marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Trabajadores de la construcción, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: VIVAS, RAUL O. c/ PASOS, JULIO C. Y SORIANO, OSVALDO s/ INDEMNIZACION    Y   SALARIOS  LEY  22250  S/INAPLICABILIDAD  DE  LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1991-08-06

La solidaridad establecida en el art.32 de la Ley 22250 -personal de la industria de la construcción- se refiere a las obligaciones de los contratistas respecto del "personal que ocuparen en la obra y que fueran emergentes de la relación laboral referida a la misma".

De tal modo si como en el caso, no estando acreditado que al momento del cese y por ende al momento de aplicación potencial del art.17, el actor se desempeñaba en la obra del demandado, aquella solidaridad no alcanza a este momento; llevar la solidaridad a ese extremo violaría el art.32 de la ley citada toda vez que el propio texto limita la prenotada solidaridad a las obligaciones directamente vinculadas a la relación laboral existente al momento de la ejecución de la obra. Si se admitiere lo contrario, los sucesivos propietarios que contrataran a lo largo de los años con un determinado contratista, serían simultáneamente responsables por todas las obligaciones de ese contratista por períodos posteriores al desempeño y cualquiera fuera el tiempo, con tal que se tratare de un operario o trabajador que durante ese período de años se desempeÑó a las órdenes de ese mismo contratista.
Daños y perjuicios, accidente de tránsito
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Chiosso, Sebastián Luis y otros c/ Yaquinta, Ulises Agustín o Agustino y Federación Agraria Argentina s/ Daños y perjuicios (Sumario)
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1996-12-27

Es innecesaria cualquier manifestación del asegurador dentro del plazo establecido por el art. 56 de la Ley de Seguros, por cuanto las exclusiones de cobertura se encuentran establecidas contractualmente.
Contrato de trabajo, concurso preventivo, transmisión de acciones, obligaciones solidarias, fraude laboral, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: Baseler, Jorge Roberto c/ Tintorería Industrial Muller y Cía.S.A. s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-30

Resulta solidariamente responsable conforme los términos del art.31 de la LCT, la tintorería industrial destinataria de las acciones transferidas por la restante demandada, poco antes de presentarse en concurso preventivo, subsistiendo la presunción de maniobra temeraria y fraudulenta, como fundadamente califica el síndico la conducta principal. Resulta insoslayable destacar la improcedencia del paralelismo que se arguye entre lo dispuesto por el art.31 LCT y el art.165 de la Ley de Concursos, teniendo en cuenta el fin tuitivo de la normativa laboral, destinada a la protección de créditos de carácter alimentario frente a maniobras elusivas de a responsabilidad mediante una división ficticia del capital hasta llegar en casos como el presente a su virtual vaciamiento. (CSJN 31.7.73, LL 151-353 citado en Tratado Práctico de Derecho del Trabajo T.I, pág.945).
Deuda previsional, evasión previsional
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: BAGLEY S.A. c/ D.G.I. s/ FINANCIACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-07-14

El presumir la existencia de evasión previsional debe llevar a una evaluación objetiva de los hechos para determinar la envergadura de la misma y los sujetos involucrados activa y pasivamente. No cabe aceptar tal reproche so pretexto de una actividad no estable, máxime cuando esta actividad (en el caso, zafra de la liebre) lejos de ser extraordinaria, es la habitual de la empresa en los períodos esperados, y necesariamente lleva a la contratación de personal para efectuarla, y en la cual, muy probablemente, se desempeñen en forma reiterada iguales personas año tras año. En consecuencia, debe anularse la resolución por la que se formularon cargos por aportes omitidos, y devolverse al organismo las actuaciones a efectos de que individualice los sujetos involucrados y detalle los datos y períodos que acrediten la existencia de materia sujeta a contralor, a saber: años laborados por cada uno de ellos, discriminando a su respecto el tipo de tareas atribuidas durante el año calendario de resultar que su actividad se ha extendido más allá del período de zafra; remuneración abonada; si se han efectuado descuentos previsionales y, en su caso, personal y períodos comprendidos, con expresa relación de los antecedentes tenidos en consideración; y disposiciones aplicables para el supuesto de determinarse deuda.
Recursos, queja por denegación o retardo de justicia, inadmisibilidad formal, incompetencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Yebara, Damián Enrique c/  s/ queja por privación denegación o retardo de justicia en Yebara, Damián Enrique contra ORBIS Compañía Argentina de Seguros SA sobre relación de consumo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-08-24

Corresponde declarar inadmisible el recurso de queja por privación, denegación o retardo de justicia toda vez que no encuadra en los supuestos que prevé el art. 113 inc. 4 de la CCBA y no reúne los requisitos de admisibilidad que exige el 35 de la ley n° 402. La presentación que denuncia el retardo o la denegación de justicia está dirigida a cuestionar las decisiones de la Cámara CATyRC y del Juzgado Nacional en lo Civil en tanto declararon su incompetencia para entender en las presentes actuaciones. En este contexto, lo expresado por el presentante en cuanto a que esta acción es la única posible -por encontrarse vencido el plazo para interponer el recurso de inconstitucionalidad contra la sentencia de la CATyRC no habilita la competencia del Tribunal en los términos del recurso. Ello, debido a que omite demostrar, por ejemplo, la inexistencia o ineficacia de otra vía procesal para cuestionar la decisión del juzgado civil (conforme lo exige el art. 35 inciso 3 de la ley n° 402). (Del voto de la juez Inés M. Weinberg, al que adhieren las juezas Alicia E. C. Ruiz y Marcela De Langhe. Voto en igual sentido del juez Santiago Otamendi).
Prueba, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: CORTEZ, JOSE WASHINGTON s/ HOMICIDIO-INCONSTITUCIONALIDAD Y CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1994-08-22

El tribunal no está obligado a meritar todas y cada una de las pruebas sino sólo aquellas que estime conducentes para fundar sus conclusiones.
Acción declarativa de inconstitucionalidad, caso concreto
Materia: PROCESAL
Carátula: Sánchez Uribe, Ana Elisa c/ GCBA s/ Acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-09-05

Si el objeto procesal de la demanda consiste en obtener un pronunciamiento respecto de la situación particular de la accionante, el modo en que la accionante impugna la validez constitucional de las normas que cuestiona no corresponde a una acción abstracta de inconstitucionalidad propia de la competencia originaria del Tribunal. (Del voto de los jueces José Osvaldo Casás, Ana María Conde y Luis Francisco Lozano).

Fuente del sumario: OFICIAL
Pago, actualización monetaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: RIBES GOMEG c/ IERACI s/ (LIBRO: A067 - 057)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1990-04-16

La recomposicion por depreciacion monetaria no constituye un nuevo capitulo del resarcimiento, sino simplemente el mantenimiento actualizado de los valores debidos.-
Recurso extraordinario federal, sentencia no firme, gravedad institucional, Estado, sistema republicano
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: MINISTERIO PUBLICO DE LA ACUSACION c/  s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (RECURSO EXTRAORDINARIO PARA ANTE LA C.S.J.N.)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-08-17

En orden a verificar las condiciones requeridas para habilitar la vía del artículo 14 de la ley 48, cabe recordar que tanto este Cuerpo como la Corte nacional han entendido que, en principio, los pronunciamientos que -tras anular una decisión anterior- disponen el reenvío de la causa para que sea nuevamente juzgada por otro tribunal, no constituyen sentencia definitiva o equiparable a tal a los fines de la admisibilidad del recurso extraordinario federal, no obstante lo cual ambos Tribunales han reconocido excepciones a tal recaudo frente a supuestos que permitan inferir un asunto de gravedad institucional o cuando medie en el caso cuestión federal bastante y se produzca un agravio que, por su magnitud y las circunstancias de hecho que lo condicionan, pudiera resultar frustrante de los derechos constitucionales en que se funda el recurso, por ser de insuficiente, imposible o tardía reparación ulterior; y en tal sentido, y como se ha expuesto en el remedio extraordinario local, la causa trasciende el interés particular para proyectar a toda la comunidad, al involucrar el funcionamiento de las instituciones de gobierno y el principio republicano, configurándose a tal punto un supuesto de gravedad institucional por el que cabe considerar excepcionalmente superado el recaudo aludido. (Del voto del Dr. Falistocco) - CITAS: CSJN: Fallos 310:2214 y 338:534; CSJStaFe: Spelta, AyS T 313, p 163; Rincón, T 116, p 80; Batlle Casas, T 299, p 499 y Högner, T 300, p 1. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 48, artículo 14.
Impuestos, IVA, hecho imponible, bienes inmuebles, transmisión del dominio, posesión, escritura traslativa de dominio
Materia: CIVIL-TRIBUTARIO
Carátula: "Pedro Jaimovich y Cía. S.A. (T.F. 9668-I) c/ D.G.I.". s/ impuestos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-09-30

El régimen del impuesto al valor agregado tiene objetivos propios que no coinciden siempre con las distinciones conceptuales propias del derecho privado. Así, el legislador a los efectos de precisar el momento del nacimiento del hecho imponible en los supuestos de transferencias de los inmuebles a los que hace referencia el art. 5 inc. e) de la ley de la materia y 4 de su reglamentación, sólo distingue entre el momento en que se entrega la posesión y aquel en el que otorga la escritura traslativa de dominio.
Seguros, prima, obligación principal
Materia: COMERCIAL
Carátula: ELESEGOOD DE GOUZDEN, MARIA c/ PROVINCIA SEGUROS SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-07

El pago de la prima constituye la obligación principal del asegurado y es uno de los elementos esenciales dentro de este negocio; pues, una de las particularidades que tiene el contrato de seguro y que no se advierte en ningún otro contrato, especialmente durante el lapso de su ejecución, es que el oportuno y debido cumplimiento de las cargas y obligaciones condicionan en gran medida la prestación a cargo de la contraparte, lo que revela la importancia que la colaboración entre ambos sujetos de la relación reviste en este contrato (cfr. "La buena fe en el contrato de seguro durante el tiempo de su ejecución", coordinador pablo mordeglia, p. 155; publicado en el tomo que reunió las conferencias dictadas en el "primer congreso nacional del seguro" cincuentenario de la superintendencia de seguros de la nación, realizado del 20 al 23 de septiembre de 1987, artes graficas candil srl).
Requisa personal, flagrancia, nulidad procesal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Monzón, Rubén Manuel s/ Recurso de casación Causa Nro: 2113
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-16

La requisa requiere motivación suficiente, recaudo que no se satisfase con una escueta referencia a la percepción de un "cierto estado de nerviosismo", máxime si del relato prevencional no se logra inteligir acabadamente si aquel estado era previo a la intersección de los jóvenes o si se originó a partir de este acto. Por ello, y porque mal puede hablarse de flagrancia cuando la verificación del hecho ilícito no ostensible ha sido posterior al acto de coerción cuya validez se analiza.
Daño por vicio o riesgo de la cosa, cosa riesgosa, prueba, relación de causalidad, interpretación de la ley, responsabilidad del Estado por actos ilícitos, apertura de calles
Materia: CIVIL
Carátula: BRITEZ MARGARITA c/ GCBA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS(EXCEPTO RESPONSABILIDAD MEDICA.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-28

Al tratarse de un daño ocasionado "por el vicio o riesgo de la cosa", al damnificado le basta con probar el daño sufrido y el contacto con la cosa viciosa de la cual el mismo provino, pues con la reunión de esos extremos se encuentra presumida la responsabilidad del dueño o guardián de la cosa peligrosa, quien, para eximirse o disminuir tal atribución, deberá acreditar la interrupción causal de la víctima o la de un tercero por quien no deba responder, mediante la demostración cabal de los hechos que alegue con tal finalidad.

A tal fin, se considera viciosa aquella cuya mala calidad o defecto la tornan impropia para su utilización inocua por los demás (Llambías, Jorge Joaquín, Tratado de Derecho Civil. Obligaciones, Abeledo Perrot, Buenos Aires, Tº IV-A, núms.. 2626 y 2633, págs. 598 y 610, en el mismo sentido, CNCiv., Sala A, voto del Dr. Hugo Molteni en autos "Farina de Vaquero, Gladis Alejandra c/Ledesma, Pablo Antonio y Otros s/ Daños y Perjuicios", L 270.095); características, éstas últimas, que indudablemente reúne el irregular y defectuoso sector de la calzada en que se produjera el accidente.
Modificación de cuota alimentaria, reducción de cuota alimentaria, deber de asistencia entre cónyuges
Materia: CIVIL
Carátula: T., R. c/ V.S., L. s/ DISMINUCIÓN DE CUOTA ALIMENTARIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-04

Corresponde reducir la cuota de alimentos fijada a favor de uno de los cónyuges alimentado cuando cambiaron algunas circunstancias tenidas en cuenta en la sentencia que la estableció. De ahí que, la mayoría de edad alcanzada por un hijo de ambas partes y la consecuente cesación del deber alimentario del demandado hacia él, además del hecho de que el conyuge beneficiario viva en mejores condiciones que el alimentante y su nuevo grupo familiar, sumados a la falta de acreditación de la participación del alimentante en la administración, uso y usufructo de los bienes de la sociedad conyugal, configuran factores que justifican la reducción de la cuota.
Seguros, falta de pago
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Garcia, Lino Roberto c/ El Centinela Cooperativa de Seguros Limitada s/ Cumplimiento de contrato - Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-11-03

Si el asegurador dispone el cobro de la prima en el domicilio del asegurado, es razonable que éste piense que tal procedimiento es válido, y entonces no podrá el asegurador invocar mora en el pago, si él omitió concurrir a cobrar la prima al domicilio del asegurado, como lo había hecho anteriormente. Si el cobro habitual de las cuotas fuera de término fue una costumbre o comodidad del cobrador y es aceptado por la compañía aseguradora y reiterado, deja sin efecto la convención sobre mora automática.
Constitución Nacional, defensa en juicio, prescripción de la acción penal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Sudamericana de Intercambio  SACI y F. c/ Administración General de Puertos s/ repetición.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-31

Debe reputarse incluido en la garantía de la defensa en juicio (art. 18 de la Constitución Nacional) el derecho de todo imputado a obtener, después de un juicio tramitado en legal forma, un pronunciamiento que, definiendo su posición frente a la ley y a la sociedad, ponga término, del modo más rápido posible, a la situación de incertidumbre y de innegable restricción que comporta el enjuiciamiento penal. Tal pronunciamiento puede consistir en la declaración de prescripción de la acción penal.
Aclaratoria (procesal), sentencia arbitraria, fundamentación de sentencias, fundamentación insuficiente, excesos u omisiones en el pronunciamiento, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: Pantano, Dionisio c/ Tendler Hermanos  SA . y otro. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-31

Resulta claro el defecto de argumentación que presenta la resolución aclaratoria, con relación a la sentencia que impuso las costas de segunda instancia en el orden causado pues, mientras esta decisión lleva a cada apelante a soportar sus propios gastos en ambos procesos acumulados, en aquélla resolución se estableció un régimen diferenciado para cada juicio, lo que introduce una modificación substancial y que contradice lo decidido sobre el tema en la sentencia, apartándose de la competencia que asignaba al tribunal el art. 166, inc. 2x, del Código Procesal sólo para las situaciones contempladas en este texto legal.
Descanso semanal, descansos no gozados
Materia: LABORAL
Carátula: ESTEVEAO, FERNANDO c/ GASOGENA ARGENTINA SAI. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-08-26

Aunque el convenio suscripto entre la empresa y sus trabajadores contemple el pago de los francos compensatorios trabajados y no gozados, ello no es procedente en virtud del principio del conglobamiento por instituciones (artículo 9 LCT. - To - y 6 de la ley 14250) correspondiendo la aplicación del artículo 207 de la LCT.

(To.) Que condiciona el pago al goce efectivo del descanso.
Privatizaciones, reforma del Estado, interpretación de la ley, derechos del trabajador
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO-LABORAL
Carátula: Saddakni, Lidia Inés c/ E.N.Tel. Empresa Nacional de Telecomunicaciones y otros s/ despido.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-13

Si bien con el dictado de la ley 23.696 y su decreto reglamentario 1105/89 el objetivo del legislador ha sido impulsar un programa de privatizaciones tendiente a superar la grave crisis financiera del Estado, y a tal efecto le ha otorgado amplias facultades al Poder Ejecutivo, también ha querido el legislador -y así lo dispuso claramente en el texto legal- que en la ejecución de ese programa los trabajadores no dejen de estar amparados por las instituciones del derecho del trabajo (art. 42, ley 23.696), entre las que cobra una particular relevancia la que tutela el crédito laboral en el caso de transferencia de establecimientos.
Ejecución de sentencia, embargo, posesión de buena fe, presunciones
Materia: LABORAL
Carátula: Pavan, Carlos Ramón c/ Panadería Santa Rosa y/u otro s/ Despido, preaviso y otros-Inc. tercería de dominio
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-09-15

Al tratarse los embargados de bienes muebles no registrables, rige con todos sus efectos lo dispuesto por el artículo 2412 del Código Civil, esto es, que la posesión de buena fe hace presumir su propiedad. Surgiendo de las constancias de la causa que los bienes en cuestión estaban, al momento de la traba, en el inmueble que alquilaban los incidentantes, sin que la recurrente haya probado lo contrario ni acreditado que no les pertenecían y sin haber invocado siquiera mala fe, pesando sobre ella la carga de demostrar tales extremos, por lo que debe confirmarse la sentencia que hizo lugar a la tercería.
Pensiones, hijos, cónyuge supérstite, derecho de propiedad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: NOCERA de ORUETA, EMMA MARIA c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles s/ SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-30

Encontrándose un hijo menor en goce del beneficio de pensión, permitir la coparticipación del mismo con la madre produciría una afectación en el goce, constituyendo un cercenamiento confiscatorio respecto del monto, por lo que se vulneraría el derecho de propiedad del menor, afectando la garantía constitucional otorgada en el art.

17. Dicho criterio no niega el fin esencial de las leyes previsionales en cuanto a cubrir riesgos de subsistencia y de ancianidad, por cuanto la progenitora es quien administra el beneficio gozado por el menor, y frente a una eventual coparticipación no variaría la situación patrimonial en el hogar.
Tarjeta de crédito, reconocimiento de firma
Materia: CIVIL
Carátula: Banco Caja de Ahorro c/ Ricardo Aucar s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1997-03-25

La ejecutante ha adjuntado un certificado de saldo deudor de tarjeta de crédito y una solicitud de afiliación a la tarjeta Mastercard, reconociendo el demandado su firma en la referida solicitud; y teniendo en cuenta las características y funcionamiento del sistema "tarjeta de crédito", se advierte que tal certificación carece de aptitud eficiente para otorgar convicción acerca de su procedencia;

máxime cuando la propia actora ofrece como prueba de ello los resúmenes de cuenta -que nunca acompañó-, que sirven junto con los denominados "cupones" suscriptos por el obligado a la determinación de la deuda. Abundante doctrina expresa que los referidos cupones son el elemento necesario y el nexo instrumental único que en determinado momento identifica específicamente en una persona física o ideal a cada uno de los tres sujetos normalmente intervinientes en la compleja relación trilateral que plantea el instituto.
Sentencia, fundamentación de sentencias, voto de adhesión
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bilo, Antonio. c/ Patrono de Berardi, María Teresa. s/ Sentencia. Fundamentación.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1985-11-22

La validez de la sentencia estar a condicionada por el grado de remisión, por la entidad de esa adhesión al precedente jurisdiccional o doctrinario. Habrá un punto en que la sola invocación de lo dicho o resuelto por el anterior no suplirá la necesaria exteriorización del propio, personal e indelegable pronunciamiento, circunstancia que al no quedar satisfecha quitará a la sentencia una cuota de contenido, que por ser esencial, determinar a su nulidad.
Suspensión de la prescripción de la acción penal, funcionarios públicos
Materia: PENAL
Carátula: Agüero, Adriana s/ pta. inf. art. 173 y cc. del CP
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-11-02

El único requisito para la procedencia de la suspensión de la prescripción de la acción penal es que el imputado, desempeñando un cargo público, haya participado en un delito cometido en el ejercicio de la función pública. (del voto del Dr. Candisano Mera)