Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-27


2º Instancia. - Buenos Aires, septiembre 27 de 2007.

La doctora M. I. Garzón de Conte Grand dijo:

1º) Que a fs. 131/133, la Sra. juez de primera instancia desestimó la excepción de inhabilidad de título articulada por la Empresa Distribuidora La Plata S.A. (EDELAP S.A.) y, consiguientemente, mandó llevar adelante la ejecución promovida en su contra hasta hacerse íntegro pago al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (E.N.R.E.) de la suma de $ 936.738, los intereses y las costas del juicio.

Contra tal pronunciamiento, la ejecutada interpuso el recurso de apelación a fs. 136. A fs. 151/155vta. presentó el pertinente memorial, cuyo traslado no fue contestado por la contraria.

2º) La recurrente se agravia del rechazo de la excepción planteada.

Sostiene que "... agravia a mi parte que el 'a quo' haya validado una eventual ejecución fiscal sobre la base de considerar que el título acompañado por la actora al promover la presente acción, es de los previstos por el art. 523 inc. 1ro. del Código Procesal" (sic).

Argumenta que "... de la enumeración contenida en el art. 979 del Código Civil, solo interesa a los efectos del estudio del título ejecutivo los mencionados en los incs. 1, 2, 4, y 5, es decir de las escrituras públicas, las actuaciones judiciales y las cuentas sacadas de los libros fiscales" (sic), y que "... ninguno de los instrumentos públicos mencionados en el párrafo anterior coinciden con el traído a autos por la actora para sustentar la ejecución, ya que no se trata de una escritura pública, ni de una actuación notarial o cuenta de libro fiscal" (sic), y que "... consecuentemente, el objetable certificado de deuda que presenta la accionante, agregado a fs. 49, no trae aparejada por sí ejecución" (sic).

Aduce que "... por más que el art. 604 establezca que procede la ejecución fiscal cuando se persiga el pago de multas adeudadas a la Administración, la ratio de dicho artículo necesita alguna otra previsión normativa dentro de dicho código de la cual se pudiera establecer en el caso de autos que se encuentra el título con el cual el ENRE pretende esta ejecución" (sic), que de lo contrario no tendría pues ningún sentido lo establecido por las leyes mencionadas en el escrito de oposición de excepciones, a favor de determinadas personas públicas" (sic), y que "... la fuerza ejecutiva del título del ENRE (que como fuera expuesto no se encuentra incluido en el art. 523 del CPCCN), tiene que emanar de una ley" (sic).

Esgrime que el ENRE, así como los otros organismos, "... necesita de una disposición específica de una ley y no de una norma genérica del código prevista para otros supuestos..., prueba de ello es la redacción del art. 69 de la ley 24.065 que estatuye específicamente la vía ejecutiva para el cobro de la tasa de fiscalización del ENRE establecida por esta misma ley" (sic).

3º) La recurrente sostiene que la deuda de autos no puede ser reclamada por la vía de un proceso de ejecución, ya que considera que no existe ley específica alguna que lo permita.

Que, a mi juicio, el argumento de la apelante no puede prosperar.

Ello, por cuanto, contrariamente a lo alegado, en el sub lite la vía ejecutiva se encuentra amparada en la norma contenida en el artículo 604 del C.P.C.C.N.

En efecto, dicho artículo establece: "Procederá la ejecución fiscal cuando se persiga el cobro de impuestos, patentes, tasas, retribuciones de servicios o mejoras, multas adeudadas a la administración pública, aportes y contribuciones al sistema nacional de previsión social y en los demás casos que las leyes establecen".

Tal es el caso sub examine, en que se persigue el cobro de la multa administrativa impuesta por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad, mediante la resolución ENRE nº 245/00.

La facultad del E.N.R.E. de aplicar este tipo de sanción, surge de la ley 24.065 (Cap. XV) y la fuerza ejecutiva de la resolución que la impone constituye una aplicación del principio sentado por el art. 12 de L.N.P.A.

4º) Cabe aclarar, en punto a la procedencia de la vía de apremio en el caso sub examine, que la norma contenida en el art. 604 del C.P.C.C.N. resulta suficiente para legitimarla, resultando innecesaria la existencia de otra norma legal para ello.

En efecto, se ha sostenido que:

"No es necesario una ley específica que establezca la admisibilidad de la vía ejecutiva para el cobro judicial de una multa ya que para considerar derogado el principio general consagrado en el art. 604 del C.P.C.C.N. se requiere de una disposición legal equívoca al respecto o que medie una clara incompatibilidad normativa" (cfr. Sala V in re "ENRE - Resol 237/02 c/EDELAP S.A. s/Proceso de Ejecución", expte. 12.293/04, del 21/11/06);

"De la Sección 4, Capítulo 2, Título 3, Libro Tercero del Código Procesal se infiere con meridiana claridad que las previsiones allí contenidas revisten carácter general, resultando de aplicación en todos aquellos supuestos en los que no existe una norma específica en la que se establezca un procedimiento de ejecución particular. Ello surge también evidente de la exposición de motivos del proyecto de código, en tanto allí se sostuvo que, respecto de la ejecución fiscal, las disposiciones del Proyecto serán aplicables siempre que no contraríen las leyes fiscales" (cfr. Sala IV in re "ENRE-Resol 178/02 c/Empresa Distribuidora La Plata s/proceso de ejecución", expte. Nº 46.658/03, del 3/02/05).

"El art. 604 del C.P.C.C.N. establece, entre otros supuestos, que procederá la ejecución fiscal cuando se persiga el cobro de multas adeudadas a la administración pública. Y, para el caso de perseguirse el cobro de tales multas, entre otros supuestos, que la forma del título y su fuerza ejecutiva sean las determinadas por la legislación fiscal, no puede significar que tales títulos deban ser creados por una ley formal fiscal especial, pues ya se encuentran contemplados expresamente por el mencionado art. 604, es decir, por el propio Código Procesal" (cfr. Sala I in re "ENRE - Resol 108/02 c/Empresa Distribuidora La Plata SA s/Proceso de Ejecución", expte. 18.542/03, del 12/5/05).

5º) Afirma la ejecutada, por otra parte, que no existe una norma específica que contemple el título ejecutivo que luce a fs. 49.

Sin embargo, el certificado de deuda que sirve de base a la presente ejecución, constituye un título que se encuentra expresamente enumerado por el art. 523, inc. 1º del C.P.C.C.N., toda vez que en un documento expedido por un funcionario público, el Presidente del ENRE, que participa, por tanto, de la naturaleza de los instrumentos públicos (conf. art. 979, inc. 2º del Código Civil).

Conforme señala Norberto José Novellino, resultan instrumentos públicos "las actuaciones administrativas; pero para constituirse en títulos ejecutivos deben acreditar una deuda de dinero exigible y líquida o fácilmente liquidable ("Ejecución de títulos ejecutivos y ejecuciones especiales", Ed. La Rocca, Buenos Aires, 1993, págs. 52 y 53), tal como acontece con el instrumento que luce a fs. 49 (cfr. en el mismo sentido, esta Sala in re "E.N.R.E. c/EDESUR S.A. s/proceso de ejecución", expte. 26.436/96, del 24/9/98, Sala IV in re "ENRE-Resol 178/02 c/Empresa Distribuidora La Plata s/proceso de ejecución", expte. 46.658/03 del 3/2/05).

5º) Por las razones apuntadas, corresponde desestimar la apelación deducida y confirmar la sentencia apelada. Sin costas de esta instancia a favor de la ejecutante, toda vez que no contestó el traslado del memorial. ASI VOTO.

La doctora Marta Herrera dijo:

I.- Que me remito al relato de los hechos realizado en el voto que antecede. Sin embargo disiento con la solución a la que arriba mi colega preopinante.

II.- Que el recurrente se agravia del rechazo por el Juez "a quo" de las defensas opuestas a la prosecución de la acción.

Manifiesta en su respaldo que, ninguno de los instrumentos mencionados en el art. 979 del Código Civil coincide con el traído a las presentes actuaciones por la actora para sustentar su ejecución, ya que no se trata de una escritura pública, ni de una actuación notarial o cuenta de libro fiscal, por lo que el certificado de deuda presentado por la accionante no trae aparejada por sí ejecución.

Agregó, que tampoco se ha cumplido con la previsión del art. 595 del Código Procesal, toda vez que al no tratarse de uno de los títulos enumerados por el art. 523 de dicho código, ni existir una ley específica que autorice la ejecución en base al certificado presentado por el ENRE, no se configura el presupuesto necesario establecido por el art. 595 de la ley de rito.

III.- Desde ya debo adelantar que asiste razón al recurrente, siendo improcedente la vía intentada para la ejecución de la multa impuesta por el E.N.R.E a la empresa distribuidora La Plata S.A., a través de la Resolución 245/00.

IV.- El E.N.R.E. es un ente autárquico perteneciente a la Administración Pública descentralizada, creado por ley 24.065 -Marco Regulatorio Eléctrico-.

Las competencias atribuidas a dicho órgano se rigen por el principio de especialidad, el cual dispone que su ámbito de actuación se encuentra previamente acotado por la norma y no puede ser extendido por la mera voluntad del agente público.

V.- Asimismo, para el ejercicio de dicha competencia el ordenamiento jurídico deposita en cabeza del órgano administrativo prerrogativas y potestades las que encuentran su límite en el propio cuerpo normativo.

Toda potestad produce una modificación o cambio que repercute sobre los particulares y en la medida que pueda generar cargas, obligaciones o, en general, actos de gravamen requiere, como fundamento de la competencia habilitante, la existencia de una norma expresa de atribución (Juan Carlos Cassagne "Tratado de Derecho Administrativo", tomo II, pág. 499, 5º Edición Abeledo Perrot).

VI.- En este orden de ideas, cabe analizar si efectivamente el marco regulatorio eléctrico le ha atribuido facultades suficientes al órgano directivo del ente regulador, para que emita certificados de deuda en pos de ejecutar las multas que se le impongan a las empresas distribuidoras frente a incumplimientos contractuales.

En cuanto al punto he de pronunciarme en forma negativa.

VII.- Ello por cuanto, el marco regulatorio eléctrico establece taxativamente los supuestos donde se autoriza la emisión de certificados de deuda a fin de habilitar el procedimiento ejecutivo.

El primero de ellos, se encuentra contenido en el art. 67 de dicho cuerpo legal y se refiere al específico supuesto de mora por falta de pago de la tasa de fiscalización y control, ejecución que estará a cargo del propio ENRE ante los tribunales en lo civil y comercial federal.

El segundo supuesto, ajeno a las funciones del ente regulador, se refiere a la falta de pago del suministro de energía eléctrica a usuarios finales y/o del precio de venta de dicha energía en bloque y habilita a la empresa que deba percibir dichas sumas a entablar demanda ejecutiva, siendo título hábil la constancia de deuda que determine la reglamentación (conf. art. 84 de la ley 24.065).

VIII.- Por lo expuesto se puede concluir que, ni la ley 24.065, ni su decreto reglamentario, habilitan al ente a perseguir el cobro de la multa de marras a través de la vía ejecutiva, mientras que, de acuerdo al principio de especialidad, sí especifican en qué supuestos procedería la ejecución por dicha vía.

IX.- Tampoco bastaría fundar la procedencia de la acción ejecutiva en lo dispuesto por el art. 604 del C.P.C.C.N -procedencia de las ejecuciones fiscales para el cobro de las multas que imponga la administración pública- dado que la fuerza ejecutiva del título debe provenir de una ley fiscal especial y no de las prescripciones genéricas del artículo citado.

Son muchos los supuestos que avalan lo expuesto. A modo de ejemplo, el B.C.R.A encuentra expresamente contemplada la potestad de perseguir el cobro de las multas por la vía ejecutiva en el art. 41, inc. 3 de la ley 21.526. La Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano tiene habilitada la vía del apremio taxativamente en el art. 16 del Dec. 674/89, modificado por Decreto 776/92; mientras que en el caso del Instituto Nacional de Cinematografía, la boleta de deuda debe ser expedida en los términos del art. 27 de la ley 20.170.

X.- Cabe recordar que, la acción ejecutiva tiene como fundamento el título ejecutivo y éste es el que determina los límites de aquélla: nulla executio sin titulo (Roland Arazi y Jorge A. Rojas, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Comentado, Anotado y Concordado", Tomo II, Pág. 671, Ed. Rubinzal Culzoni Editores).

En consecuencia, si la ley 24.065 y su reglamentación no autorizan expresamente al E.N.R.E. a emitir certificados de deuda para el cobro de las multas que se le impongan a las empresas generadoras, transportadoras y/o distribuidoras de energía por incumplimientos contractuales, no nos encontramos ante un título ejecutivo que se baste a sí mismo, por lo que resulta improcedente la reclamación de dichas deudas por la excepcional vía de la acción ejecutiva, en donde se encuentra severamente limitado el derecho de defensa del ejecutado.

XI.- Por todo lo expuesto, se hace lugar a la apelación interpuesta por la recurrente, con costas por su orden, en ambas instancias, en razón de la existencia de precedentes judiciales que resuelven la cuestión de manera distinta (art. 68, 2º parte, del C.P.C.C.N). ASI VOTO.

El doctor Pablo Gallegos Fedriani dijo:

Adhiero al voto de la doctora María Inés Garzón de Conte Grand.

Por lo expuesto, el Tribunal por mayoría resuelve: rechazar la apelación deducida por la ejecutada y confirmar la sentencia apelada. Sin costas de esta instancia a favor de la ejecutante, toda vez que no contestó el traslado del memorial.

Regístrese, notifíquese, hágase saber la vigencia de la Acordada C.S.J.N. 4/07. Oportunamente, devuélvase. -M. I. Garzón de Conte Grand. -Marta Herrera. -Pablo Gallegos Fedriani.