Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-19


SENTENCIA DEFINITIVA Nº 74191 AUTOS: "CERDAN, GRACIELA GREGORIA C/ INTERACCION ART S.A. S/ ACCIDENTE-ACCIÓN CIVIL" (JUZGADO Nº 77).

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, a los .19..días del mes de junio de 2012, se reúnen los señores jueces de la Sala V, para dictar sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente; y el doctor OSCAR ZAS dijo:

1) La sentencia definitiva de fs. 176/179 ha sido apelada por la demandada y por la actora en los términos de los memoriales obrantes a fs. 182/183 y fs. 187/188. Ambas partes contestaron agravios (v. fs. 190/vta. y fs. 191/vta.). A su vez, los Dres. Víctor E. Gonzalo y Dario H. Palamara -ambos por derecho propio- se quejan porque consideran reducidos los honorarios regulados en su favor (v. fs. 187 vta./188).

2) Cuestiona la ART la fecha a partir de la cual se fijaron los intereses. Afirma que la ley 24.557 no prevé la aplicación de intereses sobre las prestaciones dinerarias sino a partir del momento en que las ART incurran en mora en el pago de las mismas. Señala que, en consecuencia, recién a partir del dictado de la sentencia se encontraría obligada a responder por la incapacidad allí determinada.

Por su parte, la actora se queja porque se fijó como punto de partida de los intereses la fecha del dictamen de la Comisión Médica Jurisdiccional y no la fecha del accidente. Asimismo se agravia porque considera elevados los honorarios regulados a la representación letrada de la demandada. 3) No se encuentra controvertido en autos que la actora sufrió un accidente "in itinere" con fecha 11 de agosto de 2.008 y que el 5 de agosto de 2.009 percibió por parte de la ART la suma de $ 71.968,92 en concepto de prestación dineraria por incapacidad permanente parcial definitiva por un porcentaje del 49,04% .

Del reconocimiento efectuado por la actora en el escrito de inicio y de la documental por ella adjuntada a fs. 108/111 surge que la ART cumplió con su obligación legal -dentro de las pautas que la comisión médica fijó y sin perjuicio de lo se resolvió en la sentencia de grado- en tiempo oportuno en el marco del sistema previsto en la ley 24.557, pues con fecha 5 de agosto de 2009 le abonó a la actora la indemnización por incapacidad laboral permanente parcial definitiva conforme lo previsto en el art. 14 apartado 2 a) de dicha normativa. Ello así, no puede afirmarse a mi juicio que haya incurrido en mora desde el momento del infortunio.

Sin perjuicio de ello, considero que a la actora damnificada no puede negársele el derecho a percibir los intereses que se hayan devengado por la diferencia indemnizatoria fijada en el decisorio de grado desde el momento en que su derecho a ser indemnizada se tornó exigible y que, como tal, corresponde entender aquel en que se produjo la consolidación jurídica del daño. Afirmar que no corresponde la liquidación de ningún tipo de interés o que éstos deben computarse desde la fecha de la sentencia, implicaría convalidar judicialmente la licuación de un crédito de neta naturaleza alimentaria, máxime cuando como en este caso, han transcurrido tres años entre el infortunio y la fecha del dictado de la sentencia de primera instancia.

En casos de aristas similares al presente esta sala resolvió aplicar en forma analógica lo establecido por el art. 7 de la Ley de Riesgos del Trabajo (S.D. Nº 71.376 del 27 de febrero de 2009, in re "Ortiz Rojas, Rufo c/ A.R.T. Interacción S.A. y otro s/ Accidente-Ley Especial", del registro de esta Sala).

.	Por ello, y las peculiares circunstancias del caso, propongo que se confirme la sentencia de la instancia anterior en cuanto establece que el monto de condena generará intereses desde el 2/7/2009 fecha en la cual la Comisión Médica fijó la incapacidad laboral permanente en un porcentaje inferior al determinado en la sentencia de grado (v. fs. 110).

En consecuencia, propicio se confirme lo decidido en origen.

4) Teniendo en cuenta la naturaleza, alcance, tiempo, calidad y re-sultado de la tarea realizada, y el valor económico del litigio, estimo que los honorarios regulados al patrocinio y representación letrada de la parte demandada no son elevados y los correspondientes a la representación letrada de la parte actora no lucen reducidos (cfr. art. 38 L.O., 6, 7, 9, 19, 37 y 39 de la ley 21.839).

5) En atención al resultado obtenido en esta instancia, corresponde declarar las costas de alzada en el orden causado (cfr. art. 68, 2do. párrafo CPCCN) y regular a los letrados firmantes de los escritos de fs. 182/182-191/vta. y fs. 187/188-190/vta., por su actuación en la alzada, el 25% de lo que a cada uno le corresponda percibir por la labor desplegada en primera instancia (cfr. art. 14, ley 21.839).

EL DOCTOR ENRIQUE NESTOR ARIAS GIBERT dijo:

La LRT no contiene previsión alguna respecto de los intereses. Pero la inexistencia de una disposición específica en modo alguno importa negar la existencia de la obligación. Las normas no son ínsulas aisladas, el orden jurídico forma un continuum de tal modo que no resulta admisible como postulado de la razón jurídica la existencia de lagunas del derecho. Admitido por la apelante que celebró un contrato con el empleador con estipulaciones condicionales (la existencia de un siniestro) a favor de un tercero (los trabajadores), las obligaciones que de él resultan se rigen por la norma del artículo 504 del Código Civil. Por tanto, al inejecutarse la obligación contractual en su debido tiempo (con absoluta prescindencia del factor subjetivo ya que no se debe por culpa sino por el título mismo que emerge del acto jurídico) corresponde aplicar intereses conforme lo establece el artículo 519 del Código Civil sin que sea necesario acudir a analogía alguna. Por tanto este aspecto de la sentencia también debe ser confirmado, ya que el momento de la ejecución debido fue el momento en que la comisión médica debió haber determinado de modo adecuado la incapacidad. En la medida que la determinación de la incapacidad fue deficiente por parte de la comisión médica, ello no importa el cumplimiento de la obligación. No obstante lo cual, en la medida que ello constituye el hecho de un tercero por el que no debe responder en los términos del artículo 514 del Código Civil pues la determinación fue realizada ante la SRT y no por una comisión médica dependiente de la ART, con lo que la conclusión habría variado.

Por este motivo adhiero al voto que antecede.

En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL RESUELVE: Confirmar la sentencia de primera instancia en todo lo que ha sido materia de recursos y agravios; 2) Costas y honorarios de alzada conforme lo propuesto en el apartado 5 del primer voto de este acuerdo; Reg., not y dev. Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mí, que doy fe.. Conste que la Sra. juez Dra. María C. García Margalejo no vota en virtud del art. 125 de la ley 18345.

MMV Oscar Zas Enrique N. Arias Gibert Juez de Cámara Juez de Cámara