Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2002-12-20


(Libro de Acuerdos Nro. 45, F 1229/1232, Nro. 536). San Salvador de Jujuy, República Argentina, a los veinte días del mes de diciembre del año dos mil dos, los señores Jueces Titulares del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy, Dres. José Manuel del Campo, Sergio Eduardo Valdecantos, Héctor Fernando Arnedo y Raúl Octavio Noceti y la Sra. Vocal de la Sala III de la Cámara en lo Civil y Comercial, Dra. Norma Beatriz Issa, por habilitación, bajo la presidencia del primero de los nombrados, vieron el Expte. nro. 1348/2002, caratulado: "Recurso de Inconstitucionalidad int. en expte. nro. 6156/02 (Sala II Cámara de Apelaciones Civil y Comercial) Ordinario por petición de herencia: Lettier, María del Rosario y Lettier, Mario Alberto c/ González, Sara Petrona (heredera de Lettier, Carlos H.)".

El Dr. del Campo dijo:

A fs. 12/21 se presenta el Dr. Luis Enrique Gonza, en nombre de la demandada, Sara Petrona González de Lettier, deduciendo recurso de inconstitucionalidad en contra de la sentencia emitida por la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial el catorce de agosto de dos mil dos.

Conferido el traslado de ley, comparece a responderlo, a fs. 35/40, el Dr. Esteban Javier Arias Cau, en representación de los actores, María del Rosario Lettier y Mario Alberto Lettier, solicitando el rechazo del remedio procesal tentado, con costas.

Luego de que se expidiera el Sr. Representante del Ministerio Público habilitado, la causa se encuentra en estado de ser resuelta, por lo que deviene menester abordar los aspectos sustanciales del recurso sometido a conocimiento y decisión de este Superior Tribunal de Justicia.

Se agravia el recurrente porque el Tribunal A-quo desestimó su apelación, con fundamento en que los actores no han perdido su derecho a ejercer la pretensión instaurada por el transcurso del tiempo.

En orden a sustentar su pretensión impugnaticia, aduce el quejoso que en la sentencia atacada se operó un cambio en la fecha de la muerte del causante que -denuncia- le ocasiona menoscabo a su representada. Asimismo, señala que existe una discordancia entre los fundamentos y la parte resolutiva del fallo en cuestión. También expresa que no se ponderó el material probatorio agregado en instancia apelatoria, habida cuenta de que la demanda instaurada sólo versó sobre el derecho de representación que asistiría a los actores. Finalmente, dice que siendo la sentencia de declaración de fallecimiento de naturaleza declarativa y no constitutiva, el plazo de prescripción contemplado en el art. 3313 del Código Civil debe comenzar a contarse desde el día judicialmente determinado como de ocurrencia de la muerte.

Habida cuenta que la materia en estudio ofrece una particular complejidad, estimo conveniente, por razones de orden expositivo y a los fines de satisfacer el requerimiento de autosuficiencia de este decisorio, reseñar sucintamente algunos de los actos procesales relevantes de este caso.

Con motivo de la desaparición, en el año mil novecientos setenta y seis, de Carlos Hugo Lettier, su esposa, Sara Petrona González dedujo acción declarativa de ausencia con presunción de fallecimiento del primero. Cumplidos los trámites de ley, se dictó sentencia acogiendo la pretensión incoada y determinándose la fecha presuntiva del deceso.

Luego, la cónyuge supérstite promovió el juicio sucesorio de Carlos Hugo Lettier, resultando declarada su única heredera.

Como surge del expediente nro. B-76824/2001, María del Rosario Lettier y Mario Alberto Lettier, medio hermanos de Carlos Hugo Lettier, promovieron acción ordinaria de petición de herencia en contra de Sara Petrona González, invocando su carácter de hijos de Rosario Lettier, a la sazón, padre del causante, también fallecido, aunque con posterioridad a su hijo.

Si bien es cierto que la referida demanda fue incoada esgrimiendo la representación del padre muerto en la sucesión de Carlos Hugo Lettier, tanto en primera instancia como en Alzada, se desestimó dicho fundamento afirmándose, en cambio, que los actores están legitimados para deducir la acción por sus propios derechos, en calidad de herederos de su progenitor.

De esta manera llegan los autos a la presente instancia, determinando la intervención de este Cuerpo para dirimir el debate recursivo planteado.

En lo que respecta al primero de los agravios denunciados, relativo al equívoco en que incurriera el órgano jurisdiccional inferior al mencionar las fechas del deceso del causante y de la sentencia que así lo declara, cabe decir que es manifiestamente irrelevante.

Es verdad que resulta fácilmente advertible que en el apartado c) de los considerandos del fallo embatido, el Tribunal A-quo expresa que la muerte de Carlos Hugo Lettier tuvo lugar el catorce de septiembre de mil novecientos setenta y seis, mediante sentencia dictada el diecisiete de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, recaída en el expediente nro. 520/82.

Confrontado ello con las constancias de fs. 5/6 vta. del expediente nro. B-21890/97, resulta evidente que la fecha del deceso presunto, en realidad, fue fijada el siete de octubre de mil novecientos setenta y seis, según sentencia emitida el siete de septiembre de mil novecientos ochenta y tres.

Dos cosas interesa precisar en relación al presente ítem: por un lado, la circunstancia de que el error reseñado fue cometido en los considerandos del fallo, no habiéndose plasmado ello en su parte resolutiva; por otro lado, que dicho equívoco se torna manifiestamente intrascendente e inocuo para los derechos de la demandada, quien -por otra parte- se limita a denunciar que ello le ocasionaría perjuicio sin precisarlo.

El otro agravio de importancia, concerniente ya a la cuestión de fondo en debate, asevera lesionados los derechos de la accionada en virtud de lo que juzga un erróneo modo de contar el plazo previsto en el art. 3313 del Código Civil.

La tesis sostenida por la recurrente se afinca en el carácter declarativo de la sentencia dictada en el expediente nro. 520/82, por lo que la fecha a tener en cuenta, a los fines de la norma mencionada, es la correspondiente al día del fallecimiento presunto de Lettier, a la sazón, el siete de octubre de mil novecientos setenta y seis y no la del pronunciamiento que así lo establece.

En cambio, sin soslayar esta circunstancia, el Tribunal A-quo entendió que, mediando desconocimiento de la muerte del causante, el plazo de marras recién debe contarse a partir de la sentencia dictada en esa causa.

A pesar del dudoso orden empleado por el recurrente para enunciar sus agravios, estimo imprescindible, en aras de analizar con necesaria logicidad la cuestión en debate, referirme, previamente, a la afirmación vertida por el quejoso respecto de la exclusión de los colaterales por el cónyuge supérstite.

Sin perjuicio de la verdad que encierra la precitada afirmación, se torna necesario verificar si, en la especie, resulta aplicable.

Dice el art. 3571 del Código Civil que "si han quedado ascendientes y cónyuge supérstite, heredará éste la mitad de los bienes propios del causante y también la mitad de la parte de gananciales que corresponda al fallecido. La otra mitad la recibirán los ascendientes".

En virtud de haberse producido el deceso del padre de Carlos Hugo Lettier -Rosario Lettier-, con posterioridad al de éste, cabe aseverar que en el caso de autos el progenitor heredó al hijo, conjuntamente con la demandada, autorizando la aplicación de lo previsto en el art. 3571.

Ahora bien, pacíficamente descartada -por no haber sido controvertida ni impugnada- la vocación sucesoria invocada por los actores, por vía del derecho de representación, corresponde destacar que ello no constituyó obstáculo para considerar que los promotores de la causa igualmente tienen interés en la sucesión en cuanto son, a su vez, herederos de su padre, quien previamente resultó ser sucesor de su hijo premuerto, hermano de los recurridos.

Al fallecer Carlos Hugo Lettier, su padre y su esposa, adquirieron la calidad de herederos, a tenor de lo preceptuado por el art. 3571. Mas, al morir el primero, transmitió el derecho que había entrado en su propio acervo sucesorio, a sus hijos, con las mismas atribuciones que para ello le asistían, a la luz de lo dispuesto por el art. 3316.

En suma, ello explica porqué, en el presente caso, no existe desplazamiento por el cónyuge del derecho hereditario de los actores, del mismo modo que aquella no habría podido excluir a Rosario Lettier, por haber sido sucedido éste último por sus descendientes.

Despejada esta controversia que, no obstante la escasa claridad y orden en su articulación, deviene sustancial a los fines de dirimir el debate suscitado, corresponde -ahora sí- indagar en el argumento relacionado con la subsistencia o no del derecho a aceptar la herencia en cabeza de los promotores del proceso originario.

La dificultad que plantea este ítem radica en que, en caso de que fuera superado el plazo de ley, no determina si debe entenderse renunciada o aceptada la herencia. A este respecto se han elaborado distintas respuestas interpretativas, cuyo tratamiento subordinaré a la solución a aplicar respecto de la extinción o no del plazo en estudio.

Conforme lo dispone el art. 3410 del Código Civil, "cuando la sucesión tiene lugar entre ascendientes, descendientes y cónyuge, el heredero entra en posesión de la herencia desde el día de la muerte del autor de la sucesión sin ninguna formalidad o intervención de los jueces, aunque ignorase la apertura de la sucesión y su llamamiento a la herencia". De esto se deriva la automática transmisión hereditaria que opera entre causante y heredero, a la muerte de aquel.

Por su parte, el art. 3313 establece que "el derecho de elegir entre la aceptación y la renuncia de la herencia se pierde por el transcurso de veinte años, desde que la sucesión se abrió". Si, como hemos visto, la sucesión se abre en el instante mismo del deceso del causante, resulta acertado afirmar que, en principio, es el día de la muerte el que debe meritarse como punto de arranque del plazo del artículo citado.

Mas no debe perderse de vista que, en la especie, se trató de un supuesto de ausencia con presunción de fallecimiento, por lo que fueron aplicables, a los fines de la determinación del día del deceso, las normas contenidas en la ley 14394. Ciertamente que, a los fines de arribar a dicha solución fue necesario promover un proceso judicial, el que culminó con el dictado de la sentencia respectiva que estableció como fecha de la muerte el siete de octubre de mil novecientos setenta y seis.

Ahora bien, esta determinación del día de fallecimiento presunto no puede producir efectos desde la misma oportunidad en que los provoca la muerte cuyo acaecimiento es perfectamente conocido por los interesados. Por el contrario, se trata de una situación en la que prima la incertidumbre, la ignorancia de la oportunidad, del lugar y de las circunstancias en las que se produjo el desenlace fatal y obliga, por razones de eminente seguridad jurídica, a demostrar cabalmente los extremos que marca el art. 22 de la ley 14394.

Me pregunto ahora si resulta igualmente aplicable a los interesados, la observancia del plazo legal del art. 3313 desde la fecha del deceso, en casos como el que nos ocupa, que en aquellos supuestos que podemos denominar "comunes". Si, como se ha visto, las partes, incluida la misma demandada, no pudieron conocer la fecha del fallecimiento del causante sino hasta que la estableció el órgano jurisdiccional competente, cabe responder negativamente al interrogante planteado.

A mi modo de ver, contribuye a abonar esta afirmación, lo preceptuado por el art. 3315, al disponer que "la falta de renuncia de la sucesión no puede oponerse al pariente que probase que por ignorar, o bien la muerte del difunto o la renuncia del pariente a quien correspondía la sucesión, ha dejado correr el término de los veinte años designados".

Atento a lo preapuntado, advierto que la norma glosada no ha soslayado un hecho que deviene fundamental a los fines del ejercicio de los derechos hereditarios, a saber, el conocimiento del deceso del causante. Ello es razonable pues mal puede exigirse de alguien que torne en acto un derecho que ignora que posee.

No escapa a mi criterio que el caso en exámen no se identifica plenamente con el previsto en el art. 3315 pero no es menos cierto que, mutatis mutandi, la motivación normativa alcanza a los fines de justificar la adopción de un criterio semejante en el presente supuesto, con arreglo a lo que autoriza el art. 16 del Código Civil.

Recapitulando, entonces, si la sucesión se abre ipso iure con el deceso del causante, en principio, es desde ese día que comienza a transcurrir el plazo del art. 3313. Pero si esa fecha era ignorada por los interesados y su determinación estaba pendiente de decisión judicial, es recién desde el día del pronunciamiento de marras que aquel término se inaugura, habida cuenta de que antes no puede exigirse a los herederos que ejerciten derechos cuya titularidad desconocen e, incluso, cuando la falta de fijación del día presuntivo del fallecimiento puede llegar a impedir saber quiénes son los herederos del difunto.

En consecuencia, pronunciada la sentencia de declaración de fallecimiento presunto de Carlos Hugo Lettier el siete de septiembre de mil novecientos ochenta y tres, el plazo para formular la opción del art. 3313 del Código Civil no quedó extinguido por haber interpuesto los actores la acción de petición de herencia en contra de la demandada el veintiuno de julio de dos mil uno, esto es antes de su vencimiento.

Va de suyo que tanto la naturaleza del proceso incoado, así como su objeto son claramente reveladores de la opción efectuada por los promotores de la causa, toda vez que "es la acción por la cual se pretende el reconocimiento de la calidad de heredero o sucesor universal invocada por quien ostenta esa investidura, y niega la del accionante" (cfr. Fassi, "Prescripción de la acción de petición de herencia y de partición hereditaria". Colección Ensayos Jurídicos, Ed. Astrea, p. 11).

Siendo ello así, concluyo que el tratamiento del tema vinculado a la interpretación que merece el silencio del heredero, una vez extinguido el plazo de ley, deviene inoficioso.

A mi juicio, el menoscabo relacionado con la falta de ponderación del material probatorio arrimado por ante la Alzada, se torna inatendible, a mérito de la inconducencia del mismo.

Por ende, el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la demandada no es merecedor de favorable acogida, debiendo imponérsele las costas emergentes de la tramitación de la presente instancia, con arreglo a lo previsto por el art. 102 del Código Procesal Civil.

Asimismo, deberá diferirse la regulación de honorarios a los letrados intervinientes en esta etapa impugnaticia hasta tanto exista base económica firme para hacerlo.

Los Dres. Valdecantos, Arnedo, Noceti e Issa adhieren al voto que antecede.

Por los fundamentos consignados en el precedente acuerdo, el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy RESUELVE:

1) Rechazar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Dr. Luis Enrique Gonza, en nombre de la demandada, Sara Petrona González de Lettier, en contra de la sentencia emitida por la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial el catorce de agosto de dos mil dos.

2) Imponer las costas a la impugnante vencida (art. 102 del Código Procesal Civil).

3) Diferir la regulación de honorarios profesionales.

4) Registrar, agregar copia en autos y notificar por cédula.