Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-10-30


2º Instancia. - Buenos Aires, octubre 30 de 2008.

La Dra. Pérez Pardo dijo:

I.- Contra la sentencia de fs. 515/522, recurre la parte actora por los agravios expuestos a fs. 566/567; y la codemandada Gómez por los suyos brindados a fs. 570/571, ninguno de ellos han sido contestados.

Reclamó la accionante el reintegro de las sumas abonadas como consecuencia del contrato celebrado con Telefónica de Argentina S.A. que amparaba entre otros al trabajador C. A. S., quien falleciera a raíz de un accidente de tránsito ocurrido el 11 de marzo de 1998, a la altura del km. 40 de la Ruta Nacional nº 40 norte, Jocoli, Departamento de Lavalle, provincia de Mendoza, cuando era transportado benévolamente por la codemandada Gómez. Ésta última opuso la excepción de falta de acción y la defensa de prescripción en base a lo establecido por el art. 44 de la ley 24.557; excepciones que también fueron planteadas por la codemandada Telefónica de Argentina S.A..

La anterior juez resolvió rechazar la primer defensa y hacer lugar a la segunda y, consiguientemente, rechazar la demanda respecto de éstas, con costas a la vencida en el primer caso y por su orden respecto de la defensa opuesta por Telefónica de Argentina S.A.. Finalmente, hizo lugar a la demanda promovida contra Trana S.A., con costas.

Mientras que la parte actora se agravió por haberse declarado prescripta la acción respecto de la codemandada Gómez, ésta última se quejó por la imposición de costas en relación de la defensa de falta de acción.

II.- En primer lugar trataré las quejas planteadas por la parte actora. Sostiene la aseguradora accionante que el plazo de prescripción debe computarse desde que se realizó la primera de las erogaciones que pretende repetir (02/06/98). Por ello, entiende que al momento de realizarse las intimaciones correspondientes, el plazo previsto por el art. 44 de la ley 24.557, no se encontraba cumplido.

No comparto dicho criterio. Si bien para que la aseguradora quede subrogada en derechos, acciones y obligaciones "ministerio legis", resulta necesario que hubiera efectuado al asegurado pago de importe cuya repetición persigue contra el tercero, la acción que deduce la aseguradora debe ser la correspondiente al derecho que tiene el asegurado y en el que le subroga legalmente habiéndose cumplido ella (conf. CNCiv, Sala J, 18/02/1999, "Comercial Unión Cía. de Seguros c/ Rivero de Moure, Norma F. y otros", LA LEY 2001-B, 752 y citas allí mencionadas).

Es así que el plazo de prescripción debe comenzar a correr desde el mismo momento en que corría para el subrogado, toda vez que aquél ocupa el lugar de este último. Ello por cuanto el responsable del daño no tiene respecto del asegurador ninguna obligación distinta de la que tenía con la víctima.

Así, "el asegurador subroga en todos los derechos del asegurado, y por tanto, ocupa el lugar de éste, de donde se deduce que el momento inicial es el mismo para uno u otro, o sea que a los efectos del cómputo de dicho plazo, debe considerarse al primero como si fuera el segundo" (CNCiv, Sala D, "Sagrista, Daniel c. Aguirre, Daniel y otros"; 11/07/2007; Diario LA LEY del 21/01/2008, p. 3; y fallos allí mencionados). El plazo de prescripción debe comenzar a correr para el asegurador subrogante desde el mismo momento en que corría para el asegurado subrogado, ya que, para el tercero responsable, la acción en su contra se hallaba expedita desde el momento que ocurrió el evento dañoso, o desde que el acreedor originario tuvo conocimiento del mismo. Si se aceptase que el término de prescripción recién se inicia en el momento que la compañía pagó a su asegurado, se le estaría causando al tercero un perjuicio evidente sobre la base de un acto que le es completamente extraño (conf. CNCiv, Sala J, 18/02/1999, "Comercial Unión Cía. de Seguros c/ Rivero de Moure, Norma F. y otros"; LA LEY 2001-B, 757).

Por otra parte, el plazo de prescripción para reclamar al autor del daño abonado por la aseguradora, no puede depender de su propia decisión respecto del momento en que decida efectuar el pago; ello no puede admitirse ni siquiera en sistema que en otros aspectos pueda resultar autónomo de responsabilidad civil, como es el caso.

Por estos fundamentos, no quedan dudas que la subrogación no puede ampliar o empeorar las condiciones de la obligación, y de allí que el plazo de prescripción deba comenzar a correr para el asegurador subrogante; desde el mismo momento en que corría para el asegurado subrogado, es decir desde que ocurrió el hecho dañoso.

En suma propiciaré la confirmación de la sentencia en esta cuestión.

III.- Por su parte la codemandada Gómez se agravió por la imposición de costas establecida en la sentencia de primera instancia respecto de la defensa de falta de acción opuesta a fs. 62 vta. /66, cuyo traslado fue contestado por la actora a fs. 94/95 y cuyo tratamiento fue diferido para el momento de dictar sentencia definitiva.

A este respecto, entiendo que opuesta la excepción por la demandada y contestada por la actora, si el planteo no prospera por algún motivo, ello implica un vencimiento que genera imposición de costas a cargo de la excepcionante perdidosa.

Debe repararse en que correspondía efectivamente definir en primer lugar, si prosperaba la excepción de falta de legitimación activa para obrar, y luego, en su caso, analizar la prescripción; ello fue lo que debía y fundadamente realizó la sentenciante.

Por tanto, también propiciaré la confirmación de lo resuelto en la instancia de grado sobre el tema.

IV.- Por los fundamentos expuestos, si mi voto fuera compartido, propongo al Acuerdo la desestimación de los agravios y la confirmación de la sentencia apelada en todo lo que ha sido materia de apelación. Las costas por la actuación ante la Alzada, se imponen por su orden atento al resultado de las apelaciones.

El Dr. Liberman dijo:

I.- Discrepo con la solución propiciada por la apreciada colega.

En esta materia hay criterios doctrinarios y jurisprudenciales contrapuestos.

A mi entender el plazo de prescripción comienza cuando el derecho existe y es exigible. En realidad este modo de extinción de las obligaciones está más bien vinculado a la acción que a la relación jurídica (v. en ese sentido: Llambías, Jorge Joaquín: ½Tratado de Derecho Civil - Parte General╗, t. II, Nº2113, 9º edición, p. 679, Perrot, Buenos Aires, 1982). En consecuencia, el plazo sólo se computa desde que nace la acción, o sea cuando está abierta y expedita la facultad de demandar el derecho ante los organismos jurisdiccionales (conf. Pizarro, Ramón Daniel, y Vallespinos, Carlos Gustavo: ½Instituciones de Derecho Privado. Obligaciones╗, t. 3, p. 693 y citas, Hammurabi, Buenos Aires, 1999). Si el derecho no está expedito no se puede reprochar al acreedor no haber accionado; de otro modo podría quedar perdido antes de estar en condiciones de ser reclamado, tan injusto como absurdo (Planiol, cit. por Pizarro y Vallespinos, op. y loc. cit.).

En el mismo orden de ideas se ha dicho que la prescripción es inseparable de la acción y comienza desde que ésta existe; el curso inicia cuando el crédito es exigible, por lo que no corre en tanto no exista la posibilidad actual de ejercitar una acción, cuando ésta no ha nacido (Trigo Represas, en: Cazeaux, Pedro N. y Trigo Represas, Félix A.: ½Derecho de las obligaciones╗, t. 3, 2º ed. 1º reimpr., p. 533, Librería Editora Platense, La Plata, 1980).

Por ese motivo, porque sería consagrar una solución absurda e ilógica, no podría comenzar desde la fecha del acto ilícito, cuando no ha nacido la acción que tendrá la aseguradora demandada por la víctima y en general paga con posterioridad o "al filo" de la prescripción (conf. SCMendoza, Sala I, LA LEY 1995-D, 361). En este fallo, con su habitual erudición, Kemelmajer de Carlucci ilustra acerca de las diversas soluciones dadas sobre la naturaleza de la institución, el plazo y la fecha de comienzo, en un supuesto con algunas similitudes. Concluye que, tratándose de seguro de responsabilidad civil, el plazo de prescripción de la acción de regreso contra los terceros responsables del accidente, justamente porque debe ser un plazo útil, comienza a correr desde que la aseguradora paga (SCMendoza, Sala I, 20/12/94, "Campo c. Quiroga Monzón", LA LEY 1995-D, 355 y s.).

II.- Es necesario hacer algunas precisiones, porque si bien la legitimación pasiva cae en el tercero sindicado responsable del ilícito, la legitimación activa emerge de situaciones y regulaciones normativas muy diversas, aunque a veces exista alguna afinidad. El art. 39.5 de la ley 24.557 obliga a las ART a otorgar al damnificado o derechohabientes las prestaciones prescriptas, pero pueden repetir del responsable del daño causado el valor de las que hubieran abonado, otorgado o contratado. En otros términos bien diferentes, el art. 80 de la ley de seguros determina que los derechos que correspondan al asegurado contra un tercero, en razón del siniestro, se transfieren al asegurador hasta el monto de la indemnización abonada; después menciona la palabra "subrogación".

Como vemos en una primera aproximación, la ley de riesgos del trabajo no acuerda una transferencia de derechos ni una "subrogación", sino que permite repetir del tercero el valor de lo abonado.

En un segundo paso, cabe precisar que el pago con subrogación de los arts. 767 a 792 del Código Civil tampoco es la subrogación del art. 80 de la L.S. (conf. Plíner, Adolfo, E.D. 62-611). Como explicara el recordado magistrado bahiense, "el asegurador encuentra la fuente de su derecho en una atribución particular de la ley que se inspira en muy diferentes fundamentos jurídicos y finalidades éticas y económicas que las que dan vida y vigor al instituto legislado en el Código Civil". Y aún, situados en el plano de la analogía, sólo en el pago con subrogación convencional, de acuerdo al art. 769, habría sucesión en el crédito en tanto se hace expresa remisión a las normas de la cesión de derechos. Esto es: el asegurador paga una deuda propia que tiene causa en el contrato que celebrara con el asegurado; causa que no puede confundirse con la del crédito del asegurado damnificado frente al responsable. Y si paga como consecuencia de un dispositivo convencional oneroso que supone una estudiada cobertura de riesgo de pérdidas al calcular el precio que soporta el asegurado, pareciera -como afirmara Plíner- que la solución legal, que bien podría ser diferente, más bien apunta a consolidar la industria aseguradora (E.D. 62-615).

En el mismo orden de ideas, Halperín sostenía que el fundamento de la subrogación en el seguro es más de política legislativa que estrictamente jurídico (cit. por Rangugni, Diego E., LA LEY 2001-B, 750).

Idéntico basamento puede encontrarse al derecho concedido a las ART para repetir contra el responsable. Concesión que no es algo necesario al sistema, sino meramente contingente; no hace a la esencia de estos aseguramientos o relaciones de cobertura de matriz contractual onerosa.

Con esto queremos poner en claro que la fuente obligacional que sitúa al tercero responsable como deudor de una aseguradora de daños o a una ART que paga, no es el hecho ilícito sino una derivación de éste. Derivación que consiste en el pago de aquello a que es obligado contractualmente el asegurador y las consecuencias que la ley atribuye a ese pago. Como dice Plíner, "la causa de la obligación originaria era el hecho ilícito, pero para el tercero pagador su crédito no reconoce otra causa que el pago realizado" (E.D. 62-612).

En la medida en que no nace una acción no hay curso de la prescripción; tiene que haber un derecho exigible. El sujeto activo, el pretensor potencial, es el acreedor. De allí que lo trascendente para elucidar el problema interpretativo no sea la posición del deudor sino la del acreedor. Es más, en algunos casos el curso de la prescripción no comienza sino cuando el acreedor toma conocimiento de ciertos hechos, o del daño. Por esa razón es criticable -de acuerdo a mi punto de vista- afirmar que la subrogación no puede alterar el estado jurídico sustancial del tercero, ampliando o empeorando en cualquier forma las condiciones de su obligación, o que se causa un perjuicio evidente al responsable del ilícito en base a un acto que le es extraño (Rangugni, LA LEY, 2001-B, 757). Creo que este modo de pensar pone el acento en una inicua defensa del responsable último y, a la vez, equivoca los parámetros de situación.

Así como "no integra la esencia del derecho subjetivo la prerrogativa de la perpetuidad" (Galli, cit. en E.D. 39-586, Nº2), tampoco hace a la esencia de la deuda la prerrogativa de la prescriptibilidad en tal o cual plazo, o que en cualquier hipótesis -sea quien fuese que reclame- la producción de un daño libere del deber de pagar las consecuencias en determinada fecha. Se incurre en error al confundir las obligaciones hacia la víctima y hacia el que paga resarciendo al asegurado. Cuando el asegurador paga, extingue el crédito de indemnización del damnificado; pero, por imperio de la ley, nace otra diferente obligación que tiene causa -y distinta medida- en ese pago y las consecuencias que la ley le atribuye.

Stiglitz, coherente con sus ideas generales acerca del momento en que comienza el plazo, explica que, tratándose de la acción promovida por la aseguradora en base al pago con subrogación, el transcurso principia cuando se hace efectivo el pago, porque desde entonces opera la subrogación legal; recién en ese momento el asegurador puede invocar una consecuencia dañosa que legitima su pretensión (Stiglitz, Rubén S., "Derecho de seguros", t. III, 4º ed. act. y ampl., Nº 1148, p. 270, LA LEY, Buenos Aires; en contra: Castro Sammartino y Schiavo, "Seguros", p. 286/7, LexisNexis, Buenos Aires, 2007; Rangugni, LA LEY 2001-B, 757).

III.- Tomando este otro punto inicial del plazo, la suspensión por interpelación ocurrió pendiente el término. Esto tiene como corolario que, al momento de interponerse la demanda, la acción no estaba prescripta.

Voto entonces por revocar la sentencia en cuanto hace lugar a la excepción de prescripción opuesta por la demandada Gómez. Y, en tanto no ha habido agravio vinculado a las consideraciones de la jueza de grado sobre el obrar culpable de la conductora, voto por extender en su contra la condena en forma concurrente con la co-demandada Trana S.A. En caso de que finalmente este voto hiciere mayoría, el agravio de Gómez vinculado a la imposición de costas se tornaría abstracto, desde que se le impondrían en los términos del art. 68 del C. Procesal.

El Dr. Rebaudi Basavilbaso por análogas razones vota en igual sentido que el Dr. Liberman.

Con lo que doy por terminado el acto firmando los señores jueces por ante mí que doy fe.

Y Vistos: lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente el Tribunal decide: revocar la sentencia en cuanto hace lugar a la excepción de prescripción opuesta por la demandada Gómez. Y, en tanto no ha habido agravio vinculado a las consideraciones de la jueza de grado sobre el obrar culpable de la conductora, extender en su contra la condena en forma concurrente con la co-demandada Trana S.A.. El agravio de Gómez vinculado a la imposición de costas se torna abstracto, desde que se le imponen en los términos del art. 68 del C. Procesal.- Regístrese, notifíquese y devuélvase. -Marcela Pérez Pardo. -Víctor F. Liberman. -O. Hilario Rebaudi Basavilbaso.