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Contrato de prestaciones médicas, medicina prepaga, planes de cobertura médica, sistemas cerrados, servicios excluidos
Materia: CIVIL
Carátula: LABRUE, Edith Silvia Patricia c/ CEMIC s/ AMPARO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-05-27

1- Las prestaciones excluidas desde el origen contractual -en la cobertura de una prepaga contratada en un sistema cerrado-, deben distinguirse de las sobrevinientes, ya que en casos límite de servicios de salud novedosos "para la supervivencia del paciente", éstos deben atenderse aunque exceden la estricta previsión contractual, las imposiciones de la ley 24.754 o las que resulten del Programa Médico Obligatorio. 2- La obligatoriedad de suministrar un medicamento al paciente para una concreta y eficaz preservación de su salud no debe ser desconocida arbitrariamente por la prestadora que debe proveerlo de manera ineludible y la omisión adquiere mayor gravedad si el fármaco prescripto es costoso y de difícil alcance para el común de los afiliados y no existen otros igualmente idóneos para la terapia a seguir. La evaluación del costo-beneficio no sólo debe evaluarse por el precio del medicamento sino por los eventuales daños derivados de nuevas enfermedades que se podrían contraer de no proveerlo. 3- Desde esta perspectiva corresponde admitir la provisión del medicamento prescripto por el profesional que atiende a un paciente y que responde al estadio de la enfermedad que padece -lupus eritematoso sistémico más síndrome antifosfolipídico-, en tanto las manifestaciones de su dolencia fueron mutando y por ello evidencia una gravísima merma de plaquetas en sangre. Máxime cuando se demostró la mejoría experimentada desde su aplicación y el deterioro que padeció con su cese, circunstancia que motivó que el médico tratante prescribiera nuevamente la medicación.
IVA, honorarios del abogado
Materia: CIVIL
Carátula: Máspero Castro, Adolfo c/ Díaz, Javier y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-05-27

Los honorarios de los profesionales intervinientes en el proceso, se rigen por la Ley 21.839. Este arancel se ocupa de la forma, etapas, monto y tiempo en que deben regularse, pero no contiene disposición alguna que permita la adición de sumas o porcentuales impositivos, cuestión diferente a la valoración y retribución de las tareas realizadas. Estas circunstancias exceden el ámbito de conocimiento del tribunal, sin perjuicio de que el peticionante ocurra ante quien corresponda.
Contrato de trabajo, ley de emergencia pública y de reforma del régimen cambiario, reglamentación de la ley, inconstitucionalidad, estabilidad relativa, despido sin causa, indemnización agravada
Materia: LABORAL
Carátula: Rancor, Guillermo c/ Edenor S.A. s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-24

No corresponde declarar la inconstitucionalidad de los decretos que prorrogan la vigencia del art. 16 ley 25.561, pues por no tratarse de los constitucionalmente previstos como de necesidad y urgencia, sino de los de tipo reglamentario, no existe elemento que permita sostener la presencia de una indebida asunción de facultades legislativas por el órgano ejecutivo, prescindiendo de la clara delegación a la que alude el art. 1 de la ley 25.561. El art. 16 de la ley de emergencia no consagra un sistema de estabilidad absoluta en el empleo sino que, dentro del esquema de estabilidad relativa impropia que adopta la LCT, agrava temporalmente las consecuncias del despido incausado sin suprimir la facultad empresaria de decidir unilateralmente la extinción contractual. Habida cuenta de la situación de emergencia pública que la propia ley declara y cuya extensión reconoció la ley 25.820 y luego la 25.972, los decretos de prórroga, en tanto fueron dictados en el marco de la emergencia declarada por la ley y en idéntico sentido que ésta, constituyen un reglamento de ejecución de un programa nacional de preservación del empleo.
Accidente de tránsito, culpa concurrente
Materia: CIVIL
Carátula: FERNANDEZ David Antonio c/ Ahumada Marcela Angélica s/ Daños y Perjuicios - Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2013-10-29

Mientras la conductora del automóvil realizaba una maniobra de giro a escasa velocidad 24km/hora, la motocicleta lo hacía a 60 km, esto es que, en el mismo tiempo el automovil recorría prácticamente poco más de un tercio de la distancia que recorría la moto. Ahora, si para ambos existía buena visibilidad, ambos conductores debieron visualizar al otro rodado previo a la colisión, de modo que si el accidente se produjo fue por culpa concurrente desde que la demandada pudo esperar que pasara la moto y recién cruzar o apresurar el cruce a fin de no ser embestida y por su lado el actor debió aminorar preventivamente la marcha - 60 km es notablemente excesiva para una intersección según la jurisprudencia de nuestra Corte donde la velocidad no debe superar los 20 km/hora.
Recurso de inconstitucionalidad, gravedad institucional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: C, H J Y OTROS s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -  INFRACCION ARTICULO 261 DEL CODIGO PENAL (CSJ EXPTE N. 811-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-09-27

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha definido la "gravedad institucional" como aquéllas cuestiones que exceden el mero interés de las partes y afectan de modo directo al de la comunidad, operando dicho instituto de diferentes modos: como nueva causal de procedencia del recurso extraordinario; como factor de suspensión de ejecución de sentencia; y como mecanismo de ablandamiento en la exigencia de ciertos requisitos de admisibilidad del recurso extraordinario. Requiere, así, que el conflicto exceda el marco del interés meramente individual para afectar el de la comunidad, circunstancia que el recurrente debe demostrar configurada en la especie.
Recurso de casación penal, función nomofiláctica, cuestiones de hecho y prueba, jurisprudencia aplicable, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: "MEDINA, MATIAS AUGUSTO; DÍAZ, FERNANDO JUAN HORACIO; ALBARRACÍN, JHONATAN; DÍAZ CRISTIAN OMAR; GUILLÉN, CARLOS ALBERTO; GUARDA NÉSTOR FABIÁN s/ ASOCIACIÓN ILÍCITA", Expte. Nº 2870 (M-577/08/TSJ) s/ RECURSO DE CASACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2009-04-06

La revaloración de pruebas como fundamento de un recurso de casación -en principio- no resultaría procedente en atención a las disposiciones de la actual legislación procesal vigente en la Provincia de Santa Cruz, arts. 439 y 440 del Código Procesal Penal Provincial, salvo los casos que se invoque absurdo o arbitrariedad en la apreciación de las probanzas, ya sea por absurdo formal -violación de las reglas de la lógica o desvío en la aplicación del raciocinio- o por absurdo material -error en la valoración de la prueba o grosera degeneración interpretativa.

Con la finalidad de no obstaculizar la vía recursiva sólo por aspectos dogmáticos -que sin embargo hacen a la naturaleza nomofiláctica del recurso de casación-, este Alto Cuerpo ingresará al análisis del hecho juzgado en la causa sublite, conforme la doctrina fijada por la C.S.J.N. en el sentido que "...La interpretación del art. 456 del Cód. Procesal Penal de la Nación conforme la teoría del máximo rendimiento, la cual exige al tribunal competente en materia de casación agotar su capacidad revisora, archivando la impracticable distinción entre cuestiones de hecho y derecho, implica un entendimiento de la ley procesal penal vigente, acorde con las exigencias de la Constitución Nacional y la jurisprudencia internacional..."
Acción de inconstitucionalidad, prescindibilidad, indemnización
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Paredes, Graciela s/ Inconstitucionalidad art. 12, ley 11184 Montiel, Amanda Nélida c/ Provincia de Buenos Aires. Municipalidad de Alberti. s/ Inconstitucionalidad art. 12 Ley 11.184 y Ordenanza 592/92
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-12-29|1998-12-29

La acción de inconstitucionalidad reviste carácter patrimonial si, como en el caso, la demandante acciona para salvaguardar sus intereses económicos eventualmente afectados por la aplicación de la norma atacada en lo que hace al monto indemnizatorio adeudado con motivo de la declaración de su prescindibilidad como agente público.
Asesor de menores, interés superior del niño, derechos y garantías constitucionales
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Defensora de Menores e Incapaces del Centro Judicial Monteros en representación pupilar del menor C.N.J.A. s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2015-02-11

El asesor de menores es un órgano que responde cabalmente a la exigencia constitucional de asesoramiento jurídico especializado y a la vez adecuado, dado que responde, por un lado, a la exigencia constitucional derivada del art. 40.2.b.iii, CDN -Comité de los Derechos del Niño-, en tanto su labor se comprende en el proceso penal como una labor técnica jurídica de asistencia del niño, y, por el otro, y sobre todo, al mandato también constitucional que establece la necesidad de adoptar, respecto de los niños, medidas de protección adicional de derechos sustantivos y procesales de raigambre constitucional o legal, debido a la situación específica en la que ellos se encuentran -art. 19, CADH-, y para lo cual se toma en cuenta su debilidad, inmadurez o inexperiencia al momento del hecho delictivo.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, ley procesal, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: GIORDANELLI, SUSANA c/ SWIFT-ARMOUR S.A.A. s/ Demanda Laboral (Tribunal Pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-10-03

No corresponde en la especie la convocatoria a Tribunal Pleno por cuanto el art. 28 de la ley 10.160 presupone decisiones contradictorias sobre cuestiones de derecho, recaudo éste que no resulta configurado en supuestos de compensación de gratificaciones en materia de infortunios laborales donde pueden darse diversidad de cuestiones fácticas a evaluar según el caso concreto, la vía elegida, la forma de instrumentación, su validez, etc. (Del Voto de la Dra. Burde) En el caso la cuestión a resolver es: Posibilidad de que las llamadas gratificaciones o pagos graciables al trabajador que practican algunas empresas, en el momento del cese de la relación se compensen imputándolas a posibles acreencias vinculadas con el contrato de trabajo, por cualquier concepto que sea, aún indemnizatorias de la ley 9688, reconocidas por sentencia judicial.
Sucesiones, subasta judicial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Culin, José s/ Incidente de ejecución de honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-03-24

Sabido es que los sucesores universales son, al mismo tiempo, sucesores particulares relativamente a los objetos particulares que dependen de la universalidad en la cual ellos suceden (art. 3264 CC). Los bienes del sucesorio pueden ser objeto de venta forzosa en supuestos como el presente, en que no existirían fondos en efectivo para el pago de las deudas, cargas o legados (arts. 3474 y 3475 CC).

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Ley vigente, denegatoria del recurso, ley penal más benigna, ejecución de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Junco, Oscar Omar c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-04-03

La vigencia de la ley 27.372 -de carácter procesal- no afecta ni afectará a aquellos actos que fueron cumplidos de conformidad con lo previsto en la ley anterior en el presente incidente de ejecución, de este modo, los alcances de la nueva ley no se retrotraen, pero sí se proyectan a los actos que se produzcan luego de su entrada en vigencia. Corresponde rechazar el recurso de casación si el recurrente no explica en su presentación ni tampoco se advierte que, en el caso, se hubiera recurrido a la aplicación retroactiva de una ley cuyos efectos fueran más perjudiciales para su asistido, o que se hubiera omitido la aplicación retroactiva una ley más benigna. Dres. Hornos, Gemignani, Borinsky.
Asegurador, litisconsorcio pasivo, legitimación procesal
Materia: COMERCIAL
Carátula: P. S. I. c/ P., H. y otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-05-05

Sumario vinculado al sumario n° 22606.
Marcas de defensa, marcas confundibles, cotejo de marcas, oposición al registro de marca, defensa del consumidor
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Kasdorf  S.A. c/ Harrods (Buenos Aires) Limited s/ Cese de opos. marca "Harrozak"
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-02-26

La calidad meramente defensiva de una marca no la priva de amparo legal y, si bien podría facultar un cotejo menos riguroso, no alcanza para autorizar la coexistencia de signos de subido parecido, porque ello comprometería los intereses del público consumidor, al que no debe llamarse a engaño sobre el origen de los productos.

Mucho más si se pondera que la calidad defensiva de la marca puede cesar en cualquier momento a raíz de su transferencia a terceros, con lo que el interés del público consumidor aparecería igualmente comprometido.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, defectos en la fundamentación normativa, honorarios del abogado, daño moral
Materia: PROCESAL
Carátula: Siam Di Tella Limitada c/ Coordinadora de Servicios RSSA. y otro. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-11

Resulta admisible la tacha de arbitrariedad cuando se excluye de la base económica computable para la determinación de los honorarios, la suma reclamada en concepto de daño moral.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia no firme, auto de sobreseimiento
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - PENAL
Carátula: B, Z N s/ INCIDENTE DE APELACION DE SOBRESEIMIENTO EN AUTOS "T, O Y OT. HURTO   REITERADO Y HURTO CALIFICADO. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ   EXPTE Nº 15-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-05-07

El Alto Tribunal nacional ha dicho que "la resolución que revoca el sobreseimiento provisional decretado por el juez no es sentencia definitiva a los efectos del recurso extraordinario pues no pone fin al juicio. La consecuencia de que el proceso deba ser nuevamente fallado, aun por un juez de distinta competencia, no agravia el derecho de defensa ni comporta arbitrariedad o cuestión de gravedad institucional que autoricen la procedencia de la apelación, ante la falta de pronunciamiento final sobre el mérito del sumario". Existe, por ende, la posibilidad de que el pronunciamiento que se dicte ulteriormente disipe el agravio expuesto por el recurrente, lo cual demuestra el carácter eventual o hipotético de este último, extremo que concurre a sustentar el rechazo del recurso.
Régimen de consolidación de deudas, orden público
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Martino de Cherenscio H. y otro c/ Novara, Alberto Raúl y otro s/ Daños y perjuicios Empresa Gral. José de San Martín S.A.I.C. c/ Municipalidad de Tres de Febrero s/ Cobro de pesos. Repetición de tasas Bake S.A. c/ Municipalidad de Olavarría s/ Daños y perjuicios Hernández, Sixto Antonio y otra c/ Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires s/ Indemnización por daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-08-12|1996-02-20|1998-06-11|1998-11-24

La ley 11.192 es de orden público, no sólo porque así lo dispone en su art. 20, sino -lo que es más importante- por la naturaleza de los intereses generales que se protegen por encima de los particulares.

Y ello es así pues se parte de la premisa de que cuando se configura una situación de grave perturbación económica, social o política que representa grave peligro para el país, el Estado democrático tiene la potestad y aún el imperioso deber de poner en vigencia un "derecho excepcional" o sea un conjunto de "remedios extraordinarios" destinados a asegurar la "autodefensa de la comunidad" y el restablecimiento de la normalidad social del sistema político que la Constitución requiere.
Tributos, cómputo de intereses, contribuyentes, reclamo administrativo previo, acción de repetición, aplicación de la ley
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Leloir de Lanús Amelia c/ GCBA s/ Acción Meramente Declarativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-09-27

En materia de repeticiones de gravámenes tributados en demasía, los intereses se devengarán, de conformidad con el régimen legal aplicable, "a partir de la interposición del reclamo de repetición" -artículo 62, Código Fiscal, t.o. 2003; y disposiciones análogas anteriores: artículo 58 del Código Fiscal t.o. 2001; artículo 52 del Código Fiscal t.o. 2000; artículo 48 del Código Fiscal t.o. 1999; y Resolución Nro. 4151/03 de la Secretaría de Hacienda y Finanzas.

En el mismo sentido, en caso de haberse efectuado directamente una acción judicial de repetición, los intereses se devengarán a partir de su interposición.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, sentencia suficientemente fundada, cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, daño, relación de causalidad
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: MARSILI, MARIANA c/ OLIVIERI, ENRIQUE OMAR s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-12-18

Si bien la compareciente insiste en la falta de demostración del nexo de causalidad necesario para condenar a la Municipalidad por el daño ocasionado, no efectúa un desarrollo argumental suficiente a fin de desvirtuar las consideraciones expuestas por los sentenciantes en torno a declarar la inadmisibilidad del recurso intentado, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 3 de la ley 7055, en una causa donde la Sala puso en evidencia que los agravios de la impugnante en confrontación con la sentencia apelada evidenciaban su mera disconformidad con la interpretación de los hechos y la valoración de las pruebas, materias que se encuentran, en principio, excluidas de ese remedio recursivo (De la ampliación de fundamentos de los Dres. Gastaldi y Erbetta).
Banco de datos genéticos, prueba biológica, imputado, delitos contra la integridad sexual
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: P., J. R. y P. D. A. c/  s/ abuso sexual con acceso carnal, homicidio calificado con la participación de dos o mas personas y para ocultar otro delito en concurso real
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2015-05-26

Cabe disponer firme que quedare la presente, se proceda a la extracción, análisis e incorporación al Banco Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas de la huella genética digitalizada de los condenados y asimismo, a la confección de la ficha identificatoria para su remisión al Registro Provincial de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual, en la que se transcribirá la parte resolutiva de la sentencia.
Competencia federal, competencia de la Corte Suprema
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Counduros, Juan s/ Denuncia - Causa Nro. 7052
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-06

La Corte Suprema, como tribunal superior de la justicia nacional, participa de la naturaleza excepcional y restringida que caracteriza a la jurisdicción federal.
Decreto de necesidad y urgencia, facultades tributarias
Materia: TRIBUTARIO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Previsol AFJP S.A. c/ E.N. (Mº de E. y O.S.P.) -Dto. 863/98 s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-04-28

Si bien en el segundo párrafo del inciso 3º del art. 99 de la C.N. se autoriza al Presidente de la República cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos en ella para la sanción de las leyes, a dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, sujeto a determinados requisitos, se excluye expresamente de esa habilitación la posibilidad de que emita normas que regulen materia tributaria.
Recurso de apelación (procesal), recursos, fundamentación del recurso, admisibilidad del recurso, partes del proceso, prueba documental
Materia: CIVIL
Carátula: ALVAREZ, JORGE REYNALDO; ALVAREZ, CLIDIS NOEMI; ALVAREZ, HECTOR JUAN; ALVAREZ, SOCORRO; ALVAREZ DE OYARZU, ROSA CRUZ; ALVAREZ, JOSE CARLOS; ALVAREZ DE TOLABA, NELLY; ALVAREZ DE PANTOJA, YOLANDA c/ ESTRADA, NESTOR FELIX; FIGUEROA SOLA, ANDRES s/ Recurso Revocatoria
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-02-07

El artículo 334 citado dispone que, cuando en el responde de la demanda se alegaren hechos no considerados en la misma, los accionantes podrían agregar la prueba documental referentes a ellos.

En autos el tema por el cual se acompaña la documental, según surge de lo expresado a fojas 167 vta., es la negativa de la demandada a la posesión del inmueble por el actor, tema este que fuera introducido expresamente por él a fojas 69 en su demanda, al referir que la posesión nunca fue interrumpida y que siempre ejercieron actos posesorios.
Procedimiento administrativo, silencio de la administración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Gardebled   Hnos   SA c/ EN - DNV -resol 777/01 y otras (expte10042/10        y        otros) s/ proceso       deconocimiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-01

En la presente causa se demanda a la Dirección Nacional de Vialidad, organismo descentralizado del Estado Nacional, por la fijación de un plazo y la condena al cumplimiento del pago de los intereses y la parte funda su reclamo en el art. 48 de la ley 13.064. Sin perjuicio del nomen iuris dado por la actora a las actuaciones administrativas realizadas, es necesario concluir en que la admisibilidad formal de la demanda corresponde que sea examinada en los términos del régimen aplicable al reclamo administrativo previo, a la luz de lo prescripto en el art. 30 de la ley 19.549, y que, por consiguiente, para considerar al silencio de la administración como expresión negativa de su voluntad, sean observados los plazos -de 90 y 45 días- especialmente estipulados en el art. 31 de la citada ley. Nótese que los plazos previstos en el art. 10 de la ley 19.549 para la configuración del silencio de la administración -de 60 y 30 días- serán aplicables, según se expresa en la misma norma.
Escritos judiciales, firma
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: LINERA, ANTONIO Y OTROS s/ SUCESIONES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-09

Los escritos judiciales deben contener la firma de su presentante (art. 1012 del Código Civil y 46 del Reglamento para la Justicia Nacional, al que remite el art. 118 del Código Procesal), careciendo de valor la puesta por un tercero, a menos que se haya recurrido al específico procedimiento previsto en el art. 119 del Código Procesal. En consecuencia, las actuaciones referidas y las providencias que motivaren, son actos privados de toda eficacia jurídica y ajenos, como tales, a cualquier posibilidad de convalidación posterior, en orden a la perentoriedad de los plazos procesales.

El escrito judicial que carece de firma debe reputarse un acto procesal inexistente, pues si los escritos judiciales son instrumentos privados que adquieren fecha cierta por el cargo, la ausencia de la firma torna inexistente el acto procesal que en él se pretende instrumentar, toda vez que constituye la carencia de uno de sus elementos esenciales para su configuración en el mundo jurídico, es un "non esse".
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, cosa juzgada
Materia: PROCESAL
Carátula: Ruiz, Carlos Francisco c/ Bisigniano, Carlos Vicente. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-26

Corresponde descalificar la decisión que prescinde de lo decidido anteriormente con autoridad de cosa juzgada.