marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Sentencia arbitraria, defectos en la fundamentación normativa, actualización monetaria, ley vigente, beneficios previsionales, cesación de servicios
Materia: PROCESAL - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Vaulet de Ledesma, María Arminda c/ Caja  Nacional  de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos. s/ Recurso de Hecho Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-08-09

Si la ley vigente a la fecha del cese de servicios preveía el método apropiado para subsanar el gravamen que sufrió la prestación, es arbitraria la sentencia que utilizó una pauta extraña a esos fines.
Contrato de trabajo, extinción del contrato de trabajo, despido por falta o disminución de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Vivas,  Miguel  Angel c/ Peugueot  Citroen  Argentina  S.A. s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-19

La mera tramitación ante el Ministerio de Trabajo del procedimiento preventivo de crisis, de ningún modo significa que se encuentre probada la falta o disminución de trabajo con los alcances y requisitos que el art. 247 LCT exige para autorizar al empleador a ampararse en dicha normativa. Dicha tramitación no significa preconstitución de prueba alguna a favor de la tesis empresarial, sino que se limita a la posibilidad de resolver una situación conflictiva mediante la negociación, y suspende, mientras se tramita, la posibilidad de adopción de medidas de acción directa por parte de los trabajadores y los despidos por parte de la empresa. (Del voto del Dr. Zas, por la mayoría).
Empresas del Estado, trabajadores de Luz y Fuerza, fondo compensador, retenciones salariales
Materia: LABORAL
Carátula: ZURANO, ANTONIO c/ SEGBA s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-07-12

La Corte Suprema en el caso "Nordensthol c/Subterráneos de Bs.As " sólo declaró la inconstitucionalidad del art. 2 inc. a de la ley 21476 en tanto se había suprimido un beneficio. Pero en el presente caso, aún cuando los descuentos pudieran llegar al 6%, tales retenciones a los trabajadores, tenían como destino el pago de compensaciones a quienes habían entrado en pasividad. De manera que ningún perjuicio pueden argumentar los actores ya que, por el contrario, se tomaron medidas para posibilitar el funcionamiento de un fondo compensador que tiene sustento en el principio de solidaridad laboral.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), delitos, pena, graduación de la pena, proceso penal, dictamen fiscal
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: CAPOZUCCA, MATIAS NICOLAS s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-12-22

Corresponde admitir la queja desde que ostenta entidad constitucional el planteo del recurrente de que ningún juez puede aplicar una pena mayor o más grave que la pedida por el fiscal, estando vedado al magistrado controvertir el criterio de éste en la selección de la pena, estando solamente habilitado para efectuar un análisis de admisibilidad formal del pedido, y cuenta en principio con suficiente asidero en las constancias de autos -en que, habiéndose solicitado una pena de tres años de prisión condicional, se condenó al imputado a tres años de prisión de cumplimiento efectivo. (Del Voto de la Mayoría)
Sustitución de medidas cautelares, recurso de apelación (procesal), improcedencia del recurso, falta de agravio concreto
Materia: PROCESAL
Carátula: Guerrero, Marcelo A. c/ Bottero, Ariel Oscar s/ Recurso Directo de queja - Sumario (Expte Nro. 196-02, Resolución Nro.  242, Tomo 9, Folio 209)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-08-23

Resulta inapelable por ser materia puramente procedimental la parte del decisorio en que el a quo dispone medidas "a los fines de ordenar el procedimiento". Y en cuanto a la segunda parte de la providencia apelada, que refiere a una sustitución de embargo solicitada por el hoy recurrente, incidente que se resuelve a su favor, no se entiende cuál sería su legítimo interés en apelar, siendo dable recordar que "puede apelar solo la parte procesal que tiene interés jurídico en hacerlo por haber recibido agravio de la respectiva decisión judicial, lo cual descarta la apelación del vencedor".
Caducidad de instancia, mandamientos, resoluciones judiciales
Materia: COMERCIAL
Carátula: MERCURI, ANTONIO c/ ORUEZABALA, CARLOS ALBERTO s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-03-20

Resulta improcedente declarar la caducidad de la instancia cuando, como en el caso, se verifica que, si bien es cierto que desde la actuación en la que el recurrente solicitó la búsqueda de un mandamiento dada la falta de su agregación al expediente y subsidiariamente -en el supuesto de que dicha búsqueda resultara infructuosa- que se ordene uno nuevo, hasta el acuse transcurrió el término de perención (C.P.C.C. art. 310-2°); sin embargo, también lo es que había quedado pendiente la orden del nuevo libramiento. por tanto no procede la perención en la especie, por estar pendiente dicha actuación del tribunal (C.P.C.C. art. 313-3°).
Recurso de apelación (procesal), expresión de agravios, falta de fundamentación
Materia: PENAL
Carátula: ALONSO, JORGE FRANCISCOSAVIGNON BELGRANO, CARLOS s/ Contrabando de estupefacientes, Incidente de recusación planteado  por la defensa de C. Savignon Belgrano Causa 30336
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-15

La mera discrepancia manifestada por los recurrentes no es sustento válido para dejar sin efecto una resolución que se encuentra debidamente fundamentada en derecho.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia no firme, prueba, apertura a prueba, gravamen irreparable, sentencia definitiva
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: TORTOLINI, ERNESTO c/ CLUB NAUTICO CONSTITUCION s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.    QUEJA   POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 73-85
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-04-03

El auto que no hizo lugar a la revocatoria interpuesta contra la providencia que negó la apertura a prueba, no es de los previstos en el artículo 1 de la ley 7055 y no es susceptible, por lo tanto, de ser impugnado por vía del recurso de inconstitucionalidad. Tampoco esa decisión causa un gravamen irreparable que justifique excepcionalmente, la apertura de la instancia extraordinaria. Ello así desde que siempre media la posibilidad de que la sentencia a dictarse componga el litigio sin causar agravio al recurrente, o en caso contrario, si lo resuelto en el curso del proceso, incidió en el dictado de una decisión adversa al planteo de inconstitucionalidad, puede ser considerado por la Corte suprema al resolver el recurso que se interponga contra la sentencia definitiva.
Daños y perjuicios, daño resarcible
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Reyes J.R. c/ Gaggi M.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-09-03

El contenido del resarcimiento comprende la privación física que para el hijo supone la desaparición del padre al destruirse el diálogo vivencial por causa del ilícito.
Nulidad procesal, AFIP DGI, recurso de apelación (procesal)
Materia: PENAL
Carátula: PLATENSE S.A. s/ Régimen penal tributario, Recurso de queja, Causa: 34653.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-01

1 - No es nulo el trámite de apelación en Cámara por falta de intervención del apoderado de la firma imputada en el recurso de la contraria (Dirección General Impositiva) si los argumentos esgrimidos por el presentante ya habían sido expuesto por éste al requerir al Juez a-quo el dictado de la providencia apelada y revocada y habían sido evacuados por dicho magistrado y por este Tribunal al resolver con anterioridad.- 2 - La sanción de nulidad debe entenderse reservada para los casos en que exista un interés en dicha declaración, lo que no se advierte en el caso de autos.
Presunciones, valor probatorio, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación insuficiente
Materia: PENAL
Carátula: Núñez, Carlos Aníbal s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-02-03

Es innecesario resolver si debe tenerse por planteada suficientemente la violación del art. 236 (núm. ant.) del C.P.P. por haberse utilizado pasajes de la indagatoria para acreditar hechos con fines presuncionales, si de todos modos quedan sin debida impugnación -por falta de mención de transgresión legal alguna- no menos de dos presunciones invocadas por el juzgador, cantidad suficiente para preservar la sentencia atacada (art. 256 inc. 2 y doct. art. 250 -núm. ant.- del C.P.P.).
Apreciación de la prueba, prueba prohibida, violencia de género, testigos, homicidio calificado
Materia: PENAL
Carátula: CALELLO JUAN ERNESTO c/  s/ HOMICIDIO DOLOSO AGRAVADO (ART. 80 DEL CP)
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2017-07-04

No se ha violentado el principio de duda razonable fundado en que el jurado se vio de alguna manera influenciado al valorar prueba "ilegal" (el acreditar hechos de violencia entre el imputado y su ex - pareja, respecto de los que no se habían formulado cargos), en razón de que los hechos sobre los que declararon los testigos, y los testimonios en sí mismos, no pueden ser considerados pruebas ilegal porque ninguna norma legal fue incumplida para su obtención.

Fuente del sumario: OFICIAL
Ex empresas del Estado, ENTEL, bonos de goce y de participación, propiedad participada
Materia: LABORAL
Carátula: MONTIEL ROXANA BEATRIZ c/ TELECOM ARGENTINA STET FRANCE TELECOM S.A. Y OTRO s/ PART. ACCIONARIADO OBRERO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-17

Los beneficiarios de los programas de propiedad participada son aquellos trabajadores que al momento de la privatización se encontraban laborando al servicio de Entel y pasaron a desempeñarse bajo la dependencia de la empresa adjudicataria, luego de concluido el proceso de privatización. Se trata de un sistema de participación específico emergente del sistema de privatización implementado con sustento en una normativa particular. El art. 9 del decreto 731/89, tanto en su texto original cuanto con la modificación introducida mediante el decreto 59/90, aludía a los empleados de Entel que pasasen a desempeñarse en las empresas adjudicatarias, sociedades licenciatarias y en las sociedades prestadores del servicio internacional, a efectos de prescribir la reserva de un porcentaje del capital accionario, por lo que resulta claro que sólo aquellos empleados podían ser beneficiarios del programa.
Sentencia, principio de congruencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Consorcio de Propietarios Avda. 4 entre Paseos 142 y 144, Villa Gesell, Provincia de Buenos Aires c/ Andrés, Mirta Susana s/ cobro ejecutivo de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-10-23

Está vedado a los jueces dictar sentencia " extra petita " , ésto es apartándose de los términos de la relación procesal y decidiendo en forma distinta a la pedida por las partes, pronunciándose sobre cosas no planteadas en los escritos de demanda y contestación.
Concursos, pronto pago
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Camfide S.A. c/ Cunto Carlos s/ Concurso preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-06-12

El derecho de pronto pago en los Concursos Preventivos sólo lo poseen los créditos enumerados por el art. 16 de la ley 24.522, y no los créditos con privilegio general. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Sentencia, fundamentación de sentencias, depreciación monetaria, actualización monetaria, mora, moneda
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL
Carátula: MICHEL, HUGO ENRIQUE c/ UZAL SAICF s/ LABORAL.    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.     CSJ EXPTE NRO 679-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-05-04

El deber constitucional de motivar las sentencias es tanto más necesario cuando no se trata, el tema en debate, de uno resuelto pacíficamente por la doctrina y la jurisprudencia.

En el caso, reajuste de un crédito por deterioro del signo monetario por el transcurso del tiempo.
Juicio de desalojo, intimación previa, falta de acción, alquileres, pago
Materia: CIVIL
Carátula: RUIZ DIAZ, MARIA EDUVIGIS c/ BALMACEDA, NORMA LUCIA s/ DESALOJO.    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.     CSJ EXPTE NRO 359-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-05-04

La intimación previa del artículo 5 de la ley de locaciones urbanas número 23091, es un recaudo previo de carácter prejudicial, tratándose por sí sola de una condición necesaria para la viabilidad de la acción de desalojo. Sin intimación previa no hay acción de desalojo, y ello autoriza a oponer excepción de falta de acción, al margen de cualquier otra defensa que pueda utilizar el accionado, verbigracia, la de pago de los alquileres reclamados.

En el caso, la Cámara sostuvo que carecía de relevancia analizar si era necesaria la intimación previa en el juicio de desalojo, en razón de que la oposición al progreso de la demanda, fundada únicamente en la ausencia de intimación, sin ser acompañada del pago de lo debido, no es válida.
Recibo, firma
Materia: LABORAL
Carátula: RODRÍGUEZ, DIEGO RAÚL c/ RODOLFO Y JULIO DANTUR S.H. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2006-10-17

Reconocida la firma del recibo, queda también aceptada la veracidad de su contenido y si se pretende controvertir éste habrá que producir prueba de él, lo que deberá ser apreciada su estrictez.
Recurso de casación, doctrina de la arbitrariedad
Materia: PROCESAL
Carátula: G.E.L. c/ C.L.G. s/ sumario (Daños y Perjuicios)
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2018-05-22

"La procedencia de la tacha de arbitrariedad requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso o una absoluta carencia de fundamentación" , "...es de carácter estrictamente excepcional y no autoriza la sustitución del criterio de los jueces de la causa en la interpretación de las normas y preceptos comunes, ni en la apreciación y valoración de los hechos y pruebas del proceso...", "...aun cuando se pudiera extraer otra conclusión con fundamento igualmente razonable, no es ello suficiente para impugnar de arbitraria una sentencia, cuando la misma cuenta con fundamentos bastantes que obstan a su descalificación como acto jurisdiccional...".
Contrabando de estupefacientes, control aduanero, transporte de estupefacientes
Materia: PENAL
Carátula: PELELLA, Carlos s/ ESTUPEFACIENTES. Contrabando calificado. Introducción.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-18

La acción del procesado, que luego de pasar el control aduanero, es detenido por la policía en Capital, secuestrándosele droga entre sus ropas, configura el delito de contrabando calificado, por tratarse de introducción de estupefacientes según se encuentra descripto en el art. 866 'in fine' del Cód. Aduanero -ley 22415- en función del art. 864, parágrafo a) de ese mismo cuerpo legal, desplazando así a la muy similar previsión contenida en la ley 20771, que quedaría reservada para una introducción de la sustancia que, respetando el control aduanero, alterara luego, ilegítimamente su destino.

No obstante debe estarse a la calificación efectuada por el Juez a quo -introducción de estupefacientes al país- debido a la falta de recurso para resolver de modo que perjudique al encausado, dado que la ejecución de la pena no podría quedar suspendida si se aplicara la norma de fondo que hubiera correspondido.

NOTA: Se citó: Sala III, c. 18162, 'Martín, R.', 28/12/84.
Obligaciones, moneda extranjera
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Nuñez, Roque Aníbal c/ Fellay, Oldemar Darío s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-05-20

Cabe confirmar la decisión del A-Quo que dispone librar mandamiento de intimación de pago y embargo por la suma reclamada en dólares estadounidenses, establecida en pesos en virtud de lo dispuesto por el decreto 214/02. Ello porque no se ha hecho más que adecuar los términos de la litis a la nueva modalidad económico finaciera imperante en el país.
Recursos, adhesión al recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: "ACTUACIONES POR INVESTIGACIÓN s/ TENTATIVA DE HOMICIDIO", Expte. Nº 4919/05 (A-599/08).- s/ RECURSO DE CASACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2009-04-20

Sobre el instituto de la adhesión, el art. 422 del Código Procesal Penal Provincial establece: "...El que tenga derecho a recurrir podrá adherir, dentro del término de emplazamiento, al recurso concedido a otro, siempre que exprese, bajo pena de inadmisibilidad los motivos en que se funda...".

Obsérvese que la norma en cuestión impone a la parte que desee adherir tres requisitos o condiciones de admisibilidad: el primero, que la parte tenga derecho procesalmente válido; el segundo, de naturaleza temporal, en cuanto a la oportunidad procesal idónea para manifestar la voluntad de impugnar; el restante, referente a la estructura del recurso, impone la obligación de fundamentar la adhesión, expresando los motivos de agravio que otorgan subsistencia y efectos propios a la vía impugnativa.

En principio, la adhesión deducida por el recurrente deviene inadmisible, pues la ley impone la obligación de fundamentar la adhesión, expresando los motivos de agravio que otorgan subsistencia y efectos propios a la vía impugnativa, exigencia que implica detallar las causas que impulsan a la parte a recurrir, determinando fehacientemente el objeto del recurso, para permitir a las partes el cabal ejercicio del derecho de defensa.

Resulta manifiesta así la deficiente técnica recursiva expuesta por el pretenso adherente, pues no satisface siquiera mínimamente la manda establecida en el art. 446 del Código Procesal Penal Provincial, en cuanto que: "...se citarán concretamente las disposiciones legales que se consideren violadas o erróneamente aplicadas y se explicará cuál es la aplicación que se pretende...".-
Daños y perjuicios, responsabilidad civil
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Navarro, Eduardo Javier c/ Servicios Viales S.A. s/ Cobro de pesos por daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-02-06

La debida interpretación del contrato de concesión traído al proceso, sugiere de manera unívoca asumidas por la concesionaria que las cargas y facultades aluden al tránsito de la ruta y los factores que puedan alterarlo (arts. 1198, primera parte y 16 del C.C.I.;

art. 218, incs. 1º y 2º C.C.O.). Para lo cual, en el curso del camino, el concesionario deberá velar por el uso apropiado y remover los obstáculos que se presenten, atribuyéndose la potestad de funcionar como autoridad dentro de ese ámbito y respeto de los usuarios, quienes deben obedecer por la delegación operada, que alcanza a la aplicación de sanciones.El objeto principal apunta a la preservación de las condiciones aptas para el tránsito normal, para lo cual el concesionario debe velar por las condiciones de expeditividad y buen uso de la vía.
Constitución Nacional, principio de legalidad, aplicación de la ley penal, acción, bien jurídico protegido, graduación de la pena
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Legumbres  SA . y otros s/ contrabando.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-19

Una ley que determine qué bienes jurídicos son merecedores de protección contra ciertas conductas que los afectan, pero que correlativamente no establezca cuál es el alcance de la protección que se expresa en la naturaleza y quantum de la pena, no cumple con la exigencia constitucional de que la conducta y la sanción se encuentren previstas con anterioridad al hecho por una ley en sentido estricto.
Atenuantes de la pena, agravantes de la pena, condena anterior
Materia: PENAL
Carátula: X.X. s/ CAUSA P33097
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-08-15

No corresponde computar la condena anterior como agravante de pena arts.40 y 41 C.P.) cuando ha transcurrido el término previsto por el art.50 del C.P. entre el dictado de aquella y la comisión del hecho en juzgamiento.
Medidas cautelares, costas
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: DIAZ JUAN PABLO Y OTRO c/ BUCAI RAFAEL s/ EJECUTIVO PARTICULAR - RECURSO DE CASACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2004-02-17

Los trámites relacionados a medidas precautorias sólo generan imposición de costas en forma independiente al juicio principal cuando existe un procedimiento autónomo especial para obtener el requerimiento o cancelación de la medida, y no cuando aparece como resultado normal del desarrollo del juicio.

Si la actora promovió demanda por incumplimiento obligacional, y trabó embargo, no puede recaer sobre ella el peso de las costas devengadas en el trámite de levantamiento de la cautelar cuando tal cancelación obedece al pago tardío y moroso de su acreencia reconocido por sentencia firme y pasada en autoridad de cosa juzgada.

El ejercicio regular de un derecho, no puede traer consecuencias adversas a quién lo pone en movimiento.

Si la cancelación de la cautelar es una consecuencia de la conclusión del juicio, integra la tarea profesional propia de su tramitación o de la ejecución de la sentencia, y, por tanto, no devenga honorarios.

La conclusión o terminación del proceso, genera el incuestionado derecho a la cancelación de la cautelar. No obstante, dicho trámite no amerita una particular regulación de honorarios.
Ejecución de sentencia, deuda pública, régimen de consolidación de deudas, presupuesto nacional
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Correch,  José  Pedro c/ Sistema  Nacional  de Medios Públicos Sociedad del Estado s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-05-31

Si el crédito adeudado al actor se halla previsionado en el presupuesto del año en curso no hay duda de que debe ser cancelado durante dicho ejercicio, pero también corresponde si tal previsión no existe, en virtud de lo dispuesto en el art. 22 in fine de la ley 23982, que autoriza al acreedor a solicitar la ejecución judicial de su crédito "a partir de la clausura del período de sesiones ordinario del Congreso de la Nación en el que debería haberse tratado la ley de presupuesto que contuviese el crédito presupuestario respectivo".
Menores, régimen penal de la minoridad
Materia: PENAL
Carátula: RETAMAL, ALEJANDRO G. Y OTRO s/ PIRV. ILEG. LIB. CALIF., ROBO CALIFICADO, HOMICIDIO CALIFICADO Y  VIOLACION REIT. EN CONCURSO REAL S/ CASACION'
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1993-06-02

La totalidad de las pautas del art. 4 de la ley 22278 -régimen penal de la minoridad- deben ser consideradas de modo interrelacionado, no aisladamente unas con exclusión de otras. En lo especifico, el análisis de ponderación especial debe recaer en la determinación de la peligrosidad delictiva del menor traducida en falta de recuperación y adaptación social- y no de modo particularizado en lo odioso o aberrante de los hechos, habida cuenta de que la "la necesidad a la que alude al ley se vincula con la peligrosidad del sujeto, porque en materia de menores la eventual punición no obedece en absoluto a una razón de justicia o de retribución.