Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-10-23


2º Instancia. - Buenos Aires, octubre 23 de 2007.

La doctora Pérez Pardo dijo:

I.- Contra la sentencia de fs. 278/281 que rechazó la demanda, recurre la parte actora por los argumentos expuestos a fs. 298/302, contestados a fs. 306/310.

Reclamó el accionante se lo indemnice por los daños y perjuicios padecidos el día 4 de diciembre de 2003, siendo aproximadamente las 11:55 hs. en circunstancias en que se desplazaba a bordo del vehículo de su propiedad BMW 323, dominio DMM 175, por la Autopista La Plata - Buenos Aires, en dirección a esta última, cuando a la altura del kilómetro 21 y medio, -donde se inicia la pendiente de la curva correspondiente a la bajada a Quilmes-, al pasar por un gran charco de agua, perdió el control de su vehículo, dio un trompo e impactó contra el muro divisorio de carriles, con la parte delantera y trasera del automóvil.

En la instancia anterior se rechazó la demanda entendiendo que el accidente ocurrió por culpa de la víctima por la cual la empresa demandada no debía responder. Señaló la juez de grado que el actor incumplió elementales normas de cuidado y previsión al circular a excesiva velocidad en un día de lluvia intensa y con poca visibilidad.

Los agravios del actor se centran en la valoración de las pruebas de autos y la solución a la cual arribó el juez de Primera Instancia.

II.- En primer lugar, considero conveniente poner de resalto que, no coincido con el marco jurídico planteado por la a quo. Participo de la corriente de opinión que considera que, el vínculo que se establece entre el concesionario y el usuario de una autopista, es netamente contractual subsumiendo en las previsiones de la ley 24.240 de defensa del consumidor, que torna operativa la protección otorgada por el art. 42 de la Constitución Nacional, por lo cual toda disposición administrativa que se oponga al sistema previsto por dicha ley, resulta inoponible al usuario. Bajo esta concepción, el peaje es la contraprestación que paga el usuario, y reviste la entidad de "precio", pues se encuentra gravado con el Impuesto al Valor Agregado (conf. el voto del Dr. Zaffaroni, en el reciente fallo "Ferreira, Víctor D. y otro c. V.I.C.O.V. S.A.", del 21/03/2006, donde adoptó un criterio más riguroso que el establecido en precedentes anteriores, tal como el registrado en la causa "Colavita" -fallo 323:318-).

Como he sostenido anteriormente, el usuario debe considerarse un consumidor final y no un contribuyente; y el contrato que une a las partes, genera dos obligaciones para la accionada, por un lado, debe habilitar, facilitar y permitir el tránsito en la ruta concesionada, y por el otro, existe el deber de seguridad respecto del usuario, asegurándole que no sufrirá daños durante su circulación por la misma. La concesionaria tiene a su cargo la realización, mantenimiento, reparación y conservación de las obras atinentes a la autopista, pesando sobre ella también el deber de seguridad respecto de los usuarios que transitan por ella. Si bien en principio ello estaría referido a tomar aquellas medidas tendientes a evitar que se produzcan accidentes cuya causa radique en cosas inertes en la autopista -lo cual parecería apuntar a anomalías relacionadas con el mal estado del pavimento, falta de señalización o iluminación-, entiendo que la obligación que pesa sobre la concesionaria es la de adoptar todas las medidas necesarias para asegurar la adecuada fluidez del tránsito en todo momento, suprimiendo las causas que originen molestias, inconvenientes o peligrosidad para los usuarios (conf. esta Sala, expedientes nº 64.701, 66.068).

En este sentido se ha sostenido que el concesionario no sólo tiene a su cargo el mantenimiento del uso y goce de la ruta, sino que además debe brindar servicios relativos a la seguridad por cuanto esta última obligación se desprende de lo establecido en el art. 42 de la Constitución Nacional (conf. Voto del Dr. Lorenzetti, en el fallo "Ferreira, Víctor D. y otro c. V.I.C.O.V. S.A." del 21/03/2006). Es así que pesa sobre la concesionaria una obligación tácita de seguridad, por la cual ésta asume el compromiso de hacer posible el tránsito en todo el recorrido del tramo concesionado, en condiciones seguras, de acuerdo al principio de buena fe emanado del art. 1198 del Código Civil.

Aclarado ello, corresponde destacar que prácticamente la totalidad de los autores que se han referido al tema consideran que la responsabilidad de los concesionarios frente a los usuarios de rutas tiene fundamento objetivo. En esto están de acuerdo tanto quienes predican la responsabilidad contractual como la extracontractual. Quienes consideran que la responsabilidad del concesionario es extracontractual la fundan en el art. 1113, 2º párrafo, 2a. parte, en cuanto consagra la responsabilidad objetiva por el riesgo o vicio de las cosas. En la tesis de la naturaleza contractual de la responsabilidad, el fundamento es el de la obligación de seguridad, de resultado, cuyo incumplimiento también genera responsabilidad objetiva, con factor de atribución basado en la garantía. Cualquiera sea el supuesto, el responsable sólo podrá eximirse acreditando la ruptura de la cadena causal a través del caso fortuito, la culpa de la víctima o la de un tercero por quien no debe responder. (conf. CNCiv, Sala J, 08/05/2006, "Ciccone, Víctor A. c. Coviares S.A.", publicado en La Ley Online).

En suma, y de acuerdo al lineamiento dado, corresponde evaluar si los elementos de juicio que obran en autos permiten determinar la presencia de la acumulación de agua sobre la calzada concesionada; y en caso afirmativo, si la misma fue la desencadenante del accidente y si la conducta llevada a cabo por el actor en el manejo del rodado tuvo incidencia causal en la producción del mismo.

III.- Aclarado ello, corresponde analizar las pruebas aportadas en autos a fin de evaluar si le asiste razón al recurrente. Debo recordar que nuestro más Alto Tribunal ha decidido que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, ni tampoco cada medida de prueba, sino solamente aquellas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso, según la forma en que ha quedado trabada la relación procesal (Fallos: 144:611; 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 274:113; 276:132; 280:3201; 303:2088; 304:819; 305:537; 307:1121; entre otros).

A fs. 259 obra el acta de choque, confeccionada un día después del siniestro, en la cual el actor expresó que circulaba en dirección La Plata a Buenos Aires, "en la curva sobre el peaje de Quilmes", "a 110 km/h", cuando "pierde el control, da un trompo y golpea contra el muro divisorio de carriles, con la parte delantera y trasera".

A fs. 194/195 obra el dictamen pericial de fecha 7 de julio de 2.005, impugnado por la actora y por la demandada, a fs. 197 y fs. 200/202, respectivamente. Al contestar dichas impugnaciones señaló el experto que en el sector próximo al km. 21,5 existen dos carteles de velocidad máxima 100 km/h. Mientras que el cartel de velocidad máxima de 130 km/h próximo al km. 22, corresponde a la mano de circulación hacia La Plata y no hacia Buenos Aires.

También señala el experto a fs. 214 que desplazándose a una velocidad de 110 km/h en un día lluvioso, puede producirse el efecto del "hidroplaneo", que explica como un fenómeno que se produce cuando se circula a alta velocidad y sobre el camino hay unos milímetros de agua, lo que hace que se pierda el contacto entre los neumáticos y la superficie del camino, pudiendo producirse un accidente. A fs. 223/230 obra la ampliación a dicho dictamen con fecha 13 de octubre de 2.005 del cual se desprende que el pavimento tiene una inclinación hacia la banquina que permite que el agua escurra con facilidad hacia la misma. Agrega que más allá del kilómetro 21,500 cruza una alcantarilla donde el agua circula por debajo, y que posteriormente se eleva dicha ruta.

Ahora bien, cabe resaltar que el experto a fs. 230 expresa que al momento de inspeccionar el lugar, el mismo se encontraba "repavimentado" (ver fs. 230, punto a). Vale decir que al tiempo de inspeccionar la autopista en diciembre del año 2.005, pasados ya dos años desde la fecha del accidente (4 de diciembre de 2.003) las afirmaciones del perito mecánico ponen de relieve un cambio en las condiciones de la autovía y su referencia a las buenas condiciones del pavimento, sólo podrán ser tenidas en cuenta si se encuentran corroboradas por alguna otra prueba de autos, circunstancia que adelanto, no se configura en este caso particular.

Nótese que a fs. 149/150, obra el testimonio del Sr. Sebastián Ruiz -quien circulaba detrás del accionante- que afirma que era un día de lluvia intensa y que había "un charco sobre la calzada" por lo que el auto del actor perdió el control y terminó golpeando el guardarrail. Señala el testigo que atento al ejercicio de su profesión -ingeniero- puede afirmar que el asfalto del lugar "deja mucho que desear, es bastante lamentable, deficiente". Agrega que el charco de agua que estaba en la calzada era consecuencia de no tener los drenajes correspondientes, drena hacia el interior de la curva y se acumula agua (ver respuesta a la 1º y 4º pregunta). Señala el testigo que conoce bastante el estado del camino por hacer cuatro viajes semanales (ver respuesta a la 7º pregunta); y que en el lugar existía un cartel que disponía como velocidad máxima 130 km/h, a lo que agrega que "actualmente" (al momento de la declaración, abril de 2.005) colocaron un cartel que dice 100 km/h.

En forma coincidente declaró el Sr. Marcos Hernández -acompañante del actor el momento del accidente- quien también hizo referencia a la existencia del agua sobre la calzada y al cartel que disponía los 130 km/h como velocidad máxima (ver respuesta a las 2º y 7º pregunta, fs. 185/186). Agrega que la causa del siniestro fue la desmejora del piso de la autopista (ver respuesta a la 4º pregunta), mencionando demás las malas condiciones de circulación del lugar (ver respuesta a la 10º pregunta).

Los testimonios señalados, amén de resultar coincidentes entre sí, resultan convincentes a fin de dilucidar la cuestión y no se contradicen con los dichos del perito que afirma observar "repavimentada" a dicha arteria. Ello me permite considerar que con las declaraciones expuestas, se encuentra acreditada la existencia de acumulación de agua sobre la calzada, con incidencia causal en el accidente.

En efecto, no encuentro elementos, ni contradicción alguna, para apartarme de los testimonios señalados. La credibilidad de una prueba testimonial depende de la verosimilitud de sus dichos, probidad científica del declarante, latitud y seguridad del conocimiento que manifiesta, razones de la convicción que declara, confianza que inspira, etc. Es dable destacar que en el terreno de la apreciación de la prueba, el juzgador puede inclinarse por la que le merece mayor fe en concordancia con los demás elementos de mérito que puedan obrar en el expediente, siendo ello una facultad privativa del magistrado.

Por otra parte, accidentes de similares características al de autos tuvieron lugar en la aludida autopista dando cuenta que la acumulación de agua en días de lluvia había generado problemas con anterioridad (conj. CNCiv, Sala K del 7/9/06, "Puertas c. Coviares S.A." y los allí mencionarlos, LA LEY, 2006-F, 487).

Entiendo también que conforme la llamada doctrina de las cargas probatorias dinámicas, era la empresa demandada quien se encontraba en mejores condiciones de acreditar que había extremado todos los recaudos para evitar la producción del accidente, y/o que la "repavimentación" aludida por el perito tuvo lugar antes del accidente, circunstancias que no se acreditaron en autos.

De allí que la obligación de seguridad que incumbía al concesionario implicaba la adopción de medidas concretas tales como tareas de control y prevención del lugar, manteniendo la autopista en condiciones óptimas de circulación, a fin de evitar accidentes como el de autos.

En suma, ponderando la prueba reseñada a la luz de la sana crítica, encuentro acreditada la acumulación de agua sobre la calzada concesionada, así como también el hecho de que la demandada incumplió con su obligación de mantener y conservar el camino en condiciones de tránsito seguro y confiable en días de lluvia.

Sin perjuicio de todo ello, considera que ésta no fue la única causa que motivó el accidente. La conducta asumida por el actor también incidió en la ocurrencia del mismo, aunque en menor medida.

Adviértase al respecto que conforme surge de la contestación de oficio emitida por el Servicio Meteorológico Nacional el día del accidente, entre las 09:00 a 15:00 hs. llovieron 16.60 mm. (ver fs. 164/167). Frente a las malas condiciones climáticas del lugar, el accionante debió disminuir su velocidad a fin de controlar mejor su vehículo y evitar colocarse en situación de riesgo. No debemos olvidar que fue el actor quien consignó en su acta de choque que guiaba su vehículo a 110 km/h (ver fs. 259). Pero si bien dicha velocidad resultaba formalmente adecuada al tramo por el cual circulaba, ya que el marcador del Km. 21,5 y el trompo sufrido tuvieron lugar antes del cartel que obliga a reducir la velocidad a 100 km. -ver foto fs. 225 y 232- lo cierto es que los arts. 39 y 50 de la ley 24.449 así como el art. 76 de la ley provincial 11.430 imponían la reducción de velocidad cuando las condiciones de manejo se tornaban más peligrosas por algún motivo -niebla, lluvia, viento, etc.- para no perder el control del automotor.

Por otra parte, el hecho de que el accionante hubiera visto antes "espejismos" o malas condiciones del suelo -como señaló su acompañante al declarar a fs. 185/186- sumado a la proximidad de una curva, se imponía al conductor la disminución de la velocidad para asegurar el mantenimiento pleno del dominio del auto, de acuerdo con el ancho del camino o calle, la densidad del tránsito, el señalamiento, el estado del tiempo, la visibilidad y demás condiciones climáticas. Deberá tenerse siempre presente que la velocidad máxima impresa al vehículo no debe significar un peligro para sí mismo, ni para los otros ocupantes, así como tampoco para los demás vehículos que transitan en el lugar.

Esta Sala ha dicho que difícilmente se produzca un accidente de estas características sin que exista, en alguna medida, desatenciones o imprudencias de los conductores (ver autos: "Cabiblo c. Miró s/ sumario", nº 57221 del 28/12/01). Si bien los testigos y la actora mencionaron que el actor transitaba a menos velocidad que la permitida en aquel tiempo, la pauta de su falta de control sobre el rodado está dada por el testigo Ruiz (fs. 149) quien circulaba detrás del actor y vio cómo se produjo el accidente, pero sin embargo él sí pudo dominar su vehículo ante la contingencia y el Sr. Castells no. La obligación de mantener el pleno dominio del rodado aumenta si -como en el caso- las condiciones climáticas son adversas, de modo tal que ante estas condiciones y el estado del camino, la actora debió extremar las medidas de seguridad para poder sortear las contingencias sufridas (conf. esta Sala, "Monasterio c. Autopistas del Sol S.A. s/ds. y ps.", nº 65.782 del 29/5/07 y jurisprudencia allí mencionada).

Por todos estos fundamentos propicio al acuerdo revocar la sentencia recurrida, y hacer lugar parcialmente a la demanda interpuesta, asignando al actor un treinta por ciento de la responsabilidad en el hecho dañoso, atribuyendo el restante setenta por ciento a la demandada.

IV.- Efectuado el análisis de la responsabilidad en el caso, trataré los rubros reclamados por el accionante.

a.- Primeramente pide se lo indemnice por los daños materiales padecidos por el vehículo, BMW 323 TIM, dominio DMM 175, de su propiedad, como consecuencia del siniestro de autos.

A fs. 260 obra un presupuesto emitido por la firma "Sergio Trepat Automóviles", de fecha 22 de diciembre de 2003, por un total de dólares estadounidenses tres mil ciento sesenta y cuatro (u$s 3164). A fs. 261/263 obran tres presupuestos emitidos por la firma "Bremen Motors S.A.", con fecha 19 y 22 de diciembre del mismo año, correspondientes a repuestos, mano de obra y pintura, cuyos totales ascienden a la cantidad de dólares estadounidenses tres mil ciento sesenta y cuatro (u$s 3164), cinco mil cuatrocientos ochenta ($ 5480) y cuatro mil cuatrocientos ochenta ($ 4480).

Por su parte el perito ingeniero mecánico, en su dictamen de fs. 194/195, sostuvo que el costo de las reparaciones totalizarían la suma de pesos catorce mil ochocientos noventa y nueve ($ 14.899). Dicha pericia fue impugnada por la demandada a fs. 200/202 y contestada por el experto a fs. 214 vta., punto 3, donde aclara que los valores incluidos son los normales de plaza, teniendo en cuenta que se trata de uno de los vehículos importados más caros del mercado. Es atinado recordar al respecto que la impugnación efectuada a la pericia debe tener tal fuerza y fundamento que evidencie la falta de competencia, idoneidad o principios científicos en que se fundó el dictamen. El Juez solo puede apartarse del asesoramiento pericial cuando contenga deficiencias significativas, sea por errores en la apreciación de circunstancias de hecho o por fallas lógicas del desarrollo de los razonamientos empleados, que conduzcan a descartar la idoneidad probatoria de la peritación (conf. esta Sala, exptes. nros. 65.116; 64.995 entre otros).

Por tanto, considerando que las impugnaciones formuladas por la demandada no aparecen avaladas por otras probanzas de mayor rigor científico que desmerezcan la labor pericial, corresponderá estar a sus conclusiones. Además, el experto, en su contestación de fs. 214/215, no dejó lugar a dudas respecto de los fundamentos que avalaban sus consideraciones, por lo cual, en función de lo normado en los arts. 386 y 477 del Código Procesal corresponderá aceptar las sumas señaladas por el experto en su dictamen.

En consecuencia, teniendo en cuenta el peritaje señalado, propongo fijar por este concepto la suma neta de pesos diez mil cuatrocientos treinta ($ 10.430), que representa el porcentaje de responsabilidad asignado.

b.- También reclama el accionante la cantidad de pesos seiscientos ($ 600) en concepto de privación de uso. Señala que la reparación del vehículo requerirá un lapso de 30 días corridos, durante el cual se verá privado de utilizar el mismo.

La entidad que presentan los daños del rodado, detallados por el perito en su dictamen de fs. 194 vta./195, permite presumir la demora en la reparación, conformando un perjuicio económico para su dueño que debe ser resarcido. Así, la mera privación del vehículo, durante el tiempo que demande su reparación constituye un daño resarcible. Ello en virtud de que en principio, quien tiene y usa un automotor lo hace para contribuir al desarrollo de sus actividades, no solo laborales, sino también de su vida en general. En cuanto al quantum indemnizatorio, en virtud de los daños señalados por el perito en su dictamen, y atento lo dispuesto por el art. 165 del Código Procesal, propicio la suma neta de pesos trescientos cincuenta ($ 330) que representan el porcentaje de responsabilidad asignado.

c.- Solicita el actor indemnización por pérdida del valer venal del vehículo, como consecuencia del siniestro. Dicho valor surge como consecuencia de las reparaciones que sobre él se realizaren, encontrándose involucrada la consideración de diferentes elementos tales como la afectación de partes estructurales, visibilidad de signos de reparación, detalles de terminación, etcétera; cuestiones todas que inciden sobre el valor de reventa del automóvil. La apreciación de tales elementos ameritan una inspección directa del perito sobre el vehículo en cuestión, siendo ésta la única manera de apreciar y merituar tales extremos. En el caso, ni del dictamen pericial precedentemente citado, ni de sus ampliaciones, surge que se hubiera interrogado al perito sobre este aspecto, ni que se hubieran llevado a cabo aún las reparaciones, lo cual obsta a la procedencia de esta partida, proponiendo el rechazo del rubro "sub examine".

d.- En lo referido a la suma reclamada como "gastos varios", en el que se incluyen los gastos que debió afrontar para iniciar la presente litis, cabe señalar que los mismos constituyen gastos de justicia, y como tales deben ser incluidos en las costas del juicio.

En virtud de ello, también propondré rechazar este rubro.

V.- En cuanto a los intereses, tiene dicho esta Sala por mayoría que produciéndose la mora en los ilícitos civiles desde el momento del hecho, corresponde calcularlos desde esa fecha (4 de diciembre de 2003), pues no empece a ello que los montos indemnizatorios se determinen en una posterior, toda vez que el crédito resarcitorio ya era exigible desde aquella (cfr. arg. arts. 508, 509, 1069, 1083, 1109 y concordantes del Código Civil; Mayo en Belluscio y otros, "Código Civil...", 2, pág. 603 nº 13 y sus citas en notas 46 y 47; esta Sala exptes. 59.825, 61.329, 62.299, 62.274, 62.316, 64.549 y 65.865 entre otros). De modo tal que en virtud de lo dispuesto por los fallos plenarios "Vázquez" y "Alaniz" corresponde aplicar en el presente caso la tasa pasiva promedio que publica mensualmente el Banco Central de la República Argentina, desde el hecho dañoso y hasta su efectivo pago.

VI.- En suma, propongo al acuerdo, revocar la sentencia recurrida y hacer lugar parcialmente a la demanda interpuesta, atribuyendo al actor un treinta por ciento de responsabilidad en el hecho dañoso, y asignando el restante setenta por ciento a la demandada; con costas de ambas instancias en iguales proporciones. Por consiguiente, si mi voto fuera compartido, propicio condenar a la demandada a abonar a la actora, la suma neta de pesos diez mil setecientos ochenta ($ 10.780), con más sus intereses, de acuerdo a lo dispuesto en el punto V del presente, en el plazo de diez días.

El doctor Rebaudi Basavilbaso vota en igual sentido que la doctora Pérez Pardo.

El doctor Liberman dijo:

Comparto los fundamentos y conclusiones del voto de la apreciada colega. Sólo marco una pequeña diferencia que no hace a la sustancia: entiendo que la relación de consumo implicada en el tránsito por caminos concesionarios con pago de peaje no conlleva una obligación de seguridad de la que necesariamente surja una responsabilidad objetiva. En algunos supuestos fácticos, el plano de análisis será el de la responsabilidad subjetiva. Así lo he sostenido como juez de primera instancia con mayor estudio de la cuestión en autos: "Serrano c. Concesionaria..." (10-2-04). Dicho en palabras de Lorenzetti, 'no es posible afirmar la existencia de una garantía de resultado' (consid. 7º de su voto en 'Ferreyra').

En la especie, aun cuando por hipótesis se desechara la obligación de seguridad inherente a la relación de consumo, los hechos que motivaran el pleito denotan fallas en el servicio brindada por la empresa o, si se quiere, probada negligencia en el mantenimiento. Y como todo aquél que por su culpa causa un daño es llamado a indemnizar, la demandada debe reparar en la medida propuesta.

Por lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente el Tribunal decide: Revocar la sentencia recurrida y hacer lugar parcialmente a la demanda interpuesta, atribuyendo al actor un treinta por ciento de responsabilidad en el hecho dañoso, y asignando el restante setenta por ciento a la demandada; con costas de ambas instancias en iguales proporciones. Por consiguiente, condenar a la demandada a abonar a la actora, la suma neta de pesos diez mil setecientos ochenta ($ 10.780), con más sus intereses, de acuerdo a lo dispuesto en el punto V del presente, en el plazo de diez días.

Difiérense las regulaciones por ambas instancias para cuando exista liquidación aprobada en los términos del art. 1º de la ley 24.432. - Marcela Pérez Pardo. - O. Hilario Rebaudi Basavilbaso. - Víctor Fernando Liberman.