Tribunal: CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2017-04-25


EXPTE. Nº 29440 / 12 Salta, 25 de Abril de 2017.

AUTOS Y VISTOS: Estos autos caratulados: "TEJERINA, RUBÉN C/ CRUZ, SANTOS DIONISIO S/ ORDINARIO", Expte. Nº 29440 / 12; originario del Juzgado de 1ª Instancia del Trabajo Nº 6, para resolver la apelación interpuesta por el actor a fs. 242/248 y por el demandado a fs. 249/251 vta. , y C O N S I D E R A N D O:

El Dr. Gabriel Federico Kosiner dijo:

I) Vienen los autos a consideración de esta Sala para resolver los recursos interpuestos a fs. 242/248, por el Dr. Pablo Palacios en representación del actor, Rubén Tejerina y a fs. 249/251 vta. por el Dr. Oscar Nicolás Farah, en representación de Santos Dionisio Cruz, demandado en contra de la sentencia de fs. 233/238.

El recurso del actor se orienta a refutar los argumentos utilizados en el fallo de grado. Entiende que la sentencia agravia el derecho de defensa de su parte en razón de que se aparta de las constancias de la causa, del derecho vigente y la jurisprudencia imperante, toda vez que hizo lugar al despido con causa desplegado por el demandado, sin estar previamente constituido en mora y sabiendo que se encontraba en la ciudad de Comodoro Rivadavia, situación esta que le impidió tomar conocimiento de la misiva remitida que lo intimaba a retomar tareas. Cita jurisprudencia. Hace reserva del caso federal.

El traslado es contestado por el demandado a fs. 254/255, quien solicita el rechazo del recurso interpuesto, con costas.

El recurso del demandado ataca el decisorio que condena al pago de diferencias salariales, y expresa que la sentenciante para fallar en tal sentido tomó arbitrariamente un único testimonio, el de Alderete. Agravia también el hecho de que se lo condene al pago de la liquidación final y haberes de los periodos Enero/2.012 y días de Febrero/2.012, sin considerar que la liquidación final fue consignada por ante la Secretaría de Trabajo y no corresponde abonar los períodos Enero/2.012 y días de Febrero/2.012, por el solo hecho de que el actor no prestó tareas en tales días; por último lo agravia la condena a pagar la multa prevista en el Art. 80 de la LCT, cuando ha dado cumplimiento con la entrega de tal documentación siendo la misma depositada por ante el organismo de trabajo antes referenciado. Cita jurisprudencia. Hace reserva del caso federal.

El traslado es contestado por el actor a fs. 259/262, quien solicita el rechazo del recurso interpuesto, con costas.

II) Se impone efectuar una breve reseña de las pretensiones contenidas en el escrito de demanda, la posición que al respecto adoptó el empleador demandado y las conclusiones contenidas en la sentencia, para analizar finalmente los agravios planteados contra el decisorio. Entendió el actor que el despido con causa invocado no se ajusta a la realidad de los hechos. Dijo el demandado que la causa alegada encuentra fundamentos en el Art. 244 de la L.C.T., en consecuencia deviene ajustada a derecho. En sintonía con los argumentos expuestos por Cruz Santos Dionisio resolvió la jueza de grado. Así las cosas memoro que lo que se encuentra controvertido es la fecha de ingreso y la justificación del despido con causa dispuesto por la patronal.

Realizada la prieta síntesis de las actuaciones me avoco al tratamiento de los agravios formulados por las partes.

El agravio planteado por el actor se direcciona a refutar el decisorio de la sentenciante que entendió que el despido con causa desplegado por el demandado encuentra asidero fáctico y jurídico. Al respecto me expido.

Las prestaciones del contrato de trabajo se desarrollan en el transcurso del tiempo y el cumplimiento de tales prestaciones implica la concurrencia al establecimiento para la ejecución de las tareas. La interrupción del cumplimiento regular de esa prestación, cuando el trabajador falta sin justificación, produce una perturbación en el desarrollo del contrato que el empleador podrá corregir mediante el ejercicio de su facultad disciplinaria. Existe una causa particular de extinción de la relación laboral, el abandono de trabajo, tal situación esta regulada en el art. 244 de la L.C.T.

Se puede definir al abandono de trabajo como el incumplimiento por el cual el trabajador deja de prestar servicios sin justificación alguna y que el empleador sólo puede configurar previa intimación, por un plazo razonable, a retomar sus tareas habituales. Se caracteriza por la concurrencia de dos elementos: a) la violación voluntaria e injustificada de los deberes de asistencia y prestación efectiva de servicios por parte del trabajador (elemento objetivo) y b) la indiferencia o desinterés frente a la intimación fehaciente cursada por el empleador a fin de que el dependiente se reintegre (elemento subjetivo) dentro del plazo que impongan las modalidades del caso. Así, la mora del trabajador no sobreviene en materia de abandono de trabajo por el mero acaecimiento de su incumplimiento contractual, sino que es presupuesto legal de aplicación de la norma del art. 244 L.C.T., que la constitución en mora del dependiente se formalice mediante la intimación previa en forma fehaciente, y si bien la ley no establece un plazo de intimación siempre debe concederse uno que resulte razonable. El método de intimación debe ser por escrito, fehaciente y reviste el carácter de recepticio, quedando consumada sólo cuando llega a la esfera jurídica de conocimiento del destinatario. Asimismo, es necesario que la intimación se efectúe cuando el trabajador tiene la obligación de prestar o retomar tareas. La intimación del empleador expresa su voluntad de continuar la relación, y coloca al trabajador en la alternativa de volver al trabajo o expresar la causa de la ausencia respondiendo a la intimación. El silencio y la persistencia de la omisión del cumplimiento de la prestación, configurará la situación del abandono de trabajo, previa declaración extintiva del empleador que invoque el incumplimiento de la intimación cursada cuando haya vencido el plazo de esta. (Vázquez Vialard Antonio y Ojeda Raúl Horacio. Ley de Contrato de Trabajo. Tomo III. Rubinzal-Culzoni. Editores.2005. Pág.404/407).

Dijo el actor que el 12 de Enero de 2.012 se encontraba en Comodoro Rivadavia, en casa de su hijo y comenzó a sentirse mal de salud, lo que derivó en consultas médicas y estudios que debió realizarse (estado de salud que fue acreditado conforme a pruebas objetivas obrantes en autos). Según su relato de los hechos, el 27 de Enero de 2.012, él y su nuera comunicaron a la patronal tal situación (fs. 07) y conforme a las constancias de autos, ese mismo día mediante CD Nº 241081786, la patronal intimó a TEJERINA a retomar tareas y a justificar sus ausencias.

Consideró la jueza de grado ajustado a derecho el despido frente al incumplimiento del trabajador a retomar tareas, previa intimación que la accionada le remitiera mediante CD Nº 241081786, el día 27/01/2.012 (recepcionada 10/02/2.012) conminándolo a presentarse a trabajar y justificar sus inasistencias (desde el día 02/01/2.012), bajo apercibimiento de considerar extinguido el contrato por abandono de trabajo. Que ante el silencio del actor se configuró el despido en los términos y alcances del art. 244 de la L.C.T., mediante CD Nº 210215196 remitida en fecha 11/02/2.012. Al respecto me expediré infra. En ese sentido, juzgó la sentenciante que no obstaba a tal decisión la circunstancia de que el actor se encontraba en la ciudad de Comodoro Rivadavia. Dijo que la conducta del actor dista de ser normal en el desenvolvimiento de una relación laboral, cual es la falta de relato en relación a su permanencia en la provincia de Chubut, lugar tan alejado del de prestación de servicios, en épocas en que no menciona haber estado gozando de licencias o vacaciones (sent. fs. 236 vta).

Ahora bien tal y como lo manifesté, para que se configure el abandono de trabajo se requiere la concurrencia de una exigencia de tipo formal, esto es la intimación previa al trabajador a prestar las tareas a las que se obligó al momento de celebrar el contrato de empleo, y la convergencia de dos elementos, uno de tipo objetivo, que se traduce en la no concurrencia al trabajo, y otro de tipo subjetivo, representado por la voluntad del empleado de no reintegrase a su trabajo.

En sintonía con lo manifestado, advierto que, de las constancias de autos el animus del actor a retomar tareas se encontró latente en todo momento.

De la prueba acompañada surge que en entre los días 12/01/2.012 y 27/01/2.012 el actor recibió cobertura médica de la Obra Social, ADOS (fs. 80); que el día 13/01/2.012 acudió a una consulta médica (fs 82); que el 17/01/2.012 se le diagnosticó hernia hiatal (fs. 83); que conforme a la testimonial de Verónica Silvana Mendez, el día 27/01/2.012, ella y el actor se comunicaron con la patronal; asimismo al prestar declaración testimonial, manifestó que los días 12/01/2.012 y 03/02/2.012, TEJERINA, se encontraba en Comodoro Rivadavia (fs. 147 vta.); las testimoniales de Mónica Patricia Boeri, Dante Nicolás Carini, Fernando Van Domselaar y Yolanda Salguero (fs.197/198 vta.) fueron concluyentes y dejaron constancias de que TEJERINA se encontraba en la ciudad de Comodoro Rivadavia y que se encontraba con problemas de salud. Es decir existen pruebas objetivas y que no dan lugar a cuestionamiento alguno, que TEJERINA se encontraba en la provincia de Chubut y que su estado de salud no era óptimo para retomar tareas.

Así los hechos, digo que el abandono de trabajo en los términos del art. 244 de la Ley de Contrato de Trabajo no se configura cuando el trabajador expone los motivos de su ausencia, que justificada o no, revelan su intención de no abandonar el contrato de trabajo. En efecto, según sostiene pacíficamente la jurisprudencia, el abandono de trabajo como acto de incumplimiento que valida el despido se configura cuando el trabajador guarda silencio a la interpelación del empleador y no pretende justificar su ausencia, extremos que no se verificaron en el presente. El abandono consiste no sólo en la no concurrencia al lugar de trabajo, sino que esa ausencia debe hacer presumir una decisión abdicativa, que no puede inferirse cuando la persona está enferma. Concluyo que no luce acreditada la intención del actor de no reintegrarse a su puesto de trabajo, es decir no se evidencia en ningún momento el animus del trabajador de abandonar la relación laboral. Se ha dicho que ".no se configura el abandono de trabajo al que alude el artículo 244 de la L.C.T. en los supuestos en que el trabajador alega que no estaba en condiciones de prestar servicios por razones de salud.en esos casos no se "abandona" la relación laboral sino que se invoca una justificación para no cumplir con la obligación prevista en el art. 80 de la L.C.T., que puede tener un margen de litigiosidad e incluso constituir la base de un incumplimiento relevante, pero no permite concluir que existió una intención definitiva de abdicación" (Op. Cit. Vázquez Vialard Antonio y Ojeda Raúl Horacio. Pag.407).

A más de lo expuesto, resulta trascendental aludir al informe del Correo Argentino obrante a fs. 63. Del mismo surge que la primera carta documento remitida por el empleador fue recepcionada por TEJERINA el 10/02/2.012, y que el despido se configuró el 14/02/2.012, siendo esta última misiva despachada el 11/02/2.012, es decir cuando aún no había vencido el plazo otorgado (dos días) para que retome tareas (fs. 59/63). En consecuencia no corresponde tener por cumplida la constitución en mora del trabajador, requisito sine qua non que exige el art. 244 L.C.T., para configurar el despido por abandono de trabajo desde el momento en que aquél tomó conocimiento de la intimación para que se reintegre el día 10/02/2.012 y como sostuve, aún no había expirado el plazo para que se reincorpore a sus tareas habituales cuando se le notificó el despido.

Las razones que expuse me llevan a la convicción de que corresponde acoger al planteo formulado y hacer lugar a la indemnización por despido, en los términos del art. 245 L.C.T., como así también la indemnización por omisión de preaviso (art. 232) e integración del mes de despido (art. 233), ya que el recurrente logró a lo largo de su discurso demostrar la configuración de los agravios que denuncia en el decisorio criticado. Con costas.

Corresponde ahora expedirme en relación a los agravios formulados por el demandado.

Reclamó el actor diferencias salariales porque entendió que no se liquidaron los haberes teniendo en cuenta los adicionales que prevé el convenio colectivo aplicable (C.C.T. 27/88), esto es adicional por antigüedad (art. 19 inc b) y subsidio vacacional (art. 20), considerando la real fecha de ingreso (declaró que su ingreso se produjo en el mes de Abril/1.989 y no el 20/06/2.001 tal y como se consignara en recibo de haberes). Por su parte el apelante entendió que no corresponde hacer lugar a las diferencias de haberes reclamadas porque no se acreditó en autos la fecha de ingreso pretendida. Entiendo, le asiste derecho al demandado ya que de las pruebas producidas no surgen datos que acrediten que TEJERINA se desempeñó con anterioridad a la fecha de ingreso declarada en recibo de haberes. Los testimonios no resultaron ser precisos, convincentes y concluyentes. Alderete, fs 123 dijo que "trabajé desde el 1º de Agosto de 1.998 hasta el 4 de Noviembre de 2009.cuando yo ingresé el Sr. Tejerina ya estaba."; Ochoa, al responder desde que fecha vio a TEJERINA en el taller mecánico dijo ".más o menos en el 94 porque es la fecha que yo estaba más en el taller donde estaba mi viejo." (fs. 124); el testimonio solitario de Nina quien dijo que ".más o menos en el 88, por ahí, 87.al taller lo abrió en el 88 porque nosotros teníamos un negocio.ellos iban a comprar bebidas.." (fs 127 vta.) no resulta suficiente a los efectos de acreditar la fecha de ingreso planteada por el actor en su escrito inicial, por lo que se tiene por cierta la fecha de ingreso declarada en la documentación acompañada, esto es 20 de Junio de 2.001.

Finalmente, en cuanto al valor de la prueba documental (en el caso hojas móviles y recibos de haberes) esta Sala ha expresado en numerosos fallos, siguiendo criterios de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que sólo puede asignársele relativa fuerza probatoria al tratarse de instrumentos confeccionados de manera unilateral por el empleador. La presunción que les otorga la L.C.T. es iuris tantum, y por lo tanto admite prueba en contrario, no obstante ello las testimoniales no logran desvirtuar los datos consignados en los registros, por lo que se tiene por ciertos los consignados en tal documentación.

"El libro del artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo correctamente llevado constituye un elemento de prueba aun a favor de su titular, correspondiendo al tribunal a quo definir la intensidad de su eficacia probatoria a la luz de los restantes elementos de convicción que se arrimen en el caso concreto" (S.C.J.B.A., 18-12-2002, 'Sosa, Jorge A. c/ Santostefano, Félix y otro s/Despido').

Por lo expresado, voto por acoger el recurso de apelación de la parte demandada, con costas (art. 67 C.P.C.C.) y proceder a recalcular, por así corresponder, las diferencias que surgen por no haberse liquidado los haberes, considerando los adicionales que prevé el C.C.T. 27/88 (adicional por antigüedad art. 19 inc b y subsidio vacacional art. 20), teniendo en cuenta la antigüedad reconocida.

Ahora bien, de los cálculos efectuados conforme la antigüedad del actor según su fecha real de ingreso (20/06/01) y lo efectivamente percibido; surge claro que los haberes correspondientes al mes de mayo/10 se encuentran abonados, de lo que resulta el rechazo de la diferencia del mes en cuestión.

En relación a la liquidación final, haberes de Enero/2.012 y los días de Febrero/2.012 diré que corresponde hacer lugar al pago de los mismos ya que de las constancias obrantes en autos no existe documentación alguna que acredite que hayan sido abonados; por lo que corresponde rechazar el agravio planteado, y confirmar la sentencia de primera instancia. Con costas.

Por último, corresponde expedirme en relación a la entrega del Certificado de Trabajo.

Entendió la jueza de grado que procede la indemnización prevista en el art. 80 de la L.C.T. y discrepo con tal decisión por las razones que expongo. Esta norma pone en cabeza del empleador la obligación de entregar la documentación laboral (Certificado de Trabajo, constancias documentadas de aportes y contribuciones a la Seguridad Social y Certificación de Servicios y Remuneraciones) cuando se extingue el contrato de trabajo y sanciona al empleador cuando intimado fehacientemente, no la cumple. Sin embargo, puede suceder que el certificado de trabajo que otorgue esté erróneamente confeccionado, ante lo cual el trabajador no está obligado a recibirlo hasta que no se elabore en debida forma. Suele suceder que el empleador consigne judicialmente, o ante la autoridad administrativa el certificado de trabajo como forma de dejar constancia de su cumplimiento y de la negativa del trabajador a recibirlo, y así evitar futuras contiendas judiciales al respecto. En autos surge que el empleador ha consignado tal documentación por ante la Secretaria de Trabajo (Exp.Adm. Nº 0070064-62817/12. doc. reservada) y que el trabajador ha recepcionado la misma. En este orden concluyo que el presupuesto de la operatividad de la multa no se verifica, por cuanto la fecha de ingreso que se reconoce es la consignada en la documentación laboral de la demanda. Voto en consecuencia por hacer lugar al agravio planteado, revocando la condena por el art. 80 de la L.C.T. Con Costas Corresponde, también hacer lugar al agravamiento indemnizatorio previsto en el art. 2º de la Ley 25.323, por cuanto la actora debió interponer la demanda para el cobro de las indemnizaciones previstas en los arts. 232,233 y 245 de la Ley 20.744. Según se desprende de la pieza postal CD Nº 2435095811 de fecha 23/02/2.012, el actor intimó el pago de las indemnizaciones correspondientes y ante el fracaso de la intimación que cursó a la empleadora a fin de que le abone las indemnizaciones derivadas del cese, se vio obligado a iniciar la acción judicial en procura de sus derechos. Ahora bien, esta norma exige intimación fehaciente del trabajador al empleador, sin establecer el contenido de la misma ni imponer formulas sacramentales, bastando a mi entender que el requerimiento sea claro y fehaciente y no quedan dudas de su sentido y finalidad en el ámbito en el que se formula por lo que considero que debe acogerse a tal pretensión. En cuanto a las costas deben imponerse por su orden, entendiendo que los riesgos asumidos sobre el resultado de la controversia pesaron por igual sobre ambas partes, pues la razón probable que tuvo el actor para litigar también la tuvo la demandada para defenderse y "Tratándose de una materia discutible y en la que el papel preponderante lo ejerce la apreciación jurisdiccional, las costas deben imponerse por su orden, criterio que es conforme a derecho y de estricta justicia" (C.A.C.C. Salta, Sala I. 12/06/90, 'Bruzzo vs Garcia', Fallos año 1990. pag 218 citados por Roberto G. Loutayf Ranea, María C. Montalbetti de Marinaro, Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Salta, Tomo II, Ed. Noroeste Argentino, año 1994, Pág. 28).

En consecuencia voto por hacer lugar parcialmente al recurso de apelación de la parte actora, revocando el punto II) de la sentencia de primera instancia haciendo lugar a los rubros indemnizaciones por despido y por preaviso, integración mes de despido y art. 2 ley 25.323, con costas.

Igualmente, de progresar mi voto, se hará lugar parcialmente al recurso del demandado revocando el punto I) de la sentencia en cuanto a la real fecha de ingreso del actor y multa art. 80 de la L.C.T., rechazándose los demás agravios vertidos, con costas; todo ello, conforme nueva planilla de liquidación que se adjunta; y en consecuencia determinando la condena en la suma pesos doscientos diez mil setenta y nueve con cuarenta y seis centavos ($ 210.079,46) -a junio/15- que resulta de aplicar a las cantidades originalmente adeudadas el interés tasa activa promedio mensual que fija el Banco de la Nación Argentina para operaciones de descuentos de documentos, hasta su total y efectivo pago.

En los términos del art. 13 del Decreto Ley Nº 324/63, sus modificatorias y la acordada Nº 12.062 de la Corte de Justicia de Salta, regúlense los honorarios de los profesionales intervinientes por su actuación ante este Tribunal de Alzada, en el 45% de los honorarios que correspondan por su intervención en la primera instancia. La Dra. María de las Mercedes Domecq, dijo: adhiero al resultado del voto que antecede.

Por ello, LA CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO SALA I, F A L L A:

I) HACIENDO LUGAR parcialmente al recurso de apelación interpuesto por el actor, revocando el punto II) de la sentencia de primera instancia de fs. 233/238 y vta.; incorporando los rubros indemnizaciones por despido y preaviso, integración mes de despido y art. 2º ley 25.323, extendiendo nueva planilla de liquidación la que asciende a la suma de pesos doscientos diez mil setenta y nueve con cuarenta y seis centavos ($ 210.079,46) -a junio/15- en la forma referenciada precedentemente, con costas (art. 67 C.P.C. y C.); excepto las del art. 2 de la Ley 25.323, que se imponen por el orden causado, por los fundamentos expuestos.

II) RECHAZANDO el agravio del art. 1 ley 25323 vertido por la parte actora; en consecuencia, manteniendo firme el punto II) de la sentencia de grado en lo que hace al mismo, con costas a la vencida.

III) HACIENDO LUGAR parcialmente al recurso de apelación deducido por la demandada, teniendo como fecha de ingreso del actor la denunciada por ésta, y revocando la sentencia de primera instancia que impone la multa del art. 80 de la L.C.T., con costas a la actora perdidosa y rechazando los demás agravios vertidos por el demandado, costas a su cargo.

IV) TENIENDO presente las reservas formuladas.

V) DISPONIENDO que en la oportunidad procesal correspondiente, se regulen los honorarios de los profesionales intervinientes, por su actuación ante este Tribunal de Alzada, en el 45% de lo que se regulare en la primera instancia (Acordada 12.062 y art. 13 Decreto Ley 324/63).

VI) ORDENANDO se copie, registre, notifique y bajen los autos al Juzgado de origen.