Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-10-16


En la ciudad de Rawson, provincia del Chubut, a los ...16.... días del mes de Octubre del año dos mil siete, reunida en Acuerdo la Sala Civil, Comercial, Laboral, Contenciosa Administrativa, de Familia y de Minería del Superior Tribunal de Justicia, con la Presidencia de su titular Dr. Daniel Luis CANEO y asistencia de los Sres. Ministros Dres. José Luis PASUTTI y Fernando S. L. ROYER, para dictar sentencia en los autos caratulados:

"DGI en autos: "P. S. s/ Concurso Preventivo. Expte. N° 727/93 s/ Incidente de Verificación Tardía" (Expte. Nº 20.607-D-2006) y teniendo en cuenta el sorteo practicado a fs. 392, de conformidad con las Acordadas N° 3.202 y Nº 3.204, los Acuerdos N° 035/07 y N° 39/07 SALA CIVIL, correspondió el siguiente orden para la emisión de los votos: Dres. PASUTTI, ROYER y CANEO.- Acto seguido, se resolvió plantear y votar las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es procedente el recurso de casación interpuesto?; y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.

A la Primera cuestión el Dr. PASUTTI dijo:-- I.- ANTECEDENTES.- 1.- A fs. 63/65, se presentó la Dirección General Impositiva, y promovió Incidente de Verificación Tardía respecto de los créditos a su favor en concepto de Determinación de Oficio del Impuesto al Valor Agregado (períodos fiscales 1.985, 1.986, 1.986 liquidación especial al 31/10/86) noviembre y diciembre 1.986 y multa, emanados de la Sentencia de fecha 03/07/96 dictada por el Tribunal Fiscal de la Nación en el Expediente Nº 12.484-I, caratulado. "P. S.A. s/ Recurso de Apelación - Impuesto al Valor Agregado".

Relató que con fecha 16/11/93 se presentó a verificar créditos en el concurso de P. S.A., y formuló reserva respecto del importe reclamado en estos autos, por no encontrarse firme la deuda al haber sido apelada por la deudora.

Refirió que el recurso intentado no prosperó y que la deuda quedó firme con fecha 18/07/96. Citó jurisprudencia acorde.

La suma reclamada ascendió a pesos un millón seiscientos sesenta y cuatro mil setecientos noventa con nueve centavos ($ 1.664.790,09) en concepto de impuesto determinado de oficio, actualización, intereses resarcitorios y multa. Aclaró que la diferencia de las sumas verificadas tempestivamente, variaban por la reliquidación de los intereses.

Consideró con privilegio general la suma de pesos cuatrocientos cincuenta y nueve mil ciento veintidós con setenta y tres centavos ($ 459.122,73) y quirografario el importe de pesos un millón doscientos cinco mil seiscientos sesenta y ocho con veintisiete centavos ($ 1.205.668,27).- Ofreció prueba y solicitó se lo exceptuara del pago de las costas en virtud de la expresa reserva efectuada en su presentación tempestiva. Formuló planteo del caso federal.

A fs. 118/123 contestó traslado P. C. DE S. A. P. S. A., y solicitó el rechazo del pedido de verificación tardía efectuado por la Dirección General Impositiva. Negó en forma genérica algunos hechos, reconoció que la sentencia dictada por el Tribunal Fiscal el 03/07/96, le fue notificada el 18/07/96, y formuló afirmaciones vinculadas a los pasos seguidos en su vía recursiva ante dicho organismo.- Planteó la inconstitucionalidad del art. 176 de la Ley Nº 11.683. Entendió que la resolución del Tribunal Fiscal sólo podría ser considerada firme y consentida, si se hubiera dictado sentencia en sede judicial.

Refirió violado el art. 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos y los arts. 8, inc. 1º, 25 y ccs. del Pacto de San José de Costa Rica, ante el daño irreparable que no se subsanaba mediante la acción de repetición.

Consideró aplicable, para el supuesto de no declarar inconstitucional el art. 176 de la Ley Nº 11.683, la Ley Nº 24.283 de desindexación de deudas, incluidas las reclamadas por el Fisco. Efectuó liquidación cuyos montos difieren sustancialmente de los reclamados.

Manifestó que la D.G.I. falseó los hechos relatados en el incidente, por cuanto la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación no se encontraba firme y consentida. Este motivo, impedía calcular multa sobre las exhorbitantes sumas reclamadas.

Pidió que se le aplicara sanción pecuniaria por conducta inapropiada y que se tuviera en cuenta, el principio general sobre las costas. Ofreció prueba y peticionó el rechazo del incidente.

A fs. 124/126 se presentó el síndico y manifestó que: a) no había cosa juzgada respecto de la sentencia dictada por el Tribunal Fiscal de la Nación; b) con fundamento en el punto anterior, se suspendía la ejecutabilidad de la multa; c) no resultaba aplicable el principio solve et repete por lo dispuesto en el art. 75 inc. 22 de la C.N.; d) debía desindexarse la deuda reclamada, y e) correspondía rechazar el incidente.

A fs. 128/133 vta., efectuó su conteste la Dirección General Impositiva.- El Procurador Fiscal evacuó vista a fs. 139 y vta. y solicitó el rechazo del planteo de inconstitucionalidad. El Juez ordenó la apertura a prueba del incidente, y dictó sentencia a fs. 232/233 vta. suspendiendo el llamado de autos para resolver, hasta tanto recayera definitiva por ante la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.- Mediante oficio de estilo se agregó a fs. 256/259 vta. el pronunciamiento dictado por dicho organismo, en cuya parte dispositiva, se desestimó la apelación efectuada por la concursada P. S.A..---- Atento el resultado que tuvo la apelación de la concursada, el Juez de Primera Instancia, a fs. 279/280 vta., dictó definitiva verificando el crédito invocado por la Dirección General Impositiva, por la suma de pesos cuatrocientos cincuenta y nueve mil ciento veintidós con setenta y tres centavos ($ 459.122,73), con carácter de privilegio general, y la suma de pesos un millón doscientos cinco mil seiscientos sesenta y ocho con veintisiete centavos ($ 1.205.668,27), como crédito quirografario. No hizo lugar la multa requerida.

Fundó su decisorio en: a) lo manifestado por el Sr. Procurador Fiscal; b) la falta de acreditación de la mentada inconstitucionalidad por parte de la accionada; c) rechazó el pedido de desindexación por tratarse de una deuda de carácter tributario que no fue cancelada dentro del plazo legal previsto por el ordenamiento vigente para ello.

Tampoco acogió el pedido de multa por temeridad, ya que consideró que no se había probado la falta que la demandada invocó para fundar su aplicación. Impuso las costas a la firma concursada.

La concursada apeló la sentencia de Primera Instancia a fs. 292, y sostuvo en su memorial de fs. 298 y vta., que las costas no le eran aplicables. Invocó doctrina acorde a sus pretensiones.- La apelación de la Dirección General Impositiva (fs. 287), fue desistida a fs. 291.

El Contador A. L. apeló, sin patrocinio letrado, la imposición de costas a la vencida (fs. 293), su recurso fue rechazado por el Juez de Primera Instancia toda vez que la resolución, según concluyó, no le causaba perjuicio (fs. 297). Ante la queja que articuló, la Cámara de Apelaciones, hizo lugar a dicho recurso, y le concedió la apelación denegada mediante S.I. Nº 82/2.005 (fs. 308/309 vta.).

La Alzada entendió que los honorarios del profesional revestían el carácter de alimentarios y que por ende, no podía verse limitado la percepción de los mismos.

Ello ocurriría, si tuviera que acreditar las sumas reguladas a su favor, dentro del proceso colectivo de la incidentada y según la suerte del mismo. El quejoso fundó sus agravios a fs. 326/327 vta., esta vez sí con firma de abogado patrocinante.

También apeló la Dra. I. A. M., apoderada de P. C. de S. A. P. S.A., por considerar bajos los honorarios que le fueron regulados (fs. 306). A fs. 321/324 vta. presentó memorial donde cuestionó la condena en costas en cabeza de la concursada.

II.- LA SENTENCIA DE CÁMARA.- La Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia dictó sentencia a fs. 336/337 vta., e hizo lugar a los agravios de los apelantes en el sentido de aplicar las costas al acreedor tardío.

Aunque transcribió la parte pertinente de un fallo dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires donde, expresamente, se aplicaron los gastos causídicos a la concursada por la probada imposibilidad de efectuar la verificación tempestiva, se apartó, después, del principio general de la derrota, y priorizó la imposibilidad de control del crédito por parte de los restantes acreedores, fijando las costas de Primera Instancia, al acreedor tardío.

Las de la Alzada, las fijó por su orden ante la falta de controversia. Estableció honorarios a los letrados por lo actuado ante la Alzada y también, fijó estipendios al perito Contador A. L..

III.- El RECURSO DE CASACIÓN.- 1.- Contra la Sentencia Definitiva de la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, la actora, Administración Federal de Ingresos Públicos (D.G.I.), interpuso recurso de casación (fs. 347/351 vta.).

Puestos estos actuados a disposición de las partes en mérito a lo dispuesto por el art. 293 del C.P.C.C., solamente la incidentista presentó memorial (fs. 388/390).

1.2.- AGRAVIOS DE LA ACTORA.- La actora efectúa en primer término, el detalle de los requisitos formales que entiende cumplimentados.

Funda la casación en la causal de arbitrariedad ante la falta de análisis adecuado de los hechos y constancias de autos, que legitimaron la presentación tardía de la verificación del crédito a su favor.

Entiende que la sentencia es manifiestamente arbitraria y violatoria de los preceptos seguidos por la Corte Suprema de Justicia para garantizar los principios que hacen al debido proceso y a la defensa en juicio.

Puntualiza que la Cámara no aplicó el derecho que correspondía a la luz de los hechos invocados, prescindiendo de evaluar aspectos sustanciales del incidente impetrado.- Invoca jurisprudencia que entiende aplicable al caso, donde se califica de arbitraria a una sentencia cuando sólo tiene fundamentos aparentes.- Desarrolla los antecedentes que precedieron a la verificación tardía donde efectuó la reserva expresa de diferir la presentación del impuesto debido, toda vez que mediaba recurso suspensivo articulado por el contribuyente.

Explica que una vez notificada y firme la sentencia dictada por el Tribunal Fiscal de la Nación, quedó expedita la vía para reclamar en el concurso, el impuesto debido, con más sus intereses y multas.

Refiere que el procedimiento seguido para la determinación del tributo, fue el previsto por la Ley Nº 11.683.

Indica cuáles fueron los montos reclamados y su origen, como así también, detalla la prueba documental aportada.

Reitera que, al no encontrarse firme la resolución del Tribunal Fiscal de la Nación, se imposibilitó la presentación tempestiva, motivo por el cual efectuó la reserva y solicitó se lo exceptuara de las costas.

Recalca que la Sindicatura, al contestar el traslado que le fuera conferido, aconsejó no verificar el crédito hasta tanto se dictara sentencia en sede judicial.

Efectúa un resumen de los escritos de conteste efectuados por la concursada donde planteó la inconstitucionalidad del art. 176 de la Ley tributaria al cual se opuso y que, en definitiva, no prosperó; el pedido de negligencia de prueba que le fuera denegado por el Juez de Primera Instancia, articulado ante la falta de impulso procesal de la incidentada; el pedido de caducidad de instancia articulado por la concursada, que no prosperó; la impugnación de la pericia que efectuó la incidentista; hasta llegar a la medida para mejor proveer para que la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, informara respecto del estado del recurso articulado por la concursada.- Dice que la sentencia de Primera Instancia, ordenó verificar su crédito e impuso las costas a la concursada, precisamente, por la reserva que oportunamente efectuara con dicha finalidad.

Hace referencia a los recursos de apelación articulados por el perito contador y la concursada, donde considera razonable el planteo que efectúan respecto de quién debe soportar la condena en costas pero no comparte el mismo, en función de su reserva oportuna.

Describe sucintamente los fundamentos del decisorio de la Cámara de Apelaciones de Co-modoro Rivadavia, por medio del cual se hizo lugar a los agravios de los apelantes. Formula reserva del Caso Federal y efectúa petitorio de estilo.- A fs. 388/390 hace uso del derecho que le confiere el art. 293 del C.P.C.C. y funda su casación. En ese sentido, afirma que: a) no corresponde apartarse del principio objetivo de la derrota previsto por el art. 68 de la legislación adjetiva; b) la falta de análisis de los hechos de la causa, acarrean la nulidad de la sentencia dictada por la Alzada al no evaluar los hechos y la prueba documental obrante en autos para fundar y legitimar la presentación tardía; c) la excepción de cargar con las costas fue prevista en el desarrollo de los considerandos pero omitida en la parte dispositiva; la solución dada y la pretendida por la recurrente, no constituyen una simple discrepancia sino un claro apartamiento de la verdad objetiva que se desprende del juicio; y d) la sentencia se convierte en arbitraria, por carecer de motivación suficiente.

Cita Jurisprudencia conteste a sus dichos.- Sostiene que la reserva efectuada impide que se considere al incidentista como un simple acreedor tardío, circunstancia que fue debidamente justificada mediante la prueba instrumental agregada. Solicita, entonces, se deje sin efecto la sentencia recurrida.- IV.- ANÁLISIS.- Este Superior Tribunal es llamado a dirimir acerca de la arbitrariedad que se le achaca al fallo de la Cámara de Apelaciones, cuando ésta última, mediante sentencia interlocutoria N° 217/05, revocó el decisorio de Primera Instancia que hizo lugar al incidente verificación tardía efectuado por la Dirección General Impositiva e impuso las costas a la concursada.

En la especie, la insinuación al pasivo concursal fuera de término, se entabla para obtener la aceptación de un crédito, originado en una determinación de oficio del impuesto a las ganancias, con más actualización, intereses y multa por falta de pago en término.

Solicita, más allá del reconocimiento de su acreencia, que no se la condene en costas, por cuanto se vio impedida de efectuar su insinuación en forma tempestiva, al encontrarse en estado de apelación, la resolución que dictara, para determinar de oficio, el monto del impuesto debido.

Considera debidamente justificada su presentación con posterioridad a la fecha que fijara el Síndico en su llamado toda vez que efectuó la reserva en el escrito donde verificó otros de los créditos a su favor.

El Juez de Primera Instancia hizo lugar a su pedido, y así tuvo por verificadas las sumas insinuadas (a excepción de la multa), y condenó en costas a la concursada.

La Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, Sala "A", revocó dicho pronunciamiento y aplicó el principio general que las impone al incidentista, cuando se trata de un acreedor tardío. Este pronunciamiento fue recurrido.

Así, el tema controversial se circunscribe a determinar si procede en el caso sub lite, la eximición de las costas al verificante moroso o por el contrario, si este último, debe asumir su pago total o, eventualmente, parcial.

En primer lugar, he de señalar que la regla que determina la cuestión relativa a la carga de los gastos causídicos, es, por su naturaleza fáctica y procesal, insusceptible de tratamiento en la vía extraordinaria de la casación, materia que queda reservada a los jueces de grado.

Así se ha expedido este Tribunal, incluso en anterior composición al referir, de manera expresa, que la discusión respecto de la distribución de las costas, constituye un rubro absolutamente ajeno a esta instancia jurisdiccional.

Se ha seguido, de esta manera, la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al fallar: "Lo atinente a la imposición de costas conduce al examen de una cuestión procesal y accesoria por regla al recurso extraordinario" (Conf.: C.S., 318, vol. I 871); al igual que en Fallos, 322, vol. II: 1.717, 307, vol. Iº, 1.296; S.T.J.CH., S.I. Nº 44/S.R.E./03).

De lo precedentemente expuesto se desprende que la casación por arbitrariedad, con respecto a las costas, sólo será atendible, cuando se advierta un claro y manifiesto desacierto en su fijación, que constituya, asimismo, un absurdo o una burda merituación de las circunstancias de la causa en que hubiera incurrido la Alzada al distribuirlas, siguiendo las pautas que norma la segunda parte del art. 68 del C.P.C.C. o, como en este caso, las específicas de la verificación tardía en un concurso preventivo.

Sólo en este supuesto, el agravio habrá de hallar andamiaje y resultará admisible su tratamiento y resolución, precisamente, porque se encontrarían fundamentos suficientes para apartarse de aquel principio general que impide a este Cuerpo, abordar cuestiones circunstanciales y casuísticas extrañas a la casación.

Siguiendo esta línea de pensamiento, advierto en la sentencia opugnada, que existen elementos incongruentes en el desarrollo de los considerandos que precedieron al fallo, sin que el argumento dirimente, se encuentre fundado en forma debida, tal como lo exige el ordenamiento normativo.- Y así leo que la Cámara aplica el criterio de cargar las costas al verificante moroso, principio general ampliamente seguido sobre esta materia, pero sobre el pilar jurisprudencial que emana de un fallo dictado por la Corte de la Provincia de Buenos Aires, que, a "contrario sensu", fija doctrina totalmente contraria a esta postura.

Se advierte aquí, una clara vulneración al principio de congruencia puesta de manifiesto, en los propios basamentos del decisorio, contradicción que resulta suficiente, por sí sola, para invalidar lo resuelto por la Alzada.

Lo hasta aquí desarrollado, me conduce al análisis de la temática de las costas, dentro del ordenamiento específico en el cual se ha formulado la queja, esto es, dentro del procedimiento de verificación tardía.

Este instituto previsto en la Ley de Concursos y Quiebras, ofrece una de las problemáticas más complejas y en constante evolución, debido a la diversidad de casos que en la práctica diaria se suscitan.

Ello exige adaptar los criterios judiciales a la necesidad del supuesto. La importancia del trámite de verificación se ha subrayado, como una de las más importantes y de mayor trascendencia en el proceso concursal (Conf.: Osvaldo MAFFÍA, "Verificación de créditos", Ed. ZAVALÍA, 1.982, pág. 3).- El "thema decidendum" en el caso de autos, se plantea y circunscribe a un sub tema dentro del genérico de la insinuación de un crédito para su reconocimiento por el Juez del concurso: la verificación efectuada fuera del término legal que prevé la legislación sustantiva y la carga de los gastos del juicio que ello trae aparejado.

Siguiendo al mismo autor antes citado, este es uno de los procesos más relevantes y a su vez, más utilizados en los actuales procesos colectivos y, sin embargo, es un instituto huérfano de regulación legal (Op. citada, pág. 357).

Se trata de un mecanismo que, previsto por el ordenamiento específico en el art. 56, permite la incorporación al pasivo concursal, de sumas no insinuadas en forma tempestiva, y que de ese modo, escapan al debido control tanto de la sindicatura, como de los restantes acreedores.--- Esta suerte de situación privilegiada a favor de los demorados en verificar, no sólo le impone una calificación restrictiva al momento de su incorporación sino que, además, se diferencia del proceso común de insinuación crediticia, en varios aspectos que considero oportuno señalar.

En primer lugar, le impone el trámite por vía incidental, donde el acreedor debe probar acabadamente, la existencia y el origen de su acreencia.

El deudor puede a su vez, repeler el pedido extemporáneo, haciendo uso de todos aquellos elementos que le brinda el ordenamiento legal vigente, desde rechazar cada petición, discutir los hechos, articular medidas defensivas, ofreciendo prueba conducente, entre otras cosas.

Sufrirá asimismo, algunas otras limitaciones vinculadas a la imposibilidad de participar de acuerdos y en la percepción de dividendos previamente atribuidos.- Pero uno de los aspectos de mayor relevancia, lo constituye, precisamente, la carga de las costas. En este sentido, una vez que el verificador moroso pudo sortear los primeros pasos, precedentemente descriptos, y aún obteniendo la incorporación de las sumas reclamadas a la masa del concurso, deberá asumir, inexorablemente, el íntegro pago de los gastos y honorarios que su presentación, hubiera ocasionado.

De lo expuesto se colige que, no se lleva a cabo la verificación tardía, con carga a la masa concursal. Así, los pronunciamientos judiciales que admiten la verificación con costas al incidentista, son frecuentes y constituyen la norma: "todos los acreedores sometidos al concurso ejercitan su derecho... concurriendo en tiempo oportuno a solicitar la verificación...

En caso contrario, de mediar una verificación tardía, el acreedor debe cargar con las costas del incidente" (Conf.: Cám. Nac. Com., A, "Galvalisi c. Gariglio Mota, citado por MAFFÍA, Osvaldo J., obra citada, pág. 366).

Esta regla general es casi impermeable y constituye una derivación única y excluyente al momento de imputar el pago de dichos gastos. Pero, admite algunos escasísimos supuestos de excepción: la constatación de hechos cuya relevancia, demuestran la imposibilidad cierta de la presentación tempestiva, los cuales deben apoyarse en razones valederas y expresamente acreditados en autos por el incidentista.

Especial importancia adquiere el punto cuando se trata de pedidos extemporáneos de incorporación a la masa pasiva formulados por reparticiones públicas: un fallo de la C. Nac. Com., Sala C, reafirma de modo claro y preciso, un criterio jurisprudencial ya generalizado: "... en alguna oportunidad se ha eximido a entidades públicas de la carga de sufragar los gastos causídicos provocados por su presentación extemporánea, en mérito a haberse aducido la necesidad de someter la determinación de la deuda a trámites administrativos de particular complejidad o magnitud que en la práctica derivaron en la imposibilidad real de acudir en término ante el órgano concursal.

No basta, sin embargo, con alegar la concurrencia de ese extremo, sino que es menester demostrarlo sumariamente ..." La Ley, 1.993-C-133 (Conf.: Cita efectuada por el mismo autor, pág. 367).

La doctrina volcada en la jurisprudencia vigente respecto de este tópico, es la que surge, asimismo, del fallo citado por la Alzada (P. J. C. s/ Quiebra s/ Incidente de Verificación de Crédito de la Provincia de Buenos Aires, de fecha 29/02/2.000) erróneamente interpretado.- Evidenciado el desacierto, me veo obligado a revisar la sentencia opugnada y a evaluar, si en ella se ponderaron los elementos que, agregados en la causa, le hubieran permitido tener por acreditado el supuesto de excepción que invoca la casacionista.

Se ha dicho que la valoración de la prueba es facultad exclusiva del tribunal del juicio, escapando al contralor jurídico de la casación, no pudiendo constituirse en fundamento del recurso la discrepancia con el criterio del Tribunal, pero también se ha dicho que tal limitación en nada menoscaba la potestad de la instancia extraordinaria para considerar los elementos probatorios incorporados por los magistrados del mérito con el objeto de apuntalar sus conclusiones fácticas y proceder a determinar si aquellos en su conjunto las justifican según los supremos principios de la lógica formal que presiden todos los raciocinios con que deben armarse las resoluciones judiciales (Conf.: S.T.J.CH., S.D. N° 07/S.R.E./98). Mas la "arbitrariedad" -como género- o absurdo -como especie-, que autorizan a revisar la valoración de las pruebas, es el error grave y manifiesto, con quebrantamiento de las reglas que la gobiernan; tal vicio lógico se configura, cuando la apreciación no es coherente y lleva al juzgador a conclusiones claramente insostenibles o abiertamente contradictorias entre sí (Conf.: este Cuerpo, S.D. Nº 34/S.R.E./00). -- Siguiendo los lineamientos expuestos, observo que en estos autos la Dirección General Impositiva manifestó haber efectuado expresa reserva de verificar en forma tardía, las sumas cuyo pago fue intimado a la concursada, pero que se encontraba pendiente de resolución firme.

Señaló y precisó, en qué punto de su insinuación tempestiva, efectuó la reserva de diferir su incorporación al pasivo concursal (fs. 982/987 vta. del legajo de la incidentista, Letra D 16, original).

Acompañó, asimismo, toda la documental que respaldaba la previa determinación de oficio del impuesto a las Ganancias adeudado, el trámite administrativo que lo precedió, y la imposibilidad de su ejecución ante el recurso de apelación articulado por el demandado.

Indicó también cuál era el organismo donde tramitaba el expediente el cual pasó, del Tribunal Fiscal de la Nación a la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo.

No puedo dejar de mencionar, que el Síndico designado en el expediente del concurso, expresamente aconsejó diferir la incorporación de la deuda reclamada, hasta tanto no se obtuviera sentencia firme en sede judicial (fs. 137).- Esta circunstancia fue tenida en cuenta por el Juez de Primera Instancia, quien expresamente lo refirió en los considerandos que precedieron a la parte dispositiva del pronunciamiento, hecho que quedó firme para las partes del proceso, toda vez que ninguno de los apelantes, lo cuestionó en sus agravios.

En el decurso del iter trazado, debo señalar también, que la concursada no obtuvo resultado favorable a ninguna de sus pretensiones, se rechazó su reclamo de aplicar la Ley Nº 24.283 y la inconstitucionalidad del art. 176 de la Ley Nº 11.683. Es más, al apelar la sentencia de grado, no cuestionó la admisibilidad del crédito, sino, solamente, la condena en costas.

Este análisis de las probanzas arrimadas al proceso, me permite tener por cierto que la incidentista ha logrado acreditar y fundar las razones que la llevaron a su pedido de verificación fuera de término, y por lo tanto, la solución a la que arribara la Cámara de Apelaciones, cuando concluyó en revocar la sentencia de Primera Instancia y atribuir la carga de las costas a la actora, configura claramente, el vicio de arbitrariedad denunciado.

Incluso observo que la tacha endilgada es manifiesta, ya que la Cámara ha omitido dar valor de prueba a aquello que constituía un elemento instrumental, indúbito, corroborado por el informe agregado a fs. 256/259 vta., que confirmó la determinación de oficio efectuada por la incidentista, actuando con desapego respecto de las más esenciales normas procesales que garantizan el adecuado ejercicio de la defensa para ambos litigantes, a las que ya me he referido, en cuanto la resolución opugnada viola el principio de congruencia y no se justifica en los considerandos, lo finalmente decidido.

Como viene de señalarse, la arbitrariedad del decisorio recurrido se sustenta en la violación al principio de congruencia del pronunciamiento y la injustificada carencia de fundamentación en los argumentos que precedieron la parte dispositiva de la sentencia de la Alzada.

Jurisprudencia y doctrina han sentado los recaudos que la motivación debe reunir -en cuanto a forma y contenido- para dar validez al fallo y excluir la arbitrariedad: debe ser expresa, clara, completa, legítima y lógica.

Este último aspecto se refiere al deber de observar las reglas del recto entendimiento humano que presiden la elaboración racional de los pensamientos, que de acuerdo a las construcciones iusfilosóficas, debe reunir los caracteres de coherente (congruente, no contradictoria, inequívoca, a fin de no violar los principios de identidad, contradicción y tercero excluido), derivada (concordante, verdadera, suficiente, respetando el principio de razón suficiente) y adecuada a las normas de la psicología y de la experiencia común.

(Conf.: DE LA RÚA - El Recurso de Casación en el Derecho Positivo Argentino- págs. 180/185 y S.T.J.CH., S.D. Nº 14/S.R.E./99).

Como lo indican AZPELICUETA - TESSONE, toda sentencia ha de constituir un acto de la razón, estar exenta de contradicciones y ser atinente, coherente y constringente. El principio de no contradicción exige que no se niegue expresa o implícitamente en la conclusión lo que se afirma en el desarrollo que antecede, o viceversa.

Estos autores, citando a M., J., continúan expresando que "El primer principio de la razón es el de identidad: toda cosa es lo que es. Este principio se expresa en lógica bajo la forma negativa del principio de no contradicción: ser no es no ser; es imposible que una misma cosa sea y no sea al mismo tiempo y bajo la misma relación (MARITAIN, J.: El orden de los conceptos, Biblioteca Arg. de Filosofía, 1974, págs. 215 y 235)". (autores cit., "La Alzada. Poderes y Deberes. Librería Editora Platense S.R.L., La Plata, 1993, págs. 142/143).

La infracción a estas pautas, encuentra remedio en la doctrina de la arbitrariedad y del absurdo, que habilitan en el sub-lite el recurso que se transita. La violación de la ley se aplica, al deber de motivar (arts. 34 inc. 4, 163 y 164 del C.P.C.C.) puesto que una sentencia cuyos fundamentos no consistan en una exposición lógicamente razonada, o de otro modo viole las reglas jurídicas que determinan su forma y contenido, o no de razones suficientes para legitimar la parte resolutiva no resultando apta -total o parcialmente- para justificar el dispositivo, o exista un insanable contraste entre los fundamentos que se aducen o entre éstos y la decisión, resulta descalificable, por esta causa, como acto jurisdiccional (Conf. S.T.J.CH., S.D. N° 10/94).

Por lo expuesto, la sentencia cuestionada debe revocarse e imponerse las costas a la concursada. ASÍ LO VOTO.- No obstante el resultado al que se arriba y a los alcances del mismo, se considera adecuado indicar que, en lo que específicamente se refiere a la actuación profesional de los peritos respecto de la percepción de sus honorarios y a la legitimación para su cobro, conforme el resultado que se puede obtener en una litis, resulta de aplicación lo dispuesto por este Cuerpo en S.I. Nº 54/S.C.A./97; 26/S.C.A./98 y 100/S.C.A./01). ASÍ LO VOTO.- A la Primera cuestión el Dr. ROYER dijo:

Conforme se relataron los antecedentes de autos, a los cuales me remito, corresponde a este Cuerpo analizar si ha sido correcta la imposición de costas dispuesta por la Cámara de Apelaciones Sala "A", a cargo de la incidentista, con exclusividad.

Creo oportuno recordar, que es doctrina monocorde de este Superior Tribunal de Justicia que lo atinente al cargo de las costas, por su sustracto de naturaleza fáctica y procesal, tal como lo refiriera el Sr. Ministro preopinante, es, en principio, cuestión no revisable en la instancia de excepción que propone el recurso de casación (Conf.: este Cuerpo, S.I. Nº 165/S.R.E./90, 68/S.R.E./91, 17/S.R.E./93, Nº 73 y 75/S.R.E./07; S.D. Nº 23/94).

Tengo para mí que, en principio, las resoluciones sobre las costas solamente pueden ser revisadas en la instancia extraordinaria cuando se imponen a quien no resulte vencido, o cuando se advierta inequidad en los criterios de distribución (Conf.: Ac. y Scias. de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 1.973 - II, 737; 1.974 - I, 1.125; 1.978 - III, 579, este Cuerpo, S.I. Nº 133/S.R.E./94; 48/S.R.E./02; 63/S.R.E./03, entre otros).

Adelanto mi opinión en sentido positivo. Y ello así, a la luz de las notorias irregularidades que se desprenden del resolutorio en crisis, donde no sólo no se corresponde lo resuelto con los fundamentos que le sirven de sustento, sino que tampoco resulta ajustada al caso, la jurisprudencia invocada, ni mucho menos, los principios específicos que regulan el instituto en materia concursal, claramente omitidos.

Ahora bien, revisada la doctrina y la jurisprudencia imperantes, observo que en las verificaciones tardías, el principio general es el de su imposición al incidentista moroso.

Así, se evidencia un apartamiento del principio general del vencimiento, dispuesto por el ordenamiento adjetivo, con fundamento, entre otros motivos, porque el verificante moroso elude los controles de los demás acreedores, dificulta la labor del síndico al sustraerle elementos pertinentes para producir sus respectivos informes, además de interferir en la actividad jurisdiccional al introducir un factor distorsivo del buen orden del juicio (Conf.: O. A. G., "Verificación de Créditos - Procedimiento según la ley 24.522", Ed. Astrea, 3ª Ed. actualizada y ampliada, pág. 361).

Pero debo referir, también, que este principio cede ante algunos supuestos de excepción, los cuales, según el caso, podrán llevar a su distribución por su orden (Conf.: C.N.Com., Sala A, 18/8/72, L.L., 1.985-D-599), o incluso, a cargo de la concursada, en su totalidad (C.N.Com., Sala C, marzo 19-976, LL 1985-D-598).--- Es decir, el principio general que las atribuye al incidentista tiene estrecha relación con su responsabilidad en la demora o tardanza puesta de manifiesto en su conducta de dejar pasar la oportunidad procesal de verificación normal, y así, no parece prudente cargar a la masa concursal con los gastos causídicos de este proceso, aún cuando el crédito fuera declarado admisible.-- Siempre desde la misma óptica, tampoco cabría cargar las costas al acreedor moroso si los legitimados pasivos, lejos de allanarse, resistieran sin éxito la verificación. Lo contrario sería abrir un "bill de indemnidad" en punto a las costas, cualesquiera fuesen las defensas o escollos que se interpusieran al incidente.- Desde la perspectiva hermenéutica que se aplique, no debería desatenderse -para procurar hacer justicia-, ni a las circunstancias particulares de cada caso -a veces indóciles e insusceptibles de ser uniformadas a través de soluciones premoldeadas, menos aceptables cuanto más apriorísticas, por más dominantes que sean entre jueces y juristas, ni, por supuesto al texto de la ley (Toribio E. SOSA, Costas al Verificante Tardío (¿norma, justicia o norma?. L.LB.A., 1.997, 670).

Ello me permite concluir, que los elementos acreditados en autos, la conducta de verificante y concursado, informe favorable o no emitido por el Síndico, entre otros, constituirán una herramienta eficaz para medir la proporcionalidad y adecuada carga de las costas del proceso.

Las críticas de la casación de la hoy quejosa apuntan, precisamente, a la falta de valoración, en la sentencia de la Alzada, de los motivos que justificaron su verificación fuera de término, los cuales podrían, según remarca, dar lugar a alguna de aquellas excepciones.

Forzoso resulta entonces, en este punto, analizar las constancias sobre las cuales la Cámara de Apelaciones ha apuntalado su decisión, pues si el actor logró demostrar lo verosímil de su pretensión por la vía incidental intentada, corresponde revocar el decisorio por arbitrario.

No soslayo que las cuestiones de hecho, prueba y derecho común son también ajenas a la instancia extraordinaria, puesto que constituyen resorte exclusivo de los jueces de la causa.

Mas esta regla encuentra su excepción cuando, a través de la doctrina de la arbitrariedad, se acusa la vulneración de las garantías del debido proceso y la defensa en juicio.

Así, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostiene: "Si bien los agravios deducidos ...remiten al examen de normas de derecho común, de derecho público local y la apreciación de la prueba, insusceptibles de revisión en la instancia extraordinaria, esta regla no es óbice para conocer en los casos cuyas particularidades hacen excepción a ella con base en la doctrina de la arbitrariedad, toda vez que con ésta se tiende a resguardar la garantía del debido proceso y la defensa en juicio. (MANZONI, Juan Carlos y LÓPEZ, Norma María c/ Gobierno de la Provincia de Jujuy, 23/12/04).- Así, transitando las actuaciones del caso, me informo que hubo manifestación expresa de la incidentista respecto de la deuda que reclama (fs. 982/987 vta. del Legajo de la A.F.I.P., Letra D 16, original), por cuanto la insinuó en su presentación ante el Síndico del concurso, con la reserva de diferir su verificación para el momento en que la misma fuera ejecutable.

Refirió entonces, que mediaba recurso suspensivo frente a la determinación del impuesto llevada a cabo, en trámite por el Tribunal Fiscal de la Nación. Más tarde, el expediente fue elevado a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, organismo al cual le fuera remitido oficio de estilo (ordenado a fs. 133 vta.), por orden del Juez de Primera Instancia, a los efectos de tomar conocimiento del estado del mismo.

La resolución dictada confirmó la existencia de la deuda del contribuyente concursado, y una vez firme la misma, la acreedora podía intentar su pago en el proceso colectivo en trámite.

Por su parte, al valorar la actividad procesal y probatoria de quien pretendió resistir la imputación de las costas, es decir, del concursado, advierto que su negativa genérica al libelo de inicio, no fue corroborada por ningún otro elemento eficaz que permitiera resistir el reclamo del crédito del impuesto debido. Ninguna de sus pretensiones, tuvieron andamiaje.

Por último, cuando se agravió de la sentencia de grado, sólo lo hizo por la condena en costas, pero nada dijo respecto de la admisibilidad o existencia del crédito reclamado.- Y esta alocución sobre la prueba no es baladí, pues sirve de guía para analizar si los medios allegados por la parte a fin de sustentar sus afirmaciones se enmarcan dentro de las pautas referenciadas.

Encorsetados en esta parcela del análisis, se evidencia una casi exclusiva actividad de la parte actora en probar lo afirmado en el incidente judicial impetrado.

Así, a través de la presentación tempestiva al síndico del concurso, surgen los créditos insinuados en forma oportuna y la reserva categórica -obrante en su legajo original, que tengo a la vista-, de diferir su reclamo hasta tanto se encontrare en condiciones de ser ejecutado en virtud del recurso suspensivo articulado por la concursada.-- El ataque de la arbitrariedad que se endilga al fallo es por lo tanto atendible, ya que se ha dicho que el sistema de la sana crítica permite al razonamiento del juez apoyarse en los elementos objetivos aportados al proceso, con la amplitud de criterio necesaria para demostrar qué es verdadero y qué es falso, amplitud que empero se halla limitada por los principios lógicos y las reglas que rigen el razonamiento, configurándose absurdo cuando la operación intelectual cumplida sobre la base de los resultados de la prueba lo lleva a premisas o conclusiones contradictorias o se da categoría probatoria a elementos que no pueden tenerla o no existe correspondencia entre el "resultado conseguido por el Juez con el derecho objetivo" (Conf.: S.T.J.CH., S.D. Nº 50/92).

Acoto además que toda sentencia constituye una unidad lógico-jurídica, cuya parte dispositiva es la conclusión necesaria del análisis de los presupuestos fácticos y normativos efectuado en sus fundamentos. "De tal modo, "no es sólo el imperio del Tribunal ejercido concretamente en la parte dispositiva lo que le da validez y fija los alcances del pronunciamiento; estos dos aspectos dependen también de las motivaciones que sirven de base a la decisión" (S.C., 20/2/86, E.D. 119-143, 27/6/89; E.D. 134-723, y otros)" (Conf.: S.T.J.CH., S.D. N° 10/94).--- A partir del deber de motivar las sentencias se determina la posibilidad del Tribunal Casador, de examinar si las conclusiones obtenidas y expresadas en la sentencia exponen "logicidad", a través del desarrollo del principio de "no contradictoriedad", y de "congruencia".

De tal forma, los elementos del raciocinio que se expresan en la decisión no deben dejar lugar a dudas acerca de su significado y alcance sobre las conclusiones que determinan: las afirmaciones y deducciones deben guardar adecuada correlación y concordancia y no emplearse juicios contrastantes que al oponerse se anulen entre sí (Conf.: S.T.J.CH., S.D. N° 10/94).

La motivación es contradictoria cuando se niega un hecho o se declara inaplicable un principio de derecho, y después se afirma otro que en la precedente motivación estaba explícita o implícitamente negado, o bien se aplica un distinto principio de derecho (Conf.: SABATINI, citado por DE LA RÚA, Proceso y Justicia, Ed. Lerner, 1.980, pág. 90).

Continúa explicando el mismo autor, que el vicio se configura toda vez que existe contraste entre los motivos que se aducen o entre éstos y la parte resolutiva, de modo que oponiéndose se destruyen recíprocamente y nada queda de la idea que se quiso expresar, por lo que la sentencia resulta privada de motivación. (ob. y pág. cit.).

Y es aquí donde advierto que la Alzada no valoró con acierto la posibilidad de exonerar de costas a la incidentista en función de las circunstancias que dieron pie a ello.

Tengo por cierto que: 1) se acreditó la imposibilidad material, por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (D.G.I.), de verificar oportunamente, un crédito por encontrarse suspendida su ejecutabilidad, ante el recurso articulado por el contribuyente deudor; 2) medió reserva expresa obrante en la presentación tempestiva de la incidentista; y 3) hubo consentimiento del concursado respecto de la admisibilidad del impuesto debido y se rechazaron sus reclamos de aplicar la Ley Nº 24.283 y la inconstitucionalidad del art. 176 de la Ley Nº 11.683.- Puntualizo, entonces, que la contradicción surge de los propios considerandos del pronunciamiento de la Cámara de Apelaciones, pues si bien afirma que existe jurisprudencia (Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires), que justifica la inversión de las costas en cabeza de la concursada cuando ha mediado debida justificación en la demora, dispone luego, hacer lugar a los recursos de apelación articulados por la incidentada y el perito contador designado en autos, para imponerlas a la Dirección General Impositiva, en su totalidad.

Observo que se trata de dos juicios que de manera abierta se contraponen y suprimen entre sí, descalificando la decisión que se basa sobre tal premisa.

Es que, enuncia el principio que la Jurisprudencia sigue en el caso, hizo referencia a la excepción y no explicó porqué mantenía el principio general.

Todas estas circunstancias detalladas por mi colega preopinante, explicando el por qué de la incongruencia y definiendo conceptos, con los cuales coincido, llevan necesariamente, a que el fallo sea absurdo y deba explicarse si es adecuado seguir el principio general o estar a la excepción.- Tan gravitante ha sido esta defectuosa asignación de fuerza probatoria al medio aludido y la contradicción apuntada, que descartada la validez de los elementos tomados en el juicio de la Cámara de Apelaciones, sin sustento fáctico ha quedado la sentencia recurrida, ya que los restantes elementos aportados por las partes (especialmente la actora) han corroborado sus dichos.

Cabe, por lo tanto, concluir que mientras la incidentista fundó su demora, el demandado resistió, sin éxito, las alegaciones invocadas por aquélla.

Este resumido análisis me impone de lo absurdo del criterio de distribución de los gastos del proceso, por claro apartamiento de los elementos obrantes en la causa que justificaban, ampliamente, la eximición de costas para la verificante morosa.

Teniendo en cuenta los lineamientos jurisprudenciales antes reseñados, la actividad de las partes en el incidente y el resultado del mismo, entiendo aplicable al caso, en coincidencia con el criterio receptado por la Corte Suprema, establecer las costas a cargo exclusivo del concursado (Fallos, 302;1.086).

Al tachar de arbitraria a la sentencia recurrida corresponde se la revoque, confirmando la sentencia de Primera Instancia en cuanto hizo lugar a la excepción de la condena en costas, por encontrase debidamente justificada dicha circunstancia. ASÍ LO VOTO.

Como el Dr. PASUTTI, también entiendo que, en lo relativo al cobro de los aranceles del perito Contador A. L. resulta aplicable lo que hemos dicho, recientemente, en S.I. N° 100/S.R.E./06, en cuanto a que: ".... es prevaleciente la línea jurisprudencial que permite a los peritos dirigir la acción de ejecución de sus honorarios contra cualquiera de las partes independientemente de los que se hubiere resuelto sobre la imposición de las costas.

Así se ha dicho que, fuera el carácter de la prueba individual o común el derecho del perito a reclamar el pago de gastos y honorarios devengados debe ejercerse indistintamente contra cualquiera de las partes, quienes se han beneficiado por labor pericial, sin perjuicio del derecho de éstas de repetir entre sí según sea el cargo de las costas.

La excepción sólo está dada en el art. 476 del C.P.C.C. que prevé la posibilidad de hacer recaer la responsabilidad económica de esa prueba en la parte oferente siempre que la contraria haga la declaración expresa de su desinterés en la misma. (S.C.B.A., AC. 34.304, RSI-370-96, I- 28-10-92).

En este orden de ideas pero con criterio mas amplio la Suprema Corte de La Provincia de Buenos Aires ha tenido la ocasión de decir que el art. 476 del C.P.C.C., no excluye el derecho del perito para pretender el cobro de sus honorarios frente a quien no fue condenado en costas pues su carácter de auxiliar del Juez no depende de las partes ni las representa. (S.C.B.A., AC. 54.434-S-20-2-96). Así cada parte en el proceso debe responder por el todo de los emolumentos del experto (art. 700 del Código Civil), que como lo dijera, va mas allá de las consideraciones relativas a la imposición de las costas del proceso". ASÍ LO VOTO.

A la misma cuestión el Dr. CANEO dijo:

De acuerdo a los votos emitidos por los Dres. PASUTTI y ROYER, los que conforman la voluntad de la Sala Civil del Superior Tribunal de Justicia, no emitiré pronunciamiento según lo dispuesto en el art. 1º del Acuerdo Extraordinario Nº 3.555, en concordancia con los arts. 2º y 3º de la Ley Provincial Nº 5.475 y el Acuerdo Nº 3.202.

A la segunda cuestión el Dr. PASUTTI dijo:- Tal como voté la primera cuestión, propongo al acuerdo: 1º) Admitir el recurso de casación interpuesto por la incidentista Administración Federal de Ingresos Públicos (Dirección General Impositiva);

2º) Casar el fallo interlocutorio Nº 217/05, de fs. 336/337 vta. de la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia y revocar los puntos 1º) y 3º) del mismo; 3º) Confirmar la sentencia de Primera Instancia de fs. 279/280 vta., en cuanto a la imposición de costas; 4º) Adecuar las costas de Segunda Instancia, imponiéndolas a la concursada P. C. DE S. A. P. S.A. y al perito Contador Alberto L. (Conf.: art. 68 1ra. Parte C.P.C.C.);

5º) Adecuar los honorarios de Segunda Instancia de las Dras. Iris M. y V. H., en forma conjunta, en la suma de pesos treinta y cinco mil ($ 35.000), y los del Dr. A. F. L., letrado patrocinante del Contador A. L. en la suma de pesos un mil sesenta y dos con cincuenta centavos ($ 1.062,50) (Conf.: arts. 6, 7 y 14 del Dto. Ley Nº 2.200, modif. Por Ley Nº 4.335, T.O. Dto. N° 138/99).

Se advierte que la Alzada, en forma incorrecta, reguló honorarios al perito Contador cuando lo adecuado era fijar los estipendios a su letrado patrocinante.

6°) Imponer las costas de esta Instancia a la incidentada (Conf.: art. 68 del C.P.C.C.);

7º) De acuerdo al resultado obtenido, la calidad y extensión del memorial presentado, se regulan los honorarios de los Dres. S. P. del C. B. y C. A. G., en forma conjunta, en la suma de pesos sesenta mil ($ 60.000)(Conf.: arts. 6, 7, 9 y 14 del Dto. Ley N° 2.200 modif. por Ley N° 4.335, Dto. N° 138/99).- A la Segunda cuestión el Dr. ROYER dijo:

Atento como he votado a la primera, acuerdo con la solución propuesta por el Dr. PASUTTI en la segunda cuestión.

A igual cuestión el Dr. CANEO dijo:

Reitero la reserva formulada en el tratamiento de la primera cuestión.

Con lo que se dio por finalizado el acto, quedando acordado dictar la siguiente:

-- S E N T E N C I A 1º) ADMITIR el recurso de casación interpuesto por la incidentista Administración Federal de Ingresos Públicos (Dirección General Impositiva).

2°) CASAR el fallo interlocutorio Nº 211/04 de fs. 261/266 de la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, y revocar los puntos 1º) y 3º) del mismo.

3°) CONFIRMAR la sentencia de Primera Instancia de fs. 279/280 vta., en cuanto a la imposición de costas.

4º) ADECUAR las costas de Segunda Instancia, imponiéndolas a la concursada P. C. DE S. A. P. S.A. y al perito Contador Alberto L. (Conf.: art. 68 1ra. Parte C.P.C.C.).- 5º) ADECUAR los honorarios de Segunda Instancia de las Dras. I. M. y V. H., en forma conjunta, en la suma de pesos treinta y cinco mil ($ 35.000), y los del Dr. A. F. L., letrado patrocinante del Contador A. L. en la suma de pesos un mil sesenta y dos con cincuenta centavos ($ 1.062,50) (Conf.: arts. 6, 7 y 14 del Dto. Ley Nº 2.200, modif. por Ley Nº 4.335, T.O. Dto. N° 138/99).

6°) IMPONER las costas de esta Instancia a la incidentada (Conf.: art 68 del C.P.C.C.).- 7º) REGULAR los honorarios de los Dres. S. P. del C. B. y C. A. G., en forma conjunta, en la suma de pesos sesenta mil ($ 60.000) (Conf.: arts. 6, 7, 9 y 14 del Dto. Ley N° 2.200 modif. por Ley N° 4.335, T.O. Dto. N° 138/99).

8º) REGÍSTRESE, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dres. Daniel Luis Caneo, José Luis Pasutti y Fernando S.L. Royer.- Recibida en Secretaría el 17 de Octubre del año 2007.- Registrada bajo el Nº 14 S.R.E.. CONSTE Fdo. Dra. Carmen Velez -Secretaria-