marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Remuneración, actualización monetaria
Materia: LABORAL
Carátula: BAIGORRIA MIGUEL ANGEL c/ TRANSPORTES 12 DE OCTUBRE S.A.C.I.F. s/ DEMANDA  -  CASACION  LABORAL  -  REMUNERACION  -  PREMIO  ESPECIAL -  DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-11-04

Procede la actualización dispuesta en los decretos aludidos respecto del premio especial instituido por FETAP como suma fija, porque este tiene naturaleza remuneratoria en los términos del art.

104 LCT. Ha sido percibido con regularidad y habitualidad, se efectuaron descuentos previsionales sobre lo cobrado y existe contraprestación (beneficio recíproco de las partes con el cumplimiento de las pautas establecidas para su percepción). De conformidad con la citada norma, debe preservarse la integridad de la remuneración; esto es, no puede ser menoscabada en alguno de los elementos que la componen. Esta característica se vería conculcada con la resistencia patronal de extender al premio en cuestión los incrementos acordados a los salarios, ya que determinado en una suma fija, la depreciación de la moneda, ocurrida en particular en el período objeto del reclamo, lo tornaría inexistente a corto o mediano plazo. Ratifican esta postura garantías constitucionales, tales como igual remuneración por igual tarea, art.14 Bis Constitución Nacional y 23, inc. 4°, Nueva constitución de la Provincia. No obstan a esta conclusión las prohibiciones contenidas en los mencionados decretos respecto del aumento de los suplementos o adicionales remuneratorios no incluidos en las convenciones colectivas de trabajo. Tales prescripciones se encuentran en franca colisión con las disposiciones tuitivas de la remuneración previstas en el título IV LCT, generándose un conflicto de normas que solo puede ser resuelto según el orden de prelación regulado en el art.

31, Constitución nacional.
Juicio abreviado, fundamentación del recurso, cuestión federal
Materia: PENAL
Carátula: VAZQUEZ, Tomás s/recurso de casación c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-26

Si el recurso de casación contra una sentencia fruto de un acuerdo de juicio abreviado permitiera que simplemente esta cámara de casación haga prevalecer sus postura por encima de la del tribunal de juicio sin que previamente este haya tenido que dar respuesta a pretensiones antagónicas de las partes, se desvirtuaría -entonces- el rol revisor de este tribunal, que se convertiría en un segundo tribunal de juicio sin debate que debe dirimir agravios que son introducidos por primera vez ante esa instancia casatoria. Por ello, cabe exigir que el recurso de casación se articule sobre la base de los supuestos previstos en el art. 456 CPPN o que funde debidamente la existencia de arbitrariedad o de alguna otra cuestión federal, en los términos de la doctrina de "Di Nunzio" (Fallos: 328:1108) (voto del juez Morin).

Cita de "Tolck", Reg. ST 1144/2019 y "Chaparro", Reg. ST 1613/2019.
Proceso penal, auto de procesamiento, recurso de reposición (procesal), fiscales, recurso de apelación (procesal), adhesión al recurso, Corte Suprema de Justicia de la Nación, ley procesal, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: M., C. s/ Auto de procesamiento (Expte Nº  139-99, Resolución Nº  138, Tomo 5,  Folio 208)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-11-25

Tanto nuestro Código Procesal cuanto la doctrina de la Corte Suprema de Justicia, tienden a asegurar que cada uno de los pasos esenciales del proceso sea cumplido contándose con el impulso del titular de la acción (instrucción, debate, sentencia definitiva), no resultando requerido en cambio para los demás actos procesales una específica actividad impulsora del Fiscal dado que con la ejercitada al abrir la etapa de que se trate, ya habilitó la jurisdicción -va de suyo que estas consideraciones podrían cambiar si se estableciese una investigación preparatoria a cargo de un Fiscal-. Al cabo pues de lo reflexionado, la circunstancia de que en el trámite del recurso de apelación del auto de procesamiento dictado, el Fiscal de Cámaras lejos de oponerse a las pretensiones de la defensa haya adherido a ellas, no priva al Tribunal de la posibilidad de resolver conforme corresponda, aún eventualmente en contra de lo opinado por la Fiscalía. Por supuesto que si el Ministerio Público mantiene una postura idéntica a la hasta ahora asumida al momento de producirse la crítica instructoria, la solución a acordar será distinta conforme lo establecido por el ya mencionado artículo 372 del Código Procesal Penal, mas no es esa la situación que ahora contemplamos.
Beneficios previsionales, empresa de servicios públicos, haber jubilatorio, diferencia de haberes jubilatorios, determinación del haber jubilatorio, movilidad del haber jubilatorio, aplicación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Vespoli, Norman Jorge c/ Instituto de Seguridad Social del Neuquén s/ Acción procesal administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2015-08-07

Al resultar parcialmente procedente la demanda, el Instituto de Seguridad Social del Neuquén deberá proceda a readecuar el haber jubilatorio inicial del accionante, conforme la pauta del 80% prevista en el artículo 38° inc. c) de la Constitución Provincial. Ello es así, toda vez que del mero confronte entre el recibo de haberes y la determinación del haber realizada por el organismo demandado (...), se advierte que, efectivamente, el haber inicial no ha alcanzado el piso del 80% garantizado constitucionalmente -lo determinó en el 54,6%-. Sin embargo, en el sub lite, no corresponde hacer lugar a la pretendida movilidad del haber previsional establecida por la Carta Magna provincial , ya que ante la falta de prueba que conduzca a determinar el haber actual de un capacitador o instructor categoría 2 y/o su equivalente la parte actora deja de lado la pretensión de percibir el "80% correspondiente a la categoría 2 del escalafón de Cormine S.A. en el que culminó su carrera administrativa" y se aviene a la movilidad aplicada por el Instituto de Seguridad Social en el marco del artículo 60 de la Ley 611.
Acción de amparo, derechos de incidencia colectiva, legitimación procesal, derechos subjetivos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Serra, María Cristina c/ Gobierno de la Ciudad de Bs. As. s/ Amparo As. s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-02-28

La legitimación procesal conferida a una asociación de derechos de incidencia colectiva, prevista en el artículo 43 de la Constitución Nacional, no precluye la participación procesal de los afectados en un derecho subjetivo en forma directa y personal.
Escritos judiciales, copias
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Español del Río de la Plata c/ Pauluzzi s/ Acc. simulación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-03-25

Tratándose de la contestación de un traslado la exigencia del art.120 del Código Procesal se encuentra sujeta a las circunstancias del trámite, ligadas al principio de bilateralidad y debida su audiencia y defensa en juicio de los derechos cabiendo interpretarse la norma en armonía con los dispositivos específicos que rigen según el acto de que se trate. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Estabilidad del empleado público, personal contratado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Boades, Graciela Josefa c/ Municipalidad de Tigre s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-07-16

En el régimen de la Ordenanza General 207, el personal de planta temporario -en el caso, personal contratado-, no puede acceder a los cargos jerárquicos amparados por el derecho a la estabilidad (arts.

12, inc. 2, 4, tercer párrafo y 7, segunda parte, Ord. Gen. cit.).
Contratos, elementos del contrato, forma del contrato, interpretación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: Beltramo, Néstor c/ GCBA s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-02

Atendiendo al elemento forma se dice de los contratos que son formales y no formales; ello no implica, claro está, que pueda existir un contrato (acto jurídico bilateral patrimonial y entre vivos) sin un hecho exterior por el cual la voluntad que aquél trasunta se manifieste (desde esta óptica general, todos los contratos son "formales"; ver art. 973 del Cód. Civil), sino que, respecto de determinados contratos, la ley impone que aquella indispensable exteriorización de la voluntad sea cumplida a través de una específica modalidad: sólo desde este ángulo puede hacerse la diferenciación apuntada ut supra.

A partir de esa noción de forma en el sentido de formalidad, la regla es la de libertad; esto es, la libre elección por las partes de los modos de exteriorizar su voluntad (arts. 974 y 1182 del Cód. Civil).
Recurso contencioso administrativo, acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Paris, María Lucrecia c/ Consejo Provincial de Educación s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1998-05-07

La acción contencioso administrativa o de 'plena jurisdicción' está destinada a obtener la revisión judicial de un acto administrativo que vulnere un derecho subjetivo del administrado, derecho que necesariamente debe estar configurado con anterioridad a favor del recurrente; se trata de la revisión judicial de un acto administrativo dictado en ejercicio de las facultades regladas de la administración que afectó un derecho subjetivo del administrado, ejerciendo el Tribunal una potestad jurisdiccional en toda la extensión que corresponde a la pretensión jurídica del recurrente;

ello así, surge con claridad que debe haber una correlación entre la norma preexistente y el derecho vulnerado que de ella emana.

Relación que perfila lo que se ha dado en llamar 'materia administrativa', con agotamiento previo de la cuestión en dicha sede.
Concejo deliberante, comisiones investigadoras
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Palacios Quintana, Raúl Fernando c/ Municipalidad de Bell Ville s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1997-05-27

En el caso, el trámite de la investigación, tiene un imputado individualizado y un objeto de investigación que son presuntos hechos ilícitos. Si bien esta comisión investigadora arriba a una conclusión sin facultades decisorias ni sancionatorias, no obstante ello, dada la indudable analogía, el trámite participa de las características y de la naturaleza de las actuaciones administrativas sumariales destinadas a aplicar sanciones pertenecientes al derecho penal disciplinario.

En ese orden, la aplicación de penas disciplinarias de las denominadas "expulsivas" (cesantía y destitución), deben ser dictadas ajustándose a un procedimiento o régimen que aseguren la defensa del inculpado y, en ausencia de normas legales o reglamentarias que regulen el proceso, son de aplicación las que disciplinan el enjuiciamiento penal, sin perjuicio de adecuarlas a las necesidades de la administración pública.

De manera tal que en la instancia administrativa, tratándose de sanciones leves o apercibimientos, el derecho de defensa y el debido proceso se cumplimentan con una simple vista. Y en materia de sanciones expulsivas de mayor rigor, el respeto del derecho de defensa exige una mayor observancia y una mayor precaución.

Las presentes actuaciones administrativas, por su propia naturaleza y con las limitaciones apuntadas, participan de la doble faz instructoria y contradictoria puesto que terminarán en las conclusiones a que hace referencia el inc. 9 del art. 66 Carta Orgánica Municipal.
Recibo, firma, reconocimiento en sede judicial
Materia: LABORAL
Carátula: Sánchez c/ Heynen s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1999-02-04

En autos cabe tener por reconocidas las firmas del accionante, obrantes en lo al no negarlas en ocasión del traslado del artículo 66 del Código Procesal Laboral, que no contestara.
Beneficio de litigar sin gastos, ley de defensa del consumidor
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Proconsumer c/ Pluna Líneas Aéreas Uruguayas S.A. s/ Beneficio de Litigar sin Gastos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-05-15

En la causa "Unión de Usuarios y Consumidores c/ Banca Nazionale del Lavoro" -sentencia del 11.10.11- rechazó un recurso extraordinario sin especial imposición de costas. Y sustentó esa decisión en el art. 55 de la ley 24.240, lo que permitiría afirmar que para el Alto Tribunal el beneficio de justicia gratuita comprende también a las costas generadas durante el transcurso del pleito o al menos en materia recursiva. Ese criterio no es aislado: ha sido reiterado por el Alto Tribunal en fecha reciente al confirmar una decisión de esta Cámara (conf. sentencia en la causa "Cavalieri, Jorge y otro c. Swiss Medical SA s. amparo", del 26.6.12).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia no aplicable, voto en disidencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BRISSIO, IGNACIO ADEMAR c/ INTERACCION ART S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CONCEDIDO POR LA CAMARA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-11-02

El recurso deducido debe declararse improcedente, dado que tras un detenido estudio de la totalidad de los antecedentes relevantes del caso, se advierte que los agravios esgrimidos por el presentante carecen de virtualidad para hacer excepción a la regla conforme a la cual las cuestiones relativas a la valoración de extremos de hecho, prueba y derecho, en principio, no deparan materia idónea en orden a operar la apertura de la vía intentada, desde que los planteos recursivos, pese a la arbitrariedad invocada, resultan insuficientes para lograr descalificar la decisión de la Sala que dispuso el rechazo del reclamo indemnizatorio, por cuanto el precedente citado por el A quo para conceder el recurso extraordinario -Miño, Juan Ramón contra La Segunda-, no resulta equiparable al presente, en razón de existir diferencias sustanciales entre ambos casos. (De la disidencia de los Dres. Spuler y Gutiérrez) - CITAS: CSJStaFe: Miño, AyS, T 299, p 21 /220.
Acción de amparo, medidas cautelares, competencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Alarcón Augusto y otros c/ Sec.de Inspección.Distrito S.Nicolás de la rama media,técnico y agraria y/o sup.que correspondiere s/ Acción de amparo Carboquímica del Paraná S.A. c/ Subsecretaría del Trabajo-Delegación regional San Nicolás-Ramallo. s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-28|1998-09-18

Sin perjuicio de que la Suprema Corte Provincial se pronuncia acerca de si la causa a decidir es o no de naturaleza contencioso -administrativa, siendo que esta Cámara es órgano de apelación de decisiones tomadas por el Tribunal del Trabajo en cuestiones de amparo, es pertinente el examen del recurso en cuanto a la medida cautelar dispuesta ya que, pese a su provisoriedad, la demora en su decisión razonablemente puede traer aparejado el desconocimiento de un derecho de raigambre constitucional (arts. 14 de la Constitución Nacional y 27 de la Constitución Provincial).- (Minoría u opinión personal)
Acumulación de procesos, juicio ejecutivo, procesos de conocimiento
Materia: PROCESAL
Carátula: FERNANDEZ, SILVIA G. c/ LESCANO, RICARDO D. s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-31

Por aplicación de lo establecido en el art. 188, inc. 3ro., del Código Procesal, la posibilidad de acumular dos o más procesos de conocimiento, o dos o más procesos de ejecución sujetos a distintos trámites, no se extiende a uno de conocimiento con otro de ejecución -
Recurso de casación, violencia familiar, modificación de la ley, delito penal, incumplimiento de resolución judicial, interpretación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: E., W. A. s/ Desobediencia a una orden judicial s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2013-08-01

Resulta necesario entonces desentrañar el sentido del texto legal citado [art. 29, ley 4241, modificatoria de la ley 3040], por lo que un aspecto inicial y central del análisis necesariamente será atender al alcance del párrafo que introduce la enumeración de las sanciones.

Una atenta lectura del primer párrafo transcripto permite constatar que, dada la ambigüedad en su formulación literal, pareciera admitir dos interpretaciones: a) La primera excluye la aplicación de las sanciones enumeradas luego en dos supuestos: cuando se tratare de hechos de violencia en la familia que a su vez constituyan delitos penales (primer supuesto de exclusión) o cuando tales hechos constituyan incumplimiento de las medidas dispuestas (segundo supuesto de exclusión). b) Otra posibilidad hermenéutica estaría dada por la afirmación de que las sanciones referidas tendrían lugar tanto frente a los hechos de violencia en la familia como a los incumplimientos de las medidas dispuestas por el juez, excluyendo solamente del primer grupo de supuestos aquellos hechos que constituyan delitos penales (único caso de exclusión).

Se advierte entonces que, según la interpretación que se adopte respecto de ese párrafo, los incumplimientos o desobediencias a las órdenes judiciales como las que supuestamente originaron el presente caso - quedarían conminados o no en el ordenamiento específico, circunstancia que es preciso dilucid ar, ya que a su vez determinará que, siguiendo la doctrina legal citada, sean típicas para el derecho penal o no.

Un análisis más profundo de la cuestión permite afirmar que la primera interpretación es la que resulta acertada, por razones de diversa índole.

1) En primer lugar, el propio texto del resto del artículo citado extensamente permite constatar que las sanciones están legisladas en función de los hechos denunciados y no de los incumplimientos de medidas que hubieran podido ordenarse.

Ejemplos de ello son que, al legislarse sobre la pena de multa, se especifica que "será fijada por el Juez teniendo en cuenta la gravedad de los hechos", mientras que nada se dice, en cambio, en torno a la gravedad del incumplimiento.

De modo similar, es la "naturaleza de los hechos" y no la de los eventuales incumplimientos la que posibilitará que el magistrado interviniente suspenda la ejecución de la sanción impuesta y la reemplace por trabajos comunitarios, si fuera el caso.
Recurso extraordinario, denegatoria del recurso, defensa en juicio, debido proceso
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Asociación Civil Inter Artis Argentina -SAGAI y otro c/ I.G.J. 7480576/1880189 s/ recurso directo a cámara
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-25

El recurso federal deducido resulta incorrectamente denegado si se denuncia la afectación de la garantía de defensa en juicio y del debido proceso (artículo 18 de la Constitución Nacional). - Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite -
Alimentos, adicional por desarraigo
Materia: CIVIL-LABORAL
Carátula: A. M. B.  c/ V. R. A.  s/ alimentos para los hijos
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2023-06-07

La exclusión pretendida es contraria a lo expresamente acordado entre las partes voluntariamente decidieron no excluir al rubro "desarraigo" de la base de cálculo de la cuota alimentaria, previendo sí la exclusión de lo que pudiera percibir por pernoctes, en caso que así sucediera.
Juicio abreviado, monto de la pena, principio de legalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: E. S., C. Z. s/ Defraudación en perjuicio de la Administración Pública reiterada (dos hechos) s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-09-12

Así, en el juicio abreviado que establece la ley provincial Nro. 3794 - que introduce el art. 325 bis al C.P.P. - puede entenderse que se prevé una negociación restringida, ya que únicamente puede referirse al monto de la pena a imponer, "a fin de respetar los principios de legalidad y de verdad real que rigen en nuestro derecho penal. Es decir que lo que pueden negociar el imputado y el fiscal, será exclusivamente la cuantía de la pena a imponerse, teniendo en consideración el mínimo y el máximo de la escala penal del o de los delitos imputados".
Retenciones salariales, cuota sindical
Materia: LABORAL
Carátula: Accordino Franco Lautaro y ots. en J 161580 Accordino Franco Lautaro y otros c/ Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles s/ Amparo Sindical p/ Recurso Extraordinario Provincial
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2023-03-20

Las contribuciones de solidaridad contemplan la posibilidad de exigir pagos a trabajadores no afiliados comprendidos en el ámbito de aplicación de la norma colectiva. No obstante cualquier retención que se efectúa sobre el salario de los trabajadores y que implica un descuento en sus haberes debe ser interpretada en forma restrictiva y admitida sólo excepcionalmente, cuando cuente con un límite temporal y su monto sea proporcionalmente inferior al establecido para las cuotas sindicales que pagan los afiliados.
Tercería de mejor derecho, resoluciones, resoluciones apelables
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MASSAD VICTOR Y OT EN J: YARDEN DANIEL c/ OSCAR SILAPRANDI s/ Ordinario (LIBRO: A075 - 213)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1992-12-29

Se admite la apelación de la tercería de dominio tramitada por vía incidental. No se desconoce que dentro del estricto régimen de nuestro código procesal la resolución de los incidentes es inapelable conforme surge del juego armónico de los art. 92, 93 y 133 del C.P.C. Pero cabe advertir que en el sub-iudice se trata de la tramitación por vía incidental -porque la ley de forma lo permite- de un derecho sustancia.-
Reconocimiento de las obligaciones, prueba del contrato
Materia: COMERCIAL
Carátula: PVC TECNOCOM  S.A. c/ EL COBRE SAN LUIS  S.A. s/ ORD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-16

El reconocimiento de deuda brinda al acreedor un título de su derecho, suficiente para documentar la deuda y su exigibilidad en juicio.
Cláusula penal, intereses punitorios, modificación de la tasa de interés
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Corrales, Adalberto c/ Todarello, Lorena s/ Da;os y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-05-21

Los intereses punitorios pactados no suplen a los intereses compensatorios. Los intereses punitorios tienen una funcion diferente a los compensatorios,en los segundos se paga por el uso del capital ajeno, en cambio los intereses punitorios comportan una cláusula penal moratoria prevista para el caso de mora del deudor, reclamable sin necesidad de probar perjuicios y de la que no puede eximirse aquel, mediante la demostracion de no haberlos sufrido. No obstante, cabe la posibilidad de la reducción judicial de las penas desproporcionadas o abusivas.
Competencia, competencia correccional, competencia de instrucción, defraudación, administración fraudulenta, balance o informes falsos
Materia: PENAL
Carátula: ANDREONI, H. y otro. s/ ESTAFA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-30

Es competente la justicia de instrucción para entender en el delito de defraudación por administración fraudulenta, toda vez que el consorcio de copropietarios no se encuentra comprendido en la figura del art. 300, inc. 3°, C.P., ya que no es persona jurídica, por lo cual no puede ser considerado una sociedad. Si la conducta denunciada encuadraría en la figura del art. 173, inc. 7°, C.P., excedido queda el marco de la competencia atribuida a la justicia correccional (art. 27, C.P.).
Accidentes de trabajo, aplicación de la ley, comisiones médicas, asegurador por riesgos del trabajo, constitucionalidad, validez de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: Mattos Pablo Jesús c/ La Segunda ART S.A. s/ Enfermedad profesional
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-05-04

La actuación en la instancia judicial a la cual recurra el trabajador, no queda limitada o condicionada a lo que ofreciere o sucediere en el ámbito administrativo, aplicándose puntualmente el Código Procesal Laboral -ley 5.315- en toda su dimensión (Voto Romero)