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Sociedades comerciales, sociedad anónima, acciones societarias, compraventa, compraventa de acciones, falta de pago, resoluciones
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Martinenghi, Ruben Adrian y otro c/ Marin, Fernando Alfredo s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-26

1. Corresponde admitir la demanda de resolución contractual incoada contra el adquirente de un paquete accionario, con motivo del relevante incumplimiento del demandado, quien reconoció haber dejado de pagar el saldo del precio de la compraventa de acciones, sin que sea admisible la defensa propuesta en punto a compensar tal débito con ciertos pasivos ocultos, cuya existencia no fue probada o no son inoponibles a los vendedores por haber sido notificados fuera del plazo previsto a tal fin mediante cláusula contractual. La trascendencia del incumplimiento del accionado es evidente, pues dejó de abonar el precio final de la operación, lo cual por sí solo revela que lo incumplido fue la prestación principal a la que se comprometió el comprador en la situación de autos. 2. No cabe duda que en un contrato de compraventa de acciones; la prestación del comprador no es otra que el precio pactado para la respectiva adquisición que, por tanto, constituye una típica obligación de dinero (conf. Llambías, J. "Tratado de Derecho Civil - Obligaciones", Buenos Aires, 1970, T. II, pág. 177, N° 885; Pizarro, D. y Vallespinos, C., "Instituciones de Derecho Privado - Obligaciones", Buenos Aires, 2006, T. I, pág. 372, n° 163), calificación que no niega el hecho de que se lo hubiera acordado en moneda extranjera (CCIV 617 y 619, texto según ley 23928; Compagnucci de Caso, R., "Contrato de Compraventa", Buenos Aires, 2007, pág. 116). Síguese de ello ser procedente la resolución del contrato que persiguen aquí los actores.
Acción de amparo, derecho a la vivienda digna
Materia: CIVIL
Carátula: Garay Navarrete Luis Alberto y otros c/ Gcba y otros s/ Amparo (Art. 14 Ccaba)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-07-07

En el marco de una acción de amparo corresponde suspender el operativo de desalojo de todas las personas instaladas bajo la autopista a la altura del barrio de Villa Luro por encontrarse en riesgo su salud, su integridad e incluso su vida, pues resulta prudente establecer una prórroga de un mes y fijar una nueva audiencia a efectos de relevar los avances alcanzados en orden a la relocalización de los grupos familiares y determinar las medidas remanentes que pudiesen resultar necesarias y establecer la fecha cierta para el retiro total de las personas del predio.
Concursos, quiebra, recursos
Materia: COMERCIAL
Carátula: LA  OFICINA    S.A.C.I.F.I    -  CONCURSO  PREVENTIVO - HOY QUIEBRA - RECURSO DEL ART. 122 IN FINE DE LA LEY 19551 s/ ACTOS INEFICACES DE PLENO DERECHO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1986-11-28

El párrafo final del art. 122 de la ley 19551 que dice que " la resolución es apelable o recurrible por vía incidental", no determina que, respecto de una declaración judicial como la efectuada por el a-quo (denegando la procedencia de la ineficacia o inoponibilidad) sea viable la apelación, sin que, por aplicación de los principios generales (inc. 3, art. 296 ley 19551), ello no es posible; además, lo que establece el art. 124, acerca de cualquier acreedor, atañe solamente a la acción contemplada por el art. 123.

La única decisión apelable en este particular es, entonces, la que declara como ineficaz o inoponible al acto de que se trata.

La resolución ex-officio del Juez denegando la posibilidad de la ineficacia, no es apelable por nadie siendo sólo, la que la declara a aquella. Por otra parte y siempre partiendo de la base de dicha inapelabilidad, el incidente a que alude el citado párrafo final del art. 122 puede ser promovido nada más que por el tercer acreedor que tenga interés en demostrar la improcedencia de la ineficacia declarada por el Juez (sobre todo esto, cfme. Horacio Pablo Garaguso, "Ineficacia Concursal", Edición De Palma, Bs. As. 1981 págs. 152/153).
Municipalidad, personal contratado, leyes, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO - CIVIL
Carátula: ARAYA, CARLOS ROBERTO c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE   N. 109-91) CORREA, VICTOR HUGO c/ MUNICIPALIDAD DE RAFAELA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE   N. 47-92) Cabral, Miriam Lamelas de c/ Comuna de Alejandra s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 160-88) Bustos, Claudio c/ Municipalidad de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 606-91) ORDOÑEZ, DARDO ARNOLDO Y AGUIRRE, ROQUE DELMECIO c/ COMUNA DE FORTIN OLMOS s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.:  C.S.J. NRO. 193 AÑO 1992) FRUTOS, ALBERTO ROSARIO Y OTROS c/ MUNICIPALIDAD DE PUERTO GENERAL SAN MARTIN s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.:  C.S.J. NRO. 156 AÑO 1994) ROBUL, RAUL PEDRO ATILIO c/ MUNICIPALIDAD DE ROLDAN s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.:  C.S.J. NRO. 345 AÑO 1994) PEREZ, MARIO RUBEN Y OTROS c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.:  C.S.J. NRO. 455 AÑO 1990)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-12-26|1996-12-26|2000-02-15|2000-02-15|2004-06-02|2004-06-09|2004-07-24|2005-08-10

A los efectos de una adecuada interpretación del artículo 134 del Anexo I de la ley 9286 -estatuto escalafón para el personal municipal-, debe recordarse que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado que la inconsecuencia o falta de previsión no se suponen en el legislador y por esto se reconoce como principio que las leyes deben interpretarse siempre evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras, y adoptando como verdadero el que concilie y deje a todos con valor y efectos.
Procesos especiales, bancos, rendición de cuentas, privatizaciones, propiedad participada
Materia: COMERCIAL
Carátula: FALCON,  AGUSTIN c/ BANCO  DE  LA  CIUDAD  DE  BUENOS  AIRES s/ RENDICION DE CUENTAS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-04-28

Procede hacer lugar a la pretensión de que el banco defendido rinda cuentas por la administración de ciertas acciones de determinada clase bajo apercibimiento de lo dispuesto por el CPCCN art. 652 cuando, -como en el caso-, se verifica que: a) la demanda deducida se encuentra encuadrada dentro del marco privatizador iniciado por la ley 23696, b) se procedió a la venta de entel, c) se suscribieron diversos instrumentos para regular el funcionamiento de transferencia, control y manejo de las mentadas acciones, que en virtud de un programa de propiedad participada (PPP) fueron transferidas al personal que, al momento de la venta, prestaba servicios en la empresa estatal, d) el decreto 682/95 instruyó a la entidad bancaria accionada -en su carácter de fideicomisaria- para que realice el pago de los dividendos en la forma allí detallada, y e) el fideicomiso suscripto en el marco del citado programa es de garantía y administración e incluye no solo obligaciones del banco fideicomisario a favor del estado, sino, también, otras en beneficio de determinada clase de accionistas, según la previsión del decreto 584/93 art. 24 que establece que el contrato deberá contemplar el modo en que se implementaran los mecanismos de cobro, pago, liberación de acciones y distribución de ellas, establecidos en la ley 23696, y de toda otra cláusula destinada a la instrumentación del programa. Ello pues, la complejidad de las operaciones descriptas aconsejan la necesidad de que el reclamado efectúe una acabada rendición de cuentas al pretensor; mas aun, no solo al no haber acreditado que rindió cuentas a los órganos del programa, sino que también en oportunidad de la intervención judicial de aquel los interventores tuvieron que demandarlo para que rinda cuentas y, por su parte, fue demostrado que actuó en su propio interés efectuando numerosas operaciones.
Derecho civil, contratos administrativos, persona jurídica pública estatal, fallos de la Corte Suprema
Materia: CIVIL
Carátula: AREA  Data  SA c/ Instituto  Nac.de Serv. Soc. para Jubilados yPensionados s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-07-05

La jurisprudencia del Alto Tribunal tiene resuelto que para que exista propiamente un contrato administrativo, además de que el objeto debe estar constituido por un fin público o propio de la Administración y también contener cláusulas exorbitantes del derecho privado, es menester que una de las partes intervinientes sea una persona jurídica estatal (conf. sentencia en la causa "Cinplagt S.A. c/ ENTEL" del 2.3.93, en Fallos 316:212, considerando 9°; en fecha más reciente, causa "Pluspetrol Energy c/ ENRE", del 22.5.07, en Fallos 330:2286, entre otras; COVIELLO, Pedro J.J., "El criterio de contrato administrativo en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación", E.D., t. lll, págs. 845-852 y los precedentes allí citados; del mismo autor, "La Teoría General del Contrato Administrativo a través de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación", en la obra Estudios sobre contratación pública; Ed. Ciencias de la Administración, págs. 21 y siguientes).
Aplicación de la ley laboral, facultades legislativas, delegación de facultades a la Administración, aumento salarial
Materia: PROCESAL
Carátula: GONZALEZ DUARTE, FEDERICO c/ MIRBAL ACOPLADOS  S.R.L. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-03-27

Por la ley 21307, el Poder Ejecutivo quedó habilitado para disponer, mediante decretos, aumentos salariales de carácter general en las remuneraciones del sector público y privado; cabe concluir que ha ejercido, por delegación, una función legislativa.
Asociaciones civiles, estatuto de la asociación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sociedad de Fomento Piedritas c/ Vanney, Alfredo Osvaldo y otra s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-04-30

Los estatutos integran el acto jurídico constitutivo y condensan todo cuanto tiene éste de durable y de estructura normativa.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Pena, contrabando calificado, estupefacientes
Materia: PENAL
Carátula: LANDIVAR DE GARCIA, MARIA EUGENIA s/ Contrabando Causa 25999-
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-12

1- El fundamento de la medida de la pena lo constituye la mayor o menor peligrosidad del condenado, no bastando la simple apreciación objetiva del hecho referido a lo social genéricamente.- 2- Utilizar al delincuente como medio de ejemplo de situaciones sociales determinadas, implica una desnaturalización del sistema punitivo (Cf. LL-95, p. 478 y 98, p.120).- 3- La graduación de la pena es una individualización personal de la misma y, por referirse directa y específicamente al delincuente, requiere una sustentación subjetiva. La relevancia que tengan los elementos objetivos del delito, pertenece a la individualización de la pena por parte del legislador y sólo actúan como puntos de referencia para determinar la base subjetiva de la misma.- 4- Corresponde imponer tres años de prisión; pérdida de las concesiones, regímenes especiales, privilegios y prerrogativas de que gozare; inhabilitación absoluta por seis años para desempeñarse como funcionaria o empleada pública, e inhabilitación especial perpetua para desempeñarse como miembro de las fuerzas de seguridad, por contrabando de estupefacientes en grado de tentativa (863, 866 parte. final, y 871 del C. Ad.) a quien los introdujo en el país.
Habilitación de instancia, mora de la administración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Calvagno, Antonina c/ Banco de la prov. de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-06-30

Corresponde desestimar la demanda por su improcedencia formal si a la fecha de interposición de la misma no se ha denunciado y no surge de la documentación agregada a la causa que las presentaciones efectuadas por la actora hubieran sido expresamente resueltas en sede administrativa o bien que, ante la demora de la administración en resolver, la accionante hubiera urgido el procedimiento mediante la presentación de un pronto despacho para configurar alguno de los supuestos de retardación previstos por el art. 7 del C.P.C.A., trámite que resulta indispensable para acceder a esta instancia ante el silencio de la administración (conf. art. 7 del C.P.C.A.) (arts. 215 2da. parte Const. prov.,  1, 7,  28 inc. 1, 36 y concs. del C.P.C.A.). (Minoría u opinión personal)
Pena, reclusión, reclusión accesoria por tiempo indeterminado, medidas de seguridad
Materia: PENAL
Carátula: Gramajo, Marcelo Eduardo s/ robo en grado de tentativa -causa Nº 1573-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-09-05

Mediante la regla del art. 52, Código Penal, se ha pretendido producir una superposición de las características de una pena y las de una medida de seguridad, con la finalidad de eludir los principios que limitan la aplicación de una y otra respectivamente: cuando el multirreincidente invoca la protección del principio de culpabilidad, se trata de una medida no amparada por esa garantía, y cuando reclama, entonces, proporcionalidad de la medida, se le responde que está mejor asegurado si los jueces no pueden valorar la peligrosidad de los hechos que se espera que cometa (Voto del Dr. Enrique Santiago Petracchi).
Contrato de trabajo, extinción del contrato de trabajo, despido por muerte del empleador, subsistencia del contrato
Materia: LABORAL
Carátula: Marino,  Carlos Alberto c/ Galvaño, Antonio Nuncio s/ sucesi3/4n s/despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-25

En algunos supuestos del art. 249 L.C.T., puede ocurrir que las condiciones personales del empleador hayan sido causa determinante de la relación laboral. Esa esencialidad de la persona, cualidad y/o actividad es lo que justifica la imposibilidad de proseguir la relación después de su muerte y la extinción de aquélla por ésta. Como puede advertirse, la L.C.T. se refiere a "condiciones personales o legales", a "actividades profesionales" y a "otras circunstancias", de lo que puede deducirse que no pretende hacer ninguna enumeración exhaustiva sino meramente ejemplificativa. Es decir, que puede tratarse de cualquier circunstancia que torne imposible la prosecución del vínculo luego de la muerte del empleador. En el caso, la figura del empleador cuadraba en la hipótesis de art. 249 de la L.C.T., puesto que sus herederos manifestaron desconocer absolutamente el manejo del negocio del empleador fallecido.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), ley nacional, ley provincial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Farmcity S.A. c/ Provincia de Santa Fe s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: 
Fecha: 2024-02-20

Respecto de la invocada contradicción entre la ley provincial 2287 y el decreto nacional 2284/91 de desregulación económica y el Pacto para el Empleo, la Producción y el Crecimiento ratificado por decreto nacional 1807/93, la Cámara entendió que no asistía razón a la impugnante porque el decreto nacional 2284/91 sólo era de aplicación obligatoria en el ámbito de la -por entonces- Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires, y que en el mismo el Poder Ejecutivo nacional invitaba a las Provincias a adherir al régimen sancionado en lo que a ellas les competía; y si bien la Provincia de Santa Fe había adherido, no se cumplieron las condiciones por ella misma establecidas para que se produjera la vigencia de sus disposiciones dentro de su territorio, y a su vez, más allá de que el compromiso asumido por la Provincia respecto del Pacto referido carecía de precisión suficiente para justificar una automática aplicación de la norma, tampoco se llevaron adelante las gestiones de la ley 11094 que estaban a cargo de los poderes legislativo y ejecutivo, por lo que no se configuraba la referida contradicción normativa; y frente a tales argumentos, los reproches esgrimidos por la compareciente resultan insuficientes y no alcanzan a demostrar que los vicios de arbitrariedad que invoca se configuren en la especie, lo que asimismo ha sido expuesto en el auto denegatorio del remedio en cuestión por los Sentenciantes y tampoco ha sido debidamente rebatido en el escrito de queja. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Decreto nacionales 2284/91 y 1807/93; Leyes provinciales 2287, 10787 y 11094.
Competencia por la materia, demanda laboral, Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Maziere, Osvaldo Eugenio c/ Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial s/ Diferencias salariales. Conflicto de competencia art. 7 inc. 1°, ley 12.008
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-11-25

La relación que en la especie une al actor con Ferrobaires no es de aquellas que se encuentran regidas por normas de derecho público sino que, en razón de las disposiciones legales enumeradas se debe presumir que la misma, a todo evento, se halla regida primariamente por normas y convenios de derecho laboral por lo que, de tal suerte, la controversia se encuentra raleada de la competencia asignada a los órganos del fuero Contencioso Administrativo por conducto del art. 4 inc. 1° del C.P.C.A.
Acción de amparo, actos u omisiones de autoridades públicas, empleados públicos, Estado Provincial, funcionarios públicos
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: ANA S. PAIS AHUMADA Y OTROS s/ RECURSO DE AMPARO.    ESTABILIDAD DEL FUNCIONARIO PUBLICO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-09

La índole de la medida adoptada -traslado de quienes se desempeñaban como asesores legales en distintos organismos del gobierno dentro del radio de la capital de Catamarca, para cumplir esas funciones en municipios del interior- con las consecuencias que derivarían de su cumplimiento, y la normal demora que insumiría el trámite de la demanda contencioso administrativa, hacen que la tutela judicial del amparo deba ser otorgada sin demora, sin que se oponga a ello la medida cautelar por la que se dispuso el mantenimiento de la situación fáctica anterior "hasta la resolución definitiva del amparo", ya que ésta es insuficiente para la tutela del derecho invocado.
Retrocesión, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Adrimo S.A. c/ Gobierno de la Provincia de Buenos Aires s/ Retrocesión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-08-05

En el proceso de retrocesión, las costas de la instancia extraordinaria se rigen por los arts. 45 y 46 de la Ley 5.708.
Acción contencioso administrativa, responsabilidad del Estado, indemnización, homicidio, prueba, accionar policial
Materia: PROCESAL
Carátula: MUÑOZ NORMA ENCARNACION Y OTROS c/ PROVINCIA DEL NEUQUÉN s/ ACCIÓN PROCESAL ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2017-09-05

Corresponde hacer lugar a la pretensión indemnizatoria deducida contra la Provincia que encuentra su origen en la actividad desplegada por agentes pertenecientes a la Policía provincial, en el desempeño de sus funciones, toda vez que existió una actividad irregular estatal, dado que la investigación policial que recae sobre un homicidio que cuestiona la parte actora, no alcanza los estándares internacionales de debida diligencia para las investigaciones que recaen sobre violaciones de derechos humanos a cargo del Estado, en el caso en cabeza de las fuerzas policiales provinciales tal como dispone la Ley Orgánica Policial. Y esa falta de debida diligencia, que se vio reflejada en el desvanecimiento de la fuerza convictiva de la prueba reunida en la causa penal, actuó en detrimento del cumplimiento de uno de los objetivos-deberes esenciales del Estado Constitucional de Derecho en torno a la obligación de investigar, a la búsqueda de la verdad a favor de las víctimas de delitos y sus familiares, y a la garantía de Tutela Judicial Efectiva.
Prueba confesional, retractación
Materia: PENAL
Carátula: CUENCA, Roberto Dardo y otro s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-11-23

El camino idóneo para rectificar una confesión judicial es la vía prevista por el artículo 240 del C.P.P.-
Adquisición del dominio, prescripción adquisitiva
Materia: CIVIL
Carátula: S.  S. , H.  A. c/ A., C.A. s/ Prescripción Adquisitiva
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-08-21

La usucapión opone a un verdadero propietario con un poseedor. Ella sanciona la negligencia del verus dominus concediendo una recompensa al explotador;... este mecanismo ... paraliza la regla según la cual la propiedad no se pierde por el no uso.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atenuantes de la pena, agravantes de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Bernal, Horacio Martín s/ Robo calificado por empleo de armas en grado de tentativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-05-10

Es improcedente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que la defensa no cuestiona eficazmente el razonamiento del tribunal al valorar como circunstancia agravante a la nocturnidad, ni demuestra la denunciada violación de los arts. 40 y 41 del Código Penal.
Divorcio, disolución del matrimonio
Materia: PENAL
Carátula: B. M. J. y E. A. A. c/  s/ DIVORCIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 2016-03-04

En el caso, no se ha formulado propuesta por no existir cuestiones que sean objeto de regulación. Este ítem, por supuesto deberá sustanciarse, ya que sólo se cuenta con los dichos de una parte y la contraria en su caso podrá presentar la propuesta que estime corresponder con el objeto de regular los efectos del divorcio, pero nada puede impedir que se dicte la sentencia que disuelve el vínculo matrimonial. (Conf. 438 del CCyC: En ningún caso el desacuerdo en el convenio suspende el dictado de la sentencia de divorcio)
Lesiones agravadas por el vínculo, derechos y obligaciones de los padres, auto de procesamiento
Materia: PENAL-CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: CANTEROS, Abel A. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-04-05

La potestad del padre sobre su hijo, en cuanto al derecho de corrección se refiere, no resulta absoluta, pues debe ajustarse a los límites justos, necesarios y razonables; máxime al ponderar el estado de indefensión en el que se encuentra el menor, que más allá de su edad, su relación con aquellos resulta caracterizada por la subordinación a los mandatos impuestos.

Si bien no se considera acertada la criminalización de las relaciones familiares, puesto que tiende a profundizar los conflictos surgidos dentro del seno familiar; la indelegable función del Estado de salvaguardia de la integridad tanto física como psíquica del menor, torna necesaria su intervención en aras de resguardar los derechos de aquél consagrados por la Carta Magna, y por los demás instrumentos internacionales incorporados en función del art. 75, inc. 22, específicamente en cuanto se refiere a la Convención sobre los Derechos del Niño.

Debe señalarse que una de las formas por la cual se avasalla los derechos del niño, resulta el ejercicio irracional de violencia física sobre aquel mientras se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo (art. 19:1 de la Convención sobre los Derechos del Niño).

Por tanto, si se encuentra comprobado que la imputada agredió físicamente a su hija, al propinarle un golpe de puño en el rostro y otro en la garganta, corresponde confirmar el procesamiento decretado en orden al delito de lesiones dolosas agravadas por el vínculo.