Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-04-28


SENT Nro. 284 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 28 DE ABRIL de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, René Mario Goane y Alfredo Carlos Dato, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en autos: "Landa de Curti, María Belén vs. Televisora Tucumana Color S.A. s/Indemnización".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores René Mario Goane, Alfredo Carlos Dato y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

I.- La parte demandada, a fs. 185/188 vta., plantea recurso de casación en contra de la sentencia Nº 121, del 7 de agosto de 2002, de la Excma. Cámara del Trabajo, Sala I, corriente a fs. 182 y vta. de autos, por la que se decide, en el punto I de su parte resolutiva, modificar la sentencia de fecha 10-10-2001 en cuanto a los parámetros fijados para la confección de la planilla por parte de la perito CPN Nélida Cecilia Rodríguez y, en el segundo, no hacer lugar al recurso de apelación deducido por la accionada, imponiendo las costas por su orden.

En lo concerniente a la admisibilidad de la mencionada pretensión impugnativa, cabe poner de resalto que por sentencia Nº 1109, del 9-12-2002, esta Corte resolvió hacer lugar a la queja por casación denegada incoada por la demandada dejando, de este modo, expedita la vía extraordinaria local (cfr. fs. 230 y vta.). Ninguna de las partes presentó la memoria facultativa a que alude el artículo 137, primera parte, del CPT, conforme surge del informe actuarial de fs. 238.

II.- Sostiene la recurrente que el fallo atacado es arbitrario, porque se aparta de la doctrina legal sentada por este Tribunal en sentencia Nº 361, del 4-7-94, según la cual, el curso de los intereses de los honorarios regulados al perito comienza en la fecha de pago del requerimiento de la deuda, pues ella señala la de constitución en mora del deudor.

En esta dirección, en los términos de fs. 186 y vta., refiere a distintas circunstancias de la causa, aduciendo que el criterio adoptado por la resolución impugnada es totalmente contrario al de esta Corte en la precitada sentencia, toda vez que reconoce el derecho de la perito a practicar planilla, fijando pautas para ello, desde la fecha que indica el acto judicial del 9-8-93; de allí que se agravie de las expresiones de la Excma. Cámara en cuanto considera que "el tema...no resiste análisis puesto que, si el crédito no resulta alcanzado por prescripción alguna o la parte obligada al pago lo consintió, su reclamo es viable a todas luces procediendo su actualización desde que fuera fijado el monto" (cfr. fs. 188).

Transcribe las partes pertinentes de la mentada sentencia de este Tribunal, y afirma que le asiste razón a su parte debido a que sólo fue notificada de los honorarios, y que la intimación de pago, no obstante no encontrarse obligada a oblar los mismos, recién la recibió el 5-12-2000.

Manifiesta que su parte, en ningún momento, obstaculizó o impidió ser intimada, por lo que no se da en autos la primera excepción del citado pronunciamiento, y que tampoco se verifica la segunda en razón de que el tiempo que media entre la regulación de honorarios de 1993 y el inicio de su ejecución en el año 2000, no fue precisamente una época en que haya persistido el fenómeno inflacionario sino que, contrariamente, fue el período de mayor estabilidad económica que se recuerde, al menos en los últimos 30 años. Por tales motivos, considera que corresponde hacer lugar al recurso de casación, al devenir perfectamente aplicable en el sub lite la doctrina legal citada más arriba.

III.- Entrando a la procedencia del recurso, y en concordancia con lo sostenido en el escrito casatorio, estimo que resultan de aplicación, en la especie, las consideraciones efectuadas por este Tribunal en sentencia Nº 361, del 4-7-1994.

En efecto; en dicho fallo se dijo que "...como regla general, es acertado el criterio que sostiene que la constitución en mora de la obligación de pagar honorarios regulados en juicio, cuando no se ha establecido plazo a tal fin, precisa de un requerimiento, puesto que no se trata del supuesto previsto en el art. 509, párrafo primero, del Código Civil, sino de obligaciones de exigibilidad inmediata; y mientras no medie interpelación de pago, los honorarios no devengan intereses (art. 622 C. Civil), ni pueden ser incrementados por el deterioro experimentado por la moneda como consecuencia del fenómeno inflacionario, por lo que no basta para constituir en mora al obligado la sola notificación al obligado del auto regulatorio (Cám. Nac. Civil de la Cap. Fed., Sala C, 'La Ley', 1977-B-552; 'El Derecho', 89-639; SAIJ, sum. Nº C000936). Tal principio reconoce, empero, excepciones. La primera de ellas, cuando el cobro del crédito se ha visto dilatado por el cumplimiento de actos procesales ajenos al acreedor; ello, por cuanto la interpelación, en tal supuesto, no resulta factible, por causas, precisamente, derivadas de la conducta procesal del deudor, al cual no puede legítimamente, admitírsele el derecho de posponer potestativamente la posibilitación de la constitución en mora, pues ello significaría hacer cargar al acreedor con las consecuencias de una dilación que, en el mejor de los casos, no le es atribuible (cfr. Cám. Nac. Cap. Fed. Sala G, SAIJ, sum. Nº C0001279). La segunda excepción que reconoce la regla general antes referida está insinuada en la siguiente cita jurisprudencial: 'Este Tribunal resolvió que el reajuste de los honorarios periciales sólo procedía en caso de mora de los obligados al pago y a partir de la fecha en que esa situación quedaba configurada. Había dicho, asimismo que la mora del condenado en costas no autorizaba al experto a rec lamar del vencedor, eximido de ellas, el pago de honorarios previamente actualizados; conclusión apoyada en las circunstancias de que la obligación de ambas partes de solventar dichos honorarios es de naturaleza procesal y no una obligación solidaria de manera que no jugaría el efecto expansivo de la mora de uno de los co-obligados. Empero, frente a la persistencia del fenómeno inflacionario y el hecho comprobado de que en numerosos casos las partes se desinteresan de afrontar el pago de los honorarios de los peritos, la Sala estimó prudente modificar el criterio antes expuesto a partir de la causa 1512 del 27/5/83' (Cám. Nac. Civil Cap. Fed., Sala 02: SAIJ: sum. Nº D 0005522)".

A tono con lo precedentemente considerado, se sentó en el aludido pronunciamiento la doctrina legal que postula que "El curso de los intereses de los honorarios regulados al perito, comienza en la fecha del requerimiento de pago de la deuda, pues ella señala la de la constitución en mora del deudor".

Siendo ello así, entonces, y a fin de resolver adecuadamente la presente pretensión recursiva, es necesario determinar la fecha en que la CPN Rodríguez intimó de pago a la demandada, Televisora Tucumana Color S.A. y, en su caso, si concurre alguna de las excepciones de marras.

Al respecto, de las constancias de autos se desprende que por sentencia del 9-10-92 la Jueza de Conciliación y Trámite de la III Nominación fijó los honorarios de la CPN Nélida Rodríguez en la suma de $268 (cfr. fs. 83 y vta.). Esta regulación, al ser apelada, fue reducida a $153 por sentencia Nº 391, del 9-8-93, de la Sala I de la Excma. Cámara del Trabajo (cfr. fs. 100/101), siendo notificada la misma por cédulas de fs. 102/105.

Después que fueran extraídos del archivo los presentes actuados (cfr. fs. 107, 108, 110 y 111), mediante escrito de fs. 112, del 18-10-99, se presentó recién en esta fecha la CPN Rodríguez alegando que, al encontrarse debidamente notificados y firmes sus honorarios, procedía a iniciar su ejecución.

Por providencia de Presidencia de Sala, del 22-10-99, se ordenó notificar a las partes (actora, demandada y perito contadora) en sus respectivos domicilios reales, de la sentencia Nº 391, del 9-8-93 (cfr. fs. 113), a lo que se dio cumplimiento a fs. 114/116, remitiéndose las correspondientes cédulas.

Devueltos los autos al juzgado de origen, la CPN Nélida Rodríguez, ante el requerimiento del juzgado de que precisara contra quien dirigiría la ejecución al no existir condenado en costas (cfr. fs. 119 vta.), aquella optó por hacerlo, en un primer momento, contra la parte actora, según se colige claramente de fs. 120 de autos.

Es así que, por decreto del 31-3-2001, el juzgado intimó de pago y citó de remate a la parte actora, ordenando librar mandamiento a tales fines, lo que se concretó mediante el acta del 24-4-2000, que corre glosada a fs. 122 de autos. Sin embargo, por decreto del 22 de mayo de 2000, se dejó sin efecto dicha acta de intimación de pago y citación de remate (cfr. fs. 124).

Luego de una serie de actuaciones procesales, la CPN Rodríguez, por escrito de fs. 135, del 19-10-2000, peticionó se cursara otro mandamiento, pero esta vez, en el nuevo domicilio de la "demandada" (cfr. fs. 135). Ante ello, la intimación de pago y citación de remate se ordenó contra esta última parte por decreto del 10-11-2000 (cfr. fs. 136), realizándose el acta y notificación pertinentes el día 5 de diciembre de 2000 (cfr. fs. 138).

En cumplimiento de la intimación efectuada, la accionada depositó el monto reclamado (cfr. fs. 139/141) no obstante lo cual, la ejecutante, luego de retirar el 22-5-2001 las órdenes de pago respectivas (cfr. fs. 157), presentó la planilla de "actualización" de honorarios que obra a fs. 158 de autos, la que fue impugnada por la demandada. Dicha impugnación fue resuelta por sentencia Nº 337, del 10-10-2001, del Juzgado de Conciliación y Trámite de la III Nominación, siendo acogida la misma sólo parcialmente (cfr. fs. 162 y vta.).

Televisora Tucumana Color S.A. se mostró disconforme con este último acto jurisdiccional y dedujo recurso de apelación, que fue rechazado por sentencia Nº 121, del 7-8-2002, de la Sala I de la Excma. Cámara del Trabajo, la que ahora es recurrida en casación. En la parte pertinente del mencionado fallo, el tribunal destacó el error conceptual en que había incurrido, en su criterio, la sentencia apelada, expresando que "...la auxiliar de la justicia deberá tener en cuenta como fecha de inicio para actualizar su planilla, el 31/8/92, como bien lo deduce la accionada y que se desprende de la base regulatoria -firme- determinada por sentencia de fs. 83, que es cuando se fija el arancel que le correspondería a la CPN Rodríguez y que posteriormente fuera modificado por sentencia de Alzada del 09/8/ 93" (cfr. fs. 182). Asimismo, sostuvo que en relación al tema de la actualización desde 1993, el mismo no resistía el menor análisis, puesto que si el crédito no resultaba alcanzado por prescripción alguna o la parte obligada al pago lo había consentido, su reclamo era viable a todas luces, por lo que procedía la "actualiz ación" desde que fuera fijado el monto (cfr. fs. 182).

Ahora bien; analizado el caso a la luz de la sentencia Nº 361, del 4-7-1994, de esta Corte -transcripta ut supra- y de las actuaciones procesales reseñadas precedentemente, cabe concluir que le asiste razón a la recurrente.

Ello así, por cuanto la constitución en mora de la parte demandada en lo que se refiere al pago de los honorarios de la perito Nélida Rodríguez, recién se produjo el 5 de diciembre del año 2000 -fecha ésta en que se materializó la intimación a la ejecutada-, sin que se advierta configurada mínimamente, en el sub iudice, ninguna de las mencionados situaciones de excepción a la regla general, habida cuenta que de las constancias de autos no surge, en manera alguna, que aquella intimación de pago a la demandada se practicara en la fecha indicada por la concurrencia de factores o circunstancias extrañas a la persona de la acreedora, y mucho menos que ello se debiera a la conducta de la accionada; del mismo modo, tampoco la segunda excepción tiene cabida en el sub examine, no bien se repara que el tema en disputa versa sobre intereses y no sobre "actualización" monetaria propiamente dicha, a lo que cabe agregar que el período por el que la resolución recurrida autorizó el cálculo de intereses corresponde a una época de estabilidad monetaria en la que, por lo demás, se encontraba prohibida toda actualización strictu sensu.

Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia Nº 121, del 7 de agosto de 2002, de la Excma. Cámara del Trabajo, Sala I, obrante a fs. 182 y vta.. En consecuencia, casar la misma, dejándola íntegramente sin efecto, conforme a la siguiente doctrina legal: "No resulta arreglada a derecho la sentencia que manda computar intereses del crédito por honorarios de la perito contadora, a partir de una fecha anterior a la que se le requirió a la ejecutada el pago de los mismos y se la constituyó en mora, y sin que se verifique, en el caso, ningún supuesto de excepción a dicha regla". Dictar como sustitutiva: "I.- HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por la accionada, por lo tratado; II.- COSTAS, a la ejecutante en autos (CPN Nélida Cecilia Rodríguez); III.- DIFERIR pronunciamiento sobre regulación de honorarios".

IV.- Acorde al resultado a que se arriba, por el principio objetivo de la derrota, las costas de esta instancia casatoria se imponen a la parte vencida, ejecutante en autos (CPN Nélida Cecilia Rodríguez), atento a lo dispuesto en los artículos 49, del CPT, y 106, primera parte, del CPCC.

Los señores vocales doctores Alfredo Carlos Dato y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación planteado por la parte demandada en contra de la sentencia Nº 121, del 7 de agosto de 2002, de la Excma. Cámara del Trabajo, Sala I, glosada a fs. 182 y vta. de autos. En consecuencia, casar la misma, dejándola íntegramente sin efecto, conforme a la doctrina legal enunciada en los considerandos. En consecuencia, dictar como sustitutiva: "I.- HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por la accionada, por lo tratado; II.- COSTAS, a la ejecutante en autos (CPN Nélida Cecilia Rodríguez); III.- DIFERIR pronunciamiento sobre regulación de honorarios".

II.- COSTAS de esta instancia casatoria, como están consideradas.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios.

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR RENE MARIO GOANE ALFREDO CARLOS DATO