marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Programa de televisión, caricatura humorística, libertad de prensa, control de razonabilidad, ofensas cometidas por medio de la prensa, delitos cometidos por medio de la prensa
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Recursos de hecho deducidos por la demandada y por Julia Nelly Acher Mizraji (codemandada), en las causas Cancela, Omar Jesús c/ Artear S.A.I. y otros s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-09-29

Si la sátira desarrollada en el "sketch" de un programa cómico pretendía criticar la supuesta situación de desamparo de la mujer frente a nuestra legislación y a la administración de justicia en general, para lo cual procedió a la recreación burlesca del funcionamiento de un juzgado de familia, a los fines de la parodia era innecesaria la mención del apellido concreto de un magistrado del fuero, quien resultaba así injustamente identificado con la suma de males que se achacaban al sistema judicial.
Recurso extraordinario, Superior Tribunal de Justicia, competencia, recurso de inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: O. DE C., N. c/ C., D. H. s/ DIVORCIO.    QUEJA   POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.   RECURSO  EXTRAORDINARIO PARA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA  NACION.     CSJ EXPTE NRO 388-85
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-03-23

No franquea la instancia extraordinaria del recurso previsto por la ley 48, la mera disconformidad acerca de lo decidido por la corte provincial en ejercicio de funciones propias -control de requisitos de admisibilidad correspondientes a un recurso regulado por la ley local (recurso de inconstitucionalidad y queja, artículo 1, in fine, ley 7055).
Daño moral, derecho a la intimidad, publicación periodística
Materia: CIVIL
Carátula: Macarron, Marcelo Eduardo y Otros c/ Vaca Narvaja, Hernán s/ Ordinario Hernán s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2015-08-10

No puede eximirse de responsabilidad al productor y propietario de un semanario por el daño moral que sufrieron los actores a causa de sus publicaciones referente a la vida intrafamiliar, pues no es de recibo el argumento de que la información era de interés público, que se ha atribuido la noticia directamente a la fuente -en el caso, el sumario policial-, que no se ha alegado ni probado la falsedad de la información y que se ha formulado la noticia en términos potenciales, tal como se desprende de la "doctrina Campillay" elaborada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación , ya que no se vislumbra el relevante interés general invocado que justifique el ataque a la intimidad provocado sobre personas que además, no se considera que revistan el carácter de personajes públicos.
Proceso penal, medidas cautelares, presunción de inocencia
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Fiscal c/ Vila, Nicolás y otros. s/ Usurpación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-10

En razón del respeto a la libertad individual y a la libre disposición de los bienes de quien goza de una presunción de inocencia por no haberse dictado sentencia condenatoria, las atribuciones de carácter coercitivo cautelar personal o real que se otorgan al juez de instrucción deben adoptarse con la mayor mesura que el caso exija, respetándose fundamentalmente el carácter previsional de la medida y observando que su imposición sea indispensable y necesaria para satisfacer - con sacrificio provisorio del interés individual - el interés público impuesto para evitar que el presunto delito siga produciendo sus efectos dañosos.
Accidente de tránsito, irretroactividad de la ley, desindexación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: RUARTE LEONIDA E. c/ MIGUEL A. LUCERO Y OT. s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S131 - 125)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-08-02

La ley 24283 es de orden público y se aplica en forma inmediata a relaciones o situaciones jurídicas no consolidadas, es decir, a situaciones que no hayan sido concluídas definitivamente bajo la legislación sustituída. La misma no viola los derechos adquiridos, en la medida en que el derecho emanado de tales relaciones o situaciones no estaba incorporado al patrimonio del sujeto antes de la sanción de la nueva ley. Así se ha dicho que no puede hablarse de retroactividad ni de ataque al derecho de propiedad, si el pago no se ha efectuado y la vía judicial de cuestionamiento no está agotada.
Recurso contencioso administrativo, instancia administrativa, agotamiento de la instancia administrativa, recursos administrativos, recurso de reposición (procesal), Administración Pública
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ESNEYDE, DOMINGO ESTEBAN c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.   RECURSO DE REVOCATORIA.     CSJ EXPTE NRO 305-86 HERNANDEZ, CANDIDO ANTONIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.   RECURSO DE REVOCATORIA.     CSJ EXPTE NRO 320-86 STEMPHELET, ROGELIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.   RECURSO DE REVOCATORIA.     CSJ EXPTE NRO 374-86 ONTIVERO, HUGO OSCAR c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.   RECURSO DE REVOCATORIA.     CSJ EXPTE NRO 355-86 ROJO, HENRY RICARDO RAMON c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.   RECURSO DE REVOCATORIA.     CSJ EXPTE NRO 371-86
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-05-20|1987-05-20|1987-05-20|1987-05-20|1987-05-20

Al aludirse a la habilitación de la instancia contencioso administrativa pacíficamente se acepta (legislación, doctrina y jurisprudencia) que la vía judicial queda expedita luego de agotada la previa, operada en sede administrativa; y que esto se produce cuando la medida que se ataca resulta insusceptible de otro recurso o remedio en la misma esfera. Ciertamente ello no ocurre cuando el órgano que titulariza la potestad jurisdiccional no puede reconsiderar su conducta. Sí, en efecto, se trata de que pueda analizar los motivos del particular antes de que éste acuda a la justicia; pero justamente debe decirse que ello se logra mediante la revisión, el nuevo análisis y estudio, por el mismo órgano cuya medida provocó la reacción para que eventualmente, ajuste su acción al contexto de legalidad que constituye la referencia obligada a la que tiene que ceñirse la misma.

En el caso, el recurrente planteó en la esfera administrativa, un reclamo de revisión que aunque tenga una denominación específica, no importa la apertura de una vía recursoria. Por consiguiente, debió deducir revocatoria contra la resolución administrativa -decreto del Poder Ejecutivo que rechazó la solicitud o pedido de revisión de causa-, a tenor de lo dispuesto en el artículo 42 del mencionado decreto-acuerdo 10204-58.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, concursos, impugnación insuficiente
Materia: LABORAL
Carátula: Marchán, Rubén A. y ots. c/ Empresa Hípica Argentina SA s/ Medidas cautelares
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-06-01

Es técnicamente insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que no controvierte la fundamentación explícita del fallo vinculada a la naturaleza de la relación jurídica sustantiva que se controvierte en la causa y que torna necesaria la intervención conjunta de aquéllos a quienes se atribuye responsabilidad solidaria, en el juicio del concurso de la empresa accionada, por configurarse un litisconsorcio necesario de los codemandados (art. 279, C.P.C.C.).
Juez de ejecución, excarcelación, contienda negativa de competencia
Materia: PENAL
Carátula: AZAR, MUSA; GOMEZ, JORGE; MATTAR, FRANCISCO Y OTROS s.d. HOMICIDIO TRIPLEM. CALIF. P/ALEVOSIA C/ EL CONC. PREMEDITADO DE DOS O MAS PERSONAS Y CRIMINIS CAUSA, ET. e.p. VILLALBA PATRICIA; BSHIER NAZAR LEYLA Y ADM. DE JUSTICIA s/ INCIDENTE DE EXCARCELACION EXTRAORDINARIA-CUESTION DE COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2012-07-12

Si la sentencia del Tribunal de Juicio adquirió firmeza, pero no por la denegación de la concesión del Recurso Extraordinario Federal por la Cámara, sino por haber rechazado la Corte, el Recurso de Queja deducido por la defensa del encartado ante el Máximo Tribunal de la Nación, es competente para entender en el pedido de excarcelación extraordinaria del condenado, el juez de ejecución penal, y no la cámara de juicio oral.
Despido, enfermedades inculpables, obligaciones del empleador, deber de ocupación, imposibilidad de reincorporación, carga de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Coronel, Aníbal René c/ ISS Argentina S.A. y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-08

El art. 212 LCT no exige que el empleador modifique la estructura de la empresa, sino que trate de reubicar al trabajador en la medida de sus posibilidades dentro de la estructura existente, y en el caso de no ser posible al configurarse una situación excepcional de falta de trabajo, la prueba de tal excepción pesa sobre su parte y es quien debe producirla
Acto administrativo, actos irrevocables
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BENITEZ EDUARDO ALCIDES c/ MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY s/ NULIDAD   DEL  DECRETO  N.  9803/87  DEL  DPTO.  EJECUTIVO  MUNICIPAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1992-06-15

Si queda al arbitrio de la Administración revocar por sí y ante si los actos administrativos que han causado efectos, sólo por reputarlos nulos de nulidad absoluta y manifiesta, no existe la estabilidad del acto administrativo ni la presunción de legalidad que constituye otra de sus características y no tendría razón de ser la acción de lesividad prevista en el Código Procesal Administrativo de la Provincia (Decreto Ley 7061 ratificado por Ley 7504), justamente establecida para impugnar judicialmente los actos administrativos amparados por la irrevocabilidad o cosa juzgada administrativa. El acto administrativo que genera derechos subjetivos en favor de un administrativo es irrevocable para la propia administración, ya que goza de estabilidad (cosa juzgada administrativa), pudiendo sólo la Administración, para invalidar dicho acto, recurrir a la autoridad judicial competente.
Empleados de banco, antigüedad, cómputo de servicios
Materia: LABORAL
Carátula: SZELEMEJ DE CERVANTES c/ APOLO COMPAÑIA ARG. SEGUROS s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-30

Para determinar la antiguedad del empleado bancario a que se refiere el art. 6 del dec. 20268/46 se deben tomar en cuenta solamente los servicios prestados al banco que dispuso la cesantía y no los cumplidos con anterioridad en otros. En cambio para el escalafón de sueldos se computa la antiguedad total y en la actividad bancaria.
Intervención de línea telefónica, fundamentación de sentencias, nulidad procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Lorenzo, Ernesto y otros s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-12-29

El principio de progresividad impone la obligación de practicar antes medidas menos lesivas. Si el magistrado cuenta con otras de menor entidad, las que deberá agotar previamente.

También tiene que verificar la proporcionalidad entre la medida de prueba y el fin perseguido; es decir, que el mal que se pretende imponer debe estar adecuado al riesgo que se pretende evitar. El control de proporcionalidad, exige demostrar no sólo que la medida (...) aparece idónea y útil para la conservación del orden público y la protección del bien común sino además, satisface una necesidad social imperiosa". La necesidad de garantizar el principio de proporcionalidad requiere que: a) se actúe sobre la base de una sospecha importante; b) que la medida sea indispensable para la investigación; c) que la intromisión al derecho sea adecuada a la gravedad de los hechos investigados y a la pena a imponer. Cuando el art. 236 del Código Procesal Penal reclama que la intervención de comunicaciones telefónicas o cualquier otro medio de comunicación debe instrumentarse mediante auto fundado, exige una especial determinación de las causas y justificación de la medida, que habrá de analizar con particular cuidado para garantizar la plena vigencia de la seguridad jurídica y la certeza del derecho. La justificación de la medida estará dada por la existencia de tres presupuestos: a) proporcionalidad, esto es que no cabe acordar la medida de intervención telefónica ante infracciones de escasa consideración (...); b) subsidiariedad, ello significa que la medida puede acordarse cuando no haya otro medio de investigación menos dañoso y c) utilidad, es decir que con el dictado de la medida se pueda comprobar o descubrir alguna circunstancia importante para el proceso". Acreditar los presupuestos de procedencia de la medida de coerción constituye la base de los motivos autorizados por la norma. Por ello, también cobra particular relevancia el requisito de fundamentación, que comprende los dos presupuestos exigidos: la presencia de un acontecimiento fáctico presuntamente delictivo que se imputa al perseguido -verosimilitud del derecho-, acreditado por un mínimo de pruebas y la concreta presencia de un riesgo procesal, es decir, la probabilidad de frustrar la actuación de la ley por imposibilidad de realizar el fin inmediato del proceso penal, cual es la averiguación de la verdad. En síntesis, la falta de motivación de la orden de intervenciones telefónicas constituye un vicio insuperable que no puede ser subsanado. (Voto de la Dra. Ledesma, adhiere el Dr. Tragant según su voto, Dr. Riggi en disidencia).
Revocación de sentencia, MISIONES, Policía Provincial, retiro policial, caducidad, exceso ritual manifiesto
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL
Carátula: Benítez, María Elena c/  s/ acción de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: 
Fecha: 2010-04-13

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que declaró la caducidad del plazo para deducir la demanda, dirigida a cuestionar la constitucionalidad del art. 28 de la Ley de Retiros y Pensiones de la Policía de la Provincia de Misiones si situó la cuestión en el plano del art. 786 del Código de rito local sin pronunciarse sobre la petición de la actora en cuanto invoca encontrarse en el marco de la excepción al plazo de caducidad reglada en el art. 787, párrafo 1, de dicho ordenamiento, omitiéndose considerar su alegación según la cual se estarían afectando derechos de la personalidad no patrimoniales, y, tratándose de una demanda de tenor alimentario de razonable base constitucional postulada por una persona entonces sexagenaria que convivió al menos treinta años con el causante, de escasa disponibilidad económica y con problemas de salud, debió, además, haber prescindido de formalismos excesivos. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Daño calificado, colectivo de línea, bienes públicos del Estado
Materia: PENAL
Carátula: Cardozo, Martín Eleuterio s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-12-28

El daño efectuado a un colectivo encuadra en la figura agravada del art. 185 inc. 5° C.P. pues se trata de vehículos afectados por la autoridad pública -mediante concesión- al transporte de pasajeros y son, por ello, bienes de uso público, condición que no se pierde aunque su utilización no sea gratuita ni por el carácter privado de su propietario. La disidencia sostuvo que si bien los colectivos cumplen una función que podría considerarse de utilidad pública, lo cierto es que se trata de un servicio privado que requiere de una contraprestación, o sea que resultan ser bienes privados afectados a un servicio público y, como tales, difieren sustancialmente de la categoría de bienes de uso público que contempla la agravante. (Dres. Riggi, Catucci y Ledesma -disidencia-).
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, defectos en la consideración de extremos conducentes, daños y perjuicios, escribanos públicos
Materia: CIVIL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Licciardi, Francisco Rosario c/ Ruanova, Roberto. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-09-29

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que omitió considerar que la responsabilidad de un profesional puede ser contractual o extracontractual -según que los interesados estén o no ligados por un contrato- y que la obligación de reparar el daño causado por un hecho ilícito pesa solidariamente sobre todos los que han participado en el como autores, consejeros, cómplices o meros copartícipes, aunque se trate de un hecho que no sea penado por el derecho criminal (arts. 1066, 1081 y 1109 del Código Civil, 23 de la ley 17.801 y 13 de la ley 12.990).
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER Y OTROS c/  s/ HOMICIDIO DOLOSO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-03-23

El tenor de los planteos de la impugnante guardan sustancial conexión con los agravios que esgrimiera el representante del Ministerio Público de la Acusación contra el mismo fallo y que fueron motivo de análisis y pronunciamiento por el suscripto, por lo que corresponde adoptar en el caso idéntica solución y con las mismas consideraciones efectuadas, declarando improcedente el recurso interpuesto por la madre de la víctima -constituida en el proceso como parte Querellante-. (De la disidencia del Dr. Falistocco) - Jurisprudencia vinculada: Rodríguez, AyS T 305, p 127/156, sumarios J0047767 al J0047770.
Trabajadores de Luz y Fuerza, aplicación del convenio colectivo
Materia: LABORAL
Carátula: POCHIERO, PANTALEON c/ SEGBA  S.A. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-07-30

El acta del 19.6.86 negociada por las partes interesadas por la que se reimplantó la metodología de cálculo del convenio 78/75, no tiene efectos retroactivos ni puede ser invocada a efectos de interpretar ninguna situación o relación jurídica anterior a la fecha de vigencia establecida en el punto primero de dicho acuerdo.
Daños y perjuicios, eximentes de responsabilidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Vega de Velardez, Ana María c/ González, Antonio Angel s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-11-07

Las eximentes del art. 1113 CC. exigen un indagar instructorio más hondo que, lejos de detenerse en la acreditación de meros hechos indiciarios contingentes, requieren la prueba concreta y rotunda del hecho indicado (la culpa de la víctima) y con la virtualidad suficiente como para erigirse en la dispensa de responsabilidad que autoriza dicha norma.
Preparación de la vía ejecutiva, tarjeta de crédito, liquidación
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: EMPRESUR S.A. c/ Broca, Javier Alejandro s/ Prepara Vía Ejecutiva
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1993-03-15

Tratándose de un instrumento privado sujeto a reconocimiento está previsto expresamente en el art.525 inc. 1°, dado que en el caso de ser reconocido judicialmente se constituye en un título de los previstos art.523, inc.2° del CPCC. Todo ello sin perjuicio de que se examine si el instrumento con el que se intenta deducir la ejecución es hábil o está afectado de un defecto decisivo y manifiesto en la oportunidad prevista por el art. 531 del CPCC.% -...- En consecuencia, atento lo expuesto resulta procedente la preparación de la vía ejecutiva para permitir al acreedor la percepción de su crédito. El Tribunal arriba a esta conclusión porque lo que importa privilegiar es la celeridad y seguridad del crédito por sobre rigurosos formalismos que sólo conducen a trabar la evolución económica y el desarrollo crediticio.
Responsabilidad civil, responsabilidad del principal por los hechos del dependiente, responsabilidad indirecta, culpa de la víctima, dependientes
Materia: CIVIL
Carátula: TABOROA, CARLOS MIGUEL c/ MINISTERIO DEL INTERIOR Y/O POLICIA FEDERAL ARGENTINA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-31

La responsabilidad refleja establecida por el art. 1113 del Código Civil, surge cuando el damnificado es un tercero, con quien el comitente del autor del daño no mantiene relación jurídica alguna; pero cuando el damnificado es el propio dependiente que se infringe un daño por su propia culpa o negligencia, éste no puede pretender indemnización con arreglo al sistema del art. 1113, pues se lo impide el mismo art. 1111.
Recurso extraordinario, plazo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ruiz, Osvaldo B. y ot. c/ Cabana, Julio A. y otra s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-07-10

El plazo perentorio acordado por la ley para deducir los recursos extraordinarios contra la sentencia definitiva no puede considerarse extendido por la interposición y posterior resolución de un pedido de aclaratoria, si las decisiones que se impugnan no fueron motivo de aclaración. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Cuestiones de competencia, competencia por conexidad, competencia penal, sentencias contradictorias, hurto, encubrimiento, detención
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Radulescu, María Magdalena y otros s/ hurto.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-13

Para evitar la posibilidad de que se dicten en jurisdicciones distintas resoluciones que en definitiva resulten contradictorias, corresponde que el magistrado a cuyo cargo está la investigación del hurto continúe entendiendo en las actuaciones sustanciadas con motivo del presunto encubrimiento, en razón de la alternatividad existente entre ambas infracciones.
Divorcio por presentación conjunta, separación de hecho, reconocimiento de los hechos
Materia: CIVIL
Carátula: P., B. c/ Q., J. s/ DIVORCIO VINCULAR
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-14

Del sistema de la ley 23.515 resulta que si se invoca la causal objetiva de separación de hecho sin voluntad de unirse, es posible el reconocimiento de los hechos, por lo que no se advierte razón alguna que impida, en la arquitectura de la citada normativa, la presentación conjunta de la demanda y contestación, en cuanto ambas partes estén contestes en los hechos que fundamentan su pretensión.

Cierto es que el art. 236 del Código Civil, al regular la presentación conjunta, se refiere a los casos previstos en los arts.

205 y 215 de dicho cuerpo legal, pero ello no debe verse como una prohibición en tanto y en cuanto la propia ley (art. 232) admite la posibilidad de un reconocimiento de los hechos como suficiente para fundar la sentencia que decrete la separación personal o la disolución del vínculo, es obvio que tanto puede iniciarse la petición por cualquiera de los cónyuges, como para ambos en conjunto. No otra interpretación se extrae de lo dispuesto en el art. 204 del Código Civil -aplicable en el caso de divorcio vincular , por expresa remisión de lo prescripto en el art. 214, inc. 2do., del Código citado.-
Regulación de honorarios, abogados
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: F., R. J. c/ Banco Santander Río S.A. s/ Cobro de honorarios profesionales
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-04-15

Es procedente la regulación de honorarios profesionales a un abogado por su actuación en la etapa de mediación contra el banco demandado, pues éste reconoció el derecho de la sociedad requirente desde que, como consecuencia de las gestiones efectuadas por el aquí actor en torno a la obligación que permanecía impaga, canceló la compra de mercadería depositando la suma debida y ese reconocimiento de lo reclamado coloca al banco en la situación de vencido.