Tribunal: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2005-10-14


Fojas: 48 En Mendoza, a catorce días del mes de octubre del año dos mil cinco reunida la Sala Primera de la Excma. Suprema Corte de Justicia, tomó en consideración para dictar sentencia definitiva la causa nro. 80.165 caratulada "Departamento General de Irrigación en j° 27.503 Dpto. Gral. De Irrigación en j° 36.917 Club Godoy Cruz A.T. p/ Conc. Prev. p/ Rec. Rev. s/ Inc. Cas.".

Conforme lo decretado a fs. 47 deja constancia del orden de estudio efectuado en la causa para el tratamiento de las cuestiones por el Tribunal: primera: Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci; segundo: Dr. Fernando Romano, tercero: Dr. Alejandro Pérez Hualde.

ANTECEDENTES:

A fs. 6/17 el abogado Daniel Armando Herrera, por el Departamento General de Irrigación (en adelante el D.G.I.), deduce recursos extraordinarios de inconstitucionalidad y casación contra de la resolución dictada por la Cuarta Cámara Civil de Apelaciones a fs. 63/64 vta. de los autos nro. 27.503 caratulados "D.G.I. en j° 36.917 Club Godoy Cruz Antonio Tomba p/ Conc. Prev. p/ Rec. Rev.".

A fs. 23/vta. se rechaza el recurso de inconstitucionalidad, se admite formalmente el de casación y se manda correr traslado a la contraria. A fs. 28/33 contesta la sindicatura y solicita su rechazo con costas. A fs. 36/37 comparece Fiscalía de Estado y solicita se haga lugar al recurso de casación deducido.

A fs. 43/44 vta. obra el dictamen del Sr. Procurador General quien, por las razones que expone, aconseja el rechazo del recurso deducido.

A fs. 46 vta. se llama al acuerdo para sentencia y a fs. 47 se deja constancia del orden de estudio en la causa por parte de los señores Ministros del Tribunal.

De conformidad con lo establecido en el art. 160 de la Constitución de la Provincia, esta Sala se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es procedente el recurso interpuesto? SEGUNDA CUESTIÓN: En su caso, ¿qué solución corresponde? TERCERA CUESTIÓN: Costas.

A LA PRIMERA CUESTIÓN LA DRA. AÍDA KEMELMAJER DE CARLUCCI, dijo:

I. PLATAFORMA FÁCTICA.

Los hechos relevantes para la resolución de este recurso son, sintéticamente, los siguientes:

1. El D.G.I. solicitó verificación en el concurso preventivo del Club Deportivo Antonio Tomba tramitado en autos nro. 36.917 por ante el Primer Juzgado de Procesos Concursales. El juez rechazó la petición con fundamento en el art. 3 de la ley 6858 que condonó las deudas en concepto de impuestos provinciales y de servicios públicos que mantienen los clubes afiliados a las ligas de fútbol de la provincia y al Consejo Federal del Fútbol Argentino; especialmente en el art. 4° que dice: "Decláranse eximidos del pago de todos los impuestos provinciales a los clubes sujetos a la presente ley". Contra esa decisión el D.G.I. interpuso recurso de revisión en autos nro. 39.831. Sostuvo la inaplicabilidad de la ley 6858 en razón de la autonomía presupuestaria del D.G.I. (art. 186/196) y la ley general de aguas nro. 322 (reglamentaria de las disposiciones constitucionales) y de las leyes 4290 y 1032. La concursada y la sindicatura se opusieron al recurso de revisión interpuesto.

2. A fs. 35/36 el juez de primera instancia rechazó el recurso de revisión deducido. Apeló el D.G.I. A fs. 63/64 vta. la Cuarta Cámara confirmó la decisión, con estos fundamentos:

a) La controversia se centra en la aplicación o no de la ley 6858.

El art. 3° condona las deudas que mantienen los clubes de fútbol comprendidos en la ley, en concepto de impuestos provinciales y de servicios públicos cuya percepción esté a cargo de la provincia. El art. 4° declara eximido del pago de todos los impuestos provinciales a los clubes sujetos a la presente ley. Los términos en los que se redacta la ley muestran la amplitud con que se concibe la condonación de deudas y la eximición de impuestos a los clubes de fútbol, circunstancia que queda evidenciada en los fundamentos de la ley expuestos en la Cámara de Senadores el 10/5/2000. En esta exposición de motivos se hace especial referencia "a la función social que cumplen los clubes de fútbol, sociedades civiles sin fines de lucro, cuyo propósito es propender al desarrollo de actividades sociales, culturales y deportivas... contribuyendo a la formación integral de miles de niños...". Conforme estos antecedentes, no hay dudas que, sin distinción aparente, la ley buscó concretar a través de sus disposiciones una condonación general de deudas que mantuvieran los clubes por impuestos provinciales y servicios públicos.

b) En el informe individual la sindicatura señaló como causa del crédito la concesión de uso especial del recurso hídrico superficial y subterráneo registrado a nombre del concursado, correspondiente a las propiedades registradas. Al verter su opinión, y considerar inadmisible el privilegio, la sindicatura se remitió a la ley provincial 6848, opinando que la obligación fiscal del pago del canon de riego por parte del concesionario del recurso hídrico, se encuentra comprendida en dicha normativa, de condonación de deudas, pues su devengamiento de preconcursal, operando sus respectivos vencimientos a la fecha de publicación de la ley.

c) Al referirse al canon o cuota de sostenimiento que debe pagar el concesionario por el uso de aguas públicas, la ley 4290 dispone que "Es una carga inherente a dicha concesión que se debe abonar por todos los concesionarios con independencia de la utilización o no que realicen del recurso hídrico". En fallos obrantes en L.S. 207-181 y L.S. 214-212, la S.C.J. de la Provincia analizó la naturaleza jurídica de la cuota de sostenimiento antes de la sanción de la ley 4290 y dijo que "en función de la conocida diferenciación conceptual entre tasa e impuesto proveniente del derecho financiero ha considerado tanto de una u otra manera a la mencionada cuota... destacando que desde el punto de vista jurídico no existe diferencia estructural entre el impuesto y la tasa. Ambos tienen su fundamento en el poder tributario del Estado, que a su vez reposa en el poder de imperio y al decir de algunos autores, en la soberanía financiera, llegándose a afirmar que no hay un verdadero criterio de diferenciación entre impuesto, tasa y contribuciones especiales, sino meramente instrumental".

En igual sentido se ha pronunciado la doctrina. En la sentencia registrada en L.S. 207-181, el Superior tribunal señala que la sanción de la ley 4290 vino a llenar un vacío legal pues todos los concesionarios, con independencia de la utilización o no del recurso, están obligados a abonar el tributo, normando la ley los efectos jurídicos del mismo.

Conforme esta terminología, se desdibujan los límites posibles entre tasa e impuesto, pues se estaría abonando en el caso concreto la retribución a un servicio público, sin importar como retribución un beneficio determinado por el uso o no que se haga del mismo.

II. LOS MOTIVOS DE LA CASACIÓN DEDUCIDA.

La recurrente denuncia errónea interpretación y aplicación del art. 196 de la Constitución de Mendoza y de la norma presupuestaria contenida en la ley 6858. Argumenta del siguiente modo:

1. La resolución recurrida inaplica el art. 196 de la Constitución Provincial pues confunde el D.G.I. con el gobierno general de la provincia. La distinción institucional entre autoridades generales y autoridades del agua impuesta por la Constitución abarca la materia presupuestaria. La Constitución contempla facultades presupuestarias distintas entre la Honorable Legislatura (que dicta el presupuesto del gobierno general) y el D.G.I. (que está facultado para dictar su propio presupuesto de gastos y establecer sus recursos.

Por su parte, el art. 188 de la Constitución de Mendoza establece la jurisdicción y competencia del D.G.I. y dispone: "Todos los asuntos que se refieran a la Irrigación en la Provincia, que no sean de competencia de la justicia ordinaria, estarán exclusivamente a cargo de un D.G.I. compuesto de un Superintendente nombrado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, de un Consejo compuesto por cinco miembros designados en la misma forma y demás autoridades que determine la ley".

2. Montesquieu elaboró una tríada de poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. No obstante, existen otros órganos y sujetos auxiliares del poder que no encajan en ninguno de los poderes de la tríada, sino que están al margen o fuera de ellos; son los órganos extrapoderes. La Constitución de Mendoza regula entidades extrapoderes cuyas competencias han sido conferidas por disposición constitucional, como son los municipios, la Dirección General de Escuelas y el D.G.I.

Como ha dicho esta Corte, la entidad autárquica no está subordinada jerárquicamente a ningún otro organismo administrativo, pues sus atribuciones derivan directamente de la ley, y no de su superior jerárquico. Por ello, sus decisiones no son recurribles ante el poder ejecutivo mediante alzada.

En el caso específico del D.G.I., la ley nro. 322 regula específicamente el tema; su art. 11 dispone que: "Contra la resoluciones que dicte originariamente el Superintendente, habrá el recurso de apelación para ante el Consejo Superior"; y el art. 19 dice: "De los fallos que dicte el Consejo, como de las resoluciones que pronuncia el Superintendente en última instancia, habrá el recurso contencioso administrativo para ante la Suprema Corte de la Provincia".

El fundamento de la exclusión de la intervención del Poder Ejecutivo en el control de legalidad de los entes extrapoderes está dado por la jerarquía normativa de los entes extrapoderes, que es idéntica a la que le confiere al poder ejecutivo respecto de la administración general. En suma, el esquema da cuenta de que el D.G.I. constituye un órgano independiente, que ejerce con exclusividad la función administrativa sobre las aguas por mandato constitucional expreso.

Esta Corte ha dicho en forma reiterada y reciente que el D.G.I. se adelantó a las modernas instituciones de control que el derecho administrativo y constitucional han generado mediante organismos independientes (Rev. del Foro de Cuyo, T° 59-2003 pág. 286 y L.L. Gran Cuyo T° 2003).

3. El control independiente que esta Corte y la doctrina han puntualizado ha generado a favor del D.G.I. no sólo autarquía funcional de jerarquía constitucional que excluye al poder ejecutivo del control de legitimidad, sino independencia política, mediante un sistema de designación y remoción de sus autoridades que excluye la mera voluntad del ejecutivo. También le ha brindado autarquía presupuestaria y financiera (autarcía) que garantiza un manejo independiente de los fondos propios de la gestión de las aguas. Todo ello es fruto de la trascendencia que el agua presenta en nuestra economía e historia provincial.

4. Dentro de esta garantía de independencia que corresponde al D.G.I. resulta fundamental el art. 196 de la Constitución de Mendoza que lo faculta a dictar su propio presupuesto de gastos y de recursos. Como lo señala la doctrina, la habilitación constitucional del D.G.I. lo es no sólo para ejercer funciones administrativas dentro de una jerarquía orgánica constitucional (art. 188) sino también para ejercer funciones presupuestarias (art. 196).

5. La interpretación no puede ser meramente semántica o gramatical; es necesario recurrir al análisis lógico que implica encontrar su sentido mediante el razonamiento intrínseco sobre el texto legal o recurrir a factores extrínsecos (antecedentes parlamentarios, mensajes del poder ejecutivo, notas al código, fuentes de la ley, circunstancias históricas, etc.).

En este análisis intrínseco y sistemático hay que relacionar el precepto observado con las restantes normas constitucionales, en especial el art. 188 de la Constitución de Mendoza; también con la normativa infraconstitucional (ley 322) y especialmente el art. 1 de la ley 1032 que señala que "los presupuestos del D.G.I. y del Banco de la Provincia de Mendoza serán enviados a la Legislatura al solo efecto de tenerlos presentes en el estudio de la situación general".

El análisis de los factores extrínsecos lleva a idénticas conclusiones. En tal sentido, resulta de utilidad lo expresado por el constituyente Barraquero, durante los debates de la Convención Constituyente de 1915, quien al analizar y fundar el texto del art. 188 dijo que es la bandera de la autonomía. Lo que quiere decir este artículo es que los asuntos de Irrigación corresponden todos a los poderes públicos creados por el manejo del agua... Las autoridades elegidas para manejar Irrigación son tan autoridades autónomas como las que tiene el pueblo para manejar la Municipalidad.

La literalidad del art. 196 de la Constitución de Mendoza, sumada a su correlación con los arts. 187 y 188 y las disposiciones legales (leyes 1032 y 322) permite una sola conclusión, cual es que el D.G.I. se da sus propios recursos y determina sus gastos; ninguna ley de la Legislatura puede interpretarse de otro modo sin dejar de lado el art. 196 de la Constitución Provincial y sin afectar la independencia funcional, política e institucional que corresponde a esa entidad autárquica de jerarquía constitucional.

En el caso, la ley 6858 invocada por la concursada y aplicada por el juzgador no es aplicable al D.G.I., pues ello implica ignorar o hacer cesar la aplicación del art. 196 de la Constitución de Mendoza. La ley 6858 realiza un acto de liberalidad sobre los recursos de gobierno general, pero no sobre los recursos genuinos de las autoridades del agua, recursos cuya previsión y destino debe fijarse en el presupuesto del D.G.I. (art. 196 de la Constitución de la Provincia) y de las inspecciones de cauce (art. 187 de la Const. Provincial) que son aprobados por el D.G.I. conforme la ley 6405.

La ley 6858 es válida en lo que se refiere a deudas fiscales propias del presupuesto del gobierno provincial que desempeña el poder ejecutivo, pero no las que corresponden al presupuesto del D.G.I. y de las inspecciones de cauce.

III. LA NORMATIVA IMPLICADA.

1.Nivel constitucional.

La Constitución de la Provincia destina la sección primera a las Declaraciones generales, derechos y garantías, la II al régimen electoral, la III al Poder Legislativo, la IV al Poder Ejecutivo, la V al Poder Judicial, la VI al Departamento de Irrigación, y la VII al Régimen Municipal.

Los arts. 186/196 que conforman esa sección, disponen, entre otros aspectos, la prohibición a "la legislatura de dictar leyes que priven a los interesados de los canales, hijuelas y desagües de la facultad de elegir sus autoridades y administrar sus respectivas rentas, sin perjuicio del control de las autoridades superiores de irrigación" (art. 187); la necesidad de que las obras fundamentales que proyecte el PE (como diques, distribuidores y embalses, grandes canales, etc.) y las que proyecte el DGI (según la clase y magnitud determinadas por la constitución) sean autorizadas por ley; la prohibición de acordar nuevas concesiones de agua mientras no se dicte una ley especial que afore los ríos de la provincia y sus afluentes (art. 194); la facultad del DGI de sancionar anualmente su presupuesto de gastos y cálculo de recursos (art. 196).

2. Nivel legal.

La ley 6858 de la provincia de Mendoza (B.O. 20/12/2001) tiene cuatro artículos y uno de forma. El primero declara la inembargabilidad e inejecutabilidad de los bienes muebles e inmuebles afectados a fines deportivos o recreativos de propiedad de los clubes; el art. 2 dispone que los ingresos de estas entidades sólo serán susceptibles de embargos hasta el máximo total del veinte por ciento de tales ingresos; el art. 3 "condona las deudas que mantengan los clubes comprendidos en la ley en concepto de impuestos provinciales y de servicios públicos cuya percepción esté a cargo de la provincia" y el art. 4 declara eximidos del pago de todos los impuestos provinciales a los clubes sujetos a la ley".

IV. LA CUESTIÓN A RESOLVER.

La cuestión a resolver es si resulta contraria al sistema normativo provincial la decisión que en un concurso preventivo, declara inadmisible el crédito por canon de riego, con fundamento en el art. 4 de la ley 6858 que declara "eximidos del pago de todos los impuestos provinciales a los clubes sujetos a la ley".

V. LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DEDUCIDO.

Propongo a mis distinguidos colegas de Sala la revocatoria de la decisión recurrida, por las razones que paso a exponer.

1. El Departamento General de Irrigación. Su status constitucional. Importancia. Breves datos históricos.

He señalado en el punto III.1. que la Constitución regula el DGR en una sección; es decir, metodológicamente, le otorga un tratamiento similar al que da a cada uno de los poderes del Estado provincial y a los municipios.

Por lo demás, en numerosos precedentes, esta Corte ha señalado la importancia del agua en la provincia (Ver, entre otros, sentencia del 6/9/2006, La Ley Gran Cuyo 2002, pág.836 y ss). Es que "el régimen del agua fue y es asunto prioritario en Mendoza; ha sido la carencia de lluvias lo que ha exigido el uso racional de las acarreadas por los ríos cordilleranos" (Seghesso de López, Cristina, Historia del Derecho Público mendocino, en obra colectiva del Instituto Argentino de Estudios Constitucionales y políticos, Derecho Público provincial y municipal, 2° ed., Bs. As., ed. La Ley, 2004, t. 1, pag. 66). Adviértase que el antecedente inmediato de la primera Constitución provincial de 1854, el proyecto redactado por Juan Bautista Alberdi, no contenía ninguna previsión sobre aguas; sin embargo, los constituyentes incluyeron una cláusula según la cual el municipio era el encargado de distribuir el agua. La segunda constitución de 1871 repitió la disposición encargando a los municipios la distribución del agua. En el texto de 1894, el Departamento de Irrigación fue instituido como órgano constitucional; la sección novena inaugura un régimen de previsiones específicas sobre recursos naturales en las constitucionales provinciales y este modelo será seguido luego por otros ordenamientos. Como dice Dardo Pérez Guilhou, una de las novedades más notables de este texto fue la creación a nivel constitucional del Departamento de Irrigación, organismo cuya función es entender en todos los asuntos que se refieran a la Irrigación y administración de sus respectivas rentas (La reforma constitucional mendocina de 1894, cit. por López, Joaquín, Los recursos naturales, la energía y el ambiente en las constituciones de las provincias argentinas, en obra colectiva del Instituto Argentino de Estudios Constitucionales y políticos, Bs. As., ed. Depalma, 1993, t. III, pág. 66). La cuarta constitución de 1900 continúa esta tónica; el art. 210 estableció la autarquía funcional y económica de las asociaciones de usuarios, etc. La quinta constitución de 1910 reiteró la prohibición existente en los textos anteriores de conceder aguas para regadío sin una ley. La sexta constitución de 1916, actualmente vigente, al igual que las anteriores, dedica una sección específica al Departamento General de Irrigación.

2. La eximente legal frente al status constitucional.

Frente al texto legal cuya aplicación se solicitaba, en abstracto, se abrían a los tribunales de grado, al menos, tres posibilidades:

(a) Considerar que la eximente legal comprende el canon o cuota de sostenimiento que debe pagar el concesionario por el uso de aguas públicas.

Esta alternativa, aceptada por la sentencia recurrida, se enfrenta a la regulación constitucional antes referida, especialmente, a la prohibición de "dictar leyes que priven a los interesados de los canales, hijuelas y desagües de la facultad de ......administrar sus respectivas rentas" (art. 187), y la facultad del DGI de sancionar anualmente su presupuesto de gastos y cálculo de recursos (art. 196). No hay dudas que, en este caso, la ley está privando al DGI, e indirectamente a los interesados de los canales, hijuelas y desagües de la facultad de administrar sus respectivas rentas, desde que condonar y la eximir es mucho más que un acto de administración; configura un verdadero acto de disposición, obviamente en perjuicio del sistema constitucional antes referido.

(b) Hacer una interpretación restrictiva de la norma; es decir, entender que del mismo modo que la ley no comprende a los tributos municipales, entes locales que también gozan de su propio sistema fiscal, tampoco puede alcanzar a los tributos que se adeuden al DGI.

Este modo de resolver se adecua a los textos y no requiere la declaración de inconstitucionalidad de la norma. Se trata, simplemente, de aplicar la regla tantas veces expuesta por la Corte Nacional según la cual cuando dos interpretaciones de una ley son posibles, debe preferirse aquella que implique adecuar el texto a las disposiciones constitucionales y no la que lo pone en pugna (Ver, a vía de ej., CSN 10/12/1996, LL 1997-C-810). Esta regla es especialmente aplicable al caso, desde que la ley en cuestión establece beneficios especiales a favor de especiales entidades deportivas, y como lo señala el Superior Tribunal del país "toda disposiciones que concede beneficios o prerrogativas debe interpretarse restrictivamente" (CSN 20/3/2003, JA 2003-III-26).

(c) Declarar la inaplicabilidad constitucional de la ley al DGI. Aunque la declaración de inaplicabilidad constitucional se asimile a la declaración de inconstitucionalidad, y se entienda que el DGI no la había peticionado expresamente, el juez podía declararla de oficio, tal como lo tiene resuelto la Corte Federal claramente a partir del 19/8/2004, in re Banco Comercial de Finanzas (Doc. Jud. 2004-3-115, ED 209-130, LL 2004-E-647, Foro de Córdoba 93-109 y Doc. Societaria nro. 204-1342).

3. Interpretación económica.

Cualquiera de las dos últimas alternativas tiene la ventaja de adecuarse a un mejor resultado económico, elemento no descartable a la hora de buscar la mejor interpretación jurídica posible de un texto poco claro constitucionalmente. En efecto, por medio de la llamada "cuota de sostenimiento", son los regantes concesionarios de aguas públicas quienes cubren el costo de la administración pública general de las aguas. "Para este objeto, el presupuesto anual de la repartición administrativa responsable del manejo del agua (D.G.I., ente autárquico) es dividido por el número de hectáreas para las cuales existen concesiones de derechos de aguas inscritas, y la cifra que así resulta es el monto por hectárea de la cuota de sostenimiento. Para concesiones destinadas a usos distintos al riego existen equivalentes a hectáreas". "Quizás sea objetable que el costo de la administración general de las aguas lo soporten exclusivamente los usuarios cuando quienes no lo son se benefician indirectamente de esta actividad mas, en definitiva, el régimen concuerda con el aconsejado por organismos especializados de las Naciones Unidas" (Cano, Guillermo, El uso de las aguas y los servicios públicos a ellas conexos como materia de tributación, JA 1960-I-Sec. Doc. 44).

Por el contrario, la primera alternativa interpretativa, aceptada por la sentencia recurrida, hace recaer el peso económico de la eximente sobre los otros regantes; en otras palabras, lo que el club de fútbol no paga, lo pagan los otros concesionarios y no los fondos generales del Estado provincial.

4. Interpretación axiológica La inaplicabilidad de esta ley o su interpretación restrictiva se adecua al texto constitucional y, fundamentalmente, a los valores que él consagra. En efecto, Guillermo Cano sostenía que "un principio de equidad y de buena técnica financiera aconseja distribuir los costos entre los diversos sectores de beneficiarios en proporción al beneficio que cada uno de estos últimos recibe" y que, en este sentido, la organización institucional de Mendoza es modelo, tanto por la extensión de sus regadíos como por su reconocida eficiencia (Cano, Guillermo, El uso de las aguas y los servicios públicos a ellas conexos como materia de tributación e, JA 1960-I-Sec. Doc. 42).

La primera interpretación, utilizada por los jueces de grado, hace cargar, inequitativamente, sobre el resto de los regantes, el costo que implica la eximente al club de fútbol.

5. La irrelevancia de los argumentos expuestos por las instancias inferiores.

Lo expuesto en los puntos anteriores me convencen del error normativo de naturaleza constitucional de las sentencias de grado, y de la irrelevancia de sus argumentos. En efecto: (a) la carencia de ataque de inconstitucionalidad de la norma por la parte, no impedía el ejercicio de las facultades judiciales, sea porque la ley podía interpretarse en forma restrictiva, sea porque se la inaplicase, sea porque se la declarase inconstitucional; (b) el carácter de impuesto o tasa no alterna la cuestión desde que, cualquiera sea su naturaleza, son tributos de riego que afectan a la administración del agua.

VI. CONCLUSIONES.

Las razones anteriores me convencen que el recurso deducido debe ser acogido; consecuentemente, la decisión debe ser revocada y, dada la inexistencia de otras impugnaciones, corresponde se declare admisible el crédito del DGI, con el carácter solicitado.

Así voto.

Sobre la misma cuestión los Dres. ROMANO y PÉREZ HUALDE, adhieren por sus fundamentos al voto que antecede.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN LA DRA. AÍDA KEMELMAJER DE CARLUCCI, dijo:

Atento el modo como ha sido resuelta la cuestión anterior corresponde , admitir el recurso extraordinario de Casación deducido a fs. 6/17 por el DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACIÓN y en consecuencia declarar admisible el crédito Nro. 10 del DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACIÓN por la suma de $ 8.496,19 en concepto de capital con el privilegio establecido en el art. 241 inc. 3 de la ley 24522 y por la suma de $ 4.095,94 por los intereses y en la categoría de quirografario.

Así voto.

Sobre la misma cuestión los Dres. ROMANO y PÉREZ HUALDE, adhieren al voto que antecede.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN LA DRA. AÍDA KEMELMAJER DE CARLUCCI, dijo:

Las costas del recurso extraordinario y las de las instancias de grado se imponen a cargo de la concursada.

Así voto.

Sobre la misma cuestión los Dres. ROMANO y PÉREZ HUALDE, adhieren al voto que antecede.

Con lo que terminó el acto, procediéndose a dictar la sentencia que a continuación se inserta:

S E N T E N C I A:

Mendoza,14 de octubre de 2005.

Y VISTOS:

Por el mérito que resulta del acuerdo precedente, la Sala Primera de la Excma. Suprema Corte de Justicia fallando en definitiva, R E S U E L V E:

I) Hacer lugar el recurso extraordinario de Casación deducido a fs. deducido a fs. 6/17 por el DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACIÓN contra la resolución de fs. 63/64 del expediente Nro. 39831/ 27503 " D. G. IRRIGACIÓN EN J: 36917 CLUB GODOY CRUZ A. T. P/ CONC. PREV. P/ REC REV." dictada por la Excma. Cuarta Cámara de Apelación Civil, Comercial, Minas, Paz y Tributario de la Primera Circunscripción, la que se deja sin efecto. En consecuencia la parte resolutiva de la sentencia de Cámara queda redactada del siguiente modo:

"1)Admitir el recurso de apelación articulado a fs. 37 por el DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACIÓN contra la resolución de fs. Sub 35/36 la que se revoca. En consecuencia la resolución de primera instancia queda redactada del siguiente modo:

"I. Hacer lugar al recurso de revisión deducido a fs. sub 12/13 y en consecuencia declarar admisible el crédito Nro. 10 del DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACIÓN por la suma de $ 8.496,19 en concepto de capital con el privilegio establecido en el art. 241 inc. 3 de la ley 24522 y por la suma de $ 4.095,94 por los intereses y en la categoría de quirografario".

| "II. Imponer las costas de de primera instancia a cargo de la concursada".

"III. Regular los honorarios de primera instancia del siguiente modo: Dra. GLADYS DE VEGA, en la suma de pesos TRESCIENTOS DOS ($302); Dra. MABEL BAGNESCHI, en la suma de pesos CIENTO CINCUENTA Y UNO ($151); Dres. GLADYS DELIA MARZALA y ROBERTO ESTESO, en la suma de pesos DOSCIENTOS DOCE ($212) en conjunto (Arts. 2, 3, 14 y 31 Ley 3641 Mod. Dec.Ley 1304/75)".

"2)Imponer las costas de alzada a cargo de la concursada vencida".

"3)Regular los honorarios de alzada del siguiente modo: Dra. GLADYS ROGERO DE VEGA, en la suma de pesos CIENTO VEINTIUNO ($121); Dra. MABEL BAGNESCHI, en la suma de pesos TREINTA Y SÉIS ($36); Dra. MARIA ITATI ESTESO, en la suma de pesos OCHENTA Y CINCO ($85) (Arts. 15,31 Ley 3641 Dec. Ley 1304/75)".

II) Imponer las costas del recurso de casación a cargo de la concursada.

III) Regular los honorarios por el recurso de Casación del siguiente modo: Dr. MAURICIO E. PINTO, en la suma de pesos CIENTO SESENTA Y TRES ($163); Dr. DANIEL ARMANDO HERRERA, en la suma de pesos CINCUENTA Y CUATRO ($54); Dr. PEDRO GARCIA ESPETXE, en la suma de pesos DIECIOCHO ($18); Dra. MARIA ITATI ESTESO, en la suma de pesos OCHENTA Y CINCO ($85); Dr. ROBERTO ESTESO, en la suma de pesos VEINTICINCO ($25) (Arts. 15,13, 31 Ley 3641 Dec. Ley 1304/75).

Notifíquese.