Suspensión del juicio a prueba, acción penal, pérdida del beneficio, oportunidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: C/ CRUBILLER Gustavo Ariel y Malla Flores Daniela Vanesa c/  s/ por lesiones leves y les. en carácter de cómplice (art.89 y art.89/46 C.P.) e/p de Agustina Molina M. s/ Casación"
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2017-06-05

La figura de la probation, conforme lo dispone el artículo 76 bis del Código Penal, implica la posibilidad de que una persona procesada por un delito de acción pública que conlleve amenaza de pena privativa de libertad, cumpliendo ciertas exigencias, pueda lograr la suspensión del proceso, bajo la condición de reparar el daño y someterse a la observancia de determinados recaudos. Es decir, en esencia se trata de la suspensión de la acción penal respecto del imputado que, reuniendo ciertos requisitos legales, se somete a puntuales condiciones fijadas por el juez. Una vez cumplidas las reglas durante el tiempo estipulado, se convierte en una forma de extinción de la acción penal; del mismo modo que si se incumplen las reglas el juicio continúa con su trámite y la acción penal retoma su vigencia. De modo que ciertamente la probation no es la acción penal propiamente dicha. Estos conceptos son los que confunde el recurrente en su planteo, pretendiendo la aplicación de una interpretación doctrinal que resulta claramente extra legal y difícilmente conciliable con lo establecido por los artículos 76 ter, segundo y cuarto párrafo, del Código Penal, 524 y 525 del Código de Procedimiento Penal de la Provincia. El tema planteado por el defensor en la instancia de mérito no se trataba en puridad de una cuestión de sobreseimiento por extinción de la acción penal, sino de la oportunidad o el momento procesal en el cual debe, o puede, decidirse la revocación del beneficio de la suspensión del juicio a prueba. A partir de esta diferenciación, corresponde dejar rotundamente sentado que mientras que la acción penal se encuentre vigente (a la luz de los preceptos dispuestos por los artículos 62 y 67 del C.P.) la pretensión de la defensa (fundada en que debió decretarse el sobreseimiento por prescripción de la acción al no haberse dispuesto la revocación del beneficio de la probation antes del vencimiento del término por el cual fue otorgado) no resulta para nada viable por carecer de toda apoyatura legal. La petición del recurrente significaría instituir -en algunos casos determinados, como sería en el sub examine- una forma de acortar los plazos de prescripción que fija la ley de fondo en su artículo 62 inciso 2º, lo cual resulta inadmisible y denota la sinrazón del planteo. Sin perjuicio de ello, también corresponde aclarar que el término por el cual se concede la probation (de 1 a 3 años, cfr. artículo 76 ter C.P.) -en los supuestos de revocación del beneficio y en los casos en que se materialice con posterioridad al vencimiento del mismo- nunca podrá ser computado como un plazo extendido (a los fines de contar el período de tiempo por el cual la vigencia de la acción se encontró suspendida), producto de la inacción o mora judicial en tomar la decisión revocatoria, sino teniendo como tope máximo el plazo que se fijara en el caso concreto; ya que de lo contrario implicaría un avasallamiento indebido a los derechos del imputado. Con lo que se viene sosteniendo, son totalmente correctos y acertados los fundamentos dados en el fallo que ha sido impugnado; ya que, como lo dice el juez de mérito, resultaría un absurdo afirmar que el beneficio deba revocarse antes de cumplirse el plazo por el que fue otorgado -para que no opere la prescripción de la acción- ya que bien puede durante su transcurso disponerse medidas tendientes a la satisfacción de las cláusulas impuestas, o readecuación de las mismas reglas de conducta, llegando también a resolverse que no se compute como plazo de cumplimiento todo o parte del tiempo transcurrido hasta ese momento.