Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-07-07


PAZZI, Mario Miguel Reg.: A y S t 198 p 442-445. Santa Fe, 7 de julio del año 2.004.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Administración Federal de Ingresos Públicos contra la sentencia del 30 de junio de 2003, dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de esta ciudad en autos "PAZZI, Mario Miguel -Quiebra-Expte. 1208/00-Incidente de Verificación Tardía de Crédito promovido por A.F.I.P.-(Expte. 44/03)" (Expte. C.S.J. nro. 385, año 2003); y, CONSIDERANDO:

1. La Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de esta ciudad desestimó la apelación deducida por la Administración Federal de Ingresos Públicos contra la resolución del 6 de noviembre de 2002 dictada por el Juez de baja instancia -que, a su turno, había rechazado parcialmente, en lo que refiere al rubro intereses, la verificación tardía iniciada por el organismo recaudador-, confirmando la sentencia impugnada con costas a cargo de la acreedora (f. 1).

Contra el pronunciamiento de la Alzada deduce la perdidosa recurso de inconstitucionalidad, tachándolo de arbitrario por no reunir las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción que le acuerda la Constitución provincial (art. 1, inc. 3 , ley 7055), como lesivo de la garantía del debido proceso y del derecho de propiedad (fs. 2/34).

Las causales descalificantes que invoca pueden sintetizarse así:

a) Desconocimiento o apartamiento de la norma aplicable al caso.

Expresa que el decisorio recurrido prescindió de la normativa federal que establece expresamente la tasa de interés que resulta aplicable respecto de las deudas para con el Fisco nacional, so pretexto de que el Juzgador puede morigerar una tasa de interés fijada por normas reglamentarias, y de que se vulneraría la pars conditio creditorum.

b) Resolución dictada por jueces que se arrogaron el papel de legisladores y no se sintieron limitados por el orden jurídico.

Menciona que la Sala, al confirmar el fallo de primera instancia, determinó -según su criterio- que la tasa de interés que debía aplicarse para los créditos fiscales era del uno por ciento (1%) mensual, cuando las disposiciones federales expresamente fijan una tasa distinta.

Entiende que el A quo creó derecho nuevo, como lo hace la ley, y por ende invadió facultades exclusivas de otro poder del Estado -el Legislativo-, violentando o resquebrajando el sistema de división de poderes.

c) Fundamentación en pautas de excesiva amplitud, en sustitución de normas positivas directamente aplicables.

Señala que el Sentenciante sustituyó normas federales inmediatamente aplicables a los intereses por conceptos de gran amplitud, tales como la "realidad económica".

Finalmente, la impugnante asegura que la cuestión -relativa al recupero de los créditos fiscales por parte del Erario Público, con repercusión en las arcas de los Estados provinciales- excede el mero interés de las partes pues se proyecta sobre la comunidad toda, y que dicha circunstancia revela la existencia de gravedad institucional.

A ello añade que la incidencia o efecto del pronunciamiento impugnado podría acarrear consecuencias disvaliosas, al generar una conciencia más laxa de los contribuyentes en el cumplimiento de las obligaciones para con el Fisco, ante la posibilidad latente y clara de utilizar posteriormente el instrumento concursal a sabiendas de que una parte importante del crédito del Organismo recaudador puede ser excluida del pasivo concursal.

Asimismo, expresa que el referido decisorio tergiversa totalmente la finalidad que ha tenido el legislador al instaurar el sistema de los intereses resarcitorios y punitorios en el marco de la ley 11683, el cual ha sido reconocido por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Arcana Orazio", del 18/03/86 (Fallos: 308:283), y que no es otro que permitir el normal desenvolvimiento de las finalidades del Estado, lo que justifica la elevación de las tasas más allá de lo normal, pues de no ser así, los contribuyentes podrían contemplar la alternativa -claramente perniciosa para el bien común-, de obtener financiamiento por la vía de dejar de cumplir puntualmente con sus obligaciones tributarias.

2. El referido recurso fue denegado por el Judicante mediante auto del 10 de septiembre de 2003, por entender -esencialmente- que ante cuestionamientos de idénticas características al postulado, esta Corte había dispuesto reiterada y uniformemente el rechazo de las quejas (cita los casos: "Dillon, José contra Cirugía Acebal S.A. -Pedido de Quiebra-Incidente de Revisión promovido por la DGI-" del 22/12/99; "Arcas, José María y otro sobre Concurso Preventivo" del 22/11/00; "Osses, Eduardo Roberto y Otra sobre Concurso Preventivo" del 9/11/00; "Toniutti, Norberto O. sobre Concurso Preventivo" del 4/02/02; etc.), concluyendo que resultaría contrario a dicha doctrina judicial viabilizar la concesión del remedio extraordinario deducido (f. 43). Por tal motivo, la interesada acudió por vía de queja ante esta sede (fs. 47/81).

3. Liminarmente, cabe señalar que la presente impugnación no ha de prosperar, pues si bien la recurrente articula en abstracto, conforme a su propio planteo, varias hipótesis que pueden encasillarse como tipos doctrinarios y jurisprudenciales de arbitrariedad, no consigue demostrar -en un contacto liminar con lo sustancial- que tales hipótesis guarden alguna elemental conexión con la realidad del caso (cfr. "Cerrutti", A. y S. T. 35, p. 410).

De este modo, no se configura en el sub lite el alegado desconocimiento o apartamiento de la normativa aplicable.

Es que, frente a la opinión del Tribunal, que se deriva de la remisión efectuada en la resolución recurrida (ver precedentes "Cursack sobre Quiebra" del 16/10/97, "Osses, Eduardo Roberto y Otra sobre Concurso Preventivo" del 3/12/98; "Las Manolitas SRL sobre Quie Sin embargo, no alcanza a acreditar con lo argumentado la efectiva configuración de la arbitrariedad alegada.

Ello, debido a que sus agravios se abroquelan -principalmente- en la existencia de una disposición legal que autoriza a un órgano del Poder Ejecutivo a fijar la tasa, y en la afirmación de que, jurídicamente, los reglamentos gozan de las prerrogativas de las leyes, y deben ser aplicados e interpretados por los jueces de la misma manera que éstas.

No obstante, pese a su esfuerzo argumentativo, la quejosa no logra demostrar que la tesis seguida por el A quo implique la elección de una alternativa irrazonable o ajena al derecho en vigor.

En el caso, el Sentenciante remitió a precedentes que se enrolan en una de las principales corrientes jurisprudenciales relativas al tema bajo examen (ver, a manera de ejemplo, Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Mendoza en L.S.

271-461; 282-278; 285-144; 285-226, 286-210; C.N.Com. Sala C in re "Dirección General Impositiva c. Cristalerías El Cóndor S.A.", 29/11/1996, L.L., 1998-A, 492, J. Agrup., números 12367 y 12368; etc.), y adoptó una solución posible, basada en razones suficientes (A. y S. T. 92, p. 254; T. 99 p. 212; T. 113, p. 232; T. 123, p. 49; T. 126, p. 233; T. 134, p. 10; T. 150, p. 236; T. 152, p. 320, entre otros), habiendo brindado una respuesta viable de conformidad con el ordenamiento jurídico y con el cuadro fáctico esclarecido, la cual -según su criterio prudencial- era la que mejor se ajustaba al imperativo axiológico de administrar justicia.

La misma suerte adversa debe correr el defecto atribuido por haberse arrogado los jueces el papel de legisladores, toda vez que la quejosa no logra probar que la tasa del 1% mensual para los créditos fiscales haya sido establecida -o aprobada- con fundamento en la sola arbitraria voluntad del Judicante.

Por el contrario, la remisión de la Sala a los antecedentes mencionados ut supra evidencia la finalidad de no vulnerar el principio de igualdad o pars conditio creditorum, evitando el devengamiento de una tasa que genere un privilegio para el Estado en desmedro de las perspectivas de recomposición eventual del patrimonio del deudor, y de cobro efectivo de los créditos en juego, y todo ello con fundamento en derecho (cfr. f. 1; A. y S. T. 191, p. 247/250, ya citado).

Tampoco puede ser acogido el acusado vicio de fundamentación en pautas de excesiva amplitud, dado que el Sentenciante remitió a antecedentes propios en los que intervino el mismo ente público, y así -transitivamente- se basó en principios de derecho concursal, y en normativa civil -específicamente en el artículo 953 y concordantes del Código Civil-.

Al respecto, no está demás recordar que este Tribunal ha manifestado que constituye suficiente motivación la remisión a un anterior precedente jurisprudencial, que guarda analogía con el que se examina (cfr. A. y S. T. 100, p. 2; T. 166, p. 194, entre otros), y que la exigencia del artículo 95 de la Carta Magna local no impone al juzgador la formulación de desarrollos minuciosos, bastando que, mediante las proposiciones formuladas en torno a los hechos y el derecho del caso, el fallo se sostenga a sí mismo, como decisorio razonable y objetivo, o lo que es lo mismo, no aparezca como pura afirmación dogmática caprichosa y subjetiva de la voluntad judicial (cfr. A. y S. T. 65, p. 424; T. 99, p. 195; T. 102, p. 236, por todos).

Por último, puede aseverarse que la invocada gravedad institucional, no constituye una hipótesis susceptible de habilitar per se la apertura de la instancia excepcional, pues la admisión de aquélla estuvo siempre vinculada a la concurrencia de alguno de los supuestos del artículo 1 de la ley 7055 (cfr. A. y S. T. 143, p. 111).

Sin perjuicio de lo expuesto, es dable precisar que ella requiere que el conflicto exceda el marco del interés meramente individual para afectar el de la comunidad, circunstancia que la impugnante debe demostrar configurada en la especie (A. y S. T. 48, p. 293; T. 81, p. 276, entre otros).

Y en autos, si bien puede entenderse que existiría gravedad institucional en forma genérica -vinculada con el sistema legal tendente a la percepción de la renta pública-, no ocurre lo propio si se la traslada a la litis concreta, en donde no se consigue persuadir que la solución brindada por el A quo dentro del marco del recurso sometido a su jurisdicción, conlleve una ineludible deformación de aquel sistema, de modo que perturbe la recaudación fiscal y afecte los intereses que se dicen comprometidos (cfr. "MIGRA S.A. -Concurso Preventivo-Recurso de Revisión- sobre Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad", A. y S. T. 149, p. 278).

En suma, pretender abrir ante los estrados de este Cuerpo una tercera instancia ordinaria, que revea lo decidido por los tribunales inferiores en ejercicio de su función jurisdiccional, implica desconocer la naturaleza del remedio extraordinario intentado, que tiene por objeto únicamente el control de la adecuación de las sentencias al ordenamiento jurídico fundamental.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.:VIGO-GASTALDI-GUTIERREZ-NETRI-Fernández Riestra (Secretaria)