Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-08-26


SENT Nº 617 C A S A C I Ó N San Miguel de Tucumán, 26 de Agosto de 2004.- Y VISTO: Llega a conocimiento y resolución de esta Excma. Corte Suprema de Justicia, Sala en lo Civil y Penal, que integran los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, presidida por su titular doctor Antonio Gandur, el recurso de casación interpuesto por el imputado Miguel Ángel Brandán, en contra de la sentencia dictada por la Excma. Cámara Penal, Sala Vª del 27/02/2004 (fs. 800/805 vta.), que es concedido por el referido tribunal mediante auto del 13/4/2004 (cfr. fs. 835). En esta sede, no se presentó memoria casatoria, mientras que el señor Ministro Fiscal se expide por la inadmisibilidad del recurso intentado (cfr. fs. 853/856). Pasada la causa a estudio de los señores vocales, y establecidas las cuestiones a dilucidar, de conformidad con el sorteo practicado el orden de votación será el siguiente: doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana, Alberto José Brito y Antonio Gandur. Luego de la pertinente deliberación, se procede a redactar la sentencia.

Las cuestiones propuestas son las siguientes: ¿Es admisible el recurso?; en su caso, ¿es procedente?.

A las cuestiones propuestas el señor vocal doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijo:

1.- A fs. 818/819 de autos corre agregada presentación del imputado Miguel Ángel Brandán ante esta Corte Suprema de Justicia, remitida desde la Unidad de Encausados Concepción Nº 3 en la que se encuentra alojado. Manifiesta interponer recurso de casación contra la sentencia dictada por la Sala Vª de la Excma. Cámara Penal, por la cual fue condenado a la pena de doce años de prisión, accesorias legales y costas, como autor responsable del delito previsto y penado por el art. 166, inc. 2º del Cód. Penal en perjuicio de Juan Pablo Fermín Dell Ospedalle (cfr. sentencia del 27/02/2004, fs. 800/805 vta.).

Por Presidencia se dispuso remitir las actuaciones a la Sala Vª para proveer lo que corresponda, con intervención de la defensa técnica. El Sr. Defensor Oficial en lo Penal de la XIa. Nominación respondió la vista ordenada, expresando adherir al recurso de casación que planteara su asistido, por los fundamentos que expone (cfr. fs. 830/832). Previamente, a requerimiento del Sr. Presidente de esta Corte, la Cámara informó sobre el trámite del pedido de cese de prisión, a cuyo efecto le habían sido enviadas las actuaciones "Brandán, Miguel Angel s/denuncia de hábeas corpus correctivo" (cfr. sentencia del 17/12/2003 en autos, ap. II de la resolutiva, fs. 822 de autos).

La vía extraordinaria local fue concedida por auto del 13/4/2003. En el examen de admisibilidad que compete a este Tribunal es oportuno recordar la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en autos "Nápolis, Alberto s/estafa - Recurso de hecho", sentencia del 05/3/96; donde señaló que "En materia criminal, en la que se encuentran en juego los derechos esenciales de la libertad, deben extremarse los recaudos que garanticen plenamente el ejercicio del derecho de defensa. La tutela de dicha garantía ha sido preocupación del Tribunal desde sus orígenes, en los que señaló que el ejercicio de la defensa debe ser cierto, de modo tal que quien sufre un proceso penal ha de ser provisto de un adecuado asesoramiento legal, que asegure la realidad sustancial de la defensa en juicio (Fallos..75:.459; 192:152; 237:158; 255:91, entre muchos otros)"."Es por ello que los reclamos de quienes se encuentran privados de libertad, más allá de los reparos formales que pudieran merecer, deben ser considerados como una manifestación de voluntad de interponer los recursos de ley, y que es obligación de los Tribunales suministrar la debida asistencia letrada que permita ejercer la defensa sustancial que corresponda (Fallos: 308:1386; 310:492 y 1934, entre otros)".

Desde esta perspectiva, la disposición contenida en el citado art. 474, primer párrafo del CPP, en cuanto exige la firma de letrado para la interposición del recurso extraordinario local, antes que constituir un obstáculo para la impugnabilidad del pronunciamiento judicial, debe se interpretada como tuitiva del inalienable derecho a la defensa en juicio, que se particulariza en la efectiva asistencia profesional del imputado. Tal exigencia legal se vincula con la obligatoriedad de la asistencia letrada, cuya observancia está prescripta bajo pena de nulidad. En el sublite, la actuación personal del imputado privado de libertad ha exteriorizado tempestivamente la firme voluntad de impugnar el fallo de condena. Su presentación en forma pauperis y ante este Superior Tribunal resulta de innegable trascendencia para los derechos del acusado, a quien debe garantizársele efectiva asistencia letrada. En consecuencia, corresponde examinar los agravios planteados, con la posterior adhesión de la defensa oficial.

2.- El imputado sostiene que en la audiencia de debate aportó detalles para el esclarecimiento del hecho. Reclama por la no consideración de su adicción al alcohol y a la cocaína, de lo cual derivaría un estado de inimputabilidad (art. 34, Cód. Penal); mencionando además el tiempo que lleva privado de libertad.

Al fundar su adhesión al recurso, el Sr. Defensor Oficial atribuye al pronunciamiento inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva y de normas procesales. Alega que la motivación del decisorio es incompleta, ilegítima e ilógica (art. 413, incs. 2. 3. 4 y 5 del CPP), y lo descalifica como acto jurisdiccional válido. Considera que el Tribunal ha incurrido en arbitrariedad fáctica, por apoyarse en meras conjeturas ante la ausencia de elementos probatorios decisivos o conducentes para la adecuada solución del caso, y prescindir de pruebas y constancias obrantes en la causa. Puntualmente, afirma que la condena por el agravante del uso de arma se basa en presunciones, dado que no se habría probado la existencia de un arma, pues no fue secuestrada y por ende tampoco se efectuaron pericias o estudios técnicos correspondientes. Destaca que en el Acta de Debate no se hace mención expresa ni implícita al uso de arma; y que de las pruebas reunidas durante la investigación, como de las producidas en el plenario, no surgen elementos conducentes para sostener en grado de certeza que el hecho se cometió en las circunstancias de modo previstas en el inc. 2º del art. 166, Cód. Penal. Que de ello resulta la vulneración al derecho de defensa de su representado, porque ante la señalada ausencia de pruebas no tuvo oportunidad de contradecirlas, ni de alegar sobre su mérito en la etapa procesal pertinente.

Invoca el principio de inocencia, y la necesidad de que los elementos probatorios posean idoneidad suficiente para arribar a la plena convicción sobre los hechos descriptos en la acusación, con respaldo objetivo en las pruebas reclamadas. Menciona además lo dispuesto por el art. 406 del CPP, que consagra el beneficio de la duda a favor del reo, y reitera que el fallo en recurso no es resultado de una operación lógico jurídica fundada en la certeza y convicción. Concluye solicitando la absolución de su representado en relación al delito de robo agravado por uso de armas.

3.- La confrontación del memorial introductorio del recurso con los fundamentos del fallo impugnado advierte que se plantea sólo de modo aparente una cuestión de derecho, pues lo pretendido es el reexamen de cuestiones de hecho y prueba, irrevisables en principio en la instancia extraordinaria de la casación, salvo el supuesto extremo de arbitrariedad o absurdo, el que no se ve configurado en la especie.

La defensa sostiene que no se acreditó la utilización de un arma de fuego para cometer el ilícito, de lo cual deriva la errónea calificación de los hechos, para finalmente pedir la absolución de su asistido. Pese a la genérica atribución de arbitrariedad por diferentes causales, el único agravio gira en torno a esta conclusión fáctica en la que ha centrado la impugnación casatoria; que de acuerdo a lo considerado, constituye una típica cuestión cuyo juzgamiento compete a los jueces de mérito, en base al análisis integral del cuadro probatorio producido en el proceso (cfr. CSJTuc., sentencia Nº 520 del 27/6/2000, autos "Hoyos, Martín Sebastián s/robo agravado").

3.1.- Al tratar la primera cuestión, la Cámara fijó el que denomina primer hecho -desapoderamiento del automóvil de la víctima Dell Ospedalle-, en el sentido de que "el día 14/10/2002, aproximadamente a hs. 03.30 José Miguel Albarracín detuvo el automóvil Renault 9 que conducía frente al Peugeot 405 que se encontraba estacionado en el camino que conduce al cerro San Javier, en cuyo interior se encontraban Pablo Fermín Dell Ospedalle y Silvana Cecilia Gómez, bloqueándole el paso; del vehículo conducido por Albarracín descendieron cuatro personas, entre ellas Miguel Ángel Brandán, una de las cuales rompió un vidrio del Peugeot, al que ascendieron, para reducir bajo amenaza de arma de fuego (esgrimida por Brandán) a los jóvenes y, luego, conducirlo hasta un descampado próximo a la localidad de San Pablo, donde hicieron descender a la señorita Gómez para llevarla a cierta distancia, mientras alguno de ellos custodiaba a Dell Ospedalle. Posteriormente, dos de los intervinientes se llevaron el automóvil Peugeot, con algunas pertenencias en su interior, que nunca fue recuperado" (cfr. fs. 802 vta.). A su vez, el requerimiento de elevación a juicio alude a la intervención de cuatro sujetos armados.

Previamente, el Sr. Vocal preopinante detalló las pruebas analizadas. Luego de un examen crítico de las declaraciones de los coimputados Brandán y Albarración, puso de relieve que la Srta. Gómez declaró en su domicilio (fs. 14), y en esa oportunidad mencionó que los sujetos que se movilizaban en el Renault 9 esgrimían armas de fuego. Los dichos de Julián Pablo Fermín Dell Ospedalle fueron coincidentes con los de su novia, en cuanto a que de ese vehículo se bajaron cuatro sujetos armados. Destacó que en el debate oral este testigo ratificó con mínimas variantes lo declarado a fs. 80, y reconoció a Albarracín y Brandán (al segundo, también previamente en rueda de personas). Que según sus dichos, era Brandán quien lo encañonó con el arma y quien, ya en San Pablo, permaneció custodiándolo.

3.2.- Es así que contrariamente a lo sostenido por la defensa, la determinación de los hechos que configuran la agravante en cuestión ha sido tratada y resuelta por la Cámara en base a los elementos de prueba indicados en la sentencia. El recurrente esgrime que en autos no se habría demostrado el uso del arma de fuego, lo que evidentemente conduce a un terreno privativo del Tribunal de mérito, que sí da por demostrado esta circunstancia; razón por lo que el agravio escapa a la esfera de la casación (cfr. CSJTuc., sentencia Nº 287 del 29/4/99, autos "Blanco, Manuel Francisco s/robo agravado").

De otra parte, el memorial recursivo es insuficiente, dado que el impugnante se limita a denunciar absoluta falta de motivación y de elementos probatorios idóneos para sustentar la afirmación de hecho cuestionada, ignorando las razones expuestas por los jueces de grado para fundar su certeza. En el sublite, la conclusión positiva se ha basado en las declaraciones testimoniales de ambas víctimas; destacando el señalamiento de Dell Ospedalle hacia Brandán durante el debate, como el portador del arma y quien lo mantuvo en el interior del automóvil bajo amenaza. Tal valoración no dio lugar a agravio del recurrente, quien se desentiende de ella pues no la rebate; con lo que el recurso no se basta a sí mismo.

Es doctrina de esta Corte Suprema de Justicia que la determinación de los hechos y la valoración de la prueba corresponden a los jueces de mérito; y la casación no constituye un medio ordinario para revisar el acierto o error de las decisiones de los tribunales inferiores vinculadas al material histórico del proceso. De allí que su competencia quede limitada y circunscripta a resguardar el derecho, sustantivo y procesal, sea para evitar la inobservancia o errónea aplicación del primero, o la inobservancia de disposiciones del segundo impuestas bajo pena de inadmisibilidad, caducidad o nulidad. Ha destacado asimismo que este recurso presenta una dificultad adicional en el procedimiento penal vigente, dada la característica de oralidad del juicio de mérito, donde la producción de la prueba importa una vivencia difícil de reproducir ante el tribunal de casación. La tarea valorativa de los jueces se desenvuelve en un marco de inmediación y concentración, con la percepción directa y personal de los magistrados, y su control se ve restringido a lo que se registra en las actas incorporadas al expediente (cfr. CSJTuc., sentencia Nº 783 del 09/12/94).

3.3.- Igualmente, la invocación del principio in dubio pro reo es ineficaz para variar la decisión de condena, pues tal planteo implica en definitiva la pretensión de efectuar un reexamen de los hechos y de la prueba rendidas en autos. El precepto contenido en el art. 406 procesal funciona en el área de la prueba y su valoración, lo que como principio es de incumbencia exclusiva de los tribunales de juicio y escapa al control casatorio (cfr. CSJTuc. sentencia Nº 825 del 23/12/94, autos "González, Juan Olegario s/homicidio"). Al respecto, se ha dicho que la duda se evidencia "cuando los motivos que conducen a afirmar y a negar se presentan en paridad de volumen" (cfr. Clariá Olmedo, Derecho Procesal Penal, Tº I, pg. 446); representando la oscilación entre la certeza positiva y negativa. En el caso, el Tribunal ha expresado su certeza en base al plexo probatorio analizado, y describió circunstancias de hecho idóneas para fundar su decisión de condena y la calificación legal adoptada; por lo que procede desestimar el recurso en relación a este agravio.

3.4.- Tampoco basta para revertir la decisión de condena la alegación del imputado, quien en esta instancia casatoria invoca su adicción al alcohol y estupefacientes. Tal postulación es ineficaz, por sí, para la aplicación de la causal de inimputabilidad prevista en el art. 34, inc. 1º del Cód. Penal. No se ha demostrado en autos, ni surge de las constancias de la causa que Brandán estuviera bajo los efectos de alguna de estas sustancias al momento de cometer el hecho, con el alcance de sumirlo en un estado de inconsciencia. Por lo contrario, la descripción de los sucesos contenida en el pronunciamiento resultaría demostrativa de una actividad consciente, que requiere del ejercicio de facultades psíquicas indispensables; lo cual excluye la falta total de comprensión de la criminalidad del acto o de capacidad para dirigir sus acciones. De otra parte, la significación del resultado de la ingesta de estas sustancias depende además de un conjunto de factores o circunstancias, como lo son la resistencia individual y situaciones concomitantes. Ha de ser suficiente, en relación al imputado, para provocar la obnubilación de la conciencia y la supresión de los frenos inhibitorios, con el alcance de afectar su capacidad de comprensión.

Conforme a lo expuesto, del plexo probatorio reunido no resultan circunstancias determinantes para la eliminación de la capacidad de comprensión y dirección de las acciones. Los hechos probados en la causa no evidencian que este imputado estuviera sumido en un estado de intoxicación que le permita sortear su imputabilidad en relación al hecho acreditado; o que de haber existido alcanzara límites idóneos para sumirlo en un estado de inconsciencia. Tales alteraciones no se presentan conforme a la base fáctica establecida en autos, y en relación a su manera de conducirse en aspectos materiales concomitantes con el suceso, que excluyan una actividad consciente y en ejercicio de sus facultades psíquicas indispensables.

Para descalificar el pronunciamiento por omisión en aplicar la normativa contenida en el art. 34 inc. 1º del Cód. Penal no basta su mera invocación; pues debe probarse que efectivamente medió inconsciencia por ebriedad o consumo de estupefacientes, con entidad tal que le impida comprender la criminalidad del hecho o dirigir las acciones; ya que por sí mismas no son causales de inimputabilidad. Su relevancia está dada por los efectos que su consumo suscite en la conciencia del individuo, lo cual debe ser probado; y ello no ha acontecido en el sublite. En esta causa, la alegada habitualidad en el consumo sólo resulta de los propios dichos del acusado; sin que exista algún otro elemento probatorio que conduzca a un hipotético estado de inimputabilidad al momento del hecho. Ello tampoco emerge de la pericia de psicodiagnóstico ofrecida por la defensa (cuad. Nº 3, fs. 766/767)), incorporada en el debate por su lectura (cfr. fs. 801); donde - entre otras consideraciones - la profesional interviniente expresa que al momento de la entrevistas este imputado "impresiona lúcido, coherente, ubicado en tiempo y espacio y , por ende, con conciencia de situación en sentido general"; y que "indica un nivel intelectual prácticamente término medio".

4.- Según emerge de las constancias de la causa, Miguel Ángel Brandán y José Manuel Albarracín fueron acusados formalmente por el Ministerio Público por un segundo hecho, consistente en haber abusado sexualmente de Silvana Cecilia Gómez. Al respecto, el Tribunal de mérito expresó que si bien las circunstancias acreditadas, que describe a fs. 802 vta., conducen a tener por demostrado el abuso sexual, las múltiples razones que de manera pormenorizada enumera fs. 803 "privan al juzgador del mínimo de certeza indispensable para sustentar un pronunciamiento condenatorio e, inversamente, conforma un cuadro de dudas acerca de circunstancias esenciales del hecho, que necesariamente debe conducir a la consecuencia prevista en el art. 406, penúltimo párrafo del CPP en relación a este segundo hecho".

De lo expuesto resulta que la Sala emitió inequívocamente decisión absolutoria respecto del segundo hecho, que no ha sido impugnada por el Ministerio Público. Sin embargo, se advierte que en la parte resolutiva de la sentencia omite reproducir tal pronunciamiento expreso de absolución. Mas la categórica decisión de los jueces de mérito, debidamente fundada, no deja dudas sobre el pensamiento del juzgador en relación a tal punto sometido a su decisión. En tal sentido, cabe tener presente que la sentencia constituye una unidad lógico-jurídica cuya dispositiva debe ser la conclusión final y necesaria por derivación razonada del examen de los presupuestos fácticos y normativos efectuados en su fundamentación. No es, pues, sólo el imperio del tribunal ejercido concretamente en la parte dispositiva lo que da validez y fija los alcances de la sentencia (CS, sentencia del 06/4/93 en autos "Amaya, Mario A.", LL 1994-B, 168; causa "Perrotta, Luis c. Pensa, -Eduardo F. y otros", sentencia del 26/4/94, LL 1995-A, 495 (38.316-S).

Conforme a lo considerado, la cuestión relativa a la existencia y en su caso, responsabilidad penal de Brandán y Albarracín por este segundo hecho ha sido tratada y plenamente decidida en sentido sustancial, determinando de manera categórica la absolución por aplicación del beneficio de la duda. En suma, el fallo contiene una decisión expresa y positiva y fundada sobre el segundo hecho, por lo que no resta entonces sino confirmar la sentencia en recurso, en cuanto absuelve a los imputados Miguel Ángel Brandán y José Manuel Albarracín por abuso sexual en perjuicio de Silvana Cecilia Gómez.

A las cuestiones propuestas los señores vocales doctores Alberto José Brito y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, en cuanto a las cuestiones propuestas, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- DESESTIMAR el recurso de casación interpuesto en forma pauperis por el imputado Miguel Ángel Brandán, con la adhesión del Sr. Defensor Oficial en lo Penal de la XIa. Nominación (fs. 818/819 y 830/832 respectivamente), contra la sentencia de la Excma. Cámara Penal, Sala Vª del 27/02/2004, cuya lectura de fundamentos tuvo lugar en audiencia del 08/3/2004.

II.- SUPLIR la omisión incurrida en la sentencia del 27/02/2004 dictada por la Sala Vª, y en consecuencia, integrar la misma con lo siguiente: "CONFIRMAR la sentencia en recurso, en cuanto absuelve a los imputados Miguel Ángel Brandán y José Manuel Albarracín, por el delito de abuso sexual en perjuicio de Silvana Cecilia Gómez, por aplicación del beneficio de la duda (art. 406, CPP)." HÁGASE SABER.

ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSÉ BRITO HÉCTOR EDUARDO ARÉA MAIDANA