Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-15


R. 351.739 "CONSULTORA CONZANI SA C/ CONTRERAS JOSE DOMINGO S/EJECUCION HIPOTECARIA".- ///nos Aires, octubre 15 de 2002.

Y VISTOS: CONSIDERANDO:

I.- El pronunciamiento de fs.254vta./7, al admitir el planteamiento de la actora, declara la inconstitucionalidad del art.16 de la ley 25.563. La demandada apela y funda sus agravios a fs.275/9, los que son contestados a fs.284/7. La Fiscalía de Cámara dictamina a fs.291/2.

De acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía de Cámara, el Tribunal interpreta que ante el dictado de la ley 25.589 (B.O., nro. 29.899, del 15-5-02)), el pedido de declaración de inconstitucionalidad devino abstracto; no obstante ello, a tenor de lo previsto por la ley 25.640 (art.1) recientemente sancionada (pub. en B.O. del 11-9-02), que dispuso prorrogar por el término de noventa días corridos el plazo fijado en el art.12 de la ley 25.589 citada, la Sala entiende que debe resolver el tema en función de los argumentos expuestos por la actora en ocasión de plantear la cuestión motivo de análisis, a la luz de las sucesivas modificaciones y complementaciones que acontecieron a partir de la sanción de las leyes mencionadas.

II.- A fs.217/21 la ejecutante formula las siguientes apreciaciones: el art.16 de la ley 25.563 afecta "el debido proceso legal, la tutela judicial efectiva, el derecho de propiedad, el derecho de trabajar, el derecho de peticionar ante las autoridades ... afecta gravemente derechos y garantías de rango constitucional, en particular los artículos 14, 17, 18 y 28 de la CN, a saber: legalidad y razonabilidad y seguridad jurídica, a la vez que afecta el derecho de propiedad ... burla el principio de división de poderes y un insostenible avance sobre el legítimo ejercicio de la profesión de abogado" (fs.217/vta./218).

Por principio, la declaración de inconstitucionalidad de una ley es un acto de suma gravedad institucional que debe ser considerado como "última ratio" del orden jurídico (CSJN, in re "Rallín, H. y otros", del 7-5-91, y sus citas, pub. en L.L., t.1991- D-p.474).

De ahí que a la actora, interesada en obtener la declaración de inconstitucionalidad del art.16 de la ley 25.563 le correspondía demostrar claramente de qué manera la norma aludida contraría la Constitución Nacional, causándole de ese modo un gravamen. Para ello era necesario -y no lo hizo- que precisara y acreditara fehacientemente en el proceso el perjuicio que le origina la aplicación de la disposición, pues la invocación de agravios meramente conjeturales -como sucede en el caso- resulta insuficiente para descalificar el precepto o procedimiento impugnados (CNCiv., Sala C, R.188.703, in re "Allen, T. c/ Federico, T. s/ desalojo", del 16-4-96; id.id., R. 264.141, del 6-9-99; id.id., R.332.225, del 12-2-02 y sus citas, entre otros precedentes).

Coincide el Tribunal con lo dictaminado por la Fiscalía de Cámara en cuanto a que la tacha de inconstitucionalidad no puede prosperar, en la medida en que se considere que la suspensión del trámite de los procesos prorrogada por la ley 25.640 aparece como razonable, teniendo en mira para ello el tiempo de vigencia de la medida y los intereses que se encuentran involucrados y se intentan salvaguardar.

En efecto, se ha procurado mantener viva la actividad empresarial y se ha tendido al resguardo de la vivienda del deudor y estos objetivos no se ven perturbados por la continuación de aquellas etapas de un proceso, ora de conocimiento ora de ejecución, en las que el deudor no resulte privado del uso y goce del bien comprometido. Esta interpretación, que tiene su base en la teleología de la ley 25.563, es además la que guarda mayor armonía con el sistema jurídico en el que se encuentra inserta, en especial, si se relaciona la preceptiva con la garantía constitucional de la defensa en juicio. El derecho, en tanto sistema, está conformado por distintos institutos jurídicos que, integrados adecuadamente, deben lograr el equilibrio y alcanzar la finalidad de aquél, es decir, el ordenamiento justo de las relaciones humanas, el dar a cada uno lo suyo (Jorge Horacio Alterini, Pablo María Corna, Elsa Beatriz Angelani y Gabriela Alejandra Vázquez, en Teoría de las ineficacias, Bs.As., ed. 2000, p.7; CNCiv., Sala C, R.345.842, in re "Banco Río de la Plata S.A. c/ García, Pablo D. s/ ejecución hipotecaria", del 30-4-02).

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ya se ha pronunciado reconociendo "en situaciones de emergencia, la constitucionalidad de las leyes que suspenden temporalmente tanto los efectos de los contratos libremente convenidos por las partes como los efectos de las sentencias firmes, siempre que no se altere la sustancia de unos y otras ("salvando su sustancia", Fallos 204- 195; además 172-21, entre otros), a fin de proteger el interés público en presencia de desastres o graves perturbaciones de carácter físico, económico o de otra índole (Fallos: 238-76-3-). En estos casos, ha dicho, el gobierno "está facultado para establecer la legislación que considere conveniente, tanto en las situaciones ordinarias como en las de emergencia, con el límite de que tal legislación sea razonable y no desconozca las garantías individuales o las restricciones que la misma Constitución contiene en salvaguardia de las instituciones libres" (CSJN, in re "Russo, A. y otra c/ C. De Delle Donne, E.", del 15-5-959).

El fundamento de las leyes de emergencia es la necesidad de poner fin o remediar situaciones de gravedad que obligan a intervenir en el orden patrimonial, fijando plazos, concediendo esperas, como una forma de hacer posible el cumplimiento de las obligaciones, a la vez que atenuar su gravitación negativa sobre el orden económico e institucional y la sociedad en su conjunto (CSJN, Fallos:136-161).

En sentido concordante, en oportunidad de fallar en la causa caratulada "Peralta, Luis Antonio y otro c/ Estado Nacional (Ministerio de Economía-B.C.R.A.) S/ amparo", el 27 de octubre de 1990 (Fallos: 313-2-p.1529), el Alto Tribunal señaló: "Horacio R. Larreta, en su dictamen del 6 de setiembre de 1934, en el recurso extraordinario deducido por Oscar Agustín Avico contra Saúl C. de la Pesa sobre consignación de intereses, enumeró los cuatro requisitos que debe llenar una ley de emergencia para que su sanción esté justificada, "Es necesario para ello: 1) que exista una situación de emergencia que imponga al Estado el deber de amparar los intereses vitales de la comunidad; 2) que la ley tenga como finalidad legítima, la de proteger los intereses generales de la sociedad y no a determinados individuos; 3) que la moratoria sea razonable, acordando un alivio justificado por las circunstancias; 4) que su duración sea temporal y limitada al plazo indispensable para que desaparezcan las causas que hicieron necesaria la moratoria"". Con criterio coincidente se ha exigido que la situación de emergencia debe ser definida por el Congreso.

En tanto se considere que el art.1 de la ley 25.563 declaró la emergencia productiva y crediticia originada en la situación de crisis por la que atraviesa el País, hasta el 10 de diciembre de 2003, para deudores en concurso preventivo e hipotecarios del sector privado, y lo que en definitiva se procura es mantener viva la actividad empresarial y resguardar la vivienda del deudor, a criterio del Tribunal, se verifica el cumplimiento de los requisitos exigidos para conferir validez a la normativa impugnada.

Por las consideraciones precedentes y de conformidad con lo dictaminado por la Fiscalía de Cámara a cuyos argumentos el Tribunal se remite, SE RESUELVE: revocar el pronunciamiento de fs.254vta./7 en cuanto declara la inconstitucionalidad del art.16 de la ley 25.563. Las costas de ambas instancias se distribuyen en el orden causado, en el entendimiento de que la actora pudo creerse con derecho a formular el planteamiento finalmente desestimado (arts.68 y 279, C.Proc.). Notifíquese y al Sr. Fiscal de Cámara en su despacho. Oportunamente, devuélvase.- JORGE HORACIO ALTERINI - JOSE LUIS GALMARINI - FERNANDO POSSE SAGUIER