marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de inconstitucionalidad, interposición del recurso, honorarios, contadores públicos, abogados
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: TOSORATTI, PEDRO Y OTROS c/ MIGRA SA s/ INCIDENTE  DE  REGULACION  DE  HONORARIOS  DEL  PERITO  CONTADOR.   QUEJA   POR  DENAGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 269-83 COMPAÑIA  DE  ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES INGENIERO RODOLFO CORNERO SRL c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA JURISDICCION.   HONORARIOS DE PERITO INGENIERO.     CSJ EXPTE NRO 194-84
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-10-17|1985-11-13

Para fundar el recurso de inconstitucionalidad (artículo 3, ley 7055), el impugnante debe demostrar la existencia de la violación constitucional que aduce, haciéndose cargo de los argumentos del tribunal que sustentan el pronunciamiento recurrido.

En el caso, el perito contador sostiene que el artículo 380 de la ley orgánica de los tribunales que limita los honorarios judiciales imponiéndoles como tope el 50% de los regulados a los letrados de la parte vencedora, quedó tácitamente derogado con la ley arancelaria nro 6854, posterior a aquélla y que establece honorarios mínimos que no se concilian con la anterior disposición. Pero no explicó porqué considera fenecida dicha norma, frente a su texto que implanta el mencionado límite "no obstante lo que dispusieren las respectivas leyes reglamentarias de sus profesiones", lo que sugiere la imposibilidad de una derogación que no sea expresa, siendo que la sala sustentó su criterio, entre otros fundamentos, en la referencia que el artículo 380 hace a dichas leyes reglamentarias. Tampoco se hizo cargo del argumento de la sala de que el fallo de la Corte suprema de justicia de la nación traído en apoyo del recurso, refiere a un caso distinto del considerado en los autos, pues aquí la labor pericial se ciñó al objeto del litigio mientras que en aquel caso los trabajos habían excedido el marco de la litis.
Libertad sindical, personería gremial, sindicatos, interpretación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social  c/ Sindicato Petrolero de Córdoba  s/ ley de asoc. sindicales
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-10-03

Tanto para reconocerle a una asociación sindical la calidad de más representativa como para privarla de ella a pedido de otro sindicato resulta ineludible atenerse a los criterios objetivos de cotejo de la representatividad que han sido preestablecidos por el legislador al dictar la ley 23.551. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Daños y perjuicios, indemnización
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: FERREYRA, VERONICA MARCELA c/ SANCHEZ, JOSE R Y OTROS s/ INDEM. DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-05-06

Lo indemnizable no son las totales necesidades de subsistencia, sino la medida en que el extinto las satisfacía, desde que lo contrario significaría un enriquecimiento injustificado de quienes accionan, ya que obtendrían luego de la muerte beneficios con los que antes no contaban o que no tenían perspectivas de lograr mientras el desaparecido vivía.
Prueba, medios de prueba, dictamen pericial, valor probatorio
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: LOPEZ, MIGUEL JUAN CARLOS s/ HOMICIDIO CULPOSO, EN PERJUICIO DE ROMEO GUARNIERI Y OSCAR LOBOS
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-11-22

La fuerza probatoria del dictamen pericial será estimada por el juez, teniendo en consideración la competencia de los peritos, la uniformidad o disconformidad de sus opiniones, los principios científicos en que se fundan, la concordancia de su aplicación con las leyes de la sana lógica, y las demás pruebas y elementos de convicción que el proceso ofrezca.
Caducidad de instancia, cómputo del plazo, clausura del período probatorio
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: GUTIERREZ Marcelino Orlando c/ Hospital Privado del Colegio Médico de San Juan y Otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-07-31

Me permito dejar señalado, en cuanto al plazo de prueba, que es necesario hacer una distinción entre el plazo formal fijado por la norma adjetiva y el real que surge de las posibilidades y capacidades de todo Tribunal originario en la recolección de las mismas. Debe estarse siempre al plazo real de prueba producido en el expediente de lo contrario se incurriría en un exceso ritual injustificado y manifiesto.

En el caso de autos no puede dudarse que nos encontramos dentro de la etapa probatoria, en donde al no haber dispuesto el a-quo que el actuario confeccione el certificado de las pruebas producidas, ordenando el traslado correspondiente para que las partes presenten el escrito alegando sobre el mérito de las mismas, conforme lo dispuesto por el art. 446 del C.P.C., la etapa aludida se encontraba abierta y con prueba pendiente de producción al momento de deducirse el incidente de caducidad, por lo que terminan por cumplirse los presupuestos exigidos a tal efecto esto es: a) la existencia de una instancia, b) la inactividad procesal absoluta o actividad jurídicamente inidónea, c) el transcurso del plazo normado en la ley ritual para declarar la procedencia de la misma.
Prueba, apreciación del juez
Materia: LABORAL
Carátula: Pérez, Oscar Alberto c/ Beta Ingeniería S.C.A. s/ Indemnización por antiguedad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-10-29

La circunstancia de que los jueces de mérito ejerzan facultades soberanas en punto a la selección de los elementos de juicio computables no los autoriza para dejar de establecer las conclusiones necesarias respecto de ellos, olvidando que la regla de apreciar es valorar, ponderar y comparar para decidir.
Recurso extraordinario, cuestión no constitucional, cuestiones procesales, Municipalidad, intendente, legitimación procesal, CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA FE, recurso contencioso administrativo, sentencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Marucci, Victoria Gardenia Pacheco de c/ Municipalidad de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción. Concesión   del Recurso Extraordinario (Expte. CSJ Nro. 349-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-06-05

La Municipalidad es el sujeto público al que le son imputables las decisiones definitivas, en los casos de las resoluciones de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Municipalidad que son apeladas ante el Intendente. Por lo tanto, al no haber sido recurrida la sentencia de la Corte por la Municipalidad demandada, dicha Caja carece de legitimación para deducir el recurso extraordinario porque, de admitirse, ello importaría destruir la télesis de la ley provincial 4106.
Concursos, deliberación del acuerdo preventivo, carácter taxativo, prohibición de votar, igualdad entre acreedores
Materia: COMERCIAL
Carátula: EQUIPOS  Y  CONTROLES  SA s/ CONCURSO  PREVENTIVO  S/  INC.  DEAPELACION.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-27

La enumeración de los créditos que deben ser excluidos del capital computable por corresponder a ciertos sujetos ligados con el deudor, ya sea por parentesco o vínculos societarios, que contempla la Ley 24522 art. 45 (antes Ley 19551 art. 51), limitadas a aquellos casos en que cabe presumir el sentido favorable del voto, es, en principio, taxativa, y cuando se admite que tal prohibición se extienda a otros supuestos no expresamente incluidos en ella, es exclusivamente respecto de aquellos en que, como consecuencia de su voto complaciente tendiente a favorecer al deudor, puede verse afectado el interés de los acreedores minoritarios, más no contempla casos de voto negativo; por lo cual no pueden incluirse otros supuestos, justificando la exclusión de cierto acreedor -cuyo voto negativo integraría una serie de actos que en su conjunto importarían una práctica desleal tendiente a excluir al concursado del mercado-, cuando el caso no esta contemplado por la ley vigente; además se estaría privando a un acreedor de un derecho trascendental para el curso del proceso, como lo es prestar o no la conformidad al acuerdo que ofrece el deudor.
Nulidad del acto jurídico, calificación legal
Materia: PENAL
Carátula: FIRMA MASSALIN PARTICULARS S.A. c/ CONSTANTINI LUIS ALFREDO, ALAVEZ DA ROCHA ROBERTO, TORRES JOSE LUIS s/ ROBO CALIFICADO Y PRIVACION ILEGITIMA DE LA LIBERTAD ALFREDO, ALAVEZ DA ROCHA ROBERTO, TORRES JOSE LUIS s/ ROBO CALIFICADO Y PRIVACION ILEGITIMA DE LA LIBERTAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2001-11-22

Si el a-quo tiene como subsumido el hecho investigado en relación con el imputado, en la figura típica del art. 277 del Código Penal, sin establecer en cual de los incisos del referido artículo se encuadraría la conducta del imputado, tal carencia en la calificación se traduce en menoscabo del derecho de defensa en juicio, ya que tal calificación constituye un requisito necesario cuya inobservancia acarrea la nulidad del acto.
Recurso de apelación (procesal), pago, extinción de las obligaciones
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: BARRERA, César Raúl c/ RAGONE, Miguel s/ Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2012-11-15

Aunque no se distingue lo que se haya abonado en concepto de capital o de intereses, ni hay una concreta referencia a los períodos que se abonan, lo cierto es que el pago ha sido realizado sin ninguna salvedad o reserva, por lo que ha producido las consecuencias propias del mismo, y en particular, el efecto cancelatorio; conforme se ha señalado, todo pago, de conformidad a los arts. 724 y conc. del Código Civil, tiene virtualidad extintiva del crédito respectivo, siendo la cancelación definitiva (conf. Llambías: Obligaciones, Bs. As., Edit. Perrot, tomo II-B, 1975, pág. 1532).

Además, el pago produce la liberación del deudor, lo que constituye un derecho adquirido que está en su patrimonio, de lo que no se lo puede privar sin afectar la garantía de la propiedad consagrada por el art. 17 de la Constitución Nacional.

Forzoso es concluir entonces que al arribar a un acuerdo transaccional, como las partes lo denuncian, y convenir que con el pago hecho por el deudor quedaban cancelado el crédito reclamado y lo que pudiera reclamarse, ello se extiende a las ampliaciones del alquiler, ya que de manera expresa el actor hizo reserva de formularlas en el juicio principal y no lo hizo, ni en tal proceso ni en la ejecución de sentencia, más allá de que se señale en el convenio aludido que la suma que asumiera pagar Ragone correspondía al importe del capital, intereses y gastos de la ejecución de sentencia, afirmación que se robustece en lo consignado en la cláusula tercera cuando se dice que una vez hecho efectivo los cheques entregados, se tendría por cancelados todos los rubros reclamados en el expediente.
Indemnización por accidente de tránsito, incapacidad sobreviniente, daño estético
Materia: CIVIL
Carátula: Bonadeo, Eduardo Hernán c/ Torres, Luis Alberto y Otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-09-28

La lesión de la psiquis o de la estética del actor no constituye un perjuicio autónomo y distinto de la incapacidad sobreviniente, en ambos casos son lesiones -causadas en la estructura psíquica o el cuerpo de la víctima- que producen una merma en la capacidad del sujeto para realizar actividades patrimonialmente valorables, siendo dicha merma, que resulta en una disminución patrimonial -un lucro cesante- lo que en definitiva constituye el daño resarcible.
Daños y perjuicios, legitimación activa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Inmobiliaria Comodoro S.A. c/ Goette, Ana T. s/ Cobro de pesos Gonceba, José A. c/ Hairabedian, C. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-10-17|1994-05-26

El ejercicio de la acción corresponde al titular del derecho, por donde la ausencia de identidad entre el mismo y la persona del demandante, es materia de decisión para que la sentencia resulte adecuada a la regla del art.163 inc.6º del CPCC.
Acta judicial, testigos de actuación, nulidad procesal, valor probatorio
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: CARVALLO, Soledad de las Mercedes s/ procesamiento Causa nro. 13393
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-07-01

Cabe señalar que lo relativo a la presencia y actividad de los testigos de un procedimiento, no hace a la nulidad del acta sino a su valor probatorio.
Superior Tribunal de Justicia, competencia, improrrogabilidad de la competencia, estado de derecho
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CONSEJO DE INGENIEROS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE c/ MUNICIPALIDAD DE VENADO TUERTO s/ APREMIO.    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 372-85 CONSEJO DE INGENIEROS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE c/ MUNICIPALIDAD DE VENADO TUERTO s/ APREMIO.    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.     CSJ EXPTE NRO 373-84
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-04-20|1988-04-20

La competencia de la Corte Suprema de Justicia es improrrogable y expresa la pauta de sujeción del Estado al ordenamiento que se hace efectiva mediante la intervención del órgano de mayor jerarquía de la respectiva jurisdicción.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, igualdad ante la ley, empleados públicos
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Enrique Tomás Maffei. s/ Recurso Judicial (art. 40, ley 22.140)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-19

El art.. 40 de la ley 22.140 no establece un "fuero personal" proscripto por el art. 16 de la Constitución Nacional ni viola la garantía de igualdad ante la ley.
Propiedad horizontal, reglamento de copropiedad y administración, violación del reglamento de copropiedad
Materia: CIVIL
Carátula: CONSORCIO PROPIEDAD ARENALES 1457/61 c/ ESTEVEZ JOSE s/ PROPIEDAD HORIZONTAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-26

Realizar en el inmueble actividades no permitidas por el Reglamento de Copropiedad que es ley para las partes constituye una violación a dicho reglamento que sólo cabe imputarla al propietario, que es quien se encuentra vinculado jurídicamente con el consorcio y quien, por sí o por intermedio de otras personas, se encuentra comprendido en las normas estatutarias aplicables.
Robo calificado, robo en despoblado
Materia: PENAL
Carátula: MIRANDA, SAUL ALBERTO Y GUSTAVO ANTONIO QUINTANA (PROFUGO) s/ ROBO AGRAVADO (ART. 167 INC. 1º C.P.) EN PERJUICIO DE MANUEL ALBANO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-07-02

El accionar del denunciando tipifica el delito de robo en despoblado, toda vez que mediante el uso de fuerza física y violencia moral desplegada contra el sujeto pasivo, se apodera de una cosa mueble totalmente ajena, trasladándola a su domicilio, de cuyo sitio a posteriori es secuestrada por personal policial comisionado a la investigación del hecho. Dichos actos materiales, debieron tener lugar en forma concomitante con los actos propios de desapoderamiento y se encaminaron a lograr vencer la resistencia que la víctima tácita y expresamente le oponía. Dicho agravio debió cometerse así mismo, en zona totalmente despoblada, o en las denominadas descampadas, al punto que no existan en el lugar y en las inmediaciones casas habitadas.
NICARAGUA, competencia contenciosa de la Corte Interamericana, competencia por la materia, Convención sobre los derechos del niño, protección a la familia, interpretación sistemática
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso V.R.P., V.P.C. y Otros Vs. Nicaragua S/ Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2018-03-08

Corresponde desestimar la excepción deducida por Nicaragua sobre la supuesta falta de competencia de la Corte Interamericana en relación a la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, pues considerando que la presunta víctima principal tenía menos de 18 años al momento de los hechos, resulta útil y apropiado recurrir a dicha Norma en tanto contiene específicas y desarrolladas previsiones en torno a la participación, acceso a la justicia y rehabilitación de niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos, máxime cuando Nicaragua es parte de dicho acuerdo internacional y se trata de la Convención con mayor vocación de universalidad cuyo contenido y efectos jurídicos son guía obligada para la Corte en su deber de adoptar un enfoque interseccional que considere junto al género, la edad de la niña.
Jurisdicción y competencia, competencia federal, Instituto nacional de servicios sociales para jubilados y pensionados, contrato de trabajo
Materia: PROCESAL
Carátula: Zatt, Elena c/ PAMI (II) s/ cobro de australes - laboral.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-23

Es competente la justicia federal para entender en la demanda laboral contra el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (art. 14 de la ley 19.032).
Honorarios, regulación de honorarios, recurso de reposición (procesal), causa no susceptible de apreciación pecuniaria, interés público, derechos de incidencia colectiva, jueces, ley arancelaria
Materia: PROCESAL
Carátula: Frigorífico Rafaela S.A. y otros c/ Comuna de Bella Italia s/ Recurso contenciso administrativo -Ley 11.330- Medida cautelar-   Revocatoria contra el auto regulatorio de honorarios (Expte. CSJ N.   748-1998)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-11-21

Corresponde hacer lugar a la revocatoria interpuesta y consecuentemente, elevar la regulación de los honorarios cuando si bien la problemática tratada -procesos en los que se encuentran en juego cuestiones inherentes a intereses colectivos o difusos, tales como la salud, el medio ambiente, etcétera- pone un amplio y difuso margen a la cuantificación del pleito, en manera alguna lo convierte en una causa insusceptible de apreciación pecuniaria. Y es que justamente haciendo referencia a la norma del inciso b) del artículo 5 de la ley arancelaria local, cabe destacar que los honorarios aún para las causas no susceptibles de apreciación pecuniaria, serán estimados teniendo en cuenta la trascendencia que para el interesado revista la cuestión debatida. En el caso, la medida cautelar fue iniciada con el objeto de suspender un acto administrativo y obtener autorización para la instalación de una planta de tratamiento de efluentes industriales.
Extradición, acceso a la justicia, Convención Única sobre Estupefacientes de Ginebra, cooperación internacional, ley interna, tratados internacionales
Materia: INTERNACIONAL PRIVADO
Carátula: Canda, Alejandro Guido s/ extradición.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-23

La opción del requerido de ser juzgado por los tribunales nacionales mantiene incólume el compromiso de cooperar en la represión del narcotráfico internacional, expresamente asumido por el Estado Argentino en la Convención Unica sobre Estupefacientes del año 1961, ya que tal instrumento no prevé al procedimiento de extradición como medio exclusivo de cooperación judicial internacional, sino que, en su artículo 36, apartado IV, inc. 2., establece como método alternativo el juzgamiento del inculpado por la parte en cuyo territorio se encuentre, si de acuerdo con su legislación interna no procede la extradición.
Ejercicio profesional, abogados, universidades nacionales, decreto reglamentario
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Baca Castex, Raúl Alejo c/ C.P.A.C.F. s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-01

Resulta inadmisible sostener que el decreto 2293/92 reglamenta a la ley 23.068 si ésta estableció provisoriamente el régimen jurídico de las universidades nacionales al poco tiempo de haber asumido las autoridades constitucionales electas en 1983, en tanto el mencionado decreto -dictado más de siete años después de la sanción de aquella norma- reglamenta una materia que no tiene relación con el gobierno y administración de aquellos centros de estudio (arts. 5 a 9 de la ley 23.068) (Disidencia del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Sentencia arbitraria, aplicación analógica de la ley, acto administrativo
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Equity Group Consultores SRL c/ EN - PJN - Consejo Magistratura s/ diligencia preliminar c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-08-29

Es arbitraria la sentencia que, sin previa intervención del Ministerio Público, planteos de las partes, ni decisión expresa de primera instancia, dispuso de forma sorpresiva la aplicación analógica de la ley 19.549 al caso en contra de la pretensión de la parte actora, declarando la firmeza de un acto administrativo cuya notificación no fue individualizada en el proceso y vedando al demandante la posibilidad de formular los argumentos correspondientes (Voto de los jueces Maqueda y Rosatti).
Daños y perjuicios, responsabilidad del editor, publicación periodística, noticia falsa
Materia: CIVIL
Carátula: GALARDON S.A. c/ CLARIN A.G.E.A.S.A. y otro s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-25

El deber de veracidad exige que el editor evite que una noticia dañe al honor y la dignidad. Y si bien no se puede exigir a los medios de prensa que antes de la información verifiquen la verdad absoluta de ella, sí es necesario que el informador pueda probar que trató de verificar los hechos de manera diligente y razonable. En todo caso, la prudencia más elemental indica la necesidad de expresar la noticia en un tiempo de verbo potencial, no afirmar, sino dejar sentada la posibilidad del hecho.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia, sentencia definitiva, juicio ejecutivo, pagaré prendario
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-CIVIL-COMERCIAL
Carátula: QÜESTA, ENRIQUE EUSEBIO c/ CARRIVALE, VICTOR HUGO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - JUICIOEJECUTIVO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 442 AÑO 2008)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-06-03

Si bien las sentencias recaídas en los procesos de ejecución no son definitivas en los términos del artículo 1 de la ley 7055, tal principio admite excepción cuando no existe la posibilidad de un juicio ordinario posterior -atento lo normado por el artículo 483 del Código Procesal Civil y Comercial-, circunstancia que se presenta cuando se trata de excepciones procesales relativas al proceso ejecutivo y de cualquier excepción o defensa que se haya deducido, sustanciado y decidido en aquél.

En el caso, si bien corresponde tener por superado este recaudo formal, lo decidido por la Alzada - en cuanto consideró que los pagarés vinculados a una prenda no poseen la autonomía pretendida por el ejecutante, sino que deben integrarse con el contrato prendario al que acceden - no resulta más que una de las posibles soluciones a una cuestión harto discutible y opinable, tanto doctrinaria como jurisprudencialmente.
Cajas profesionales, escribanos públicos, procedimiento administrativo, notificación, validez de los actos procesales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Robredo, Idelfonso Eudaldo c/ Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-12-13

El cumplimiento de los recaudos previstos para proceder a la notificación de la resolución administrativa final, en tanto constituye un presupuesto indispensable para la existencia del consentimiento (art. 14 del C.P.C.A.), debe surgir en forma categórica.