Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-12-23


Comodoro Rivadavia,23 de diciembre de 2004.- VISTOS Y CONSIDERANDO Estos autos caratulados: "D. V. S.R.L. c/ MUNICIPALIDAD DE COMODORO RIVADAVIA y el B. D. C. S.A. s/ MEDIDA AUTOSATISFACTIVA", Expte. N° 14.756/2004" en trámite ante esta Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia.- I.- Este Tribunal debe expedirse en relación a la admisibilidad formal de la acción incoada (arts. 127 y ss. de la Ley 3098), y ante el marco ele-gido por la accionante para viabilizar la medida auto-satisfactiva.

No obstante el análisis de los pre-supuestos de admisibilidad en torno a las prescripcio-nes del art. 130 de la Ley de Corporaciones Municipales que dispone que no se sustanciará recurso alguno en lo contencioso administrativo sin que previamente se acre-dite por el recurrente haber reclamado sin éxito ante el Intendente, ante el Consejo Deliberante o ante el Organismo autárquico de quien emane la resolución obje-tada, corresponde evaluar la viabilidad formal de esta medida en el encuadre normativo seleccionado.

II.- Que la presente medida autosa-tisfactiva está dirigida contra la Municipalidad de Co-modoro Rivadavia y el B. C. S.A., en el marco del art.127 y sgtes. de la ley 3098 Corporaciones Municipa-les, a fin que se ponga fin al comportamiento material omisivo que importaría una vía de hecho administrativa lesiva de derechos y garantías constitucionales, y que se ordene a ambos dispensar el mismo trato que a los otros (4) emprendedores en igualdad de condiciones se-gún Resolución 1908/04 y en consecuencia hagan efectivo a la Empresa D. V. S.R.L. el crédito tramitado ante ADELOC.

Cabe señalar que la vía procesal elegida, suscita concretas diferencias con la acción contencioso administrativa.

Ello así por cuanto se intenta, a través de una medida autosatisfactiva, transitar el ca-mino elaborado para la acción contencioso administrati-vo diseñada por la ley 3098, emergiendo como primer mu-tilamiento el carácter de inaudita et altera pars, que conlleva la medida en contradicción con la acción con-tenciosa que presupone la traba de la litis.

Y a medida que utilizamos el méto-do comparativo vemos que en el recurso contencioso existen normas expresas que determinan el plazo en que deberá interponerse la acción y desde cuando corre se-gún el caso (arts.130 y 131), estableciendo en el art.132 de la citada ley, que para su substanciación regirán las disposiciones del Código de Procedimientos en materia civil, en lo relativo a la representación en juicio, a la intervención de letrados, a las actuacio-nes en general, términos, notificaciones, exhortos, traslados, oficios, audiencias, rebeldía, recusaciones y actuaciones de prueba, perención de instancia y demás normas establecidas en dicho Código, para la tramita-ción del recurso libre, y que se impondrán costas.

Posteriormente una decisión sobre el fondo de la cuestión sometida a examen, situación que tampoco contempla la medida autosatisfactiva, que siempre exige una decisión favorable ante una circuns-tancia urgente y con pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión que la agota en si misma.

Nuestro Superior Tribunal ha defi-nido a la acción contencioso administrativa que regula el capítulo XI de la ley de 3098, "pese a que la Ley de Corporaciones Municipales denomina a éstos legislados en el Capítulo XI - arts. 127 y sigs.- como "Recursos Contencioso Administrativos" éstos son verdaderas ac-ciones, y la norma ha atribuido competencia para su trámite y resolución a las Cámaras de Apelaciones de la respectiva jurisdicción, siempre que no se hubiera he-cho uso de la opción de la vía ordinaria prevista en el art. 131 in fine -ante el juez de primera instancia- que no es el caso de autos.- En tal sentido se ha dicho que "la deficiencia terminológica al aludir a recursos, en lugar de acción o pretensión, es señalada en forma unívoca por los diversos especialistas doctrinarios en la materia (ARGAÑARAZ, PALACIO, GUASTAVINO, FIORINI...) que coinciden en que la primera expresión se aplica a los reclamos en alzada contra decisiones jurisdicciona-les, siendo impropia esta mención para la vía que se acuerda para ante los órganos del Poder Judicial para reclamar directamente contra, o respecto de, decisiones del Poder Administrador, tratándose de verdaderas ac-ciones" (SI Nº49/95).- Y resulta especialmente aplica-ble al caso, lo dicho en el fallo citado en 1.- : que los recursos "previstos por Ley Nº3098, si de verdade-ras acciones se trata, deben ser intentados ante la Cá-mara competente, que oficia de juzgador de Primera Ins-tancia, con total prescindencia de su concesión o no por el órgano administrativo.- Es la Cámara la que de-berá verificar si se cumplieron o no los recaudos pre-vistos para su admisibilidad, a cuyo efecto requerirá el Expediente Administrativo del caso... No empece a ello la referencia del art. 132 al "trámite" del recur-so libre..." (SI Nº 99/SRE/01). (cfr. "B., M. A. c/ Municipalidad de Pto. Madryn s/ Recurso Contencioso Administrativo (Resolución Nº 750/01 Municip. Pto. Ma-dryn)" (Expte. Nº 18.414-B-2001), del 31/07/2002, en-tre otras).

Es claro que la acción descripta no trata de igual forma al camino procesal elegido por el accionante.

Para quienes admiten la existencia de esta medida entre el crisol de acciones y recursos procesales que regula el ordenamiento positivo, su en-casillamiento dentro la acción contenciosa resulta im-procedente e incompatible, por las diferencias sustan-ciales apuntadas, existiendo asimismo otras vías proce-sales idóneas para resguardar los derechos que pretende proteger, que permiten un mayor marco cognositivo, y substanciación que es lo que legitima el derecho de de-fensa. En el caso de la Municipalidad de Comodoro Riva-davia y el Banco de la Provincia del Chubut.

La presentes no se trata de una ac-ción judicial ni de un recurso (acción contencioso ad-ministrativa.

Se sostiene que es una medida auto-satisfactiva. Téngase presente que su naturaleza reside en un requerimiento "urgente", formulado al órgano ju-risdiccional por los justiciables, que se agota - de ahí lo de autosatisfactiva - con su despacho favorable, no siendo, entonces, necesaria la iniciación de una ul-terior acción principal para evitar su caducidad o de-caimiento (conf. Rojas, Jorge A, Una Cautela atípica "Rev.de Derecho Procesal", Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1998, vol I.ps.61 y ss y Peyrano, Jorge W.Régimen de la medidas autosatisfactivas. Nuevas propuestas, Santa Fe, LL,. 1998- A p.968). Se trata de medidas que se carac-terizan, al margen de la tutela judicial clásica, por la satisfacción definitiva y única de la pretensión. No se trata de una medida cautelar; se asemeja a ella por-que ambas se inician con la postulación de que se des-pache favorablemente e inaudita et altera pars un pedi-do que si bien se diferencian en función de lo siguien-te; a) el despacho de la medida autosatisfactiva recla-ma una fuerte probabilidad de que lo pretendido por el requirente se atendible y no la mera verosimilitud con la que se contenta la diligencia cautelar; b) su dicta-do acarrea una satisfacción "definitiva" de los reque-rimientos del postulante y, c) se genera un proceso (a raíz de la iniciación de una medida autosatisfactiva) que es autónomo, en el sentido de que no es tributario ni accesorio respecto de otro, agotándose en sí mismo. (conf . Gallegos Fedriani Pablo O. "Las medidas caute-lares contra la administración Pública" Abaco Ed. P.132 ). Este mismo autor sostiene que es un típico supuesto de cautela material, o medida autosatisfactiva o caute-la atípica, la cual no constituye ni más ni menos que una forma de amparo, ya que, por un lado, sería fácil-mente acreditable el derecho que le asiste al accionan-te como, asimismo, el agravamiento de ese statu quo; mientras que, por otro lado no encontraríamos con pre-cisión contra quién dirigir la posible acción a enta-blar, superponiéndose aquí el trámite de una cautelar con el objeto de la pretensión final, que podría provo-car, por la modificación que generaría respecto a los hechos puestos en escena, la innecesariedad de otro proceso autónomo y distinto al sustanciado (cita a Ro-jas, Jorge A.; Peyrano, Jorge N.).

La doctrina que propugna su exis-tencia es concordante en definirlas como soluciones ju-risdiccionales urgentes, autónomas, despachables inau-dita et altera pars y en ellas media una fuerte proba-bilidad de que los planteos formulados sean atendibles. Se refieren a situaciones especiales, y entienden que algunas "situaciones de urgencia" no pueden encontrar una debida solución en el marco del proceso cautelar ortodoxo, lo que ocurre cuando el único interés que le asiste al justiciable es el de remover la urgencia. Va-le decir que no pretende ni desea promover pretensión principal alguna posterior y, pese a ello, se ve compe-lido a promoverla para así estar en condiciones de pos-tular (y de conservar) la cautelar que realmente le im-porta (conf. Peyrano Jorge W "Lo urgente y lo cautelar" JA t.1995-I p.899).

Concluye Gallegos Fedriani que el magistrado no se encontrará ante una contienda proce-sal, sino ante el requerimiento, caracterizado por su propia urgencia, del dictado de una orden que con ella misma se extingue,( conf. Ob.cit.p.142).

III.- En el presente caso, este re-querimiento no tiene un carril procesal asignado, no obstante la improcedencia formal apuntada, cabe señalar que no se observa la urgencia que en su caso podría confluir en la justificación de una medida de tal natu-raleza autosatisfactiva.

Del propio relato del escrito de inicio y de la documentación acompañada se observa que desde el mes de abril del corriente año, se dio origen a los requerimientos a la Municipalidad, formándose el Expediente Administrativo Nº 2942 -D- 2004, formándose luego el expediente nº 4247-D-2004 para solicitar la asistencia financiera, que transitadas las distintas etapas y aparentemente excluidos de la resolución admi-nistrativa que otorgó créditos similares, mediante Re-solución 1908/2004 del 25 de octubre de 2004 y publica-da el 4 de Noviembre de 2004 en el B.O. Nº 113, ante el supuesto actuar omisivo, recién con fecha 23 de noviem-bre de 2004 se habría presentado recurso de reposición, siendo lo aquí expuesto lo más demostrativo de la inne-cesariedad de la medida que, aún la postura amplia que las admite, solo las justifica en los casos de urgencia y circunstancias ut supra mencionadas; es por ello que, sin que importe la presente una resolución acerca de la cuestión de fondo, se rechaza formalmente la medida au-tosatisfactiva intentada.

IV.- A mayor abundamiento se trans-criben los fundamentos vertidos por el Superior Tribu-nal de Justicia en autos "L., V. J. c/ Provincia del Chubut s/ Medida Autosatisfactiva" (Expte. Nº 18596 -A- 2002)" del 1 de julio de 2002; "que no es ajena esta "novedad", al ámbito del proceso contencioso-administrativo.- La doctrina especializada ha encontra-do cierta aproximación a las medidas "autosatisfacti-vas" en las llamadas "cautelares autónomas", que en el orden nacional -v.g. Tribunales Contencioso Administra-tivos Federal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- se han otorgado bajo esa denominación, con fundamento en el art. 12 de la Ley Nacional de Procedimientos Ad-ministrativos (Nº 19.549 - similar a la previsión del art. 101 del Dto. Ley Nº 920 en el orden provincial), estimando que si bien esa norma se refiere a la suspen-sión que tiene lugar en la órbita administrativa, no existe impedimento para decretarla en iguales condicio-nes en sede judicial.- También se han acordado apoyán-dolas en los arts. 230 o 232 del CPCC, o en las que los Códigos Contencioso Administrativos prevén para las me-didas cautelares típicas" "Los principios enunciados han jus-tificado, que mediante asentada jurisprudencia, este Superior Tribunal, en concordancia con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el criterio de que -en gene-ral- las medidas cautelares no pueden aplicarse automá-ticamente para suspender los actos de los poderes pú-blicos, ya que la presunción de legitimidad que les ac-cede -que es "iuris tantum"- debe ser alegada y probada en juicio contencioso.- Su procedencia es aceptada ex-cepcionalmente con vinculación al proceso, previa acre-ditación y valoración de los requisitos que las condi-cionan: verosimilitud del derecho, peligro en la demo-ra, perjuicio irreparable en el caso de innovativas, y contracautela (CS Fallos 250:154, 251:336, 307:1702, LL 1993-B-264, 1993-E-629 -STJCH S.I. Nº 26/93, 11/94, 58/SCA797, 51/SCA/00 por citar algunas), aplicando al efecto los arts. 195 y sigs. del CPCC. Si en las caute-lares típicas se ha adoptado este criterio restrictivo, en especial cuando se trata de suspender la ejecución de actos administrativos, esta restrictez sin duda debe acuciarse cuando se insta un "proceso urgente", una "autosatisfacción" con la que se agota la litis, me-diando actos administrativos presumidos legítimos.- A diferencia de casos en que se trata de vías de hecho administrativas, inactividad u omisión de la Adminis-tración, en lo que el judicante al no encontrar aquel escollo, podrá juzgar con mayor libertad -aunque no sin prudencia.- ...se trata de un instituto de origen pre-toriano, ideado frente a situaciones en las cuales la denegatoria de la cautelar por la imposibilidad de in-terponer la acción de impugnación judicial del acto (ante la exigencia de la vía administrativa previa) po-dría impedir el dictado posterior de una sentencia ope-rativa...procurando evitar que la ejecución del mismo torne abstracto cualquier intento de discusión ulte-rior, tanto en sede administrativa como judicial - lo cual configura la urgencia; - Se confieren bajo pena de caducidad (se otorgan distintos plazos, que varían según los ordenamientos), mas no se vislumbra que con las mismas "se agote la solución del caso".- Son res-puestas urgentes, y de naturaleza excepcional" "Si se acude a la doctrina especia-lizada, no hay coincidencias absolutas.- GORDILLO, en nota al fallo "Tienda León..." -citado- califica estas "soluciones" como "interesantísimas", y las describe como las que consisten en admitir, mientras esté pen-diente de resolución por la administración el recurso interpuesto ante ella contra un acto administrativo, una medida cautelar judicial de suspensión del acto im-pugnado en sede administrativa, hasta tanto se resuelva el recurso, sin existir proceso alguno, salvo el de la misma cautelar autónoma.- ("Cautelar Autónoma", LL 1996-D-127).- Y se muestra a favor de este tipo de tu-tela, con advertencias : "... deben ser excepciona-les... parece razonable que se reiteren en materia de enfermedades terminales o dolencias que requieren tra-tamiento inmediato, imposibilidad de ejercer la profe-sión mientras se discute el ámbito de aplicación del título, discapacitación...".- ("La Defensa del usuario y del Administrado" -Tomo 2- 3ra. Edición, 1998, pág XXX-50/51)" "De lo expuesto cabe deducir, que pese a la falta suficiente de asentamiento de los cri-terios en la materia en análisis, al menos hay coinci-dencia en que el dictado de este tipo de medidas en el orden contencioso- administrativo, ha tenido en los ca-sos en que se ha dictado- un objeto distintivo insosla-yable: salvar -con la tutela autónoma o autosatisfacti-va- la valla procesal de la exigencia del agotamiento de la vía administrativa para acceder a la jurisdic-ción, al proceso, permitiendo que la previa decisión jurisdiccional garantice la eficacia del juicio poste-rior, si procediera." "En el caso de medidas "autosatis-factivas", para que exista "fuerte probabilidad" de que le asista razón al ocurrente para "anticiparle la tute-la" debe haber más que una apariencia de buen derecho" "En cuanto a la urgencia, supone la exigencia de que si se mantuviera o alterara según el caso la situación de hecho o de derecho, la modifica-ción pudiera influir en una sentencia posterior, con-virtiéndola en ineficaz e imposible; que durante el tiempo previo al reconocimiento judicial de un derecho, éste pudiera sufrir un perjuicio inminente o irrepara-ble que obste al cumplimiento del fallo que pudiera llegar a dictarse".

"Por otra parte, teniendo en cuenta que los supuestos que justificaron jurisprudencialmente el dictado de medidas "autosatisfactivas" en el proceso contencioso administrativo, lo fueron -como se dijo- por salvar la valla de la reclamación previa, habrá de tenerse presente que en el contencioso provincial el principio es la inexigencia de la misma, salvo que una norma de derecho positivo aplicable a la relación jurí-dica sustancial así lo exija.- En tanto, en el conten-cioso municipal, regulado por Ley Nº 3098, habrá de considerarse que esta reclamación es condicionante de su procedencia (SD Nº 8/SRE/96)". Situación no dada en autos ya que entiende el presentante que la reclamación previa está agotada y en consecuencia nada obstaba ini-ciar el contencioso administrativo.

V.- Sin costas por no existir con-tradictorio (confr.art.68 y cc. del CPr.). No obstante deben regularse los honorarios del letrado apoderados del actor, según manda de lart.47 del Dto.Ley 2.200., T.O. Dto 138/99, atendiendo a la calidad y eficacia de su trabajo profesional, en el mínimo legal previsto en la norma arancelaria.

Por ello, la Sala B de la Circuns-cripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, R E S U E L V E:

1º).- Rechazar "in limine" la medi-da autosatisfactiva impetrada.

2º).- Sin costas por no existir contradictorio (cfr.art.68, 69 del CPr.).Regular los honorarios de la Dra. S. S. en la suma de PESOS CIENTO SETENTA ($170)(conf.art.6, 8, 27 y 47 del Dto.Ley 2.200 -T.O. Dto Nº 138/99) 3º).- Regístrese y notifíquese.

La presente sentencia es firmada por dos vocales de Cá-mara en virtud de encontrarse en uso de licencia la Se-ñora Juez de Cámara Dra. Graciela Mercedes García Blan-co y concordar en la solución del caso (artículos 1, 2, 3 y 5 de la Ley 4550, modif. de la Ley 1130).

Fdo: Marta Susana Reynoso de Roberts -Presidente-; Né-lida Susana Melero -Juez de Cámara-.- REGISTRADA BAJO EL N° 281 DEL AÑO 2004 DEL LIBRO DE SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS