Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-11-23


----En la ciudad de Trelew, a los días de noviembre del año dos mil nueve, se reúne la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones, con la Presidencia del Dr. Sergio Rubén Lucero y presencia del Sr. Juez del Cuerpo Dr. Raúl Adrián Vergara, para celebrar Acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "Q., F. c/ L., M. A. s/ Escrituración (sumario)" (Expte. N° 291 - año 2009) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es ajustada a derecho la sentencia apelada?, y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en el orden resultante del sorteo practicado a fs. 527.------- ----A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Lucero dijo: --------- ----Vienen estos actuados a conocimiento de la alzada con motivo del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada reconviniente (fs. 498) en contra del pronunciamiento definitivo dictado en autos (fs. 488/492 vta.), por el cual se hace lugar a la defensa de prescripción opuesta por el actor, Sr. F. Q. rechazándose la reconvención deducida por el demandado Sr. M. Á. L. por nulidad del contrato de permuta; y, haciendo lugar a la demanda entablada por F. Q. condenando al demandado Sr. M. Á. L. a que, en el plazo que fija, suscriba a favor del actor la escritura de dominio del inmueble individualizado como lote * de la manzana **-antes lote **del macizo "*" de la chacra ***"A"- ubicado en la calle Galina N° **** de Trelew, bajo apercibimiento de otorgarla judicialmente a su costa. Todo ello con costas de la demanda y de la reconvención a cargo de la parte demandada reconviniente.-------El escrito de expresión de agravios luce glosado a fs. 504/512.Ordenado su traslado a la parte contraria (fs. 513), éste no fue evacuado.----------A fs. 514/515 y vta., la parte actora no apelante efectúa replanteo de prueba la que es denegada por sentencia interlocutoria de este tribunal registrada bajo n°123/2009 (fs. Fs. 517/518).--I.- La parte recurrente formula los siguientes agravios, a saber: 1) Plazo decenal -art. 4023 del Código Civil-: Expresa que se agravia de que la Sra. Juez a quo haya sentenciando haciendo lugar a la excepción de prescripción opuesta por la actora reconvenida por cuanto considera que incurrió en un error puesto que sostiene que la acción para plantear la simulación absoluta es imprescriptible tal como lo tiene decidido la jurisprudencia y doctrina que cita y a la cual remito. Señala que su parte expresó que la transferencia o cesión de la casa habitación se encuentra prohibida por el decreto N° 1338/93 y la ley N° 24.464. Manifiesta que si bien no era obligación legal de su parte probar la norma jurídica, en virtud del principio iuria novit curia, se individualizó la misma a fin de facilitar la tarea del juzgador, pero -sostiene- la misma la omitió al sentenciar. 2) Nulidad absoluta: Cuestiona que se hubiera considerado que el presente caso se trata de un supuesto de nulidad relativa. Afirma que esto es erróneo por cuanto la nulidad absoluta además de comprender supuestos donde se plantea un conflicto con el orden público o las buenas costumbres también sucede cuando colisiona con la ley o se trata de un objeto prohibido. Efectúa cita jurisprudencial en apoyo de su posición sosteniendo que el supuesto planteado en el caso es una nulidad absoluta, 3) De la prohibición contractual: Se queja que la Sra. Juez a quo hubiera considerado que su planteo de nulidad solo se encontraba apoyado en el objeto prohibido en el marco del art. 953 del Código Civil, afirmando que no se limitó a manifestar que la prohibición de ceder o transferir el inmueble en cuestión derive del Instituto Provincial de la Vivienda de la Provincia de San Luis. Indica que en el escrito de demanda manifestó que la prohibición proviene de la cláusula sexta del "contrato de adjudicación normalizado". También manifestó, asevera, que dicha prohibición proviene de la ley y específicamente individualizó dos normas, el decreto 1338/93 y la ley 24.464. Dichas normas, postula, tornan al contrato de permuta en nulo en forma absoluta. 4) Venta de cosa ajena y la nulidad relativa: Se agravia que se hubiera entendido que el supuesto trata de una nulidad relativa por entender que el interés que se encuentra comprometido es su solo interés particular. Sostiene que estamos en presencia de una nulidad absoluta en virtud de la normativa y del contrato que rige la autorización previa por escrito, autorización que -afirma- no existió. 5) De la autorización de la autoridad de aplicación: Entiende que es irrazonable que se manifieste que las transferencias no eran prohibidas refiriendo a la cláusula sexta del contrato de adjudicación normalizado que obra en el expediente, el que en su inciso 4° prohíbe de modo expreso que el adjudicado efectúe la transferencia del inmueble. La excepción está constituida por el requisito de contar con la autorización del adjudicante y además esa autorización -expresa- debe ser de carácter previo y por escrito. Puntualiza que la agravia que se hubiera entendido que lo común era que primero se realice la transferencia y luego se solicitara la venia para ello. El razonamiento, dice, es equivocado, la prohibición es clara y la excepción con sus requisitos también y las partes no pueden alterar dicha prohibición para perjudicar derechos de terceros como son los de su parte. Arguye que el suscripto (sic) debe atarse a lo que está escrito y en el contrato se establecía la prohibición de transferir, ignorando su parte si lo común era primero ceder y luego pedir autorización, ya que del texto del contrato dicha conducta no surge. Indica que no puede hacer futurología al momento de firmar un contrato, señalando que lo escrito, escrito está. Insiste, el contrato es claro, autorización previa y por escrito. Se pregunta cómo la Sra. Juez a quo a través de un informe de fecha posterior borra de un plumazo lo que los firmantes suscribieron. Expresa que dicha afirmación de la sentenciante atenta contra la buena fe que debe actuar en los contratos firmados y contra el art. 1198 del Código Civil. El actor resulta indudable que obro de mala fe a partir de la celebración del contrato por cuanto conocía que sobre él pesaba una expresa prohibición legal y convencional de ceder o transferir el inmueble no obstante lo cual lo transfirió. Sostiene que es expresa la prohibición legal del Dcto. Provincial de San Luis N° 1338/1993 y la ley Nacional N° 24.464. Cuestiona que se dijera en el fallo que si bien la cláusula 6° del contrato de adjudicación de fs. 22 celebrado entre la dirección de Desarrollo Habitacional del Ministerio de Acción Social de la Provincia de San Luis -luego Instituto Provincial de la Vivienda de dicha provincia- y el accionante, surge que éste no podía transferir el inmueble adjudicado ni en forma gratuita u onerosa, se contemplaba como excepción que tuviera autorización previa y por escrito otorgada por resolución emanada de dicha Dirección, para luego afirmar que el vicio era subsanable en el caso particular de autos. 6) De la desadjudicación: Se queja que la sentenciante afirme que las manifestaciones de su parte en relación a la desadjudicación por parte del Instituto por haberse efectuado el contrato de permuta no tuvieran basamento alguno. Asevera que el error de la Sra. Juez a quo es porque el trámite de desadjudicación que mencionara no hace al corazón de la cuestión que planteara por lo que mal puede ser el núcleo de su razonamiento para forma sentencia. Insiste que el meollo de la cuestión es acerca de la existencia o no de la prohibición de transferir el inmueble. 7) De la suscripción de la escritura: Se agravia de la afirmación consistente en que para que no se perdiera la propiedad de la vivienda se suscribió el actor reconvenido una escritura con hipoteca (escritura N° 71 de fecha 02/08/1996) posterior al contrato de permuta y en la cual se refiere que el deudor se obliga habitar el inmueble con el grupo familiar declarado, comprometiéndose a comunicar por escrito cualquier modificación que se produjera en tal sentido y en un término no mayor a quince días. Agrega que en la misma escritura pero en el punto 3, el firmante se obliga a no transferir, ceder, arrendar o prestar por cualquier título el inmueble adquirido. Y en el punto 5to. Se expresa la sanción ante dicho incumplimiento. Dichas cláusulas dejan ver -expresa- que la prohibición seguía existiendo y que no había trámite peticionado al I.P.V. para la transferencia del inmueble. Esta circunstancia, entiende, echa por tierra el razonamiento del a quo y viene en refuerzo de los anteriores agravios. 8) De la posesión: En relación a la posesión que se le atribuyera en el fallo señala que se confunde la posesión con dominio. Textualmente expresa que: ".el que el actor según el razonamiento de la sentenciante hubiera tenido la posesión no quita que la prohibición contractual y legal de transferir existiera." (sic). 9) De la normativa: Se agravia que la juzgadora del anterior grado no se haya referido a las dos normas individualizadas por su parte ni a la prohibición legal contenida en ellas. El decisorio de grado desconoce normas de fondo de orden público, la existencia de una prohibición legal de contratar los inmuebles adjudicados por la dirección de desarrollo habitacional conforme decreto 1338/93 dictado dentro de las atribuciones que confiere a las diferentes jurisdicciones la Ley Federal de la vivienda N° 24.464. Indica con cita doctrinal que cuando las leyes aplicables al negocio jurídico sean imperativas debe entenderse que está en juego el interés general y que por ende, la nulidad es absoluta. Agrega a ello, el evidente fin social de las viviendas construidas en el marco legal de la política habitacional del Gobierno de la provincia de San Luis, lo que refuerza aún más el carácter de nulidad absoluta de que adolece el negocio jurídico realizado en abierta violación de la legislación vigente en la materia.---------- II.- En los límites provistos por los agravios reseñados precedentemente ingresaré a su tratamiento siguiendo el mismo modo de nominarlos, haciéndolo en conjunto en los supuestos que por la identidad, continencia o conexidad de los cuestionamientos que contengan así lo permita.-----1) Plazo de prescripción decenal -art. 4023 del Código Civil-: Se arguye que la acción para plantear la simulación absoluta es imprescriptible citando profusa jurisprudencia vinculada a la pretensión autónoma de nulidad de la sentencia firme (¿?).-------Pues bastará con advertir al respecto que el conflicto sobre el cual trata el presente proceso es absolutamente ajeno a la preexistencia de un pronunciamiento jurisdiccional que pudiera ser atacado del vicio de cosa juzgada irrita en relación a la relación jurídico sustancial que motivara el presente pleito, cual es, la permuta en virtud de la cual el actor reclama la escrituración del inmueble que recibiera a cambio de otros inmuebles que se comprometiera a transferir a la contraparte y sobre lo cual se reconvino por nulidad de dicho negocio jurídico bilateral -contrato-.------Desde otra perspectiva, para encuadrar adecuadamente la cuestión es útil tener presente que la simulación es la operación por la cual se crea una situación jurídica aparente, con una finalidad negocial distinta de la manifestada, declarándose actos o relaciones jurídicas inexistentes, o encubriéndose otros diferentes de los realmente concluidos (Conf. Pizarro, Ramón D. y Vallespinos, Carlos G. "Obligaciones", Ed. Hammurabi, ed. Año 1999, T. 2, pág. 334)(ver también, art. 995 del Código Civil).-Descarto que concurra en el supuesto un acuerdo simulatorio entre las partes tendiente a ocultar, disimular o aparentar una realidad distinta a la querida por ellos, habida cuenta de lo cual torna inaudible tal postulación impugnatoria apoyada en un supuesto negocio jurídico simulado. Por otro lado, pongo de resalto que ni siquiera queda en claro, ni es posible imaginarlo de modo alguno, cuál habría sido la finalidad de tal denunciada simulación toda vez que el fin de la simulación -elemento teleológico del acto simulado- es engañar a terceros. Y en la permuta realizada ambas partes sabían de las restricciones existentes en relación a uno de los bienes que se permutaban no siendo factible interpretar que revistiera el ente público adjudicante el carácter de tercero respecto al cual se hubiera operado la simulación.--------Es que bastará con ponderar que la simulación supone dos actos distintos: uno ostensible pero insincero, y otro verdadero, pero oculto. Ahora bien, en todo caso y en el extremo más favorable a la existencia de tal hipótesis me pregunto cuál es el oculto. De lo brevemente expuesto, tengo en claro que tal postulación resulta, reitero, inaudible.--Empero, a todo evento, señalaré también a título "obiter dicta" que la prescripción de la acción de simulación no es imprescriptible como se asevera. Ello así, luego del agregado al art. 4030 del Código Civil por la ley 17.711.Es que el principal argumento que se esgrimía para propugnar la supuesta imprescriptibilidad de la acción de nulidad, consistente en afirmar que el negocio simulado es un acto inexistente ya perdió trascendencia y predicamento (Conf. LLambías, Jorge J., "Tratado de Derecho Civil. Parte General", Ed. Abeledo Perrot, 18° ed., año 1999, t. II, pág. 475, N° 1828).---------Tal postura no puede ya mantenerse luego de que la propia ley declara prescriptible la acción entre las partes, sea la simulación absoluta o relativa. Ello deja en claro que el legislador ha considerado el acto anulable y no inexistente, pues de lo contrario debería haber declarado la imprescriptibilidad, al menos en el caso de simulación absoluta. Ello viene a corroborar el principio general según el cual toda acción es, en principio, prescriptible lo cual lleva a que se aprecie restrictivamente las excepciones que puedan presentarse (Conf. Art. 4019 del Código Civil).Ahora bien, allende de todo lo expuesto lo realmente dirimente para la desestimación del presente agravio centra en que tal denuncia de simulación torna en novedosa si se atiende que de la lectura del escrito de contestación de demanda y reconvención no hay referencia mínima y puntual relativa a la simulación que ahora se arguye en esta segunda instancia (vide: escrito de la ref. 114/122).------- ----------Ello obsta, en el marco de lo previsto por los arts. 271 y 277 del C.P.C.C., que este tribunal revisor pudiera expedirse sobre la materia que no tuvo en su conocimiento la juzgadora del anterior grado al emitir su fallo por no constituir el "thema decidendum" conformado por los escritos con los que se trabara la litis, so riesgo de emitir un pronunciamiento incongruente (Conf. Arts. 34, inc. 4to, 163, inc. 6to., 164 y los ya citados 271 y 277 del C.P.C.C.).-------En consecuencia, propiciaré la desestimación del presente agravio. Así lo voto.--2).-; 3).- 4).- Nulidad absoluta-De la prohibición contractual-De la venta de cosa ajena y de la nulidad relativa: Se asevera que la denunciada nulidad es absoluta por cuanto, se afirma que éstas no solo son aquella que derivan de la afectación del orden público o las buenas costumbres sino también aquellas que colisionan con la ley o por tratarse de un contrato sobre un objeto prohibido.---------Sabido es que las posiciones de la doctrina en relación al objeto del contrato han oscilado en un espectro que abarca tanto a los que niegan su existencia, como a distintas variantes dentro de las que lo admiten. Actualmente se admite que el objeto es un elemento estructural del contrato y que debe adecuarse a ciertos parámetros objetivos, de modo tal que las partes no puede hacer lo que quieren sin límite alguno. Para el Codificador argentino, el objeto de los contratos no era un concepto demasiado relevante; limitándose a establecer una serie de disposiciones relativas a algunos límites que consideró imprescindibles para la autonomía privada; lo ha hecho sin distinguir nítidamente si era en el nivel del objeto, de la causa, del contrato o de las obligaciones. En lo referente a los contratos, el art. 1167 del Código Civil establece: "Lo dispuesto sobre los objetos de los actos jurídicos y de las obligaciones que se contrajeren, rige respecto a los contratos, y las prestaciones que no pueden ser el objeto de los actos jurídicos, no pueden serlo en los contratos"(sic). El art. 1168 expresa: "Toda especie de prestación, puede ser objeto de un contrato, sea que consista en la obligación de hacer, sea que consista en la obligación de dar alguna cosa, y en este último caso, sea que se trate de una cosa presente, o de una cosa futura, sea que se trate de la propiedad, del uso, o de la posesión de la cosa" (sic). La doctrina ha señalado en relación al objeto de los contratos que es la declaración de voluntad común destinada a reglar los derechos de las partes, en función de una operación jurídico-económica que entienden realizar, con el propósito, ya sea de crear, modificar, transmitir o extinguir relaciones jurídicas (Conf. Stiglitz, Rubén S., "Objeto, causa y frustración del contrato", Ed. Depalma, año 1992; ver también, Bueres, Alberto J. "Objeto del negocio jurídico", Ed. Hammurabi, 2da. Ed., año 1998). Según este criterio la permuta será el intercambio de cosas por otras cosas. Las cosas que son objeto de la permuta son aquellas que pueden ser objeto de la compraventa. Es de recordar también que en la cesión de crédito se establece el intercambio de derechos por derechos, que es regulado por las disposiciones de la permutación y por lo tanto, por una doble remisión, por las de la compraventa (Conf. Arts. 1436, 1485, 1491 y 1492 del Código Civil). Esta operación jurídica debe ser distinguida de las obligaciones; son los efectos o consecuencias que derivan, en la etapa funcional o de ejecución, de lo establecido en el objeto. A su vez, el objeto de las obligaciones son las prestaciones. Es evidente que cuando los arts. 1168 y 1169 mencionan las prestaciones de hacer o de dar, se trate de una cosa presente o de una cosa futura, como cuando alude a la prestación consistente en la entrega de una cosa, o en el cumplimiento de un hecho positivo o negativo, están haciendo referencia al objeto de las obligaciones. Finalmente, el contenido del contrato son los preceptos a los que las partes se someten -regulación convencional y legal- desde el perfeccionamiento hasta la extinción del negocio.--En consecuencia, y dentro de esta línea de pensamiento, el objeto del contrato -operación jurídico económica destinada a la creación, modificación, transmisión o extinción de relaciones jurídicas, obligacionales que las partes han considerado realizar- se halla regulado por el contenido que suministran las normas imperativas, los precepto de voluntad, para ciertos supuestos las normas supletorias, los usos y costumbres atinentes a situaciones no regladas, y las reglas secundarias de conducta.------Pues bien, el supuesto planteado en autos el objeto del contrato es esa operación jurídico económica de intercambiar unas cosas por otras cosas, tratándose el inmueble adjudicado solo el objeto de una de las prestaciones a cargo de una de las partes contratantes de la permutación. Y dicho bien inmueble que se intercambió no se trata de un bien inenajenable o prohibido sino solo que, en el marco de la restricción establecida por el Dcto. 1338/93, norma provincial ésta que, cabe dejarlo desde ya establecido, configura un bien cuya inenajibilidad resulta relativa.----Puntualizo la escasa incidencia en la consideración del presente conflicto de la Ley Nacional Nro. 24.464, por cuanto la misma se encuentra referida al sistema federal de la vivienda que crea y no alude en nada a tal restricción o inenajenabilidad relativa-.---Al respecto es de hacer notar que son relativamente enajenables aquellos bienes cuya enajenación requiera de una autorización previa (Conf. Art. 2338 del Código Civil).En todo caso, es de categorizar a la conducta que contraviene a tal restricción de disposición del bien -el que puede enajenarse solo con previa autorización- como una ilicitud formal -ello en tanto que contraría la ley-, como contraposición a la ilicitud material que importa la oposición que se da con referencia al orden público, la moral y las buenas costumbres. La primera traduce un acto jurídico bilateral -contrato- nulo de nulidad relativa o anulable y como tal, confirmable (conf. Arts. 1058 y 1059 del Código Civil). La segunda, en cambio, produce una nulidad absoluta e inconfirmable.--------En tal marco hermenéutico, encuentro que el prolijo desarrollo argumental seguido por la juzgadora del anterior grado, vinculado al objeto del contrato de permuta concordado con las normas relativas a la venta de cosa ajena y sus presupuestos de eficacia (vide: considerando de fs. 490 vta./491- no ha recibido mella alguna con los agravios bajo análisis, toda vez que el recurrente solo expone una opinión subjetiva distinta y discrepante con la que adoptara fundadamente la sentenciante a quo, pero sin proveer de materia crítica que permita a este tribunal ejercer su función revisora.-------Es que, si se atiende que su impugnación solo se restringe a afirmar lo contrario a lo expuesto en el fallo apelado sin indicar en qué consistiría el yerro en el que supuestamente habría incurrido la judicante, ausente se encuentra el indispensable sustento del recurso que es el agravio.-En consecuencia, propiciaré al acuerdo se declare parcialmente el recurso en la porción correspondiente a este pretenso agravio, por carecer el mismo de suficiencia técnica indispensable (Conf. Arts. 265 y 266 del C.P.C.C.).--------5).-; 6) De la autorización de la autoridad de aplicación-De la desadjudicación: Se postula que es irrazonable la manifestación relativa a que la transferencia del inmueble adjudicado por el I.P.V. de la provincia de San Luis no era prohibida. Se añade a ello que la autorización previa y por escrito no puede ser soslayada con un informe posterior que indica que de común la autorización era posterior a la transferencia. Y finalmente se aduce que tal interpretación de la Sra. Juez a quo atenta contra la buena fe por cuanto el actor habría actuado con mala fe por cuanto conocía ".que sobre el pesaba una expresa prohibición legal y convencional de ceder o transferir el inmueble no obstante ello lo transfirió." (sic).--Ya he señalado que tal restricción normativa y contractual en virtud de la cual se requería como presupuesto previo para la transferencia del inmueble adjudicado la autorización previa y por escrito de la autoridad pública adjudicante, comporta un supuesto de inenajebilidad relativa que, ante la omisión del presupuesto antedicho -autorización previa y por escrito-, puede aparejar la anulabilidad o nulidad relativa del acto jurídico bilateral -contrato- que contenga tal vicio. De allí, que descarto todo posible andamiento a la predicada e insistente alusión a la prohibición de transferir como un vicio que apareje una nulidad absoluta e insubsanable.----------De otro lado, resulta cuanto menos sorprendente la referencia a la mala fe que se le atribuye al co-contratante actor en autos, basada en su conocimiento respecto a la restricción normativa para la transferencia del inmueble del que era adjudicatario soslayando derechamente que él también contaba con tal conocimiento.-- --Es en tal inteligencia que la juzgadora ponderó que ".si el comprador sabía que la cosa era ajena, el contrato debe considerarse como un compromiso asumido por el vendedor de procurar la cosa vendida para hacer posible su entrega al comprador." (sic) (fs. 491), para a partir de tal plataforma jurídica indicar que, para el caso, de las cláusulas primera y segunda del contrato de permuta surge claramente que el demandado -ahora recurrente- sabía que la vivienda no podía transferirse sino hasta la cancelación total de la deuda pendiente de pago al Instituto de la Vivienda de San Luis. Y tanto es así, que asumió el pago de las cuotas restantes a vencer con posterioridad de la firma del contrato de permuta.----------Es en tal marco fáctico que la juzgadora hizo mérito de lo informado a fs. 431 y 457, en tanto deja plasmado en su análisis que la transferencia no era prohibida sino sujeta a autorización de la autoridad de aplicación aludiendo a lo que es de uso en tales supuestos.-Asimismo, carente de todo contenido crítico cuenta la supuesta denuncia insustancial de que la Sra. Juez a quo habría errado en su razonamiento para emitir su veredicto ".porque el trámite de desadjudicación que mencionara.no hace al corazón de la cuestión aquí planteada." (sic)(ver: 510 vta.).----------En resumen, entonces, los agravios examinados deben ser desestimados. Así lo dejo propuesto al acuerdo.---------7) De la suscripción de la escritura: Me remitiré a destacar respecto a la escritura N° 71 obrante a fs. 15/21; y, el contrato de adjudicación normalizado de fs. 22; que ambos documentos se inscribirían en el marco del proceso de regularización dominial previsto por los arts. 18 a 23 de la ley 24.464, que en nada alteró los términos originarios de la adjudicación de la que fuera beneficiario desde un comienzo el Sr. Q.. Habida cuenta de lo cual ninguna incidencia tiene para alterar el sentido del fallo del anterior grado.------Por ello, corresponde desestimar sin más este dicente agravio. Así lo voto.--------8) De la posesión: Totalmente vacío de contenido crítico tiene este postulado agravio del epígrafe merced que alcanza con decir que no se advierte la supuesta confusión entre posesión y dominio que se denuncia. Es por ello que huérfano de todo sustento el dicente cuestionamiento se carece en absoluto de materia crítica que atender.-----Por ello propongo se tenga parcialmente el recurso respecto a esta porción (conf. Arts. 265 y 266 del C.P.C.C.). Así lo voto.---9) De la normativa: La supuesta omisión de las normas contenidas en el Dcto. 1338/93 y ley 24.464 que denuncia el recurrente no es tal. Es que solo basta con advertir que lejos de omitir considerarlo fue un aspecto central del desarrollo argumental sobre el cual la sentenciante de primera instancia sostuviera su fallo, cuyo el eje directriz fue precisamente ponderar si la transferencia comprometida en la permuta y a cargo del Sr. Q. era susceptible de ser eficaz o no, a partir de considerar la restricción para posibilitar su transferencia a terceros por parte del adjudicatario. Ello es, allende de que citara o no dicha normativa, es evidente que la tuvo en cuenta.----Por último, el fin social que se tiende a satisfacer con la política habitacional que se promueve con la intervención del Estado nacional y provincial, es absolutamente ajeno al interés privado o particular que detenta el recurrente en el presente conflicto de intereses, lo cual no traslada en modo alguno su peso e indudable trascendencia -como partícipe del interés general o social- para la elucidación del presente caso bajo análisis.Por lo dicho, corresponde igualmente desestimar el presente agravio. Así lo voto.III.- Conclusión:------- ----Por las razones expuesto, corresponde confirmar el fallo apelado en todo lo que fuera materia de agravios, con costas de segunda instancia a cargo de la parte demandada recurrente vencida en ella (Conf. Arts. 68 y 279 del C.P.C.C.).----Los honorarios del Dr. D. V. C., letrado patrocinante de la parte demanda reconviniente y recurrente, por sus tareas de alzada, apreciándolas por su extensión, calidad y eficacia, estimo adecuado fijarlos en la suma equivalente 2,5% del monto del proceso que se determine en la etapa de ejecución de sentencia en los términos indicados en el pronunciamiento del anterior grado, con más el I.V.A. pertinente (Conf. Arts. 6 y 14 de la ley 2.200; leyes 23.349 y 23.871).------Finalizo el tratamiento de la presente cuestión pronunciándome en ella por la AFIRMATIVA.-----A LA PRIMERA CUESTION el Dr. Vergara dijo: - ----1. Llegan a conocimiento de este Tribunal las presentes actuaciones como consecuencia del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada reconviniente a fs. 498, que fuera concedido libremente a fs. 499, contra la sentencia de la anterior instancia de fs. 488/492 y vta. que hizo lugar a la defensa de prescripción opuesta por F. Q., rechazando así la reconvención deducida por M. Á. L. por nulidad del contrato de permuta celebrado entre ambos, y asimismo hizo lugar a la demanda instaurada por F. Q. contra M. Á. L., condenando a este último a que en el plazo de quince días suscriba a favor del primero la escritura de dominio del inmueble individualizado como lote * de la manzana ** -antes lote ** del macizo "*" de la chacra *** "*"- ubicado en la calle Galina Nº **** de esta ciudad, bajo apercibimiento de otorgarla judicialmente a costa del demandado, con imposición de costas de la demanda y de la reconvención al accionado reconviniente. - ----Los agravios lucen a fs. 504/512, el traslado conferido a fs. 513 no fue evacuado por su contraria, el replanteo de prueba formulado por la actora reconvenida a fs. 514/515 fue rechazado por sentencia interlocutoria de fs. 517/518, y la relación sucinta de las cuestiones planteadas fue desarrollada por el vocal que me precediera en la votación, motivo por el cual y atendiendo a razones de brevedad procesal me remito a tales expresiones, sin perjuicio de las consideraciones que en su caso corresponda realizar.------ ----2. Sostiene el apelante a fs. 504 vta. que "la acción para plantear la simulación absoluta es imprescriptible " y cita fallos en apoyo de su postura. - ----Al respecto, la referencia efectuada a pronunciamientos referidos a la acción autónoma de nulidad de cosa juzgada ninguna aplicación pueden tener en el presente caso pues la reconvención tuvo por objeto se declare la nulidad del contrato de permuta (p. 1 y 6, fs. 115 y 118 vta./119, respectivamente, del escrito obrante a fs. 115/122 vta.) por lo que carece de vinculación alguna con el supuesto de una acción de nulidad de sentencia por cosa juzgada irrita. - ----Dicho de otro modo. La reconvención deducida tuvo por objeto la nulidad de un contrato celebrado entre las partes y no de una sentencia dictada en otro proceso que pasó en autoridad de cosa juzgada material. - ----La mera transcripción, por profusa que sea, de citas jurisprudenciales o de doctrina, sin siquiera intentar una explicación para relacionarla con lo debatido en la causa, y por ende, sin justificar la aplicabilidad de las conclusiones sentadas en aquéllas en el caso a resolver, no permite tener por fundado el recurso (Morello, Sosa y Berizonce, "Códigos Procesales ...", Librería Editora Platense - Abeledo-Perrot, 1988, T. III, págs. 359/360).-------Por lo demás, en la simulación es conveniente intentar la caracterización del acto simulado, ostensible, y del acuerdo simulatorio, oculto que contiene la auténtica intención de las partes. Cuando se alude a la simulación como vicio de los actos jurídicos coexisten la apariencia negocial -aspecto externo del proceso simulatorio- y la oculta intención real de las partes que han concluido el negocio simulado -la apariencia negocial- con una intención práctica diferente de aquella que el negocio simulado tiende a realizar. Es una discordancia entre la voluntad interna y su manifestación (Belluscio-Zannoni, "Código Civil ...", Astrea, 1982, t. 4, pág. 387). - ----En ese contexto, no se observa cual pudo ser la autentica intención de las partes de la que pueda surgir un supuesto acuerdo oculto. Esto es, no se sabe cual pudo ser la finalidad de la mentada simulación pues tampoco se conoce cual es el acuerdo simulado oculto.---------Además, los requisitos del negocio simulado son tres: a) declaración deliberadamente disconforme con la intención, b) concertada de acuerdo entre las partes, c) para engañar a terceros (López Mesa, "Código Civil ...", Lexis Nexis Argentina, 2008, T. II, pág. 155).-------Y en cuanto a este último recaudo, desde que ambas partes conocían de las limitaciones existentes respecto de la vivienda perteneciente al Instituto Provincial de la Vivienda de la Provincia de San Luis, no puede válidamente interpretarse que esa entidad pública revestía el carácter de tercero al cual iba dirigido el supuesto "acto simulado".---------A su vez, la acción para dejar sin efecto entre las partes un acto simulado prescribe a los dos años, se trate de simulación absoluta o relativa.--El párr. 2º del artículo (4030 del Código Civil) contempla, conforme al texto que impusiera la ley 17.711, la prescriptibilidad bienal de la acción de simulación cuando la misma es ejercida por las propias partes celebrantes del acto jurídico (Bueres-Highton, "Código Civil ...", Editorial Hammurabi, 2001, T. 6B, pág. 833). - ----Tales fundamentos resultan suficientes para desestimar la queja, sin perjuicio de que a su vez resulta dirimente considerar que el planteo del apelante de fs. 504 vta. referido a una "supuesta simulación" y a que "la acción de simulación" es absoluta e imprescriptible no fue capítulo sometido a la decisión del juez de primera instancia desde que se planteó una acción de nulidad y no de simulación, por lo que la prohibición impuesta por el art. 277 del C.P.C.C. veda toda consideración. - ----Señala Fassi que los poderes del tribunal de apelación tiene como límite máximo los capítulos propuestos a la decisión del juez de primera instancia, salvo el surgimiento de cuestiones referentes a intereses y daños y perjuicios u otras cuestiones derivadas de hechos posteriores a la sentencia de primera instancia (Loutayf Ranea, "El recurso ordinario de apelación en el proceso civil", Astrea, 1989, vol. 1, par. 60, págs. 165/166, respectivamente). - ----En cuanto se supera este marco de operatividad se produce el quebrantamiento del principio de congruencia. Dicho de otro modo, se lo infringe cuando el fallo recae sobre puntos no sometidos al juez de primera instancia, planteados recién en la expresión de agravios (Azpelicueta-Tessone, "La Alzada. Poderes y deberes", Librería Editora Platense S.R.L., 1993, págs. 176/177). - ----Como lo destaca Palacio, la regla general que consagra la norma (art. 277 del C.P.C.C.) es coherente con la naturaleza jurídica de la apelación, que no configura un nuevo juicio en el que sea admisible la deducción de pretensiones o de oposiciones ajenas a las que fueran objeto de debate en la instancia precedente (Loutayf Ranea, obra y tomo citado, par. 60, pág. 166). - ----Incluso, quedan fuera de la decisión del tribunal de alzada los temas extraños a los escritos de constitución del proceso, aunque se lo introdujere bajo la apariencia de meros argumentos de derecho (CNCiv., sala B, julio 2-975, E.D. 64-514; idem, sala F, junio 22-983, E.D. 105-357). - ----Por tales razones se rechaza este agravio. - ----3. Formula queja por considerar que la nulidad absoluta además de entrar en conflicto con el orden público o las buenas costumbres, también lo es cuando colisiona con la violación de la ley y el objeto prohibido. - ----En tal sentido, indudable resulta los distintos posicionamientos que existen en doctrina respecto a cual es el objeto de los contratos, a saber: obligación, prestación, cosas, u operación jurídica. - ----En esta última postura se considera que en definitiva se trata de una declaración de voluntad que atiende al contenido concreto del acuerdo. - ----El objeto de los contratos plantea un debate conceptual arduo y complejo: ¿ cuál es dicho objeto?. Las respuestas son variadas: a) La obligación, o las relaciones jurídicas patrimoniales. B) La prestación. C) Las cosas y los servicios. D) La operación jurídica tenida en vista. ... Lo expuesto nos lleva a concluir que el objeto del contrato -noción importante y útil, que debe guardar concordancia con la de causa del contrato- es la "operación jurídica" considerada, el contenido concreto e integral del acuerdo. Así, en la compraventa inmobiliaria ... la operación jurídica considerada es el intercambio de una cosa inmueble, de la propiedad de la misma, por la propiedad de una suma de dinero (Bueres-Highton, ob. cit., 2000, T. 3B, págs. 621 y 623, respectivamente). - ----A su vez, cabe distinguir las obligaciones del objeto de la obligación, pues se sostiene que el objeto de los contratos son las obligaciones que de él resultan, pero a su vez distinguen esa obligación del objeto de la misma (inmediato y mediato). - ----El objeto del contrato son las relaciones jurídicas sobre las cuales versa; en su aspecto más destacado, esto es generar obligaciones, el objeto del contrato son las obligaciones que de él resultan. Ahora bien. Técnicamente es posible distinguir: a) Un objeto inmediato: la obligación generada. B) Un objeto mediato: el objeto de la obligación, vale decir, la cosa o el hecho, positivo o negativo, que constituye el interés del acreedor. De tal manera, p. ej. objeto inmediato de la compraventa son las obligaciones de dar que surgen a cargo del vendedor y del comprador; y objeto mediato, la cosa (objeto a su vez de la obligación del vendedor) y el dinero (objeto de la obligación del comprador) (Llambías-Alterini, "Código Civil Anotado", Abeledo-Perrot, 1982, T. III-A, pág. 76). - ----Y el art. 1168 del Código Civil al mencionar toda especie de prestación lo es con respecto al objeto de las obligaciones, en tanto que el art. 1169 del citado ordenamiento cuando menciona que la prestación es el objeto del contrato incurre en falta de precisión ya que se refiere en realidad a las prestaciones. - ----En realidad el presente artículo (1168) se refiere al objeto de las obligaciones (objeto "mediato") y no al objeto de los contratos (objeto "inmediato"). En este artículo (1169), aparece nuevamente la imprecisión terminológica entre objeto del contrato y objeto de la obligación; lo mismo que en los dos anteriores, la disposición se refiere a las prestaciones, o sea al objeto "mediato" (Bueres-Highton, ob. cit., T. 3B, págs. 794 y 795, respectivamente). - ----La diferencia sustancial entre la compraventa y la permuta reside en que a consecuencia de la primera se habrá de producir la transferencia de una cosa a cambio de la percepción de un precio en dinero; en tanto que en la permuta, uno de los sujetos se obliga a transmitir la propiedad de una cosa a cambio de la obligación que el cocontrante asume de transmitirle la propiedad de otra cosa. En otros términos, si la contraprestación pactada por la entrega de una cosa es un precio en dinero, el contrato será de compraventa; pero si la contraprestación consiste en la entrega de otra cosa, el contrato será de permuta. La distinción es sencilla, pero no hay que olvidar que como, tanto desde el punto de vista de nuestro derecho positivo como del semántico puro, "permutar" es cambiar una cosa por otra sin que en el cambio entre dinero, a no ser el necesario para igualar el valor de las cosas cambiadas (Belluscio-Zannoni, ob. cit., 1998, T. 7, págs. 195/196). - ----Pese a que la nota al art. 1485 parecería indicar que sólo pueden ser objeto de permuta las cosas ciertas, se admite -por aplicación de las reglas de la compraventa a las que remiten los arts. 1491 y 1492-, que se permuten cosas inciertas o futuras (Llambías-Alterini, ob. cit., 1985, T. III-B, pág. 82). - ----La similitud entre el contrato de permuta y el de compraventa es innegable, lo que justifica plenamente la norma del art. 1492, según la cual la permuta se rige por las disposiciones concernientes a la compraventa en todo lo que no tenga una regulación especial (Bellusico-Zannoni, obra y tomo citado precedentemente, pág. 196). - ----Por lo expuesto, si en la compraventa el intercambio es de una cosa inmueble por una suma de dinero, en la permuta lo es de cosas por otras cosas. Y las cosas que son objeto de la permuta son las que pueden ser objeto de la compraventa. - ----El objeto del contrato es la operación considerada por las partes, es decir, el intercambio de cosas por otras cosas. Las cosas que son objeto de la permuta son aquellas que pueden ser objeto de la compraventa (art. 1491) (Lorenzetti, "Tratado de los contratos", Rubinzal-Culzoni Editores, 1999, T. I, pág. 465). - En síntesis, el objeto del contrato de permuta entendido como "operación jurídica" vinculada al contenido concreto e integral del acuerdo consiste en el intercambio de cosas por otras cosas. ------Por eso, el inmueble adjudicado es el objeto de una de las prestaciones a cargo de uno de los contratantes de la permuta celebrada, y ese bien no es inenajenable o prohibido. Esto es, esa cosa más que inenajenable es enajenable bajo determinadas condiciones pues su enajenación se encuentra sujeta a la restricción establecida por el decreto provincial 1338/93. - ----Por tanto, esa cosa encuadra en un supuesto de inenajenabilidad relativa ya que son relativamente inenajenables las que necesiten una autorización previa para su enajenación (art. 2338 del Código Civil). - ----Respecto de la invocación de la ley 24.464, dicho ordenamiento ninguna relevancia presenta en el caso toda vez que el sistema federal de la vivienda que estructura no alude a restricciones en función de autorización previa. - ----En cuanto a que existe una prohibición contractual que proviene de la cláusula sexta del contrato de adjudicación normalizado (ver fs. 22) y del decreto 1338/93 y que ello torna al contrato de permuta en nulo de nulidad absoluta, cabe precisar que tales manifestaciones sólo denotan una personal conclusión del recurrente. - ----En ese sentido, la falta de autorización previa requerida por el art. 2338 del Código Civil importa una ilicitud formal por lo que la anulabilidad o nulidad del acto es relativa y por ende confirmable (arts. 1058 y 1059 del Código Civil). - ----Y en el caso de las cosas que necesitan de una autorización para ser enajenadas, tal autorización puede ser legal, como en el caso de los bienes privados del Estado cuya disponibilidad depende de la aquiescencia legislativa; o también judicial, como en el supuesto de los bienes de los incapaces o el de los emancipados recibidos a título gratuito (Bueres-Highton, ob. cit., 2004, T 5A, pág. 88). - ----En ese marco, en la nulidad relativa al encontrarse un interés particular atacado con el vicio que provoca la nulidad, el titular de ese interés puede renunciar al beneficio que la ley le acuerda y confirmar el acto, permitiendo así que se produzcan los efectos del mismo. La doctrina y jurisprudencia nacional lo interpretan así de manera casi unánime. En este sentido se ha sostenido que: "La nulidad de los actos jurídicos celebrados por un incapaz es meramente relativa, y nada impide que la ineficacia del acto pueda verse sencillamente purgada por su confirmación por el menor al llegar a la mayoría de edad o tácitamente al ejecutar voluntariamente en forma total o parcial el negocio viciado (Bueres-Highton, ob. cit., 1999, T. 2C, pág. 601). - ----Y este razonamiento vinculado a la confirmación tácita de quien celebró el negocio jurídico resulta aplicable al caso de autos. - ----Y el negocio viciado (contrato de permuta) fue celebrado por quien ahora pretende su nulidad, por lo que incluso aun cuando por hipótesis se considerara un supuesto de nulidad absoluta la misma no puede alegarse por quien ejecutó el acto sabiendo o debiendo saber el vicio que lo invalidaba (art. 1047 del Código Civil). - ----Por eso, la nulidad absoluta no puede alegarse por quien cumplió un acto jurídico sabiendo o debiendo saber el vicio que lo invalidaba. De tal modo, el otorgante del acto no puede alegar su nulidad absoluta (Rivera-Medina, Directores, "Código Civil comentado: hechos y actos jurídicos: artículos 896 a 1065", Rubinzal-Culzoni Editores, 2005, pág. 779). - ----Tales fundamentos ponen de relieve la evidente sinrazón del planteo. - ----A su vez, cabe observar que el razonamiento seguido por el juzgador a fs. 490 vta./491 en cuanto a la diferencia entre venta y promesa de venta de cosa ajena, alcance de la prohibición prevista para el caso en que se venden como propias cosas ajenas, presupuestos de eficacia, conocimiento que ambas partes tenían de que la cosa era ajena, y análisis de las cláusulas contractuales, no mereció crítica concreta y razonada por parte del quejoso pues tan sólo se limitó a transcribir en forma parcial algunas consideraciones efectuadas en el fallo de la anterior instancia correspondientes a fs. 490 vta., para así estimar que el razonamiento es un error y que se está ante la presencia de una nulidad absoluta ya que el contrato exige autorización previa por escrito, autorización que no existió. - ----Asi, las manifestaciones vertidas sólo denotan el particular punto de vista de la recurrente, al desarrollar en forma paralela un análisis propio para arribar a una personal conclusión, sin hacerse cargo de las razones brindadas por el sentenciante. - ----En ese direccionamiento, si lo que ocurre es que se prescinde de la argumentación básica que respalda la sentencia, o si el recurrente no refuta las conclusiones del juez de grado, sino que desarrolla en forma paralela un análisis propio de la causa para arribar a una personal conclusión, distinta de la del fallo, sin detenerse a puntualizar la crítica del mismo, sino limitándose a manifestar su disidencia, corresponde declarar desierto el recurso interpuesto (Morello, Sosa, y Berizonce, obra y tomo citado, pág. 371, y cita de fallos). - ----Y el agravio carece de contenido, cuando como en el caso .d) Simplemente disiente o discrepa de la interpretación judicial, sin dar fundamentos a la oposición o formula apreciaciones subjetivas . h) No ataca concreta y frontalmente los verdaderos fundamentos del fallo (Fenochietto-Arazi, "Código Procesal ...", Astrea, 1983, T. 1, págs. 838/839). - ----Los agravios expuestos por todo recurrente deben alcanzar suficiencia técnica, pues de lo contrario se origina la deserción de la apelación que se intenta. Tal suficiencia se relaciona a su vez con la necesidad de articulaciones razonadas, fundadas y objetivas sobre errores de la sentencia, puntualizados de tal forma que la misma ha de perder la jerarquía de verdad conclusiva: debe contener un análisis crítico mediante el cual se demuestre, acabadamente, los motivos que tenían para considerarla errónea. De allí que, si no se rebaten, ni se critican razonadamente los fundamentos o motivaciones de la sentencia apelada en forma directa y concreta, bastaría remitirse a las mismas para que las argumentaciones del agraviado quedaran contestadas. Esta pauta, da lugar a que deba considerarse desierto el recurso. Como corolario de ello, si la expresión de agravios contra la sentencia de primera instancia no satisface la carga procesal que prevé el artículo 265 de Código procesal, procede aplicar lo dispuesto en el art. 266 de dicho cuerpo legal y declarar -a petición de parte o de oficio- desierto el recurso (Morello, Sosa, y Berizonce, obra y tomo citado, págs. 373/374, y cita de fallos). - ----En consecuencia, en esta porción de la queja el apelante incurrió en deserción parcial del recurso por deficiencia técnica de su expresión de agravios (arts. 265 y 266 del C.P.C.C.). - ----4. Entiende el recurrente que es irrazonable que la sentenciante manifieste que las transferencias no eran prohibidas. Sostiene que la excepción requiere autorización previa y por escrito y no puede un informe posterior borrar de un plumazo lo que los firmantes suscribieron, por lo que la afirmación del juzgador atenta contra la buena fe. Agrega que el actor obró de mala fe por cuanto conocía que sobre el pesaba una expresión prohibición legal y convencional de ceder o transferir el inmueble no obstante ello lo transfirió. - ----Ya al punto que antecede se brindó las razones por las cuales el recaudo de la autorización previa importa que el bien es relativamente inenajenable por lo que la falta de cumplimiento del mismo en todo caso es un supuesto de nulidad o anulabilidad relativa. - ----Tales fundamentos hacen insostenible la postura del quejoso en el sentido que la falta de autorización previa y por escrito es un vicio que importa una nulidad absoluta que no puede ser subsanada. - A su vez, también se precisó que no puede alegar su nulidad, sea relativa o absoluta, el sujeto que voluntariamente celebró el negocio viciado, por lo que resulta al menos sugestivo que se invoque la mala fe del actor basada en el conocimiento que tenía de la prohibición de ceder o transferir cuando también el demandado reconviniente conocía tal restricción. - ----Aspecto que fuera debidamente ponderado por la Sra. Juez de la anterior instancia y que no mereciera crítica alguna al señalar que ambos contratantes sabían que la cosa era ajena para así concluir que el contrato debía considerarse un compromiso asumido por el vendedor de procurar la cosa vendida para hacer posible su entrega al comprador (fs. 491, renglones 9 a 12). - ----Es más, expresamente destacó el fallo en el párrafo siguiente de fs. 491 que de las cláusulas primera y segunda del contrato de permuta obrante a fs. ó se desprende que el demandado reconviniente sabía que la vivienda entregada por el actor pertenecía al Instituto de la Vivienda de San Luis y que quedaba a su cargo el pago de las cuotas desde la firma del mismo para la cancelación de la deuda con motivo de la adjudicación que se le hiciera al accionante. - ----Así, en ese contexto el juzgador valoró adecuadamente a fs. 491 vta. los informes que lucen a fs. 431 y 457 en el sentido que no eran prohibidas las transferencias, sino sujetas a autorización de la autoridad de aplicación, siendo lo común que primero se realizara la transferencia y luego los interesados solicitaran la venia para ello (" ... no eran prohibidas las transferencias sino sujetas a autorización de la autoridad de aplicación"; "... lo común es que primero se realizara la transferencia y luego los interesados solicitaran a este programa la autorización para transferir" (informes, fs. 431 y 457, penúltimo párrafo en ambos casos, respectivamente). - ----Tocante a que erró el a-quo ya que el trámite de desadjudicación que mencionara su parte no hace al corazón de la cuestión aquí planteada, tal expresión carece de crítica concreta y razonada del decisorio. - ----En tal sentido, sabido es que no constituye expresión de agravios idónea el disentimiento con la interpretación judicial sin suministrar bases jurídicas a un distinto punto de vista (Palacio, "Derecho Procesal Civil", Abeledo Perrot, 1975, T. V, pág. 267).

Por tales razones se desestiman los agravios vertidos. - ----5. Señala el recurrente que la escritura que suscribió el actor reconvenido es la Nº 71 y que la misma indica en las cláusulas primera y quinta que el deudor se obliga a habitar el inmueble con el grupo familiar declarado y a no transferir, ceder, arrendar, o prestar por cualquier título el inmueble adquirido, en tanto que el artículo quinto expresa la sanción por el incumplimiento. - ----Al respecto, la citada escritura y el contrato de adjudicación normalizado (fs. 15/21 y 22, respectivamente) se inscribirían en el proceso de regularización de dominio previsto por el capítulo VI (arts. 18 a 23) de la ley 24.464, por lo que dicha escritura no proyectó modificación alguna respecto de los términos de la adjudicación originaria cuyo beneficiario desde el inicio fuera el Sr. F. Q.. - ----De tal modo, la suscripción de esa escritura ninguna relevancia presenta a los fines de modificar el alcance de la sentencia de primera instancia, lo que conduce a desestimar la queja. - ----6. Sostiene la parte que el a-quo confunde la posesión con el dominio. - ----En ese direccionamiento, no se advierte cual es la crítica que intenta desplegar pues no brinda pauta alguna en cuanto a la confusión que a su entender existe. - No basta con disentir con la interpretación dada por el juzgador sin fundamentar la posición ni concretar pormenorizadamente los errores u omisiones en que éste habría incurrido. La meta de la actividad recursiva consiste en demostrar el desacierto de la sentencia que se recurre y los motivos que se tienen para considerarla errónea (Morello, Sosa y Berizonce, obra y tomo citado, págs. 358 y 359 y cita de pronunciamientos). - ----Tales consideraciones permiten concluir que en este aspecto el apelante incurrió en deserción parcial del recurso de apelación por deficiencia de su expresión de agravios (arts. 265 y 266 del C.P.C.C.). - ----7. Considera el apelante que el decisorio no se refirió a las dos normas que individualizara y que desconoce la existencia de una prohibición legal de contratar los inmuebles adjudicados por la Dirección de Desarrollo Habitacional conforme al decreto 1338/93. - ----En tal sentido, aun cuando no efectuara la cita expresa de la normativa es evidente que el razonamiento seguido por la sentencia venida en apelación se estructuró esencialmente teniendo presente la misma pues tuvo en consideración especialmente si la transferencia del inmueble a la que se obligara el actor y que se individualizara en la cláusula primera del contrato de permuta ( fs. 3) era susceptible de efectuarse ante la restricción que pesaba sobre la vivienda adjudicada. - En lo que hace al fin social que se persigue con la construcción de viviendas en el marco legal de la política habitacional de la Provincia de San Luis, cabe destacar que el mismo es totalmente ajeno al interés particular que ostensiblemente tiene el quejoso, por lo que el mentado fin social ninguna incidencia presenta para la dilucidación del conflicto existente entre las partes de este proceso. - ----Tales razones llevan a desestimar el agravio. - ----8. En consecuencia, también propicio al Acuerdo confirmar la sentencia venida en apelación en todo cuanto fuera materia de agravios, con costas de Alzada al apelante vencido, conforme al criterio objetivo de la derrota (art. 68 del C.P.C.C.). - ----Asimismo, atendiendo a la extensión, mérito, eficacia y resultado que arrojan los trabajos profesionales cumplidos en esta instancia, estimo prudentes los honorarios que propicia regular el Dr. Lucero a favor del letrado patrocinante del demandado reconviniente en la suma porcentual equivalentes al 2,5% del monto del proceso que se establezca en la etapa de ejecución de sentencia (arts. 6, 14, y 47 de la ley 2.200), con más el I.V.A. pertinente. - ----Finalizo el tratamiento y a la primera cuestión voto POR LA AFIRMATIVA. - ----A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Lucero dijo: -------- ----El pronunciamiento que corresponde dictar es el siguiente, a saber: 1) CONFIRMAR el fallo apelado en todo lo que fuera materia de agravios. 2) IMPONER las costas de segunda instancia a la parte demandada reconviniente apelante vencida en ella. 3) REGULAR los honorarios del Dr. D. V. C., por sus tareas de alzada, en la suma equivalente al 2,5% del monto del proceso que se determine en el etapa procesal respectiva, con más el I.V.A. pertinente.---------ASI LO VOTO.-A LA SEGUNDA CUESTION el Dr. Vergara dijo:-------- ----El pronunciamiento que corresponde dictar es el propuesto por el Dr. Lucero, expresión de la decisión del Cuerpo que se ha formado con la anterior votación.-----Así lo voto.- - ----Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal por excusación del Dr. Aldo Luis De Cunto (art. 8 de la ley 1130, To. ley 4550), pasándose a dictar: ---- S E N T E N C I A: -------- --- Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones con asiento en la Ciudad de Trelew, RESUELVE: --------- ---- CONFIRMAR el fallo apelado en todo lo que fuera materia de agravios.---------- IMPONER las costas de segunda instancia a la parte demandada reconviniente apelante vencida en ella. ------ REGULAR los honorarios del Dr. D. V. C., por sus tareas de alzada, en la suma equivalente al 2,5% del monto del proceso que se determine en el etapa procesal respectiva, con más el I.V.A. pertinente.----- ---- Regístrese, notifíquese y devuélvase.---- REGISTRADA BAJO EL N° DE 2009 - SDC.- Conste.- cg CECILIA INES CORNEO SECRETARIA DE CAMARA