Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2005-05-30


C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Treinta (30) de Mayo de dos mil cinco, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Alfredo Carlos Dato, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, bajo la Presidencia de su titular doctor Alfredo Carlos Dato, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la representación letrada de la parte demandada en autos: "Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento vs. Aba Torre S.R.L. s/ Apremios (Queja por apelación denegada)".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Alberto José Brito, Héctor Eduardo Aréa Maidana y Alfredo Carlos Dato, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Alberto José Brito, dijo:

I.- Viene a conocimiento y resolución del Tribunal el presente recurso de casación interpuesto por el letrado apoderado de la demandada, en contra de la sentencia de la Sala IIa. de la Cámara Civil en Documentos y Locaciones, del 17/8/2004, por la cual no se hace lugar al recurso de apelación incoado por aquél en contra de la providencia de fecha 26/9/2003.

II.- El recurrente sostiene su recurso en la consideración de que el fallo en crisis ha infringido las normas de los arts. 31, 32, 33, 34, 167, 154 inc. 1° y 292 CPCCT; art. 18 CN; art. 11 y cc. de la Ley 19.550, inaplicándose asimismo las doctrinas legales de esta CSJT recaídas en las causas que cita, por lo que al contradecir estos precedentes asume gravedad institucional. Ello así, dice, porque se trata de idénticos hechos y soluciones diferentes. Que en el caso Banco del Suquía vs. Mena... así como en éste la intimación de pago y la sentencia se notificó en un domicilio que no correspondía a la demandada; que en ambos casos, la demandada se presentó en el juicio una vez que tuvo conocimiento del mismo, vencido los plazos para interponer el incidente de nulidad.

Le agravia la consideración sentencial que tiene por notificada a su parte en el domicilio legal, aplicando el principio de preclusión al considerar que la ejecutada no ejerció sus derechos dentro del plazo del art. 170 procesal por lo que el planteo resulta extemporáneo. Afirma que ello está en contradicción con lo resuelto por esta Corte en el precedente citado (por las razones que allí se exponen y que considera aplicables a la especie) en donde se estableció que el argumento de la extemporaneidad solo podría ser válido si el demandado hubiera sido alguna vez citado debidamente a juicio, lo que no sucedió en la especie, afectándose por ello la estructura esencial del procedimiento que se ha sustanciado sin estar debidamente constituida la relación procesal; que en ese caso la nulidad es insubsanable pues lo concerniente al modo de notificarse las partes en el proceso está sometido al contralor del juez quien puede, tratándose de un vicio manifiesto, declarar la nulidad de oficio; que no solo la demanda sino tampoco la sentencia definitiva ni la intimación de pago han sido correctamente notificadas por lo que la indefensión es manifiesta. Indica que le causa desazón la existencia de sentencias contradictorias, no advirtiendo las razones por las cuales el tribunal de alzada pudo apartarse de lo dispuesto por este alto Tribunal. Cita precedentes de esta Corte, en que se sostuvo que la cuestión excede el interés individual y asume gravedad institucional.

Sostiene que, para el supuesto en que no se advierta contradicciones entre las sentencias citadas, el pronunciamiento deviene nulo por afectarse el principio de congruencia. Que ello es así por cuanto desde el primer escrito su parte expresó con claridad los principios jurídicos que fueron violados; que se refirió al valor de la notificación, al valor de preservar el derecho de defensa, a la existencia de nulidades absolutas, a las doctrinas aplicables al caso y que el tribunal a quo en una sola hoja y aferrándose al principio de preclusión procesal destruye sin fundamento alguno la construcción doctrinal del más alto Tribunal. Que tales cuestiones eran relevantes para la resolución del caso y se hubo resuelto sin la merituación de la pretensión esgrimida de su parte. Cita doctrina; detalla las cuestiones traídas a decisión del Tribunal y reitera que nada se dijo de ello.

Le causa gravamen la errónea aplicación del derecho adjetivo, llegando a privilegiar el principio de preclusión por sobre todo otro; poniendo en disyuntiva -que no es tal- el proceso o la defensa en juicio pues los principios deben armonizarse dentro del estado de derecho. Que debe existir un acto procesal para que quede éste firme y pueda aplicarse la preclusión, que en el caso, éste no existe pues no tiene idoneidad para producir efecto directo o inmediato sobre el proceso, toda vez que la intimación de pago, para ser idónea, debe notificarse en debida forma, caso contrario no nace al mundo jurídico y no puede ser convalidada. Cita en este sentido, el art. 154 inc. 1º procesal, complementado con el art. 292 del digesto procesal en cuanto ordena notificar a la parte en persona; y arts. 164 inc. a) y 11 de la Ley de Sociedades.

Hace suyo lo expresado en Banco del Suquía contra Mena, fallo que transcribe y solicita se aplique la doctrina legal de los autos "Sucesión de José Abraham Bitar y/o vs. Arcor Gabriel s/Especiales" y "Ruiz, José Eduardo y otros vs. Gadal Comunicaciones y otros s/ indemnización por despido".

Propone doctrina legal y solicita se haga lugar al recurso tentado y que las costas sean soportadas por quienes tenían la obligación de notificar la demanda en debida forma.

III.- Por auto interlocutorio de fecha 17/12/2004 la alzada concede el recurso interpuesto, correspondiendo en esta instancia el análisis de su admisibilidad y procedencia.

IV.- La sentencia recurrida desprende de los autos principales -que tiene a la vista- que Aba Torre S.R.L. fue notificada a fs. 90 el 15/6/2001 y a fs. 99 el 10/5/2002 en el domicilio de Juan José Paso nº 881 de San Miguel de Tucumán. Que dicho domicilio es el societario, según informe del Registro Público de Comercio (fs. 86 vta.) consignándose allí que se encuentra inscripta desde el 10/11/98, hasta el 01/11/2003 y que dicho domicilio consta también en el poder general para juicios de autos. Indica que el domicilio de las personas jurídicas es el determinado en los estatutos o en la autorización otorgada por el estado (art. 90 inc. 3º CC) y en autos la accionada fue notificada en el domicilio indicado que es el social. Que el hecho de alegar que no lo habitaba, no obsta a esta solución cuando con posterioridad da poder a su representente legal constando en él su domicilio.

Afirma que el proceso se halla articulado en diversos períodos o fases dentro de cada uno de los cuales deben cumplirse uno o más actos, siendo ineficaces aquéllos que se ejecutan fuera del período que les está asignado. Que la vigencia del principio de preclusión permite sostener las pautas mínimas de orden y seguridad que todo proceso requiere, siendo dicho instituto de orden público. Que la CSJT indicó que los jueces carecen de facultades para declarar nulos actos procesales precluídos. Estima que la recurrente no ejercitó sus derechos pese a estar notificada en debida forma en el domicilio indicado, el que determina la ley, por lo que el no ejercicio de los mismos proviene de su propia inactividad. Comparte entonces lo dictaminado por la Sra. Fiscal de Cámara cuyos argumentos hace suyos, no habiendo sido efectuado el planteo de nulidad dentro del plazo de cinco días que prescribe el art. 170 inc. 1º procesal, desde que cada notificación fue efectuada en el domicilio legal que esta imperativamente impuesto por la ley, resulta extemporáneo por lo que confirma lo resuelto por el A-quo. Impone las costas al apelante vencida.

V.- De la confrontación de los términos del memorial de casación puestos en relación con los de la sentencia que se recurre, se concluye en que asiste razón al recurrente.

En efecto, de un análisis pormenorizado de la causa, se colige que son aplicables al caso las consideraciones vertidas en ocasión de resolver in re: Banco del Suquía vs. Mena -precedente citado por el impugnante-, toda vez que son similares las circunstancias que constituyeron -y constituyen en el presente- la cuestión litigiosa.

Así, el pronunciamiento en embate considera que el accionado fue notificado en su domicilio legal -que surge del informe del Registro Público de Comercio de fs. 86-, sito en calle Juan José Paso nº 881 de esta ciudad Capital, y que dejó transcurrir los cinco días que el art. 170 inc. 1º del CPCC establece como hábil para la impugnación de nulidad, por lo que convalidó las irregularidades que pudieron afectar al procedimiento.

Ahora bien, yerra la Cámara en su razonamiento en tanto asimila -en sus efectos y valor-, la notificación de fojas 90 y 99, con la de citación al accionado al presente juicio, lo que resulta inadmisible. Las cédulas obrantes en las fojas mentadas, cursadas al domicilio legal del demandado, notifican: a) del proveído que tiene por presentado al tercero que solicita levantamiento de embargo trabado sobre el inmueble objeto de la litis y ordena se notifique a Aba Torres S.R.L. en el domicilio informado por el Juzgado Federal de las providencias de fs. 52 y 78 (fs. 90) y b) del rechazo de dicho pedido de levantamiento de embargo, por extemporáneo.

Sin duda que la notificación a estos fines no puede nunca equipararse a la debida citación a juicio del accionado. Si, según surge de las constancias de autos, las anteriores notificaciones (incluida la misma de la demanda y la sentencia de ejecución) fueron efectuadas irregularmente, entonces es dable concluir en que el accionado nunca fue citado como parte en el juicio y que las notificaciones analizadas carecen de ese efecto. De allí que, en realidad, los términos que el tribunal a quo entiende vencidos -y, por ende, convalidadas las irregularidades- no han estado corriendo para su parte, toda vez que su situación no quedó enmarcada en las normas procesales aplicables a quienes son partes en juicio de acuerdo a una citación efectuada en forma y conforme a derecho. Los actos de notificaciones de fs. 90 y 99, a los cuales la Cámara pretende darle validez a punto tal de tener por establecida la relación procesal (y, por ende, tener por presentado y constituido en parte al accionado) no tenían tal finalidad, ni pudo aquélla tener dicho efecto (citar y traer al accionado a juicio). Es que no puede equipararse la notificación al demandado poniéndolo en conocimiento de la existencia de un pedido de levantamiento de embargo por un tercero y del rechazo de tal solicitud, con la notificación de una acción en su contra. No puede asimilarse la puesta en conocimiento del accionado de los actos previos al remate de bienes raíces -como consecuencia de la ejecución de una sentencia resultante de todo un juicio pasado sin su conocimiento-, al conocimiento de la demanda judicial y al otorgamiento consiguiente de plazo adecuado y necesario para su debida defensa. La notificación de la demanda es de vital importancia porque marca el nacimiento de la relación procesal. Indicaba Chiovenda: "La citación significa también la actividad material necesaria para la comunicación de la demanda y del llamamiento a juicio del demandado; esto se llama notificación. Y como la demanda no existe normalmente si no está comunicada al adversario, la notificación tiene la importancia de marcar el nacimiento de la relación procesal" (Principios de derecho procesal civil, Reus, Madrid, 1923, T. II, p. 88). Es decir que tal notificación es el momento constitutivo de la relación procesal. Así podría decir Calamandrei que la sentencia de condena se retrotrae a la fecha de la citación, como si hubiera sido pronunciada en el momento constitutivo de la relación procesal, o sea en la fecha de notificación de la demanda (citado por Rodríguez, Luis, "Nulidades Procesales", Editorial Universidad, Bs.As., 1994, pág. 222). Hay que tener en consideración, pues, el hecho relevante de que, en la especie, la nulidad impetrada ataca a un acto esencial al proceso cual es la notificación de la demanda. Ella, de realizarse correctamente, habría permitido la traba de la relación procesal que, en el caso, y atento a la ausencia de notificación en forma, se vio impedida.

A su vez, cuando se trata de la notificación del traslado de la demanda deben tomarse los recaudos para garantizar debidamente el derecho de defensa en juicio, habida cuenta de la importancia del acto procesal de que se trata. Ello es así en razón de que el demandante debe ser, sin duda, el primer interesado en extremar las precauciones a fin de lograr que la relación procesal quede válidamente trabada, propósito que armoniza con el carácter inobjetable de la sentencia favorable a que aspira. Sin embargo, no se advierte en autos que el accionante haya extremado los recaudos para la debida notificación en forma en tanto, de un lado, admite la continuación del proceso en el que se ha notificado la demanda en un domicilio en el que, claramente, según las constancias de los mandamientos de fs. 8 y 11, no habitaba el accionado; tanto menos cuando, con posterioridad al dictado de la sentencia de ejecución (fs. 14) y habiéndose solicitado informe al Registro Público de Comercio, el mismo indica (fs. 86) como domicilio legal (Juan José Paso 881) uno distinto a aquél en donde se efectuó la intimación de pago (Corrientes n°851).

A su vez, la naturaleza de la notificación de la demanda impone apreciar con criterio riguroso el cumplimiento de los presupuestos de validez y eficacia de la notificación en cuestión, dada la trascendencia del traslado de la demanda, destinado a hacer saber su existencia a aquel contra quien está dirigida. El criterio de contralor del cumplimiento de los extremos tendientes a asegurar el efectivo conocimiento de la demanda por la parte que ha sido objeto de emplazamiento debe ser riguroso, porque la indefensión es el mayor vicio de que es susceptible el proceso. De ahí la consecuente protección judicial, que aconseja en caso de duda, que se adopte la solución que evite conculcar eventualmente garantías de raíz constitucional. (cfr. CSJTuc.; sent. n° 981, del 22/12/99; sent. nº 630/99).

En efecto, la transgresión al régimen de notificaciones expresamente previsto en el digesto de forma afecta el derecho de defensa de raigambre constitucional (art. 18, CN). La especial transcendencia de la notificación del traslado de la demanda hace que se rodee al acto de las máximas garantías, con lo cual se tiende a brindar adecuada protección al ejercicio del derecho de defensa. El perjuicio surge ínsito del vicio de que se trata, toda vez que la demandada se ve impedida de contestar la acción, vulnerándose el derecho de defensa consagrado por el art. 18 de la Constitución Nacional (cfr. CSJTuc., autos: "Caja Popular de Ahorros vs. Ramón Froilán Juárez y otra s/Ejecución hipotecaria", sentencia del 22/12/95).

En la especie tratándose del traslado de la demanda, la citación debía ser hecha a la parte en persona (arg. arts. 154, inc. 1° y 292 CPCC), por lo que asiste razón al recurrente, en cuanto niega eficacia a la notificación obrante a fs. 90 y 99 (cfr. CSJT, sent. nº 760/98).

El argumento de la extemporaneidad de la presentación del incidente de nulidad -y de la consiguiente convalidación de irregularidades y preclusión de actos procesales- sólo podría ser válido si el demandado hubiera sido alguna vez citado debidamente a juicio, lo que nunca sucedió en la especie, según surge de las constancias de autos en que se dictó sentencia de trance y remate sin su debida participación.

Lo analizado evidencia que se ha afectado la estructura esencial del proceso, toda vez que se ha sustanciado el mismo sin estar debidamente constituida la relación procesal, en cuyo caso la nulidad es insubsanable, ya que ni las partes ni el Juez pueden generar un procedimiento esencialmente distinto al establecido por la ley adjetiva (art. 167, 3er. párrafo CPCC), y tal es aquél que se desarrolla sin esta adecuada constitución de la litis.

Lo concerniente al modo de practicarse las notificaciones, está sometido al contralor del juez de la causa, quien puede incluso, tratándose de un vicio manifiesto, declarar la nulidad de oficio (arg. art. 167 tercer párrafo). Ello es lo que acontece en autos de donde surge, de las concretas circunstancias de la causa, que al demandado nunca se lo citó debidamente, conforme consta expresamente en los informes de los oficiales encargados de diligenciar las distintas notificaciones. En la especie, no sólo la demanda sino que tampoco la sentencia definitiva han sido correctamente notificadas con lo que la indefensión es manifiesta.

Por todo lo expuesto, se demuestra la inadmisibilidad de la asimilación que el tribunal a quo hace de las notificaciones de fs. 90 y 99 con la notificación del traslado de la demanda. El accionado no tuvo posibilidad de hacer valer sus derechos en el proceso según un traslado en forma de la demanda y el plazo necesario para su responde. De allí que su derecho de defensa en juicio se vea lesionado por la nulidad de un acto esencial. El argumento de Cámara de que las omisiones de notificación en la debida forma ha quedado subsanada por la preclusión procesal ante la concreción de otro acto procesal que se notificó debidamente, resulta inaceptable puesto que el mismo no puede considerarse, de manera alguna, como sustitutivo del conocimiento que se debe llevar al demandado de un acto esencial del proceso como es la demanda.

No habiéndose notificado demanda en debida forma, y tratándose de un acto que resulta condición indispensable para que exista litis válida, corresponde la declaración de la nulidad del mismo y los actos consiguientes. En efecto, existe, en el sub examine, una afectación concreta al debido proceso y derecho de defensa en juicio, en cuyo mérito corresponde nulificar todas las actuaciones así cumplidas, por cuanto la notificación viciada de tal modo equivale a la no notificación, es decir a la omisión de los actos que la ley impone para garantir los derechos del demandado. La configuración de la irregularidad procesal señalada comporta un vicio que, por su naturaleza, no es suceptible de ser convalidado, por lo que queda aprehendida en la preceptiva de los arts. 166 y 167, tercer apartado, del Digesto Ritual.

A esta altura del razonamiento es del caso resaltar, a mayor abundamiento, que en nuestro ordenamiento procesal no existe un dispositivo semejante al art. 172 del CPCCN -en consideración al cual se construye también la doctrina y jurisprudencia nacional- que considera que las declaraciones de oficio de las nulidades procesales no pueden tener lugar si el acto se hallare consentido. En el caso, el art. 167 del CPCCT expresamente prevé los supuestos en que es posible tal declaración en los supuestos mencionados allí expresamente que entronca, en el sub examine, y como queda dicho, con la violación a la estructura esencial del procedimiento y a las garantías constitucionales del debido proceso y derecho de defensa en juicio.

Tratándose, pues, de un acto jurisdiccional viciado de nulidad insanable, corresponde su invalidación; la naturaleza de la nulidad -calificada expresamente por la ley ritual en la norma precitada- remueve el óbice de la conformidad de las partes, y deja expedita la declaración incluso de oficio y sin sustanciación previa, de la invalidez (doctrina artículo 167 último parágrafo CPCC).

En la especie, surgen indubitables las facultades del tribunal para anular de oficio los actos procesales cuando se hubieren omitido las formas sustanciales del proceso o cuando el acto carece de los requisitos indispensables para que pueda conseguir su finalidad. En el sub examine la deficiencia constatada implica una falta de constitución de la relación procesal ya que el demandado no ha sido citado eficazmente al pleito. La omisión apuntada, implica una alteración a las formas sustanciales del proceso y coloca en situación de indefensión al accionado.

Por ello, corresponde se case el pronunciamiento en crisis conforme a la siguiente doctrina legal: "Debe declararse, por ser insubsanable, al afectar la estructura esencial del proceso y el derecho de defensa en juicio, la nulidad de todo lo actuado desde el traslado de demanda (art. 167 CPCC), cuando el accionado no fue nunca citado a juicio por falta de notificación en debida forma de la misma -no habiéndose cumplido el objeto de dicho acto procesal en ninguna etapa posterior del proceso que tramitó enteramente sin su intervención-"; y dictar como sustitutiva: "I.- Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada. En consecuencia, SE REVOCA la providencia de fecha 26/9/2003 y SE DECLARA la nulidad de todo lo actuado desde el traslado de la demanda".

Vuelvan los autos a la Cámara a fin de que prosiga la causa según su estado.

VI.- Las costas de las instancias de grado y de la casación se imponen a la actora, pues a más de ser causante de la nulidad y no obstante existir precedentes jurisprudenciales de esta Corte sobre el tema, resistió la pretensión incidental de la accionada (arts. 106, 107 y 108 procesal).

Los señores vocales doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana y Alfredo Carlos Dato, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor Alberto José Brito, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por el letrado apoderado de la demandada, en contra de la sentencia de la Sala IIa. de la Cámara Civil en Documentos y Locaciones, del 17/8/2004 y, en consecuencia se casa y anula la misma de acuerdo a la doctrina legal enunciada, y se dicta como sustitutiva: "I.- Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada. En consecuencia, SE REVOCA la providencia de fecha 26/9/2003 y SE DECLARA la nulidad de todo lo actuado desde el traslado de la demanda". Vuelvan los autos a la Cámara a fin de que prosiga la causa según su estado. Devuélvase el depósito.

II.- COSTAS en esta instancia, conforme se consideran.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ALFREDO CARLOS DATO ALBERTO JOSÉ BRITO HÉCTOR EDUARDO ARÉA MAIDANA ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA