Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2009-05-21


San Luis, mayo 21 de 2009.

1º ¿Es procedente el recurso de inconstitucionalidad planteado? 2º En su caso, ¿qué resolución corresponde dictar? 3º ¿Cuál sobre costas? 1º cuestión. - El doctor Florencio Damian Rubio dijo:

1) Que a fs. 248/251 se presenta el apoderado del revisionista e interpone Recurso Extraordinario de Inconstitucionalidad local por arbitrariedad de sentencia contra la Resolución de fs. 242/245.

En el mencionado escrito, el recurrente manifiesta que el recurso es formalmente procedente por cuanto se acompañan las copias simples de ley y se deduce dentro del plazo de cinco días de notificado de la sentencia dictada en los autos "GEA Construcciones SRL s/ Concurso Preventivo - Crédito Banco Hipotecario S.A. - Informe Individual Nº 13 s/ incidente de revisión", Expte. Nº 132/2003, del cual fue notificado mediante cédula obrante a fs. 247 de dichos autos con fecha 14/08/2006, resolución que remite a la sentencia dictada en los presentes autos de la que ha quedado notificado en la misma fecha. Refiere que luego de haber recibido la mencionada cédula, solicitó en mesa de entradas los presentes actuados, advirtiendo que corre agregada a fs. 246 cédula librada al Dr. M. A. F., quien no ha tenido ni tiene participación en ninguna de las dos causas y que en consecuencia, la cédula dirigida a persona distinta del recurrente, se encuentra viciada de nulidad respecto a su parte, lo que deja planteado.

A fs. 256 es concedido el recurso extraordinario local por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas y Laboral Nº 1 de la Primera Circunscripción.

A fs. 260/266 funda el recurso, manifestando en síntesis que la sentencia que ataca agravia arbitrariamente los derechos constitucionales de propiedad de su mandante, del debido proceso y de defensa en juicio y los principios constitucionales de legalidad, de razonabilidad y de seguridad por no ser una derivación razonada del derecho vigente y haberse apartado de las constancias comprobadas en la causa, realizando un análisis defectuoso de las pruebas en especial de la pericial contable y prueba documental incorporadas a la misma. Continúa manifestando que el fundamento del fallo impugnado son argumentos solo aparentes frente a las pruebas que disponía la Excma. Cámara para establecer los dos puntos que motivaron la apelación de la sentencia, la extensión del privilegio a los rubros reclamados (CER, IVA e intereses) y el monto que tales rubros privilegiados comprenden ($ 42.515,63). Arguye que el fallo en recurso eludió realizar un análisis circunstanciado de las razones que motivaron la apelación, resolviendo que no se incorporó expresamente el reclamo en la demanda de revisión. Que ambas sentencias tienen un fundamento aparente no congruentes consigo mismas por desintegrar el crédito como un todo, fraccionándolo donde no se admiten divisiones y asignándole calidades diferentes de manera arbitraria.

Afirma que la Excma. Cámara rechazó la apelación planteada por su parte basándose en el falso argumento de que no se había reclamado conjuntamente con el capital los rubros CER, Intereses e IVA con carácter de privilegio, y en consecuencia y por aplicación del art. 277 del C.P.C., rechazó el recurso de apelación, obviando así que su parte reclamó a lo largo de todo el proceso un crédito con base en la escritura de mutuo con garantía hipotecaria Nº 225, la que fuera presentada en todos los casos conjuntamente con la misma liquidación de deuda de fecha 01/05/2003, liquidación que contempla los rubros mencionados. Expresa que la aplicación del art. 277 de C.P.C. ha sido errónea, lo que conlleva a que la sentencia devenga arbitraria.

Como segundo agravio manifiesta que la Excma. Cámara ha supuesto que su parte ha hecho renuncia al privilegio de los rubros ya mencionados.

2) Que a fs. 270/275 contesta traslado el apoderado de la concursada, planteando como cuestión preliminar el rechazo del recurso por haberse presentado fuera de término, sosteniendo que los fundamentos expuestos por el recurrente para justificar la interposición del recurso luego de vencido el plazo, se desvanecen por sí solos ya que la nulidad de la notificación que se invoca no podría prosperar toda vez que ha tomado conocimiento de la resolución de la Excma. Cámara en la fecha que da cuenta la cédula de fs. 246. Sostiene que la referida cédula que consigna por descuido de la Sra. Secretaria Dra. B. E. E. al Dr. M. A. F., se diligenció en el domicilio constituido en el expediente, con lo cual lo manifestado por el Dr. D. F. de no haber tomado conocimiento de la resolución porque la cédula consignaba el nombre de su padre, resulta poco creíble, y que es evidente que se ha tomado conocimiento ya que la misma irregularidad que el recurrente alega se verifica en la cédula que obra a fs. 257, también dirigida a M. A. F., y que sin embargo, respecto de ella nada se alegó, sino que sin embargo se expresaron agravios sin dificultad. Arguye que la nulidad apuntada por el recurrente no puede prosperar por lo antes expuesto, y porque además no ha dado cumplimiento con los recaudos que el art. 172 del C.P.C. impone, y que las manifestaciones del pto. 2 de fs. 248 de ninguna manera pueden suplir una formal impugnación por nulidad procesal, lo que es sancionado por el C.P.C. con el rechazo in limine, y que en ese sentido solicita se resuelva.

Respecto a los agravios del recurrente referidos al rechazo de la apelación con fundamento en el art. 277 del C.P.C. por considerar que no se había reclamado conjuntamente con el capital los rubros CER, intereses e IVA con carácter privilegiado, manifiesta que el a quo ha examinado previo a dictar la resolución, las constancias obrantes en el incidente de revisión, y que la Excma. Cámara remite a fs. 45/53 advirtiendo que de éstas no resulta el reclamo del crédito de $ 154.246,37 comprensivo de capital, intereses, CER e IVA íntegramente con carácter privilegiado como lo pretende el recurrente.

Sostiene que lo resuelto guarda correspondencia con las exigencias que la ley concursal establece para aquellos acreedores que requieren revisión de su crédito, lo que no fue cumplido por el revisionista, ya que no surge de la demanda de revisión que se haya reclamado CER, intereses e IVA como privilegiados, lo que también fue omitido al solicitar la verificación. Refiere que la Excma. Cámara ha resuelto conforme al principio de congruencia, ya que no puede excederse de las pretensiones esgrimidas por el revisionista y pronunciarse sobre cuestiones no introducidas en la demanda, en el caso, el carácter de privilegiados de los conceptos referidos.

Por último, sobre el punto, sostiene que es correcta la aplicación del art. 277 del C.P.C. y C.

En relación al segundo agravio, afirma que ninguna referencia contiene la resolución de la Excma. Cámara a la supuesta presunción de renuncia que invoca el recurrente, de modo tal que el agravio invocado en este punto resulta hipotética. Que no obstante ello, no puede desconocerse la normativa concursal que exige la invocación del privilegio, tal el art. 32 de la L.C.Q. Cita doctrina y jurisprudencia en tal sentido.

3) Que a fs. 283/284 obra dictamen del Sr. Procurador General, quien se pronuncia por el rechazo del recurso de inconstitucionalidad planteado.

4) Que sin perjuicio de la concesión del presente recurso efectuado por la Excma. Cámara, corresponde a este Tribunal, como juez del mismo, analizar si se encuentran cumplidos sus requisitos de admisibilidad y procedencia.

A dichos efectos, debe analizarse en primer término la tempestividad del recurso, debiendo resolver para ello el planteo de nulidad de la notificación de la resolución que se impugna, que realizara el recurrente a fs. 248/vta. y que fuere objeto de responde a fs. 270/271.

Así, se observa que la cédula de notificación obrante a fs. 246 se dirigió al Dr. M. A. F., quien no ha tenido participación en la causa, y si bien fue diligenciada al domicilio constituido, dadas las particulares circunstancias de que dicho profesional es el padre del nulidicente y otro profesional del foro, no puede sostenerse que el acto de notificación haya logrado su finalidad, por cuanto la situación señalada deja entrever un equívoco en cuanto al destinatario de la notificación, y consecuentemente de su cabal y efectivo conocimiento por el interesado, que es lo que la ley quiere garantizar.

No obsta a ello que la misma irregularidad que el recurrente alega se verifique en la cédula que obra a fs. 257 sin que respecto de ella nada se dijese, pues no puede considerarse a este acto posterior como convalidación del defecto de un acto anterior e independiente.

Asimismo, tampoco resulta atendible la alegada -por la concursada- falta de cumplimiento de lo dispuesto por el art. 172 del C.P.C. y C. por cuanto lo manifestado a fs. 248 es claramente una impugnación de nulidad, tal así que se expresa cual es la forma que no fue observada, lo que constituye el vicio formal del acto que se ataca -nombre incorrecto (art. 136 del C.P.C. y C.)-, y cuya omisión esta sancionada por la ley con la sanción de nulidad -art. 149 del mismo código-, por lo que se cumple con el requisito de especificidad.

También, se infiere del tenor del escrito de fs. 248/251, que el vicio que se invoca le ha provocado un perjuicio cierto e irreparable ya que de no subsanarse el mismo con el acogimiento de la sanción de nulidad, se derivaría en la improcedencia formal del recurso deducido por extemporaneidad, y consecuentemente, se le privaría del ejercicio de las defensas que ha plasmado en la presentación recursiva.

En consecuencia, resulta procedente la nulidad impetrada, por lo que se afirma la tempestividad del recurso deducido.

5) Ello sentado, y siguiendo en el análisis de la admisibilidad y procedencia del recurso, se advierte que la resolución que se impugna constituye sentencia definitiva, ya que impide su revisión, ya sea en el mismo proceso o en otro que se intente a posteriori.

En cuanto al requisito de introducción de la cuestión constitucional en tiempo oportuno y de modo apropiado, se aprecia que el planteo de dicha cuestión en la interposición del recurso es la primera oportunidad que tuvo para hacerlo, dado que el mismo se sustenta en la arbitrariedad en que se habría incurrido al dictar la resolución que se impugna, por cuanto en ella se ha impedido la revisión de la resolución de primera instancia al no entrar a considerar los agravios del acreedor revisionista, por aplicación del art. 277 del C.P.C. y C.

Entonces, se infiere que estamos ante el supuesto denominado por la doctrina de "arbitrariedad sorpresiva" que exime al recurrente de la obligación de plantearla con anterioridad a dicho pronunciamiento, ya que no es razonable pretender que la parte tenga el deber de prever eventuales o muy remotas posibilidades de sentencias insostenibles (Conf. Guastavino, Elías P., "Recurso Extraordinario de Inconstitucionalidad", Ed. La Roca, 1992, pág. 873).

6) Que afirmado lo anterior, habiéndose alegado arbitrariedad en la sentencia, es necesario analizar las premisas de su existencia, para luego considerar si cabe su aplicación al caso planteado. La doctrina exige como fundamento del instituto, que la resolución que se impugna padezca de alguna de las causales de arbitrariedad, con la virtualidad suficiente para afectar el decisorio en una medida tal que impida que se lo considere como acto judicial válido. Por ello, se ha dicho que sentencias arbitrarias son: a) Las que menoscaban la defensa en juicio (C.S.J.N. Fallos 291:245; 303:1134); o la regla del debido proceso (C.S.J.N. Fallos 296:256; 303:242). b) Pronunciamientos que implican violación de la esencia del orden constitucional, cuyo primer enunciado es afianzar la justicia (C.S.J.N. Fallos 289:107). c) Cuando exista decisiva carencia de fundamentos (C.S.J.N. Fallos 295:140). d) Apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso (C.S.J.N. Fallos 295:417). e) Decisiones emitidas sobre la base de la mera voluntad de los jueces (C.S.J.N. Fallos 296:456). f) Sentencias que no compartan una derivación razonada del derecho vigente, con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa (C.S.J.N. Fallos 292:254). g) Resoluciones que adolecen de omisiones, errores y desaciertos de gravedad extrema, que las tornan inhábiles como actos judiciales (C.S.J.N. Fallos 294:425). h) Fallos que violan el adecuado servicio de justicia (C.S.J.N. Fallos 303:1646).

De tales principios surge que no existe una noción única de sentencia arbitraria, sin perjuicio de que la procedencia del recurso extraordinario por tal causal, revista el carácter de excepcional.

Partiendo de estos lineamientos, es que se aprecia que le asiste razón al recurrente en cuanto a que la Excma. Cámara ha incurrido en arbitrariedad, ya que la aplicación del art. 277 del C.P.C. y C. por considerar que el tema no fue propuesto al inferior no se ajusta a las constancias de autos, dado que la resolución de la juez de grado -fs. 193/194- se pronunció sobre los motivos de agravio de la apelación, al declarar admisible con privilegio especial la suma de Pesos Noventa y Ocho Mil Setecientos Ochenta y Ocho Pesos con Cuarenta centavos, y con carácter quirografario la suma de Pesos Cuarenta y Dos Mil Quinientos Quince con Noventa y Tres centavos, remitiendo en sus considerandos a la pericia de fs. 158, en cuya liquidación se incluyeron los conceptos respecto de los cuales el recurrente se agravia por el carácter privilegiado de los mismos, que en la instancia de grado no le fuere reconocido.

No podía entonces sostenerse válidamente que ese Tribunal careciere de jurisdicción frente a los agravios del recurrente con sustento en que el tema no fue propuesto al inferior, pues como se expuso, éste se pronunció sobre ello, lo que constituyó el objeto de la apelación que impetrara el acreedor.

Es claro así que la sentencia resulta arbitraria pues aplicó el art. 277 del C.P.C. y C. apartándose de las constancias de la causa (art. 210 de la Constitución Provincial), vulnerando con ello el debido proceso y el derecho de defensa (Art. 43 de la Constitución Provincial), lo que impone invalidar la resolución cuestionada.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha dicho que "... en forma reiterada esta Corte ha resuelto que es requisito de validez de las sentencias judiciales que ellas sean fundadas y constituyan derivación razonada del derecho vigente, con aplicación a las circunstancias comprobadas en la causa (Fallos: 261:209; 262:144; 272:172; 274:135 y 215; 277:213, 279:355; 284:119)" (Fallos 295:417).

7) Que dado lo considerado precedentemente, el principio general de que "Lo atinente al alcance de las peticiones de las partes y de las cuestiones comprendidas en la litis, así como la interpretación de los preceptos del derecho común que deben aplicarse, no constituye cuestión federal que habilita la instancia extraordinaria" (C.S.J.N. Fallos 305:1163), no es obstáculo para que se pueda conocer en casos, como el presente, cuyas particularidades impongan hacer excepción a esta regla con base en la doctrina de la arbitrariedad, habida cuenta que con ésta se procura asegurar la garantía de defensa en juicio y el debido proceso, exigiendo que sea una derivación razonada del derecho vigente, con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa (C.S.J.N. Fallos 308:640; 311:948; 312:1831; 316:937, entre otros).

8) Que de todo lo expuesto, se concluye que cabe hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto, correspondiendo por consiguiente anular la sentencia recurrida en cuanto rechaza el recurso de apelación del revisionista por aplicación del Art. 277 del C.P.C. y C., debiéndose dictar nuevo pronunciamiento por jueces hábiles.

Por ello, VOTO a esta PRIMERA CUESTION por la AFIRMATIVA.

Los doctores Omar Esteban Uria y Oscar Eduardo Gatica, comparten lo expresado por el Dr. Florencio Damian Rubio, adhieren y votan en igual sentido a esta PRIMERA CUESTION.

2º cuestión. - El doctor Florencio Damian Rubio dijo:

Que conforme se ha votado la cuestión anterior, corresponde:

1) Declarar la nulidad de la cédula de notificación obrante a fs. 246. 2) Receptar el recurso, anulando el Auto Nº 223/06 de fecha 01/08/2006 dictado por la Excma. Cámara Civil, Comercial, Minas y Laboral Nº 1º de la Primera Circunscripción Judicial -fs. 242/45- en cuanto rechaza el recurso de apelación del revisionista por aplicación del Art. 277 del C.P.C. y C., disponiendo que por los jueces hábiles que corresponda, se emita nuevo pronunciamiento.

Los doctores Omar Esteban Uria y Oscar Eduardo Gatica, comparten lo expresado por el Dr. Florencio Damian Rubio, adhieren y votan en igual sentido a esta SEGUNDA CUESTION.

3º cuestión. - El doctor Florencio Damian Rubio dijo:

Que las costas deben imponerse a la concursada vencida.

Los doctores Omar Esteban Uria y Oscar Eduardo Gatica, comparten lo expresado por el Dr. Florencio Damian Rubio, adhieren y votan en igual sentido a esta TERCERA CUESTION.

Y Vistos: En mérito al resultado obtenido en la votación del Acuerdo que antecede, SE RESUELVE: 1) Declarar la nulidad de la cédula de notificación obrante a fs. 246. 2) Receptar el recurso, anulando el Auto Nº 223/06 de fecha 01/08/2006 dictado por la Excma. Cámara Civil, Comercial, Minas y Laboral Nº 1º de la Primera Circunscripción Judicial -fs. 242/45- en cuanto rechaza el recurso de apelación del revisionista por aplicación del Art. 277 del C.P.C. y C., disponiendo que por los jueces hábiles que corresponda, se emita nuevo pronunciamiento. 3) Costas a la concursada vencida. - Omar Esteban Uria. - Florencio Damian Rubio. - Oscar Eduardo Gatica.