Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2011-05-17


FORMOSA,	Diecisiete de mayo de dos mil once.

VISTOS:

Estos autos caratulados: "FLORES CABRERA, LILIANNE GISSEL C/ PROVINCIA DE FORMOSA S/ SUMARIO", Expte. Nº 40 - Fº Nº 20 - Año 2009, registro de la Secretaría de Trámites Originarios del Excmo. Superior Tribunal de Justicia, venidos al Acuerdo para resolver conforme lo dispuesto a fs. 218, y CONSIDERANDO:

Que a fs. 206/212 vta el abogado Máximo Ernesto Donné, en el carácter de apoderado de la Sra. Lilianne Gissel Flores Cabrera, promueve demanda contenciosa - administrativa contra el Poder Legislativo de la Provincia de Formosa, solicitando el reconocimiento de su derecho de Pensión, en su carácter de viuda y/o concubina, derivada de la jubilación del Diputado Constituyente Roberto Atencia con más lo adeudado desde que ha iniciado el reclamo administrativo denegado por el Poder Legislativo.

Expone los hechos en los que sustenta su pretensión, y admite que el 08 de julio de 2003 la Honorable Legislatura Provincial dicta la Resolución Nº 1186 por la cual se rechaza el pedido de pensión formulado y que obra a fs. 224 del expediente administrativo agregado por cuerda.

Es en función de la fecha de la resolución impugnada y de la fecha correspondiente a la presentación de la demanda (fs. 23/24 vta.) concretada el 05 de Noviembre de 2008, ante un Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, que el Sr Procurador General considera que en el caso se ha excedido el plazo de prescripción que establece el artículo 19 del Código Procesal Administrativo y por lo tanto, dictamina propiciando la inadmisibilidad de la demanda.

Que en el caso de autos no puede soslayarse una particularidad, aún cuando la misma no produce un apartamiento del razonamiento fiscal. Y es que, tal como el mismo Procurador General lo señala y surge de autos (fs. 12), la actora ya había iniciado ante este Superior Tribunal de Justicia una acción similar con idéntico objeto (véase copia del Fallo Nº 7755-Tomo 2006 a fs. 11), que terminó archivada, el 08 de marzo de 2007, por aplicación del apercibimiento que contiene el artículo 40 ter del Código Procesal Administrativo.

La norma citada señala que "Dentro del plazo de cinco (5) días, el Tribunal librará oficio al funcionario a quien la demanda deba notificarse según el artículo 53, pidiendo que se le remitan las actuaciones administrativas producidas, lo que deberá cumplirse dentro del plazo de quince días. Una vez llegadas las actuaciones al Superior Tribunal, serán puestas a disposición del interesado en Secretaría de lo que se notificará por cédula. Dentro de los treinta días el interesado deberá promover la demanda. Si no lo hace, vencido el plazo, las actuaciones administrativas serán devueltas a la oficina de origen", lo que permite concluir que con la solución que da la norma, se pone un límite a la falta de interés de quien pretende promover una demanda, evitando que las actuaciones preliminares queden indefinidamente en los estrados judiciales a la espera que quien acciona se decida a continuarse. Lo expuesto tiene que ver con una cuestión que entendemos no puede soslayarse, y es determinar si aquél plazo que transcurrió entre la primera demanda y la sanción aplicada por mandato del artículo 40 ter del Código Procesal Administrativo tiene virtualidad para interrumpir el término de prescripción que establece el artículo 19 del Código Procesal Administrativo.

La respuesta no puede ser otra que negativa, en tanto si entre la decisión administrativa que pone fin al reclamo previo y la promoción de la demanda contenciosa, ha transcurrido mas de un año, opera sin mas la prescripción que regula el artículo 19 del Código Procesal Administrativo sin que pueda considerarse como interruptivo, el tiempo antes indicado, desde que la anterior acción jurisdiccional, en su faz preparatoria, terminó en archivo por propia desidia de la actora.

El Sr. Procurador General cita el artículo 3286 del Código Civil, ( en rigor es el 3986, dando por descontado un evidente error de tipeo) pero en el entendimiento que tampoco opera el mismo en función de que la demandante se notificó del proveído que decretaba el rechazo a su pedido de revocatoria de aquella decisión fundada en el artículo 40 ter del Código Procesal Administrativo, el día 09 de marzo de 2007, y a la fecha de promoción de la nueva demanda (05 de noviembre de 2008), ya había transcurrido con holgura el plazo anual del artículo 19 del Código Procesal Administrativo.

Dejando a salvo que es absolutamente atinado el cálculo que hace el Sr. Procurador General, en cuanto a que, por el tipo de acción que iniciara la actora, fundada en el artículo 17 inciso b) del Código Procesal Administrativo, a la fecha de promoción de la demanda, 05 de noviembre de 2008, aún ante Juez incompetente, ya había transcurrido holgadamente el plazo de un año que establece el artículo 19 del Código Procesal Administrativo para esta clase de acción, tampoco entendemos corresponde siquiera formular el cómputo del artículo 3986del Código Civil, porque en el caso de la primera demanda, la que no continuara a partir del 08 de marzo de 2007, no estamos en presencia de una demanda defectuosa o ante Juez incompetente o presentada por quien no tuviera capacidad legal para presentarse en juicio. Antes bien, era una acción legítima de preparación de la vía contenciosa y tuvo la interesada los (treinta) 30 días acordados por ley para promover la demanda, éste paso trascendental es el que no se realizó motivando la aplicación de la sanción prevista en el artículo 40 ter del Código Procesal Administrativo, de manera que volver a reflotar ahora, varios años después, una pretensión que se agotó en el tiempo, resulta improcedente en función del plazo improrrogable del artículo 19 del Código Procesal Administrativo.

Siendo así, y tomando en consideración que el artículo 46 inciso c) declara la inadmisibilidad del proceso cuando hubiere caducado el plazo de interposición , cuyo es el caso de autos, al haber transcurrido holgadamente el término previsto en el artículo 19 del Código Procesal Administrativo, en función del tipo de pretensión (artículo 17 inciso b) Código Procesal Administrativo), fecha en que se tomó la decisión administrativa impugnada (08 de julio de 2003), la notificación realizada el 11 de julio de 2003 (fs. 05) y la fecha de presentación de la demanda (05 de noviembre de 2008), compartiéndose el dictamen del Sr. Procurador General.

Por todo ello, con las opiniones concordantes de los señores Ministros, Dres. Ariel Gustavo Coll, Héctor Tievas, Eduardo Manuel Hang, Lucrecia Marta Canavesio y Telma C. Bentancur, que forman la mayoría absoluta que prescribe el art. 25 de la Ley 521 y sus modificatorias y art. 126 del Reglamento Interno para la Administración de Justicia, el	EXCMO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA RESUELVE:

1º) Declarar la inadmisibilidad del proceso (artículo 19 Código Procesal Administrativo en función del artículo 17 inciso b) del mismo cuerpo legal).	2º) Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.