marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Obras sociales, institutos de servicios y obras sociales, opción de obra social, Instituto nacional de servicios sociales para jubilados y pensionados
Materia: COMERCIAL
Carátula: ROMERO PETRONA c/ IOS s/ AMPARO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-26

En el estudio simultáneo de las leyes 19.032 y 18.610 es aceptable interpretar que con la creación del INSSJP no se produce un pase automático de la Obra Social a la que pertenecía, al nuevo, sino que esa transferencia era posible merced a la opción que realizara voluntariamente quien estuviere interesado en ello, pues, caso contrario, mantenía su afiliación a aquélla. Con la sanción de la nueva Ley de Obras Sociales -23.660-han quedado comprendidos, entre otros, los institutos de administración mixta, que teniendo como fines los establecidos en esa ley, hayan sido creados por leyes de la Nación. El decreto reglamentario -576/93-, al referirse a dichos institutos, señala que son aquéllos que fueron caracterizados como tales por sus leyes de creación, las que mantienen su vigencia con sus modificaciones posteriores y las que se detallan en los arts. 37, 38, 39 y 40 de la Ley 23.660. Justamente, el art. 39 se refiere al INSSJP.
Tributos, Impuesto sobre los ingresos brutos, período fiscal de liquidación, anticipos impositivos, compensación de saldos
Materia: PROCESAL
Carátula: Petrobras Argentina SA c/ GCBA y otros s/ Impugnación de actos administrativos s/ recurso de apelación ordinario concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-05-14

Para determinar saldos fiscales como consecuencia de la omisión del pago de anticipos del impuesto sobre los ingresos brutos, la Administración debe demostrar que al vencimiento de algún anticipo mensual el fisco dejó de percibir una suma que debía haber ingresado al erario público. Si esa suma ha sido percibida con anterioridad al vencimiento -como saldo pagado en exceso por un anticipo anterior- no puede afirmarse que exista deuda del contribuyente sin violar el principio de verdad material e incluso el de buena fe. (Del voto de la jueza Marcela De Langhe).
Astreintes, incumplimiento del deudor
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: FANTINI, BEATRIZ RAQUEL c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-15

Las astreintes son de aplicación excepcional y necesitan para su determinación la existencia de una sentencia firme, y un incumplimiento por parte del deudor. Por ello, sólo es dable aplicar sanciones conminatorias después de haber incurrido en incumplimiento el obligado (cfr. C.N.A.Civ., Sala B, E.D. 32-510, 46-619; ídem, J.A. 15-1972-180). En consecuencia, corresponde tener por acreditados los presupuestos para hacer efectiva la multa diaria dispuesta por el "a quo", si el organismo no acompañó las actuaciones administrativas solicitadas.
Proceso judicial, tasa de justicia, integración de la tasa de justicia, monto de la demanda, monto indeterminado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Scania Argentina S.A. c/ E.N. -Mº de Econ., Obras y Serv. Públicos s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-29

El art. 5 de la ley 23.898 se refiere a aquellos juicios cuyo monto sea indeterminable al momento de su inicio, aceptándose la suma por monto indeterminado prevista en el art. 6º de dicha ley, como un pago a cuenta de lo que resulte una vez terminado el proceso de un modo normal o anormal.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, revocación de sentencia, sentencia arbitraria, apartamiento de las constancias de la causa, prescripción de la acción penal, cómputo del plazo, calificación legal, cambio de calificación legal, calificación definitiva
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Zorrilla, Francisco Heriberto s/ privación ilegítima de la libertad - causa n° 2467.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-06

Corresponde dejar sin efecto el pronunciamiento que, al dictar nueva sentencia de conformidad con lo dispuesto por la Corte rechazó el planteamiento de la prescripción sobre la base de aplicar la calificación utilizada en el momento de iniciarse el sumario y no la que correspondía al delito por el cual el recurrente fue en definitiva condenado, hipótesis esta última en la que la acción se hallaría prescripta antes de que se incoara el proceso.
Seguros, seguro de daños patrimoniales, principios generales del Derecho, automotores, defensa del consumidor
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Amarilla, Leandro Nahuel  c/ Fca SA de Ahorro para fines determinados y otro  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-09

El hecho de que el automóvil asegurado hubiese sido explotado como taxi no obsta a tener por cierto que existió una relación de consumo entre los contendientes, toda vez que el actor es una persona humana que adquirió un rodado en beneficio propio y no para revenderlo. En efecto, no existe constancia alguna en la causa que permita hacer suponer que la actividad a la que se hace referencia excede el carácter de subsistencia. Lo que tampoco resulta contradicho por la circunstancia de que la unidad fuera trabajada por un chofer contratado por el accionante. Es un hecho notorio que ese tipo de actividad es realizada al efecto de suplir en la mayoría de los casos ingresos con fines alimentarios, en los que difícilmente pueda distinguirse el capital de trabajo con el dinero necesario para la subsistencia de quienes se encuentran involucrados en esa actividad y sus grupos familiares (en el mismo sentido, ver mi voto en autos "Loianno Raúl Ángel c/ Aseguradora Federal Argentina s/ Ordinario" del 11/06/15).
Caducidad de instancia, demora en la elevación de los autos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: D. A. C. c/ SUPERMERCADOS TIBURON. s/ CESE USO MARCA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-03-22

El código procesal exceptúa de la caducidad el caso en que la inactividad procesal obedece a la demora en enviar el expediente a la cámara a raíz de la interposición de un recurso. De tal manera ha perdido virtualidad la jurisprudencia establecida en forma prácticamente unánime en el sentido de que la demora del juzgado en la elevación del expediente a la alzada no obstaba a la declaración de caducidad, en razón de que se consideraba carga de las partes urgir dicha elevación.
Instrucción, declaración autoincriminante, prueba prohibida, aborto, médicos, secreto profesional, violación de secreto profesional
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Torres Molina, Elisa s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-07

La médica interviniente formuló ante la autoridad de prevención un anoticiamiento imputativo que inicialmente produjo efectos procesales, aún a despecho de que tal exposición violatoria del secreto profesional, pudiese resultar a la postre procesalmente inadmisible como prueba en perjuicio de la imputada toda vez que la noticia se derivó exclusiva y excluyentemente de los dichos autoincriminatorios de la nombrada vertidos en la intimidad de la consulta y con fines terapéuticos, tanto en la Clínica privada cuanto en el Hospital Público al que fuera derivada. Partiéndose sólo de un resultado, cual es el de "aborto incompleto", resultaría imposible tener el hecho objeto de imputación por suficientemente determinado sin recurrir a la "confesión" de la imputada. No se ha señalado en el legajo médico ni tampoco descripto rastros de maniobras mecánicas abortivas (específicas) y/o sus efectos que sirvan de sostén a la "notitia criminis" tal cual fue cursada por la profesional de la salud a los efectivos policiales destacados en la ocasión, siendo imposible, entonces, establecer en su caso, si el embrión humano -que no fue conservado- se hallaba con vida al momento de la interrupción del embarazo; lo que es fundamento de la incriminación por la que, en definitiva, brega el Representante del Ministerio Público Fiscal. Proscripta cualquier forma de coacción dirigida contra la encausada a fin de compelerla a producir prueba en su perjuicio, "no puede caerse en la hipocresía" de pretender intentar validar sus manifestaciones extrajudiciales, de hecho obligadas por las circunstancias, para iniciar o proseguir una investigación judicial a su respecto que no halla aval en prueba independiente que lo justifique, por lo que corresponde convalidar el sobreseimiento decretado en autos en favor de la imputada pues surge evidente que no podría hacerse valer a su respecto pretensión penal alguna. (Voto de la Dra. Berraz de Vidal, adhiere la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia; Dr. Hornos adhiere según su voto).
Nulidad del acto jurídico, interés legítimo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Citibank N.A. c/ Fernando Alfredo Rover s/ Ejecutivo (LIBRO: S001 - 298)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-06-03

1) Para que pueda declararse una nulidad procesal es menester que el interesado exprese el perjuicio concreto que le causa el vicio que invoca. Nuestro ordenamiento procesal consagra el principio pas de nulite sans grief (no hay nulidad sin perjuicio) por lo que no hay nulidad en el sólo interés de la ley, ya que las formas procesales no constituyen un fin en sí mismas sino que son tan sólo los instrumentos de que se vale el legislador para asegurar la defensa en juicio de las personas y de los derechos.- 2) No es suficiente la mera invocación de haber sido privado el demandado de la prueba pendiente. Debió señalar en forma concreta de quée manera la prueba no producida resultaba determinante para el esclarecimiento de los hechos controvertidos y para el progreso de la defensa que se había interpuesto.-
Remuneración del juez, intangibilidad de la remuneración, jubilación de magistrados
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Gaibisso  César  A.  y  Otros c/ E.N.  -Mº  de  Justicia- s/ amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-27

Toda solución que permita a los jueces demandar la tutela prevista por el art. 96 de la C.N. y desconozca igual facultad en cabeza de los jubilados, convierte en letra muerta las previsiones contenidas en los arts. 4, 7 y 14 de la ley 18.464 (en igual sentido véanse los arts. 10, 15 y 27 de la ley 24.018), al desconocer que el quebrantamiento de la norma superior -establecida por razones que hacen al orden público y a la independencia del Poder Judicial- se proyecta sobre aquellos que, por haberse jubilado con derecho a un porcentaje fijo de las remuneraciones de los magistrados en actividad, encuentran sus haberes sensiblemente disminuidos frente a los que deberían percibir para evitar discriminaciones ilegítimas.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, Poder Legislativo, Estado, división de poderes, Poder Ejecutivo, leyes, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: NN s/ Cuestión a resolver: Constitucionalidad de la facultad otorgada al  Tribunal pleno para expedirse en defecto de caso concreto (Tribunal  pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-08-27

El acto legislativo -que define por su impronta a la función estatal del mismo nombre-, se caracteriza por su generalidad, abstracción e innovación jurídica de acuerdo a la doctrina más calificada. Es decir, no tiene por objeto a un caso que ya se ha dado en la realidad, sino a una situación que podrá verificarse en el futuro y que desde allí en adelante se subordinará a la nueva regulación estatal. Las funciones administrativa y jurisdiccional -en cambio- se distinguen de la función legislativa porque los actos que la integran guardan una sustancia singular y concreta, ubicándose siempre entre coordenadas dependientes de un acto legislativo. (Del Voto del Dr. Ríos). En el caso, la cuestión a resolver era la constitucionalidad de la facultad otorgada al Tribunal pleno para expedirse en defecto de caso concreto.
Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, facultades reglamentarias, multa, contaminación ambiental, depreciación monetaria, actualización monetaria
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Federico Meiners Ltda. S.A. c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 496-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-12-03

No puede prosperar la pretendida inconstitucionalidad del artículo 37 de la ley 8711 fundada en que efectúa una "delegación" o "transferencia" de atribuciones exclusivas del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo, por cuanto dicha norma faculta a la Dirección Provincial de Obras Sanitarias a imponer multas a los propietarios, proveedores, usuarios y personas que incumplan las obligaciones establecidas en la ley y las reglamentaciones, como así también en los casos de establecimientos industriales que motivaran la contaminación de cursos de agua, o perjuicio a las instalaciones de la Dirección. En concordancia con tales fines, la norma en cuestión fija los montos máximos a los que pueden ascender tales multas y faculta al Poder Ejecutivo a actualizar anualmente dichos montos siempre que las condiciones económicas requirieran su adecuación, utilizando el índice de precios mayoristas no agropecuarios elaborado por el Instituto de Estadística y Censos o el que lo sustituyera. De lo dicho puede colegirse que -en lo que a la facultad de actualizar montos conferida al Poder Ejecutivo se refiere- no se trata de una "delegación de poder" efectuada al Ejecutivo para "hacer una ley" sino que se lo facultad a mantener actualizados los montos de las sanciones con la clara intención de que la desvalorización monetaria que imperaba al momento de sancionarse la ley 8711 no terminara desvirtuando los fines que se perseguían mediante aquellas sanciones.
Contrato de trabajo eventual, prueba, indemnización por despido
Materia: LABORAL
Carátula: BRIGUERA JORGE GASTON c/ GENERAL INK FACTORY S.A. Y OTRO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-02-06

El contrato de trabajo eventual tiene como objeto cubrir puestos de trabajo en circunstancias excepcionales y transitorias, constituyendo una excepción al principio general de la indeterminación del plazo, asimismo, conforme los arts. 69 y 72 de la Ley 20413, el contrato debe celebrarse por escrito y en el mismo deben constar con precisión y claridad las causas que justifiquen tal contratación excepcional, estableciendo que dicha contratación no debe superar el plazo de 6 meses por año y hasta un máximo de un año en un periodo de 3 años, en el caso, además de no encontrarse configurado ninguno de los supuestos apuntados, la falta de prueba de la eventualidad resultó determinante para condenar a las codemandadas a pagar al actor la indemnización por despido.
Apreciación de la prueba, prueba testimonial, prueba confesional, relación de dependencia
Materia: LABORAL
Carátula: Iglesias Angel Hilario c/ Alvarez Oriel Gregorio y/o quien resulte responsable s/ Despido, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2002-11-28

En orden a la valoración de la prueba, que la confesión ficta deviene enervada por la prueba testimonial, aquella afirmación del apelante en el sentido que no se encontraría desvirtuada por ninguna otra prueba, solo traduce una simple convicción personal inidónea para menoscabar los testimonios reunidos en la causa ya valorados positivamente por la Juez a-quo, por aportar datos de singular interés para la correcta solución de la litis. Es por ello que el fallo recurrido debe ser considerado aplicación razonada del derecho vigente en relación con las circunstancias comprobadas de la causa, en lo que respecta a la vinculación laboral.
Traba de la litis, celeridad procesal, cuestiones de competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Robledo, Raúl Eduardo c/ Provincia ART SA s/ Daños y perjuicios (accidente de trabajo) s/ conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-02-28

Si bien la contienda de competencia no ha sido debidamente trabada, en tanto no han intervenido tribunales de distinto fuero que se hayan atribuido recíprocamente el conocimiento de la causa, razones de economía y celeridad procesal aconsejan dejar de lado ese reparo formal y expedirse sobre el conflicto. (Del voto de la juez Inés M. Weinberg, compartido por los jueces Marcela De Langhe y Santiago Otamendi).
Pensiones, matrimonio del cónyuge supérstite
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: REYNOSO, FRANCISCA DEMETRIA s/ PENSION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-09-20

La viuda que contrajo segundas nupcias sin haber solicitado oportunamente el beneficio de pensión, no puede luego ampararse en el artículo 3 de la ley 22611 para obtener la rehabilitación del mismo, toda vez que tal dispositivo supone su existencia previa. No puede rehabilitarse un beneficio inexistente.
Competencia, tribunales arbitrales, inhibitoria, joint venture
Materia: COMERCIAL
Carátula: VISTEON SA Y OTRO c/ COHEN, MARIO Y OTROS s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-11

Del dictamen fiscal 90449:

Resulta improcedente solicitar una declaración de inhibitoria respecto de un Tribunal Arbitral con sede en los Estados Unidos de Norteamérica cuando, -como en el caso-, se verifica que: a) se celebró un contrato de compraventa de acciones, en el que se convino que, excepcionalmente, algunos de los derechos y obligaciones de las partes contenidos en un precedente contrato de joint venture subsistirían, y entre ellos figura el relativo a los servicios a prestar por el defendido; y b) también se previó contractualmente que los reclamos que cualquiera de las partes pudiera plantear, por incumplimiento del convenio o "derivados de una controversia relativa a otra empresa" debería solucionarse mediante arbitraje, a través de un proceso ajustado a lo establecido por el reglamento de la Asociación Americana de Arbitraje. Por ende, la subsistencia de ciertas relaciones jurídicas derivadas del mentado contrato de joint venture, una de las cuales se vincula con el objeto de la demanda, así como la amplitud en que fue concebida y redactada la cláusula compromisoria -reclamos derivados de una controversia relativa a la citada empresa- dan apoyo suficiente a lo antes expuesto.
Evasión fiscal, procesamiento, simulación, simulación dolosa de pago de tributos, testaferro
Materia: PENAL-TRIBUTARIO
Carátula: CERMESONI, JORGE RAUL. s/ Régimen Penal Tributario, incidente de apelación del procesamiento del imputado.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-05-11

Corresponde confirmar el procesamiento del imputado, fundado en la estimación de que éste habría evadido fraudulentamente el pago de tributos adeudados al fisco nacional devengados en varios períodos anuales, habiéndose valido de personas interpuestas para simular que no le pertenecía una parte importante de sus bienes, puesto que existen elementos indiciarios notablemente significativos de la simulación que se le atribuye, dado que la circunstancia de haberse constituido como codeudor solidario de las obligaciones de una persona de existencia ideal que se sospecha que fuera testaferro suyo, persona ésta constituida en un lugar considerado "paraíso fiscal", carece de explicación verosímil y la invocación, por parte del imputado, de la existencia de una amistad íntima con quien sería representante legal de esa persona jurídica no resulta mayormente convincente cuando se refiere a una transacción millonaria en dólares. Y, por otra parte, la existencia de préstamos por cifras millonarias hechos por la mencionada persona jurídica, sin garantía alguna, a otras sociedades de las que el imputado admitió ser dueño, corroboran las sospechas del carácter simulado de las transacciones y de la maniobra tendiente a evadir el pago de impuestos.
Despido, indemnización por despido
Materia: LABORAL
Carátula: Ocampo, David y otros c/ Coca Cola S.A.I.C. y F. s/ Diferencias salariales
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-02-20

Si al momento de ser despedido (abril de 1989) el trabajador contaba con una antigüedad en su empleo de tres años y fracción menor de tres meses corresponde para el pertinente cálculo indemnizatorio computar sólo tres años de servicios (art. 245, L.C.T. t.o. 1976).
Juicio ejecutivo, falsedad de título
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Aguirre, José Ramón c/ Gullo, Claudio Ernesto s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-12-16

Resulta inaudible impugnar la manera en que eventualmente habrían sido completados los pagarés, toda vez que la legislación específica permite al tenedor completar el título cambiario, si ello tiene lugar con anterioridad a su ejecución, pues tal hecho en modo alguno puede importar adulteración material, en cuanto se interpreta que se ha conferido al acreedor una suerte de mandato tácito para proceder a su llenado (art. 11 y 103 dec. ley 5965/63).
Beneficios previsionales, derecho al beneficio, liquidación de haberes
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Lattucca, Norma Beatriz c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-09-28

Debe reconocerse el pago de los haberes retroactivos reclamados por la conviviente, pero no con fundamento indemnizatorio sino porque en el caso tal suma le es legalmente debida a la actora se haya o no pagado antes a un tercero. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Desestimación de la denuncia, inexistencia de delito, prueba, falta de prueba
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: LACROZE, Lorenzo S. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-22

No configura razón válida para la desestimación la falta de prueba del hecho denunciado (*).

Por ello, corresponde revocar el auto que desestimó las actuaciones por inexistencia de delito.
Excarcelación, extorsión
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: BOLAÑOS, LUIS RICARDO s/ EXCARCELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1973-09-27

La modalidad comisiva de ciertos hechos de especial gravedad (maniobra extorsiva) son pautas objetivas demostrativas de peligrosidad y autorizan a presumir que se tratará de eludir la acción de la justicia (C.P.P., art. 316, ley 5154).-
Sanción de la ley, aplicación de la ley, aplicación temporal de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: García, Héctor Vicente s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1985-09-02

Nuestro régimen legal (art. 3º Código Civil) determina como principio primario que "a partir de su entrada en vigencia las leyes se aplicarán aun a las consecuencias de las relaciones jurídicas existentes". Ello implica que la Ley se aplica "inmediatamente después de haber sido sancionada, tanto a las relaciones jurídicas que se constituyen en el futuro, como a los efectos futuros de las relaciones pasadas".