Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-02-05


Salta, O5 de febrero de 2013.-	Y VISTOS: Estos autos caratulados "PESCADOR, Jorge Ricardo vs. BLOIS, Alejandra y/o responsable - SUMARIO, Cobro de Pesos"; Expte. Nº 219842/08 del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial 8º Nominación; Expte. Nº - CAM 348591/11 de Sala y	C O N S I D E R A N D O	El doctor José Gerardo Ruiz dijo:	I) Que contra la sentencia de fs. 184/187 que hizo lugar a la demanda y condenó a la Sra. Alejandra Blois a pagar al Sr. Jorge Ricardo Pescador, dentro de los diez días hábiles de aprobada la liquidación que se practique en la etapa de ejecución, la suma de $ 9.000 en concepto de honorarios por prácticas odontológicas, con más intereses, interpuso recurso de apelación la parte demandada a fs. 190, el que fue concedido a fs. 191 y sostenido por memorial de agravios de fs. 206/207.	Sostiene en primer lugar, que la magistrada en grado consideró que su parte no ha probado que no fuera el actor quien efectuara los implantes de su propia mano, lo que resulta erróneo, toda vez que - señala - ello surge acreditado con el informe de fs. 5, presentado por la actora.	En segundo lugar, expresa que contrariamente a lo consignado en la sentencia en crisis, ella no ha reconocido en su responde, el hecho de haber pactado el pago de honorarios con el Dr. Pescador, ya que -afirma- no resulta cierto que se haya celebrado contrato alguno con el mismo, al respecto.	Finalmente destaca que la sentenciante se equivocó al considerar que no se probó la intención de beneficiar a su parte y que por ello, corresponde el pago del servicio efectuado. Aduce que tal intención se desprende del hecho de que los implantes se le colocaron en el marco de un curso de perfeccionamiento dictado en el Colegio de Odontólogos, que el tratamiento fue efectuado por un especialista de Buenos Aires, quien vino a ese efecto y no en el consultorio particular del actor.	A fs. 209 la actora contesta el memorial de agravios y pide el rechazo del recurso por los motivos allí expuestos, a los que cabe remitirse en homenaje a la brevedad.	II) Que en relación a los antecedentes de la causa, cabe reseñar que la sentencia objetada acogió la demanda por la suma de $ 9.000 en concepto de honorarios por prácticas odontológicas, con más sus intereses.	Se relata en el fallo que el monto reclamado deviene de un contrato de locación de servicios celebrado entre las partes.	Cabe precisar en primer lugar que, la demandada reconoció en su escrito de responde que convino con el actor la realización de un tratamiento odontológico, consistente en la implantación de elementos dentarios, y que siete de ellos fueron efectivamente colocados. (cf. fs. 20). También reconoció en esa oportunidad, haber firmado un formulario de examen odontológico, "en el cual entre otros ítems expresa que he sido informada por el profesional sobre los honorarios correspondientes al tratamiento y estar de acuerdo con los mismos" (cf. fs. 21). A su vez, refirió en el alegato presentado a fs. 181/183, que firmó la Historia Clínica en la que se consignaba que había sido informada por el profesional respecto a los honorarios del tratamiento.	Por lo que el hecho constitutivo que sirve de fundamento para acreditar la existencia de la relación jurídica sustancial que vinculaba a las partes ha quedado demostrado, tal como lo sostiene la Sra. Juez de grado.	En cuanto a lo acordado por las partes, se constató que reúne todos los elementos propios de un contrato y prueba de ello es que el mismo fue cumplido por una de las partes, y los implantes fueron colocados a la paciente, como señalaron los testigos a los que refiere la sentenciante a fs. 186, sin que tenga incidencia el hecho de que en el tratamiento haya intervenido también otro profesional y un ayudante, como declaró el testigo Dr. Hugo Alejandro Pablo Pereyra Morales (cf. fs. 138, ver respuestas a las preguntas nº seis y ocho).	Tampoco hay elementos que acrediten que las condiciones económicas pactadas hayan sufrido alteraciones. La gratuidad de servicios, no se presume (arts. 1627 y 1628 C.C.) por lo que, le correspondía a la parte demandada su prueba.	Se ha dicho al respecto que " De acuerdo a las disposiciones de los artículos 874 y 1627, la intención de renunciar a los honorarios profesionales no se presume y al mismo tiempo en los servicios profesionales se presume onerosidad (C.N.Apel.Civil, sala B, Ufi Aguirre, Miriam I. C ATSA, 30/08/91, AR/JUR/1029/1991, La Ley Online).	La relación jurídico procesal impone a las partes o sujetos determinadas conductas en el desarrollo del proceso, cuya inobservancia les acarrea consecuencias adversas. Así, la actividad de las partes es de fundamental importancia para la suerte de sus pretensiones o defensas. Es decir, existen derechos procesales cuyo ejercicio es indispensable para evitar perjuicios o consecuencias desfavorables (Devis Echandia, Teoría General de la Prueba Judicial, t. I, p. 393 y 426). Las partes tienen la carga de la alegación y de la prueba, es decir, ofrecer y producir determinada prueba importa una suerte de conveniencia para las partes, pues no hacerlo puede conducir al pronunciamiento de una sentencia desfavorable (cf. Arazi-Rojas, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, t. II, p. 295), como ocurrió en el sub examine.	La actividad probatoria consiste en crear la convicción del órgano judicial sobre la existencia o inexistencia de los hechos afirmados en las alegaciones procesales. Dicha actividad incumbe primordialmente a las partes, sobre quien pesa, en consecuencia, la carga de incorporar al proceso, a través de los medios correspondientes, las datos susceptibles de cotejarse en aquellos hechos (Palacio, Derecho Procesal Civil, t. IV, cuarta reimpresión, pág. 361/362).	Las reglas sobre la carga de la prueba, revisten importancia práctica ante la ausencia o insuficiencia de elementos probatorios susceptibles de fundar la convicción judicial en un caso concreto, indicando por un lado al juez cual debe ser el contenido de la sentencia cuando concurren aquellas circunstancias y previniendo por otro lado a las partes acerca del riesgo que se exponen en el supuesto de omitir el cumplimiento de la respectiva carga (Rosemberg, La carga de la prueba, pág. 49, Couture, Fundamento, pág. 242, citado por Palacio, obra citada, pág. 363).	La carga de la prueba no supone ningún derecho del adversario sino un imperativo del propio interés de cada litigante; es una circunstancia de riesgo, que consiste en que quien no prueba los hechos que debe probar, pierde el pleito si de ello depende la suerte de la litis (José V. Acosta "Visión Jurisprudencial de la Prueba Civil", t. I, pág. 129/130, editorial Rubinzal- Culzoni).	En tal sentido se ha dicho que toca al demandado la carga de la prueba en la medida que aspira acreditar en el proceso circunstancias fácticas diferentes a las propuestas en la demanda (CApel. Rosario, Sala II, Rep. L.L., XI, pág. 1934, Nº19).	Es decir que si el demandado reconoció el servicio prestado, pero le asignó el carácter de "gratuito", invierte la carga de la prueba y le incumbía entonces, demostrar acabadamente dicha "gratuidad", lo que no aconteció en autos (art. 377 CPCC).	Respecto al carácter del servicio, sostienen Bueres y Highton que "Para que se considere gratuito, deberá mediar pacto en contrario, puesto que, de lo contrario, se lo presume oneroso." (Bueres, Alberto J. - Highton, Elena I., "Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial, Tomo 4 A, Ed. Hammurabi, 2.002, pág. 553).	Como afirma la magistrada en grado, este carácter no puede inferirse del hecho de que el tratamiento haya sido efectuado en el marco del Curso de Cirugía Odontológica. Por el contrario, se desprende del testimonio de la Dra. Claudia Marcela Martínez de Rulli, que en los casos en que los tratamientos se efectúan en el contexto de un curso, el profesional conviene los honorarios con el paciente y que los insumos corren, exclusivamente, por cuenta de este último (fs. 140, ver respuesta a la pregunta nº nueve).	Además, en su absolución de posiciones, la accionada, si bien sostuvo que no hubo un pacto previo por el valor "final" del trabajo (fs. 58, respuesta a la posición ocho) no manifestó que se ha convenido que el trabajo sería realizado en forma gratuita.	Tampoco prueba la gratuidad referida, el lugar donde se efectuó el tratamiento. Y es que " Cuando se trata de servicios profesionales que fueron requeridos, se presume su onerosidad, por lo que la prueba de que se prestaron gratuitamente, debe ser concluyente". (Jurisprudencia de la Provincia de Buenos Aires, Cc 0001 Lm 851 Rsd -27-4 S, "Martínez, Mónica c/ Ramírez, Inés, s/ cobro de pesos", 27/09/04. Lex Doctor).	III) Por las razones de hecho y derecho invocadas, corresponde se confirme la resolución en crisis, rechazándose la apelación interpuesta a fs. 190, con costas ( art. 67 del CPCC).	La doctora Graciela Carlsen dijo:	La sentencia, para decidir a favor de lo demandado, tuvo por acreditada la existencia de la locación de servicio profesional consistente en el tratamiento odontológico prestado a la demandada por el accionante en base a las constancias de la causa que valora, tanto en cuanto a lo que conllevó el reconocimiento por la actora, como a lo aportado por los testigos de cuya declaración hizo mérito circunstanciado. Concluye por ello en la existencia de una obligación emergente como contraprestación, en base a la interpretación que hizo de los artículos 1627 y 1628 del Código Civil sobre la presunción de onerosidad de la labor profesional, a cuyo efecto, y en ausencia de prueba específica sobre el monto convenido, estimó razonable la condena por el importe demandado.	En su memorial de agravios de fs. 206/207, no refuta la accionada la valoración de la prueba ni aporta la crítica razonada y concreta de las partes del fallo que considera equivocadas, en la lógica de apreciación del material probatorio ni en el encuadre jurídico de la cuestión tal cual lo exige el artículo 255 del CPCC, sino que se limita a manifestar dogmáticamente su oposición a las conclusiones arribadas en la sentencia, relacionadas preponderantemente con el monto de la condena, que manifiesta no ser acorde con lo supuestamente convenido como retribución del servicio prestado, sobre lo cual no se produjo prueba. Puso en claro la demandada al contestar la demanda, que la prestación odontológica fue consensuada con el profesional accionante, reconociendo su obligación de pago, aunque por un importe inferior (fs. 22). Pero nada intentó probar para ajustarla al "precio de costumbre" según estipula el art. 1627 del Código Civil, lo que deja incólumes los fundamentos del fallo. Adhiero por ello a la conclusión a que arriba el voto precedente.	Por ello	LA SALA CUARTA DE LA CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL	I) NO HACE LUGAR al recurso de apelación deducido por la parte demandada a fs. 190 . Con costas.	II) REGISTRESE, notifíquese y BAJE.