Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-08-30


CARRERE, Manuel S.

Reg.: A y S t 215 p 361-364.

Santa Fe, 30 de agosto del año 2.006.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Administración Federal de Ingresos Públicos contra la resolución nro. 160 del 6.6.2003 dictada por la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la Quinta Circunscripción Judicial, en autos "CARRERE, Manuel S. -Concurso- Expte. 531/01-Incidente de Revisión promovido por A.F.I.P.-D.G.I.- (Expte. 406/02)" (Expte. C.S.J. nro. 41, año 2004); y, CONSIDERANDO:

1. Contra el decisorio del 6.6.2003 dictado por la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela que rechazó el recurso de nulidad, hizo lugar parcialmente al recurso de apelación y, en consecuencia, admitió la revisión acogiendo el reajuste de los intereses correspondientes a la acreencia verificada del incidentista, deduce la A.F.I.P.-D.G.I. recurso de inconstitucionalidad con fundamento en el supuesto del artículo 1 inciso 3 de la ley 7055.

Al referirse a la cuestión constitucional señaló que en el sub examine se está en presencia de un acto jurídico jurisdiccional que rechazó la pretensión de su parte, orientada a incluir en el pasivo concursal la totalidad del crédito privilegiado y quirografario en concepto de aportes RNSS autónomos, con sustento en las disposiciones de las leyes 24.241, 18.820, RG 79 y su normativa integradora, a la vez que prescindió del texto legal aplicable e invadió competencias del fuero federal denegando la inclusión de una deuda que se encontraba como cosa juzgada administrativa al haber vencido los plazos recursivos previstos por el artículo 11 de la ley 18.820 y artículo 11 de la ley 21.864 (reformada por ley 23.659). Encuadró dicho planteo en las siguientes causales abstractas de arbitrariedad, las que enuncia del siguiente modo: a) sentencias que no deciden cuestiones oportunamente planteadas y que resultan decisivas para la solución del litigio; b) sentencias que desconocen o se apartan de la norma aplicable, en el caso, disposiciones federales vigentes.

Considera que atribuir al fuero federal facultades de revisión de validez intrínseca del título invocado en sustento del crédito reclamado, importa prescindir inmotivadamente de la regulación legal específica; c) sentencias sustentadas en afirmaciones dogmáticas o excesivamente genéricas, tacha que a su entender, se configura al afirmar la Cámara que "...la prueba de la causa no resulta suficiente, pues la presentada corresponde a cálculos de deudas emitidos unilateralmente por el pretenso acreedor, con posterioridad a la fecha de presentación en concurso, como bien lo hace notar el Síndico..., la AFIP no presentó los antecedentes justificativos de la causa como ser la constancia de inscripción, actas de inspección, reclamos intimaciones...";

d) sentencias que alegan jurisprudencia impertinente; e) sentencias con fundamentación contradictoria, pues el mismo título -a criterio de la Cámara- no acredita ni prueba la causa de la obligación previsional por falta de constancias de inscripción, actas de inspección, razón por la que se rechazan los períodos insinuados que no resulten comprendidos entre el 01/07/00 hasta el 31/5/2001, para entender, desde otro ángulo, que contribuye a acreditarla pues "si se reconocen los períodos antes dicho, contenidos en el mismo título" (sic);

f) sentencia con arbitrariedad en materia probatoria, en tanto prescinde de circunstancias particulares, actuaciones y constancias obrantes en autos (entre ellas, la causa "Carrerre, Manuel s/ CP", Expte. 531/01, elevada juntamente con el incidente de revisión).

Alega que la Cámara ha interpretado irrazonable y contradictoriamente el informe general del Síndico (el que transcribe).

Seguidamente y, bajo el subtítulo "hipótesis de inconstitucionalidad consignada en el inciso 3) del artículo 1 de la ley 7055", insiste en que atribuir al fuero concursal facultades de revisión de la validez intrínseca del título invocado en sustento del crédito, importa prescindir inmotivadamente de la regulación procesal específica, reemplazando el procedimiento impugnatorio con el consecuente detrimento de la competencia de la justicia nacional, a la que se le acordó el conocimiento exclusivo de los litigios en torno a la procedencia de tributos, como el que resulta objeto de la presente causa.

Puntualiza nuevamente que el decisorio no decide cuestiones planteadas, se sustenta en afirmaciones dogmáticas o excesivamente genéricas, soslaya el texto legal (leyes 24.241, 18.820, RG 79) e invade competencia federal, prescindiendo del criterio orientador sentado por el Alto Tribunal nacional en autos "D.G.I. s/ incidente de verificación de crédito en autos:

Casa Marroquín S.R.L. s/ Concurso preventivo", en el que se sostuvo que para cuestionar una determinación impositiva la ley ha previsto un procedimiento y órgano específico (artículos 78, 147, 151, 154, 155, 166 y ccs. de la ley 11.683) como así la posibilidad de apelar ante los tribunales nacionales (artículos 174 y 177 de la citada ley y artículo 4, ley 21.628).

Aduce que el Tribunal a quo, en otros autos: "Incidente de Revisión promovido por AFIP-DGI en los autos "CURTIDORA DEL OESTE SANTAFESINO S.A.I. y C. S/ concurso preventivo" (Expte. Nro. 616/98), sostuvo "... cuando dictamina: 'tratándose de obligaciones cuya pretensión ha sido liquidada por el Fisco, dicho organismo recién puede ocurrir al juzgado que corresponda para verificar cuando los actos administrativos pertinentes quedaran firmes...".

Estima que una solución contraria a la plasmada por la Alzada restablecería el sistema constitucional agraviado. Ello así, pues de aplicarse la normativa federal desaparecería el gravamen ocasionado al erario público (reducción del crédito y consecuente acotamiento del importe a percibir, en su caso, en concepto de impuesto -en autos, capital e intereses relativos al R.N.S.S./autónomos-) en sus derechos constitucionales de propiedad y debido proceso legal.

Adujo también, que la cuestión planteada -vinculada al interés del Erario Público en el recupero de la mayor porción posible de sus créditos en el marco del proceso concursal- excede el mero interés de las partes, para proyectarse sobre la comunidad toda.

La Cámara a quo, mediante auto del 4.2.2004 denegó la concesión del remedio intentado, lo que motivó la presentación directa de la quejosa ante esta sede.

2. De la lectura del auto denegatorio, en su cotejo con el escrito presentado ante este Tribunal, surge que el cometido que impone el artículo 8 de la ley 7055 al quejoso -quien tiene la carga de rebatir cada uno de los motivos expuestos por la Cámara al denegar el recurso, trayendo razones de peso en orden a desvirtuar la referida fundamentación- no puede reputarse idóneamente asumido en autos, lo cual conspira contra la suerte del remedio intentado (cfr. A. y S. T. 35, pág. 421; T. 36,pág. 203; T. 124, pág.

114, entre muchos otros). En el caso, la Alzada desestimó el recurso por entender que las manifestaciones formuladas por la recurrente importan su mera discrepancia para con la valoración que de las pruebas e interpretación y aplicación de normas de derecho común -en el caso, los artículos 32 y concordantes de la ley 24.522- que sirven de apoyo a la sentencia, hiciera el Tribunal a quo.

Ante ello, la quejosa -en su presentación directa- tan siquiera intenta rebatir lo sostenido por la Cámara en relación a lo precedentemente expresado, sino que tan sólo se limita a explicitar nuevamente sus argumentos en contrario, insistiendo en sus cuestionamientos, con lo cual queda incumplida la exigencia del artículo 8 ya mencionada.

En efecto, del examen de los planteos enderezados en el recurso de inconstitucionalidad, tal como lo afirma la Sala, sólo surge el disenso de la compareciente para con lo resuelto por los juzgadores de la causa.

Y ello es así pues, no obstante el intento por perfilarlos como de naturaleza constitucional y la invocación de diversas causales de arbitrariedad, los agravios de la impugnante no alcanzan a desmerecer las conclusiones a las que arribó el a quo en cuanto juzgó insuficiente la prueba de la causa del crédito que se pretendió verificar con privilegio general y quirografario y entendió competente al juez del concurso para intervenir en la verificación del mismo (artículo 32, L.C.).

Es de ver que la Cámara ponderó los títulos justificativos de la pretensa deuda acompañados por la AFIP, los que resultaron ser el certificado de deuda emitido el 28.8.01, consistente en un detalle de fechas, montos de capital e intereses, anexo con cálculos y cédula de intimación de deuda emitida a aquella fecha, no habiendo presentado, por lo demás, el ente fiscal otros antecedentes justificativos por todos los años en que supuestamente estuvo en mora el reclamado hasta la fecha de pedido de concurso (12.2.01).

Tal examen condujo al Tribunal a quo a sostener que la prueba de la causa era insuficiente, pues la presentada correspondía a cálculos de deuda emitidos unilateralmente por la pretensa acreedora con posterioridad a la fecha de presentación del concurso y como bien lo hizo notar el Síndico, no presentó los antecedentes justificativos de la causa como ser constancia de inscripción, actas de inspección, reclamos, intimaciones, siendo que la deuda se había originado varios años antes, agregando que se reclaman deudas que incluyen el período 1/11/97 al 30/6/00, habiendo verificado el Síndico que en el juicio laboral obran antecedentes que en ese período el concursado habría desarrollado actividades en relación de dependencia. Este ha sido el criterio seguido por la Alzada, frente al cual la AFIP insiste en oponer su particular apreciación de la causa, conllevando la clara pretensión de inclusión en el pasivo concursal de la totalidad del crédito privilegiado y quirografario en concepto de aportes ya descriptos, negando la competencia del juez concursal para verificar su acreencia, desde que existe un procedimiento específico en la materia, mas sin lograr persuadir que al así decidirlo, la Cámara soslayara tratar cuestiones decisivas para la solución de la litis, se apartara de la normativa aplicable, se sustentara en afirmaciones dogmáticas, incurriera en contradicción e interpretara incorrectamente el plexo probatorio obrante en autos, menos aún, que la causa trascienda el mero interés de las partes afectando el de la comunidad toda. La tacha así expuesta, al quedar reducida al mero disenso, deviene insusceptible de revisión en esta instancia de excepción.

Las razones expuestas determinan la inadmisibilidad del presente recurso.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

FDO.: GUTIÉRREZ-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)