Tribunal: CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-03-01


Salta, 1º de marzo de 2013.

AUTOS y VISTOS: estos autos caratulados "ALMEDA, IGNACIO GUILLERMO c. RUIZ, CARMEN y/o SUCESORES de FERMÍN RUIZ -ORDINARIO", expte. de Sala nº EXP 9777/12, originario del Juzgado de 1ª Instancia del Trabajo nº 5 para resolver la apelación interpuesta a fs. 125/26, y C O N S I D E R A N D O Dijo el Dr. Figueroa: en contra de la sentencia de primera instancia, que rechaza la demanda en todas sus partes, con costas, interpone la parte actora recurso de apelación, por las razones que expresa a fs. 125 y sgte., que paso a analizar.

Señala el recurrente, que la decisión desestimatoria se basa en que el actor ingresó a trabajar como obrero común (en tareas de riego, poda, desbrote y desmalezamiento), no precisando la actividad y que sin perjuicio de ello, la demandada admite el cumplimiento de tales tareas en la finca propiedad de su padre, aunque dice que a partir de 2002, la prestación que hacía Almeda era pagada por la Cooperativa Vitivinícola de Cafayate. Glosa jurisprudencia (relativa a que la pertenencia del trabajador a un plan jefes y jefas de familia, no obsta a que el empleador lo tenga correctamente registrado; a que el argu- mento de que el trabajador se negó a ser registrado, porque perdería el bene- ficio de un plan de jefes de familia, carece de sustento, toda vez que en definitiva el empledor incumplió la obligación de registrarlo correctamente y que aunque los arts. 55 y 56 LCT, crean una presunción a favor del trabajador y facultan a los magistrados a fijar el importe del crédito, esto debe hacerse por decisión fundada y siempre que su existencia esté legalmente comprobada, en función de los salarios mínimos y las retribuciones habituales de la actividad) y agrega que quedó admitida la realización de tareas por parte del actor, el tipo de esas tareas y la actividad vitivinícola y consecuentemente la aplicabilidad del CC de Viña nº 154/91.

Continúa, argumentando que esto sin dudas está aceptado por las partes, que nada deben probar, no requiriendo mayor esfuerzo para el juzgador de 1ª Instancia; que el thema decidendum, deberá situarse en si las tareas que cumplía Almeda podían ser o no retribuídas a través de planes sociales; que a fs. 58, la Cooperativa de Productores Vitivinícolas es categórica, al responder que la demandada fue parte de esa entidad pero que no fue beneficiaria de ningún proyecto de esa Cooperativa; que a fs. 59/60, la Municipalidad de Cafayate dice que el actor era beneficiario de planes sociales; que cabe pre-guntarse, si un obrero puede ser remunerado a través de planes de tal clase; que el hecho de que el actor percibiera indebidamente un plan social para desocupados, no es óbice para la existencia de la relación laboral denunciada; que tampoco es óbice para la existencia de relación laboral dependiente, la infracción cometida por el actor, al percibir indebidamente un plan jefes y jefas de hogar desocupados, porque de acuerdo al principio de primacía de la realidad, es tan reprochable el enriquecimiento sin causa de quien se beneficiaba con su trabajo, como la de quien percibe recursos escasos del Estado Nacional; que si el actor se desempeñó para la demandada en calidad de beneficiario de uno de tales planes, tal situación excluye la presunción del art. 23 LCT y la naturaleza laboral de la relación inicial entre las partes, pero, si una vez finalizado el proyecto de la demandada, la relación entre ellas se prolongó por un lapso más, éste último cae bajo la presunción expresada y debe considerarse que la prestación reconoció como fuente un contrato de trabajo.

Finaliza, señalando que el actor no podía, ni debía, realizar actividades a favor de un particular, recibiendo como remuneración el pago de un plan social; que recibiera o no, es otra cuestión, pero ante la admisión concreta de que "así es como el actor vuelve a prestar tareas en mi finca", nada debe probarse al respecto; que la testimonial de fs. 80 vta., que nada parece aportarle a la juzgadora a quo, es bastante indicativa, en la medida en que dice que cumplía tareas de viñedo, riego, poda, desbrote, etc., de lunes a sábado, primero para el ya fallecido Fermín Ruiz, después para su hija Carmen Ruiz y Luisa Zuleta, que dejó de trabajar porque no le pagaban y que la última en la explotación fue Carmen Ruiz; que son contestes con este planteo, las CD remitidas por su parte, no contestadas, a la vez que reconocidas; que se equi- voca la señora juez a quo, cuando entiende que no se intimó a la demandada a presentar libros laborales, en tanto que la misma (en virtud del principio de la carga dinámica de la prueba) debió presentar los que indicaran el modo de explotación, salvo que todos los empleados percibieran planes sociales; que de todos modos, no se trata acá de presunciones o no ante la admisión concreta de la demandada de que el trabajador prestaba tareas a su favor; que la única incógnita a resolver, es si la contraprestación por las tareas podía ser pagada no por el empleador sino por el Estado, a través de planes sociales; que su parte entiende que no y por eso pide la revocatoria de la sentencia; que las CD remitidas por su parte, fijan el reclamo, que se plasma después a fs. 2 y la demanda interpuesta; que la antigüedad invocada también resulta admitida por la contraria, por su admisión concreta a fs. 18 y documental de fs. 20 (carta documento del 7/5/07), por lo que pide se revoque la sentencia y se haga lugar a la demanda en todas sus partes, con costas. Existen dos razones de peso, que obstan a la procedencia del recurso. La primera, vinculada a que la mayor parte de su contenido, hace referencia a cuestiones no planteadas al demandar, a saber, que el thema decidendum debe situarse en si las tareas que Almeda cumplía podían o no ser retribuídas a través de planes sociales; que cabe preguntarse si un obrero puede ser remunerado a través de planes de tal clase; que el hecho de que el actor percibiere indebidamente un plan social para desocupados, no es óbice para la existencia de una relación laboral; que de acuerdo al principio de primacía de la realidad, es tan reprochable el enriquecimiento sin causa de quien se beneficiaba con su trabajo, como el de quien percibe recursos escasos del Estado Nacional; que el desempeño para la demandada, en tal situación, excluye la aplicabilidad del art. 23 LCT, pero que una vez concluído el pro- yecto de la demandada, la relación se prolongó por un lapso más, que queda comprendido bajo dicha presunción; que la accionada estuviera obligada a presentar una documentación no ofrecida, en pro del principio de la carga di- námica de la prueba y que la única incógnita a resolver, es si la contra-prestación por las tareas podía ser pagada no por el empleador sino por el Estado. Ninguno de tales argumentos, fue invocado al accionar (ocasión en que se guardó absoluto silencio en torno de las cuestiones señaladas) y, su tratamiento en la alzada, implicaría claro menoscabo al debido proceso y al derecho de defensa de la demandada.

La otra razón, está referida al fundamento de fs. 124 in fine, donde la señora juez Inferior hace mérito de los defectos incurridos al accionar, donde no se explica "en los hechos cada uno de los rubros que reclama en el objeto de la demanda y en la planilla de fs. 2" y se argumenta que por mucho que los jueces del Trabajo tengan facultades para corregirlos, no están obligados a suplir, inferir o interpretar deficiencias sustanciales derivadas de la ausencia total de desarrollo de los presupuestos en que se sustenta la pretensión de rubros sólo incluídos en el objeto de la demanda. Tema sobre el que el recurso guarda idéntico silencio y que no puede sino conducir a la desestimación del remedio procesal intentado.

"Siendo el recurso, el estricto marco dentro del cual se mueve el tribunal de alzada, el ámbito que legitima su competencia, no puede interpre-tarse que se tuviera facultades para modificar la sentencia, incluso sobre aspectos no litigiosos" (Sala, Jándula c. Gómez Álzaga, 17/10/1996). "El recurso de apelación, debe contener la crítica concreta y razonada del fallo, que demuestre que el mismo es erróneo, injusto o contrario a derecho. Las ge- neralidades o apreciaciones personales, no configuran agravio, por no poner de manifiesto los presuntos errores de la sentencia" (Sala, Avilés c, García, 10/4/07). "Es motivo suficiente para declarar desierto un recurso, que no se efectúe una crítica concreta y razonada de la sentencia, sino generalizaciones alrededor de particularidades que se entienden probadas, sin entrar en la ponderación de pormenores que son puntualizados por el decididor para arri- bar a la conclusión respectiva" (Sala, Báez c. Chanchorra, 26/2/03). Por lo que voto por declarar desierto el recurso interpuesto. Sin costas, por falta de oposi-ción, art. 67 segundo párrafo del CPCC.

El Dr. Cabrera, adhiere al voto precedente.

Por ello, la Sala I de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, FALLA I) Declarando desierto el recurso de interpuesto a fs. 125 y sgte..

II) Difiriendo la regulación de honorarios hasta tanto se practique en 1ª Instancia y mandando registrar, notificar y oportunamente bajar los autos al Juzgado de orígen.