Tribunal: CAMARA NAC. DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-11-24


2º Instancia. - Buenos Aires, noviembre 24 de 2006.

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada? El doctor Kiernan dijo:

I. Vienen los autos al acuerdo, en virtud del recurso de apelación de la parte actora de fs.1147 y de los profesionales disconformes con los honorarios regulados en la sentencia de fs. 1112/1120 vta., que admite la defensa de prescripción liberatoria deducida por la demandada, desestimando la acción promovida por Alberto Eduardo Girondo contra el Estado Nacional -Secretaría de Cultura de la Nación-, con costas.

II. Recurren a causa del importe de las regulaciones los letrados de la actora a fs.1144/1145 vta., los de la requerida a fs.1138/1140, el martillero a fs.1133 y la escribana a fs. 1123.

También, las quejas abarcan las sumas reconocidas en primera instancia en los incidentes de fs.435/6 y 957/8 y las costas (art. 244 del CPCCN) de los que resulta agraviada la demandada y los representantes legales de la actora.

Asimismo, se actualiza la apelación concedida con efecto diferido del auto de fs.546, resuelto a fs.1259 vta.

III. En lo que aquí interesa, el pretensor requiere al Estado Nacional la devolución de 25 obras pictóricas donadas en 1933 por el Sr. Juan Girondo, del que el reclamante es heredero, por inejecución de los cargos que son dos: a) falta de escrituración y b) la apertura de una sala en el Museo Nacional de Bellas Artes con el nombre de "Juan Girondo" en la primera oportunidad en que se hiciera lo propio respecto de otro donante.

La omisión de escriturar la donación, el "a quo" la declara prescripta el 21.12.43 por falta de reclamo en tiempo propio según lo dispuesto por el art. 3956 del Código Civil.

Lo decidido está consentido por el interesado.

Los agravios se limitan al incumplimiento del cargo que reza así: "...se entiende que esta donación es condicional y a título precario, pues deja de ser efectiva y cualquiera de los ejecutores o cualquiera de sus descendientes, podrá anularla, en cualquier momento, si se decidiera dar el nombre de un donante a cualquiera de las salas del Museo de Bellas Artes y no se ejecutase, en el mismo momento, una sala que llevara el nombre de don Juan Girondo, donde se reunirían todas las obras que constituyen esta donación".

El Juez apelado, en el punto sostiene que la obligación establecida en el cargo ha prescripto y por tanto la falta no perjudica la donación y hace improcedente el reclamo.

A tal fin, sostiene el magistrado que en 1971, se produjo la apertura de una sala denominada "Santamarina", acontecimiento que constituyó un hecho público y notorio del círculo cultural y social del accionante, que a esa altura tenía 27 años, por lo que debe computarse desde ese momento el término extintivo que operó varios lustros atrás atento la fecha de interposición de la demanda el 18.12.96 (cargo de fs.169 vta.).

Aprecia también el Juez apelado, que no existen motivos de dispensa de la prescripción atento a que el alejamiento del acreedor del país aproximadamente seis años después del hecho notorio, no es ajeno al libre albedrío del peticionante ni constituye causa de fuerza mayor o caso fortuito que autorice aquel proceder a la luz de la regla del art. 3980 del Código Civil.

En conclusión, declara prescripta la acción por revocación de la donación por incumplimiento del cargo.

IV. Contra lo decidido se alza la actora expresando agravios a fs.1172/1232 vta., contestados por la contraria a fs. 1237/1257.

La queja se extiende a: la ausencia de prueba de la existencia en el museo de la sala "Mercedes Santamarina"; que la apertura de esta revista el carácter de hecho público y notorio; la ignorancia respecto a la apertura de la sala "Juan Girondo"; el desconocimiento del actor de la existencia de la donación y sus cargos; el rechazo de la sentencia de la dispensa de la prescripción; que esta no alcanza el cargo de la permanencia de los cuadros donados en el museo y que fuera violada; el abuso de derecho en que habría incurrido la accionada al ampararse en la prescripción; la omisión de condena en costas a causa del rechazo de la excepción de falta de acción y la condena a solventar las generales del juicio.

Solicita se revoque la sentencia, desestimándose la excepción de prescripción liberatoria opuesta por la demandada, y se devuelvan las actuaciones para que, por donde corresponda, se dicte una nueva que, entrando al fondo del asunto, haga lugar a la demanda. Con costas.

V. El apelante sostiene que la sala Santamarina nunca existió y, por tanto, no puede ser referencia del comienzo del cómputo del plazo prescriptivo.

Desmiente la hipótesis la constatación del Acta Notarial Nº 000604102 de fs.93/95 donde el escribano Felipe Bilbao da cuenta de que la sala Santamarina es la que ocupa los gabinetes XVI, XVII y XVIII del plano adjunto. La falta de cartel indicativo es un hecho temporal e intrascendente, toda vez que a requerimiento del notario, la empleada del Museo, señorita Sandra Chocobar, le expresa que "la inexistencia de la placa correspondiente se debe al hecho de que la misma ha sido retirada para refaccionar" (art. 456 de CPCCN).

También desmiente la postura del apelante, lo consignado en la demanda a fs.157 vta. donde manifiesta que el cargo de apertura de la sala "Mercedes Santamarina" fue cumplido por el museo y supone una clara y evidente "inejecución del impuesto a la donación Girondo y, desde luego, autorizan a ejercer el derecho que nace de la condición resolutoria pactada"(art. 423 del CPCCN).

Debe agregarse, el informe del entonces director del Museo Nacional de Bellas Artes de la Nación, don Jorge Glusberg, de fs.1007/1009 del 1.09.98 que da cuenta de la apertura de la sala de nombre "Mercedes Santamarina", en el año 1971.

El cuestionamiento de este elemento de prueba que practica el actor, en la expresión de agravios, resulta extemporáneo toda vez que no ejercitó oposición alguna en oportunidad del ofrecimiento de fs.999 vta., ni fue objetada con posterioridad a su agregación y traslado según diligencia de fs.1009 vta. (art. 403 del CPCCN).

La falta de la placa individualizadora de la sala, no importa la ausencia de ésta y menos aún cuando el hecho obedece a una circunstancia temporal, como lo consigna el escribano.

En resumen, acorde a lo demostrado no existe duda respecto a la apertura del gabinete de exposición de la donante "Mercedes Santamarina" en el año 1971 como lo consigna la sentencia.

VI. El derecho medieval exoneraba de prueba al hecho notorio: "notoria non egent probatione".

Por su naturaleza esencialmente cultural el museo está abierto al público en general y no puede negarse notoriedad a la apertura del recinto de marras cuyo desconocimiento es inaceptable por quien confiesa su vocación por la defensa de los valores culturales y especialmente "al valioso servicio social que presta el Museo Nacional de Bellas Artes" (ver capítulo V de la demanda).

Por tanto es razonable la notoriedad de la apertura del gabinete Santamarina, referida al ámbito de los aficionados a la pintura y máxime respecto de quien era custodio y guardián del cumplimiento del cargo.

Destaco, que el conocimiento del hecho deviene del auxilio de una simple información sin necesidad de ocurrir a una investigación o trámite engorroso.

El anoticiamiento, debe admitirse adquirido por los integrantes del grupo cultural sin otro motivo que su pertenencia al círculo.

Por otra parte, la permanencia y exteriorización del recinto de las obras de arte de Santamarina aún persiste, por lo que la subsistencia del hecho está fuera de toda duda.

VII. Es inadmisible, que el heredero invoque el desconocimiento de acervo trasmitido, que comprende el interés en la ejecución del cargo de una donación altamente valiosa.

Tal postura del agraviado, importa una excusa ultra subjetiva, que no está respaldada por hechos de fuerza mayor o circunstancias excepcionales probadas que le den credibilidad en el juicio (el actor fue declarado heredero del donante el 14.05.65).

VIII. La ignorancia del accionante de la omisión en 1971 de la apertura de una sala a nombre de "Girondo" tiene como contrapartida la misma notoriedad que la creación de la "Mercedes Santamarina".

Es tan evidente la existencia de una como la ausencia de la otra.

IX. Debemos tratar la dispensa de la prescripción liberatoria solicitada por la accionante en orden a lo establecido por el art. 3980 del Código Civil a causa de su alejamiento del país y residencia desde 1979 en París, Francia.

La disposición, de interpretación restrictiva, sólo resulta procedente ante impedimentos imprevisibles e insuperables que se juzgan con el mismo criterio que se utiliza para tener por configurada la fuerza mayor, respecto de hechos que hubieren ocasionado la imposibilidad de obrar del actor.

Tales las guerras, cuarentenas, inundaciones, clausura de Tribunales, etc.

La ausencia de la República no reviste tal carácter, ni aún por razones laborales se ha considerado que autoriza la dispensa (LA LEY, 99-814).

Menos aún, cuando la distancia depende de una decisión del acreedor.

Por tanto, no corresponde acordar el beneficio solicitado, tal como lo decide el Juez apelado.

X. El "a quo", no se ha pronunciado acerca del efecto que reconoce el actor a la violación de la dirección del Museo de Bellas Artes del Decreto Nacional nº 150.132/43 por considerar de aplicación lo dispuesto por el art. 1850 del Código Civil, es decir que los préstamos de algunos de los cuadros donados tiene como consecuencia la revocación de la donación.

Manifiesta el accionante que: "...los funcionarios responsables de la conducción del Museo Nacional de Bellas Artes dispusieron, arbitraria e ilícitamente, los siguientes préstamos discrecionales a terceros: a) el cuadro pintado por Lebasque (obra nº 2686), fue prestado al Liceo Naval de Río Santiago, en el año 1958, y aún no ha sido devuelto al Museo; b) el cuadro pintado por Bail (obra nº 2032), fue prestado a la Residencia Presidencial de Olivos en el año 1967, y aún no ha sido devuelto; c) el cuadro pintado por Filippo Palizzi (obra nº 2242), fue prestado al Ministerio del Interior en noviembre de 1967, y todavía no ha sido devuelto; d) el cuadro pintado por Eugene CarriÞre (obra nº 5905), fue prestado al Banco de la Nación Argentina en abril de 1973, y aún no ha sido devuelto; e) y el cuadro pintado por Antonio Mancini (obra nº 2372), fue prestado a la Residencia Presidencial de Olivos, en diciembre de 1963 y aún no ha sido devuelto (confr. escritura del Sr. Bilbao, Anexo 10 adjunto)" (fs.164 vta.).

Sostiene, que la norma del Código Civil cuando se refiere a la "inejecución de obligaciones impuestas al donatario" comprende tanto los establecidos por el donante como las cargas legales.

Los préstamos de las obras, están acreditados mediante la pericia de fs.560/641.

Concluye, que la falta de la autoridad pública a lo establecido por los arts. 5º y 6º del decreto mencionado tiene como efecto la revocación de la donación.

Las disposiciones rezan así: "Art. 5º: El grupo número 1 estará constituido por las obras señeras del Museo, las provenientes de legados regidos por reservas explícitas que establezcan su permanencia obligatoria en el Museo, y todas aquellas que necesiten cuidados especiales y continuos, y cuyo préstamo equivaldría a una verdadera desintegración aparte del riesgo derivado de sus traslaciones. Estas Piezas permanecerán siempre resguardadas en los recintos del Museo para su seguridad, buena conservación, integralidad de los repertorios fundamentales y beneficio del público. Art. 6º: El grupo número 2 compuesto por obras importantes pero no fundamentales y en buen estado de conservación, seleccionadas entre las que constituyan el fondo del Museo comprendiendo a las diversas tendencias y líneas estéticas, podrán ser prestadas por tiempo limitado y en condiciones tales que su alejamiento no trastorne la marcha del Museo, ni suponga riesgo alguno, y sea al mismo tiempo fructuoso para el prestatario. Esta última condición se hará efectiva mediante la coincidencia de los siguientes requisitos: a) que el conjunto por ellas formado responda a un concepto específicamente docente; b) que dicha enseñanza, además de fluir sola, sea canalizada y coordinada por persona capaz indicada por la Dirección, a cuyo cargo estará la tarea de dictar clases sencillas y no conferencias magistrales, en el lugar donde se exhiben las obras de este grupo; c) el prestatario arbitrará un seguro contra todo riesgo, que cubra el monto establecido por la Dirección del Museo, para el conjunto y se obligará a reintegrar éste en la primera solicitud que en tal sentido se le formule. Ambas obligaciones se aplicarán en todos los casos, indefectiblemente. El préstamo nunca podrá exceder de un término mayor de noventa días".

XI. Ahora bien, el Juez apelado si bien hace referencia al punto a fs.1113, ha omitido resolver la cuestión.

Tratándose el caso de los comprendidos en el art. 278 del CPCCN, corresponde suplir la ausencia a esta instancia.

No compartimos la inteligencia dada al art. 1850 del Código Civil por el actor, toda vez que la disposición comprende únicamente las obligaciones impuestas por el donante al donatario y no las de orden meramente administrativo del decreto citado.

La inobservancia de estas reglas, no trascienden del ámbito disciplinario y de oportunidad y conveniencia de la Dirección.

El caso "Uriarte, Carmen R. y otros c/ Estado Nacional -Ministerio de Educación y Cultura- s/ rescisión de contrato", Fallos de la Corte Suprema 319:379, del 11.04.96, citado por el accionante como fundamento del reclamo de fs.165, no es de aplicación, toda vez que sin lugar a dudas se trata del incumplimiento del donatario de un cargo del donante referente a la prohibición absoluta de extracción de las obras entregadas al Museo de la Ciudad.

Dice la Excma. Corte "Si existe reconocimiento expreso del Estado respecto del incumplimiento del cargo referido a que los cuadros de la donación no podrían, bajo ningún motivo, salir del Museo de la Ciudad, corresponde declarar revocadas las donaciones efectuadas y condenar al demandado a restituir las obras de arte".

Cabe concluir, entonces que la falta a lo ordenado por el decreto 150.132/43, no tiene la consecuencia reclamada por el recurrente.

XII. En este orden -art. 278 del CPCCN- es menester referirnos a la queja de la demandada de la ausencia de tratamiento de la prescripción adquisitiva deducida como defensa en la contestación de la acción a fs.295/306 (art. 3962 C.C.).

Allí, se sostiene que es improcedente la anulación de la donación, pues ha operado la prescripción adquisitiva por el transcurso del tiempo.

Señala que desde el momento en que el Museo creó la sala Santamarina y contemporáneamente no abrió otra con el nombre de don Juan Girondo -en el año 1971- el actor podía exigir la obligación de cumplir con el cargo impuesto, cosa que no hizo, con lo cual el Estado Nacional ha adquirido el dominio de lo donado por usucapión.

La falta de recurso de la accionada, toda vez que la sentencia le fue favorable, no es obstáculo para suplir la ausencia de tratamiento de la cuestión en la instancia apelada, toda vez que reedita el tema en la contestación de agravios de fs. 1237/1257.

Allí, mantiene su posición sobre el punto cuyos argumentos fueron expresados en la contestación de demandada de fs. 295/306.

La donación es uno de los modos de adquirir la propiedad (art. 1789 del C.C.). Esto requiere título y tradición de las cosas (arts. 577, 3265 y nota art. 1791 C.C.).

El donatario que ha aceptado una donación onerosa está obligado a cumplir con el cargo impuesto por el donante bajo pena de revocación (art. 1850 del C.C.).

Debemos señalar, que quien dona un bien tiene la intención de transferir la propiedad perpetua, o sea la misma calidad del derecho de propiedad que él tiene respecto de bien, ya que lo contrario se limitaría a ceder solo el uso de éste.

Empero, no tratándose en el sub examen de cosas robadas o perdidas, la usucapión no se aplica a las cosas muebles (art. 3948 y nota del Código Civil y Llambías, J. J. "Tratado de Derecho Civil, Parte General", T. II, nº 2102, pág. 643, ed. Perrot. 1964).

Tampoco está previsto, en el ordenamiento jurídico, la extensión de la usucapión a las donaciones.

XIV. El ejercicio de la defensa en juicio es extraño al abuso del derecho, siendo que el acogimiento a lo establecido por el art. 4014 del Código Civil no excede los límites legales y es inocuo para causar el vicio que el actor reclama.

El reconocimiento de la ley no constituye un acto que excede los límites de la buena fe, la moral o las buenas costumbres (art. 1071 del C.C.).

XV. El reclamo de imposición de costas a la accionada respecto al rechazo de la excepción de falta de legitimación para obrar en función a la ausencia de pronunciamiento del sentenciante en la parte dispositiva sobre el punto, debemos decir que, conforme con lo resuelto por esta Sala en las causas 10.004/02 del 16.11.2004 y la contestación de una defensa de fondo -aunque se haga en forma autónoma en resguardo de la garantía del art. 18 de la Constitución Nacional- no constituye propiamente una instancia incidental, que devengue costas al margen de las que sean dispuestas o distribuidas en la sentencia.

XVII. En cuanto a las costas, debemos admitir que tanto la doctrina como la jurisprudencia admiten la imposición en el orden causado cuando el actor pudo creer razonablemente que le asistía el derecho de litigar, es decir que su acción no estaba prescripta (Alsina, "Tratado", t. 2-1942, p.753; CSJN, Fallo 165:55).

Procede tal temperamento, cuando el vencedor se ha amparado en la prescripción, porque hasta ese momento el actor podía reclamar válidamente su derecho (art. 68, 2º párr. del CPCCN).

XVIII. Como corolario corresponde revocar parcialmente el punto 1º de la parte dispositiva de la sentencia de fs.1120, declarando que las costas del juicio deben ser soportadas por su orden, debiendo estarse con referencia a la defensa de falta de legitimación al régimen general indicado en el punto anterior.

Por tal motivo y lo establecido en el art. 279 del CPCCN deben dejarse sin efecto los honorarios regulados a los profesionales actuantes en ese punto.

Ello, torna inoficioso el tratamiento de las apelaciones.

XIX. Como conclusión, está suficientemente demostrado que el decisorio recurrido guarda racionalidad y coherencia con lo dispuesto por el art. 165 del Código Procesal por lo que no pesan sobre él las nulidades y/o arbitrariedades sostenidas por el actor recurrente.

La acción por inejecución del cargo quedó expedita en el año 1971 -"dies a quo" de la prescripción por lo que se extinguió en 1981, siendo que la demanda es incoada mucho tiempo después, el 18.12.96 (fs.169 vta. y arts. 4014 y 2495 del Código Civil).

XX. Por lo expuesto propongo: 1) confirmar la sentencia de fs.1112/1120 vta. en lo principal que decide; 2) hacer lugar parcialmente al recurso de apelación, revocándose la imposición de las costas a la actora que se declaran por su orden; solución que regirá también en alzada (art. 68, 2º párrafo, del CPCCN); 3) declarar que la defensa de falta de legitimación para obrar no devenga costas autónomas; 4) dejar sin efecto los honorarios regulados a los profesionales intervinientes (art. 279 del CPCCN); V) las regulaciones para cuando la sentencia quede firme.

El doctor Vocos Conesa, por razones análogas a las aducidas por el doctor Kiernan, adhiere a las conclusiones de su voto.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, se confirma la sentencia apelada en lo principal que decide y se la modifica en cuanto al régimen de las costas, las que se impone por su orden, con la aclaración de que el responde a una defensa de fondo no constituye una instancia incidental autónoma susceptible de una regulación de honorarios independiente. en atención al nuevo resultado del litigio, déjase sin efecto las regulaciones practicadas en primera instancia y difiérese la regulación de las nuevas retribuciones para el momento de quedar firme la sentencia. Impónese también por su orden las costas de alzada, dadas las particularidades que presenta la controversia (art. 68, segunda parte, del Código Procesal).

El doctor Marcó no interviene en la presente por haber sido aceptada su excusación a fs.1274 (art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional). -Santiago B. Kiernan. -Eduardo Vocos Conesa.