marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Honorarios del abogado, IVA
Materia: LABORAL
Carátula: Tajes Damián Horacio y otros c/ Rodo Hogar SA y otros s/ indemn. por fallecimiento
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-09-29

El art. 18 de la ley 20.628 establece que los gastos se considerarán pagados cuando se cobren o abonen en efectivo o en especie y, además, en los casos en que, estando disponibles, se han acreditado en la cuenta del titular o, con autorización o la conformidad expresa o tácita del mismo, se han reinvertido, acumulado, capitalizado, puesto en reserva o en un fondo de amortización de seguro, cualquiera sea su denominación, o dispuesto de ellos en otra forma. A su vez el art. 21 del anexo de la ley 26.565 en su primer párrafo dispone que "El acaecimiento de cualquiera de las causales indicadas en el artículo anterior producirá, sin intervención alguna de parte de la AFIP, la exclusión automática desde la cero hora del día que se verifique la misma, debiendo comunicar el contribuyente, en forma inmediata, dicha circunstancia al citado organismo, y solicitar el alta de los tributos -impositivos y de la seguridad social- del régimen general de los que resulte responsable, de acuerdo con su actividad", por lo que recién al momento de percibir sus honorarios puede considerarse que se efectuó el pago. En tal sentido, carece de trascendencia que el depósito hubiera sido anterior, pues lo relevante es el momento de su percepción, que marca el hecho imponible.
Estupefacientes, transporte de estupefacientes, asociación ilícita, reincidencia, inconstitucionalidad, non bis in ídem
Materia: PENAL
Carátula: ROJAS, MARIO Y OTROS s/ ESTUPEFACIENTES. TRANSPORTE. REINCIDENCIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-03

1) Encuadra en la figura de transporte de estupefacientes, la acción de los procesados que transportaron estupefacientes de un lugar a otro del país, en su calidad agravada por haber sido desarrollada tal acción en común, con designio también común de participar todos en el tráfico de la droga, vale decir organizados para ello, sin necesidad de que se den los extremos del art. 210 C.P.

2) Corresponde rechazar el planteo de inconstitucionalidad del instituto de la reincidencia por transgredir el principio "non bis in idem", porque salvo la identidad del sujeto, ninguna relación existe entre el objeto procesal que generó la primera condena y el que motiva la presente causa. Ambos procesos guardan absoluta independencia, así como las sentencias con que culminan y la circunstancia de que en el último de los fallos deba valorarse el efecto de la reincidencia sobre la pena a imponerse no implica introducirse en el caso juzgado en primer término.

El hecho de que la segunda condena deba cumplirse íntegramente es un aspecto de política criminal que no es susceptible de ser enervado como pugnante con la C.N.
Emergencia sanitaria, derechos y garantías constitucionales, razonabilidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Estado Nacional (Poder Ejecutivo Nacional) s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-04

El ejercicio de los derechos puede ser restringido parcialmente y durante un tiempo limitado cuando es una medida razonable y proporcional en una situación de una emergencia justificada (Voto del juez Lorenzetti).
Juicio ejecutivo, excepciones procesales, inhabilidad de título, falta de legitimación para obrar, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Totaro Juan Carlos c/ Ilumat S.R.L. s/ Ejecutivo Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1997-02-28

Al momento de oponerse la excepción se ha contado con los elementos suficientes de juicio, como para advertir que quien se ha presentado como acreedora no era idéntica persona que la legitimada para ello, por lo tanto quien pretende desconocer la calidad de la actora, debe demostrar que no es la misma e idéntica persona.-
Daños y perjuicios, accidente ferroviario, concesión de servicio público, responsabilidad del Estado, obligación de seguridad, eximentes de responsabilidad
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL
Carátula: Guajardo Ester Edith  c/ Estado Nacional y otro  s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-02-14

El contrato de concesión del servicio de transporte ferroviario de pasajeros al tiempo en el cual la actora sufrió el accidente revela que el Estado Nacional no ejerció ninguna función, servicio o actividad respecto del transporte en cuestión y, en consecuencia, no es razonable asignarle el deber genérico de proteger a los ciudadanos de todas las contingencias que puedan sufrir en la vida diaria.
Nulidad procesal, exceso ritual manifiesto
Materia: PENAL
Carátula: GARCA BARRAZA, E. s/ nulidad Causa 26.746
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-03

La nulidad procesal requiere un perjuicio concreto para alguna de las partes, porque cuando se adopta en el sólo interés del formal cumplimiento de la ley, importa un manifiesto exceso ritual no compatible con el buen servicio de justicia.
Indemnización por muerte del trabajador, depósito en sede administrativa, retiro de fondos, cónyuge supérstite, derecho de opción, menores
Materia: LABORAL
Carátula: CHAPARRO  DE  SALVA,  ELEUTERIA POR SI Y EN REPRESENTACION DE SU HIJA SALVA, LILIANA LUJAN c/ DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD s/ ARTICULO 1113 CODIGO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-08-30

La percepción en sede administrativa de la indemnización por accidente de trabajo de la esposa del causante por sí y en representación de su hija menor, sólo configura la opción establecida en el artículo 17 de la ley 9688 con relación a aquélla, para entender que la menor percibió su parte (artículo 59 Código Civil).
Ley de defensa del consumidor, leyes, autoridad de aplicación, competencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y SERVICIOS c/ CMR FALABELLA S.A. s/ COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-08-01

El Congreso de la Nación, mediante la Ley 24240, legisló sobre la defensa del consumidor o usuario, estableciendo un procedimiento administrativo a los efectos de determinar las presuntas infracciones a las disposiciones de la ley, sus normas reglamentarias y de resoluciones que en consecuencia se dicten, fijando las correspondientes sanciones en caso de verificarse una infracción al ordenamiento jurídico del consumidor y prescribiendo que las provincias dicten las normas referidas a su actuación como autoridades locales de aplicación, estableciendo en sus respectivos ámbitos un procedimiento compatible con sus ordenamientos locales. En ese marco legal, el Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe en el ejercicio de sus atribuciones designó a la Dirección General de Comercio Interior del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio como el órgano competente local para actuar como organismo de aplicación de la Ley 24.240, pero no se han regulado otros aspectos sobre la cuestión, principalmente, el referido a la competencia judicial para controlar la actividad administrativa sancionatoria en materia de derecho de consumo cuando se determina una sanción al proveedor, por lo que corresponde a este Tribunal determinar dentro del ordenamiento jurídico vigente, el órgano judicial competente para resolver la presente causa. REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 24240: art. 41, 45, párrafos 11 y 14; Decreto N° 850/94.
Acción de inconstitucionalidad, caducidad
Materia: PROCESAL
Carátula: L. R. S. c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: L. R. S. c/ Rozenbaum, Jorge y otros s/ responsabilidad médica
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-07

Si la actora no instó a su debido tiempo -dando ocasión a que se decretara su caducidad- la prueba filmográfica que ofreciera y cuya producción en esta oportunidad reclama, la situación en la que ahora se encuentra no es más que el resultado de su propia conducta discrecional, pues incluso consintió la declaración de caducidad de esa prueba decretada en la instancia de grado. (Del voto de la jueza Marcela De Langhe).
Daños y perjuicios, daño moral, responsabilidad del abogado, prescripción, obligaciones del abogado
Materia: CIVIL
Carátula: G., L. V. J. c/ E., M. H. s/ daños y perjuicios - Resp. Prof. Abogados
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-09-20

Corresponde condenar a una abogada a indemnizar por daño moral a un cliente por no iniciar el proceso a tiempo, lo cual generó la prescripción de la acción correspondiente, y por negarse a devolverle toda la documentación original obrante en su poder, puesto que es obligación del letrado realizar todos actos procesales que le han sido encomendados por su cliente, y desempeñar la función de acuerdo al Código de Ética de la profesión de abogado.
Buena fe, ejercicio de los derechos
Materia: CIVIL
Carátula: G., D. E. c/ C., D. s/ art. 250 C.P.C. - incidente familia
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-17

El art. 9 del Código Civil y Comercial de la Nación consagra el principio de la buena fe para el ejercicio de los derechos que cumple una función correctiva. El comportamiento correcto definido conforme al estándar objetivo señala un deber ser, respecto de cómo deberían actuar las partes, y en virtud de su origen legal e imperativo se constituye en un control y un límite.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, falta de cita legal
Materia: PENAL
Carátula: Camino, Antonio; Pérez, Luis Alberto s/ Robos reiterados
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-10-17

Es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que sostiene que no se ha configurado el concurso ideal si no cita como transgredido los arts. del C.P. aplicados en la sentencia, desentendiéndose además de los fundamentos fácticos y jurídicos expuestos en el fallo para respaldar su decisión.
Corrupción, delito formal, consumación del delito, dolo directo
Materia: PENAL
Carátula: Pérez, Luis O. s/ Corrupción
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-30

a) La promoción de la corrupción es delito formal, se consuma con el acto idóneo para depravar sin que sea requerido que la víctima se corrompa,bastando con el peligro de que ello ocurra o pueda generarlo.

b) El resultado corruptor debe estar contenido en la intención del agente, siendo imprescindible el dolo directo, pues el "depravador directo" no solo busca satisfacer deseos propios, sino obtener satisfacción de la posterior actividad corrompida de la víctima, ya que el verbo "promover" indica la existencia de una actividad destinada a lograr la efectiva corrupción, aunque no se requiera su obtención.
Prescripción, interrupción de la prescripción, incidentes, entrega de la posesión, entrega del automotor
Materia: CIVIL
Carátula: Pirchio, Heraldo A. c/ Capodanno, Nicolás F. s/ Acción Posesoria.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-07-07

El supuesto de hecho de la prescripción lo constituye la inacción del titular del eventual derecho expuesto a extinguirse por el no uso o la posesión que otro pudiere ejercer. De allí que cualquier actitud procesal que demuestre inequívocamente la voluntad de hacer valer un derecho contra el deudor debe ponderarse como eficaz a los fines de interrumpir el curso de aquélla. Las actuaciones cumplidas por los actores en el incidente de entrega de la posesión del vehículo que tramitara ante la justicia penal y que fueron resueltas mediante decisión confirmada por la Cámara revelan la inequívoca voluntad de conservar el derecho a la posesión y, por ende, resultan suficientes para desvirtuar cualquier presunción de abandono. Si desde la fecha de notificación de la sentencia dicta por la Excma. Cámara Criminal, y hasta la fecha de la promoción de la demanda civil, no transcurrió el plazo prescripto por el art. 4038 del Código Civil, corresponde desestimar la excepción de prescripción opuesta.
Constitución Nacional, control de constitucionalidad, división de poderes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Portillo, Alfredo s/ infr. art. 44 ley 17.531.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-18

El sistema constitucional de los tres poderes no está fundado en la posibilidad de que cada uno de ellos actúe destruyendo la función de los otros, sino en que lo haga con la armonía que exige el cumplimiento de los fines del estado, para lo cual se requiere el respeto de las normas constitucionales y del poder encargado de dictar la ley
Sucesiones, aplicación de la ley
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Renedo, Moisés s/ Sucesión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-04-27

El principio del artº 3284 del CCI, norma específica en la materia no cede ante la circunstancia de que puedan existir bienes raíces en el país, y ello en cuanto no se demuestre que la aplicación de la ley extranjera sea incompatible con el orden público o con el espíritu de nuestra legislación. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Concursos, pedido de quiebra, prueba sumaria del crédito, cuenta corriente bancaria, certificado de saldo deudor
Materia: COMERCIAL
Carátula: ESTABLECIMIENTOS METALURGICOS DE POLI SA s/ PEDIDO  DE  QUIEBRA  POR  BANCO  DEL  OESTE  SA  (INTERV.  POR BCRA).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-14

Cabe rechazar el pedido de quiebra en base a un certificado de saldo deudor en cuenta corriente bancaria, si de la documentación arrimada surge que en la citada cuenta se registran operaciones ajenas a dicha operativa (débitos por operaciones impropias).
Escritos judiciales, copias
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Frontani, Julio s/ Cancelación de Títulos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-05-24

La carga prevista en el artículo 120 del rito atiende esencialmente a la conveniencia de las partes y se relaciona con el interés de ellas y con la función jurisdiccional; sin que su incumplimiento, genere un correlativo derecho subjetivo de la contraria a la automática aplicación de la sanción, cuando su derecho de defensa ha sido puesto a resguardo. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Prescindibilidad, indemnización
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Conte, Daniel Osvaldo c/ Municipalidad de General Pueyrredón s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-03-31

En materia alimentaria, los intereses moratorios se deben desde que la suma actualizada se devengó, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial, por la sola configuración de la dilación o tardanza en el cumplimiento de la obligación.
Lucro cesante
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Richiert, Adriana c/ Kihn, Juan s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-08-22

Cuando se indemniza el lucro cesante con motivo de hechos ilícitos, su determinación ofrece bastante latitud, no sólo en su monto sino también en su existencia misma: son ganancias que verosímilmente se habrían obtenido por la víctima suponiendo que se hubiesen mantenido las demás circunstancias necesarias.
Honorarios del perito, regulación de honorarios, base regulatoria, dictamen pericial, reconocimiento de mercaderías
Materia: PROCESAL
Carátula: COLUMBIA SA DE SEGUROS c/ AEROLINEAS ARGENTINAS Y OTRO s/ RECONOCIMIENTO PERICIAL.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-05

En causas de escaso monto la regulación del perito no ha de estar determinada sólo por él, desde que ello, por un lado, llevaría a apartar la específica solución del art. 519, tercer párrafo, de la Ley 20.094 y, por otro, conduciría a desconocer la necesidad de asegurar a los auxiliares de la justicia una retribución razonable, concorde con la entidad de los trabajos realizados (cfr. Causas 1113 del 2.2.82 y muchas otras). Y, en situaciones extremas, inclusive se ha tomado como base para fijar los estipendios del experto el valor de la maquinaria importada y no solamente el del daño comprobado cuando éste último es de escasa entidad o cuando, en definitiva, se verifica la inexistencia de daño alguno.
Despido por maternidad, denuncia del embarazo, indemnización agravada
Materia: LABORAL
Carátula: LOPEZ OSORNIO DE BANDEIRA, GRACIELA c/ LE CEMPS  S.R.L. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-09-24

No resulta procedente la indemnización especial por embarazo si no existen constancias de que la trabajadora hubiera denunciado esa situación con anterioridad a la notificación del despido y sólo la invocó al rechazar la justa causa del distracto.
Declaración indagatoria, derecho a conocer las pruebas en contra, nulidad procesal
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: MARTINEZ, SERGIO G. s/ DECLARACION INDAGATORIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-02-26

Las formalidades que prevé el art. 198 del C.P.P. tienden a que la intimación que se le formula en el momento de tomar la indagatoria, permita al imputado discernir el hecho antijurídico que se le atribuye para poder hacer valer su derecho de defensa, por tanto no es nulo el acto de indagatoria si se le informó al imputado el hecho que se le atribuía, si bien no en forma detallada, pero poniéndolo en conocimiento de los elementos de prueba, lo que le permitió en el caso hacer valer sus garantías, absteniéndose a declarar.
Intangibilidad de los depósitos, convertibilidad
Materia: CIVIL
Carátula: CHAPARRO OLGA c/ CHAVEZ LUIS s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO - CASACIÓN CIVIL CONTRATO - CASACIÓN CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-03-11

Si la parte actora quedó obligada al pago de un monto determinado en la sentencia en concepto de saldo de precio actualizado al 31-03-91, fecha de corte que prevé la ley de convertibilidad, no puede dicho capital ser modificado posteriormente bajo ningún mecanismo corrector de repotenciación o actualización por depreciación monetaria, a tenor de la normativa que aún se mantiene vigente.

Ello así, dado que la ley 23.928, de fecha 27-3-91, puso fin a largos años de constante indexación monetaria, contexto en el cual el legislador consideró necesario disponer la derogación de todo mecanismo o índice de actualización cualquiera sea el tipo de contrato o relación jurídica existente.

Luego, con la sanción de la ley de "Emergencia Pública y Reforma Cambiaria" (25.561) se derogó gran parte de la ley 23.928, dejándose subsistente, sin embargo, el artículo que "prohibe actualizar monetariamente, aplicar indexación por precios, variación de costos o repotenciación de deudas cualquiera fuere su causa", y el propio Decreto Reglamentario -Ley n° 214/02- admite el menor poder cancelatorio de la moneda de curso legal frente a la divisa que antes fue su marco de conversión.
Derecho procesal, partes, tercerías, tercería de dominio, presunciones
Materia: COMERCIAL
Carátula: MOVICAR  AUTOMOTORES  SA c/ UTOMOTORES SAN FRANCISCO SRL S/ EJECUTIVO. s/ TERCERIA  EN  AUTOS COELLO MERCEDESROSARIO C/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-11

En una tercería de dominio de bienes muebles en que no se acredita la propiedad por otros medios, la carga de la prueba depende de que el tercerista se hubiere encontrado o no en su posesión en oportunidad de trabarse el embargo. En el primer supuesto, como el poseedor cuenta a su favor con una presunción de propiedad (CCiv: 2412), basta que el tercerista acredite el hecho de la posesión y corresponde al embargante probar hechos que desvirtúen esa presunción. En la segunda hipótesis, la carga de la prueba se invierte en relación con el caso anterior, de manera que mientras al embargante le basta invocar la posesión de las cosas por parte de otro, al tercerista incumbe la demostración de su derecho de dominio y, por lo tanto, la carga de desvirtuar aquella presunción contraria a su derecho (CCiv Com Pergamino, 30/11/00, "D'angelo, Durilio Edgardo s/tercería de mejor derecho").
Ley de emergencia, decreto reglamentario, constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Mónica Beatriz Giachero s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1992-02-06

Cabe tener en cuenta que tal disposición, el art. 18 del decreto 140, no aparece ni irrazonable ni arbitraria. No esta dirigido contra individuo alguno sino que constituye una norma general que abarca situaciones que en el funcionamiento del Estado son manifiestamente irregulares. No puede considerarse de fines ni persecutorios ni discriminatorios sino con la única meta de ordenar situación desquiciada.
Nulidad de sentencia, preclusión
Materia: PROCESAL
Carátula: OLMEDO, ANSELMO c/ TAP ROOM SRL. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-11

Al no ser cuestionada en el plazo procesal oportuno la resolución que se halla viciada, se opera la pertinente preclusión procesal para atacar la sentencia posterior, aún cuando hubiese sido dictada antes de hallarse consentida la resolución que contenía el vicio.

(Conforme Sala III, sentencia 50574, 27 de septiembre de 1965, 'APS. c/ El Marisco SAIC. s/ ley 18610 y 22269').
Recurso de queja (procesal), doctrina de la arbitrariedad, recurso extraordinario federal, SOCIEDAD ARGENTINA DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MÚSICA, propiedad intelectual, derechos de autor
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SADAIC c/ CRAZY CONFITERIA (ARROYO SECO) s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-10-29

Corresponde admitir la queja y conceder el recurso de inconstitucionalidad, atento el pronunciamiento de la Corte nacional que -de conformidad con lo dictaminado por la Procuradora Fiscal de la Nación- resolvió que correspondía declarar admisible el recurso extraordinario y dejar sin efecto la sentencia impugnada, por entender que la Corte local no pudo soslayar, sin incurrir en arbitrariedad, que la Cámara -al hacer lugar parcialmente a la demanda de SADAIC por la suma resultante de aplicar sobre el 20% de los ingresos de boletería de la demandada (y no sobre la totalidad de ellos pretendida) la alícuota del 16% fijada por la difusión pública de obras musicales- con su interpretación literal, omitió examinar el contexto normativo en el que la alocución "afectar" se encontraba inserta, del que claramente se desprende que las previsiones del artículo 4 del decreto 5146/69 disponen los topes máximos del arancel que la sociedad de autores puede aplicar y no las bases sobre las que deberá calcularse el referido arancel; y que la arbitraria inteligencia asignada a los preceptos en cuestión por el Tribunal de grado no sólo desconocería la exigencia de "remuneración equitativa" del autor a la que se refieren los artículos 11 bis.2 y 13.1 de la Convención de Berna sino que vulneraría los derechos derivados de las "obras de autor" que, a partir de 1994, encuentran una especial protección en el último párrafo del inciso 19 del artículo 75 de la Constitución nacional.
Contrato de trabajo, sanciones laborales, gravedad de la falta, personal jerárquico
Materia: LABORAL
Carátula: SANDRO, Myriam c/ FECOVITA COOP. LTDA. s/ DESPIDO  LASARTE - MORONI
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-17

La sanción disciplinaria tiene un efecto ejemplarizador sobre los demás empleados que se enteran de ella. Aplicada en sus justos límites y teniendo en cuenta el principio rector consagrado en el art. 10 de la LCT, no impide la prosecución del vínculo. Es más, no resulta admisible que el personal de alguna jerarquía no pueda ser sancionado con otra medida que el despido so pretexto de que a posteriori sus subordinados no acatarán su "autoridad". Por el contrario, la acatarían con más razón advirtiendo que si la principal sanciona al personal jerarquizado, lo hará también con el "no jerarquizado".