marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Prestación de servicios, presunciones
Materia: LABORAL
Carátula: LEDESMA JUSTO FERMIN c/ U.T.E.P.S.E. Y/O RESP. s/ DIFERENCIA DE HABERES ETC. - CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2006-02-27

El reconocimiento de la prestación de servicios torna operativa la presunción del artículo 23 de la LCT y obliga a la demandada a aportar la prueba tendiente a desvirtuar tal extremo.
Docentes, beneficios previsionales, reajuste jubilatorio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: DOTTORI, NORA GRACIELA c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-09-11

Corresponde confirmar el fallo de la anterior instancia que ordenó reajustar la presta-ción en los términos de la ley 24.016 y descontar, sobre el retroactivo a percibir, el aporte diferencial previsto en el art. 8 de la norma referida. Ello así conforme la doctrina de la C.S.J.N. en autos "Gemelli, Esther" (sent. del 28.07.05), que estableció que la ley referida no ha perdido vigencia y ha quedado sustraída de las disposiciones de la leyes 24.241 y 24.463, y del Dec. 78/94. En consecuencia, no se advierten razones para no aplicar lo dispuesto por el art. 8, en tanto establece que el porcentaje de aportes del personal docente será el vigente para el régimen general incrementado en dos puntos, aunque el afiliado no reuniere los requisitos indicados en el art. 3 de la misma ley.
Recurso extraordinario de nulidad, omisión de cuestión esencial
Materia: PENAL
Carátula: Schvintt, Alberto s/ Homicidio culposo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-08-19

La Cámara no ha omitido cuestión alguna si lo referido a la conducta de la víctima forma parte de la lacónica sentencia, sea o no cuestión esencial.
Derecho procesal, competencia federal, servicio telefónico, telefonía celular
Materia: COMERCIAL
Carátula: PROCONSUMER C / TELEFONICA DE ARGENTINA SA s/ MEDIDA PRECAUTORIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-04

Siendo que, en el caso, se promovieron las actuaciones en los términos de la Ley 24240, a fin de que, con carácter de medida cautelar autónoma, se deje sin efecto el aumento de precios del servicio de telefonía móvil que presta cierta compañía y se ordene a esa empresa abstenerse de facturar a su clientes, en el futuro, los incrementos en cuestión, en la acción así propuesta se ventilarán cuestiones donde podrían involucrarse derechos, obligaciones o prerrogativas inherentes a la explotación del servicio público de telefonía móvil, que trascienden los límites de una mera cuestión contractual de naturaleza comercial, en tanto, se halla controvertida la conformación de la estructura tarifaría retributiva del servicio público antes mencionado.

Desde tal óptica, y aún cuando en las presentes actuaciones no se reclaman deficiencias en la prestación del servicio de telefonía móvil sino el cese del cobro de un cargo cuestionado como así el reintegro a los usuarios de los montos facturados por dichos conceptos, no es posible descartar la aplicación de normas federales para la solución del diferendo. Por lo tanto, ni la actividad comercial de la empresa privada ni la aplicación de normas de derecho común desplazan la competencia federal, por aparecer involucrada la prestación de un servicio público, la conformación de su sistema tarifario y la eventual intepretación de normas federales que la rigen a cuyo control no resultaría ajeno el Estado Nacional en el ejercicio de funciones que le son propias (véase: esta CNCom, Sala B, 20.09.01, "Nahoum c/ Telefónica de Argentina SA s/ sumarísimo", íd. Sala D, 05.08.99, "Metrogas SA c/ Segovia Rómulo s/ ordinario; íd., Sala E, "Metrogas c/ Segovia Rómulo s/ ordinario"). Por ende, y de conformidad con la doctrina sentada por la CSJN en el precedente "Proconsumer", habrá de mantenerse la decisión de la magistrada de la anterior instancia en punto a su incompetencia para conocer en las actuaciones, si bien considera este Tribunal que debe conocer en el expediente la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal y no Justicia Civil y Comercial Federal como se indicó en la resolución apelada.
Trabajadores de la industria de la carne, garantía horaria
Materia: LABORAL
Carátula: SABO HECTOR HORACIO c/ FRIGORIFICO  REGIONAL  SANTA  ELENA  S.A.  Y/O  EUROMARCHE  S.A.  Y/O FRIGORIFICO    RIOPLATENSE    S.A.   Y/O  QUIEN  RESULTE  RESPONSABLE s/ COBRO DE AUSTRALES
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-03-29

La garantía horaria en consecuencia establece un beneficio mayor para los trabajadores de la industria de la carne, en base a las características propias de la actividad ya que tienen garantizada una prestación mínima y sin que se requiera al trabajador poner su fuerza de trabajo a disposición del empleador. Esta norma en modo alguno permite al industrial de la carne evadir el riesgo empresario sino que por el contrario se lo impide ya que no podrá recurrir a la suspensión de la relación laboral por disminución de trabajo o razones de fuerza mayor sin abonar salarios. Nada obsta que luego de un período de pago de garantía horaria se proceda al despido.
Sentencia arbitraria, falta de mérito, competencia, Cámara Federal de Casación Penal, defectos en la fundamentación normativa
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por el Fiscal General en la causa Blaquier, Carlos Pedro Tadeo y otro c/  s/ inf. art. 144 bis en circ. art. 142 inc. 1, 2, 3, 5
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-07-08

Es arbitraria la sentencia de la cámara de casación que dispuso la falta de mérito de los imputados, pues las reglas vulneradas en el caso, relacionadas con la habilitación de la competencia de la cámara de casación penal, no consisten en meras sugerencias del legislador, sino en mandatos expresos que no deben ser relativizados ni dejados de lado toda vez que, en definitiva, procuran asegurar principios fundamentales inherentes a la mejor y más correcta administración de justicia.
Contrato de trabajo, subcontratación laboral, comedores escolares, Consejo Nacional de Educación
Materia: LABORAL
Carátula: BUSTAMANTE AHUMADA, IRMA O. c/ ASOCIACION COOP. ESCUELA NUMERO 19 s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1979-03-21

La contratación del personal de que es necesario disponer para el funcionamiento de los "comedores escolares", es de responsabilidad exclusiva de la Asociación Cooperadora de la escuela de que se trate, estando a su cargo el cumplimiento de todas las obligaciones laborales y previsionales, toda vez que dicha asociación haya optado por organizar el servicio en cualquiera de las dos últimas formas previstas por el artículo 2.6.2. del Reglamento Orgánico Para Escuelas de jornada completa, aprobado por Resolución número 866/72 del Consejo Nacional de Educación, siendo improcedente la condena de este último por alguno de los rubros laborales reclamados por los dependientes. (Del voto del Doctor Cascelli).
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, excesos u omisiones en el pronunciamiento, Corte Suprema de Justicia de la Nación, daños y perjuicios
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Fisco Nacional c/ Etchevarne, Elena G. y otros s/ reivindicación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-09-15

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que dispuso que el reclamo de los daños y perjuicios derivados de la ocupación indebida por el Estado de un inmueble había sido materia de decisión positiva en la sentencia final dictada en la causa, omitiendo ponderar que el pronunciamiento que fue objeto de confirmación por la Corte ninguna mención formuló acerca de la pretensión accesoria de resarcimiento por la ocupación ilegítima y que tal omisión no dio motivo a la interposición oportuna de los remedios procesales idóneos para ser subsanada.
Prescripción, interrupción de la prescripción
Materia: CIVIL
Carátula: SOLER DE COFMAN SUSANA RAQUEL c/ SOLER IGNACIO Y OTRO s/ COLACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-06

Es cierto que la prescripción no opera de pleno derecho y debe oponérsela. Pero la cumplida antes de los eventos interruptivos genera para el deudor una suerte de presunción de irresponsabilidad, conducente a que los actos del acreedor para lograr la interrupción, sean interpretados restrictivamente (conf. arg. art. 874 Cód.

Civil).
Leyes, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Busada, Claudio Alberto y otros s/ Inconstitucionalidad ley 11.685 Marino, María B. y ot. s/ Inconstitucionalidad art. 10 ley 11.685
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-05-10|2000-06-21

Cuando se concluye en que un texto legal es claro es porque previamente se lo ha interpretado. Sin la interpretación el sistema jurídico y el intelecto del sujeto no llegarían a ponerse en contacto, y entonces el derecho no podría llegar a aplicarse de modo alguno (fuera o no clara y sencilla la fórmula que contuviera en relación a un caso o tema determinados) pues no llegaría a ser conocido - mucho menos comprendido- por el intérprete. (Minoría u opinión personal)
Marcas, embargo preventivo, verosimilitud del derecho invocado, Ley de Marcas
Materia: PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: SIEMMENS AG c/ KVA ARGENTINA SA Y OTRO s/ INCIDENTE DE APELACION.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-06

En la especie se ha verificado una situación asimilable a las contempladas por el articulo 212 de la Ley Ritual, cuya enumeración no se agota en las hipótesis de procedencia del embargo preventivo durante el proceso que allí se contemplan (cfr. C.E. Fenochietto-R.

Arazi, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado y concordado", Bs. As. 1983, T. I, p. 702, N° 2). En efecto, trátase -en definitiva- de directivas de carácter fluido que deben ser interpretadas con ese espíritu (cfr. A.M. Morello-G. L. Sosa-R. O.

Berizonce, "Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires, comentados y anotados", 2da. ed.

T. II-C, p. 709 y 717); importando poner de resalto que la actitud de las codemandadas frente al requerimiento de los informes previstos en los artículos 38 y 39, Ley de Marcas, y el silencio guardado por las restantes codemandadas, constituye un indicio favorable a la presunción de que el derecho es verosímil (cfr. C. E.

Fenochietto-R. Arazi, op. cit., T. I, p. 703, N° 5).
Accidentes de trabajo, prescripción
Materia: LABORAL
Carátula: Sánchez Daniel Alberto c/ Asociart SA Aseguradora de Riesgos del Trabajo s/ accidente-ley especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-10-31

El comienzo del plazo de prescripción de la acción fundada en la ley especial es el hecho que determina la incapacidad en forma fehaciente, lo cual requiere una apreciación objetiva que ponga de manifiesto el cabal conocimiento de su invalidez por parte del operario, sin que pueda suplirse esta exigencia sobre hechos inciertos que no demuestran de manera concluyente que el trabajador dejó transcurrir los plazos legales consciente de las afecciones que sufría, siendo evidente que para acceder a la cognición de la incapacidad se hace necesario un elemento objetivo (dictamen médico), como acto mediante el cual el facultativo emite su opinión científica sobre el grado de evolución de la patología que constata (es decir, incapacidad y graduación). La iniciación del trámite ante el Seclo, implica que la parte estaba en conocimiento de la existencia de la incapacidad, aunque no haya pericia médica, pero no se puede considerar el alta médica otorgada sin incapacidad como punto de partida del curso de la prescripción (en este sentido C.S.J.N. 19/09/2017 autos "Ortega María del Carmen c/Federación Patronal Seguros SA s/accidente-ley especial" ).
Prisión domiciliaria, interés del menor, aplicación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: Scopa, Marcelo Adrián c/  s/ rechazo de prisión domiciliaria
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-03-20

Si bien es cierto que el art. 32 de la ley 24.660 no contempla específicamente la procedencia de la prisión domiciliaria del padre para hacerse cargo de niños y niñas menores de cinco años, no resulta menos cierto que la Convención sobre Derechos del Niño impone al Estado argentino la obligación de proteger el interés superior de éstos, y que en virtud del art. 27 de la Convención de Viena, los Estados no pueden alegar disposiciones de derecho interno para incumplir las obligaciones asumidas internacionalmente. Esta circunstancia torna imperativa la aplicación analógica de lo dispuesto en el art. 32, inc. f) de la ley 24.660, a fin de cumplir con la manda de tutelar el interés superior de niños y niñas. Tal analogía en ningún modo puede considerarse prohibida en nuestro ordenamiento jurídico puesto que la aplicación extensiva de esta norma no resulta en detrimento del imputado y el beneficio para los niños resulta indudable (voto de la jueza Garrigós de Rébori al que adhirió el juez Niño).
Recurso de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso, falta de fundamentación
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Litormet S.R.L s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1993-06-21

Al no surgir del recurso el ataque fundamentado que permita apreciar como irrazonable el alcance de la obligación del deudor de depositar los fondos por orden judicial, ni de la conducta del demandado con respecto a la información al cesionario de la existencia de los embargos, y al juez de la existencia de la cesión, no pueden ser materia a considerar por vía del recurso extraordinario, por no pasar de ser meras discrepancias con la sentencia.
Recurso de apelación (procesal), expresión de agravios
Materia: PROCESAL
Carátula: ENRICO CELINA c/ ABALLAY CARLOS s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1988-05-11

El escrito de la demanda no re une los requisitos mínimos que debe contener una expresión de agravios, que como se sabe implica una apreciación crítica de los fundamentos de la sentencia y en el que deben puntualizarse los errores o vicios que pueda contener en el razonamiento el judicante y de los cuales deriven los agravios que se reclama. Este carácter esencial del escrito al decir de Alsina (tratado t. IV, pág. 389) ha sido recordado muy frecuentemente por la jurisprudencia, y es muy importante tenerlo en cuenta, porque si el mismo no lleva esas condiciones, el Tribunal debe declararlo desierto al recurso.

La expresión de agravios debe hacer un análisis razonado de la sentencia de primera instancia y una demostración de los motivos que se tienen para considerar que es errónea; debe analizar la prueba destacando prolijamente los errores cometidos por el Juez en su apreciación, y el derecho, demostrando que ha sido mal aplicado (conf. sentencia de este Tribunal en "Vera c/ Sánchez Nro 97, de fecha 09.09.81).
Robo calificado, armas
Materia: PENAL
Carátula: ROMERO, Luis Alberto - MEZA, Humberto Rubén s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-08-31

Corresponde calificar legalmente el hecho como constitutivo del delito de robo agravado por el uso de arma, si el mismo se realizó mediante amenazas con ELEMENTO PUNZO CORTANTE.-
Sistema previsional, interpretación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Y., G. N. c/ Obra Social de la Policía Federal s/ inc. apelación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-04

Las cuestiones suscitadas en el ámbito de la previsión social deben ser tratadas otorgando prevalencia a los fines tuitivos de las normas que rigen la materia. - Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite -
Proceso judicial, verdad jurídica objetiva, formalidades procesales, igualdad ante la ley, defensa en juicio
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Riccillo, Julio César c/ BCRA. s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-02

Si bien es cierto que el objeto del juicio es la averiguación de la verdad objetiva, dicha averiguación no puede llevarse a cabo sino conforme a las pautas rituales, que aseguran la igualdad de las partes en el proceso y la consiguiente garantía de defensa en juicio.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia vinculante
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ghiglieri, Héctor Jorge y otro c/ Provincia de Buenos Aires y/o D.E.B.A. s/ Daños y perjuicios Domínguez, Agustín J. c/ Mainardi, Alcides s/ Daños y perjuicios Centeno, Julio C. c/ Ponzio, Horacio s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-10-17|1996-04-23|1997-06-10

Nada obsta a que las partes lleven a la Corte Suprema de Justicia de la Nación toda interpretación de otros tribunales que no coincidan con sus doctrinas y así puedan obtener -si aquélla no cambiara su integración ni modificara tales doctrinas-, en el caso concreto, la reiteración de sus criterios y la eventual rectificación de las sentencias recurridas. Precisamente para eso el régimen jurídico argentino preve el correspondiente remedio federal.
Juicio ejecutivo, excepción de pago, prueba documental, pagaré no protestado
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Banco Río de La Plata S.A. c/ Pijuan, Marcelo Raul y Capocasa de Pijuan, María Carolina s/ Juicio ejecutivo - Recurso de Nulidad y Apelación (Expte. Nro. 251-01,  Resolución Nro. 6, Tomo 49, Folio 203)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-02-15

En materia de juicio ejecutivo, la excepción de pago documentado requiere, que ésta se sostenga en documental fehaciente emanada del acreedor que justifique la cancelación total o parcial de la deuda.

Y, obviamente, ya sea por las reglas del "onus probandi" en cualquier tipo de juicio, como por la presunción de autenticidad que es inherente a todo título dotado de ejecutividad cuya satisfacción se reclame por vía judicial (y el pagaré sin protesto con que se sustenta la pretensión lo es por mandato legal), tal aporte probatorio debe ser asumido por el demandado que no niega la existencia sino la subsistencia de su deuda al postular que la misma fue pagada.
Mandato, gestor, regulación de honorarios, falta de legitimación para obrar, competencia del Superior Tribunal de Justicia
Materia: PROCESAL
Carátula: Aguiar, Samuel A. s/ Solicita regulación de honorarios por trabajos extrajudiciales
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1996-03-26

Debe declararse la incompetencia de la Corte para pronunciarse sobre la excepción de falta de legitimación pasiva articulada junto a la contestación de la demanda, frente al pedido de regulación de honorarios por parte del mandatario que inició las gestiones ante la administración, las cuales concluyeron, sin intervención del mismo, en un acuerdo de pago, al resultar cuestiones propias del derecho privado a resolverse en la vía ordinaria y por lo tanto excluidas de la jurisdicción contencioso administrativa, lo atinente a las relaciones externas -mandante y tercero- del contrato de mandato.

(Del voto de los Dres. Díaz y Oviedo).
Licitación pública, preadjudicación, dictámenes
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Empresa Constructora Mitre S.A.C. c/ Honorable Legislatura s/ Acción Administrativa Legislatura s/ Acción Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1995-03-15

La preadjudicación es un mero parecer o consejo, no un acto administrativo y, desde ese punto de vista, su ausencia parecería carecer de entidad como para acarrear la nulidad de la adjudicación.

Pero también debe notarse que por su propia naturaleza, la preadjudicación inicia una etapa de control por parte de los restantes oferentes, quienes podrán "impugnarla", correspondiendo entonces la posibilidad de que el licitante haga lugar a tal impugnación, e incluso sin mediar tales impugnaciones que el órgano con competencia para adjudicar modifique la preadjudicación en beneficio de otro oferente. Fundamento del Dr. Roquel.
Recurso de casación, BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, empleados de banco, relación de dependencia
Materia: PROCESAL
Carátula: ROMAN ANA RITA c/ BANCO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ s/ LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1994-10-24

El Banco Provincia como persona jurídica pública y autárquica del Estado Provincial esta correctamente incluído en el art. 1ro. del Decreto 139/91 rat. por ley 2263, que pone en efectivo ejercicio el Poder de Policía de Emergencia del Estado Provincial con la finalidad de superar la situación de peligro colectivo creada por las graves circunstancias económicas y sociales que padecía la provincia (conf. ley cit.); comprendiéndose, que desde este cuadrante, pierde preeminencia la exclusividad normativa establecida en el art. 2 de la ley provincial 1401, para quedar ensamblada y relacionada, por el término de un año (art. 1 Dec. 139/91 rat. ley 2263), con las disposiciones contenidas en la ley de emergencia provincial.
Retención indebida, presupuesto
Materia: PENAL
Carátula: GRINFELD ABRAHN s/ DEFRAUDACION POR RETENCION INDEBIDA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1985-06-12

La omisión de restituir incriminada en el art. 173 inc. 2do. C.P , presupone entre las partes una relación jurídica, mediante la cual el "accipiens" se constituye en custodio de la cosa con obligación de entregar o devolver y la frustración de esta expectativa para el "tradens" solo se aprecia cuando la prestación no se cumple.-
Cámara de Senadores, Poder Judicial, competencia, acción de amparo, juicio político, enjuiciamiento de magistrados, conflicto de poderes, cuestión justiciable, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Balaguer, Luis Armando c/ Estado Nacional (H.S. de la Nación Argentina) s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-31

Si el Senado le desconoce competencia al Poder Judicial para entender en el amparo interpuesto por un juez sometido a juicio político contra su decisión de suspenderlo en sus funciones sin goce de haberes, no se justifica la remisión de la causa a la Corte por la cámara de apelaciones con fundamento en que se presenta un conflicto entre dos poderes del Estado, pues ante tal manifestación del Senado, debe pronunciarse acerca de si se trata de una cuestión justiciable.
Empleo público, estabilidad del empleado público, nombramiento, cargo político
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Heinrich, Agustín Angel c/ Municipalidad de Eldorado y/o El Honorable Concejo Deliberante s/ Recurso Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-07-06

La función en que transitoriamente se desempeñaba - ser Prosecretario del Bloque - en nada podía afectar su estabilidad, porque no es titular de la función en que fue puesto a cargo, de lo contrario cualquier personal de planta permanente que pasase a desempeñarse en forma interina o transitoria en un cargo calificado como político perdería automáticamente las garantías de estabilidad del estatuto. (Dr. Rojas: En disidencia).