Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-08-15


Buenos Aires, 15 de agosto de 2008.

Vistos: los autos indicados en el epígrafe, resulta:

1. La "Asociación de Psicólogos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires" promueve demanda de inconstitucionalidad (fs. 99/104) en los términos de los arts. 113, inc. 2º, CCABA y 17 y siguientes de la ley n° 402, a fin de que se "declare la inconstitucionalidad del decreto 2075 del 2007 y de su anexo 2, (...) por ser ellos contrarios a los arts. 19º, 28º y 31 de la CN, y 1º, 10º y 102º de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". (fs. 99).

Sostiene que las modificaciones establecidas con relación a la jerarquía funcional y la responsabilidad primaria de la ex Dirección General de Salud Mental -hoy Dirección Adjunta de Salud Mental- configura un exceso reglamentario, toda vez que "recorta" (fs. 101 vuelta) o elimina (fs. 102) las "funciones" específicas de la autoridad de aplicación en materia de Salud Mental de acuerdo a lo establecido por la ley nº 448, y las deriva irrazonable e ilegalmente a "otros órganos que se encuentran fuera de su esfera" (fs. 100 vuelta).

2. A fs. 116/117 emite dictamen el señor Fiscal General y, por los fundamentos que expone, propicia que se declare la inadmisibilidad de la acción en examen.

Fundamentos:

El juez Luis Francisco Lozano dijo:

1. La Asociación de Psicólogos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (en adelante APGCBA) está legitimada para interponer la demanda de inconstitucionalidad, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 18, inciso 2, de la ley nº 402, e impugna la validez de un decreto emanado del Jefe de Gobierno local, por entender que se opone a las previsiones contenidas en la ley 448 de Salud Mental, desarrollando los argumentos que respaldan dicha aseveración en su escrito de fs. 99/104. Afirma, en definitiva, que la regulación cuestionada vulnera los arts. 1, 10 y 102 CCABA, y 19 , 28 y 31 CN. Cumple, en consecuencia, con lo dispuesto por el art. 17 de la ley 402.

2. En efecto, la APGCBA postula que el decreto 2075/07 y su anexo 2, que delinean el nuevo esquema orgánico funcional dentro del Poder Ejecutivo local, lo hacen contrariando previsiones contenidas en la ley 448, en relación a la organización y funciones que dicha norma prescribe para la autoridad de aplicación en materia de Salud Mental. En apoyo al fundamento propuesto, realiza un detalle comparativo de las atribuciones encomendadas por los arts. 4 y 5 de la ley 448 a la autoridad de aplicación (V. fs. 100 vuelta/101 vuelta), y las funciones fijadas por el decreto cuestionado para la Dirección General Adjunta de Salud Mental. Afirma que dichas atribuciones -las cuales encuentran su correlato en el decreto reglamentario de la mentada ley, nº 635/04- habían sido receptados por la regulación de la estructura orgánico funcional de la Ciudad, vigente hasta el dictado del decreto 2075/07 -decreto 350/06, que, en lo que ahora importa, las concentraba en la Dirección General de Salud Mental que instituía-.

Considera que el desdoblamiento de funciones (es decir, el reparto de funciones en cabeza de diversas reparticiones dependientes del Ministerio de Salud) resulta contrario al principio de especificidad que debe regir los aspectos relativos a la conducción en materia de salud mental (fs. 99 vuelta).

En suma, sostiene que las mencionadas disposiciones normativas, por oponerse a criterios específicos de la ley 448, vulneran indirectamente el art. 102 de la CCABA, que establece que "[e]l Jefe de Gobierno [...] reglamenta [las leyes] sin alterar su espíritu ...".

3. Por ello, corresponde admitir la acción de inconstitucionalidad promovida por la APGCBA, respecto del decreto 2075/07 y su anexo 2, en cuanto se oponga a las previsiones formuladas por la ley 448 de Salud Mental.

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

Adhiero al voto del Sr. juez de trámite.

El juez José Osvaldo Casás dijo:

Adhiero al voto del señor juez de trámite, doctor Luis Francisco Lozano, en tanto propone declarar formalmente admisible la acción declarativa de inconstitucionalidad interpuesta con el alcance allí señalado, sin perjuicio del examen acerca de la procedencia de la acción que pueda efectuarse tras escuchar el debate que las partes habrán de sustanciar en este proceso (cf. mis votos in re: "Gigacable S.A. c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", expte. nº 4627/06, sentencia del 12 de julio de 2006 y "Finoli, Micaela c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", expte. n° 5851/08, pronunciamiento del 18 de junio de 2008).

Así lo voto.

El juez Julio B. J. Maier dijo:

1. Anticipo mi opinión en el sentido de que la acción intentada resulta formalmente inadmisible. De este modo, comparto el criterio expuesto en su dictamen por el Sr. Fiscal General (ver fs. 116/117 vuelta).

En primer término, la demanda no sigue el temperamento impuesto por el TSJ, pues, en lugar de identificar normas específicas, en pugna con las constituciones nacional o local, pretende la declaración de inconstitucionalidad in totum del decreto nº 2.075 y de su anexo 2, emanado del Poder Ejecutivo de la Ciudad el 10 de diciembre de 2007, que contiene reglas de las más diversas características, la mayor parte de las cuales constituyen actos de organización. A través de este instrumento legal, el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó una nueva estructura orgánico-funcional, dependiente del Ejecutivo local, y redefinió los objetivos y responsabilidades primarias de las llamadas "Unidades de Organización" que integran el organigrama aprobado por el art. 1º del decreto, según se detalla en el Anexo 2. Asimismo, el decreto impugnado en su totalidad en esta demanda incluye disposiciones relativas a la delegación de ciertas facultades en la Vicejefatura de Gobierno, a la retribución de funcionarios y al fondo para las "Plantas de Gabinete", descriptas en el art. 5 del mismo dispositivo legal.

De este modo, la demanda no cumple con la carga de identificar, con la debida especificidad, cuáles son las normas de alcance general que la actora pretende que el Tribunal invalide, y cuáles son las razones por las cuales cada una de ellas es puesta en crisis a través de la ultima ratio del orden jurídico, esto es, de la pretensión de que se declare su falta de adecuación constitucional y, por ello, se las expulse del orden jurídico local.

Como sostuvo este Tribunal en la causa "Villegas, Héctor c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", expte. n° 1254/01, resolución del 15/11/01, en Constitución y Justicia [Fallos del TSJ], cit., t. III, ps. 622/623, el actor tiene la carga de identificar precisamente la o las reglas particulares del orden jurídico local, cuya exclusión del catálogo que lo conforma el actor (razonablemente) pretende. Debe citar con absoluta precisión el texto o segmento normativo cuya pérdida de vigencia demanda, como efecto de la sentencia que dictará el Tribunal (art. 113, inc. 2, CCBA), pues no parece posible que, frente a una demanda de esta naturaleza, sea el Tribunal quien precise su objeto (cf., asimismo, la doctrina del Tribunal en las causas "Oliveto, Noemí Flavia y otros c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", expte. n° 2660/03, resolución del 11/02/04, "Rodríguez Simón, Fabián c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", expte. n° 3055/04, decisión del 15/05/04, primer considerando, y "Asociación Argentina de Compañías de Seguros c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", expte. n° 2953/04, resolución del 12/04/04, mi voto, primer considerando). Si bien todo el decreto o reglamento incluye a todas las reglas contenidas en él, no precisar la o las reglas, o los segmentos de ellas, que lesionan la Constitución constituye, en la práctica, una delegación de esa tarea en el Tribunal, labor inadmisible frente a una consecuencia tan grave como la que se solicita y para una acción "sin caso" (abstracta y concentrada), esto es, sin la necesidad de que se identifique un interés personal vulnerado concretamente.

Al resolver la demanda en "Oliveto", ya citado, el TSJ, por unanimidad, estableció que la descalificación in totum de la legislación emanada de la segunda legislatura local a partir del 9/12/2001, no cumple con la carga de indicar correctamente cuáles son las normas de alcance general que los actores pretenden que el Tribunal invalide. De tal forma, se deja en manos del Tribunal la formulación misma de la pretensión que él debería acoger o rechazar, lo que no puede ser admitido (considerando 2, segundo párrafo; cfr., asimismo, la doctrina del Tribunal en las causas "Rodríguez Simón, Fabián c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", expte. n° 3055/04, decisión del 15/05/04, primer considerando, y "Asociación Argentina de Compañías de Seguros c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", expte. n° 2953/04, resolución del 12/04/04, mi voto, primer considerando).

2. Los defectos consignados tampoco permiten decidir con certeza acerca de si aquello que se tacha por inconstitucional con prescindencia del motivo es una norma general o un acto particular. Debo expresar que, a juzgar por el texto literal del decreto impugnado, y aun si admito dudas o discrepancias como posibles, reputo que la probabilidad mayor se halla del lado de categorizarlo como acto de alcance particular, en el sentido de su irrepetibilidad en cuanto a la ocasión (ausencia de generalidad objetiva).

3. Las razones que anteceden resultan, a mi juicio, suficientes para rechazar la acción declarativa de inconstitucionalidad deducida por la Asociación de Psicólogos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, decisión que no obsta a la interposición de otra demanda formalmente procedente.

Por ello, por mayoría, y emitido el dictamen del señor Fiscal General, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Declarar admisible la acción de inconstitucionalidad planteada por la "Asociación de Psicólogos del GCBA" a fs. 99/104 contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el alcance que surge del punto 3 del voto del juez Luis F. Lozano.

2. Correr traslado de la demanda al Señor Jefe de Gobierno, en el domicilio de la Procuración General de la Ciudad, por el plazo de treinta (30) días, para que comparezca y la conteste, acompañe la prueba documental que haga a su pretensión y ofrezca la restante que considere necesario producir en la audiencia que oportunamente será fijada.

3. Mandar que se registre, notifique y cumpla.

La jueza Ana María Conde no firma por estar con licencia.