Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2011-06-28


AUTOS N° 68440 (8° JUZ. CIVIL) (N° 10252- SALA III) "LICATA CONSTANZA FRANCISCO C/MENGUAL JUAN BAUTISTA Y OTRA - DAÑOS Y PERJUICIOS".

En la ciudad de San Juan, a 28 días del mes de Junio del año dos mil once, reunidos los señores Miembros de la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, bajo la Presidencia del Dr. Humberto Caballero y los Dres. Catalina Celia Cúneo de García y Moisés Moya, como Vocales, para conocer sobre el recurso de apelación concedido a la demandada a fs. 250, contra la sentencia de fecha 28 de agosto de 2009, obrante a fs. 235/247 y vta.

CATALINA CELIA CÚNEO DE GARCÍA DIJO:

El Sr. Juez Aquo resolvió: "Hacer lugar parcialmente a la demanda, condenando a los Sres. Juan Bautista F. Mengual y Margarita García a pagar al actor, en el término de diez días de consentida y firme la presente, las sumas consideradas procedentes, con más los intereses legales que se devenguen, desde la fecha descripta en los considerandos precedentes y hasta su efectivo pago (Ley 4119).

Asimismo se los condena al cese inmediato del riego en condiciones que afecten el derecho de propiedad del actor y a realizar en el plazo de 30 días todas las modificaciones necesarias en su propiedad, a fin de evitar que en el futuro se produzcan daños por humedad en el muro que linda con el actor, con la obligación -en caso de incumplimiento- de permitir el acceso a éste a su propiedad a efectos de realizar tales modificaciones, bajo apercibimiento de disponerse su ingreso por la fuerza pública. Imponer las costas a la vencida, difiriendo la regulación de honorarios para su oportunidad".

A fs. 249, apela la sentencia el apoderado de la parte demandada, se le concede el recurso a fs. 250. Expresa agravios a fs. 278/285, los que fueron contestados a fs. 287/291. Ambas partes hacen reservas de interponer los recursos extraordinarios ante la Corte Provincial y el Caso Federal.

Sin perjuicio de la relación de la causa efectuada por el Sr. Juez Aquo diré que: a fs. 13 el actor, solicita medidas preliminares con el objeto de efectuar constatación judicial, con la comparecencia de un perito Ingeniero, en el inmueble de calle Tucumán 321 -Sur- Ciudad, de propiedad del Sr. Mengual J. Bautista y Mercedes G. de Mengual, y que éstos permitan el acceso al inmueble para verificar los hechos relativos al daño que presuntamente causa al colindante, deterioro y humedad en la pared, y que coincidentemente al aparecer dicha humedad tiene su origen en el riego por manguera o aspersión de la propiedad mencionada.

A fs. 31 se ordena la constatación del inmueble junto con el perito. A fs. 35 se agrega la Constatación Judicial efectuada. A fs. 40/41 el perito Ingeniero Pablo Javier Zabala, presenta el informe requerido.

A fs. 53/55, el actor promueve demanda de daños y perjuicios contra el Sr. Mengual Juan Bautista y Margarita G. de Mengual, titulares registrales del inmueble de calle Tucumán 221 -Sur-, colindante al de su propiedad , ubicado en Tucumán 439 -Sur-, para que abonen por perjuicio económico y por los daños materiales ocasionados en los muros, más lucro cesante por la inactividad comercial del salón. Solicitan como monto a resarcir los daños aproximadamente $10.000, o lo que más o menos se determine con las pruebas aportadas en autos.

Relata que, como consta de la Medida Preliminar solicitada, el Sr. Mengual ha sido previamente intimado a la reparación integral de los daños que viene ocasionando el riego permanente en su propiedad. De las pruebas fotostáticas, como de la inspección ocular y de la pericia efectuada en autos, se ha probado fehacientemente que el daño proviene del accionar de los demandados, es decir del inmueble vecino.

Han sido insistentes los reclamos a fin de que cese el riego, como así también se les ha solicitado la reparación del daño, sin ningún resultado positivo.

Agrega, que las causas del mismo no han sido ignoradas por los demandados, que no han observado, para el riego permanente, las reglamentaciones mínimas edilicias. No han respetado la distancia de un metro de la pared divisoria, ni ha construido el veredín reglamentario. Posee una enredadera de gran dimensión que es regada con manguera, cuyas filtraciones han provocado el daño sobre el muro del actor.

Solicita Medida Cautelar urgente, para que se ordene por decreto a los propietarios o guardianes del inmueble de los demandados, el cese en forma inmediata el riego, y se le imponga la modificación de las sisternas pegadas a la pared divisoria, el desarraigo de la enredadera u otros árboles cuyas raíces originen humedad.

El daño no sólo es en el inmueble, sino también es sufrido por las personas que habitan el mismo, con la gravedad que el salón está destinado a la locación, y desde la aparición del daño se hace imposible volverlo a alquilar. Sostiene que pudo alquilarlo sólo una vez y el contrato fue rescindido por este motivo.

Por lo que, el cuantum resarcible, deberá comprender los daños económicos y el lucro cesante, debiendo considerarse la disminución del valor locativo o la disminución venal del inmueble.

Ofrece y rinde la siguiente Prueba documental: Constancias de autos.

Contrato de Locación obrante a fs. 47/52; nota de entrega del inmueble por los locatarios, obrante a fs. 45, 46. Prueba Pericial, obrante a fs. 40/41 y fs. 70/71.

En definitiva solicita se ordene la cautelar solicitada, se admita la demanda y se determine la cuantía indemnizatoria por el daño ocasionado, con costas.

A fs. 61 la actora amplía la Medida Cautelar solicitada. A fs. 68 amplía la demanda por daños y perjuicios y los puntos de pericia solicitados. A fs. 70/71 el Perito amplía la pericia practicada.

A fs. 74, el 6 de Octubre de 2003, la Sra. Juez Aquo decreta la medida cautelar solicitada.

A fs. 98/100, comparecen los demandados, impugnan el informe del perito correspondiente a la diligencia preliminar de fs. 40/41, y la pericia de fs. 70/71. A fs. 101/104, contestan la demanda, niegan todos y cada uno de los hechos.

Ofrecen y rinden la siguiente prueba: Documental: Constancias de autos.

Confesional: del actor Francisco Licata Costanza obrante a fs. 170, a tenor del pliego de posiciones obrante a fs. 169. Pericial: del Ingeniero Alberto Mario Peña, obrante a fs. 183/192. Solicitan en definitiva se rechace la demanda con costas.

A fs. 134/137, en la Alzada, se rechaza el recurso de apelación concedido a la demandada, contra la medida cautelar decretada por la Juez Aquo. La que se confirma, con costas a la vencida.

A fs. 235/247, corre agregada la sentencia, que le causa a los demandado los agravios que subsumiré en los siguientes puntos:

I) Les agravia que el Inferior afirme que la Escritura N° 133 de fecha 28/07/1987, agregada en copia a fs. 02/04 por el actor, no fue cuestionada. Al contestar la demanda (fs. 101 último párrafo) negaron expresamente que el actor fuera propietario del inmueble en virtud del cual funda su reclamo.

Negaron expresamente el carácter de propietario del actor en relación al inmueble, por lo que el accionante debió acreditar la calidad de propietario, con la correspondiente escritura original y no, con una fotocopia que carece de efectos probatorios salvo que la contraria la acepte como útil, lo que no ocurrió en el caso de autos.

Sostienen que las escrituras originales o el testimonio debidamente certificado en su autenticidad, que expide el escribano actuante es un instrumento público en los términos de los arts. 979, inc. 1° y 995 del Código Civil, que hace plena fe de las enunciaciones de hechos o actos jurídicos que forman su objeto principal. Ése efecto es propio de la escritura original y no, de una fotocopia simple de la misma, carente de la correspondiente autenticación.

Les agravia que el Inferior sostenga que el actor probó su calidad de propietario, ya que no acompañó las pruebas idóneas que lo acrediten, es decir, la titularidad del dominio afectado.

II) La sentencia contiene consideraciones de tipo doctrinarias relativas a cual es la disposición del Código Civil que corresponde aplicar para solucionar el caso, como las distintas consecuencias que resultan del daño producido por la cosa, aludiendo el Inferior a la causalidad jurídica en base a la previsibilidad del resultado.

Les agravia que el Inferior sostenga que "no existe controversia entre las partes en relación a los siguientes puntos, que el inmueble sito en calle Tucumán 349 Sur(salón), resulta colindante -en el lado norte- con la propiedad de los accionados de calle Tucumán 325 Sur. Asimismo está acreditado que en dicho muro del actor...".

Reiteran que la afirmación del Inferior en tal sentido es arbitraria porque tiene por acreditado que el muro afectado es de propiedad del actor, siendo que éste no acreditó la titularidad dominial en la que basa la demanda y porque tal circunstancia, fue expresamente negada al responder la demanda.

El Juez a-quo viola el principio de congruencia al sostener que el inmueble referido era de propiedad del actor, para luego expresar que "es irrelevante la negativa de la calidad de propietarios o guardianes del bien contenida en la contestación de la demanda...". Dicha incoherencia habilita la declaración de nulidad de la sentencia.

Exponen que el actor demandó a su parte afirmando que eran titulares registrales del derecho real de dominio lo que fue negado, como también fue negado que revistieran calidad de guardianes. Agregan que, el Juez a-quo reconoció la falta de prueba al respecto no obstante, en forma contradictoria e incoherente analiza las implicancias de ser dueño o guardián y sostiene que los accionados revisten calidad de guardianes "...lo resulta ampliamente acreditado en autos...".

Sostienen los apelantes que, el hecho de encontrarse en el momento que se hicieron las constataciones en el lugar no acredita la calidad de guardianes.

III) Les agravia que el Inferior se niegue a analizar las impugnaciones hechas a los dictámenes de fs. 40/41 y de fs. 70/71 sosteniendo que el primero "obedece a la prueba anticipada ordenada a fs. 38 y no, a la diligencia preliminar dispuesta a fs. 31 resultando inatendible todo cuestionamiento" y que las impugnaciones formuladas en subsidio "para que puedan tener cabida debe demostrarse cabalmente la incompetencia técnica...".

Para los recurrentes, el perito no comprobó que los tanques de agua tuvieran filtraciones y aducen que, la existencia de reservorios estancos no pueden ser origen de humedad.

Agregan que no se explica cómo la enredadera y los aspersores pueden ser generadores del daño, ya que su parte acreditó que los aspersores se encuentran orientados hacia el norte, despegados de la pared a más de un metro y con un radio de acción de 180°, lo que impide que la pared pueda ser afectada por el agua.

Les agravia que les atribuya la causalidad del daño, siendo que del informe pericial surge acreditado a fs. 188 que, en la UDE N° 2 existen cañerías de agua, desagües pluviales, tanques de reserva, ventilaciones y que en un techo hay fallas de aislación hidráulica.

A fs. 189 el perito específicamente se refiere a la falta de aislación hidráulica del piso de la terraza de la UDE N° 2, que provoca filtraciones hacia el norte y que esos daños pueden apreciarse en la fotografía que su parte presentara de fecha octubre de 2003 (fs. 92 y de la foto N° 7 de su informe).

También les agravia que el a-quo, omita considerar la circunstancia indicada por el perito de su parte, referida a que ambos muros se encuentran apareados, no poseyendo en su parte superior una babeta o membrana que impida el ingreso del agua entre ambos, tanto de las posibles filtraciones del piso de la terraza de la UDE N° 2, como del agua de lluvia.

Además que el Juez a-quo sostenga que el dictamen del perito Peña, no enerva la conclusión a la que ha llegado en el sentido de la culpa de los demandados. Se agravia de la falta de apreciación de la prueba, ya que si el Inferior la hubiese apreciado se hubiese establecido concurrencia de culpa.

IV) Referido al monto condenado a pagar, sin hacer una determinación concreta de cómo se componen esos valores, qué porcentaje corresponde a materiales, cuál a mano de obra y al beneficio del constructor. Expresan que el actor fue quien reclama daños, pesando sobre sí la carga de la prueba eficiente del monto.

Debió éste, solicitarle al perito que se expida sobre el valor de la reparación y consignar documentadamente el costo de sus componentes. La sentencia es arbitraria porque les impone una actividad que procesalmente no les corresponde. Tratándose de un juicio sumario ofrecieron la prueba al responder la demanda, no incluyendo los valores de una eventual reparación porque dicha prueba era a cargo del actor.

Atacan el fallo en cuanto admite el rubro lucro cesante, sin que existan elementos que lo acrediten. Les agravia que el sentenciante tome en cuenta para condenar al pago de la suma de $3.300, un contrato de locación que sostiene celebró la actora con la Obra Social Bancaria. No existe prueba que avale la relación locativa ya que la documentación acompañada (fs. 47/52) es una fotocopia y no el original.

No sólo le dio el Juez a-quo valor probatorio a un instrumento que no constituye prueba documental sino que, tratándose de un instrumento privado, su validez se encuentra condicionada al reconocimiento que de él deben realizar sus otorgantes. Al responder la demanda negaron autenticidad a la documentación acompañada a fs. 47/48.

Por último, solicitan se deje sin efecto la condena accesoria relativa al cese inmediato del riego y a realizar dentro del plazo de 30 días las modificaciones necesarias para evitar el daño.

Agravios propuestos por los demandados:

En respuesta a los subsumidos en los puntos I) y II) diré que: La legitimación en la causa es la consideración especial en que tiene la ley a las personas que se hallan en una determinada relación con el objeto del litigio, y en virtud del cual, exige para que la pretensión procesal pueda ser examinada en cuanto al fondo, que sean dichas personas las que figuren como parte en el proceso.

Este Tribunal, en numerosas oportunidades ha manifestado que: "Hay quienes la explican como la titularidad del derecho o relación jurídico material objeto del juicio, respecto de aquellos que la distinguen del derecho a obtener una sentencia sobre el fondo de la cuestión con prescindencia de la titularidad del derecho.

Según un criterio tradicional, a través de esta excepción el Juez investiga si el actor, o el demandado están investidos de la legitimatio ad causan esto es, si existe identidad entre la persona del actor y aquella a quien la acción está concedida, o entre la persona del demandado y aquella contra la cual se concede.

Es la demostración de la calidad de titular del derecho del actor, y de la calidad de obligado del demandado, lo que determina o no la admisión de esta excepción, que no es en consecuencia un requisito para el ejercicio de la acción, sino para su admisión en la sentencia.

También se ha razonado, que cuando un litigante se encuentra legitimado para peticionar, significa ser titular de un derecho o de una relación que lo habilita para peticionar el objeto del juicio y solicitar del órgano jurisdiccional el pronunciamiento de una sentencia favorable, o su rechazo según fuere el caso.

No está legitimado, por ende, quien es ajeno a la relación jurídica que se discute, porque la ley habilita a reclamar ante la justicia sólo a aquél que reviste la calidad de titular del derecho de que se trate.

Cuando el recurrente carece de tal titularidad porque la ley no se la confiere, no corresponde dictar sentencia sobre el fondo de la cuestión, debiendo el sentenciante inhibirse por tal motivo." "Lo esencial de la cuestión, se encuentra en distinguir entre la mera titularidad de una relación jurídica en que se funda una pretensión y la fundabilidad de ésta.

Solamente la primera se vincula con la legitimación para obrar y cumple una función procesal, a saber, que el proceso se desarrolle entre los sujetos que, respecto de la pretensión deducida, puedan ser los destinatarios de los efectos del proceso.

De ahí que la legitimación para obrar y para contradecir, se circunscriba al ámbito del vínculo entre las partes y la relación jurídica sustancial, a la posición jurídica que concierne a los sujetos con relación al objeto del juicio, a las condiciones que hacen a la calidad de las partes, pero no a la legitimidad del derecho ni a la determinación de lo que es objeto de la tutela que ha de realizarse a través del proceso.

Se concluye en que sólo cabe analizar a través de esta excepción si quien actúa es, en principio y para el caso, la persona habilitada por la ley para ello" (Morello y Col. Cod. Proc. Com. TºIV-B-pág.341 y ss. - Prot. de Sent. Tº IV Fº 609/617 Año 2001; Prot. de autos: T°I-F°:79/83-02, entre otros).

Además: "Las partes pueden estar legitimadas para la causa, tengan o no derecho a la obligación sustancial, según revistan la condición de actor o demandado, porque el derecho a poner en actividad la jurisdicción y solicitar que se dicte una sentencia que resuelva la litis no pertenece solamente al titular del derecho material.

Simplemente estar legitimado en la causa significa, tener derecho a que se resuelva sobre las peticiones formuladas en la demanda, es decir, sobre la existencia o inexistencia del derecho material pretendido, ya por medio de una sentencia favorable o desfavorable y desde luego, si las partes celebraron un boleto de compraventa, al margen del contenido de la sentencia de mérito, o sea, si es absolutoria o de condena, quiénes ostentan la calidad de compradores, pudieron solicitar al órgano judicial que emitiera una sentencia respecto del cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones resultantes del contrato que concertaron con el demandado" (arts. 510, 1185, 1201, C.Civil Prot.de Sent.T°IV-F°607/616-07).

Teniendo en consideración el criterio expuesto se analizará la cuestión planteada.

En nuestro derecho, la transmisión de bienes inmuebles requiere escritura pública (título), pero el dominio no se transfiere efectivamente sino mediante la posesión y la inscripción del título en el Registro General Inmobiliario.

Esta anotación no hace a la existencia del derecho sino a la oponibilidad respecto a terceros (art. 2505 del Cgo. Civil).

El actor invocó ser propietario del inmueble dañado, no sólo al iniciar la acción sino también, al absolver posiciones (resp.4° posición fs.170). Si bien, no acreditó tal calidad, pues presentó fotocopia simple de la escritura traslativa de dominio a su favor (fs.4/5), se le debe reconocer legitimación activa.

Ello, por cuanto, se encuentran legitimados para reclamar la indemnización del daño causado quienes acrediten ser dueño, poseedor, heredero, usufructuario o mero tenedor, en la medida que el detrimento irrogue perjuicio a su respectivo interés, conforme a lo dispuesto por los arts.1095 y 1110 del Código Civil.

Al respecto se ha resuelto que:

"En principio el dominio de un inmueble debe acreditarse por medio de la consabida escritura pública, pero cuando no se discuten derechos reales, sino tan sólo una indemnización proviniente de daños y perjuicios, la sola alegación de dueño del bien por parte del actor, basta para confirmarle legitimación, en orden a lo dictado por el artículo 1110 del Digesto Civil, norma que no hace distingo entre bienes muebles o inmuebles.

(Cc0001 Ql 2800 Rsd-95-99 S-23/11/1999-"Mayer Marcelo C/ Widmer Enrique GermáN Y Otro S/ Daños Y Perjuicios").

Expresamente, el art. 2618 del C.C. concede dicha acción, no sólo al propietario sino de una manera general a "todo aquel que tiene la tenencia del inmueble por un título legal, cualquiera que sea" (Borda "Derechos Reales-T° I-pág. 403), en razón de que el derecho surge de la calidad de vecino y no de propietario.

Por otra parte, la demandada no ha producido prueba alguna que demuestre lo aseverado, al fundamentar la excepción de falta de legitimidad activa que interpusiera.

Esta Sala tiene dicho respecto a la carga probatoria que:

"El art. 361 del C.P.C. la distribuye entre las partes, y la responsabilidad de probar los presupuestos de hecho de la norma que sirve como fundamento a su pretensión o defensa, a la vez que otorga al juzgador una verdadera regla de juicio sobre los hechos esenciales no probados por los litigantes; la ausencia de prueba, en principio determinará, el contenido de la sentencia (Prot. de Sent. tº 1- fº 173/178-1997; T°III-F° 452/455-02, entre otros).

Por lo que se concluye que el actor, tenía legitimación activa para promover la demanda. Se rechazan así los agravios analizados.

Agravio III) referido al valor asignado a la prueba pericial.

Al respecto hemos dicho en forma reiterada que: "La pericia puede ser impugnada por haberse apartado los expertos de las cuestiones propuestas a su examen, o por considerar equivocado el procedimiento seguido por ellos en la diligencia, o por haberse violado alguna de las formalidades prescriptas para la misma, para admitir su procedencia formal, el ataque debe exteriorizarse dentro del plazo por el cual el dictamen fue puesto de manifiesto, o bien antes de consentir el auto que ordenó su agregación (Morello y Colaboradores- Cgos. Procesales de la Prov. de Buenos Aires y de la Nación Tº V, pág. 579-Ed. 1973)" (Prot. de Sent. Tº I-Fº 19/20-1993).

Fenochietto-Arazi (Cód. Procesal Civil y Comercial de la Nación Tº II-pág. 514 nos dicen: "El dictamen pericial en el C.P.C. se ciñe a un juicio de hecho, el que debe contener una explicación detallada de las operaciones técnicas realizadas y de los principios científicos en que se funda su opinión. Este es el principio que recepta el art. 456 de nuestra ley ritual".

"No basta que el perito adquiera convicción sobre lo que es materia de su dictamen, sino que debe suministrar los antecedentes y explicaciones que la justifiquen, porque su función es la de asesorar a los jueces, que es a quienes corresponde valorar en definitiva el acierto de las conclusiones expuestas en el informe pericial y decidir la cuestión en litigio". (L.L. v. 118 pág. 919, 12175-S Jurisp. Arg. 1965-V. III pág. 526)"(Prot. de Autos Tº II-Fº 218/220-1989; Prot. de Sent. Tº I-Fº 1/4-1993).

Tenemos dicho (Ver Prot. de Sent. Tº I-Fº 40/46-1987) "Que es facultad del Tribunal examinar y aún desechar los dictámenes periciales, aún cuando las partes no los hubieran impugnado. El hecho de que las partes no hayan impugnado un informe pericial, no es razón para que sus conclusiones sean aceptadas por la justicia puesto que ello importaría erigir al perito en Juez.

El dictamen pericial constituye un elemento de juicio que el magistrado debe apreciar con prescindencia de toda sugerencia de partes y con sujeción a su propio valor convictivo. El valor de una pericia será ponderable o no, con la impugnación de parte o sin ella, según el fundamento de sus conclusiones y su cotejo con las restanrtes probanzas. (Ver Alsina-Derecho Procesal Tº III-pág. 524)".

"El magistrado no puede desvincularse arbitrariamente de la opinión del experto, debiendo en todos los supuestos fundar su discrepancia en elementos de juicio que permitan desvirtuar el informe, concluyendo fehacientemente en el error o el inadecuado uso que el experto hubiese hecho de los conocimientos científicos de que por su profesión o título habilitante necesariamente ha de suponérselo dotado (Ver Fenochietto-Arazi, Cód. Procesal Civil y Comercial de la Nación Tº II pág. 524)"(Prot. de Sent. Tº I-Fº 105/109-1988; Prot. de Sent. Tº III-Fº 460/463-1991)"PROT. DE SENT. Tº II Fº 221/237 AÑO 2002).

A los fines de determinar los daños y perjuicios que el actor dice haber sufrido en el salón objeto de esta acción, se han realizado dos pericias.

La primera, en carácter de medida preliminar, obrante a fs. 40/41, cuyo trámite ha sido debidamente notificado a los accionados (fs. 43 y 44), sin merecer oportuna objeción; dictamen ampliado en el juicio principal (fs. 70/71), recién impugnada a fs. 98/100.

La segunda, se encuentra agregada a fs. 183/192, efectuada por el perito de partes, Ing. Peña, pericia que se tendrá en consideración y análisis, dado que ha sido ordenada en la causa principal.

Es preciso aclarar que fue presentada en febrero del año 2006 y los daños se han producido con anterioridad, lo que se constata en la inspección ocular y surge de la pericia presentada en las medidas preliminares iniciadas el 17/10/2002.

El dictamen pericial de fs. 183/192 señala que los muros existentes, en la parte en conflicto de los inmuebles del actor y demandado, no tienen separación entre ambos, se encuentran apareados. En la parte inferior del muro del terreno de los accionados, se observa "algunos vestigios de humedad, en la primera fila de ladrillos".

Dicho muro no cuenta con "barreras aislantes verticales"; no se ha construído un zócalo inferior aislante hidrófugo.

La humedad se transmite horizontalmente por capilaridad al muro vecino de la actora (fs. 186). Es decir que se advierte debilidad en la impermeabilización del muro, que permite las filtraciones de agua.

Agrega el perito, que la causa principal de la humedad de los suelos por el ascenso capilar del agua con sales que disgregan las construcciones; son motivo del riego del jardín de la accionada, que en la actualidad ha sido eliminado en el sector que linda con el inmueble dañado (fs.190).

A continuación, el perito indica que la humedad observada no pudo ser provocada por cañerías de agua, desagües pluviales, tanque de reserva, etc., pues no se encuentran sobre el muro, objeto de la pericia. Tampoco se observan pérdidas de agua en cañerías o el tanque de reserva, ni filtraciones del piso de la terraza del inmueble del que forma parte el Salón dañado (fs. 189).

Con lo que se constata la existencia de humedad la cual, al momento de producirse años antes de la pericia; dañó el Salón vecino. Todo lo que se confirma, con el acta de constatación (fs. 35) y el informe producido en la Medida Preliminar.

En el mismo se indica que, el origen de la humedad existente en el inmueble del actor, proviene desde la propiedad del demandado, debido a la acumulación de agua de riego y de la planta de enredadera (fs. 43/44 y 70/71).

Advierto además, que la pericia analizada recaída sobre los hechos controvertidos, se encuentra debidamente fundada.

El perito ha seguido en su examen un procedimiento correcto, brindando una explicación detallada de las operaciones técnicas que ha efectuado; todo de acuerdo a lo dispuesto por el art.456 del C.P.C., por lo tanto corresponde se le reconozca plena validez. Se rechaza el agravio.

IV) Agravio: En cuanto a los daños económicos, como bien se consigna en la sentencia, éstos se deben calcular conforme a la pericia realizada por el Ing. Zabala, obrante a fs. 70/71. Si bien fue impugnada por los demandados a fs. 98/100, no logró ser desvirtuada con otros elementos de juicio que la contradigan.

De su análisis concluyo que, la fundamentación y explicaciones dadas por el perito justifican sus conclusiones, valiendo como pieza suficiente para determinar la indemnización por el daño sufrido. Considero razonable y justa la dispuesta por el a-quo, al respecto.

Acerca del lucro cesante, si bien el contrato de locación entre el actor y la Obra Social Bancaria Argentina ha sido presentado en fotocopia simple, y las partes no lo reconocieron (art. 1026 del Código Civil), la relación locativa entre ambas ha quedado acreditada mediante la carta de fecha 13/04/00, remitida por la Supervisora Sucursal San Juan de dicha Institución, haciendo conocer los problemas de humedad existentes en el Salón en cuestión (fs. 64). De ello surge la firme presunción, de que dicho inmueble estaba destinado a la locación.

Aparece equitativa la suma dispuesta por el a-quo como lucro cesante, resultante de la perica agregada a fs. 70/71, cuyo valor probatorio ha sido aceptado precedentemente, por considerar razonable el tiempo de reparación del Salón, determinado en la sentencia.

No corresponde dejar sin efecto la suspensión del riego, ordenada a los fines de evitar más perjuicios al inmueble del actor, hasta tanto se efectúen las modificaciones pertinentes, siendo razonable el plazo dado por el sentenciante para efectuar las mismas.

Por los fundamentos dados, voto por desestimar el agravio analizado y en consecuencia rechazar el recurso concedido a los demandados contra la sentencia, con costas en la alzada a su cargo. (arts. 66, 67 y conc. del C.P.C.).

LOS DRES. HUMBERTO R. CABALLERO Y MOISES MOYA, por sus fundamentos, adhieren al voto que antecede.

Por todo ello, normas legales y jurisprudencia citadas, SE RESUELVE:

Rechazar el recurso de apelación concedido a los demandados a fs. 250, contra la sentencia de fecha 28 de agosto de 2009, obrante a fs. 235/247, la que se confirma por los fundamentos dados en los considerandos precedentes.

Costas a cargo de los apelantes vencidos (arts. 66, 67 y conc.del C.P.C.).

Diferir las regulaciones de honorarios para su oportunidad.

Protocolícese, hágase saber, déjase copia autorizada bajen los autos previa reposición de sellado si correspondiere.

FDO:DR. HUMBERTO CABALLERO, DRA. CATALINA CELIA CUNEO DE GARCIA Y MOISES MOYA, .

ANTE MI DRA. ALICIA B. SOLIMEI- SECRETARIA.

PROT. DE SENT. T° II-F° 380/383 -2011.