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Facultades jurisdiccionales, facultades de la administración, revisión judicial de actos administrativos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: "G., P. A. c/ C. s/ Reclamo s/ Apelación art. 7° Ley VII N° 22 (antes 4219)" s/ Recurso de Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-06-25

El ejercicio de funciones jurisdiccionales por la Administración fue objeto históricamente de cuestionamientos, los que fueron zanjados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el leading-case "Fernández Arias.", que las validó sólo en la medida en que operare respecto de ellas control judicial suficiente.- Y volvieron a la palestra justamente respecto de las competencias de jueces administrativos en "Angel Estrada.", caso resuelto el 05/4/05; allí el Cimero Tribunal insistió ".. la denominada "jurisdicción primaria" de las agencias administrativas comprende los conflictos que originalmente corresponden a la competencia de los jueces ordinarios, pero que en virtud de la existencia de un régimen propio, incluyen determinados extremos comprendidos dentro de la competencia especial de un cuerpo administrativo (confr. "United States v. Western Pacific Railroad".), con la salvaguarda de que la palabra final sobre la validez de las órdenes o regulaciones dictadas por aquél siempre compete a los jueces ordinarios" (Considerando 13).- Y agregó ". es relevante añadir que no cualquier controversia puede ser válidamente deferida al conocimiento de órganos administrativos con la mera condición de que sus decisiones queden sujetas a un ulterior control judicial suficiente.

Los motivos tenidos en cuenta por el legislador para sustraer la materia de que se trate de la jurisdicción de los jueces ordinarios deben estar razonablemente justificados pues, de lo contrario, la jurisdicción administrativa así creada carecería de sustento constitucional." e importaría un avance indebido sobre las atribuciones que se definen como propias y exclusivas del Poder Judicial.

Operado ese control, en el marco del procedimiento que haya sido estatuido, el juez administrativo habrá de sujetarse a la decisión.- Estas son las reglas derivadas de la norma específica, que determina una revisión judicial directa de estos pronunciamientos.
Beneficio de litigar sin gastos, personas jurídicas
Materia: PROCESAL
Carátula: FRIGORIFICO Y MATADERO LA FORESTA SCA c/ M.C.B.A. s/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-08-11

La norma contenida en el art. 78 del Código Procesal en cuanto reserva el beneficio de litigar sin gastos a los que carecieren de recursos, debe entenderse extensiva también a las personas jurídicas en la medida de que se pruebe su impotencia patrimonial para enfrentar los gastos del proceso.
Juicio ejecutivo, juicio ordinario posterior
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BANCO DE ENTRE RIOS c/ MAYDANA, JORGE RAMON s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-02-11

Queda al recurrente la posibilidad de plantear la cuestión por otra vía, en razón de tratarse de una ejecución especial comprendida en las disposiciones del artículo 539 del Código Procesal Civil y Comercial, que autoriza la promoción del juicio ordinario y por tanto, no es sentencia definitiva.
Aplicación temporal de la ley, retroactividad de la ley, ley vigente, empleados públicos, publicación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Mercol, Italo s/ Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1993-07-05

He de entenderse como fecha desde la cual la norma afecta concretamente los derechos patrimoniales del accionante aquella en que éste comienza a estar comprendido en los términos de la ley. Es decir desde que la norma entró en vigencia, por cuanto cuando ello sucedió, ya el actor revestía la calidad de agente pasivo de la Administración Pública Provincial. Ahora bien, como la norma tuvo efecto retroactivo al primer día hábil del año de la publicación, los plazos no pueden contarse desde allí, sino a partir de que la ley fue conocida por medio de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. (Del voto del Vicente Miguel Deleonardi, mayoría.)
Debido proceso, límites del pronunciamiento
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Elliff, Carlos Horacio c/ Banco Central de la República Argentina y otro. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-08-27

Afecta la garantía constitucional del debido proceso, la admisión de planteos que no fueron oportunamente introducidos por las partes.
Declaración de rebeldía, secuela de juicio, carga de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Palma, Felidor c/ Santana, Luis s/ Ordinario por Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1994-07-04

"...la rebeldía no alterará la secuela regular del proceso; por lo tanto, aquélla no exime al actor de la carga de probar los hechos afirmados, y sólo en caso de duda constituye una presunción de veracidad a su favor."
Delitos contra la humanidad, terrorismo de Estado
Materia: PENAL
Carátula: Mansilla Pedro Pablo y otro s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-26

Los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por haber sido cometida bajo violencia física sobre la persona, imposición de tormentos agravados en virtud de tratarse de un perseguido político y homicidio calificado por alevosía resultan delitos de lesa humanidad, al inscribirse dentro del plan clandestino y criminal de represión instaurado en nuestro país a partir del golpe militar del 24 de marzo de 1976 por las autoridades de facto.
Cosa juzgada, allanamiento domiciliario, prueba
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Quiñones, Mario Martín y Otros s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-06-08

Atento que la imputación que se atribuye al imputado en la causa se basa exactamente en los objetos que tenía en su vivienda y con los cuales se lo observó salir de su casa y que se identifica con el material probatorio en virtud del cual se le atribuye otro delito, se advierte la existencia entre ambas causas de las tres identidades que caracterizan la cosa juzgada. (Dra. Catucci -en disidencia parcial-).
Recurso de inconstitucionalidad, fundamentos insuficientes, omisión de considerar cuestión propuesta, subrogancia del juez, reenvío, costas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Bertinetti, Teresa Dora Bravin Vda. de y otros (Acumulado: Hernández, Victor y otros) c/ Dirección Provincial de Vialidad y/u otros (Acumulado: Comuna de Santa Clara de Buena Vista y/u otros) s/ Recurso de Inconstitucionalidad (Quejas admitidas). Indemnización de  daños y perjuicios (Expte. CSJ Nº 379-99)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-11-29

Corresponde declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular parcialmente la sentencia impugnada, disponiendo la remisión de los autos al Tribunal subrogante que corresponda a fin de que dicte nuevo pronunciamiento en lo que fue materia de agravio si la postulación de los recurrentes vinculada a que "no era previsible que la Sala omitiera el tratamiento de la cuestión de costas y resolviera finalmente imponerlas sin ningún tipo de fundamentación" ostenta perfil constitucional y cuenta con suficiente sustento en las constancias de la causa, causándole un agravio que justifica la intervención de la Corte como Máximo Tribunal de garantías constitucionales.
Empleados públicos, sanciones disciplinarias
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Coronel, Ramón Miguel c/ Municipalidad de Gualeguay s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2000-04-26

No resulta, en principio, ilegítimo que la Municipalidad de Gualeguay haya aplicado la sanción disciplinaria de exoneración al actor con sustento en la causa prevista en el artículo 66 inciso b) de la Ordenanza Nro.1789/87, sin contar con una previa condena penal por la comisión de un delito contra la Administración Pública -objeto de dicha causal de exoneración-, teniendo presente que las correcciones disciplinarias administrativas no importan el ejercicio de la jurisdicción criminal propiamente dicha ni del poder ordinario de imponer penas.
Personal municipal, cesantía, acción de amparo, presentación extemporánea, costas al demandante
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Romero, Gustavo Hernán c/ Municipalidad de Capayán e Intendente Municipal Hoffman, Alfredo s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2014-09-15

Comparece la parte actora, interponiendo acción de amparo en contra de la Municipalidad de Capayán, persigue se declare la nulidad del Decreto que resuelve aplicarle la sanción disciplinaria de cesantía conforme a lo normado por el Art.64, inc. "a", del Estatuto del Empleado Municipal.

Que los requisitos procesales extrínsecos de admisión de la demanda deben ser corroborados en esta oportunidad procesal, de cuyo análisis surge que el acto administrativo objeto de impugnación se encuentra representado por el Decreto MC Nº 151/13, de fecha 23/Dic/13, que le fuera notificado según manifestación del propio amparista, el 09/Feb/14 , fecha a partir de la cual el actor se encontraba impuesto de su contenido, habilitándolo para interponer el recurso de revocatoria que da cuenta en su propia presentación.

Que para decidir el tribunal advierte que el día 09/Feb/14, por ser día domingo es inhábil. Razón por lo que el cómputo del plazo de quince días hábiles, previsto en el Art.2, Inc."e", de la Ley N° 4642, para interponer la demanda en tiempo hábil, debe computarse desde el 10/Feb/14, término que fenecía el día 06/Mar/14 en las dos primeras horas, por lo que habiendo sido interpuesta la demanda el 26/Jun/14 luce evidentemente extemporánea, sin que se configure ni se invoque por el amparista excepción alguna que permita apartarse del derecho vigente.

Sin perjuicio de ello, la interposición de recursos por parte del administrado en contra del decreto impugnado pone en evidencia la existencia de vías previas o paralelas administrativas y, por ende, judiciales, que permiten obtener la protección de los derechos que se estiman conculcados por el actuar del poder administrador, mediante las acciones procesales ordinarias.

Por ello, corresponde declarar formalmente inadmisible la acción de amparo interpuesta e imponer las costas al accionante.
Prueba, inspección ocular
Materia: PROCESAL
Carátula: Jorge Figueroa c/ Homisa S.A Planes de Salud y/o Federico Napoleón Jorge Decoud Griet y/o Irma Juárez s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1999-02-16

Es procedente la denegatoria de una inspección ocular atento a que lo solicitado excede el objeto del reconocimiento judicial, porque no se trata de la constatación de un hecho, sino de extraer o verificar datos de documentación, lo que a su vez, integra la prueba de informes ofrecida, lo que pone en evidencia además que la inspección ocular no es la única prueba posible.
Contrato de trabajo, entrega del certificado de trabajo, prescripción, aportes previsionales
Materia: LABORAL
Carátula: Casanovas  Honorio  Bernabé c/ Elastomeros S.A. s/ indem. art. 80L.C.T. ley 25.345.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-08-24

La obligación prevista en el art. 80 L.C.T. se encuentra incluida en el régimen genérico del art. 256 de dicha ley, por ello prescribe a los dos años ya que es inequívoca su naturaleza contractual. El hecho de que relacione en alguna medida con el status previsional (entrega de certificados de aportes previsionales) no permite considerarla ajena al dispositivo común. Este criterio no se contradice con la impresciptibilidad del derecho a los beneficios derivados de la ley previsional, porque esto no inhibe al empleador del cumplimiento de las obligaciones y/o responsabilidades que le pueden corresponder por las omisiones o inobservacias en que hubiese incurrido el pago de los aportes previsionales que estaban a su cargo (Del dictamen de la Fiscal Adjunta "ad hoc" al que adhiere la Sala)
Acción revocatoria concursal, sindicatura, consentimiento tácito
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Síndico de la quiebra c/ Rubino, Juan s/ Revocatoria concursal (Expte. Nº 204-99, Resolución Nº 75, Tomo 1,   Folio 110)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-03-28

Si el Síndico requirió a los acreedores en sus domicilios constituidos para que en el término de cinco días presten su conformidad para promover la acción revocatoria concursal bajo apercibimiento de que la no contestación será interpretada como respuesta afirmativa, hace que el silencio al respecto importe manifestación de asentimiento a la autorización necesaria para iniciar la acción de ineficacia concursal requerida por el artículo 119 Ley de Concursos 24522.
Actos jurídicos, nulidad del acto jurídico, actos nulos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: IGLESIA EVANGELIO CUADRANGULAR ARGENTINA c/ DINDABURE VDA. DE BURGOS Y OTRO s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 1984-06-06

EL SISTEMA JURIDICO ESTRUCTURADO POR LOS ARTS. 1050 Y 1057 DEL C C. DETERMINA DOS POSIBILIDADES COMO EFECTOS DE LA NULIDAD O ANULABILIDAD DE LOS ACTOS JURIDICOS: POR UN LADO EL RETORNO AL "STATU QUO ANTE" REFERIDO AL NEGOCIO JURIDICO CON DIVERSAS VARIANTES SEGUN LOS DIST INTOS CASOS DE QUE SE TRATE Y POR OTRA PARTE LO QUE HACE EN SI A LA REPARACION DE PERJUICIOS QUE VAN MAS ALLA DE LAS MERAS DEVOLUCIONES DE BIENES, FRUTOS, PRODUCTOS, ETC.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuestiones procesales
Materia: PENAL
Carátula: Humenuk, Basilio. López Atilio s/ Homicidio calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-09-17

Los argumentos relacionados con procedimientos anteriores a la sentencia definitiva son ajenos al recurso de inaplicabilidad de ley. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, derechos y garantías constitucionales
Materia: LABORAL
Carátula: Ruiz, Humberto c/ Cervecería Bieckert S.A. s/ Remuneraciones adeudadas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-09-16

La invocación de violación de normas constitucionales no comporta un adecuado sustento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si tales violaciones derivarían como consecuencia de la transgresión de normas legales no acreditada.
Costas en el orden causado, medidas cautelares, persona jurídica pública estatal, Municipalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: SANDES ANGEL Y OTROS s/ AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2008-04-04

En principio, la materia referida a imposición de costas es facultad privativa de los jueces de grado, siendo en principio el tema ajeno a la instancia extraordinaria, salvo cuando las mismas se imponen a quien no resulte vencido, o que exista inequidad en los criterios de distribución.- Sin embargo, y magüer la falta de previsión en la normativa dispuesta por la ley 1.117 y su modificatoria 1.118 respecto a la imposición de costas en los incidentes sustanciados durante la tramitación de la causa, como en el caso de las medidas cautelares, corresponde sólo en este tópico, remitirnos a los principios generales del derecho procesal civil, esto es la aplicación de lo dispuesto por los arts. 68 y 69 del cuerpo normativo mencionado. Nuestra ley formal adopta como principio general en materia de costas el criterio objetivo de la derrota, según el cual, cabe atenerse al resultado del juicio; es decir, que quien reviste la calidad de vencido en la solución del pleito debe cargar con las costas como una consecuencia de tal carácter. No obstante lo expresado, esta aparente rigidez no impide que se dispongan las costas en el orden causado, aún tratándose de incidentes, el carácter cautelar del decisorio sustentado en la celeridad de la prevención de eventuales consecuencias lesivas con proyección al tejido social (atento al carácter público del ente demandado y a las características de la medida tramitada en el incidente), justifican la distribución de costas por su orden, toda vez que el contenido fáctico de la incidencia permite tildarla de razonable en cuanto a la posibilidad de que las partes pudieron creerse asistidas en sus respectivos derechos.-
Regulación de honorarios, rechazo de la demanda, daños y perjuicios, monto del juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: BULLA DE ISSE EDIT NORMA c/ UOMA Y OTRO s/ RESPONSABILIDAD MEDICA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-14

Esta sala tiene repetidamente dicho (causas 1263 del 9.10.90, 7972 del 4.3.94, 7175 del 28.7.94) que cuando se rechaza una demanda por indemnización de daños y perjuicios, cuya determinación queda en definitiva sujeta a la decisión judicial (a ella responde la subordinación de la pretensión "a lo que en más o menos resulte de la prueba a producirse"); no corresponde adoptar de modo estricto las sumas expresadas estimativamente por el actor, sino que cabe establecer como monto del proceso la suma que razonablemente hubiera correspondido al actor de haber prosperado su reclamo. El mismo estándar, aunque para un supuesto diferente, ha sido consagrado en el nuevo art. 20 de la ley 21.839, texto según la reforma del art.

12, inc. G, ley 24.432.
Robo con armas, arma simulada, arma de juguete, escala penal
Materia: PENAL
Carátula: Meza Rausch, Daniel Alejandro s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-07

Para que se configure la figura escogida por los sentenciantes que sanciona -con una escala de tres a diez años de reclusión o prisión- el robo cometido con arma de utilería, resulta necesario que dicho objeto haya sido utilizado o blandido por el autor en una efectiva acción violenta o intimidatoria para doblegar o evitar la resistencia de quien pueda oponerse a la consumación o impunidad del acto. En el presente caso, la vendedora del local sólo pudo ver el mango de un objeto, y por ello no resulta suficiente para concluir con el grado de certeza necesario, que el imputado haya esgrimido la réplica del arma durante el hecho. (Voto de la Dra. Berraz de Vidal, adhiere la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia, Dr. Hornos en disidencia parcial).
Retención indebida, estafa procesal, pagaré, perjuicio económico, juicio ejecutivo
Materia: PENAL
Carátula: Automotores Roca S.A.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-25

La retención de pagarés que habrían sido pagados, no encuadra en el tipo de retención indebida, toda vez que la negativa a restituir un título de crédito que contiene una promesa de pago no ocasiona ningún perjuicio patrimonial. La mera iniciación de un juicio ejecutivo para el cobro de un pagaré que habría sido pagado no autoriza una imputación por el delito de estafa procesal, pues el deudor puede oponerse al progreso de esa pretensión mediante la interposición de excepción de pago.
Debido proceso, defensa en juicio, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Paraná  S.A. c/ Giro, Osvaldo s/ Ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-10-07

Es inadmisible la sujeción en el desarrollo del proceso a un ritualismo excesivo, puesto que las formas no tienen un fin en sí mismas, sino que son el instrumento que asegura la defensa en juicio de las personas y de los derechos, su aplicación debe entenderse de acuerdo a cada clase de acto, a cada situación particular; para evitar que se agravie, eventualmente, la garantía de defensa de raigambre constitucional que, junto con la búsqueda de la verdad objetiva, deben privar en toda actividad jurisdiccional.

Si las partes no tuvieron oportunidad de alegar sobre una prueba recabada por el sentenciante como medida para mejor proveer, respecto de la cual se había declarado la negligencia de la que la había ofrecido, corresponde otorgarles un plazo común de cinco días para que se expidan sobre el mérito de dicha prueba.
Empleados públicos, cesantía, reincorporación, indemnización
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: NEMIÑA, ROBERTO ENRIQUE c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1993-02-26

Al no hacerse lugar a la reincorporación del agente en razón de no haber optado este por la misma a pesar de que una ley le confería ese derecho, corresponde abonar la indemnización diferenciándose dos periodos: el primero, en el que la cesantía se considera arbitraria, debiéndose los salarios caídos, con las deducciones correspondientes y, el segundo, desde que el empleado tuvo la opción antes referida, hasta la fecha de la sentencia, por el cual corresponde pagar la indemnización sustitutiva prevista por el estatuto del empleado publico por la no reincorporación del empleado a su cargo, con los topes establecidos en el citado cuerpo legal. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Juicio de desalojo, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Branchini Inés c/ Leguizamon Carlos Mariano y otros s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-10-17

Si las partes acordaron por convenio la solución de su disputa y a tal fin se estableció el monto para cubrir los alquileres debidos y las costas de los juicios; si estos procesos de desalojo están involucrados en el acuerdo (como lo expresa la actora al pretender renunciar a la transacción) y si era deber de la actora -ante la recomposición del negocio- no llevar adelante los juicios, su conducta al pretender renunciar a lo irrenunciable, activando las demandas no notificadas, justifica que deba hacerse cargo de las costas (art.68 y 73,segunda parte, CPC).
Acción reivindicatoria, legitimación activa, prescripción adquisitiva
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: FERREYRA ELVIO c/ BERTA FERREYRA DE VILLALON s/ REIVINDICACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-11-22

El derecho de retención es accesorio a un crédito principal. Quien lo opone como excepción debe cumplir con los requisitos procesales exigibles para la contestación de la demanda (art. 166 C.P.C.); debe articularse denunciando con precisión el crédito que pretende compelerse a cumplir por el derecho de retención. Si la demandada al contestar la demanda manifiesta que "sólo podrá condenársela a restituir el terreno que posee, luego que le reembolsen todos los gastos y mejoras efectuadas", pero no dice cuales son esos gastos, montos, etc.; por tanto el Tribunal no puede suplir la omisión de contenido de la excepción, con la prueba. Debe atenerse a los hechos expuestos y al derecho invocado (art. 348, C.P.C.).-
Accidentes de trabajo, enfermedad profesional, facultades jurisdiccionales
Materia: LABORAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Rion Matías Nicolás  c/ Prevención ART s/ Enfermedad Profesional
Jurisdicción:  — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-05-31

Con la adhesión a la Ley 27.348 -materializada a través de la ley provincial nº 10.532-, no se ha trasladado a la Nación la potestad de los jueces provinciales de conocer y decidir en relación a situaciones cuya competenciales corresponde conforme a la Constitución provincial, pues no se delegaron facultades jurisdiccionales propias en violación a la Constitución Nacional, sino que por el contrario, no solo que no existió delegación alguna en tal sentido, sino que además, a través de la ley de adhesión el estado provincial pasó a tener cierta injerencia que no poseía en el andamiaje administrativo de las propias Comisiones Médicas, convenios de colaboración, mecanismos de supervisión conjunta, designación de miembros en la oficina de homologaciones -art. 3 y cc. de la ley 10.532-, todo lo cual no resulta un dato menor frente a aquellas voces que declaman su carácter de "órganos nacionales", aun cuando en el contexto fáctico existente, es verdad que no han dejado de serlo (Voto Romero)