Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-09


Buenos Aires, 9 de marzo de 2007.

La Dra. Zulema Wilde dijo:

Contra la sentencia de fs. 681/686 vta. se alza la parte actora, quien expresa agravios a fs. 703/712 vta. Corrido el traslado de ley pertinente, el mismo es evacuado a fs. 718/724 por la demandada. Con el consentimiento del auto de fs. 727 quedaron los presentes en estado de resolver.

I. La sentencia de autos rechazó la acción de daños y perjuicios entablada por José Enoque De Meneses contra la Editorial La Capital SA y el Diario La Prensa, al acoger favorablemente las excepciones de prescripción liberatoria opuestas, por lo que se consideró extinguida la eventual obligación que se devendría de la violación de los artículos 31 y 71 de la ley 11.723.

II. En primer lugar, por una cuestión de orden metodológico, es adecuado hacer mención, en primer término, que la nulidad o la anulabilidad de una sentencia no puede ser causada por "error o errores in iudicando", por cuanto los supuestos vicios destacados son purgables por el recurso de apelación.

De allí que lo peticionado resulte inadmisible cuando los agravios que lo fundamentan son susceptibles de enmienda por el otro remedio procesal intentado.

III. La publicación de dos imágenes fotográficas del actor en una nota sobre Jamaica en el suplemento infantil del diario "La Prensa", habría sido realizadas el domingo 8 de marzo de 1998. Aquél sostuvo que recién tomó conocimiento de la publicación a mediados del mes de noviembre del año 2000. Esa reproducción no contaba con su anuencia, por lo que afirmó la violación de las previsiones articuladas en la ley 11.723.

La actora entiende que la intimación cursada el 19 de diciembre del año 2000 produjo efectos suspensivos en el curso de la prescripción liberatoria.

IV. Es dable mencionar que sólo se atenderán los argumentos esbozados por el apelante que son esenciales y decisivos para fallar la causa. (Fallos 221, 37; 232,186; 226, 474; 228, 279;233, 447;234,163;247,202, 310,1162, entre otros).

V.-"La prescripción liberatoria se suspende, por una sola vez, por la constitución en mora del deudor, efectuada en forma auténtica. Esta suspensión sólo tendrá efecto durante un año o el menor término que pudiera corresponder a la prescripción de la acción" (art. 3986 CC, texto según la ley 17.940).

De la mera lectura de las normas contenidas en la ley, emerge sin dubitación que los supuestos reglados en este artículo presuponen la paralización o suspensión de un plazo que aún no se ha agotado.

Se meritua el lapso transcurrido hasta que acontece la causa de suspensión del curso de la prescripción y cuando ésta cesa, el curso se reanuda (art. 3983 del mismo Código).

Consecuentemente, con este planteamiento, el apelante desconoce que, siendo los derechos, en principio, todos prescriptibles, salvo los que la ley excluye (art. 4019 CC), no puede haber suspensión, si el plazo se consumió en su totalidad. La iniciación de la prescripción acontece desde que el crédito se origina, y el crédito nació desde que se produjo la publicación. Por lo que no hubo suspensión alguna.

El plazo en la prescripción de la acción civil por responsabilidad extracontractual comienza desde que se produce el hecho generador del daño y el damnificado tiene conocimiento de él (CSJN, LL 57-745).

El artículo 4037 del Código Civil determina el plazo de dos años para la responsabilidad civil extracontractual. Tratándose de la responsabilidad originada en la violación al deber de no dañar ("naeminem laedere"), el artículo 1066 del mismo ordenamiento dispone que "ningún acto voluntario tendrá el carácter de ilícito si no fuere expresamente prohibido por las leyes ordinarias, municipales o reglamentos de policía, y a ningún acto ilícito se le podrá aplicar pena o sanción de este Código, si no hubiere una disposición de la ley que lo hubiere impuesto".

El principio de reserva constitucional exige la ley previa a la transgresión (art. 19 de la Constitución Nacional), ya sea en forma genérica o específica.

Al emerger la prohibición legal de una norma concreta para un supuesto específico, la ilicitud objetiva se pone de manifiesto por la comparación entre la conducta llevada a cabo y la específicamente prevista en la norma (art. 31 de la ley 11.723).

El derecho de la persona sobre su imagen personal es objeto de protección legal (publicación de retratos). (Ver "Simeone, Irene A. c/ Contigli Publicidad SA". CNCiv., Sala E, abril 23 de 1981, ED 94-582, "La violación del artículo 31 de la ley 11.723 genera un derecho resarcitorio emplazado en el ámbito extracontractual ...").

"El derecho a la imagen es el derecho personalísimo cuyo regular ejercicio permite al titular oponerse a que por otros individuos y por cualquier medio se capte, reproduzca, difunda o publique - sin el consentimiento o el de la ley - su propia imagen" (ver Rivera, Julio César. "Instituciones de Derecho Civil. Parte General". T. II. Págs. 103/106. Ed. Abeledo Perrot. Bs. As. 1993).

El derecho protege al ser humano en todas sus manifestaciones externas y esenciales a su naturaleza.

Si bien históricamente fue relacionada esa tutela exclusivamente con la reproducción fotográfica, aquella se fue expandiendo a diferentes expresiones como la voz, las palabras, etc. siendo protegidas igual que la imagen física (ver. Huet Weiler - Leiva Fernández, citados por Rivera, J.C. "Hacia una protección absoluta de la imagen personal". Revista de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional N? 1, pág. 33 , pág. 104 y obra citada "ut supra").

La ilicitud objetiva extracontractual deriva de la observación de ese acto o conducta que provocó el daño injusto (Ver V Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Rosario, 1975).

Si consecuentemente el crédito podía ser exigido desde que se produjo el hecho origen del daño (la publicación), la prescripción había comenzado su curso desde ese mismo instante.

Nuestro Supremo Tribunal ha hecho alusión en los supuestos derivados de responsabilidad extracontractual, que el conocimiento del hecho que origina el daño "no requiere noticia subjetiva y rigurosa sino que tal exigencia de conocimiento "se satisface con una razonable posibilidad de información" (Corte Suprema de Justicia de la Nación, Levinagel S.A. v.Pcia de Buenos Aires, 19-12-95, 1996-II- síntesis y López Casariego, Julio A. v. Pcia. de Buenos Aires, 28/8/93,1996, II, síntesis).

Esa razonable posibilidad de información se da en nuestro caso con la publicación.

La notoriedad de la publicación en nuestro medio lleva a que se presuma conocida.

"Si bien, como regla general, el punto de arranque del curso de la prescripción debe ubicarse cuando sucede el hecho ilícito que la origina, excepcionalmente puede determinarse un momento diferente, ya sea porque el daño aparece después, o bien porque no puede ser apropiadamente apreciado hasta el cese de un conducta ilícita continuada" (corte Suprema 31/08/99 "Tarnolposky v. Estado Nacional y otros, J.A. 2000-III-680) .

Más cuando la cantidad de ejemplares puestos a disposición del público satisface razonablemente sus necesidades, estimadas en concordancia con la índole de la obra y merituada expresamente por la accionante como un diario de circulación masiva (ver fs. 30 vta.).

Por otra parte, en términos generales, los principios de la carga de la prueba determinan que los presupuestos fácticos de las normas que se invocaren como fundamento de la pretensión, defensa o excepción, se atribuyen a cada parte (art. 377 CPCC).

La prueba testimonial rendida es endeble para poder aseverar que su conocimiento fue real y efectivo en ese momento que se indica, más cuando de este modo el nacimiento de la acción quedaría condicionada a la voluntad subjetiva de la parte, y consecuentemente, el plazo de prescripción también.

Ciertamente resulta inverosímil que ese conocimiento se haya adquirido después de un tiempo considerable o largo desde la publicación (más de dos años y medio -8 de Marzo de 1998 a 15 de Noviembre de 2000-) y este hecho no se produjo de manera reservada sino en forma pública , en un diario de circulación nacional.(ver fs. 567,569,570) La actora, al tiempo del inicio de la acción, sabía que el plazo determinado en el artículo 4037 ya se había consumido. Prueba de ello son sus manifestaciones allí vertidas..

Siguiendo las palabras de Llambías " la responsabilidad existe y consiguientemente ha nacido la pertinente acción para hacerla valer. De ordinario, ello ocurre cuando acontece el hecho ilícito que origina dicha responsabilidad". (Tratado de Derecho Civil. Obligaciones, III, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1973, pág. 434). En nuestro caso, el daño es concomitante con el hecho ilícito, si lo que se reclama es el lucro cesante y el daño moral, que se dice hubiere producido la publicación no autorizada de retratos fotográficos con fines de publicidad comercial (art. 31 de la ley 11.723).

No se trata de un supuesto excepcional en los que ambos - hecho ilícito y daño - no son contemporáneos. El daño es contemporáneo con la publicación porque la ley presume una violación a la intimidad, de modo que sería arbitraria la publicación si no media autorización. ("Ivanof de Regueiro, Liliana c/ Laboratorios Phornix SAICF s/ daños y perjuicios", CNCiv., Sala A, 06/06/83). Todo ello, condicionado a la acreditación de los demás requisitos exigidos por la norma Por otra parte, si no hubiere causado daño la publicación, no se configuraría el ilícito civil (art. 1069 CC). Lo afirmado sin que se haya analizado si se debería entender que debe ser encuadrada la situación planteada en la parte "in fine" del artículo 31 de la ley 11.723, como la demandada sostiene.

VI. El actor es quien esgrime ser el titular de la acción, , porque ha sido su imagen la que se habría publicado, afirmando desconocer hasta mediados de noviembre de 2000 la ocurrencia del hecho.

De modo que ese desconocimiento le habría impedido obrar, o para utilizar las palabras del Código, habría habido "imposibilidad de accionar".

Ante ese posicionamiento, y tomándolo como válido a pesar de la poca convicción que provoca la testimonial rendida en autos al respecto; ya habiendo transcurrido el plazo determinado en el artículo 4037 del mismo cuerpo legal; la norma contenida en el artículo 3980 da la posibilidad de reclamar a favor de sus derechos por un término de tres meses más.

El comienzo de la prescripción está determinado en la norma y depende de los presupuestos objetivos que ya se mencionaran. Las situaciones subjetivas enmarcan en las suspensiones (arts. 3969, 3970, 3972, 3973, 3982 bis y el que nos ocupa) no aplicables si el plazo se consumió, como también se refiriere "ut supra". (Ver LL 96-552).

La acción resarcitoria es prescriptible- como ya se señalara - y el curso de la prescripción se desarrolla desde que la publicación apareció y se aduce produjo daño (art. 3956 CC).

VII. En conclusión, el actor, en el lapso comprendido entre el 15 de noviembre al 14 de febrero del siguiente año, no inició la acción pertinente a fin de evitar la consumación de ese lapso, ni tampoco promovió en ese término la convocatoria a mediación, en atención a lo dispuesto en la ley. (Ley N? 24.573).

Es decir que se extinguió sin que hubiera de su parte diligencia eficaz y eficiente; una vez que habría cesado la imposibilidad de accionar por su alegado desconocimiento del hecho ilícito.

De allí que nada pueda ser revocado.

VIII.- No se desconoce que existen antecedentes jurisprudenciales que sostienen la inaplicabilidad del art. 3980, por entender que sólo contemplan las dificultades o impedimentos de carácter general o colectivo, no los meramente personales y más porque el plazo de prescripción no venció durante el impedimento (CN. Civ. Sala G, 27/9/93, Filgueira Carlos v. Figueroa Julio y otra), mas esta posición sería aún más adversa a las expectativas de la apelante.

IX.-A mayor abundamiento, cabe señalar, frente al cuestionamiento que realiza el apelante en cuanto al encuadre dado a la cuestión en la decisión que se analiza que es posible apreciar en su escrito de inicio solicita sea tenida en cuenta esa dispensa. Ante el supuesto "de aplicarse lisa y llanamente la normativa del artículo 4037 del Código citado, como bien lo señalan los autores citados, si el perjuicio ha llegado a conocimiento del damnificado, podía solicitar la dispensa de la prescripción corrida por causa mayor (art. 3980)". (Llambías, Méndez Costa, Ob. citada, pág. 915 final).

"En su mérito, a todo evento, desde ya - para el supuesto caso que se opusiere al contestar la demanda, la defensa perentoria en tratamiento, desde ya opongo la dispensa de la misma, en función a la fuerza mayor (art. 513 Cód. Civil) emergente del desconocimiento de la publicación, en la fecha que operara, siendo que recién fuera impuesto de la transgresión legal, en Noviembre de 2000.- El extremo, dentro de la excepción al principio general del artículo 4017 del Código Civil, en orden a la suspensión del artículo 3980 de dicho contexto, configurándose la plataforma fáctica y normativa a que el precepto alude." (Ver fs. 34 vta.).

Por último, debo hacer mención que aunque la prescripción debe ser interpretada con carácter restrictiva, la ley ha entendido con relación a ciertas acciones, que la prescripción no desarrolla su curso hasta que el hecho determinante no es conocido por el titular del derecho (art. 4030, 4033, 4034), no acontece igual con el art. 4037 del C.C., que es de aplicación al caso.

Por todo ello y las disposiciones legales mencionadas, doy mi voto para que: I. Se confirme la sentencia recurrida en todo lo que decide y ha sido materia de apelación y de agravios. II. Se impongan las costas de esta instancia a la apelante vencida (art. 68 CPCC).

Las Dras. Marta del Rosario Mattera y Beatriz A. Verón adhieren al voto precedente.

Con lo que terminó el acto, firmando las Señoras Vocales por ante mí que doy fe.- Zulema Wilde.- Marta del Rosario Mattera.- Zulema Wilde. Es copia fiel de su original que obra en el Libro de Acuerdo.

Buenos Aires, marzo 9 de 2007.

Y VISTOS: Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo precedentemente transcripto el Tribunal RESUELVE: I. Confirmar la sentencia recurrida en todo lo que decide y ha sido materia de apelación y de agravios. II. Imponer las costas de esta instancia a la apelante vencida (art. 68 CPCC). Oportunamente se regularán los honorarios de Alzada.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.- Zulema Wilde.- Marta del Rosario Mattera.- Beatriz A.Verón.