marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Accidente de tránsito, incapacidad sobreviniente, monto de la indemnización, salario mínimo, vital y móvil
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Mendoza Ricardo c/ Jorge Gudiño s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S141 - 258)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1997-04-29

La incapacidad sobreviniente es indemnizable aún cuando la persona que lo sufre no acredite el ejercicio de una actividad lucrativa o sea totalmente incierto el monto de los ingresos que percibía, recurriéndose en tales casos al parámetro del salario mínimo para tenerlo como base orientadora a los efectos de calcular la indemnización, justificándose la solución porque éste constituye el umbral inferior de retribución de la ocupación más humilde en el mercado laboral y desde que la adopción de una pauta más significativa tendrían un valor conjetural, pudiendo pecar por exceso
Estafa, tentativa, usurpación de funciones públicas, inspector municipal, credenciales falsas, concurso de delitos, delito continuo
Materia: PENAL
Carátula: CAO, Daniel. s/ ESTAFA. USURPACION DE AUTORIDAD. DELITO CONTINUADO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-08-09

La acción del procesado, que concretó diversos apoderamientos de dinero e intentó otros, mediante la exhibición de una credencial apócrifa y el público ejercicio de la función de inspector, para lo cual no tenía nombramiento alguno, constituyen el delito de estafa cometido en forma reiterada, en concurso real con estafa en grado de tentativa, cometido en forma reiterada, en concurso ideal con usurpación de autoridad cometido en forma reiterada.

En el caso se está ante una unidad de resolución del autor, para consumar sus propósitos mediante una pluralidad de actos, no dándose la hipótesis de delito continuado puesto que hay pluralidad de damnificados, afectándose el bien jurídico de la propiedad, identificándolo con un patrimonio distinto en cada caso.
Regímenes jubilatorios especiales, ingenieros
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Leiderman, Mario Jorge c/ Caja de Previsión Social para Profesionales de la Ingeniería de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-08-30

La ley 5920 exige que se cumpla con tres recaudos para la obtención del beneficio: edad, años de ejercicio y acreditación de que dicho ejercicio es continuo y permanente, dato este último que surgirá del monto de los aportes efectuados.
Responsabilidad civil, responsabilidad penal, REPÚBLICA ARGENTINA, libertad de expresión, responsabilidad internacional del Estado, cementerios, condena penal, derecho al honor, injurias, obligaciones internacionales, cumplimiento de la obligación, estado parte
Materia: CIVIL-PENAL
Carátula: Caso Memoli c/ República Argentina s/ Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2013-08-22

El establecimiento de responsabilidades ulteriores, de parte del Estado Argentino, respecto de quienes fueron condenados penalmente por haber vertido expresiones públicas injuriosamente innecesarias y consideradas deshonrosas a la reputación de tres miembros de una Asociación de San Andrés de Giles por las que se les imputaba una venta inválida de nichos en el cementerio de la referida ciudad, constituye el cumplimiento por parte de dicho Estado de la obligación establecida en el artículo 11.3 de la Convención Americana, en virtud de la cual debe proteger a las personas contra ataques abusivos a su honra y su reputación.
Leyes, inconstitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: VALLEJOS ALBERTO ALFREDO c/ BANCO PROV. DE CORRIENTES s/ INDEMNIZACION "EXPTE. N 9806/94
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1995-02-10

El principio que rige la materia-con referencia a la declaración de inconstitucionalidad de las leyes - a la luz de la Constitución de la Provincia, es que no tiene función el principio del "iura novit curia", pues si bien el Juez aplica el derecho, no le está permitido juzgar el valor intrínseco o la equidad de la ley.
Fiscal de Estado, recusación sin causa, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: MASCIARELLI, Francisco Alejandro c/ COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y URBANÍSTICO DE SALTA - C.O.P.AU.P.S. - s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-02-18

La Corte de Justicia de la Provincia, adhiriendo al criterio de la Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, ha dicho que los funcionarios públicos, tales como el Fiscal de Cámara, no pueden recusar a los miembros de la Suprema Corte.

El caso versaba sobre el recurso de nulidad planteado por el Fiscal de Cámara, en su condición de Procurador General interino, contra una acordada de la Corte bonaerense.

En sentido análogo, la Cámara Segunda en lo Civil y Comercial de La Plata ha sostenido que "el Fiscal de Estado, como representante de uno de los poderes, no puede recusar a los jueces dado que éstos son miembros de otro poder" (L.L. t, 110, pág. 421).

Sigue diciendo la Corte local que, en doctrina, Jofré enseña que "los funcionarios públicos no pueden recusar, porque es inaceptable que pongan en duda la imparcialidad de los jueces.
Recursos, recurso extraordinario, beneficio de litigar sin gastos, gratuidad del procedimiento
Materia: PROCESAL
Carátula: Olivares, Alicia Edelmira c/  s/ Beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2020-06-16

Es principio que las decisiones recaídas en materia de beneficio de litigar sin gastos no revisten carácter de sentencia definitiva, toda vez que no causan estado (art. 82, CPCC
Nulidad de sentencia, declaración de inconstitucionalidad, sobreseimiento, prueba, cantidad de estupefacientes, comercialización ilegal de estupefacientes
Materia: PROCESAL
Carátula: Monzon, Ariel Francisco c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-09

Corresponde anular la resolución que declaró la inconstitucionalidad del art. 14, segundo párrafo de la ley 23.737 y confirmó el sobreseimiento del encausado toda vez que de las constancias de la causa se desprende que, en virtud de la cantidad del material estupefaciente secuestrado y las circunstancias de su secuestro -una pequeña balanza de precisión, cuyo lavado determinó la presencia de cannabis sativa; un instrumento de molienda - picador o triturador-, cuyo lavado determinó la presencia de cannabis sativa; un sobre con papeles para el armado casero de cigarrillos, 2 encendedores; y un envoltorio con los 6,7 gr. de cannabis sativa; y 16 cigarrillos armados caseramente. de cannabis sativa de imposible cuantificación por su escasa cantidad- se deberá descartar la figura penal escogida.El texto del articulo 14 de la ley de estupefacientes establece un criterio diferencial respecto de los dos supuestos de tenencia estatuidos, en donde la simple tenencia constituye una figura genérica, en tanto que el segundo párrafo consagra la tenencia para consumo personal, requiriendo esta última figura la acreditación inequívoca del destino de uso personal por parte del tenedor el que se verificará por medio de dos extremos objetivos: uno cuantitativo en orden a la escasa cantidad del estupefaciente y otro cualitativo que dependerá de las circunstancias de cada caso. Si bien podría sostenerse que se encuentra satisfecho el requisito de "escasa cantidad" del tipo penal asignado por el a quo, los demás elementos secuestrados y las condiciones en las que el material se encontraba fragmentado y acondicionado, sumado a la balanza de precisión que llevaba en su poder -que no se explica para qué un consumidor de estupefacientes llevaría consigo dicho elemento- desplazan la figura del art. 14, segunda parte de la ley 23.737 y -por el contrario- podrían llevar a sostener una investigación tendiente a verificar una tenencia con fines de comercio (art. 5, inc. "c" de la ley 23.737), aunque el fiscal en su recurso solicita la calificación de la conducta como tenencia simple de estupefacientes (art. 14, primera parte de la ley 23.737). Dres. Gemignani, Riggi y Catucci.
Pacto comisorio, mora del deudor, constitución en mora
Materia: CIVIL
Carátula: ROQUE COLOSI c/ MIGUEL ANGEL MORENO Y OTRO s/ RESCINCION DE CONTRATO
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 1993-05-11

Es requisito para la procedencia del pacto comisorio el incumplimiento imputable de la otra parte. La regla es que debe existir mora del deudor, lo cual implica culpa o dolo de éste y por ello no puede optar válidamente por la resolución, el acreedor que ha dejado de aportar la colaboración necesaria para que el deudor pudiera cumplir. Si los accionados no estaban constituídos en mora en el cumplimiento de sus obligaciones, la pretensión del actor de resolver el contrato deviene improcedente.
Puerto de jurisdicción nacional, estibador, Registro de Estibadores Portuarios, trabajador permanente, trabajador golondrina
Materia: NAVEGACION
Carátula: Aranda, Oscar Eugenio y Cuello, Angel Leonardo c/ Capitanía de Puertos de Litoral Fluvial s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-11-24

La resolución Nro. 1 - C - 89 de la Capitanía de Puertos del Litoral Fluvial - que impone el requisito de un mínimo de jornadas trabajadas en un período dado a efectos de la renovación de la inscripción de los estibadores portuarios en el registro correspondiente - lejos de imponer una restricción excesiva, consagra un medio de distinguir al trabajador portuario permanente regular del trabajador "golondrina", lo cual redunda en la protección del interés colectivo.
Acción de inconstitucionalidad, concesión de servicio público, transporte de pasajeros
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Expreso Merlo Norte SA de Transporte c/ Municipalidad de Merlo s/ Inconstitucionalidad. Ordenanza 3449/89
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-03-09

Las normas municipales que obligan a las empresas concesionarias del servicio público de transporte automotor a transportar no videntes, soldados conscriptos y personal policial uniformado sin límite numérico y sin contraprestación alguna, no transgreden la Constitución pues trasuntan el cumplimiento de principios que la norma suprema consagra, y porque responden a las finalidades tuitivas que el precepto del art. 25 de la Ley Orgánica de las Municipalidades establece.
Actos de los poderes públicos, medida de no innovar, inconstitucionalidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Bolívar, Benjamín - Ríos, Ricardo Amelio s/ Demanda de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1975-05-23

Si se plantea la inconstitucionalidad de una ley, "ello no puede en principio destruir la presunción de legitimidad de que gozan como actos con formalidades de ley, lo que, mientras no se destruya "prima-facie" esa presunción, no existe la necesaria verosimilitud que torne viable la medida en cuestión".
Proceso penal, juicio correccional, procesamiento sin prisión preventiva, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: T., R. s/ Queja por apelación denegada (Expte Nº33-02, Resolución Nº43, Tomo  8, Folio 373)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-03-22

Nuestra ley procesal penal en su antigua versión según ley 6740, expresamente establecía en el segundo párrafo del artículo 498, referido al procesamiento dictado en sede correccional que "el auto de procesamiento, si a la vez no se decreta la prisión preventiva, será inapelable". Sin embargo, la ley 8774 modificó ese texto, suplantándolo por el actualmente vigente que reza "contra la resolución, el imputado podrá interponer revocatoria y apelación conforme a lo dispuesto en el artículo 419". La sustitución de un texto por otro, explicada por la fuente que provocara el cambio, no parece dejar margen para entender otra cosa sino que la ley varió y que lo que antes no era apelable ( el procesamiento correccional que no disponía prisión preventiva), ahora sí lo es.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, honorarios, regulación de honorarios, aplicación de la ley, reformatio in pejus
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Caja Forense de la Primera Circunscripción Judicial en autos "Dagatti, Claudio C." s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Pobreza   (Expte. CSJ Nº 49-98)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-08-10

Carecen de sustancialidad para operar la apertura de la instancia de excepción, los vicios imputados al A quo de incurrir en "reformatio in peius" y falta de motivación, por cuanto el discurso argumental de la impugnante no persuade que el Sentenciante haya empeorado la situación de la apelante al receptar su posición de regular los estipendios profesionales en base a lo dispuesto por el artículo 16 de la ley 6767 pero confirma la cuantificación dispuesta por el Inferior con sustento en que ésta mejor se adecua a la labor cumplida por el profesional en la declaratoria de pobreza del actor (artículo 3, ley 24432), no logrando demostrar que el Judicante haya caído en un desvío funcional que desestructure la instancia revisora y menos aun que haya incumplido el mandato constitucional de la debida motivación.
Proceso judicial, juicio ejecutivo, inhabilidad de título, deuda exigible
Materia: PROCESAL
Carátula: "EN  -M°  Planificación- Resol 46/06 c/ Mexicana de Aviación S.A.de CV s/ proceso de ejecución".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-12

Uno de los presupuestos esenciales de la vía ejecutiva es la exigibilidad de la deuda sin cuya concurrencia no existiría título hábil (Fallos: 295:338; 311:1365; 314:1796, 320:1985 y 324:1127 y esta Sala "Administración Nacional de Alim. y Tecnología Med. c/ Carrefour Argentina s/ Ejecución Fiscal, 22/12/99) (Cons. III).
Recurso de inaplicabilidad de ley, caducidad de instancia, cuestiones de hecho y prueba
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Aire Conford S.A. s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2002-02-25

El pronunciamiento atacado, entiende que la perención debe ser declarada dado que el libramiento de cédulas notificando el traslado de ampliación de la demanda no fue consentido (Art. 315 C.P.C.C.), se realiza con posterioridad del termino previsto en el Inc. 1 del Art. 310 C.P.C.C.. Ante la duda razonable acerca del carácter de hecho o de derecho de las cuestiones propuestas, se debe declarar la admisibilidad formal del recurso extraordinario interpuesto.
Seguros, reticencia
Materia: COMERCIAL
Carátula: MUÑOZ, MARIA DEL CARMEN c/ EL CABILDO COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES S.A. s/ COBRO DE PESOS-INCONSTITUCIONALIDAD Y CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1993-05-28

Si el asegurador no comunica su voluntad de impugnar el contrato, dentro de los tres (3) meses de haber conocido la falsa declaración o la reticencia (art.5 Ley 17.418) pierde la acción para anular, incluso para alegar causales por vía de defensa o reconvención.
Emergencia económica, ejecución de alquileres, decreto de necesidad y urgencia, constitucionalidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Zanoni, Amalia Nelly c/ Villadeamigo, Valeria Mariana s/ Cobro de alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-11-07

El art. 1 de la ley 25.561 declara la emergencia económica pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, delegando en el Poder Ejecutivo las facultades que enumera en sus cuatro incisos, encomendando en el último -como dijera recién- reglar la reestructuración de las obligaciones, en curso de ejecución, afectadas por el nuevo régimen cambiario instituido en el art. 2.

Ello dio fundamento al dictado del dec. 214/2002 y el posterior 320/2002. Tales decretos de necesidad y urgencia pueden modificar una ley. Y nuestro superior Tribunal Federal -en el caso "Peralta"- admitió los decretos de necesidad y urgencia, considerándolos constitucionales siempre y cuando mediaren tres factores: a) real situación de gravísimo riesgo social; b) necesidad de decidir la medida tomada y c) no adopción por parte del Congreso de medidas contrarias.

Sobre la gravedad de la situación económica, social, financiera, cambiaria y administrativa la República, luego de una larga decadencia, hoy está en estado de colapso económico, lo que da razón a la decisión de la medida tomada (sobre cuyo mérito, oportunidad y conveniencia no nos corresponde juzgar). Y en cuanto al último de los requisitos mencionados, el Congreso tuvo oportunidad de adoptar una medida contraria y no lo hizo, como lo fue la posterior sanción de la ley 25.587 que se refiere expresamente a la ley 25.561 y sus reglamentarios y complementarios (para mi en alusión, entre otros, a los decretos mencionados al principio), a contrario de lo que hiciera al sancionar la ley 25.557 en donde no ratifica los decretos 1570/2001 y 1606/2001 (art. 3). De ello se sigue, que la normativa de emergencia económica se aplica a todos las obligaciones dinerarias de cualquier causa y origen, judiciales o extrajudiciales, de plazo pendiente o vencido, los que están en demora en el pago y también los que están en mora. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Régimen de consolidación de deudas, interpretación de la ley, astreintes
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CHANAMPA, Norma y Otros c/ E.N. -M° de Educ. y Justicia- s/ empleo público
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-09

Cuando la causa y título de las astreintes son posteriores al 1/4/91, no es aplicable el art. 1° de la ley 23.982. Poco importa que exista o no carácter accesorio, ya que aún en caso afirmativo, por la necesaria conjunción interpretativa que hay que efectuar entre la norma contenida en el primer párrafo del art. 1° de la ley 23.982 y la de su inciso d), la obligación accesoria, para quedar consolidada, además de vincularse a una obligación principal consolidada, ella en sí misma debe ser de causa o título anterior al 1/4/91, lo que no acontece en autos (confr. sentencia de esta Sala "Montes de Oca, Alfredo c/ B.C.R.A.", 14/9/93 y fallo que allí se cita, como asimismo, precedente de la C.S.J.N., en autos: "Parrilla, Francisco", del 10/8/93).
Deber de imparcialidad, audiencia de debate
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Azpiazu, Juan Carlos s/ recusación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-04-27

Si no se verifica el excepcional supuesto que prevé el art. 427 CPPN -al celebrarse el debate con la intervención del mismo magistrado que adoptó decisiones de mérito con carácter previono se encuentra en principio óbice alguno para concluir en que la garantía de imparcialidad se mantiene incólume en los procesos seguidos por delitos de acción privada, y al no verificarse el supuesto referido, resulta abstracta la tacha de inconstitucionalidad del art. 88 ley 24.121. (Dres. Madueño, Rodríguez Basavilbaso, Fégoli).
Debate, imputado, prueba prohibida, nulidad del acto jurídico
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: TORRES, NESTOR AQUILES s/ SENTENCIA - NULIDAD - IMPUTADO - TESTIMONIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1981-08-28

La razón por la cual las declaraciones confesorias formuladas por un imputado al policía sumariante o investigador no pueden introducirse en el debate mediante el testimonio de dicho funcionario, no es la de haber sido obtenida al margen de las formalidades que la ley procesal establece, ya que la prohibición se da aun cuando el policía haya observado estrictamente las garantías procesales, por cuanto se funda en la garantía de judicialidad que la ley ritual concede a la declaración del imputado, para asegurar más eficazmente su derecho de defensa, que la Constitución Nacional (art. 18) y Provincial (art. 5) que aquélla reglamente, declaran inviolable.

Sólo el autor de la declaración puede invocar en su favor aquella garantía de judicialidad.

Como la declaración del imputado fue introducida como prueba del quehacer delictivo de otro, pero no de la participación del declarante, cuya autoría se dio por acreditada exclusivamente en virtud de otros elementos de juicio y de ninguna manera agravó su situación jurídica, pues se computó la participación del impugnante para calificar al robo, ni se señaló entre los criterios que se tuvieron en cuenta al mensurar la pena, no se advierte que concurra la razón sustentadora de la ilegalidad invocada por la defensa del imputado que recurre, único perjudicado por esa declaración. (Voto de la minoría).-
Embargo preventivo, regulación de honorarios, falta de regulación, base regulatoria, regulación provisoria, monto del juicio, pedido de quiebra
Materia: PROCESAL
Carátula: CNAS c/ SEMINARA SAIIC Y F s/ INCIDENTE DE EMBARGO PREVENTIVO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-16

Acreditados la verosimilitud del derecho con los trabajos profesionales obrantes en autos y la consiguiente imposición de costas decidida con carácter firme, y el peligro en la demora con los numerosos pedidos de quiebra que registra la ejecutada, corresponde acceder al embargo preventivo impetrado, no pudiendo constituir un óbice la circunstancia de que aún no se hayan regulado los honorarios.

La falta de monto definitivo del juicio impide la regulación, pero no así la traba de la medida solicitada, ya que, adoptar un temperamento diferente importaría diferir indefinidamente la cuestión planteada, con el riesgo cierto de que una vez regulados y firmes sus honorarios profesionales, los interesados no encuentren forma de percibirlos o se hallen en una posición desventajosa respecto de otros acreedores.

El señor juez deberá calcular la suma por la cual se trabará el embargo, sobre el monto transaccional establecido oportunamente entre las partes, ya que a pesar de que el convenio fue posteriormente denunciado por la demandada, existió, en su momento, conformidad respecto a la cifra indicada, resultando adecuado considerarla como hipotética base regulatoria provisional a los fines perseguidos.
Daño resarcible, daño moral, monto de la indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: Gómez, Hilda c/ San Sebastián SA s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-04-17

No puede perderse de vista el principio de reparación integral al momento de cuantificar el resarcimiento de este tipo de padecimientos y si bien es cierto que la determinación de su cuantía puede resultar harto difícil por su imposibilidad de traducir en dinero la magnitud del daño, esa dificultad puede sortearse atendiendo a la índole del hecho generador de la responsabilidad, las molestias ocasionadas y los inconvenientes que el suceso provocó en el damnificado sin perder de vista las circunstancias particulares que rodearon a la cuestión.
Derecho procesal, juicio ejecutivo
Materia: PROCESAL
Carátula: KIBAR S.A. c/ PIMIENTA DE ABECASIS Y OTRO s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-11-18

En relación a la excepción de inhabilidad de título, la discusión en el juicio ejecutivo no puede ir mas allá de la validez formal del título, sin que pueda permitirse discutir la causa de la obligación, lo contrario seria transformarlo en un proceso de conocimiento. Es precisamente en este donde debe ventilarse el debate sobre la validez de la relación sustancial.
Recurso de casación, apreciación de la prueba, absurdo
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: DUARTE, ANTONIO s/ DENUNCIA S/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1994-08-26

La omisión de considerar una prueba (en el caso pericial, caligráficas) no constituye por sí causal de nulidad de la sentencia, atento a las facultades del Tribunal de juicio para seleccionar los elementos probatorios que se introduzcan válidamente en el proceso. Pero tal principio cede cuando existe falta de motivación o arbitrariedad traducida en el absurdo. Asimismo debe tenerse en cuenta que la prueba omitida en su tratamiento o descartada por el Tribunal debe resultar importante o esencial y decisiva.