marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Improcedencia del recurso, insuficiencia del agravio, confirmación de sentencia, Municipalidad, terceros interesados, facultades del síndico del concurso, declaración de utilidad pública, adquisición del dominio
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL
Carátula: Tandil Inversora Financiera S.A. c/  s/ Quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2022-07-12

Cabe rechazar el recurso de apelación deducido por el síndico, confirmándose la sentencia en cuanto aceptó la intervención como tercero interesado de la Municipalidad, pues el recurrente se ha situado en el proceso en el carácter de parte asumiendo una actitud controversial ante la petición del municipio, que implica un claro enfrentamiento entre ambos sujetos procesales; lo que no se compadece con la función que al funcionario le ha sido asignada en este juicio universal. Asimismo hacer saber al síndico que en atención a la especial naturaleza de la cuestión, deberá esforzarse en procurar arribar a una solución que resguarde el interés general y armonice los distintos intereses que se hallan en juego en el actual estadio del proceso de quiebra. Ello así, los agravios no son procedentes, porque parten de una interpretación equívoca de la Ordenanza que -como bien se desprende de su propia literalidad- se limita a declarar de utilidad pública la adquisición del dominio por parte de la Municipalidad de los inmuebles en cuestión, estableciendo que dicha adquisición se concreta mediante operatorias basadas en la compraventa, permuta, donación, expropiación u otro mecanismo legal.
Repetición de impuestos, actualización monetaria, créditos a favor del Estado
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: AUTOLATINA ARG.  S.A. c/ D.G.I. s/ REPETICION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-09

Según el art. 129 de la ley 11683, la actualización debe computarse sólo desde que exista mora del fisco consecuencia de una interpelación eficaz, sin que resulte injusto o quebrante principios constitucionales que aludido concepto en materia de repetición corra a partir del requerimiento del interesado.
Contratos, transacción
Materia: PROCESAL
Carátula: H.S.B.C. BANK ARGENTINA c/ Rapaport, Hugo Daniel s/ Ejecución Hipotecaria - Ejecución de Honorarios Dr. Carlos Torioni Godoy
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2007-08-24

En la medida que se acompasa a los extremos litigiosos de autos (art. 149 inc. 4 "a" Const. Prov.) la transacción posee efecto vinculatorio, incluso, respecto a terceros, en cuanto a que el convenio directa o indirectamente, perjudica y beneficia materialmente "in totum", sin que para estos efectos rija la relatividad de los contratos, al ser el concertado en la causa oponible a todos, invocable por todos, en la medida que haya un interés que allí anide.

Es que los efectos indirectos de la transacciones producen, aún con todos los terceros a quienes es oponible y que, por su lado, pueden invocar.

Y he aquí que no sólo involucra a las partes, sino también a los profesionales que los asistían. (arts. 832, 834, 835 Cod. Civil).
Cuenta corriente bancaria, certificado de saldo deudor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco de Los Arroyos Coop. Ltdo. c/ Barcelo, Pedro Rafael s/ Incidente desafeccción bien de familia en autos: Banco de Los  Arroyos c/ Barcelo y otro s/ ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-09-05

El contrato de cuenta corriente se origina en el acuerdo suscripto entre el Banco y el cliente; cobrando existencia con la provisión de fondos que pueden provenir de un depósito realizado por el cliente o de un crédito otorgado por el Banco. Iniciada la etapa de dinámica del contrato, hay una cierta indeterminación del saldo que puede cambiar diariamente, de acreedor en deudor y viceversa, pero al momento previsto en el artº 793 del Código de Comercio, cierre de la cuenta, se determina el saldo deudor. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Embargo preventivo, daños y perjuicios, actos ilícitos, cuasidelitos
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Kevorkian de Moncada, Bartuhi Ana c/ Prop. y/o Arm. y/o Cap. del Bq. Motor Irán Fallahi s/ Lesión o Muerte de Pasajeros de Transporte Marítimo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-06

No constituye óbice alguno para decretar el embargo preventivo solicitado la circunstancia de que el señor juez en lo penal decidiera sobreseer provisionalmente en la causa, habida cuenta de que ello indicaría que no halló elementos que lo persuadieran acerca de la existencia de un delito, lo cual configuraría, en el sub examine, sólo una de las hipótesis en la cual cabría imputar de responsabilidad a la demandada, toda vez que, en el marco del presente proceso civil por daños y perjuicios, aquélla eventualmente también debería responder en el caso de que, producida la prueba ofrecida por las partes, quedara acreditada la existencia de un cuasidelito, de acuerdo con la norma contenida en el art. 1113 del Cód. Civil, en cuyos términos la actora fundó precisamente el derecho que intenta resguardar.
Proceso judicial, tercero citado en garantía
Materia: PROCESAL
Carátula: "Farias, Gabriela Liliana c/ Edesur S.A. s/ daños y perjuicios".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-19

De la citación "en garantía" de la aseguradora se colige que la empresa no constituyó -ni pudo ser considerada- "demandada principal" en estos autos. Ello es así, no sólo por lo que surge de lo estatuido en los párrafos segundo y cuarto del art. 118 de la ley 17.418 ("El damnificado puede citar en garantía al asegurador" (.) "También el asegurado puede citar en garantía al asegurador en el mismo plazo y con idénticos efectos"), sino por lo resuelto por la Corte federal al respecto (cfr. Fallos: 305:230). En este sentido, se ha declarado que "Entre la aseguradora y el tercero damnificado no media ningún nexo. La relación obligacional legal que sí vincula a este último con el asegurado y la relación contractual que existe entre éste y la aseguradora son, entre sí, absolutamente independientes, sólo enlazadas por el sistema instituido por la ley 17.418 (art. 118); ambas obligaciones poseen distintos sujetos (no son los mismos los acreedores y los deudores en una y otra obligación), tienen distinta causa (en una la ley, en otra, el contrato), y además distinto objeto (en una, la de reparar el daño, en la otra, la garantía de indemnidad para el asegurado)". (SCJBA; 27/11/1996; "Barbero de Mackanic, Elsa M. y otro c. S.Y.F.A. S.A.).
Bien jurídico protegido, contrabando, control aduanero
Materia: PENAL-PROCESAL-ADUANERO
Carátula: Mitchell, Riggi, Tragant. s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-11-16

El bien jurídico del delito de contrabando esta constituido por aquella función de control que ejerce el servicio aduanero sobre las mercaderías que ingresan o egresan hacia y desde un territorio aduanero (general o especial), y está enderezado única y exclusivamente a posibilitar el ejercicio de las funciones de percibir los tributos de ese carácter específico, aplicando eventualmente, los estímulos o beneficios correspondientes (devoluciones, reintegros y reembolsos) y haciendo cumplir el régimen de prohibiciones que con relación a las importaciones y exportaciones se establezcan. (Voto del Dr. Riggi).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación de los fundamentos
Materia: LABORAL
Carátula: Zárate, Martín Rolando y otros c/ Fitam S.A.I.C.F.I. s/ Cobro
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-04-04

No cumple con la carga del art. 279 del C.P.C.C. el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que omite hacerse cargo de los fundamentos del fallo.
Ejecución de sentencia, recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: RQ. Antonio, Jorge c/ E.N. s/ Ejecución de transación homologada.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-10-07

Las resoluciones recaídas en los procedimientos de ejecución de la sentencia, tendientes a hacerla efectiva, no son susceptibles de apelación extraordinaria, salvo que lo decidido sea ajeno a la sentencia que se ejecuta o importe un apartamiento palmario de lo decidido en ella.
Auto de procesamiento, derecho al recurso, garantía a ser juzgado en un plazo razonable
Materia: PENAL
Carátula: Vadell de Maggi, María Teresa y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-09

Los plazos establecidos en el Código Penal para que opere la prescripción de la acción penal, no constituyen un permiso máximo, sino que encuentran su límite en el derecho fundamental a ser juzgado sin dilaciones indebidas y dentro de un plazo razonable; en ese sentido, si desde el llamado a prestar declaración indagatoria ha transcurrido el plazo del máximo de la pena previsto para el delito imputado, debe remitirse al tribunal de origen a los fines de su constatación. Es descalificable el pronunciamiento que omitió explicitar el razonamiento conducente a revocar la falta de mérito y dictar el procesamiento de la encartada, ya que se trataba de una persona de bajo nivel de instrucción -empleada doméstica de la familia-, de cuya declaración se desprende que no habría tenido conocimiento de las circunstancias determinantes de la insolvencia fraudulenta.
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, jurisdicción y competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Diaz, Luis Antonio c/ M.C.B.A. s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-24

La remisión a la ley 19.809 que surgía del art. 97 de la Ley Orgánica de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires quedó sin virtualidad a partir de la sanción de la ley 21.203.
Materia: CIVIL
Carátula: CLINICA TERMAL RIO HONDO S.R.L. c/ SANATORIO SAN FRANCISCO S.R.L. s/ COBRO DE PESOS - CASACION CIVIL TORRES ALEJANDRO LUIS c/ WAGNER S.R.L. Y/U OTROS S/ CONOCIMIENTO POSTERIOR- BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS s/ CASACION CIVIL VELEZ CARLOS JUSTINIANO c/ AMANQUEZ LUIS HUMBERTO Y/O RESPONSABLE S/ DAÑOS Y PERJUICIOS s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2006-09-25|2007-08-29|2007-08-07

Quien afirma que la sentencia viola determinados preceptos legales no hace otra cosa que anticipar una premisa cuya inmediata demostración debe hacer en el mismo escrito, no resultando suficiente a ese efecto la mera exposición de un criterio interpretativo distinto al del juzgador.-
Declaración de inconstitucionalidad, poderes del Estado
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PROVINCIA DE SAN JUAN (CPPA EN LIQUIDACIÓN) c/ DE LA TORRE, ALFONSO Y OTROS s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2004-05-07

Declarar la inconstitucionalidad de una norma constituye un acto de extrema gravedad. Para ejercer la elevada función de control de constitucionalidad de las leyes debe imponerse la mayor mesura, con respecto a facultades propias y exclusivas de otros Poderes del Estado y en virtud del respeto irrestricto al principio de división de los Poderes, pilar del sistema republicano.-
Daños y perjuicios, daño moral, beneficiarios de la indemnización civil, padres, indemnización por muerte, muerte de un hijo, accidente de aviación, muerte de un pasajero, aeropuertos provinciales
Materia: CIVIL-AERONAUTICO
Carátula: Fabro, Víctor y otra c/ Río Negro, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-11-09

Corresponde admitir el reclamo por daño moral -en razón de la interpretación amplia que se ha acordado al art. 1078 del Código Civil- efectuado por los padres de quien perdiera la vida al descender de una aeronave en un aeropuerto provincial "no controlado", para lo cual deben considerarse las atroces circunstancias en que la víctima murió, en presencia de su madre, quien vivió la trágica experiencia de la pérdida de una hija, una de las mayores -si no la mayor- causa de aflicción espiritual (Voto del Dr. Eduardo Moliné O'Connor).
Leyes, aplicación de la ley
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Trucco, Juan Alberto s/ Incidente:ejecución de sentencia. Autos d 2159 'Trucco, J.A. c/  Roman G.A. y otro s/daños y perjuicios'
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-10-18

En el ámbito bonaerense no se encuentran vigentes el decreto 2284 del poder ejecutivo nacional ni el llamado "pacto federal" (suscripto entre el estado nacional y algunas provincias, entre ellas la de Buenos Aires).
Competencia, inconstitucionalidad, validez del acto administrativo, división de poderes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GOMIS  SAEZ ANTONIO c/ ESTADO NACIONAL PODER EJECUTIVO s/ medidascautelares.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-19

La principal objeción contra las normas tachadas de inconstitucionales radica -según la peticionaria- en que violan el principio de legalidad y el principio de separación de poderes, y destaca que el Poder Ejecutivo Nacional ejerció una atribución propia del Poder Judicial al intervenir una sociedad privada sometida a las normas de la ley de sociedades. En ese sentido, justifica el dictado de la cautela requerida. El núcleo del conflicto pasa, entonces, por definir la validez de actos administrativos a la luz del derecho que les es propio, todo lo cual remite a la competencia "ratione materiae" del fuero en lo Contencioso Administrativo Federal (conf. Díaz, Clemente A.

"Instituciones de derecho procesal", tomo II vol. B, Editorial Perrot, págs. 603 y 604; Haro, R. "La competencia federal";

Depalma, pág. 109 y ss., lo que encuentra sustento en el art. 2, inciso 4 de la ley 48, art. 111 de la ley 1893, art. 45 de la ley 13.988 modificada por la ley 14.180 y art. 41 del decreto-ley 1285/58).
Retiro militar, IAF
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Impresora Internacional de Valores S.A. c/ D.G.I. s/ Repetición D.G.I.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-20

Es función del I.A.F. liquidar y abonar los retiros y pensiones militares conforme lo establecido por las leyes (confr. esta Sala, in re "Leonardi", del 10/8/93). La circunstancia de que la ley 22.919 acuerde personalidad jurídica e individualidad financiera al mencionado ente, responde a exigencias del sistema de administración de fondos de afectación que la misma ley instituye para el cumplimiento de las prestaciones debidas por el Estado Nacional (conf. fallo citado).
Sentencia, nulidad de sentencia, declaración de oficio
Materia: LABORAL
Carátula: Lratini, Juan Carlos. c/ Producciones Alfa 3 y otros. s/ Despido. Escobar, Patrocinio c/ Compañía Fulget S.A. s/ Accidente de trabajo Mellinger, Héctor O. c/ Cabo Cristóbal s/ Salarios, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-09-11|1985-04-30|1997-08-12

Corresponde la anulación de oficio del fallo que trata una cuestión ajena a la relación procesal y omite determinar los presupuestos fácticos indispensables para decidir las que son esenciales y que articularon las partes.
Recurso de apelación (procesal), expresión de agravios
Materia: PENAL
Carátula: MIGUEL A., JUAN C., OLGA Y MARIA E. PEREZ-JOSE MIGUEL NUÑEZ-YOLANDA ZARATE-ANIBAL A. TORRES y JOSE A. GONZALEZ s/ HOMICIDIO AGRAVADO REITERADO EN CONC. REAL CON LESIONES GRAVES  AGRAVADAS Y OTROS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1996-05-30

El letrado recurrente -con las reservas del caso- al apelar el auto de procesamiento centró su defensa planteando una causal de justificación de sus representados (legítima defensa), poniéndolos de algún modo en el teatro de los sucesos en activa participación.

Ahora, sin nuevos elementos que permitan conmover aquél juicio de probabilidad, pretende revertir el factum sin que -reiteramos- ninguna prueba así lo justifique, por lo que cabe confirmar el auto de procesamiento apelado.
Contienda negativa de competencia, acción de repetición, incumplimiento del contrato
Materia: PROCESAL
Carátula: CONSULTORA VIGILANCIA Y SERVICIOS S.R.L. c/ LIDERAR ART S.A. s/ COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-09-17

Corresponde que siga entendiendo en la presente causa el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, desde que si bien se trata de una acción de repetición deducida contra una ART por las sumas que debió abonar la empleadora actora, no pone en juego cuestiones vinculadas con el derecho del trabajo, ni se han invocado como sustento de dicha pretensión normas relacionadas con esa rama del derecho, y, para más, los sujetos intervinientes ni siquiera son partes de una relación laboral, tratándose de un supuesto incumplimiento contractual, en el que debe entender en la misma la Justicia Civil, según lo dispuesto en el artículo 72 de la ley 10160. - CITAS: CNT, Sala X,"Grúas Móviles Mix S.A. vs. La Caja ART S.A. s. Repetición", del 28.11.08. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Procesal Laboral, artículo 2; Ley 10160, artículo 72.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, juicio, sellado judicial, partes, obligaciones, tasa de justicia, principio de solidaridad, CÓDIGO FISCAL DE SANTA FE, leyes, interpretación de la ley
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: XX s/ Sellados judiciales. Pago. Obligación (Tribunal pleno)  En el caso, la cuestión a resolver   es: ¿qué interpretación ha de darse a los artículos 226 y 227 del   código fiscal en cuanto a la obligatoriedad, o no, respecto de la   parte actora y al momento de arribarse al dictado de la sentencia,   de satisfacer el 50% restante del sellado judicial no pagado con   anterioridad?
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-08-14

El fundamento de la solidaridad pasiva, como se sabe, es asegurar al acreedor la percepción del crédito, ya que tiene derecho a requerir el pago íntegro a cualquiera de los deudores: a eso apunta, precisamente, el precepto del código fiscal (art. 228). Sin embargo, esa prerrogativa del Estado de demandar indistintamente a cada una de las partes -y que, en definitiva, hace a la relación contribuyentes/Fisco- no tiene virtualidad para alterar la responsabilidad que a ellas les compete respecto del pago de la tasa en el marco de la relación procesal. Entender lo contrario implicaría a las claras, distorsionar dos elementos claves del artículo 699 del código civil: a) por de pronto, se mimetizaría al acreedor del tributo que es la API con el fiscalizador que es el actuario, conforme lo dispuesto en los artículos 252 y 254 del Código Fiscal-; y b) en segundo lugar, se sustituiría la demandabilidad de la obligación, por la coerción al pago que derivaría de la imposibilidad de impulsar el procedimiento (sustitución que tornaría ocioso el procedimiento reglado en el art. 243 del Código Fiscal destinado, puntualmente, a la preparación de la "demanda judicial"). (De la Disidencia de la Dra. García)
Contrato de trabajo, interpretación del contrato
Materia: LABORAL
Carátula: Conte, Carlos Eduardo c/ Buryaile, Dardo s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1996-11-20

La circunstancia que el trabajador no se incorpore a la empresa o que esta incorporación sea menos visible no significa ipso iure que éstos trabajadores sean independientes. El actor en autos se encuentra sometido a la organización del trabajo dispuesta por su empleador, llevando libros varios y además realizaba otras tareas que se le encomendaban, sujeto a las órdenes del principal. El hecho que el actor trabajara también con otra empresa, no altera la subordinación, ya que el contrato de trabajo no requiere exclusividad. También existió en la prestación continuidad en el tiempo.
Recurso de casación, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: URQUIETA DOMÍNGUEZ, ADRIÁN ALFREDO s/ recurso de casacion
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2005-04-20

La sentencia condenatoria es válida si en ella se establece, a partir de las declaraciones de los testigos y otros elementos probatorios, con el rigor que demandan las reglas de la sana crítica racional, que el acusado, conduciendo un automotor atravesó la intersección de dos calles sin respetar las señales del semáforo allí existente y que en el desarrollo de esa maniobra embistió un menor que en esos momentos caminaba por el lugar destinado a circulación peatonal.

No hay omisión de apreciación de prueba si las diferencias existentes entre las declaraciones de los testigos han sido objeto de un debido análisis, aplicándose las directrices del sentido común y optándose por la versión más adecuada en el contexto probatorio de la causa.

La crítica concerniente a la afectación del valor de convicción de los elementos probatorios no puede prosperar, pues su credibilidad ha sido apreciada de un modo directo en el debate, en condiciones que no resultan reproducibles en el marco del recurso de derecho interpuesto, que no es un remedio apto para ingresar en el análisis de cuestiones de hecho y prueba, salvo supuestos de extremas afectaciones de la lógica, que no se presentan en la causa.

El vicio de arbitrariedad debe descartarse si, como en este caso, los aspectos más relevantes del plexo probatorio han sido relacionados con arreglo a las normas de la lógica para determinar la autoría del hecho, sus motivos y circunstancias, y no alcanza, para revertir la condena, la crítica ensayada en el marco de un recurso de casación que se limita a la emisión de una opinión discrepante sobre el valor probatorio de distintas evidencias, pero no fulmina la coherencia de la motivación en que se sostiene el fallo.
Desindexación, mutuo dinerario, mutuo con garantía prendaria, mutuo hipotecario, actualización monetaria, cómputo de la actualización, valor real
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO NACIONAL DE DESARROLLO c/ FRIGORIFICO LA RURAL SA s/ EJECUCION PRENDARIA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-23

La comparación no es viable haciendo jugar el valor actual de los bienes que integran la garantía real -prendaria o hipotecaria- del mutuo, tal como lo pretende la ejecutada y en doctrina lo sostiene Mosset Iturraspe (cfr. "Límites a la Indexación -Ley 24.283"). Porque tal comparación haría primar lo accesorio sobre lo principal, que es el crédito concedido. Es claro, en este sentido, que la mayor o menor onerosidad de la prestación dineraria no depende del valor de los bienes que la garantizan, pudiendo darse el supuesto de que disminuya el precio de mercado de estos aún con prescindencia de que la deuda se actualice o no (cfr. Rougues, Julio M. V., "Desindexación de Deudas -Ley 24.283 -Su análisis crítico", LL del 21.10.94, espec. Capítulo III).
Medidas cautelares, medida cautelar autónoma, suspensión del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: "Papelera  Francesa  S.A.  -Inc.  Med.  (14/10/10) c/ EN -DGA Res.1908/05 y 2226/07 s/ medida cautelar (autónoma)".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-24

La petición cautelar autónoma implica un control judicial de la aplicación por parte de la administración del art. 12 de la LNPA, cuando la suspensión del acto fue denegada expresamente o por silencio, antes del agotamiento de la vía administrativa (Cons. IV).