Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-06-09


VEGA, Víctor H. contra MOLFINO HNOS. S.A. Reg.: A y S t 197 p 474-476. Santa Fe, 9 de junio del año 2.004.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el actor contra la sentencia 46 del 23 de abril del año 2003, dictada por la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela en autos "VEGA, Víctor H. contra MOLFINO HNOS. S.A. -Laboral- (Expte. 208/02)"(Expte. C.S.J. nro. 349, año 2003); y, CONSIDERANDO:

1. Surge de las constancias de la causa que, pretendida la indemnización derivada del despido sin causa invocado por el actor, el Juez de primera instancia la acogió.

Apelado que fuera dicho decisorio, la Alzada lo revocó.

Es contra ese pronunciamiento que el accionante endereza su recurso de inconstitucionalidad, tachándolo de arbitrario por no constituir derivación razonada del derecho vigente.

Achaca a la Cámara caer en arbitrariedad tanto fáctica -por omitir ponderar prueba decisiva- como normativa -por analizar una causa de despido no invocada por la demandada-.

En relación al primer reparo, alega el recurrente que a pesar que la accionada quedó confesa en forma tácita -por haber consentido la nulidad de su intervención en la audiencia del art. 51 C.P.L.- y de no haber producido, en consecuencia, la prueba ofrecida, la Cámara omite ponderar -sin brindar explicaciones al respecto- la confesión ficta de la accionada según la cual el actor no había agredido físicamente a su compañero, sólo le había arrojado un trapo, en su trayectoria laboral nunca había agredido a nadie, el despido es arbitrario y desproporcionado y por ello se le adeudan las indemnizaciones de ley.

En relación al segundo vicio descalificante achacado, aduce el recurrente que el A quo cae en incongruencia porque se excede del marco dentro del cual las partes plantearon el debate, tratando cuestiones ajenas a las introducidas por las partes.

Puntualiza que los litigantes discutían si existió -o no- agresión física por parte de Vega a un compañero de trabajo y si ello reviste entidad suficiente para provocar el distracto; pero la Cámara en su sentencia, excediéndose en sus atribuciones, alude a insultos como causa de despido, adhiriendo a la postura de la demandada que introduce la disquisición entre agresión física y verbal recién al alegar.

Destaca que la causa del despido debe acreditarse plenamente y ello no se verifica en el sub examine.

Finalmente, sostiene que el liviano análisis del material probatorio realizado por el Tribunal conlleva la desnaturalización del principio protectorio.

La Cámara denegó la concesión del remedio extraordinario deducido por lo que el quejoso acudió directamente ante esta sede.

2. La presente queja no ha de prosperar toda vez que la confrontación de lo resuelto en la sentencia con las hipótesis de arbitrariedad esbozadas por el recurrente ut supra apuntadas, permite advertir que aquéllas carecen de sustento en relación con las constancias de la causa, y traducen tan sólo el loable empeño del actor en miras a lograr hacer prevalecer su propio enfoque acerca de la solución que correspondería al sub lite -y opuesto al de la Cámara- acerca de que debió de haberse acogido la demanda impetrada, haciéndose lugar a la indemnización por despido y demás rubros reclamados; mas sin lograr persuadir a este Cuerpo acerca de que el A quo en dicha faena se haya apartado de los parámetros fácticos, probatorios y jurídicos -normas de fondo y de derecho procesal- con que contaba.

El quejoso afirma que el Tribunal omite ponderar prueba esencial para la suerte de la causa, concretamente, la confesión ficta de la demandada conforme a la cual habría quedado acreditado que el despido fue injustificado ante la falta de prueba de la invocada conducta injuriante del trabajador.

Sin embargo, no se advierte que dicho vicio se configure en el sub examine desde que el perdidoso no logra demostrar que la sentencia fuera el resultado de fallar al margen de las leyes procedimentales que rigen la materia, de acuerdo a las cuales la confesión ficta admite prueba en contrario -art. 66 C.P.L.-.

Y, como surge de la sentencia, la Cámara valoró los dichos de los testigos ofrecidos por el propio accionante que acreditaban -en su ponderación- que "...lo ocurrido no fue una acción ´en tono de broma´..." y que "...ninguna duda queda de que lo actuado por el actor constituyó una agresión hacia un compañero de trabajo...".

De tal suerte, la sentencia atacada aparece en este aspecto irreprochable desde el plano constitucional.

Por otra parte, tampoco puede reputarse que el A quo haya caído en incongruencia por decidir sobre un tema no introducido al debate por las partes desde que, una atenta lectura del pronunciamiento -y más allá de las disquisiciones realizadas por la Cámara respecto de las acepciones del verbo agredir- el Tribunal interpretó que la agresión "...revistió no sólo aspectos físicos sino también insultos..." (f. 10 vto.).

Así, y tal como fueron vertidos los agravios, el impugnante no consigue demostrar a este Tribunal dónde y en qué forma se habría producido la incongruencia esgrimida de modo tal de merecer descalificación por vía del recurso de inconstitucionalidad.

Al respecto, no resulta ocioso apuntar que dicha inteligencia de los aspectos fácticos de la litis no permite vislumbrar su colisión con los alcances que este Cuerpo ha delineado respecto a la individualización de la causal de despido, su debida comunicación e invariabilidad, y que tienen por norte proteger al trabajador frente al despido arbitrario, garantizando sin cortapisas el ejercicio de su derecho de defensa (cfr. criterio vertido en "Arias", A. y S. T. 140, pág. 162).

De lo expuesto cabe concluir que, disconforme con la ponderación de circunstancias acreditadas en la causa y el encuadramiento jurídico del caso que efectuó el Tribunal en ejercicio de sus funciones propias -dentro de un marco de razonabilidad que el impugnante no logra demostrar se haya vulnerado- el recurrente se empeña en oponer su propio enfoque de la solución que correspondería al sub lite, asentado en su particular apreciación de los hechos y material probatorio reunido en la causa y valor asignado a este; con lo cual queda sin asidero la achacada violación al principio protectorio.

De tal modo, el acierto o error con que los Juzgadores fallaron la causa y la mera discrepancia que denota el perdidoso en sus planteos, no deparan caso constitucional idóneo para operar la apertura de la instancia extraordinaria ante esta Corte, cuya misión es efectuar el control de adecuación de las sentencias al ordenamiento jurídico fundamental, pero de ningún modo sustituir a los tribunales ordinarios en su competencia jurisdiccional.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE:

Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.:FALISTOCCO-GASTALDI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)