marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Caducidad de instancia, nulidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Microglobal Argentina SA c/ Oikoss SA y otro  s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-21

La omisión de precisar la fecha en que el codemandado tomó conocimiento del expediente, no constituye un obstáculo insalvable para la procedencia de la caducidad. En efecto: a diferencia del régimen previsto para la nulidad de los actos procesales, que sí exige que ella sea propuesta dentro del plazo de cinco días subsiguientes al conocimiento del acto (CPR 170), el acuse de perención no está sujeto a ninguna exigencia de esa especie.
Caducidad de instancia, asignación de causa
Materia: PROCESAL
Carátula: Atlas Copco Argentina SACIC c/ Compañía Minera Aguilar SA  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-15

Corresponde revocar la caducidad de instancia decretada en la instancia de grado atento que de la compulsa del historial informático surge que luego de sorteado el juzgado que habría de intervenir no se verificó aun la presentación de demanda (CSJN Acordada 31/20, punto II del Anexo II del Protocolo de Actuación). La mera asignación de la causa, resulta irrelevante y no da comienzo a la instancia, desde que se trató de una solicitud de ingreso al expediente digital. En tales condiciones, y más allá del paso del tiempo transcurrido desde que se sorteó el expediente hasta el decreto recurrido, carecía de utilidad procesal pronunciar la caducidad de instancia, cuando, en rigor, esta última no tuvo comienzo.
Honorarios, embargo preventivo, medidas cautelares
Materia: PROCESAL
Carátula: S., N. E. y otros c/ F., A. A. s/ Incidente civil
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-08-14

Corresponde confirmar el embargo preventivo dispuesto sobre los derechos hereditarios de la demandada, pues la actividad profesional del abogado se presume onerosa y autoriza a asegurar sus honorarios aun cuando éstos no se encuentren regulados. Debe reconocerse la verosimilitud del derecho derivada de la labor cumplida en el proceso, conforme al artículo 212 inciso 3° del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación
Revocación de sentencia, caducidad de instancia, impulso procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Marosi, Teresa Carolina  c/ Invertir en Bolsa SA y otro  s/ beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-29

Cabe revocar la resolución que declaró operada la caducidad de la instancia. Ello por cuanto, en el caso, si bien transcurrió con holgura el plazo de tres meses previsto por el CPR 310-2°; sin embargo, tal circunstancia se vio perjudicada al amparo de lo dispuesto por el CPR 315. En efecto, de conformidad con la norma la perención cumplida queda purgada cuando se consiente una actuación útil para impulsar el procedimiento posterior al vencimiento del plazo legal; consentimiento que se produce una vez pasados cinco días del conocimiento de dicha actuación sin formular objeción, por aplicación analógica del CPR 170, 2 párr. Queda claro, entonces, que la aquiescencia de la demandada con lo obrado en el trámite una vez agotado el plazo legal del art. 310-2° cit. deviene un requisito sine qua non para que se produzca la purga de la caducidad, que en el caso ha de tenerse por verificado dado que el planteo fue introducido intempestivamente, esto es, pasado el quinto día de la última actuación. Así, habrá de modificarse la solución adoptada en la instancia de grado, sin que resulte óbice el criterio restrictivo con el cual debe apreciarse el instituto, puesto que ello autoriza a descartar los casos de duda, lo que aquí claramente no acontece.
Denegatoria del recurso, ley vigente
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Banco Credicoop Coop. Ltdo.  c/ Aguirre, Gustavo Eduardo y otro  s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-01

Cabe rechazar in limine el recurso de inconstitucionalidad previsto en los arts. 27 y 28 de la Ley 402 CABA y en el art. 113 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires contra la sentencia dictada por este Tribunal interpuesto por la entidad bancaria actora. En el caso, a través del remedio intentado, se pretende que la sentencia dictada por esta Sala sea revisada por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, lo cual resulta manifiestamente improcedente. En efecto, la legislación vigente mantiene, por un lado, la competencia de la Justicia Nacional, y, por otro, la de la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, que actúa como justicia local de esa ciudad en las materias admitidas por la ley 24558 y las que le fueron transferidas posteriormente en virtud de los convenios celebrados con el Estado Nacional. De ese modo, las sentencias dictadas por las Cámaras Nacionales de Apelaciones sólo pueden recurrirse ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante los mecanismos previstos a ese efecto en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. En síntesis, no existe ninguna disposición legal que hubiera modificado la competencia ni la jurisdicción de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, razón por la cual el recurso intentado deviene, como se anticipó, manifiestamente improcedente. Así lo ha puesto de manifiesto esta Sala F en diversas oportunidades.
Honorarios, ejecución de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: Colombo, Ariel Hernán c/ Álvarez Hermanos SRL  s/ Daños y perjuicios (Acc. tran. sin lesiones)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-08-14

Corresponde elevar los honorarios profesionales del letrado interviniente en ejecución, conforme los artículos 16, 19, 21, 24, 29, 41 y 58 inc. b) de la Ley 27.423, por resultar reducidos respecto del monto y la complejidad de la labor realizada. Debe garantizarse la adecuada retribución profesional según la normativa arancelaria vigente.
Confirmación de sentencia, levantamiento del embargo
Materia: PROCESAL
Carátula: Banco Credicoop Coop. Ltdo.  c/ Aguirre, Gustavo Eduardo y otro  s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-01

Cabe confirmar el pronunciamiento que dispuso el levantamiento del embargo de cierto inmueble del ejecutado sito en la Provincia de Buenos Aires. Ello por cuanto, en el caso, se consideran acreditados los requisitos relativos a que el inmueble en cuestión era el único bien raíz de los ejecutados, destinado a vivienda y de ocupación permanente para los demandados y su grupo familiar (arg. arts. 2, 3, y 4 de ley 14432 de la Provincia de Buenos Aires). Pues, el derecho de toda persona a la protección de su vivienda ha quedado "amplificado" con la incorporación del CCCN 244 ya que allí se establece de modo textual que sus previsiones no excluyen "la concedida por otras disposiciones legales". En ese contexto resulta inaplicable la doctrina del reciente precedente del Alto Tribunal in re: "Raskovsky, Luis Ernesto c/ Perrone, Gabriela Alejandra s/ ejecutivo" del 6/2/25 ya que, a diferencia de lo que aquí acontece, los hechos que lo informaron y las resoluciones de primera y segunda instancia puestas en crisis resultaron anteriores a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación.
Honorarios, legitimación pasiva, sociedades comerciales
Materia: PROCESAL
Carátula: Gagliardo, Mariano c/ Furlan, Marcelo Santiago y otros s/ cobro de Honorarios profesionales
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-08-05

Corresponde rechazar la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la sociedad cuando se acredita que el abogado actuó en beneficio directo de la persona jurídica y realizó gestiones extrajudiciales y administrativas vinculadas a sus negocios, resultando procedente condenarla al pago de los honorarios en la proporción que fija la sentencia.
Recurso de queja (procesal), prueba pericial
Materia: PROCESAL
Carátula: Herrera, Jorge Ariel y otros c/ Caetano, Joaquín Damián y otros s/ Daños y perjuicios (Acc. tran. c/ les. o muerte) - Recurso de queja n.º 2
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-08-18

Debe rechazarse el recurso de queja cuando la resolución cuestionada versa sobre la producción o denegación de una prueba, ya que el artículo 379 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación establece la inapelabilidad de las decisiones relacionadas con la prueba, a fin de preservar la celeridad y continuidad del proceso.
Caducidad de instancia, fallo plenario
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Uroz Pacek, Demian  c/ Sudamericana Seguros Galicia SA  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-30

Cabe admitir el acuse de perención oportunamente articulado por la demandada, declarando operada la caducidad de instancia en las presentes actuaciones. Y a tal fin cabe recordar la doctrina plenaria de este Tribunal que establece que, en razón de lo dispuesto por el CPR 311, corresponde computar los feriados nacionales, los feriados judiciales y los días inhábiles decretados excepcionalmente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a los fines dispuestos por el artículo 310 del mismo ordenamiento (cfr. CNCom, en pleno "Construcciones Potosí 4013 SA s/ quiebra s/ incidente de revisión de crédito promovido por Rammer, Ricardo Leopoldo", del 21/12/21).
Honorarios del perito, UMA
Materia: PROCESAL
Carátula: Damas Pérez, Fernando Agustín  c/ Fresnadillo, Gabriel Horacio y otro s/ Daños y perjuicios (Acc. tran. c/ les. o muerte)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-08-06

Corresponde reducir los honorarios de los peritos intervinientes a 30 UMA para cada uno, de acuerdo con la Ley 27.423, la Acordada CSJN 30/2023 y las Resoluciones SGA 1432/2025 y 1687/2025. Debe aplicarse el valor del UMA vigente al momento del pago, garantizando equidad en la retribución técnica.
Daño moral, reparación integral, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: Muñoz, Brisa Estefanía c/ Expreso Villa Galicia San José S.A. (Línea 266 Int. 70) y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-08-18

Corresponde elevar la indemnización por daño moral cuando las pruebas acreditan el padecimiento físico y emocional derivado del accidente de tránsito, debiendo atenderse al principio de reparación plena consagrado en el artículo 1740 del Código Civil y Comercial de la Nación.
Despido por falta o disminución de trabajo, docentes, reorganización de la empresa, responsabilidad del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: Gasquet, Gabriela Fernanda c/ Asociación Dante Alighieri s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-11-19

Cabe admitir la demanda entablada por una docente que se desempañaba en un establecimiento dedicado a la enseñanza de idioma extranjero que puso fin progresivamente a las distintas materias en las que la actora se desempeñaba alegando reestructuración institucional ante la falta de matriculación de alumnos, dado que en los casos de despido por disminución o falta de trabajo no basta que la empresa alegue la pérdida de interés de la comunidad por el estudio de idiomas o la mengua de alumnos, sino que debió probar que tomó medidas para evitar que dicha situación proyectara sus efectos sobre los trabajadores, que no son partícipes de las crisis empresarias, así como tampoco lo son de las ganancias de la empresa
Daño moral, daños punitivos, insuficiencia del agravio, deber de información
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Rey Galindo Mariana Josefina y otra c/ Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.  c/  s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2025-05-26

Cabe rechazar la reparación de daño moral e imposición de daños punitivos, dado que los agravios no evidencian vulneración del derecho a la información atribuida al banco accionado -no brindar la información suficiente y detallada de la liquidación de un préstamo con garantía hipotecaria conforme a las pautas convenidas, que permita un adecuado control de su curso-. Por otra parte, el efecto de la imposición de una sanción de este tipo es ser disuasivo, que se impone al proveedor en beneficio del consumidor o usuario. Se trata de un instituto de aplicación excepcional, cuya procedencia exige verificar un grave reproche subjetivo, configurativo de dolo o culpa grave, o que el comportamiento asumido exhibe menosprecio de los derechos del consumidor o usuario. Ello así, no cualquier acto ilícito puede generar la aplicación de daños punitivos, debe existir una grave negligencia o dolo en el actuar del agente, por lo que la mera culpa proveniente del incumplimiento es insuficiente para sancionar al dañador.
Responsabilidad objetiva, carga de la prueba
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Galvez Miriam Griselda y otra c/ Martinez Pastur Gonzalo Javier y otra  c/  s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2025-06-30

En el sistema objetivo, el damnificado debe acreditar el hecho y su relación causal con el daño, en tanto que el sindicado como responsable para liberarse, deberá demostrar la ruptura del nexo causal por la intervención de una causa ajena -sea el hecho de la víctima o de un tercero por quien no debe responder o un caso fortuito, arts. 1729/1731 y conc. del CCyCN-.
Improcedencia del recurso, insuficiencia del agravio, plan de ahorro previo, aumento de cuota
Materia: CIVIL-COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Luna Daniel Eduardo c/ Volkswagen s.a. de ahorro para fines determinados y otro  c/  s/ Procesos de consumo
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2025-04-28

Resulta improcedente el recurso de apelación incoado por un accionado, pues pese al esfuerzo argumentativo no se advierte el yerro en la decisión del a quo; el incremento de las cuotas de un plan de ahorro que afecta el 80% de los ingresos del actor, compromete su manutención y supervivencia -aun cuando se halla obligado contractualmente, so pena de condenarlo a un sobrendeudamiento evitable y repudiable como situación de vida humana-. Ello así, debe obrarse a favor del consumidor, corrigiendo la disvaliosa coyuntura circunstancial en que se encuentra, en lugar de condenarlo a su virtual muerte civil -inconcebible en el estado de derecho-.
Acción reivindicatoria, restitución del inmueble
Materia: CIVIL
Carátula: Gutiérrez Matilde Olga y otros c/ Medina Graciela Susana y otros  c/  s/ Reivindicación
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2025-04-16

Procede la acción de reivindicación y corresponde la condena a restituir un inmueble en el término de 10 días a partir del plazo establecido conforme el art. 603 del CPCC de la Provincia de Tucumán, dejándolo desocupado y en estado para que el reivindicante pueda entrar en su posesión. El ejercicio de esta acción requiere: a) justificar el título que da derecho a la cosa, b) la pérdida de la posesión, c) la posesión actual del reivindicado y d) que la cosa que se reivindica sea susceptible de ser poseída, y resulta procedente contra toda persona que por cualquier medio se encuentre en posesión sea de buena o mala fe desde el momento que aquélla exista, obligando al accionado a responder por ella y en caso de condena, restituir el inmueble desocupado.
Excepción de prescripción, subasta judicial, transmisión del dominio, responsabilidad extracontractual del Estado
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Marcos Teófilo Kuchar y otro c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2025-04-16

Cabe rechazar la defensa de prescripción liberatoria, en el marco de una registración de la transferencia dominial por subasta, dado que en el supuesto de responsabilidad extracontractual del Estado por actividad ilegítima, corresponde aplicar el plazo bienal previsto en el art. 4037 del Código Civil. Es que si bien el principio es que hecho ilícito y daño deben coincidir, si ello no acontece, lo que debe tomarse en cuenta para el comienzo del cómputo del plazo de prescripción es la fecha de ocurrencia, conocimiento o aparición del daño.
Multa civil, daños punitivos, prueba
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Martinini Rosini, Alejandro Leonello Domingo c/ Colmed SRL y otros c/  s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2025-05-07

Corresponde revocar la multa civil impuesta a uno de los accionados, dado que no basta con el mero incumplimiento legal o contractual para que sean aplicables los daños punitivos por actos desaprensivos, sino que se requiere la concurrencia de un elemento objetivo y de otro subjetivo; es decir, que no resulta procedente si no se demuestra que en las particulares circunstancias del caso, la conducta desplegada exceda de una simple negligencia.
Suspensión de la ejecutoriedad, medidas cautelares
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Agustina c/ Colegio de abogados de Túcuman c/  s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2025-06-05

Cabe rechazar el pedido de suspensión de la ejecutoriedad del acto administrativo, puesto que en dicha cautelar se deben verificar los presupuestos del art. 21 CPA de la Provincia de Tucumán, ello en virtud del art. 273 del CPCC de la Provincia de Tucumán -de aplicación supletoria en el fuero contencioso por imperio del art. 27 del CPA de la Provincia de Tucumán- que establece genéricamente los presupuestos que deben justificar sumariamente quienes soliciten medidas cautelares: la verosimilitud del derecho así como el peligro de su frustración o razón de urgencia.
Abuso de autoridad, supresión o destrucción de documento, registros públicos, Instituto Nacional de Estadística y Censo, índice de precios al consumidor, prescripción, calificación de conducta
Materia: PENAL
Carátula: Moreno, Mario Guillermo y otros c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-05-05

A los efectos de la prescripción, hasta tanto la decisión no adquiera firmeza, se debe estar a la calificación más gravosa postulada por el fiscal que pudiere razonablemente corresponder.

El abuso de autoridad se configura por el ejercicio de facultades funcionales de las que carecen los funcionarios públicos. En el caso del secretario de Comercio Interior -quien carecía de atribuciones directas dentro del INDEC- el abuso de autoridad estuvo determinado por el accionar de la directora del Iìndice de Precios al Consumidor para lograr que el índice (IPC) reflejara cifras acordes a las expectativas del secretario de comercio; y en el caso de la directora del IPC, por exceder el marco normativo vigente para disponer modificaciones en la metodología de elaboración de dicho índice.

La inutilización de registros o documentos públicos se configuró con la falta de transparencia y cumplimiento de las metodologías adecuadas para la elaboración del IPC.
Responsabilidad solidaria, incumplimiento del contrato, contratos conexos
Materia: CIVIL
Carátula: Crimi, Gustavo Luis c/ Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) y otro  c/  s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2025-02-27

La solidaridad entre los integrantes de una cadena de comercialización en caso de incumplimiento contractual -art. 10 bis de la LDC- no resulta del art. 40 del mismo cuerpo legal, pues su aplicación no se limita a los supuestos de responsabilidad por vicio o riesgo del producto o servicio, sino de la conexidad contractual regulada en los arts. 1073 a 1075 del CCyCN. Por ello, probada la conexidad contractual, el consumidor puede demandar por incumplimiento a cualquiera de las partes, sin perjuicio de los derechos de regreso que puedan existir entre ellas.
Ejercicio ilegal de la medicina, sustitución de identidad, daño moral
Materia: CIVIL-PENAL
Carátula: Martinez Sergio Guillermo c/ centro de alta complejidad España S.R.L. y otro  c/  s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2025-03-06

El hecho antijurídico que se atribuye al demandado y por el cual es responsable, consiste en suplantar la identidad del actor y ejercer actos médicos para los cuales no se encuentra habilitado, razón por la cual el accionante resulta damnificado directo de tal situación, en tanto y en cuanto todo lo obrado -sin su conocimiento y menos aún su consentimiento- comprometió su trayectoria, nombre, reputación y el modo público en que lleva a cabo su profesión médica. A partir de estas consideraciones, la lesión espiritual resulta indiscutida y la procedencia de reparación del daño moral no admite agravio alguno.
Ley de defensa del consumidor, prescripción quinquenal
Materia: CIVIL
Carátula: Albañil Gladys del Valle c/ Volkswagen S.A. de ahorros para fines determinados y otro  c/  s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2025-02-28

La ley de defensa del consumidor no cuenta con un plazo de prescripción propio para las acciones judiciales, y en consideración del principio protectorio del consumidor -art. 42 de la CN y art. 3 de la LDC-, corresponde aplicar el plazo de cinco años consagrado genéricamente en el art. 2560 del CCyCN
Caducidad de instancia, impulso procesal, carga procesal, impulso de parte, impulso de oficio, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por Haydée Edith Burgueño en la causa Samman, Néstor Alejandro  c/ Urbanizaciones del Pilar S.A. y otros s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-12-04

Es arbitraria la sentencia que declaró la caducidad de segunda instancia respecto del recurso de apelación deducido, pues la decisión de la cámara -fundada en que el impulso del procedimiento correspondía a las recurrentes por ser las interesadas en que se tratara la apelación- soslayó lo dispuesto en el artículo 251 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que coloca en cabeza del oficial primero la obligación de remitir los expedientes a la alzada una vez concedido el recurso, como así también, lo establecido en el artículo 313, inciso 3°, del aludido código, en cuanto excluye la ocurrencia de la caducidad cuando la prosecución del trámite dependiere de una actividad que el código o las reglamentaciones de superintendencia imponen al secretario o al oficial primero.
Trata de personas, explotación sexual, asociación ilícita, situación de vulnerabilidad, declaración testimonial, reserva de identidad, defensa en juicio, habeas data, protección de la víctima
Materia: PENAL
Carátula: Acosta, Macarena Verónica y otros c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-05-22

Es arbitraria la decisión del tribunal de permitir que todas las partes tomen conocimiento del nombre y apellido de quienes han declarada con identidad reservada (víctimas y testigos en un caso de trata de personas), anula el derecho de las víctimas y desoye los deberes estatales de protección de víctimas.
Responsabilidad solidaria, ley de defensa del consumidor, defectos de fabricación
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fernandez Nahid Kevin c/ Yuhmak S.A.  c/  s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2025-05-19

Con respecto a la solidaridad de la condena, vale precisar que la norma del art. 13 de la LDC establece la responsabilidad solidaria de los productores, importadores, distribuidores y vendedores de las cosas comprendidas muebles no consumibles objeto de la contratación -art. 11 de la mencionada ley-. De modo tal que, el consumidor damnificado por los vicios o defectos que presente un producto puede válidamente exigir el cumplimiento de la garantía legal o convencional, a cualquiera de ellos indistintamente.
Improcedencia del recurso, insuficiencia del agravio
Materia: PROCESAL
Carátula: Deza María Soledad y otra c/ colegio de abogados de Tucumán  c/  s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2025-06-12

Resulta improcedente el recurso de apelación si el escrito recursivo incumple con la carga exigida por el art. 777 del CPCC de la Provincia de Tucumán, pues las expresiones vertidas por el apelante importan disentir con la decisión adoptada por el a quo, sin formular una crítica suficientemente fundada de los argumentos que la sustentan.