Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-04-28


En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut, a los 28 días del mes de abril del año dos mil ocho, se reunió en Acuerdo la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, integrada por los doctores Jorge Pfleger, Alejandro Javier Panizzi y Juan Pedro Cortelezzi, con la presidencia del primero de los nombrados, para dictar sentencia en los autos caratulados "C., M. L. p.s.a. de doble homicidio y lesiones graves en accidente de tránsito - Trelew" (Expediente 20.414 - 205 - 2006).

El orden para la emisión de los votos resultó del sorteo de fojas 1571: Panizzi, Pfleger y Cortelezzi.

El Juez Alejandro Javier Panizzi dijo:

I) El día 15 de noviembre del año 2006, el Juez Darío Rubén Arguiano, a cargo del Juzgado Correccional N° 1 de la ciudad de Trelew, dictó la sentencia registrada bajo el N° 93/06 mediante la cual declaró nulo el alegato acusatorio de la parte querellante y condenó a don M. L. C. a la pena de cuatro años de prisión e inhabilitación especial de nueve años para la conducción de automotores, accesorias legales y costas del proceso, al hallarlo autor material y penalmente responsable del delito de homicidio culposo en concurso ideal (tres hechos) con lesiones culposas (dos hechos) en virtud del hecho ocurrido el día 15 de abril del año 2001, siendo aproximadamente las 7,30 hs. en la Ruta Nacional N° 3, a diecisiete kilómetros al norte del ciudad de Trelew, en perjuicio de C. G. S. P., F. D. G., S. A. G. , S. G. G. y P. S. G. (artículos 148, 149 y 150 del Código Procesal Penal; artículos 54, 84 y 94 del Código Penal).

II) El hecho por el cual el acusado fue llevado a juicio, según la requisitoria fiscal de fs. 769/773, ocurrió en la fecha y hora citada en el párrafo precedente, en la Ruta Nacional N° 3 a diecisiete kilómetros al norte de la ciudad de Trelew, en circunstancias en que M. L. C. conduciendo un automóvil marca Ford, modelo Ranger, diesel, doble cabina, dominio xxx-xxx, en sentido norte-sur, desde la ciudad de Puerto Madryn hacia Trelew, abandonó en forma imprudente el carril de la ruta correspondiente a su sentido de circulación, invadiendo así el contrario y allí colisionó con otro rodado marca Mercedes Benz, modelo Sprinter, dominio xxx-xxx, conducido por S. G. G. , que circulaba en dirección sur-norte hacia Puerto Madryn, a resultas de lo cual fallecieron C. G. S. P. -esposa de G. -, F. D. G. y S. A. G., sufriendo P. S. G. politraumatismos de tórax, miembros superiores e inferiores, fractura de tibia, pierna izquierda, hematomas y excoriaciones múltiples, y S. G. politraumatismo de cráneo, abdomen, miembros superiores e inferiores, fracturas de cadera múltiples, fractura de rodilla y tibia pierna derecha, excoriaciones y hematomas múltiples, todos ellos ocupantes del Mercedes Benz.

III) El pronunciamiento fue impugnado a fs. 1495/1500 vta. por el defensor de confianza del acusado, doctor F. G. , fundado en los incisos 1° y 2° del artículo 415 del Código Procesal Penal.

El primer motivo de agravio fue la inobservancia de las normas procesales que el orden adjetivo establece bajo pena de nulidad, por cuanto consideró que el a quo obvió la aplicación de la ley procesal penal más benigna, como lo establece el artículo 44 de la Constitución Provincial.

Expresó que, según el texto del artículo 146 del la Ley 5478, la duración máxima de todo proceso es de tres años improrrogables contados desde la apertura de la investigación, y vencido ese plazo -según el artículo 147 del mismo ordenamiento- el Juez se encuentra compelido a dictar de oficio el sobreseimiento del acusado.

Consideró transcurrido en autos el término máximo de duración del proceso desde el inicio de la investigación, que computó a partir del acto por el cual su representado fue intimado en los términos del artículo 262 del pretérito código de rito, ocurrido a fs. 611 con fecha 8 de marzo de 2002.

Aclaró que el procedimiento no puede considerarse "complejo" en el marco del artículo 357 del Código Procesal Penal -Ley 3155-, por cuanto no concurren ninguno de los requisitos contemplados en la norma y, agregó, que un razonamiento de esa naturaleza sería atentatorio contra los derechos individuales de su pupilo.

Hizo expresa reserva de acudir en forma extraordinaria ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para el caso de no tener recepción favorable este planteo.

Denunció que -en su opinión- el Tribunal condenó mediante una valoración arbitraria de los elementos de prueba producidos en la causa. Estimó que eso acarrea la nulidad del fallo por apartamiento a las reglas de la sana crítica. Sin embargo, el recurrente omitió desarrollar los argumentos que fundan este planteo.

Halló transgredido el derecho de defensa en juicio y el debido proceso cuando se le otorgó participación al querellante adhesivo, pues había renunciado a su intervención de parte al no haber presentado conclusiones en los términos del artículo 305 del Código Procesal Penal.

El magistrado sostuvo la ausencia de requerimiento de elevación a juicio por parte del querellante -señala el recurrente- cuando juzgó nula la presentación de fs. 749 por no reunir los requisitos establecidos por el artículo 305 del C.P.P.; pero haciendo una interpretación amplia del artículo 12 del ordenamiento adjetivo, el a quo resolvió no apartar al querellante porque demostró interés en intervenir cuando fue necesaria su presencia o actividad.

El recurrente concluyó en que toda la actividad desarrollada durante el plenario por el querellante fue en desmedro de los intereses de su pupilo y sobre quien no pesaba, por esa parte, acusación fundada; motivo por el cual calificó de nula a la sentencia al valorar los magistrados elementos que no se hubieran producido si se respetaba el ritual.

Añadió que, otra de las cuestiones que causo perjuicio a su defendido fue el rechazo a su solicitud -durante el debate- de apartar al querellante, por padecer el damnificado una patología -psicosis- que obstó a su intervención en el juicio.

Por contraindicación médica S. G. no pudo declarar durante la audiencia, por lo tanto -razonó el casacionista- tampoco podía asumir el rol de querellante. Al permitirse su activa intervención durante el debate, se afectó la garantía constitucional del debido proceso, por lo que solicitó la declaración de nulidad del juicio y de todos los actos que fueron su consecuencia, conforme el artículo 149, inciso 2° del C.P.P.

El segundo agravio fue la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, porque entendió que el Tribunal hizo consideraciones relativas a la violación del deber objetivo de cuidado que utilizó para el encuadramiento típico de la conducta y, luego, como agravantes para la determinación de la pena. Esa doble valoración, en opinión del casacionista, afectó la coherencia interna de la sentencia y la regla del ne bis in idem.

Adujo que el a quo omitió un concienzudo análisis y valoración de las circunstancias atenuantes como lo prescriben los artículos 40 y 41 del C.P.P., pero -en cambio- recurrió a elementos no probados para sustentar la pena impuesta, por lo que solicitó la nulidad del fallo en los términos del artículo 363, inciso 3° del C.P.P o la imposición de una sanción que pueda dejarse en suspenso, por la menor peligrosidad del agente.

Hizo expresa reserva de acudir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para el caso de una resolución contraria a sus peticiones.

IV) El problema jurídico planteado en la primera cuestión traída a estudio por el recurrente, ya fue resuelto por esta Sala Penal en las causas caratuladas "V. , P. E. s/Abuso Sexual" (Expte. 20.584 - 233 - 2006; Sentencia Interlocutoria N° 1 del 30/01/07) y "R. , S. A. - C. , C. R. s/ Hurto agravado por abigeato en grado de tentativa" (Expte. 20.588 - 233 - 2006; Sentencia Interlocutoria N° 2 del 30/01/07), a cuyos fundamentos me remito.

Sólo recordaré que en sendos pronunciamientos, entre otras cosas, se dijo que el nuevo procedimiento penal, vigente en la Provincia desde el 31 de octubre del año 2006, establece en los artículos 146 y 358 un plazo máximo de duración de los procesos, vencido el cual, el tribunal se encuentra obligado a dictar el sobreseimiento del imputado en la causa que se trate, archivando definitivamente las actuaciones.

La Ley 5478 no compone una modificación más al procedimiento penal. Constituye un novísimo reglamento que marca tiempos y modos de actuación, de una dinámica tal que le proporciona una singularidad exclusiva.

El nuevo procedimiento estatuye un moderno sistema procesal integral, con disposiciones tan propias e interdependientes, que resulta irrazonable imponer sus términos a otro que ha sido concebido bajo parámetros diferentes.

Es inadmisible deportar normas que ponen coto a un proceso, en esta causa regida por un conjunto de reglas formales sustancialmente diversas.

No hay ley procesal penal más benigna, simplemente hay un proceso esencialmente distinto, donde el Legislador se encargó de dirimir los tiempos de su aplicación, conforme lo establecido en el artículo 421 de la Ley 5478, por ello rechazaré este argumento casatorio.

V) Tampoco procederá la denuncia de una arbitraria valoración de los elementos de prueba colectados en la causa, ni el apartamiento del juez a las reglas de la sana crítica. Ello es así porque el recurrente omitió -de manera expresa- los argumentos acerca de la supuesta parcialidad de los sentenciantes al analizar la prueba. También prescindió de consignar cuál habría sido el agravio causado por la supuesta trasgresión al método impuesto por el artículo 357 del ordenamiento adjetivo.

Es insuficiente para derribar una sentencia, el argumento de que se hizo una injusta apreciación del plexo probatorio, si en el recurso interpuesto no se refutan adecuadamente los fundamentos por los que los jueces arribaron a aquella.

VI) La defensa realizó una amplia y profunda crítica a la participación en el debate del querellante, por expresa autorización del Juez en lo Correccional, luego de que declaró la nulidad del requerimiento de elevación a juicio presentado por esa parte a fs. 749.

Sin embargo, no hay agravio para el acusado en la participación del querellante, aun cuando el juez resolvió la nulidad de la acusación privada en el juicio y declaró inoficiosa su intervención en la causa (fs. 1477, primer párrafo y fs. 1485, pto. I).

La nulidad -y aun la omisión- del requerimiento privado de elevación a juicio no afecta la legalidad del proceso ni su regular tramitación. Basta para ello con que se cumpla este acto, a cargo del acusador penal público. Mas aquella nulidad (y aun omisión) no veda la continuidad de la actuación del querellante ni su calidad de parte oportunamente admitida. Antes bien, el impedimento al querellante, de insimular al acusado, no permite otra cosa que beneficiar a éste.

Si el querellante dejara de ejercer alguna de las facultades que le son propias (v.g. recurrir, ofrecer prueba e, incluso, requerir la elevación a juicio), ello no invalida su intervención en el trámite de la causa ni su condición de parte legítima en ella. Tampoco afecta el debido proceso, en la medida en que los actos omitidos por la parte privada sean cumplidos por el Ministerio Público Fiscal.

Efectuado el acto de requerimiento del elevación a juicio por parte del acusador público, la repetición de dicho acto por el querellante es ociosa.

De manera que no es razonable el ataque a la participación del querellante que esgrimió el recurrente, por cuanto no resulta evidente ni fundado el agravio que planteó.

No hubo violación alguna a garantías de amparo constitucional, pues el imputado conoció en todo momento la acusación de la cual debió defenderse.

Lo esencial aquí es aclarar -de modo que no haya confusión en ello- que el Ministerio Público Fiscal se condujo legítimamente y cumplió con su deber de fundar sus actos (las razones con las que contó el órgano acusador al formular sus requerimientos), con lo cual, la acusación permanece incólume.

Por otro lado, el consejo impartido por el médico a S. G., de que no declarara como testigo en la audiencia, no lo incapacita para asumir el rol de querellante. El razonamiento contrario, vertido en el recurso, es una mera conjetura y no puede ser avalada jurídicamente.

Por razón de lo expuesto, es que no haré lugar a este planteo de la defensa.

VII) La crítica a la arbitrariedad en la fundamentación y determinación de la pena aplicada, tampoco es viable por lo que, también rechazaré la queja concerniente a la selección de la medida de pena efectuada por la a quo.

El motivo es que el Juez valoró y compatibilizó las condiciones que aumentaron la culpabilidad del acusado con las que la mitigaban, como así también las demás pautas mensurativas de los artículos 40 y 41 del Código Penal.

Esta razón, se acentúa ante la falta de contradicciones en los criterios del a quo para dosificar el monto de la sanción punitiva, por cuanto las norma del ordenamiento sustantivo reseñadas no contienen bases taxativas de fijación sino que la dejan librada al juez, dentro de los límites de la ley.

El magistrado cumplió con la exigencia que le impone el principio de culpabilidad, concerniente a que la acción punible le pueda ser atribuida al imputado tanto objetiva como subjetivamente, lo que exige para aplicar una sanción la posibilidad cierta de ajustar la conducta individual a los mandatos de las normas jurídicas.

Es decir, valoró la culpabilidad del autor por el hecho y aplicó ese principio al momento de mensurar la pena aplicable a la luz de los artículos 40 y 41 del Código Penal.

La doble valoración de la que se queja el recurrente no es más que el estricto acatamiento de la ley. Porque el juez, en primer lugar, comprobó la culpabilidad del acusado para poder aplicar una condena y, en segundo, lo hizo para determinar la mensura de esa condena.

Copio a Enrique Bacigalupo para respaldar lo dicho: "El principio de culpabilidad excluye la legitimidad de toda pena que no tenga por presupuesto la culpabilidad del autor y que exceda la gravedad equivalente a la misma... la culpabilidad como presupuesto de la pena y la culpabilidad como fundamento de la determinación cuantitativa de la pena aplicable difieren en su contenido de una manera clara. Mientras la primera tiene la misión de constatar los elementos que fundamentan la reprochabilidad del autor, la segunda tiene que establecer los criterios de la medición de la gravedad del reproche." (autor citado, Derecho Penal Parte General. Segunda edición, Ed. Hammurabi, 1999, págs. 169 y 171).

De manera que los agravios vertidos no son eficaces para adulterar o corromper la valoración circunstanciada que efectuó el Juez en lo Correccional para determinar la pena, ya que no media contradicción con las pautas que establecen los artículos citados.

VIII) Éstas son las razones que invoco para confirmar la sentencia recurrida, y rechazar el remedio intentado por la defensa del acusado a fs. 1495/1500 vta., con costas (artículo 24, inciso 2°, 415, 485 y concordantes del Código Procesal Penal) IX) Regulo los honorarios profesionales de la defensa, por su actuación en esta instancia, en la suma de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA ($ 350.-), no incluye el importe correspondiente al IVA (artículos 6, 10, 14, 45 y concordantes del Dto. ley 2200, T.O. 4335; 59 de la Ley 4920, Dto. 1303, B.O. 24/10/02).

Así voto.

El Juez Jorge Pfleger dijo:

I. Me permito iniciar el trabajo que me toca sin enunciar los antecedentes que motivan la inspección casatoria.

Lo consiente la muy precisa y prolija relación formulada en el primer voto a cuyos términos me remitiré, no por holganza sino por prudente.

De allí que, en el orden en que fueron tratadas, desarrollaré sin más prólogo que el presente la convicción que he formado acerca del contenido de las impugnaciones.

II. Con relación al primer punto que toca a los plazos contenidos en el nuevo ordenamiento procesal vigente, y la posibilidad de que sus disposiciones operen retroactivamente, reiteraré lo que dije en otro precedente de cercana factura: en el tratamiento de tópicos que atienden a la persistencia o no de la acción penal pública, los Tribunales han de actuar con suma prudencia tanto y más cuando la clausura de la capacidad estatal no se funda en los postulados del Código Penal sino en normas adjetivas y, para más, en la aplicación retroactiva de un orden procesal penal nuevo que- según ya he dicho- prevé y da solución a cualquier incertidumbre que sobre la materia pueda plantearse.

En otras palabras. No he encontrado argumentos que convenzan de la incorrección de la postura de esta Sala cuando reiteradamente ha sentado el criterio de que en materia de plazos procesales que involucran la aplicación de normas como aquella que la Defensa Técnica ha hecho referencia, la Ley 5478 no es aplicable retroactivamente.

He tratado extensamente esa tópica en autos "T., L. H. s/Abuso Sexual de menor de trece años agravado por el vínculo filial, convivencia preexistente-Esquel" (expediente 20.740- Letra T- folio 262- año 2006), en los que pretendí agotar el tema.

Me pronuncié contrario a lo que se había decidido pues estimé que debía imperar el orden jurídico que era virtual al momento de constituirse la relación jurídico procesal, en sintonía con la posición que esta Sala sostuvo de inicio, cuando abordó el tratamiento del tema ante un recurso casatorio arribado a los estrados.

Así las cosas la doctrina legal que se ha sentado exime de extender en demasía las palabras, quedando sólo señalar que el proceso no se ha extendido en el tiempo de modo irrazonable ni resulta banal su desarrollo, condiciones por las que, excepcionalmente, se ha homologado un sobreseimiento con base en esos argumentos (ver mi voto en causa "L., U. D. - C. , A. E. s/ Robo en grado de tentativa" Expediente N° 20.674 - 248 - 2006 ).

Así señalado, propicio que se desestime el pedido efectuado en ese sentido.

III. En cuanto a la denuncia formulada por el recurrente, respecto a la arbitraria apreciación de la prueba y el apartamiento del método de la sana critica, habré de coincidir con el colega que me precede en el orden de votación, por entender, como éste bien lo ha señalado, que no se han dado los contenidos de la discordia, ni se ha formulado una indicación del agravio sufrido por esa parte.

IV. La nulidad planteada por el recurrente a partir de considerar que el "a-quo" había trasegado el derecho de defensa en juicio y el debido proceso al otorgarle participación a quien no se encontraba facultado procesalmente para ejercela, por haber desistido de su derecho, deberá rechazarse.

Es que los fundamentos en que basó su pedido el impugnante, esto es que el querellante no había presentado las conclusiones conforme lo prescribe el artículo 304 del Código Rituario, son incorrectos, pues una presentación defectuosa no implica desistimiento.

La palabra conclusiones, a las que refiere el artículo 12, apartado 6° del C.P.P, concierne al alegato final luego del debate, pues no otra inteligencia es posible si se toma en cuenta el párrafo que la precede ("...Se considerará que ha renunciado a su intervención cuando, regularmente citado, no compareciere a la primera audiencia de debate..."). Esta locución es ajena a la que estatuye el art. 306 del rito, pues la "conclusión" a la que alude éste se vincula con la crítica instructoria, que ocurre en un estadio diferente.

Sobre el punto estimo acertados los fundamentos dados por el Tribunal de Mérito cuando sostuvo que tales conclusiones hacen referencia al alegato final después de ventilado el juicio en la audiencia de debate, y no a la requisitoria de elevación a juicio.

Por esa razón, la declaración de nulidad del escrito de fs. 749 por deficiencia en su construcción, no trajo aparejada en forma automática la separación del querellante por desistimiento, tanto y más, cuando, como bien lo consideró el Juez de Grado, del mismo escrito se desprende la intención de impulsar el procedimiento con un reproche más gravoso que el realizado por el Acusador Público.

V. La crítica del defensor respecto de una doble valoración en la determinación de la pena, tampoco será aceptada.

Es un principio aceptado, y reconocido en la norma, arts. 40 y 4l del Código Penal, que el monto de la condena debe resultar de la apreciación de todas las circunstancias del caso.	Tal cosa ha ocurrido en el bajo examen.

En la justificación del cuantum punitivo, el Juez pasó revista de las circunstancias anteriores, concomitantes y posteriores del siniestro, poniendo de relieve distintas características que no son propias del tipo penal sino que, por el contrario, son contingentes y privativas del accionar del imputado en la causa.

En esa tarea destacó que: "... la naturaleza de la acción desplegada por C. implica un total desprecio por la vida ajena, en virtud del que teniendo cabal conciencia desde que decidió el viaje a Puerto Madryn que debía regresar a la Ciudad de Rawson, decidió la vuelta a esta Ciudad, sabiendo que había ingerido bebidas alcohólicas en exceso y que estaba cansado, conduciendo la Ford Ranger a una velocidad temeraria, conjunción toda esta de factores que lo ponen como único causante del hecho que hoy nos ocupa..."	Es cierto que los delitos imputados son los llamados delitos imprudentes que implican la trasgresión de un deber de cuidado que provoca un resultado lesivo. Pero, en el caso, puesto en la tarea de establecer la pena a imponer, el Juez no ponderó dos veces a la imprudencia que hace a la construcción del delito, sino que describió una serie de acciones constitutivas de una calidad que repicó en la pena, cuales son: 1. decidir la conducción alcoholizado, 2. hacerlo durante un trayecto extenso (Puerto Madryn a Rawson), 3. por un tiempo prolongado, 4. en la oscuridad de la noche, 5. sin haber dormido lo suficiente las 24 horas anteriores, 6. a velocidad excesiva, 7. en un vehículo de gran porte.

Tales notas conforman una caracterización que ponen en valor la entidad de la imprudencia que se reprocha al incuso, que no en todos los casos es idéntica.

De igual modo, la mensuración que el Juez "a-quo" realizó del perjuicio a los bienes jurídicamente protegidos por la norma, como elemento agravante, ha sido legal, ya que no es lo mismo la imprudencia que provoca un daño pequeño y la que siega la vida de tres personas y causa lesiones graves a otras dos, como ocurrió en este caso.

Los importantes perjuicios causados a la familia G. no son distintos a los que las personas conocen en lo cotidiano (con otros nombres) a través de los medios gráficos y televisivos, y que, obviamente, muestran a cualquier persona las terribles consecuencias que puede acarrear el asumir el manejo de vehículos del modo en que se reprocha.

De lo dicho deviene que la sanción aplicada sea correcta y deba de ser homologada.

El Juez de la inspeccionada ha actuado con apego a las reglas de los arts. 40 y 41 del C.P., computando las circunstancias del hecho, las condiciones personales del imputado y sus antecedentes. A ello reputo razonable.

VI. Por último, encuentro adecuado el monto de trescientos cincuenta pesos ($ 350.-) en que el Colega preopinante a fijado los honorarios profesionales del Abogado Defensor.	Así me expido y voto.

El Juez Cortelezzi dijo:

Con los sufragios coincidentes de los doctores Alejandro Javier Panizzi y Jorge Pfleger, existe mayoría de votos para conformar la voluntad del Superior Tribunal de Justicia; de modo que haré uso de la facultad que prevé el art. 357 del Código Procesal Penal (texto según ley 4550).

Con lo que finalizó el Acuerdo, pronunciándose la siguiente:

--- S E N T E N C I A - 1º) No hacer lugar al recurso de casación deducido a fs. 1495/1500 vta. por el defensor de confianza de M. L. C. , doctor F. G., con costas (artículo 24, inciso 2°, 415, 485 y concordantes del Código Procesal Penal);

2º) Confirmar la sentencia dictada a fs. 1474/1486 por el Juez en lo Correccional de la ciudad de Trelew, doctor Darío Rubén Anguiano, registrada bajo el N° 93/06;

3°) Regular los honorarios profesionales de la defensa, por su actuación en esta instancia, en la suma de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA ($350.-), no incluye el importe correspondiente al IVA (artículo 6, 10, 14, 45 y concordantes del Dto. Ley 2200, modif. por Ley 4335);

4°) Protocolícese y notifíquese.- Fdo: Pfleger, Cortelezzi, Panizzi.-