Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-11-30


2a Instancia. áBuenos Aires, a los 30 días del mes de noviembre de 2.009.

LA DOCTORA ESTELA MILAGROS FERREIRÓS DIJO:

I.- A fs.9/16 se presentan los actores SILVIA ESTER ADARO, MÓNICA VIVIANA AMENTA, MARGARITA SOFÍA ALTHABE, CLAUDIO ERNESTO PEREZ y CECILIO MITRE e inician demanda contra el P.A.M.I. Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados en procura del cobro de unas sumas y rubros a los que se consideran acreedores con fundamento en las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo.

Manifiestan que iniciaron acciones con anterioridad (causas "Cantaluppi c/ PAMI" y "Moure c/ PAMI"), habiendo recaído en los mismos, pronunciamientos definitivos, en virtud de los cuales se les reconocieron las diferencias salariales originadas por la falta de pago de la bonificación por antigüedad hasta el mes de diciembre de 2005 (a los primero cuatro actores ut supra mencionados) y hasta noviembre de 2005 al último coactor.

Refieren que ante la inacción de la demandada en orden a regularizar la situación originada por la falta de pago del rubro antigüedad, se ven obligados a promover la presente acción, en procura del cobro de las diferencias devengadas en el lapso comprendido entre los meses de octubre de 2006 a octubre de 2008.

Fundan su derecho en la Convención Colectiva de Trabajo homologada por Resolución DNRT Nº 5629/89, en virtud de la cual la accionada debió continuar abonándoles el adicional en cuestión, el que estiman en cada caso en los montos liquidados a fs. 14, solicitando se amplíen hasta el dictado de la sentencia.

A fs.130/149 contesta la accionada.

Desconoce los hechos expuestos en la demanda y alega que el Acuerdo aludido por los actores tuvo un carácter parcial ya que allí se determinaron los sueldos a regir durante el semestre octubre de 1989 a marzo de 1990, por lo que el adicional reclamado también tendría dicho carácter.

Señala que desde que entró en vigencia el decreto 925/96, en el año 1996, y la ley de presupuestos de la Nación, se suspendió la vigencia de la cláusula del convenio que estipulaba el aumento progresivo del adicional por antigüedad, por razones que el Gobierno Nacional fundó en la reorganización integral de su estructura orgánica.

Sostiene que el decreto 290/95 (ratificado por la Ley 24.624) y su modificatorio 398/95 resultan impedimentos legales para la procedencia de la acción, ya que fijó un plazo de caducidad o prescripción para el ejercicio de los derechos vulnerados por estas normas.

Hace asimismo un análisis de las distintas normas a las que considera procedentes y que justificarían su actitud (Res. 1124/95, Ley 24.624,Dec. 925/96 y CCT 695/05 E).

Opone excepción de cosa juzgada, dado que estima que el planteo efectuado por los actores fue resuelto en causas anteriores. Refiere que en dichas causas, los actores solicitaron se les abonara dicho adicional y proyectaron su liquidación hasta el mes de marzo de 2007, habiéndose hecho lugar a las peticiones formuladas por ellos sólo hasta los meses de septiembre de 2005 (para los 4 primeros actores) y hasta febrero de 2006 para el último actor; en virtud de ello la excepción de cosa juzgada operó respecto de todo reclamo anterior al mes de marzo de 2007.

Opone a su vez excepción de prescripción con relación a todo reclamo correspondiente al período anterior al 3/11/06 dado que la presente acción fue iniciada por los accionantes recién el 3/11/08.

Impugna la liquidación y solicita el rechazo de la acción.

A fs. 543/547, obra la sentencia de primera instancia. En ella, la "a quo", luego de analizar los elementos de juicio obrantes en la causa, decide rechazar la demanda incoada por los actores.

II.- Los recursos a tratar llegan interpuestos por la parte actora (fs. 556/559) y por la parte demandada a fs. 552/554, quien cuestiona la forma en que fueron impuestas las costas de grado. Las respectivas réplicas obran a fs. 563 y 568/573 respectivamente.

También hay apelación del perito contador(fs.548) y del letrado de la parte actora quienes cuestionan los honorarios que han sido regulados en la causa por considerarlos exiguos y excesivos respectivamente.

III.- Por una cuestión de orden, trataré en primer término los agravios de la parte actora.

Agravia a los apelantes en líneas generales, que la "a quo" haya rechazado la demanda por entender que el nuevo régimen remuneratorio dispuesto en el CCT 697/05 "E" desplazó a la normativa anterior.

Señala que tal situación implica una rebaja salarial a sus remuneraciones y por lo tanto las disposiciones establecidas en dicho CCT no resultan aplicables a los trabajadores del PAMI a los que se les reconoció el rubro antigüedad con anterioridad -como en el caso de los aquí actores- por lo que dicho rubro fue incorporado a los contratos individuales de trabajo de cada uno de ellos.

Sobre este tema, estimo asiste razón a los apelantes.

Me explicaré:

Lo cierto es que el art. 111 del CCT 697/05 "E" prevé lo siguiente: "El personal que se encontrase trabajando en el Instituto al momento de la firma del presente Convenio mantendrá la antigüedad reconocida y todos los efectos que guarden vinculación o algún tipo de incidencia con dicho concepto, tales como régimen salarial, adicionales generales o específicos, indemnizaciones, licencias, vacaciones o cualquier otro" (el destacado me pertenece).

En tal sentido, la normativa convencional no agrega ni quita nada respecto de los beneficios inherentes a la antigüedad del dependiente, habida cuenta que hace la puntual y expresa salvedad de respetar los que fueran previos a la suscripción de la normativa colectiva, con lo cual, de su redacción se infiere que el derecho de incrementar la antigüedad año a año con el porcentaje del 3% quedó incólume.

Asimismo, es de destacar que en modo alguna obsta el hecho de que la Resolución 1523/05 DE dispusiera un esquema de pago del adicional por antigüedad limitado a una suma fija equivalente a la mejor remuneración que venía percibiendo (o sea, sin la posibilidad de acrecer en cada año laborado), por cuanto:1) el esquema previsto en el art. 22 de dicha resolución se aparta diametralmente de lo establecido en el acuerdo colectivo que refiere que los beneficios anteriores deben respetarse como fueron otorgados; y 2) el dictamen emitido por una autoridad administrativa en forma unilateral en modo alguno puede conculcar o modificar derechos establecidos en la legislación de fondo, tal como lo es la Ley de Contrato de Trabajo y una convención colectiva (en sentido similar, v. Autos: "Doallo, Antonio c/ Cooperativa de Trabajo Distribuidora de Diarios Villa Pueyrredón Ltda. S/ Despido"; S.D. 38,393 del 07/04/05; y más recientemente "Novoa, Norberto Omar y otros c/ P.A.M.I. Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados s/ Dif. Salarios"; S.D. 39,805 del 20/12/06).

En virtud de todo lo expuesto hasta el momento, considero que deberá revocarse lo decidido por la jueza de grado sobre este tema, haciendo lugar a la demanda.

Sólo a mayor abundamiento, y dado lo señalado por la demandada en su responde respecto al "bloque de legalidad" que corresponde aplicar al caso de autos, deseo efectuar las siguientes aclaraciones:

1) Primeramente, y con respecto al Dto. 290/95 debe tenerse en cuenta que el mismo tuvo un carácter transitorio.

En cuanto a la ley 24.624 (art. 18) que dispone suspender los montos resultantes de los movimientos escalafonarios derivados de promociones, ascensos, antigüedad, adicional por grado, etc. en las entidades comprendidas en la ley de presupuesto de la Administración Nacional, debe tenerse presente que , sin entrar a analizar si la disposición alcanza al personal del P.A.M.I, es claro que la disposición citada "suspendió" dentro de su ámbito de aplicación ciertos beneficios exclusivamente por el "ejercicio fiscal del año 1996", por lo que mal pueden oponerse sus enunciados a un reclamo de diferencias a partir de los meses de octubre o noviembre de 2006.

Asimismo, en lo que respecta a la interpretación del art. 9º del decreto 925/96, el mismo expresa que "...A los fines del mejor funcionamiento del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, se dispone que a partir del presente las relaciones de trabajo se regirán solo por la Ley de Contrato de Trabajo, con exclusión de cualquier otra disposición, reglamento interno o norma que estipule condiciones distintas al régimen general".

Este Tribunal ha compartido lo dictaminado por el Sr. Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo Dr. Eduardo Alvarez quien señaló que: "más allá de la legitimidad del encuadramiento legal que pretende la accionada no se advierte ninguna fuente normativa idónea para afectar el incremento de la bonificación por antigüedad que la empleadora aún sigue pagando y que sólo ha afectado en su incremento progresivo previsto por el art. 2 pto. 1.1. del Acuerdo celebrado en noviembre de 1989. Es un adicional incorporado al contrato" (Ver dictamen nº 39.551 del 21/12/04).

El decreto 925/96, como destacó el Sr. Fiscal General, carece de la trascendencia que le atribuye la accionada, porque esta norma se refiere a una deducción genérica de las retribuciones y no a la mutilación de un adicional. La propia demandada no modificó el comportamiento salarial del rubro, pues siguió abonándolo pero con la restricción señalada anteriormente (v. "Falco, Horacio Raúl y otros c/ P.A.M.I. Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados s/ Diferencias de Salarios"; SD. 39.685 del 31.12.06).

Ello más allá de advertirse un evidente exceso de un decreto reglamentario del P.E.N. para regular cuáles serán las disposiciones aplicables a los trabajadores en función de su contrato de trabajo con el I.N.S.S.J. Y P., así como una inexistente fundamentación para adoptar una decisión de tal envergadura (conf. Art. 75 inc. 12 de la C.N.), es de advertir que la escueta manifestación de la norma en torno a que se excluyen: "disposiciones, reglamentos internos o normas", no permite asumir que también se refiere a los acuerdos o convenios colectivos de trabajo, que por tener una fuente legal claramente diferenciada, hubieran merecido una mención expresa (v. De esta Sala: "Cantaluppi, Silvia Helvecia y otro c/ PAMI Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados s/ Dif. salarios"; S.D. 39.247 del 31.05.06; en "Borras, José Antonio y otros c/ PAMI Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados s/ Dif. Salarios"; S.D. 39.416 del 18.07.06).

Por todo lo expuesto precedentemente, considero que dichos decretos no resultan fuente normativa idónea para afectar el incremento de bonificación por antigüedad tal como pretendiera la accionada en su responde.

2) Respecto de la eventual ausencia de jerarquía de rango convencional que efectúa la demandada en su escrito de fs. 130/149 respecto del Acta Acuerdo homologada por disposición D.N.R.T. Nº 5629/89, es válido advertir que dicha defensa no es atendible a esta altura del proceso por resultar evidentemente extemporánea (conf. Art. 277 del C.P.C.C.N.), ya que en la propia redacción del responde no se negó su condición de norma convencional, sino más bien su alcance y aplicabilidad. Es la propia accionada quien en su responde la califica como "convención colectiva", razón por la cual no veo motivos para hacer lugar a dicho planteo.

Además, ha de tenerse presente que si bien este Acta Acuerdo fue destinada para regir en forma temporal (de octubre de 1989 a marzo de 1990), sus disposiciones continuaron aplicándose a los empleados- entre ellos los actores- hasta el año 1996, con lo cual, estaríamos hablando de un derecho adquirido de los trabajadores e incorporado a su contrato de trabajo.

Ahora bien, dado lo decidido en esta instancia respecto a la procedencia del reclamo efectuado por los actores, y a fin de determinar los períodos por los cuales se condenará a la demandada a otorgar la bonificación por antigüedad, corresponde previamente resolver las excepciones de cosa juzgada y de prescripción opuestas por la accionada en su escrito de fs. 130/149.

Veamos:

Respecto de la excepción de cosa juzgada, previo a resolver acerca su procedencia, se impone el análisis de dicho instituto.

En virtud de ello, deseo destacar que este instituto constituye uno de los principios esenciales en que se funda la seguridad jurídica y que, en consecuencia, debe ser respetado, por cuanto su inviolabilidad se apoya en razones de orden público y guarda directa relación con el principio de la división de poderes y de las garantías constitucionales que emanan de los arts. 17 y 18 de la Ley Fundamental (v. "Ley de Organización y Procedimiento Laboral Comentada" del Dr. Carlos Pose, págs. 62/63, 3º Edición, Edit. David Grinberg).

A su vez, no debe perderse de vista que la cosa juzgada impide al accionante entablar un nuevo proceso con relación a una pretensión anteriormente sustanciada entre las mismas partes y respecto de la cual ya ha recaído sentencia firme.

Se trata de un instituto que puede ser declarado de oficio en cualquier estado del pleito (conf. art. 347 in fine del CPCCN) (v. "Manual de Derecho Procesal del Trabajo, págs. 202/203, de los Dres. Miguel Angel Pirolo, Cecilia Murray y Ana María Otero, 2º Edic actualizada y ampliada, Edit. Astrea).

Pues bien, dicho esto, debo señalar que en el caso de autos, esta excepción no ha de tener favorable acogida.

Ello, toda vez que, no sólo no existe en autos prueba fehaciente alguna que acredite que los aquí actores, en las causas "Cantaluppi c/ PAMI" y "Moure c/ PAMI", proyectaran sus reclamos hasta el mes de marzo de 2007 (tal como lo señalara la accionada), sino que por el contrario, de las copias de dichas sentencias obrantes en este expediente, surge que los allí magistrados resolvieron hacer lugar a los reclamos que formulan los accionantes hasta las fechas noviembre de 2005 y diciembre de 2005 respectivamente.

En virtud de todo lo señalado precedentemente, corresponde rechazar dicha excepción.

En cuanto a la excepción de prescripción por todo el período anterior al 3/11/06, estimo tampoco ha de prosperar.

Si bien los actores iniciaron la demanda el 3/11/08 y reclaman el pago del adicional en cuestión a partir del mes octubre de 2006, tal situación es procedente en virtud de lo dispuesto en el art. 128 LCT.

Dicho artículo establece que: "El pago de los salarios se efectuará una vez vencido el período que corresponda, dentro de los siguientes plazos máximos; cuatro (4) días hábiles para la remuneración mensual o quincenal y tres (3) días hábiles para la semanal" -el destacado me pertenece-.

Ello quiere decir que el plazo para pagar los salarios (y bonificaciones) correspondientes al mes de octubre de 2006, vencía recién el 4 de noviembre de 2006, razón por la cual el presente reclamo por los períodos "octubre 2006 a octubre de 2008" no se encuentra prescripto.

Dado todo lo expuesto precedentemente, corresponde entonces, revocar el fallo de grado, haciendo lugar a la demanda y condenando a la accionada a abonarle a los actores la bonificación por antigüedad por todo el período reclamado y hasta el dictado de la sentencia.

Consecuentemente, el perito contador en la etapa prevista por el art. 132 de la Ley 18.345, calculará las sumas adeudadas a cada uno de los actores en concepto de diferencias de bonificación por antigüedad por el período reclamado por ellos, con más los intereses de acuerdo a la tasa prevista en el Acta 2357, conforme Res. Cámara Nº 8.

IV.- Los actores solicitan a su vez que, para el hipotético caso en que esta alzada confirme la sentencia de grado, se abone a cada uno de ellos la suma que el perito determine como diferencia entre lo percibido en el mes de noviembre de 2005 (para los actores Adaro, Amenta, Althabe y Perez) y diciembre de 2005 (para el coactor Mitre), por los períodos reclamados en la demanda.

Atento lo resuelto en el considerando III.- de la presente sentencia, se torna de tratamiento abstracto el presente agravio.

V.- La solución expuesta impone dejar sin efecto todo lo dispuesto en primera instancia en materia de costas y honorarios y determinarlo en forma originaria (art. 279 CPCCN).

En tal tesitura propicio que las costas, en ambas instancias, sean soportadas por la demandada vencida (art. 68 CPCCN) y se regulen honorarios a los profesionales -por los trabajos realizados en la instancia anterior- en el 17%, 14% y 6% para la representación letrada de la parte actora, de la demandada y del perito contador respectivamente, porcentajes a calcularse sobre el monto definitivo de condena, con la inclusión de los intereses.

VI.- De acuerdo a la nueva regulación de honorarios y a la nueva imposición de costas, deviene abstracto el tratamiento de los recursos de apelación formulados por las partes y por el experto contable.

VII.- Por los trabajos de alzada, propicio que se regulen honorarios a la representación letrada de la parte actora y de la demandada, en el 35% y el 25% respectivamente, de los determinados para la primera instancia (art. 14 del arancel de abogados y procuradores).

EL DOCTOR NÉSTOR MIGUEL RODRÍGUEZ BRUNENGO DIJO:

Por compartir sus fundamentos, adhiero al voto que antecede.

EL DOCTOR JUAN CARLOS EUGENIO MORANDO: No vota (art. 125 de la Ley 18.345 -modificada por ley 24.635-).

Por lo que resulta del acuerdo que precede, el Tribunal RESUELVE: 1) Revocar el fallo de primera instancia en todo cuanto ha sido materia de agravios, haciendo lugar a la demanda y condenando al P.A.M.I. (INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS) a abonarle a los actores SILVIA ESTER ADARO; MONICA VIVIANA AMENTA; MARGARITA SOFÍA ALTHABE; CLAUDIO ERNESTO PEREZ y CECILIO MITRE, las sumas resultantes de la liquidación a practicarse en la oportunidad del art. 132 de la Ley 18.345 -conforme considerando III). 2)Imponer las costas de ambas instancias a la parte demandada vencida. 3) Regular los honorarios a los profesionales -por los trabajos realizados en la instancia anterior- en el 17% (diecisiete por ciento), 14%( catorce por ciento) y 6% (seis por ciento) para la representación letrada de la parte actora, de la demandada y del perito contador respectivamente, porcentajes a calcularse sobre el monto definitivo de condena, con la inclusión de los intereses. 4) Fijar los emolumentos de esta instancia a favor de las representaciones y patrocinios letrados de las partes actora y demandada intervinientes en el 35% (treinta y cinco por ciento) y 25% (veinticinco por ciento) respectivamente de lo regulado a favor de cada una de ellas, por su actuación en la instancia anterior. ESTELA MILAGROS FERREIRÓS. NÉSTOR MIGUEL RODRÍGUEZ BRUNENGO.

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