Tribunal: CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-02-19


Salta, 19 de febrero de 2010.- AUTOS Y VISTOS: Estos autos caratulados: "NUÑEZ, JUAN DOMINGO CONTRA LA PREVISORA S.A. SEGUROS DE SEPELIO Y LA PREVISORA DEL NORTE S.A. - ORDINARIO" , EXP - 18824 / 7; originario del Juzgado de Primera Instancia del Trabajo Nº 6, para resolver la apelación interpuesta a fs. 199/210 y vta, y C O N S I D E R A N D O La Dra. Liliana E. Paz de Gómez dijo: I.- Suben estos autos a la Alzada en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 199/210 vta., en contra de la sentencia de primera instancia obrante a fs. 191/195 vta.

El recurrente luego de hacer consideraciones procesales preliminares en el punto II de su escrito, en el punto III sostiene que se agravia por la omisión de considerar cuestiones que resultan relevantes para lo que refiriéndose a fs. 191 transcribe lo sostenido por la a quo para expresar que omitió referirse a las astreintes o sanciones conminatorias solicitadas que forman parte de lo reclamado .

Luego transcribe lo expuesto a fs. 191 para expresar que la a quo omitió el desarrollo que realizó su parte al demandar sobre la diferencia en la naturaleza de los seguros de vida y de sepelio, lo que resulta relevante a fin de un correcto encuadramiento convencional.

Posteriormente sigue transcribiendo párrafos del decisorio para sostener que a fs. 191 vta la a quo relata la demanda omitiendo párrafos claves y esenciales a los derechos del actor, tales como las tareas que realizaba para posteriormente a fs. 192 sí transcribir el detalle de las tareas conforme lo detalla la parte demandada, lo que veja sus derechos y garantías constitucionales al darle preeminencia a los dichos de la empleadora.

Vuelve a transcribir un párrafo del decisorio para decir, que la a quo sólo detalla las funciones que cumplía en La Previsora del Norte, mientras que no detalla las tareas realizadas por el actor según lo aducido por la demandada Previsora SA de Seguros de Sepelio, lo que a la luz de lo demostrado en la etapa probatoria, surge la contradicción lo que agravia al actor ya que demandó la incorrecta registración en la categoría dentro del CCT.

También dice que la demandada expresa que no se le requería al actor horario fijo, ya que las tareas no demandaban más que 2 horas diarias y no todos los días lo que según el recurrente es falso, ya que la demandada no probó los dichos y además su parte probó que el actor trabajó jornada completa en La Previsora SA Seguros de Sepelio, por las razones que expone en los puntos 1), 2), 3), 4), 5) y 6).

Luego transcribe lo expuesto por la juzgadora a fs. 192 vta ut supra para sostener que tanto la Superintendencia de Seguros de la Nación como el Sindicato del Seguro no tienen jurisdicción para establecer el encuadramiento convencional, sino sólo los jueces laborales y además la demandada no probó que el propio Sindicato de Seguros envía periódicamente a la Previsora SA de Seguros de Sepelio las novedades respecto a las modificaciones en la escala salarial del CCT 283/97 a los fines de su aplicación al personal.

Con el subtítulo Relación entre las EmpresasSolidaridad, dice agraviarse por lo sostenido en la sentencia por la a quo a fs. 192 vta en los considerandos, lo que transcribe, para lo cual sostiene el recurrente que es erróneo el concepto del a quo cuando expresa que no ha mencionado las condiciones objetivas, para lo cual hace también apreciaciones personales en torno al tema, cita doctrina y jurisprudencia para concluir que su parte se limitó a dejar que las pruebas evidencien la prueba real de las cosas.

También dice que se equivoca la a quo al expresar que la sola registración con su verdadera antigüedad y con jornada completa, descarta ab inicio avizorar maniobra fraudulenta, para lo cual hace una serie de aclaraciones el oponente para concluir que el actor no se encontraba registrado con su verdadera antigüedad y que del análisis integral de la causa el empleador es una unidad económica donde el actor inició actividades en el año 93; que en el año 96 la unidad económica registra al actor en la compañía de seguros y por lo tanto por el principio de la norma más favorable, debe aplicarse el CCT de seguros que tiene condiciones más favorables que el 130/75 de Comercio y dentro del CCT de seguros debe aplicarse el 264/95 por el principio de continuidad que el actor debe continuar sumando antigüedad desde el año 1993.

Transcribe el párrafo de fs. 193 vta in fine de la sentencia para agraviarse el actor porque no se atribuya responsabilidad solidaria a las codemandadas por la falta de acreditación de conducta fraudulenta por la empleadora, con sustento en que la a quo se limitó sólo a mencionar someramente que de las pruebas no se ha podido extraer conducta fraudulenta de las codemandadas, sin haber hecho un análisis fundado, cuando quedó demostrada las maniobras fraudulentas o conducción temeraria de la documental jurídica, lógica, testimonial , pericial etc. , y consecuentemente arribó la juez a una conclusión equivocada .

A continuación detalla la prueba que según su criterio acreditan las maniobras fraudulentas, cita y transcribe jurisprudencia .

En el punto C) con el subtítulo Encuadramiento Convencional, dice agraviarse porque la a quo no encuadra al actor en el CCT 264/95 para lo que transcribe el párrafo de fs. 194 del decisorio concluyendo que las apreciaciones de la juzgadora resultan equivocadas ya que por los Principios de Ultraactividad Convencional y de Conservación del CCT, tanto el CCT 264/96 como el 283/97, se encuentran vigentes hasta que sean sustituidas por un acuerdo entre las partes para la renovación de dichos convenios y que además deben cumplir con lo establecido por el art. 19 de la Ley 14.250. Interpretar lo contrario, el actor se vería desprotegido y su trabajo desregulado sin un marco legal .

Sigue transcribiendo el párrafo de 194 vta del decisorio, para decir que dichas apreciaciones son equivocadas, citando y transcribiendo jurisprudencia y que lo correcto es que se aplique al Actor el CCT 264/95 por cuanto se ha demostrado que resulta vigente. Luego de diferenciar la naturaleza distinta de los seguros de vida y de sepelio, afirma que la demandada era un grupo económico que se dedica a asegurar seguros de sepelio, no de vida, y que al inicio de la celebración de la vinculación laboral el CCT vigente es el 264/95 y que como el CCT 283/97 es específico para seguros de vida, el actor queda automáticamente excluido .

Expresa que está prohibido aplicar un CCT por analogía o extensión, en virtud de lo normado por el art. 16 de la LCT, cita y transcribe jurisprudencia para concluir sosteniendo que por las razones que expusiera, fundamentan por sí sola la aplicación del CCT 264/95 y si alguna duda cabría, corresponde aplicarse al principio de la interpretación mas favorable al trabajador.

Luego de reiterar los argumentos vertidos y de transcribir lo sostenido por el a quo a fs. 194 vta in fine, se opone a la categoría que utiliza el juez citado "actividad aseguradora " por cuanto lo considera muy amplio, haciendo apreciaciones respecto al fallo citado para concluir que no es aplicable al caso de autos .

Reitera una vez más que lo expresado por el a quo es equivocado ya que el representante de ambas codemandadas es la misma persona física que recibió los telegramas colacionados remitidos, por lo que empíricamente y legalmente no se puede alegar el desconocimiento del contenido de los mismos. Luego de enumerar los temas no considerados en la sentencia según su parecer, sostiene que conforme lo probado respecto a las tareas desarrolladas por el actor y en función de las categorías establecidas en el CCT, no cabe concluir sino que el actor es la de categoría de Personal Jerárquico Grupo II , conforme la cláusula cuarta del CCT 264/95.

Con el subtítulo Despido Incausado por Culpa del Empleador Comunicación. Invariabilidad de la Causa del Despido, citando y transcribiendo el art. 243 de la LCT, como de exponer lo dicho en la demanda y de hacer una narración de las piezas postales intercambiadas, sostiene que las graves irregularidades e incumplimiento que describiera al demandar, quedaron probados en los alegatos por lo que el incumplimiento de la patronal está dado por la no registración con el correspondiente encuadre convencional y en la falta de pago de las diferencias salariales en función del CCT 264/95, lo que determina la injuria laboral que tiene entidad suficiente para romper el vínculo .

Por último dice que habiendo quedado demostrado los hechos y reclamos expuestos, deviene procedente el capital reclamado conforme la planilla de fs. 6 y vta con más los intereses, gastos y sanciones conminatorias del art. 132 bis de la LCT, que pide ahora se regulen y se hagan cargo las codemandadas solidariamente .

Luego de citar y transcribir jurisprudencia sobre la documentación del art. 80 de la LCT, dice que resulta procedente y válida la indemnización reclamada en tal concepto, haciendo apreciaciones en torno a cada uno de los rubros peticionados.

Luego de hacer la reserva del caso federal, haciendo expresa reserva de plantear ante la Corte de Justicia de la Provincia el recurso de inconstitucionalidad y ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación el recurso extraordinario federal, solicita se revoque la sentencia dictada con costas a cargo de la demandada, acogiendo la demanda en todas sus partes por el capital reclamado, sus intereses, gastos y costas a cargo de la demandada y se determine la sanción conminatoria y/o astreintes que corresponda aplicar.

Corrido traslado a fs. 211 del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, contesta el traslado la parte demandada a fs. 213/216 vta. solicitando se rechace la apelación en todas sus partes, con costas.

II.- La sentencia de la instancia anterior de fs. 191/195 vta que rechaza los reclamos formulados al inicio, viene apelada por la parte actora vencida a través del memorial que luce incorporado a fs. 299/210, y que recibiera oportuna réplica de la contraria a fs. 213/216 vta.

Impuesta de las constancias de la causa y fundamentos de la sentencia de origen, es que surge el extenso y reiterativo escrito apelatorio bajo estudio manifiestamente insuficiente a los fines revocatorios pretendidos, toda vez que coincide con la contraparte cuando al contestar agravios expresa que el mismo no reúne los requisitos exigidos por el art. 255 del C.P.C. y C. de aplicación a nuestro fuero por el art. 90 del CPL, para presentaciones de esta naturaleza.

En efecto, esta Sala II ha sostenido con insistencia, que no basta a los efectos del ejercicio jurisdiccional de la instancia apelativa, la disconformidad por sí sola, requiriéndose un ataque directo y pertinente de la fundamentación del fallo, debiéndose demostrar los errores fácticos y jurídicos que pudiesen contener. Entre otros en autos: "Hamid Alvarez G. y otros vs. Vicente Moncho Construcciones SRL, " Expte Nº 23567/09.

Por demás tanto la doctrina como la jurisprudencia, resultan contestes en que la expresión de agravios es el acto destinado a la fundamentación del recurso y dentro del procedimiento de apelación, cumple una función en cierta medida análoga a la demanda de primera instancia, en tanto su contenido delimita las potestades decisorias del Tribunal de Alzada . Podetti "Tratado de los Recursos" , pág. 164. En igual sentido de esta Sala "Vaca Daniel H. vs. Frávega SACI e I. " Expte Nº 21406/08.

También dijimos que, no constituye una critica concreta del fallo, las meras discrepancias genéricas con el mismo o la simple manifestación de disconformidad con la sentencia, por considerarla injusta o las discrepancias con la interpretación dada por el juzgador sin fundamentar la oposición o sin dar bases jurídicas a un distinto punto de vista . Entre otros en autos: "Godoy José S. vs. Ganne Comunicaciones SRL y otros" Expte Nº 021689/08.

No obstante lo hasta acá expuesto y que bastaría para declarar la deserción recursiva, paso a fundar mi anticipado criterio en cada una de las oposiciones que intenta el apelante.

De inicio debo manifestar que sorprende las extensas transcripciones que hace el quejoso sobre párrafos del fallo que cuestiona, para posteriormente según su personal parecer explicar lo omitido y cómo debió resolverse, pero omitiendo reiteradamente rebatir jurídicamente los reales fundamentos expuestos detalladamente por la judicante, de modo tal de habilitar a esta Alzada a su revisión .

No obstante ello y con esmerado esfuerzo, circunscribo las quejas intentada por el recurrente en : a) Omisión en los vistos y considerandos del fallo; b)Cuestionamientos de las distintas posturas de las codemandadas; c) Oposición a lo decidido respecto a la solidaridad entre ambas empresas; d) Encuadramiento convencional ; e) Correcta categorización del actor y por último f) Despido incausado.En la primera oposición donde el apelante cuestiona lo que la juzgadora no transcribiera en los considerandos de la sentencia, de lo que su parte dijera en el escrito de demanda, el quejoso sí reproduce cada párrafo del decisorio, enumerando lo que no se detallara y que según su criterio, considera esencial para los derechos del actor, pero a pesar de su esmerado esfuerzo el agraviado sí olvida y confunde que es el juez de la causa quien decide qué merituar en la sentencia, no estando obligado a seguir a las partes en cada una de sus argumentaciones, sino las que estime pertinentes para la dilucidación de la causa.

En tal sentido esta Sala II reiteradamente dijo: que los jueces tienen amplias facultades para valorar los hechos y las pruebas, no estando obligados a seguir a las partes en todo lo que alegan, tomando sólo aquellos hechos que son conducentes para la valoración del litigio, guiados por la sana critica. Entre otros en autos: "Aparicio A. Vs. Ale Hnos SRL" Expte Nº 5021/02; "Valencia Patricia S. vs. Luis Dagúm Construcciones SA" Expte Nº 15885/06.

Sin embargo en el tema, luego el recurrente se contradice abiertamente en tanto cuando cuestiona la solidaridad, pretendiendo la aplicación del último párrafo del art. 31 de la LCT, para lo que sostiene que el actor no estaba obligado a denunciar cosas que no están en condiciones de probar o de conocer y que la prueba evidenciaría la verdad real de las cosas.

Grueso error del oponente, toda vez que la precisión en el escrito de demanda, conforme las exigencias del art. 32 del CPL, permite a la contraria el pleno ejercicio del derecho de defensa como la correcta integración del tema a decidir, ello porque la delimitación del objeto de la pretensión no puede ser obviada en el derecho laboral, donde si bien los jueces poseen facultades para corregir defectos, ello de modo alguno implica que se encuentren obligados a suplir las deficiencias de la demanda con la prueba producida, como pretende el quejoso, por cuanto es la pretensión la que fija los puntos que deberán ser objeto de prueba, de modo que la omisión de hechos determinantes o derivados como en el caso de la ausencia de presupuestos en que se sustenta la pretensión , solo conduce a su irremediable rechazo, tal como se decidiera en la instancia anterior y sin que fuera jurídicamente cuestionado por el apelante.

Lo expuesto resulta vinculante también con las oposiciones que planteara en torno a los dichos y posturas de las codemandadas, toda vez que no es ésta precisamente la etapa procesal pertinente donde solo le cabía atacar los fundamentos de la sentencia que cuestiona.

El otro agravio donde el apelante se opone al encuadramiento convencional hecho por la sentenciante , llama nuevamente la atención en tanto el oponente se limita a sostener que son equivocadas las apreciaciones de la judicante, para lo que expone según su parecer otra distinta, con argumentaciones no expuestas en el escrito introductorio, por lo que al no haber sido puestas a consideración del juez en grado, no pueden ser tratadas en ésta Alzada en virtud de lo expresamente prescripto en el art. 271 del C.P.C. y C de aplicación a nuestra materia por el art. 90 del CPL. Todo ello por respeto estricto al principio de congruencia y de defensa en juicio.

Por demás, advierto igualmente que el apelante mal interpreta las argumentación de la juzgadora, quien con claridad y respaldo legal decide el encuadramiento convencional, sin que merezca objeción jurídicamente válida del oponente que habilite a esta Alzada a rever lo decidido en la instancia anterior en el tema.

Tampoco corresponde sean atendidas las reiteradas alegaciones que se formulan en torno a las tareas desarrolladas por el actor, transcribiendo en largas dos hojas las testimoniales producidas, toda vez que frente al resultado propuesto en nada lo modifica .

No a otra conclusión corresponde arribar respecto al despido como a las cantidades que dice adeudadas por el empleador, en tanto solo vuelve a plasmar su parecer personal de lo que entiende demostrado en la causa.

Por lo expuesto normas legales y jurisprudencia citada soy de opinión y en tal sentido voto porque sea rechazado el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y en su mérito sea confirmada la sentencia de primera instancia en todo cuanto ha sido objeto de agravio y recurso, con costas al apelante, art. 67 del C.P.C. y C. y porque se tengan presentes las reservas formuladas.

El Dr. Froilán M. Miranda dijo:

Que estando en un todo de acuerdo con el voto de la Vocal preopinante se adhiere al mismo en todas sus partes.

Por ello, LA CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO SALA II:

F A L L A I.- Rechazando el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y en su mérito confirmando la sentencia de primera instancia en todo cuanto ha sido objeto de agravio y recurso, con costas al apelante, art. 67 del C.P.C. y C. y teniendo presente las reservas formuladas.

II.- Reservando la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno.- III.- Mandando copiar, registrar, notificar y oportunamente bajar los autos al Juzgado de origen.-