Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-02-12


Expte. nº 9166/12 "Incidente de apelación en autos Ucha, Sebastián Alberto s/ infr. art. 1 Ley N 13.944 s/recurso de in-constitucionalidad concedido" Buenos Aires 12 de febrero de 2014 Vistos: los autos indicados en el epígrafe.

Resulta 1. La Sra. Ana Carbonell Oliveras, querellante en estas actuaciones, interpuso, por derecho propio y en representación de sus hijos, recurso de inconstitucionalidad (fs. 39/46) contra la decisión de la Sala II de la Cámara de Apelaciones que, si bien no hizo lugar a la excepción de atipicidad manifiesta opuesta por la defensa de Sebastián Ucha, igualmente declaró la incompetencia de la justicia local y dispuso dar intervención a la autoridad judicial competente del Departamento Judicial de San Isidro del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires. Para así decidir, los jueces consideraron, al igual que la defensa, que la conducta atribuida al imputado no reunía los caracteres típicos del incumplimiento de los deberes de asistencia familiar ni de la insolvencia fraudulenta alimentaria prevista en el art. 2 bis de la ley n° 13.944 por los que se había efectuado los requerimientos de elevación a juicio de los acusadores pero, como encontraron acreditado un hecho que sí podría ser constitutivo de otro delito aunque cometido en territorio bonaerense, declinaron su competencia por razones de lugar (fs. 30/32).

2. En el recurso de inconstitucionalidad -concedido por la Cámara- la querella se agravia por lo que denomina errónea aplicación de la ley sustantiva, que afectaría el debido proceso y la defensa en juicio. Alega arbitrariedad y cuestiona la declaración de incompetencia. Sostiene que las operaciones comerciales realizadas por el imputado con el inmueble de la sociedad conyugal (por las que se declaró la incompetencia) y con otro que habría adquirido después en la Ciudad de Buenos Aires formaron parte de un plan para insolventarse a fin de no hacer frente a sus obligaciones alimentarias y señala que el delito de defraudación del que hablan los jueces, además de no haberse tipificado en el caso concreto, implicará la impunidad por la excusa absolutoria del art. 185 del CP.

3. La Sala II declaró admisible el recurso por entender que la sentencia recurrida era equiparable a una definitiva al sustraer la causa del conocimiento de la justicia local y porque el planteo obligaba a establecer la exégesis de las normas de derecho común involucradas en la decisión (fs. 57/58).

4. Al tomar intervención, el Fiscal General se expidió por la procedencia del recurso de inconstitucionalidad y postuló que se dejara sin efecto el pronunciamiento de la Cámara para que se dictara una nueva sentencia conforme a derecho (fs. 79/84).

Fundamentos:

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo: 1. Anticipo que el Recurso de inconstitucionalidad fue bien concedido. En los fundamentos del recurso, la querella acierta al sostener que la Cámara revisó prueba y definió hechos materia de juicio afectando de ese modo el principio constitucional del debido proceso.

2. En efecto, la interpretación de la Cámara implica: a) que se dió por probado que el Sr. Ucha cumplió en parte con sus obligaciones; y b) que el incumplimiento parcial no fue malicioso.

Esas afirmaciones adelantan opinión en una etapa y en una instancia procesal inadecuada. Como bien sostiene el Sr. Fiscal General, "en el proceso penal la acreditación de los extremos de la imputación -lo que incluye la realidad material del hecho y la responsabilidad del encausado, dentro de lo cual necesariamente cabe abarcar la concurrencia de todos los elementos del tipo-, superada la etapa del requerimiento de juicio regulada por el art. 206 del CPPCABA, sólo puede darse en el marco de la realización del debate, para el que las partes han propuesto las medidas de prueba que consideraron procedentes y suficientes. / Con motivo de ello, la consideración del mérito de la prueba incorporada a la causa con anterioridad a la realización del juicio, para descartar la configuración del delito por falta de prueba, no puede admitirse . [porque] importó la pretensión de asumir facultades que se hallan reservadas al Tribunal de juicio, lo que aparece inadmisible" (fs. 81 vta. del incidente).

La Cámara actuó como si fuera el tribunal de juicio, tal como surge por ejemplo de fs. 31 vuelta: "ahora bien, de la compulsa de las actuaciones se advierte que la conducta atribuida al encartado no encuadra en la figura descripta, puesto que las maniobras fraudulentas deberían tener por finalidad sustraerse del cumplimiento de sus obligaciones de asegurar los medios necesarios para la supervivencia de dos hijos menores, lo que no se desprende de los medios probatorios aportados por las partes".

Parece innecesario insistir, pero como se ve, la Cámara meritúa las probanzas de la causa "fuera del juicio" y resuelve en consecuencia.

3. La decisión recurrida más allá de los defectos que he venido señalando, es disvaliosa desde otra perspectiva. Los delitos establecidos en la ley n° 13.944 pueden conllevar el ejercicio de una de las formas en las que se manifiesta la violencia de género (violencia económica y patrimonial) según lo dispone el art. 5 inc. 4, ley n° 26.485: "Tipos. Quedan especialmente comprendidos en la definición del artículo precedente, los siguientes tipos de violencia contra la mujer: .

4.- Económica y patrimonial: la que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer, a través de: a) La perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes;

b) La pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales;

c) La limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna;

d) La limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un salario menor por igual tarea, dentro de un mismo lugar de trabajo" (el destacado me pertenece)." Es oportuno advertir que la violencia de género puede ser ejercida de manera indirecta a través de los perjuicios que afecten a los hijos a cargo de la mujer.

Ello exige una especial atención de los jueces en virtud de los parámetros establecidos en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer ("Convención de Belém do Pará"), aspecto que no ha sido atendido por la Cámara pese a que expresamente fuera introducido por la querella en su requerimiento.

La obligación impuesta al Poder Judicial, como poder del Estado, surge del art. 7 (párrafos 3, 5, 6, 7) cuando establece que debe ".actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; .adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad; tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer; establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos" y del art. 9, según el cual "los Estados Partes tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada. En igual sentido se considerará a la mujer que es objeto de violencia cuando está embarazada, discapacitada, menor de edad, anciana, o está en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad" (el destacado me pertenece). Por todo lo expuesto voto declarar bien concedido el recurso de inconstitucionalidad y revocar la sentencia de fs. 30/32, en lo que ha sido motivo de agravio.

La jueza Ana María Conde dijo: 1. Suscribo los apartados 1 y 2 del voto de la señora jueza de trámite, Alicia E. C. Ruiz, a cuyo contenido adhiero. Comparto, por ende, la solución que propone mi distinguida colega para resolver la controversia planteada.

El recurso de inconstitucionalidad fue correctamente concedido por el tribunal a quo, puesto que, no hay dudas, fue interpuesto en tiempo y forma, por escrito, por una de las "partes" legitimadas para ello, contra una decisión que aunque no pone fin al pleito puede ser asimilada a definitiva con arreglo a la jurisprudencia de este estrado y en virtud de lo que en esa resolución se decide -la declaración de incompetencia de la justicia de la Ciudad sustrae de la órbita de conocimiento de esta instancia toda discusión constitucional y le impide ejercer el rol de último intérprete de la CCABA-, es susceptible de producirle a la querella un perjuicio de insuficiente reparación ulterior de cara a las particularidades que exhibe el sumario y, por fin, pone de manifiesto la existencia de un grosero desconocimiento de la garantía del debido proceso legal (arts. 27 y 28, ley nº 402; 13.3 y 113, CCABA).

En el caso, la Fiscalía y la querella requirieron el juicio con respecto al imputado. La Defensa, en el marco de la audiencia convocada para analizar la admisibilidad de las pruebas que debían recibirse durante el juicio, efectuó un planteo que fue considerado por el juez como una excepción de previo y especial pronunciamiento en función del "manifiesto defecto de la pretensión por atipicidad" del hecho investigado (art. 195.c, CPPCABA). El magistrado de primera instancia rechazó aquel planteo y esa decisión fue apelada por la Defensa. La Cámara, por mayoría, consideró: (i) que "de la compulsa de las actuaciones se advierte que la conducta atribuida al encartado no encuadra en la figura descripta, puesto que las maniobras fraudulentas deberían tener por finalidad sustraerse del cumplimiento de sus obligaciones (.) lo que no se desprende de los medios probatorios aportados por las partes"; (ii) que el encausado "habría incumplido con el pago de la actualización de la cuota alimentaria dispuesta judicialmente (.), pero [que] de ello no se sigue que se haya sustraído de aportar los medios necesarios", para la subsistencia de sus hijos menores de edad; (iii) que "en principio surge un defecto manifiesto en la imputación (.) en tanto (.) no se ha ofrecido prueba alguna a fin de acreditar" ciertas circunstancias vinculadas con el tipo objetivo; y (iv) que, sin perjuicio de lo anterior, dado que las "constancias arrimadas (.) acreditan [la posible configuración de un hecho que podría] subsumirse en un delito de acción pública -[esto es, la] defraudación por desbaratamiento de derechos adquiridos, reprimido por el art. 173 inc. 11 del Código Penal-, (.) [en este caso] no correspond[ía] hacer lugar a la excepción de atipicidad interpuesta", sino que debía resolverse la incompetencia de la justicia de la Ciudad (fs. 31 vuelta/32; énfasis añadido).

Coincido con la señora jueza de trámite en cuanto expresa en su voto que la interpretación sostenida por la mayoría del tribunal a quo importa, sin lugar a dudas, un adelantamiento de opinión que no se encuentra justificado y que tampoco encuentra sustento en las reglas que se invocan como fuente de la decisión. En este sentido, tal como lo afirma el señor Fiscal General, la mayoría de la Sala II entendió que estaba habilitada para ingresar de lleno al análisis de cuestiones de hecho y prueba, vinculadas con las circunstancias en las que habrían ocurrido los hechos que se pretendía resolver en el juicio y con la calificación legal que correspondía asignarle a los mismos, pero -al obrar de esta manera- se apartó de los alcances de la función jurisdiccional (revisora) que le incumbe como tribunal de apelación y eludió indebidamente que la acreditación de esta imputación sólo podía tener lugar en el marco del debate, para el cual habían sido propuestas y admitidas numerosas pruebas (cf. fs. 1/9). En efecto, el tribunal a quo, al afirmar que el comportamiento atribuido al querellado no reunía los caracteres típicos de la denominada "insolvencia alimentaria fraudulenta" (art. 2 bis de la ley nº 13.944), consideró prematura e ilegítimamente las constancias escritas incorporadas a esta causa durante la investigación penal preparatoria, descartó el posible mérito e idoneidad de pruebas que no habrían sido aún recibidas y desechó el eventual éxito de la hipótesis acusatoria que llevó al Ministerio Público Fiscal y a la querellante a solicitar la realización del debate oral. Evidentemente, al razonar de tal modo se analizaron aspectos que no hacen más que ilustrar que los defectos que habrían sido discutidos por las partes involucradas en la audiencia celebrada en la instancia inferior (art. 195.c, CPPCABA) no eran tan notorios, como se los intentó presentar en este pronunciamiento, y ello pone de manifiesto que la Cámara ha desconocido las reglas del debido proceso (art. 13.3, CCABA), impidiéndoles a los acusadores toda demostración del complejo plan que -sostienen- habría urdido el encartado, para incumplir con sus obligaciones alimentarias.

El art. 195.c del CPPCABA, invocado por la mayoría de la Sala II para dar sustento a su pronunciamiento, no le confiere a los jueces ningún poder que les permita analizar en este estadio procesal la orfandad probatoria y de ninguna manera los habilitaba a determinar el mérito del material probatorio que debía ser producido en el debate oral y público, para generar convicción en el órgano jurisdiccional -con respeto a las formas sustanciales del juicio relativas a la acusación, defensa, prueba y sentencia dictada por los jueces naturales-. En otras palabras, los elementos probatorios recabados durante la instrucción ciertamente no pueden fundamentar por sí solos una sentencia condenatoria, pero tampoco alcanzan, por sí solos, para que los jueces de la causa se anticipen injustificadamente a un tipo de examen que por regla ha sido previsto para un momento procesal distinto. Nótese que la hipótesis del caso sostenida por el órgano acusador en su requisitoria no deja de ser una conjetura que puede o no ser corroborada por el tribunal de mérito, una vez que se produzca la prueba que se estimó en principio dirimente para requerir el juicio; corroboración que dependerá necesariamente de un tipo de estudio que, también en principio, no podría ser efectuado en abstracto o de manera dogmática por quienes no tienen atribuciones para determinar el mérito de lo que escapa a la inmediación. Al respecto, comparto lo indicado por el colega del tribunal a quo, que quedó en minoría en la decisión aquí recurrida, en orden a que: "los agravios de la defensa [con relación al rechazo de la excepción de manifiesto defecto de esa pretensión por su 'atipicidad'] se refieren únicamente a cuestiones de hecho y prueba que resultan materia de controversia en este proceso y cuya definición deberá ser objeto de debate. (.) En este sentido, establecer si se ratifica la versión de los hechos [que fue] sostenida por la Fiscalía y la parte querellante o bien la postulada por la defensa, requiere la producción y [la] evaluación de la totalidad de la prueba del caso (.) [en virtud de un examen que] sólo puede realizarse acabadamente luego de celebrada la audiencia de juicio" (fs. 31; del voto del Dr. Bosch).

Puntualmente, la línea argumental expuesta por la mayoría de la Sala II refleja que la posible "atipicidad" de la conducta que aquí se imputa no era de ninguna manera manifiesta, porque para afirmar esa "atipicidad" se debió acudir a consideraciones anticipadas de naturaleza probatoria -respecto de pruebas que no habrían sido debidamente producidas- o a especulaciones de corte subjetivo -respecto a la no intencionalidad del querellado o a una finalidad diferente a la sustracción de sus deberes de asistencia familiar con relación a sus hijos menores de edad-; circunstancia que torna evidente el desacierto de la decisión, toda vez que, si el defecto de la pretensión no era manifiestamente atípico, entonces, la Sala II carecía de la facultad legal para pronunciarse anticipadamente en el limitado marco de esa excepción y tenía que aguardar al resultado del debate oral.

En suma, la parte querellante logra fundamentar que la sentencia que aquí cuestiona no resulta ser una derivación razonada del derecho vigente y se asienta en argumentos meramente aparentes. A su vez, la querella logra demostrar, claramente, que lo resuelto por la mayoría de la Sala II en cuanto descarta la aplicación de la figura de la "insolvencia alimentaria fraudulenta", encuadra oficiosa e intempestivamente un hecho como una "defraudación" (art. 173.11, CP) y declara la incompetencia de la Justicia de la Ciudad para intervenir en autos, importa un prejuzgamiento que implícitamente rechaza o excluye la unidad de las maniobras delictivas que los acusadores intentaban demostrar; y, por lo demás, no ha tenido en cuenta que la defraudación por la que se habría resuelto la incompetencia -al margen de que ya es materia de investigación en otro proceso judicial en el cual se pretende determinar la complicidad de otras personas en el plan fraudulento que habría pergeñado el sujeto investigado en esta causa- podría estar alcanzada por una excusa absolutoria, en virtud del vínculo que aún uniría a los involucrados (art. 185, CP).

2. Por lo expuesto, corresponde -en concordancia con la propuesta de la jueza Ruiz- hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad concedido por el tribunal a quo y revocar la resolución en crisis, en lo que ha sido materia de agravio.

El juez Luis Francisco Lozano dijo: 1. La recurrente impugna la sentencia de la Cámara en la parte que declaró la incompetencia de la justicia en lo Penal, Contravencional y de Faltas y dispuso la remisión de la causa al Departamento Judicial de San Isidro, Provincia de Buenos Aries, por considerar que la conducta legal perseguida en estos autos respondía a la figura del delito de defraudación por desbaratamiento de derechos adquiridos reprimido por el art. 173, inc. 11 del Código Penal, respecto del cual la justicia local no era material ni territorialmente competente.

Para arribar a esa decisión la Cámara dijo que si bien la querellante y el Ministerio Público Fiscal imputaban al Sr. Ucha la conducta descripta en el tipo legal establecido en el art. 2 bis de la ley n° 13.944 (insolvencia alimentaria fraudulenta) -dentro del cual consideró subsumida la figura prevista en el art. 1° (incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar)- ; no se advertía que dicha conducta encuadrara en esa figura, por cuanto, consideró, que no se desprendía de las pruebas aportadas que las maniobras fraudulentas tuvieran la finalidad de sustraerse del cumplimiento de sus obligaciones de asegurar los medios necesarios para la supervivencia de sus dos hijos menores de edad. Explicó, el a quo, que de las constancias de la causa surgía que el incumplimiento se había producido solamente respecto de la actualización de la cuota alimentaria durante un plazo acotado y que, en consecuencia, la conducta reprochada no podía subsumirse en las figuras penales mencionadas. Agregó que la querellante había omitido describir en qué consistía la actitud reticente al pago de los alimentos del imputado, cual había sido el incumplimiento y no se había ofrecido prueba a fin de acreditar estos extremos. A continuación, los jueces señalaron que la conducta del imputado consistente en la venta sin conocimiento ni participación de la querellante de un inmueble en el que se habría instalado el hogar conyugal, correspondía subsumirla en el delito de acción pública tipificado en el art. 173, inc. 11: defraudación por desbaratamiento de derechos adquiridos, concluyendo en que, en su investigación, resultaba competente la justicia penal de la Provincia de Buenos Aires, en razón del territorio y de la materia.

2. En el recurso de inconstitucionalidad, la querellante se agravia porque considera que la Cámara aplicó erróneamente la ley sustantiva, lo que afectaba el debido proceso y la defensa en juicio. Adujo que la conducta del imputado no encuadraba en la figura que los jueces describen como defraudación por desbaratamiento, en la medida en que, a su entender, no se daban los presupuestos para su configuración a lo que se sumaba la excusa absolutoria prevista en el artículo 185 del CP. Agregó que había quedado demostrado que las maniobras desplegadas por el encartado tenían por única finalidad la de no hacer frente a la cuota alimentaria en su justa medida y que la simulación de la recisión de la compraventa del hogar conyugal y su posterior venta a un tercero, formaba parte de un conjunto de hechos con la antedicha finalidad.

Tachó de arbitraria la sentencia por considerar que sus fundamentos eran aparentes al declarar la incompetencia territorial para investigar un hecho que, para la ley penal no era delito por la excusa absolutoria referida.

Aclaró que la sentencia apelada era equiparable a definitiva por cuanto ".la declaración de incompetencia resuelta sin intervención de las partes, convertía la conducta reprochada en el sub lite en impune con el consecuente agravio de imposible reparación ulterior." (fs. 45 vuelta).

3. Las resoluciones que deciden cuestiones de competencia, por regla, no constituyen sentencia definitiva a los efectos del recurso de inconstitucionalidad. En cambio, es equiparable a tal, la resolución que suponga sustraer una causa de la jurisdicción local (cf. TSJ in re "Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Soto, Alberto Sabino s/ recurso de queja s/ sumarísimo", expte. n° 726/00, resolución del 21/3/2001). En esas condiciones, corresponde equiparar a definitiva la sentencia impugnada en la medida en que en ella se decidió remitir la causa a otra jurisdicción.

4. La recurrente muestra que la decisión de la Cámara que descartó la figura prevista en el artículo 2 bis de la ley n° 13.944 para encuadrar la conducta del Sr. Ucha, se conecta directamente con el derecho de defensa que invoca, por cuanto, el modo en que resuelve sobre las bases de las escasas pruebas disponibles -propias de la instancia intermedia- provoca la imposibilidad de la querellante de perseguir la condena del imputado por los motivos que denunció. En efecto, la arbitrariedad que invoca la recurrente la coloca en una situación de indefensión que torna procedente la queja articulada.

En efecto, los argumentos de la recurrente permiten arribar a la conclusión de que la Cámara realizó una interpretación de la conducta del imputado basándose en las constancias del expediente que no resultan suficientes para descartar por completo la figura penal que la querella pretende atribuirle al imputado. La sola referencia a que el Sr. Ucha cumplió con su deber de asistencia familiar y que solo se retrasó en el pago de un saldo por actualización de la cuota alimentaria, no logra explicar fundadamente la existencia de un defecto manifiesto en la imputación que desencadene la atipicidad de la conducta reprochada. La cuestión planteada presenta aristas no tan definidas como para descartar en este estadio procesal la posibilidad de que la querellante persiga la condena del imputado por el delito que le endilga. Nótese que la descripción de los hechos formulada por la querellante y que la Cámara no rebate respecto de las maniobras desplegadas por el encartado condujo, en ambos casos, a la conclusión de que efectivamente esa conducta configuraría un delito, pero la desavenencia se presenta en el tipo penal en el que tanto la Cámara como la querellante pretenden encuadrarla.

En ese contexto, los argumentos de la Cámara no explican cuáles serían los presupuestos que la llevaron a encuadrar la referida conducta en la figura prevista en el artículo 173, inciso 11 del Código Penal -defraudación por desbaratamiento de derechos adquiridos- y a descartar la imputación que formulara la querella. Tampoco, como dije antes, los jueces mostraron que la exclusión del tipo penal que motivó este proceso se sustentara en argumentos reales y no sólo aparentes.

En esas condiciones, la decisión de la Cámara resulta desacertada, más aún cuando la declaración de incompetencia y la remisión a otra jurisdicción para que se investigase la presunta defraudación, no significaría una nueva oportunidad para la querellante de perseguir la condena, aunque sea por otro delito, en la medida en que de las constancias agregadas a la causa surge que aquélla ya había promovido la pertinente denuncia (cf. legajo de fotocopias del expediente 14-00-267700-08 "Ucha, Sebastián Alberto y otros s/estafa", en trámite por ante el Juzgado de Garantías n° 5 del Departamento Judicial de San Isidro) y que por la excusa absolutoria del art. 185 del CP podía perder definitivamente la posibilidad de acceder a su pretensión.

Por lo expuesto, voto por 1) hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad; 2) revocar la sentencia apelada en cuanto declaró la incompetencia de la Justicia en lo Penal, Contravencional y de Faltas y disponer que siga la causa según su estado.

El juez José Osvaldo Casás dijo: 1. El recurso de inconstitucionalidad fue correctamente concedido por los jueces de la Cámara.

Tal como lo señala en su voto el señor juez, doctor Luis Francisco Lozano, la decisión que ataca la querella es equiparable a una sentencia definitiva porque sustrae de manera definitiva esta causa, y las cuestiones planteadas como constitucionales por la recurrente, del conocimiento y jurisdicción de los integrantes de este Tribunal Superior, intérpretes últimos de la Constitución de la Ciudad -arts. 113, CCABA y 27, ley nº 402- (cf. este Tribunal in re "Ministerio Público -Fiscalía ante la Cámara con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 1- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Incidente de incompetencia en autos 'NN s/ inf. art. 00 -presunta comisión de un delito-'", expte. n° 6397/09, resolución del 27 de agosto de 2009, entre muchas otras).

La recurrente, por otra parte, ha logrado exponer una cuestión constitucional, al confrontar de modo concreto y suficiente la decisión de los jueces de la cámara en el caso, con las previsiones de los arts. 18, CN y 13.3, CCABA, en tanto señala una extralimitación jurisdiccional por parte de los magistrados actuantes que no se ajusta al desenvolvimiento natural que debe imponerse al debido proceso. En el recurso de inconstitucionalidad se denuncia la falta de fundamentación y autocontradicción de la decisión que declaró la incompetencia de la justicia local para intervenir en el caso y descartó el incumplimiento de los deberes de asistencia familiar que se le imputara al señor Ucha, con base en la valoración de escasos elementos incorporados a la causa, en la etapa previa al debate oral y público.

2. Tal como lo señalan mis colegas preopinantes, también procede el recurso de inconstitucionalidad interpuesto en cuanto al fondo de la cuestión traída a estudio de este Tribunal.

En el caso, el representante del Ministerio Público Fiscal requirió el juicio del señor Ucha. Durante la audiencia prevista en el art. 210, CPP, la defensa solicitó el sobreseimiento de su asistido y el juez interviniente decidió rechazar el planteó, al que consideró una excepción de atipicidad por manifiesto defecto en la pretensión (art. 195, inc. c, CPP). Tras un recurso de apelación interpuesto por la defensa, los integrantes de la Sala II no hicieron lugar a la excepción deducida y declararon la incompetencia de la Justicia local para continuar interviniendo en el caso.

Sin embargo, esa resolución de la Cámara carece del fundamento necesario y no tiene sustento en las reglas que se invocan como fuente de la decisión. En efecto, tal como lo expone la señora jueza de trámite, doctora Alicia E. C. Ruiz, en los puntos 1 y 2 de su voto, que comparto en lo sustancial y a los que me remito, la decisión se basa en una anticipada valoración de "los medios probatorios aportados por las partes" (foja 31 vuelta) que soslaya que la producción y valoración de elementos de prueba es, en principio, propia de la etapa del debate oral. Al respecto, me remito también a las consideraciones expuestas por la doctora Ana María Conde en su voto (punto 1, párrafos primero a quinto), que demuestran que, para decidir como lo hicieron, los jueces efectuaron un "control del mérito de la acusación" que no se encuentra previsto en las reglas procesales vigentes, al menos del modo en que se pretende realizarlo.

En síntesis, el estadio procesal actual torna prematura e improcedente la valoración probatoria efectuada por los jueces para desembarazarse de las actuaciones y, en las circunstancias descriptas, el planteo del recurrente triunfa pues demuestra la existencia en el caso de una vulneración a las reglas del debido proceso legal. La decisión cuestionada no se exhibe como una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias de la causa, y debe, por tanto, ser descalificada como acto jurisdiccional válido (cf., mutatis mutandi, este Tribunal in re "Ministerio Público -Fiscalía de Cámara Este de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Incidente de apealción en autos: Escobar, Neris s/ inf. Art. 149 bis, amenazas, CP, (p/L 2303)'", expte. n° 9439, resolución del 27/12/2013).

3. Por las razones expuestas en los puntos anteriores, corresponde hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad deducido y, en consecuencia, revocar la decisión de la Cámara que está agregada a fs. 30/32 en cuanto fuera materia de recurso (punto II).

Así lo voto. La juez Inés M. Weinberg dijo:

1. El recurso de inconstitucionalidad ha sido mal concedido por la Cámara en razón de que la parte querellante no refutó los argumentos que dieron los jueces para sostener que la conducta atribuida al Sr. Ucha no encuadraba en la figura del art. 2 bis de la ley n° 13944.

En efecto, si bien la querella denunció una supuesta errónea aplicación de la ley sustantiva por parte de los jueces de la Sala II "al confundir la insolvencia fraudulenta en perjuicio de los hijos menores, con la defraudación por desbaratamiento de derechos acordados en perjuicio de su ex mujer" (fs. 39), no hizo ningún esfuerzo por demostrar la presunta irrazonabilidad del alcance dado en la sentencia a la figura de la insolvencia fraudulenta alimentaria en virtud del cual los camaristas entendieron que, mientras esa norma requería que el autor se insolventara para no aportar los medios de subsistencia, en el caso se había comprobado que el imputado había cumplido -aunque con retrasos- con la cuota alimentaria fijada por la justicia civil.

Ese fue, más allá de su acierto o error, el fundamento por el cual la Sala descartó la insolvencia fraudulenta del art. 2 bis de la ley n° 13.944. Y sobre esa cuestión nada dijo la recurrente en su presentación. En esas condiciones, conjeturar cuál podría ser el resultado de la investigación de la presunta defraudación por la que se declaró la incompetencia, y por la que la propia querella ya había promovido la pertinente denuncia (cf. legajo de fotocopias del expediente 14-00-267700-08 "Ucha, Sebastián Alberto y otros s/estafa", en trámite por ante el Juzgado de Garantías n° 5 del Departamento Judicial de San Isidro, en 95 fojas) no es suficiente para subsanar el defecto de fundamentación del recurso interpuesto.

2. En consecuencia, voto por declarar mal concedido el recurso de fs. 39/46.

Por ello, habiendo tomado la intervención que compete al Fiscal General, por mayoría, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad agregado a fs. 39/46, revocar la resolución de Cámara, del 24/05/2012, en cuanto declaró la incompetencia de la Justicia en lo Penal, Contravencional y de Faltas.

2. Mandar que se registre, se notifique y, oportunamente, se remitan las actuaciones a la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas.