marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Sanciones disciplinarias administrativas, medidas cautelares, medida de no innovar
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MEDGDONIO JOAQUIN SOLIS c/ COMISION MUNICIPALIDAD DE SANTA CATALINA s/ ACCION AUTONOMA DE INCONSTITUCIONALIDAD- MEDIDA DE NO INNOVAR SANTA CATALINA s/ ACCION AUTONOMA DE INCONSTITUCIONALIDAD- MEDIDA DE NO INNOVAR
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1995-12-19

En las suspensión o destitución de funcionarios electos se encuentran en juego garantías fundamentales como las del debido proceso y las de defensa, consagradas en las constituciones nacional y provincial.

Siendo así el juez-ante la verosimilitud del derecho invocado y el peligro en la demora- debe acudir con su imperio a apuntalar esos derechos y garantías superiores, a fin de mantenerlos incólumes, hasta tanto la contienda de fondo se dirima, porque así lo exigen el resguardo del orden jurídico, la preservación del estado de derecho y el sistema democrático, cruenta y dolorosamente reconquistado en el país.

Para tornar procedente una medida cautelar deben darse dos presupuestos: verosimilitud en el derecho(fumus bonis juris) y peligro en la demora (periculum in mora). La existencia de un derecho garantizado por ley, constituye un anticipo de la garantía jurisdiccional y debe surgir prima facie o ser acreditado sumariamente. El estado de peligro en el cual se encuentra el derecho principal, la posibilidad o la certidumbre de que la actuación normal del derecho llegará tarde, justifica ese adelanto al resultado del proceso. En el caso de autos la verosimilitud del derecho esta dada por la calidad de comisionado municipal electo del actor suspendido y el peligro en la demora esta justificado ya que un pronunciamiento judicial sobre la causa principal, en caso de ser favorable, llegaría demasiado tarde, porque hasta que ello se produzca, el actor estaría privado de ejercer su mandato. Es procedente, por lo tanto, el pedido de una medida de no innovar, ya que se trata de un proceso cautelar conservativo que busca inmovilizar, cristalizar, mantener invariable y fijar una determinada situación para evitar que las modificaciones que pudieran acaecer en el tránsito hacia la sentencia definitiva lleguen a frustrar los efectos de esta última. Al hacer lugar a la medida, deben dejarse sin efecto la sanción impuesta, sea esta la suspensión o la destitución, hasta tanto se dicte sentencia en el principal.
Responsabilidad del asegurador, reparación integral, maltrato laboral, deber de prevención de la aseguradora de riesgos del trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: A., L. D. c/ SMG A.R.T. S.A. y otros s/ Accidente Acción Civil
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-03-27

La ART es solidariamente responsable, por aplicación del art. 1074 del Código Civil, por los créditos reconocidos a un trabajador que padece una incapacidad debido al mal trato laboral del que era víctima, toda vez que se acreditó la notificación que cursó el dependiente a dicha empresa, dando cuenta de su situación de salud y de las causas en las que basaba su reclamo, sin que se hubiese demostrado que ante dicha denuncia la aseguradora hubiese efectuado alguna visita al establecimiento a fin de constatar el ambiente laboral, o que hubiese tomado contacto con la empleadora a fin de analizar posibles acciones con miras a acotar los daños producidos (del voto de la Dra. Fontana).
Acto administrativo, juicios contra el Estado
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Peralta, Juan Alberto s/ Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1995-11-03

Emanado el acto que se impugna del Gobernador de la Provincia (acto administrativo que deniega un recurso de alzada articulado contra Resolución del Instituto Provincial de la Vivienda y Urbanismo), titular de la función Ejecutiva, y como tal representante legal del Estado Provincial, la demanda ha sido correctamente dirigida en contra del Estado Provincial.
Sucesión ab intestato, publicación de edictos, protección de la vivienda
Materia: CIVIL
Carátula: Luty, Ricardo José s/ Sucesión Ab-Intestato
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-08-18

Es indudable que la doble publicación de edictos es regla en la materia de sucesiones intestadas, como también lo es que la aplicación ciega de la legislación vigente, que remite actualmente al vacío por haber sido eliminado el valor máximo para la constitución del bien de familia, conduciría a prescindir del principio general enunciado en favor del sistema excepcional, ya que si no existe valor máximo, es obvio que no puede haber acervo sucesorio que lo exceda, por importante que sea su significación pecuniaria, con lo que la publicidad se cumpliría siempre exclusivamente por medio del mencionado órgano oficial. Pero de allí, no ha de pasarse al extremo opuesto de reducir a la inoperancia el beneficio reconocido por el art. 699. Por ello y sin caer en una solución de puro arbitrio se impone tomar como parámetro de proyección probable del último valor máximo establecido por la disposición técnico registral....
Excarcelación, autorización de residencia precaria
Materia: PENAL
Carátula: Grandiroli, Juan s/ Excarcelación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-17

La circunstancia de que el encausado sea considerado por las autoridades migratorias como "ilegal" no resulta suficiente para obstaculizar su soltura desde que la singular situación halla solución normativa en el instituto de la residencia precaria previsto por el artículo 22 de la Ley 22.439.
Inconstitucionalidad, declaración de oficio
Materia: LABORAL
Carátula: Correa, Oscar Jesús c/ Carboclor Industrias Químicas S.A.I.C. s/ Indemnización por enfermedad accidente, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-02-19

Cuestionada la invalidez de un decreto en el caso la resolución 7/89 de pronunciarse oficiosamente por el tribunal se dejaría de lado la contradicción que debe imperar -junto a otros elementos- para hablar de proceso. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Honorarios del abogado, caducidad de instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: García, Jorge Alberto c/ Gomez  Bueno,  Justina  y/o  el  Conductor  Rojas,  Victor  y/o quien Resulte Responsable. s/ Daños y Perjuicios y Lucro Cesante el  Conductor  Rojas,  Victor  y/o quien Resulte Responsable. s/ Daños y Perjuicios y Lucro Cesante
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1987-10-29

Terminado el pleito mediante sentencia firme que declaró perimida la instancia, e impuso las costas al actor, los honorarios de la parte demandada deben ser fijados como si la demanda hubiera sido rechazada en todas sus partes, es decir aplicando la escala del art.

6to. del arancel sobre el monto que se reclamaba, y siempre teniendo en cuenta la etapa en que la perención o el desistimiento se produjo.
Domicilio procesal, notificación por cédula
Materia: PROCESAL
Carátula: TORRICELA DE SCABINI, MARIA c/ SCABINI, ARTURO M. Y O. s/ SUCESION AB-INTESTATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-07-27

Cuando una parte constituye nuevo domicilio debe notificarlo por cédula, pues de lo contrario subsiste el anterior (art. 42, Cód.

Proc.), siempre que la contraparte no haya tomado conocimiento por otro medio del escrito respectivo.

Aún cuando el juzgado no dictara auto expreso teniendo por constituido el nuevo domicilio, ese conocimiento basta para que surta efectos respecto de quién lo tuvo, pues de la redacción de la norma surge que el objeto perseguido es que se haga saber dicha modificación a la contraria y no la providencia que recaiga.
Enfermedad profesional, stress, responsabilidad del empleador, salud del trabajador, Organización Internacional del Trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Becalli, Rosana Elsa c/ Banco Comafi S.A. y otro s/ accidente - ley especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-12-03

Corresponde condenar a una entidad bancaria a indemnizar a una trabajadora por el síndrome de burnout y el estrés padecidos como consecuencia de su actividad laboral, habida cuenta que el empleador no adoptó medidas para prevenir situaciones de ambiente hostil en el establecimiento de trabajo, ni tampoco realizó exámenes médicos periódicos a la actora, responsabilidad que también le compete a la aseguradora. Además, constituye criterio de la Sala la inclusión de enfermedades laborales en el listado previsto en el Decreto 658/96, dado que el Decreto 1278/00 legitima dicha posibilidad sin perjudicar derechos.
Indemnización, daños y perjuicios, daño moral
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: BRAMATI OMAR HECTOR c/ GOMEZ MARIA DEL CARMEN Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2011-09-08

Los daños que pretende el quejoso que sean considerados a efectos de valorar la reparación por la incapacidad física sobreviniente, en realidad no inciden en la capacidad de ganancia del afectado sino que tocan su esfera espiritual, en tanto producen padecimientos de índole moral por limitación de aspectos de la vida que se vinculan con los gozos y satisfacciones derivadas del esparcimiento. Consecuentemente, ellos han de ser tenidos en cuenta en oportunidad de abordar la queja por la cuantía del daño moral.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, cuestión no federal, revocación de sentencia, sentencia arbitraria, excesos u omisiones en el pronunciamiento, liquidación, aprobación de la liquidación, actualización monetaria, intereses
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Migale, Elvira Teresa Rosario y otro c/ Dicon Difusión Contemporánea  SA . s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-03

Corresponde dejar sin efecto el pronunciamiento que, al declarar ajustada a derecho la liquidación prescindió, sin dar razón alguna, de las pautas temporales fijadas a tal efecto en la sentencia -el ajuste de los créditos y sus intereses debió calcularse a partir del momento en que cada uno de ellos se había tornado exigible- y mediante una apreciación estimativa global, arribó a un resultado notoriamente superior al previsto.
Delitos contra la humanidad, imprescriptibilidad, principio de legalidad
Materia: PENAL
Carátula: Estrella, Luis Fernando; Menéndez, Luciano Benjamín; Vera, Domingo Benito s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-11-05

Los delitos de lesa humanidad resultan imprescriptibles a la luz de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia -Arancibia Clavel y Mazzeo-, atendiendo que dicha imprescriptibilidad para tales delitos tiene carácter de ley previa a los hechos de privación de libertad y homicidios en juzgamiento, ello por imperio de la costumbre internacional, de modo que no se verifica afectación del principio de legalidad. (del voto del Dr. Gustavo M. Hornos)
Excusación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Consorcio de Prop. Edif. Av. 53 nro. 516 c/ Candelieri de Autino, María Rosa s/ Cobro de crédito por exp. comunes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-11-22

El derecho de abstención que consagra el artículo 30 de la ley adjetiva debe apreciarse con estrictez, ya que significa un entorpecimiento en el normal trámite de los procesos, debiendo favorecer -por el contrario- que los juicios se inicien y concluyan ante los jueces naturales. Así entonces, la calidad de afiliado que detenta el Magistrado de la instancia previa respecto del sistema Femeba Salud -que en la especie reviste la condición de parte demandada -carece de entidad para presumir comprometido la imparcialidad de la labor intelectual a concretar por el prealudido juez al dirimir los efectivos y concretos intereses de las partes, habida cuenta que las expuestas razones carecen de entidad suficiente para presumir comprometida la necesaria libertad de espíritu que se descuenta ha de procurar el propio juez, en la recta, y solicita aplicación de la ley. Es que la excusación que se ha limitado a invocar que existen motivos graves de delicadeza para intervenir en la causa sin alegarse coetáneamente, circunstancias o razones que constituyan fundamentos fácticos objetivables en respaldo de su articulación, resultan improcedente. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Merk Química Argentina S.A. c/ Gobierno de la Nación s/ Interdicto #TIPO_TRIBUNAL: CS c/ Gobierno de la Nación s/ Interdicto #TIPO_TRIBUNAL: CS c/ Gobierno de la Nación s/ Interdicto s/ Interdicto
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1948-06-09

La intervención del Presidente de la República en la desposesión y apropiación de los bienes tenidos por enemigos no es violatoria del art. 95 de la Constitución Nacional.

Esta sólo se refiere al impedimento de intervenir en causas regidas por leyes civiles o penales y no tiene relación con el ejercicio de los privativos poderes de guerra del P.E., el cual no implica comprometer ninguna de las garantías previstas en el art. 18 de la Constitución.
Instrumentos públicos, valor probatorio, redargución de falsedad
Materia: LABORAL
Carátula: Fernández, Juan Eloy c/ Programas Médicos S.A.C.M. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2006-05-31

El Oficial público da fe de los hechos cumplidos por él mismo o pasados en su presencia, pero no así de la sinceridad y veracidad de las manifestaciones de las partes efectuadas en su presencia , que no necesitan ser redargüidas de falsedad, pudiendo ser desvirtuada con una acreditación contraria.
Procesos de ejecución, embargo, suma expresada en dólares, intimación de pago, pesificación
Materia: COMERCIAL
Carátula: MOLINO HARINERO CARHUE SA c/ ROBLES, ROBERTO s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-02-20

Si se admitió una petición del ejecutante en cuanto a que se trabe embargo sobre bienes del ejecutado, resulta improcedente pesificar los montos objeto de la ejecución cuando, -como en el caso-, se verifica que: a) previamente se ordenó intimar al ejecutado a pagar cierta suma en dólares, b) se instrumentó en el pertinente mandamiento la intimación de pago en dicha moneda, y c) la sentencia de remate ordenó seguir la ejecución en la mentada especie monetaria. Ello pues, dictada y consentida las resoluciones, el magistrado de primera instancia consumió su potestad jurisdiccional sobre la materia objeto de esa resolución. En principio la potestad del tribunal es ejercible oficiosamente para encauzar el procedimiento o para reencauzar trámites defectuosos, de modo de procurar economía procesal y evitar eventuales nulidades. Pero esa potestad no es ejercible de oficio para invalidar resoluciones que se hallan ejecutoriadas, aunque se pensase que ellas han devenido erróneas; para esto, es menester pedido de parte legitimada, que en la hipótesis no existió.
Nulidad procesal, acta judicial
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: A., M. y Otros s/ Robo Agravado
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-05-21

Las actas son instrumentos públicos y en ese sentido resulta menester redargüirlas de falsedad para extirparlas del proceso y en especial señalar, con precisión, en qué punto la actividad documentada por el funcionario actuante no se condice con la verdad.
Excarcelación, circunstancias que impiden la excarcelación, rebeldía, falta de domicilio estable, condena anterior
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: TEJERA, Miguel Eduardo. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-01-08

Si el imputado registra dos condenas, ha sido declarado rebelde, no ha aportado un domicilio fijo, en la vivienda de sus padres, donde concurriría los fines de semana, tampoco fue habido por personal policial y, pese a sostener que reside en el interior del país, fue detenido mientras caminaba por esta ciudad, se configuran pautas objetivas para considerar que se ha dado la situación de excepción que admite la restricción de su libertad (art. 280 "a contrario sensu" y 319 del C.P.P.N.).

Por ello, debe confirmarse el auto que denegó la excarcelación al encausado.
Prenda con registro, medidas cautelares, competencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Bco. de Crédito Argentino c/ Salvi, Marta B. s/ Secuestro prendario
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-12-30

La pretensión de la actora de obtener del juez que intervino en la acción de secuestro el levantamiento de las medidas cautelares decretadas, por otros jueces y en diferentes causas, sobre el automotor por ella subastado extrajudicialmente, en el marco de lo dispuesto por el art. 39 de la ley de prenda, excede las facultades previstas en el art. 584 del C.P.C. pues tal normativa no tiene aplicación fuera de los supuestos de cumplimiento de la sentencia de remate en juicio ejecutivo. (Minoría u opinión personal)
Accidente de tránsito, peatón distraído
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Castaño, Maria del Carmen c/ Zurro, Antonio A. y otra s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-10-09

El peatón distraído y aún imprudente es un riesgo inherente al tránsito por lo que el conductor de un automóvil, como guardián de una cosa peligrosa, debe extremar su atención a las contingencias de la circulación.-
Recurso extraordinario, acción de amparo, senadores nacionales
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Franco, Carlos Hernán s/ recurso de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-19

Si la Presidencia del Senado de la Nación dispuso la restitución de la documentación secuestrada que motivó la acción de amparo, no subsisten los requisitos necesarios para que la Corte ejerza su jurisdicción.
Recurso de inconstitucionalidad, derecho electoral, partidos políticos, espacios de publicidad, acción de amparo, inexistencia de otras vías
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ALIANZA ELECTORAL TRANSITORIA CAMBIEMOS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-06-11

Corresponde declarar inadmisible el recurso interpuesto, desde que los comparecientes no hacen más que enumerar una serie de vicios (afirmaciones dogmáticas, contradicción con otras constancias de la causa) intentando hacer prevalecer su propia visión del caso respecto a la carencia de la comunicación exigida por el decreto 644/15 a los efectos de distribuir la publicidad de manera proporcional a cada agrupación política conforme a los votos obtenidos; mas sus argumentaciones, pese a la arbitrariedad invocada, no traspasan el campo de la mera disconformidad con lo resuelto por los jueces de la Sala en cuanto consideraron que en el caso se verificaron los requisitos de admisibilidad y procedencia del amparo, toda vez que existió un supuesto de restricción al pleno ejercicio del derecho constitucional de sufragio pasivo de la amparista, por violación del régimen de distribución de publicidad electoral y que, dada la premura por el transcurso del proceso comicial, no existían otras vías idóneas para evitarlo. - REFERENCIAS NORMATICAS: Decreto provincial 6 4/15.
Juicio ejecutivo, juicio ordinario
Materia: PROCESAL
Carátula: Malgarini, Jorge c/ Gane, Albino s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1984-06-07

El no cumplimiento de los gastos a que obliga la primera parte del art. 550 del Código Procesal no constituye una imposición legal incondicionada y absoluta, ni tampoco, de orden público al punto que pueda hacérsela valer de oficio en el momento de dictar sentencia definitiva.
Interpretación de leyes federales, competencia de la Corte Suprema, cuestión federal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Rodríguez, Inocencio s/ M. del Interior -art.3 ley 24.043-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-05-22

Si se encuentra en discusión el contenido y alcance de una norma de derecho federal, la Corte no se encuentra limitada por los argumentos de las partes o del a quo sino que le incumbe realizar una declaratoria sobre el punto disputado. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Régimen de consolidación de deudas, Comisión Municipal de la Vivienda, entes autárquicos
Materia: CIVIL
Carátula: Del Fiore, Juan Pedro c/ Comisión Municipal de la Vivienda s/ Escrituración
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-06

La Comisión Municipal de la Vivienda, es una entidad autárquica, que tiene una personalidad jurídica propia y distinta de la Municipalidad (artículo 33 del Código Civil) y sus deudas se encuentran comprendidas en la consolidación en virtud de lo previsto en el primer párrafo del artículo 2 de la Ley 23.982.
Entidades financieras, competencia por el territorio, lugar de pago
Materia: COMERCIAL
Carátula: MIRANDA ANA A. Y OTRO c/ B.C.R.A. s/ COBRO DE AUSTRALES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-21

En juicios por cumplimiento de la garantía del art. 56 de la ley 21.526 es competente el juez del lugar de pago convenido en la obligación.
Solidaridad previsional, costas en el orden causado, AFIP DGI
Materia: PROCESAL
Carátula: Farmacia España S.C.S. c/ Dirección General Impositiva.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-01

La excepción del art. 21 de la ley 24.463 no incluye a la Dirección General Impositiva (Disidencia de los Dres. Augusto César Belluscio, Enrique Santiago Petracchi, Antonio Boggiano y Gustavo A. Bossert).
Procedimiento laboral, verificación de créditos, crédito laboral, cosa juzgada
Materia: LABORAL
Carátula: AROS OVANDO, MAGALY PILAR c/ ARONOWICZ, MARCELO JORGE SILVIO Y OTROS s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-08-28

La sentencia que declara verificado el crédito y, en su caso, el privilegio, y la que lo declara admisible o inadmisible y deviene firme por no haberse requerido su revisión, produce los efectos de cosa juzgada, salvo dolo. (Sumario confeccionado por el SAIJ).
Daños y perjuicios, responsabilidad del Estado, error judicial, privación ilegal de la libertad, Pacto de San José de Costa Rica
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: López, Juan de la Cruz y otros c/ Corrientes, Provincia de s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-11

Debe rechazarse la alegada violación de los arts. 10 y 7, inc.

3, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, si no se está en presencia de los presupuestos previstos en tales normas, o sea, una persona "condenada en sentencia firme por error judicial", en la primera de ellas, o una "detención o encarcelamiento arbitrarios", en la segunda (Voto de los Dres. Augusto Cesar Belluscio y Santiago Enrique Petracchi).
Sistema único de prestaciones básicas para personas con discapacidad, derecho a la salud
Materia: CIVIL
Carátula: R., A. A. c/ Administración Provincial del Seguro de Salud (APROSS) s/ amparo Salud (APROSS) s/ amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2013-02-26

Dado que quien padece esclerosis múltiple sufre una clara merma de su autonomía personal, encuadra en la categoría de personas con discapacidad y, en consecuencia, resulta beneficiado con el mandato previsto en el art. 75 inc. 23 de la Constitución Nacional y la Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la ley 26.378.