muera (J.A., T. 60-IV, 541) como consecuencia de su obrar. Esta actitud de indiferencia se da toda vez que el autor consiente o, por lo menos, no rechaza la eventualidad letal (L.L., T. 61, p. 639).

-El concepto de dolo en nuestra dogmática es adecuado construirlo a partir de la definición de tentativa, a falta de una específica de dolo. En la doctrina y en la jurisprudencia alemanas se sostiene que puede haber tentativa con dolo eventual y lo mismo afirma un sector de la doctrina Argentina, aunque la mayor parte de nuestros autores afirma que no es admisible la tentativa con dolo eventual. Si esto último fuese cierto, nuestra elaboración del concepto de dolo a partir del art. 42 del C.P. sería también errada, pues escaparía de él el dolo eventual. El argumento que se esgrime para afirmar que no se admite la tentativa con dolo eventual, es que nuestra ley usa la palabra "determinado" (el fin de cometer un delito determinado). Este argumento no es sostenible, pues de ser dolo directo "el fin de cometer un delito determinado", sería dolo eventual "el fin de un delito indeterminado", lo que es directamente inconcebible. Se aduce que en el dolo eventual el resultado no está incorporado a la finalidad. Esto es falso, porque confunde dos circunstancias distintas: el querer del resultado como fin directamente (que es lo que sucede en el dolo directo) y el querer del resultado incorporado al fin como resultado concomitante probable (que es lo que tiene lugar en el dolo eventual). Por estas razones, aceptamos la tentativa con dolo eventual y, por ende, entendemos que la base legal para la elaboración del concepto de dolo dada por el art. 42 del C.P. abarca las dos formas que éste puede asumir como consecuencia de las modalidades de su aspecto conativo (directo o eventual). (Confr.: Eugenio Raúl Zaffaroni, "Manual de derecho penal - parte general-", Ed. Ediar, 1999, p.421).El imputado, conforme la prueba recogida, ha actuado en el evento con dolo directo de matar a P. y -como mínimo- con dolo eventual de matar R.; toda vez que las maniobras de ahorcamiento efectuadas sobre ambas víctimas, con la entidad suficiente como para producir los resultados de que dan cuenta las sendas constancias, informes y testimonios médicos obrantes en la causa, requiere necesariamente por parte del autor, cuando menos: la representación de la posible muerte de las víctimas, asumir el resultado y sin embargo desinteresarse del mismo; pero si esas muertes no ocurren por circunstancias ajenas a su voluntad, su accionar debe ser reprochado en grado de tentativa, conforme se establece en el resolutorio. En efecto, ha quedado acreditado con el grado de probabilidad requerido en esta etapa (dichos de las víctimas e informes, constancias y testimoniales médicas) que M., cuando estaba ahorcando a P. en el baño de la oficina fue interrumpido por la llegada de R., a quien atacó en la misma forma en que a P., hasta que el abogado perdió el conocimiento (probablemente lo dio por muerto o, al menos, agonizante), regresando entonces hacia donde había dejado a P. para ultimarla, habiendo interrumpido su maniobra cuando también dio por muerta a esta última, retirándose sólo entonces del lugar. Si tales acciones de ahorcamiento sobre las víctimas, hubiesen tenido una finalidad de mera reducción (lesiva), el imputado se hubiese retirado del lugar de los hechos inmediatamente después de reducir a la segunda víctima, pues ya había concretado el desapoderamiento. Además, la circunstancia de dejarlos con los cables anudados en el cuello continuando así la maniobra de ahorcamiento, también prueba con grado de probabilidad el dolo homicida de M., pues en esas condiciones (asfixiándose por efecto de los cables), desvanecidos e inmovilizados en un lugar y horario en que nadie llegaría para auxiliarlos (dato conocido por el imputado, ya que concurría regularmente a la oficina), no tardarían en morir. Y en el plano objetivo, esto es lo que probablemente hubiese sucedido, puesto que conforme surge expresamente de las testimoniales médicas (en especial, las de los Dres. V. y L., a fs. 241/242 y 264/vta., respectivamente) de haber persistido unos minutos más esa circunstancia, las víctimas habrían muerto: P. debido a una obstrucción vascular importante (fs. 241 vta.) y R. producto de una de las fracturas cervicales más complicada -luxufractura cervical- denominada "fractura del ahorcado" (fs. 264).- -De las probanzas adunadas se infiere, con el grado de probabilidad que la etapa requiere, que la voluntad realizadora del imputado ha sido ahorcar mediante la utilización de cables a sus víctimas para provocarles la muerte (P.) o, como mínimo, resultándole indiferente que aquéllas mueran o no mueran (R.).Contrariamente a lo sostenido por el Sr. Defensor en sus agravios, los elementos de cargo existentes en autos permite tener por acreditada, en principio, la materialidad de los hechos y, con el grado de probabilidad que la etapa exige, la participación que le cupo al legitimado en el evento; sin que por el momento sus dichos logren enervar el valor probatorio de la prueba de cargo. Es que no existen elementos objetivos ni subjetivos que permitan reconstruir el accionar del imputado a partir de sus declaraciones a tenor de lo establecido por el Art. 262 del C.P.P.. Así, frente a todas las pruebas que lo señalan con grado de probabilidad positivo, resultan inverosímiles y hasta alejados de toda posibilidad razonable, sus descargos en el sentido de que P., en complicidad con su esposo G. y A. (empleados policiales), habrían planeado el atraco para vengarse de M. y quedarse con el dinero sustraído. Basta observar únicamente las fotos obrantes a fs. 203/204 (tomadas a la víctima P. a una semana de ocurridos los hechos), para descartar de plano los descargos de M. en tal sentido. Escapa a toda lógica y experiencia común -sana crítica- aceptar la posibilidad de que la Sra. P. se haya sometido intencionalmente y por ánimo de lucro y/o venganza, a un episodio como el que sufrió, que la puso en riesgo de muerte y que le dejó las improntas que pueden apreciarse con toda claridad en las fotografías mencionadas.

Lo mismo, en relación a la existencia de una supuesta causa contra A., puesto que se trata de un extremo que el a quo se encargó de evacuar, obteniendo resultado negativo: el Funcionario Fiscal Moyano informó -a requerimiento del juez de grado- que no existen actuaciones relacionadas. Además, debe destacarse que la defensa tampoco procuró aportar los datos concretos de las actuaciones a que hace referencia el descargo (administrativas y/o judiciales), frente al resultado negativo de esa búsqueda jurisdiccional.

-De todo el análisis que antecede, se sigue que debe descartarse la objeción formulada por la defensa, en el sentido de que los indicios existentes en autos no poseen valor individual ni guardan vinculación entre sí, como para arribar al grado de probabilidad alcanzado respecto a la responsabilidad de M. en los hechos investigados. Por el contrario, tal como surge de la valoración realizada por esta Alzada, los indicios colectados no sólo logran ser lógicamente vinculados, sino que permiten tener como probable autor material de los delitos enrostrados al aquí imputado, con la mutación de calificación expuesta respecto al hecho de robo.- Es necesario recordar que en la instancia inicial del proceso en que se adopta esa determinación basta con la existencia de indicios suficientes, que deben apreciarse con un criterio distinto del que corresponde en la ocasión del fallo definitivo de la causa, y sólo se requiere haber advertido previamente al imputado sobre las pruebas de cargo dándole oportunidad de manifestarse e indicar las que proponga en su descargo, sin que hayan podido desvirtuarse, a partir de sus dichos, las pruebas obrantes en su contra.Con ese alcance, los elementos de prueba reunidos son suficientes para estimar, con el grado de probabilidad que la etapa requiere, la responsabilidad de J. O. M. en el hecho que se le atribuye y el agravio referido a la falta de prueba incriminatoria alentado por el Sr. Defensor, no tendrá acogida favorable.- -Consecuencia de todo lo expuesto, la resolución apelada debe ser confirmada, así sea por argumentos parcialmente distintos a los vertidos por el juez de instrucción, cual entra en los poderes del tribunal ad quem llevar a cabo, pues si bien él debe ceñirse a los puntos objetados, al abordarlos le asisten facultades idénticas a las del órgano a quo, siéndole dado utilizar fundamentos diferentes a los invocados por las partes y por el juez de la anterior instancia (confr.: C.S.J.N., L.L. 149-411).- La estimación realizada en cuanto a la responsabilidad del imputado no es definitiva ni vinculante, y puede ser revocada en cualquier etapa del proceso. Por todo lo expuesto en los considerandos que anteceden, este Tribunal entiende que corresponde confirmar el auto de procesamiento y prisión preventiva de J. O. M., mudando la significación jurídica del hecho de desapoderamiento violento a la de robo simple, la que concursa en forma real con dos hechos de tentativa de homicidio -a su vez- en concurso real entre sí (arts. 164, 79, 42 y 55 del Código Penal).

Por ello, la Sala "A" de la Cámara de Apelación Instructoria de la ciudad de Trelew, -RESUELVE:- -I.- RECHAZAR el recurso de apelación contra el auto de fs. 328/329, por extemporáneo.

II.- RECHAZAR el planteo de nulidad incoado contra el auto de fs. 35/38 del incidente de nulidad que corre por cuerda y, en consecuencia, CONFIRMAR el rechazo de la nulidad allí resuelto.- III.- CONFIRMAR en lo principal el auto de fs. 295/303 vta. venido en apelación, MUTANDO la calificación jurídica de los hechos enrostrados a las figuras de ROBO SIMPLE EN CONCURSO REAL CON DOS HECHOS DE TENTATIVA DE HOMICIDIO EN CONCURSO REAL ENTRE SÍ (arts. 164,79, 42 y 55 del Código Penal)- Regístrese, notifíquese a la Fiscalía de Cámara y devuélvase al juzgado de origen a sus efectos.

CARLOS DANTE FERRARI JUAN HUMBERTO MANINO CARLOS A. VELAZQUEZ Ante mí: IVANA M. GONZÁLEZ REGISTRADA BAJO EL Nº 152 de 2006. SIP. SALA "A". CONSTE.