Concesión parcial del recurso, extinción de la acción penal, administración fraudulenta, principio de legalidad, suspensión del juicio a prueba, asociación ilícita
Materia: PROCESAL
Carátula: Beraja, Rubén Ezra. c/  s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-31

Corresponde rechazar parcialmente los recursos de casación interpuestos por el representante del Ministerio Público Fiscal y la parte querellante -B.C.R.A.- en punto a la declaración de extinción de la acción penal por prescripción en orden a los delitos de administración fraudulenta y estafa en perjuicio de la administración pública. En primer lugar, porque el cómputo de la prescripción no puede verse modificado por la existencia de una relación concursal, sino que los distintos hechos deben computarse de manera individual. Por otra parte, la previsión constitucional del art. 36 no acarrea la consagración de la imprescriptibilidad de las acciones penales ante la comisión de graves delitos dolosos contra el Estado que conlleven enriquecimiento. La impunidad en esta clase de delitos no puede explicarse a través de un cuestionamiento al instituto de la prescripción, sino antes bien por la prolongada duración de las investigaciones seguidas por corrupción. En el caso, la investigación se inició el 16/10/98, habiendo el Fiscal requerido la instrucción del sumario el 20/10/98, ampliándolo en sucesivas oportunidades. El 10/9/04 el B.C.R.A. requirió la elevación de la causa juicio y el Fiscal el 6/10/04. Sin perjuicio de los numerosos planteos e incidencias generadas, cierto es que se dictó sentencia quince años después, en el 2019. De otro lado, el art. 67 inc. d del CP (ley 25.990) enumera con carácter taxativo los supuestos en los que el cómputo de la prescripción puede interrumpirse; así, la interpretación que propone la querella -que el decreto que fija la fecha de comienzo del debate provoca interrupción- contraría el principio de legalidad que exige una exégesis restrictiva dentro del límite semántico del texto legal, en consonancia con el principio político criminal que caracteriza al derecho penal como la última ratio. Por último, no opera la suspensión del cómputo del plazo de prescripción de la acción penal debido a la tramitación de planteos vinculados con la suspensión del proceso a prueba y la prescripción de la acción penal (art. 67, 1° párrafo del C.P.), en tanto no resultan ser de aquellas cuestiones prejudiciales, pues los pedidos tramitaron en el marco de la causa, por tanto, no ostentan aquel particular carácter. Por otra parte, corresponde hacer lugar parcialmente a los recursos de casación interpuestos por los acusadores, anular la decisión impugnada en tanto dispuso absolver a los acusados en orden al delito de asociación ilícita y reenviar al a quo para que dicte un nuevo pronunciamiento. Ello así, pues, el análisis expuesto se advierte arbitrario por contener contradicciones internas y por estar dotado de fundamentación aparente. Se observa un abordaje limitado al momento de verificar los elementos que las acusaciones expusieron en torno a las operaciones llevadas a cabo por los imputados, ya sea desde la estructura del banco o desde sus satélites, usando a aquel como fachada, extremos presentados como develadores de la existencia de aquella asociación y de su estructura organizada y dispuesta para la obtención del propio lucro y beneficio. Los indicios enfatizados por los acusadores, podían trascender los hechos consumados de defraudación y podían presentar como prueba de la existencia de un vínculo consolidado en el tiempo, una finalidad asociativa y una estructura organizada con roles asignados; extremos que no tuvieron respuesta suficiente. El déficit en el tratamiento de esos argumentos limitó arbitrariamente el examen de los requisitos de permanencia y organización que se describieron durante los alegatos, oportunidad en la que se reclamó la ponderación de una serie de distintas acciones, operaciones y transacciones que expresaban la existencia de una voluntad ordenada a la conducción de un considerable flujo de fondos hacia una determinada dirección en contravención a las normas aplicables en materia bancaria dispuestas por el BCRA, que no fue sopesada. Ello ameritaba, cuanto menos, un detenido examen respecto de aquellas transacciones, del modo en que se llevaban a cabo y de cómo eran instrumentalizadas, las que, por su volumen, reiteración y, en definitiva, el perjuicio ocasionado -según los acusadores-, podrían llegar a constituir indicios claros que demandaban una respuesta más profunda. En definitiva, se desechó la tesis acusatoria sin dar a conocer las premisas sobre las cuales los jueces hilaron su razonamiento, por lo que la decisión no contiene los argumentos mínimos, suficientes y necesarios para ser reputada como derivación lógica del derecho aplicable a los hechos comprobados de la causa.