marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Justicia municipal de faltas, recurso de revisión (procesal), admisibilidad del recurso, nulidad absoluta, competencia
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: D. A. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Recurso de queja Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-12-26

El recurso en examen, en cuanto a su forma, no cumple con lo que al respecto dispone la disposición transitoria 2, inciso 2) de la Resolución Nro.152/99 del Consejo de la Magistratura local, la que exige que el recurso debe ser fundado al momento de su interposición. En consecuencia, existiendo un vicio esencial que no habilita la posibilidad de tratamiento del recurso interpuesto, no cabe sino concluir que el mismo ha sido mal concedido por la Cámara de Faltas, organismo éste que conforme la disposición transitoria 2, inciso 3) de la Resolución Nro.152/99, es el que debe analizar las condiciones de admisibilidad del recurso ante él interpuesto.

Sin perjuicio de lo expuesto, y en pleno ejercicio del "control judicial suficiente", habremos de analizar la resolución en razón de que a simple vista se advierten en ella errores de tal naturaleza que la descalifican como acto cuasijurisdiccional válido. Tratándose en la especie de una nulidad absoluta, y en consecuencia insalvable, este Tribunal puede y debe, en el ejercicio pleno de su función jurisdiccional -artículos 1 y concordantes de la Ley Nro.7-expedirse respecto de la invalidez de la resolución en examen, por encontrarse comprometidos derechos de raigambre constitucional.

Resulta evidente que renace la competencia de la Cámara de Faltas para conocer en estas actuaciones, toda vez que al declararse nulo su pronunciamiento, deberá dictar una nueva resolución con arreglo a derecho, según lo establece el artículo 33 de la Ley Nro.19.690, por lo que procede su remisión a dicho organismo. Del voto de los Dres. Dessanti y Lucangioli
Recurso de inconstitucionalidad, omisión de considerar cuestión propuesta, automotores, compraventa, acción subrogatoria
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: NAIDICH, EDUARDO S. c/ GRECO, SERGIO Y OTRO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD. CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS - DAÑOS Y PERJUICIOS (EXPTE.: C.S.J. NRO. 902 AÑO 2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-08-05

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad habida cuenta que se ha omitido tratar cuestiones decisivas para la solución de la litis y, por dicho carril, se ha arribado a una solución descalificable desde el plano constitucional.

En el caso, la demanda incoada lo es contra la concesionaria pero también contra el vendedor, para que este último cumpliera con el contrato de compraventa celebrado y le entregara el certificado de fabricación del automóvil, haciendo reserva de accionar por daños y perjuicios contra quien resulte responsable por la privación del uso del automóvil.

Por lo tanto, al rechazar -la Sala- la demanda contra ambos demandados, no atiende un extremo de la litis sobre el cual no habría controversia, esto es, las obligaciones asumidas por el vendedor en el contrato que originó el conflicto. (Del Voto del Dr. Falistocco que hace Mayoría)
Excepciones procesales, falta de legitimación para obrar
Materia: PROCESAL
Carátula: RODRIGUEZ DE PUGENER, MARIA CARMEN c/ CAPELLO, ALFREDO ESTEBAN s/ DESALOJO
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1996-05-13

El régimen legar acuerda al Juez dos posibilidades:a) si considera que la falta de legitimación es "manifiesta", debe hacer lugar a la excepción, con lo que concluye el proceso, la resolución es apelable; b) si interpreta que no es "manifiesta", debe rechazar la falta de legitimación como excepción de previo y especial pronunciamiento, sin perjuicio de considerar la cuestión en la sentencia definitiva; en tal caso la decisión es inapelable (art. 330 C. Pr. ), por no causar gravamen irreparable al excepcionante.-
Delitos contra la integridad sexual, daño moral
Materia: PENAL-CIVIL
Carátula: Fontalba Meza M. y otros s/ recurso de casación. Causa: 417
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-07

Hay supuestos en que el daño moral se puede tener por probado por la sola comisión del acto antijurídico, esto es, en los casos de un delito contra la honestidad del que obviamente se desprende un agravio de orden moral en la víctima que debe ser reparado.
Daños y perjuicios, cosa riesgosa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Schmahl, Ricardo Rodolfo c/ Consorcio de Propietarios Edificio calle 49-690/694 y/o responsables s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-07-18

Me encuentro persuadida que fueron las características del montacarga, sobre todo el hueco hacia el vacío, sin protección, que se producía en los entrepisos, de aproximadamente treinta y tres centímetros y la falta de trabas para la inmovilización del vehículo transportado, las que la tornaron de tal peligrosidad, que determinaron finalmente la producción del suceso dañoso. Es que para determinar si la cosa genera peligro, el juez en cada oportunidad debe preguntarse si la cosa, por cualquier circunstancia del caso, produce un riesgo en el que pueda ser comprendido el daño sufrido por la víctima.
Acumulación de procesos, trámite independiente, tribunal de alzada, facultades del juez, pedido de desacumulación
Materia: PROCESAL
Carátula: FERNANDEZ ISOLINA c/ IOS s/ AMPARO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-15

La adecuada valoración de cada situación en particular torna aconsejable trámites autónomos y decisiones también autónomas, siendo claro que en ningún caso, la sentencia que haya de dictarse producirá, necesariamente, cosa juzgada en el otro (art. 188, CPCC).

En tales condiciones, así como los jueces cuentan con la facultad de disponer de oficio la acumulación de procesos, con mayor razón la Cámara tiene poderes suficientes para ordenar la desacumulación cuando ella es inapropiada y no se puede dar el presupuesto de proyección de la cosa juzgada que prevé el art. 188 del CPCC, resultando una hermenéutica jurídica -que se adecua a los poderes instructorios del Tribunal- dar una interpretación amplia al art.

192 del CPCC autorizándolo a disponer la desacumulación de procesos que, en definitiva, tiende a complicar y no a simplificar la tramitación de las causas.
Prueba, apreciación del juez
Materia: LABORAL
Carátula: BARRERA, MARTIN GIL c/ ATILIO DON Y ALBERTO DON Y/O PROP. Y/O RESP. s/ INDEMNIZACION POR DESPIDO, ACCIDENTE DE TRABAJO, ETC.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-09-06

Si bien los jueces del fuero laboral gozan de amplias facultades instructorias y de investigación, de ellas no puede inferirse que las partes estén relevadas de demostrar los extremos de su pretensión ya que son éstas las que tienen la carga de aportar la prueba de sus afirmaciones o en caso contrario, soportar las consecuencias de su omisión. (Minoría u opinión personal)
Autonomía provincial, elecciones provinciales, gobierno nacional
Materia: ELECTORAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por el actor en la causa Acuerdo para el Bicentenario c/ Provincia de Tucumán s/ amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-07-11

La provincias se dan sus propias instituciones y se rigen por ellas (art. 122 Constitución Nacional), establecen su régimen electoral, eligen sus gobernantes, sus legisladores y demás funcionarios de provincia, sin intervención del Gobierno federal, con la obvia salvedad de que en este precepto la palabra "Gobierno" incluye a la Corte Suprema, a la que no le incumbe discutir la forma en que las provincias organizan su vida autónoma conforme al art. 105
Ministerio Público Fiscal, ejercicio de la acción pública, acusación fiscal, falta de acusación, sentencia condenatoria, defensa en juicio, facultades del juez, principio de contradicción
Materia: PENAL-CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Guzman, José Marcelo y otros s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-11

Los fiscales -en virtud de lo establecido por los artículos 120 de la C.N. y 25 inciso "c" y 33 inciso "b" de la ley Nº 24.946- son los titulares exclusivos de la acción penal pública y como tales, los encargados de intentar y lograr -si corresponde en el caso concreto- que el órgano jurisdiccional competente aplique la sanción que corresponda.

Es así que, será el Ministerio Público Fiscal, de manera automática e inevitable, el que deba iniciar de oficio todas las acciones penales frente a una hipótesis delictiva (art. 71 CP) y no podrá suspenderlas, interrumpirlas ni hacerlas cesar (art. 5 C.P.P.N.). Admitir que el órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia condenatoria cuando el fiscal no ha sostenido la acusación, es violatorio de los derechos de debida defensa en juicio e imparcialidad del juzgador, así como el principio consustancial del proceso penal: cual es el de contradicción. Si aceptáramos el criterio de que los jueces luego de producido el debate, son quienes tienen el poder de imponer una pena aun sin que exista un pedido de parte, tendríamos que reabrir el debate para dar oportunidad a la defensa de refutar la posición del tribunal.

Para ello, sería necesario que existiera una cesura del debate y que se le permita a los otros sujetos procesales debatir "la tercera opinión" del tribunal como consecuencia del principio de contradicción que debe regir a lo largo de todo el proceso en razón de que se trata de un derecho fundamental de las partes.

(Voto de la Dra. Ledesma).
Lavado de activos, sentencia condenatoria
Materia: PENAL
Carátula: González, Ariel Gustavo y otros c/  s/ inf. art. 278 del C.P.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2020-08-21

Que para tal cometido, destacaron los Fiscales de Instrucción, que se ha recurrido a la formación de un sinnúmero de empresas, dedicadas a diversos rubros (gastronómico, inmobiliario, carpintería, agrícola-ganadero, entre otros), cuyos integrantes han realizado diversas conductas de orden patrimonial y financiero, enderezadas a dar una apariencia lícita a remesas ingresadas a nuestro país a través de diversos métodos de por sí complejos, las cuales resultaron ser el producto de la actividad ilícita relacionada con el narcotráfico, constituyendo éste el delito precedente que requiere el tipo penal de lavado de activos.
Recurso extraordinario, admisibilidad del recurso, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Oddone, Luis Alberto y otros c/ resol.  Nx  236,  238  y  363  del  Banco  Central  de  la  Rep. Arg. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-28

Uno de los requisitos a los que el art. 14 de la ley 48 condiciona la admisibilidad formal del recurso extraordinario es que él haya sido interpuesto contra sentencias definitivas, esto es, respecto del aquellas decisiones que dirimen la controversia poniendo fin al pleito o haciendo imposible su continuación.
Revocación por ingratitud, donación
Materia: PENAL
Carátula: S.M.T.E.D. c/ S.M.A.D.H. s/ REVOCACIÓN DE DONACIÓN (ORDINARIO) (ORDINARIO)
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 2016-04-20

La ingratitud (en la donación) es una noción ético - social tomada por la ley como motivo jurídico que presenta una gama muy amplia de aplicaciones que van desde la falta de afecto hacia el benefactor a las faltas de respeto o de devoción. Hay casos que quedan fuera de la sanción jurídica en la esfera puramente moral; otros en los cuales la ley habla genéricamente de ingrato y de ingratitud, dejando al juez una gran posibilidad de apreciación; y otros casos, en cambio, en que la ingratitud se concreta en supuestos taxativamente establecidos por la ley.
Nulidad procesal, oportunidad procesal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: P. M. A. c/ CH. A. M. s/ DIVORCIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-08-03

Aunque el C.P.N. ni el C. Proc. Civ. y Com. de la Pcia. de Bs. As.

contiene una norma análoga a la establecida en el art. 240, primera parte, del Cód. Procesal derogado, en cuya virtud la nulidad por defecto de procedimiento debía ser reclamada en la misma instancia en que se hubiere cometido, tal principio debe considerarse subsistente en tanto hace a los fundamentos mismos del incidente de nulidad. Por lo tanto, es pertinente tratar en Primera Instancia el incidente relativo a la nulidad de actuaciones planteadas por la representante de menores con fundamento en no habérsele dado intervención para contestar la ampliación de la demanda y en otros actos que afectarían sus intereses y los de sus representados, ya que los supuestos vicios invocados se refieren a la falta de la debida constitución del proceso y ocurrieron en Primera Instancia.-
Indemnización, valor vida
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Sosa, Luis Ernesto c/ Fuhr, Eduardo y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-05-21

La reparación por muerte del hijo ha de ser, como toda reparación, integral, dentro de su respectiva especie. Por ello, la cuantía de la indemnización resultará de la medida con que en los hechos el hijo muerto contribuía al sostenimiento de sus padres; y en la medida en que por derecho contribuía o debería contribuir a la subsistencia de los mismos.
Pena, unificación de penas
Materia: PENAL
Carátula: "RAMIREZ, Miguel A. s/ deneg. Excarcelación".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-09

Si bien la redacción del art. 58 del Código Penal resulta confusa, tanto la doctrina como la jurisprudencia han distinguido dos supuestos para la aplicación de las reglas concursales: la unificación de condenas y la de penas. Así entiende Zaffaroni que "Pese a la simplificada versión argentina...se impone la distinción de ambas hipótesis, pues el análisis de la naturaleza jurídica de cada una de ellas lleva directamente a la solución de los problemas. En el caso de concurso real se impone una única condenación, es decir, un único acto jurisdiccional por el que se condena a un sujeto como autor de todos los delitos...aquí la cosa juzgada cae hasta ese grado, no solo porque debe salvarse la unidad del ejercicio del poder punitivo estatal, sino porque se impone salvar el principio constitucional de igualdad ante la ley, que impide que la pena se agrave por meras cuestiones procesales que obsten a que el tribunal dicte una única sentencia...De allí que esta hipótesis de concurso real juzgado en plenitud de sentencias requiera especial previsión como unificación de condenas..." (Derecho Penal Parte General", segunda ed. Ediar Bs. As. 2003 p. 1018). Este Tribunal, siguiendo el Plenario "Palacios, J." de la Cámara del Crimen de fecha 29.12.1970, ha afirmado que el agotamiento de la pena que se pretende unificar resulta irrelevante cuando hubo violación a las reglas de concurso (en el mismo sentido la Sala II en causa "FLORES MARTINEZ del 1.3.96), pues los únicos hechos distintos posteriores que no pueden funcionar como presupuestos de unificación cuando la pena preexistente ya está extinguida al recaer sentencia sobre ellos, son exclusivamente los perpetrados luego que la condena firme pasó en autoridad de cosa juzgada, lo que ordinariamente se denomina como "unificación de penas".
Delegación de la investigación, resoluciones apelables, gravamen irreparable, juez de instrucción
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: QUINTEROS, Rodrigo Gastón. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-19

El auto que decide la delegación de la instrucción al Ministerio Público Fiscal, resulta apelable, pues en determinadas circunstancias puede causar gravamen irreparable (*) (del voto del Dr. Gerome).

Corrida la vista en los términos del art. 180 del C.P.P.N. y efectuado el correspondiente requerimiento de instrucción, el conocimiento de las actuaciones debe proseguir ante el juzgado de instrucción y no resulta procedente que luego de ese estadio, se disponga la delegación de la investigación (art. 196 del C.P.P.N.) (del voto del Dr. Barbarosch).

Con ello, corresponde que siga a cargo de la investigación el juez instructor.
Presunciones, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Antonini, Fernando María; Auge, Fabián Eduardo; Luque, Juan Pablo s/ Tentativa de hurto
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-03-13

Es violatoria del art. 256 inc. 5 -n.a.- del C.P.P. la mendacidad valorada como indicio pues la circunstancia de que el declarante no haya sido veraz no constituye un hecho que conduzca en forma directa a la demostración de que sea el autor de la acción que se le endilga.
Compraventa de automotores, automotor defectuoso, responsabilidad civil, responsabilidad objetiva, defensa del consumidor, responsabilidad del fabricante, responsabilidad de la concesionaria, daños y perjuicios, indemnización, daños punitivos, daño moral, privación del uso del automotor, disidencia
Materia: CIVIL
Carátula: DIJKSTRA, NICOLAS. c/ SAPAC S. A. Y OTRO. s/ SUMARÍSIMO ART. 321 CPCC.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2013-02-26

Los hechos que fundan la pretensión de autos y la situación que vivió el actor exceden una mera molestia o incomodidad, para tornarse en una situación en la cual el actor vio frustradas sus legítimas expectativas de obtener un adecuado rendimiento del rodado recientemente adquirido, más aún, teniendo en cuenta que compró un vehículo 0 km., mediante crédito bancario, y que resultaba sumamente razonable esperar que el vehículo funcionara en óptimas condiciones, atento al costo económico que representa la adquisición de dicho bien y la especialidad que revisten en su fabricación y comercialización las demandadas.

Luego, dentro de los parámetros de prudente discrecionalidad que deben orientar la labor judicial en estos casos (cfr. art. 165 del C.P.C. y C.), considerando las circunstancias particulares del litigio, estimo adecuado establecer la indemnización por este concepto en la suma de diez mil pesos, $10.000. (del voto del Dr. Pascuarelli).
Caducidad de instancia, dictamen pericial, plazos procesales, impulso de parte
Materia: PROCESAL
Carátula: FISERVICE SA c/ SEGBA s/ INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-28

No puede pretender la actora que la actuación del perito designado de oficio interrumpa el curso de la perención, ya que la carga que sobre ella pesa mal puede ser transferida a quien no es parte en el proceso (cfr. esta Sala, Causa 7362 del 9.11.90, entre otras). En este sentido, la doctrina no vacila en calificar al perito como un auxiliar de la justicia y por ende un sujeto distinto de las partes (cfr. Fenochietto-Arazi, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, anotado y concordado", T. II, pág. 482; Palacio L. E. "Derecho Procesal Civil", T. IV, pág. 473/77); por lo que no cabe duda que el plazo acordado al perito, es al sólo y único fin de efectivizar su cometido; en consecuencia, no se puede por ello interpretar que si el experto demora injustificadamente en la presentación de la pericia, quede relevada la parte accionante de su carga impulsoria (cfr. CNCiv. Sala A del 16.2.94 In re "Vega, Luis Nicolás c/González Rául R s/Sumario").
Control de constitucionalidad, debido proceso
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Provincia de Misiones. s/ Recurso    Extraordinario   de  Nulidad,  Inaplicabilidad  de  Ley e  Inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2001-10-03

La doctrina sentada en la Corte Suprema de la Nación, ha establecido respecto a la declaración de inconstitucionalidad de una ley, que es sólo procedente a pedido de parte, a efectos de resguardar el derecho constitucional del debido proceso y derecho de defensa en juicio. Una de las excepciones la constituyen los supuestos de limitación o anulación de su facultad jurisdiccional.(Dra.

Catella:en disidencia).
Acción de amparo, actos u omisiones de autoridades públicas, contrato de trabajo, trabajo de mujeres, protección de la madre trabajadora
Materia: LABORAL - CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: LAURA EMA BASIGALUZ SAEZ c/ MINISTERIO DE EDUCACION Y JUSTICIA s/ PUBLICACION  DE  LA LEY - VIGENCIA - REGLAMENTACION - ACTOS PROPIOS -  CONTRATO DE TRABAJO  -  MATERNIDAD - AMPARO - INTERES PARA IMPUGNARLA  - CONSTITUCIONALIDAD - INTERPRETACION  DE  LA LEY - GOBIERNO DE FACTO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-30

Interpuesta acción de amparo solicitando la franquicia de finalizar la jornada laboral una hora antes para amamantar a su hijo, por quien cumple una jornada laboral de cuatro horas, procede reconocerle el derecho a uno de los descansos de la ley 12.568.
Recurso de inconstitucionalidad, interpretación restrictiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Rodríguez, Roberto c/ Jorge Annuar s/ Recurso de Inconstitucionalidad  (L.A. Nº 41, Fº 600/602, Nº 224) Inconstitucionalidad  (L.A. Nº 41, Fº 600/602, Nº 224)
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1998-06-01

El recurso de inconstitucionalidad ante éste Superior Tribunal, sin duda, tiene excepcional importancia pues se trata de salvaguardar mediante el mismo lo que puede llamarse el primer principio de orden constitucional enunciado en el Preámbulo, que es afianzar la justicia, así como en los normados en los arts. 18 de la Constitución Nacional y 29 de la Constitución Provincial, pero su excepcionalidad precisamente, impone una aplicación de él en extremo restrictiva. De lo contrario se convertiría en una instancia ordinaria más, con la consiguiente lisa y llana substitución de la potestad específica propia de los tribunales ordinarios de grado, por la de éste Superior Tribunal.-
Derecho procesal, competencia, cuestiones de competencia, competencia de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: M., F. S. s/ Robo en poblado y en banda en grado de tentativa S/ Cuestión de Competencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 2004-04-20

Como ya se ha expresado en el caso " Reiss, Fabio Carlos s/ Dcia. S/ Cuestión de Competencia" expediente Nº1306/01. SDO de fecha 01.08.01, este Cuerpo se encuentra constitucional y legalmente habilitado para determinar; asignar y dirimir los conflictos de competencia que involucran a los órganos judiciales locales. Mas, tal competencia cesa en los supuestos en que las cuestiones involucren a órganos de extraña jurisdicción. Tal criterio resulta aplicable a todas aquellas cuestiones que se susciten y/o puedan suscitar con dichos órganos, sea por razón del territorio o de la materia.
Empleados de banco, despido, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: Anglada, Alfonso c/ Banco Patagónico S.A. (hoy su quiebra) s/ Cobro de indemnizaciones
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-06-28

El derecho de los trabajadores bancarios despedidos nace con la extinción de los contratos de trabajo y no con el solo cumplimiento del período o los períodos de servicio bancario según los tiempos de la derogada ley 12.637 (según ley 18.598) y en sus condiciones.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)