Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-09-13


MUNDO CONSTRUCCIONES S.A. contra MUNICIPALIDAD DE SANTA FE Reg.: A y S t 215 p 445-448.

Santa Fe, 13 de setiembre del año 2.006.

VISTOS: los autos "MUNDO CONSTRUCCIONES S.A. contra MUNICIPALIDAD DE SANTA FE sobre RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN" (Expte. C.S.J. nro. 597, año 1989); y, CONSIDERANDO:

1. Requerida la demandada que informe la fecha de pago de las sumas adeudadas a la actora (f. 400), comunicó que solicitó a la Secretaría de Hacienda municipal el depósito de dichos importes mediante cuotas de $ 800, todo de conformidad a lo previsto por el Decreto 088/05, artículo 3, ap. 2 .

Hecho saber lo manifestado, la accionante rechazó la aplicación de la norma municipal mencionada con fundamento en que importa un "ofrecimiento absolutamente incierto e indeterminado, tanto por quedar supeditado al agotamiento de las partidas que para cada año fije la MSF como por el hecho de que no se contempla ninguna cláusula de mantenimiento del valor de la cuota, aplicación de la cláusula Cer, ni compensación por el transcurso del tiempo" (sic).

Dijo que los actos administrativos dictados por la demandada no responden a los recaudos mínimos de legitimidad por no mantener la equidad de las partes ni tampoco resultan razonables, y así, dejó planteada la inconstitucionalidad de las normas referidas por resultar confiscatorias, arbitrarias y violatorias del derecho constitucional de propiedad y del artículo 31 de la Constitución nacional.

Asimismo, manifestó que el decreto 088/05 se aparta totalmente de los términos de la ley 12036, en especial del artículo 9 bis que establece un límite temporal claro, disposición que también tildaron de inconstitucional, dejando planteada esta cuestión.

Consideró que, según lo pretendido por la demandada, lo adeudado finalizaría de pagarse en el año 2012, manteniéndose el capital inalterable y fijo, y aclararon que en el régimen nacional se prevé la aplicación de intereses y la alternativa de pago con títulos públicos, extremos no contemplados a nivel local. Es decir,-continuó- en autos se pretende posponer aún más el pago del importe reconocido por la sentencia mediante la aplicación de normas que han sido dicadas fuera del marco impuesto por el régimen de consolidación nacional.

2. Corrido traslado, la demandada lo contestó solicitando, en primer lugar, el rechazo del pedido de inconstitucionalidad con sustento en su falta de fundamentación y en la ausencia de vicios de trascendencia constitucional, citando doctrina y jurisprudencia como basamento de este tópico.

Seguidamente, aseveró que ya ha comenzado a pagar el capital por medio del depósito de la primer cuota y resaltó que se adecuó a las disposiciones legales provinciales vigentes, que no se está en presencia de un no pago e incumplimiento y rechazó el planteo del caso federal por cuanto no resulta aplicable el régimen de consolidación nacional.

3. Partiendo de que la parte actora rechaza la modalidad de pago instrumentada por la accionada de conformidad al decreto municipal 088/05, por el cual la Municipalidad de Santa Fe implementó el régimen para atender los pronunciamientos judiciales de condena de conformidad a la ley provincial 12036 (ver. fs. 409/419), atacando, además, a dicho sistema de inconstitucional, se torna imperioso valorar, como cuestión liminar, cual es la normativa aplicable al caso.

En pos de ese objetivo, debe señalarse que el sub lite ha quedado aprehendido por el sistema de consolidación de deudas dispuesto en el artículo 14 de la ley provincial 10798 -norma que importó la aplicación, dentro del ámbito allí establecido, del régimen instaurado por la ley nacional 23982-, disposiciones que fueron "ratificadas" por la Municipalidad de esta ciudad a través del decreto 9745/93.

En este sentido, como se expresara en la causa "Camiña" (A. y S., T. 115, pág. 447), "el artículo 14 de la ley provincial 10798 declaró consolidadas en el ámbito provincial -incluyendo a los municipios y, entre ellos, a la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe- las obligaciones vencidas o de causa o título anterior al 1.4.1991 que consistan en el pago de sumas de dinero o que se resuelvan en el pago de sumas de dinero".

"De ello se sigue que, al margen de haber la Municipalidad de Santa Fe 'ratificado' por sí el régimen de la ley 23.982, la consolidación de las deudas municipales estaba dispuesta por expresa disposición de la ley provincial".

Con esa inteligencia, echa de verse que la deuda reconocida por la sentencia de autos tiene "su causa o título anterior al 1.4.1991" y por lo tanto, como se anticipara, se encuentra sujeta al régimen de consolidación (ver también "Vialco", A. y S., T. 177, pág. 441).

Siendo así, debe recordarse que esta Corte -si bien con integración parcialmente diferente- en el precedente "Camiña" señaló que "el trámite previsto por el decreto reglamentario 404/93 será aplicable para el pago de las deudas municipales siempre y cuando se adecue estrictamente a las disposiciones del artículo 19 de la ley 23.982, que expresamente dispone que las normas legales locales respectivas no podrán introducir mayores restricciones a los derechos de los acreedores que las que la propia ley establece para las deudas del sector público nacional. Precepto, éste, que encuentra su razón de ser en la imposibilidad legal de las provincias -lo que incluye a los municipios- de legislar sobre materia ajena a su competencia".

En ese orden, vistas las constancias de autos, cabe preguntarse si la propuesta de pago formulada por la accionada se adecua al criterio jurisprudencial citado, es decir, respeta lo dispuesto en el artículo 19 de la norma nacional referida.

Para ello, resulta necesario contar con parámetros que permitan formular una adecuada valoración de dicha propuesta de cumplimiento efectuada por la Municipalidad de Santa Fe.

Con ese objetivo, huelga valorar, en primer término, el sistema dispuesto por la ley nacional 23982. Dicha norma, en sus artículos 10, 11, 12, 13 y 14, siguientes y concordantes, instrumentó como alternativa a la forma de pago prevista -refiere a la atención mediante recursos dispuestos en la ley de presupuesto- bonos de consolidación de deudas a 10 años, para los casos previsionales, y a 16 años, títulos que podían ser rescatados anticipadamente y también ser negociados por sus titulares, más allá de los intereses que devengaban.

En el orden local, tal como se señalara en el precedente "Acosta" (A. y S., T. 120, pág. 495), la Provincia de Santa Fe adoptó distintas modalidades de pago de las deudas comprendidas en el régimen. Como se indicara en la causa mencionada, cabe señalar que: para pleitos derivados de daños a la vida e integridad corporal de las personas dictó el decreto 1726/94 en el que se previó el pago en cuotas de $ 10.000 de las deudas reconocidas por sentencias judiciales condenatorias.

Para la deuda previsional dictó la ley 10799 que instrumentó un pago en cuotas a percibir conjuntamente con el haber previsional hasta una extensión de treinta y seis meses. Para el caso de los contratos de obra pública, provisión y suministros -supuesto que se asemeja al de la especie- dictó el decreto 3200/93 que instrumentó el pago a sesenta meses mediante la entrega de pagarés con posibilidad de rescate en menor tiempo.

Con tales medidas como guía, es evidente que la forma de pago ofrecida en el sub lite por la condenada dista de ser razonable apenas se advierta que el capital adeudado sería íntegramente satisfecho, sin cómputo de ningún tipo de intereses aproximadamente en el plazo de 6 años y dependiendo su total satisfacción de la existencia de disponibilidad presupuestaria y de la correspondiente asignación de partidas. Extremos a los que cabe agregar el hecho evidente de que cada cuota de capital sólo expresa un ínfimo porcentual del monto total debido. Más aún, surge de manera prístina que la forma de cumplimiento establecida por la demandada no prevé el devengamiento de intereses tal como lo dispone expresamente la normativa nacional. Punto que, decididamente, vulnera lo dispuesto en el artículo 19 de la ley 23982.

Por lo tanto, aceptar la postura de la demandada, importaría -en el caso-, por un lado, que los derechos del acreedor no aparecerían simplemente postergados en el tiempo, sino directamente conculcados, y, por el otro, un claro apartamiento de la letra y del espíritu de la norma citada ut supra; significando, en definitiva, que se asemeje más a un no pago que a un pago diferido, lo que resulta incompatible con la más elemental noción de justicia (ver "Acosta", cit).

En consecuencia, y en idéntica dirección a lo resuelto en la causa "Camiña" (entre otras), deberá la demandada en el plazo de 30 días, arbitrar los mecanismos conducentes para el pago al actor en el menor tiempo legal disponible, de conformidad a las consideraciones expuestas precedentemente, haciendo conocer, en consecuencia, a este Tribunal el tiempo y modo de cumplimiento de la sentencia definitiva y de la presente, bajo los apercibimientos de ley.

Solución que, por lo demás, y tal como lo manifiesta el propio municipio accionado, no resulta ajena al propósito de los entes públicos de procurar ordenar sus pagos.

En cuanto a las costas, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 84 de la ley 4106, serán soportadas por la demandada.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Así disponerlo.

Regístrese y hágase saber.

FDO.: GUTIÉRREZ-FALISTOCCO-GASTALDI-NETRI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)