Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-03-31


Trelew, 31 de marzo de 2.005.

VISTO: El recurso de apelación interpuesto a fs. 15/16, por la Sra. Abogada Adjunta de la Oficina de la Defensa Penal, Dra. M.A.G.L, en representación de J.O.M, contra el auto de fs. 14, mantenido y renunciada a la audiencia prevista por el art. 413, C.P.P. a fs. 24, y.

CONSIDERANDO:

I. El auto recurrido resuelve DENEGAR el beneficio de la excarcelación a J.O.M (arts. 284, inc. 2do. y 286 del C.P.P.).

II. Sostiene la apelante que, por infundado, es menester descartar el peligro de entorpecimiento. Destaca que M declaró su participación en el hecho, circunstancia que, afirma, basta para concluir que no le interesa influir sobre testigo alguno en vista que nadie puede empeorar su situación.

En lo que refiere a la posibilidad de fuga y la pena esperable, señala que M se encuentra imputado de la presunta comisión del delito de Robo de Ganado mayor calificado en grado de tentativa, con un mínimo esperable de 2 años de prisión, en vista de la total ausencia de antecedentes condenatorios y la existencia de una única causa en trámite esperado debate en un fuero que no es criminal.

Puntualiza que nos encontramos ante un imputado que no solo mantiene su estado de inocencia, sino que además carece de condena, siendo por otra parte muy probable que ambas causas logren acumularse para llegar a debate, en virtud de lo cual sostiene que resulta inexplicable que S.S. concluya que en caso de recaer condena la misma no será de ejecución condicional.

Estima que la posibilidad de aplicación del art. 26 del C.P., en el caso de recaer condena, es prácticamente indudable. Hace notar que M se ha declarado autor del hecho reconociendo el daño causado. Señala que M se ha sometido anteriormente a proceso, superando con éxito una suspensión de juicio a prueba.

Afirma que ésta es la mejor muestra de voluntad de someterse a proceso por parte de una persona. Esgrime que no existe posibilidad cierta de una condena de efectivo cumplimiento, que la actitud de M en este proceso ha sido de facilitar las cosas y que se somete a lo dispuesto por el Juzgado presentándose cuando es requerido.

Concluye recordando que así como el encarcelamiento preventivo es una medida cautelar excepcional, la excarcelación es un derecho del imputado, quien aún mantiene el estado constitucional de inocencia. Peticiona se revoque el decisorio atacado, disponiéndose la inmediata libertad de J.O.M.

III. La denegatoria del beneficio de excarcelación se encuentra fundada en los siguientes términos: "puede fundadamente presumirse que en caso de recaer condena, la misma no sería de ejecución condicional....

En consecuencia, y atento la pena probable, puede presumirse fundadamente que en caso de otorgársele el beneficio excarcelatorio el imputado no se someterá al proceso (peligro de fuga), o entorpecerá el desarrollo del mismo".

Ya se ha dicho que es correcto interpretar que las formulas legales imponen al juez el deber de realizar un examen a primera vista acerca de cuál será la pena que podría corresponder.

En cambio, es incorrecto fundar en este "vaticinio de pena" una mayor injerencia sobre su derecho a ser tratado como inocente durante el proceso. Como consecuencia, el único examen que corresponde hacer "prima facie" es la comprobación formal de los requisitos normativos de la condena de ejecución condicional.

Debe ponerse de resalto que cuando el art. 284, inc. 2º C.P.P. difiere al magistrado la "estimación prima facie" de si al imputado podría en el supuesto de ser hallado penalmente responsable corresponderle una condena de ejecución condicional, remite a un juicio hipotético fundado en la pena esperable según criterios de razonabilidad y no en ilógicos vaticinios pretensamente cimentados en posibilidades abstractas de teórica aplicación del mínimo reglado para el hecho único o concurso de ellos.

En la especie, el imputado registra ante el Juzgado Correccional los autos N° 1877/190/03, provenientes del Juzgado de Instrucción N° 1, caratulados "C.C y otros s/ hurto de ganado Gaiman", en los que se investiga la presunta comisión del delito de Hurto de Ganado menor en grado de tentativa, en relación al hecho ocurrido en fecha 3/5/02 y se encuentra en espera de audiencia de debate.

En lo que respecta a los autos N° 235/99 caratulados "M.J.O y Otros s/ tent. Robo calif.", que fueron elevados en fecha 29/7/99 a la Cámara Criminal en la que fueron acumulados a los autos Nro. 89/01 y 93/01, en fecha 24/12/02 se le concedió a M. el Beneficio de la Probation por el término de 2 años, declarándose en fecha 24/9/04 la extinción de la acción penal y en fecha 14/10/04 el archivo de las actuaciones.

Lo expuesto permite deducir razonablemente que en el hipotético caso de recaer condena, debido a que no cuenta con antecedentes condenatorios toda vez que aun no ha sido juzgado y conforme el mínimo previsto para el delito imputado, la condena a imponer podría ser dejada en suspenso (Art. 26 del C.P.).

El criterio de valoración adoptado en el caso por el Magistrado de grado, excede los alcances pretendidos por el legislador. Si bien la pena esperada se encuentra enunciada como pauta valorativa, no resulta suficiente por sí sola como para dar base válidamente a la presunción, toda vez que es de toda evidencia que la "presunción razonable" de que habla la primera parte del artículo exige que se deduzca valorando circunstancias, que en su conjunto lleven a fundarlo suficientemente.

Como ya tiene dicho esta Sala en numerosos precedentes, desde el punto de vista de la necesidad, la prisión preventiva sólo es admisible cuando aparece como el medio menos lesivo entre todos los medios adecuados que entran en consideración; su ejecución, por ende, sólo es legítima como ultima "ratio". Por lo tanto, si existe una medida menos lesiva que la prisión preventiva para asegurar los fines del proceso penal, sólo ésta será legítima.

De allí deriva el deber de reemplazarla por toda otra medida adecuada para garantizar los fines de aseguramiento del proceso, y por ello es que el legislador ha establecido un sistema de excarcelación caucionada. La prohibición de exceso es un principio básico dentro de todo estado de derecho que no exige mayor fundamentación.

Adoptar la expectativa de pena como suficiente indicio para no hacer lugar a la petición, limitándola por peligro de fuga, resulta, en el caso, excesivo en relación a la interpretación de toda la normativa excarcelatoria.

Ha dicho este Cuerpo, siguiendo la doctrina del Superior Tribunal de Justicia, que la sistemática instaurada desde la indiscutible superioridad de la norma constitucional demarca su preeminencia acerca de esta materia en el art. 49, al disponerse que la privación de la libertad tiene carácter excepcional y sólo puede ordenarse en los límites de la Constitución, imponiendo como condición que la misma debe ser absolutamente indispensable para asegurar la investigación (conf.: "Recurso de queja en autos: "O.P s/ Homicidio Simple en Conc. Ideal con Lesiones Graves en Acc. De Tránsito (Trelew)" (expte. Nº 14784año 1998CANESala B)" (Expte. Nº 16430R1998).

Todo lo que facilite la libertad del imputado tiene respaldo fundacional, concepto por cierto de enhiestos contornos, porque la institución debe ser de aplicación amplia en todos los casos que medien circunstancias que posibiliten la finalidad de la pena, sin recurrir a la prisión del procesado, en una prudente compaginación de las requisitorias de libertad con las demandas comunitarias de seguridad y de defensa contra el delito.

Por ende, el instituto de la excarcelación y otros análogos tienen arraigo constitucional, porque la privación de libertad antes de la sentencia no debe mortificar conforme a la aplicación del art. 18 más allá de lo que la seguridad exige.

No debe olvidarse, en definitiva, que un fin esencial, enunciado con firmeza y enfáticamente por el Preámbulo proclama "afianzar la justicia".

Ese objetivo es primordial en materia de excarcelación por cuanto hace a una de las maneras de mantener en libertad a las personas, o hace cesar el efecto de la detención o la prisión preventiva, cuando ella no se sustenta ni en el potencial pero probable entorpecimiento de la averiguación de la verdad material que ponga en peligro la realización del derecho sustancial o el peligro de fuga recuperando el valor esencial destacado por los autores al que tiende toda la Constitución Nacional.

En virtud de lo expresado el auto deberá ser revocado, otorgándose a J.O.M la libertad; tal concesión será bajo caución juratoria, de acuerdo a las condiciones que determine el titular del Juzgado de Instrucción Nº 2, bajo apercibimiento de revocación (art. 287 y 291 del C.P.P.) y previa certificación de Secretaría que no existen impedimentos legales que obsten a la concesión de la misma.

Por ello, la Sala "B" de la Cámara de Apelación Instructoria del Noreste del Chubut, RESUELVE: 1) REVOCAR el auto de fs. 14 venidos en apelación y CONCEDER la excarcelación a favor de J.O.M medida que será dispuesta por el titular del Juzgado de Instrucción Nº 2, de acuerdo a las condiciones que determine, bajo apercibimiento de ley (art. 287 y 291 del C.P.P.) .) y previa certificación de Secretaría que no existen impedimentos legales que obsten a la concesión de la misma.

2) Regístrese, notifíquese a la Fiscalía de Cámara y devuélvase al juzgado de origen a sus efectos.

SERGIO RUBEN LUCER RAUL ADRIAN VERGARA - HIPÓLITO GIMENEZ ANTE MI: CECILIA INES CORNEO REGISTRADA BAJO EL N°_31_DE 2005.SALA "B".SIP.CONSTE.