marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Concursos, privilegios (civil), cómputo de intereses, crédito prendario, crédito hipotecario
Materia: COMERCIAL
Carátula: CONFEGGI  HORACIO  ENRIQUE s/ QUIEBRA S/ CONCURSO ESPECIAL (PORHARKAM MATIAS ANTONIO).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-24

A los fines de computar los intereses para liquidar el crédito del acreedor hipotecario, cabe señalar que, en el caso, los intereses moratorios corridos hasta la fecha de presentación en concurso preventivo fueron insinuados oportunamente y admitidos en la sentencia que prevé el artículo 36 LCQ, de lo que se deriva que, en estricto rigor -y sin perjuicio de la graduación que deberá proponer la sindicatura en los términos ordenados por el juzgado-, sólo restan liquidar los intereses posteriores a dicha presentación concursal, tal como fuera señalado en el pronunciamiento previo.
Embargo, honorarios del abogado
Materia: PROCESAL
Carátula: Muñoz, Ricardo Alberto c/ Provincia de Córdoba - Ministerio de Educación - Cuerpo de Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2012-11-21

Dado que el crédito por honorarios reconocido al ejecutante es de naturaleza alimentaria, corresponde declarar inaplicables en la especie los arts. 1 de la Ley 25973, 19 y 20 de la Ley 24624 y 27 y 28 de la Ley 9504 referidos a inembargabilidad de fondos públicos y, en consecuencia, ordenar se trabe el embargo solicitado, considerando asimismo que se trata de un crédito de monto reducido cuyo cobro compulsivo no puede aparejar trastornos a la buena marcha de los negocios públicos, por lo que no se presentan motivos que justifiquen extender en el tiempo su percepción, en desmedro del legítimo derecho del ejecutante.
Inadmisibilidad del recurso, excarcelación, inexistencia de cuestión federal suficiente
Materia: PENAL
Carátula: Ramírez, Tránsito c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-02-15

Corresponde declarar inadmisible el recurso interpuesto contra la resolución que confirmó el rechazo de la excarcelación solicitada en favor del encausado, toda vez que la defensa no ha logrado demostrar la existencia de un agravio federal debidamente fundado que habilite la jurisdicción de esta Cámara Federal de Casación Penal, y se ha satisfecho el "derecho al recurso". (Dres. Borinsky y Hornos).
Medidas cautelares, embargo preventivo, bienes propios, bienes gananciales, separación de hecho, divorcio
Materia: PROCESAL
Carátula: G. A. G. c/ R. C. B. s/ Divorcio Vincular - Copias de Apelación con Efecto Devolutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2010-02-17

Más allá de la literalidad de los términos del art. 233 del C. Civil el embargo preventivo que un cónyuge puede pedir sobre los bienes de titularidad del otro (sean propios o gananciales), en caso de haberse promovido acción de separación personal o divorcio vincular, se funda en el derecho a preservar la parte de bienes que pueda corresponderle al disolverse la sociedad conyugal y que es la mitad en el caso de los gananciales (art. 1315 C.C.).

En consecuencia, para que proceda el embargo no es necesario que el otro cónyuge haga desaparecer bienes o que se haya insolventado o intentado insolventarse sino que basta que los bienes estén expuestos a sufrir pérdidas o gravámenes por la acción del cónyuge o de terceros.

Y ese riesgo existe, en el caso que siendo los bienes del deudor la prenda común de sus acreedores están expuestos a la acción de estos (sean los bienes propios o gananciales de su titularidad) hasta que se disuelva la sociedad conyugal (conf. arts. 1276 y conc. C.C. y art. 5 ley 11.357) y a que eventualmente puedan cobrarse de los mismos y con preferencia a los derechos del cónyuge si no hay una cautelar de éste en vista de lo que puede corresponderle al disolverse la sociedad conyugal.

Tampoco obsta al embargo que el titular registral del automotor no lo pueda transferir sin el asentimiento del cónyuge, desde que lo mismo y sin transferencia está expuesto a embargo de los acreedores del titular.
Acumulación de acciones, honorarios del abogado
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Roca, Remo c/ Corvera, Elsa s/ Resc. boleto y desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-09-14

Corresponde la fijación por separado de los estipendios a los letrados intervinientes en los supuestos en que la relación procesal comprende pretensiones jurídicamente acumulables que gozan de autonomía y que no son incompatibles, ni revisten el carácter de alternativas o disyuntivas (art. 26 dec. ley 8904/77).
Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, supervisión de cumplimiento de sentencia, competencia contenciosa de la Corte Interamericana, Pacto de San José de Costa Rica, obligaciones del Estado miembro
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Bulacio c/ Argentina s/ cumplimiento de sentencia
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2004-11-17

Conforme lo establecido por los artículos 67 y 68 de la Convención Americana y 29 del Reglamento de la Corte, los Estados Parte deben cumplir la decisión del Tribunal, asegurando la implementación a nivel interno de lo dispuesto en la Sentencia, las que tienen carácter definitivo e inapelable, representando una facultad inherente a las funciones jurisdiccionales del Tribunal, la supervisión del cumplimiento de sus decisiones.
Acción de amparo, organización de la justicia, designación de jueces, audiencia pública, idoneidad para la función, defensa en juicio, debido proceso adjetivo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Spisso, Rodolfo S. c/ G.C.B.A. s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-05-08

Como derivación del principio constitucional de defensa en juicio, se erige la garantía del debido proceso adjetivo que, específicamente, garantiza el derecho de los ciudadanos a ser oídos, a ofrecer y producir pruebas, a controlar las producidas por la contraparte y a obtener una decisión fundada. Esta garantía no constituye solamente una defensa del interés privado de las personas, sino también, en forma indirecta, un instrumento de tutela del interés público o bien común.

En el caso, la decisión de la Legislatura -consistente en rechazar el pliego del accionante- no se sustentó en razones de oportunidad, mérito o conveniencia sino, por el contrario, en haberlo considerado inidóneo para desempeñar la función de juez para la que había sido propuesto. La Legislatura, debía cumplir con especial rigurosidad el procedimiento preestablecido en resguardo del necesario respeto de la garantía de defensa del postulante y su derecho al debido proceso adjetivo, así como la publicidad que el propio legislador ha previsto en la Constitución y en la Ley Nro. 6. Por el contrario, si bien se ha permitido al amparista realizar sucesivas presentaciones y descargos, la posibilidad de ejercer su derecho de defensa ha sido parcial, pues no se respetó a tal efecto el procedimiento de audiencia pública, no se le dio formal traslado de la denuncia anónima que motivó la impugnación de su candidatura, no se le permitió controlar las pruebas presentadas por el denunciante y, por lo tanto, no se le permitió un leal conocimiento de las actuaciones que sustentaron la posterior decisión de la Legislatura de no prestar acuerdo a su designación.

La observancia del procedimiento constituye un presupuesto insoslayable para la validez del acto de rechazo, toda vez que se trata del instrumento previsto por el propio legislador para garantizar al candidato la debida defensa de sus derechos frente a una imputación de inidoneidad.

La violación de la garantía de defensa es uno de los principales vicios que puede afectar cualquier procedimiento reglado, de manera que la indefensión que ocasiona al particular afectado debe sancionarse con la invalidez.
Daños y perjuicios, daño moral, indemnización por incapacidad, menor damnificado, monto de la indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: JUAN ROMAN HERRERA c/ EL RANCHILLEÑO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 1993-06-28

Se debe ponderar si el menor (víctima) cursa estudios primarios, al violencia sufrida en su persona, el tiempo de curación, la afección personal implicada con la disminución física y su extereorización social, las dificultades que se agregan como consecuencia de las lesiones a su labor de aprendizaje, a los fines de determinar la indemnización por daño moral.
Poder Judicial, gobierno de facto
Materia: CONSTITUCIONAL - POLITICO
Carátula: Hagelin, Ragnar c/ Tte. de Navío Alfredo Ignacio Astiz. s/ DENUNCIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-25

Elementales razones de seguridad y continuidad jurídica, la implícita ratificación brindada por las autoridades constitucionales a los actos de los jueces que se desempeñaron entre 1976 y 1983, y la preservación de la regularidad de la transición de la más profunda crisis institucional sufrida en el país al normal funcionamiento de las instituciones republicanas, por la que la Corte debe velar, imponen que se desechen los planteos concernientes a la ausencia de administración de justicia durante ese período.
Derecho procesal, procesos de ejecución, juicio ejecutivo, embargo, procedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Invista Argentina SRL c/ Hilandex San Luis SA y otros s/ ejecutivo s/ incidente de medida cautelar
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-05-19

Ello encuentra fundamento -entre otros- en que el título ejecutivo, una vez superado el valladar -formal y ulteriormente revisable- del art. 531 del código de rito, trae aparejada una presunción de habilidad que justifica la adopción de medidas protectorias del crédito del acreedor. Es por tal motivo que, tratándose de embargos ejecutivos (CPR 531, 538 y sgtes.), no es necesario acreditar los requisitos indispensables para los embargos preventivos -esto es, el peligro en la demora, la verosimilitud del derecho y la contracautela- (conf. CNCom, Sala D in re "Seo Se Mi c/ Villalba Guillermo Ariel s/ ejecutivo", del 23/10/13; entre muchos otros). 3 - Ello, desde luego, no implica dejar desprotegidos a los ejecutados pues, por aplicación del CPR 535-2°, el embargante eventualmente deberá responder por los daños que su accionar cause al embargado, si es que se configuran los presupuestos legales para ello (conf. CPR 208).
Daños y perjuicios, responsabilidad del Estado por actos lícitos, derecho de propiedad, ley de emergencia, bien común
Materia: ADMINISTRATIVO - CONSTITUCIONAL
Carátula: Manzi, Carlos A. c/ Estado Nacional (Ministerio de Economía) s/ juicio de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-13

La admisión generalizada de pretensiones de resarcimiento con apoyo en la doctrina de la responsabilidad por el obrar lícito del Estado, no conduciría a proteger el derecho de propiedad sino a obstaculizar la labor de gobierno, pues implicaría la derogación - por vía elíptica - del régimen legal de emergencia con la consiguiente frustración de todos los propósitos contenidos en él tendientes al afianzamiento del bienestar general.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, obligatoriedad del precedente
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: G., F.O. c/ B., y Cía. SA s/ Demanda Laboral -Indemnización por Despido-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-10-07

La Corte Suprema ha calificado como un deber "institucional" -y no solo un deber moral- de los tribunales inferiores, acatar sus pronunciamientos, sin perjuicio de atender las particularidades del caso, ni enervar el recto ejercicio de la libertad de juicio de los Magistrados. Y la organización judicial ha aceptado que la lectura de los acontecimientos peculiares que en orden a aquellos valores efectúan las Cortes Superiores, merece continuidad cuando se reitera y constituye "jurisprudencia constante e inveterada" (doctrina legal).

Admitiendo este deber institucional "no se priva a los Magistrados inferiores de expedirse conforme sus convicciones: simplemente se sugiere que existe una superioridad institucional, que maguer los inconvenientes de los sistemas de subordinación jerárquica, determinan una suerte de autoridad obligatoria".
Accidentes de trabajo, diagnóstico médico, prueba, relación de causalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Chiara, Antonio Ramón c/ Banco de Entre Ríos S.A. s/ Indemnización Enfermedad Accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2000-05-31

La jurisprudencia se ha pronunciado diciendo que la relación de concausalidad entre la afección y el trabajo o índole de sus tareas cumplidas, no puede considerarse probada sobre la base de un dictamen pericial médico y el certificado de un facultativo que se limita a afirmar que el trabajo ha incidido concausalmente en la estructuración y agravación del proceso, sin describir las tareas cumplidas naturaleza y característica de dichas labores hayan sido fehacientemente acreditadas. Es decir, que es insuficientemente técnica la pericia médica en la que el perito se limita a efectuar una mera afirmación sin fundamentación que explique o justifique sus afirmaciones.
Cuestiones de competencia, cheque sin fondos, robo, contienda negativa de competencia, competencia de instrucción
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: CATTANEO, DELFOR RAUL s/ Cheque sin fondos, incidente de  traba de contienda negativa de competencia entre el Juzgado en lo Penal  Económico N? 8 y el Juzgado en lo Criminal de Instrucción N? 11
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-03-22

1 - Siendo que en la cuestión de competencia negativa suscitada entre el Juzgado en lo Penal Económico N. 8 y el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N. 11 se advierte que la conducta investigada sería en principio, única pues el cheque que fue rechazado por el banco al momento de la presentación al cobro por "orden de no pagar con denuncia judicial" forma parte del objeto procesal de ambas causas, no correspondiendo la investigación de aquel hecho en distintos procesos.- 2 - Dado que los hechos podrían ser tipificados - en principio - según las previsiones del Art. 163 inc. 4 del CP, en atención a la escala penal prevista por esta norma penal, debe continuar investigando el Juzgado en lo Criminal de Instrucción citado (Art. 42 inc. 1 del CPP).
Despido, indemnización por despido
Materia: LABORAL
Carátula: Rezzónico, Carlos c/ ESEBA S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-03-22

La estabilidad a que se refiere el art. 6 del convenio colectivo de trabajo 36/75 es la "impropia" cuya violación repara el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Arrepentido, secuestro de estupefacientes, narcotráfico
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Moray, José Mario s/ recurso de revisión.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-06-20

La segunda hipótesis de colaboración del art. 29 ter de la ley 23.737, (inciso b), requiere del "arrepentido" el aporte de información "que permita secuestrar sustancias, materias primas, precursores químicos, medios de transporte, valores, bienes, dinero o cualquier otro activo de importancia, provinientes de los delitos previstos en esta ley". Esta última exigencia debe ser entendida en el sentido de que los efectos referidos deben proceder de o haberse originado en la comisión de alguno de los delitos vinculados con el narcotráfico, pues la mera enunciación de aquéllos permite ratificar su inclusión en dichas figuras (arts. 5°, 6°, 7°, 24° y 25° de la ley 23.737). La afirmación precedente descarta la aplicación del benéfico tratamiento penal cuando el secuestro obtenido como consecuencia del aporte de información sea de sustancias estupefacientes tenidas sin fines de comercialización (art. 14 idem). (Voto del Dr. Hornos).
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, industria metalúrgica, laudo arbitral, leyes, interpretación sistemática
Materia: LABORAL
Carátula: Gigena, Raul y otros c/ Cametal SA s/ ¿Son aplicables las disposiciones del laudo 29-75 a los  establecimientos metalúrgicos que como actividad de la industria  metalúrgica se dediquen a la fabricación, reparación, armado y montaje de carrocerías destinadas al transporte público de pasajeros  en general? -Tribunal pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-12-27

Coincide en las ramas "automotor" (título IV) y "carrocería" (título X) del Convenio Colectivo de Trabajo 260-75, la actividad genérica de "fabricación y reparación de carrocerías". Pero la diferencia surge clara y contundente: la rama carrocería limita su aplicación al ámbito que refiere (en lo que aquí interesa, la actividad carrocera destinada al transporte público de pasajeros en general).

Se advierte también una diferencia intrínseca: apunta la rama carrocera al porte o características particulares del bien a reparar o fabricar, y evidentemente a las condiciones especiales del trabajo con el mismo. Entonces, lo limitado de la rama carrocera justifica plenamente la inclusión de la actividad carrocera en la rama automotor, ya que de lo contrario la actividad carrocera (v.

gr. automóviles) no incluida en capítulo X no tendría regulación en el convenio. (Del Voto del Dr. Angelides -En Disidencia-). En el caso, la cuestión a resolver era la aplicabilidad de las disposiciones del Laudo 29-75 a los Establecimientos Metalúrgicos que como actividad de la industria metalúrgica se dediquen a la fabricación, reparación, armado y montaje de carrocerías destinadas al transporte público de pasajeros en general.
Remuneración, adicionales de remuneración
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: MARTOS, Víctor Rogelio c/ MUNICIPALIDAD DE SAUCE DE LUNA s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2004-12-10

Sucede que en el marco de la relación de empleo público y en el ámbito de competencia del municipio demandado, el órgano ejecutivo goza de ciertas prerrogativas exorbitantes propias del régimen del "ius" administrativo que le permiten, en aras del mejor interés público, introducir modificaciones en el contrato siempre que ellas sean razonables y no signifiquen una desfavorable alteración sustancial de sus condiciones. Entonces, si bien el pago del individualizado adicional desde el año 1988 pudo generar la creencia acerca de un derecho subjetivo hacia la perdurabilidad del sistema, no por ello el actor puede sentirse dueño a su percepción ultra activa y, en función de ello, ignorar que la eliminación del rubro en definitiva resultó absorbido por el incremento que experimentó el sueldo básico; y, sino véase su elevación de la suma de $499,29 a la de $1.114,79; con o sin adicional incluido, respectivamente. De forma tal que el nuevo régimen salarial respeta los parámetros de ponderación derivados del art. 14 bis, de la Constitución Nacional, quitándole toda chance de éxito a la acción.
Contratos de consumo, juicio ejecutivo
Materia: CIVIL
Carátula: Carlos Giudice SA c/ Marezi, Monica Beatriz s/ cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-12-04

La ejecución de un pagaré mediante el cual un proveedor de bienes instrumentó un crédito para el consumo personal y final del demandado, resulta enmarcada en el régimen del consumidor, regulación tuitiva específica y de orden público -art. 21 del Código Civil-, y por lo tanto deviene inaplicable la normativa cambiaria en lo que es incompatible con la ley 24.240.
Personas con discapacidad, Sistema de Protección Integral de las Personas Discapacitadas
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Segarra, Marcelo Fernando c/ Instituto de Obra Social del Ejército s/ sumarísimo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-06-18

Los menores y/o discapacitados a más de la especial atención que merecen de quienes están directamente obligados a su cuidado, requieren también la de los jueces y de la sociedad toda, siendo que la consideración primordial de su interés viene tanto a orientar como a condicionar la decisión de los jueces llamados al juzgamiento de estos casos. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Prescripción, interrupción de la prescripción
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Cooperativa de provisión de Servicios de Agua potable y otros servicios públicos de Santa Lucía Ltda. c/ Cooperativa de Provisión de Servicios telefónicos, aguas correintes y otros servicios públicos de Gdor. Castro. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-03-27

Resultan hábiles para interrumpir el curso de la prescripción los reclamos efectuados en sede administrativa, cuando resulta manifiesta su identidad con el pedido esgrimido en sede jurisdiccional y aquellos se han tornado en recaudo ineludible para habilitar la demanda judicial.
Beneficios previsionales, derecho al beneficio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Lascano, Delfina c/ Caja de Previsión Social para Abogados s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-05-09

Cuando el legislador ha querido brindar protección pensionaria a los causahabientes en virtud de circunstancias sobrevinientes al fallecimiento del causante, así lo ha hecho de modo expreso, pues ello implica una alteración de la regla aplicable al beneficio en cuestión.
Acción de amparo, rechazo in límine
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Junta Vecinal Barrio Parque San Juan s/ RECURSO DE AMPARO.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1988-05-24

Corresponde rechazar in límine la demanda que pretende -por vía de amparo- ejercitar una acción calificable ya como de inconstitucionalidad, ya como denuncia de ilegitimidad, ya como juicio al acto administrativo de carácter reglamentario -proceso contencioso administrativo-. Ello así, en tanto ninguna de estas posibilidades cabe en el recurso de amparo.
Sentencia, nulidad de sentencia, recurso de nulidad
Materia: PROCESAL
Carátula: H.A. SA, C.V. SRL y C.S. SRL UTE c/ A.C.S.P.O.Ch. s/ Consignación Judicial
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-04-26

"La declaración de nulidad de la sentencia sólo procede cuando se ha dictado sin guardar las formas y solemnidades prescriptas por la ley; un enfoque erróneo, la omisión de tratar determinadas cuestiones o la posible extralimitación en el thema decidendum no constituyen causal para admitir el recurso de nulidad".
Recurso de inconstitucionalidad, autosuficiencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: DAL MOLIN, MIRTA ELENA c/ DELGADO, CARLOS A Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.   QUEJA    POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.   CSJ EXPTE NRO 285-83 RESNIK, JACOBO c/ ROSCIANI, EDUARDO NAZARENO s/ JUICIO EJECUTIVO.    QUEJA   POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.   RECURSO  EXTRAORDINARIO PARA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA  NACION.     CSJ EXPTE NRO 320-83 A, I E s/ HOMICIDIO CULPOSO.    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.     CSJ EXPTE NRO 352-85
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-03-21|1985-12-27|1986-07-30

No cumple con la exigencia del art 3ro ley 7055 la pieza procesal recursoria en la que no se expone con claridad y precisión sobre la admisibilidad del recurso, acreditando la concurrencia en el caso de los requisitos formales necesarios y en la que tampoco se argumenta sobre su procedencia, en demostración de los fundamentos de fondo relacionados con la cuestión constitucional planteada.
Daños y perjuicios, responsabilidad objetiva
Materia: LABORAL
Carátula: Calderón, Ezequiel c/ Fisco Provincia de Buenos Aires s/ Indemnización daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-08-31

Debe reputarse culposa en los términos del art. 1109 del Código Civil, la conducta del empleador que no realizó a su dependiente los controles médicos a los que estaba legalmente obligado -ley 19.587 y dec. reg. 351/79 y bajo la vigencia del texto anterior del art. 75, L.C.T. (conf. ley 20.744, t.o.)-, los cuales le hubieran permitido conocer oportunamente la enfermedad de base padecida por el empleado y adoptar las medidas pertinentes para sustraerlo del cumplimiento de las tareas que resultaban claramente desaconsejables y perniciosas para su salud.