marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Adicionales de remuneración, haber jubilatorio, aportes previsionales, carácter remuneratorio
Materia: LABORAL
Carátula: Insinger, Ernesto Ricardo y Otros c/ Caja de Jubilaciones, Retiros y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2010-08-11

Si bien el art. 27 del dec. ley 9538/1980 establece la exigencia de los aportes previsionales para los suplementos que tengan carácter regular, habitual y permanente, la falta de aportes sobre el suplemento no puede ser imputable al agente retirado, sino que trasunta más bien en una defectuosa técnica legislativa del decreto de su creación al exceptuar de aportes a un suplemento que detentaba referidas calidades.
Caducidad de instancia, segunda instancia, elevación en apelación, demora en la elevación de los autos
Materia: PROCESAL
Carátula: RIAL, MARIA E Y OTRA c/ DURAN, JESUS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-29

Si bien es cierto que es el apelante a quien compete mantener vivo el proceso a fin de no perder su derecho y la instancia abierta con la concesión del recurso, no lo es menos que el art. 313 del C Procesal establece que en los supuestos en que la prosecución de los trámites depende de una actividad impuesta al órgano judicial, o a sus auxiliares, como es en el caso de la elevación de los autos a la cámara por parte del oficial primero, resulta improcedente la caducidad de la instancia.
Medidas cautelares, inhibición general de bienes, automotores, deberes del juez, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: DE LA PRECILLA Analía Verónica s/ Interdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-09-25

La interdicción a la libre disponibilidad del vehículo con arreglo a la ley 2044 constituye una verdadera medida cautelar. Tiene por objeto impedir cualquier transferencia del vehículo que participó en un accidente de tránsito mientras dure la interdicción.

A tal efecto, el artículo 1 creó el Registro de Interdicciones, asegurando la eficacia de una sentencia dictada en otro proceso que reconociera el derecho a la indemnización de daños por quien lo solicitó.

Ante la ley vigente, el juez debe sin más aplicarla, interpretándola como pieza del ordenamiento jurídico total. Si el hecho encuadra en la hipótesis normativa, el ejercicio de la función jurisdiccional no autoriza apartarse de la ley, sino en caso de inconstitucionalidad declarada.
Ahorro obligatorio, restitución de sumas de dinero, voluntad del legislador
Materia: PROCESAL - TRIBUTARIO
Carátula: ESSO S.A.P.A. c/ Estado Nacional y/o Dirección General Impositiva s/ JUICIOS DE CONOCIMIENTO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-14

La voluntad de reintegro integral, que ha sido la inequívoca intención del legislador -expresada originariamente durante el trámite parlamentario de la ley 23.256, y reafirmada luego a lo largo del debate de la ley 23.549-, es la que el Poder Judicial debe hacer cumplir en la especie.
Abandono de trabajo, carga de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Melo Manriquez, José. c/ El Escorial SA. s/ Abandono de Trabajo.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1985-03-18

Estando intimado, no basta repeler esa intimación requiriendo se le de trabajo, sino -por el juego procesal de la carga de la prueba- acreditar que efectivamente el argumento del abandono fue una falsedad y que en rigor se le negó la posibilidad de prestar servicios.
Cobertura, asegurador, denuncia del siniestro
Materia: COMERCIAL
Carátula: Trabadelo, Mariano Hugo c/ Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Limitada s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-09-14

Es que lo dispuesto por el art. 56 implica aceptar la veracidad de los hechos y de los daños invocados, pero no supone aceptar que deba el asegurador prestar cobertura a supuestos en los que ni siquiera existe un seguro válido. Máxime si la falsedad o reticencia cambia la configuración del elemento riesgo, pues el desequilibrio del contrato deviene inexorable y si el silencio mencionado por el art. 56 bastara para concluir otra cosa, se pondría a cargo del asegurador una obligación que nunca asumió, configurándose un supuesto de obligación sin causa fuente y un enriquecimiento indebido del asegurado.
Recurso de casación, cuestiones de hecho y prueba
Materia: CIVIL
Carátula: RAMOS ANTONIO c/ ANDRADE BLANCA s/ DESALOJO - BANEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS - CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-08-19

La mera discrepancia de criterio del recurrente o del tribunal de casación, con la solución del caso dado por el tribunal A quo, cuando éste se expresa dentro del marco de respeto a las reglas de la sana crítica, no es útil sustento que provoque a este tribunal a modificar lo sostenido.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Retención indebida, compraventa de automotores
Materia: PENAL
Carátula: BRUNO, JUAN s/ DEFRAUDACION. RETENCION INDEBIDA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-25

La figura del art. 173 inc. 2do del Cód. Penal se configura con la omisión de restituir la cosa recibida, no su sustituto, en el caso de autos el dinero, dado que el procesado no podía restituir la cosa -automóvil- porque se le había entregado la documentación necesaria para que lo vendiera. En consecuencia, la conducta atribuída al encausado, de no devolver el precio de la venta, es irrelevante para el derecho penal.
Prueba confesional, absolución de posiciones, asesor de menores
Materia: PROCESAL
Carátula: GARRIDO c/ OBRA SOCIAL PERS. IND. DEL CALZADO s/ DAÑOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-29

Asesor de Menores de que proceda a la apertura del sobre resulta procedente y no atenta contra la igualdad de las partes en el proceso, ya que dicho funcionario actúa en los términos del art. 59 del Código Civil, ejerciendo funciones de asistencia y contralor del trámite del procedimiento. Además, no existe en el sistema procesal disposición alguna que limite temporalmente la apertura del pliego de posiciones, incorporado definitivamente al proceso en virtud del principio de asunción.
Procedimiento administrativo, recursos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Fucchansky, Aniceto c/ Caja de Previsión y Seg.Médico s/ Demanda contencioso administrativa.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-04-14

La reapertura del procedimiento dispuesta por la autoridad administrativa importa para el interesado una nueva posibilidad impugnatoria autorizada legalmente, por lo que el fundamento de la demandada acerca del consentimiento de los actos originarios no es elemento determinante para obstaculizar la procedencia de la demanda judicial. No obstante, la demanda debe ser desestimada a la luz de la doctrina mayoritaria del Tribunal que impone la deducción del recurso de revocatoria que contemplan los artículos 24 de la Ley 6742 y 86 y 87 de la ley 7647 contra el acto administrativo dictado merced a la solicitud de reapertura del procedimiento. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Contratos, cesión de créditos, efectos entre partes, cedente, concursado, improcedencia del recurso, competencia
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Policrédito Coop. Ltda. de Crédito y Vivienda  c/ Yamaha Motor Argentina SA y otros  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-07

Procede revocar la resolución que hizo lugar a la demanda por cobro de cierta suma de dinero, con base en que cierta sociedad había cedido al actor las dos facturas aquí reclamadas y que esa cesión había sido realizada en garantía de cierto préstamo dinerario que la actora había concedido a la cedente. Fuera de controversia se encuentra que la actora es cesionaria de ese crédito que tenía aquella sociedad en contra de la demandada, según transferencia que se produjo mientras tramitaba el concurso preventivo de la cedente y que esa cesión se produjo sin que se hubiera obtenido la autorización del juez que entendía -y lo sigue haciendo- en ese concurso; y también contestes se encuentran las contendientes en cuanto a que la cesión en cuestión fue efectuada "en garantía". Es verdad que, como fue señalado por el juez de primera instancia, solo el juez concursal puede pronunciar la ineficacia de los actos realizados en infracción a las normas concursales. No obstante, esto no significa que los terceros puedan ignorar ese régimen concursal o soslayarlo, como lo exhibe la evidencia de que tal régimen también es aplicable a su respecto y de él resultan actos que, en su caso, pueden ser ineficaces. Esto sucede así iuris et de iure, de modo que ningún tercero podría invocar el desconocimiento del juicio concursal a efectos de sortear las consecuencias que se derivan de la infracción a esas normas, de todo lo cual se extrae, en lo que aquí interesa, que la demandada apelante tiene razón. Es decir: el juez del concurso no se pronunció sobre la operación de marras porque nadie se lo pidió, pero de esto no se deriva que la demandada, que es quien debe pagar en función de esa operación no autorizada, no pueda invocar la aludida infracción a las normas concursales, pues, de lo contrario, se la estaría obligando a consumar un acto que, en su caso, quedaría expuesto a ser declarado ineficaz. Ella también está, por lo menos, asumiendo el riesgo de que el pago que se le está exigiendo sea considerado ineficaz frente al concurso; lo cual podría suceder si, en su caso, el juez de ese juicio colectivo así lo considerara con sustento en que fue realizado a un sujeto que, como la actora, deriva su derecho de una operación no autorizada pese a que hubiera debido serlo. Como se dijo, está fuera de cuestión que la deudora original transfirió esos créditos "en garantía", constituyendo sobre ellos un gravamen para cuya eficacia hubiera debido, al menos en principio, haberse obtenido la aludida autorización (LCQ 16).
Informe ambiental, declaración del imputado, defensa en juicio
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: MODERC, Constanza.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-30

Las afirmaciones de la imputada obtenidas durante la confección del informe socio-ambiental resultan autoincriminantes y violan el derecho de defensa, ya que el mismo guarda relación directa con el objeto procesal investigado.
Medidas cautelares, inhibición general de bienes
Materia: PROCESAL
Carátula: FISCO NACIONAL - AFIP c/ M3 CONSTRUCCIONES S. A. S s/ EMBARGO PREVENTIVO - INCIDENTE
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-04-19

La inhibición general de bienes es una medida precautoria que solo procede como consecuencia de la falta de conocimiento de bienes del deudor para su embargo o de la insuficiencia de los conocidos. Corresponde hacer lugar al recurso interpuesto y revocar la providencia apelada ya que el ejecutante no cumplió con el requisito de aportar tal información.
Factura, títulos ejecutivos
Materia: PROCESAL
Carátula: MUTUAL DEL PERSONAL DE A. Y E.E. c/ CARLOS AUBONE s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-03-14

La actora pretende conferir fuerza ejecutiva a la factura acompañada mediante una solicitud de afiliación del demandado a la mutual del personal de agua y energía eléctrica, ello resulta inadmisible, porque en consideración a que el título ejecutivo debe bastarse a sí mismo, y en razón de la finalidad de los juicios compulsorios, quedan fuera de toda ponderación los aspectos fácticos que generaron el instrumento ejecutado.

El estado de cuenta no suscripto por el presunto obligado no reúne los presupuestos del título ejecutivo, pues le falta la condición esencial de la firma. La simple verificación de la factura acompañada por la mutual, surge que la misma carece de firma, ello nos lleva a concluir, que el título con el que se pretende la ejecución es inhábil por carecer de uno de sus elementos esenciales.

Y que no puede suplirse con la previa preparación de la vía ejecutiva.

No siendo la presente vía idónea para entrar al tratamiento de la documental presentada, requiriendo de un proceso de conocimiento a fin de obtener la declaración de certeza acerca de la existencia del crédito, corresponde estimar fundada la queja del apelante y
Honorarios del abogado, abogados, BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Sánchez Pasquet, José Alberto c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-04-27

En el régimen del Banco de la Provincia de Buenos Aires no se trata de una disposición estatutaria específica sino de una regulación que alcanza, por su generalidad, a todos los profesionales en relación de dependencia de la institución.

La pretensión actora se sustenta de tal modo en una interpretación interesada de la noción conceptual expuesta, sino también por elementales principios de equidad que impiden establecer distinciones contrarias al principio de igualdad en supuestos que, por su naturaleza jurídica, no difieren (art. 11, Const. prov. y su doctr.).
Locación, rescisión del contrato
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Dieguez, Enrique y otros c/ Esteban, Adolfo s/ Consignación de alquileres Esteban, Adolfo c/ Dieguez, Enrique Horacio s/ Resolución de contrato - Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-07-10|1991-07-10

Tratándose de una obligación de hacer incumplida, el locador puede recurrir a lo normado por el artº 630 del Código Civil sin necesidad de provocar la fractura de todo el contrato, solución ésta que, en lo específicamente legislado para la locación aparece como la última "ratio", debiendo interpretarse lo normado por el artº 1604 inc. 7º CCI, en armonía con las demás disposiciones.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, injurias, tipo penal, libertad de expresión
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: C., A. D. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -INJURIAS  REITERADAS EN CONCURSO REAL (EXPTE.: C.S.J. NRO. 234 AÑO 2006)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2007-08-08

Corresponde rechazar la queja desde que las querellantes no han demostrado que las apreciaciones de la Cámara -al haber desechado en el caso la existencia de delito penal consecuencia de abuso producido mediante el ejercicio de la libertad de expresión del querellado- resulten ilógicas o irracionales al considerar que los hechos acreditados resultaban insuficientes para sustentar una condena penal por el delito de injurias, lo cual no excluye -dicho ello a mayor abundamiento y teniendo en cuenta las razones en las que se basó la absolución- que en su caso pudieren ameritar responsabilidad civil por los perjuicios que consideren las querellantes pudieren haberles ocasionado los dichos de quien fuera querellado, pues si bien el más amplio ejercicio de la libertad de expresión e información debe ser reconocido, ello no excluiría la responsabilidad por abusos que pudiesen haberse cometido.
Apreciación de la prueba, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo, falta de cita legal
Materia: PENAL
Carátula: Cuevas, Roberto Martín s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-12-16

Cuando un proveimiento jurisdiccional cae en el "absurdo" incumple las reglas de la sana crítica o de lógica, y no siendo éstas preceptos jurídicos -y por ende tampoco normas procesales aunque estén referidas en los Códigos de enjuiciamiento- exigirle al recurrente la cita de un dispositivo legal, implica un exceso ritual que afecta el acceso a la justicia (arts. 18, Const. nac.; 25, Const. prov., y 8 Pacto San José de Costa Rica). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Constitución Nacional, interpretación de la constitución
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MARWICK S.A. c/ PROVINCIA DE MISIONES s/ IMPUESTO- REPETICION.    FACULTADES IMPOSITIVAS DE LA NACION Y PROVINCIAS.    COMERCIO INTERPROVINCIAL- CONSTITUCION NACIONAL.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-02

La interpretación constitucional ha de tender al desenvolvimiento armonioso de las autoridades federales y locales, y no al choque y oposición de ellas.
Proceso contravencional, medidas cautelares
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: N. N. s/ artículo 72
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-07-19

Las medidas cautelares previstas en la Ley de Procedimiento Contravencional, sólo pueden disponerse con carácter excepcional, siendo de interpretación restrictiva, deben ser graduales, ordenadas por el juez, de carácter provisional y sometidas a controles jurídicos. (Del voto del Dr. Lucangioli (ampliación de fundamentos)
Jurisdicción y competencia, cuestiones de competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Michanie, Edgardo David c/ Ruta Cooperativa Argentina de Seguros s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-24

Es facultad de la Corte otorgar el conocimiento de las causas a los jueces realmente competentes para entender en ellas, aunque no hubiesen sido parte en la contienda.
Abuso de armas, amenazas, delito penal
Materia: PENAL
Carátula: C., M. V. s/ Abuso de armas(Expte Nº  127-93, Resolucion Nº  67, Tomo 1, Folio  496)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-11-24

En el encañonamiento con una escopeta y producción de un disparo, debe considerarse si estuvo dirigido intencionalmente contra personas o personas, requisito para la consumación del delito de disparo de arma de fuego. Si el hecho fue intencional y dirigido a intimidar, configura el delito de amenazas con armas. La exhibición de un arma tiene idoneidad para amedrentar a otras personas, y sabido es que dentro de la tipicidad penal del delito de amenazas, la agravante por el uso del arma se da con independencia del uso efectivo de la misma en su capacidad agresora, bastando que se le emplee como reforzante de la intimidación pretendida.
Abogados, sanciones disciplinarias
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cañete Santos, Martín c/ Pereira, Francisca Eleodora s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-04-27

Los litigantes que usan defensas o ataques únicamente como medios de obstaculizar, retardar e introducir articulaciones manifiestamente improcedentes, mañosas, con el evidente propósito de dilatar el desarrollo del juicio para evitar el cumplimiento de lo debido, evidencian una conducta reñida con elementales deberes de lealtad, probidad y buena fe, que resultan pasibles de sanción procesal.

Trasvasando dichas premisas al "sub examine" se echa de ver que la actitud asumida por la parte demandada por intermedio de su letrada apoderada corresponde encuadrarla en los supuestos antes descriptos por que no puede ser entendida de otra manera, habida cuenta que, resultó falsa la afirmación efectuada al articularse el incidente nulitivo respecto a la fecha en que habría tomado conocimiento de la existencia de estas actuaciones, bastardeando así el postulado de buena fe y lealtad procesal, provocando un desgaste injustificado de la administración de justicia y obstaculizando el cumplimiento del fallo (arts. 34 incs. 5, ap. "d" y 6, 35 inc.3, 45, 163 inc. 8, 549, del CPCC).
Obstrucción de la vía pública, bien jurídico protegido, lesividad, contravención de peligro
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: T, O. H. s/ Artículo 41
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-01-10

Esta Cámara sostiene de manera reiterada, que el bien jurídico protegido por el artículo 41 del Código Contravencional, no es otro que el libre ejercicio del derecho a circular que posee todo habitante, derecho de raíz constitucional, y que además, tiene su fundamento en lo expresamente dispuesto por el artículo 1ro. del Código Contravencional, configurando el impedimento u obstrucción de la vía pública un tipo contravencional de peligro concreto y no de resultado, teniendo en cuenta la lesividad que se requiere en la materia. (Del voto de los Dres. Dessanti y Lucangioli)
Recurso extraordinario, concesión parcial del recurso, daños y perjuicios, despido, reincorporación, estabilidad del empleado público, carrera administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO-LABORAL
Carátula: Iribarne, Rodolfo Antonio c/ Estado Nacional (Honorable Senado de la Nación)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-22

Cabe admitir el remedio federal deducido contra la sentencia que rechazó la demanda mediante la cual el actor pretendía que se declarara nulo el acto de baja, se lo reicorporara al cargo y se le indemnizaran los daños y perjuicios, sólo en lo que atañe al rechazo del resarcimiento de los perjuicios originados en el cese- pues las circunstancias fueron aptas para generar en el actor una legítima expectativa de permanencia laboral que merece la protección que el art. 14 bis de la C.N otorga al trabajador contra el despido arbitrario-, y rechazarlo en tanto procura la reincorporación, por ser aplicables al respecto y por analogía las razones dadas en el precedente "Ramos" (Fallos:333:311), en el sentido de que si se atribuyera estabilidad a quien no ha sido incorporado con los requisitos y medios de selección previstos para el ingreso a la carrera administrativa, no sólo se estaría trastocando el régimen previsto por la ley 25.164, sino que también se estaría alterando el monto autorizado por el legislador, en forma diferenciada, para financiar gastos correspondientes a personal contratado y personal permanente.
Acción de amparo, aportes a obras sociales
Materia: CONSTITUCIONAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: S., A. B.  c/ O.S.D.E. y Otro s/ Amparo de Salud
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-10-05

En consecuencia, y con el objeto de que los aportes por obra social efectuados por la actora jubilada no sean derivados al PAMI, se deberá oficiar a la ANSES para que proceda a realizar la transferencia correspondiente -dentro de los 15 días corridos posteriores a cada mes vencido- y a la Superintendencia de Servicios de Salud, a fin de que tome nota de lo resuelto.
Poder Legislativo, subsidio estatal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GCBA s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: R.Z.B. c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA).
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-03-31

No se discute que el otorgamiento de subsidios debe ser instrumentado por medio de actos administrativos dirigido a los destinatarios del beneficio, pero ello no significa que esa competencia no deba ser ejercida en el marco de reglas preestablecidas de distribución de los recursos afectados, en el caso, a la satisfacción del derecho del art. 31 de la CCBA; competencia, esta sí, típicamente legislativa (Voto de los Sres. Jueces Ana María Conde y Luis F. Lozano. En sentido concordante ver voto del Sr. Juez José O. Casás).