Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-05-10


SENT Nº 313	C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, Diez (10) de Mayo de dos mil doce, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por el señor vocal doctor René Mario Goane, la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar y el señor vocal doctor Antonio Gandur -por encontrarse excusado el señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán-, bajo la Presidencia del doctor René Mario Goane, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por parte actora en autos: "Palomo Mirta Analía vs. Provincia de Tucumán s/ Daños y perjuicios".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctora Claudia Beatriz Sbdar, doctores René Mario Goane y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo:

1. Viene a conocimiento y resolución de esta Corte, el recurso de casación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de la Sala I de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo del 29/3/11 (fs. 868/874). Corrido traslado del recurso y contestado el mismo a fs. 897/901, fue declarado admisible por resolución del 04/8/11 (fs. 903).

2. Sostiene la actora que "los argumentos vertidos en la sentencia impugnada no sólo no se ajustan a derecho, sino que resultan arbitrarios y contradictorios ya que, por un lado, no se ha valorado prueba esencial, decisiva y conducente obrante en autos, a saber la fotografía de fs. 269 vta. en donde puede observarse claramente el cartel indicador de la línea que estaba circulando '110', cuyo recorrido Manantial-Terminal San Cayetano (recorrido interurbano de jurisdicción provincial y ajeno al ejido municipal) es reconocido por la demandada e informado en este sentido en oficio de fs. 808". Señala que "también omite considerar que la propia accionada, pese manifestar que ignora los motivos, reconoce en su responde a la demanda que el ómnibus en cuestión circulaba, al momento del hecho, con el cartel indicador de la línea 110".

Agrega que "si se hubiera valorado la prueba y responde mencionados sólo puede colegirse que un vehículo de transporte público de pasajeros con personas transportadas en su interior, cumpliendo el recorrido de la línea 110 y con el cartel que indica 'línea 110', es de dicha línea, concesionada por la Provincia, a la cual corresponde la obligación de control en ejercicio del Poder de Policía, y no de la línea 10 como pretende la sentencia, aún cuando también fuera utilizado en otras ocasiones para esa línea, también concesionada a la misma empresa, en ese caso por la Municipalidad".

Manifiesta que la sentencia "lesiona el principio de congruencia al alterar el fundamento de la responsabilidad invocado en nuestra demanda" y que "no se invocó que hubiera habido relación de causalidad entre las omisiones de la Provincia y el daño muerte de la menor, hija de nuestra mandante, sino, y de modo subsidiario, entre dichas omisiones, la imposibilidad de cobro de la reparación de aquel, como consecuencia de la ausencia de seguro del vehículo".

Expresa que la Cámara ha violado el art. 33 del CPCyC de acuerdo al cual "el a quo debe resolver conforme los elementos de juicio reunidos en el proceso, no pudiendo prescindir de ellos ni valorarlos arbitrariamente. Menos aún si son conducentes y decisivos respecto a la decisión a adoptar". Añade que "en nuestro caso el carácter decisivo de la prueba fotográfica obrante a fs. 269 vta. (fotografía 7) surge desde los primeros considerandos del fallo recurrido, ya que el sentido de la decisión se hace depender básicamente de si el ómnibus en cuestión era de la línea 10 o 110".

Alega que "el vehículo en cuestión no solo estaba circulando con el cartel rojo y blanco '110 - Manantial - Terminal - San Cayetano' (cuestión no controvertida por la demandada), sino que estaba circulando en el recorrido previsto para la línea 110 (Manantial, frente a la Pepsi) que es de jurisdicción provincial, según también lo reconocen tanto la demandada como la sentencia recurrida". Aduce que "ambas cuestiones fueron arbitrariamente valoradas en la sentencia al afirmar sin mayor fundamento, y prescindiendo de la mencionada prueba, esencial, conducente y decisiva y del propio reconocimiento de la demandada, que el colectivo pertenecía a la línea 10, coligiendo por ello, también arbitrariamente, que estaba bajo exclusiva jurisdicción municipal".

Sostiene que el pronunciamiento impugnado viola el principio de congruencia "pues altera la fundamentación de la demanda respecto de la responsabilidad de la demandada Provincia de Tucumán" y que "nuestra parte nunca ha pretendido que el acaecimiento del accidente que produjera la muerte de la hija de nuestra mandante, tenga relación alguna con la contratación o no del seguro obligatorio por parte de la empresa de transporte. Dicho de otro modo, nunca se pretendió fundar la responsabilidad del Estado en la supuesta relación de causalidad del incumplimiento de sus deberes de control con el accidente, sino en la eventual imposibilidad de cobro del resarcimiento del daño, en razón de la ausencia del seguro por parte de la unidad automotor que el Estado debía controlar". Agrega que "está claro que si el Estado hubiera cumplido sus deberes de control, o bien el vehículo no hubiera podido circular por el lugar del accidente, por carecer de seguro o bien lo hubiera hecho contando con éste, y mi mandante hubiera asegurado así el resarcimiento por el luctuoso suceso".

Señala que la parte actora "fundó la demanda subsidiaria contra la Provincia en la responsabilidad por falta de contralor de la obligación de la empresa de transporte de poseer seguro en los vehículos que circulan como transporte de pasajeros ya que la inobservancia de esta obligación importa violación a los deberes legales de control y expone a la víctima y a sus deudos a quedar sin la debida reparación por el daño en el caso de no ser solvente o quedar insolvente la empresa demandada".

Expone que "en un giro sorpresivo y violatorio del principio de congruencia y con la consecuente lesión a los artículos 34 y 265 inc. 6 CPCyC la Excma. Cámara en sus considerandos alega que no hay responsabilidad de la Provincia por cuanto no existe nexo causal entre el accidente y la obligación de control del Estado para que los vehículos de autotransporte no circulen sin seguro obligatorio, lo que nunca fue invocado en la demanda como fundamento de la responsabilidad de la demandada".

Sostiene que en este caso "la causalidad está indemne ya que nuestra representada, conforme al objeto de la demanda está privada de reparación por la falta de seguro del vehículo que causó el accidente, privación que no existiría si quien era el obligado de controlar que no circulen vehículos sin seguro (el Estado Provincial), no hubiera omitido dicho control".

Manifiesta que la sentencia viola la ley 6210 "al sustraer de responsabilidad a la demandada, mediante la invocación de que el vehículo correspondía a la línea 10 de concesión municipal y que no había sido declarado por la empresa como perteneciente a la línea 110 ni obraba, por ello, en los registros de la Dirección de Transporte Municipal". Sostiene que "si el vehículo de autotransporte que ocasionó el accidente llevaba el cartel de la línea 110 ., estaba haciendo el recorrido de la misma en jurisdicción provincial, el accidente ocurrió en dicha jurisdicción, el vehículo no estaba registrado como correspondiente a dicha línea y el Estado reconoce la obligación de control de que no circulen vehículos de autotransporte de jurisdicción provincial sin la habilitación correspondiente, sin seguro obligatorio o sin revisión técnica obligatoria, no solo puede colegirse que la prueba obrante en autos ha sido parcial y arbitrariamente valorada a favor de la Provincia y en perjuicio de nuestra representada, sino también que la sentencia infringe la ley 6210 y el decreto reglamentario 2129/3".

3. La sentencia impugnada admitió la defensa de falta de acción opuesta por la Provincia de Tucumán y rechazó la demanda entablada en su contra. Para así decidir, y tras señalar la coincidencia sustancial de las partes con relación a los hechos que dieron motivo a este pleito, la Cámara sostuvo que la defensa opuesta por la demandada "se fundamenta en el hecho de que a la fecha en que acaeció el evento dañoso (21/06/2002), de acuerdo a los registros obrantes en el Dpto. Técnico de Planeamiento de la Dirección General de Transporte de la Provincia, la unidad que causó el accidente no se encontraba registrada como perteneciente a la Línea Nº 110, ni incluida en la nómina de vehículos asegurados que la Empresa San Cristóbal S.R.L. denunciara por ante la mencionada repartición".

El tribunal señaló que "se desprende del informe emitido por la Dirección General de Transporte (fs. 163/164), que a la fecha del siniestro, el interno Nº 8 dominio TWH - 732 de la Empresa San Cristóbal S.R.L. no figuraba como unidad habilitada por el organismo, pero que sí pertenecía a la Línea Nº 10, cuya concesión es de jurisdicción de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, y por tanto sometida a la normativa propia de ésta". Añadió que "si bien la actora ha impugnado dicho informe aduciendo que el vehículo exhibía su cartel indicador como propio de la Línea Nº 110 (la cual sí sería de jurisdicción provincial), de la referida causa penal se observa que el colectivo implicado en el suceso pertenecía a la Línea Nº 10 (acta cabeza de actuaciones penales de fs. 173/174, declaración del chofer de fs. 184, orden de realización de pericia de fs. 195 y declaración testimonial de fs. 276)".

La Cámara consideró que "el hecho de que la concesión de la línea de transporte involucrada en el accidente fuera de jurisdicción Municipal, y que por dicha razón la Dirección Gral. de Transporte de la Provincia no tuviera información alguna sobre las condiciones en las que circulaba la unidad Nº 8, alcanza para predicar la falta de acción en la demandada".

Tuvo en cuenta que "la autoridad de aplicación de la Ley 6.210 de coordinación, planeamiento, regulación y control del Transporte Público de Pasajeros en la Provincia es la Dirección General de Transporte, quien ejerce el poder de policía sobre todos los transportes que, con carácter público, se presten dentro de la jurisdicción provincial, sean suburbanos o rurales" y que "el artículo 6º del Dcto. Nº 2.129/3-1991, reglamentario de la Ley 6.210, dispone que aquella repartición tendrá a su cargo el ordenamiento, sistematización, organización y contralor del transporte público de pasajeros, de las concesiones, permisos y licencias que se otorguen en su jurisdicción". El tribunal entendió que "estando al juego de tales normas y al hecho comprobado de que la concesión del servicio público de transporte de pasajeros de la Línea Nº 10 es de jurisdicción Municipal, surge claro que el contralor sobre las condiciones de prestación de servicio y demás obligaciones de la concesionaria es ajena a la Provincia demandada".

A criterio de la Cámara, "tal conclusión no cambia por el hecho de que, de acuerdo a los límites establecidos en el artículo 3º de la Ley 6.210, el recorrido de la Línea Nº 10 se extienda a jurisdicción provincial (conforme surge del informe emitido a fs. 808 por la Dirección de Transporte Público de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán), pues si bien en dichos casos la reglamentación dispone que las empresas que se encuentren en tales condiciones se ajustarán en lo referente a las modalidades operativas, tarifarias y de material rodante a los términos y condiciones que fije la Dirección Provincial de Transporte para los servicios suburbanos en general (artículo 3º del Dcto. Reglamentario Nº 2.129/3-91); ello no implica extender a la Provincia la obligación de custodia más allá de lo fijado por las normas ut-supra mencionadas". En virtud de ello, concluyó que "siendo el deber de contralor de la Provincia ajeno a las líneas de transporte de jurisdicción y concesión Municipal y no siendo aquella parte integrante de la relación jurídica sustancial que se invoca en autos; la defensa intentada debe prosperar".

A mayor abundamiento, el pronunciamiento impugnado señaló que "aún de haberse encontrado legitimada pasivamente la Provincia, en la causa tampoco se configuran los presupuestos necesarios para predicar su responsabilidad".

Tras reseñar la jurisprudencia de este tribunal respecto de la responsabilidad estatal por omisión, consideró que "no parece lógico predicar que la ausencia de seguro que menciona la parte actora o el hecho de que el contrato social de la Empresa San Cristóbal S.R.L. no se encontrara vigente -lo que como se dijo no fue objeto de prueba alguna-, aparezcan como nexos causales adecuados del accidente que derivó en el óbito de la menor. Es que no puede dejar de advertirse que en el caso de que el micro que embistió a la niña hubiese contado con seguro o estuviera vigente el contrato social, tampoco se habría evitado la producción del siniestro pues éste habría ocurrido de todos modos". Añadió que "con ello pretendo señalar que no fue la invocada omisión de control de la Provincia la que produjo el accidente, por lo que no se configura obligación alguna sobre ella de reparar los perjuicios ocasionados al no haber participado a través de ningunos de sus agentes en la producción del evento". Estimó además que no sólo "la Provincia no tuvo participación alguna en el evento, sino que el mismo se habría producido por una imprudencia del conductor del ómnibus. De manera que la relación de causalidad que resulta necesaria a los fines antes indicado no se verifica en la especie, y por tanto ante la ausencia de un recaudo fundamental de la responsabilidad estatal, resulta improcedente la pretensión indemnizatoria esbozada en autos".

4. El recurso es admisible desde que ha sido deducido en término contra una sentencia definitiva, se funda en errónea aplicación del derecho y en la doctrina de la arbitrariedad, se basta a sí mismo y se encuentra cumplida la exigencia del depósito con la boleta de fs. 878 (cfr. arts. 748/752 del CPCyC), por lo que corresponde abordar su procedencia.

5. Confrontados los argumentos del recurso con los fundamentos de la sentencia impugnada, el mismo no puede prosperar.

En cuanto a la arbitrariedad que la parte recurrente atribuye al fallo en la valoración del cuadro probatorio, se advierte que el escrito de interposición del recurso de casación no exhibe argumentos demostrativos del vicio de arbitrariedad y, por ende, idóneos para revertir el resultado arribado por la Cámara.

La parte actora sostiene que se habría omitido ponderar la fotografía de fs. 269 vta. y el informe de fs. 808, de los que se desprendería que el ómnibus que protagonizó el accidente pertenecía a la línea 110 y, por ende, se encontraba sujeto al contralor de la Provincia de Tucumán.

De acuerdo a las constancias de autos, la Cámara no se desentendió de esta prueba; la misma fue valorada con un criterio diferente al del recurrente, sin observarse en su recurso una crítica específica a esa ponderación realizada por el tribunal que conduzca a un resultado diferente al que arribó el pronunciamiento impugnado. La Cámara puso de relieve que la actora sostuvo que "el vehículo exhibía su cartel indicador como propio de la Línea 110 (la cual sí sería de jurisdicción provincial)". Esta referencia del tribunal pone de manifiesto que, si bien no hizo referencia a la fotografía de fs. 269 vta., al mencionar que el vehículo en cuestión exhibía un cartel indicando su pertenencia a la línea 110 consideró explícitamente la circunstancia vinculada a la línea a la cual correspondía la unidad que protagonizó el accidente y que la actora, como explicó a lo largo del recurso, pretendía acreditar mediante las referidas fotografías. Luego de haber precisado la alegación de la actora, el tribunal descartó la posibilidad de que el ómnibus correspondiera a esa línea de jurisdicción provincial, atendiendo a otros elementos de prueba que se encuentran agregados a la causa penal y que fueron incorporadas a estos autos en fotocopias. Señaló el tribunal sentenciante que "de la referida causa penal se observa que el colectivo implicado en el suceso pertenecía a la Línea 10", haciendo mención del "acta de cabeza de actuaciones penales de fs. 173/174, declaración del chofer de fs. 184, orden de realización de pericia de fs. 195 y declaración testimonial de fs. 276".

Como puede fácilmente advertirse, el tribunal sí valoró la prueba que menciona la parte actora, sólo que, como ya se dijo, lo hizo en un sentido diferente al que propone la recurrente. Ello no constituye una crítica idónea de la sentencia pues, a los fines del recurso de casación, no basta con proponer una interpretación diferente sobre los hechos o el derecho aplicado por el tribunal de grado, sino que debe realizarse una crítica concreta a las razones brindadas por el mismo para decidir como lo hizo, a los fines de poner en evidencia la existencia de un error jurídico en dicha interpretación. Y, en el caso de autos, pese al esfuerzo argumental desplegado por la actora, el recurso interpuesto no logra demostrar la alegada arbitrariedad en la valoración de los hechos por parte del sentenciante.

Por otro lado, tampoco se advierte la alegada violación al principio de congruencia que reclama la actora.

De acuerdo a las constancias de autos, la demanda seguida contra la Provincia de Tucumán fue fundada en "su negligencia en el control del cumplimiento de las obligaciones legales para poder circular de los vehículos habilitadas por la Dirección de Comercio Interior y Transporte de la Provincia de Tucumán" (fs. 2 y 2 vta.) y la sentencia impugnada, con cita de precedentes jurisprudenciales y de doctrina local, analizó, a mayor abundamiento y para el hipotético caso en que se hubiera considerado que la Provincia se encontraba legitimada pasivamente para ser demandada en autos, la responsabilidad que le cabría a la misma como consecuencia de la obligación legal de controlar el transporte público de pasajeros, en los términos de la ley 6210 y su decreto reglamentario. En dicho análisis de la responsabilidad estatal por omisión, no se advierte déficit en el pronunciamiento susceptible de provocar su invalidación como acto jurisdiccional.

Cabe recordar que, con relación a la responsabilidad del Estado, esta Corte tiene dicho que "para que una conducta omisiva genere responsabilidad civil debe estar causalmente ligada con el resultado final, de modo que pueda afirmarse que la abstención ha actuado como factor eficiente de su consumación (López Cabana, Roberto, 'Responsabilidad Civil del Estado derivada del ejercicio del Poder de Policía', en Temas de Responsabilidad Civil, ECA, 1995, p. 216). Goldenberg ha sostenido precisamente que 'desde el punto de vista de la relación de causalidad, ese no hacer viene a ser una condición apta o adecuada para que el desmedro no se produzca. Prueba de lo expuesto es que de haberse observado el comportamiento positivo que las circunstancias exigían se podría haber interrumpido el proceso causal, evitándose el desenlace dañoso (Goldenberg, Isidoro H., 'La relación de causalidad en la responsabilidad civil', ASTREA, 1984, p. 212)" (cfr. CSJT, sent. n° 248 del 18/04/96, "Campbell, Hugo Roberto y otra vs. Provincia de Tucumán").

Asimismo, este tribunal sostuvo que "no existe en el derecho positivo público argentino un texto específico que contemple la responsabilidad del Estado por daños ocurridos con motivos de sus hechos u actos de omisión o abstensión que hubiera ocasionado perjuicio. Por lo tanto, resulta razonable que, por aplicación del artículo 16 del Código Civil, en estos casos se supedita la decisión acudiendo a la analogía y a los principios generales del derecho. En su mérito, no resulta descaminado remitirse a las disposiciones del Código Civil, artículos 1066, 1074, 1112 y 1113. De estos dispositivos se extraen los requisitos necesarios para responsabilizar al Estado por su conducta omisiva. Existencia de antijuridicidad o ilicitud. Elemento esencial de la responsabilidad del Estado por omisión. Significa la contradicción entre la conducta debida del sujeto y el ordenamiento jurídico. Vale decir que el hecho o la conducta omisiva del Estado interesará al derecho, en la medida que tal omisión implique un incumplimiento de una obligación legal, pues, como sostiene Marienhoff ('Responsabilidad extracontractual del Estado por las consecuencias de su actitud omisiva en el ámbito del Derecho Público', Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1996, p. 12), si el deber jurídico no existiere, el hecho omisivo carece de sanción y el derecho se desentiende de él. Así, los artículos 1074 y 1112 del Código Civil hacen referencia a la 'omisión' en el plano extracontractual, consignando el primero de ellos, que el que por cualquier omisión hubiese ocasionado un perjuicio a otro, sólo será responsable de cuando una disposición de la ley le impusiere la obligación de cumplir con el hecho omitido" (cfr. CSJT, sent. n° 1035 del 23/12/97, "Acosta Ana Susana vs. Superior Gobierno de la Provincia").

En el caso de autos, la Cámara efectuó un análisis completo y debidamente fundado de la responsabilidad atribuida a la Provincia por las omisiones que la actora le endilga, operación intelectual realizada a la luz de las pautas antes señaladas, y en la que, por tanto, no se advierte que se hubiere modificado los términos en que la litis se trabó o violado el principio de congruencia.

En lo pertinente, cabe puntualizar que la Cámara sostuvo que "el acto ilícito que causa un daño resarcible obliga al Estado a responder siempre que el funcionario haya obrado en ejercicio del poder público que se le confió o en ocasión de ejercer las funciones que se encuentran en el marco de su competencia; todo o cual supone la existencia de una adecuada relación de causalidad entre el daño y el obrar de la administración para que se configure el deber de indemnizar por parte de esta última". Habiendo fundado la actora su reclamo indemnizatorio en una alegada "negligencia en el control del cumplimiento de las obligaciones legales para poder circular" del ómnibus que protagonizó el accidente, es claro que incumbía al tribunal determinar el alcance de tales obligaciones legales y la relación existente entre el cumplimiento de ellas y el daño ocasionado al particular que reclama la existencia de una falta de servicio como consecuencia de una omisión estatal. En este sentido, el pronunciamiento impugnado señaló, que "si bien constituye una infracción a las disposiciones de la Ley 6210 la circulación de unidades de transporte público de pasajeros sin contar con seguro de responsabilidad vigente, ello no implica extender la responsabilidad del Estado por cualquier accidente ocurrido en su jurisdicción en que participe un vehículo que presta aquel servicio sin contar con aquel seguro" puesto que "tal interpretación supondría hacer recaer en cabeza de aquel un deber de imposible cumplimiento, como sería el pretendido control diario de vigencia de seguro de cada una de las unidades afectadas a la prestación de aquel servicio, bajo la sanción de resultar responsable por cualquier evento dañoso que suceda en tales condiciones, aunque nada haya tenido que ver en él la Provincia".

Tal conclusión del tribunal se encuentra suficientemente fundada en las disposiciones referidas al poder de policía atribuido a la Dirección de Transporte en la coordinación, planeamiento, regulación y control del transporte público de pasajeros en la Provincia que se encuentran en la ley 6210, sin que de la enunciación de sus cometidos pueda razonablemente colegirse -como advirtió el sentenciante- un deber legar que comprometa la responsabilidad de la Provincia de la manera en que lo postula la actora.

A todo lo hasta aquí dicho cabe recordar que en una línea de razonamiento similar esta Corte sostuvo "que sea una falta grave conducir sin seguro de responsabilidad vigente o que detectada la infracción por parte de la autoridad competente deba retenerse al vehículo, no significa instituir la responsabilidad de la Municipalidad por cualquier accidente en que participe un taxi en su jurisdicción sin contar con aquél seguro, ya que ello supondría hacer recaer en cabeza del ente demandado una obligación de imposible cumplimiento (que en manera alguna, por lo demás, se infiere del texto de las normas mencionadas por el recurrente), como sería la de controlar todos los días y cada instante con relación a cada una y a todas las unidades de taxis, que ellas tengan el seguro de responsabilidad vigente, so pena de resultar responsable el municipio de cualquier accidente en que aquellas se encuentren involucradas, aunque nada haya tenido que ver en el evento la Municipalidad" (cfr. CSJT, sent. n° 1154 del 13/11/08, "Salame, Ricardo vs. Figueroa, Raúl Enrique"; en igual sentido, CSJT, sent. n° 598 del 25/8/11, "Lamontanaro de Berarducci, Natalia vs. Basualdo Ramón y otro").

En el caso de autos, la omisión que se atribuye a la demandada como causa adecuada del accidente que motivó la demanda indemnizatoria no configura un incumplimiento de un deber jurídico expreso o implícito contenido en una norma determinada, sino que se trata de normativas genéricas tendientes a consagrar en el ordenamiento jurídico ciertos objetivos o aspiraciones políticas relativas al gobierno de la Provincia y a la ordenación del tránsito interurbano y rural. Consecuentemente, la pretendida omisión no guarda una adecuada relación de causalidad con el daño, resultando por ello improcedente la pretensión indemnizatoria, como bien concluyó el tribunal sentenciante.

Siendo así, el pronunciamiento impugnado cuenta con bases aceptables con arreglo a los preceptos legales y precedentes jurisprudenciales aplicables al caso, y se encuentra muy lejos de ofrecer bases de sustentación que hagan viable la excepcional doctrina de la arbitrariedad o que configuren una violación del principio de congruencia, por cuanto tiene fundamentos de hecho y de derecho que, al margen de que puedan compartirse o no, aparecen como suficientes, en la medida en que no media una decisiva carencia de fundamentación o un apartamiento inequívoco para la solución normativa del caso, por lo que se reputa constitucionalmente acto judicial valido, insusceptible de tacha de arbitrariedad (CSJT, sent. n° 476 del 16/8/94, reiterado en sent. n° 822, del 28/10/10, entre otras).

6. Por todo lo expresado, corresponde rechazar, con costas, el recurso de casación deducido por la parte actora (arts. 105 del CPCyC y 89 del CPA).

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

Adhiero al voto de la señora vocal preopinante, doctora Claudia Beatriz Sbdar, manifestando que, siendo objeto propio del recurso extraordinario local, la ponderación por este Tribunal Cimero provincial de aquélla valoración efectuada por el A quo -ponderación ésta que es ya una cuestión de derecho, toda vez que consiste en asignar el sentido jurídico del material fáctico de marras-, se está en presencia de una cuestión jurídica -error in iuris iudicando-, por lo que el recurso en examen resulta admisible y que, en virtud de ello, queda habilitada la competencia de este Tribunal para ingresar al análisis de la procedencia de los agravios en que se funda la impugnación de marras.

El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, vota en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo,	R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de la sala I de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo del 29/03/11 (fs. 868/864).

II.- COSTAS, como se consideran.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

RENÉ MARIO GOANE (con su voto) CLAUDIA BEATRIZ SBDAR ANTONIO GANDUR ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA.