marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Querellante, delito de acción pública, legitimación procesal, falsificación de instrumento privado
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: TILLI, Carlos. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-22

El art. 82 del código adjetivo, establece que tendrá derecho de querella toda persona con capacidad civil particularmente ofendida por un delito de acción pública.

Tal condición es propia de la persona que, de modo especial, singular, individual y directo se presenta afectada por el daño o peligro que el delito comporte y comprende a los mencionados en el primer término del art. 1079 del C.C. (*).

En el caso de falsificación de documento privado, si las falsedades imputadas parecen afectarlo, debe legitimarse a quien así lo pretende (**).

Por ello, debe revocarse el auto y tener por parte querellante a quien lo pretende.
Contrato de trabajo, proceso penal
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: ARIZA RODOLFO JUAN c/ CANTERAS MALAGUEÑO SAICF s/ CONTRATO   DE  TRABAJO:  EXTINCION  SUSPENSION  DE  RECURSO  DIRECTO.
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1988-07-08

El tribunal de mérito incurrió en violación de los términos de la relación jurídico procesal (art. 94 LPTO), si desestimó la pretensión indemnizatoria derivada del despido indirecto en que se coloco el actor por considerar que medio de su parte un abandono voluntario de trabajo, pese a que frente a dicha pretensión, la accionada había aducido como única defensa en el responde, que el vínculo se extinguió con justa causa años antes, con motivo de la condena penal impuesta al trabajador. Deben admitirse las indemnizaciones por antigüedad, sustitutiva de preaviso e integración del mes de despido según los montos reclamados, por no haber sido estos objeto de controversia, si frente a la traba de la litis antes descripta, las comunicaciones cursadas demuestran el emplazamiento efectuado por el trabajador luego de recuperar su libertad, para que se lo reintegrara a sus tareas habituales, bajo apercibimiento de darse por despedido; y media una confesión lisa y llana de la patronal, en el sentido de que el telegrama de despido cursado con motivo de su condena, no fue receptado por el trabajador, con lo que la medida dispuesta por la empleadora no le fue notificada como lo exige la ley (art. 243 LCT). Así, hasta el momento en el que el accionante intimara a la patronal en los términos aludidos, no se había extinguido el vínculo laboral, sino que solo se hallaba suspendido según lo normado por el art. 224 segunda parte, LCT, por lo que tuvo razón el demandante para colocarse en situación de despido al no cumplir la accionada su requerimiento de reincorporación a las tareas.
Servicio telefónico, deficiencias en el servicio, daño moral
Materia: COMERCIAL
Carátula: HELAS RODOLFO c/ TELEFONICA DE ARG SA s/ INCUMPLIMIENTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-08

No procede indemnizar el daño moral, si el daño incurrido por la prestación irregular del servicio no ha excedido la incomodidad esperable de un incumplimiento contractual, sin que hayan coexistido situaciones excepcionales o extraordinarias que motivaron reconocimientos en tal sentido por esta Sala I (cfr. Causas 6.107 del 19.3.96; 10.059 del 23.11.95 y 822 del 11.7.95, donde se los desestima, y Causa 7.568 del 3.10.95 donde se los reconoce). Por su parte, lo establecido en el decreto 1420/92 no importa un impedimento para reconocer cualquier otro tipo de perjuicio que hubiera padecido el particular, en tanto esta normativa no puede resultar limitativa de los principios generales de derecho previstos en la ley de fondo. Sin embargo, tal eventualidad debe surgir de los elementos de la causa debidamente probados, o que las circunstancias de la causa permiten, efectivamente, presumirlo. Sobre los presupuestos de aplicación del dec. 1420/92 ver, también, Causas N° 5.947/92 del 8.8.96; 5951/93 "Sanym c/ Telefónica" del 15.8.96.
Ejecución de alquileres, locación de inmuebles, fianza, reforma legislativa, aplicación temporal de la ley, nulidad de cláusula contractual
Materia: CIVIL
Carátula: LERMAN SALOMON c/ MARCIEL DE ARCE MAGDALENA DIANA s/ EJECUCION DE ALQUILERES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-22

Habida cuenta que la resolución que rechazó la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el fiador no había adquirido firmeza al momento de la promulgación de la ley 25.628 (B.O. 23/08/2002), norma que incorporó el artículo 1.582 bis al Código Civil, no media obstáculo procesal alguno para revisar la decisión en base a la nueva normativa y decretar la nulidad de la cláusula del contrato de locación por la que los recurrentes se obligaron como fiadores.
Instrumentos públicos, derecho de propiedad
Materia: LABORAL
Carátula: Bernié, Roberto Manuel c/ EDEFOR S.A. y/o quien resulte responsable s/ Reclamo laboral responsable s/ Reclamo laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1998-12-14

En relación a la validez de las actuaciones administrativas, cuando se trata de acuerdos celebrados entre trabajador y empleador, ratificados por ante el funcionario actuante de la Subsecretaría de Trabajo, adquieren desde esa oportunidad el carácter de instrumentos públicos y hacen plena fe entre las partes y respecto a terceros, mientras no sean redargüidos de falsedad. A su vez, tales acuerdos tienen efectos de cosa juzgada cuando han sido homologados por la autoridad competente, y en consecuencia, habiéndose hecho efectivas las prestaciones estipuladas en tales condiciones, no pueden hacerse revivir presuntas obligaciones ya extinguidas por aquel acto jurídico sin violar principios de clara raigambre constitucional, como el derecho de propiedad garantizado por el artículo 17 de la Carta Magna Nacional. Asimismo, se entiende comprendidos en el acuerdo todos aquellos puntos y derechos emergentes mencionados producto del vínculo que unía a las partes, ya que nada impedía a éstas incluir o excluir en el acuerdo otro punto de los inicialmente reclamados.
Pago, efecto extintivo del pago, actualización monetaria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: De la Vega, María Delia. c/ Provincia de Bs.As. s/ Demanda Contencioso Administrativa. Pesce, Carlos Rubén c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa Doti Jamenson, María Susana. c/ Provincia de Buenos Aires. s/ Demanda contencioso administrativa.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-07-30|1985-10-11|1985-10-22

Mediando pago, la procedencia de la actualización monetaria queda condicionada a la subsistencia de la obligación principal, salvo que mediaran causas que excluyesen el efecto cancelatorio de aquel, entre las cuales el Tribunal incluyó las siguientes: a) cuando el acreedor hubiera hecho reserva del momento de percibir. b) si el pago hubiera sido posterior a un reclamo administrativo pendiente de decisión. c) si el reclamo se formuló poco después del cobro, dentro de un plazo razonable, carácter este que se configura si se concretó dentro de los diez días siguientes a la fecha de pago.
Interposición de la demanda, conciliación en sede administrativa, procedimiento laboral
Materia: LABORAL
Carátula: ROJAS, Ricardo c/ EXPRESO GENERAL SARMIENTO S.A. s/ Accidente
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-16

Si al presentar la demanda, no se acompañó el certificado que acreditaba la finalización del procedimiento administrativo obligatorio de conciliación (art 65 de la ley 18345, reformado por la ley 24635) , corresponde que el juez a quo intime en un plazo razonable a fin de que se acredite el cumplimiento de dicho requisito, bajo apercibimiento de no dar traslado a la demanda.
Robo calificado, automotores
Materia: PENAL
Carátula: Victorel, Carlos Roberto s/ Tentativa de robo calificado Maurente, Rogelio. Belozo, Wáshington s/ Robo simple, etc. Penczarski, Alejandro y otros s/ Robo Turale, Gustavo Javier s/ Privación ilegal de la libertad. Robo. Robo automotor Ramírez, Luis Adrián; Sanabria Espíndola, Santiago s/ Robo calificado en grado de tentativa Cosma, Raúl Alberto; Lindstedf, Roberto Federico s/ Robo calificado de automotor Martínez Chamorro, Leonardo. Pecoff, Jesús. Benítez, Donato s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-11-03|1993-03-30|1992-11-17|1994-03-15|1993-12-28|1993-09-21|1993-10-05

El art. 38 del dec. ley 6582/58 es inconstitucional por conculcar los arts. 16, 28 y 31 de la Constitución nacional. La garantía de igualdad se ve quebrantada porque se realiza una distinción arbitraria al otorgar mayor protección jurídica a ciertos objetos (automotores) que a otros bienes de igual o mayor valor. No se pretende vedar al legislador la posibilidad de considerar el valor económico de los bienes como causa del agravamiento de la pena, lo que es inadmisible es privilegiar ciertos bienes en desmedro de otros. La igualdad protegida por la Carta Magna no es asimilable al estricto concepto matemático, admite distinciones, pero ellas deben ser razonables y fundadas, y ésto es, justamente, lo que no ocurre en el caso del art. 38. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Instrumentos públicos, escritura pública
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Rolón, José Tomás c/ Rolón, Tomás s/ Acción de Reivindicación Reivindicación
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1996-02-08

Los instrumentos públicos gozan de autenticidad y prueban su contenido por sí mismos, contemplando así con ello la ley una necesidad social, que es contar en las relaciones jurídicas con algo que merezca fe por sí mismo, sin necesidad de demostración. El Código Civil, en el caso de las escrituras públicas, quiere que en el instrumento quede precisado el negocio o hecho jurídico que ella debe acreditar, sirve para conocer con toda precisión cuál es el acto que las partes han querido realmente celebrar o el hecho que se quiere comprobar. Fundamento de la Dra. Colman.
Eximentes de responsabilidad, teoría de la imprevisión, caso fortuito, fuerza mayor
Materia: CIVIL
Carátula: Dato, Hugo Manuel c/ Sodergan, Reynaldo Carlos Tage s/ Resolución de contrato
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-16

El acontecimiento extraordinario o imprevisible mentado por el art. 1198 del Código Civil debe ser entendido en función de lo regulado por el art. 514 del mismo ordenamiento, motivo por el cual, en principio, se debe tratar de un hecho sobreviniente, exterior a la voluntad de las partes, cuya aptitud normal de previsión haya sido superada y que a la vez no se hubiera podido evitar, pese a haber actuado con la diligencia que era de esperar según las circunstancias y condiciones personales. Un suceso asume la calidad de extraordinario cuando sobresale del cauce acostumbrado en la producción del evento, quedando fuera de la regla natural o del orden común. Es, en definitiva un hecho inesperado que se ubicaría en la geografía jurídica de la fuerza mayor.
Cuestiones de competencia, concursos, domicilio social, inscripción de domicilio social
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Vido Construcciones s/ concurso preventivo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-09-25

La inscripción válida del nuevo domicilio a los fines de fijar la competencia, es aquella subsistente al tiempo de iniciarse las acciones de promoción del juicio universal, a fin de impedir que la modificación ulterior conduzca a evitar la intervención del juez natural al tiempo que se denuncia su estado de cesación de pagos.
Cesión de derechos hereditarios, interpretación del contrato
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Pretti, Roberto s/ Sucesorio
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-09-01

Interpretar la voluntad de las partes obrante en el contrato de cesión de derechos hereditarios, como lo propone la recurrente, cabe expresar que por tratarse de una cuestión de hecho -reservada a los jueces de grado-, resulta ajena al remedio casatorio intentado.
Despido discriminatorio, despido por maternidad, buena fe
Materia: LABORAL
Carátula: Palma Natalia Antonella c/ Tentamax SA s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-07-31

Previo a cualquier decisión rupturista del vínculo laboral que pretenda adoptarse en casos como el presente, deberá tenerse especialmente en cuenta los principios establecidos en los arts. 10 y 63 L.C.T., es decir el de conservación del contrato de trabajo y el deber de obrar de buena fe entre las partes. Máxime, que en el caso, se está en presencia de una trabajadora que goza de una protección especial por su estado reciente de gravidez, con el aditamento de una criatura recién nacida enferma, por lo que su situación era de absoluta vulnerabilidad. La empleadora debió preliminarmente intimar a la actora para que justificara las inasistencias que refiere haber incurrido y no dar directa e intempestivamente por finiquitado el vínculo laboral en los términos del art. 186 L.C.T., desplazando mediante esta última conducta el principio rector de la continuidad del contrato.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sistema tarifado, indemnización tarifada, reparación integral
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MATHEY, LEONARDO c/ MARTIN, FRANCISCO Y OTRO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-03-16

Frente a lo resuelto por el Magistrado de grado y la Alzada, la compareciente cuestiona lo decidido afirmando que su parte planteó desde el origen, y en forma exclusiva, un reclamo por el sistema tarifado, negando haber pretendido una reparación civil, sosteniendo que en su demanda solicitó la reparación integral de los daños y que planteó la inconstitucionalidad de una serie de normas tales como la del artículo 39.1 de la Ley de Riesgos del Trabajo, afirmando que la Alzada extralimitó su función al tratar defensas nunca opuestas relativas, especialmente, al siniestro; y en relación con lo expuesto aduce haber sufrido un accidente laboral a consecuencia de manipular, en una oportunidad, una cosa riesgosa en el trabajo; que las demandadas incumplieron las medidas de seguridad del caso; y que todo ello conduciría a la responsabilidad de las mismas, por expresa aplicación del Código Civil, resultando aplicables a autos ciertos antecedentes jurisprudenciales resueltos en el marco de la referida normativa civil; más de la lectura de los agravios reseñados se evidencian las inconsistencias y contradicciones que habían sido advertidas y remarcadas oportunamente por los Magistrados de ambas instancias como contrarias a la alegación de la actora de haber reclamado en el marco del sistema tarifado (ley 24557). CITAS: CSJN: Aquino, Fallos 327:3753; Torrillo, Fallos 332:709; CSJStaFe: Cabral, AyS T 231, p 458/464. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Civil; Ley 24557, artículo 39.1
Juicio ejecutivo, facultades del juez
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: BANCO DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO c/ DE LA CANAL, OSCAR E. s/ EJECUTIVO S/CASACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1993-06-17

La decisión del magistrado librando mandamiento y decidiendo "prima facie" en favor de la vía ejecutiva utilizada no inhibe al mismo para que -ulteriormente- en el momento procesal oportuno, pueda expedirse en definitiva sobre la procedencia de una excepción que condicione o impida esa vía ejecutiva. Lo contrario supondría que el pronunciamiento del Juez en el examen al que alude el art. 531 CPC -intimación de pago y procedimiento para el embargo- es condicionante o limitativo respecto de la potestad jurisdiccional autorizada por el art. 551 -sentencia de remate- del mismo Código.-
Contrato de trabajo, empleo público, Dirección Nacional de Vialidad
Materia: LABORAL
Carátula: FERNANDEZ, AMADO c/ DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-10-25

Toda vez que la dirección nacional de vialidad es una entidad autárquica de derecho público, las relaciones con su personal quedan excluidas del RCT. (To.), salvo acto expreso, individual o colectivo, en contrario (artículo 2, inciso a). El decreto 3258/73 que habilito a la entidad a someter a sus empleados al régimen de convenciones colectivas de trabajo, fue derogado por la ley 21418, quedando sin efecto también la CCT. Numero 1/75 'e'. Por ello, los vínculos entre la DNV. y su personal pasaron otra vez al derecho administrativo (del dictamen del PGT. Al que adhiere la sala).
Homicidio calificado, homicidio con alevosía
Materia: PENAL
Carátula: Robledo, Carlos I. s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-03-17

La alevosía es el actuar "a traición y sobre seguro", ello significa que existen dos condiciones: la una el tomar desprevenida a la víctima, la otra el actuar con la seguridad de que la actividad no tendrá oposición o interferencia, sea de la propia víctima o de terceros.
Costas, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: CORTIJO Yañes Lucas Javier c/ Fernandez Manuel s/ Recurso Directo de Queja - División de Condominio
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2012-05-17

De acuerdo a lo establecido en los arts. 456 y 457 del C.P.C., contra la composición de las costas en una sentencia, se debe interponer recurso de reposición con o sin apelación en subsidio, dentro de los 5 días de ser notificado (art. 246 del Cgo. citado). Así lo dispone expresamente la última parte del art. 459 ibid.

De los arts. 456 y 457 del C.P.C. se infiere que la "oposición" deberá formularse sobre el fondo de la cuestión, "dando los argumentos de hecho y derecho en que se funda".
Corrupción de menores, grooming
Materia: PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Fragosa, Leandro Nicolás s/ Corrupción de Menores Agravada
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-06-05

Corresponde condenar al imputado en orden al delito de promoción de corrupción de menores en tanto se acreditó que mediante el engaño de utilizar una apariencia de niña, con un seudónimo contactó vía internet, desde su PC ubicada en su domicilio, utilizando la cuenta de correo electrónico a una menor de ocho años de edad, a través de la computadora de la niña, a quien le envió mensajes de contenido sexual y lenguaje obsceno, con evidentes fines corruptivos, a su cuenta de correo, al mismo tiempo que enviaba mails con cantidad de fotografías con contenido de menores de edad desnudos y manteniendo relaciones sexuales entre sí.
Juegos de azar, facultades reglamentarias, interés público
Materia: CIVIL
Carátula: V., H.D. c/ Instituto de Asistencia Social de la Provincia del Chubut s/ Medida Cautelar
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-03-18

"La Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires tiene dicho ...el juego de azar -o mejor dicho- la explotación de cualquier clase de juego constituye una actividad que puede ser meramente tolerada por el Estado, hallándose sometida por su propia naturaleza a las limitaciones y controles por parte de las autoridades, requiriendo para su ejercicio el ajuste estrictamente a la autorización del órgano competente". "Así cuando el Estado lo reglamenta, lo hace en aras de determinadas valoraciones sociales, ya que los ingresos provenientes de dicho ámbito permiten fomentar funciones de tal naturaleza. Ello determina que para su ejercicio los particulares autorizados deban ajustarse a pautas rigurosas".
Cesantía, motivación del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Espilman, Epifanio Héctor c/ Municipalidad de Chivilcoy s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-12-16

Si el órgano decisor -lejos de ponderar los antecedentes y circunstancias del caso y el comportamiento del empleador- se limita a averiguar quien era el presidente de la Junta de Disciplina (órgano asesor) para asignar doble valor a su voto y no sólo desempatar el dictamen dividido sino repetir el criterio mas severo resultante, cabe concluir que la cesantía que así se dispone carece de motivación suficiente y debe ser anulada. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Derecho laboral, ley laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Rincón, Miguel Francisco c/ Noel y Cía. S.A. s/ Recurso de Inconstitucionalidad. LABORAL (Expte CSJ Nº 697- 93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-10-26

Los principios que subyacen y orientan el derecho laboral en aras del trabajador no pueden ser entendidos como un privilegio que conlleva al acogimiento de toda demanda.
Robo calificado, robo en banda
Materia: PENAL
Carátula: Bianchi, E. s/ Tentativa de robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-06-08

Si bien para determinar el concepto de banda como agravante del robo no corresponde acudir al de asociación ilícita previsto y penado en al art. 210 del Código Penal, tampoco cualquier simple agrupación de tres o más personas, por su sola participación, constituye el requisito exigido por la norma legal para su configuración. Ambas interpretaciones extremas no se ajustan a la razón por la cual el legislador incorpora tal concepto en la agravante en cuestión. Para que pueda acreditarse la existencia de banda es necesario por lo menos que al simple requisito numérico se le agregue una actuación de características particulares que permita comprobar que no se trató de una mera concurrencia ocasional.-
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, tasa de justicia
Materia: PROCESAL
Carátula: CAUSA N. 14427/92 s/ SUMARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-02-17

Por controvertirse en autos la inteligencia y aplicación de la ley de tasas judiciales en un proceso ante un tribunal federal, ser lo decidido adverso a las pretensiones del recurrente, y ocasionarle, por ende, un agravio insusceptible de reparación ulterior (Fallos: 198:270; 202:513 y 291:44 y esta Sala in re Vía Valrosa S.A. y sus citas), debe concederse el recurso extraordinario deducido.
Escribanos públicos, ejercicio profesional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: López, Jorge Hugo s/ Inconstitucionalidad art. 32 inc. 1 ley 9020/78 Caussanel, Elvira María s/ Inconstitucionalidad art. 32 inc. 1 ley 9020/78
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-12-23|1997-12-23

La norma contenida en el art. 32 inc. 1 de la ley 9020, que pone fin a las funciones notariales de aquellos que hayan alcanzado la edad de setenta y cinco años, importa una reglamentación razonable de la actividad y no vulnera el principio de igualdad ante la ley, desde que se aplica por igual a todos los escribanos que lleguen a cumplir esa edad.
Robo, participación criminal, participación necesaria
Materia: PENAL
Carátula: COQUIAN HECTOR ROLANDO s/ ROBO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-03-05

Responde como participe primario del delito de robo (C.P., arts.

164 y 45), quien previo acordar con sus "compinches" el asalto al conductor del furgón térmico, condujo a los mismos en su vehículo hasta las proximidades donde se encontraba detenido el automotor y allí los esperó hasta que, consumado el asalto, aquellos volvieron al automóvil con el producto de lo sustraído, pues se prestó una colaboración sin la cual el asalto no hubiera podido cometerse del modo en que lo hicieron.-