Tribunal: Cámara de Apelaciones
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-11-05


1º Instancia.- Concepción del Uruguay, setiembre 28 de 2000.

Considerando: 1. En el presente fue diferida la articulada falta de legitimación pasiva para esta oportunidad (fs.45). La accionada se funda en que los rubros impugnados son exigidos por EDEERSA, a quien son abonados, según facturas emitidas por dicha entidad, por el eléctrico prestado por la misma y de acuerdo con el precio a cargo del usuario. Respecto de la "tasa" en cuestión, la prestadora actúa sólo como agente de retención de conformidad con lo establecido por el art. 72 de la ordenanza tributaria 2980, en tanto el otro concepto objetado -"contribución"-, si bien el órgano impositor es el Estado provincial, tal como quedara plasmado en el art. 34 del contrato de concesión en favor de EDEERSA, la Municipalidad local resulta ser la "beneficiaria" de la tributación. En consecuencia, siendo la acreedora de ambos rubros cuestionados la accionada, cabe desestimar la defensa opuesta.

2. El doctor C. A. B. plantea una acción meramente declarativa y "El objetivo perseguido reside que se declare al suscripto exento del pago de la tasa y contribución municipal que se me cobra en las facturas de consumo de energía eléctrica emitidas por parte de la Empresa EDEERSA, en razón de la inexistencia de la obligación o en su caso inconstitucionalidad de la ord. 2980 y 2979 en lo que se refiere a los artículos y preceptos que se detallan en la presente acción..." (textual fs.14). Concretamente, el cuestionamiento está dirigido a los ítems "Contribución Municípal 8,6956%" y "tasa Municipal CV 17,00%" que constan en la facturación (confr. fs.8). Reconoce el fundamento de la percepción del primero en el art. 34 del contrato de concesión (confr. fs.12/13), en tanto al segundo se lo relaciona con el art. 70 del Cód. Tributario y el dec. pcial. 3803/92 (confr. fs.9).

3. Si bien se cita el art. 70 del Cód. Tributario -ord. 2980- (confr. misiva de fs. 9), resulta evidente de la correlación de dicho cuerpo legal (fs. 30) con la ord. impositiva -2979 art. 23-, reformada por la 3046 (fs. 33), y el dec. 3803/92 (fs.10/11), que corresponde referirse al art. 71 -Tít. X, Cap. 3º- del mismo. Este reconocimiento inclusive se infiere de los propios términos del escrito del actor al contestar la excepción (fs.42/44), quien cita expresamente la norma del art. 72, por la que se tiene como "agente de retención" de la tasa a la entidad distribuidora de la energía eléctrica. Sentado entonces que se trata de la tasa establecida por la inspección periódica de las instalaciones y medidores eléctricos y reposición de lámparas y no de la referida a conexiones provisorias -art. 70-, cabe afirmar que desde esta óptica existe fundamento normativo para la percepción. A su vez se prevé el servicio -"inspección periódica"- en la ord. 2980, que se integra por remisión con el reformado art. 23 de la ord. 2979 (confr. fs. 33), el cual determina los sujetos obligados -"usuarios"- y la alícuota -"25%"- que es reducida por decreto provincial -3803/92- teniendo en mira la equiparación y la reducción del costo de la energía en los distintos municipios (confr. fs.10/11).

4. Entiendo que no estamos ante un impuesto al consumo y esto sólo constituye un parámetro para establecer el monto de la retribución del servicio. Su adopción lleva implícito el "uso" de la energía eléctrica por parte del sujeto pasivo como indirectamente su capacidad contributiva, y dista de ser considerado como irrazonable o confiscatorio. Por otro lado, si bien la tasa general inmobiliaria comprende entre otros al "alumbrado público" -Tít. I art. 1º, ord. 2980- no se advierte identidad ni doble imposición con motivo de la tasa por "Inspección periódica de instalaciones y medidores eléctricos y reposición de lámparas" -Cap. 3, arts. 71/73- contenida en el Título X intitulado "Instalaciones electromecánicas, aprobación de planos e inspecciones correspondientes" (art. 66 y sigtes.). Además, la expresa inclusión del "producido de los impuestos y tasas" establecido por el Municipio sobre "alumbrado" -art. 25 inc. 3 ap. d) ley 3001-, como generador de "rentas y recursos" para el ente estatal, no determina una limitación al "alumbrado público" que se consigna en el art. 1º de la ord. 2980, ni tampoco la enumeración de dicho inc. 3 es taxativa y excluyente de otros recursos que puedan originarse por prestaciones distintas, en tanto cuenten con fundamento legal o contractual (inc. 5 art. 25 cit.). Por último, si bien lo relativo al mantenimiento de las instalaciones como la responsabilidad "hasta el medidor" está a cargo de EDEERSA en la ciudad (confr. informe de fs. 71 y declaración testimonial de Gianello a fs. 82), ello no descarta la función de inspección y reposición asignada par ordenanza al propio municipio y en la especie no resulta acreditada la falta de efectividad -requisito de la tasa respectiva- del servicio, lo que es menester distinguir de la eficiencia -bondad- (confr. sobre distinción, CAp. local en "La Avícola de Caseros c. Municipalidad", LS, 1980-392; este juzgado en "Alba c. Municipalidad" 25/8/88). En resumen, no advierto en este aspecto inexistencia de obligación ni inconstitucionalidad de las ord. 2979 y 2980, que justifiquen la declaración de exención que se pretende.

5. El art. 34 del "Contrato de concesión" (confr. fs. 12) establece; "Los bienes, actos, obras, usos y ocupación de espacios, actividades, servicios, ingresos, tarifas y/o precios de La Distribuidora están exentos de impuestos, tasas, contribuciones y demás gravámenes municipales que incidan o interfieran sobre el cumplimiento del contrato, conforme lo dispone el decreto aprobatorio del presente contrato, excepto aquellas contribuciones por mejoras que incrementen el valor de los bienes de La Distribuidora. En sustitución de tales tributos municipales, La Distribuidora, abonará a las Municipalidades y Juntas de Gobierno en cuya jurisdicción preste el servicio público, el ocho por ciento (8%) de sus entradas brutas (netas de impuestos percibidos por cuenta de terceros), recaudadas por todo ingreso asociado al negocio de venta de energía eléctrica dentro de cada Municipio, exceptuándose para su cómputo, las entradas por ventas de energía eléctrica para alumbrado público y/o prestación de este último servicio en caso de acordarse esta última. La Distribuidora discriminará en la facturación al usuario el importe correspondiente a esta contribución del ocho por ciento (8%). A tal efecto aplicará sobre los montos facturados por el servicio prestado, según los Cuadros Tarifarios vigentes, una alícuota del ocho con seis mil novecientos cincuenta y seis diez milésimos por ciento (8.6956%). No puede identificarse ni confundirse el concepto en cuestión con la clásica "contribución" que se autoriza aplicar a las municipalidades por la realización de "mejoras" -confr. Título XI de la ord. 2980 art. 74-. Se trata más propiamente de un tributo provincial, a cargo de la "distribuidora" concesionaria -EDEERSA- que sustituye todos los gravámenes locales que pudieran alcanzar a ésta y, por otro lado, trasladable a los usuarios. La "contribución" que contiene el transcripto art. 34, es entonces intrínsecamente diferente a la contribución por mejoras, cuya determinación y retribución corresponde fijar a los municipios. Forma parte de un acto administrativo, que tiene necesariamente como antecedentes una ley de privatización -EPEER- y un proceso licitatorio, de manera tal que encontramos en el mismo la causa de la correspondiente percepción y se advierte, por el contrario, que ni siquiera se cuestiona en este sentido la facultad impositiva del estado provincial ni la constitucionalidad de las normas jurídicas reguladoras de la relación contractual que estableciera con EDEERSA. Ello igualmente obsta a la declaración de certeza -declarándolo exento de pago- en la forma que peticiona el accionante.

6. En conclusión, opino que no existe agravio constitucional en la medida que se planteara, ni duda acerca de la existencia de la relación jurídica (confr. "supra" ap. 2), por lo que la demanda no merece acogida y las costas deben ser soportadas por el actor por resultar la parte vencida. Por lo expuesto y lo establecido por las normas de los arts. 31, 65, 160, 310, 482 y concs. del CPCC, arts. 3º, 5º, 12, 29, 58 y concs. de la ley 7046. - Carlos A. L. Dieci.

2º Instancia. - Concepción del Uruguay, noviembre 5 de 2001.

Considerando: Que el pronunciamiento en revisión resulta arreglado a los hechos propios de la causa y a las disposiciones legales que se citan.

Que en consecuencia, al hallarse conformes todos los vocales, cabe confirmarlo por sus fundamentos, prescindiendo de las formalidades del acuerdo (art. 263, último párr., CPCC y criterio de la sala Civil y Comercial del excmo. Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos en autos "Leiva de González, Renée Argentina c. Gil Mariano Roberto y ot. - Sumario" del 29/11/96).

Que según las pautas del art. 21 de la ley 4878, la labor cumplida por el perito y la suma recibida como anticipo de gastos, sus honorarios resultan levemente bajos.

Por ello, se resuelve: Confirmar la sentencia de fs.130/133 vta., por sus fundamentos que se transcribirán; con costas al apelante vencido (art. 65, CPCC).

Regular los honorarios del doctor M. F. R. en la suma de $74 (8, 12 juristas).

Elevar los honorarios regulados a fs.138 al contador C. A. B. a la suma de $135. - Ricardo R. Rojas. - Gustavo E. Marcó. - Luis A. Ahumada.