marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Medidas cautelares, derechos de autor, marcas
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: LABORATORIOS BAGO  S.A. c/ LABORATORIO  E.J.  GEZZI  S.R.L. s/ MEDIDAS CAUTELARES.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-04-19

Esta Sala se ha pronunciado en el sentido de que el art. 50 del ADPIC (aprobado por la ley 24.425, publ. en el B.O. del 5.1.95) tiende a otorgar protección a los titulares de derechos de propiedad intelectual -en la que se incluye a las marcas de fábricas o comercio, según el art. 1, inc. 2-, reconociendo a las autoridades judiciales facultades para ordenar la adopción de medidas provisionales rápidas y eficaces destinadas a evitar que se produzca la infracción de los derechos tutelados (inc. 1, ap. a), incluso sin haber oído a la otra parte, en particular cuando haya probabiliad de que cualquier retraso cause daño irreparable a su titular (inc. 2); (cfr. causas 1440/97 del 29.5.97, 2049 del 28.5.98, 4176/99 del 10.8.99 y 2945/01 del 10.5.01). Este precepto, tendiente a acentuar la protección de los derechos de los titulares de marcas, no excluye de su tutela a aquellos signos que -cumpliendo cabalmente su función de tales- aún no hayan alcanzado el carácter de marcas registradas (cfr. Sala III, causas 8276/03 del 2.10.03 y Sala II, causa 6080/96 del 24.11.98).
Recurso de casación penal, sentencia, nulidad del acto jurídico
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: MARQUES BERNABE A s/ CASACION  PENAL  -  CAUSA  DE  JUSTIFICACION  -  LEGITIMA  DEFENSA  -  SENTENCIA - NULIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-07-08

Las características objetivas de los instrumentos empleados por el agresor y por quien te defiende deben quedar debidamente acreditados por prueba suficiente, que al ser meritada por la cámara de juicio permita el control del tribunal superior con arreglo a las reglas de la sana crítica (CPP, 490 2, 417, 4). En tal sentido, la verificación de si las conclusiones fácticas a las que arriba la sentencia se deriva lógicamente de la prueba utilizada, requiere una descripción mínima del elemento probatorio utilizado. Es que, la fundamentacion de las resoluciones jurisdiccionales, requiere la concurrencia de dos condiciones. Por un lado, debe consignarse expresamente el material probatorio en el que se fundan las conclusiones a que se arriba, describiéndolo, y por otro, es preciso que estos sean meritados, tratando de demostrar la ligazón racional con las afirmaciones o negaciones que se admiten en el fallo, aspecto que, junto con el anterior, deben concurrir simultáneamente para que pueda considerarse motivada la sentencia. En el caso, para que la circunstancia de hecho relativa a la proporcionalidad del medio defensivo empleado estuviese debidamente acreditada, resultaba imprescindible conocer cuales eran objetivamente, las características de los instrumentos usados tanto para agredir cuanto para repeler dicha agresión. No basta señalar el estado fisiológico del agresor (ebriedad) en el momento del hecho y su habitual agresividad y compararlos con la disminución física del agredido, pues ambos aspectos harán al análisis de uno de los elementos de la conducta defensiva (las circunstancias personales del agredido y agresor), tampoco es suficiente referir que se fundo en la versión proporcionada por el imputado (aunque de esta surja la dimensión del instrumento por el utilizado), pues siguen sin conocerse las características del elemento usado por el agresor y subsiste la falta de vinculación racional entre esa declaración del imputado y la conclusión del fallo. Por último, no satisface la exigencia de motivación de la sentencia, en orden a este aspecto dejar sentado que el imputado carecía de la tranquilidad de espíritu necesario para hacer cálculos y comparaciones midiendo su reacción defensiva, pues como se ha visto, la cuestión es aquí comprobar si, objetivamente, puede considerarse que el instrumento utilizado para defenderse frente al del agresor se corresponde con una conducta defensiva adecuada, mas aún cuando parecería que el elemento usado para defenderse fue de grandes proporciones.
Ejecución de la pena, salidas transitorias
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Sánchez Beatriz s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-06-25

Corresponde declarar la nulidad de la sanción impuesta si la administración penitenciaria no notificó al a quo en tiempo y forma de la medida conforme lo establece el art. 97 ley 24.660, pues más allá de que los derechos y garantías de los reclusos se encuentren debidamente protegidos con una intervención más o menos pronta de sus defensores en la etapa de ejecución de la pena, es imperativo que se cumpla con la primigenia puesta en conocimiento de lo actuado al juez competente dentro de los límites establecidos por la ley. El voto concurrente agregó que, no advirtiéndose que la encartada haya sido asistida por un letrado defensor desde el inicio del trámite de la sanción impuesta, ello evidencia que se encontró impedida de ejercer correctamente su derecho de defensa en juicio. (Dres.

Gemignani, Cabral y Figueroa -voto concurrente-).
Sucesiones, fuero de atracción, competencia laboral
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines. c/ Bodegas y Viñedos Roalenan de Elio Rodríguez. s/ Incidente  de  Nulidad.  Competencia.  Sucesión.  Fuero de Atracción.  Competencia Laboral. Determinación.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1987-02-20

El proceso sucesorio produce la atracción de la causa laboral una vez que la sentencia se encuentra firme. En consecuencia, el conocimiento de la acción corresponder a a la justicia del trabajo pero la ejecución de la sentencia definitiva dictada por dichos tribunales estar a sujeta al juicio sucesorio.
Ley procesal, leyes, constitucionalidad, derechos subjetivos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: IMHOF, ROQUE A. c/ SANCOR COOP. SEGUROS LTDA. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-05-11

La ley 24432 es, en principio, constitucional pues la finalidad perseguida ha sido asegurar la eficacia de los derechos subjetivos regulados por la ley de fondo, disminuyendo los costos del proceso, pues el sistema anterior, según el legislador perjudicaba la economía global.
Ejecución fiscal, excepciones procesales, litispendencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Secretaría  de  Recursos  Naturales  y  Ambiente  Humano c/ A.C.A. (Cabildo) s/ ejecución fiscal
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-27

La litispendencia supone la existencia de triple identidad entre los elementos de las correspondientes pretensiones, es decir, en el presente caso únicamente podría prosperar cuando se funda en la existencia de otro juicio ejecutivo entre las mismas partes, y en virtud del mismo título (confr., esta Sala, in re B.C.R.A. c/ Polito, Eduardo s/ ejec.fiscal , causa nº 10.541/95 del 15/11/95; Sala I, in re B.C.R.A. c/ González Fischer, Carlos María , del 6/7/93).
Discriminación laboral, violencia laboral, violencia de género
Materia: LABORAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: C. L. C c/ A.C. y Y. S.  s/ Violencia y/o Discriminación en el ámbito laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-03-21

Se advierten en autos dos situaciones puntuales y concretas que constituyen violencia laboral en los términos de la específica ley provincial 9671. Sin embargo se imprimió en la instancia de mérito el trámite de la ley de violencia de género -10956-, cuando de la denuncia que se efectúa en autos, no surge o al menos yo no advierto que la actora adujere que se le ejerciere violencia por su condición de mujer, sino que se invocaron casos concretos de violencia laboral, que es diferente en cuanto al objeto y al trámite respectivo. La accionante fundamentó el pedido en el art. 2 de la ley n° 9671. A partir de ello, es que el pleito debía haber tramitado bajo dicho marco jurídico, en función de que la actora solo denunció en juicio a los demandados por la negativa injustificada de su licencia anual, y por cierta imposición indecorosa para su persona al habérsele imputado sin sumario previo, la adulteración de las planillas relativas a un pedido previo. Nada se denunció o atribuyó en lo relativo a la cuestión del genero, pues en ningún momento de su escrito la accionante argumenta que los incumplimientos que denuncia haber sufrido, lo fueron insisto por su condición de mujer (Voto Romero. Adhesión Stettler)
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, leyes, caso fortuito, fuerza mayor
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GIUSTAZZO, IDUINO c/ CONTI, CARLOS DANIEL s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.    QUEJA   POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.   CSJ EXPTE NRO 207-83
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-05-16

Habilita la instancia de excepción el planteo de los recurrentes de prescindencia de la norma obviamente aplicable al caso -art 513 del código civil- si el decisorio impugnado no contendría fundamentación suficiente en relación a no haber aplicado tal dispositivo, y en cambio, haber echado mano, sin más ni más, al art 1071 del código civil, pese a la expresa postulación de la apelante en ese sentido.
Servicio público, concesión de servicio público, responsabilidad contractual, buena fe, derechos del usuario
Materia: CIVIL
Carátula: Caja de Seguros S.A. c/ Caminos del Atlántico S.A.V.C.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-21

La relación entre el concesionario y el usuario resulta de naturaleza contractual de derecho privado y hace nacer una obligación objetiva de seguridad a cargo de la concesionaria, sin que pueda existir una deliberación previa de forma que permita al usuario modificar las condiciones de la prestación, y la imposibilidad de esa deliberación, torna relevante la operatividad del principio de buena fe (art. 1198 del Código Civil), de forma que debe reflejarse indispensablemente en la eficiencia y seguridad del servicio que se presta (Voto del Dr. E. Raúl Zaffaroni).
Litisconsorcio necesario, recurso de apelación (procesal)
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pagella, Juan Carlos c/ Grilli, Oscar E. y otro s/ Daños y perjuicios Vicente, David c/ Martín, Jorge Omar s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-06-16|1987-07-28

Los recursos interpuestos por cualquiera de los litisconsortes necesarios favorecen a los demás y, por consiguiente, la expresión de agravios que formule alguno de ellos tiene eficacia con relación a los restantes.-
Objeto de la demanda, pago por consignación, cobro de expensas comunes, legitimación pasiva, consorcio de propietarios
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: De La Riva, Thelma Lia c/ Consorcio Sanchez de Bustamante 2.639 s/ Consignación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-18

Cuando el objeto perseguido en la demanda fue la consignación de las sumas adeudadas en concepto de expensas comunes el único sujeto legitimado para ser demandado, es el consorcio de propietarios, ya que el administrador sólo es un mandatario legal (art. 11 de la ley 13.512), pues su existencia está impuesta por la ley (art. 9, inc.

a). De manera tal que si éste incumple con la obligación de notificar las liquidaciones de expensas y gastos mensuales esa conducta determinará que el mandante deba soportar las consecuencias que de ella se deriven, sin perjuicio, claro está, de las acciones que tiene a su alcance por el obrar que lo perjudica.
Recurso de apelación (procesal), litisconsorcio
Materia: CIVIL
Carátula: BROLESE  ANTONIO RICARDO Y OTROS c/ ESTADO NACIONAL MINISTERIO DEECONOMIA s/ cobro de sumas de dinero.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-05

En los supuestos de litisconsorcio activo facultativo, como es el presente, a los efectos de determinar la procedencia de la apelación se debe computar la entidad de cada una de las pretensiones en forma independiente, como pacífica y reiteradamente ha resuelto esta Cámara (conf. causas causas 3072/99 del 11-7-2002, 1560/01 del 19-9-2002 y 5330/05 del 4-9-2007; Sala I, causa 2610/97 del 22/10/98; Sala II, causas 1604/92 del 12/4/95 y 3785/99 del 7/8/01, entre otras), criterio que, a su vez, ha sostenido desde antiguo la Corte Suprema con referencia a los recursos ordinarios de apelación en tercera instancia contemplados en el art. 24, inc. 6, apartado a), del decreto - ley 1285/58 (Fallos 220:1212; 258:171; 280:327;

297:190; 311:1989; 315:303 y 330:2639, entre otros). El gravamen que la demandada pretende evitar mediante la apelación deducida dista de alcanzar, con relación a cada una de las pretensiones deducidas, el monto mínimo de $ 20.000 fijado como límite en el art. 242 del Código Procesal (texto según la ley 26.536, B.O.

27-11-2009) para la procedencia de la apelación, lo que veda toda intervención de este tribunal de alzada en cualquier materia vinculada con el caso.
Licencia por enfermedad, despido
Materia: LABORAL
Carátula: CRUZ, CARLOS c/ FERROCARRILES ARGENTINOS s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-03-27

Si el trabajador es despedido durante el período de licencia paga y el distracto coincide con el otorgamiento del beneficio de la jubilación por invalidez, no es jurídicamente aceptable que continúe percibiendo el salario por enfermedad del artículo 208 del RCT.;

ello significaría la simultánea percepción de un salario y del beneficio jubilatorio que lo sustituye; la jubilación constituye una prolongación de la remuneración como débito de la comunidad por el servicio que el trabajador ha prestado (Fallos: 268; 400; 267; 196).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, juicio oral, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Barrera, Juan Carlos s/ Homicidio en ocasión de robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-02-24

Es insuficiente el agravio en el que, con denuncia del art. 281 inc. 5 del Código de Procedimiento Penal, la defensa cuestiona la incorporación y valoración -en perjuicio del imputado- de los dichos de un menor formulados en su declaración ante el Juez de menores que la Cámara admitió ante la imposibilidad jurídica de reproducirlos en la etapa oral, (dada la negativa del menor a prestarse al careo decretado), la que entendió ajustada a derecho atento lo normado por los arts. 18 de la Constitución nacional, 25 -n.a.- de la provincial y 128, 129, 133 y 136 del Código de Procedimiento Penal; si el recurrente no sólo no cuestiona lo decidido a la luz de tales normas sino que admitió tal imposibilidad, cimentando, sin embargo, su queja en que aquélla se debió exclusivamente a la negativa del menor lo que encierra un contrasentido.
Recurso de casación penal, procedencia del recurso, sentencia definitiva, sobreseimiento
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: BESUSCHIO, Eduardo A. s/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-03

Corresponde conceder el recurso de casación interpuesto, pues el auto por el cual se confirma el sobreseimiento del imputado es una sentencia que posee carácter definitivo y torna imposible la continuación de la acción que se iniciara.
Audiencia, incomparecencia de las partes, plazo para justificar inasistencia
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Figueroa, Nolberto Carlos y Otro c/ Bosques de Epuyén SA y Otras s/ Laboral s-Incidente de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-11-20

"La justificación debe realizarse antes de la audiencia..., cuando la enfermedad era anterior a la misma. No obstante, se admite que lo sea dentro de un plazo prudencial, cuando la naturaleza del hecho así lo requiera... por ello si la razón que motiva la ausencia es muy anterior no existe justificación frente a la falta de información".
Seguros, cláusulas predispuestas, alcance de la cobertura, defensa del consumidor, deber de información
Materia: CIVIL
Carátula: FERNÁNDEZ,  Liliana  Mónica  y  otros c/ BONAVERA, Walter Oscar yotros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-04-28

1- En el contrato de seguro se genera un desequilibrio entre los contratantes porque el consumidor se adhiere mediante cláusulas predispuestas y no tiene casi posibilidad de discutirlas o renegociar aspectos particulares de la contratación. Es por eso abusivo interpretarlas como pretende la aseguradora -en el sentido que el seguro sólo cubre el riesgo por daños a cosas o personas no transportadas- si a través de ese enfoque se afectan inequitativamente los derechos del consumidor al cotejarlos tanto con los derechos como con las obligaciones de ambas partes de conformidad con lo normado por la ley 24.240 reformada por la ley 26.261.

2- Pero además, es revelador de la desinformación al contratante -falta de claridad y exactitud acerca de las características del seguro, deber impuesto por el art. 4 de la ley 24.240- que el productor de seguros le haya informado previamente que la cobertura cubría los viajes al exterior -por la extensión automática que operaba con la normativa del MERCOSUR-, y además incluía daños y lesiones a terceros transportados, frente a la compañía de seguros que desconoce esta cobertura. De tal manera, la cláusula que excluye este tipo de riesgos es abusiva y debe interpretarse a favor de amparar un siniestro producido en esas condiciones.

(Sumario N°19102 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Cuestiones de competencia, desobediencia a un funcionario público
Materia: PROCESAL
Carátula: Incidente de competencia en autos NN, NN s/ infr. art(s). 249 del CP s/ conflicto de competencia I c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-06

Corresponde declarar competente al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional para continuar con la investigación del hecho denunciado, toda vez que la orden supuestamente desobedecida provino de un juzgado nacional. Ello así porque, de conformidad con el tercer Convenio de transferencia de competencias penales a la justicia de la Ciudad (ratificado por las leyes n° 26702 y n° 5935), el factor determinante para que el delito de desobediencia (art. 239 del CP) y otros delitos sean investigados y juzgados por el Poder Judicial de la Ciudad radica, según su punto "SEGUNDO", en que los hechos sean cometidos por o contra "sus funcionarios públicos" o "atenten contra el funcionamiento de sus poderes públicos u ocurran en el marco de un proceso judicial que tramite ante los tribunales locales"; y de los precedentes emitidos por la CSJN en la materia (cf. "Corrales", Fallos: 338:1517, "Nisman", Fallos: 339:1342 y "Bazán", Fallos: 342:509) no es posible derivar que los jueces nacionales resulten "funcionarios públicos" locales, que integren alguno de "sus poderes públicos" o que deban ser considerados "tribunales locales". (Del voto en disidencia de la jueza Alicia E. C. Ruiz, por remisión a los fundamentos brindados en "Incidente de incompetencia en autos "García, María Laura s/ 239 - resistencia o desobediencia a la autoridad" s/ conflicto de competencia I en/ García, María Laura s/ infr. Art(s). 239 del cp ", expte. SAPCYF n° 16329/19, sentencia del 1/7/2020).
Prescripción, interrupción de la prescripción, actuaciones administrativas
Materia: LABORAL
Carátula: Rampone, María Elena y otros c/ Asociación de Obras Sociales s/ Diferencia de Haberes
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-03-31

...la norma del Art. 257 LCT. es claramente asertiva en que el efecto interruptivo del reclamo administrativo no excede en ningún caso un lapso mayor de seis -6- meses, lo cual involucra que no por prolongarse la tramitación administrativa, la interrupción que el mismo causa de la prescripción pueda funcionar "si ne die"...
Sentencia interlocutoria, costas, regulación de honorarios, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: DI SALVO, CARLOS c/ POLICIA FEDERAL ARGENTINA s/ SUMARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-10-19

Cualquiera sea la materia del auto interlocutorio, la apelación debe ser concedida con efecto diferido si sólo se limita a la imposición de costas y regulaciones de honorarios.
Contrato de trabajo, injuria laboral, prueba, carga de la prueba
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Martinez Pablo Sebastián c/ Argenova S.A. y otro s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-27

En el caso el actor es despedido, según la carta documento que le envía su empleador, por agredir físicamente en alta mar a su superior jerárquico inmediato en el buque. Dadas las particularidades que presenta la actividad marítima, es aplicable al caso el criterio que sostiene que si bien una riña en el lugar de trabajo altera el orden que debe existir en el mismo, aquélla debe ser materia de apreciación circunstancial y para determinar si configura una injuria en los términos del art. 242 L.C.T. corresponde analizar las distintas actitudes asumidas por los protagonistas; en el supuesto de que hubieran existido agresiones físicas recíprocas debe determinarse quién fue el agresor y quién la víctima y, en su caso, si ésta asumió alguna actitud defensiva. Aun dentro de la más estricta disciplina laboral, no parece razonable exigir a un empleado que soporte las agresiones físicas sin el menor gesto de defensa. De modo que no es suficiente por sí solo que el trabajador se vea involucrado en una riña: es preciso, para calificar el hecho como injurioso, que las condiciones del mismo indiquen, que el trabajador fue el agresor, reaccionó con exceso en la defensa o fue provocador de la agresión ajena. Tal prueba, corre por cuenta del empleador que invoca la injuria laboral.
Deuda pública, régimen de consolidación de deudas, fecha de corte, pagaré, vencimiento del pagaré, fecha del título, ley de consolidación de la deuda pública
Materia: COMERCIAL
Carátula: FARA SCA. c/ SOMISA s/ PROCESO DE EJECUCION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-24

Los pagarés en ejecución son todos de vencimiento posterior a la fecha de corte 1.4.91, quedando en consecuencia la suma que se reclama excluida del marco de la Ley de Consolidación, a la luz de lo establecido por el art. 2, inc. g) del decreto reglamentario 2140/91, teniendo en cuenta que la obligación nació en la fecha en que el acreedor debió cobrar su crédito, es decir la fecha del vencimiento y no la de emisión del pagaré.
Robo, robo seguido de lesiones, tentativa
Materia: PENAL
Carátula: HERRERA, NELSON ELOY (robo calificado en grado de tentativa) s/ RECURSO DE CASACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1999-07-30

El robo agravado por lesiones graves puede calificárselo con un tipo de ofensa compleja, atendiendo a la pluralidad de bienes jurídicos afectados. Ello así porque resulta afectada la incolumnidad de las personas, además de la propiedad, que es sin embargo el bien al cual atendió el legislador para ubicarlo en el Título VI de los Delitos contra la propiedad, como una de las agravaciones del robo.

En tales tipos, la ubicación sistemática, implica la prioridad en la conclusión dogmática del bien donde han sido situados por la ley, aún cuando se trata de bienes "no equivalentes", como acontece en otros delitos pluriofensivos, por ejemplo el robo, la extorsión- predominio de la propiedad frente a la libertad-, el tipo del robo con lesiones graves o gravísimas, puede ser calificado como un tipo complejo o compuesto. (Voto de la Dra. Tarditti, en minoría)