Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2005-05-06


Salta, 6 de Mayo de 2005.

Y VISTOS: Estos autos caratulados: "MIGUEL DE VITTAR, GLADIS ELIZABETH vs. I.P.D.U.V. -O INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIEN. Y/O RESP. POR ACCION REDHIBITORIA" - Expte Nº 62443/02 del Juzgado de 1ra. Instancia en lo Civil y Comercial 4° Nominación (Expte. N° CAM 93375/4 de Sala II), y, CONSIDERANDO:

Viene apelada por la demandada la resolución de fojas 112/113 que rechaza la excepción de incompetencia opuesta a fojas 83/84, presentando los agravios a fojas 117/118.

En los mismos expresa que el Juez realiza una interpretación errada y arbitraria del carácter en el que el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda de Salta participó en la operatoria que origina el presente. Que al demandarse el accionar de la apelante respecto de un programa habitacional diseñado por el poder político gobernante del cual es ejecutor y protagonista, la cuestión tiene un indudable tinte administrativo .

De tal manera, dice, que nunca dejó de actuar como un ente público, ya que jamás delegó, renunció ni prorrogó su potestad como poder público y en tal carácter actuó en el presente.

Puntualmente la Corte de Justicia en la causa "El Gramillal Agrícola Ganadera Inmobiliaria S.C.A. vs. Dirección Provincial de Vialidad de Salta- Recurso de Apelación", Expte. N° 15942/92 de Corte, T. 44, 29/12/92, fs. 1173/1174, ha señalado que la circunstancia determinante de la competencia contencioso administrativa, según surge claramente de lo establecido en forma expresa por la Ley N° 6569/89 de creación del Juzgado de 1° Instancia en la materia, "es la actividad del Estado solamente cuando actúa como Poder público". Agrega el fallo que lo que provoca la aplicación del derecho administrativo es la actuación del Estado revestida de prerrogativas, entendiendo por tal, la realizada con medios jurídicos excepcionales o exorbitantes respecto de los propios del derecho civil en el campo del derecho privado.

Así el Estado, sigue diciendo el fallo, en ejercicio de sus prerrogativas de "poder", se halla colocado en un plano superior frente al administrado, lo que determina que las normas pertinentes no sean, como en el derecho privado de "coordinación", sino de "subordinación" -imponen obligatoriedad- que es el rasgo característico de las normas integrantes del derecho público. Pero aclara el pronunciamiento, el Estado considerado "poder público", es algo más que una persona jurídica de derecho público, y a los efectos de determinar el carácter en que actúa, cabe distinguir cuando éste realiza funciones que tienden a la realización de los fines mismos del poder público y que no puede delegar en manos de particulares (allí actúa como poder público), de aquéllas funciones que no son esenciales para la existencia del estado pero que éste realiza para satisfacer necesidades sociales, culturales, de progreso y bienestar, ya sea directamente o en concurrencia con los particulares, en donde obra como "persona jurídica de derecho público". Y en éste último caso, si el derecho supuestamente afectado del accionante es de índole civil y se encuentra garantizado con normas de igual naturaleza, la situación no encuadra en el artículo 1° del Código de Procedimientos en lo Contencioso Administrativo, razón por la cual el litigio debe dilucidarse en el fuero civil.

Sentando lo precedente, en autos se ha celebrado un contrato de compraventa instrumentado en la escritura pública que se acompaña, en cuya virtud del demandado transfirió un inmueble a la accionante, con la constitución de una garantía hipotecaria a favor del Banco Hipotecario S.A. Entonces, dado de que el contrato que motiva la acción no es de naturaleza administrativa por su objeto, ni por contener cláusulas expresas exorbitantes de derecho privado (C.J.Salta, T. 25, págs. 1851/1864 y 1865/1876), reclamándose en virtud de los artículos del C. Civil allí citados, el asunto planteado es de naturaleza meramente civil. En igual sentido se pronunciaron en casos similares en esta Cámara de Apelaciones, la Sala V (año 2004, fs. 109) y la Sala III, ( 2004, fs. 108/109).

Por ello se confirma la resolución apelada, con costas a los demandados.

REGÍSTRESE, notifíquese y baje.