Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-09-20


Buenos Aires, 20 de septiembre de 2006 Visto: el expediente indicado en el epígrafe, resulta:

1. Pragma FCB Publicidad SA solicitó el dictado de medida cautelar autónoma e innovativa contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a fin que se declare la suspensión de los efectos del acto administrativo por el que se lo intimara al pago de anticipos del Impuesto sobre los Ingresos Brutos contra los cuales solicitó compensar saldos a su favor, hasta tanto se agotase la vía administrativa abierta con la interposición del recurso de reconsideración, que había deducido en los términos del artículo 128 del Código Fiscal (t.o. año 2005).

Peticionó, asimismo, "que se aclare que la suspensión de efectos de dicho acto involucra la imposibilidad de promover todo tipo de curso de acción administrativo y/o judicial que presuponga su existencia y efectos, especialmente el embargo preventivo y/o cualquier otro tipo de medida cautelar y/o coercitiva con respecto a los conceptos a que se refiere aquél" (fs. 1/16, expte. principal).

2. La jueza de primera instancia denegó la medida cautelar solicitada (fs. 63/64, expte. principal) por no encontrarse acreditados la verosimilitud en el derecho ni el peligro en la demora.

3. Apelada esta resolución por la parte actora (fs. 66/99 vuelta, expte. principal), la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad resolvió confirmar la sentencia de primera instancia ( fs. 103/106 vuelta, expte. principal).

4. Frente a esa decisión, Pragma FCB Publicidad S.A. interpuso recurso de inconstitucionalidad (fs. 108/118 vuelta, expte. principal), que fue declarado inadmisible por la Cámara (fs. 121/122, expte. principal).

5. La actora dedujo entonces recurso de queja ante este Tribunal (fs. 118/125).

6. El Fiscal General Adjunto, en su dictamen, propició el rechazo de dicho recurso (fs134/136).

Fundamentos:

La jueza Ana María Conde dijo:

1. Si bien el recurso de queja interpuesto por la actora fue deducido en tiempo y forma (art. 33, LPTSJ), el mismo no puede prosperar.

2. El pronunciamiento de la Cámara que confirmó la resolución de la jueza de primera instancia que denegó la medida cautelar solicitada por la actora, no constituye la sentencia definitiva a que se refiere el art. 27 de ley 402 de procedimientos ante el Tribunal Superior.

Este Tribunal ha señalado reiteradamente que las resoluciones dictadas sobre medidas cautelares, ya sea que las acuerden, mantengan o denieguen, no son susceptibles de revisión por la vía del recurso de inconstitucionalidad, por no constituir sentencia definitiva, excepción hecha cuando la denegatoria produzca un agravio que por su magnitud o características será de tardía, insuficiente o imposible reparación ulterior, caso en que corresponde equiparar estas decisiones a las sentencias de tal naturaleza (in re: "Covimet SA c/ GCBA s/ otros procesos incidentales s/ recurso de inconstitucionalidad concedido" expte. n° 2570/03 y su acumulado "Covimet SA s/ queja por recurso de apelación ord. denegado en 'Covimet SA c/ GCBA s/ medida cautelar'", expte. n° 2461/03, resolución del 17 de diciembre de 2003; "Agencia Marítima Silversea S. A. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Agencia Marítima Silversea s/ acción declarativa -incidente s/ medida de no innovar-'", expte. nº 1516/02, resolución del 10/07/02, con cita de Fallos: 313:279; "Clínica Fleming s/ recurso de inconstitucionalidad concedido en 'Clínica Fleming s/ art. 72 CC -incidente de clausura- apelación'", expte. nº 1215/01, resolución del 19/12/01).

Es carga de quien recurre una decisión que no es definitiva invocar y probar las circunstancias que permitan equipararla a tal, para que se justifique la intervención del Tribunal. Sin embargo, en autos no se ha demostrado el cumplimiento de ese recaudo, puesto que los argumentos que invoca la recurrente no resultan idóneos para demostrar que la sentencia le provoque un agravio de insuficiente reparación ulterior.

En efecto, con la interposición del recurso de reconsideración en sede administrativa, la posibilidad de que la Administración inicie la ejecución fiscal contra Pragma FCBA Publicidad S.A. está vedada en virtud del efecto suspensivo previsto en el art. 128 del Código Fiscal (t.o. 2005).

3. Por lo demás, el escrito del recurrente tampoco se ocupa de rebatir eficazmente los argumentos de la Cámara que sustentan la ausencia de cuestión constitucional, limitándose a exponer que " la sentencia recurrida plantea lacónica y dogmáticamente que esta parte no ha demostrado la existencia de una cuestión constitucional" (fs.123 vuelta), pero no intenta presentar fundadamente un caso constitucional con la seriedad y contundencia que un recurso de esta naturaleza requiere, y pretende suplir tal omisión alegando la tacha de arbitrariedad.

Al respecto, como lo tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la admisibilidad del recurso por arbitrariedad, es estricta: "La doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto convertir a la Corte en un tribunal de tercera instancia ordinaria, ni corregir fallos equivocados (...), sino que atiende a cubrir casos de carácter excepcional en los que, deficiencias lógicas del razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo, impidan considerar el pronunciamiento de los jueces ordinarios como la 'sentencia fundada en ley' a que hacen referencia los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional" (Fallos: 312:246, 389, 608, 1839, entre otros).

Este Tribunal también ha señalado que la circunstancia de que el recurrente discrepe con el razonamiento efectuado por la Cámara no significa que su decisión devenga arbitraria (in re "Federación de Box c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ acción de inconstitucionalidad", expte. n° 49/99, resolución del 25/8/99, [Fallos del TSJ], Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 2001, T. I, ps. 283 y siguientes).

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

1. La queja de fs. 118/125 cumple con sus correspondientes requisitos de tiempo y forma. Sin embargo, no puede prosperar.

En efecto, el pronunciamiento de la Cámara atacado mediante el recurso de inconstitucionalidad cuya denegatoria motivara la presente queja, no constituye la sentencia definitiva a que se refiere el artículo 27 de la ley n° 402. Tal decisorio confirmó la resolución dictada en primera instancia que denegó la medida cautelar solicitada por la actora.

2. Así, tal como tiene dicho el Tribunal en el marco de recursos de inconstitucionalidad y de queja por denegatoria de tales recursos articulados contra decisorios que versan sobre medidas cautelares, "Es regla general que las resoluciones dictadas sobre medidas cautelares, ya sea que las acuerden, mantengan o denieguen, no son susceptibles de revisión por la vía del recurso de inconstitucionalidad, por no constituir sentencia definitiva (bastardilla en el original), excepción hecha cuando la denegatoria produzca un agravio que por su magnitud o características será de tardía, insuficiente o imposible reparación ulterior, caso en que corresponde equiparar estas decisiones a las sentencias de tal naturaleza" (in re: ´Agencia Marítima Silversea S. A. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Agencia Marítima Silversea s/ acción declarativa -incidente s/ medida de no innovar-', expte. nº 1516/02, resolución del 10/07/02, con cita de Fallos: 313:279, y de este Tribunal in re ´Clínica Fleming s/ art. 72 CC-incidente de clausura-apelación´, expte. n° 1215/01, resolución del 19/12/01). Por esa razón, corresponde a quien recurre una decisión que no es ´definitiva´ la carga de invocar y probar las circunstancias que permitan equipararla a tal, para que se justifique la intervención del Tribunal en este estado del proceso". (Del voto de la Dra. Ana M. Conde y del Dr. José O. Casás al que adhiriera con excepción del último párrafo del apartado 4 in re "Covimet SA c/ GCBA s/ otros procesos incidentales s/ recurso de inconstitucionalidad concedido" y expte. n° 2641/03 "Covimet SA s/ queja por recurso de apelación ord. denegado en ´Covimet SA c/ GCBA s/ medida cautelar´").

3. De este modo, considero que la similitud de este caso con el resuelto por el Tribunal en autos "J. Walter Thompson Argentina S.A. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en ´J. Walter Thompson Argentina S.A. c/ GCBA s/ medida cautelar´", expte. n° 4629, resolución del 20/09/06, me permiten reiterar los fundamentos que expusiera al votar entonces:

"(...) En el caso de autos, la quejosa manifiesta que pese a que su cuestionamiento está dirigido a una medida cautelar, la denegatoria del recurso de inconstitucionalidad por la Cámara le causa un gravamen irreparable al impedírsele ejercer el ´derecho de obtener una resolución debidamente fundada y dictada por el Director General de Rentas respecto de la Solicitud de Conformidad que presentara, encuadrable en el procedimiento recursivo con efectos suspensivos previsto en el art. 128 del CF, con carácter previo o simultáneo a la intimación de los importes compensados.´ Y agrega que no sería posible invocar el derecho así formulado ni en un juicio de apremio ni en un proceso de repetición. En un juicio de apremio, porque no podría en ese marco discutirse la causa de la obligación, y en un proceso de repetición, porque en tal juicio únicamente podría discutirse la repetición de los importes abonados, mas no podría reflotarse el derecho invocado por la actora a obtener una decisión fundada y emanada del Director General de Rentas en punto a la solicitud de conformidad con anterioridad a proceder al pago.

(...) El planteo de la quejosa supra referido no logra demostrar que el decisorio impugnado le cause gravamen alguno.

Sucede, en rigor de verdad, que la quejosa plantea un razonamiento circular. La actora insiste en que lo que se encuentra en juego en estos actuados es su derecho a obtener una decisión fundada y emanada del Director General de Rentas en punto a la solicitud de conformidad presentada con anterioridad a proceder al pago. Pero en verdad, lo que viene a solicitar no es otra cosa que la suspensión de los efectos de la intimación de pago de los saldos descontados a favor, que ya están suspendidos por el recurso que ella misma interpusiera en sede administrativa." Ya lo advirtió la Cámara, en el caso de autos, al resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia que denegó la medida cautelar solicitada, en el cuarto considerando de la resolución de fs. 103/106 vta. del expediente principal ("Pragma FCB Publicidad S.A. c/ GCBA s/ medida cautelar", n° 18078/1), que dice: "(..) en definitiva, lo que la actora pretende en este incidente es que se suspendan los efectos de la intimación del 07 de septiembre de 2005 en cuanto le exigía el ingreso de los saldos a favor descontados por los períodos fiscales a partir de la posición 12/2001 (...)".

Por lo demás, tal como señalara en mi voto en el caso supra citado ("J. Walter Thompson Argentina S.A. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en ´J. Walter Thompson Argentina S.A. c/ GCBA s/ medida cautelar´"), "insisto en destacar que no podría configurarse un supuesto de gravamen irreparable en este estado del proceso, toda vez que, como la propia quejosa lo admite, no está aún agotada la vía recursiva en sede administrativa".

5. Por los razones expuestas, corresponde rechazar la queja interpuesta (art. 27, ley n° 402).

Así voto.

El juez Julio B. J. Maier dijo:

Adhiero a la correcta opinión de la Sra. jueza de trámite, doctora Ana María Conde, más aún cuando mi criterio, desarrollado en múltiples fallos, es aún más estricto respecto del significado de "sentencia definitiva" (ver, por ejemplo, mis votos en "Asociación Civil Golf Club Lagos de Palermo s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Asociación Civil Golf Club Lagos de Palermo c/ GCBA s/ amparo [art. 14, CCABA]'", expte. nº 2778/04, resolución del 16/6/04; "Ministerio Público -Defensoría Contravencional y de Faltas n° 2- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Ruiz, Pablo Roberto o Ruiz, Félix Gastón s/ infracción art. 189 bis CPN'", exptes. n° 3070 y n° 3071, resolución del 2/7/04; "Propietario Figueroa Alcorta 3590/05/03 s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'GCBA c/ propietario Figueroa Alcorta 3590/05/03 s/ ejecución fiscal'", expte. nº 3965/05, sentencia del 9/11/05; "GCBA s/ queja por recurso de apelación ord. denegado en 'Telecom Argentina S.A. c/ GCBA s/ impugnación de actos administrativos'" y su acumulado, expte. n° 4550/06 "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Telecom Argentina S.A. c/ GCBA s/ impugnación de actos administrativos'", expte. n° 4272/05, sentencia del 5/7/06, entre muchos otros).

El juez Luis Francisco Lozano dijo:

Adhiero al voto de la señora jueza de trámite, Dra. Ana María Conde.

El juez José Osvaldo Casás dijo:

1. Adhiero al voto de la señora jueza de trámite, doctora Ana María Conde, y propicio, por los fundamentos allí vertidos, el rechazo de la queja interpuesta. 2. A mayor abundamiento, reedito aquí lo que recientemente dejara sentado en mi voto in re: "J. Walter Thompson Argentina S.A. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'J. Walter Thompson Argentina S.A. c/ GCBA s/ medida cautelar'", expte. nº 4629/06. Allí puede leerse:

"Por otro lado, en la causa: 'López Fretes, Gustavo c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ acción declarativa de inconstitucionalidad', expte. nº 2302/03, sentencia del 9 de junio de 2004, en el considerando 6º del voto según mis fundamentos, al ocuparme de la ejecutoriedad del acto de determinación tributaria y de la presunta introducción en nuestro ordenamiento del instituto del solve et repete, criterio que descartara, dejé expresado: '... que si pasamos revista al art. 9º del CCAyT, en tanto dispone: Cuando el acto administrativo impugnado ordenase el pago de una suma de dinero proveniente de impuestos, tasas o contribuciones, el/la juez/a puede determinar sumariamente y con carácter cautelar, de acuerdo a la verosimilitud del derecho invocado por la parte, si corresponde el pago previo del impuesto, tasa o contribución, antes de proseguir el juicio, sólo necesitaremos, para salvar cualquier óbice de orden constitucional, superar el mero gramaticalismo de uno de los supuestos que contempla el precepto evitando la pugna y conjugándolo en armonía con el art. 12, inc. 6 de la Constitución local, en cuanto consagra la garantía del acceso a la justicia. Para ello basta entender que cuando el fumus boni iuris, invocado por el contribuyente en la impugnación del acto determinativo resulte insuficiente de modo preliminar en el criterio del magistrado actuante, igualmente podrá proseguir el trámite del juicio a condición que se garantice satisfactoriamente el pago de la obligación tributaria, atendiendo al valor normatológico y al carácter operativo de la Ley Fundamental y a la más plena consagración del acceso a la justicia'.

"3. A ello deseo agregar en esta causa, obiter dicta, que el afianzamiento de la obligación tributaria controvertida permite, en términos equitativos, de un lado, conjurar que el derecho creditorio del Fisco, una vez resuelto el litigio a su favor, pueda tornarse ilusorio; y de otro, habilitar los estrados judiciales al contribuyente para obtener la revisión de los actos administrativos que impugna, más aun cuando, en el caso en que la cautela que fije el magistrado resulte abusiva, exorbitante o totalmente desproporcionada a sus medios y posibilidades, pueda cuestionarla en las instancias pertinentes con sustento en la garantía innominada de razonabilidad, por comprometerse, también de tal modo, el derecho a la tutela judicial efectiva.

"Por otra parte, además, si bien la acción impugnativa judicial no tiene efecto suspensivo de la intimación de pago del tributo, nada obsta a que el contribuyente solicite y obtenga, de reunirse los recaudos pertinentes, la suspensión del acto administrativo, siempre, claro está, de concurrir los requisitos previstos en el art. 189 del CCAyT (periculum in mora -lo que justamente no acontece en el sub lite, por haberse interpuesto recurso de reconsideración en sede administrativa- y fumus boni iuris)".

En atención a lo precedentemente consignado y a las circunstancias fácticas de la causa, coincido con la señora jueza de trámite en rechazar el recurso de hecho planteado por Pragma FCB Publicidad S.A.

Así lo voto.

Por ello, de acuerdo con lo dictaminado por el Fiscal General Adjunto, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Rechazar la queja planteada por Pragma FCB Publicidad S.A a fs. 118/125 y dar por perdido el depósito de fs. 128.

2. Mandar que se registre, se notifique y, oportunamente, se remita la queja con los autos principales al tribunal de origen.