marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Cheque sin fondos, prueba
Materia: PENAL
Carátula: QUIROZ, R.E. s/ Cheque sin fondos Causa Nro. 32423.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-06-11

1-La circunstancia de que el cheque haya sido completado por una misma persona que otros cheques pagados en igual cuenta, aunque hayan sido endosados por el tenedor del cheque cuestionado, debilita la afirmación del librador imputado en cuanto a que habrían sido extraviados, pues si lo fueron sería demasiado casual que terminaran en las mismas manos siendo que la legitimidad de la tenencia del cheque por un mismo detentador es razonable teniendo en cuenta la relación comercial existente entre ambos.- 2-En cuanto a los demás cuestionamientos del defensor oficial apelante, debe señalarse que la averiguación de la verdad histórica no es el fin del proceso penal. Este sólo aspira a establecer la culpabilidad o inocencia-ambos conceptos jurídicos-del imputado de la comisión de un delito. La certeza absoluta pertenece a una esfera distinta a la del proceso penal.- La duda que hace de aplicación la regla "in dubio pro reo" debe ser razonable dentro del esquema de la prueba y no simplemente una dificultad de conocer rigurosamente la verdad material del hecho histórico.
Concursos, quiebra, incautación de bienes, conservación y administración de los bienes, síndico del concurso, créditos entre fallidos
Materia: COMERCIAL
Carátula: Raselo SA c/  s/ quiebra s/ incidente art 250
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-23

Corresponde revocar la resolución del juez falencial que admitió la solicitud del síndico, y en consecuencia intimó a una sociedad a pagar los cheques librados a favor de la fallida bajo apercibimiento de ejecución.

Ello así, pues la LCQ 182 establece el deber del síndico de procurar el cobro de los créditos adeudados a la fallida, de lo que se deriva el deber de promover las acciones judiciales sin necesidad de requerir autorización especial, ni de pagar impuestos, tasas de justicia o cualquier otro gravamen.

En consecuencia, no cupo disponer derechamente la intimación de pago bajo apercibimiento de ejecución, sino que la sindicatura debió recurrir ante el juez competente, a fin de otorgar a las partes un marco propicio para hacer valer sus derechos.
Recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal, inconstitucionalidad
Materia: TRIBUTARIO-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: FISCO NACIONAL - D.G.I. c/ Sindicato Unión de Empleados del Tabaco de la R.A
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-21

En un proceso en el que el objeto se encuentra ceñido a la revisión de la valoración efectuada en la anterior instancia acerca de la admisibilidad del recurso de apelación oportunamente interpuesto, no corresponde se evalúe un planteo de inconstitucionalidad de la norma que impide la apelación en las ejecuciones fiscales (art. 92, ley 11.683), puesto que dicho análisis debe ser efectuado en la causa principal, en la medida que el interesado haya incoado en tiempo y forma la respectiva pretensión de la inconstitucionalidad de la norma en cuestión.

(Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala)
Entidades financieras, régimen de garantía de los depósitos
Materia: ADMINISTRATIVO - COMERCIAL
Carátula: Arévalo, Roberto Rubén c/ Banco Central de la República Argentina s/ cobro de pesos - ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-02-28

Cumplidos por el depositante los requisitos exigidos por la ley, es al Banco Central a quien incumbe demostrar la falsedad de los instrumentos que acreditan los depósitos o la inexistencia de causa.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia, fundamentación de sentencias, daños y perjuicios, daño material, indemnización, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: MIÑO, HILARIO J. Y OTRA c/ GONZALEZ, JOSE F. Y OT. s/ Recurso de Inconstitucionalidad Recurso Directo-Daños y Perjuicios (Expte.: C.S.J. Nº. 727 Año 1997)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-05-14

Merece descalificación constitucional el fallo impugnado, desde que frente al reproche de arbitrariedad que los impugnantes fundaron en la causal del inciso 1ro. del artículo 42 de la ley 10.160 -con invocación del criterio jurisprudencial establecido por la Corte Provincial a partir de "Juan c. Carozzo", achacándole arbitrariedad al decisorio del Tribunal Colegiado por "palmaria falta de fundamentación y marginación de hechos, pruebas y pautas de razonabilidad y experiencia", al establecer en concepto de daño material un monto "notoriamente insuficiente"-, el Tribunal no podía -como lo hizo- negarse categóricamente a su consideración mediante el sólo argumento de que, en concordancia con opinión autoral, "la estimación del quantum de ciertos daños y perjuicios dogmáticamente no encaja en los supuestos legales que habilitan el recurso extraordinario", pues al vedar su control por la vía de la apelación extraordinaria -lo que autorizaría a interpretar que sólo le quedaba al impugnante el remedio regulado en la ley 7055- incurrió en un inaceptable soslayamiento de las directrices sentadas por la propia Corte.
Procedimiento laboral, aplicación analógica de la ley, resoluciones inapelables, inapelabilidad en razón del monto
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Lucero, Sergio Ismael c/ Sanz, Pablo y Otro s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-12-15

No resulta impedimento para la aplicación del artículo 242 del C.P.C.C. la circunstancia que el artículo 63 de la Ley 69 establezca la inapelabilidad de las sentencias si el monto cuestionado no alcanza el importe de cinco mil pesos moneda nacional. Ello, por cuanto dicha cifra ya no tiene significación económica alguna, por lo que la falta de operatividad de la norma resulta evidente.
Usurpación de inmueble, legitimación procesal
Materia: PENAL
Carátula: ROMERO, FRANCISCO DIRSEO c/ LLANOS, ANGEL NORBERTO s/ USURPACION DE PROPIEDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-10-23

Si resulta verosímil la explicación sobre la forma en que la imputada dijo haber ocupado el inmueble, al no reunirse los requisitos que exige el art. 181 inc. 1 Código Penal, los legítimos derechos que pudieran corresponder al propietario reclamante del inmueble debe hacerse valer en la sede judicial correspondiente.
Convenios colectivos de trabajo, constitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: DATO, JOSE M. c/ SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES - SOCIEDAD DEL ESTADO. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-05-23

La ley 21476 que deroga y deja sin efecto determinadas clausulas de las convenciones colectivas con invocación del supremo interes de la nacion, no vulnera el artículo 14 bis de la constitucion nacional, que garantiza a los gremios la concertación de esos acuerdos, toda vez que ello no supone que las convenciones colectivas resulten intangibles, ni aun por vía de la ley, que reviste mayor categoria juridica que aquellas.
Excarcelación, procesado, prisión preventiva, acusación fiscal, Pacto de San José de Costa Rica, libertad de circulación, caución real
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Mill, Raúl E. s/ Excarcelación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-02-24

Debe concederse la excarcelación del procesado, en vista de los términos del art. 5 del Pacto de San José de Costa Rica, cuando transcurrió un año y nueve meses desde la acusación fiscal, habiendo ya cumplido tres años de detención preventiva sin que se haya agotado la fase procesal de los traslados, ni avisorándose un pronto dictado dela sentencia. Si bien el tiempo transcurridono autoriza a aplicar el art. 379, inc. 4 del C.P.M.P., habiéndose sobrepasado con exceso el previsto en el art. 701 del mismo cuerpo, corresponde otorgar el beneficio excarcelatorio al imputado por aplicación del art. 379, inc. 6 del C.P.M.P., ya que la prisión preventiva tiene valor instrumental al servicio de un proceso, y no puede desnaturalizarse al extremo de convertirse en el modo ejecutivo de una anticipada pena, no dictada pero padecida como tal.
Contrato de trabajo, muerte del trabajador, multa laboral
Materia: LABORAL
Carátula: GIANGIULO, ROSA MABEL c/ MESPLET LARRAÑAGA Y GIACCONE S.A. Y OTROS s/ INDEMN. POR FALLECIMIENTO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-06-24

No procede la indemnización prevista en el art. 2 de la ley 25.323 en el supuesto de haberse extinguido el contrato de trabajo por muerte del trabajador (art. 248 L.C.T.). La naturaleza intrínseca de la indemnización contenida en el art. 248 L.C.T. y en el art. 2 de la ley 25.323 es diferente. La primera tiene por finalidad reparar el daño que sufre la familia que pierde el sostén económico del trabajador por su muerte, que causó la extinción automática del contrato de trabajo por una causa ajena al empleador. La segunda tiene perfil sancionatorio y como tal, de interpretación restrictiva, debiéndose limitar su aplicación a la previsión contenida en la norma. El legislador a través del art. 2 de la ley 25323 tuvo la intención de establecer el recargo para el supuesto de incumplimiento por parte del empleador del pago de las indemnizaciones contenidas en los artículos expresamente citados en la norma y no para el caso que se verificara en relación a otros créditos derivados de otras normativas, aunque tuvieran relación con la extinción del contrato de trabajo; como sucede con la indemnización prevista en el artículo 248 L.C.T.. Si así lo hubiera querido, lo habría establecido con precisión. En síntesis, en el recargo contenido en el artículo 2 de la ley 25.323 no está incluido cualquier débito fundado en la relación de trabajo; sólo los allí indicados.
Audiencia de debate, garantías procesales, prueba, medios de prueba, derechos y garantías constitucionales, sentencia, situación del imputado, prueba confesional, sentencia condenatoria, pena, graduación de la pena
Materia: PENAL
Carátula: RAMON PEDRO HERRERA c/ PALLADINO, DANIEL HECTOR s/ AUDIENCIA DE DEBATE - SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-04-07

Que, vinculado a la individualización de la pena a aplicar y en cumplimiento de las pautas establecidas por los artículos 40 y 41 del C.P., a partir de la calificación jurídica a la que se arriba en el hecho que se trajo a juicio, resulta ajustado a derecho imponer la pena de un año y cinco meses de prisión efectiva, accesorias legales y costas.

Ello en consideración a la naturaleza y a la modalidad de la acción desplegada por el imputado. A este fin, también es menester tener presente el nivel socio- cultural que da cuenta el informe ambiental, el informe psicológico, informe del R.N.R. y la planilla prontuarial, elementos de juicio que convergen para estipular la pena antes mencionada.
Incidente de nulidad, fallos del Superior Tribunal, recurso extraordinario federal
Materia: PROCESAL
Carátula: ARGAÑARAZ DE RIZO LIDIA NOEMI Y OTROS c/ SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD (SI.PRO.SA) s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-08-12

El artículo 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en su parte pertinente, dispone que si el tribunal de la causa concediere el recurso extraordinario federal, previa notificación personal o por cédula de su decisión, deberá remitir las actuaciones al más Alto Tribunal del país, dentro de los 5 días contados desde la última notificación.

Por lo tanto, para un caso como el de autos -en donde todo lo concerniente a la admisibilidad del recurso extraordinario federal ya ha sido juzgado por este Tribunal en el marco de provisionalidad establecido en el ordenamiento vigente-, no se encuentra prevista la vía impugnativa intentada en la -incidente de nulidad contra la sentencia dictada por esta Corte por la que se declara admisible y, en consecuencia, se concede el recurso extraordinario federal interpuesto por la parte demandada- por estar esta Corte desprendida de toda competencia con relación a la presente causa correspondiendo, en consecuencia, elevar sin más trámite las actuaciones a la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación a los fines pertinentes, de conformidad a la norma precitada.
Recurso extraordinario de nulidad, cuestión resuelta
Materia: PENAL
Carátula: Mora, Jorge Eduardo s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-05-03

No existe omisión de tratamiento de la cuestión planteada, si la Cámara meritó las diferentes manifestaciones en la audiencia al tratar la autoría del imputado en el hecho que fuera motivo de acusación ( art. 168, Const. prov.).
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, caducidad, resolución denegatoria, resoluciones recurribles, nulidad procesal, recurso de apelación (procesal), leyes, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: XX s/ ¿Es apelable el auto que rechaza la pretensión de caducidad del   proceso? -Tribunal pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-02-26

Si se pretendiese que porque el proceso estaba en realidad caduco, ha existido un vicio de procedimiento que hace nulificable la sentencia, en realidad se estaría juzgando por esta vía un error in iudicando de la resolución que rechazara la caducidad, a través de lo que sería un verdadero recurso de apelación diferido que no existe en nuestra ley, porque proviniendo la nulidad de vicio de procedimiento habría que declarar nulo lo obrado que se relacione con la actuación nula o que sea su consecuencia (artículo 362, Código Procesal Civil y Comercial). ¿Y cuál sería aquella primera actuación nula, sino la resolución del a quo que no admitiera la caducidad?.

(Del Voto del Dr. Serralunda -En Disidencia-).
Abuso sexual, prueba
Materia: PENAL
Carátula: Abalos, Roque Oscar s/ Abuso Sexual
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-05-14

Si bien es cierto que en el tipo de ilícitos como el imputado -dada su naturaleza-, en los que normalmente pueden verse afectadas la intimidad y la moral de las personas agraviadas, las pruebas deben ser apreciadas con cierta liberalidad, no puede asimilarse dicho término con el de subjetividad, ya que la liberalidad se refiere a la selección y al objeto de las pruebas y de los medios probatorio y, en cambio, la mera sospecha subjetiva del Juez no basada en una serie de evidencias mínimas y coherentes no puede resultar suficiente para fundar incluso, un auto de procesamiento.
Sociedad conyugal, liquidación de la sociedad conyugal, partición
Materia: CIVIL
Carátula: S., I.G. c/ C., O.H. s/ LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-08-13

Si en el proceso de división de la sociedad conyugal uno de los esposos consintió el valor el fijado por el perito para un inmueble y no formuló reserva respecto de la posibilidad de su actualización al momento de la partición, no corresponde se replanteo en virtud del tiempo transcurrido desde la estimación hasta la sentencia. (Sumario N°20211 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, falta de cita legal
Materia: PENAL
Carátula: Alvarez, Gumersindo s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-12-29

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que cuestiona la habilidad del testimonio con que se conformó la base de la prueba compuesta que no se denuncia como transgredido el art. 142 -n.a.- del Código de Procedimiento Penal, norma a la luz de la cual el juzgador apreció tal condición. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Empleados públicos, incompatibilidad de cargos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Massimino, Enrique Blas c/ Municipalidad de General Belgrano s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-07-05

La situación de incompatibilidad entre cargos consagrada en el art. 53 de la Constitución provincial comprende la inhabilitación para el desempeño de otro cargo de un ciudadano que preste servicios en un municipio, exceptuándolo únicamente en el supuesto de que la designación fuese accidental.
Proceso contravencional, allanamiento domiciliario, allanamiento de lugares públicos, orden de allanamiento, local comercial, defectos del procedimiento, nulidad procesal
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: C.B. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Incidente de nulidad Incidente de nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-16

El Ministerio Público Fiscal, a través de sus representantes, manifiesta haber cometido un error material simple, ya que si bien la dirección mencionada en el instrumento legal no era la correcta, lo cierto es que estuvieron en el "Café B", único lugar que responde a ese nombre, el cual se encuentra perfectamente individualizado y que dicho error no puede acarrear la nulidad del procedimiento, en tanto el sistema de nulidades consagrado por el Código Procesal Penal de la Nación tiene un carácter restrictivo en donde solo pueden ser declarado nulos los actos en los cuales no se hayan observado las disposiciones prescriptas bajo pena de nulidad (conf. art. 166).

El reconocimiento de la Fiscalía unido al examen de la causa demuestra una sucesión de errores que derivó en un allanamiento equivocado, ya que el lugar no era el indicado en la orden judicial.

Aún cuando el personal policial no lo advirtiera, debió el oficial de la Fiscalía - Funcionario judicial en quien se habría delegado la diligencia - deducir, con la orden de allanamiento a la vista, que la dirección no coincidía con el lugar que allanaban no obstante que existiera coincidencia con el nombre de fantasía del comercio. Debió realizar una consulta a sus superiores o directamente al Magistrado que firmó la orden. También, debió constatar si en la dirección funcionaba un negocio de similares características al que luego allanarían.

El lugar no estaba individualizado en razón que tenían que ser concordantes el nombre de fantasía y la dirección denunciada y así, se contrariaron las formalidades establecidas para el allanamiento en el artículo 224 del Código Procesal Penal de la Nación de aplicación supletoria.
Recusación, legitimación activa, partes del proceso, calidad de parte
Materia: PROCESAL
Carátula: Fayt, Carlos Santiago c/ Estado Nacional s/ proceso de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-07-14

Las cuestiones de recusación sólo pueden ser introducidas por quienes intervienen en el proceso en calidad de parte (art. 14, 15 y 18 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Recurso de inconstitucionalidad, admisibilidad del recurso, procedencia del recurso, cuestiones de competencia, competencia contencioso administrativa, resoluciones recurribles, reenvío, economía procesal, plazos procesales
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: BENITEZ, GLORIA BEATRIZ c/ BANCO DE SANTA FE S.A. SUCURSAL RUFINO Y OTRA s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD-DEMANDA LABORAL LEY 7945 (EXPTE.: C.S.J. NRO. 303 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-04-06

Es admisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto desde que la pretensión planteada -en tanto se dirige a obtener la declaración de nulidad e ilegitimidad del sumario y consecuente sanción de cesantía impuesta a la demandante- remite al análisis de una relación de empleo público, encontrándose comprometida la competencia contencioso administrativa. Tal circunstancia determinaría normalmente que se le imprima a la causa el trámite contemplado por el artículo 7 de la ley 7.055, mas lo cierto es que dicha cuestión ya ha sido decidida por la Corte in re "Vieitez", extremo que habilita a considerar como posible y razonable resolver en este estadio el recurso planteado, pues lo contrario sólo acarrearía un inútil dispendio jurisdiccional. De este modo, ha de concluirse que la materia de autos no constituye uno de los supuestos excepcionales cuyo conocimiento y resolución se han atribuido a los tribunales ordinarios, por lo que corresponde anular la sentencia impugnada. Tal respuesta como regla -y por imperio del artículo 12 de la citada ley 7.055- supondría la remisión de la causa a otro tribunal para que juzgue la misma nuevamente. Sin embargo, razones de economía procesal tornan aconsejable prescindir de tal reenvío atento a que en definitiva el tribunal subrogante se limitaría a pronunciarse conforme a lo aquí resuelto, dilatándose innecesariamente la controversia. Por ello, en miras del tiempo transcurrido desde la interposición de la demanda e interpretando prudencialmente las normas y principios aplicables con la finalidad de evitar que los particulares queden fuera de la protección jurisdiccional, en situación de indefensión, ha de otorgarse a la actora la posibilidad de ocurrir ante la Cámara de lo Contencioso Administrativo a través de la correspondiente demanda contencioso administrativa, confiriéndosele un plazo de treinta días desde la notificación del presente decisorio para que, en su caso, adecue sus pretensiones a los términos y exigencias de la ley 11.330, con noticia al Tribunal a quo.
Daños y perjuicios, caída en la vía pública, relación de causalidad, daño por vicio o riesgo de la cosa, obligaciones de los propietarios frentistas
Materia: CIVIL
Carátula: Caselli, Beatriz Amalia c/ Fravega S.A. y otro s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-05-13

Siempre que la acera se encuentre rota o que genere riesgos para los peatones, el frentista debe efectuar la denuncia ante la dirección correspondiente y de no hacerlo resulta también responsable de los daños que deriven de la vereda rota (sumario confeccionado por el SAIJ).