marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Caducidad de instancia, juicio ejecutivo
Materia: PROCESAL
Carátula: Azarola Walter Javier c/ Franco Soledad Beatriz s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-06-13

No se desconoce la corriente doctrinaria y jurisprudencial que considera que los trámites relacionados con las medidas precautorias son independientes de la sustanciación del juicio principal y, por tanto, carecen de efecto interruptivo de la perención respecto de éste, sin embargo, se estima que este criterio pacífico en materia de juicios de conocimiento no resulta aplicable al sub examine, ya que en virtud de la naturaleza ejecutiva de estas actuaciones, la inhibición general de bienes tanto como los embargos trabados en el caso, hacen a su objeto propio, cual es, la posibilidad de cumplimiento de la sentencia de trance y remate (conf. en esta misma línea CNCiv, Sala A, 21.02.74, LL, 154-551; CNCom. Cap. 30.12.43, LL. 33-469 y JA, 1994-I-654; CNCiv, Sala B, 19.08.94, "Cardaci Norberto José c/ Hilber Jorge Eduardo s/ Ejecución Hipotecaria"). Mas debe perderse de vista, que el objetivo o fin que persigue el ejecutante a través del juicio ejecutivo no es otro que el cumplimiento forzado de la obligación, porque su derecho o la calidad de acreedor con que procede, está en principio fuera de discusión; una y otra surgen del título en cuya virtud se ejecuta. En suma, el juicio ejecutivo persigue el cumplimiento de una obligación -no la declaración de su existencia-; por eso el juicio comienza con una intimación de pago, sigue con el embargo, va más adelante con la venta forzada y termina con la percepción de lo reclamado. De allí la importancia, por ejemplo, del embargo -que es trámite esencial y condicionante de los pasos posteriores y de la finalidad propia de la ejecución-: si no hay bienes, la ejecución se hace imposible, porque no se puede ejecutar lo que no existe (conf. Morello, Augusto Mario, "Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación", T° VI-A, pág. 259).
Competencia, requerimiento de elevación a juicio, cuestiones de competencia, competencia correccional, calificación legal, cambio de calificación legal, prescripción de la acción penal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Danziger, Danilo y otros s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-17

En relación al planteo del recurrente que propugna que su eventual ejercicio de la ampliación del requerimiento fiscal durante la celebración del plenario, implicaría la incompetencia del magistrado correccional, debemos señalar que en este tópico adquiere especial relevancia el requerimiento de elevación a juicio, puesto que es la base para determinar el contenido material del juicio y, consecuentemente, fijar la competencia del tribunal que habrá de intervenir en la etapa contradictoria.

En consecuencia, corresponde concluir que carece de sustento el argumento que entiende que la única calificación legal imputada en el requerimiento de elevación a juicio y auto de elevación respectivo, por resultar precaria y eventualmente modificable en la etapa contradictoria, torna en incompetente al juez correccional interviniente para declarar extinguida a la acción penal por prescripción, según lo previsto por el art. 36 del C.P.P.N. (Dra. Capolupo según voto).
Daños y perjuicios, intereses
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Schachtner, María Isabel c/ Catri, Marcos Alejandro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-09-07

Constituye un principio común, que tratándose de hechos ilícitos, al monto de la condena deben añadirse los intereses, pues dicha obligación surge "ex lege", por la ilicitud del acto (art. 509 Cód.

Civil). Y en principio, deben liquidarse desde que se produjo el daño, pues tal criterio es el que mejor se compadece con el principio de que la reparación debe ser integral, y que inspira en esta materia a nuestra legislación civil.
Derecho procesal, terminación del proceso, caducidad de instancia, plazos procesales, segunda instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: Telechea, Guillermo Ezequiel  c/ Comafi Fiduciario Financiero SA  s/ amparo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-07-06

Procede rechazar el acuse de caducidad de la segunda instancia, en tanto la prosecución del trámite de las actuaciones dependía de una actividad que el Código Procesal impone al prosecretario administrativo (CSJN, "Assine SA c/ Estado Nacional Ministerio de Defensa s/ proceso de ejecución" del 21/11/18, Fallos: 241:1655, CNCom, Sala B, "Nelli Pablo Javier c/ Montero Rosina Mercedes s/ Ejecutivo, del 05/11/20).

Ello es así, en tanto en los autos "Autoconvocatoria a plenario s/ revisión de la doctrina del plenario, 'Berardoni Héctor C. c/ Giangiacomo, Juan y otro'", el pleno de esta Excma. Cámara resolvió que ".no subsiste la vigencia de la doctrina plenaria fijada por esta Cámara in re 'Berardoni Héctor C. c/ Giangiacomo, Juan y otro' del 29/08/90, en virtud de la cual correspondía decretar la caducidad de la segunda instancia, transcurrido el plazo legal, cuando una causa, en condiciones de ser elevada a la Cámara, no era remitida por omisión del secretario o prosecretario administrativo de la secretaría actuaria".
Superintendencia, funcionarios judiciales, adicional por título
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Dirección   General   de   Arquitectura  y  Servicios s/ haberes - bonificación   adicional  por  título  Paschetta,   Rodrigo  Javier.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-05

No corresponde que se liquide el adicional por el título de analista universitario obtenido por un empleado judicial, si del informe suscripto por el titular de la dependencia donde el agente presta servicios surge que las tareas desarrolladas son sustancialmente administrativas y no resulta razonable afirmar que los conocimientos adquiridos por el peticionante puedan reflejar una mayor preparación para su cumplimiento.
Recursos, recurso de queja (procesal), acto administrativo expreso, excepciones procesales, sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Yara Argentina SA c/ GCBA y otros s/ repetición
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-09-30

El recurrente no logra demostrar la existencia de un gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior que torne equiparable a definitiva el pronunciamiento que rechazó el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia que hizo lo propio con la excepción de inadmisibilidad de la instancia, en tanto los agravios expuestos en la presentación directa podrán ser replanteados ante este Estrado en ocasión de impugnar la sentencia definitiva, de resultarle desfavorable. Analizar en este momento los planteos realizados por el demandado en sus recursos de inconstitucionalidad y de queja implicaría una intervención prematura de este Tribunal que resulta inviable dada la ausencia de invocación de motivos serios que lo ameriten. (Del voto de los jueces Inés M. Weinberg, Alicia E. C. Ruiz y Santiago Otamendi).
Contratos, prenda, prenda con registro, ejecución prendaria, bancos, valores y tolerancias, secuestro de bienes, subasta, conducta de las partes, deber de información, consumidores
Materia: CIVIL-COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Marra, Walter Osvaldo c/ Banco de Galicia y Buenos Aires SA y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-08

1 - Corresponde admitir la demanda incoada por el adquirente de un vehículo mediante un crédito prendario contra una entidad bancaria (en su carácter de fiduciaria de un fideicomiso financiero), y una entidad financiera, con motivo del secuestro y posterior subasta del vehículo objeto del crédito prendario. Ello así, toda vez que las demandadas otorgaron un préstamo prendario al actor para la adquisición del vehículo, y luego de la mora del actor, continuaron percibiendo las cuotas atrasadas; pero promovieron el secuestro del bien sin reclamo o notificación previa, y continuaron percibiendo las cuotas con posterioridad a ello y remataron el vehículo a pesar de encontrarse gestionando extrajudicialmente el pago de lo adeudado con el actor.
Improcedencia del recurso, recurso de revisión (procesal), insuficiencia del agravio, homicidio
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Alviera, Rosana Del Milagro  c/  s/ Recurso de Revisión
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2023-11-03

Cabe rechazar el recurso de revisión incoado por la Defensa de la imputada que fue condenada a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta, por ser autora material y penalmente responsable de los delitos de homicidio simple en concurso real con homicidio criminis causa -arts. 79 y 80 inc. 7 en función del art. 55, todos del CP-, dado que los breves argumentos expuestos en el recurso son absolutamente extraños a los motivos que el art. 444 del CPP de la Provincia de Formosa describe para poder solicitar la revisión de una sentencia firme.
Derecho ambiental, establecimientos penitenciarios
Materia: MEDIO AMBIENTE
Carátula: Expediente Nro. 80295 - MUNICIPALIDAD DE LUJÁN DE CUYO c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA s/ CONFLICTO DE PODERES
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2004-12-20

La E.I.A. es un procedimiento cuyo resultado final, la DIA es un acto administrativo que encierra complejidad y cuyo objeto es determinar, mediante un procedimiento específico, la viabilidad ambiental de un proyecto público o privado. Para llegar a ese acto administrativo, se necesita de un conjunto de estudios de naturaleza técnica que permiten estimar los efectos de la ejecución de un determinado proyecto, obra o actividad ( complejo carcelario) causan sobre el medio ambiente.

En otros términos, el procedimiento administrativo de evaluación culmina con la D.I.A., por lo que el ejercicio de la potestad de evaluación configura una autorización previa e instrumental del procedimiento sustantivo, de naturaleza discrecional y, por lo tanto, debidamente motivada, que a su vez se suma a otra autorización, dada por otro organismo, para la construcción de la obra.

La D.I.A. determina, al sólo efecto ambiental, la conveniencia o no de realizarse el proyecto y, en caso afirmativo, fija las condiciones en que debe realizarse, las medidas correctoras a aplicar, y las prescripciones sobre el período de seguimiento de su adecuada puesta en práctica. Todo lo expuesto denota la imperiosa necesidad de adaptar la teoría del acto administrativo a la función del Estado como tutor del medio ambiente.
Prueba compuesta, confesión extrajudicial
Materia: PENAL
Carátula: Ulfe, Miguel Angel; Fonseca, Enrique Ramón y otros s/ Asociación ilícita, robo reiterado, encubrimiento
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-09-13

Es contrario a derecho utilizar la confesión extrajudicial que se denunció haber sido prestada bajo presión de delitos de acción pública sin que el Estado haya asumido la obligación legal de investigar, y violatorio del art. 256 in fine (n.a.) del Código de Procedimiento Penal incluirla en la integración de una prueba compuesta.
Ius variandi, cambio de tareas, reducción salarial
Materia: LABORAL
Carátula: MORANDO, GUILLERMO E. c/ FUNDACION UNIVERSIDAD DE BELGRANO s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-09-30

El trabajador que durante un lapso prolongado desempeño las nuevas tareas que se le asignaron, percibiendo una remuneracion menor sin reservas ni protestas, no tiene derecho a reclamar las diferencias salariales resultantes de la nueva situación.
Accidente de tránsito, policía
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: NACHET CARLOS A. c/ JUAN CARLOS MORENO s/ ORDINARIO - ACCIDENTE DE TRANSITO - DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-03-11

Es misión de todo policía, esté o no de servicio, que presencia un accidente de tránsito, recabar de sus protagonistas los datos personales, verifique si hay víctimas y daños arbitrando los medios para prestar pronto auxilio.-
Rechazo parcial de la demanda, vencimiento parcial y mutuo, costas al demandante, costas al vencido
Materia: PROCESAL
Carátula: DIAZ, Julio Emidio c/ Cinturón Ecológico Area Metropolitana s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-12-30

El criterio objetivo de la derrota, consagrado en el art. 68 del Código de Procedimiento, como fundamento de la imposición de costas, no sufre desmedro por la sola circunstancia de que el reclamo inicial no prospere en su totalidad. Las circunstancias de que la sentencia no haga lugar en todo a la demandada, no implica la liberación de costas al vencido (conf. A.M. Morello, "Códigos Procesales en lo Civil y Comercial", Editorial Abeledo Perrot, pag.113). El principio de integralidad que impera en sede civil a la hora de reparar los perjuicios causados, se vería vulnerado si se obligara al actor al pago de las costas.

(Sumario confeccionado por el SAIJ).
Impuestos, infracciones tributarias, graduación de la pena, eximición de pena, clausura del establecimiento
Materia: PENAL
Carátula: KIM YOUNG SOON. s/ Infracciones tributarias.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-18

Corresponde confirmar la resolución que dispuso dejar sin efecto la sanción de clausura de un local comercial por infracción al Art. 40, inc. d) de la Ley 11683, puesto que las sanciones previstas para esa infracción pueden ser eximidas teniendo en cuenta la condición del contribuyente y la gravedad del hecho (conf. Art. 49 de la ley 11683 (texto sustituido por la ley 25795), y si bien la omisión del comerciante de inscribirse ante el organismo de recaudación reviste cierta gravedad, en el caso, se invoca y surge en principio acreditado con la documentación aportada que la instalación del comercio es de fecha reciente y el infractor manifestó su voluntad de inscribirse, lo que fue verificado posteriormente (del voto de los Dres. Hendler y Repetto).
Principio dispositivo, facultades del juez, doble instancia, límites del pronunciamiento
Materia: PROCESAL
Carátula: Soler, Rubén Darío c/ Provincia del Chubut s/ Indemnización por Accidente de Trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-04-22

El principio dispositivo, confiere a los justiciables el señorío de la voluntad de fijar los límites del objeto litigioso, y excluye que los tribunales de justicia se pronuncien sobre cuestiones que no hayan sido planteadas oportunamente por las partes. Si se admitiese que en la Alzada, en este caso ante la Corte, se pudieran tratar capítulos no esgrimidos en las instancias anteriores, o fundados en hechos no articulados en ella, importaría ello alterar los términos en que quedó trabada la litis, con menoscabo del derecho de defensa y violación de una expresa prohibición legal, art. 277 del C.P.C.C., que rige las facultades de las Cámaras en los casos de los recursos de apelación que ante ellas se plantean y que resulta aplicable también en el caso del recurso ordinario ante este Superior Tribunal.
Estabilidad del delegado gremial, cierre del establecimiento
Materia: LABORAL
Carátula: Sánchez Amado Nicanor y otro c/ Villalonga Furlong S.A. y/o  quien resulte responsable s/ Indemnización por estabilidad gremial
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2000-11-30

Si una empresa posee varias explotaciones, cada una de ellas constituye una unidad de producción, cuyo cierre desobliga al empleador de la obligación de respetar la estabilidad de los delegados gremiales allí ocupados. Es que el establecimiento es la unión de medios materiales y de un personal permanente que trabaja, normalmente, en un mismo lugar, y está sujeto a una dirección técnica común en ese establecimiento, sección o explotación.
Auto de procesamiento, nulidad procesal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Ceccato, Miriam y Otro s/ Procesamiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-05-05

Procede decretar la nulidad del procesamiento de los nombrados en orden al delito tipificado en el art. 277, inciso primero, punto c), con el agravante del inciso 3, punto b) del Código Penal, ya que se ha fundado teniendo por acreditado el intento de venta de un vehículo encontrándose inhibida la propietaria-imputada-, resultando diverso de los hechos achacados en las declaraciones indagatorias por falsificación de los formularios de venta del automotor, pues no guarda correlato la descripción de los hechos imputados con el procesamiento dictado, lo cual vulnera el principio de congruencia y el derecho de defensa en juicio previsto en el art. 18 de nuestra C.N.
Robo calificado, armas
Materia: PENAL
Carátula: Marticorena, Patricio Guillermo s/ Robo con armas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-05-03

La doctrina subjetivista, que atiende al punto de vista del sujeto amenazado y a su eventual intimidación, no logra distinguir legalmente entre un revólver descargado y uno de juguete; o, en todo caso, se vería lógicamente obligada a considerar que el revólver de juguete es un "arma" en el sentido legal. Tal subjetivismo derivaría en consecuencias absurdas. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, improcedencia del recurso, obras públicas
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Jalil, Antonio Aníbal c/ Provincia de Catamarca. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-25

Es improcedente el recurso extraordinario contra la sentencia que redujo en un 40% el precio consignado en el informe del experto del rubro instalaciones especiales sin precio en la obra pública si no se advierte un caso de arbitrariedad que justifique la intervención de la Corte (Disidencia del Dr. Carlos S. Fayt).
Veredicto, contenido de la sentencia, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley
Materia: LABORAL
Carátula: García, Rubén D. c/ Polisur, SM. s/ Indemnización por despido indirecto y accidente de trabajo, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-05-14

Las circunstancias fácticas definidas en el veredicto dictado por el tribunal del trabajo se encuentran exentas de revisión en la instancia extraordinaria, salvo que se acredite su invalidez por absurdo.
Tasa de justicia, falta de pago
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Gay de Martín, Elba c/ Pizzotti, Omar Pablo s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-03-08

Consideramos, siguiendo en ello a la Corte Suprema Nacional, que, por vía de principio, el control del cumplimiento de las obligaciones fiscales impuestas por la legislación relativa a tasas judiciales incumbe, en definitiva, al tribunal de la causa y que la paralización de la misma, hasta el pago del gravamen adeudado, deriva del imcumplimiento de la obligación tributaria, se aplica solo a quien no prueba la imposibilidad de pagar mediante la carta de pobreza y constituye un medio de asegurar al Fisco el cobro de contribuciones, indispensables para el desenvolvimiento de las funciones estaduales.
Declaración inexacta de mercaderías, responsabilidad del importador, responsabilidad del transportador, pérdida parcial de mercaderías
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: MADERERA CORRENTINA SACIA s/ APELACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-06-07

La responsabilidad que surge de la declaración que resultó inexacta no queda excluida por supuestos hechos de terceros, si no se prueba que ellos eran ajenos al documentante y que ha medido un supuesto de fuerza mayor. Por ello la presunción de que la mercadería haya faltado en el ámbito de responsabilidad del transportista no puede ser invocado por el importador frente a la Aduana, sin perjuicio de las acciones que en el orden de la responsabilidad civil pueda éste intentar contra aquél.
Prueba, carga de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Yapur, Fortunato Rodolfo c/ Provincia de Buenos Aires (Tribunal de Cuentas) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2016-10-26

Las omisiones probatorias del actor limitan los alcances de la decisión final del Tribunal, dado que en el ámbito del proceso administrativo el interesado debe aportar los elementos de convicción que permitan tener por acreditada la circunstancia que invoca, en tanto no actúa en simple instancia recursiva, sino en proceso de conocimiento, debiendo entonces cumplir con la carga probatoria respectiva. Y ello no sólo por revestir tal calidad en el proceso (conf. art. 375, C.P.C.C.) sino también en virtud de la presunción de legitimidad que distingue a la actividad de la Administración Pública.(del voto de la doctora Kogan)
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia extra petita, jurisdicción, indemnización por accidente de trabajo, leyes, moneda, peso
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: BOSELLI, LUIS H. c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - INDEMNIZACION (EXPTE.: C.S.J. NRO.  100 AÑO 2004)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-05-26

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad desde que la sentencia dictada no es el correlato necesario de lo que ha sido materia de impugnación en esa sede, esto es, la postulación de inconstitucionalidad del tope fijado por el artículo 8, inciso a) de la ley 24028. Ello así, por cuanto si bien el Tribunal anuncia su tratamiento, es más le reprocha al Inferior el fundamento de la desestimación -esto es: haber optado el actor por la vía tarifada- y hasta centra, aunque erróneamente, el núcleo del planteo -a su juicio: la inconstitucionalidad de la resolución N 2/93 del Consejo Nacional del Salario Mínimo, Vital y Móvil-, lo cierto es que no hay una análisis posterior de la cuestión, adentrándose sobre un capítulo no propuesto por las partes como materia de juzgamiento: el signo monetario consignado en la condena impuesta en primera instancia.

En efecto, el Juzgador , alterando el enfoque de su razonamiento, afirma que el error del Sentenciante de primera instancia radicó en haber limitado el monto de la reparación a la moneda peso cuando debió tener en cuenta para la justipreciación del daño la moneda dólar estadounidense conforme al tope indemnizatorio establecido en el precepto aludido, soslayando el régimen monetario vigente al momento del dictado del pronunciamiento (ley 23928 y su reglamentación).

Y con sustento en esa particular apreciación, el Tribunal convierte la suma condenada por el Inferior de pesos a dólares, concluyendo, de esa manera, que el citado tope (U$S 55.000) no resultaba abusivo ni importaba una pulverización del crédito del actor con lesión a la garantía de la propiedad (art. 17, C.N.). Siendo ello así, la jurisdicción apelada en el caso no fue suscitada a fin de que la Cámara juzgara sobre ese punto, toda vez que ese aspecto ninguna observación mereció por parte de los apelados, por lo cual su revisión patentiza un exceso del Sentenciante respecto de los temas sometidos a decisión, exorbitando la competencia para la cual fue abierta la instancia revisora con desmedro de las cláusulas constitucionales mencionadas.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, despido
Materia: LABORAL
Carátula: Castillo, Victorio R. y otros c/ Doallo, Sergio s/ Cobro de haberes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-11-25

La determinación del tiempo y la forma en que se produce la cesantía de los empleados son cuestiones de hecho cuya apreciación en conciencia se encuentra reservada a los jueces de mérito y sólo excepcionalmente puede revisarse en casación en el supuesto de absurdo.
Daño moral, mensura
Materia: PENAL
Carátula: O, P. A; C, O. A. y otros s/ Robo de automotor calificado, etc. (EXPTE. Nº 96-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-06-30

El daño moral, o precio del sufrimiento, es un valor difícil de apreciar, que coloca al juez en la subjetividad de mensurar cuanto pudo ser el dolor moral de la víctima, y apreciar este valor en dinero.