marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Contrato de trabajo, reducción salarial, silencio del trabajador
Materia: LABORAL
Carátula: Acosta, Rubén Antonio. c/ Terminal del Tucumán S.A. s/ Cobro de pesos.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2006-06-26

Si bien es cierto que el silencio del trabajador no puede ser concebido como renuncia a sus derechos, tal principio cede a la exigencia de la seguridad jurídica, por una parte, en atención a las circunstancias relativas a las personas y, por otra, cuando ha transcurrido un tiempo suficiente para entender que tal situación ha sido consentida.

En atención a ese criterio, resulta ajustado a derecho el pronunciamiento judicial que rechazó el reclamo de diferencias salariales del actor, teniendo presente que en su calidad de profesional y alto directivo de la empresa, conoció la decisión del directorio de dejar sin efecto un aumento salarial que rigió por un sólo mes, que la diferencia salarial no representaba una alteración sustancial de su remuneración fuera de convenio, que no formuló cuestionamiento alguno y mantuvo silencio durante toda la vigencia de la relación laboral y que después de producido el distracto, diecisiete meses después, cuestionó la rebaja salarial, siendo que por su formación profesional podía comprender los alcances de la decisión patronal y su posibilidad de resistirla, y no lo hizo, continuando con sus funciones sin formular ningún planteo.

El silencio del trabajador pudo ser interpretado en el caso de autos como un comportamiento inequívoco indicador de su consentimiento con la rebaja dispuesta por el empleador, en los términos de la excepción a la regla del artículo 58 LCT, resultando pertinente señalar que en el caso se trató de la modificación del nivel salarial para el futuro, por lo que no puede hablarse de derechos adquiridos.

Por ello, en este caso no hubo actitud abusiva por parte del empleador que dispuso una nueva remuneración dentro del ámbito de discrecionalidad que nuestro ordenamiento legal admite, y que fue consentida por el trabajador.
Daños y perjuicios, trabajadores rurales
Materia: CIVIL
Carátula: Liberti Nestor H. Y Arellano Nancy V. c/ Trinidad S.A. O La Trinidad S.A. s/ Daños Y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-07-12

Cabe hacer lugar a la demanda por los daños y perjuicios sufridos por el hijo menor de edad de un peón rural, ocasionados por una maquinaria agrícola en el establecimiento agropecuario de la demandada, pues la accionada no acreditó ninguna eximente reveladora de que fue la actuación del niño la que provocó total o parcialmente su propio daño, sea ésta derivada - o no- del defecto de vigilancia y control del padre, ni que la empresa le había prohibido al actor que su hijo participe de las tareas rurales.
Honorarios del abogado, intereses
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Centurelli s/ Sucesión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-12-26

En materia de honorarios, resulta improcedente calcular intereses por el período anterior a la mora, como ocurre por el existente entre el auto regulador de primera instancia y el de alzada que trató los recursos relativos al mismo.
Allanamiento, costas, exención de costas
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: ALCAIDE JUAN BAUTISTA c/ BANCO DEL INTERIOR Y BUENOS AIRES s/ ESCRITURACION - COSTAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-11-05

El art. 356 bis, C. de P.C. consagra dos alternativas como obstativas a la eximición de costas de quien se allanó, que mediase mora o que fuese culpable de la reclamación , de suerte que aun en defecto de la primera, no puede quedar liberado de costas en caso de concurrir culpa. Si bien no toda tardanza es constitutiva de mora, s i es valorable la imputabilidad de la dilación al efecto de valorar si el actor se ha visto constreñido a recurrir a la justicia para concretar la satisfacción de una legítima pretensión.

Máxime cuando éste ha puesto de manifiesto el despliegue de efectivas diligencias extrajudiciales orientadas a satisfacer su interés, sin reacción positiva, idónea y oportuna por la otra parte.
Juicio oral, nulidad del acto jurídico
Materia: PENAL
Carátula: Rodríguez, José Daniel s/ Homicidio simple
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-02-18

Media transgresión del art. 286 del Código de Procedimiento Penal si las premisas en las que el tribunal fundó su convicción sincera sobre la autoría del procesado se encuentran viciadas de inatingencia, siendo imposible inferir de ellas válidamente la conclusión que se pretende y además en su desarrollo sobre la autoría del procesado incorporó enunciados hipotéticos a partir de los que no pudo arribar a conclusiones de certeza respecto del extremo aludido.
Dirigente gremial, despido, relación de dependencia, estabilidad del delegado gremial
Materia: LABORAL
Carátula: Peralta, Juan Pablo c/ Banco Municipal de Paraná SEM s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2000-10-11

Conforme al artículo 51 de la ley 23.551, la estabilidad en el empleo no podrá ser invocada en los casos de cesación de actividades del establecimiento, lo que significa que, cuando el despido del dirigente gremial obedece a tal circunstancia, no accede a la indemnización por estabilidad gremial.
Seguro por accidente de trabajo, responsabilidad del asegurador, prima, falta de pago
Materia: LABORAL
Carátula: GARCIA, VALENTIN c/ RIWILI, MARCOS Y OTRO s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1976-07-26

No es legalmente admisible oponer al tercero reclamante de la cobertura, la manifestación de irresponsabilidad por parte de una compaÑía aseguradora, aunque ésta se formulara dentro del mes de denunciado el siniestro a dicha compaÑía, ante la ausencia de la previa opción rescisoria autorizada por la mora en el pago de la prima, que suspende la responsabilidad en los términos del artículo 31 de la Ley de Seguros.
Prueba, resoluciones recurribles
Materia: PENAL
Carátula: CARTA, Antonio José s/ Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1979-10-18

La posibilidad que brinda el art. 81 del código ritual, se da en tanto no se haya interrumpido la instrucción sumarial mediante el dictado de un sobreseimiento, pues en este caso lo que corresponde es impugnar esta resolución.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Beneficio de litigar sin gastos, prueba
Materia: COMERCIAL
Carátula: SCHUTT, RICARDO NILS c/ CAMBIO SERVIDO HNOS. SRL Y OTRO s/ ORD. - BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-04

La parte contraria del solicitante del beneficio de litigar sin gastos, que alego la insuficiencia de la prueba aportada por su contraria para acreditar la situación de carencia económica invocada, debe probar la inexactitud de los dichos invocados por aquel en sustento de la pretensión, aportando lo necesario para justificar los hechos positivos que ponen de manifiesto la existencia de otros recursos. De otro modo, la exigencia de la demostración fehaciente de que no es cierta la pobreza del incidentista traduciría un desconocimiento del onus probandi.
Competencia federal, seguridad pública
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: ESTEVEZ AMUCHASTEGUI s/ DENUNCIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-10-04

La inclusión en el art. 5 de la ley 48 por la Nro. 20.661 de delitos incorporados por la Nro. 20.642 al C.P. no competen a la Justicia Federal cuando el hecho imputado posee estricta motivación particular y además, no resulta afectada directa o indirectamente la seguridad del Estado Nacional o alguna de sus instituciones.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia no firme, enjuiciamiento de magistrados, ministros, recusación
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: CINGOLANI, OSVALDO c/ BOF, JORGE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-08-27

Es inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto desde que la resolución dictada por el Tribunal de Enjuiciamiento no constituye sentencia definitiva o equiparable a ella, desde que resuelve cuestiones netamente procesales -la desestimación de la recusación del señor Presidente del Cuerpo, la revocatoria y el pedido de suspensión del trámite- que no paralizan el proceso sino que permiten llevarlo adelante.
Per saltum, inadmisibilidad del recurso, prórroga de la medida cautelar
Materia: PROCESAL
Carátula: Estado Nacional - Jefatura de Gabinete de Ministros s/ interpone recurso extraordinario por salto de instancia en autos: "Grupo Clarin S.A. s/ medidas cautelares expte. n° 8836/09"
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-12-10

Es inadmisible el recurso de salto de instancia interpuesto en los términos del art. 257 bis del CPCCN contra la sentencia que prorrogó una medida cautelar, dado que no ha sido interpuesto contra una decisión dictada por un juez de primera instancia y, en consecuencia, no cumple con el recaudo exigido por el legislador para que el mismo sea viable.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación de los fundamentos
Materia: PENAL
Carátula: Amarilla, Estanislao Flavio o Portillo, Estanislao Flavio s/ Lesiones graves
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-21

Es insuficiente el agravio en el que se cuestiona la aplicación del art. 166 inc. 2º del Código Penal alegando que la agravación por el uso de armas tiene en cuenta el mayor peligro corrido por la víctima, si de la descripción que realiza la Cámara de la materialidad ilícita se advierte que la calificación agravada del robo viene impuesta por el uso impropio del arma y el recurrente no impugnó la calificante tal como fue aplicada.
Accidente de tránsito, privación del uso del automotor, prueba documental, valor probatorio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ramallo José Alberto c/ Perri Carlos Horacio s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-02-08

No procede el reclamo en concepto de recupero de gastos de locación de otro vehículo si, no obstante el reconocimiento que se hiciere de los recibos acompañados, los mismos aparecen imputados, desconociéndose la causa del pago, además de haberse negado tal hecho oportunamente por el demandado.
Intereses, tasa pasiva
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Bua Jorge Hugo c/ Cosentino José Luis s/ Cobro sumario de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-17

El artículo 565 del Código de Comercio no impone que a todas las obligaciones comerciales les sea aplicada necesariamente la tasa activa, ya que lo dispuesto en sus párrafos primero y tercero es supletorio de la voluntad de las partes o complementario de la ley, cuando estipulan intereses pero faltase la indicación de su cantidad o tiempo de inicio del curso. Por ello, ante la inexistencia de pacto o de imposición legal la tasa será fijada por el juez (art.

622 Código Civil) siendo liquidables a partir del 1/4/91, en los casos del art. 622 mencionado, conforme la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en depósitos a treinta días vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado el cálculo será diario con igual tasa (art. 8 Ley 23928; 622 y 623 Código Civil).-
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, expresión de agravios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Yordan, Fabián Alfredo c/ Municipalidad de Bragado s/ Pretensión indemnizatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2017-09-13

Quien afirma que la sentencia transgrede determinados preceptos, anticipa una premisa cuya demostración debe luego llevar a cabo. El incumplimiento de esta exigencia provoca la insuficiencia del intento revisor.(doctor de Lázzari, sin disidencia)
REPÚBLICA ARGENTINA, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, medidas cautelares, prórroga de la medida cautelar, modificación de medidas cautelares, levantamiento de medidas cautelares, debida fundamentación
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Resolución de Levantamiento 23/2014 - Medida cautelar No. 423 -10 - Asunto X respecto de Argentina - Muerte de niño con encefalopatía crónica - Asistencia médica estatal presuntamente deficiente c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2014-09-05

Conforme lo establece el Reglamento de la Comisión Interamericana, las decisiones de otorgamiento, ampliación, modificación y levantamiento de medidas cautelares deben emitirse mediante resoluciones debidamente fundadas, debiendo evaluarse periódicamente las que se encuentren vigentes a fin de determinar si la situación de gravedad, urgencia y posible daño irreparable, continúa vigente.

Fuente del sumario: SAIJ
Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia vinculante
Materia: LABORAL
Carátula: Castellani, José A c/ Firestone de la Argentina SAIC s/ Ley 9688
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-02-27

La obligatoriedad general de las doctrinas de la Corte Suprema nacional implicaría introducir un componente externo dentro del sistema del art. 31 de la Constitución nacional. Además el art. 100 -n.a.- "limita la competencia de la Corte Suprema a las particulares causas en que intervenga, restricción que se repite cuando el art.

101" n.a.- "se refiere a los casos en que ejercerá su jurisdicción".

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Contratos, cuenta corriente mercantil, efectos entre partes, división de deudas, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Empack Inc. SRL c/ QTV SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-03-10

Una de las características del contrato de cuenta corriente es que cada celebrante no asume, desde el principio y en forma invariable, el carácter de deudor o de acreedor, el cual puede corresponderle a una u otra, ya que el otorgamiento de crédito es recíproco y resulta menester esperar la fecha de la liquidación y el saldo que ella arroja (cfr. Fernández, Raymundo L. - Gómez Leo, Osvaldo R., "Tratado teórico-práctico de derecho comercial", Ed. Depalma, Buenos aires, 1987-1997, pág. 5. En ese orden de ideas, si se tipificase, en el caso, la relación habida entre las partes como un contrato de cuenta corriente mercantil produciría entre sus principales efectos -se reitera- la pérdida de la individualidad de los créditos y no podrían argüirse efectos cancelatorios de pagos realizados, imputados a facturas en particular, pues quedan desvinculados de su fuente, para no tener otra que la cuenta corriente.

En cambio, si los créditos y deudas resultasen incluidos en una cuenta simple o de gestión conservarían su individualidad y a lo sumo sólo se ordenan en dos columnas, de "debe" y "haber", para facilitar prácticamente la obtención del saldo a favor de una de las partes, por tratarse de cantidades de un denominador común. No operándose novación alguna, los créditos conservan su exigibilidad y el cobro de cualquiera de ellos no cubiertos con las entregas del deudor puede ser reclamado judicialmente como crédito por precio, locación o lo que sea, dentro de las condiciones de cada contrato (cfr. cfr. esta CNCom, esta Sala A, "Serra Lima SA c/ D y W Trading SA..." y 08/11/07, in re "A.J. Vierci & Cía. SA c/ La Platense Mogyana Calzado y Cía. SA s/ ordinario", citados ut supra; en igual sentido, Raymundo, "Código de Comercio Comentado", ob. cit., pág. 435).
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia condenatoria, prescripción de la acción penal, orden público, subrogancia del juez, reenvío
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: OLGUIN, OSVALDO DAVID c/  s/ ROBO CALIFICADO Y PRIVACION ILEGAL DE LA LIBERTAD CALIFICADA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-08-09

Es cometido de este Tribunal conforme se ha destacado en reiteradas oportunidades, considerar las circunstancias existentes al momento de fallar, aunque las mismas sean sobrevinientes a la interposición del recurso examinado; y sentado lo precedente, se advierte que la Alzada confirmó la sentencia de primera instancia por la cual 9 años antes se había condenado al imputado como partícipe necesario de los delitos de robo calificado por el empleo de arma de fuego y privación ilegítima de la libertad calificada, en concurso real, Sin que se observe en las constancias elevadas a esta Corte, otra actividad más que la propia de la recursiva ante la Alzada; en consecuencia, no puede soslayarse que entre el pronunciamiento condenatorio de primera instancia y la resolución confirmatoria de Alzada podría haber transcurrido el plazo de prescripción de la acción penal del delito enrostrado por privación ilegítima de la libertad a la luz de los artículos 62 y 67 del Código Penal, por lo cual, atento que la prescripción de la acción penal se produce por el solo transcurso del tiempo, es de orden público y debe declararse de oficio en cualquier instancia, y excediendo -en principio- su declaración la competencia de esta Corte, corresponde anular y remitir los presentes al Tribunal correspondiente a fin de que previo traslado a las partes, se pronuncie en orden a la subsistencia de la acción penal. (Del voto de la Dra. Gastaldi) - CITAS: CSJN: Fallos 304:984; 308:1489; 313:584; 314:1834 y 316:3130; Schifrin: Fallos 328:4159 (voto del doctor Petrachi) y Podestá, Fallos 329:445; CSJStaFe: AyS T 113, p 260; T 146, p 32; T 150, p 377; Frutos, T 229, p 224 (voto mayoritario) y Bertone, T 234, p 457. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Penal, artículos 45, 55, 62, 67, 166, inciso 2, párrafo 2, y 142,
Acción de amparo, facultades del juez, permiso de venta en la vía pública
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Bogado, José Oscar s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Bogado, José Oscar c/GCBA s/amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-07-11

La acción de amparo judicial prevista en el art. 14 de la CCABA, según el diseño de la división de poderes previsto en la Constitución local y el rol que en definitiva le toca ejercer al Poder Judicial en el sistema republicano de gobierno, no es un ámbito donde los jueces puedan evaluar -teóricamente y en abstracto- la oportunidad, mérito o conveniencia de las políticas legislativas que regulan el espacio público en esta jurisdicción, pues es una tarea que le corresponde al poder legislativo como representante del pueblo de la Ciudad. (Voto de los Sres. Jueces José O. Casás y Ana María Conde).
Hábeas data, información errónea o desactualizada, derecho al olvido, banco de datos personales, información crediticia, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Napoli, Carlos Alberto c/ Citibank N.A
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-08

Cuando el artículo 26 del decreto 1558/01 fija como hito, "la fecha de la última información adversa archivada que revele que dicha deuda era exigible", esta expresión debe ser entendida como el último dato -en su sentido cronológico- que ha ingresado al archivo, registro o base de datos, en la medida en que, como reza el artículo 26 de la ley nº 25.326, se trate de datos "significativos" para evaluar la solvencia económica-financiera de los afectados", no pudiendo considerarse como última información archivada, la asentada en un registro por el sólo hecho de ser la constancia final de una serie o sucesión de datos, si -como en el caso- se trata de una mera repetición de la misma información que, sin novedad o aditamento alguno, ha sido archivada durante los meses o años anteriores.
Sentencia arbitraria, excarcelación, omisión de cuestión esencial
Materia: PENAL
Carátula: RUIZ, Daniel Oscar c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-08

El voto concurrente agregó que el Tribunal Oral omitió el tratamiento de cuestiones relevantes introducidas por la defensa para la resolución de la excarcelación solicitada, ello por cuanto, atendiendo al estado procesal de las actuaciones y habiendo transcurrido cinco meses desde su anterior pronunciamiento -por el que rechazó la libertad del imputado- no era posible sostener, sin más, que no se habían modificado sustancialmente las circunstancias tomadas en cuenta en aquella oportunidad. Dres. Figueroa, Barroetaveña-voto concurrente- y Petrone -voto concurrente-.
Cuestiones de competencia, competencia civil, competencia previsional, deuda previsional, Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires
Materia: PROCESAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ESTENTE, OSCAR c/ Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-04-13

Si bien el art. 43 del Dec. 1285/58, tras la reforma impuesta por la ley 24.290, establece específicamente que los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Civil conocerán en todas las cuestiones en que la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires sea parte, excepto en las de naturaleza penal, no puede olvidarse que con posterioridad fue creada la Justicia Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social (ley 24.655) con el objeto específico de integrar las distintas instancias de un Tribunal dedicado al estudio de las delicadas cuestiones previsionales. Por ello, y siendo que lo que el recurrente reclama del municipio no es otra cosa que una deuda de tal naturaleza, necesariamente corresponde la intervención de la primera instancia de dicho Fuero (art. 5 C.P.C.C.). (Del voto de la mayoría)
Subasta, nulidad procesal, plazos procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: ECHAIRE JUAN C. S-CONCURSO CIVIL s/ INCIDENTE DE APROBACION REMATE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-25

De acuerdo con lo dispuesto por el art. 592 del Código Procesal, la nulidad de la subasta debe plantearse dentro de los cinco días de su realización, pero si bien ello es indudablemente así cuando el planteo se sustenta en irregularidades ocurridas en el acto del remate (conf. C.N.Civ. Sala F, E.D. 93-606), no ocurre lo propio cuando la existencia del vicio sólo puede ser comprobada por el interesado con motivo de actuaciones posteriores a su celebración En tales hipótesis, se ha admitido excepcionalmente que la nulidad puede ser articulada dentro del quinto día de conocida la irregularidad, aún cuando haya transcurrido mayor tiempo desde que se llevó a cabo la subasta, solución que encuentra fundamento en la disposición genérica del art. 170 del citado código (conf. Palacio, "Derecho Procesal Civil", t.VIII, p. 614 y nota nro. 203; Morello, "Códigos Procesales...", t.VI-2, p.850).

La subasta constituye un acto procesal (conf. Palacio, op. y loc cit., p. 568) regulado solo en forma supletoria por las disposiciones del derecho sustancial en lo que no se encuentra específicamente previsto en las normas de procedimiento (conf.

Morello, op. y loc.cit., p.663; Bustos Berrondo, Naturaleza Jurídica de la subasta judicial en juicio ejecutivo y la perentoriedad del plazo procesal", E.D. 65-292, ap.V); C.N.Civ. Sala D, E.D. 44-278;

id. id., c.213.484 del 29-10-76). Por lo tanto, aunque se cuestione su validez, en virtud de la existencia de supuestos vicios del consentimiento, el pedido de nulidad debe ser sustanciado y decidido por la vía incidental que contempla el art. 592 del Código Procesal y en el marco del proceso en que se ordenó judicialmente la venta.

Cabe admitir el pedido de indisponibilidad de los fondos abonados por los adquirentes en concepto de seña hasta tanto se decida en definitiva acerca de la nulidad de subasta articulada, no así el embargo también solicitado por aquellos, en tanto la medida se encamina a garantizar el cobro de una indemnización de ciertos daños que no han sido determinados, ni cualitativa ni cuantitativamente, por los peticionantes.