marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Defensa de la competencia, opinión consultiva, lealtad comercial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: TALANX  INTERNATIONAL  AG  Y  OTROS s/ APEL  RESOL COMISION NACDEFENSA DE LA COMPET.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-07-10

Las recurrentes optaron por solicitar que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia emita una opinión consultiva a los fines de determinar si una operación se encuentra sujeta -o no- al control previo previsto en el art. 8° de la ley 25.156. Todo ello, de conformidad con lo establecido por el art. 8° del decreto n° 89/2001 y la resolución n° 26/06 de la Secretaría de Coordinación Técnica. Tal como lo dispone la resolución n° 26/06 de la Secretaría de Coordinación Técnica, la opinión consultiva sólo decide y determina si la operación de concentración económica quedará sujeta al control previo establecido en el art. 8° de la ley 25.156. La opinión consultiva emitida en autos nada decide sobre la existencia, alcance y modalidad de los derechos de los recurrentes, sino que -por el contrario- la misma tiene por objeto despejar una situación inicialmente dudosa para las partes, como lo es si las contratantes se encuentran o no obligadas a presentar el informe del art. 8° de la ley 25.156.
Proceso de reorganización nacional, sentencia condenatoria, centro clandestino de detención, Fuerzas Armadas, República Argentina, dominio del hecho, apreciación de la prueba, obligatoriedad del precedente
Materia: PENAL
Carátula: Comes, César Miguel y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-29

La responsabilidad y autoría mediata atribuida a quienes fueron condenados por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 de la Ciudad de Buenos Aires, con base en la contundente prueba acerca de la posición que los imputados detentaban en la estructura represiva del Estado durante la última dictadura militar acaecida en la República Argentina, gozando del dominio completo de las acciones desarrolladas en los centros clandestinos de detención, ubicados en el área bajo su comando-jefes de la subzona 16 y de la fuerza de tareas 100-, sigue los criterios de la teoría del dominio del hecho recogida por quienes juzgaron los delitos cometidos por la Junta Militar, donde resulta irrelevante el ejecutor concreto de los mismos frente a quien controla la organización que los produce.
Suspensión del juicio a prueba, funcionarios públicos, escribanos públicos
Materia: PENAL
Carátula: Trono, Blanca María Marcelins s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-04-01

No puede atribuirse al escribano la calidad de "funcionario público" debido a que el tipo penal requiere en el partícipe de la función pública una relación administrativa, que en el desempeño funcional, lo haga encuadrarse dentro de la estructura jerárquica del Estado -párrafo 4 del art. CP- por lo tanto el a quo no realizó un control de logicidad o fundamentación del dictamen negativo del titular del ministerio público cuando éste simplemente se expresó en contra de la suspensión del juicio a prueba por considerar que la escribana era "funcionaria pública". (Dres. Mitchell, García, Yacobucci).
Sentencia, principio de congruencia, contenido de la sentencia
Materia: LABORAL
Carátula: FARIAS MARCELA Y OTROS c/ CLINICA DEL SOL S.R.L. Y/U OTROS s/ VACIONES PROPORCIONAL AÑO 2014, ETC.-CASACION LABORAL-.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2014-06-23

El acto de sentenciar se integra dinámicamente a través de dos momentos, a saber: a) el momento cognoscitivo, en el cual el juez accede gnoseológicamente a una realidad social constituida por el factum generalmente litigioso que las partes someten a su consideración; y b) el momento normativo, en el cual el juez, por un acto de voluntad institucionalizado por el mismo ordenamiento jurídico, crea una norma individual, que soluciona imperativamente la cuestión sometida a su decisión y que constituye, respecto de ésta, la aplicación individualizada de una serie de normas generales y principios que integran inmediata o mediatamente el ordenamiento. La sentencia ha de proporcionar a quien la lee una pauta clara que vincule lo decidido con los hechos juzgados y probados y con la normatividad en vigor. Si ese hilo conductor no existe el fallo es arbitrario, porque en lugar de basarse en las circunstancias concretas de la causa, debidamente ponderadas, tiene su raíz nada más que en la pura voluntad del juzgador. Se trata de criterios harto consolidados y sobre los que existe nutrida doctrina.
Empleo público, cesantía, medidas cautelares, personas con discapacidad, queja por recurso denegado, recurso de inconstitucionalidad
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Pietranera, Lucía c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Pietranera, Lucía c/ GCBA s/ incidente de medida cautelar - recurso directo de revisión por cesantías y exoneraciones de empleados públicos (art.464 y 465 CAyT)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-28

Corresponde a quien recurre un pronunciamiento no definitivo, la carga de invocar y probar las circunstancias que permitan equipararlo a uno de carácter definitivo, pues de lo contrario no es viable la intervención del Tribunal en este estado del proceso. (Del voto de la juez Inés M. Weinberg).
Derecho penal, procesamiento, desobediencia, imputado, redes sociales, principio de insignificancia, bien jurídico protegido
Materia: PENAL-INFORMATICO
Carátula: C. y H., S. E.  c/  s/ resistencia o desobediencia a funcionario público (Causa Nº 28.499/2023)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-14

Agravio: Conducta atípica. Voluntad de la víctima en reiniciar el contacto con el imputado por lo que, en base a la ausencia de afectación al bien jurídico protegido, solicita se aplique al caso el "principio de insignificancia".

- Imputado que se contactó a través de la red social "Telegram" cuando se encontraba vigente la prohibición de contacto ordenada por un magistrado civil en el marco de una causa por violencia familiar, a pesar de estar debidamente notificado. Consentimiento de la víctima que no resta lesividad a la conducta enrostrada. Tipo penal cuyo bien jurídico protegido resulta ser la administración pública. Representantes del Ministerio Público Fiscal que son quienes pueden prescindir total o parcialmente del ejercicio de la acción penal pública o limitarla a alguna de las personas que intervinieron en el suceso si se tratara de un hecho que por su insignificancia no afectara gravemente el interés público, estableciéndose así un supuesto de política criminal que, en ausencia de opinión del fiscal -como ocurre en el caso-, no corresponde a la jurisdicción aplicar de oficio. Hecho que se enmarca en una situación de violencia de género.

- Confirmación
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, sentencia extra petita, ejecución de sentencia, juicio, partes
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: FRITOLI, FULVIO A. Y OTRA c/ CRESPO S.R.L. s/ Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad -Cesación  De inmisiones-daños y perjuicios (Expte.: C.S.J. Nº. 574 Año 2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-03-19

Corresponde rechazar la queja referida a que la Sala decide una cuestión no planteada -introduciendo el tema de la ejecución de sentencia-, desde que, al margen de las consideraciones efectuadas por la Sala a la hora de fundamentar la declaración de inadmisibilidad de la apelación extraordinaria, lo cierto es que en la parte resolutiva de su decisorio no introduce modificación alguna a lo resuelto por el Tribunal Colegiado. Pero además, el rechazo de su planteo se refuerza a poco que se repare en lo sostenido por la Sala en el auto denegatorio respecto a que la quejosa "...omite tener en cuenta que ella misma fue quien solicitó ese pronunciamiento de este Tribunal". Al respecto, destacó el A quo que la propia recurrente había solicitado se revocara esa parte del fallo o, en todo caso, se aclarara debidamente la forma en que debía aplicarse y, por ello concluyó que "...podrá entonces, no estar conforme con la manera como el tribunal dio respuesta a su petición (al señalarse el procedimiento de ejecución de sentencia, en defecto de acuerdo de partes...), pero en modo alguno esa disconformidad habilita para encuadrar el caso en 'arbitrariedad' por introducir cuestión no planteada siendo que...la propia recurrente postuló el pronunciamiento de la Sala sobre la 'forma' (procedimiento) como habría de cumplirse la condena".
Proceso penal, proceso contravencional, recurso de inconstitucionalidad, interposición del recurso, aplicación de la ley, legitimación activa
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Sanchez, Ruben Gerardo s/ s/ inf. art. 189 bis, CP-Recurso de inconstitucionalidad en autos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-28

El artículo 61 inciso 3 de la Ley de Procedimiento Contravencional, al igual que el artículo 53, sólo faculta al imputado a interponer contra la sentencia definitiva los recursos previstos en los incisos cuarto y quinto del artículo 26 de la ley Orgánica del Poder Judicial, entre los que se encuentra, justamente, el recurso de inconstitucionalidad, en todos aquellos casos que versen sobre la interpretación o aplicación de normas contenidas en la Constitución Nacional o en la Ciudad.
Sistema electoral, representación política, sistema de representación proporcional, participación política de las minorías
Materia: ELECTORAL
Carátula: Mozzi, Germán Diego
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-17

Los sistemas electorales se dividen, en general, en mayoritarios y proporcionales, aunque también existen los "mixtos" como resultante de la combinación de elementos de los dos anteriores. En los de mayoría, el triunfador se queda con todos los cargos a cubrir, y generalmente se proponen candidatos individuales. Los proporcionales, en cambio, procuran que la adjudicación de las bancas reflejen lo más fielmente posible los resultados de la elección, razón por la que encuentran cabida las diferentes minorías, presentándose sus candidatos, en líneas generales, a cabida las diferentes minorías, presentándose sus candidatos, en líneas generales, a través de listas. A la hora de inclinarse por un sistema electoral determinado, habrá de ponderarse el doble carácter histórico y dinámico que éstos revisten en tanto tienen origen bajo circunstancias sociales y políticas determinadas, pero al mismo tiempo se ven afectados por las transformaciones socio-políticas del país. Todos, en mayor o menor medida, determinan la distribución del poder, y todos, en definitiva, benefician o perjudican a ciertos candidatos en relación a otros. En efecto, no existe sistema electoral inocente o neutro, y es esa circunstancia la que determina que la adopción de uno u otro dependa de una decisión política.
Robo con armas, coautoría, regla de comunicabilidad
Materia: PENAL
Carátula: PEREZ, EDUVIGES Y OTRO. s/ ROBO. ARMAS. PARTICIPACION.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-08-10

1) Para que el robo resulte agravado en los términos del art. 166 inc. 2do. C.P. es necesario que el arma sea empleada, utilizada o blandida como instrumento comisivo para vencer o evitar la defensa de la víctima.

2) Aunque el procesado no haya esgrimido armas en ninguno de los dos robos, igualmente corresponde que, como a los demás encausados, se le aplique la calificante de robo agravado por el uso de armas, por cuanto intervino conscientemente en la comisión de hechos violentos en los cuales los restantes coautores sí las emplearon como medio intimidante. La regla de comunicabilidad del art. 48 del C.P. lo coloca, en consecuencia en la misma situación típica y de punibilidad que los demás. Ello se explica porque en el ámbito de la coautoría funcional se atribuye a todos los coautores la obra común, aunque el tipo legal no se haya cumplido íntegramente de propia mano por cada uno de ellos en particular.

3) Decidido y ejecutado el delito sobre la base de una DIVISION DEL TRABAJO, cada "coautor complementa con su parte en el hecho, la de los demás en la totalidad del delito; por eso responde también por el todo".
Educación, modalidades educativas, medidas cautelares
Materia: PROCESAL - CIVIL - ADMINISTRATIVO
Carátula: INSTITUTO FEDERICO LACROZE c/ MIN. DE EDUCACION s/ MEDIDA PRECAUTORIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-07-17

Corresponde afirmar la resolución de la 1ra. instancia rechazando la medida cautelar solicitada porque no surgen elementos suficientes que tornen manifiestamente arbitraria o ilegítima la resolución administrativa, al no aparecer irrazonable interpretar, en principio, que el Min. de Educación pueda limitar en el tiempo la aplicación de planes experimentales de estudio. Hace a su propia esencia - la de experimentales -.
Declaración de la víctima, prueba de cargo
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: C. J. F. c/  s/ ABUSO SEXUAL.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-10-15

El TSJ ha venido sosteniendo pacificamente que la declaración de la víctima puede ser valorada como única prueba de cargo suficiente para desvirtuar el estado de presunción de inocencia. Lo dicho, obviamente, no supone que baste solo con la existencia de tales dichos; antes bien será necesario su análisis profundo, su cotejo con información cientifica que permita establecer su fiabilidad y la existencia de otros elementos de corrobación perisférica. Estos datos corroborantes pueden ser muy divrsos, por ejemplo, las lesiones que ordinariamente ese tipo de conductas producen, manifestaciones de otras personas sobre hechos o datos que, sin referirse propiamente al hecho delictivo, atañen a algun aspecto fáctico cuya comprobacion confluya en el reforzamieto de los declarado por la víctima, etc.
Derecho a la identidad de género, interpretación de la ley
Materia: CIVIL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: G., F. c/  s/ protección contra la violencia familiar
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2019-12-27

El Comité de Derechos del Niño, en la Observación General 13, del año 2011, sobre el "Derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia" resaltó a los niños trans como personas en situación de vulnerabilidad potencial y destaca que los Estados tienen la obligación de asegurar que la salud del niño no quede minada por la discriminación. Por su parte, en nuestro país, la Ley 26.743 tiene como principios despatologizar la identidad de género y desjudicializar el ejercicio de derechos.
Recurso de casación, depósito previo, monto del juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: SALINAS RAMON ANTONIO c/ PAREDES PEDRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1996-02-07

Para determinar el monto del juicio a los fines del art. 4 inc.

d) de la Ley 1.687, deben considerarse las cifras 'actualizadas' al momento de interponer el recurso de casación extraordinario;

entendiendo la moderna doctrina jurisprudencial que el depósito siempre debe hacerse en función del valor reajustado, no interesando que computado a valores nominales el monto del juicio haya superado el mínimo exigido por la ley, porque en todos los casos deberá este ser actualizado.
Competencia, contienda negativa de competencia, daños y perjuicios, accidente ferroviario, competencia por la persona, competencia civil y comercial federal
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Barrionuevo, Héctor Luis c/ Empresa Ferrocarriles Argentinos s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-05-28

Comparto la incompetencia del fuero civil y comercial federal en cuanto se trata de accidentes de tránsito, sean o no derivados del contrato de transporte, cuando la incompetencia de este fuero provenga en función de la materia y no de la persona. Adhiero en general a la jurisprudencia de esta Cámara reconocida por la Corte Suprema in re: "Pérez c/ Empresa de Transportes Los Andes S.A. " del 27/12/90. Empero, tratándose de un proceso en el que es parte un ente nacional, como la Empresa de Ferrocarriles Argentinos, surte la competencia en razón de la persona y ello es así aún aplicando el principio de la analogía, porque la modificación de la competencia de los entonces tribunales en lo penal especial de esta Ciudad - hoy en lo criminal y correccional federal - introducida por la Ley 14 180 y pase de la interpretación que fuera asignada por la Corte Suprema al referido art. 42, inc. a), de la Ley 13.998 no alcanzó, por expresa exclusión de la Ley 14.180 (art. 1, última parte) el conocimiento de aquellos delitos que perjudiquen el patrimonio nacional afectado a la prestación de servicios comprendidos en el régimen General de la ley de Ferrocarriles. Habiendo sido legalmente mantenida la competencia federal para el juzgamiento de tales delitos, las acciones civiles a que tales hechos pueden dar lugar escapan a la hipótesis especial aprehendida en la excepción del art. 42, inc. a) y jurisprudencia posterior, estimándose la conveniencia de que causas penales y civiles derivadas de un mismo ilícito tramiten ante tribunales de igual competencia, pues lo contrario nos llevaría a sostener una "discriminación" irrazonable al pretender distinguir donde la ley no distingue. En consecuencia, si en situaciones que guardan alguna analogía con el presente procede la competencia del fuero federal en función del ente federal; como v.g. Aerolíneas Argentinas, Elma, etc., citando solamente empresas de transporte, no encuentro razón válida para retacear la que por razón de la persona demandada fluye de los artículos 2, inc. 6 de la Ley 48; 41, primera parte de la Ley 13.998; 40 del Decreto Ley 1.285/58 y en mérito a lo dispuesto por la Ley 18.360 en lo relativo a Ferrocarriles Argentinos. Lo contrario podría llegar a admitir que una empresa federal pudiera ser obligada a estar en juicio ante cualquier tribunal local u ordinario de la provincia, situación vedada por la propia Constitución Nacional (v. espec. art. 100). Por lo expuesto, estimo que la presente causa debe tramitar y resolverse por ante el fuero civil y comercial federal.
Recurso de casación, cuestiones de hecho y prueba, participación criminal, autoría, apreciación de la prueba, reglas de la sana crítica
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Melgarejo Marcelina y otros s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-06-10

Es cuestión de hecho, de prueba y de derecho procesal común, determinar sí, por sus características, un sujeto puede o no ser considerado autor del delito, mucho más allá de la circunstancia - no descartable a pesar de su naturaleza conjetural - de que el mismo pudo haberse cambiado de ropa al disponer del tiempo necesario para ello. Los elementos incriminantes que el Tribunal a - quo maneja, son variados y decisivos, por lo que no se aprecia valoración absurda de los hechos, las pruebas, y las particulares circunstancias del caso, que, en función de una libre selección de medios probatorios con sujeción a las reglas de la sana crítica racional llevaron a una solución condenatoria.
Sentencia, nulidad de oficio
Materia: LABORAL
Carátula: Almirón, Amelia Elodia c/ Consorcio de propietarios edificio coronado 2 s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-11-05

Corresponde admitir el recurso de nulidad extraordinario deducido contra la sentencia definitiva del tribunal del trabajo, dictada sin observarse la exigencia del acuerdo y voto individual de los jueces (art. 156 de la Constitución de la Provincia), anulación que -en el caso- debe extenderse, oficiosamente, al veredicto, cuyas graves contradicciones internas lo descalifican como acto jurisdiccional válido tornándolo incompatible con el debido proceso.
Transporte por agua, asegurador por riesgos del trabajo
Materia: NAVEGACION
Carátula: International Graphic Webster  S.R.L. c/ Cap.  y/o  Arm.  y/o  Prop.  y/o  Flet.  Bq.  "Cosmo  Ocean" y otros. s/ Faltante y/o avería de carga transporte Marítimo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-16

La consignataria insiste en su memorial de agravios que "no está reclamando el valor de la maquinarias de acuerdo a la pericia, sino el valor de plaza que es el monto que dejó de percibir por la venta de las maquinarias". En definitiva, pretende directamente lo que habría percibido por la venta de las dos máquinas, menos lo recibido de Líder en virtud del contrato de seguro. Es claro que lo primero que persigue la consignataria es, lisa y llanamente, un plus por lucro cesante. Una reiterada jurisprudencia de esta Cámara tiene dicho que en materia de transporte y en transportista se circunscribe al valor de los efectos faltantes o dañados. En el caso específico del transporte marítimo, el art. 277 de la ley 20.094 dispone que la reparación "está concretamente referida al valor en plaza de las mercaderías a la fecha en que debieron ser entregadas.

La norma adopta así un criterio objetivo, insusceptible de verse influenciado por las peculiaridades de cada caso, que en cuanto no graviten sobre el precio corriente en el mercado carecen de toda virtualidad a los fines que se están considerando".
Accidente de tránsito, culpa de la víctima
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Esteban Eduardo c/ Saracho Hector Fabian s/ Daños y Perjuicios Escobar Julio Cesar y ot. c/ D'Abate Francisco José s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-06-16|1998-03-24

Exigir y culpar al damnificado por no atinar a frenar ante una circunstancia que implica una maniobra sin alternativas deviene improcedente habida cuenta que no es la conducta "esperable" a que remiten los artículos 512 y 902 del Cód. Civ..
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación parcial
Materia: PENAL
Carátula: Di Leo, Carlos Alberto s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-11-24

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que no se impugna la prueba testimonial también invocada por la Excma. Cámara la que permanece así indemne.
Sentencia, fundamentación de sentencias
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Vera, José c/ Pennacchioni, Alfredo s/ Posesión veinteañal
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-02-27

La exigencia de que las decisiones judiciales tengan fundamentos serios reconoce raíz constitucional, lo cual inhabilita los pronunciamientos dogmáticos o de fundamentación solo aparente que no permiten referir la decisión del caso al derecho objetivo en vigor art. 18, CN). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Decretos, cinematografía, impuesto sobre localidades cinematográficas, videoclub
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Video club Dreams c/ Instituto Nacional de Cinematografía s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-06

Los decretos 2736/91 y 949/92 emplazan al titular del video club como agente de percepción y lo someten a una serie de obligaciones cuyo incumplimiento acarrea sanciones legales, lo que evidencia el interés jurídico de dicho titular en hacer caer ese régimen.