Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-10-17


SENT Nro. 795 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 17 DE OCTUBRE de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, René Mario Goane y Alfredo Carlos Dato, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "González, Rosa E. vs. Rotger M. Angel s/Cobros".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores René Mario Goane, Alfredo Carlos Dato y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

I.- A fs. 212/217 vta., la parte actora plantea recurso de casación contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara del Trabajo, Sala VI, de fecha 24 de octubre de 2001, obrante a fs. 188/189 vta. de autos, aclarada de oficio a fs. 190, que es concedido por resolución del referido tribunal de fecha 7 de febrero de 2003 (cfr. fs. 219). Ninguna de las partes, según surge del informe actuarial de fs. 231, presentó la memoria facultativa que prevé el artículo 137 del CPT.

II.- Siendo inherente a la competencia funcional de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo de esta Corte, como tribunal del recurso casatorio, la de revisar si ha sido correctamente concedido, la primera cuestión a examinar es la relativa a la admisibilidad del acto impugnativo extraordinario local.

El recurso resulta admisible, pues ha sido interpuesto en término (fs. 204 y fs. 217 vta.), el acto judicial impugnado constituye una sentencia definitiva y se acompaña copia del fallo que se reputa contradictorio, el afianzamiento que exige la ley del rito resulta innecesario por recurrir la parte actora, el escrito de presentación del recurso se basta a sí mismo en cuanto a sus fundamentos fácticos y jurídicos y la impugnación recursiva se motiva en la invocación de infracción a normas de derecho.

III.- Sostiene la parte actora, para fundar su recurso de casación, que el fallo de la Excma. Cámara del Trabajo, Sala VI, resulta contradictorio con un pronunciamiento anterior resuelto por la misma Sala (acompaña copia), donde el pronunciamiento dictado es diametralmente opuesto con el presente, no obstante tratarse de un idéntico caso, incurriendo así en gravedad institucional.

Alega que en los autos "González, Juana Clemira vs. Rotger, Miguel Angel s/Cobros", sentencia Nº 249 de fecha 29-12-99, la misma Sala VI, causa similar a la de autos, se resolvió rechazar la defensa de falta de legitimación pasiva opuesta por el accionado y hacer lugar a la demanda incoada por la actora en concepto de rubros salariales e indemnizatorios derivados de la ruptura de una relación laboral.

Reseña la similitud entre el caso que resuelve el referido fallo y el caso de autos (dos trabajadoras "en negro" del mismo empleador; el demandado es el mismo; el local comercial es en ambos casos del señor Rotger, ubicado en Catamarca 252/254 S.M.T. y el fondo de comercio se denomina "Comer bien"; en ambos expediente se ofrecieron dos pruebas que la actora considera esenciales, a saber, la inspección de la SET del 18-12-96 y el testimonio de algunas personas que trabajaron en el local; en ambos casos, el accionado opuso excepción de falta de acción o de legitimación pasiva, con el argumento de no haber sido el empleador de la actora ni el titular del fondo de comercio).

A continuación, destaca lo asombroso de la sentencia recaída en autos que, en una situación totalmente exacta, llega a conclusiones absolutamente diferentes.

Afirma que en el caso resulta aplicable la doctrina de la Corte en la causa "Banca Nazionale del Lavoro vs. Eduardo Luis Podestá s/Cobro ejecutivo" en cuanto expresa que: "La cuestión propuesta excede el mero interés individual del recurrente para comprometer el buen orden y la recta administración de justicia, por cuanto si una misma cuestión puede ser resuelta de manera opuesta según sea el tribunal que en razón del turno deba entender en el litigio, grave descreimiento y desazón causará a quienes obtengan soluciones contradictorias". Cita en abono de su presentación los fallos de la Corte Provincial recaídos en las causas: "Casfec vs. Tintorería Primer Centenario s/Ejecutivo", sentencia del 28-12-76; in re: "Centinela S.R.L. vs. Sollazo Hnos. S.A. s/Cobro ejecutivo", sentencia Nº 250 del 27-7-92, entre otros.

Igualmente aduce arbitrariedad en el fallo por apartarse de las reglas de la sana crítica, llegar a un resultado irrazonable en la apreciación de los hechos y pruebas, basarse en una errónea apreciación del supuesto fáctico, realizar una interpretación limitada a un análisis parcial y aislado de los diversos elementos del juicio y no los integra ni armoniza debidamente en el conjunto.

Considera que el pronunciamiento omitió considerar una prueba esencial como lo es el acta de inspección de la SET y su planilla complementaria (instrumento público), donde se acredita que el local "Comer bien" de calle Catamarca 252/254, es de propiedad del demandado y que al momento de la inspección se encontraba en el lugar en su carácter de responsable y titular del negocio.

Asimismo también omitió mencionar y menos aún tratar, las testimoniales de las personas que estaban trabajando para el demandado y que firmaron el acta de inspección del 18-12-96 de la SET. Cita jurisprudencia sobre arbitrariedad. Por el contrario, hace prevalecer una documentación privada presentada por el accionado (transferencias de fondo de comercio entre Oliva y Arruñada y contrato de locación entre Rotger y Madrid), por sobre un instrumento público.

IV.- La sentencia en examen, acoge la excepción de falta de legitimación pasiva del demandado, con costas a la actora y lo absuelve por todos los rubros reclamados.

Refiere que el demandado es propietario del inmueble, pero no lo es del negocio de comidas que funciona en calle Catamarca nº 252 de esta Ciudad.

Informa que en setiembre de 1994 el local comercial fue alquilado a Ramón Eduardo Oliva, quien explotó el local comercial con el nombre de fantasía "Comer bien". El 10/3/96 el referido Oliva, formaliza la transferencia del fondo de comercio con al Sr. Arturo Héctor Arruñada (fs. 24 y ss.). Luego el demandado formaliza contrato de locación con Pedro Esteban Madrid, por el período 4/97 al 4/99, glosado a fs. 126/127 de autos (certificado judicialmente).

A fs. 125 consta certificación de solicitud de empadronamiento y habilitación solicitada por Oliva, con fecha 25-7-94 y la transferencia del fondo de comercio entre Oliva y Arruñada (fs. 24), se encuentra autenticada por el reconocimiento de firmas del instrumento glosado a fs. 135/137 de autos.

V.- De la reseña realizada se infiere que las cuestiones de derecho en debate, lo constituyen:

1) la existencia de fallos contradictorios de la misma Sala de la Excma. Cámara del Trabajo, con relación en causas exactamente iguales, generando gravedad institucional y violentando el orden público;

2) violación a las reglas de la sana crítica y omisión de ponderar pruebas esenciales, vicios que configuran sentencia arbitraria.

Con relación a la cuestión de derecho descripta en el punto 1), si bien el recurrente acompaña en autos copia del fallo que reputa contradictorio con el de autos, dando cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 132, inciso c) del CPT, sin embargo, cabe advertir que de la lectura de la doctrina expuesta en dichos pronunciamientos cuestionados como opuestos, surge que en el caso no se configura el supuesto previsto en el artículo 131, inciso b) del referido cuerpo legal.

En efecto, el dispositivo consigna expresamente: "El recurso de casación sólo podrá ser interpuesto por los siguientes motivos:...b) Cuando la interpretación de la ley realizada por la sentencia, resultara contradictoria con anteriores pronunciamientos de las Salas de las Cámaras del Trabajo dictadas en los cinco (5) años precedentes".

Como claramente se advierte, la contradicción debe resultar de la interpretación de la ley realizada por las sentencias y no de la apreciación de los hechos y valoración de las pruebas.

De la confrontación de los hechos descriptos en la demanda, responde, pruebas y sentencia dictada en la presente causa y los contenidos del resulta y considerandos del fallo Nº 249 que en copia se agrega en la causa, se advierte rápidamente que no obstante la similitud entre ambos litigios, la aparente contradicción entre ellos radica, básicamente, en la diferente apreciación del cuadro probatorio.

En ambos casos el accionado articuló la defensa de falta de legitimación pasiva, ofreciendo similitud de pruebas al respecto (incluso indica que los originales de las pruebas ofrecidas en la presente causa se encuentran en Caja Fuerte del Juzgado donde tramita "González, Juan Clemira"), etc., no obstante lo cual, en este último caso, analiza pruebas que omite en la presente causa, arribando a distintas soluciones sobre la defensa opuesta.

Ello así, no tratándose de un caso de diferente interpretación de la ley, sino de una disímil exégesis del plexo probatorio, el reclamo del recurrente basado en el artículo 131, inciso b) de la ley ritual, resulta improcedente.

En cuanto al cuestionamiento de derecho descripto en el punto 2), considero, por las razones que expondré, que asiste razón al recurrente.

La sentencia en recurso hace lugar a la defensa de falta de legitimación pasiva interpuesta por el demandado, teniendo en consideración básicamente dos pruebas, solicitud de Empadronamiento y Habilitación de Oliva (fs. 125) y transferencia del fondo de comercio entre Oliva y Arruñada (instrumento glosado a fs. 24), autenticado por reconocimiento de las firmas del citado instrumento (fs. 135/137).

Sin embargo, como bien lo expresa el recurrente, la sentencia prescindió de prueba esencial para la solución del litigio, sea para acogerla sea para descartarla. En efecto, omite ponderar el acta de inspección formalizada por la SET, planilla complementaria de la inspección y boleta de notificación, suscripta presuntamente por el demandado, fijando prudencialmente sus alcances.

Igualmente ha omitido ponderar las pruebas testimoniales rendidas en autos, especialmente de algunas personas que trabajaron en el comercio y que incluso firmaron la planilla complementaria de la inspección, que eventualmente podrían acreditar la calidad de empleador del accionado.

Por lo expuesto y habiéndose configurado el supuesto de arbitrariedad fáctica, el recurso incoado resulta procedente, siendo inoficioso abordar otros aspectos planteados en el recurso sobre el mismo agravio.

En su mérito corresponde casar la sentencia en recurso, dejándola íntegramente sin efecto, conforme a la siguiente doctrina legal: "Configura un supuesto de sentencia arbitraria, y por ende, descalificable, el pronunciamiento que omite ponderar pruebas producidas en autos, que podrían resultar esenciales para la solución sentencial del litigio".

Es del caso resaltar que la conclusión a que se arriba es sin desmedro del juicio prudencial privativo del tribunal de mérito sobre si, en la especie, con arreglo a todas las probanzas producidas y procesalmente válidas, se han configurado o no el supuesto fáctico invocado por la parte demandada.

Por ello, acorde a las razones expresadas ampliamente en sentencia Nro. 759 del 29-9-97, debe remitirse este proceso a la referida Cámara a fin de que, por la Sala que resulte competente, dicte nuevo pronunciamiento.

VI.- Atento a la naturaleza del resultado arribado, las costas de esta instancia casatoria deben imponerse por el orden causado, por provenir el vicio de la actuación del órgano judicial (arts. 49 del CPT y 106 inc. 1° del CPCC).

Los señores vocales doctores Alfredo Carlos Dato y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el vocal preopinante, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación planteado por la parte actora, contra la sentencia de la Excma. Cámara del Trabajo, Sala VI, de fecha 24 de octubre de 2001, obrante a fs. 188/189 vta. de autos, aclarada de oficio a fs. 190. En consecuencia, CASAR la misma, conforme a la doctrina legal enunciada en los considerandos, dejándola sin efecto y remitir estos actuados a la Excma. Cámara del Trabajo para que, por la Sala que corresponda, dicte nuevo pronunciamiento.

II.- COSTAS como se consideran.

III.-DIFERIR pronunciamiento sobre regulación de honorarios.

HAGASE SABER.- ANTONIO GANDUR RENE MARIO GOANE ALFREDO CARLOS DATO