Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-03-08


OTTA, Adrián Luis contra COMUNA DE SANFORD Reg.: A y S t 212 p 161-165.

Santa Fe, 8 marzo del año 2.006.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Comuna de Sanford contra la sentencia de fecha 28 de marzo del 2.005 (protocolizada en el T. I, F. 121, Nro. 90) dictada por la Jueza de Primera Instancia de Circuito Número 7 de la ciudad de Casilda, en autos "OTTA, Adrián Luis contra COMUNA DE SANFORD -Recursos- (Expte.

415/04) sobre QUEJA POR DENEGACIÓN DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD", (Expte. C.S.J.

nro. 437, año 2005); y, CONSIDERANDO: 1. Surge de las constancias de la causa que la Jueza de Primera Instancia de Circuito de Casilda (fs. 1/4) hizo lugar a los recursos de apelación y nulidad interpuestos por Adrián Otta contra la resolución dictada en la causa que tramitara ante el Juzgado de Faltas de la Comuna de Sanford, ante la imputación de haber cometido una falta por exceso de velocidad el día 6 de julio del 2003, alegando la nulidad del procedimiento, la ausencia de notificación, así como la nulidad del acto administrativo. El a quo declaró la nulidad de todos los actos administrativos que dieron origen a la tramitación de la causa individualizada como 23111045 ante la Comuna de Sanford, con costas al perdidoso (art. 251 C.P.C.C.).

En el memorial introductor del remedio previsto en la ley 7055 (fs. 8/10) sostuvo la recurrente- tras una reseña de las vicisitudes de la causa- que la decisión de la jueza a quo incurría en arbitrariedad (artículo 1, inciso 3 de la ley 7055).

Esgrimió falta de fundamentación suficiente y bajo el acápite titulado "fundamento normológico", formuló un breve repaso de las normas, doctrinas y jurisprudencia que, a su entender, regían el caso. Se explayó en cuanto a que el texto del artículo 1, inciso 3 de la ley 7055, debía armonizarse, por una parte, con el artículo 95 de la Constitución de la Provincia (art. 95), que prescribe que tanto las sentencias como los autos interlocutorios deben tener motivación suficiente, so pena de nulidad y, por la otra, con la garantía constitucional de defensa en juicio.

En cuanto a la falta de motivación suficiente endilgada consideró que, en primer término, debió tratarse la admisibilidad del recurso interpuesto. En ese sentido señaló que si bien no discutió en su momento la competencia de la Jueza, en cambio, "sí protestó la falta de requisitos suficientes para que se tornase procedente la acción de la recurrente ...en vista de la misma norma que ésta invocó, que es la 24449"; extendiéndose en afirmar que es ésta la norma aplicable en el caso, con prioridad a todas las otras, por ser la específica.

Señaló que de los dichos del imputado de la infracción surge que éste entiende no haber dado cumplimiento a los requisitos de procedencia del artículo 74 de la ley 24449, al manifestar "Si bien es cierto que en el caso concreto no existe notificación fehaciente que autorice al apelante a interponer los recursos en los plazos señalados en la Ley de Tránsito...", pone en evidencia dos circunstancias, consistentes en el reconociendo de las carencias que existían para la procedencia del recurso que intenta interponer (con mención de dicho precepto) y, que es ésa -precisamente- la norma invocada en su defensa.

En cuanto a la cuestión normativa señalada en precedencia, indica que el artículo 74 de la Ley de Tránsito prevé "Sin perjuicio de las instancias que se dispongan para el procedimiento contravencional de faltas en cada jurisdicción, pueden interponerse los siguientes recursos ante los Tribunales del Poder Judicial competente, contra las sentencias condenatorias ...a) de apelación, que se planteará y fundamentará dentro de los cinco días de notificada la sentencia ante la autoridad de juzgamiento".

Infirió de ello que dos son los requisitos de procedencia del recurso previstos en la sede del Poder Judicial, a saber, a) que la sentencia esté notificada y, b) que el recurso se interponga dentro de los cinco días posteriores. Añade que el recurso debió plantearse y fundarse ante la autoridad de juzgamiento, la que, en el caso, no es sino el Juzgado de Faltas de la Comuna de Sanford. Agregando, por último, que con su accionar el particular desoyó las normas procedimentales administrativas, las que entiende requieren siempre del administrado, el agotamiento de las vías administrativas antes de llegar a las instancias judiciales ordinarias.

Por otra parte, en vinculación con los hechos, postula que todo parte de la afirmación del presunto infractor de que no fue notificado de la iniciación del proceso contravencional por la comisión de una infracción de tránsito (alta velocidad en ejido urbano), ni de la sentencia que se dictara en la misma causa y que, recién se enteró de tales hechos al ser intimado por un abogado mediante cédula extrajudicial dejada por debajo de la puerta de entrada al domicilio de aquél, tras lo cual se apersonó en el Juzgado de Faltas de Sanford y recibió información de los detalles de la causa.

Mas se agravia de la omisión en que éste incurrió al no aportar ningún dato tendente a acreditar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad de la ley 24449, mencionando entre ellas, no indicar la fecha de recepción de la cédula prejudicial del profesional del derecho, ni manifestar la fecha en que recibió mayor información del Juzgado de Faltas. La Comuna plantea que esa falta de pruebas en apoyo de los dichos del administrado, al menos, debió haber suscitado alguna resistencia en la Jueza a admitir con tanta facilidad que el recurso era procedente.

Además, destacó que: a) el actor no intentó hacer valer sus pretensiones, legítimas o no, mediante los recursos administrativos establecidos por la Ordenanza 10/98 de la Comuna de Sanford, en los artículos 42 y siguientes, a pesar de que la existencia de otros medios procesales administrativos son sobradamente conocidos; b) el actor no interpuso el recurso ante la autoridad de juzgamiento, sino que lo hizo directamente ante la jueza, eludiendo una parte del procedimiento que conforme la misma norma que invocó, debía seguir.

Empero la sentencia no hizo alusión alguna a dicha normativa, que es la que específicamente rige la materia, por lo que le imputa prescindir del texto legal sin dar razón plausible alguna, o en su defecto, incurrir en brindar como fundamento pautas de excesiva amplitud, en sustitución de normas positivas directamente aplicables y, c) no acreditó la fecha a partir de la cual corrió el plazo para la interposición del correspondiente recurso, ni que el modo de enterarse de lo sucedido haya sido tal como lo relata. Consecuentemente, no ha cumplido con el requisito de oportunidad en cuanto al plazo de interposición del recurso de conformidad a las previsiones del artículo 74 de la Ley de Tránsito.

Ponderó que todas esas falencias fueron soslayadas por el Tribunal brindando como único argumento que la forma de interposición del recurso ha sido debidamente respetada por el apelante.

En síntesis, le endilgó al decisorio recurrido falta de fundamentación que lo torna arbitrario por carecer de las condiciones mínimas necesarias para el derecho a la jurisdicción que acuerda la Constitución provincial en el artículo 95 y, por ende, violación de la garantía de defensa en juicio.

La jueza a quo denegó la concesión del remedio extraordinario por extemporaneidad del planteo (f. 19 y vto.), lo que motivó la presentación directa del apelante ante esta Sede.

En dicha oportunidad rebatió adecuadamente los fundamentos del auto denegatorio al alegar que el recurso de inconstitucionalidad era temporáneo, habida cuenta de la aplicabilidad al caso de la ley 7234, denominada de Defensa en Juicio del Estado, en cuyo articulado se preceptuó que en todos los juicios en que intervengan las Comunas se duplicarán los términos procesales establecidos en las leyes respectivas (art. 5), con la sola excepción de los correspondientes para la publicación de edictos.

Asimismo, insistió en la arbitrariedad de la resolución recurrida y, por ende, en la concesión del recurso (fs. 21/22).

2. La postulación del recurrente cuenta "prima facie", con suficiente asidero en las constancias de autos e importa articular planteos que pueden configurar hipótesis de inconstitucionalidad con idoneidad suficiente como para operar la apertura de esta instancia de excepción. Dicho esto en una apreciación mínima y provisoria, propia de este estadio, y sin que ello implique adelantar opinión sobre la sustantiva procedencia de la impugnación.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Admitir la queja interpuesta. Disponer que por Presidencia se requiera la elevación de los autos principales y se le imprima el trámite que corresponde.

Regístrese y hágase saber.

FDO.: GUTIÉRREZ-GASTALDI-NETRI (en disidencia)-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria) DISIDENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR MARIO LUIS NETRI No obstante haberse rebatido debidamente el fundamento central del auto denegatorio, el análisis de los demás agravios esgrimidos en el recurso conduce a sostener que la presente queja no puede prosperar.

En efecto, bajo la genérica invocación de una supuesta falta de motivación la impugnante centra su crítica sobre la valoración efectuada por la jueza a quo respecto de los requisitos de admisibilidad del recurso incoado por el particular contra la sanción de multa que, a su turno, le fuera impuesta. Tales argumentos remiten al análisis de cuestiones de índole procesal y común, como también de hecho, que conforme a reiterada jurisprudencia de esta Corte provincial y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación son propias de los jueces de la causa y ajenas, en principio, a la instancia extraordinaria (ver, entre otros, A. y S. T. 195, pág. 370; Fallos: 317:126; 312:194; 308:1377).

Mas, si bien es cierto que el principio recién enunciado puede ceder cuando las garantías consagradas tanto en la Constitución nacional como en la provincial resultan desnaturalizadas por una excesiva rigidez en la interpretación y aplicación de las normas que reglamentan el procedimiento, tal situación lejos está de configurarse en el sub lite.

En efecto, en lo estrictamente concerniente a la admisibilidad de la apelación interpuesta por Otta la a quo entendió que debía considerarse temporánea habida cuenta de las deficiencias comprobadas en las notificaciones cursadas en sede administrativa y al estado de indefensión acusado por el actor.

Frente a ese discurso la recurrente insiste en que la actora no probó la fecha a partir de la cual corría el plazo para la interposición del correspondiente recurso debiéndose tener en cuenta -a su criterio- otros elementos existentes en la causa. Tal línea de argumentación no se hace cargo siquiera mínimamente del razonamiento seguido por la juzgadora, en especial no hace mención alguna a las circunstancias señaladas en el fallo que destacaban falencias en la tramitación de las actuaciones administrativas achacadas a la Comuna recurrente, quedando, de tal forma, incólume la base del criterio asumido por la sentenciante. Consecuentemente, el agravio en cuestión no logra desvirtuar la lógica seguida en la sentencia impugnada ni, mucho menos, llega a demostrar que la valoración de la admisibilidad del recurso efectuada por el Tribunal exceda los márgenes de logicidad y legalidad tolerados.

La colisión entre esas posturas encontradas revela el fuerte disenso interpretativo que trae consigo la alegada cuestión constitucional deducida en el presente remedio, síntoma de que se está ante una cuestión procesal, como lo es, determinar en el caso concreto la concurrencia de los requisitos exigidos por el ordenamiento para tornar admisible la revisión judicial de las multas impuestas por autoridades administrativas, materia que, como ya se dijo, corresponde, en principio, a los jueces de la causa y excluye, por ende, su revisión en esta instancia.

No mejor suerte puede correr el resto de los cuestionamientos que, bajo el mismo título, se esgrimen en el recurso.

Es que, como ya se dijo anteriormente, la Administración comunal recurrente en ningún pasaje de su libelo recursivo aporta argumentos de peso, idóneos y conducentes para acreditar, en las concretas circunstancias del caso, la falta de suficiencia de los fundamentos esgrimidos en el fallo en cuanto propició tanto la admisibilidad del recurso judicial y el consiguiente acceso a la jurisdicción como la procedencia sustancial de la pretensión teniendo particularmente en cuenta específicas falencias señaladas en el trámite seguido en sede administrativa achacables solamente a aquélla.

En ese orden, resulta necesario destacar que en el fallo recurrido se declaró la nulidad de la sanción de multa impuesta en tanto el presunto infractor no había sido debidamente notificado de las etapas procedimentales que se fueron sucediendo hasta el arribo de la resolución administrativa. A ello se agregó que el acto administrativo recién citado carecía de firma de la autoridad de la cual emanaba y que el acta de infracción también era nula en razón de que el inspector municipal, que es quien debe constatar la infracción, detener al vehículo, identificarse indicando la dependencia a la cual pertenece e identificar al conductor, no intervino en la constatación de la presunta infracción sino que se limitó a rubricar la fotografía extraída a través de mecanismos técnicos días después de obtenida ésta, desoyendo de tal forma lo impuesto por el artículo 70 de la ley nacional 24.449 y su concordante reglamentación provincial.

Como puede inferirse de lo recién reseñado, en el decisorio impugnado se hizo aplicación del marco de garantías procedimentales que surge del artículo 70 de la ley nacional de tránsito -que encuentran también necesario complemento en los artículos 69 y 71 del mismo cuerpo normativo-. Allí se establecen específicos límites al accionar administrativo y se contemplan verdaderos deberes dirigidos a los funcionarios encargados de la tarea de constatación y de juzgamiento de las distintas infracciones que puedan detectarse.

Pues bien, en la sentencia se señalaron claramente las circunstancias por las cuales se estimaron incumplidos en el caso los deberes impuestos a los órganos administrativos afectándose ilegítimamente las garantías del particular explícitamente reconocidas por el citado marco normativo.

Ningún argumento ha traído la Comuna recurrente en orden a desvirtuar lo valorado en el punto por el Tribunal a quo ni menos aún ha logrado insinuar que lo resuelto no derive razonablemente del derecho en vigor o que la motivación no resulte de inferencias razonables deducidas de las constancias de la causa.

En otras palabras, la sustancia impugnativa se circunscribe a la simple discrepancia de la apelante con la apreciación crítica de los hechos y la hermenéutica de las pruebas y normas de derecho común y ritual (lo que, en principio y cualquiera sea su acierto, está reservado al a quo), sin haber demostrado adecuadamente que el razonamiento que da sostén a la sentencia se separa de la sana crítica, de tal modo que se ha hecho privar una solución manifiestamente contraria a las reglas de la lógica y experiencia (esto es, del correcto razonamiento judicial) o se arriba a un resultado manifiestamente inequitativo, o que prescinde de las normas que rigen la cuestión.

Por todo ello, la queja interpuesta debe rechazarse.

FDO.: NETRI-Fernández Riestra (Secretaria).