marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Denegatoria del recurso, confirmación de sentencia, acción de amparo, interrupción del embarazo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Kulanczynsky, Marisa Esther y otros c/ EN- Poder Ejecutivo s/ amparo Ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-02-24

Se desestima la apelación de los accionantes y en consecuencia, se confirma la sentencia recurrida que había rechazado la acción de amparo promovida, dado que los actores no cuentan con legitimación activa para cuestionar la Ley N° 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Prueba confesional, confesión ficta, absolución de posiciones, ausencia del absolvente
Materia: PROCESAL
Carátula: BOTANA LUIS c/ GENTILE CARLOS s/ PRUEBA CONFESIONAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-22

La negativa en el responde acerca de los hechos articulados en la demanda, no afecta ni destruye a la confesión ficta resultante de la incomparecencia por cuanto el objeto de las posiciones consiste, precisamente, en obligar al contrario a que se retracte de los sostenido en la contestación de la demanda y, porque si se admitiese la solución contraria, bastaría que el demandado limitara a negar los hechos para quedar a cubierto de las posiciones y a privar al actor de la eficacia de ese medio de prueba.
Transporte aéreo, transporte aéreo sucesivo, responsabilidad del transportador, transporte ejecutado por un tercero, responsabilidad solidaria
Materia: AERONAUTICO
Carátula: PLUS ULTRA CIA. ARGENTINA DE SEGUROS S.A. c/ AEROLINEAS ARGENTINAS Y OTROS s/ FALTANTE Y/O AVERIA DE CARGA TRANSPORTE AEREO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-15

En punto a los sujetos pasivos de la reparación de los daños originados en la ejecución de un transporte aéreo, el Convenio complementario del de Varsovia, suscripto en Guadalajara en 1961, que si bien no fue ratificado por nuestro país corrobora la hermenéutica sostenida por el a quo, institucionalizó la distinción entre transportista contractual y de hecho, lo que implicó la necesidad de valorar ambas figuras a fin de dilucidar el entuerto. El Convenio referido consagra la solidaridad entre ambos transportistas (es decir aquél con quien se contrató el viaje y aquél que lo lleva a cabo realmente), en su Capítulo VII nuestro Código Aeronáutico, recoge en el art. 153 una solución idéntica en tanto predica que "... Si el transporte aéreo fuese contratado por un transportador y ejecutado por otro, la responsabilidad de ambos transportadores frente al usuario que contrató el transporte, será regida por las disposiciones del presente Capítulo. El usuario podrá demandar tanto al transportador con quien contrató como al que ejecutó el transporte, y ambos le responderán solidariamente por los daños que se le hubiesen originado sin perjuicio de las acciones que pudiesen interponerse entre ellos". Nótese que nos estamos refiriendo a los casos en que es ejecutado el transporte por un transportador que no es el mismo que celebró el contrato.
Contratos administrativos, contrato de suministros, actualización monetaria, decreto reglamentario, aceptación, plazo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LTDA. c/ E.N. -M° de Salúd y Acción Social- s/ CONTRATO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-28

El art. 2° de la ley 21.391, estableció dos sistemas de actualización para el precio contractual de los suministros requeridos por el Estado. Uno de ellos -fijado en el inciso a)- atendía a repotenciar directamente el precio ofertado, mientras que el segundo apuntaba a mantener inalterable el valor de la moneda de pago en caso de mora del deudor estatal. El primer mecanismo dispone que en los casos en que los proveedores se hubieran ajustado en sus entregas a las disposiciones contractuales y siempre que mediara un plazo mayor de 40 días entre la apertura de la licitación y la conformidad definitiva, el precio sería actualizado desde la apertura de las ofertas y hasta que se hubiera producido la conformidad definitiva de la recepción del bien. Por su parte, el reglamento de este tipo de contratos (decreto 5720/72) prescribe que la conformidad definitiva se acordará dentro de los 7 días de la entrega de los elementos, si no hay plazo especial fijado en las cláusulas particulares. La lectura de la norma pone de resalto que el plazo así establecido es una limitación máxima para el organismo receptor del suministro, pero nada impide que sea otorgada la conformidad antes del vencimiento y, aún, concomitante con la recepción, si los elementos contratados no poseen especificaciones que obliguen a exámenes especiales (confr. id. decreto, inc. 94).
Autoridad de prevención, facultades de la autoridad de prevención, prevención del delito, detención, detención sin orden, flagrancia, estado de sospecha, secuestro de estupefacientes, derechos y garantías constitucionales, debido proceso
Materia: PROCESAL-PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Tumbeiro, Carlos Alejandro s/ recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-03

El secuestro de estupefacientes de una persona demorada a causa de su actitud sospechosa, dentro de un móvil policial para su identificación, respeta las garantías legales del debido proceso, pues se motivó en una situación de flagrancia Barts. 284 inciso 4 y 285 CPP- que habilita la detención sin orden judicial y la incautación de la droga Bart. 184 incs. 2 CPP - (Del dictamen del Procurador Fiscal que la CSJN hace suyo).
Contrato de obra pública, mayores costos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SORSA S.A. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-05-04

Con el restablecimiento de la ecuación económico financiera del contrato de obra pública lo que se pretende es mantenerlo, para lo cual resulta necesario recomponer sus estipulaciones en algunos casos alteradas.
Sucesiones, competencia por el territorio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Illesca, Horacio Petronilo c/  s/ Sucesión ab intestato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2018-09-26

No es razonable colegir de las expresiones sobre la competencia en razón del último domicilio del difunto y a su vez promoción del expediente sucesorio en otro departamento judicial que difiere de ese criterio, que ello tenga virtualidad para prorrogar la competencia territorial del juicio sucesorio frente a la clara manifestación del inicio en sentido contrario.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, principio de congruencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Verde, Roberto y otro c/ Colegio Santa Rosa de Lima s/ Acción sumarísima
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-09-06

El art. 163 inc. 6 del Código Procesal Civil y Comercial sólo se conculca cuando se introducen en el fallo alegaciones o cuestiones de hecho no articuladas y no ante la falta de consideración de una cuestión, tema además que resulta extraño al recurso de inaplicabilidad de ley, siendo propio del extraordinario de nulidad.
Personal municipal, personal jerárquico
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Fasolo, María Ester c/ Municipalidad de Chacabuco s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-03-08

La separación del Jefe de Compras se encuentra regulada en la Ley Orgánica y no en el Estatuto del Empleado municipal constituyendo el ejercicio de una facultad respecto de un funcionario que no posee estabilidad. Y así como corresponde al legislador organizar la carrera administrativa (art. 73 inc. 12, Const. prov.), también le compete establecer cuáles agentes se encuentran comprendidos en ella y cuáles no. La exclusión de los funcionarios que se desempeñan como auxiliares de los Intendentes de la garantía de la estabilidad proviene de un acto general, unilateral y reglamentario emanado del órgano legislativo que tiene competencia para reglamentar los derechos constitucionales reconocidos con los límites impuestos por la razonabilidad.
Ley vigente, recurso extraordinario federal, acreditación de la personería
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ N. B. H. c/ GCBA s/ amparo - educación - vacante c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-09-29

Toda vez que las normas del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación resultan aplicables a la tramitación del recurso extraordinario federal, la presentación del abogado en carácter de gestor, debe ser tenida como tal en los términos del art. 48 del CPCCN. (Del voto de los jueces Marcela De Langhe, Alicia E. C. Ruiz, Santiago Otamendi e Inés M. Weinberg).
Competencia, competencia por conexidad, ejecución hipotecaria
Materia: CIVIL
Carátula: BANCO   HIPOTECARIO   S.A. c/ VALIENTE  NOAILLES,  Roberto s/ EJECUCIÓN HIPOTECARIA s/ COMPETENCIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-03-26

No es necesaria la tramitación conjunta de una ejecución hipotecaria con un juicio sobre amparo radicado ante un juzgado comercial, pues en la primera no es posible la discusión acerca de la causa de la obligación lo que descarta que se den pronunciamientos contradictorios. No obsta a esta conclusión que ambos procesos giren en torno a distintos aspectos de una misma relación jurídica a través del contrato de mutuo celebrado entre las partes que sólo otorga a las causas una conexidad meramente instrumental que encuentra adecuada solución a través de la norma contenida en el art. 376 del Código Procesal.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, libertad de prensa, democracia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Abad, Manuel Eduardo y otros s/ calumnias e injurias -Causa N. 18.880-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-07

Entre las libertades que la Constitución Nacional consagra, la de prensa es una de las que poseen mayor entidad, al extremo que sin su debido resguardo existiría tan solo una democracia desmedrada o puramente nominal y, aún cuando el art. 14 enuncie derechos meramente individuales está claro que cuando legisla sobre la libertad de prensa la Carta Magna protege fundamentalmente su propia esencia democrática contra toda desviación tiránica.
Contratos, locación, bienes inmuebles, nulidad del acto jurídico, orden público, convertibilidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: D'AMICO SALVADOR c/ ROBERTO FAVARO Y OT. s/ Cobro de Pesos (LIBRO: S070 - 429)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-12-27

El régimen de convertibilidad efectivamente rechaza la aplicación de convenios en los cuales el sistema de reajuste resulte más gravoso que el que la misma ley determina. Pero ello presuponiendo la existencia de dicho gravámen, y no el caso contrario. Si el convenio posterior pacta un alquiler notoriamente inferior al que surge del sistema de la ley de convertibilidad, la demandada carece de interés en la invocación de nulidad del mismo.
Deuda previsional, intereses, confiscatoriedad, prueba insuficiente, deberes del juez
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: APHOLOS S.A.I.C.I. c/ D.G.I. s/ FINANCIACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-27

Si bien no es suficiente la sola mención de las posibles diferencias con las tasas de mercado para tener por acreditado un perjuicio tal que posibilite decretar la confiscatoriedad de las que se aplican y la inaplicabilidad de las disposiciones que las establecen (cfr. C.S.S., Sala I, sent. 1805, "Termac S.A."), no puede sin embargo consentirse que su efectivización quede subordinada "sine die" al organismo encargado de recaudar y aplicar las leyes respectivas, manteniendo latente un crédito a su favor que se incrementa permanentemente, llegando por su inactividad a convertir el monto a pagar en totalmente desproporcionado e injusto en atención a la índole del incumplimiento detectado. Ante esta situación, el Juzgador debe intervenir, evitando situaciones intolerables, sobre todo si el tiempo insumido en el proceso se constituye en un factor determinante del pago de una suma desproporcionada. (Disidencia del Dr.

Fernández).
Recurso de apelación (procesal), memorial, falta de fundamentación
Materia: PROCESAL
Carátula: Bordón,   Juana  Isabel c/ Lotería  Nacional  S.E.  y  otro s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-18

Corresponde declarar desierto el recurso si las razones expresadas en el memorial no son suficientes para refutar los argumentos de hecho y de derecho dados para llegar a la decisión impugnada, máxime cuando la carencia apuntada se traduce en ausencia de tratamiento de algunos de aquellos argumentos, en tanto la mera reedición de objeciones formuladas en instancias anteriores no suple las omisiones aludidas.
Obligaciones, obligaciones de dar sumas de dinero, moneda extranjera, mutuo, dólares, cancelación de deudas, moneda de curso legal, procedencia del recurso, aplicación de la ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: STAGNARO, MARIA CRISTINA c/ FRUHWIRTH, HUGO FRANCISCO Y OTRO s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-02-23

Cuando, como en el caso, las partes acordaron que "si por razones sobrevinientes no imputables a la parte deudora, las cuotas de intereses y/o capital no pudieren ser canceladas en la moneda pactada, se conviene que la acreedora podrá, a su sola opción, exigir el pago mediante la entrega de la cantidad de Pesos Argentinos necesarios para que pueda arbitrar o adquirir en instituciones bancarias o casas de cambio del mercado de Nueva York, Estados Unidos de América o de la Ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, la cantidad de dólares estadounidenses billetes, con más los gastos que se originen debido a esta operación cambiaria". En ese supuesto entonces y en caso de darse la imposibilidad de conseguir moneda extranjera, lo que deberá ser debidamente acreditado por el accionado, siempre cabrá a la sola opción de la actora y atento a lo expresamente pactado, exigir el pago mediante la entrega de la cantidad de Pesos Argentinos necesarios para que se pueda arbitrar o adquirir en instituciones bancarias o casas de cambio del mercado de Nueva York, Estados Unidos de América o de la Ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, la cantidad de dólares estadounidenses billetes, con más los gastos que se originen debido a esta operación cambiaria", siempre que sea materialmente viable esa posibilidad de acuerdo con las exigencias del mercado. Por otro lado y si se diera el caso de acreditar dificultad para acceder a esas pautas de cálculo, este Tribunal considera que la equidad impondría en tal caso, fijar prudencialmente el tipo de cambio a aplicar, como modalidad subsidiaria, entre las varias alternativas a disposición en casos que no son específicos, convirtiendo dicha suma a moneda local, conforme el tipo de cambio oficial al que puede acceder el particular para hacerse de moneda extranjera en el mercado que en el régimen legal actualmente vigente se conoce como "dólar solidario" (ley 27541: 35), sin la percepción adicional del 35% a cuenta del Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales establecida por el Banco Central de la República Argentina reglamentada en la Resolución General AFIP 4815/2020 (conf. esta CNCom, esta Sala A, 19/10/20, "Fideicomiso de Recuperación Crediticia c/ Yoma Emir Fuad y otro s/ ejecutivo").
Juicios contra el concursado, verificación tardía, interrupción de la prescripción, caducidad, recurso extraordinario
Materia: PROCESAL
Carátula: A.F.I.P. - D.G.I. c/ Matana, Dora Griselda s/ Queja Por Rec. De Inconst. Denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2012-09-20

Es improcedente el recurso extraordinario federal interpuesto por AFIP contra la resolución que declaró prescripto el crédito previsional, pues la impugnante no consigue conmover lo valorado por el "a quo" que, en lo esencial, sostuvo que de acuerdo con las constancias de autos y lo dispuesto en el art. 56 de la ley 24522 -modificado por la ley 26086-, el plazo de seis meses que contempla la norma debe computarse a partir de la fecha en la que el organismo fiscal recibió el expediente laboral remitido en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 46 de la ley 25345, y que ya había transcurrido cuando la insinuante inició la fiscalización.
Trabajo insalubre, declaración de insalubridad, poder de policía
Materia: LABORAL
Carátula: MASCARO, ARGENTINO Y OTROS c/ FRIGORÍFICO BANCALARI S.A. s/ DIFERENCIAS DE SALARIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-13

Está vedado a los jueces disponer, por la vía de un proceso ordinario más, el carácter insalubre o no de las tareas de un establecimiento. En efecto, el art. 200 de la LCT establece expresamente que la calificación de insalubridad de las tareas que se realizan en determinado establecimiento debe ser realizada por la autoridad de aplicación, que es quien ejerce el poder de policía del trabajo. Por ello, si tal tramitación no se cumplió, más allá de las pruebas aportadas en la causa o la valoración que de la mismas se pueda hacer, no cabe posibilidad alguna de que los jueces declaren la insalubridad de las tareas que cumplían los actores.
Intervención de línea telefónica, abogados, notificación, Colegio Público de Abogados, nulidad procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: PEROTTI, Alberto M. s/ Nulidad Escuchas telefonías-CAusa 15.714
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-10-21

No prevista normativamente la obligación de dar noticia al Colegio Público de Abogados de que se ha dispuesto una intervención telefónica a un estudio jurídico, mal puede ser fulminada su validez con fundamento en la omisión de una supuesta obligación no impuesta por la ley. Precisamente, el criterio de taxatividad y el carácter restrictivo con que deben apreciarse las cuestiones de nulidad llevan a tal solución.
Recurso extraordinario, admisibilidad del recurso, gravamen irreparable, acceso a la justicia, defensa en juicio, agotamiento de la instancia administrativa, accidentes de trabajo, comisiones médicas
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la parte actora en la causa Ballesteros, Gabriela Verónica c/ Experta ART S.A. s/ accidente - ley especial
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-03

Si bien la decisión en materia de habilitación de instancia resulta una cuestión de índole procesal ajena al recurso del artículo 14 de la ley 48, corresponde hacer excepción a ese principio en aquellos casos en los cuales se causa un agravio de imposible o inoportuna reparación ulterior, pues se veda al recurrente el acceso a la jurisdicción de los tribunales y se restringe sustancialmente su derecho de defensa, situación que se observa en el caso en tanto la decisión recurrida declaró la falta de aptitud jurisdiccional de la justicia nacional del trabajo y clausuró la vía procesal promovida con fundamento en que la actora no había agotado el procedimiento administrativo previo ante las comisiones médicas. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Caducidad de instancia, segunda instancia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Medori Héctor Osvaldo c/ Dolci Antonio Héctor y otro s/ Restitución de reserva
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-10-11

Es doctrina legal de la casación que pesa sobre el Oficial Primero la carga de elevar las actuaciones de acuerdo a lo normado por el art.251 del CPCC, circunstancia ésta que releva a la apelante de la carga de impulsar el proceso (art.313 inc.3 del CPCC). Ello claro está presupone que la causa se encuentre en condiciones de ser elevada a la alzada, toda vez que si la sentencia no se encuentra notificada a una de las partes la obligación del Oficial Primero no se verifica y subsiste la carga de impulsar el procedimiento que pesa sobre las partes. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Accidente de tránsito, privación del uso del automotor, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Dieguez, Pablo Hernán c/ Nicastro, Bernardo s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-18

Si el perito no revisó el automotor por cuanto este había sido vendido por el actor, sin probarse la fecha enajenación, ni tampoco cuando se pago el precio de la reparaciones la indemnización por privación de uso del mismo debe establecerse de acuerdo con el prudente arbitrio judicial, partiendo de un límite moderado a fin de impedir que la falta de prueba se convierta en una ventaja para quien tenía a su cargo la producción de la prueba correspondiente.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles
Materia: PENAL
Carátula: ABID ARGAÑARAZ c/ MEDINA JESUS AMERICO; SARACCO AMILCAR JOSE s/ S.D. ROBO E.P. ABID ARGAÑARAZ- RECURSO DE QUEJA INTERPUESTO DR.  MURAD GUILLERMO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-09-29

El art. 408 del Código Procesal Penal sólo admite la casación contra sentencias definitivas y los autos que pongan fin a la acción o a la pena o hagan imposible que continúen. (Minoría u opinión personal)
Transferencia del contrato de trabajo, cesión del establecimiento
Materia: LABORAL
Carátula: BURGOS, JUDIT ILIA GUADALUPE AGUILAR DE c/ BORSERINI, ETEL S DE s/ EXPTE NRO 6-91
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-12-09

La expresión legal "al tiempo de la transferencia" refiere a las obligaciones pendientes de cancelación y no a los contratos vigentes, en tanto no se advierten razones para discriminar a los acreedores laborales que, aunque desvinculados de la empresa, tengan pendientes de cobro rubros devengados por causa del contrato de trabajo.

La normativa laboral estatuye la protección del trabajador contra la insolvencia y-o el fraude de su principal mediante diversos dispositivos de preferencias, privilegios y garantías que articulan el crédito laboral con la empresa empleadora y los bienes del establecimiento con indiferencia del cambio de titular; sostener que el distracto frustra la conexidad, conspira contra la letra y fin de la ley, transformando un régimen protectorio de excepción (Ley de Contrato de Trabajo) en un sistema en que el trabajador estaría en desventaja ante los acreedores comunes tutelados por la ley 11867.
Personal de casas particulares, locación de servicios
Materia: LABORAL
Carátula: "Fernández, Estefanía c/ Galarza, Raúl y otro s/ Despido".
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-09

Una relación de servicio doméstico que no alcanza al mínimo de horas y días (la trabajadora sólo desarrollaba sus tareas tres veces a la semana, durante siete horas por día) que tornaría aplicable el estatuto (Dec. 326/56), no constituye una relación de naturaleza "laboral" sino una locación de servicios regida por el Código Civil. (Del voto del Dr. Pirolo, en mayoría).