marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Nulidad procesal, principio de trascendencia
Materia: PROCESAL
Carátula: CASTRO Octavio; Isabel Vildozo y Nidia del Rosario A. de Castro s/ Declaratoria de Herederos
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-10-26

Ahora bien, la nulidad planteada requiere como condición indispensable, que el apelante señale, no sólo el perjuicio sufrido por el incumplimiento de los requisitos formales de la estructura de la sentencia, sino también el interés que persigue con su declaración.

"El principio de trascendencia requiere que quien invoca la nulidad alegue y demuestre (carga específica) que el vicio le ocasionó un perjuicio cierto e irreparable, que no puede subsanarse sino con el acogimiento de la sanción (pas de nullité sans grief).

No es suficiente la invocación genérica de haberse quebrantado las formas del juicio; debe existir y demostrarse agravio concreto y de entidad.

No hay nulidad en el solo interés de la ley, desde que las formas procesales no constituyen un fin en sí mismas, sino que son tan sólo los instrumentos de que se vale el legislador para asegurar la defensa en juicio de las personas y de los derecho".
Jubilación por invalidez, sentencia, competencia laboral, determinación de la incapacidad, prueba, apreciación de la prueba, cuerpo médico forense
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: GIAMBA, DOMINGA BEATRIZ c/ Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos s/ JUBILACION POR INVALIDEZ
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-06

Las fotocopias certificadas de sentencias laborales en las que se determinó la incapacidad laborativa del causante, son válidas para considerar fehacientemente acreditado que el mismo se encontraba incapacitado a la fecha del cese para el desempeño de cualquier tipo de trabajo que le permitiera proveerse lo necesario para su subsistencia, si a esa conclusión arribó el Cuerpo Médico Forense luego de evaluar las referidas actuaciones judiciales.
Tutela sindical, derechos sindicales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Silguero, Olga c/ Junta  Electoral del Sindicato de Trabajadores Estatales de la Salud de Formosa (SITEF) s/ Acción de amparo Trabajadores Estatales de la Salud de Formosa (SITEF) s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-04-11

El sentido claro e inequívoco del artículo 47 de la ley 23551 es otorgar al trabajador o a la organización sindical afectada en su libertad, un acceso directo e inmediato a una tutela judicial inobjetable y expeditiva.
Accidentes de trabajo, responsabilidad civil
Materia: LABORAL
Carátula: Cancela, Oscar Adolfo c/ Alvear Combustibles S.A. s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-07-16

Verificado que tanto la parte demandada como el tercero citado a juicio son responsables del hecho único que produjo el daño al actor en los términos del art. 1113, parte segunda in fine del Código Civil, sin perjuicio de la graduación porcentual que de tal responsabilidad se adjudicó por el tribunal del trabajo (cincuenta por ciento a cada uno, ambos responden concurrentemente por el monto total de los daños ocasionados por el accidente de trabajo, sin perjuicio de la acción de reintegro que entre los mismos puedan ejercerse (art. 1109, segundo párrafo, Cód. Civil).
Daños y perjuicios, responsabilidad del Estado por actos lícitos, facultades jurisdiccionales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Román SAC. c/ Estado Nacional (Ministerio de Educación y Justicia). s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-13

Los daños ocurridos en ocasión de la tramitación de un juicio, en la medida en que no deriven de un ejercicio irregular del servicio prestado, deben ser soportados por los particulares, pues son el costo inevitable de una adecuada administración de justicia.
Propiedad intelectual, reproducción de fonogramas
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Aadi-Capif A.C.R. c/ Luper S.R.L. y otros s/ Cobro de pesos (Inc. Medidas Cautelares) pesos (Inc. Medidas Cautelares) pesos (Inc. Medidas Cautelares)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-05-09

El artículo 72 bis de la ley 11.723 exime de contracautela a las sociedades autorales o de productores, cuya representatividad haya sido reconocida legalmente (vgr. Sadaic, ley 17.648; Argentores, ley 20.115; AADI-Capif, dto. 1.671/74), en los casos en que aquéllas requieran el secuestro de una edición y de los elementos de su reproducción, por haber sido llevada en forma ilícita. Si bien es este el supuesto suscitado en autos, donde lo que se reclama es el cobro de la retribución por el uso de fonogramas con fines comerciales, es evidente que el fundamento de tal eximición radica en que las entidades de gestión colectiva aludidas tienen por objeto actividades de recaudación, administración y distribución de fondos originados en la explotación de obras protegidas de sus asociados, lo que las erige en personas jurídicas con solvencia presunta (doct. art. 200 inc. 1, CPCC), por lo que la traba de la medida debe sujetarse a la previa prestación de caución juratoria por parte de la accionante.
Contrato de trabajo, relación de dependencia
Materia: LABORAL
Carátula: Lemos, Rolando Jorge c/ Villarruel, Juana Isabel y Machado, Jorge Alberto s/ Laboral (Expte Nro. 83-02, Resolución Nro. 120, Tomo 21, Folio 76/79)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-08-07

Para que exista relación laboral subordinada, el débito al que se compromete el trabajador debe consistir en estar a disposición del empleador, poniendo al servicio de éste su capacidad laboral de manera tal que tenga la posibilidad de dirigirla y controlarla, sustituyendo la voluntad del dependiente con la suya propia en la realización de las tareas cuantas veces lo crea conveniente.
Prueba pericial, dictámenes
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Ramos, Elba Fabiana c/ Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-03-21

La importancia de dar acabado cumplimiento, por parte del experto, a la exigencia impuesta por el art. 472 del ritual, en relación a su fundamento, reside en la necesidad de garantizar, tanto a las partes la posibilidad de rebatir el dictamen, como al órgano jurisdiccional la de comprender sus conclusiones, y ponderar su razonabilidad para adoptarlo o decidir su exclusión (art. 474 cit.).
Salario mínimo, vital y móvil, constitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Asmit de Mottino, Mónica L. por sí y en representación de su hijo menor Jesús B. Mottino y Zoppi Marta E. en representación de sus hijos menores Carlos M. y María D. Mottino c/ Policía a de la Provincia de Buenos Aires s/ Indemnización por muerte
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-05-28

El precepto que fija el salario Mínimo Vital y Móvil es inconstitucional.
Derecho laboral, registro de antecedentes, faltas disciplinarias, cobro de sumas de dinero
Materia: LABORAL
Carátula: Montedeoca, Adalberto Daniel c/ Lema, José Leopoldo y otro s/ Cobro de pesos c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-06-15

El requisito de la invariabilidad y claridad de la causa del despido está a salvo (cfr. art. 243 LCT). El contrato finalizó con una comunicación donde la causa del despido fue clara y sencilla: ante un procedimiento de la Dirección de Prevención de Delitos Rurales ordenado por la Fiscalía actuante, se demostró la faltante de 89 cabezas de ganado bovino en el predio donde el actor desempeñaba las tareas laborales (entre ellas, el cuidado de justamente los animales faltantes). Por ello, el despido indirecto decidido por el actor con posterioridad no tiene efectos jurídicos por cuanto la vinculación ya no existía, estaba resuelta anteriormente. Además, la patronal fue siempre conteste en su versión y descripción del asunto: es un caso de despido por pérdida de confianza, sustentada en la desaparición de bienes a cargo de la vigilancia del trabajador (Voto Welp. Adhesión Romero)
Recurso extraordinario, escrito deficiente, defensa en juicio, abogados
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: M, C E y OTROS s/ PRIVACION EXTORSIVA DE LA LIBERTAD. REVISION PENAL. RECURSO   EXTRAORDINARIO PARA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION   (CSJ EXPTE Nº 452-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-04-21

Existen situaciones de excepción al cumplimiento de recaudos formales previstos para el recurso extraordinario (Ley 48) que esta Corte ha admitido, como consecuencia de haber admitido que el acuerdo no ha contado con efectiva y sustancial asistencia técnica de su letrado, o que han mediado diferencias de criterio entre defensa y defendido en cuanto a la deducción de los recaudos pertinentes o que se han interpuestos "in forma pauperis".

(Jurisprudencia Vinculada: AyS T 97 p 258. Sumario Nº J0013613).
Mandato, personería, acreditación de la personería, poder
Materia: COMERCIAL
Carátula: COOPERATIVA AGRICOLA GANADERA CARLOS PELLEGRINI LTDA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE   Nº 82-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-03-26

Conforme el régimen de la ley 20337 -artículo 73- la representación del ente cooperativo corresponde al presidente del consejo de administración. Este ese el órgano a quien la ley le confiere en forma ordinaria la representación de la persona jurídica. En relación a los gerentes, el artículo 72 admite la posibilidad de que sean designados, más no constituyen un órgano de imprescindible existencia en la estructura cooperativa. Sobre este aspecto la doctrina ha tenido ocasión de puntualizar que la representación legal compete a los órganos considerados y no al gerente de la cooperativa, que no es órgano social ni ejercer aquélla, y no reviste otro carácter que el de un empleado de la misma, un mero ejecutor de las decisiones del órgano de administración, y en consecuencia, sólo puede representar al ente en los términos del mandato que se le pueda otorgar y para la realización de los actos que específicamente se determinen. (Del Voto de la Mayoría. En Disidencia el Dr. Ulla).
Contratos, compraventa, automotores, concesionario (comercial), derechos de las partes, obligaciones de las partes, prenda comercial, cancelación de deudas, carga, intimación de pago, mora, cláusula penal
Materia: CIVIL-COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: RCC Emprendimientos SRL c/ Balmar SRL s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-22

Procede revocar la resolución que dispuso la resolución del contrato y, por lo tanto, el reintegro del precio pagado en el contrato de compraventa y la devolución del camión objeto de la prenda. Ello por cuanto, en el caso, el accionante pretendió la aplicación de lo establecido en la última parte del "boleto" que suscribieron las partes que declara que el automotor objeto del presente convenio posee una prenda en proceso de ser cancelada; y si por cualquier motivo no llegase a ser posible el levantamiento de la prenda, el vendedor se obliga a devolver el precio recibido detallado, más una multa. Es que el vendedor debió entregar al actor no sólo la documentación que justificaba el pago del crédito prendario a su acreedor sino también demostrar la inscripción registral de la cancelación de la prenda, que recién se concretó estando ya en trámite este juicio. Como no se había fijado plazo para cumplir esa obligación no puede sostenerse que el vendedor incurrió en mora, porque el plazo de 30 días era un término impuesto al adquirente para encarar los trámites de registración de la transferencia, que se hallaban a su cargo, una vez cumplida la obligación del enajenante. Correspondía entonces al comprador, por imperio de lo reglado por el CCCN 1088-c), intimar al vendedor al cumplimiento de su obligación, que se hallaba pendiente en lo que concierne al segundo aspecto: la registración de la cancelación. Y si bien envió cartas documento no consta que esas misivas hubiesen sido recibidas por algún representante o dependiente de la persona jurídica destinataria. Recién con la notificación de la demanda por cédula puede considerarse válidamente emplazada la vendedora a la satisfacción in integrum de su obligación, produciéndose recién en esa data la mora de la demandada. A partir de allí devino exigible la multa. Mas como la accionada justificó haber cumplido con la inscripción registral de la cancelación de la prenda de lo que fue notificada la accionante, en tal situación cabe juzgar superado el estado de mora de la accionada luego de transcurrido treinta días de tomar conocimiento de la aludida registración, que era el plazo que la adquirente tenía para concretar la inscripción de la transferencia. Ello habilita, en el marco de lo previsto en el CCCN 794, a morigerar la sanción estipulada reduciéndola prudencialmente en un 15%.
Concursos, liquidación de entidades financieras, pedido de quiebra, citación al deudor
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO ALMAFUERTE COOP. LTDO. s/ INTERVENCION JUDICIAL.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-06-24

Conforme a los fundamentos expuestos in re "Compañía Financiera Corfar SA (en liquidación por el BCRA) s/ Quiebra", del 16.10.84, si el banco central dispuso cancelar la autorización para funcionar a una entidad financiera y requirió del juez competente la declaración de quiebra, en base a lo regulado por la ley 21.526, y su modificatoria 22.529, actuando dentro del marco previsto por el art.

50 de esta última, al poner de resalto en el escrito de inicio el estado de impotencia patrimonial en el que a su entender se encontraba la entidad, corresponde analizar al juez de la causa si se encuentran reunidos los requisitos exigidos para declarar el estado de falencia o negarse a tal pedimento, por lo que correspondería prescindir en el caso del emplazamiento previsto por la ley 24.522, art 84, debiendo revocarse la providencia que lo ordena.
SIDA, poder de policía, control sanitario, policía federal, facultades discrecionales, personal policial, prueba hematológica
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BRE. c/ Policía Federal Argentina s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-17

El art. 6. del anexo I del decreto 1244/91 - reglamentario de la ley 23.798 - no condiciona el poder de policía estatal (arts. 5, 7 y 9 de la ley) ni implica una restricción a la facultad que tiene la Policía Federal de ponderar la salud de sus agentes (art. 312 inc. c, del decreto 1866/83) sino que delimita el ámbito de actuación del médico en la relación particular que éste mantiene con su paciente.
Indemnización por despido, tope indemnizatorio, ley de empleo, convenios colectivos de trabajo, salario promedio
Materia: LABORAL
Carátula: RODRIGUEZ ZUÑIGA Roberto c/ CELULOSA ARGENTINA SA s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-24

La ley 24013 utiliza tres variables para regimentar la posibilidad de establecer un tope en el cálculo de la indemnización por despido.

Ellas son: a) la publicación por parte del Ministerio de Trabajo para los trabajadores comprendidos en CCT; b) el convenio de actividad aplicable al establecimiento, para los que no están encuadrados en algún CCT o el más favorable, cuando se hallen comprendidos por más de uno ; y c) el promedio de los salarios que se abonen en la empresa, cuando los trabajadores no se encuentren amparados por ninguna convención.Pero en ningún momento, la normativa citada deja de establecer tope, como ocurría con la norma anterior a la reforma de la ley 24013.
Juicio ejecutivo, excepción de pago
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CRESPO, OSCAR OMAR c/ DOMINGUEZ, ANTONIO s/ EJECUCION ALQUILER
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 1986-04-01

LA EXCEPCION DE PAGO NO PUEDE FUNDARSE EN EL DEPOSITO JUDICIAL EFECTUADO POR EL ACCIONADO QUE REALIZA RECIEN AL PRESENTARSE OPONIENDOLA QUE EN EL MEJOR DE LOS CASOS, CONSTITUYE EL RECONOCIMIENTO TOTAL O PARCIAL DEL RECLAMO POR EL QUE SE LE EJECUTA, PERO, DE NINGUNA MANERA EL PAGO DOCUMENTADO ANTERIOR, LOGICAMENTE PERCIBIDO POR EL ACREEDOR, EN EL QUE PUEDE BASARSE LA EXCEPCION.
Extraña jurisdicción, expulsión de extranjeros
Materia: PENAL
Carátula: Giménez Güell, Carlos Daniel c/  s/ extrañamiento
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-12-15

El extrañamiento no constituye un derecho del condenado; se trata de una manifestación del ejercicio de la soberanía estatal y según los casos revestirá exclusivamente la naturaleza de una decisión de política migratoria o de seguridad, concretada en un acto administrativo de expulsión, y otras veces, además, la naturaleza de una pena accesoria impuesta con motivo de una condena penal, establecida en la ley penal. Se destaca su carácter político y discrecional guiado por criterios de selectividad, sin perjuicio de los límites que le impone la prohibición de discriminación y el deber del Estado de asegurar al extranjero cuya expulsión se ordena, el acceso a un juez o tribunal para la protección de los derechos fundamentales que pudieran verse lesionados de manera ilegal o ilegítima con el acto de expulsión (voto del juez García al que adhirió el juez Bruzzone).
Ley Orgánica de los Partidos Políticos, cargos electivos, elecciones, constitucionalidad, facultades del Poder Legislativo
Materia: ELECTORAL
Carátula: Padilla, Miguel M. s/ inconstitucionalidad del art. 2º de la ley 23.298
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-24

En relación al examen de constitucionalidad del artículo 2º de la ley 23.298, en cuanto dispone que a los partidos políticos "les incumbe, en forma exclusiva la nominación de candidatos para cargos públicos electivos", de los términos del artículo 38 no es posible concluir que la Constitución Nacional imponga o prohíba el monopolio partidario de las candidaturas.	La adopción del sistema más adecuado a nuestro medio es una facultad que corresponde al Congreso de la Nación efectuar -como órgano investido del poder de reglamentar los derechos y garantías reconocidos por la ley fundamental con el objeto de lograr la coordinación necesaria entre el interés privado y el interés público- sobre la base de la apreciación de motivaciones de política social, cuya ponderación no es objeto de evaluación por los jueces sin exceso de sus atribuciones constitucionales.
Recurso de inconstitucionalidad, Cámara de Apelaciones, vocal del Tribunal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ANGELI, CLAUDIO GABRIEL c/  s/ HOMICIDIO CULPOSO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-04-28

El recurso interpuesto es parcialmente admisible, por cuanto del análisis de la resolución impugnada en confrontación con los agravios del interesado -vinculados con la falta de concordancia de los votos de los Magistrados para rechazar su planteo de violación del derecho de defensa por deficiente imputación y su pedido de no aplicación en el caso de la pena de inhabilitación por resultar desproporcionada- no se advierte la configuración de los vicios invocados, al no lograr el presentante demostrar que el fallo cuestionado se hubiera constituido sobre la base de votos irreconciliables o contradictorios; en cambio, a distinta conclusión cabe arribar respecto a las alegaciones del impugnante vinculadas con la indeterminación por ausencia de mayoría del alcance de la pena de inhabilitación impuesta, ostentando esta postulación suficiente entidad como para operar la apertura de esta instancia de excepción (Del voto del Dr. Erbetta, al que adhirió el Dr. Falistocco) - Jurisprudencia Vinculada: AyS T 260, p 99, sumario J0040575.
Emergencia económica, reordenamiento del sistema financiero, consentimiento
Materia: PROCESAL
Carátula: Cantarelli, Desio Osvaldo y otro c/ P.E.N. - B.C.R.A. - Bco. Suquía o Nvo. Bco. Suquía s/ amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-05-28

En el supuesto de quien retiró dinero de un banco en el contexto de la denominada emergencia económica producida en los años 2001 y 2002, no hubo "sometimiento voluntario al ordenamiento jurídico", dado que la entidad bancaria ofreció al depositante una suerte de transacción que consistía en una opción cerrada de toda negociación: o retiraba el dinero aceptando la legislación de emergencia, o no se lo daban, no existiendo ningún acuerdo ni consentimiento, sino una mera adhesión a una oferta inmodificable y unilateralmente predispuesta (Voto del Dr. Ricardo L. Lorenzetti). -Del precedente "Rodríguez", al que remitió el voto-.
Honorarios del abogado, recurso de apelación (procesal)
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Barbera, Jorge Fabian y otro c/ Murgia, Antonio Javier y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-10-27

Si el apelante requiere del órgano jurisdiccional competente el tratamiento de cuestiones que exceden el marco del artículo 57 del decreto ley 8904/77, debe procurar, cumplimentando la carga dispuesta al efecto, que así fuere proveído para, en la oportunidad debida, satisfacer las formalidades requeridas por el código de rito para el recurso de apelación ordinario, a fin de que sea de tal modo analizado. Se incluyen dentro de las excepciones al artículo 57 citado, el cuestionamiento de la base económica tenida en cuenta para cuantificar los honorarios.
Despido, abandono de trabajo, interpelación, trabajador
Materia: LABORAL
Carátula: Quintana, Pablo Alba c/ Empresa Interlagos Turismo s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1993-02-17

Deviene improcedente la intimación a reintegrarse al trabajo bajo apercibimiento de tener incurso al trabajador en situación de abandono, y la configuración de esta última situación por parte de la empresa demandada, toda vez que estos últimos hechos son posteriores a la denuncia efectuada por el trabajador y ello no puede alterar la situación ya configurada entre las partes y los consecuentes derechos del trabajador.
Legítima defensa, racionalidad del medio empleado, exceso en la legítima defensa
Materia: PENAL
Carátula: REINOSO, LORENZO RAMON s/ HOMICIDIO SIMPLE
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1985-10-17

Si en un caso particular de defensa predispuesta, no se dan las condiciones de agresión ilegítima, necesidad y proporcionalidad, la acción defensiva en cuestión no estaría justificada exactamente como ocurre en el caso de una acción defensiva ordinaria. Quien predispone medios defensivos capaces de obrar en circunstancias que hacen a la defensa ilegítima, actúa a su propio riesgo aún cuando no tenga el control sobre el resultado en el momento en que se produce.
Caducidad de instancia, plazo, impulso procesal
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Rojo, Juan Bautista c/ Grafex San Luis s/ Daños y perjuicios - Accidente de trabajo - Recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2014-03-11

Debe declararse la caducidad de la instancia con los efectos conferidos por el art. 318 del C.P.C. y C. de San Luis, pues sabido es que le compete al recurrente mantener vivo el proceso a fin de no perder ese derecho -lo que ocurre si no se lo activa dentro del plazo de perención que establece la ley-, por ello se desprende que desde el último acto procesal impulsivo hay una inactividad procesal prolongada, la que supone un abandono voluntario del proceso, esto es, que los interesados no se encuentren en una imposibilidad de formular peticiones tendientes a activar la marcha del procedimiento por motivos ajenos a ellos, ya que no ha de olvidarse que es directiva rectora en la cuestión que el impulso procesal compete, fundamentalmente, al litigante, en acatamiento al principio dispositivo.