marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Proceso judicial, escritos judiciales, copias
Materia: PROCESAL
Carátula: Atencio José Mario c/ E.N. -Mº de Defensa s/ personal militar y civil de las FFAA. y de Seg.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-25

La finalidad de la obligación de acompañar copia de los escritos y documentación presentados en el expediente, es que cada litigante cuente con todos los elementos necesarios para el mejor ejercicio del derecho y procura la aceleración de los trámites procesales, evitando dilaciones innecesarias (cfr. CPCC Pcia. Bs.As.

y Nación, Com.y Anot. de Morello-Sosa-Berizonce, T.II-B, p.

579/580); el objeto es que las copias queden en Secretaría a disposición de las partes para que puedan disponer de un duplicado de las constancias del expediente, además de su importancia en el supuesto de reconstrucción de los expedientes (cfr. CPCCN Anot.Conc.

y Com. de Falcon, T. I. p. 677). (Consid. 3º). Anot.Conc. y Com. de Falcon, T. I. p. 677). (Consid. 3º).
Accidente de tránsito, falta de uso de casco
Materia: PENAL
Carátula: VAZQUEZ, AGUSTIN G.C. s/ HOMICIDIO CULPOSO.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-02-25

Que el motociclista o su acompañante no usaran el casco protector no tiene incidencia para truncar la relación especifica de determinación entre la evidente violación del deber de cuidado del recurrente y el resultado típico ocurrido.
Costas, gastos del proceso
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Mancino, Jorge Roberto c/ Urlich, Guillermo s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-08-29

Si bien las erogaciones que versan sobre gastos causídicos en manera alguna pueden comprometer los principios de economía y buena fe con que debe actuarse en juicio, porque cuando aquéllas aparecen excesivas en relación al monto de lo reclamado, desaparece la proporcionalidad, surgiendo entonces la faculta del juzgador de reducir prudencialmente los reembolsos excesivos de conformidad con la prerrogativa consagrada en el art. 77 in fine del Código Procesal, es lo cierto que este tribunal considera que, en el caso, no se justifica ejercer la referida potestad para modificar de oficio la liquidación, en cuanto no se está ante erogaciones manifiestamente desproporcionadas o irrazonables con el valor que corrientemente se abona por tales tareas. (Minoría u opinión personal)
Concursos, concurso especial, ejecución hipotecaria, mutuo hipotecario, índices de actualización, acción de repetición
Materia: COMERCIAL
Carátula: COUNSELLOR  SAIA s/ QUIEBRA S/ INC. DE REPETICION POR BANCO FEIGIN
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-07

Es improcedente un incidente de repetición interpuesto por una entidad bancaria, que adquirió un inmueble de la fallida gravado con garantía hipotecaria, en virtud de un contrato de mutuo, con fundamento en que el saldo de precio se había ajustado por un índice diferente al pactado en el contrato, generando un saldo a favor toda vez que si bien es cierto que la escritura de venta establecía que el saldo del precio debía ser abonado en las mismas condiciones que el contrato de mutuo hipotecario, sin embargo -en el caso- la modificación del índice original de actualización de préstamos, índice de ajuste financiero Circular 1050, por Circular A-185 del Banco Central, estaba prevista en el convenio de refinanciación, que el banco conocía y aceptó con efecto vinculante.
Administración fraudulenta, cajero, hurto
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: VERA, Héctor J. s/ DEFRAUDACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-09-09

Constituye el delito de defraudación por administración fraudulenta, art. 173, inc. 7°, C.P. y no el de hurto reiterado, la conducta del cajero de un banco que recibió en distintas ocasiones sumas de dinero de los clientes que eran puestas a su cuidado teniendo a su cargo los intereses pecuniarios ajenos y careciendo de poder de disponer de los mismos.
Designación de jueces, conflicto de poderes, Superior Tribunal de Justicia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires c/ Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires s/ conflicto de poderes
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-08-18

El procedimiento de designación de jueces del TSJ -como en el orden nacional el de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación- está diseñado en la Constitución de la Ciudad como un trámite complejo, en el que intervienen necesariamente el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, de modo que la competencia constitucional acordada al Poder Ejecutivo de "proponer" atañe tanto a la facultad de efectuar la propuesta de designación como a la atribución de que ella sea aceptada o rechazada por la Legislatura, lo que excluye, por principio, toda posibilidad de que algún otro órgano o poder pueda interferir en ese cometido. (Voto de la Dra. Ana María Conde).
Daños y perjuicios, indemnización, privación del uso del automotor, prueba
Materia: COMERCIAL
Carátula: ESCOLAR, ENRIQUE c/ RED-GAR  SACI s/ SUM.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-20

La mera privación material del automotor constituye un daño resarcible, sin que sea exigible una prueba adicional. A fin de estimar el monto de la indemnización y, a falta de acreditación concreta del perjuicio sufrido a causa de la privación del rodado, cabe acudir a la facultad estimativa conferida por el CPR 165.
Reconocimiento en rueda de personas, valor probatorio
Materia: PENAL
Carátula: Escalante, Roberto s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-02-07

El sistema de los arts. 138 a 141 del Código de Procedimiento Penal (según ley 3589 y sus modif.) agrega a la pura prueba testimonial un suplemento tendiente a reforzar su poder de convicción; el reconocimiento en rueda de personas, al ser parte del testimonio que integra el relato de los hechos, debe ser valorado según las reglas propias de dicha especie de prueba. Tal reconocimiento tiene por objeto precisar la identidad del imputado formando parte de las declaraciones de los testigos, de allí que ambas especies de actos deben valorarse conjuntamente pues poseen la misma naturaleza jurídica.
Procesamiento, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: SOTELO RAMON E. Y OTROS. s/ ROBO CALIFICADO.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-11-17

La sola imputación de la damnificada, en relación a la identidad de los presuntos autores, no corroborado por elemento alguno -que no sea el reconocimiento efectuado en rueda de personas de aquellos que sindica y a quienes conocía anteriormente- no constituye un cuadro probatorio que acredite la autoría y responsabilidad del encartado en el grado de probabilidad convictiva requerido para la medida en apelación, debiendo por tanto acudirse a la medida prevista en el artículo 305 del Código Procesal Penal.
Actos jurídicos, simulación, legitimación pasiva, litisconsorcio necesario
Materia: COMERCIAL
Carátula: JORGE R. AGUIRRE c/ ELISEO VILAPLANA Y OT. s/ SIMULACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-06

Un elemental principio de derecho y de razonabilidad exige que un acto no puede ser declarado simulado y carente de efectos jurídicos respecto de alguno de los contratantes mientras continua siendo considerado válido en relación a otro resultado "inoponible".

La sentencia que llegara a dictarse en tales condiciones, sería inútil o inocua, desde el momento que no pudiendo modificar la relación jurídica creada por los simuladores con respecto a todos ellos, la resolución perdería toda utilidad práctica. Tratándose de una demanda por simulación de un acto jurídico, la cuestión constituye un supuesto de litisconsorcio necesario pasivo, por lo que la misma debió ser dirigida ineludiblemente contra todos los involucrados en una relación jurídica inescindible. Ello así, corresponde confirmar la sentencia que rechazó la pretensión de simulación de una escritura traslativa de dominio por no haberse integrado el proceso con la empresa financiera que en el mismo acto instrumental se constituyó como acreedora hipotecaria del inmueble en cuestión.
Abogados, comisiones médicas, accidentes de trabajo, asegurador por riesgos del trabajo, regulación de honorarios
Materia: LABORAL
Carátula: Vela Carlos David c/ La Segunda ART S.A. s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-04-05

La asistencia letrada a los damnificados no es tal. La ley prevé la asistencia jurídica obligatoria (art. 1, reglamentado por el art. 36 de la Res. SRT 298/17). Se pregunta ¿podrá recaer la elección en un abogado de confianza?, ante las distancias de las Comisiones Jurisdiccionales. Argumenta que ".conseguir que un profesional acompañe o represente a la víctima sin más recompensa que la promesa del pago de sus honorarios extrajudiciales a cargo de la ART, resulta muy difícil de prever. Máxime cuando esos honorarios -para cuyo cobro deberá pedir regulación judicial- solamente corresponderán "en caso que su actuación profesional resulte exitosa y se hubiere reconocido total o parcialmente la pretensión reclamada por el damnificado" (art. 37 de la Res. SRT 298/17). Se incorpora la exigencia de la eficacia de la gestión, toda una novedad (Voto Welp)
Pago de la remuneración, incumplimiento del contrato, retención de tareas
Materia: CIVIL-LABORAL
Carátula: Alaniz, Guillermo Martín c/ Bella SA y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-09-28

La falta de pago del salario en la medida convenida y en tiempo oportuno configura un grave incumplimiento contractual, pues la retribución representa una de las principales obligaciones del empleador, en atención a la naturaleza alimentaria del salario. Por lo tanto dicho incumplimiento (arts. 74 y 128 L.C.T.), legitima la decisión resolutoria del trabajador. Respecto de tales créditos la mora es automática conforme lo dispone el art. 137 L.C.T.. La retención de tareas decidida por el trabajador ante la falta de pago de la remuneración encuadra en la norma del art. 1201 del Código Civil. Ella es aplicable a las relaciones contractuales de naturaleza laboral, pero la retención del trabajador debe responder al incumplimiento de alguna de las obligaciones esenciales del empleador, y el no pago del salario lo es.
Recurso de casación, recurso de queja (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: GRANERO DANIEL OMAR c/ TELEFONICA DE ARGENTINA  S.A. s/ DEMANDA LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1995-06-16

La queja expuesta, en virtud del juicio de admisibilidad que prescribe el art. 5 de la Sección Sexta del C.P.C.C. a este órgano 'ad-quem', no alcanza el nivel imprescindible para su concesión, toda vez que con él se intenta esencialmente ingresar en cuestiones fácticas, inabordables en casación, omitiendo el ataque a fundamentos de derecho que sustentan la decisión.
Operaciones aduaneras, importaciones, permiso de importación, jerarquía de las leyes
Materia: ADMINISTRATIVO-ADUANERO
Carátula: "Zahieret  SA c/ EN -M° Economía Resol. 47/07 -AFIP DGA s/ procesode conocimiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-10-05

La resolución (M.E. y P.) 47/07 ha instaurado una restricción que puede ser calificada como una licencia no automática a las importaciones, toda vez que la exigencia del Certificado de Importación de Manufacturas Diversas no es otra cosa que una obligación de presentar una solicitud distinta de la necesaria a efectos aduaneros, como condición previa para efectuar la importación, y cuyo otorgamiento no siempre es aprobado por la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa (arts. 1, 2 y 3 del acuerdo sobre licencias de importación). La propia normativa subsiguiente a la resolución calificó a la exigencia de éste y otros certificados de importación, como una licencia no automática a las importaciones (v. gr.: resolución n° 11/08 de la S.I.C. P. y M.E., último considerando y art. 1). Por lo demás, la resolución invoca en sus considerandos como normas atributivas de competencia los acuerdos comerciales previamente analizados. En esos términos la resolución n° 47/07 no solo debe ceñirse a las prescripciones del Código Aduanero (ley 22.415), sino también a los acuerdos internacionales aprobados por la ley 22.425 relativos a las licencias de importación que previamente se han enunciado, cuya jerarquía es superior a las leyes de conformidad con el art. 75, inc. 22 de la C.N. (Fallos: 317: 1282) (Del voto del juez Morán, Cons. IX).
Indemnización por despido, base indemnizatoria del despido, mejor remuneración, depreciación monetaria, valor nominal
Materia: LABORAL
Carátula: ZALAZAR, OSCAR c/ BANCO ALAS COOPERATIVO LTDO. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-31

Se encuentra evidenciada la elección de quienes legislaran en la especie de una base para la determinación de la indemnización por antiguedad que no contempla la incidencia de la pérdida del valor adquisitivo de la moneda, por lo que solamente cabe atender a su fijación mediante la comparación de los ingresos mensuales y habituales en su cuantía nominal, y ello en razón de la limitación de facultades que resultan de la doctrina de la C.S.J.N
Prescripción adquisitiva, justo título
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Presa de Carelli, Noemí y otras c/ Vivas, Juan Carlos y otra s/ Usucapión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-08-12

El boleto de compraventa inmobiliario no es justo título a los fines de la adquisición del dominio por usucapión (en los términos de los arts. 3999 y 4010 y concs. del Cód. Civil) porque, aunque confiere la posesión legítima del inmueble, su adquiriente no es apto para transmitir el dominio por ausencia de una formalidad legal que es la escritura pública.
Caducidad de instancia, impulso de parte
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: DOLORES A. RAMIREZ c/ JUAN A. CRESPO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-09-28

La presentación de la cédula para notificar a una de las codemandadas la apertura a prueba resulta, en este caso, inoperante para impedir la declaración de caducidad por ausencia de consentimiento de la contraria, insoslayable en tanto ya había vencido el plazo de seis meses.
Tercería de dominio, bienes muebles
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BERRIOS ALONSO LORENZO EN J: MALLEA MATIAS c/ CHAUD Y OTROS s/ Cobro Alquileres (LIBRO: A074 - 199)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1992-06-15

Surge sin hesitación del contrato locativo, que su propietario lo es el tercerista reclamante. La locataría es mera tenedora de los bienes locados y, consecuentemente, representante de la posesión que ejerce el locador propietario. Por lo mismo, como este la ejerce a través del tercero detentador y esa posesión se presume de buena fe, conforme con el contrato de locación, de fecha cierta, que le es oponible en esta materia al actor principal, el mismo es propietario de los bienes que reclama como tercerista.-
Juicio ejecutivo, obligaciones en moneda extranjera
Materia: CIVIL
Carátula: GARCIA c/ KELLY s/ DERECHO PROCESAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-07-08

Los claros términos del art. 520 del Cód. Procesal autoriza expresamente la vía ejecutiva para la obligación en moneda extranjera.
Cuestiones de competencia, excepción de incompetencia, competencia por la materia, competencia civil, competencia contencioso administrativa, recurso de casación, admisibilidad del recurso, sentencias de segunda instancia, sentencia no firme
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Kaswalder, Antonio c/ Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca s/ Cobro de pesos - Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2006-04-04

La sentencia de Cámara que resuelve hacer lugar a la excepción de incompetencia en razón de la materia articulada por la demandada-municipalidad del la capital- no reviste el carácter de definitiva como condición de admisibilidad del recurso de casación.

Sin perjuicio de ello, al estar en conflicto una cuestión de competencia cuya decisión radica en determinar si la causa es de competencia civil-como sostiene el casacionista- o contencioso administrativa como resolvió el Ad quem, este Tribunal debe emitir pronunciamiento al respecto.

Ello se justifica por cuanto la Corte celosa guardiana de su competencia exclusiva en materia contencioso administrativa, se ha avocado permanentemente al conocimiento y resolución de las cuestiones de competencia traídas a su seno, haciendo caso omiso del acierto, la calificación y el cumplimiento de los requisitos formales de admisibilidad del recurso de casación; lo expuesto exime del control de los presupuestos exigidos a los efectos de la admisibilidad del recurso, pues la situación supera cualquier obstáculo formal del remedio articulado.
Robo calificado, armas
Materia: PENAL
Carátula: Díaz, Alfredo Alejandro s/ Robo calificado Ballesteros, Enrique Daniel; Décima, Agustín Humberto s/ Robo calificado Fernández, Marcelo Daniel y otros s/ Robo Luna, Martín L. s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-04-26|1997-04-22|2001-05-09|2003-04-09

La razón de la agravante por el empleo de arma en el art. 166 inc.

2º es la disminución de la posibilidad de defensa de la víctima, lo neutraliza para cualquier posible reacción en ese sentido y poco importa que el artefacto utilizado, si es que se trata de un arma de fuego, sea o no apto para producir disparos, pues tal contingencia no lo descalifica como lo que es. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Medidas cautelares, embargo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GUIÑAZU FELIX EDGARDO c/ EDUARDO OSCAR MAESSEN s/ Cobro Alquileres (LIBRO: A075 - 150)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-06-30

La reducción o limitación del embargo procede cuando se ha trabado sobre bienes cuyo valor sobrepasa notoriamente el crédito reclamado. El propósito moralizadorde la norma de reducir embargos, sólo se cumple estando suficientemente garantizado el derecho del actor, es decir, si la medida decretada cubre satisfactoriamente el importe del capital reclamado por el ejecutante y la suma presupuestada por el Tribunal para responder al pago de intereses y costas.
Despido con causa, ausencias injustificadas, omisión de dar aviso, certificado médico, injuria laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Castillo, Carlos Eduardo c/ Helametal Catamarca y/o Q.R.R. s/ BENEFICIOS LABORALES
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1997-12-30

Se configura la injuria en el contrato de trabajo que justifica el distracto si de autos surge que el trabajador que registra antecedentes disciplinarios reconoció el hecho injurioso -inasistencia al trabajo- y no logró probar, en primer lugar que dio aviso oportuno a quien correspondía, y por otra parte no acompañó el certificado médico que justifique en el caso la enfermedad. Teniendo en cuenta ello, deviene lógico que en los actuados se rechace el recurso de apelación interpuesto por el actor, que pretende se le reconozcan los rubros indemnizatorios derivados del supuesto despido incausado, y en consecuencia corresponde que se confirme el fallo recurrido.
Obras sociales, INSTITUTO DE OBRA MÉDICO ASISTENCIAL, prestadores médicos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Marsiglia, Elsa Beatriz s/ Inconstitucionalidad art. 39 del decreto 7881/84 Mosquera, Daniel M. c/ Pcia. de Bs. As. s/ Inconstitucionalidad art. 39, dec. 7881/1984.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-09-08|2001-11-28

La medida que contempla el art. 39 del decreto 7881 no es una sanción, desde que no se presupuesta en el incumplimiento de obligaciones impuestas o en inconducta del prestador, sino en una ponderación del resultado del servicio cumplido, de su eficiencia y conveniencia, esto es, una consideración objetiva de la prestación.
Bienes muebles, IVA
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: INSTITUTOS ANTARTIDA S.A.M.I.C. c/ D.G.I. -T.F. 6243-I-
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-28

Conforme a las previsiones del art. 1°, inc. a), de la ley 20.631, en el que se establece que el impuesto al valor agregado se aplica sobre las ventas de cosas muebles, rige en materia el principio de la prevalencia del hecho imponible. Asimismo, en el art. 2°, inc. a) de la citada ley se considera venta a toda transferencia entre vivos, a título oneroso que importe la trasmisión de dominio de cosas muebles , incluida la incorporación de dichas cosas muebles en los casos de locaciones, prestaciones de servicios o realizaciones de obras.
Daños y perjuicios, citación en garantía, desistimiento, liquidación del asegurador
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ganduglia, José H. c/ Sirotti, Hugo J. y ot. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-03-17

Ante la negativa manifiesta por el asegurado no le es oponible el desistimiento de la actora de la compañía aseguradora y, siendo así, no le causa agravio la resolución que hace lugar a aquél. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Concursos, actualización monetaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GORRIARAN ROBERTO GUILLERMO s/ QUIEBRA
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-09-22

Si bien en el marco textual del art. 2do. de la Ley 21488, el término "aquo" de la ecuación repotencializadora allí prevista se instala en el mes anterior al de la sentencia declarativa de la quiebra (congruentemente con el art. 133 de la ley 19551) cabe distinguir cuando dicho estado de quiebra es precedido por una acogida solicitud de concurso preventivo, época desde la que se suspenden los intereses emergentes de obligaciones quirografarias (art. 20 ley cit.). En tal caso, llegada la oportunidad de reconocer a los acreedores, por la existencia de bienes, los correspondientes accesorios (desvalorización e intereses) no incorporados a los importes verificados, el cómputo se efectuará desde tal originaria suspensión.
AFIP, ejecución fiscal, recurso de apelación (procesal), improcedencia del recurso, regulación de honorarios
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: FISCO NACIONAL - D.G.I. c/ TRANSPORTE ESCALADA S.A.T. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-30

El art. 92 de la ley 11.683 (según texto ley 23.658) al disponer la inapelabilidad de la sentencia en los procesos de ejecución fiscal, no hace salvedad alguna en relación con los aspectos accesorios. Por ello, teniendo en cuenta que la regulación de honorarios integra tal decisión inapelable, corresponde declarar incorrectamente concedido el recurso interpuesto (cfr. C.N.F.Civ.y Com. en pleno, "Estado Nacional- D.G.I. c/ Caolines Argentinos S.A. sent. del 21.12.95 y C.N.A.Cont.Adm.Fed. en pleno, "Fisco Nacional - D.G.I. c/ Banco de Quilmes S.A.", sent. del 11.04.96).
Moneda, pago, depreciación monetaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ERMA  S.A. c/ Empresa Nacional de Telecomunicaciones y otro. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-16

No corresponde otorgar a la omisión de formular reservas el carácter de renuncia tácita a los derechos y garantías patrimoniales de la actora, en razón del carácter restrictivo con el cual, por su particular naturaleza, debe ser ésta interpretada, especialmente en cuanto atañe a la desvalorización monetaria.