Tribunal: CAMARA NAC. DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-06-24


Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA III Causa n° 3.831/13/CA1 "M.J.E. c/ IOSE s/ incidente de medida cautelar" Buenos Aires, 24 de junio de 2014.

VISTO: el recurso de apelación interpuesto y fundado por la demandada a fs. 77/79 vta., cuyo traslado no fue contestado oportunamente, contra la resolución de fs. 42/43, y CONSIDERANDO:

I. En primer lugar, es conveniente recordar que la presente acción de amparo fue deducida por la señora J.E.M. a fin de que el Instituto de Obra Social del Ejército (IOSE) le otorgue su afiliación y cobertura médico asistencial en su carácter de viuda del ex Comandante Principal retirado Sr. J.N.S.. Asimismo, solicitó el dictado de una medida cautelar anticipatoria de sus derechos (cfr. fs. 9/17).

En su escrito de inicio la actora refirió que convivió en aprente matrimonio con el exintegrante de Gendarmería Nacional J.N.S. desde el año 1998, hasta su deceso en octubre del 2011, habiendo nacido de dicha unión su hija M.S. en 1999 (tanto su ex marido como su hija eran afiliados al IOSE). Con posterioridad Gendarmería Nacional le otorgó el beneficio de pensión. Por otra parte, efectuó un reclamo administrativo previo ante el IOSE a fin de obtener su afiliación, lo cual fue desetimado con fundamento en el decreto 1478/97, Cap. I, Punto 5, inc. a), que establece que se considera con carácter de afiliado titular pensionista a quien asuma la titularidad del grupo familiar y que se encuentre afiliado en el momento de producirse el deceso o baja por destitución del titular", requisito que ella no cumplía.

Agrega que se vio obligada a entablar la presente acción a fin de obtener su afiliación, ante la negativa del IOSE con sustento en el Régimen de Afiliación, decreto 1478/97.

II. El a quo decretó la medida cautelar solicitada y ordenó al Instituto de Obra Social del Ejército (IOSE) que procediera a incorporar al padrón de afiliados a la Sra. J.E.M., en las mismas condiciones que las previstas para los cónyuges de los afiliados directos, hasta que se decida la cuestión de fondo.

Tal decisión fue apelada por el IOSE, quien, básicamente, mantiene su postura de que no corresponde afiliar a la actora por el hecho de que no se encontraba afiliada al momento del deceso del titular, resolviendo de acuerdo a la normativa vigente.

III. Ante todo, cabe recordar que las medidas cautelares, están destinadas a dar tiempo a la Justicia para cumplir eficazmente su obra (conf. Di Iorio, J., "Nociones sobre la teoría general de las medidas cautelares", LL 1978-B-826; esta Sala, causa n° 9.334 del 26.6.92). De allí que para decretarlas no se requiera una prueba acabada de la procedencia del derecho invocado -extremo sólo definible en la sentencia final- (esta Sala, causas nº 7815/01 del 30-10-01 y 5236/91 del 29-09-92), ni el estudio exhaustivo de las relaciones que vinculan a las partes -cuya índole habrá de ser dilucidada con posterioridad-, sino tan sólo un examen prudente por medio del cual sea dado percibir en el peticionario un fumus boni iuris.

Ello así, es conveniente destacar que la ley 18.683 dispone que será afiliado al IOSE el personal militar y miembros de sus familias, en las condiciones, categorías y caracteres que para cada caso determine el Poder Ejecutivo Nacional, quien podrá igualmente autorizar la afiliación del personal y familiares de otras entidades a propuesta del Comando en Jefe del Ejército (art. 2).

A su vez, el decreto 2239/70, reglamentario de la ley 18.683 y que aprobó el Estatuto Orgánico del IOSE, establece que se considerará afiliado el personal militar y miembros de su familia, en las condiciones que determine el Régimen de Afiliación, pudiendo extenderse ese derecho a otras personas, siempre de acuerdo a las normas de dicho Régimen (art. 4).

El referido Régimen de Afiliación vigente fue aprobado por el decreto 1478/97, y dispone que la afiliación de los familiares es voluntaria (Cap. I, 3.c), entre los que se incluye al cónyuge (Cap. I, 6.a).

Desde esta perspectiva, corresponde señalar, en este contexto cautelar, que no son atendibles los argumentos esgrimidos por el apelante para cuestionar la verosimilitud del derecho de la actora, por cuanto los extremos invocados en el escrito de inicio y los elementos adjuntados, otorgan sustento suficiente al pedimento cautelar impetrado.

En tales condiciones, la negativa del IOSE a admitir la afiliación de la Sra. J.E.M., con sustento en las disposiciones del decreto 1478/97, restringió -rima facie- el derecho a la salud invocado por la peticionaria (art. 42 de la Constitución Nacional), habida cuenta de que no es el espíritu o finalidad de las normas de jerarquía superior excluir al familiar del titular fallecido (en este caso su conviviente) (conf. arg. art. 28 de la Constitución Nacional y CSJN, doctrina de Fallos: 318:1707 y 322:752 y 1318).

Máxime si se atiende a la función social del IOSE, creado como entidad autárquica del Estado Nacional, dependiente de la Jefatura del Estado Mayor General del Ejército (adviértase que el art. 1, in fine, de la ley 18.683 establece que el Instituto tiene por finalidad el cumplimiento y desarrollo de un plan permanente y progresivo de bienestar social para sus afiliados) y cuyos recursos provienen, entre otros -además de las cuotas de los afiliados- de las asignaciones de cualquier naturaleza que le otorgue el Estado (conf. Estatuto Orgánico, decreto 2239/70, art. 19, incs. 1 y 2, reglamentario de la ley 18.683).

También concurre en la especie el peligro en la demora, configurado por la incertidumbre que apareja para la actora la falta de cobertura médico-asistencial.

Los fundamentos hasta aquí expuestos en cuanto a la verosimilitud del derecho, las circunstancias invocadas por la actora, las constancias obrantes en la causa ya analizadas, la naturaleza del derecho que involucra la decisión de la demandada y el peligro en la demora, convencen al Tribunal de que, hasta tanto se decida la cuestión de fondo y mientras se mantengan las actuales condiciones, impresionan como más gravosas para la actora las consecuencias derivadas del rechazo de la cautelar solicitada, que para la demandada disponer su incorporación (cfr. esta Cámara, Sala de Feria, causas n° 5.914/02 y 6402/02 citadas; esta Sala I, doctr. causa 6655/98 del 7-5-99; Sala II, causa 4840/97 del 13-11-97).

A lo hasta aquí desarrollado, cabe añadir que la solución decidida por el magistrado es la que mejor se corresponde con la naturaleza del derecho cuya protección cautelar se pretende -que compromete la salud e integridad física de las personas (cfr. Corte Suprema, Fallos: 302:1284)-, reconocido por los Pactos Internacionales (art. 25, inc. 1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y art. 12, inc. 2, ap. d., del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), de jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional; cfr. esta Sala, causas n° 22.354/95 del 2-6-95, 53.078/95 del 18-4-96, 1251/97 del 18-12-97, 436/99 del 8-6-99, 7208/98 del 4-11-99, 53/01 del 15-2-2001).

Por ello, SE RESUELVE: confirmar la decisión apelada, con costas (art. 68 del CPCCN).

"Hágase saber a los letrados que en las causas en las que se haya interpuesto recurso de apelación o de queja por apelación denegada a partir del 18-11-2013, deberán registrar, validar y constituir por escrito en el expediente su domicilio electrónico, bajo apercibimiento, en su caso, de notificar por ministerio de ley las sucesivas resoluciones y providencias del tribunal (Acordada CSJN N° 31/11 y 38/13 -B.O. 17/10/13-)".

El Dr. Antelo no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del RPJN).

Regístrese, notifíquese -oportunamente publíquese- y devuélvase.

Graciela Medina Ricardo Gustavo Recondo