Tribunal: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2005-08-31


Fojas: 399 En Mendoza, a treinta y un días del mes de agosto del año dos mil cinco, reunida la Sala Segunda de la Excelentísima Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario, tomó en consideración para dictar sentencia definitiva la causa N 72.215, caratulada: "LA FACULTAD S.R.L. y OTS. C/GOBIERNO DE LA PROVINCIA S/ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD".- De conformidad con lo establecido en los arts. 140 y 141 del C.P.C. y teniendo en cuenta las facultades conferidas por la Acordada N 5845, en el acto del acuerdo quedó establecido el siguiente nuevo orden de votación de la causa por parte de los Señores Ministros del Tribunal: primero Dr. HERMAN A. SALVINI, segundo Dr. CARLOS BÖHM y tercero Dr. PEDRO J. LLORENTE.

A N T E C E D E N T E S:

A fs. 129/147, La Facultad S.R.L., Binario S.R.L., Sol Andino S.R.L., Ramón Buj e Hijos S.A.C.I.A., Roberto Basualdo S.A., Rubén Amado Morales, Cooperativa Farmacéutica de San Rafael Ltda., Compañía Cuyana de Cómputos S.A., Nicodemo Furfaro, Alejandro Rafael Amoretti, Don Lisandro S.A., Atajo S.R.L., Baronia S.R.L., Carril S.R.L., Oyantay S.R.L. y Pentaedro S.R.L., por medio de representante, deducen acción de inconstitucionalidad en los términos del art. 223 del C.P.C. contra la Resolución General n° 38 de la Dirección General de Rentas de la Provincia de Mendoza (B.O. 23/08/01), por la que se pone como tope para la utilización de los saldos de crédito fiscal otorgada mediante ley 4778, la fecha 30 de setiembre de 2001. Solicita se declare inconstitucional la resolución referida, se declare inconstitucional su aplicación y se tenga presente la reserva de daños y perjuicios en los términos del art. 48 de la Constitución de Mendoza, todo ello con expresa imposición en costas.

Admitidas las pruebas ofrecidas y agregados los alegatos presentados por las partes, a fs. 391/394 vta. corre agregado el dictamen del Sr. Procurador General, quien considera que corresponde hacer lugar a la demanda.

A fs. 396 vta. se llama al Acuerdo para sentencia y a fs. 398 se deja constancia del orden de estudio en la causa por parte de los Señores Ministros del Tribunal.

De conformidad con lo establecido por el art. 160 de la Constitución de la Provincia, esta Sala se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

P R I M E R A:¿Es procedente la acción de inconstitucionalidad interpuesta? S E G U N D A: En su caso, qué solución corresponde? T E R C E R A: Pronunciamiento sobre costas.

SOBRE LA PRIMERA CUESTION EL DR. SALVINI, dijo:

I.- Que La Facultad S.R.L., Binario S.R.L., Sol Andino S.R.L., Ramón Buj e Hijos S.A.C.I.A., Roberto Basualdo S.A., Rubén Amado Morales, Cooperativa Farmacéutica de San Rafael Ltda., Compañía Cuyana de Cómputos S.A., Nicodemo Furfaro, Alejandro Rafael Amoretti, Don Lisandro S.A., Atajo S.R.L., Baronia S.R.L., Carril S.R.L., Oyantay S.R.L. y Pentaedro S.R.L. deducen acción de inconstitucionalidad en los términos del art. 223 del C.P.C. contra la Resolución General n° 38 de la Dirección General de Rentas de la Provincia de Mendoza (B.O. 23/08/01), por la que se pone como tope para la utilización de los saldos de crédito fiscal otorgada mediante ley 4778, la fecha 30 de setiembre de 2001. Solicita se declare inconstitucional la resolución referida, se declare inconstitucional su aplicación y se tenga presente la reserva de daños y perjuicios en los términos del art. 48 de la Constitución de Mendoza, todo ello con expresa imposición en costas.

Relatan que mediante Decreto Ley 4778/83 se estableció un régimen especial destinado a la promoción de la construcción y/o instalación de infraestructura destinada al turismo y a los deportes de alta montaña, más conocido como Decreto de Promoción Turística.

Por el art. 5 de dicho decreto-ley se estableció a un conjunto de personas físicas o jurídicas, beneficios impositivos por los montos de las inversiones que realicen por devengamiento de tributos fiscales provinciales con un máximo de diez años, a partir de la finalización y puesta en servicio del proyecto.

Mediante Decreto n° 1019/86 se declaró acogidas a las firmas Racconto Femenía S.A. y Morales Laugero Ingenieros Asociados S.R.L. comprendiendo a dichas empresas a los fines del reconocimiento de crédito fiscal por el monto de las obras detalladas en la norma.

Por Decreto n° 4470/87 se autorizó expresamente a considerar ampliados los inversores a las empresas Racconto y Femenía S.A. y Morales Laugero Ingenieros Asociados S.R.L. a los fines de la ley 4778, designando dicho decreto a los demás accionantes de la presente causa, acreditándose el derecho y legitimación en la presentación por poseer los mismos los beneficios correspondientes al Decreto Ley 4778.

Mediante Decreto n° 4100/88 se efectuó una nueva ampliación en los mismos términos que el anterior quedando incluidas nuevas firmas al régimen que otorga el D.L. 4778 y sus decretos reglamentarios.

Con el mencionado régimen normativo, los inversionistas iniciaron las construcciones de las obras comprometidas en Valle Los Penitentes conocida como el actual complejo turístico Ayelen. Por ello los presentantes han cumplido con su parte esperando la contraprestación de compensación de dicha inversión con impuestos provinciales por el plazo de diez años.

Informan que comenzaron a plantearse en sede administrativa diversos conflictos por la disparidad de criterios en la interpretación y aplicación del régimen de Promoción Turística con el consecuente desgaste que ello provocaba por lo que con fecha 26 de febrero de 1996 se celebró un acta-acuerdo que reconocía el crédito fiscal y definitivo a los diversos inversores del complejo turístico, determinando también la fecha de uso y disponibilidad del crédito. Por dicho acuerdo, las sumas reconocidas, importaban una transacción definitiva en relación a los derechos, acciones y recursos administrativos planteados por las firmas interesadas, en los términos de los arts. 832 y cc. Del Código Civil (cláusula 3°). En su art. 8° determinaba que los saldos de crédito fiscal disponibles en todos los casos una vez efectuada la compensación respecto de los impuestos provinciales vencidos al 31/12/95, se podrán tomar por los inversores en un plazo mínimo de dos años computados a partir del vencimiento de la suspensión del uso de los beneficios impositivos prevista en el art. 55 de la ley 6367 y en un máximo de diez años a partir de la misma fecha, de acuerdo a lo establecido por ley 4778.

Remarcan que la ley 6367 (presupuesto Fiscal de la Provincia año 1996) en su art. 55), había suspendido para ese año el uso del crédito fiscal, medida que fue recurrida por los inversionistas del complejo y que era uno de los aspectos más importantes de los recursos presentados en sede administrativa que llevó a la celebración del acta acuerdo donde se definió claramente el plazo para la utilización del crédito fiscal, que era entre 2 años (mínimo) y10 años (máximo) a partir del vencimiento anual previsto en la ley 6367. Es decir que el plazo para la utilización del crédito fiscal comenzaría a correr el día 1 de enero de 1997.

Por Decreto n° 567/96 el Poder Ejecutivo de la Provincia ratificó en todos sus términos el acta-acuerdo, con lo que le dio jerarquía normativa de decreto. Ello implicó la determinación del monto global a reconocerse a los inversionistas en calidad de crédito fiscal fijándose como plazo para ser reconocidos en el pago de impuestos al estado provincial, de conformidad a los porcentajes de participación en la inversión de la obra promovida. Dichos porcentajes serían determinados en proporción a la participación de cada una de las empresas en la inversión con un plazo mínimo de dos años y uno máximo de diez.

Remarca que por el art. 8 del acta-acuerdo se arribó entre el Estado y los inversionistas a una transacción en el monto del importe reconocido para compensar con impuestos provinciales y fundamentalmente, una modificación del plazo para dicho reconocimiento por parte del Estado, con un mínimo de dos años y un máximo de diez y el plazo del cómputo se da inicio a partir del vencimiento de la suspensión de la vigencia del decreto ley 4778, establecido por ley 6367, art. 55. Como la ley 6367 fijó una suspensión para el ejercicio impositivo del año 1996, a partir del año 1997 comenzaba a regir el plazo del art. 8 del acta-acuerdo ratificada por decreto, cumpliéndose el periodo mínimo en 1999 y el máximo en 2007. Advierten que esta modificación de plazo fue una de las renuncias que en los términos de la transacción efectuó el Estado para evitar conflictos judiciales.

Con este orden de cosas se fueron presentando los beneficios impositivos de los inversores, quienes cuando debían abonar impuestos provinciales concurrían a D.G.Rentas, obtenían una certificación de crédito por el mismo monto a abonar y el cajero del Banco incorporado en Rentas sellaba el boleto de pago de impuesto adosando en tal circunstancia el comprobante de crédito fiscal así librado, con lo que cada uno de los inversores obtenía una reducción de su crédito en virtud de una compensación con los impuestos que debía cancelar.

Con fecha 23 de agosto de 2001, mediante resolución n° 38, la Dirección General de Rentas dispuso que los beneficios descriptos sólo serán reconocidos hasta el día 30/09 de 2001, provocando con ello una modificación unilateral del decreto provincial n° 567/96 y con ello, una mengua en el reconocimiento del crédito de los accionantes en el orden de la suma de más de un millón trescientos mil pesos ($ 1.300.000).

El crédito fiscal reconocido y convenido se ve por medio de una resolución afectado, quedando crédito fiscal sin devolución, provocando con ello un enriquecimiento ilícito de parte del estado en las sumas en que la misma provincia reconoce adeudar a los reclamantes y que en virtud de la modificación unilateral de los plazos hasta los que se debe compensar dicho crédito fiscal, provoca la eliminación del mismo, o la conversión de dicho crédito en una obligación natural, que el Estado no reconocerá.

Salvaguardando sus derechos económicos, recurren ante el Tribunal a los fines de lograr la tutela judicial de sus derechos con la presente acción de inconstitucionalidad contra la Resolución n° 38 D.G.R.

Agregan, a mayor abundamiento, que Sol Andino S.R.L. en calidad de empresa administradora de los inversionistas, interpuso el 31 de agosto de 2001 un recurso de revocatoria sobre el que la administración pública no se expide ni respecto a su admisión formal ni la suspensión de los efectos de la misma, por lo que de no recurrir a ésta vía judicial implicaría lisa y llanamente consentir la constitucionalidad de la Resolución n° 38, la que afirman que no solamente transgrede abiertamente el orden jurídico normativo, sino que además constituye una aberración jurídica y la conculcación de los derechos de los presentantes. También formuló denuncias ante Fiscalía de Estado de la Provincia respecto a las irregularidades cometidas por Rentas en torno al tema de la aplicación del Decreto Ley 4778 y Decreto 567/96. Por último, citando la causa Banco Multicrédito S .A. p/Quiebra, afirman que las arbitrariedades llegaron a ser más, cuando la propia Dirección de Rentas, ante la subasta de derechos y acciones que el fallido tenía por la construcción de departamentos en el complejo turístico Ayelen, provocó el rechazo de la propuesta condicionada de la firma Ramón Buj e Hijos S.A.C.I.A.a la extensión del plazo fijado en la Resolución n° 38, lo cual no fue aceptado por D.G.R. y los derechos y acciones subastados fueron adjudicados a un segundo proponente adquirente en la subasta con una oferta económica inferior, también condicionada a la factibilidad de la cesión del crédito, sin que este segundo oferente se encontrare como sujeto beneficiado por el Decreto Ley 4778 y demás normas. La D.G.R. considera incluido a un beneficiario sin necesidad de decreto del Poder Ejecutivo y provoca la limitación del plazo de reconocimiento del crédito fiscal transado mediante acta-acuerdo ratificada por Decreto 567/96.Afirman que el rechazo de la oferta de Ramón Buj e Hijos S.A.C.I.A. demuestra, que ya hoy, la resolución n° 38 ha afectado el derecho de propiedad de los presentantes.

Mencionan las cláusulas constitucionales que consideran vulneradas y en el apartado 4 de su presentación, bajo el título EXISTENCIA DE LESIÓN ACTUAL E INTERÉS LEGÍTIMO, afirman que se encuentran con una privación de compensación o reconocimiento de crédito fiscal que a la fecha asciende a $ 1.300.000, ya que mediante la aplicación de dicha resolución, modificatoria de un decreto del Poder Ejecutivo, provoca la limitación del plazo en que los inversionistas podían efectuar el reconocimiento de créditos fiscales ya otorgados, de forma tal, que la suma referida respecto del crédito fiscal no será reconocida, provocando con ello una lesión patrimonial de extrema importancia. Dicha lesión patrimonial se encuentra reconocida en las actuaciones administrativas n° 01420/S/00/01027 a fs. 51/54 donde se determina que para fecha noviembre de 2000, Sol Andino S.R.L. aún no ha asignado a ningún titular y que el porcentaje refiere a $ 800.313,01 y que el crédito aún no consumido por los inversionistas asciende a $ 1.687.134,97.

Fundan la competencia del Tribunal y sostienen que formalmente la resolución n° 38 resulta absolutamente inconstitucional. Que conforme el art. 31 de la Constitución Nacional y 48 de la Provincial se ha creado la universalmente y unánimemente aceptada pirámide jurídica que implica la supraordenación de las normas y un orden de prelación. Que dentro del orden provincial, el vértice de la pirámide es la Constitución Provincial que debe respetar a la Nacional y luego las leyes provinciales, decretos y por bajo de ésto recién vienen las resoluciones, ordenanzas municipales, circulares etc. Por ello, los decretos provinciales son de jerarquía superior al de las resoluciones y sólo pueden ser modificados mediante otra norma de igual o superior rango. Afirman que el decreto ley 4778 resulta plenamente vigente y aplicable ya que no ha sido derogado expresamente al establecerse la continuidad constitucional y que por otro lado se sucedieron distintos decretos del poder ejecutivo provincial que mantuvieron la aplicación de aquél.

Por las divergencias ya apuntadas se dictó el decreto 567/96 con el cual se obtiene en favor de la provincia un límite en el reconocimiento de los créditos fiscales por los inversores del proyecto Ayelén y el favor de los inversores un plazo para la utilización de dicho crédito, lo que implicó una transacción con un claro derecho subjetivo incorporado patrimonialmente a los presentantes quienes tienen un monto de crédito fiscal que hacer valer dentro de las medidas temporales fijadas en dicho decreto. Este se ha estado ejecutando y ahora el Estado no puede desconocer su aplicación en base a una resolución jerárquicamente inferior por violar el orden de prelación y provocar una restricción de derechos concedidos. Cualquier disminución -sea de plazos o de montos- quebranta el acuerdo.

Sostienen que en el aspecto sustancial, la violación constitucional resulta igualmente notoria y más molesta, desde que provoca el desconocimiento de un acuerdo confirmado por el ejecutivo para evitar procesos judiciales y que ahora pretende desconocer retractándose de un compromiso asumido con inicio de ejecución y que fue el punto de partida para arribar al acuerdo transaccional.

Que el concepto de propiedad del art. 17 C.N. y 16 C.P. excede la visión limitada del inmueble para extenderse a todo aquello que se encuentre dentro del patrimonio. Un reconocimiento o crédito fiscal del estado en favor de los particulares, es un crédito económico y figura dentro de los balances de los accionantes y está incorporado como crédito en favor de los presentantes, circunstancia que se ciñe al sentido de derecho de propiedad.

Consideran que el reconocimiento del crédito fiscal se hace en base al pago de impuestos que cada uno de los beneficiarios tiene que efectuar al erario provincial y no resulta transferible a terceros que no se encuentren incluidos dentro del régimen promocional, por lo que si vencido el plazo de reconocimiento del crédito, el beneficiario no ha tenido obligaciones de pagos de impuestos provinciales por el monto del crédito, la Provincia se beneficia ya que tiene un crédito fiscal que no le resulta exigible en su reconocimiento. La modificación ilegítima que provoca la resolución n° 38 limitando el plazo de reconocimiento provoca dejar sin reconocimiento todo el crédito fiscal que los inversores accionantes tengan sin satisfacer, no pudiéndolo agotar antes de dicha fecha ya que no se permite la cesión del mismo y sus reconocimientos son sólo en base a los impuestos que deban ingresar en el orden provincial. La Provincia obtiene así un enriquecimiento sin causa a costa del patrimonio de los propios accionantes, quienes habiendo creído en la legitimidad de la ley, en la respetabilidad del orden jurídico provincial, se ven burlados por el mismo pues no les reconoce los derechos que mediante decreto habían sido fijados.

Consideran que el derecho de propiedad en base a un crédito fiscal otorgado y reconocido a los accionantes se ve vulnerado dejándolos sin absolutamente nada. Reproducen el informe suscripto por dos contadores de donde surge que el crédito sin consumir asciende a $ 1.687.134,97 afirmando que en la actualidad el crédito sin consumir es algo inferior. Sostienen que la distinción entre crédito confirmado por decreto 567/96 y el crédito consumido por los inversores resulta una diferencia a noviembre del 2000, del orden de $2.487.447,98 que es justamente la apropiación que mediante la resolución n° 38 pretende dejar insoluta, modificando así el plazo correspondiente para la acreditación. Este plazo vencería en el año 2007 (si no media ninguna suspensión desde el decreto 6367/96) de todos los impuestos que deba percibir la provincia, provocando que la falta de reconocimiento y pago de las sumas que devenguen en el plazo faltante hasta la fecha tope que tengan los beneficiarios hasta compensar la suma del crédito y recién si en la fecha tope hubiere excedente, se perdiesen.

Sostienen que por la clara protección constitucional de los derechos adquiridos y de la jerarquía constitucional, los órganos y reparticiones subordinados al Poder Ejecutivo, no pueden bajo ninguna forma afectar derechos ni obligaciones que ya se encontraban consentidas y discutidas en base a un acta-acuerdo ratificada por el Poder Ejecutivo, para desobligar a la provincia en perjuicio de los particulares accionantes.

Al acta-acuerdo ratificada por el ejecutivo se arribó luego de que los inversores aceptaran un monto global de reconocimiento inferior al de sus pretensiones, pero un plazo mayor para el reconocimiento del crédito fiscal. Si ahora se pretende eliminar dicho plazo el decreto 567 resulta unilateralmente modificado por un dependiente del Poder Ejecutivo, provocando con ello la alteración de las finalidades arribadas con el acta-acuerdo (evitar situaciones litigiosas y reestablecer los litigios, recursos administrativos, montos reconocidos etc.). Afirman que el imperio de la razonabilidad no puede ser desvirtuado en base a la pretensión meramente económica del estado que frente a una situación de emergencia le permita violar las normas y obligaciones por él contraídas.

Solicitan en el punto VIII de su libelo, medida de no innovar ordenando a la Provincia de Mendoza y por su intermedio a la Dirección General de Rentas se abstenga de aplicar la Resolución n° 38 y continúe en consecuencia, dando las certificaciones de crédito fiscal conforme se habían dispuesto por decreto 567/96 y hasta tanto agotar los importes correspondientes al expte n° 01420/S/00/01027 en atención a los daños y perjuicios irreparables que denuncian. Fundan en derecho, ofrecen prueba, formulan reserva de daños y perjuicios y de la vía extraordinaria federal, solicitando que en definitiva se haga lugar a la acción, con costas.

II.- El Gobierno de la Provincia responde a fs. 269/272 vta. destacando que la situación de los diferentes actores del proceso es completamente distinta y que hay actores que no tienen interés jurídico para accionar ya que de nada les sirve que se declare o no inconstitucional la resolución atacada, pues sólo actúan en interés de la ley. Formula una serie de negativas particulares, da por reproducidos los argumentos esgrimidos al contestar la cautelar y la documentación respaldatoria que acompañara en dicha oportunidad. Asimismo adjunta copia del análisis jurídico realizado en Fiscalía de Estado y el dictamen del área de Rentas que interpretan que el plazo en discusión se encuentra fijado por la ley, descontándose el tiempo en que por diversas normativas los beneficios fueron suspendidos. Ofrece pueba y solicita el rechazo de la acción, con costas.

III.-El Fiscal de Estado a fs. 277/278 y vta. se adhiere al responde del Poder Ejecutivo.

IV.- El Procurador General del Tribunal en su dictamen propicia que se haga lugar a la acción promovida, en razón que la modificación temporal que provoca la Resolución n° 38 dictada por la Dirección General de Rentas respecto del Decreto n° 556/96 afectaría los derechos incorporados al patrimonio de los inversores beneficiados por la ley de promoción industrial, violando de tal manera el orden constitucional de prelación de las leyes.

V.- Conforme han sido planteadas y resistidas las cuestiones en la presente causa, no resulta controvertido que los actores que deducen la presente acción resultan beneficiarios del régimen especial destinado a la promoción turística establecido por Decreto Ley 4778/83, circunstancia que surge de los decretos 1019/86, 4470/87, 4100/88 y 567/96 que se acompañan a fs. 29/40 de las presentes actuaciones. La normativa mencionada era el marco en que se desenvolvían las relaciones entre los inversionistas y el Estado respecto a los beneficios impositivos por los montos de las inversiones realizadas.

El Decreto n° 567/96 ratifica el Acta Acuerdo suscripta el 26 de febrero de 1996 entre la Provincia de Mendoza y las firmas inversoras beneficiarias del régimen de promoción turística por la construcción del Complejo Turístico Ayelén. Con dicha norma se arribó a una solución transaccional sobre la ejecución de la inversión y la determinación del crédito fiscal pertinente, acordando una suma total y definitiva como importe del crédito fiscal que fue reconocida y se puso a disponibilidad de los beneficiarios. Ello importó una resolución definitiva respecto de la problemática suscitada por los derechos, acciones y recursos administrativos correspondientes a este complejo.

Tales cuestiones no han sido discutidas y se encuentran debidamente probadas en la causa. Por ello y tal como lo destaca el Procurador General del Tribunal, los actores se encuentran legitimados para ejercer la acción plena de conocimiento incoada ya que la determinación de los saldos específicos de los créditos son aspectos ajenos al proceso que deberán ser analizados y resueltos por la autoridad administrativa en cada caso concreto conforme las pruebas que cada uno de los inversionistas aporten y luego, en su consecuencia, proceder al reconocimiento individual de cada crédito para emitir o no las boletas de débito correspondientes.

Corresponde en consecuencia, adentrarse en el análisis del planteo esencial objeto de la presente acción, cual es la inconstitucionalidad de la Resolución n° 38 dictada por la Dirección General de Rentas, en tanto la misma dispone reconocer el día 30 de setiembre de 2001 como fecha tope hasta la cual los beneficiarios del régimen establecido por Decreto Ley 4778 podían hacer uso del saldo de crédito fiscal que posean por su inversión en el Complejo Turístico Ayelén.

La interpretación que realiza la Dirección General de Rentas parte del art. 5° del decreto ley n° 4778 que establece que el crédito fiscal tendrá una duración máxima de diez años, que el mismo está disponible a partir del primer día del mes siguiente a la finalización del proyecto acogido a la ley y que desde esa fecha se debe computar el plazo de duración el que una vez vencido, extingue el saldo no usado. Luego contempla las diversas normas que suspendieron los beneficios del régimen de promoción y teniendo en cuenta que para el Complejo Ayelén el certificado final de obra fue expedido el 16/03/89, concluye que el vencimiento del plazo legal se produjo el 30/09/01 (ver fs. 267/268).

Dicha interpretación no se compadece con lo estipulado por las partes en el Acta Acuerdo ratificada por Decreto n° 567/96 donde expresamente se establece que los saldos de crédito fiscal disponibles se podrán tomar por los inversores en un plazo mínimo de dos años computados a partir del vencimiento de la suspensión del uso de los beneficios impositivos prevista en el art. 55 de la ley 6367, y en un máximo de diez años a partir de la misma fecha de acuerdo a lo establecido por ley 4778 (el destacado es propio). La mencionada norma establece expresa y claramente el sistema de cómputo de plazos.

Resultan acertadas las consideraciones vertidas por el Procurador General del Tribunal cuando afirma que las partes expresamente se han apartado de la fecha de inicio establecida en el Decreto Ley 4778 para establecer -en la referida norma- un nuevo plazo, consignando que los saldos de crédito total que reconocerá el Estado Provincial se podrán usar entre los dos y diez años a partir del vencimiento de la suspensión dispuesta por el art. 55 de la ley 6367. Las suspensiones dispuestas por el Poder Ejecutivo mediante las leyes de presupuesto solamente tienen el efecto de correr el inicio del cómputo del plazo el que ha sido fijado por las partes mediante la transacción que implica el Decreto 567/96. Luego, disponer unilateralmente y a través de una resolución de inferior jerarquía un plazo menor violenta principios de raigambre constitucional.

El convenio de partes importó la aceptación del Estado Provincial y de los inversores del complejo turístico acogidos al régimen de promoción turística a todos los términos que fueron objeto del mismo. Dicho acuerdo de voluntades donde las partes han hecho concesiones recíprocas consolidan las obligaciones y derechos entre las mismas. Luego el acta-acuerdo fue ratificada por el Poder Ejecutivo mediante el decreto pertinente quedando definitivamente resueltas las controversias y diferencias en la interpretación del alcance del Régimen de Promoción Turística del Decreto Ley 4778. Estas son las normas aplicables que rigen la relación de las partes las que incluyen -entre otras- la temática referida al inicio de plazos.

En tales condiciones, la Resolución n° 38 que es una norma de menor jerarquía, violenta los derechos y obligaciones constituídos por las partes mediante decreto 567/96 y resulta incompatible con éste ya que existe entre ellos una evidente oposición. Esto traduce una incompatibilidad con el orden constitucional de prelación de las leyes por el claro conflicto producido entre el acto administrativo de menor rango y el decreto que la misma administración por intermedio de su más alta autoridad dictó con anterioridad.

La desavenencia o contradicción irreconciliable entre ambas normas hace que la que tiene la superior jerarquía en el orden piramidal sea la aplicable y válida, ello a fin de respetar las garantías constitucionales y afianzar la seguridad jurídica.

En consecuencia, en el marco de las cuestiones traídas a conocimiento del Tribunal y tal como lo propicia el Procurador General del Tribunal, corresponde hacer lugar a la acción y declarar la inconstitucionalidad de la resolución n° 38 emanada de la Dirección General de Rentas por resultar violatoria a lo normado por el art. 48 de la Constitución Provincial.

ASI VOTO.

Sobre la misma cuestión los Dres. BÖHM y LLORENTE adhieren por los fundamentos al voto que antecede.

SOBRE LA SEGUNDA CUESTION EL DR. SALVINI, dijo:

Atento como ha sido votada y resuelta la cuestión anterior, corresponde hacer lugar a la acción deducida y en su consecuencia declarar la inconstitucionalidad de la Resolución n° 38/01 emanada de la Dirección Provincial de Rentas.

ASI VOTO.

Sobre la misma cuestión los Dres. BÖHM y LLORENTE adhieren al voto que antecede.

SOBRE LA TERCERA CUESTION EL DR. SALVINI, dijo:

Conforme han sido resueltas las cuestiones anteriores, las costas del proceso se imponen a la demandada vencida (art. 36 del C.P.C.).

Atento lo reclamado en el escrito de demanda, la pretensión ejercida carece de apreciación pecuniaria directa, por lo que la regulación de honorarios se practica conforme lo normado por el art. 10 de la Ley de Aranceles. Dentro de las pautas de la referida norma se tiene en cuenta que el litis consorcio activo está formado por un numeroso grupo de empresas y que la parte contraria es el Gobierno de la Provincia; que se han cumplido las etapas establecidas para el desarrollo del proceso, que la causa iniciada para el mes de setiembre de 2001 concluye casi cuatro años después, que el tema traído a conocimiento del Tribunal resulta de relevancia económica para la parte actora quien -a la vez- resulta ganadora y por último la efectiva labor desempeñada por los profesionales intervinientes en la causa. Razones éstas por las que resulta justo y equitativo fijar en $ 6.000 el patrocinio de la parte ganadora.

ASI VOTO.

Sobre la misma cuestión los Dres. BÖHM y LLORENTE adhieren al voto que antecede.

Con lo que terminó el acto, procediéndose a dictar la sentencia que a continuación se inserta:

S E N T E N C I A:

Mendoza, 31 de agosto de 2005.

Y VISTOS:

Por el mérito que resulta del acuerdo precedente la Sala Segunda de la Excma. Suprema Corte de Justicia fallando en definitiva, R E S U E L V E:

1°) Hacer lugar a la acción deducida por La Facultad S.R.L., Binario S.R.L., Sol Andino S.R.L., Ramón Buj e Hijos S.A.C.I.A., Roberto Basualdo S.A., Rubén Amado Morales, Cooperativa Farmacéutica de San Rafael Ltda., Compañía Cuyana de Cómputos S.A., Nicodemo Furfaro, Alejandro Rafael Amoretti, Don Lisandro S.A., Atajo S.R.L., Baronia S.R.L., Carril S.R.L., Oyantay S.R.L. y Pentaedro S.R.L. y en su consecuencia declarar la inconstitucionalidad de la Resolución n° 38/01 emanada de la Dirección General de Rentas.

2°) Imponer las costas del proceso a la demandada vencida (art. 36 del C.P.C.).

3°) Regular los honorarios profesionales de la siguiente manera: Dres. Juan F. BONILLA en la suma de PESOS DOS MIL ($ 2.000.-); Marcelo SALVATORE en la de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-).- 4º) Remitir las actuaciones administrativas a origen.

5º) Dése a conocer a la Dirección General de Rentas y Caja Forense a los efectos fiscales y previsionales pertinentes.

Notifíquese. Ofíciese.

m.l.