Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-10-31


SENTENCIA DEFINITIVA N° 64505 SALA VI Expediente Nro.: 36.881/2007 (Juzg. N° 50) AUTOS: "JAÑEZ GUILLERMO ROBERTO C/ DISTRIBUIDORA DE CERVEZA DISTRI CER S.A. Y OTRO S/ DESPIDO" Buenos Aires, 31 de octubre de 2012 VISTO Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires reunidos los integrantes de la Sala VI a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicando el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

EL DOCTOR LUIS A. RAFFAGHELLI DIJO:

La sentencia de primera instancia (fs. 667/671) que rechazó la demanda entablada viene apelada por la parte actora en lo que hace al fondo de la cuestión según el escrito de fs. 675/684 cuyos agravios recibieron réplica de la contraparte a fs. 690/693.

En materia de honorarios, a fs. 674 el letrado de las demandadas cuestiona los regulados a su favor, por considerarlos reducidos.

La parte actora se agravia porque la Sra. Jueza "a quo", luego de merituar la prueba producida, concluyó que entre las partes no medió una vinculación de carácter laboral.

El actor cuestiona esta decisión, centrando sus agravios en la valoración de la prueba colectada en autos. Al respecto, argumenta que la sentenciante dio especial relevancia al principio de subordinación, soslayando otras características, indicios y pruebas que surgen de autos y que conducen a tipificar el contrato como laboral. Asimismo, se queja porque la magistrada concluyó que en el caso de autos, la presunción del art. 23 de la LCT no adquiere una dimensión determinante.	Para comenzar, observo que está fuera de discusión que el actor -de profesión contador público- se vinculó con la empresa Distri Cer S.A., a partir del mes de marzo de 1997, cuando comenzó a asesorarla contablemente ya que en este punto, tengo en cuenta el reconocimiento efectuado al contestar demanda por la propia empresa (fs. 149).

A partir de lo expuesto, cabe presumir la existencia de un contrato laboral -por encima de las apariencias y de las formas adoptadas- en los términos del art. 23 de la LCT, salvo que la demandada demuestre que esos servicios no tipifican una relación laboral dependiente.

La sola condición de que el actor sea un profesional, no es incompatible con la existencia de una relación de dependencia laboral y puede constituir un contrato de trabajo cuando se desarrolla como función de colaboración permanente, con vínculo continuado y con sujeción del trabajador a los poderes del empresario.

Al respecto, considero que los testigos Naccaratto (fs. 380/381), Dignani (fs. 392/395) y Gonzalez (fs. 396) corroboran la prestación de tareas del actor a favor de la accionada en calidad de contador. En efecto, todos coinciden en señalar que el actor se ocupaba de la parte contable de la demandada y que efectuaba la liquidación de sueldos, aspecto que se corrobora con lo declarado puntualmente por Naccaratto en cuanto a que en varias ocasiones le suministraba información al actor respecto de los empleados que faltaban porque Jañez la necesitaba para confeccionar los recibos de sueldo.

Los testigos hacen hincapié en que el actor no recibía órdenes de nadie pues puntualmente Dignani declaró que ".en Districer el actor no recibía órdenes de persona alguna, que el testigo siempre vio al actor solicitando información a los empleados." y en este aspecto su declaración es coincidente con la de Gonzalez. No obstante ello, aún cuando se tuviera por acreditado que el actor no recibía directivas técnicas sobre el modo en que debía cumplir la prestación a su cargo, esa circunstancia no habilitaría a considerar que el vínculo carecía de subordinación.	Considero que, tratándose de un profesional especializado en la materia para la que fue contratado, parece razonable que el actor no requiriera de directivas técnicas para el desempeño de su actividad toda vez que se trata del desarrollo de una tarea propia para cual ha sido universitariamente capacitado.

Por otra parte, Naccarato explicó que el actor iba una vez por semana a la empresa, que llegaba a las nueve de la mañana y que se retiraba a las doce, doce y media del mediodía. Dignani sostuvo que en varias oportunidades coincidieron en la empresa ya que el testigo iba dos o tres días por mes y allí encontraba a Jañez, pero tampoco sería obstáculo para determinar la existencia de una relación laboral dependiente el hecho de que no cumpliera un horario fijo, dado que además de no ser, el cumplimiento de un determinado horario, una nota distintiva del contrato de trabajo, su fijación resulta irrelevante en casos como el presente en que la remuneración no se determinaba en función del tiempo durante el cual el empleado pone su capacidad de trabajo (conf. Krotoschin, "Tratado de Derecho del Trabajo" Tomo I, pág. 260, 41 "d").

Destaco que en mi parecer, carece de relevancia que el trabajador haya extendido facturas por sus servicios y que percibiera honorarios a cambio de su prestación, ya que frente al denominado "principio de primacía de la realidad" que juzgo aplicable en materia laboral, válidamente puede concluirse que la entrega de dicha documentación así como la inscripción como autónomo constituyen exigencias formales del empleador para eludir la aplicación de las normas legales que resultan indisponibles para las partes.

Por esta razón, no le adjudico valor determinante -en contraposición a lo decidido en la sentencia de grado- a la prueba informativa dirigida a la AFIP pues, mas allá del preexistente y aun concomitante ejercicio de actividades autónomas, bien puede suceder que una persona trabaje en parte de su tiempo como dependiente y que a la par, ejerza liberalmente su profesión, máxime teniendo en cuenta que la exclusividad no es una nota típica de las relaciones de naturaleza laboral.

Por lo expuesto hasta aquí, en mi opinión cabe concluir que la demandada no ha producido prueba conducente para revertir los efectos de la presunción del art. 23 L.C.T., y por el contrario, de la prueba recabada surgen elementos que me llevan a corroborar que entre las partes efectivamente ha existido un contrato de trabajo, ya que los testimonios producidos a instancias del actor dan cuenta de que Jañez enajenó parte de su actividad personal a favor de la demandada -quien sentaba las pautas organizativas- en el marco preciso de su objeto y cumpliendo tareas dentro del establecimiento de aquel, extremos que potencian la presunción aludida.

Considero que no puede atribuirse el efecto pretendido por las accionadas al acuerdo de desvinculación que aportaron a fs. 141, sin perjuicio de lo cual y en virtud del reconocimiento efectuado por el actor, habrá de descontarse la suma de $25.000 percibida por él.

En este contexto, entiendo que la negativa de la relación laboral por parte de la demandada constituyó injuria en los términos del art. 242, LCT que llevó a Jañez a extinguir el vínculo en forma justificada y lo hace acreedor de las indemnizaciones reclamadas.

Por tanto, de prosperar mi voto, propongo que se revoque el fallo apelado y se haga lugar a la demanda, considerando dependiente el vínculo que uniera a las partes, por aplicación de la presunción del art. 55 de la LCT, entre el 1 de marzo de 1997 y el 12 de enero de 2006 y la remuneración denunciada de $1733.- Corresponde hacer lugar a los salarios adeudados por los meses de noviembre y diciembre 2005; SAC 2005/2006 y vacaciones proporcionales más SAC, toda vez que su procedencia deriva lógicamente de lo resuelto, sin que la accionada haya acreditado su pago (art. 138 LCT). También corresponde hacer lugar a la indemnización prevista por el art. 16 de la ley 25.561, vigente al momento de la extinción de la relación.

Asimismo, cabe diferir a condena la indemnización prevista en el art. 2 de la ley 25.323 dado que, se encuentran reunidos en autos los presupuestos fácticos para la aplicación de dicha norma.

Ahora bien, atento a la facultad que concede a los jueces, la segunda parte del artículo en cuestión, considero que resulta adecuado reducir aquella indemnización al 50%, pues en el caso particular de autos, es razonable sostener que si la magistrada de grado concluyó que no se configuraba una relación de naturaleza laboral, bien pudo haberse generado en la demandada la duda razonable acerca de la aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo.

No procederán las indemnizaciones fundadas en la Ley 24.013 pues el actor no cumplió con la intimación que requiere el art. 11 de ese ordenamiento. En cambio, atento la clandestinidad de la relación y el reclamo subsidiario en los términos del art. 1 de la ley 25.323, corresponde condenar a la empleadora al pago de dicho resarcimiento.

La indemnización del art. 45 de la ley 25.345 resulta procedente toda vez que deben considerarse reunidos en el caso los presupuestos fácticos de aplicación de la norma ya que la intimación que a tal efecto efectuara el actor en el telegrama colacionado en el que se considerara despedido, resulta suficiente para tener por cumplido el requisito impuesto por la norma legal.

En atención a lo aquí decidido y en cuanto a la responsabilidad de Elsa Graciela Etchelar observo que del poder acompañado en el conteste a fs. 29 surge su calidad de Presidente de Distribuidora de Cerveza Distri Cer S.A..

Frente a ello, cabe concluir que resulta responsable solidariamente con la empresa demandada por la condena de autos pues habiéndose comprobado la ausencia de registración de la relación se han violentado disposiciones fundamentales de la ley laboral y previsional, lo que permite la aplicación al caso los arts. 59 y 274 de la Ley de Sociedades Comerciales.

Por lo expuesto, de prosperar mi voto, propongo diferir a condena los siguientes rubros y montos: 1) Indemnización por antigüedad: $ 15.597; 2) Preaviso con SAC: $3754,83; 3) Integración mes de despido: $1039,79; 4) SAC adeudados 2005/2006: $3.466; 5) Salarios Vacaciones Proporcionales 2006 $1455,72; 6) Art. 1 Ley 25.323 $15.597; 7) Art. 16 Ley 25.561 $7.795,50; 8) Art. 45 Ley 25.345: $5.199; 9) Art. 2 Ley 25.323 $5.097,65; ascendiendo el total de condena a la suma de $59.003.- Dicha suma deberá llevar intereses desde su exigibilidad y hasta el efectivo pago, a la tasa activa que cobra el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos (Acta C.N.A.T. N° 2357).

Resulta procedente condenar a la demandada a entregar al actor las certificaciones dispuestas en el art. 80 de la L.C.T., en el plazo de cinco días de notificada de la intimación que a tal efecto se le realizará, en la oportunidad del art. 132 de la L.O., bajo apercibimiento de la aplicación de astreintes de $100 por cada día de retraso, que correrán durante sesenta días, transcurridos los cuales sin que se haya dado cumplimiento a lo dispuesto, las mismas serán extendidas por el Juzgado, de acuerdo a las constancias de autos, y sin perjuicio de las astreintes devengadas.

Ante el nuevo resultado del litigio y de acuerdo a lo dispuesto en el art. 279 del CPCCN, corresponde dictar un nuevo pronunciamiento en materia de costas y honorarios, por lo que los recursos de fs. 674 y fs. 684 devienen abstractos.

Las costas de ambas instancias corresponden que se impongan a las demandadas vencidas (art. 68 CPCCN), a cuyo efecto propongo regular los honorarios de los letrados de la parte actora, demandadas y perito contadora en el 16%, 13% y 6% del monto total de condena más intereses, respectivamente, por la labor en primera instancia.

Los de alzada correspondientes a los letrados intervinientes a fs. 675 y fs. 690 propongo que se fijen en el 25% de lo que les corresponde percibir por su actuación en la instancia previa.

EL DOCTOR JUAN CARLOS FERNANDEZ MADRID DIJO:

Que adhiero al voto que antecede.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 de la ley 18.345) el Tribunal RESUELVE: I) Revocar la sentencia de grado y hacer lugar a la demanda entablada por el actor contra Districer S.A. y contra Elsa Graciela Etchelar por la suma de $59.003.- con más los intereses dispuestos en el considerando respectivo; II) Condenar a la demandada a entregar al actor las certificaciones dispuestas en el art. 80 de la L.C.T., en el plazo de cinco días de notificada de la intimación que a tal efecto se le realizará, en la oportunidad del art. 132 de la L.O., bajo apercibimiento de la aplicación de astreintes de $100 por cada día de retraso, que correrán durante sesenta días, transcurridos los cuales sin que se haya dado cumplimiento a lo dispuesto, las mismas serán extendidas por el Juzgado, de acuerdo a las constancias de autos, y sin perjuicio de las astreintes devengadas; III) Imponer las costas de ambas instancias a cargo de las demandadas vencidas (conf. art. 68, CPCCN); IV) Regular los honorarios de los letrados de la parte actora, demandadas y perito contadora en el 16%, 13% y 6% del monto total de condena más intereses, respectivamente, por la labor en primera instancia; V) Fijar los honorarios de alzada correspondientes a los letrados intervinientes a fs. 675 y fs. 690 en el 25% de lo que les corresponde percibir por su actuación en la instancia previa.

Regístrese, notifíquese y vuelvan.

LUIS A. RAFFAGHELLI JUEZ DE CAMARA JUAN CARLOS FERNANDEZ MADRID JUEZ DE CAMARA