marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, jurisprudencia, indemnización tarifada, aplicación de la ley, declaración de oficio, Corte Suprema de Justicia de la Nación, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia aplicable
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: RAMIREZ, MIGUEL ANGEL c/ ASOCIART ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO (ART) S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-10-11

La cuestión a resolver -vinculada en esencia a la declaración de inconstitucionalidad de oficio del artículo 12 de la ley 24557, que fija las pautas para el cálculo del valor del ingreso base mensual a los efectos de la determinación de la cuantía indemnizatoria de la incapacidad laboral determinada en autos- guarda analogía con la abordada por este Tribunal en la causa "Ojeda", luego de las pautas de interpretación normativa postuladas por la Corte nacional en el precedente "Espósito", por lo que cabe remitir a las consideraciones allí expuestas; en ese marco de reflexión, el pronunciamiento ahora impugnado no merece ser calificado como acto jurisdiccional en tanto, aún advirtiendo la existencia de otros mecanismos jurídicos de resolución, el Sentenciante se pronunció por la invalidez constitucional de la norma, en contraposición al criterio establecido por el más Alto Tribunal, el cual se impone derechamente como doctrina constitucional de acatamiento obligatorio en razón de la seguridad jurídica y el respeto institucional que infunden las decisiones del Máximo Tribunal de la Nación, que en estas cuestiones decide como último intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia. - CITAS: CSJN: Espósito, Fallos 312:72; 339:781; 247:387; 249:51; 303:248; 304:849 y 1069; 311:394; CSJStaFe: Ojeda, AyS T 280, p 313/322; Britos, AyS T 275, p 346. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 26773; Ley 24557, artículo 12. - Jurisprudencia vinculada: Giannini, AyS T 284, p 381/387, sumario J0044185.
Recurso de inconstitucionalidad, prueba, carga de la prueba, precio
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: SENTIR CARRUAJES SACIFIA c/ CARRASCO, JOSE MARIA Y-U OTROS s/ ORDINARIO     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE NRO 235-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-12-23

Resulta descalificable como acto jurisdiccional, la sentencia que hizo lugar a la demanda por cobro de pesos en concepto de precio correspondiente a un servicio funerario hasta la concurrencia del importe por el cual la accionada reconoció haber contratado el sepelio, dado que sólo expresa dogmáticamente la convicción subjetiva del juez e incurre en arbitrariedad, al haber omitido dilucidar debidamente la cuestión relativa a la carga de la prueba.

Ello es así, pues no encontrándose en discusión el "quantum" del contrato de sepelio sino las características del servicio convenido, no advirtió la Sala que el precio admitido por los demandados presuponía un hecho constitutivo del derecho que ellos invocaron, distinto e incompatible con el alegado por el actor y, por ende, de insoslayable demostración. Al no encontrar acreditados los hechos deducidos por el actor, el tribunal tuvo por ciertas las afirmaciones de los demandados sin considerar si estaban o no suficientemente probadas, relevándolos de la carga de la prueba cuando estableció una condena hasta el tope que ellos reconocieron en relación a un servicio de características diferentes.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, legitimación del asegurador
Materia: LABORAL
Carátula: Velazquez, Martín D. y otro c/ Calera La Estación y otros s/ Accidente ley 9688 Belmonte, Francisco c/ Hidrodinámica Vazquez S.A.C.I.F.I. s/ Indemnización por accidente Heres, Caraciolo Omar c/ Romaer S.A.C.I.A.F.I. s/ Accidente Carpio de Chifanie, Beatriz Alicia y otros c/ S.O.M.U. s/ Resarcimiento por accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-07-15|1997-07-08|1997-08-12|1997-08-26

Con arreglo al art. 118 de la llamada ley 17.418 la sentencia que se pronuncie hace cosa juzgada contra el asegurador y puede ser ejecutada en su contra; por consiguiente atendiendo a una mejor garantía de la defensa en juicio de quien en definitiva pueda tener que afrontar sus consecuencias debe reconocérsele la posibilidad de impugnarla antes de que se convierta en definitiva (arts. 18, Constitución de la Nación y 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Defensa en juicio, agente fiscal, Ministerio Público Fiscal, violación de las formas procesales, intervención fiscal, debido proceso
Materia: PROCESAL
Carátula: RIPPA, HÉCTOR S/ABUSO DE AUTORIDAD. Expte N°:R-491/05 (TSJ).- s/ RECURSO DE CASACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2006-10-30

Se verifica, en el caso de autos, trasgresión a la garantía de defensa en juicio, al incurrir el magistrado de instrucción en apartamiento irregular del Fiscal natural de la causa, afectando la garantía de defensa en juicio, la garantía de debido proceso y la independencia funcional del Ministerio Público Fiscal, que consagran el art. 120 de la Constitución Nacional y la ley provincial Nro. uno (orgánica del Poder Judicial), pues no se asegura al imputado que durante el proceso las funciones de acusar y juzgar se encuentren en órganos diferentes.

No se ha respetado el principio acusatorio formal y la exigencia que el debate sea precedido de una acusación, afectando a su vez el principio de contradicción, la bilateralidad del proceso y la igualdad de las partes ante la ley, pues relega a un intolerable segundo plano la actuación del Ministerio Público Fiscal.
Sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Preux, Enrique A. y otro c/ Recalde, Arnaldo M. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-11-11

De acuerdo con el art. 1102 del C.Civil la sentencia condenatoria hace cosa juzgada respecto de dos cuestiones esenciales: 1)la existencia del hecho principal que constituya el delito, lo que significa que si el juez penal ha considerado probado el robo, lesiones, etc. este hecho no puede rebatirse en la sede civil, no consecuentemente, su calificación efectuada en lo criminal y 2)la culpa del condenado, o sea que no podrá pretenderse en lo civil la falta de culpa, y a la inversa, dicha sentencia condenatoria penal eximirá de juzgar sobre la existencia de la culpa en el fuero civil.

-
Caducidad de instancia, interrupción de la caducidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Acosta López, Ricardo c/ Paredes, Juan s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-07-13

Para que un acto procesal merezca ser calificado como interruptivo de la caducidad necesita tratarse de una diligencia judicial, además de ser de notoria entidad como para servir para impulsar el proceso y ser compatible con el estado del litigio. Es decir, que la actuación de la parte instando el procedimiento debe constar en el proceso y así ha sido descartada, al menos en principio, la actividad extrajudicial por no tratarse de constancias del expediente.
Derecho a la salud, obras sociales, opción de obra social, período de carencia, cobertura médica, reintegro de gastos al trabajador, responsabilidad de la provincia
Materia: CIVIL
Carátula: Brunner, Luis Nolberto. c/ I.S.S.N. s/ Cobro ordinario de pesos.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2008-07-31

Si en el orden nacional se ha otorgado la ventaja a quien se adhiriera a una obra social o a una empresa de medicina prepaga, a que no le incida algún período de carencia, no cabe hacer lo contrario en la provincia.

Por ende, y tomando en debida cuenta que la accionada no acreditó que hubiera habido tal reticencia del trabajador en cuanto a sus condiciones de salud al adherirse a la obra social -más precisamente en lo que concierne al conocimiento que pudiera haber tenido sobre su dolencia a ese momento- simplemente cabe concluir que le asiste razón.

Así cabe prever que en la instancia de grado se practique liquidación sobre los gastos efectuados por el actor y por los que reclama, deduciendo los montos que pudieren corresponderle por coseguro. El saldo a su favor devengará intereses a la tasa mixta del B.P.N. desde que aquel intimara a la demandada. (del voto del Dr. Enrique Videla Sánchez)
Balance o informes falsos, estafa
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Besa, Sandra y otros s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-02-28

Si la querella denunció en autos la supuesta disminución del patrimonio de la sociedad lograda en base a un balance que señalara como falso, lo que como consecuencia implicaría un demérito en el valor de las acciones cuyo reembolso persigue en sede comercial, y ante la eventualidad que finalmente se determine la existencia de los hechos conforme fueran descriptos en la denuncia y en el requerimiento fiscal de instrucción, tales acontecimientos podrían significar un detrimento patrimonial para el denunciante. Y en nada empece a tal conclusión la circunstancia que el denunciante pretendiera hacer valer en el proceso comercial un balance distinto al que califica de espúreo, pues en la medida que el balance sospechado de falsedad haya sido incorporado al proceso -y en consecuencia sea sometido a consideración del Magistrado competente, quien incluso podría receptarlo como idóneo a los efectos de la determinación de la deuda de la sociedad con el denunciante- no puede descartarse la existencia de un accionar estafatorio contra el nombrado. Ello lleva a discrepar con las afirmaciones dogmáticas que presenta el pronunciamiento recurrido en cuanto a la ausencia en el caso de un perjuicio directo que afecte al pretenso querellante, si no media ni se ha brindado fundamento alguno que pudiera sustentar ad initio la ausencia del delito. (Voto del Dr. Riggi).
Acto administrativo, consentimiento
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Bianco, Venancio c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-02-26

La interposición fuera de término del recurso administrativo ante la autoridad de la que emanó el acto impugnado, hace que adquiera firmeza en la esfera que le es propia tornándolo irrevisible en sede judicial. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de inconstitucionalidad, gravamen actual, inadmisibilidad del recurso
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Banco Cetelem Argentina SA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-06-25

Es correcto declarar inadmisible el recurso de inconstitucionalidad cuando, más allá de la enunciación genérica de preceptos constitucionales que se dicen vulnerados, los agravios propuestos remiten a la consideración de cuestiones propias de los jueces de la causa que resultan -por regla- ajenas al marco de valoración que permite realizar (art. 27, ley nro. 402). (Voto del Dr. José O. Casás).
Juicio sumarísimo, recurso de apelación (procesal), recurso de queja (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: Cannatta, Hugo Rafael s/ en autos: "Expte: N 316/98:"Vicente, María de los Angeles c/  Cannatta, Hugo Rafael-s/Interdicto de recobrar la posesión y obra   nueva-s/Interpone recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1999-08-30

En un interdicto de recobrar la posesión e interdicto de obra nueva, al que el Juez de Grado le imprimió trámite sumarísimo, la resolución que denegó el pedido de citación de terceros por el demandado, es inapelable conforme el correspondiente procedimiento previsto por la ley adjetiva.

En efecto, el art. 498 inc.4 del C.P.C., limita taxativamente las resoluciones que son apelables en el juicio sumarísimo, es decir que sólo ellas son apelables, negando la posibilidad respecto de otras situaciones que se susciten dentro de los carriles normales del proceso sumarísimo.

En consecuencia, corresponde no hacer lugar a la queja deducida y confirmar la denegación de la apelación articulada.
Caducidad de instancia, falta de remisión del expediente, impulso de oficio, impulso de parte, interposición del recurso, memorial, traslado
Materia: PROCESAL
Carátula: GONZALEZ  REINALDO  VICTORIO c/ ESTADO  NACIONAL MINISTERIO DELINTERIOR   POLICIA  FEDERAL  S/ s/ INCIDENTE  DE  CADUCIDAD  DE  LAINSTANCIA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-15

Tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la carga de remitir la causa al tribunal superior correspondiente no releva a las partes de realizar los actos necesarios para urgir su cumplimiento ante la omisión del órgano respectivo (conf. Fallos 310: 928; 313: 986; 314: 1438; 327: 5194; 228: 3380), por lo que el planteo formulado por la recurrente sobre este punto debe ser desestimado. Ante la interposición de un recurso, la parte recurrida se encuentra facultada para acusar la perención, lo que a su vez significa que es la recurrente quien debe instar el trámite a los efectos de obtener el envío a la Alzada (conf. causa 6.033/06 del 11.8.09, Sala II, causa 2.633/04 del 13.3.07). Teniendo en cuenta que desde el vencimientodel traslado del memorial -que fue ordenado en la providencia del 9.12.09-, hasta el acuse de perención del 28.6.10, ha transcurrido el plazo establecido en el art. 310, inc. 2°, del Código Procesal, corresponde declarar la caducidad de esta instancia, con costas a la vencida.
Recurso de inaplicabilidad de ley, honorarios del abogado, cuestiones de hecho y prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Moure Roberto Pedro s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1989-04-12

La retribución mensual del profesional, por el cliente, representa una relación jurídica no regulada por la ley 607, sino por el Código Civil (conf. Alsina, Derecho Procesal T. IV, pág. 574 / 575), quedando satisfecha con aquella percepción convenida las exigencias del artículo 1.627 del Código Civil. Esta interpretación constituye una cuestión de hecho ajena por principio al ámbito preciso del recurso de inaplicabilidad de ley.
Daños y perjuicios, actos ilícitos, responsabilidad objetiva, chofer de colectivos, incendio de la cosa
Materia: CIVIL
Carátula: GONZALEZ DE PAZ, Olga Norma y otro c/ MICROOMNIBUS NORTE S.A. y otro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-14

Si bien es cierto que al chofer, dependiente de la empresa dueña del rodado, no le es imputable el vicio o riesgo de la cosa, y en la medida en que de su parte no haya habido un incorrecto accionar en la conducción del vehículo, su responsabilidad, desde éste ángulo, no puede hallarse comprometida, pero no lo es menos que su profesionalidad le exige el control del cumplimiento de elementales medidas de seguridad -como lo es la existencia de extinguidor de incendio en el microómnibus- por lo que debe responder a título de negligencia por las resultas del incendio del colectivo (art. 1109 del Código Civil).
Terminación del proceso, caducidad de instancia, cómputo del plazo
Materia: COMERCIAL
Carátula: BELLO  CARLOS  MARCELO c/ PRUDENCIA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROSSA S/ s/ ENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-21

Habida cuenta de la perentoriedad de los plazos procesales (cpr 155) no procede atender el argumento de que sólo transcurrieron siete días hábiles desde que operara la perención, pues de hacerlo se ingresaría en un terreno lindante con lo arbitrario, ya que se ignoraría cual sería su límite (en similar sentido CNCom, esta Sala in re "Alba Cía. Argentina de Seguros S.A. c/ S.T.P. S.A. s/ ordinario -redargución de falsedad-" del 20.11.06; id. Sala D, in re "Cocilova Armando Atilio c/Abad de Moresco, María Ester s/ejecutivo", del 18.7.01).
Sucesiones, subasta judicial, designación de martillero
Materia: PROCESAL
Carátula: ANAN, NABIN s/ SUCESION VACANTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-03

La venta en subasta pública de bienes de un sucesorio se hace siguiendo las normas procesales comunes señaladas por el art. 562 y sig. del Código Procesal, pero nada impide acceder al pedido que formula el curador de una herencia reputada vacante de que se designe como martillero a un agente del Ministerio de Educación habilitado para ello.

A diferencia de las subastas que se llevan a cabo con motivo de una ejecución forzada, en este tipo de ventas, aunque judiciales, los enajenantes se encuentran facultados par disponer por sí solos las modalidades que más convengan a sus intereses, igual que en cualquier operación privada.
Robo, robo con armas
Materia: PENAL
Carátula: E, J C R s/ ROBO  DE  AUTOMOTOR Y ROBO CALIFICADO REITERADO EN CONCURSO REAL.    CAP EXPTE NRO 49-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-10-19

La convergencia intencional sobre una determinada mecánica delictiva hace que para la calificación del robo no sea imprescindible que todos y cada uno de los coautores esgriman armas, basta que éstas hayan sido empleadas, esgrimiéndola uno o algunos de ellos.
Proceso contravencional, prueba, medidas cautelares, sentencia condenatoria
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: TISSOT, Marta s/ inf. art. 83 C.C. Ley 1472 - Apelación (Recurso de Inconstitucionalidad)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-09-26

Los elementos materiales probatorios y las evidencias obtenidas durante la investigación, si bien sirven de soporte para imponer medidas restrictivas al ejercicio de los derechos fundamentales, no pueden ser el fundamento de una sentencia condenatoria, decisión que debe estar soportada en pruebas practicadas durante el juicio oral.
Honorarios del abogado, ejecución de honorarios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Solcoff, Edgardo H. c/ Omega Coop. Seguros s/ Inc. cobro de honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-02-25

Una vez vencido el plazo de diez días para hacer efectivo el importe de los honorarios regulados, contado a partir de la firmeza del decisorio que los determinara, el beneficiario está en condiciones de iniciar la ejecución en los términos del art. 498 del CPCC sin necesidad de que en forma previa tenga que practicar una liquidación, por cuanto aquel pronunciamiento ya contenía una cantidad líquida de acuerdo a lo estatuido por el segundo apartado del art. 500 del ordenamiento citado. El término "reclamar" que utiliza el art. 54 del D.L. 8904/77 denota la existencia de una demanda o pretensión enderezada al cobro de los honorarios regulados y no abonados, sea por la vía del procedimiento de ejecución de sentencia o incidente separado.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, reformatio in pejus, monto de la pena, sentencia condenatoria
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: G., J. M. c/  s/ GROOMING Y OTROS-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-09-20

No se patentiza en el caso una reformatio in pejus por cuanto el Tribunal, no obstante el recurso fiscal sobre el monto de pena dado en primera instancia, confirmó el quántum impuesto de forma fundada, lo que no constituye una decisión que agravó la situación del justiciable, conforme alega la recurrente. (Del voto del Dr. Netri)
Presupuesto nacional, tasa de justicia, integración de la tasa de justicia, bonos de consolidación, ley de consolidación de la deuda pública
Materia: PROCESAL
Carátula: PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE c/ ITALPAPELERA S.A. Y OTRO s/ EJECUCION PRENDARIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-29

Las leyes de presupuesto tienen, como principio, fuerza obligatoria sólo por el período tributario al cual se refieren. La Ley 24.307 (Adla, LIV-A-79) fija el presupuesto general para el ejercicio 1994, sin que se advierta que lo dispuesto en su artículo 11 constituya un caso de excepción a aquélla regla. La norma citada establece una modalidad de pago cuya obligatoriedad no puede serle impuesta al acreedor, como resulta de sus propios términos -"facúltase a la Secretaría de Hacienda para ofrecer ..." (art. 11)- (cfr. Sala III, Causa 179 del 6.3.97; Sala I, Causa 1123/97 del 17.4.97) y habida cuenta de que se trata, por hipótesis, de deudas no comprendidas en la Ley de Consolidación atento la fecha de su causa o título.
Honorarios del abogado, ejecución de honorarios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fernandez, Rubén y otros c/ Baquero, Eduardo s/ Ejecución de honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-08-03

Es inaplicable la ley 11192 en los honorarios que se regulan en virtud de una condena en costas originada en el erróneo pedido de caducidad de medidas cautelares por ser una cuestión eminentemente procesal y totalmente ajena al proceso principal. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Mediación, alimentos, cuota alimentaria
Materia: PROCESAL
Carátula: C., C.P. y otros c/ S., E.J. y otros s/ AUMENTO DE CUOTA ALIMENTARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-29

Si se persigue el cobro de cuotas alimentarias devengadas y no percibidas, aunque no se haya practicado liquidación, por su naturaleza, el reclamo encuadra en las previsiones del art. 648 del Código Procesal, aspecto que conforme al art. 3º de la ley 24573, no se encuentra sujeto en forma obligatoria al trámite de mediación previa.
Alimentos, cuota suplementaria
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Bangher, Leticia Beatriz c/ Carlos Alberto Vesconi s/ Alimentos. Bangher, Leticia Beatriz c/ Carlos Alberto Vesconi s/ Alimentos.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1996-02-29|1996-02-29

La cuota suplementaria a que se refiere el art.623 del Código Procesal Civil y Comercial se debe fijar después de aprobada la liquidación. Ello conforme abundante jurisprudencia que expresa que sólo cuando se ha practicado y aprobado la liquidación, descontándose en ella los pagos hechos durante el juicio, el juez está en condiciones, conforme el monto que aquella arroja y a las posibilidades del alimentante, de calcular y fijar la cuota suplementaria que éste deber abonar para cancelar su deuda por cuotas atrasadas. Es en torno a la liquidación, que pueden suscitarse las diversas cuestiones atinentes al monto total de la deuda, incluyendo el debate sobre los descuentos que pretende el alimentante por pagos hechos.
Notificación por cédula, domicilio constituido, domicilio procesal
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Rescas S.A.C.I.I.A. c/ Meip Ingeniería S.R.L. s/ Resolución de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-11-03

Cuando el tribunal debe realizar una notificación de oficio, la diligencia debe dirigirse al último domicilio constituido por la parte, aunque no lo hubiere hecho saber a la contraria.