Tribunal: CAMARA DE ACUSACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-09-23


Salta, 23 de Septiembre de 2013.

Y VISTO: Estos Autos caratulados: "INCIDENTE DE RECURSO DE APELACION PRESENTADO POR LA DRA. MERCEDES H. MOLINA DEFENSORA OF. PENAL Nº 8 - APELACIONES COR.GAR. PROC.SUMARIO CON PRESO", Expte. Nº 107.378/13 del Juzgado de Garantías de 2ª, del Distrito Judicial del Centro; causa Nº G01-107.378/13 de la Sala Primera del Tribunal de Impugnación y, CONSIDERANDO El Dr. JULIO V. PANCIO, dijo:

I) Que corresponde al suscripto resolver sobre el recurso de apelación formulado a fs.1/4 de este Incidente por la Defensa del imputado Daniel Walter Antonio Gallardo, en razón de resultar formalmente admisible conforme lo previsto por los arts.386, 534 y cc del C.P.P..- II) Mediante resolución agregada a fs.27/8 del legajo conexo (fotocopias), el Sr. Juez de Garantías dispuso la Prisión Preventiva del nombrado Gallardo, imputado como presunto autor de Robo calificado por el Uso de armas en grado de Tentativa (arts.42 y 166 inc.2º C.P.), en el entendimiento que existen suficientes elementos de convicción para sostener como probable la participación punible del imputado en el hecho investigado y que en caso de recaer condena en estos autos, la misma será de cumplimiento efectivo en razón de sus antecedentes.- Continúa diciendo el A quo que conforme esos mismos registros respecto del comportamiento en anteriores causas en las cuales se han despachado pedidos de captura y comparendo, es posible entrever que el nombrado "no se someterá al proceso", con lo cual considera existe serio riesgo de verse frustrada la averiguación de la verdad y la realización de la ley sustantiva. El Sr. Juez considera igualmente que ninguna de las medidas sustitutivas alegadas por la Defensa serían efectivas para garantizar la comparencia del encausado. En el mismo decisorio el Resolvente adecua las actuaciones en el art.378 del C.P.P..- El pronunciamiento es impugnado por la Defensa técnica a cargo de la Sra. Defensora Oficial Penal Nº 8, Dra. Mercedes H. Molina, quien peticiona, en primer, lugar la nulidad del procedimiento por cuanto comunicada la aprehensión de su defendido "el fiscal no solicita su detención y el Juez no ordena la libertad como claramente surge de la normativa del art.380 del C.P.P...."; luego -continúa diciendo- cuando se efectuó la audiencia de control acerca de la legalidad de aquella aprehensión, el Sr. Juez de Garantías no estuvo presente durante el acto con lo cual "resultaría que la Policía es la Autoridad Competente en plena conculcación de los arts.18 C.N. y 19 C. Provincial".- En síntesis, la Defensa sostiene que "todo el procedimiento adolece de una irregularidad tal que permite arribar a la nulidad del mismo y como consecuencia a la inmediata libertad del causante (arts.220, 221, 222 y cc).- En forma subsidiaria la Sra. Defensora solicita se revoque el auto de prisión preventiva despachado por considerar que el Juez A quo ha fundado su decisión de modo aparente, formulando "apreciaciones abstractas, dogmáticas, tomadas como presunción iure et de iure al decir que corresponde la cautelar más gravosa porque registra dos condenas, comparendos y capturas..." , sin expresar en el caso concreto porqué se presume la existencia de peligro procesal. La Sra. Defensora cuestiona -con apoyo en pronunciamientos de este mismo Tribunal- los argumentos relativos a la inexistencia de un domicilio real; la comprobación de pedidos de captura o comparendos en procesos anteriores y que se tenga en cuenta la imposición de una eventual condena de prisión, como circunstancias que aconsejen la restricción cautelar de su defendido por encima de otras medidas sustitutivas previstas por el legislador "a fin de no conculcar los principios de subsidiariedad, necesidad y proporcionalidad".- A fs.6/10 el Sr. Fiscal contesta la vista conferida al efecto solicitando el rechazo del recurso impetrado, el cual doy por reproducido íntegramente en honor a la brevedad.- III) Puesto a resolver el caso concreto entiendo que no le asiste razón a la Defensa pese a la enjundia de su trabajo en aras de obtener la libertad de su asistido, como máxima aspiración de hacer realidad el proceso sin preso en respeto al estado de inocencia garantizado por las Cartas Fundamentales.- Como se vio, inicialmente se pide la nulidad del procedimiento de aprehensión-detención de Gallardo en una presunta sucesión de actos irregulares que dé, haber existido, no tienen prevista expresamente tal sanción como prevé el art.220 del C.P.P., de suerte que la privación momentánea de la libertad de locomoción de un individuo depende de determinadas circunstancias -la flagrancia es una de ellas conforme los arts.376 inc. a) y 378- y, en todo caso, sometida a control jurisdiccional.- En el asunto que nos ocupa, la intervención del Tribunal de Garantías y examen del caso y condiciones de detención de Gallardo se ha producido en tiempo oportuno, despachándose el auto de Prisión Preventiva con los recaudos de ley, es decir, una vez escuchadas las partes y verificados los presupuestos para su declaración.- Parece un exceso sostener que del art.380 "claramente surge" la obligación de poner en libertad al aprehendido si el Fiscal no solicita su detención. Esta última -la detención- no es más que un concepto jurídico que viene a fijar el estado de privación ya sufrido con la aprehensión; y cesa en las situaciones que prevé el art.381 o se consolida con la prisión preventiva (art.386). De allí que me parezca un error de interpretación la queja de la Defensa al enfatizar "se pasa de la aprehensión a la prisión preventiva sin que la presentación inicial de la Defensa Técnica obtuviera ninguna respuesta" (fs.1 vta. al final). La respuesta jurisdiccional al pedido de ambas partes fue, precisamente, el encierro preventivo con la debida y suficiente argumentación.- IV) En orden a esto último de lo cual se agravia la Sra. Defensora en forma subsidiaria, este Tribunal con uniformidad de criterio en precedentes similares ha sostenido la prioridad que implica el reconocimiento del texto constitucional local, en cuanto toda restricción de la libertad física se dispone dentro de los limites absolutamente indispensable para la investigación del ilícito o para evitar que el imputado pueda eludir la acción de la justicia o en relación con la gravedad de los hechos (art. 19). En consonancia la norma reglamentaria que para la materia se consolida en el C.P.P., también estatuye como principio general que la libertad personal solo podrá ser restringida en los límites indispensables para asegurar el descubrimiento de la verdad y la aplicación de la ley sustantiva (art. 368 Ley 7690).- Va de suyo entonces que queda facultado el encierro de una persona cuando exista sospecha fundada de su participación en un hecho ilícito y que no habrá de someterse al accionar de la justicia. Cuando apareciere prima facie que su libertad, en caso de otorgarse, represente un obstáculo serio para el descubrimiento de la verdad y la aplicación del derecho penal sustantivo ya sea colocándose en situación de rebeldía o en condición de prófugo.- Finalmente el ordenamiento jurídico reconoce la potestad de restringir el derecho a gozar de la libertad ambulatoria en hipótesis a tener en cuenta la gravedad del hecho no solo por la escala sancionatoria prevista en abstracto, sino también atendiendo las circunstancias y modalidades de consumación que generan en cierto sentido mayor alarma social.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido que el derecho a gozar de libertad durante el proceso no es absoluto y que el arresto, la detención y la prisión preventiva son medidas cautelares que cuentan con respaldo constitucional siempre y cuando sean necesarias para asegurar el éxito de la investigación o para garantizar en casos graves que no se siga cometiendo delito y que no se frustre la ejecución de la eventual condena (Fallos, 280:297; 304:1524 y 305:1022).

Pues bien, la dilucidación de la cuestión recursiva en el caso concreto pasa únicamente por el peligro elusivo que merece a criterio del A quo el imputado, en base los antecedentes que documenta su planilla prontuarial (fs.13/4). Según esos registros, Gallardo ha sido condenado a penas de prisión efectivas en dos oportunidades por delitos contra la propiedad afrontando, además, otros procesos similares. Surge también el uso de nombre diverso (Walter Ramos), órdenes de captura e infracciones a la Ley de Estupefacientes.- En el presente caso Gallardo (o Ramos) enfrenta imputación por Tentativa de Robo Agravado por el uso de armas (arts.42 y 166 inc.2º C.P.) con lo cual la pena mínima a imponérsele eventualmente superaría los tres años de prisión en forma efectiva. Bajo tal expectativa no es caprichoso ni arbitrario presumir -como hiciera el Sr. Juez de Garantías- la posibilidad de verse frustrada la realización de la justicia, ya sea por fuga o entorpecimiento en la búsqueda de la verdad real. La existencia de riesgo procesal es, en nuestro caso, una contingencia altamente probable teniendo en cuenta el comportamiento demostrado por el encausado durante más de seis años.- Tales parámetros, hoy sistematizados en el nuevo Código, están presentes en las actuaciones que nos ocupa con lo cual la decisión judicial aparece suficientemente fundada, manteniéndose dentro de los límites de la proporcionalidad el tiempo de encierro preventivo que Gallardo soporta hasta el momento.- Coincido entonces con el Sr. Juez de la causa en la necesidad de restringir cautelarmente la libertad del imputado Gallardo y, por la misma razón, considerar insuficiente cualquier otra medida sustitutiva como pretende la Defensa. Voto pues por el rechazo del recurso impetrado.- En razón de lo expuesto y conforme las facultades otorgadas por el art.39 del C.P.P., como Vocal 1º de la Sala 1ª del I DEL TRIBUNAL DE IMPUGNACION, ________________________RESUELVO:

I) NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto a fs.1/4 de esta Incidencia por la Sra. Defensora Oficial Penal Nº 8, CONFIRMANDO el auto de PRISIÓN PREVENTIVA, despachado a fs.27/8 contra Walter Antonio Gallardo.- II) REGÍSTRESE, PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, y oportunamente BAJEN los autos al Juzgado de origen.