Tribunal: CAMARA NAC. DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-06-10


2º Instancia.- Buenos Aires, junio 10 de 2008.

Considerando: I. El magistrado de la anterior instancia, con fundamento en que de la prueba rendida en autos no resultaba a su juicio concluyente como para tener por acreditado la total imposibilidad de la accionante de contar con los recursos necesarios para afrontar los gastos del juicio, ni para procurárselos de algún modo, concedió parcialmente del beneficio de litigar sin gastos solicitado en un 80%.

La resolución mereció los recursos de apelación aludidos, interpuesto tanto por la actora como por la demandada.

La actora alega, en lo sustancial, que se trata de una persona de edad avanzada (97 años) y que en modo alguno puede hacerse de recursos para poder afrontar los gastos causídicos y que, además, está probado que carece de ingresos. En virtud de ello, solicita que se conceda el beneficio en forma total.

Por su parte, la demandada aduce que de las actuaciones surge que las pruebas aportadas por la actora son insuficientes para demostrar su carencia de recursos, por lo que opina que el beneficio solicitado debe ser rechazado.

II. Ante todo, cabe señalar que el objeto de la actividad probatoria desarrollada en el incidente de otorgamiento del beneficio de litigar sin gastos, consiste en arrimar elementos que permitan al juzgador formar convicción acerca de la posibilidad del peticionario de obtener o no los recursos. Por ello, la peculiar naturaleza del extremo a demostrar impone que la valoración de las pruebas rendidas, realizada conforme a las reglas de la sana crítica, no atienda a un grado de absoluta certeza sino a la posibilidad en rigor próxima que el caso encuadre en el supuesto que autoriza el otorgamiento del beneficio (conf. esta Sala, causas 37.287/95 del 22-10-96 y 2343/92 del 6-12-95, entre otras; Morillo-Sosa-Berizonce, "Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación", t.II-B, ps. 281/82 y sus citas).

En este mismo sentido, esta Cámara ha sostenido que no corresponde efectuar una interpretación estricta del instituto que desaliente su procedencia en todo supuesto en que no concurre una indigencia absoluta, pues ello equivaldría a una frustración "a priori" de las aspiraciones de justicia del beneficiario (conf. esta Sala, causas 8161/93 del 22-11-95 y 5930 del 7-12-88; Sala I, causa 4806 del 18-9-97; Sala II, causa 1641 del 19-10-82).

Por otra parte, para tener derecho al beneficio no es necesaria la comprobación de un estado total de indigencia, ya que él puede ser concedido, no sólo a quienes no puedan afrontar los gastos del juicio con sus ingresos ordinarios sino también a aquellos que por dichas erogaciones verían notoriamente menoscabado su exiguo patrimonio (conf. esta Sala, causas 417/95 del 28-11-96 y 7858 del 5-6-91, entre otras).

III. Que, desde esta perspectiva las quejas que esgrime la actora en su memorial de agravios merecen admisión pues, considerando los hechos a los que se alude en el sub examen, cuyas probanzas se produjeron mediante los testimonios obrantes a fs. 30/31 y fs. 32/33; lo acreditado acerca de la edad de la peticionaria (97 años de edad), que no posee ningún tipo de ingresos y que sólo se demostró que es titular dominial de un inmueble en el que vive y unos lotes de terreno (v. fs. 93/7 y fs. 158/9), estímase que tales elementos resultan convincentes a los fines de justificar la concesión del beneficio por el 100%.

No debe perderse de vista que la ponderación de las probanzas adjuntadas ha de efectuarse con criterio proclive a su concesión, lo que deja un ancho campo a la discreción del juzgador en la materia (conf. esta Sala, causa 1980/96 del 2-9-97; Fassi-Yáñez, "Código Procesal Civil y Comercial", t. 1, p. 469).

En suma, de las probanzas aportadas a la causa surge la imposibilidad de la actora de procurarse recursos para afrontar los gastos causídicos -como no sea vendiendo lo poco que tiene, con lo cual sí se la pondría en total estado de pobreza, extremo no querido y requerido por el instituto en cuestión-, por lo que debe revocarse la resolución apelada y conceder el beneficio en forma íntegra.

Teniendo en cuenta la forma en que se resuelve, el recurso de apelación articulado por la parte demandada se ha tornado abstracto y no corresponde su tratamiento.

Por lo expuesto, el tribunal resuelve: revocar la resolución apelada, en lo que fue materia de agravio, y conceder el beneficio de litigar sin gastos solicitado por la actora en forma íntegra, con costas (arts. 68 y 69 del Código Procesal). La doctora Medina no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del RPJN).- Ricardo Gustavo Recondo. - Guillermo Alberto Antelo.