marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Requisa personal, estado de sospecha, falta de orden del juez, razones de urgencia
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: CASTILLO MACHADO, Miguel Angel s/ nulidad de proc. policial Causa nro. 27.974
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-17

Sabido es que las requisas personales deben ser ordenadas por el juez "...siempre que haya motivos suficientes para presumir que una persona oculta en su cuerpo cosas relacionadas con un delito..." -art. 230 C.P.P.N.- como así también que los agentes policiales sólo pueden efectuarlas sin la respectiva orden únicamente por motivos de urgencia -art. 184, inc. 5º, C.P.P.N.- ello, en virtud de tratarse de un acto gravemente restrictivo de la libertad e intimidad personal. En numerosos precedentes se ha señalado que "la búsqueda de cosas relacionadas con un delito en el cuerpo o ropas de una persona se halla sujeta a limitaciones en virtud de hallarse en juego el ámbito personal de intimidad de sustento constitucional -art. 18 C.N.- ..." y que "sólo puede ceder frente a otros derechos cuando concurran determinadas circunstancias que lo justifiquen...."
Daños y perjuicios, objeto social, medidas de seguridad
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Petroni Rosales Andrés Jesús  c/ Bauza Claudio Walter y otros s/ daños y perj. del./cuas. (exc.uso aut. y estado)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2023-04-27

La falta de diligencia, de obrar como un buen hombre de negocios, por parte del administrador, es evidente. Sea por extralimitarse en el objeto social y/o por no haberse asegurado que el lugar donde se desarrollaba el evento cumpliera con las medidas de seguridad adecuadas. Es más, ese lugar no estaba al momento del hecho habilitado, por lo que no debería haber funcionado. Las sucesivas actas de infracción municipal llevadas a cabo con posterioridad al hecho así lo demuestran. Esa actividad sin autorización, obviamente impedía el contralor no solo en cuanto al espacio, cantidad de asistentes, salidas, etc. sino particularmente -y con directa relación causal con el suceso- del cumplimiento de las exigencias de vigilancia y seguridad que según su destino y ordenanzas respectivas correspondía. El desarrollo de los hechos pone de manifiesto también que esas medidas eran inexistentes en el interior como en su acceso. Las falencias organizativas, inherentes a la función del gerente del codemandado tienen a mi modo de ver directa relación causal con el ilícito que provocó - incluso con el elemento utilizado- los daños al actor.
Extradición, excarcelación, inconstitucionalidad
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Alvarez del Canto, Marcelo Arturo s/ Excarcelación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-29

Cabe recordar que en materia de libertades sostuvimos que cuando la Constitución Nacional consagra categóricamente el derecho a la libertad física y ambulatoria e impone el deber de considerar y tratar a todo individuo como inocente hasta que en un juicio respetuoso del debido proceso se demuestre lo contrario mediante una sentencia firme, obliga al juez a descartar toda restricción de la libertad del imputado durante el proceso que no contemple como fundamento la existencia de peligro concreto de fuga o entorpecimiento de las investigaciones (ver en extenso los fundamentos vertidos en la causa n° 37.964 "Renduelles, Fabiana A. s/excarcelación", rta. el 08/07/05, reg. 703 y sus citas, y causa n° 39.921 "Neiman" del 10/04/07, reg. n° 264; entre otras).
Empleados públicos, asignación de funciones
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: QUINTEROS, JORGE ALBERTO y OTROS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 298 AÑO 1994)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-06-15

La exigencia de que sea el titular de la Jurisdicción quien asigna las funciones, refleja por vía reglamentaria la atribución del Poder Ejecutivo, conferida constitucionalmente por el artículo 72 inciso 6 de la Constitución provincial, de designar y remover empleados la cual incluye obviamente la de asignar funciones, único modo de garantizar la mejor prestación del servicio y su funcionamiento organizado. Lo contrario permitiría a cualquier funcionario arrogarse facultades que no le son propias e imponerle luego a la Provincia las consecuencias de su acto, desplazando esa atribución constitucional del Poder Ejecutivo.
Robo calificado, armas
Materia: PENAL
Carátula: López, Oscar Gabriel s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-11-09

Si el poder vulnerante es inherente -en el sentido del art. 166 inc.

2º del Código Penal- al término arma, será tal capacidad un hecho que habrá que probar siempre, existan o no "recelos" sobre la aptitud vulnerante.
Recurso de casación, fundamentación de sentencias
Materia: CIVIL
Carátula: BANCO CREDICOOP COOP. LTDA. c/ BANCO NOAR COOP. LTDA. s/ COBRO DE AUSTRALES
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1990-06-21

Cuando la condición de validez del pronunciamiento judicial impugnado se halla fundado y constituye una derivación razonada del derecho aplicable con particular referencia a las circunstancias comprobadas de la causa y la debida consideración y de las defensas articuladas, corresponde el rechazo del recurso interpuesto.
Contrato de trabajo, intimación a reintegrarse al trabajo, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: Stafforini,  Marcelo  Raúl c/ Poder Ejecutivo Nacional y otros s/ Daños y Perjuicios. y otros s/ Daños y Perjuicios.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-08-16

El hecho que la empleadora no haya interpelado al trabajador a que se reintegre a sus tareas le genera la obligación de resarcimiento, el que no puede coincidir exactamente con los salarios caídos. Según tiene dicho nuestro más Alto Tribunal la obligación de pagar remuneraciones que no responden a contraprestación de trabajo alguno, no puede considerarse indemnización de daños por falta de trabajo, no pudiéndose admitir como legítima la carga de seguir abonando remuneraciones habiendo cesado, en principio, la vinculación por decisión del empleador, manteniéndose siempre el derecho a acceder a una indemnización razonable por los perjuicios sufridos (fallos 273-87; 302-31;303-266, entre muchos otros).
Derecho penal, suspensión del juicio a prueba, oposición del fiscal, dictamen fiscal, fundamentación de la resolución
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: DE LUCA, David Emanuel s/ Infr. Art. 189 bis CP. Apelación .
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-06

Es tarea propia de los jueces analizar la razonabilidad del dictamen fiscal, en materia de Suspensión de Juicio a Prueba , máxime si se expresó por la negativa.

Si el fiscal sólo se opone a la Suspensión de Juicio a Prueba alegando ausencia de requisitos de admisibilidad, y el tribunal los considera cumplidos, equivale a consentimiento (conf. Bovino, Alberto, "La suspensión del procedimiento penal a prueba en el Código Penal Argentino, pág. 171).

Cabe poner de resalto que no se pretende usurpar la titularidad de la acción penal que se encuentra en cabeza del representante de la vindicta pública, sino de exigir el cumplimiento de la ley en cuanto reclama la motivación de sus dictámenes; si el fiscal brinda una aparente fundamentación de su oposición pierde la oportunidad de hacer valer esa falta de consentimiento ya que, una vez reunidos los requisitos de admisibilidad del instituto, el imputado no tiene por qué soportar las molestias que importa la redición de la audiencia prevista en el artículo 293 del Código Procesal Penal de la Nación.
Recurso extraordinario, cuestiones de hecho y prueba, sentencia, fundamentación de sentencias, nulidad del acto jurídico, tribunales de instancia única
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: TOSELLO,  ROBERTO  DOMINGO;  TOSELLO, EUGENIO ADOLFO Y TOSELLO, OSCAR ADOLFO c/ BRITOS, LUIS RAMON Y TRANSPORTE EL PROGRESO s/ INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS    QUEJA    POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD   CSJ EXPTE NRO 196-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-08-10

El inciso 1 del artículo 564 del Código Procesal Civil y Comercial tiene un alcance amplio, que no autoriza a denegar el recurso de apelación extraordinaria aunque la nulidad -por ausencia de motivación- refiera a razones fácticas, pues la nulidad es siempre un quebrantamiento jurídico de las formas que el legislador impone a la sentencia, aun cuando dicho quebrantamiento puede darse en el tramo del análisis fáctico.
Seguros, seguro colectivo, mandato, bancos, obligaciones del mandatario
Materia: COMERCIAL
Carátula: LUNA  DE MARTINUCCI, ROSA LIDIA S. c/ BANCO RIO DE LA PLATA SA s/ SUMARISIMO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-03-08

Si una Entidad Bancaria accionada actuó como mandataria, resultando designada como beneficiaria de un contrato de seguro, es ella quien debe arbitrar frente a la aseguradora todos los medios para cobrar el beneficio correspondiente, debiendo a tales fines ejercitar frente a la misma todos los medios para la correcta conservación de los derechos de su mandante (cciv:

1904, 1907 y 1917), toda vez que tratándose -como en el caso- de un seguro colectivo o de grupos el tomador o contratante es la institución financiera.
Ley sobre riesgos del trabajo, reforma legislativa, aplicación de la ley, suspensión de la aplicación, comisiones médicas
Materia: LABORAL
Carátula: Rizzo Jorge G. y Otro c/ Estado nacional - Poder Ejecutivo Nacional s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-07-14

Corresponde confirmar la sentencia que rechazó la medida cautelar solicitada por el presidente del CPACF, con el objeto de que se suspenda la aplicación de los arts. 1, 2, 3, 10, 14, 15 y 16 de la Ley 27.348, dado que un pronunciamiento sobre la condición constitucional de los artículos en cuestión conllevaría a anticipar una decisión sin preservación de la doble instancia. Asimismo, por ejemplo, no es esta la hipótesis de que se suspenda un tratamiento médico oncológico, en donde la propia materialidad del hecho tornaría evidente la razonabilidad de la declaración inmediata del peligro en la demora. En consecuencia, se trata de un análisis de constitucionalidad que, por su generalidad, no patentiza esa urgencia como para no poder esperar una resolución más fundada en un marco procesal más amplio.
Ejecución fiscal, resoluciones inapelables, excepción de pago
Materia: PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: Fisco Nacional -D.G.I.- c/ Rubrex S.R.L. s/ ejecución fiscal.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-10-10

No es apelable el pronunciamiento que hizo lugar a la excepción de pago y dispuso el archivo de la ejecución promovida por el Fisco Nacional (reforma introducida al art. 92 de la ley 11.683 por la ley 23.658).
Contratos bancarios, contrato de caja de seguridad, contenido de la caja de seguridad, prueba, plena prueba
Materia: PROCESAL-BANCARIO
Carátula: García, Héctor Oreste y otro c/ Banco de Quilmes S.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-15

Es irrazonable la exigencia de plena prueba del depósito de los bienes en la caja de seguridad abierta en el banco demandado sin hacerse cargo de que uno de los aspectos esenciales del contrato en rigor, uno de sus atractivos, había consistido en habilitar su guarda sin que de ella quedaran rastros (Disidencia de los Dres. Eduardo Moliné O'Connor, Guillermo A. F. López y Adolfo Roberto Vázquez).
Recusación con causa, prejuzgamiento
Materia: PENAL
Carátula: RICARDO LLEBEILI c/ DEMETRIO, EMILIO DANIEL; VILLARREAL, HUGO ALEJANDRO; VILLARREAL, FERNANDO MARCELO Y OTROS s/ HOMICIDIO DOBLEMENTE AGRAVADO POR ALEVOSIA (ART. 80 INC. 2 DEL C.P.)  EN CONCURSO REAL CON ROBO DOBLEMENTE AGRAVADO POR USO DE ARMA (ART.  166) EN BANDA, EN CONCURSO IDEAL (ART. 54) Y ENCUBRIMIENTO ROBERTO DAPELLO Y OTRO c/ LUCIANO, OSCAR ROBERTO; AZATEGUI, JUAN DOMINGO; LLANELI, DANIEL EDUARDO Y VILATA, MIGUEL ANGEL s/ ROBO CALIFICADO (EMPLEO ARMAS) Y PRIVACION ILEGITIMA LIBERTAD EN  CONCURSO REAL GUILLERMO OMAR PALLARES c/ ARAUJO, RAMON ALBERTO; BUENA, BERNABE OMAR s/ LESIONES CULPOSAS MARTA BRIGIDA SERRANO c/ SAYAGO KARINA LILIANA s/ HOMICIDIO CULPOSO-INCIDENTE DE RECUSACION CONCAUSA INTERPUESTO POR  LUIS EDUARDO VERGOTINI C/ RAMON EDUARDO GOMEZ JUEZ DE INSTRUCCION DE  1ª NOM.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2000-10-04|2001-02-19|2001-03-08|2002-09-10

Los jueces no pueden rehusarse a juzgar, por lo cual las opiniones vertidas en la debida oportunidad procesal y sobre puntos sometidos a su decisión, no importan otra cosa que el cumplimiento de un deber impuesto por la ley y, de ningún modo autorizan la recusación fundada en la aludida causal.
Tarjeta de crédito, intereses, tarjeta de débito, intereses usurarios, tasas de interés
Materia: COMERCIAL
Carátula: PROCONSUMER c/ BANCO ITAU BUEN AYRE SA s/ SUMARISIMO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-20

Es procedente una demande entablada contra una entidad bancaria tendiente a que esta última se abstuviera de continuar aplicando intereses a sus clientes del sistema de tarjetas de crédito que superaran el tope previsto en el artículo 16 de la Ley 25065 y sus normas reglamentarias. Ello así en tanto se excedió dicho tope respecto de las tarjetas de crédito, incumplimiento que surge del informe proporcionado por el Banco Central, como así también de lo informado por la Subsecretaría de Defensa del Consumidor- pero nada hay que permita sostener que, como se pretendió en la demandada también haya incurrido en la violación cuestionada en el marco del uso de estas otras tarjetas.

En lo que respecta a tarjetas de débito y compra, ocurre, en cambio, lo contrario, dado que, como es hecho notorio, los bancos no suelen emitir tarjetas de compras y, en lo que concierne a las de débito, ellas se presentan como meros instrumentos para utilizar las disponibilidades crediticias abiertas a favor de los clientes en cuentas corrientes o en cajas de ahorros, cuyos regímenes son -no el correspondiente a la tarjeta de crédito- los que se aplican para regular las relaciones consecuencia. Al no encontrarse probado que la operatoria de esas tarjetas hubiera estado relacionada con la de las tarjetas de crédito (artículo 56, LTC), no procede la demanda en cuanto a aquellas.
Recurso contencioso administrativo, derechos subjetivos, Administración Pública, acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: STESSENS, PABLO c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - ACCIDENTE DE TRABAJO (CSJ EXPTE  NRO 180-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-08-16

El artículo 10, inciso b) de la ley 4106 establece un presupuesto de proponibilidad del recurso de plena jurisdicción. Así el carácter administrativo del derecho que se dice lesionado adquiere relevancia fundamental para determinar la materia contencioso administrativa.

Para que ésta se configure, se requiere: un acto de la Administración Pública dictado en ejercicio de potestades públicas, que el recurrente pretenda es ilegítimo, inválido; y no que se reclame invocando un perjuicio causado por un hecho ilícito, pretendiendo hacer efectiva la responsabilidad extracontractual según las previsiones del Código Civil.
Concursos, resoluciones recurribles
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Luxhogar S.A. s/ Concurso preventivo (R.de H.)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-10-31

La regla de inapelabilidad establecida por las leyes concursales, admite excepciones derivadas del texto expreso de la ley o bien de la naturaleza propia del problema planteado, como cuando están en juego -como en la especie- cuestiones que exceden el normal desarrollo del procedimiento. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Costas, costas en el orden causado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: M., S. I. c/ F., E. A. s/ Acción de reclamación de estado de hijo extramatrimonial
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-12-21

Excepcionalmente puede acudirse a la facultad del art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial y distribuir las costas por su orden cuando las circunstancias pudieran llevar al actor vencido a la convicción de que se encontraba legitimado para accionar. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de inconstitucionalidad, servicio público, servicio de agua corriente, sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, aplicación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SCHWAIKARTD, RAFAEL EDUARDO Y OTROS c/ AGUAS SANTAFESINAS S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-03-20

Si bien en la causa "Organización Metalúrgica Argentina SRL c. Banco Provincial de Santa Fe" sostuve que las sociedades del Estado son personas jurídicas reguladas en forma prioritaria por normas del derecho privado, la cuestión debatida se encuentra regida por normas propias reguladoras del proceso de transferencia de la actividad de suministro de agua potable y desagües cloacales a una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, y en dicho marco regulatorio se dictó una disposición específica referida al régimen del personal y, en particular, al supuesto de juicios o litigios con el personal transferido por causa anterior a la fecha de la transferencia. En consecuencia, la postura del recurrente no resulta atendible por cuanto, sin perjuicio que a Aguas Santafesinas S.A. le resultan aplicables las normas de derecho privado -sin que quede comprendida en la excepción de responsabilidad en los términos del artículo 230 de la Ley de Contrato de Trabajo-, lo cierto es que la legislación específica dictada a fin de regular el proceso de transición le atribuye responsabilidad al recurrente. (Del voto del Dr. Falistocco) - CITAS: CSJStaFe: Organización Metalúrgica Argentina, AyS T 94, p 414. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Leyes 11220 y 12516; Decretos 193/06, 243/06, 2748/06, 1358/07 y 1358/07, Capítulo 5, apartado 5.1.
Jurisdicción y competencia, Estados extranjeros, responsabilidad internacional del Estado, guerra, Derecho internacional
Materia: PROCESAL
Carátula: Taboada Roldán, Juan José. c/  s/ denuncia.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-09-27

La denuncia que involucra la responsabilidad internacional de un estado extranjero a raíz de los hechos cometidos por sus órganos durante el desarrollo de acciones bélicas, extremo que con arreglo al derecho de gentes -al cual debe conformar su intervención la Corte en tales supuestos (arts. 21 de la ley 48 y 24 del decreto-ley 1285/58)- no constituye materia sometida a la jurisdicción de los tribunales nacionales, sin perjuicio de las medidas que pudieren adoptar los órganos políticos de gobierno en la esfera pertinente (arts. 67, incs. 19 y 21; y 86, incs. 14 y 18, de la Constitución Nacional).
Tercerías, litisconsorcio necesario
Materia: COMERCIAL
Carátula: GANNON,  CELMA  (MAJEIL, SILVIA CONTRA GANNON, SALVADOR S. EJECUTIVO) s/ TERCERIA DE DOMINIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-26

Toda vez que el supuesto regulado por el Código Procesal 101 constituye un litis consorcio pasivo necesario, desde que se trata de una pretensión que tiende a obtener la modificación de un estado jurídico que es común a varias personas, sería inútil el pronunciamiento judicial que no se dicte frente a todas ellas. Por cuanto es obvio que si el estado jurídico es uno e inescindible con relación a varios, no se concibe que la modificación del correspondiente estado jurídico se opere sólo respecto de algunos.
Honorarios, recurso de reposición (procesal), cuerpo de abogados del Estado, relación de dependencia
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: DEMACO S.A.C.I.F.I. Y C. c/ DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO (DPV y U) s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-12-22

Corresponde hacer lugar a la revocatoria interpuesta contra el decreto que ordenó a la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo depositar las sumas adeudadas a sus representantes en concepto de honorarios, en razón de que en supuestos como el sub exámine en los que una repartición del Estado designa a uno de sus agentes para que lo represente en un proceso judicial, aquél no ejerce su actividad en función de un contrato de derecho privado, como los de mandato o locación de servicio, sino en virtud de una relación de empleo público que lo une con el organismo administrativo. (Citas: CSJN Fallos 308:1965; 317:1759; 319:318)
Daños y perjuicios, automotores, culpa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CORREA c/ PERALTA s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S060 - 314)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1988-03-03

La prioridad de paso que consagra el art. 42 inc.h del dec.200/79 no es un derecho absoluto sino una disposicion general del transito, que debe ser ejercida con suma prudencia dado el caracter de cosas riesgosas que revisten los automoviles en circulacion, respetando quien se vea favorecida por ella, tambien las otras disposiciones relativas a la conduccion, insertas en la ley y decreto mencionado (arts. 36, 37 inc. a, 1 y 2 ap.,42 inc. h, 60, 59, 61, 62 dec. 200/79).-
Presupuesto municipal, cargo de mayor jerarquía, diferencia de haberes jubilatorios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ESTEVEZ ILIANA LUISA c/ MUNICIPALIDAD DE CORDOBA s/ PLENA JURISDICCION - RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2011-03-23

La actora no puede esgrimir a su favor un derecho subjetivo al pago de diferencias de haberes entre la remuneración asignada a un cargo de mayor jerarquía y la correspondiente a su cargo de revista, cuando el cargo de mayor nivel escalafonario carece de la indispensable previsión orgánica y presupuestaria.

No entenderlo así, significaría desconocer la incidencia que producen las ordenanzas de contabilidad y de presupuesto, las que deben interpretarse a la luz que proyecta esta normativa básica del régimen jurídico del gasto público municipal (arts. 67, 64 inciso 14 y 86 inciso 9 de la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Córdoba y Ordenanza Nro. 5727).
Nulidad procesal, confirmación del acto jurídico
Materia: PROCESAL
Carátula: CUEVA, RAUL JOSE c/ MUNICIPALIDAD DE ESPERANZA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 521 AÑO 1992)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-04-27

Por regla general y como resulta sabido, la irregularidad de un acto procesal es susceptible de convalidarse mediante el consentimiento de la parte a quien ella perjudica, consecuencia directa del carácter relativo que revisten las nulidades procesales.
Recurso de casación, Ministerio Público Fiscal, desistimiento del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Fiscal del tribunal Penal Nº 1 s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1995-09-07

El artículo 447 textualmente expresa: "El Ministerio Fiscal podrá desistir de sus recursos, incluso si los hubiera interpuesto un representante de grado inferior". No hay obstáculo para que el señor Procurador General pueda desistir del recurso de casación interpuesto por el Fiscal del Tribunal, toda vez que tratándose de una regla de carácter general debe ser aplicable a todos y cada uno de los legislados por el ordenamiento formal.-
Seguro de responsabilidad civil, alcance de la cobertura
Materia: LABORAL
Carátula: Quinteros, Nemesio Eloy y otros c/ Centro Acopiadores de Cereales Zona Puerto Quequen y otros s/ Indemnización por muerte por accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-11-05

Pactada una cláusula de exclusión de cobertura, ello significa que respecto del riesgo que se excluye del contrato no existe seguro.