marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Concursos, concurso especial, caducidad de instancia
Materia: COMERCIAL
Carátula: NOGUES BAUBEAU DE SECONDIGNE  S.A. s/ QUIEBRA S/ CONCURSO ESPECIAL POR BANCO ARGENFE  S.A.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-31

El concurso especial no puede asimilarse al trámite de ejecución de sentencia previsto en los arts.499 y ss. -como pretende el recurrente- pues no es exacto que aquel importe la ejecución del crédito verificado. Tan es así que el concurso especial puede ser promovido aún cuando la verificación no haya sido resuelta, a cuyo fin el interesado debe prestar fianza para responder a los eventuales perjuicios que se deriven del fracaso de la pretensión verificatoria.

Habida cuenta de ello y que en la especie la activación del incidente compete a un acreedor, es susceptible de extinguirse por caducidad de la instancia según lo previsto por la LC.300. Ello aún cuando el crédito con privilegio especial se encuentre verificado, pues se trata de dos procedimientos distintos.
Daños y perjuicios, determinación del monto
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gutierrez, Héctor R. c/ Vicente, Alberto s/ Disolución de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-05-30

El art. 165 del Código Procesal no es un dispositivo creado para enmendar en etapas posteriores los deberes incumplidos por las partes, ni tampoco para alterar las reglas de la carga de la prueba ni para sustituir o ampliar otros medios de prueba correspondientes.
Abogados, honorarios, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD c/ PRATS, MARTA INES, POZZO, BEATRIZ JOSEFINA Y/O QUIEN EN DEFINITIVA RESULTE PROPIETARIO s/ EXPROPIACION. INCIDENTE DE APREMIO PROMOVIDO POR LOS DRES. JORGE R.   ISSO Y CARLOS A. ULLA C- DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD.   REVOCATORIA (CSJ EXPTE N. 148-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-03-12

La ley 6767, contempla las distintas situaciones y modalidades que ofrece la actividad profesional, que en lo tocante a los asuntos susceptibles de apreciación pecuniaria, adopta el sistema de acordar un honorario proporcional a la cuantía del respectivo caso (artículo 6), y tiene cuidado de dar pautas para determinar esa cuantía según la naturaleza de cada juicio o gestión (artículo 8).

Para específicas situaciones, el artículo 7 se aparta de la escala general del artículo 6, y es obvio que lo hace porque corrientemente ocurre que en esas situaciones especiales, la labor profesional resulta menos extensa o menos intensa que en el común de los casos tenidos en mira por el artículo 6. El artículo 7 encasilla racionalmente las diversas situaciones en que ese alivio se produce.

Se guía por lo que acostumbra suceder según el curso natural y ordinario de las cosas, sin incurrir en un casuismo inapropiado que la ciencia jurídica no considera conveniente aplicar en la redacción de las leyes. Para atenuar posibles inconvenientes de la remuneración tarifada, la ley 6767 cuenta con la norma del artículo 4 inciso b): además del monto del asunto, tener especialmente en cuenta la calidad y extensión de la labor profesional.
Ius variandi, cambio de horario
Materia: LABORAL
Carátula: LONGO, INOCENCIO DOMINGO R. c/ PLATT ESTABLECIMIENTOS GRAFICOS SCF. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-02-27

Es arbitraria la actitud de la empresa que habiendo modificado el horario de trabajo tiene oportunidad de 'valorar' la razón de que se asiste el trabajador para oponerse, y se concreta a insistir en su posición sin siquiera verificar la realidad de la afirmación del dependiente, lo que habilita a éste a considerarse en situación de despido.
Recurso extraordinario, cuestiones procesales, debido proceso, defensa en juicio, exceso ritual manifiesto
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por el actor en la causa Gandera, Diego Javier c/  s/ plantea recurso de queja por apelación en expte. nº 2248/12 reg. D.G.R.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-11-05

Si bien, como regla, las decisiones que declaran la improcedencia de los recursos deducidos ante los tribunales locales no justifican el otorgamiento de la apelación extraordinaria, en virtud del carácter fáctico y procesal de las cuestiones que suscitan, cabe hacer excepción a ese principio, en salvaguarda de las garantías del debido proceso y de la defensa en juicio, cuando la decisión adoptada se sustenta en afirmaciones dogmáticas o cuando con injustificado rigor formal lo decidido omite ponderar argumentos conducentes para la solución del litigio, lo cual conduce a una restricción sustancial de una vía apta para obtener el reconocimiento del derecho invocado. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Empleo público, licencia por enfermedad, tratamiento prolongado, junta médica, acto administrativo, nulidad del acto administrativo, control de legalidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Vucinovich, Vicente Carlos c/ Gobierno de la Cdad. de Buenos Aires s/ Impugnación de Actos Administrativos Buenos Aires s/ Impugnación de Actos Administrativos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-10-12

Conforme los artículos 55 y 56 de la Ordenanza Nro. 40.401, la formación de una Junta Médica deviene requisito fundamental para la asignación de licencias por afecciones o lesiones de largo tratamiento. Se ajusta a derecho, entonces, exigir un máximo de profundidad en los exámenes que emitan un diagnóstico del que pueda surgir la pertinencia de una licencia; como también que los mismos se encuentren perfectamente registrados e identificados.

Se debe realzar la importancia, ante la dificultad de certeza que posee la diagnosis psiquiátrica, de seguir con un máximo de prudencia y prolijidad los procedimientos que, en razón de trastornos de la psique, justifiquen el alejamiento de la actividad laboral.

La ausencia, como se ha verificado en autos, del requisito exigido por el artículo 7 inciso d) de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires -en consonancia con el Decreto- ley Nro. 19.549/72- acarrea la nulidad absoluta e insanable del acto emanado de la autoridad administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 in fine de la ley local mencionada, en tanto éste invalida el acto emitido en violación de las formas esenciales que hacen necesariamente a su dictado. No se trata aquí de esperar el acaecimiento de hechos de violencia física o verbal para entonces sí licenciar al actor. Ponderar de esta manera situaciones de violencia no sucedidas implicaría un juicio de peligrosidad que, por lo errático de los diagnósticos analizados, excedería cualquier gestión preventiva de la Administración.
Ministerio Público, orden público, independencia del Ministerio Público, facultades jurisdiccionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Lamparter, Ernesto Juan c/ Baldo, José Juan y Sánchez, Herminda Norma s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-06

Para procurar una recta administración de justicia es indispensable preservar el ejercicio de las funciones que la ley encomienda al Ministerio Público, a fin de custodiar el orden público y la defensa del orden jurídico en su integridad.
Resoluciones anteriores a la sentencia, incidente de nulidad, nulidad procesal, prisión preventiva
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Clínica Saint Emilien  SA. s/ art. 166 del Código Penal -causa nx 16.893-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-03

No es sentencia definitiva el pronunciamiento que desestimó el incidente de nulidad contra la sentencia que había decretado la prisión preventiva.
Prueba testimonial, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Domínguez, Teófilo c/ Meller Comunicaciones S.A. y Otros s/ D. y P.
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2009-09-17

Corresponde admitir que los testigos señalados por la sentenciante en abono de su postura, todos tuvieron oportunidad de conocer de modo más directo los hechos en discusión, circunstancia importante para su toma de decisión; más allá de que tampoco en el grupo de testimonios se observan discordancias entre sí... Aspectos que determinan que la apreciación de la prueba testimonial efectuada por la juez resulta en principio irreprochable, y por el contrario la crítica del recurrente aparece al menos como insuficiente para enervar su postura.
Indemnización por despido, interpretación de la ley, tope indemnizatorio, inconstitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: MIGOYA, RAUL c/ AMSA ASISTENCIA MEDICA SOCIAL ARGENTINA S.A. s/ COBRO DE SALARIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-08-13

Declarar la inconstitucionalidad de los topes previstos en el art.

245 LCT (según versión del art 153 de la ley 24013) implicaría inmiscuirse en áreas propias de la política legislativa que es privativa de otros poderes del estado. Por ello, cuando existe un desfasaje entre la suma que percibía el trabajador y la que corresponde tomar en cuenta para el cálculo de la indemnización por antigüedad conforme la disposición citada, la restauración de la protección contra el despido arbitrario debe provenir de una corrección judicial mediante un adicional equitativo cuya pauta no sea excesivamente gravosa, además de imprevisible, para el empleador despidiente, ni tampoco indiferente a las circunstancias singulares de cada caso.
Cuestión de derecho público local, competencia, Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Metrovías S.A. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-04-09

El Poder Judicial de la CABA tiene competencia para entender en las acciones judiciales que cuestionen actos dictados por el Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la CABA. (Voto de la Dra. Ana María Conde).
Derechos y garantías constitucionales, derecho a la vida, derecho a la salud, reglamentación de la ley, poder de policía, Salud pública, medicina prepaga
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Hospital Británico de Buenos Aires c/ Estado Nacional (Ministerio de Salud y Acción Social).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-13

Si para justificar el ejercicio del poder de policía fuera menester que en cada caso estuviese comprometido el bienestar de todos y cada uno de los habitantes del Estado, no sería posible reglamentar jamás la actividad individual ni el uso de la propiedad, desde que los beneficios directos de cada ley u ordenanza no alcanzan sino a una parte limitada de la población, aún cuando en conjunto tiendan a asegurar el bienestar de todos (Voto de los Dres. Carlos S. Fayt y Augusto César Belluscio).
Derechos y garantías constitucionales, debido proceso
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Gómez, Juan y otro c/ Bianchi, María Cecilia s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2005-12-28

Para que cada litigio pueda cumplirse con la garantía constitucional generalizada universalmente que asegura un debido proceso como medio para llegar a una solución heterocompositiva legítima y justa, es menester que desde el propio escrito de demanda se posibilite un adecuado y pleno contradictorio dentro del marco de reglas de debate que deben respetarse por todos los sujetos del proceso. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Competencia contencioso administrativa y tributaria, Derecho administrativo, sanciones administrativas, ENTE REGULADOR DE SERVICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONCESIONES, non bis in ídem
Materia: PROCESAL
Carátula: Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la CABA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Ecohabitat SA Emepa SA UTE (Res 219/15) c/ Ente Único Regulador de los Servicios Públicos CABA s/ recurso directo s/ resoluciones del Ente Único Regulador de Servicios Públicos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-03-04

La única condición que el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana exige al EURSPCABA en caso de aplicar penalidades es que informe a la Dirección General de Limpieza sobre su intervención y la resolución final que adopte. En definitiva, el Pliego de Bases y Condiciones incluye el sistema de "índice de prestaciones" y sus penalidades como parte del régimen contractual; es decir que según el propio pliego, la acumulación de sanciones bajo determinadas condiciones puede generar, a su vez, penalidades por incumplimiento de los índices establecidos por el contrato. (Del voto de los jueces Inés M. Weinberg, Luis Francisco Lozano y Santiago Otamendi).
Procedimiento administrativo, recursos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Sociedad Bomberos Voluntarios de Tigre c/ Provincia de Buenos Aires (P. Ejecutivo) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-03-08

No se halla cumplimentada la exigencia precisada por la doctrina del tribunal en lo que respecta a la obligatoriedad de la interposición de por lo menos un recurso administrativo contra el acto que se cuestiona si no se atacó por vía recursiva el acto que rescindió el contrato, requisito exceptuado unicamente en los casos de actos desestimatorios de recursos resueltos por la vía jerárquica o por autoridad administrativa competente en un proceso impugnatorio (arts. 86 y 89 7647/70). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Impuestos, confiscatoriedad
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Candy S.A. c/ AFIP y otro s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-07-03

Para que la confiscatoriedad exista, debe producirse una absorción por parte del Estado de una porción sustancial de la renta o el capital en razón de las cambiantes circunstancias del país -e incluso bajo las mismas circunstancias- la diversa relación de determinadas especies de impuestos con el bienestar general, derivada de la clase de riqueza o actividad gravada, entre otros factores, puede justificar que la determinación del límite varíe en más o en menos, límite que no es absoluto sino relativo, variable en el tiempo y susceptible de diferenciaciones en un mismo tiempo.
Inembargabilidad de fondos, ley vigente, falta de prueba, regulación de honorarios, intimación de pago, sanciones conminatorias
Materia: PROCESAL
Carátula: Videla Martínez, Ricardo  c/ H.C.D. de Pirané  s/ sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2023-03-14

Cabe no hacer lugar a la solicitud de embargo, por encontrarse vigente el régimen de inembargabilidad conforme la adhesión de la Municipalidad a la Ley Provincial N° 1709 mediante Ordenanza N° 1920/21. No obstante ello, ante la inexistencia de prueba que acredite el pago de los honorarios regulados -verificado el incumplimiento por parte de la demandada de lo ordenado-, corresponde se le efectúe una nueva intimación bajo apercibimiento de que se procederá a la aplicación en forma diaria y personal al Sr. Intendente de la Municipalidad de una sanción conminatoria consistente en el pago de pesos cuatro mil ($ 4.000) por cada día de atraso en que incurra en el cumplimiento de la manda judicial -de lo cual es fehacientemente notificado, arts. 804 del CCyCN y 37 del CPCC-.
Graduación de la pena, recurso de casación, cuestiones de hecho y prueba
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Casella, Miguel Angel s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-14

La graduación de las penas sólo compete al tribunal de juicio en la medida en que importa la ponderación de situaciones de hecho cuya apreciación es posible únicamente en el debate. Escapa al control de la jurisdicción casatoria la mera discrepancia del recurrente con las circunstancias que se tuvieron en cuenta para imponer la pena. Dada la naturaleza extraordinaria, restringida y formal de la impugnación casacional, esta materia no puede ser revisada por el Tribunal. La fijación del monto de la sanción, mientras el tipo y la escala hayan sido respetados, es una tarea que se encuentra dentro de los poderes discrecionales del tribunal de juicio y por ello no puede ser atacada por la vía intentada, salvo evidente arbitrariedad, que debe ser demostrada, carga que los recurrente, en el caso, no han asumido adecuadamente.
Recurso de apelación (procesal), juicio ejecutivo, resoluciones irrecurribles
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CAMPOSTRINI LUIS S. c/ ANSA CARLOS ALBERTO s/ DEMANDA EJECUTIVA Y EMBARGO PREVENTIVO - QUEJA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-06-14

Porque la limitación recursiva es una característica de las ejecuciones, impuesta por la naturaleza y finalidad del juicio ejecutivo, la norma expresa respecto de la apelabilidad de ciertos autos -artículo 518 del Código Procesal Civil y Comercial-, como también la limitación de los supuestos en que la sentencia resulta apelable -artículo 540 del Código de rito-, no dejan dudas acerca de la inapelabilidad de las excluídas, exceptuando lo relativo a la producción de prueba.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Seguros, seguro colectivo, incapacidad, indemnización, asegurador, improcedencia del recurso, acción por omisión, efectos entre partes
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL-PENAL
Carátula: Krauz Adrián Sales y otros c/ Caja de Seguros SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-28

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que -a los fines de determinar la incapacidad total y permanente por imposibilidad de realizar otra tarea remunerada-, no procede ceñirse a parámetros abstractos ni fórmulas matemáticas, pues es preciso tomar en consideración las circunstancias personales del damnificado, la gravedad de las secuelas y los efectos que éstas puedan tener con respecto a su actividad actual, y a su vida en relación (C.S.J.N. en "Toscano c/ Provincia de Buenos Aires", del 07/02/95; ídem, "Morette c/ YPF", del 23/08/98). Idéntico criterio ha seguido esta Cámara en diversos pronunciamientos análogos al presente. Así se ha expresado que la cláusula de la póliza de seguros que cubre el riesgo de invalidez total, no puede ser entendida en su expresión literal, sino en un sentido más flexible, pues se trata de establecer si el beneficiario se encuentra imposibilitado de realizar aquellas actividades que le eran habituales u otras similares (Sala C, "Barrandeguy c/ Caja Nacional de Ahorro y Seguro SA", del 19/10/98; ídem, Sala B, "D.L.G. c/ La Meridional", del 21/09/95; idem Sala F "Bensusan, Jorge Marcelo c/ Caja de Seguros de Vida SA s/", 27/12/11).
Municipalidad, poder de policía, bienes de interés histórico provincial, restricciones al dominio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: RIDLEY, FRANCISCO A. c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-11-02

El roce de los intereses públicos con la propiedad particular, no engendra relaciones de simple derecho civil entre el ciudadano y la administración del estado sino que éstas pertenecen a la esfera del derecho público, que regla y tutela los intereses de la comunidad" (ref. Art. 2611, C.C., en Fallos:102:175).

En el caso, los accionantes postulan que, la arbitraria interpretación y aplicación de las disposiciones administrativas en juego dictadas por la Municipalidad, cuya competencia no se encuentra discutida en la especie, lesionan sus intereses legítimos por ellas pretensamente protegidos, por lo que, desde esta óptica, ha de concluirse que la materia comprometida es de naturaleza contencioso administrativa.( del voto del Dr. Netri que hace mayoría)
Derecho a la salud, personas con discapacidad, derechos de las niñas, niños y adolescentes, obras sociales, carga de la prueba
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la actora en la causa R., M. S. c/ OSDE s/ amparo de salud
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-27

Los principios constitucionales, rectores de los estatutos de la salud, la discapacidad y la niñez se proyectan, sobre lo atinente a la carga de la prueba relativa a la existencia de una institución pública adecuada para satisfacer la prestación educativa solicitada, en los términos de la resolución 428/99 del Ministerio de Salud y Acción Social -punto 6 del Anexo I- (Disidencia del juez Rosatti). - La Corte, por mayoría, desestimó el recurso extraordinario por considerarlo inadmisible (art. 280 CPCCN)-.
Derecho Aduanero, multa tributaria
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Kolynos  S.A.C.I. c/ A.N.A. s/ Nulidad de Resolución
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-15

Las multas aduaneras tienen carácter represivo; naturaleza que no se altera por la exigencia de un interés fiscal accesorio en su percepción.
Superior Tribunal de Justicia, competencia, control de constitucionalidad, recurso de inconstitucionalidad, voluntad del legislador, nulidad del acto jurídico
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: M. A. Y OTRAS s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Desacato (Expte CSJ Nro. 174-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-06-12

El control de constitucionalidad no puede ser empleado para trabar o frustrar la acción de gobierno, habida cuenta que la descalificación de un acto estatal reviste la máxima gravedad y representa la última ratio del ordenamiento jurídico.
Matrimonio, disolución del matrimonio
Materia: CIVIL
Carátula: Sisto, Verónica Eva y Franzini, Martín Ignacio s/ información sumaria sumarísimo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-05

La ley 23.515 ha querido evitar el matrimonio indisoluble como único modelo matrimonial.
Obligación alimentaria, legitimación procesal
Materia: CIVIL
Carátula: C., J. R. c/ C., G. V. s/ Sumario por Reducción de Cuota Alimentaria en B-233035/10
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2013-03-18

Debe rechazarse el pedido de reducción de cuota alimentaria, pues tratándose de un hijo que cuenta con 18 años de edad, el actor debió probar que el mismo cuenta con recursos suficientes para proveérselos por sí mismo, es que, se trata de un deber alimentario de los progenitores derivado de la responsabilidad parental que, por disposición legal, se extiende hasta los 21 años.
Honorarios del abogado, regulación de honorarios, prescripción bienal, cese del patrocinio
Materia: PROCESAL
Carátula: MALTAGLIATTI EDUARDO ALBERTO s/ SUCESION  5-INC.  RENDICIÓN  DE  CUENTAS  -  HONORARIOS  NO REGULADOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-27

De acuerdo con lo estatuido por el art. 4032, inc. 1, del Código Civil, el crédito del abogado que cesó en su ministerio prescribe a los dos años del hecho determinante de la cesación que es la renuncia y obsta a ello que con posterioridad el expediente se encontraba en la alzada, pues ello no es una imposibilidad para agilizar el trámite tendiente a lograr la regulación y evitar de ese modo la prescripción.