marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Contratos comerciales, intereses moratorios, tasas de interés
Materia: COMERCIAL
Carátula: CHARRITTON,  LUIS  ALBERTO  Y  OTRO c/ DANKATECNICA SA Y OTRO s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-11-29

Toda vez que el principio general enunciado en el CCOM art. 218 sienta como pauta de interpretación que los actos y contratos comerciales se presumen onerosos, cabe precisar que el retardo en el cumplimiento de las obligaciones asumidas genera que se devenguen automáticamente los intereses moratorios desde la fecha en que debió pagarse -como en el caso- cada honorario e ítem o débito realizado a favor de los defendidos. En ausencia de intereses convencionales, corresponde liquidar los accesorios del CCOM art. 565, "desde la fecha en que se asentó cada ítem o partida por capital originado por cualquier causa".
Honorarios del abogado, base regulatoria, cómputo de intereses
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Administración General de Puertos c/ GCBA s/ recurso de apel. Jud. c/decis. DGR (art. 114 Cod. Fisc.) s/recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-14

Los intereses devengados no deben ser computados para fijar el monto de la base regulatoria, habida cuenta la naturaleza accesoria de los intereses respecto del capital, y su carácter esencialmente indemnizatorio de la privación temporaria de aquél. (Voto de la Sra. Jueza Ana María Conde).
Fuerzas de seguridad, Gendarmería Nacional, personal en comisión, trabajo en el exterior, prórroga del plazo, remuneración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Moyano,  Raúl  Leonardo c/ EN -Fuerza Aérea Argentina s/ personalmilitar y civil de las FFAA y de Seg".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-10-05

Si bien se emitieron dos resoluciones que expresamente delimitaron temporalmente las misiones, encuadrando a ambas como transitorias, lo cierto es que la segunda importó la prórroga de la primera, permaneciendo el actor prestando servicios en el exterior, sin solución de continuidad, por un plazo superior a un año (Sala V "Benítez Jorge Ramón", 1/12/2009) (Del voto del juez Buján, Cons. VII).
Seguros, seguro por accidentes personales, alcance de la cobertura, modificación de las prestaciones, infracciones formales, deber de información
Materia: COMERCIAL
Carátula: Castro, Agustín Ruben  c/ Banco Santander Río SA y otro  s/ sumarisimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-07

De tal manera, se advierte en el caso una clara violación al deber de información contenido en la LDC 4 y CCCN 1100, pues ni la aseguradora ni la entidad bancaria que actuó como agente institorio acreditaron la notificación fehaciente al actor de los alcances del seguro colectivo de accidentes personales originariamente contratado y sus eventuales modificaciones al cumplir 65 años, desatendiendo claramente el deber de información. Y tampoco consta en los dos certificados de incorporación información alguna concerniente a que los riesgos cubiertos por "pérdida parcial por accidente e invalidez total y permanente por accidente", quedarían sin cobertura a partir de dicho momento por producirse su caducidad y que únicamente quedaría vigente el restante riesgo cubierto por "muerte por accidente" contratado.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, conducta procesal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Albino Rozzi e hijos S.A. y otro s/ Concurso preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-12-27

La calificación de la conducta del accionante, así como la sanción impuesta en su consecuencia, constituyen típicas cuestiones de hecho.
Declaración informativa, juramento y promesa de decir verdad, relevo del juramento, declaración testimonial, idoneidad del testigo, declaración autoincriminante, reconocimiento en sede judicial, querellante
Materia: PENAL
Carátula: INCIDENTE - NULIDAD s/ RECONOCIMIENTO  RUEDA  PERSONAS  - QUERELLANTE - IMPUTADO RECONOCEDOR
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1978-05-19

Aun cuando en la declaración prestada en virtud del art. 236, 2 parte, C.P.C., se releva de prestar juramento de decir verdad, ello no priva en la misma causa al imputado de su condición de testigo hábil, en la medida en que las preguntas que se le formulen no impliquen obligarlo a declarar contra sí mismo. Y no encontrándose la querellante en esas condiciones en el acto de reconocimiento, su intervención en éste, prestando juramento de decir verdad, no está viciada de falla procesal alguna.
Excarcelación, resoluciones equiparables a definitiva, inexistencia de cuestión federal suficiente, fundamentación insuficiente, improcedencia del recurso
Materia: PENAL
Carátula: César Iván Almúa c/  s/ RECURSO DE QUEJA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-08-29

Si bien la denegatoria de excarcelación restringe la libertad del imputado con anterioridad al fallo final de la causa y ocasiona un perjuicio que podría resultar -prima facie- de imposible reparación ulterior, y es por tanto, equiparable a una sentencia definitiva en los términos previstos en el art. 457 CPPN, ello no alcanza para habilitar la instancia casatoria, pues no se demostró que se halle involucrada una cuestión federal, el recurrente no rebatió adecuadamente los argumentos en los cuales se sustentó la resolución cuestionada, la cual cuenta con suficiente y razonable sustento, se ha garantizado el derecho a la doble instancia y no se observa la existencia de cuestión federal o verificación de un supuesto de arbitrariedad en el pronunciamiento criticado, que amerite la intervención de esta Cámara como tribunal intermedio.
Pago por consignación, mora del locador, carga de la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PESTANHA ALBERTO RIVEROS c/ RICARDO ARTURO RIVEROS s/ Consignación (LIBRO: S131 - 077)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-08-03

Es precisamente por la condición de excepción que reviste el pago por consignación, el deudor debe justificar la negativa del acreedor a recibir el pago por todos los medios posibles, incluso presunciones, dado que dependerá la validez de la consignación.-
Defensa del consumidor, acción judicial, aplicación de la ley, resoluciones recurribles, juicio ordinario, prueba
Materia: COMERCIAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Paetz, Guillermo Alfredo c/ Triunfo Cooperativa de Seguros Ltda. s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-08

En la previsión contenida en la LDC 3 -dotado de inequívoco contenido dogmático y dispositivo-, el legislador ha establecido cuáles son las normas que integran el microsistema que regula la materia de prescripción en el derecho del consumidor; normas que, derivan de diversas fuentes, de las cuales algunas son estables -v. gr. esa misma ley 24240- y otras cambiantes. El citado artículo recepta así, que la realidad normativa no sólo puede cambiar, sino que puede no ser una sola, por lo que el sistema no se cierra; y, previendo los cambios resultantes del dinamismo legislativo y la posibilidad de concurrencia entre normas, establece los mecanismos a seguir para dilucidar qué normas deberán también considerarse integrantes de tal sistema. Comienza por remitir a todas aquellas generales o especiales que tengan por finalidad regular lo mismo, pero también para determinar cuál de ellas deberá considerarse integrada, establece un criterio de selección según el cual, su hubiera más de una disposición con la misma pretensión, esa integración se producirá con la que resulte más favorable al consumidor. En conclusión, para determinar si una norma integra o no el sistema, no es sus carácter general o especial lo que la determina, sino que lo será en tanto cumpla con los recaudos previstos en el art. 3, a saber: por un lado, que se halle destinada a regular relación es de consumo; y, por otro lado, que lo haga de modo tal que incorpore la solución más favorable al consumidor.
Derecho laboral, denuncia del embarazo, carga de la prueba
Materia: LABORAL - PROCESAL
Carátula: Catamarca Rioja Refrescos S.A.C.I.F.I. s/ Casación Zalazar de Rivero, Sara Azucena s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1993-03-19|1994-12-07

Los requisitos exigidos por la ley de fondo -ley de contrato de trabajo- en cuanto hace a la comprobación del estado de embarazo, no puede ser suplida fácilmente mediante la aplicación de la teoría del consentimiento tácito, pues estamos frente a un hecho personalísimo, al que la ley laboral otorga singular importancia, pues del momento mismo de su denuncia fehacientemente nacen derechos y obligaciones entre las partes. La notificación, de que habla la norma, adquiere según su texto carácter formal; no puede presumirse, no puede ser sospechada; la seriedad de la relación y los efectos que de ella dimanan no puede quedar dentro de un ámbito presuntivo, por el contrario, si la ley habla de notificación fehaciente, no escapa a este último concepto que la misma (la notificación) por ser "fehaciente" debe dar fe, valga la redundancia, del acto o acontecimiento notificado. La carga procesal de probar esta circunstancia cae en cabeza de la empleada, como un deber que le posibilitará el cobro de la indemnización que la ley fija a su favor, pero para gozarlos debe notificarlo en su oportunidad en forma fehaciente.
Funcionarios judiciales, jueces, adicionales de remuneración, adicional por dedicación exclusiva, prosecretario administrativo
Materia: LABORAL
Carátula: FARIÑA, Ricardo Horacio y OTRO c/ E.N. s/ JUICIO DE CONOC.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-12-28

No puede sostenerse que resulte una irrazonable exigencia -para los prosecretarios administrativos- declarar bajo juramento que no tienen otro empleo o remuneración, salvo la docencia; ni acreditar con un informe de sus superiores que cumplen un horario mínimo de 40 horas semanales, quedando -fuera de ese horario- a disposición del servicio cuando se les requiera. Por otra parte, no cabe olvidar que el adicional tuvo como finalidad retribuir la "dedicación exclusiva" de los niveles superiores del poder judicial federal; vale decir la contracción laboral más allá del horario mínimo que establezca la Corte Suprema (art. 1°, decreto 2474/85). En virtud de las facultades reglamentarias propias del Alto Tribunal (residenciadas -entonces- en el art. 99 de la Constitución Nacional), pudo legítimamente la Corte exigir un nuevo horario mayor que el habitual para el resto del personal (30 horas semanales). A ello le agregó la disponibilidad permanente, lo que sumado a las 40 horas semanales, conduce a exigir la ausencia de otra labor remunerada -salvo la docencia- como medio de no desvirtuar el concepto de dedicación exclusiva por el que se otorgaba la nueva compensación.
Recurso contencioso administrativo, instancia administrativa, agotamiento de la instancia administrativa, Poder Ejecutivo, gobernador
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BARNIQUEL, CARLOS DAMIAN c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.   REVOCATORIA.     CSJ EXPTE NRO 426-85 ALONSO, RODOLFO VALENTINO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.   REVOCATORIA.     CSJ EXPTE NRO 428-85
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-11-25|1987-11-25

Por imperio de lo dispuesto en el artículo 72 inciso 18 de la Constitución Provincial, los actos de los inferiores jerárquicos y entidades autárquicas de la Administración Provincial, sólo son susceptibles de impugnarse por vía contencioso administrativa si previamente fueron recurridos ante el Poder Ejecutivo.
Daños y perjuicios, incapacidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fariña, Juana De La Cruz c/ Rojas, Juan Andrés Eduardo y Otra s/ Ds. y Ps.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-05-17

Si la pericia psicológica analizada en el plexo probatorio informa una incapacidad residual del 40%, pero renglón seguido expresa que, con un tratamiento que insumiría un costo, aquel porcentual residual quedaría reducido al 50%; se acordará la integridad del tratamiento, pero como el mismo sólo eliminará el 50% de la incapacidad, se acordará también el restante 50 % de ésta -art. 1083 CCA- de tal manera, ambas indemnizaciones no se superponen.
Accidente de tránsito, responsabilidad del titular del automotor
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Franco, Jorge Alberto y otra c/ Mottin, Angel y otro s/ Daños y perjuicios. Beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-05-20

Encontrándose el dominio del automotor en cabeza del causante al momento de producirse el hecho ilícito, sin que éste hubiere efectuado denuncia alguna de venta ni, por ende, transferido el dominio, no cabe sino concluir afirmando que el mismo era civilmente responsable por los daños causados por dicho automotor, careciendo totalmente de relevancia que se haya transferido la posesión o que no se tenga la guarda del mismo toda vez que la norma legal no contempla tales circunstancias como eximentes de responsabilidad (arts. 27 dec. ley 6582/58, texto seg. ley 22.977).
Prescripción adquisitiva, inmueble sin escriturar, mediación
Materia: CIVIL
Carátula: PORCHE SOCIEDAD ANÓNIMA s/ Prescripción Adquisitiva
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-12-09

La presente acción es declarativa y cae dentro de la órbita de aplicación de la ley 7675, por lo que debe ordenarse el cumplimiento del trámite por ella impuesto. Tiene allí, una regulación específica dada por el art. 19 inc. "l" de la ley 7675 (modif. ley 8236), por ende no se encuentra excluída del trámite impuesto por el art. 12 de la ley 7675, en cuanto a la necesidad de la comunicación previa a correr traslado de la demanda, suspensión del proceso y sometimiento a "mediación".

Por último, considero que el argumento del sentenciante referido a que el Estado Provincial no puede transigir respecto del inmueble objeto de la acción por encontrarse afectado el orden público, no resulta ajustado a derecho.

Ello, en tanto que en el caso de autos, el actor denuncia que el inmueble carece de inscripción de dominio; siendo así y en el supuesto que carezca de título particular, el inmueble quedaría comprendido en lo normado por el art. 2342 inc. 1 del Cód. Civ., perteneciendo al dominio privado del Estado Provincial.

Por ello la Provincia de San Juan se encontrará sometida a las mismas prescripciones que los particulares en cuanto a sus bienes, (art. 3951 del Cód. Civ.), pudiendo en consecuencia, en igualdad de condiciones respecto del referido inmueble.
Seguros, alcance de la cobertura, daños y perjuicios
Materia: CIVIL
Carátula: Pereyra, Alicia María c/ Supermercados Malambo S.A. y otra s/ ordinario daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-04-15

Como lo ha sostenido la Sala CyC del STJ, la cobertura del riesgo asegurado no puede ser interpretada de manera extensiva, ni tampoco en forma segmentada o selectiva. La literalidad interpretativa que debe prevalecer respecto de las cláusulas contractuales resguarda no solo los derechos y obligaciones de las partes, sino también la ecuación económica existente entre la prima del seguro y el riesgo cubierto considerado a la época de la formulación del contrato. Por eso, extender la responsabilidad más allá de lo convenido afecta la técnica del seguro y el principio de suficiencia de la prima (Expte. N° 8084 del 02/06/2020-.
Regímenes jubilatorios especiales, empleados de banco, derecho al beneficio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Chiarenza, Cadena c/ Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-09-27

Si la actora mantuvo con el afiliado una relación de hecho permanente y estable que se prolongó hasta la fecha de su fallecimiento, reúne los recaudos establecidos en la ley 11.322 para poder obtener el beneficio de pensión móvil solicitado.
Recurso extraordinario de nulidad, debido proceso, defensa en juicio
Materia: LABORAL
Carátula: Pizzo, Emilio Hortensio c/ Automóvil Club Argentino s/ Indemnización por despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-04-25

No resulta atendible el recurso extraordinario de nulidad en el que se invocan presuntas violaciones a la garantía de defensa en juicio.
Sucesiones, vocación hereditaria, hijo extramatrimonial
Materia: CIVIL
Carátula: M.M. s/ SUCESION AB-INTESTATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-04

Cuando se trata de establecer si existe o no vocación hereditaria respecto de algún sucesor, dicho extremo debe ser juzgado conforme a las disposiciones legales vigentes al día de la muerte del causante, por ser éste el momento en que se produce la apertura de la sucesión y la consiguiente transmisión de la herencia (conf. Bossert-Zannoni, "Régimen legal de filiación y patria potestad", p. 403, nro.33, C.N Civ. Sala F, c. 17.243 del 22-4-86; id.id., c.22.720 del 26-6-86) El art. 3565 del Código Civil, antes de la reforma de la citada ley 23.264, limitaba la vocación hereditaria de los parientes colaterales extramatrimoniales a los hermános, dejando a salvo el derecho de representación de los descendientes legítimos del hermano prefallecido.

Por su parte, el art. 3582 del mismo cuerpo legal -actualmente derogado por aquella ley- excluía al hijo extramatrimonial de la sucesión de los parientes legítimos del padre o madre que lo había reconocido, solución que no había sido alterada por el agregado introducido por la ley 14.824, que aludía únicamente a la sucesión en la línea recta, más no en la colateral (conf. C.N.Civ, Sala C, L L. 1977-D-244, fallo nro. 74.904 y sus citas; id., Sala D, c.215.652 del 21-3-77).

El juego armónico de las citadas normas legales excluía el derecho hereditario del sobrino, cuando éste era hijo extramatrimonial del hermano legítimo del causante. En tal caso, el "de cujus" resultaba ser pariente legítimo del padre o madre que había reconocido al sobrino extramatrimonial, con lo que la situación quedaba comprendida en la expresa prohibición del art. 3582 (conf. Zannoni, "Derecho de las sucesiones", 2a.ed., t.2, p.487). Además, si no se trata de un descendiente legítimo del hermano, tampoco quedaba comprendido en los límites que fijaba el art. 3585 "in fine" para el derecho de representación (conf. Borda, "Tratado de Derecho Civil Sucesiones", 4a, ed., t.II, p.90, nro. 879 y jurisprudencia citada en nota nro.1325; Salas-Trigo Represas, "Código Civil Anotado", t.3, p. 134, nro.2 y fallos mencionados en nota nro.21).
Inhabilitación para conducir, rehabilitación (penal), opinión del damnificado
Materia: PENAL
Carátula: VITAGLIANO, EDUARDO s/ REHABILITACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-02-10

No procede hacer lugar a la rehabilitación para conducir, si no se reparó el daño causado, extremo que no puede suplirse con la conformidad de la víctima; ya que admitir ello sería dejar en manos del particular el cumplimiento o no de la sanción impuesta por el Juez.
Costas, costas al demandante, costas al vencido, legitimación pasiva, legitimación procesal, falta de legitimación para obrar
Materia: PROCESAL
Carátula: BALLESTER MÓNICA MIRIAM c/ GELVEZ NÉLIDA CONCEPCIÓN Y/O QUIEN RESULTARE PROPIETARIO A ESA FECHA DEL INMUEBLE EN QUE SUCEDIO EL HECHO Y/O QUIEN FUERE EL RESPONSABLE DEL MISMO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - DAÑO MORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2009-02-23

La imposición de costas. Con respecto a la excepción de falta de legitimación pasiva, no cabe más que cargarlas a la actora, conforme lo dispuesto en el fallo recurrido, pues resultó vencida en la incidencia (confr. art. 68 del Código Procesal), mientras que la eximición de costas a la codemandada es procedente, toda vez que esta última no ha presentado recurso alguno contra las sentencias de autos, ni se ha opuesto a los planteos de la actora.-
Verificación de créditos, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Municipalidad de General Pueyrredón c/ Vellaz, Oscar s/ Incidente de verificación Fisco Nacional c/ Viva, N. s/ Incidente de verificación I.B.M. Argentina S.A. c/ Frigorifico San Telmo S.A. s/ Incidente de restitución de maquinas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-08-22|1987-03-10|1995-11-14

El verificador tardío debe soportar las costas del respectivo incidente; esta aplicación de costas constituye una excepción a la regla general de esta institución, que funciona sólo en el caso en que la conducta omisiva del acreedor no resulte ajena a su voluntad;

en ese sentido, tanto si el crédito ha nacido después de vencido el plazo para efectuar el procedimiento de verificación como si la índole exige una previa liquidación de carácter administrativo, no se considera tardía la presentación del acreedor. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Prescripción de la pena, sentencia, segunda instancia, notificación, defensor
Materia: PENAL
Carátula: BARBA, Horacio D. s/ PRESCRIPCION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1979-03-23

No es suficiente la notificación al defensor para que empiece a computarse el plazo de prescripción de la pena una vez dictada la sentencia de segunda instancia.
Acción de amparo, trabajadores rurales, aplicación de la ley, competencia, Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores, competencia originaria
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores c/ Poder Ejecutivo Nacional y otro s/ Amparos y sumarísimos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-03

Si bien el Tribunal ha declarado su competencia en diversos casos donde se encuentran en juego disposiciones referidas al cobro judicial de aportes, multas e intereses dispuestas por el RENATRE (art. 19 de la ley 25.191), el planteo de autos -mediante acción de amparo- contra la inminente aplicación de la ley 26.727, arts. 106 y 107, solicitando se ordene al P.E.N. y al M.T.S.S. se abstengan de reglamentar y aplicar dicha normativa, dado que -según entiende el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores- afectaría derechos y garantías de su parte, exceden la normativa que regula la competencia del Fuero (arts. 2 y 3, ley 24.655).
Competencia federal, competencia penal, renta pública
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Banco Central de la Rep. Argentina s/ formula denuncia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-01

La consideración de las consecuencias patrimoniales derivadas de la comisión de un delito, no puede determinar por sí sola la procedencia del fuero federal, en la medida en que el hecho, por su naturaleza, no afecte efectiva y directamente el patrimonio de la Nación o de alguna de sus reparticiones.
Derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio, ley anterior, jueces naturales, principio de legalidad
Materia: PENAL
Carátula: Arancibia Clavel, Enrique Lautaro c/  s/ homicidio calificado y asociación ilícita y otros Ccausa n° 259C.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-24

El principio de legalidad comprende la exclusión de disposiciones penales posteriores al hecho infractor -leyes ex post facto- que impliquen empeorar las condiciones de los encausados, y el instituto de la prescripción cabe sin duda alguna en el concepto de "ley penal" desde que ésta comprende no sólo el precepto, la sanción, la noción del delito y la culpabilidad, sino todo el complejo de las disposiciones ordenadoras del régimen de extinción de la pretensión punitiva (Disidencias de los Dres. Augusto César Belluscio y Carlos S. Fayt).