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Confirmación de sentencia, juicio ejecutivo, nulidad de la ejecución, intimación de pago, crédito inexistente, embargo, sentencia de trance y remate
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Murana SA c/ Genobras SRL s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-28

Procede confirmar la resolución que rechazó el planteo de nulidad de la ejecución. Ello por cuanto, dicha nulidad sólo se puede declarar bajo las circunstancias previstas en el CPR 545 (no haberse hecho legalmente la intimación de pago o en el incumplimiento de las normas establecidas para la preparación de la vía ejecutiva), las que no se verifican en la especie. Véase, que la apelante no cuestionó la validez de ningún acto en particular, sino que su planteo se sustentó en el hecho de que la deuda habría devenido en "inexistente" antes de la intimación de pago frente a su cancelación con el embargo de dinero ordenado en estas actuaciones. Ahora bien, el juicio ejecutivo permite que en forma preliminar se pueda trabar embargo sobre bienes del deudor, siendo luego la intimación de pago, la citación para oponer excepciones y la sentencia trámites irrenunciables del proceso (cfr. CPR 543). En realidad, la deuda no se canceló con la mera traba del embargo, sino que ello sólo importó la retención cautelar de los fondos, resultando necesario para su cobro el dictado de la sentencia de trance y remate, la posterior liquidación del crédito y su pertinente aprobación judicial (cfr. CPR 561).
Recurso de casación penal, apreciación de la prueba, in dubio pro reo, improcedencia del recurso
Materia: PENAL
Carátula: MINCIOTTI, MARIA CRISTINA s/ RECURSO DE CASACION - Causa: 566
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-30

La duda llega a la máxima expresión de su alcance en el dictado de la sentencia definitiva. Es en éste último momento cuando se evidencia con toda su amplitud el principio previsto en el art. 3 del c.P.P.N., Pues el sistema jurídico vigente requiere que el tribunal, para poder condenar, logre obtener de la prueba reunida en el juicio la certeza acerca de la culpabilidad del acusado. De ello se sigue que en caso de incertidumbre, éste deberá ser absuelto: "in dubio pro reo", aún ante la probabilidad sobre la responsabilidad penal del imputado.

(Voto del Dr. Hornos).
Beneficios previsionales, honorarios del abogado
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Prato, Osvaldo c/ CASSABA y otros s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-07-07

La ley local nro. 1.181, fijó como hecho imponible la percepción de los honorarios, hecho de verificación instantánea, que establece legítimamente, quizás de modo implícito pero de manera indudable, la base imponible y, a la vez, el momento preciso en el que debe considerarse acaecido el hecho sujeto a contribución previsional. (Voto del Sr. Juez Julio B. J. Maier, al que adhiere el Sr. Juez José O. Casás. En sentido concordante ver voto de la Sra. Jueza Ana María Conde).
Acto administrativo, policía, personal policial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MENDOZA, FERNANDO SEBASTIAN c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  Nº 466-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-12-30

Las "notas características" que componen los actos de valoración, se refieren a todos los elementos que pueden contribuir a formar el juicio, que en el caso refieren a la calificación del personal, sean o no susceptibles de apreciación discrecional. A su vez, pueden clasificarse en dos categorías: 1) notas informativas (de carácter objetivo) relativas a los datos personales y a los hechos que no comportan un juicio discrecional, sino una simple comprobación, como los que surgen de los artículos 25 a 31 y 41 del Reglamento del Régimen de Calificaciones Policiales -decreto 3655/84-; y 2) notas valorativas (de carácter discrecional) relativa a los datos que revelan concretamente las capacidades y aptitudes del empleado y que comportan un juicio de mérito, como las que resultan previstas en el artículo 21 del decreto citado.
Enfermedad accidente, várices
Materia: LABORAL
Carátula: TREJO DE SANDEN, DINA H. c/ AEROLINEAS ARGENTINAS s/ ACCIDENTE-LEY 9688
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-11

Revisten carácter vinculante las várices con las tareas realizadas por la trabajadora, concausalmente, en los casos que requieren escasa o nula deambulación. (Del voto del Dr. Capón Filas, en minoría).
Contrato de trabajo, subcontratación laboral, obligaciones solidarias, supermercado, actividad normal y específica propia del establecimiento
Materia: LABORAL
Carátula: Ferrero, Gerardo Rafael c/ Hiper Carnes S.R.L. y otro s/ ordinario - Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2012-03-21

El supermercado que tercerizaba el sector de carnicería en el establecimiento, resulta solidariamente responsable en los términos del art. 30 de la LCT respecto de quien se desempeñaba como vendedor en un stand de carnes, realizando ventas de mostrador y en góndolas, pues tales servicios corresponden a la actividad normal y especifica del empresario principal, cedente de un espacio físico, y resultan indispensables e inherentes al cumplimiento de los fines de la empresa.
Amenazas, antijuridicidad, teléfono celular, servicio SMS
Materia: PENAL
Carátula: B., H. s/ Amenazas (ex Juzg.Inst. Nº 6 S 12-09-0288) s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2012-09-18

Al analizar el texto del mensaje ("si yo no puedo disfrutar de mis hijas vos tampoco y tu familia menos q sea lo que dios diga vos lo provocastes") surge que, contrariamente a lo establecido en la sentencia, sí existe un anuncio de un mal o daño futuro, que estaría relacionado con alguna circunstancia que, si bien no ha sido precisada en el texto, ocasionaría el cese del disfrute de las hijas de la señora [.], tanto por parte de esta como de su familia.

Así, más allá de que haya sido formulado de manera vaga e imprecisa, como señala el a quo, el emisor presenta el mal futuro anunciado, que según el texto del mensaje habría sido provocado por la denunciante, como algo no solo posible, sino que necesariamente ocurrirá, y no puede dudarse de que resulta injusto o antijurídico, porque la querellante no está obligada legalmente (ni sus hijas ni demás familiares) a soportar lo anunciado.

Además, sin perjuicio de que se mencione a Dios -como quien decidiría la modalidad del perjuicio-, no caben dudas de que ese daño dependería de la voluntad del emisor y que tal referencia solo configura una frase coloquial de uso generalizado que en modo alguno le quita protagonismo a aquel en la eventual realización del mal futuro.

En otras palabras, si bien parece poner en manos de Dios, el destino o una fuerza superior el curso de los acontecimientos futuros, la expresión final ("vos lo provocaste") afirma que eso que va a pasar ha sido ocasionado por la conducta de la receptora del mensaje, de modo que puede entenderse que el agente conoce la causa de esos acontecimientos, por lo cual da implícitamente a entender que están en su ámbito de decisión o dominio.

Por otra parte, en el texto se advierte también un dejo de búsqueda de venganza por una situación cuya causa, como ya se sostuvo, se atribuye a la denunciante (fue quien la "provocó"), situación que se trataría del impedimento de contacto con las dos hijas que tienen en común ambos (de 12 y 8 años al momento de los hechos), tal como surge de la literalidad del mensaje ("si yo no puedo disfrutar de mis hijas").
Obligaciones de dar cantidades de cosas, obligaciones en moneda extranjera
Materia: CIVIL
Carátula: VARELA JOSE MARIA s/ SUCESION AB-INTESTATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-17

Ante el certificado de depósito en dólares, debe reintegrarse en principio igual cantidad de moneda de la misma especie y calidad por tratarse de una obligación de dar cantidades de cosas (arts. 607 y 617 del Código Civil), pudiendo el deudor, cuando la moneda extranjera no es considerada como cosa dineraria, liberarse abonando su equivalente en moneda nacional.

Al no existir un precepto legal expreso que establezca cual es el tipo de cambio que se debe aceptar, como también omisión de las partes en el convenio suscripto, debe aplicarse por analogía el art.

619 del Código Civil que indica el cambio que corre en el lugar al día del vencimiento de la obligación debiendo interpretarse que ha de tenerse en cuenta el cambio que rige el día en que efectivamente se realiza el pago de la deuda y no al tiempo del vencimiento.

Respecto al tipo de cotización a utilizarse, a partir de la Comunicación A Nro. 1091 del Banco Central de la República Argentina, dictada el 14/10/87 a partir del 15 de dicho mes y año, el valor del dólar será el que libremente se establezca de acuerdo al libre juego de la oferta y la demanda.-
Resolución administrativa, ley provincial
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Obispado de Posadas s/ Acción de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1987-06-15

Admitir que una resolución Municipal puede quebrantar una Ley dictada por la Legislatura Provincial, en uso de sus atribuciones, importaría aceptar que se priva a ésta de una facultad que la Constitución Provincial le ha conferido.
Sentencia, administración tributaria, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, revalúo inmobiliario
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Alvear Palace Hotel S.A. s/ recurso de inconstitucionalidad concedido y su acumulado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-04-16

La sentencia le impuso a la actora una carga que debió recaer en cabeza de la Administración, quien pretende revaluar con efectos retroactivos y, por tanto, debió explicar qué reformas ponderó para formular el revalúo (Voto del Dr. Luis F. Lozano).
Hurto de automotor, daño simple, concurso real, abandono de la cosa, automotor abandonado, automotor en vía pública
Materia: PENAL
Carátula: Godoy, M. s/ Robo - Defraudación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-08

El automóvil estacionado en la vía pública por su calidad y características de bien mueble registrable no puede considerarse perdido para su dueño, más cuando por sus condiciones no podía suponerse que había sido abandonado, por lo que, quienes intentaron sustraerlo, querían apoderarse de una cosa mueble que sabían ajena.

Dado que la fuerza empleada no fue apta para lograr el apoderamiento, intentándose luego un modo no violento, la conducta debe enmarcarse como hurto de automotor en grado de tentativa en concurso real con daño (art. 38 del decreto - ley 6.582/58 en función del art. 162 y 42 del C.P. y 55 y 183 del C.P.).
Jubilaciones, reciprocidad jubilatoria, ley nacional, Estado Provincial, aplicación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MOINE, NELIO FLORENCIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-11-20

Las distintas modificaciones introducidas por leyes dictadas por el Congreso de la Nación, no pueden ser interpretadas sin más como una modificación unilateral del convenio de reciprocidad, que debiera aplicarse en perjuicio de los derechos consagrados en el texto originario, en cuya instauración concurren las voluntades de la Nación y de las Provincias, en los que se refleja el carácter federal del mismo; y, en ese orden de ideas, conviene recordar que la Provincia de Santa Fe no ha denunciado el sistema legal instituido por el decreto 9316/46, por lo que se encuentra alcanzada por sus disposiciones, sin que el planteo de la recurrente basado en que la ley 14370 introdujo una modificación que no puede tener efecto vinculante para la Provincia de Santa Fe, en virtud de su adhesión previa, revele entidad constitucional al no lograr traspasar el umbral de la mera discrepancia con los fundamentos expuestos en el fallo, con sustento en los artículos 11 y 76 de la ley provincial 6915 y ley 10977, y -como se dijo- su permanencia en la sistema de reciprocidad, sin que legislativamente hubiese establecido una regla contraria. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Decreto Ley 9316/46; Ley 14370; Ley 6915, artículos 11 y 76; Ley 10977.
Intereses, impuestos, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: "Villar Arcangeli y Viñaras SH (TF 8168-I) c/ D.G.I".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-24

No resulta de aplicación la ley 23.549 a aquellos procesos que habiéndose iniciado con anterioridad a su vigencia 26/1/88 fueron juzgados por el Tribunal Fiscal de la Nación con posterioridad a esa fecha. (Del voto del juez Coviello, cons.

IV).
Recurso de casación, ejecución fiscal, nulidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN -DGR- c/ ACCESO NORTE S.R.L. s/ EJECUCION FISCAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-03-08

El recurso de casación y su correspondiente queja están dirigidos contra la sentencia que confirmó la decisión de primera instancia de rechazar un incidente de nulidad en el que el demandado pidió la nulidad de la intimación y de todas las notificaciones practicadas, incluso de las sentencias dictadas, argumentando que tales diligencias no habrían llegado a manos de las autoridades de la sociedad de responsabilidad limitada.

La sentencia que rechazó ese planteo, -a partir del cual se articulan diversas excepciones contra la ejecución-, no es definitiva en el proceso en los términos del art. 813 CPCC. Cabe señalar además que el recurrente no rebate adecuadamente el fundamento sentencial referido al domicilio del demandado y a su responsabilidad en lo que hace a las notificaciones que allí se practican, por lo que carece de suficiencia en esa cuestión fundamental.
Menores, personas con discapacidad, medidas cautelares, aplicación de la ley, tratamiento médico
Materia: CIVIL
Carátula: T. F., S. y otros c/ OSDE s/ Incidente de medida cautelar
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-03-23

El niño S.T.F. presenta un diagnóstico de déficit de HMG COA LYASA -acidemia orgánica neurometabolica- (confr. certificado de discapacidad), enfermedad genera un aminoácido que se encuentra en las proteínas llamado leucina, que no puede ser procesado de manera normal por un error genético. El régimen jurídico aplicable al caso, sumado a la enfermedad y al tratamiento prescripto a S.T.F., es lo que permite tener por configurada la verosimilitud en el derecho (superficialmente valorada en esta etapa del juicio) a tener acceso a profesionales e instituciones médicas dotados de los medios aptos para su tratamiento, máxime teniendo en cuenta la discapacidad que presenta el niño y OSDE no señaló (en su carta documento) cuales serían aquellos especialistas de su cartilla para tratar la patología del menor. Sin embargo, fue la médica tratante del menor -doctora Delfina Marchione, especialista en metabolismo y nutrición infantil-, quien señaló y recomendó cuales eran los especialistas para llevar a cabo el tratamiento.
Regímenes jubilatorios especiales, contadores públicos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Angueira de Fraga, Elsa Irma c/ Caja de Seguridad Social para Profesionales de Ciencias Económicas s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-11-23

Constituyendo el dec. ley 9963/83, un régimen previsional especial, toda vez que se halla destinado a los profesionales matriculados en Ciencias Económicas, el legislador ha previsto que sea su máxima autoridad -la Asamblea- quien sostenga o modifique el valor del punto con miras a la determinación del importe a pagar por incremento del beneficio previsional. Teniendo en cuenta que en el régimen del dec. ley 9963/83 la Asamblea se integra con todos los profesionales afiliados a la Caja (art.9), en virtud de lo cual sus decisiones obligan sin más a los mismos, cabe admitir, como en el caso, el reajuste en el monto del haber de la actora por excedentes de aportes practicado por el Directorio de la Caja en consonancia a lo resuelto por aquélla.
Municipalidad, personal municipal, retrogradación, acto administrativo, consentimiento, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Niizawa, Ricardo c/ Municipalidad de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 296-85)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-04-04

Aunque, en principio, el grado de coacción que pueda infringir una amenaza injusta pertenece al fuero íntimo del individuo, constituyendo un dato subjetivo variable de persona en persona (criterio de "Ruiz Díaz"), ello no habilita a prescindir por completo del hecho de que otros que vivieron circunstancias similares hayan reclamado administrativamente durante el lapso en que ellas subsistían, o incluso -como se ha probado en autos- inmediatamente después de dictado el acto administrativo respectivo. En suma, no puede prescindirse de la trascendencia que otros agentes le reconocieron a las supuestas "amenazas", pues ello también constituye un elemento que permite valorar la eficacia de los actos intimidatorios. Tal, por lo demás, el criterio que en definitiva subyace en otros precedentes de la Corte en los que el Tribunal valoró la circunstancia consistente en que el aducido riesgo habría sido asumido por otros dependientes de la Administración, que dedujeron reclamos de variada índole con éxito en cuanto a sus pretensiones.
Procedimiento administrativo, revisión judicial, accidentes de trabajo, actuaciones administrativas
Materia: LABORAL
Carátula: Fedczuk, Carlos O. c/ Garovaglio y Zorraquín S.A. y otro s/ Despido, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-04-14

El sistema creado por los arts. 21, 22 y 46 inc. 1) de la Ley de Riesgos de trabajo -y el Decreto reglamentario Nro. 717/96- restringe indebidamente el adecuado control judicial ulterior de las decisiones de las autoridades administrativas. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Derecho laboral, remuneración, sueldo anual complementario, pago de las vacaciones, base indemnizatoria, despido
Materia: LABORAL-CIVIL
Carátula: Guala, Luis Carlos c/ Impreba S.A. s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-07-12

En lo que refiere a la base de cálculo del pago de las vacaciones no gozadas, el sueldo anual complementario no puede integrarla pues este sólo opera sobre segmentos salariales, y no sobre rubros de naturaleza indemnizatoria (en el caso, "vacaciones no gozadas"). (Del voto concurrente del Dr. Corach, en mayoría).
Sentencia, principio de congruencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Castaño, Maria del Carmen c/ Zurro, Antonio A. y otra s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-10-09

La decisión de los jueces ha de ser congruente con la forma como ha quedado trabada la litis por lo que no pueden fallar "ultra petitum" (más allá de lo pedido), ni "extra petitum" (fuera de las pretensiones), ni tampoco "citra petitum" (omitiendo resolver sobre las pretensiones u oposiciones).-
Querellante, rol de querellante, falta de legitimación para obrar
Materia: PENAL
Carátula: Benadon, Jacobo s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-08-23

La declaración de nulidad oportunamente dictada no puede leerse de forma tal que implique exlcuir al BCRA de su carácter de parte querellante cuando todavía se encontraba en discusión aquélla, siendo que el recurso de apelación fue interpuesto dentro del plazo previsto para hacerlo y contando con legitimación activa para recurrir el auto de sobreseimiento.
Política criminal, pena de inhabilitación, oposición del fiscal, suspensión del juicio a prueba
Materia: PENAL
Carátula: Romero Jorge Leonardo s/ Recurso de Casacion
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-12-27

El ofrecimiento de autoinhabilitación por parte del imputado, constituye el medio para la obtención del beneficio mediante una solución alternativa a la pretensión punitiva estatal. Luego habrá que evaluar la razonabilidad del ofrecimiento ante la demostración, por parte del imputado del perjuicio concreto que podría acarrearle la autoinhabilitación, como sería el caso del cese de su actividad laboral. Carece de la debida fundamentación la oposición fiscal que no dio cuenta de alguna resolución de la Procuración General de la Nación que brinde sustento a las razones que expuso para oponerse, ni se advierte que dichas razones se adecuen a los criterios de política criminal delineados por tal autoridad. El voto concurrente agregó que la pena de inhabilitación no es obstáculo para la suspensión del proceso, a menos que esté prevista como pena exclusiva y que la autoinhabilitación no está prevista como una regla de conducta ya que no es una condición para la viabilidad del beneficio y aun cuando sea ofrecida voluntariamente, no corresponde tenerla presente porque las partes no pueden crear condiciones de procedibilidad no exigidas en la norma jurídica. La disidencia sostuvo que al haberse afectado el bien jurídico máximo como es la vida de una persona, las circunstancias en las que ocurrió el delito y su gravedad reclaman la realización de un debate oral y público en la que los familiares de la víctima y la sociedad puedan conocer los motivos por los que se desencadenó y la responsabilidad que le cupo al imputado.
Contrato de obra pública, desagio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Sardi Rebolledo Sociedad Colectiva c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-04-13

La prueba efectiva que autoriza la configuración de transferencia de ingresos en un contrato de obra pública por incidencias del "desagio" debe consistir en la acreditación del desequilibrio patrimonial padecido por el contratista en favor del comitente.
Cláusula penal, intereses punitorios
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Multicompras c/ Miselme, Jorge Luis s/ Cobro s. de australes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-03

Los intereses punitorios, que tienden a conminar y a la vez a penar o sancionar al deudor incumplidor, participan de la naturaleza de una pena civil, cuya particularidad está dada por la índole y el modo de fijarse o determinarse por las partes. Precisamente, como lo reconoce el propio apelante, los intereses punitorios tienen origen convencional, es decir, deben haber sido pactados. A su vez, las normas y comunicaciones del Banco Central de la República Argentina que el quejoso aducen que han sido vulneradas, expresamente establecen que "...las entidades financieras podrán cobrar en concepto de interés punitorio... Las condiciones de su aplicación deben ser pactadas en términos claros y precisos en los correspondientes contratos" (Comunicaciones A 476 y A 1162). Ello demuestra a las claras que deviene improcedente pretender que se condene al pago de intereses punitorios, si no se han pactado.

(Minoría u opinión personal)
Jurisdicción y competencia, competencia por la materia, transporte terrestre
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: Gabriel CANOVAS AMENGUAL c/ TRANSPORTES SAN FRANCISCO DE FRANCISCO DI GERONIMO s/ JURISDICCION  Y  COMPETENCIA  -  INTERVENCION  DE  LA CORTE SUPREMA -  COMPETENCIA  FEDERAL  -  FLETE - TRANSPORTE TERRESTRE INTERNACIONL  - COMERCIO EXTERIOR
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-08-19

El inc. b) del art. 55 de la ley 13.998 que atribuye competencia a los jueces federales con asiento en las provincias en lo concerniente a los medios de transporte terrestre ha de ser interpretada como la expresión de la reserva hecha por el Congreso a favor de la competencia de los tribunales nacionales en lo atinente a una materia sobre la cual, en cambio, no ha considerado necesario dictar una legislación federal específica.