Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 2007-07-06


LA Rioja, julio 6 de 2007.

El Dr. Angel Roberto Avila, dijo:

Y resultando: 1) Que a fs. 566/572 el Dr. J.O.V.A., en su calidad de representante de querellante particular, interpone recurso de casación en contra de la sentencia dictada en los presentes, por la Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional, solicita la revocación por contrario imperio.

2)- Que el quejoso encausa su queja por los carriles o causales definidas por los incs. 1 y 4 del art. 495 C.P.P., pero es el caso que la Cámara concedente por resolución de fs. 583/586, solamente declara la admisibilidad del recurso únicamente por la causal o motivo del inc. 1 del art. 495; resolución que al presente se encuentra firme y consentida.

3)- Que al desarrollar los argumentos de la causal concedida al quejoso, expresó que el voto de la mayoría hace una aplicación errónea de la ley sustantiva, toda vez que los hechos fijados, en la instancia de mérito, son de un encuadre absolutamente distinto, por lo que corresponde que el Tribunal haga estricta aplicación del art. 79 del CP, juntamente con el art. 42 del mismo cuerpo legal, dejando sin efecto las normas aplicadas en este caso, como es el art. 34 inc. 6 del CP. Manifiesta que el Tribunal sentenciante debe efectuar una valoración jurídica del caso y aplique las normas que corresponda, debiendo subsumirse la conducta del imputado en el art. 79 del Código Penal.

4)- Que a fs. 573/578 el Fiscal de Cámara, Dr. G. Z., interpone recurso de casación en contra de la sentencia absolutoria del Sr. Héctor Paez. El quejoso induce su recurso por la causal prevista por el inc. 1 del art. 495 del CPP, toda vez que se ha incurrido en violación o aplicación falsa o errónea de la ley sustantiva por parte del Tribunal. En este sentido expresó que pretende se imponga la calificación que entiende correcta para el caso en análisis, ya que se trata de 3 hechos en concurso real de conformidad a lo dispuesto por el art. 55 del C.P.; Homicidio Simple en los términos de los arts. 79 C.P., por el hecho que damnifica a la víctima Omar Castro; Homicidio en grado de tentativa de conformidad a los arts. 42 y 79 C.P., siendo la víctima Enrique Castro y Abuso de armas art. 104 C.P., por el hecho en que resultare víctima el menor F. C.

5)- Al desarrollar los argumentos que sustentan su queja manifiesta que es menester poner a conocimiento del Tribunal que bajo ningún punto de vista pretendemos la modificación de los hechos que fueron examinados cautelosamente por el Tribunal y por las partes en varias jornadas de audiencia. Lo que en realidad se pretende es cambiar la calificación jurídica de "Legítima Defensa", a través de la cual el imputado Héctor Páez fue beneficiado con la absolución en la presente causa. A continuación realiza un racconto de la sentencia expresando que el "a quo" cuando pretende determinar la calificación jurídica de los hechos traídos a examen menciona en primer término que se ha comprobado la existencia del hecho por que ha admitido la existencia del hecho típico el propio imputado en ocasión de producir su declaración indagatoria en el debate. Se advierte además, que la confesional del imputado adquiere en la sentencia una inusitada relevancia, a punto tal, que pareciera que esta declaración es la verdad real y revelada de lo que aconteció en aquella oportunidad. Luego, el sentenciante se encamina a determinar si está presente el segundo elemento del delito, es decir si el hecho típico resultó ser antijurídico. En ese menester, se adentra en establecer si el imputado actuó en legítima defensa propia de su persona y de sus derechos.

Analiza "a posteriori", qué debe entenderse por "agresión ilegítima" y define el término "agresión" como sinónimo de ataque, y concluye que en la presente causa nadie puede dudar que existió la agresión y que ella era además ilegítima.

El medio defensivo empleado por el agredido exige que el mismo obre para "impedir o repeler" una agresión. Establece que el medio es "racionalmente necesario" desde el punto de vista material, cuando con arreglo a las circunstancias en que se encontraba el agredido, no pudo disponer de un medio mas benigno para impedirla o repelerla, en tanto no lo es, desde el punto de vista moral cuando es evidentemente desproporcionado al mal amenazado por el agresor. Por último dispone que la defensa debe ser oportuna.

Se sostiene que el agredido provoca la agresión si de un modo razonablemente suficiente, de acuerdo con las circunstancias del hecho, ha incitado al agresor a llevarla a cabo. En ese sentido se expresa que nada debe agregarse por que no hubo ninguna provocación de parte de Páez, para recibir una agresión deliberadamente ejecutada. Concluye, en definitiva que el accionar del acusado fue legítima defensa propia, de conformidad al art. 34 inc. 6º C.P., resultando el hecho cubierto en su licitud por esta causa de justificación, sosteniendo que el hecho típico ha sido lícito, ordenando la libertad del acusado.

La figura de la legítima defensa se encuentra definida en el art. 34 inc. 6º del C.P.; así se establece que no es punible: ..."El que obrare en legítima defensa propia o de sus derechos, siempre que concurrieren las siguientes circunstancias: a) Agresión ilegítima; b) Racionalidad del medio empleado; c) Falta de provocación suficiente por parte del que se defiende".

En al capitulo VI titulado de la desvirtuación de la legítima defensa del imputado observa que sin duda que el análisis de que en esta causa están presentes los recaudos de la legítima defensa, tiene asidero a partir de que la relación de los hechos se construye con la declaración de Páez, abonada por los dichos de los circunstanciales acompañantes del imputado, esto es la Sra. De González y Díaz, declarados enemigos de Castro, y con quien el segundo de los nombrados había tenido cuestiones judiciales por las tierras (denuncias por usurpación), sin duda que sostener ello es quedarse a mitad de camino en el análisis del caso examinado.

Se menciona que el profesor Páez no le quedaba otra salida que repeler una presunta agresión formalizada por el fallecido Omar Castro, quien se encontraba al mando de un tractor avocado a la remoción de los postes de luz colocados por la empresa Edelar en lo que él entendía era su propiedad. Sin embargo cuando los vecinos de Páez, Sr. Díaz y Sra. de González le ponen en conocimiento esta situación, ello ofusca sobremaneramente a Páez, quien raudamente se dirige a la Cria. 2º, supuestamente a reiterar la denuncia que había efectuado el día anterior, pero munido de un revolver cal. 32 de su propiedad, con el tambor repleto de proyectiles. Dicha arma, por otra parte no estaba registrada ni en el RENAR ni el REPAR, es decir se trataba de un arma que no poseía ningún tipo de documentación, lo que se denomina comúnmente "trucha".

Es decir Páez, se representó un probable incidente con su vecino, a quien consideraba una víbora "yarará", de tal manera que si eventualmente se le cruzaba en el camino había que acabarlo.

Estas fueron expresiones de Páez durante la audiencia de vista de juicio, cuando a preguntas del Sr. Querellante Particular, aquel le repreguntó: Dr. Qué haría Ud. si le arrojaran una víbora en su escritorio? Sin duda estas fueron palabras desacertadas que de ninguna manera se condicen con el docente de larga trayectoria en la enseñanza, querido hasta las lágrimas por sus vecinos y alumnos.

No fue casualidad que Páez portara en el interior de la "combi", al alcance de su mano, un revolver sin estar legalmente autorizado a portarlo, con la carga completa, listo para ser utilizado si las circunstancias así lo requerían. Páez mintió deliberadamente cuando manifestó que portaba el arma para defenderse de alimañas o de animales peligrosos, entiendo que no es necesario portar arma para llegar sano y salvo hasta su vivienda, que está ubicada en las adyacencias del Faldeo del Velazco, y menos aún cuando se trata de un revolver no registrado ante las autoridades pertinentes.

Ahora nos preguntamos, ¿estaban dadas las características y condiciones de la legítima defensa en el actuar de Héctor Páez? La legítima defensa, como es sabido, se caracteriza como un estado de hecho de necesidad, no buscado por quién se defiende contra una acción de peligro actual o inminente para su integridad personal o cualquier otro derecho. Realmente había un estado de necesidad que justifique el obrar del imputado descerrajando tiros a diestra y siniestra en contra de la familia Castro? Lógicamente no lo hubo.

Es falsa la apreciación de que los Castro se habían complotado en contra de Páez para no dejarlo pasar, y digo esto por que ninguno de los integrantes de la familia agredida a disparos tenía conocimiento de que Páez y los vecinos habían hecho una denuncia el día anterior, y menos aún conocían a cerca de la voluntad de los ocupantes de la combi de efectuar una nueva denuncia por la remoción de los postes de luz. Entonces, afirmamos que no hubo una "agresión ilegítima", entendiendo la misma como un peligro real e inminente para la persona o derechos del agredido.

Descarta la existencia de uno de los requisitos fundamentales del instituto de la legítima defensa no corresponde en este libelo referirse a los demás, teniendo en cuenta que al faltar uno de los requisitos no es posible sostener la misma.

6)- Que luego de concedido el recurso de casación por parte de este Tribunal, por resolución de fs. 590/593, al hacer lugar al recurso de queja interpuesto por el Sr. Fiscal de Cámara; a fs. 595-596 comparecen a mantener los remedios intentados los recurrentes, Dr. J.O.V.A., y el Sr. Fiscal General, Dr. Claudio Ana, respectivamente. Que realizados los trámites legales y con posterioridad a la realización de la audiencia que prevé el art. 498 C.P.P., quedan los presentes autos a despacho para resolver.

Y considerando:

I) A modo de introducción cabe precisar que la postura tradicional en este recurso determina que el examen en la casación sea una revisión esencialmente jurídica, actuando el Tribunal como un supremo guardián del derecho, en donde no es posible analizar ex-novo, respetando siempre la soberanía del mérito respecto a la determinación de los hechos, selección y valoración de la prueba, o como hace mucho tiempo lo señalara Ernest Beling "en un proceso penal oral de instancia única no existe posibilidad de que se examine dos veces la base fáctica de la sentencia".

En la actualidad se observa una nueva evolución o mutación del recurso de casación, concretamente referido a una concesión sin mayores requisitos y en su tratamiento de fondo a una mayor revisión, comprensiva de todas las cuestiones debatidas por el Tribunal de juicio, incluido el reexamen de los hechos, la prueba y su valoración entre otros.

En concordancia con lo antes expuesto es relevante la opinión del constitucionalista German Bidart Campos quien expresa "debe contemplarse una vía de apelación amplia, sobre los hechos y el derecho, en la que quepa revocar el tratamiento integral de la decisión inferior impugnada recursivamente"; también el destacado procesalista Julio Maier considera que al recurso de casación debería dotárselo de una mayor ampliación de su alcance, contenido u objeto, o sea los motivos que autorizan la casación con los de la revisión, como también la posibilidad de incorporar hechos y/o prueba nueva en la audiencia del recurso, ya sea por que fueron conocidos con posterioridad a la sentencia o para demostrar la errónea o falsa valoración del Tribunal de mérito.

II) A los fines de examinar los recursos de casación y resolver los mismos en los presentes autos, en ese orden de ideas, procedo a practicar el siguiente análisis:

A) En primer término me refiero respecto al agravio concedido a ambos casacionistas, Ministerio Público Fiscal y Querellante Particular, previsto en el inc. 1º del mencionado art. "violación o aplicación falsa o errónea de la ley sustantiva".

Este cuerpo, ha sostenido con distintas integraciones que el motivo escogido contemplado en el inc. 1 del art. 495 C.P.P., implica que los hechos quedan definitivamente fijados por el Tribunal de Mérito sin posibilidad de reexaminar la plataforma fáctica. La revisión jurídica que se pretende excluye el control jurisdiccional a las cuestiones de hecho, encontrándose vedado al Tribunal ingresar en la reconstrucción histórica del suceso al cual la norma de derecho es aplicada. Rige en consecuencia el principio de la intangibilidad de los hechos, no obstante se puede controlar la subsunción legal del hecho o sea la inclusión del caso real en la norma jurídica, si ésta es la apropiada o se corresponde al mismo; al respecto la causa de justificación "Legítima Defensa", es un concepto jurídico relativo a una materialización, y por ende una cuestión de derecho, bajo esa condición se puede examinar el agravio invocado.

Cabe acotar que la operación, inclusión del hecho a la norma jurídica, conocida como subsunción legal, es muy vecina y lindante con los hechos mismos. Lo propio ocurre en casos como en el presente, en donde para determinar si medio en el obrar del imputado legítima defensa, se analizan elementos objetivos y subjetivos, encontrándose entremezclado lo fáctico con lo jurídico, siendo en muchos supuestos de difícil separación.

Reitero la postura tradicional sostiene la incensurabilidad del hecho psíquico que el tribunal del juicio extrae de la prueba, y que para revisar el mismo necesariamente deben revalorizarse las pruebas, dicho de otra manera la estructuración subjetiva del tipo penal elegido por el juzgador en este caso legítima defensa seria ajeno a esta instancia.

Sin embargo cuando estas conceptualizaciones jurídicas transmitan una noción absurda es inadmisible su irrevisabilidad, aplicándose entonces la doctrina de la arbitrariedad, a demás de que siempre debe controlarse lógicamente los hechos, si hay o no correspondencia entre las conclusiones y las premisas, como expondré más delante.

En este sentido modernos doctrinarios, altamente reconocidos, como el italiano Luigi Ferrajoli en su obra Derecho y Razón, señala "que en la mayor parte de los casos la propia descripción fáctica del fallo está previamente condicionada por el juicio normativo que se postula". Por su parte Enrique Bacigalupo entiende que "si el hecho fijado es falso ¿la aplicación del derecho sustantivo podrá ser verdadera? Por eso se ha reflexionado que la errónea determinación del hecho determinara una errónea aplicación de la ley, por lo que el tribunal de casación no debe ser ajeno a este problema".

B) En segundo lugar entiendo que también este cuerpo puede examinar la sentencia recurrida respecto al agravio cuya concesión se denegó al acusador privado o querellante particular, previsto en el inc. 4 del art. 495 del C.P.P., a saber "Error de derecho en la apreciación de la prueba", ya que la crítica es centralizada en vicios del razonamiento del juzgador desatendiendo las reglas del sistema vigente de la sana crítica racional, que se rige por las leyes de la lógica, experiencia y psicología, y ante la presencia de nulidades absolutas, y es en este agravio no concedido en donde procederé a efectuar el pertinente estudio.

Por ello es posible abordar el asunto con el llamado control de logicidad, función primordial de los Tribunales de casación, también verificando la observancia o no de las formas procesales impuestas bajo pena de nulidad, en este caso la falta de motivación art. 125 del C.P.P.

b1) La exigencia de motivar las resoluciones encuentra en el control de logicidad un límite al libre convencimiento, para descartar cualquier arbitrariedad, pues se somete esos juicios al examen lógico del buen pensar y razonar, por que no cualquier motivación es un buen fundamento, son las operaciones lógicas de deducción e inducción las que brindan fuerza a la convicción, y cuando estamos ante un error lógico, este modo de razonar defectuoso deviene en ilegítimo, inválido, por que reitero las resoluciones deben ser fundadas, correcta y lógicamente.

También es cierto que Beling ya señalara como causal de casación la infracción sentencial en el modo en que se construye el silogismo, y por ende es posible observar si la comprobación de los hechos se ha realizado conforme a la ley procesal, o sea analizar el material facticio (Derecho Procesal Penal Pág. 311).

Ante una aparente o pseudo motivación, ello trae aparejado defectos en la resolución, y por ende debe declararse la nulidad absoluta de la misma, ya que es insubsanable y declararla de oficio en cualquier estado del proceso.

b2) Bajo este prisma equiparo la falta de motivación a las motivaciones defectuosas, por sus contradicciones como por su insuficiencia, en consecuencia encuentro que no se ha satisfecho la exigencia legal, más aún las correspondientes normas lógicas se encuentran positivizadas en el ordenamiento procesal penal vigente en la Provincia.

Concretamente advierto que en los presentes con relación a la configuración de los hechos, tal es el voto que hace mayoría, surgen las siguientes contradicciones fácticas e insuficiencias, entre lo reconstruido por dicho magistrado, el voto disidente, y el relato de los testigos: respecto al lugar y forma en que se encontraban estacionados los vehículos (Camión y Tractor) que conducían los integrantes de la familia Castro, habida cuenta que si estaban bloqueando el paso uno al lado del otro, es poco probable que el tractor colisione a la combi y la aplaste con el camión, tal como es la conclusión; existió o no la colisión, no hay demasiadas huellas de su existencia, adviértase que si el tractor embiste a la combi no choca con sus ruedas sino con un gran enganche de hierro que seguramente hubiese dejado su indisimulada impronta por cuanto sobresale en su parte media trasera (ver placas fotográficas), pudo haber sido un leve toque con alguna de las ruedas, pero no de tal magnitud que presione levantando y bajando a la combi, ello es marcado por las reglas de la experiencia que en forma indubitable señala tal razonamiento; la ubicación del hijo mayor en la parte posterior del tractor y con una pierna en el capot de la combi, agrediendo con un palo en el vidrio, al momento del choque también es poco probable por cuanto habría perdido su verticalidad, no se tuvo en cuenta que manejaba el camión y luego del impacto de bala que hizo blanco en su padre, intenta socorrerlo, trepándose al tractor en donde resulta herido.

Tales contradicciones recaen sobre cuestiones esenciales que impiden controlar con exactitud el encuadre jurídico.

Tampoco son suficientes los argumentos con relación a los presupuestos que configuran la causa de justificación prevista en el art. 34 inc. 6º del C.P., "Legítima Defensa"; en efecto cabe acotar que no se determinó en forma razonable cual fue el ataque, la agresión ilegítima, por que el tractor estaba en la vía pública maniobrando para poder ingresar a una intersección, lo que es contrario a calificarla como obstrucción deliberada, ¿es acaso configurativo de la misma un ademán sobrador de que esperara?, ¿Cuál era el peligro inminente? Si el imputado Páez dispuso de otro medio para impedir o repeler la supuesta agresión, no acercándose a escasa distancia o tomando otro camino el mismo que utilizó a posteriori para retirarse; tampoco se determinó a quién disparó primero, si fue al padre, esto último es fundamental por que no será posible ubicarlo como agresor al hijo que procura auxiliarlo, abatido el supuesto agresor (Castro padre) qué necesidad había de apuntar a zonas vitales y disparar con intenciones de matar a los dos hijos, el resultado leve es azaroso, fruto de la buena fortuna que los acompañó, hay que valorar lo disvalioso de la acción; se hizo demasiado hincapié en el peligroso instrumento, el palo, al que incluso se lo agranda en su tamaño (un metro), nada se dice del arma de fuego, cuyo uso es mortal, sólo que la empleó para defenderse, cuando es injustificable la simple portación y su posterior uso en tales circunstancias, ¿es acaso racional el medio empleado?, como tampoco se explica la falta de provocación suficiente.

El Ministerio Público Fiscal y el magistrado disidente observan en los hechos demasiada antijuridicidad, mientras que el voto que hace mayoría no y justifica el actuar del encartado, el restante puntualiza conceptos jurídicos sin mayores aproximaciones al hecho en concreto, pareciera ser que cada uno participó en un juicio distinto, entonces ¿cuál es la verdad, real o procesal, alcanzada, con el grado que es requerido por la ley?.

Todo ello me lleva a la conclusión de que con tantos interrogantes no se ha respetado el principio lógico de razón suficiente, en donde se exige que las pruebas en que se base la sentencia deben ser el fundamento necesario de esas conclusiones y no de otras, como ahora son la figura básica, e incluso sus tipos agravantes.

III) Al no haberse acreditado suficientemente los hechos a que arriba la conclusión de la mayoría, incluso se agregan apreciaciones dogmáticas que aparecen aisladas sin la debida referencia directa a lo fáctico, la resolución contiene vicios lógicos en la apreciación de la prueba, siendo contradictorios e insuficientes, por lo que propongo que se declare la nulidad absoluta de la sentencia, conforme lo dispone el art. 125 y 433 inc. 8 del C.P.P., ordenando el reenvío de los presentes, para que en un nuevo debate, con otra integración del Tribunal, se resuelva la situación procesal del imputado Héctor Páez.

El Dr. Antonino Carlos Montaperto, dijo:

Que compartiendo sus fundamentos, adhiero al voto que antecede.

La Dra. María Ines Vega Gómez de Ocampo, dijo:

Por sus fundamentos, adhiero al voto del Dr. Angel Roberto Avila.

Por ello, el Tribunal Superior de Justicia, Secretaría Penal y Laboral, resuelve: 1º) Declarar la Nulidad absoluta de la sentencia, conforme lo dispone el art. 125 y 433 inc. 8 del C.P.P., ordenando el reenvío de los presentes, para que en un nuevo debate, con otra integración del Tribunal, se resuelva la situación procesal del imputado Héctor Páez.

2º) Diferir la regulación de honorarios. - Angel Roberto Avila. - A. Carlos Montaperto. - María I. Vega Gómez de Ocampo.