Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-10-16


Art. 30 LCT - obligaciones de control. Alcance de la modificacion (Maza - Pirolo) Poder Judicial de la Nación SENTENCIA DEFINITIVA NUMERO: 95.305 SALA II Expediente Nro.: 11.828/2005 (Juzg. Nº 20 ) AUTOS: "RAMIREZ LEONARDO HECTOR C/ NADELIMP S.R.L. Y OTRO S/ DESPIDO" En la Ciudad de Buenos Aires, a los 16.10.07., reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación:

Miguel Ángel Pirolo dijo:

La sentencia de primera instancia hizo lugar, parcialmente, a las pretensiones deducidas en el escrito inicial y condenó a la demandada Nadelimp SRL (hoy s/ Quiebra) abonar al accionante los rubros salariales, indemnizatorios y sancionatorios reclamados. Rechazó, en cambio, los reclamos basados en los arts. 9 de la ley 25.013 y 132 bis L.C.T.. Tampoco se admitió en el fallo recurrido, la extensión de responsabilidad en forma solidaria a la codemandada SIPAS NACIONAL SA. en los términos del art. 30 L.C.T.

A fin de que sea revisada esa decisión por este Tribunal de Alzada, interpuso recurso de apelación la parte actora, en los términos y con los alcances que explicita en su expresión de agravios. A su vez, los letrados y el perito contador dedujeron recurso de apelación contra las regulaciones de honorarios profesionales efectuadas en la sentencia.

Al fundamentar el recurso, el actor sostiene -básicamente- que los fundamentos de la Sra. juez a quo para disponer el rechazo de la sanción prevista en el art. 9 de la ley 25.013, resultan meramente dogmáticos; y, -a su entender-, la presunción contenida en la norma se encontraría confirmada por la actitud procesal asumida por la accionada. Asimismo cuestiona la omisión en que habría incurrido la Dra. Barilaro en el tratamiento de la pretensión fundada en el art. 132 bis L.C.T.. Además, apela la conclusión de la magistrada, en virtud de la cual decidió rechazar la extensión de responsabilidad pretendida. Por las razones que -sucintamente- se han reseñado, solicita que se revoque la sentencia recurrida y que, en definitiva, se admitan las pretensiones en las que se funda la apelación.

En principio, creo necesario puntualizar que, a mi entender, el recurso de apelación sub-exámine, en la medida que constituye una crítica concreta y razonada de las partes de la sentencia que se estiman equivocadas, reúne el recaudo de admisibilidad formal previsto en el art.116 de la LO. Ahora bien, habida cuenta que se debe tener por cumplida la referida exigencia procesal, seguidamente, me he de abocar al análisis de cada uno de los agravios expresados por la recurrente. En orden a ello, corresponde tratar en primer término el agravio basado en el art. 9 de la ley 25.013.

Al respecto, estimo que el comportamiento adoptado por la demandada no se inscribe en la tipología descripta por el art. 275 LCT, pues no han litigado "con plena conciencia de la sin razón". No se advierte en el caso que haya existido un abuso de la jurisdicción, ni un ocultamiento doloso o articulaciones de defensas que manifiestamente tienden a dilatar la tramitación del proceso, conductas esta últimas, que sí podrían importar un accionar temerario. No observo que la demandada o el profesional que la asiste, al contestar la demanda o durante el trámite de estas actuaciones, hayan asumido conductas manifiestamente contrarias a la lealtad o buena fe procesal, al derecho o a la razón ni que hayan urdido maniobras tendientes a burlar la garantía al derecho de defensa de la otra parte o el ejercicio pleno de la jurisdicción. Asimismo la malicia a que alude la norma, tampoco se evidencia en tanto no se ha cuestionado la existencia de la relación laboral, no se han hecho valer actos en fraude al trabajador, ni se ha abusado de su necesidad o inexperiencia, y las defensas opuestas no se advierten contradictorias o meramente obstruccionistas. Todo ello me lleva a la convicción de que la accionada no actuó con dolo, circunstancias que, a mi entender, desvirtúa la presunción que emerge del art. 9 de la ley 25.013 y que, por lo tanto, tornan injustificada la imposición de la sanción contemplada en la norma mencionada, máxime cuando la mora en el pago de las indemnizaciones derivadas del distracto aparece sancionada en esta misma causa a través del agravamiento previsto en el art. 2 de la ley 25.323.

La recurrente puntualiza -en el memorial-, que en la demanda solicitó que, en caso de comprobarse la retención de aportes del trabajador, se admitiera la multa del art. 132 bis de la L.C.T. a partir de la notificación de la demanda (ver punto VI, ver fs 24 vta.). En el pronunciamiento dictado en la instancia de grado, la a quo no se expidió sobre la procedencia de este reclamo; y ello, provoca un concreto cuestionamiento ante esta Alzada.

Al respecto, observo que llega firme a esta Instancia la conclusión de la magistrada de grado anterior, en virtud de la cual consideró que las circunstancias que se han tenido por acreditadas en esta causa generan la presunción de que han existido omisiones en la obligación de ingresar los aportes y contribuciones correspondientes a los distintos sistemas de la seguridad social (conforme fs. 154 y 160 vta. pto. 9), por lo que, ordenó que, una vez practicada la liquidación prevista en el art. 132 L.O., se efectué la remisión de las actuaciones a la AFIP. Sin embargo, estimo que tal circunstancia, por sí sola, no autoriza a admitir la pretensión articulada con base en el art. 132 bis L.C.T. En efecto, en autos no ha sido invocado ni acreditado que el actor haya cumplido la exigencia del art. 1 del Dec. 146/01. La citada disposición reglamentaria establece que, para que sea procedente la sanción que contempla el art. 132 bis, el trabajador, "previamente", debe intimar al empleador para que "dentro del plazo de treinta días corridos" a partir de la recepción de la intimación, proceda a ingresar los importes adeudados. De la exposición de motivos del decreto se desprende, además, que la sanción prevista en la norma reglamentada sólo se devengará a partir del vencimiento del plazo conferido en la intimación. En el caso de autos, el actor no concretó una intimación en la cual invocara la existencia de aportes retenidos de su remuneración que no hubieran sido depositados y en la que requiriera en forma explícita a la demandada que depositara los importes retenidos. Nótese que la comunicación de fecha 23.03.05 (ver fs. 6 elemento de prueba que apoya la queja el recurrente) no consignó el trabajador las exigencias anteriormente señaladas; sino que, sólo hizo referencia a averiguaciones personales sobre la falta de ingreso de los aportes y contribuciones de ley y, en base a ello, solicitó que se le entregue el certificado previsto en el art. 80 1er. párrafo de la L.C.T. con constancias documentadas de haber efectuado aportes y contribuciones. Similares términos utilizó en la comunicación de fs. 7 en la que el trabajador se consideró injuriado y despedido; y en ninguno de los despachos intimó a la ex empleadora para que deposite aportes que hubiera retenido de su remuneración. Sólo a mayor abundamiento agregaré que la ausencia del referido recaudo no puede considerarse suplida por la promoción de la demanda porque es evidente que ésta no puede ser constitutiva de los hechos en los que -necesariamente- debe fundarse.

En tal marco, y dado que no se encuentra cumplida la intimación a la cual la norma reglamentaria condiciona la procedencia de la sanción prevista en el citado art. 132 bis LCT, es indudable que la pretensión basada en esa disposición legal (art. 43 ley 25.345) no puede prosperar (art. 499 Código Civil), por lo que debe confirmarse el rechazo de esta pretensión.

La Dra. Barilaro concluyó en su pronunciamiento que se verifican los presupuestos para considerar a ambas codemandadas como responsables solidarias en los términos previstos en el art. 30 de la L.C.T.; pero, sin embargo, rechazó la pretensión de que sea extendida dicha responsabilidad a la codemandada SIPAS Nacional S.A. porque entendió que la ausencia de intimación previa a la decisión de ruptura que diera ocasión a esa accionada de cesar en su presunto incumplimiento, obstaba a esa posibilidad ( ver fs. 210 pto. X y fs. 211).

El recurrente cuestiona el fundamento dado por la magistrada para rechazar la extensión de responsabilidad solidaria a la codemandada SIPAS NACIONAL SA. en mérito a los argumentos que expone en el memorial a fs. 215 vta. pto. 5)/ 217 vta.; y, analizadas las circunstancias de la causa respecto del tema en debate, adelantó opinión en sentido favorable a la posición recursiva.

En primer lugar, cabe puntualizar que ninguna de las partes criticó en forma concreta y razonada la conclusión de la a quo según la cual las tareas de limpieza efectuadas en el centro médico en el que trabajó el actor constituyen una actividad que debe considerarse integrante de la "unidad técnica de la empresa", ya que no es concebible el funcionamiento del centro asistencial sin una adecuada higiene de sus instalaciones. Tampoco expresaron agravios contra el argumento de la a quo (con cita de un precedente de esta Sala, ver fs. 211 1er. párrafo) en virtud del cual consideró que, si bien el objeto para el cual se constituyó la institución médica codemandada no es la limpieza, tal actividad no podía escindirse de su giro normal, ni desconocerse que integra una faceta primordial de su actividad específica, ya que la atención de los pacientes de en un establecimiento de asistencia médica requiere, necesariamente, de un ámbito que se mantenga aséptico y bien higienizado. Por todo ello, la Dra. Barilaro concluyó que, aún cuando pueda ser encomendada a terceros, no deja de ser una actividad habitual y específica del centro médico co-demandado. Tales conclusiones, reitero, llegan firmes a esta Alzada.

Desde esa perspectiva, considero que asiste razón al recurrente en cuanto a que, cuando se encuentran cumplidos los presupuestos del art. 30 de la L.C.T., no es exigible que el trabajador intime a la contratante principal previo a resolver el contrato de trabajo, porque la situación difiere de aquella que se configura cuando se coloca en situación de despido ante una injuria de su empleador directo.

En el fallo cuestionado, se admitieron los reclamos salariales, indemnizatorios y sancionatorios; y se condenó a la empleadora principal al pago de esos conceptos; luego de haberse concluído que la decisión resolutoria adoptada por Ramírez estaba fundada en causa legítima.

La norma invocada impone a quienes contraten o subcontraten trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia de su establecimiento, el deber de exigir a sus contratistas o subcontratistas el adecuado cumplimiento de las normas relativas al trabajo y a los organismos de seguridad social. Además, les impone que exijan el número del código único de identificación laboral de cada uno de los trabajadores que presten servicios y las constancias de pago de las remuneraciones, copia firmada de los comprobantes de pago mensual al sistema de la seguridad social, una cuenta corriente bancaria de la cual sea titular y una cobertura por riesgo de trabajo. Expresamente, se consigna que es responsabilidad del principal ejercer el control sobre el cumplimiento de las obligaciones que tienen a su cargo los subcontratistas respecto de cada uno de los trabajadores que presten servicios; y que esa responsabilidad no puede delegarse en terceros. Como se vió más arriba, llega firme a esta Alzada que las tareas de limpieza que desplegó Ramírez para NADELIMP S.R.L. (hoy su quiebra) resultan integrativas de la actividad principal de SIPAS NACIONAL SA. La responsabilidad solidaria impuesta por la ley encuentra fundamento en el incumplimiento de alguno de los requisitos anteriormente enunciados.

En el caso, la codemandada Sipas Nacional SA no acreditó en forma concreta haber cumplido con las obligaciones legales enunciadas por lo que, ante los comprobados incumplimientos de la empleadora directa de sus obligaciones laborales y previsionales, a la luz de las claras directivas que emergen del citado art. 30 L.C.T., no cabe duda que la responsabilidad por todas las obligaciones incumplidas, debe extenderse en forma solidaria a la codemandada Sipas Nacional SA. No empece a la extensión de solidaridad que deriva de la norma la ausencia de requerimiento previo a esta codemandada porque en el marco de la relación jurídica que prevé el art. 30 de la L.C.T. el trabajador sólo esta unido por un contrato de trabajo con el empleador directo; ello, claro está, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria que la ley impone al comitente en caso de que incumpla los deberes de control que la propia norma deja a cargo de éste último.

No está demostrado que la comitente haya exigido a la empleadora directa la acreditación del cumplimiento de las obligaciones emergentes del contrato; pero, aún cuando -por hipótesis- consideráramos que lo hubiera hecho, ello, de todos modos, no obstaría a la posibilidad de establecer su responsabilidad solidaria cuando -como ocurre en el caso- ha mediado incumplimiento de las obligaciones "relativas al trabajo" por parte de Nadelimp SA (conf. párrafo 1° y 4° del art. 30 L.C.T.).

En mérito a los fundamentos expuestos, propicio revocar lo decidido en la especie en el fallo cuestionado y condenar a la codemandada Sipas Nacional SA, en forma solidaria, al pago de los créditos dinerarios que han sido admitidos en la instancia de grado anterior.

Cabe puntualizar aquí, que la confección y entrega del certificado previsto en el art. 80 de la L.C.T. es una obligación que, a mi entender, al igual que las restantes, tiene por causa fuente el contrato de trabajo respecto del cual se ha establecido la responsabilidad solidaria de la persona codemandada, aún cuando no han empleado en forma directa los servicios del accionante. Desde esa perspectiva, no correspondería considerar excluída a la mencionada obligación de la solidaridad que deriva de la aplicación del art. 30 de la L.C.T. respecto a la totalidad de las obligaciones emergentes del vínculo que el trabajador establece con la sociedad empleadora. Si bien con respecto a una cuestión referida a la responsabilidad que deriva del art. 30 de la LCT -que es idéntica y que guarda analogía con la aquí analizada-, esta Cámara, a través de algunas de sus Salas, se ha expedido en el sentido recién indicado (Sala VI, S.D. N°54.363 del 14-9-01 "Arcioni, Verónica c/ Sportservice SA y otro s/ despido"; S.D.N°57.048 del 30-3-04, "Miño, Raúl c/ Sancro SRL"; Sala VII, S.D.N° 37.148 del 12-11-03, "Storino, Claudio c/ Exiter SRL y otros s/ despido"), estimo que, de existir alguna duda acerca del alcance de esa norma, la cuestión debe ser resuelta de acuerdo con el criterio indicado pues es la interpretación de la que deriva una solución más favorable para la trabajadora (conf. art. 9 LCT). Sin perjuicio de lo expuesto -que lo ha sido con la finalidad de dejar a salvo mi opinión personal-, en un precedente de esta Sala, sobre el tema debatido y a través del voto mayoritario coincidente de mis distinguidos colegas, los Dres. González y Maza, se ha resuelto que no corresponde hacer extensiva la condena a entregar el certificado de trabajo previsto en el art. 80 LCT, toda vez que se trata de una obligación de hacer en cabeza del sujeto empleador, calidad que la codemandada Sipas Nacional SA no reviste. (ver voto de la Dra. Graciela A. González, in re, "Statuto Néstor Raúl C/ Bian Tours S.R.L. y otros s/ despido" S.D. 94.826 del 09.03.07 en el cual -en relación al punto de divergencia- el Dr. Miguel Ángel Maza adhirió a su posición). En tal marco, por cuestiones de economía procesal y en la inteligencia de que la opinión del suscripto no ha de ser aceptada, he de dejar en claro que no se debe extender a la codemandada Sipas Nacional SA la condena a hacer entrega del certificado mencionado; ello, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera corresponderle por las eventuales sanciones derivadas de los incumplimientos en los que la principal pudiere incurrir al respecto (en similar sentido, esta Sala, in re "Garro, Amilcar y otros c/Transportes Metropolitanos Gral San Martín y otro s/ despido", expte. 10.355/99, SD 88921 del 26.12.00; in re "Segovia Hilda Beatriz c/ Compañía de Sepelios San Irineo SRL y otros s/ despido", expte. 13.972/2005, SD 95098 del 3.7.07.

En virtud de las argumentaciones expuestas y con arreglo a lo establecido por el art. 279 del CPCCN, corresponde adecuar la imposición de costas y los honorarios al resultado del pleito que se ha dejado propuesto para resolver la apelación. En orden a ello y en función de dicho resultado, de acuerdo con el principio general que emana del art. 68 del CPCCN, estimo que las costas de ambas instancias deben ser impuestas a cargo de las codemandadas, en forma solidaria, por resultar vencidas en lo principal del reclamo (conf.art.68 CPCCN).

En atención al mérito y extensión de la labor desarrollada por los profesionales que actuaron en estos autos y al nuevo resultado del pleito que he dejado propuesto, de acuerdo con las pautas que emergen del art.6 y subs. de la ley 21.839, de la ley 24.432, del art. 38 de la L.O. y del dec. 16.638/57, estimo que, por las tareas llevadas a cabo en primera instancia, corresponde regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora en el 14%; los de la representación y patrocinio de la parte demandada Nadelimp SRL ( hasta fs. 189) en el 10%; los de la representación y patrocinio de la parte demandada Sipas Nacional SA en el 10%; y los del perito contador en el 6%, porcentajes éstos que, en la oportunidad prevista en el art.132 de la LO, deben aplicarse sobre el monto total de condena -capital e intereses-.

A su vez y con arreglo a lo establecido en el art.14 de la ley 21.839, habida cuenta del mérito y extensión de labor desarrollada en esta instancia por la representación y patrocinio letrado de la recurrente, propongo que se regulen los honorarios por esa actuación en el 30% de la suma que le corresponde, por la totalidad de lo actuado en la instancia anterior.

En cumplimiento de la Acordada C.S.J.N. N° 6/05 (modif.por Ac.C.S.J.N. N° 19/05), sin que esto implique abrir aquí juicio alguno acerca de la validez constitucional de las normas que regulan la creación y funcionamiento de CASSABA y sin perjuicio del derecho de los sujetos involucrados a efectuar los planteos que estimen pertinentes en el ámbito de competencia material correspondiente, corresponde hacer saber a los abogados, procuradores y a las partes que, oportunamente, deberán observar las previsiones contenidas en la ley 1181 de la C.A.B.A., bajo apercibimiento de comunicar la situación a la mencionada entidad.

El Dr. Miguel Ángel Maza dijo:

Adhiero al voto de mi distinguido colega Miguel ángel Pirolo pero deseo efectuar algunas puntualizaciones respecto de los alcances de la reforma que la ley 25.013 introdujo en el art. 30 LCT y sobre los efectos jurídicos que puedan nacer del cumplimiento o incumplimiento del deber de control allí previsto.	I.	Tal como lo he señalado al examinar el art. 30 en Ley de Contrato de Trabajo Comentada (Editorial La Ley, Buenos Aires, 2006, págs. 66 y stes.), la ley 25.013 no aprovechó la ocasión legislativa para terminar con las discrepancias interpretativas que rodean al precepto y, en cambio, introdujo un nuevo problema.

Es que el art. 17 de dicha ley sustituyó el segundo párrafo del art. 30, incorporando la obligación de los empresarios que cedan total o parcialmente su establecimiento a otros empresarios y de aquellos que contraten o subcontraten trabajos o servicios correspondientes a su actividad normal y específica propia -es decir, los afectados por la norma bajo análisis- de exigirle a las empresas cesionarias, contratistas y subcontratistas una serie de controles formales atinentes al cumplimiento de las obligaciones fiscales y laborales en relación al personal ocupado por estas últimas. Estas cargas no rigen, según la mayoría de la doctrina, fuera de tales situaciones y comparto esta opinión.

II.	La duda la genera el párrafo cuarto -que importa en el caso bajo análisis- en cuanto dispone que el incumplimiento de algunos de los requisitos hará responsable solidariamente al principal cedente o contratante por las obligaciones de los cesionarios, contratistas y subcontratistas respecto del personal ocupado en la prestación de los trabajos o servicios respectivos.

Se han dado dos entendimientos posibles a esta expresión: a) para un sector de la doctrina, si el empresario principal (cedente o contratante) ha cumplido con esos requisitos formales del segundo párrafo, no respondería solidariamente aunque haya cedido total o parcialmente su establecimiento o aunque haya encomendado al contratista o subcontratista la realización de tareas o servicios que formen parte de la actividad normal y específica propia de su establecimiento. Es decir que, para esta lectura, la reforma habría agregado un elemento más que debería concurrir para que se de la solidaridad: además de los ya mencionados (cesión total o parcial del establecimiento o encomienda de tareas o servicios que formen parte de la actividad normal y específica propia del establecimiento), tendría que mediar también incumplimiento de los deberes formales; y b) otro segmento de la doctrina, y la casi totalidad de la jurisprudencia, en cambio, tampoco le ha concedido a esta nueva reforma la operatividad restrictiva que probablemente buscó aunque sin éxito. Este sector de pensamiento, en el que me inscribo, predica que es posible considerar que la intención del legislador no fue condicionar la solidaridad a que se produzcan estos incumplimientos sino que meramente buscó establecer con claridad el rol vigilante que le cabe al empresario principal (cedente y/o contratante), así como darle derechos para defenderse ante la posible responsabilidad vicaria o en garantía que podría tener que asumir luego.

III.	Como acabo de decir, comparto esta última posición interpretativa puesto que no me parece factible extraer del texto legal que se exima de responsabilidad solidaria al empresario que delegó tareas atinentes a su objeto propio y específico propio o que cedió su establecimiento, por la mera circunstancia de que haya efectuado aquellos controles formales.	Entiendo, por otra parte, que esta hermenéutica es la que mejor se compadece con las reglas del principio tuitivo, de raigambre constitucional, que exige que las normas que reglamenten los derechos nacidos del trabajo sean protectorias y creo que esta garantización o solidaridad es muy equitativa, bien por el contrario de lo que sostuviera la Corte Suprema de Justicia de la Nación con su anterior integración en el caso "Rodríguez c/ Cía. Embotelladora Argentina SA y otro". Digo así pues tal garantización tiende a proteger a los trabajadores, instrumentos en los procesos de interrelaciones empresarias, en la moderna técnica de la descentralización productiva y de la atomización de los procesos empresariales, frente al peligro de insolvencia de las empresas más pequeñas, sin descuidar que el deudor sigue siendo el empleador, de quien el responsable solidario podrá repetir cualquier eventual pago que haya efectuado en su lugar.

IV.	Es decir, en síntesis, que a mi juicio el ejercicio del control previsto en el art. 30 LCT, texto según ley 25.013, no conjura la responsabilidad vicaria correspondiente cuando concurren los recaudos del primer párrafo y, con estas precisiones, adhiero al voto del Dr. Pirolo.	Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 ley 18.345), el Tribunal RESUELVE: 1º) Modificar parcialmente la sentencia dictada en la instancia de grado anterior y extender la responsabilidad -en forma solidaria- a la codemandada Sipas Nacional SA. por el pago de los créditos dinerarios incluídos en la condena impuesta a Nadelimp S.R.L. (hoy su quiebra). 2º) Dejar sin efecto la distribución de costas y regulación de honorarios fijadas en la instancia de grado anterior y proceder a su determinación en forma originaria. 3°) Imponer las costas de ambas instancias a cargo de ambas codemandadas, en forma solidaria. 4°) Regular los honorarios por la representación y patrocinio letrado de la actora; de las codemandadas y del perito contador, de conformidad con lo dispuesto en los considerandos pertinentes. 5°) Hacer saber a las partes y sus letrados la vigencia de la Acordada C.S.J.N. N° 6/05 (modif.por Ac.C.S.J.N. N° 19/05) y que deberán proceder con arreglo a lo establecido en el considerando pertinente.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Dr. Miguel Ángel Maza Miguel Ángel Pirolo	Juez de Cámara Juez de Cámara SCP