marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Préstamo bancario, fraude
Materia: BANCARIO-CIVIL
Carátula: Brizuela, Rosana c/ Banco Patagonia SA s/ sumarísimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-02-25

El riesgo inherente a la operatoria remota se vio amplificado aún más por el incumplimiento - evidente- de las pautas que incorporó la Comunicación del BCRA 6017, del 15/07/16. Al respecto es dable señalar que el correo electrónico de la cuenta bancaria fue modificado así como la contraseña de acceso al homebanking; que se solicitaron 2 préstamos personales por un valor equivalente a 4 salarios mensuales de la titular de la cuenta (la que nunca había solicitado ni uno); y que se realizaron 5 transferencias a cuentas ajena. Ninguna de las circunstancias antedichas, sucedidas en el corto plazo de 48 hs., levantaron ninguna sospecha, ni activaron el protocolo antifraude. Súmase a ello que en razón del hurto del teléfono sufrido, los delincuentes tenían acceso al correo electrónico de la accionante, sus mensajes de texto y la aplicación on line del banco, por lo que fueron los propios estafadores quienes, desde el dispositivo móvil, aceptaron los cambios que recibían por correo electrónico. Tal circunstancia evidencia la falta de seguridad que la accionada le debe a su cliente por tratarse de un ente especializado para operar como lo hace y en razón del servicio que debe prestar (CCCN 1725).
Acción de repetición, codeudor solidario
Materia: CIVIL
Carátula: Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA c/ Laboratorio Circe SRL s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-02-28

Discutiéndose en autos si asiste o no a la actora el derecho de repetir un pago (y, en su caso, la medida de la contribución) contra quien, junto con ella, fue signada codeudora solidaria en un proceso judicial, la cuestión remite a la consideración del régimen de las obligaciones solidarias vigente al tiempo del nacimiento del débito solidario (conf. Roubier, Paul, Le droit transitoire - conflits des lois dans le temps [con presentación de Louis - Augustin Barriere], Dalloz, Paris, 2008, ps. 316/317, n° 67; Heredia, P. y Calvo Costa, C., "Código Civil y Comercial comentado y anotado", Buenos Aires, 2022, t. I, p. 101, texto y nota n° 51), que ciertamente no es el del tiempo del dictado de la sentencia judicial dictada en tal proceso, pues dicha decisión no es fuente de solidaridad alguna (conf. Pizarro, R. y Vallespinos, C., "Tratado de Obligaciones", Buenos Aires - Santa Fe, 2017, t. I, p. 769, n° 920), sino que es declarativa de una situación que viene regida por el ordenamiento jurídico (conf. Llambías, J., "Tratado de Derecho Civil - Obligaciones", Buenos Aires, 1970, t. II, p. 496, n° 1196). Por el contrario, cabe atender al momento de producción del acto ilícito, por ser el momento del nacimiento de la obligación, del que emana la responsabilidad de los codeudores solidarios (conf. Fiore, Pasquale, "De la irretroactividad - Interpretación de las leyes", Revista de Legislación y Jurisprudencia, Madrid, 1900, p. 346, n° 304). Así las cosas, ponderando que el accidente laboral ocurrió durante la vigencia del anterior código, son las reglas del derecho privado anterior a la ley 26994 las llamadas a gobernar el sub lite, habida cuenta lo dispuesto por el CCCN 7 que dicha ley sancionó.
Asegurador por riesgos del trabajo, Derecho laboral, cómputo de intereses, liquidación
Materia: LABORAL
Carátula: Sánchez Héctor Anselmo c/ Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos  c/  s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2025-04-28

Corresponde fijar una tasa de interés adicional o compensatoria del 12% anual, comprensiva del tiempo transcurrido desde el evento dañoso hasta la finalización del proceso, tal como dispuso el STJER. Resulta justa, ya que el actor se vio privado de la utilización de su crédito y lo contrario permitiría un enriquecimiento sin causa de la aseguradora. El artículo 767 del Código Civil y Comercial de la Nación otorga la facultad a los jueces de fijar intereses compensatorios. La reparación se computa desde que acaeció el evento dañoso o se determinó la relación causal adecuada de la enfermedad profesional (art. 2 de la Ley 26.773). La indemnización se actualiza por RIPTE para evitar la depreciación monetaria, mientras que el interés anual persigue compensar la pérdida de la utilización del dinero desde el nacimiento del crédito (Voto Romero)
Concurso preventivo, honorarios
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Combustibles y Energía SA c/  s/ quiebra
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-02-25

Si bien para el concurso preventivo se prevé que los honorarios sean calculados en proporción al "activo prudencialmente estimado por el juez" (LCQ 266), -ya que en general y a tales efectos no existe otra pauta más concreta-, lo cierto es que cuando como ocurre en la especie ese activo ha sido realizado como derivación de la posterior quiebra del deudor, corresponde tener en cuenta sólo el valor real emergente de su liquidación (arg. art. 267, ley citada), incluso para fijar los emolumentos devengados en la etapa preventiva.

Una interpretación diversa conllevaría a la innecesaria adopción de una base presunta del activo cuando su real valor es conocido como consecuencia de su realización.
Juicio ejecutivo, principios procesales, mediación
Materia: PROCESAL
Carátula: Di Nucci, Sebastián Manuel c/ Gregorio, Roberto Cristóbal s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-02-13

El rechazo liminar de la ejecución dispuesto por el juez a quo -quien estimó que los documentos base del presente juicio ejecutivo no reúnen los requisitos que la ley ritual establece para habilitar dicha vía (CPR 520, 523 y conc.)- no obsta a la transformación del juicio en un proceso de conocimiento por aplicación de los principios de economía, celeridad y concentración procesal (CPR 34). Si bien no se ignora que el cambio pretendido por el accionante en sus agravios modifica sustancialmente los términos de la pretensión inicial, donde claramente se solicitó el trámite de preparación de la vía ejecutiva, lo cierto es que no se advierten impedimentos que en la actualidad obsten a acceder a la ordinarización de este proceso. Es que la litis no se encuentra trabada, lo cual descarta que la modificación de la pretensión originaria afecte el derecho de defensa de la parte demandada (arg. CPR 331). No debe obviarse que la readecuación del tipo de proceso deberá conllevar el previo cumplimiento del trámite de mediación previa y obligatoria estatuido por ley 26589
Recurso directo, Direcciones, migraciones, aplicación de la ley, causas regidas por normas federales, prisión
Materia: PROCESAL
Carátula: Mendoza Alvarado, Rafael Teofilo c/ EN-M Interior OP y V-DNM s/ recurso directo DNM
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2026-02-26

La jueza de primera instancia rechazó el recurso de apelación interpuesto por el actor; y en consecuencia confirmó las disposiciones SDX n° 43460/15 y SDX n° 135151/17, por medio de las cuales la Dirección Nacional de Migraciones había cancelado la residencia permanente del extranjero, declarado irregular su permanencia en el territorio nacional, ordenando su expulsión del país y prohibido su reingreso por el término de ocho años, por considerar que se hallaba incurso en la causal prevista en el artículo 62, inciso b) de la ley 25.871. Ello, toda vez que había sido condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal n° 20 a la pena de tres años de prisión en suspenso por el delito de robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda.

La sala hizo lugar al recurso de apelación y declaró la nulidad de las disposiciones SDX n° 43460/15 y SDX n° 135151/17, en tanto que en el caso no se configuró la causal objetiva para cancelar su residencia permanente y ordenar su expulsión del territorio nacional establecida en el artículo 62, inciso b), de la ley 25.871. Ello es así, en la medida en que la condena efectivamente impuesta al recurrente no es mayor a cinco años conforme lo exige dicha normativa.
Acceso a la información pública, acción de amparo, servicios de almacenaje, vacunación
Materia: ADUANERO-PROCESAL
Carátula: Fundación Poder Ciudadano c/ EN - M Salud - ley 27275 s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2026-02-12

Se admite los agravios ofrecidos por la fundación actora, se revoca la sentencia de primera instancia, se hace lugar a la acción de amparo, y consecuentemente, se ordena que el Ministerio de Salud, en el plazo de quince días: 1. Provea a la parte actora de una copia de las facturas que obren en su poder que habrían sido emitidas por Aeropuertos Argentina 2000 S.A. por el uso de la Terminal de Cargas Argentina (TCA) para almacenar las vacunas que habría adquirido el Estado Nacional entre el 1° de enero de 2015 y la fecha de la respuesta, 2. Informe si ese ministerio suscribió a partir del 1° de mayo de 2024 convenios con Aeropuertos Argentina 2000 S.A, 3. Cumpla con las previsiones contenidas en el artículo 10 de la ley 27.275 en lo que concierne a la información solicitada relativa al cuadro tarifario de Terminales de Cargas Argentina (TCA) en el periodo consultado y 4. Dicte un acto administrativo que dé una respuesta fundada a la consulta referente a si el Ministerio de Salud "ha incurrido en mora en el pago de sus obligaciones conforme el referido convenio y sus prórrogas".
Migraciones, decreto de necesidad y urgencia, acto administrativo firme, regla de comunicabilidad
Materia: INTERNACIONAL PUBLICO-PROCESAL
Carátula: DNM c/ Sequeira Díaz, Hugo Armando - Expte. 551541/93 DISP. 107483/20 s/ medidas de retención
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2026-02-20

La jueza de grado dispuso suspender -de modo provisorio- la medida de retención que había autorizado previamente, con el objeto de concretar el extrañamiento del país del migrante demandado.

La sala revocó tal decisión, con apoyo en el art. 70 de la ley 25.871 en su redacción original. Remarcó que "excepcionalmente y cuando las características del caso lo justificaren", la DNM podía requerir la retención de un extranjero incluso cuando la orden de expulsión no se encontrase firme. Señaló que tales "características del caso" podían referirse -en una aplicación analógica del art. 62, inc. b, de idéntico cuerpo legal- a dos dimensiones distintas: (i) la gravedad del delito doloso por el que fue condenado, que merezca pena privativa de libertad mayor de cinco años; y (ii) el registro de una conducta reiterante en la comisión de delitos -esta última, hipótesis que estimó verificada en el caso, a raíz de la duplicidad de condenas recaídas sobre el migrante-. Sobre tales bases, dispuso que la instancia de origen dictase un nuevo fallo con arreglo a estos postulados. Con posterioridad, la magistrada de grado rechazó el pedido de retención, toda vez que las modificaciones introducidas por el DNU 366/25 al art. 70 de la ley 25.871 -que sustituyó la referencia a las "características del caso" por tres supuestos concretos: "razones de seguridad pública, defensa nacional o salud pública"- habían hecho perder vigencia al pronunciamiento de la Alzada.

La sala nuevamente revocó el pronunciamiento. Al respecto, expuso que - más allá de si efectivamente se encontraba firme o no el acto de extrañamiento- el régimen migratorio vigente no sólo autoriza - excepcionalmente- a solicitar y disponer la retención de un migrante cuya expulsión ha sido decretada aunque ésta carezca de firmeza, sino que la fundamentación exigida a tal fin (por lo estatuido en el DNU 366/25) surgía nítida del proceso, justamente, como resultado de la medida para mejor proveer que había dispuesto el propio el juzgado actuante.
Depósito a plazo fijo, intereses, regulación de honorarios
Materia: BANCARIO-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Kazez Eduardo Natan c/  s/ quiebra
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-02-14

Frente a un caso de intereses generados por un capital depositado a plazo fijo es procedente una distribución complementaria (LCQ 222) lo que también genera derecho a una nueva regulación de honorarios a favor del funcionario (CNCom, Sala B, "Lanata, Jorge Ernesto s/ quiebra", del 28/10/14). Ello así toda vez que, si bien los fondos a distribuir no fueron consecuencia de bienes liquidados, no puede dejar de señalarse que, en definitiva, el incremento fue el fruto de lo que se devengó del producido de las colocaciones a plazo fijo, lo cual indudablemente constituye un acrecentamiento del activo falencial (CNCom, Sala A, "Kestner SA s/ concurso mercantil liquidatorio s/ quiebra" del 22/12/15; Sala D, "Fibra Papelera SA s/ quiebra" del 20/04/21).
Incumplimiento del contrato, seguro colectivo, incapacidad permanente, incapacidad total, incumplimiento del deber de informar
Materia: CIVIL-COMERCIAL-CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Amarilla, José Pastor c/ Nación Seguros SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-02-26

Cabe hacer lugar a la acción por incumplimiento del contrato de seguro de vida colectivo, a fin de obtener el cobro de una indemnización por incapacidad total y permanente. Ello por cuanto, el rechazo por parte de la aseguradora con base en cierta cláusula donde se estipulaba que la cobertura de tal riesgo cesaría al fin del mes de la fecha en que el asegurado cumpliera 65 años de edad no puede ser opuesta al asegurado. Es que no acreditó haber entregado al actor el certificado individual de cobertura, obligación establecida en el art. 25.1.2 del Reglamento General de la Actividad Aseguradora, incumpliendo así con el deber de información a su cargo. Instrumento que debe contener -entre otros datos- la individualización de los riesgos cubiertos y las fechas de inicio y fin de cobertura. En ese sentido, la actitud desplegada por la demanda debe juzgarse contraria al deber de información que rige la relación de consumo (LDC 4 y CCCN 1100).
Plazos procesales, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Automóviles Eiffel SA c/ Círculo de Inversores SA Unipersonal de Ahorro P/F Determinados  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-02-20

Si bien generalmente, el plazo que comienza a correr desde la fecha en que queda firme la providencia que pone los autos para alegar, ocurre a los tres días desde la notificación de aquel decreto, pues el Código Procesal ha reservado su firma al oficial primero, de modo tal que el único recurso admisible es aquel previsto en el art. 238 de ese ordenamiento adjetivo. En el caso, sin embargo, esa providencia fue suscripta por el juez, al tiempo de resolver la clausura del período probatorio. Por consiguiente, por razones de elemental prudencia y por tratarse de la solución que mejor se compadece con el derecho de defensa en juicio, corresponde establecer que, como toda providencia de ese tenor, adquiere firmeza a los cinco días.
Plan de ahorro previo, falta de entrega del automotor
Materia: COMERCIAL
Carátula: Río Del Sur SA c/ Volkswagen SA de Ahorro para Fines Determinados  s/ sumarísimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-02-19

Por otro lado, y más importante aún, no está acreditado que la demandada haya actuado con dolo o culpa grave en la demora en la entrega del automóvil. En particular, no puede soslayarse que finalmente cumplió su obligación principal al entregar el vehículo incluso antes del inicio de esta demanda.
Aclaratoria (procesal), admisibilidad formal, cómputo del plazo, improcedencia del recurso, plazo judicial, recurso extraordinario local, reposición in extremis
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: PALLARES BARRERA Diego Sergio c/ Galeno ART S.A. s/ Ordinario s/ Recurso Extraordinario Provincial
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2025-12-10

El Recurso Extraordinario Provincial (REP), debe interponerse ante la Corte de Justicia dentro de los días de notificada la resolución que lo motiva. Es decir que, el plazo se computa desde la sentencia en la cual se origina el agravio, sin que sea viable su suspensión con motivo de la interposición de un recurso de aclaratoria o un recurso de reposición in extremis tendiente a revertir el sentido de la decisión. Salvo que los agravios surjan de la resolución aclaratoria, hipótesis en la cual es válido que dentro de los diez días de su notificación se interponga el recurso o se amplíen fundamentos de uno ya interpuesto, según sea el caso.
Daños y perjuicios, acción de reembolso
Materia: CIVIL
Carátula: Abalo, Flavio Rodolfo c/ Despegar.Com.Ar SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-02-28

Aun si se ponderase el régimen previsto por la ley 27563 y se entendiera que el reembolso reclamado en autos se vincula, sin decirlo, al ejercicio de la facultad resolutoria contemplada por el art. 28, lo concreto es que ello no conduce necesariamente a un reconocimiento económico que refleje una cantidad que permita al consumidor cancelar íntegramente el valor de una prestación turística nueva idéntica o similar a la originariamente hecha, sino que tiene el límite de lo efectivamente pagado o de la menor cantidad que resulte de la parcial devolución efectuada por el proveedor del servicio (conf. CNCom, Sala D, 15/8/24, "Franganillo, José Luis c/ Despegar.com.ar SA). De tal suerte, de ninguna manera se está en el ámbito de las obligaciones de valor. Y si bien la devolución o reembolso implicado por el citado art. 28 podría conducir, tratándose de servicios turísticos internacionales, a la asignación de un quantum que tenga en cuenta la "moneda del contrato" -en divisa extranjera- y su relación con la "moneda de pago" -pesos- (en este sentido: CNCom, Sala E, 27/8/24, "Caminos, Damián Lucas y otro c/ Despegar.com.ar SA s/ ordinario"; CNCom, Sala E, 25/2/22, "Laboureau, Agustina c/ Despegar.com.ar SA y otro s/ ordinario"), lo cierto es que, en el especial caso de autos, ello está completamente impedido por los propios términos de la demanda que no fueron verdaderamente los de un reclamo de daños y perjuicios, al par que se concentró en el reclamo de una limitada cantidad de moneda de curso legal, sin vincularla a un equivalente en moneda extranjera, y sin siquiera sujetar cuantitativamente lo pretendido a la conocida fórmula "...o lo que en más o en menos resulte de la prueba.".
Revocación de sentencia, honorarios del síndico del concurso
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Garbarino SA c/  s/ incidente de apelación promovido por la concursada
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-02-28

Corresponde revocar la resolución de grado que intimó al pago de los honorarios regulados al síndico y sus letrados en sede distinta de la concursal en el marco de cierto proceso que continuó allí su trámite según lo dispone la LCQ 21. Ello atento que la regulación debe ser practicada por el juez del concurso, y no por otro distinto. La justipreciación de honorarios, debe ajustarse a los parámetros, topes máximos y mínimos del ordenamiento falencial, de lo contrario, los honorarios del síndico y su letrado por tales juicios resquebrajarían el sistema y los principios que lo informan, colocándose aquéllos en situación de cobrar, por hipótesis, una remuneración que supera a la totalidad de las allí previstas, avanzando, en la misma medida, sobre el derecho -del deudor o de los acreedores, respectivamente- que el legislador procuró preservar mediante esos límites.
Plan de ahorro previo, restitución de sumas de dinero, relación de consumo
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Quilici, Agustín Leonardo c/ Plan Ovalo SA de Ahorro P/F Determinados y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-02-25

Corresponde que la administradora del plan de ahorro y concesionaria restituya las sumas abonadas por el adherente en concepto de cuotas, cargos administrativos y gastos por la liquidación del grupo en virtud que dejó de comercializar el automóvil objeto del plan. De modo preliminar, cabe precisar que se trata de una relación de consumo. Bajo tal parámetro, de conformidad con la LDC 53, el proveedor que resiste la pretensión de un consumidor tiene dos cargas: primero, aportar al proceso todo elemento de prueba; y segundo, prestar toda la colaboración necesaria para esclarecer el asunto. En ese marco no podía someter al demandante a aceptar un reintegro liquidado conforme a un mecanismo de actualización dispuesto unilateralmente que toma como base un valor móvil, sin comunicar ni explicar que ese valor se correspondía con el de una unidad similar a efectos de que el consumidor pudiese sustituir dicho bien.
Mediación obligatoria, derechos del consumidor
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Asociación Civil por los Consumidores y el Medio Ambiente (ACYMA)  c/ Banco Columbia SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-02-18

Cabe revocar la providencia que le exigió al actor el cumplimiento de la instancia obligatoria de mediación impuesta por el art. 1 de la ley 26589: 1. Ello por cuanto, el alcance de la materia propuesta a juzgamiento en cuanto persigue la protección de tales intereses colectivos no es susceptible de aquella conciliación, pues de conformidad con la LDC 52 segundo párrafo, modificada por ley 26361, mal podría, quien no resulta perjudicado directo del imputado obrar, resignar en un trámite prejudicial los derechos implicados, cuando su función es justamente la de interponer acciones judiciales cuando los intereses de consumidores y usuarios resulten afectados o amenazados.
Procesamiento sin prisión preventiva, embargo, lesiones agravadas, violencia de género, violación de domicilio
Materia: DERECHOS HUMANOS-PENAL-PROCESAL
Carátula: M.L.T. c/  s/ lesiones leves, violación de domicilio, daño y amenazas - E.C.V.G.- (Ley 26485)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2025-06-27

Cabe ordenar el procesamiento sin prisión preventiva de un imputado en orden al delito de lesiones leves agravadas por mediar violencia de género en concurso real con violación de domicilio -arts. 89, 92 en función del art. 80, inc. 11, 150 del CP-, y el embargo sobre sus bienes, pues las pruebas aunadas valoradas bajo los parámetros de la sana crítica racional, resultan ser suficientes para tener por acreditada la responsabilidad en los hechos.
Responsabilidad civil, playas de estacionamiento, robo de automotor
Materia: CIVIL-PENAL
Carátula: Caja de Seguros SA c/ Coto CICSA SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-02-27

Se tiene admitida la posibilidad que los supermercados, hipermercados o centros de consumo sean responsabilizados por el incumplimiento del deber de guarda de vehículos estacionados en espacios "gratuitos" ofrecidos por aquéllos a los potenciales clientes, (conf. CNCom, Sala D, "La Buenos Aires Argentina de Seguros SA c/ Supermercados Mayoristas Makro SA", sentencia del 12/3/07; íd., "Omega Coop. De Seguros Ltda. c/ Carrefour Argentina SA s/ ordinario", sentencia del 7/11/07; en igual sentido, véase: CNCom, Sala A, 4/12/07, "La Segunda Coop. Ltda. De Seguros Generales c/ Cía. Americana de Supermercados SA s/ ordinario"; Boretto, M., "La responsabilidad civil de los shoppings centers y supermercados y el estacionamiento gratuito", RDCO, 2004-A, p. 373). Tal criterio no ha sido desmerecido por el Código Civil y Comercial de la Nación, en tanto regula la responsabilidad implicada por su art. 1375 si el servicio se prestó a título oneroso, y por las reglas generales de la responsabilidad por culpa -art. 1721- o por las normas del depósito ordinario, si el servicio fue gratuito (conf. Lorenzetti, R., "Código Civil y Comercial de la Nación comentado", Buenos Aires - Santa Fe, 2015, t. VII, ps. 224/225; Heredia, P. y Calvo Costa, C., "Código Civil y Comercial comentado y anotado", Buenos Aires, 2022, t. V, ps. 645/646).