Funcionarios judiciales, crímenes de lesa humanidad, imprescriptibilidad, asociación ilícita, prescripción, extinción de la acción penal, oportunidad procesal, violencia moral, prisión perpetua, responsabilidad internacional del Estado, derechos y garantías constitucionales
Materia: PENAL
Carátula: Petra Recabarren, Guillermo Max y otros c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-05

Uno de los votos concurrentes señaló que las infracciones a los deberes funcionariales de los integrantes del Poder Judicial se encontraban sin duda incluidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos que cristalizaron la costumbre internacional en materia de crímenes contra la humanidad, bajo la tipificación del crimen de persecución por motivos políticos, que la intervención en una asociación ilícita puede en sí misma constituir un crimen contra la humanidad, que muchos de los hechos que abarcan el período anterior al 24 de marzo de 1976) no se diferencian -en diversos aspectos- de aquéllos que tuvieron lugar una vez que la última dictadura militar tomó el poder, que las reglas de prescripción de la acción penal previstas en el ordenamiento jurídico interno quedan desplazadas por el derecho internacional consuetudinario y por la "Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad" (leyes 24.584, B.O 29/11/1995 y 25.778, B.O. 3/9/2003), sin que ello importe una merma de dicho principio, que la circunstancia de que el "a quo" haya incluido, dentro de la calificación legal, la declaración de que esos hechos se cometieron "en el contexto del delito internacional de genocidio", no produjo efectos jurídicos concretos respecto de la situación de los condenados, de lo que se deriva que ello no debe ser analizado por la CFCP, que la parte no demostró que a su respecto haya podido predicarse una afectación al principio de igualdad de armas, que las condenas de los imputados no se sustentan sobre la base de un criterio de responsabilidad objetiva en razón de su pertenencia a las fuerzas armadas o de seguridad -en la mayoría de los casos- o por los cargos que detentaban al momento de los hechos, sino antes bien, configuran el corolario del examen crítico y conglobado de todos los elementos de convicción obrantes en la causa, que fueron correctamente analizados por el a quo, que el tipo penal previsto y reprimido por el art. 144 ter, primer párrafo, del C.P. -texto según ley 14.616-, no se agota únicamente en la aplicación a la víctima de un maltrato corporal o físico sino que abarca todo tipo de padecimiento grave de índole psíquico o moral, en cuyo contexto, adquieren relevancia la continua incertidumbre sobre el futuro de las víctimas, productoras de sufrimientos morales y perturbaciones psíquicas que las colocan en una situación de particular vulnerabilidad, que la afirmación de que el error de prohibición (como especie del error de derecho) no procede en el caso de los crímenes contra la humanidad, se funda en la constatación de que ellos son los delitos mala in se por antonomasia: su comisión supone la vulneración, desde el propio Estado o con su aquiescencia, de los derechos fundamentales de las víctimas y como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, que los magistrados imputados facilitaron la perpetración de numerosos crímenes de lesa humanidad, ya que de haber actuado en forma distinta tal como su deber legal en definitiva les exigía, o aunque sea haber exhibido una actitud diferente frente a tales atropellos a los derechos humanos que ocurrían en la provincia de Mendoza, el resultado final podría haberse evitado, o aunque sea dificultado; por su parte, el otro voto concurrente destacó que la CFCP debe limitarse al estudio de los motivos casatorios expuestos ab initio en ocasión de interponerse el recurso de que se trate, salvo, claro está, que el asunto propuesto a revisión una vez expirada esa oportunidad procesal, sea susceptible de acarrear cuestión federal dirimente o se cuestione la validez de algún acto del proceso factible de fulminárselo con nulidad absoluta; circunstancias que, en parte, no observan los agravios expuestos en aquella oportunidad procesal, que la pena de prisión perpetua en nuestro país, pese a su severidad, no puede ser encuadrada como pena cruel o infamante, y que debe desecharse enfáticamente todo intento de cumplir con los compromisos internacionalmente asumidos por el Estado nacional en lo que a este tipo de investigaciones concierne, por cualquier manera que no sea la que respete las formas sustanciales del proceso penal, pues aquel objetivo jurisdiccional no puede alcanzarse a costa de las garantías constitucionales del debido proceso y defensa en juicio, menos aún, pasándose por alto los principios emergentes de la forma republicana de gobierno, del orden constitucional y de un Estado de Derecho. Dres. Hornos, Borinsky -voto concurrente-, Gemignani -voto concurrente-.