marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Sucesión testamentaria, apertura de la sucesión, testamento ológrafo, protocolización
Materia: CIVIL
Carátula: PILLE JULIO JOSE s/ SUCESION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1914-07-16

Para la iniciación del respectivo juicio sucesorio en la República, no es necesaria la presentación del testamento ológrafo original, protocolizado en país extranjero -sea que se trate de países que hayan aprobado o se hayan adherido al Tratado de Derecho Procesal de Montevideo (año 1889), o que no se hayan adherido -, bastando, a dichos fines, el testimonio de la escritura de protocolización.
Responsabilidad del Estado, responsabilidad del funcionario público, obligación de seguridad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: DIAZ, DANIEL HECTOR c/ FERNANDEZ,  JULIO C. Y POLICIA FEDERAL ARG. (MINISTERIO DEL INTERIOR) s/ COBRO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-14

La administración Pública por ministerio de su agente o funcionario es decir su órgano ejerció una obligación potestad administrativa de seguridad, con la cual se beneficia la comunidad toda y que por su naturaleza pertenece al ámbito del derecho público, ello no otorga al particular damnificado afectado en su persona o bienes a aceptar el daño que deriva del ejercicio de aquélla actividad, por más que se haya desarrollado lícitamente en lo tocante a su agente es decir sin que mediase culpa (faute personelle) alguna de tal representante estatal.
Farmacéuticos, decreto de necesidad y urgencia, bases para la reconstrucción de la economía Argentina
Materia: ADMINISTRATIVO-LABORAL
Carátula: Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos -SAFYB c/ Poder Ejecutivo Nacional s/ acción de amparo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-22

Corresponde suspender los efectos de los arts. 319, 320 y 321 del DNU 70/2023, en cuanto afectan la actividad de los trabajadores farmacéuticos, dado que los perjuicios que se derivan de manera inmediata de la entrada en vigencia de la norma impugnada, en lo que hace a la modificación y derogación de normas que afectan el trabajo y la profesión de los farmacéuticos, en su fuente laboral, hacen que se encuentren reunidos los recaudos cautelares, por lo que corresponde hacer lugar a la suspensión de los efectos de los mencionados artículos del Decreto de Necesidad y Urgencia, hasta tanto se dicte resolución definitiva.
Prueba testimonial, apreciación del juez
Materia: LABORAL
Carátula: Maidana de Galante Graciela c/ Cochera Dimaquenz s/ Indemnización, rubros adeudados y seguro de vida
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1993-03-29

Si bien la prueba testimonial aportada por cada uno de los litigantes se encuentra totalmente volcada en uno u otro sentido, según la parte que lo trajo a juicio, ello no llega a invalidar tal medio probatorio puesto que obrando en juicio otros medios de prueba, la valoración deberá efectuarse en forma conjunta de aquélla con éstos.
Prescripción, cómputo del plazo, sucesiones, depósito judicial, letras hipotecarias
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Alberini, Verónica Celia c/ Banco Hipotecario Nacional s/ Cobro de Australes
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-02-09

La actora alega no haber sido notificada de los depósitos efectuados en la sucesión de su madre por el BHN. , al convertir las cédulas hipotecarias en dinero por virtud de lo dispuesto por el decreto 182/82 y, en su mérito, acciona por actualización de dichas sumas.

Aduce que el plazo de prescripción debe contarse a partir de la acreditación de los depósitos en la sucesión, y no desde la oportunidad en que el BHN. informó al Juez el rescate de las cédulas. Dicho informe fue notificado al letrado que representaba a la aquí actora. Siendo así no puede afirmarse que la actora no tuvo conocimiento del rescate y es a él a quien incumbía, en su carácter de representantes de la menor, velar por sus intereses y tomar todas las medidas tendientes a salvaguardar su patrimonio. El hecho de que el BHN. no haya acompañado oportunamente las boletas de depósito no altera la situación, pues el letrado puedo determinar fácilmente si los fondos estaban o no depositados a la orden del juez de la sucesión. Por consiguiente, el plazo de prescripción debe computarse a partir de la notificación de los informes en la testamentaría.
Falso testimonio, dolo
Materia: PENAL
Carátula: Ríos de Gómez, L. s/ Declaración Indagatoria
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-30

El dolo en el falso testimonio consiste meramente en el conocimiento de estar prestando una declaración falaz, afirmando a la autoridad algo no cierto, no requiriendo específica intención de delinquir.
Pena, multa penal, cómputo de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Estigarribia, Cirilo y otros s/ Recurso de casación Causa n. : 1919.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-10

En efecto el Código vigente establece tres pautas que hay que tener en cuenta para la fijación de las penas de multa, a saber a) la escala general conminada abstractamente por la ley en la parte especial, para la multa principal y en la parte general -art. 22 bis del C.P.- para la multa complementaria, b) las circunstancias de los arts. 40 y 41 del C.P. y c) la situación económica del penado (art. 21 del C.P.). La primera regla sólo merece concideración especial en relación entre la multa principal y complementaria, la segunda se refiere a las pautas atenuantes y agravantes que habran de incidir en la mensuración de la pena y la regla referida a la situación económica del penado es válida, tal como se puntualiza, sólo para la multa complementaria. (Voto del Dr. Fégoli).
Pensiones, personas con discapacidad, competencia previsional, situación de vulnerabilidad
Materia: CONSTITUCIONAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Giménez, Rosa Elisabe c/ Comisión Médica Central y/o ANSeS s/ recurso directo ley 24.241
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-07-15

La Cámara Federal de la Seguridad Social tiene su sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y concentra la totalidad de las apelaciones ordinarias deducidas en las causas previsionales que se inician en todo el país, por lo que cualquier adulto mayor o persona incapacitada de trabajar que decida impugnar judicialmente actos de la Administración Nacional de la Seguridad Social debe litigar allí; lo que conduce a que personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad y formulan pretensiones de carácter alimentario, que se relacionan con su subsistencia y su mejor calidad de vida, se ven compelidas a acudir a tribunales que distan centenares o miles de kilómetros del lugar donde residen, debiendo afrontar los costos que el cambio de sede implica (Voto de la jueza Highton de Nolasco). -Del dictamen de la Procuración General al que el voto remite-
Proceso penal, ejecución de la pena, prisión domiciliaria
Materia: PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Colombre, Raúl Ramón s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Carlos R. Vera en Expte. Nº 578 - Colombre, Raúl Ramón s/ prisión domiciliaria - Capital
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-10-21

La prisión domiciliaria no constituye un cese de la pena impuesta ni su suspensión, sino como claramente surge de su nombre y de su ubicación en la legislación, se trata de una alternativa para situaciones especiales en las que los muros de la cárcel son sustituidos por un encierro en el domicilio fijado bajo el cuidado de otra persona o institución.

Resulta en definitiva, una atenuada modalidad de ejecución del encierro que implica la pena privativa de libertad (De La Rúa, Jorge, Código Penal Argentino, Parte General, Depalma, Bs. As., 2° ed., 1997, p. 143).

El instituto en cuestión, es uno de los que recepta el principio de trato humanitario en la ejecución de la pena, y tiene en el ámbito de la República Argentina expresa consagración normativa (C.N., art. 75 inc. 22; D.A.D.H., XXV; C.A.D.H. -Pacto de San José de Costa Rica-, art. 5, 2; P.I.D.C.P., art. 10; Conv. contra la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes - A.G., ONU, 10/12/84, Considerandos).

La atenuación de los efectos del encierro ha sido fruto de un anhelo que viene modernamente desde la Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948; las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Sentenciados (Ginebra, 1955) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Asamblea General ONU, 19 de diciembre de 1966, aprobada por la Rep. Argentina por ley 23.313), principios que fueron plasmados ya en el decreto 412/58 ratificado por la ley 14.467, actualmente contenido en forma expresa y profundizado por la ley 24.660 y sus modificatorias, en consonancia con otros documentos internacionales como las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas no Privativas de la Libertad (Reglas de Tokio, Dic. de 1990).
Juicio por delitos de acción privada, nulidad procesal, querella, acusación
Materia: PENAL
Carátula: GLAUSACH, ROBERTO ALEJANDRO s/ QUERELLA - CALUMNIAS - INJURIAS - REQUISITOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1976-07-13

Es nula la admisión de una querella criminal por delito de acción privada que no reúne las condiciones esenciales indispensables para darle trámite, por no ser una formal pieza acusatoria de la que pudieran derivar los demás actos procesales, al carecer de pedido concreto de condena.
Adopción, registro de adoptantes, competencia nacional, competencia provincial, ley nacional, adhesión provincial
Materia: PROCESAL
Carátula: O., A. B. y F., L. M. s/ GUARDA CON FINES DE ADOPCION s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2004-10-04

Nelly Minyersky y Lea Levi en oportunidad de comentar la Ley 25854, específicamente el art. 18*, resaltan que además de derogar el art. 2 de la ley 24779, invita, no obliga, a las provincias a adherir a la presente ley.

Concluyendo, respecto al registro, que la unicidad deviene en único, como sistema a nivel nacional, pero que debe ser integrado con las provincias; expresando que dicha adhesión podrá realizarse a través de un registro provincial preexistente o de creación de nuevos registros en aquellas jurisdicciones carentes de este sistema.

En este punto, destacan las mencionadas juristas, que si bien el Estado Nacional no puede invadir a las provincias que no tienen Registros de Aspirantes, lo cierto es que la ley les impone indirectamente la obligación de crearlos.

En tal orden de ideas, entiendo que el Registro Unico creado por la Ley 25854 adquirirá operatividad sólo en las jurisdicciones locales que se adhieran al sistema implementado por él. Si, por hipótesis ninguna lo hiciera, dicho Registro carecería de un ámbito territorial de aplicación.
Recurso de casación, cuestiones de hecho y prueba, honorarios
Materia: CIVIL
Carátula: INCIDENTE DE PRONTO PAGO EN AUTOS: BONACINA LTDA.S.A.C.I.F.I. s/ QUIEBRA-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-07-15

No son impugnables a través de este recurso extraordinario los pronunciamientos definitivos en materia de honorarios, tanto en lo referente al monto como a las pautas seguidas para dicha regulación, toda vez que su revisión implica el tratamiento de cuestiones de hecho y prueba, inimpugnables por esta vía.-
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, principio de congruencia, defensa en juicio
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Caraballo, Aníbal Francisco c/ Ferrocarriles Argentinos. s/ recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-10-10

Si bien los agravios de la recurrente remiten al examen de cuestiones fácticas y de derecho común y procesal, materia ajena -como regla y por su naturaleza- al recurso extraordinario, tal circunstancia no constituye óbice para ello cuando la alzada ha hecho valer una circunstancia no invocada por la demandada con apartamiento del principio de congruencia y mengua del derecho de defensa en juicio (Disidencia de los Dres. Julio S. Nazareno, Eduardo Moliné O'Connor, Guillermo A. F. López y Adolfo Roberto Vázquez).
Proceso contravencional, suspensión del juicio a prueba, reglas de conducta, nulidad procesal, donación, extinción de la acción contravencional
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Diaz, Patricio Sebastian s/ Infr. Art 81 Ley 1472- Apelación.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-14

En el caso, correspondería declarar la nulidad de la regla de conducta impuesta al probado, consistente en donar "leche en polvo" a un hospital ante la falta de un ofrecimiento expreso por parte del imputado. En efecto, el contrato de donación no puede prescindir del elemento voluntad, propio de quien procura transmitir en forma gratuita el dominio de una cosa a otra persona, toda vez que, de hacerlo, dejaría ya de ser una "liberalidad" y perdería por completo su esencia.

Sin embargo, atento a que el probado a cumplido con las restantes reglas de conducta, y que la regla viciada no sólo no resulta exigible, sino que no puede ser remplazada por ninguna otra sin que ello implique inmiscuirse en etapas procesales precluídas, corresponde declarar extinguida la accion.
Constitución Nacional, competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, Estados extranjeros, organismos internacionales, Naciones Unidas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Romero, Esther Elena y otro c/ Estado Nacional (Adm. Central - Mrio. de Defensa EMGE.) s/ proceso de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-12

Si los estados extranjeros no revisten calidad de aforados a los efectos del art. 117 de la Constitución Nacional, no pueden encontrarse en mejor situación, ni gozar de distintos privilegios, los organismos internacionales creados por voluntad de esos estados, como las Naciones Unidas.
Nombre, inscripción de nombre
Materia: CIVIL
Carátula: CAVALLERO, Hugo Javier c/ REGISTRO ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS s/ RECURSO REGISTRO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-15

Disidencia del Dr. Fermé:El nombre se encuentra expresado en un lenguaje, y el lenguaje -junto con todas sus disciplinas explicativas- está en constante evolución, como la sociedad entera.

Este devenir debe ser receptado y merece admitirse, como todo producto resultante de la cultura. Así deben acogerse las nuevas necesidades de los hablantes, la mutación de sus gustos y valoraciones.-
Abogados, sanciones disciplinarias, prevención, expresiones incorrectas
Materia: PROCESAL
Carátula: Piazzesi, Graciela Beatriz y otros c/ Gobierno de la Provincia de Santa Fe s/ Recurso de Amparo (Expte. CSJ Nº 510-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-10-27

Siendo que en un caso anterior, la Corte dispuso aplicar a los mismos profesionales que intervienen en el presente la sanción de prevención por considerar que las expresiones vertidas en el curso de sus postulaciones configuraban falta de respeto a la autoridad e investidura del Tribunal, y que en el caso en estudio los mismos profesionales han incurrido en excesos verbales de similar tenor, corresponde ordenar se extraigan fotocopias certificadas de dichos escritos -que se reservarán en Secretaría-, proceder a su desglose y devolución, por resultar ofensivos e indecorosos y estar impregnados en su totalidad de un ánimo agraviante, dejándose nota sumaria del pedido (artículo 22, del Código Procesal Civil y Comercial).
Mora, constitución en mora, obligaciones recíprocas
Materia: CIVIL
Carátula: Sánchez Castro , Alejo c/ Comisión Municipal de la Vivienda. s/ escrituración.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-07

Al subsistir el estado de mora de una de las partes contratantes, esta se encuentra inhabilitada para constituir a su vez en mora a la otra.
Locación de inmuebles, daños en el inmueble, obligaciones del locatario, reparación de la cosa, obligaciones del locador, constancia de los deterioros
Materia: CIVIL
Carátula: MIRKIN, Jorge Leonardo c/ LAMBERT DOUGLAS W. y otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-21

No puede aseverarse que la negligencia del inquilino no hubiere concurrido para determinar causalmente la grave situación verificada en el inmueble para la época de la devolución de su tenencia, pues no puede soslayarse que el inquilino conocía o debía conocer los deterioros que, paulatinamente, se ponían de manifiesto, incumbiéndole, en consecuencia, la obligación de avisar al locador, a la brevedad, de modo de facilitarle la posibilidad de repararlos, aún cuando no se tratara de aquella situación para la que prescribe el art. 1573 del Código Civil.-
Prueba confesional, personas jurídicas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Aldunate s/ Quiebra. Incidente de revisión en autos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-09-09

Del art. 404 del Cód. Procesal no surge necesariamente que la intervención en los hechos deba haber sido personal, sino simplemente que la persona jurídica pueda oponerse a que absuelva la originalmente elegida por no haber intervenido ésta personalmente o no haber tenido conocimiento directo de los hechos (doc. incs. 1 y 2 del art. 404 del cód. cit.). Pero la consecuencia de no haber pedido la sustitución en tal caso o si habiéndolo hecho la absolvente manifestara ignorancia de los hechos es que se tendrá por confesa a la parte que representa. Es decir que la absolución es pertinente se haya tenido intervención personal o no, conocimiento directo o no, con la sola consecuencia que acarrearía la manifestación de ignorancia de los hechos (art. 404 in fine del CPCC, y ello porque es necesario que alguien absuelva al respecto. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Responsabilidad internacional del Estado, corrupción
Materia: PENAL
Carátula: Vazquez , Manuel c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-11-25

Es política del Estado Argentino Nacional la lucha y el compromiso ante la comunidad internacional de prevenir, investigar, enjuiciar y sancionar a las personas encontradas culpables de estos delitos, con el objeto de erradicar los actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y los vinculados con tal ejercicio (arts. 2º y 3ºinc. 9 de la Convención Interamericana contra la Corrupción y ensimilar sentido, art. 1º de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción).
Recurso de apelación (procesal), actos y diligencias procesales, caducidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Heide Juan Pablo c/ Fornari Carlos Daniel s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-22

Si el actor efectuó una apelación, acompañando una segunda al día siguiente como ampliación de la primera y siendo ambas concedidas de manera conjunta por el juzgado, procede el tratamiento de los agravios deducidos dentro del plazo legal en cuanto estos no sean contradictorios. No puede hablarse de consumación del acto procesal, pues las caducidades nacen exclusivamente de la ley -art. 259 L.C.T., que trasciende de lo material a lo instrumental- y por lo tanto descalifica la supuesta caducidad. Si bien los plazos de la ley procesal son improrrogables, su disminución no puede provenir de igual manera de una decisión judicial, sin correr riesgo de lesionar el derecho de defensa (art. 18, C.N.). Esta postura es concordante con la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Colalillo". (Del voto del Dr. Simón, en mayoría).
Contrato de trabajo, trabajadores de la construcción, subcontratación laboral, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: Orellana Hugo Rolando c/ Barter GrouP S.A. y otro s/ ley 22250.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-29

El incumplimiento de los deberes de control establecidos por el art. 30 LCT no habilita la solidaridad de la ley 22.250, así tampoco, por si sólo, la del régimen general de la LCT. El sólo incumplimiento de las reglas de control introducidas por la ley 25.013 en el art. 30 LCT no activa la responsabilidad vicaria puesto que para ello se requiere la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el primer párrafo. La intención del legislador no fue condicionar la solidaridad a que se produzcan estos incumplimientos ni crear una fuente adicional de responsabilidad solidaria, sino que meramente buscó establecer con claridad el rol vigilante que le cabe al empresario principal (cedente y/o contratante) que cede su establecimiento o parte de éste o bien delega actividades que forman parte de su objeto específico, así como darle derechos para defenderse ante la posible responsabilidad vicaria o en garantía que podría tener que asumir luego.
Daños y perjuicios, prueba, carga de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Kraver de Herken, Ines Lidia c/ Hernandez, Juan s/ Daños y Perjuicios Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1986-08-28

Será la diligencia y el éxito probatorio del agente demandado el que lo eximirá o no de responder, cuando se ha preocupado por traer a quien juzga autor verdadero y logra convencer sobre su responsabilidad al juez. Si nada de ello hace o lo hace "mal", deberá cargar con la indemnización.
Marina Mercante Nacional, resoluciones, nulidad del acto administrativo, delegación de facultades a la Administración, procedimiento administrativo, procedimientos administrativos especiales, revisión judicial de actos administrativos, defensa en juicio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: AGRONORTE  S.A.C.I.F. c/ MINISTERIO DE OBRAS Y SERV. PUB. -SEC. MARINA MERCANTE- s/ RECURSO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-02-14

Debe desestimarse el planteo de nulidad contra la resolución del Secretario de la Marina Mercante que resolvió el reclamo previsto por el art. 6 de la ley 18.250 con la modificación introducida por la Ley N. 19.877 en virtud de la delegación de facultades por parte de la autoridad de aplicación de la ley de reservas de cargas Ministerio de Obras y Servicios Públicos-, según el art. 2 de la resol. MOSP N. 106/86.

La desestimación del reclamo deja a salvo el derecho de recurrir ante la Cámara (conf. art. 1 de la Ley 19.877), preservando así el derecho de defensa y el contralor judicial de dicho acto administrativo, y se trata de un procedimiento especial que prevalece sobre las normas de la ley 19.549.
Jubilaciones, haber jubilatorio, Poder Judicial, remuneración
Materia: ADMINISTRATIVO - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: SCALI, JOSE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      CSJ EXPTE NRO 240-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-05-03

A pesar de su denominación, la "bonificación adicional en concepto de complemento por ubicación no escalafonaria" que establece la ley 9239 para el personal obrero, de maestranza y de servicio del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe, en realidad constituye un aumento de la remuneración que "retribuye el servicio" del agente (según lo exige el artículo 70 de la ley 6915), siguiendo una política legislativa en cuya virtud, diversos adicionales de la retribución de agentes estatales no son considerados "sueldos", a consecuencia de cambios en la estructura remunerativa (ver dictamen del Procurador del Tesoro de la Nación en la causa "Bisso").
Recurso extraordinario, cuestión federal, derechos y garantías constitucionales, debido proceso, interpretación de normas y actos locales
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Maidana de Zumarraga, Stella María Luisa c/ Municipalidad de Chascomús. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-04

Existe cuestión federal suficiente, no obstante tratarse del examen de cuestiones de derecho público local, si la resolución que es objeto del recurso extraordinario incurre en un notable cercenamiento de la garantía constitucional del debido proceso (art.

18 de la Constitución Nacional).