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Concurso preventivo, inconstitucionalidad, acreedor, recaudación previsional, defensa en juicio, violación
Materia: COMERCIAL
Carátula: MACKENTOR S.A.C.C.I.A.I. Y F. s/ CONCURSO PREVENTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-06-09

El inciso 8 del art. 11 de la ley 19551 es insconstitucional pues en definitiva esta coartando el derecho a la debida defensa en juicio, al impedir absolutamente la posibilidad de la presentación por esta vía, debido a la situación creada por el organismo estatal en cuyo favor y beneficio esta sustentada la norma en cuestión, cuando retarda la entrega inmediata de los papeles o certificados necesarios para que este requisito se cumpla. En este caso el instituto recaudador previsional, no es mas que un simple acreedor, que podrá tener todos sus privilegios, pero que en definitiva debe exigir el cumplimiento de su acreencia como todos los demás mediante su pedido de verificación.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, demanda, presunciones, prueba
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: AIMARETTI, NICOLAS ALBERTO c/ LA SEGUNDA COOPERATIVA LTDA. DE SEGUROS GENERALES s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-05-23

Las tachas enderezadas a cuestionar el otorgamiento de las horas extraordinarias no resultan atendibles, en tanto se aprecia que para decidir receptar ese reclamo tal como fue delimitado en la demanda, el Tribunal no sólo hizo jugar las normas presuncionales y los apercibimientos procesales (artículos 44 y 50 del Código de rito laboral) como acusó la compareciente, sino que a su vez consideró que existía en autos prueba asertiva de su cumplimiento. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Procesal Laboral de Santa Fe, artículos 44 y 50
Accidente de tránsito, responsabilidad del conductor, circulación a contramano, lesiones culposas, error de tipo, error de hecho (penal), error inculpable
Materia: PENAL
Carátula: PASCUZZO, Enrique s/ LESIONES CULPOSAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-12-18

1) No obstante hallarse acreditado que el procesado ingresó con su automóvil de contramano en la calle Olazábal, embistiendo a otro vehículo que circulaba en dirección opuesta, debe ser absuelto del delito de lesiones culposas, por cuanto es cierto que dicha calle que cambió de mano poco antes del hecho- tenía el cartel que señalaba la contramano ubicado en la parte posterior de la ochava y enfrentando a la continuación de Olazábal hacia el este; de modo que era prácticamente imposible que lo pudieran advertir con mínima antelación los conductores que avanzaban por Lugones, ya que para ellos quedaba oculto por dos columnas de alumbrado y por el toldo metálico instalado en el comercio de la esquina.

2) El sentido reglamentario del tránsito se convierte en obligación de cuidado cuando existe en el lugar un señalamiento adecuado y ostensible para el conductor atento.

3) La norma -representativa de una obligación abstracta general- sólo se concreta en deber respecto de un individuo determinado cuando éste -dotado de aptitud psicofísica para actuar motivándose normativamente- conoce la situación existencial que vive en relación con el objetivo de la norma y puede anticipar, aunque sea potencialmente, el curso y las consecuencias de la acción prohibida.

4) En la tipicidad culposa, la previsibilidad de la situación de riesgo y del mismo resultado requiere, como presupuesto básico, la posibilidad concreta de reconocer la propia acción como descuidada (aspecto intelectual o cognoscitivo de la culpa). Y ya que el indebido señalamiento de la calle Olazábal impidió aparentemente al procesado esa apreciación valorativa elemental del comportamiento que se le reprocha, cabe admitir, al menos por defecto probatorio, que obró en su momento determinado por un error invencible de tipo sobre el sentido de circulación autorizado, o bien, por un error de hecho inculpable, en cualquier hipótesis excluyente de la punibilidad.
Nulidad procesal, legitimación procesal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Consorcio San Lorenzo c/ Arquicar S.A. s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-12-03

La nulidad en el proceso solo puede ser reclamada por quien es parte en el mismo, ya que tal arbitrio busca precisamente garantizar los derechos de las partes cuando un vicio de procedimiento los afecta art.172 del CPCC). Tal como establece el juzgador, el representante legal del consorcio es el administrador, lo que impide que los consorcistas puedan arrogarse derechos de representación del mismo, sin perjuicio de las acciones que pudieran ejercitar por su accionar ilegítimo contra quien ejerza la administración (arts. 9 inc.a y 11 ley 13.512). De ahí que siendo improcedente la nulidad que invocan, corresponda confirmar el decisorio apelado. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Honorarios, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza c/ Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-24

Se debe tener especial cuidado en la fijación del monto litigioso cuando se trata de sumas de extrema envergadura.
Concursos, concurso especial, honorarios, regulación de honorarios
Materia: COMERCIAL
Carátula: CAJA DE CREDITO COOP. PRACTICOS RIO DE LA PLATA LTDA. c/ JOSE CHAO s/ CONCURSO ESPECIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-02-07

Para la graduación del honorario y apreciación de la labor cumplida por el profesional interviniente en el concurso especial, se aplicarán los dispositivos de la ley 21.839: 6, 7, 9, 10 -2 párr., 19, 22 y 23, merituándose asimismo la índole, calidad y extensión de los trabajos realizados y las características e importancia del pleito de que se trata.
Acción de amparo, amparo colectivo, improcedencia del recurso, plan de ahorro previo, contratos de consumo, existencia de otras vías
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Díaz Federico Gustavo y otro c/  s/ amparo colectivo art. 250 CPCC) s/ apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2019-11-05

Asiste razón a los apelantes al considerar que una cuestión como la que se dilucida en el presente caso -pretensión de modificar las bases del sistema de ahorro previo- no ha sido prevista en la ley de amparo colectivo, lo que determina que la presente acción no pueda ser tramitada por esta vía menos aún puede dictarse una medida cautelar en su marco y con efectos erga omnes; existiendo un vínculo contractual entre cada uno de los damnificados y cada una de las empresas con las que han contratado. (Voto de la Dra. Piccinini por la mayoría)
Procedencia del recurso, sentencia arbitraria, recurso de inaplicabilidad de ley, monto de la pena, atenuantes de la pena, violencia de género, lesiones agravadas por el vínculo
Materia: PROCESAL-PENAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Santillán, María Cristina c/  s/ Queja en causa N° 86.766 del Tribunal de Casación Penal
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2023-12-28

Procede hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y revocar parcialmente la sentencia que condenó a la imputada a la pena de 7 años, accesorias legales y costas por considerarla autora responsable del delito de lesiones gravísimas calificadas por el vínculo -arts. 40, 41, 91 y 92 del CP- y devolver los autos al Tribunal de Casación Penal para que se dicte una nueva decisión ajustada a Derecho -art. 496 del CPP-, dado que el a quo dio un fundamento aparente a la decisión, pues si bien tiene dicho esta Corte que el disenso acerca de la incidencia sobre el quantum de la pena a aplicar de las circunstancias atenuantes y agravantes computadas no implica violación legal alguna, se advierte un déficit de motivación que configura un supuesto de sentencia arbitraria y la descalifica como acto jurisdiccional válido -doctr. art. 18 de la CN-. En efecto, ninguna ponderación se hizo respecto del informe pericial que especifica que el estrés postraumático era consecuencia del historial de discriminación y violencia padecido por la encartada a manos de su esposo. Así las cosas, no medió un análisis del contexto en su real dimensión, de modo tal de permitir apreciar por qué esas particulares circunstancias tornan menos intenso el reproche de culpabilidad.
Recurso de inconstitucionalidad, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Sociedad Anónima Pablo Casale Ltda. en j: Pérez, Miguel A. y otros en j: Lualdi Ravazenghi Oreste c/ S.A. Pablo Casale Ltda. s/ Intervención judicial - Regulación - Queja por apelación denegada  (Libro: S054-228) Corte en pleno
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1953-08-31

Si los trabajos regulados, de acuerdo a las constancias de autos, debían corresponder a las tareas de interventores que desempeñaron los actores, y no de administradores como lo expresa la sentencia impugnada, dictada en la ejecución de honorarios no haciendo lugar a la inhabilidad de título opuesta por cuya razón se aplican disposiciones del Código Civil que no corresponde, debe hacerse lugar al recurso de inconstitucionalidad fundado en la violación del texto expreso de la ley (art. 172 de la Constitución Provincial).
Asegurador por riesgos del trabajo, enfermedad profesional, determinación de la incapacidad
Materia: LABORAL
Carátula: Cossola, María del Carmen  c/ Galeno Aseguradora de Riesgo del Trabajo (A.R.T.) S.A.  s/ enfermedad profesional con art
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2023-03-06

Resulta acreditado que la trabajadora presenta una incapacidad física funcional o pura del 33,77% y psicológica funcional o pura del 30% (extremos que llegan firmes al momento de abordar la impugnación en estudio), por ello estimo -a diferencia de lo decidido por la judicante- que por aplicación del método de capacidad restante (no controvertido por las partes) y adición del porcentual que surge de los factores de ponderación la incapacidad total de la reclamante es de 65,44% [100%-33,77% = 66,23%; 66,23%-30% = 46,36%; 100%-46,36% = 53,64; 53,64 (incapacidad psicofísica funcional o pura) + 11,80% (factores de ponderación) = 65,44%] de carácter parcial y permanente. Destaco que a los fines del cálculo pertinente he seguido la determinación de los factores de ponderación que se desprenden de la experticia psicológica, ello así toda vez que entiendo que los mismos resultan de aplicación en razón a lo normado por el art. 9 de la LCT.-
Declaración testimonial, impugnación de la declaración testimonial
Materia: PROCESAL
Carátula: C., C.B. c/ B. SA s/ Demanda Laboral -Haberes e Indemnización de Ley-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-05-03

Que la tacha de testigos debe efectuarse en la misma instancia que prestaron declaración a fin de que el juez al dictar sentencia aprecie el valor de los motivos fundados en inhabilidad y los hechos que hicieran presumir la parcialidad de la misma (art. 35 de la ley 69).
Vacaciones no gozadas, compensación
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Castro, Julio Filomeno c/ Provincia del Chaco s/ Demanda Contencioso Administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1996-03-25

Las vacaciones anuales constituyen un beneficio para el empleado para su descanso y no corresponde, en principio, su compensación en dinero dado su carácter asistencial. Esto no significa olvidar la naturaleza del instituto y que si por algún motivo deba cesar la relación laboral, el período de aquellas no gozado sea resarcido proporcionalmente. Que la ley prevé el pago de indemnizaciones en el caso que por cualquier causa, se produjera la extinción del contrato de trabajo, antes de que el trabajador hubiere gozado de las vacaciones correspondientes al año corriente.
Recusación con causa, recusación por prejuzgamiento, recusación por enemistad
Materia: LABORAL
Carátula: GAPEL, GUSTAVO SERGIO c/ FUNDACION PRO INSTITUTO UNIVERSITARIO ESCUELA ARGENTINA DE NEGOCIOS s/ INCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-10-30

Debe rechazarse la recusación deducida ya que la causal de prejuzgamiento no se configuró por declararse a la demandada incursa en la situación procesal prevista en el art. 71 LO, ya que la decisión se adoptó en ejercicio de las facultades inherentes a la función jurisdiccional (art. 34 y concs. CPCC) y la causal de enemistad manifiesta tampoco se configura con el eventual desacierto de las decisiones judiciales o el pronunciamiento injusto. Todo ello, unido al criterio restrictivo con que debe ser juzgada la recusación.
Incapacidad, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Besada, José c/ SOMISA s/ Indemnización enfermedad-accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-09-15

No infringe el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial el fallo que impone a la demandada la carga de acreditar -como invocó- que el actor tomó un conocimiento de su minusvalía laborativa dos años antes de efectuar el acto interruptivo de la prescripción que se venía cumpliendo.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Grave, Carlos Alberto y otros s/ Exacciones ilegales
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-12-20

No puede prosperar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley respecto de un agravio referido a la prescripción de la acción penal cuando existe sentencia que pasó en autoridad de cosa juzgada al haber sido denegado a la defensa el recurso extraordinario federal que interpusiera pues una decisión sobre la prescripción de la acción supone la existencia de un proceso no concluido.
Anatocismo, ley de orden público
Materia: CIVIL
Carátula: C., E. C.  c/ S. B.R. C. Limitada  s/ ejecución de sentencia y honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2023-12-06

El nuevo CCyC (art. 770 CCyC) se ha mantenido el sistema de "prohibición relativa" del anatocismo. Que se trata de una norma de orden público por su contenido (art. 962 CCyC) dada la finalidad que persigue y la naturaleza del problema que aspira a remediar, razón por la que los jueces tampoco pueden disponer otras capitalizaciones que las expresamente previstas.
Libertad condicional, extranjeros no residentes
Materia: PENAL
Carátula: ANGELETTI FROM, R. s/ LIBERTAD CONDICIONAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-08-31

A los argumentos dados por el Sr. Juez a-quo para denegar la libertad condicional al condenado, cabe agregar que su condición de EXTRANJERO no residente en el país, le impedirá cumplir con la obligación establecida en el art. 13 del Código Penal en su inc. 3 de acuerdo con las disposiciones de la ley 22.439.
Jurisdicción y competencia, competencia federal, competencia por la materia, falsificación de moneda, adulteración de moneda, estafa, concurso ideal
Materia: PENAL - PROCESAL
Carátula: Díaz Quintana, Ricardo y otro s/ defraudación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-16

Los delitos de estafa y puesta en circulación de moneda extranjera falsa concurren idealmente y, en consecuencia, debe entender en la investigación del hecho la justicia federal.
Concursos, proceso de verificación, propuesta de acuerdo preventivo, categorización de acreedores, período de exclusividad, plazo, recurso de apelación (procesal), inadmisibilidad del recurso, recurso de queja (procesal)
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: CALERA BUENOS AIRES SA s/ CONCURSO PREV. S/ QUEJA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-05-19

Si bien la resolución que fija el plazo para la obtención de las conformidades de los acreedores en los términos de la LC art. 48-4 parr., es inapelable (LC art. 272-3); si esa resolución -que determinó el valor de la fallida en los términos de la LC art. 48-3- dispuso la notificación por cédula, cuando la Lc art. 48 nada prevé en ese sentido, tal decisión pudo hacer creer razonablemente a la apelante que el referido plazo se computaría a partir del anoticiamiento de la decisión, mediante el diligenciamiento de esa cédula y, en consecuencia, frente a esa particular situación, para preservar adecuadamente los derechos de defensa de los terceros interesados, resulta admisible la queja por denegación de tal apelación, y se hace lugar a la modificación del plazo en cuestión.

(En el caso, los interesados inscriptos quedaron habilitados para presentar sus propuestas de acuerdo a los acreedores no hasta el 20.5.04, según lo estableció la resolución del juez, sino hasta el 1.6.04, fecha a partir de la efectiva notificación de aquella).
Demanda, interrupción de la prescripción
Materia: PROCESAL
Carátula: Taborda, José Alberico c/ Sarrachini, Adriana y otro s/ Dif. deSalarios.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-10

Si del escrito inicial resulta que la única finalidad de la demanda es interrumpir la prescripción de la acción tendiente al cobro de diferencias por la indemnización por despido directo contra las codemandadas, y que la resolución que se intenta cuestionar ha admitido la pretensión de la accionante y simplemente intimado a la misma en los términos del art. 65 de la L.O., no puede advertirse cuál sería el gravamen ocasionado.
Accidente de tránsito, daños y perjuicios
Materia: CIVIL
Carátula: Maldonado Devoto, Francisco Javier c/ Escobedo Rodríguez, Martín Gabriel s/ D. Y P.
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2015-02-05

Corresponde hacer lugar a la demanda por los daños y perjuicios derivados de un accidente de tránsito protagonizado por un vehículo conducido por el demandado y por el actor que intervino en el mismo como peatón, en el que se le diagnosticaron politraumatismos varios, y de las probanzas de autos resulta acreditado tanto que el accionante sufrió daños en su persona, como así también la relación de causalidad entre el accidente y los mismos.
Transacción, transacción de derechos litigiosos
Materia: CIVIL
Carátula: CAMPOS VIRGENES  S.A. c/ SANTA CATALINA ESTANCIAS s/ NULIDAD  DE  ACTO  JURIDICO  -  INCIDENTE  REGULACION  DE  HONORARIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-11-08

La transacción de derechos litigiosos es un acto formal solemne.

A diferencia de la que versa sobre derechos solamente dudosos (o transacción extrajudicial), que puede adoptar cualquier forma, incluso la verbal, aquélla sólo se perfecciona con la presentación hecha ante el juez de la causa (art. 838 del Código Civil).

La transacción que así no conste es nula de nulidad absoluta, o bien ineficaz en tanto no medie la requerida presentación judicial.
Estupefacientes, acta de secuestro, nulidad procesal
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: PACHE, MONICA Y OTROS s/ INFRACCION LEY 20.771 (ESTUPEFACIENTES)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-08-11

Poca trascendencia puede asignarse al acta de secuestro del estupefaciente incautado, pues la misma, aún cuando cumpla con los recaudos de los arts. 211 y 215 del C.Pr.Cr., no resulta otra cosa que derivación documental del acto que se dice inexistente y carece de virtualidad por hallarse inevitablemente unido a su antecedente fáctico. La regla de exclusión desbarata las consecuencias probatorias originadas en el acto írrito pues, en el interés de la moral y de la seguridad de las relaciones sociales, declara inadmisible el resultado de un procedimiento condenado por la ley o una pesquisa desautorizada o contraria a derecho, aún cuando haya sido producida con la finalidad de descubrir y perseguir un delito. En esta inteligencia y tal como lo dispone el art. 512 del C.Pr.Cr.

en cuanto fulmina de nulidad todo aquello que se relaciona con la actuación descalificada, son nulas el acta de secuestro y las declaraciones de los preventores y testigos intervinientes. (art. 59 del C.Pr.Cr.).
Depósito bancario, entidades financieras, liquidación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: DRUTMAN EMILIO c/ BANCO CENTRAL Y OTRO s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-06-30

Si el banco central opta por el adelanto de los fondos para hacer frente a las obligaciones de la entidad financiera liquidada asume una obligación propia, autónoma e independiente de la que anteriormente se encontraba en cabeza de la entidad depositaria.

(S1,1916,300683)
Defensa de la competencia, medidas cautelares, contracautela
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Cervecería  Argentina  S.A.  Isenbeck SA s/ Apel. Resol. ComisiónNac. Defensa de la Compet.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-09-12

La medida dictada tiene por efecto innovar en la forma en que venían actuando las denunciadas en sus negocios desde que se dictó la Resol. 5/03 -situación que denunció Isenbeck-, por lo que no se puede descartar que la suspensión dispuesta sea susceptible de ocasionar perjuicios económicos a sus destinatarias. Además de ello, no cabe soslayar que la medida fue dictada de acuerdo con lo solicitado por Isenbeck en el marco de una denuncia en la que no sólo se invocó la afectación del interés económico general, sino también un perjuicio propio en su condición de competidor. Es oportuno recordar que las medidas cautelares se decretan bajo responsabilidad de la parte que las pide, por lo que el daño que pudieran causar indebidamente es a su cargo (cfr. Couture, E., Fundamentos del Derecho Procesal Civil, Depalma, 1958, pág. 326). Ello así, es un presupuesto necesario de la medida precautoria la fijación de una contracautela para preservar la igualdad de las partes, asegurando al cautelado el resarcimiento de los daños que aquélla pudiera ocasionarle sin derecho (art. 199 del Cód. Procesal Civ. y Comercial; esta Sala, causa 5138/02 del 27-4-2004 y sus citas; Podetti, R., Derecho Procesal Civil, Comercial y Laboral, T. IV, Tratado de las Medidas Cautelares, Ediar, 1956, págs. 61/65), sin que la circunstancia de que se trate de una medida dictada en el ámbito de la materia regulada por la ley 25.156 modifique ese principio (cfr. esta Cámara, Sala 1, doctr. causa 2731/03 del 25-9- 2003, LL 2003-F-652). Por lo tanto, corresponde integrar la resolución del 24 de agosto (arg. arts. 36, inc. 3, y 166, inc. 2, del Código Procesal Civil y Comercial; D'Albora, F., Código Procesal Penal anotado, Lexis Nexis, 2003, comentario al art. 126, pág. 260) fijando como contracautela la suma de tres millones de pesos ($ 3.000.000). Para la estimación de ese monto se ha tenido en cuenta los eventuales perjuicios que -según los escasos elementos incorporados a la causa- causaría la medida hasta tanto la autoridad de aplicación se pronuncie según lo dispuesto en el punto 2 de su parte dispositiva, como así también el plazo que resta para el cumplimiento de las condiciones impuestas en la Resol. 5/03. Esa suma podrá ser sustituida por un seguro de caución u otros bienes o valores en garantía, y deberá ser prestada ante este Tribunal en forma previa a la ejecución de la medida de suspensión provisional. También con apoyo en las disposiciones legales citadas al principio del párrafo anterior y a los fines de preservar, tanto los intereses de las partes involucradas como el concerniente al económico general, se fija el plazo de veinte días hábiles administrativos para que la Comisión se expida con arreglo a lo resuelto por este Tribunal el 24 de agosto pasado. El plazo se computará desde la notificación de esa resolución y de la presente al organismo referido.