Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-06-23


SENTENCIA Nº 89837 CAUSA Nº 5805/2006 "VEGA PAOLA ELIZABETH C/ CASA RUBIO S.A. S/ DESPIDO" -JUZGADO Nº 60- En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a 23.6.2008	, reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el recurso deducido contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación:

La doctora Porta dijo:

La demandada, la actora y la Sra. Perito Contadora recurren la sentencia de grado (fs. 409, 414/417 y 419).

La accionada se queja porque la sentenciante consideró que aquélla abonó en forma insuficiente los salarios a la actora, conforme los aumentos que dispuso el decreto 392/2003, interpretado a la luz del art. 5 de la C.C.T. Nro. 42/89 y esta situación respaldó la decisión de la trabajadora de retener tareas en los términos del art. 1201 del Código Civil e injustificado el despido dispuesto por la demandada por abandono de trabajo.

En mi criterio asiste razón al apelante.

El mencionado art. 5 dispone que "los incrementos que resulten de la aplicación de los nuevos salarios fijados en este artículo absorberán, hasta su concurrencia, los que se hubieran otorgado por cualquier concepto, ya sea con carácter general o individualmente por parte de cada empresa. Ambas partes, por única vez y a fin de dar gradualmente estructura definitiva a las escalas salariales convenidas, acuerdan que las diferencias porcentuales entre categorías serán las siguientes a partir de los meses de marzo y junio de 1989, fecha esta última desde la cual dicha estructura salarial queda fijada definitivamente. Desde marzo ´89 junio ´89: De peón a no calificado 5 % 5 %; De no calificado a semi-calificado 11 % 11 %; De semi-calificado a calificado 7,5 % 10,5 %; De calificado a especializado 7,5 % 10,5 %; De especializado a op. de planta química 6,8 % 9,5 %; De op. planta química a op. Con título habilitante 6,8 % 9,5 %"	El decreto 392/03 estableció en su artículo 1° "Increméntase a partir del 1º de julio de 2003 la remuneración básica, a todos los efectos legales y convencionales, de los trabajadores del sector privado, en relación de dependencia, comprendidos en el régimen de negociación colectiva, en los términos de la Ley Nº 14.250 y sus modificatorias, en la suma de pesos veintiocho ($28.-) por mes, durante el lapso de ocho (8) meses, hasta adicionar a su remuneración vigente al 30 de junio de 2003, un importe total de pesos doscientos veinticuatro ($224)".

De las mencionadas normas resulta que la disposición contenida en el art. 5º del señalado convenio colectivo estableció por única vez y a fin de graduar en forma definitiva las escalas salariales, los porcentuales correspondientes a cada categoría laboral mientras que el decreto de necesidad y urgencia 392/03 dispuso un incremento de la remuneración básica para todos los trabajadores del sector privado en relación de dependencia y comprendidos en el régimen de la negociación colectiva, en una suma "fija" de $224. No está discutido en autos que la accionada abonó las remuneraciones incrementadas con la suma fija emergente del decreto; y por lo tanto, toda vez que la empleadora respetó la directiva emergente del decreto referido ya que dispuso el aumento tal como fue establecido en la normativa, no encuentro mérito para admitir la pretensión deducida en tal sentido. De seguir el camino contrario, se desnaturalizarían las disposiciones del decreto, que fueron dirigidas a la totalidad de los trabajadores del sector privado, en relación de dependencia, comprendidos en el régimen de negociación colectiva, en los términos de la ley 14250 y sus modificatorias y no como fundamento legal de eventuales planteos sectoriales (en sentido análogo, SD Nro. 15107 del 11.4.2007 en autos "Valentini, Horacio Fabián c/ Casa Rubio S.A. s/ despido", SD Nro. 15142 del 24.4.2007 en autos "Díaz, Yanina Verónica c/ Casa Rubio S.A. s/ despido", SD Nro. 14992 del 6.3.2007 "González, Cecilia del Carmen c/ Casa Rubio S.A.", todas del registro de la Sala X; SD Nro. 95408 del 21.11.2007 en autos "Rodríguez, Esteban Carlos c/ Casa Rubio S.A.", del registro de la Sala II; SD Nro. 40362 del 28.8.2007 en autos "Fernández, Irma Ester c/ Casa Rubio S.A.", del registro de la Sala VII; SD Nro. 33874 del 28.12.2006 "Hassan, Sandra Beatriz c/ Casa Rubio S.A.", del registro de la Sala VIII; SD Nro. 92412 del 5.7.2007 en autos "Rodríguez, Juan José c/ Casa Rubio S.A.", del registro de la Sala IV).

En consecuencia, no existen diferencias salariales a favor de la actora y, esta conclusión lleva a considerar ajustada a derecho la decisión rescisoria adoptada por la demandada, atento que la actora no estaba asistida de razón para retener tareas e incumplir con el débito laboral (fs. 7 vta., 29; arts. 242 y 244 de la L.C.T.).

Por ello, propongo revocar el fallo apelado y, en consecuencia, rechazar la demanda en lo principal que decide, esto es, respecto de diferencias salariales, indemnizaciones por despido y agravamientos indemnizatorios previstos en las leyes 25323 y 25561.	La solución que propicio me exime de tratar el recurso de apelación de la actora referido a la falta de inclusión en el monto de condena de las diferencias salariales (fs. 419/vta.).

En cambio, no corresponde modificar lo decidido en la sentencia de grado respecto de las vacaciones proporcionales de 2005, ya que la demandada, a contrario de lo afirmado en el responde, no acreditó la cancelación de dicha deuda con el recibo de sueldo que así lo demuestre, no pudiendo suplir con el peritaje contable dicho medio probatorio, ya que lo informado por la Sra. Perito Contadora se sustenta en datos volcados en forma unilateral por el empleador en sus libros y registraciones contables y éstos, aun llevados en legal forma, resultan inoponibles al trabajador si como en el caso, la ley prevé un medio de prueba específico (arts. 138, 140 y 142 de la L.C.T.; en sentido análogo, SD Nro. 72.582 del 23.10.96, recaída en autos "Ianoni, Osvaldo Jorge c/ Lein S.A.", del registro de esta Sala).

También propicio mantener la condena por la indemnización prevista en el art. 80 de la L.C.T., dado que si bien los certificados de trabajo entregados a la actora se ajustan a la realidad de la relación, lo cierto es que la accionada funda la tardanza en entregar dichos documentos en que estuvieron a disposición de la actora y ésta no los fue a retirar y al respecto es criterio de este Tribunal que la entrega de tales certificados al dependiente en oportunidad de la extinción de su relación laboral es una obligación del empleador que debe ser cumplida en forma inmediata a la desvinculación (esto es, en el tiempo que razonablemente puede demorar su confección). No hay razones, pues, para considerar que el cumplimiento de esta obligación dependa -en lo que se refiere a su aspecto temporal- de que el trabajador concurra a la sede de la empresa o establecimiento a retirar los certificados (procedimiento normal), sino que corresponde entender que, en caso de que así no ocurra, el empleador debe, previa intimación, consignar judicialmente los certificados (en sentido análogo, SD Nro. 83170 del 11.2.2002 "Fraza, María Aida c/ Storto, Silvia Noemí y otro", SD Nro. 86164 del 29.9.2004 "Díaz, Crisanto Olegario c/ Nicolás H. Robbio S.A.", del registro de esta Sala).

La suma total de $5.439,40 deberá ser abonada por la demandada a la actora en al forma, en el plazo y con más los intereses moratorios fijados en el fallo apelado, cuestiones que llegan firmes a esta alzada.

Ante el nuevo resultado del litigio que propicio y lo normado por el art. 279 del C.P.C.C.N., corresponde dejar sin efecto la imposición de costas y las regulaciones de honorarios practicadas en la instancia anterior y proceder a su determinación en forma originaria, razón por la cual deviene abstracto el tratamiento de los agravios sobre el punto.

Propongo que las costas de ambas instancias sean soportadas por la actora en un 80% y por la demandada en un 20% (art. 68, 2ª parte, de la normativa procesal señalada).

En atención al valor económico de la contienda, al resultado del pleito, a la calidad y extensión de las tareas desempeñadas por los profesionales intervinientes y a lo dispuesto en el art. 38 de la ley 18.345, arts. 6, 7, 8, 9, 19, 37, 39 y conc. de la ley 21.839, propongo regular los honorarios de los letrados de las partes actora y demandada, en conjunto y por sus trabajos en la instancia previa, y para la Sra. Perito Contadora, en las respectivas sumas de $7.000, $10.000 y $3.000 y para los profesionales de las partes actora y demandada, por su intervención ante esta alzada, en 25% de lo que, en definitiva, les corresponda percibir por sus trabajos ante la instancia previa.

En relación con la adición del I.V.A. a los honorarios regulados, esta Sala ha decidido en la Sentencia Nro. 65.569 del 27 de septiembre de 1993 en autos "Quiroga, Rodolfo c/Autolatina Argentina S.A. s/ accidente-ley 9688", que el impuesto al valor agregado es indirecto y por lo tanto grava el consumo y no la ganancia, por lo que debe calcularse su porcentaje que estará a cargo de quien debe retribuir la labor profesional. En el mismo sentido se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Compañía General de Combustibles S.A. s/recurso de apelación" (C.181 XXIV del 16 de junio de 1993) sosteniendo "que no admitir que el importe del impuesto al valor agregado integre las costas del juicio -adicionárselo a los honorarios regulados- implicaría desnaturalizar la aplicación del referido tributo, pues la gabela incidiría directamente sobre la renta del profesional, en oposición al modo como el legislador concibió el funcionamiento del impuesto". Atento lo expuesto, en caso de tratarse de responsables inscriptos, deberá adicionarse a las sumas fijadas en concepto de honorarios de los profesionales actuantes en autos el impuesto al valor agregado que estará a cargo de quien debe retribuir la labor profesional.

Propongo hacer saber a la obligada al pago de los honorarios de abogados y procuradores -excepto los trabajadores- que a aquéllos se adicionará, en caso de corresponder, el monto relativo a la contribución del inciso 2 art. 62 ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo apercibimiento de comunicar el incumplimiento a la Caja de Seguridad Social para Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CASSABA) mediante oficio de estilo en la oportunidad procesal correspondiente (art. 80 ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y punto II Acordada CSJN Nro. 6/05).

En definitiva y por lo que antecede, voto por; I.- Revocar parcialmente la sentencia apelada y, en consecuencia, reducir el monto de condena a la suma total de $5.439,40 deberá ser abonada por la demandada a la actora en al forma, en el plazo y con más los intereses moratorios fijados en el fallo apelado; II.- Dejar sin efecto la imposición de costas y las regulaciones de honorarios practicadas en la instancia anterior; III.- Imponer las costas de ambas instancias en un 80% a la actora y en un 20% a la demandada; IV.- Regular los honorarios de los letrados de las partes actora y demandada, en conjunto y por sus trabajos en la instancia previa, y para la Sra. Perito Contadora, en las respectivas sumas de $7.000, $10.000 y $3.000 y para los profesionales de las partes actora y demandada, por su intervención ante esta alzada, en 25% de lo que, en definitiva, les corresponda percibir por sus trabajos ante la instancia previa; en caso de tratarse de responsables inscriptos, deberá adicionarse a las sumas fijadas en concepto de honorarios de los profesionales actuantes en autos el impuesto al valor agregado que estará a cargo de quien debe retribuir la labor profesional; V.- Hacer saber a la obligada al pago de los honorarios de abogados y procuradores -excepto los trabajadores- que a aquéllos se adicionará, en caso de corresponder, el monto relativo a la contribución del inciso 2 art. 62 ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo apercibimiento de comunicar el incumplimiento a la Caja de Seguridad Social para Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CASSABA) mediante oficio de estilo en la oportunidad procesal correspondiente (art. 80 ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y punto II Acordada CSJN Nro. 6/05).

El doctor Eiras dijo:

Que adhiere por análogos fundamentos al voto que antecede.

Por ello, el Tribunal RESUELVE: I.- Revocar parcialmente la sentencia apelada y, en consecuencia, reducir el monto de condena a la suma total de $5.439,40 (cinco mil cuatrocientos treinta y nueve pesos, con cuarenta centavos) deberá ser abonada por la demandada a la actora en al forma, en el plazo y con más los intereses moratorios fijados en el fallo apelado; II.- Dejar sin efecto la imposición de costas y las regulaciones de honorarios practicadas en la instancia anterior; III.- Imponer las costas de ambas instancias en un 80% a la actora y en un 20% a la demandada; IV.- Regular los honorarios de los letrados de las partes actora y demandada, en conjunto y por sus trabajos en la instancia previa, y para la Sra. Perito Contadora, en las respectivas sumas de $7.000, $10.000 y $3.000 y para los profesionales de las partes actora y demandada, por su intervención ante esta alzada, en 25% de lo que, en definitiva, les corresponda percibir por sus trabajos ante la instancia previa; en caso de tratarse de responsables inscriptos, deberá adicionarse a las sumas fijadas en concepto de honorarios de los profesionales actuantes en autos el impuesto al valor agregado que estará a cargo de quien debe retribuir la labor profesional; V.- Hacer saber a la obligada al pago de los honorarios de abogados y procuradores -excepto los trabajadores- que a aquéllos se adicionará, en caso de corresponder, el monto relativo a la contribución del inciso 2 art. 62 ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo apercibimiento de comunicar el incumplimiento a la Caja de Seguridad Social para Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CASSABA) mediante oficio de estilo en la oportunidad procesal correspondiente (art. 80 ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y punto II Acordada CSJN Nro. 6/05).

Regístrese, notifíquese y oportunamente, devuélvase.

Roberto Eiras Elsa Porta Juez de Cámara Juez de Cámara Ante mi: Liliana Noemí Picón Secretaria