Tribunal: TRIBUNAL DE IMPUGNACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2016-06-16


Salta, 16 de Junio de 2016.	Y VISTO: Estos Autos caratulados: "O., J. A. POR HOMICIDIO CULPOSO AGRAVADO POR LA CONDUCCION IMPRUDENTE DE UN VEHICULO AUTOMOTOR EN PERJUICIO DE C., M. A.; C., R. E.; C., L. J. - RECURSO DE CASACION SIN PRESO", Expte. Nº 79269/9 del Tribunal de Juicio - Sala V - y,	____________ ____________________CONSIDERANDO_____________________________ Rubén E. Arias Nallar, Vocal Nº 1, dijo:	I.- Que llegan las actuaciones a esta Sala III del Tribunal de Impugnación en virtud a los recursos de casación interpuestos contra la sentencia de fs. 1667/1668, cuyos fundamentos fueron expuestos a fs. 1689/1721.	A.- El Sr. Fiscal, a fs. 1722/1727, encuentra procedente su impugnación en tanto la sentencia adolece de vicios esenciales vinculados a la interpretación del derecho y la dosificación de la pena (arts. 539, 540 inc c del C.P.P).	Entiende que la pena dictada contra H. G. M., no se adecua al grado de culpabilidad evidenciado y es desproporcionada en relación a las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos, porque la conducta de M., amerita un reproche penal más intenso por consumar actos más trascendentales y determinantes para la obtención del resultado fatal.	Dentro de ese contexto, el Fiscal disiente con: la valoración del Tribunal sobre la velocidad, los estudios de alcoholemia de muestras de sangre y la determinación de que ambos conductores resultan co-embistentes.	En la determinación de la pena, ratifica el pedido de pena de cinco años de cumplimiento efectivo y diez años de inhabilitación para conducir. Por ello, demanda la valoración de la extensión del daño que sufren las victimas. También los momentos anteriores al hecho de M., el estado de ebriedad en el que conducía, agravado por conducir un automóvil que solo podía ser utilizado por un chofehabilitado para conducir remis y que contare con licencia profesional. La conducta posterior al hecho de M., lejos estuvo de prestar ayuda humanitaria a los damnificados, ni solicitando asistencia, ni poniéndose a disposición de los afectados, debido a un estado de shock emocional, sin embargo no le impidió refugiarse en personas de su confianza, comportase con racionalidad y frialdad al pedir un fotógrafo para preparar su defensa. Resaltando que a lo largo de 7 años M., no evidenció gestos de arrepentimiento o de acompañamiento de las victimas.	B.- La defensa del imputado H. G. M., a fs. 1728/1733, ejercida por el Dr. Raymundo Sosa Quintana, recurre la sentencia, en base a lo establecido por el art.539 del C.P.P., predicando que la condena contiene vicios esenciales en la interpretación del derecho, la reconstrucción de los hechos, la valoración de la prueba y la dosificación de la pena, tornando arbitrario dicho pronunciamiento.	____________ Indica que no se ha logrado imputar a M., la falta de cumplimiento de ninguna norma de tránsito o una infracción al deber de cuidado. Desarrolla esta idea advirtiendo que las sentenciantes dan por cierto que M., conducía por el carril rápido y O., por el lento, por lo tanto no existió deber -fundamento de la condena- de conducir a una distancia del vehiculo que lo precede, en virtud de que ninguno de los autos precedía al otro, ya que no circulaban por el mismo carril, por lo que tampoco había obligación de mantener distancia. Además, si O., no hubiera invadido su línea de circulación la colisión nunca se hubiera producido, quedando claro que la causa eficiente del siniestro fue el hecho de haber invadido el Fiat Duna el carril de circulación del Renault Clío, siendo el conductor de aquel vehiculo el único al que puede atribuírsele la falta de cuidado.	Al margen de lo expuesto, entiende que ante la existencia de dudas razonables como las que surgen del caso respecto a M., no se desvirtúa el principio "in dubiopro reo" a favor de su defendido, que debe aplicarse. No surge de la sana critica ni es lógico sostener que quien circulaba sin infringir norma alguna debería haber podido controlar su vehiculo después de la colisión y que si no lo pudo hacer es por que su velocidad era mayor a la prudencial._______________________________ C.- A su turno, la parte querellante, a través de su apoderado, Dr. Pedro Javier Arancibia, articula su recurso a fs. 1734/1742, por que la sentencia le ha causado un gravamen irreparable, al entender que contiene severas arbitrariedades manifiestas, vicios lógicos y jurídicos, equivocada interpretación de normas legales sustanciales y procesales e interpretaciones forzadas, valoración parcial y arbitraria de la prueba. Por ello, propone que se revoque la sentencia, y se condene al imputado M., a la pena de ocho años de prisión efectiva con inhabilitación para conducir por el máximo legal por el delito de Homicidio Simple con Dolo Eventual en Concurso Ideal con Lesiones, subsidiariamente sea condenado por Homicidio Culposo agravado por la Conducción de Vehiculo automotor en concurso Ideal con Lesiones a la pena de cinco años de prisión con diez años de inhabilitación para conducir.	Se agravia por la valoración y exclusión de los análisis de sangre con los que se había determinado la intoxicación alcohólica, ya que: a) implica poner en duda todos los procedimientos de extracción de sangre producidos con anterioridad al mes mayo de 2012; b) la resolución Nº 233, de la Procuración del Ministerio Público, tiene por objeto cubrir el vacío que existía respecto a la cadena de custodia pero nada establece respecto al procedimiento de extracción de sangre, que hoy continúa desarrollándose de idéntica manera que en aquel entonces; c) el Tribunal confunde prueba pericial con prueba científica; d) de considerarse prueba documental, dichos exámenes son instrumentos públicos, que no fueron impugnados pudiendo hacerlo, por lo que deben tenerse como prueba fehaciente; e) no existen razones en los testigos para mentir;f)la consideración de tres testimonios falsos o contradictorios e imprecisos, sumado a la selectividad empleada para algunos pasajes de los testimonios; g) absurda valoración de las fotografías como prueba de la supuesta ausencia de ebriedad de M,; h) arbitrariedad en la conclusión del Tribunal en cuanto a que no pudo establecer la velocidad de los vehículos por falta de evidencias, toda vez que los cinco peritos coincidieron en determinar que el vehiculo marca Renault Clío conducido por el Sr. H. G. M., se desplazaba a una velocidad antirreglamentaria por encima de los 60 Km/h.; i) excéntrica tesis de que ambos vehículos fueron co- embistentes; j) imposibilidad de que el primer impacto se produjera en el carril izquierdo, conforme a la ubicación final de los vehículos, los daños materiales en los mismos y los rastros en el lugar de colisión.	_______ Enfatiza en que el único y exclusivo responsable penal de los hechos es el imputado H. G. M.- Objetivamente porque: 1) conducía a velocidad antirreglamentaria; 2) no mantuvo distancia ni tomó precauciones debidas a quien conduce desde atrás; 3) evitando el sobrepaso o advirtiendo de ello; 4) tampoco frenando para evitar la colisión puesto que de ello deriva el segundo impacto en el carril contrario; 5) no conservando el dominio adecuado del vehiculo y maniobrando bruscamente hacia la izquierda. Tampoco se consideró los aspectos subjetivos: 1) estado de ebriedad; 2) falta de licencia (vencida) para conducir vehículos; 3) falta de autorización especial de AMT para conducir vehiculo afectado al servicio público de pasajeros; 4) la niña de un año y medio que viajaba en el asiendo delantero de acompañante, sin la silla para bebes ubicada en el asiento trasero; 5) afectación a la vista, "estrabismo", en tanto no existe un carnet de conducir con el correspondiente examen medico de aptitud para manejo.	En lo sucesivo, desarrolla los fundamentos por los que considera procedente la figura dolosa del homicidio, bajo la modalidad de dolo eventual. Aclarando que ello no sólo se presenta porque M., conducía en estado de ebriedad y a mayor velocidad de la permitida, ya que si bien estas son circunstancias que no se pueden soslayar, existen razones concretas que hacen saltar la valla del injusto culposo al doloso, circunscribiéndose a la segunda colisión (producida por el Renault Clío conducido por M., y el Peugeot 504 que transportaba a la familia C.,), con voluntad e indiferencia por la producción del resultado, pues no intentó en ningún momento modificar con entidad suficiente el curso causal en su decisión de conducir el vehículo y luego específicamente al momento de la colisión, controlando luego del primer impacto con el Fiat Duna, aferrándose al volante en lo que hubiese sido una maniobra de evitación del resultado típico. D.- A su turno, a fs. 1743/1758, se incorpora el recurso de casación en defensa del imputado J. A. O., de conformidad con lo dispuesto por los arts. 539, 542 inc. a) y cc. del C.P.P., instando la revocación de la sentencia y la absolución, por incurrir en inobservancia de las reglas de la sana critica en la valoración de la prueba pericial y testimonial, por falta de motivación y por arbitrariedad manifiesta. Asimismo, formula reserva del recurso extraordinario federal y de inaplicabilidad de la ley en caso de fallo adverso.	Encuentra: a) motivación contradictoria, transcribiendo los párrafos pertinentes del fallo; b) al dejar de lado la pericia realizada por los peritos Delgado y Cabral, el Tribunal recurre a conocimientos científicos específicos que no es posible suponer que lo tengan las miembros del Tribunal, escapando a las facultades para fundar la sentencia; c) el solo hecho de que los informes periciales difieran entre sí en algunos puntos no habilita al Tribunal a elaborar su propia teoría; d) para apartarse de los informes periciales mínimamente debió citar los motivos serios en que se funda; e) elaboración propia del concepto de colisión, afirmando que el primer impacto se produce en el carril izquierdo; f) teoría por la cual tiene a ambos imputados como co-embistente; g) el carril izquierdo no cuenta ni contó al momento del hecho con señalización que lo separe, nunca existieron líneas continuas o discontinuas blancas o amarillas para tal fin, no existen elementos que permitan inferir que esa parte invadió el carril contrario (derecho);

h) crítica al cálculo trigonométrico, que a su vez se realiza en base a medidas que no constan ni en el expediente ni fueron introducidas en debida forma, al igual que la bibliografía citada (manual del Renault Clío), por ende no pudo existir el control por la defensa.	Finalmente, demanda que la sentencia en cuestión se encuentra viciada de nulidad, repitiendo los argumentos con los que impugna la sentencia. Sin embargo, como particularidad, advierte sobre vicios formales de la sentencia que -a criterio de la defensa- determinan la nulidad, conforme lo dispuesto por los arts. 482 del C.P.P. y 488 inc. c) del C.P.P.	II.- Habiéndose concedido los recursos por el Tribunal "a quo" a fs. 1775/1776, esta instancia no se expidió negativamente en la oportunidad prevista en el art. 546 del C.P.P., en cuanto se encuentran cumplidos los recaudos a los que la ley supedita su admisibilidad.	III.- Mediante el fallo impugnado se CONDENÓ a J. A. O., a la pena de dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial por seis años para la conducción de vehículos automotores; y a H. G. M., a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial por siete años para la conducción de vehículos automotores, por resultar autores penalmente responsables del delito de HOMICIDIO CULPOSO AGRAVADO POR LA CONDUCCIÓN IMPRUDENTE DE UN VEHICULO AUTOMOTOR, previsto y reprimido por el art. 84, 2do párrafo del C.P., del que resultó la muerte de M. A. C.	El Tribunal sentenciante tiene por acreditado que el día 12-08-2007, en horas del mediodía, los acusados O., y M., circulaban de norte a sur por avenida Ex Combatientes de Malvinas. El primero conducía un vehículo Fiat Duna, dominio SYH-330, por la colectora norte, junto a su esposa M. J. S., sus hijos C. (6), M. (3), S. (2) y sus sobrinas F. (15), C.(14) y J.(12); el segundo, a bordo de un automóvil Renault Clío, dominio CBX-178, se desplazaba por la arteria que se ubica sobre de la colectora, por el puente que desemboca en la mencionada avenida, acompañado de su hija Eugenia (1). Mientras tanto, en el sentido opuesto (carril izquierdo), es decir: de sur a norte, sobre la misma arteria transitaba R. C. en un vehículo Peugeot 504, dominio SISD-377, acompañado por su esposa M.I.., y sus hijos R. (13), M.A. (10) y L. (3). En esas circunstancias se produjo un impacto entre los dos vehículos primeramente nombrados y, a consecuencia de ello, el automóvil Renault Clío se desplazó al carril opuesto e impactó sobre el vehículo Peugeot 504, provocando el fallecimiento del menor Marcos Alberto y lesiones en los demás ocupantes.	En atención a la complejidad del asunto y a fin de que la presente decisión cuente con los elementos de juicio necesarios para una acabada comprensión de los puntos del fallo más intensamente controvertidos por las partes, al apartarse el Tribunal sentenciante de los informes, pericias y testimonios de peritos, resulta conveniente exponer las definiciones y/o precisiones a las que arribó el a quo, luego del estudio y valoración de las pruebas producidas en el debate.	A modo de proposiciones categóricas y terminantes, concluye que: 1º) El punto del primer impacto que tuvieron los vehículos Fiat Duna y Renault Clío se sitúa en la zona geográfica comprendida entre el comienzo de la huella de fricción (que dejó el automóvil Renault Clío) estampada en el cordón que dividía la platabanda Norte Sur - Sur Norte de la Avenida Ex Combatientes de Malvinas y el cartel que marcaba "60 Km/h" (hoy inexistente), lugar en que la calzada tiene un ancho de 7.6 mts., donde ya no existía obligación de ceder el paso. 2º) Este primer impacto se produce en el carril izquierdo que va de Norte a Sur de la mencionada Avenida. 3º) No existió vehículo embistente y embestido sino que fueron co-embistentes. 4º) De la imprudencia e impericia de ambos conductores (del Fiat Duna y del Renault Clío), afirman que J. A. O. (Fiat Duna), por razones que desconocen, invadió el carril izquierdo sin percatarse que el Renault Clío ya estaba casi a la par del mismo y lo encierra provocando que M. (Renault Clío) tenga que realizar una maniobra evasiva. A su vez H. G. M., sin poder establecer motivos, ante esta situación no supo mantener el dominio de su vehículo, teniendo en cuenta que no existían huellas de un frenado de pánico, que de haber existido este accionar hubiere minimizado las consecuencias fatales, no supo como actuar ante el imprevisto. 5º) No pudieron establecer de un modo técnico científico la velocidad que desarrollaban los vehículos protagonistas del siniestro por falta de evidencias. 6º) No existe certeza legal para determinar si las muestras de sangre analizadas pertenecían a J.A.O. y H.G.M., y si los recipientes se encontraban o no contaminados, descartando con ello la presencia de alcohol en sangre en los incoados. 7º) Sí pudieron afirmar, con el grado de convicción necesario para despachar una sentencia condenatoria en contra de M., que iba a una velocidad superior a la prudencial perdiendo el mando del automotor y, alcanzó al vehículo Duna que circulaba por delante y luego cruzó al carril contrario impactando al vehículo Peugeot 504.	Para así resolver el Tribunal tuvo en consideración los siguientes elementos incorporados al debate: Acta Única Policial Nº 558/07 (fs. 1 y vta.), Informe testificado del Sargento Carrizo, Benito (fs. 3), Documentales (fs. 10/20 y 24), Acta (fs. 22), Acta (fs. 24), Certificado de Defunción(fs. 29), Informes de Alcoholemia (fs. 37, 38 y 39), Acta (fs. 46 y vta.- y 47), Actas de Colisión (fs. 54 y 63), Certificados Médicos (fs. 59 y 60), Informe Técnico Nº 1649/07 (fs. 64), Informe del Inspector Félix A. Gerónimo de la Dirección de Tránsito (fs. 66), Copia Licencia de Conducir de H. G. M.(fs. 67), Informe Técnico Nº 1629/07 (fs. 69/71), Plano Nº 1359/07 (fs. 72), Informe Técnico Nº 1639/07 (fs. 85/86), Láminas Fotográficas (fs. 87), Informe Técnico Nº 1656/07 (fs. 88/89), Informe Pericial Conjunto fs. (317/346), sin perjuicio de de los informes periciales de la causa fueron reconocidos durantes las audiencias de debate, Informe Pericial Accidentológico (fs. 511/551), Partida o Acta de Defunción del menor M.A.C. (fs. 623), Informe de la Subsecretaría de Tránsito y Seguridad Vial (fs. 658), Informe de la Comisaría Séptima (fs. 695/696), Copia Certificada del Plano de la Traza del Nudo Vial de la Rotonda de Limache (fs. 706), Informe del Ministerio de Salud Pública sobre el personal de turno en fecha 12/08/07 (fs. 756), Ampliación de Pericia Conjunta Licenciados Capello y Muiños (fs. 990/997) y vta., ampliación de Pericia Licenciado Delgado (fs. 1007/1018), Planilla Prontuarial imputado O. (fs. 1049), Planilla Prontuarial imputado M. (fs. 1050), RNR M. (fs. 1052), RNR O. (fs. 1054), Informe de Autopsia (fs. 44 y vta. del Expediente GAR Nº 930/07 realizada por el Dr. Cayo), constancias del expediente Nº 196.167/07 y su Acumulada 272790/09 del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Segunda Nominación, Treinta y Dos Fotos reservadas en Secretaría, Certificado de derivación emitido en el Hospital Señor del Milagro, Estudio Oftalmológico de M. emitido por el Dr. Abdenur, Fotocopia Examen de Aptitud Psicofísica para el ingreso al Poder Judicial de H.G.M. Informe de Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de Salta Capital, Plano Nº 2166/14 de la División Criminalistica (correspondiente a inspección ocular y reconstrucción del hecho de fecha 26/10/14); Informe de la Municipalidad de Rosario de Lerma - Dirección de Rentas Municipal (fecha 28/10/14); copia certificada de licencia de conducir (fecha de certificación 21/10/14) y Licencia de Conducir del imputado M reservada por Secretaría y a pedido de la defensa técnica de O se incorporó la nota obrante a fs. 36 sin perjuicio de las constancias del acta de debate del día 23/10/11.	IV.- Seguidamente corresponde examinar los motivos de los agravios propuestos, teniendo a la vista los escritos y contestaciones presentados con posterioridad y las constancias del expediente.-	A propósito de los agravios, de manera previa, es preciso señalar determinados contornos, dentro de los cuales se enmarcará el análisis subsiguiente. Un primer parámetro tiene que ver con la falta de originalidad en la generalidad de los agravios, puesto que no son sino, muchos de ellos, una reiteración de los alegatos expuestos en juicio y que tuvieron una respuesta integra y completa en la sentencia, con la salvedad de aquellas críticas a la formación de la convicción del Tribunal sentenciante y a la determinación de la pena, lógicamente desconocidos para los recurrentes con anterioridad al dictado de la misma.	Al respecto, el jurista y doctrinario, Dr. Rubén A. Chaia, señaló que: "los planteos expuestos en casación no son más que la mera reiteración de la postura asumida en el debate y que obtuvieron oportuna y eficaz respuesta por parte del Tribunal de Juicio, sin que hayan merecido un tratamiento parcial, incompleto o inmotivado. A esta altura, no resulta ocioso señalar que, según doctrina de la CSJN, la mera reedición por las partes de los argumentos vertidos en las instancias anteriores determina el rechazo del recurso - Fallos: 317:373 y 442" (Conf. Tribunal de Casación Penal de Entre Ríos, Sala 1, causa 18/04 "González Vicente - Abuso Sexual s/ recurso de casación", primer voto del jurista citado, con las adhesiones y sin reservas del resto del Tribunal, Drs. Hugo Daniel Perotti y Marcela Alejandra Davite, del 08-07-2014).	La reedición de argumentos se advierte de manera general en los agravios de los recurrentes, sin que agreguen ningún tipo de novedad, ni crítica a la respuesta dada en el fallo por el Tribunal de Juicio.	Esto se encuentra íntimamente vinculado con una segunda cuestión, que se presenta como consecuencia de la anterior, que tiene que ver con la ausencia de argumentos (o contra- argumentos) que refuten las conclusiones a las que arribó el tribunal de juicio; o que evidencien que el razonamiento es incorrecto, que ameritaba la interpretación de otra hipótesis; o que no hubo tal razonamiento, etc., de manera que todo el desarrollo intelectual demostrado en los recursos no quede solamente en enunciaciones genéricas o concepciones abstractas, sin precisar o volcar aquellas premisas a las particulares características del caso en cuestión, puntuales y concretas de éste o éstos hechos, del debate y él juicio, únicos en su singularidad, sin perjuicio de la universalidad a las que pertenecen. Todo ello (por que no decirlo), procurando el orden y agotamiento de cada uno de los agravios concretos a cada pasaje o razonamiento (o la ausencia de los mismos) que causen perjuicio, a fin de evitar repeticiones innecesarias y facilitar al Tribunal revisor la rápida y real identificación de los puntos neurálgicos irritantes a la justicia y el derecho.	Es que, si bien los agravios son producto de aquellos aspectos del fallo que causen perjuicio y sólo la parte agraviada va a determinar los mismos, las reiteraciones, generalidades y abstracciones -con los que frecuentemente se reprochan a las sentencias- que no llegan a conmover ni a resentir aquellos cimientos del fallo reducen significativamente las posibilidades de conocimiento crítico de esta instancia.	La revisión sobre los estándares de razonabilidad y suficiencia aún realizando el máximo esfuerzo, como lo impone el precedente "Casal" de la Corte Suprema de Justicia Nacional y rigurosamente se realiza en este Tribunal atento al reconocimiento del recurso como derecho del imputado, tendrá serias dificultades si el/los impugnante/s no ofrece otras alternativas reales, oportunamente sometidas al juicio y luego no abordadas ni descartadas por el fallo, o razones que den cuenta de ausencia o falta de motivación o de apartamiento de la cuestión que se debía resolver, etc. Todo lo expuesto no debe ser entendido, como un imperativo al derecho a que otro Tribunal revise la condena y el de acceder a la justicia. Pero de hacerlo, de mucho auxilio a cada posición y la labor del órgano revisor, será el desarrollo razonado y análisis crítico concreto de los puntos que cuestiona.	Por ello deviene apropiado traer a colación lo que dije en otro asunto en oportunidad de resolver un recurso de apelación: "al igual que las decisiones jurisdiccionales, los recursos que se dirigen contra ellas deben exhibir un componente intelectual de contenido crítico valorativo conocido como expresión de agravios".; "el recurso de apelación es una crítica concreta y razonada a la decisión jurisdiccional en tanto que no pueden considerarse agravios las afirmaciones genéricas, las impugnaciones en general, las remisiones a escritos anteriores, el mero desacuerdo con lo resuelto o simples consideraciones subjetivas y disgresiones inconducentes o que carecen del debido sustento jurídico" (Conf. Fallo 131, As. 368/369 - L. 2015/01R, del 27-04-2015 en causa Nº G01 113606/15).	De igual manera, es conveniente tener presente desde ahora que: "los jueces no están obligados a considerar todos y cada uno de los argumentos propuestos por las partes, sino sólo aquellos que estiman conducentes para la correcta solución del caso", tal como lo señala el citado jurista Rubén A. Chaia.	Vinculado a las posibilidades de conocimiento de la Alzada, si bien el mismo en casación es amplio y debe agotarse después del máximo esfuerzo posible, el límite se encuentra impuesto por aquellos extremos que el Tribunal de Juicio hubiere aprehendido en virtud de la inmediación (Conf. Corte Suprema de Justicia Nacional -voto de la Dra. Argibay - cons. 12 en "Casal, Matías Eugenio y otro s/robo simple en grado de tentativa", Causa Nº 1681-Fallos, 328:3399). V.- De la contradicción en público debate, quedó fuera de toda discusión que: el fallecimiento de M. c. fue el resultado de la embestida que sufrió el vehículo en el que se desplazaba por el automóvil que ocupaba el imputado M. Y esto ocurrió momentos después del accidente que el nombrado M. protagonizó con el vehículo en el que se desplazaba el acusado O.. En ésta última colisión mencionada, que en realidad es la primera en el orden en que sucedieron los hechos, es donde se encuentran las claves para dirimir las responsabilidades penales y el grado de culpabilidad de los acusados y respecto de la cual se han enfocado mayormente las impugnaciones, sin perjuicio de la merituación de la pena.	Asimismo, tampoco fue controvertida por las partes la aclaración del Tribunal de expedirse únicamente al delito de homicidio culposo, cuya acción penal se encuentra vigente, no así respecto al delito de lesiones culposas, que fuera requerido para ambos imputados, a los fines de no violentar el principio "non bis in idem".	No se cuestionó, de manera directa y concreta, los siguientes puntos centrales: 1) La determinación de la zona geográfica donde se produjo el primer impacto; 2) que en dicha zona ya no existía obligación de ceder el paso y 3) la interpretación del Tribunal de cómo fue la primera colisión._ Sin perjuicio de reseñar con mayor profundidad y literalidad cada recurso cuando sea necesario, encuentro conveniente ordenar la exposición asociando aquellos agravios que se correspondan según el tema o la cuestión impugnada, justificando de tal forma su tratamiento conjunto en algunos casos y de forma independiente en otros, en la medida de las criticas propuestas en los planteos recursivos y procurando dar prioridad a los argumentos esenciales o decisivos. Tal como ha quedado plasmado, y según el interés de cada parte, las impugnaciones incursionan en todos los supuestos de procedencia establecidos en el art. 539 del C.P.P., esto es: "interpretación del derecho", donde ubico los tópicos que tienen que ver con la "culpabilidad" (dolo - culpa) y la "participación", que hacen a lo que el Tribunal denomina "responsabilidad penal de los imputados"; "reconstrucción de los hechos, selección y valoración de la prueba" y "dosificación de la pena"; a su vez, se aduce "inobservancia de las reglas de la sana critica", "arbitrariedad" y "falta de motivación", generalmente vinculados a la valoración de la prueba; asimismo, se planteó la "nulidad" de la sentencia y como consecuencia de los parámetros mencionados y también por defectos formales del fallo. En definitiva, abordando los puntos enunciados, estoy convencido que daré por agotada la instancia de ésta Alzada.

VI.- Corresponde analizar dos planteos que, entiendo, deben ser resueltos de modo previo. Por un lado la nulidad formulada por la Defensa del imputado O. por defectos formales en la sentencia y la denuncia de parcialidad del Tribunal. Por el otro, el agravio de la Querella solicitando la aplicación de la figura del homicidio simple con dolo eventual.	A.- La Defensa de O. plantea la nulidad de la Sentencia en cuanto a que: a) no se indica cuál es el voto de cada vocal; b) pareciera que existe total coincidencia y ninguna discrepancia, ya que las tres vocales se limitaron a firmar los fundamentos sin siquiera individualizar la opinión de cada una; c) los fundamentos en un momento se relatan en primera persona del singular y luego en plural.	Acoplo en este segmento, por afinidad con los puntos detallados en el párrafo anterior y porque fue introducido por la defensa dentro del contexto de nulidades, una cuestión más: d) la denuncia de supuesta parcialidad del Tribunal por el trato preferencial a M. y sus defensores, a cuyas precisiones me remito al punto 7.3 en fs. 1756 vuelta y fs. 1757. _	En tanto que las restantes cuestiones de las que también esa parte demanda la nulidad (como la valoración de elementos no introducidos al debate), que se identifican con los agravios propios del recurso interpuesto (motivación, valoración de la prueba, etc.), serán tratados en su lugar y oportunidad, sin perjuicio de proveer lo que correspondiere._ 1.- Sentado lo anterior, me encuentro en condiciones de afirmar que la sentencia no es nula por la forma en que se encuentra redactada, tanto por el modo conjunto y colectivo en que se plasmó la concurrencia de opiniones de los miembros del Tribunal, tanto por la utilización interpolada de las categorías gramaticales personales (generalmente denominadas primera, segunda y tercera persona), pues ninguna de ellas es una exigencia legal para la validez formal de la sentencia, además no generan dificultad alguna en la comprensión de lo considerado y resuelto.	Frente a la pretendida necesidad de plasmar votos individuales por cada miembro del Tribunal, la misma norma que la defensa transcribe (art. 483 del C.P.P.) está referida y destinada a facilitar el cómputo de opiniones sobre cada cuestión tratada en el ámbito de la deliberación, etapa de gestación de la sentencia, pero que no se identifica con la sentencia misma. Si bien, nada obsta a que cada miembro emita su voto según su orden, lo que la norma dispone, muy por el contrario a lo sostenido por la defensa, es la obligación de dejar constancia cuando las opiniones o votos de la minoría se presente en divergencia con el de la mayoría y se formule en disidencia, de modo de dejar a salvo la conciencia y tranquilidad de un miembro del tribunal que opinó distinto. Nada obsta la total y plena coincidencia de todos los miembros y su consecuente redacción.	Que la deliberación es distinta a la sentencia surge también de lo dispuesto por el art. 487 del C.P.P., ya que no menciona al voto individual de cada miembro del Tribunal como exigencia de validez formal del fallo.	2.- En orden a la redacción, es verdad la migración a distintos métodos, recursos y técnicas en el ámbito narrativo es una constante generalizada en el discurso judicial, en el que por supuesto me incluyo y del que no escapa ningún sujeto que de una forma u otra participe en un proceso, al menos en la región. Habida cuenta que mucho tiene que ver con las desinteligencias que de una decisión mal comunicada se puede generar, de las que existen no pocos ejemplos.	Sea mediante escritura, sea mediante oralidad, los errores lingüísticos, presentes en toda la justicia, van desde la ortografía, pasando por la indistinta utilización de verbos, de tiempos, de géneros y categorías personales (como lo indica la defensa), redundancias, etc., hasta fenómenos como la invención de términos, reproducciones de textos que no siempre se adaptan al contexto pero que siempre se repiten en casos similares, etc. Es que si bien lo ideal sería que la sentencia, y todos los actos escritos en general, respeten las normas de redacción, no hay que perder de vista que la sentencia no es una obra de literatura y no tiene que aspirar a serlo, la sentencia es: un acto procesal que pone fin al proceso.	El parámetro para juzgar la validez académica de la sentencia, en cuanto tal, es la mayor o menor medida de comprensión que el documento, por sí solo, tiene que alcanzar, de manera que resulte accesible y/o entendible para todos y cada uno de los ciudadanos, a través de un lenguaje simple, sencillo y estándar, promediando el nivel intelectual y cultural del medio, sin demasiado tecnicismo y/o elevado léxico jurídico, pero sin caer tampoco en vulgaridad. En definitiva, lo que importa en este aspecto es que el mensaje de la justicia se entienda, que cualquier interesado pueda comprender la decisión, el porqué (explicación) de esa decisión y porqué no es posible otra solución.	En definitiva, los vaivenes gramaticales del fallo impugnado no afectan la validez de la sentencia, en tanto no afecten la comprensión y, a menos claro, que a cobijo de la sencillez y los demás parámetros indicados, se disimulen arbitrariedades o se aparenten motivaciones, lo que en este caso no sucede.	Por lo demás, para que la sentencia sea formalmente válida entran en consideración los arts. 173, 174, 175, 482, 485, 487, 488 y concordantes del C.P.P. Ninguno de ellos exige los recaudos que pretende la defensa de O. 3.- En cuanto a la parcialidad del Tribunal alegada por la defensa de O., en tanto entiende que existió una inclinación favorable para el imputado M., baste con indicar lo inapropiado del tema dentro del marco casatorio, contexto reservado para las cuestiones procesales y sustanciales propias del juicio, a menos claro que la falta de objetividad del Tribunal llegue a definiciones inconsecuentes, manifiestas y evidentes, determinando un supuesto de arbitrariedad. Extremo este último que no guarda ni reposa en los antecedentes obrados. Igualmente, la defensa de O tuvo a su disposición las oportunidades procesales para recusar al o los miembros del Tribunal que -a su criterio- fueron parciales, dentro del instituto previsto para tal fin, conforme lo establece el art. 53, 60, siguientes y concordantes del C.P.P.	B.- La Querella, por su parte, se agravia por no haberse aplicado, respecto de M., la figura del homicidio simple con dolo eventual, sustentado en la posibilidad de requerir pena mayor y más gravosa a la del Ministerio Público Fiscal, en atención a la autonomía de actuación como representante de las víctimas legalmente constituidas en el proceso. Cita para ello, precedentes de la Corte Suprema de Justicia Nacional.	Resulta pertinente repasar como se estructuró la acusación y se arriba al momento de los alegatos y la Sentencia. Así:	1.- La presente causa, se inició bajo el trámite del Código Procesal Penal en su versión Ley 6.345 y modificatorias, por lo cual, el querellante previsto en su arts. 78, 79, 80, 340 y cctes. era sólo el de conjunto, dependiendo de la actuación que le correspondía al Fiscal, pudiendo hasta ofrecer prueba en colaboración a éste. 2.- Con fecha 03/06/09 se requirió juicio (fs. 447/450) y se notificó de la misma a la Querella el 15/11/09 (fs. 561). Arribado al Tribunal de Juicio, se abrió la causa a prueba mediante decreto del 14/04/10 (fs. 606), ofreciendo pruebas el Fiscal en fecha 11/05/10 (fs. 613/615) y la Querella Conjunta el 13/04/14 (fs. 864).	3.- Las defensas de M. (fs. 810) y O. (fs. 822 y vta.) optaron por la aplicación del nuevo régimen legal previsto en la Ley 7.690, a lo que se hace lugar con fecha 03/10/13 (fs. 826).	4.- El día 13/04/14 (fs. 865/866), la querella solicita el cambio de calificación de la imputación en contra de G. H. M por el delito de homicidio simple y lesiones con dolo eventual. Corrida vista al fiscal a Fs. 861, el mismo solicita el rechazo del cambio de calificación. El Tribunal de Juicio declara inadmisible el cambio de calificación a Fs. 869 por haber precluido la oportunidad procesal ya que la acusación del Querellante pertenece a la etapa preparatoria del juicio, lo que fue notificado según cédula de fs. 878, fue consentido por esta.	5.- El 14/10/14 se inicia el Debate satisfaciéndose lo dispuesto en el art. 460 del C.P.P. versión ley 7.690, dándose lectura al Requerimiento Fiscal (Fs. 1.404. Luego de desarrollado el debate el Fiscal formula los alegatos pidiendo pena para ambos imputados por el delito de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de automotor (Fs. 1589 y vta.). La Querella sólo acusa a M. y lo hace por homicidio simple con dolo eventual.	De la enumeración de los hechos formulada emerge que la Querella se inició con el procedimiento anterior en la modalidad de conjunta. En esta versión, el querellante sólo debía ofrecer prueba. En el nuevo Código, la Querella tiene una actuación más activa, debiendo formular acusación dentro de los tres días de notificada de de la requisitoria de juicio formulada por el fiscal (arts. 107, 108, 433 y 435) y una vez concretada, de lo que también debe correrse traslado a la defensa. Cuando se optó por el procedimiento nuevo, ya el trámite había superado tal instancia y según la cláusula 2 de las Normas de Implementación de la Ley 7.690, que "en ningún caso permitirá que el proceso pueda retrotraerse a etapas ya concluidas.". Por lo tanto, el Debate se inició sólo con la acusación por el delito de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de un vehículo automotor.	Tanto con la versión del Código Procesal Penal Ley 6.345 y cctes. (art. 386), como la que surge de la Ley 7.690 (art.

466) era posible ampliar la acusación si surgieran, en el curso del debate, circunstancias que agraven la calificación no contenidas en el requerimiento, lo que nunca ocurrió. _ De haberse formulado la ampliación de la acusación, el Tribunal debería permitir a la defensa conocer las circunstancias agravantes que se le atribuyen y el derecho a ofrecer nuevas pruebas.	Lo antes expresado, hace que el Tribunal de Juicio como esta alzada, se encuentres constreñidos a analizar únicamente la imputación por homicidio culposo, bajo el riesgo de incurrir en nulidad de la Sentencia por violación al principio de congruencia, impuesto por el art. 482 del C.P.P.	La acusación para ser válida debe ser clara, circunstanciada y específica, integral, oportuna, de una conducta típica y precisa (Conf. VELEZ MARICONDE Alfredo, "Derecho Procesal Penal".Ed. Lerner, Bs. As. 1969, T.II, pág. 220/226).	Sólo existió acusación por homicidio culposo, ya que nunca se concretó la pretendida por la Querella al haber precluido la oportunidad para hacerlo. Pero tampoco instó - durante el Debate- la posibilidad de ampliación de la acusación, por lo que no fué objeto del juicio y el imputado no tuvo oportunidad de defenderse (conf. MAIER, Julio J.B.- Derecho Procesal Penal-Editores del Puerto s.r.l.-Bs. As. 2004-1ª ed., 1ª reimpresión-pág. 688).	Es que, en relación a la imputación dolosa y culposa señala el citado maestro Maier, "aunque se refiere a un mismo resultado, v.gr. homicidio, no son fungibles, como si fueran infracciones progresivas según algunos parecen creer. No puede pasarse, sin más, de la infracción dolosa a la culposa, pues significan la descripción de hechos distintos, por más que el resultado sea idéntico: el dolo supone la voluntad de realización del resultado y la acción consumativa de él, circunstancia subjetiva que debe ser objeto de la acusación para poder ser reconstruida; la culpa, por el contrario, no reside en esa voluntad, sino en la infracción a un deber de cuidado -otro hecho distinto, por ejemplo: el exceso de velocidad o la inobservancia de una regla de tránsito-, que constituye la imprudencia y que provoca el resultado". (citado por SEGUI, Ernesto-"Imputación, congruencia y nulidad en el proceso penal"-Nova Tesis Editorial Jurídica-pág. 48/49).	En el presente, la existencia del dolo por parte de M., debería haber sido planteada como hipótesis para que pueda ser objeto de debate y prueba, garantizándose que el contradictorio la abarque, lo que no ocurrió, apareciendo tardíamente con una exhaustiva y extensa argumentación al momento de los alegatos.

De acogerse el agravio que plantea la defensa incurriría en una "incongruencia del material fáctico" que se presenta cuando el pronunciamiento resuelve una cuestión no planteada adecuadamente en el proceso. (Conf. RIOS, Ramón T.-Proceso Penal, Principio dispositivo, congruencia y recursos-J.A. 1984-IV., pag. 793 y sstes.).	No es que seamos excesivamente formalistas con los principios acusatorios en el proceso, dispositivos en los recursos y de congruencia por afecto a la simetría o una teórica inclinación estética al equilibrio de las proporciones. "Lo que está en juego., es nada menos que el principio de imparcialidad del juzgador, ínsito en el concepto de jurisdicción, implícito ya en nuestra Constitución Nacional y expresamente incorporado por el Pacto de San José de Costa Rica (art. 8.1) en la última reforma" (Cámara Penal de Rosario, Sala 21-03/11/03 en SEGUÍ, Ob. cit.-pág. 59/60.).	Esta decisión no es incompatible con los fallos de la Corte Suprema de Justicia Nacional citados por la Querella (Santillán-Fallos 321:2021, D'Olio y Sabio-Fallos 330:3092 entre otros). En todos estos, el debate se llevó adelante según la acusación original y, al concluir, el Fiscal en sus alegatos solicitó la absolución, reconociéndose la facultad a la querella para pedir una condena en contraposición con aquella, posibilidad que también tenía la Querella en este caso, según los arts. 469 en relación con el 479 del C.P.P.	Distinto es el supuesto de autos, en donde no se formuló requerimiento ni se planteó en debate la hipótesis del homicidio doloso. Sin desconocer las facultades que le corresponde a la Querella, en este caso concreto al Tribunal de juicio le estaba vedado conocer y decidir sobre lo que no fue materia de acusación, defensa y prueba.	La Corte Suprema de Justicia Nacional ha tenido múltiples oportunidades de expedirse en sentido contrario a la pretensión de la Querella cuando el cambio de calificación agrava la situación o afectaba la defensa. ("Gómez"-Fallos 234:270 y "Gómez Rueda"-Fallos 297:398).	VII. A continuación someteré la sentencia condenatoria, considerada en forma global, a la revisión de los extremos de suficiencia y valoración probatoria y la consecuente motivación, según el estándar establecido en el precedente Casal de la CSJN, cuyo alcance ya fue explicado como cuestión previa.	Bajo esas condiciones, debo decir que de la lectura de la sentencia impugnada rápidamente se adquiere un acabado conocimiento de los hechos y de los fundamentos que llevaron al Tribunal a resolver del modo en que lo hizo en completa y fiel coherencia y correspondencia con los registros escritos y audiovisuales del debate y con las constancias anteriores existentes en la causa introducidos al plenario. De forma tal que la tacha de arbitrariedad que al respecto interponen las partes no pasa de ser un mero disenso con la valoración de la prueba efectuada por el Tribunal de grado. Por ello, considero que las señoras Magistradas dejaron claramente asentados los motivos que los condujeron a la solución del caso, expresando a lo largo de la sentencia los fundamentos pertinentes. De manera que primero se demuestra la certeza de la ocurrencia del hecho y su entidad ilícita, la participación responsable de M y O mediante la adecuación de sus conductas al tipo penal transgredido después, con explicación de las consecuencias penales ajustadas a la culpabilidad evidenciada, como corolario final y necesario. Todo ello, aplicando los principios de la sana crítica racional para evaluar el plexo probatorio que, examinados en su conjunto, permitió arribar a un pronunciamiento condenatorio.	Siendo la principal característica de la revisión en casación la de escrutar la razonabilidad del juicio del Tribunal en tanto labor intelectual, no del juicio en cuanto etapa del proceso, observo que la interpretación dada y explicada de lo que las Magistradas captaron como cierto después de escuchar y presenciar la totalidad del debate y las posiciones e hipótesis de cada parte, se presenta como perfectamente coherente y factible, sin que se adviertan fisuras o posibilidades de interpretaciones diferentes a la definida en el fallo; ni vicios, falencias o errores notorios y manifiestos en la formación de la convicción del Tribunal; como tampoco que el razonamiento sea insostenible, irregular, carente de fundamentos suficientes para sustentar las conclusiones arribadas, o que fuere un capricho(arbitrariedad) sin otras razones que la sola voluntad de los Jueces. Nada de eso, muy por el contrario el Tribunal ha explicado satisfactoriamente cómo interpretó las pruebas producidas, para descartar las otras hipótesis esgrimidas por las partes, de manera que llegó a convencerse y logra convencer con la versión expuesta de los hechos y su respectiva tipificación jurídica.	En función de las consideraciones efectuadas, los agravios vinculados con la pretendida tacha de arbitrariedad y la ausencia de motivación, no encuentran correspondencia con lo efectivamente obrado en el fallo. Por lo tanto, las afirmaciones en tal sentido no logran desvirtuar los fundamentos reseñados, ni demuestran que aquél no constituya una derivación razonada de las normas vigentes, con aplicación a las circunstancias de la causa, y sólo trasuntan meras discrepancias con la valoración de la prueba efectuada por el Tribunal.	A partir de las pruebas producidas en el debate, la construcción de los nexos causales quedó a cargo del Tribunal por el convencimiento adquirido durante el desarrollo de las audiencias y su posterior deliberación. En ésta tarea, el Tribunal tiene la facultad de valorar conforme las reglas del recto entendimiento humano, sin sujeción a directiva o tasación alguna (Conf. Fallos 130:1073; 135:313, entre muchos otros, de la CSJN). También ingresan en este proceso el principio de libertad probatoria imperante en el proceso penal, salvo en supuestos taxativamente aludidos por la ley, da un margen amplio para que la convicción se alcance a través del análisis de cualquier elemento razonablemente apto para establecer la verdad (Conf. Fallos, 311:2548 de la CSJN; Fallos 98:508; 133:87 de la CJS).	A lo dicho, agrego la imposibilidad de reconstruir un evento del pasado a la perfección, como un fílm que puede reeditarse infinitamente, tan es así que aún en el supuesto de que contáramos con registros fílmicos del hecho, las percepciones del mismo siempre serán distintas, según el observador, y nunca revelará la totalidad de los elementos y circunstancias que rodearon el hecho.	A modo de colofón de una valoración general, debo expresar que el Tribunal ha realizado un prolijo recorrido de los elementos que concurrieron a formar la certeza positiva suficiente y necesaria para la validez de la sentencia, sin que se adviertan arbitrariedades en la motivación, más allá de las falencias razonablemente esperables en tamaña labor y de la imposibilidad empírica de que la reconstrucción conceptual del hecho histórico, además tenga que ser del gusto y agrado de todos los involucrados, pero que en todo caso no opacan la comprensión de esta Alzada de las razones dadas del juicio arribado en base a los hechos que el Tribunal tuvo por acreditados mediante las pruebas que se produjeron en el debate.	VIII. Adentrado en los tópicos específicos vinculados a la "reconstrucción de los hechos, selección y valoración de la prueba" y la consecuente motivación, siguiendo la metodología empleada en el fallo y también en algunas impugnaciones, corresponde analizar la exclusión efectuada por el Tribunal de la presencia de alcohol en sangre de ambos imputados, la imposibilidad de determinar las velocidades así como otras cuestiones vinculadas a las pericias, para luego en los puntos IX y X tratar la invocación de la duda y, en su caso, la pena:

A.- Aunque el acusador público anuncia que su impugnación va orientada a la interpretación del derecho y la determinación de la pena, se encarga también de cuestionar el fallo en lo vinculado a los análisis de alcohol en sangre. En tal sentido, indicó que el mecanismo utilizado en el año 2007 es el que se seguía conforme usos y costumbres del momento; además las personas que intervinieron en la toma de muestras fueron precisas al decir que nunca existieron cuestionamientos al respecto y que considerar que existió error en ambas extracciones es descabellado porque el sistema era confiable. Entonces -concluye-, de acuerdo al informe de la Bioquímica Legal de la Policía de la Provincia, Dra. Chávez, M. presentaba un estado de ebriedad acentuado de 2,25 mlg. de alcohol en sangre.	Por su parte, el Querellante argumentó que poner en crisis el procedimiento para la extracción de sangre, es poner en duda el procedimiento seguido no sólo para el caso de autos sino para todos los producidos con anterioridad al mes mayo de 2012, lo cual resulta una conclusión irresponsable y peligrosa, lo implicaría poder revisar todas las sentencias condenatorias que se fundaron en un examen de alcoholemia positivo.	Agrega que la resolución Nº 233, de la Procuración del Ministerio Público, tiene por objeto regular la cadena de custodia y preservación de la prueba con una guía de envío, pero nada establece respecto al procedimiento de extracción de sangre, que hoy continúa desarrollándose como entonces. Sostiene que el Tribunal confunde prueba pericial con prueba científica cuando entiende que los informes del personal médico y bioquímica no pueden equipararse a prueba pericial porque no fueron llevados a cabo con el debido control aunque -insiste- subsiste como prueba documental. Explica que la prueba científica y la pericial son tales aunque no tuvieran control y no está dada sólo por los procedimientos de obtención, sino por el mismo medio probatorio, que fundando en cuestiones físicas, matemáticas o químicas, constituyen de por sí pruebas prácticamente indubitables.	No obstante, de considerarse prueba documental, deberá admitirse que dichos exámenes son instrumentos públicos, que no fueron impugnados, por lo que deben tenerse como prueba fehaciente.	Califica de simplista el razonamiento del Tribunal por considerar que la posibilidad de alteración del resultado del test de alcoholemia porque los frascos que contenían las muestras de sangre eran simplemente lavados y no esterilizados, pues ignora tanto que el lavado con agua tranquilamente permite depositar nuevas muestras sin incidencia de otro factor químico en el examen bioquímico como qué otro tipo de sustancias habrían tenido los descartables y si efectivamente pudieron tener algún contenido etílico que perdure luego de que el frasco sea lavado y secado.	Respecto de los testimonios afirma que no existen razones en los que participaron del procedimiento de alcoholemia para mentir. Además no debe soslayarse que el policía Gómez dijo que le llamó la atención que el imputado M. tenía los ojos rojos, lo que es compatible con un estado de ebriedad. Más -agrega- el Tribunal considera a los testigos ofrecidos por el imputado M. que aparecieron en proceso más tarde pero no estuvieron en la investigación policial realizada en el lugar, y en ellos funda su sentencia; califica a estos tres testimonios de falsos o al menos escandalosamente contradictorios e imprecisos; además de la selectividad empleada para algunos pasajes de los testimonios, pues analizadas en conjunto evidencian la falsedad de los mismos. Seguidamente efectúa consideraciones respecto a los testimonios de L D, M L M y M R A, a las que me remito.	_ Critica el repaso que hace el Tribunal de los testimonios de los familiares de M, quienes claramente trataron de proteger el negocio de los remis, movidos por un fin económico, puesto que si se establece el estado de ebriedad de M la aseguradora del vehículo podría excluir la cobertura y las consecuencias patrimoniales las asumiría directamente el titular registral.	Considera absurda la valoración de las fotografías aportadas por la defensa como prueba de la supuesta ausencia de ebriedad de M, al decir que no se observa en las imágenes una conducta compatible con una persona con 2.25% de alcohol en 100 cc sangre. Ello no es posible por tratarse de una imagen estática y si se observa la fotografía se concluye que bajo ningún punto de vista se puede siquiera apreciar por la cercanía o la especial toma de alguna imagen del rostro que el estado clínico de M. no era de acentuada ebriedad.	1.- Pasando al análisis, corresponde descartar de plano las consideraciones del Sr. Fiscal en tanto no ofrece una crítica superadora de las razones dadas en el fallo sobre el particular, limitándose a enunciados genéricos sin precisiones concretas al supuesto en cuestión. No basta con reiterar la validez de las premisas (verbigracia: confiabilidad del mecanismo de extracción de sangre porque nunca existieron cuestionamientos) si a la vez no se demuestra, contra-argumentantación mediante, que la síntesis del Tribunal es errónea o equivocada para descartar aquellas premisas. Es decir, insistir con una hipótesis o situación concreta (estado de ebriedad) sin refutar las razones por las que dicha hipótesis fue descartada afecta la lógica discursiva, en tanto que la insistencia no es sinónimo de razón, sino más bien emparentada a la vacua terquedad, distando, en todo caso, mucho de constituir un agravio en términos procesales. Las mismas consideraciones caben a las expresiones del querellante en cuanto a la habitualidad y confiabilidad del procedimiento de extracción de sangre de la que -según afirma la parte- hablan absolutamente todos los testigos vinculados a dicho trámite; como así también respecto a la resolución Nº 233 del Ministerio Público, en la medida en que no advierto agravios en tales expresiones.-	2.- Algo similar ocurre con el argumento del Querellante vinculado a las implicancias que -a su criterio- trae aparejado poner en crisis el procedimiento de extracción de sangre. En primer lugar, es sabido que los efectos de una sentencia no se extienden más allá del caso resuelto y para las partes involucradas. No obstante, aún cuando pudiera pensarse en una extensión erga omnes, no se advierte de que manera ello pudiera afectar o determinar el juicio del Tribunal para valorar una cuestión puntual. En segundo lugar, estas especulaciones distan de constituir un agravio, porque no escapan del plano abstracto y se presentan como muy lejanas del caso concreto, ya que tampoco se advierte el perjuicio y/o interés real en evitar la tremenda repercusión que la parte anuncia que tendrá el fallo en este punto y de qué manera ello impacta en la posición que ocupa como sujeto procesal.	3.- En lo que respecta a la naturaleza del procedimiento en estudio, la cuestión viene introducida por la querella bajo el expediente de que el Tribunal confunde prueba pericial con prueba científica.	Coincido con el Tribunal de Juicio al encuadrar el despliegue policial en las previsiones del art. 239 inc g) del C.P.P., en tanto que la diligencia de extracción de muestras de sangre para determinación de porcentajes de alcohol resulta compatible con las atribuciones pre- procesales de constatación del estado de personas (como es el caso en estudio) mediante un procedimiento técnico especifico (estudio de laboratorio bioquímico), de carácter meramente descriptivo y objetivo (sin apreciaciones subjetivas), que se justifican por el peligro de que la demora en su realización pudiere comprometer la investigación, ya que la presencia de alcohol en sangre decrece a medida que pasa el tiempo. Al igual que la policía describe el estado en que se encuentra un vehículo, el pavimento, la luminosidad, el clima, entre otros factores, de la misma manera describe el estado de las personas, edad, sexo, contextura física, salud, etc. El hecho de que la constatación del estado de intoxicación alcohólica de una persona involucre la intervención de un profesional de la salud, como lo es la bioquímica legal, no cambia la naturaleza descripta y no la convierte en una pericia, valga recalcar que está última -la pericia- representa un medio de prueba y no una prueba preconstituida e inobjetable.	La naturaleza del informe no se determina por la su contenido. Si por cientificidad la querella entiende el procedimiento para la obtención de un resultado que necesariamente se producirá por el suministro de determinados revenidos o precursores químicos aplicados a una muestra testigo de sangre; aunque resulta más apropiado hablar de procedimiento técnico, lo cierto es que los resultados de laboratorio no ingresan al debate como prueba, pues no se hizo bajo los parámetros formales de tal operación, pudiendo formar prueba documental que, como todo otro medio de prueba, debe desarrollarse y producirse en el plenario y está sujeto al mismo trato que cualquier otro medio de prueba, por lo que no escapa de la valoración crítica del Tribunal y de las partes.	Debe tenerse en cuenta que el informe que emite la bioquímica da fe de que la muestra analizada presenta o no presenta un determinado porcentaje de alcohol por mgl de sangre, pero no puede dar fe de que la muestra analizada pertenezca a tal o cual persona, desde que a su laboratorio ingresó una muestra rotulada, no una persona concreta, tal es lo que ha ocurrido en esta causa. En tanto que es indudable que la muestra que la bioquímica Chávez analizó presentaba los niveles de alcohol expuestos en su informe, pero hasta allí llega la autosuficiencia del informe, ya que, como la misma profesional lo afirma, no puede dar fe de la extracción de la muestra y del trayecto de la misma hasta el laboratorio.	Así entendida las cosas y en el contexto expuesto, es imposible pretender confinar al Tribunal a los resultados de laboratorio o de cualquier otro informe policial, como si se tratase de una prueba tasada o legal, incompatible con el sistema procesal actual, habida cuenta que tampoco se trata de la prueba del estado civil de una persona. Por ello es que en el debate se procuró recrear los pasos seguidos para la determinación del porcentaje de alcohol en sangre, es decir: producir la prueba. En dicha empresa el Tribunal encontró una serie de irregularidades que pusieron en duda la obtención de los porcentajes obtenidos.	Aunque al ciudadano común estas afirmaciones la identifican con una suerte de favoritismo para el acusado, en realidad son principios constitucionales que equilibran o contienen el ejercicio monopólico de poder punitivo por parte del Estado que al satisfacerse, otorgan legitimidad y justificación a su actuación.	Sea como fuere, lo que intento es destacar la inconveniencia de que un estudio de laboratorio, que no fue controlado ni por el Juez ni las partes, atraviese el proceso penal como con una coraza impenetrable hasta para el Tribunal, de manera que la decisión de condenar repose en la policía y no en los órganos dispuestos para tal fin, atentando incluso contra el sistema republicano y la transparencia en el manejo de las instituciones públicas. 4.- Otra línea crítica de la Querella tiene que ver con la valoración de testimonios por el Tribunal. Respecto de ello, cuidando de no inmiscuirme en cuestiones de percepción de conductas o comportamientos de los testigos (propio de la inmediación en el juicio) por las elocuentes referencias del querellante en tal sentido; lo que prevalece en la merituación de las ponencias testimoniales es la comprensión de ".las irregularidades del procedimiento desde la extracción de las muestras en el centro de salud por la enfermera Marta Alicia Chinen de Córdoba, la confección de la nota de remisión de muestras donde existe un agregado a mano que dice: "J O. 16:20 hs., H. M. 14:05 hs., R. C. 18:15 hs., con fecha 13/08/07 10:00 hs. sin firma, que ninguno de los testigos reconoció como suyo, ni el que confeccionó la nota de pedido de extracción de sangre Oficial Sub- Ayudante Gerardo M. Galván, ni el que llevó las muestras a bioquímica legal, irregularidad que hace incierto la veracidad de los resultados.", y ".no existe certeza respecto del modo en que el personal policial acondicionaba o limpiaba los frascos que a posteriori utilizaban para colocar las muestras de sangre que se extraían en el Centro de Salud, por lo que no se puede concluir si estaban alteradas o no por alguna sustancia.". En la claridad de los extractos que anteceden se encuentran condesados los principales argumentos del Tribunal, los que no guardan relación con los agravios. Es más: no han merecido cuestionamiento alguno de esa parte. Tampoco advierto -como parece entenderlo la Querella- que la interpretación del Tribunal surja de la consideración de los testimonios de L.D., M.L.M. y M.R.A., ninguno de ellos participó del procedimiento de extracción relatado.	Estos testigos, al igual que otros más, fueron referenciados en la sentencia por coincidir en que M. no presentaba signos de ebriedad ni aliento etílico, no como argumento principal, sino como correlato de las irregularidades del procedimiento de extracción de muestras de sangre. Igualmente, la supuesta parcialidad de algunos testigos que la querella destaca por vínculos familiares, laborales y de amistad con el imputado M en ningún momento fue ocultada o desconocido por el Tribunal, pues dentro de cada relato se ha dejado constancia del tipo de relación que existía.	La Querella también ha observado contradicciones en dos de los testigos mencionados (M. y A.), sin embargo circunscrito a los aspectos que la parte señala (fs.1736 vuelta, letras b y c), aún cuando le asiste razón, nada de ello guarda relación con el tema en discusión (estado de ebriedad o no) ni resultan determinantes para contrarrestar las razones del Tribunal.	Respecto a las consideraciones de las imágenes que surgen de las fotografías, a las que la querella llega a tildar de absurdas al decir el Tribunal que no puede observarse que M. tenga una conducta compatible con una persona que contiene 2.25% de alcohol en 100 cc de sangre, en tanto que para el impugnante bajo ningún punto de vista se puede apreciar que el estado clínico de M. no era de acentuada ebriedad.	Así expuesto, el tema no parece ir más allá que una distinta apreciación de una imagen, con la dificultad que ello implica por pertenecer al ámbito de la inmediación, de imposible control para esta Alzada. No obstante, una mirada más profunda deja a la luz que es la querella quien simplemente disfraza de agravio una discrepancia sin dar mayores aportes que su solo saber y entender. Es que el Tribunal no ha considerado las fotografías desde su intima convicción, sino que para dar su opinión sobre las mismas se valió de lo declarado por J. A. B. en el debate (acta del día 24-10-14, que consta a fs. 1559/1560 y constancia audiovisual -DVD- que tengo a la vista), médico en toxicología del Poder Judicial, a cuyas precisiones me remito pues la querella no ha cuestionado ni considerado el contenido de la declaración del nombrado profesional de la salud._	B.- Siguiendo dentro del tema "valoración de la prueba", de manera previa al abordaje de los agravios orientados a los supuestos en los que el Tribunal se apartó de las conclusiones periciales, entiendo necesario sentar las bases para ciertas cuestiones en las que advierto denominadores comunes en las impugnaciones.	1) Esto es lo que sucede con la apreciación respecto de la fuerza probatoria de las pericias y la consecuente posibilidad del Tribunal de apartarse de las conclusiones emitidas por los peritos. Estas cuestiones fueron fuertemente controvertidas por las partes. Aunque la mayoría circunscriptas a cada caso específico, dan lugar a una valoración global, sin perjuicio del tratamiento singular. De esta generalidad, de la que no escapa el Tribunal, dejo a salvo a la defensa de O, pues en sus agravios existen argumentos que abarcan y comprenden a cada tema particular._ Así, la Defensa de O. pese a transcribir un pasaje del fallo, en la parte que destaca las diferencias significativas en puntos centrales de la pericia, afirma que el sólo hecho de que los informes periciales difieran entre sí en algunos puntos no habilita al Tribunal a elaborar su propia teoría para fundar una sentencia condenatoria (postulado que se reedita en reiteradas oportunidades a lo largo de la impugnación), ya que si carecía de la certeza necesaria para condenar, en virtud del principio acusatorio, debió respetar el rol de los sujetos del proceso y en su caso dictar una sentencia absolutoria.	De otra parte del escrito casatorio, la Defensa resalta que el Tribunal no realizó una critica concreta y razonada de los motivos por los cuales se apartó de los informes periciales como paso previo a elaborar su nueva teoría, denotando una falta de fundamentación adecuada de la sentencia. Más adelante vuelve sobre lo mismo, indicado que el Tribunal no tiene permitido formular teorías sin fundamento alguno, refiriéndose en concreto, y sin perjuicio del abordaje en particular, a la elaboración propia (del Tribunal) de: a) concepto de colisión por alcance para fundar su propia teoría y así afirmar que el primer impacto se produce en el carril izquierdo "que va de norte a sur" de la avenida; b) teoría de la mecánica del hecho, para sostener -a contrario de lo expuesto por los peritos- que no existió vehículo embistente y embestido, sino que fueron co- embistente; c) sin fundamento llega a asegurar que el primer impacto se produjo a raíz de la impericia de ambos conductores.	También se agravia esa Defensa cuando el Tribunal expone que las conclusiones emitidas por los peritos no resultan vinculantes, pudiendo apartarse de las mismas conforme a las reglas de la sana critica racional, del art. 286 del C.P.P. Al respecto, considera que para apartarse de los informes periciales minimamente debió citar los motivos serios en que se funda. El Tribunal, invocó que aplicando la sana critica racional, los dictámenes periciales no resultan vinculantes, sin embargo para desvirtuar la conclusión del experto es imprescindible valorar los elementos que permitan advertir fehacientemente el error, la incorrecta aplicación de los procesos científicos, la incoherencia de argumentos.

Es así que la facultad del Juez de apartarse de las conclusiones del dictamen pericial no puede ser ejercida discrecionalmente, sino que debe tener razones fundadas. En otros pasajes del recurso insiste sobre esto y aporta jurisprudencia.	2) Así las cosas, es importante partir de una comprensión técnica y dogmática de la llamada prueba pericial. La previsión normativa que la contiene ubica este instituto como un "medio de prueba", así es la denominación del encabezado del titulo II del Código de Ritos, donde la pericia ocupa un capitulo junto a los restantes medios probatorios reglamentados, por ello existe una relación de genero-especie. Los medios de prueba son métodos por los cuales el Tribunal obtiene el conocimiento del objeto de prueba. También significa que, como medio de prueba, la pericia debe ser apreciada, confrontada y compatibilizada con las restantes pruebas o elementos de convicción que existieren. Además, la pericia no escapa a las "reglas generales" o comunes a todos los medios probatorios, esencialmente al principio de libertad probatoria y la sana critica racional como forma de valorar la prueba obtenida, consagrados en los arts. 282 y 286 del C.P.P., respectivamente.	La pericia, por su parte, en el esquema de la ley procesal, puede ser ordenada cuando resulte necesario o conveniente recurrir a expertos en conocimientos especiales en una determinada ciencia, arte o técnica para descubrir o valorar un elemento de prueba (art. 337 del C.P.P.). Este concepto se completa con el entendimiento de que la sentencia no puede fundarse en el exclusivo conocimiento privado del órgano jurisdiccional que tenga sobre la cuestión, porque así se afectaría el contradictorio y las posibilidades de control de las partes. Entonces, el conocimiento que se pretende adquirir con la pericia se profesionaliza al tener el Tribunal y las partes una explicación científica, técnica o experta (según el caso) de una circunstancia concreta que el Tribunal no está obligado a conocer o, conociendo, no puede por sí solo explicar (según el caso).	Consecuencia de lo expuesto es que el dictamen pericial -como cualquier otro medio de prueba- carece de eficacia vinculante para el Juez o Tribunal. Este es el camino que ha seguido el a quo en el caso en estudio, aunque enfocado al punto "mecánica del hecho", las alusiones al mandato del art.

286 del C.P.P. alcanzan a toda la valoración de las pericias hechas a lo largo del fallo, porque el desmembramiento en temas independientes de un mismo dictamen obedece a exclusivas razones de exposición.	Sin embargo, retomando el análisis desde lo abstracto y siguiendo a Rubén Chaia, ello de ningún modo quiere significar que el órgano jurisdiccional suplante sin motivos u omita caprichosamente las conclusiones periciales, imponiendo su opinión personal sobre las del experto. Por este motivo, si el Juez se aparta de las conclusiones brindadas en el dictamen pericial debe contar con fundamentos objetivos y controlables que funden su postura; cuestionando la opinión del experto por no resultar de pautas técnicas o científicas o por tratarse de meras afirmaciones carentes de sustento, o en franca contradicción con las restantes pruebas o con hechos públicos (Conf. Rubén A. Chaia en "La Prueba en el Proceso Penal", 2da Ed. 2015. Editorial Hammurabi. Pág. 794-795).	Ahora bien, teniendo en cuenta lo expuesto en cuanto a que el Juez debe valorar la prueba libremente (sin sujeción a estándares o tasaciones preestablecidas) y bajo las reglas de la sana critica (a saber: la lógica, la experiencia, la ciencia, el sentido común, etc.), parece existir una contradicción con las características expuestas de la pericia, en tanto que si el Juez necesita del conocimiento experto y/o científico el parámetro de la sana critica aflora como limitado, desde que la conformación de este criterio (sana critica) no necesariamente obedece ni comprende la especialidad científica o experta de la materia de que se trate. Es decir, a simple vista, sería ilógico acudir a una determinada especialidad para luego apartarse a cobijo de la libre convicción.	Esta disyuntiva se ha planteado en la causa en estudio, donde se ha tildado de arbitrario, entre otras connotaciones, al decisorio, en tanto el Tribunal abandona algunas consideraciones de los peritos. Por ello, resulta imperioso compatibilizar los extremos en su justo medio.	Pretender que el dictamen, informe o conclusión pericial goce de verdad absoluta, en el sentido de que el Juez no tenga más alternativa que acoger el informe en todos sus términos, equivaldría a convertir un método de adquirir conocimiento en una prueba legal o tasada, con el consecuente efecto de desplazar al Juez por el perito.	Al igual que lo expuse en la cuestión suscitada con las muestras de sangre, la valoración libre del Tribunal de la prueba es una garantía que hace al debido proceso y de la que aprovechan todos los actores del juicio y la sociedad, en tanto implica la discusión y argumentación, siendo susceptible de revisión, lo que no sucedería si la prueba tuviere un valor predeterminado.	También entran en consideración la ponderación de la pericia con el resto del material o elementos probatorios en un pie de paridad, decreciendo la fiabilidad de ésta en la medida en que contraríe otros datos y pruebas en mayor o menor medida, según el caso. A la inversa, se han convalidado sentencias en que se siguió la conclusión pericial cuando no había otra prueba ni a favor ni en contra.	Otras pautas para tener en cuenta al momento de sopesar el dictamen del perito, tienen que ver con grado de complejidad que involucre el procedimiento, como así también el margen de error (si lo hubiere) en la aplicación de un método científico determinado, ya que -por de pronto- no es lo mismo la prueba de compatibilidad genética (ADN), que en condiciones óptimas de muestras actualmente alcanza una fiabilidad del %99,99, que las determinaciones habituales vinculadas a los siniestros viales (velocidad, mecánica del hecho, etc.) que para explicar científicamente el suceso no basta con aplicar reglas matemáticas, físicas, etc., sino que dependen de condiciones estáticas (clima, luminosidad, estado mecánico de los rodados, estado de los conductores, etc.), como de otros datos dinámicos (pueden no presentarse) referidos a los rastros materiales (huellas de frenadas, posición final de los vehículos, daños materiales, etc.) que no siempre se presentan en condiciones óptimas para la reconstrucción del perito (como sucede en este caso), decreciendo la cientificidad del peritaje y su valor probatorio en la medida en que el perito no pueda reconstruir el evento desde los rastros materiales únicamente y necesite recurrir a testimonios u otros recursos teñidos de subjetividad.

Algo parecido ocurre con el nivel de compromiso que represente para la dilucidación del proceso el peritaje requerido, ya que -por ejemplo- no puede tener la misma incidencia la pericia que debe determinar la falsedad o no de un documento, de lo que probablemente dependa la consecución o no de un proceso penal; que el compromiso que implican pretender precisiones exactas de velocidad, condición de embistente-embestido, etc., de las que no necesariamente depende la atribución de responsabilidad por el resultado. Esto también guarda relación con la complejidad del hecho en cuanto tal, puesto que en principio son distintas las factibilidades intelectuales de percibir, desde el sentido común y excluyendo las precisiones técnicas, un accidente de transito que un delito económico que involucre medios informáticos, por citar algún ejemplo.	Bajo esta inteligencia, es importante aclarar que el Lic. Roberto Antonio Capello se desempeñó como perito oficial; el Lic. Miguel Ángel Muiños lo hizo como perito de parte, por la defensa del imputado M.; en tanto que el Lic. Lucas G. A. Delgado, como perito de parte, por el imputado O.. A su vez, éste último intervino como perito de parte en las actuaciones civiles, conjuntamente con el Lic. Néstor Expedito Cabral (perito oficial) en el Expte. Nº 196.167/07 del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Segunda Nominación, a cuyas conclusiones el Tribunal equipara al trabajo aportado por el Lic. Delgado para el expediente penal (ver fs. 1706 vuelta, último párrafo).	A su vez, en la causa obran incorporadas: pericia conjunta, a cargo del Lic. Roberto Antonio Capello y del Lic. Miguel Ángel Muiños, obrante a fs. 317/346; pericia accidentológica realizada por el Lic. Lucas G. A. Delgado, agregada a fs. 511/551; pericia conjunta por el Lic. Roberto Antonio Capello, el Lic. Lucas G. A. Delgado y el Lic. Miguel Ángel Muiños, incorporada a fs. 727/732; ampliación de pericia conjunta, Lic. Capello y Lic. Muiños, que corre a fs. 990/997; ampliación de pericia del Lic. Delgado, rolante a fs. 1007/1018. Estos elementos fueron incorporados al debate como prueba documental e informativa (según consta en la audiencia del 29-10-2014 obrante a fs 1588/1490), pero también producidos mediante los testimonios en el debate, así el Lic. Roberto Antonio Capello, Lic. Miguel Ángel Muiños y el Lic. Lucas Gerardo Arístides Delgado depusieron el 17-10- 2014, conforme acta de fs. 1439/1474, en tanto que el Lic. Néstor Expedito Cabral compareció el 27-10-2014, conforme acta de fs. 1578/1579.	Siguiendo el diseño expuesto, observo que las precisiones que en cada oportunidad fue necesario conocer y que justificaron la convocatoria de peritos, se identifican con los puntos de pericia y dentro de éstos sobre los que más se ha insistido, a saber: velocidad de los vehículos Renault Clío y Fiat Duna, mecánica del hecho, lugar de colisión, calidad de embistente-embestido, etc. Estos parámetros, pilares en ámbito de la accidentología vial (ver Barreiro, Gastón E., en "Investigación Criminal y Ciencias Forenses"- pág. 187, de la Revista de Derecho Procesal Penal 2009-2 La prueba en el proceso penal-II, dirigida por E. A. Donna, Ed. Rubinzal-Culzoni), reflejan las circunstancias sobre las que era conveniente profesionalizar el conocimiento (el sentido expuesto al inicio de este tema), convocando un experto en la ciencia que estudia la accidentología vial, con presencia y control de las partes mediante la participación activa de los peritos particulares.	Sin embargo, esto último no ha resultado del todo provechoso. Tal como lo expuso el Tribunal en sus fundamentos, respecto a: a) la determinación de velocidad, las variantes en las conclusiones van desde la imposibilidad de determinarla, pasando por estimaciones personales, razones en base a experiencias propias del perito (no experimentales de laboratorio o científicas) o teóricas, hasta formulas y resultados erróneos e inexactos; b) en cuanto a la mecánica del hecho, se verifica significativas diferencias en: b1) la determinación geográfica o zona de la primera colisión, b2) inexistencia de aportes respecto "al carril donde se habría producido el primer impacto" (excepto T), b3) errores en cuanto a "la obligación o no de ceder el paso", b4) interpretaciones no demostrables en punto establecer si el Fiat Duna invadió o no el carril izquierdo y, si lo hizo, en que medida, b6) discrepancias en orden a la forma en que se dio el contacto entre el Renault Clío y el Fiat Duna, existiendo hipótesis que hablan de colisión por alcance y de manera oblicua, en tanto también se dijo que el impacto fue angular por el avance del Duna por sobre el carril izquierdo.	3) Como ha quedado plasmado, las discrepancias versan sobre los puntos neurálgicos sobre los que el Tribunal necesitaba el apoyo experto o científico. Frente a ello, de manera general y considerando todo lo expuesto hasta el momento, puedo afirmar y coincidir con el a quo que las pericias no lograron aportar, de manera técnica, científica y objetiva, el conocimiento en la especialidad respectiva. Sin perjuicio de ello, el Tribunal indica que subsisten aquellos datos que no fueron controvertidos de una u otra forma, como la falta de determinación del lugar donde se produce el primer impacto y la condición de embistente del Renault Clío, sobre los que hubo coincidencia entre los peritos, aunque no tarda en aclarar que este último dato no necesariamente se traduce en un factor de culpabilidad. Por mi parte, sin perjuicio de volver sobre estos temas en su momento, dentro de la información aprovechable (no controvertida), incluyo las descripciones de las condiciones climáticas, de iluminación, asfálticas, etc.	A propósito de aprovechar la pericia, en este punto, sin descuidar la inmediación -pero justamente a causa de esa característica del debate-, entiendo que no debe perderse de vista que el Tribunal, como espectador privilegiado de todas las deposiciones que se dieron en el juicio, lógicamente fue gestando su conocimiento y reconstruyendo hipotéticamente el hecho a medida que los distintos actores exponían su relato, de manera que aún cuando decidió apartarse de tal o cual punto de pericia, el aprendizaje adquirido (aprovechado) es innegable. Al margen de que luego se descarte, lo cierto es que al conocer un error se conoce también la hipótesis que se pudiera creer valida.	En suma, el Tribunal es plenamente libre para valorar la prueba, incluida la pericial, según las reglas de la sana critica y el principio de libertad probatoria. Para ello (como con toda decisión en realidad), el Tribunal deberá dar sus motivos (fundar la decisión), los que no pueden ser caprichosos, arbitrarios o basados en el conocimiento privado. Pero cuando se trate de una pericia que involucre una especialidad técnica o científica que se justificó justamente para conocer tal o cual circunstancia, sobre la cual el experto convocado se supone que conoce a nivel profesional, en cuyo caso el Magistrado podrá apartase demostrando alguna de las siguientes posibilidades: contradicción con otras pruebas de igual o mayor relevancia; inverosimilitud por ser contraria a las leyes de la naturaleza o a los principios de la lógica; falta de aceptación académico-científica del método empleado; insuficiencia, falta de claridad o incoherencia en los fundamentos; conclusiones basadas en impresiones personales, no demostrables empíricamente; o bien, porque el conocimiento del hecho o circunstancia determinada no necesariamente depende del juicio del experto.	4) La consecuencia lógica que implica descartar las teorías periciales es que el Tribunal formule, desarrolle y explique, en base a la prueba producida y valorada con parámetros que proporciona la sana critica, si llegó a la certeza en cuento a la existencia del hecho delictivo primero, y a la responsabilidad de los imputados como autores o participes en el mismo, después. En tal empresa, es necesario que el Tribunal diga cómo razonablemente ocurrió el hecho y, expresa o implícitamente, porqué su interpretación no admite otra forma de ocurrencia posible. Así ha obrado el Tribunal en esta causa, ya no sólo se limitó a descartar tal o cual conclusión pericial, sino que además definió el asunto dando cuentas del convencimiento arribado sobre lo ocurrido.

Relacionado a este tema la defensa del acusado O en no pocas ocasiones destacó que el Tribunal no tiene permitido formular teorías sin fundamento alguno. Aclamación que comparto plenamente, aunque no es aplicable a este caso, en el que podrá cuestionarse los fundamentos pero es inadmisible desconocerlos.	5) Sentadas las bases generales de la prueba de pericia en el punto anterior, corresponde ahora examinar los extremos particulares concretamente impugnados, a la luz de los agravios, expuestos por orden y factor para facilitar la exposición.	B.a.- El Fiscal critica cuando el Tribunal asevera que: "lo que se puede afirmar con grado de convicción necesario para despachar una sentencia condenatoria contra M., es que iba a una velocidad superior a la prudencial.". Lo que considera insuficiente y limitado, pues resulta una cuestión indubitada entre todos los peritos y testigos presenciales que M. no sólo circulaba a una velocidad superior a la prudencial, sino que violó el deber objetivo de cuidado al conducir un vehículo a una velocidad superior a la permitida por la señalización de tránsito existente en el lugar del siniestro.	La Defensa del imputado M, sostiene que existe al menos una duda con relación a si la velocidad a la que circulaba era superior a la prudencial como lo interpretan las sentenciantes, toda vez que se estableció que no es posible determinar la velocidad a la que circulaba el Renault Clío, por lo que: el simple hecho de no haber podido conservar el gobierno del rodado y no haber previsto una maniobra antirreglamentaria del Fiat Duna que alteró la normalidad de la circulación, no lo hace culpable de ir a una velocidad superior a la prudencial. No surge de la sana critica ni es lógico sostener que quien circulaba sin infringir norma alguna debería haber podido controlar su vehiculo después de la colisión y que si no lo pudo hacer es por que su velocidad era mayor a la prudencial. En todo caso, estaríamos frente a la situación descripta en el art. 34 del C.P., que determina que no es punible el que obrare violentado por una fuerza física irresistible, con lo que -la defensa- explica el desplazamiento del Clío a consecuencia de la colisión con el Duna por la invasión de carril y, al no haberse podido establecer la velocidad a la cual transitaban los vehículos, subsiste la duda si en el caso de que M. hubiese circulado a una velocidad menor se hubiese producido o no el accidente, existiendo también la duda respecto a que la velocidad era superior a la prudencial.	En tanto que el Querellante se agravia por la afirmación del Tribunal cuando sostiene que: ".por falta de evidencias no se puede establecer de un modo técnico científico la velocidad que desarrollaban los protagonistas del siniestro.", siendo dicha afirmación arbitraria y contradictoria, toda vez, que es sabido que en el plenario intervinieron cinco peritos accidentológicos, los cuales, absolutamente todos y a pesar de sus diferencia en otros aspectos, coincidieron en determinar que el vehículo marca Renault Clío conducido por el Sr. H.G.M. se desplazaba a una velocidad antirreglamentaria por encima de los 60 Km/h permitida para la circulación en esa vía. A su turno, la Defensa del imputado ., puntualmente se agravia por los fundamentos vertidos por el Tribunal al dejar de lado la pericia realizada por los peritos Delgado y Cabral. Arbitrariamente y sin fundamento para ello, el Tribunal "afirma" que la fórmula que utilizaron dichos peritos para determinar la velocidad del Duna es la llamada John Searle, sin embargo en ningún momento los peritos nombrados indicaron que la fórmula utilizada sea tal o se llame así; tampoco consta quien es Searle, ni mucho menos cuál es su fórmula; además por tratarse de un conocimiento científico específico, no podemos suponer que lo tengan las miembros del Tribunal. Tal análisis escapa a las facultades para fundar la sentencia. Por otra parte, dicho argumento también resulta descalificable como fundamento para controvertir el citado informe pericial, máxime cuando ello no fue discutido en el debate, pese a que el Tribunal sostiene sin fundamento que "en la testimonial recibida en el plenario, nuevamente sale a la luz esta fórmula." (fs. 1707 vta. penúltimo Par. - 38 de los fundamentos), de lo contrario en las actas de debate constarían tales datos.	B.a.1.- Así las cosas. Los agravios que sobre el particular aportan el Fiscal y la Querella parecen formulados al margen de las consideraciones efectuadas por el Tribunal de Juicio en el fallo que se pretendió impugnar, tildado -eso sí- de insuficiente y limitado -Fiscal-, arbitrario y contradictorio -Querella-.	En concreto, el Fiscal sostiene que es una cuestión indubitada que M. sólo circulaba a una velocidad superior a la prudencial, sino que lo hacía a una velocidad mayor a la permitida en la señalización de tránsito existente en el lugar del hecho (60 km./hrs.); por su parte el querellante afirma que los cinco peritos., absolutamente todos y a pesar de sus diferencia en otros aspectos, coincidieron en determinar que el vehiculo marca Renault Clío (M.) se desplazaba a una velocidad antirreglamentaria por encima de los 60 Km/h permitida para la circulación en esa vía (la síntesis y los resaltados con cursiva me pertenecen).	Muy por el contrario, del fallo surge con suficiente claridad y razonabilidad: a). Que se deja de lado la pericia realizada por el Lic. Delgado y el Lic. Cabral por errores e inexactitudes (sobre esta volveré en el punto que sigue a continuación, referido a los agravios de la defensa del imputado O). b) La imposibilidad de determinar la velocidad porque no existen los elementos físicos, técnicos científicos necesarios para ello, conforme en reiteradas oportunidades el Lic. Capello lo sostuvo y mantuvo durante el debate, cuyos extractos constatan en el fallo imputado. c) El Lic. Muiños basó su cálculo de velocidad en una estimación, que puede ser apenas aproximada, sin parámetro, con la mejor buena intención y sobre experiencia. Por si queda alguna duda, éste último dijo en el debate: ".desconocemos las resistencias de los materiales, muy mal podemos determinar científicamente una velocidad, hacemos una estimación por la experiencia personal de cada uno de los que actuamos y estimamos que era levemente superior a 60 km por hora, lo cual no significa que nosotros tenemos como cierto eso de que era 60 km por hora, mayor o menor, puede ser menor, son estimaciones, no tenemos para cotejar diez quince choques de Clío con 504 en la misma característica,." (fs. 1455, 1455 vuelta y 1458).	Las conclusiones del Lic. Capello no presenta problemas pues al no poder determinar la velocidad, no compromete dudas de comprensión, a menos claro que la imposibilidad sea entendida como superior a la permitida o acorde (coincidente) a una supuesta opinión compartida por todos los peritos. Los vicios marcados por el Tribunal al Lic. Delgado y Lic. Cabral(sobre los que volveré en el punto 3.- y la subjetividad en la determinación del Lic. Muiños, dan cuenta de un yerro en el método científico aplicado (ver punto 3.-), también demuestra la falta de objetividad por ausencia de rastros materiales que sirvan para reconstruir el evento. De todas formas, ni el acusador público, ni el acusador privado, proponen otra interpretación de las pericias y de los testimonios de los peritos, no ofrecen una hipótesis que se equipare o supere las explicaciones dadas por el Tribunal, que cuente con igual o mayor respaldo en las constancias revisadas. Nada de eso. El Fiscal y la Querella simplemente se limitaron a lanzar postulados desnudos de contenidos y que no se corresponden con los registros de lo realmente ocurrido en el debate, en orden a los engorrosos dictámenes periciales sobre la velocidad.	Luego, la insuficiencia, la limitación, la arbitrariedad y la contradicción, de las que hablan los impugnantes, no cuentan con sustento argumental mínimo para demostrar lo indubitable o la coincidencia de los peritos en punto a la velocidad.	B.a.2.- El análisis que hace la Defensa de M. parte de una premisa errónea, esto es: la consideración de que las sentenciantes interpretaron que existe al menos una duda con relación a si la velocidad a la que circulaba el imputado M. era superior a la prudencial. Es decir, con ello la defensa pretende demostrar que no hubo violación a ningún deber de cuidado (en este caso, aunque la defensa no lo dice, sería conducir en exceso de velocidad), a partir de allí la defensa desacredita la responsabilidad de M. por las consecuencias que luego sucedieron (que analizaré en la mecánica del hecho), pero que básicamente puedo enunciar, utilizando el texto del agravio, de la siguiente forma: si M. circulaba sin infringir norma alguna (no conducía a una velocidad superior a la prudencial), no surge de la sana critica, ni es lógico sostener que debería haber podido controlar su vehiculo después de la colisión con el Duna, la que ocurrió porque éste invadió su carril.	Como dije, la premisa es errónea, en ningún momento el Tribunal expresó las dudas de la que habla la defensa de M.. Por el contrario, en este punto el fallo afirma que existe en grado de convicción necesario para despachar una sentencia condenatoria, lo que es compatible con la certeza positiva, que M. iba a una velocidad superior a la prudencial (ver fs. 1708), aunque claro está que por falta de evidencias técnico científicas no se pudo establecer la velocidad (exacta o aproximada) que desarrollaban los vehículos protagonistas. A lo mejor la confusión viene dada porque palabras atrás el Tribunal habló de la presunción (insuficiente para fundar una sentencia condenatoria, como lo afirma el Tribunal) de que el vehiculo Renault Clío podría haber circulado a una velocidad superior al Fiat Duna. Con lo cual, demostrada la equivocación de la base, el resto del argumento defensivo pierde sustento por si solo.	B.a.3.- Tocante a las criticas de la Defensa de O., antes que nada me remito a lo expuesto en las consideraciones generales de la prueba pericial respecto a las criticas sobre las posibilidades del Tribual de apartarse de los dictámenes periciales y del valor probatorio de los mismos.	Dicho lo anterior, subsiste la impugnación en cuanto a la denominación de la fórmula utilizada por los peritos Delgado y Cabral para determinar la velocidad.	En tal sentido, el nombre por el cual el Tribunal la llame a la formula es intrascendente y detenerse en ello no redunda en ningún tipo de beneficio, a menos que por esto último se entienda como positivo el desviar la atención de lo que podría haber sido una más interesente discusión. Me refiero al contenido de la formula o método que la misma propone, independientemente de cómo sea rotulada.	Al respecto, el Lic. Delgado y el Lic. Cabral dijeron, en los informes y en el debate, que para determinar la velocidad (teórica y aproximada) de los rodados Fiat Duna y Renault Clío tuvieron en cuenta la distancia de desplazamiento entre el área geográfica de la primera colisión y el punto de inmovilidad final, considerando dicha distancia recorrida como frenada efectiva y sin bloqueo de neumáticos, entre otros aspectos de menor importancia y asumiendo que ese método no es utilizado con frecuencia, sino que se recurre al mismo cuando no hay indicios, no hay huellas de efracción ni de frenada, siempre y cuando el personal policial hubiera marcado las distancias en que quedaron los vehículos, en cuyo caso la formula tiene una exactitud del %100 (fs. 1705vuelta/1707).	Por su parte, el Tribunal explicó que la fórmula: ".solamente resulta aplicable para determinar velocidades cuando, a raíz del choque, un objeto perteneciente o transportado por el vehículo del que se quiere establecer la velocidad (pedazo de baquelita, terrón de tierra, una valija, incluso un cuerpo), es proyectado hacia adelante a raíz del impacto, no debiendo ser este objeto tal, que rebote o sea cilíndrico o esférico y tenga la posibilidad de rodar (ejemplo neumático, pelota etc.). Ante tal circunstancia, se toma la distancia entre el lugar en que se produjo el impacto y el lugar donde quedó el objeto inmovilizado y con ese dato es posible determinar aproximadamente la velocidad del vehículo analizado. Sin embargo, se advierte que los peritos toman una distancia para determinar las velocidades en este evento que no tiene relación alguna con este método ya que la distancia tomada es la distancia entre las posiciones finales del Clío y del Duna lo cual es no pertinente. En una palabra como no se encontró objeto alguno transportado por el Duna y que haya sido proyectado por el impacto, el método es inaplicable y, en consecuencia, el cálculo y el resultado obtenido resultan falaces. En el caso, parten de un dato falso, (que es la velocidad a la que circulaba el Duna) y en consecuencia la velocidad del Clío lógicamente también seguirá la misma suerte."; ".resulta incorrecta su aplicación para tomar la medición de la velocidad de los vehículos Fiat Duna y Renault Clío y sobre todo cuando el primero fue desplazado voluntariamente por el conductor cuando buscaba lugar para estacionarse y el otro había sufrido otra colisión que alteró su trayectoria.".	La claridad conceptual del pasaje transcripto debería eximirme de comentarios. Sin embargo, cabe tener en cuenta, sumado a lo expuesto por el Tribunal, que la amplitud de la zona geográfica de colisión influye también en demérito de la determinación de la velocidad efectuada por los peritos Delgado y Cabral.	No obstante, en realidad la explicación que da el Tribunal, no es otra cosa que una descripción de la manera en que funcionan los principios de la física. En este caso, básicamente es aplicable el principio de la inercia, según el cual "todo cuerpo persevera en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él", esta fuerza externa puede ser determinada a partir de la ubicación final de los objetos involucrados según la distancia recorrida desde el encuentro de los objetos, siempre y cuando el desplazamiento hasta la ubicación final no sufra alteraciones por circunstancias ajenas o propias.	Ahora bien, tal como lo entiende el Tribunal (opinión que comparto), el desplazamiento de los vehículos Renault Clío y Fiat Duna hasta la ubicación final no se produjo de manera natural ("sin boqueo de neumáticos", según el lenguaje utilizado pro los peritos), ya que en el caso del Renault Clío el desplazamiento pos colisión con el Fiat Duna se interrumpió por el impacto con el vehiculo Peugeot 504, en tanto que el trayecto del Fiat Duna pos colisión fue manipulado voluntariamente por el conductor al buscar lugar para estacionar. Es decir, hubo bloqueo de neumáticos y no se registró el desplazamiento de algún objeto desde el interior de alguno de ambos vehículos, en el sentido expuesto por el Tribunal.	Dentro de este tema, la Defensa de O. sostiene que el desarrollo de la fórmula en cuestión involucra un conocimiento científico específico, que no puede suponer que lo tengan las miembros del Tribunal, por lo que tal análisis escapa a las facultades para fundar la sentencia. _ Es cierto que el abordaje del Tribunal sobre formulas físicas supone un conocimiento científico, pero ello no quiere decir que solamente un experto en ciencias de la física (científico) se encuentre autorizado para emitir una opinión al respecto, ya que el nivel de principios en estudio no implican dificultades para la aprehensión de cualquier persona de intelecto promedio, incluso para el más rudimentario conocimiento práctico o prudencial.	En efecto, así como la ley de la gravedad, los principios de la física involucrados en este caso, son leyes de la naturaleza, captables por los sentidos y verificables por la experiencia cotidiana que sin pensarlo nos somete a ellas. Por ello, creo que lo que verdaderamente no podríamos suponer es que los miembros del Tribunal no tengan incorporados estos principios. El conocimiento científico no crea principios, teoriza sobre ellos y los traduce en formulas universales tras la observación y repetición de situaciones, que ayudan a comprender lo que por instinto o naturaleza ya se conoce.	En suma, el análisis del Tribunal es acertado y perfectamente válido para fundar la sentencia, habida cuenta que solamente demostró una circunstancia fáctica concreta, real y probada que excluye la aplicación de una técnica determinada, sea cual fuere el nombre. Sin desconocer que la complejidad del asunto supera ampliamente la simplicidad con lo que expuse el principio de la física, porque la colisión involucra también otros aspectos que influyen en mayor o menor medida, como lo es respecto a los vehículos: la masa y volumen (y la distribución del mismo), tamaño, medidas (y las relaciones que pudieran tener), así como las posibilidades de absorber impactos según la tecnología de cada unidad, la incidencia del movimiento en sentido idéntico, entre otros factores que si escapan al conocimiento común de la física, aunque no dejan de pertenecer al dominio de sus principios, algunos de los cuales no fueron tenidos en cuenta ni por los propios peritos, así que mal podría el Tribunal y esta Alzada avanzar en tal sentido.	B.b.- Resta revisar el tópico denominado "mecánica del hecho" para finalizar el tratamiento sobre la valoración de la prueba. Por razones vinculadas a una mejor comprensión del tema, dada la particular complejidad que representa, invertiré la metodología del análisis que utilicé hasta el momento.	B.b.1.- Tal como señalé al inicio (punto III, cuarto párrafo), el Tribunal reconstruye conceptualmente los eventos sobre los que se debatió en el juicio. Al filtrar las conclusiones a modo de postulados categóricos, surge que el Tribunal llegó a la convicción positiva de que: a.) el punto del primer impacto que tuvieron los vehículos Fiat Duna y Renault Clío se sitúa en la zona geográfica comprendida entre el comienzo de la huella de fricción (que dejó el automóvil Renault Clío) estampada en el cordón que dividía la platabanda Norte Sur - Sur Norte de la avenida y el cartel que marcaba "60 Km/h" (hoy inexistente), donde la calzada tiene un ancho de 7.6 mts.. b) en ese escenario -define el Tribunal-, J.A.O. (Fiat Duna), por razones que se desconocen, invadió el carril izquierdo sin percatarse que el Renault Clío ya estaba casi a la par del mismo y lo encierra provocando que M. (Renault Clío) tenga que realizar una maniobra evasiva. c) A su vez H.G.M., sin poder establecer motivos, ante esta situación no supo mantener el dominio de su vehículo, teniendo en cuenta que no existían huellas de un frenado de pánico, que de haber existido este accionar hubiere minimizado las consecuencias fatales, no supo como actuar ante el imprevisto.	También el a quo encontró probado que: d) en dicho perímetro no existía obligación de ceder el paso y; e) este primer impacto se produce en el carril izquierdo que va de Norte a Sur de la mencionada Avenida; f) descartando las calidades de vehículo embistente y embestido, sosteniendo en su lugar que fueron amos fueron co-embistentes. A lo que se suma las consideraciones en torno a la velocidad que desarrollaban los vehículos protagonistas del siniestro, tema del que ya me ocupé ampliamente, no obstante recordar que M. iba a una velocidad superior a la prudencial, en la cual perdió el mando del automotor y alcanzó al vehículo Duna que circulaba por delante y luego cruzó al carril contrario impactando al vehículo Peugeot 504.	De inmediato se impone entonces puntualizar que la exégesis así expuesta (sintetizadas positivamente en B.b.1. a), b) y c) anteriores) no fue impugnada de forma directa y concreta. Las partes han dejado de aprovechar la oportunidad que les brinda la instancia del recurso para superar (siquiera igualar) la síntesis dialéctica desarrollada por el Tribunal. En general, las partes, a lo largo de los escritos han despertado un alto entusiasmo al insistir y mostrase sorprendidos por la interpretación del Tribunal. Llegado el caso, era esperable un esfuerzo intelectual demostrativo de lo que cada uno de los sujetos procesales entiende como yerro y/o arbitrariedad del Tribunal. Sin embargo, no pocos agravios se limitaron a reeditar la propia teoría del caso en similares términos a los alegatos finales, basándose en las conclusiones periciales sin atender las falencias que el Tribunal detectó en las mismas; en otros argumentos advierto un derroche de energías y recursos en contextos colaterales y secundarios, sin que en ningún caso cuestionen de manera suficiente el núcleo central de la reconstrucción de los hechos o demostrasen en aproximación la inverosimilitud de la hipótesis del fallo. De manera que las expectativas puestas en conocer cual o cuales era/n la/s otra/s forma/s posible/s en que ocurrieron los hechos ha resultado frustrada, y es que la reconstrucción que mejor encaja, al no admitir otra posibilidad, no es sino la racionalmente expuesta en la sentencia. Esto es: la invasión de carril de O. hasta el punto de encuentro con el Fiat Clío, conducido por M.

por el carril izquierdo; este último a su vez no intentó disminuir el riesgo que se desarrolla, ni pudo mantener el dominio de su vehículo con lo que podría haber minimizado las conocidas consecuencias.	B.b.2.- Sin perder de vista todo lo dicho, me avoco ahora a las críticas expuestas por las partes.	Sobre el particular, el Fiscal dijo que la hipótesis de que ambos conductores resultan co-embistentes y que no fue posible establecer los motivos por los cuales M. no pudo mantener el dominio de su vehículo, teniendo en cuenta que no existían huellas de un frenado de pánico, resulta una apreciación completamente subjetiva que no encuentra con respaldo en ningún elemento probatorio incorporado en la causa; por el contrario, -continúa- del simple análisis de los daños en los rodados puede advertirse la existencia del primer impacto ocasionado por el ingreso perpendicular y oblicuo del Renault Clío hacia la posición del Fiat Duna que había ingresado en la vía de circulación de aquel generando el primer impacto, el cual podría haberse evitado por M. ya sea activando levemente los frenos, accionando la bocina, o bien mediante una leve maniobra de evasión.	A su turno, el Querellante se sorprende por el apartamiento del Tribunal sobre la calidad de embestido (O.) y embistente (M.) en base a los rastros de fricción encontrados y en virtud de ello dice que existió una colisión por alcance, de lo que también había concordancia entre los peritos, para proponer la excéntrica tesis de que ambos vehículos fueron co-embistentes.	En lo que sigue, la Querella describe la manera en que habría ocurrido el impacto tomando como referencia la pericia de parte, a cuyos detalles me remito (fs.1739 y vuelta). Concluye este rubro rebatiendo la afirmación del Tribunal en cuanto a que el primer impacto se produjo en el carril izquierdo, puesto que ello resulta imposible conforme a la ubicación final de los vehículos, los daños materiales en los mismos y los rastros en el lugar de colisión.	En tanto que la Defensa del imputado O. encuentra que la motivación de la sentencia es contradictoria, cuando claramente cuestiona los informes periciales, sin embargo coincide con las pericias en que el Renault Clío "fue el que adoptó la condición de embistente"; posteriormente, en las conclusiones sostienen que "no existió vehículo embistente y embestido sino que fueron co-embistentes" (fs. 1719 vta., fs.

62 de la foliatura al pie).	También encuentra contradicciones cuando en un primer momento el Tribunal afirma: "El imputado M.. dice. que el Fiat Duna lo choca con la parte lateral trasera izquierda en la parte delantera. Esto es absolutamente compatible con lo que venimos sosteniendo"; y luego las conclusiones afirma que no existió vehiculo embistente y embestido sino que fueron co-embistentes; destacando la defensa que en otro pasaje del fallo se dice que el vehiculo Renault Clío adoptó la condición de embistente (fs. 1716 y fs. 55 de la foliatura de los fundamentos). Por ello recuerda la opinión de los peritos en cuanto a que el Renault Clío resultó ser el embistente y el Fiat Duna el embestido.	Prosigue la Defensa de O. indicando que el Tribunal anuncia que "a continuación realizaremos un análisis crítico de las pericias realizadas en autos y su exposición oral en el debate"; sin embargo, una lectura minuciosa de las expresiones de los peritos vertidas en los fundamentos, se advierte que no se realizó ningún análisis crítico o cuestionamiento serio, sino que simplemente se limita el Tribunal a transcribir algunos párrafos de la misma y de las declaraciones en el debate.	Por otra parte, sostiene que el concepto de colisión introducido en la sentencia no surge de las pruebas ni se corresponde a la especialidad de los miembros del Tribunal o, por lo menos, no surge que tal descripción sea un término unívoco que incluya todos los tipos de colisión por alcance, ya que requiere de conocimientos específicos. También califica de desafortunado cuando el Tribunal pretende descalificar la "aptitud probatoria" de los informes producidos en autos, sin aval doctrinario, en especial si se tiene en cuenta que el Lic. Delgado aclaró que hay diferentes variantes de la colisión por alcance, lo que no fue controvertido por las otras partes. Agrega que resulta incuestionable que el vehículo que llevaba una mayor velocidad es el Renault Clío respecto del Fiat Duna, lo que fue afirmado por los peritos que intervinieron en este proceso, siendo justamente el Renault Clío en razón de su mayor velocidad el que alcanza al Duna y lo embiste. En resumen: el concepto de colisión por alcance introducido por el Tribunal no es suficiente para desvirtuar la mecánica del hecho citada por los peritos.	Frente a las afirmaciones del Tribunal cuando sostiene que el primer impacto se produce en el carril izquierdo que va de Norte a Sur (refiriéndose a Avda. Ex Combatientes de Malvinas - fs. 1719vta. y 62 de los fundamentos), advierte que el carril con sentido de circulación Norte-Sur (carril Oeste), no cuenta ni contó al momento del hecho con señalización que los separe; por ello no se registró ni se hizo referencia a ello en ninguno de los informes técnicos ni en la planimetría. En especial -continúa- el Lic. Delgado al declarar en el debate manifestó que luego del separador físico triangular en la cabecera sur del puente no existía línea amarilla que indique la prohibición de cambiar de carril (fs. 1467). Por ende, teniendo en cuenta que no existe una línea que separe un carril del otro, no existen elementos que permitan inferir que esa parte invadió el carril contrario.	Refiere, trascripción parcial mediante, que las expresiones del Tribunal en cuanto a que el Lic. Tolaba señaló que el primer impacto se habría producido en el carril izquierdo, fueron tomadas fuera de contexto, lo que deviene en arbitrario.

Se agravia por la descripción que realiza el Tribunal de cómo se habría producido la mecánica de la primera colisión, la que por cierto difiere de todos las versiones de los peritos, al pretender fundarla en un supuesto cálculo trigonométrico que a su vez se realiza en base a medidas que no constan ni en el expediente ni fueron introducidas en debida forma. Nótese que se remiten a las características del espejo del Clío (rebatible), señalando una supuesta medida para indicar a cuanto sobresale de su carrocería (27 cm.), la distancia del extremo delantero derecho de la carrocería del Clío hasta el espejo, etc.. Se pregunta de dónde surgen tales datos, ya que los mismos no constan; es más nunca fueron motivo de prueba y debate, ni fueron plasmados en ninguno de los informes técnicos practicados por personal de la Policía al momento del hecho, violándose el principio de contradicción, al haberle impedido ejercer el derecho de réplica. En el caso de la bibliografía citada (manual del Renault Clío), tampoco fue legítimamente introducida como prueba en el proceso como prueba documental, por ende no pudo existir el control de esta parte en cuanto al modelo o la autoría del manual, ni en cuanto a los datos que eventualmente pudieron surgir del mismo. Referente a las medidas citadas (del espejo, de la distancia del extremo de la carrocería hasta el espejo, la afirmación de que el Duna posee 97 cm. desde la parte de atrás de lo última ventanilla triangular hacia la parte posterior, etc.), dice que tampoco tuvo la oportunidad de controlarlas, porque tales datos nunca fueron introducidos en el proceso ni siquiera fueron invocadas como probable mecánica del hecho por ninguno de los peritos. Además ante la total falta de referencia sobre tales datos, al no contar con los vehículos, no se puede tenerlas por ciertas y reales, en especial las del espejo. Siquiera puede saber si el espejo con el que cuenta el Clío sea el original de fábrica u otro, si tienen las medidas citadas por el Tribunal u otra etc. Insiste con que es arbitrario el cálculo trigonométrico que el Tribunal aduce que realizó, ya que no es suficiente con indicar un ángulo (10,75°), es necesario además indicar cuál fue el procedimiento para lograr dicho cálculo, la fórmula utilizada, de dónde se obtuvieron los elementos para tal cometido y en especial, la idoneidad de la persona que practica el cálculo; máxime cuando estamos ante un Tribunal colegiado compuesto por tres vocales. No se puede suponer que los miembros del Tribunal tengan conocimientos específicos sobre accidentología vial o sobre física.	También le causó agravio a la Defensa de O. cuando el Tribunal enuncia que el primer impacto se produjo a raíz de la impericia de ambos conductores. Por ello, expone que con la prueba producida quedan descartados tales argumentos. Así -dice- quedó probado: que el vehículo Renault Clío circulaba al momento de colisionar con el Fiat Duna a una velocidad superior a la máxima permitida para el lugar (60 km/h), no así el Fiat Duna; la calidad de embistente del Renault Clío; que M. no mantuvo pleno dominio del vehículo ni mantuvo distancia prudencial de frenada; que no existía deber de ceder el paso por parte del Fiat Duna hacia el Clío; que el Fiat Duna se desplazaba en los instantes previos a ser colisionado por el Clío dentro de la velocidad permitida, por la derecha dentro de su carril, siendo la prioridad de paso del Duna.	B.b.3.- Así las cosas, corresponde erradicar de plano los argumentos que exhiben meros desacuerdos, fastidios y/o discrepancias que no alcanzan a constituir una crítica razonada. Aunque a ésta altura de la exposición resulta incomodo, no pueden prosperar las consideraciones de la Querella, en la medida en que insiste en coincidencias en los peritos que no se corresponden con las constancias del debate (tal como ya lo indiqué puntos atrás). Tampoco es atendible la opinión contraria a la determinación del carril izquierdo como escenario de la primera colisión en base a la técnica (ya descartada) que parte de la ubicación final de los vehículos.	B.b.4.- De igual manera, carecen de entidad suficiente para poner en jaque a la sentencia las supuestas contradicciones encontradas por la defensa de O., desde que el método utilizado, consistente en comparar pasajes del fallo de manera aislada, desatienden el contexto del que fueron tomados, sin tener en consideración la idea o concepto que en cada caso el Tribunal intenta explicar. Si bien son criticables algunas expresiones del Tribunal poco atinadas para comunicar con claridad, ello no llega a opacar la inteligencia elemental del decisorio y es allí donde la contradicción sería inaceptable, lo que no ha ocurrido en este caso.	En un sentido similar se expidió la Corte local al decir que: "El cuestionamiento de la suficiencia de la prueba para la adquisición del estado de certeza, no puede intentarse efectuando un análisis aislado de cada uno de los elementos de cargo, pues el deber de motivación impone que tanto aquéllos como los que tienen significado desincriminante, sean evaluados de manera conjunta para extraer una conclusión acorde a los dictados de la sana crítica racional" (Tomo 133: 329/336 - 18/mayo/2009). B.b.5.- Superado lo anterior, surge como denominador común en los agravios presentados una aparente falta de sustento probatorio de las conclusiones del Tribunal. Por ello, entiendo necesario precisar los elementos probatorios valorados en la sentencia para definir (y no volver) los temas englobados en la mecánica del hecho.	En tal sentido, el Tribunal tuvo en consideración los siguientes datos objetivos: B.b.5.a) Inspección ocular y plano de fs. 1605 y 1609. B.b.5.b) Determinación de la zona geográfica del primer impacto, señalada por el Lic. Delgado. B.b.5.c) Huella de fricción de 5 mts., que dejó el automóvil Renault Clío antes de cruzarse hacia el carril Sur-Norte. B.b.3.d) Declaraciones de los imputados M y O., al efecto de demostrar la inverosimilitud de sus hipótesis contradictorias. B.b.5.e) Lo señalado por T., en cuanto a que el primer impacto se habría producido en el carril izquierdo, atento a la huella de fricción que había quedado estampada en el cordón. B.b.5.f) Testigo presencial, C., fue contundente al responder que el Renault Clío circulaba por el carril rápido, carril izquierdo y venía bajando del puente. B.b.5.g) Material bibliográfico consultado sobre la materia (manual del Renault Clío). B.b.5.h) Daños que presenta el Duna detallados en el acta de colisión de fs. 54, verificables en las fotografías Nº 30, 28 y 32, muestran una abolladura en la parte lateral izquierda posterior, mientras que el Clío a raíz del primer impacto presenta daños en la parte frontal derecha, una marca de pintura proveniente del Duna en el espejo retrovisor y un rayón bajo el picaporte de la puerta delantera derecha conforme fotografías Nº 8, 9 y 25. _	Forma parte del mismo plexo probatorio pero en sentido negativo, las diferencias destacadas por el Tribunal en puntos centrales de las conclusiones periciales, citando como ejemplos: 1) Carril en el que se produce el primer impacto entre los vehículos Duna y Renault Clío. 2) Concepto de "colisión por alcance". 3) Falta de determinación del lugar en donde se produce el primer impacto. 4) Condición de embistente del Renault Clío. 5) Los peritos nada aportaron respecto al carril donde se habría producido el primer impacto.	Todos estos elementos, forman la base fáctica sobre la cual el Tribunal reconstruye conceptualmente lo sucedido, relacionado e interpretando el material y descartando racionalmente la improcedencia de las hipótesis de parte, demostrando, con un controvertido cálculo trigonométrico (sobre el que volveré más adelante), la única manera razonablemente posible de ocurrencia del evento y no de otra.

Es importante -decía- dejar atrás todo agravio vinculado a la ausencia probatoria en las definiciones dadas por el Tribunal, lo que no implica aceptar las articulaciones formuladas para arribar a tal o cual definición. Por ello, en la medida de los agravios, me avoco ahora al escrutinio de la razonabilidad en formación de la convicción.	A partir de la información expuesta, el Tribunal inicia su razonamiento descartando las hipótesis de los imputados en la medida en que no encuentran respaldo en dicha información, para luego interpretar las evidencias (condensadas en los puntos B.b.5. c), e), f), g) y h) y, finalmente, plasmar la exégesis que surge de la prueba, que no admite otra solución y que se presenta como suficientemente fundada, racional, libre de arbitrariedades y plenamente posible desde lo fáctico.	A propósito de las razones dadas, la defensa de O se equivoca al decir que el fallo adverso a esa parte se funda en un supuesto calculo trigonométrico que se realiza en base a medidas tomadas del manual del Renault Clío, que no constan en el expediente y no fueron debidamente introducidas al debate por ser prueba documental.	Lo cierto es que, el recurso a una rama de la matemática (trigonometría) no es la piedra angular del reproche hacia O. sino que hace las veces de perfeccionamiento y respaldo matemático para demostrar que el accidente no pudo pasar como lo relató O.	Entiendo que lo fundamental para sustentar el hecho de que O fue cerrando el paso a M., avanzando de derecha a izquierda, se encuentra determinado por la huella de fricción de 5 mts. en el cordón, que dejó el automóvil Renault Clío antes de cruzarse hacia el carril contrario, sumado a ".la impronta de pintura blanca que tiene el Clío en el espejo (rebatible) y en la puerta delantera derecha, abajo del picaporte, sólo es compatible con el acercamiento de otro vehículo que lo roza. Además la abolladura que tiene el Duna en la parte posterior, lateral derecha es otra evidencia que a medida que se produce el desplazamiento hacia delante por parte del Fiat Duna va aumentando el ángulo relativo respecto a la dirección de circulación del Clío, es por ello que al principio roza con su parte posterior lateral derecha, apenas el espejo y la puerta delantera dejando huellas de pintura blanca para luego colisionar con su parte trasera la parte delantera del Clío. Observando la foto Nº 30 se advierte que la impronta que deja el Clío en el guardabarros trasero del Duna es progresivo, de adelante hacia atrás, esto confirma la hipótesis que el Fiat Duna cada vez se iba cerrando más al Clío.", tal como exponencialmente surge del fallo (fs. 1717 vuelta, ultimo párrafo).	Es decir, tanto la utilización de la trigonometría, para establecer un ángulo determinado, las medidas de los vehículos y el manual del Renault Clío, dieron precisión matemática y no son despreciables, pero la inteligencia del suceso era (y es) perfectamente explicable y comprensible si el Tribunal no hubiera recurrido a ellos, desde que -insisto con esto- la huella de fricción del cordón causada por el lado izquierdo del Renault Clío y los roses que se dieron del otro lado del Renault Clío, compatibles con los rastros dejados en el Fiat Duna, por si solos dan la plataforma suficiente para la reconstrucción presentada por el Tribunal.

Esto significa que, suprimiendo, metal e hipotéticamente, el manual del Renault Clío, las medidas y el cálculo trigonométrico, la hipótesis del Tribunal no pierde contundencia ni razonabilidad. También significa que los agravios orientados a cuestionar la utilización de material bibliográfico no introducido al debate, medidas y formulas matemáticas carecen de relevancia y devienen en abstractos al resultar de todos modos extremos superabundantes y que en nada cambian argumento principal en que sustenta su decisión.

Tampoco es un argumento determinante, en el sentido de que cause un quiebre en los cimientos del fallo, el intento de la Defensa de O. tendiente a desvirtuar la explicación de que el primer impacto se produjo en el carril izquierdo (sentido Norte-Sur), bajo el expediente de que el mencionado carril no cuenta ni contó al momento del hecho con señalización que separe los carriles, nunca existieron líneas continuas o discontinuas blancas o amarillas para tal fin o que indique la prohibición de cambiar de carril. Por ello - concluye la defensa-, sumado a que ninguno de los peritos pudo establecer en qué carril se produjo el impacto, determina la inexistencia de elementos que permitan inferir que O invadió el carril contrario.	Es verdad, la calzada no contaba (ni cuenta en la actualidad) con ningún tipo de demarcación, pero bajo ningún punto de vista ello habilita las conclusiones de la defensa de O., básicamente por dos razones. En primer orden, la presencia o ausencia del lineado o de otra señalización estampada en el asfalto no cambia la circunstancia fáctica de que un vehículo pueda avanzar de un lado a otro sin que el desplazamiento sea distinto en uno u otro caso. Además, la denominación y existencia real de carriles no dependen de la pintura ni del color de la misma, el carril izquierdo (vía rápida) y el carril derecho (vía lenta) existen aunque no obedezcan a un ideal de señalización y, en ultima instancia, la obligación y respecto por los carriles de circulación (sin señalización) encuentran suficiente plataforma jurídica en los usos y costumbres, de los que no está exceptuada la zona donde se produjo el siniestro. De lo contrario, es decir: aceptando que la pintura define una situación fáctica, llegaríamos al absurdo de aceptar también la licitud de circular por el carril opuesto (en contramano) con el pretexto de que no existe señalización en el asfalto, lo que es inaceptable.	En segundo lugar, a contrario de lo que sostiene la defensa, la materialidad del impacto en el carril izquierdo está suficientemente comprobado con los mismos elementos mencionados párrafos atrás (cinco metros de huella de fricción en el cordón mediero entre los carriles opuestos, causada por el lado izquierdo del Renault Clío, los daños del derecho del Renault Clío, los rastros en el lado izquierdo del Fiat Duna y el sentido de la impronta -de adelante hacia atrás- que dejó el Renault Clío en el Fiat Duna, tal como prolijamente lo expuso el Tribunal - ver fs. 1717 vuelta, último párrafo), además de ello, el Tribunal dio las razones por las cuales el hecho no ocurrió como dijo O. Por las mismas razones es lógica la redefinición de las condiciones de embistente - embestido, también cuestionado aunque desde la disconformidad, pues ningún recurrente demostró la inverosimilitud del método de las dos películas efectuado por el Tribunal. A ello le agrego que dicha determinación es meramente indicativa de una presunción de responsabilidad que recae sobre quien se presenta como embistente, pero de ningún modo resulta determinante desde el punto de vista penal, pues existen una infinidad de factores que pueden relativizar la literalidad del concepto, como sería el supuesto de colocarse en frente o por delante de un vehiculo que circula a mayor velocidad, es decir: colocarse en posición de ser embestido, por citar algún ejemplo. De más está decir, más allá de la condición que cada vehículo asuma en un accidente, lo que en verdad interesa al derecho penal es determinar si ambos vehículos (o sólo uno de ellos) sumaron una condición sin la cual el resultado muerte no se habría producido; de ser así, la medida o magnitud de cada aporte; si dicho aporte puede ser atribuido a uno o ambos conductores y, en su caso, a que título (dolo o culpa).

Estos planteos, me introducen en el siguiente tema. IX. Paso ahora al agravio coincidente de las Defensas de O. y M. cuando expresan que si el Tribunal tenía dudas razonables, o si no estaba convencido de la versión de los peritos, debió absolver, ya que no se desvirtuó el principio "in dubio pro reo", que debió aplicarse._ Al respecto, considerando todo lo dicho, entiendo que con éstos planteos se busca elevar en demasía el parámetro de suficiencia de la certeza para dictar una sentencia condenatoria válida, algo de hecho imposible, no sólo para la administración de justicia, sino que el pretendido conocimiento absoluto, equiparable a una "verdad absoluta", no sólo escapa a la ciencia, sino también a la filosofía y a la especulación metafísica y de los primeros principios, por lo menos dentro de las concepciones más aceptadas. Pero, en todo caso, demasiado alejadas de las exigencias reales para adquirir la certeza, en términos jurídicos-penales. Bien entendida, la certeza es el grado más elevado de adquisición de conocimiento de un hecho que puede ser negativa o positiva, pero que debe ser convincente y debe ser el resultado de un proceso racional en base a pruebas producidas, libremente valoradas, con sujeción a los recaudos legales establecidos, sujeta también a la explicación (motivación) que el Juez debe exponer, para dar a conocer como fue que se convenció (adquirió la certeza) de una hipótesis que consideró verificada.	La hipótesis del Tribunal ha superado exitosamente los test a que fuera sometida por lo que se obtuvo "la teoría más apta que está a nuestro alcance mediante la eliminación de las que son menos aptas." (Confr. Guzmán, Nicolás, "La verdad en el proceso penal"-Editores del Puerto s.r.l.- pág. 186).

Para ello, no es necesario que abunden pruebas de cargo irrefutables, pues, como tiene dicho la Corte de Salta, "ello implicaría elevar ese procedimiento a la categoría de prueba legal, lo que no condice con el sistema de libre convicción imperante, en que al tribunal le es dable y exigible comprobar los hechos a través de todos los elementos a su alcance". Es que "La certeza necesaria para condenar no debe insoslayablemente surgir de un panorama totalmente desprovisto de elementos favorables a la posición del acusado, como en el caso sería su negación del hecho; es claro, que una exigencia de tal naturaleza determinaría que prácticamente cualquier movimiento defensivo en el plano de la prueba, o cualquier debilidad de la evidencia, aún de la incorporada de oficio o a pedido de la parte acusadora, frustrarían la posibilidad de una condena. Sin embargo, la viabilidad de un pronunciamiento contrario al acusado requiere un convencimiento razonablemente alcanzado mediante el triunfo racional de los factores incriminantes por sobre los que revisten carácter neutro o favorable al encausado" (Fallos, Tomo 133: 329/336 - 18/mayo/2009).	A más de lo expuesto, me exime de todo comentario lo sostenido por la Corte de Justicia local, al decir: "La viabilidad de un pronunciamiento condenatorio requiere un convencimiento razonablemente alcanzado mediante el triunfo racional de los factores incriminantes por sobre los que revisten carácter neutro o favorable al acusado. Si ello no ocurre, resulta necesario salvaguardar el estado de inocencia, que no ha logrado ser revertido y del cual el beneficio de la duda es consecuencia directa y necesaria; principio que además de estar previsto en el art. 4º del C.P.P. encuentra expreso amparo constitucional en el art. 20 de nuestra Constitución Provincial, y surge de las garantías establecidas por el art. 18 de la C.N. y demás instrumentos internacionales incorporados por el art. 75 inc. 22 de ese cuerpo normativo" (Conf. CJS en Zerpa, Tomo 144:223). X. En lo relativo a los agravios relacionados a la determinación de la pena tenemos que:	A.- De la pena dictada contra H.G.M.,el Fiscal expone que no se adecua al grado de culpabilidad evidenciado, resultando a la vez desproporcionada en razón a la valoración de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos que determinaron la muerte de M.C..	Sostiene que, si bien ambos causantes determinaron el suceso, el aporte realizado por cada uno de ellos fue sustancialmente diferente, por ello merecen penas diferenciadas, ya que la conducta de M. amerita un reproche penal más intenso por consumar actos más trascendentales y determinantes para la obtención del resultado fatal.	Señaló, que si bien O., de modo sensiblemente leve, avanzó sobre el carril por el que circulaba M., éste fácilmente hubiera evitado o eludido de haber circulado a una velocidad permitida y sin encontrarse en estado de embriaguez, lo que generó que no controlara adecuadamente su vehículo e impactara no en forma paralela sino de modo oblicuo en la parte trasera del Fiat Duna conducido por O. y, seguidamente, realizar una maniobra desacertada de girar hacia su izquierda e ingresar de modo también oblicuo a la platabanda que divide ambos sentidos de la arteria impactando violentamente el rodado conducido por C. ocasionando el inmediato deceso de M. C.. Por ello, la máxima responsabilidad es de M. y debe ser más severamente penado.	Considera que también incide en la determinación de la pena la extensión del daño que sufren las víctimas, cuyo perjuicio todavía no ha terminado en sus efectos, a cuyos relatos me remito.	Demanda que sean valorados los momentos anteriores y posteriores al hecho. Entre los primeros, el estado de ebriedad en el que conducía M., afirmando que no se puede ignorar, mientras su falsedad no sea cuestionada y acogida por un juez competente, que el instrumento público que da cuenta de la presencia de alcohol en sangre del imputado es una prueba que debe considerarse pues se trata de un factor que agrava la posición del autor por la disminución para conducir que provoca el consumo de alcohol.	La conducta de M. -continúa el Fiscal- se agrava si se tiene en cuenta que se trataba de un automóvil que solo podía ser utilizado por un chofer habilitado para conducir remis y que contare con licencia profesional.	En tanto que la conducta posterior al hecho de M. lejos estuvo de prestar ayuda humanitaria a los damnificados, ni solicitando asistencia, ni poniéndose a disposición de los afectados. Refiriendo la sentencia que esto se debió a un estado de shock emocional, sin embargo no le impidió refugiarse en personas de su confianza, comportase con racionalidad y frialdad al pedir un fotógrafo para preparar su defensa. Resaltando que a lo largo de 7 años M. no evidenció gestos de arrepentimiento o de acompañamiento de las victimas.	Todas	estas	circunstancias	conducen	a	que	la	pena aplicada por el Tribunal de Juicio a G.H.M.

resulta desproporcionada e irracional a la luz de la culpabilidad evidenciada por el mismo por lo que ratifica el pedido de pena de cinco años de cumplimiento efectivo y diez años de inhabilitación para conducir.	2.- La Defensa de M. afirma que el accidente se produjo por el accionar del Sr. O. y que lo único que se le puede imputar es no poder haber prevenido el accionar antirreglamentario del coimputado y no haber podido mantener el dominio de su vehículo, razón por la cual no resulta lógico que la pena impuesta a H.G.M. sea mayor a la del Sr. O.	3.- El Querellante dice que igual arbitrariedad que en la calificación del hecho se observa en la determinación judicial de la pena, ya que pareciera que las penas de ejecución efectiva, sólo están reservadas para aquellos ciudadanos indeseables, que se procuran mantener por cuestiones de profilaxis social, lejos de nosotros. Subyace en la sentencia, éste criterio y aquél que considera la función resocializadora de la prisión como poco realizable e ineficaz, lo cual comparto, pero tomarse atribuciones tan excesivas, cuando todas las probanzas del proceso y el debate han acreditado la gravedad de la conducta desplegada por uno de los imputados es cultivar la injusticia. En el punto "Merituación de la Pena", el Tribunal ve en los imputados, gente de cierta posición social que no merecería reflexionar en la cárcel sino fuera de ella. Pero qué más arbitrario y discriminatorio que tal apreciación. En el hecho el imputado M. actuó con un total desprecio por la vida humana, con un cúmulo de imprudencias e irresponsabilidades. Por lo que pide se apliquen todos los elementos normativos que se encuentran al alcance del juzgador para intentar hacer justicia y se aplique lo que la ley manda.

4.- La Defensa de O. se agravia por considerar que pese a que la Querella no lo acusa y que el Fiscal sostiene que el grueso de la responsabilidad en el hecho es imputable a M., a esta parte se le aplica la totalidad de la condena solicitada por el Sr. Fiscal -dos años y seis meses de prisión condicional más seis años de inhabilitación para conducir-, en tanto que a M. para quien se requirió cinco años de prisión efectiva e inhabilitación para conducir durante diez años, se le impone el 60% de la pena privativa de la libertad -tres años de prisión condicional- y sólo el 70% de la pena de inhabilitación para conducir vehículos automotores -siete años-.	B.- Cabe recordar ".que los jueces tienen el deber de motivar las sentencias y ello se realiza cuando se expresan las cuestiones de hecho y derecho que los llevan a concluir en un caso concreto de determinado modo. Se cumple así un principio que hace al sistema republicano que se trasunta en la posibilidad que los justiciables, al ser absueltos o condenados" y aquí agregamos a que tipo y monto de pena, "puedan comprender claramente por que lo han sido." (Cámara Nacional de Casación Penal, Sala III, Causa n° 941 "Ruiz Karina Valentina s/recurso de casación", reg. 120/97, rta. el 4/4/97).	Pero además, entiendo que específicamente en lo referido a la determinación de la pena, el deber de motivación no sólo viene impuesto por la Constitución Nacional y las normas del Código Procesal Penal (artículos 482, 483 3º párrafo, 487 y 488 inc. c) de ese cuerpo normativo), sino que la propia existencia de los artículos 40 y 41 del Código Penal implican "un deber de fundamentación explícito que permita un control crítico racional del proceso de decisión" (Ziffer, Patricia, "Lineamientos para la determinación de la pena", AdHoc, Buenos Aires, 1996, p. 26).	Como esta Sala ha expuesto en Fallo: 2, Asiento: 5/10, Libro: 2.014/1S de fecha: 11/11/14 y, la citada por el órgano acusador ante esta Instancia, Fallo: 48, Asiento: 252/255, Libro: 2015 -01S de fecha: 23/11/2015 y la Sala I en Fallo: 3, Asiento: 10/16, Libro: 2.014/1S de fecha: 30/10/14, si bien la graduación de las penas dentro de los límites ofrecidos por las leyes respectivas, constituye el ejercicio de una facultad propia de los jueces de la causa (conf. C.S.J.N., Fallos 237:190 y 423; 255:253; 305:494; 306:1669;

315:807 y 1699; S.330.XXXV, "San Martín, Rafael Santiago", entre otros), eso no los exime de fundamentar de manera razonable aquellos extremos que los llevan a especificar el monto que aplican, de acuerdo a las pautas establecidas en los arts. 40 y 41 del Código Penal.	En este último sentido, debe tenerse presente que "entre la fundamentación de una decisión y la posibilidad de revisión judicial existe una relación recíproca. Precisamente, en la medición judicial de la pena es imposible enjuiciar su corrección exclusivamente a partir del resultado (la medida efectiva de la pena); al contrario, para ello es fundamentalmente necesario poder reconstruir el camino correcto hacia la medida definitiva de la pena. Para posibilitar un examen a la instancia de control (el Tribunal de Impugnación), se requiere junto a la obligación procesal de fundamentación, una obligación jurídico material de fundamentación" (Conf. Maurach-Gössel-Zipf, "Derecho Penal Parte General, Formas de Aparición del delito y las consecuencias jurídicas del hecho", traducción a la 7° Ed. Alemana por Jorge Bofill Genzch, Ed. Astrea, Tomo II, Buenos Aires, 1995, p. 796).	Por lo tanto, a los fines de ponderar la validez de la sentencia que determina la pena en el caso concreto, resulta indispensable que la decisión haga explícito si valora ciertas circunstancias a favor o en contra del condenado y además el por qué de esa ponderación, ".teniendo en cuenta que sólo resultan válidos argumentos que estén apoyados en valoraciones normativas." (Sgro, Marcelo, "Recurso contra la individualización de la pena", publicado Jurisprudencia Penal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2008, p. 116).	Es pertinente acentuar lo dicho por la Corte de Justicia de Salta en el caso "Alonso, Mariela de los Ángeles- recurso de casación", cuando en el considerando nº 4° sostuviera: ".que la cuestión relativa a la mensura de la pena, tradicionalmente considerada una cuestión de hecho reservada al poder discrecional del tribunal de juicio, no es una materia que escape al deber de contralor del fallo que debe cumplirse conforme al criterio de máximo rendimiento, ya que disposiciones de jerarquía constitucional como el art. 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos aclaran expresamente que el derecho a recurrir del que goza el acusado le permite solicitar a una instancia superior que se expida no sólo respecto del fallo condenatorio sino también de la pena que se le ha impuesto.".(Tomo 127: 589/602).	C.- Advierto, que en la resolución impugnada, el Tribunal de Juicio realizó una correcta valoración y análisis de la pena que impuso, aludiendo expresamente a los arts. 40 y 41 del C.P., teniendo en cuenta ".que en cuanto a los motivos, se trata de un delito de carácter culposo donde ambos imputados son considerados co-autores y que el daño ocasionado lo fue a raíz de la conducta de ambos imputados.que en orden a la naturaleza del hecho atentatorio del bien jurídico vida, mas allá de su gravedad, aconteció en el año 2007, por lo que entendemos que debe ser en suspenso la pena impuesta a ambos después del lapso de tiempo transcurrido, considerando que ambos tienen un hogar constituido, un trabajo estable, residencia permanente en la ciudad de Salta, con arraigo totalmente demostrado, no han cometido nuevos delitos, carecen de antecedentes en tal sentido además del presente, quedando demostrada de ese modo, su adecuación a las normas tanto de carácter social como jurídicas después de ese evento, encontrándose cumplida la resocialización que constituye el fin de la pena. que en cuanto a la actitud posterior al delito.no cabe efectuar un distingo en la actitud de M como lo hace el Sr. Fiscal en sus alegatos ya que todo sucedió en muy poco tiempo, donde no tuvo posibilidad de acercarse a la familia C. ya que se trasladaron prácticamente en forma inmediata al Hospital y por otra parte también se encontraba preocupado por la situación de su hija que también resultó golpeada.que tampoco puede tomarse como fundamento de una agravación a la pena el hecho destacado por la parte querellante del uso del imputado de su derecho de abstención de contestar preguntas al momento de declarar en audiencia de debate porque ello significaría la anulación del derecho de defensa que posee. para finalmente agregar, ".que entre otras pautas del art. 41 inc. 2º se considera como circunstancias atenuantes su edad, educación, entendiendo que efectivamente pueden alcanzar un grado de reflexión suficiente respecto al hecho acontecido y asumir su responsabilidad en tal sentido." (v. fs. 1720/1721 vta.).	La determinación individual de la pena es una tarea del magistrado imposible de llevar a cabo con pretensión de precisión matemática puesto que como dice Patricia Ziffer: "En el ámbito de la determinación de la pena, como en el jurídico en general, el manejo constante de conceptos valorativos torna prácticamente imposible alcanzar juicios de una precisión absoluta."(El deber de fundamentación de las decisiones judiciales y la determinación de la pena, en "Contribuciones 03/1996 Pág. 133/156). Ahora bien, aclara la autora citada: "Sin embargo ello no debe traducirse en la aceptación irreflexiva de ámbitos de discrecionalidad" (Ob. cit.), por lo que existe un deber de fundamentar la pena en cada caso, cuestión que ha querido el legislador en la redacción de las normas premencionadas.	1.- Observo que lejos de tratarse de una mención genérica de la pautas objetivas y subjetivas del Código Penal desprovista de toda relación y ponderación conjunta con los elementos de la causa, no fluye agravio a la garantía de la defensa en juicio y debido proceso con sustento en la doctrina de la arbitrariedad. En consecuencia, lo alegado por los recurrentes no es más que una insuficiente queja contra la valoración que hizo el Tribunal respecto de la sanción discernida, conformando la postulación una mera discrepancia con la solución adoptada sin perfilar una cuestión constitucional.	2.- Dentro de las circunstancias que inciden en la individualización de la pena en el caso de autos, soy de la opinión que la extensión del daño y el peligro causado es la que prima en este caso, es decir, la entidad lesiva. En sustancia aquí entra en juego la valoración de las consecuencias directas del ilícito: el daño al bien jurídico y en menor medida las consecuencias indirectas (extratípicas) pues hay que tener en cuenta el principio de prohibición de la doble valoración.	En el injusto imputado a M, la magnitud del daño es preponderante, toda vez que el encartado, en el despliegue de su conducta imprudente provocó la muerte una persona (consecuencias directas o típicas), registrándose los efectos psicológicos a raíz de la experiencia traumática del siniestro, el dolor familiar por la pérdida y daños económicos (consecuencias indirectas pero incluídas en el ámbito de protección de la norma). Como lo sostuvo el A Quo, funcionaron como atenuantes -como los sostuvo el "A quo" en su resolución-, la conducta procesal mantenida por M. durante la tramitación de todo el proceso y desde luego, su edad y su educación, que le permiten reflexionar claramente respecto al hecho delictivo y su responsabilidad penal. Agravar la pena en consideración a la extensión del daño que sufren las víctimas significaría atribuir erróneamente gravedad a una cuestión ya contemplada en el tipo penal seleccionado -Homicidio Culposo Agravado por la Conducción Imprudente de un Vehiculo Automotor (art. 84 segundo párrafo del C.P.)-, siendo precisamente allí donde estriba la calificante y la razón de la mayor penalidad, por lo que valorarlo nuevamente es ilegal.	En efecto, nos encontramos, ante la presencia de un tipo penal que contempla como parte constitutiva o calificante de su estructura típica el resultado, por lo que no resulta lógico volver a merituar dicha agravante para el mismo injusto, toda vez, que tal circunstancia modal que ya ha sido prevista por el legislador, de ningún modo debe ser utiliza y valorada nuevamente por el Juzgador para agravar la escala penal a aplicarse, ya que la doble valoración de una misma circunstancia implica lesionar la garantía constitucional de "ne bis in idem".

La posibilidad de valorar doblemente se encuentra legalmente proscripta y así lo expresó la jurisprudencia cuando señaló que: ".corresponde destacar que la individualización judicial de la pena encuentra como límite que una circunstancia fáctica prevista normativamente para agravar la escala penal no puede valorarse doblemente: como calificante en el tipo penal y como agravante en la individualización judicial. Ello obedece a que su consideración más gravosa ya fue motivo de valoración por parte del legislador a los efectos de la estructuración del respectivo tipo penal, y por ende, cometido el delito, su nueva selección por el Juzgador a la hora de acrecentar la sanción importa una vulneración de la prohibición de la doble valoración, comprendida actualmente como un aspecto de la garantía del non bis in idem" (Cf T.S.J. de Córdoba, Sala Penal, S. n° 105 del 16/5/11, autos "Oliva, Roberto Ramón p.s.a. resistencia a la autoridad, etc. Recurso de Casación", donde también se mencionó a la S. n° 13, 11/3/98, "Avalos", y S. n° 124, 10/5/10, "Pérez Aragón", entre otras).	a.- Frente a las críticas especificas desarrolladas por los recurrentes, cabe señalar, que no le asiste razón al Fiscal cuando sostiene que la conducta de M. se agravia al tratarse de un automóvil que solo podía ser utilizado por un chofer habilitado para conducir remis y que contare con licencia profesional, toda vez que al momento del accidente el imputado conducía su vehículo en calidad no profesional, es decir, no trabajando como chofer de un remisor sino como particular propietario de su vehículo paseando con su hija, por lo que dicha circunstancia aludida por la fiscalía carece de relevancia en este caso para agravar la pena ponderada.

b.- En cuanto a la consideración de la actitud de M posterior al hecho, es del caso destacar, que esta circunstancia fue correctamente valoradas y refutada por los sentenciantes al momento de ponderar y disponer la sanción penal a los imputados -coincidiendo con los mismos- cuando expresaron ".que en cuanto a la actitud posterior al delito.no cabe efectuar un distingo en la actitud de M. como lo hace el Sr. Fiscal en sus alegatos ya que todo sucedió en muy poco tiempo, donde no tuvo posibilidad de acercarse a la familia C. ya que se trasladaron prácticamente en forma inmediata al Hospital y por otra parte también se encontraba preocupado por la situación de su hija que también resultó golpeada. (v. fs. 1720 vta./1721). c.- Sobre el estado de ebriedad aludido como agravante de la pena que corresponde aplicarle a M. según el pedido tanto de la Fiscalía como la Querella, me remito a lo tratado en el punto VIII.a., por lo que no correspondía sea merituado.	3.- En lo relativo a la supuesta escasa diferencia entre la pena de prisión e inhabilitación impuesta a M. y a O., se debe hacer notar que la crítica aparece como abstracta al considerar únicamente la impuesta a cada uno. Si analizamos la escala penal que prevé el segundo apartado del Art. 84 para el homicidio culposo, en ella se eleva el mínimo a dos años, pero no sube el máximo que permanece en cinco años, produciéndose un achatamiento de la escala. Así considerado, cualquier diferencia será estrecha.	Pero el tribunal de juicio entendió adecuado no aplicar a los imputados, el mínimo de la escala penal prevista para el tipo agravado del homicidio culposo. Pero dada la solicitud de pena del Fiscal respecto de O., que constituye el límite superior, así debió hacerlo.	4.- Al respecto la Corte Suprema de Justicia de la Nación trazo los lineamientos en torno al instituto de la condena condicional y su relación con las penas de corta duración para delincuentes ocasionales cuando expreso que".el instituto de la condenación condicional previsto en el art.

26 del Código Penal tiene por finalidad evitar la imposición de condenas de efectivo cumplimiento en casos de delincuentes primarios u ocasionales imputados de la comisión de conductas ilícitas que permitan la aplicación de penas de hasta tres años de prisión. Tal aserto encuentra explicación en la demostrada imposibilidad de alcanzar en tan breve lapso de prisión el fin de prevención especial positiva que informa el art. 18 de la Constitución Nacional.".(Conf. C.S.J.N. "Squilario, Adrian y otro s/ defraudación especial" S 579 XXXIX del 8 de agosto de 2006, Considerandos 7º y 8º). Más el Tribunal de Juicio, ha fundado razonablemente la condicionalidad de las condenas impuestas, según la exigencia del Art. 26 del C.P.	5.- Por todo lo expuesto, puede concluirse que para la determinación de la pena el Tribunal ha merituado debidamente los parámetros establecidos por los arts. 40 y 41 del C.P. y que el monto de la pena impuesta a M. no puede ser considerado injusto ni arbitrario, siendo la misma proporcional a la culpabilidad del imputado, por lo que corresponde rechazar los recursos de casación interpuestos._ La Dra. Virginia H. Solórzano, Vocal Nº 3, dijo que se adhiere al voto del Vocal preopinante por sus fundamentos y conclusiones.	En mérito del acuerdo que antecede;	LA SALA III DEL TRIBUNAL DE IMPUGNACIÓN;_	RESUELVE:	I. NO HACER LUGAR a los recursos de casación interpuestos por el Fiscal Penal (fs. 1722/1727); por la defensa de H. G. M. (fs. 1728/1733); por la parte querellante (fs. 1734/1742); y por la defensa de J. A. O. (fs. 1743/1758).	II. REGÍSTRESE, PROTOCOLÍCESE y NOTIFÍQUESE.-_ TRIBUNAL DE IMPUGNACION DE LA PROVINCIA DE SALTA- SALA III- VOCALES: Dres Rubén Arias Nallar y Virginia Solórzano.