Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-28


Causa Nº 35130-01-CC/2006 caratulada: "Incidente de apelación en autos 'P, A. o R, R. I. s/infr. art. 189 bis CP". Sala II.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 28 días del mes marzo de 2007, se reúnen en acuerdo los integrantes de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Pablo Bacigalupo, Marcela De Langhe y Fernando Bosch, para resolver la presente causa.

Y VISTOS:

Contra la resolución de fs. 59/61 dictada por la Sra. Juez a cargo del Juzgado Contravencional Nº 29, María Araceli Martínez, en la que deniega el pedido de prisión preventiva que fuera solicitado por la aquí recurrente y ordena la inmediata libertad respecto de R. I. R., el representante del Ministerio Público Fiscal interpone recurso de apelación impetrando se revoque dicho auto, se dicte pronunciamiento ajustado a derecho y la consecuente orden de captura tendiente a hacerlo efectivo (conf. fs. 101/104).

La "A quo" sustentó su decisorio sobre la base de que en la especie "...si bien de la planilla prontuarial de fs. 33 surgen algunos procesos penales iniciados contra el imputado, de los cuales algunos podrían estar actualmente en trámite, se trata de un informe sumamente incompleto que no da cuenta cierta de ningún antecedente condenatorio concreto que (le) dé la pauta objetiva necesaria para inferir que, de recaer condena en la presente causa, la misma sería de cumplimiento efectivo. Siendo así, toda vez que la amenaza de prisión efectiva es baja, el peligro de fuga resulta 'prima facie' poco probable e infundado" (fs. 60 vta.).

Y que: "..con relación a la reticencia manifestada por el encartado al momento de su detención por dar un nombre falso y un domicilio que no se pudo constatar, cabe tener en cuenta el grado de inestabilidad psíquica que el mismo presentaba en aquel momento, del cual da acabada cuenta el informe del médico legista obrante a fs. 22, del cual surge claramente que el mismo se encontraba presumiblemente bajo la influencia de psicofármacos. De esta manera, de aquella conducta no se puede inferir claramente que Ríos vaya a eludir el accionar de la justicia aumentando objetivamente su peligro de fuga. Por el contrario, al momento de prestar declaración frente al Fiscal y su Defensor, no tuvo ningún reparo de dar su verdadero nombre y proporcionar su domicilio real, el cual fue debidamente constatado por el personal policial..." (conf. fs. 60 vta. "in fine"/61).

En su orden, el impugnante luego de enunciar en su presentación las circunstancias objetivas que en su entendimiento darían pábulo al riesgo que se intenta evitar, sostuvo que "si bien de todas las causas que tramitaron contra R, sólo en la que tramitó ante el Tribunal Oral Criminal nº 10 recayó sentencia condenatoria, no debe pasarse por alto al momento de valorarse el peligro de fuga, que prácticamente en todas ellas reveló una inapropiada y reticente conducta procesal, provocando que se libren órdenes de paradero en su contra o bien de captura, con la consecuente declaración de rebeldía, entorpeciendo de esta manera en forma ostensible el normal desenvolvimiento de dichas investigaciones" (fs. 103 vta.).

Escuchado el Sr. Fiscal de Cámara, en su dictamen obrante a fs. 114/117, rebate en primer término el argumento defensista en lo que refiere a la declaración de extemporaneidad del remedio interpuesto, haciendo suyas, en lo sustancial, las consideraciones vertidas por el Unrein. En virtud de ello, sostiene que corresponde revocar la resolución en crisis, decretar el encarcelamiento preventivo del encausado y proceder al apartamiento de la Sra. Jueza de Grado por "imparcialidad" (conf. fs. 117).

A fs. 120/126 la defensa técnica del imputado contesta los lineamientos de la fiscalía -según el art. 61 inc. 2° ley 1287- y reedita los fundamentos vertidos durante el trámite del legajo.

Cumplidos los pasos y plazos procesales de rigor se encuentran las actuaciones en estado de ser resueltas.

CONSIDERANDO:

El recurso impetrado por el Sr. Fiscal contra el auto de fs. 59/61 de esta incidencia ha sido deducido, a contrario de lo que sostiene la defensa, tempestivamente -conforme expone el Ministerio Público Fiscal y a cuyos dichos nos remitimos en honor a la brevedad por tratarse, además, de una cuestión ya zanjada (ver fs. 109/110)-; ante quien dictó la resolución impugnada, por escrito fundado y por quien se halla legitimado para hacerlo (art. 57, inc. 5, ley 12 según la Nº 1287).

Asimismo, si bien el pronunciamiento que se ataca no configura una sentencia definitiva en los términos del art. 50 de la ley 12, resulta procedente su Causa Nº 35130-01-CC/2006. Sala II.

admisibilidad atento el gravamen irreparable que causa al recurrente (art. 449 C.P.P.N de aplicación supletoria conf. art. 6 ley 12).

Sentado lo anterior, se impone revisar entonces la decisión de la Magistrada de grado, a la luz de las críticas efectuadas por el representante del Ministerio Fiscal, y en tal inteligencia se habrá de establecer si las circunstancias del caso han sido correctamente meritadas, en el sentido de que no se encuentra probada en forma objetiva la existencia de un peligro de fuga que permita presuponer que el imputado intentará evadir el accionar de la justicia; o si, por el contrario, hay elementos concretos que adminten presumir el riesgo procesal aludido.

Corresponde en este punto adentrarnos primeramente en ciertas consideraciones de carácter general. En este sentido cabe recordar que la prisión preventiva procede cuando al delito investigado le corresponda pena privativa de la libertad y se advierta peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación (art. 57, inc. 3, ley 1287). Como parámetro objetivo de exégesis para la determinación de esos riesgos procesales, el Juzgador deberá valorar, entre otros aspectos, las circunstancias del hecho, las condiciones personales del autor, el monto de la pena a imponer, etc, por las cuales se pudiere presumir fundadamente la posibilidad cierta de aquél.

Acreditados estos supuestos, la aplicación del instituto queda legitimada y en forma alguna se contrapone al "principio de inocencia" toda vez que en nuestro ordenamiento, el encarcelamiento preventivo está previsto como medida cautelar con exclusivo fin procesal, desechándose los argumentos que equiparan a la prisión preventiva con la pena. "Este principio -(de) inocencia-aparece hoy universalmente reconocido y si bien desde siempre, ha sido un esfuerzo permanente el tratar de armonizar este dogma con el encarcelamiento preventivo, tal "compatibilidad" hoy viene reconocida normativamente por las disposiciones del Derecho Internacional de Derechos Humanos (en tanto admiten la coexistencia de ambos). Si además reparamos que los Pactos están integrados a la Constitución Nacional (art. 75, inc. 22), la conclusión es que la prisión preventiva no es en sí misma inconstitucional y tal es la respuesta que cabe dar a quienes así la consideran. Así las cosas, si conforme a estas disposiciones de validez incuestionable, el principio de inocencia no logra excluir y neutralizar la aplicación de la prisión preventiva; por lo menos debe actuar como regla de interpretación limitativa en la imposición de ésta." (Solimine, Marcelo A, "La interpretación de las normas excarcelatorias del Código Procesal Penal de la Nación. La polémica desatada por fallos antitéticos", La Ley 15/09/2004,1.").

Sentado ello, deberán verificarse en el caso los extremos que legitiman la aplicación del instituto, esto es: 1º la incorporación de suficientes elementos de prueba que permitan afirmar la existencia de un delito y la participación en él del imputado (requisito fumus boni iuris -art. 57, inc. 3, incisos "a" y "b" ley 1287) y 2º la presencia de riesgo procesal de fuga o de entorpecimiento (requisito periculum in mora), circunstancia que implica afirmar el carácter instrumental de las medidas de coerción.

El primer tópico no fue objeto de controversia, teniendo la Sra. Juez de grado por probado en su decisorio -con el grado de convicción que es necesario en esta etapa del proceso- el hecho imputado y la comisión del mismo por parte de R. I. R, cuya confesión, además, recogió. Asimismo, ha sido acreditada la aptitud de disparo del arma incautada, según se desprende de las constancias probatorias adunadas a las actuaciones (conf. informe técnico de fs. 8 y pericia balística de fs. 88/89).

En otro orden de ideas y en punto al riesgo procesal aludido, entendemos que existen en autos indicadores objetivos del mismo.

Así en virtud de la compulsa realizada, se valoró la totalidad de las causas iniciadas contra el encausado, cuyo factor común, en la mayoría de ellas, ha sido su solicitud de paradero y comparendo, encontrándose vigente -a la fecha en que la Jueza de grado denegara el encarcelamiento preventivo- una búsqueda de este tipo proveniente de la Fiscalía Nacional Criminal de Instrucción nº 34 (conf. fs. 25/32 y 33 respectivamente).

Se meritó además, el informe de certificación de causas registradas por el imputado, cuya diligencia fuera practicada por la Fiscalía interviniente con fecha 3 de enero de 2007 -fs. 72/vta., es decir con posterioridad al pronunciamiento denegatorio de la Magistrada, del cual puede advertirse que en dos oportunidades se había dictado la rebeldía de Ríos, sin perjuicio de ser luego dejadas sin efecto tras ser éste habido (ver en este sentido la información correspondiente al Juzgado Nacional de Menores nº 1, Secretaría nº 2, y al Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción nº 6, Secretaría nº 118, en fs. cit.).

Causa Nº 35130-01-CC/2006. Sala II.

Por su parte, tal como lo hiciera al momento de ser detenido en el marco de las presentes actuaciones, el encartado habría dado en variadas ocasiones nombres distintos a fin de impedir, en definitiva, ser debidamente identificado. Ello se desprende del informe elaborado por el Registro Nacional de Reincidencia obrante a fs. 18 -donde puede leerse "M. A. P. ó O. I. V."-; lo que provocó incluso, a raíz de esta falsa identidad suministrada por el encausado, que dicho organismo comunicara erróneamente a la Sra. Jueza de Grado sobre la falta de antecedentes del mismo (ver fs. cit.).

La circunstancia apuntada surge también del extracto referenciado por la comisaría Nº 14 donde además de referenciar algunos procesos en trámite, señala al investigado bajo los nombres de "M. A. P. o R. I. R. o J. J. V." (ver fs. 33).

Aunado a ello, debe justipreciarse el domicilio apócrifo proporcionado por Ríos en instancias de ser detenido por el personal policial (conf. acta de fs. 1), cuya inexactitud fue corroborada con la diligencia de constatación glosada a fs. 16 y con la constancia de consulta al juzgado interviniente de fs. 19.

Hasta aquí, las circunstancias ilustradas, conforme lo asevera el Unrein en su libelo impugnaticio, revelan el constante actuar reticente de R. R, a comparecer ante los llamados de la justicia como asimismo a ser fehacientemente individualizado y localizado, conducta que se ha repetido no sólo en casos anteriores sino también en la tramitación del presente legajo -conf. se expusiera precedentemente-, y que no hacen más que evidenciar un presumible y fundado riesgo de fuga.

Así se ha dicho: "...en cuanto a la imposición de la prisión preventiva postulada por el impugnante, el tribunal considera que ella resulta procedente en los términos del art. 312 del CPPN., por las consideraciones que a continuación se detallan. En el primer término habrá de señalarse que de recaer condena respecto de Cabrera Huacof, ella debería ser de cumplimiento efectivo, toda vez que con fecha 30/112000 se dictó sentencia condenatoria respecto del nombrado por el delito de tenencia simple de estupefacientes, a la pena de un año y un mes de prisión y de cumplimiento en suspenso. Se suma a ello que con fecha 28/4/2003 se la dictó sentencia condenatoria de cumplimiento efectivo por un hecho del 21/2/2001 (posterior al que se analiza en autos y que se encuadró en las previsiones del art. 14, párr. 1º de la ley 23737), en la cual se unificaron la pena correspondiente a éste - un año de prisión - y la mencionada en el párr. precedente (ver fs. 141/2, causa en la que interviniera esta sala bajo el 18.623, resuelta el 21/3/2002, reg. 19.574). Por otro lado y desde la óptica de lo preceptuado por el art. 319 del código de rito cabe señalar que, conforme surge de rito cabe señalar que, conforme surge de las constancias aportadas a estas actuaciones (ver fs. 110/210 del principal), con posterioridad al delito que aquí se investiga, Cabrera Huacof fue vinculado con otros ilícitos entre los cuales es posible identificar el proceso, aún en trámite y en el que se encuentra detenido, que se le sigue por el delito de estafa ante el Juzg. Crim. Instr. n. 30, el cual está registrado bajo el n. 62.699/03 y fue iniciado con fecha 5/10/2003. A ello debe agregarse las diferentes identidades que el encausado aportó como propias en los distintos procedimientos policiales de que dan cuenta las constancias de fs. 110/72, resultando igualmente relevantes a los fines mencionados las dos declaraciones de rebeldía que pesaron sobre el encausado en el transcurso de estas actuaciones (ver fs. 69 y fs. 105). Lo hasta aquí expuesto hace presumir que, de quedar en libertad en la causa en que está detenido, Cabrera Huacof intentará eludir la acción de la just icia, por lo que corresponde que en estos actuados se dicte prisión preventiva".

En este aspecto, la Magistrada minimizó los hechos descriptos en el entendimiento de que, conforme plasmara en su decisorio: "...cabe tener en cuenta el grado de inestabilidad psíquica que el mismo presentaba en aquel momento, del cual da acabada cuenta el informe del médico legista obrante a fs. 22, del cual surge claramente que el mismo se encontraba presumiblemente bajo la influencia de psicofármacos. De esta manera, de aquella conducta no se puede inferir claramente que R, vaya a eludir el accionar de la justicia aumentando objetivamente su peligro de fuga. Por el contrario, al momento de prestar declaración frente al Fiscal y su Defensor, no tuvo ningún reparo de dar su verdadero nombre y proporcionar su domicilio real, el cual fue debidamente constatado por el personal policial, tal como surge del informe actuarial de fs. 58" (fs. 60 vta./61).

Entendemos que la valoración efectuada en este sentido se desvanece a poco que se repare que conforme expresamente se suscribiera en el informe médico de fs. 22 -reseñado por la a quo-, en dichas circunstancias R. R, tenía "conciencia de situación y lugar", por lo que difícilmente puede sostenerse que la mendacidad de sus dichos respondió a su estado psicofísico, máxime cuando de las constancias del legajo anteriormente apuntadas se advierte que el Causa Nº 35130-01-CC/2006. Sala II.

despliegue de este tipo de falacias fue reiterado por Ríos en diversas oportunidades.

La construcción aquí esbozada se sustenta aún más si se tiene en cuenta que de la lectura de la declaración prestada por el imputado a tenor del art. 41 del C.C -conf. fs. 40/41-, se trasluce que éste pudo describir claramente los pormenores del día en que sucediera el hecho investigado, la forma en que se practicaron los distintos actos con motivo de aquél, brindando incluso una descripción detallada de algunas particularidades como la búsqueda de los testigos y las características externas de éstos. En este sentido, resulta frágil laaseveración de que "no pudo brindar datos tan básicos como su domicilio o nombre por encontrarse bajo el efecto de estupefacientes" y sí en cambio poseer una lucidez suficiente para percibir los extremos precedentemente enunciados y reproducirlos al realizar su descargo.

A su turno, y a la fecha, pierde relevancia la circunstancia de que luego aportara ante el Ministerio Fiscal y su Defensa, su identidad real y lugar de residencia, toda vez que, según surge del informe socio ambiental realizado el día 18 de enero del corriente año -fs. 99-, el imputado ya no viviría allí, sino que se habría mudado, sin conocerse su actual paradero.

Aunado a los parámetros enunciados, debe agregarse la condena a seis meses de prisión en suspenso que le fuera impuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal nº 10 con fecha 14/9/04, conforme se desprende de la certificación de causas glosada a fs. 72/vta. realizada el día 3 de enero de 2007 -es decir luego de dictado el decisorio de la Sra. Jueza interviniente-; y cuya copia de fundamentos condenatorios obra a fs. 143/145. Este nuevo presupuesto se erige en un impedimento insalvable a la hora de evaluar la temática tratada, toda vez que su existencia imposibilita que una potencial nueva condenación resulte suspensiva . En efecto, y ante esta circunstancia, el hecho de que la sanción que eventualmente recaiga en este proceso deberá ser de cumplimiento efectivo, constituye una pauta objetiva que autoriza a presumir fundadamente que ante el caso de encontrarse en libertad el encausado difícilmente luego se someta en forma voluntaria a una decisión jurisdiccional que importe su encierro.

Finalmente, ha de tenerse en cuenta también la excarcelación que usufructuara R. -según surge de la certificación citada-, dispuesta con fecha 28/7/04 por el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción nº 6, Secretaría nº 118 en el expediente nº 64.397/03 -originario del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción nº 14, Secretaría nº 143- por el delito de robo en grado de tentativa, elemento que normativamente, a contrario sensu y conforme lo estipula el art. 319 del CPPN según art. 6 ley 12, resulta obstativo a fin de acceder a un beneficio excarcelatorio o de exención de prisión ulterior, por encontrarse habilitada la presunción contenida en la última parte de dicha norma.

De este modo, en el caso sub examine, la cantidad de legajos iniciados que registra R. R. , la falsa identidad suministrada reiteradamente, su falta de arraigo, la excarcelación que le fuera otorgada, y en definitiva, el antecedente condenatorio verificado, constituyen indicios suficientes que permiten inferir el riesgo procesal aludido, por lo que se impone revocar el auto puesto en crisis y ordenar la inmediata detención del imputado en función del aseguramiento de la realización del proceso y del eventual cumplimiento de pena .

En otro orden de ideas, y respecto a la solicitud de apartamiento de la Sra. Jueza interviniente incoada por el Walter Fernández en su presentación creemos que no se vislumbra el grado de parcialidad endilgado sino tan solo una opinión encontrada respecto de la valoración efectuada por la Sra. Jueza en relación a las constancias de la causa, por lo que la pretensión no habrá de prosperar.

Por todo lo expuesto y concluido el Acuerdo pertinente, el Tribunal, RESUELVE:

I- REVOCAR el pronunciamiento obrante a fs. 59/61 del presente legajo en cuanto RECHAZA LA PRISION PREVENTIVA solicitada por el Cotitular de la Fiscalía de Primera Instancia en lo Contravencional y de Faltas Nº 9, Gabriel E. Unrein, y consecuentemente, ORDENA LA INMEDIATA LIBERTAD de R. I. R,(puntos dispositivos I y II).

Causa Nº 35130-01-CC/2006. Sala II.

II- DISPONER LA INMEDIATA DETENCION de R. I. R, encomendando a la Magistrada practicar las diligencias pertinentes a tal fin.

Tómese razón, notifíquese por nota al Sr. Fiscal de Cámara y oportunamente devuélvanse las presentes actuaciones a primera instancia, quien deberá practicar las notificaciones correspondientes. Sirva lo proveído de muy atenta nota de remisión.

Fdo: Fernando Bosch, Pablo A. Bacigalupo, Marcela De Langhe. Jueces de Cámara.

Ante mí: Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara.

Causa Nº 35130-01-CC/2006 caratulada: "Incidente de apelación en autos 'P, A. o R, R. I. s/infr. art. 189 bis CP". Sala II.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 28 días del mes marzo de 2007, se reúnen en acuerdo los integrantes de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Pablo Bacigalupo, Marcela De Langhe y Fernando Bosch, para resolver la presente causa.

Y VISTOS:

Contra la resolución de fs. 59/61 dictada por la Sra. Juez a cargo del Juzgado Contravencional Nº 29, María Araceli Martínez, en la que deniega el pedido de prisión preventiva que fuera solicitado por la aquí recurrente y ordena la inmediata libertad respecto de R. I. R., el representante del Ministerio Público Fiscal interpone recurso de apelación impetrando se revoque dicho auto, se dicte pronunciamiento ajustado a derecho y la consecuente orden de captura tendiente a hacerlo efectivo (conf. fs. 101/104).

La "A quo" sustentó su decisorio sobre la base de que en la especie "...si bien de la planilla prontuarial de fs. 33 surgen algunos procesos penales iniciados contra el imputado, de los cuales algunos podrían estar actualmente en trámite, se trata de un informe sumamente incompleto que no da cuenta cierta de ningún antecedente condenatorio concreto que (le) dé la pauta objetiva necesaria para inferir que, de recaer condena en la presente causa, la misma sería de cumplimiento efectivo. Siendo así, toda vez que la amenaza de prisión efectiva es baja, el peligro de fuga resulta 'prima facie' poco probable e infundado" (fs. 60 vta.).

Y que: "..con relación a la reticencia manifestada por el encartado al momento de su detención por dar un nombre falso y un domicilio que no se pudo constatar, cabe tener en cuenta el grado de inestabilidad psíquica que el mismo presentaba en aquel momento, del cual da acabada cuenta el informe del médico legista obrante a fs. 22, del cual surge claramente que el mismo se encontraba presumiblemente bajo la influencia de psicofármacos. De esta manera, de aquella conducta no se puede inferir claramente que Ríos vaya a eludir el accionar de la justicia aumentando objetivamente su peligro de fuga. Por el contrario, al momento de prestar declaración frente al Fiscal y su Defensor, no tuvo ningún reparo de dar su verdadero nombre y proporcionar su domicilio real, el cual fue debidamente constatado por el personal policial..." (conf. fs. 60 vta. "in fine"/61).

En su orden, el impugnante luego de enunciar en su presentación las circunstancias objetivas que en su entendimiento darían pábulo al riesgo que se intenta evitar, sostuvo que "si bien de todas las causas que tramitaron contra R, sólo en la que tramitó ante el Tribunal Oral Criminal nº 10 recayó sentencia condenatoria, no debe pasarse por alto al momento de valorarse el peligro de fuga, que prácticamente en todas ellas reveló una inapropiada y reticente conducta procesal, provocando que se libren órdenes de paradero en su contra o bien de captura, con la consecuente declaración de rebeldía, entorpeciendo de esta manera en forma ostensible el normal desenvolvimiento de dichas investigaciones" (fs. 103 vta.).

Escuchado el Sr. Fiscal de Cámara, en su dictamen obrante a fs. 114/117, rebate en primer término el argumento defensista en lo que refiere a la declaración de extemporaneidad del remedio interpuesto, haciendo suyas, en lo sustancial, las consideraciones vertidas por el Unrein. En virtud de ello, sostiene que corresponde revocar la resolución en crisis, decretar el encarcelamiento preventivo del encausado y proceder al apartamiento de la Sra. Jueza de Grado por "imparcialidad" (conf. fs. 117).

A fs. 120/126 la defensa técnica del imputado contesta los lineamientos de la fiscalía -según el art. 61 inc. 2° ley 1287- y reedita los fundamentos vertidos durante el trámite del legajo.

Cumplidos los pasos y plazos procesales de rigor se encuentran las actuaciones en estado de ser resueltas.

CONSIDERANDO:

El recurso impetrado por el Sr. Fiscal contra el auto de fs. 59/61 de esta incidencia ha sido deducido, a contrario de lo que sostiene la defensa, tempestivamente -conforme expone el Ministerio Público Fiscal y a cuyos dichos nos remitimos en honor a la brevedad por tratarse, además, de una cuestión ya zanjada (ver fs. 109/110)-; ante quien dictó la resolución impugnada, por escrito fundado y por quien se halla legitimado para hacerlo (art. 57, inc. 5, ley 12 según la Nº 1287).

Asimismo, si bien el pronunciamiento que se ataca no configura una sentencia definitiva en los términos del art. 50 de la ley 12, resulta procedente su Causa Nº 35130-01-CC/2006. Sala II.

admisibilidad atento el gravamen irreparable que causa al recurrente (art. 449 C.P.P.N de aplicación supletoria conf. art. 6 ley 12).

Sentado lo anterior, se impone revisar entonces la decisión de la Magistrada de grado, a la luz de las críticas efectuadas por el representante del Ministerio Fiscal, y en tal inteligencia se habrá de establecer si las circunstancias del caso han sido correctamente meritadas, en el sentido de que no se encuentra probada en forma objetiva la existencia de un peligro de fuga que permita presuponer que el imputado intentará evadir el accionar de la justicia; o si, por el contrario, hay elementos concretos que adminten presumir el riesgo procesal aludido.

Corresponde en este punto adentrarnos primeramente en ciertas consideraciones de carácter general. En este sentido cabe recordar que la prisión preventiva procede cuando al delito investigado le corresponda pena privativa de la libertad y se advierta peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación (art. 57, inc. 3, ley 1287). Como parámetro objetivo de exégesis para la determinación de esos riesgos procesales, el Juzgador deberá valorar, entre otros aspectos, las circunstancias del hecho, las condiciones personales del autor, el monto de la pena a imponer, etc, por las cuales se pudiere presumir fundadamente la posibilidad cierta de aquél.

Acreditados estos supuestos, la aplicación del instituto queda legitimada y en forma alguna se contrapone al "principio de inocencia" toda vez que en nuestro ordenamiento, el encarcelamiento preventivo está previsto como medida cautelar con exclusivo fin procesal, desechándose los argumentos que equiparan a la prisión preventiva con la pena. "Este principio -(de) inocencia-aparece hoy universalmente reconocido y si bien desde siempre, ha sido un esfuerzo permanente el tratar de armonizar este dogma con el encarcelamiento preventivo, tal "compatibilidad" hoy viene reconocida normativamente por las disposiciones del Derecho Internacional de Derechos Humanos (en tanto admiten la coexistencia de ambos). Si además reparamos que los Pactos están integrados a la Constitución Nacional (art. 75, inc. 22), la conclusión es que la prisión preventiva no es en sí misma inconstitucional y tal es la respuesta que cabe dar a quienes así la consideran. Así las cosas, si conforme a estas disposiciones de validez incuestionable, el principio de inocencia no logra excluir y neutralizar la aplicación de la prisión preventiva; por lo menos debe actuar como regla de interpretación limitativa en la imposición de ésta." (Solimine, Marcelo A, "La interpretación de las normas excarcelatorias del Código Procesal Penal de la Nación. La polémica desatada por fallos antitéticos", La Ley 15/09/2004,1.").

Sentado ello, deberán verificarse en el caso los extremos que legitiman la aplicación del instituto, esto es: 1º la incorporación de suficientes elementos de prueba que permitan afirmar la existencia de un delito y la participación en él del imputado (requisito fumus boni iuris -art. 57, inc. 3, incisos "a" y "b" ley 1287) y 2º la presencia de riesgo procesal de fuga o de entorpecimiento (requisito periculum in mora), circunstancia que implica afirmar el carácter instrumental de las medidas de coerción.

El primer tópico no fue objeto de controversia, teniendo la Sra. Juez de grado por probado en su decisorio -con el grado de convicción que es necesario en esta etapa del proceso- el hecho imputado y la comisión del mismo por parte de R. I. R, cuya confesión, además, recogió. Asimismo, ha sido acreditada la aptitud de disparo del arma incautada, según se desprende de las constancias probatorias adunadas a las actuaciones (conf. informe técnico de fs. 8 y pericia balística de fs. 88/89).

En otro orden de ideas y en punto al riesgo procesal aludido, entendemos que existen en autos indicadores objetivos del mismo.

Así en virtud de la compulsa realizada, se valoró la totalidad de las causas iniciadas contra el encausado, cuyo factor común, en la mayoría de ellas, ha sido su solicitud de paradero y comparendo, encontrándose vigente -a la fecha en que la Jueza de grado denegara el encarcelamiento preventivo- una búsqueda de este tipo proveniente de la Fiscalía Nacional Criminal de Instrucción nº 34 (conf. fs. 25/32 y 33 respectivamente).

Se meritó además, el informe de certificación de causas registradas por el imputado, cuya diligencia fuera practicada por la Fiscalía interviniente con fecha 3 de enero de 2007 -fs. 72/vta., es decir con posterioridad al pronunciamiento denegatorio de la Magistrada, del cual puede advertirse que en dos oportunidades se había dictado la rebeldía de Ríos, sin perjuicio de ser luego dejadas sin efecto tras ser éste habido (ver en este sentido la información correspondiente al Juzgado Nacional de Menores nº 1, Secretaría nº 2, y al Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción nº 6, Secretaría nº 118, en fs. cit.).

Causa Nº 35130-01-CC/2006. Sala II.

Por su parte, tal como lo hiciera al momento de ser detenido en el marco de las presentes actuaciones, el encartado habría dado en variadas ocasiones nombres distintos a fin de impedir, en definitiva, ser debidamente identificado. Ello se desprende del informe elaborado por el Registro Nacional de Reincidencia obrante a fs. 18 -donde puede leerse "M. A. P. ó O. I. V."-; lo que provocó incluso, a raíz de esta falsa identidad suministrada por el encausado, que dicho organismo comunicara erróneamente a la Sra. Jueza de Grado sobre la falta de antecedentes del mismo (ver fs. cit.).

La circunstancia apuntada surge también del extracto referenciado por la comisaría Nº 14 donde además de referenciar algunos procesos en trámite, señala al investigado bajo los nombres de "M. A. P. o R. I. R. o J. J. V." (ver fs. 33).

Aunado a ello, debe justipreciarse el domicilio apócrifo proporcionado por Ríos en instancias de ser detenido por el personal policial (conf. acta de fs. 1), cuya inexactitud fue corroborada con la diligencia de constatación glosada a fs. 16 y con la constancia de consulta al juzgado interviniente de fs. 19.

Hasta aquí, las circunstancias ilustradas, conforme lo asevera el Unrein en su libelo impugnaticio, revelan el constante actuar reticente de R. R, a comparecer ante los llamados de la justicia como asimismo a ser fehacientemente individualizado y localizado, conducta que se ha repetido no sólo en casos anteriores sino también en la tramitación del presente legajo -conf. se expusiera precedentemente-, y que no hacen más que evidenciar un presumible y fundado riesgo de fuga.

Así se ha dicho: "...en cuanto a la imposición de la prisión preventiva postulada por el impugnante, el tribunal considera que ella resulta procedente en los términos del art. 312 del CPPN., por las consideraciones que a continuación se detallan. En el primer término habrá de señalarse que de recaer condena respecto de Cabrera Huacof, ella debería ser de cumplimiento efectivo, toda vez que con fecha 30/112000 se dictó sentencia condenatoria respecto del nombrado por el delito de tenencia simple de estupefacientes, a la pena de un año y un mes de prisión y de cumplimiento en suspenso. Se suma a ello que con fecha 28/4/2003 se la dictó sentencia condenatoria de cumplimiento efectivo por un hecho del 21/2/2001 (posterior al que se analiza en autos y que se encuadró en las previsiones del art. 14, párr. 1º de la ley 23737), en la cual se unificaron la pena correspondiente a éste - un año de prisión - y la mencionada en el párr. precedente (ver fs. 141/2, causa en la que interviniera esta sala bajo el 18.623, resuelta el 21/3/2002, reg. 19.574). Por otro lado y desde la óptica de lo preceptuado por el art. 319 del código de rito cabe señalar que, conforme surge de rito cabe señalar que, conforme surge de las constancias aportadas a estas actuaciones (ver fs. 110/210 del principal), con posterioridad al delito que aquí se investiga, Cabrera Huacof fue vinculado con otros ilícitos entre los cuales es posible identificar el proceso, aún en trámite y en el que se encuentra detenido, que se le sigue por el delito de estafa ante el Juzg. Crim. Instr. n. 30, el cual está registrado bajo el n. 62.699/03 y fue iniciado con fec ha 5/10/2003. A ello debe agregarse las diferentes identidades que el encausado aportó como propias en los distintos procedimientos policiales de que dan cuenta las constancias de fs. 110/72, resultando igualmente relevantes a los fines mencionados las dos declaraciones de rebeldía que pesaron sobre el encausado en el transcurso de estas actuaciones (ver fs. 69 y fs. 105). Lo hasta aquí expuesto hace presumir que, de quedar en libertad en la causa en que está detenido, Cabrera Huacof intentará eludir la acción de la justicia, por lo que corresponde que en estos actuados se dicte prisión preventiva".

En este aspecto, la Magistrada minimizó los hechos descriptos en el entendimiento de que, conforme plasmara en su decisorio: "...cabe tener en cuenta el grado de inestabilidad psíquica que el mismo presentaba en aquel momento, del cual da acabada cuenta el informe del médico legista obrante a fs. 22, del cual surge claramente que el mismo se encontraba presumiblemente bajo la influencia de psicofármacos. De esta manera, de aquella conducta no se puede inferir claramente que R, vaya a eludir el accionar de la justicia aumentando objetivamente su peligro de fuga. Por el contrario, al momento de prestar declaración frente al Fiscal y su Defensor, no tuvo ningún reparo de dar su verdadero nombre y proporcionar su domicilio real, el cual fue debidamente constatado por el personal policial, tal como surge del informe actuarial de fs. 58" (fs. 60 vta./61).

Entendemos que la valoración efectuada en este sentido se desvanece a poco que se repare que conforme expresamente se suscribiera en el informe médico de fs. 22 -reseñado por la a quo-, en dichas circunstancias R. R, tenía "conciencia de situación y lugar", por lo que difícilmente puede sostenerse que la mendacidad de sus dichos respondió a su estado psicofísico, máxime cuando de las constancias del legajo anteriormente apuntadas se advierte que el Causa Nº 35130-01-CC/2006. Sala II.

despliegue de este tipo de falacias fue reiterado por Ríos en diversas oportunidades.

La construcción aquí esbozada se sustenta aún más si se tiene en cuenta que de la lectura de la declaración prestada por el imputado a tenor del art. 41 del C.C -conf. fs. 40/41-, se trasluce que éste pudo describir claramente los pormenores del día en que sucediera el hecho investigado, la forma en que se practicaron los distintos actos con motivo de aquél, brindando incluso una descripción detallada de algunas particularidades como la búsqueda de los testigos y las características externas de éstos. En este sentido, resulta frágil laaseveración de que "no pudo brindar datos tan básicos como su domicilio o nombre por encontrarse bajo el efecto de estupefacientes" y sí en cambio poseer una lucidez suficiente para percibir los extremos precedentemente enunciados y reproducirlos al realizar su descargo.

A su turno, y a la fecha, pierde relevancia la circunstancia de que luego aportara ante el Ministerio Fiscal y su Defensa, su identidad real y lugar de residencia, toda vez que, según surge del informe socio ambiental realizado el día 18 de enero del corriente año -fs. 99-, el imputado ya no viviría allí, sino que se habría mudado, sin conocerse su actual paradero.

Aunado a los parámetros enunciados, debe agregarse la condena a seis meses de prisión en suspenso que le fuera impuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal nº 10 con fecha 14/9/04, conforme se desprende de la certificación de causas glosada a fs. 72/vta. realizada el día 3 de enero de 2007 -es decir luego de dictado el decisorio de la Sra. Jueza interviniente-; y cuya copia de fundamentos condenatorios obra a fs. 143/145. Este nuevo presupuesto se erige en un impedimento insalvable a la hora de evaluar la temática tratada, toda vez que su existencia imposibilita que una potencial nueva condenación resulte suspensiva . En efecto, y ante esta circunstancia, el hecho de que la sanción que eventualmente recaiga en este proceso deberá ser de cumplimiento efectivo, constituye una pauta objetiva que autoriza a presumir fundadamente que ante el caso de encontrarse en libertad el encausado difícilmente luego se someta en forma voluntaria a una decisión jurisdiccional que importe su encierro.

Finalmente, ha de tenerse en cuenta también la excarcelación que usufructuara R. -según surge de la certificación citada-, dispuesta con fecha 28/7/04 por el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción nº 6, Secretaría nº 118 en el expediente nº 64.397/03 -originario del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción nº 14, Secretaría nº 143- por el delito de robo en grado de tentativa, elemento que normativamente, a contrario sensu y conforme lo estipula el art. 319 del CPPN según art. 6 ley 12, resulta obstativo a fin de acceder a un beneficio excarcelatorio o de exención de prisión ulterior, por encontrarse habilitada la presunción contenida en la última parte de dicha norma.

De este modo, en el caso sub examine, la cantidad de legajos iniciados que registra R. R. , la falsa identidad suministrada reiteradamente, su falta de arraigo, la excarcelación que le fuera otorgada, y en definitiva, el antecedente condenatorio verificado, constituyen indicios suficientes que permiten inferir el riesgo procesal aludido, por lo que se impone revocar el auto puesto en crisis y ordenar la inmediata detención del imputado en función del aseguramiento de la realización del proceso y del eventual cumplimiento de pena .

En otro orden de ideas, y respecto a la solicitud de apartamiento de la Sra. Jueza interviniente incoada por el Walter Fernández en su presentación creemos que no se vislumbra el grado de parcialidad endilgado sino tan solo una opinión encontrada respecto de la valoración efectuada por la Sra. Jueza en relación a las constancias de la causa, por lo que la pretensión no habrá de prosperar.

Por todo lo expuesto y concluido el Acuerdo pertinente, el Tribunal, RESUELVE:

I- REVOCAR el pronunciamiento obrante a fs. 59/61 del presente legajo en cuanto RECHAZA LA PRISION PREVENTIVA solicitada por el Cotitular de la Fiscalía de Primera Instancia en lo Contravencional y de Faltas Nº 9, Gabriel E. Unrein, y consecuentemente, ORDENA LA INMEDIATA LIBERTAD de R. I. R,(puntos dispositivos I y II).

Causa Nº 35130-01-CC/2006. Sala II.

II- DISPONER LA INMEDIATA DETENCION de R. I. R, encomendando a la Magistrada practicar las diligencias pertinentes a tal fin.

Tómese razón, notifíquese por nota al Sr. Fiscal de Cámara y oportunamente devuélvanse las presentes actuaciones a primera instancia, quien deberá practicar las notificaciones correspondientes. Sirva lo proveído de muy atenta nota de remisión.

Fdo: Fernando Bosch, Pablo A. Bacigalupo, Marcela De Langhe. Jueces de Cámara.

Ante mí: Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara.

s/infr. art. 189 bis CP". Sala II.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 28 días del mes marzo de 2007, se reúnen en acuerdo los integrantes de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Pablo Bacigalupo, Marcela De Langhe y Fernando Bosch, para resolver la presente causa.

Y VISTOS:

Contra la resolución de fs. 59/61 dictada por la Sra. Juez a cargo del Juzgado Contravencional Nº 29, María Araceli Martínez, en la que deniega el pedido de prisión preventiva que fuera solicitado por la aquí recurrente y ordena la inmediata libertad respecto de R. I. R., el representante del Ministerio Público Fiscal interpone recurso de apelación impetrando se revoque dicho auto, se dicte pronunciamiento ajustado a derecho y la consecuente orden de captura tendiente a hacerlo efectivo (conf. fs. 101/104).

La "A quo" sustentó su decisorio sobre la base de que en la especie "...si bien de la planilla prontuarial de fs. 33 surgen algunos procesos penales iniciados contra el imputado, de los cuales algunos podrían estar actualmente en trámite, se trata de un informe sumamente incompleto que no da cuenta cierta de ningún antecedente condenatorio concreto que (le) dé la pauta objetiva necesaria para inferir que, de recaer condena en la presente causa, la misma sería de cumplimiento efectivo. Siendo así, toda vez que la amenaza de prisión efectiva es baja, el peligro de fuga resulta 'prima facie' poco probable e infundado" (fs. 60 vta.).

Y que: "..con relación a la reticencia manifestada por el encartado al momento de su detención por dar un nombre falso y un domicilio que no se pudo constatar, cabe tener en cuenta el grado de inestabilidad psíquica que el mismo presentaba en aquel momento, del cual da acabada cuenta el informe del médico legista obrante a fs. 22, del cual surge claramente que el mismo se encontraba presumiblemente bajo la influencia de psicofármacos. De esta manera, de aquella conducta no se puede inferir claramente que Ríos vaya a eludir el accionar de la justicia aumentando objetivamente su peligro de fuga. Por el contrario, al momento de prestar declaración frente al Fiscal y su Defensor, no tuvo ningún reparo de dar su verdadero nombre y proporcionar su domicilio real, el cual fue debidamente constatado por el personal policial..." (conf. fs. 60 vta. "in fine"/61).

En su orden, el impugnante luego de enunciar en su presentación las circunstancias objetivas que en su entendimiento darían pábulo al riesgo que se intenta evitar, sostuvo que "si bien de todas las causas que tramitaron contra R, sólo en la que tramitó ante el Tribunal Oral Criminal nº 10 recayó sentencia condenatoria, no debe pasarse por alto al momento de valorarse el peligro de fuga, que prácticamente en todas ellas reveló una inapropiada y reticente conducta procesal, provocando que se libren órdenes de paradero en su contra o bien de captura, con la consecuente declaración de rebeldía, entorpeciendo de esta manera en forma ostensible el normal desenvolvimiento de dichas investigaciones" (fs. 103 vta.).

Escuchado el Sr. Fiscal de Cámara, en su dictamen obrante a fs. 114/117, rebate en primer término el argumento defensista en lo que refiere a la declaración de extemporaneidad del remedio interpuesto, haciendo suyas, en lo sustancial, las consideraciones vertidas por el Unrein. En virtud de ello, sostiene que corresponde revocar la resolución en crisis, decretar el encarcelamiento preventivo del encausado y proceder al apartamiento de la Sra. Jueza de Grado por "imparcialidad" (conf. fs. 117).

A fs. 120/126 la defensa técnica del imputado contesta los lineamientos de la fiscalía -según el art. 61 inc. 2° ley 1287- y reedita los fundamentos vertidos durante el trámite del legajo.

Cumplidos los pasos y plazos procesales de rigor se encuentran las actuaciones en estado de ser resueltas.

CONSIDERANDO:

El recurso impetrado por el Sr. Fiscal contra el auto de fs. 59/61 de esta incidencia ha sido deducido, a contrario de lo que sostiene la defensa, tempestivamente -conforme expone el Ministerio Público Fiscal y a cuyos dichos nos remitimos en honor a la brevedad por tratarse, además, de una cuestión ya zanjada (ver fs. 109/110)-; ante quien dictó la resolución impugnada, por escrito fundado y por quien se halla legitimado para hacerlo (art. 57, inc. 5, ley 12 según la Nº 1287).

Asimismo, si bien el pronunciamiento que se ataca no configura una sentencia definitiva en los términos del art. 50 de la ley 12, resulta procedente su Causa Nº 35130-01-CC/2006. Sala II.

admisibilidad atento el gravamen irreparable que causa al recurrente (art. 449 C.P.P.N de aplicación supletoria conf. art. 6 ley 12).

Sentado lo anterior, se impone revisar entonces la decisión de la Magistrada de grado, a la luz de las críticas efectuadas por el representante del Ministerio Fiscal, y en tal inteligencia se habrá de establecer si las circunstancias del caso han sido correctamente meritadas, en el sentido de que no se encuentra probada en forma objetiva la existencia de un peligro de fuga que permita presuponer que el imputado intentará evadir el accionar de la justicia; o si, por el contrario, hay elementos concretos que adminten presumir el riesgo procesal aludido.

Corresponde en este punto adentrarnos primeramente en ciertas consideraciones de carácter general. En este sentido cabe recordar que la prisión preventiva procede cuando al delito investigado le corresponda pena privativa de la libertad y se advierta peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación (art. 57, inc. 3, ley 1287). Como parámetro objetivo de exégesis para la determinación de esos riesgos procesales, el Juzgador deberá valorar, entre otros aspectos, las circunstancias del hecho, las condiciones personales del autor, el monto de la pena a imponer, etc, por las cuales se pudiere presumir fundadamente la posibilidad cierta de aquél.

Acreditados estos supuestos, la aplicación del instituto queda legitimada y en forma alguna se contrapone al "principio de inocencia" toda vez que en nuestro ordenamiento, el encarcelamiento preventivo está previsto como medida cautelar con exclusivo fin procesal, desechándose los argumentos que equiparan a la prisión preventiva con la pena. "Este principio -(de) inocencia-aparece hoy universalmente reconocido y si bien desde siempre, ha sido un esfuerzo permanente el tratar de armonizar este dogma con el encarcelamiento preventivo, tal "compatibilidad" hoy viene reconocida normativamente por las disposiciones del Derecho Internacional de Derechos Humanos (en tanto admiten la coexistencia de ambos). Si además reparamos que los Pactos están integrados a la Constitución Nacional (art. 75, inc. 22), la conclusión es que la prisión preventiva no es en sí misma inconstitucional y tal es la respuesta que cabe dar a quienes así la consideran. Así las cosas, si conforme a estas disposiciones de validez incuestionable, el principio de inocencia no logra excluir y neutralizar la aplicación de la prisión preventiva; por lo menos debe actuar como regla de interpretación limitativa en la imposición de ésta." (Solimine, Marcelo A, "La interpretación de las normas excarcelatorias del Código Procesal Penal de la Nación. La polémica desatada por fallos antitéticos", La Ley 15/09/2004 ,1.").

Sentado ello, deberán verificarse en el caso los extremos que legitiman la aplicación del instituto, esto es: 1º la incorporación de suficientes elementos de prueba que permitan afirmar la existencia de un delito y la participación en él del imputado (requisito fumus boni iuris -art. 57, inc. 3, incisos "a" y "b" ley 1287) y 2º la presencia de riesgo procesal de fuga o de entorpecimiento (requisito periculum in mora), circunstancia que implica afirmar el carácter instrumental de las medidas de coerción.

El primer tópico no fue objeto de controversia, teniendo la Sra. Juez de grado por probado en su decisorio -con el grado de convicción que es necesario en esta etapa del proceso- el hecho imputado y la comisión del mismo por parte de R. I. R, cuya confesión, además, recogió. Asimismo, ha sido acreditada la aptitud de disparo del arma incautada, según se desprende de las constancias probatorias adunadas a las actuaciones (conf. informe técnico de fs. 8 y pericia balística de fs. 88/89).

En otro orden de ideas y en punto al riesgo procesal aludido, entendemos que existen en autos indicadores objetivos del mismo.

Así en virtud de la compulsa realizada, se valoró la totalidad de las causas iniciadas contra el encausado, cuyo factor común, en la mayoría de ellas, ha sido su solicitud de paradero y comparendo, encontrándose vigente -a la fecha en que la Jueza de grado denegara el encarcelamiento preventivo- una búsqueda de este tipo proveniente de la Fiscalía Nacional Criminal de Instrucción nº 34 (conf. fs. 25/32 y 33 respectivamente).

Se meritó además, el informe de certificación de causas registradas por el imputado, cuya diligencia fuera practicada por la Fiscalía interviniente con fecha 3 de enero de 2007 -fs. 72/vta., es decir con posterioridad al pronunciamiento denegatorio de la Magistrada, del cual puede advertirse que en dos oportunidades se había dictado la rebeldía de Ríos, sin perjuicio de ser luego dejadas sin efecto tras ser éste habido (ver en este sentido la información correspondiente al Juzgado Nacional de Menores nº 1, Secretaría nº 2, y al Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción nº 6, Secretaría nº 118, en fs. cit.).

Causa Nº 35130-01-CC/2006. Sala II.

Por su parte, tal como lo hiciera al momento de ser detenido en el marco de las presentes actuaciones, el encartado habría dado en variadas ocasiones nombres distintos a fin de impedir, en definitiva, ser debidamente identificado. Ello se desprende del informe elaborado por el Registro Nacional de Reincidencia obrante a fs. 18 -donde puede leerse "M. A. P. ó O. I. V."-; lo que provocó incluso, a raíz de esta falsa identidad suministrada por el encausado, que dicho organismo comunicara erróneamente a la Sra. Jueza de Grado sobre la falta de antecedentes del mismo (ver fs. cit.).

La circunstancia apuntada surge también del extracto referenciado por la comisaría Nº 14 donde además de referenciar algunos procesos en trámite, señala al investigado bajo los nombres de "M. A. P. o R. I. R. o J. J. V." (ver fs. 33).

Aunado a ello, debe justipreciarse el domicilio apócrifo proporcionado por Ríos en instancias de ser detenido por el personal policial (conf. acta de fs. 1), cuya inexactitud fue corroborada con la diligencia de constatación glosada a fs. 16 y con la constancia de consulta al juzgado interviniente de fs. 19.

Hasta aquí, las circunstancias ilustradas, conforme lo asevera el Unrein en su libelo impugnaticio, revelan el constante actuar reticente de R. R, a comparecer ante los llamados de la justicia como asimismo a ser fehacientemente individualizado y localizado, conducta que se ha repetido no sólo en casos anteriores sino también en la tramitación del presente legajo -conf. se expusiera precedentemente-, y que no hacen más que evidenciar un presumible y fundado riesgo de fuga.

Así se ha dicho: "...en cuanto a la imposición de la prisión preventiva postulada por el impugnante, el tribunal considera que ella resulta procedente en los términos del art. 312 del CPPN., por las consideraciones que a continuación se detallan. En el primer término habrá de señalarse que de recaer condena respecto de Cabrera Huacof, ella debería ser de cumplimiento efectivo, toda vez que con fecha 30/112000 se dictó sentencia condenatoria respecto del nombrado por el delito de tenencia simple de estupefacientes, a la pena de un año y un mes de prisión y de cumplimiento en suspenso. Se suma a ello que con fecha 28/4/2003 se la dictó sentencia condenatoria de cumplimiento efectivo por un hecho del 21/2/2001 (posterior al que se analiza en autos y que se encuadró en las previsiones del art. 14, párr. 1º de la ley 23737), en la cual se unificaron la pena correspondiente a éste - un año de prisión - y la mencionada en el párr. precedente (ver fs. 141/2, causa en la que interviniera esta sala bajo el 18.623, resuelta el 21/3/2002, reg. 19.574). Por otro lado y desde la óptica de lo preceptuado por el art. 319 del código de rito cabe señalar que, conforme surge de rito cabe señalar que, co nforme surge de las constancias aportadas a estas actuaciones (ver fs. 110/210 del principal), con posterioridad al delito que aquí se investiga, Cabrera Huacof fue vinculado con otros ilícitos entre los cuales es posible identificar el proceso, aún en trámite y en el que se encuentra detenido, que se le sigue por el delito de estafa ante el Juzg. Crim. Instr. n. 30, el cual está registrado bajo el n. 62.699/03 y fue iniciado con fecha 5/10/2003. A ello debe agregarse las diferentes identidades que el encausado aportó como propias en los distintos procedimientos policiales de que dan cuenta las constancias de fs. 110/72, resultando igualmente relevantes a los fines mencionados las dos declaraciones de rebeldía que pesaron sobre el encausado en el transcurso de estas actuaciones (ver fs. 69 y fs. 105). Lo hasta aquí expuesto hace presumir que, de quedar en libertad en la causa en que está detenido, Cabrera Huacof intentará eludir la acción de la justicia, por lo que corresponde que en estos actuados se dicte p risión preventiva".

En este aspecto, la Magistrada minimizó los hechos descriptos en el entendimiento de que, conforme plasmara en su decisorio: "...cabe tener en cuenta el grado de inestabilidad psíquica que el mismo presentaba en aquel momento, del cual da acabada cuenta el informe del médico legista obrante a fs. 22, del cual surge claramente que el mismo se encontraba presumiblemente bajo la influencia de psicofármacos. De esta manera, de aquella conducta no se puede inferir claramente que R, vaya a eludir el accionar de la justicia aumentando objetivamente su peligro de fuga. Por el contrario, al momento de prestar declaración frente al Fiscal y su Defensor, no tuvo ningún reparo de dar su verdadero nombre y proporcionar su domicilio real, el cual fue debidamente constatado por el personal policial, tal como surge del informe actuarial de fs. 58" (fs. 60 vta./61).

Entendemos que la valoración efectuada en este sentido se desvanece a poco que se repare que conforme expresamente se suscribiera en el informe médico de fs. 22 -reseñado por la a quo-, en dichas circunstancias R. R, tenía "conciencia de situación y lugar", por lo que difícilmente puede sostenerse que la mendacidad de sus dichos respondió a su estado psicofísico, máxime cuando de las constancias del legajo anteriormente apuntadas se advierte que el Causa Nº 35130-01-CC/2006. Sala II.

despliegue de este tipo de falacias fue reiterado por Ríos en diversas oportunidades.

La construcción aquí esbozada se sustenta aún más si se tiene en cuenta que de la lectura de la declaración prestada por el imputado a tenor del art. 41 del C.C -conf. fs. 40/41-, se trasluce que éste pudo describir claramente los pormenores del día en que sucediera el hecho investigado, la forma en que se practicaron los distintos actos con motivo de aquél, brindando incluso una descripción detallada de algunas particularidades como la búsqueda de los testigos y las características externas de éstos. En este sentido, resulta frágil laaseveración de que "no pudo brindar datos tan básicos como su domicilio o nombre por encontrarse bajo el efecto de estupefacientes" y sí en cambio poseer una lucidez suficiente para percibir los extremos precedentemente enunciados y reproducirlos al realizar su descargo.

A su turno, y a la fecha, pierde relevancia la circunstancia de que luego aportara ante el Ministerio Fiscal y su Defensa, su identidad real y lugar de residencia, toda vez que, según surge del informe socio ambiental realizado el día 18 de enero del corriente año -fs. 99-, el imputado ya no viviría allí, sino que se habría mudado, sin conocerse su actual paradero.

Aunado a los parámetros enunciados, debe agregarse la condena a seis meses de prisión en suspenso que le fuera impuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal nº 10 con fecha 14/9/04, conforme se desprende de la certificación de causas glosada a fs. 72/vta. realizada el día 3 de enero de 2007 -es decir luego de dictado el decisorio de la Sra. Jueza interviniente-; y cuya copia de fundamentos condenatorios obra a fs. 143/145. Este nuevo presupuesto se erige en un impedimento insalvable a la hora de evaluar la temática tratada, toda vez que su existencia imposibilita que una potencial nueva condenación resulte suspensiva . En efecto, y ante esta circunstancia, el hecho de que la sanción que eventualmente recaiga en este proceso deberá ser de cumplimiento efectivo, constituye una pauta objetiva que autoriza a presumir fundadamente que ante el caso de encontrarse en libertad el encausado difícilmente luego se someta en forma voluntaria a una decisión jurisdiccional que importe su encierro.

Finalmente, ha de tenerse en cuenta también la excarcelación que usufructuara R. -según surge de la certificación citada-, dispuesta con fecha 28/7/04 por el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción nº 6, Secretaría nº 118 en el expediente nº 64.397/03 -originario del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción nº 14, Secretaría nº 143- por el delito de robo en grado de tentativa, elemento que normativamente, a contrario sensu y conforme lo estipula el art. 319 del CPPN según art. 6 ley 12, resulta obstativo a fin de acceder a un beneficio excarcelatorio o de exención de prisión ulterior, por encontrarse habilitada la presunción contenida en la última parte de dicha norma.

De este modo, en el caso sub examine, la cantidad de legajos iniciados que registra R. R. , la falsa identidad suministrada reiteradamente, su falta de arraigo, la excarcelación que le fuera otorgada, y en definitiva, el antecedente condenatorio verificado, constituyen indicios suficientes que permiten inferir el riesgo procesal aludido, por lo que se impone revocar el auto puesto en crisis y ordenar la inmediata detención del imputado en función del aseguramiento de la realización del proceso y del eventual cumplimiento de pena .

En otro orden de ideas, y respecto a la solicitud de apartamiento de la Sra. Jueza interviniente incoada por el Walter Fernández en su presentación creemos que no se vislumbra el grado de parcialidad endilgado sino tan solo una opinión encontrada respecto de la valoración efectuada por la Sra. Jueza en relación a las constancias de la causa, por lo que la pretensión no habrá de prosperar.

Por todo lo expuesto y concluido el Acuerdo pertinente, el Tribunal, RESUELVE:

I- REVOCAR el pronunciamiento obrante a fs. 59/61 del presente legajo en cuanto RECHAZA LA PRISION PREVENTIVA solicitada por el Cotitular de la Fiscalía de Primera Instancia en lo Contravencional y de Faltas Nº 9, Gabriel E. Unrein, y consecuentemente, ORDENA LA INMEDIATA LIBERTAD de R. I. R,(puntos dispositivos I y II).

Causa Nº 35130-01-CC/2006. Sala II.

II- DISPONER LA INMEDIATA DETENCION de R. I. R, encomendando a la Magistrada practicar las diligencias pertinentes a tal fin.

Tómese razón, notifíquese por nota al Sr. Fiscal de Cámara y oportunamente devuélvanse las presentes actuaciones a primera instancia, quien deberá practicar las notificaciones correspondientes. Sirva lo proveído de muy atenta nota de remisión.

Fdo: Fernando Bosch, Pablo A. Bacigalupo, Marcela De Langhe. Jueces de Cámara.

Ante mí: Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara.