marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Accidentes de trabajo, incapacidad permanente, incapacidad múltiple
Materia: LABORAL
Carátula: CATANESE, JOSE c/ CLUB ATLETICO VELEZ SARSFIELD s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-12

Al tratar las incapacidades parciales, el decreto reglamentario de la ley 9688, dictado el 14.1.16 habla en su art. 56 de la suma de los porcentuales, sin establecer condición alguna a esta operación aritmética y no existe ninguna razón de orden jurídico que autorice a aplicar la doctrina llamada de la capacidad residual.
Recurso de casación, violación de las formas procesales, fallos de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: A., M. E. s/ Robo doblemente calificado por haber sido cometido con uso de arma y en poblado y en banda s/ Casación. (Expte. Nº 26582/13 STJ).
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2014-05-28

En la sentencia la actividad valorativa, volitiva y crítica que realiza el juez se cumple a través de un juicio lógico, pero el error en que incurra puede traducirse en un vicio in procedendo en la motivación de la sentencia, o en un vicio in iudicando cuando, no obstante la corrección formal del fallo, existe error en la decisión del fondo del asunto (De la Rúa, El recurso de casación, pág. 100).

Lo dicho es concordante con el fallo "Casal" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando fija la doctrina de que el motivo de casación "inobservancia de las normas que este Código establece bajo pena de inadmisibilidad, caducidad o nulidad" (art. 456 inc. 2 C.P.P.N., igual al art. 429 inc. 2 de nuestro C.P.P.) abarca la inobservancia de las normas que rigen respecto de las sentencias. (Mayoria: Dr. Apcarián, Dra. Zaratiegui, Dr. Barotto y Dr. Roumec).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, abogados, honorarios, sociedad de hecho, carga de la prueba
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: CORGNALI, HECTOR RICARDO c/ LORENTE, GUILLERMO HECTOR s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD-COBRO DE  PESOS (EXPTE.: C.S.J. NRO. 200 AÑO 2004)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-07-27

Corresponde rechazar la queja desde que los agravios vertidos conducen al examen de temas de hecho, pruebas y derecho común que no trasuntan más que una mera disconformidad con la solución que la Sala brindó a la materia debatida al juzgar no acreditadas las afirmaciones del actor -existencia de "sociedad" con el demandado en el cien por ciento de los asuntos del "estudio jurídico" o al menos la concreta participación en el asunto generador de los honorarios en cuestión, sin lograr patentizar que el A quo en su labor haya prescindido de lo explícitamente regulado por el artículo 1665 del Código Civil colocando en cabeza del accionante mayores obligaciones probatorias que las exigidas por el precepto, sino que, antes bien, enrolándose en el criterio amplio, analizó las circunstancias fácticas y probatorias de la causa y concluyó que pese a dicha amplitud de miras, igualmente el vínculo societario no había sido acreditado.
Empleo público, docentes
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: A. M., O. J.  c/ Provincia de Córdoba - Plena jurisdicción - Recurso de apelación s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2023-08-16

La pérdida del estado docente y la consecuente reubicación escalafonaria resultan la natural consecuencia jurídica de la prolongación de un estado en la salud del empleado que, aunque le impida realizar las tareas áulicas habituales, no lo imposibilitan para efectuar labores de otra naturaleza. Por lo tanto, transcurrido el término previsto legalmente, se torna plenamente operativo lo preceptuado por el art. 5 inc. b) de la Ley 6561 (cambio de funciones y pérdida del estado docente).
Accidentes de trabajo, cuestiones de competencia, competencia laboral, PACTO FEDERAL PARA EL EMPLEO, LA PRODUCCIÓN Y EL CRECIMIENTO
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Aburto Maldonado, Jaime Artemio c/ Ceraldi, Carmelo y otro s/ Accidente de trabajo s/ Competencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1997-05-27

En la anterior oportunidad para declarar la competencia de la Cámara del Trabajo este Superior Tribunal tuvo presente que el punto 12 capítulo I del Pacto Federal para el Empleo, la producción y el crecimiento, que fuera suscripto por los Estados Nacional y Provincial (Enero de 1994) expresa: "Las Provincias adhieren, a los fines de determinar la competencia en materia de accidentes de trabajo, al criterio establecido en el art. 16 de la ley 24.028".

Trátase de una invitación a las Provincias para que determinen la competencia en la materia según el criterio establecido precedentemente. Este criterio -obviamente- ha de referirse no a la de proporcionar al obrero accidentado la alternativa prevista en esta última norma entre el sistema de responsabilidad especial de la ley o a la que pudiera derivarse según el derecho civil, tema propio de la legislación nacional, sino a la derivada de la segunda parte del art., que menciona para la capital federal la competencia obligatoria de la justicia civil para la segunda opción, cuestión que sí pasa por la potestad provincial. Que al respecto, la Provincia de Río Negro tiene establecida la competencia exclusiva de los Tribunales del Trabajo para cualquiera de las alternativas anteriormente mencionadas, surgiendo ello de los arts. 6 inc. 1 25 y cc. de la ley 1504 y 50 inc. 3 apart. a) de la ley 2430.
Facultades del juez, facultades disciplinarias del juez, sanciones procesales, abogados
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: BULLEJOS, Roberto M. s/ Causa 33.093
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-19

Es innegable la facultad disciplinaria que le confiere a la judicante el art. 18 del dec. ley 1285/58, ratificado por ley 14.467 y modificado por ley 24.289, para juzgar la conducta de las partes y de sus abogados respecto a su actuación durante la sustanciación del proceso puesto a su conocimiento.
Información sumaria, valor probatorio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Panizza, Pedro s/ información sumaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-12-20

Debe denegarse la información sumaria que pretende justificar un hecho susceptible de controversia. La declaración testimonial confirmando una exposición sobre la mecánica de un accidente de tránsito, constituiría un modo anticipado de producir " inaudita parte " prueba testimonial sobre dicho hecho y conformaría una violación al principio de bilateralidad que inspira nuestro ordenamiento procesal. Es improcedente la vía elegida, debiendo la parte recurrir a los caminos jurídicos pertinentes. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Prescripción de la acción penal, orden público
Materia: PENAL
Carátula: Arancibia Clavel, Enrique Lautaro c/  s/ homicidio calificado y asociación ilícita y otros Ccausa n° 259C.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-24

El "orden público" vinculado a la cuestión de la prescripción ha sido siempre invocado por los jueces con el fin de declarar de oficio la extinción de la acción penal y no para resolver su interrupción o suspensión (Disidencias de los Dres. Augusto César Belluscio y Carlos S. Fayt).
Representación procesal, ratificación del mandato
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Abadía Roberto Domingo c/ Pérez Alberto y otros s/ Daños y perjucios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-05-29

No considero acertado entender que los mandatos y gestiones procesales son abismalmente diferentes a los contratos de fondo. En la especie, la aparente tardía ratificación de una gestión que había sido consentida por la actora (por eso digo aparente) no genera beneficios ni perjudica a terceros, salvo que se considere tal beneficio el obtener una ventaja procesal, por el incumplimiento de la carga procesal de contestar la demanda y por ende las cargas de reconocer o negar los hechos y de reconocer o negar la documentación.
Indivisión hereditaria, personería jurídica
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: ZAGO, JUAN CARLOS Y OTRO c/ GOMEZ VDA. DE SALOMON SILVIA DEL VALLE Y OTRA s/ ACCION DE RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO Y REPETICION DE  PAGO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-04-22

Las sucesiones indivisas no constituyen persona jurídica, ni ficta, ni ideal, es decir no son una persona independiente de sus miembros.
Derecho internacional público, integración internacional, derecho comunitario
Materia: INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: "Danone  Argentina  S.A. c/ E.N.  -DGA-  Resol.  566/06 (Expte28721/05) s/ Dirección General de Aduanas".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-07-29

Debe distinguirse un derecho comunitario originario y uno derivado. El originario está constituido por los tratados constitutivos y los de revisión, los protocolos anexos a esos tratados, y los acuerdos por los que se adhieran nuevos países a la comunidad de Estados. El derecho originario prevalece sobre el derivado. Este último se conforma por los actos unilaterales adoptados por las instituciones comunitarias, según lo previsto por los tratados (los reglamentos, las directivas, las decisiones, las recomendaciones y dictámenes) y sus actos convencionales (como declaraciones y los acuerdos interinstitucionales) (Del voto del juez Fernández, cons. V).
Intervención del sindicato, responsabilidad del Estado, competencia contencioso administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SINDICATO DE PRENSA c/ ESTADO    NACIONAL    (MINISTERIO  DE  TRABAJO  Y  SEGURIDAD  SOCIAL) s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - COMPETENCIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-03-12

Controvertido en el caso la calidad de funcionarios públicos de los interventores militares del Sindicato de Prensa y toda vez que de admitírsela constituiría un presupuesto básico de la pretensión resarcitoria la presunta responsabilidad del Estado por el ejercicio irregular por parte de sus agentes de las funciones para las que fueron designados, cuestiones que remiten al examen de normas y principios de derecho público, el juzgamiento de la causa corresponde a los tribunales en lo contencioso administrativo.
Facultades discrecionales, razones de oportunidad, mérito o conveniencia, acto administrativo, revisión judicial de actos administrativos, control de legitimidad, Poder Judicial, facultades del Poder Judicial, jueces
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Rodríguez, Rafael Antonio y otros c/ Consejo Nacional de Educación Técnica s/ empleo público.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-02

Las decisiones adoptadas sobre la base de criterios de oportunidad, mérito o conveniencia tenidos en cuenta al momento de su dictado no son susceptibles de revisión judicial y sólo corresponde a los jueces controlar la legitimidad del obrar de las autoridades administrativas, no estando facultados para sustituirse a ellas en la valoración de las circunstancias ajenas al campo de lo jurídico.
Hijo discapacitado, prisión domiciliaria
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Puccio, Carlos Domingo s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-21

Aun efectuando una interpretación analógica de la ley, comprensiva también de la situación en la que el padre condenado es quien tiene a cargo al hijo discapacitado, no corresponde otorgar el cumplimiento de la pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria con fundamento en que la hija padece diabetes, pues esta enfermedad no constituye una alteración motora, sensorial o mental en los términos de la ley 24.901.
Pena privativa de la libertad, ejecución de la pena, libertad condicional
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: GONZALEZ, GERARDO RAMON s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-06-24

La restricción contenida en el artículo 14, segunda parte, del Código Penal, no resulta en sí misma contradictoria con el ideal resocializador, sino que se asienta en la necesidad de adecuar la progresión en el régimen carcelario al grado de indiferencia o rechazo al orden jurídico puesto de manifiesto por cada imputado; y en el sub lite, dada la gravedad del delito por el que fuera condenado el imputado, el legislador ha considerado necesario que todo condenado por aquél cumpla en su totalidad la pena impuesta, como un modo de propender a que se internalice la gravedad de la lesión social que ha provocado con su conducta ilítica y, de esa manera, lograr los fines de la resocialización de la pena. (Del voto del Dr.

Netri. En disidencia: Dr. Erbetta).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, falta de cita legal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Caja de Previsión Social para Procuradores c/ Lubokor S.R.L. y otros. s/ Indemnización por daños y perjuicios por responsabilidad objetiva. Maggi, Carmen c/ Altube Rodolfo José y otra s/ Resolución de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-11-27|1995-08-08

Para cumplir con la carga establecida por el art. 279 del C.P.C. y C. es indispensable indicar claramente aquellas disposiciones legales que hacen al sentido de la decisión cuestionada rebatiendo adecuadamente los argumentos del juzgador, sin que la mención de otras disposiciones legales citadas puedan concurrir para salvar una deficiente formulación del recurso.
Indemnización por despido, libreta de aportes patronales, trabajadores de la construcción
Materia: LABORAL
Carátula: Hermosilla Coronado, Carlos Enrique  c/ Ingeniería Sima S.A.  s/ despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2023-07-26

El agravio por la condena al pago de la indemnización del art. 18, párrafo 2°, de la ley 22250 en donde el demandado afirma que la entrega de la Libreta de aportes se realizó en tiempo y forma debe ser rechazado, ya que, el incumplimiento referido era respecto de los montos aportados en el Fondo de cese laboral que fueron parte del objeto de la demanda y no a la entrega material de la Libreta de aportes. No obstante ello, no puedo tener por cumplida dicha obligación por cuanto los depósitos acreditados fueron insuficientes ya que no respetaron la proporcionalidad con los salarios realmente percibidos y devengados por el actor. (Del voto del Dr. José NOACCO).
Condominio, valor locativo, daños y perjuicios
Materia: CIVIL
Carátula: PASTORINO ROSA Y OTROS c/ MACCIO NELLY NORMA Y OTROS s/ DIVISION DE CONDOMINIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-02

No corresponde el reclamo paralelo al valor locativo de daños y perjuicios no acreditados por la ocupación exclusiva por un condominio del bien sujeto al condominio, pues al no existir ninguna comprobación sobre daños particulares, la cuenta resarcitoria queda absorbida por el valor locativo, y éste hace las veces de daños y perjuicios por la ocupación exclusiva y excluyente, y corresponde abonarle desde la intimación, pues hasta entonces no había mediado ningún requerimiento formal, lo que hace explicable la orientación doctrinaria jurisprudencial sobre el asentamiento tácito para el uso excluyente.
Asociación ilícita, obediencia debida, aplicación analógica de la ley
Materia: PENAL
Carátula: HAGELIN, Dagmar Ingrid c/ ASTIZ, Alfredo s/ QUERELLA POR PRIVACION ILEGITIMA DE LA LIBERTAD
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-05

Resulta improcedente asimilar el concierto de voluntades propio de la asociación ilícita con la obediencia de los inferiores en una organización militar a los designios de sus superiores, puesto que no supone ya una mera analogía sino una lisa y llana distorsión de la realidad.

La figura en cuestión requiere que el nexo existente entre los miembros de la asociación sea ilegal y a nadie puede caber duda de que los lazos de subordinación que vinculan desde los jefes superiores hasta los autores inmediatos, de los delitos cometidos para combatir el terrorismo subversivo, provenían de la ley y sus reglamentos, utilizados con un propósito criminal distinto del exigido por la figura.

El mero hecho de que la conducta de varias personas concurra a la comisión de uno o múltiples delitos, importará para cada uno la responsabilidad que la ley penal establezca para sus respectivas asociaciones, pero por sí sólo no basta para estimar reunidos los extremos de la figura de la asociación ilícita.
Proceso penal, homicidio culposo, fallos de la Corte Suprema, fundamentación insuficiente
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Vargas, Einer Rosario s/ Recurso Extraordinario deducido en Expte. Corte Nº 99/09 Recurso de Casación interpuesto por la Dra. Natalia Pérez Casasnovas - Fiscal Penal en lo Correccional de 1ra. Nominación, en Expte. Nº 151/03 Vargas, Einer Rosario s.a. Homicidio Culposo - Chañar P. - Santa María
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-05-28

El Juzgado Correccional dispuso el sobreseimiento del imputado por prescripción de la acción penal.

Contra dicho pronunciamiento, la Fiscal Correccional dedujo recurso de casación, el que fue acogido por esta Corte que lo revocó y ordenó la remisión de los autos al mismo juzgado para que celebre el debate y dicte sentencia definitiva en la causa.

En contra de la nominada sentencia, los defensores del imputado interponen recurso extraordinario.

La resolución impugnada fue dictada por esta Corte, Máximo Tribunal de la Provincia, en el marco de una causa de carácter correccional que se sigue ante la supuesta comisión del delito de homicidio culposo. Sin embargo, como señala el Sr. Procurador -con pertinente referencia a lo resuelto por el Máximo Tribunal de la Nación en causa "Al Kassar Monzer s/ Incidente de Prescripción" (Fallos 329:5590)-, la resolución impugnada no es sentencia definitiva en tanto no cierra el proceso ni impide su continuación sino que, por el contrario, procura que siga tramitándose y culmine con el dictado de la resolución sobre el fondo de la cuestión debatida.

Sobre el punto, en el aludido precedente, haciendo suyos los términos del Dictamen del Procurador, reiteró la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, a los fines del art. 14 de la ley 48, no reúne esa condición la resolución que -como la impugnada en las presentes- rechaza la prescripción de la acción penal, atento a que no pone fin a la cuestión y ésta puede ser invocada nuevamente en otros estadios procesales (Fallos 295:704; 303:740; 304:152; 314:545, entre otros).

Y aunque invoca conceptos y precedentes del Tribunal cimero en el afán de demostrar que la apelada es sentencia definitiva por causar agravios de imposible o insuficiente reparación, observo que aquellos se relacionan con la garantía del non bis in idem, que el recurrente no vincula adecuadamente con el caso, por lo que, sobre el punto, el recurso carece de fundamentación suficiente.

Así las cosas, el recurso no satisface la exigencia prevista en el art. 3 a) de la Acordada Nº 4/2007 de la Corte Suprema de Justicia.

Por ello, corresponde no hacer lugar al Recurso Extraordinario deducido
Recursos administrativos, derechos subjetivos, interés legítimo
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: CABALLERO MARTIN, CARLOS Y OTROS c/ PROVINCIA    DE   SANTA  FE  -DECRETO  PODER  EJECUTIVO  N.  4018/90- s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ILEGITIMIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-12-27

Para que la decisión del recurso administrativo sea favorable, es imprescindible la existencia de un interés personal protegido por el ordenamiento. Para la admisibilidad del mismo, en cambio, basta el interés al recurso, el cual es presupuesto para el examen del mismo.

Para que este interés exista es suficiente que el recurrente afirme que del acto impugnado se deriva la lesión de un interés propio al que el ordenamiento le acuerda protección.
Prescripción, contratos, compraventa, vicios redhibitorios, resoluciones judiciales
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Testino, Luis María c/ Volkswagen Argentina SA y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-12

Procede confirmar la resolución que rechazó la prescripción de la acción opuesta por los accionados con base en el actor conoció la existencia de los desperfectos del automotor adquirido a ellas, desde un principio y judicializó la cuestión cuatro años después de vencido el plazo trienal previsto por el CCCN 2561 y la LDC 50. Ello por cuanto, para el caso de las acciones redhibitorias, el término prescriptivo principia desde que el comprador tuvo o pudo tener conocimiento de los vicios de la cosa. Ello se entiende como la comprobación de los mismos -la puesta en claro de su existencia-, y no como la mera advertencia de algún defecto que acaso no revistiera, al tiempo de su descubrimiento, la condición de gravedad que el instituto exige (v. 6/10/10 "Aliperti, Osvaldo c/ Volkswagen Argentina SA y otro s/ ordinario" y doctrina allí citada). Y, en el especie, dicha circunstancia no aconteció desde un primer momento -al recibir el automóvil- sino recién en la oportunidad en que la unidad -luego de ser sometida a reiterados ingresos al taller y presentar por tercera vez problemas de envergadura que no fueron solucionados-, fue sometida a un diagnóstico que determinó la necesidad de efectuarle al rodado cambios de importancia, momento en el cual, el actor tomó cabal conocimiento de que el defecto que padecía su vehículo era grave. Conforme ello, y teniendo en cuenta que, desde que el accionante tuvo expedita la acción hasta la fecha de interposición de demanda transcurrieron sólo 6 meses, dicho término, lógicamente, no excede al plazo trienal previsto por el CCCN 2561 y 50 de la normativa tuitiva del consumidor supra referidos.
Impuesto sobre los ingresos brutos, petróleo
Materia: PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: YPF S.A. c/ DGR s/ s/ recurso apelación judicial c/ decisiones DGR (art. 114 Código Fiscal) s/ recurso de apelación ordinario concedido decisiones DGR (art. 114 Código Fiscal) s/ recurso de apelación ordinario concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-05-11

No se advierte en la legislación tributaria de la Ciudad, ni en la sentencia del tribunal a quo, una desviación del plexo regulatorio correspondiente al tributo de que se trata, en cuanto grava a la actividad hidrocarburífera. A tal conclusión se arriba, pues para demostrar la gravabilidad no es necesario transitar el test científico que corrobore, en términos incontrovertibles, que, a tenor de su composición y fórmula química, el asfalto, coque, lubricantes, aerocombustibles, gas de refinería y grasas, son productos calificables como hidrocarburos puros, esto es, que su composición está dada únicamente por sustancias orgánicas reconducibles al carbono y al hidrógeno.