marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Daños y perjuicios, seguros, cobertura, ebriedad
Materia: PENAL
Carátula: Pavón Sergio Gilberto c/ Retamar Brisa Abigail y otros s/ ordinario daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2016-08-31

Las cláusulas de exclusión de cobertura son esencialmente descriptivas de supuestos no comprendidos en el riesgo cubierto, ajenos en consecuencia al amparo del contrato, desde el inicio de éste. Si la exclusión de cobertura por alcoholemia se halla expresamente convenida de modo independiente a la de culpa grave, corresponde que así sea merituada. En tal sentido, la Resolución 36.100 de la SSN (B.O. del 23/11/2011) y el establecimiento de nuevas condiciones generales uniformes para el ramo automotores ha consagrado una causal de exclusión objetiva -el estado de ebriedad del conductor- que revela la intención de imponer una directiva cargada de mensaje. (Del voto de la minoría).
Daño resarcible, daño moral
Materia: LABORAL
Carátula: Gómez, Carlos c/ Frigorífico Bajo Cero SRL s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-10-03

Conforme las circunstancias que se han tenido por acreditadas, es evidente que, en virtud de las amenazas contra su integridad física, y el temor que le pudo haber infundido al trabajador la actitud de los representantes de la empleadora a fin de obtener su renuncia, es evidente que la intención y libertad del accionante se han visto afectadas y, de ese modo, su persona ha quedado reducida a la calidad de mero ejecutor de una voluntad ajena, opuesta a la suya, con la consiguiente lesión que ello implica sobre su dignidad como persona, más allá de la afectación de su voluntad para la concreción del acto. Desde esta perspectiva y de acuerdo a lo normado por el art. 522 CC, corresponde admitir la viabilidad del resarcimiento reclamado con fundamento en dicho daño y condenar a la demandada al pago de una reparación extratarifaria adicional.
Defraudación, hurto
Materia: PENAL
Carátula: Lescano, Antonio s/ Defraudacion
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-04-11

El accionar sorpresivo y sin que mediara entrega voluntaria del hurto y no el de defraudación, la acción dirigida no es a engañar ni a defraudar sino a lograr el apoderamiento no sólo del ciclomotor sino de los documentos de propiedad. Así, la figura del art. 172 del C.P. no es aplicable por cuanto el ciclomotor no fue entregado voluntariamente por el propietario de modo que no se puede invocar abuso de confianza como forma engañosa, además no existía confianza entre ambos, tampoco es aplicable el art.173 inc. 2 (retención indebida), porque al no ser entregada la moto no hay obligación de devolver.
Libertad de prensa, empresa periodística, ingresos públicos, contrato de publicidad, publicidad de los actos de gobierno
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Emisiones Platenses S.A. s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-12

Cuando la empresa periodística no dispone de recursos financieros y técnicos por reducción del número de lectores, disminución de la publicidad privada y merma o falta de avisos oficiales y el incremento de los gastos fijos, la inseguridad económica afecta a la actividad periodística, la que debe optar por mantener su integridad e independencia en condiciones agónicas o someterse al condicionamiento directo o indirecto de los que tienen recursos económicos o ejercen el gobierno (Disidencia de los Dres.

Carlos S. Fayt, Enrique Santiago Petracchi y Gustavo A. Bossert).
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, deber de imparcialidad, jueces
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Llerena, Horacio Luis s/ abuso de armas y lesiones - arts. 104 y 89 de Código Penal -causa N° 3221-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-05-17

La nota de imparcialidad o neutralidad, que caracteriza al concepto de juez, no es un elemento inmanente a cualquier organización judicial, sino un predicado que necesita ser construido, para lo cual operan tanto las reglas referidas a esa organización como las reglas de procedimiento, es preciso no confundir el atributo y su portador: no se trata de reglas de los jueces, comprendidos en esa corporación una serie de personas con determinados atributos, sino, por el contrario, de reglas de garantía del justiciable.
Ley arancelaria, honorarios, jus
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: CHLUS, JORGE CARMELO c/ VILLALBA, ESTEBAN RAUL s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-03-07

El diseño normativo elegido por el legislador provincial en ejercicio de sus facultades constitucionales en el artículo 32 de la ley arancelaria provincial tuvo como propósito directo preservar la integridad de la remuneración de los profesionales del derecho y, con el alcance expuesto, el medio empleado -institución de la "unidad jus"- luce en principio razonable, justificado dada la naturaleza y características de la modalidad de percepción de los honorarios -ello en virtud de las contingencias procesales a las que están sometidos, especialmente en su instancia recursiva-, erigiéndose como un modo de mantener incólume la propiedad del crédito alimentario y, en dicho sentido, hay un equilibrio o legítimo apego al texto constitucional que, además del principio de jerarquía normativa y el reparto de competencias, consagra la garantía de propiedad y la protección del trabajo profesional. (Del voto del Dr. Netri) - Jurisprudencia vinculada: Municipalidad de Santa Fe c. Bergagna, AyS T 276, p 294/326.
Aplicación analógica de la ley, interpretación restrictiva
Materia: PROCESAL
Carátula: O., C.S. s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-04-06

La aplicación de la analogía como método de interpretación, siempre adquiere el carácter de restrictiva. Y en igual sentido se ha dicho que no pueden aplicarse por analogía las normas de interpretación restrictiva.
Recurso extraordinario, cuestión abstracta
Materia: LABORAL
Carátula: Carrizo, Carlos y otros c/ El Faraón S.A. s/ Despido y dif. salariales Imundo, José c/ Fribe S.A. s/ Despido Wilwer, Gustavo D. c/ Tuccio Hnos.S.R.L. s/ Indemnización por despido, diferencias de haberes Barberis, Juan Carlos c/ Iesa S.A. y otro s/ Indemnización por despido, diferencia de salarios, etc. Encina, Daniel D c/ Municipalidad de Berisso s/ Enfermedad accidente Araneda Guevara, Iris Lilia L y ots. c/ Biblioteca Municipal Pública del Partido de Gral Pueyrredón y Municipalidad Gral. Pueyrredón s/ Cobro diferencias salariales
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-05-24|1992-02-18|1995-06-27|1996-04-23|2001-11-21|2000-03-22

Los pronunciamientos abstractos son impropios de la judicatura.
Recurso de casación, juicio ejecutivo, pago, resoluciones anteriores a la sentencia, gravedad institucional
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: BANCO ROBERTS S.A. c/ ROUGES JORGE LUIS Y OTRO s/ COBRO
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-10-21

De otro lado, la totalidad de los argumentos vertidos en respaldo del pago invocado son cuestiones ajenas al marco del proceso ejecutivo, en que se ventila la pretensión de autos. Todo ello, sin perjuicio de admitir su debate en un juicio de conocimiento posterior, si fuera del caso (art. 814 del CPCC). Desde la perspectiva señalada, el recurso incumple el recaudo impuesto por el art. 813 procesal, al dejar abierta una vía de reparación ulterior (art. 814); circunstancia que obsta a la admisibilidad del remedio intentado. No concurre en el presente caso, el excepcional supuesto de gravedad institucional que permita sortear la falta de definitividad del pronunciamiento, toda vez que la lesión a derechos y garantías constitucionales -genéricamente invocada por el recurrente- resulta insuficiente para justificar la apertura del recurso interpuesto.
Arraigo, carga de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: OLIVERA Estela Zulma y Otros c/ Olivera Héctor Dante y Otra s/ Acción de Simulación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2016-09-27

De la presentación del demandado, surge que funda la excepción en el hecho de que los actores no tienen domicilio en la provincia. En ningún momento alude a la falta o inexistencia de bienes inmuebles de los actores en la Provincia que sean suficientes a fines de satisfacer la eventual responsabilidad de los actores en caso de condenación en costas.

El demandado, a los fines de la viabilidad de la excepción debió alegar y probar dicha circunstancia, lo que ha omitido hacer, incumpliendo con la carga de la prueba que sobre él pesa.

En consecuencia, estando en juego las garantías constitucionales de defensa en juicio y de igualdad de las partes ante la ley, propicio su rechazo por cuanto dicho impedimento restringe y limita el acceso a la jurisdicción de los actores para hacer valer sus derechos ante los tribunales nacionales.
Acción de amparo, competencia contencioso administrativa, fallos del Superior Tribunal
Materia: MEDIO AMBIENTE-ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Olivera, Mirta Susana y otros c/ Dr. Solis Horacio y Secretaría de Estado de Minería de la Provincia de Catamarca s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2008-05-08

Constituye doctrina legal sentada por este cuerpo en los autos Corte Nro. 135/99, "Altamirano, Mirtha Margarita Agüero de c/Dirección de Educación General y Ministerio de Educación s/Acción de Amparo", que la Corte de Justicia tiene competencia originaria y exclusiva en los procesos de amparo con materia contencioso administrativa. Allí, citando al Dr. Bidart Campos, se puntualizó: ".cuando la cuestión es exclusivamente administrativa, corresponde decirlo a la Corte, ahora, si la cuestión es administrativa, pero incluye una materia constitucional por lesión directa a derechos reconocidos en la Constitución, los jueces de instancia ordinaria son competentes para sustanciar los juicios de amparo." (El Derecho, t. 131, pág. 576).

De lo expuesto por los ocurrentes surge que la materia que constituye el eje central de la litis es netamente de derecho ambiental y no contencioso administrativa, como lo interpreta el Juez de grado al declararse incompetente para entender en la causa.

En efecto, el derecho invocado en el líbelo de demanda es la Constitución Nacional, Arts. 41, 43, 124 y ccs., la Ley Nac. 25.675, Ley General del Ambiente, Tratados Internacionales sobre Derecho Ambiental, Constitución Provincial y Código de Minería.

(Del voto de la Dra. Sesto de Leiva, .por la mayoría)
Caducidad de instancia, impulso procesal, impulso de parte
Materia: PROCESAL
Carátula: CARRIZO  JUAN  ENRIQUE c/ MINISTERIO  DE  ECONOMIA OBRAS Y SERVPUBL. DE LA NACION s/ PROCESO DE CONOCIMIENTO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-04

La conducta tendiente a lograr el pronunciamiento del a quo correspondía también al letrado incidentista. Dado que el tratamiento del recurso de apelación oportunamente interpuesto por el doctor Carlos A. García Romero se encontraba conjuntamente diferido con el del Estado Nacional -Ministerio de Economía-, no es dudoso que la solicitud de resolución del magistrado incumbía a ambos apelantes y no únicamente al accionado. En tales condiciones, ponderando que pesaba también sobre quien acusa la perención la carga de activar el trámite del expediente, la declaración de caducidad no puede prosperar (esta Sala, causa 4.983/99 del 23.12.99 y su cita).
Regulación de honorarios, intereses
Materia: CIVIL
Carátula: Dulcemar  S.A. c/ M.C.B.A. s/ Repetición
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-02-17

No corresponde incluir los intereses devengados sobre el objeto del reclamo.
Prueba, carga
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cosuco SRL c/ Municipalidad de Avellaneda s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-04-23

Atento el carácter de juicio pleno en el que se desenvuelve la acción contencioso administrativa incumbe ineludiblemente al actor la carga de la demostración de la situación de que hace mérito para respaldar su petición. El carácter de juicio pleno en que se desenvuelve la acción contencioso administrativa, permite la posibilidad de probar los hechos justificativos de la pretensión de forma particularmente amplia, siendo admisibles todos los medios probatorios previstos por la ley ritual mientras ésta no los excluya expresamente.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, revocación de sentencia, sentencia arbitraria, defectos en la consideración de extremos conducentes, nulidad procesal, incidente de nulidad, nulidad de la notificación, demanda, traslado
Materia: PROCESAL
Carátula: Kehoe, Carlos Gabriel c/ Droguería del Centro S.A. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-01

Es descalificable la decisión que desestimó el incidente de nulidad de notificación del traslado de la demanda, si la incidentista sólo había tomado conocimiento de que existía una demanda promovida en su contra por los dichos del actor como testigo en otras actuaciones, por lo que no podía derivarse de ello - atento la generalidad de la noticia obtenida - un inequívoco "conocimiento del acto viciado" (art. 59 de la ley 18.345).
Derecho laboral, contrato de trabajo, actividades laborales, aplicación de la ley laboral, crédito laboral, política laboral, principios laborales, ley de contrato de trabajo, recursos, recurso de apelación (procesal), oportunidad procesal, renuncia al empleo, renuncia bajo presión, extinción del contrato
Materia: LABORAL
Carátula: ARGAÑARAZ, Iris Judith c/ FUNDACION EDUCATIVA SALTA Y/O RESPONSABLES s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2008-04-21

Cuando se alegue una renuncia anticipada por vicios de la voluntad, expresa Meilij que el legislador, para evitar este tipo de abusos, "rodeara a esta conducta de una serie de formalidades que impidieran toda renuncia que no fuera un acto emanado de la libre iniciativa del trabajador ejercida en el momento de su manifestación exterior" (Contrato de Trabajo, t. II, págs. 444/445, nro. 1865; aludiendo -en la nota- al Mensaje del proyecto de la Ley 18523, con cita de jurisprudencia).

Meilij, más adelante, refiere a la expresión de Goldín, de que hay que proceder "con especial prudencia en la apreciación del caso concreto, para evitar que un rígido formalismo" fulmine con la invalidez actos dotados de una forma que ha servido para asegurar la personalidad y contemporaneidad de su emisión (tomo citado, págs. 446/447, nro. 1808, 2do. párr.), como requisitos inexcusables.
Materia: CIVIL
Carátula: DÍAZ, José Valerio c/ DOMINGUITO S.A. s/ Apelación Auto Interlocutorio
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-04-23

Que al no encontrarnos ante plazos procesales sino judiciales, puesto que no tiene injerencia en el desarrollo del proceso, para su cómputo debe tenerse en cuenta lo establecido en el art. 28 del Código Civil y al no haberse señalado expresamente que lo sea de días útiles, no corresponde otra forma de hacer el cálculo teniendo en cuenta días corridos es decir hábiles e inhábiles.
Derechos de las niñas, niños y adolescentes, acción de amparo, rechazo in límine, recurso de apelación (procesal)
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: S. L., M. G. c/ Secretaría de la Niñez y Familia; Ministerio de la Primera Infancia de la Provincia de Salta; Gobierno de la Provincia de Salta s/ amparo - recurso de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-04-06

Resulta inoportuno y ritualista, en esta instancia, obturar sin sustanciación previa el trámite del presente amparo, máxime cuando los hechos denunciados vulnerarían derechos de raigambre constitucional de personas menores de edad, cuyo superior interés es deber preservar de manera prioritaria conforme a lo ordenado por el art. 3º de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Si bien, no se encuentran reunidas las condiciones necesarias para la sustanciación del amparo -pues la actora no precisa adecuadamente el objeto de su pretensión-, subyace en el caso una denuncia que merece ser tratada en atención a la magnitud de las situaciones relatadas, por lo tanto corresponde hacer lugar a los recursos de apelación, y en su mérito dejar sin efecto la sentencia, y ordenar que el juzgado de origen proceda a sustanciar la demanda promovida una vez subsanada las omisiones de la actora.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, costas
Materia: LABORAL
Carátula: López, José María c/ SOMISA y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-09-18

Para que el tema relativo a costas pueda ser objeto de análisis y supuesta revisión en la instancia extraordinaria, debe discutirse la calidad de vencido.
Accidente de tránsito, privación del uso del automotor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Velazco, Héctor Abel y ot. c/ Poggi, Pablo A. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-11-16

No resulta trascendente a los efectos de conceder indemnización por la privación de uso del vehículo dañado, el escaso valor de cambio y la vejez del modelo ya que lo que se indemniza es la lesión a su valor de uso el cual, salvo detalles de confort y velocidad en los desplazamientos, no tiene por qué diferir en mucho y en esencia, del que corresponde a un vehículo más moderno.
Prescripción, honorarios, revocación del mandato
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: APPIOLAZA MARTA NIDIA EN J: APPIOLAZA DE ARRECEYGOR MARTA NIDIA c/ CARLOS ARRECEYGOR s/ Divorcio Mutuo Acuerdo - Casación (LIBRO: S256 - 458)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-06-21

Cuando los honorarios no se han regulado y se revoca el encargo procuratorio o el patrocinio letrado, el plazo de prescipción comienza a computarse a partir de la notificación de la decisión al interesado, pues sin ella el actuante puede estar en la convicción de que su patrocinio subsiste.
Contratos civiles, depósito, depositario, obligaciones del depositario
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: FIAT  AUTO  SA  DE  AHORRO  P/F  DTDOS. c/ SCACCHI,  SERGIO s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-30

Si bien la mayoría de la doctrina considera que el depósito de cosa ajena sin consentimiento del propietario es inoponible a este y no lo obliga (cfr. "Código civil y leyes complementarias - comentado, anotado y concordado", Dir. Belluscio, Ed. 2004, T. 9, p. 864, parag. 1), sin embargo una solución de excepción se da a partir de las previsiones del Cód. civil art. 2199, ya que si según esta nroma "la persona que recibe en depósito una cosa como propia del depositante, sabiendo que no le correspondía, no puede ejercer contra el propietario ninguna acción por el depósito, ni puede retener la cosa depositada"; contrario sensu, cuando el depositario ignora que la cosa no corresponde al depositante podría ejercer contra el propietario todas las acciones emergentes del depósito, salvo que exista un contrato entre depositante y depositario y el reclamo sea sobre la base de ese contrato (Cód. Civil arts. 2197, 2198 y 1199).
Locación, cláusula penal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cerri, Pablo Argentino y otra c/ Colmeiro, Sergio Alfredo y otros s/ Cobro de Alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-05-14

Si la cláusula penal fue pactada en un contrato de locación, y los demandados incumplieron la obligación asumida de pagar los alquileres convenidos, resulta justo reducir la multa pactada al cinco (5) por ciento mensual (arts. 656, 2da. parte, 953, 1071 y cc., Código Civil).
Acción de amparo, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: EMPRESA DE TRANSPORTE 19 DE JULIO S.R.L. Y OTROS c/ MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-06-12

De la propia naturaleza de los dictámenes surge que los mismos no constituyen actos jurídicos y por lo tanto carecen de entidad para crear, modificar o extinguir derechos. Por lo que, el dictámen de la comisión creada no tuvo carácter obligatorio para el Intendente, pero no es menos cierto que el mismo revestía, en principio una importancia fundamental para la determinación de la procedencia del reajuste del boleto urbano y eventualmente del alcance del mismo. De tal manera, sólo era posible su desconocimiento si hubiesen existido razones de grave entidad que lo justifique, por ende dicho apartamiento configura un supuesto de arbitrariedad susceptible de revisión en sede judicial.-
Recurso de inconstitucionalidad, doctrina de la arbitrariedad
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: GARAYO, ALICIA BEATRIZ c/ OSLER, NELSON PASCUAL s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº 12-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-05-20

Sentencia arbitraria es en el ordenamiento santafecino, la que, prescindiendo de su acierto o error, no reúne las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción que acuerda la Constitución de la Provincia) artículo 1, inciso 3, ley 7055).

Es decir, que la decisión sobre la impugnación de arbitrariedad importe un juicio de legalidad y éste, desde que el derecho a la jurisdicción se satisface con un adecuado proceso (Couture, "Fundamentos del Derecho Procesal Civil", tercera edición, p. 42) ha de versar sobre la construcción de la sentencia para determinar si ésta autosustenta racional y lógicamente sus conclusiones. No las sustenta y es arbitraria, por tanto, es de tal modo: irracional, ilógica, infundada en los hechos o en el derecho o contradictoria, y no constituye una respuesta adecuada desde el punto de vista de su legalidad, a las cuestiones litigiosas.
Contrato de trabajo, responsabilidad solidaria, socio gerente, fraude laboral
Materia: LABORAL
Carátula: GONZALEZ, ANTUNEZ EDUARDO RAUL c/ GRUPO GLOBAL S.R.L. Y OTROS s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-27

No cabe duda que la irregularidad en la registración de la relación laboral constituye una violación de la ley, el orden público laboral y la buena fe que perjudican de un modo directo al trabajador; situación por la que cabe responsabilizar en forma ilimitada y solidaria por mal desempeño de su cargo, en los términos de los arts. 59, 157 y 274 de la ley 19.550, a los socios gerentes de una S.R.L. ya que, en su carácter de administradores de la persona jurídica de la cual son órgano, tuvieron a su cargo la gestión ordinaria y habitual de la sociedad, ejerciendo de modo directo tareas de dirección y supervisión sobre los dependientes.
Acción de amparo, gestor judicial, nulidad procesal, acreditación de la personería, saneamiento del vicio
Materia: CIVIL
Carátula: LOTO RENE DAVID c/ MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL s/ RECURSO DE AMPARO-RECURSO DE QUEJA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2004-08-09

La falta de ratificación o acreditación posterior de la personalidad en la participación provisoria del art. 48 del CPCC se trata de un déficit de representación procesal de imposible reparación ulterior y cuya aplicación no ha sido exceptuada por la norma adjetiva a los procesos del amparo.
Recurso de inaplicabilidad de ley, procedencia del recurso, sentencia, sentencia arbitraria, prueba, apreciación de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: GALARZA MARIA SILVIA POR SI Y POR SUS HIJOS... c/ ERIDAY - UTE Y/OTROS s/ INDEMNIZACION.EXPTE. N 10054
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1995-04-19

No es procedente el RIL, invocando la causal de arbitrariedad de sentencia, cuando de las constancias de autos surge que la codemandada (Instituto provincial del Seguro de Misiones) fue citada a autos, no contestó la demanda, por ende, ante su incomparencia a la audiencia de conciliación se la tuvo por confesa. Le corresponde entonces al juez, establecer quien de los codemandados resultaba condenado y en que porcentaje cada uno, considerando insuficiente como instrumento probatorio la fotocopia simple de la carta documento de comunicación de rescisión agregada, para rechazar la demanda en su contra, aún a pesar de los allanamientos de la Caja de Ahorro y Seguro y de la empresa demandada.