Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2009-06-10


SENT Nº 533	C A S A C I Ó N	En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Diez (10) de Junio	de dos mil nueve, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, René Mario Goane y Antonio Daniel Estofán, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en autos: "Pajón José Alberto vs. Luque Emilio Salvador s/ Cobro de pesos".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Antonio Daniel Estofán, René Mario Goane y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, dijo:

1.- Contra la sentencia dictada por la Sala II de la Excma. Cámara del Trabajo el 7 de febrero de 2008 (fs. 231/234), la parte demandada dedujo recurso de casación, cuya concesión fue denegada por sentencia del mismo tribunal de fecha 4 de junio de 2008 (fs. 271). Contra dicho pronunciamiento la accionada dedujo recurso de queja, que fue admitido por esta Corte mediante sentencia de fecha 15 de septiembre de 2008 (fs. 334/335). Consta en informe actuarial de fs. 348, que únicamente la demandada ha presentado el memorial del art. 137 CPL.

2.- El pronunciamiento impugnado tuvo por cierta la fecha de ingreso denunciada por el actor en el escrito de demanda, y condenó al accionado al pago de la suma de $23.540,75 por los diversos rubros que se contemplan en la planilla de condena, entre ellos la indemnización del art. 80 de la LCT y del art. 2 de la ley 25.323.

3.- Los agravios esgrimidos en casación se dirigen a cuestionar el progreso de la indemnización del art. 80 LCT, lo decidido en relación a la fecha de ingreso establecida por la Cámara, y la indemnización del art. 2 de la ley 25.323 a cuyo pago condena la sentencia.

3.1.- Respecto a la indemnización por falta de entrega del certificado de trabajo, el recurrente asevera haber cumplido en término con lo establecido por el art. 80 de la LCT, ya que una vez producido el distracto puso a disposición del actor en dos oportunidades la certificación de servicios mediante cartas documentos agregadas a fs. 6/7 y 28/29. Señala que a pesar de ello, el actor no concurrió a retirar la documentación, e innecesariamente inició un trámite ante la SET, donde su parte nuevamente cumplió con lo requerido, puesto que según constancias de fs. 11 y 12, dejó la certificación de servicios en dicha sede y el actor la retiró.

Cuestiona lo considerado en relación a que la certificación entregada no se encontraba en forma por no estar certificada su firma, ya que el informe de fs. 143 da cuenta que la firma del Sr. Merletti -quien suscribe la certificación- se encuentra registrada en dicha institución a los efectos pertinentes, lo que no fue valorado por la Cámara. Añade por otro lado, que aquél informe consigna que tanto el empleador como el empleado pueden solicitar la certificación de firma, lo que no fue cumplido por el Sr. Pajón en ninguna ocasión a pesar de que la certificación de servicios estuvo en su poder en diferentes oportunidades.

3.2.- Denuncia que la sentencia contiene una desacertada interpretación y aplicación de normas procesales, como así también una apreciación inadecuada de las pruebas de la causa.

Esgrime que no corresponde aplicar el apercibimiento del art. 61 CPL, ya que sostiene que la documentación laboral y contable siempre estuvo a disposición del juzgado, y que por otro lado a fs. 104 puso en conocimiento que su mandante no está obligado a llevar la documentación contable del art. 43 del Código de Comercio por no encontrarse inscripto en el Registro Público de Comercio, sin que su parte se negara a presentar esa documentación.

Sostiene que al determinar la fecha de ingreso en base a la sola aplicación del art. 61 CPL, no se tuvo en cuenta que la presunción contenida en la referida disposición admite prueba en contrario, y que en el caso existen pruebas concluyentes en contra de la fecha de ingreso invocada en la demanda. Así, menciona que se omitió valorar la documentación acompañada por el propio actor en cuanto a la liquidación, recibos de sueldo, certificación de servicios y remuneraciones (fs. 3, 4, 5, 9); como así también documental acompañada por su parte a fs. 30, 31, 32 que no fue negada por el actor. Añade que tampoco se tuvo en consideración un medio tan relevante como la prueba pericial contable agregada a fs. 183 y 184.

3.3.- Por último, cuestiona que la Cámara haya aplicado el incremento indemnizatorio del art. 2 de la ley 25.323, sin esgrimir un argumento razonado y congruente en sus considerandos, ni llevar a consideración prueba alguna arrimada a la causa por las partes.

Señala que la sentencia omite considerar las cartas documentos glosadas a fs. 6/7, 28/29, el acta labrada ante la Secretaría de Trabajo a fs. 12, liquidaciones a fs. 30, 31 y 32, boleta de depósito judicial a fs. 33, contestación de demanda a fs. 39, acta labrada durante la audiencia del art. 69 de la ley 6204 conforme fs. 57 y decreto de fecha 31/10/2004 a fs. 58.

Destaca que de estas pruebas, surge que su parte no dio motivo alguno para que el actor inicie el presente proceso, puesto que desde el mismo momento del distracto puso a disposición del actor en el domicilio legal de la empresa la liquidación final, a fin de que percibiera las sumas que por derecho le corresponden. Indica que ante la negativa del actor a concurrir al domicilio de su mandante, quedó expedita la acción judicial a fin de efectuar el pago por consignación, lo que no pudo llevarse a cabo por la rapidez con que el actor inició el presente juicio. Señala que aún así, su parte hizo el depósito correspondiente a la liquidación final en el momento de contestar demanda, y retirada esta suma por el actor a fs. 58 vta.

4.- El análisis de admisibilidad de la casación ya fue efectuado por esta Corte en oportunidad de emitir pronunciamiento en el marco del recurso de queja por casación denegada, por lo que corresponde abordar en esta oportunidad el tratamiento de la procedencia o no de los agravios formulados.

4.1.- En relación a la indemnización del art. 80 LCT, la sentencia considera que la certificación entregada al trabajador no se encuentra en forma, ya que el informe de ANSES a fs. 143 expresa que la firma consignada en aquella no está certificada.

El referido informe expresa que la certificación de servicios del Sr. José Alberto Pajón no se encuentra con la firma del empleador certificada por autoridad competente, y que en esa UDAI Tucumán se encuentra registrada la firma del Sr. Sergio Merletti para sus efectos, añadiendo a continuación que la certificación de firma de dicho formulario puede solicitarla tanto el empleador como el empleado.

A partir de lo expresado en la última parte de este informe, el recurrente interpreta que el incumplimiento de la formalidad tenido en cuenta por la Cámara para tener por inobservada la obligación del art. 80 de la LCT, proviene más bien del trabajador antes del empleador, por no haber realizado el trámite ante las oficinas de la ANSES a pesar de que la certificación de servicios estuvo en su poder en diferentes oportunidades.

Considero que el agravio no puede prosperar, ya que atento a las particularidades que reviste el instrumento mediante el cual se pretende dar cumplimiento a la obligación del art. 80 de la LCT, el mismo debió ser entregado por el empleador con la firma debidamente certificada, sin que lo informado a fs. 143 por el ANSES alcance para eximir al empleador de la observancia de este extremo.

En tal sentido, cabe señalar que lo informado por el ANSES a fs. 143 se contrapone con el propio texto preimpreso del formulario de certificación de servicios emitido por ese mismo organismo, en donde se consigna lo siguiente: "Certifico que la firma que antecede fue puesta ante mí y corresponde a ., quien acredita su identidad con ... n° . expedida por .". Seguidamente, el formulario requiere la especificación del lugar y fecha de certificación de la firma, como así también la firma y sello aclaratorio de la autoridad certificante. A la par de ello, se resalta como información de importancia, que "La certificación de la identidad y documento del empleador o persona autorizada deberá realizarla autoridad bancaria, previsional, judicial o notarial".

De lo consignado en el formulario de certificación de servicios otorgado al actor, se desprende claramente que la firma del empleador o persona autorizada debe ser puesta en presencia de la autoridad habilitada ante quien se realiza la certificación de firma, debiendo además quien suscribe acreditar su identidad. Es decir que, de acuerdo al texto preimpreso del formulario, sería el empleador -o persona autorizada por aquél- quien debe concurrir personalmente ante el ANSES a fin de que se certifique su firma, no pudiendo ello ser cumplido por el trabajador.

La tesis sostenida por el recurrente sobre la base de lo informado por ANSES, acerca de que el trabajador debe cargar con el incumplimiento de la certificación de la firma, no puede ser admitida de acuerdo al texto expreso del formulario que le fue entregado, ya que ello pudo razonablemente hacerle pensar al trabajador, mientras tuvo en su poder el instrumento, que no le resultaba posible gestionar la certificación de la firma que obra en el formulario, más allá de lo que luego informara ANSES en este juicio.

Además, el trabajador tampoco debe necesariamente tener conocimiento de que la firma de su empleador se encontraba registrada en alguna de las entidades habilitadas para certificar firmas (en este caso el ANSES, según se informa a fs. 143), por lo que desde esta óptica -y aun cuando se admitiera que su parte pudo efectivamente gestionar la certificación de la firma del empleador ante la entidad en la que ésta se encontraba registrada- tampoco podrían hacerse recaer sobre su parte las consecuencias de la falta de cumplimiento de esta formalidad.

De acuerdo con lo considerado, los agravios expresados sobre la base de lo informado a fs. 143 por el ANSES no logran rebatir lo decidido por la sentencia, en cuanto declaró la procedencia de la indemnización del art. 80 de la LCT considerando especialmente la circunstancia de que la certificación de servicios y remuneraciones entregada al trabajador no se encontraba en forma, por no estar certificada la firma del empleador.

4.2.- En cuanto a la fecha de ingreso, resulta acertada la aplicación de la presunción del art. 61 procesal y 55 de la LCT para tener por cierta la afirmada por el actor en su demanda, toda vez que como bien lo señala la Cámara, consta en el Cuaderno de Pruebas n° 4 del actor (fs. 99 a 107) que el demandado fue intimado a presentar al juzgado la documentación solicitada por el actor -documentación laboral, contable, planilla de asistencia, recibos de haberes del empleado y demás libros de ley- bajo apercibimiento de los arts. 61, 91 CPL y cctes., y notificado de ello en su domicilio real y en el constituido, no cumpliendo con la exhibición solicitada como le fue requerida.

El justificativo esgrimido por la accionada en el escrito de fs. 104, relativo a que no se encuentra inscripta en el Registro Público de Comercio para efectuar la actividad de mayorista y supermercadista, no resulta atendible, pues no puede prevalerse del incumplimiento de una obligación legal (cód. de comercio, art. 43) para justificar la falta de exhibición de la documentación contable que le fue requerida, más allá de que su justificativo se limita a explicar las supuestas razones por las que no presentó la documentación contable, y no a la restante documentación que le fue requerida, respecto de la cual en dicha oportunidad no invocó razón alguna que justifique la falta de exhibición.

Por lo demás, la documentación agregada a la causa que el recurrente invoca como prueba en contrario -recibos de sueldo, liquidación, certificación de servicios- no alcanza para desvirtuar la presunción iuris tantum aplicada por la Cámara, toda vez que dicha documentación emana de la empresa demandada y es confeccionada unilateralmente por ella. En cuanto a la pericial contable, la misma tampoco reviste entidad suficiente para revertir la aplicación de la presunción legal, ya que los elementos tenidos en cuenta para la elaboración de la misma resultan limitados a los elementos que fueron suministrados discrecionalmente por la empresa (fs. 183 y 194). Según se especifica a fs. 183, al elaborar la pericial contable el perito sólo tuvo en cuenta los recibos de pago y el libro de registro, no constando que dicho libro haya cumplido con las formalidades legales, ni pudiendo ello ser verificado en la causa como consecuencia de la falta de exhibición del libro en cuestión.

Consecuentemente, corresponde confirmar el fallo en cuanto determina que el ingreso del actor para la accionada, tuvo lugar en fecha 10/7/96 tal como lo afirma el actor en su escrito de demanda.

4.3.- En el último punto que constituye materia de agravio, la sentencia decidió admitir la indemnización del art. 2 de la ley 25.323 reclamada por el actor.

El demandado se agravia fundamentalmente de que la sentencia incurre en la falta de consideración de diversas pruebas arrimadas a la causa, las cuales acreditarían que su parte no dio motivo alguno para que el actor diera inicio al presente proceso, por lo que sostiene que en el caso no se encuentran dadas las condiciones para conceder el incremento indemnizatorio del art. 2 de la ley 25.323.

Las constancias cuya valoración se dice omitida son las de fs. 6, 7, 12, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 39, 57 y 58, por lo que cabe considerar si lo consignado en dichas constancias alcanzaría para descalificar lo decidido por la sentencia al conceder la indemnización en cuestión; todo ello, a la luz de lo establecido por el art. 2 de la ley 25.323 y de la finalidad perseguida por esta disposición.

La norma en cuestión establece que "Cuando el empleador, fehacientemente intimado por el trabajador, no le abonare las indemnizaciones previstas en los artículos 232, 233 y 245 de la ley 20.744 (texto ordenado en 1976), y los artículos 6° y 7° de la ley 25.013, o las que en el futuro las reemplacen, y, consecuentemente, lo obligare a iniciar acciones judiciales o cualquier instancia previa de carácter obligatorio para percibirlas, estas serán incrementadas en un 50%. Si hubieran existido causas que justificaren la conducta del empleador, los jueces, mediante resolución fundada, podrán reducir prudencialmente el incremento indemnizatorio dispuesto por el presente artículo hasta la eximición de su pago".

El principal objetivo de la norma transcripta es compeler al empleador a pagar en tiempo y forma las indemnizaciones por despido y evitar litigios, y por lo tanto es presupuesto de hecho para que proceda esta indemnización, el no pago de la indemnización en tiempo oportuno.

El tiempo con que cuenta el empleador para cumplir con el pago de las indemnizaciones de ley es incierto, aunque la indemnización se aplica al empleador que no paga la indemnización por despido estando fehacientemente intimado a ello, obligando al trabajador a iniciar acciones judiciales (cfrme. Grisolía, Julio Armando; Régimen indemnizatorio del contrato de trabajo; págs. 241 y 242).

De acuerdo a las constancias de la causa, mediante carta documento glosada a fs. 6 y 29 de fecha 13 de enero de 2004, la demandada comunicó al actor que prescindía de sus servicios, y en esa misma oportunidad manifestó que ponía la liquidación final a su disposición por ante el domicilio legal de la empresa sito en autopista Tucumán-Famaillá km. 803, en el horario de 17.00 a 20.00 horas, señalando que en caso de silencio o negativa de la contraria se procedería a consignarla judicialmente. Ante la intimación al pago de las indemnizaciones de ley efectuada por el actor en fecha 29/01/2004 (fs. 8), el empleador remitió una nueva carta documento con fecha 02/02/2004 en donde ratificó los términos de su anterior misiva (fs. 7 y 28).

Atento a los términos utilizados por la empleadora en las cartas documento cursadas, de ellas no surge que las sumas puestas a disposición de la actora hayan sido las indemnizaciones a las que se refiere el art. 2 de la ley 25.323, pues en aquellas únicamente se mencionó la "liquidación final", sin especificar debidamente si dicha liquidación incluía también las sumas indemnizatorias derivadas del despido incausado.

Más allá de ello, tampoco consta que, con posterioridad al intercambio epistolar, el actor haya cobrado efectivamente las indemnizaciones por despido y preaviso que le correspondían ante el despido ad nutum efectivizado, ni que la empleadora haya consignado judicialmente el monto correspondiente a las mismas. Por el contrario, de acuerdo al acta labrada en la secretaría del trabajo con fecha 01 de marzo de 2004 (agregada a fs. 12) -que el propio demandado solicita sea tenida en cuenta para resolver sobre la procedencia del rubro en cuestión- el letrado apoderado de la firma Luque Emilio Salvador manifiesta que comparece en forma espontánea a los efectos de dar cumplimiento con lo solicitado por el funcionario en acta realizada en el local de la mencionada firma el día 25/02/2004. Sin embargo, allí el demandado no cumple con el pago de las indemnizaciones por antigüedad y preaviso, y en cambio se limita a decir que va a proceder a realizar el pago por consignación en tribunales en el fuero competente, con lo que claramente elude el pago de las mismas al no haber efectivizado consignación judicial alguna en el período inmediato posterior.

Estas son las únicas actuaciones verificadas con anterioridad al inicio del presente pleito por parte del Sr. Pajón, y las mismas evidencian claramente que la conducta reticente al efectivo pago de las indemnizaciones de ley fue la que motivó que el trabajador presentara demanda con fecha 12 de marzo de 2004 tendiente al cobro de las mismas en sede judicial (ver fs. 18/23), por lo que resulta acertada la solución a la que arriba la Cámara en cuanto condena al pago de la indemnización del art. 2 de la ley 25.323, sin que las constancias de fs. 6, 7, 12, 28 y 29, cuya valoración se dice omitida, logren revertir la solución sentencial.

No obsta a lo señalado la circunstancia de que posteriormente se hayan verificado las actuaciones de fs. 30, 31, 32, 33 y 39 de donde emerge que el demandado depositó 'en calidad de embargo' la suma de $5.000 por las indemnizaciones por antigüedad, mes de preaviso y vacaciones, y expidió recibos correspondientes a estos rubros, todo ello con fecha 14 de abril de 2004. Ni tampoco resulta relevante a los fines aquí analizados, que conforme al acta de fecha 31 de agosto de 2005 (fs. 57) la demandada diera en pago dicha suma al actor y éste la aceptara como pago a cuenta, librándose la correspondiente orden de pago a favor de este último por la suma de $5.000 (fs. 58). Todo ello por cuanto estas actuaciones son posteriores a la iniciación de la demanda por parte del actor, y por lo tanto ya se había verificado el presupuesto fáctico que habilita la procedencia de la indemnización del art. 2 de la ley 25.323.

En el caso, el incumplimiento de la demandada en el pago de las indemnizaciones, obligó al trabajador a iniciar la presente acción, y no se advierte que la empleadora haya arbitrado algún medio que traduzca su real voluntad de cumplir; por el contrario, recién varios meses después (casi seis) de haberse iniciado la presente demanda, dio en pago los rubros indemnizatorios correspondientes al despido incausado.

En ese contexto, y debido a la ausencia de real voluntad de pago de las indemnizaciones evidenciada en las circunstancias de autos reseñadas, es que tampoco encuentro mérito alguno que justifique la conducta del empleador para reducir dicho incremento, y mucho menos para eximirlo del pago del mismo, pues si efectivamente hubiese pretendido evitar el inicio de acciones judiciales, contó con alrededor de dos meses -contados desde el despido ad nutum hasta el inicio del pleito- para cumplir con el pago de las indemnizaciones de ley o con la consignación judicial de sus montos, siendo insuficiente la mera aseveración de haber puesto a disposición de la actora la "liquidación final" que le adeudaba.

Consecuentemente, la indemnización del art. 2 de la ley 25.323 a cuyo pago condena la Cámara sin reducción alguna, resulta plenamente justificado, y las constancias probatorias indicadas por el demandado en el memorial de agravios no alcanzan para revertir lo decidido al respecto.

5.- Atento al resultado arribado, las costas del recurso deberán ser soportadas por la parte demandada vencida (art. 49 CPL y 106 CPCC).

Los señores vocales doctores René Mario Goane y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor Antonio Daniel Estofán, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, y habiendo dictaminado el Sr. Ministro Fiscal a fs. 350, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo,	R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR al recurso de casación deducido por la parte demandada, en contra de la sentencia dictada por la Sala II de la Excma. Cámara del Trabajo en fecha 7 de febrero de 2008 (fs. 231/234).

II.- COSTAS conforme se considera.

III.- DIFERIR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO GANDUR RENÉ MARIO GOANE ANTONIO DANIEL ESTOFÁN ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA.