Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-09


Causa Nº 4780-01/CC/2006, caratulada "Incidente de excepción de falta de acción en autos DIAZ, Raúl s/inf. art. 81 ley 1472-Apelación" -recurso de inconstitucionalidad- En la Ciudad de Buenos Aires a los 9 días del mes de Marzo de 2007 se reúnen en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Fernando Bosch y Marcela De Langhe, para resolver la presente causa.

Y VISTOS:

El Sr. Defensor Oficial, Emilio Antonio Capuccio, dedujo recurso de inconstitucionalidad (arts. 26 inc. 4° de la ley 7; 53 de la ley 12; 26, 27 y ss de la ley 402) contra el fallo de esta Sala de fs. 100/102 que dispuso revocar la resolución de fs. 69/72 en cuanto hizo lugar al planteo de nulidad en relación a la video filmación realizada por el agente Adrián Bruno Bulacio con fecha 27 de enero del año próximo pasado a las aproximadamente 23:40 horas en la calle Luis Saénz Peña y Virrey Cevallos de esta ciudad, tacha que se trasladaba a todos los actos posteriores que hayan sido directa consecuencia de los mismos (art. 172 del CPPN); al planteo de excepción de falta de acción interpuesto por la defensa a fs. 36/37 y sobresee a Raúl Díaz en orden al hecho que encuadra en el art. 81 de la ley 1472, por no haber sido adoptada la decisión de dar inicio a las actuaciones por el Ministerio Público Fiscal, tal como lo exige de modo expreso la figura en cuestión, sin costas.

Escuchado en esta sede el Sr. Fiscal de Cámara dictamina a fs. 134/135 que corresponde declarar inadmisible la impugnación en examen, conforme a los fundamentos que desarrolla en la presentación referida.

Cumplidos los plazos procesales pertinentes se encuentran las actuaciones en estado de ser resueltas.

Y CONSIDERANDO:

Desde una perspectiva formal, se han cumplido las exigencias de procedencia establecidas en los arts. 53 de la ley 12; 26 inc. 4 de la Ley Orgánica y 28 de la ley 402, dado que el defensor interpuso el remedio dentro de los 10 días de notificada la resolución de esta Sala, por escrito fundado ante el Tribunal Superior de la causa.

En orden a los requisitos de impugnabilidad objetiva y tal como lo ha resuelto el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, se impone constatar no sólo el cumplimiento de aquellos recaudos de forma que habilitan la procedencia del recurso de inconstitucionalidad, sino también la existencia de motivación en agravios reales y no aparentes, a fin de establecer en el caso concreto si se está en presencia de una verdadera impugnación constitucional del fallo que habilite la tercera instancia extraordinaria o, por el contrario, sólo ante una insuficiente invocación genérica de preceptos o reiteración de argumentos previamente tratados (conf. Expte. Nº 2212, 11/06/03, "Ministerio Público - Defensoría Oficial en lo Contravencional Nº 1 s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en causa Feng Chen Chi s/ art. 40 CC - Apelación").

En este marco, se advierte que el remedio intentado no se dirige contra una sentencia definitiva, en los términos del art. 27 de la ley 402 ni tampoco equiparable a ella, en tanto la resolución recurrida no ocasiona al presentante gravamen de imposible, insuficiente o tardía reparación ulterior, que permita habilitar la vía extraordinaria.

Al respecto cabe recordar que: "Las resoluciones cuya consecuencia es que el imputado continúe sometido a proceso no revisten el carácter de sentencia definitiva o auto equiparable a que alude el art. 457 del Cód. Procesal Penal de la Nación" (Cámara Nacional de Casación Penal, Sala I, del 19-12-1997, causa carat. "Caneto, José M. y otros", pub. en L.L. 1998-C, 439).

Causa Nº 4780-CC-00/2006.Sala II.

Como se observa el nudo de la pretensión defensista se asienta en la oposición a la interpretación efectuada en torno a la figura del art. 81 del C.C. Dicha discrepancia sustentada sobre una aparente lesión constitucional, no resulta -en lo que a esta etapa del proceso se refiere- suficiente para abrir la vía extraordinaria.

Vinculado con las decisiones pasibles de la vía recursiva constitucional el Máximo Tribunal de la ciudad también se ha pronunciado, en voto del Julio B. J. Maier, señalando que: "...resulta admisible que la decisión del juez actuante, ... sea revisada por otro tribunal de mérito, de mayor integración, a saber, la Cámara de Apelaciones respectiva; pero esa decisión no admite, por tratarse de una resolución interna del procedimiento -y no tratarse de la última decisión de mérito- la impugnación mediante el recurso de inconstitucionalidad." Para finalmente concluir "... a pesar de que el gravamen pueda ser irreparable en términos de devolución temporal ... la decisión agota la posibilidad de ser recurrida en la resolución de mérito de la Cámara sobre la excepción y el recurrente conserva el derecho de hacer valer su criterio en contra de una eventual sentencia condenatoria." (Expte. nº 4170 "Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Contravencional y de Faltas nº 4 s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Ponzoni, Manuel Eduardo s/inf. Art. 189 bis tercer párrafo del CP´" Rta. 10-02-06.) En ese contexto, el agravio deviene insuficiente en ambos aspectos puesto que, en verdad, sólo subyace el desacuerdo del quejoso con el criterio interpretativo de la norma al momento de resolver el fallo cuestionado por vía de la impugnación en trato.

En efecto, el Cappuccio aduce que "(...) no puede admitirse la concepción de esa Sala II, en torno al momento en que considera iniciada, o no, una causa del tipo que se examina en esta incidencia. La P.F.A., en virtud del art. 16 del C.P.C., siempre tiene funciones prevencionales; y, según el art. 36 del C.P.C., también tiene funciones como órgano auxiliar de la justicia. La diferencia es que, en la gran mayoría de las contravenciones de acción pública, la P.F.A. cumple funciones de prevención y puede dar inicio a un proceso, mientras que, en lo que respecta al art. 81 del C.C., la P.F.A. mantiene funciones de prevención pero no cuenta con el poder de iniciar una causa, motivo por el cual se halla impedida de recolectar pruebas si no hay una orden previa del M.P.F." -v. fs.128, último párrafo- En virtud de ello, entiende que la exégesis dada por este tribunal violenta el principio de legalidad, la garantía del debido proceso legal y las reglas del sistema acusatorio, mas en rigor -más allá de su divergencia con la solución brindada en el resolutorio atacado- no logra articular la lesión constitucional que pretende.

Al respecto, en anteriores oportunidades hemos sostenido que la demostración más fidedigna de la ausencia de tal perjuicio "...está representada justamente por la circunstancia de que el sustrato de la pretensión articulada encuentra su núcleo en una discrepancia -como se señaló- acerca de la interpretación de aquella norma; circunstancia ésta que no se vislumbra conlleve violación de principio constitucional alguno que amerite en este estadio la apertura de la vía extraordinaria..." (Sala II, c/nº 207-00-CC/2004, "Guerra, José s/ infracción art. 68 CC - Nulidad - Apelación, recurso de inconstitucionalidad", rta. 26/11/04).

El Tribunal Superior de Justicia ha destacado, en ocasión de pronunciarse en casos similares, que la aplicación e interpretación de reglas infraconstitucionales no es materia comprendida por el recurso de inconstitucionalidad ni constitutiva de la competencia de ese Tribunal, y que: "...la eventual discrepancia de criterio no constituye el objeto del recurso de inconstitucionalidad..." (TSJ, "Ministerio Público - Defensoría en lo Contravencional y de Faltas nº 2 s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en en Sama, Javier Fernando s/ inf. art. 56 CC-Apelación", voto de la Conde, rta. 5-8-05).

Causa Nº 4780-00-CC/2006. Sala II.

También ha dicho que "(...) el recurso de inconstitucionalidad está previsto, en principio, para revisar todos los agravios una vez que se obtenga la sentencia definitiva, esto es, para que se pueda ocurrir una única vez ante este Tribunal.Tal recurso no está previsto, en cambio -y aún en caso de yerro en la decisión del tribunal de alzada-, para cuando el procedimiento prosigue en busca de la sentencia definitiva" (TSJ, del voto del Maier en el Expte. 4886/06 "Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Contravencional y de Faltas nº 2- s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en ´Valenzuela, Rubén Darío s/ inf. art. 189 bis del CP´", rta. el 20/12/2006).

En suma el impugnante no logra demostrar la existencia de un verdadero caso constitucional que posibilite la apertura de la instancia excepcional del Máximo Pretor citadino. La invocación genérica de derechos y garantías constitucionales efectuada por el Cappuccio, sólo traslucen un simple desacuerdo con la postura sostenida por el Tribunal y la pretensión de que el Tribunal Superior se constituya en una tercera instancia de mérito avocada al análisis, no ya de tipo constitucional, sino de materias relacionadas a hechos y pruebas e interpretación de normas de derecho común. Al respecto se ha dicho que: " ...la referencia ritual a derechos constitucionales si no se acredita precisa y fundadamente su cercenamiento, es insuficiente para abrir el recurso extraordinario de inconstitucionalidad, ya que si bastara la simple invocación de un derecho o garantía de raigambre constitucional, este Tribunal se vería convertido, de ordinario, en tercera instancia obligada a todos los pronunciamientos dictados por el Poder Judicial de la Ciudad..." (conf. TSJ, Causa n° 210-2000, resuelta el 19/04/2000.

En resumidas cuentas, las demandas que el remedio de excepción exige para su vialidad no han sido sorteadas en su totalidad por lo que se impone, en función de ello, el rechazo de la pretensión.

Por lo expuesto y habiendo concluido el Acuerdo, el Tribunal:

RESUELVE I.- DECLARAR INADMISIBLE el recurso de inconstitucionalidad interpuesto a fs. 123/129.

II.- TENER PRESENTE la reserva de caso federal formulada en el punto 4. del petitorio del escrito referido.

Tómese razón, notifíquese al Sr. Fiscal de Cámara mediante nota y devuélvase a la primera instancia interviniente, la que deberá cumplir con las notificaciones restantes. Sirva lo proveído de atenta nota de remisión.

Nota: para dejar constancia de que el Pablo Bacigalupo no firma la presente por haberse excusado en los actuados, conforme surge a fs. 87. Conste.