Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-03-10


LUSARDI, Juan José contra PROVINCIA DE SANTA FE Reg.: A y S t 195 p 219-221. Santa Fe, 10 de marzo del año 2004.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la sentencia de fecha 30 de julio de 2002 dictada por la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de esta ciudad, en autos "LUSARDI, Juan José contra PROVINCIA DE SANTA FE -Juicio Ordinario- (Expte. 364/00)" (Expte. C.S.J. nro. 42, año 2003); y, CONSIDERANDO:

1. Por sentencia de fecha 30 de julio de 2002 la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de esta ciudad resolvió rechazar los recursos de nulidad y apelación de la parte demandada; admitir la apelación del actor y, consecuentemente, modificar la sentencia de fecha 22 de agosto de 2000 en cuanto a la tasa de intereses a partir del 1 de abril de 1991, la que fijó en el 12% anual.

Contra dicho pronunciamiento interpuso la demandada recurso de inconstitucionalidad aduciendo que si bien el rechazo de una excepción de incompetencia no es formalmente sentencia definitiva o auto interlocutorio que ponga fin al pleito o haga imposible su continuación, conforme la hermeneútica del artículo 1 de la ley 7055, el principio cede cuando está en juego la propia competencia de la Corte Provincial en materia contencioso administrativa y, ahora, de las Cámaras en lo Contencioso Administrativo.

Adujo, en primer lugar, arbitrariedad por falta de fundamentación de la resolución que se cuestiona. Afirmó que la Sala guiada por anteriores fallos no se pronunció en torno al grueso error de análisis que emerge de la sentencia de primera instancia y que llevaron al A quo a dictar una resolución equivocada, consistente en entender que cuando el Estado contrata los servicios de una persona para desempeñar tareas propias de su profesión o modos de vivir, sin horarios de oficina, jerarquía, ni sueldo, el contrato se rige por las normas del derecho privado, dado que -a su criterio- nada está más alejado de la realidad. En segundo lugar, sostuvo que el conocimiento de este caso corresponde a la Cámara de lo Contencioso Administrativo de Santa Fe, por vía del recurso respectivo. Aseguró que hay notas definitorias en esta relación de naturaleza contractual que permiten concluir que el conflicto debe resolverse por la vía prevista en la ley 11330. Detalló que tanto por su objeto, por el marco normativo exorbitante, por el contenido, como por la pretensión ejercida corresponde entender al Tribunal con competencia en lo contencioso administrativo.

Por último, concluyó que lo resuelto viola el artículo 93, inciso 2, de la Constitución provincial y las normas de la ley 11330 al asignar competencia a los Tribunales en lo Civil y Comercial en una cuestión que los excede totalmente.

En fecha 5 de febrero de 2003 la Sala resolvió denegar la concesión del remedio extraordinario interpuesto lo que motivó la presentación directa del impugnante ante esta Corte (fs. 34/40).

2. Sabido es que los pronunciamientos que resuelven excepciones de incompetencia no son -en principio y en relación a ello- sentencias definitivas ni equiparables, conforme lo exige el artículo 1ro., de la ley 7055; como así también que esta Corte ha establecido que tal regla debe ceder cuando está en juego la competencia contenciosa administrativa prevista en la Constitución y en la ley 11.330 (cfr. "Bozzi" A. y S. T. 184, pág. 333).

Sin embargo, no se advierte que el presente caso -en donde el impugnante se agravia, esencialmente, porque los jueces de las instancias ordinarias no acogieron favorablemente su planteo de incompetencia de la justicia civil y comercial para entender en el reclamo tendente al cobro del 12% en concepto de retribución del actor como consecuencia de su gestión profesional como ejecutor fiscal- pueda ser encuadrado en dicha excepción.

En efecto, a pesar de invocar arbitrariedad por falta de fundamentación y afirmar que el conocimiento de este conflicto corresponde a la Cámara de lo Contencioso Administrativo de Santa Fe, violando lo resuelto el artículo 93, inc. 2, de la Constitución provincial y la ley 11330, sus alegaciones al respecto no logran persuadir que en verdad estemos ante un caso que autorice a superar el limitado campo del remedio previsto en la ley 7055.

De la lectura del pronunciamiento impugnado surge que la Sala al resolver sobre la cuestión de competencia tuvo en cuenta las concretas circunstancias del caso, concluyendo -luego de valorar el contrato vinculante, el poder general otorgado, las normas legales aplicables y el precedente de este Cuerpo en la causa "Traverso", del 5 de agosto de 1998, donde la Corte no intervino de oficio en resguardo de su propia competencia- que el contrato de "ejecutor fiscal" celebrado con el actor, escapa a la competencia material establecida en el artículo 93, inc. 2, de la Constitución Provincial, teniendo en cuenta que de acuerdo a los hechos invocados y a la naturaleza de la pretensión el litigio refiere a cuestión civil.

Frente a ello, el recurrente se empeña en insistir con sus genéricos planteos de arbitrariedad y violación de normas constitucionales, mas sin aportar elementos suficientes ni argumentos idóneos que autoricen a descalificar constitucionalmente lo resuelto por los juzgadores al respecto. No se advierte, pues, que estemos ante un caso que justifique la intervención de este Tribunal como custodio último de la ley y de la Constitución. Por las razones, expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: rechazar la queja interpuesta. Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.:VIGO-GASTALDI-GUTIERREZ-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria) DISIDENCIA DE LA SEÑARA MINISTRA DRA. GASTALDI:

La postulación de la recurrente cuenta -"prima facie"- con suficiente asidero en las constancias de autos, e importa articular con seriedad planteos que pueden configurar hipótesis de inconstitucionalidad con idoneidad suficiente como para operar la apertura de esta instancia de excepción. Dicho esto en una apreciación mínima y provisoria, propia de este estadio, y sin que ello implique adelantar opinión sobre la sustantiva procedencia de la impugnación.

Fdo.:GASTALDI-Fernández Riestra (Secretaria)