marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Juicio oral, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Laserna, Rodolfo Enrique s/ Robo, hurto
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-05-17

El art. 286 del Código de Procedimiento Penal - según ley 3589 y sus modif.- sólo rige la valoración de la prueba en los procesos orales, de modo que su mención es irrelevante en el examen de un juicio escrito.
Partidos políticos, democracia
Materia: ELECTORAL
Carátula: Incidente de apelación c/ providencia de foja 6826 y vta., en autos Movimiento Popular Neuquino s/ pedido de personería (Expte. Nº 16 Fº 258 Año 1971)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-02-18

No hay gobierno republicano posible si la libertad de sufragio no empieza a ser ejercida por los ciudadanos dentro de las agrupaciones políticas. Es menester comenzar por el principio: organizar republicanamente los partidos para organizar republicanamente la Nación" (cf. Matienzo, Nicolás, "Lecciones de Derecho Constitucional", Bs. As., 1926, pág. 126). Se sostuvo también imperiosamente la organización de los mismos sobre la base de los principios democráticos, como requisito indispensable para el logro de su suprema finalidad" (cf. Linares Quintana, Segundo V., "Los partidos políticos. Instrumentos de gobierno", Ed. Alfa, Bs. As., 1945, pág. 181), puesto que "la democracia es tanto más perfecta cuanto más perfectos son los partidos políticos. Y la perfección [...] solamente puede conseguirse en la órbita política, con agrupaciones cívicas democráticamente organizadas" (cf. Linares Quintana, Segundo V., ob. cit., páginas 170 y 171 y Fallos CNE 3755/06 y 3768/06).
Juicio oral, audiencia
Materia: PENAL
Carátula: Gauna, Julio s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-02-09

No se transgrede el art. 282 del Código de Procedimiento Penal por la sola circunstancia de haberse desarrollado la audiencia en dos ocasiones consecutivas y no en un solo día, desde que ello no vulnera los principios de inmediatez y concentración de la prueba ni tampoco restan unidad al acto.
Beneficios previsionales, incidente de nulidad, agravio concreto
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "CIRIBE, VICTORIO MANUEL c/ A.N.Se.S.". s/ REAJUSTES VARIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-04-02

De acuerdo a lo dispuesto por el art. 172 del C.P.C.C., la parte que promoviere el incidente de nulidad deberá expresar el perjuicio sufrido y mencionar las defensas que no ha podido oponer, sin que sea suficiente para satisfacer tales exigencias la mera invocación de que el litigante ha sido privado del derecho de defensa en juicio, sin indicar concretamente de que modo habría influido el vicio alegando en el ejercicio de aquel derecho (cfr. C.S.J.N., sent. del 05.10.95, "Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica c/ Buenos Aires, Pcia. de"; ídem, "Fiscal c/ Waldo René Soto y otro", Fallos 323:929; ídem, "Acosta, Leonardo y otros", sent. del 04.05.00). En consecuencia, no habiéndose demostrado el perjuicio ocasionado, corresponde rechazar el planteo de nulidad articulado.
Daños y perjuicios, cosa riesgosa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lattanzi, Edgardo y otro c/ Ferreira, Guillermo y otro s/ Daños y perjuicios Giglio Antonio c/ Citoler José Luis s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-02-06|2000-02-08

En los casos de colisión entre dos cosas riesgosas como son los automotores en movimiento, cada dueño a cada guardián debe afrontar los gastos ocasionados al otro, salvo que demuestre que el accionar de la víctima, o de un tercero por el cual no debe responder, haya excluido o limitado su responsabilidad. Si el daño deriva del riesgo o vicio de la cosa, la culpa, la negligencia o la falta de previsión no constituye elementos exigidos por la norma para atribuir responsabilidad al dueño o guardián, a tal punto que su ausencia no los exime de ella.
Confirmación de sentencia, distribución de utilidades, concurso preventivo
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: South Media Investments SA c/  s/ concurso preventivo s/ incidente de apelación art. 250 cpr
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-16

Corresponde confirmar la decisión de la jueza concursal en cuanto ordenó, como directora del proceso y dentro de las facultades que la ley le otorga (LCQ 274), que las sumas correspondientes a las utilidades distribuidas por una sociedad anónima, de la cual la concursada es accionista, sean depositadas en la cuenta judicial perteneciente al concurso preventivo (en tanto la concursada es titular de esas utilidades), y no en la cuenta bancaria propuesta por la deudora, perteneciente a una sociedad controlada por ella.
Dominio privado del Estado, embargo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Delgadillo, Carlos Alberto y otros c/ Pcia. de Fsa. (Policía de la Pcia.) s/ Demanda contencioso-administrativa (Policía de la Pcia.) s/ Demanda contencioso-administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1997-04-28

La inembargabiidad de los fondos del tesoro provincial no impide que, en su momento oportuno, por aplicación del principio sentado en el artículo 42 del Código Civil, conforme al cual las personas jurídicas pueden ser demandadas y puede hacerse ejecución de sus bienes, pueda recaer dicha ejecución sobre los bienes de dominio privado de la Provincia enumerados en el artículo 2342 del mismo Código.
Daños y perjuicios, daño moral
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fachinotti, Raul Alberto c/ Reyes, Pedro Manuel María s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-08-12

Cuando se analiza el agravio a los legítimos intereses de la víctima causados por el hecho ilícito, sean delitos o cuasidelitos, el artículo 1078 del Código Civil preve imperativamente su reparación si así se lo demanda.Si se admite la existencia del hecho ilícito no se advierte la justicia de imponerle al accionante la obligación adicional de acreditar la existencia del daño moral que se presume consecuenica del hecho reconocido. La índole del daño es establecida por la sola realización del hecho dañoso que comporta la presunción de existencia de la lesión en los sentimientos "in re ipsa".
Impulso procesal, impulso de parte, caducidad de instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: C. SRL c/ A., A.M. s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-12-10

Conforme expresa disposición legal, la carga de urgir el procedimiento cesa cuando los procesos estuvieren pendientes de alguna resolución y la demora en dictarle fuere imputable al tribunal o se encuentren con llamamiento de autos.
Caducidad de instancia, declaración de oficio, economía procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: OBRA SOCIAL PERSONAL INDUSTRIA DEL VESTIDO Y AFINES c/ La Porta, Concepción Beatriz
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-29

El instituto de la caducidad no sólo encuentra base en la presunción de abandono de la instancia que configura el hecho de la inactividad procesal prolongada sino también en la conveniencia de que, en tales circunstancias, el órgano judicial sea liberado de los deberes que, eventualmente, le impone la subsistencia indefinida de la instancia.

Sin embargo, esta manera de dar fin al proceso se torna improcedente en una variedad de situaciones (en el caso, el ejecutante intimó de pago a su único contrario y éste, vencido el plazo para hacerlo, no se presentó oponiendo excepciones), pues resulta contrario al principio de economía declarar oficiosamente la caducidad, cuando ello sólo ocasionaría una duplicidad innecesaria de trámites.
Terminación del proceso, caducidad de instancia, interrupción de la caducidad, cómputo del plazo, prueba testimonial
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: RUIZ  Y  ORMAECHEA,  MIGUEL c/ LLOYDS  TSB BANK NA s/ BENEF. DELITIGAR SIN GASTOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-04-19

Resulta improcedente declarar la caducidad de la instancia en un beneficio de litigar sin gastos cuando, -como en el caso-, se verifica que se cumplió la prueba testimonial ofrecida en forma extrajudicial. Ello pues, si bien la actividad extrajudicial no interrumpe el plazo de la perención, pues para surtir tal efecto las mismas deben realizarse en el expediente, conforme con el principio del CPCCN art. 311-parr. 1 al ubicar el origen del plazo en la última petición de partes o actuación del tribunal aludiendo a una actividad cumplida ante el órgano jurisdiccional, sin embargo lo acontecido en la especie configura una excepción al mentado principio.
Recurso de inconstitucionalidad, apreciación de la prueba, fundamentación de sentencias, concurso preventivo, verificación de créditos, aval, fraude, carga de la prueba
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BASF ARGENTINA S.A. c/ VITOLA DE PUCCIARELLO, PATRICIA s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- CONCURSO PREVENTIVO- RECURSO DE REVISION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 566 AÑO 2005)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2007-02-21

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la Sentencia de la Alzada que - revocando la del inferior- admitió la revisión de la verificación del crédito solicitada con base en un aval cambiario argumentando con sustento en la doctrina de los precedentes "Translínea" y "Difry" que no era estricto probar la 'causa' de la emisión de dicho aval sino solamente demostrar que resulta lejana o imposible la posibilidad de que se está frente a un 'concilium fraudis'".

Ello por cuanto la cuestión del concilium fraudis no se erigía- ni se erige- en la ratio exclusiva y excluyente de la exigencia derivada del artículo 32 de la Ley de Concursos, que procura asegurar la "real existencia del crédito" insinuado en el concurso , estableciéndose claramente a tales fines un onus probandi en cabeza del acreedor que ha sido invertido por la Alzada de tal suerte que, en lugar de tener que probar el insinuante la causa, en definitiva se exige del concursado la prueba de la no-causa, en un resultado contra legem que participa de la hipótesis de la prescindencia del texto legal sin dar razón plausible, y que ha merecido incluso un explícito repudio por el Alto Tribunal de la Nación, al dejar sin efecto un pronunciamiento que consagraba "un notorio apartamiento de principios y normas aplicables al caso que establecen claramente a quien corresponde la carga de la prueba en la verificación de un crédito, trámite que constituye una verdadera demanda de conocimiento donde el acreedor es el que debe probar la existencia de la obligación, acompañando los títulos justificativos, y acreditar por tanto la causa fuente de su emisión (conf. primer y segundo apartado del art. 32 de la ley 24.522)", añadiendo -como un dato de importancia no menor, por cierto- que el reproche también se justificaba porque "además de alterar la naturaleza del proceso de verificación", el fallo ignora la circunstancia decisiva de que "el monto reconocido en el título no se corresponde con la causa de su emisión".
Apreciación de la prueba, prueba pericial, accidentes de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Otero, Leandro Emanuel c/ Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos s/ Accidente de Trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2020-04-27

Una presunción, salvo que sea iure et de iure, no puede prevalecer sobre (o "derrotar" para usar terminología de moda) la verdad objetiva que arrojan otros medios de directos de pruebas colectados en el expediente (Voto Ronconi. Adhesión Welp)
Retroactividad de la ley, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: Bellini, Paula Inés s/ reintegro asignación por matrimonio.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-10-24

Si bien en nuestro ordenamiento las leyes pueden tener efecto retroactivo, lo es bajo la condición obvia e inexcusable de que no se afecten garantías constitucionales.
Declaración de inconstitucionalidad, recurso de revisión (procesal), cancelación de la matrícula
Materia: PROCESAL
Carátula: Maiaru, Hugo Daniel c/ Colegio de Martilleros y Corredores de la Provincia de Buenos Aires s/ Recurso de revisión de colegios o consejos profesionales
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-04-24

La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata dictó sentencia en la causa, haciendo lugar al recurso directo articulado por la parte actora, declaró la inconstitucionalidad del art. 3 inc. a) de la ley 10.973 -texto según ley 14.085- y su inaplicabilidad a su respecto en el contexto analizado en la causa y, en consecuencia, revocó la resolución dictada por el Tribunal de Disciplina del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial de Azul, en tanto canceló la matrícula profesional del colegiado con sustento en la citada normativa.
Peritos, designación de perito, perito de parte, deudor
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: RAYNOLDI  ROXANA  MAGDALENA c/ CLINICA 19  DE  ENERO  y otros s/ responsabilidad médica.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-09-01

Si bien de las constancias adjuntadas a la causa (v. convenio de honorarios celebrado entre el consultor técnico y la actora), los emolumentos estarían a cargo de la contraparte, no es dudoso que es la actora quien se encuentra obligada al pago de los honorarios del consultor técnico que propusiera. Y lo habría estado inclusive con prescindencia de toda condenación en costas a su cargo, atento que sobre ella pesa la obligación de pago prevista en el art. 1627 del Código Civil. Ello es así porque a diferencia de lo que ocurre con el perito, que interviene merced a un nombramiento judicial previa aceptación del cargo, sujeto a causales de recusación y obligado a presentar un dictamen, el consultor técnico es elegido libremente por las partes (conf. esta Sala, causa 5786 del 6-10-93; Sala II, doctr. causa 6065 del 28-8-88), para que las asesore en ámbitos de la técnica ajenos al específico saber jurídico, constituyendo una figura estrictamente análoga a la del abogado (conf. Sala I, causa 5350 del 9-9-88 y sus citas; CNCom., Sala "D", El Derecho, 108-420), que no está sujeta a causales de recusación y cuya labor -presentación de un informe- es meramente facultativa. Y si bien su tarea puede tener valor para el esclarecimiento de los hechos controvertidos y ser de ayuda a la labor judicial (arg. art. 377 del Código Procesal), su actividad se vincula en primer lugar con la parte que lo propuso (conf. esta Sala causas 14.854/94 del 9-6-95 y 5368 del 15-3-88), por lo que ella puede ser demandada por el precio de su servicio, con independencia del resultado del pleito (arg. art. 1627 del Código Civil; esta Sala, causa 14.854/94 citada y Sala II, causa 7069 del 6-3-90).
Defraudación, estafa, tipo penal, vicio oculto
Materia: PENAL
Carátula: B., C. y Otros s/ Denuncia
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-10-17

En torno a la entrega de la cosa, pues si toda entrega en la que se altere la calidad de la cosa constituyera estafa, entonces la ley penal colisionaría con la ley civil, en cuanto exige cierto grado de diligencia por parte de quien la recibe, de lo que se deduce que para que la conducta configure estafa bajo este supuesto, es necesario un vicio oculto o disimulado.
Accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo, mora automática
Materia: LABORAL
Carátula: CHOCOBAR, Raúl Alberto c/ SALTA REFRESCOS S.A. y/o ANTORCHA S.A. CIA DE SEGUROS s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1994-09-02

Habiéndo tomado conocimiento, la empresa demandada y la compañía aseguradora, del importe de la liquidación correspondiente al accidente de trabajo, efectuada por la delegación del Ministerio del Trabajo, y no habiéndo depositado tal importe en término legal, incurrió en mora automática. Ante tal circunstancia no se puede admitir lo alegado por la empleadora en el sentido que no hubo colaboración de la actora para percibir el pago, o que el depósito efectuado fue remitido por error a otro Organismo demorando así su percepción por el trabajador.-
Recurso de apelación (procesal), tercera instancia, juicios en que la Nación es parte, carga procesal, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Fundación  Pérez  Companc c/ Estado Nacional -DGI- s/ Dirección General Impositiva.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-10-21

El incumplimiento de la carga procesal de acreditar el monto del agravio trae aparejada la improcedencia formal del recurso ordinario de apelación ante la Corte por ausencia de uno de los presupuestos esenciales de admisibilidad del recurso, sin que obste a esta decisión el hecho de que la alzada lo haya concedido.
Estafa, tarjeta de crédito
Materia: PENAL
Carátula: DIAZ MIGUEL ANGEL Y OTROS s/ ESTAFA - DELITO CONTINUADO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1990-06-14

Debe responder por el delito continuado de estafa (c.P., arts.

172 y 55 "a contrario sensu"), quien efectuó múltiples compras en distintos comercios, exhibiendo un documento de identidad falso y abonando con una tarjeta de crédito substraída, por cuanto si bien cada despojo, empíricamente, se ha presentado como una entidad propia y autónoma, jurídicamente no lo es en razón de que el perjuicio no ha sido múltiple, sino que ha recaído en un sólo y único pagador, la entidad emisora de la tarjeta de crédito.-
Recurso de inconstitucionalidad, derivación no razonada del derecho vigente, fondo de garantía, costas, aplicación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: DUARTE, JUAN c/ FRIGORIFICO EL BRIGADIER S.R.L. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-03-12

El pronunciamiento ahora impugnado no merece ser calificado como acto jurisdiccional, en tanto, teniendo en cuenta que el artículo 10, apartado 1° de la ley 9688, excluye específicamente de la obligación de pago que le atribuye al Fondo de Garantía a los intereses, costas y gastos causídicos generados por el reclamo de las indemnizaciones previstas en el mismo régimen legal, de ningún modo pueden considerarse incluidas en dicha excepción legal las costas generadas por el propio organismo público a raíz de los sucesivos incidentes que interpuso a partir de su participación en el juicio (con posterioridad al dictado de la sentencia y declaración de insolvencia del empleador condenado en costas), intentando cuestionar los montos y la forma de pago de los rubros a su cargo. (De la disidencia del Dr. Netri, a la que adhieren los Dres. Erbetta y Gutiérrez) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 9688, artículo 10, apartado 1.
Causas civiles, tipo penal, ley vigente
Materia: CIVIL
Carátula: RODRIGUEZ DE FLORES, MONICA ESTELA c/ CLAVIJO, ERNESTO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2005-07-01

Los tipos penales, si bien no son susceptibles de aplicarse específicamente en la causa civil, aportan ricos conceptos en el campo de los delitos civiles. En razón de no haber definido el Código Civil estas figuras, son aplicables los conceptos dados por el ordenamiento represivo.
Competencia del Superior Tribunal de Justicia, Consejo de la Magistratura, revisión judicial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Oyarzún, Adriana Mónica c/ Marcozzi, Osvaldo Favio y otros s/ Redargución de falsedad -Cuestión de competencia art. 6, Código  contencios administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-09-27

El Consejo de la Magistratura no es ninguna de las autoridades administrativas mencionadas por el art. 1 del Código de Procedimientos de lo Contencioso Administrativo y que, por tanto, sus decisiones no pueden ser cuestionadas a través de la vía contencioso administrativa. (Minoría u opinión personal)
Salarios caídos, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: MARQUEZANO DE ACCINELLI, MIRTA A. c/ MUNICIPALIDAD DE MONTE QUEMADO (DPTO. COPO) s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-09-25

Si el empleado público cesanteado omite demostrar que hubo razonable empeño de procurarse otra fuente de ingreso, el daño consistente en la pérdida de ingresos carece de relación causal, en relación al acto ilícito de la administración, para ser imputable a la propia conducta del reclamante (art. 1111 del Código Civil). Lo contrario, importaría colocar al cesanteado, en mejor situación que la que habría tenido de no mediar la cesantía -cobrar sin trabajar- produciéndose un evidente enriquecimiento incausado. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Domicilio especial, notificación
Materia: PROCESAL
Carátula: PLAN OVALO  S.A. c/ TARNOSKY DE PITA, ELSA HAYDEE s/ EJECUTIVO - DOMICILIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-15

El domicilio especial previsto en el artículo 101 del Código Civil, importa una excepción a las reglas generales que habrían de regir la determinación, del lugar de cumplimiento de la obligación y el de la jurisdicción ante la cual deberá dilucidarse las diferencias entre las partes (art. 102), y serán válidas todas las notificaciones que se practiquen en él. Por ello se le ha reconocido, a los fines procesales, los mismos efectos que al domicilio real, como lugar en el cual deberán diligenciarse aquellas.
Condena condicional, juez de ejecución, acumulación de penas
Materia: PENAL
Carátula: F., G. J. c/  s/ Abuso sexual
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-07-11

El art. 503 CPPN debe interpretarse, como literalmente y sin mayor esfuerzo de intelección se desprende de la norma, en el sentido de que la verificación del cumplimiento de las reglas de conducta como consecuencia de la imposición de una pena de ejecución condicional, así como también el decidir sobre su revocación, corresponde al juez de ejecución penal, salvo que tal revocación derive de un supuesto de acumulación de penas, en cuyo caso ello podrá ser ordenado por el tribunal de juicio que imponga tal acumulación, con base en el art. 27, primer párrafo, segunda oración, CP. (voto del juez Huarte Petite) Cita de "Mederos, Jorge s/ lesiones leves", CCC 50828/2017/TO1/CNC1, Sala 3, Reg. nro. 882/2019, resuelta el 3 de julio de 2019
Concursos, obligación de escriturar
Materia: COMERCIAL
Carátula: Cargil S.A. e/a: Dirección General Impositiva (D.G.I.) c/ Tecnosurco S.A.C.I.F.A. s/ Incidente de Revisión. Cargil S.A. e/a: Dirección General Impositiva (D.G.I.) c/ Tecnosurco S.A.C.I.F.A. s/ Incidente de Revisión.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1996-07-04|1996-07-04

No habiendo merecido objeción ni interrupción de ninguna naturaleza, el instrumento de cesión y dación de pago presentado por la acreedora de la causa -recurrente- al demandar la verificación de su crédito como obligación de hacer, de escrituración, corresponde conferirle la calidad de contrato, plenamente válido y eficaz, para requerir la escritura pública a efectos de transmitir el derecho real de dominio de beneficio de la peticionante, debiendo disponerse por ello, el otorgamiento de la peticionante Escritura Traslativa de dominio de los inmuebles individualizados en el mismo, en favor de la actora declarándose admisible el crédito como obligación de hacer escrituración, por considerarse cumplimentado a su respecto los requisitos de buena fe y pago total del precio, de los inmuebles, máxime que fueran entregados dichos bienes en pago de las acreencias de la incidentista, no requiriendo la Ley Concursal, la tradición ni la posesión de los mismos por parte del adquirente (art.146 de la citada norma).
Silencio, honorarios del abogado, prescripción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Di Palma, Lucio s/ Sucesión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-05-14

El silencio guardado por el abogado respecto del pedido que se formulara acerca de la prescripción de sus honorarios, no permite afirmar que aceptó dicho pedido de prescripción, puesto que no se trataba de ninguno de los supuestos previstos por el art. 919 del Código Civil, como para atribuir al silencio el carácter de una manifestación de voluntad.