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Excepciones procesales, falta de acción, inexistencia de delito, inocencia de las partes, legitimación activa, legitimación pasiva
Materia: PROCESAL
Carátula: GELBLUNG, Samuel s/ EXCEPCIONES. Falta de acción.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-12-11

La excepción de falta de acción (art. 443 inc. 3 CPC) se opone únicamente contra quien carezca de legitimación activa para querellar y no puede invocarla quien se considera a sí mismo no legitimado pasivamente para estar en juicio de modo que el planteamiento sobre la inexistencia del delito o sobre la inocencia de las partes son aspectos que atañen al debate de fondo, y por consiguiente, resultan ajenos en principio al instituto de las excepciones previas. NOTA: Se citó: Sala II, 'Colomeo, Oscar', c.

28999 del 25/10/84; Navarro, 'La Querella', pág. 160.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia no firme, falta de acción, prueba, apertura a prueba
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: OJEDA, ANGELA Y EN REPRESENTACION DE SU HIJO MENOR c/ ASAN, ISMAEL s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -FILIACION  EXTRAMATRIMONIAL; ALIMENTOS; LITIS EXPENSAS Y DAÑO MORAL (EXPTE.: C.S.J. NRO. 32 AÑO 2008)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-10-14

No puede prosperar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la resolución que declaró mal concedido el recurso de apelación por considerar que el decreto recurrido -que ordenaba la apertura a prueba- no se encontraba comprendido en ninguno de los supuestos previstos en el art. 346 del Código Procesal Civil y Comercial, porque no importaba la paralización del juicio, y se trataba de un auto inapelable según el artículo 156 del Código citado, pues como bien señala la Alzada, el decreto cuestionado -ordenatorio del proceso-, por su naturaleza, no puede ser reputado sentencia definitiva ni auto interlocutorio que ponga fin al pleito o haga imposible su continuación en los términos del artículo 1 de la ley 7055, y si bien se invoca la existencia de gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior, sus fundamentos no logran demostrar la irreparabilidad pretendida.

Ello es así en tanto, como lo anunció el Juez de Primera Instancia, la excepción de falta de acción planteada en los términos del artículo 254 del Código Civil, será tratada de modo preliminar en la sentencia de fondo, pues al no ser la misma manifiesta requiere de medios confirmatorios de sus afirmaciones; y de no ser acogida ésta, siempre quedan abiertas las vías impugnativas ordinarias.
Daños y perjuicios, incapacidad sobreviniente, daño material, daño moral, daño psíquico, daño estético, interpretación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: CAMP, CARLOS ALBERTO c/ GCBA Y OTROS s/ Daños y Perjuicios (EXCEPTO RESPONSABILIDAD MEDICA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-09-25

La incapacidad sobreviniente se configura cuando un sujeto, a raíz de una lesión a su integridad personal, queda afectado por algún tipo de inhabilidad que subsiste luego de finalizado el período de recuperación o restablecimiento.

Al respecto, la incapacidad no puede concebirse como un género autónomo en relación con los daños patrimonial y moral, puesto que no es en sí misma un perjuicio, sino que es la causa de un resultado dañoso, que está constituido por las proyecciones negativas que se derivan de aquella (Castro Duran, Ricardo M. "Naturaleza del daño patrimonial derivado de la incapacidad sobreviviente", DJ 02/02/2005, 175 - DJ 2005-1, 175).

En efecto, la incapacidad sobreviniente no constituye un tercer género de daños entre el patrimonial y el moral, sino que puede incidir en forma indistinta y aun simultanea tanto en uno como en otro de esos ámbitos resarcitorios.

En este contexto, las lesiones de tipo psicológicas y las estéticas constituyen formas de lesividad, que podrán generar --según la índole de los intereses afectados y de las proyecciones de sus consecuencias (patrimoniales o espirituales)-- daño patrimonial o daño moral (o ambos). (cfr. Ramón Daniel Pizarro, Daño Moral, ed Hammurabi, Buenos Aires, 1996, Pág. 563). (Del voto en disidencia parcial del Dr. Esteban Centanaro).
Accidente de tránsito, facultades del juez
Materia: CIVIL PROCESAL
Carátula: GARRIDO LUISA IRENE c/ LOPEZ BARRIGA, MAURICIO Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-10-28

Tal circunstancia no impide que el juez puede expedirse sobre la culpabilidad de cada uno de los intervinientes, a fin de evitar al futuro juicio entre los mismos, es decir, que el sentenciante puede y debe resolver lo atinente a la responsabilidad del accidente, ya que cuenta con todos los elementos a su alcance para ello, solo por un prurito excesivamente formalista, puede estimarse que tal cuestión puede ventilarse en otro juicio aparte entre los codemandados, lo que evidentemente resulta atentatorio a la economía procesal, y a una buena administración de justicia, en que están interesados, no solo las partes, mas esta circunstancia no impide la condena solidaria, sino que en todo caso tendrá efecto en la acción de recupera que podrá entablarse entre ambos codemandados.
Fundamentación de sentencias, insuficiencia del agravio, trata de personas, situación de vulnerabilidad
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Marquard, Ildemar c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-09-20

Lo resuelto por los jueces del tribunal de mérito resiste la tacha de arbitrariedad, pues en la sentencia se detalló de forma razonada y concreta cuáles fueron los distintos elementos de prueba que llevaron a la confirmación del hecho imputado y la participación del encausado en él, con ajuste a las reglas de la lógica, la experiencia general y el recto entendimiento, como base de la sana crítica racional. Es que, en particular, para tener por acreditado el hecho y la responsabilidad que le cupo al nombrado, los jueces del tribunal oral apreciaron como elementos probatorios, en primer término, los dichos de la licenciada en trabajo social quien tomó contacto con la víctima y su hijo, y luego de sucesivas entrevistas con ella concluyó que podría estar siendo explotada sexualmente, en tanto ésta le manifestó en una oportunidad que vivía con el encartado por necesidad y en otra ocasión una mujer (que también vivía en ese domicilio) le indicó que se quería ir de donde residían con 'el señor' porque las maltrataba y que la víctima seguía teniendo relaciones sexuales con él por necesidad. Ello, motivó la denuncia efectuada. Tuvieron en cuenta que a raíz de la denuncia se ordenaron tareas investigativas a la División Trata de Personas y Operaciones Complejas de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en el domicilio del encausado, en el cual se constató que residían éste, la víctima, y dos mujeres.

Así, dieron entidad a los dichos de los preventores comisionados a las tareas aludidas, cuyas declaraciones fueron incorporadas al debate con la conformidad de las partes, en cuanto verificaron que en esa residencia convivían varias mujeres jóvenes de nacionalidad paraguaya, precisando que el dueño era eI encausado, quien trabajaba en una carbonería cerca de allí. Por otra parte, evaluaron el informe de la licenciada de donde surge que la joven entrevistada le dijo que en ese lugar el encausado abusó sexualmente de ella en forma reiterada, a raíz de lo cual quedó embarazada, haciendo hincapié que en su caso se observaban indicadores de alta vulnerabilidad. Por otra parte, ponderaron los informes realizados por el Centro de Atención a la Víctima (CENAVID) y al Programa de Rescate y Acompañamiento de Personas Víctimas del Delito de Trata de donde surge que "consideramos que la joven ha sido víctima de abuso sexual en reiteradas oportunidades, aun cuando la misma expresara que fue su intención (.)"
Adopción plena, sentencia consentida, procesos voluntarios, adopción simple, consentimiento
Materia: CIVIL
Carátula: Torres, Alejandro Daniel s/ adopción.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-15

No obsta al otorgamiento de la adopción simple la circunstancia de que la sentencia que otorgó la adopción plena hubiese sido consentida, en tanto el adoptante y el propio menor prestaron su conformidad con el cambio requerido por el representante promiscuo.
Cuestiones de competencia, Constitución Provincial, principios generales del Derecho
Materia: PROCESAL
Carátula: González, Leandra Leonor c/ Ministerio de Seguridad - Policía Provincia Buenos Aires y ot.  s/ Pretensión indemnizatoria - Otros juicios. Cuestión de competencia art. 7, ley 12.008
Jurisdicción: Local — Provincia: 
Fecha: 2023-09-18

El art. 166, párrafo final, de la Constitución de la Provincia consagra las bases de la materia administrativa, cuyo conocimiento confía a órganos judiciales especializados. Y el Código Procesal aprobado por la ley 12.008, con sus reformas, despliega los alcances del sistema de enjuiciamiento de los casos administrativos. Con arreglo a tales normas, compete a los tribunales contencioso administrativos el conocimiento y decisión de las pretensiones que se deduzcan en los casos originados por la actuación u omisión, en el ejercicio de funciones administrativas, de los órganos de la Provincia, los Municipios, los entes descentralizados y otras personas (arts. 166 cit., Const. Prov., 1 inc. 1°, CPCA). La actividad de esos sujetos provinciales o municipales se presume realizada en el desempeño de dichas funciones públicas y regida por el derecho administrativo; presunción legal que opera con alcance general, a falta de norma expresa en contrario, incluso cuando para discernir la contienda deban emplearse normas de derecho privado o principios generales del derecho en ellas contenidos (arts. 1 inc. 2° y 2 inc. 4°,CPCA). El señalado criterio sólo puede ser franqueado por vía de excepción, cuando la cuestión a resolver se encuentre regida exclusiva o primordialmente por el derecho privado o laboral, o en aquellos supuestos regulados por normas legales expresas (art. 4, CPCA).
Prueba, carga de la prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Erbes, Damián Enrique c/ Molinuevo, Ludovico y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-10-31

Los postulados del onus probandi rigen en la hipótesis de ausencia o insuficiencia de los medios aportados en la litis, supuesto en el cual se adjudican las consecuencias de la falta de acreditación a quien la ley había ex ante impuesto dicho peso. De ese modo el ordenamiento regula la fijación de los hechos controvertidos desconocidos para el juez.
Recurso de apelación (procesal), providencia simple
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Griñon, Ramon y otros c/ Diñeiro, Mariocesar y otro s/ Ejecución hipotecaria Consorcio Propietarios Edificio Rivadavia c/ Sardini, Julio Nicolás s/ Ejecución Bozzi, Elio c/ Sabalj, Alejandro s/ Daños y perjuicios Banca Nazionale del Lavoro S.A. c/ Susta Emilio A. y otra s/ Ejecución Marotta Alberto Santiago s/ Sucesión ab-intestato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-09-12|1991-08-06|1996-02-06|1998-04-02|2000-04-27

La providencia simple que en esencia dispone una intimación -aún cuando vaya acompañada de un apercibimiento- no causa agravio irreparable desde que en definitiva no hay decisión concreta y ello enerva los pretendidos ataques recursivos. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Accidente de tránsito, lesiones
Materia: CIVIL
Carátula: GIL DE ARREDONDO Liliana c/ Marquez de Herrero Maria Catalina y Otro s/ Daños y Perjuicios - Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2008-07-08

Si el accidente actuó como factor desencadenante con relación a ciertas afecciones preexistentes que padecía la víctima, activándolas o acelerando su proceso sus consecuencias deben ser soportadas por el responsable; igual solución cabe cuando las secuelas derivan de la acción del evento dañoso sobre una mala conformación genética.

Cuando la lesión cuya reclamación se peticiona es concausada por el evento dañoso, pero reconoce una causa anterior agravada por el hecho en sí, esto debe necesariamente ser merituado al establecer el cuantum indemnizatorio.

Además: Cuando la relación entre el ilícito y la incapacidad de la víctima ha sido interferido por una concausa, que actuando conjuntamente agrava las consecuencias normales, se impone la consideración de la causa ajena al fijar la indemnización que no cubrirá todo el daño.

En caso de que la lesión anterior haya sido agravada por el evento dañoso la indemnización debe darse solo por la agravación o sea el mayor perjuicio que la víctima ha sufrido, porque el daño en sí ya lo tenía. Quien puso la segunda causa, limita su responsabilidad, a la agravación, es decir a la medida del mayor perjuicio.

Aún con la enfermedad que padecía la víctima antes del accidente, tiene derecho al resarcimiento de la lesión, de acuerdo a su estado actual. Aún cuando ya tuviera una incapacidad provocada por su enfermedad, su situación fue agravada, cuando necesitaba encontrarse en mejores condiciones para soportar la evolución de la misma.
Accidente ferroviario, culpa de la víctima, viaje en el estribo
Materia: CIVIL
Carátula: Viera, Mario Rafael. c/ Ferrocarriles Argentinos. s/ Daños y perjuicios.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-28

La ubicación peligrosa asumida sin necesidad por el pasajero que se sitúa cerca de la puerta de ascenso y descenso del vagón, determina la exención de responsabilidad de la empresa ferroviaria al mediar culpa exclusiva del accidentado, de acuerdo con los arts.

1111 y 1113, párr. 2o., in fine, del Código Civil.
Seguros, asegurador, responsabilidad civil, costas
Materia: COMERCIAL
Carátula: MODART  S.A. c/ LA DEFENSA CIA. DE SEGUROS GRALES.  S.A. s/ SEGUROS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-18

La garantía del asegurador comprende el pago de los gastos y costas judiciales y extrajudiciales para resistir la pretensión del tercero.
Prescripción adquisitiva, prueba, pago de tributos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Hernández, Andrés Roberto c/ Paganini y Ferrari, Enriqueta Luisa y otro s/ Posesión veinteañal
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-03-29

El pago más o menos regular de los impuestos o tasas que afecten el inmueble ocupado por quien pretende la usucapión, es demostrativo de su intención de comportarse como dueño.
Adulteración de la numeración de bienes registrables, patente del automotor, bien jurídico protegido, error de prohibición
Materia: PENAL
Carátula: VADALA, Luis A. s/ Causa 27.126
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-21

Siendo el bien jurídico protegido a través de la placa o patente, la identificación exacta de un vehículo, configura el delito de sustitución ilegítima mencionado por el art. 33 del dec.- ley 6582/58, quien coloca en el automotor nuevas chapas patentes con idéntica numeración a las que antes tenía haciéndolo con pleno conocimiento de que esa identificación no era la que legalmente le correspondía llevar. Su conducta, entonces, no se vio afectada por un "error de prohibición", en tanto esa clase de error versa sobre la equivocada suposición de una causa de justificación inexistente (error de prohibición en concreto) o sobre el desconocimiento de la norma respectiva (error de prohibición en abstracto).
Divorcio, divorcio contradictorio, interrupción de la cohabitación, separación de hecho, reconvención, cónyuge inocente
Materia: CIVIL
Carátula: M., L.O. c/ C. de M., E.R. s/ Divorcio Vincular
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-26

La circunstancia de que el cónyuge accionante invoque una causal objetiva para el divorcio -cualquiera de las dos que pueden plantearse en el juicio contradictorio- no obliga a la otra parte a conservar una actitud pasiva, porque al margen de que admita o no la existencia de la ruptura conyugal voluntaria, puede optar también por formular su propia pretensión por vía de reconvención alegando las causales subjetivas del art. 202 del Código Civil.

Específicamente para cuando se invoca la separación de hecho, puede el cónyuge demandado ubicarse en la situación prevista en la segunda parte del art. 204 que otorga la posibilidad de alegar y probar no haber dado causa a la separación, en cuyo caso la sentencia "dejará a salvo los derechos acordados al cónyuge inocente". En la alternativa de alegar y probar que el cese de la convivencia no se debió a su culpa, el cónyuge demandado puede invocar -al igual que en los otros supuestos- algunas de aquellas causales del art. 202 para arribar a una sentencia que determine la culpa en los términos del art. 235, con lo cual se producirá el desplazamiento de la causal objetiva a otra causal para el divorcio que necesariamente debe ser introducida por vía de reconvención. Pero, quien fue demandado por la causal de separación de hecho puede limitarse a alegar y probar su inocencia en la separación, con lo cual bastaría con que la pretensión de resguardar los derechos que le otorga esa situación fuera expresamente introducida en el campo del conocimiento jurisdiccional.

En relación a la pretensión de alegar la propia inocencia, para resguardar adecuadamente el derecho de defensa, la cuestión debería ser planteada igualmente por la vía de reconvención, de modo de correr el pertinente traslado al actor de la imputación de la culpa que dicho planteo involucra, y otorgarle la facultad de contestarla, alegar y ofrecer a su vez la prueba sobre tales aspectos.
Sentencia, voto de los jueces, voto de adhesión
Materia: LABORAL
Carátula: Giachello, Serapio Carmelo c/ Celulosa Argentina S.A. s/ Ley 9688. Art.212, L.C.T.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-05-26

En orden a lo dispuesto por el art. 168 de la Constitución de la Provincia y, a su vez por el art. 44 incs. "c" y "d" de la ley 11.653, en el veredicto, los magistrados que integran el tribunal del trabajo deben pronunciarse sobre los hechos y la decisión a la que se llegue -por unanimidad o mayoria- será la base para que en sentencia tales hechos sean subsumidos en la norma legal correspondiente, declarando conforme a derecho, la procedencia o no de las pretensiones articuladas, también mediante el voto individual de cada uno de los miembros, que integran el tribunal del trabajo.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia condenatoria, prueba, sana crítica racional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BORDA, WALTER DANIEL c/  s/ ROBO SEGUIDO DE MUERTE-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-03-02

Los Magistrados tuvieron en cuenta lo manifestado por los testigos presenciales -fundamentalmente la descripción de la fisonomía de los autores que permitió la realización de un identikit compatible con sus rasgos fisonómicos- y por quien fuera víctima de un robo en circunstancias témporo espaciales similares y con el mismo modus operandi, ponderando asimismo los dichos del padre del justiciable vertidos en diversas oportunidades y la sindicación que hiciera de su hijo como uno de los protagonistas del suceso, explicando por qué la actitud que asumiera con posterioridad no poseía entidad para restarle valor como indicio de cargo a sus primigenias manifestaciones; y más allá de que la defensa pueda compartir o no la justificación esgrimida por la Cámara para confirmar la condena del justiciable, lo cierto es que los reproches de arbitrariedad endilgados se vinculan con las significaciones de los medios de confirmación producidos, es decir, con el grado de convencimiento que cada uno de ellos pueda acarrear y su suficiencia para respaldar el dictado de una condena, pero sin lograr demostrar que la argumentación ensayada por el A quo resultara insuficiente o se apartara de las reglas de la sana crítica racional, de modo de descalificar al fallo como acto jurisdiccional válido.
Jurisdicción y competencia, cuestiones de competencia, inhibitoria
Materia: PROCESAL
Carátula: Coppa, Oscar José s/ su denuncia.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-13

La realización de medidas instructorias con posterioridad al inicio del conflicto implica asumir la competencia que fuera atribuida y una declinatoria efectuada después, importa el inicio de un juicio nuevo. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Tercería de dominio, inscripción registral, registro de la propiedad inmueble, oponibilidad a terceros
Materia: CIVIL
Carátula: POLVERANI Adriano c/ SACIME S.C.A s/ TERCERIA DE DOMINIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-10

La inscripción en el Registro Inmobiliario otorga derecho a los adquirentes de un inmueble para oponer la adquisición a los terceros ajenos a la compraventa; en tanto ello no ocurra, éstos pueden obtener la traba de medidas cautelares sobre el bien por cuanto las constancias registrales indican que el titular del dominio del bien sería aquel que aparece imputado como deudor de las obligaciones invocadas judicialmente por los terceros.-
Facultades del Poder Judicial, control de constitucionalidad, juicio político
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: ESTABILLO, José Arturo c/ Provincia de Tierra del Fuego - Poder Legislativo - Sala Acusadora s/ Contenccioso Administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 1997-11-11

Ha quedado claro que, en mi opinión, no son los criterios doctrinarios y jurisprudenciales los que condicionan o limitan el control judicial de la actividad político institucional de enjuiciamiento de funcionarios. El criterio para establecer la existencia y alcances de tal control emergerá del derecho local, y en él deberá buscarse si existen restricciones a la misión asignada por el constituyente a este Tribunal, cual es la de ser el interprete final de la Constitución y la última garantía de los derechos de la libertad (arts. 153 y 154.1).

Y en esa senda se advierte que el art. 154.2 de la Constitución de la Provincia erige una barrera que veda la revisión judicial de lo actuado en la sede legislativa. Así lo sostuvo este Superior Tribunal al efectuar en el precedente citado por el Fiscal la interpretación del citado artículo. (del voto del Dr. González Godoy)
Recurso de apelación (administrativo), control de legitimidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Angeloni, Nori Irma s/ Recurso de Apelación contra Resolución nº 1273-96 del ISS y S
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-04-07

El recurso jurisdiccional en tratamiento -art. 6 del DLE 1388- es limitado y se satisface en la medida que constituye un control judicial suficiente de la decisión emanada del órgano administrativo -Instituto de Seguridad Social y Seguros- exigencia asegurada en tanto el Tribunal actúa como "de derecho"; decidiendo sobre la correcta aplicación de las normas jurídicas; poseyendo, asimismo, la facultad de revocar o anular aquella decisión, si no fuera suficientemente razonable o se apoyara tan solo en la voluntad arbitraria o caprichosa de los funcionarios, o implicara la denegación de la defensa en juicio; control que podrá ser más extenso o profundo según las modalidades de cada situación jurídica, previo análisis de los aspectos específicos que singularizan la materia litigiosa.
Poder Judicial, Corte Suprema de Justicia de la Nación, Poder Legislativo
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Brieba, Rodolfo Jorge c/ Estado Nacional (Ministerio de Justicia) s/ ORDINARIO - INCONSTITUCIONALIDAD Y COBRO DE HABERES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-28

El ejercicio de la jurisdicción federal se realiza en casos concretos a los fines de la tutela de intereses legítimos de sujetos jurídicos determinados, por lo cual no puede confundirse con el de la función legislativa.