Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 2005-09-06


Ushuaia, setiembre 6 de 2005.

1º ¿Es procedente el recurso interpuesto por el Ministerio Público Fiscal? 2º ¿Qué resolución corresponde adoptar respecto del recurso interpuesto por el acto civil? 3º ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? La doctora Battaini dijo:

1. De modo preliminar, debemos recordar que a fs. 8077/8126 este Superior Tribunal confirmó la sentencia dictada a fs. 7454/7513 por el Tribunal de Juicio en lo Criminal en cuanto condenó a O. M. R., R. S. G., S. D., C. A. P. y H. M. -quienes se desempeñaban como miembros del Directorio del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego- a pagar una multa de pesos ciento noventa mil ($ 190.000) a cada uno de ellos, por considerarlos autores penalmente responsables del delito de malversación culposa (art. 262 del Cód. Penal) en perjuicio de dicha entidad. También confirmó dicha decisión en cuanto hizo lugar parcialmente a la acción civil promovida por el Tribunal de Cuentas de la Provincia condenando a los nombrados a pagar solidariamente al actor la suma de pesos seiscientos cincuenta y un mil veintisiete pesos con 22/100 ($ 651.027,22) con más los intereses correspondientes.

Contra la decisión de este Estrado, la defensa interpuso recurso extraordinario federal a fs. 8350/8377, el que fue declarado inadmisible a fs. 8386/8398 (parte dispositiva, punto 2º).

2. Con relación al asunto traído a estudio y resolución de este Tribunal, a fs. 8491 el Defensor ante este Estrado, doctor G. A. A., opuso excepción de prescripción de la acción penal. Explica que entre la citación a juicio (de fecha 11 de mayo de 1999, fs. 3700) y la lectura integral de la sentencia condenatoria (del 19 de junio de 2003, fs. 7454/7513) ha transcurrido holgadamente el lapso prescriptivo de dos años (tiempo máximo de la pena del ilícito por el que sus asistidos fueron condenados) sin que se hubieran producidos actos interruptivos, de acuerdo al cuarto párrafo del art. 67 del Cód. Penal, texto según la ley 25.990 -sancionada el 16.12.2004, promulgada de hecho el 10.01.2005 y publicada en el Boletín Oficial del 11.02.2005-.

Corridos los traslados pertinentes, el Ministerio Público Fiscal, la Fiscalía de Estado (querellante) y el Tribunal de Cuentas (actor civil) se opusieron a lo solicitado (escritos glosados a fs. 8494/8495, 8499 y 8501/8502, respectivamente).

A fs. 8503 luce un informe del actuario en que se dejó constancia de una comunicación telefónica con la Mesa General de Entradas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través de la cual se informó que ante ese Alto Estrado el doctor A. presentó un recurso de queja (v.gr.: recurso de hecho) contra la decisión de fs. 8386/8398 por la que se había declarado inadmisible el recurso extraordinario federal intentado por la misma parte.

3. A fs. 8547/8548, el a quo hizo lugar a lo solicitado por la defensa, declaró extinguida por prescripción la acción penal emergente del hecho atribuido a R., G., D., P. y M. y, en consecuencia, sobreseyó parcialmente a los nombrados, con la expresa mención que el trámite del presente proceso no afecta el buen nombre y honor del que gozaren (conf. arts. 59 inc. 3º, 62 inc. 2º, 67 cuarto párrafo -ley 25.990- y 262 del Cód. Penal, y 307, 308 y 309 inc. 1º del C.P.P.).

A tal fin, estimó que en virtud de la queja presentada ante la Corte Federal, la sentencia condenatoria oportunamente dictada contra los nombrados no se hallaba firme. Citó la doctrina fijada por este Estrado en el expediente nº 371/00 "Agente Fiscal (Distrito Jud. Norte) c. D. l. R., A. s/ Ejecución de multa", cuya aplicación considera obligatoria (fs. 8547vta./8548).

4. El representante del Ministerio Público Fiscal interpuso recurso de casación a fs. 8556/8563.

El doctor Guillermo H. Massimi tachó la decisión de arbitraria al considerar que resultaba absurdo concluir que la sentencia condenatoria de fs. 7454/7513 no se encontraba firme (fs. 8560/8562). Cita en apoyo de su postura el plenario nº 8 de la Cámara Nacional de Casación Penal del 14.08.2002 en que se estableció que "...se considera firme la sentencia cuando este mismo Tribunal declara inadmisible el recurso extraordinario federal..." (fs. 8560vta.) y el criterio de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto señala que la interposición del recurso de queja no suspende el curso de proceso (fs. 8561). Destaca que, en autos, la Corte Suprema no ha hecho lugar a la queja, ni solicitó los autos principales, ni declaró la existencia de circunstancias excepcionales que permitan presumir que debe hacerse una excepción al principio general anunciado y que emerge del art. 285 del Cód. Procesal Civil y Comercial de la Nación (fs. 8561).

Por otra parte, entiende que el Tribunal de Juicio no estaba facultado para tratar el planteo, el que debió ser propuesto directamente a la Corte o, en su caso, la Corte debía remitir el estudio de la cuestión a los estrados provinciales (fs. 8561vta., punto B.). De no compartirse esta posición -agrega- el a quo debió suspender el tratamiento de la excepción de prescripción hasta la resolución definitiva de la queja planteada ante la Corte (fs. 8561vta./8562, punto C.).

Finalmente, entiende que no se hizo una interpretación acabada del precedente del Superior Tribunal de Justicia que cita como fundamento de su fallo (8562/8563).

5.- Conforme la situación planteada, este Superior Tribunal debe decidir si en función de la interposición del recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación -cuyo trámite actual es corroborado a través de la página web de la Corte: www.csjn.gov.ar, expte. nº 2844/2004, tomo 40, letra G, tipo RHE, ingresado el 22.12.2004), puede sostenerse -como lo hace el a quo- que la sentencia condenatoria oportunamente dictada no se encuentra firme.

He de adelantar mi opinión en cuanto considero que el recurso debe ser acogido. Mas apartándome de la línea argumental propuesta por el doctor Massimi -a cuyo criterio adhirió el doctor Fappiano a fs. 8628-, me ajustaré a la doctrina sentada por este Estrado en la causa "L. C., A. A; R. P., O. M.; B., C. F.; O., M. I.; A., J. G. s/Incendio, robo y encubrimiento" -expte. nº 109/96 SR del 21.03.97, Libro III, fº 76/101-, la que comparto plenamente.

6.- En el citado precedente, al tratar la segunda cuestión propuesta a resolución, el doctor Hutchinson sostuvo:

"La Constitución Nacional ha previsto, con una metodología precisa y clara, la organización de la administración de justicia, en cuanto al reparto de competencias. De la interrelación de los artículos 5, 75 inc. 12, 116, 117, 121 y 122 se puede concluir que la estructuró a partir de dos sistemas, cada uno de ellos con sus órganos jurisdiccionales. Según Maier, la organizó con dos órganos jurisdiccionales, la que ejercen los tribunales de la Nación (o federales) y la que ejercen los tribunales provinciales (o locales), aquéllos por excepción, en los casos previstos específicamente por la misma constitución como de competencia federal (art. 100) y éstos, regularmente, por imperio de la cláusula general que reserva a las provincias todos los poderes no delegados por ellas (art. citado, 104) (conf. Maier Julio, 'Derecho Procesal Penal Argentino', Ed. Hammurabi, t. I, Buenos Aires, 1989, p. 522).

En esta idéntica línea argumental se puede afirmar que coexisten, entonces, en el país, tantas organizaciones judiciales autónomas como provincias, además de la organización judicial de la Nación, con competencia ordinaria en el ámbito de la Capital Federal (cuando así corresponda por la materia) y 'supraestadual' en las distintas provincias donde actúa por excepción en los casos legalmente previstos en virtud del art. 116 de la C.N. 'Tal atribución de competencia responde a nuestra concepción del Estado y de su sistema federal de gobierno y, tal como está establecido, es general, pues abarca todas las materias del orden jurídico, también, por tanto, la administración de la justicia penal' (Maier, ob. cit., p. 523) Esto me lleva a concluir, afirmación no novedosa sino pacíficamente asentida por la doctrina, que la creación de la propia administración de justicia, lo que implica el dictado de leyes de organización judicial que regulan la actuación de los tribunales y demás órganos llamados a intervenir como el ministerio público fiscal, el servicio oficial de defensa, el poder de policía es facultad de cada provincia. Esto es en virtud de un mandato expreso constitucional.

Así, en el ámbito estrictamente penal, Núñez afirma 'A las legislaciones locales les cabe la facultad de reglar lo referente a la estructuración de los organismos públicos encargados de la acusación y de regular las formas procesales para que la potestad represiva se haga valer en juicio' (conf. 'Tratado de Derecho Penal', t. II, Lerner Ed., Córdoba, 1988, p. 128). Así lo reconoció también la Corte Suprema en el fallo 'Plaza de Toros' (Fallos, 7:150). (consid. 2º, el resaltado me pertenece).

7.- En el considerando siguiente, agregó:

"Afirmo, conforme a Bidart Campos, Germán J. ('Tratado Elemental de Dcho. Constitucional', Ediar, t. I, p. 251) que estas unidades (las provincias) han reservado su poder en materia de derecho público interno. En efecto, el bloque de normas que instituye las competencias de las provincias se conforma con el art. 5º, donde se reconoce su poder constituyente, siempre limitado, pero con carácter restrictivo y entre sus fines: el de asegurar la administración de justicia; el artículo 121 con su principio de reserva y también, entre otros el 122 que se refiere a que las provincias 'se dan sus propias instituciones locales y se rigen por ellas...'.

No existe ni la mínima duda, ni se discute en doctrina que, entre las competencias de las provincias cabe incluir la de dictar las leyes procesales. Ellas, por otra parte, como unidades políticas autónomas tienen todos los recursos y las potestades para organizar, para darse sus propias instituciones, lo que constituye un rico e invalorable patrimonio aunque también la responsabilidad, de realizar los valores de la C.N. y los suyos, propios de su tradición e idiosincrasia. Revelador en este aspecto, es lo avistado intelectualmente por el federalista Pedro J. Frías (ver sus obras. 'La provincia argentina', Córdoba 1976, donde se analiza la gravitación de las provincias argentinas en nuestro proceso federal y en el derecho público argentino e 'Introducción al Derecho Público Provincial', Buenos Aires, 1980)" (las negrillas son propias).

8.- En un Estado federal, ejemplo de descentralización política, las funciones del poder están distribuidas territorialmente en órganos regionales -denominados provincias en nuestra Constitución- los cuales ejercen un poder parcelado sobre una porción de territorio nacional. Coexisten junto con el Estado federal en un plexo de relaciones de coordinación, de supraordinación y subordinación, y de inordinación (sobre este tema puede verse: Ricardo J. Klass, "La relación entre Nación y Provincia: en busca de un delicado equilibrio", publ. en LA LEY, 2004-A, 1421/1435).

Una de las características esenciales de las provincias es la autonomía. esta comprende la capacidad de darse sus propias instituciones y de crear su propio derecho en el marco de la supremacía federal (conf. Humberto Quiroga Lavié - Miguel Angel Benedetti - María de las Nieves Cenicacelaya, "Derecho constitucional argentino", T. 2, Rubinzal-Culzoni, 2001, p. 880 y ss.). De allí que posean amplias facultades para establecer las instituciones que tendrán a su cargo la administración de justicia y para dictar las normas legales que, en su territorio, regularán el trámite del proceso judicial. En estricto rigor, no son simplemente facultades; antes bien, esa tarea constituye un mandato constitucional que da cuerpo, también, al deber de asegurar la administración de justicia (art. 5º de la Constitución Nacional).

A mi juicio, esta obligación impone ver al proceso penal como una actividad que se perfecciona (lo que implica un inicio, una tramitación y un fin) dentro del ámbito local por las instituciones que la Provincia se dio al efecto. Quebraría la organización judicial autónoma de la provincia considerar que el proceso no concluye en su propio ámbito. Dicho de otro modo: fracturaría la integridad de la autonomía de la administración de justicia entender que la mera petición de intervención de la máxima instancia judicial de la Nación mantiene con vida el proceso cuyo tratamiento y resolución recae -por mandato constitucional- en los tribunales provinciales.

Esta visión es reconocida por nuestro código de rito cuando establece, entre otros supuestos, que la prisión preventiva del imputado cesará en forma automática cumplido el término de dos años sin que se hubiese agotado la instancia recursiva local (art. 285). El proceso es visto como un todo, propio del ámbito provincial.

A los fines que nos ocupan, la integridad de la actividad judicial provincial lleva a sostener la conclusión del proceso con la intervención de este Superior Tribunal de Justicia; sin perjuicio -claro está- de las atribuciones que la ley 48 otorga a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En consecuencia, habiendo este Estrado agotado oportunamente su intervención en autos (resolución de fs. 8386/8398), el proceso ha fenecido.

9.- Así pues, no puede considerarse válidamente que la interposición del recurso de queja ante la Corte Suprema implica que el proceso en que se condenó a los enjuiciados R., G., D., P. y M. a fs. 7454/7513 -decisión confirmada por la máxima instancia judicial provincial a fs. 8077/8126- no haya concluido. Y, con ello, que aún permanezca vivo, presupuesto esencial para la procedencia de la declaración de la prescripción de la acción penal, de acuerdo al razonamiento seguido por el a quo a fs. 8547/8548 (conf. el art. 67, cuarto párrafo, del Cód. Penal, texto según la ley 25.990).

10.- Si bien la Corte Suprema no se ha pronunciado sobre esta cuestión desde la perspectiva desarrollada, es pacífica su jurisprudencia en cuanto considera que la interposición de la queja ante la denegación del recurso extraordinario federal carece de efecto suspensivo (conf. el último párrafo del art. 285 del C.P.C.C.N.).

Tal posición ha sido sustentada en Fallos 236: 670; 253:445; 258:351; 305:1483; entre muchos otros citados por Palacio y Sagües (Lino Enrique Palacio, "El recurso extraordinario federal", Abeledo-Perrot, 2001, ps. 350/351 y Néstor Pedro Sagüés, "Derecho Procesal Constitucional. Recurso Extraordinario", t. 2, Astrea, 1992, ps. 581/583), criterio confirmado en un fallo reciente: "Aún cuando la remisión del expediente principal a la Corte pudiera tener alguna eficacia suspensiva en la práctica, ella no resulta hábil para impedir que, ante la falta de efecto suspensivo de la queja hasta tanto así lo disponga, la interesada pueda obtener copia certificada de las actuaciones y proseguir con el trámite de ejecución de la sentencia (art. 36, inc. 1º, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación" (P.1424.XXXIX, "Polverini, Perla Margarita y M., A. s/ Fijación y cobro del valor locativo" del 14.10.2004, mayoría integrada por los doctores Petracchi, Belluscio, Boggiano, Zaffaroni, Highton de Nolasco, sin disidencias). Es más, la cita transcripta aclara específicamente que aún cuando la remisión del expediente principal a la Corte podría, de hecho, suspender el trámite del principal, ello no constituye una cuestión de derecho ni altera la regla contenida en el citado art. 285.

Sólo en excepcionalísimos casos, la Corte se ha atribuido la potestad de suspender el trámite del proceso en que se planteó la queja aún antes de declarar admisible a esta última, facultad que es severamente criticada por Sagüés (ob. y ps. citadas). Cabe señalar que en autos la Corte no ha hecho uso de esa facultad.

11. De la lectura de la decisión impugnada se advierte que el Tribunal de Juicio remite a la doctrina fijada por este Estrado en los autos "Agente fiscal (Distrito Judicial Norte) c/ D. l. R., A. s/ Ejecución de multa" -expte. nº 371/00 SR, sentencia del 28.06.2000 registrada en el Libro VI, folios 426/433-. En aquel precedente, la mayoría integrada por los doctores Carranza y González Godoy rechazó el recurso de casación con que el condenado había atacado la decisión de la Sala Civil de la Cámara de Apelaciones que había desestimado la excepción de prescripción de la pena oportunamente planteada.

Asiste razón al recurrente cuando a fs. 8563 sostiene que el fundamento de la posición mayoritaria fue la actitud asumida por el condenado durante aquel proceso, en que en un primer momento sostuvo que la multa impuesta no podía ser ejecutada atento a que se hallaba pendiente de resolución la queja deducida ante la Corte Suprema, por lo que entendía que la condena no se encontraba firme. Una vez corroborada la desestimación de ese recurso, la Fiscalía pretendió la ejecución de la condena pecuniaria. En esa oportunidad, De la Riva planteó la prescripción de la pena restándole relevancia a la presentación de la queja previamente invocada (ver el consid. 3º del voto del doctor Carranza y los consid. 3º y 4º del voto del doctor González Godoy).

Debo destacar que disiento con el razonamiento expuesto por la mayoría, toda vez que -a mi juicio- una cuestión de orden público (v.gr.: la verificación del transcurso del plazo de prescripción de la pena) no puede ser desplazada o condicionada por la actitud asumida por la parte, ni cuando pretenda verse que el pedido de declaración de prescripción contrariaba los actos efectuados por la propia parte. En igual sentido se pronuncia el doctor Massimi a fs. 8563. Por ello, comparto el criterio sentado con claridad en el voto en minoría del doctor Hutchinson, que armoniza con la posición desarrollada en los considerandos que anteceden.

Por todo lo expuesto, a la cuestión propuesta voto por la afirmativa.

Los doctores Robbio y Klass adhieren a lo dicho por la doctora Battaini, votando a la primera cuestión por la afirmativa.

2º cuestión.- La doctora Battaini dijo:

1. La respuesta brindada a la primera cuestión torna inoficioso ingresar al estudio de la admisibilidad y procedencia del recurso interpuesto por el actor civil a fs. 8567/8588, toda vez que lo decidido precedentemente conduce a la satisfacción del interés de la parte.

En efecto, la procedencia del recurso impulsado por el Ministerio Público Fiscal hace que se desvanezca el gravamen invocado por el Tribunal de Cuentas, basado sustancialmente en que el Tribunal de Juicio omitió pronunciarse sobre la condena civil oportunamente dictada contra R., G., D., P. y M..

2. En virtud de ello, la resolución de este recurso carece de utilidad y, ante la revocación de lo resuelto a fs. 8547/8548, ningún efecto tendría sobre la situación del recurrente. Recordemos que el interés jurídico en la declaración de derecho debe permanecer vivo en el momento del dictado de la sentencia porque, en palabras de Palacio, "...de lo contrario el tema que lo originó se convierte en una cuestión abstracta ajena, como tal, a la decisión de los jueces, que sería en tal hipótesis inoficiosa e inútil" (conf. Lino Enrique Palacio, "Los recursos en el proceso penal", Abeledo-Perrot, 1998, p. 18).

Tal es el criterio pacífico de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Enseña Sagüés que de no haber agravio actual, no es viable el recurso extraordinario federal pues que -en tal caso- la decisión judicial sería inoficiosa o inútil, atento que, al no mediar gravamen suficiente, la cuestión ha terminado por ser abstracta (Sagüés, "Derecho Procesal...", t. 1, ps. 514/515 y sus numerosas citas). Señala el autor que de acuerdo a la doctrina emanada de aquel Alto Tribunal, la extinción del agravio surge por alguna de estas razones: a) transcurso del tiempo; b) aparición de nuevas normas; y c) satisfacción del interés del recurrente. De acuerdo a lo examinado, nuestro caso queda aprehendido por este último motivo.

En consecuencia, corresponde declarar abstracta la cuestión sometida a juzgamiento por el recurso presentado por el actor civil.

Los doctores Robbio y Klass adhieren a los fundamentos y la solución expuesta por la doctora Battaini, votando a la segunda cuestión en igual sentido.

3º cuestión.- La doctora Battaini dijo:

Atento a las respuestas dadas a las cuestiones que anteceden, propongo hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la Fiscalía a fs. 8556/8563 y casar la resolución de fs. 8547/8548. En consecuencia, corresponde rechazar el planteo de prescripción de la acción penal formulado a fs. 8491 por la defensa de O. M. R., R. S. G., S. D., C. A. P. y H. E. M.

En virtud de ello, debe declararse abstracta la cuestión sometida a juzgamiento en el recurso de casación presentado por el actor civil a fs. 8567/ 8588.

En cuanto a las costas cabe aplicar lo normado en el segundo párrafo del art. 492 del C.P.P.

Los doctores Robbio y Klass comparten y hacen suya la propuesta formulada por la doctora Battaini.

Por las consideraciones efectuadas en el acuerdo que antecede el Superior Tribunal de Justicia resuelve: 1º. Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la Fiscalía a fs. 8556/8563 y, en su mérito, casar la resolución de fs. 8547/8548. 2º. Rechazar el planteo de prescripción de la acción penal formulado a fs. 8491 por la defensa de O. M. R., R. S. G., S. D., C. A. P. y H. E. M. 3º. Declarar abstracta la cuestión sometida a juzgamiento en el recurso de casación deducido por el actor civil a fs. 8567/8588. 4º. Fijar las costas de la incidencia en ambas instancias por su orden (art. 492, segundo párrafo, del C.P.P.). - María del Carmen Battaini. - Mario A. Robbio. - Ricardo J. Klass.