Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-02-12


SENT Nro. 36 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 12 DE FEBRERO de dos mil cuatro, reunidos los señores vocales de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo ad hoc de la Excma. Corte Suprema de Justicia integrada al efecto, por inhibición de sus miembros naturales, por los señores vocales doctores Clemente Pedro Martín, José Antonio Barrozo y María Poliche de Sobre Casas, bajo la presidencia del señor vocal Clemente Pedro Martín para considerar y decidir sobre los recursos de casación interpuestos por la parte demandada (Grafa S.A.) y por el co-demandado (Escribano Público Alvaro José Padilla) en autos: "Olmos, Julio César y otro vs. GRAFA -GRANDES FABRICAS ARGENTINAS S.A.- s/Cobros".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Clemente Pedro Martín, José Antonio Barrozo y María Poliche de Sobre Casas, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El Sr. Vocal Dr. Clemente Pedro Martín, dijo:

1.- Que en contra de la Sentencia de Instancia Unica dictada en fecha 24/6/2002 y de su Aclaratoria, dictada en fecha 25/920/02, roladas a fs. 657/659 vta. y a fs. 679 y vta., los co-demandados arriba mencionados interpusieron sendos Recursos de Casación, corrientes a fs. 708/716 y a fs. 683/685.

1.bis.- Que lo atacado por los recurrentes es una de aquellas Sentencias Definitivas dictadas por una de las Salas de la Cámara del Trabajo, mencionadas por el art. 130 del CPL. Igualmente, del cómputo temporario realizado por el Suscrito -en el que se tuvo en cuenta los sendos recursos de aclaratoria interpuestos por los hoy recurrentes y las respectivas fechas de diligenciamiento de las cédulas notificatorias cursadas a sus domicilios reales- resulta que ambos planteos fueron hechos dentro del término legal. Así se considera.

2.- Se comenzará analizando el planteo casatorio hecho por la firma "GRAFA S.A." (fs. 708/716). Al respecto, deseo destacar lo siguiente: que la parte actora presentó memorial facultativo al respecto (fs. 756/759 y fs. 746/755); y que el Sr. Ministro Fiscal se expidió a (fs. 778) sobre el planteo de inconstitucionalidad del art. 138 de la ley 6204, hecho por la citada parte.

2. bis.- Invoca la parte la existencia de -amén los presentes autos- una causa penal entre las mismas partes -"Arluna Ricardo Héctor s/Calumnias e injurias"- en la que también está demandada "Grafa S.A.". En la tal actuaron los Sres. Olmos y Chiani (los actores de autos) y en la misma fue dictada sentencia en fecha 21/12/2001, desestimando la querella por calumnias e injurias y rechazando la demanda civil por resarcimiento de daño moral y psíquico. Y, en los presentes autos laborales, la Sentencia Definitiva es posterior (de fecha 24/6/2002) y se rechazó el reclamo por daños y perjuicios. Subraya que es fácil advertir que ambos casos se sustentan en los mismos hechos y, en materia de daños y perjuicios, se formula el mismo reclamo por distintas vías.

3.- Los Primer, Segundo y Tercer Agravios (los intitulados Primer, Segundo y Tercer Motivo Casatorio -inobservancia de los arts. 1096 al 1106 del Cód. Civil, en especial el art. 1103):

Invoca la parte el dispositivo del art. 1103 del Código Civil ("Después de la absolución del acusado, no se podrá tampoco alegar en juicio civil la existencia del hecho principal sobre el cual hubiese recaído la absolución" el destacado es propio). Y alega que, una vez producida la absolución en sede penal, no se puede alegar en juicio civil -o laboral como es este caso- la existencia del "hecho principal" sobre el cual hubiere recaído la absolución y, en el caso, la acción civil resarcitoria. Así, si la acción civil fue rechazada sobre una base fáctica determinada, esa base fáctica no puede ser modificada ulteriormente por la justicia del trabajo, calificando de mendaces las declaraciones contenidas en un acta notarial.

Que frente a dos sentencias, una que libera y absuelve patrimonial y penalmente y otra que condena laboralmente, la primera en el tiempo (la Sentencia del 21/12/2001, dictada en la causa penal) es la que fijó para siempre los hechos. La sentencia dictada en sede penal fija definitivamente los hechos y si esos hechos son distintos y diferentes a los "hechos" de la sentencia laboral, no pueden estos últimos tener primacía sobre los sustentatorios del rechazo de la querella contra Arluna por calumnias e injurias, promovidas por Olmos y Chiani; e igualmente, el rechazo de la demanda civil por resarcimiento de daño moral y psíquico, incoada por los aquí actores en contra de Arluna y Grafa S.A., trae como inevitable consecuencia el que la demanda laboral no puede prosperar.

Entrando al análisis y valoración de estos "agravios" cabe el destacar muy claramente lo siguiente: la norma jurídica citada (art. 1103 Cód. Civil) alude a la existencia del "hecho principal" sobre el que hubiera recaído la absolución. Cabe el interrogarnos, entonces, sobre cual era este "hecho principal".

A estarnos al texto del Fallo Penal (su fotocopia autenticada a fs. 746/755 vta.) de fecha 21/12/2001, el que está firme a la fecha, según atestado de Actuario, corriente a fs. 755 vta., tal "hecho" estaría constituido por el texto del comunicado patronal de despido laboral, de fecha 2/7/98, dirigido a Olmos, escrito en que se configura y tipifica los delitos previstos en los arts. 109 y 110 CP, porque atribuye falsamente la comisión en grado de tentativa y con agravantes, del delito de robo, deshonrando y desacreditando tanto a Olmos como a Chiani. Ello es tan así puesto que, entre las cuestiones a resolver que se propone la Excma. Cámara Penal, Sala I, la primera es la siguiente: ¿Se encuentra acreditada la existencia de un hecho delictuoso y es su autor responsable el querellado? (es decir, el Sr. Arluna). Y dijo el citado Tribunal: "....determinadas expresiones pueden ser o no calumniosas o injuriosas, según la manera en que fueron empleadas, el marco contextual en que se producen y el efecto buscado...que una constante línea jurisprudencial excluye la calumnia y la injuria en supuestos como el de autos en los que las expresiones reputadas calumniosas y dilacerantes son vertidas en telegrama o comunicado de despido para calificar la conducta de la contraparte, que en definitiva, verosímilmente y como de hecho aconteció, ha de someterse a un litigio específico extra penal, en el cual tienden a procurar una ubicación estratégica (CNCrim. Sala Va., C.10546 "Correa de Giavino" 9/8/78, JPBA, nro. 37, f. 7079)." "...los términos contenidos en el comunicado del distracto laboral ...perseguían un designio de crítica, fuerte, severo quizás, pero indudablemente destinado a enjuiciar el comportamiento laboral de los querellantes para, ...". "Es decir que el querellado Arluna, por mandato de Grafa S.A., tal como surge de la nota de fs. 1 5 y del mandato de fs. 135/140, al remitir el comunicado en cuestión, hizo uso de un derecho...". "La valoración de tales motivos, claro está, debe hacerla el Tribunal Laboral encargado de intervenir en la contienda de ese orden, entablada conjuntamente entre las partes; pero, el contexto dentro del cual se enmarcó el conflicto penal que nos ocupa, no permite extraer, con la certeza que exige un juicio de reproche en este fuero, la intención dolosa del querellado de calumniar, desacreditar y/o deshonrar a los querellantes".

Por lo demás, y "Con respecto al reclamo resarcitorio por daño moral y psíquico, efectuado conjuntamente a los civilmente demandados, Ricardo Héctor Arluna y Grafa S.A., por la suma de cincuenta mil pesos ($50.000) para cada uno de los actores y con fundamento en los arts. 1068, 1078 y ccs. del Código Civil, considero que el mismo debe rechazarse por cuanto, amén de haberse absuelto a Arluna por la inexistencia del hecho ilícito que se le atribuyera, tampoco se ha acreditado en su conducta ni en la de su mandante la existencia de ilícito civil".

Obvio es que, cotejando tal panorama fáctico con el esgrimido en la demanda y/o discutido por las partes en autos, un tal es muy distinto al tenido en cuenta en la Sentencia Laboral hoy atacada (ver sus "Considerandos", a fs. 658, párrafos 2° a 12°, ss. y ccs.). Así, es hasta absurdo que la firma recurrente invoque la normativa del art. 1103 Código Civil para fundar su planteo casatorio, puesto que el "hecho principal" sobre el que recayera la absolución en sede penal NO tiene nada que ver con el invocado por los actores en autos (despido directo e incausado de los citados) ni con el reclamo indemnizatorio laboral aquí pretendido. Así se considera.

Cabe el señalar también, que las conclusiones del análisis fáctico realizado en la sentencia hoy en crisis no fueron refutadas ni siquiera analizadas en el escrito casatorio, por lo que sus conclusiones pueden reputarse de firmes.

Por ello, propongo se rechacen estos tres primeros agravios o "motivos casatorios" de la parte.

4.- Cuarto agravio (o "motivo casatorio"): invoca el principio u obligación de los magistrados de fundar sus sentencias (arts. 17 y 18 de la Const. Nac.); siendo ésta una tarea o labor intelectual personalísima, intransferible e insustituible y no susceptible de adhesión, esto último por su propia naturaleza y por buenos o convincentes que sean los argumentos que utiliza otro magistrado para fundar su voto. Destaca que la Cámara del Trabajo está compuesta por Salas de dos miembros cada una (art. 37 de la LOT), y que en este caso se conculca la norma pues si bien "aparecen" dictando sentencia dos magistrados, uno solo de ellos es el que meritúa el caso. La Sra. Vocal Dra. Marcela B. Tejeda se limita a compartir los fundamentos dados por el Sr. Vocal preopinante. Invoca el art. 116 del CPL.

Al respecto, cabe el merituar lo siguiente: el solo hecho que la Dra. Tejeda haya adherido al voto del Sr. Jerez no importa violar lo preceptuado por el art. 116 del CPL, ni transformar en inmotivada o infundada la Sentencia hoy cuestionada. En efecto, de las propias Sentencias o Fallos dictados por la Excma. CSJTuc, su sala pertinente, se desprende que este Tribunal tiene adoptado un criterio similar al cuestionado por la recurrente. Amén de ello, el CPCC (Ley 6904) en su art. 796, 2° párrafo, otorga la posibilidad que un miembro de la Sala adhiera al voto del Vocal que le hubiere precedido, en caso de estar conforme con sus fundamentos. Una elemental razón de economía procesal así lo impone.

Por ello, propongo el rechazo de este 4° agravio (o "motivo casatorio").

5.- En lo que hace a la "Inconstitucionalidad del art. 138 Ley 6204", planteada por la misma recurrente, cabe el decir lo siguiente: atento a la solución dada a su planteo casatorio, NO corresponde el entrar a tratar la cuestión, dejándose bien en claro que el citado planteo afecta tan solo a esta parte, y no tiene incidencia en relación al otro recurrente de autos.

En resumen: de lo analizado resulta que solo cabe el no hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la co-demandada firma "Grafa S.A.". Las Costas correspondientes se imponen íntegramente a la recurrente, por ser la perdidosa (arts. 106, 108 y ccs. del CPCC, de aplicación supletoria en el Fuero Laboral). Los Honorarios pertinentes serán regulados en su oportunidad. Así se propicia.

6.- Recurso de Casación interpuesto por el co-demandado Escribano Público Alvaro José Padilla (fs. 683/685), en contra de la sentencia definitiva de autos y su Aclaratoria: que la parte entiende quebrantadas lo normado en los arts. 273 inc. 6 y 106 del CPCC, 993 y 1071 del Cód. Civil y 19 de la Constitución Nacional.

Como "agravios" específicos, destaca que, pese a que el Fallo hoy en crisis (del 24/6/2002) hace lugar a la demanda en contra de "Grafa", y "a dichos efectos" declara (P.I, parte dispositiva) "la nulidad del acta notarial nro. 607 -labrada por el Escribano Padilla-, en cuanto documenta un distracto laboral por mutuo acuerdo, quedando subsistente como documento de despido incausado", y que, en los considerandos de la Sentencia Aclaratoria de fecha 25/9/2002, se dice claramente que "tratándose de un acta declarativa las manifestaciones de los intervinientes no gozan de valor probatorio absoluto porque el escribano da fe de que ellas se efectuaron, mas no de su sinceridad, lo que excluye su condena específica en la redargución ya que su objeto es la falsedad de los hechos que pasaron en su presencia y no la voluntad de las partes o el mérito que conforme a derecho efectúe la sentencia. "Así, aclarase la sentencia" "en el sentido de que la nulidad del acta notarial 607 en los términos dispuestos en el punto I de la resolutiva, es en virtud de la acumulación de los juicios, y no por el objeto específico de la acción de redargución, que queda subsumida en el juicio principal, siendo la condena a la demandada en tal juicio". Y aclara también, que, en cuanto a las costas..."se imponen a la codemandada en la redargución, sus propias costas, conforme resulta del contexto de la sentencia".

En consecuencia, el recurrente se agravia de lo autocontradictorio del auto aclaratorio -lesionándose el art. 106 del CPCC (consagratorio del principio objetivo de la derrota)- puesto que señala claramente que no hay condena específica en la acción de redargución seguida en contra del Esc. Padilla, por lo que la consecuencia lógica de ello es la total eximición de costas del citado, y no el que le impongan "sus propias costas". En otras palabras, que es incontestable que la acción de redargución seguida contra Padilla ha sido rechazada, no pudiéndosele imponer ni siquiera sus propias costas.

Que al adoptar otro criterio, distinto al supra apuntado, la sentencia cuestionada viola el art. 273 inc. 6 del CPCC, al no contener una decisión precisa con arreglo a las acciones deducidas, porque al aclarar el alcance de la declaración de nulidad, indica que la índole misma del acta cuestionada obsta a la condena específica del escribano que la labró, pero más adelante resulta que se decide imponer a éste sus propias costas ("costas por su orden") desdiciéndose así de su afirmación de que Padilla está exento de cualquier responsabilidad profesional o patrimonial.

Entiende también que no se respetó el principio objetivo de la derrota, infringiéndose el art. 106 del CPCC. Que el Esc. Padilla NO resultó vencido al declararse la nulidad del acta, puesto que, según la misma sentencia, la nulidad alcanzó solo a la veracidad de los hechos relatados por los declarantes, pero no lo atinente a la inexistencia del relato en si. Y que la distinción no es sutil, porque el objeto mismo de la argüción es precisado por el art. 993 Cód. Civil, que se refiere a la fe dada por el escribano de los hechos pasados en presencia suya.

Finaliza solicitando se declare procedente el recurso de casación, y se dicte un nuevo pronunciamiento, precisándose que la demanda de redargución de falsedad ha sido rechazada en cuanto se dirige en contra del Escribano Alvaro José Padilla, y eximiéndose a éste de las costas de la instancia.

6 bis.- Este Vocal entiende que el planteo de la parte arriba citada, debe prosperar, ello por cuanto: a) la demanda por redargución de falsedad incoada en contra de la Escritura nro. 607 otorgada por el Esc. Público Alvaro José Padilla fue claramente desestimada o rechazada por el Tribunal A-quo (ver la Sentencia Definitiva, sus "considerandos", a fs. 657 y vta., y su parte dispositiva, Punto I, "in fine". Ver igualmente la sentencia aclaratoria, los "considerandos" pertinentes, a fs. 679 "in fine" y 679 vta., 4 primeros párrafos). b) Así, no puede entenderse que el citado Escribano Padilla fuera en forma alguna la "parte vencida" de la que habla el art. 106 del CPCC. c) No cabe alegarse -en contra del análisis que estoy haciendo- la existencia de una jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema de Justicia de Tucumán, su composición originaria, que consagra el que: "El modo de imposición de costas, configura una cuestión de "hecho", librada al prudente arbitrio de los jueces de mérito, insusceptible de revisarse en vía casatoria (doctr ina CPL, art. 131 incisos a y b; excepción hecha de que en ese juicio prudencial se hubiere incurrido en arbitrariedad manifiesta o violación de los principios de la lógica...."(Fallo nro. 325, del 14/10/93, in re "Véliz Eduardo vs. Robert Bosch Argentina S.A. s/Cobro de australes" y sus cctes.). Pero he aquí que se ha interpretado, ut supra et ut infra, que el Tribunal A-quo incurrió precisamente en violación flagrante a los principios de la lógica, y obró en forma claramente arbitraria.

6.- Luego, y atento a las constancias de autos y a una más acertada merituación o interpretación de lo realmente decidido por la Sala A-quo, y considerando que ello es lo mandado conforme a una recta interpretación del principio objetivo de la derrota impuesto por el art. 106 del CPCC, corresponde el receptar el agravio de parte arriba analizado y -receptando el planteo casatorio- anular parcialmente la Sentencia Definitiva dictada en fecha 24/6/2002 (fs. 657/659 vta.) y en especial la Sentencia Aclaratoria de fecha 25/9/2002 (fs. 679 y vta.). Luego, y dictándose la sustitutiva pertinente, (conforme autoriza y manda el art. 138 CPL) expresar que: I) La demanda por redargución de falsedad incoada por el Sr. Chiani y dirigida en contra del Escribano Padilla, ha quedado rechazada. II) Que atento a la muy "sui géneris" nulidad del acta notarial 607, la imposición de las costas pertinentes no debe afectar al citado Escribano, es decir, que el tal debe quedar totalmente eximido de toda costa (arg. art. 106 CPCC). III) Que, en consecuencia, y atento a todo lo tratado, tales costas deben ser exclusivamente a cargo de la parte demandada en los autos del rubro (firma "Grafa S.A.") (conf. art. 106 cit.). Así se propicia.

La solución propiciada arriba es en virtud de la siguiente doctrina legal: "Luce como arbitraria y debe ser nulificada la sentencia que impone las costas propias de una acción de redargución de falsedad de escritura pública, al Escribano Público interviniente, cuando por otra parte resulta rechazar tal demanda, y limitarse a anular en forma peculiar el instrumento cuestionado, dejándolo subsistente para otros fines".

Las Costas de este planteo casatorio se imponen íntegramente a la parte actora, por ser la perdidosa (arg. art. 108 CPCC, de aplicación supletoria en el Fuero Laboral). Los pertinentes honorarios serán regulados en su oportunidad.

Los señores vocales doctores José Antonio Barrozo y María Poliche de Sobre Casas, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el vocal preopinante, doctor Clemente Pedro Martín, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo y habiendo dictaminado el señor Ministro Fiscal, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo ad hoc, R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la representación letrada de la principal demandada en autos, la firma "GRAFA S.A.", en contra de la sentencia, dictada por la Sala IIª de la Excma. Cámara del Trabajo, en fecha 24/6/2002, rolada a fs. 657/659 vta., y de su sentencia aclaratoria, dictada en fecha 25/9/2002, rolada a fs. 679 y vta., conforme lo considerado.

II.- HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la representación letrada del Escribano Público Alvaro José Padilla, en contra de la sentencia definitiva de fecha 24/6/2002 y su aclaratoria de fecha 25/9/2002 y, en consecuencia, declarar la nulidad parcial de las tales, en la forma y con los alcances arriba merituados. Y, dictándose la SUSTITUTIVA pertinente, disponer que: "I) La demanda por redargución de falsedad incoada por el Sr. Chiani y dirigida en contra del Escribano Padilla, ha quedado rechazada. II) Que atento a la muy "sui géneris" nulidad del acta notarial 607, la imposición de las costas pertinentes no debe afectar al citado Escribano, es decir, que el tal debe quedar totalmente eximido de toda costa (arg. art. 106 CPCC). III) Que en consecuencia, y atento a todo lo tratado, tales costas deben ser exclusivamente a cargo de la parte demandada en los autos del rubro (firma "Grafa S.A.") (conf. art. 106 cit.).

III.- COSTAS conforme se dispusiera -para cada caso en esta instancia casatoria- más arriba.

IV.-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.- CLEMENTE PEDRO MARTIN JOSE ANTONIO BARROZO MARIA POLICHE DE SOBRE CASAS