marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Astreintes, plazo, incumplimiento del contrato, aplicación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: Zookedo S.A. c/ Compañía de Radiocomunicaciones Móviles S.A. s/ Incumplimiento de contrato
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-03-20

Las astreintes son medidas compulsivas que importan el ejercicio del poder público estatal a cargo de los jueces y constituyen un medio para lograr el cumplimiento de las decisiones judiciales. En tal sentido, se diferencian nítidamente de las obligaciones impuestas por la condena cuya satisfacción procuran (cfr. Fallos: 320:186, Cons. 4º del voto de los jueces Moliné O'Connor y López; esta Sala, causas 21.425/94 del 10-5-01 y 882/92 del 7-5-02). Su finalidad es presionar la voluntad del deudor a fin de constreñirlo al cumplimiento de lo que se le exige, bajo amenaza de colocarlo, en la medida en que su incumplimiento persista en el tiempo, en una situación patrimonial cada vez más comprometida (cfr. esta Sala, doctrina de las causas 677/97 del 25-3-97 y 5715/99 del 21-10-99, entre otras). Ello sentado, corresponde tener en cuenta que el artículo 6 del Código Civil y Comercial de la Nación -texto aprobado por la ley 26.994- prescribe que "El cómputo civil de los plazos es de días completos y continuos, y no se excluyen los días inhábiles o no laborables".
Defensor general de la Nación, defensor oficial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuestiones de competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Defensor General de la Nación y el Defensor Oficial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. s/ Conflicto de competencia entre el Defensor General de la Nación y el  Defensor Oficial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-09-25

La designación del Defensor General de la Nación no supone la abrogación de las facultades del Defensor Oficial ante la Corte Suprema.
Derecho constitucional, acción de amparo, actos jurisdiccionales, Municipalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: González, José Luis s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1995-09-05

Pueden recurrirse por vía de Amparo ante el Tribunal Superior de Justicia sólo los Actos del Poder Ejecutivo de la Provincia (no de la Municipalidad), o de alguna autoridad judicial.

Esto es así, por cuanto, el art. 380 del C.P.C. señala claramente la regla respecto de la competencia para entender en la acción de amparo, y luego de fijársela al Tribunal Superior en la primera parte del apartado pertinente, establece que en los demás casos, serán competentes las Cámaras o Juzgados Letrados, respetándose las reglas establecidas en el C.P.C. y en la L.O.P.J., respecto de la materia, cuantía, territorio y turno.

Esto de ninguna manera significa desjerarquizar la función municipal, ni su autonomía. Tampoco implica menoscabo alguno a la relevancia del municipio como función, que debe ser de comunidad local, al servicio de sus legítimos intereses. Por lo tanto tampoco atenta contra el equilibrio del principio de división funcional del Estado, ya que no se trata de limitar la competencia o jerarquía municipal, sino se trata nada más que de normas legales vigentes atributivas de competencia, art. 1º del C.P.C..

(del voto del Dr. Grimaux, disidencia)
Pena, control de constitucionalidad, política criminal
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por el Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal en la causa Menéndez, Luciano Benjamín y otros s/ legajo de casación c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-23

Dentro de los límites del derecho constitucional a ser sancionado con una pena cuya severidad sea proporcional a la gravedad del delito cometido y al bien jurídico tutelado y a no ser sometido a un trato punitivo cruel, inhumano o degradante, la determinación de las escalas punitivas y de la clase y extensión de las penas conminadas para cada tipo de delito es una materia propia de la política criminal reservada al Congreso, atribución que los magistrados no pueden ignorar al llevar a cabo el control de constitucionalidad que les compete. - Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite -
Recurso extraordinario, denegatoria del recurso, sentencia no firme, Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE CERES c/ TELECOM ARGENTINA S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (RECURSO EXTRAORDINARIO PARA ANTE LA C.S.J.N.)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-11-02

Corresponde denegar la concesión del recurso extraordinario interpuesto, desde que el pronunciamiento recurrido carece de la definitividad requerida por el artículo 14 de al ley 48; debiendo tener presente que en causa similar -en cuanto se trataba también de la nulidad de una sentencia que había ordenado llevar adelante la ejecución de un apremio fiscal- esta Corte sostuvo respecto al recaudo aludido, que el decisorio impugnado, que en su oportunidad había efectuado una distinción según fuera el alcance del reenvío al tribunal de grado que corresponda, entendiendo que aquel recaudo no se superaba, en tanto en otros antecedentes había resuelto en sentido contrario. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación no admitió tal distinción y consideró que, en cualquier caso, las sentencias de este Tribunal -disponiendo reenvío- no eran definitivas a los efectos de la ley 48; y al margen de cuál sea el grado de vinculación de las decisiones de la Corte nacional, razones de utilidad y conveniencia, de seguridad jurídica, de economía procesal y para evitar fallos contradictorios, determinan que este Tribunal se incline por seguir las directrices fijadas por aquélla.
Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-11-10


ASOCIACION TRIBUNALES DE EMPLEADOS DEL PODER JUDICIAL Reg.: A y S t 202 p 440. Santa Fe, 10 de noviembre del año 2.004.

VISTOS: los autos "ASOCIACIÓN TRIBUNALES DE EMPLEADOS DEL PODER JUDICIAL - Interpone Recursos de Nulidad y Reconsideración contra el Régimen de Prosecretarios, Practicantes y Pasantes- sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. Nro. 362, año 2.004), para resolver la recusación articulada a foja 26; y, CONSIDERANDO: 1.

Como punto final del recurso de inconstitucionalidad local interpuesto a fojas 21/26 los recurrentes solicitaron, atento a que impugnan una resolución emanada de esta Corte, el apartamiento de los Señores Ministros.

2. Habrá de rechazarse de plano la recusación formulada (art. 12, ley 10.160). En efecto, esa decisión corresponde adoptar siguiendo la línea jurisprudencial trazada por el Máximo Tribunal nacional y reiterada numerosas veces por esta Órgano Jurisdiccional en el sentido de que "... la actuación de la Corte, en la medida que lo imponga el ejercicio de sus atribuciones específicas importa juzgamiento y no prejuzagmiento" (A. y S., T. 164, pág. 448; L.L. 1991-E-271).

Es que el recurrente no ha cuestionado y ha consentido la actuación del Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el Acuerdo del 14.3.2000, Acta Nro. 10, punto 5, a cuyos argumentos se remitió la decisión del 8 de setiembre del corriente año (ver certificación de foja 31).

Luego, reconocido el doble carácter en que le corresponde intervenir a la Corte, luce innegable que ambos resultan inherentes a sus atribuciones específicas y resultaría ilógico pensar que estas se anulasen entre sí (A. y S., T. 191, págs. 385/386; T. 177, págs. 258/259).

Debe señalarse, asimismo, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha considerado notoriamente improcedentes, y por ende rechazables de plano, aquellos casos en los que se ha recusado a todos sus miembros endilgándoles prejuzgamiento en cuestiones decididas en el ámbito propio de la superintendencia del Tribunal, aclarando que "Las disposiciones sobre recusación no son aplicables en supuestos en que se han ejercido facultades de superintendencia" (Fallos 308:841).

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar las recusaciones articuladas.

Regístrese y hágase saber.

Fdo.:FALISTOCCO-GASTALDI-GUTIERREZ-NETRI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)
Caducidad de instancia, resoluciones recurribles
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Vitale, Alberto y otra c/ Provincia de Buenos Aires s/ Beneficio de litigar sin gastos Gomez Alzaga, Martín c/ Prov. de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-10-13|1997-04-01

De conformidad, con lo dispuesto por el art. 317 del Cód. Procesal, la resolución que desestima el pedido de caducidad es inapelable.
Medidas cautelares, oportunidad procesal
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fisco de la Provincia de Bs. As. c/ Esso S.A.F.A. s/ Embargo preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-10-15

Aunque el Fisco puede apreciar libremente la oportunidad en que puede requerir la traba del embargo, el magistrado debe analizar los extremos mínimos de viabilidad o no del embargo solicitado, pues lo contrario significaría que el juez cumple una función mecánica sin apreciar personalmente la procedencia o improcedencia de dicho requerimiento, pues resulta evidente que si así no se procede, el órgano jurisdiccional carecería de toda posibilidad de cumplir con la atribución que lo faculta a evitar daños de difícil reparación o perjuicios innecesarios al titular de los bienes (art. 204, Código Procesal). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Obligaciones del Estado miembro, IPPY
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Almada Martínez, Rosa Romana c/ GCBA. s/ Amparo (art. 14 CCABA).
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-05-27

No hay evidencias de que los órganos políticos federales hayan querido que el contenido de las obligaciones asumidas mediante el PIDESC exceda el que el GCBA se propuso, ni que haya asignado recursos a través de políticas nacionales de vivienda para que la CABA los implemente en su territorio (Voto de los Sres. Jueces Ana María Conde y Luis F. Lozano).
Cohecho, delito penal
Materia: PENAL
Carátula: Q., J. H. s/ Auto de procesamiento (Expte Nº 72-93, Resolución Nº 46, Tomo 1,  Folio 380)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-08-31

Es teóricamente admitida la posibilidad de lo que podríamos llamar una extorsión implícita, donde la intimidación que vicia la voluntad de la víctima resulte del aprovechamiento de una situación en que ésta se siente coaccionada por una presión que cree proveniente del autor o que el mismo puede alejar, aunque obviamente, por tratarse de un delito doloso, este autor debería de alguna manera instrumentar en su beneficio aquella situación coaccionante.
BARBADOS, pena de muerte, pena única, Pacto de San José de Costa Rica, violación de derechos humanos, responsabilidad internacional del Estado, violación del derecho a la vida, reforma legislativa, derecho interno, sentencia condenatoria
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Dacosta Cadogan c/ Barbados s/ excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2009-09-24

En tanto a la presunta víctima se le haya aplicado una ley que desconoce el derecho a la vida -consagrado en el artículo 4 de la Convención Americana-, tal como la Ley de Delitos contra la Persona que impone obligatoriamente la pena de muerte por horca a quien resulte culpable de homicidio, aunque no sea ejecutada, el Estado es responsable por incumplimiento del artículo 2 del Pacto, en relación con sus pares 1.1 y 25.1, en tanto aquella responsabilidad nace con la aplicación de una ley incompatible con la Convención, independientemente de la intención de modificar esa legislación en un futuro.
Daños y perjuicios, responsabilidad objetiva, responsabilidad de los establecimientos educacionales, turismo, turismo estudiantil, obligación de seguridad
Materia: CIVIL
Carátula: CENTURION LOPEZ, Carmen c/ M.C.B.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-09-14

La responsabilidad que asume el colegio organizador de un viaje de egresados, surge no sólo por el hecho de sus dependientes, esto es, los maestros, sino porque, además, la escuela, junto a la obligación principal de suministrar enseñanza y educación a sus alumnos, asumió una obligación de seguridad, enderezada a preservar la integridad física de éstos. Por ello, frente a ese deber de seguridad de naturaleza objetiva, resulta irrelevante la acreditación de su "no culpa" en el cuidado y vigilancia de los estudiantes, para exonerarse de su obligación de reparar los daños y perjuicios generados durante aquel viaje turístico.-
Derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio, non bis in ídem, proceso penal, hecho diverso
Materia: PENAL
Carátula: Luque,   Guillermo   Daniel   y  Tula,  Luis  Raúl s/ homicidio preterintencional -causa nº 117/94-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-11-26

No se advierte que se haya violado el principio de la defensa en juicio, si no hubo una condena sorpresiva sobre hechos y circunstancias de las que el procesado no pudo defenderse debidamente, ni una variación brusca del objeto del proceso. Tampoco se violó la garantía del non bis in idem, pues, justamente no hubo una persecución penal múltiple por un mismo hecho, en el sentido del doble riesgo o "double jeopardy", sino que se trató de un hecho diverso, alternativo y debidamente intimado e imputado.
Actos y diligencias procesales, nulidad procesal, principio de trascendencia
Materia: PROCESAL
Carátula: C., E.G. c/ C.-L. s/ Cobro de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-02-15

La nulidad de procedimiento debe considerarse en relación al principio de trascendencia, es decir, que se la admitirá en la medida en que perjudique efectivamente el derecho de defensa de las partes (art. 169 C.P.C.C.). Su acogimiento será restrictivo, es un remedio excepcional al que debe recurrirse cuando no queda otro medio para subsanarla.
Servicio público, concesión de servicio público, derechos del usuario, responsabilidad contractual, accidente de tránsito, animales sueltos en la vía pública, daños y perjuicios, caso fortuito
Materia: CIVIL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Ferreyra,  Víctor  Daniel y Ferreyra, Ramón c/ V.I.C.O.V. S.A. s/ daños y perjuicios. Caja de Seguros S.A. c/ Caminos del Atlántico S.A.V.C.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-21|2006-03-21

El concesionario debe responder ante el usuario por los daños provocados por animales que invaden la carretera, salvo que demuestre la mediación de eximente en punto a la ruptura del nexo causal, y para que proceda dicha eximición, debe acreditar el acaecimiento del caso fortuito, la culpa de la víctima o la de un tercero por el que no debe responder. Tal responsabilidad no resulta enervada por la que recae sobre el dueño o guardián del animal (art. 1124 del Código Civil), ya que la existencia de esta última no excluye a la primera, en tanto se trata de un supuesto que obedece a un factor de imputación diverso (Voto del Dr. E. Raúl Zaffaroni).
Despido por fuerza mayor, trabajador
Materia: LABORAL
Carátula: Vega, Mártires y otros c/ U.C.A.L. s/ Despido Directo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2000-12-19

Debe rechazarse el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada quien se duele porque el a-quo considera infundada la causal de cesantía en los términos del art.247 de la Ley 20744.

Obedece el fallo a que la crisis generalizada, en especial en el caso de la industria textil, no es razón bastante para incluirse en ella el empleador como quien ha sucumbido ante su solo impacto, no se ha acreditado cuáles fueron frente a la crisis y aún en sus orígenes, las medidas de corte empresarial arbitradas para optimizar el proceso productivo, ni que la caída de las ventas no hubiere involucrado la responsabilidad empresaria a través de extremos como mayores precios que la competencia, demora en las entregas, calidad del producto, etc., en cada circunstancia, se arrimará la prueba que el caso amerite para sortear la crisis, tales como obtención de créditos y otras posibilidades en el campo de la economía y la financiación.
Situación del imputado, sentencia firme, procesado, personas privadas de la libertad, presunción de inocencia
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Hermosid, Eduardo César s/ Recurso de casación - Causa n. :1111.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-29

La sentencia condenatoria pasa en autoridad juzgada cuando se hubiesen rechazado los recursos extraordinarios posibles, o cuando se hubiesen dejado transcurrir los términos para deducirlo sin hacer uso del derecho, toda vez que el efecto suspensivo no se produce solamente ante la actividad impugnativa, sino que también corresponde mientras subsista legalmente la posibilidad de impugnar, y recién, fenecido dicho término sin que se haya producido impugnación alguna, el fallo condenatorio queda firme, y adquiere su inmutabilidad. Por tanto, es recién cuando ha adquirido firmeza la sentencia condenatoria -título ejecutivo en los términos de la normativa de forma- que cesa la calidad de "procesado" que venía revistiendo hasta entonces el imputado, para pasar a convertirse en "condenado", cayendo el estado de inocencia consagrado constitucionalmente en forma definitiva con la confirmación de la culpabilidad del sometido a proceso.(Voto de la Dra. Berraz de Vidal).
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia no firme, sustitución de la prisión preventiva, imputado
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: MUÑOZ, ALBERTO GABRIEL s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-12-16

Si bien la resolución atacada por vía del recurso de inconstitucionalidad, mediante la cual se confirmó la denegación de la sustitución de la prisión preventiva del recurrente, no es -atento a su naturaleza- sentencia definitiva ni auto que ponga fin al pleito o impida su continuación, puede constituirse excepcionalmente en objeto procesal de la impugnación extraordinaria, en tanto restringe la libertad del imputado con anterioridad al fallo final de la causa, ocasionando un perjuicio que podría resultar de imposible reparación ulterior sobre uno de los bienes de mayor trascendencia para el derecho, cual es la libertad ambulatoria. De la lectura del pronunciamiento atacado, se advierte que la Cámara centró el debate en torno al riesgo de fuga, no sólo teniendo en cuenta la pena en expectativa en abstracto prevista para los delitos atribuidos al imputado, sino también la existencia de una condena anterior sin que haya transcurrido el plazo de cuatro años establecido en la ley de fondo para que el imputado pueda gozar eventualmente de una nueva condena en suspenso, de conformidad al artículo 27 del Código Penal, sumado a la existencia de un importante caudal probatorio de cargo lo cual -desde su óptica- constituían factores que multiplicaban el peligro de fuga del imputado , compartiendo lo analizado por el Fiscal de Cámaras en cuanto a que las medidas alternativas de sustitución de prisión propuestas por la defensa -presentación una vez por semana en una dependencia policial o judicial y aumento del monto de la fianza-, no resultaban suficientes.( Del voto de la mayoría. En Disidencia: Dr. Erbetta).
Sentencia, actualización monetaria, jueces
Materia: LABORAL
Carátula: SARAVIA, CARLOS HORACIO c/ INDUSTRIA FRIGORIFICA RECREO SAIC s/ DA#OS Y PERJUICIOS     ACCION COMUN POR ENFERMEDAD     ACCIDENTE DE TRABAJO      EXPTE NRO 2-92
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-04-10

La expresión "podrán disponer" contenida en el tercer párrafo del artículo 8 del decreto nro 529-91, según texto ordenado por el artículo 10 del decreto nro 941-91, posee un mero alcance facultativo y no limitativo de los jueces, ya que, si se interpreta que es una directiva insoslayable para los magistrados, resultaría contradictorio, innecesario e ininteligible el párrafo segundo de la misma norma, en tanto los faculta a "indicar la tasa de interés que regirá a partir del 1 de abril de 1991, de modo de mantener incólume el contenido económico de la sentencia". Caso contrario, si el criterio de poder reglamentario hubiere sido el de fijar la "tasa pasiva promedio" del Banco Central para todas las hipótesis y sin otra alternativa, le hubiera bastado con así expresarlo.
Recurso extraordinario, revocación de sentencia, derechos y garantías constitucionales, derecho a la vivienda digna, vivienda única, créditos hipotecarios para la vivienda
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - CIVIL
Carátula: Rospide, Oscar y otra s/ quiebra.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-15

Si los defectos que presenta el pronunciamiento recurrido se traducen en la privación de normas de naturaleza federal, que encuentran su soporte constitucional en el art. 14 bis de la Constitución Nacional, en cuanto tiende al afianzamiento de la vivienda como fruto del esfuerzo de los integrantes del grupo familiar y de la ayuda estatal - decreto 5167/58 - corresponde dejar sin efecto el fallo, pues media relación directa e inmediata entre lo resuelto y las garantías constitucionales que se dicen vulneradas.
Interpretación de la ley, voluntad del legislador
Materia: PROCESAL
Carátula: IEH s/ adopción.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-06-30

La labor del intérprete no debe agotarse en el examen de la disposición legal sino que además corresponde consultar la racionalidad del precepto en su aplicación concreta a cada caso particular y la voluntad del legislador (Voto del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Remuneración, recibo
Materia: LABORAL
Carátula: Palacio Lucía Librada c/ Instituto Belgrano de Salud Sociedad Anónima y/o quien resulte responsable s/ Despido, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2000-10-25

En función de lo previsto en el art.60 de la ley 20744, el trabajador puede oponerse al contenido de recibos que llevan su firma acreditando que las declaraciones insertas en el documento no son reales. El análisis efectuado para restar validez al recibo obrante en la causa, es correcto, hay incompletividad del mismo con relación a todo lo previsto en la Ley de Contrato de Trabajo en punto a los recaudos exigidos para la validez de éstos como medio de pago, la comisión de la formalidades mínimas del art.140, el doble ejemplar (art.139), la falta de registración contable correlacionada, y lo que es muy importante, que en caso de optar el empleador por un recibo único, o la agrupación en un recibo de varios rubros, éstos deberán ser debidamente discriminadoe en conceptos y cantidades. A la luz del art.142 de la ley 20744, el documento en cuestión no reune las condiciones mínimas para hacerlo valer en juicio.
Usurpación de títulos u honores, usurpación de títulos u honores correspondientes a fuerzas militares o de seguridad, personal policial, credenciales falsas
Materia: PENAL
Carátula: WTODARCZK, MARTIN S. s/ USURPACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-07

Configura el delito de usurpación de título y honores la acción del procesado que, exhibiendo una credencial falsa manifestó ser policía, pues cuando la redacción del art. 247 del CP hace alusión al que públicamente llevare, se refiere a la publicidad que trasciende de lo privado, consumándose el delito con la sola exhibición, ya que quien obra en una determinada calidad, sin poseerla, se la arroga, máxime cuando invoca expresamente el título y exterioriza la conducta que lo implica.