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Concursos, cooperativa de trabajo, bienes inmuebles, expropiación, aplicación de la ley, venta directa, continuación de la empresa
Materia: COMERCIAL
Carátula: ADZEN SACIF s/ QUIEBRA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-10

Procede revocar el pronunciamiento en el que se dispuso la venta directa a favor de cierta Cooperativa de Trabajo de los bienes individualizados en la Ley 13444 de la Provincia de Buenos Aires -con excepción de aquéllos que están prendados a favor del Banco de la Nación-. Para ello es necesario señalar, en primer lugar, que la Provincia de Buenos Aires dictó la Ley 13444 que declaró la utilidad pública y sujeto de expropiación cierto inmueble de propiedad de la fallida, como asimismo las maquinarias e instalaciones que se encuentran en ese lugar (artículo 1) y que contempla, en su artículo 2, la posibilidad de que el inmueble, maquinarias e instalaciones citados en el artículo 1, sean adjudicados en propiedad y a título oneroso por venta directa, a cierta Cooperativa de Trabajo la cual se encuentra registrada, con cargo de ser destinados los mismos a la consecución de sus fines cooperativos. Ello así, la reforma introducida al artículo 213 de la ley falencial por la Ley 26684, en la medida en que autoriza al juez a disponer la venta directa de bienes, lo hace para el caso de que la cooperativa de trabajo sea continuadora de la explotación y, solo procede, cuando, por la naturaleza de los bienes, su escaso valor o el fracaso de otra forma de enajenación resultare de utilidad evidente para el concurso. Es clara la excepcionalidad de esta norma que debe interpretarse restrictivamente. Así las cosas, no dándose ninguno de las tres altenativas legisladas en la especie, a saber: a) naturaleza del bien -en general, serán bienes perecederos-, b) escaso valor (que no justifique poner en marcha todo el proceso de subasta) o c) por frustración de otras formas de realización, es evidente que no cupo disponer la venta directa de los bienes en cuestión pues, ni el hecho de tratarse de una planta industrial explotada por la Cooperativa, ni la expropiación -no perfeccionada constituyen elementos que puedan, per se, enmarcar la venta pretendida en las previsiones contempladas en la normativa analizada, ya que sigue siendo, pese a la reforma introducida por la Ley 26684, una alternativa excepcional que luce, en principio, inaplicable en el caso. Reitérase, sólo puede recurrirse a la operación de venta directa luego de fracasadas las demás formas de realización que la ley establece como prioridades a la hora de decidir la mejor forma de liquidación de los bienes que conforman el activo falencial, ya que, como principio, la liquidación de los bienes debe hacerse por licitación o subasta e incluso, con la modalidad de llamado de mejora de oferta, si fuere el caso, posición que es pacífica tanto en la doctrina como en la jurisprudencia. Es claro pues que la alternativa propuesta no es útil para el resultado de la liquidación falencial.
Juicio de apremio, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: DIRECCION GENERAL DE RENTAS c/ BAYON DE BUSCO, CELINA s/ APREMIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1993-08-27

La demandada, a título de contribuyente probó en el juicio que abonó regularmente y en forma las reclamadas obligaciones fiscales.- Como pagó a término cada obligación fiscal fue extinguiendo la acreencia sometida a ejecución de cobro, y hoy está bajo el amparo de la garantía constitucional del derecho de propiedad -lo que el Tribunal está precisado de preservar como efecto de fuerza liberatoria que acompaña al pago y donde se incluye la accesoria responsabilidad por las costas causídicas.- Consecuentemente al no acreditar la existencia del único supuesto que habilita la aplicación rigurosa del artículo 120 del Código Fiscal, tiene plena vigencia la norma de reenvío del artículo 113 que hace regir subsidiariamente el artículo 544 del Código Procesal Civil y Comercial que decide la suerte de las costas en orden al criterio objetivo de la derrota.
Recurso contencioso administrativo, suspensión de medida administrativa, contrato de obra pública, pago, mora, acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Malvicino S.A. c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción. Incidente   de suspensión de medida administrativa (Expte CSJ Nº 813- 95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-12-23

Cuando la pretensión cautelar ejercida tiende a la suspensión de los efectos de los actos que impugna, corresponde tener por cumplidas las exigencias vinculadas a la conexidad entre las pretensiones substancial y cautelar. Ello, sin perjuicio de lo que, en su caso, se decida en la sentencia de mérito respecto de la naturaleza y alcance del acto cuestionado. (En el sub-judice, se cuestiona el Decreto Nº 3199/93, anulatorio de los decretos que fijaban un procedimiento para el pago de intereses por mora en un contrato de obra pública celebrado por la actora con la Dirección Provincial de la Energía, y en especial el artículo 3 de dicho decreto que ordenó determinar "los efectos individuales de la anulación").
Prueba compuesta, integración de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Buttafuoco, Miguel Angel s/ Violación en grado de tentativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-12-20

El último párrafo del art. 256 -n.a.- del C.P.P. contempla solamente dos bases posibles para la prueba compuesta: 1) la declaración de un testigo hábil y directo; y 2) las concordes de dos testigos inhábiles y la confesión extrajudicial.
Jurisprudencia vinculante, obligatoriedad del precedente
Materia: CIVIL
Carátula: D., R. D. s/ abuso sexual s/ impugnación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2012-05-04

Observo en punto a que los precedentes de la Sala no son atendidos por los Jueces de grado, quienes si bien no están obligados a su aceptación a ciegas deben al menos brindar mejores argumentos para sobrepujarla.

Es verdad que la independencia interna de los Jueces es un modo de evitar la intromisión de cualquier órgano de grado de competencia superior, principio desde el que se articula toda factibilidad del trazado de líneas directrices que hagan peligrar los derechos de las personas a través de la unicidad del pensamiento.

Pero no menos veraz resulta que si no se brindan razones plausibles para apartarse, los fallos de la última instancia procesal de la Provincia resultan orientadores y hacen previsible la decisión final de un asunto, brindando certeza, previsión y trato igual a los iguales, además de economizar los procesos que, de otra manera, se dilatan por obra y gracia de los recursos cuyo destino es -por lo dicho- augurable.
Inadmisibilidad del recurso, inexistencia de cuestión federal suficiente
Materia: PENAL
Carátula: ARRÁEZ, Gerardo Jorge c/  s/ RECURSO DE CASACIÓN
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-04-12

La disidencia sostuvo que, no conformando la argumentación de parte agravio que pueda acarrear alguna otra cuestión de naturaleza federal, el recurso resultaba inadmisible.
Suspensión del juicio a prueba, oposición del fiscal
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: FERNANDEZ, César A. s/ Causa 44.764
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-05

Disidencia del Dr. Donna: Si bien la ley exige dictamen favorable para hacer lugar a la suspensión del juicio a prueba, tal oposición debe estar fundada y serlo en base a argumentos convincentes. La fundamentación de las decisiones judiciales y de los dictámenes de los funcionarios públicos son un imperativo constitucional que hace al estado de derecho. Es en base a ello que la objeción fiscal no es adecuada, ya que por los fines del instituto -evitar la pena privativa de libertad-, se estaría en tiempo oportuno para su concesión.
Pago de tributos, pago anticipado, solve et repete, habilitación de instancia, interpretación de la ley, fallos de la Corte Suprema, facultades del juez, medidas cautelares
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Luncheon Tickets S.A. c/ Gobierno de la Cdad. de Bs. As. s/ Impugnación de Actos Administrativos As. s/ Impugnación de Actos Administrativos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-10-15

La necesidad del previo pago de los tributos como condición de acceso a la instancia jurisdiccional no puede constituir un principio implícito en el ordenamiento jurídico, sino que debe surgir en cada caso de forma expresa de las leyes que regulan la cuestión.

Es sobre esta base que corresponde analizar la disposición contenida en el artículo 9 del Código Contencioso Administrativo y Tributario. Es claro que la norma no dispone como regla el solve et repete, pues si así fuera, no tendría sentido alguno facultar al juez para determinar si corresponde el pago previo del tributo antes de proseguir el juicio.

La interpretación que queda así expuesta se ve reforzada si se tiene en cuenta que, tal como lo ha establecido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la primera fuente de interpretación de la ley son sus palabras, que deben entenderse empleadas en su verdadero sentido, en el que tienen en la vida diaria, partiendo de la base de que no son superfluas sino que han sido empleadas con algún propósito (Fallos: 200:175; 304:1820).

Asimismo, en caso de duda sobre el alcance del texto, debe estarse por el que favorezca el acceso a la jurisdicción, pues tal criterio viene impuesto por los principios constitucionales. En tal sentido, ha dicho el Máximo Tribunal de la Nación que la interpretación de las leyes requiere de la máxima prudencia, cuidando que la inteligencia que se le asigne no pueda llevar a la pérdida de un derecho (Fallos: 265:349; 303:578). El alcance de la norma citada no es el de imponer el pago previo como requisito para acceder a la instancia jurisdiccional, sino que, por el contrario, ella consagra el principio contrario, aunque facultando al juzgador a ordenar, en determinadas circunstancias, el pago de los tributos reclamados antes de continuar el juicio.

Siendo ello así, va de suyo que no es el actor -por carecer de interés- quien deberá peticionar la aplicación de la norma, sino que será la demandada quien podrá eventualmente hacerlo, alegando que el derecho esgrimido sí presenta suficiente verosimilitud. Ello aleja también a la figura consagrada por el instituto de las medidas cautelares, pues éstas son, por definición, un remedio establecido a favor del actor, mientras que en el caso del artículo 9 mencionado, es el accionado quien puede pedir al juez que ordene el pago previo. Sólo puede concluirse entonces que la norma establece una exigencia previa, que el demandado podrá plantear si lo considerare pertinente.
Honorarios del abogado, procesos voluntarios, regulación provisoria
Materia: PROCESAL
Carátula: ROSA, JUAN JOSE. s/ SUCESION AB-INTESTATO.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2015-02-03

La a quo ha entendido que no existe óbice para que similar regulación -provisoria- se de en los procesos voluntarios, especie a la que pertenece el juicio sucesorio. [...] siendo claro el texto legal local (Art. 48 LA) en cuanto a que la regulación provisoria solamente resulta procedente en los procesos contenciosos, no encontrándose cuestionada su validez, y no habiendo invocado el letrado peticionante razones excepcionales que pudieran ser consideradas para apartarse de la legislación vigente, habrá de revocarse el auto regulatorio que fija honorarios provisorios.
Retención indebida, administrador del consorcio
Materia: PENAL
Carátula: MAÑONIS, R. s/ DEFRAUDACION- APROPIACION INDEBIDA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1980-05-23

La conducta de quien, durante su gestión administrativa al frente de un consorcio, dispuso de una suma de dinero que pertenecía a su mandante, configura el delito de apropiación indebida, una de cuyas formas comisivas se exterioriza cuando el mandatario pone de manifiesto su voluntad de desapropiar al verdadero dueño. 0 sea que el ilícito se configuró con la acción de apropiarse del dinero y darle al mismo tiempo distinto al acordado.
Recursos, fundamentación del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Osti Walter Arnoldo c/ Policía Federal Argentina s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-09-18

Criticar es muy distinto que disentir. La crítica debe significar un ataque directo y pertinente a la fundamentación, tratando de demostrar los errores fácticos o jurídicos que ésta pudiere contener. En cambio disentir es meramente exponer que no se está de acuerdo con la sentencia (cfr. sentencia de la Sala V, in re "La Hispano Arg. Cía. de Seguros S.A. c/ Mº de Economía y O.S.P. (Ex feria julio nº 1/95) s/ amparo" y su cita, del 6/12/95). (Del voto del juez Licht, consid. IV).
Denegatoria del recurso, insuficiencia del agravio, ejecución fiscal, pequeños contribuyentes
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA  c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en gcba contra suarez, juan pablo sobre ejecución fiscal - abl - pequeños contribuyentes
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-30

A diferencia de lo discutido en "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en GCBA contra Castelucci María Laura sobre ejecución fiscal - régimen simplificado", expte. n° 256874/22-2, sentencia del 12/10/2022 sobre la puesta en vilo del sistema SOJ orientado a resguardar y garantizar el cobro de un tributo, la decisión en análisis encontró apoyo en que el GCBA no había acreditado que el bien sobre el que recaía el impuesto, resultara una garantía insuficiente para hacer frente al crédito reclamado y, como da cuenta la denegatoria del recurso de inconstitucionalidad, la recurrente no trae un agravio a ese respecto. Ello así, por infundada, no cabe sino rechazar la queja. (Del voto en disidencia del juez Luis Francisco Lozano).
Nombre, interpretación de la ley, voluntad del legislador
Materia: CIVIL
Carátula: Ofmann, Mario Jorge y otra s/ Res.    Reg.  Estado  Civil  de  las  Personas  (R.C.A.  Nx  27.686).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-09

El legislador no ha querido impedir que a través de la imposición del nombre, la familia pudiere preservar sus lazos afectivos a través de sus distintas generaciones.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, secuestro de bienes
Materia: PENAL
Carátula: Lentino, Rafael y otros s/ Encubrimiento
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-05-14

La resolución de la Cámara que deniega la restitución de los vehículos secuestrados por encontrarse adulterados, y no hallarse debidamente justificada la propiedad de los mismos, no es definitiva en los términos del art.357 del Código de Procedimiento Penal.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Concursos, resoluciones recurribles
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ambertin, Alejandro y otros s/ Incidente de liquidación diferencia remuneraciones en: Ventura Mar  del Plata S.A. s/ Quiebra Ozono S.A.C.I.F.I. c/ Fasce Juan s/ Incidente de nulidad Ada Software S.R.L s/ Incidente de Revisión e/a Giordano Acevedo s/ Concurso Dirección General Impositiva s/ Incidente de verificación tardía en Estrella de Mar s- Quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-08-26|1995-06-20|1997-03-03|1999-12-28

La norma según la cual sólo es susceptible del recurso de apelación la resolución que pone fin al incidente, se funda en la vigencia de los principios de celeridad y economía procesal que deben regir durante el transcurso del proceso, pero dictada esta resolución, se vuelve a las normas generales sobre apelación. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Movilidad del haber jubilatorio, reducción del beneficio, confiscatoriedad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: CANELLE, Luis Enrique c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-19

Será confiscatoria la reducción del haber previsional cuando se compruebe una diferencia mensual superior al 10% de lo que le hubiera correspondido al titular de haber seguido en actividad, debiendo entenderse que dicho porcentaje constituye la medida que el legislador, por razones de solidaridad y operatividad práctica del sistema, consideró equitativo poner en cabeza de aquél en épocas de inflación.
Regímenes jubilatorios especiales, cargos electivos, legisladores
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Urlich, Carlos A. c/ Instituto de Previsión Social s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-10-25

Si al momento que el solicitante del beneficio logró reunir los restantes requisitos exigidos por el art. 1 de la ley 8320 ya se hallaba derogada la ley 8118, no puede invocar a su favor la aplicación al caso de lo dispuesto por el art. 4 de esta última para completar el requisito de la antiguedad en el desempeño del mandato como legislador.
Honorarios, contadores públicos, regulación de honorarios
Materia: LABORAL
Carátula: Acosta, Irma c/ Consorcio de Copropietarios Edif. Oasis y/o Nogara s/ Indemnización por antiguedad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-05-21

No viola el art. 159 de la Carta local ni puede acarrear la nulidad del fallo la falta de fundamentación legal de la regulación de honorarios practicada al experto contable, por aplicación de las disposiciones de la ley 10.620, porque el recurso extraordinario de nulidad no es la vía apta para conocer sobre la omisa aplicación o transgresión de determinada disposición legal.
Acción de amparo, plazo
Materia: PROCESAL
Carátula: María Teresa Nuñez c/ Poder Ejecutivo Provincial s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1992-04-15

Teniendo en cuenta la perentoriedad que rige a los plazos procesales (art. 156 del C.P.C.C.) produciendo el transcurso del término fijado en la Ley, la caducidad del derecho que se ha dejado de usar, no pudiendo ni el juez ni las partes evitar esta última y no habiéndose interpuesto la presente en el plazo establecido en el art. 4 de la Ley 1.117 modificada por las Leyes 1.118 y 1.186, cabe tener el amparo como presentado extemporáneamente.
Robo en poblado y en banda, concurso ideal, principio de especialidad (penal)
Materia: PENAL
Carátula: PRADINES, Cristian E. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-06

Entre las agravantes del delito de robo previstas en los arts.

166, inc. 2°, párrafo 3 y 167, incs. 2° y 4° del C.P., media el principio de especialidad que impone la elección de una de ellas (del voto de la Dra. Nocetti de Angeleri).

En lo que hace a la concurrencia de agravantes media "...un concurso aparente que debe resolverse conforme a los principios que lo rigen; esto es de especialidad, subsidiariedad y consunción...", debiendo aplicarse el de especialidad siendo el robo con escalamiento (art. 167 inc. 4° en función del art. 163 inc.4° del C.P.), el que agota en su descripción a la conducta típica (del voto del Dr. Bunge Campos).

Por ello corresponde, confirmar el auto decisorio por el que se decretó el procesamiento del imputado como coautor del delito de robo agravado por haberse cometido con escalamiento (arts. 45 y 167, inc, 4° en función del art. 163 inc. 4° del C.P. y 306, del C.P.P.N.).
Lavado de activos, tipo penal, elemento objetivo, elemento subjetivo, delito precedente, prueba
Materia: PENAL
Carátula: Castro Pizarro, Jonathan y otros c/  s/ av. Inf. Ley 23.737 y al art. 303 del C.P.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Mendoza
Fecha: 2019-05-03

Como exigencia objetiva, el tipo penal de lavado de activos requiere que el valor de los bienes de origen ilícito, convertidos, adquiridos o puestos en circulación en el mercado lícito, supere la suma de trescientos mil pesos ($300.000) ya sea que dicha operación se haya realizado en un solo acto o por la reiteración de hechos. El fin de las actividades económicas que desarrollaron los encartados fue adquirir bienes con dinero proveniente del comercio de estupefacientes, introduciendo dicho provecho ilegal en los circuitos de dinero legal. Finalmente, en relación a la tipicidad subjetiva, el delito de lavado de dinero sólo puede cometerse con dolo directo o eventual; este elemento tanto en su aspecto cognitivo como volitivo, en el caso quedó acreditado, de hecho en muchos casos eran los propios imputados quienes detentaban la titularidad, disposición o uso de los bienes adquiridos.
Jurisdicción y competencia, competencia federal, robo, Instituto de Servicios Sociales para el Personal Ferroviario
Materia: PENAL - PROCESAL - ADMINISTRATIVO - CIVIL
Carátula: Monti Rosendo H .y otro s/ ROBO CALIFICADO REITERADO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-03

Es competente la justicia federal (art. 3 inc. 3 de la ley 48) para conocer del presunto robo de dinero destinado al pago de sueldos del personal del Policlínico Ferroviario, pues de conformidad con lo dispuesto por la ley 18.290 el Instituto Nacional de Servicios Sociales para el Personal Ferroviario es una persona jurídica de derecho público y las partidas de dinero para pagar los sueldos de su personal se integran en parte con aportes del Estado Nacional.
Competencia contencioso administrativa, competencia originaria, mobbing
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-LABORAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Barrionuevo, Romina Vanesa c/ Policía de Catamarca y/o Ministerio de Gobierno y Justicia y/o Poder Ejecutivo de la Provincia de Catamarca s/ Competencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2011-05-06

Dentro de nuestro ordenamiento jurídico, la competencia originaria de esta Corte de Justicia se encuentra atribuida por expresas normas constitucionales y legales, siendo, en consecuencia, de interpretación restrictiva y estrictamente revisora del actuar administrativo de los tres Poderes del Estado.

En efecto, la Constitución Provincial, en su Art.204 establece: "La Corte de Justicia., pero decide en juicio pleno y única instancia en las causas contencioso-administrativas, previa denegación expresa o tácita de la autoridad administrativa competente, del reconocimiento de los derechos e intereses legítimos que se gestionan por parte interesada.".

Por su parte, el Código Contencioso Administrativo preceptúa que las causas contencioso administrativas a que refiere el Art. 204 de la Constitución de la Provincia son las que inicien los particulares o alguna autoridad administrativa reclamando contra una resolución administrativa de última instancia que vulnere un derecho de carácter administrativo establecido a favor del reclamante por un acto de idéntica naturaleza jurídica. Establecen las normas subsiguientes los requisitos de preparación de la vía para que procedan las demandas ordinarias contencioso administrativas (Capitulo II del CCA). Y en materia de atribución de competencia, se repara en las categorizaciones de derecho subjetivo, interés legítimo y simple interés.

En el caso, el objeto de la demanda interpuesta persigue la satisfacción de una suma de dinero emergente de los daños derivados del acoso moral o mobbing ocasionado dentro de una relación laboral en el marco de un contrato de empleo público; ergo, no persigue ni solicita la revisión o anulación de acto administrativo alguno, ni la pretensión alega la vulneración de ningún derecho subjetivo de carácter administrativo. Por lo tanto, sin perjuicio del carácter eminentemente administrativo de la relación entre partes, invocado como fundamento de la acción, el objeto de la demanda debe encuadrarse dentro del plexo normativo del Derecho Laboral y no del Derecho Administrativo. En consecuencia, según las normas legales citadas y lo previsto en el Art.12 de la Ley 4799, esta Corte de Justicia resulta incompetente para entender en la presente causa, correspondiendo remitir las presentes actuaciones al Juez previniente para que se imprima el trámite de rigor