Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-10


2º Instancia.- Buenos Aires, setiembre 10 de 2007.

El doctor Ponce dijo:

I.- La sentencia de primera instancia (fs. 830/60) hizo lugar parcialmente a la demanda y condenó a Leonardo Raffaelino, Roberto Fabián Sinjido y Elecnor de Argentina S.A. a pagarle a Liliana Raquel Jara la suma total de $ 80.000 con más sus intereses y costas, por los daños y perjuicios derivados del accidente ocurrido el 23 de septiembre de 1999 en el que la última resultó lesionada. Asimismo, admitió las defensas de fondo opuestas por las dos citadas en garantía en autos: "La Perseverancia Seguros S.A." (aseguradora del accionado Sinjido), y "La República Compañía Argentina de Seguros Generales S.A." (aseguradora de la demandada "Elecnor de Argentina S.A."), excluyendo la responsabilidad de ambas (aunque por fundamentos distintos) en esta causa.

El pronunciamiento de grado fue apelado por la codemandada "Elecnor de Argentina S.A." (fs. 861, quien no fundó el recurso en el plazo previsto por el artículo 259, última parte, del Código Procesal, por lo que corresponde -de conformidad con lo dispuesto por el artículo 266 del citado código-, declararlo desierto); y por la accionante (fs. 862). Esta última sostuvo su apelación a fs. 888/91 y solamente la citada "La República" contestó, a fs.902/05, las quejas referidas.

II.- a) No estando impugnado lo decidido en materia de responsabilidad, comenzaré por referirme a la queja esgrimida por la actora en punto a la admisión de la defensa articulada por "La Perseverancia Seguros S.A.".

Antes que nada, y en cuanto a las críticas relativas a que la declinatoria interpuesta por la citada en garantía es absolutamente extemporánea e inoponible a su parte, por ser intentada después de treinta días de notificada de la mediación y después de los dos días hábiles de notificada de la citación en garantía, señalo que las mismas no habrán de tener favorable acogida.

Ello así, por los argumentos que a continuación expondré.

Según surge del artículo 56 de la Ley de Seguros 17.418: "El asegurador debe pronunciarse acerca del derecho del asegurado dentro de los treinta días de recibida la información complementaria prevista en los párrafos 2º y 3º del artículo 46. La omisión de pronunciarse importa aceptación." A su vez, los párrafos segundo y tercero del artículo 46 aludido establecen que: el asegurado está obligado a suministrarle al asegurador a su pedido, la información necesaria para verificar el siniestro o la extensión de la prestación a su cargo y a permitirle las indagaciones necesarias a tal fin; como así también que el asegurador puede requerir prueba instrumental y que no es válido convenir limitaciones de prueba.

Dicho esto, del formulario de mediación obrante a fs.7, que da cuenta de la audiencia celebrada entre las partes, surge que la etapa previa de mediación obligatoria no continúa "por la incomparencia de una de las partes" (la parte que no asistió a dicha audiencia fue: "La Perseverancia Seguros S.A.").

Sin perjuicio de ello, la mediadora interviniente, no dejó constancia en el acápite "Observaciones", obrante en el reverso del acta, del porqué de dicha incomparecencia, y en su caso, si la aseguradora fue notificada de la audiencia respectiva y por qué medio.

A fs. 17, el señor juez "a quo" requirió a la accionante (en atención a la enmienda que surge del acta de mediación) que manifieste lo que estime corresponder. Aquélla contestó que lo testado en el acta era la fijación de una nueva audiencia, que había sido propuesta por la mediadora -atento la incomparecencia de la citada-, a los fines de negociar o de coordinar la revisación médica de la víctima con el médico del seguro, "que las partes no convinieron en aceptar" (cfr. fs. 23). Pero nada dijo el apoderado de Jara acerca de la incomparecencia de la citada en garantía a la audiencia, ni tampoco el juez de grado le solicitó a la mediadora González que manifieste o explique por qué medio de notificación -si es que existió- fue anoticiada la aseguradora de la audiencia de mediación.

A ello se suma, lo expuesto por "La Perseverancia" a fs.40, primer párrafo, de su conteste, al oponer la excepción que nos ocupa, en cuanto a que su parte recién tomó conocimiento del siniestro con la notificación realizada por la actora con fecha 15/08/2000 (cfr. cédula de fs. 27/vta.).

En consecuencia, teniendo presente todos los argumentos vertidos, y lo previsto por el artículo 56 de la ley de seguros más arriba señalado, entiendo que la defensa que nos ocupa, efectuada por la aseguradora "La Perseverancia Seguros S.A.", fue intentada en tiempo apropiado y no resulta en modo alguno extemporánea.

Sentado ello, paso ahora a abordar el agravio relativo a la admisión de la excepción efectuada en el fallo en crisis, con base en la inexistencia de cobertura de "La Perseverancia" por falta de pago de la prima.

Adelanto que a mi criterio el mismo no resulta atendible.

La accionante se quejó de que el fallo de grado haya dado por cierta "una hipotética y no acreditada falta de pago" omitiendo referenciar y considerar la totalidad de las pruebas de autos y lo alegado por su parte. Criticó que el señor juez "a quo" se haya limitado a referir que de acuerdo a la pericial contable no existía cobertura a la fecha del siniestro, sin tener en cuenta que "...está específicamente acreditada la temeridad y malicia de la citada en garantía al negar la existencia de pagos, que sí se efectuaron oportunamente ante el Agente Institorio que consta en la póliza..." (García, Gustavo A., productor 1217/5, organizador 4028/8, de la agencia 9086/3, Agencia Centro). En este sentido, agregó, que las fechas en las que efectivamente se pagaron las cuotas ante el agente aludido, no son las fechas de registro en los libros de la Casa Central, y que esto surge de las Planillas de Rendición de Cobranzas, y describió las mismas.

Destaco que esto no es así, o que al menos la recurrente no logró acreditar sus dichos en autos.

En efecto, de la compulsa de la Planilla de Rendición de Cobranzas que nos ocupa -obrante en fotocopia certificada a fs. 611-, remitida por el productor Gustavo A. García a la aseguradora el 29/09/1999, no se desprende la fecha en que el codemandado de autos Sinjido le habría abonado las cuotas nº 2 y 3 de la póliza (que surgen impagas a la fecha del siniestro), ya que la columna de la planilla destinada a asentar ese dato se encuentra en blanco. Tampoco la actora, propuso al productor de seguros García como testigo a los fines de acreditar, en su caso, que el pago de las cuotas en cuestión, fue realizado con anterioridad al 23 de septiembre de 1999.

Entiendo que la recurrente ha olvidado que las reglas de la carga de la prueba determinan lo que cada parte tiene interés en probar para obtener éxito en el proceso, es decir, cuáles hechos, entre los que forman el "thema probandum" en ese juicio, deben aparecer justificados para que sirvan de fundamento a sus pretensiones u oposiciones (Devis Echandía, "Teoría General de la Prueba Judicial", t. I, p. 142). Es en definitiva un imperativo de su propio interés.

Todo lo descripto me lleva a concluir, que la quejosa no tuvo interés en acreditar, o no logró demostrar, que el pago de las cuotas de la prima fue efectuado por el codemandado Sinjido antes del accidente.

Sentado ello, conforme surge de la pericial contable producida a fs. 493/96 y demás explicaciones brindadas por el experto Elías a fs.664/5, la vigencia de la póliza abarcaba el período comprendido entre el 02/07/1999 y el 01/01/2000, y el pago del premio por el asegurado cuyo importe ascendía a la suma de u$s 299,24, era pagadero en cinco cuotas, una de contado por u$s 59,88 y otras cuatro por u$s 59,84 cada una, con vencimientos los días 02/08/1999, 02/09/99, 02/10/99 y 02/11/99.

Ahora bien, según surge del informe pericial, de la "...pantalla del sistema de cómputos de la aseguradora..." y de la documentación acompañada en fotocopia certificada a fs.628, la primera cuota -o sea la cuota contado-, fue abonada el día 13/08/99, y la segunda y la tercera, fueron pagadas, juntas, el mismo día: el 30/09/99.

En consecuencia, habiéndose producido el accidente el día 23 de septiembre de 1999, ya había operado a dicha fecha (30/09/99) el vencimiento de las dos últimas cuotas referidas (segunda y tercera), encontrándose pendientes de pago las mismas.

Como bien indicó el perito contador Elías, en el artículo 2º de la "Cláusula de Cobranza del Premio" (según Resolución nº 21302 S.S.N.) estaba estipulado que "vencido cualquiera de los plazos de pago del premio exigible sin que éste se haya producido, la cobertura quedará automáticamente suspendida desde la hora 24 del día de vencimiento impago, sin necesidad de interpelación extrajudicial o judicial alguna ni constitución en mora, la que se producirá por el solo vencimiento del plazo..." (cfr. parte pertinente de la póliza glosada a fs. 604).

La cobertura se encontraba así suspendida para el 23 de septiembre de 1999, sin que la circunstancia de que se haya efectuado el pago de lo adeudado unos días después modifique la situación.

En este sentido, se ha dicho que "el incumplimiento del asegurado al pago de la prima en la forma convenida con la aseguradora importa la suspensión de la cobertura, o sea la cesación temporaria de la garantía contratada, sin que el pago posterior rehabilite la cobertura en suspenso, ya que se proyecta sólo hacia el futuro, pues el efecto del pago es ex nunc. La aceptación de lo debido con atraso no puede interpretarse como expresión de una suerte de prórroga convencional de los plazos originales estipulados" (conf. CNCiv., Sala "C", del 10-8-99, en autos "Randazzo de Caputo, Olga L. c/Barbeito, Luis D. s/daños y perjuicios", etc.).

También, como ya lo decidí en una oportunidad como integrante de la Sala "I" del Tribunal (expte. Nº 149.661/95, del 04-08-2005), estimo que: "Está claro, pues, que al tiempo del accidente la cobertura estaba suspendida, suspensión que la doctrina caracteriza como un efecto reactivo de tipo sancionatorio, que sigue al incumplimiento moroso de la obligación de satisfacer el pago de la prima" (conf. Stiglitz, Rubén S. y Gabriel A. "Contrato de Seguro", Ed. La Rocca, 1988, pág. 444).

Así las cosas y por todos los argumentos vertidos, no cabe sino rechazar los agravios interpuestos por la actora y confirmar este aspecto de la sentencia de grado.

b) Me adentraré ahora en el estudio del agravio efectuado por la demandante acerca de la admisión en el fallo en crisis de la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por la aseguradora "La República Compañía Argentina de Seguros Generales S.A.".

El señor juez "a quo" rechazó la cobertura de la aseguradora aludida, haciendo lugar a la defensa interpuesta, basada en lo establecido por el artículo 2º del anexo 34 y el artículo 2º del anexo 99 de la póliza -sobre exclusiones de riesgos no cubiertos-, v. fs. 136 y 140.

Estos artículos prevén -en síntesis- que "La República Compañía Argentina de Seguros Generales S.A." cubre los siniestros causados en el uso de vehículos automotores que no sean de propiedad del asegurado, "en la medida que no se encuentre vigente otro seguro más específico".

Así, el sentenciante de grado entendió que toda vez que el vehículo Dodge d-100 poseía contrato de seguro a nombre del demandado Sinjido en "La Perseverancia Seguros S.A." (seguro más específico), se configuraba la eximente establecida en los artículos más arriba citados. Ello, sin perjuicio de que cobertura referida se encontrara suspendida por falta de pago a la fecha del accidente.

Ahora bien, me pregunto, ¿esta exclusión de cobertura pactada entre la aseguradora "La República" y su asegurada: la codemandada "Elecnor", puede ser opuesta al tercero ajeno a dicho contrato, la damnificada de autos: Liliana Raquel Jara? Entiendo que no, ya que a mi parecer, la exclusión descripta se presta a una connivencia entre la aseguradora y el asegurado, que no puede ser admitida.

El artículo 1195 del Código Civil establece que los efectos de los contratos se extienden activa y pasivamente a los herederos y sucesores universales y también que los contratos no pueden perjudicar a terceros.

Es decir, igual que en los demás actos jurídicos, por regla general los efectos de los contratos se producen efectivamente entre las partes, y no pueden afectar a terceros. Es éste el principio del efecto relativo de los actos jurídicos, aplicable por consiguiente a los contratos. El artículo que se comenta consagra dicho principio, concordando así con el artículo 503, según el cual "las obligaciones no producen efecto sino entre acreedor y deudor, y sus sucesores a quienes se transmitiesen", y también con el artículo 1199, por el cual "los contratos no pueden oponerse a terceros, ni invocarse por ellos, sino en los casos de los artículos 1161 y 1162".

Entre las consecuencias jurídicas de los contratos se distinguen los efectos directos, o sea aquéllos que las partes quieren producir, respecto de los cuales rige el principio de relatividad, de los efectos indirectos o reflejos, que son los que de hecho, en forma material, inciden sobre los terceros. Ejemplo de estos efectos reflejos son los actos no fraudulentos de un deudor, cuyos movimientos patrimoniales pueden beneficiar o perjudicar a sus acreedores.

El "perjuicio de los terceros" a que se refiere la última parte del artículo [1195] es el que producen los efectos directos, no los indirectos o reflejos. En consecuencia, entre los terceros no interesados en el acto se distinguen aquéllos cuyo derecho subjetivo se vería afectado si el contrato fuera eficaz, de los "penitus extranei", que pueden experimentar un perjuicio meramente indirecto. Solamente los primeros pueden invocar la ineficacia del acto (conf. Augusto C. Belluscio- Eduardo A. Zannoni, "Código Civil", t. 5, p.880 y ss., 5a reimpresión, y demás doctrina y jurisprudencia allí citada).

Sentado ello, considero que "La República" y su asegurada "Elecnor", quisieron pactar las exclusiones de cobertura plasmadas en los artículos 2( de los anexos 34 y 99 de la póliza, por lo que lo allí establecido configura un efecto directo del contrato celebrado; y por otro lado que, en el "sub iudice" la víctima Liliana Raquel Jara constituye un tercero no interesado en el acto, pero cuyo derecho subjetivo sí se vería afectado si estas cláusulas de exclusión de cobertura fueran eficaces. Todo lo cual me lleva a concluir que la actora puede invocar su ineficacia, y que éstas no pueden serle opuestas.

Por todo lo expuesto, si mi opinión fuere compartida, propongo a mis distinguidas colegas revocar parcialmente la sentencia en crisis haciendo extensivo el pronunciamiento a la aseguradora de la demandada Elecnor de Argentina S.A., "La República Compañía Argentina de Seguros Generales S.A.", que fue citada en garantía en los términos del artículo 118 de la ley 17.418.

III.- Paso ahora a ocuparme de los montos indemnizatorios fijados que merecieron objeción -por bajos- por la demandante.

a) La actora criticó el monto fijado en el fallo en crisis por el reclamo efectuado en concepto de incapacidad psicofísica sobreviniente, lesión estética y tratamientos futuros.

Argumentó que la suma otorgada resulta "insignificante y totalmente carente de relación" con la excepcional gravedad de los distintos perjuicios permanentes sufridos, que corresponde indemnizar. Agregó, que como consecuencia directa del accidente, sufre múltiples secuelas incapacitantes y consecuencias dañosas, y que "ha quedado arruinada para toda su vida".

Indicó, que a su criterio, el señor juez "a quo" omitió considerar específicamente su edad -de sólo 15 años cuando sufrió el accidente-, y que hasta ese momento era una chica estudiosa, bonita y activa.

La incapacidad sobreviniente comprende, salvo el daño moral y el lucro cesante, todos los supuestos susceptibles de reparación patrimonial, incluso los daños a la salud, a la integridad física y psíquica de la víctima, como así también a su aspecto estético, es decir, la reparación deberá abarcar no sólo el aspecto laborativo, sino también todas las consecuencias que afecten su personalidad íntegramente considerada (conf. CNCiv., Sala "B", E.D. 13-627; Sala "C", id. 38-301, Sala "K", La Ley, 1997-E-1029, 39.854-S).

Para su determinación hay que seguir un criterio casuístico, ponderando las circunstancias de cada caso, especialmente las referidas a la edad de la víctima, su preparación intelectual o capacitación para el trabajo, el grado de disfunción física y la incidencia que la misma produce para la actividad desarrollada, como así también el nivel socio económico en que el lesionado se desenvolvía (conf. CNCiv, Sala "A", La Ley, 1997-B, 344; Sala "E", La Ley, 1997-C, 262; Sala "I", La Ley, 1997-B, 784; Sala "J", La Ley, 1997-D, 574; esta Sala, mis votos, exptes. Nº 114.600/03 del 6-02-07 y nº 20.447/99 del 9-02-07; nº 99.249/1999 del 31-05-07, etc.).

A fs. 371/77 obra el peritaje llevado a cabo por el médico legista Dr. Pedro Zoltan Farkas, quien luego de analizar las constancias de la historia clínica -obrante en la causa penal que tengo a la vista a fs.80/106-, labrada en el Hospital Zonal General de Agudos Dr. Lucio Meléndez de Adrogué, como así también del informe radiológico glosado en estas actuaciones a fs. 360, y demás documental aportada; dictaminó que la actora presentó politraumatismo por accidente en la vía pública, el día 23 de septiembre de 1999, sufriendo escoriaciones en macizo frontal, traumatismo de pelvis y muslo derechos con necrosis de piel y celular, scalp, hematoma importante en glúteo derecho y fractura de rama isquiopubiana lado derecho.

Indicó, que actualmente y como consecuencia del politraumatismo sufrido, la actora presenta secuelas anátomo-funcionales, que -a nivel de cadera-, según lo comprobó en el examen físico, presenta limitación leve en los movimientos de flexión y abducción, y que radiológicamente se observa secuela de fractura pelviana.

Asimismo, que en el glúteo y muslo derechos se observa una importante cicatriz irregular, lo que contribuye junto a la secuela fracturaria, a la disminución de la movilidad de la cadera ya referida. Ello, además del daño estético correspondiente.

Con respecto a este último, destaco que será ponderado al fijar el monto por el daño moral pretendido.

Ello así, toda vez que en reiteradas oportunidades he adherido a la postura que sostiene que cuando se reclama un importe por este concepto y otro por daño moral, puede producirse un doble resarcimiento por la misma causa. Es decir, aquí, debe distinguirse éste aspecto extrapatrimonial, involucrado dentro del agravio moral, del patrimonial, que puede ser indirecto cuando la víctima tuvo que incurrir en gastos para las curaciones o cuando el hecho implicó una pérdida de la fuente de trabajo o disminución del mismo, en este caso corresponde encasillarlo dentro del concepto de lucro cesante (conf. Kemelmajer de Carlucci, en Belluscio, "Código Civil, comentado...", t. 5, pág. 222; CNCiv. Sala "E", E.D. 142-655 y jurisp. cit.).

No dándose cita en la especie los supuestos referidos en la última parte del párrafo que antecede, entiendo que corresponde -como lo adelanté más arriba-, ponderar el reclamo efectuado por la lesión estética al fijar la indemnización por daño moral.

Finalmente, el experto concluyó que Liliana Raquel presenta en el orden físico, una incapacidad parcial y permanente del 5% (secuela de fractura de una rama pubiana) y del 15% (injerto de diámetro mayor de 10 cm. con adherencias y alteraciones tróficas). En síntesis padece una incapacidad física del 20%.

Si bien no soslayo que a fs. 426 -al contestar el pedido de explicaciones efectuado por la actora-, el experto aclaró que la única alteración funcional que padece aquélla es a nivel de la cadera, de grado leve, que no la incapacita para correr, bailar y practicar deportes, y que tampoco se encuentra imposibilitada de superar un examen médico preocupacional; por todo lo ya dicho y lo que a continuación expondré, propiciaré se recepten -al menos parcialmente- los agravios en estudio.

En cuanto al aspecto psicológico, con sustento en el informe psicodiagnóstico efectuado por la Lic. María Valeria Cerón (fs. 361/70), el perito Farkas señaló que se ha diagnosticado daño psíquico en la víctima, habiéndose provocado un desarrollo reactivo moderado, a consecuencia del traumatismo sufrido y sus secuelas. Agregando que se lo puede definir como "síndrome psiquiátrico coherente" (enfermedad psíquica), relacionado causal o concausalmente con el evento de autos, que ha ocasionado una disminución de las aptitudes psíquicas previas (incapacidad), que tiene carácter irreversible (cronicidad) o al menos jurídicamente consolidado (dos años).

Estimó primero en un 10% la incapacidad de la accionante, derivada del cuadro descripto (síndrome depresivo reactivo en período de estado leve). Y luego, a fs. 792, frente al pedido de aclaraciones realizado por la citada "La República", el experto amplió su informe indicando respecto a los porcentajes de incapacidad por las lesiones físicas padecidas, que corresponden a la misma patología y aparato por lo que no puede aplicarse el método de la capacidad residual, pero que en cuanto a la incapacidad psíquica sí se puede utilizar dicho método, siendo así la incapacidad total de Liliana Raquel del 28% de la total obrera.

Asimismo, a fs. 376/vta., el perito recomendó la realización de un tratamiento psicológico con una entrevista semanal, por un lapso de dos años, con un costo aproximado de $ 2200. Agregando luego el experto, que el tratamiento propuesto es solamente de tipo paliativo, es decir que no modificará la patología de base (cfr. fs. 792).

No obstante esto último, entiendo, que si resulta aconsejable un tratamiento es porque en mayor o menor medida va a beneficiar y mejorar la situación psíquica de la joven.

En base a los parámetros brindados por el perito (en cuanto a la frecuencia y duración del tratamiento propuesto), y de conformidad con lo previsto por el artículo 165 del Código Procesal, estimo el costo de cada sesión en $50, por lo que la suma otorgada para responder por este rubro deberá elevarse a la de $ 5.000.-.

Así las cosas y, teniendo en cuenta que las secuelas físicas (traumatológicas) y psíquicas han sido comprobadas científicamente, considero equitativo receptar parcialmente los agravios interpuestos por la actora elevando la indemnización fijada por el concepto en estudio a la suma de pesos cincuenta mil ($50.000).

b) La actora criticó también el monto otorgado en el fallo en crisis por daño moral por bajo.

Señaló que el juez de grado no consideró los padecimientos morales causados y que "la desgarrarán" durante toda su vida: como así tampoco las internaciones, intervenciones quirúrgicas y los dolores sufridos.

Con referencia a esta figura, debo decir que comparto posición doctrinaria y jurisprudencial que entiende que cumple una función reparadora (conf. Acuña Anzorena, "Estudio sobre la responsabilidad civil", p. 55; Mosset Iturraspe, "Reparación del daño moral", JA. 2-1975-295; Orgaz, "El daño resarcible", p. 221; CNCiv, Sala "G", La Ley, 100-179, Sala "I" exptes. Nº 81.597 de 3-1991; nº 73.579 de 10-9-87; nº 81.668, esta Sala exptes. Nº116.826/2.001 del 22-02-07, nº 114.600 del 6-02-07, entre muchos otros).

Este instituto se aplica cuando se lesionan sentimientos o afecciones legítimas de una persona o cuando se le ocasionan perjuicios que se traducen en padecimientos físicos o que hayan perturbado su tranquilidad y ritmo normal de vida (conf. CNCIV., Sala "D", E.D. 61-779); Sala "F", id, 42-331), no requiriendo prueba específica en cuanto a su acreditación, pues se lo tiene por demostrado por el sólo hecho de la acción antijurídica- "prueba in re ipsa"- (conf. Orgaz, op. cit. p. 259).

En este sentido, sin desconocer que el "quantum" de esta indemnización, más que cualquier otro queda librado a la discrecionalidad del órgano judicial, ya que no existen parámetros que permitan fijarlo con absoluta certeza, entiendo que habrá de accederse al menos parcialmente a los agravios formulados por la demandante.

En efecto, en el caso, cabe apreciar que Liliana Raquel fue violentamente embestida por la espalda por una camioneta, en circunstancias en que se encontraba andando en bicicleta (v. fotografías obrantes a fs. 27/8 de la causa penal que dan cuenta del estado en que quedó el biciclo y revelan, a mi criterio, la violencia del impacto), que le produjo las lesiones y dolencias más arriba descriptas, y que como consecuencia de ello debió ser trasladada al Hospital Zonal General de Agudos Dr. Lucio Meléndez de Adrogué. También, que luego tuvo que ser operada en reiteradas oportunidades, y soportar un período de internación considerablemente prolongado (del 06-10-99 al 04-02-00, cfr. fs.372 de la pericial médica).

Teniendo en consideración todo lo informado por el perito médico, los sufrimientos padecidos por la joven, atento su edad (reitero de quince años a la fecha del accidente), y sexo, las intervenciones, colgajos y distintas toilettes quirúrgicas y drenajes a que debió someterse, la pérdida del año escolar (cfr. contestación de oficio remitida por la Escuela de Educación Media nº 10 de Almirante Brown, Pcia. de Buenos Aires, a que asistía la actora, obrante a fs. 310/13), el daño estético producido (que en el caso es de gravedad, ver fotografías obrantes en el sobre glosado a fs. 425), me mueven a propiciar a mis distinguidas colegas que la cifra fijada por el señor juez "a quo" para responder por la presente figura sea prudentemente elevada a la de pesos cuarenta y cinco mil ($ 45.000).

Reitero que dicha indemnización comprende a la pretendida lesión estética sufrida por la recurrente (cicatriz irregular a nivel de cara externa de glúteo y muslo, de forma romboidal, de aproximadamente 21 cm. en su parte más ancha, y de 15 cm. en su parte más alta, cfr. fs. 373/vta. de la pericia y fotografías en sobre de fs. 425), que no es un concepto autónomo.

IV.-Considero que debe ser receptada la queja efectuada por la demandante vinculada con el procedimiento establecido en el pronunciamiento de grado para el cálculo de los intereses compensatorios, los que deberán ser liquidados mediante las tasas pasivas promedio que publica mensualmente el Banco Central de la República Argentina de acuerdo con lo previsto en el artículo 8º del decreto 529/91, modificado por el decreto 941/91 (conf. CNCiv., en pleno, "Vázquez, Claudia Angélica c/ Bilbao, Walter y otros s/ daños y perjuicios", E.D. 115-142 -DJ, 1993-2-720- y "Alanis, Ramona Evelia y otro c/ Transportes 123 S.A.C.I., interno 200 s/ daños y perjuicios", id. 206-680 -DJ, 2004-1-784-).

El cálculo se realizará desde el momento en que se produjo el perjuicio hasta el del efectivo pago.

V.- Por todo lo expuesto, si mi voto fuera compartido propongo a mis distinguidas colegas revocar parcialmente la sentencia de primera instancia: en la medida en que se hace extensivo el pronunciamiento a la aseguradora de la demandada Elecnor de Argentina S.A.: "La República Compañía Argentina de Seguros Generales S.A.", que fue citada en garantía en los términos del artículo 118 de la ley 17.418. Con costas a la entidad citada en garantía (artículo 279 del Código Procesal). A su vez, se aumenta la indemnización por incapacidad psicofísica sobreviniente y tratamiento -psicológico- futuro a la de $50.000 y la otorgada por daño moral a la de $45.000. A su vez corresponderá liquidar los intereses pertinentes de acuerdo al procedimiento señalado en el considerando IV). Y confirmar dicho pronunciamiento en lo demás que decide. Las costas de Alzada entiendo que deben ser impuestas a los demandados y a la citada "La República Compañía Argentina de Seguros Generales S.A." por resultar sustancialmente vencidos (artículo 68 del Código Procesal).

Las doctoras De los Santos y Díaz de Vivar adhieren por análogas consideraciones al voto precedente.

Por lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo precedente, el tribunal resuelve: 1.- Revocar parcialmente la sentencia de primera instancia en la medida en que se hace extensivo el pronunciamiento a la aseguradora: "La República Compañía Argentina de Seguros Generales S.A.", con costas. 2.- Aumentar la indemnización por incapacidad psicofísica sobreviniente y tratamientos futuros a la de $ 50.000 y la otorgada por daño moral a la de $ 45.000. 3.- Determinar que los intereses se calculen mediante el procedimiento señalado en el considerando IV. 4.- Confirmar la sentencia de primera instancia en lo demás que decide. 4) Imponer las costas de Alzada a los demandados y a la citada "La República Compañía Argentina de Seguros Generales S.A.". 5.- Advirtiéndose en este acto que el apelante de fs. 861, no fundó su recurso en el plazo a que se refiere el artículo 259, última parte, del Código Procesal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 266 del citado cuerpo legal, declárase desierto el mismo. 6.- Diferir la regulación de honorarios por los trabajos realizados en esta instancia para una vez que se encuentren determinados los correspondientes a la instancia anterior (art. 14 de la Ley de Arancel).-Carlos R. Ponce.- Mabel De los Santos.- Elisa M. Díaz de Vivar.