marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Verificación de créditos, cosa juzgada, competencia laboral, crédito laboral
Materia: PROCESAL
Carátula: Mongolini, Hernán July y Otros c/ Banco Patagónico S.A. s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1988-07-04

"El alcance de la cosa juzgada que deviene de la verificación de un crédito, tiene por límite el monto que fue materia de aprobación por la ley de concursos, quedando a los interesados, la acción laboral por el saldo no reconocido. Toda otra extensión, choca con la naturaleza de la cosa Juzgada y con las disposiciones laborales que tienen un indudable matiz de orden público".
Marcas, transferencia de marca, acción de nulidad, integración de la litis, intervención de terceros, defensa en juicio
Materia: COMERCIAL
Carátula: MUNDEX S.A. c/ ILIMEX S.A. Y OTRO s/ VARIOS PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-05-20

Puesto que los reconvinientes accionaron por nulidad de la transferencia marcaria, comportaba un requisito procesal indispensable para el dictado de una sentencia útil que fueran traídos al juicio tanto el cedente como el cesionario. Prescindir de uno de ellos llevaría a la inadmisible incongruencia -fuente de eventuales conflictos y germen de la inseguridad jurídica-de que el contrato fuera nulo respecto de uno de los contratantes y que esa nulidad no pudiera ser opuesta al otro, por no haber sido parte en el proceso.

Es que, cuando un tercero ataca la validez de una relación jurídica concertada por otras dos o más personas, resulta presupuesto de una sentencia eficaz que todos ellos tengan adecuada oportunidad de defensa (audiencia y prueba), pues sólo así el fallo será derivación del derecho con relación a las circunstancias del caso. Por ello, la doctrina y la jurisprudencia se han inclinado, en forma prácticamente pacífica, por sostener que la falta de integración de la relación procesal con todos los interesados conduce al rechazo de la demanda.

La doctrina expuesta de validez general-es particularmente apropiada en la especie, pues la nulidad que se alega se vincula con la capacidad legal del cedente y no con circunstancia alguna del cesionario. Y sin embargo, la contrademanda ha sido dirigida exclusivamente contra éste y no alcanza a aquél, que es el que se encuentra en mejor posición para defender la validez del acto que contribuyó a crear y repeler, consecuentemente, la pretensión nulificante.
Escritos judiciales, obligaciones del abogado
Materia: PROCESAL
Carátula: H. Y A. c/ M. DE H.N.T. s/ REGIMEN DE VISITAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-07

La tarea profesional, tanto en lo que concierne al estilo como al contenido de los escritos, debe ser cuidadosa, pues es de la esencia del actuar del abogado la de observar el estilo forense. Es por ello que no puede aceptarse que los términos usados en una presentación judicial, necesiten de posteriores explicaciones o aclaraciones a fin de desentrañar el espíritu que guió a la presentación. El cumplimiento de ese deber corresponde que se merite en base a las constancias objetivas que contiene el acto de que se trate, única y exclusivamente.
Entidades financieras, banco central, régimen de garantía de los depósitos, obligaciones ex lege
Materia: COMERCIAL
Carátula: LOPEZ FONDEVILA, ERNESTO c/ B.C.R.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-13

El Banco Central es un tercero en la relación obligacional nacida entre la entidad financiera y el inversor; no es un fiador que integró ab initio la relación contractual, sino que la obligación asumida es de origen legal e independiente del vínculo allí constituido.
Movilidad del haber jubilatorio, reajuste jubilatorio, índices de actualización, declaración de inconstitucionalidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: SZCZUPAK, Sofía Rebeca c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles s/ Seguridad Social
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-16

Declarada la inconstitucionalidad de los arts. en base a los cuales, según la ley 18037, ha de efectuarse el cálculo del haber del beneficio, deben aplicarse los índices mensuales del salario del peón industrial de la Capital Federal, elaborados y publicados por el INDEC, que son los que mejor se adaptan a la naturaleza del derecho de movilidad, toda vez que, aparte de su carácter público y fácilmente verificable, permiten mantener la necesaria vinculación entre el haber previsional y la remuneración obtenida por el personal en actividad. (disidencia del Dr. Laclau).
Constitución en mora, protesto, cómputo de la mora, intereses
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO DEL SUD S.A. c/ Casanova, Héctor Z. y otros s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1993-03-22

...el a-quo ha condenado el pago de intereses "...desde la constitución en mora..." y al respecto el Superior Tribunal de Justicia tiene dicho que "la determinación y curso de los intereses...

debe ventilarse en oportunidad de practicarse la liquidación correspondiente...". No obstante ello, habiéndose sustanciado la cuestión, por razones de economía procesal, corresponde emitir pronunciamiento sobre el tema.% El pagaré base de la acción ejecutiva fue protestado conforme surge de la documental, por lo que los deudores han quedado constituídos en mora desde la fecha en que el mismo se realizó.
Autonomía universitaria, revisión judicial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Barriles,  Juan  Carlos c/ U.B.A. - Rsl 809/10 -F. Ingeniería Rsl3404/08 (Exp. 996.302/05)". s/ SUMARISIMO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-23

No debe concebirse la revisión judicial con un alcance tal que lleve a los jueces a sustituir los criterios del jurado y a interferir en ámbitos típicamente académicos, comprendidos en el marco de la autonomía de las universidades nacionales y ajenos al control jurisdiccional, salvo en los excepcionales supuestos de arbitrariedad manifiesta (CSJN, en Fallos: 326:2371, considerando 5° y sus citas; 330:694).
Jurisdicción y competencia, cuestiones de competencia, Corte Suprema de Justicia de la Nación, inhibitoria
Materia: PENAL - PROCESAL
Carátula: HOMICIDIO EN PERJUICIO DE JOSE MARINO s/ JURISDICCION  Y COMPETENCIA - INHIBITORIA - INTERVENCION DE LA CORTE    ORDEN PUBLICO  -  SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO - PARTICIPACION CRIMINAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-06-19

No solo resulta indispensable el cumplimiento de los recaudos previstos por el art. 61 del Código de Procedimientos en materia penal para que la Corte pueda ejercitar en las causas criminales las atribuciones regladas por el art. 9 de la ley 4055 y 24, inc. 7, del decreto-ley 1285/58 sino que el desistimiento del juez requirente de la inhibitoria hace desaparecer todo conflicto que pudiera ser sometido al Tribunal, pues las contiendas de competencia se terminan o por decisión del órgano encargado de dirimirlas o por desistimiento de los magistrados que las han suscitado.
Principio de legalidad, jueces
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Superintendencia Judicial Tribunal Oral N. 7 s/ avocación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-05-18

El principio de legalidad -art. 19 de la Constitución Nacional- veda a los poderes públicos -entre los que se encuentran los jueces de la Nación- ejercer sus facultades más allá de las atribuciones otorgadas por el oredenamiento jurídico.
Seguros, póliza, modificación del contrato
Materia: COMERCIAL
Carátula: INVILENT  S.C.A. c/ HELVETIA ARGENTINA  S.A.  DE SEGUROS s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-12-20

La modificación posterior por la "póliza de suplemento" fijando el monto en australes, de un contrato concluido que expresaba la cobertura en moneda extranjera - si bien fue recibida por la actora , no importó modificación del contrato por incumplimiento de la ley 17418 : 12, 2do. párr, que por tratarse de modificación, requiere sea formulada "advertencia" sobre la misma al tomador, lo cual no se cumple con insertar en el suplemento esa modificación sin ninguna "efectiva advertencia" sobre la misma.
Honorarios del abogado, monto del juicio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: De Sa Mouco, Joaquín c/ Cuerda, Alfredo s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-06-23

Habiendo sido íntegramente desestimada la pretensión actora, la determinación de la base económica del juicio a los fines regulatorios debe establecerse, de acuerdo a lo prescripto por los artículos 23 y 24 del dec. ley arancelario 8904/77, puesto que el presente caso se subsume estrictamente en dicha normativa.
Cláusulas leoninas, ley de defensa del consumidor
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Sayanes, Marcelo Carlos  c/ León, Ana Florencia y otro s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-03

Para determinar si estamos ante una cláusula abusiva que debe tenerse por "no escrita" o ant e una que genera una "nulidad parcial" que impone al juez integrar el contrato, habrá que atender, más que a la sustancia abusiva de la disposición cuestionada, al contexto del convenio en el cual ella se inserta. La noción de cláusula "no escrita" implica que ella no forma parte del contrato, lo cual lleva implícito que el juez no tiene la posibilidad de actuar sobre esa cláusula para hacerle decir lo que no ha dicho a causa de un proceder abusivo. Nada, en tal caso, podría "ser integrado" por el magistrado que se limitará a proceder del único modo lógica y jurídicamente posible: no aplicar una cláusula que no existe porque la ley así lo dice. No obstante, si la subsistencia del contrato es inconcebible sin la cláusula de que se trate, ese proceder no es posible, por lo que la cuestión ingresa en la nulidad, que no es extraña a este ámbito del derecho del consumo (v. gr. LDC 37 in fine), pero sí subsidiaria.
Accidentes de trabajo, prescripción
Materia: LABORAL
Carátula: Bregant de Segovia Teresa Beatriz por sí y por sus hijos menores c/ Superior Gobierno de la Pcia. de Entre Ríos s/ Indemnización por Accidente de Trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-02-14

No obstante el plazo establecido en la Ley de Contrato de Trabajo como por el inciso b) del artículo 12 de la ley 24.028, vigente a la fecha de la muerte, la misma Ley 20.744 -artículo 257-, establece una especie de "borrón y cuenta nueva" motivado por la reclamación ante la autoridad administrativa del trabajo, que produce la interrupción del plazo de prescripción, es decir, borra el término transcurrido y autoriza a que éste vuelva a correr por todo el plazo de los dos años a partir de la finalización del trámite ante la autoridad administrativa del trabajo.
Régimen penal tributario, apropiación indebida de recursos de la seguridad social, elevación en consulta, pedido de quiebra, elevación a juicio, acreditación de insuficiencia patrimonial
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: CUBAS DE ROBLES S.A. s/ Régimen Penal Tributario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-02-28

Haciendo lugar a la elevación en consulta (art. 348 del CPP) con motivo del desacuerdo del Juez con el sobreseimiento del imputado propiciado por el Fiscal, corresponde elevar la causa a juicio, apartar al Fiscal interviniente y disponer la remisión de la causa al Fiscal de Cámara, pues las dificultades financieras o las carencias de dinero efectivo y aún la misma falencia de la empresa decretada por los tribunales competentes en materia comercial no alcanzan para comprobar el carácter necesario del comportamiento de que se trata dado que el aprovechamiento de la atribución legal de retener parte de los haberes de los empleados para compensar esa clase de desequilibrios sólo excepcionalmente puede entenderse justificado por una situación de necesidad, lo cual en la causa no ha sido verificada y, en esas condiciones, el sobreseimiento solicitado por el Fiscal no luce ajustado a derecho.
Daño moral, responsabilidad contractual, contratos bancarios, tarjeta de crédito
Materia: COMERCIAL
Carátula: BEAUTEMPS, RICARDO c/ BANCO BANSUD SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-08-21

Procede hacer lugar a la indemnización por daño moral padecido por el actor cuando -como en el caso- el banco accionado debitó de sus cuentas bancarias el saldo adeudado por la utilización de una tarjeta de crédito de titularidad de aquel en una fecha anterior a la exigibilidad de esa obligación, pese a que el primero abonó, antes del vencimiento, el saldo en cuestión; ello así por cuanto, si bien la previsión contractual de la cual emerge que "el cliente presta conformidad y autoriza al banco a debitar de su cuenta corriente, aún en descubierto o de su caja de ahorros, el total de los importes adeudados por la utilización de las tarjetas de crédito", es legitima por cierto, y concebida para aquellos casos en que, producido el vencimiento del pago de los saldos de tarjeta de crédito el cliente no los hubiera cancelado, no parece que pueda ser indiscriminadamente aplicada por el banco a cualquier situación, como la acontecida en la especie, donde, cuando aun no se había producido el vencimiento de la respectiva obligación, el banco procedió al debito sin brindar una explicación razonable a ese proceder. Así, no es difícil imaginar y hasta es explicable de acuerdo con el curso natural y ordinario de las cosas, que una situación de esta índole es susceptible de traer aparejada una natural perturbación en el plano anímico de la persona, que es generadora de un daño a nivel espiritual. así procede abonar a la actora la suma de $ 1800.
Acción de amparo, mora de la administración
Materia: CIVIL
Carátula: CHAZARRETA OSCAR OSVALDO c/ INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PROVINCIA I.S.S.P. s/ RECURSO DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1994-04-28

En los actuales tramos del estado moderno, treinta días corridos resultan, ya suficientemente amplios para adoptar una decisión o ejecutar una medida concreta. Vencido ese lapso se configura una demora, entendiéndose a la misma apreciable, como plazo máximo para la producción de la mora administrativa. Tal dilación supera el límite tolerable por lo que le asiste razón al actuante cuando impetra por la vía del amparo el dictado del acto o los actos al plazo referido precedentemente.
Atenuantes de la pena, agravantes de la pena, reincidencia
Materia: PENAL
Carátula: Alvarez, Marcelo Miguel y otro s/ Robo calificado por uso de armas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-11-28

Transgrede los arts. 40 y 41 del Código Penal, pues importa una doble valoración, el tener en cuenta la condena anterior que registra el procesado y su carácter de reincidente como pautas de agravación distintas.
Concurso preventivo, quiebra, fuero de atracción
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Cempre S.R.L c/ Frigorífico Mellino s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-07-07

Habiéndose promovido una ejecución en razón de una obligación originada con posterioridad a la fecha de apertura del concurso, la misma no se ve afectada por el fuero de atracción del concurso.

(Minoría u opinión personal)
Prescripción adquisitiva, posesión
Materia: CIVIL
Carátula: Darewski, Eliezer c/ Prop. Vera 1183 s/ Posesión veinteañal
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-27

Tratándose de una finca urbana, a diferencia de lo que ocurre en un inmueble rural, no es posible acreditar actos posesorios tales como instalación de alambrados, vallas, cercos, plantaciones, etc.

Pero los actos posesorios están representados, justamente, a través de la ocupación pacífica e ininterrumpida del inmueble por más de veinte años, habitándolo no sólo el demandante sino él con su grupo familiar lo que permite presumir - pues de lo contrario sería apartarse del sentido común - la constante y cotidiana realización, por parte de aquél y sus familiares de actos que denotan comportarse como dueño tales como, por ejemplo, la realización de eventuales mejoras e inevitables reparaciones que en más de veinte años que forzosamente han de haberse efectuado, máxime si en ningún momento se ha afirmado, ni surge de elemento alguno, que tales eventuales mejoras y las presumibles reparaciones efectuadas lo hayan sido por cuenta del propietario ni que éste las haya abonado.
Cuestiones de competencia, ley procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE ROSARIO c/ CUOCO, OMAR RAFAEL s/ COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-06-19

Corresponde disponer que siga entendiendo en la presente causa el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, toda vez que al momento de la interposición de la demanda aún no se encontraba vigente la ley 13611 que eliminó la posibilidad de prorrogar la competencia cuantitativa a favor de los Juzgados de Distrito, por lo que el actor aún contaba con esta posibilidad; correspondiendo resolver el presente conflicto de competencia en el marco jurídico vigente con anterioridad a la reforma mencionada, puesto que lo contrario importaría aplicar retroactivamente una ley procesal. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Decreto provincial 4860/16.
Defensa del consumidor, acción judicial, ley procesal, acciones de clase, procedencia del recurso, operaciones bursátiles, comisiones, devolución de saldos, acreditación de saldos, prueba del pago
Materia: COMERCIAL-PROCESAL-LABORAL-CIVIL
Carátula: Acyma Asoc. Civil c/ Portfolio Personal SA y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-17

En el marco de una acción colectiva interpuesta por una asociación de usuarios financieros contra un agente bursátil y su productor, con motivo del aumento injustificado del monto de comisiones efectuado sin preaviso ni notificación, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto impuso a la asociación actora la carga de notificar a los consumidores que no tengan cuentas activas. Ello así, pues la tarea encomendada no se aprecia excesiva, es consecuencia natural del rol que la propia Constitución Nacional le asigna a las asociaciones de defensa de los consumidores, y encuadra en los propósitos enumerados en el propio estatuto constitutivo de la actora, que remarca la vocación de "difundir y defender todo lo relativo a los derechos que protejan al ambiente, a la competencia, al usuario y a los consumidores".
Acción reivindicatoria, legitimación activa
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Haffner, Jorge Enrique c/ Bustos, Daniel s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-04-04

Para comprender el aserto, hay que separar la acción real y el derecho real puesto que el fruto de tal diferenciación lleva a la posibilidad cierta de encontrarse el actor habilitado para ejercer la primera sin la titularidad actual del restante. Las acciones reales se transmiten con independencia de los derechos reales -artículo 2789 del Cód. Civil- que le sirven de base. Es sabido que la adquisición derivada de derechos reales sobre inmuebles por actos entre vivos requiere el concurso del título y la tradición (esta última equivalente al modo suficiente). También lo es que nuestro demandante cuenta con el mencionado título pero no con la tradición hecha en su favor y es por eso que no reviste la titularidad del derecho real. Empero, no obstante ello, puede ejercer la acción reivindicatoria tal como con acierto ha reconocido el anterior sentenciante y esto echa la suerte del primer ensayo defensivo del quejoso.
Terceros, intervención obligada
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GOMEZ, MABEL EMILSE c/ COOPERATIVA DE TRANSPORTE LA UNION LTDA. s/ INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-10-24

La intervención obligada prevista por el art. 94 de la legislación adjetiva implica sin duda que la concurrente se convierte en parte en el juicio; tal carácter conlleva las facultades propias de esa calidad para el ejercicio adecuado de su derecho de defensa.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Terminación del proceso, allanamiento, impulso procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN c/ MARTA GUERRERO DE BENITEZ s/ COBRO ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 1991-05-09

Es imposible aceptar que por el allanamiento del demandado se extinguiera el proceso como tal, pues aquel sólo determina que el Juez dicte sentencia, la que será generalmente en el sentido que resulte de la conformidad de los litigantes. Pero la necesidad de la sentencia subsiste y con ello, se mantiene vivo el proceso que sólo concluirá con su dictado. Vivo el proceso y no vigente el llamamiento de autos, la Instancia persiste y en consecuencia rige la carga de su impulso por las partes.
Daños y perjuicios, deber de vigilancia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: García Chafuen c/ Cencosud S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-11-09

El uso sin cargo por parte de clientes que concurren con sus rodados a un centro comercial como el de la accionada, no es una cortesía ni un fruto de la generosidad, sino una necesidad empresaria; la playa de estacionamiento debe ser considerada como una prolongación del establecimiento, una instalación o dependencia al servicio de la actividad principal de la demandada.

El estacionamiento sin costo es entonces una prestación accesoria y complementaria de la actividad principal del establecimiento "Easy" -consistente en la compraventa de mercaderías-, porque tal servicio no es desinteresado ya que atrae clientela que en su defecto no lo sería, debiendo entonces ser prestado diligentemente, cumpliendo con la obligación de seguridad que aquél implica. Ello así, con el ingreso del vehículo al estacionamiento, con el interés de adquirir bienes independientemente de que se concrete o no tal acción-, ya se genera, en cabeza del hipermercado la obligación de custodia de los bienes allí introducidos (conf. doct. art. 1198 del Cód. Civil).
Confirmación de sentencia, exclusión de la tutela sindical
Materia: CANONICO
Carátula: KALITO S.A. c/ EBBENS CARLOS HERNAN s/ SUMARISIMO ART. 52 LEY 23551
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-03-01

Corresponde confirmar la sentencia de grado que hace lugar a la pretención de la parte actora de exclusión de tutela sindical (art. 52 de la ley 23.551), pues aún en el supuesto de que hubieran existido reclamos de índole laboral por parte del demandado, ello de manera alguna habilita a que éste adopte una conducta desaprensiva, provocadora, amenazante, contraria a la buena fe que debe observarse ante, durante y con posterioridad a la existencia de la relación laboral que lo vincula con la actora. (del voto del Dr. Ghisini, en minoría).
Contrato de comisión, responsabilidad del comisionista
Materia: COMERCIAL
Carátula: Cristobo, César Carlos c/ Francomodoro SACIF s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-10-06

El comisionista que no cumple con las obligaciones que le imponen los artículos 245 y 247 Código de Comercio, responde por el valor de la mercadería.
Recurso extraordinario, cuestión federal, interpretación de la ley, ley federal, ley de procedimientos administrativos, Instituto nacional de servicios sociales para jubilados y pensionados
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: De León, Marcelo Isaac c/ Instituto  Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionado s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-09-27

El recurso extraordinario resulta formalmente procedente toda vez que se discute la aplicación de normas de carácter federal, como la ley de procedimientos administrativos (19.549) y la ley orgánica del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados -P.A.M.I.- (19.032) y la decisión es contraria al derecho que la parte vencida sustentó en las mismas (art. 14, inc. 3 - ley 48).