marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario, control de constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Operto, Francisco Orlando c/ Comuna de Lehmann.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-15

El art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación permite a la Corte ejercer con mayor eficacia su obligación de hacer justicia por la vía del control de constitucionalidad.
Caducidad de instancia, interpretación restrictiva, interrupción de la caducidad, ampliación de la demanda, traslado de la demanda, consignación judicial
Materia: CIVIL
Carátula: NUÑEZ MARTINEZ, HUGO c/ DUCROT, ALEJANDRA s/ Sucesión S-Escrituración
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-15

No corresponde aplicar el criterio por el cual las sucesivas ampliaciones de la demanda por consignación no importan verdaderos actos interruptivos de la caducidad de la instancia, si quien debía notificar el traslado de la demanda, justificando al mismo tiempo todos los depósitos realizados hasta entonces, ha realizado varios trámites enderezados a probarlos y ha justificado la pérdida de varios recibos en un incendio producido en el estudio del abogado, como así el extravío de algunas boletas. El hecho de que siempre dentro del plazo la parte mostró una intención concreta de continuar con el proceso sin abandonarlo, torna la cuestión bastante dudosa, y como instituto debe interpretarse y aplicarse estrictamente (conf. CNCiv. Sala D, R. 215.820 del 22-2-77; íd. R. 215.057 del 27-9-77; Sala G, R. 280.750 del 16-6-82; íd. R. 285.248 del 3-5-83), la decisión debe inclinarse en el sentido más favorable a la continuación del juicio.
Ejecución de sentencia, juicio ordinario posterior, caución real
Materia: PROCESAL
Carátula: MARTINI, CLAUDIO c/ POPRITKIN, MARCOS s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-22

En las actuaciones encuadradas dentro de la etapa de ejecución de sentencia no son aplicables los cpr:553, 556 y 591, referidos a la obligatoriedad del ejecutante de prestar fianza a las resultas del juicio ordinario que intenta el deudor, pues aquellas, en rigor, son consecuencia de un pronunciamiento definitivo que ha pasado en autoridad de cosa juzgada.
Jornada de trabajo, horas extra, jornada máxima
Materia: LABORAL
Carátula: PETERS, NILDA IRMA Y OTROS c/ COMPAÑIA GENERAL FABRIL FINANCIERA  S.A. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-15

No existiendo pacto modificatorio y careciendo el empleador de poder normativo para alterar unilateralmente la duración del trabajo -que es una categoría contractual- en su propio beneficio, el tiempo que aquella exceda de los máximos establecidos por la ley o por convenciones colectivas de trabajo, constituye trabajo extraordinario no autorizado, correspondiendo el pago con recargo conforme resulta del artículo 201 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Proceso judicial, recursos, deserción
Materia: PROCESAL
Carátula: "Bustelo Rafaél Justo c/ E.N. M° de Educación s/ Empleo Público".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-09-03

La sentencia de la anterior instancia debe ser confirmada si los agravios expresados no contienen una crítica concreta y razonada de los fundamentos dados en la instancia anterior. Ello así, corresponde declarar desierto el recurso (art. 266 C.P.C.C.N) (Cons. 3°).
Daño moral, monto de la indemnización, lesiones
Materia: PROCESAL
Carátula: Rehtanz Miguel Alberto c/ Montenegro Ruben Jesus y otro s/ D. y p. derivados del uso de automotores (con lesión o muerte)
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-02-15

En cuanto al importe fijado por daño moral ($15.000), el mismo no es de fácil determinación, toda vez que se encuentra sujeto a una prudente ponderación de la lesión a las afecciones íntimas del perjudicado, a los padecimientos experimentados a raíz de las lesiones sufridas y a la incertidumbre sobre un futuro incierto; es decir, que los agravios se configuran en el ámbito espiritual de quien los padece y no siempre se exteriorizan.
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, procedencia del recurso, juicios en que la Nación es parte, valor cuestionado en último término
Materia: PROCESAL
Carátula: Estado Nacional c/ Textil Escalada  SA. s/ expropiación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-12-19

Proceden los recursos ordinarios de apelación contra una sentencia definitiva dictada en una causa en que la Nación es parte, y el valor cuestionado en ambos casos supera el mínimo previsto por el art. 24, inc. 6x, apartado a) del decreto - ley 1285/58, modificado por la ley 21.708 y resolución de la Corte Nx 50/88.
Régimen penal cambiario, competencia
Materia: PENAL
Carátula: BANCO SHAW S.A. s/ Régimen penal cambiario Causa 32650
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-06-16

La norma modificatoria del Régimen Penal Cambiario (Ley 24144) que contempló el caso de los sumarios que estuvieran en trámite en el momento de su entrada en vigencia disponiendo su elevación a los Jueces de Primera Instancia en lo Penal Económico (Ley cit., Art.

6), de ninguna manera restringe la aptitud de dichos Jueces para conocer de las cuestiones que hubieran sido planteadas en cada caso ni tampoco puede entenderse que sea así por las providencias que hubieran adoptado los funcionarios del Banco Central anteriormente competentes.
Honorarios, perito de parte, gastos del perito
Materia: PROCESAL
Carátula: BEJARANO  DANIEL  ERNESTO  Y  OTROS c/ CAJA  NACIONAL DE AHORRO YSEGURO EN LIQUIDAC. s/ cobro de seguro.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-08

No obsta a la diferente retribución del perito y del consultor técnico, el hecho de que ambos hayan realizado dictámenes de iguales características, pues ello no gravita en la distinta calidad y responsabilidad que asumen en el proceso. El consultor constituye, bien que referido al aspecto concreto de su actuación, una figura sustancialmente análoga a la del abogado y, por consiguiente, las razones que puede exponer tienen efecto como si proviniesen de la parte misma (F. Carnelutti, Instituciones del Proceso Civil, traduc. Española, Bs. As. 1973, números 109 y 111; Sala I, causa 2633/96 del 10-9-96 y sus citas; Corte Suprema, sentencia del 23-5-95, en la causa "Magdalena de León I. c/ Osplad", publicada en E.D. 166-411, f. 47.003). La tarea que compete a los consultores técnicos no es igual a la de los peritos, ya que su responsabilidad y cargo resultan diferentes (conf. arts. 458, 459, 461 y ccdtes. del C.P.C.C.N.). Y, si bien su retribución debe guardar una razonable proporción con la de los peritos, la calidad de asistentes de las partes impide que se les otorgue un trato regulatorio similar al de aquéllos auxiliares de la justicia.
Daños y perjuicios, objeto de la demanda
Materia: CIVIL
Carátula: Compañía  Swift  de  La  Plata  SA. Frigorífica c/ Estado NacionalArgentino (PEN) s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-04

Si el objeto de la demanda ha sido el reclamo de una prestación dineraria - daños y perjuicios -, no aparece como razonable establecer un patrón de medida respecto de un bien sustituto.
Divorcio, causales de divorcio y separación personal, abandono voluntario y malicioso
Materia: CIVIL
Carátula: R.C.H.R. c/ B.A.A. s/ DIVORCIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-02-18

Corresponde rechazar como causal de divorcio voluntario y malicioso invocada por quien tuvo un trato despectivo, falta de consideración permanente, hasta efectuó amenazas hacia el consorte que se retiró del hogar conyugal. Ello, toda vez que el abandono voluntarios y malicioso previsto en el art. 202, inc. 5, del Código Civil, se refiere al alejamiento deliberado de uno de los cónyuges del hogar común por motivos que le son exclusivamente imputables, con la intención de sustraerse de las obligaciones emergentes del matrimonio, en particular las de cohabitación y asistencia.

Para que se configure debe ser voluntario en el sentido de que no haya sido determinado por causas atendibles y ajenas a la intención del que lo comete, y malicioso, es decir premeditado y con el propósito de eludir esos deberes y responsabilidades recíprocas que la ley impone a los cónyuges.
Unificación de penas, reincidencia múltiple
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: FERNANDEZ, José s/ FALSIFICACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-08-28

El predominante criterio composicional en la unificación de penas solo debe ser abandonado en circunstancias excepcionales que, no obstante la historia delictual del imputado no se da en la causa, pues los hechos juzgados son coetáneos, siendo este proceso un desprendimiento del seguido ante la justicia federal de provincia.

Sin embargo debe aumentarse la pena impuesta en atención a la calidad de multi-reincidente del inculpado y de las demás pautas de mensuración contenidas en los arts. 40 y 41 del C.P. .
Recurso de inconstitucionalidad, gravedad institucional
Materia: PROCESAL
Carátula: Cardinale, Raúl Rubén c/ Larrañaga, Agustín Domingo y/u otros s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad.   Cumplimiento de contrato (Expte. CSJ Nº 120-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-10-13

En lo atinente a la gravedad institucional, la Corte aislada y restrictivamente la ha aceptado como causal que justifica la apertura de la instancia extraordinaria. Pero, acogiendo la doctrina elaborada al respecto por la Corte Suprema de la Nación, también ha sostenido que no puede tenerse por configurado tal vicio cuando el planteo no alcanza a comprometer intereses colectivos.
Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, despido sin causa
Materia: ADMINISTRATIVO-LABORAL
Carátula: Garaventa, Liliana Dora s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado inconstitucionalidad denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-15

El contrato de trabajo, por el cual se incorporó la actora al Banco, la introdujo en una situación regida no sólo por el contrato sino por un conjunto de normas que integran naturalmente el contenido del régimen jurídico aplicable, y que pueden ir mutando a lo largo del tiempo.

Así, la Ley de Contrato de Trabajo, la Carta Orgánica del Banco, el Estatuto para sus empleados, la convención colectiva que rige la actividad del sector, las normas reglamentarias de las autoridades administrativas, impactan en el contenido de los derechos y deberes de las partes contratantes.

La posibilidad de extinguir la relación por el empleador sin expresar la causa y también la indemnización correspondiente (arts. 245 y 246, ley de contrato de trabajo) estaban previstas en el plexo normativo que enmarcó el contrato de la actora.
Competencia, competencia por la materia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: O.C.Y. c/ G.H.E. s/ Acción reclamación estado hijo extramatrimonial
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-06-22

Siendo que la nota típica en que se sustenta la competencia del Tribunal de Menores está dada por la preservación de la salud, seguridad, educación o moralidad de los menores en los supuestos de peligro (art.10, inc.b) Ley 10067) como también por la disposición de medidas que otorguen certeza a los atributos de la personalidad de los mismos, debe declararse la competencia de dicho Tribunal respecto de la acción de reclamación de estado de hijo extramatrimonial, cuando ya, ante dicho órgano jurisdiccional, tramita su causa asistencial. En tales condiciones, tal fuero especial es el que persigue el mencionado otorgamiento de certeza a aquéllos atributos. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de inconstitucionalidad, falta de prueba, Derecho laboral, contrato de trabajo
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Maidana, Antonio Luis y otros c/ Automóvil Club Argentino s/ Recurso de Inconstitucionalidad -Laboral (Expte.: C.S.J. Nro. 28 año  2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-06-18

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad desde que el A quo incurre en prescindencia de elementos probatorios incorporados a autos y provistos de relevancia para resolver la causa, lo que determina la carencia de una apreciación equilibrada del material probatorio. En efecto, se advierte la ausencia de toda referencia por parte de la Alzada, a ciertas circunstancias alegadas por la recurrente y que se vinculan al comportamiento real y concreto de los sujetos intervinientes, como por ejemplo la falta de reclamo por parte de los actores durante el largo tiempo que duró la relación que los unió con la demandada, de las obligaciones que la ley laboral impone a cargo del empleador, situación ésta que podría resultar trascendente para la dilucidación de la causa, por lo que corresponde destacar dicha particularidad porque pone en evidencia, precisamente, un comportamiento reiterado del accionante -sin que obste a ello el principio de orden público que rige en materia laboral ni tampoco la voluntad expresada en un contrato- ya que podría tener entidad para desvirtuarlos y desentrañar la realidad concreta del vínculo que uniera a las partes. Ello así, por cuanto, lo que corresponde desenmascarar es precisamente una conducta objetiva, y no formal, que se evidencia en actos concretos. Y, al respecto, en épocas actuales, con un gran sedimento de práctica, educación y reivindicación individual o colectiva de los trabajadores de nuestro país, resulta imposible aceptar que quien se considere trabajador dependiente no reclame el goce de sus vacaciones, el pago de sus aguinaldos, cuestiones que no colisionan con el principio de irrenunciabilidad de los derechos del trabajador.
Jueces, remoción de jueces, nulidad del acto administrativo, inconstitucionalidad, juicio político, Constitución Nacional, principio pro homine, principio de progresividad, beneficios previsionales, Derechos humanos, derecho constitucional a los beneficios de la seguridad social
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Boggiano, Antonio c/ Estado Nacional - Ministerio de Desarrollo Social s/ Nulidad acto administrativo - Inconstitucionalidades varias
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-12-06

El art. 75, inc. 23 de la C.N. fortalece la vigencia de principio de progresividad en materia previsional, descalificando todo accionar gubernamental que en la práctica dé un resultado regresivo en el goce efectivo de los derechos (Fallos 331:250). El decidido impulso hacia la progresividad en la plena efectividad de los derechos humanos -propia de los tratados internacionales en la materia-, sumado al principio "pro homine", connatural con estos documentos, determinan que el intérprete deba escoger dentro de lo que la norma posibilita el resultado que proteja en mayor medida a la persona humana. Y esta pauta se impone aún con mayor intensidad, cuando su aplicación no entrañe colisión alguna del derecho humano así interpretado, con otros valores, principios y atribuciones o derechos constitucionales (Fallos 330:189). De tal manera, corresponde confirmar la decisión de la anterior instancia que declaró la inconstitucionalidad del art. 29 de la ley 24.018. (Del voto de la mayoría. La Dra. Pérez Tognola votó en disidencia).
Daños y perjuicios, daño resarcible
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Arozarena de Gando, María de Luján y otros c/ Arias, José y otros s/ Daños y perjuicios Méndez Arévalo J. c/ Municipalidad de Salto y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-04-17|1997-03-25

El derecho no impone al autor del acto ilícito, como es obvio, la obligación de responder por todas las consecuencias que de cualquier modo hayan derivado de su acto, pues semejante responsabilidad sería gravemente desquiciadora de la actividad individual y de los intereses de la sociedad misma, que el derecho trata de regular y favorecer. De aquí la necesidad de establecer los límites de esta responsabilidad o, de otro modo, los requisitos que debe reunir el daño patrimonial para que sea jurídicamente resarcible. No basta, entonces, la prueba de que existió culpa o imprudencia por omisión de deberes legales y, también, daño a un tercero; es menester demostrar, además, que existió el respectivo nexo causal.
Recurso extraordinario, doctrina de la arbitrariedad, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: LUQUE E. c/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA - RECURSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-07-31

Los agravios referidos al análisis y valoración de normas locales -su inteligencia y alcance-, constituyen materia excluida del recurso. La doctrina de la arbitrariedad -excepcional-no autoriza a revisar las decisiones en tanto los magistrados no excedan sus facultades de apreciación de los hechos y del derecho, y cuyo acierto o error no incumbe a la corte apreciar. No surge acreditación por parte del recurrente de que el a-quo haya prescindido del texto legal sin dar razón plausible. El juicio de si media cuestión institucional esta reservada a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Higiene y seguridad del trabajo, ambiente de trabajo ruidoso, nivel de ruido, protectores auditivos, responsabilidad del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: PAREDES, JOSE ROSA Y OTRO c/ FERROCARRILES ARGENTINOS s/ ARTICULO 1113 CODIGO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-22

Aún cuando la empleadora provea de los elementos de protección adecuados, tal actitud preventiva no es eximente de responsabilidad por cuanto la influencia de los ruidos en el ser humano no es susceptible de valoración rígida, en razón de que no existe una cifra tope de decibeles que trace el límite entre lo dañoso y lo que no lo es, ello sin perjuicio de señalar que la incidencia de ruido varía de acuerdo a las condiciones físicas de cada persona.
Prescripción, acción penal, orden público
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Acumulación de causas art. 10, ley 23.049 s/ área Concordia. (Paraná).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-16

La extinción de la acción penal es cuestión de orden público y se produce de pleno derecho por el sólo transcurso del plazo pertinente.
Intereses, capitalización de intereses, anatocismo
Materia: CIVIL
Carátula: CARRERAS, Ricardo s/ SUCESION VACANTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-02-20

Existe anatocismo, vedado por el art. 623 C.Civil, cuando se produce la capitalización de intereses, de modo que los ya devengados se suman al capital produciendo nuevos intereses. El mencionado art. 623 establece dos excepciones, una es la Convención posterior al vencimiento de los intereses. Debe destacarse que los intereses a los que se refiere la convención posterior deben ya estar vencidos; es decir que no sería válido un acuerdo entre acreedor y deudor, posterior al tiempo de constituirse la obligación, pero anterior al vencimiento de los intereses. La otra excepción es:

Liquidación judicial aprobada. No basta al respecto, que se hubiese interpuesto la demanda e intimado el pago al deudor, sino que se requiere la decisión judicial aprobatoria de la liquidación practicada, seguida de mora derivada de una nueva interpelación.
Juicio de apremio, plan de pagos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Filcman, Enrique Jorge s/ Apremio Enrique Jorge s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-06-27

El art. 3º del decreto 237/98 dispone que, estando las obligaciones por las que se pide inclusión en la moratoria en trámite de apremio para su cobro, el acogimiento importa el desistimiento de las defensas que se hubieren articulado. La norma alude, sin hesitación, a aquéllas que resultan ajenas al régimen que tal plexo legal establece, pero no impide que, ante la prosecución de la acción por el Fisco, el deudor pueda articular como defensa su acogimiento a tal régimen aceptado por la autoridad de aplicación, a los fines de detener una ejecución por deuda que dejó de ser líquida y exigible arg. art. 518 Cód. Proc. y 18 D.L. 9122/78) por decisión del propio Estado ejecutante, transformándose en una obligación sujeta a plazo y regulada por un régimen legal distinto a aquél que dio origen al título que se ejecuta, que de tal modo quedó privado de sus efectos propios (art. 6, inc. e, D.L. 9122/78). Lo contrario llevaría a admitir que el poder administrador puede volver sobre sus propios actos, desconociendo los posteriores que modifican a los anteriores cuando los administrados ya han adquirido un derecho en virtud de aquéllos o, peor aún, que puede prevalerse de ambos, lo que llevaría a que el contribuyente se vea constreñido a pagar dos veces el mismo tributo. Ello no sólo contradice la ética más elemental y los principios generales que regulan las obligaciones tanto en el ámbito privado como en el público (art. 499 Cód. Civ.), sino que se erige en una clara vulneración del derecho de propiedad del deudor (arts.

17 Const. Nac. y 31 Const. Prov. Bs. As.).
Impuesto a las ganancias, determinación de impuestos, excesos u omisiones en el pronunciamiento, defectos en la consideración de extremos conducentes, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: Oleaginosa Oeste S.A.  c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-04

Es arbitraria la sentencia que revocó parcialmente la determinación de oficio del impuesto a la ganancias practicada por la AFIP, pues tanto el Tribunal Fiscal como la Cámara omitieron pronunciarse sobre una cuestión debidamente introducida por aquella y reconocida por la empresa actora, conducente para la correcta solución del caso, referida a que la actora no había logrado demostrar fehacientemente la fecha de concertación de las ventas efectuadas por carecer de registros, lo que la obligó a determinarla mediante un cálculo aproximado en función de la fecha de facturación.
Acción, solve et repete
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Robustelli, Francisco c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-06-30

Frente a la inexistencia de liquidación firme, comprensiva de los intereses resulta correcto el depósito de la suma originalmente determinada, pues no es la actora a quien corresponde practicar la liquidación.
Recurso contencioso administrativo, recurso de nulidad, omisión de considerar cuestión propuesta
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Mollerach, Edgardo Darío; Beltramino, José María Ignacio; Bucca, Nilda Viviana y Kreig, Alberto Emilio c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción- Recurso de  nulidad (Expte.: C.S.J. Nro. 499 Año 1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-09-04

Si bien es cierto que el Tribunal, al dictar la sentencia, no efectuó una referencia expresa a uno de los planteos propuesto por los actores, ello no justifica hacer lugar al recurso de nulidad, no sólo porque de la propia lectura del decisorio es posible extraer que tal argumento fue desechado implícitamente por el Tribunal; sino porque en los considerandos del decreto emitido por la Administración no se alude al reconocimiento de "error" alguno -como lo proponen los recurrentes en la demanda- ni que, en su caso, tal reconocimiento hubiera sido con el alcance por ellos propuesto. Por el contrario: el considerando segundo del decreto es claro en el sentido de que la Administración lo emitió por "considerar oportuno se deje sin efecto la normativa que limita el otorgamiento del citado suplemento, recobrando plena vigencia..." el artículo 61 del decreto-acuerdo 2695/83.