marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Presupuesto nacional, reforma legislativa, ley derogada
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Frigorífico Cristal S.A. c/ Mº de Salud y Acción Social s/ contrato administrativo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-18

La Sala tiene declarado que el art. 20 de la ley 24.156 -en sentido similar al art. 18 del decreto-ley 23.354/56- consagra la prohibición de que las leyes de presupuestos generales puedan reformar o derogar leyes vigentes. Así, ha señalado que si bien el texto legal mencionado no mantiene jerarquía constitucional, manifiesta el inequívoco propósito de limitar el presupuesto a su función normal de acto gubernamental, cuyo objeto es autorizar los gastos a realizar el próximo año y a calcular los recursos probables con que serán solventados dichos gastos (conforme autos "García Vacas de Borderes Castex, Nilda Isabel y otros c/ Estado Nacional Mº de Defensa s/ Personal militar y civil de las FFAA y de seg." del 5/6/96). Y más específicamente ha también observado la Sala que el citado art. 20 de la ley 24.156 expresamente sanciona la interdicción por medio de leyes presupuestarias disposiciones legales en vigencia y que al estipular como se deben elaborar las leyes de presupuesto lleva ínsita la imposibilidad jurídica de que, mediante ellas, se proceda a su derogación (esta Sala, autos "Graiño, Jorge Guillermo c/ Poder Ejecutivo Nacional s/ Empleo Público", del 20/9/96). La doctrina de los precedentes citados, significa, según ha sido anotado (Rev. Impuestos-LIV-B, pág. 2846) "descalificar jurídicamente la incoherencia legislativa que, primero, a través de la ley de Administración Financiera y Sistema de Control, garantiza a los ciudadanos -en el marco de una estabilidad calculable- que las leyes de presupuestos no cobijarán materia extrañas a su ámbito específico y luego, desdice dicho compromiso incorporando a tales leyes normativas que le son extrañas con agravio del principio de autolimitación y coherencia legislativa". (Cons. II).
Accidente de tránsito, privación del uso del automotor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: A. Patko y Cia. SACIFIA c/ Noguera Alfredo E. y ot. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-12-12

El tiempo que insume la reparación de los daños que sufre el rodado en un choque y la privación de uso que ello provoca, son consecuencias previsibles y por tanto mediatas del hecho ilícito, quedando por tal razón dentro de la esfera de responsabilidad del agente causal activo. No sucede lo mismo con el tiempo que el damnificado demore en decidirse a efectuarla, por cuanto tanto dicha demora como los motivos que puedan provocarla, constituyen concausas que quedan fuera de la previsibilidad de dicho agente, erigiéndose el lapso de indisponibilidad así generado, en una consecuencia casual por la que el nombrado no debe responder (arts. 901, 904, 905 Cód. Civil).
Sociedades comerciales, sociedad cooperativa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: INSTITUTO  NACIONAL  DE ASOCIATIVISMO Y ES (INAES) c/ COOPERATIVAOCEAN DE PROV  DE SERV P/F Y COM LTD S/ s/ EDIDA PRECAUTORIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-18

Procede revocar la decisión del juez de grado, por no haber designado interventor en la cooperativa demandada a la persona propuesta por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Ello por cuanto de conformidad con la legislación vigente se ha reconocido la legitimación del mencionado organismo de fiscalización de las cooperativas para solicitar al juez competente la intervención de la cooperativa cuando sus órganos realicen actos o incurran en omisiones que importen un riesgo grave para su existencia (conf. CNCom. Sala B, 18.2.80, "Instituto Nacional de Acción Cooperativa c/ Cooperativa de Almacenes Ltda.", citado por Cabanellas de las Cuevas, G., Derecho Societario - Parte General, Buenos Aires, 2003, t. 8, ps. 381/382, texto y nota n° 145).
Competencia por conexidad, perpetuatio jurisdictionis, recusación sin causa, interpretación restrictiva
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: LISA DE COMMENGE, NELIDA MARIA c/ COMMENGE, HECTOR JORGE s/ NULIDAD DE ACTO JURIDICO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-23

La cuestión que versa sobre si se debe prevalecer la recusación sin expresión de causa o la competencia por conexidad, no puede ser resuelta según principios abstractos sino valorando cada hipótesis en particular. La conexidad puede estar basada en los motivos más diversos; algunos de ellos revisten una importancia tal que torna improcedente la recusación sin causa por incidencia de "perpetuatio juridictiones". Otros, en cambio, se originan en razones que no pueden dejar sin efecto un instituto procesal que si bien es de interpretación restrictiva, tiende a garantizar la defensa de las partes.

Prevalece sobre la recusación sin expresión de causa, el hecho de que sea el mismo magistrado que intervino en el divorcio quien entienda en los obrados relacionados con la integración y liquidación de la sociedad conyugal que habrá de disolverse, precisamente, por efecto del divorcio. Por tratarse de una relación consecuente de aquel antecedente no resulta aconsejable propiciar su trámite ante un órgano jurisdiccional distinto al que está en conocimiento estrecho del conflicto. Se da una situación que, objetivamente, aconseja hacer prevalecer la competencia por conexidad del Juez recusado, a lo que se suma el carácter restrictivo del remedio previsto en el art. 14 del Código Procesal y que no se observan elementos que permitan temer por la integridad de la garantía de defensa.-
Acción de amparo, tutela sindical
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Silguero, Olga c/ Junta  Electoral del Sindicato de Trabajadores Estatales de la Salud de Formosa (SITEF) s/ Acción de amparo Trabajadores Estatales de la Salud de Formosa (SITEF) s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-04-11

El amparo sindical previsto en la ley 23551 no es sino un caso de amparo, el que tutela la libertad sindical específicamente consagrada en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Cuando dicho amparo va dirigido contra actos de organizaciones sindicales de trabajadores, no parece irrazonable ni arbitrario recurrir a las normas del decreto ley 749/79 para reglar su procedimiento, sobre todo si se tiene en cuenta que las organizaciones sindicales de trabajadores están sometidas, a diferencia de las demás personas colectivas de derecho privado, a un régimen legal especial, que les confiere ciertas facultades exorbitantes al derecho común y les imponen limitaciones y controles también exorbitantes, por lo cual, sin que pierdan su naturaleza privada, encuadran en la categoría de personas de interés publico, fundada en la disposición constitucional ya citada que da a sus actos una trascendencia jurídico constitucional de la que carecen los actos de las demás personas de derecho privado.
Poder Judicial, jueces, tribunal de enjuiciamiento, trámites judiciales, denuncia
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: T, J A s/ SU PRESENTACION. DENUNCIA. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ   EXPTE N. 315-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-12-26

En el procedimiento estructurado por la ley 7050, la admisión de la denuncia por el Tribunal de Enjuiciamiento es el acto idóneo para iniciar el decurso del proceso que se sigue por ante ese Organo, y lo que da sustento a las medidas accesorias que éste debe tomar (artículos 10 a 13).
Escrituración, boleto de compraventa, cónyuge, consentimiento, daños y perjuicios
Materia: CIVIL
Carátula: FORNASERO, O. ANTONIO c/ BANCO REGIONAL DE CORDOBA S.R.L. Y OTROS s/ ESCRITURACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-02-08

El boleto de compraventa constituye una obligación de hacer y por ello no es necesario que el cónyuge del llamado vendedor preste su consentimiento conforme el art. 1277 al suscribirse aquella promesa aceptada. Lo único que puede suceder en este caso, es que si la promesa de enajenación no ha sido suscrita por el cónyuge del promitente, no ser a posible demandar la escrituración contra el, pues ninguna obligación de escriturar ha contraído. Ahora bien, el interesado acreedor puede hacer citar judicialmente al esposo o esposa para que preste su consentimiento y para el caso de negativa sin justa causa, el tribunal lo supla previa audiencia de las partes. Esto por aplicación de los arts. 505, 629 y 630 del Código Civil. Ninguna responsabilidad le cabe a la esposa del vendedor por la imposibilidad jurídica de la suscripción de la escritura traslativa de dominio, salvo que contribuyera a ella. Lo que puede demandar, el actor es por daños y perjuicios derivados de una negativa infundada a prestar el asentimiento del art. 1277 del Código Civil pero no al pago de ellos por imposibilidad.

Nuestra ley Civil establece dos masas patrimoniales, respecto de cada una de las cuales tanto el marido como la esposa tienen derechos exclusivos hasta la disolución de la sociedad conyugal.

Por lo expresado, el obligado a escriturar a los fines de la transferencia del dominio del inmueble prometido en venta es el esposo también responsable de los perjuicios para el supuesto de imposibilidad de cumplir con esa prestación . Su cónyuge debe suscribir la escritura a los fines del consentimiento y en caso de no hacerlo lo podrá efectuar el Juez, pero no responde por daños para el caso de aquel impedimento, porque no es la titular del bien ganancial prometido en venta. Así el titular de un boleto de compraventa tiene acción para obtener ese asentimiento, pues es un interesado directo y únicamente en el supuesto de que la negativa del cónyuge fuera con justa causa, el derecho del adquirente se podrá resolver en el pago de daños y perjuicios contra el titular del dominio promitente.
Infracciones aduaneras, multa administrativa, aplicación temporal de la ley, ley penal más benigna
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PEREZ VAIGA, MARIA MAGDALENA s/ ADUANA - REAJUSTE NUMERARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-07-23

Si bien las leyes 21281 y 21369 modificaron el régimen de penalidades de la ley aduanera incorporado en la determinación del monto respectivo la actualización monetaria, tal reajuste sólo procedería en el supuesto de incumplirse la obligación de abonar la multa fijada, luego de la sentencia que pone fin al debate sobre su validez. La posibilidad del reajuste por aplicación de los principios contenidos por la ley 21898, incorporados luego a la ley 22415, no puede hacerse extensiva si la infractora opuso la inconstitucionalidad del art. 10 de la primera.

La demandada en su resolución consideró que procedía graduar la pena en el mínimo legal correspondiente, que en el nuevo ordenamiento se fija en una vez en lugar de dos (arts. 167 cuarto apartado de la ley de aduana, t.o. 1962 y 954 punto 1 inc. a del Cód. Aduanero) el importe del perjuicio fiscal, o sea la diferencia de gravámenes resultantes. Teniendo ello en cuenta resulta incorrecta la solución que propugna el Fisco toda vez que deriva de comparar implícitamente dos regímenes en los que las penas pecuniarias quedaban sujetas a reajuste numerario, siendo la solución más benigna por imperio de la norma fiscal represiva vigente al tiempo de configurarse la infracción (año 1976), una multa equivalente a dos veces el importe de la diferencia de gravámenes, sin reajuste por desvalorización monetaria, salvo que se diera el supuesto y condiciones previstas por la ley 21369.
Homicidio simple, agravantes de la pena, arma de fuego, calificación legal, proceso penal
Materia: PENAL
Carátula: Córdoba, Jorge Hernán s/ Recurso de impugnación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2012-02-16

Al homicidio cometido mediante la utilización del arma de fuego no debe serle aplicada la agravante prevista en el art. 41 bis del Código Penal, pues el acusado no ha aportado el plus de violencia o intimidación, toda vez que no se vislumbra una intención de valerse del arma como medio intimidatorio o de un modo violento, sino que fue utilizada para lograr el resultado típico. Por consiguiente, del empleo de un arma de fuego no puede inferirse que ello entrañe en el homicidio ni una mayor lesión al bien jurídico vida o una mayor culpabilidad del autor. (Del voto del Dr. Flores)
Recurso extraordinario, ejecución fiscal, sentencia definitiva, excepciones procesales, inhabilidad de título
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Fisco Nacional - Dirección General Impositiva - c/ Cirilo, Vicentey otros s/ ejecución fiscal.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-08-19

Es sentencia definitiva la dictada en un proceso de ejecución fiscal si se acogió parcialmente una excepción de inhabilidad de título planteada por la demandada y ciertos rubros de la pretensión de la actora fueron rechazados en términos que determinan que la recurrente no dispondrá en el futuro de otra oportunidad procesal para hacer valer sus derechos.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, apreciación de la prueba, moneda, teoría de la imprevisión, compraventa, mora, escrituración, depreciación monetaria
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL - CIVIL
Carátula: Jalife, Elías y otro c/ Battista de Ferrari, Diana Rosa Vicenta y otros. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-11

Es descalificable la decisión que -habiendo transcurrido con exceso el término para escriturar fijado en la sentencia sin que se lo hubiera cumplido- desestimó el pedido de reajuste de la suma a satisfacer por los compradores, considerando que no era aplicable el instituto reglado por el art. 1198 del Código Civil pues existía mora de los demandados anterior a los hechos que pretendían subsanar.
Competencia penal, competencia por el territorio, defraudación, retención indebida, retención de aportes previsionales, Banco Nación, obras sociales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - PROCESAL
Carátula: Obra Social de Ceramistas s/ querella.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-05-21

Si de los actos no surge que el depósito de los aportes debía efectuarse en un lugar determinado sino que podía hacerse efectivo en cualquier sucursal del Banco de la Nación Argentina, con imputación a la cuenta corriente de la Obra Social habilitada en la casa central, no es posible descartar que la empresa intimada pudiese haber cumplido con sus obligaciones en alguna de las oficinas que el banco estatal tiene en las localidades cercanas a su domicilio, por lo que la elección del juez competente para entender en la causa iniciada por retención de aportes debe hacerse sobre esa base, que favorece, además, el progreso de la investigación.
Jurisdicción y competencia, competencia federal, competencia originaria, juicios en que es parte una provincia, daños y perjuicios, entes autárquicos, ofensas cometidas por medio de la prensa
Materia: PROCESAL
Carátula: C.P.N. S.A. c/ Sempre y otros s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-21

Si de los términos de la demanda se desprende que la actora atribuye responsabilidad por los daños derivados de "difamaciones" efectuadas en medios de prensa, a un "instituto de previsión social", que es un ente autárquico que goza de individualidad jurídica y funcional y no se identifica con la provincia, no cabe tener a ésta como parte sustancial en la litis, pues no aparece como titular de la relación jurídica en que se sustenta la pretensión. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Facultades tributarias, prescripción
Materia: TRIBUTARIO-CIVIL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE COMODORO RIVADAVIA c/ C. C. A. P. S.A. s/ Ejecución Fiscal
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2012-04-18

El recurrente no puede calificar la aplicación de las disposiciones contenidas en el Código Civil a las obligaciones impositivas reclamadas, como un avasallamiento sobre las facultades tributarias de la Municipalidad y su autonomía, cuando la comuna carece de la potestad para legislar en la materia. Las normas de la Constitución Provincial citadas, no han sido violentadas. Las autoridades locales pueden establecer sus impuestos y son soberanas en dicho aspecto. Lo que no pueden hacer, es legislar sobre la forma de contar los plazos de interrupción, prescripción o suspensión ya regulados por la normativa de fondo.
Recurso de inconstitucionalidad, exceso ritual manifiesto, recurso de nulidad, plazo, notificación por cédula, domicilio falso, medidas cautelares, embargo, expediente
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: PASCUA, INDALECIO c/ BAR MAPPET Y OTRO s/ COBRO DE AUSTRALES     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD      EXPTE NRO 421-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-06-26

Constituyó un exceso ritual, desestimar la queja por denegación del recurso de nulidad por extemporaneidad de la impugnación, computando el plazo para recurrir la sentencia y su trámite previo, desde el día siguiente al de la diligencia de un embargo. Ello es así, puesto que tal acto no era idóneo para permitir al demandado conocer el vicio de nulidad (invalidez de las notificaciones por cédula efectuadas en el juicio, por haber sido efectivizadas en domicilio falso), que recién pudo acusar una vez examinado el expediente, luego de la devolución de los autos por el apoderado de la contraria y de serle comunicada tal circunstancia y la reanudación de términos por cédula dirigida al domicilio constituido con posterioridad.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo, fundamentación del recurso, defectos en la fundamentación normativa
Materia: LABORAL
Carátula: Díaz, Héctor c/ FIASA y otra s/ Indemnización daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-05-18

Si se quiere llamar "absurdo" a violaciones de textos legales como los arts. 163 inc. 5, 164, 384, 456, 474, etc. del Código Procesal Civil y Comercial se podrá realizar tal convención terminológica.

Pero en realidad se trata -como respecto del resto del derecho- de la simple posibilidad de cumplir o de violar la ley y del consecuente recurso de inaplicabilidad cuando se la viola. No hay violaciones legales chicas ni grandes sino violación o cumplimiento de la ley; así resulta del principio de identidad. (Minoría u opinión personal)
Requisa del automotor, allanamiento domiciliario
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Chavarría, Hugo y Morey, Omar s/ recurso de casación. Causa: 570
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-12

La requisa del automóvil no puede asimilarse a la del domicilio.
Expropiación irregular, indemnización expropiatoria
Materia: CIVIL
Carátula: Ruiz, Rubén Gustavo c/ M.C.B.A. s/ Expropiación inversa
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-08

Aún cuando resulte viable la expropiación inversa prevista en el art. 51 inc. c) de la ley 21.499 el valor llave concierne sólo al negocio y no al inmueble, pues el propietario puede seguir con la explotación del negocio en otro local, sin que por ello pierda el prestigio alcanzado en el desarrollo de su actividad o la posibilidad de obtener clientela o de conservar la propia, correspondiendo entonces excluir dicho rubro de la indemnización.
Impuesto a las ganancias, grupo económico, sociedades de capital, interpretación de la ley
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: DGI (autos Whirlpool Argentina SA TF 17569-I)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-10-30

Cuando el art. 73 de la ley del impuesto a las ganancias alude a las operaciones realizadas en interés de la empresa -recaudo estrechamente ligado al establecido en la reglamentación acerca de que la presunción operará si los fondos entregados en calidad de préstamo no responden a operaciones propias del giro de la empresa-, no se refiere al interés del conjunto económico sino al del sujeto al que se encuentra dirigida la norma, esto es, la sociedad de capital que efectúa la disposición de fondos o bienes, sin perjuicio de ponderarse en cada caso la existencia de modalidades comerciales peculiares que podrían derivarse de esa vinculación económica, mediante un exhaustivo examen de la causa que originó la entrega de los fondos o bienes, y de la correlativa contraprestación por parte de quien los receptó.
Sentencia, nulidad de sentencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Spolita, Carlos y otros c/ Asociación Médica de Bahía Blanca y otros s/ Acción de amparo Blanca y otros s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-02-19

La defensa opuesta al amparo respecto de la existencia de otras vías alternativas, resulta esencial y si es soslayada por el fallo se produce su nulidad.
Auto de procesamiento, evasión fiscal, declaración impositiva falsa
Materia: PENAL-TRIBUTARIO
Carátula: Víctor Hugo Kohen s/ Incidente de apelación interpuesto contra la resolución de fs. 163 a 168 vta. introducido por la defensa en la causa "Kohen, Víctor Hugo s/ evasión tributaria simple".
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-06

Corresponde confirmar la orden de procesamiento por el delito de evasión fiscal fraudulenta mediante la simulación de gastos inexistentes, pues las declaraciones testimoniales conducen a presumir que ciertas erogaciones deducidas de ganancias en las declaraciones consideradas engañosas fueron falsas, lo que permite la estimar la existencia de un hecho delictuoso.
Bienes propios, bienes gananciales, sorteos
Materia: CIVIL
Carátula: PME c/ CM s/ LIQUIDACION DE SOCIEDA CONYUGAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-07-02

El inmueble adquirido por el cónyuge mediante un sorteo no integra la sociedad conyugal, si su adquisición encuentra su causa en la rifa comprada por aquél con anterioridad a la celebración del matrimonio, pues si el hecho, acto o título que dio origen a la adquisición y al derecho, es anterior a las nupcias y después de ella se produce el ingreso al patrimonio, el bien conserva el carácter de propio del cónyuge a quien ese hecho, acto o título generador corresponde, y no modifica la cuestión la frase final del art.1267 del Cód. Civil, que pareciera exigir que además el precio se haya pagado con dinero propio, por cuanto si ello no ocurre, según doctrina mayoritaria, el aporte de dinero ganancial no modifica ese carácter propio, aunque eventualmente podría dar derecho a recompensa.
Superior Tribunal de Justicia, control de constitucionalidad, sentencia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: GLARDON, RUBEN ADELQUI c/ SANCOR COOP. LETADA. DE SEGUROS GENERALES s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- COBRO DE PESOS (EXPTE.: C.S.J. NRO. 155 AÑO 2005)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-05-10

Desde el punto de vista del control constitucional que debe ejercer esta Corte, no puede olvidarse que en el escenario donde campea el principio de la defensa en juicio, tal garantía comprende no sólo la posibilidad -cierta, adecuada, concretamente efectiva- de ofrecer prueba y producirla sino, también, la de obtener una sentencia que sea la derivación razonada del derecho vigente con relación, precisamente, a los hechos comprobados en el proceso.

Y es aquí donde reviste fundamental importancia, para la suerte y finalidad delservicio, el cabal respeto por los hechos. (De la Ampliación de Fundamentos del Dr. Falistocco)
Daños y perjuicios, falta de prueba, contratos de consumo
Materia: CIVIL
Carátula: LLANCAFILO SANCHEZ JAVIER M. c/ FERNANDEZ JUAN EMILIO s/ D. Y P. DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE PARTICULARES
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-03-27

Si bien no discute la existencia de una relación de consumo entre las partes, no puede ser aplicado el art. 40 de la ley 22.240, en tanto no se acreditó un vicio o defecto en la prestación del servicio como causa eficiente del daño.