Tribunal: CAMARA DE PAZ LETRADA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2018-08-27


Autos N° 5.789 (J.P.L.G.S.J., Chimbas, N° 9.935/02), caratulados: "CREDILOGROS C.F.S.A. c/ Cano, Juan Eusebio - Ejecutivo".

--------- San Juan, veintisiete de agosto de dos mil dieciocho. ----------------------------------------------------- --------- Y Vistos: --------------------------------------------- --------- Para resolver acerca del recurso de apelación deducido en diligencia a fs. 76 vta. por la actora, quien actúa a través de su letrado apoderado, contra la sentencia de fs. 73/76. ---------------------------------------------------- --------- Tal recurso fue concedido con efecto suspensivo por providencia de fs. 77. ------------------------------------- --------- Y Considerando: ------------------------------------ --------- I. Que mediante el pronunciamiento impugnado el a quo admitió la excepción de prescripción liberatoria deducida por el demandado, con costas a cargo de la actora; declaró abstracto el planteo de caducidad y difirió la regulación de honorarios de los letrados intervinientes. ----- --------- II.1. Contra dicho pronunciamiento se alzó la apelante, quien fundó el recurso con el memorial que obra a fs. 78/80 vta. En tal pieza, en síntesis, manifestó: -------- · Que el fallo presenta una inconsecuencia lógica, porque -en su opinión- no cabe decretar la prescripción sin mediar previa o simultáneamente la declaración de caducidad de la instancia. La que conforme el art. 277, inc. 3º del C.P.C. resulta improcedente en la ejecución de sentencia. Citando jurisprudencia. ------------------------------------------------- · Que la metodología utilizada por el a quo resulta errada a la luz de la jurisprudencia que mencionó, reitera que en la etapa de ejecución de sentencia no cabe receptar la caducidad de la instancia y mucho menos la prescripción del derecho reconocido en la resolución. ------------------------- · Que la prescripción alegada debió ser rechazada en tanto no fue planteada en la primera ocasión en comparecer a juicio mediante el pedido en diligencia obrante a fs. 43 y, además, el demandado para ser coherente debió recurrir la providencia obrante a fs. 40, donde se ordena la notificación por haber estado el expediente paralizado durante más de tres meses. ----------------------------------- · Por último, se agravia de la imposición de las costas. ----- --------- 2. A fs. 81 se ordenó correr el pertinente traslado del memorial al ejecutado, quien lo contestó con el escrito de fs. 83 y vta., donde solicita el rechazo del recurso, con costas a cargo de la apelante. --------------------------------- --------- 3. Mediante la providencia de fs. 86, supra, la Jueza dispuso la elevación del expediente a la Alzada, lo que se materializó según constancia de fs. 86 y vta. Ya en este ámbito apelatorio y de acuerdo con el informe de fs. 87, por Presidencia se decidió remitirlo nuevamente al Juzgado de origen a fin de que se cumpliera con la notificación oportunamente ordenada a fs. 71; cumplido lo cual se reenviaron a la Cámara (ver decreto y certificado de fs. 92). ---------------------------------------------------------- --------- Ya en este ámbito, a fs. 93 obra un informe que da cuenta que el Dr. Víctor Bazán se excusa de entender en razón del vínculo conyugal con la Titular del Juzgado de Paz Letrado de Chimbas, Dra. Hebe Graciela Cattani. En igual foja se determinaron los Jueces que intervendrían en la resolución del recurso. ----------------------------------------- --------- Consentida la intervención del Tribunal se dictó el pase de los autos a resolver (fs. 97) y seguidamente se certificó el pase del expediente para su adjudicación, previo sorteo (fs. 98). ------------------------------------------------- --------- Por último, a fs. 100, obra el sorteo realizado en el orden secuencial correspondiente. ---------------------------- --------- III. Conforme a las constancias del expediente que hemos examinado y de acuerdo con el contenido de los agravios formulados por la actora, adelantamos nuestro criterio contrario a la pretensión contenida en el recurso. Ello, en mérito a las consideraciones que infra expondremos. -------------------------------------------------- --------- 1. Preliminarmente, estimamos adecuado dejar sentado que el presente proceso se inició bajo la vigencia del Código Civil (C.C.) anterior al actualmente vigente y, por ende, la sentencia de primera instancia se dictó al amparo de las respectivas normas relativas a la prescripción, y sobre tal base normativa se estructuraron los respectivos escritos de fundamentación recursiva y su réplica. ---------------------------------------------------------- --------- El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (Ley Nac. N° 26.994 [B.O. de 08-10-2014]) que entró en vigencia el 1 de agosto de 2015 conforme Ley Nac. N° 27.077 [B.O. 19-12-2014], no resulta de aplicación en el caso particular, por lo que en esta instancia judicial al resolverse el recurso se lo hará a la luz del mismo ordenamiento bajo cuyas normas se dictó el pronunciamiento impugnado. ------------ --------- 2. Seguidamente y en tanto útil para la resolución del recurso elaboraremos una breve síntesis de las partes pertinentes las actuaciones obrantes en la causa. ----------- a) A fs. 19 corre glosada la sentencia de trance y remate dictada el 9 de setiembre de 2003; --------------------------- b) tal resolución fue notificada al ejecutado el 23 de setiembre de 2003, conforme surge de las constancias de la cédula glosada a fs. 20 y vta.; -------------------------------- c) a fs. 21 (ver cargo de fecha 20 de octubre de 2003) la parte actora solicita informes a la Secretaría de Recursos Humanos y Organización de la Función Pública a fin de que comunique si el demandado se desempeñaba en alguna repartición del Estado Provincial y a la Dirección General de Rentas, Registro General Inmobiliario y Registros Nacionales del Automotor para averiguar si posee bienes inmuebles o automotores a su nombre, los que dieron resultados negativos; ------------------------------------------ d) a fs. 37 corre agregada la resolución que regula honorarios a la anterior letrada apoderada de la actora y a fs. 38 y vta. se glosa la cédula mediante la cual se lo notifica al ejecutado el 25 de noviembre de 2004; ------- e) a fs. 39 y vta., con fecha 1 de febrero de 2016, el ejecutante denuncia nueva empleadora y solicita embargo ejecutivo sobre los haberes que percibiría el accionado; ---- f) a fs. 40 la Jueza de Primera Instancia dispone que se notifique al demandado la prosecución de la causa conforme lo dispuesto por el art. 138, inc. 8°, del C.P.C.; orden que reitera a fs. 42, ello con el fin de evitar nulidades. Diligencia que se cumplió tal como se constata con las constancias de la cédula de fs. 44 y vta. el 19 de abril de 2016; ---------- g) a fs. 43 y en fecha 20 de abril de 2016 se presenta el ejecutado con su letrado patrocinante y por diligencia solicita el préstamo de las actuaciones para su compulsa (las que se encontraban en poder del apoderado de la actora desde el 30 de marzo de igual año, según surgía del sistema Lex Doctor), denuncia domicilio real y procesal y solicita suspensión de términos; ------------------------------ h) a fs. 64/65 se presenta el ejecutado, Sr. Juan Eusebio Cano, manifestando que tenía entendido que la deuda se encontraba cancelada y acredita el pago acompañando veintinueve (29) recibos emanados del Estudio Jurídico del Dr. Carlos Torioni Godoy, el primero de ellos emitido el 10 de noviembre de 2003 y el último el 31 de enero de 2005, todos atribuidos a la deuda que mantenía el demandado con "Credilogros C.F.S.A.", diecisiete (17) de ellos con expresa imputación al presente proceso ejecutivo, y los restantes referidos a una deuda de la tarjeta 'Visa', cuya sumatoria ascienden a dos mil novecientos pesos ($ 2.900). Asimismo, deduce excepción de prescripción y caducidad de la instancia; ---------------------------------------------------- i) a fs. 67 el a quo dispone correr traslado a la actora de la perención articulada, el que fue evacuado con el escrito de fs. 68/70, afirmando su improcedencia y donde también se opone a la prescripción, reconoce la documental acompañada sólo respecto de la que tiene expresa mención a estos actuados; ---------------------------------------------- j) a fs. 73/76 la Jueza de Primera Instancia dicta resolución, la que genera el recurso de apelación bajo estudio. --------------------------------------------------------- --------- 3. De lo reseñado surge: ---------------------------- --------- Que la actora impugna el referido pronunciamiento por estimar que resulta improcedente decretar la prescripción sin mediar previa o simultáneamente la declaración de caducidad de la instancia. --------------------- --------- La objeción no puede ser admitida. En efecto, cabe señalar que la prescripción liberatoria establecida por las leyes de fondo apunta a consolidar la seguridad, en tanto que ésta exige un límite temporal a las pretensiones jurídicas. En este plano, la prescripción liberatoria importa al orden público en cuanto existe un verdadero interés social superior, consistente en que la relación de derecho creada no se eternice por la inacción del llamado a ponerle término. En tal marco legal, la prescripción decenal de la acción nacida de una sentencia de trance y remate dictada en un proceso ejecutivo, comenzará a correr desde el momento en que tal resolución quede firme, pero si el proceso continúa a fin de hacer efectiva la misma (como ocurre normalmente con los trámites dirigidos a obtener el pago de la acreencia o la subasta de bienes), dicho plazo deberá contarse desde que tuvo lugar el último acto de ejecución. Ello se explica en tanto que si el proceso continúa después de la sentencia con la sucesión de actuaciones procesales necesarias para el impulso de aquél, la prescripción es interrumpida por cada nuevo acto que, si bien técnicamente no es demanda, se liga con ella y la implica de modo tal que la renueva implícitamente (cfr. Jurisprudencia de la Provincia de Tucumán, Autos: "Banco de la Provincia de Tucumán c/ Miguel Aurelio Moreno S.A.C.I.F. s/ Ejecución Hipotecaria", Fecha: 16-05-2013, Sentencia N° 136, Cámara Civil en Documentos y Locaciones, Sala 1ra, Mag. Votantes: Dres. Courtade - Fajre, Fuente: Lex Doctor, Versión 9.1). ----------------------------------------------- --------- Con la sentencia de condena nace un título que da lugar a una pretensión, cual es que se cumpla el pronunciamiento, y como tal, es pasible de prescripción. Este procedimiento, si bien es la complementación de tal condena, se funda en un título que surge de ella, de donde el plazo de prescripción es distinto del plazo de la acción principal. Dicha prescripción se interrumpe con la actio iudicati, ejerciendo los actos necesarios para hacer efectiva la sentencia ejecutoria. ---------------------------------------- --------- El derecho que se reclamó con la pretensión principal en la demanda quedó consolidado con la sentencia firme y ejecutoriada, que estableció una norma individual de conducta a la cual deben sujetarse las partes. ----------- --------- El derecho del vencedor en un juicio para obtener la ejecución de la sentencia está sujeto a un nuevo plazo de prescripción, que no es otro que el que establece[cía] el art. 4023 del C.C. (cfr. La Ley, 1990-D-49). --------------------------- --------- En el sub examine, el expediente se encuentra en la etapa de ejecución de sentencia y, en este caso, la prescripción opuesta después de dictada la sentencia de trance y remate es la decenal que contemplaba el art. 4023, C.C., entendiéndose que el derecho ya juzgado no es imprescriptible (art. 4019, ibid.), pero al no haber establecido la ley un plazo especial de prescripción, es la común u ordinaria. --------------------------------------------- --------- En tal sentido, se ha resuelto que a la actio iudicati se le atribuía el plazo de prescripción ordinario de diez (10) años, puesto que ninguna norma le consagraba un tiempo específico. Nada tiene que ver el plazo relativo a la acción ejercida en el juicio, el cual puede ser distinto, incluso menor (Jurisprudencia de Mendoza, Autos: "Berardini, Fernando y otro - Ejec. Cambiaria", Fallo N°: 10000001595, Mag. Votantes: Nanclares - Pérez Hualde, Suprema Corte de Justicia, Sala 1ra, 25-06-2014, Fuente: Lex Doctor, versión 9.0). ----------------------------------------------- --------- Que ante la conclusión precedente debe prosperar la prescripción opuesta. El reclamo es consecuencia de la condena impuesta en la sentencia de trance y remate cuya ejecución se pretende. Sólo se trata del derecho de exigir el cumplimiento del fallo, derecho que es común a todo litigante vencedor y al que es aplicable el plazo de prescripción decenal que preveía el citado art. 4023 del C.C. Se trata de la ejecutoria judicial -actio iudicati-. ------------ --------- Que en ocasión de ser articulada la defensa de prescripción, estaba ampliamente cumplido el plazo legal para su procedencia, atento a que desde la notificación de la resolución de fs. 37, el 25 de noviembre de 2004 (conforme constancias de la cédula agregada a fs. 38 y vta.) hasta la presentación del Dr. Carlos Torioni Godoy, como apoderado de la actora, quien denuncia nueva empleadora del demandado y solicita se trabe embargo sobre los haberes que de sueldo, escrito presentado el 1 de febrero de 2016 (ver cargo del Juzgado de fs. 39 vta., infra), transcurrieron once (11) años y tres (3) meses, sin que surja de las actuaciones la realización de actos tendientes a hacer efectiva la ejecutoria que hubiesen interrumpido la prescripción. ---------------------------------- --------- Es decir, que a partir de la notificación de la sentencia de trance y remate la actora estaba en condiciones de hacer efectivo su derecho, sin que sea posible pretender que la acción se tornara virtualmente imprescriptible frente a su inactividad y en beneficio propio.

--------- En tal sentido la jurisprudencia es conteste en afirmar que la prescripción de la ejecutoria opera, como regla general, por el vencimiento del plazo ordinario de diez (10) años previsto por el art. 4023 del C.C. (cfr. Jurisprudencia de la Nación, Comercial, Autos N° 34.303/99, "ABN AMRO BANK N. V. c/ Aguirre, Alberto Martín - Ejecutivo", Fecha: 23-10-2014, Cám. Com., Sala E, Fuente: Lex Doctor, versión 9.0). ---------------------------------- --------- Debemos recordar que la manera de interrumpir el curso de la prescripción de la actio iudicati es ejercer actos que tiendan a hacer efectiva la ejecutoria, o sea, continuar adelante con el trámite de ejecución de sentencia (Colombo, Carlos J. - Kiper, Claudio M., "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación - Anotado y Comentado", La Ley, Buenos Aires, 2006, Tº IV, pág. 521, con cita de Cám. Nac. Civ., Sala C, 07-11-1989); de lo cual no hay constancias en el caso bajo examen. --------------------- --------- Siendo así, cabe concluir que al momento en que el demandado planteó la prescripción de la ejecutoria, ésta había operado, en razón de que a esa fecha habían transcurrido ampliamente los diez (10) años contados desde que se efectuó el último acto que consistió -como vimos- en la notificación de la sentencia. -------------------- --------- V. En conclusión, y en función de las razones expuestas, corresponde rechazar el recurso de apelación deducido por la actora contra la resolución de fs. 73/76. --- --------- Con respecto a las costas de la Alzada, éstas deben imponerse a cargo de la apelante vencida (cfr. arts. 66, primer párrafo y ccds. del C.P.C.). ---------------------------- --------- Por lo expuesto, normas legales y jurisprudencia citadas, Se Resuelve: ----------------------------------------- --------- 1) Rechazar el recurso de apelación deducido por la actora a fs. 76 vta. contra la sentencia obrante a fs. 73/76. --------------------------------------------------- --------- 2) Imponer las costas de la Alzada a cargo de la apelante vencida. ----------------------------------------- --------- 3) Protocolícese, agréguese copia autorizada a los autos, notifíquese y oportunamente bajen al Juzgado de origen, previa reposición de sellado si así correspondiere. ---------------------------------------------- Fdo: JUAN LUIS ROMERO - VOCAL; MARÍA ESTHELA TONELLI - VOCAL. P. de A. N° 99, fs. 116/121.-