Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL Y CONTENCIOSO ADMINIST.
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2013-02-27


SENTENCIA NÚMERO: 15 San Francisco, veintisiete de febrero de dos mil trece. La Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo con sede en esta ciudad, asiento de la Quinta Circunscripción Judicial, integrada por los Señores Vocales Dres. Mario Claudio Perrachione y Analía Griboff de Imahorn, con la presidencia del primero de los nombrados, procede en audiencia pública en la forma que da cuenta el acta levantada al efecto por separado, a dictar sentencia en estos autos caratulados: "FARIAS NORMA DEL VALLE C/ TRUCCO EDUARDO- EJECUTIVO" (Expte. Nº 380488, Letra "F", Nº 23, del treinta y uno de julio de dos mil doce, Secretaría única); venidos del Juzgado de Primera Instancia y Primera Nominación Civil y Comercial, Secretaría Nº 2, a cargo de la Dra. Claudia Giletta con asiento en esta ciudad, por concesión al demandado del recurso de apelación que interpusiera a fs. 112, en contra de la Sentencia Número Cincuenta y nueve de fecha veintiuno de junio de dos mil doce, cuya copia corre agregada a fs. 106/110 v. de autos, en la que el Señor Juez titular resolvió: " 1º) Rechazar las excepciones de inhabilidad y falsedad de título opuestas por el demandado, y en consecuencia, mandar llevar adelante la ejecución promovida por la señora Norma del Valle Farías en contra del señor Eduardo Trucco, hasta el completo pago de la suma de dólares estadounidenses cinco mil doscientos diecinueve con veinte centavos, con más los intereses indicados en el Considerando III, o su equivalente en pesos a la cotización del Banco de la Nación Argentina, tipo vendedor, del día de pago. 2º) Imponer las costas a los vencidos, a cuyo fin se regulan los honorarios del Dr. Guillermo R. Biazzi en la suma de pesos XXX; los del Dr. Francisco Luis Rébola en la suma de Pesos XXX, y los del perito calígrafo, señor Hugo Antonio Fernández en la suma de Pesos XXX. Protocolícese, hágase saber y dése copia. Fdo. VICTOR HUGO PEIRETTI: Juez".- Que firme el decreto de autos, los señores vocales reciben los actuados conforme lo determina el art. 379 CPC, según acta labrada por separado y, concluido, pasan los autos al acuerdo fijándose las siguientes cuestiones a resolver:

PRIMERA CUESTION: ¿Es procedente el recurso de apelación intentado? SEGUNDA CUESTION: ¿Qué pronunciamiento corresponde en definitiva? Los señores Vocales emiten sus votos en el siguiente orden: Dra. Analía Griboff de Imahorn y Dr. Mario Claudio Perrachione, los que son leídos por Secretaría.- A LA PRIMERA CUESTION LA SEÑORA VOCAL DRA. ANALIA GRIBOFF DE IMAHORN, DIJO: I) El caso: La actora, Norma del Valle Farías, con el patrocinio letrado del Dr. Guillermo Biazzi, promueve acción ejecutiva en contra de Eduardo Trucco, persiguiendo el cobro de la suma de dólares estadounidenses siete mil quinientos (U$S 7.500.-), con más intereses y costas, deuda fundada en un pagaré librado por el demandado a favor de la Sra. Elena Delia Ayet de Farías y del cual la misma es tenedora en virtud de la cadena de endosos. Dice que el pagaré fue emitido el día siete de febrero de dos mil tres y su vencimiento se ha producido el día quince de agosto de dos mil cuatro, llevando inserta la cláusula "sin protesto" y fijándose como lugar de pago la ciudad de San Francisco. Sostiene que a pesar de las gestiones extrajudiciales realizadas para obtener el pago de la deuda, el deudor no ha dado cumplimiento a la misma. Funda su derecho y pide se haga lugar a la demanda, mandando llevar adelante la ejecución en contra del demandado, hasta el completo pago del capital, con más intereses y costas. Más tarde, previa citación de comparendo y remate al accionado, la actora modifica la demanda señalando que con posterioridad a su promoción el demandado ha iniciado ejecución de sentencia en los autos caratulados "Farías Norma del Valle c/ Eduardo Trucco- Divorcio Vincular", que se encuentran tramitando en la Cámara de Apelaciones de la Sede, pretendiendo cobrarle un crédito por la suma de Pesos diez mil quinientos, con fecha de pago establecida para el día diecinueve de junio de dos mil seis. Frente a esa situación y siendo ella titular de un crédito anterior y mayor, al que reclama el demandado, ha opuesto excepción de compensación en los autos referidos, utilizando para tal fin el importe necesario para cubrir aquel crédito. La excepción de compensación fue rechazada en primera instancia y se interpuso recurso de apelación por ante la Excma. Cámara de la Sede. En razón de ello, plantea la modificación del monto demandado en el presente juicio, reclamando el remanente impago de dólares estadounidenses Cinco mil doscientos diecinueve con veinte centavos (U$S 5.219,20.-) y sus intereses, a contar desde el diecinueve de junio de dos mil seis y las costas. Señala que para el supuesto de mantenerse en el juicio de divorcio el rechazo de la excepción de compensación, la presente demanda volverá a su monto originario de dólares estadounidenses siete mil quinientos.

Por su parte, el demandado Eduardo Trucco comparece y opone excepciones de falsedad de inhabilidad de título, señalando que el título traído a juicio contiene una falsedad ideológica ya que afirma que nunca libró ese pagaré a favor de su suegra y también falsedad propiamente dicha, es decir habría sido adulterado y falsificado, porque sostiene que la fecha de vencimiento era otra y la adulteraron, completando las demás cláusulas que se encontraban en blanco, fecha de creación, de vencimiento y lugar de pago. Niega además que la firma inserta en el pagaré le pertenezca y pide se haga lugar a las excepciones y el rechazo de la ejecución, con costas.

La ejecutante contesta las excepciones, niega los hechos aducidos y dice que el demandado libró el pagaré. Respecto de la negativa de firma pide se le apliquen los apercibimientos del art. 83 del C.P.C.C. Niega que el documento haya sido completado con posterioridad, pero aun si así fuera, dice que la ley autoriza el llenado de un documento en blanco, no siendo posible discutir la causa del título dada su literalidad y autonomía (art. 11 dec. 5965/63). Pide el rechazo de las excepciones planteadas, con costas.

II) El fallo: Rechazó las excepciones de inhabilidad y falsedad de título opuestas por el ejecutado Eduardo Trucco; y por ende mandó a llevar adelante la ejecución en su contra, por la suma de dólares estadounidenses Cinco mil doscientos diecinueve con veinte centavos (U$S 5.219,20.-) y sus intereses, e impuso las costas al demandado vencido.

III) Los agravios: 1) El demandado apelante los expresa a fs. 122/126 v.. Sostiene que se agravia del rechazo de las excepciones de inhabilidad y falsedad de título planteadas, ello así debido a que el a quo reconoce en el decisorio en crisis que la pericia caligráfica ha determinado que bajo la fecha de vencimiento número 15/08/04 se encuentra el número 12/7/99 y que el importe 7.500, obrante en el título, presenta el primer número, es decir el siete, más presionado que los siguientes y en un tono de tinta azul más denso que los siguientes números, no obstante ello, concluye sin analizar el caso particular, que las alteraciones que ha sufrido el pagaré no resultan idóneas para sustentar las excepciones de falsedad e inhabilidad de título. Se agravia de que el a quo se expide sobre la alteración de la fecha de vencimiento y nada dijo sobre la evidente alteración del número siete, que a criterio del apelante se trata de un número agregado que quien lo puso quería asegurarse de su existencia y de allí con un tono más denso, es decir distinto al de los números que le siguen y en un momento escritural distinto. Afirma que ninguna de estas alteraciones fueron salvadas en el título y que seguramente fueron hechas con posterioridad a la firma del librador y contrariando acuerdos y voluntades de las partes. Realiza una cita textual de un fallo del mismo sentenciante -sin mencionar su fecha y parte resolutiva-, en el que alude a que la alteración del pagaré a que hace referencia la ley debe entenderse en sentido amplio y señala que entre la cita efectuada y lo manifestado en el decisorio impugnado por el presente, existe una contradicción. Indica que las dos alteraciones mencionadas invalidan el pagaré en cuanto tal (fecha de vencimiento y cantidad) y por ello no se puede decir que en los procesos ejecutivos no se puedan ventilar cuestiones referidas a la causa, que la responsabilidad subsista a pesar del llenado abusivo, pues la indagación de la verdad real debe primar en una sentencia que se precie de justa. No está de acuerdo el apelante con que la fecha superior no integre el cuerpo del pagaré y considera que viola su derecho de defensa -habiendo logrado probarlo mediante una pericia no impugnada-, que haya existido otra fecha de vencimiento del pagaré y que ésta haya sido cambiada contrariando la voluntad de las partes. Sostiene que de acuerdo a la fecha primigenia el pagaré se encontraba prescripto al momento de su presentación para el cobro, como lo solicitó oportunamente. Sostiene que la alteración de los elementos esenciales señalados son el ataque a requisitos formales y esenciales del pagaré configurándose una presunción a favor del demandado con lo que el actor debió haber desvirtuado esa presunción y nada hizo (art. 88 Dec. Ley 5965/63) por lo que debe acarrear con las consecuencias. Cita un fallo en su apoyo y pide se haga lugar a la apelación planteada, con costas.

El ejecutado a fs. 128/130, por intermedio de su apoderado, contesta el traslado de esa expresión de agravios y solicita su rechazo con costas.- IV) La solución: 1) Que ingresando al tratamiento de los agravios planteados en contra de la resolución opugnada, es preciso señalar que expuesta precedentemente la plataforma fáctica y jurídica del recurso en tratamiento desde la óptica del art. 361 del Cód. Procesal, ley 8465 se adelanta que el mismo no puede prosperar, pues si bien resulta tanto la alteración de los números obrantes en la parte superior del título -correspondientes a la fecha de vencimiento, como la mayor presión sobre el número siete-, evidentes -conforme los resultados del acto pericial de fs. 80/87-, para que ellas constituyan una modificación del texto originario deben resultar "ostensibles", en cuyo caso la carga de la prueba en relación a lo prescripto por el art. 88 del dec.-ley 5965/63, segundo estamento, al decir de Zavala Rodríguez en su obra "Código de Comercio Comentado", IV, p. 728, será del acreedor quien deberá probar que el obligado puso su firma cuando en la letra constaba tal alteración, o que habiéndola puesto antes, prestó aquiescencia a la modificación. Pero lo "ostensible" debe referirse a la alteración del requisito esencial en su integración para que no valga como pagaré de conformidad con el art. 102 del dec.-ley. Y para que haya modificación o adulteración del texto cambial y por ende modificación en sus formas exteriores, la misma debe ser "íntegra" -referida esta característica a la fecha de vencimiento- conjugada con el principio de literalidad; porque en la relación cambiaria se responde en el límite de lo escrito. De modo que si la fecha de "libramiento" corresponde escrito al año 2004, coincidente con la fecha escrita en letras de "vencimiento" del mismo año 2004 (ver fotocopia del título de fs. 1), no se da -por esta similitud-, la característica de "ostensible", pues cada elemento esencial que compone el pagaré constituye un compartimiento estanco, tal como lo enseña Gómez Leo en su obra "La letra de cambio y el pagaré", p. 203, cuando afirma que: "...teniendo en cuenta el principio dogmático del derecho cambiario de la autonomía e independencia de cada obligación cambiaria que se ha documentado en el papel de comercio, forman una suerte de compartimientos estancos, otorgando existencia propia y sustantiva a cada acto cambiario extendido en el título" (Confr. Cámara en lo Civil y Comercial, del Trabajo y Familia de Cruz del Eje, autos "Martín de Decara, María E. c. Zilio, Abel H., 13/02/1998, La Ley Online, Cita online: AR/JUR/3248/1998). Contrario a lo que afirma el apelante, de los propios términos de su expresión de agravios, a fs. 123 v., reconoce que las cláusulas del título se hallaban en blanco y fueron llenadas por la actora, a lo que se suma que el perito señala a fs. 84 in fine en su dictamen que ".se ha comprobado numerales en lápiz grafito debajo de la actual y aparente fecha de vencimiento en números.". Cabe mencionar que comparto con el sentenciante en considerar que las escrituras en lápiz que integran o integraron el título de crédito deben ser desatendidas, pues el grafito no es medio idóneo para asentar una declaración cambiaria.

En virtud de ello, y en tanto se ha determinado que firma pertenece al demandado y que la propia ejecutante admitió haber procedido a completar el pagaré, no cabe más que concluir que nos encontramos con un título otorgado originariamente y parcialmente en blanco. En relación a los documentos firmados en blanco, el art. 11 del Decr. ley 5965/63, admite la validez de los mismos, y establece a favor del portador la facultad de completarlos en el plazo de tres años. La entrega del mismo significa que se reconoce en el beneficiario la autorización para completarlo. Si este eventualmente lo llena violentando la convención que le dio origen y abusando la confianza en él depositada, podrá ello constituir una falsedad ideológica. (Cam. Nac. de Com., Sala B, 5.08.1985, "Sciarrillo, Jorge c/ Rodríguez Fontela, Gustavo s/ Ejec."). Es decir, la integración del título debe ser efectuada de conformidad con los acuerdos celebrados entre el emisor y el tomador y, en su defecto, de conformidad con la causa de emisión (Ignacio A. Escuti, "Títulos de Crédito", Ed. Astrea, 8° Edición, 2004, pág. 74). En el caso de no respetarse la causa de emisión o de producirse la inobservancia de las modalidades pactadas, nos encontramos frente al abuso de firma en blanco. El ejecutado plantea que la fecha de pago fue adulterada, sin embargo, el estudio de la causa de la obligación se encuentra vedada en este tipo de trámites, en virtud del estrecho marco cognoscitivo que le es propio. Por lo tanto al reunir los requisitos que condicionan su fuerza ejecutiva, tampoco está en juego su idoneidad jurídica, resultando por ello, también un título hábil. Al no ser ostensible en el caso concreto, la alteración con el sentido de integralidad referido a la fecha de vencimiento como requisito esencial, si se admitiese que el librador alegó que el llenado -alteración- se ha hecho contrariando lo convenido, sería de su cargo la producción de la prueba fehaciente de su aseveración, cosa que no ocurre en autos. Resalto que esta situación en principio resulta imposible de admitir dentro del proceso de ejecución, porque la falsedad invocable como excepción, debe ser tal, y referirse a lo puramente externo en las condiciones apuntadas supra, porque si estamos frente a una situación fáctica de no adecuación de lo escrito a lo querido por las partes, la misma configuraría una falsedad ideológica, fundada en relaciones extracartulares, entre librador y acreedor no susceptible de ser discutida en la ejecución, pues contra la acción cambiaria sabido es que sólo se pueden oponer excepciones cambiarias y no otras que refieren a la causa, que no se pierden pero que deben hacerse valer en juicio ordinario. Debe pues sostenerse la completividad del título pagaré de fs. 1 desde el punto de vista cambiario, resultando por ello procedente el despacho de la ejecución, y consecuentemente el rechazo de la apelación, porque el llenado posterior (en el hipotético caso de haberse probado), es permitido por la normativa cambiaria (arts. 11 y 103 del Dec. ley 5965/63); y la violación de los acuerdos relativos a dicho llenado es insusceptible de ser ventilada en el juicio ejecutivo.

En este sentido este mismo Tribunal, con distinta integración, en la Sentencia N° 56 de fecha 30/08/07, dictada en los autos "Cabrera Jaime Ramón c/ Claudio R. Maggi y otro - Ordinario" y "Gómez, Pedro José c/ Ferrero Aldo Francisco- Ejecutivo", Sentencia Nº 35 de fecha 08/05/2012, dijo: "En la práctica de los negocios es bastante frecuente el otorgamiento de documentos firmados en blanco. Esta costumbre implica riesgos para el firmante que, por lo común, debe tener cuidado de hacerlo sólo con personas que le merezcan la mayor confianza" (Borda, Guillermo A., "Tratado de Derecho Civil - Parte General", T. II, Ed. Perrot, Bs. As., 1976, p. 184). "En principio, de conformidad a lo dispuesto por el art. 1016 Cód. Civ., la firma dada en blanco es perfectamente lícita." (Ibídem) [.] El art. 549, segundo párrafo del CPC, siguiendo al art. 544, inc. 4 del CPC de la Nación, prohíbe que en el ámbito de conocimiento limitado del "juicio ejecutivo", por vía de las excepciones de "inhabilidad", "falsedad" o "pago", se discuta la causa de la obligación. El carácter "ejecutivo" o "declarativo" de un procedimiento es una cuestión de política legislativa. En nuestro caso, el legislador se inclinó por establecer un proceso de "conocimiento sumario", reduciendo la estructura e instrucción del mismo, a los efectos de lograr que la sentencia de remate sea dictada prontamente (Cfr. Perrachione, Mario C., "Estudio sustantivo y procesal de la discusión causal en pretensiones cambiarias", Foro de Córdoba, N° 65, ps. 51 y ss.). Esta urgencia que subyace en todos los procedimientos "sumarios", como lo es el "juicio ejecutivo" se conoce en el campo procesal con el nombre de "inmediatez"; siendo otra característica no menos sustancial de tales procedimientos, la "mutabilidad" de la sentencia que se dicta en ellos. La mutabilidad obedece a que como los procedimientos sumarios implican una quiebra de la igualdad de los objetos ante la jurisdicción y de los sujetos titulares ante la ley, tales objetos son tratados procesalmente con menos garantías (por ejemplo, en el procedimiento ejecutivo existe limitación de excepciones); por lo que, de acuerdo a la regla de proporción entre estructura del proceso y eficacia de la sentencia, esta última es menor que en los procesos ordinarios en cuanto a su subsistencia o estabilidad; es decir que dicha sentencia, por regla general, no es inmutable. Este efecto se conoce doctrinariamente bajo la expresióexpresión de que la "sentencia de remate" dictada en el procedimiento ejecutivo, no pasa en autoridad de cosa juzgada material sino formal (art. 557 C.P.C.C.) (Ibídem, p. 57). En este sentido la Corte Suprema ha expresado que la excepción de inhabilidad, no debe subvertir el orden el proceso, permitiendo la investigación en forma indirecta de la causa de la obligación (C.S.J.N., 10-08-04, autos: "Rolyfar S.A. c. Confecciones Poza S.A.", Suplemento Especial de la Revista La Ley, "Sociedades Comerciales", diciembre 2004, p. 157 y ss., con nota de Rojas, Jorge A., "La sociedad extranjera y el debido proceso". Este autor analiza la razonabilidad y legalidad que tiene el "juicio ejecutivo" en nuestro sistema jurídico).

En definitiva, la pretensión contenida en la demanda tiene como "causa petendi" la fuerza ejecutiva derivada del pagaré cuya copia obra a fs. 1, el cual cumple con los requisitos establecidos por el Decreto-Ley 5965/63, para ser considerado título ejecutivo.

Del modo expuesto vota por la negativa.

A LA PRIMERA CUESTION PROPUESTA EL SR. VOCAL DR. MARIO CLAUDIO PERRACHIONE, DIJO: Que se adhiere al voto emitido por la Sra. Vocal de primer voto (art. 382 CPC). Así me pronuncio.

A LA SEGUNDA CUESTION PROPUESTA LA SRA. VOCAL DRA. ANALÍA GRIBOFF DE IMAHORN, DIJO: A mérito de las conclusiones contenidas en los votos precedentes, el Tribunal deberá dictar el siguiente pronunciamiento: I. Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el demandado en contra de la Sentencia Número Cincuenta y nueve de fecha veintiuno de junio de dos mil doce, cuya copia corre agregada a fs. 106/110 v. de autos (arts. 361, 362, Cód. Procesal; 7º, 88 y 102, dec.-ley 5965/63) y en consecuencia se la confirme en todos sus términos. II. Se impongan las costas en la alzada al demandado apelante atento el hecho de la derrota por aplicación del principio del vencimiento objetivo que consagra el al. 130 del Cód. Procesal. Los honorarios de los letrados intervinientes deberán calcularse en el cuarenta por ciento (40%) del punto medio de la escala del art. 36 Ley 9459, que resulta aplicable de acuerdo a las tareas desplegadas, y al resultado al que se arriba. Para el abogado del ejecutante deberá tomarse como base de cálculo el monto de la condena, actualizado conforme los intereses establecidos en la sentencia de primera instancia, la que calculada al quince de febrero de dos mil trece, estimativamente, asciende a la suma de pesos XXX ($ XXX), (cap. U$S 5.219,20 + int. 6% anual: $ 2.087,39 = U$S 7.306,59 x $ 5,01); para el letrado del ejecutado-vencido, dicha base deberá reducirse a un 20 % (art. 31 Ley cit.). En consecuencia, se regulan los honorarios del Dr. Guillermo R. Biazzi en la suma de pesos XXX ($ XXX), y los del Dr. Francisco L. Rébola en la suma de pesos XXX ($ XXX), equivalentes a 8 jus (8 x $ XXX), dado que de la aplicación de las escalas correspondientes resultaría un importe menor al mínimo dispuesto por el art. 40 in fine C.A.A.P.

Así voto esta segunda cuestión y en definitiva.

A LA SEGUNDA CUESTION PROPUESTA EL SR. VOCAL DR. MARIO CLAUDIO PERRACHIONE, DIJO: Que se adhiere a la solución propuesta por el Sr. Vocal Dr. Mario Claudio Perrachione. (art. 382 CPC).

Que así vota a esta segunda cuestión y en definitiva.

A mérito del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:

1º) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el ejecutado, en contra de la Sentencia Número Cincuenta y nueve de fecha veintiuno de junio de dos mil doce, cuya copia corre agregada a fs. 106/110 v. de autos.

2°) Imponer las costas al apelante vencido.

3º) Regular los honorarios del Dr. Guillermo R. Biazzi en la suma de pesos XXX ($ XXX), y los del Dr. Francisco L. Rébola en la suma de pesos XXX ($ XXX).

Protocolícese y oportunamente bajen.