Tribunal: TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-12-28


Buenos Aires, diciembre 21 de 2006.

Resultando:

I. Que a fs. 30/51 y a fs. 121/142vta, se interponen sendos recursos de apelación contra las resoluciones de la AFIP-Dirección General Impositiva de ficha 13 de diciembre de 2002, suscriptas por el Jefe de la División Determinaciones de Oficio de la Subdirección General de Operaciones Impositivas III, en virtud de las cuales se impugnan las declaraciones juradas y se determinan de oficio las obligaciones impositivas de la recurrente referidas a los impuestos: 1) a las ganancias, correspondiente a los períodos fiscales 1996 a 1999 inclusive, reconociéndose los saldos a favor de la responsable por el período 1998, con más intereses resarcitorios y multa por omisión; y 2) a la ganancia mínima presunta por los períodos fiscales 1998 y 1999.

La actora manifiesta que con motivo del ajuste preliminar del impuesto a las ganancias, la AFIP-DGI ha impugnado como gasto impositivo devengado, las comisiones pagadas a los agentes de ventas en los últimos cuatro meses de los ejercicios ajustados.

Expone que en función del ajuste practicado en el impuesto a las ganancias, se incrementa el monto del concepto "Créditos", generando un aumento del activo y de la base imponible del impuesto a la ganancia mínima presunta.

Plantea que los actos recurridos afectan garantías constitucionales y son portadores de defectos insanables que conducen a su nulidad, estando viciados los elementos causa y motivación, ya que los antecedentes y circunstancias de hecho sobre los que se sustentan no responden a la realidad, no pudiendo determinarse o motivarse el dictado de los mismos.

Destaca que las resoluciones recurridas contienen una motivación aparente, al partir de una premisa falsa: que el plazo contractual de ciento veinte (120) días corridos desde la iniciación del servicio opera como una condición que impide el devengamiento del gasto en el balance impositivo de Compañía de Radiocomunicaciones Móviles SA (CRM) hasta que haya transcurrido tal plazo.

Indica que las resoluciones determinativas carecen de objeto, debido a que el ente regulador se encuentra imposibilitado jurídicamente de exigir el pago de un tributo inexistente ante el claro devengamiento de las comisiones que pretende impugnar.

Deja sentado que la cuestión en debate gira en torno al concepto de lo "devengado impositivo" interpretado en función del mecanismo de incentivo adoptado por la empresa respecto a las comisiones que paga a sus agentes de venta.

Considera que la tesis fiscal se construyó sobre una errónea premisa que altera el concepto de "devengado" previsto en el art. 18 de la ley de impuesto a las ganancias, al establecer que la totalidad de las comisiones abonadas a sus agentes de ventas en el último cuatrimestre del ejercicio, por aplicación de la cláusula 7ma. del contrato que vinculaba a los agentes con la empresa, no estaban devengadas impositivamente como gasto en los períodos imputados en razón de que están sujetas a una eventual devolución.

Alega que la tesis del ente fiscalizador colisiona con la realidad del contrato, por cuanto la citada cláusula no constituye una condición resolutoria que concita automáticamente la devolución por parte del agente de las comisiones abonadas por las desconexiones acontecidas en los cuatro meses posteriores al pago de las mismas, sino que por el contrario, constituye una cláusula penal que a partir de la ponderación de numerosos parámetros -no sólo las desconexiones acaecidas en el último cuatrimestre- puede llegar a originar el descuento de un porcentaje de la comisión del agente, lo cual permite inferir el inmediato devengamiento como gasto de las comisiones al encontrarse devengadas impositivamente.

Analiza el mecanismo utilizado para el pago de comisiones a sus agentes de ventas, señalando que en el período comprendido entre 1996 y marzo de 1998, el 100% de la comisión se pagaba en forma definitiva a los agentes, teniendo éstos derecho a cobrar una comisión por cada abono al Servicio de Radiocomunicación Móvil Celular (SRMC) que vendan, y a cobrar un bono anual por la permanencia de dicho abono en el SRMC. Dice que en la Cláusula 7ma. del contrato se establecía un sistema de penalidades a fin de incentivar a los agentes en el cumplimiento de metas fijadas por la empresa. De esta forma, aclara que esta cláusula no operaba exclusivamente sino que se tienen en cuenta varios parámetros prefijados para establecer la penalidad al agente.

Asimismo, expresa que a partir del mes de marzo de 1998 la firma cambia el esquema de retribución de las comisiones, por cuanto el 85% de la comisión se abona en forma definitiva al momento en el que el agente efectúa la operación, mientras que el 15% restante se cancela en un período posterior, asumiendo la forma de un bono a corto plazo, neto del eventual descuento de comisiones, por aplicación de la cláusula contractual mencionada, circunstancia ésta ignorada por la AFIP-DGI a los fines del ajuste que se intenta formular.

Aduce que la premisa arribada por el organismo recaudador no se condice con la prueba documental y pericial efectuada, la cual demuestra que las comisiones se abonaban en firme -sin subordinarse al acaecimiento de condición alguna- en los períodos cuestionados.

Menta que los considerandos de la resolución recurrida constituyen una reproducción literal del párrafo 35 del Dictamen 71/99 (DAT), revelando de esta forma, un prejuicio conceptual.

Establece que al examinar el esquema de pago de las comisiones de la firma surge evidente que se ha producido el devengamiento de la comisión, debido a que la misma es definitiva para el agente, siendo en consecuencia un gasto definitivo para CRM.

Resalta que siendo el cierre del ejercicio económico y fiscal de la firma el 31 de diciembre, debe concluirse que en dicho momento se ha devengado a favor de los agentes oficiales el derecho a que la comisión sea considerada en firme.

Aclara que el hecho de que el descuento efectivo se produzca con posterioridad, no tiene un efecto constitutivo o que hace cesar el eventual efecto en suspenso o sujeto a condición que la tesis del Fisco asigna a las comisiones abonadas a los agentes.

Entiende como inapropiada la valoración que el organismo recaudador realiza en sede administrativa de la prueba pericial contable producida.

Supletoriamente, para el caso de que este Tribunal no compartiera el criterio, destaca que el devengamiento de las comisiones no abarcarían la totalidad de las mismas, sino únicamente la porción que se determinará en cada caso conforme a la cláusula 7ma. del contrato de agentes. Del mismo modo, solicita la aplicación del principio de las correcciones simétricas dispuesto en el último párrafo del art. 81 de la ley 11.683 t.o. en 1998 y sus modificaciones, compensando el nuevo resultado impositivo derivado del ajuste con los quebrantos impositivos declarados por la empresa durante el ejercicio 2000. Cita jurisprudencia en apoyo de su postura.

Por otra parte, expresa que para evitar mayores contingencias se acogió a la moratoria instrumentada por los Dec. 1005/01 y 1384/01 en relación a ciertos conceptos impugnados por la inspección actuante, en la medida que esos montos significaban que el agente no percibía la comisión tomada como gasto. Es decir, que en la medida que la comisión no era percibida, en lugar de reintegrarla al balance en el ejercicio siguiente, se rehicieron las declaraciones juradas y se incorporó al ejercicio anterior.

Se agravia de la multa aplicada por el ente fiscal, toda vez que la figura infraccional contemplada en el art. 45 de la ley procedimental requiere para su configuración la concurrencia de elementos tanto objetivos como subjetivos, los cuales -según afirma- no se presentan en el caso en examen.

Así, sostiene que ha actuado con la debida diligencia para el cumplimento de sus obligaciones fiscales, y aún cuando se considere configurada la culpa, argumenta que se encontraría ante un supuesto de error en la interpretación de las normas aplicables, siendo esta situación admisible como supuesto válido para la exculpación de la pena.

Por último, ofrece prueba y formula reserva del caso federal.

II. Que a fs. 66/85 y 153/170 la representación fiscal contesta el traslado del recurso que le fuera conferido solicitando, por las razones de hecho y derecho que expone, el rechazo del mismo, con costas. Acompaña como prueba los antecedentes administrativos de la causa y hace reserva del caso federal.

III. Que a fs. 91 se abre la causa a prueba y a fs. 377 se declara cerrado d período de prueba oportunamente dispuesto, elevándose los autos a consideración de la sala A. A fs. 380 se ponen los autos para alegar y a fs. 397 se llaman a sentencia.

Y Considerando:

I. Que previo a expedirse sobre el fondo de la cuestión, corresponde considerar los agravios de la apelante, en el sentido que los actos recurridos afectan garantías constitucionales y son portadores de defectos que conducen a su nulidad, al estar viciados los elementos causa, motivación y objeto.

Descripto los agravios, cabe entonces expresar como lo ha sostenido esta sala (vid. "Frigorífico Rafaela S.A.", Expte. Nº 14987-I, 24/3/98) que: "....a los efectos de la nulidad interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origina el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a la indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que habríase visto privado de oponer el impugnante, debiendo además ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar.

En autos, se advierte que el Fisco Nacional basó su accionar en una estricta aplicación de normas legales. Desde tal perspectiva debe señalarse que de la simple lectura de los actos apelados e, incluso, de las distintas piezas que conforman las actuaciones administrativas, se desprende claramente cuáles fueron los elementos que tuvo en cuenta la Administración Federal de Ingresos Públicos a fin de proceder a la determinación impositiva y el debido mérito que se hizo de la prueba aportada, los que luego están expuestos en las resoluciones venidas en recurso.

Con respecto al agravio referido a la supuesta falta de causa y motivación de las resoluciones, el mismo deviene inadmisible. En efecto, en los actos venidos en recurso no se transgredió lo dispuesto por los arts. 17, ley 11.683 (t.v.), que requiere el dictado de resolución "fundada" y 7º, incs. b) y e), ley 19.549, que establecen que el acto administrativo debe sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable y que deben ser motivados, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitirlo.

Al respecto, la doctrina es conteste en señalar que la "motivación" tiene por objeto poner de manifiesto los motivos que determinan el acto y su causa, es decir, la razonabilidad en la exposición de motivos que realiza la Administración para llegar a la conclusión inserta en la parte resolutiva del acto o a la resolución misma.

En autos, dichos extremos se han verificado de la simple lectura de los antecedentes administrativos surgen los hechos y las normas aplicables que sustentan el dictado de las resoluciones recurridas.

Al ser ello así, el planteo de la nulidicente no puede prosperar, dado que las resoluciones apeladas expusieron pormenorizadamente en sus considerandos los argumentos por los cuales se procedió a determinar la obligación impositiva frente a los impuestos a las ganancias y a la ganancia mínima presunta.

Conforme a lo expuesto, se aprecia que si la actora discrepa con el organismo fiscalizador acerca de la procedencia de la deducción de las comisiones a sus agentes de ventas y en tal sentido se agravia respecto de los actos recurridos, no es una cuestión que afecta la validez de los mismos, sino que integra el fondo mismo de la cuestión que este Tribunal está llamado a decidir.

Por todo lo expuesto, corresponde rechazar los agravios de la actora relativos al planteo de nulidad incoado, con costas.

II. Que corresponde entrar al análisis de los agravios relacionados con la cuestión litigiosa, donde estos juzgadores se expedirán sobre las manifestaciones vertidas por las partes.

Según se desprende de autos y de los antecedentes administrativos que corren por cuerda, el Fisco Nacional impugna como gasto impositivo el pago de las comisiones a los agentes de ventas que realiza la recurrente, al considerar que las mismas son suceptibles de ser devueltas en su totalidad conforme surge del contrato que vincula a CRM con los Agentes, por cuanto el mismo establece el plazo de 120 días para que se verifique si debe o no procederse a dicha devolución.

Las distintas posturas de las partes sobre el tratamiento impositivo aplicable se encuentran claramente delimitadas.

El Fisco Nacional considera que no se ha producido el devengo del gasto, en el entendimiento que resulta innegable la existencia de un margen de contingencias que no se compadece con la postura esbozada por la actora en sus escritos de descargo en sede administrativa y de apelación ante este Tribunal.

Por su parte, la apelante imputó contable e impositivamente las comisiones pagadas contra los resultados del período, considerándolas devengadas en el mismo.

En consecuencia, a efectos de dar mayor claridad a la cuestión venida en recurso se transcribirán las cláusulas objeto de discusión.

Conforme lo establece la cláusula Nº 6 del contrato mencionado supra: "El Agente tendrá derecho a cobrar una comisión por cada abono al servicio de telefonía móvil que venda y a cobrar un bono anual por la permanencia de dicho abono en el SRMC, de acuerdo a la categoría en la cual esté incluido. Toda comisión a ser pagada por CRM al agente está sujeta a las siguientes condiciones:

a) Cada venta debe ser hecha de acuerdo con las condiciones comerciales y operativas tal como se detalla en los Anexos B y C.

b) Cada venta debe ser aprobada por CRM y de ser necesario por CTN.. La conexión del abono al SRMC implica dicha aprobación.

c) El abono no debe tener deuda vencida..." (vid. fs. 58/74/75/98/113 Anexo contrato de Agentes de Ventas, ant. adm).

Asimismo, la cláusula 7ma. de dicho contrato dispone que: "... el Agente deberá devolver a CRM las comisiones de los abonados que dejen de pertenecer al SRMC dentro de un mínimo de 120 días corridos desde la iniciación del SRMC de acuerdo con la siguiente metodología:

7.I.- Trimestralmente CRM revisará la cantidad de abono al SRMC totales suscriptos por el Agente desde su inicio como tal y la cantidad de abonos totales desconectados dentro de los 120 días de su conexión y procederá a descontar la cantidad de comisiones por las desconexiones que excedan el 3% del total de ventas menos la cantidad de comisiones descontadas en períodos anteriores por el mismo concepto" (vid. fs. 58/75/98/114 Anexo contratos de Agentes de Ventas, ant. adm.).

Es preciso destacar que la empresa trabaja con esa metodología de descuento de comisiones considerando el período de 120 días como uno de los parámetros tenidos en cuenta para determinar una eventual devolución de las comisiones.

Al respecto, entre 1996 a marzo de 1998 el agente tenía derecho a percibir una comisión por cada abono que vendía y a cobrar un bono anual por la permanencia de dicho abono en el SRMC; el pago de las comisiones a los Agentes se efectuaba en un 100%, quedando las mismas perfeccionadas al transcurrir los 120 días, atento a estar sujetas al cumplimiento de ciertos requisitos de permanencia de los clientes como abonados a la contribuyente.

En los períodos Abril de 1998 a 1999 la empresa cambió el esquema de pago de las comisiones a sus agentes de ventas; en consecuencia, el 85% de la comisión es abonada al efectuarse la operación por parte del agente, cancelándose el 15% restante en un período posterior -120 días-, previo a la verificación por la recurrente de ciertos parámetros que permiten determinar si procede o no el descuento respectivo.

IV. Que habida cuenta de la sustantividad del principio de anualidad, postulado liminar para la cuantificación de la base imponible del impuesto a las ganancias -y tratándose de rentas de la tercera categoría-, en cada período fiscal deben computarse los ingresos y gastos que estrictamente correspondan a cada año, conforme al concepto de lo "devengado" y con prescindencia del ejercicio en que se contabilizaron.

V. Que sobre el particular, resulta palmariamente aplicable el criterio sentado por los suscriptos in re "Industrias Plásticas D'Accord S.R.L.", sentencia del 17/12/97, donde se sostuvo que, en términos generales el concepto de lo "devengado" implica que los resultados (ingresos y gastos) deben computarse cuando la operación que los origina queda perfeccionada, teniendo en cuenta la legislación o prácticas comerciales y la ponderación fundada de los riesgos inherentes.

De este modo, corresponde determinar en qué momento quedan perfeccionadas las operaciones que originan el gasto cuestionado (es decir, los contratos a través de los cuales se determina la comisión a abonar a los agentes), teniendo en cuenta que se encuentran supeditadas a la producción de un hecho incierto y futuro (ciertos requisitos de permanencia de los clientes como abonados a la contribuyente por un período de 120 días).

Para ello, en primer término, es necesario poner de relieve que el Código Civil establece que la obligación es condicional, cuando en ella se subordinare a un acontecimiento incierto y futuro que puede o no llegar, la adquisición de un derecho, o la resolución de un derecho ya adquirido (cfr. art. 528 C.C.).

Así, teniendo en cuenta que la modalidad es el elemento accidental del negocio jurídico que altera sus efectos normales, corresponde vislumbrar la clasificación que realiza el Código Civil respecto de esas obligaciones condicionales en suspensivas o resolutorias, según se subordine al hecho condicionante la adquisición de un derecho o la resolución de un derecho ya adquirido.

Consecuentemente, en las obligaciones bajo condición suspensiva, se supedita la eficacia de la misma al acaecimiento de un hecho futuro e incierto (cfr. art. 545 C.C.), mientras que cuando la condición es resolutoria, la producción de ese hecho determina la extinción de un derecho adquirido (cfr. art. 553 C.C.).

Por lo tanto, cuando se trata de obligaciones bajo condición suspensiva, mientras se encuentre pendiente el hecho condicional se producen sólo efectos secundarios, pero no puede exigirse el cumplimiento de la prestación que constituye el objeto de la obligación, ya que acaecido el hecho mencionado el deber calificado se torna definitivamente eficaz, y por el contrario, si se malogra el mismo se extingue inexorablemente el derecho que estaba en expectativa.

Lo contrario ocurre cuando la condición es resolutoria, ya que mientras esté pendiente la misma, la obligación produce de pleno derecho sus efectos normales, al resultar el acto plenamente eficaz desde su propia concertación. Así, frustrada la condición impuesta en esos términos, el derecho queda irrevocablemente adquirido, al tiempo que cumplida dicha condición, se produce la muerte del derecho constituido, extinguiéndose los efectos propios del acto.

VI. Que teniendo en cuenta las consideraciones antes expuestas respecto de las obligaciones sujetas a condición suspensiva, en la causa "Ecohábitat S.A.", de fecha 29/4/04, en la que se dedujo como gasto la "provisión para indemnización por despidos", esta sala sostuvo que el concepto de lo "devengado" implica que los resultados (ingresos y gastos) deben computarse cuando la operación que los origina queda perfeccionada, teniendo en cuenta la legislación o prácticas comerciales y la ponderación fundada de los riesgos inherentes. De tal forma, resulta que una "repta" es atribuible conforme a dicho criterio, cuando se hayan producido los actos, actividades o hechos sustanciales que la generan, aunque no sean exigibles al momento de su medición y en tanto se verifiquen parámetros objetivos esenciales y no meramente formales y la posibilidad fáctica y jurídica de que ese ingreso o gasto deba efectuarse. Es decir, debe tratarse de un derecho cierto, no sujeto a condición que pueda tornarlo carente de virtualidad, dado que mientras la condición no se haya cumplido, no existirá derecho cierto por una suma determinada; sino recién cuando se cumpla la misma, habrá rédito devengado.

En el presente caso, y en contradicción a lo sostenido por la actora que considera que la cláusula 7ma. del contrato constituye una penalidad, esta sala concluye que dicha cláusula le otorga al contrato los términos de una obligación bajo condición resolutoria, en tanto supedita la extinción del derecho ya adquirido (el cobro total o parcial de la comisión por parte del agente), a la producción de un hecho incierto y futuro (la desconexión por parte de los abonados dentro de los 120 días de su conexión).

De este modo, el nacimiento del derecho a la comisión opera en el mismo momento en que el agente vende el abono al Sistema de Radiocomunicaciones Móviles. En consecuencia, corresponde deducir el gasto derivado del pago de las comisiones en el período fiscal en el que la venta haya tenido lugar, dado que los derechos derivados de aquélla -esto es, el derecho al cobro de las comisiones- han sido adquiridos desde aquel momento.

Debe destacarse que la obligación de la recurrente nunca está en suspenso ni a la espera de que algo previsible suceda o no suceda; al contrario, su compromiso es consecuencia del contrato celebrado con los Agentes de Ventas, en virtud del cual se les otorga ciertos derechos y a la actora se le asignan diversas obligaciones, entre ellas, el pago de las comisiones al momento de la venta de los abonos.

Desde el punto de vista de la operatividad de la deducción, nuevamente en contradicción a lo sostenido por la recurrente, quien entiende que el descuento de las comisiones efectuadas a los agentes de ventas es una penalidad, la figura descripta se asemeja más bien a una obligación sujeta a condición resolutoria, es decir, aquella en que las partes "...subordinaren a un hecho incierto y futuro la resolución de un derecho adquirido" (cfr. art. 553 del Código Civil).

En el caso en examen resulta adquirido el derecho desde el mismo momento de la venta del abono al SRCM por parte de los agentes de ventas.

En este sentido, el criterio expuesto coincide plenamente con lo sostenido por reconocida doctrina, en cuanto a que se considera ingreso devengado a todo aquél sobre el cual se ha adquirido el derecho de percibirlo por haberse producido los hechos necesarios para que se genere. Correlativamente en cuanto a los gastos, se devengan cuando se causan los hechos en función de los cuales, terceros adquieren derecho a su cobro (Reig, Enrique, Ediciones Contabilidad Moderna S.A.I.C., Bs. As., 1979, 7ma. edición, pág. 259). En suma, el derecho a la comisión opera desde el momento en el que el agente vende el abono, siendo deducible dicho gasto por la recurrente en el momento mismo de la adhesión de los abonados a la Compañía.

VIII. Que con tal comprensión, examinado el contrato entre CRM y los agentes de ventas a la luz de los principios liminares del impuesto a las ganancias y del plexo normativo aplicable, asiste razón a la apelante en punto a la procedencia de la deducción como gasto del concepto de marras.

En consecuencia, el único hecho generador posible que origina el gasto en cuestión se configuró al momento en el que el abonado se suscribió al servicio de Radiocomunicaciones Móviles.

Más allá de las propias contingencias que pueda ofrecer el contrato de los agentes, cabe concluir que la deducción subexámine resulta procedente, toda vez que el gasto se encuentra devengado al haber sucedido el hecho generador.

IX. Que a efectos de establecer la medida de los montos devengados, y atento a las continuas desinteligencias entre los peritos de las partes, este Tribunal dispuso -como medida para mejor proveer- desinsacular un perito de oficio.

De la citada medida surgió que no se habían devengado $7.611.015,54 y $13.243.460,97, en los períodos fiscales 1996 y 1997, respectivamente, correspondientes a desconexiones por las que se devolvieron o descontaron -en virtud de la cláusula 7ma. de los contratos celebrados entre los agentes y CRM- comisiones en ejercicios posteriores (vid. fs. 372 vta.). Para los períodos fiscales 1998 y 1999 el experto contable informó que no existieron importes de comisiones por desconexiones.

Por lo expuesto, corresponde reliquidar las determinaciones del impuesto a las ganancias de los períodos fiscales 1996 y 1997, considerando los importes mencionados en el párrafo anterior. Asimismo, el período fiscal 1997 deberá contemplar la incidencia de los importes deducidos por la actora en el período fiscal 1996 que hayan sido reintegrados al balance impositivo del primero, conforme a lo establecido por el art. 81 de la ley 11.683 (texto ordenado en 1998 y modif.).

Por otro lado, cabe advertir contrariamente a lo que afirma la actora, que la teoría de las correcciones simétricas no se aplica respecto de los quebrantos del año 2000, invocados por ésta, dado que en el caso particular de autos los mismos no pueden aplicarse en forma retroactiva.

X. Que teniendo en cuenta que los ajustes realizados en el impuesto a la ganancia mínima presunta participan de los mismos fundamentos efectuados por el Fisco Nacional en el impuesto a las ganancias, al impugnar como gasto impositivo devengado las comisiones abonadas a los agentes de ventas, corresponde revocar en el mismo sentido la resolución recurrida en el impuesto a la ganancia mínima presunta.

XI. Que en virtud de lo expuesto en los considerandos precedentes, corresponde revocar la multa aplicada en la resolución recurrida del impuesto a las ganancias, salvo por la porción del impuesto que se confirma, según Considerando IX. En este aspecto, quienes suscriben consideran que la multa ha sido correctamente encuadrada y ponderada, no advirtiéndose causales exculpatorias que permitan su eximición.

XII. Que en cuanto a las costas, este Tribunal entiende que deben ser distribuidas por su orden, debido a la complejidad de la materia litigiosa y porque los argumentos de fondo expuestos por la actora difieren respecto de lo sostenido por este Tribunal.

Por ello, se resuelve: 1. Rechazar la excepción de nulidad planteada por la recurrente. Con costas. 2. Revocar parcialmente la resolución recurrida correspondiente al impuesto a las ganancias, con la salvedad indicada en el Considerando IX. 3. Revocar la resolución recurrida respecto del impuesto a las ganancias, períodos fiscales 1998 y 1999 y del impuesto a la ganancia mínima presunta, períodos fiscales 1998 y 1999. 4. Ordenar al Fisco Nacional para que en el plazo de treinta (30) días practique la reliquidación correspondiente, de acuerdo con lo manifestado en 2, poniéndose en este acto los antecedentes administrativos a su disposición. 5. Costas por su orden. - José E. Bosco. - Ignacio Buitrago. - Ernesto C. Celdeiro.