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Tasa de justicia, falta de pago, paralización del expediente, privación de justicia
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: González, Feliciano c/ Dorrego, Horacio Antonio-Meza de Dorrego, Marta Elizabeth s/ Daños y perjuicios Dorrego, Marta Elizabeth s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2001-07-05

De la normativa del Código Fiscal no surge disposición alguna que taxativamente autorice la paralización de las actuaciones en trámite, salvo lo dispuesto por el art. 184 que estipula que las actuaciones judiciales no serán elevadas al Superior en los casos de recursos sin el previo pago de las tasas que la fecha de la elevación corresponde satisfacer.

La norma invocada por el juzgador ( art. 25 del Código Fiscal) sólo cabe ser aplicada en su primer párrafo en el cual se establece la obligatoriedad de los magistrados de comunicar a la Dirección General de Rentas, la existencia del hecho imponible y el incumplimiento del pago debido.

Extender sus efectos al punto a) resulta totalmente ajeno a las posibilidades constitucionales que pesan sobre quienes imparten justicia, en orden a su deber de permitir al ciudadano el ejercicio de sus derechos, lo que se vería frustrado liminarmente si dicha facultad se cercenara por el hecho de no haber abonado en término un tributo, que bien puede ser perseguido y cobrado por el Fisco, siguiendo las normas que a ello lo autorizan dentro del mismo cuerpo legal (arts. 89 y siguientes del Título XI "De la ejecución por apremio".

En consecuencia, es necesario dejar debidamente sentado que la falta de cumplimiento del pago de la correspondiente tasa de justicia, obliga al magistrado a comunicar dicha situación a la Dirección General de Rentas, de forma tal que la misma pueda encarar el cobro ejecutivo que la ley autoriza, ya que supeditar a ello el dictado de la sentencia en una causa, constituiría a no dudarlo una inaceptable denegación de justicia.
Sentencia arbitraria, defectos en la consideración de extremos conducentes, responsabilidad médica, mala praxis, diagnóstico médico
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Navarro, Rolando Luis y otros s/ homicidio culposo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-08-09

Es descalificable el pronunciamiento que responsabilizó por igual a todos los médicos por considerar una violación del deber de cuidado, sin discriminar si el diagnóstico y la indicación del tratamiento de la paciente constituía efectivamente una de las tareas que incumbía a cada uno de ellos en función del cargo que desempeñaban y el momento en que la paciente fue reinternada, ni ha establecido luego de centrar su reproche en la "negligencia e impericia al no haber adoptado las precauciones que les concernían como profesionales en el arte de curar", qué otros cuidados atinentes al caso habrían debido adoptar los médicos condenados.
Sentencia condenatoria, acumulación de procesos
Materia: PENAL
Carátula: MARINO, LILIANA VICENTA c/ RIOS, SERGIO GERARDO - RIOS, MARIO DAVID s/ Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2012-03-26

Compartiendo lo dictaminado y requerido por el Sr. Fiscal de Cámara y, no habiéndose observado las normas de los arts. 55 y 58 del C.P. sobre el Concurso Real en la oportunidad de realizarse el juicio en Causa Nº 366/06 y sus acumuladas, corresponde que el beneficio de cumplimiento de condena de Ejecución Condicional concedido en aquella, sea aplicado en ésta como consecuencia de la unificación de condenas, la que queda en la Pena Única de TRES AÑOS DE EJECUCIÓN CONDICIONAL, Ordenando su inmediata Libertad.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación errónea
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: A., N. s/ Solicitan su guarda
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-09-08

Es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley si las normas denunciadas como violadas no han sido aplicadas por el a quo con carácter decisorio sino que se ha limitado a examinar una situación jurídica por vía de hipótesis, formulando una argumentación eventual que no puede causar agravio actual al apelante.
Fiscales, deberes y facultades del fiscal
Materia: PENAL
Carátula: Ruiz, Héctor s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-09-23

No es contrario a lo establecido por el art. 8 inc. 2 letra h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos lo dispuesto en los incisos 1ro y 2do del art. 452 del C.P.P., que otorgan al Ministerio Público Fiscal la facultad de hacer uso del recurso de casación con la finalidad de controlar la legalidad del fallo.
Jubilación anticipada, medidas cautelares, carácter excepcional, verosimilitud del derecho invocado, resolución denegatoria
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "OLIVERI,  CARMEN  ESTHER c/ Poder  Ejecutivo  Nacional y otro s/ Incidente".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-04-12

La jurisprudencia ha señalado que las medidas de no innovar o innovativas sólo pueden ser decretadas en supuestos excepcionales pues, de lo contrario, podría violentarse el derecho de defensa en juicio del afectado (cfr. C.F.S.S., Sala de Feria, "Gallastegui, Eleodoro", sent. del 08.01.00), y que aún cuando para apreciar la verosimilitud del derecho debe procederse con amplitud de criterio, la posibilidad de su existencia se juzga atendiendo a las particularidades de cada caso y al fundamento de la acción que se promueve (cfr. C.N.A.Civ., Sala G, sent. del 03.03.91, L.L.1981-337). En consecuencia, teniendo en cuenta que en el caso no se encuentra acreditado el "fumus bonis iuris" dada la aparente razonabilidad de las sucesivas normas que limitan el acceso al beneficio perseguido en la acción principal, y que no habría verosimilitud si para el acogimiento de la pretensión de fondo es menester declarar la inconstitucionalidad de los preceptos legales que ataca el demandante (Fallos 303:626, cit. en "Medidas Cautelares" de Eduardo N. de Lazzari, pág. 25), corresponde confirmar la sentencia de la anterior instancia que rechazó la pretensión cautelar dirigida a obtener la suspensión de la vigencia del Dec. 1451/06 y la Res. A.N.Se.S. 884/06 en tanto dispone que las personas que perciban una prestación de naturaleza previsional sólo adquieren el derecho al cobro de la jubilación instituida por la ley 25.994 a partir de la cancelación total de la deuda reconocida. (Del voto de la mayoría. El Dr. Fernández votó en disidencia).
Recurso de casación, trabajadores de la construcción, fondo de desempleo
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: Gallardo Ulloa, Juan y Otro c/ Cattáneo, Guillermo s/ DESPIDO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY. -
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1990-04-06

Corresponde rechazar el recurso de inaplicabilidad de ley en lo que atañe al agravio del trabajador recurrente referido al resarcimiento derivado de los incumplimientos del operador, inherentes a las obligaciones impuestas por los arts. 13 -libreta de aportes- 17, -fondo de desempleo- 18 y 19 de la ley 22250, -Obreros de la Construcción- cuando -como en el caso- carece de interés analizar si la interpelación que exige el art. 18 de la citada ley para constituir en mora al empleador fue perfeccionada en autos, es decir si el trabajador ha cumplido con la exigencia impuesta por la ley, manifestando su voluntad expresa o si puede suplirse con manifestaciones vertidas en la demanda. Ello en tanto, la intimación es al solo efecto de reclamar el fondo de desempleo, rubro éste que fue admitido en la sentencia, por lo cual el reclamo deviene abstracto.
Interés superior del niño, derechos de las niñas, niños y adolescentes
Materia: DERECHOS HUMANOS-PROCESAL
Carátula: N., A. B. c/ C., A. F. s/ violencia familiar
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2023-12-14

En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una condición primordial a que se atenderá será el interés superior del niño". Es decir, que cuando estamos frente a una afectación actual o potencial de los derechos de una niña, niña o adolescente, debemos decidir teniendo en cuenta su mejor interés, opinión que puede o no coincidir con la de las personas adultas que intervienen en el pleito.
Estado Provincial, facultades no delegadas
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Municipalidad de Tordillo c/ Varas, Elbio Dugan s/ apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-08-07

Es inconstitucional una norma nacional que resulta un avance sobre la autonomía de las provincias al reglar sobre materia que exclusivamente les compete a ellas. Es a la Provincia y no a la Nación a quien compete decidir sobre la forma de aplicación en su territorio de las leyes substanciales dictadas por el Congreso de la Nación
YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES, competencia laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Diez, Alfredo Manuel c/ Y.P.F. S.A. s/ Diferencias salariales
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-10-01

Siendo Y.P.F. S.A. una sociedad mixta de derecho privado no resulta de aplicación el art. 116 de la Constitución Nacional (dec. 2778/91;

leyes 24.145 y 24.474) y la competencia cuando es demandada en el fuero laboral es local.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia no firme, recusación, gravamen irreparable, gravedad institucional
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BORRAS, MODESTO Y OTRO c/ MARENTES, ISABEL s/ QUEJA    POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 236-87 FIDELIO,  ANGELA  JOSEFA  CORREA  DE  Y  FIDELIO,  CARMELO  RAUL  SOC COMERCIAL DE HECHO Y ESTOS, SUS SOCIOS s/ QUIEBRA     QUEJA  POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD      CSJ EXPTE NRO 753-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-11-25|1989-03-01

El auto que decide acerca de una recusación no es sentencia definitiva ni equiparable, ya que no pone fin al juicio, ni impide su continuación, como tampoco parece causar gravamen irreparable En el caso, la quejosa invoca existencia de una situación de gravedad institucional, basándose en que se produce un escándalo jurídico al rechazarse una recusación cuando es el mismo Juez quien ha manifestado su enemistad para con la parte demandada y sus letrados.
Honorarios, ley de orden público, preclusión
Materia: PROCESAL
Carátula: SIAM  DITELLA  LTDA.  LIQUIDADORA  EN:  SANCHEZ Y CIA. S.A. - QUIEBRA PEDIDA  C/  CREDIVENTA  ALMAFUERTE  S.C.C.  -    DEMANDA   -  NULIDAD s/ DEMANDA - NULIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1988-10-25

Ante un auto regulatorio que no contenga los honorarios relativos a la tarea como procurador, el interesado debe utilizar las vías impugnativas adecuadas, para que se subsane tal omisión. De lo contrario existe conformidad con los honorarios regulados (arg. art.

154 C.P.C.) de modo que no puede luego, el interesado, sin violar el principio de cosa juzgada peticionar una regulación como procurador, cuando antes haba aceptado la omisión del Juez a ese respecto. A la par del derecho de propiedad del letrado recurrente, cuya tutela se pretende con la ley se sitúa igual derecho de la obligada al pago, quien debe ver determinada de manera cierta e irrevocable, el derecho al crédito de su contraria, aun cuando la regulación tenga el carácter de provisoria, en cuanto al monto (arts. 18 y 34 ley 7.269). Acceder al pedido de una nueva regulación con fundamento en el art. 45 ley citada importara ir en contra de lo resuelto en el auto del primer Juez, el que pasó en autoridad de cosa juzgada. La preclusión que impera en el proceso impone esta solución que es, por otra parte, la que más se adecua al imperativo de seguridad jurídica, materia donde igualmente se encuentra comprometido el orden público.
Beneficios previsionales, determinación del haber jubilatorio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Edei de Valsecchi Matilde c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-03-04

La reglamentación de régimen de retribuciones para el personal de la Administración Pública comprendido en la ley 10.430 -dec. 1227/87- no impone el requisito de autorización expresa como condición para que el personal jerárquico acceda a la percepción de la bonificación por "dedicación exclusiva".
Recurso de casación, competencia penal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Fiscal c/ Sottano, Victorino s/ Lesiones - Casación (Libro: S060-311)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1956-04-10

Las violaciones de disposiciones procesales no sancionadas con pena de nulidad, caducidad o inadmisibilidad, no autorizan el recurso de casación
Síndico del concurso, incidente de revisión, verificación de créditos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fromet Alberto y Oberti de Fromet Selva Elena s/ Concurso preventivo.Incid.revis.promovido por Madrile,Petri y  Aguirre S.C.C.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-03-23

La ley no exige como requisito de viabilidad del incidente de revisión que el incidentista haya impugnado lo aconsejado por el síndico en su informe particular, constituyendo tal impugnación una facultad y no una carga ni una obligación.
Beneficios previsionales, embargo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Nucifora Maria E. c/ Mellino s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-08-07

Si bien la ley 14443 (que reforma la ley 9511) sienta el principio general de inembargabilidad de salarios, sueldos, jubilaciones y pensiones (art. 1), dicho precepto no es absoluto, por cuanto en el mismo texto legal (art. 2) se establece una escala de distintos porcentajes de "embargabilidad", de acuerdo al monto del haber jubilatorio que se perciba. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, responsabilidad del Estado, inundación, relación de causalidad
Materia: CIVIL
Carátula: MAZZINI, FRANCISCO Y OTROS c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-02-09

Se advierte que las tachas sobre irrazonabilidad en el análisis fáctico y jurídico de los presupuestos de la responsabilidad civil del estado -por haberse prescindido, al decir de la presentante, de una adecuada ponderación de los factores pretendidamente concausales de las inundaciones y anegamientos de los campos de los accionantes, que habrían actuado en conjunto con los canales que desaguan en la laguna La Picasa, construidos por la Provincia- constituyen en verdad un intento de instaurar una suerte de tercera instancia ordinaria, toda vez que los extremos que se dicen desdeñados -tales como el crecimiento del régimen pluviométrico, las características del suelo de los campos aledaños a la laguna, las consecuencias atribuidas al cambio de cultivos, la existencia de canalizaciones clandestinas, el porcentaje de incidencia del territorio provincial en la cuenca de carácter interjurisdiccional, los obstáculos materiales y jurídicos para la realización de obras tendentes a reducir la cota de la laguna- fueron expresamente tenidos en consideración por el A quo, aunque desde luego con un alcance distinto al postulado por la impugnante, para concluir -con un criterio cuya lógica no llega a ser puesta en crisis en el plano fundamental- que todo ello no modificaba el hecho de que el crecimiento de la laguna había resultado consecuencia directa del obrar de la Provincia. (De la disidencia del Dr. Netri)
Sentencia, principio de congruencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Litwak, Manuel c/ Bassi, José Luis s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-03-29

Habiendo reclamado el accionante el cobro de una suma de dinero determinada en concepto de honorarios por los servicios médicos prestados al accionado, resulta incongruente la sentencia de primera instancia en la cual, si bien fueron tratados los capítulos propuestos a la decisión judicial, las consideraciones se desviaron luego a un terreno ajeno a la litis, en la creencia de lo que estaba en análisis era la búsqueda de "un precio de costumbre", en orden a lo reglamentado por el art. 1627 del Código Civil.-
Contratos, incumplimiento del contrato
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: YACOPLAST  SA c/ MOLINOS RÍO DE LA PLATA SA s/ ORDINARIO (LEXISNEXIS, 12.9.12).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-21

Cabe desestimar la pretensión de responsabilizar a la demandada en el incumplimiento contractual con fundamento en un abuso de la posición dominante. Ello así, por cuanto la teoría del abuso del derecho no puede tener relación alguna con el incumplimiento o la inejecución del contrato. Lo que puede ser abusivo es el modo en que se ejecutan las prerrogativas que de él emanan, esto es, cuando no hay ejercicio regular de ellas (CCiv: 1071) o, dicho de otro modo, cuando hay ejercicio irregular de los derechos derivados de la convención a la hora del cumplimiento o ejecución de las prestaciones respectivas. Pero cuando lo que existe no es cumplimiento, sino incumplimiento o inejecución de una o más prestaciones contractuales, la omisión respectiva no revela un acto abusivo, sino en esencia un acto ilícito, pues aparece una trasgresión al CCiv: 1197 (conf. Alterini, A., El incumplimiento considerado en sí propio (enfoque objetivo del ilícito civil), Buenos Aires, 1963, ps. 36/37, n° 14).
Licitación pública, adjudicación, cesión del establecimiento
Materia: LABORAL
Carátula: Pujana Mariano Martín c/ Punta Carrasco SA. y otro s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-10-15

La transferencia de establecimiento se produce de manera transitoria o definitiva por el cambio de titularidad de una o varias unidades productivas (conf, Guisado Héctor, Tratado de Derecho del Trabajo dirigido por Mario Ackerman, To. III pág. 770), cambio de titularidad que presupone un vínculo de sucesión jurídica entre transmitente y adquiriente de conformidad con lo preceptuado en los arts. 225, 229 y concs. de la LCT. No hay transferencia de establecimiento en el caso de la adjudicación por licitación realizada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pues está ausente la sucesión jurídica como requisito ineludible.
Representación procesal, gestor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Provincia de Buenos Aires c/ Rodriguez, Roberto s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-06-06

La nulidad declarada con pie en el art. 48 del código procesal sustrae de la validez formal todos los actos cumplidos por el gestor, e importa también la nulidad de los sucesivos que no sean independientes de aquellos (artg.art.48 y 174 C.P.C.C.).-
Sentencia penal, nulidad del acto jurídico, voto de adhesión
Materia: PENAL
Carátula: Dr. Sánchez, José A. (Representación Banco Provincia de Río Negro) s/ Denuncia fraude contra la administración Provincia (Imp. Ricardo A.  Arónica; Rubén D.  Mirando) s/Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1995-03-16

Cuando hay coincidencia de criterios, la adhesión se explica por los motivos que la propia doctrina indica. Pero cuando se han volcado en un fallo dos posturas notoriamente contrarias -al menos respecto de algunas cuestiones esenciales- aquella simple adhesión es insuficiente. Ello así porque en los términos de la segunda acepción de dicho vocablo, dirimir es: "ajustar, fenecer, componer una controversia". Y para ello, y a los efectos de la debida claridad de un fallo, juzgo necesario que se establezca con precisión -entre dos postulaciones disímiles o contradictorias- porqué o cuáles son las razones que el dirimente encuentra válidas para optar entre una y otra. Lo se#alado, adunado a los precedentes en que este STJ se pronunció en igual sentido ("López", Se. 205 del 14-12-93) llevan a tener por configurada la nulidad de la sentencia cuando una disidencia se dirime a través de la sola adhesión, sin fundamentos propios, a una de las dos líneas argumentales propuestas en un fallo. (En minoría:

Dra. Flores).
Locación de inmuebles, cosas, juicio de desalojo, falta de pago, intimación previa, carta documento
Materia: CIVIL
Carátula: BUSTOS MARIA c/ DUFAN SILVIA s/ LOCACION DE COSAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-21

La doctrina que surge del plenario "López A. c/ Carreras J". resulta aplicable en casos en los que el documento en cuestión no es un telegrama colacionado sino una carta documento.
Tasa de justicia, exención de tasa de justicia, ALPI
Materia: PROCESAL
Carátula: ASOCIACION PARA LA LUCHA CONTRA LA PARALISIS INFANTIL Y OTRO c/ OSPLAT s/ INCIDENTE DE TASA DE JUSTICIA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-09

La exención invocada por ALPI en función del art. 2°, ley 15.553 es de tipo "subjetivo", es decir, de aquellas que el legislador consagra respecto del pago de un tributo, tasa o contribución, en consideración a la naturaleza y finalidades de la persona beneficiada.
Competencia, competencia del Superior Tribunal de Justicia, privación de justicia
Materia: PROCESAL
Carátula: Massalin Particulares S.A. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Acción declarativa de inconstitucionalidad Buenos Aires s/ Acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-06-08

La falta de integración del fuero administrativo local no constituye para el accionante una situación de privación de justicia que habilite la intervención directa de este Tribunal prevista en el art.

113 inc. 4 de la CCBA en tanto se encuentran vigentes las leyes que regían hasta el momento del dictado de la Constitución, entre las cuales se encuentra la ley 19.987 -dictada por el Congreso Nacional como legislatura local- , que asigna competencia para el control judicial del obrar administrativo a la Justicia Nacional en lo Civil (del voto de los Dres. Conde, Casás y Muñoz).
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, falta de fundamentación, costas, declaración de insania
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Raúl EOLO LAVEZZO s/ PROCEDENCIA  DEL  RECURSO  EXTRAORDINARIO  - SENTENCIAS ARBITRARIAS -  COSTAS - INSANIA - PERITO - GASTOS COMUNES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-07-08

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que, en un juicio de insania, impuso las costas correspondientes al curador provisorio y a los peritos médicos designados de oficio, por mitades a cargo de ambas partes, con la mera aserción dogmática de que "ninguna duda cabe..." respecto del carácter que revisten dichos gastos, sin efectuar una apreciación crítica del tema ni discriminar sobre la razón determinante de la distinción entre gastos particulares y comunes y sin ningún sustento legal.