Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-05-23


2º Instancia. - Buenos Aires, 23 de mayo de 2008.

1. Nación A.F.J.P. S.A. apeló la resolución administrativa nº 80/07, (fs. 222/228) en cuanto le impuso una multa de 1000 MOPRES (fs. 243/249).

La señora Fiscal General de Cámara fue oída en fs. 288/289.

2. La Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones sancionó a la recurrente tras comprobar serias deficiencias por demoras ocasionadas (304 días en la presentación del expediente ante la A.N.S.e.S. y 135 días hábiles en responder las observaciones realizadas por la citada dependencia) en el trámite de pensión correspondiente a Gabriela A. Sánchez e hijos.

En el caso concreto se constató que Nación A.F.J.P. S.A. transgredió lo dispuesto en los arts. 11 de la Instrucción S.A.F.J.P. nº 33/02 y 38 de la Instrucción S.A.F.J.P. nº 06/05.

3. Se agravia la recurrente sosteniendo que en la resolución cuestionada se decidió imponerle una sanción sin que se encontraran reunidos los extremos necesarios a tal fin.

Expuso el arbitrario desconocimiento por parte del organismo de contralor de los elementos de prueba obrantes en el expediente de autos que conllevó el rechazo de la defensa deducida y la imposición de la multa aquí atacada, dado ello en que no se tuvo en consideración que el confronte realizado en fecha 21.9.05 había suspendido los plazos.

Finalmente pone de manifiesto la absoluta desproporcionalidad existente entre la falta atribuida, la imputación formulada y la sanción que le fue impuesta.

4. Frente a los agravios enunciados, esta Alzada estima razonable compartir los términos y conclusión expuestos en el dictamen de la señora Fiscal General (fs. 288/289), por lo que remite a su lectura a fin de evitar reiteraciones innecesarias.

Adviértese, además que el dictamen jurídico de fs. 185/200 y demás constancias de autos allí referidas, dan cuenta de la existencia de elementos de convicción que configuran la conducta punible, en función de la infracción a las normas que regulan la actividad de los sujetos del sistema integrado de Jubilaciones y Pensiones.

La administradora no ha disipado la convicción arribada por la autoridad de control en cuanto a la procedencia de la mentada infracción.

Sin perjuicio de ello, cabe agregar que la resolución impugnada ha sopesado adecuadamente la existencia de la falta cometida por parte de la recurrente pasible de sanción, materia que no ha sido suficientemente cuestionada por la administradora en la presente controversia.

Solo resta indicar concretamente en referencia a la falta imputada a Nación A.F.J.P. S.A., que las reglas aplicables a este tipo de casos resultan claras, pues ellas apuntan a que, por un lado, se genere una gestión más clara y eficiente y, por otro, tratar de evitar el perjuicio y trastorno que se le provocó a los beneficiarios con la demora de tramitación de sus expedientes.

En este contexto es que se justifica por un lado la rigidez en la reglamentación y por ende la actividad de contralor que la Superintendencia ejerce de manera estricta de los requerimientos legales, y por otro la función social en la cual se enmarca el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.

Por lo expuesto y teniendo en cuenta los antecedentes del caso, la proporcionalidad que debe mediar entre la falta reprochada y la sanción (CNCom, Sala B, 2.3.99, "Superintendencia de Administradoras de Fondo de Jubilaciones y Pensiones c/ Orígenes A.F.J.P. s/ recurso de apelación"), corresponde confirmar la sanción impuesta por la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones.

5. Finalmente y con relación al monto de la multa, la Sala estima razonable compartir también lo señalado por el Ministerio Público en este aspecto al expresar la funcionaria en su dictamen (fs. 288/289) que una suma de 1000 MOPRES dentro de una escala que contempla de 100 a 100.000 MOPRES, resultaría excesiva a tenor de las circunstancias específicas de los casos examinados, ello sin desatender los antecedentes sancionatorios que la administradora presenta en la materia y el señalado perjuicio aparejado que produjo la beneficiaria denunciante la demora comprobada, concluyéndose que una multa de 500 MOPRES guarda mejor proporción con la entidad de la falta cometida.

6. Por lo expuesto, se Resuelve:

Confirmar la resolución impugnada salvo en lo que se refiere a la cuantía de la sanción, que se reduce a 500 MOPRES.

Notifíquese a las partes y a la señora Fiscal de Cámara en su despacho.

Cumplido, devuélvase sin más trámite a la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones.

Es copia fiel de fs. 295/297. -Juan José Dieuzeide. -Gerardo G. Vassallo. -Pablo D. Heredia .