Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-08-16


TS07D45624 SENTENCIA DEFINITIVA Nº 45624 CAUSA Nº 52.328/2010 - SALA VII - JUZGADO Nº 10 En la ciudad de Buenos Aires, a los 16 días del mes de agosto de 2013, para dictar sentencia en los autos : "AGUIRRE MARIA ELENA C/ CONSORCIO DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO EMILIO LAMARCA 335 S/ DESPIDO", se procede a votar en el siguiente orden:

LA DOCTORA ESTELA MILAGROS FERREIRÓS DIJO:

I.- A fs. 8/18vta. se presenta la actora e inicia demanda contra CONSORCIO DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO EMILIO LAMARCA 335, en procura del cobro de unas sumas a las que se considera acreedora, con fundamento en las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo.- Aduce que se desempeñó en relación de dependencia con la demandada en carácter de personal jornalizado, habiendo ingresado el 1º de agosto de 1982.- Señala que cumplía tareas de limpieza del edificio en forma personal y permanente, tres veces a la semana, tres horas.- Explica las características y condiciones en que se desarrolló el vínculo, así como también las irregularidades en que incurriera la demandada, quien nunca la registró, ni le otorgó recibos de sueldo.- Da cuenta de otros incumplimientos de aquélla por lo que luego de reiterados reclamos decidió intimarla y ante el silencio que obtuvo como respuesta se colocó en situación de despido indirecto.- Viene a reclamar las indemnizaciones correspondientes al despido incausado, multas e incrementos previstos en el ordenamiento laboral.- A fs. 54/62vta. responde la demandada.- Desconoce todos los extremos invocados por la actora, relata su versión de los hechos y pide, en definitiva, el rechazo de la demanda.- La sentencia de primera instancia obra a fs. 221/228, en la que la "a-quo", luego de analizar los elementos de juicio obrantes en la causa, decide en sentido favorable a las pretensiones de la parte actora.- Los recursos que analizaré llegan interpuestos por la demandada (fs. 240/250) y por la parte actora (fs. 233/239). También hay apelación de la Sra. perito contadora quien considera reducidos sus honorarios (fs. 274).- II.- En primer término la demandada cuestiona el fallo en tanto ha juzgado acreditada la existencia de una vinculación de carácter subordinado con la actora. Para hacerlo sostiene que no ha evaluado adecuadamente los elementos de juicio obrantes en la causa, mas no le veo razón en su planteo.- Resumidamente cabe señalar que la actora dijo haberse desempeñado como personal jornalizado bajo la dependencia del consorcio aquí demandado, mientras que éste último, al responder negó la vinculación en los términos invocados y sostuvo que aquélla sólo prestó servicios de limpieza en forma exclusiva, una o dos veces por semana para la consorcista del segundo piso, unidad 5 del edificio (Sra. Sara Dayan).- Es decir que en principio hubo un reconocimiento de prestación de servicios lo que torna aplicable la presunción del art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo acerca de la existencia de un verdadero contrato de trabajo.- Y bien, comparto la conclusión a la que ha arribado la sentenciante al otorgarle eficacia probatoria a los dichos de los testigos, cuyas afirmaciones más esenciales se encuentran analizadas y transcriptas en el fallo (v. fs. 223), quienes fueron precisos y concordantes al declarar acerca de la prestación de tareas de la Sra. Aguirre, en favor del consorcio demandado, descartándose así -agrego- la versión que se intentara sostener en el responde acerca de que era empleada de una consorcista exclusivamente en su unidad.- Sabido es que el Juez laboral debe apreciar, según las reglas de la sana crítica las circunstancias o motivos conducentes a corroborar o disminuir la fuerza de las declaraciones prestadas, y mi modo de ver en el caso constituyen prueba idónea de la modalidad de pago denunciada. Más aún si se tiene en cuenta que los suceso laborales se producen dentro de una comunidad de trabajo y quienes participan en ella son los únicos que pueden dar fe de lo acontecido con mayor claridad (cfr. art. 90 de la Ley 18.345 y 386 del Código Procesal).- Las argumentaciones que ensaya la apelante en pos de demeritar la eficacia probatoria de estos testimonios, no son más que una afirmación subjetiva que no permiten advertir que se haya violado el proceso formativo de prueba de testigo. No trae, el agraviado, a la consideración de la alzada la prueba de que se haya violado el mencionado proceso de percepción de los declarantes ni que se haya interrumpido la necesaria concatenación del proceso lógico de inducción, de deducción, de comparación, de examen, a un análisis de comparaciones lógicas, para que su narración resulte fiel. De ese análisis depende la verosimilitud del relato y no observo que en autos se haya mencionado siquiera tal inconducencia.- Como consecuencia de ello, considero que constituyen prueba testifical idónea de que la actora efectivamente se desempeñó en relación de dependencia con el consorcio demandado (arts. 386 del Código Procesal y 90 de la Ley 18.345) lo que, desconocida como fue, tornó justificada la decisión de colocarse en situación de despido indirecto como lo hizo, con derecho a ser indemnizada.- Cabe así confirmar el fallo en este substancial punto, lo que también lleva a confirmar el agravio articulado acerca de la improcedencia de las multas de la Ley Nacional de Empleo (con las modificaciones que se analizarán en considerandos más adelante), no resultando necesario en el caso que esperara 30 días para disolver un vínculo (cfr. art. 11 L.C.T.) el que a la postre resultó desconocido por su parte.- Agrego, en cuanto a las restantes consideraciones vertidas en los escritos sobre esta cuestión que -tal como la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sentado criterio- el juzgador no está obligado a ponderar una por una y exhaustivamente todas las argumentaciones y pruebas agregadas a la causa, sino sólo aquellas que estimare conducentes para fundar sus conclusiones, ni a analizar todas las cuestiones y argumentos utilizados que -a su juicio- no sean decisivos (conf. CSJN, 29.4.70, La ley 139-617; 27.8.71, La Ley 144-611 y citas jurisprudenciales en "Código Procesal..." Morello, Tº II-C, Pág. 68 punto 2, Editorial Abeledo - Perrot; art. 386, última parte, del Código Procesal; y de esta Sala, ver autos: "Bazaras, Noemí c/ Kolynos"; S.D. 32.313 del 29.6.99).- III.- El agravio principal de la parte actora gira en torno a la forma en que la "a-quo" ha calculado su remuneración base no sólo para luego computar las diferencias salariales sino también para el resto de los reclamos que se declararon procedentes, a saber indemnización por antigüedad, preaviso, vacaciones, incidencias del SAC, multas y demás créditos reconocidos.- A mi juicio tiene razón la apelante.- El plus por antigüedad que debe aplicarse al cálculo, según el convenio colectivo como así también las escalas salariales del SUTEHR, teniendo en cuenta la fecha de ingreso, esto es agosto de 1982 (receptada en virtud de la presunción del art. 55 de la L.C.T.) ascendió al 2% anual. Luego, según se indica en dichas planillas y considerando que se integra en la categoría de personal jornalizado , no cabe la distinción de categorías, (v. planilla de salarios agosto de 2010, publicada en la web. www.suterh.org.ar, y fs. 92 de la oficiaria del Sindicato Unico de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontales (SUTERH). De allí que por los tres días de prestación semanal en el horario denunciado, por mes le corresponderían $ 977,70.- a los que debe sumarse el plus por antigüedad por la suma de $ 1.466,64.- a razón de $ 54,32 por el período de 27 meses -ver planilla indicada-).- Luego, tal como lo indica la actora la base salarial que debió considerarse ascendió a $ 2.444,34.- y sobre ella es que deberá reformularse el monto de condena en su favor.- Y, respecto a las diferencias salariales reclamadas sobre este ítem, entonces, teniendo en cuenta que la remuneración que se pagó mensualmente fue de $ 800.- (cfr. art. 55 L.C.T.) y la correcta debió ser $ 2.444,34.- la diferencia en favor del actor, es de $ 1.644,34.- por lo que por el período no prescripto resulta acreedora de $ 39.464,16.- más $ 3.287,36 por incidencia de las vacaciones y $ 4.735,69.- por incidencia del SAC. es decir que el total por el rubro diferencias salariales es de $ 47.487,21.- Teniendo en cuenta todo lo expresado y analizado, los datos receptados en la sentencia de primera instancia y lo dispuesto por el art. 56 de la Ley 18.345, la liquidación será la siguiente:

-	Ind. Antigüedad $ 68.441,52.- -	Preaviso c/ SAC $ 5.296,07.- -	Vac./2009 $ 2.737,66.- -	Vac.Prop./2010 $ 1.759,92.- -	Sac.s/ Vacs. $ 374,79.- -	Julio/2010 $ 2.444,34.- -	Días de agosto $ 814,78.- -	Integración c/SAC $ 1.765,35.- -	Sac.Prop. 2º2010 $ 224,06.- -	Dif.salariales $ 47.487,21.- -	Art.45 L.25.345 $ 7.333,02.- -	Art. 8 L.E. $ 151.549,08.- -	Art.15 L.E. $ 75.502,94.- -	Art.2 L. 25.323 $ 37.751,47.- TOTAL $ 403.482,21.- Ahora bien, la parte actora discrepa con el fallo en tanto rechazó su planteo de inconstitucionalidad de las normas que impiden la indexación de los créditos, mas no tiene razón en este planteo.- Como ya he señalado en numerosos precedentes no corresponde declarar la inconstitucionalidad de dichas normas, en tanto el envilecimiento del signo monetario ha sido conjurado por medio de la tasa de interés fijada por esta Cámara en el acta 2357, y que posee un elemento compensatorio de la pérdida del poder adquisitivo, como lo tiene ya expresado el Ministerio Público en casos similares (ver, entre muchos otros dictamenes del Sr. Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones, nº 34.011 del 3.6.02, en autos "Ibáñez, Margarita Auristela c/ Lanin SA", de la Sala III). En similar sentido ha resuelto esta Sala en "Blanco, Ernesto Carlos Benito c/ A.F.J.P. Prorenta SA", sent. 36.581 del 27.3.03 entre otros).- Por lo demás y sólo a mayor abundamiento agrego que carece de validez la pretendida impugnación ya que no resulta adecuado para postular la declaración de inconstitucionalidad de una norma, el planteo meramente genérico y esquemático, carente del desarrollo y solidez impuestos por la gravedad de esa descalificación institucional, considerada la "ultima ratio" del orden jurídico, que implica la más delicada de las funciones que puede encomendarse a un tribunal de justicia y que por ende exige se demuestre cumplidamente que existe una insuperable contradicción entre la norma de que se trate y los preceptos de la Constitución Nacional.- Así entonces, cabe confirmar el fallo en cuanto ordena la liquidación de intereses de acuerdo al acta 2357 desde que cada suma se tornó exigible y hasta el momento del efectivo pago.- IV.- Los honorarios regulados en primera instancia en favor de los profesionales me parecen equitativos sobre la base del mérito de los trabajos cumplidos por lo que propongo sean confirmados, adecuando los porcentajes al nuevo monto de condena que resulte, con inclusión de intereses (arts. 38 de la ley 18.345 y demás normas arancelarias).- V.- De tener adhesión mi voto, propicio que las costas de alzada se declaren a cargo de la demandada (art. 68 del Código Procesal) y se regulen honorarios a su representación letrada y a la de la actora en el 25% y 35%, respectivamente, de los determinados para la primera instancia. (art. 14 del arancel de abogados y procuradores).- LA DOCTORA BEATRIZ INÉS FONTANA DIJO:

Por compartir sus fundamentos, adhiero al voto que antecede.- EL DOCTOR NESTOR MIGUEL RODRÍGUEZ BRUNENGO No vota (art. 125 de la Ley 18.345).- A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo el Tribunal RESUELVE: 1) Modificar parcialmente el fallo y elevar el monto de condena a la suma de $ 403.482,21.- (PESOS CUATROCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS CON VEINTIUN CENTAVOS) más los intereses que se indican en el considerando respectivo. 2) Confirmarlo en todo lo demás que decide. 3) Confirmar los honorarios regulados adecuando los porcentajes al nuevo monto de condena con intereses. 4) Costas de alzada a cargo de la demandada. 5) Regular honorarios a la representación letrada de la demandada y de la actora en el 25% (veinticinco por ciento) y 35% (treinta y cinco por ciento), respectivamente, de los determinados para la primera instancia. 6) Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1º de la Ley 26.856 y con la Acordada de la CSJN Nro.: 15/2013.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.-