marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Confirmación de sentencia, despido, pandemia, medios de prueba, fraude laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Tettamanti, Ana María c/ Pecom Servicios energía S.A. s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-31

La actora se agravia porque el sentenciante consideró válido el mutuo acuerdo extintivo de la relación laboral en los términos del art. 241 LCT. Señala que la demandada implementó un programa de retiro en la época de la pandemia que encubría la decisión de desvincular personal. El hecho que la demandada hubiera celebrado con algunos empleados un Plan de Retiro y con otros un mutuo acuerdo en los términos previstos por el artículo 241 LCT no implicaba que la accionante se hubiera visto forzada a suscribirlo, máxime cuando en la causa no existen elementos probatorios que indiquen la existencia de algún tipo de vicio. Lo que se discute es la validez y las consecuencias jurídica del convenio, la parte actora sostiene que se trató de un acto simulado que encubrió un despido arbitrario y que se configuró ante la falta de voluntad real de su parte, mientras que la demandada aseveró su validez y negó dicha circunstancia. No existe elemento alguno que determine la existencia de una causa externa como error, coacción física o moral, que haya afectado la libre voluntad de la actora que permita restarle eficacia al consentimiento expresado (art. 332 CCCN). No altera lo expuesto el reconocimiento por parte de la empleadora de una gratificación con motivo del cese ni el hecho de que el Plan de Retiro hubiera significado más dinero para la trabajadora por cuanto tal circunstancia no invalida la rescisión ni lo acordado por las partes, pues el art. 241 LCT regula un modo extintivo de cualquier tipo de relación laboral independientemente del monto final acordado y recibido por la accionante. Teniendo en cuenta que no existen pruebas que evidencien la existencia de una conducta fraudulenta en la celebración del acuerdo de disolución y toda vez que la extinción de la vinculación por mutuo acuerdo no genera consecuencias indemnizatorias, propicio confirmar la sentencia de grado.
Reordenamiento del sistema financiero, decreto de necesidad y urgencia, inconstitucionalidad, suspensión de medidas cautelares, ejecución de sentencia, suspensión de la ejecución, acceso a la justicia, facultades del Poder Judicial, división de poderes, sistema republicano
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-ECONOMIA
Carátula: Vaccarezza Osvaldo Luis y otro -Inc. Med. Cautelar- c/ PEN-Ley 25.561-Dtos. 1570/01 y 214/02 s/ amparo  ley 16.986 PEN-Ley 25.561-Dtos. 1570/01 y 214/02 s/ amparo  ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-28

La suspensión de la ejecución de las medidas cautelares y sentencias que disponen los artículos 1 y 2 del decreto 1316/02, así como el mecanismo creado por el artículo 3, resultan contrarios a las disposiciones de la Constitución Nacional, ya que desnaturalizan la esencia del sistema republicano de gobierno, destruyendo el control judicial, lo que resulta contrario al derecho de los ciudadanos a una tutela judicial efectiva.(Sumario confeccionado por el SAIJ).
Contratos de adhesión, medicina prepaga, cláusulas leoninas, interpretación restrictiva
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: COUCHOUD, ALBERTO c/ QUALITAS MEDICA SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-08

En el marco de las relaciones derivadas de los contratos de medicina prepaga, es perceptible que el campo conceptual del principio favor debitoris contenido en el ccom: 218-7 reposa no tanto en la defensa de quien sea literal deudor, cuanto en la de quien, en cualquier relación asuma el rol más debil, segun notoriamente lo son quienes padecen, por ejemplo, la hiposuficiencia de estar enfermos, frente a las poderosas estructuras paramédicas que instrumentan la prestación masiva de la asistencia hospitalaria conforme a los principios de funcionamiento propios de la técnica empresaria macroeconómica.

Ya en las x jornadas de derecho civil (corrientes, 1985), se recomendó "la incorporación al código civil como principio la protección a la parte debil, sin distinguir si se trata de un deudor o un acreedor". Esto implica poner al dia la regla clásica de favor debitoris. Por tanto, es plausible asumir el criterio interpretativo favor debitoris con la formula mas elocuente y abarcativa de favor debilis (vease, Juan Manuel Ojea Quintana, "las claúsulas contra proferentem y favor debilis como modo de expurgación de abusos en los contratos modernos", ed diario del 3.11.99 y jurisprudencia alli citada).
Recurso de inconstitucionalidad, subrogancia del juez, procedencia del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Gomez Pinasco, María Florencia s/ recurso de inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-09-09

Si bien se ha tornado abstracta la cuestión relativa a la constitucionalidad de la  ley 20.581 el agravio defensista atinente a la inconstitucionalidad del régimen de subrogaciones aprobado por la Resolución Nro. 76/04 del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, no se trataría, en definitiva de la introducción, por parte del recurrente, de un nuevo planteo que excedería el objeto de la vía recursiva intentada inicialmente, por cuanto la cuestión resulta sustancialmente análoga y aparece como natural continuación.

(Voto del Dr. Hornos en disidencia parcial).
Juicios contra el Estado, ENTEL, astreintes, régimen de consolidación de deudas, bonos de consolidación, mora del deudor
Materia: LABORAL
Carátula: GIL, HECTOR ANDRES c/ ENTEL s/ DIFERENCIAS DE SALARIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-24

Resulta improcedente la aplicación de astreintes a la empresa (en el caso Entel) derivados de la demora en el diligenciamiento del formulario de requerimiento de pago de deuda consolidada máxime teniendo en cuenta que el art.2 del dec.483/95 remite a los límites presupuestarios impuestos por la ley 23.982 y art.20 de la ley 24.624. Sin perjuicio de ello, el tribunal se encuentra facultado para intimar al ente deudor para que dentro de diez días hábiles acredite haber diligenciado el formulario en cuestión.
Domicilio real, notificación por cédula, domicilio denunciado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Dias Souza, David c/ Pérez, Alberto Blas s/ homologación de convenio de desocupación - desalojo -
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-05-19

El domicilio real es parte de nuestra legislación formal ( arts. 40, 41, 42, 59, 198, 338, 407, etc. C.P.C.C.; art. 54 ley 8904; art. 59 Ac. 1814 ref. por Ac. 1840 S.C.B.A. ). El mismo se ha denunciado en la demanda y concuerda con el que arroja el instrumento que se intenta homologar, por lo cual allí debe notificarse la acción.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de revisión (procesal), declaratoria de herederos, desistimiento
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Fiscal de Cámaras en j: Sucesión de Francisco Ortiz de Desprez s/ Recurso de hecho - Apelación denegada (Libro: S048-414)  Corte en pleno
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1950-10-14

La resolución que tiene por desistidos a los apelantes y por firme la declaratoria de herederos de primera instancia no es definitiva a los efectos del acogimiento del recurso de revisión.
Recurso de casación, derechos y garantías constitucionales
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: REGGIANI, LUIS EDGARDO. c/ BANCO PROVINCIA DE RÍO NEGRO. s/ COSTAS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1984-11-09

ES INFUNDADO EL RECURSO QUE OMITE PRECISAR CUÁLES SON CONCRETAMENTE LAS ALEGACIONES Y PRUEBAS DE QUE LA RECURRENTE HABRÍA SIDO PRIVADA.
Tratados internacionales, Corte Suprema de Justicia de la Nación, buena fe
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Lavado Diego Jorge y otros c/ Mendoza Provincia de y otro s/ Acción declarativa de certeza
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-20

Corresponde a la Corte Suprema velar porque la buena fe que rige la actuación del Estado Nacional en el orden internacional para el fiel cumplimiento de las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional no se vea afectada a causa de actos u omisiones de sus órganos internos (Voto del Dr. Juan Carlos Maqueda).
Cajas profesionales, competencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Caja de previsión social para martilleros y corredores públicos de la provincia de Buenos Aires c/ Rojas, Nelida Ester s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-12-03

Si bien la ley 7014 y su reforma (7903), atribuyen la competencia de los Tribunales del Departamento Judicial de La Plata para Martilleros y Corredores, ello no desplaza la posibilidad de que dicha entidad pueda iniciar los cobros por ante los jueces del domicilio de los deudores en orden a la regla general de competencia del art. 5 del Código de Procedimientos. Dicha excepción al régimen general de competencia que contempla la ley 7014 y su reforma fue instituida con el fin de que la Caja encuentre en La Plata y en consecuencia en favor de ésta.
Daños y perjuicios, daño emergente, daño estético, daño moral
Materia: CIVIL
Carátula: BURGER, Mónica Adriana c/ TROSCH DE GABRIELLI, Silvia María s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-02

El daño estético no configura un concepto autónomo. No se debe confundir el bien jurídico afectado (integridad corporal, armonía de la figura humana o su belleza) que es extrapatrimonial, con el perjuicio que de esa afección puede derivarse, el que será un daño patrimonial indirecto, si tiene repercusiones materiales, y aunque es de carácter extrapatrimonial, en cuanto al sentimiento negativo que genera en el sujeto que lo sufre, este último es integrante del daño moral.
Sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Club Social y Deportivo Villa España c/ Expreso Quilmes S.A. y Otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-02-04

Si bien el hecho fáctico narrado en la sentencia dictada por el señor Juez en lo Penal es irrevisable y crea cosa juzgada, ello no imposibilita evaluar la responsabilidad de los intervinientes desde la órbita civil, para la cual el Juez Civil es soberano, pues cuya tarea se mueve en una dimensión distinta.
Corte Interamericana de Derechos Humanos, asistencia a la víctima, acceso a la justicia, recursos, reintegro de gastos, competencia contenciosa de la Corte Interamericana, reparación integral, costas, audiencia, fondo de asistencia legal
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso del Penal Miguel Castro Castro c/ Perú s/ Supervisión de cumplimiento de sentencia
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2013-08-07

La regulación y recursos disponibles del Fondo de Asistencia de Víctimas están destinados a la atención de gastos que pudieran generarse durante el litigio de fondo y eventuales reparaciones y costas de casos contenciosos ante la Corte Interamericana, en tanto se encuentren pendientes de resolución, debiendo priorizarse los gastos relativos a una adecuada comparecencia y presentación de pruebas en las audiencias ante la Corte.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, jueces, remuneración, remuneraciones accesorias
Materia: PROCESAL - LABORAL
Carátula: Abalerón, María Isabel y otros c/ Estado Nacional. s/ Recurso de hecho.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-04

La exclusión de los adicionales particulares a que hace referencia el art. 2 de la ley 22.969, se refiere a aquellos que puedan recibir un magistrado de la Corte, por razones particulares o propias con exclusión de las restantes, por reunir una condición que le es inherente.
Mediación, audiencia, incomparecencia de las partes
Materia: PROCESAL
Carátula: L., B.A. c/ F., J.O. s/ ALIMENTOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-06-08

Constituye causal de conclusión de la mediación la inasistencia de alguna de las partes a la primera audiencia, siempre que con esa inasistencia fracasare la mediación. En orden a lo dispuesto por el decreto reglamentario, en su art. 19, si el interesado no acudió ante quien correspondía para demostrar los motivos de su inasistencia, no puede tardíamente pretender que quede justificada tal actitud
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, beneficios previsionales, denegatoria del beneficio
Materia: PROCESAL
Carátula: De Gregorio de Scalas, Santa c/ Caja Nacional de Previsión para Trabajadores Autónomos. s/ RECURSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-05-07

El recurso extraordinario contra la sentencia que denegó la jubilación por invalidez, es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) (Disidencia de los Dres.

Julio S. Nazareno, Carlos S. Fayt y Antonio Boggiano).
Agravantes de la pena, abuso sexual
Materia: PENAL
Carátula: Ballivian Paredes, Adolfo c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-06-07

Debe rechazarse el agravio contra la agravante prevista en el art. 119 inc. f) CP, en tanto fue precisamente dicha situación de convivencia el escenario propicio aprovechado por el justiciable para poder consumar el abuso sexual en una habitación alejada del taller donde trabajaba el resto de los habitantes de la finca.
Haber jubilatorio, nulidad del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: I.P.P.S. c/ Garde, Rubén Isidoro s/ Acción de lesividad, Expte. nro. 57/95
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 1997-04-09

El artículo 17 de la ley 19.549 Establece -al referirse a la revocación del acto nulo- que "...Si el acto (administrativo) estuviere firme y consentido y hubiere generado derechos subjetivos que se estén cumpliendo, solo se podrá impedir su subsistencia y la de los efectos aun pendientes mediante declaración judicial de nulidad". Interpreto la norma citada en el sentido de que al hablar de "subsistencia" y de "efectos aún pendientes" se entiende que con la declaración de la anulación el acto no tiene mas vigencia, pero la tuvo hasta ese momento y produjo efectos propios que no pueden soslayarse. Por ello los efectos de la anulación del acto administrativo viciado deben ser hacia el futuro (ex nunc), respetando los derechos subjetivos adquiridos de buena fe (hasta la notificación de la demanda) (del voto del Dr. González Godoy, por la mayoría).
Recurso extraordinario de nulidad, omisión de cuestión esencial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gerosa, José Pascual c/ Fergui S.R.L. s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-07-03

No existe omisión de cuestión esencial si el sentenciante expresó los motivos por los cuales no entró a considerar determinado tema.
Daños y perjuicios, intereses
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ROLDAN, CLEMENTINA c/ EMPRESA FERROCARRILES ARGENTINOS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-06-21

En los casos de lesiones al pasajero los intereses deben correr desde que se concretó cada perjuicio. (S2,2084,210684)
Jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, recurso de reposición (procesal), mandato, firma
Materia: ELECTORAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Bergenfeld, Sergio Fabián y otros s/ pedido de revocatoria de mandato revocatoria de mandato
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-09

No se puede llegar a la destitución del funcionario si no se reúne la cantidad de votos que así lo decida; y no se puede llegar a votar si no se ha verificado que existe al menos un 20 % del total de electores que haya impulsado la iniciativa prevista en el primer párrafo del art. 67 CCBA -revocatoria de mandato-.

Tal como lo expresa el artículo citado de la CCBA, se trata de un derecho político de los electores y no, como lo entiende el Sr. Jefe de Gobierno, de un derecho subjetivo del funcionario. El requisito de firmas no opera exclusivamente como una garantía para el funcionario. Es, fundamentalmente, una garantía del sistema democrático.
Pérdida del beneficio, principio de contradicción, prueba
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: HUARTE, HORACIO HUGO c/ A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-30

Si bien el cierto que en los supuestos de nulidad absoluta, la autoridad administrativa cuenta con atribuciones para suspender, revocar o modificar resoluciones que otorguen beneficios jubilatorios aunque la prestación se hallare en vías de cumplimiento, también lo es que ello es a condición de que los hechos o actos que las determinan resultaren "fehacientemente probados" y que los organismo previsionales actúen con extrema cautela, atendiendo las necesidades que tales beneficios satisfacen, la edad y eventuales consecuencias personales en los beneficiarios a los que debe dársele adecuada participación en los procedimientos, permitiéndosele alegar y probar sobre los aspectos cuestionados (cfr.

C.S.J.N., sent. del 15.10.96, "Castellanos, Jaime Enrique").
Honorarios, competencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Otero de Cabrera, María Rosa c/ García, Segundo y otro s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-09-19

El cobro de honorarios regulados judicialmente, aún cuando las partes consideren que no necesitan del proceso principal, no deja de ser un accesorio de éste, por lo que la radicación ante el mismo juez resulta ineludible (art. 6 inc. 1º del CPC). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Nulidad de sentencia, suspensión del juicio a prueba
Materia: PENAL
Carátula: I., R. c/  s/ lesiones leves (art. 89)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-02-19

Corresponde anular la decisión que declaró la improcedencia de la solicitud de la suspensión de juicio a prueba formulada luego de abierto el debate pues si bien la opinión del representante del Ministerio Público Fiscal fue expuesta en el alegato en el que pidió una sentencia de condena contra el recurrente, ella devino después de haberse ventilado en el debate la prueba pertinente para acreditar el hecho base de la hipótesis fiscal. Ocurrido el juicio, no es posible traspolar sin más esta postura fiscal, e identificarla como la que ineludiblemente hubiera sostenido la parte acusatoria llevado a tener que opinar sobre un pedido de suspensión de juicio a prueba (voto de la jueza Garrigós de Rébori).
Letra de cambio, pagaré en blanco
Materia: CIVIL
Carátula: ABLIN MARIA LUISA c/ GANDINI MARGARITA s/ ESCRITURACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-13

El art. 11 del Decreto Ley 5965/63 aplicable al pagaré en virtud del art. 103, autoriza implícitamente la emisión del pagaré en blanco, o sea, aquél documento al cual le faltan, al tiempo de su emisión, uno o varios de los requisitos exigidos por el art. 101.

El pagaré puede salir de manos de su emisor con el nombre del beneficiario en blanco y tanto éste como los sucesivos detentadores del documento tienen la facultad de completarlo.

El pagaré cambiario llamado por antonomasia "pagaré" es un documento por el cual el firmante se compromete incondicionalmente a pagar una suma de dinero a determinada persona o, a su orden, en el plazo estipulado en él. No es un contrato bilateral sino un papel que instrumenta la manifestación unilateral del obligado.
Desagio, contrato de obra pública, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: José Cesaratto S.A. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-07-04

La ecuación económico financiera de un contrato de obra pública encuentra amparo en las normas de la ley 6021, con lo cual el conflicto suscitado por la aplicación del desagio a las certificaciones importa un planteo de ilegitimidad que permite el enjuiciamiento por la vía del proceso contencioso administrativo.
Acción de amparo, resoluciones apelables, medida de no innovar
Materia: PROCESAL
Carátula: GAIBISSO, César A. y otros c/ E.N. -M° de Justicia- s/ Queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-23

Dentro de las medidas apelables en el juicio de amparo, se encuentran tanto las que disponen medidas de no innovar como las que las deniegan (conf. art. 15 de la ley 16.986); interpretación que resulta acorde al reconocimiento del derecho de defensa (conf. doc.

Sala II, in re "Rocca, Enrique c/ Gobierno Nacional" y "Confederación Argentina de Automovilismo Deportivo", LL. 1977-C-512 y 1977-D-690; Sagüés "Ley de Amparo", p. 375/6; ésta Sala, in re "Ungar, Enrique L.", del 23/5/95).
Apreciación de la prueba, insuficiencia del agravio, daños y perjuicios, facultades del juez
Materia: CIVIL
Carátula: Rodríguez, Daniel Osmar c/ Ibarbia, Matías Martín y otro s/ Daños y perjuicios (con Lesiones o muerte. Excep. Estado) y su acumulada Barresi, Jorge Osmar c/ Ibarbia, Matías Martín y otro s/ Daños y perjuicios (con lesiones o muerte. Excep. Estado) c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2020-11-17

Tanto la valoración de la prueba en general, el análisis de la testimonial y de la pericial así como el resto de las probanzas aproximadas al proceso, resulta el ejercicio de facultades privativas de los jueces de grado y libre por lo tanto de censura en esta sede extraordinaria, mientras no se alegue y demuestre que son el resultado de razonamientos absurdos.(doctor Genoud, sin disidencia)
Honorarios, rechazo de la demanda, regulación de honorarios, base regulatoria
Materia: PROCESAL
Carátula: IBAÑEZ,  Alejandro  Antonio c/ DÍAZ ROMERO, Juan Pablo y otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-06-30

1- Para regular los honorarios profesionales cuando se rechaza la demanda, no se deben aplicar estrictamente las pautas de la ley 21.839 -t.o. ley 24.432- sino en base a la cifra que razonablemente pudiera corresponder de haber prosperado la acción. Se deben valorar -en conjunto- los conceptos reclamados y el daño acreditado cuya reparación hubiese procedido demás de tenerse en cuenta los trabajos realizados apreciados por su importancia, extensión, calidad, trascendencia jurídica y moral del litigio, las etapas procesales cumplidas y el resultado obtenido. 2- Para la regulación de los peritos se ponderará la naturaleza de sus dictámenes, su calidad, extensión y grado de complejidad, su carácter técnico-científico y la debida proporcionalidad que deben guardar sus honorarios respecto de los de los letrados. En cuanto a los consultores técnicos como asesoran a la parte que los propone, su dictamen no es asimilable al de los peritos, por lo que sus honorarios deben ser proporcionalmente menores a los de aquéllos.
Prisión preventiva, prórroga del plazo
Materia: PENAL
Carátula: CUADERNILLO DE APELACION EN AUTOS EXPTE. N§ 265/05/L.1 RAFAEL EMANUEL Y OTRO s.d. HOMICIDIO SIMPLE Y OTROS e.p. ROJAS DIEGO RICARDO s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-03-10

A los fines de la prórroga de la prisión preventiva, la dificultad de la acreditación primaria de los hechos investigados la circunstancia que motivará la dilación de la tramitación del proceso, debiéndose descartar la inactividad jurisdiccional como causante de la demora.