Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-11-26


BERRA, Hilda Inés contra PROVINCIA DE SANTA FE Reg.: A y S t 193 p 368-372.

Santa Fe, 26 de noviembre del año 2.003.

VISTOS: Los autos "BERRA, Hilda Inés contra PROVINCIA DE SANTA FE sobre RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION" (Expte. C.S.J. nro. 322, año 1.994), venidos para resolver la concesión del recurso extraordinario interpuesto para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y;

CONSIDERANDO:

1. Contra el decisorio de este Cuerpo, registrado en A. y S. T. 177, págs. 325/330, que resolvió declarar improcedente el recurso contencioso administrativo, interpuso la actora el remedio extraordinario previsto en el artículo 14 de la ley 48.

En primer término, en el título I "Requisitos comunes de la admisibilidad" afirmó que se cumplimentan todos los recaudos necesarios, enunciándolos seguidamente.

Agregó en el punto II, con respecto a los requisitos propios, que se advierte la existencia de una cuestión federal directa, en tanto se impugna una acto que resulta incompatible con la Constitución Nacional.

Adujo, en cuanto a la procedencia sustancial, que la sentencia es arbitraria por cuanto fundamenta sus afirmaciones en consideraciones de pruebas cuya producción resulta imposible para ambas partes del proceso.

Aseveró que la prueba informativa es clara y expresamente menciona la similitud de funciones y determina la categoría correcta de encasillamiento que le corresponde.

Consideró que la misma tiene eficacia probatoria suficiente, ya que solo se puede discutir su veracidad mediante impugnación de falsedad, cuestión que no se planteó en el proceso.

Continuó diciendo, que cabe preguntarse de que modo se podrían probar las actividades del causante acontecidas hace más de 30 o 40 años, destacando que el mismo se encuentra fallecido, señalando además, que el fallo pone en dudas la prueba informativa producida por la Provincia, quién posee la documentación, archivos y registros contables.

Seguidamente, resumió las causales de arbitrariedad de la sentencia, sosteniendo que resulta contraria a la ley, carece de fundamentos normativos, interpreta irrazonablemente las pruebas, no es congruente con las pretensiones de las partes, se apartó de la verdad objetiva y no aplicó el derecho vigente.

Dijo que la cuestión federal se basa en la vulneración del derecho de propiedad y el principio sustitutivo del haber jubilatorio.

Expresó que el sistema previsional santafesino es de reparto, con beneficio definido, por cuanto la cuantía de prestación está determinada y definida por ley, cuya expresión se encuentra en el porcentaje del sueldo del cargo desempeñado.

Citó doctrina, en apoyo de su tesitura.

Resaltó, que la movilidad de los haberes previsionales se encuentra garantizada por los artículos 14 bis de la Constitución Nacional y 21 de la Carta Magna Provincial. Consideró además, que se vulnera el principio de igualdad en atención a la manifiesta desigualdad que surgiría de la existencia de dos cargos similares con distinta remuneración, uno en actividad y otro en pasividad.

En el subtítulo "Hechos o antecedentes", cuestionó el decisorio por sostener que la prueba rendida en autos no ilustró acerca de las funciones y tareas inherentes al cargo desempeñado por el causante cuando se encontraba en actividad con respecto al agente que se desempeña actualmente, a pesar de que a fojas 100/104 se informa las funciones del Secretario Electoral, lo que interpreta la recurrente que significa que la Administración reconoció el cargo del señor Berra y determinó la categoría escalafonaria que le corresponde.

Además, dijo que las realidades cambiantes debido al tiempo transcurrido a las que alude la sentencia, no constituyen un argumento suficiente para denegar el reajuste, en atención a que si bien ha variado demográficamente la población y en la actualidad un funcionario debe atender la situación de una mayor cantidad de ciudadanos, considera que los funcionarios tienen mayor cantidad de agentes bajo sus ordenes para la delegación de tareas, así como también a su disposición elementos informáticos que facilitan la tarea, mientras que antiguamente el trabajo se hacía de manera más artesanal y detallista.

Por último, aseveró que existen dos tipos de libertades e igualdades, una formal, que recibe la garantía del derecho para proteger la individualidad y otra substancial, que cuando está contenida en una norma constituye una obligación de hacer del Estado, dentro de las cuales ubica a las prestaciones previsionales.

En ese sentido, dijo que el Estado debe cumplir adecuadamente con la obligación, por lo que debe averiguar la real equivalencia de los cargos y funciones y no hacer recaer la carga de la prueba en quién lo pide, diferenciando este proceso de los civiles y comerciales.

Corrido traslado a la contraria, está contestó a fojas 191/195, postulando su rechazo fundado en la inadmisibilidad e improcedencia del mismo. 2. Encontrándose los presentes a estudio de este Cuerpo, corresponde emitir un juicio fundado acerca de la viabilidad del recurso federal interpuesto.

Cabe señalar que la mera deducción del recurso, así se lo base en la arbitrariedad del fallo, no justifica la concesión o denegación automática del remedio federal, sino que es imprescindible efectuar un juicio fundado de admisibilidad (A. y S. T. 67, pág. 441; T. 71, pág. 276; T. 77, pág. 439; T. 89, pág. 58; T. 128, pág. 1; entre otros).

A tales efectos es menester que en el escrito de interposición del recurso federal se rebatan y neutralicen cada uno de los motivos expuestos por la Corte para fundar su decisión, trayendo razones de peso en orden a destruir la fundamentación de tal decisorio por considerarlo lesivo de derechos constitucionales.

Ello es así, por cuanto la propia naturaleza de la vía extraordinaria prevista en el artículo 14 de la ley 48 -recurso extraordinario de apelación-, exige que el recurrente impugne el pronunciamiento que objeta demostrando, asimismo, ante la Corte, por qué considera que el pronunciamiento impugnado no satisface el derecho federal invocado.

Realizando el análisis señalado precedentemente, se advierte que la pieza recursiva no se basta a sí misma, quedando de tal modo incumplida la exigencia del artículo 15 de la ley 48 (Fallos 298:793;302:155). En efecto, la impugnante no efectúa un mínimo relato de los antecedentes de la causa, resultando así insuficiente en orden a demostrar los fundamentos de fondo relacionados con la cuestión constitucional planteada. Tal como lo ha sostenido reiteradamente el más alto Tribunal nacional, su sola lectura tiene que ser suficiente para la comprensión del caso (Fallos: 302:1171; 306:885; 307:885); de modo que haga innecesario a tal fin la lectura del expediente (Fallos 307:885; 308:51).

Esta exigencia de fundamentación autónoma, es especialmente exigible cuando la impugnación de la sentencia apelada se basa en la doctrina de la arbitrariedad, -como en el sub judice-, pues en esta situación está a cargo del recurrente la primordial demostración de que, no obstante la aparente existencia de fundamentos no federales, su agravio se vincula con el desconocimiento de disposiciones constitucionales (Fallos 306:1004).

No obstante que lo expuesto, es suficiente para sellar la suerte adversa del recurso extraordinario deducido, es dable señalar, que el mismo igualmente no podría prosperar. En el caso, no resultan idóneos para habilitar la instancia extraordinaria los planteos de arbitrariedad efectuados, ya que una inteligencia del sistema previsional no coincidente con la propuesta por la recurrente no la convierte en inconstitucional, sino que solo conforma disenso con el criterio sustentado por el Tribunal, en el ejercicio de funciones propias y ajena a la instancia del remedio extraordinario, máxime cuando se han expuesto razones suficientes que descartan la tacha de arbitrariedad invocada.

Es que, pese al matiz constitucional que pretende darle a sus planteos, ninguno de los agravios de la impugnante logra neutralizar el núcleo central del fallo.

En efecto, consideró el Tribunal, en el decisorio en crisis, que en el sub judice no concurre ningún elemento del que pueda extraerse que la nueva clasificación presupuestaria refiere, a la misma función que desempeñaba el causante.

"Muy por el contrario: no hay razones para así entenderlo, a poco que se tenga en cuenta, que el presente caso, exige comparar términos en los que han transcurrido unos treinta años... lapso en el que no es desechable que las realidades cambiantes en las que se desenvolvieron las funciones del Estado pudieron haber dado lugar a aspectos y valoraciones que, al momento de prestar servicios el causante, podían no existir (criterio de Fallos 306:911).En este sentido, no resulta un dato menor la transformación normativa operada por la reforma de la Carta Magna local en 1.962, a raíz de la cual el Tribunal Electoral alcanzó jerarquía constitucional, razón tenida en cuenta por la Administración al dictar el decreto 1702/82".

Tales conclusiones, no resultan conmovidas por los planteos de la compareciente atinentes a que en la actualidad un funcionario tiene que atender la situación de una mayor cantidad de ciudadanos, atento a la variación demográfica de la población, pero cuenta con una mayor cantidad de agentes bajo sus ordenes que facilita su tarea y con elementos informáticos y que por el contrario, antiguamente el trabajo se hacía de manera más artesanal.

Se advierte, que la quejosa, no hace más que reconocer la variación de las funciones (mayor número de agentes a su cargo, "atender la situación de una mayor cantidad de ciudadanos", conocimientos de informática), es decir, las realidades cambiantes en las que se desenvolvieron las funciones por el tiempo transcurrido; no obstante lo cual insiste en el desarrollo de su propia tesitura, la que sólo trasunta disconformidad con la solución dada a la causa, lo que no entraña cuestión constitucional como para operar la apertura de la vía extraordinaria intentada.

La circunstancia de que las conclusiones fueran adversas a la postura de la recurrente no implican causal de arbitrariedad, habida cuenta que en definitiva, no logra evidenciar que el Tribunal, en el decisorio en crisis, haya desbordado las posibilidades hermenéuticas aceptables desde el plano constitucional ni que resulte absurdo, inmotivado o irrazonable como para permitir la descalificación de la sentencia como acto jurisdiccional válido.

Tampoco encuentran andamiaje suficiente las argumentaciones esgrimidas por la impugnante orientadas al cuestionamiento de la valoración de la prueba, más sin aportar razones que convenzan que el tribunal en el alcance asignado, se haya apartado del marco propio de la función jurisdiccional.

Ello así, por cuanto surge de la lectura del decisorio que el Tribunal analizó exhaustivamente las pruebas ofrecidas por la actora y por la demandada (ver: fojas 174, 175 y 176), concluyendo que no sólo se ha omitido la mención y detalle de las funciones que en la práctica cumplía el causante, sino que tampoco se especifican las tareas correspondientes a quién ocupa el cargo en la actualidad. Y en el recurso, la impugnante se agravia de que las partes no pueden probar las actividades del causante acontecidas hace más de 30 o 40 años, destacando que éste se encuentra fallecido y que la Administración informó a fojas 100/104, las funciones del Secretario Electoral y reconoció la categoría que le corresponde al Sr. Berra, argumentos que quedan sin sustento, a poco que se repare que conforme surge de las constancias de la causa y los fundamentos del fallo, el funcionario oficiado detalló los haberes nominales correspondientes a una categoría 24 e informó que "las funciones del Secretario Electoral de la Provincia se corresponden a la categoría 24 del escalafón establecido mediante dec. 2695/83"(foja 100/104), sin precisar las funciones correspondientes al cargo.

En definitiva, los supuestos vicios vinculados a la valoración probatoria revelan tan sólo el empeño de la recurrente en lograr una diferente interpretación y valoración -opuestas a las que efectuó esta Corte- de las circunstancias fácticas acontecidas en orden a merituar la improcedencia de la pretensión de la actora.

En suma, los planteos de la impugnante que no se hace cargo de que ninguna precisión se ha dado en orden a tener acreditado el supuesto fáctico que hubiese justificado la procedencia del recurso, la similitud de funciones entre el cargo por el cual se demandó y las desempeñadas en su hora por el causante, no resultan, en definitiva, suficientes en orden a satisfacer el requisito de esgrimir argumentos que constituyan una crítica razonada y concreta de los fundamentos que expuso el Tribunal para decidir como lo hizo (cfr. Fallos 310:1465; 311:499; 320:769, etc.).

Sabido es que la tacha de arbitrariedad no incluye la discrepancia del recurrente con el criterio utilizado por los jueces de la causa en la valoración de la prueba (Fallos CSJN, 297:29; 297: 117; 302:1030; 306: 143; 307:23) ni tampoco puede configurarse como un medio de sustituir a los jueces del proceso en la decisión de las cuestiones que le son privativas (Fallos: 302:1030; 297:29; 297:117).

Igual solución deparan los restantes cuestionamientos planteados por la impugnante, dado que vistas en su desarrollo, y no obstante la invocada arbitrariedad y lesión de garantías constitucionales, tan solo traducen la insistente intención de renovar el debate sobre la valoración de las circunstancias de la causa, lo que no asume sustancia constitucional para operar la apertura de la vía intentada (Fallos 308:118; entre otros).

En definitiva, los agravios esgrimidos por la recurrente conducen a la apreciación de las circunstancias del caso y con relación a cuestiones de derecho público local, que han sido suficientemente tratadas y decididas por esta Corte en el marco de sus funciones propias, sin traspasar el límite de la discrepancia hermenéutica, de modo que autoricen a tener por configurada una cuestión constitucional -al no haberse demostrado que tales apreciaciones resulten ilógicas o irracionales o impliquen un palmario apartamiento del derecho a la jurisdicción- idónea para habilitar la instancia de excepción prevista en el artículo 14 de la ley 48.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Denegar la concesión del recurso extraordinario, con costas.

Regístrese y hágase saber.

Fdo.:GUTIERREZ-FALISTOCCO-GASTALDI-NETRI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)