Recusación por prejuzgamiento, prueba prohibida, violación de correspondencia, nulidad procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: " DE SANTIBAÑES, Fernanado s/ incd. de recusación ".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-04

Si fue el juez de primera instancia o no quien brindó al periodista la información aludida en forma directa es algo que, en principio, pareciera no poder ser analizado en base a los correos electrónicos aportados por los recusantes pues la consideración de esta prueba resiente dicho análisis a poco que se repara en que ha sido obtenida en violación al derecho a la intimidad consagrado constitucionalmente (art. 18 CN). Este es, por demás, el temperamento adoptado por la Sala II de esta Cámara en la resolución dictada el 5 de junio pasado en la causa n° 25.062 "ILIC, DRAGOSLAV s/medios de prueba" (registro n° 26.893). Empero, una de las objeciones que a dicho temperamento ha puesto anticipadamente la defensa del recusante invita cuando menos a pensar si aquella regla de exclusión es absoluta, pues de lo que aquí se trata no es de servirse de esos correos electrónicos como prueba de cargo contra alguien, sino de utilizarlos para poner en evidencia una conducta que se señala como incompatible con la imparcialidad del juez a la que todo imputado tiene derecho, lo cual invita a su vez a pensar si éste es o no uno de esos casos en los que se encontraría comprometida la recta administración de justicia al pretender constituirla en beneficiaria de un hecho ilícito, en los términos de Fallos 303.1938 ("Montenegro"). De todos modos, aún en el caso en que -prescindiendo de su origen- tales correos electrónicos puedan ser considerados, no veo que la consecuencia de ello sea necesariamente la que el recusante pretende, desde que la relación juez-periodista que tales correos trasuntan está referida a una investigación absolutamente distinta a ésta.

Pero más allá de todo cuanto vengo diciendo, al citar el propio periodista "fuentes judiciales" (y no veo por qué razón deba estarse a otra cosa distinta) no puedo dejar de valorar la vaguedad del término y el considerable número de participantes que involucra este proceso, de modo que entre dicha referencia y la persona del juez existe una distancia que no permite ser ignorada. Tampoco puede omitirse considerar que la información versaba sobre una de las visibles alternativas que tenía frente a sí el magistrado y que no se trataba de un curso de acción sorpresivo que sólo en su persona pudiese concebirse (ver al respecto fs. 18665 y sgtes.). No obstante, para seguir avanzando en el razonamiento de la defensa y sólo como hipótesis de trabajo, receptaré la variable del juez ligado, directa o indirectamente, a la publicidad de la información aparecida en la prensa. El paso siguiente en tales condiciones, es analizar si la información transmitida, en la forma y tiempo en que lo plantea la defensa, conduce a sospechar de la imparcialidad del magistrado (causa de recusación invocada), en orden a lo cual debe tenerse en cuenta que ella está referida no solo al resultado de determinada diligencia judicial (" los tiempos no solo coincidieron con los descriptos por Pontaquarto en sus indagatorias, sino que confirmaron los informes elevados por las empresas telefónicas acerca de los llamados que el arrepentido hizo y recibió "), sino también al modo en que habría de dirigirse la investigación (" Rafecas piensa cumplir con algunas -no todas- de esas sugerencias a mitad de año, le pedirá al fiscal del caso, Federico Delgado, que formule su requerimiento de elevación a juicio eso pondría al sumario lejos de cualquier prescripción "). La respuesta a ese interrogante tampoco pasaría a mi juicio, como pretende el recusante, por discenir si el juez de grado ha incurrido en una violación al deber de reserva impuesto por el art. 204 del Código Procesal Penal de la Nación o el art. 8 del Reglamento para la Justicia Nacional, ni a la recomendación que en análogo sentido emana de la Acordada n° 19/84 de la CSJN recordada por la defensa del coimputado, ni siquiera a las reglas que al respecto establecen en forma tajante los múltiples códigos de ética judicial o proyectos de éstos existentes en el ámbito nacional e internacional (conf. capítulo dedicado al tema en el Estatuto del Juez Iberoamericano aprobado en la IV Cumbre de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia celebrada en Santa Cruz de Tenerife, Canarias, mayo de 2001; Código de Ética Judicial de Costa Rica; Códigos de Ética Judicial de la Provincias de Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Formosa, y Santiago del Estero; "Jornadas Internacionales sobre Ética Judicial", llevadas a cabo en la Universidad Nacional de Buenos Aires, los días 2 y 3 del octubre de 2003, y también las sucesivas sesiones sobre el tema: "Ética e Independencia del Poder Judicial", organizadas durantes los años 2003 y 2004 por Argenjus, Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Fores, que reunieron primeramente a Jueces de Superiores Tribunales de las Provincias Argentinas y luego a Jueces de Segunda Instancia de los Tribunales de las Provincias Argentinas del Norte, Centro y Sur). Así, no sólo porque no sería éste el ámbito para juzgar la conducta funcional del magistrado sino porque frente a ese deber de reserva se encuentra también la necesidad de satisfacer los requerimientos de información de la prensa en casos de relevancia e interés institucional, y en última instancia porque de lo que en definitiva se trataría -en la situación hipotética antes destacada- es de establecer concretamente si por haber dicho aquello que fue publicado, o por no haber tomado los recaudos necesarios para que la información en cuestión no trascendiera, se puede colegir que ha perdido la imparcialidad que el ejercicio del cargo le reclama en desmedro de la presunción de inocencia de que los imputados gozan, que es en definitiva el fundamento primero en que se asienta la exigencia de imparcialidad. (Del voto del Dr. Farah). Y al margen de la opinión del suscripto respecto del contenido de los correos, la prueba invocada no permite concluir que el Dr. Rafecas sea la persona que brindara la información aquí cuestionada, toda vez que claramente refiere a otra investigación, sin que lo expuesto implique compartir el estilo del Sr. Magistrado. (Del voto del Dr. Irurzun).