Tribunal: CAMARA DE APELACIONES CIVIL, COMERCIAL, MINAS PAZ Y TRIBUTARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2012-03-19


TEXTO:

MENDOZA, 19 de marzo de 2012.

VISTO: el expediente Nº 2289/7/6F,"Correa Raul Eduardo y Sticca Celina contra RUTINI Marcelo Guillermo por estimación de honorarios", venidos del Sexto Juzgado de Familia de la ciudad de Mendoza, en virtud de los recursos de apelación deducidos a fs. 258/268 y 260 en contra de la decisión de fs. 241/43 y sus aclaratorias de fs. 251 y v. y 262 y v.

El Sr. Juez resolvió hacer lugar parcialmente a la estimación de honorarios solicitada a fs. 29/31, y en consecuencia regular a la Dra. Celina Sticca la suma de $4.200,00 y al Procurador Raúl Eduardo Correa la suma de $2.200,00 por la labor desarrollada en las medidas cautelares ordenadas a fs. 205/212 con excepción del pto. V, de los autos principales, difiriendo los restantes - juicio de divorcio y liquidación judicial- para el momento en que se practique en el principal, todo conforme a lo dispuesto por los arts. 2, 9 inc. a), 10, 21 y 31 de la ley 3641).

Asimismo, impuso las costas por su orden y reguló los honorarios devengados en el incidente de estimación, como los correspondientes al incidente de caducidad tramitado en la causa.

2. El magistrado desarrolló los fundamentos de su decisión -entre los que se encuentran los antecedentes de las cuestiones a resolver- del modo que, en síntesis, sigue:

a. No puede dejar de puntualizarse que la estimación a que se refiere la ley de aranceles de abogados debe guardar proporción -entre otros aspectos- con las etapas dentro de las cuales ha estado inserta la actividad profesional.

b. Ponderando tal extremo resulta innocua la presentación de los incidentantes de las tasaciones de los bienes inmuebles cuyo titular es el Sr. Marcelo Rutini (confr. fs. 9/28), así como también de aquellos bienes pertenecientes a la sociedad conyugal, en tanto su vinculación obedece a una demanda por separación judicial de bienes.

c. En tal sentido, el proceso de separación de bienes se encuentra controvertido, existiendo disidencia acerca de la calificación de ciertos bienes, obstando a la determinación de emolumentos hasta tanto no se haya superado dicho obstáculo, de allí que aquella deba centrarse con exclusividad sobre las medidas precautorias ordenadas a tal fin.

d. La liquidación de la sociedad conyugal requiere sentencia de separación personal y/o divorcio y comprende todos aquellos actos posteriores a su disolución, encaminados a fijar la composición de la masa partible, e involucra, por lo tanto, la previa conclusión de los negocios pendientes, la determinación de los bienes propios y gananciales y las bajas comunes, el establecimiento de créditos de la comunidad contra cada uno de los cónyuges y, en su caso, las recompensas de éstos, la separación para su ulterior reintegro de los bienes propios y la final concreción del saldo partible que en subsiguiente etapa, será dividido. e. De modo que como en el proceso de liquidación de la sociedad conyugal, el interés de la regulación se conecta al carácter de los bienes, dado que la interpretación que se extrae del artículo 9 inc. k resguarda la labor a los bienes de naturaleza ganancial que compone el activo de la sociedad conyugal, por lo que en caso de controvertirse la naturaleza de algunos de ellos -tal como acontece en el caso-, deberá diferirse la regulación hasta que en el juicio principal quede resuelta la cuestión.

f. Por otro lado, la Sra. Soppelsa al contestar la presente demanda incluye en su defensa el carácter dudoso de la calificación de gananciales de los bienes sujetos a las medidas cautelares -solicitadas por el Sr. Rutini- , y en este aspecto es dable indicar que no corresponde analizar en este proceso el origen de dichos bienes, sino que debe centrarse la discusión en la valuación de los mismos, dado que bien o mal la medida cautelar se ha llevado a cabo a través de la actividad profesional.

g. Ello así, en cuanto "El incidente de estimación de honorarios es el proceso idóneo para efectuar la valuación de bienes objeto de procesos; especialmente en sucesiones o analógicamente divorcios y/o liquidaciones de sociedad conyugal, la estimación se halla circunscripta a la valuación de los bienes no siendo posible a los litigantes discu-rrir sobre otros aspectos.", de acuerdo a la jurisprudencia que cita.

h. Debido a la complejidad de los actos realizados por las partes e interventor designado, es menester realizar un análisis exhaustivo de las medidas precautorias ordenadas, cumplidas y los montos tendientes a asegurar (art. 9 inc. A de la ley 3641) y que dieron lugar al presente incidente de estimación de honorarios.

i. El Tercer Juzgado de Familia conforme lo solicitado por el Sr. Marcelo Rutini ordenó las siguientes medidas precautorias: A) Designación de un Interventor Veedor Informante de los fondos de comercio de Kit Plast S.R.L. y Ferruccio Soppelsa S.R.L.; B) Embargo preventivo sobre el cincuenta por ciento (50%) de las cuotas sociales inscriptas a nombre de Liliana Carmen Soppelsa en Kit Plast S.R.L. y en Ferruccio Soppelsa S.R.L y C) Embargo preventivo sobre el cincuenta por ciento (50%) indiviso de los inmuebles inscriptos a nombre de la demandada al Nro. 45, fs. 89/90, Tomo XII impar de la Ciudad Oeste . P. H., matrículas de Folio real Nro. 21.529/1 y 184.336.- (confr. autos Nro. 2269/5/6F fs. 205/212).

j. Se puede observar en los autos principales, que todas las medidas fueron cumplidas a saber: con relación a la medida A), asumió el cargo como interventor veedor el Ctdor. Jaime Juan Llugany (confr. fs. 218), presentando los informes pertinentes respecto a KIT PLAST SRL y Ferruccio Soppelsa SRL (296/298), arrojando una rentabilidad negativa en ambas sociedades.

k. Es dable aclarar que la intervención con fines de información, es una medida cautelar por la que el juez dispone que un interventor informante o veedor, dé noticia acerca del estado de los bienes objeto del juicio o de las operaciones o actividades de la persona física y jurídica con la periodicidad que se establezca en la providencia que lo designe, y sin que tampoco pueda interferir con la administración.

l. A diferencia del interventor recaudador y administrador, las tareas realizadas por el interventor informante o veedor, no tienen una incidencia directa sobre los bienes objeto del juicio, abre la puerta a la solicitud de nuevas medidas (embargos, ejecución forzada, etc.), por lo que la base de la regulación debe relacionarse con el cumplimiento de la finalidad perseguida, que es a través del interventor informante controlar las operaciones que realice la sociedad en la contabilidad de la misma y requerir los comprobantes correspondientes como así también a la vigilancia de las actividades de la empresa.

ll. En relación a los honorarios profesionales por la solicitud, trámite y cumplimiento de las medidas cautelares, se ha distinguido que si del mismo emerge un monto, resulta de aplicación el art. 9 inc. a) de la ley arancelaria. Por el contrario, si carecen de monto determinado, es de aplicación el art. 10. (Tercera Cámara Civil, 1998, LA 086-238).

m. En el caso de autos no existe un monto definido, por lo que cabe descartar la primera de las hipótesis entrando en consideración otros factores que asociados entre sí permiten vislumbrar el mérito de la medida dentro de los acápites contemplados en el art. 10 de la ley arencelaria.

n. En virtud de ello, el suscripto estima conveniente regular a la Dra. Celina Sticca la suma de $3.000 y al Procurador Raúl Eduardo Correa la suma de $1.500,00 por la medida cautelar "Interventor Informante o Veedor" de las empresas KIT PLAST SRL y Ferruccio Soppelsa SRL, conforme a las normas de los arts. 10 y 31 de la ley 3641.

ñ. Respecto a la medida B) a fs. 304 a 305 luce la toma de razón del embargo sobre las cuotas sociales de KIT PLAST SRL y Ferruccio Soppelsa SRL cuya titularidad correspondiere a la Sra. Liliana Soppelsa y es importante señalar que se trata de un embargo sin monto, por lo que el suscripto entiende que debe atenerse en cuanto a la regulación de los honorarios profesionales al valor nominal de las cuotas sociales afectadas por el embargo preventivo, ello debido a que los actores interesados han omitido indicar la forma de su valuación.

o. Es decir, con relación a la empresa Kit Plast SRL con un capital social de $100.000, donde la Sra. Liliana Soppelsa es titular del 60% del capital social, el valor de dichas cuotas sociales asciende a la suma de Pesos $60.000, correspondiendo como base para la regulación de honorarios el 50% del mismo -$30.000,00-, que es la parte de interés que titulariza la actora en la medida cautelar.

p. En cuanto a la empresa Ferruccio Soppelsa SRL, al momento de trabarse el em-bargo preventivo sobre las cuotas sociales titularizadas por la Sra. Liliana Soppelsa, la misma poseía un 7% de participación societaria, y habida cuenta que la empresa poseía como capital social la suma de Pesos Ley 18.188 $92.000.000.00 (confr. Contrato Social fs. 459/505 año 1979), actualizando dicho monto conforme a la ley arroja la suma $0, 92, por lo que el valor nominal del 7% da como resultado la suma de $0,064, correspondiendo como base para la regulación de honorarios el 50% del mismo, es decir $0,032.

q. Cabe destacar que en relación a los cambios de moneda desde la ley 18.188, en adelante debe descontarse once decimales. (Quinta Cámara Civil, expte. 23.449/7205 "Municipalidad de Santa Rosa C/ Emp. Carlos y Enrique Rubiales y Ots. p/Ord.", año 2004).

r. Aplicando el art. 9 inc. a) y 31 de la ley 3641 sobre dichas bases ($30.000,00) y ($0,032) corresponde regular los honorarios profesionales a la Dra. Sticca en la suma de $1.200 y al Procurador Correa la suma de $600 por la medida cautelar "embargo preventivo" sobre las cuotas sociales pertenecientes a la Sra. Soppelsa respecto de las empresas KIT PLAST SRL y Ferruccio Soppelsa SRL.

s. Con relación a la medida C) a fs. 303 y 306 a 309 luce la toma de embargo sobre los bienes pertenecientes a la demandada, la cual se realiza en forma provisoria por no contar con monto; los actores no acompañaron en autos los elementos probatorios necesarios (tasación, avalúo fiscal) que permitan la determinación del valor de los inmuebles objeto de la medida cautelar.

t. No existiendo una base regulatoria a los fines del art. 9 inc. a) de la ley 3641, el suscripto no cuenta con un monto base a fin de determinar los honorarios profesionales que correspondan, y en tal sentido se tiene dicho, que "el incidente de estimación de honorarios debe tramitarse contradictoriamente, a los términos del art. 21 de la ley 3641, y en la instancia correspondiente, posibilitando de ese modo que la parte interesada en la determinación de los honorarios cuyo pago se le ha impuesto pueda controlar la valuación de los bienes que componen la sociedad conyugal y que constituyen la base regulatoria.

3. A fs. 279 y v. alegó razones la deudora de los honorarios, Sra. Liliana Carmen Soppelsa, en los siguientes términos:

a. Los honorarios regulados por la precautoria en virtud de la cual se designó veedor informante, aparecen desproporcionados a los que se regularon en la causa principal al dictar el Sr. Juez sentencia de divorcio, máxime teniendo en cuenta el carácter contencioso del mismo, por lo cual deberían reducirse a un monto no superior a $1.400 en conjunto.

b. En cuanto al embargo de cuotas sociales, los honorarios no deberían superar los $1.200 para ambos profesionales, conforme al capital y la ley arancelaria.

c. En cuanto a los embargos de inmuebles, además de compartir la recurrente los términos de la sentencia, destaca que aquellos resultaron completamente ineficaces a los fines solicitados.

4. Los profesionales que estimaron sus honorarios expresaron las razones que los traen a esta Alzada en su memorial de fs. 281/283 vta. el que admite la siguiente síntesis:

a. El Sr. Juez apelado omitió regular los honorarios correspondientes a las medidas de embargos de inmuebles de la sociedad conyugal, sosteniendo en forma arbitraria que no se ha arrimado prueba del valor de aquellos bienes.

b. A fs. 5/28 se encuentran agregadas las tasaciones traídas por los apelantes al iniciar la estimación de sus honorarios, las que son completísimas y en las figura tanto el valor fiscal de los inmuebles, el real y el correspondiente al supuesto que se pongan en venta, en el que siempre se pide algo más del real ante la eventualidad de una contraoferta.

c. La pretensión consiste en que se regulen los honorarios sobre la base regulatoria constituida por el valor real de los bienes -excluyendo el valor fiscal y el de ofrecimiento en venta.

d. La deudora de los honorarios, al contestar a la incidencia, objetó que se practiquen las regulaciones sobre el último valor señalado, pero expresamente no cuestionó los valores reales consignados en las tasaciones (fs. 39 y vta.) y aquélla no aportó ninguna prueba contraria a la que emana de las tasaciones acompañadas por los incidentantes.

e. El monto del proceso es el de la pretensión deducida por el entonces cliente de los profesionales, la que consistió en el embargo de los bienes inmuebles cuyas tasaciones acompañaron.

f. Respecto de los honorarios regulados a fs.262 -por el recurso de reposición resuelto a fs.184/86- señalan los apelantes que si correspondió a un incidente de caducidad la suma de $1.680 para el patrocinante -50% de la escala-, para un recurso de reposición atinente a una etapa del proceso, correspondía sobre el total de la escala -$3.360- reducir la base a un tercio y a ello aplicar el 20% correspondiente al recurso de reposición (art.15 del arancel), lo que da como resultado $224 para el patrocinante y la mitad de ello al apoderado, y no los honorarios regulados a los vencedores por el Sr. Juez.

4. Entrando en la consideración de los recursos de apelación de los honorarios regulados en la instancia de grado precedente, abordaremos en primer lugar el recurso de la deudora de los honorarios para luego hacerlo con el articulado por los profesionales.

4.1 El recurso de fs. 260 debe ser desestimado, por las siguientes razones.

El Sr. Juez que nos precedió en el juzgamiento desplegó una completa valoración de los elementos que tuvo en cuenta para regular los honorarios. En efecto, distinguió la intervención limitada a la designación de un veedor a la del administrador de la entidad intervenida, sostuvo que al no haber monto en juego debía aplicarse el art. 10 del arancel y merituó acabadamente la actuación del veedor designado como asimismo el cumplimiento de la finalidad que la medida tenía.

La apelante se limita a señalar que los honorarios regulados por la precautoria en virtud de la cual se designó veedor informante, aparecen desproporcionados a los que se regularon en la causa principal al dictar el Sr. Juez sentencia de divorcio, máxime teniendo en cuenta el carácter contencioso del mismo, por lo cual deberían reducirse a un monto no superior a $1.400 en conjunto.

En la primera instancia se reguló $12.000 al abogado patrocinante de la parte triunfante en el pleito, por lo que los $3.000 asignados a la patrocinante de quien a su vez fue ganador en la precautoria, al implicar ellos una cuarta parte del principal, no aparecen como desproporcionados y lejos de ello, guardan una debida relación, conforme al mérito que significó para el magistrado la traba de la medida, el desarrollo que tuvo la misma y su finalidad, máxime tratándose de dos empresas sobre las que el veedor debió informar su estado.

La segunda razón de la apelación consistió en que en cuanto al embargo de cuotas sociales, los honorarios no deberían superar los $1.200 para ambos profesionales, conforme al capital y la ley arancelaria.

Más allá de la falta de explicación del modo en que la apelante llega al monto indicado, no puede dejar de verse que el Sr. Juez, con relación a la empresa Kit Plast SRL destacó que la misma figuraba con un capital social de $100.000, donde la Sra. Liliana Soppelsa es titular del 60% del capital social, por lo que el valor de dichas cuotas sociales asciende a la suma de $60.000, correspondiendo como base para la regulación de honorarios el 50% del mismo -$30.000,00-, que es la parte de interés que titulariza la actora en la medida cautelar, monto que por sí solo justifica lo que pretende la recurrente por el total.

Tampoco puede desentenderse la resolución a adoptar que el Sr. Juez tuvo en consideración el porcentaje del capital social que la empresa Ferruccio Soppelsa SRL tenía en el año 1.979, el que actualizado dio la suma de $0,032, base que utilizó el Sr. Juez para fijar honorarios. Es de toda evidencia, con todo respeto dicho, que tal base no es una base de regulación, pues la misma luce como inexistente y obedece a un mero formalismo, ajeno claramente a la realidad de una empresa ampliamente conocida en la provincia de Mendoza -sea cual sea esa realidad- (art. 181 in fine del C.P.C.) circunstancia que igualmente emana del trabajo del veedor. Por último, las sumas reguladas, ya analizadas, fueron destinadas a todas las medidas ordenadas a fs. 205/214.

Por ello es que las razones alegadas para modificar los honorarios por las medidas ya analizadas, además de carecer de un adecuado desarrollo, no tienen sustento ni en la entidad de los trabajos a remunerar ni en las normas a aplicar al caso.

En punto a los embargos de inmuebles, la recurrente se limita a argumentar que aquellos resultaron completamente ineficaces a los fines solicitados. Ello será objeto de estudio al tratar el recurso de los profesionales.

4.2 El recurso de los profesionales.

El Sr. Juez se expidió respecto del embargo de inmuebles afirmando que se realiza en forma provisoria por no contar con monto y que los incidentantes no acompañaron en autos los elementos probatorios necesarios (tasación, avalúo fiscal) que permitan la determinación del valor de los inmuebles objeto de la medida cautelar, por lo que no existiendo una base regulatoria a los fines del art. 9 inc. a) de la ley 3641, razones por las cuales no contaba con base a fin de determinar los honorarios profesionales que correspondan. También agregó que "el incidente de estimación de honorarios debe tramitarse contradictoriamente, a los términos del art. 21 de la ley 3641, y en la instancia correspondiente, posibilitando de ese modo que la parte interesada en la determinación de los honorarios cuyo pago se le ha impuesto pueda controlar la valuación de los bienes que componen la sociedad conyugal y que constituyen la base regulatoria."- Las razones dadas por el Juez apelado, aunque carezcan de la explicación completa de las conclusiones a que arriba, están apegadas a las constancias de autos. En efecto, a fs. 8/28 luce la exhaustiva tasación de los inmuebles realizada por el Martillero Eduardo J. Ruffo, quien sobre la base de planos, ubicación, características, superficies -total y cubierta-, límites y valores en juego en las zonas de ubicación de los inmuebles, da tres valores, el fiscal, el real y el sugerido para ofrecer a la venta, pero aunque no lo diga expresamente el magistrado -y los apelantes no han advertido- las cuatro tasaciones corresponden a inmuebles que no fueron objeto de la medida de embargo respecto de los cuales ninguna prueba de su valor se ha arrimado a la causa.

En efecto, los inmuebles cuyo embargo pidió el Sr. Rutini -y se le concedieran a fs. 212- son los correspondientes al registrado bajo el nro. 45, fs.89/90, tomo XII impar (trabado a fs.303), y los registrados en folio real nro. 21.529/ (fs. 306) y 134.336 (fs. 308).

Las tasaciones acompañadas la estimación de honorarios que hicieron los apelantes son: una de propiedad de KIT PLAST SRL (fs. 6 de esta pieza) cuya matrícula es 83422/4, Folio Real, otra ubicada en Guaymallén (fs. 10), matrícula 102.114/4 del folio real, otra ubicada en capital, matrícula 54171 y la restante ubicada en Chacras de Coria (fs. 22 v.), matrícula nro. 339705/6.

Los valores reales de estas propiedades -$370.000 (fs. 6), $285.000 (fs. 11) y $300.000 (fs. 16), $2.200.000 (fs.23 v.) los que totalizan la suma de $3.155.000- si bien están admitidos por la incidentada, no corresponden a los inmuebles embargados, por lo que podrán ser motivo de consideración a la hora de las regulaciones de honorarios atinentes a la división de la sociedad, pero no respecto de la precautoria de embargo en cuestión.

La jurisprudencia local se ha expedido sobre este tipo de embargos. Deben destacarse los siguientes aspectos.

La Suprema Corte de Mendoza ha señalado que "En la medida precautoria el valor que se tiende a asegurar está constituido por el monto del litigio incidental o cautelar, independientemente del monto reclamado en el juicio principal, lo que surge del art.9 inc.a) de la Ley Arancelaria. ..." (SCJMza., Sala II, Expte. 66557 - GRANJEROS DEL ESTE COOPERATIVA LTDA. EN J: Y ACUM. CONSOLI, OSCAR A GRANJEROS DEL ESTE COOPERATIVA LTDA. ORDINARIO - INCONSTITUCIONALIDAD - CASACION", sentencia del 6/3/2000 - LS 294-65).

Si bien en el fallo citado está en juego un embargo con monto, esta Cámara ha acotado, en casos como el que nos ocupa que "Conforme el art. 9 inc. a) de la ley arancelaria, se debe considerar como monto del juicio, el valor que se tiende a asegurar, el cual, en caso de medidas relacionadas con la sociedad conyugal, evidentemente implica regular sobre el 50% del activo, ya que es el crédito en expectativa sobre el que cada cónyuge pude tener un interés" (2da. CCC y M. de Mza., Expte.: 29982 - MENGHINI C/PEDRO RASTRILLA P/DIV. VINC., 29/11/2004 - LA 101-180).

Esta autonomía que caracteriza al proceso cautelar -cuanto menos con relación a los honorarios profesionales- se encuentra en la concepción de toda la jurisprudencia en su interpretación de la ley arancelaria local, por lo que con esa inclinación se ha resuelto también respecto del reclamo de alimentos como en otro tipo de juicios, criterio que esta Cámara ha mantenido en el tiempo (ver entre otros expte. nro. 27028 - URRUTIA, MERCEDES DEL CARMEN MIERE, ORLANDO ALIMENTOS PROVISORIOS, 25/09/2000 - LA 89-451) o en medidas cautelares que luego caducan, en juicios de reclamación de daños (expte. nro. 26623 - CHOROLQUE, DAMIANA Y OTS. EN J: 143.149 CHOROLQUE TORRES DAñOS Y PERJUICIOS - EMBARGO PREVENTIVO, 11/05/2000 - LA 89- 23).

En idéntico sentido se han pronunciado otros tribunales de alzada de la provincia, como es el caso de la 3ra. CCC y M. local en autos 24839 - ERNESTO LUIS MAZZINI POR SU HIJO INCAPAZ LUIS A. MAZZINI EN J: 143288 MAZZINI, ERNESTO LUIS POR SU HIJO INC. LUIS A. MAZZINI MEDIDA PRECAUTORIA, 23/11/1999 - LA 92-188. Este tribunal ha explicado que "En las medidas precautorias se fijará como monto del litigio el valor que se tienda a asegurar y se aplicará un tercio de la escala." (Expte.: 5647 - COMPULSA EN J: 5647 GENCO, ARMANDO HUMBERTO FRANCISCO DEL C. MECCA DAñOS Y PERJUICIOS, 13/10/1998 - LA 88-058; idem LA 84-652).

En cuanto nos interesa para la resolución de la apelación, viene a cuento de ello que "No resulta necesario esperar a conocer el monto definitivo de la condena en el principal, para regular los honorarios de las precautorias toda vez que éstas no se regulan en base a esa suma sino al valor que se pretende asegurar, conforme al art. 9 inc. a) de la ley arancelaria y sin perjuicio de lo que se decida en materia de imposición de costas." (5ta. CCC y M. de Mza., Expte.: 110715 - RAIGóN, MIRIAM LAURA EN J: 104267 CERUTTI OLGUíN, ADRIáN JOSé MIGUEL D. CAPEL DAñOS Y PERJUICIOS - EMBARGO PREVENTIVO, 18/08/1994 - LA 3- 80), por lo que "No puede considerarse como prematura la regulación practicada una vez ordenada una medida precautoria, en cuanto surjan de la medida dispuesta los elementos necesarios para determinar la base regulatoria." (del fallo en último término citado).

Por ello es que no contando el Sr. Juez de la instancia de grado precedente con las valuaciones de los inmuebles que fueron objeto de la medida de embargo preventivo -que representan los valores a asegurar en un 50%- tuvo razón en no practicar la regulación de honorarios a ella referida, no obstante la autonomía que las regulaciones correspondientes a medidas precautorias tiene.

En otros términos, no cabe regular honorarios de un embargo preventivo sobre la base del valor de inmuebles que no fueron objeto del embargo, aún en la hipótesis que formen parte de la sociedad conyugal.

Las razones dadas para disminuir los honorarios por el recurso de reposición regulados a fs.262 -por el recurso de reposición resuelto a fs.184/86- es igualmente improcedente. El art. 15 de la ley arancelaria mendocina dispone que los honorarios a regular por los recursos de reposición, para quien resulta triunfante en el mismo, es el 20% de la escala del art. 2, sin distinguir etapas, como la ley, bajo otro sistema, sí lo hace respecto de los juicios completos (v. arts. 11 y 12).

El art. 15 de aplicación estatuye que el 20% de la escala es lo que corresponde regular en los recursos de reposición, cualquiera sea la instancia en que se planteen, lo que deja sin sustento alguno al argumento del apelante, pues de ello se infiere que siempre es el 20%, disposición que se vería desnaturalizada si se disminuyera el porcentaje de acuerdo a la etapa de la instancia en que se planteara el recurso de reposición. De cualquier modo, piénsese que necesariamente el recurso en cuestión debe plantearse dentro de una etapa del proceso, por lo que en cualquier caso debería ser reducido a un tercio de la escala, lo que no resiste análisis alguno pues dejaría de ser el 20% de la escala para ser un tercio de ese porcentaje.

4.3 Las apelaciones resueltas han tenido el trámite del art. 40 del CPC por lo que conllevan costas.

Por lo que el Tribunal RESUELVE:

1. Rechazar los recursos de apelación interpuestos a fs. 258/268 y 260 en contra de la decisión de fs. 241/43 y sus aclaratorias de fs. 251 y v. y 262 y v.

2. No imponer costas.

NOTIFÍQUESE y BAJEN.

HG/mgt CONSTE que la presente resolución no se encuentra suscripta por el Sr. Juez Dr. Rodríguez Saa, por encontrarse en uso de licencia (art. 141 inc. II del C.P.C.).

Secretaría (Mza.) 19 de marzo de 2012.