marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Ibañez, Silvana Elena s/ Recurso de Casación interpuesto por Silvana Elena Ibañez con el patrocinio de los Dres. Guillermo Narváez y Mario A. Nieva, en causa Nº 300/08 - Ibañez, Silvana Elena - Homicidio Triplemente Calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2011-03-02

Contra la sentencia que condenó a la imputada I. como coautora penalmente responsable del delito de Homicidio criminis causae y la condenó a sufrir la pena de prisión perpetua comparecen los asistentes técnicos e interponen recurso de casación.

Subsidiariamente, los recurrentes introducen, como segundo motivo casatorio, la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva (454 inc. 1º del C.P.P.).

El planteo esgrimido por la defensa estriba en descalificar el encuadre jurídico (art. 80 inc. 7º del C.P.) atribuido por el tribunal a su defendida, alegando además, que se ha realizado una aplicación extensiva sobre las normas de coautoría (art. 45 del C.P.) -homicidio criminis causa en calidad de coautor-.

Repasando los hechos que dio por ciertos el a quo, se advierte que las circunstancias particulares del caso sujeto a examen permiten concluir como lo ha hecho el a quo.

En tal sentido, destáquese que ha quedado indudablemente acreditado que fue I. la principal ideóloga del suceso, que actuó con plena conciencia y voluntad, incitó, intervino y adhirió a la muerte de la víctima; que era la que se mostraba más fría y tranquila y que no dudó en ir a arrojar el cadáver y darse a la fuga a la provincia de Santiago del Estero en el vehículo sustraído, dejando abandonados a los otros dos coimputados (N. y F.), que el homicidio se perpetró para consumar el delito de robo del automóvil de la víctima, así como para asegurar su resultado, procurando la impunidad de los acusados.

Por ello, cabe entender que I. tomó parte en la ejecución del hecho (homicidio criminis causa, art. 80 inc. 7º del C.P.) y que su comportamiento ha sido correctamente encuadrado como coautor (art. 45 del C.P.), resultando la solución del Tribunal ajustada a derecho.

Lo expuesto deja sin sustento el análisis de la pretendida calificación propuesta por la defensa (Robo Agravado en Despoblado y en Banda en calidad de coautor, art. 166 inc. 2º y 45 del C.P.).

Por lo expuesto, corresponde no hacer lugar al recurso interpuesto.
Inadmisibilidad del recurso, inexistencia de cuestión federal suficiente, derechos y garantías constitucionales, fundamentación insuficiente
Materia: PENAL
Carátula: Boudou, Amado c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-04-12

Corresponde declarar inadmisible el recurso extraordinario federal interpuesto por la defensa, pues, si bien, el recurrente alegó agravios, que a su entender implican una cuestión federal suficiente (derecho a la libertad ambulatoria, derecho de defensa en juicio, derecho al debido proceso legal y principio de inocencia -todos amparados por la C.N.-), no se advierte que se encuentre fundada tal pretensión. Tampoco, cabe hacer excepción a la arbitrariedad de sentencia que también alega, por cuanto, para que prospere la impugnación con ese respaldo es menester que se demuestren defectos graves en la decisión recurrida que la descalifiquen como acto jurisdiccional válido, lo cual la defensa no ha conseguido acreditar en autos.Dres. Hornos, Borinsky y Carbajo.
Curador provisional, interpretación restrictiva
Materia: CIVIL
Carátula: DEFENSOR OFICIAL s/ DECLARACION DE AUSENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1994-06-03

Las facultades del curador provisional deben interpretarse con carácter restrictivo en orden a la temporalidad y limitación de sus funcioanes, sumado ello a la ausencia de elementos que permitan evaluar la situación patrimonial del ausente, así como la etapa procesal en que se encuentran los autos, permiten concluir en la improcedencia del recurso intentado.
Quiebra, honorarios, abogados
Materia: PROCESAL
Carátula: FRIGORIFICOS MEDITERRANEOS  S.A.I.C.F.A  QUIEBRA PROPIA s/ QUIEBRA - HONORARIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1988-09-27

La posibilidad de que el Tribunal estime los honorarios de los asesores en los juicios laborales, está posibilitada en la especie por la circunstancia de que el a-quo no haya alcanzado el límite que establecen el primer y segundo párrafo del art. 289, ya que el total de honorarios regulados es del 6,5% del activo y representa un porcentaje muy inferior sobre el pasivo verificado.

Si se debe regular honorarios según el art. 289 de la ley 19551, debe atenderse no al monto de los juicios laborales, sino al activo estimado.
Confirmación de sentencia, nulidad del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Cargill SACI c/ M° de Agricultura GyP-Resol 928/18-ONCCA-resol. 1413 y otros s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-04-26

Se confirma la sentencia de primera instancia que declaró la nulidad del artículo 1° de la resolución ONCCA 1413/2011 y de los artículos 1°, 2° y 3° de la resolución 928/2012 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Subsistencia del artículo 2° de la resolución 1413/2011.
Recurso de queja (procesal), denegatoria del recurso, querellante particular, falta de agravio concreto, preclusión
Materia: PROCESAL
Carátula: Padilla, Omar c/  s/ recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2024-03-13

Se rechazó recurso de queja ya que los Querellantes Particulares no han concretado su participación en la oportunidad del requerimiento de elevación a juicio, al no haber ejercitado tal derecho, oportunamente, no pueden pretender que se lo mantenga durante todo el proceso. Sumado a ello, el perjuicio que invoca la parte recurrente es meramente conjetural, pues presume una deficiente actividad acusatoria de la Fiscalía interviniente. Además, la intervención que pretende resulta "contra legem" puesto que intenta retrotraer el trámite judicial a etapas precluidas, contradiciendo su propio actuar, toda vez que existe unidad de participación entre quien representa y quien es representada, a través de la figura procesal del "Querellante" que ha actuado desde los inicios del proceso, reflejando que su pretensión actual conculca el debido proceso legal.
Pretensión procesal, iura novit curia, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: S., A. R. c/ A. T. S.A. P. ART. S.A. s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-04-25

Una vez que el actor selecciona la acción, el juez puede delimitar la pretensión calificándola, es decir, eligiendo la norma aplicable frente a los hechos expuestos, pero no puede sustituirlo en la decisión que el legislador dejó en el ámbito de su facultad.
Agravio concreto, imputado, sujetos del proceso penal, situación del imputado, facultad de interponer recursos, prisión preventiva
Materia: PENAL
Carátula: AGUIRRE, PATRICIA MILAGROS c/ AGUIRRE, ERNESTO GUSTAVO s/ AMENAZAS CON ARMA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-02-15

Merituar el peligro de fuga y entorpecimiento implica considerar de modo objetivo y provisorio, las características del hecho, las condiciones personales del imputado, posibilidad de declaración de reincidencia, el gozo de excarcelaciones anteriores, y todo otro dato que conduzcan a presumir fundadamente que el encausado intentará eludir la acción de la justicia o entorpecer la investigación.	Particularmente, frente al peligro de fuga importante resulta su arraigo, determinación de domicilio, situación familiar, actitud frente a la víctima, es decir todo aquello que indique su comportamiento frente al proceso, su voluntad de someterse o no a la persecución penal.
Proceso penal, recurso de apelación (procesal), legitimación procesal, Ministerio Público Fiscal, fiscales, sobreseimiento, sentencia absolutoria, cosa juzgada, suspensión del juicio a prueba
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: B, S. D. s/ Infr. Art. 189 bis C.P. - Apelación.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-10-10

Si bien es cierto que el artículo 61 inciso 1 de la Ley Nro. 12 (Ley Nro. 1.287 modif. por Ley Nro. 1.330) es claro en reconocer la potestad recursiva del fiscal en el único supuesto de inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, y en el caso de absolución (in re "Alcaraz, Héctor Juan s/infr. art. 189 bis CP. Apelación" expte. 469-00/CC/2006, rta.6-07-06), cabe entender que dicha posibilidad también involucra la resolución de suspensión de juicio a prueba pues cumplidos que sean las obligaciones impuestas en ella se dictará el sobreseimiento, produciendo en consecuencia, la desincriminación del imputado y la extinción de la acción penal (en sentido similar in re "Eusebio, Hector Dardo s/inf. art. 189 bis CP. Apelación", c.n° 13145-01/cc/2006, incidente de sobreseimiento, rta.11-08-06).
Banco central, sanciones administrativas, Ley de Entidades Financieras
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Herrero,  Jorge  Raimundo   otros c/ BCRA-resol 414/02 (expte.100966/82 sum fin 566)".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-11-20

Las sanciones que el B.C.R.A. aplica por infracciones a la Ley de Entidades Financieras, a sus normas reglamentarias y a las resoluciones que dicte en ejercicio de sus facultades, persiguen evitar o corregir conductas que constituyan un apartamiento de las reglas a que debe atenerse estrictamente la actividad de los intermediarios financieros, con prescindencia de las eventuales consecuencias que pudieran derivarse de aquéllas (Fallos:

321:747) (Del voto de la juez Garzón de Conte Grand, cons. XIII).
Recurso contencioso administrativo, Poder Legislativo, acto administrativo, revisión judicial de actos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Benitez, Ricardo s/ Recurso Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-09-07

La Ley 52 señala solamente en forma expresa al Poder Ejecutivo en razón de que es el poder administrador por excelencia por su naturaleza y función, pero no por ello debe excluirse otras autoridades cuando la naturaleza de sus actos, que no son la consecuencia de sus funciones específicas como en el caso del Poder Legislativo - la de legislar - o podría ser el caso de los Consejos Deliberantes de dictar ordenanzas, lesionan un derecho subjetivo de carácter administrativo.
Igualdad ante la ley, discriminación, obligación tributaria
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: SA Importadora y Exportadora de la Patagonia s/ queja por recurso de inconstitucionalidad dnegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-11-12

La afectación del principio de igualdad se consuma no sólo a través de un trato desigual a los iguales, sino también -y quizás más solapadamente- cuando se asigna un trato igual a los desiguales. (Voto del Sr. Juez José O. Casás).
Improcedencia del recurso, flagrancia, extinción de la acción penal, reparación integral, conciliación, aplicación errónea de la ley, caducidad
Materia: PENAL
Carátula: Ortega, Enrique Michael c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-06-12

Corresponde rechazar el cuestionamiento respecto de la oportunidad en que, en el marco del procedimiento de flagrancia, se resolvió la extinción de la acción penal por reparación integral del daño -es decir, cuando las partes ya habían sido notificadas de la audiencia prevista en el art. 353 septies, CPPN-, puesto que el procedimiento previsto en la ley 27.272 no incluyó una regla de caducidad para los planteos de conciliación o reparación integral previstos como forma conclusiva del proceso en el art. 59 inc. 6º, CP, cuando en rigor de verdad, el legislador podía perfectamente haberlo hecho. Al respecto, el recurrente omite presentar algún argumento razonable para sostener que la inexistencia de una regla de caducidad expresa pueda ser leída como si efectivamente existiera de modo que no logra demostrar la errónea interpretación de la ley en la resolución impugnada máxime, a la luz de la interpretación restrictiva que el art. 2, CPPN prevé con respecto a las disposiciones que cimientan el ejercicio de un derecho (voto del juez Sarrabayrouse al que adhirió el juez Morin).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestiones procesales, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: ZARATE, OSCAR ALEJANDRO c/ MOYANO, VICTOR HUGO s/ DEMANDA ORDINARIA. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº   1054-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-05-07

Si bien las cuestiones referidas a aspectos procesales están exentas -en principio- de revisión por vía del recurso de inconstitucionalidad, cabe hacer excepción a dicha regla cuando, lo decidido puede vulnerar el derecho de defensa garantizado constitucionalmente. (De los Fundamentos del Dr. Falistocco).
Recurso de inconstitucionalidad, inadmisibilidad del recurso, leyes, irretroactividad, ley laboral, tope indemnizatorio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ASOCIART ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO (ART) S.A. c/ SANTA CRUZ GEREZ, BERNARDO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-05-27

El agravio consistente en la vulneración del principio de irretroactividad de las leyes por la aplicación del Decreto 1694/09 -no vigente al momento del accidente- eliminándose -según la recurrente- el tope legalmente previsto, no se encuentra configurado, desde que lo que se declaró inconstitucional en el caso es el tope establecido en el artículo 15, apartado 2, de la Ley de Riesgos del Trabajo, sin necesidad de recurrir a la aplicación del Decreto mencionado ni, para ello, declarar la inconstitucionalidad de su artículo 16. (Del voto del Dr. Gutiérrez, al que adhiere el Dr. Netri) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 24557, artículos 15, apartado 2 y 16; Decreto nacional 1694/09
Competencia contencioso administrativa, declaración de inconstitucionalidad, errores en la liquidación, error de cálculo
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ALFANDARI, MARCELO c/ Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-14

Es la Justicia Federal en lo Contencioso Administrativo quien deberá analizar la tacha de inconstitucionalidad formulada contra las previsiones de la ley 24.463 que afectaría el ejercicio de la acción deducida (en el caso, tendiente a corregir errores de cálculo en la liquidación practicada por la A.N.Se.S. en una sentencia por reajuste), y no la C.F.S.S. que agotó su potestad jurisdiccional al emitir el fallo y sólo conserva, en esa materia, la potestad revisora conferida por el art. 18 de la ley citada.
Acción de inconstitucionalidad, razonabilidad tributaria
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Miranda, Horacio O. y Löffler, Ernesto A. c/ Municipalidad de Río Grande s/ Acción de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 1997-10-23

En materia de constitucionalidad, el principio de razonabilidad impone que se debe observar especialmente que los preceptos legales mantengan coherencia con las reglas constitucionales, por lo que siempre que exista una colisión con la normatividad constitucional, habrá posibilidad de revisión jurisdiccional, pues toda vez que se le someta una contienda litigiosa, le corresponde al poder judicial la dilucidación de las violaciones al plexo jurídico.

En consecuencia, habiéndose cuestionado una norma dictada por un órgano legisferante, por una supuesta violación a una atribución reglada del cuerpo (art.45, ley 236) voto por la admisibilidad de la acción deducida a fin de poder efectivizar el control de constitucionalidad que resulte esencial e ineludible en la función judicial de interpretación y aplicación del derecho vigente en cada caso. (del voto del Dr.Carranza)
Derechos y garantías constitucionales, control de constitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Del Valle, Jorge c/ Provincia de Tierra del fuego s/ Acción de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 1996-02-15

Surge de los fallos mencionados a modo de ejemplo que la jurisprudencia de la Corte, desde las primeras décadas del presente siglo, ha mostrado una línea de continuidad en orden a la evaluación de la constitucionalidad de las emergencias, caracterizándose por homologar las leyes en cuestión desde la óptica de su cotejo constitucional, siempre y cuando la postergación en el ejercicio de los derechos de los particulares fuera por plazos breves y mientras dicha regulación no importara desvirtuar prácticamente de su eficacia a las leyes, sentencias o contratos. Se advierte que brevedad y razonabilidad de los plazos por los cuales se postergaba el ejercicio de los derechos generados por la Constitución, la ley, la sentencia o contrato son los recaudos que conforman el marco referencial que el más alto tribunal nacional viene teniendo en cuenta para avalar con fundamento constitucional las restricciones -por decirlo benévolamente- impuestas por los institutos de emergencia. El concepto de racionalidad, vemos que adquiere en la doctrina de la Corte esencial trascendencia al considerar la legitimidad de una situación de emergencia. (del voto del Dr. Carranza).
Suministro de medicamentos, comercialización ilegal de estupefacientes
Materia: CIVIL
Carátula: Tesolin Ivana Perla s/ Ley estupefacientes
Jurisdicción: Federal — Provincia: Río Negro
Fecha: 2013-06-27

Cabe confirmar el procesamiento de quien fuera considerada como responsable prima facie de la conducta prevista en el art. 29 de la ley 23.737 de represión y lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes, en razón de la prescripción de recetas médicas careciendo de título habilitante para ello, pues si bien la ley especial mencionada protege, en particular, el uso indebido de drogas, también refiere a aquellos hechos que lesionen o afecten la salud pública en general como consecuencia de una comercialización indiscriminada de medicamentos, por lo que no resulta necesario acreditar la finalidad de difundir o propalar el uso de estupefacientes.
Quiebra, conclusión de la quiebra, acreedor no concurrente, verificación de créditos
Materia: PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: LAND ARRENGEMENTS s/ PEDIDO DE QUIEBRA POR ALHEC TOURS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-24

La conclusión de la quiebra no produce per se la extinción de los créditos anteriores a la falencia cuya verificación hubiese sido omitida en el pasivo concursal ni tampoco la liberación del deudor ex - fallido por las obligaciones de ese carácter que hubiese contraído. No hay norma legal alguna que imponga ese efecto, de modo que, finalizado el concurso o la quiebra por alguna causa que por si no importe la extinción del crédito (vgr. pago), el deudor sigue siendo tal, conservando el acreedor no concurrente todos los derechos de que disponía con anterioridad al evento concursal, pudiendo exigirle el cobro o pedirle la quiebra en tanto pruebe su crédito y, este no se haya visto alcanzado por alguna causa legal de extinción (vgr. prescripción, caducidad, etc.).

Es cierto que la ley concursal impone a todo acreedor la obligación de verificar su crédito, pero dicha imposición es a título de carga para participar de los beneficios del concurso:

quien no verifica se excluye y ve postergada la viabilidad de la satisfacción de su crédito para después de la conclusión del juicio.

De tal suerte,ni la finalización de la quiebra ni el incumplimiento de la obligación de verificar significa la extinción del crédito, sino, eventualmente, una mera suspensión de la viabilidad de su satisfacción mientras dure el estado concursal.
Ejecución de la pena, derechos y garantías constitucionales, readaptación del condenado
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: MARTINEZ, GUILLERMO DANILO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-06-30

La Judicatura tiene conferida la potestad de aplicación de penas conforme las leyes compatibles con el bloque constitucional, pero también resulta de obligación el control judicial en la etapa de ejecución cuando la ejecución de la pena privativa de libertad pudiera afectar derechos fundamentales del interno; así, respecto de la etapa de ejecución de la pena su discurrir debe analizarse en el marco de las garantías convencionales que han sido incorporadas al bloque constitucional; desde lo cual, no podrían desconsiderarse los principios que tienden a garantizar la reinserción social y la progresividad del régimen penitenciario. (De la disidencia de la Dra.

Gastaldi)
Recurso de casación, depósito
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Benvenutti Gino en j: Panella José Carlos c/ Gino Benvenutti s/ Cobro ordinario - Casación (Libro: S065-075)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1957-06-24

Es improcedente el planteamiento de la inconstitucionalidad del art. 146 del Código Procesal Civil en cuanto exige como recaudo de los recursos extraordinarios un depósito judicial, si se formula dentro del recurso de casación deducido.
Cuestiones de competencia, declaración de incompetencia, competencia federal, acción meramente declarativa, tasa municipal
Materia: PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: Oracle Argentina S.A. c/ Municipalidad de General Deheza s/ acción declarativa de certeza
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-10

A los fines de dilucidar cuestiones de competencia- en el caso se declaró la incompetencia del fuero federal en la acción declarativa de certeza promovida a fin de hacer cesar el estado de incertidumbre respecto de la pretensión de la demandada de percibir la contribución prevista en una ordenanza municipal- ha de estarse, en primer término, a los hechos que se relatan en el escrito de demanda y después, y sólo en la medida en que se adecue a ellos, al derecho que se invoca como fundamento de la pretensión, así como también a la naturaleza jurídica de la relación existente entre las partes.

-Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Servicio Penitenciario Federal, adicionales de remuneración, derecho al beneficio
Materia: PROCESAL
Carátula: Bravo, Roberto A. y otro c/ Servicio Penitenciario Federal s/ Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de Seguridad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-08-17

Por Decreto 379/89, se estableció el derecho de percibir la asignación por racionamiento para algunos funcionarios del servicio penitenciario, delegándose en el Director Nacional del Servicio Penitenciario Federal la facultad de fijar el tipo de racionamiento a abonarse considerando las diversas circunstancias del personal involucrado. Es así que la Dirección Nacional dictó la Resolución 105/06, donde se desprende el carácter general que asume el pago del rubro en cuestión, el cual, en los hechos, se traduce en un aumento de la remuneración abonada al personal comprendido en la categoría que allí se señala. Posteriormente, por Resolución 639/07, se extendió el ámbito de aplicación de la referida asignación por racionamiento al grado de Ayudante Principal y por Resolución 1627/08 al grado de Ayudante de Primera, razón por la cual, a partir de su entrada en vigencia, ha de computarse esa asignación a efectos de la determinación del haber jubilatorio. Máxime, que nuestro Máximo Tribunal al fallar, el 03.02.15, en autos "Acevedo, Cayetano y otros c/ Estado Nacional - Ministerio de Justicia, Seg. y DDHH- SPF s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg", consideró que la asignación por racionamiento instituida por el Decreto 379/89 tiene naturaleza remunerativa pero no bonificable, razón por la cual el mencionado suplemento deberá reliquidarse de conformidad a lo allí indicado. Reconociendo el derecho de los actores a percibir el suplemento establecido -en el caso- por la Resolución 639/07 a partir de la entrada en vigencia de la misma.