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Recurso extraordinario, procedencia del recurso, regulación de honorarios, honorarios del perito, ampliación de la regulación, derecho de propiedad, defectos en la consideración de extremos conducentes, defectos en la fundamentación normativa
Materia: PROCESAL
Carátula: Astilleros Príncipe y Menghi S.A. c/ Banco Nacional de Desarrollo. s/ Recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-07-15

Procede el recurso extraordinario contra la sentencia que elevó las regulaciones de honorarios efectuadas a los peritos, si el juzgador omitió considerar extremos conducentes para la solución de la causa incurriendo en una aplicación parcializada y ritualista de la ley que desvirtúa sus fines y que afecta el derecho de propiedad del apelante.
Acción penal, prescripción, interrupción de la prescripción, secuela de juicio, proceso penal, etapas del proceso, fallo plenario
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: V, M R s/ Doctor Javier Vigo Leguizamón, Defensor de M. R. V. S- Solicita   Formación de Tribunal Pleno (Prescripción de la acción penal Expte.   Nro. 19-98) -Tribunal Pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-10-14

Los actos procesales considerados "secuela de juicio" que tengan entidad suficiente como para interrumpir el curso de la prescripción, han de ser aquellos que se cumplan en la etapa posterior al sumario en nuestra ley ritual. (Del Voto del Dr. Bassó). En la causa la cuestión a resolver es: ¨Qué debe entenderse por secuela del juicio a los fines del artículo 67, cuarto párrafo, del Código Penal?
Superior Tribunal de Justicia, ministros del Superior Tribunal de Justicia, excusación, patrocinio letrado
Materia: PROCESAL
Carátula: S.,E.G. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - RECURSO APELACION PROCESAMIENTO- EXCUSACIONES SRES. MINISTROS DE LA CORTE (EXPTE.: C.S.J. NRO. 367 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-12-17

La circunstancia de que el magistrado haya patrocinado a uno de los litigantes con anterioridad en otro juicio, no es causal de excusación o recusación.
Municipalidad, empresa de servicios públicos, tributos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: OBRAS SANITARIAS MENDOZA S.A. - EXTPE. Nro. 70877 - c/ MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLÉN s/ ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2007-10-29

La fijación de un tributo consistente en un porcentaje del total facturado a los usuarios radicados en el área de un municipio, lleva consigo una privación irrazonable de las ganancias de la empresa, lo que lo torna en confiscatorio y por ende inconstitucional.
Automotores, prioridad de paso
Materia: CIVIL
Carátula: GARRIDO LUISA IRENE c/ LOPEZ BARRIGA, MAURICIO Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-10-28

Para la prioridad de paso que acuerda el art. 49 Inc. B de la ley 13893, para quienes circulan por la derecha no autoriza a prescindir de razonables medidas de prudencia que le competen a los conductores y que constituyan un derecho que debe ser ejercido apropiadamente en función de las circunstancias de tiempo y lugar. Por ende no habilita al conductor a desentenderse de las obligaciones que la misma ley de tránsito prescribe.
Homicidio simple, menores
Materia: PENAL
Carátula: L., M. E. s/ P.s.a Homicidio Simple
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2013-10-10

Debe considerarse responsable penal al menor imputado en orden al delito de homicidio simple, pues surge de la prueba testimonial su efectiva presencia en la escena del crimen, y tales versiones resultan coincidentes y dan cuenta además de las heridas en el cuerpo de la víctima, las que fueron constatadas por el informe médico y el acta de autopsia, como causantes de muerte, todo lo cual acredita concordancia en lo que respecta a su autoría.
Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, legitimación procesal
Materia: PENAL
Carátula: De Vido, Julio Miguel s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-16

En el esquema de la ley 24.946, la FNIA tiene asignada la específica facultad subsidiaria de asumir ejercicio directo de la acción penal cuando se dan dos requisitos -de carácter acumulativo y no alternativo-: que la causa penal se haya iniciado por denuncia de ese organismo y que el fiscal competente tenga un criterio contrario a la prosecución de la acción, sin que las instrucciones generales del Procurador General de la Nación puedan otorgar a la FNIA facultades más amplias que las que la ley le otorga. La disidencia parcial sostuvo que la FNIA, como órgano integrante del Ministerio Público Fiscal y dependiente de la Procuración General, ajusta sus cometidos a la política criminal y de persecución penal de dicho Ministerio, y -si bien cuenta con facultades propias en razón de la materia- debe actuar en forma unificada con el fiscal "natural" de la causa. (Dres. Borinsky, Gemignani y Hornos).
Competencia, acumulación de acciones, sucesiones
Materia: PROCESAL
Carátula: TRIPICCIO, Alberto Domingo s/ SUCESIÓN s/ COMPETENCIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-23

1- La acumulación de las denominadas sucesiones vinculadas, al margen de lo dispuesto por el art. 696 del Código Procesal, solo es procedente cuando existe identidad de herederos y masa hereditaria o cuando medien razones de economía procesal que así lo aconsejen, si existiesen diligencias pendientes en ambas sucesiones, que, dados los extremos citados resulte conveniente realizarlas en conjunto, para evitar el dispendio de actividad jurisdiccional. 2- Desde este enfoque, la conexidad instrumental entre las actuaciones no sería suficiente como para originar el desplazamiento de la competencia, pues bastará que el Juzgado requiera las copias autenticadas, o bien la remisión "ad effectum vivendi", haciendo uso de las facultades que el acuerda el art. 376 del Código Procesal, sin que ello afecte el principio de economía procesal.
Contrato de trabajo, fraude laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Perez, Cecilia Mabel c/ Edesur S.A. y otro s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-29

Si bien el fraude a la ley es un recuadro esencial para que se configure la responsabilidad empresaria solidaria del art. 31 L.C.T., ello no significa que deba probarse el dolo del empleador o un propósito fraudulento de su parte. No se requiere intención subjetiva de evasión de normas laborales tuitivas del trabajador, ni la demostración de una intención evasiva, basta que la conducta empresarial se traduzca en una sustracción a esas normas laborales (en el caso falta de registro adecuado de la relación y un constate y dinámico traspaso de eventuales titulares del contrato de trabajo a través de diversos contatistas). El fraude queda configuado con intenciones o sin ellas. toq. 1193.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, derechos de las niñas, niños y adolescentes, pena, prisión domiciliaria
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GORDILLO, CAROLINA GISELLE c/  s/ HOMICIDIO SIMPLE AGRAVADO POR EL USO DE ARMA DE FUEGO Y PORTACION ILEGITIMA DE ARMA DE FUEGO DE GUERRA-RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-04-20

El planteo relacionado a la afectación al interés superior del niño aparece como la reiteración del realizado en las instancias ordinarias -al solicitar el cumplimiento domiciliario de la pena-, sin hacerse cargo la compareciente de demostrar la insuficiencia o irrazonabilidad de la respuesta que se le diera por la Cámara, que aclaró que la norma invocada por la defensa para el otorgamiento de la modalidad domiciliaria para el cumplimiento de la pena fue establecida en favor de los niños, niñas y adolescentes, y que para su efectiva concesión en cada caso corresponde analizar las circunstancias concretas que lo rodean, y, en tal cometido, señaló la Alzada que -en autos- no sólo las hijas mayores de la justiciable actualmente superarían la edad relevada por la norma penal, sino que además refirió que éstas cuentan con alternativas de cuidado, asistencia y contención, aclarando que ello resultaba extensivo para la hija más pequeña -que nació y se encuentra en la institución- desde que no se aportó información que permita inferir que las consecuencias del encierro sobre la niña se proyecten más allá de lo razonablemente esperable en el marco de una privación de la libertad en razón del cumplimiento de una pena; sin perjuicio de lo cual, estimó pertinente dar intervención -si es que no la tuviere ya- a la Subsecretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia. (Del voto de la mayoría. En disidencia parcial: Dr. Erbetta)
Costas, costas en el orden causado
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Leonelli, Fernando Carlos M. c/ Municipalidad de Resistencia s/ Acción de Amparo. Leonelli, Fernando Carlos M. c/ Municipalidad de Resistencia s/ Acción de Amparo.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1996-12-02|1996-12-02

En la imposición de las costas no puede dejar de computarse la circunstancia procesal de los hechos sobrevinientes a la iniciación de la demanda, lo cual gravita para aplicar las costas por su orden.

El mismo criterio ha conducido a declarar que las costas deben correr en el orden causado, cuando la cuestión se decide basándose en una situación normativa sobreviniente.
Accidentes de trabajo, accidente in itinere
Materia: LABORAL
Carátula: UMAÑO, JOSE SANTOS c/ CASA NICOLAS ORLANDO  S.R.L. s/ ACCIDENTES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-05-20

El riesgo genérico a que todo transeúnte está expuesto en el diario desplazamiento que su actividad le impone, se transforma en riesgo específico respecto del trabajador que se dirige o vuelve de su ocupación. Para que el siniestro ocurrido en tales circunstancias sea indemnizable sólo es menester que concurran circunstancias fácticas configurativas de ese riesgo específico inherente al respectivo trabajo.
Superior Tribunal de Justicia, competencia, Superior Tribunal de la Causa, acordadas, jueces, Cámara de Apelaciones, prescripción de la acción penal, recusación
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: B., L. J.;  L., J. C. Y A., A. O. s/ CONFLICTO DE COMPETENCIA TRABADO ENTRE LAS SALAS PRIMERA Y SEGUNDA D  E LA CAMARA DE APELACION EN LO PENAL DE LA CIUDAD DE SANTA FE  (EXPTE.: C.S.J. NRO. 195 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2007-08-08

En atención a que la sustancia de la controversia planteada excede a una mera cuestión de turno entre las distintas salas de la Cámara Penal, se impone la actuación de este Tribunal a tenor de lo dispuesto en el inciso 5 del artículo 93 de la Constitución provincial, máxime cuando los contendientes centran sus posturas en la interpretación que cabe asignar a una disposición emanada de este Alto Cuerpo en su función de gobierno (el Acta Acuerdo nro. 32).

Ello así, la causa debe continuar tramitando por ante la Sala Primera integrada de dicha Cámara desde que la cuestión de competencia suscitada asume particulares características atento a que en autos interviene un Tribunal integrado (art. 27, ley 10.160), supuesto que no resulta mencionado expresamente por la Acta nro. 32 de esta Corte Suprema, sin que ello signifique que los propósitos tenidos en cuenta en la acordada señalada no deban observarse en la especie toda vez que, de las constancias del caso, surge que tres de los Vocales de la Sala Primera integrada han "entendido como tribunal de alzada de resoluciones anteriores a la sentencia definitiva, emitiendo pronunciamiento respecto de hechos, pruebas, calificación legal o determinación de responsabilidad por la realización de conductas desde el punto de vista de la culpabilidad".

Empero, dicho extremo no se configura en el decisorio relativo a la prescripción de la acción penal, ni tampoco en la resolución referente a las recusaciones planteadas, pues dichas actuaciones, en el caso, no comprometen la garantía de imparcialidad para el juzgamiento de la cuestión de fondo.

Ante ese cuadro de situación, teniendo en cuenta el firme propósito que motivara el dictado del Acta nro. 32 y que se trata, en el s ub lite, de un Tribunal integrado, corresponde que continúe conociendo en autos la Sala Primera integrada de la Cámara de Apelación en lo Penal de esta ciudad, debiendo proveerse lo necesario a los fines del reemplazo de los miembros que no puedan seguir interviniendo de conformidad a lo expuesto precedentemente y a las normas de rito (art. 25, ley 10.160; art. 53 del Código Procesal Penal Provincial).
Procesos especiales, procesos de conocimiento, excepciones procesales, daños y perjuicios
Materia: COMERCIAL
Carátula: Langenheim Christian Alberto c/ Kaleu SA y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-05-21

Cabe rechazar la demanda, por la falta de legitimación en cabeza de las demandadas, en el marco de un proceso por el cobro de comisiones devengadas en un "contrato de representación comercial y gestión de negocios", por no haberse demostrado que la persona indicada hubiese contado con "facultades suficientes" para representar a las demandadas. Así, si entendemos que la legitimación es la idoneidad de la persona para realizar un acto jurídico eficaz inferida en su posición respecto del acto, diferenciándose de la capacidad en tanto ésta expresa una aptitud intrínseca del sujeto, mientras que aquélla se refiere directamente a la relación jurídica y sólo a través de ella a los sujetos (cfr. Morello- Sosa Berizonce, en "Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación, comentados y anotados", La Plata, 1970, T° IV, pág. 334; también Alsina, en "Derecho Procesal, Buenos Aires, 1956, T° I, págs. 388/393; Palacio, en "La excepción de falta de legitimación manifiesta para obrar", publ. en "Revista Argentina de Derecho Procesal" n° 1, Buenos Aires, 1960, pág. 168; Fenochietto-Arazi, en "Código procesal civil y comercial de la Nación, comentado y concordado.", Buenos Aires, 1983, T° 2, pág. 228, nro. 10; Calamandrei, en "Instituciones de derecho procesal civil", Buenos Aires, 1961, T° I, pág. 264), resulta que aún en el caso que no hubiera sido opuesta como defensa, los jueces pueden y deben declarar en la sentencia definitiva la inexistencia de legitimación para obrar.
Personal municipal, Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, Constitución Nacional, pensiones, conviviente, aplicación de la ley, inconstitucionalidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: MOSCOSO, BEATRIZ AMALIA c/ Instituto Municipal de Previsión Social
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-07-06

La garantía consagrada por el art. 16 de la C.N. importa que todas las personas sujetas a una legislación determinada en el país sean tratadas de igual modo, siempre que se encuentren en idénticas circunstancias y condiciones. Tal principio prevalece aún cuando existan diferencias entre los sistemas de previsión a los que alude la ley 23.570 y el régimen específico y particular de los empleados municipales (Ordenanza 40464/84), toda vez que para el viudo su derecho a pensión nace de la misma circunstancia y es de idéntica naturaleza alimentaria a que refiere la ley citada. Ello lleva a reconocer que la norma de la Municipalidad de Buenos Aires, a consecuencia del dictado de la ley 23.750, ha devenido inconstitucional, y su mantenimiento conduciría a negar a unos lo que se concede a otros. (Disidencia del Dr. Fernández).
Accidentes de trabajo, acción civil por accidente de trabajo, culpa grave del trabajador
Materia: LABORAL
Carátula: ROJAS, MARTIN c/ ZANO HNOS. s/ ACCIDENTE - ACCION CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-05-27

No puede reputarse como culposa la conducta del trabajador, operario en los autitos chocadores de un parque de diversiones, que se introdujo en la pista con los coches en movimiento, para destrabar uno que se había atravesado. Esto es así pues no se probó que existiera un sistema mecánico para proceder a tal destrabe, y lo normal era que los operarios actuaran solos, independientemente del que estaba en la cabina, y sin parar la carrera.
Cómputo de servicios, personal policial, jubilaciones
Materia: PENAL
Carátula: Defino , Carlos Humberto c/ Secretaría de Seguridad Interior y otros s/ Personal Militar y Civil de las Fuerzas Armadas y de Seguridad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-09-07

Conforme el Capítulo III de la Ley 21.965 "Computo de Servicios", los años simples de servicios exigidos por los arts. 94 de dicha ley y 493 del decreto 1866/83, para obtener el beneficio jubilatorio, deben computarse desde la fecha de ingreso a la repartición, hasta el día en que se le dio de baja por cesantía, perdiendo el estado policial.
Atenuantes de la pena, agravantes de la pena, homicidio calificado
Materia: PENAL
Carátula: Castro, María del Carmen s/ Homicidio calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-05-13

Nada obsta que al aplicarse el régimen de los arts. 40 y 41 del Código Penal respecto de la escala resultante del art. 80 in fine del mismo Código tengan allí su lugar ciertas circunstancias de agravación que incluyan decisivamente en la individualización de la pena.
Instrumentos públicos, valor probatorio
Materia: LABORAL
Carátula: Luna, Antonio Rómulo y ot. c/ Agencia Marítima Rigel S.A. y ot. s/ Diferencia de haberes, etc. Mierinhos, Luis A. c/ La Mónica S.R.L. s/ Indemnización por despido, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-06-19|2000-08-02

Los instrumentos públicos sólo hacen plena fe con respecto a los hechos que el oficial público denuncia como cumplidos por él mismo o que han pasado en su presencia.
REPÚBLICA ARGENTINA, obligaciones internacionales, consentimiento informado, deber de información
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Asunto Milagro Sala S/ Solicitud de Medidas provisionales respecto de Argentina c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2017-11-23

Debe el Estado Argentino realizar todas las gestiones que sean necesarias a fin de brindarle a la líder de la organización social "Túpac Amaru", la atención médica y psicológica que los médicos y psicológos tratantes determinen, con su intervención y la de sus representantes, a fin de garantizar en forma efectiva el ejercicio de su derecho a su autonomía sobre su salud, debiendo asimismo presentar un informe completo y detallado acerca de su implementación, a más tardar el 15 de diciembre de 2017.
Daños y perjuicios, valor vida, muerte de un hijo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ALVAREZ, RICARDO M. c/ PICCIONI, HUMBERTO M. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-09-17

Aquellos padres que pierden a su hijo soltero y sin descendientes, se ven privados de contar con una probabilidad cierta de ayuda que implica la pérdida de toda futura protección, razón por la cual no se necesita probar el daño que la muerte les causó, toda vez que la ley admite la existencia de un perjuicio cierto que está dentro del orden normal de la vida.
Medidas cautelares, caducidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Teillagorri, Rodolfo c/ Prov. de Bs. As. (Tribunal de Cuentas) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-02-03

Si se encuentra firme la resolución por la que se decretó la perención de la instancia, corresponde dejar sin efecto la medida cautelar dictada y librar oficio a la autoridad demandada para hacerles saber tal circunstancia (arts. 25 del CPCA; 34 inc. 5 ap. "e" y concds. del CPCA). (Minoría u opinión personal)
Sentencia interlocutoria, recurso de queja (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: BERNARDINI Orlando c/ Gobierno de la Provincia s/ Contencioso Administrativo - Inc. Ej. de Honorarios Dr. Gutiérrez Evans - Recurso de Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2017-11-01

Asiste razón al quejoso toda vez que aunque no se haya dado forma de sentencia el decreto objeto de la apelación resulta equivalente a una sentencia interlocutoria.

En efecto así debe inferirse del cotejo y juego armónico de lo establecido en los arts. 464 y 151 2° párrafo del C.P.C. el primero en cuanto establece que de las liquidaciones "se dará vista a la otra parte por cinco días" en tanto el segundo instituye que "todo traslado o vista se considerará decretado en calidad de autos debiendo el Juez dictar resolución sin más tramite" de modo que siendo el decreto cuestionado en autos lo que el Juzgado ha resuelto respecto de la liquidación practicada por el recurrente no cabe duda que tiene el valor de una interlocutoria por lo que resulta susceptible de apelación (conf. art. 459 del C.P.C.) por lo que, en consecuencia, voto para que se conceda el recurso que en mi criterio fue mal denegado.
Recusación con causa, recusación por amistad, deber de imparcialidad
Materia: PENAL
Carátula: Abraham, Carlos s/ recusación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-19

La circunstancia aludida por el apoderado de la querella -íntima amistad de uno de los jueces del Tribunal con el procesado-, puede provocar temor de que el magistrado recusado no sea imparcial al momento de fallar en la presente causa. La garantía de imparcialidad del juzgador posee una relevancia fundamental dentro del marco del proceso penal, en razón de que opera como una megagarantía que funciona como presupuesto necesario del respeto y la realización de las demás garantías fundamentales, por lo que corresponde hacer lugar a la recusación planteada. (Voto de la Dra. Ledesma, adhiere el Dr. Tragant).
Daños y perjuicios, lesiones
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Babuini de Elola, Mabel c/ Echeto, Carlos y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-04-30

La lesión estética se diferencia claramente del daño moral, ya que consiste en la desfiguración permanente que incide sobre las posibilidades económicas de la víctima y en su vida de relación.-
Universidades, estabilidad del empleado público
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: MAGDALENA MARIA ROSA WILDE DE PARRAVICINI c/ UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA "SAN JUAN BOSCO" s/ JUICIO ORDINARIO.    UNIVERSIDAD.    ESTABILIDAD DEL EMPLEADO PUBLICO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-23

Con prescindencia de la naturaleza docente o no del cargo ejercido por la actora, corresponde revocar la sentencia que rechazó el reclamo de reincorporación al cargo de secretaria de universidad.

Ello es así, teniendo en cuenta que el Régimen Jurídico Básico instituído por la ley 22.140 tiene carácter supletorio respecto de la Ley Orgánica de las Universidades Nacionales 22.207, en lo que ésta no prevea, como resulta del art. 1ro IN FINE de la ley 22.140, razón por la cual es aplicable lo preceptuado en el art. 5to de ésta en cuanto a la adquisición automática de la estabilidad.
Compraventa, daños y perjuicios
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: ANNA MARTA ADELINA c/ MARGARITA ANAUATE DE BATULE s/ REDUCCION DE PRECIO-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-10-02

No corresponde imponer al vendedor los daños presupuestados cuando tal cifra supera el valor real del inmueble ya que ello no significaría un valor incluso mayor a la misma restitución del precio total pagado, en un claro enriquecimiento del comprador por la operación efectuada.