Reserva de identidad, Ministerio Público Fiscal, audiencia preliminar, declaración de la víctima, trata de personas, medios de prueba
Materia: PENAL
Carátula: ORMEÑO HUERTA, Jackson c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-08

El agravio relativo a la reserva de identidad se traduce en un planteo de nulidad por la nulidad misma, toda vez que, ante la solicitud del representante del Ministerio Público Fiscal, se celebró una audiencia preliminar en la cual se resolvió levantar la reserva de la identidad que se había impuesto en la etapa de investigación respecto de la víctima de autos y de quien era su pareja, también se dio acceso a la defensa del legajo de identidad reservada, manteniéndose la reserva de sus datos de ubicación actuales. Asimismo, la defensa no efectuó objeción alguna relacionada a la declaración de la víctima, la cual fue recibida de manera directa, acompañada por la Licenciada del Programa de Rescate y Acompañamiento a personas víctimas del delito de Trata de Personas, mediante videoconferencia desde su domicilio, ante las partes, sin público y sin la presencia del imputado, quien sí pudo oírla (art. 10 ley 27372). En virtud de ello, no se advierte cuál habría sido el perjuicio real para la defensa, o bien, qué actos se habría visto privada de oponer, teniendo en cuenta que el acusado pudo dar su versión de los hechos e incluso reconoció una relación de amistad previa con la víctima. Si bien la defensa ha planteado que el sólo relato de la víctima no alcanza para resolver el caso, lo cierto es que la ley de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales n° 26485 (B.O 1/4/2009) garantiza en su art. 16 la amplitud probatoria para acreditar hechos como los denunciados, al estipular en el inciso i) ".la amplitud probatoria para acreditar los hechos denunciados, teniendo en cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de violencia". Si bien, el testimonio de la víctima u ofendido es uno de los medios de prueba que puede elegir libremente el tribunal (cfr. art. 241 del CPPN), no puede soslayarse la especial situación en la que se encuentran las víctimas del delito de trata de personas, toda vez que ellas constituyen la prueba viviente de la comprobación del delito. Reviste tanto la calidad de víctima como la de testigo de los hechos, por eso debe ser revalorizada no sólo como objeto de prueba sino como sujeto en sí mismo dotado de derechos. Los arts. 79 y 80 del Código Procesal Penal de la Nación enuncian los derechos que asisten a la víctima y testigo de cualquier delito a lo largo del proceso, pero aquí se deberá contemplar especialmente las extremas situaciones a las que ha sido sometida la víctima. Sin perjuicio de todo lo expuesto, en el caso bajo análisis la condena no se sustentó únicamente en el testimonio de la víctima, pues el tribunal tomó en cuenta no sólo sus dichos, sino que además valoró el resto de los medios probatorios ofrecidos por las partes, entre las que se cuentan las pericias médicas, los testimonios de los preventores, los testimonios del personal médico, las tareas de inteligencia de la PFA, entre otras. En efecto, el testimonio de la víctima fue corroborado inicialmente por los profesionales de la salud que la atendieron, quienes no advirtieron animosidad o desvíos de la realidad, y también justificaron las variaciones en su declaración. En definitiva, el testimonio ofrecido por la víctima no constituyó una prueba dirimente, pues la convicción acerca de la existencia de los hechos se fue conformando sobre una pluralidad, convergencia y precisión de elementos probatorios que fueron analizados en forma global y no aislada.