Tribunal: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2006-05-15


Fojas: 43 En Mendoza, a quince días del mes de mayo del año dos mil seis, reunida la Sala Primera de la Excma. Suprema Corte de Justicia, tomó en consideración para dictar sentencia definitiva la causa n° 84.839, caratulada: "TEN HUVER LUIS A. EN J° 13.513/03-6858-7916 TEN HUVER LUIS A. C/ DIANA MARTIN P/ ORD. S/ CA-SACION" De conformidad con lo decretado a fs. 42, quedó establecido el siguiente orden de estudio en la causa por parte de los Señores Ministros del Tribunal: primero: DR. FERNANDO ROMANO; segunda: DRA. AIDA KEMELMAJER DE CARLUC-CI; tercero: ALEJANDRO PEREZ HUALDE.- ANTECEDENTES:

El Sr. Luis Alberto Ten Huver, por medio de representante, deduce recurso ex-traordinario de Casación contra la resolución de la Segunda Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minas de la Segunda Circunscripción Judicial, dictada a fs. 96/99 de los autos Nº 108.303, caratulados: "TEN HUVER, LUIS A. c/ DIANA MARIA MARTÍN POR ORDINARIO".

Admitido formalmente el recurso deducido, se ordena correr traslado a la con-traria, el que fue contestado a fs. 31/34.

A fs. 38/39 obra el dictamen del Sr. Procurador General, por el que se aconseja el rechazo del recurso intentado.

Llamados los autos al acuerdo para sentencia, se deja constancia del orden de estudio en la causa por parte de los Sres. Ministros del Tribunal.

De conformidad con lo establecido en el art. 160 de la Constitución de la Provin-cia, esta Sala se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

PRIMERA CUESTION: ¿Es procedente el recurso de Casación interpuesto? SEGUNDA CUESTION: En su caso, ¿qué solución corresponde? TERCERA CUESTION: Costas.

A LA PRIMERA CUESTION EL DR. FERNANDO ROMANO, DIJO:

Los antecedentes de la causa nos informan que a fs. 12 del principal, el Sr. Luis Alberto Ten Huver, promueve proceso ordinario de nulidad parcial de la sentencia re-caída en el proceso N° 12.465/2 entre las mismas partes y por divorcio vincular contra la Sra. Diana María Martín y sustanciado por ante el mismo Tribunal por las causales que expresa.

En la misma presentación se requería que, como medida precautoria, se dispusie-ra la prohibición de contratar y anotación de litis, respecto del inmueble sito en el domi-cilio real de calle Diagonal Carlos Pellegrini N° 1254 de la ciudad de Gral. Alvear, Mendoza y respecto a un automóvil Fiat Duna dominio BQQ 382.

Habiéndose proveído la demanda principal a fs.15, con el pertinente traslado a la contraria, a fs. 16 el Tribunal rechaza las cautelares solicitadas por entender que no se encontraban cumplidos los recaudos para su procedencia.

Con posterioridad y mediante representante, el accionante amplía los hechos en que fundara la medida cautelar rechazada, insiste en la verosimilitud del derecho y en el peligro que puede importar la demora de la sustanciación de nueva causa instaurada y, en subsidio, interpone recurso de apelación. El Tribunal luego de decir de la improce-dente la ampliación de las medidas cautelares rechazadas por el Tribunal, concede en forma abreviada el recurso de apelación interpuesto contra la resolución de fs. 16.

Sustanciado el recurso con la fundamentación del apelante, a fs. 34/36 la Cámara resuelve haciendo lugar al recurso sólo en lo que respecta a la cautelar de anotación de litis, la que se acoge respecto a la propiedad y automotor denunciado, previo a constituir en forma contracautela.

Con posterioridad y luego de rechazarse la contracautela ofrecida a fs. 41, se deniega un pedido de suspensión de procedimientos, atento al estado de la causa (fs. 42 vta.). A fs. 44, se ofrece nueva contracautela la que tampoco se provee de conformidad, requiriéndose como previos que se acredite el valor del bien ofrecido.

A fs. 45 y con fecha 26/4/2004, el accionante denuncia el domicilio real de la demandada Sra. Diana María Martín, solicitando que la misma sea notificada en dicho domicilio del traslado de la demanda, petición que es proveída de conformidad a fs. 45 vta.

Finalmente a fs. 52 la demandada Diana Martín interpone incidente de caducidad de la instancia, sosteniendo que desde la última actuación útil obrante a fs.15 del 14 de octubre de 2003 hasta la próxima actuación de fs. 45 vta. de fecha 27 de octubre de 2004 - aún cuando por error se haya impreso "setiembre"-, ha transcurrido el lapso necesario para tener por operada dicha caducidad.

Por presentación de fs.60/63 el accionante dice de la improcedencia de la inci-dencia planteada en razón de que y a su juicio, han existido actos útiles interruptivos de la caducidad, como el pedido trámite y resolución de medidas cautelares, la sustancia-ción de un recurso de apelación sobre las mismas y la remisión del principal a la Alzada, serían actos cumplidos interruptivos del curso de la caducidad.

Que también es interruptivo del curso de la perención, el escrito de ampliación de la demanda y que los plazos de caducidad se computan desde la fecha del acto inte-rruptivo y no de su notificación. Que la presentación útil de fs. 17/18 se cumplió el 29 de octubre de 2003 y por tanto al momento de la interposición de la incidencia no había transcurrido el plazo de un año necesario para que la caducidad operase.

El Tribunal de la instancia originaria por resolución obrante a fs. 67/68, hace lugar a la incidencia, resolución ésta que apelada, resulta confirmada por el Tribunal de apelaciones por sentencia obrante a fs. 96/99. Para ello afirma la Cámara que los trámi-tes relacionados con las medidas precautorias no interrumpen el curso de la caducidad de la instancia en el juicio principal de conformidad a la doctrina que expone. Con base en ello entiende que el último acto con virtualidad impulsoria es el obrante a fs. 15 de fecha 14 de octubre de 2003. Que la presentación de fs. 45 ocurrida cuando ya había trascurrido el lapso de caducidad no hace sino reiterar lo ordenado a fs. 15. Que aún cuando la medida cautelar, implicaron la necesidad de una reserva sobre la existencia del proceso dado que podrían verse perjudicadas como consecuencia de las mismas, en todo caso la fuerza mayor de tal reserva, sólo tuvo efectos parciales en el tiempo y de haber tenido la actora la correspondiente diligencia, habría logrado la medida antes del lapso de perención. Por ello concluye el Tribunal que como la incidencia de caducidad se interpuso cuando ya se había cumplido el plazo de un año previsto para que opere la caducidad, confirme la resolución recurrida con costas al apelante. SOLUCIÓN AL CASO OCURRENTE:

El recurrente, como tema central de discusión en esta sede, entiende erróneamen-te interpretado y aplicado el art. 79 inc. II del C.P.C. lo que ha determinado que la reso-lución recurrida resulte contraria a sus pretensiones en el proceso. Ello así al no valorar-se que la paralización del expediente lo fue por fuerza mayor y por el transcurso del tiempo que necesariamente le insumiera, la tramitación de las medidas cautelares.

No obstante impugna también al decisorio, por haber incurrido en contradicción, en tanto por un lado la decisión establece que las medidas cautelares no interrumpen el curso de la caducidad en el juicio principal, aún cuando se las hubiere tramitado dentro del mismo y, desde otro punto de vista, señala que no puede cerrarse a la realidad en concreto de la causa, en la que el diligenciamiento de las medidas obstaban el avance del proceso principal, al punto de ser calificadas por la preopinante que, en el caso hubo un obstáculo propio de las particularidades de la pretensión, ajeno a la voluntad del ac-tor, impeditivo del impulso del desarrollo de la acción. No obstante a posteriori cambia este criterio, sustentando que la perención acusada debe prosperar, toda vez que la fuer-za mayor, sólo tuvo efectos parciales en el tiempo, siendo ésta la parte de la resolución que se pretende sea casada en esta sede, siendo su finalidad que se revoque por contrario imperio el auto de fs. 96/99.

En punto a esta última cuestión es de destacar que el ámbito propio delimitado por el art. 159 del C.P.C. y la técnica específica del recurso de casación intentado, sólo comprende el control de legalidad de los fallos, esto es, el examen sobre los presuntos errores de juicio con el objeto de asegurar la correcta aplicación e interpretación del de-recho. En consecuencia, las posibles contradicciones en que podría haber incurrido en el decisorio al afirmarse respecto a la relación entre la cautelar y el contenido o propósito de la demanda existió un obstáculo propio de la pretensión ejercida, obstativo del curso del proceso y, a su vez, que ello es imputable a la actora en los términos del art. 78 del C.P.C., implica sin dudas, un examen valorativo sobre la conducta del Juzgador en sus afirmaciones, en función de los hechos acaecidos en el proceso, aspectos éstos de índole exclusivamente fáctica, que excluyen su control por la vía intentada.

Es por ello que, limitando nuestra especulación a la materia fijada con carácter restrictivo por el art. 159 del C.P.C., pasaremos a considerar los agravios del recurrente en cuanto entiende que el proceso principal se encontró paralizado por un supuesto de fuerza mayor (art. 79 inc. II CPC), por la sustanciación de las medidas precautorias, que fueron articuladas junto con la demanda.

En este aspecto este Tribunal tiene sentado desde antiguo y como premisa, que los trámites vinculados a las medidas cautelares, aún cuando éstas "...tramiten en el ex-pediente principal y no por pieza separada, no son interruptivos del curso de la peren-ción..." . Ello así en tanto la medida precautoria, tiende a asegurar el eventual resultado del juicio y no impulsar su desarrollo; siendo que, por lo demás, es una cuestión inciden-tal a la que tampoco cabe reconocerle el carácter de actuación útil en los términos del art. 78 del C.P.C., en razón que la misma no tiene virtualidad para el avance del proceso (conf. L.S. 196-455). Menos aún admiten ser considerados actos suspensivos del princi-pal, desde que nada impide la prosecución de la demanda o el desglose de la cautelar o su promoción por pieza separada, incluso, requerir la suspensión del proceso principal, si las medidas requeridas tienen una relación directa con el propósito y contenido del principal como se enfatiza en el decisorio recurrido.

Desde ya que no comparto que la cautelar requerida junto a la demanda importe un supuesto implícito de paralización del proceso principal de fuerza mayor, en tanto la suspensión del curso de la caducidad, en los términos del art. 79 último párrafo del C.P.C. sólo es admisible en forma excepcional, en tanto la paralización de los trámites del juicio, no mediando acuerdo de partes o regla general que la imponga, es inconcilia-ble con el objeto y fundamento de la perención, por lo que solamente se justifica cuando hay verdadera imposibilidad de proseguir el trámite (conf. L.S. 201-290; Roberto G. Loutayf Ranea, Julio C. Ovejero López, "Caducidad de Instancia", Bs.As. ASTREA 1986, Pág.215).

De otro lado los trámites cumplidos y vinculados a las cautelares pretendidas junto a la demanda principal, en manera alguna resultan interruptivas del curso de la caducidad. Las medidas precautorias de prohibición de contratar y anotación de litis sobre un inmueble y un automotor, aún cuando hayan prosperado parcialmente por la resolución obrante a fs.35/36, en manera alguna pueden merituarse como interruptivas del curso de la perención. La anotación de litis, cuya finalidad es asegurar el eventual resultado del proceso, de ningún modo tiene dicho efecto. De nada vale la intención del litigante en su promoción, desde que para otorgarle tal efecto debía haber provocado el efectivo avance de la causa hacia la sentencia del principal, lo cual sólo ocurre con la actuación cumplida el día 26 de octubre del año 2004, cuando ya se había operado el lapso necesario para tener por operada la perención desde la presentación de la demanda a fs. 10 y proveída a fs. 15, en fecha 14 de octubre del año 2003.

De igual modo resulta intrascendente la interposición del recurso de apelación en relación al rechazo de las medidas precautorias, en tanto ello se encuentra siempre refe-rido a los efectos del auto apelado y que no era otro que la cuestión incidental del trámi-te cautelar, por lo que no pueden extenderse sus efectos suspensivos a la instancia prin-cipal, la que siempre permaneció inmóvil y por ende sin aptitud interruptiva del curso de la caducidad interpuesta. De igual modo, la petición de suspensión de los procedimien-tos efectuada a fs. 42, desde que la misma no fuera acogida. Al margen cabe acotar que la intención de mantener vivo el proceso por medio de esa petición del litigante, resulta inconducente desde que el codificador mendocino rechaza la teoría subjetiva en la mate-ria como se ha sostenido con reiteración por este Tribunal (L.S. 192-428; 196-44; 263-439; 313-104).

Tampoco puede prosperar el argumento del recurrente referido al hecho que la demandada habría purgado la caducidad operada, en razón de no haber opuesto la cadu-cidad en el término de tres días de haber aparecido en lista el decreto de fs. 45 vta. En este aspecto igualmente el pedimento no puede ser acogido, pues a los efectos de la ca-ducidad, dicho decreto debía ser notificado a domicilio y por cédula. Al respecto es de destacar que a los efectos del consentimiento del acto de impulso presumido por la ley a los efectos de la purga de la caducidad operada, debe serlo conforme a la forma prevista para el cumplimiento de su providencia. En el caso, se trataba del decreto que ordenaba notificar el traslado de la demanda, por lo que todo término debe computarse desde la fecha de la notificación en forma del acto de impulso, sobre todo cuando en su primera presentación, la contraria expresa que se hace parte en el proceso, sin que ello implique consentir actuación alguna e interpone la incidencia de caducidad.

Es claro que la sustancia y objeto del acto cumplido, impone de la necesidad de su notificación por cédula, como lo impone el art. 68 inc. II del C.P.C. Interpretar como lo quiere el accionante que el consentimiento quedara prestado por la notificación ficta, importaría a no dudarlo, una verdadera violación al derecho de defensa.

Por las razones expuestas y constatándose en el caso que ha transcurrido el tér-mino de un año desde el último acto útil existente en la causa hasta la interposición del incidente, entiendo que correspondía declarar la caducidad de la instancia abierta con la interposición de la demanda.

Por lo que, si mi Voto resulta compartido por mis Colegas de Sala, deberá recha-zarse el recurso articulado y confirmarse el decisorio recurrido.

Así voto.

Sobre la misma cuestión los Dres. KEMELMAJER DE CARLUCCI y PEREZ HUALDE, adhieren por sus fundamentos al voto que antecede.- A LA SEGUNDA CUESTION EL DR. FERNANDO ROMANO, DIJO:

Corresponde omitir pronunciamiento sobre este punto, puesto que ha sido plan-teado para el eventual caso de resolverse afirmativamente la cuestión anterior.- Así voto.- Sobre la misma cuestión los Dres. KEMELMAJER DE CARLUCCI y PEREZ HUALDE, adhieren al voto que antecede.- A LA TERCERA CUESTION EL DR. FERNANDO ROMANO, DIJO:

Atento el resultado al que se arriba en el tratamiento de las cuestiones anteriores, corresponde imponer las costas a la parte recurrente que resulta vencida (arts. 36 y 148 del C.P.C.).- Así voto.- Sobre la misma cuestión los Dres. KEMELMAJER DE CARLUCCI y PEREZ HUALDE, adhieren al voto que antecede.- Con lo que terminó el acto, procediéndose a dictar la sentencia que a continua-ción se inserta:

S E N T E N C I A :

Mendoza, 15 de mayo de 2.006.- Y VISTOS:

Por el mérito que resulta del acuerdo precedente, la Sala Primera de la Excma. Suprema Corte de Justicia, fallando en definitiva, R E S U E L V E :

I. Rechazar el recurso extraordinario de Casación deducido a fs. 9/16 vta. de autos.- II. Imponer las costas a la parte recurrente que resulta vencida.- III. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad.- IV. Dar a la suma de pesos CUARENTA ($ 40), de la que da cuenta la boleta de depósito obrante a fs. 1, el destino previsto por el artículo 47 inc. IV del C.P.C.

Notifíquese. Ofíciese.- mac