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Competencia laboral, accidentes de trabajo, personal de casas particulares, ley sobre riesgos del trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: GONZALEZ AYALA, Rosa R. c/ RUIZ GARCIA, Edwar E. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-05-10

1- Si bien el decreto 491/1997 incorporó obligatoriamente a los trabajadores domésticos que prestan servicios en relación de dependencia dentro del ámbito de aplicación de la ley 24.557, no se ha dictado la normativa necesaria para adecuar el sistema a las características de dicha actividad y en consecuencia dicha ley no ha entrado en vigencia para el supuesto de referencia.

2- Frente a un accidente laboral padecido por quien se desempeña como personal doméstico, corresponde aplicar el art. 20 de la ley 18.345 que atribuye competencia laboral cuando el reclamo se funda en disposiciones legales o reglamentarias del derecho del trabajo.
Personal policial, prevención del delito, narcotráfico, validez de los actos procesales, estupefacientes
Materia: PENAL
Carátula: MALDONADO Fernando y otro c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-05-29

Es válido lo actuado si la autoridad policial ejerció tareas de prevención con fundamento en el anoticiamiento que encontró verosímil, en cuanto, en suma, la notitia criminis obtenida por medio de una información policial acerca de la posible comisión de actividades de narcotráfico, generó como consecuencia necesaria una advertencia a las fuerzas de prevención que cumplieron las formalidades necesarias tendientes a comprobar la veracidad de la información, con el debido control de la administración judicial.
Empleados públicos, remuneración, cargo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Zamboni, Hugo Mario c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso Contencioso Administrativo de plena jurisdicción (Expte CSJ   Nº 44-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-11-05

El carácter retributivo de los servicios que cumplen los agentes públicos se presume, y la causa jurídica del sueldo reside en la realización de los servicios inherentes y propios de cada cargo. El agente también tiene derecho a percibir una compensación pecuniaria por una labor -cumplida aceptando una decisión superior válida- que excede ampliamente la que se le abonó por el desempeño de su cargo del que es titular.
Recurso de apelación (procesal), expresión de agravios, fundamentación insuficiente
Materia: PROCESAL
Carátula: P. SA c/ Municipalidad de Rawson s/ Contencioso administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-04-06

La ausencia de fundamentos específicamente referidos a las consideraciones determinantes de la sentencia adversa a las pretensiones del recurrente, importan consentimiento tácito y determina la inexistencia de agravio. Para tener por satisfechos los fines legales de la expresión de agravios, deben concretarse punto por punto, los errores fundamentales que se atribuyen a la aplicación del derecho, o en su caso en la apreciación de los hechos y su prueba, bajo riesgo de que se tenga por consentida toda decisión no objetada.
Competencia, cuestiones de competencia, estafa, cheque sin fondos
Materia: PENAL
Carátula: BALCASERO, y otro s/ CUESTIONES COMPETENCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-03-10

Cuando las constancias de la causa no permiten establecer si los hechos que se investigan constituyen estafa o emisión de cheques sin fondos, corresponde conocer de ella a la Justicia Nacional en lo Criminal de Instrucción y no a la magistratura en lo Penal Económico.
Turismo estudiantil, viajes de egresados, multa administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: COLEGIO SAN GABRIEL c/ Ministerio de Turismo s/ Apela disposición N 1700/11
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-10-30

Es procedente la multa impuesta a una institución educativa por incumplir lo previsto por el art. 1, incs. a), b) y c), de la ley 18.829, pues si bien la entidad contaba con la autorización de la Dirección General de Cultura y Educación Provincial para efectuar un viaje educativo a otra provincia, éste debió realizarse mediante una empresa de turismo estudiantil habilitada a tales efectos, conforme lo dispuesto por la ley 25.599 y Resolución 237/07 de la Secretaría de Turismo.
Sentencia, voto de los jueces
Materia: PROCESAL
Carátula: N., M. c/ M., J.  y otros s/ Daños y perjuicios s/Incidente de apelación s/Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2003-06-19

La facultad otorgada por el Código Procesal de Río Negro para solicitar voto fundado, debe interpretarse en forma estricta y restringida, por ser situación excepcional, ya que de lo contrario podría perjudicar seriamente la normal tarea del tribunal atentando contra la debida celeridad procesal.

Ello impone la existencia de razón suficiente que funde la petición.
Interpretación de la constitución, división de poderes, distribución de competencias, revisión judicial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Nicosia, Alberto Oscar s/ recurso de queja.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-09

Esclarecer si un poder del Estado tiene determinadas atribuciones exige interpretar la Constitución, lo que permite definir en qué medida - si es que existe alguna - el ejercicio de ese poder puede ser sometido a revisión judicial.
Concursos, pronto pago
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Bajamar S.A. s/ Incid. Pronto pago promovido por Capandegui Capandegui Capandegui
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-08-11

Es evidente que si el deudor conserva, en el concurso, la administración de los bienes, con el control de la sindicatura no aparece como compatible con esas finalidades la realización del bien asiento del privilegio del trabajador, por que implica una forma de liquidación de la empresa o de sus bienes en particular. Ese no es el objeto del concurso.- Adúnese a ello la letra expresa del art. 16 de la LC que prevé la satisfacción de los créditos laborales alcanzados por el pronto pago, con los resultados de la explotación.

Lo que no se compagina con la liquidación de bienes, que incluso puede llegar a impedirla.
Dictamen pericial, valor probatorio
Materia: LABORAL
Carátula: Lemes Estela Susana c/ Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (I.A.P.S.E.R.) y otros s/ Enfermedad profesional
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-04-08

No puede otorgarse preeminencia como se pretende a las actuaciones de los médicos particulares de la actora, no tienen sus dictámenes el mismo valor probatorio en un pleito que una pericia judicial. La pericia médica judicial es la prueba por excelencia en esta materia, pues a diferencia de lo actuado por un médico tratante, la pericia judicial resulta de un profesional designado por el Juez de una lista oficial, ceñido al control de las partes, y donde su actuación debe regirse por las pautas legales, actúa bajo juramento de decir verdad y sujeto a las pautas disciplinarias del código, debe explicar sus conclusiones y exteriorizar sus fundamentos, su actuación profesional está controlada y debe someterse a impugnaciones, pedidos de aclaraciones y demás actos que el magistrado considere necesarios (Voto Romero. Adhesión Welp)
Estado Provincial, bienes, embargo, régimen de consolidación de deudas, honorarios
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Lucena, Enrique Alberto c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción- Incidente  De apremio por honorarios- Oposición a embargo (Expte.: C.S.J. Nro.  204 año 2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-09-11

Corresponde hacer lugar a la oposición formulada por la Provincia al pedido de traba de embargo, ya que corresponde aclarar que mas allá de las opciones vertidas por las partes en esta causa, entiende el tribunal que no nos encontramos ante un supuesto en el que sea aplicable la jurisprudencia que se ha citado reiteradamente como un sustento básico de la pretensión esgrimida, es decir, el fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Dirección Nacional De Vialidad contra Cervecería y Maltería Quilmes". En efecto, es cierto que por imperio de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 4 de la ley 11.373 que señala "a los efectos del pago de la deuda originada en juicio con sentencia firme, la liquidación judicial, a través de la respectiva planilla definitiva, será considerada como indivisible", se ha considerado aplicable la jurisprudencia citada anteriormente que excepciona al criterio general sustentado por el máximo Tribunal en la causa "Moschini" en el sentido de considerar que, más allá de los conceptos procesales sobre el carácter de la condena, la obligación de pagar honorarios no resulta accesoria en relación a la deuda de capital y puede quedar o no comprendida en el sistema de consolación con independencia de ésta.
Depreciación monetaria, enriquecimiento sin causa, herencia, sucesiones, control de razonabilidad, buena fe, inflación
Materia: CIVIL
Carátula: Juan Carlos CORTIÑAS c/ Regino CORTIÑAS s/ RESTITUCION  DE  HERENCIA  - DEPRECIACION MONETARIA - ENRIQUECIMIENTO  SIN  CAUSA  - BUENA FE - PROCEDENCIA  DEL  RECURSO  EXTRAORDINARIO  -  SENTENCIAS ARBITRARIAS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-03-25

Es descalificable el pronunciamiento que desatiende las características propias de la obligación de restituir que, sobre la base del principio del "enriquecimiento sin causa", impone la legislación de fondo al poseedor de la herencia. Incorporando a su patrimonio un determinado "valor" -representado en el sub lite por la porción de los créditos del causante- sólo se satisface aquélla mediante la reposición al coheredero de la privación sufrida, es decir, la restauración en su patrimonio del "valor" comprometido, tal como en principio lo disponen los arts. 3422 y 3425 del Código Civil. En tales condiciones, no aparece como razonable sostener que a ese efecto sólo se tome en cuenta el importe nominal de tales créditos cuando, más allá de la buena o mala fe de los obligados, ha transcurrido un prolongadísimo lapso desde su percepción efectiva y la equivalencia de los valores ha quedado rota por efecto del agudo proceso inflacionario que ha vivido el país en los últimos años.
Daños y perjuicios, responsabilidad civil
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Mansilla, Héctor c/ Ibarzabal, Raúl Darío s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-05-05

No debe perderse de vista, al tiempo de computarse una eventual situación de los protagonistas desde una perspectiva integral.-
Relación de dependencia, accidentes de trabajo, junta médica
Materia: LABORAL
Carátula: Kravacek, Antonio c/ Molinos M.A.D.A.M. y/o quien resulte responsable s/ Indemnización por accidente de trnsito.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1995-06-20

No es procedente el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del A-quo que hace lugar a la indemnización prevista en el art.8 de la Ley 23643, alegando que se dictamina incapacidad en la Junta Médica en sede judicial a diferencia de lo realizado en sede administrativa, donde la misma no se determina. Ello así, ya que tales agravios no pueden tener eficacia, desde lo científico ni desde lo jurídico, pues la competencia técnica y profesional de los peritos, quienes se ratifican en su dictamen pericial, los principios científicos en que basan su informe y las reglas de la lógica por ellos aplicadas, demuestran acabadamente el valor probatorio de la peritación. El dictamen pericial proviene de una Junta Médica llevada a cabo en sede judicial, en la que han intervenido tres médicos, uno de ellos propuesto por la actora, y los dos restantes, funcionarios al servicio de la Justicia, integrantes del Instituto Médico Forense, lo que autoriza a descartar toda sospecha de parcialidad y maximiza la calidad científico técnico de los peritos, atento a la específica función forense por ellos cumplida.
Prueba, carga de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Fritzler, Jacobo Amadeo c/ Megsa y/u otros s/ Diferencias salariales y Horas extras
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-06-15

Toda modificación en materia de cargas probatorias o en el juego de presunciones alterando, en cierto modo, normas legales específicas o doctrina vinculante -artículo 285 del Cód. Procesal Civil y Comercial-, necesita su debida sanción legal. La incidencia decisiva que pueden tener en la solución del litigio ante la ausencia de elementos que convenzan al juez sobre la existencia o inexistencia de los hechos afirmados por los litigantes y a fin de preservar la vigencia de garantías constitucionales, exige que éstos conozcan previamente tales reglas, lo que no importa desconocer la importancia de la corriente procesal que propicia una mayor participación activa de los jueces en la búsqueda de la verdad, exigiéndoles no dudar en hacer uso de las facultades que les son propias y que en la materia se contienen, principalmente en el artículo 8 inciso a) del Cód. Procesal Laboral.
Contrato de obra pública, mayores costos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Eduardo Caccianini, Empresa Constructora c/ Municipalidad de Morón s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-02-26

Las pretensiones de los contratistas particulares dirigidas al restablecimiento de la ecuación económico financiera del contrato de obra pública encuentran posibilidad para su tratamiento en las disposiciones de la ley 8781, modificatoria de la ley 6021 de Obras Públicas. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Prueba de informes, valor probatorio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Zendri, Horacio c/ Fantina, Heraldo s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-11-28

El simple informe suministrado por la Asociación de Propietarios de Coches Taxímetros de La Plata, no constituye prueba idónea a los fines de la determinación del lucro cesante, puesto que lo allí expresado no es el informe que prevé el art. 394 CPCC., al no surgir de documento, archivo o registro contable del informante.
Sociedad irregular, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: ALONSO MANUEL, ALONSO SANTIAGO Y ALONSO MANUEL s/ SUCESIONES S-INC. RENDICION DE CUENTAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-04

Por aplicación del principio de la carga de la prueba (artículo 377 del Código Procesal) corresponde a quien alega la existencia de una sociedad de hecho o su participación en ella, el demostrar esos extremos (conf. CNCom. Sala B, E.D. 72-144) debiendo además, exigírsela a tal fin, una absoluta coherencia y precisión en los términos de su postura, reflejada entre otros elementos en la alegación del origen de la relación, su participación en el capital social y una explicación satisfactoria respecto de los motivos por los que no se imprimió a la relación un mínimo de certidumbre documental (conf. CNCom. Sala D, E.D. 78.667).
Recurso de apelación (procesal), providencia simple
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: L., M. L. s/ Adopción plena
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-03-29

El recurso de apelación contra las providencias simples, sólo procede si causan un gravamen que no puede ser reparado por la sentencia definitiva (art. 242 inc. 3º CPC). Consecuentemente, pronunciada ésta no existe posibilidad de agravio que lo haga viable. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Entidades financieras, banco central, control de entidades financieras
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Banco Multicrédito S.A. c/ B.C.R.A.(Resol. 123/95)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-18

La revocación de la autorización para funcionar resulta producto del regular ejercicio de las facultades policiales del B.C.R.A., de las que ha dicho la Corte Suprema que "no se hallan dirigidas a individuos cualquiera, sino a cierta clase de personas jurídicas (art. 9º, ley 21.526) que desarrollan una actividad específica (intermediación habitual entre la oferta y la demanda de recursos financieros). Esa actividad afecta en forma directa e inmediata todo el espectro de la política monetaria y crediticia en la que se hallan involucrados vastos intereses económicos y sociales, en razón de los cuales se ha instituído este sistema de contralor permanente, que comprende desde la autorización para operar hasta la cancelación de la misma" (Dictamen del Procurador General acogido por el Tribunal en Fallos: 303:1776).
Procedimiento laboral, sentencia arbitraria, nulidad de sentencia, despido verbal, errónea apreciación de la prueba, doctrina legal
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: SMAEL HUGO SALEE c/ SUC. ZALAZAR PEDRO CAMILO s/ INDEMNIZACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-03-14

Es arbitraria, y por ende nula, la sentencia que funda en prueba notoriamente insuficiente su conclusión en torno a que el contrato de trabajo se extinguió por el supuesto previsto en el último párrafo del art. 241 LCT, y a la vez considera no demostrado un despido directo verbal, que equivocadamente le asigna invocado al actor partiendo de una errónea interpretación del escrito de demanda.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, monto del juicio, contrato de comisión
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Formoso Arco, José y otros c/ Tuchbam, Matías s/ Consignación Faraldi Mónica L. c/ Das Neves, Antonio y ot. s/ Pago por consignación Crodimar S.A. c/ Corbelleri, Luis Alberto y ots. s/ Consignación de alquileres. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-09-09|1992-10-13|1995-08-22

El monto del juicio en la consignación está dado por la suma que se pretende consignar, actualizado al tiempo del recurso. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de casación, violación de las formas procesales
Materia: CIVIL - PROCESAL
Carátula: Corporación Riojana de Minas S.A. s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1994-09-21

A este tipo de imputaciones (violación de las formas procesales), y a los fines de su exitosa argumentación por vía de la casación, deben las formas procesales omitidas o violadas estar prescriptas bajo sanción de nulidad. Esto es así a pesar de no figurar expresamente este recaudo en la norma del inc. 2º del art. 257 del C.P.C., por su necesaria coordinación con la preceptiva del art. 120 del ordenamiento procesal cuya sistemática debe respetarse en la exégesis y por la intrascendencia jurídica de las falencias no conminadas con la sanción de invalidez.
Recurso de casación, in dubio pro reo, cuestiones de hecho y prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: CARRIZO FERNANDEZ MARCELO ALBERTO s/ DOBLE HOMICIDIO CULPOSO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1995-11-29

El principio benefactor de la duda, es materia que este Tribunal Superior de Justicia ha sostenido que no es objeto de Casación, por estar precisamente referida a hechos y pruebas y teniendo en consideración que la Casación consiste en la verificación de la recta aplicación de la Ley a hechos definitivamente juzgados.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, igualdad ante la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Augusto y Renato Vaschetti  S.A.C.I.I.F. c/ Dirección General Impositiva e Instituto Nacional de Vitivinicultura. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-03

Las distinciones normativas para supuestos que se estimen distintos son valederas en tanto no sean arbitrarias, es decir, no obedezcan a propósitos de injusta persecución o de indebido beneficio, sino a una causa objetiva para discriminar, aunque su fundamento sea opinable.
Resoluciones irrecurribles, redargución de falsedad, validez de la notificación
Materia: PENAL
Carátula: Miranda, Silvia c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-04-15

La disidencia sostuvo que lo resuelto no reviste el carácter de sentencia definitiva y que la cédula de notificación, destinada a notificar tanto a los imputados como a la defensa oficial, hace plena fe acerca de su contenido, hasta tanto, redargüida de falsa, se logre poner en crisis su validez como acto procesal emanado de un funcionario público. (Dres. David -disidencia-, Ledesma y Slokar).
Superior Tribunal de Justicia, control de constitucionalidad, Constitución Nacional, Constitución Provincial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BACCHETTA, MARCELO LUIS DARIO Y OTRO c/ MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA s/ RECURSO DE AMPARO. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº   227-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-11-19

Para analizar la Constitución local respecto de la nacional, es preciso aplicar las reglas racionales de interpretación dado que "nuestra razón nos da a entender el 'derecho' en su valor de puntualidad, dado que éste no puede ser el producto aritmético de los distintos actos legislativos diseminados en el tiempo y llevados a cabo por sujetos distintos el uno del otro y a menudo inconscientes cada uno de los entendimientos del otro. El Derecho no puede menos que ser un sistema orgánico, adaptado y correspondiente a la puntualidad del momento. Lo irracional debe ser eliminado, las desarmonías deben ser sanadas, los anacronismos superados con ayuda del elemento lógico sistemático, toda vez que entre las distintas leyes y entre las mismas disposiciones de una misma ley, media una concatenación que, descubierta por el intérprete, permite eliminar diversidades, desarmonías o antinomias, reduciendo el derecho como debe ser a coherencia sistemática. (Del voto del Dr. Ulla).
Prescripción, suspensión de la prescripción
Materia: LABORAL
Carátula: MACHIAROLA, HECTOR ARMANDO c/ CAJA POPULAR DE AHORRO Y CREDITO DE LA PROV. DE SGO. DEL ESTERO s/ DIFERENCIA DE HABERES, ETC.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-02-03

Suspender la prescripción consiste en detener o paralizar el curso de la prescripción por la existencia de causas concomitantes o sobrevinientes a su inicio, establecidas por la ley; pero no ataca ni destruye los efectos que ésta venía produciendo hasta entonces.

Por eso, el período transcurrido hasta la aparición de la causal de suspensión no se pierde, sino que se computa cuando la misma cesa y la prescripción se reanuda, hasta completar el lapso faltante de su duración; o sea que ambos períodos, el anterior y el posterior a la suspensión, se suman y computan conjuntamente para integrar el transcurso total del pertinente término de prescripción. Así lo establece nuestro Código Civil en su art. 3983.
Daños y perjuicios, responsabilidad indirecta, responsabilidad de los establecimientos educacionales, obligación de seguridad, eximentes de responsabilidad
Materia: CIVIL
Carátula: TISSERA, Eduardo y otros c/ COLEGIO SAN ANDRES y otro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-05-20

Si no se acreditó culpa de la víctima con entidad suficiente como para que reúna los recaudos del caso fortuito, como así también que se habría tratado de un accidente deportivo normal en un juego de alto riesgo, con intervención de menores de edad, que participaban de una competencia, quienes en el fragor de la contienda y con las lógicas expectativas de ganar, pudieron actuar impulsivamente, mal puede excusarse la responsabilidad del colegio para cuyo equipo jugaba y bajo cuyo contralor se encontró. Fundamentos del Dr. Dupuis