Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-09-24


2º Instancia. - Buenos Aires, septiembreá24 de á2009 El doctor Héctor C. Guisado dijo:

I) A fs. 166/168 el actor apela la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la defensa de prescripción opuesta por la codemandada YPF SA y, consecuentemente, rechazó la demanda por los bonos de participación del art. 29 de la ley 23.696.

II) Para decidir de ese modo, el Sr. Juez a quo consideró aplicable a la acción intentada el plazo bienal del art. 256 de la LCT y dado que el actor cesó su relación en el año 1991 e interpuso la demanda en 2004, aquélla se encontraba prescripta.

El recurrente cuestiona esta conclusión pues entiende, en síntesis, que: a) el punto de partida de la prescripción sería el 16 de julio de 1997, fecha en que el Estado Nacional e YPF pusieron en venta las acciones clase "C"; b) el plazo aplicable sería el decenal; c) dicho plazo habría quedado interrumpido con la sanción de la ley 25.471, por el cual el Estado Nacional reconoció su deuda (art. 3989 del Cód. Civil).

Anticipo que, a mi criterio, el recurso no merece trato favorable.

III) Con respecto al plazo de prescripción, coincido con el Dr. Pessino en que es aplicable el del art. 256 de la LCT.

Al respecto he sostenido, como juez de primera instancia, ante un caso sustancialmente análogo al presente, que:

"...considero que le asiste razón a la codemandada YPF S.A. en cuanto a la aplicación del plazo bienal, por las razones que paso a explicar.

El reclamo se funda, ante todo, en el art. 29 de la ley 23.696, según el cual:

'En los Programas de Propiedad Participada, el ente a privatizar deberá emitir bonos de participación en las ganancias para el personal, según lo previsto en el art. 230 de la ley 19550. A tal efecto, el Poder Ejecutivo nacional podrá hacer uso de las facultades que le otorga esta ley. Cada empleado, por su mera relación de dependencia recibirá una cantidad de bonos de participación en la ganancias determinada en función de su remuneración, su antigüedad y sus cargas de familia'.

A su vez, el mencionado art. 230 de la ley 19.550 establece que:

'Los bonos de participación también pueden ser adjudicados al personal de la sociedad. Las ganancias que les correspondan se computarán como gastos. Son intransferibles y caducan con la extinción de la relación laboral, cualquiera sea la causa'.

Con sustento en este último precepto, la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ha interpretado, en términos que comparto, que 'el derecho a los bonos de participación en las ganancias se genera con el trabajo prestado durante la relación laboral' y que se trata de un beneficio 'de naturaleza salarial' (CNAT, Sala VI, 7/7/04, sent. 57.292, 'Banega, Félix Miguel c/ YPF Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. y otro s/ part. accionariado obrero', voto de los jueces De la Fuente y Fernández Madrid; el subrayado me pertenece).

En sentido concordante, otras Salas del mismo Tribunal han destacado que el beneficio referido tiene 'naturaleza remuneratoria' (CNAT Sala III, 18/8/04, sent. 86065, 'Massolo, Liliana del Carmen y otros c/ Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos y otro s/ art. 29 ley 23.696', considerando V del voto de la mayoría) y que 'al hacer remisión la norma fundante de la pretensión al art. 230 de la ley 19.550...la emisión de los bonos concreta una participación en las ganancias...de modo que resulta inequívoco su carácter salarial' (CNAT, Sala II, 30/12/03, 'Encina, Ramón Fidel y otros c/ Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos y otro s/ art. 29 ley 23.696'; íd., Sala X, 20/4/04, 'Felipe, Osvaldo Magín y otros c/ Ministerio de Economía y otro s/ art. 29 ley 23.696'; los subrayados me pertenecen).

Si se trata entonces de un beneficio de 'inequívoco carácter salarial', que 'se genera con el trabajo prestado durante la relación laboral', al que sólo tienen derecho los trabajadores de la empresa, quienes lo reciben 'por su mera relación de dependencia', y únicamente mientras dure la relación laboral, parece obvio que estamos en presencia de un crédito 'proveniente de las relaciones individuales de trabajo', en los términos del art. 256 de la LCT.

En consecuencia, resulta aplicable al caso de autos el plazo de prescripción bienal previsto en esta última norma (CNAT, Sala I, 17/11/03, 'Kouri, Miguel y otros c/ Ministerio de Economía Obras y Servicios Públicos y otro s/ art. 29 ley 23696'; íd., Sala I, 30/10/03, sent. 53.741, 'Cadenazzi, Eduardo Jorge y otros c/ Ministerio de Economía'; íd., Sala III, sent. 54.647, 'Massolo, Liliana del Carmen y otros c/ Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos y otro s/ art. 29 ley 23696', voto en disidencia del Dr. Guibourg; íd., Sala VI, 11/6/03, 'Ciminari, Jorge Ricardo y otros c/ Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos y otro s/ art. 29 ley 23696', voto en disidencia del Dr. Capón Filas; íd., Sala VIII, 17/12/04, sent. 32.298 'Zenteno, Ernesto Esteban y otros c/ Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos y otro s/ art. 29 ley 23.696'; íd., Sala VIII, 29/3/04, sent. 24.640, 'Ahumada, Ernestina Cayetana y otros c/ Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos y otro s/ art. 29 ley 23.696')" (J.N.T. nº 33, sent. nº 11.783 del 6 de julio de 2005, "Santana, José Armando y otros c/ Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos y otro s/ art. 29 ley 23.696".

En idéntico sentido (es decir, por la aplicación del plazo del art. 256 de la LCT) se han pronunciado otras Salas de esta Cámara (Sala I, 17/11/03, "Kouri, Miguel y otros c/ Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos y otro s/ art. 29 ley 23.696"; Sala II, 31/3/08, S.D. 95.629, "Kurtin, Ángel Juan y otros c/ Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos y otro s/ art. 29 ley 23.696", íd., 12/7/07, S.D. 95.116, "Banzer García Orlando y otros c/ Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos y otro s/ art. 29 ley 23.696"; Sala III, 30/4/09, SD 90.906, "Vaello, Rubén Hernán c/ YPF SA y otro s/ ley 23.696 art. 29); Sala VI, 17/9/07, S.D. 59.823, "Sleiman, José Orlando y otros c/ Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos y otro s/ art. 29 ley 23.696"; íd., 31/8/07, "Durán, Alfredo y otros c/ YPF SA y otro s/ art. 29 ley 23.696"; Sala VIII, 29/3/04, S.D. 10.101, "Ahumada, Ernestina Cayetana y otros c/ Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos y otro s/ art. 29 ley 23.696"; íd., 30/6/04, S.D. 31.952, "Rodríguez, Rubén Saúl c/ YPF Yacimientos Petrolíferos Fiscales SA y otro s/ part. accionariado obrero"; íd., 16/5/08, S.D. 33.245, "Tarrios, Rubén Daniel y otros c/ YPF SA y otro s/ art. 29 ley 23.696").

III) Con respecto al punto de partida de la prescripción, estimo que la acción quedó expedita, a más tardar, a partir del 10/2/94, por ser ese el día en que entró en vigor la Res. nº 219/94 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que estableció el coeficiente de distribución de los bonos de participación (cfr. CNAT, Sala VII, 29/2/08, S.I. 29.315, "De Souza, Rodolfo Marcelo y otros c/ YPF S.A. y otro s/ Part. Accionariado Obrero") IV) De lo hasta aquí expresado resulta que el plazo prescriptivo se cumplió, a lo sumo, el 10 de febrero de 1996, por lo que es evidente que, a la fecha de iniciación de la demanda (4 de noviembre de 2004), la acción se encontraba irremisiblemente prescripta.

V) En nada altera esa conclusión la invocación de la ley 25.471, pues el reconocimiento allí dispuesto se vincula con el derecho a las acciones Clase "C" de YPF y no con los bonos de participación.

De todos modos, a la fecha de la sanción de la ley mencionada, ya había operado la prescripción, por lo que es obvio que aquélla carecía de relevancia a los efectos pretendidos, pues sólo puede interrumpirse un plazo de prescripción en curso y no uno fenecido.

VI) En síntesis, voto por confirmar la sentencia apelada e imponer las costas de la alzada del mismo modo que las de primera instancia, es decir en el orden causado.

La doctora Estela M. Ferreirós dijo:

I) Que respetuosamente me permito disentir de manera parcial con el Sr. Juez preopinante respecto de uno de los términos de su voto, aunque ello, en el presente caso, por cuestiones meramente fácticas, no habrá de incidir en la solución final que habré de proponer respecto del presente pleito.

II) Me explicaré.

El presente reclamo se vincula a un sistema de participación muy específico, propio del proceso de privatización regulado por una normativa particular (leyes Nº 23.696, 23.697 y 24.145), que no es asimilable a la hipótesis del art. 256 de la L.C.T. -como ya señaló la sala VII de esta Cámara en su S.I. Nº 24.754, en autos "Turdó, Alberto César y otros c/ Ministerio de Economía y otro s/ art. 29 ley 23.696"- por la sola vinculación mediata del derecho que se alega con el contrato de trabajo.

Además debe tenerse en cuenta el antecedente del Fallo Plenario de esta Cámara Nº 297, dictado en autos "Veloso, Roberto c/ Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A.", del 01/09/2.000, lo que -más allá de la atipicidad del rubro por el que se demanda también vinculado a la privatización-, inclina mi ánimo a considerar que todo matiz dudoso, de existir, debe ser resuelto por un plazo de prescripción más extenso que, en la especie, cuadra con el decenal establecido en el art. 4.023 del Código Civil, conforme ya también resolvió la sala VII en su S.I. Nº 24.754, autos "Turdó, Alberto César y otros c/ Ministerio de Economía y otro s/ art. 29 ley 23.696" ya citada y también en S.D. Nº 38.140 del 17/12/04, Mardones, Eustaquio y otros c/ Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos y otro s/ art. 29 ley 23.696" y en S.D. Nº38.323 del 16/05/05 - "Giacoboni, Pedro Paulo y otros c/ Y.P.F. S.A. s/ art. 29 ley 23.696"..

III) Sin perjuicio de ello, debo señalar que comparto lo decidido por el vocal preopinante respecto a que corresponde tomar como fecha de inicio del plazo de prescripción el 10/02/94, por ser ese el día en que entró en vigor la Resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Nº 219/04, pues es éste el momento a partir del cual se estableció el coeficiente de distribución de dichos bonos (en igual sentido ver, de la sala X de esta Cámara, "Cortés, César E. y otros c/ Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos y otro s/ art. 29 ley 23.696" de fecha 20/04/04 y de la Sala VII, S.D. Nº 38.789 del 04/10/05, "Cantero, Antonio y otros c/ Y.P.F. S.A. y otro s/ art. 29 ley 23.969") y que en nada puede alterar la suerte del presente litigio la invocación que hace el apelante de la ley 25.471, pues el reconocimiento allí dispuesto se refiere al derecho a las acciones clase "C" de YPF y en modo alguno se alude en dicha norma a los bonos de participación que se reclaman en la presente causa.

Por ello, aún considerando que el plazo de prescripción que debe aplicarse es el decenal, toda vez que la presente causa se promovió el 4 de noviembre de 2.004 (ver cargo de fs. 18) voto por confirmar el fallo de grado en cuanto considera prescripto el reclamo de los actores.

Por ello, el Tribunal RESUELVE: Confirmar la sentencia apelada e imponer las costas de la alzada del mismo modo que las de primera instancia, es decir en el orden causado.

Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase. Estela M. Ferreirós. - Héctor C. Guisado á