marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Relación de dependencia, obligaciones, obligaciones solidarias
Materia: LABORAL
Carátula: Cáceres, Nilda c/ Comedor Irupé y/u otro y/o quien resulte responsable s/ Salarios pendientes
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1994-08-03

No es procedente el recurso de apelación interpuesto por la parte co demandada contra la sentencia del a-quo que la condena en forma solidaria al pago de la indemnización por despido. Ello así, ya que la Ley de Contrato de Trabajo en sus artículos 225 y 228 no se limita a establecer la continuidad del empleo a las órdenes del sucesor (lo que hace en la segunda parte del art.246 o mejor dicho 225 en su actual numeración de la Ley de Contrato de Trabajo), establece primero el traspaso y luego la solidaridad frente a las obligaciones laborales pendientes entre las que se encuentra el pago de las indemnizaciones por despidos separados antes de la transferencia, si la obligación no hubiera sido cancelada por el transmitente. Las normas citadas no distinguen entre obligaciones correspondientes a contratos de ejecución y deudas derivadas de contratos fenecidos: sólo hablan de obligaciones existentes al tiempo de la transferencia, con lo que buscan garantizar al trabajador contra la desaparición del transmitente y poner dicho riesgo a cargo del adquirente.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: M., N. N. Y B., J. P. c/  s/ APELACION DEFENSOR SENTENCIA CONDENATORIA-APELACION PARCIAL FISCAL Y QUERELLANTE
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-11-12

Con su argumentación tendente a descalificar por inconstitucionales a las listas de conjueces aprobadas por esta Corte Suprema de Justicia de conformidad con lo establecido en las leyes 10160 y 13018, la impugnante no logra persuadir a este Tribunal de que tal procedimiento se encuentre reñido con la garantía de juez natural, toda vez que se trata de un mecanismo legalmente previsto antes del hecho de la causa, al igual que las listas que fueron confeccionadas previamente y, por tanto, no se advierte que la persona sea juzgada por comisiones especiales o por jueces que fueran investidos de tal prerrogativa con posterioridad al suceso que diera origen al proceso. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Leyes 10160 y 13018
Sobreseimiento, fundamentación de la resolución, falta de fundamentación
Materia: PENAL
Carátula: Bagur, Bernardino Jorge s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-16

Carece de fundamento la resolución que descartó la comisión del ilícito imputado sin tener en cuenta que el encartado había recibido de parte del deudor la suma de la que deba cuenta el instrumento cedido a la querella, haciendo caso omiso de la obligación que con ella había contraído, y que el imputado expresó que pudo celebrar el segundo acuerdo ya que nada le debía a la querella en función de los pagos que le había efectuado, circunstancia que intentó probar con recibos datados en fecha anterior al momento en que había nacido la obligación.
Superintendencia de riesgos del trabajo, multa, asegurador, incumplimiento de resolución judicial
Materia: COMERCIAL
Carátula: SUPERINTENDENCIA  DE  RIESGOS  DEL  TRABAJO c/ CAJA  POPULAR DEAHORROS DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN S/ s/ RGANISMOS EXTERNOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-17

Procede revocar la sanción de multa impuesta por el organismo de contralor a la aseguradora, con base en no haber respetado el cronograma de realización de exámenes médicos de acuerdo al agente de riesgo determinado por el Decreto 658/96 con relación a los trabajadores que prestaban servicio en el establecimiento del empleador. Ello así, por cuanto -en el caso- la aseguradora citó a los trabajadores a efectos de la realización de los exámenes médicos correspondientes y, si éstos no se concretaron, fue en razón de que los trabajadores no se contactaron con la gerenciadora médica encargada de llevarlos a cabo, por lo que no cupo sancionarla por no resultarle imputable la omisión indicada. Y si bien el organismo de contralor entendió que esta constancia era insuficiente para tener por satisfecha la obligación analizada, cabe señalar, a su vez, que no hay normativa legal alguna que establezca en concreto el modo en que la aseguradora debe obrar ante la incomparecencia de los trabajadores debidamente citados por intermedio del empleador a fin de realizar exámenes médicos periódicos. En virtud de ello, estimase que la aseguradora adoptó una línea de diligencia razonable a fin de cumplir adecuadamente con lo estipulado en la Resolución SRT 043/97, dados los recaudos efectivamente acreditados que se adoptaron respecto de los exámenes en cuestión.
Accidente de tránsito, falta de transferencia del automotor, responsabilidad del titular del automotor
Materia: CIVIL
Carátula: ACONCAGUA COMPAÑIA DE SEGUROS c/ HOLEMAN, Jacobo s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-10

La circunstancia de no haber demostrado, aquel a cuyo nombre figura inscripto en el Registro de la Propiedad del Automotor el vehículo causante del daño, que lo hubiese enajenado y entregado al comprador con anterioridad al accidente de tránsito, lo hace responsable en los términos del art. 1113 del Cód. Civil.
Contienda negativa de competencia, acción meramente declarativa, derecho de peticionar, cámara contencioso administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: TUCCORI, CLAUDIA MARIA c/ COMUNA DE PUEBLO ESTHER s/ COMPETENCIA -CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA ENTRE EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE DISTRITO EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA DECIMO TERCERA NOMINACION Y LA CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NUMERO DOS, AMBOS DE ROSARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2011-07-26

Corresponde disponer que siga entendiendo en el caso el Juzgado Civil y Comercial, por cuanto conforme los términos de la pretensión esgrimida por la demandante -acción mere declarativa de certeza a fin de despejar la situación de incertidumbre generada a raíz del accionar de la demandada que impide hacer entrega de información pública referida a personal comunal, ingresos y balance- no se persigue la tutela de un derecho subjetivo administrativo o interés legítimo de carácter administrativo, tal como lo exige el artículo 3 de la ley 11330.
Resistencia a la autoridad, violencia, sobreseimiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: SUEN, Federico G. y otros. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-02

"La acción típica del delito de resistencia a la autoridad consiste en el empleo de intimidación o fuerza contra los sujetos previstos en el art. 239 del C.P., para impedir o trabar la ejecución de un acto propio del legítimo ejercicio de sus funciones. No configura el delito de resistencia a la autoridad la oposición activa por parte del imputado, consistente en no acatar la orden de alto impartida por funcionarios policiales y darse a la fuga, toda vez que no incluyó el despliegue de medios violentosparalograr sus fines. Si, no obstante el no acatamiento de la orden de alto impartida por el personal preventor, el intento de darse a la fuga con la clara intención de evitar el accionar policial, no se desplegó ningún acto de fuerza o violencia en su contra, el accionar carece de tipicidad objetiva, por lo que corresponde revocar el auto que dispuso su procesamiento" .

"...La resistencia, en el sentido material, consiste en el esfuerzo físico empleado por el sujeto activo, que exija el empleo de la fuerza, por parte de la autoridad, en medida superior a la ordinaria, por ejemplo, forcejear el detenido con el empleado policial que trata de conducirlo a la comisaría...".

Si los imputados se limitaron a marcharse del lugar en el vehículo en que se conducían sin haber utilizado violencia o intimidación sobre el agente policial, la conducta deviene atípica. Razón por la cual corresponde revocar el auto apelado y disponer el sobreseimiento de los imputados.
Prueba, apoderamiento, robo, calificación legal
Materia: PENAL
Carátula: Cotto, Lucas Matías c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-03-16

A los fines de diferenciar el robo tentado y el consumado, debe verificarse si el presunto autor del apoderamiento constituyó un poder fáctico de disposición sobre la cosa sustraída (voto del juez Sarrabayrouse al que adhirieron los jueces Morin y Días).
Contrato de obra pública, mayores costos, intereses, tasas de interés
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BUSANICHE HERMANOS Y COMPAÑIA SRL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  Nº 655-86)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-06-12

Si bien el art 82 de la ley 5188 no reconoce al gasto financiero como una variación de costo de la obra, no obsta al reconocimiento del mayor costo financiero que puede surgir cuando un aumento imprevisible de la tasa de interés determina que las previsiones efectuadas al momento de realizar la oferta son significativamente excedidas por cambios no imputables a la contratista.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia suficientemente fundada, cuestiones opinables
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: B., G. P. s/ Recurso de Inconstitucionalidad - Homicidio culposo- Incidente de  Revisión de condena penal (Expte.: C.S.J. Nro. 38 año 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-09-11

Si en una sentencia, el alcance que el Juzgador asigna a una temática discutible, forma parte de una de las corrientes de opinión que pueden surgir del texto legal, ello no autoriza la descalificación del decisorio mediante la doctrina de la arbitrariedad. Así la Corte federal ha sostenido que no reviste dicho carácter una interpretación en materia opinable sustentada en un sector de la doctrina, como que la no coincidencia de una parte con el criterio hermenéutico del Sentenciante no es bastante para tornar viable el recurso extraordinario.
Plan de ahorro previo, responsabilidad de la concesionaria, daños y perjuicios, carga de la prueba
Materia: CIVIL - PROCESAL
Carátula: LUCARELLI, JOSE c/ ASORTE  S.A. s/ CONTRATO DE COMPRAVENTA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-10

En un contrato de ahorro para fines determinados, en el que se encuentra acreditado que la concesionaria no cumplió ex-profeso y deliberadamente, lo que debía y podía cumplir, y frustra por su propia voluntad la expectativa del acreedor, responde por los daños extrínsecos sufridos por el mismo, que fueran consecuencia mediata de tal incumplimiento, en la medida que el hecho hubiere cooperado en la realización del daño. esto, aún cuando no hubiera tenido intención de dañar -recaudo que no es menester demostrar-.

El daño no se presume por la ocurrencia del hecho generador, debiendo ser materia de comprobación, aún cuando está demostrada la antijuridicidad culpable o dolosa del incumplimiento, que al respecto por sí sola carece de relevancia.

Debe probarse la relación de causalidad adecuada que debe existir entre el hecho generador de la responsabilidad y el daño. En definitiva, el daño para que sea indemnizable debe ser cierto y no eventual, y derivado del incumplimiento del obligado en relación a la causalidad adecuada, y la carga de la prueba de esos extremos pesa sobre el reclamante.
Embargo, síndico del concurso, marcas, transferencia de marca, actos ineficaces por conocimiento de la cesación de pagos
Materia: COMERCIAL
Carátula: LINEA BLANCA SA s/ QUIEBRA S/ INC. DE MEDIDAS CAUTELARES.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-11-03

Procede decretar el embargo solicitado por el sindico concursal sobre cierta marca de la fallida, cuya venta, cesión y transferencia había formalizado esta, mediante un contrato suscripto con un tercero, toda vez que tal contrato reuniría las condiciones para peticionar en el marco de lo dispuesto por la LC art. 119, y tal medida tiene por finalidad asegurar un eventual resultado favorable de la acción de ineficacia que aquel manifestó que promovería.
Declaración de inconstitucionalidad, juicio por delitos de acción privada, desistimiento de la querella, desistimiento tácito, extinción de la acción penal, sobreseimiento
Materia: PROCESAL-PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: RIVERAS, Alejandra s/ QUERELLA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-11-20

Debe declararse la inconstitucionalidad del art. 423, 1era. parte, C.P.P., y revocar la resolución por la cual se declaró extinguida la acción penal por desistimiento tácito de la querella, pues la inactividad de ésta en los delitos de acción privada, no puede ser asimilada a la renuncia del agraviado, art. 59, inc. 4, C.P., sin resentir el andamiaje constitucional, ya que legislar sobre una cuestión de fondo como el instituto bajo examen, es materia delegada a la Nación por las provincias, art. 75, inc. 12 y art. 126, C.N., por lo que no puede ser modificado por una norma legal local, como son las que integran los códigos de procedimiento.

Por ello, admitir el dictado de sobreseimiento, que cierra definitivamente el proceso respecto de la persona a favor de quien se dispone, es igual a impedir el ulterior inicio de la misma acción, lo que lleva como consecuencia la extinción de la acción penal por renuncia del agraviado, materia que deviene ajena a las legislaturas locales por imperativo constitucional.
Costas, costas al vencido, vencimiento parcial y mutuo
Materia: PROCESAL
Carátula: M.,  J. c/ F., B. s/ Sumario s/Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2003-06-05

Al principio general de que las costas las soporta el vencido (art. 68) se agrega la particular solución del art. 71 comentado (vencimiento parcial y mutuo) encaminado a imponer alguna forma de compensación o distribución. Si bien el referido art. 71 indica que la medida de la solución es la prudencia judicial, no es menos cierto que esa discrecionalidad no puede ignorar alguna forma de proporcionalidad equitativa. Esto es aún más grave cuando esa distribución ignora el éxito o fracaso de cada litigante, invirtiendo en las costas el resultado de la cuestión de fondo, asignando a quien fue exitoso en mayor medida, la más pesada de las cargas, soslayando de ese modo aquella equitativa solución, a la que el art. 71 claramente alude.
Competencia, competencia contencioso administrativa
Materia: PROCESAL
Carátula: Lara, Balvino Cornelio c/ Estado Provincial s/ Conflicto Negativo de Competencia (Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial Nro. 3, Secretaría Nro. 6 y el Tribunal Contencioso Administrativo) suscitado en el expte. Nro. B-112.326/04: Ejecutivo. L.A. N 53 F 131/132 N 45 Conflicto Negativo de Competencia (Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial Nro. 3, Secretaría Nro. 6 y el Tribunal Contencioso Administrativo) suscitado en el expte. Nro. B-112.326/04: Ejecutivo. L.A. N 53 F 131/132 N 45
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2004-05-21

"...es competencia del tribunal contencioso administrativo sólo cuando se trata de una acción de derecho público, es decir siempre que el derecho o interés subjetivo que se reclama haya sido denegado por una acto administrativo y que la cuestión suscitada entre el particular y la administración deba ser resuelta por la aplicación de normas del Derecho Administrativo..." (cfr.: S.T.J. Expte. Nro.. 6358/98, caratulado: Recurso de Casación e Inconstitucionalidad int. en Expte. Nro. B-28.799/98 Cámara Civil y Comercial Sala I...: Ducci Construcciones S.R.L. c/ I.V.U.J. - L.A. Nro. 41, F 1269/1270, Nro. 470, 10/11/98).
Intervención de terceros, prueba confesional
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Córdoba, Rubén Marcelo c/ El Cóndor Servicios Petroleros SRL s/ Demanda Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-09-12

"Si bien, en principio, la posición del tercero en el proceso no está unida a la suerte de la causa, cuya sentencia sólo alcanza a las partes, puede condenárselo cuando abdica de su condición de tal y se incorpora como sujeto pasivo del proceso, lo que sucede cuando, sin observaciones ni objeciones, acepta ser sujeto activo y pasivo de la prueba confesional".
Denuncia, acción dependiente de instancia privada
Materia: PENAL
Carátula: Chavez, Julio Magdaleno s/ Violación en Grado de Tentativa Tentativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1992-04-28

La espontaneidad no es un requisito por sí mismo, "siné qua non" para la promoción debida de la instancia en los delitos del inc. 1 del art. 72 del C.P. como sí lo es la libre voluntad. De modo tal que, la información que puede proporcionarle un tercero sobre el derecho que le asiste al damnificado o su representante, o la convocatoria de concurrencia o hasta el traslado por los acompañantes a la denunciante hasta el lugar del acto a cumplir por ésta, podrían aparecer afectantes de la espontaneidad de su comparendo o decisión, pero de ningún modo pueden considerarse afectantes o suprimentes de su voluntad. (Fundamento del Dr.

Castillo Giraudo).
Prescripción, daños y perjuicios, plazo, moneda, bonos externos, moneda extranjera, jueces
Materia: COMERCIAL
Carátula: HOTELERA RIO DE LA PLATA S.A.C.I. c/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES s/ HECHOS ILICITOS DE MAGISTRADOS.    RESPONSABILIDAD DEL ESTADO.   PRESCRIPCION- CONVERSION EN MONEDA EXTRANJERA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-06-04

Es improcedente la prescripción invocada si la orden de conversión de Bonos Externos a moneda argentina -comunicación irregular que motiva el daño- constaba en el dorso de una copia carbónica de un oficio, que pudo pasar inadvertida al solicitante.

Ello es así, pues el curso del plazo debe computarse a partir del momento en que el perjudicado tomó conocimiento real y efectivo del hecho ilícito y del daño proveniente de él.
Caducidad de instancia, recurso extraordinario, funcionarios judiciales
Materia: PROCESAL
Carátula: Fernández, Pablo Daniel s/ tutela:  Dolores  María  Fernández  de  Pujol  y  otro - Incidente s/  medida de no innovar.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-02

Si bien la obligación de remitir la causa al tribunal superior es del oficial primero (arts. 311 y 313, inc. 3x del Código Procesal) ello no obsta a que las partes realicen los actos necesarios para urgir o colaborar en su cumplimiento.
Prueba, segunda instancia, carácter excepcional
Materia: PROCESAL
Carátula: ABALLAY Carlos Américo c/ Municipalidad de Santa Lucia s/ Contencioso Administrativo" s/ Contencioso Administrativo"
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2017-08-28

El diligenciamiento o producción de prueba en segunda instancia, tiene carácter excepcional, no pudiendo convertirse en una causa de desequilibrio de la igualdad que debe primar entre las partes, ni un premio a la desidia, ya sea por cuanto ésta no fue producida en término o por la deficiencia en su ofrecimiento tal como ocurre en el presente proceso. Además, las posibilidades emergentes del art. 253 inc. 2º del C.P.C., deben ser interpretadas en forma restrictiva. No basta que el recurrente mencione las medidas denegadas, se deben invocar las razones demostrativas de la necesidad de prueba y se exige una crítica concreta y razonada de la resolución desestimatoria de la misma que recayó en primera instancia, señalando los errores incurridos por el Juzgador, en forma similar a lo que ocurre con la expresión de agravios definida en el art. 253 segundo párrafo del C.P.C.
Confirmación de sentencia, asegurador, aprobación de la liquidación, intereses, HONORARIOS
Materia: PROCESAL
Carátula: Sena, Rosa Haydee c/ Cardif Seguros SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-18

Procede confirmar la resolución por la cual se aprobó la liquidación de intereses presentada por la actora. Ello por cuanto, si bien es cierto que la demandada depositó y dio en pago la suma que había acordado con su contendiente, ésta no pudo disponer de los mismos dado que el perito de autos se opuso a ello hasta tanto sus honorarios fueran satisfechos, por ende el pago no se pudo concretar ni produjo los efectos liberatorios. Es verdad que ello sucedió a causa de un tercero pero ese acto no puede considerarse ajeno a la apelante, dado que sobre ella pesaba el pago de esos honorarios. En consecuencia, pesaba sobre la demandada dos alternativas, o la de arbitrar los mecanismos necesarios para desinteresar al perito, o la de soportar frente a la actora las consecuencias de que el pago se hiciera en una fecha diversa a la acordada, desde que la dilación que se produjo tampoco puede considerarse imputable a esta.
Banco central, sanciones administrativas, multa administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Olivera Avellaneda Carlos R. (Bco. Sidesa en Liq.) c/ B.C.R.A. -Resol. 29/93- (Sum Fin 446 -Expte. 24868/93- 101696/78)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-11-18

Las medidas que el B.C.R.A. pueda adoptar tienen carácter disciplinario y no participan de la naturaleza de las medidas represivas del Código Penal (conf. Fallos: 241:419 y 268:91).

(Consid. IV).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), gravamen eventual, pena, prisión perpetua
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MOTIER, OMAR DARIO c/  s/ HOMICIDIO CALIFICADO POR PRECIO O PROMESA REMUNERATORIA Y AGRAVADO POR EL EMPLEO DE ARMA DE FUEGO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-03-16

En orden a las postulaciones referidas a la inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua, no se logra demostrar que la sanción impuesta colisione con los principios y derechos fundamentales aludidos, toda vez que tales afectaciones podrían ser traídas a consideración de esta Corte por vía del recurso extraordinario cuando el condenado se encuentre en condiciones de peticionar los beneficios penitenciarios del período de prueba o de acceder a la libertad condicional y, oportuna y eventualmente, le fueran denegados; es decir que se está ante expectativas futuras que no son inmutables y por ende, existe la posibilidad de que llegado el momento y ante una concreta solicitud se disipe el agravio que hoy se invoca, todo lo cual torna inadmisible -por prematuro- su tratamiento.
Facultades discrecionales, acto administrativo, Administración Pública
Materia: ADMINISTRATIVO - CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Inés A. D'ARGENIO c/ TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION s/ PROCEDENCIA  DEL  RECURSO  EXTRAORDINARIO  - SENTENCIAS ARBITRARIAS -  TRIBUNAL DE CUENTAS - ACTO ADMINISTRATIVO -  MEDIDAS DISCIPLINARIAS -  RAZONABILIDAD    -   FACULTADES DISCRECIONALES  -  PODER    JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-05-13

La circunstancia de que la Administración obrase en ejercicio de facultades discrecionales, en manera alguna puede constituir un justificativo de su conducta arbitraria puesto que es precisamente la razonabilidad con que se ejercen tales facultades el principio que otorga validez a los actos de los órganos del Estado y que permite a los jueces, ante planteos concretos de parte interesada, verificar el cumplimiento de dicha exigencia.