Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL,COMERC., LABORAL, MINERIA Y FAMILIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-05-08


ACUERDO: En la Ciudad de San Martín de los Andes, Provincia del Neuquén, a los ocho (08) días del mes de Mayo del año dos mil catorce (2014), se reúne en Acuerdo la Sala II de la Cámara Civil, Comercial, Laboral y de Minería con competencia en la II, III, IV y V Circunscripción Judicial, integrada con los señores Vocales, doctores María Julia Barrese y Dardo Walter Troncoso, con la intervención del Secretario Subrogante, Dr. Alexis Muñoz Medina, para dictar sentencia en estos autos caratulados: "G. M. B. C/ G. R. A. S/ ALIMENTOS PARA LOS PARIENTES", (Expte. Nro.: 34875, Año: 2013), del Registro de la Secretaría Única del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería N° UNO de la IV Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Junín de los Andes.

De acuerdo al orden de votos sorteado, la Dra. María Julia Barrese dijo:

I.- A fojas 104/109 se dictó sentencia de primera instancia admitiendo parcialmente la acción interpuesta por la señorita M. B. G. en contra de su progenitor el señor R. A. G., por medio de la cual se establece una cuota alimentaria que el demandado debe abonar a la actora en la cantidad de un mil doscientos pesos ($ 1.200) mensuales la cual se mantendrá en la medida de que la actora cumpla con las metas de estudios fijadas por el a quo en el punto 2 del fallo.

Asimismo en ese decisorio se regulan los honorarios de los profesionales intervinientes por su actuación en las presentes actuaciones.

II.- Contra el fallo mencionado interpusieron sendos recursos de apelación: los letrados de la parte actora en lo que respecta a la regulación de sus honorarios a fojas 113 y la parte demandada a fojas 115, los que fueron concedidos mediante las providencias de fecha 03/02/2014, obrante a fojas 114 y de fecha 11/02/2014, obrante a fojas 116, respectivamente.

Elevadas las actuaciones ante esta Alzada, expresó agravios la parte demandada a fojas 118/119, de cuyos fundamentos se corrió traslado a la contraria (fs. 120), quien contesto a fojas 121/122.

Dictada la providencia de autos, corresponde avocarse al tratamiento de las impugnaciones articuladas.

III.- Al deducir la impugnación contra la sentencia en crisis, la parte demandada expresa que no está de acuerdo con la imposición en costas, toda vez que considera que no debe hacerse cargo de los honorarios de los letrados de la parte actora, atento que este proceso se generó a partir de una necesidad de su hija y que su obligación como padre de pagar cuota alimentaria concluyó el día en que la señorita G. cumplió la edad de veintiún (21) años.

Seguidamente expresa que la solución arribada por el magistrado de grado no es otra que la que oportunamente él ofreciera al momento de realizarse la audiencia de conciliación y al contestar la demanda; siendo ello así entiende que las costas en este proceso deberían haber sido impuestas en el orden causado, tal y como si se hubiera arribado a un acuerdo en la audiencia conciliatoria antes mencionada. Cita jurisprudencia que, considera, avala su postura asumida.

IV.- A fojas 121/122 los letrados apoderados de la parte actora contestan el traslado y solicitan que el recurso articulado por el demandado sea rechazado sin más, toda vez que consideran que el memorial presentado no reúne las exigencias procesales para que prospere la apelación, ya que solo se limita a manifestar una mera disconformidad con la condena, pero sin atacar los fundamentos del fallo ni los elementos probatorios valorados por el magistrado de grado al momento de sentenciar.

Refutan el agravio articulado diciendo que es cierto que el proceso se inició por una necesidad de su representada, pero pretender que la obligación del padre cesa por el solo hecho de que un hijo cumpla los veintiún (21) años de edad es desconocer los alcances de dicha obligación.

Expresan que la interposición de esta demanda tuvo su origen ante la falta de voluntad del demandado de continuar abonando una cuota alimentaria a su representada, ya que cuando ella cumplió los veintiún (21) años interpuso un incidente de cese de cuota alimentaria, obligándola así a litigar.

Finalmente, manifiestan que la interpretación que el demandado hace de la sentencia es absolutamente parcializada, no se ajusta a derecho, y pretende imponer un criterio que no es el legal, ni el que ha sido establecido jurisprudencialmente.

V.- Ahora bien, entrando al análisis de la cuestión traída a decisión debo adelantar que considero que el agravio vertido por la parte demandada no debe tener acogida favorable, ello a poco que se repare que las costas en este proceso han sido bien impuestas al alimentante, quien no solo debe cargar con ellas por el principio general contenido en el artículo 68 del Código de Procedimiento, sino también por la especial naturaleza de este proceso, ya que de otro modo se reduciría por este camino la significación de la cuota que el juez de grado ha establecido en la sentencia recurrida, desvirtuándose así la finalidad de la obligación impuesta.

El fundamento de la regla impuesta por el artículo 68 del Código de rito reside, tal como lo entiende la generalidad de la doctrina, en el hecho objetivo de la derrota, con prescindencia de toda valoración acerca de la conducta con que la parte vencida pudo haber actuado durante la sustanciación del proceso. No se trata, entonces, de una reparación fundada en las normas del derecho sustancial, sino de una que se asienta en una expresa directiva procesal, que a su vez toma en cuenta un dato objetivo: el resultado del pleito, con prescindencia del ánimo que pudo haber determinado la conducta de las partes.

Es que la preservación de la integridad del derecho reconocido en la sentencia justifica que sea el vencido quien cargue con las costas derivadas del litigio, pues, de lo contrario, los gastos realizados para obtener ese reconocimiento se traducirían, en definitiva, en una disminución del derecho judicialmente declarado. En el supuesto, considero que a los efectos de la condena en costas, vencido es aquel en contra del cual se declara el derecho o se dicta resolución judicial, aun cuando tal concepto no implique necesariamente que debió haber una discusión o contienda entre las partes. Es decir que no es la controversia o discusión u oposición entre distintas pretensiones lo que caracteriza en última instancia la figura del vencido, sino esa declaración del derecho en su contra. Y aun la ausencia de oposición no obsta para que se produzca el vencimiento (Cámara Civil y Comercial de la Provincia de Tucumán, Sala I, en autos Naranjo Miguel c/ Estela Rodríguez Campero y otro s/ Daños y Perjuicios, 28/06/1993 puede leerse en www.laleyonline.com.ar).

Tal como lo expresara en el párrafo precedente, entiendo que el señor G. reviste, respecto de la pretensión que esgrimiera su hija, la calidad de vencido, y por tal motivo debe soportar la imposición en costas de este proceso, máxime considerando que el apartamiento al principio del criterio objetivo de la derrota debe ser fundado, atendiendo a las particularidades de cada caso y debe ejercerse de manera restrictiva (cfr. CNCiv., Sala D, 24 de febrero de 1984, "Coag. S. R. L. c. Astor, S.A.", publicado en La Ley, 1984-C, 158; íd., Sala F, 19 de noviembre de 1980, "Bernal Castro, Beatriz C. c. Castro de Bernal, Carmen suc.", publicado en El Derecho, 92, pág. 344; íd., íd., 21 de octubre de 1980, "Dan, S.A. c. Attianesse, Irma A.", publicado en El Derecho, 91, pág. 708; íd., íd., 23 de abril de 1981, "Sobino, Azucena c. Varas, Julio", publicado en Jurisprudencia Argentina, 1982-I, pág. 173; íd., Sala G, 25 de marzo de 1988, "Bidegain, Francisco M. c. Finanfor, Cía. Financiera, S.A.", publicado en La Ley, 1988-E, 228; íd., Sala K, 25 de marzo de 1997, "Merhe, Juan C. c. Capurro, Luis R.", publicado en La Ley, 1998-B, 922, J Agrup. caso n° 12.514; etc.).

Asimismo, es ampliamente admitido por la jurisprudencia que en los procesos de alimentos "...las costas corren a cargo del accionado a fin de no desvirtuar la finalidad de la obligación alimentaria. Además no es posible desconocer que en la base de casi todos los casos de exigencia judicial de la prestación alimentaria existe una claudicación del alimentante, y basta que la conducta de una de las partes obligue a la otra a una articulación, para que proceda la condena en costas..." (CNCiv., Sala D, febrero15-984, A.S. de G.M. y otros c. G.A.F.F - LA LEY, 1984-B, 125 citado en Digesto Practico La Ley, "Alimentos", Primera Edición, Pag. 985).

Por su parte, la doctrina también ha dicho que "...En mérito a la naturaleza y fines del deber alimentario, las costas del juicio especial respectivo deben ser soportadas -en principio- por el alimentante..." (Morello-Sosa-Berizonce, "Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación", Ed. Abeledo-Perrot, Tomo II-B, pág. 78; Kielmaanovich, Jorge Luis, "Procesos de Familia", Ed. Abeledo-Perrot, pag. 82-96).

Si bien el recurrente manifiesta que la solución a la que arriba el a-quo respecto a la cuota establecida no es otra que la que oportunamente ofreciera en su escrito de contestación de demanda y en la audiencia conciliatoria llevada a cabo el día 24 de Julio de 2013 (ver fojas 18), debo recordar que también se ha dicho que "...No corresponde eximir de costas al alimentante en caso de que se ponga fin al pleito en virtud de un acuerdo conciliatorio, salvo acuerdo expreso de las partes en contrario. Por ello, por una parte, debe tenerse en cuenta que de disponerse las costas en el orden causado, el pago de los gastos y honorarios por el alimentado -aún reducidos a los correspondientes a su letrado- significaría detraer fondos que necesita para la atención de sus necesidades, las que quedarían, entonces, parcialmente insatisfechas..." (Bossert, Gustavo A., "Régimen jurídico de los alimentos", Ed. Astrea, pág. 370).

Por lo expuesto, considero que deberá desestimarse el recurso sub-examine y confirmarse la sentencia recurrida en lo que fuera materia de agravios.

VI.- Respecto a la impugnación deducida por los Dres. ... e ..., los apelantes cuestionan la regulación de honorarios practicada en la sentencia, toda vez que consideran que el a-quo al regular sus honorarios profesionales no ha considerado lo establecido en el artículo 26 de la Ley 1594.

Expresan que de la regulación efectuada en la sentencia, comparado con lo establecido en el artículo mencionado en el párrafo precedente, se evidencia el perjuicio ocasionado a los recurrentes, ya que se le regularon dos (02) JUS a la Dra. ... y cinco (05) JUS al Dr. ....

Finalmente, manifiestan que les sorprende la regulación de honorarios efectuada por el a-quo ya que en el artículo 9 de la ley 1594 se establece que en ningún caso los honorarios de los profesionales serán fijados en sumas inferiores de diez (10) JUS en los proceso de conocimiento.

Que planteado el objeto de recurso en los términos sucintamente descriptos, entendemos que asiste razón a los letrados apelantes, aunque de manera parcial.

Realizados los cálculos nuevamente se advierte que la regulación no supera el mínimo legal prescripto en el citado artículo 9° del ordenamiento arancelario, punto en el cual el recurso tendrá favorable recepción.

Recientemente en un precedente de similares características hemos dicho que "...la anterior Cámara Multifueros de la IV Circunscripción tuvo la oportunidad de señalar que 'la existencia de honorarios mínimos no sólo resguarda la dignidad del abogado sino que también es una manera de jerarquizar al profesional en aquéllos procesos de escaso monto, asegurándole al justiciable el derecho de defensa, al saber que su letrado obtendrá el reconocimiento a una retribución justa (cfr. María Claudia del Carmen Pita -"Honorarios"- Editorial La Ley - 2008 - pág. 83). "La exigua base regulatoria no puede implicar una reducción de los honorarios, porque justamente la ley ha previsto los mínimos para cuando dicha base sea exigua, en atención a la dignidad del trabajo profesional, a la necesidad de asegurar una remuneración mínima, no sólo porque ello hace al derecho del letrado que vive de su trabajo, sino también para evitar que existan causas en las que el justiciable no consiga letrado que lo patrocine ante lo escaso de los honorarios a regular" (cfr. Cámara 8va. De Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba, 07/02/2008, "Fácil S.A. c. Sosa, Ramón Eduardo" La Ley Online, en obra antes citada, pág. 83)' [Cfr. CTFSMA, R.I. N° 329/2012, en autos "AZOCAR SERGIO DANIEL C/ CASTILLO CESAR LUIS S/ COBRO EJECUTIVO", Expte. CSM N° 558/2011; en igual sentido véase R.I. N° 330/2012; 422/2012; 461/2013; 462/2013; 492/2013; 559/2013 y 560/2013 del mismo organismo]..." (Cámara de Apelaciones Civil del Interior de la Provincia del Neuquén, Sala II en "PARRA ZÚÑIGA SILVIA INES C/ MORENO CARLOS GASTON S/ ALIMENTOS PARA LOS HIJOS" - Expte. N° 33272/2012, 15/04/2014, RI N° 014/2014).

No obstante ello, la impugnación dirigida a la aplicación del artículo 26 de la ley 1594 no resulta atendible, pues los letrados realizan una exégesis incorrecta del mismo.

Efectivamente, los apelantes manifiestan que en el proceso de alimentos los honorarios equivaldrán a un (1) año de cuota alimentaria, cuando en realidad, la norma fija en dicho importe el monto del proceso, o base regulatoria. Luego, es sobre esa cifra que corresponde realizar la regulación, aplicando las alícuotas del artículo 7° del mismo cuerpo normativo. No está de más señalar que dentro de estos parámetros la regulación de primera instancia sí se encuentra por arriba del piso, aunque -como se adelantara- infringe el mínimo general del artículo 9°.

Por lo expuesto, corresponde hacer lugar a la apelación interpuesta, y elevar los honorarios del Dr. ... en la suma de DIEZ (10) JUS en su carácter de letrado patrocinante de la actora y en la suma de CUATRO (04) JUS para la Dra. ... en su carácter de letrada apoderada de la actora.

VII.- Conclusión: De conformidad a lo hasta aquí expuesto, propongo al Acuerdo:

I.- Rechazar del recurso interpuesto por la parte demandada en todo lo que ha sido materia de agravios, con costas a su cargo; II.- Hacer lugar parcialmente al recurso arancelario interpuesto por los Dres. ... y ..., elevando sus emolumentos a las cifras anteriormente señaladas. MI VOTO.

A su turno, el Dr. Dardo W. Troncoso dijo: Por compartir los fundamentos y conclusiones vertidos en el voto que antecede, adhiero al mismo. MI VOTO.

Por lo expuesto, constancias de autos, de conformidad a la doctrina y jurisprudencia citadas, y a la legislación aplicable, esta Sala II de la Cámara Única Provincial de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería con competencia territorial en la II, III, IV y V Circunscripción Judicial, RESUELVE:

I.- Rechazar el recurso de apelación deducido por la parte demandada en todo lo que ha sido materia de agravios y con costas a su cargo (art. 68 primera parte del C.P.C. y C.).

II.- Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por los Dres. ... e ... y, en consecuencia, revocar los honorarios que le fueran regulados por sus labores en primera instancia, los cuales quedan fijados, en la suma de DIEZ (10) JUS para el Dr. ..., en su carácter de letrado patrocinante de la actora, y en la suma de CUATRO (04) JUS para la Dra. ..., en su carácter de letrada apoderada de la actora (Cfr. arts. 6, 7, 9 y 26 de la Ley 1594).

III.- Regular los honorarios profesionales de los Dres. ... y ..., por su intervención como letrados patrocinante y apoderada de la parte actora, en el veintiocho por ciento (28%) de lo que a cada uno de ellos les corresponda percibir en la instancia previa y los de los Dres. ... y ..., patrocinantes de la parte demandada, en conjunto, en el veinticinco por ciento (25%) de lo que les corresponda percibir en la instancia previa, todo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 15 de la ley 1594. Los honorarios deberán ser abonados dentro de los diez (10) días de quedar firme la regulación, debiendo adicionarse el porcentaje correspondiente a la alícuota del I.V.A. en caso de que los beneficiarios acrediten su condición de "responsables inscriptos" frente al tributo. Todo bajo apercibimiento de ejecución.

IV.- Regístrese, notifíquese personalmente o por medio de cédula a las partes y profesionales intervinientes que hayan constituido domicilio ante la Alzada y, oportunamente, remítanse las actuaciones al Juzgado de origen.

Dra. María Julia Barrese - Dr. Dardo Walter Troncoso Dr. Alexis Muñoz Medina - Secretario Subrogante Registro de Sentencias Definitivas N°: 08/2014.