Recurso de casación, sentencias contradictorias, cuestiones prejudiciales, daños y perjuicios, propiedad intelectual, plagio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Forgione Delia c/ Antonio De los M. Berioli y otros s/ Ordinario - Recurso directo y recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1999-08-10

La norma del art. 1.101 del C.C., independientemente de que integra parte de la ley sustantiva, establece un principio de carácter procesal que, por su vinculación teleológica a principios de orden público, debe ser aplicada de oficio por los jueces. En materia de Propiedad Intelectual el art. 77 de la ley 11.723 establece que tanto el juicio civil, como el criminal, son independientes y sus resoluciones definitivas no se afectan.

Se advierte, sin hesitación, la improcedencia formal de la prejudicialidad pues conforme el sistema adoptado en la ley sustantiva, el recurrente debió arbitrar los medios procesales tendientes a cuestionar la legalidad de la norma del art. 77, Ley 11.723 que lo agravia.

El sometimiento a la regla contenida en esa norma especial, dictada con posterioridad a los arts. 1.101 y ss. del C.C., no tachado de inconstitucional oportunamente, precluye el derecho de hacer valer la pretendida nulidad que se persigue, pues, en tal caso, la norma general cede ante la norma particular: el art. 77 Ley 11723.

Es que la parte que tiene interés en que una norma no se aplique , debe proponer la cuestión tan pronto como tenga conocimiento efectivo de que ella ha de ser aplicada en el caso concreto. Sólo por excepción es lícito el planteo con posterioridad cuando los jueces recurren a una norma cuya utilización no podía estar en los cálculos de los litigantes.

Frente a una acción civil , que persigue la protección del derecho de propiedad intelectual, prevista específicamente en la ley de fondo, a través de una ley especial como la 11.723, es claro que el art. 77 de la cit. ley, confrontándolo con el art. 1.101 y ss. del C.C., obedecen a diversos criterios de política legislativa, que no pueden ser desechados, sin violentar el claro texto de la norma en cuestión, art. 77 de la ley 11.723, que establece categóricamente la independencia del juicio civil como del criminal y, consecuente a ello, la inoponibilidad de sus respectivas resoluciones definitivas.	Esta es la única forma de conciliar los derechos de ambas partes y de obtener soluciones justas cuando la controversia judicial se encuentra expresamente regulada en la ley, sin vacíos en las normas de aplicación pertinentes.

Excede los límites formales del recurso de casación, cuando es fundada en la contradicción entre la sentencia penal y civil cuando esa confrontación, reside, en rigor, no en la interpretación de la ley, sino en la reconstrucción y calificación de los hechos valorados por los respectivos Tribunales en la dilucidación de la causa.

Si la ley 11.723 ha sido aplicada en la sentencia civil que considera que hubo plagio por un apoderamiento de la obra en sí misma, esto es un su puntualización, y excluida en la sentencia penal por considerar que un apoderamiento solo ideal de la otra, no constituye plagio, esa divergencia es fruto exclusivo de la diferente valoración de los elementos de hecho contenidos en las respectivas obras, reservado al conocimiento de los jueces de mérito, pero no de la contradicción en la inteligencia de la norma, sobre la que ambos Tribunales coinciden acerca de qué debe entenderse por objeto protegible. (Art. 1 ley 11.723).

La distinta naturaleza de los bienes jurídicamente protegidos en uno y otro fuero - civil y penal -, es de tal importancia que podría justificar la diversidad de soluciones en el plano jurídico, independientemente, del acierto que aquellas conlleven.

En efecto, el proceso civil en cuanto sirve instrumentalmente a la satisfacción procurada por quienes ven afectados sus derechos particulares, se distingue, oponiéndose al proceso penal, en cuanto por medio de éste se intenta la reparación de los derechos generales de la comunidad.

De allí que si bien el proceso civil pertenece en esencia al derecho público, su materia sustancial (el derecho civil) corresponde al derecho privado, ya que su objeto finca en declarar la existencia de un derecho a la satisfacción de un derecho subjetivo, como puede ser la reparación de un daño, en tanto que el proceso penal, al procurar la averiguación de un delito, la individualización de su autor y la aplicación de la condigna sanción, interesa al orden público.