Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-02-11


En la ciudad de Comodoro Rivadavia, Provincia del Chubut, a los once días del mes de febrero del año dos mil ocho, reunida en Acuerdo la Sala A de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, con la presidencia de su titular Dr. Julio Antonio Alexandre y asistencia de la señora Jueza de Cámara Dra. Silvia N. Alonso de Ariet y del señor Juez de Cámara Dr. Fernando Nahuelanca, para dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados: "O. , A. R. c/F. J. , E. y otros S/Daños y Perjuicios", expte. nro. 16282 año 2007, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 2 (expte. nro. 295/2003), y atento el resultado del sorteo establecido en el art. 268 del Código de Procedimientos Civil y Comercial (fs. 629), correspondió el siguiente orden para la votación: Dr. Fernando Nahuelanca, Dra. Silvia N. Alonso de Ariet y Dr. Julio Antonio Alexandre.- Acto seguido se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida de fs. 552/557 vta.? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestión el Dr. Fernando Nahuelanca dijo:

La sentencia de fs.552/557vta., primer punto, hace lugar parcialmente a la demanda y condena a la parte demandada Emilio F. J. , a pagar en 10 días a la parte actora A. R. O. , la suma de $ 38.123,99, en concepto de daño emergente, incapacidad sobreviviente, daño psicológico, daño moral y con mas los intereses establecidos en los considerandos. Segundo punto, extiende la condena a la aseguradora S. C. S.M. de S. G. en los límites que remite a los considerandos. Punto tres, impone las costas a los demandados y regula los honorarios de los profesionales actuantes. Punto cuatro, rechaza la demanda interpuesta por A. R. O. , contra la demandada K. E. C. . Punto cinco, hace extensivo el rechazo contra la aseguradora B. Cía. A. de S. S.A. Punto seis, regula honorarios de los profesionales.

F. V. M. , por la representación acreditada y sin mencionar a la parte a la que se refiere, apela la sentencia dictada (fs.558). Por la representación de la parte demandada se apela la sentencia de fecha 26/2/2007 A FS.559. Los recursos se conceden a fs.560, contra la sentencia de fs.552/557. A fs.568, apela la misma sentencia por derecho propio, G. E. F. J. . El recurso se concede a fs. 569.

Elevados los autos a esta Cámara y puestos en la Sala y por Secretaría a los fines de los arts.259 y 260 del CPCCCh.

Por disposición de fs.575, se solicitan los autos "C. , K. E. c/F. J. E. s/Sumario", Expte. Nº 895/05, el que se agrega por cuerda a la presente causa.

F. V. M. , por la representación acreditada, expresa agravios a fs.585/587. Primer agravio. Expone que es por la condena en costas a su mandante, mandándole a pagar los honorarios de los letrados de la aseguradora B. Cía. A. de S. S.A. (Dres.G. M. , G. A. y M. P. D. ), valorando que la culpa por el hecho ilícito generador del daño le corresponde exclusivamente a E. F. J. , contraponiendo el principio de libertad de la víctima de demandar a todos los intervinientes en un accidente, sin necesidad de investigar la mecánica del mismo. Cita jurisprudencia. Se agravia porque el Juzgador se ha valido de prueba del Expte.Nº 895/05, extralimitándose en sus facultades, ya que no fueron ofrecidos como prueba. Segundo agravio: que el sentenciante no se expidió respecto al rubro daño a la persona como daño emergente, independiente de la incapacidad sobreviviente y del daño moral. Lo peticiona a título del art.278 CPCCCh., para que se expida el tribunal. Tercer agravio: Que el Juez se ha apartado de lo peticionado, la suma de $ 5.419,91 más sus intereses, disminuyendo a la suma de $ 5.000, sin dar razón alguna, no obstante señalar que determinados gastos no necesitan la producción de la prueba. Impugna la suma fijada por exigua, por la existencia de depreciación, se origina en gastos de fecha 18/02/02. Compara con la informativa del S. L. E. con la que se acreditaron gastos por la suma de $ 4.516,91; que la forma del pronunciamiento del a-quo no alcanza a cubrir los gastos consecuencia del evento dañoso. Cita jurisprudencia del Excmo. Superior Tribunal de Justicia. Cuarto agravio. Sostiene que el sentenciante se aparta del principio de reparación integral, por imponer los intereses a partir de la presentación de la pericia, cuando debían establecerse a partir del evento dañoso. Quinto agravio. Estima exiguos los montos establecidos por daño Psicológico y daño moral, que los rubros no comprenden la compensación de intereses y se agravia nuevamente la integralidad de la reparación. Peticiona la revocatoria del fallo.

Siguen los agravios de la parte actora, bajo representación letrada (fs.588) por el rechazo de la demanda contra K. C. y la compañía Aseguradora. Se agravia asimismo por la condena a E. F. J. . Impugna las concepciones del Juez respecto a la prueba, en cuyo transcurso no hace hincapié en la confesional de A. O. , destacando la respuesta de este sobre la situación de los automotores. Entiende que se demuestra la intención de la codemandada Sra. C. de pasar las intersecciones a gran velocidad. Destaca el testimonio del Sr.S. , Sr. V. y como coincidentes con los testigos R. y R. ; que el sentenciante no evalúa la prioridad de paso del Sr. F. J. , ni las condiciones físicas del lugar. Señala conductas negligentes de los conductores de los rodados Peugeot y Ford, que aceleraron para superar al camión descendiendo por la avenida Constituyente. Afirma como errónea la sentencia en cuanto se rechaza la demanda contra la Sra. C. . Impugna rubros otorgados, daño moral y psicológico, por falta de probanzas de la magnitud del perjuicio, de la terapia y de sus costos. Peticiona en definitiva la revocatoria del fallo y la eximición de cargos a la compañía S. C. S. S.M.S.G. y al asegurado de la responsabilidad civil atribuída.

A fs.598/600vta., se contestan los agravios por la parte citada por la demandada.

Por reposición, se glosan los agravios de G. E. F. J. a fs.612/615vta., en propio derecho y con patrocinio letrado. Alude a la consideración del sentenciante cuando manifiesta que tratándose de automotores en circulación, deben aplicarse los principio generales (art.1113 CC.), que incluye la demostración de culpa que se imputa como base de la acción; que las partes estuvieren contestes en las circunstancias del hecho y señalando qué pruebas han sido aportadas por las partes. Luego destacando las circunstancias del choque, ocurrimiento y lugar de los daños en los vehículos, que el embestimiento en la parte lateral crea una presunción y que corresponde al accionado el rol de embistente. Con ello se crea la presunción de culpa en su contra y al contar asimismo la prioridad de paso. En definitiva, luego de reseñar las restantes consideraciones del sentenciante, controvierte la imputación de responsabilidad a su parte. Niega la falta de prudencia habida cuenta del piso mojado y resbaloso. Reitera los hechos expuestos, dice, a lo largo del juicio, dando razones de su conducción a baja velocidad y aún más reducida al cruzar la intersección de las Avenidas Constituyentes y Chile y que después de terminar el cruce, pasados cuatro metros, se produjo la colisión con un automotor que circulaba por la Avenida Chile, a gran velocidad y sin luces, en muy malas condiciones y que a la postre resultó ser el Peugeot 504. Que como consecuencia de esta colisión se produjo otra, chocando el Peugeot - con personas en estado de ebriedad - con un Ford Fiesta que circulaba a la par de éste y era en el que se desplazaba el accionante. Sostiene la existencia de prueba corroborante y se explaya al respecto en los punto d) de fs.614/614vta. Reitera en el punto e) de esta última foja argumentos favorables a su conducta, por la existencia de reductores de velocidad y la visualización concordante del testigo Valdevellano. Reitera argumentaciones vinculadas a los antecedentes señalados, adjudica las culpas a los conductores del Peugeot 504 y Ford Fiesta y cita jurisprudencia vinculada a su postura. Peticiona finalmente se tenga presente lo expuesto como agravios contra la sentencia y se corra traslado de los mismos.

Cumplidos los traslados incluídos en la reposición, se pasan los autos para dictar sentencia a fs.627.

En cuanto a los recurrentes pretenden la revocatoria de la sentencia dictada a fs.552/557vta., los alcances que resultan en cada caso determinan el orden de tratamiento y es por lógica, el memorial que ha quedado glosado en último término, el de la parte demandada que peticiona por la revocatoria total de la sentencia.

Son los agravios de la parte demandada G. E. F. J. , como se presenta a fs. fs.612/615vta., ya expuestos, entendido que se consustancia con la persona condenada a fs.557, como "F. J. , E. ". se dedican en parte a señalar los sucesivos considerandos del sentenciante, para comenzar a discordar en el inc. a de fs.613, o en el inc.b) de fs.613vta., pero solo en queno coincide con los argumentos del Juez y que tampoco está de acuerdo que lo considera desentendido de las normas generales de conducción y las contingencias del tránsito.

Es reiterado el concepto de los tribunales que el desacuerdo con las concepciones jurisdiccionales no constituyen agravio, ya que no alcanzan tales expresiones las exigencias del art.265 CPCCCh.

Luego, en el punto c.), señala el demandado recurrente que a lo largo del presente juicio ha sostenido la realidad de los hechos y los define, como asimismo, señalando lugar de ocurrimiento del accidente y que se desplazaba a baja velocidad. Pero en esta parte, además de no citar las fojas del proceso comprobantes de la tesis, no examina las concreciones más relevantes de la sentencia y aborda la defensa por vía sostener (con testimoniales) la ausencia de velocidad del Camión Ford F-140000 (es F-14000) que conducía y endilgando ausencia de dominio de conducción a los restantes conductores afectados.

El fallo que también ha examinado las testimoniales (553/554), establece a fs.554vta. que resultan coincidentes con la pericia mecánica de fs.364/370 y concluye que no obstante el pedido de explicaciones solicitadas por S. C. S.M. S. G. a fs.376/377, no alcanzan a conmover las mismas y su explicación de fs.392/395. Siguiendo las secuencias del hecho deja sentado que el camión del demandado impacta primero al vehículo Peugeot 504, que por la diferencia de pesos debió desviarse hacia su izquierda impactando a un vehículo Ford Fiesta que también venía circulando con su frente paralela a la parte trasera izquierda del Peugeot e hizo que este golpeara la parte delantera derecha del Ford Fiesta. Es más amplia la exposición de los hechos fundantes del fallo y concluye con carga gravosa para el demandado, según la exposición de la pericia: "El camión Ford 14000 fue embistente y los vehículos Peugeot504 y Ford Fiesta los embestidos" (fs.554vta.).

Incluso le asigna exceso de velocidad por la fuerza del impacto en el automotor embestido (según fotografías de fs.85/94 Y le atribuye una velocidad km/h, conforme con la pericia de fs.364/370.

El memorial de agravios no ha reparado en los conceptos y citas del fallo por los que le opone la responsabilidad en el siniestro. Si bien es resorte del Tribunal declarar desierto el recurso, razones del principio de amplitud de la defensa determinan la prudencia de la Sala sobre el particular, de allí el examen que se deja expuesto, pero no conmoviendo la apelante el peso del decisorio, se rechaza el recurso interpuesto a fs.612/615vta., en todas sus partes.

Recurso interpuesto por la parte actora A. R. O. (fs.585/587). El primer agravio radica en las costas que le impone el fallo en función de establecerse la falta de responsabilidad en el accidente de la codemandada K. C. , a propósito de encontrarse esta parte comprendida en el llamado choque en cadena.

El fallo, en efecto, al analizar la imposición de las costas en el punto 13) de fs.556vta., expone que el rechazo de la acción contra la codemandada mencionada, es concepto que se demostraba desde el comienzo de la acción, por lo que la accionante debió sin más desistir de la acción y del derecho contra C. . Señala que ello surge de las distintas actuaciones, entre las que cuenta la causa Nº 895/05 caratulada "C. , K. E. c/F. J. , E. s/sumario". A fs.555, punto 8), el fallo asimismo deja constancia en cuanto a dicha responsabilidad de C. , que "si bien surge de autos no ha contestado la acción contra ella impetrada, el Juez no tiene que atribuir a la incontestación una rigidez de aceptación, cuando existen elementos probatorios que contradicen la pretensión del accionante".

El modo de resolver pasa en consecuencia por advertir la justa queja de la actora, porque ademas de adoptar el Juez un elemento de prueba no traído a juicio por las partes y de no haber la interesada contestado la demanda, le impone las costas a la parte actora, que contaba con la jurisprudencia favorable aludida. Si se parte en materia de responsabilidad objetiva en caso de choque en cadena de los automotores, de la innecesariedad de investigar la víctima las causas del accidente, lo lógico resulta que determinada en juicio la irresponsabilidad de uno de alguno de los codemandados, le asiste a la accionante el derecho a la exención de las costas (art.68, 2da.parte CPCCCh.). Es claro que en tal caso existe la razón fundada para litigar, que es corolario asimismo acuñado por la jurisprudencia que importa la exención. El agravio prospera.

Punto 2. Segundo agravio. Daño a la persona (fs.585vta.). Llama la atención cuando el Juez se dispone a tratar las indemnizaciones, la globalización de los argumentos título de "Daño emergente" (fs.555vta.) y dice que el actor reclama en razón de las lesiones sufridas y padecimientos físicos, los gastos asistenciales médico-farmacéuticos, cuando en el punto precedente, inc.a) de fs.12vta., el demandante pretendía asimismo se repare el rubro que denomina "daño a la persona", por la suma de $ 10.000. Se trata de observar debidamente las pretensiones de las partes, que se concreta en el inc.6 del art.163 CPCCCh., para la decisión concreta positiva o negativa.

Debe suplirse en consecuencia, observando en principio que la accionante no funda legalmente el petitorio por la singularidad del reclamo. Lo debía, por el desdoblamiento indemnizatorio que implica, porque además peticiona por incapacidad sobreviniente.

Es claro, el fallo se expide al exponer respecto a la incapacidad señalada conforme al sistema legal y términos de la jurisprudencia; cuantificar no solo las limitaciones de orden laboral, sino además la proyección de los menoscabos en todas las esferas de la personalidad, la reducción de la capacidad vital y la naturaleza de las lesiones.

Por lo expuesto, se rechaza una indemnización autónoma a título de daño a la persona, conforme con los arts.1109, 1078 y arg.1086 C.C.

Se advierte asimismo que sobre el punto se expidió al contestar los agravios (fs.598/600vta.) S. C. S. M. de S. G. .

Tercer agravio: Se agravia porque en la demanda peticiona la suma de $ 5.419,91, en tanto el sentenciante acuerda un total de $ 5.000. Ya se han señalado los fundamentos al respecto, resaltando que los gastos de internación en la Asociación Española alcanzaron la suma de $ 4.516, 91, señalando entonces que la diferencia no alcanza a cubrir los gastos que como consecuencia del evento dañoso sufriera su parte.

Se expide asimismo la Aseguradora señalada precedentemente, sin aludir a puntos fundamentales del agravio (fs.399vta./600).

Al margen de ello, en función del agravio y la mayor amplitud que le destina al rubro, no alcanza a la modificación del criterio jurisdiccional. Bien que con la base del reclamo sobre el punto, expuso que los gastos de internación en L E alcanzaban la suma de $ 4.516,91 (fs.13), pero al solicitar los gastos sobre los que anticipó no contaba con comprobantes, peticionó la suma de $ 903.

Es evidente que el sentenciante se pronuncia acogiendo la jurisprudencia que exime de la prueba de gastos médicos de los que pueden no contarse con la facturación corroborante. Por tal razón allega al rubro básico de $ 4.516,91, la suma de cercana a los quinientos pesos para el redondeo en $ 5.000. En la confrontación, no puede considerarse que desvirtúa la de $ 903, si otorga mas de la mitad de lo reclamado con la expresa mención que se carece de comprobantes, siendo el Juez el que determina su monto (arg.art.165, últ.párr. CPCCCh.). Se rechaza el agravio.

Cuarto agravio. Impugna el criterio del judicante que establece los intereses de la indemnización por incapacidad sobreviviente a partir de la pericia presentada en los autos.

Se ajusta a derecho. Es clásico y reiterada la jurisprudencia de los tribunales del país y de esta Cámara, que los intereses de la indemnización por la lesión a la persona se deben desde su producción. Prospera el agravio.

La Aseguradora se ha expedido sin precisar la justeza del reclamo (fs.600).

Quinto agravio. Considera exiguo el monto determinado por daño psíquico y daño moral. Señala las implicancias del hecho ilícito, y el riesgo a la vida y el tratamiento con la licenciada S. T. . Refiere asimismo que estos rubros no establecen debidamente la compensación de intereses.

Si bien la demanda se integra con los rubros señalados, que evalúa la actora en $ 10.000 el daño psicológico y $ 25.000 el moral, lo que no advierte la apelante es la inusitada derivación del sentenciante, que tratando tal daño a fs.556, punto 10c), termina expidiéndose por el rubro "gastos de tratamiento psicológico". Entonces no se trata del exiguo monto otorgado por "daño psicológico", a contrario, el Juzgador no otorga ninguno.

En cuanto a la procedencia del daño psicológico y moral, cuenta con la negativa por recurso directo de la aseguradora S. C. S. M. de S. G. , rechazando su procedencia (memorial a fs.588/590vta.) y por esta misma parte en la contestación de los agravios (fs.5598/600vta.), donde sostiene que los daños referidos no resultan autónomos e independientes y en cuanto a la cuantía que la actora no los determina en la demanda.

Es erróneo este último concepto, por lo que se acaba de referir en los párrafos precedentes, pero se ajusta a derecho en cuanto abarca el daño psicológico. Esta Cámara reconoce la jurisprudencia que niega el daño psicológico en forma autónoma, ya que por su contenido espiritual, se consustancia con el daño moral. Con ella se dice que dada la íntima vinculación etiológica (aunque con autonomía ontológica), entre la lesión psíquica y el daño moral, no cabe resarcir la misma alteración por los mismos conceptos, lo que no quita valorar la enfermedad psíquica como un factor de intensificación del daño moral resarcible (Conf.C.Civ.y Com.Morón, Sala 2ª.l, 31/5/94 - Gutiérrez, Carlos A. v.Marino, Jorge A. - en Rep.J.A.1997, pág.476, nº 221).

En consecuencia, se rechaza el agravio respecto al daño psicológico, quedando el moral sujeto a la evaluación pertinente.

El sentenciante otorga por daño moral la suma de $ 6.000.

De las constancias de autos surge evidente la gravedad de las lesiones sufridas por la parte actora A. R. O. en el accidente de fecha 18/08/2002. Lo revela la historia clínica, con intervención inicial de la UTI, se informan daños físicos graves, sufrimiento de traumatismos varios, más importantes a nivel toracoabdominal, con fracturas costales múltiples, mas neumotórax (fs.178), cirugía de hemoneumotórax con drenaje pleural e instalación de tubo (fs.181), que informa particularmente dolorido a fs.181vta. y a fs.184, que inicia ejercicios diafragmáticos para la disminución de la patología y aumento de la capacidad respiratoria (184). Se advierte por otra parte la pericia médica del Dr.M. O. P. (fs.341/342vta.), que dictamina sobre la secuela de lesiones estéticas por las cicatrices que se hallaron en el exámen, a lo que se agrega asimetría torácica que "psicológicamente" lo afecta, más secuelas físicas por el dolor intercostal al movimiento de hombro derecho y al aumentar la frecuencia respiratoria, con limitaciones para deportes extremos.

Las relaciones precedentes revelan que han sido numerosas las situaciones de crisis que ha debido soportar por los tratamientos médicos a los que se ha visto sometido el actor a consecuencia de los graves daños físicos sufridos en el accidente en cadena, resultando asimismo indudable las secuelas permanentes que inciden paralelamente en la personalidad de 31 años en la época del suceso y de indudable afectación espiritual, a los sentimientos y consiguiente daño moral.

Es reiterado el criterio jurisprudencial de esta Cámara que el daño moral resulta independiente del material, por lo que estimo justo elevar el establecido y fijarlo en la suma de $ 15.000.Se encuentra asimismo apelado el punto de partida de los intereses respecto a un modo, la determinación del monto por daño moral al momento de la sentencia.

No señala la razón del modo empleado, pero por implicancia, cuando en el punto "Intereses" de fs.556vta., dispone que los intereses de los distintos rubros se devengarán desde las fechas mencionadas, lleva el punto de partida sobre el daño moral a la fecha de la sentencia.

Pareciera que el sentenciante al llevar la determinación del daño a la sentencia, admitiría una suerte de fijar el daño actualizado. Era el sistema que operaba en etapas pretéritas de devaluación del signo monetario y que admitía la fijación de un valor actual. Ahora carece de respaldo legal, a todo evento, la naturaleza del daño conlleva el mismo concepto del momento de la ofensa lesionante a la persona, el origen del daño. Debe hacerse lugar al agravio, corriendo los intereses respectivos a partir de la fecha del accidente.

Por lo expuesto, el recurso de la parte actora ha de prosperar parcialmente, de conformidad con el resultado de los agravios interpuestos y revocando la sentencia en lo que incide.

Agravios de S. C. S. M. de S. G. (fs.588/590vta.). Se agravia la Aseguradora porque la sentencia rechaza la demanda incoada contra la Sra. K. C. y su compañía aseguradora, condenando a su parte y con exceso y exime a la codemandada. Opone fundamentaciones sobre la ocurrencia del accidente, la prueba rendida y respecto a los daños que se declaran procedentes.

Carece de virtualidad en principio evaluar los cuestionamientos sobre el hecho dañoso, por carecer la agraviada de legitimación vinculante a la parte codemandada K. C. , desde que en su presentación de fs.100/106, lo hizo contestando la demanda respecto a la interpuesta por la parte actora A. R. O., es más, solo peticiona como colofón, que en su oportunidad se rechace la demanda y se le impongan las costas a esta parte. Se rechazan los agravios en esta parte (arg.330, inc.2, 347 inc.3, 357 y concords. del CPCCCh.).

En cuanto se ha opuesto a los daños psicológico y moral, se encuentran resueltos al tratar la apelación de la actora, con lo que se remite de conformidad.

En definitiva, se rechaza parcialmente el recurso interpuesto.

Costas: Atento el carácter indemnizatorio del juicio respecto a las partes que resultan condenadas, la obligación de aseguradora por la que además concurre a juicio la citada en tal carácter, las costas corresponden en su integridad a la codemandada y citada en garantía, conforme los alcances de la sentencia (art.68 del CPCCCh.).

Se encuentra declarada la improcedencia de las costas a la parte actora por el rechazo de la demanda contra K. C. , las que se imponen por su orden (art.68, 2da.parte del CPCCCh.).

Corresponde, de conformidad con el art.279 CPCCCH. y en cuanto se modifica el monto de condena, readecuar las costas y regulaciones de honorarios en cuanto se condena, con salvedad de los honorarios cuyas costas se proponen por su orden por la citada B. Cía. A.de Seguros S.A.

Rige la Ley 2200 y ley 4335 de Aranceles, los arts.6, 7, 9, 14 y concordantes, este último en cuanto se establezcan los de la Alzada, el merito de los trabajos profesionales y su resultado.

A la segunda cuestión el Dr. Fernando Nahuelanca dijo:

Voto: 1) Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte actora A. R. O. a fs.585/587 y de igual modo por la parte citada en garantía S. C. S. M. de S. G. a fs.588/590vta., contra la sentencia de fs.552/557vta.

2) Confirmar parcialmente en lo sustancial la sentencia de fs.552/557vta. y revocar parcialmente en cuanto al monto de condena e intereses. Estableciendo el monto de la condena del punto 1º de la parte resolutiva del fallo a fs.557, en la suma de $ 47.123,99, en concepto de daño emergente; incapacidad sobreviviente, gastos de asistencia psicológica y daño moral y respecto a los intereses por incapacidad sobreviviente y daño moral, correrán a partir del evento dañoso, con los restantes alcances del punto.

3) Confirmar parcialmente el punto 3 de la parte resolutiva aludida de fs.557. Revocar parcialmente imponiendo las costas al codemandado y citada en garantía y los honorarios regulados. Proponer los del Dr. F. V. M. en la suma de $ 9.500; los del Dr.J. C. S. , en la suma de $ 6.000; los conjuntos de los Dres.P. L. I. y R. V. D. , en la suma de $ 6.000; de la perito psicóloga S. M. , en la suma de $ 1.000; los del perito médico M. O. P. , en $ 1.400; los del perito contable M. A.A. en la suma de $ 1.000 y los del perito mecánico L. A. M. , en la suma de $ 1.200; con los restantes alcances del punto.

4) Revocar el punto 6 de la parte resolutiva del fallo aludido a fs.557 en cuanto a las costas, que se imponen por su orden, proponiendo la regulación de los honorarios conjuntos de los Dres.G. M. , G. A. y M. P. D. , conjuntamente en la primera etapa, proponiendo la confirmación de los honorarios en la suma de $ 2.500, con los restantes alcances del punto y los del Dr.F. V. M. en la suma de $ 1.500.

5) En la Alzada y respecto al punto 3 precedente, las costas al codemandado y citada en garantía, proponiendo la regulación de los honorarios del Dr.F. V. M. , en la suma de $ 2.850, los conjuntos de los Dres.P. L. I. y R. V. D. , en la suma de $ 1500 y los del Dr.J. C. S. , en la suma de $ 1.500.

6) Tener presente la reserva del caso federal interpuesta por la parte codemandada Germán Emilio F. J. , en el memorial de fs. 606/608vta.- A la primera cuestión la Dra. Silvia N. Alonso de Ariet dijo:

1. El fallo y los agravios. Remisión.

Desde que comparto plenamente la postura del magistrado preopinante para la solución de caso venido en apelación, es pertinente que me remita a la reseña del pleito, fallo dictado y agravios contra el decisorio en crisis. Poco es lo que puedo agregar a la exposición del Dr. Nahuelanca, mis apreciaciones acuden al cumplimiento de la manda contenida en el artículo 169 de la Constitución de la Provincia del Chubut sobre el voto fundado.

2. Tratamiento de los agravios.

2.a. El recurso del co-demandado F. .

Tal como lo ha señalado el primer votante ninguna de las alegaciones efectuadas por el apelante en esta alzada tiene idoneidad suficiente como para levantarse seriamente como crítica hacia los argumentos expuestos por el inferior. Repárese que solo reflejan una mera falta de conformidad con lo resuelto y solo un amplísimo criterio de admisión permite adentrarse en el tratamiento de su mérito y sustancia. No puede soslayarse que si algún interrogante quedare respecto al cumplimiento de la carga de fundar el recurso corresponde aplicar la doctrina que dimana de los precedentes del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia que ha sostenido que cuando existen dudas acerca de si el escrito de expresión de agravios abastece la carga que le impone el art. 265 del CPCCCh en cuanto a rebatir adecuadamente las motivaciones de la sentencia recurrida, debe optarse por tener satisfecha esa carga (cfr.autos "González vda. de Fernández, Encarnación" del 31-05-99; idéntico sentido autos "T.R.J., S.N. s/ Divorcio Vincular" del 22-03-00 Nro. SAIJ00150014 y "Palavicino, René c/ Marítima s/ diferencias salariales" del 23-03-01 SAIJ01150056). Partiendo de tales premisas, corresponde adentrarse en el tratamiento de los agravios.

En tal orden de ideas, es dable señalar que la critica a la excesiva velocidad que el juez le atribuye en la mecánica del accidente, encuentra fundamento en la sola voluntad del recurrente. No se individualiza constancia probatoria alguna que sustente las afirmaciones que dan sustento a la pretensión revisora.

Por otra parte, debe señalarse que el fundamento de la sentencia que ha sido atacada, es fruto de una valoración de la prueba colectada que se ha ajustado a las reglas de la sana crítica. Una pauta esencial que emana de estas reglas, es la apreciación conjunta de las probanzas de autos con el fin de obtener una convicción acorde con la cuestión controvertida y tal presupuesto se cumple en la especia. Es que, el juez de grado ha analizado la prueba testimonial, la pericial mecánica y las fotografías agregadas a la causa, pruebas que valoradas en conjunto avalan -largamente- la conclusión señalada.

Por las razones expuestas, adhiero a la proposición de rechazar este recurso, en todas sus partes. 2.b. El recurso de la parte actora.

Los agravios de la parte actora son seis y serán tratados en el orden cronológico en que fueron expresados en la memoria obrante a fs. 585/587.

El primer agravio versa sobre la imposición de costas por el rechazo de la acción interpuesta contra K. C. , codemandada en autos que participó en el evento dañoso que se caracterizó por ser un choque en cadena y solicita el recurrente la revocación de lo resuelto en el punto.

La eximición que se pretende encuentra sustento normativo en la segunda parte del art. 68 del C.P.C.C.Ch.. Si bien la ley procesal adopta en materia de costas el principio del vencimiento objetivo, el la norma admite excepciones, respecto de la litis principal según la prudencia de los jueces lo aconseje.

En el caso, el daño causado por el codemandado -F. J. - que ha sido condenado incluyen a las consecuencias que de él se derivan, entre éstas, las que surgen de la necesidad de investigar la mecánica del accidente. Las circunstancias fácticas de pluralidad de partícipes en el hecho no son imputables a la víctima, por lo que no podrían imponérseles las costas a ésta última por las pretensiones que son rechazadas.

La solución enmarca en la posición doctrinaria mayoritaria que en los supuestos de accidentes de tránsito acaecido con la intervención de varios automotores, cuando resulta dudosa la mecánica del accidente puede ejercitar su pretensión contra todos los intervinientes en el evento dañoso, sin necesidad de investigar previamente la mecánica del accidente. En tal caso, si alguno de los codemandados es absuelto, las costas generadas por su intervención en el pleito deben serle resarcidas no por la víctima, sino por el litis consorte vencido, que es quién causó el daño, originando la necesidad de recurrir al pleito, para que la víctima encontrara respuesta jurisdiccional a su pretensión resarcitoria.

Por las razones expuestas adhiero a la propuesta de acogimiento de este punto de la pretensión revisora.

El segundo agravio se refiere a la pretendida falta de reparación del "daño a la persona".

El cotejo del reclamo del actor y de la estimación y tasación de los daños contenida en la sentencia sella la suerte de la pretensión revisora. En efecto, el juez de grado ha fijado la indemnización por incapacidad sobreviviente adoptando un criterio flexible, apropiado a las circunstancias singulares de cada caso. No se ha ceñido exclusivamente al concepto de la mera pérdida de ganancias, sino que es claro que ha incluido otros aspectos de la personalidad que hacen al ámbito doméstico, cultural o social con la consiguiente frustración del desarrollo pleno de la vida. Por ello, el desdoblamiento indemnizatorio que sin fundamentos puntuales y vinculados a la causa se pretende no prosperará. El tercer agravio se vincula con el monto de condena por gastos médicos. Se considera la misma insuficiente porque se peticionó la suma de pesos cinco mil cuatrocientos diecinueve con noventa y se fijó el monto en la suma de pesos cinco mil.

El cuarto agravio tiene por objeto impugnar el momento señalado en la sentencia para el cómputo de los intereses y adelanto que debe prosperar. Es que, estamos ante una caso de responsabilidad extracontractual y en estos supuestos el estado de morosidad sancionable, nace en el mismo instante en que se produce el acto ilícito. La mora es automática ("ex-re"), no siendo por tanto necesario su previa interpretación o constitución, debido a que la exigibilidad de la obligación de indemnizar nace con el acaecimiento del ilícito. La conclusión encuentra fundamento en las claras previsiones de los artículos 622 y 1069 del Código Civil. Mediante el quinto agravio se impugnan los montos fijados en concepto de daño psicológico y moral, los que se consideran exiguos.

Respecto al primero de ellos no advierte el recurrente que el juzgador no ha acogido dicho rubro y no existe condena por tal concepto. En efecto, el juez de grado no acogió la pretensión resarcitoria por daño psicológico, individualizada como partida autónoma en la demanda -fs. 101 y vta.-; repárese que solo admitió el gasto por tratamiento psicológico, valorando en tal sentido la pericia psicológica agregada a los presentes a la que hace referencia el recurrente. No se trata entonces de una indemnización por daño psíquico sino en concepto de tratamiento terapéutico.

El criterio adoptado se ajusta la directriz jurisprudencial impartida por el máximo órgano provincial. Es que, el daño psicológico no es una categoría autónoma con referencia a los daños materiales y moral; en tal sentido se ha pronunciado el Superior Tribunal de Justicia de nuestra provincia en reiterados pronunciamientos. La clasificación bipartita del daño en patrimonial y extrapatrimonial no consiente incorporarle como tercer categoría al denominado daño psicológico, por aplicación del principio lógico del tercero excluido (conf. CNCiv., Sala G "G. S. , M. v. I. M. de O. S.", JA 1998-II-496).

Desde ya esta falta de autonomía no conduce a una falta de ponderación del menoscabo psíquico, cuando éste existe puede afectar "intereses" espirituales o patrimoniales y así lo ha hecho el juez de grado. Resta por lo tanto, la revisión de la cuantificación del daño moral. A modo de partida, señalo que se verifica en el caso el menoscabo o lesión a intereses no patrimoniales provocados por el evento dañoso y que las mismas deben ser evaluadas atendiendo a la naturaleza resarcitoria de la reparación. Concretamente, la mortificación y sufrimiento por las complicaciones emergentes de las lesiones sufridas el actor; la situación de asimetría torácica y sus secuelas más la existencia de dolor permanente, el aumento de la frecuencia respiratoria el significado que ello tiene para su vida presente y futura y como consecuencia de ello la alteración disvaliosa de los estados de ánimos -angustia, tristeza-; disminución permanente de la salud, frustración de actividades con proyección económica, deportiva y recreativa; limitación de la vida de relación; de los proyectos de vida.

Los extremos reseñados demuestran la insuficiencia del monto fijado en concepto de daño moral y autorizan su elevación a la suma de pesos quince mil, tal como lo propone el Dr. Nahuelanca. Desde ya, los intereses, de conformidad con lo señalado precedentemente al respecto deberán ser calculados desde la fecha del evento dañoso hasta su efectivo pago, en base a los fundamentos ya expresados.

Por todo lo expuesto, el recurso interpuesto por la parte actora prosperará parcialmente y se modificarán en consecuencia el monto de condena y la fecha de cómputo de los intereses.

2.c. El recurso de la aseguradora.

Respecto de esta impugnación, he de señalar que si bien comparto la decisión que se propone los fundamentos en los que sustentó la adhesión son diversos a los esgrimidos por el colega preopinante.

En efecto, el recurrente critica la atribución de responsabilidad civil exclusiva a su parte, considerando que ha existido culpa de la co-demandada en el evento dañoso.

En realidad los agravios no son precisos pero he de señalar que tampoco el juez de grado precisó adecuadamente el encuadre jurídico de la acción intentada dado que ha sostenido que la cuestión enmarca en las previsiones del artículo 1109 del Código Civil, contradiciendo de este modo la unánime jurisprudencia de esta Cámara que se ciñe a la de los máximos tribunales provinciales y nacionales. Así, en los supuestos como el presente de colisión de dos o más automotores en movimiento corresponde aplicar las previsiones del artículo 1113 del Código Civil.

Antiguamente se sostenía que en caso de colisión de dos o más automotores en movimiento, los riesgos se neutralizaban y era menester dejar de lado el art. 1113 del Cód Civil, volviendo al sistema de la culpa previsto en el art. 1109 del mismo cuerpo legal. Hoy, por el contrario, en forma mayoritaria, se sostiene que el art. 1113 del Código Civil, en la redacción que le dio la ley 17.711, no autoriza a excluir la aplicación de la teoría del riesgo creado cuando son dos automotores en movimiento los que provocan el evento dañoso.

En tal sentido se pronunciaron las Cámaras Nacionales Civiles en pleno -"V., E. F. C/ E. P. S. y otro" del 10/11/1994-sosteniendo que en los casos de colisión plural de automotores, la responsabilidad del dueño o guardián no debe encuadrarse dentro de la órbita del art. 1109 del Cód. Civil.

Ha de decirse, además, que es la posición que adoptó la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir de la causa "Empresa Nacional de Telecomunicaciones c/ Provincia de Buenos y otro" (fallo del 22/12/87, LL 1988-D-483), la que han adoptado distintos tribunales supremos provinciales (SCBA,8/4/86 "Sacaba de Larosa c/ Vilches, LL, 1986-D, 483; ídem Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, voto de los Dres. Moisset de Espanés y Berta Kaller de Orchansky, "Semanario Jurídico" nº 974, p. 239; ídem CSJ Santa Fe, 5/6/90, JA 1990 -IV- 363).

Las consecuencias jurídicas que dimanan de tal encuadre (responsabilidad objetiva) sustentan el rechazo de las argumentaciones del apelante relativas a su pretendida ausencia de responsabilidad.

En efecto, en dichos supuestos cada uno de los sindicados como responsables debe reparar el daño causado por el otro. Ello, salvo que se acrediten algunas de las eximentes que prevé la citada norma -culpa de la víctima o de un tercero extraño o caso fortuito ajeno al riesgo de la cosa o actividad desplegada- (conf. Pizarro, Ramón "Consolidación de una acertada jurisprudencia" comentario al fallo citado de la CSJ de Santa Fe, JA 1990 -IV-367).

Y en tal orden de ideas, el examen y valoración de la prueba rendida en autos no alcanza para tener por acreditado tales eximentes.

Se invoca la existencia de contradicciones que no se demuestran. Se cita una declaración testimonial pero se soslaya la coincidencia en lo sustancial que evidencian los dichos de todos los testigos y la pericial mecánica invocada, también en forma parcial.

En definitiva, no se advierte que la apreciación de la prueba debe ser conjunta. Los testimonios no deben ser evaluados aisladamente, uno por uno, sino que corresponde aprehenderlos en cúmulo, que es la manera más racional de obtener un panorama de conjunto. El empleo de un sistema de exégesis individualizado, que en definitiva propone el apelante; testigo por testigo, priva de la visión de lo importante y no conduce a un resultado ajustado a las reglas de la sana crítica.

El déficit probatorio que se señala en orden a la configuración de alguna de las eximentes legales en la materia impide consagrar la solución que propone el apelante. Repárese que estaba a su cargo la acreditación de las circunstancias relevantes a los efectos de eximir de la responsabilidad presunta. Ello dado que la imputación de responsabilidad deber ser realizada en el caso con total abstracción de la idea de reproche subjetivo, éste, a todo evento, servirá para eximir de responsabilidad pero, reitero, jamás para imputar.

En base a lo expuesto se rechaza el agravio relativo a la atribución de responsabilidad del Sr. F. J. y su aseguradora.

La impugnación a los montos tampoco prosperará en base a los fundamentos ya expresados al dar tratamiento a los agravios de las otras partes.

Por los motivos dados propicio el rechazo del recurso.

4. Costas y honorarios.

La solución propuesta determina la aplicación de la previsión del artículo 279 del ritual. Las costas de ambas instancias se imponen al co-demandado F. J. y a la citada en garantía por aplicación del principio objetivo de la derrota consagrado por el artículo 68 del CPCCCh.

Se exime de costas al actor por el rechazo de la acción respecto de la codemandada K. C. - Los honorarios de primera instancia, se fijan de conformidad con las pautas arancelarias establecidas en el artículo 6 y por aplicación de las escalas específicas para el tipo de proceso en el que se han cumplido todas sus etapas. Los honorarios de segunda instancia se establecen de conformidad con las pautas generales establecidas en el artículo 6 de la ley arancelaria citada y por aplicación de la escala específica del artículo 14 del mismo ordenamiento. En base a estas premisas legales, adhiero la cuantificación realizada en el voto que antecede.

A la segunda cuestión la Dra. Silvia N. Alonso de Ariet dijo:

Por todo lo expuesto, adhiero a la propuesta efectuada en el voto que antecede A la primera cuestión el Dr. Alexandre dijo:

Las impugnaciones que ha merecido el fallo de fs. 552/557vta., por las partes y la citada en garantía por la vencida, han sido objeto de exhaustivo tratamiento, por parte de mis colegas preopinantes, tanto en su aspecto formal, decidiéndose por el principio de amplia tolerancia y con los mínimos recaudos como para mantener abierta la instancia, como en lo sustancial, previa reseña de sus contenidos pero sin lograr absoluta coincidencia en cuanto a los fundamentos de la denegación del recurso de la aseguradora, única razón por la que debo emitir opinión a los fines de intentar la mayoría legalmente requerida (conf. ley 4550).

Así, de una lectura integral de la presente causa a la luz de la totalidad de los agravios que marcan los limites jurisdiccionales de esta instancia, se advierte, lo dificultoso que le ha sido al sentenciante la calificación de la relación jurídica litigiosa en esta materia, negándose actualizar sus conceptos conforme las reiteradas recomendaciones que se le han efectuado al respecto ya que la atribución de responsabilidad a través del camino utilizado para el fallo fue siendo dejada de lado y decisión hoy pacíficamente admitida, primero, por la reforma del año 1968 (ley 17711) y luego de un profundo y amplio debate progresiva y firmemente por nuestros tribunales.

De tal modo y sin ánimo de reiterar conceptos ya vertidos en circunstancias análogas tan solo refresco el comienzo de tal reforma en nuestro fuero para lo que vale recordar que en esta materia el punto de partida lo constituyen las causas "Sacaba de Larosa" (3) fallada por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos de Aires en 1986(ver LA LEY, 1986-D, 479, con nota de TRIGO REPRESAS, Félix A., "Aceptación jurisprudencial de la tesis del riesgo recíproco en la colisión de automotores" y en JA, 1986-IV-579, con nota de GIORDANO, Mónica y GHERSI Carlos A., "El artículo 1113 del Código Civil. La responsabilidad objetiva por riesgo creado. La doctrina de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires" y, al año siguiente, el precedente emanado de la Corte Suprema de la Nación "ENTel" (ver LA LEY, 1986-D, 479, con nota de TRIGO REPRESAS, Félix A., "Aceptación jurisprudencial de la tesis del riesgo recíproco en la colisión de automotores" y en JA, 1986-IV-579, con nota de GIORDANO, Mónica y GHERSI Carlos A., "El artículo 1113 del Código Civil. La responsabilidad objetiva por riesgo creado. La doctrina de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires", que instalaron en la jurisprudencia patria la aplicación de la teoría del riesgo creado (arts. 1113, párr. 2° "in fine", Cód. Civil), superando el anterior encuadre legal que emplazaba normativamente la cuestión en el régimen de la culpa (art. 1109, Cód. Civil).

Finalizo recordando que en definitiva puede señalarse en tal aspecto que: "El choque entre dos o mas vehículos pone en juego las presunciones de causalidad y responsabiliza a cada dueño o guardián por los daños sufridos por el otro (art. 1113 párrafo 2° "in fine"), con fundamento objetivo en el riesgo; para eximirse cada uno de los responsables debe invocar y probar la culpa de la víctima, la de un tercero por la que no debe responder o el caso fortuito ajeno a la cosa, que fracture la relación causal. Cuando, como ocurre en el caso sólo se dedujo pretensión por uno de los damnificados, responde el otro con igual fundamento y el demandado carga con la afirmación y prueba de la eximente, que no puede consistir en su falta de culpa porque este factor es extraño a la imputación objetiva del "ordenamiento, sino en una de las tres que acabo de nombrar" (conforme Cámara. Nacional Civil Sala G. 4-9-91, voto del doctor Roberto E. Grecco; LA LEY, 1992-C, 127; y fallo plenario: "Valdez, Estanislao c. El Puente S.A.T. y otro" (LA LEY, 1995-A, 136, DJ, 1995-1-226).

Cabe puntualizar, que la teoría del riesgo no elimina dentro de su universo la idea de culpa, aunque a ésta no se la hace gravitar como factor de atribución o de imputación de responsabilidad, sino como causal de exención. De ahí que la víctima de un daño causado por una cosa riesgosa no tenga que probar si existe culpa en el dueño o guardián de la misma, ya que le basta con acreditar la relación de causalidad entre el daño sufrido y aquélla cuya titularidad o guarda atribuye al que demanda, quien a su vez , puede eximirse de responder si demuestra la culpa de la víctima o la de un tercero por quien no deba responder.

En razón de lo reiteradamente advertido se recomienda la lectura de Alvarado Velloso, "El Juez sus deberes y facultades", ed. Depalma 1982, pág 22; Ciuro Caldani en "Perspectivas estratégicas del razonamiento y la actuación de los jueces", en "Razonamiento judicial", Lexis Nexis, 31.03.04, p. 30 y siguientes, también en "El juez en el cambio histórico", del mismo autor publicado en: LA LEY 2001-D, 1150 - LLP 2002, 1058 y "Los hechos y la complejidad de la decisión judicial" por Chaumet, Mario E., publicado en: LA LEY 2007-B, 1246, entre muchos.

Desde tal punto de vista y de haberse ajustado el razonamiento a las pautas que tal régimen de responsabilidad imponía, mal puede la citada en garantía alegar sobre la culpa ajena cuando su defensa debió estar enderezada exclusivamente a eximir de culpa a su cliente de allí que en tal aspecto comprenda la postura de la colega que vota en segundo lugar.

Pero teniendo en consideración la naturaleza de la participación en autos de la recurrente retrotrayéndonos a su escrito de presentación, sin posibilidad de reconvenir al codemandado por falta de legitimación activa, ya que sólo lo podría hacer subrogándose en los derechos de su cliente y en contra de la presunta víctima. Vuelco mi opinión entendiendo que ambas posturas pueden armonizarse y si no se entendiera así, a los efectos de lograr mayoría comparto en el punto absolutamente la posición del Dr. Nahuelanca pero sin dejar de advertir respecto a lo dicho en cuanto al cumplimiento estricto de los deberes de ciencia y actualización que se le imponen a todo magistrado.

Por todo lo expuesto a la segunda cuestión el Dr. Alexandre dijo:

Que adhiero a la formula decisoria propuesta en el acuerdo y en cuanto al fundamento en discordancia a la opinión del Dr. Nahuelanca sumándole la advertencia ya señalada. Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar la siguiente:

S E N T E N C I A 1) Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte actora A. R. O. a fs.585/587 y de igual modo por la parte citada en garantía S. C. S. M. de S. G. a fs.588/590vta., contra la sentencia de fs.552/557vta.

2) Confirmar parcialmente en lo sustancial la sentencia de fs.552/557vta. y revocar parcialmente en cuanto al monto de condena e intereses. Estableciendo el monto de la condena del punto 1º de la parte resolutiva del fallo a fs.557, en la suma de $ 47.123,99, en concepto de daño emergente; incapacidad sobreviviente, gastos de asistencia psicológica y daño moral y respecto a los intereses por incapacidad sobreviviente y daño moral, correrán a partir del evento dañoso, con los restantes alcances del punto.

3) Confirmar parcialmente el punto 3 de la parte resolutiva aludida de fs.557. Revocar parcialmente imponiendo las costas al codemandado y citada en garantía y los honorarios regulados. Regulando los honorarios del Dr. F. V. M. en la suma de PESOS NUEVE MIL QUINIENTOS ($ 9.500); los del Dr. J. C. S., en la suma de PESOS SEIS MIL ($ 6.000); los conjuntos de los Dres. P. L. I. y R. V. D. , en la suma de PESOS SEIS MIL ($ 6.000); de la perito psicóloga S. M. , en la suma de PESOS UN MIL ($ 1.000); los del perito médico M. O. P. , en la suma de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS ($ 1.400); los del perito contable M. A. A. en la suma de PESOS UN MIL ($ 1.000) y los del perito mecánico L. A. M. , en la suma de PESOS UN MIL DOSCIENTOS ($ 1.200); con los restantes alcances del punto.- 4) Revocar el punto 6 de la parte resolutiva del fallo aludido a fs.557 en cuanto a las costas, que se imponen por su orden. Regular los honorarios conjuntos de los Dres. G. M. , G. A. y M. P. D. , conjuntamente en la primera etapa, proponiendo la confirmación de los honorarios en la suma de PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($ 2.500), con los restantes alcances del punto y los del Dr.F. V. M. en la suma de PESOS UN MIL QUINIENTOS ($ 1.500).

5) En la Alzada y respecto al punto 3 precedente, las costas al codemandado y citada en garantía, regulando los honorarios del Dr. Fernando Vargas Martínez, en la suma de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA ($ 2.850), los conjuntos de los Dres. P. L. I. y R. V. D. , en la suma de PESOS UN MIL QUINIENTOS ($ 1500) y los del Dr. J. C. S. , en la suma de PESOS UN MIL QUINIENTOS ($ 1.500).

6) Tener presente la reserva del caso federal interpuesta por la parte codemandada G. E. F. J. , en el memorial de fs. 606/608vta.- 7) Regístrese, notifíquese y devuélvase.- DR. ANTONIO ALEXANDRE- PRESIDENTE DR. FERNANDO NAHUELANCA- JUEZ DE CAMARA- DRA. SILVIA ALONSO DE ARIET- JUEZ DE CAMARA REGISTRADA BAJO EL NRO. 06 AÑO 2008 DEL LIBRO DE SENTENCIAS DEFINITIVAS