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Recurso de casación, fundamentación del recurso, error judicial
Materia: PENAL
Carátula: Montenegro Hugo Nicolás s/ p.s.a. de Homicidio Culposo -RECURSO DE CASACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2000-09-29

La existencia de un error u omisión material intrascendente que, por tal razón, carece de entidad suficiente para afectar garantías constitucionales, no constituye motivo de casación. Contrario sensu, cuando la existencia de un error de la especie mencionada resulte idóneo para afectar garantías constitucionales por su directa incidencia en la parte dispositiva del fallo, el mismo se erige en motivo apto para habilitar la vía de la casación.

Lo último ha ocurrido en autos, porque el a quo, para fijar el lucro cesante futuro, pretende sólo incluir como período a indemnizar "el número de años dentro del cual debe producirse el agotamiento" del capital dejado de percibir, pero cuando determina concretamente el monto a indemnizar por lucro cesante computa dos veces el lapso que corre desde la fecha de acaecimiento del evento hasta la fecha del dictado de la sentencia.
Recurso de casación penal, fundamentación del recurso, aplicación errónea de la ley, fundamentación de sentencias, falta de fundamentación, procedencia del recurso, reenvío, facultades del juez, economía procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Tejerina, Tomás Ricardo#SOBRE: recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-02

En su recurso, el impugnante no solo denuncia la falta de fundamentación del pronunciamiento, sino que también aduce una hipótesis de casación material por la errónea aplicación de los artículos 40 y 41 del Código Penal. Es que, particularmente en este caso, advierto que esa señalada carencia de motivación, ha derivado en una inadecuada utilización de esas normas sustanciales. Que siendo así las cosas, al encontrarnos en presencia de un vicio in iudicando, en armonía con lo dispuesto por el art 470 del ritual, es en esta sede en la que se debe dar corrección definitiva, es decir fijar el monto de pena a imponer al imputado. En este sentido, en la nota que al art 470 se hace en el Código Procesal Penal de la Nación, comentado por Ricardo Levene (h) y otros, se expresa que "cuando lo que se reclama consiste en la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, la ley establece la casación sin reenvío, con lo que se logra una evidente economía procesal, puesto que el mismo tribunal que casa la resolución aplica la ley que corresponde, es decir, que no devuelve el proceso al juzgador a quo para que dicte el nuevo fallo, sino que cumple la doble actividad jurisdiccional (casa y falla; no reenvía)" (Voto del Dr Tragant).
Derecho a la intimidad, daños y perjuicios, carga de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Cullen, Iván José María c/ Google Argentina S.R.L. y Otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-05-15

Esa especial protección constitucional determina, tal como lo ha resuelto reiteradamente esta Sala, que si se invoca como fundamento de la medida la lesión a la intimidad, honor o buen nombre a través de medios electrónicos, la carga de la prueba sobre ese extremo recae sobre quien pretende la restricción cautelar (esta Sala, in re "Servini de Cubría", causa n° 7.183/08, del 3.6.09; "Bernstein, Luis Marcelo", causa n° 4.718/09, del 8.6.10; "Nara", del 30.11.10; "Dragonetti Hugo Alberto", causa n° 978/10, del 12.7.11 y las citas efectuadas en esos precedentes).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación de los fundamentos
Materia: LABORAL
Carátula: Ramírez, Antonio Alberto c/ Delter S.A. s/ Salarios adeudados e indemnización por despido.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-11-23

No es suficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que no formula impugnación alguna a una conclusión definitoria del fallo y a los extremos en que se funda, pues debe tenerse en cuenta que para cumplir con la carga impuesta por el art. 279 del C.P.C.C. es indispensable que se indiquen claramente en el recurso aquéllas disposiciones legales que hacen al sentido de la decisión cuestionada, rebatiendo adecuadamente los argumentos del juzgador.
Recurso de inconstitucionalidad, doctrina de la arbitrariedad, cuestión no constitucional, tercera instancia, sentencia suficientemente fundada
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: M, R.B. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.   INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PUBLICO REITERADO Y   MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (CSJ EXPTE Nº 826-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-09-17

Con la doctrina de la arbitrariedad se tiende a resguardar la garantía de la defensa en juicio y el debido proceso, exigiendo que las sentencias de los jueces sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a circunstancias de la causa; no tiene por objeto constituir a la Corte Suprema en una tercera instancia ordinaria que sustituya a los jueces de la causa en la decisión de cuestiones que le son propias, sino que requiere -para su procedencia- que la resolución recurrida prescinda inequívocamente de la solución prevista en la ley o adolezca de una manifiesta falta de fundamentación.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia, fundamentos suficientes, jueces, facultades del juez, proceso penal, imputado, sentencia condenatoria, acusación, dictamen fiscal, traslado, requerimiento de sobreseimiento, elevación a juicio
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: B, A. s/ Depositario infiel. Queja por denegación del recurso de   inconstitucionalidad (EXPTE CSJ Nº 817-94) B., C. y otros s/ Recurso de inconstitucionalidad- Homicidio calificado por promesa   remuneratoria (Expte. C.S.J. Nro. 11 Año 2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-06-07|2002-03-13

No incurre en arbitrariedad el Tribunal que confirma el pronunciamiento de primera instancia, que en su oportunidad, condenara al recurrente no obstante la solicitud de absolución de culpa y cargo por parte del Ministerio Fiscal al formular sus conclusiones. Ello, a tenor de lo preceptuado por el artículo 397 del ordenamiento procesal penal santafesino el que, nada obsta a que el juez de primera instancia pueda condenar aunque el Fiscal al alegar haya pedido la absolución, toda vez que el plenario se encuentra asentado en la requisitoria de elevación a juicio, y por ende, el órgano jurisdiccional no queda vinculado por la postura del Fiscal a esta altura del proceso.
Requisa personal, facultades de la autoridad de prevención, estado de sospecha
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Corituma Malache, José Luis s/ Procesamiento y embargo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-07-12

Otorgar a la policía tal facultad, cuando ninguna ley expresamente la autoriza a requerir documentos a los habitantes en forma discrecional e indeterminada, es dar un paso peligrosísimo en la senda hacia el autoritarismo, donde la arbitrariedad reemplaza a la regla de derecho y los habitantes se encuentran a merced de la discreción policial. Ese camino fue transitado con consecuencias trágicas para el pueblo de esta Nación y deberá ser el pueblo, a través de sus representantes, el encargado de decidir si desea vivir en un estado donde la policía pueda irrumpir en cualquier ámbito y espacio público, solicitar documentos a cada individuo del que desconfíe por el simple y arbitrario motivo de no gustarle su aspecto o color. Hasta que ello no ocurra, es misión de los jueces velar por las libertades de los ciudadanos y habitantes de este país, haciendo cumplir celosamente los derechos y garantías que otorga la Constitución, las que no podrán ser alteradas por las leyes que reglamenten su ejercicio (artículo 28 Constitución Nacional)" (Del voto del Dr. Jorge L. Ballestero).
Honorarios, regulación de honorarios, juicio, bienes inmuebles, valuación fiscal, depreciación monetaria
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: UNIONE Y BENEVOLENZA c/ GURDULICH, MARIA A Y-O TERCEROS OCUPANTES s/ DESALOJO     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD      CSJ EXPTE NRO 218-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-05-31

No resulta irrazonable la decisión de la Cámara de computar -a los fines de la regulación de honorarios- el "avalúo inmobiliario actualizado de acuerdo a la ley provincial de revalúo, si ésta prevé que se considerará renta anual, el 15% del avalúo fiscal del inmueble motivo del juicio, correspondiente al tiempo de regulación", y a esa fecha, ya estaba en vigencia el avalúo actualizado.
Recurso de inconstitucionalidad, jurisdicción, incompetencia, interés público, derecho público, competencia contencioso administrativa, Superior Tribunal de Justicia, competencia originaria
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Comuna De Pueblo Esther c/ CELGRA S.A. s/ recurso de inconstitucionalidad
Fecha: 2024-03-05

La Cámara incurrió en exceso de sus potestades jurisdiccionales ya que ingresó directamente al análisis de la validez y legitimidad del convenio de urbanización -acuerdo de derecho público con presunción de legitimidad y ejecutoriedad-, confirmó el acogimiento de la reconvención demandada y dispuso la nulidad del mismo y de la cláusula penal inserta en él, en apartamiento de la materia a la que constitucionalmente están llamados a resolver los jueces ordinarios, sin advertir que el caso bajo análisis giraba verdaderamente en torno a la validez de un contrato administrativo y sus cláusulas, no encontrandose únicamente en juego el interés privado de la urbanizadora sino también el interés público -cuya tutora debe ser la Administración pública- a la que, precisamente por eso, se le admite incluso alegar su propia torpeza en las actividades que ella despliega, a diferencia de los particulares, por lo que debe concluirse que no se captó con acierto lo que constituye la materia contencioso administrativa ni se tuvo en cuenta que el ordenamiento que resuelve un conflicto contencioso administrativo también es susceptible de integrarse con normas del derecho privado y, en especial, del civil; por tanto, estando principalmente en cuestión la validez y el contenido de una relación jurídica sustancial de derecho público por su naturaleza, que requiere el examen y aplicación de normas de este tipo, resultando necesario el análisis de otros actos jurídicos administrativos, no corresponde que siga interviniendo el fuero civil y comercial, debiendo el pedido encauzarse por las vías legales correspondientes, dejando de lado toda inteligencia que, con base en el estricto apego a las formas, termine produciendo la impotencia del órgano con idoneidad constitucional para entender. (Del voto del Dr. Falistocco) - CITAS: CSJStaFe: AyS T 84, p 418. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Constitución de Santa Fe, artículo 93, inciso 2; Leyes 11330, artículo 1, y 11329; Comuna de Pueblo Esther, ordenanzas 64/2010 y 13/2012.
Incidente de impugnación, Superior Tribunal de Justicia, bloque constitucional
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: B. J. M. R. S/ ABUSO SEXUAL - LEY 5020 c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2020-11-03

Todo el orden argumentativo de este último precedente ("P.,S.M. y Otro s/ homicidio simple", del 26/12/2019) lleva a concluir en la obligación de este Cuerpo, como superior tribunal de la causa en el orden local, de adoptar las medidas necesarias en procura de "hacer efectivos los derechos y libertades consagrados en el bloque de constitucionalidad argentino, aun ante omisiones de las normas legislativas necesarias para su operatividad".
Derecho a la identidad de género, discriminación por razones de sexo o inclinación sexual, subsidio estatal, responsabilidad del Estado
Materia: DERECHOS HUMANOS-CIVIL
Carátula: G.N.B. c/ G.C.B.A. s/ Daños y perjuicios (excepto resp. médica)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-02-25

Las omisiones o insuficiencias normativas y reglamentarias en las que incurrió el GCBA por su mora en dar efectividad a las normas que tutelan la identidad de género lesiona el artículo 10 de la CCABA, pues el constituyente porteño prohíbe que los derechos y garantías puedan ser negados o limitados por omisión o insuficiencia de su reglamentación, y ésta no puede cercenarlos, y no se han desarrollado políticas sociales coordinadas dirigidas a superar las condiciones de exclusión del colectivo trans, a través del uso de recursos presupuestarios, técnicos y humanos, ni se ha promovido suficientemente el acceso de esas personas a los servicios públicos.
Escritos judiciales, firma
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Díaz, Wilfrida c/ Schonbrod G. y otro s/ Daños y perjuicios. Recurso de queja.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-05-15

Constituyendo la firma de los presentantes un requisito esencial para la validez del acto, su ausencia hace que el mismo sea jurídicamente inexistente y carente de vigencia procesal (art. 1012, Código Civil), razón por la cual el juzgador no puede ejercer la atribución que le confiere el art. 34 inc. 5 letra "b" del Código Procesal citado, porque es inaplicable a esta situación. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Medicamentos, poder de policía, Salud pública, Estado Provincial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Abbott Laboratories S.A. y otros c/ Provincia de Buenos Aires s/ inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-21

El art. 16, segundo párrafo, de la ley 11.405 de Buenos Aires, que obliga a los efectores públicos a prescribir medicamentos por el nombre genérico no afecta la legislación nacional ni importa una colisión inaceptable, pues su contenido está destinado a la administración pública provincial y versa sobre materias respecto de las cuales la legislación local está autorizada a regular.
Procedimiento laboral, remuneración, inversión de la carga de la prueba, multa
Materia: PROCESAL
Carátula: LLANCAFILO GUTIERREZ, JONATHAN ARISTIDES. c/ SERCONPET S.R.L. s/ DESPIDO DIRECTO POR OTRAS CAUSALES.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2015-02-03

De acuerdo, entonces, con la ley procesal en materia laboral de la Provincia del Neuquén en aquellos supuestos en que se controvierta el monto de la remuneración, como es el caso de autos donde se cuestiona el valor hora abonado al demandante, se produce la inversión de la carga de la prueba, y es el empleador quién debe acreditar que lo pagado en concepto de salario es el monto que surge de la normativa legal y convencional.

En el sub lite la demandada no ha cumplido con esta carga procesal, por lo que resulta ajustado a derecho lo decidido por la jueza de grado, ya que ante la falta de prueba en contrario estuvo al valor hora denunciado en la demanda, el que, por otra parte, no resulta desproporcionado en atención a la naturaleza de las tareas desarrolladas por el trabajador.

Resulta excesiva la multa prevista en el art. 18 de la Ley 22.250, por aplicación del máximo legal (90 días de remuneración).
Contratos, compraventa, vicios, vicios redhibitorios, interpretación de la ley, prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Fideicomiso Tucumán 3626 c/ Percomin ICSA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-02-11

El vendedor debe entregar al comprador la cosa vendida en las condiciones pactadas de calidad, peso y cantidad; y exenta de defectos, vicios o deterioros. Si así no lo hiciere, éste último tiene derecho no sólo a rehusar su recibo sino a exigir que le sea entregada en las condiciones preindicadas, pero debe reclamar en las formas establecidas en el CCOM 472. Los defectos pueden ser de dos clases: aparentes, o sea, susceptibles de ser descubiertos en el primer examen que de ellos se haga, y ocultos, que por lo general no se ponen de manifiesto enseguida, en el primer examen, por cuanto suelen residir en la naturaleza íntima de la cosa, en lo más recóndito de su organismo o estructura. A veces se hallan en latencia o potencia y se revelan después de una o más o menos prolongada e intensa actividad o uso del objeto, y aun así, gracias a la utilización de conocimientos técnicos. El Código Civil y el Código de Comercio contemplan la expuesta clasificación a los efectos de reglar los derechos concedidos al comprador en cada caso y los requisitos que deben concurrir para su ejercicio, así como las acciones conducentes a ello.
Quiebra, clausura del procedimiento, clausura por falta de activo, remisión del expediente, competencia penal, procedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: La Ruta 3 y la Via SRL  c/  s/ quiebra
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-11

Cabe confirmar la resolución que dispuso la clausura del procedimiento por falta de activo y la remisión de los autos a la Justicia Penal dada la presunción de fraude prevista en la LCQ 233. Es que a los efectos de resolver si se puede clausurar el procedimiento por falta de activos cuando existirían una serie de bienes, registrables (rodados) y no registrables, que pertenecían a la fallida pero que no pueden ser localizados para su posterior realización, cabe señalar que en el caso, los hechos incontrovertidamente destacados por la magistrada de grado de que el establecimiento de la deudora fue saqueado y ocupado por intrusos antes de su presentación concursal; que se realizaron sin éxito las averiguaciones y diligencias pertinentes a los fines de proceder a la incautación de los bienes sustraídos en dicha ocasión, y que, incluso, el secuestro de los rodados de la deudora fue oportunamente comunicado vía "SIFCOP" con resultado negativo, a lo que se suma que el proceso lleva más de 5 años de trámite, son una fuerte evidencia de la actual falta de un activo liquidable o, cuanto menos, de la poca expectativa de que ello ocurra en el breve o corto plazo. De modo que, a juicio de esta Sala, el rechazo de la oposición formulada por la quejosa es irreprochable.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, apreciación de la prueba, propiedad horizontal, astreintes
Materia: CIVIL - PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: DANIEL SIELECKI Y OTRA c/ BERNARDO J. BISCHOF Y OTRA s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-11-04

Si bien determinar si se han configurado las circunstancias establecidas por los arts. 6, inc. b), primera parte, de la ley 13 512 y 2618 del Código Civil importa una cuestión de hecho, ajena a la instancia extraordinaria, cabe apartarse de dicha regla cuando la sentencia no constituye una derivación razonada del derecho vigente con relación a las circunstancias de la causa. Así ocurre en el caso en que se condenó a cesar en la producción de ruidos bajo apercibimiento de astreintes, sin que la prueba permita inferir las conclusiones obtenidas por el a quo en el sentido de haberse violado el régimen legal.
Poder Legislativo, facultades del Poder Legislativo, principio de legalidad
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: "Djaparidze Levan Roberto c/ EN -AFIP DGI- Dto. 493/01 s/ D.G.I.".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-03-22

A partir del principio de legalidad no puede convalidarse la derogación de una exención a través de un decreto, ya que es el Poder Legislativo de la Nación el único órgano facultado para ello (Del voto del juez Argento, cons. IV).
Gastos del proceso, beneficio de litigar sin gastos
Materia: PROCESAL
Carátula: C., N.G. c/ S., C.R. y otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-06-13

"Las actuaciones cumplidas entre las partes en el beneficio de litigar sin gastos no tienen efectos interruptivos del curso de la perención del principal, en atención a la autonomía de trámite que los caracteriza".
Leyes, interpretación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: MONTE, TOMAS JOSE Y OTROS c/ MUNICIPALIDAD DE QUIMILI s/ ACCION DE AMPARO-APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-02-27

A fin de facilitar el funcionamiento de la administración de justicia, y frente a la imposibilidad de prever los múltiples problemas de orden práctico que la actividad procesal puede suscitar, las leyes suelen conferir a los órganos judiciales superiores la facultad de dictar normas generales destinadas a complementar o integrar textos legales.
Inmunidad de jurisdicción, Estados extranjeros
Materia: PROCESAL
Carátula: Compañía Arenera del Río Luján  SA c/ De Castro, Francisco y otros s/ Indemnización.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-01

Los buques de guerra son asimilados a los órganos del Estado de su pabellón, siempre que se encuentren al servicio del Estado y al mando de un capitán responsable, cuyos actos de servicio son un modo de expresión de la soberanía del Estado al cual sirven, y están exentos, en principio, de la jurisdicción de otro Estado, ya que no pueden escindirse de la inmunidad de que gozan el buque de guerra y el Estado al cual pertenece.
Haber de retiro, carácter remunerativo, carácter bonificable, Fuerzas Armadas, remuneración
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Zacaría, Justo y otros c/ Estado Nacional
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-05-05

Si el monto determinado a partir del dictado del Dec. 1104/05 pudo considerarse como un ítem inciden-tal de la retribución, el corolario de los sucesivos aumentos de los últimos años los ha convertido en un monto sustancial de la remuneración que percibe en personal en actividad. En consecuencia, corres-ponde declarar el derecho del peticionante a incorporar en su haber de retiro la asignación creada por el art. 5 del decreto referido, que por su carácter general debe ser incluida en el concepto "sueldo", y por tanto, considerarse como sumas remunerativas y bonificables (conf. art. 54, ley 19.101). (Del voto del Dr. Poclava Lafuente al que adhiere el Dr. Fasciolo).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, non bis in ídem, incumplimiento de resolución judicial, violación de domicilio, violencia familiar, falta de prueba
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ANDINO, GUILLERMO FABIAN c/  s/ AMENAZAS EN CARACTER DE AUTOR; VIOLACION DE DOMICILIO Y DESOBEDIENCIA A UNA ORDEN JUDICIAL; ROBO CALIFICADO POR EL USO DE ARMA DE FUEGO CUYA APTITUD PARA EL DISPARO NO PUEDE TENERSE POR ACREDITADA EN GRADO DE TENTATIVA Y ROBO CALIFICADO POR LESIONES GRAVES, TODO EN CONCURSO REAL-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-05-05

En cuanto a la prohibición de doble incriminación, a partir de la condena al justiciable por los delitos de desobediencia a una orden judicial y violación de domicilio, las alegaciones recursivas resultan insuficientes en orden a demostrar que en el caso se hubiera afectado, por cuanto la compareciente, más allá de las razones esgrimidas por el A quo para desestimar su postulación, no refiere que al imputado se le hubiera aplicado la sanción prevista en la ley de violencia familiar por los mismos hechos por los que aquí se lo condena; en consecuencia, al estar desprovisto el planteo de la debida fundamentación y del completo relato de lo ocurrido en el fuero de familia, se impide a este Tribunal el análisis de su idoneidad para habilitar la instancia extraordinaria pretendida.
Contribuyentes, deber de información al fisco, cese de actividad comercial
Materia: PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: FISCO DE LA PCIA. DE CBA. c/ PODETTI, ANGEL R. s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2012-08-23

Se impone como deber formal a cargo del contribuyente inscripto, la obligación de comunicar a la Dirección dentro del término de quince (15) días de ocurrido, todo cambio en su situación que pueda originar nuevos hechos imponibles, modificar o extinguir los existentes, como asimismo la transformación, fusión o escisión de sociedades o empresas, transferencias de fondos de comercio, cambio de nombre o denominación, apertura de nuevos locales, y/o modificación en el régimen de tributación.