Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-05-05


000115/2009 --- En la ciudad de Trelew, a los 5 días de mayo del año dos mil nueve, se reúne la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de esta ciudad, con la presidencia del Dr. Aldo Luis De Cunto y presencia de los Sres. Jueces del Cuerpo Dres. Sergio Rubén Lucero y Raúl Adrián Vergara, para celebrar Acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "P., J. O. c/ De la C. P. S.A. s/ Indemnización de Ley" (Expte. 115 - Año 2009 CANE) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en orden al sorteo practicado a fs. 339. A LA PRIMERA CUESTION el Dr. Vergara dijo:

--- 1. Llegan a conocimiento de este Tribunal las presentes actuaciones como consecuencia del recurso de apelación interpuesto por la demandada a fs. 324, que fuera concedido a fs. 325, contra la sentencia de la anterior instancia de fs. 320/322 que hizo lugar a la demanda instaurada por J. O. P. y condenó a DE LA C. P. S.A. al pago dentro del plazo de diez días de la suma de $8.777,89.-, con más sus intereses, en concepto de indemnizaciones previstas por los arts. 4 de la ley 25.972 y 45 de la ley 25.345, con imposición de costas a la vencida.------------------------- Asimismo, la parte demandada apeló a fs. 324 los honorarios regulados por considerarlos elevados, sin perjuicio de aludir en concreto a los referidos al apoderado de la demandada, recurso concedido a fs. 325. -------------- --- El informe previsto por el art. 62 de la ley 69 luce a fs. 328/332 y vta., el traslado conferido a fs. 333 no fue evacuado por su contraria, y luego de una reseña de los antecedentes de la causa se agravia la apelante por cuanto la sentencia condena a abonar la indemnización prevista en el art. 45 de la ley 25.345 sin tener en cuenta que en autos quedó probado que no resulta posible para el empleador otorgar el certificado del art. 80 de la L.C.T. Entiende que se probó que el empleado puede acceder a dicha información mediante la obtención de su clave fiscal y que el ingreso de los aportes y contribuciones se realiza en forma global a través de aplicativos creados especialmente por la AFIP-DGI que no permiten su discriminación individual. Asimismo alude al informe del perito contador que no mereciera impugnación de la contraparte ni descalificación del tribunal. Su parte no se encontraba en condiciones de otorgar el certificado y por ello no medió un incumplimiento que le fuera atribuible. Hace notar que ello fue tácitamente reconocido por el juzgador que en la sentencia tienen por cumplida la prestación establecida por el art. 80 con la información brindada por el ANSES, a la que el propio organismo reconoce que el empleador no accede. Con cita de jurisprudencia estima que la entrega del certificado que establece el art. 80 no tiene utilidad práctica pues el empleado puede conseguir la información requiriéndosela directamente a la ANSES y la omisión del empleador no le causa perjuicio. En el caso debe considerarse que el actor reconoce haber recibido la certificación de servicios del ANSES que da cuenta de toda la relación laboral y las remuneraciones percibidas.------- --- 2. Ante las expresiones de la apelante de fs. 330 en el sentido que el juez a quo omitió considerar la información brindada por el perito contador -que asimismo transcribiera en dicha foja (ver p. 1., 2. y 3., fs. 118/vta.)-, corresponde señalar que el sentenciante no queda obligado a seguir la opinión del experto pues es misión indelegable del juez pronunciarse sobre el conflicto que le fuera sometido a decisión.---- --- De lo contrario, el dictamen pericial resultaría imperativo para el juzgador y de aceptarse ello, la sentencia sería adelantada por quien no es más que un auxiliar judicial (conf. S.C.B.A., L.L. 90-535).---------- El perito no juzga, sino que suministra elementos de hecho y conceptos de valor que le sirven al juez para pronunciar su decisión, mas sin obligarlo (Carnelutti, "La prueba civil", Arayú, 1955, N° 11, nota 138). ---- --- El perito en ningún caso sustituye al juez ni puede éste hacerle abandono de su tarea propia (Gorphe, "De la apreciación de las pruebas", E.J.E.A., 1955, pags. 42/43, 75, 260/261).	Efectuada tal precisión, la lectura de la queja permite señalar que las manifestaciones vertidas a fs. 329 vta./332 es reiteración de la postura asumida al contestar demanda a fs. 36 vta./38, por lo que la insuficiencia del agravio resulta manifiesta.	Se ha puesto de relieve de modo coincidente que si el agravio constituye una reproducción casi literal de una anterior presentación, ello no constituye la crítica requerida por el artículo 265 del código procesal. Idéntica conclusión desestimatoria se ha declarado cuando la queja se insinúa con fundamento en lo expresado en presentaciones anteriores a la sentencia, o si se limita a reiterar argumentos esbozados en primera instancia (Morello, Sosa y Berizonce, "Cçodigos Procesales ...", Librería Editora Platense - Abeledo-Perrot, 1988, T. III, pág. 357, y cita de fallos).	Sin perjuicio de ello, y a partir de considerar que la deserción del recurso debe interpretarse con criterio restrictivo en favor del recurrente, ingresaré a la queja.	Al respecto, el último párrafo del art. 80 de la L.C.T., agregado por el art. 45 de la ley 25.345, establece una indemnización a favor del trabajador en caso que el empleador incumpliera, a saber: a) con la obligación de dar consistente en la entrega de la constancia documentada de los aportes y contribuciones que deben ingresar a los organismos de seguridad social; o b) con la obligación de hacer referida a la entrega de un certificado de trabajo.	Y tal como lo señalara en anteriores pronunciamientos de esta sala "B" el art. 80 de la L.C.T. impone al empleador dos obligaciones que se diferencian por su objeto. El primer párrafo, luego de atribuir carácter contractual al deber del empleador de ingresar los fondos de seguridad social y los sindicales a su cargo, sea como obligado directo o como agente de retención, le impone el deber de entregar al trabajador constancia documentada de ello subordinado a su requerimiento expreso. El objeto de esta obligación de dar es la entrega de copia de los comprobantes de depósito de las contribuciones debidas como obligado directo por el empleador y de los aportes y cuotas a cargo del trabajador retenidas por aquél con destino a la seguridad social o sindicales. El segundo párrafo establece una obligación que consiste en otorgar al trabajador un certificado de trabajo, y si bien el cumplimiento se perfecciona con su entrega, lo relevante es la información que el empleador debe incluir en él, lo que supone un hacer (Ackerman, "La indemnización por incumplimiento de las obligaciones del artículo 80 de la ley de contrato de trabajo (t.o.)", D.T. 2001-A, 541).	En el primer supuesto se trata de una obligación de dar una constancia documentada del cumplimiento de la obligación del empleador de ingresar los fondos de seguridad social y los sindicales que se satisface con la entrega de copia de los depósitos efectuados.	En el segundo supuesto la norma impone una obligación de hacer que consiste en la entrega al momento de la extinción de la relación laboral de un certificado de trabajo, conteniendo entre otros datos "constancia . de los aportes y contribuciones efectuados con destino a los organismos de la seguridad social".	Una de las obligaciones del empleador que nacen de la extinción del contrato de trabajo es la de otorgar al trabajador un certificado de trabajo, conteniendo las indicaciones sobre: el tiempo de prestación de servicios, la naturaleza de éstos, constancia de los sueldos percibidos, constancia de los aportes y contribuciones efectuados con destino a los organismos de seguridad social, calificación profesional obtenida. Y esa obligación de hacer que supone la certificación queda limitada a un deber de informar con veracidad sobre todas las circunstancias indicadas en la norma. No habrá cumplimiento si la información fuera inexacta o incompleta (Ackerman, comentario citado precedentemente, D.T. 2001-A, 541).	Con tales alcances, el hoy actor cursó requerimiento en forma oportuna el 05/05/2006 ya que la extinción del vínculo se produjo el 30/03/2006 (telegrama y acta notarial, fs. 14 y 17 del cuaderno de pruebas, respectivamente).	En tal sentido, el art. 3 del decreto 146/2001 (reglamentario del art. 45 de la ley 25.345, que agrega el último párrafo al art. 80 de la L.C.T.) dispone que el trabajador quedará habilitado para remitir el requerimiento fehaciente al que se hace alusión en el artículo que se reglamenta cuando el empleador no entregara las constancias o certificados previstos por el art. 80 de la L.C.T. dentro de los 30 días corridos de extinguido el contrato de trabajo.	Ello significa que la indemnización especial procede cuando el trabajador formule el requerimiento hábil para generar ese derecho una vez transcurrido el plazo de 30 días corridos a partir de la extinción del vínculo.	Así, el trabajador emplazó mediante la citada pieza postal a la sociedad a fin que diera cumplimiento a la entrega del certificado de trabajo y de las constancias referidas al ingreso de los fondos de seguridad social y los sindicales a cargo del empleador.	Y si bien el actor reconoció la recepción del formulario ANSES PS.6.2 (p. III, fs. 40) es evidente que con la entrega de dicho formulario la empleadora no cumple acabadamente con la obligación de otorgar el certificado de trabajo.	Es que, el citado formulario no satisface los requisitos fijados por el art. 80, segundo párrafo, de la L.C.T., pues por tratarse de un certificado de servicios y remuneraciones no precisa dato alguno respecto de los aportes y contribuciones efectuados a los organismos de seguridad social, y como se señalara en forma precedente no hay cumplimiento si la información resulta incompleta.	Es criterio sentado por esta sala B, c. 20.030, S.D.L. 03/05, c. 20.134, S.D.L. 9/2005, c. 20.176, S.D.L. 20/2005, c. 20.321, S.D.L. 26/2005, c. 20.647, S.D.L. 53/2005, c. 21.532, S.D.L. 39/2006, c. 22.143, S.D.L. 41/2007; y también por la sala "A", c. 20.144, S.D.L. 08/2005, c. 20.175, S.D.L. 21/2005, c. 20.993, S.D.L. 06/2006.	En este direccionamiento, y con relación a un planteo similar al efectuado por la recurrente en cuanto a que la AFIP pone al alcance del empleado un sistema para acceder a todos sus datos laborales y de seguridad social y pretendida imposibilidad de entrega del certificado de trabajo, se reiteró el criterio fijado por esta sala "B", en c. 22.440, S.D.L. 73/2007.	A ello cabe agregar que tampoco la patronal dio cumplimiento oportuno ("... dentro de los dos días hábiles computados a partir del día siguiente al de la recepción del requerimiento ...", art. 80, último párrafo, L.C.T.) con su obligación de extender constancia documentada del cumplimiento de su obligación de ingresar los fondos sindicales y de seguridad social, pues no resulta de autos que la sociedad entregara copia de los respectivos comprobantes de pago, sin perjuicio de que esas constancias se incorporaran a fs. 78/84 con motivo del informe producido por ANSES a fs. 85.	Por eso, bien señaló el Sr. Juez de la anterior instancia a fs. 321/vta: Habiendo el trabajador reclamado fehacientemente la entrega de tales constancias mediante el telegrama glosado a fs. 17 del cuaderno de pruebas, y no habiendo acreditado la empresa la entrega al trabajador de toda la documentación y constancias que detalla el art. 80 de la L.C.T. en forma completa y oportuna (art. 45 de la ley 25.345 y art. 3 del dec. 146/01) -solo se ha reconocido el actor la recepción del Formulario PS. 6.2. de Anses y de la documental de fs. 14-, se debe hacer lugar a la indemnización del art. 45 de la ley 25.345, pues el cumplimiento parcial no resulta suficiente para satisfacer las exigencias de la norma.	En síntesis, ante el requerimiento idóneo que el actor formulara la ex -empleadora quedó incursa en dos incumplimientos, a saber: a) falta de entrega de constancia documentada del ingreso de los fondos a la seguridad social y sindicales; y b) falta de cumplimiento del deber de entregar el certificado de trabajo por cuanto la información suministrada fue incompleta.	Se da así el presupuesto exigido por el último párrafo del art. 80 de la L.C.T., agregado por el art. 45 de la ley 25.345 ("Si el empleador no hiciera entrega de la constancia o del certificado .") (el subrayado me pertenece), y ello determina la procedencia de la indemnización establecida a favor del trabajador, pues si bien la finalidad de la ley 25.345 es evitar la evasión fiscal ello no impide otorgar al trabajador la indemnización prevista en el último párrafo del art. 80 de la L.C.T., si se configura por el empleador alguno de los incumplimientos que la misma contempla ya que precisamente esa sanción se impone inexorablemente ante la violación normativa habida.	Por tales fundamentos se desestima el agravio.	3. Sostiene la parte demandada que los honorarios profesionales regulados resultan elevados ya que la actividad del apoderado de la "demandada" no justifica los procentuales asignados.	Desde ya que a pesar del error de pluma cometido consideró que el recurso de apelación está referido a los letrados de la actora pues claramente alude al 14% con más el 40%, motivo por el cual ingresaré al tratamiento de la queja.	Al respecto, atendiendo a las etapas cumplidas, extensión, mérito, eficacia y resultado que arrojan los trabajos profesionales cumplidos en primera instancia por los Dres. P. A. S. y L. C. B., en su calidad de letrados apoderados de la parte actora, estimo prudentes los emolumentos regulados en el fallo en crisis en función a las pautas establecidas por los arts. 6, 7, 9, 19, 37, 39 y 47 de la ley 2.200, por lo que se desestima el recurso de apelación interpuesto.	4. En consecuencia, propicio al Acuerdo confirmar la sentencia venida en apelación en todo cuanto fuera materia de agravios, con costas de Alzada a la apelante vencida, conforme al criterio objetivo de la derrota (art. 68 del C.P.C.C.).	Con las pautas señaladas al punto 3 y lo previsto por el art. 14 de la ley del arancel, estimo que resulta prudente regular los honorarios de los Dres. F. N. M. y G. A. T. C., letrados apoderado y patrocinante de la demandada, en forma conjunta, en la suma porcentual equivalente al 2,8% del monto del proceso que resulte de la liquidación a practicarse en la etapa de ejecución de sentencia (arts. 6, 14, y 47 de la ley 2.200), con más el I.V.A. correspondiente.	Finalizo el tratamiento y a la primera cuestión voto POR LA AFIRMATIVA.	A LA MISMA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. De Cunto manifestó:	--- Dada la claridad de la reseña que efectuara el Sr. Magistrado antes sufragante, tanto de la sentencia de fs. 320/322, como de los agravios que contra la misma vertiera la demandada a fs. 328/332 vta., me remito a la misma a fin de evitar reiteraciones estériles y pasaré directamente a analizar el memorial.------- I.- La recurrente se queja de que se hubiera condenado a su parte a abonar la indemnización prevista en el art. 45 de la ley 25345, explayando los siguientes conceptos.--------------------------- --- 1) En primer lugar, se cuestiona que el Sr. Juez "a quo" se pronunció ignorando las pruebas producidas, en particular, la pericia contable y el informe de la AFIP-DGI (ver fs. 330/vta.). Con relación a esta omisión del juzgador, en cuanto a la consideración de las pruebas citadas, debe recordarse que el art. 386 del CPCC (conf. remisión de los arts. 45 y 76 de la ley 69), establece que: "Salvo disposición legal en contrario, los jueces formarán su convicción respecto de la prueba, de conformidad con las reglas de la sana crítica. No tendrán el deber de expresar en la sentencia la valoración de todas las pruebas producidas, sino únicamente de las que fueren esenciales y decisivas para el fallo de la causa". Al respecto se ha sostenido que es deber del juzgador considerar las cuestiones conducentes y esenciales para la correcta solución del litigio, mas los jueces no están obligados a ponderar una por una y exhaustivamente todas las probanzas, pues basta que lo hagan respecto de las que estimen conducentes o decisivas para resolver el caso (conf. CSJN, 23/4/91, JA 1991-III-901; CN. Civ., Sala C, 30/7/90, LL 1990-B-302; íd., Sala M, 10/12/89, LL 1989-C-286; CN. Com., Sala B, 22/4/91, LL 1991-C-339), pudiendo preferir algunas de las pruebas producidas a otras, y omitir toda referencia a las que estimaren inconducentes o no esenciales (conf. SCBA, 3/6/80, DJBA, 119-518; íd., 1/4/80, DJBA, 118-303).------- --- De las consideraciones efectuadas por el sentenciante de grado respecto a la obligación impuesta al empleador por el art. 80 de la LCT, dada su argumentación (ver sentencia a fs. 321/vta.), no resultaba conducente para su razonamiento la mención de las pruebas indicadas, al menos en el sentido que lo propone la apelante. A ello debe añadirse, en cuanto a la prueba pericial en particular, que, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 477 del CPCC, se excluyó al dictamen pericial del dogma de la prueba legal, dejando en libertad al juez para apreciar las conclusiones del experto y aun para sentenciar, en contra de ellas, más allá de su consideración (conf. Fenochietto-Arazi: "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Comentado", Ed. Astrea 1993, Tº 2, pág. 521). Es de recordar que de acuerdo a la argumentación dada por el juzgador sobre el tema cuestionado, no resultaba necesaria la consideración de la prueba referida.--------------------------------- Agregaré, tal como lo señala el Dr. Vergara, que lo expresado en el memorial a fs. 329 vta./332 es reiteración de los conceptos desgranados por la accionada al contestar demanda a fs. 36 vta./38, lo que conspira contra la suficiencia técnica del recurso, dado que se ha entendido que no basta con remitirse a presentaciones anteriores, transcribiendo pasajes de la demanda o contestación, o con reeditar los argumentos esgrimidos en primera instancia (conf. CSJN, 2/5/89, LL, 1989-D-220; CN. Civ., Sala A, 23/10/88, LL, 1988-E-419; íd., Sala D, 16/12/85, LL, 1986-B-619, 37.237-S; entre otros). Sin perjuicio de lo anterior ingresaré al examen de los argumentos vertidos en el agravio.---------------------------------- 2) En un antecedente de esta Sala ya me he expedido sobre la cuestión traída a decisión (ver mi voto en CANE, Sala "B",SDL Nº 73/07 del 28/12/07, in re: "A., A. M. c/ I. S.A. s/ cobro de pesos. laboral"). En dicho precedente consideré que el art. 3 del decreto 146/01, que reglamenta el art. 45 de la ley 25345, que a su vez modifica el art. 80 de la LCT reza: "El trabajador quedará habilitado para remitir el requerimiento fehaciente al que se hace alusión en el artículo que se reglamenta, cuando el empleador no hubiere hecho entrega de las constancias o del certificado previstos en los aps. 2 y 3 del art. 80 de la LCT 20744 (t.o. por decreto 390/76) y sus modif., dentro de los treinta (30) días corridos de extinguido, por cualquier causa, el contrato de trabajo". El actor cumplió con la intimación referida en el plazo legal, esto es luego de los 30 días de extinguido el vínculo, tal como surge del cotejo de las fechas del acta notarial de fs. 14 y del telegrama de fs. 17, ambos del cuaderno de pruebas de la actora.---------------- Ante dicha intimación no acreditó la demandada la entrega oportuna del certificado y las constancias documentadas, limitándose en esta instancia a señalar que el trabajador puede acceder directamente a esa información ingresando a la página web correspondiente de la AFIP. Al respecto, es del caso señalar, como lo dijera en el antecedente citado, que en el art. 80 de la LCT se regula lo que a nivel doctrinario y jurisprudencial se afirma que son dos obligaciones del empleador a las que se refiere la citada norma: a) la entrega de la constancia documentada del depósito de los aportes y contribuciones correspondientes a la seguridad social y sindicales y b) la entrega de un certificado de trabajo, con las indicaciones que prevé el segundo párrafo del mismo artículo, a las que debe adicionarse la información sobre la formación profesional adquirida por el trabajador, de acuerdo con la modificación introducida por la ley 24756 (conf. Livellara, Carlos A., en Rodríguez Mancini-Barilaro: "Ley de Contrato de Trabajo Comentada", Ed. La Ley, 2007, Tº II, págs. 1024/1025).------ Con relación concreta a la entrega de la constancia documentada del depósito de aportes y contribuciones, se ha dicho que junto a la obligación principal de ingresar los fondos destinados a sindicatos y organismos de la seguridad social, el art. 80 de la LCT estatuye a cargo del empleador el deber accesorio de entregar al trabajador, si éste lo solicita, al extinguirse el contrato, constancia documentada de haber realizado tales depósitos; y durante el tiempo de la relación, se debe otorgar dicha constancia, sólo cuando medien "causas razonables" (art. 80, parte 2da. LCT) (conf. Livellara, op. cit., ídem, pág. 1028). En cuanto a la vigencia de esta obligación y la dificultad del empleador de cumplirla, la tendencia jurisprudencial mayoritaria, que sigue opiniones doctrinarias relevantes, indica que cuando se reclama la entrega de una constancia documentada, ello significa que se debe dar al trabajador "copia de los comprobantes de depósitos" (conf. SCJ Mendoza, Sala II, 16/10/03, in re: "Millán, Viviana c/ Máxima AFJP", DT, 2004-A-371). Se ha reconocido que esto trae aparejado diversas dificultades para las empresas sobre todo cuando se trata de trabajadores con cierta antigüedad, y la obtención de copias de todos los depósitos efectuados a través de los años no es fácil, a lo que se agrega que en los últimos años, los depósitos se hacen en forma unificada y sin individualización del trabajador (conf. Livellara, op. cit., ídem, pág. 1029). Esto ha llevado a la consideración de la constitucionalidad de la norma, por considerarse que la misma afecta el principio de razonabilidad al tornarse en muchos casos una obligación de cumplimiento imposible (conf. Cortiñas, Manuel: "Inconstitucionalidad del art. 80 de la ley de contrato de trabajo", Rev. del Foro de Cuyo, Suplemento mensual de Enero 2006, pág. 8). Estas dificultades condujeron asimismo a que en el últimos tiempos se abriera paso una nueva corriente jurisprudencial a partir de diversos pronunciamientos de la Sala III de la CN del Trabajo que considera que el reclamo de la entrega de las certificaciones o constancias documentadas no resulta admisible, porque ha perdido toda utilidad práctica a partir de la circunstancia que el trabajador puede obtener esa información directamente del ANSeS (inre: "L., P. S. c/ B. SA s/ certificación de servicios" y "A., W. O. c/ E. SA s/ despido", RDLSS, MJ, 2005-215).----------------- Se ha señalado que es tan contrario al sentido de la norma la circunstancia de que el empleador emita una certificación de depósitos que falsee la realidad, como cuando el trabajador requiere esa constancia sólo para especular con la posibilidad que frente a un incumplimiento de aquél opere la indemnización a su favor, máxime cuando ahora el ANSeS emite informes a los trabajadores sobre los depósitos efectuados por las empresas (conf. Livellara, Carlos Alberto: "Las certificaciones del art. 80 LCT y su problemática", DT, 2004-A, 371). A partir de tales cuestiones se sostuvo que los jueces, al evaluar la aplicación de la sanción del art. 80 de la LCT, con relación a la entrega de una constancia documentada de los depósitos previsionales, deberán hacer mérito de las particularidades del caso y de las conductas de las partes dentro de los carriles de la buena fe contractual (conf. art. 62 , 63 y conos. de la LCT) (conf. Livellara, op. cit., ídem, pág. 1031). En la especie, en primer lugar, la demandada no solicitó la inconstitucionalidad de la norma en cuestión. Amén de ello no se advierte una actitud especulativa por parte del actor y por último la demandada no dio cumplimiento oportuno a la entrega de las constancias documentadas, ya que las mismas se incorporan recién con el informe de fs.85 (ver constancias de fs. 78/84).------------------------- En cuanto a la obligación de entregar el certificado de trabajo, contenida en el 2do. parágrafo del art. 80 de la LCT, y que fuera reclamada en la intimación de fs. 17 del cuaderno de pruebas de la actora, habré de coincidir con el vocal prevotante, en cuanto a que la entrega del formulario ANSeS PS.6.2 (ver fs. 40, pto. III) no cumple con los requisitos de la misma, tal como lo ha sostenido esta Cámara en diversos antecedentes (conf. CANE, Sala A, SDL Nros. 44/03 7 66/04, y Sala B, SDL Nro.08/05, entre otros). En consecuencia, no habiéndose acreditado el cumplimiento oportuno de ninguna de las dos obligaciones impuestas por el art. 80 de la LCT, comparto la conclusión a la que arribara el Dr. Vergara respecto a que procede acoger la indemnización del último parágrafo del artículo citado, tal como se reconociera en la sentencia apelada.---------------- Es por ello que corresponde rechazar el recurso de apelación examinado.------------------ II.- En lo que se refiere a la apelación deducida por la demandada de los honorarios regulados al apoderado de la actora -es claro que la mención del apoderado de la demandada a fs. 318 se debe a un error involuntario- en el 14% más el 40% por mandato, dado el éxito de la actora en el pleito, así como la extensión y mérito de las tareas desempeñadas por los profesionales, el porcentaje atacado, en tanto se ubica por debajo de la mitad de la escala del art. 7 de la ley arancelaria para el letrado del vencedor, no resulta excesivo, por lo que también se desestima este recurso.- --------------- III.- En consecuencia, y concordando con el colega que me antecediera en la votación, habrá de confirmarse la sentencia apelada, con costas a la demandada recurrente vencida (conf. art. 68 del CPCC).----------------- ----- En cuanto a los honorarios por los trabajos realizados ante este sede, atento la extensión y mérito de las tareas realizadas, así como el resultado obtenido, regulo los honorarios de los letrados de la apelante, Dres. F. M. y G. A. T. C., en conjunto, en un 2,8% del monto total de condena, de acuerdo a la liquidación a practicarse en la etapa de ejecución de sentencia, con más el IVA pertinente (conf. arts. 6, 14 y 47 de la ley 2200 y leyes 23349 y 23871).-------------------------- A la luz de todo lo expuesto y razonado, a la primera cuestión voto POR LA AFIRMATIVA.------------------------- A LA SEGUNDA CUESTION el Dr. Vergara dijo:----------- Visto el acuerdo antes alcanzado, corresponde: a) confirmar la sentencia venida en apelación en todo cuanto fuera materia de agravios; b) imponer las costas de segunda instancia a la apelante vencida; c) regular los honorarios de los Dres. F. N. M. y G. A. T. C., por sus tareas de Alzada, en la suma porcentual equivalente al 2,8% del monto del proceso que resulte de la liquidación a practicarse en la etapa de ejecución de sentencia; y d) declarar que los referidos honorarios deberán incrementarse con el I.V.A. pertinente.-- Así lo voto.-------------------------- A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. De Cunto dijo:--------- En atención al acuerdo arribado, el pronunciamiento que corresponde dictar es el propuesto por el Dr. Vergara, fiel expresión del mismo.------- Así lo voto.-	--- Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal haberse logrado la mayoría (art. 9 ley 1130, To. Ley 4550), pasándose a dictar: ---------- S E N T E N C I A: ----- --- Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Trelew; RESUELVE:-------------------------	--- CONFIRMAR la sentencia venida en apelación en todo cuanto fuera materia de agravios.-------------------------------- IMPONER las costas de segunda instancia a la apelante vencida.----------------------------- REGULAR los honorarios de los Dres. F. N. M. y G. A. T. C., por sus tareas de Alzada, en la suma porcentual equivalente al 2,8% del monto del proceso que resulte de la liquidación a practicarse en la etapa de ejecución de sentencia.-------------------------- DECLARAR que los referidos honorarios deberán incrementarse con el I.V.A. pertinente.	--- Regístrese, notifíquese y devuélvase.------------	REGISTRADA BAJO EL N°____36_____DEL AÑO 2009 - SDL - CONSTE.-	CECILIA INES CORNEO SECRETARIA DE CAMARA