marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Flagrancia, facultades de la autoridad de prevención, declaración policial, interrogatorio policial, declaración testimonial, valor probatorio
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Del Río, Oscar A. s/ Facultades de la Policía
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-23

Es legítimo el accionar de un policía que procedió a interrogar a una persona que portaba mercadería por resultarle sospechosa su conducta, recibiendo como respuesta que tales elementos eran sustraídos, sustanciándose a partir de allí la causa pues tal procedimiento se ajusta a lo normado por los arts. 4 y 184 del C.P M.P. y era obligación del preventor, a riesgo de incurrir en encubrimiento, poner en conocimiento del magistrado la admisión que había oído del imputado, no constituyendo esta más que una declaración testimonial, no equiparable a confesiones encubiertas o declaraciones espontáneas a las que pueda darse valor confesorio, supuesto vedado por normas constitucionales y procesales.
Martillero, matrícula profesional, registro de la matrícula
Materia: COMERCIAL
Carátula: Montaño, Felix Mario y otros c/ Talleres Metalurgicos Clavijo SA s/ Apelación Auto Interlocutoria Inc. Ejec. Hon.
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1998-04-13

El registro de la matrícula de los martilleros y su gobierno, como las comunicaciones sobre habilitación, corresponden exclusivamente al Consejo Profesional de Martilleros Públicos y Corredores de Comercio y eventualmente a la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería.
Dictámenes, Municipalidad, procedimiento tributario, derecho de registro e inspección
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: TERMINAL 6 SA c/ MUNICIPALIDAD DE PUERTO GENERAL SAN MARTIN s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE   N. 481-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-12-26

El dictamen pericial que no captó adecuadamente cuál era el tipo legal que debía analizarse para determinar si la empresa recurrente era sujeto obligado del régimen especial de "derecho de registro e inspección", adolecería de un defecto inicial. La defectuosa formulación de la premisa mayor invalida, entonces, las conclusiones a las que llega el experto. En el caso, el perito emitió opinión acerca de si la actividad de la actora era comercio, procesamiento, industrialización, etc., pero sin considerar lo esencial, es decir, si la actividad de la actora era atinente a comercio, procesamiento, industrialización.
Obligaciones del depositante, deber de colaboración, presunciones, depósito bancario, régimen de garantía de los depósitos, imposición bancaria
Materia: COMERCIAL
Carátula: Sergi Vinciguerra, Antonio c/ B.C.R.A. s/ cobro de australes.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-17

Pesa sobre el depositante un deber de colaboración y, en este sentido, la presentación de informes sobre su capacidad patrimonial proporciona indicios que coadyuvan a probar la disponibilidad de las sumas que se dicen entregadas en depósito y constituye, por tanto, un recaudo que guarda razonabilidad con el fin de demostrar la inexistencia o falsedad de la causa o, en su caso, la efectiva imposición.
Habeas data, legitimación activa
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Schwartz Ernesto c/ F.E.T. (Instituto De Informaciones Comerciales) s/ Amparo Informativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2002-06-04

La circunstancia de que la Federación Económica demandada en una acción de habeas data tenga naturaleza o índole distinta a otras bases o bancos de datos por tratarse de una entidad sin fines de lucro, no tiene ninguna incidencia a los efectos de su legitimación, pues esta no es una cualidad que distinga, sea exigible o tipifique a los sujetos comprendidos en los arts. 21, 22 y concordantes de la ley 25.326, es que, de conformidad a lo dispuesto por el art. 2 de la precitada normativa, responsable de un archivo, registro, base o banco de datos es toda persona física o de existencia ideal pública o privada que lleve un conjunto organizado de datos personales que sean objeto de un tratamiento o procesamiento electrónico o no, cualquiera sea la modalidad de formación, almacenamiento, organización o acceso.
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria, improcedencia del recurso
Materia: CIVIL
Carátula: Raspini, Juan Carlos s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1995-10-03

En la arbitrariedad que se endilga al fallo en el cual se interpone el presente recurso extraordinario, no se han dado argumentos serios que demuestren un notorio desvío de la leyes aplicables, ni una ausencia total de fundamentación que descalifique a la sentencia como acto jurisdiccional válido. La sola discrepancia del impugnante con lo resuelto en la sentencia no es causal que permita abrir la vía excepcional de la apelación por el carril aún más estrecho de la arbitrariedad.

La acudente al plantear su queja omite toda referencia fundada, toda concatenación entre lo resuelto y la falta de logicidad de lo fallado, olvidando que la doctrina de la arbitrariedad es de aplicación estrictamente excepcional, reservándose para los casos en que se demuestre un notorio desvío de las leyes aplicables.
Revocación de sentencia, sentencia arbitraria, defensa en juicio, debido proceso, Sindicatura General de la Nación, COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES, Auditoría General de la Nación, fraude a la Administración Pública, sobreseimiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Zothner, Hugo Jorge y otros c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-04-22

Resulta arbitraria la sentencia que al expresar que la garantía de ser juzgado en un plazo razonable imponía dictar el sobreseimiento de quienes resultaron imputados por la comisión del delito previsto en el art. 174, inc. 5 -fraude a la administración pública-, pues la decisión desconoció la prueba aportada por la instancia anterior y omitió la justificación en base a la cual el lapso transcurrido desde el inicio de la causa resultaría per se excesivo, apartándose así del deber de cumplir con el principio de la verdad jurídica objetiva, extremando la averiguación de los hechos para la justa decisión de la causa (del dictamen del Procurador Fiscal que la Corte, por mayoría, hace suyo).
Obligación tributaria, finalidad de la ley, interés público
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Cantaluppi, Santiago  c/  s/ acción de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-07-02

El principio de finalidad implica que todo sistema tributario tiene que estar orientado al interés público o común y dirigido a la satisfacción de necesidades públicas (Voto del juez Rosatti).
Accidente en acto de servicio, indemnización
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MARTINEZ, JOSE c/ ESTADO NACIONAL (COMANDO EN JEFE) s/ RETIRO MILITAR - HABER INDEMNIZATORIO -
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-03-28

No todo accidente acaecido durante el servicio que produzca indemnización es apto para ser considerado como acto de servicio y merecedor de traer como consecuencia el derecho al cobro de haberes indemnizatorios, la sola circunstancia de que el accidente se haya producido en la vida castrense no cumple con la exigencia requerida por el art. 68 de la ley 19101.

Si bien es suficiente la probabilidad en grado razonable de que las exigencias de la vida militar hayan influido en el accidente amputación de los dedos-, las circunstancias particulares del caso revelan que no existe tal probabilidad el grado de instrucción del actor (perito mercantil), su desconocimiento de la máquina peligrosa con la que causó el evento (sierra eléctrica), y, la falta de precauciones con que obró (sin autorización del superior y a la mayor velocidad posible), llevan a la convicción de que obró con temeridad, reflejando la insensatez inconcebible en una persona de sus condiciones, por ello a pesar de que el accidente haya ocurrido en una unidad militar y mientras cumplía el actor el servicio militar, no basta para considerar al mismo como un acto de servicio.
Cuestiones de competencia, cobro de sumas de dinero, Municipalidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Michelis, Eduardo Antonio c/ Municipalidad de la Capital s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1997-06-12

El hecho de que la locataria de un servicio resulte ser la Municipalidad de la Capital, no transforma la naturaleza de la acción instaurada en contencioso administrativa.Toda vez que no existe en la pretensión del actor, norma de derecho público vulnerada, ni dicha pretensión resulta consecuencia directa de lesión a un derecho subjetivo administrativo, no se cuestionan las facultades del ente, ni se solicita la revisión o anulación de la contratación efectuada. Sino que se demanda exclusivamente por el cobro de pesos adeudados en virtud de prestaciones de servicios efectuados por él a la Municipalidad de la Capital, razón por la que deben remitirse las actuaciones al juzgado civil para que entienda en las mismas.
Escritos judiciales, firma
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Hermida, Patricia c/ Giannettasio, Graciela s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-12-28

Cuando se litiga por derecho propio, los escritos judiciales deben contener la firma de o de los peticionantes (arts. 56 y 118 inc. 3 del Cód. Procesal), sin que supla la omisión de esa rúbrica por la que suscribiera el letrado patrocinante que no ejerció ni invocó mandato para ese acto. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Reincidencia, fallos de la Corte Suprema, constitucionalidad
Materia: PENAL
Carátula: Alecho , José Luis - Vázquez , Carlos Rodolfo #INSTANCIA: C #TIPO_TRIBUNAL: NP c/  s/ recurso de casación recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-10-17

Debe rechazarse la tacha constitucional de la reincidencia si los recurrentes no trajeron a estudio nuevos fundamentos que logren conmover la doctrina de la Corte Suprema.
Beneficios previsionales, reajuste jubilatorio, base regulatoria
Materia: PROCESAL
Carátula: Hartmann, Gabriel Leonidio c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-09-19

No corresponde el descuento sobre intereses del porcentaje para la obra social, en cuanto el mismo debe aplicarse exclusivamente sobre el capital. Los intereses no integran el haber, su función es compensar al accionante por las diferencias mal liquidadas por el organismo, por lo que no constituyen base para el pago del aporte a la obra social.
Contrato de trabajo, subcontratación laboral, trabajadores de la construcción
Materia: LABORAL
Carátula: Pereira, Juan José c/ Agudia S.R.L. y otro s/ Ley 22.250.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-10

Toda vez que la codemandada es una empresa dedicada a la exploración y explotación petrolífera, que contrató con la demandada principal la construcción de obras civiles, la instalación y montaje de sistemas necesarios, por razones técnicas y de seguridad, para la actividad petrolera, y otros accesorios, destinados a alojamiento, no contrató con la empresa de la construcción trabajos o servicios correspondientes a su actividad específica, fraccionándola o generando una unidad técnica de ejecución entre ambas (arts. 6 y 30 LCT).

En el caso el empresario de la construcción realiza la obra y, terminada y recibida, ninguna vinculación permanente establece con la explotación de la unidad productiva. De allí que no deba considerarse a la empresa petrolera solidariamente responsable en los términos del art. 30 LCT. A mayor abundamiento es doctrina plenaria la exclusión de la aplicación del art. 32 de la ley 22.250 a los efectos de responsabilizar a personas, físicas o jurídicas, que no se desempeñan como constructores de obra (Plenario Ntion 261: "Loza, José R. v. Villalba, Francisco, 13.12.88). Toq. 1191.
Certificados de obra, mora
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Columbia Electrotécnica S.C. c/ Municipalidad de Esteban Echeverría s/ Demanda Contencioso Administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-05-13

Al obtener el monto de los certificados debe pagarse también la suma correspondiente a intereses por mora y aquella suma representativa de la desvalorización monetaria desde el momento de la mora y hasta el pago efectivo, así como los intereses de las sumas resultantes.
Empleados públicos, empleo público, competencia, competencia por la materia, agentes diplomáticos, funcionarios del Servicio Exterior de la Nación
Materia: PROCESAL
Carátula: Mº  Relaciones  Exteriores,  Comercio  Internacional  y Culto c/ Elizondo, Ricardo s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-30

Si lo reclamado no es un beneficio previsional, sino que surge de una relación de empleo público entre las partes, corresponde entender al fuero en lo Contencioso Administrativo Federal, toda vez que el monto reclamado tuvo su origen en un beneficio otorgado por la ley 23.557 (Régimen Jurídico para el Servicio Exterior de la Nación), en virtud de que el demandado prestaba servicios para el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Medidas cautelares, juicio político, competencia, Superior Tribunal de Justicia, competencia del Superior Tribunal de Justicia
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Municipalidad de la Ciudad de Pirané c/ H.C.D de Pirané s/ Conflicto de poderes - Medida cautelar s/ Conflicto de poderes - Medida cautelar
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2012-05-29

El Superior Tribunal de Justicia de Formosa carece de competencia para dictar una medida de no innovar en el trámite del juicio político seguido por el Honorable Concejo Deliberante contra un Intendente, pues estamos ante la esfera administrativa municipal, por lo que la concesión de la medida vulneraría el principio Republicano de división de poderes y la autonomía municipal.
Transporte aéreo, pasaje aéreo, tarifa de transporte
Materia: COMERCIAL-INTERNACIONAL PRIVADO
Carátula: "Swissair  Líneas  Aéreas  Suizas  S.A. c/ D.N.M. -Disp. 15.724/01(Expte. 200.919/99)". s/ migraciones
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-07-03

Los cambios sufridos en el transporte aéreo durante la década de los años 90 del pasado siglo ha hecho perder importancia a la institución internacional I.A.T.A. en la fijación del valor del pasaje, dando a la expresión "tarifa" un nuevo contenido respecto de aquellos dados por la Real Academia Española en su Diccionario 2001 ("1. Tabla de precios, derechos o cuotas tributarias. 2. Precio unitario fijados por las autoridades para los servicios públicos realizados a su cargo. 3. Montante que se paga por este mismo servicio"). La libertad de fijación del precio de los vuelos por parte de las compañías aéreas en situación de libre competencia lleva a modificar en este aspecto el contenido de la expresión "tarifa", la que pierde en el mercado aerotransportador el carácter imperativo que presenta las definiciones dadas por la Real Academia Española, transformándose en "valor de pasaje" sujeto a ciertas reglas necesarias de publicidad y de control por parte del Estado, pero nunca de imposición uniforme a todas ellas. Ello es así por cuanto no se desconoce que no existe fijación oficial alguna por parte del Estado de las tarifas para los vuelos comerciales aéreos. (Del voto en disidencia del Dr. Galli).
Marcas, marca notoria, marcas confundibles
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: INDUSTRIAS  PLUMITAS  SA c/ ADIDAS  AG s/ cese de oposición alregistro de marca.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-07

He acudido a bibliografía ajena al derecho porque considero que quienes estudian el mercado y se dedican a formar marcas son los que verdaderamente entienden la naturaleza de estos problemas porque tienen un enfoque interdisciplinario cuyo acierto o error se constata con el éxito o el fracaso de los objetivos comerciales que se proponen. Es claro que el derecho no está divorciado de la realidad que regula; y precisamente por ello es que esta Cámara ha juzgado con rigor la confrontación de los signos en disputa cuando el oponente tiene la cualidad de ser notorio (Sala II, causas nº 8255 autos "Turbodina SAIC c/Garef SAICIF", del 19/10/79, nº 8129 del 14/9/79 y nº 1860/98 del 30/4/2001; esta Sala, causa nº 8482, del 26/8/92). La razón de ser de ese criterio es la de conjurar el aprovechamiento del prestigio que ganó la marca notoria, evitando que los solicitantes diseñen las suya sobre la base de aproximaciones parciales con aquélla.
Calumnias, injurias, concurso aparente de leyes
Materia: PENAL
Carátula: GRINSPUN, BERNARDO c/ IGLESIAS ROUCO s/ QUERELLA POR CALUMNIAS E INJURIAS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-07-29

La relación de consunción entre calumnia e injuria hace desaparecer la figura y la pena de la injuria, tratándose de un mero concurso aparente entre ambas especies y en la que la calumnia consume a la injuria.
Deuda pública, régimen de consolidación de deudas, Caja Nacional de Ahorro y Seguro
Materia: COMERCIAL
Carátula: López  Colmenares  Bertha c/ Caja Nacional de Ahorro y Seguro s/ cobro de seguro.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-07-10

La suma por la que se intima a la CNAS es un saldo impago del crédito reconocido a la actora por sentencia firme que debió ser cancelado en su totalidad durante el ejercicio fiscal de 2003, que no se alcanzó a cubrir con el embargo y la ejecución que mandó a llevar adelante el juez, ni con el depósito acreditado, por lo que no resulta razonable ni ajustado a derecho (art. 22 de la ley 23.982 y 20 de la ley 24.624) que se deba requerirse una nueva inclusión de esa acreencia en el presupuesto del año 2008, como pretende la recurrente, cinco años después de que debió ser cumplida la sentencia. Según las constancias agregadas a la causa por la demandada, la previsión no se hizo ni siquiera para el año 2008, como se sostuvo en oportunidad de apelar, sino para el ejercicio 2009. Como la demandada no cumplió con el procedimiento previsto en los arts. 22 de la ley 23.982 y 20 de la ley 24.624 para la cancelación de la deuda, resulta procedente intimación de pago bajo apercibimiento de ejecución (cfr. Corte Suprema, in re "Giovagnoli, César Augusto c/ Caja Nacional de Ahorro y Seguro s/ cobro de seguro", del 16-9-99, Fallos 322:2132; esta Sala, causa 43.315/95 del 2-9-2003 y sus citas), desde que la satisfacción parcial del crédito reconocido en la sentencia no puede ser considerado como la "cancelación" que dispone la citada normativa.
Reajuste jubilatorio, aplicación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: TESER de CAVAGNARO, ANTONIA INES c/ Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-05

Si al tiempo de procederse a la reliquidación del haber del beneficiario se derivase de la aplicación de la norma del art. 4 de la ley 14.499 una reducción superior al 10% del haber, determinado de conformidad a la pautas del art. 2 de la misma norma, debe declararse la inaplicabilidad de dicha escala y ordenar al organismo administrativo la elaboración de un cuadro con las siguientes operaciones: en una primera columna, determinar los haberes que le hubieran correspondido percibir al titular conforme lo dispuesto por el art. 2 de la ley 14.499; en una segunda columna lo que le hubiera correspondido conforme a la escala de reducción del art. 4 de la misma ley; en una tercera columna, lo que le hubiera correspondido percibir hasta el límite del 10% en dicha escala de reducción, tomando como base el haber liquidado conforme lo dispuesto en el art. 2; en una cuarta columna, lo efectivamente percibido; y, en una quinta columna las diferencias porcentuales entre la tercera y cuarta columna. Cumplido esto, se deberá abonar al beneficiario las diferencias resultantes entre la tercer y cuarta columna en lo que excedan del 10% con más desvalorización monetaria e intereses. (Voto del Dr. Herrero)
Empresas del Estado, privatizaciones, responsabilidad del empleador, transferencia del contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: PICHINTINI, Claudia y otros c/ ENTEL EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES s/ diferencias de salarios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-25

En cuanto a la responsabilidad de Telefónica de Argentina SA, en razón de lo dispuesto en el art 42 de la ley 23.696, el Poder Ejecutivo no puede válidamente desconocer la aplicación en los procesos de privatización de lo dispuesto en los arts 225 a 228 de la LCT -como lo ha hecho implícitamente en el último párrafo del art 44 del decreto 1105/89 y en forma expresa en el decreto 1803/92 - pues ello implica transgredir el marco legislativo que el Congreso ha impuesto a la ejecución de la política de reforma del Estado y, por ende, importa quebrar el principio constitucional de la subordinación del reglamento a la ley.
Vicios redhibitorios, prescripción trimestral, cómputo del plazo, conocimiento del vicio, inversión de la carga de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: COSVER  S.A. c/ CONSTRUCTORA PLANES  S.R.L. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-25

El plazo de prescripción liberatoria que contempla el art. 4041 del Código Civil rige desde que el adquirente tuvo o pudo tener conocimiento de los defectos ocultos de la cosa, presuponiéndose que los conoció en el momento de la tradición, incumbiéndole a él la prueba en contrario.
Sanciones aduaneras, multa aduanera, carácter sancionatorio, exportador, pago, responsabilidad del despachante de aduana
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: HENRIQUEZ, JORGE A. c/ ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS s/ RECURSO DE APELACION - ADUANA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-09-17

En reiteradas oportunidades la CSJN ha expresado respecto de las multas aduaneras, su naturaleza punitiva, independientemente del interés de tipo fiscal que pueda existir en su percepción, y en este orden de ideas, la circunstancia de que la exportadora haya oblado la multa luego de dictado el pronunciamiento del Departamento Contencioso Capital, no borra respecto de la despachante las ulteriores consecuencias que, en punto a su responsabilidad penal aduanera, eventualmente se pueden derivar del acto condenatorio apelado.