marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Intereses, pago, mora, actualización monetaria
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO CREDITO LINIERS  S.A. c/ ENRIQUE DI MARINO s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-10-20

Devengados y no pagados créditos por capital y también por intereses, es razonable que ambos créditos -esto es: también el crédito por intereses- hayan sido actualizados, pagar intereses no actualizados un cierto tiempo después de devengados significaría pagar menos que lo realmente adeudado, por lo que procede su indexación para preservar su significación económica.
Unificación de penas, reincidencia
Materia: PENAL
Carátula: Lopéz, Hernán José s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-09

El cumplimiento parcial de una condena posteriormente unificada, en procesos a tenor de los cuales el encausado era reiterante y no reincidente, perdió en este caso particular el carácter de pena, a raíz de la unificación que involucró una condena por un hecho posterior al de la causa fallada después. Tampoco puede considerarse el encausado reincidente, pues la condena del tribunal oral se unificó con la del tribunal de menores, y al momento de quedar firme esa pena única, el nombrado estaba excarcelado en función del art. 317 inc. 5ª del CPPN, por lo que corresponde dejar sin efecto la declaración de reincidencia. La disidencia expresó que la circunstancia que la sentencia que motivara su encierro como condenado haya sido posteriormente unificada nada quita o agrega en el análisis de si el encausado es reincidente, cuyos únicos extremos consisten en constatar si el nombrado sufrió encierro en calidad de condenado y si con posterioridad a dicha circunstancia -pero dentro de los términos legales- cometió nuevo delito. (Dres. Catucci, Madueño y Riggi -en disidencia-).
Trata de personas, fundamentación insuficiente
Materia: PENAL
Carátula: Mansilla, Rubén Ernesto c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-07-12

El voto concurrente destacó que más allá de la impugnabilidad objetiva de la resolución recurrida, vale recordar que en los delitos en los que se ve involucrada la trata de personas, la especial situación de sometimiento en la que se encuentran las víctimas de dichas maniobras frente a su agresor, merece una especial atención por parte de la justicia para evitar también que peligre el correcto desarrollo del proceso y que las partes no han expresado razones concretas y fundadas que permitan conmover lo decidido por el a quo, sino que se han limitado a alegar su disconformidad genérica con lo decidido en el decisorio impugnado. Dres. Borinsky, Gemignani, Hornos -voto concurrente-.
Caducidad de instancia, resoluciones inapelables
Materia: PROCESAL
Carátula: O., J. C. y Otra c/ R., R. y Otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS s/ MEDIDA CAUTELAR s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-11-04

En cuanto a la inapelabilidad de la decisión que declarara improcedente la perención de la instancia, en el ámbito de la jurisprudencia se ha dicho que: "El art. 317 del CPCCN veda la posibilidad de recurrir el auto que desestima la caducidad de instancia, principio que no cede aún cuando la pretensión de hacer viable el recurso cuestione el fundamento en que se basó el a quo al rechazar el pedido de caducidad".
Derecho laboral, remuneración, aplicación de la ley
Materia: LABORAL-CIVIL
Carátula: Torancio, Marta Celia y otros c/ Asociación del Fútbol Argentino  s/ indem. por fallecimiento
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-10

La accionante se agravia respecto la interpretación dada por la sentenciante de grado a lo normado por el art. 28 del CCT 553/09, para calcular la remuneración del causante, a los fines de la indemnización por fallecimiento, art. 248 LCT. A los efectos de ejercer una valoración hermenéutica de las cláusulas convencionales, se ha acudido a la misma regla que la empleada para los contratos del ámbito civil, esto es., ".interpretadas de buena y teniendo en cuanta lo que verosímilmente entendieron las partes obrando con cuidado y previsión". En función de ello, si los sujetos signatarios emplearon la expresión "jornales diarios", cabe entender que se han remitido al instituto de la jornada y no al de la hora, debiendo privilegiarse la fisonomía dada por la autonomía colectiva. Cabe hacer lugar al recurso y modificar el pronunciamiento en este segmento debiendo clausurarse los jornales del art. 28 CCT 553/09 como jornada, en concordancia con los demás términos de la norma convencional en examen.
Municipalidad, demolición de obra
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Videla de Stoppel Graciela c/ Gobierno de la Provincia s/ Contencioso Administrativo (Libro: S063-499) Corte en pleno
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1957-02-26

Media contradicción entre la demolición impuesta por la autoridad administrativa al propietario de inmueble, en vista de la seguridad general, y la negativa por parte de aquella en otorgar medida de previsión -en el caso desocupación transitoria del inmueble en el momento de ejecutar la obra-.
Empleados públicos, facultades discrecionales, discrecionalidad técnica
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: REFFINO LUIS FELIPE c/ ESTADO PROVINCIAL y CONSEJO GRAL. DE EDUCACION s/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-06-21

No existiendo en el ámbito de la Administración Pública un escalafón que atribuya una categoría a una determinada función, el desempeño de funciones de jefaturas, sea de Departamentos, Divisiones o Areas, son asignadas discrecionalmente conforme a pautas mesuradoras de mérito, oportunidad y conveniencia, irrevisables, en principio, por vía jurisdiccional.-
Recurso de casación, inadmisibilidad del recurso, falta de fundamentación, homicidio calificado, agravantes de la pena, arma de fuego
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: P., J. R. M. s/ Homicidio doblemente agravado por el uso de arma de fuego y la condición de la víctima por ser miembro de la fuerza policial, resistencia a la autoridad y portación de arma de guerra en concurso real s/ Casación" (Expte. Nº 26681/13 STJ)
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2014-03-18

De igual déficit argumental adolece la porción recursiva que sostiene, dogmáticamente, que el recaudo subjetivo exigido por el a quo no surge tampoco de la exposición de motivos.

Este aspecto también fue tratado fundadamente en la sentencia, que abordó la cuestión al expresar: "La regla que analizamos -art. 80 inc. 8° del C.P.-, estatuida por la ley 25061, estuvo motivada por una combinación de factores consistentes, principalmente, en la recurrencia de homicidios contra personal policial, varios de los que no tenían relación directa con la comisión de otro delito y que, por lo tanto, ocurrieron por la sola circunstancia de ostentar la víctima aquella calidad.

En este sentido, entre otras intervenciones en el debate parlamentario se expuso 'lamentablemente, nos encontramos ante un nuevo fenómeno que se ha despertado en nuestro país. La realidad es muy cruel. A estas personas las están matando por el solo hecho de ser agentes. Esto es terrible; es una discriminación.' -Diputado Víctor Manuel Federico Fayad-(24.4.02).

'Los policías que citamos, comisarios que conocen los elementos que andan por la calle y saben cómo matan a los policías, nos decían que cuando los delincuentes distinguen a una persona que es policía la matan sin ningún motivo aparente que no sea exclusivamente el odio y la venganza.

Esto es lo que me llamó la atención' -Senador Jorge Alfredo Agundes, Presidente de la Comisión de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios( 23.5.02). Y demás variadas intervenciones vertidas en ambas Cámaras, no permiten remontar la interpretación de la voluntad legislativa hacia la idea que contenía una de las iniciativas que aludía a la muerte 'en ocasión o durante el ejercicio legítimo de su función'.".

Nada dijo el recurrente respecto de tales razones presentes en el debate parlamentario, soslayándolas totalmente, al afirmar que no surgiría del mismo la pretendida especificidad en el elemento subjetivo requerido por la calificante analizada. (Del voto de la Dra. Piccinini sin disidencia)
Enjuiciamiento de magistrados, juicio político, mal desempeño de funciones
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Brusa, Víctor Hermes s/ pedido de enjuiciamiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-12-11

En nuestro sistema constitucional el enjuiciamiento político presenta dos cauces bien diferenciados: uno claramente político y el otro nítidamente jurisdiccional. Es precisamente el concepto de "mal desempeño", desarrollado a lo largo de varios años de experiencia institucional, el que mejor ha permitido desentrañar la naturaleza del juicio político (Voto del Dr. Juan Carlos Maqueda).
Queja por denegación del recurso extraordinario, prórroga del plazo, plazo perentorio, plazos procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: Giménez, Diego David c/ Galeno ART S.A. s/ accidente - ley especial
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-22

Resulta inadmisible el pedido de prórroga para efectuar el depósito previo previsto en el art. 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, toda vez que no se invoca motivo alguno que la sustente y no se advierte en el caso la configuración de un supuesto de fuerza mayor o causa grave que justifique el incumplimiento de una exigencia enteramente previsible ni de carácter perentorio de los plazos procesales.
Extradición, tratados internacionales, Estados contratantes, silencio, interpretación de tratados internacionales, formalidades procesales
Materia: PENAL
Carátula: Bellini, Daniel s/ incidente de excepción en autos: N. 4511-D.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-10

No es posible admitir que el silencio del país requerido pueda entenderse como un tácito "consentimiento" pues, aunque sea obligación de los estados prestarse mutua ayuda en la represión del delito, no cabe prescindir en absoluto de lo que los tratados disponen en materia de formas con miras a garantizar la seriedad de sus pedidos para la salvaguarda de los derechos del extraditado, ni pueden dejarse de lado textos legales cuyo contenido es el producto del expreso acuerdo de voluntades de los gobiernos que los aprobaron (Voto de los Dres. Augusto César Belluscio y Antonio Boggiano).
Régimen de consolidación de deudas, obligación principal, obligaciones accesorias, honorarios
Materia: PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: Barreras, Miguel Angel c/ C.M.V. s/ Juicio de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-07-08

Al no existir deuda principal sometida al régimen de la Ley 23982, tampoco lo están los honorarios regulados con motivo de la tramitación del juicio.
Cuestiones de hecho y prueba, concursos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Angelo Paolo Entrerriana S.A. s/ Quiebra pedida por Acreedores Dra. Gladis Colli s/Inc. Revisión  prom. por D.G.I._
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1999-02-28

La existencia o inexistencia de una prestación concreta que permita un cotejo de valores, no es una cuestión a discutirse en esta instancia extraordinaria, atento a que ello constituye una cuestión de hecho ajena al remedio casatorio.
Liquidación judicial, errores en la liquidación, aprobación de la liquidación, cosa juzgada
Materia: PROCESAL
Carátula: Roque Aldo Juan c/ E.N. (M° S.A.S.) s/ queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-29

Si bien las liquidaciones judiciales se aprueban en cuanto ha lugar por derecho, ello sólo no implica que pueda subsanarse cualquier error material no sustancial que aquéllas adolezcan, aun de oficio, en la medida que tal situación no traiga aparejada la afectación al principio de la cosa juzgada, tanto con respecto a la determinación imperativa del derecho sobre el cual se requirió pronunciamiento judicial, cuanto en orden a la eficacia de este último. (De la disidencia de la Juez Herrera).
Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, EDENOR, EDESUR, impuestos, servicio público
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-05-18

El importe fijado en el convenio a cargo de las empresas prestadoras de servicios públicos, entre las que se encuentra la actora, tiene por objeto solventar el costo en que incurre el GCBA con la prestación de una serie de servicios que son prácticamente análogos a los invocados por el GCBA para justificar el cobro de la tasa de estudio, revisión e inspección, de modo que un pago privaría de causa al otro o, dicho de otro modo, no cabe remunerar dos veces la misma prestación mediante, por un lado, un importe convenido y, por el otro, una tasa. (Voto del Sr. Juez Luis F. Lozano).
Carga, voluntad del legislador, buena fe, usos y costumbres, interpretación del contrato
Materia: NAVEGACION
Carátula: Antorcha Cía. Arg. de Seg.  S.A. . c/ Cap.   y/o  Prop. Arm.  Bq.  "Glaciar  Viedma  y/o  Román  Marítima. s/ Cobro de Australes.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-11-12

En el fallo plenario de esta Cámara recaído en la causa "La Buenos Aires Cía. Arg. de Segs. S.A. c/Cap. y/o Arm. y/o Prop.

buque "Esther Shulte" s/cobro de A 48.479, de 21-9-92, la posición sustentada por la minoría daba mayor flexibilidad, armonizando lo dispuesto con los arts. 264-266 de la ley de la Navegación con la Convención de Bruselas de 1924. Ello porque esta última no prevé el tema del despacho directo forzoso, en forma distinta habitualmente en esta materia, en lo que le es internacionalmente aplicable.

Este criterio que sostiene la minoría cumple el objetivo que busca la ley, debe o permite una mayor flexibilidad operativa, que sin cargar con fórmulas sacramentales se adecuen en lo económico a la posición que resulte más eficiente en el tráfico comercial, sin menoscabar las seguridades de las partes, que deberán ser evaluadas en cada caso particularmente en atención a las presunciones admitidas como prueba en los contratos comerciales (art. 208, últ.

párr., Cód. de Comercio), a los usos y costumbres generalmente observados en el comercio en casos de igual naturaleza, especialmente la costumbre del lugar donde debe ejecutarse el contrato (art. 218, inc. 6, Cód. de Comercio; art. 1ro. de la ley 20094), y al principio de que los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe, y de acuerdo con lo que verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión (art. 207 del Cód. de Comercio y art. 1198 del Código Civil).
Cuestiones de competencia, Superior Tribunal de Justicia, haber de retiro, suplementos del haber jubilatorio, inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: ESQUIVEL, UBALDO Y OTROS c/ PROVINCIA DE FORMOSA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2011-03-14

El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Formosa resulta competente para entender en la acción deducida contra el Gobierno Provincial, en especial la Caja de Previsión Social de la Provincia de Formosa, a fin de que se declare la nulidad e inaplicabilidad del art. 49º del Decreto Ley Local Nº 780/79 y del art. 57º de la Ley Provincial Nº 571 por no haberse incluido el suplemento por "Variabilidad de vivienda" en los haberes de pasividad que los actores perciben como retirados de la Policía de la Provincia (sumario confeccionado por el SAIJ).
Obras públicas, jurisdicción, impuestos provinciales, establecimiento de utilidad nacional
Materia: ADMINISTRATIVO - TRIBUTARIO
Carátula: M.B.M. S.A c/ Provincia de Misiones s/ Recurso Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1985-12-24

Atento a la naturaleza propia de los caminos nacionales en estos se ha permitido una jurisdicción concurrente entre la nación y las provincias, consecuentemente los gravámenes provinciales sobre obras públicas nacionales no interfieren sobre "un establecimiento de utilidad nacional" no produciéndose detrimento al inc. 27 del artículo 67 de la Constitución Nacional.
Medidas cautelares, intervención de sociedades, sociedad entre cónyuges
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: M., a.B. c/ E. F., R.R. s/ Medida Cautelar Cuaderno de Copias
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-03-26

Si la sociedad cuya intervención se pretende como medida precautoria durante la tramitación del juicio de divorcio, está integrada únicamente por ambos cónyuges, tal el supuesto de autos, no cabe aplicar, en principio, el criterio restrictivo que impera en materia de intervención judicial, desde que no existen otros socios que eventualmente puedan verse afectados por la traba de la medida examinada.
Improcedencia del recurso, escala penal, proporcionalidad de la pena, derechos y garantías constitucionales, inexistencia de cuestión federal suficiente
Materia: PENAL
Carátula: Quispe Díaz, Marcelo c/ Quispe Díaz, Marcelo s/ robo de automotor o vehículo dejado en la vía pública
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-06-19

Es improcedente el planteo introducido por la defensa contra el rechazo por parte del tribunal de juicio de imponer una pena por debajo del mínimo de la escala penal aplicable, bajo el argumento de que resulta lesivo de los principios de proporcionalidad, lesividad y humanidad. Al respecto, cabe destacar que mediante la argumentación que otorga fundamento a su agravio, la defensa intenta introducir el planteo de una cuestión federal, al alegar una afectación de diversos principios y derechos constitucionales. Sin embargo, tal reclamo no cumple al menos mínimamente con la demostración de la existencia de tal cuestión federal ni con las exigencias propias de la articulación de una cuestión de tales características, puesto que ni siquiera se ocupó de modo adecuado de refutar los argumentos brindados en la instancia anterior al rechazar su planteo. Al respecto, el planteo de cuestiones federales demanda, por un lado, determinar cuál es el principio fundamental que una ley, decreto, reglamento o resolución, conculca; corresponde luego exponer el motivo, lo que conlleva, de modo ineludible, a la realización de un análisis en torno al significado y alcance del precepto constitucional de que se trate y, asimismo, de la ley, decreto, reglamento o resolución cuya inconstitucionalidad se pretende; esto supone un examen en punto al significado y alcance del acto en cuestión. Cumplidos tales extremos, es además ineludible llevar a cabo un análisis de la falta de coherencia normativa que se alegue entre el precepto constitucional del cual se trate y la norma o acto que aplicado al caso ocasione agravio federal, según el recurrente. Se trata -en definitiva- de establecer una vinculación directa y concreta entre el caso objeto de juicio y la cuestión federal alegada (voto del juez Magariños al que adhirió el juez Jantus).
Apreciación de la prueba, reglas de la sana crítica
Materia: PENAL
Carátula: Mansilla Pedro Pablo y otro s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-26

La acreditación de la ejecución del delito por parte de una persona emerge del análisis integral del marco probatorio incorporado, efectuado a la luz de la sana crítica racional, y no sólo de la suma aritmética de cada una de las pruebas de cargo. (del voto del Dr. Gustavo M. Hornos en disidencia parcial)
Recurso extraordinario, admisibilidad del recurso, cuestión federal, interpretación de leyes federales, interpretación de la constitución
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Usuarios y Consumidores Unidos c/ Secretaría de Energía de la Nación y otros s/ ley de Defensa del Consumidor c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-23

El recurso extraordinario resulta formalmente admisible, si se ha puesto en tela de juicio la interpretación y constitucionalidad de normas federales -arts. 16, 17, 28 y 42 de la Constitución Nacional; ley 24.076; y resoluciones SE 226/2014 y ENARGAS 2580/2014- y la decisión definitiva del superior tribunal de la causa es contraria al derecho que en ellas funda el recurrente (art. 14, inc. 2°, de la ley 48) (Voto del juez Rosatti).
Recurso extraordinario federal, sentencia definitiva, resoluciones anteriores a la sentencia, defensa en juicio
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Massaccesi, Edgar s/ incidente de nulidad de la elevación a juicio en la causa: denuncia  s/ presuntas irregularidades en el Banco de la Provincia de Río Negro  - causa n 979/92.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-22

El fallo tiene carácter definitivo, aun cuando no se pronuncie de modo final, si de los antecedentes de la causa surge que el ejercicio imparcial de la administración de justicia se encuentra tan severamente cuestionado que el ejercicio del derecho de defensa comprometido exige una consideración inmediata en tanto constituye la única oportunidad para su adecuada tutela (Voto de los Dres. Antonio Boggiano y Guillermo A. F. López).
Daños y perjuicios, indemnización, costas al demandado
Materia: CIVIL
Carátula: TEJERA LLORET RICARDO c/ GEREZ JUAN s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-16

Por limitada que sea la suma por la cual prospera la demanda en los juicios por indemnización de daños y perjuicios, las costas son siempre a cargo del demandado, atento al principio de reparación integral con que deben ser juzgadas tales acciones.-
Procedimiento administrativo, agotamiento de la instancia administrativa, empleados públicos, remuneración
Materia: ADMINISTRATIVO-LABORAL
Carátula: Reartes, José Antonio  c/ Provincia de Córdoba - Plena jurisdicción - Recurso de apelación s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2023-04-18

Si bien el Decreto n.° 547/1984 establece que la prestación de servicios en el régimen de horas extras, según lo dispuesto por el art. 94 de la Ley n.° 6402/80, será autorizada por decreto del Poder Ejecutivo, un análisis integral de la norma, en armonía con la finalidad para la cual fue dictada, evidencia que en modo alguno se relaciona con el agotamiento de la vía administrativa. Tampoco conduce a concluir que su realización es materia de competencia exclusiva de aquel y que por ello debe plantearse recurso jerárquico. La autorización requerida por la norma nació para contener el gasto público y controlar el pago excesivo de horas extras y está dirigida a los funcionarios que pretendan su ejecución, es decir, a la máxima autoridad con competencia en el área. Esta tiene la facultad de solicitarlas y debe fundar dicho pedido en impostergables razones de servicio, lo cual es una obligación de los titulares de las respectivas jurisdicciones (art. 3, Decreto n.° 547/1984). La ausencia de autorización se vincula, según las circunstancias, con la responsabilidad del titular del área que omitió requerirla, extremo que debe ser analizado y dirimido en sentencia y no en la etapa de habilitación de la instancia contencioso administrativa.
Transacción, honorarios del abogado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fisco de la Prov. de Bs. As. c/ Carluccio, Jorge Agustín y ot. s/ Apremio Masi, Raúl Alfredo y otro s/ Incidente de regulación de honorarios Smorti de Carusso, Beatriz c/ Alfaro, Carlos Aníbal y otro s/ Daños y perjuicios Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ Carpignano, Alberto s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-08-20|1994-11-15|1996-02-06|1996-07-05

Los profesionales están alcanzados por los efectos indirectos de la transacción, entre ellos, el monto del proceso que resulta de la misma (arts. 25, dec. ley 8904; 833, 851, Cód. Civ).