Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2011-07-28


NEUQUEN, 28 de julio de 2011.

Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados: "SEPULVEDA ARAVENA MANUEL C/ FIGUEROA MARCELO S/DESALOJO POR FALTA DE PAGO", (Expte. Nº 373839/8), venidos en apelación del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL Y COMERCIAL N 4 a esta Sala II integrada por los Dres. Federico GIGENA BASOMBRIO y Patricia CLERICI, con la presencia del Secretario actuante Dr. Miguel E. BUTELER y, de acuerdo al orden de votación sorteado, el Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO, dijo:

I.- A fs. 209/212 y vta., se dicta sentencia, haciendo lugar a la demanda iniciada por Manuel Sepúlveda Aravena y en consecuencia, condenando al demandado Marcelo Figueroa a desalojar el inmueble designado como L1, parte fracción C4, sección I, paraje China Muerta de la ciudad de Plottier, con costas a su cargo.

Asimismo, a fs. 84, se rechaza in límine la reconvención.

A fs. 215 el demandado interpone recurso de apelación, expresando agravios a fs. 223/225 vta., cuyo traslado es contestado a fs. 227/228, solicitando se confirme la sentencia, con costas.

II.- Se agravia el demandado de que se haya hecho lugar al desalojo, sosteniendo que la misma no es la vía procesal para discutir cuestiones atinentes a la posesión y que habiendo invocado su parte, carácter de poseedor y no de intruso del inmueble, solicita el rechazo de la demanda.

Expresa que el actor no impugnó ni desconoció la documental que su parte acompañó al contestar la demanda, con lo cual, no resulta un hecho controvertido la existencia y validez de dicha documentación.

Manifiesta que habiendo invocado su parte un título y un derecho legítimo sobre el inmueble y acreditado que fuera prima facie el carácter de poseedor del inmueble por el cual el actor persigue el desalojo, debió la jueza rechazar la demanda y no analizar tratar y expedirse indebidamente sobre el derecho de posesión.

Sostiene que la presente acción no es la vía procesal idónea para tratar conflictos posesorios y el alcance de los derechos posesorios invocados por cada parte, cuyo objeto es propio de las acciones reales o interdictos posesorios, con independencia de lo acertado o no respecto a las conclusiones arribadas por la a-quo al respecto.

Expresa que yerra la magistrada cuando concluye que carece de validez jurídica el permiso de ocupación y el certificado de posesión otorgados por el Municipio de Plottier, porque no es susceptible de tratarse en la acción de desalojo.

III.- En primer lugar cabe señalar que se coincide con la parte quejosa en que la acción de desalojo no resulta la vía procesal adecuada para requerir la restitución de la vivienda cuando la demandada invoca y demuestra verosímilmente la posesión del inmueble, tal como esta Cámara lo señalara en reiteradas oportunidades.

Sobre el punto hemos dicho en la causa "KONRAD JOSE MARIA CONTRA PRADO JAVIER Y OTRO S/DESALOJO", (Expte. Nº 301069/3), que:

"El juicio de desalojo no puede dirigirse contra el poseedor, sino que, en tal caso, se debe acudir a las acciones posesorias o petitorias que correspondan".

En tal sentido se ha señalado que: "La acción personal de desalojo reglada por el art. 676 del C.P.C.C. no constituye una vía sucedánea de las acciones petitorias o posesorias. Es decir: no procede, si el accionado comprueba prima facie la efectividad de la posesión que invoca, justificando lo verosímil de su pretensión. Toda investigación que la trascendiera desnaturalizaría la acción en la que está excluido lo referente al derecho de propiedad, al ius possidendis o el ius possesionis. CPCB Art. 676" (SCBA, Ac 35351 S 12-6-86, Juba). Además: "La prueba de la posesión alegada en el juicio de desalojo, no requiere el grado de fehaciencia o certeza propia del juicio de adquisición del dominio por prescripción adquisitiva (art. 679 inc. 1 Cód. Procesal), bastando con que "prima facie" se acredite la verosímilitud de los actos posesorios. CPCB Art. 679 Inc. 1 (CC0201 LP, B 76566 RSD-412-93 S 21-12-93, Juba).

En el caso de autos y aún cuando la sentencia de primera instancia encuentra acreditada "prima facie" el carácter de poseedor del accionado, a juicio de la suscripta y de conformidad con la prueba colectada en autos no encuentro que las circunstancias que rodean la defensa del demandado resultan verosímiles.

Cabe recordar que, como ya hemos dicho en repetidas ocasiones, la prueba que acredite el carácter de poseedor a fin de evaluar que no procede la vía del desalojo debe ser efectiva y concluyente, de modo tal que genere en el juzgador el ánimo de que la conducta del accionado reflejada en aquellos actos -probados- demuestra su intención de comportarse como dueño de la cosa, circunstancia que configura el imprescindible "animus domini".

Sin embargo, no es posible pasar por alto que para que dicha circunstancia se tenga por acreditada, aún cuando no se requiera la contundencia que sería esperable en el marco de una acción posesoria, debe tratarse de actos materiales concretos que trasunten dicha actitud.

El problema es que la accionada no demostró suficientemente la posesión que invocara al contestar la demanda, razón por la cual la defensa que interpone no puede tener andamiento.

En efecto, la parte demandada sustenta su postura en la existencia de un boleto de compraventa y el certificado expedido por la Municipalidad de Plottier por el cual lo reconoce como poseedor.

Ahora bien, en cuanto al boleto de compraventa cabe tener en cuenta que el mismo en principio, fue firmado en el año 2.001 cuando de las constancias de la causa resulta que con posterioridad a dicha fecha el inmueble se encontraba desocupado, como bien se indica en la sentencia, y sin que ello haya sido cuestionado.

Por otro lado, el mencionado documento, en realidad, transfiere a los compradores la propiedad de las mejoras existentes en el predio en cuestión, pero, en modo alguno alude a la venta del inmueble.

Por último, el otro supuesto comprador, Gómez, manifiesta en el acta notarial de fs. 58 que no está en posesión del bien y que no tiene interés legítimo sobre el mismo.

En cuanto a lo actuado por el municipio, cabe señalar que, conforme las constancias traídas a la causa por el accionado resulta que el mismo le dio la tenencia del inmueble al demandado y que de conformidad con el decreto provincial del 26 de octubre del 2.006 la Provincia transfirió las tierras a la municipalidad pero con la expresa aclaración de que el municipio respetara el estado fáctico y jurídico de las parcelas, razón por la cual el ente municipal debía respetar los derechos otorgados por la provincia al actor.

Téngase en cuenta que el propio apelante reconoce en su expresión de agravios que la transferencia de las tierras fiscales es posterior al permiso del que gozaba el actor, lo cual lleva a la conclusión, en virtud de los términos del decreto que se menciona, que deban respetarse los derechos adjudicados al actor, resultando ajena a la discusión si debía o no continuar el trámite ante el municipio.

III.- Por las razones expuestas y compartiendo el análisis jurídico que se realiza en la sentencia, propicio su confirmación, con costas, debiendo diferirse la regulación de honorarios para su oportunidad.

La Dra. Patricia M. CLERICI dijo:

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que antecede, adhiero al mismo.

Por ello, esta SALA II RESUELVE:

I.- Confirmar la sentencia dictada a fs. 209/212 y vta. en todo lo que ha sido materia de recurso y agravios.

II.- Imponer las costas de Alzada a la apelante vencida (art. 68 C.P.C.C.).

III.- Diferir la regulación de los honorarios de los letrados intervinientes en la Alzada, para su oportunidad.

IV.- Regístrese, notifíquese y, oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen.

Federico Gigena Basombrío - Dra. Patricia Clerici Dr.Miguel E. Buteler - SECRETARIO REGISTRADO AL Nº 159 - Tº IV - Fº 785/787 Protocolo de SENTENCIAS -S A L A II- Año 2011