marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Sociedad conyugal, calificación de bienes, bienes propios
Materia: CIVIL
Carátula: H.A. s/ SUCESION AB-INTESTATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-11

La falta de cumplimiento de los recaudos impuestos por el art. 1246 del Código Civil en la escritura que documenta la compra de un inmueble adquirido con fondos propios de la mujer, no impide la demostración posterior de dicho extremo frente al marido o sus herederos (conf. Fassi-Bossert, "Sociedad conyugal", t.I, p.202;

Belluscio, "Nociones de Derecho de Familia", t.V, p.65, Nro. 394 y nota Nro. 14; Borda "Tratado de Derecho Civil-Familia", t.I, p.284, NRo. 348; Bossert, "Los inmuebles propios de la mujer casada", J.A.

Doct. 1971-486, ap.III; C.N.Civ. Sala C, L.L. 1977-D-620 y sus citas; íd., Sala D, E.D. 57-567; íd., Sala F, L.L. 139-277; íd., c.8545 del 28/12/84; íd., c. 8326 del 21/9/84).

Si no media oposición del marido, de sus sucesores o de terceros con interés legítimo, se ha admitido a aquel fin la posibilidad de promover una simple información sumaria tendiente a reparar la omisión de dicha manifestación en la escritura (conf. Fassi-Bossert, op. y loc. cit., p.203 y 337 y sus citas).

Si la petición de que se incorpore al instrumento de adquisición de un campo la manifestación prevista en el citado art. 1246 del código citado, cuenta con la expresa conformidad de la totalidad de los herederos del marido nada obsta a la rectificación de escritura pretendida a tal efecto.
Recurso de inconstitucionalidad, exceso ritual manifiesto, recurso de apelación (procesal), Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia aplicable
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GONCEBATT, ROGELIO E. c/ RETTORE, RICARDO J. (SUCESION) s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-06-06

La Sala, al señalar que el actor en oportunidad de interponer recurso de apelación parcial contra la sentencia de primera instancia no había hecho referencia alguna en punto a lo decidido sobre el tiempo de servicio o antigüedad del trabajador -lo cual a juicio de la Alzada imponía la desestimación del agravio expresado luego sobre el particular, a tenor de los artículos 109 y 118 del Código Procesal Laboral-, ha consagrado una solución ritualista, apartada de las constancias del expediente y, en definitiva, de los términos de la litis, pues, aún cuando se entendieran aplicables las normas de procedimiento propias de los tribunales del trabajo a las pretensiones de índole laboral tramitadas en sede civil en virtud del fuero de atracción ejercido por el juicio sucesorio del empleador -como ha ocurrido en el sub examine-, lo cierto es que, con arreglo a la recta interpretación del artículo 109 del Código Procesal Laboral -abordada por esta Corte en precedentes a cuyos fundamentos corresponde remitir en honor a la brevedad-, en el caso no cabía sino concluir que dentro de los puntos o rubros impugnados por el actor al interponer su recurso de apelación parcial se hallaba ínsito el tema de la antigüedad o tiempo de servicio, de una manera tal que la suerte de aquéllos dependía en parte de la solución brindada a esto último. (Del voto del Dr. Netri, al que adhirieron los Dres. Gutiérrez y Spuler) - CITAS: CSJStaFe: Robles, AyS T 39, p 331; Severini, T 39, p 336; Calligaris, T 179, p 354; Bonora, T 222, p 178. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Procesal Laboral, artículos 109 y 118.
Medidas cautelares, embargo preventivo, servicios de turismo, coronavirus, estado de insolvencia, peligro en la demora
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Santoro, Pablo Lucas c/ Tije S.A. s/ medida precautoria
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-15

Debe ser confirmado el fallo que no hizo lugar a la medida precautoria solicitada por el actor, consistente en un embargo preventivo debido a que pretende interponer una demanda contra una agencia de turismo que tendrá por objeto la devolución del precio pactado como consecuencia de la contratación del servicio turístico cancelado como consecuencia de la pandemia del Covid-19, dado que si bien no se desconoce las circunstancias por la que atraviesa todo el sector turístico, ilustradas con las constancias periodísticas acompañadas por el accionante, ello no refleja la insolvencia del presunto obligado para dar curso favorable a la cautelar. Cabe destacar que el peligro en la demora debe ser objetivo y que precisa estar derivado de hechos concretos que puedan ser apreciados en sus posibles consecuencias y, en consecuencia, sin otros elementos que demuestren objetivamente o den cuenta de una situación concreta de insolvencia del presunto demandado, la cuestión se traslada a un plano meramente conjetural y subjetivo.
Apreciación de la prueba, nulidad absoluta, adjudicación de viviendas
Materia: CIVIL
Carátula: Debali Vivian c/ Redondo Juan Manuel y Otro/a s/ cumplimiento de contratos civiles/comerciales
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2023-10-03

Si el juez al momento de dictar sentencia, es decir en condiciones de valorar las pruebas que han aportado las pares, advierte la manifiesta nulidad absoluta, deberá ejercer la facultad y declararla aun sin petición de parte interesada, ya que el vicio que la genera se proyecta hacia los intereses generales, y el acto que lo porta no es susceptible de confirmación (arts. 1038, 1047, 1056 del Código Civil; v. Rivera-Medina, 'Código.', Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2005, pág. 774). La cesión de la preadjudicación de una vivienda social otorgada a una persona, es nula por contener un objeto prohibido, en cuanto inherente a la persona que lo cede, siendo, asimismo, una nulidad absoluta y manifiesta.
Daño psíquico, indemnización
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rolfo Héctor Ricardo y otros c/ Fernández Eduardo Rubén u otra s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-11-02

El estado depresivo producido por la muerte de un ser querido escapa al dolor que es indemnizado como daño moral en cuanto es de índole distinta, dado que afecta la personalidad y salud mental del afectado. Pero puesto que ese daño psíquico halla origen en el dolor provocado por el hecho ilícito no puede indemnizársele -cuando se lo hace separado del daño moral- sin atender a éste a fin de que no se le indemnice doblemente, si no se prueba una directa incidencia en el plano económico.
Condominio, división de condominio, legitimación activa, herederos
Materia: CIVIL
Carátula: VEGA DE QUIROGA PURA Y OTRO c/ GREGORIO VEGA Y OTRO s/ DIVISION DE CONDOMINIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1990-03-30

Conforme a los arts. 3410, 3417, 3418 y 3414 a contrario sensu del C. Civil, los herederos continúan la persona del condómino fallecido, a quien no se le ha negado la calidad de condómino por título y posesión, lo que basta para habilitar a sus herederos para reclamar la división, siendo que éstos pueden ejercer las acciones que correspondían al difunto aún antes de tomar posesión de hecho de los bienes de la herencia "...sin estar obligado a dar otras pruebas que las que se podrían exigir al difunto." (art. 3418 in fine).

De allí que no sea obstáculo el hecho de que no se haya inscripto en el registro de la propiedad el condominio que los herederos heredaran de su padre, inscripción, por otra parte, que podría tener efectos frente a terceros que quisieran discutir el derecho pero no con respecto a los demás condóminos que pretenden negarles legitimación para la división.-
Contrato de trabajo, obligaciones solidarias
Materia: LABORAL
Carátula: Belinco, León y ot. c/ Distribuidora General de Alimentos S.R.L. y ot. s/ Indemnización por antiguedad, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-05-19

El art. 31 de la Ley de Contrato de Trabajo no tiene el alcance de extender a los socios integrantes de las empresas relacionadas las consecuencias allí previstas para éstas.
Condena condicional, resoluciones equiparables a definitiva
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Buy, Yésica Eliana s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Nolasco Contreras en Expte. 203/09: Buy, Yésica Eliana s/ Homicidio Culposo Agravado - Capital
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2011-05-17

La elección e imposición de las reglas de conducta del art. 27 bis del C. P. debe, en cada caso, coadyuvar a la función preventiva especial que persiguen, para lo cual la correlación entre la regla y el delito que en particular se juzga debe ser indiscutiblemente útil y adecuada a las circunstancias que impulsaron al autor a su comisión.

En este orden de ideas, y si bien es cierto que las pautas del art. 27 bis del C. P. implican facultades jurisdiccionales dadas al juez y libradas a su sana discrecionalidad, el órgano jurisdiccional debe ser cauteloso en su imposición, en tanto, aunque en sí mismas no constituyen penas, importan un indudable agravamiento de las condiciones de cumplimiento de la pena discernida.

En estas condiciones, por la clara restricción a la libertad individual que implica la regla de conducta cuestionada, por su entidad, en tanto no podrá ser discutida en otra oportunidad, y por la vinculación de su eventual incumplimiento con la revocación de la condicionalidad de la condena, la decisión que la impuso constituye sentencia definitiva, y el tema propuesto, materia revisable por la vía de la casación.

Ahora bien, aunque no son penas, al igual que éstas, su determinación no puede prescindir de las pautas de los arts. 40 y 41 del Código Penal y, por ende, de consideración del caso concreto y de las condiciones personales del imputado condenado.
Contratos administrativos, aplicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Suazo Cid, Roberto c/ Prov. de Bs. As. (Serv. Penit.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-08-26

Si la actora consintió la celebración de un contrato sujeto a las normas de la ley de contabilidad y el reglamento de contrataciones, resulta improcedente su pretensión de invocar las disposiciones de la ley 6021 de obras públicas para sostener un reclamo posterior.
Inconstitucionalidad, procedencia del recurso, intereses, tasas, razonabilidad, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia aplicable
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: GIANNINI, HAYDEE YOLANDA c/ ASOCIART ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO (ART) S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-08-21

En relación al cuestionamiento sobre los accesorios determinados, cabe remitir a los fundamentos expuestos por esta Corte en "Olivera", en el que se sostuvo que si bien la fijación de los intereses es tarea propia de los jueces de la causa, en dicha tarea debe primar la razonabilidad en atención a las circunstancias concretas de la causa, buscando un equilibrio, de forma tal que por exiguos no vulneren los derechos del trabajador, ni por excesivos generen un enriquecimiento sin causa y hagan peligrar la fuente del empleo, tomando como pautas orientadoras los principios que surgen de los artículos 1, 2, 3, 9, 10, 768 y 771 y concordantes del Código Civil y Comercial; y que, no obstante constituir una materia que puede variar según las circunstancias concretas de cada caso, la potestad que poseen los Sentenciantes de ponderar la realidad económica buscando la justicia del caso, no puede consentir soluciones que excedan el límite de lo razonable. - Jurisprudencia Vinculada: Olivera, AyS T 278, p 295/308.
Aclaratoria (administrativo), improcedencia del recurso, daño moral, cómputo de intereses, tasa activa
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Rojo, Daniela Mónica c/ Municipalidad de Villa Mercedes (San Luis) s/ Demanda  de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2014-05-15

Atento el recurso de aclaratoria interpuesto por el apoderado de la actora -en cuanto el cómputo de los intereses en relación al daño moral reclamado y a qué tipo de tasa activa debe aplicarse- luce improcedente, por cuanto aparece claramente explicitado lo decidido en la sentencia atacada, y a lo cual deberán estarse las partes; entendiendo que se devengarán intereses desde la fecha de la sentencia y la tasa activa determinada es la sostenida por el Superior Tribunal en la actualidad, desde "GOMEZ ADRIANA INES C/ A.M.P.P.A.R.E. - COBRO DE PESOS - EMB. PREVENTIVO - RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD"(STJSL-SD Nº 56/06, del 13/10/06), no comprendiendo las oscilaciones diarias.
Subasta judicial, actualización monetaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Midulla c/ Dominguez, C. s/ Cobro hipotecario
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-10-26

Frente a la regularidad de la subasta y oportuno acatamiento del comprador a las directivas jurisdiccionales, no advirtiéndose conductas reprochables de aquél, cuyo comportamiento se encuadró en las improntas legales en que se consumó el remate público (arts.574, 575, 576, 579, 581 y concds. Código Proc.), deviene inequitativo e irrazonable hacer pesar las consecuencias de factores monetarios no desconocidos al momento de la subasta, por lo que -amén del coetáneo efecto preclusivo- irrumpe extemporáneamente una solicitud que quebranta el iter fáctico-legal de un estadio procesal a punto de concluir (arts.36 inc.1, 150, 155, 579, 581 y concds. C.P.C.).
Municipalidad, indemnización, leyes, ordenanzas municipales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Sosa, José Américo; Santillán, Rodolfo Augusto y Bravo, Américo Cristóbal c/ Municipalidad de Rafaela s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte CSJ   Nº 25-86)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-12-23

El decreto ordenanza 4469/76 de la Municipalidad de Rafaela -que reprodujo la ley provincial 7859 y que fue prorrogado en su vigencia por sucesivas ordenanzas hasta el 30 de junio de 1981- estableció un régimen transitorio (artículo 1), autorizando a dar de baja a los agentes "con el único objeto de producir un real y concreto proceso de depuración para normalizar y mejorar la Administración municipal, sin connotaciones partidistas o sectoriales" (artículo 3), y dejó "en suspenso toda ordenanza, decreto, resolución, convención o disposición de cualquier naturaleza que se oponga a lo dispuesto en el presente decreto ordenanza o que establezca el pago de indemnizaciones distintas a las que aquí se establecen" (artículo 1). La conexión entre estas normas y las contenidas en el Estatuto entonces vigente -ordenanza 1745/73- es clara, debiendo interpretarse que el régimen de excepción suspendió las que se le oponían, en tanto las bajas se hubieren dispuesto con el único objeto autorizado, pero no si ellas se ordenaron al margen de dicho régimen, supuesto en el que recobraba plena vigencia el Estatuto (AyS T 56 p 350) que, en consecuencia, vuelve a regir integralmente la situación, dada su naturaleza. Este último estado es el que se produjo respecto de los actores, cuestión ésta decidida por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada (AyS T 54 p 68), que declaró injustificada la cesantía de aquéllos.
Teoría de la imprevisión, rescisión del contrato
Materia: CIVIL
Carátula: DELLA CELLA NESTOR HUGO Y OTRO c/ LANDESMAN ROSEMBLAT Y CIA  S.R.L. s/ CONSIGNACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-16

No procede la resolución "extrajudicial" comunicada por la vendedora con fundamento en la excesiva onerosidad sobreviniente, pues tal resolución exige la demanda o reconvención. Con fundamento en lo dispuesto por el art. 1198 del Código Civil, en ningún caso la resolución opera por autoridad de una de las partes (conf. C.N.Civ.

Sala D, L.L.1981-C-655; íd., Sala C, L.L.1982-A-290; íd. J.A. 1981 IV-180; íd.íd. L.L.1980-D-228; íd. Sala F, L.L. 1980-C-266; íd.íd.

10/4/79, L.L.1979-B-596; íd. Sala B, J.A.1983-III-601).-
Acto administrativo, impugnación del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ceballos, Alberto Daniel c/ Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos y Estado Provincial s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2005-06-22

Siendo que el accionante peticiona la declaración de nulidad de la decisión del Poder Ejecutivo que resuelve el recurso de apelación jerárquica articulado contra la Resolución Nro. 3435/98, y no peticiona la invalidez de esta última, pero considerando que los argumentos utilizados para -en definitiva- no acoger tal pretensión actoral son similares, por lo que al atacar el reclamante la decisión definitiva y causatoria de estado que es la que agota la vía administrativa ha cumplimentado los recaudos establecidos por los artículos 4 y 17 del Código Procesal Administrativo, deben darse por cumplidos tales requisitos adjetivos.
Jornada de trabajo, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Linares, Damián Justino c/ Masello, Juan Enrique s/ Indemnización, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-07-31

Si lo que se discute es la existencia o extensión de las jornadas de trabajo cuyo pago de haberes se persigue, no es aplicable la inversión de la carga de la prueba consagrada por el art. 39 del dec.ley 7718/71.
Sentencia, principio de congruencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Enríquez, Dora c/ Alcidez, Horacio s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-04-15

Al referirse el art.163 inc. 6, CPCC a la conformidad que debe guardar la sentencia con "las pretensiones deducidas en el juicio" resguarda el principio de congruencia, creando un limite a la resolución extra petitum o ultra petitum, en salvaguarda de los derechos de defensa e igualdad de las partes -éstos de raigambre constitucional- y veda al Tribunal reconocer a ninguna de aquéllas lo que no ha solicitado así como algo más o algo distinto (Const. Nac. art. 18; art. 34 inc.4, 163 inc.6, CPCC;
Recurso extraordinario federal, denegatoria del recurso, constitucionalidad, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Spelta, Adrián Alejandro c/ Provincia de Santa Fe s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad (recurso extraordinario para ante la C.S.J.N.)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-11-21

Corresponde denegar la concesión del recurso extraordinario federal, al no demostrar la recurrente que las razones expuestas por la mayoría de este Tribunal al dotar de validez constitucional el sistema de remoción de fiscales y fiscales adjuntos conforme ley 13807, se desmarque de la doctrina constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para la revisión judicial de supuestos como el presente, conforme el estándar fijado en el conocido precedente "Graffigna Latino" y concordantes, jurisprudencia extensiva a los funcionarios de otros departamentos de gobierno, como el caso de los gobernadores, miembros del Tribunal de Cuentas de provincia, Fiscal de Estado, y -como en el caso- para procedimientos en los cuales se ventilan las posibles responsabilidades de Agentes Fiscales. (De la ampliación de fundamentos de la Dra. Gastaldi. En disidencia: Dres. Netri y Erbetta) - CITAS: CSJN: Graffigna Latino, Fallos 308:961; Trovato, Fallos 320:1931; Rodríguez, Fallos 318:219; Garber, Fallos 326:3066; Yanzón, Fallos 331:104; Benítez, Fallos 332:2307; Meynet, Fallos 338:601; Procurador General de la Corte Suprema de Justicia -Dr. Jorge Bof- eleva denuncia a tenor de la ley 7050 contra el juez Osvaldo Cingolani s/ Recurso de Inconstitucionalidad; Fallos 317:874; 332:2208; 330;76; 342:903; Gómez, Carlos Esteban, Fallos 342:988; Videla, Ricardo y otro s/ Jurado de enjuiciamiento, del 9.9.2001. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 13807.
Proceso penal, Superior Tribunal de Justicia
Materia: PROCESAL
Carátula: Ortiz Iramain, Rodolfo s/ en autos 39/07 s/ Recusación con causa
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2008-08-08

"Cabe expresar que a enemistad como fundamento de la recusación del magistrado se refiere a un sentimiento de apasionamiento adverso del juez hacia el interesado y no de éste hacia aquel. También que tal ánimo debe manifestarse en hechos externos, objetivos e inequívocos, que traduzcan la gravedad del desafecto (conf. Lino Palacio, Derecho Procesal Civil, t. II, pág. 324; Hugo Alsina, derecho procesal Civil y Comercial, T. II, pág 304; Levene, obra citada, pág. 105)".

En autos, el recusante expresa que el sentimiento de enemistad, odio y resentimiento es recíproco, pero tal estado de animadversión es negado por los Ministros recusados, quienes, además, sostienen que el letrado no se hace cargo de mencionar algún hecho externo o actuación pública que hagan presumir tal malquerencia y justifiquen el apartamiento en el conocimiento de la presente causa. Además, la prueba que ofrece el recusante no es suficiente para acreditar la reciprocidad de tal enemistad, ya que se trataría de publicaciones que el mismo letrado reconoce como de su exclusiva autoría y no de una contestación o agravio hacia él de parte de los Sres. Jueces. En sí, los fundamentos esgrimidos no constituyen basamento legal sólido para la admisión de la causal invocada, porque no se trata de un sentimiento del juez hacia la parte sino, en todo caso, a la inversa, una critica unilateral de parte del recusante hacia los Magistrados que deben resolver sobre la admisibilidad formal del recurso extraordinario interpuesto en defensa del condenado.

Por ello, corresponde rechazar "in limine" la recusación formulada.
Delitos contra la integridad sexual, registro nacional de datos genéticos, registros biológicos, igualdad ante la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Yaborski, Jorge Luis c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-03

La resolución que ordenó la toma de muestras biológicas del condenado a los efectos de su inscripción en el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados con delitos contra la integridad sexual no se presenta como una violación del principio de igualdad, en tanto se trata de una regla que se aplica a un colectivo determinado (los agresores sexuales) que, por lo demás, reciben un tratamiento diferenciado ya en la ejecución de la pena, sin que se advierta en ese supuesto la vulneración de principio constitucional alguno. Asimismo, en el caso particular, no se advierte que la medida tenga una finalidad exclusivamente preventiva, dirigida al condenado, sino más bien, su objetivo es informativo.