Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-03-12


SENT Nro. 143 C A S A C I O N San Miguel de Tucumán, 12 DE MARZO de 2004.- Y VISTO: Llega a conocimiento y resolución de esta Excma. Corte Suprema de Justicia, Sala en lo Civil y Penal, que integran los señores vocales doctores Alberto José Brito, Héctor Eduardo Aréa Maidana y René Mario Goane -por excusación del doctor Antonio Gandur-, presidida por el doctor Alberto José Brito, el recurso de casación interpuesto por la defensa de Patricia Laura Sotelo de Diez Ojeda, en contra de la sentencia dictada por la Sala VIa. de la Excma. Cámara Penal del 12/9/2000 (fs. 775/776), el que es concedido por el referido tribunal mediante auto del 28/3/2003 (cfr. fs. 807). En esta sede, no se ha presentado memoria sobre el recurso casatorio, mientras que el señor Ministro Fiscal subrogante se expide por la admisibilidad del recurso intentado (cfr. fs. 824). Pasada la causa a estudio de los señores vocales, y establecidas las cuestiones a dilucidar, de conformidad con el sorteo practicado el orden de votación será el siguiente: doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana, Alberto José Brito y René Mario Goane. Luego de la pertinente deliberación, se procede a redactar la sentencia.

Las cuestiones propuestas son las siguientes: ¿Es admisible el recurso?; en su caso, ¿es procedente?.

A las cuestiones propuestas el señor vocal doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijo:

1.- La presente causa llega a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia con motivo del recurso de casación interpuesto a fs. 782/783 por el letrado defensor de Patricia Laura Sotelo de Diez Ojeda, contra la sentencia de la Excma. Cámara Penal, Sala VIa. del 12/9/2000, que condenó a su asistida a pagar al actor civil la suma de $50.000 en concepto de daños y perjuicios.

1.1.- Según emerge de las constancias de autos, con fecha 14/4/99 esta Sala Civil y Penal hizo lugar al recurso de casación antes deducido por el querellante y actor civil, Pablo Aníbal Pérez Luna, y en consecuencia declaró la nulidad de los puntos III y IV de la sentencia del 29/4/98, dictada por el Sr. Juez Penal en lo Correccional de la IIa. Nominación (cfr. fs. 716/719). Al punto Iº de la resolutiva dispuso vuelvan los autos al mismo fuero para que, por intermedio de quien corresponda, se dicte nueva sentencia.

Devuelta la causa a origen, el Sr. Juez que había dictado el pronunciamiento parcialmente anulado se inhibió, por tal razón, de continuar interviniendo, y remitió los autos a su par de la Ia. Nominación; quien a su vez la restituye por encontrarse ya inhibido en esta causa (cfr. fs. 727 y 748). Mediante providencia del 30/6/99 (fs. 749) el Sr. Juez en lo Penal Correccional de la IIa. Nominación dispuso la elevación de la causa a la Excma. Cámara Penal, para ser destinada a la Sala que corresponda. El sorteo tuvo lugar por disposición de su Presidente; resultando asignada a la Sala VIa., que se pronunció actuando como Tribunal de reenvío.

La secuencia procesal previamente reseñada advierte que la intervención de la Sala VIa. de la Excma. Cámara Penal no se ajusta al orden de reemplazo que establece la acordada Nº 367 del 22/6/2000 de esta Corte Suprema de Justicia, dictada en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 13, inc. 9) de la LOPJ. La misma dispone que en caso de impedimentos de los Sres. Jueces de primera instancia de cada uno de los Centros judiciales, la causa pasará a los otros Jueces del mismo fuero, en el orden de nominación y hasta su agotamiento. En este último supuesto, el reemplazo se producirá de acuerdo a lo indicado en los apartados sucesivos; previendo en su ap. f) la sustitución de los Jueces en lo Correccional "por los Jueces 1) de Instrucción, 2) de Menores, 3) Civil y Comercial Común, 4) Civil en Familia y Sucesiones, 5) Civil en Documentos y Locaciones, 6) Cobros y Apremios, 7) Conciliación y Trámite y 8) Conjueces". La referida acordada, que reglamenta el reemplazo de los jueces una vez agotado el de su misma competencia material, estaba en vigencia al tiem po de dictarse la sentencia impugnada; advirtiéndose que el orden sucesivo dispuesto en su inc. f) no prevé la intervención de las Salas de la Excma. Cámara Penal.

Como principio, la incompetencia en razón de la materia debe ser declarada aún de oficio en cualquier estado del proceso (art. 41, primera parte del CPP). No obstante ello, el caso de autos queda aprehendido en la excepción descripta por el art. 42 del mismo cuerpo legal, a tenor de la cual no se produce la nulidad de los actos procesales dictados en inobservancia de las reglas para determinar la competencia en razón de la materia, cuando un juez de competencia superior hubiera actuado en una causa atribuida a otro de competencia inferior.

2.- A mérito de lo considerado, procede examinar la admisibilidad del recurso interpuesto por la demandada civil; que fue concedido por auto del 28/3/2003. Se verifica que ha sido interpuesto en término contra una sentencia definitiva; y el motivo de casación encuadra en el supuesto del art. 468, inc. 2º del CPP. Corrida vista de ley, a fs. 824 se agrega dictamen del Sr. Fiscal subrogante, quien se pronuncia por la admisibilidad de la impugnación.

2.1.- Según emerge de la sentencia en recurso, la Sala a quo consideró que atento a lo resuelto por esta Corte Suprema de Justicia en la sentencia del 14/4/99, debía avocarse a la determinación numérica de los rubros cuya procedencia ha sido acogida. Valoró necesario dilucidar, previamente, si la indemnización ordenada en autos lo ha sido "en base al art. 29 del Cód. Penal o si se trata del acogimiento de la acción civil inserta en el proceso penal". En su interpretación, si bien en autos se ha deducido acción civil, con sustento en el referido art. 29 y art. 1078 del Cód. Civil, la sentencia de esta Corte ha invocado la primera de estas normas, y no acogió la acción civil por indemnización de lucro cesante y daño moral. Consideró como una dificultad a tal efecto la ausencia de pruebas que permitan calcular aproximadamente el lucro cesante; mencionando a título ejemplificativo, constancias de ingresos o expectativas frustradas. Reiteró la ausencia de elementos para establecer los ingresos de la víctima, quien no ha acreditado trabajo ni ocupación habitual. Ante ello, expresó tener en cuenta la incapacidad estimada del 45%, y que ello incidirá en su posibilidad ambulatoria que le impedirá la práctica de deportes o caminar con celeridad. En consecuencia, y atendiendo "a la naturaleza de la lesión, a su edad, a la privación cierta de practicar deportes o caminar con celeridad", procedió a fijar "un monto global que incluya ambos conceptos, teniendo en cuenta esas pautas valorativas, como así que el daño moral no necesita prueba concreta alguna, todo ello de acuerdo a las facultades amplias conferidas al sentenciante" por el art. 29 del CP. (cfr. fs. 775 vta.). En definitiva, consideró justo y equitativo "fijar la suma indemnizatoria del art. 29 del CP en $50.000, con criterio de actualidad", a cargo de Patricia Laura Sotelo de Diez Ojeda.

2.2.- El recurrente invoca violación de la norma contenida en el art. 408, inc. 2º del CPP. Alega que si bien el Tribunal a quo apreció correctamente la ausencia de probanzas sobre la cuantía del lucro cesante, y es verdad que el daño moral no requiere prueba -aunque sí fundamentación-, la resolución es arbitraria, en cuanto manda a pagar la suma única de $50.000, omitiendo diferenciar rubros de tan distinta naturaleza. Sostiene que el fallo no ha fundado mínimamente el monto de la condena; y que las menciones contenidas en el pronunciamiento son insuficientes a tal efecto.

De otra parte, reclama que al momento de establecer la condena pecuniaria debió considerarse la concurrencia de culpas; dado que en el caso de autos ha sido manifiesta la negligencia de la víctima. Al respecto, sostiene que según sus propias declaraciones, el actor civil se desplazaba en zona urbana a excesiva velocidad; invocando además su impericia para conducir, y que lo hacía por su izquierda. Como doctrina legal, postula que "Si bien el art. 29 del C. Penal deja librado al prudente arbitrio judicial el monto de la indemnización de daños y perjuicios, el monto a que arribe la condena deberá ser debidamente fundamentado al punto de que el condenado pueda conocer racionalmente cómo se llega a dicha suma, la que deberá ser integrada en forma separada para cada uno de los rubros que disponga indemnizar".

3.- El recurso en examen debe prosperar, por ausencia de motivación en la determinación del monto indemnizatorio, que torna arbitrario el pronunciamiento.

En primer término, cabe advertir que la sentenciante desinterpreta el pronunciamiento de este Tribunal, en cuanto a los alcances del reenvío dispuesto y al marco normativo aplicable para la resolución del caso.

En la sentencia del 14/4/99, esta Sala Civil y Penal dispuso dejar parcialmente sin efecto el fallo del Sr. Juez Penal en lo Correccional, en cuanto rechazara los reclamos por lucro cesante y daño moral. Señaló que el primero de los reclamos debió atenderse en la perspectiva de lo dispuesto por el citado art. 29, que en su inc. 1º deja librado al sentenciante el monto indemnizatorio en defecto de plena prueba; lo que supone que esté probada la existencia del daño, mas no su cuantía. Que en consecuencia, era arbitraria la decisión de no hacer lugar a esta pretensión por falta de prueba sobre el valor del perjuicio, al no demostrar la víctima que trabajaba. Se destacó, en tal sentido, que en autos no se ha probado alguna circunstancia especial que impidiera a aquélla lograr en el caso concreto, las ganancias comunes y ordinarias. Puso también de relieve que esta posibilidad de obtener una ganancia, basada en una probabilidad suficiente, ha sido interrumpida por un proceso cuya culpa recae exclusivamente en la demandada civil, como reconociera el Juez a quo (cfr. fs. 717 vta./718). En cuanto al segundo de los rubros indemnizatorios -daño moral-, en el mismo fallo se precisa que al asumir Pérez Luna el rol de actor civil (fs. 69), requirió en forma expresa reparación económica por los daños sufridos en su persona. Que a fs.

177 concretó su demanda, reclamando a Sotelo y Sirena indemnización por daños y perjuicios, daños morales derivados del accidente de tránsito, con cita del art. 29, inc. 1º del Cód. Penal y art. 1078 del Cód. Civil.

Las consideraciones precedentes no autorizan a inferir la limitación del marco normativo de aplicación al caso, que expresara la Sala a quo; y ello tampoco emerge del referido art. 29, Cód. Penal.

El sistema vigente autoriza a la víctima a demandar el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por un delito en sede penal, o por acción independiente ejercida en el fuero civil. Esta opción surge de lo dispuesto por el art. 29 del Cód. Penal, al disponer que la sentencia condenatoria podrá ordenar la indemnización del daño material y moral que corresponda; es decir, de acuerdo a las previsiones que contenga la ley procesal aplicable en cada jurisdicción para el ejercicio de la acción civil en el proceso penal. Mas en todo caso, por tratarse de derechos patrimoniales, es necesaria la instancia de la parte afectada, como aconteciera en el sublite.

Cuando la acción civil ha sido incoada en el proceso penal, el magistrado debe aplicar las normas y principios que correspondan a su naturaleza, sin perjuicio de atender a la influencia que la ley sustantiva asigna al pronunciamiento criminal (arg. arts. 1102, 1103 y cc., Cód. Civil), y a las disposiciones procesales que regulan su interposición en sede penal. Por ende, la concurrencia de los presupuestos del daño resarcible -mencionados en el fallo de esta Corte-, y su evaluación en el caso concreto, se examinan de acuerdo a las normas pertinentes de la ley civil; cualquiera sea el fuero ante el que se ejercite la acción resarcitoria.

El citado art. 29, inc. 1º alude al daño material y moral; conceptos jurídicos que no pueden ser distintos según el fuero donde se haya concretado el reclamo indemnizatorio. A su vez, y en relación al sublite, la posible fijación prudencial por el magistrado procede en razón de que el reclamante ha probado la existencia del daño, mas no su cuantía, según ha sido advertido en la sentencia de esta Sala Civil y Penal antes citada. Cabe poner de relieve que en igual sentido, el art. 275, segundo párrafo del CPCC dispone que la sentencia fijará el importe del crédito o de los perjuicios reclamados, siempre que su existencia esté legalmente comprobada, aunque no resultare justificado su monto.

4.- Efectuadas estas precisiones, se advierte que asiste razón al recurrente; dado que la decisión del a quo carece de fundamentación, y determina una suma indemnizatoria única sin discriminar los montos de cada rubro admitido.

Es oportuno recordar que los pronunciamientos judiciales no se fundan en la íntima convicción del juzgador, sino que de su texto deben poder extraerse las razones que sustentan la decisión del caso concreto. Ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que "Si bien lo atinente al monto indemnizatorio establecido por los jueces de la causa remite al examen de cuestiones de hecho, prueba y derecho común, ajenas -como principio- a la vía del art. 14 de la ley 48, ello no constituye óbice para que esta Corte habilite la instancia cuando, como en el caso, la decisión no se encuentra debidamente fundada" (Fallos...317:287). En el mismo pronunciamiento, señaló que "La solución de la alzada no satisface el requisito de debida fundamentación exigible en las decisiones judiciales, toda vez que de los términos del pronunciamiento no se desprende una apreciación convincente del criterio empleado ni de las pautas que condujeron al resultado obtenido, de modo que no resulta posible desentrañar cómo fueron evaluados los perjuicios cuya reparación se ordena ( Fallos... 300:768), con grave menoscabo a la garantía de defensa en juicio del damnificado" (CSJN, 27/8/96, F. 249.3).

En el sublite, la cuantificación del lucro cesante contiene motivación aparente, pues a más de establecer un monto único, se limita a mencionar pautas que por su generalidad, impiden tener por fundamentado de manera racional el monto de la condena; que sólo se funda en la voluntad del juzgador. Reiteradamente ha señalado esta Corte Suprema de Justicia que el prudente arbitrio judicial es el eje del camino estimatorio del monto del resarcimiento; y la sola mención de la naturaleza de la lesión y edad del demandante es insuficiente para fundar la decisión; como tampoco basta a tal efecto, aludir a una privación cierta de practicar deportes o caminar con celeridad.

Cabe señalar que la pretensión de autos ha sido vinculada a las pérdidas derivadas de la incapacidad parcial y permanente, que se tuvo por demostrada en la instancia de mérito; de la cual resulta una disminución de su aptitud laborativa genérica. Y de acuerdo a lo expresado en la sentencia de esta Corte, la falta de prueba relativa a pérdidas concretas de ingresos no constituye impedimento para considerar sus posibilidades de obtener ganancias comunes y ordinarias, en base a un juicio de probabilidad suficiente. Se trata del modo de repercusión de la incapacidad física en el sujeto particular, tomando en cuenta sus proyecciones presentes y futuras. A los fines resarcitorios, debe analizarse la exteriorización del concepto médico de incapacidad en la esfera patrimonial de la víctima, y el modo y grado de certeza con que pueda verse afectada su posibilidad de obtener ganancias.

Corresponde al juicio prudencial del magistrado, valorar las consecuencias patrimoniales de la incapacidad parcial y definitiva del actor; que no se identifica necesariamente con las ganancias mismas, porque también cabe indemnizar por la disminución de la oportunidad misma de obtener ingresos. Tanto en la valoración del lucro cesante, como en la pérdida de chance o posibilidad de obtener ganancias en el futuro, el juzgador realiza un juicio de probabilidad; aunque en la chance las ventajas se miran de modo mediato, porque no se analiza la mutilación de ellas, sino la ocasión de lograrlas. Es así que mientras en el lucro cesante el sujeto se encontraba ya, o se habría encontrado con la probabilidad más adelante, de acceder a las ventajas económicas de que se trata, en el esquema de la chance, la víctima sólo cuenta con un determinado contexto idóneo en cuyo desenvolvimiento es probable que habría llegado a la situación instrumentalmente apta de consecución de los lucros o beneficios. La chance perdida importa una probabilidad suficiente o mínima de lograr los beneficios, en caso de que la oportunidad no se hubiera malogrado -que por lo tanto resulta indemnizable- por el hecho dañoso acontecido (cfr. CSJTuc., "Bassael, Carlos A. y otros vs. Si.Pro.Sa. s/daños y perjuicios", sentencia del 25/10/96; "Hache Lizárraga, Jorge L. s/homicidio culposo, del 05/12/97).

En materia de indemnización por daños y perjuicios derivados de la lesión a la integridad física de las personas, existen dos aspectos claramente diferenciables: uno referido a la incapacidad, en tanto se traduzca en pérdida de ganancias presentes o futuras, derivadas de la imposibilidad o disminución de la posibilidad de realizar las tareas habituales, lo que configura el daño patrimonial indirecto; y otra relativa al daño moral sufrido por la víctima, ante la lesión a su integridad física entendida como derecho de la personalidad. El grado de certidumbre acerca de la pérdida de ganancias como rubro indemnizable, puede determinar un efectivo lucro cesante, o la pérdida de chances u oportunidades. Lo relevante es que de esa incapacidad deriven consecuencias patrimoniales; y el grado de certidumbre de tales pérdidas futuras incide en la cuantía de la indemnización a cargo del responsable.

En suma, la procedencia del daño patrimonial implica valorar económicamente la repercusión de las lesiones sufridas en el patrimonio de la víctima -sea a título de lucro cesante o pérdida de chance-, como rubro diferenciado del daño moral admitido.

5.- En el sublite, el pronunciamiento impugnado no permite discernir el monto de la condena por cada uno de los rubros admitidos, de muy diversa naturaleza. Tampoco exhibe vinculación entre las pautas que de manera general se dicen consideradas para formar la convicción del juzgador, y la cuantía del resarcimiento ordenado. En ausencia de un procedimiento valorativo crítico del caso resuelto, el pronunciamiento sólo cuenta con motivación aparente, pues no contiene pautas expresas, ni otro fundamento que la voluntad del tribunal; debiendo recordarse que el prudente arbitrio judicial es el eje del camino estimatorio del monto del resarcimiento.

Dentro de la doctrina de la arbitrariedad, esta Corte tiene establecido que constituye un supuesto de pronunciamiento que incurre en dicho vicio aquél en que la operación intelectual desarrollada en la sentencia carece de bases aceptables (cfr. CJSTuc., autos "López, Fernando Isaac..."). Tal déficit de motivación es violatorio del art. 28 de la Constitución de la Provincia y art. 408, inc. 2º y cc. del CPP; por lo que procede hacer lugar al recurso en examen y declarar la nulidad de la sentencia, conforme a la siguiente doctrina legal: "Es descalificable como acto jurisdiccional válido, la sentencia que fija un monto único por indemnización del lucro cesante y daño moral, sin motivación suficiente".

Corresponde restituir los autos a la instancia de grado para un nuevo pronunciamiento, según lo dispuesto en la referida sentencia del 14/4/99, por tratarse de cuestiones fácticas cuyo juzgamiento compete a los jueces de mérito. De acuerdo a lo expuesto en el primero de los considerandos de este pronunciamiento, la causa deberá enviarse a Mesa de Entradas en lo Penal, para su asignación al Sr. Juez de Instrucción que corresponda, por ser el órgano jurisdiccional con competencia material en el sublite de acuerdo al orden de reemplazo previsto en el ap. I, inc. f) de la Acordada Nº 367 del 22/6/2000.

Las costas del recurso de casación se imponen por el orden causado, al no ser imputable a las partes la causal de nulidad (arg. art. 551, segundo párrafo CPP, art. 106 y cc. del CPCC) Los señores vocales doctores Alberto José Brito y René Mario Goane, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, en cuanto a las cuestiones propuestas, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto a fs. 782/783 por el letrado defensor de Patricia Laura Sotelo de Diez Ojeda, contra la sentencia de la Excma. Cámara Penal, Sala VIa. del 12/9/2000, conforme a la doctrina legal enunciada. En consecuencia, se declara su nulidad.

II.- REMITIR los autos a Mesa de Entradas en lo Penal, para su asignación al Sr. Juez de Instrucción que por turno corresponda (Acordada Nº 367 del 22/6/2000, ap. I, inc. f).

III.- COSTAS, como se consideran.

IV.-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.

ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA RENE MARIO GOANE