Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2001-03-30


Libro de acuerdos nº 44 Folio 290/292 Nº	120 En San Salvador de Jujuy, a los TREINTA días del mes de Marzo del año dos mil uno, reunidos en la Sala de Acuerdos los señores jueces del Superior Tribunal de Justicia doctores Héctor Eduardo Tizón, José Manuel del Campo, Sergio Eduardo Valdecantos, Héctor Fernando Arnedo y Raúl Octavio Noceti, bajo la presidencia del primero de los nombrados, vieron el Expte. nº 352/00, caratulado "Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en expte. B-57.648/00 (Sala IIIª Cám. Civil y Comercial), Incidente de ejecución de sentencia en el expte. Nº B-21.485/97: "Luis Alberto Alvarez c/ Estado Provincial", y	El Dr. Tizón dijo:

1.- Luis Alberto Alvarez, en agosto de 1997, promovió demanda ordinaria por cobro de pesos derivada de reajustes jubilatorios y obtuvo sentencia favorable de la Sala IIIª Civil y Comercial. A pesar de este fallo, que fué consentido y quedó firme, el Estado Provincial no pagó lo debido; por ello, el acreedor promovió incidente de ejecución y obtuvo sentencia favorable. En contra de este decisorio, el Estado deudor opuso excepción de espera, fundado en la situación de emergencia económica, argumentando lo dispuesto en el régimen provincial de consolidación de deudas, pero el tribunal rechazó la excepción de espera y el pedido de suspensión del trámite.

2.- Agraviada la deudora por lo resuelto, interpone recurso de inconstitucionalidad, calificando de arbitraria a la sentencia ya que, según lo expresa, el actor reclama el pago de una obligación que está consolidada.

El recurso es contestado por Alvarez, con patrocinio de letrado, y se opone a que el mismo sea acogido, ello en virtud de que la sentencia dictada por la Sala IIª de la Càmara Civil y Comercial, en el juicio ordinario, fue consentida, es decir, que la oportunidad para hacerlo había precluído. Que, por otra parte, el Estado deudor pagó en el incidente de ejecución promovido por el cobro de los honorarios profesionales.

3.- Considero que el recurso de inconstitucionalidad deducido, debe rechazarse, ya que, en efecto, como lo expresa la sentencia cuestionada, el capital reclamado, que comprende reintegros y reajustes previsionales, resulta posterior a la fecha de corte de los decretos de consolidación esgrimidos, esto es el 9 de diciembre de 1991 y el 9 de diciembre de 1995.

Por otra parte, sentado lo anterior, tampoco resulta aplicable al caso el Decreto-Acuerdo nº 256-E-99 (que ampliara en ciento ochenta días la espera concedida a la Administración, según el art. 11, ap. 2 de la Constitución de la Provincia), ya que dicho plazo también se encuentra vencido y en consecuencia ello torna inaplicables las normas de consolidación, como lo resolviera este Superior Tribunal de Justicia en causas similares (LA 43, Fº 17/18, Nº 7, y otros).

4.- Por último, al contestarse el recurso, la parte recurrida pide que, en el caso hipotético de que se resolviere que resulta de aplicación al caso lo dispuesto en el art. 5 de la ley 5177, se declare la inconstitucionalidad de la norma.

Veamos. El artículo 11 de la Constitución Provincial dispone que, cuando el Estado fuere condenado al pago de una deuda, la sentencia podrá ser ejecutada y embargada sus rentas luego de transcurridos tres meses desde que aquella quedare firme y ejecutoriada. En cambio, la ley nº 5177, dispone que "mientras dure la emergencia administrativa dispuesta en la presente ley, suspéndese la ejecución de sentencias y laudos arbitrales que condenen al pago de una suma de dinero en contra del Estado Provincial, como así también la efectivización de medidas cautelares...(...)".

De la sola confrontación de lectura de ambos textos, el del art. 11 de la Constitución, y el 5 de la ley cuestionada, surge de manera manifiesta, sin necesidad de hacer ningún análisis o interpretación gramatical ni jurídico, la flagrante colisión entre ambas. En este caso, resulta indudable que la ley, so pretexto de reglamentar la norma constitucional, no sólo que la ha alterado sino que la ha desnaturalizado, haciendo tabla rasa con los derechos y garantías constitucionales de igualdad ante la ley y de propiedad.

La Constitución de Jujuy establece que todos los habitantes gozan, conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, de los derechos y garantías declarados por la Constitución nacional y por la Constitución Provincial. Y esos derechos y garantías, así como los principios en los que ellos se informan, no podrán ser alterados por las leyes que los reglamenten. Este principio no es otro que el contenido en el art. 28 de la Constitución Nacional.

La Corte Suprema, al decidir -como enseña Rafael Bielsa, "Derecho Constitucional", pág. 316- que si la facultad reglamentaria de las legislaturas y de las municipalidades, y las leyes y ordenanzas locales o nacionales, fuesen ilimitadas, podrían hacer ilusorias las garantías acordadas por la Constitución a todos los habitantes ("Fallos", 98-52 y 56; 116-116; 117-102 y 432; 118-285, entre otros).

La Constitución tiene fuerza normativa que la hace aplicable, exigible y obligatoria, y, como dice Bidart Campos, la supremacía de la Constitución se proyecta a todo el orden jurídico infraconstitucional y lo subordina a ella. Este principio no es otro que el contenido en las normas de los arts. 31 y 15 de las Constituciones Nacional y Provincial, respectivamente.

Una regla segura, decía Joaquín V. Gonzalez en su "Manual", pág. 319, para deslindar las soberanías legislativas y judicial, es la que se funda en la enumeración de poderes del Congreso, y de derechos y garantías, los cuales no podrán ser alterados por las leyes que reglamentan su ejercicio. La Constitución ha dado al Poder Judicial la facultad de decidir los casos en que esta alteración se produce, creando un importante contrapeso al poder discrecional del Legislativo.

El dominio de aplicación de este gran principio es tan extenso que bien puede considerárselo como el mayor en el orden de las garantías del sistema constitucional.

Consecuencia necesaria de la prohibición de alterar el texto y los principios constitucionales por vía de reglamentarlos, es la inconstitucionalidad de las leyes que alteran los derechos y garantías, si así lo declara el Poder Judicial, que si bien no puede examinar la oportunidad o conveniencia de una ley -ya que esto es materia política o de administración- puede resolver el conflicto entre ésta y la Constitución, que es la ley fundamental (CSJ, "Fallos" 118-285).

Finalmente, y para no sobreabundar, me remito a lo expresado en oportunidad de votar en el caso "Baigorria, Jesús Armando c/ Estado Provincial" (LA Nº49, Fº229/232, Nº91).

Atento a lo expuesto, soy de opinión que debe rechazarse el recurso de inconstitucionalidad deducido, debiéndose declarar también la inconstitucionalidad de lo dispuesto en la ley provincial Nº 5177, con costas a la recurrente vencida (art. 102 del Código Procesal Civil) y regularse los honorarios profesionales del Dr. Venancio Llanes conforme la doctrina del caso "Argentores c/ Video-Bar Luisiño", en su carácter de patrocinante. Así lo voto.

El Dr. del Campo, dijo:

Me permito disentir respetuosamente con el voto del Sr. Presidente de Trámite.

En primer lugar, no queda duda alguna acerca de la naturaleza emergencial de la que participa la ley nº 5177. Ello autoriza a que se le aplique idéntico criterio que el consagrado en la causa "Vazquez c/ Municipalidad de El Talar" (L.A. Nº 41, fº 1141/1144, nº 422), enderezado a sostener su validez constitucional.

En segundo término, es necesario ponderar que el art. 16 del mismo precepto legal cuestionado, proporciona el argumento más sólido a fin de desechar la tacha de inconstitucionalidad articulada en su contra. Ello así, habida cuenta de la relevancia que se reconoce a la prudencia judicial a la hora de valorar las circunstancias autorizantes de declarar la eximición del régimen de emergencia previsto en la ley.

En consecuencia, la tacha de inconstitucionalidad deducida por el actor respecto de la ley 5.177 debe ser rechazada, declarándose su aplicación al caso en examen. Siendo ello así, el recurso deducido debe prosperar.

Tal es mi voto.

Los Dres. Valdecantos, Arnedo y Noceti, adhieren al voto del Dr. Tizón.

Por ello, el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy,	RESUELVE:

I. Rechazar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto en autos por el Estado Provincial.

II. Declarar la inconstitucionalidad de la ley 5.177.

III. Imponer las costas a la recurrente vencida, regulándose los honorarios profesionales del Dr. Venancio Llanes en la suma de trescientos pesos ($ 300).

IV. Registrar, agregar copia en autos y notificar por cédula.