marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, declaración de inconstitucionalidad, defensa en juicio, doble instancia, sentencia arbitraria, excesos u omisiones en el pronunciamiento, delito de acción privada, víctima del delito
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: Mainhard, Edgar Walter s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-27

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que no trató la tacha de inconstitucionalidad de los arts. 458 y 460 del Código Procesal Penal de la Nación sustentada en el derecho de acceso a un tribunal superior, al reclamar -en el carácter de víctima de un delito de acción privada- equiparación con el imputado en el derecho a recurrir una sentencia adversa, pues el a quo omitió su consideración no obstante advertir su competencia para reexaminar la habilitación de su propia instancia, bajo la única mención de que la impugnante no había cuestionado la validez constitucional de la limitación del ius persequendi (Disidencias de los Dres. Carlos S. Fayt y Antonio Boggiano y del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Procedimiento tributario, intereses, temeridad o malicia
Materia: TRIBUTARIO-PROCESAL
Carátula: A. Fordan Cruz e Hijos S.A.C.I.E.I. (T.F. 4517-I)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-08

Los intereses previstos por el art. 150 de la ley 11.683, en el texto vigente al momento de la sentencia del a quo (ley 23.549, art.

41 pto. 8, B.O. 26/1/88), necesariamente exige un fundamento por el sentenciante para entender configurado el supuesto especial, de apelación evidentemente maliciosa. Ello en el caso no se da, ni tampoco surge de modo manifiesto de lo actuado, por lo cual no es improcedente en autos la aplicación del interés adicional a que dicha norma se refiere.
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CAPPA, Hugo Andrés y BARON, Analía c/ IOSPER s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2010-09-07

Más allá de la inobservancia del reconocimiento y de la garantía de protección de la familia que expresamente consagra el artículo 18 de la Constitución de Entre Ríos -invocado por la accionante-, la cuestionada disposición (Resolución D-N 1061/95 IOSPER) adoptada oportunamente por un Delegado, vulnera palmariamente el explícito objeto de la obra social que, según lo expone el artículo 2 del Decreto-ley 5326/73, ratificado por Ley 5480, consiste -entre otras funciones- en otorgar los beneficios de asistencia médica integral, asistencia odontológica, asistencia farmacéutica, servicios de laboratorios y auxiliares de la medicina, internación en establecimientos sanitarios, traslado por internaciones y subsidios varios conforme lo establezca la reglamentación, a favor de sus afiliados y grupo familiares. Ello demuestra que el objeto del Instituto es brindar cobertura de salud a sus afiliados y grupos familiares primarios, a quienes no puede, por tanto, excluir de los beneficios de la afiliación bajo el argumento de padecer una enfermedad preexistente, lo cual solamente podría admitirse en el actual sistema de seguro de salud respecto de los aspirantes a la cobertura de la medicina prepaga o a la afiliación voluntaria a las obras sociales, que pueden ser rechazados por la empresa médica u obra social cuando portan una enfermedad anterior a la afiliación. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, ejecución de sentencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fischer, Harold y otros c/ Banco de la Pcia. de Bs. As. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-06-12

Resulta definitiva la decisión que, aunque recaída en el proceso de ejecución de sentencia, resuelve sobre la actualización de un crédito cuando no ha habido pronunciamiento anterior a ese respecto.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, prueba
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: G, M A s/ CONCUSION  REITERADA Y FALSEDAD IDEOLOGICA DE INSTRUMENTO PUBLICO DOS  VECES REITERADAS EN CONCURSO REAL     QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD B, P M s/ CONCUSION REITERADA     QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-06-03|1992-06-03

No pesa sobre el sentenciante el deber de respaldar su decisión con la totalidad del material probatorio, sino que puede escoger aquel que estime adecuado en orden a lo decidido finalmente.
Recurso de apelación (procesal), fundamentación del recurso, elevación en apelación, escrituración, escritura traslativa de dominio, obligación de escriturar, falta de inscripción
Materia: CIVIL
Carátula: MERCADO, Mary c/ Cooperativa de Viv. Créd. y Cons. POSTACCHINI LTDA. y/o VACA, Mirta Susana s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-06-01

El ordenamiento procesal expresamente prevé en el art. 523, que en los casos en que la sentencia contuviese condena a hacer alguna cosa, si la parte no cumpliese con lo que se le ordenó dentro del plazo señalado, se hará a su costa o se le obligará a resarcir los daños y perjuicios proveniente de la inejecución.

Es decir, frente al incumplimiento de la condena se produce una conversión de la misma en otra de daños y perjuicios, aunque no se la hubiera peticionado en la demanda al promover el juicio (CApel, Sala III, año 1991, f° 257).
Recurso de apelación (procesal), agravio concreto, situación del imputado, prisión preventiva, delitos contra las personas, homicidio, concausa
Materia: PENAL
Carátula: Eduardo Néstor Paredes c/ FLORES, Carlos Alberto y ECHEVERRÍA, Darío s/ Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-09-23

Se cuestiona la autoría en el Homicidio refiriendo a una eventual mala praxis e introduciendo la teoría de la concausa.

Cabe decirse que debe existir una relación de causa a efecto entre la acción del Agente y la muerte de la víctima, pero el código penal no prevé reglas sobre causalidad ni referentes a la concausa dejando un gran margen de elaboración a la interpretación de los jueces.

Por cierto que la cuestión es compleja y profunda, dando motivo a encontradas opiniones tanto en la doctrina como en la jurisprudencia. En este orden el marco referencial es la responsabilidad del Agente por todas las consecuencias directas y normales de su acción u omisión.

Surge claramente que esta cuestión, no obstante diversas diligencias probatorias referidas, no fue considerada por el Juzgador, y sin duda deviene fundamental para considerar la responsabilidad penal de los participantes en el hecho y la calificación legal del evento.

De allí que debe revocarse la resolución apelada, debiendo mantenerse la calidad de detenidos de los imputados, ello en orden a su situación personal, dada la entidad del delito de que se trata y recobrando vigencia así el estado anterior a la incriminación de los encartados.
Daños y perjuicios, apreciación de la prueba, testigo único, menores
Materia: CIVIL
Carátula: Pinillos, Luis Rafael en J° 119.461/12.612 M. E. J. y Ots. c/ Pinillos, Luis Rafael s/ D. y P. (Acc. de Tránsito) s/ Inc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2014-05-19

Debe revocarse la sentencia que condenó al demandado, al considerarlo conductor de la motocicleta que embistió a un menor cuando cruzaba una ruta, pues la única prueba de la cual podría desprenderse su participación en el accidente es una declaración testimonial que padece de numerosas deficiencias, tales como que, la testigo declara sólo en sede civil, no habiendo sido mencionada siquiera en el expediente penal, ni por la víctima del hecho, ni por los otros testigos del mismo; la declaración no resulta circunstanciada, ni da razones de sus dichos, en tanto se limita a afirmar que en el pueblo en el que ocurrió el siniestro se conocen todos, sin especificar cómo advirtió que era el demandado el conductor si éste venía con casco y cómo conoce al demandado y finalmente confunde los puntos cardinales al reseñar la forma en la que ocurre el accidente.
Impuesto a las ganancias, deducciones impositivas, obligaciones negociables
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: INC SA (TF 24.746 - I) c/ DGI s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-07-15

Resulta inadmisible la deducción practicada por la sociedad actora de los conceptos devengados con motivo de la obtención de los fondos provenientes de la emisión y colocación de las obligaciones negociables, pues tales sumas no fueron destinadas a refinanciar pasivos afectados al desarrollo de sus actividades productivas, sino a cancelar el precio de compra de las acciones de otra sociedad.
Nulidad del acto jurídico, declaración testimonial
Materia: PROCESAL
Carátula: REDES, HUGO ALBERTO s/ TENENCIA DE ARMA DE GUERRA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-12-23

Es nula la declaración testimonial de la hermana del reo, en la que ratifica un acta de secuestro que acredita la tenencia de un arma de guerra por parte de aquél, ya que es claramente violatoria de los arts. 278 y 280 del Código de procedimiento en Materia Penal.
Socios, facultades del directorio, sociedad anónima, presupuestos de responsabilidad
Materia: COMERCIAL
Carátula: Rotger Norberto Reinaldo c/ Lococo Oscar Rubén y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-02-12

Cabe rechazar la acción individual de responsabilidad incoada conforme la LGS 279, a fin de obtener las utilidades que dejara de percibir el actor, y la reparación de los daños y perjuicios derivados del obrar de los accionados como directores. Es que las utilidades cuyo cobro se reclama, no son más que un derecho en expectativa que pudo haber tenido el actor de lo que pudiera haber resultado del desarrollo de la actividad social, que no se vio traducido en el caso en un dividendo reconocido y aprobado por el gobierno de la sociedad devenido de una ganancia para aquélla y que suponga un derecho incorporado al patrimonio del accionante (véase en tal sentido, Cámara 3ra. de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba, en autos "Bringas, Walter Rubén y otro c/ Roccia, Miguel Ángel", del 7.6.11). Tampoco constituye un perjuicio directo en el patrimonio del actor la disminución del valor de las tenencias accionarias. Se aprecia que lo así reclamado por el accionante no es más que el resarcimiento del daño sufrido por la sociedad como consecuencia de la mala administración de la gestión operativa y empresarial llevada adelante por los demandados. Pero el socio no tiene acción individual para reclamar el porcentaje del daño social, en función de su tenencia accionaria, pues ese resarcimiento debe buscarse a través de la reparación del perjuicio sufrido por la sociedad (conf. Ferrer, Germán L., Responsabilidad de los administradores societarios, La Ley, Buenos Aires, 2009, pág. 187). Disidencia parcial del Dr. Barreiro:.

No parece acertado descartar de plano la admisión de la acción de responsabilidad emprendida por un accionista, con fundamento en hallarse privado de legitimación cuando el daño proveniente del actuar de los directores, que ha lesionado su patrimonio indirectamente. Para ello no es necesario conferir a la acción del art. 279 el dudoso carácter de social, porque esa aseveración se enfrentaría con la naturaleza individual que el texto legal expresamente le atribuyó, ni invocar un hipotético estado de indefensión o la inexistencia de otra vía idónea para la introducción del reclamo, aspectos sobre los que esbozaré alguna referencia a continuación, en base a la actitud concretamente adoptada por el aquí accionante. Voto del Dr. Bargallo:.

En lo que concierne a la posibilidad de subsumir aquellos daños en el supuesto de la acción de responsabilidad de la LGS, 279; es la sociedad la única legitimada para demandar por los daños ocasionados directamente a ella aunque indirectamente puedan repercutir en el patrimonio individual del accionista, lo que igualmente requería de una decisión de la asamblea, ausente en este supuesto.
Cuestiones de hecho y prueba, vicios de la voluntad, improcedencia del recurso, recurso de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Capcha, Héctor Alan c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Capcha, Héctor Alan y otros s/ art. 5 "C" tenencia con fines de comercialización
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-05

Corresponde rechazar la queja interpuesta por la defensa, dado que, si bien ha sido dirigida contra la sentencia definitiva -aquella que confirmó la condena impuesta luego de un avenimiento (art. 278, CPP) -, no ha logrado demostrar la existencia de una cuestión constitucional o federal en el caso (arts. 26 y 32, ley n° 402). (Del voto de los jueces juez Santiago Otamendi y la jueza Marcela De Langhe).
Marcas, solicitud de marca, denegatoria de la solicitud, vocablo de uso común
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO ALAS COOPERATIVO LIMITADO c/ DNPI s/ DENEGATORIA DE REGISTRO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-03-25

Si bien "Cinco Estrellas" no se trata de la designación necesaria o habitual de producto alguno, es claramente alusiva a las cualidades, modalidades o usos de dichos productos. Cuando se habla de hoteles, restaurantes, confiterías "Cinco Estrellas", se esta haciendo referencia a algo de una mayor o mejor categoría; es decir aludiendo a las cualidades intrínsecas de lo que se ofrece y que dicha locución en ese sentido, ha pasado al uso generalizado entre el publico consumidor. Partiendo de esa premisa aceptar el registro solicitado implicaría por un lado sacar del uso general dichas palabras y permitir el monopolio de ellas a quien sea su titular, y por otro, correr el riesgo de que el consumidor crea que con dicha designación se esta ofreciendo en el mercado, una mercadería o servicio de mejor calidad, cuando tal vez no sea así. Es correcto el criterio empleado por el organismo administrativo para fundamentar la denegatoria de registro, cuando se manifestó que la denominación peticionada, responde a términos de uso común careciendo de originalidad y especialidad que posibiliten su registro, como así también que la marca induce a error al publico consumidor.
Accidente de tránsito, vehículo embistente
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: DE FELIPE OSCAR ALFREDO c/ HEREDIA HECTOR ENRIQUE s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-11-17

Debe presumirse la calidad de embistente del automotor que presenta daños en la parte frontal.
Presunción de contrato de trabajo, prestación de servicios
Materia: LABORAL
Carátula: Ríos, Ilsa c/ Encinas, Alicia s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-08-03

La prestación de servicios es tomada como circunstancia fundante de una presunción: probada la ejecución de tareas, debe suponerse la existencia de un contrato de trabajo. Es que la realidad de la ejecución de servicios para otro configura, en principio, el cumplimiento de uno de los contenidos o deberes propios de la relación laboral.
Presunción legal, pautas
Materia: LABORAL
Carátula: MARTINEZ CLAUDIA PATRICIA c/ TEXUR  S.R.L. s/ LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1993-08-11

El art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo establece la presunción legal de existencia laboral. Presunción que, sólo puede ser desvirtuada prueba indudable en contrario que a cargo de la demandada estaba por imperio del art. 121 de la Ley 1.444 y que impone a quien alegue la aplicación de una determinada norma la demostración de los presupuestos de hecho de tal defensa. Reconocida pues la prestación de labor y, ante la inexistencia de prueba en contrario, corresponde en consecuencia, tener por configurado el vínculo laboral.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, concurso preventivo, crédito verificado, trámites judiciales, incidentes, leyes, aplicación de la ley
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Dirección Provincial de Rentas s/ Primera ¿Cuáles normas se aplican para regular honorarios en la   verificación concursal -tempestiva y tardía- de créditos?. Segunda   ¿Corresponde regular honorarios al síndico y/o su letrado patrocinante, distinguiendo según aquel sea contador o abogado y   según se impongan o no las costas al tercero verificante?. Tercera   ¿Cuál es la base regulatoria? ¿Se computa la desvalorización   monetaria y los intereses?. Cuarta ¿Corresponde reducir la escala   arancelaria en función del trámite seguido y de las etapas cumplidas?   Auto sprint sobre quiebra. Incidente verificación crédito (Expte.   Nro. 128-87) -Tribunal pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-06-12

El concurso -preventivo o liquidativo- como proceso excede los moldes del proceso bilateral clásico. En aquél hay numerosas cuestiones o litigios por causas vinculadas o influenciadas por la situación concursal, a todas las cuales -en defecto de previsión específica- se aplica la matriz ritual de los artículos 303 y ss. de la ley concursal, que sin mayor rigor científico el legislador denominó "incidente". (De los Fundamentos del Dr. Rouillon).
Costas, resoluciones recurribles
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco de la Provincia de Buenos Aires y Fisco de la Provincia de Bs.As. c/ Brave Fontana, Nicastro S.A.C.Daños y perjuicios s/ Incidente de prueba anticipada
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-11-21

Si la pretensión principal no es revisable en la instancia extraordinaria por su irrecurribilidad, tampoco puede ser materia de recurso extraordinario la imposición de costas, por su carácter indudablemente accesorio.
Licencia por enfermedad, antigüedad
Materia: LABORAL
Carátula: MARUSEVICH, ROSA c/ FRIGORIFICO PILARO  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-10-26

La enfermedad del trabajador no afecta la subsistencia del contrato.

Solo suspende, por los plazos establecidos en la ley, la exigibilidad de la prestación laboral, pero la relación de trabajo subsiste hasta la verificación de un acto hecho extintivo que, una vez producido, marcará la fecha a computar para determinar la antiguedad del dependiente.
Recurso extraordinario federal, cuestión federal, oportunidad procesal
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Hacendados de Bandera c/ Julio Wadi Rafael s/ Cobro de australes - Recurso Extraordinario por ante la C.S.J.N.  interpuesto por el Dr. Juan Rafael (h)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-12-01

No puede considerarse la tacha de arbitrariedad cuando no se ha planteado la "cuestión federal" al momento de impugnarse el primer pronunciamiento presuntamente arbitrario.
Ley penal más benigna, actuación de oficio
Materia: PENAL
Carátula: Ledesma, Guillermo Rubén s/ Robo agravado por el uso de armas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-11-27

El texto originario del art.162 del Código Penal recuperó vigencia mediante la ley 23.077 (art.1) y corresponde su aplicación en tanto establece una escala más benigna para el procesado que la determinada en el vigente al momento del hecho (art.2, C.P.).
Recurso de apelación (procesal), procedencia del recurso, agravio concreto
Materia: PROCESAL
Carátula: Gastelu, Roberto Edgardo c/ Saieva Patagónica S.A. y Otra s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-02-26

El interés es la medida de la acción. Y en tal sentido, el agravio es el perjuicio que la resolución causa al recurrente. Su existencia y posibilidad de reparación es lo que determina el interés del apelante. Se ha dicho que la sentencia que satisface el propio interés es irrecurrible. No procede por agravios posibles, hipotéticos o conjeturales. No existiendo un agravio actual, la cuestión se torna abstracta.
Gobierno nacional, facultades tributarias
Materia: CONSTITUCIONAL - TRIBUTARIO
Carátula: Horvath, Pablo c/ Fisco Nacional (DGI.) s/ ordinario (repetición).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-04

No existe acuerdo alguno de voluntades entre el Estado y los individuos sujetos a su jurisdicción con respecto al ejercicio del poder tributario implicado en sus relaciones; los impuestos no son obligaciones que emerjan de los contratos sino que su imposición y su fuerza compulsiva para el cobro son actos de gobierno y de potestad pública.
Responsabilidad del banco, indemnización, daño moral, derechos del consumidor
Materia: PROCESAL
Carátula: Rubén, Juan Martín c/ Banco Santander Río SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-23

Procede hacer lugar a la indemnización por daño moral, cuando -como en el caso- la entidad bancaria demandada demoró 2 años y medio en remediar una situación que su desidia había generado, juntamente con el accionar de la operadora del call center que, brindando información escasa, de manera desordenada y sin atender al real pedido de su interlocutor, llevó mediante argucias a contratar un servicio que no fue el solicitado. Ello por cuanto, el actor pretendía obtener una tarjeta de crédito y la entidad, unilateralmente, transformó la cuenta sueldo -sin costo- y la recategorizó en una cuenta con costo de mantenimiento. Tampoco puede ser pasado por alto, pues resulta dirimente a los fines de la cuantía del daño que se está analizando, el hecho que el actor haya tenido que llevar a cabo una incontable cantidad de reclamos y diligencias para obtener este resultado y que, una y otra vez, el actuar del banco mostrara no solo negligencia, sino también desinterés por el consumidor al que estaba perjudicando con su accionar violatorio de la LDC.
Recurso contencioso administrativo, resoluciones recurribles, facultades disciplinarias
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SUAREZ, GRACIELA Y BERTONASCO, EDITH c/ MUNICIPALIDAD DE RAFAELA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  NRO 359-86)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-08-29

La Corte Suprema de Justicia Provincial aparece legalmente facultado para decidir sobre la legitimidad de una sanción disciplinaria impuesta por la Administración Pública cuando al decidir, ésta incurra en los vicios de incompetencia o violación de las formas sustanciales.
Intereses, moneda extranjera, tasas de interés, tasa del 8% anual
Materia: CIVIL
Carátula: PLUS ULTRA CIA. ARGENTINA DE SEGUROS SA c/ CAP. Y/O ARM. Y/O PROP. BZ OCEAN LAKE s/ FALTANTE Y/O AVERIA DE CARGA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-03-11

Como señalaba la doctora Mariani de Vidal, en las condenas en moneda extranjera se debe liquidar intereses relacionados con las operaciones que, en la divisa de que se trate, realice el Banco de la Nación Argentina. En consecuencia, deberá estarse a esa tasa, a condición de que, en el caso, no supere la del 8% anual que fijo el a quo y consintió la actora. No obsta a lo expuesto la paridad 1$ igual a 1 dolar, ley 23928, toda vez que es un hecho notorio que en las operaciones financieras se aplican tasas diferentes según estén referidas a pesos o a dólares. Esta realidad económica, que parece responder al llamado riesgo-país, no pudo ser ignorada por la actora al demandar, de manera que si obtuviere réditos inferiores a la tasa del art. 10 dec. 941/91, ello reconocería causa en su discrecional conducta.
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, exceso ritual manifiesto, interpretación de la ley, Estatuto del Docente, daños y perjuicios, cesantía
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: JORGE ALBERTO BESSIO c/ MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-19

Constituye una interpretación, con exceso de rigor formal, la que sostiene que el Estatuto del Docente, en su art. 60 dispone que el plazo para demandar por la indemnización de daños y perjuicios derivados de la cesantía del actor es de treinta días contados desde la medida expulsiva y que nada privaba al actor de iniciar un reclamo judicial en el plazo que fija dicho artículo, aunque fuere al sólo efecto de conservar la acción.