marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de apelación (procesal), agravio concreto
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: VENTURA, Giovanni s/ EXTRADICION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-02-19

No corresponde verificar en la alzada la procedencia del pedido de extradición en aquellos hechos delictivos por los cuales el Fiscal de Primera Instancia en su momento propiciara su rechazo, pues al haber dado el a quo acogida favorable a tal postura no existe agravio alguno que es requisito indispensable para la procedencia del recurso de apelación.
Acto administrativo, presunción de legitimidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Del Bueno, Roberto c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-10-17

Si el actor ataca la presunción de legitimidad de un acto administrativo le corresponde probar todo lo concerniente a su ilegitimidad.
Venta de bebidas alcohólicas, prohibición de venta a menores, tipo penal, responsabilidad contravencional
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: P., C. M. s/ Artículo 51
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-10-06

El hecho de haber comprobado, los funcionarios policiales, el consumo de alcohol por menores de edad en la vía pública y la proximidad del local de la encartada, resulta insuficiente para tener por acreditada la responsabilidad contravencional de la misma, puesto que sobre la vía pública no cabe exigirle a esta deber alguno de vigilancia. El artículo 51 del Código Contravencional atribuye responsabilidad al titular, responsable o encargado de un establecimiento que suministrare, vendiera o permitiera el consumo de alcohol a personas menores de dieciocho años. Fuera del local ninguna responsabilidad puede caberle a los sujetos individualizados en la norma; sus adyacencias y la vía pública están fuera de la órbita de su contralor.
Aumento de cuota, derechos del socio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Garavello Orlando Miguel c/ Citrus Beroga S.R.L. s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1999-10-08

La determinación de las cuotas suplementarias tendrá distinta significación según que el poder exigirlas sea otorgado en el acto constitutivo del ente o bien se intente hacer valer en la asamblea de socios posterior Y son de estricto orden lógico quienes marcan la diferencia porque la previsión contractual para integrar cuotas suplementarias -sin precisión de cantidad e importe- exige el recaudo de la unanimidad, ya sea expresado por los socios en el acto social constitutivo o en otro posterior. La voluntad de los socios que representan la mayoría del capital social no gozan del derecho ni tienen el poder de imponer al socio minoritario la singular integración de estas cuotas suplementarias que calculará el individualizado asesor contable en importes que no implicarán aumento de capital salvo imposibilidad de restitución durante el plazo de cuatro años. Para ello, en rigor, se requiere de la unanimidad y es por eso que considero bien declarada la nulidad del figurado acto asambleario.
Medidas cautelares, plazo, nulidad del acto administrativo, acceso a la justicia
Materia: CIVIL
Carátula: American Airlines Inc. c/ Administración Nacional de Aviación Civil s/ Nulidad de acto administrativo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-06-06

La norma no es razonable pues el legislador ha establecido el término máximo de un año para la vigencia de la medida cautelar, con prescindencia de la duración objetiva del proceso principal, que puede variar por múltiples factores según la complejidad de cada caso, independientemente del mayor o menor impulso que pueda darle la beneficiaria de la medida, entre los cuales no se puede descartar la demora judicial. De ese modo, la norma sancionada por el Poder Legislativo es susceptible de limitar irremediablemente la vigencia temporal de la protección cautelar otorgada ante un acto u omisión de las autoridades públicas, colocando al administrado ante el Estado Nacional en una situación de indefensión, pues se lo priva de la tutela judicial efectiva y oportuna que es garantía constitucional.
Expendio de medicamentos, ley provincial, control de constitucionalidad, derecho a la salud, Salud pública
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Farmacity S.A. c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires y otro s/ pretensión anulatoria - recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-30

La norma 10.606 de la Provincia de Bs As persigue una finalidad constitucionalmente válida, pues se refiere a un derecho fundamental como el de la salud y en este sentido, la Ley Fundamental no solo permite, sino que obliga a las autoridades públicas a adoptar medidas y políticas tendientes a proteger la salud de la población (Voto de los jueces Highton de Nolasco y Lorenzetti).
Robo calificado, uso de armas
Materia: PENAL
Carátula: Zeballos, Bernardo s/ Robo agravado por uso de armas
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-04-04

La norma contempla el mayor desvalor del acto de quien usa armas por el peligro real para la vida o integridad física que éstas representan. Obvio es señalar que al mismo tiempo esta mayor magnitud de riesgo para la víctima significa también un mayor grado de intimidación, que ya existe en el propio concepto de robo que en realidad contempla un concurso aparente de hurto y coacción, pero ésta recién tendrá su recepción en el tipo agravado cuando realmente pueda realizarse ese riesgo en el resultado, es decir cuando se trate de un arma real y no simulada. Ello significa el uso de armas propias con capacidad vulnerante -armas de fuego aptas y cargadas o cuchillo- o el uso de armas en sentido impropio -como objeto contundente- ej. un garrote o aún un arma de fuego inapta si se blande como tal.
Sentencia, recurso de nulidad
Materia: COMERCIAL
Carátula: INCIDENTE  DE  REMOCION  DE  SINDICO  EN ARGENTO ANTONIO F. - QUIEBRA PROPIA s/ REMOCION DE SINDICO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1983-11-21

El ordenamiento jurídico procesal vigente establece la necesidad de relatar una síntesis de los aspectos a decidir en la sentencia, y en especial los contradictorios, pero si ellos se encuentran relatados al ir tratando cada una de las cuestiones que resultan del debate en la controversia jurídica trabada, se encuentra satisfecha la exigencia legal, y como la nulidad no puede declararse por la nulidad misma, sino en cuanto afecte a la defensa y/o la prueba, y la pretensión en este caso, de que se declare la nulidad por falta de "LOS VISTOS" en la sentencia es improcedente.
Exención de costas, caducidad de instancia
Materia: CIVIL
Carátula: San Juan y Cía. Soc. Colectiva c/ Flores, Felipe Federico s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1997-03-13

Si bien las costas del incidente de perención en principio, deben ser impuestas al vencido, el Juzgador está facultado a eximirlo de su pago, siempre que encontrare merito para ello. En caso de haber mediado un allanamiento a la caducidad deducida tal circunstancia tiene la virtualidad de eximir de costas a la parte que se allana.

No puede considerarse que el incidentado haya, dado lugar a la reclamación, por la sola circunstancia de su inactividad, pues ésta no es sólo del actor sino de todos los sujetos de la relación procesal y sus auxiliares; además la perención puede ser declarada de oficio.
Sociedad de hecho, muerte del socio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Busilli de Villalobo, Adela c/ Reggiardo, Ramón s/ Disolución-Liquidación de cuentas sociedad de hecho
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-10-15

Los herederos del socio, de una sociedad irregular-aquí los actores- no han pretendido ejercer derechos de socios- por su propio derecho, como si hubieran reclamado por ejemplo su ingreso como tales a la sociedad. Han demandado el reconocimiento como sucesores universales -arts. 3.282, 3.410 y 3.417 del C.Civil- entre los que se hallaban incluidos, el de reclamar la disolución total de la sociedad irregular y la rendición de cuentas-art. 22 y sgtes. de la Ley 19.550-.
Régimen de consolidación de deudas, títulos de deuda pública, crédito verificado
Materia: ECONOMIA-FINANZAS
Carátula: PASMI S. C. A. c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa e Inconstitucionalidad Hugo Jofré Construcciones c/ Provincia del Chubut s/ Demanda por Cobro de Pesos e Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-03-25|1998-02-20

El objetivo de las normas -ley 3609, artículo 22- es claro: imponer quita y plazo. En el sistema de Ley 3609, la primera, -sea por efecto de la presentación voluntaria al censo, o de oficio ante la conformidad que importa el silencio- opera "ministerio legis" :art.5, conc. arts. 11, 12, 13, 14 de la Ley.- El acto administrativo que es la Resolución Ministerial que sigue a la verificación, solo la formaliza. Aquí, creo oportuno aclarar, que hay diferencia entre crédito verificado y crédito consolidado. El primero, "verificado", es el originario de la vinculación Estado-particular, o aquél en que se transformó......., el segundo -"consolidado"- es el que resulta de la aplicación al verificado, de los arts. 13 y 14 de la Ley.
Daños y perjuicios, responsabilidad del arquitecto, rescisión del contrato
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: ARMENTANO, HERNAN RAMON c/ DALMASSO, LEONARDO FABIAN s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-02-22

La presente queja no ha de prosperar, toda vez que el compareciente no logra demostrar arbitrariedad en el razonamiento de la Sala que, por considerar que no se había acreditado que hubiese existido un abandono culpable de la obra por parte del arquitecto -al menos de una entidad tal que justifique una resolución del contrato por obrar negligente (en tanto las deficiencias que presentaban los trabajos realizados podrían haberse corregido de no haberse impedido al actor la entrada a la obra)-, la conducta asumida por el demandado debía ser interpretada como el ejercicio del derecho de desistir de la obra, tornando procedente el reclamo entablado por el accionante por el pago de sus honorarios profesionales. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dres. Falistocco y Netri) -.
Daños y perjuicios, libertad de prensa, derecho a la intimidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Menem, Carlos Saúl c/ Editorial Perfil S.A. y otros s/ daños y perjuicios - sumario. Resolución N° 4015/2017 del 5 de diciembre de 2017 - Declaración de incompatibilidad respecto de la sentencia dictada por la CorteIDH el 29 de noviembre de 2011, Caso Fontevecchia y D`Amico Vs. Argentina
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-25

Cuando lo afectado es el derecho a la intimidad, la excepción de veracidad no resulta legitimadora, pues la responsabilidad proviene de la indebida publicación o divulgación de los hechos de la vida íntima, veraces o no.
Partidos políticos, democracia, Constitución Nacional, financiamiento público
Materia: ELECTORAL
Carátula: Incidente de apelación en autos caratulados: "Incidente de control patrimonial Partido Nacionalista Constitucional - orden nacional" s/ INCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-03-21

Los partidos son organizaciones de derecho público no estatal, necesarias para el desenvolvimiento de la democracia representativa y por tanto, instrumentos de gobierno. Por su naturaleza y por la relevancia de sus funciones han sido incorporados al texto de nuestra Constitución Nacional, que les reconoce el carácter de "instituciones fundamentales del sistema democrático" y establece que "el Estado contribuye al sostenimiento económico de sus actividades y de la capacitación de sus dirigentes" (artículo 38 de la Constitución Nacional) instando, con esto último, a la natural renovación de sus cuadros. Su función consiste en actuar como intermediarios entre el gobierno y las fuerzas sociales; de ellos surgen los individuos que han de gobernar nuestra sociedad. De allí que, una vez observados los estrictos recaudos que la ley impone para su reconocimiento como tales, la comunidad busque su fomento y respalde su actividad, sin perjuicio de revisar en todo momento las condiciones de forma que les dieron razón de ser y optar, en casos extremos y dentro de los cánones legales, por retirarles esa actitud de "soporte" que les ofrece el reconocimiento d e su personalidad jurídico-político.
Daños y perjuicios, rechazo de la demanda, responsabilidad de la empresa ferroviaria
Materia: CIVIL
Carátula: ARMOA, Miguel Angel c/ ESTADO NACIONAL y Otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-02

Debe rechazarse la demanda que reclama por el daño causado al pasajero por un tercero que arroja un objeto desde afuera del vagón del tren, por tratarse de un hecho imprevisible e inevitable de un tercero por quien la empresa no es civilmente responsable.
Contratos administrativos, obras públicas, rescisión del contrato
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: LUIS ALFINI E HIJOS  S.R.L. c/ PROVINCIA DE SANTA CRUZ s/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1984-08-31

La actora debió haber probado en autos que al momento de decretarse la rescisión del contrato no se daba el supuesto invocado por la Administración de abandono o interrupción de los trabajos por más de un mes.
Mandamiento de ejecución, derecho comparado
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: EMPLEADOS DEL PODER JUDICIAL DE RIO NEGRO s/ AMPARO s/ COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-07-15

Bianchi en "la jurisdicción apelada de la Corte Suprema de los Estados Unidos" agrega que, en concreto, las funciones que cumplen estos writs (extraordinarios) son: a) Ordenar la ejecución de una sentencia, dado que por medio del mandamus se obliga a un tribunal inferior que cumpla con lo establecido por la Corte Suprema en una sentencia. Si la decisión de la Corte permite al tribunal inferior el ejercicio de alguna decisión discrecional, ésta no puede ser luego revisada por medio de un mandamus.

El mandamus sirve para obligar al tribunal inferior que haga lo que estrictamente se le obligó a hacer. Corresponde advertir al respecto que puede tratarse de un tribunal federal y también del superior tribunal de un Estado. b) La corrección de errores en decisiones de tribunales inferiores. Los tres writs, mandamus, prohibition y certiorari, sirven a su vez, para corregir errores en los tribunales inferiores.

Ello no significa, naturalmente, que los writs extraordinarios puedan utilizarse en sustitución de las vías normales de revisión; por el contrario, son empleados cuando por las circunstancias del caso los medios ordinarios no son eficaces. c) Otra función que cumplen los writs extraordinarios, es evitar que se impida el acceso de un caso a la instancia de la Corte por errores de los tribunales inferiores. Así por ejemplo, si un tribunal se niega a ordenar el arresto de una persona que debe comparecer ante un gran jurado la Corte puede emitir un mandamus para que esa orden sea emitida.
Recurso contencioso administrativo, empleados públicos, escalafón, reescalafonamiento, remuneración, diferencias salariales, acto administrativo, subsanación del error
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: VOLTA, JUAN ANGEL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.:  C.S.J. NRO. 31 AÑO 1990)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-06-09

Si la Administración ha admitido el error en la aplicación de los decretos-acuerdo 791/80 y 2695/83 (sucesivos Escalafones para el personal de la Administración Pública Provincial) y dicta el acto de reencasillamiento por el que restaura la situación del actor colocándolo en la categoría que hubiera debido revistar de haberse aplicado correctamente dichos decretos, no le asiste razón cuando sostiene que se encuentra imposibilitada de aplicar los efectos del acto de reencasillamiento retroactivamente por no existir norma alguna que así lo autorice, ya que al momento de ser aplicados los decretos 791/80 y 2695/83, el actor sí estaba en condiciones de ser reubicado, por lo que no se advierte la necesidad de autorizar mediante alguna otra norma, la aplicación de una que ya lo establecía de ese modo. El hecho de no haber sido aplicada correctamente a su debido tiempo, no puede ocasionar un perjuicio sobre el derecho que la misma concedió al agente desde su efectiva vigencia. Por lo tanto, se reitera, el reconocimiento por la Administración de ese derecho, no podía sino efectuarse con el alcance con que había sido consagrado.
Jurisprudencia aplicable, Corte Interamericana de Derechos Humanos, prisión preventiva, obligaciones internacionales, REPÚBLICA ARGENTINA
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Asunto Milagro Sala S/ Solicitud de Medidas provisionales respecto de Argentina c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2017-11-23

La Corte Interamericana se encuentra en la obligación de recordar al Estado Argentino, atento sus obligaciones internacionales asumidas, su constante jurisprudencia en materia de prisión preventiva, la que debe ser siempre excepcional por resultar la más severa de las medidas que pueden aplicarse al imputado de un delito, limitada por los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad y justificada con el fin de evitar que el acusado interfiera con el desarrollo del procedimiento o pretenda eludir la acción de la justicia.
Recurso extraordinario, cuestión federal, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: EL  HOGAR  OBRERO  COOPERATIVA  DE  CONSUMO,  EDIFICACION  Y  CREDITO LIMITADA c/ LIGGETT GROUP INC s/ OPOSICION INFUNDADA AL REGISTRO DE MARCA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-16

Procede el recurso extraordinario cuando se ha puesto en tela de juicio la interpretación de una norma federal -ley 22.362- y la decisión es contraria a la pretensión sustentada por la recurrente
Beneficios previsionales, producción de la prueba, organismos del Estado
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL
Carátula: Peralta, Yolanda Teodelina y otros c/ A.N.Se.S. s/ amparos y sumarísimos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-10-12

La adecuada tutela de los derechos previsionales es una carga impuesta a los organismos administrativos que deben actuar diligentemente, obligándolos a obrar con suma prudencia en materia probatoria, debiendo extremar los medios tendientes a lograr la efectiva producción de la prueba, descartando criterios restrictivos. Por ello, si se estima que los elementos de juicio existentes en la causa resultan insuficientes para demostrar los hechos controvertidos, la A.N.Se.S. debe arbitrar los medios conducentes para la solución del caso, habida cuenta que los organismos previsionales no son parte contraria, ni con intereses contrapuestos a los de los administrados, sino órganos de contralor y aplicación práctica de la legislación de Seguridad Social para el cumplimiento de la verdad material en cada supuesto particular.
Indemnización por despido, tope indemnizatorio, inconstitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: CUFRE, BENJAMIN c/ JARMUS, GREGORIO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-22

Asiste razón al actor que pretende una indemnización por despido sin tope máximo, argumentando la inconstitucionalidad del art. 245 LCT, porque dicho tope limita, en la realidad económica, el principio protector del mundo del trabajo. Se aclara que esta doctrina corresponde a un caso anterior a la vigencia del art. 48 de la ley 23697 que modificó el art. 245 LCT y a la Resolución de Cámara nro. 34 del 30 de octubre de 1990.
Derecho procesal, medidas cautelares, inhibición general de bienes, sustitución de la caución
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Fernandez, Oscar Emilio c/ CM Emprendimientos SRL s/ejecutivo. c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-04-05

Cabe revocar la resolución que rechazó el pedido de sustitución de la medida cautelar solicitada -inhibición general de bienes- por embargo de un inmueble de propiedad de la demandada. Es que, sin soslayar las vicisitudes vinculadas con la venta del inmueble, lo cierto es que aun cuando se tomara su cotización a la mitad del valor informado en la tasación, se encontraría suficientemente resguardado con el embargo del bien. En tal escenario, el crédito de la actora no podría verse afectado por el levantamiento de la medida que se trata (Cfr. esta Sala en autos "Donnadio, Fernando c / Pignolo, Marta Irma s/ ejecutivo", expte 1839/2013 del 21/6/16). Desde esa perspectiva, los presupuestos de viabilidad previstos por el CPR 228 para el mantenimiento de la inhibición general de bienes no se verifican cumplidos y la medida debe levantarse, máxime cuando la misma afecta el giro comercial de la accionada con sus eventuales implicancias.
Revocación del auto de procesamiento, falsificación de instrumento público, prescripción de la acción penal
Materia: PENAL
Carátula: Coares Nina, Roberto s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-10-21

Corresponde anular el pronunciamiento que revocó el procesamiento del imputado si éste, en lugar de seguir el normal y reglamentado trámite para obtener el DNI, delegó la tarea en un supuesto gestor, pues se trata de una persona que por su edad no podía desconocer que ese tipo de documentación debía ser emitida por un órgano del Estado y no mano a mano como se hizo la documentación falsificada. La disidencia consideró que, dado que al momento de la ocurrencia de los hechos aún no había entrado en vigor la ley 25.990, y en virtud del principio pro homine, corresponde aplicar la antigua redacción del art. 67 C.P. y atento el tiempo transcurrido, declarar extinguida la acción penal por prescripción. (Dres. Catucci, Ledesma -en disidencia- y Riggi).
Homologación del acuerdo, HONDURAS, obligaciones del Estado miembro, defensor, acuerdo de solución amistosa, reconocimiento televisivo, reconocimiento post mortem
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Escaleras Mejía y otros Vs Honduras S/ Homologación de Acuerdo de Solución Amistosa - Homicidio de ambientalista - Defensores y defensoras de derechos humanos c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2018-09-26

Corresponde homologar la medida de reparación asumida por Honduras mediante el Acuerdo de Solución Amistosa en el que asume su responsabilidad internacional, consistente en transmitir por el canal estatal el documental sobre la vida y labor del activista y defensor ambientalista asesinado con intervención de agentes nacionales, bajo el requisito de ser divulgada con antelación a la transmisión para que sus familiares puedan acceder a ella, pues representa un trascendente acto de reivindicación de su memoria y dignidad.

Fuente del sumario: SAIJ
Acción de amparo, colegio profesional
Materia: CIVIL
Carátula: RUIZ CLAUDIA MARISA c/ COLEGIO FARMACEUTICO DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ RECURSO DE AMPARO-APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2006-03-10

El mero disconformismo del amparista (futuro matriculado) con los términos de una disposición asamblearia de un Colegio Profesional no habilita la revisión del Superior Tribunal a través del amparo, dejando de lado el reconocimiento al alcance de la normativa cuestionada que debe compadecerse con el conjunto armónico del ordenamiento jurídico y con los principios fundamentales del derecho en el grado y jerarquía en que éstas son valorados por el todo normativo.