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Tribunal: CAMARA DE ACUSACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-06-08


Salta, 08 de Junio de 2011.- Y VISTO: Estos autos caratulados: " ROJAS, José Eduardo; ROJAS, Eduardo José; ROJAS, Jesús Reynaldo; SÁNCHEZ, Leandro Federico, y SÁNCHEZ, Luis Antonio por COACCIÓN, PRIVACIÓN ILEGITIMA DE LA LIBERTAD y ROBO a los mismos "- Expte Nº 46.802/00 del Juzgado de Instrucción Formal de 2ª Nominación del Distrito Judicial del Centro, Causa Nº CAM 17.773/3 de la Sala III de la Cámara de Acusación y, CONSIDERANDO El Dr. Adolfo A. Figueroa dijo:

Que a fs. 387 la Dra. Norma E. Flores Claros de Martínez, solicita se regulen los honorarios profesionales por su labor desarrollada en esta instancia, en su carácter de defensora de los imputados Jesús Rojas, José Rojas y Eduardo J. Rojas.

En autos se puede verificar que la solicitante interpuso a fs. 284 y vta. recurso de apelación en contra del auto de procesamiento dispuesto para sus defendidos, habiendo mantenido el recurso a fs. 307 y expresado los agravios mediante escrito de fs. 309/312.

Que esta Cámara resolvió a fs. 322/323 remitir los autos al Juzgado de origen a fin de que se pronuncie sobre la prescripción o no de la acción penal, previo trámite de ley.

El art. 1º del Decreto 1173/94 que reglamenta la Ley Provincial de desregulación Nº 6730/93, prevé que a falta de convenio entre las partes, será de aplicación la norma contenida en la respectiva Ley de Aranceles Profesionales.

El art. 13 del Decreto-Ley 324/63 establece. "Las actuaciones correspondientes a las demás instancias se regulan del 40% al 50% de lo que corresponde por honorarios de primera instancia. Si la sentencia recurrida fuera anulada o revocada íntegramente a favor del apelante, los honorarios de su letrado se fijarán en un 50% .

En el caso de autos, si bien por vía de prescripción, la recurrente obtuvo el dictado de auto de sobreseimiento a favor de sus defendidos, tal como consta a fs. 387 y vta..

Que conforme a lo manifestado y en aplicación estricta de la norma citada, este Tribunal estima como retribución justa y acorte a la labor profesional desempeñada ante esta instancia que le corresponde a la letrada por su actuación el cincuenta por ciento (50%) de lo regulado en primera instancia, lo que determina la suma total de $ 900, a cargo de sus mandantes. Así voto.

El Dr. Luis Félix Costas dijo:

Que se adhiere al voto del Vocal preopinante por sus fundamentos y conclusiones.

En mérito a ello y al acuerdo que antecede, _________LA SALA III DE LA CAMARA DE ACUSACION ________________________RESUELVE I ) REGULAR los honorarios de la Dra. Norma E. Flores Claros de Martínez, por la labor profesional desarrollada en esta instancia en la suma de $ 900 ( PESOS NOVECIENTOS), a cargo de sus mandantes.

II) REGÍSTRESE, PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, y oportunamente BAJEN los autos al juzgado de origen.

Ante mí.
Derechos sociales, vivienda adecuada
Materia: CIVIL
Carátula: Ramos Lourdes, Patricia Nelva c/ G.C.B.A. y Otros s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-09-12

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires debe garantizar el acceso a una vivienda digna a una mujer embarazada de seis meses y a sus tres hijos menores de edad, por encontrarse en situación de emergencia habitacional sin recursos económicos suficientes para cubrir las necesidades básicas, toda vez que el derecho a una vivienda digna y adecuada, integra el plexo de los llamados derechos sociales, y el Estado Local no demostró haber destinado el "máximo de los recursos" disponibles, sino que se limitó a efectuar remisiones genéricas e infundadas a causas de índole presupuestaria que, por su generalidad y laxitud, no pueden ser consideradas relevantes, de modo que se constata una lesión por omisión de derechos fundamentales de la actora y su grupo familiar en su dignidad y en sus derechos habitacionales.
Derecho procesal, admisibilidad formal, procedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Superintendencia de Riesgos del Trabajo c/ Saralegui, Carlos Daniel s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-05-10

La revocatoria in extremis está reservada para reparar omisiones o errores materiales graves e indiscutibles al dictarse una sentencia, no resulta admisible en el caso donde se pretende el reexamen o reconsideración de lo decidido, particularmente con la introducción de prueba y argumentos que no fueron propuestos al conocimiento del juez de grado (art. 277 CPCyC).
Prescripción adquisitiva, animus domini
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Piris, Ramón c/ Garnica, José A. s/ Posesión Veinteañal
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-09-05

Dispone el art. 2.351 del C. Civil que "habrá posesión de las cosas, cuando alguna persona por sí o por otro, tenga una cosa bajo su poder, con intensión de someterla al ejercicio de un derecho de propiedad". Para poder adquirir el dominio de un inmueble, por intermedio de esa posesión "animus domini" es necesario acreditar una posesión contínua e ininterrumpida durante un lapso no menor de veinte años, sin necesidad de título y buena fe. En tal sentido el art. 4.015 del C.Civil dispone: "Prescríbese también la propiedad de las cosas inmuebles y demás derechos reales por la posesión contínua de veinte años, con ánimo de tener la cosa para sí, sin necesidad de título y buena fe por parte del poseedor, salvo lo dispuesto respecto a las servidumbres para cuya prescripción se necesite título". En correspondencia con dicha norma, el art. 4.016 establece: "Al que ha poseído durante veinte años, sin interrupción alguna, no puede oponérsele ni la falta del título, ni su nulidad, ni la mala fe en la posesión".
Beneficio de litigar sin gastos, defensa en juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: Eurobra  S.A.C.I.C. c/ Apel. -  I.V.A.  - T.F.N. Nro. 10.096-I s/ Beneficio de litigar sin gastos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-09-23

Debe desestimarse la petición que implica otorgar efectos retroactivos al beneficio concedido, lo cual desborda la razón legal del instituto, en tanto cabe partir de la presunción en virtud de la cual, hasta el momento en que se lo planteó, se contaba con los bienes necesarios para ejercer el derecho de defensa en juicio.
Recurso de apelación (procesal), acción de amparo, estabilidad del empleado público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "CATELLA RICARDO HUGO c/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ ACCION DE AMPARO- APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2004-06-23

La vía del amparo escogida por la actora resulta en la especie idónea para tutelar el derecho constitucional vulnerado, ya que en tales condiciones, el decreto del Poder Ejecutivo Municipal que ordena el cese de funciones afecta el derecho a la estabilidad adquirido por la actora y constituye una ilegítima violación al derecho de propiedad amparado por la Ley Fundamental Nacional y Provincial.
Violencia familiar, situación de vulnerabilidad
Materia: DERECHOS HUMANOS-PROCESAL
Carátula: C. A.  c/  s/ Protección contra la violencia familiar (ley 12569)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2023-10-27

A modo preliminar: el desencuentro reseñado parecería encontrar su génesis en la significancia asignada al vocablo 'violencia', pues -es bueno notar- mientras que para uno, los hechos denunciados denotan vulnerabilidad pero no violencia, el otro entiende que esa misma vulnerabilidad rinde para ser -en efecto- así considerada. En otras palabras: configura un imperativo de derechos humanos para los Estados, no sólo condenar toda forma de violencia sino también prevenirla en todo su espectro; y, para ello, es primordial tener presente que la violencia comprende también las formas no intencionales de daño -se insiste, descuido y trato negligente- cuya presencia aquí se verifica (v. romanos II 'Objetivos' y III 'La violencia en la vida del niño). En ese sendero, las medidas protectorias establecidas en la ley 12569 compelen al juzgador no sólo a condenar la violencia sufrida, sino también a prevenirla, desde que -además de establecer el deber del magistrado de adoptar medidas de carácter restrictivo para hacer cesar los hechos de violencia- la norma le otorga amplias facultades para actuar desde la faz preventiva y realizar los ajustes razonables que amerite el caso planteado, en aras de garantizar el derecho a la tutela integral protectoria que asiste a las víctimas de violencia y al grupo familiar.
Declaración testimonial, imputado, tenencia de estupefacientes para consumo personal
Materia: PENAL
Carátula: C.,A.M. y Otros s/ P.ss.aa. tenencia con fines de comercialización
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2014-10-20

Estupefaciente en los términos del art. 77 CP es cualquier sustancia, natural o sintética, y sus preparados que, siendo susceptible de producir dependencia física o psíquica y por ello afectar al bien jurídico protegido (salud pública), se encuentra incluida las listas que periódicamente elabora la autoridad administrativa a que refiere la normativa de fondo.
Recurso de apelación (procesal), facultades de la alzada
Materia: PENAL
Carátula: Warman, Jacobo s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-02-13

Si las lesiones sufridas por la víctima fueron invocadas por la acusación fiscal como integrante del cuerpo del delito -con la mención de un informe médico- y en el escrito de defensa ese extremo no fue mencionado, la Cámara no estaba obligada a tratarlas y la entidad de éstas pudo válidamente ser valorada como agravante (art.

156 -n.a.- Constitución provincial y art. 342, C.P.P.).
Honorarios del abogado, deudor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Volonte, Arturo Carlos c/ Pastorino, Carlos A. y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-06-30

se a considerado que simplemente mancomunado "la obligación de pagar costas por los litisconsortes vencidos en juicio".-
Menores, derechos y garantías constitucionales
Materia: CIVIL
Carátula: TREJO ALCIRA RAMONA c/ MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2012-08-03

Lo dispuesto por la Ley 26.061 tiene por objeto la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en el territorio de la República Argentina, para garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de aquellos reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y en los tratados internacionales en los que la Nación sea parte. En efecto, el interés superior del niño debe prevalecer, entendido éste como la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en esta ley, debiéndose respetar su condición de sujeto de derecho; el derecho a ser oídos y que su opinión sea tenida en cuenta y el respeto al pleno desarrollo personal de sus derechos en su medio familiar, social y cultural. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Tarjeta de crédito, emisor de tarjeta de crédito, derechos del emisor
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO FINANCIERO ARGENTINO  S.A. c/ CRISTINA DI YORIO DE COSTAGUTA s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-01

La fecha de cierre de cada cuenta mensual es mecanismo privativo de la entidad otorgante, en tanto esta no asume compromiso alguno en el contrato de producir dicho cierre siempre en el mismo día calendario, al concluir el mes. Ello se compadece con el funcionamiento técnico del sistema que se integra a una operación compleja de administración, que debe coordinar las prestaciones de los intermediarios financieros, tanto en la colocación de las tarjetas en plaza como en los reembolsos derivados de su uso.
Constitución Nacional, interpretación de la constitución, moral y buenas costumbres, bien común, derecho de asociación, libertad de expresión
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Comunidad Homosexual Argentina c/ Resolución Inspección General de Justicia s/ personas jurídicas.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-22

Iluminados por el espíritu liberal del cual nuestra Constitución es directa depositaria, conceptos como "bien común" y "buenas costumbres" (arts. 33 y 953 del Código Civil) deben ser interpretados conforme a los derechos de asociación y libre expresión: art. 14 de la Constitución Nacional.
Trabajo insalubre, declaración de insalubridad, aplicación de la ley, autoridad de aplicación
Materia: LABORAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Gianini, Alberto Domingo c/ Fricader Patagonia S.A. s/ Reclamo s/ Inaplicabilidad de ley Rebolledo Arriagada, Juan Héctor y otros c/ Fricader Patagonia S.A. s/ Reclamo s/ Inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1997-04-09|1997-12-05

Se ha estimado que el carácter insalubre de una tarea puede derivar de una disposición expresa de la ley, o de una situación de insalubridad no contemplada en la ley pero determinable por la autoridad de aplicación y sujeta a la declaración respectiva. Sin embargo aún dentro de esa óptica interpretativa, la calificación de insalubridad, basada en una voluntad legal o reglamentaria, debe derivarse de una norma concreta y próxima, directamente vinculada a la determinación de la jornada laboral. Y tal no es el caso del Decreto 3555/72 (que estableció un régimen jubilatorio diferencial, aplicado por la Cámara en este caso).
Proceso penal, pedidos de exenciones, inadmisibilidad del recurso, tipo penal, coronavirus
Materia: PENAL
Carátula: Ballester Ladrón De Guevara, Osvaldo Fabián c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-05-06

Corresponde declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto por la defensa atento a la gravedad de la pena en expectativa prevista respecto de los delitos que se le imputan - asociación ilícita en calidad de jefe u organizador de contrabando agravado por el valor de la mercadería secuestrada en grado de tentativa (4 hechos)- (art. 221, inc. "b" del C.P.P.F.) y la escala punitiva que en su mínimo permite descartar la procedencia de una condena, en su caso, de ejecución condicional (art. 221, inc. "b" del C.P.P.F. y art. 26 del C.P.N.). A ello debe sumarse, para evaluar el pronóstico de riesgo procesal, la naturaleza y las circunstancias que rodearon a los hechos investigados en autos, y los bienes jurídicos que este tipo de delitos lesionan, y que han sido afectados en este caso en particular, y que operan como circunstancias objetivas que el a quo ha correctamente evaluado en relación al caso concreto a la hora de determinar que corresponde denegar la exención de prisión al imputado (art. 221, inc. b, del C.P.P.F.). Por otra parte, cabe destacar que la presente causa se encuentra en los albores de su investigación, que el 10 de diciembre de 2019 se dispuso convocar a Ballester Ladrón de Guevara para recibirle declaración indagatoria y al desconocer su domicilio, el 27 del mismo mes y año se dispuso su captura, medida que aún continúa vigente (según surge del sistema Lex 100). Cabe concluir que la conducta desplegada por Ballester Ladrón de Guevara a lo largo del proceso, dista de ser la respuesta de una persona que busca someterse al accionar de la justicia, ya que pese a su conocimiento de la existencia de la presente se mantiene prófugo, no surgiendo de esta incidencia que las circunstancias personales alegadas por la defensa se encuentren acreditadas. Además, no debe olvidarse que todavía queda pendiente la detención de otros miembros de la organización criminal a la que el nombrado pertenecería. En lo que hace a lo señalado por el recurrente en relación al virus COVID-19, la realidad es que la parte no expone argumentos suficientes -únicamente menciona que los hechos aquí investigados no son violentos- que permitan apartarse de lo aquí resuelto. El voto concurrente agregó que el pronunciamiento dictado por la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza -que confirmó la resolución del magistrado federal de primera instancia-, ha satisfecho el "derecho al recurso" y a la doble instancia reconocido en el art. 8.2.h de la C.A.D.H. y en el precedente "Herrera Ulloa vs. Costa Rica", Serie C N° 107, dictado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dres. Dr. Hornos y Borinsky -voto concurrente-.
Accidentes de trabajo, acción civil por accidente de trabajo, cosa riesgosa, vehículo en movimiento
Materia: LABORAL
Carátula: SOTELO, CARLOS c/ FAS PEPA HERMANOS SACI. s/ ARTICULO 1113 CODIGO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-04-30

Un vehículo locomóvil puede ser considerado 'cosa peligrosa' para los terceros, por la fuerza de su propio desplazamiento, pero no para quien lo conduce y está - por razón de ello - en condiciones de controlarlo. La falla mecánica imprevista e incontrolable puede transformar a la 'cosa' en 'viciosa' y generar la responsabilidad objetiva de su dueño o guardador, del mismo modo que si el accidente se produce por mal mantenimiento del suelo del propio establecimiento.
Acción penal, suspensión del juicio a prueba
Materia: PENAL
Carátula: Fiscalía de Feria s/ Actuaciones ref. B. C. S.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-10-29

"La solicitud de la suspensión del juicio a prueba debe ser anterior y no posterior al debate... A los fines de evitar desgastes jurisdiccionales es razonable sostener que el derecho de peticionar la suspensión del juicio a prueba caduca al vencer el plazo establecido en el art. 354 del C. Pr. Cr" -(comparable al art. 313 del CPP, Ley 3155).
Accidente de tránsito, culpa de la víctima, falta de prueba, daños y perjuicios, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: PARRA, MATIAS ROBERTO. c/ VICTORIA ZAMORA, ESTEBAN DARIO Y OTRO. s/ D. Y P. X USO AUTOM C/ LESION O MUERTE.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2013-07-30

Cabe desestimar la queja del accionante en relación a que la Sra. Jueza, al valorar el daño estético, no lo hizo de forma autónoma tomando el porcentaje de incapacidad otorgado por el perito médico, pues si bien en la pericial se describen las cicatrices, como las menciona el recurrente, el experto se limita a decir que las mismas le producen al actor una incapacidad física del 22%, pero no señala cuales son las acciones que se ve impedido de realizar como consecuencia de la cicatriz que describe.

Tampoco han declarado testigos en autos que permitan corroborar la conclusión del perito en cuanto a la incidencia en su capacidad física.

Por lo tanto, se comparte lo afirmado en el fallo respecto a que no resultan acreditadas consecuencias disvaliosas en la esfera patrimonial de las cicatrices, sin perjuicio de su consideración en otro rubro. Por ello, debido a la falta de acreditación de una incapacidad física por el daño estético, los perjuicios que ocasiona se consideran comprendidos en el daño moral.
Daños y perjuicios, daño moral, legitimación activa
Materia: CIVIL
Carátula: Perete,  Claudio  y  otra  y  p.s.h.m.  y Carlos Albert Fuks y otro. s/ Recursos Extraordinarios de Inaplicabilidad de Ley.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2001-12-11

Tal como ha sido redactada la ley, el exámen del Art. 1078 arroja como resultado que si bien existen dos interpretaciones posibles sobre la alocución "herederos forzosos" -la tesis restrictiva o la amplia según se interprete que los parientes más próximos desplazan a los más lejanos o no-, no es admisible extender la legitimación para reclamar daño moral a quienes no revisten esa calidad, como los hermanos, por lo que la sentencia dictada en este sentido importa una transgresión al texto legal y debe revocarse.
Recurso de inconstitucionalidad federal, inadmisibilidad del recurso, sentencia arbitraria, cuestión de derecho público local
Materia: PROCESAL
Carátula: LUNA PONT, Carlos Alberto s/ Recurso de Queja por apelación denegada por Resolución del C.P.I.A.A
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1990-11-14

Tratándose esta descripta de cuestión de derecho público local, ha sido reiterativamente considerada por la Suprema Corte, ajena a la instancia extraordinaria del art. 14 de la Ley 48, en resguardo de las instituciones federales.
Recursos, monto del juicio, acceso a la justicia
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: S.C. de T., L.C. SRL s - Infracción a la Ley 24.240 s/ Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-08-28

"Corresponde dejar sin efecto el fallo que desestimó el Recurso deducido contra una Resolución....(en el caso de la Superintendencia de Seguros de la Nación)...por considerar que el monto de la cuestión debatida no alcanzaba el mínimo establecido en el artículo 242 CPCC ya que si bien las decisiones que declaran la improcedencia de recursos interpuestos ante los tribunales de la causa no justifican como regla el Recurso Extraordinario, cabe apartarse del principio cuando la interpretación dada por el a-quo provoca una restricción sustancial al derecho de defensa y priva al sancionado por una decisión jurisdiccional administrativa de la instancia judicial que es esencial a aquel derecho, máxime cuando la norma no contiene limitación a la Apelación en razón del monto de condena". Más allá de que la jurisprudencia haya resuelto que este tope no es inconstitucional, porque no resulta irrazonable, también ha estimado que está dirigido a agilizar trámites de ciertos pleitos de menor cuantía manteniendo la doble instancia para la generalidad, resultando la inapelabilidad una medida de excepción que como tal debe administrarse.
Menores, bien jurídico protegido
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Ministerio Público Pupilar c/ Arévalos Sandra Isabel s/ Privación de la patria potestad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-05-16

El superior interés de los menores, merece la especial atención del Tribunal. Ya sin su madre como consecuencia de la decisión, la familia está reducida a los hermanos que representan el interés de todos los que la conforman. La situación actual de los menores, la unidad y ayuda mutua puestas de manifiesto de manera evidente en circunstancias de celebrarse la audiencia mencionada en lo terminos del artículo 50 citado, me llevan a considerar que existe un "interés familiar" en los menores que no es una mera suma de intereses individuales sino el interés de cada uno dirigido a un mejor funcionamiento general. No se trata, pues, de un interés que prime sobre el otro, sino que es necesaria una conjunción en la cual el individuo tome en su acción no sólo sus propias necesidades, sino tambien la satisfacción de los requerimientos de los otros integrantes de la familia. No es posible concebir una decisión que pueda al mismo tiempo favorecer a unos y perjudicar al grupo familiar, pues no dudo que, en este caso particular, es la permanencia del grupo familiar, tal cual lo he señalado, lo que mejor contempla el "superior interés de los menores.
Declaración de incompetencia, delitos contra la humanidad, muerte de la víctima
Materia: PENAL
Carátula: Gentil, Miguel Raúl y otros c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-05-23

Corresponde declarar la nulidad de la declaración de incompetencia del fuero federal -con fundamento en que las actuaciones no encuadran en la categoría de delitos de lesa humanidad- pues no se advierten, a esta altura del proceso, los motivos que habrían suscitado la detención y muerte de la víctima en manos del personal de la policía de la provincia de Salta, es decir, si ello pudo responder o no a la ideología política de la víctima y/o pudiese guardar relación directa con fines socio-económicos del Proceso de Reorganización Nacional.