Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL Y LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-10-03


2º Instancia. - Rafaela, octubre 3 de 2003.

1º ¿Es nula la sentencia apelada? 2º En caso contrario, ¿es ella justa? 3º ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir? 1º cuestión. - El doctor Berger dijo:

No habiendo sido sostenido el recurso de nulidad interpuesto a fs. 168 y no advirtiendo vicios que hagan procedente una declaración nulificatoria de oficio, a esta cuestión voto por la negativa.

El doctor Macagno dijo:

Que por idénticos fundamentos votó asimismo por la negativa a esta primera cuestión.

El doctor Roulet dijo:

Que, atento a la existencia de dos votos concordantes, se abstiene de emitir opinión (art. 26, ley 10.160).

2º cuestión. - El doctor Berger dijo:

I. La sentencia de primera instancia hace lugar a la demanda que entabló Jorge Rubén Leyes contra "H. B. Maquinarias S.A.", donde aquél reclamó el pago de las indemnizaciones por antigüedad y falta de preaviso, salarios caídos correspondientes a los días 10 al 16 de noviembre de 1998, durante los cuales el actor se ausentó por enfermedad, y salarios correspondientes a las suspensiones que se le aplicaron desde el 18 al 20 de noviembre de 1998 y desde el 24 al 28 de diciembre de ese año (fs. 162/164 vta.).

II. Al sostener el recurso de apelación interpuesto a fs. 168, la parte demandada invoca que el a quo le resta valor a los antecedentes del trabajador para haber dispuesto el despido, no obstante que del análisis de los mismos resulta evidente que el demandante, luego de su experiencia como delegado gremial, se convirtió en un pésimo empleado, coincidiendo en tal inteligencia el consentimiento del accionante con respecto a las sanciones diversas que le fueron aplicadas por la empresa; que el juez de primera instancia afirma dogmáticamente que no se acreditaron las causas que fueron invocadas en el telegrama de despido, no analizando lo que expresaron los testigos Soñez, Alessio, Córdoba, Zuber, Farías y Seguro, de cuyas declaraciones surge que era norma de la empresa exigir a los empleados la presentación de certificados médicos cuando estaban ausentes por enfermedad, que los dependientes debían presentar el parte diario de sus actividades y respetar las normas sobre seguridad industrial y que el comportamiento del actor no era bueno, habiendo incurrido en faltas de respeto, negativa a recibir los partes diarios y ser faltador a su trabajo, a todo lo cual se le deben agregar los pésimos antecedentes del demandante, quien solamente cuestionó una de las sanciones que le fueron aplicadas, habiéndolo hecho extemporáneamente; y que el sentenciante entendió que no se encuentran acreditadas las pautas que tuvo en cuenta la patronal para aplicar las suspensiones, no obstante que las mismas fueron demostradas, no habiéndose acreditado la entrega del certificado médico (fs. 190/192vta.).

Los agravios son contestados a fs. 195/199vta.

III. Paso a tratar el recurso:

1. Salarios del 10 al 16 de noviembre de 1998:

En tanto que en su expresión de agravios, con relación a este tema, la parte demandada no invoca que el certificado al que corresponde la fotocopia glosada a fs. 12, que fue reconocida por el doctor Marcelo Simili (2a. preg., 93), no sea idónea para acreditar que en el lapso del 10 al 16 de noviembre de 1998, el actor se encontró imposibilitado de ir a trabajar, y teniendo en cuenta que tampoco la accionada argumentó en la expresión de agravios que el trabajador no hubiera dado aviso de su enfermedad, habiéndose limitado a sostener que no corresponde el pago de esos días porque el demandante no acreditó haber presentado el certificado médico (ver fs. 191, líneas 14 a 17 y fs. 192, líneas 6 a 20); cabe concluir que se debe hacer lugar al reclamo por los haberes correspondientes al lapso mencionado.

Tal conclusión se funda en que, de acuerdo con lo que disponen los arts. 209 y 210, de la LCT, el trabajador solamente está obligado a dar aviso en el transcurso de la primera jornada y a someterse al control del facultativo designado por el empleador y en el caso de que éste no realice el control, debe los salarios porque se entiende que el incumplimiento de dicha carga lleva a admitir que consideró justificada la ausencia por enfermedad; debiéndose destacar que la carga de la presentación del certificado solamente la tiene el trabajador cuando no avisa oportunamente, razón por la cual, para cobrar su salario, en ese caso, debe acreditar la enfermedad a través del certificado (CNTrab., 30/9/1993, "Monges, Aníbal c. Canale", TySS, 1994-805).

En otras palabras, si la accionada nada alegó en los agravios en el sentido de que el trabajador no hubiera dado aviso de su enfermedad, no hay fundamento legal alguno para sostener que el dependiente deba perder el salario de los días no trabajados por enfermedad, por el solo hecho de que no hubiera presentado el certificado médico.

2. Suspensiones y despido:

La primera suspensión rigió desde el 18 al 20 de noviembre de 1998 y fue dispuesta invocándose que el actor no cumplió las tareas asignadas y le faltó el respeto a un superior, siendo notificada el 17 de ese mes y rechazada al día siguiente (telegrama del 17/11/98 y del 18/11/98 res. en secretaría).

La segunda suspensión abarcó del 24 al 28 de diciembre de 1998 y se aplicó invocando que el actor fue encontrado sin realizar tareas, distrayendo a sus compañeros, que le contestó a un superior, faltándole el respeto, y a causa de los antecedentes laborales, habiendo sido rechazada el 5 de enero de 1999 (telegramas del 23/12/98 y del 24/12/98 y certificada del 5/1/99, originales res. en secretaría).

El despido fue dispuesto por incumplimiento grave de las obligaciones a cargo del actor, consistente en la entrega del parte diario correspondiente a la primera quincena de diciembre de 1998, requerido por el jefe de taller el día 29 de ese mes, ausentarse ese día del lugar de trabajo sin previa autorización de su superior y haber sido visto trabajando con guantes en máquinas rotativas, con el peligro que ello implica, y por los numerosos antecedentes (carta documento, fotocopia fs. 17, original res. en secretaría).

Establecido lo precedente y en mérito a las pruebas colectadas, llego a la conclusión de que no quedaron probados los actos de indisciplina que se invocaron para aplicar las suspensiones y para disponer el despido, por los siguientes fundamentos:

a). Lo que manifestó Héctor José Alessio no es idóneo para acreditar si ocurrieron los actos de indisciplina que motivaron la aplicación de las dos suspensiones y el despido, ya que cabe entender que el nombrado no pudo tener conocimiento al respecto debido a que trabajó para la demandada hasta octubre de 1997 (2a. preg., fs. 118), vale decir un año antes de la adopción de las sanciones que fueron dispuestas en noviembre y diciembre de 1998.

b). De la declaración de Hugo Ramón Córdoba no se puede llegar a saber cómo fue la conducta del actor en noviembre y diciembre de 1998, pues lo único que dijo conocer es que Leyes "faltaba mucho", no sabiendo la forma en que éste se comportaba (7a. preg. ampl., fs. 141).

c). De lo declarado por Adolfo Luis Verón surge que ingresó a la empresa demandada en 1992 o 1994 y después volvió en 1998 o 1999, no recordando fecha exacta, y que nada expresó sobre la conducta del demandante en los dos últimos meses de 1998 (fs. 96/97).

d). De lo manifestado por Aníbal Roque Soñez, con relación al desempeño del actor, lo único que emerge es que el testigo no tenía contacto con éste y que sabe que Leyes "tenía muchas inasistencias" (2a. repreg., fs. 98vta.).

e). A mi juicio, las declaraciones de Luis Alberto Farías, que dijo ser empleado de la demandada, y de Mirta Adela Zuber, que manifestó desempeñarse como "encargada de personal" de la accionada, no son idóneas para acreditar que el actor hubiera incurrido en los meses de noviembre y diciembre de 1998 en la negativa de entregar el parte diario de la primera quincena de diciembre, incumplimiento de las tareas asignadas, faltar el respeto a sus superiores, encontrarse sin realizar tareas distrayendo a sus compañeros y ausentarse de su lugar de trabajo el 29 de diciembre sin autorización.

Tal conclusión se funda en que si bien Farías declaró que el actor "pasaba mucho tiempo hablando en otras secciones", que en algunas ocasiones Leyes no hacía la tarea que se le ordenaba o contestaba de mala forma y que el accionante se negaba a confeccionar el parte diario de trabajo (9a., 14a. y 15a. preg. ampl., fs. 148vta.), coincidiendo en ello Zuber, al expresar que el actor le faltó muchas veces el respeto a sus superiores e hizo caso omiso a las órdenes que éstos impartían y que el demandante se negó en alguna oportunidad a confeccionar o entregar el parte diario de trabajo (23a. y 25a. preg. ampl., fs. 143); resulta ser que ninguno de estos testigos hizo la más mínima alusión, por lo menos, al mes en que el actor habría tenido tales comportamientos y tampoco indicaron concretamente cuáles pudieron haber sido las actitudes o expresiones del demandante que fueron consideradas como irrespetuosas a sus superiores, por la patronal.

En otras palabras, las respuestas de los testigos haciendo solamente referencia a actos de inconducta del trabajador, sin haber expresado aproximadamente la época o el tiempo en que los mismos se habrían producido, como así las alusiones genéricas a las faltas de respeto que habría cometido el dependiente, sin señalar concretamente qué expresiones o qué actitudes se consideraron irrespetuosas, no pueden, razonablemente, servir de fundamento para tener acreditadas las causas que invocó el empleador para suspender y luego despedir al trabajador; ya que tales manifestaciones colocan al juzgador en la imposibilidad de evaluar si las sanciones dispuestas por la patronal reúnen los requisitos de "proporcionalidad" o "razonabilidad" y de "contemporaneidad", que son exigibles en el ejercicio de las facultades disciplinarias.

Igual consideración merece la conducta que se le atribuyó al actor de haber sido visto trabajando con guantes en máquinas rotativas, pues tanto Farías como Zuber no indicaron cuándo se habría producido ese hecho, ya que el primero no fue preguntado sobre el mismo (fs. 148/vta.) y la segunda se limitó a responder que "varias veces" al actor se lo encontró trabajando de ese modo (20a. preg. ampl., fs. 143).

A lo dicho se debe agregar que ninguna prueba se aportó de que el actor se hubiera ausentado del trabajo el 29 de diciembre de 1998 y que los hechos anteriores por sí solos no pueden justificar el despido con invocación de causa (cfr. Herrera, E. en Vázquez Vialard, A. -director-, "Tratado de derecho del trabajo", t. 5, p. 395).

Si bien la ley nada dice con respecto a los requisitos de "contemporaneidad" y "razonabilidad" en las suspensiones por causa disciplinaria y en el despido, hay concordancia en la doctrina y la jurisprudencia en cuanto a su exigibilidad (cfr. Porta, E., "Las suspensiones disciplinarias", en Revista de Derecho Laboral, t. 2003-1, p. 212; Meilij, G.R., "Contrato de trabajo", t. 1, p. 287 y t. 2, ps. 464/466).

De acuerdo con lo expresado, la demanda luce correctamente admitida, al no haberse acreditado la contemporaneidad y la razonabilidad o proporcionalidad de las faltas que se le atribuyeron al actor para justificar las suspensiones y el despido. Se debe destacar que las suspensiones fueron rechazadas en tiempo oportuno mediante el telegrama de fecha 18 de noviembre de 1998 y la carta certificada del 5 de enero de 1999 (documentales traídas por la demandada, res. en secretaría), ya que ambas sanciones fueron notificadas al actor por telegramas despachados el 17 de noviembre y el 23 de diciembre de 1998, respectivamente; es decir dentro del plazo que fija el art. 67 de la LCT y por medios que son admitidos como válidos (cfr. Altamira Gigena, R.E. en Vázquez Vialard, A., -director-, ob. cit., t. 4, p. 937).

Conforme con lo expresado, propongo que se resuelva: a) Rechazar los recursos de nulidad y de apelación. b) Confirmar la sentencia. c) Las costas de la alzada serán soportadas por la parte demandada (art. 101, CPL).

Voto por la afirmativa.

El doctor Macagno dijo:

Que, haciendo suyos los conceptos y conclusiones a que arribara el juez de Cámara preopinante, votaba en el mismo sentido.

El doctor Roulet dijo:

Que, atento a la existencia de dos votos concordantes, se abstiene de emitir opinión (art. 26, ley 10.160).

3º cuestión.- El doctor Berger dijo:

Atento al resultado obtenido al tratar la cuestión anterior, corresponde: a) Rechazar los recursos de nulidad y de apelación. b) Confirmar la sentencia. c) Las costas de la alzada serán soportadas por la parte demandada (art. 101, CPL).

Los honorarios de la alzada serán el 50 % de los que se regulen en baja instancia.

El doctor Macagno dijo:

Que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por el doctor Camilo S. Berger, y en ese sentido emitió su voto.

El doctor Roulet dijo:

Que, atento a la existencia de dos votos concordantes, se abstiene de emitir opinión (art. 26, ley 10.160).

Por las consideraciones del acuerdo que antecede la Cámara de Apelación Civil, Comercial y Laboral, con la abstención del doctor Rodolfo L. Roulet (art. 26, ley 10.160), resuelve: a) Rechazar los recursos de nulidad y de apelación. b) Confirmar la sentencia. c) Las costas de la alzada serán soportadas por la parte demandada (art. 101, CPL). Los honorarios de la alzada serán el 50 % de los que se regulen en baja instancia. - Camilo S. Berger. - Lorenzo J. M. Macagno. - Rodolfo L. Roulet.