Tribunal: CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-02-28


///nos Aires, 28 de febrero de 2013.

AUTOS Y VISTOS:

Para decidir acerca de la admisibilidad del recurso de casación interpuesto en esta causa nº 17.111, caratulada: "Altuna, Jorge Andrés s/recurso de casación" Y CONSIDERANDO:

El señor juez doctor Mariano Hernán Borinsky dijo:

1º) Que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal nro. 6 no hizo lugar a la excarcelación solicitada por la defensa de Jorge Andrés Altuna (fs.135/137).

Que contra esa decisión el doctor José Luis Pelli defensor particular del imputado interpuso recurso de casación (fs. 143/163), el que fue concedido (fs. 164).

2º) Liminarmente corresponde señalar que las resoluciones que deniegan la excarcelación o la exención de prisión, en tanto restringen la libertad del imputado con anterioridad al fallo final de la causa, resultan equiparables a sentencia definitiva, ya que pueden ocasionar un perjuicio de imposible reparación ulterior al afectar un derecho que exige tutela judicial inmediata (Fallos: 280:297; 290:393; 307:359; 308:1631; 310:1835; 310:2245; 311:358; 314:791; 316:1934, entre otros) este aspecto por sí sólo resulta insuficiente para habilitar la jurisdicción de esta Alzada en su carácter de tribunal intermedio conforme la doctrina sentada en los precedentes "Di Nunzio", "Durán Sáenz" y "Piñeiro" (Fallos 328:1108; 328:4551; 333:677, respectivamente). En efecto, además debe encontrarse debidamente fundada una cuestión federal, pues la actividad impugnaticia tiene un límite y ante esta instancia, ese límite en casos como el ventilado en autos, sólo puede ser superado por la debida fundamentación de un agravio de carácter federal.

3º) Cabe señalar que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal nro. 6, el pasado 22 de octubre de 2012 condenó al nombrado a la pena de ocho prisión, inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el término de ocho años, inhabilitación absoluta por el lapso de once años, accesorias legales y costas, por los delitos de asociación ilícita hecho "A" en calidad de miembro, exacciones ilegales reiteradas en once oportunidades -hechos "B.2", "B.3", "B.4", "B.5", "B.6", "B.10", "B.13", "B.15", "B.16", "B.22" y "B.27", a título de partícipe necesario, todos ellos en concurso real entre sí (arts. 12,29 inc.3ero, 40, 41, 45, 55, 210 1er. párrafo, y 266 código penal)(cfr. fs. 135 vta.).

Corrida que le fue la vista al representante del Ministerio Público Fiscal a fs.133/134, éste propicio el rechazo de la excarcelación solicitada.

El tribunal a quo al momento de rechazar la excarcelación afirmó que el pedido de soltura efectuado por la defensa de Altuna sólo podía examinarse conforme el texto del inciso 5 del art. 317 del Código Procesal Penal de la Nación y no como pretende la defensa, a la luz de lo previsto por el inciso 1º de esa misma norma- en función del art. 316 del mismo código adjetivo. Y siguió analizando, que Jorge Andrés Altuna fue detenido el 24 de septiembre de 2010, permaneciendo al 23 de noviembre de 2012, dos años, un mes y veintitrés días, en consecuencia el tiempo de detención necesario por el artículo 317 inciso 5º del Código Procesal Penal tampoco encuadra en lo requerido por dicho artículo(cfr. fs 136).

Adunó que no caben dudas de que si la privación de la libertad del imputado es pertinente en etapas del proceso menos avanzadas, en las que la presunción de inocencia tiene una vigencia aún más plena, mal podría argumentarse que con el dictado de la sentencia condenatoria se deba esperar a su firmeza para continuar con la detención del encartado (cfr. fs 136 vta.).

Por último valoró que las particulares carácteristicas de los hechos atribuidos a Altuna y la severidad de la pena impuesta hace conveniente, para asegurar el fiel cumplimiento de los dispositivos de la sentencia y evitar que se tornen ilusorios, que continúe la detención de aquel(cfr. fs 136 vta).

4º) Ahora bien, la sentencia condenatoria no firme mediante la cual se impuso a Jorge Andrés Altuna la pena de ocho años de prisión otorga a la imputación existente en su contra un mayor grado de verosimilitud respecto de la concreta expectativa de pena de cumplimiento efectivo.

Dicha circunstancia constituye una pauta objetiva que demuestra y robustece la existencia de uno de los presupuestos que legitiman el encarcelamiento preventivo, pues permite presumir que, de obtener la libertad, el imputado podría intentar darse a la fuga para evitar el cumplimiento de la pena que pesa sobre su persona.

En tal sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Abregú" (Fallos: 102:209), ha dicho que "la prisión preventiva o privación temporaria de libertad del encausado", como medida de seguridad es "una garantía de ejecución de la pena y un medio de instrucción".

Sentado ello, considero que en el caso bajo análisis, la defensa no ha logrado demostrar la existencia de un agravio federal debidamente fundado que permita hacer excepción al principio general mencionado ut supra, toda vez que se ha limitado a invocar defectos de motivación en la resolución impugnada a partir de una discrepancia sobre la interpretación de los elementos concretos del caso que el a quo consideró relevantes para presumir que el imputado podría intentar eludir el accionar de la justicia y entorpecer las investigaciones; consideraciones que conducen a la parte a sostener una opinión diferente respecto de la hermenéutica de la ley adjetiva realizada por el tribunal anterior y que remiten a cuestiones que no son de carácter federal.

Tal discrepancia, amén de demostrar la existencia de una fundamentación que no se comparte, no configura un agravio fundado en la doctrina de la arbitrariedad (Fallos: 306:262; 314:451) o en los graves defectos del pronunciamiento (Fallos: 314:791; 321:1328; 322:1605), supuestos que habilitarían la jurisdicción de este Tribunal.

Por las consideraciones que anteceden, no habiéndose cumplido con los recaudos previstos en el art. 463 del C.P.P.N., el remedio recursivo interpuesto en autos deberá ser declarado inadmisible, con costas (art. 444 -segundo párrafo- del C.P.P.N.).Tener presente la reserva del caso federal.

La señora jueza doctora Liliana E. Catucci dijo:	Que el recurrente no ha logrado rebatir -más allá de su disenso- los argumentos esgrimidos por el tribunal oral relativos a la existencia de riesgos procesales en la soltura anticipada de Jorge Andrés Altuna, reforzados en esta oportunidad con la presunción de certeza que emana de la pena de cuatro años de prisión, inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el término ocho años, inhabilitación absoluta por el lapso de once años, accesorias legales y costas, impuesta como condena no firme por los delitos de asociación ilícita (hecho A), en calidad de miembro y exacciones ilegales reiteradas en once oportunidades -hechos "B.2", "B.3", "B.4", "B.5", "B.6", "B.10", "B.13", "B.15", "B.16", "B.22" y "B.27", en calidad de partícipe necesario, en concurso real (arts. 12,29 inc.3ero, 40, 41, 45, 55, 210 1er. párrafo, y 266 código penal).

En tales condiciones, la inadmisibilidad es la decisión del caso.

Tal es mi voto.

El señor juez doctor Eduardo Rafael Riggi dijo:

Por coincidir con la opinión de los distinguidos colegas que nos preceden en el orden de votación, adherimos a cuanto proponen.

Tal es nuestro voto.

En mérito al acuerdo que antecede el tribunal;

RESUELVE; Declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto por la defensa, con costas (arts. 444 -segundo párrafo-,445, 465, 530 y 531 del C.P.P.N.). Tener presente la reserva del caso federal.

Regístrese, hágase saber y devuélvase a su procedencia, sirviendo la presente de atenta nota de remisión.

Fdo: Dres. Eduardo R. Riggi - Liliana E. Catucci - Mariano H. Borinsky. Ante mi: María de las Mercedes López Alduncin-Secretaria de Cámara.