Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2009-07-08


SENT Nº 704	C A S A C I Ó N	En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Ocho (08) de Julio de dos mil nueve, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por el CPN Mario J. Santos Balbi en autos: "Ingenio Aguilares S.A. s/ Quiebra (Incidente de acción autónoma de nulidad de sentencia de fecha 04/12/01 promovido por Mario S. Balbi)".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y doctora Claudia Beatriz Sbdar, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

1).- Viene a conocimiento y resolución de este Tribunal el recurso de casación interpuesto por el CPN Mario J. Santos Balbi contra la sentencia de fecha 31 de marzo de 2008 dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del Centro Judicial de Concepción (fs. 189/191), que fue concedido por resolución de fecha 18 de junio de 2008.

El recurso fue presentado en término, con boleta de depósito, está dirigido contra sentencia definitiva, y los agravios cumplen con las exigencias de los artículos 815 y 816 CPCC, por lo que el recurso es admisible.

2).- Los antecedentes de la cuestión a resolver pueden resumirse de la siguiente manera. El recurrente promovió por vía incidental una acción autónoma de nulidad parcial de la sentencia de fecha 04/12/01 (fs. 33/39), en la que se resolvieron las observaciones al proyecto de distribución de fondos presentado por la sindicatura. Invocó que la sentencia configura un caso de cosa juzgada írrita, pues contiene un vicio esencial proveniente de error por no haber conocido ni considerado el juez la aplicación de un fallo anterior de fecha 29/03/01 dictado por la Corte local en el juicio "Ingenio Aguilares S.A. c. S.A. Marapa", en virtud del cual considera que tiene derecho al cobro del 100% de sus honorarios y no del 50% como se resolvió. Señaló que en la doctrina legal allí declarada se expresó que la regulación de honorarios del perito contador debe regirse por la ley arancelaria vigente al tiempo en que se desarrolló la labor profesional. Explicó que el yerro de la sentencia se explica porque el Juez, al momento de dictar el fallo de fecha 04/12/01, no conocía las actuaciones llevadas a cabo en el otro juicio porque este último se encontraba radicado en la Cámara Civil, a la espera de la regulación definitiva de acuerdo a la doctrina legal de la Corte. Aclara que su parte no tuvo oportunidad de advertirle al Juez porque ese tema no estaba incluido en las impugnaciones al proyecto de distribución, y que de ese modo se formó una cadena de desaciertos que culminó en una anómala situación jurídico procesal, que considera que debe repararse con la nulidad parcial del fallo del 04/12/01 (cfr. fs. 101/104).

Al corrérsele traslado de la demanda la Sindicatura opuso prescripción fundada en el art. 4030 CC, considerando que la sentencia impugnada tiene fecha 04/12/01, y la acción autónoma de nulidad fue iniciada el 3 de mayo de 2005, vale decir, cuatro años y cinco meses después del dictado de la sentencia que se pretende anular (fs. 111).

Al contestar la prescripción, el incidentista alegó que el plazo prescriptivo estuvo interrumpido en virtud del art. 3986 C.C. (fs. 116/117). La sentencia de primera instancia de fecha 14 de junio de 2007 acogió los argumentos de la sindicatura, y declaró prescripta la acción por aplicación del art. 4030 CC.

El incidentista apeló, invocando la inaplicabilidad del art. 4030, por confrontarse con su derecho de propiedad, que considera imprescriptible (fs. 158 vta.). Expresó que el motivo de la nulidad fue el error in indicando de la sentencia, que dio motivo a que su parte promoviera una vía recursiva para revertir el fallo, y que por ello el plazo de prescripción de la acción estuvo permanentemente interrumpido (fs. 160).

La sentencia de alzada de fecha 31 de marzo de 2008 confirmó la de primera instancia, pues consideró que el plazo del art. 4030 CC comenzó cuando se dictó la sentencia impugnada, del 4 de diciembre del 2001, pues el nulidiscente conoció entonces el vicio que alega (fs. 190).

En su recurso de casación el incidentista se agravió argumentando que el plazo que corresponde aplicar no es el del art. 4030 CC sino el del art. 4023 CC. Se remitió al dictamen del Fiscal de Cámara que sostuvo ese criterio, e invocó la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán en sentencia n° 471 del 22/12/92 (fs. 200 vta.).

3).- La cuestión planteada consiste en resolver si la acción autónoma de nulidad de sentencia está o no prescripta. Para ello previamente corresponde establecer cuál es el plazo de prescripción de la acción autónoma de cosa juzgada írrita, tema sobre el que las opiniones de los autores y los criterios de la jurisprudencia son dispares. Tal será el tema a abordar en virtud del principio iura novit curia, pues se advierte que el agravio del recurrente invocando el plazo del art. 4023 CC fue introducido en el recurso de casación, ya que antes opuso defensa de interrupción del plazo de prescripción del art. 4030 CC y de imprescriptibilidad de su derecho de propiedad. Considerando que el tema a resolver es si la acción está o no prescripta, por el principio citado el Juez debe aplicar el derecho aún con prescindencia o contra la opinión de las partes (art. 34 CPCC).

Autores como Llambías y Benito Pérez sostienen que la acción de nulidad (por nulidad absoluta) de los actos jurídicos no prescribe, en base al precepto del art. 1047 del Código Civil, que establece que la nulidad absoluta no es susceptible de confirmación, porque la cosa juzgada se sustenta en el orden público.

La mayoría de la doctrina actual admite que el ejercicio de esta acción es prescriptible, por no estar incluida en el art. 4019 del Código Civil, que enumera taxativamente las acciones que no decaen por el transcurso del tiempo. Comparto tal posición, en razón del principio general que regla que todo derecho es prescriptible en resguardo del valor que entraña la seguridad jurídica.

Ante la falta de una regulación legal específica, encontramos en la doctrina y la jurisprudencia diversas opiniones acerca de cuál es el plazo de prescripción de esta acción, entre las que podemos citar la que considera aplicable el plazo bienal del art. 4030 CC, la que estima que corresponde el plazo decenal del art. 4023 CC, y la que considera que debe remitirse al plazo de la acción que corresponda al derecho pretendido.

La primera opinión es sostenida por Jorge W. Peyrano, el cual expresa que no hay duda de que la pretensión es prescriptible, y que a falta de regulación legal específica, es prudente acudir al Derecho Civil y aplicar la prescripción bienal prevista por el art. 4030 del Código Civil (cfr. "La impugnación de la sentencia firme" obra dirigida por Peyrano y Carbone, tomo I p. 23, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2006). Igual criterio sostiene Carlos M. Iparraguirre, en "La pretensión autónoma de sentencia declarativa revocatoria de la cosa juzgada írrita", obra incluida en el mismo libro antes citado, tomo 1 p. 223. Tal posición fue sostenida por el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos en sentencia de fecha 16/02/2007 en "Gammella, Guillermo E. c. Soliard, Hugo y Chapino de Soliar, Teresita R" publicado en LLLitoral 2008 (marzo).

El plazo decenal del art. 4023 fue el considerado en la sentencia n. 471 de la Corte de la Provincia de Tucumán de fecha 22 de diciembre de 1992, dictada en "Terraf J. C. c. Provincia de Tucumán", en la que se consideró que los supuestos previstos en los artículos 4030 y 954 del Código Civil se refieren a los actos voluntarios, pues resultan conceptos inapropiados para abarcar las decisiones jurisdiccionales. La Corte Suprema de la Nación consideró aplicable el plazo decenal, cuando se remitió al dictamen fiscal en un caso en que se impugnó una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada írrita por grosera injusticia y abuso del derecho. (cfr. C.S.J.N. en sentencia de fecha 20/3/2003 en "Banco Central de la República Argentina s/inc. de verif. tardía en: Centro Financiero S.A. Cía. Financiera").

Hitters se inclina por el plazo de prescripción correspondiente a la pertinente acción (cfr. Hitters, J. C. "Revisión de la cosa juzgada", p. 324, Librería Editorial Platense S.R.L., La Plata 1977). Con igual criterio el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy en sentencia del 23/05/1996 en "Z. de A., M. C. c. A. J. J., suc.", sostuvo que la acción debe ser interpuesta dentro del plazo de prescripción previsto en la acción de fondo.

4).- Considero que en el presente caso corresponde aplicar el plazo bienal de prescripción del art. 4030 del Código Civil. Tal posición se funda en que en el caso de autos la nulidad está fundada en error del fallo, y ese supuesto tiene una previsión específica en el art. 4030 CC. Este criterio sigue la pauta fijada por la Corte Federal, que atendió a la causa que se invocó para nulificar la sentencia, para determinar el plazo de prescripción en función de esa causa. En la sentencia dictada en "Centro Financiero S.A." de fecha 20/3/2003 la Corte de la Nación, remitiéndose al dictamen del Procurador, consideró que dada la causa de la nulidad en ese caso -grosera injusticia y abuso del derecho-, el plazo de prescripción debía ser el del art. 4023 CC. Siguiendo la pauta de atender al motivo de la nulidad, es que consideramos que el caso de autos debe regirse por el art. 4030 del Código Civil, por estar el supuesto de error previsto específicamente en ese precepto. A ello se añade que los supuestos de los artículos 4023 segundo párrafo y 4030 CC no contienen una diferenciación cualitativa de la clase de actos jurídicos a los que se refieren, sino que fundan la diferencia de plazo en la causa de la nulidad del acto, refiriéndose a causas específicas el art. 4030 (violencia, intimidación, dolo, error o falsa causa), y a genéricas que no tengan plazo menor el art. 4023.

Se señala además que este plazo se adecua perfectamente a la imperiosa necesidad de que los tiempos procesales no toleren la permanencia de innecesarios estados de incertidumbre, pues si el interesado conoce un vicio invalidante del acto, y no tiene impedimento para accionar, no parece razonable prolongar por diez años la posibilidad de ejercitar una acción nulificatoria. Ello se evidencia aún más en un caso como el de autos, en el que se pretende modificar el proyecto de distribución de una quiebra, lo que implicaría admitir la posibilidad de que hasta diez años después de ese acto pudiera impugnárselo, desvirtuando el proceso falencial, que tiene una regulación precisa de los tiempos de cada una de las etapas con el objeto de que cada una de ellas vaya cerrándose para que se pueda arribar a su conclusión.

Las razones expresadas me conducen a admitir que el plazo de prescripción de la presente acción es el de dos años del art. 4030 del Código Civil.

5).- El siguiente paso consiste en analizar desde cuándo se cuenta el plazo citado. En principio, este plazo debe comenzar a correr desde que la sentencia adquiere fuerza de cosa juzgada, pues el objeto de la acción es precisamente hacer caer esa cualidad de la sentencia. Dado que el vicio invocado en este caso fue conocido por el incidentista antes del dictado de la sentencia que pretende anular, pues lo identifica con el dictado de la sentencia cuya ignorancia y omisión denunció (sentencia de Corte de fecha 29/3/2001, fs. 26/28), el plazo de prescripción debe computarse desde que la sentencia objeto de esta acción adquirió firmeza de cosa juzgada. Ello ocurrió con la notificación de la sentencia de la Corte local de fecha 22/12/2003 (cfr. fs. 86/89), con la que finalizó la vía recursiva impugnatoria de la sentencia del 04/12/2001, adquiriendo esta última sentencia calidad de cosa juzgada a partir de entonces (fs. 33/39) toda vez que no fue objeto de reproche ulterior alguno. En tal sentido, no se considera la sentencia de Corte que resolvió el incidente de nulidad rechazándolo por extemporáneo (cfr. fs. 99/100), ni la que rechazó la aclaratoria por improcedente (fs. 92).

Con los parámetros mencionados: plazo bienal contado desde que el fallo objeto de la acción adquirió firmeza de cosa juzgada, advertimos que la acción promovida no prescribió. Considerando que el plazo del art. 4030 CC comenzó a correr desde la notificación de la sentencia de Corte de fecha 22 de diciembre de 2003 con la que adquirió firmeza de cosa juzgada la sentencia objeto de la acción autónoma de nulidad (fs. 86/89), y que la demanda fue presentada el 12 de abril de 2005 (cfr. fs. 108 vta.), se advierte que no transcurrió el plazo de dos años del art. 4030 C.C.

En consecuencia, corresponde casar la sentencia en mérito a siguiente doctrina legal: "Cuando se invoca uno de los supuestos del art. 4030 del Código Civil como causa de la acción autónoma de nulidad de sentencia por cosa juzgada írrita, el plazo de prescripción debe contarse desde que la sentencia adquiere calidad de cosa juzgada, si el vicio denunciado fue conocido antes del dictado de la sentencia objeto de la acción".

En consecuencia, corresponde descalificar la sentencia en mérito a la doctrina legal expresada, y revocar la sentencia haciendo lugar al recurso de apelación del CPN Mario J. Santos Balbi contra la sentencia de fecha 14 de junio de 2007, rechazándose el planteo de prescripción.

6).- Atento a la complejidad de la cuestión en debate, sobre la cual existen opiniones diversas tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, considero que las costas de todas las instancias corresponde que se impongan por el orden causado.

El señor vocal doctor Alberto José Brito, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor Antonio Gandur, vota en igual sentido.

La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo:

Estando de acuerdo con los fundamentos vertidos por el señor vocal doctor Antonio Gandur, vota en idéntico sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, y habiendo dictaminado el Sr. Ministro Fiscal a fs. 227/229, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal,	R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por el CPN Mario J. Santos Balbi contra la sentencia de fecha 31 de marzo de 2008 dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del Centro Judicial de Concepción (fs. 189/191), la que se casa y se deja sin efecto en mérito a la doctrina legal expresada, dictándose la siguiente sustitutiva: HACER LUGAR al recurso de apelación contra la sentencia del 14 de junio de 2007, y en consecuencia rechazar el planteo de prescripción liberatoria deducido por la Sindicatura. COSTAS por su orden en ambas instancias. Remítanse las actuaciones para que el Tribunal con otra integración resuelva las restantes cuestiones propuestas, que no fueron resueltas en razón de la solución que se dio al caso (art. 775 CPCC).

II.- COSTAS como se consideran.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSÉ BRITO CLAUDIA BEATRIZ SBDAR ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA.