marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Daños y perjuicios, muerte de la víctima, lucro cesante, valor vida
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GIL JULIO JOSE c/ PORTA W. OSVALDO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - INDEMNIZACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1984-05-02

La indemnización debe acordarse en función de lo dispuesto por el art. 1084 C.C. sobre este particular es muy difícil sino imposible determinar el valor de la vida humana. Como bien dice Llambías, la vida humana no tiene un valor abstracto, sino que se determina concretamente porque el sujeto era capaz de producir (Llambías, " Obligaciones ", T.4 -A Nro 2357; conf. Orgaz, " El Daño Resarcible " nro 26).

Es por la significación económica del muerto, que debe determinarse el valor de su vida y ponderarse lo que sea necesario a su viuda y sus hijos para vivir, por tales necesidades, están en relación con la situación social y económica del jefe de familia.

En ese concepto la indemnización debe estar en consonancia con los ingresos del occiso. La forma m as adecuada de asegurar la cobertura a las necesidades esenciales del accionado, en lo que hace a vivienda, alimentación , vestido y educación es acordable un capital que le produzca una renta mensual suficiente para satisfacer esas necesidades.
Acciones reales, acción reivindicatoria, bienes inmuebles
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PONTI VALERIO c/ JOSE CROTTA s/ Reivindicación y Daños y Perjuicios (LIBRO: S069 - 472)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-06-01

Cuando hay confusión de límites, nos enfrentamos ante límites ignorados, y por lo tanto se hace procedente la acción de deslinde.

La acción de reivindicación, en cambio, procede cuando los límites se conocen, pero están controvertidos o cuestionados.
Accidentes de trabajo, acción civil por accidente de trabajo, derecho de opción, responsabilidad del empleador, responsabilidad contractual
Materia: CIVIL-LABORAL
Carátula: LEON, Jorge Javier c/ VENTOR S.A.C.E.I. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-11

Realizada la opción por la acción civil, la responsabilidad del empleador en un accidente de trabajo, se inscribe en la órbita contractual, derivándose de la infracción del deber de seguridad que es inherente al contrato de trabajo; por lo tanto, su procedencia queda sujeta al cumplimiento de los requisitos ordinarios en materia de responsabilidad. Así, a diferencia de lo que ocurre en la acción que confiere la ley de accidente de trabajo, el empleador no debe responder por el accidente "in itinere".-
Contratos, tarjeta de crédito, soportes magnéticos
Materia: COMERCIAL
Carátula: Franco, Carla Analia c/Banco Santander Rio SA y otro s/ sumarisimo c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-04-24

El chip a diferencia de la banda magnética es un elemento activo de seguridad. Señálese que "la banda magnética en las tarjetas de crédito regulares contiene toda la información requerida en la tarjeta, mientras que las tarjetas con chip codifican esa información en un pequeño micro chip. Generalmente, las tarjetas con chip son más seguras que las de crédito que dependen de la verificación de la firma, ya que las tarjetas con chip tienen mucha información de la cuenta oculta de la vista del vendedor".
Caducidad de instancia, costas al demandante, honorarios
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Pérez, Ramón Héctor c/ Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca s/ Acción de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-03-12

La apoderada de la parte demandada, Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca, solicita regulación de sus honorarios por los trabajos realizados quien toma participación en la causa manifestando acuse de negligencia en la producción de la prueba y plantea la caducidad de instancia, Obra Sentencia Interlocutoria Nº 57/12 dictada por esta Corte de Justicia, por la cual se resuelve declarar la caducidad de la instancia con costas a la parte actora. Al no existir una determinación pecuniaria del asunto sometido a la jurisdicción, corresponde analizar los otros aspectos que deben ser valorados a los fines de la regulación de honorarios, como lo son los aspectos jurídicos relativos a la importancia de los trabajos, calidad, eficacia, extensión y éxito obtenido (Art. 6 de la Ley 3956).

Por ello, corresponde regular los honorarios profesionales de la Dra. S.M.B por la labor desarrollada en la presente causa, en la suma de PESOS MIL ($1.000). Protocolícese, hágase saber y notifíquese a la Caja Forense y a la Administración General de Rentas.

(Del voto de la Dra. Sesto de Leiva y del Dr. Lilljedahl, por la mayoría)
Cuestiones de competencia, declaración de incompetencia, competencia federal, facultades del juez
Materia: PROCESAL - CIVIL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Textiles Tala  S.A. c/ Telefónica de Argentina  S.A. s/ Medida precautoria
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-08

Los artículos 4 y 16 de la Ley 16.986 no impiden que el Juez requerido examine su propia competencia, con arreglo a los arts. 4 y concordantes del Código Procesal; ello así, máxime tratándose de "jueces federales, que deben entender excepcionalmente, en los casos previstos en el art. 100 de la Constitución Nacional.
Violencia familiar, exclusión del hogar
Materia: PROCESAL
Carátula: M. C. G. B. s/ SITUACION LEY 2212.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-12-30

Existe una denuncia por presunto abuso sexual, y si bien es cierto que el examen físico de la menor no constató signos del abuso denunciado, asiste razón a la Defensoría de los Derechos del Niño y del Adolescente respecto a que la investigación aún se encuentra en trámite, por lo que no existe una resolución definitiva respecto del imputado.

Por otra parte no se advierte de que modo se puede preservar a la menor mediante la prohibición del contacto paterno-filial, si se permite el reingreso del progenitor a la vivienda familiar. De lo dicho se sigue que, por el momento, no aparece otra medida igual o más eficaz que la exclusión del hogar para preservar el interés superior de la menor presunta víctima del abuso sexual.
Acción contencioso administrativa, incompetencia
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Acevedo, José; Beltramello, José y Lagoria, Edgardo c/ Ex D.E.C.A. y Estado provincial s/ Acción contencioso administrativa de plena jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1997-06-12

Resulta incompetente la Corte de Justicia para entender en una acción contencioso administrativa, habida cuenta que no se acompaña a la demanda, documentación que permita inferir el cumplimiento de los requisitos fijados para la preparación de ésta vía en el Código de procedimiento Contencioso administrativo: el haber agotado la vía administrativa a los fines de lograr un pronunciamiento de la autoridad en última instancia, el valor del silencio para el caso de falta de pronunciamiento y el transcurso del plazo estipulado para la interposición del recurso contencioso administrativo, contado desde la notificación o publicación en el Boletín Oficial, según se trate de resoluciones de carácter personal o general.
Sistema electoral, partidos políticos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: FRENTE PARA LA VICTORIA s/ Plantea Recurso
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-02-16

Debe evitarse la realización de los comicios con la oficialización de listas y boletas que no respondan al criterio ya expuesto, pues en caso contrario se crearía un estado de confusión en el electorado, inficionando con ello la regularidad del acto comicial.

Como bien lo recuerda prestigiosa doctrina, la Corte Suprema de la Nación sostuvo desde antaño que "la pureza del sufragio es la base de la forma representativa de gobierno sancionada por la Constitución Nacional, y es de importancia substancial reprimir todo lo que pueda contribuir a alterarla".
Daños y perjuicios, sociedades comerciales, sociedad anónima, socios, director suplente, lealtad comercial, competencia desleal
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: BAISUR SA c/ PRETO, FERNANDO s/ ORD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-03-27

En una acción por la cual una SA reclama los daños y perjuicios derivados de un presunto incumplimiento de los defendidos de su deber de lealtad societaria (ls 59, 274 y concs.) en tanto se trataba de ex accionistas que habian ejercido los cargos de vicepresidente y de director suplente de la accionante, resulta improcedente que la pretensora postule -como en el caso- para tener por configurada la causal de competencia desleal la constitución de una sociedad irregular entre los defendidos, con identico objeto social e iniciando actividades cuando aún ocupaban los mentados cargos.

Ello así, toda vez que si bien le asiste razón en cuanto a que dicho contrato fuera celebrado cuando desempeñaban tales cargos en su directorio; sin embargo, su mera constitución carece de virtualidad suficiente para configurar "per se" la imputación de haberse realizado los "actos" de competencia desleal que dan lugar a la pretensión incoada -aún cuando pueda coincidirse en la existencia de un idéntico objeto social- por la falta de aptitud para afectar su clientela, al no alegarse y menos probarse que tuviera divulgación en el mercado como para ocasionarle los perjuicios que se dice haber experimentado y cuyo resarcimiento persigue.
Rectificación de partida, partida de nacimiento, legitimación activa, representante legal, menores
Materia: PROCESAL
Carátula: C. de J.J.A. s/ INFORMACION SUMARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-06-21

Aún cuando la petición está encaminada a una simple rectificación de una partida de nacimiento, ello no soslaya que deba exigirse que únicamente pueda ser articulada por las personas legitimadas a tal fin. El pedido debe ser formulado por el principal interesado, pero tratándose de un menor, tiene que ser representado por el progenitor a quien le corresponde el ejercicio de la patria potestad (art. 264, primer párrafo, del Código Civil), y a falta de ellos por el tutor que se designe en los términos del art. 377 del Código Civil, careciendo de legitimación quien no revista ninguno de esos caracteres.
Fraude laboral, empleo no registrado, socio gerente, responsabilidad del socio
Materia: LABORAL
Carátula: Sotelo Erika Romina c/ Universo Futbol S.R.L. y Otros s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-10-21

El socio gerente de la empresa empleadora debe responder solidariamente por el despido de una trabajadora no registrada, ya que resultó responsable por acción u omisión de la situación fáctica de la dependiente, por lo que debe considerarse que no actuó de buena fe y con diligencia, como corresponde a un buen hombre de negocios -art. 59 de la L.S.C.-, incidiendo dicha clandestinidad en todos los aspectos esenciales del contrato de trabajo.
Acción meramente declarativa, medidas cautelares, resoluciones generales, denuncia de ilegitimidad, presentación extemporánea, deuda previsional, procedimiento de impugnación de deuda previsional, sentencia arbitraria, excesos u omisiones en el pronunciamiento
Materia: PROCESAL-TRIBUTARIO-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Federación Bioquímica de la Provincia de Buenos Aires c/ Dirección General Impositiva.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-06-30

Es descalificable el pronunciamiento que en el marco de una acción meramente declarativa, dictó una medida cautelar por la que dispuso suspender los efectos de una resolución de la DGI.

tendiente a que fuese tratada como denuncia de ilegitimidad la impugnación planteada fuera del plazo legal, respecto de las actas de inspección e infracción por las que se determinó la deuda de la demandante con el sistema de seguridad social, pues la medida otorgada por el a quo importa un injustificado apartamiento de las normas procesales que rigen específicamente la materia en examen.
Ley de defensa del consumidor, seguro de vida, seguros, denuncia del siniestro, incumplimiento del contrato, cobertura, exclusión de la cobertura
Materia: CIVIL
Carátula: Jerez, Hugo Luis c/ Sancor Cooperativa de Seguros s/ Cobro seguro de vida Cobro seguro de vida
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2015-07-03

[.] en el caso del seguro colectivo de vida obligatorio y adicional, existe sustento jurídico suficiente para entender que son consumidores de seguros tanto los tomadores como los asegurados, dado que estos son considerados consumidores, en virtud de lo expresamente normado por la Ley de Defensa del Consumidor, por ser personas físicas (o jurídicas) que adquieren o utilizan un servicio como destinatarios finales, en beneficio propio (Art. 1º, primer párrafo, Ley 24.240), y que el plazo de prescripción que debe aplicarse en el caso es el previsto en el art. 50 de la mencionada ley
Carga de la prueba, culpa
Materia: CIVIL
Carátula: CORONEL   BERNARDO  ROBERTO c/ OSUTHGRA  Y  OTROS s/ DAÑOS  YPERJUICIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-11

La carga de probar la culpa de los demandados recae sobre los actores, sea que el caso se encuadre dentro de la responsabilidad aquiliana o ya fuere que se lo emplace en el terreno de la responsabilidad contractual (conf. causas 8073 del 30.8.91 y 9316 del 8.7.93, entre muchas otras). Trátase de una obligación de "medio" y no de "resultado", donde la prueba del incumplimiento se identifica con la de la negligencia (v.

LLAMBÍAS, J. J. "Tratado de Derecho Civil - Obligaciones", 2ª.

ed., t. I, nos. 170/172 y t. IV-B, n° 2826).
Acumulación de procesos, juicio ejecutivo, procesos de conocimiento
Materia: PROCESAL
Carátula: LAGO, ELVINO E. c/ BIANCHINI, ANGELICA I. s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-23

La paralización del juicio ejecutivo pretendida en razón de la previa promoción de un juicio por nulidad del mutuo resulta improcedente si, aún dentro del marco de provisionalidad con que, en el estado inicial de las causas, es dable apreciar la verosimilitud de que goza la pretensión esgrimida por los ejecutados en el juicio de conocimiento, no se aportan elementos de juicio con entidad adecuada como para conferir al derecho que se aduce suficiente apariencia de credibilidad, por lo que no se justifica admitir la suspensión pedida. Admitir otra solución conduciría a frustrar la vía rápida que la ley le confiere al ejecutante para la percepción de su crédito.-
Ciudadanía, idioma nacional, interpretación de la ley, voluntad del legislador
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Liu, Cairong s/ solicitud carta de ciudadanía c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-02-11

La valoración del grado de dificultad en que pueda hallarse un extranjero que no conoce el idioma castellano, así como la conveniencia de establecer dicha exigencia y determinar los alcances para la obtención de la nacionalidad, son aspectos que escapan al escrutinio judicial e ingresan dentro del ámbito de exclusiva discrecionalidad del legislador.
Homicidio culposo, accidente de tránsito, fundamentación de sentencias
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Juarez, Héctor Mariano s/ rec. de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-06-27

Está debidamente fundada la condena por el delito de homicidio culposo agravado por haber sido cometido mediante la conducción imprudente de un automotor si el obrar repentino e imprudente, conforme al deber objetivo de cuidado, ha recibido suficiente corroboración, no sólo por parte de testigos sino también de las propias características del accidente, amén de contar con el propio reconocimiento de la imputada, por lo que es dable afirmar que existió una conducta prohibida, antirreglamentaria y por ello imprudente, que supera sin dudas el riesgo permitido. (Dres. Hornos, Gemignani y Borinsky).
Juicio por delitos de acción privada, llamamiento de autos, decreto judicial, notificación, falta de notificación, nulidad procesal
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: ROMAY, Argentino A. s/ Causa 32.811
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-12

Deviene nulo el decreto judicial que, siendo dictado de oficio y sin notificar al encausado ni a su defensa, dispone el pase de los autos a despacho para dictar sentencia, puesto que se trata en la especie de un delito de acción privada -calumnias e injurias- debido a que el Juez no puede impulsarla de oficio sino sólo a requerimiento de la parte querellante, lo que no aconteció en el caso.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, daños y perjuicios, indemnización, accidente de tránsito, sentencia arbitraria, culpabilidad
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Sanes Morosoles, Carlos c/ Stobaver, Alfredo y otro. s/ recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-02-25

Es improcedente el recurso extraordinario deducido contra la sentencia que rechazó la demanda de daños y perjuicios derivados de un accidente de tránsito, pues los agravios vinculados con la cuestión de la culpabilidad remiten al examen de cuestiones de hecho, prueba y derecho común, materia propia del tribunal de la causa y ajena al remedio del art. 14 de la ley 48, máxime cuando la decisión se sustenta en argumentos suficientes que, más allá de su acierto o error, bastan para excluir la tacha de arbitrariedad.
Derecho a la identidad de género, discriminación por razones de sexo o inclinación sexual, subsidio estatal, responsabilidad del Estado
Materia: DERECHOS HUMANOS-CIVIL
Carátula: G.N.B. c/ G.C.B.A. s/ Daños y perjuicios (excepto resp. médica)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-02-25

Las omisiones o insuficiencias normativas y reglamentarias en las que incurrió el GCBA por su mora en dar efectividad a las normas que tutelan la identidad de género implican un menoscabo a los artículos I, II y V, entre otros, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; artículos 1, 2, 3, 5, 6 y 7, de la Declaración Universal de Derecho Humanos; artículos 1, 2, 3, 5.1, de la CADH; artículos 2 y 3, del PIDESC y los artículos 2, 7, 16, 17 y 26 del PIDCP, como así también se una afectación a los artículos 16 y 19 de la Constitución Nacional
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, depósito judicial, bonos externos
Materia: PROCESAL
Carátula: Astilleros  Alianza    S.A.    de  Construcciones Navales Ind. Com. y Financiera c/ Y.P.F. s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-24

Si la demandada apoyó su argumento impugnatorio en que la conformidad de la actora con el depósito otorgó al pago efecto cancelatorio, pero al fundamentar el recurso sostuvo que el punto relevante a resolver era si, mediara o no conformidad de la actora con el pago, ella pudo hacer otra cosa que pagar los Bonex adquiridos por la actora, tal conducta procesal deja sin sustento válido la apelación, pues imposibilita a la Corte conocer del único agravio llevado ante la Cámara, a la vez que se encuentra impedida de analizar si el regimen cambiario obstaba al pago completo de la obligación, por no haber sido ello motivo de recurso ante el tribunal de la instancia anterior.
Costas, regulación de honorarios, costas en el orden causado, sentencia, planteo en primera instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: POWER TOOLS  S.A.C.I.F. c/ NEDLLOYD MAURITIUS s/ COSTAS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-11-10

En virtud de lo dispuesto por el art. 279 del CP, el tribunal adecuará las costas y el monto de los honorarios al contenido del pronunciamiento, aunque no hubiesen sido reclamado en su demanda a la fórmula de lo que en más o en menos resulte de la prueba de rendirse o fórmula análoga, por aplicación del art. 71 del código ritual, las costas de ambas instancias deben adecuarse en proporción al éxito obtenido por cada parte, pero con el alcance expresado en el párrafo que sigue. Como la demanda progresa sólo parcialmente, las costas de ambas instancias se distribuyen por su orden, dada las particularidades del caso y porque la distribución de dichos accesorios no debe ser necesariamente el reflejo matemático del éxito logrado por cada parte.
Indemnización por accidente de trabajo, daño moral, ley de desindexación
Materia: CIVIL LABORAL
Carátula: Cabanchik c/ Saieva Patagónica S.A. s/ Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-12-16

No hay posibilidad alguna de ajustarse en forma estricta a la ley desindexatoria en el rubro del daño moral, por cuanto y a diferencia del patrimonial, en el cual puede llegarse a una cifra que responda a los parámetros fijados en dicha norma, en el resarcimiento de las lesiones en el espíritu y ánimo del damnificado por el evento dañoso no se encuentra el "valor real y actual" de la prestación que constituye la indemnización por este menoscabo.
Empréstito forzoso, constitucionalidad, tributos
Materia: CONSTITUCIONAL - TRIBUTARIO
Carátula: Horvath, Pablo c/ Fisco Nacional (DGI.) s/ ordinario (repetición).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-04

La constitucionalidad del empréstito forzoso es admisible en tanto se conciba que ésta participa del genero tributo y, por ende - sin desconocer sus peculiaridades - se respeten los principios básicos de la tributación.
Poder Judicial Provincial, organización de la justicia, autonomía provincial, Superior Tribunal de Justicia, Corte Suprema de Justicia de la Nación, proceso judicial, terminación del proceso, competencia derivada
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: García Gustavo Alberto y otros s/ Peculado y malversación culposa de caudales públicos
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 2005-09-06

Quebraría la organización judicial autónoma de la provincia considerar que el proceso no concluye en su propio ámbito. Dicho de otro modo: fracturaría la integridad de la autonomía de la administración de justicia entender que la mera petición de intervención de la máxima instancia judicial de la Nación mantiene con vida el proceso cuyo tratamiento y resolución recae -por mandato constitucional- en los tribunales provinciales. Esta visión es reconocida por nuestro código de rito cuando establece, entre otros supuestos, que la prisión preventiva del imputado cesará en forma automática cumplido el término de dos años sin que se hubiese agotado la instancia recursiva local (art. 285 CPP). El proceso es visto como un todo, propio del ámbito provincial. La integridad de la actividad judicial provincial lleva a sostener la conclusión del proceso con la intervención de este Superior Tribunal de Justicia; sin perjuicio -claro está- de las atribuciones que la ley 48 otorga a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Declaración testimonial, instrucción, jueces
Materia: PENAL
Carátula: DAVID, STELLA MARIS s/ AMPARO S/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1993-10-12

No se configura una violación al derecho de defensa en cuanto no se le permite al letrado presenciar una testimonial, pues es facultad de los jueces de instrucción permitir la asistencia o no del abogado defensor al acto.-
Acciones reales, acción reivindicatoria, posesión, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BERRONDO DE FRANCO LILIA Y OT. c/ PEUMAYEN RUGBY CLUB s/ Reivindicación (LIBRO: S069 - 364)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-04-26

El título supletorio presentado por el reivindicante, no lo releva de probar en el reivindicatorio los extremos posesorios de su usucapión. Ya que el juicio de usucapión tiene por objeto conceder al pretendiente la inscripción del inmueble a su nombre, pero como tal no hace variar la situación posesoria real en sí. La cosa juzgada que la sustenta, no tiene por objeto generar una situación posesoria, sino determinar los efectos jurídicos de esta última.