Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2005-08-26


SENTENCIA DEFINITIVA NÚMERO: 28 San Fernando del Valle de Catamarca,16de agosto de 2.005.- Y VISTOS:

Estos autos Corte Nro. 97/97 "OLEA, Andrés Leucadio y Otros c/Ex DECa. y/o Estado Provincial Acción Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción", en los que a fs. 278 tiene lugar la Audiencia que prescribe el Art. 39 de la Ley 2.403; llamándose autos para Sentencia a fs. 278 vta.- En este estado el Tribunal se plantea la siguiente cuestión a resolver:

¿Es procedente la acción contencioso administrativa de plena jurisdicción incoada?. En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde?.- Practicado el sorteo, conforme al acta obrante a fs. 279 vta., dio el siguiente orden de votación: Ministros Dres. CÉSAR ERNESTO OVIEDO, NORA SILVIA VELARDE DE CHAYEP y JOSÉ RICARDO CÁCERES - A LA CUESTIÓN PLANTEADA, EL Dr. Oviedo dijo:

Los actores en autos, mediante apoderado, impetran acción contenciosoadministrativa en contra la Ex DECa. y/o Estado Provincial reclamando diferencias de haberes adeudadasdesde marzo de 1991 hasta la fecha de extinción de la relación contractual con motivo de la privatización de la empresa, con más los intereses y desvalorización monetaria conforme la legislación vigente.

Afirman que a efectos de agotar la vía administrativa efectuaron reclamo de pago de diferencias adeudadas, con fecha 08 de agosto del año 1995 mediante nota Nro. 1.292; que habiendo pasado en exceso el tiempo, habilitaron competencia a través de pronto despacho el 02 de mayo de 1997, presentando luego demanda con fecha 11 de agosto del año 1997.- Relatan, en alusión a los hechos, que todos los actores eran empleados de la Dirección de Energía Catamarca, que la relación laboral se desarrollaba con total normalidad hasta que la demandada comenzó a no cumplir con su principal obligación, que es el pago en forma legal de la remuneración, haciéndolo a partir de marzo del año 1991 en forma disminuida y en contra de las disposiciones legales vigentes.- Que en el año 1984 se promulgó la ley 4167 aplicable a todo el personal de la DECa y que a su vez declara aplicablelas normas de la Convención Colectiva de Trabajo 36/75 de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza hasta la aprobación de una nueva Convención Colectiva de Trabajo con participación del Estado Provincial, por lo que no habiéndose realizado continúa vigente.- Que esta normativa fijaba las pautas para establecer el básico inicial en cadacategoría, señalándose que el sueldo básico inicial para la categoría uno sería igual al mínimo convencional que en cada oportunidad estableciera el Poder Ejecutivo Nacional para igual categoría del escalafón vigente para el personal de Agua y Energíade laNación Sociedad del Estado.- Que la ley noexigía el dictado de ningún decreto para la aplicacióndeestos aumentos por lo que, acordados, tenían aplicación automáticay operatividad propia y que ello se cumplimentó hasta febrero del año 1991 sininconvenientes.- Que el 15 de marzo del año 1991 se firma el acta Acuerdo Nro. 73 donde si fijó un aumento que la DECa omitió pagar y de allí en mas los posteriores hasta la disolución de la relación laboral, surgiendo así las diferencias de salarios de los actores que por esta vía se reclaman.

Ofrecen prueba informativa, pericial contable y documental y hacen reserva del caso federal.

A fs. 19, previa vista al Sr. Procurador de la Corte, se declara prima facie la competencia y jurisdicción de este Tribunal para entender en la presente causa.- Que corrido traslado la adversaria interponeexcepción de defecto legal, al que se hace lugar subsanándose la falencia; igualmente responde demanda oponiéndose a la acción, con costas.

Que abierta la causa a prueba a su término las partes alegan sobre el mérito de la causa, alegatos que obran en autos a fs. 272/277.- Quedando firme el proveído de autos para sentencia,se practica el acto de sorteo determinante de orden estudio y votación por quienes integraneste Tribunal cuyo resultado me asigna el primer lugar.- Es así que, avocado a ello, emprendo dicha tarea por la revisión de los presupuestos de inexorable cumplimiento, puesto que solo plenamente satisfechos abren paso a esta instancia judicial, habilitando la jurisdicción y competencia de este Tribunal.- En tal sentido inveteradamente se dejó precisado que la primitiva declaración de la jurisdicción y competencia a prima facie no causa estado y, por ende, no es obstáculo para que el contralor se reformule con mayor detenimiento al momento de dictar sentencia.

E igualmente no menos veces se sostuvo que tal verificación es un deber por imperativo constitucional y no una facultad de este Tribunal y que el mismo procede de oficio y la circunstancia de que la contraparte procure su verificación planteando excepción de incompetencia es solo una razón más para proceder a su revisión.

En este marco expresan los actores que iniciaron reclamo administrativo el 08 de agosto de 1995, ante la ausencia de respuesta del órgano continúan esta etapa con fecha 02 de mayo del año 1997 mediante la presentación de un pronto despacho, habilitando competencia a estos fines y presentan demanda el 11 de agosto del año 1997.

Que ello así, son varias las razones que me llevan a sostener que la vía administrativa no se encuentra correctamente agotada y siendo este presupuesto, imprescindible para la apertura de esta instancia la mismacarece de habilitación y este Tribunal de jurisdicción y competencia para entender en la presente causa.- Mi reflexión se sustenta en que, iniciado el reclamo ante el silencio de la administración, los actores debieron continuar con la vía recursiva y dentro de los plazos legales interponer recurso de reconsideración y jerárquico en subsidio.

Que ante tal omisión la presentación del pronto despacho carece de efectos legales dado que el mismo corresponde a la instancia recursiva; luego, por la fecha de recepción de dicho escrito -un año y ocho meses después-, no se puede por el principio del informalismo considerarse como un recurso, mas allá que tampoco en la faz recursiva cuando el tiempo ha transcurrido en exceso se puede presentar pronto despacho habilitando competencia a estos fines, pues en realidad lo que la ley determina es que si el administrado "habilitara competencia, por presentación escrita al efecto, al órgano administrativo para el dictado del acto más allá de dicho plazo, podrá ulteriormente mediante presentación de pronto despacho obtener otra situación jurídica subjetiva de acto denegatorio porsilencio de la administración en caso ...".- Que, ante tales condiciones, estimo que la acción que debe prepararse en sede administrativa no se encuentra debidamente concluida, dado que desde la articulación del reclamo administrativo de fecha 05-08-95, transcurrieron y se vencieron los 90 días corridos en que los administrados obtuvieron como respuesta de la administración en virtud de su silencio una denegatoria tácita a su pedido, por lo que el acto cuya revisión ahora se pretende quedó firme y consentido.- - Ello por cuanto al continuar los actores este trayecto, como ya lo he señalado sin consecuencia legal alguna, presentando un pronto despacho con fecha 02-05-97 fuera de tiempo, lugar y forma y luego interponer la demanda, la misma resulta extemporáneamente presentada, encontrándonos frente a un acto definitivo, firme y consentido e irrevisable en esta instancia judicial, pues "El plazo para acceder a la revisión judicial del acto administrativo es un plazo de caducidad, caracterizado por lo perentorio, automático y fatal de sus efectos, desde que acarrea la posibilidad de impugnar judicialmente el acto que no ejerce la acción en el tiempo establecido, produciendo, en consecuencia la firmeza o convalidación del mismo, el que se convierte así en un acto válido, inatacable y eficaz." (CNCiv.Sala M, setiembre 1-992, García Acevedo, Heriberto c. Municipalidad de Bs. As. -LL, 1993-B, 222DJ, 1993-2-693).

Por su parte y no obstante la doctrina encontrarse dividida con relación a la obligatoriedad o nó de la articulación de recursos, hay casos como en la especie que ello se torna ineludible a efecto de procurar la definitividad del acto administrativo que se pretende impugnar, de otro modo la instancia contenciosa no se encuentra habilitada y este Tribunal no puede en esta instancia de excepción ejercer su función revisora.

E igualmente, si bien el Art. 118 del C.P.Ad. da en cierta forma la posibilidad al administrado de desistir de la vía recursiva cuando opta por la vía contenciosoadministrativa, en tal caso el acto cuya revisión se pretende debe ser necesaria y absolutamente definitivo y emanado de autoridad administrativa con facultades para decidir en última instancia.

Al respecto cuadra destacar que laley de creación del Ente Nro. 3744 en su Art. 37, expresamente establece que: "Contra los actos emanados de autoridad administrativa de la DECa procederán los recursos previstos en el Art. del Código de Procedimiento Administrativo de la Provincia", ante ello estimo que al haberse omitido la impugnación recursiva se eludió alcanzar la decisión definitiva de autoridad administrativa de última instancia, ya sea expresa o tácita y, además, el acto que causa estado por haber sido dictado por autoridad competente una vez agotados todos los medios de impugnación establecidos en las normas que rigen el procedimiento administrativo.- A la luz de lo expuesto se evitaría lo que en la especie, sin esfuerzo, se advierte que el Estado Provincial demandado en autos, nunca tuvo conocimiento de este planteo durante el procedimiento administrativo y en consecuencia no hubo de su parte denegatoria ni expresa ni tácita del derecho reclamado.

Como corolario de lo hasta aquí observado y expresado, me inclino por el rechazo de la acción instaurada ante la incompetencia de este Tribunalpor no estar debidamente agotada la vía administrativa. Con costas a los actores (Art. 65,Ley 2.403).

A LA CUESTIÓN PLANTEADA, la Dra. Velarde dijo:

Que compartiendo las consideraciones formuladas por la colega que en el orden me precede me adhiero y voto por el rechazo de la acción intentada. Con costas a la parte actora. Es mi voto.

A LA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cáceres dijo:

Comparto en todo las consideraciones formuladas coincidentemente por los colegas preopinantes y adhiero a la solución final propuesta, por lo que me pronuncio en idéntico sentido. Con costas a cargode la parte actora. Es mi voto.- Con lo que se dio por terminado el acto, quedando Acordada la siguiente Sentencia, doy fe.

San Fernando del Valle de Catamarca,de agosto de 2.005.- Y VISTOS:

En mérito al Acuerdo de Ministros que antecede y por unanimidad de votos, LA CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA RESUELVE:

1) Rechazar la acción contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta.

2) Con costas a cargo de la parte actora.

3) Diferir la regulación de honorarios hasta tanto exista base suficiente para ello.

4) Protocolícese, hágase saber, y firme o ejecutoriada por Secretaría procédase a la devolución al Organismo correspondiente de la documental agregada por cuerda al principal y archívese.