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Defensa del consumidor, acción judicial, etapas del proceso, acciones de clase, asociaciones de consumidores, falta de legitimación para obrar, improcedencia del recurso, oportunidad procesal
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Consumidores Libres Cooperativa Ltda. de Provisión de Servicios de Acción Comunitaria y otro c/ Fravega SACIeI y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-20

La decisión que admitió la excepción de falta de legitimación activa deducida por las demandadas y desestimó la demanda, se aprecia prematura. Ello por cuanto, en el caso, la accionante cuestiona una supuesta práctica abusiva que estarían llevando a cabo las accionadas, referida al cobro de comisiones y/o cualquier tipo de retribución a favor ellas, por su intervención en la comercialización de los seguros denominados "Seguro de Extensión de Garantía" y/o "Seguro de protección de compras"; y reclama, principalmente, el cese inmediato de esa práctica y la restitución a los consumidores afectados de los montos que hubieran pagado por encima del valor correspondiente al costo específico del seguro (prima) con más un porcentual razonable que no podrá exceder de lo cobrado en plaza por los Promotores de Seguros por la comercialización de seguros similares. Desde tal óptica, la falta de legitimación activa de las asociaciones actoras no puede reputarse manifiesta. En efecto, las demandantes han propuesto una particular interpretación respecto de su legitimación para deducir la presente acción en defensa de invocados "intereses colectivos" y resulta en esta oportunidad dificultosa la certera determinación de los alcances de la misma. Por esa razón, en lugar de desestimar la defensa, debió diferirse su tratamiento para el dictado de la sentencia definitiva; pues ello requería de un acabado análisis de la materia litigiosa, del derecho aplicable a la cuestión (CN 43 y ley 24240 -con las reformas introducidas por la ley 26361-) y de la prueba ofrecida, que no puede efectuarse válidamente sino en la sentencia que ponga fin al conflicto (v. esta Sala in re "PADEC c/ Banco Comafi SA y otro s/ ordinario", del 7/11/05; íd. "Consumidores Financieros Asoc. Civil para su defensa c/ BNP Paribas s/ ordinario" del 24/04/10, entre otros).
Derecho a la intimidad, derecho a la privacidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ganora, Mario Fernando y otra s/ hábeas corpus.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-09-16

El derecho a la privacidad comprende no sólo a la esfera doméstica, el círculo familiar y de amistad, sino a otros aspectos de la personalidad espiritual o física de las personas tales como la integridad corporal o la imagen y nadie puede inmiscuirse en la vida privada de una persona ni violar áreas de su actividad no destinadas a ser difundidas, sin su consentimiento, o el de sus familiares autorizados para ello y sólo por ley podrá justificarse la intromisión, siempre que medie un interés superior en resguardo de la libertad de los otros, la defensa de la sociedad, las buenas costumbres o la persecución del crimen (Voto del Dr. Antonio Boggiano).
Prueba testimonial, testigos, apreciación de la prueba, facultades discrecionales del juez
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: S.O.J. s/ Malversación de caudales públicos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2000-06-15

La ley no obliga al Juez de mérito a justificar porqué da crédito a los testigos o a otros elementos de prueba de la causa o porqué prefiere entre ellos a unos más bien que a otros. Esto corresponde a su poder discrecional de selección y valoración de la prueba, por ser materia propia de la libre convicción.
Habilitación municipal, juegos de azar
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cadegua Sociedad Anónima c/ Municipalidad de Junín. Tercero: Sociedad Belgrano para la Protección de la Niñez s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-03-21

Circunscripto el análisis a la prohibición de la actividad y la denegatoria de la "habilitación" municipal, cabe señalarse que ésta tipifica un acto policial de contenido preventivo mediante el cual se reconoce el cumplimiento de las condiciones impuestas por la reglamentación en razón del interés o la necesidad colectiva. Con una decisión favorable el interesado queda facultado para desplegar cierta actividad. Implica la remoción de un obstáculo legal para su ejercicio si la actora y la citada como tercero han acompañado documentación que acredita que se encuentran en situación jurídica de desplegar la actividad en cuestión sin que haya merecido prueba en contra por la demandada, ello evidencia la ilegitimidad e irrazonabilidad de la prohibición comunal en cuanto a su derecho de explotar la misma y por ende de su denegatoria al trámite iniciado a tal fin (cf. art. 4 y concs., ley 11.018).
Cheque sin fondos, daño material, monto del cheque, personas jurídicas, daño moral
Materia: PENAL
Carátula: S., R. F. s/ Cheque sin fondos"
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-07-04

1- La reparación de los perjuicios ocasionados por el libramiento de un cheque sin fondos no comprende el importe del cheque, debiendo limitarse al pago de los gastos, con motivo de la tramitación de la causa y a las molestias que tal tramitación ha ocasionado.

2- Por actuar la querella en representación de una sociedad comercial no corresponde el daño moral con motivo del libramiento de un cheque sin fondos.
Daño moral, monto de la indemnización, pautas
Materia: CIVIL
Carátula: TEJADA Hirazio Navor c/ Espina Antonio Daniel y Otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2013-05-08

La cuantía del daño moral queda sujeta más que cualquier otro concepto al prudente arbitrio judicial, no estando sujeto a reglas fijas. Su reconocimiento y cuantía depende -en principio- del hecho generador, así como de las particulares situaciones que en cada supuesto se verifican. Para determinar su cuantía debe descartarse su proporcionalidad con el daño material y a fin de no pecar de arbitrario puesto que resulta altamente dificultoso traducir a términos materiales un daño que no se encuentra claramente exteriorizado, debo recurrir a pautas objetivas. Así corresponde merituar las particulares circunstancias del caso de acuerdo a las pruebas aportadas a la causa, trazando analogías con causas similares para crear de ese modo una cierta, aunque relativa, uniformidad a fin de no dejar librado este importante rubro a variables que dependen de los sentimientos más íntimos de las personas. También debemos tener en cuenta que su reparación no comporte un beneficio inesperado o enriquecimiento injusto, pero que satisfaga, en la medida de lo posible, el desmérito sufrido por el hecho. Tratándose de un perjuicio que por su propia naturaleza no resulta mensurable, se debe recurrir entonces a pautas de razonabilidad, que intenten acercar equitativamente a la realidad del perjuicio. Y siendo que el daño moral es una alteración profundamente subjetiva inescrutable, la apreciación debe ser necesariamente objetiva y abstracta. Para ello debo tomar en consideración cuál puede ser hipotéticamente el estado de ánimo de una persona común, colocada en las mismas condiciones que se halló el damnificado. Lo que se procura, en definitiva, es alcanzar un objetivo justo dentro de una seguridad mínima, que no priorice la situación del dañador, ni automatice la indemnización desentendiéndose de las particularidades de cada suceso.
Jurisdicción y competencia, competencia federal, competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, juicios entre dos o más provincias, Estado Provincial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: La Pampa, Provincia de c/ Mendoza, Provincia de s/ acción posesoria de aguas y regulación de usos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-03

En el estudio de los antecedentes norteamericanos es donde pueden encontrarse los fundamentos de la intervención de la Corte como árbitro final de los conflictos entre las provincias (art. 109 de la Constitución) y la naturaleza misma de los alcances de aquella.
Suprema Corte de Buenos Aires, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ancore S.A. y otro c/ Municipalidad de Daireaux s/ Daños y perjuicios -cuestión de comp. art. 6 C.P.C.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-09-29

Resulta ajena a la competencia que sobre la materia contencioso administrativa esta Corte tiene transitoriamente atribuida por imperio constitucional, la pretensión indemnizatoria que no tiene sustento en alguna situación jurídica administrativa particularizada que relacione a los actores con la comuna demandada en cuyo marco pueda generarse una acción contencioso administrativa (arts. 215 Const. prov.; 1, 6, 28 y concs. del C.P.C.A.). (Minoría u opinión personal)
Empresas de servicios eventuales, empresa de limpieza, subcontratación laboral, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: AGUIRRE, GERTRUDIS c/ LIJPOL  S.R.L. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-08-26

La limpieza no es un servicio que complete o complemente la actividad normal de un establecimiento químico-farmacéutico. En tal sentido, la CSJN a partir del fallo 'Rodríguez, Juan c/Cía.

Embotelladora Argentina s.a. , sent. del 15.4.93, ha expresado que para que nazca la solidaridad establecida por el art. 30 LCT, debe mediar contratación y subcontratación de servicios que complementen o completen la actividad normal de la empresa y debe, existir una unidad técnica de ejecución entre ésta y su contratante.
Concurso preventivo, apertura del concurso, pagaré, juicio ejecutivo
Materia: COMERCIAL
Carátula: AVENTURA, PASCUAL c/ CRUZ, OSCAR s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-22

En caso de una ejecución cambiaria fundada en un pagaré, a los efectos de determinar el carácter pre o post concursal del crédito debe estarse en principio a la fecha de nacimiento de la obligación que surge del título.

Una interpretación diversa, fundada en la existencia de una disociación entre la verdadera fecha de libramiento y la consignada en el documento implicaría entrar a discutir las relaciones causales habidas entre los litigantes, lo que está vedado por el ordenamiento ritual (cpr:544-4).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestión de derecho común, cuestiones opinables, proceso penal, suspensión del juicio a prueba
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Q., M. E. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD LESIONES CULPOSAS (EXPTE.: C.S.J. NRO. 110 AÑO 2005)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-08-09

La cuestión de si corresponde o no la suspensión del juicio a prueba, en caso de delitos conminados con pena de inhabilitación, es uno de los más controvertidos tanto doctrinaria como jurisprudencialmente y en el que se aprecian diferentes opiniones.

Es claro, entonces, que la tesis seguida por la Sala en el fallo impugnado para denegar el pedido simplemente forma parte de una de las corrientes de opinión que razonablemente pueden surgir del texto legal, no habiendo desbordado las posibilidades hermenéuticas aceptables desde el punto de vista constitucional.
Adopción, nulidad del acto jurídico
Materia: CIVIL
Carátula: C.N.A. s/ ADOPCION - CONDICIONES.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-10

En salvaguarda de la propia institución de la adopción, el legislador determinó a través de la diferencia de edad entre adoptante y adoptado, la mínima del primero y el tiempo de matrimonio de éste con uno de los progenitores, del segundo, pautas que tienden a resguardar la estabilidad del vínculo que a través de ella se crea. No con el fin de imitar los vínculos biológicos, sino de tratar de encontrar con mayor firmeza la posibilidad de que la relación paterno-filial adoptiva pueda desarrollarse con mayor madurez afectiva y humana.

Si el adoptante tiene una diferencia menor de edad respecto del adoptado, no cuenta con treinta y cinco años y su matrimonio no alcanzó aún los cinco años de duración, es claro entonces, que aún en el supuesto de que pudiere eventualmente tener las condiciones personales necesarias y la relación con el menor fuere óptima frente a la sanción de nulidad absoluta que prescribe la ley 19.134 en el inc.1' y relativa en el 2' de su art. 30, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado de dar curso a la adopción.
Prueba testimonial, idoneidad del testigo, autoridad de prevención
Materia: PENAL
Carátula: ABELLON, E. s/ PRUEBA DE TESTIGOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-26

Merecen fe los dichos de los funcionarios policiales encargados de la prevención que depusieron sobre aspectos de su actividad funcional, al haber aprehendido al imputado que pretendía eludir la persecución de que era objeto por parte del dueño del automóvil de cuyo interior aquél sustrajo una video casetera, encontrada en la vía pública al haber sido abandonada por el nombrado.
Estado Provincial, bienes, bienes inembargables, emergencia económica, constitucionalidad, Poder Legislativo, leyes, interpretación sistemática
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Marozzi, Eldo Eithel c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción. Incidente   de apremio (Expte. CSJ Nº 33-99)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-03-29

La inembargabilidad de bienes del estado provincial y demás organismos (incluidos los fondos depositados en cuentas oficiales), consagrada por el artículo 23 de la ley 11696, no se inmiscuye en la relación acreedor-deudor -como lo afirma la recurrente- sino que, a fin de asegurar el cabal cumplimiento del particular régimen establecido, se vale de un instrumento protectorio sin el cual podrían derrumbarse las bases mismas en que se asienta la ley. En consecuencia, sólo a través de una hermenéutica irrazonable de dicho dispositivo, desnaturalizadora del mismo ordenamiento que le da sustento, podría arribarse a su colisión con el artículo 75, inciso 12 de la Constitución nacional y, menos aún, con lo estatuido por el artículo 42 del Código Civil.
Costas en el orden causado, expropiación irregular
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: El Inca de Alsina S.A. c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires. s/ Expropiación inversa. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-11-27

La suerte disímil que corrieron las pretensiones perseguidas por la actora, sumada a la omisión de esta última de formular la estimación del monto de los demás rubros reclamados, instala el tema de la aplicación, en la especie, de la última parte del art. 37 de la ley 5708, en cuanto dispone que las costas deben imponerse por su orden "para los demás casos", claramente en alusión a los aspectos no comprendidos en alguno de los supuestos que contempla la primera parte del precepto, en cuanto prevé que son a cargo del expropiante si la indemnización fijada por la sentencia está más cerca de la estimación formulada que del precio ofrecido; mientras que en el supuesto inverso se imponen al expropiado (doctor DE LAZZARI, minoría).
Concursos, quiebra a pedido del acreedor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Simón Kremer e hijos s/ Concurso preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-09-21

El acreedor privilegiado, que no participó ni votó el acuerdo, no reviste el carácter de "acreedor interesado" a que hace alusión el art. 74 de la ley 19.551. No puede, por ende, alegar incumplimiento de un acuerdo que le resulta ajeno.
Recurso de queja (procesal), daños y perjuicios, monto de la indemnización
Materia: PROCESAL
Carátula: DUHALDE  EDUARDO  ALBERTO c/ D'ELIA LUIS ANGEL Y OTRO s/ DAÑOS YPERJUICIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-08-24

El accionado se limita a manifestar su discordancia con el primer magistrado en cuanto a las sumas por las que hizo lugar a la demanda, a las cuales considera excesivas sin invocar fundamentos y pruebas capaces de desvirtuar lo decidido. En este orden, se advierte que sólo traducen diferencias de criterio con el juzgador, y no consiguen rebatir las consideraciones en que se apoya el pronunciamiento, desconociendo las amplias facultades con las que cuenta el Juzgador en cuanto a la elección y ponderación de los elementos probatorios a fin de dar suficiente fundamento a la decisión. Consecuentemente, deberá rechazarse la queja y confirmarse la sentencia de la anterior instancia con relación a la queja en estudio.
Acción de nulidad, impugnabilidad objetiva, costas
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Cassagne, Juan Carlos s/ Queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-10-20

La confirmación del rechazo de un planteo de nulidad no cumple, en principio, con el requisito de impugnabilidad objetiva previsto por el art. 457 CPPN ya que no se trata de sentencia definitiva o equiparable a tal, sin que el recurrente haya demostrado el agravio actual de tardía o imposible reparación ulterior que le genera la decisión impugnada. En cuanto a la imposición de costas, no se advierten motivos para apartarse de la regla general del art. 531 CPPN. Dres. Borinsky y Figueroa.
Recurso de inconstitucionalidad, fundamentos insuficientes, proceso penal, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: G., A. M. c/  s/ ABUSO SEXUAL GRAVEMENTE ULTRAJANTE, AGRAVADO POR LA SITUACION DE CONVIVENCIA PREEXISTENTE-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-05-03

En relación a la aducida lesión a la garantía de plazo razonable, la compareciente no logra persuadir a este Tribunal de la presencia de una cuestión constitucional que justifique la vía intentada pues se conforma con hacer un repaso jurisprudencial del tema y acusar que entre los hechos denunciados y la decisión puesta en crisis habrían transcurrido 10 años, mas sin precisar una concreta línea argumental para fundamentar un planteo de esta índole; asimismo, la interesada no alcanza a convencer de que, en lo global y atento a las particularidades de la causa, su tiempo de tramitación -más allá de ciertos períodos de inactividad mientras se hallaba radicada ante la Alzada- importe una prolongación extraordinaria en los términos de la doctrina -que cita- de la Corte nacional. (Del voto de la Dra. Gastaldi, al que adhieren los Dres. Gutiérrez y Spuler)
Despido con causa, fundamentación insuficiente
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: ACIAR, Juana Rosa c/ Insaco S.A.C.I. (Industria Sanjuanina de la Confección S.A.C.I.) s/ Apelación de Sentencia
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-05-26

Es dable remarcar, que el espíritu del art. 243 de la L.C.T., es garantizar al trabajador la debida defensa de sus intereses, cuestión ésta, que ha sido suficientemente valorada por el a-quo en la sentencia.

(Se ha dicho por esta Sala en su anterior integración, voto del Dr. Delfor E. Benitez:) "...es de recordar que en la materia, la causa del despido genera la carga para quien lo invoca, de probarlo, a cuyo fin no se debe desterrar la previsión del Art. 243 de la L.C.T., que impone que será por escrito con expresión suficientemente clara de los motivos en que se funda la ruptura del contrato, lo cual no configura un mero formalismo sino un medio de dar al trabajador la posibilidad de encarar su defensa judicial sabiendo qué cargos completos se le hacen, para descartar "sorpresas sobrevinientes".
Acción de amparo, recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, denegatoria del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Quinto, Natalia Gimena c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Quinto, Natalia Gimena y otros c/ Corporación Buenos Aires Sur SE s/ amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-11-18

Corresponde rechazar el recurso de queja toda vez que no logra rebatir el auto denegatorio de su recurso de inconstitucionalidad, pues no demuestra la existencia de un genuino caso constitucional ni un supuesto de sentencia arbitraria. (Del voto de la juez Inés M. Weinberg, al que adhiere el juez Santiago Otamendi).
Régimen de consolidación de deudas, valor nominal, liquidación, ejecución de sentencia
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Antequera, Andrés c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-14

Si al titular nunca se le entregaron los títulos, su caso no encuadra dentro del supuesto previsto por la C.S.J.N. en la causa "Domínguez, Norah" (sent. del 11.11.08). Ello así, habida cuenta que es recién al momento de tener liquidación aprobada y firme que la parte cuenta con su crédito consolidado y, como consecuencia de ello, es en ese momento que puede producirse la novación de la obligación original y de cualquiera de sus accesorios. La serie con la cual se cancelará el pago es una cuestión eminentemente fáctica que se encuentra reservada al Ministerio de Economía o al órgano que éste designe, por ser quienes cuentan con la información referida a los importes necesarios y arbitran las medidas tendientes a la cancelación de las deudas según los valores nominales emitidos (del dictamen de la Procuración General -acápite IV, último párrafo in fine- in re "Viplan" , Fallos 329:4309, y en similar sentido, C.S.J.N., sent. del 11.11.08, "González, Antonio"). En consecuencia, corresponde ordenar la aplicación del interés fijado en la sentencia por todo el período.
Accidentes de trabajo, enfermedades, indemnización por enfermedad, extinción del contrato de trabajo, extinción por mutuo acuerdo
Materia: LABORAL
Carátula: SPINELLI, Rodolfo c/ ADMINISTRACION GENERAL DE PUERTOS s/ ind. art 212
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-30

Resulta irrelevante, a los fines de la percepción de la indemnización derivada del art 212 LCT, 4º párrafo, la circunstancia de que la relación laboral haya terminado por mutuo acuerdo(art 241 LCT), pues, en el caso concreto, atento las constancias médicas que obraban en poder de la demandada y dada la índole de las afecciones padecidas por el trabajador, ambas partes, a la fecha de celebrarse el acuerdo tenían cabal certeza de que el actor no podía cumplir ningún tipo de tareas.A su vez, y en virtud de lo normado por el art 260 LCT corresponde que se deduzca de la indemnización correspondiente, la suma percibida con motivo del acuerdo ya expresado.