Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-18


En n la ciudad de Buenos Aires, a los 18 días del mes de julio de dos mil siete, se reúnen los miembros de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, a efectos de resolver el recurso de apelación interpuesto por el defensor oficial a fs. 79/82vta de la presente causa, de lo que, RESULTA:

I. Que a fs. 3 consta el acta contravencional labrada a Modesto Calle García, por infracción al art. 73 CC, por haber violado la clausura administrativa impuesta en el local de la calle Piedras, a la altura 1802, de esta ciudad, el 19 de septiembre de 2006.

II. Que a fs. 8 el imputado propone para su defensa a los titulares de la Defensoría Oficial nro. 1.

III. Que a fs. 17/21 consta copia de la disposición 4690-2006 de la DGFyC de fecha 21/07/2006 por la que se ratifica la medida de clausura inmediata y preventiva, administrativamente impuesta sobre local de marras el 19/07/2006 por inspectores de la Dirección General de Fiscalización y Control del gobierno de la ciudad.

IV. Que a fs. 42/43, obra la audiencia prevista en el art. 41 LPC, donde el imputado Calle García, asistido por su defensa técnica solicita la suspensión del proceso a prueba, prestando el fiscal su conformidad para el acto. Las partes acuerdan en solicitar al Juez de garantías, las suspensión del proceso a prueba por tres meses, en los que el encartado se compromete a cumplir las siguientes reglas de conducta: 1) fijar residencia y comunicar a la Fiscalía el cambio de ésta, 2) cumplir con las citaciones o requerimientos que esa Fiscalía o el Juzgado que por turno corresponda hiciere, 3) cumplir con instrucciones especiales, las cuales versarán sobre la obtención y posterior acreditación -en el plazo estipulado-, de la habilitación definitiva para que el comercio de la calle Piedras 1802, PB, de esta Ciudad pueda funcionar legalmente.

V.- Que a fs. 58/vta, la titular del Juzgado Nro. 5, María Fernanda Botana, resuelve, con fecha 8 de noviembre de 2006, suspender el juicio a prueba en el presente expediente en los términos solicitados.

VI.- Que a fs. 60, el 26 de febrero de 2007 el juez interinamente a cargo del Juzgado Nro. 5, dispone la intimación a Modesto Calle García para que dentro del quinto día de notificado acredite el efectivo cumplimiento de las instrucciones especiales impuestas.

VII.- Que a fs. 62, la Patricia López comunica que la habilitación del comercio aún se encuentra en trámite, por lo que solicita prórroga del plazo para cumplir con la regla de conducta relacionada con aquélla; la que es concedida por la a quo a fs. 63.

VIII- Que a fs. 65/vta. el Javier de La Fuente, cotitular de la Defensoría Oficial nro. 1, solicita se deje sin efecto la prórroga solicitada y en cambio declare extinguida la acción contravencional, por entender que su asistido cumplió con las reglas de conducta establecidas en la suspensión del juicio a prueba, adjuntando copia certificada de una constancia que da cuenta que Modesto García inició, con fecha 4/09/2000 ante la Dirección de Habilitaciones y Permisos del Gobierno de la ciudad, un trámite de habilitación comercial para el local de la calle Piedras 1802 PB para una actividad comercial que no aparece claramente especificada (la constancia expresamente aclara que no implica habilitación otorgada).

IX.- Que a fs. 66, la magistrada de grado no hace lugar al archivo solicitado por entender, por un lado, que la documentación aportada resulta ser de fecha anterior a la del momento de acordar la suspensión de juicio a prueba; y por otro, que la constancia adjuntada no acredita la habilitación definitiva, tal como se había impuesto.

X.- Que a fs. 67/vta. el de La Fuente reitera la solicitud de archivo de la causa, afirmando que la plancheta de iniciación del trámite de habilitación del local, permite a su defendido trabajar, hasta tanto el organismo administrativo otorgue la habilitación definitiva. Agrega, que su asistido arbitró todos los medios a su alcance a fin de obtener la habilitación correspondiente, pero el otorgamiento definitivo constituye una facultad discrecional del organismo administrativo y no está sujeto a plazo determinado. Por ello, entiende que corresponde tener por cumplidas las instrucciones especiales impuestas.

XI.- Que a fs. 68 la Sra. Juez a quo se remite a lo resuelto a fs. 66, lo que motiva al defensor oficial a una nueva presentación, obrante a fs. 74/75 en la que reitera la solicitud de archivo de las actuaciones y acompaña informe emitido por la Dirección General de Habilitaciones del G.C.B.A., de donde surge que Calle García presentó toda la documentación requerida ante el organismo administrativo a fin de obtener la habilitación definitiva de su comercio. Ello lo lleva a afirmar que: 1) el incumplimiento de las instrucciones especiales impuestas no le es imputable a su defendido; 2) la suspensión del juicio a prueba es un mecanismo alternativo de solución de conflictos que persigue un claro objetivo de prevención especial, por lo que desde este punto de vista supeditar la extinción de la acción a la decisión de la administración de otorgar la habilitación definitiva, contraría abiertamente el aludido fin; y 3) la circunstancia de que el proceso continúe abierto indefinidamente ocasionará a su pupilo un verdadero perjuicio y un estado de incertidumbre, que afectan su derecho a obtener un pronunciamiento definitivo dentro de un plazo razonable.

XII.- Que a fs. 76 se corre vista de la solicitud al fiscal interviniente, Sergio Lapadú, quien a fs. 77, entiende prudente al caso se prorrogue hasta el máximo posible (un año a partir de la concesión del beneficio), el término de suspensión del proceso a prueba a fin de que el imputado pueda acreditar el cumplimiento de las reglas de conducta impuestas.

XIII.- Que a fs. 78/vta. , la titular del Juzgado Nro. 5, resuelve no hacer lugar a la petición de la defensa y prorrogar hasta el período máximo de un año -a contar de la concesión del beneficio- el plazo para cumplimentar el compromiso asumido por Modesto Calle García.

XIV.- Que a fs. 79/82, el cotitular de la Defensoría nro. 1, interpone recurso de apelación contra dicha resolución por entender que la misma causa un gravamen irreparable a su defendido, el que es concedido a fs. 83. En este sentido, el de La Fuente manifiesta que: 1) la decisión impugnada no resulta ajustada a derecho en tanto Calle García hizo todo a su alcance para obtener la habilitación por lo que el incumplimiento de las instrucciones especiales no le es imputable a él sino a la administración del GCBA; 2) para revocar una "probation" por incumplimiento de lo acordado debe seguirse un criterio restrictivo, en particular dicho incumplimiento debe ser claro y voluntario; 3) la suspensión del proceso a prueba constituye un mecanismo alternativo de solución de conflictos que persigue un objetivo de prevención especial y, en el caso, este objetivo se ha cumplido satisfactoriamente. Finalmente, la circunstancia de que el proceso continúe abierto por un año, vulnera el derecho a obtener un pronunciamiento definitivo dentro de un plazo razonable.

XV.- Que a fs. 87/89 obra el dictamen de Fiscalía de Cámara Nro. 352/FC2/07, en el que se sostiene que debe declararse inadmisible el recurso de apelación por ausencia de sentencia definitiva o auto que cause gravamen irreparable. Subsidiariamente, solicita la revocación de la resolución de la a quo, pues en su opinión las instrucciones especiales impuestas en autos no son jurídicamente posibles pues ellas no pueden consistir en un plan de acción que debe ser llevado a cabo, en parte, por terceros. Ello, afecta la razonabilidad del acuerdo oportunamente celebrado y la del auto que lo convalidó. Asimismo, señala que el a quo inició oficiosamente el procedimiento de ejecución de la suspensión del proceso a prueba y no dio traslado a la defensa de lo solicitado por el fiscal de grado a fs. 77, vulnerándose el principio acusatorio, el debido proceso y la defensa en juicio.

XVI.- Que a fs. 91/92vta, la defensa, al contestar el traslado conferido solicita se haga lugar al recurso de apelación, se revoque la resolución impugnada y se disponga el sobreseimiento de su defendido.

XVII.- Que a fs. 93, pasan los autos a estudio, siendo las cuestiones a dilucidar si el recurso resulta admisible y, en su caso, qué solución corresponde adoptar.

PRIMERA CUESTIÓN En relación a la admisibilidad de recursos de apelación respecto de autos que no constituyen sentencia definitiva, este Tribunal tiene dicho que es de aplicación supletoria lo dispuesto por el art. 449 in fine CPPN, conforme la remisión del art. 6 LPC. Así, pueden ser objeto de impugnación aquellas resoluciones que causen un gravamen irreparable al recurrente, perjuicio que "...no se presta a una definición genérica y debe por lo tanto verificarse su concurrencia en cada caso concreto, puede decirse que aquel se presenta, fundamentalmente, cuando no existe otra oportunidad procesalmente útil para reparar el perjuicio que irroga la resolución..." (Palacio, Lino Enrique, "Los recursos en el proceso penal", Ed. Abeledo Perrot, Bs. As., 2001, p.60) Ahora bien, teniendo en cuenta que la resolución impugnada no se trata de una sentencia definitiva, cabe analizar si la misma causa un gravamen de imposible o difícil reparación ulterior que habilite su procedencia. Al respecto, del análisis del caso traído a examen, se desprende que el decisorio impugnado al no hacer lugar a la extinción de la acción contravencional y prorrogar por el plazo de un año la suspensión del juicio a prueba, podría generar dicho gravamen pues mantiene al imputado sometido a proceso -y eventualmente a un juicio oral- cuando lo que se reclama es la extinción de la acción.

SEGUNDA CUESTIÓN Viene a conocimiento de esta Alzada el recurso de apelación interpuesto por el Sr. Defensor Oficial, Javier E. de la Fuente, contra la resolución de la Sra. Juez, María Fernanda Botana, en la que dispuso prorrogar hasta el período máximo de un año -a contar desde la concesión del beneficio de la suspensión del juicio a prueba- el plazo para cumplimentar el compromiso asumido por Modesto Calle García; por entender que deben tenerse por realizados las reglas de conducta impuestas y decretarse así la extinción de la acción contravencional.

Es dable recordar, en forma previa, que la finalidad de la suspensión del proceso a prueba es básicamente, evitar que el imputado cargue con los efectos estigmatizantes de una eventual condena y que se administren en mejor forma los recursos del sistema judicial (Causas 459-00-CC/2006, "Sanchez, Rubén Gerardo s/art. 189 bis CP- apelación, rta. 9/3/2006, 120-00-CC/2006, "Taboada, Daniel Marcelo s/inf. Art. 84 ley 1472 - apelación", rta. 10/11/2006, entre otras).

Al momento de solicitar la suspensión del juicio a prueba, el imputado, técnicamente asistido, y el fiscal acordaron suspender el proceso a prueba por el término de tres meses, comprometiéndose el imputado a cumplir con las siguientes reglas de conducta: 1) fijar residencia y comunicar a la Fiscalía el cambio de ésta, 2) cumplir con las citaciones o requerimientos que la Fiscalía o el Juzgado hiciere, 3) cumplir con instrucciones especiales, las cuales versaban sobre la obtención y posterior acreditación -en el plazo estipulado-, de la habilitación definitiva para que el comercio de la calle Piedras 1802, PB, de esta Ciudad pueda funcionar legalmente. Dicho acuerdo fue homologado por la juez de garantías, en los términos solicitados, con fecha 8 de noviembre de 2006 (fs. 58/vta.).

Transcurrido dicho plazo, la defensa solicitó el archivo de las presentes actuaciones por considerar cumplidas las reglas de conducta impuestas, en particular y con relación a la 3) expuso que su defendido ha solicitado la habilitación ante el organismo pertinente, lo que de por sí le permite funcionar; petición que fue rechazada por la Sra. Juez prorrogando el plazo por el período de un año.

De una simple lectura de la regla de conducta enunciada en último término ("obtención de la habilitación comercial" para que el comercio sito en la calle Piedras 1802, PB "pueda funcionar legalmente") surge que la misma no podría haber sido convenida por las partes, y, menos aún, consentida por la juez de grado, pues la misma adolece de una nulidad absoluta, al hacer depender, parcialmente, de la voluntad de un tercero -como ser un organismo público- su cumplimiento. Se desnaturaliza, así, el carácter de las instrucciones especiales, las que deben consistir en "...un `plan de acciones',que auxilie al condenado a modificar los comportamientos que hayan incidido directamente en la realización de su conducta, es decir una obligación de hacer..." (del voto de la Conde en "Vázquez, Daniel Gustavo s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Vázquez, Daniel G. y otro s/inf. Art. 73 ley 1472 -apelación-, TSJ, Expte. 4957, rta. 7/05/2007).

Sin embargo, esa no resulta la única objeción que corresponde efectuar con relación a la regla de conducta acordada. En efecto, la exigencia legal de que el responsable del local, originariamente clausurado por la administración, el 19/07/2006, por funcionar como "maxi-kiosko, locutorio, venta de bebidas envasadas y productos alimentarios en general, verdulería" (arts. 1 y 2, Disp 4690/DGFyC/2006, fs. 4/6), inicie el trámite a fin de obtener la correspondiente habilitación comercial ya encontraba fuente en una norma legal de carácter general (art. 1.1.1 Código de Habilitaciones y Verificaciones, en adelante CHyV); en este sentido, tal como lo señaló este tribunal en una sentencia reciente, la carga de que para el ejercicio de toda actividad comercial se solicite habilitación no debe provenir de una sentencia judicial entendida como norma particular para un caso concreto sino que dicha obligación emana de una norma de carácter general dirigida a todos y cada uno de los particulares que tengan la voluntad de llevar adelante tales actividades ("López, Héctor Jorge s/ infr. art. 83 Ley 1472 -Apelación.", causa N° 12102-00-CC/2006 del 15/06/2007).

No es difícil advertir que, aunque ninguna resolución judicial imponga la obligación señalada, ella igualmente rige; de lo que se desprende que la obligación fijada por la resolución judicial como regla de conducta es inexistente al representar una "segunda" exigencia improcedente por redundante y sobreabundante, que desconoce la primigenia obligación de fuente legal. Por su parte, la cuestión atinente a si la mera solicitud de la habilitación autoriza, o no, al funcionamiento de la actividad con sujeción a lo que se resuelva oportunamente en la respectiva solicitud de habilitación también encuentra solución en el ordenamiento normativo (art. 2.1.8 CHyV).

Asimismo, otro contrasentido de la regla de conducta que estamos analizando surge cuándo nos preguntamos cuál es concretamente la habilitación que el Fiscal y la Juez quieren que logre obtener el imputado Modesto Calle García; adviértase que el local de la calle Piedras Nº 1802 se encontraba funcionado el 19/7/2006 como "maxi-kiosko, locutorio, venta de bebidas envasadas y productos alimentarios en general, verdulería" (fs. 4/6), mientras que el 19/09/2006, fecha en que se habría constatado la violación de la clausura administrativa impuesta en julio, el local en cuestión se habría encontrado funcionado como "almacén" (fs. 1).

Lo expuesto se pone en evidencia si se advierte que, fue el propio imputado quien inició los trámites de habilitación para ejercer una determinada actividad comercial (comercio minorista de verduras, frutas, carbón en bolsa, productos alimenticios en general, productos alimenticios envasados, debidas en general envasadas, golosinas envasadas y todo lo comprendido en la ordenanza 33.266, fs. 72) que decidió desempeñar, y resulta exigida por la ley, aún antes de que dicha exigencia haya sido impropiamente efectuada, superponiéndose a la ley, por una resolución judicial de alcance particular.

Así las cosas, ingresando al análisis específico de la decisión en crisis (prorrogar hasta el período máximo de un año el plazo para que Modesto García obtenga una habilitación comercial definitiva) se impone su revocación pues, en modo alguno puede admitirse que se extienda el plazo para que se de cumplimiento a una regla de conducta que, desde su génesis, resulta manifiestamente improcedente. A lo que se suma que el incumplimiento que determinó la extensión del término de probation se debió a razones ajenas a la voluntad del imputado, por haberse exigido un resultado cuya producción está en cabeza de un tercero y además no sujeta a un plazo determinado.

Finalmente corresponde devolver las actuaciones al Juzgado de primera instancia a fin de que, teniendo por no fijada la regla de conducta referida y previa verificación de la circunstancia aludida en el anteúltimo párrafo del art. 45 CC, declare extinguida la acción contravencional para continuar investigando la contravención ventilada en autos.

Por las razones expuestas, en mérito a las normas legales y antecedentes jurisprudenciales citados, el Tribunal RESUELVE:

REVOCAR la resolución en crisis, obrante a fs. 78, y ORDENAR el dictado de una resolución con arreglo a lo expuesto (arts. 51 LPC, 45 CC y 1.1.1 CHyV).

Regístrese, notifíquese con carácter urgente y oportunamente devuélvase al Juzgado de origen, a sus efectos.

Ante mí:

//jo constancia que el José Sáez Capel no firma por hallarse en uso de licencia.