marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Colegio profesional, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Frabotta, Lionel Mario y Otro c/ Consejo Directivo del Colegio de Abogados de Entre Ríos s/ Recursos de Nulidad y Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-08-06

Los fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión obstan todo desafío de legitimidad susceptible de provocar su revocación, habida cuenta que se encueentra debidamente sustentada en los hechos detallados en la misma y concretamente en el dictado de la resolución jurisdiccional -auto de procesamiento firme y consentido- determinantes de la aplicación de la medida provisional y precaucional dispuesta, dando asi la plataforma a esa decisión que además se correlaciona adecuadamente con los derechos vigentes. Los efectos y alcances que este auto de procesamiento pueda tener dentro del proceso penal, no desvirtúa su fuerza convictiva como elemento de juicio ponderable para adoptar, con la provisionalidad propia del trámite en cuestión, la suspensión que se controvierte y bajo tal premisa se diluye la alegada violación del derecho de defensa en juicio y el debido proceso.
Competencia, organización de la justicia
Materia: PROCESAL
Carátula: D., R. G. s/ Lesiones leves y amenazas s/Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-11-19

"Las reglas de competencia indican la capacidad de un funcionario u órgano estatal para ejercer el poder de juzgar... (Así, CLARIÁ OLMEDO, Competencia penal en la República Argentina...: precisamente, en materia de organización estatal, se utiliza habitualmente la palabra competencia para designar es función normativa). La razón de ser de estas reglas reside en la cantidad de asuntos que deben tramitar y juzgar los tribunales... Esa realidad y diversos criterios políticos, que configuran los llamados puntos de conexión, imponen una división de los asuntos a conocer a un tribunal que, en ciertas ocasiones... se relaciona con la rama específica del orden jurídico cuyo punto de vista rige el asunto a tratar, con cierta característica de esos asuntos o con la función del tribunal en el procedimiento (división por materia:... correccional-criminal...)".
Accidente de tránsito, daño moral, daño estético, apreciación del juez, monto de la indemnización, asistencia psicológica, reintegro de gastos
Materia: CIVIL
Carátula: Huaiquimil Saavedra, Francisco Antonio c/ Muñoz, Marcelo Adrián y Otro s/ Daños y pejuicios por uso automotor c/lesión o muerte
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2015-07-28

Tampoco puede admitirse el costo de la rehabilitación neuropsicológica, desde que el accionante no presenta signos clínicos neurológicos anormales.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, falta de fundamentación, prenda con registro, hipoteca, jurisdicción y competencia, mutuo
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Narbaiz, Guillermo y Narbáiz Hnos. y Cía S.C.A. c/ Citibanck N.A. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-17

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que hizo lugar a la excepción de incompetencia, considerando que si bien en los instrumentos constitutivos de la hipoteca y prenda, cuya revisión solicitaron los garantes, se había pactado la jurisdicción de los tribunales locales, la accesoriedad de aquéllas respecto del contrato de mutuo haría prevalecer la cláusula contenida en éste, por la que se atribuyó competencia a los tribunales extranjeros, pues no sólo se han alterado los términos de la petición inicial, efectuada por los constituyentes de la hipoteca y prenda en cuanto tales, sino que se invirtió la relación entre la obligación principal (mutuo) y sus accesorios (prenda e hipoteca) en contradicción con el sentido que la ley les asigna.
Medidas cautelares, resoluciones irrecurribles
Materia: PROCESAL
Carátula: Y. S.A. y Otras en autos: "D. P. y Otros s/Acción de amparo" Expte. N° 126/2015 s/Incidente de levantamiento de medida cautelar c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2017-02-07

Las decisiones que resuelven cautelares no tienen carácter definitivo, sean éstas acogidas o rechazadas.
Entidades financieras, interpretación de la ley, banco central
Materia: COMERCIAL
Carátula: Maiorano, Francisco Antonio s/ concurso preventivo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-13

El art. 1. de la ley 21.526 resulta claro en cuanto dispone que quedan comprendidas en el régimen de las entidades financieras, las personas o entidades privadas o públicas que realicen intermediación habitual entre la oferta y la demanda de recursos financieros, sin distinguir entre que hubiesen sido autorizadas o no por el Banco Central para operar.
Alimentos, caducidad
Materia: PROCESAL
Carátula: O.A. c/ N.O.R. s/ ALIMENTOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-09-24

El art. 645 del Código Procesal, en su nueva redacción, ha recogido la doctrina plenaria en virtud de la cual la inactividad procesal del alimentario crea la presunción, sujeta a prueba en contrario, de su falta de necesidad y puede determinar la caducidad del derecho a cobrar las cuotas correspondientes al período de inacción.

La determinación de dicho plazo y la verificación de los presupuestos indispensables para arribar a aquella decisión, queda librada a la apreciación judicial, conforme a las particularidades de cada caso específico (conf. Borda, "Tratado de Derecho Civil Familia", t. II, p. 431; Llambías, "Código Civil Anotado", T.I, p.

1107, Nro. 3; CNCiv, Sala G, c. 274.137 del 26/10/81).-
Competencia, servicios eléctricos, competencia contencioso administrativa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ZARATE ALBERTO Y OTROS c/ S.E.G.B.A. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-02-22

En los supuestos donde se plantean cuestiones concernientes a la prestación del servicio público que se halla a cargo de s.E.G.B.A.

Resulta competente la justicia en lo contencioso administrativo (en el caso se solicitaba la rehabilitación del servicio suministro de energía eléctrica a una villa de emergencia invocando a tal efecto la existencia de un convenio celebrado entre la municipalidad de la ciudad de buenos aires y la demandada).-
Abandono de trabajo, interpelación
Materia: LABORAL
Carátula: VILDOZA JUAN HERMUNDO c/ CALCANO S.A. s/ INDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-10-31

Si el accionante no ha dado respuesta a la intimación efectuada por el empleador, reincorporándose de inmediato al trabajo o justificando su ausencia, queda tipificado el incumplimiento calificado como abandono de trabajo injurioso.
Rechazo de la demanda, falta de contestación de la demanda
Materia: PROCESAL
Carátula: Maraz, Olegario c/ Municipalidad de Ciudad Perico s/ Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción  (L.A. Nº 45, Fº 249/254, Nº 135) Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción  (L.A. Nº 45, Fº 249/254, Nº 135)
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1996-08-09

Si la demanda del actor es rechazada, esa conclusión no puede modificarse por la incontestación de la demanda que, si bien constituye una presunción de verosimilitud a favor del actor, que según doctrina de éste Tribunal autoriza a dictar sentencia sin más trámite acogiendo sus pretensiones, ello lo es a condición que su derecho al reclamo se encuentre vigente según las normas aplicables, cuestión esta que no sucede en autos porque ese derecho del actor a demandar había caducado antes que se promoviera la acción.-
Acción declarativa de inconstitucionalidad, salud mental
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Asociación de Psicólogos del GCBA c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-08-15

Cabe admitir formalmente la acción declarativa de inconstitucionalidad interpuesta por la Asociación de Psicólogos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires legitimada para ello, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 18, inciso 2, de la ley nro. 402, pues impugna la validez de un decreto emanado del Jefe de Gobierno local, por entender que se opone a las previsiones contenidas en la ley 448 de Salud Mental, desarrollando los argumentos que respaldan dicha aseveración. (Voto del Dr. Luis F. Lozano, al que adhieren los Dres. Alicia E. C. Ruiz y José O. Casás).
Accidente de tránsito, contravenciones
Materia: CIVIL
Carátula: Lleral, María Teresa y Otra c/ Vales, José Alberto y Otra s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-09-19

La noción de "peligro abstracto objetivo", no constituye una pura abstracción jurídico-doctrinal, sino una realidad emergente de los hechos, ya que la transgresión genera siempre un conflicto de tránsito, un "cuasi-siniestro" que, de no interrumpirse su secuencia causal por la acción de los sujetos involucrados o por un factor extraño, deviene en un siniestro. Se añadió en esta dirección de pensamiento que la mayoría de los accidentes en las vías públicas ocurren, no tanto por la violación de las reglas comunes de prudencia, diligencia y pericia, como por la transgresión de las normas específicas de la circulación, sancionadas como contravenciones.
Procesos de ejecución, juicio ejecutivo, trámites irrenunciables
Materia: PROCESAL
Carátula: GIRALDEZ LUIS ALCIDES c/ TROLLANO ADOLFO Y OTRO s/ COBRO DE ALQUILERES
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 1993-03-16

La citación para oponer excepciones es un trámite irrenunciable conforme lo prescribe el art. 543º del CPCC, pues de lo contrario significaría afectar el derecho de defensa.
Jubilaciones, haber jubilatorio, movilidad del haber jubilatorio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Cirillo, Rafael c/ ANSES s/ reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-05-27

Si el juez de grado fijó para el período comprendido entre el 1º de enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2006 una movilidad equivalente al 70% de las variaciones del promedio de las remuneraciones declaradas al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones y ordenó aplicar los incrementos previstos en la ley 26.198 para el año 2007-, y el jubilado no apeló la sentencia de primera instancia, convalidando una quita que la Cámara no podía revisar sin empeorar la situación de la única apelante, cabe revocar la sentencia de Cámara que al modificar tal decisión dispuso aplicar la doctrina del caso "Badaro" (Fallos:329:3089 y 330:4866) para invalidar el art. 7º, inc. 2, de la ley 24.463, pues no acotó su decisión al examen de los agravios propuestos , adoptando una solución que evidencia un claro exceso de jurisdicción.
Revocación de sentencia, personal militar retirado, compensación jubilatoria, compensaciones salariales, adicional por desarraigo
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: SCHULZ, Rodolfo Guillermo y OTROS c/ E.N. (Min. de Defensa) s/ HABER DE RETIRO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-06-14

Debe revocarse la sentencia y hacerse lugar a la demanda entablada por personal militar retirado, tendiente a que le sean abonadas las compensaciones por inestabilidad de residencia y racionamiento (decretos 200/91 y 1569/91 y sucesivos) percibidos por el personal en actividad (art. 74 de la ley 19.101).
Relación de dependencia, prueba, recurso de apelación (procesal)
Materia: LABORAL
Carátula: Rodríguez, Luis Alberto c/ Abarza, Adán y/o Mónica Lafourcade de Abarza s/ Beneficios laborales
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2000-05-10

Conforme la prueba de la demandada por beneficios laborales, surge claramente que la alegada relación laboral o prestación de servicios que la actora realizaba en el negocio del demandado, no eran a su favor o exclusivo beneficio, sino en virtud de algún acuerdo previo entre ambos para poder llevar adelante un convenio, lo cual genera dudas respecto de la relación laboral en grado de dependencia que invoca la actora. Ante ello, debe analizarse si la prueba de la que se sirve la actora es suficiente y en grado convictivo, para acreditar la relación de dependencia que justifique la cuantiosa reparación económica reclamada.

En esa inteligencia, para presumir la existencia de la relación o contrato de trabajo, conforme los términos del art. 23 LCT, se requiere que una parte realice actos, efectúe obras o preste servicio a favor de la otra bajo la dependencia de ésta en forma voluntaria y mediante una remuneración, pues para que exista causa jurídica laboral no sólo se requiere que se realice tareas, sino también que las mismas hayan sido aceptadas por el que las recibe y que ambas partes tengan la intención de que deban ser retribuidas.

Lo contrario hace presumir que aquélla se realizaba como colaboración, o bien como en este caso, en que se plantea la posibilidad de haberse convenido una relación para participar en las utilidades del negocio. En tal sentido, la testimonial aportada por la actora no cubre las expectativas mínimas de persuasión respecto a una relación de dependencia bajo los presupuestos que de hecho deben observarse para darle por bien probada. En este caso en concreto no se acreditó que entre las partes haya habido una relación jurídica de prestaciones sucesivas que importen una dependencia laboral, ni tampoco una dependencia económica en grado que haga suponer que a su capacidad de trabajo la regía el dador.

Corresponde hacer lugar al recurso de apelación impetrado por la demandada en todas sus partes y en cuanto a las costas, deben ser soportadas por la actora, en virtud de haber deducido la acción desconociendo los postulados de la buena fe, lealtad y razonabilidad que deben primar en la relación. (Del voto de la mayoría).
Acusación fiscal, falta de acusación, facultades del juez, sentencia condenatoria, fallos de la Corte Suprema, apartamiento de la doctrina de la corte
Materia: PENAL
Carátula: N.N. s/ DAÑO CALIFICADO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1996-07-15

No obstante el mérito, por la importancia institucional de los fallos que indudablemente poseen las sentencias de la Corte Suprema que han desechado toda posibilidad de condena cuando la conclusión final del Fiscal de Cámara consistió en el pedido de Absolución, este Tribunal entiende que el ámbito del objeto procesal en el debate viene prefigurado por el requerimiento de elevación a juicio formulado por el Agente Fiscal, motivo por el cual el pedido de absolución impetrado en este estadio procesal no impide el pronunciamiento de una eventual sentencia condenatoria.
Jueces, facultades del juez
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: RAVARELLI LUIS c/ EMPRESA PROVINCIAL DE OBRAS SANITARIAS s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1995-03-01

El magistrado carece de facultades para revocar resoluciones que estén notificadas a los litigantes, pues son éstos los que deben impugnarlas si les causan agravios, conforme a los resortes que prevé el ritual. En este sentido se ha dicho, que está consagrado el principio que en materia civil y comercial, el juez debe actuar de oficio prudencialmente, imponiéndose en nuestro ordenamiento procesal la necesidad que sean los comparecientes que peticionen la reposición de las providencias, mientras que la misión de los jueces se limita a resolver lo que ante ellos se reclama, a menos que aquellas no hayan sido consentidas ni notificadas. La revocación de oficio no es procedente, ni conviene que lo sea, en principio, salvo el caso en que se decreten medidas que la ley prohibe, o formalidades que no autoriza, o que pueda resultar grave daño no solamente para las partes sino también a terceros directamente interesados.-
Leyes, jerarquía administrativa, Municipalidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SCHRETER, MIGUEL A c/ MUNICIPALIDAD DE RAFAELA s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  N. 423-86) ORELLANO, CARLOS ALCIDES c/ MUNICIPALIDAD DE RAFAELA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  N. 275-87) FELIBERT, JOSE SERGIO c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE   Nº 100-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-04-17|1991-05-30|1997-08-13

La Ley Provincial 9286 -Estatuto para el Personal de Municipalidades y Comunas- es constitucionalmente válida y no hay vulneración alguna del régimen municipal si se la aplica sin necesidad de ninguna otra disposición salvo, claro está, que la propia ley disponga lo contrario.
Recursos, cuestión abstracta, marcas, registro de marca, solicitud de marca, abandono de la solicitud
Materia: COMERCIAL
Carátula: Goren, Adolfo c/ Veinfar Ind. Com.  S.A. s/ Op. Reg. Marca
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-27

La aquí actora fue notificada de las oposiciones bajo apercibimiento y ante la falta de respuesta en término la DNPI resolvió tener el expediente abandonado, decisión que se compadece con lo que en la materia dispone la ley de marcas, de allí que la valoración que el a quo ha hecho de los antecedentes de la causa considerando que el tratamiento de las oposiciones deducidas en sede administrativa había devenido abstracta ha sido correcta, en virtud de que el trámite de registro se inicia en esa administrativa y sus resoluciones resultan de imprescindible valoración en la instancia judicial.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, excusación, violencia moral, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia, pautas orientadoras
Materia: PROCESAL
Carátula: T, A S Y D C, V M s/ EXCUSACION DE LA DRA. ELENA RAMON EN EXPTES. 661/03 "T., A.S. S/ DESOBEDIENCIA Y NRO. 1581/02" D.C., V.M. S/ FALSIFICACION DE INSTRUMENTO PRIVADO Y ESTAFA EN GRADO DE TENTATIVA" (EXPTE: N 6 Año 2003) (TRIBUNAL PLENO)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-08-11

La Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, en el precedente "Campilongo" (fallo del 25 de agosto de 1988), había distinguido nítidamente los supuestos de separación de jueces por las causales del art. 50 Cód. Proc. Penal y por violencia moral art. 51- en los votos de todos los ministros, que en su mayoría se expidieron por sus propios fundamentos.

Así, el ministro doctor Iturraspe, tras definir la violencia moral como una reacción íntima del juez que lo coloca en riesgo de caer en parcialismo y que nace d e él exclusivamente y no de las partes, agregó que "no encuadrándose la violencia moral en ninguno de los casos previstos en el art. 50, mal podría aplicarse analógicamente un precepto referido a causal distinta", agregando con su elocuente pluma que es en esa oscura encrucijada "cuando el juez, reconociendo su debilidad, se yergue en su máxima grandeza, confesando que sufre violencia moral, esto es que su conciencia le dice que se aparte", transcribiendo asimismo jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación que parece útil traer al presente caso: "Ha sido norma tradicional juzgar con amplitud de criterio las causales de excusación que hagan valer sus miembros, teniendo para ello en cuenta que debe hacerse honor al escrúpulo siempre respetable de los magistrados, que es de presumir sincero"; "si bien la excusación de magistrados no puede basarse en meras razones de delicadeza personal, no requiere ajustarse estrictamente a una causa legal". (De la disidencia del Dr. Giménez) En el caso la cuestión a resolver es: Extensión de la causal de excusación por violencia moral.
Representación procesal, acreditación de la personería
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Cremonte Esteban c/ Peluzo José s/ Interdicto de recobrar
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-10-20

Cuando el letrado no acreditó debidamente la personería, tal como establecen los arts. 46 y 47 del CPC, es decir, actuó de "hecho", sin invocación de franquicia procedimental alguna, y, si bien esta actuación de hecho constituye una irregularidad, no puede ser pasible de la sanción prevista en el art. 48, toda vez que en ningún momento se acogió a ese beneficio, por lo cual mal puede aplicarse la sanción allí prevista. En tal caso, corresponde que el órgano jurisdiccional, ejercitando potestades ordenatorias (a pedido de parte o de oficio), intime la subsanación de la irregularidad en la personería dentro de un plazo prudencial, bajo apercibimiento de tenerlo por no presentado. (Minoría u opinión personal)
Competencia civil y comercial federal, competencia contencioso administrativa
Materia: PROCESAL - CIVIL - ADMINISTRATIVO
Carátula: CACHIZUMBA, BEATRIZ c/ SEGBA s/ AMPARO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-05

El fuero civil y comercial posee una competencia de atribución genérica en tanto que el contencioso administrativo es de atribución especial, como surge de los arts. 41 y 45 de la ley 13998, ya que el 1ro. estableció que los jueces en lo civil y comercial mantendrían la competencia resultante del art. 11 de la ley 1893, salvo las causas que por el art. 45 de la nueva ley, se atribuían a los jueces en lo contencioso administrativo enumeradas taxativamente.
Impuesto sobre los ingresos brutos, prescripción
Materia: PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: YPF S.A. c/ DGR s/ s/ recurso apelación judicial c/ decisiones DGR (art. 114 Código Fiscal) s/ recurso de apelación ordinario concedido decisiones DGR (art. 114 Código Fiscal) s/ recurso de apelación ordinario concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-05-11

Sólo cabe añadir que sentada la especial naturaleza del Derecho Tributario, su autonomía estructural y dogmática habilitan al legislador, no sólo a fijar plazos de prescripción diferentes a los adoptados por el derecho privado, sino también a estructurar modalidades de cómputo del término y causales de interrupción y suspensión específicas. Ello se ve recomendado, en lo relativo al cómputo por ejercicios, incluso, en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, por tratarse de un impuesto anual.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia suficientemente fundada, juicio ejecutivo, excepción de incompetencia, acción cambiaria, contratos administrativos, Administración Pública, competencia contencioso administrativa
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Ingeniero Pell Construcciones S.A. c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Ejecutivo (Expte CSJ Nº 713-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-06-06

Pierde toda sustancialidad la postulación recursiva en torno a que el A quo incurre en arbitrariedad al ingresar al examen de la excepción de incompetencia deducida por la accionada, iterando la prohibición de indagar acerca de los actos administrativos que se vinculan con el título que se pretende ejecutar, al no demostrar la irrazonabilidad de los fundamentos en que la Alzada sustentó que la causa era de competencia contencioso administrativa. Concretamente, sostuvo que el tratamiento de la excepción de incompetencia debe ser todo lo amplio que fuere menester para determinar con precisión a quién la ley le asigna la competencia por materia; que la Administración pública hizo uso de sus facultades de autoanulación, lo que la llevó, desde el primer momento procesal oportuno, a negar la deuda, el derecho de la ejecutante y la pretendida validez de los actos que el pagaré ejecutado instrumentó; y que para poder emitir opinión respecto del acto administrativo que anulara actos anteriores y sus consecuencias, y en su caso, determinar efectos, alcances y ulterioridades, es menester un análisis de toda esta materia que es propia y excluyente de la Corte Suprema de Justicia y ajena completamente a la del A quo y de la Sala. (De los Fundamentos del Dr. Alvarez)
Sentencia, nulidad de oficio
Materia: LABORAL
Carátula: Losa Ladrillos Olavarría S.A.I.C. c/ Pascua, Rubén Salvador s/ Exclusión sindical
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-06-01

Debe declararse de oficio la nulidad de la sentencia que no es precedida del veredicto que prescribe el art. 44 inc. "e" del dec.

ley 7718/71, sin que obste a ello que la causa se sustancie por el proceso sumarísimo (art. 52 ley 23.551 y 496 del C.P.C.C.).