Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-24


Causa Nº 480-00-CC/ 2005 "BRANDAN, Luis Alberto s/ art. 83, Ley 1472- Apelación" //n la ciudad de Buenos Aires, a los 24 días del mes de febrero del año 2006, se reúnen los miembros de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, a efectos de resolver el recurso de apelación interpuesto por la defensa oficial, a fs. 25/35 del presente, del que:

RESULTA:

1. Que a fs. 4 obra el acta circunstanciada labrada con fecha 8 de noviembre a Luis Alberto Brandan por la presunta comisión de la contravención prevista en el art. 83 CC; oportunidad en la que se procedió al secuestro de dos cajones de plástico, una madera, cuatro infladores, dos pistolas de agua, dos carpetas forradas, dos barriletes, tres binoculares, dos monederos, un set de peines, tres linternas, un set de cuchillos y cinco pelotas, previa consulta con la Fiscalía actuante.

2. Que a fs. 6, la Sra. Fiscal de Grado, resuelve enviar las actuaciones al Juzgado interviniente a los fines del control del secuestro efectuado y cumplido ello, remitir las actuaciones a la Unidad Administrativa de Control de Faltas por entender que si bien la conducta reprochada en autos podría encuadrar en las previsiones del tercer párrafo del art. 83, la misma podría constituir una violación al régimen de faltas (art. 4.1.2 de la ley 451).

3. Que a fs. 7, la titular del Juzgado Contravencional y de Faltas N° 4, Graciela Dalmas, confirma la medida precautoria adoptada en autos.

4. Que a fs. 10/12 la titular de la Defensoría Oficial N° 6, Marcela Paz, plantea la nulidad del procedimiento llevado a cabo en autos. Manifiesta que de las constancias obrantes en la causa no surge que se haya dado una debida intervención a la Sra. Juez de Grado, vulnerándose el art. 21 LPC, y que dicha inobservancia afecta la garantía de debido proceso. Por otra parte, en caso de no hacerse lugar a su planteo de nulidad, solicita la devolución de los efectos secuestrados en autos por entender que la Magistrada interviniente no puede mantener una medida cautelar mas allá de su jurisdicción, señalando que se exigen otros requisitos para mantener un secuestro o para aplicar la figura del comiso en materia de faltas. Por ello solicita el cese de la medida cautelar ordenada en autos.

5. Que a fs. 14/16, el Fiscal de Grado se opone a las nulidades impetradas por la Defensa y al pedido de devolución de los efectos incautados.

6. Que a fs. 17/18 obra la resolución dictada por la Juez de Grado por la que resuelve no hacer lugar a las nulidades articuladas por la defensa y rechazar la devolución de los efectos secuestrados. Sostiene que se ha dado acabado cumplimiento con lo dispuesto en el art. 21 LPC, en cuanto a la intervención del Juez y que los efectos no pueden ser devueltos, ya que de recaer sanción en sede administrativa podrían ser decomisados. Por lo tanto, su restitución anticipada podría hacer peligrar la aplicación de la ley material. Así, concluye que será el momento de la sentencia el adecuado para decidir el destino de los efectos en cuestión.

7. Que a fs. 25/35 la defensa apela la resolución mencionada supra, manifestando que le causa un gravamen irreparable, por haberse afectado el derecho al debido proceso, a la propiedad y el principio de inocencia. En primer lugar, manifiesta que su ministerio puede y debe ejercerse indiscriminadamente desde el mismo momento de la formación del proceso contravencional, señalando que lo dicho no implica desconocer a la imputada su natural derecho a elegir un abogado de confianza. Reitera los agravios expresados en oportunidad de plantear la nulidad en cuanto a la ausencia del control oportuno por parte del Fiscal y a la tardía intervención del Juez de Garantías, insistiendo en caso de no hacerse lugar dichos planteos, en la devolución de los efectos incautados. Ello, por considerar que la Magistrada interviniente no se encuentra facultada para mantener la medida cautelar más allá de su jurisdicción, considerando que remitir las actuaciones a la Unidad Administrativa de Control de Faltas, a más de un mes después de iniciado el procedimiento, implica que el encartado haya sufrido una verdadera pena, por lo que hubiera correspondido el archivo de las actuaciones. Por último hace reserva de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia y del caso federal.

8. Que a fs. 38 la Sra. Juez a quo resuelve conceder el recurso de apelación interpuesto por la defensa.

9. Que a fs. 42 vta. obra el dictamen del Sr. Fiscal de Cámara considerando que el recurso debe declararse mal concedido.

10. Que a fs. 44/45 la defensa mantiene todos los agravios sostenidos en oportunidad de interponer el recurso de apelación, cuestionando el dictamen del Sr. Fiscal de Cámara.

11. Que a fs. 47 pasan los autos a resolver.

PRIMERA CUESTION Es pertinente señalar que el escrito de apelación incoado ha sido interpuesto en tiempo y forma, cuestión que permite propiciar su admisibilidad formal. Sin embargo, por no tratarse de una sentencia definitiva, debe determinarse si la resolución del Magistrado de Primera Instancia le causa un gravamen irreparable y analizando las particularidades del caso, decidir sobre la procedencia del recurso (art. 6 y 50 de la Ley 12; art. 449 del CPPN).

Al respecto, cabe recordar que el gravamen irreparable "...aparece como una cuestión de hecho que debe ser considerada en cada caso. Se configura, se ha afirmado, cuando aparece un perjuicio jurídico que no puede ser reparado durante el trámite del juicio ni en la sentencia definitiva..." (CFSM, JPBA, 89-178-526; Guillermo Rafael Navarro y Roberto Raúl Daray, "Código Procesal Penal de la Nación"- Tomo II, José Luis De Palma Editor, Bs. As. 2004, pág. 1193).

Es criterio de este Tribunal que las decisiones que admiten o rechazan planteos de nulidad resultan susceptibles de provocar el mentado gravamen ("ROLDAN, Rodolfo s/ infracción art. 83 CC- Incidente de nulidad", causa N º 81-01-CC/2005, rta. el 28/04/2005 y "TORRES, Liliana Elizabeth s/ infracción arts. 116 y 117 CC- Apelación", causa Nº 108-00-CC/2005, rta. el 19/05/2005), por lo que corresponde declarar que el recurso ha sido correctamente concedido en este punto.

En cuanto al pedido de devolución de los efectos secuestrados, efectuado en forma subsidiaria por la Defensa. En este sentido esta Sala ha sostenido que las decisiones que rechazan la solicitud de restitución de bienes secuestrados no son susceptibles de provocar un gravamen irreparable en aquellos casos en los que se dispuso la remisión de las actuaciones la Unidad Administrativa de Control de Faltas (conf. causas Nº 357-01-CC/2005 "Recurso de queja en autos Rengifo Panduro, Teddy Antonio s/Inf. art. 83 Ley Nº 1472", rta. el 27/10/2005 y 347-00-CC/2005 "Dextre Mantilla, Juan Javier s/Inf. art. 83 Ley Nº 1472- Apelación", rta. el 28/10/2005), puesto que dicha petición puede ser efectuada en sede administrativa.

En efecto, el texto de la Ley de Procedimiento de Faltas establece que dentro de los tres días de recibidas las actuaciones donde se hubiesen adoptado medidas cautelares, el Controlador Administrativo de Faltas debe expedirse respecto de ellas. A pedido de parte esta resolución puede ser revisada judicialmente, consagrándose así la posibilidad de impugnar en sede judicial resoluciones administrativas interlocutorias o de mero trámite, en cuyo caso se debe formar incidente a efectos de dar inmediata intervención jurisdiccional (art. 8, Ley 1217).

Dicha circunstancia demuestra la existencia de otras oportunidades útiles que permitan satisfacer la pretensión de la defensa, razón por la cual no se advierte que la decisión en crisis le haya causado un perjuicio irreparable, por lo que en relación a esta cuestión corresponde declararlo mal concedido.

SEGUNDA CUESTIÓN Que en virtud de que la ley 12 no regula un sistema de nulidades aplicable al ámbito contravencional, sino que sólo prevé algunas de carácter específico, como las contenidas en los arts. 32 y 51, resulta de aplicación el capítulo VII del título V del C.P.P.N (art. 6 del C.P.C.).

En este sentido, es dable recordar que el art. 166 del C.P.P.N. define un sistema de nulidades taxativo que impide declarar inválidos los actos procesales que exhiben defectos formales -excepción hecha a violación de garantías constitucionales-, si su descalificación no ha sido expresamente prevista, o si no media incumplimiento de las disposiciones relativas a la capacidad del Tribunal, a la participación del Ministerio Público o a la intervención, asistencia y representación del imputado (Cámara Nacional de Casación Penal, Sala I, causa nro. 27, reg. 27, "Freire, Roberto A. s/ley 23.737", rta. el 11/8/93; causa nro. 186, reg. 274, "Terramagra, Juan I. s/rec. de casación", rta. 25/8/94; causa nro. 102, "Aguilera, Oscar s/rec. de casación, rta. el 23/3/94, reg. 147, entre otras). Además los preceptos legales sobre nulidad, deben ser interpretados restrictivamente, si no se quiere desvirtuar el régimen legal mediante una interpretación extensiva o analógica (CNCP, Sala III, causa nro. 302, "Ausili, Gustavo M. y Otro s/rec. de casación", rta. 22/6/95, reg. 128; "Alvarez, Domingo Vicente s/rec. de casación", reg. 100 bis del 30/3/94; "Mendoza, K. y Amaya, J.R. s/rec. de casación", reg. 122, del 19/4/94; "Malaguarnera, Josefa del Carmen", reg. 133 del 27/4/94, entre otras).

Al respecto el Máximo Tribunal de la Nación ha dicho: "...es doctrina reiterada de este Tribunal que en materia de nulidades procesales prima un criterio de interpretación restrictiva y sólo cabe anular las actuaciones cuando el vicio afecte un derecho o interés legítimo y causa un perjuicio irreparable, sin admitirlas cuando no exista una finalidad práctica, que es razón ineludible de su procedencia. En efecto, la nulidad por vicios formales carece de existencia autónoma dado el carácter accesorio e instrumental del derecho procesal; exige, como presupuesto esencial, que el acto impugnado tenga trascendencia sobre la garantía de la defensa en juicio o se traduzca en la restricción de algún otro derecho de modo que la sanción de nulidad aparecería respondiendo a un formalismo vacío, en desmedro de la idea de justicia y de la pronta solución de las causas, en lo que también está interesado el orden público..." (CSJN, 66.XXXXIV, "Bianchi, Guillermo Oscar s/defraudación", rta. el 27/6/2002).

A la luz de los principios expuestos precedentemente, corresponde adentrarse al estudio de los agravios impetrados por la Sra. Defensora Oficial quien sostiene, que el tiempo transcurrido entre la implementación de la medida cautelar y el control jurisdiccional resultó tardío, debiendo por ello declararse la nulidad del procedimiento.

De la lectura de las actuaciones se advierte que el secuestro de la mercadería fue llevado a cabo por la Policía Federal Argentina el 8 de noviembre de 2005 con consulta a la Fiscalía. Posteriormente, con fecha 22 de noviembre se recibieron las actuaciones en el Juzgado de Primera Instancia. Fecha en la que la Sra. Juez de Grado confirmó lo actuado.

Ahora bien, toda vez que el art. 21 LPC establece que las medidas precautorias adoptadas deben ser comunicadas de inmediato al Fiscal y que éste, en caso de confirmarlas debe dar intervención al Juez, sin establecer límite temporario alguno que determine la inmediatez de dicha intervención, la misma debe ser interpretada en el marco de la razonabilidad propia de los actos y decisiones judiciales. Por lo tanto, debe valorarse la naturaleza de la medida adoptada -en este caso el secuestro de mercaderías- y las circunstancias particulares del caso en análisis, sin ser posible la fijación de un lapso general que comprenda o acote el concepto en cuestión. Así lo ha determinado esta Sala en reiterados fallos (causa 1586-01CC/2003 "Gaba, Luis Darío s/art. 51- medida cautelar", rta. el 18/2/2004; causa 052-00CC/2004 "Waigandt, María Elena s/infr. Art. 41 CC- medida cautelar", rta. el 20/4/2004, entre otras).

En razón de lo expuesto, teniendo en cuenta las características de los efectos secuestrados -que no se tratan de bienes perecederos-, que el expedientes ingresó a la fiscalía el 18 de noviembre de 2005 (ver cargo de fs. 5 vta.), el cual estuvo desde ese instante a disposición de ese Ministerio y que se dio una oportuna intervención al Juzgado, no se advierte en autos que se haya vulnerado el principio de inmediatez, por lo que también corresponde confirmar el rechazo del planteo de nulidad respecto de este punto.

Concluido el acuerdo que antecede, el Tribunal, RESUELVE:

I.- DECLARAR MAL CONCEDIDO el remedio procesal intentado en relación al punto dispositivo II de lo resuelto a fs. 17/18, en cuanto rechaza la solicitud de restitución de bienes secuestrados.

II.- CONFIRMAR el punto I de la resolución obrante a fs. 17/18, en cuanto rechaza las nulidades articuladas por la defensa (arts. 166 y sgtes. CPPN y 21 LPC).

III.- Tener presentes las reservas de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia y del caso federal formuladas por la defensa.

Regístrese, notifíquese con carácter de urgente y oportunamente devuélvase al juzgado de origen.

Ante mi Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas