marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Quiebra, incidente de verificación
Materia: COMERCIAL
Carátula: Poliperfil SA c/  s/ quiebra s/ incidente de verificación de crédito de saban, jorge antonio y otro
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-02

Por último no puede ignorarse la trascendental reforma dispuesta por el legislador a la Ley de Concursos y Quiebras mediante el dictado de la ley 26684 (BO 30/6/11), por medio de la cual se otorgó un mayor grado de protección a los trabajadores y acreedores de dicha naturaleza que sirve como norte de interpretación para la aplicación de los diferentes institutos concursales (Cfr. esta Sala en autos "Soluciones Logística SA s/ Concurso Preventivo s/ inc de verificación de créditos por Corazza, Sebastián Ariel y otros, expte 152/2016/9 del 16/10/18).
Procedimiento aduanero, interrupción de la prescripción, actos interruptivos, infracciones aduaneras
Materia: ADUANERO
Carátula: Aramil S.C.A. (T.F. 4364-A) c/ A.N.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-09-17

La comisión de una nueva infracción actúa como causa de interrupción del curso de la prescripción, de acuerdo a lo preceptuado por el art. 70 inc. a) de la ley 11.683 (t.o. 1978), una vez que el pronunciamiento condenatorio -respecto de la segunda infracción-, haya quedado firme (confr. esta Sala, in re "Yelmo S.A.C.I.F.I.", del 27/12/85 entre muchos otros). El mencionado efecto interruptivo se retrotrae a la fecha en que la nueva infracción se ha cometido. Esta circunstancia necesariamente impide considerar prescripta la acción punitiva anterior en tanto no exista decisión firme sobre la más reciente. Ello no puede ser alterado por el hecho de haberse dictado la resolución apelada en autos con anterioridad a que quedara firme la condena impuesta en el expediente, ya que -como se dijo-, el hecho interruptivo no es la resolución que recae en relación a una infracción detectada, sino el hecho lícito sancionado. La solución a la que se arriba fue establecida por jurisprudencia del Tribunal Fiscal de la Nación y esta Cámara y receptada ahora en el art. 938 del Código Aduanero.
Partidos políticos, autoridades del partido, revocación del mandato
Materia: POLITICO - ELECTORAL
Carátula: Partido Conservador Popular - orden nacional - s/ inscripción.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-04

Los mandatos de los miembros de la mesa directiva que tienen plazo no son revocables.
Asociaciones sindicales, elecciones gremiales, impugnación de la elección
Materia: LABORAL
Carátula: CLARAMONTE, CARLOS c/ MAYO,   GUILLERMO  (DIRECTOR  NACIONAL  DE  ASOCIACIONES  SINDICALES) s/ IMPUGNACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-03-16

La ley 23551 no autoriza al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación a resolver las impugnaciones que eventualmente pudieran producirse en el proceso electoral de las asociaciones sindicales. Corrobora tal afirmación lo expresado por el art. 56 de la citada ley que no enuncia, entre las facultades de la autoridad de aplicación, la de dirimir este tipo de controversia.
Responsabilidad del Estado, responsabilidad contractual, responsabilidad extracontractual, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia, daños y perjuicios, responsabilidad de los establecimientos asistenciales
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: DIANA, MARIA LUCIANA Y OTRO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - DAÑOS Y PERJUICIOS (EXPTE.: C.S.J. NRO. 308 AÑO 2008)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-08-05

A tenor de lo resuelto por esta Corte in re "López", el régimen de responsabilidad civil de los entes públicos locales en la reparación de los daños que pudieran causar en la prestación del servicio público de asistencia hospitalaria es de naturaleza extracontractual conforme a la correcta hermenéutica que cabe efectuar de las normas constitucionales e infraconstitucionales en juego y de la jurisprudencia del Alto Cuerpo nacional.

Sin embargo, en el caso, media un obstáculo que impide derechamente la aplicación de dicha doctrina constitucional, cual es: que la causa ha sido iniciada con anterioridad a su dictado con sustento en jurisprudencia y opinión autoral especializada que se ha inclinado por la postura contractualista en este tipo de reclamaciones.

Esta circunstancia pudo haber generado una razonable confianza acerca de la subsistencia del derecho en cabeza del actor (art. 4023, C.C.), por lo que no corresponde la aplicación en el tiempo del criterio adoptado por este Tribunal atendiendo a la especial prudencia que debe regir la misma a fin de que los logros propuestos no se vean malogrados en su trance.

Este criterio que propongo ha sido receptado por la Corte nacional, tanto a sus propias decisiones como a las dictadas por tribunales inferiores y tiende a afianzar la seguridad jurídica y a evitar situaciones potencialmente frustratorias de derechos constitucionales.(De la Disidencia del Dr. Erbetta)
Comité de Derechos Humanos, jurisprudencia internacional, trato vejatorio, interés superior del niño, REPÚBLICA ARGENTINA, responsabilidad internacional del Estado, violencia sexual, discriminación, violación de derechos humanos, recomendaciones de organismos internacionales
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Comité de Derechos Humanos - L. N. P. Vs. República Argentina -  Derecho de protección especial a la vida privada, honra y reputación por ser menor - Derecho de acceso a la jurisdicción en igualdad de condiciones c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: Ginebra
Fecha: 2011-07-18

Según la jurisprudencia desarrollada por el Comité de Derechos Humanos y lo señalado en su Observación General No 20, el derecho amparado por el artículo 7° del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, no sólo comprende el dolor físico sino también el sufrimiento moral, por lo que el sufrimiento físico y psicológico experimentado por la niña en la comisaría donde denunció la violencia sexual padecida, así como el trato discriminatorio sufrido durante el proceso judicial que contribuyó a su revictimización, agravada en razón de su menor edad, deben ser declaradas conductas violatorias de las obligaciones internacionales asumidas por la República Argentina, en perjuicio de la víctima.
Cuestiones de competencia, competencia por la materia, daño calificado, daño en bienes de uso público, competencia federal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: "PALACIO DE JUSTICIA s/ competencia".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-03

Lo daños producidos durante una protesta pública en el Palacio de Justicia de esta Ciudad, patrimonio del Poder Judicial de la Nación y monumento histórico nacional son de competencia federal.
Accidente de tránsito, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lucas, Francisco c/ Recchia, Domingo s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-18

Sostuvo Spota -hace años- que " el presunto responsable debe observar en el juicio una conducta procesalmente positiva. Esto equivale a decir que ha de "identificar" la causal de exoneración de la responsabilidad". Meritando la jurisprudencia francesa -esencialmente el precedente "Jand'Heur" sostenía que siguiendo esos principios la situación procesal de la víctima ante las reglas del "onus probandi" es cada vez más favorable.
Intereses, tasas de interés, tasa activa
Materia: CIVIL
Carátula: SILVA, Alejandro c/ PALUMBO, Jorge F. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-05-21

La tasa activa debe liquidarse desde la mora respecto de los montos liquidados a esa fecha cuyo reintegro o pago proceda. Sin embargo, a los fines que no se produzca una situación que importe un enriquecimiento indebido, respecto de aquellos ítems cuya determinación cuantitativa ha sido realizada conforme valores vigentes al tiempo de la sentencia, la tasa activa establecida en el plenario "Samudio" se aplicará desde la sentencia o en su caso desde la fecha de la peritación, si el monto ha sido establecido a ese momento sobre la base del informe pericial. En estos casos la tasa a liquidar desde la mora hasta el inicio del cómputo de la tasa activa será del ocho por ciento anual.

(Sumario N°18756 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Acción contencioso administrativa, sentencia definitiva
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: FIGUEROA PENA, Rodolfo c/ PROVINCIA DE SALTA s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1993-08-09

A los fines de la admisibilidad de la acción contencioso administrativa, es resolución definitiva la que emana de la autoridad administrativa que debe dictarla en último resorte decidiendo el fondo de la cuestión.
Acto administrativo, caducidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Silvestri, Juan Carlos c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción (EXPTE CSJ   Nº 441-87)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-05-10

La Provincia no puede invocar la omisión de la notificación al agente recurrente de las actuaciones administrativas para obtener, a su favor, la caducidad del procedimiento, sobre todo que -en su momento- intimó al actor para que denunciase su domicilio real y constituyese domicilio legal, por haber omitido esta carga en su escrito inicial. Y, este elogiable comportamiento desarrollado en la fase inicial del procedimiento no fue repetido en la fase integrativa de la eficacia, omitiendo la propia Provincia aplicar correctamente las disposiciones del Capítulo VI -de las notificaciones del decreto- acuerdo 10205/58-.
Indemnización, daño moral, monto de la indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: ALLUB ROSENDO RICARDO c/ COLEGIO DE MEDICOS DE SANTIAGO DEL ESTERO Y/O RESPONSABLE s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-07-12

Si bien la fijación del importe del daño moral es de difícil determinación, y tiene en mira la lesión a las afecciones íntimas de los damnificados, los padecimientos experimentados, agravios que se configuran en el ámbito espiritual de las víctimas, y que no siempre resultan claramente exteriorizados, la misma no reviste carácter resarcitorio, sino ejemplar. Para determinar su monto debe tenerse en cuenta la naturaleza y gravedad de la falta cometida por el autor del hecho. Por ello mismo, ninguna influencia debe ejercer en la determinación de la cuantía de la sanción, la circunstancia de haber o no sufrido el damnificado daños materiales, paralelamente, a causa del mismo hecho, toda vez que son lesiones de índole diferente, cuyo remedio se produce mediante regímenes jurídicos distintos. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario, indefensión
Materia: PENAL
Carátula: Santillán, César Horacio y ot. s/ Robo calificado y violaciones reiteradas calificadas en concurso  real
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-03-30

La renuncia del defensor particular produce la extensión del plazo desde dicha presentación pero sin borrar el ya corrido el que, en el caso, se ha reanudado con la notificación al defensor oficial. La doctrina de esta Corte sobre indefensión en la instancia extraordinaria no constituye un medio apto para derogar los términos legales (o suplir la ineficiencia defensiva) sino para corregir la indefensión originada en la falta de oportunidad de contar con debida asistencia. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Aplicación de la ley, recurso de inconstitucionalidad, acumulación de procesos
Materia: PROCESAL
Carátula: B. C. M. y otros c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: B. C. M. y otros c/ GCBA y otros s/ amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-02

La relación directa que la ley exige sólo existe cuando la solución de la causa requiere necesariamente la interpretación del precepto constitucional. La sola mención de preceptos constitucionales no basta para abrir la vía extraordinaria pues, de otro modo, la jurisdicción de la Corte Suprema sería indebidamente privada de todo límite, en tanto no hay derecho que en definitiva no tenga raíz y fundamento en la Constitución Nacional, aunque esté directa e inmediatamente regido por el derecho no federal. (Del voto de la juez Inés M. Weinberg al que adhieren los jueces Santiago Otamendi y Marcela De Langhe).
Prueba testimonial, valor probatorio, daños y perjuicios, cosa riesgosa
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Rey, Jorge y otra c/ Cabrera, Alberto y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-04-14

De las declaraciones contestes de varios vecinos del demandado, de la misma cuadra donde estaba situado el terreno con el pozo donde cayera un menor, puede surgir la tipificación de cosa peligrosa del pozo por su profundidad, porque estaba lleno de agua, porque no tenía ninguna protección y porque el terreno no estaba cerrado en su perímetro (doct. art. 384, 456 del CPCC).
Interpelación, Administración Pública, facultades discrecionales, empleados públicos, estabilidad del empleado público
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ALMITRANI, ROBERTO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO   CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      CSJ EXPTE NRO 129-85
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-12-28

Para que la Administración pueda extinguir legítimamente la relación de empleo, no basta que el agente se halle en condiciones de obtener el beneficio jubilatorio, que de por sí, dado lo dispuesto en la ley 9423, no hace cesar la estabilidad en el cargo;

el reunir los requisitos para obtener la jubilación, da nacimiento al derecho a solicitarla, pero ello no determina por sí sólo la pérdida de la estabilidad.
Recurso contencioso administrativo, costas, juicio, cuestión abstracta
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: DALLA  FONTANA, HECTOR DANIEL CARLOS; MEININI, VICENTA DANIELA BRANDO DE; PAGANI,  MA  CRISTINA MENINI DE Y ARRASCAETA, STELLA MARIA MENINI DE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA JURISDICCION     DESAPARICION DEL RECURSO E IMPOSICION DE COSTAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-09-12

Corresponde imponer por su orden las costas del proceso, ante la terminación anormal del mismo por haber desaparecido la materia litigiosa, dado que aquéllas no pueden ser impuestas a los actores ya que no medió desistimiento, ni a la Provincia, quien no se allanó ni dio satisfacción extraprocesal a la pretensión de los recurrentes; habida cuenta que tampoco se justificaría continuar el juicio -en el que ni siquiera se había trabado la litis sobre la legitimidad o no del acto primigenio- al solo efecto de determinar la condena en costas en base al principio del vencimiento o éxito en el litigio, lo que, por lo demás, no ha sido solicitado por las partes.
Ejecución de la pena, prisión domiciliaria
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Sato Romero, Luis Felipe s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-03-17

Está debidamente fundada la denegatoria del arresto domiciliario pues, por un lado, la circunstancia de que el solicitante sea el padre, no fue motivo del rechazo, sino que éste responde a que el "interés superior de la niña" se encuentra salvaguardado ya que no se encuentra en estado de desprotección ni abandono, toda vez que se halla contenida material, moral y afectivamente por sus abuelos maternos, sus medio hermanos, la esposa de su padre y su madre, con quien tiene contacto esporádico. Asimismo, se demostró que la participación y compromiso del encartado en la rehabilitación de su hija era inactiva y que el nombrado desplegaba su actividad ilícita en el domicilio propuesto para cumplir la medida peticionada. (Dres. Figueroa, Gemignani y Cabral).
Costas, incidentes, allanamiento, mala fe
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: CITIBANK  S.A. c/ JEREZ MIRTA S. s/ EJECUTIVO - COSTAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-06-22

El Código procesal vigente instituye un sistema diferenciado sobre el régimen de costas, en la hipótesis de allanamiento, según que se trate de decisiones sobre el asunto principal (art. 356 bis) o de incidentes (art. 357), norma ésta última que no consagra ninguna excepción que permita valorar la conducta de quien se allana, en cuanto a sí ha sido o no culpable de la promoción del incidente.

Se ha encontrado la "ratio" de este precepto en las siguientes consideraciones: la prescindencia de la valoración subjetiva del proceder anterior de quien se allanó, implica dar primacía por sobre razones de justicia, a otras de política jurídica, conectadas con la simplificación de los trámites procesales y con la economía y celeridad procesal. En efecto, si el incidentado conociera que de todos modos cargará con las costas cuando su conducta haya sido la génesis del problema, carecería de sentido que se allanase, y se vería en el trance de articular contradicción, por la eventualidad de que ésta le fuese favorable y con la demora y complejidad consiguiente, que entorpece la marcha y pronta conclusión de la causa principal.

No obstante, dicha solución no puede regir cuando no se trata de una mera causación injustificada del incidente e imputable a simple culpa del incidentista (por ejemplo, error de derecho, descuido, desatención o falta de cuidado) sino de temeridad o, eventualmente, de malicia. Es decir, cuando se agrega un "plus" a la reprochabilidad subjetiva del agente, reñido con el principio de la buena fe y la proscripción de todo abuso de derecho.

Pues la buena fe, cuyo imperativo consagra el art. 1071. C. Civil, constituye un principio general y básico del ordenamiento jurídico y por ende, también se proyecta al ámbito procesal.

De tal modo, es evidente que ninguna razón de economía procesal pueda prevalecer sobre la exigencia de rectitud y lealtad en el obrar procesal y que, si se infringen estas pautas, el litigante debe asumir las pertinentes consecuencias jurídicas y no puede ser librado de responsabilidad por ellas; es decir, de la carga de las costas, pese al allanamiento.

Resultaría absurdo que la conducta procesal maliciosa o temeraria de la parte determine la improcedencia de toda regulación de honorarios en favor de quienes la asisten o representen (art. 44 de la ley 8226, que reitera una solución contenida en la anterior) y que, en cambio, esa conducta no genere ninguna consecuencia perjudicial a la propia parte. Es decir, implicaría una contradicción inadmisible que la malicia o temeridad del litigante conlleve a la pérdida de derecho de honorarios de sus letrados y que, en cambio, a pesar de esa malicia o temeridad, dicho litigante pueda ser beneficiado con una eximición de costas en relación al adversario (pues, por imperio de la norma citada, no habría costas por honorarios de los propios profesionales).-
Daños y perjuicios, daño moral, reconocimiento de hijo extramatrimonial
Materia: CIVIL
Carátula: L.,  H.C. c/ M.,  S.J. . s/ Filiación.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-30

Para fijar el "quantum" por daño moral por falta del reconocimiento espontáneo del hijo, corresponde evaluar el daño que durante sus años de vida pudo haber sufrido el menor por no contar con el apellido paterno y no haber sido considerado en el ámbito de las relaciones humanas hijo de su progenitor, en razón de la omisión en que éste incurrió al no reconocerlo. No se trata del resarcimiento por las carencias afectivas que pudo hallar, en esos años, frente a su progenitor, ya que ello pertenece al aspecto espiritual de las relaciones de familia, sobre el cual de derecho no actúa, salvo que trasciendan en determinadas conductas como son, por ejemplo, el abandono, que permitirá accionar con privación de la patria potestad, la falta de asistencia, que permitirá demandar alimentos, las injurias entre cónyuges , que dan lugar al divorcio, etc., pero lo que se debe resarcir, específicamente, es el daño que deriva de la falta de emplazamiento en el estado de hijo por no haber mediado reconocimiento voluntario. De no precisarse así la cuestión el hijo reconocido y que incluso convive con sus padres, podría demandar indemnización a estos por ausencia de muestras de afecto y apoyo espiritual y también un cónyuge podría demandar al otro por la misma causa sin demandar separación o divorcio, todo lo cual implica confundir, en el ámbito de familia, el plano espiritual con el de las conductas -que expresan, por cierto, desvinculación afectiva- que el derecho prevé y para el que establece expresa consecuencias.

Para establecer el monto debe tenerse en cuenta que el niño ingreso en la edad escolar y concurrió a la escuela sin contar con el debido emplazamiento en el estado del hijo, respecto de su padre, y sin contar, entonces, con el apellido paterno por falta de reconocimiento espontáneo, situación que resultó gratuitamente prolongada en razón de la infundada resistencia opuesta por el progenitor durante los años que duró el juicio sobre filiación.

Dichas circunstancias son relevantes para la estimación del resarcimiento debido, ya que es en la escuela y las relaciones con los otros niños que de ella se derivan el ámbito donde se manifiesta más gravoso a las afecciones del menor la carencia de dicho emplazamiento y del apellido paterno.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso, duda
Materia: PENAL
Carátula: Galarza, Sergio Omar y otros s/ Robo calificado por el empleo de armas y violación calificada por su  comisión con el concurso de más de dos personas reiterada en  concurso real
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-10-25

Es ineficaz el planteo en el que se sostiene respecto de uno de los procesados, que el día del hecho se encontraba en otro lugar junto a dos personas, y en orden a otro que su involucración pudo obedecer a una confusión de los testigos debido al asombroso parecido entre él y su hermano, solicitando la aplicación del art. 431 del Código de Procedimiento Penal (según ley 3589 y sus modif.), si no demuestra que el juzgador haya transgredido texto legal alguno al descartar la coartada del primero, ni aporta la defensa argumento válido alguno que especifique el motivo por el cual debería haberse meritado en beneficio los testimonios de los que supuestamente lo acompañaban (su esposa y su cuñado), y no los de las damnificadas, como lo hizo el tribunal, y en cuanto al segundo su afirmación no dista de ser una hipótesis sin fundamento que la avale, por lo que la alegada existencia de duda debe ser desestimada.
Recurso de casación, trámites judiciales, admisibilidad del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Antelo, Manuel F. y otro s/ rec. de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-10-17

El juicio de admisibilidad que prevé el art.444 del C.P.P.N., no es definitivo y si se considera que el recurso es formalmente improcedente y ha sido mal concedido podrá desecharse sin que medie pronunciamiento sobre el fondo en cualquier momento, ya sea antes o después de la audiencia para informar o al tiempo de dictar sentencia. (Voto del Dr. Madueño).
Contrato de trabajo, trabajador extranjero, extranjeros ilegales, nulidad del contrato de trabajo, remuneración
Materia: LABORAL
Carátula: NAUROTH Y ECHEAGARAY, RICARDO HAN OSCAR Y OTRA c/ D'ONOFRIO, NICOLAS OSVALDO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1973-09-07

'No es válido el contrato de trabajo celebrado por un trabajador extranjero que reside en el país en infracción a la ley 17294, sin perjuicio de su derecho a percibir la retribución por el trabajo cumplido'.