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Costas, sentencia, CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE TUCUMÁN, doctrina legal
Materia: PROCESAL
Carátula: OLIVERA ENRIQUE DALMACIO c/ SOLLAZZO HNOS. S.A. (EMPRESA CONSTRUCTORA INDUSTRIAL Y COMERCIAL) s/ COBROS
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-10-14

Infringe el art. 109 CPCC, la sentencia que impone las costas íntegramente a la demandada, cuando el resultado del juicio es parcialmente favorable para ambos litigantes y el éxito obtenido por la accionada no es insignificante con relación al del actor.
Obligaciones del empleador, entrega del certificado de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: C. S. A. c/ T. A. S.A. s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-04-20

El art. 80 LCT impone al empleador, luego de la disolución de la relación laboral, dos obligaciones diferenciadas; de ellas nos interesa aquí solamente la segunda, contemplada por el segundo párrafo de dicha disposición el que exige al empleador entregar al operario, sin necesidad de requerimiento alguno de éste, un certificado de trabajo en el que se indique el tiempo de prestación de servicios, naturaleza de éstos, constancia de los sueldos percibidos y de los aportes y contribuciones efectuados a los organismos de seguridad social.
Querellante, legitimación activa, asociación ilícita
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Sosa, Carlos J. y Sosa, María s/ Inc. de falta de acción
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-11-05

Para la determinación de la legitimidad procesal activa, la apelación literal al bien jurídico protegido por la ley sustantiva, no es una pauta definitoria, puesto que no ha de excluirse la protección subsidiaria de otros bienes garantizados.

Por ello, resulta aplicable al caso, lo resuelto el 29 de Octubre de 1986 por este Tribunal, en anterior composición, en la causa "Kelly, Guillermo Patricio", en cuanto a que los sujetos pasivos de los ilícitos que la asociación comete, los perjuicios directamente, hallándose facultados para reclamar legítimamente el papel de querellante.
Consentimiento informado, mala praxis, responsabilidad médica
Materia: CIVIL
Carátula: SANCHEZ SILVIA ROXANA c/ CIDE RUBEN O. s/ D. Y P. - MALA PRAXIS
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2017-11-14

El consentimiento informado constituye un presupuesto y elemento integrante de la lex artis para llevar a cabo la actividad médica. En este caso, se trata de la información brindada con antelación a la intervención quirúrgica, en cuanto al tipo de prótesis a utilizar, y también con posterioridad, cuando aquellas fueron prohibidas y la actora comenzó a tener inflamación en los ganglios y estudios que indicaban la sospecha de ruptura intracapsular.
Beneficio de litigar sin gastos, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Saval Leonardo s/ Beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-05-04

Resulta improcedente el rechazo "in límine" de un beneficio de litigar sin gastos, fundado en la naturaleza de la acción principal deducida -en el caso una ejecución por un monto muy alto- sin dar oportunidad probatoria al solicitante, ya que, una vez producida la prueba, tendrá oportunidad el Juez de efectuar su evaluación.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Honorarios del perito, cobro a las partes
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Bonet, Marcela María c/ Diulio, Daniel R. y otros s/ Ejec. honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-07-10

Es principio recibido que los peritos tienen derecho a reclamar el pago de los honorarios regulados a su favor a cualquiera de los litigantes, sin perjuicio del derecho del vencedor en costas de repetir lo pagado contra el condenado, desde que el régimen de imposición de costas no incide sobre dicho derecho. Precisamente, por la función que corresponde al perito en su carácter de auxiliar del tribunal, puede perseguir el cobro de sus honorarios contra cualquiera de las partes y con abstracción del resultado del pleito, sin perjuicio de repetir la parte que los abonó contra la contraria, de acuerdo con la forma en que se hubieren impuesto las costas.
Cuota alimentaria, modificación de cuota alimentaria
Materia: CIVIL
Carátula: V.M.C. c/ R.A.E. s/ Alimentos - Incidente de Aumento de Cuota Alimentaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2015-06-12

La procedencia del pedido de modificación de la cuota alimentaria (aumento, disminución, cesación o coparticipación) de la fijada por sentencia o convenida entre las partes y homologada judicialmente, se encuentra supeditada a la comprobación de la variación de los presupuestos fácticos tenidos en cuenta al momento de establecerla -ingresos del alimentante, necesidades a cubrir del alimentado, etc.-, estando la prueba de tales extremos a cargo de quien los invoca.
Honorarios, actualización monetaria
Materia: PROCESAL
Carátula: TAWIL ANIS c/ CANIZAL s/ Escrituración.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-17

Si se decidió que los honorarios regulados debían repotenciarse hasta la fecha de su efectivo pago, reajuste que se dispuso al solo efecto de mantener la sustancia económica del importe allí establecido, ello es independiente de la constitución en mora de los obligados al pago de los emolumentos.
Competencia, litisconsorcio necesario
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BELLO, Raúl Eduardo c/ BRIONES VEGA, Juan Carlos; IZA, Jorge Omar; RIZZOTO DE IZA, Nélida B. s/ SUMARIO: Daños y perjuicios - EMBARGO PREVENTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1992-05-26

La procedencia del fuero federal por distinta vecindad o nacionalidad está supeditada, en caso de pluralidad de litigantes, a que cada uno de los actores y demandados tenga, respecto de cada una de las personas alineadas en la parte contraria, la condición de vecindad o nacionalidad que le permita invocarlo. La circunstancia de haber consentido otros dos codemandados la prórroga de jurisdicción al contestar la demanda, es obstáculo a la pretensión del recurrente, por haberse excluido así la posibilidad para aquel litisconsorte de prevalecerse de su distinto domicilio a fin de reclamar el fuero federal.En el caso de litisconsorcio necesario, la admisibilidad de la competencia federal se halla excluida aunque una o más de las partes pudieran tener individualmente derecho a aquélla, pues este tipo de litisconsorcio sólo admite la posibilidad de un pronunciamiento judicial de idéntico contenido para todos los litisconsortes. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de apelación (procesal), deserción del recurso, expresión de agravios
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Granero, María Inés s/ Recurso de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-10-13

En materia de deserción del recurso de apelación ya es conocida la doctrina que puntualiza que si bien la pieza procesal que lo opone debe autoabastecerse, resulta admisible una reiteración de argumentos; lo que no basta en cambio es dar por reproducidos argumentos formulados en las presentaciones que anteceden, vgr., alegatos, remisión a escritos anteriores, o a sentencias dictadas en otras causas lo que es distinto. La crítica debe instalarse en la propia expresión de agravios. La argumentación por ante la Alzada no necesariamente debe ser novedosa, siempre que los argumentos satisfagan los recaudos, es decir se opongan en forma precisa y razonada a las consideraciones del sentenciante, la iteración de desarrollos vertidos en otras piezas procesales no descalifica la expresión de agravios.
Recurso extraordinario, cuestiones complejas no federales
Materia: CIVIL
Carátula: Estancia San Gara S.R.L.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1977-12-27

La interpretación de las normas locales aplicadas ­decretos 2943/68, 42/70, 4979/71 y 3495/72, de la Provincia de Corrientes­, es ajena a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema. También lo es su argüida incompatibilidad con preceptos de orden común, no mediando arbitrariedad.
Inadmisibilidad formal, acción meramente declarativa, rechazo in límine
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Ferrari, Néstor Alejandro - Juez de falta municipal c/ Municipalidad de la ciudad de San Luis s/ Acción meramente declarativa - Medida cautelar
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2014-04-23

De conformidad con lo dictaminado por el Sr. Procurador General, la acción meramente declarativa interpuesta es formalmente improcedente, debiendo rechazar in limine la demanda y disponiendo el archivo de las actuaciones, pues el actor si se creyó con derecho tenía otras vías para hacerlo valer -amparo, contencioso administrativo-, las que no utilizó en tiempo y forma. (del voto en disidencia del Dr. Zavala Rodriguez)
Facultades del Poder Legislativo, seguridad jurídica, concurso preventivo, acreedor privilegiado
Materia: COMERCIAL
Carátula: Asociación Francesa Filantrópica y de Beneficencia c/  s/ quiebra s/ incidente de verificación de crédito por L.A.R. y otros
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-11-06

Admitir el reconocimiento judicial de derechos preferentes no previstos en la ley concursal traería aparejados serios inconvenientes que excederían el ámbito propio de los concursos. La ruptura del régimen legal de privilegios y la creación de un sistema paralelo, contra legem, discrecional y casuístico puede conllevar un fuerte impacto negativo para la seguridad jurídica en general.
Impugnabilidad objetiva, fundamentación insuficiente, inadmisibilidad del recurso
Materia: PENAL
Carátula: HERNÁNDEZ, Diego Roberto c/  s/ queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-02-16

El voto concurrente señaló que, más allá de la impugnabilidad objetiva de la resolución recurrida, toda vez que la parte se limita a alegar su disconformidad genérica con el a quo, sin expresar razones concretas y fundadas que permitan conmover lo decidido, el recurso de casación intentado se presenta en el caso inadmisible por carecer de la debida fundamentación. (Dres. Borinsky, Gemignani, Hornos -voto concurrente-).
Competencia, energía eléctrica, Ente Nacional Regulador de la Electricidad
Materia: PROCESAL
Carátula: "EDESUR S.A. c/ Resolución 7738/04 ENRE- SE 937706".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-02

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha resuelto en "Ángel Estrada y Cia. S.A. c/ Resol. 71/96 Sec. Ener. y Puertos (Expte. N° 750-00219/96)", sentencia del 5 de abril de 2005, que "no resulta que el legislador haya querido atribuir al ente la resolución de controversias sobre daños y perjuicios reclamados por los usuarios con motivo de la prestación del servicio público de distribución de energía eléctrica, pues el poder de policía atribuido al ente para regular y controlar aquélla no sirve de fundamentos para decidir litigios entre particualres que deben resolverse, sustancialmente, por aplicación de las normas de derecho común" (Cons. III).
Medidas cautelares, divorcio, bienes gananciales
Materia: CIVIL
Carátula: R. C. A. M. D. L. c/ N. I. J. s/ DIVORCIO VINCULAR S/ INCIDENTE DE MEDIDA CAUTELAR.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2014-10-31

Hay que hacer una distinción: en primer lugar, una cosa es la persona física y otra muy distinta la persona jurídica, tanto una como la otra tienen patrimonio propio, capacidad propia dado por los estatutos, en el último caso, regida por un ordenamiento jurídico específico y distinto, una civil y otra comercial; una sociedad conyugal y la otra sociedad comercial. Es por ello, que la problemática personal de los cónyuges, en el marco de un proceso de divorcio vincular en conexo a la situación matrimonial, es ajena a la sociedad comercial y no debe interferir en el normal desenvolvimiento de ésta. Estamos en presencia de una persona jurídica distinta. Así las cosas, si bien puede eventualmente admitirse algún tipo de cautelar, principalmente destinada a la protección de los bienes de la sociedad conyugal y/o determinación de los mismos., estas medidas en cuanto tengan efecto sobre la sociedad comercial, deben tomarse con carácter sumamente restrictivo. En este sentido, Martín Culaciatti en su trabajo sobre medidas cautelares, publicado en el libro "Medidas Cautelares", Director Claudio Maria Kiper, ha sostenido:

"...Para la adopción de medidas precautorias sobre sociedades no es lo mismo desde luego, la sociedad que encubre un patrimonio familiar, sin otros intereses en juego, que la sociedad comercial donde hay terceros que han efectuado un real aporte y son efectivamente parte de la misma, además de alguno de los cónyuges, lo que da un sentido diferente a su personalidad y obliga a una mayor prudencia en las medidas que afecten a la sociedad y/o a los terceros socios (opcit pág. 565). Este ya se ha pronunciado en otros casos análogos y en este sentido se dijo que: "...es impertinente la ingerencia de terceros extraños al mismo -el caso de las sociedades- cualquiera sea la intención que anime dicha solicitud...". A.L. S/Sucesión, Expte. Nº 3257/11, sentencia Nº 420, de fecha 05/11/2013. En este último, sin perjuicio de la protección de sus derechos por otras vías pertinentes. En este contexto, resulta inadmisible la aplicación de una medida cautelar que afecte a la sociedad en tanto persona jurídica y a los demás socios que la integran, sin que se haya acreditado en autos hechos de una gravedad y verosimilitud tal que la justifiquen o la hagan lucir razonable.

En consecuencia y por las argumentaciones expresadas, corresponde no hacer lugar al recurso de apelación interpuesto (respecto al levantamiento de la medida cautelar de anotación preventiva de la litis).
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, exceso ritual manifiesto
Materia: PROCESAL
Carátula: Jáuregui, Luciano Adolfo s/ plantea excepciones previas.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-15

La decisión de devolver al recurrente el escrito de interposición del recurso extraordinario fundada en el error material consistente en designar la resolución impugnada con una numeración equivocada, configura un exceso ritual que no se compadece con el adecuado servicio de la justicia.
Responsabilidad del Estado, servicio penitenciario, deber de vigilancia, muerte de un detenido
Materia: CIVIL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Romero, Mónica de los Angeles c/ Estado Provincial s/ Daños y Perjuicios - Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-12-23

La privación de la libertad sobre determinado individuo implica ubicar al mismo en lo que, de ordinario, se denomina "Unidad Carcelaria" o "Penitenciaria", donde ejercerá su plena jurisdicción el Estado Nacional o Provincial siendo que, de acuerdo a la característica de la pena impuesta al reo, éste podrá verse recluido en dicha unidad hasta cumplir con su condena. La situación descripta generará en cabeza del Estado un conjunto de obligaciones consistentes en cubrir las necesidades básicas para que dicha persona pueda cumplir su pena dignamente y, como es lógico, brindarle un marco de seguridad que proteja su derecho a la vida.

La racionalidad de los actos de gobierno que impone un sistema republicano y se encuentran especificadas en una pléyade de leyes, decretos y reglamentos que, como es claro, el Estado está compelido a respetar y cumplir rigurosamente.

Cuando se omita el cumplimiento de esta normativa -antijuridicidad formal-, sea a través de un accionar positivo o negativo, y producto de ello, se produjeren daños o incluso la muerte de algún interno, quedará trazado el escenario en el cual se debe tener que dirimir cuál es la responsabilidad del Estado para el caso.

Cualquiera sea el fundamento que esta responsabilidad tenga, la mera comprobación de una negligencia u omisión no es suficiente para que el Ente sea responsable, dado que no es posible extender sin límites la responsabilidad del Estado. A tal fin se hace necesario establecer el nexo causal entre la omisión y el daño producido. Es menester probar que de haberse ejercido adecuadamente el control se podrían haber evitado los daños reclamados.

La conexión causal adecuada exigida como primer presupuesto de la responsabilidad por daños se encuentra verificada en autos, puesto que los antecedentes de la causa evidencian que el hecho acaecido compromete la responsabilidad del Estado, en tanto importan la omisión de sus deberes primarios y constituyen una irregular prestación del servicio a cargo de la Autoridad Penitenciaria.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, improcedencia del recurso, Instituto Nacional de Reaseguros, banco central, promotor de ventas
Materia: PROCESAL - COMERCIAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: PHILCO ARGENTINA S.A. s/ MULTA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-10-30

Es improcedente el agravio referente a que el Instituto Nacional de Reaseguros examinó la publicidad realizada y consideró que podía efectuarse su cobertura, si el recurrente no se hace cargo de lo expuesto por el Banco Central al afirmar que dicho Instituto carece de competencia para verificar el control de la publicidad y sus consecuencias, razón por la cual la defensa esgrimida resultaba inhábil para eximir de responsabilidad a la sumariada.
Cuestiones procesales, competencia, competencia por la materia, daños y perjuicios, propuesta de prórroga
Materia: COMERCIAL
Carátula: ASOCIACION CIVIL USUARIOS Y CONSUMIDORES UNIDOS c/ ARAMENDI Y ASOCIADOS S.A. Y OTRO s/ SUMARISIMO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-03-29

La iniciación de la presente demanda ordinaria en esta jurisdicción no habilitó al juez de grado a declarar de oficio su incompetencia, pues el CPR 4 expresamente prohíbe dicha declaración en asuntos exclusivamente patrimoniales y por razones de territorio, pues la jurisdicción territorial puede ser objeto de prórroga -aún tácita- (CPR 1
Nulidad del acto administrativo, fundamentación del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: "Dupont  Ema  Antonia c/ EN  -Cámara  de Diputados- Resol. 136/04(Exp. 67471/00)".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-09-09

En tanto la nulidad sólo se presenta como un requisito de eficacia del acto administrativo corresponde desestimar el agravio por inconducente debido a que la actora ha interpuesto oportunamente el recurso judicial directo por ante esta Cámara sin que se haya alegado una afectación del derecho de defensa como así tampoco de las reglas del debido proceso. Los agravios y la prueba no fueron presentados en subsidio al pedido de nulidad sino que han sido desarrollados por la recurrente sin objeciones (Cons. III).
Enfermedad profesional, daño por vicio o riesgo de la cosa
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: VILLANI, JOSE ALBERTO c/ ACINDAR INDUSTRIA ARGENTINA DE ACEROS S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-06-21

Respecto al agravio consistente en que se amplió de modo excesivo el campo de la responsabilidad civil, omitiendo el fallo asumir que faltó la prueba de que el daño cuya reparación se reclama fue causado por la cosa riesgosa o viciosa propiedad de la demandada y basándose solamente en las suposiciones del perito, es de ver que la Alzada evaluó a fin de confirmar la condena a la demandada, la configuración en el caso de los presupuestos de viabilidad del reclamo sobre la base del artículo 1113 del Código Civil, verificando que la peligrosidad o riesgo de las cosas de las que el empleador se valía para llevar a cabo su actividad surgen claramente demostradas a partir de la prueba colectada en autos, consistente en el dictamen médico, la pericia en higiene y seguridad y las testimoniales. (Del voto de los Dres. Gutiérrez y Spuler).
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, herencia vacante
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ocampo, Maria Ramona s/ Sucesión vacante
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-11-01

No cuestionándose el derecho de quien denunció la vacancia y tratándose simplemente de la fijación de una medida judicial a los fines de establecer la recompensa que prevé el art. 7 de la ley 7.322 la decisión que dispone la tasación de los bienes no es definitiva. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Acción pública, Administración Pública
Materia: PENAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Gassmann, Alicia María s/ inf. art. 2. 2. 3, obra no autorizada -L 451- s/ recurso de inconstitucionalidad concedido" y su acumulado expte. n° 9054/12 "Ministerio Público -Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado"
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-09-11

El art. 2 de la ley 1727 cuyo título es "acción pública", sostiene que toda falta da lugar a una acción pública que puede ser promovida de oficio o por simple denuncia verbal o escrita ante la autoridad competente y resulta curioso que ese artículo hable de la existencia de una acción pública cuando no está prevista la participación de un promotor de la acción, es decir, alguien que representando el interés del pueblo de la CABA inste a la Administración a que condene al "presunto infractor". (Voto del Dr. Luis F. Lozano).
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio, principio de legalidad, jueces naturales, pena
Materia: PENAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: NICOLAS ALEJO ESPIRO s/ RECURSO DE REVISION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-30

Del art. 18 de la Constitución Nacional, que consagra el principio nullum crimen, nulla poena sine lege, se desprende que la ley penal no puede ser retroactiva ni en cuanto a la descripción del tipo legal ni en cuanto a la adjudicación de la sanción.
Derecho procesal, procesos de ejecución, juicio ejecutivo, recurso de apelación (procesal), resoluciones inapelables, excepciones procesales, manifestación expresa
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Ansin, Diego Gustavo Sebastian c/ Agro Cereales Noa SA y otros s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-02-06

No es apelable la decisión del juez de grado que ordenó trabar embargo sobre ciertas cuentas bancarias de propiedad del ejecutado a los fines de garantizar una eventual condena en favor del ejecutante.
Uso indebido del espacio público, tipo penal, paseos públicos, poder de policía, ferrocarriles
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Childe Arias, Carlos René s/ inf. art. 83 ley 1472, Apelación" Apelación"
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-05

El tránsito y convivencia de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires en ciertos espacios compartidos por el uso común, por el simple hecho de habitar el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires quedan sometidos a la regulación que garantiza esa libertad, igualdad y seguridad en el acceso, y por ello merecen la predicación de "públicos". El poder público local conserva la función de policía sobre todo el ambiente urbano, público y privado (art. 27 CCABA).

El artículo 83 del Código Contravencional exige para el encuadramiento, que la actividad sea llevada a cabo en el espacio público, cuya característica definitoria es el uso común, y ninguna concesión o regulación de transporte podría quitar ese carácter a los andenes de los ferrocarriles como tampoco el pago de un boleto o pasaje que habilite la circulación que se da en ellos para acceder a los medios de transporte -utilidad pública-. Los andenes del ferrocarril son espacios de uso común que al encontrarse dentro del territorio de la Ciudad y quedan sujetos al poder de policía local (art. 104 inc. 11 CCABA).