Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-02-11


SENT Nro. 25 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 11 DE FEBRERO de de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana, René Mario Goane y Alfredo Carlos Dato, bajo la Presidencia de su titular doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en autos: "Ojeda, Miguel Eduardo vs. Pérez, Juan Carlos s/Cobros".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores René Mario Goane, Alfredo Carlos Dato y Héctor Eduardo Aréa Maidana, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

I.- La parte demandada, a fs. 376/380 vta., plantea recurso de casación contra el punto III de la parte resolutiva de la sentencia dictada por la Excma. Cámara del Trabajo, Sala III, de fecha 29 de junio de 2001, obrante a fs. 359/363 vta. de autos, que es concedido mediante resolución del referido tribunal del 6-9-2002 (cfr. fs. 402 y vta.). Ninguna de las partes presentó la memoria facultativa a que alude el artículo 137, primera parte, del CPT, conforme surge del informe actuarial de fs. 408.

II.- Sostiene el recurrente, para fundar su recurso de casación, que la sentencia atacada resolvió la imposición de costas sin considerar, considerando erróneamente, o violando lo dispuesto por el artículo 109 del CPCC, que en su último párrafo prescribe una solución diametralmente distinta a la aceptada por el fallo; agrega que dicha norma resulta aplicable al sub lite por imperio del artículo 49 del CPT.

Manifiesta que el pronunciamiento es arbitrario en razón de que decide la imposición de costas sin percatarse que la demanda progresó únicamente por el 1,31 % del importe reclamado, y peticiona se impongan aquellas en su totalidad al actor incurso en plus petitio inexcusable (en los términos y alcances establecidos en el último párrafo del artículo 49 del CPT) o, en su defecto, para el improbable supuesto que se considere que el referido porcentaje no constituye un éxito insignificante, se efectúe el prorrateo razonable indicado en la primera parte del artículo 109 del CPCC.

Destaca que el juzgador llega al absurdo que el vencedor en el juicio se vea obligado a pagar en concepto de costas una suma que excede por mucho al monto de la condena.

Estima que la Sala a quo prescindió de aplicar al caso textos claros y precisos, fundando la distribución de las costas en una típica afirmación dogmática, cual es la necesidad de mantener incólume la suma fijada en la sentencia a favor del trabajador olvidando, de este modo, que la desigualdad jurídica que la legislación laboral establece en favor del obrero no llega hasta el límite de convalidar despojos, como el que consagra el fallo impugnado, al dejar de lado como elemento decisivo en el tema el resultado del pleito, el que traduce la efectiva derrota de la parte actora.

Por último, cita opiniones doctrinarias y jurisprudencia las que, en su criterio, viene a apuntalar su postura, y concluye diciendo que en el caso de autos se está en presencia de un pronunciamiento judicial que sólo tiene de tal la forma, siendo descalificable como acto jurisdiccional válido, por no satisfacer adecuadamente el servicio de justicia.

III.- Siendo inherente a la competencia funcional de esta Corte por su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, el pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso de casación incoado, corresponde entrar a su tratamiento.

Sobre el particular advierto que ha sido interpuesto en término, conforme surge de lo actuado a fs. 370 y vta. y del cargo actuarial inserto a fs. 381; el acto judicial impugnado constituye una sentencia definitiva en los términos del artículo 130 del CPT; se dio cumplimiento con el afianzamiento previsto en el artículo 133 de la misma ley de forma; el escrito recursivo se basta a sí mismo en cuanto a sus fundamentos fácticos y jurídicos; la impugnación se motiva en la invocación de infracción a normas de derecho.

IV.- Sostiene el pronunciamiento impugnado (cfr. fs. 362), en lo que es materia del recurso casatorio, que "Ante el progreso parcial de la demanda por cobro de pesos y teniendo presente el sentido protectorio del Derecho del Trabajo que impide que el acceso a la justicia absorba los créditos declarados procedentes, propongo que se impongan de la siguiente manera: el demandado soportará además de las propias el 75% de las correspondientes al actor, debiendo éste afrontar el 25% de las propias, con la salvedad que los honorarios del perito calígrafo deben ser soportados exclusivamente por el empleador, atento al resultado de la pericia (art. 106 inc. 1 del C.P.C. y C. de aplicación supletoria). En cuanto a las costas del juicio por consignación de haberes, le corresponde pagar al empleador vencido (art. 106 del C.P.C. y C. de aplicación supletoria)".

Al respecto, cabe poner de relieve que el actor, en su demanda, reclamó indemnización por antigüedad, preaviso, sueldo anual complementario proporcional y vacaciones proporcionales correspondientes al año 1996, haberes impagos por los meses de julio, agosto, setiembre de 1996 e integración mes de despido, y las indemnizaciones de los artículos 9 y 15 de la Ley Nº 24.013. El monto total peticionado en dicho escrito asciende a $16.752 (cfr. fs. 18).

A su turno, la sentencia en crisis admitió parcialmente la demanda, condenando a pagar a Juan Carlos Pérez la suma de $349,63, en concepto de sueldo anual complementario proporcional y vacaciones proporcionales correspondientes al año 1996, y absolvió a la accionada por los restantes rubros solicitados. Asimismo, rechazó la reconvención por consignación de haberes por un día del mes de julio de 1996 articulada por esta última, y la condenó a pagar por este concepto la suma de $14,62, al 31-5-2001(cfr. fs. 361 vta./363). Es decir, que reconoció sólo esta suma por el mes de julio de dicho año.

De lo antecede se puede concluir, en primer lugar, que, en el caso de autos se está en presencia de vencimientos recíprocos.

En segundo término, conviene tener presente que, por expresa remisión del artículo 49 del CPT, en materia de imposición de costas en el ámbito laboral, devienen aplicables las disposiciones del CPCC el que, en el artículo 109, prevé el supuesto de vencimientos recíprocos, en estos términos: "Si el resultado del juicio, incidente o recurso fuera parcialmente favorable para ambos litigantes, las costas se prorratearán prudencialmente por el juez en proporción al éxito obtenido por cada uno de ellos. Si el éxito del uno fuera insignificante con relación al del otro, las costas se impondrán en su totalidad".

De ello se sigue que, en la especie, se ha configurado el supuesto que prevé la norma precedentemente transcrita, en base a la cual debió resolverse la cuestión relativa al modo de imponerse las costas, y no en base a las prescripciones del artículo 106, del CPCC, que consagra el principio general y sus excepciones en el caso de que una de las partes resulte la única vencida y no, como acontece en el sub examine, en donde se verifican vencimientos recíprocos.

Lo dicho me permite concluir que la decisión de fundamentar normativamente en el artículo 106 del CPCC la imposición a la accionada de las costas en los términos vistos, no resulta arreglada a derecho. A ello cabe añadir que, si bien es doctrina de esta Corte que la imposición de las costas no es, en principio, materia de examen en la vía casatoria, salvo supuestos de absurdo o arbitrariedad (cfr. sentencias Nº 325, del 14-10-93; 42, del 24-2-97; entre varias otras), la distribución sentencial de los gastos causídicos, en los términos vistos, resulta también arbitraria, en la perspectiva de lo normado en el dispositivo aplicable al caso (artículo 109, del CPCC), desde el momento que prescinde absolutamente del éxito obtenido por cada uno de los litigantes, arribando de esta manera a un resultado inicuo. Ello así, sin perjuicio de la aplicación eventual del caso excepcional previsto en el último parágrafo de la norma citada, lo que queda librado al juicio prudencial del tribunal de grado. En este sentido conviene recordar que la valoración de este último extremo no depende exclusivamente de la mera cuantificación numérica, sino que constituye una cuestión de apreciación prudencial respecto a la conducta de las partes en el proceso y que compete a los tribunales de grado.

Finalmente, más allá que lo relativo a la plus petición inexcusable fue introducido expresamente recién en el escrito casatorio, en el mismo el recurrente se ha limitado a denunciarlo dogmáticamente, sin precisar ni evidenciar la concurrencia de todas y cada una de las circunstancias o exigencias necesarias que hacen posible la imposición de las costas en su totalidad a la parte actora y a su letrado patrocinante por esta causal. Por el contrario, y a título de ejemplo, a la luz de lo normado en los artículos 20 de la LCT, 111 del CPCC y 49 del CPT, lo expresado con relación a la plus petición inexcusable se desmerece, toda vez que es presupuesto condicionante de su admisibilidad que la parte que la invoca, hubiese admitido el monto al límite establecido en la sentencia, lo que no ha ocurrido en autos, conforme se desprende de las constancias de la causa (en el mismo sentido, sentencia Nº 789, del 13-10-97).

Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso de casación deducido por la parte demandada contra la sentencia de la Excma. Cámara del Trabajo, Sala III, de fecha 29-6-2001; en consecuencia, casar parcialmente la misma, dejando sin efecto el punto III de su parte resolutiva, conforme a la siguiente doctrina legal: "Debe descalificarse como acto jurisdiccional válido la sentencia que ante un supuesto de vencimientos recíprocos (artículo 109 del CPCC), impone las costas haciendo aplicación del artículo 106 de dicho digesto de rito, efectuando una distribución arbitraria de los gastos causídicos, que no se compadece con las prescripciones de aquella norma". Por consiguiente, disponer el reenvío de las presentes actuaciones a la Excma. Cámara a fin de que, por la Sala que corresponda, dicte nuevo pronunciamiento con arreglo a lo considerado.

V.- Atento al resultado a que se arriba y las razones que lo fundamenta, resulta de aplicación lo normado por el artículo 106, inciso 1° del CPCC, debiendo imponerse las costas de esta instancia casatoria por el orden causado.

Los señores vocales doctores Alfredo Carlos Dato y Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara del Trabajo, Sala III, de fecha 29-6-2001, glosada a fs. 359/363 vta.; en consecuencia, casar parcialmente la misma, dejando sin efecto el punto III de su parte resolutiva, conforme a la doctrina legal enunciada en los considerandos, y disponer el reenvío de los presentes actuados a dicho tribunal a fin de que, por la Sala que corresponda, dicte nuevo pronunciamiento con arreglo a lo considerado.

II.- COSTAS, como están consideradas.

III.-DIFERIR regulación de honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.

HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA RENE MARIO GOANE ALFREDO CARLOS DATO