Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-15


Buenos Aires, 15 de marzo de 2006 Vistos: los autos indicados en el epígrafe, resulta:

Mediante resolución nº 26/96 la presidencia del Banco de la Ciudad de Buenos Aires dispuso "desvincular" a la Sra. Liliana Dora Garaventa del Banco. La Sra. Garaventa planteó el 15/9/97, ante la justicia nacional en lo civil, una demanda (fs. 10/23, expediente principal) dirigida contra el Banco tendiente a que:

a) se ordene su reincorporación como empleada del banco, con la jerarquía presupuestaria de Jefe de Departamento; b) se la indemnice por los haberes caídos desde su separación hasta su efectiva reincorporación; y c) se resarza del daño moral sufrido como consecuencia de la ilegítima extinción de la relación de empleo.

También solicitó, en forma subsidiaria a la reincorporación, una indemnización consistente en el pago de los salarios que corresponderían al período incluido entre su egreso y la fecha de su jubilación, más sus intereses. La actora estimó la indemnización debida como pretensión subsidiaria en la suma $ 762.997,16.

En relación con este resarcimiento, se plantea en la demanda la inconstitucionalidad del tope indemnizatorio previsto en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, por reputarlo violatorio de los artículos 14, 14 bis, 17 y 28 de la Constitución Nacional, así como del principio de "afianzar la justicia" contenido en el Preámbulo.

La actora fundó su demanda en que la resolución nº 26 tuvo como único fundamento la resolución del Directorio nº 1159/96 que autoriza al presidente del Banco a realizar una redistribución de funciones. Además, se afirmó en el escrito que la modificación del régimen de estabilidad (de propia a impropia) de los empleados del Banco, dispuesta con posterioridad a su ingreso, no puede alterar su derecho subjetivo a la estabilidad propia, pues es un derecho reconocido voluntariamente por el Banco, que integró el contrato de empleo público.

Agregó que ese derecho a la estabilidad propia -reconocida en el Estatuto que regía al tiempo de su incorporación al Banco-, integra el derecho de propiedad, en sentido constitucional.

La parte demandante también sostuvo que el acto cuestionado es inconstitucional, pues al no mediar sumario administrativo, carece de motivación y de causa. Atacó también la Resolución del Directorio n° 1159 porque realizó una delegación de facultades "indelegables".

Sostuvo que, por la Carta Orgánica, esas facultades sólo pueden ser ejercidas por el Directorio. Objetó también la posibilidad de que la decisión de presidencia sea posteriormente convalidada por el Directorio porque, en tal caso, estaría ratificando una medida cuya delegación no está prevista en la ley.

2. El Banco demandado se opuso a las pretensiones de la actora. Consideró legítima la cesantía motivada en la reestructuración del banco, con fundamento en el art. 16 inc. c) del Estatuto del Personal del Banco Ciudad, vigente desde 1992, que posibilita la separación del personal mediante pago de indemnizaciones. Agregó que la actora fue previamente indemnizada con la suma de $59.770,02.

El demandado indicó también que la norma aplicada rige desde 1992 y no fue impugnada ni atacada de nulidad por la contraria. Sostuvo que la reforma del Estatuto fue legítima, pues se basó en el Decreto PEN n° 1917/91, referido a la reorganización de la banca oficial. Cuestionó el derecho a la estabilidad propia, invocado por la actora, pues la modificación al régimen de estabilidad le es plenamente oponible (fs. 176/182).

3. Radicadas las actuaciones en la justicia local (fs. 312), el juez de primera instancia rechazó la demanda (fs. 397/407).

4. La actora apeló la decisión (fs. 410 y 424/437). Previo traslado a la contraria -que fue contestado a fs. 441/448-, la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario confirmó la sentencia recurrida (fs. 450/456).

5. La Sra. Garaventa interpuso recurso de inconstitucionalidad (fs. 464/477 vuelta) que, luego de ser contestado por el Banco (fs. 479/484), fue denegado por al Sala (fs. 486/487).

6. Contra el rechazo, la actora planteo el recurso de queja por recurso de inconstitucionalidad denegado. Requerido su dictamen, el Sr. Fiscal General Adjunto plantea que debe hacerse lugar a la queja y rechazarse el recurso de inconstitucionalidad articulado por la parte actora.

Fundamentos:

El juez Julio B. J. Maier dijo:

1. El recurso de queja interpuesto cumple con los requisitos extrínsecos de tiempo y forma, exigidos ritualmente (art. 33, ley n° 402). En contra de lo que se afirma en la resolución que declaró inadmisible el recurso (en particular, cf. fs. 486 vuelta, punto 3, segundo párrafo) la actora, en la demanda, planteó diversas cuestiones constitucionales, de las cuales sólo ha mantenido y replanteado en todas las instancias que la desvinculación afectó su derecho a la estabilidad en el empleo público -por tratarse de un Banco que es un sujeto de carácter público del Gobierno local- y su derecho adquirido a un régimen laboral de estabilidad propia emergente del estatuto de personal vigente al momento en que ella ingresó a la institución.

La actora afirma tener un derecho subjetivo a la estabilidad propia, que está amparado por la protección constitucional a la propiedad. De tal manera, funda la cuestión constitucional en los arts. 14 bis y 17 de la Constitución nacional. Por lo contrario, la actora no insistió en la inconstitucionalidad del tope indemnizatorio conforme a la LCT que planteara en su demanda.

Aunque en la queja y en el recurso de inconstitucionalidad que la precede la actora efectúa numerosas menciones a los requisitos del recurso extraordinario federal, en el punto VI de su presentación (fs. 51/52) la quejosa menciona los recursos de la ley n° 402 y refuta las razones dadas por la Cámara para denegar el de inconstitucionalidad.

Por consiguiente, en este aspecto, la queja debe ser admitida.

2. En las instancias anteriores se tuvo por acreditado que se efectuó una reorganización administrativa en el Banco de la Ciudad. También se afirmó que la actora no probó la desviación de poder que invocara para descalificar el acto de desvinculación. Los hechos así establecidos son los que debo tomar en cuenta para decidir el caso.

También se dijo que la relación laboral que existió entre las partes fue de derecho privado y no administrativa, cuestión que, por resolverse sobre la base de reglas infraconstitucionales (carta orgánica del Banco, LCT, estatuto, convenio colectivo), debe ser admitida como parte del sustrato sobre el que se dará tratamiento al agravio admitido.

3. Los empleados bancarios, con anterioridad a la reforma constitucional de 1957, se regían por la ley n° 12.637, del año 1940, que en su art. 2, inc. a, estableció "el derecho a la estabilidad" de tales empleados.

El decreto reglamentario n° 20.268/46 preveía que en caso de despido injustificado de los trabajadores bancarios, debían ser reincorporados y, en caso de que el empleador no se aviniere a ello, la norma disponía que se abonasen las remuneraciones que correspondieren al empleado hasta que se le otorgara el beneficio jubilatorio (art. 6).

La CSJN declaró inconstitucional ese régimen (Fallos: 273:87) por considerar que "el pago a que se refiere el art. 6°, ap. 3°, del dec. 20.268/46, al consagrar el privilegio de percibir un sueldo sin contraprestación de trabajo, viene a constituirse en una especie de renta vitalicia gratuita fundada en la sola voluntad del legislador, que asegura a los beneficiarios una ganancia cierta sin actividad alguna de su parte".

Poco tiempo después de ese fallo, se dictó la llamada ley de facto n° 18.598, de 1970, que modificaba la ley n° 12.637. La nueva ley, aunque mantuvo la reincorporación del trabajador despedido sin justa causa, sustituyó el pago de las remuneraciones hasta la jubilación por una indemnización especial.

El despido incausado del trabajador bancario era tratado como un ilícito contractual ineficaz para romper el vínculo laboral, situación que sólo se producía al negarse el empleador a cumplir la sentencia judicial que lo obligaba a reincorporar, resultando el trabajador acreedor de los salarios devengados durante toda la sustanciación del proceso. En 1981, la ley n° 22.425 derogó el régimen de la ley n° 12.637 y de sus normas reglamentarias y modificatorias.

En este caso, los trabajadores nucleados en la Asociación Bancaria y el Banco Ciudad (entre muchos otros) acordaron reglar sus relaciones de empleo mediante la Convención Colectiva de Trabajo n° 18/75. A su vez, el Estatuto del Personal del Banco de la Ciudad de Buenos Aires remite, en su art. 41, a la convención colectiva y a la Ley de Contrato de Trabajo en todas aquellas cuestiones no previstas expresamente en él. Finalmente, la Carta Orgánica del Banco autorizó al directorio a determinar el régimen de estabilidad de sus empleados.

4. La cuestión a decidir consiste en determinar si la modificación del régimen de estabilidad, ocurrido para los trabajadores del Banco de la Ciudad, al reformar el Directorio el estatuto del personal, se contrapone al art. 14 bis.

Se suele admitir que la estabilidad propia o absoluta implica impedimento para despedir (salvo justa causa), así como la obligación patronal de reincorporar al empleado en caso de producirse el despido. En cambio, la estabilidad impropia o relativa no prohíbe el despido, pero si éste es dispuesto sin justa causa, el empleador debe indemnizar. Con esta distinción, parece lógico estimar que el art. 14 bis, al proteger contra el despido arbitrario (en el empleo privado) obliga a consagrar allí la estabilidad impropia o relativa; y al garantizar la estabilidad del empleo público, cubre a éste con la estabilidad propia o absoluta (véase Bidart Campos, Germán, Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino, t. I, p. 579, ed. Ediar, 1995).

Se advierte claramente que la Constitución prevé dos formas de protección de los trabajadores y que no emplea la misma terminología en cada caso. En el primero, tratándose del empleado público, se habla de estabilidad y en el segundo, de trabajadores en general -también se establece la protección contra el despido arbitrario?. La distinción es indicativa de que ambos casos no están referidos al mismo concepto.

Consecuentemente es posible afirmar que no existe un derecho constitucional de la actora a la estabilidad en su empleo en el Banco Ciudad, y, en consecuencia, la modificación estatutaria, per se, no vulneró ese principio constitucional.

5. El contrato de trabajo, por el cual se incorporó la actora al Banco, la introdujo en una situación regida no sólo por el contrato sino por un conjunto de normas que integran naturalmente el contenido del régimen jurídico aplicable, y que pueden ir mutando a lo largo del tiempo. Así, la LCT, la Carta Orgánica del Banco, el Estatuto para sus empleados, la convención colectiva que rige la actividad del sector, las normas reglamentarias de las autoridades administrativas, impactan en el contenido de los derechos y deberes de las partes contratantes. La posibilidad de extinguir la relación por el empleador sin expresar la causa y también la indemnización correspondiente (arts. 245 y 246, ley de contrato de trabajo) estaban previstas en el plexo normativo que enmarcó el contrato de la Sra. Garaventa.

6. La tutela de la propiedad constitucional que invoca la actora, exige ponderar si el régimen normativo general vigente al momento de contratar se incorporó al ámbito de sus derechos (como derecho adquirido).

Al considerar el problema de la irretroactividad de la ley, Eduardo Novoa Monreal expone claramente la situación: "El problema surge con el derecho de propiedad privada, con otros derechos subjetivos o con las obligaciones y derechos derivados de un contrato, obtenidos o celebrados bajo una ley después derogada, en cuanto ellos se prolongan o pueden prolongarse en el tiempo y alcanzar momentos en los que rige ya otra ley diversa, que no los reconoce o que los modifica" (autor citado, El derecho como obstáculo al cambio social, 8° edición, Siglo XXI, Méjico, 1986, p. 171). Ello es exactamente lo que ocurre en el caso. Las instancias anteriores consideraron que la actora no contaba aún con un derecho adquirido, pues la posibilidad de reingreso al cargo ante un supuesto de despido injustificado era sólo una expectativa, que pudo legítimamente modificarse, en atención a la conocida doctrina de la CSJN referida a que nadie tiene un derecho subjetivo a la inmutabilidad del derecho objetivo; y esto tampoco ha sido refutado por la parte recurrente.

A partir de la fecha en que entra en vigencia la nueva norma y deroga a la anterior, si se admite que ésta, pese a haber fenecido, sigue rigiendo la relación laboral aun en contra de los diversos actores que consensuaron el nuevo marco jurídico de la relación laboral, se plantea un supuesto de "ultra-actividad" de una disposición ya extinguida, "que, al igual que el Cid, triunfaría después de muerto, en contra de los intereses colectivos representados por la ley nueva y vigente" (aut. y ob. cit., p. 172).

En tanto la nueva norma no interfiere en los efectos ya cumplidos de la relación jurídica no cabe hablar con propiedad de retroactividad o afectación de derechos adquiridos, ya que la norma posterior puede, legítimamente según los principios jurídicos constitucionales, desconocer derechos reconocidos en la norma anterior, con tal de que ello suceda solamente a partir de la fecha en que entró en vigencia la regla derogatoria.

La aplicación de la norma vigente al momento de la extinción de la relación no plantea un caso de retroactividad; todo parece indicar que sólo se trata de la aplicación del principio según el cual los actos se someten a las condiciones normativas del momento en el que son dictados: la regla tempus regit actum.

7. La forma jurídica adoptada por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires no determina la forma en que deben ser considerados sus empleados. Es claro que, como ha sido detalladamente señalado por el a quo, las normas de la ex Municipalidad y las actuales de la Ciudad referidas a los empleados públicos no abarcan a los empleados del Banco de la Ciudad.

Mas, aunque la naturaleza de ente autárquico del Estado local que caracteriza al Banco demandado hubiese inducido a la actora a pensar que su relación laboral debía regirse por reglas de derecho administrativo, es menester tomar en cuenta que la reorganización administrativa es causa legítima para extinguir la relación de empleo, con una justa indemnización compensatoria, incluso en los casos de empleados públicos con estabilidad. La recurrente tampoco ha refutado los fundamentos expuestos por los jueces en ese sentido. Aunque ella reitera su planteo referido a su derecho a la estabilidad constitucional, nada expresa sobre la legitimidad de la extinción de la relación de empleo en atención a la reorganización y al redimensionamiento de las estructuras burocráticas y financieras del Banco.

Conviene recordar -concordantemente con lo fallado en las instancias anteriores- que el derecho a la estabilidad de los empleados públicos (art. 14 bis, CN), como todos, no es absoluto y puede estar sujeto a reglamentación. Su carácter relativo posibilita que se restrinja su alcance en determinados supuestos de excepción (la modificación o supresión de estructuras o unidades son algunas de ellas) y se le reconozca al agente el derecho al pago de una indemnización razonable (art. 17, CN). El constituyente no ha dispuesto, entonces, una estabilidad absoluta, sino una de carácter relativo, que pretende conciliar los intereses públicos con las garantías de los empleados. De tal manera, el alcance que la Sra. Garaventa pretende asignar a la garantía de la estabilidad en sentido propio (reposición en el cargo o pago de salarios hasta el momento de jubilarse) no tiene asidero en el sistema jurídico argentino y ha sido rechazado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, intérprete final de la Constitución federal 8. En suma: la actora no estaba sometida al régimen y tutela del empleo público, la estabilidad propia no tiene las consecuencias que la actora pretende, ni ella es titular de un derecho subjetivo a la estabilidad, de acuerdo con una norma derogada.

Las sentencias de ambas instancias que rechazaron su demanda son correctas y, por ende, el recurso de inconstitucionalidad debe ser rechazado.

Las costas del recurso se imponen a la parte vencida, por aplicación del principio objetivo de la derrota (art. 62, CCAyT).

El juez Luis F. Lozano dijo:

1.- Coincido con el Juez Maier en que el recurso de inconstitucionalidad debió ser concedido, por lo que la queja debe prosperar. Asimismo en que, habilitada esta instancia, los agravios traídos por la parte recurrente no conmueven lo resuelto por la Cámara, cuya sentencia debe ser confirmada.

2.- La recurrente sostiene que ha quedado incorporado irrevocablemente a su patrimonio el derecho a la estabilidad propia tal como estaba legislado al tiempo en que ingresó como dependiente del Banco demandado.

En verdad, su argumento llevaría a tener por adquirido el derecho al mantenimiento de las mejores condiciones que, cualquiera fuera su fuente -legislación, convenio colectivo o contrato individual-, hubieran regido la relación jurídica y las consecuencias de cuya extinción constituyen la materia de estas actuaciones.

Una primera cuestión que debe ser despejada es cuál es o era la fuente del derecho a la estabilidad propia que invoca la actora. Si lo fuera el contrato celebrado por los litigantes, cuya existencia no se discute, aunque quizás sí su contenido, sería derecho amparado por el art. 17 de la CN y consecuentemente por la de nuestra ciudad.

No, en cambio, si no hubiera sido dispuesta más que por la legislación, o aún por el convenio colectivo, si ése hubiera sido el caso, toda vez que no cabe reconocer derechos adquiridos al mantenimiento de un régimen normativo de alcance general. En tal sentido se expidió a fs 10, con cita de precedentes de la CSJN (Fallos: 267:247; 308:199 y 316:2483), el magistrado de primera instancia, luego confirmado por la Cámara a quo a fs. 29 vuelta.

En el caso que nos ocupa, no encontraron ni la Cámara a quo ni el Juez de primera instancia que el contrato individual contuviera pacto de esta especie. En este sentido, la sentencia de primera instancia reza: "[e]s claro que los sucesivos Estatutos del personal aprobados por el Directorio de la entidad demandada constituyen normas heterónomas, que no se incorporan a los contratos individuales que ésta tuviera con sus empleados" (fs. 9 vuelta), decisión confirmada por la resolución de Cámara.

Habría sido menester a ese fin constatar una circunstancia de hecho consistente en un intercambio de oferta y aceptación en condiciones que la ley común reputase suficientes como para tener por ocasionado el hecho de manifestar una voluntad coincidente.

Obviamente, no basta la constatación de conductas que puedan ser alternativamente vistas como cumplimiento de una obligación legal y contractual de idéntico contenido, puesto que ello, por hipótesis, tornaría imposible discernir entre una y otra fuente, de modo que lo que para uno podría ser observancia de la ley para otro lo sería del contrato. Para establecer que un compromiso contractual había quedado sellado, la sentencia debió haber hecho referencia a ese contenido y a las razones que la llevaban a tenerlo por acordado entre los contratantes.

No lo hizo sino que, por el contrario, estimó que "[l]a estabilidad propia que establecía para los empleados del Banco el Estatuto de 1976 [resolución n° 1318/76], en ese sentido era una expectativa que se encontraba sujeta a su vigencia en el tiempo. Va de suyo que dicha vigencia podía mantenerse siempre que de otra norma de igual rango no resultara su derogación..." (sentencia de Cámara, fs. 29 vuelta). A su turno, las conclusiones de los jueces de mérito acerca de los hechos no podrían, como principio, ser revisadas por este tribunal.

No varía lo expuesto la circunstancia de que aquel régimen de estabilidad propia proviniese de una resolución adoptada por el Directorio de la entidad contratante, la que lleva el n° 1318/76. Ello es así, porque los jueces de mérito, cuyo criterio al respecto no nos toca examinar, han visto en ese acto un reglamento proveniente de la autoridad con competencia para regular la materia (otorgada por el artículo 21, inc. b de la Carta Orgánica del Banco, t.o. por Decreto-Ley n° 9372/63), y no uno conformador de la voluntad contractual de la entidad demandada.

Esta apreciación no merece reparo, toda vez que la diversidad de facultades puestas en movimiento en el caso de un reglamento o de un contrato posibilitan discernir entre el producto de unas y otras, y ello, a su turno, entre unas y otras consecuencias.

Ello bastaría para descartar el agravio, si no viniese apoyado en la aseveración de que corresponde asumir, como integrando la voluntad de las partes, la totalidad del régimen normativo general que disciplina su acuerdo.

Al abrigo de esta idea, la ley de locaciones integra el contrato de arrendamiento, la ley de sociedades el de sociedad colectiva, la ley de seguro cada seguro y la ley de quiebras toda obligación comercial, en el sentido preciso de constituir una porción de las manifestaciones de voluntad intercambiadas, obviamente, en la mayor parte de los casos, tácitamente.

Ciertamente, nada impide que las partes de un contrato pacten compromisos consistentes en el mantenimiento, para el supuesto de cambio del orden normativo, de consecuencias jurídicas que emergen, al tiempo de su celebración, del régimen legal vigente. Estos compromisos serían válidos en tanto el régimen sobreviniente no fuese de orden público, esto es, susceptible de quedar declinado por disposición de parte.

Pero, no se infiere de ello que todo contrato supone la voluntad de mantener una determinada solución jurídica determinada por ley al tiempo de su celebración. Por el contrario, es perfectamente concebible que algunos quieran el mantenimiento de la ley, y otros no, por lo que pactarán conforme sus previsiones y capacidad negociadora. Hasta aquí, el contenido de la voluntad contractual es un hecho cuya existencia y modalidades deberá establecer el juez de mérito sobre la base de la prueba reunida.

Si la tesis se extiende hasta afirmar que el contrato necesariamente absorbe el régimen legal vigente al tiempo en que es celebrado, no puede decirse que sea novedosa, ni compartida por la jurisprudencia. En la causa Horta c/ Harguindeguy (Fallos: 137:47) la Corte encontró un derecho adquirido en los contratos de locación celebrados con anterioridad a un régimen de emergencia locativa, y con base en él dispuso que no era aplicable a los contratos por plazo cierto la congelación del precio de la locación.

La doctrina va más allá del problema que nos ocupa, en tanto descarta a una ley de orden público, pero implica, en el modo que fue enunciada, la idea que estoy analizando, toda vez que, con más razón, los contratos celebrados bajo la ley anterior no habrían sido alcanzados por las disposiciones supletorias de la nueva. En Avico c/ de la Pesa (Fallos: 172:21) fue explícitamente abandonada aquella tesis que mantenía la vigencia del contrato frente a una nueva ley de orden público.

La tesis según la cual basta haber celebrado un contrato durante la vigencia de una ley para tener por incorporados a aquél los contenidos de ésta lleva a consecuencias absurdas que obligan a descartarla. Ya vimos que supone en los contratantes una voluntad que en la mayor parte de los casos les es ajena. La tesis de la incorporación al contrato implica una imposición a los contenidos contractuales equivalente al orden público, si se supone imposible pactar en contrario, o muy cercana, si se exige pacto expreso en contrario, suponiendo que sea válido por no ser régimen de orden público el renunciado para el futuro.

Además, pone al legislador un límite que no proviene de la Constitución. Con arreglo a ella, toda ley puede ser revocada por una posterior. Si partimos del supuesto de que las partes no pactaron cláusulas específicas de mantenimiento de un régimen, las consecuencias derivan solamente de la ley vigente, y su modificación plena, aún para esos contratos, no requiere más que la aplicación, también plena, de la regla lex posterior deroga priori.

Por otra parte ¿por qué suponer que los contratos se rigen por la ley del tiempo de su celebración? ¿Por qué no una intermedia entre la celebración y el diferendo que se ha de dirimir? Según esta tesis, el legislador solamente disciplinaria relaciones jurídicas posteriores a la promulgación de la ley, es decir, dividiría a la sociedad en dos sectores, quienes ya contrataron y quienes lo harán.

Aun cuando en algunos supuestos pueda verse en la tesis vocación por tutelar la posición del más débil, en la mayoría de los casos, la situación sería la inversa, el fuerte se garantizaría contra la tutela de la ley.

Finalmente, como el derecho objetivo que, en la tesis que examino, quedaría convertido en cláusula implícita del contrato celebrado durante su vigencia, contiene también aquella recordada regla según la cual sus contenidos generales pueden ser válidamente variados pues no existen derechos subjetivos a que permanezcan, en definitiva la alteración de los derechos incorporados por esta vía al contrato sería posible en virtud de una cláusula "contractual".

Si bien el recurrente realiza una cita de la primera parte del artículo 3 del Código Civil, no busca apoyo para la cuestión relativa a la vigencia intertemporal en el último párrafo de ese artículo y, por lo tanto, no ha traído esa cuestión como parte de ninguno de los agravios.

Por lo demás, puede suponerse rechazada tácitamente en razón de la inteligencia que cabe atribuir dicha norma y a la legislación local sobre cuya base ha sido resuelto el pleito, en términos que, por lo dicho, no pueden ser revisados.

3.- Un segundo agravio busca apoyo, al reconocimiento de la estabilidad propia, en una interpretación del art. 14 bis de la CN según la cual dicha norma, a diferencia de lo que dispone en materia de derecho privado -protección contra el despido arbitrario-, asegura, al empleado público, la estabilidad sin matices, por lo que ésta no puede sino ser la denominada propia por la doctrina.

Ciertamente, la Constitución Nacional contiene previsiones distintas en el caso de uno y otro tipo de empleo, circunstancia que obedece a las características de la persona y de los actos del empleador contra los que busca proteger.

La CSJN, según recordaron la Cámara a quo y el Juez de grado (fs. 29/29 vuelta y 7/8, respectivamente), tiene resuelto, desde la primera oportunidad en que el planteo fue formulado, que la estabilidad del empleado público no es absoluta sino que puede ser compensada, y ha admitido como suficiente una compensación similar a la que se acuerda en el supuesto de rescisión arbitraria del empleo privado (Fallos: 250:418; 266:159; 306:76; 307:1189; 310:1065; entre muchos otros).

Ha visto como fundamento de ello la tesis según la cual los derechos reconocidos en la CN no son absolutos sino que todos son susceptibles de reglamentación, y la indicada más arriba como una razonable, a la luz de las situaciones excepcionales en las que fue aplicada.

En 1962, cuando aún estaba fresca la obra de la convención que incorporó el artículo 14 bis a la Constitución Nacional, la Corte Suprema se expedía en el sentido antes expuesto. Allí el máximo tribunal federal dijo: "[q]ue el art. 14 nuevo de la Constitución Nacional establece ciertamente la 'la estabilidad del empleo público', pero el derecho que acuerda tal precepto, como todas las normas constitucionales, debe ser ejercido conforme a las leyes que lo reglamentan -Fallos: 250:418, consid. 2° y sus citas-.

En cuanto tales leyes sean razonables, sus disposiciones serán también obligatorias e insusceptibles de tacha de constitucional -Fallos: 249:252; 250:410 y sus citas-. // 6°) Que la limitación de la estabilidad administrativa, en ocasión de grave penuria nacional, respecto de los empleados que son titulares de una jubilación ordinaria o 'prestación similar' no importa una reglamentación irrazonable del principio constitucional.

La medida es, en efecto, conducente a los fines que imponen su adopción y no adolece de iniquidad que autorice a descalificarla como arbitraria" (Fallos: 253:478). Cinco años después, sostuvo el mismo principio en un caso más similar al aquí traído.

En ese contexto expresó que "...la estabilidad de empleado público no importa un derecho absoluto a permanecer en la función sino el derecho a una indemnización equitativa cuando, por razones de su exclusiva incumbencia, el Poder Legislativo decide suprimir un empleo o el Poder Ejecutivo resuelve remover a un empleado, sin culpa de este último" (Fallos: 272:99).

En el marco de la recordada jurisprudencia, la estabilidad garantizada por el art. 14 bis solamente podría ser perdida mediando voluntad del empleado, cuando éste renunciare o incurriere en acciones u omisiones calificables como graves faltas de disciplina, o en circunstancias que le sean ajenas cuando el legislador las escoja razonablemente como causa justificada de una extinción unilateral del vínculo y prevea compensación suficiente.

El carácter justificado de la causa variará, según las circunstancias, desde escasez presupuestaria, en los casos citados como precedente, hasta otras tales como necesidades momentáneas del servicio. Lo que debe quedar excluido es el puro arbitrio los órganos estatales para disponer la separación.

En este orden de ideas, el régimen del empleo en la entidad demandada ha seguido de cerca al de los agentes de los bancos con los cuales compite, lo que explica por sí la reglamentación de la estabilidad del vínculo. A su turno, los jueces de mérito dieron por probado que la desvinculación de la actora estuvo dada en el marco de una reestructuración del Banco y que ésta proporcionaba una justificación suficiente; todas ellas cuestiones de hecho y prueba ajenas, como principio, a la competencia de este Tribunal Superior.

En tales condiciones, se encuentran satisfechas las exigencias que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional impone para que una entidad estatal pueda disponer la cesación de relaciones de empleo público.

4.- Ello sentado, no existe fundamento de base constitucional capaz de conmover los que utilizaron el tribunal a quo y el juez de primera instancia para arribar a su fundada decisión.

La jueza Alicia E. C. Ruiz, dijo:

El recurso de queja fue interpuesto en tiempo y forma y reúne los requisitos para su admisibilidad.

El recurso de inconstitucionalidad debe prosperar ya que introduce adecuadamente, una cuestión constitucional: la violación de la garantía de estabilidad en el empleo publico tutelada por el art. 14 bis de la Constitución Nacional.

De conformidad con las constancias de la causa y como lo indica el juez Maier, la cuestión a decidir es si la modificación del régimen de estabilidad de los trabajadores del Banco de la Ciudad, en el caso, colisiona con el art. 14 bis de la Constitución Nacional.

Por Resolución 1318 del 24/11/76 (vigente desde el 1/1/77) el Directorio del Banco dictó el Estatuto que regulaba las relaciones con sus empleados. Ese Estatuto, en lo que aquí interesa, reconocía que todo el personal gozaba de "estabilidad propia". En el año 1991, por Resolución 1487 el Directorio derogó la Resolución 1318/76 y, en el aspecto referido admitió que el personal podía ser separado del Banco mediante el pago de la indemnización fijada por la ley 20.744 y sus modificatorias.

La actora ingresó a prestar servicios a la demandada en el año 1976, y su vínculo con el banco queda encuadrado en el Estatuto hoy derogado, que consagraba la estabilidad del empleo público en armonía con el texto del art. 14 bis de la Constitución Nacional, y preveía de modo taxativo las causas que podían sustentar jurídicamente la baja de Garaventa.

En virtud de las circunstancias indicadas cualquier modificación de las condiciones de estabilidad laboral que fueran perjudiciales para la accionante, resulta regresiva en relación con la situación de la que gozaba, atenta contra el carácter tuitivo propio del derecho laboral involucrado e importa una clara afectación al art. 14 bis y al art. 17 de la C.N. Así entendida la cuestión, una decisión judicial como la recurrida carece de fundamento legal y constitucional.

El Código Civil en su artículo tercero, como lo recuerda reiteradamente la actora en diferentes presentaciones- ordena que "[a]partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplicarán aun a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. No tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, salvo disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley en ningún caso podrá afectar derechos amparados por garantías constitucionales". En otros términos, el artículo 3º del Cód.Civil en armonía con el art. 17 de la Constitución Nacional autoriza la retroactividad de la ley siempre y cuando exista ultraactividad de la garantía constitucional involucrada. Y como es sabido, la norma legal citada, aunque incluida en el Código Civil, tiene aplicación en todas las ramas del derecho positivo argentino.

En consecuencia, las modificaciones introducidas por la Resolución 1487/91 en la relación de trabajo entre la actora y el Banco Ciudad de Buenos Aires, resultan -en lo que aquí interesa- plenamente válidas siempre que no lesionen o afecten garantías constitucionales, como lo es la estabilidad en el empleo público para quienes gozaban de ella al tiempo del cambio de régimen laboral.

No es útil aquí entrar en la extensa y no siempre fértil diferenciación entre clasificaciones sobre la estabilidad laboral, entre otras razones porque esas distinciones suelen incidir en detrimento de aquella garantía. Me limitaré, pues, a señalar que cualquier relación de trabajo goza de algún grado y forma de estabilidad, cuya regulación depende de distintos factores.

Tanto en el marco de la relación de trabajo regida por la Ley de Contrato de Trabajo, como en el ámbito del Derecho Público existe garantía de estabilidad en el empleo; sólo varían su alcance y la dimensión de su protección. En el caso de la Ley de Contrato de Trabajo, la estabilidad está basada en el principio de que la relación de trabajo es por tiempo indeterminado (conf. art. 90, L.C.T).

En materia de empleo público la protección es más amplia, pues no existe la franquicia consagrada en el régimen de la ley de contratos para que el empleador pueda limitar su responsabilidad a una indemnización forfataria en el caso de despido injustificado del trabajador.

En efecto, el Estado en el ámbito del empleo público no puede disponer una cesantía injustificada sin incurrir en plena responsabilidad y el afectado puede reclamar su reincorporación al puesto de trabajo. No es el único caso en el cual la estabilidad laboral está reforzada.

Otra forma de tutela especial en esta materia surge de la ley 23.551 respecto de los trabajadores que ejercen una representación sindical (conf. art. 50 y concordantes de la ley citada).

En síntesis, para cualquiera de los sistema considerados, las reglamentaciones de derechos y garantías constitucionales son válidas en tanto no anulen o tornen ilusorio el derecho o garantía en juego. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que el art. 14 bis de la Constitución Nacional, al establecer imperativamente que las leyes asegurarán la estabilidad del empleado público, proscribe la ruptura discrecional del vínculo por el Estado (Fallos, 269:230).

Una interpretación regresiva del régimen de estabilidad de Garaventa, vulnera los arts. 14 bis y 17 de la C N, art. 3° del Código Civil e infringe normas de jerarquía constitucional. Así ocurre con el art. 2° del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que impide la regresividad en materia de efectividad de derechos reconocidos por ese instrumento (conf. art. 2.2, PIDESC) y, aunque el Pacto no alude expresamente a la estabilidad laboral, dispone que "[n]o podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos fundamentales reconocidos o vigentes en un país en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, a pretexto de que el presente Pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado" (art. 5.1., PISDEC). De todas formas, al hablar el Pacto de "condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo" y "condiciones de existencia digna" para los trabajadores y sus familias, fácil es concluir que para lograr esas condiciones, la estabilidad laboral viene a ser un requisito indispensable.

Por otro lado, es jurídicamente inviable sostener cualquier forma de consentimiento tácito por parte de Garaventa respecto a la validez del nuevo régimen. Esa hermenéutica está vedada por los principios generales del derecho del trabajo (art. 14 bis, CN y 43, CCBA) y por disposiciones legales expresas (conf. art. art. 7 y 12, L.C.T). Una de las irradiaciones del principio protectorio en materia laboral es el de irrenunciabilidad y, como muy bien señala la actora, ésta no objetó la nueva normativa en lo que hacía a la estabilidad en la inteligencia de que las modificaciones introducidas sólo resultaban aplicables a las relaciones laborales que se constituyeran en el futuro.

En atención a la solución que propicio es innecesario considerar la inconstitucionalidad del tope del art. 245 de la LCT.

Por lo expuesto, voto por: 1) Hacer lugar a la demanda interpuesta por Liliana Dora Garaventa contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 2) Disponer, dentro del quinto día de notificada la presente, la reincorporación de la actora en el cargo en que venía prestando servicio o equivalente -presupuestaria y jerárquicamente- en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires;

3) Condenar a la demandada al pago de los haberes devengados desde la fecha del cese hasta la efectiva reincorporación con más sus intereses desde igual período, para cuyo cómputo se aplicara la tasa activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de préstamo. El presente crédito reviste carácter alimentario. 4) Costas a la demandada.

La jueza Ana María Conde dijo:

1. El recurso planteado fue interpuesto en tiempo y forma. La queja discurre sobre la eventual afectación del derecho consagrado en el art. 14 bis de la Constitución Nacional, con lo cual se encuentra correctamente planteado un caso constitucional en los términos del art. 27 de la Ley 402.

2. La actora reclama -en su carácter de empleada del Banco de la Ciudad de Buenos Aires- su reincorporación a la entidad, pues entiende que su desvinculación fue dispuesta sin causa lo que afectaría el derecho a la estabilidad del empleado público, de raigambre constitucional.

En relación a este punto, resultan elocuentes los argumentos vertidos por los jueces Dres. Maier y Lozano en sus votos, a los que me remito por compartir lo allí expuesto. En efecto, la garantía de estabilidad del empleado público expresada en el art. 14 bis C.N. no implica un derecho absoluto del agente despedido a ser reincorporado cuando resulta desvinculado sin que exista una causa que le sea imputable.

Lo que la cláusula constitucional asegura es, en cambio, el derecho a obtener una indemnización equitativa en caso de producirse tal supuesto, así como también que el acto administrativo que dispone el despido del agente sea plenamente legítimo, en cuanto a su legalidad como especialmente en la razonabilidad del motivo que lo origina (reestructuración, desaparición del cargo, etc.).

El cumplimiento de estas exigencias concilia adecuadamente el derecho del trabajador a no ser desvinculado abusivamente con la prerrogativa estatal referida a la implementación de las diversas políticas públicas.

3. La actora funda su derecho a ser reincorporada a la entidad bancaria en la "inalterabilidad de los derechos adquiridos" en tanto ello estaba previsto en el régimen jurídico vigente al momento de su incorporación.

El art. 3° del Código Civil, que pese a situarse en un texto legal de carácter privado, informa al ordenamiento jurídico todo, es donde encuentra su sustento la teoría de los derechos adquiridos (de acuerdo con la redacción original de la norma). Sin embargo, tal como lo expondré a continuación, la actora no tiene un derecho adquirido a ser reincorporada.

La reforma de la ley 17.711 modificó el texto del art. 3° C.C. y estableció, con claridad, los dos principios fundamentales del orden jurídico vinculados al reemplazo de un ordenamiento legal por otro: el principio de "irretroactividad" de la ley y el principio del "efecto inmediato" de las nuevas normas.

Mientras el primero veda la aplicación de la nueva ley a situaciones pasadas bajo la vigencia de una ley anterior, el segundo dispone la aplicación inmediata de la nueva ley ("las leyes se aplican desde su entrada en vigencia..."), reforzando la obligación de aplicarla a las situaciones pendientes o en curso de ejecución ("...aún a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes..."), excepto que se trate de normas contractuales supletorias.

La relación de empleo público se rige por normas imperativas y, al momento de ser modificado el régimen de estabilidad de los empleados del Banco Ciudad, el contrato laboral de la actora se encontraba "en curso de ejecución", por lo que corresponde la aplicación de las nuevas disposiciones hacia el futuro.

Ningún derecho adquirido tiene entonces la accionante a ser reincorporada, pues la desvinculación aún no se había dispuesto a la fecha en que cesó tal prerrogativa por decisión de las autoridades que modificaron el régimen establecido anteriormente. En efecto, el "derecho adquirido" es, por definición, un derecho que puede ejercerse actualmente por hallarse reunidos todos los presupuestos necesarios para su constitución y al cual el ordenamiento jurídico debe protección; por el contrario, la posibilidad -prevista en el régimen jurídico anterior- de exigir la reincorporación consistía en una mera expectativa (de convertirse, llegado el caso, en un derecho) susceptible de ser dejada sin efecto por un régimen de estabilidad posterior.

Por otra parte, las atribuciones del Directorio del Banco de la Ciudad de Buenos Aires conferidas por la Carta Orgánica de la entidad (decreto Ley 9372, modificado por las leyes 19.642 y 22.301) y las sucesivas leyes que dispusieron la reestructuración de la banca oficial, relacionadas en las sentencias de las instancias anteriores, dan cuenta de la validez del nuevo régimen en materia de estabilidad de los empleados del Banco.

Por ello , y teniendo en cuenta, además, la doctrina de la CSJN en cuanto a la inexistencia de derecho adquirido al mantenimiento de las leyes o reglamentaciones (Fallos 267: 247; 308:199; 316:2483), el derecho de la Sra. Garaventa se agota con la indemnización otorgada.

El juez José Osvaldo Casás dijo:

1. Coincido con mis colegas en cuanto sostienen que el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte actora fue incorrectamente denegado por el tribunal a quo. En efecto, la recurrente ha logrado configurar de manera suficiente un caso constitucional en los términos del art. 27 de la ley n° 402.

2. En primer término, debe destacarse que ha quedado consentida la apreciación de los jueces de la causa en cuanto se afirma -a partir de la interpretación de reglas que residen en el plano infraconstitucional- que la relación laboral entre la actora y el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, según las normas vigentes al momento del distracto, se rige por el derecho privado y no por el derecho administrativo -v. sentencias de primera instancia (fs. 404, autos principales) y de Cámara (fs. 455, también de los autos principales)-.

Por lo demás, y a todo evento, también se ha aclarado en las instancias de mérito que la segregación de la actora (dispuesta en el año 1996) se produjo en el marco de un proceso general de reorganización administrativa de la entidad bancaria y la interesada no ha logrado demostrar una desviación de poder que provoque la descalificación del acto de despido, según lo explica el señor juez de trámite, doctor Julio B.J. Maier, en el punto 2 de su voto.

Así las cosas, al dejar de lado los aspectos relativos a la interpretación de cuestiones de hecho, prueba y derecho infraconstitucional -materia ajena a la vía intentada-, el problema que se plantea en el presente recurso podría resumirse de la siguiente manera: como la señora Garaventa ingresó a la planta del Banco de la Ciudad de Buenos Aires en el año 1976, bajo la vigencia de un Estatuto que reconocía su "derecho a la estabilidad" (la Carta Orgánica del Banco autorizó al Directorio a determinar el régimen de estabilidad de sus empleados), la modificación introducida al mencionado Estatuto a partir del año 1992 -que admitió la posibilidad disponer despidos mediante el pago de las indemnizaciones previstas en la ley n° 20.744 y sus modificatorias-, le sería inoponible pues, de lo contrario, se estaría aplicando una norma de alcance general en forma retroactiva a situaciones jurídicas ya consolidadas, con menoscabo al derecho de propiedad y al derecho a la estabilidad en el empleo, ambos tutelados por la Constitución nacional.

3. Desde esta perspectiva, considero que la recurrente no ha logrado demostrar que exista alguna razón válida desde el punto de vista constitucional que autorice a desplazar la disposición utilizada por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires para fundamentar su despido.

En este sentido, resulta de aplicación al caso la constante jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, básicamente, destaca que nadie tiene un derecho adquirido al mantenimiento de leyes o reglamentaciones ni a la inalterabilidad de los mismos (Fallos: 268:228; 308:199; 310: 2845; 316:2483; 318:1237; entre muchos otros).

Asimismo, entiendo que tampoco se ha desvirtuado la sólida conclusión del tribunal a quo que (de la misma manera que el señor juez de primera instancia) calificó a los sucesivos estatutos de personal del Banco como normas "heterónomas" que no se incorporaban a los contratos individuales que la entidad celebraba con sus empleados. Tal aseveración permitió a la Cámara resolver la cuestión debatida con apoyo en el principio lex posterior derogat priorem.

En suma, considero que el derecho de propiedad de la actora, según se encuentra garantizado en la Constitución nacional (art. 17), no se ha visto resentido en el caso, tal como se explica en los puntos 5 a 8 del fundado voto del señor juez de trámite, doctor Julio B.J. Maier, a los que me remito en homenaje a la brevedad.

Por último, tal como lo afirman en sus votos respectivos mis colegas, los doctores Maier, Lozano y Conde, tampoco se ha acreditado que la desvinculación de la actora, en los términos que fue implementada, violente el art. 14 bis de la Carta Fundamental.

En mi concepto, una vez que se ha aclarado cuál es la norma aplicable al caso (Estatuto de Personal con las reformas realizadas en el año 1991, vigentes a partir del año siguiente) y tal como ha sido encuadrada la relación jurídica entre la actora y su empleadora por los jueces de la causa -aspecto que, como se dijo, ha devenido firme-, sólo basta destacar que no se ha demostrado en el presente contencioso que la recurrente fuera objeto de un despido arbitrario y se constata que la señora Garaventa obtuvo con motivo de su separación del Banco de la Ciudad de Buenos Aires una indemnización dineraria de conformidad con las disposiciones que rigen en la especie, según ha sido probado en el expediente.

Por las consideraciones expuestas, corresponde declarar admisible la queja y rechazar el recurso de inconstitucionalidad incoado por la parte actora, con costas (art. 62, CCAyT).

Así lo voto.

Por ello, de conformidad con lo dictaminado por el Fiscal General Adjunto, por mayoría, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Admitir el recurso de queja interpuesta por Liliana Dora Garaventa.

2. Rechazar el recurso de inconstitucionalidad planteado por la actora, con costas.

3. Mandar que se registre, se notifique y, oportunamente, se devuelva el principal con la queja.