Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-12-30


NEUQUEN, 30 de Diciembre del año 2014.

Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados: "M. C. G. B. S/ SITUACION LEY 2212", (Expte. EXP Nº 47858/2011), venidos en apelación del Juzgado de Familia n° 4 a esta Sala II integrada por los Dres. Federico GIGENA BASOMBRIO y Patricia CLERICI, con la presencia de la Secretaria actuante, Micaela ROSALES y, de acuerdo al orden de votación, el Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO dijo:

I.- El señor B. B. interpone recurso de apelación contra la resolución de fs. 144/145, que ordena su exclusión del domicilio sito en ... de la ciudad de Neuquén, disponiendo el reingreso en el mismo de la señora M. y sus hijas menores de edad, hasta tanto se esclarezca la denuncia de abuso sexual planteada en su contra, debiendo abstenerse de la realización de actos de violencia respecto de las niñas, con prohibición de acercamiento a menos de 200 metros.

a) El recurrente se agravia porque la medida cautelar dispuesta en la resolución apelada ha sido adoptada exclusivamente en base a las manifestaciones de la señora M., quién no reside en el domicilio del cuál se lo excluyó desde el mes de noviembre de 2009. Entiende que la señora M. logra, mediante la denuncia de abuso sexual, su propósito de obtener la vivienda del señor B. B..

Sostiene que la medida cautelar adoptada resulta desproporcionada, pues si se considera que el bien jurídico a resguardar es la integridad sexual de la menor, ese mismo fin se hubiera obtenido disponiendo la suspensión de todo contacto paterno-filial hasta tanto se esclarezca la denuncia, ya que la niña se encontró, en todo momento, al cuidado de la madre.

Dice que la norma legal invocada por la a quo (art. 34, Ley 2302) no se corresponde con la situación de hecho de autos, ya que resulta apresurado sostener que la mera manifestación de la señora M. sin otro sustento que sus dichos, generen en la jueza interviniente la convicción necesaria para disponer tan gravosa medida.

Señala que la norma invocada requiere que se trate de evidencia o posibilidad cierta de maltrato, presión o abuso sexual; en tanto que de la resolución en crisis surge que la medida se ha adoptado sin contarse con mayores elementos que brinden certeza a los hechos denunciados.

Agrega que la denunciante no reside en la ciudad de Neuquén desde noviembre de 2012.

Reitera conceptos respecto de la titularidad de la vivienda y de que podrían haberse adoptado otras medidas menos gravosas.

b) La señora M. no contesta el traslado de la expresión de agravios.

c) A fs. 183, el apelante acompaña copias de la causa penal referidas al examen médico de la menor presuntamente abusada.

d) A fs. 188/vta. obra dictamen de la Defensoría de los Derechos del Niño y del Adolescente, quién entiende que la investigación penal continúa, por lo que la medida cautelar deberá seguir vigente.

II.- La presente situación de denuncias y adopción de medidas cautelares, en el marco de la ley de protección contra la violencia familiar, se remonta a marzo de 2011.

A fs. 3 se ordenó al señor B. B0 se abstuviera de ejercer actos de agresión, intimidación y/o amenaza en contra de la señora M. y su grupo familiar.

A fs. 25, con fecha 13 de junio de 2011, se requirió del Ministerio de Desarrollo Social se arbitraran los medios para alojar en un refugio a la señora M. y sus tres hijas.

A fs. 27/28, con fecha 13 de junio de 2011, se ordena la exclusión del hogar familiar del señor B. B., con prohibición de ejercer actos de violencia y de acercamiento.

A fs. 48/vta., con fecha 29 de agosto de 2011 y acuerdo de partes mediante, se autoriza al señor B. B. a ingresar al domicilio para vivir en la casilla que se encuentra construida en la parte de atrás del terreno, con mantenimiento de las medidas cautelares restantes, y derivando a las partes a evaluación y eventual tratamiento psicológico, indicando las instituciones a las que pueden acudir a tal fin.

Con fecha 21 de marzo de 2012 la señora M. efectúa una nueva denuncia por violencia familiar (fs. 53), que da lugar a una nueva orden de exclusión del hogar respecto del señor B. B. por el término de 180 días, solicitando a la Policía medidas de máxima seguridad para la señora M. y su grupo familiar (fs. 57/vta.). Asimismo y también como medida cautelar se dispuso la prohibición respecto de la señora M. de enajenar, ocultar y/o trasladar bienes gananciales (fs. 82).

Apelada la medida de exclusión del hogar, fue confirmada por esta Sala II, a fs. 98/99 vta.

A fs. 117 a pedido de la señora M., con carácter provisorio y hasta tanto la parte inicie la acción que corresponda, se fija una cuota alimentaria de $ 1.000,00.

Surge de las constancias de autos que para diciembre de 2012 la señora M. y sus hijas se habían trasladado a Bahía Blanca.

El día 18 de julio de 2014 la señora M. formula denuncia por abuso sexual contra el señor B. B., siendo la presunta víctima la hija menor de la pareja (fs. 134/vta.).

A fs. 128/vta., con fecha 21 de julio de 2014, en audiencia ante la jueza de grado el señor B. B. asume el compromiso de retirarse de la vivienda común.

Ante la falta de cumplimiento del compromiso asumido la jueza de primera instancia dicta la medida de exclusión del hogar que ahora se recurre, reiterándose la prohibición de enajenar, disponer, destruir, ocultar o trasladar bienes gananciales respecto de la señora M. (fs. 164).

III.- La Ley 2.785, como toda ley de protección contra la violencia familiar, estructura, en lo que al Poder Judicial refiere, un sistema cautelar de carácter urgente, que se agota en si mismo. Desde este punto de vista las medidas que la Ley 2.785 autoriza adoptar por parte de la magistratura son claramente medidas autosatisfactivas.

Por ello debe tenerse presente que, como lo destaca Victoria Blanchard ("Régimen de adecuada comunicación en los procesos de violencia familiar", DFyP 2013, pág. 53), "lo cierto en estos procesos urgentes que la doctrina con distintas denominaciones y figuras utiliza para referirse a las nuevas vías de acceso a una justicia más rápida y eficaz, se caracterizan por la prevalencia en el trámite del principio de celeridad, la reducción del ámbito de cognición y la postergación de la bilateralidad, con la finalidad de acordar una tutela eficaz. Dichos procesos están destinados a la resolución inmediata de pretensiones con carácter definitivo, haciéndolo con autonomía propia, es decir que se trata de un proceso independiente, que se agota en si mismo y que finaliza con el cumplimiento de la cautelar requerida. Ese es el objeto que persigue la intervención jurisdiccional en materia de violencia, agotando allí su contenido. el procedimiento en cuestión no implica una solución de fondo al conflicto familiar existente, sino una intervención en la emergencia.".

En la misma línea de pensamiento que la autora citada, debe destacarse enfáticamente que el Poder Judicial no es el ámbito adecuado ni pertinente para otorgar una solución para la violencia familiar. Su intervención es la de disponer herramientas cautelares para superar la crisis, la emergencia, pero agotada esta intervención es el Poder Ejecutivo, a través de las dependencias enumeradas por la Ley 2.785 quién deberá generar los espacios propicios para colaborar con víctimas y victimarios a efectos de erradicar definitivamente la violencia del grupo familiar afectado. En todo caso, el Poder Judicial a través de los procesos de familia, instados por las partes con el debido asesoramiento letrado, ayudará a encauzar la situación familiar post crisis.

Creo importante establecer este marco conceptual porque en autos estamos asistiendo a crisis periódicas de violencia familiar, sin que se haya adoptado medida alguna tendiente a obtener la solución del conflicto, que se manifiesta en los episodios de violencia (ahora con una presunta víctima menor de edad), pero en el que subyace un problema habitacional y económico.

Surge de las constancias de autos que la relación de pareja se encuentra rota (ambas partes reconocen que el señor B. B. tiene otra relación sentimental), pero permanecen en la misma vivienda, y se trata de un grupo familiar con necesidades básicas mínimamente satisfechas, en tanto que las niñas aparecen con escolarización irregular.

En este ámbito resulta fácil que aparezcan agresiones, que comenzaron siendo verbales y psicológicas, para mutar ahora en un presunto abuso sexual, y que pueden llegar a hechos de mayor gravedad en tanto no se frene la espiral de violencia.

Desde esta perspectiva, los agravios del apelante no pueden prosperar.

Existe una denuncia por presunto abuso sexual, y si bien es cierto que el examen físico de la menor no constató signos del abuso denunciado, asiste razón a la Defensoría de los Derechos del Niño y del Adolescente respecto a que la investigación aún se encuentra en trámite, por lo que no existe una resolución definitiva respecto del imputado.

Por otra parte no se advierte de que modo se puede preservar a la menor mediante la prohibición del contacto paterno-filial, si se permite el reingreso del progenitor a la vivienda familiar.

De lo dicho se sigue que, por el momento, no aparece otra medida igual o más eficaz que la exclusión del hogar para preservar el interés superior de la menor presunta víctima del abuso sexual.

Consecuentemente habrá de confirmarse el resolutorio apelado.

Sin perjuicio de ello resulta necesario abordar la problemática de fondo para evitar el agravamiento de las crisis de violencia y, en la medida de lo posible, encontrar una solución definitiva para el grupo familiar M. - B. B..

Si bien en la resolución de fs. 48/vta. se derivó a las partes a distintas instituciones (Equipo de Admisión del Ministerio de Desarrollo Social, Servicio de Violencia Familiar, Servicio de Admisión del Área de Servicio Social del Hospital Heller), no surge del expediente que el grupo familiar haya cumplido con esta derivación.

Por ende, siendo deber del Estado prevenir y erradicar la violencia familiar, como así también brindar adecuada protección a sus víctimas, en la instancia de origen deberá requerirse al Ministerio de Coordinación de Gabinete que, en su carácter de autoridad de aplicación de la Ley 2.785 (art. 4°) y de coordinador de las acciones entre las distintas dependencias involucradas (art. 5° inc. 1), arbitre los medios tendientes a intervenir en la situación de la familia M. - B. B., con el objeto de otorgar un abordaje integral a la problemática que la afecta, debiendo, en un plazo máximo de seis meses, informar sobre lo actuado al Juez de Familia interviniente.

IV.- En mérito a lo antedicho, propongo al Acuerdo rechazar el recurso de apelación del señor B. B. y confirmar el resolutorio apelado en lo que ha sido materia de agravios; y disponer que la en la instancia de origen se oficie al Ministerio de Coordinación de Gabinete, con copia de la presente sentencia y en los términos establecidos en el Considerando respectivo.

Sin costas en la Alzada por estar ambos litigantes asistidos por la Defensa Oficial.

La Dra. Patricia CLERICI dijo:

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que antecede, adhiero al mismo.

Por ello, esta Sala II.

RESUELVE:

I.- Confirmar el resolutorio de fs. 144/145 en lo que ha sido materia de agravios; y disponer que la en la instancia de origen se oficie al Ministerio de Coordinación de Gabinete, con copia de la presente sentencia y en los términos establecidos en el Considerando respectivo.

II.- Sin costas en la Alzada por estar ambos litigantes asistido por la Defensa Oficial.

III.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, en su oportunidad, vuelvan los autos a origen.

Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO - Dra. Patricia CLERICI Dra. Micaela ROSALES - SECRETARIA.