marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Prisión domiciliaria, menores, madre del menor, interés del menor
Materia: PENAL
Carátula: Castaño, Juana Carolina s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-11-09

Si bien la nueva redacción del art. 32 ley 24.660 no impone automáticamente la ejecución de la prisión bajo la forma domiciliaria cuando se presenta alguno de los supuestos de hecho de dicho canon o del art. 10 C.P., sino que exige del juez una tarea de apreciación que justifique la concesión o rechazo del beneficio, corresponde concederlo ante el evidente estado de angustia exhibido por los hijos de la imputada y el propio Asesor de Menores, encargado de velar por los intereses de los menores, ha opinado favorablemente respecto de la concesión del arresto. La disidencia sostuvo que resulta imposible distinguir cuánto de la pretensión de la imputada responde a su interés en obtener un régimen menos riguroso de prisión preventiva y cuánto al alegado "interés superior" de sus hijos, ya que consta el accionar desinteresado y despreocupado evidenciado por la imputada respecto de sus hijos introduciéndolos en la trama criminal al vender y consumir droga en el hogar familiar. (Dres. Hornos, González Palazzo -en disidencia- y Diez Ojeda).
Aduanas, infracciones aduaneras, declaración inexacta de mercaderías
Materia: ADUANERO
Carátula: "Aerolíneas  Argentinas S.A. c/ A.N.A. s/ Administración Nacionalde Aduanas".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-21

La infracción se considera un ilícito de peligro y el hecho se encuadra en el momento en que esa acción punible pudiera originar las consecuencias de causar un perjuicio fiscal de no ser descubierto por el servicio aduanero ya que el sistema reposa en la confiabilidad de lo declarado sin que dependa de la mayor o menor eficacia con que la Aduana practique las tareas de control que le están asignadas (C.S.J.N. "Subpga c/ A.N.A. s/ nulidad de resolución", 12/05/92) (Del voto del juez Argento, cons. V).
Nulidad de sentencia, ausencia de fundamentación
Materia: PENAL
Carátula: VILLAREAL M. GRACIELA;ROMERO R WALTER, ALARCON M. ALBERTO s.d. HOMICIDIO CALIFICADO POR ALEVOSÍA Y ENCUBRIMIENTO e.p. DE LEDESMA ANTONIO Y ADMINISTRACION DE JUSTICIA s/ CASACION PENAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2005-09-23

Resulta nula la decisión que omite, no solo el examen razonado de los elementos colectados, sino también la falta de fundamentación suficiente, respecto de los hechos que admite como probados.-
Usurpación, robo, declaración de incompetencia, investigación del hecho, competencia penal, competencia contravencional y de faltas
Materia: PROCESAL
Carátula: Incidente de competencia en autos Elgorriaga, Jorge Patricio c/  s/ Infr. art. 181, inc. 1, CP - usurpación s/ conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-05-14

Corresponde que sea la justicia penal, contravencional y de faltas la que continúe interviniendo porque la decisión de desprenderse de las actuaciones resulta prematura. El juez que conoce en la usurpación es quien debe analizar las denuncias por robo o hurto de las cosas muebles guardadas en el interior del inmueble usurpado, para determinar la situación actual de esos bienes y los comportamientos que los acusados hubieran realizado a su respecto, y en el caso de que compruebe prima facie la existencia de un delito independiente ajeno a su competencia, extraer testimonios y enviarlos al fuero que estime competente. (Del voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Contratos bancarios, cuenta corriente bancaria, certificado de saldo deudor, rectificación de cuenta corriente, acción de impugnación, presentación extemporánea
Materia: COMERCIAL
Carátula: BIDOU, JUAN CARLOS c/ BANCO DE CREDITO ARGENTINO SA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-26

Si los resúmenes de cuenta corriente bancaria se encuentran aprobados, atento no haber impugnado el cuentacorrentista en debida forma y tempestivamente las partidas correspondientes a intereses liquidados, se estimaba exorbitante las tasas aplicadas, solo podrá este hacer valer el derecho que le asiste hasta llegar al ultimo saldo conformado expresa o tácitamente, ya que la revisión que se intente no prosperara con efecto retroactivo, correspondiendo por lo tanto rechazar por extemporánea la pretensión de rever la composición de la cuenta desde su origen, referidas a determinadas partidas sobre intereses, tal como pretende el actor -conforme se desprende inequívocamente de la prueba pericial contable-, toda vez que la falta de observaciones oportunas de los extractos o liquidaciones de la cuenta lo impide.
Accidente de tránsito, daño por vicio o riesgo de la cosa, responsabilidad del peatón
Materia: CIVIL
Carátula: PEREZ, JUAN c/ OTERO, MARCELO T. Y OTRO s/ SUMARIO (ACCIDENTE DE TRANSITO)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-23

Un automotor es una cosa riesgosa en el sentido que es creadora de riesgo.

En consecuencia, si un peatón es lesionado al ser embestido por un automóvil, la responsabilidad emergente del suceso es regida por la norma del art. 1113, párrafo 2 -"in fine"-, agregado por la ley 17 711, que regula la responsabilidad por riesgo o vicio de la cosa, en cuyo caso el guardián "sólo se eximirá total o parcialmente de responsabilidad acreditando la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder".
Industria de la construcción, fondo de desempleo
Materia: LABORAL
Carátula: Lescano, Hugo Rubén c/ SADE-ICSA y/u otros s/ Laboral por cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2000-10-17

La obligación del empleador no se limita a efectuar los depósitos en tiempo oportuno sino que, extinguida la relación laboral, debe proceder a la entrega de la libreta para que el trabajador pueda disponer de ellos. El incumplimiento en entregar la libreta no trae aparejada en el marco de la ley 22.250 sanción pecuniaria alguna, correspondiendo sólo la condena al cumplimiento de dicha obligación de hacer, en tanto que los aportes respectivos por los períodos a cuyo respecto se había operado el plazo que a tal efecto dispone el artículo 16 de la ley citada, fueron realizados en término. En consecuencia, no resulta procedente la demanda por los aportes patronales por los meses reclamados y sí los correspondientes a los días trabajados del último mes de la vigencia del vínculo laboral, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 17, segunda parte, y en razón que a la fecha del distracto no se había producido el vencimiento del plazo que dicha norma otorga al empleador para efectuar el depósito respectivo.
Procedimiento administrativo, trámites judiciales, recurso contencioso administrativo, instancia administrativa, agotamiento de la instancia administrativa
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: CABALLERO MARTIN, CARLOS Y OTROS c/ PROVINCIA    DE   SANTA  FE  -DECRETO  PODER  EJECUTIVO  N.  4018/90- s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ILEGITIMIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-12-27

Para lograr la tutela de un derecho subjetivo o interés legítimo lesionado por un acto administrativo, se deberá recurrir previamente a la propia autoridad administrativa a través de los recursos reglamentados por el decreto 10204/58, que es de carácter general o básico en el ámbito de la Administración provincial, pero con los alcances que la Corte Suprema de la Provincia estableció a través de la jurisprudencia, para agotar esa vía.
Propiedad horizontal, administrador del consorcio, obligaciones del administrador del consorcio, rendición de cuentas
Materia: CIVIL
Carátula: SCHIEL, EDUARDO c/ COMISION ADMINISTRADORA DEL CONSORCIO DEL EDIFICIO RIVADAVIA 1653/55 s/ CONSIGNACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-11-11

En virtud del aspecto societario que el consorcio de copropietarios ofrece, corresponde considerar al administrador, no como representante de cada uno de los propietarios en forma individual, sino del consorcio constituido por todos ellos sobre la base de un fin común perseguido. Por ello es el consorcio quien asume la calidad de mandante frente al administrador mandatario de aquel y por lo tanto la obligación de rendir cuentas es frente al consorcio y los consorcistas que sólo a través de asamblea pueden ejercer sus facultades impugnativas.
Accidentes de trabajo, asegurador por riesgos del trabajo, inconstitucionalidad, comisiones médicas
Materia: LABORAL
Carátula: Belaver Ricardop Isabelino c/ La Segunda A.R.T. S.A.A s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-04-16

Para este caso en concreto, resulta inconstitucional el trámite ante las Comisiones Médicas, en función de que el accidente denunciado por el demandante, se encuentra desconocido por la ART, todo lo cual implicaría que aquella Comisión integrada por médicos, tenga que expedirse en relación a cuestiones jurídicas, y por ende ajena al conocimiento de los mismos. De haber estado reconocido el accidente y/o enfermedad profesional por parte de la ART, entonces sí mi postura hubiere sido por la constitucionalidad del sistema (Voto Romero)
Locación, lugar de pago, mora
Materia: CIVIL
Carátula: García, Feliciano y Otros c/ Rafael, Nicolás s/ Cumplimiento de Contrato  Indemnización por Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1972-10-11

En los casos en que el pago debe hacerse en el domicilio del deudor, como en aquéllos en que existe determinado expresamente el lugar de cumplimiento de la obligación y a la vez se ha pactado expresamente la mora del deudor, ella no se produce, si el acreedor no justifica que él concurrió oportunamente, sea al domicilio del deudor o al lugar designado.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia arbitraria, apreciación de la prueba, facultades del juez
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: L, B. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Artículo 71 Artículo 71
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-22

Descartaremos la tacha de arbitrariedad de la sentencia como causal de fundamentación del recurso de inconstitucionalidad, toda vez que este Tribunal no puede ni debe convertirse en árbitro de sus propias decisiones.

En relación con la presunta incorrecta valoración de la prueba, efectuada por los suscriptos, es de recordar que los jueces son soberanos al respecto de tal valoración, y que la discrepancia del recurrente en tal sentido solo expresa su particular punto de vista, distinto por supuesto del nuestro, no habilitando tal circunstancia la tacha de arbitrariedad deducida.
Pacto de cuota litis, régimen jubilatorio, confirmación del acto jurídico
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ESPINA DE TESSA, SUSANA PAULINA c/ ESTADO  NACIONAL  (MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO EN JEFE D s/ L  EJERCITO)  PENSION  MILITAR  -  HONORARIOS - PACTO DE CUOTA LITIS-
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-11-22

"El pacto de cuota litis viciado por versar sobre procesos previsionales, no es susceptible de confirmación por la parte deudora de los honorarios".-
Salario mínimo, vital y móvil, constitucionalidad, accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Barufaldi, Oreste Roberto c/ ESEBA S.A. y DEBA s/ Enfermedad por trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-10-24

No puede válidamente aceptarse la automática aplicación del monto nominal fijado de veinte mil australes en la Resolución 7/89 para el cálculo de la indemnización tarifada de la ley 23.643 cuando se traduce en un flagrante despojo del resarcimiento querido por el legislador vulnerándose derechos de raigambre constitucional, como lo son los que surgen de los arts. 14 bis, 16 y 17 de la Constitución de la Nación. En tal caso, se debe actualizar el importe citado desde el 1-VIII-89 hasta la fecha del infortunio resultando la aplicación del índice del salario del peón industrial el instrumento adecuado para obtener el fin que se procura.
Recurso extraordinario, admisibilidad del recurso, cuestiones de competencia, denegatoria del fuero federal, privación de justicia, gravamen irreparable
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la actora en la causa De la Vega, Rodrigo c/ Instituto Nacional de Tecnología Industrial s/ medida cautelar
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-03

Los pronunciamientos que resuelven cuestiones de competencia no autorizan, en principio, la apertura de la instancia extraordinaria, salvo que medie denegación del fuero federal u otras circunstancias excepcionales que permitan equiparar esos interlocutorios a pronunciamientos definitivos, entre ellas cuando la decisión atacada conduce a configurar un supuesto de privación o denegación de justicia de imposible o tardía reparación ulterior. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Administración Pública, acto administrativo, nulidad de oficio, recurso de reposición (procesal)
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PAGLIETTINI S.A. c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.:  C.S.J. NRO. 845 AÑO 1994)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-10-31

La facultad revocatoria de la propia administración encuentra suficiente justificativo en la necesidad de restablecer sin dilación el imperio de la juridicidad comprometido por la existencia de un acto afectado de nulidad absoluta y que, por esa razón, carece de la estabilidad de los actos regulares y no puede generar válidamente derechos subjetivos a los particulares frente al orden público interesado en la vigencia de la legalidad.
Concursos, actos y diligencias procesales, defectos del procedimiento, fallido, pretensión, nulidad procesal, estado de indefensión
Materia: COMERCIAL
Carátula: BOEING SA c/ ALTEÑO MONICA PILAR Y OTRO s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-17

Siendo que lo que se pretende es la nulidad del decreto de quiebra por cosa juzgada írrita ante una supuesta deficiencia en la representación de la sociedad -poder otorgado a la codemandada quien no reunía las condiciones necesarias para ser apoderada de una sociedad- y en tanto la intervención de la mencionada es de fecha posterior a dicho decreto, no puede sino concluirse en que no existió vicio alguno, al menos, en el tramo del procedimiento que derivó en la sentencia que decretó la falencia de la sociedad actora. En esa dirección, cabe señalar que luego del decreto de quiebra la referida presentó, en carácter de apoderada los escritos todos ellos acompañados con la firma de la letrada patrocinante, debiendo destacarse, además, que asistió a la audiencia de explicaciones del presidente de la fallida, también con la asistencia letrada. Así las cosas, cabe referir que si bien la coaccionada aparecía como apoderada de la sociedad para todos los asuntos judiciales de ésta, a mérito del instrumento copiado de la quiebra, sin embargo, lo cierto es, que no se encontraba legalmente habilitada a representar a la sociedad fallida "en juicio" a tenor de lo expresamente dispuesto por el artículo 1 de la Ley 10996. Constituyendo una excepción a esa solución el caso de quienes ejerzan una representación legal (inciso 4°), las personas de familia dentro del segundo grado de consaguinidad y primero de afinidad y los mandatarios generales con facultad de administrar, respecto de los actos de administración (artículo 15). Dicha circunstancia, sin embargo, no puede servir de sustento para alegar, cabalmente, la existencia de un estado de "indefensión" de la sociedad y sostener que no se encontró representada, pues lo estuvo, si bien de manera insuficiente.
Procedimiento contencioso administrativo y tributario, ejecución fiscal, rechazo in límine, título ejecutivo inhábil, intimación previa, aplicación analógica de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: GCBA c/Farmacia Triunvirato S.C.S. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Ejecución fiscal Ciudad de Buenos Aires s/ Ejecución fiscal
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-02-01

A falta de una norma expresa que habilite el rechazo in limine de la demanda en el proceso de ejecución fiscal, debe recurrirse -por analogía- a la disposición del artículo 271 del Código Contencioso Administrativo y Tributario, intimándose previamente al ejecutante.

La intimación previa establecida por el artículo 271 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, es de aplicación en la especie toda vez que la demanda que inicia el proceso de ejecución fiscal, no escapa a las previsiones del legislador en este punto. Del Voto de los Dres. Nélida M. Daniele y Eduardo A. Russo.
Recurso contencioso administrativo, suspensión de medida administrativa, daño irreparable, empleados públicos, nombramiento, acto administrativo, ejecutoriedad del acto administrativo, recurso de reposición (procesal)
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: LUCCA,  GRISELDA  LILIANA  CASAROTTO  DE  VILLARREAL,  RAQUEL  TERESA BETIOL DE c/ MUNICIPALIDAD DE CASILDA s/ SUSPENSION DE MEDIDA ADMINISTRATIVA.     CSJ EXPTE NRO 316-86
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-08-28

No corresponde hacer lugar al pedido de suspensión de la medida administrativa si la demandada se comprometió a no dar ejecución a los actos impugnados -ilegitimidad de los decretos de designación-, hasta tanto no se hallen firmes mediante resolución judicial (y en caso de que correspondiere como resultado de esa decisión jurisdiccional), permaneciendo las actoras en la situación de revista y funciones que venían desempeñando, desde que no media perjuicio actual que exija pronunciamiento acerca de la irreparabilidad de la medida.
Determinación de impuestos, determinación de deuda previsional
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-TRIBUTARIO
Carátula: MARRIOTT ARGENTINA C.I.S.A. c/ D.G.I. s/ FINANCIACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-12

La administración en el ejercicio de sus atribuciones no puede ni debe actuar con un criterio fiscalista o recaudador. Por el contrario, para el logro de sus fines debe agotar todos los medios a su alcance, a fin de probar la procedencia de los cargos que formula, no compadecióndose con esta premisa las generalizaciones o apreciaciones estimativas. La determinación de oficio de una deuda fiscal o previsional no puede ser la conducta habitual sino el resultado de una infructuosa intimación al particular.
Abuso sexual, víctima menor de edad
Materia: PENAL
Carátula: SANCHEZ MIGUEL ORLANDO s.d. ABUSO SEXUAL e.p. A.P.G.. s/ CASACION CRIMINAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-03-18

Estando en presencia de un supuesto de abuso sexual contra un menor de edad, resulta preciso recalcar que la Convención sobre los Derechos del Niño (de jerarquía constitucional conforme el art. 75 inc. 22 de la Carta Magna Nacional) prevé la protección integral del niño contra toda forma de perjuicio (art. 19.1), incluido el abuso sexual, y tal mandato de tamaña jerarquía no puede ser soslayado so pretexto de respetar formalismos que, no sólo admiten excepciones expresamente contempladas en la ley, sino que además pueden implicar un perjuicio insubsanable para el menor víctima del hecho.
Querellante, prisión preventiva, torturas, coautoría, crímenes de lesa humanidad, intención de eludir la acción de la justicia
Materia: PENAL
Carátula: MONGE, Joaquín Alberto c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-10

La parte querellante (A.P.D.H.) ha formulado alegaciones genéricas en su oposición al cese de la prisión preventiva del imputado propiciado por el Ministerio Público Fiscal, y el "a quo" no ha fundado la irrazonabilidad de la posición de los fiscales relativa a la suficiencia de las medidas propuestas para la neutralización de los peligros procesales. La Asociación Permanente por los Derechos Humanos manifestó su oposición al cese de la prisión preventiva propiciado por el Ministerio Público Fiscal ante el "a quo" y la ratificó en las breves notas presentadas ante esta Cámara, bajo la alegación de que "el imputado se encuentra acusado como coautor penalmente responsable del delito de tormentos agravados por ser la víctima perseguido político". También dijo "Que la gravedad del delito imputado y su calificación como crimen de lesa humanidad permite presumir el riesgo procesal de fuga o entorpecimiento de la investigación. Ello hace razonable la detención cautelar sin que deban operar automáticamente los plazos establecidos en el artículo 1 de la Ley 24.390". El damnificado fue notificado a tenor de lo normado por la Ley de Víctimas (Ley 27.372), en el marco del trámite de la presente incidencia ante la anterior instancia, con la intervención del Programa Verdad y Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, haciéndole saber que podía manifestar su opinión vía e-mail, sin haberse recibido presentación alguna del nombrado. En la sustanciación del recurso de casación en examen se dispuso su notificación con idéntica finalidad, sin haberse obtenido tampoco respuesta del damnificado ni personalmente ni a través del referido Programa.
Contrato de obra pública, contratista, mayores costos, licitación pública, intereses, tasas de interés
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BUSANICHE HERMANOS Y COMPAÑIA SRL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  Nº 655-86) BONFANTI DI BIASIO SC -ENRIETO EC- c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE   Nº 247-85)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-06-12|1997-09-10

En el contrato de obra pública, si la empresa contratista decide vincularse con la Administración a través de una normativa contractual que no prevé en forma discriminada el mayor costo que pudiere derivarse del aumento de las tasas en el mercado, quiere decir que ha sido consciente y previsora en cuanto al riesgo que implicaba tal forma de contratación, en cuanto al alcance del mismo, y en cuanto a la forma más adecuada de ponerse a resguardo de él.

Esta modalidad por lógica la ha obligado a contemplar en forma anticipada la incidencia que en el futuro podía tener el aumento de las tasas en la estructura de costos, trasladando esa estimación al precio ofertado.
Concurso preventivo, concurso en caso de agrupamiento, pedido de quiebra, desplazamiento de la competencia
Materia: COMERCIAL
Carátula: RUGIERO ESILDA CONCEPCION s/ CONCURSO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-12-17

Si el juez a quo, en razón de la existencia de un concurso preventivo en trámite ante su juzgado, hizo lugar al pedido de radicación conjunta de la solicitud de otro proceso concursal, con base en lo dispuesto por la LC 68, resulta improcedente -como aconteció en el caso-, que posteriormente ante la existencia de un pedido de quiebra interpuesto contra uno de los peticionarios concursales en otro tribunal, ordene la remisión de ambos procesos universales a este último. Ello pues: a) conforme lo dispuesto por la LC 10, el concurso preventivo puede ser solicitado mientras la quiebra no haya sido declarada, y b) tal circunstancia enerva el desplazamiento de la competencia en razón del turno contemplada por el reglamento para la justicia en lo comercial, art. 60, ya que debe prevalecer lo dispuesto por la LC 68, en el que se atribuye la continuación del trámite en forma conjunta al juez que intervino en el concurso del garantizado.