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Cheque sin fondos, interpelación, pago, excusas absolutorias, concurso preventivo, quiebra fraudulenta, error (penal), abogados, asesoramiento profesional
Materia: PENAL
Carátula: WOLF, MARIO s/ Cheque sin fondos Causa 28272-
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-31

1- La presentación en concurso preventivo del querellado, no empece al pago de los documentos, pues el concurso preventivo en el régimen de la ley 19551, que reemplazó a la convocatoria, no tiene como consecuencia el desapoderamiento de los bienes ni la prohibición de pagar; por lo que el cumplimiento de la obligación no significa el otorgamiento de ventajas indebidas a un acreedor-hecho que haría incurrir al librador en el delito previsto en el art. 176 inc. 3 del Código Penal-y en consecuencia, el convocatario puede y debe pagar los cheques emitidos con anterioridad a la convocatoria, aún cuando el requerimiento de pago fuera posterior. La ley comercial no lo prohibe, por el contrario, la falta de pago frente a la intimación legal en el supuesto del art. 302 inc. l del mismo cód., torna delictiva la omisión correspondiente.- 2- El error, para que sea admisible, no ha de ser imputable al autor y además debe ser invencible.- 3- El pago dentro de las veinticuatro horas de conocido el rechazo, es una excusa absolutoria.- 4- En este tipo de delito el dolo se encuentra radicado en el momento de la entrega de los cheques, siendo necesario para su consumación, que se cumplan luego dos condiciones objetivas de punibilidad y que no se haga uso de la excusa absolutoria que la ley prevé.- 5- La aceptación errónea de un consejo profesional sobre la imposibilidad de echar mano de una excusa absolutoria (que le hubiere permitido evitarse la sanción penal) no puede admitirse como causa que elimine su culpabilidad.
Recurso de inaplicabilidad de ley, inadmisibilidad del recurso, querellante particular, acusación fiscal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: WALTER CELESTINO; GONZALEZ ANGEL RUBEN;CASAFUS JOSE ELIAS s/ DOBLE HOMICIDIO EN OCASIÓN DE ROBO EN GRADO DE CO-AUTORÍA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2004-03-25

Corresponde declarar la inadmisibilidad formal del recurso deducido por el querellante particular, en cuanto al gravamen derivado del monto de la pena impuesta al condenado, pues carece de facultades autónomas para atacar una sentencia condenatoria, ya que en el sub lite el Fiscal de Cámara no dedujo impugnación alguna contra dicha decisión, de forma tal que tampoco se encontraba habilitada la vía recursiva para el acusador privado.

Ello pues, para que una presentación de este tipo pueda resultar formalmente procedente, además de cumplir con las exigencias de tipo objetivo, también debe llenar los recaudos de naturaleza subjetiva, los cuales requieren entre otros, la existencia de un derecho impugnaticio, para lo que es necesario que la ley otorgue la posibilidad de recurrir por el medio elegido y que el sujeto esté legitimado, por tener un concreto interés jurídico en el planteo, y , además poseer capacidad legal para interponerla en relación al gravamen que la resolución le ocaciona.

De acuerdo a lo establecido por el art. 84 inc. d) de la rituaria, el querellante particular se halla autorizado a impugnar todas las decisiones que el Ministerio Público Fiscal hubiere recurrido, pudiendo hacerlo en forma autónoma solamente cuando la resolución que cuestiona fuere la que dispone el archivo de la causa ( art. 189), el sobreseimiento ( art. 316) o una sentencia absolutoria ( art. 385).
Resolución del contrato, incumplimiento del contrato, subsistencia del contrato
Materia: CIVIL
Carátula: Di Giano, Osvaldo Horacio y Otros c/ Calo, Guillermo Alfredo s/ Resolución de Contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-06-13

La facultad de resolver un contrato por incumplimiento de la contraria no puede ser ejercida abusivamente, esto es, frente a un incumplimiento menor, pues ello colisionaría con los arts.

1071 y 1198 del Código Civil, al tiempo que atentaría contra el principio de conservación del negocio.
Ahorro obligatorio, confiscatoriedad, carga de la prueba, restitución de sumas de dinero
Materia: PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: Delfino,  Eduardo  A.  y  Otros c/ D.G.I. s/ reptetición  D.G.I.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-29

En la causa Indo S.A. c/ E.N. , del 4/5/95, la C.S.J.N.

sostuvo: ...habida cuenta que la confiscatoriedad es una cuestión de hecho que, conforme a reiterada doctrina del tribunal debe ser, caso por caso, objeto de concreta y circunstanciada prueba por parte de quien la alega, correspondería al contribuyente demostrar que lo ingresado en total en el período de que se trata en virtud de la obligación tributaria que se impugna, esto es, con la previa deducción de aquellos montos que el Fisco le hubiera reintegrado en aplicación de las pautas del citado art. 4º de la ley 23.256, configura en su conjunto un exceso al tope del 33% tradicionalmente admitido en la presión fiscal.
Daños y perjuicios, eximentes de responsabilidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Micucci, Gladys R. y ot. c/ Transporte El Resero S.R.L. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-12-01

Cuando se alegue que constituye práctica habitual el no desinflado de ambos neumáticos -única medida que brinda total seguridad a la actividad a desarrollar conforme surge de la prueba pericial- tal circunstancia no minimiza el efecto interruptivo del nexo causal de esa conducta en la víctima (art. 1113, C. Civil). Lo contrario importa tanto como justificar un comportamiento contrario a las reglas del arte que importe graves riesgos para la vida por el solo hecho de ser reiterado. Significaría legitimar la imprudencia cuando ella es repetida, lo que resulta repugnante al sistema de atribución de responsabilidad previsto por nuestro Código Civil (conf. arts.

1109, 1111 y ccs.). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Legitimación procesal, querellante, Ministerio Público Fiscal, organismos del Estado
Materia: PROCESAL
Carátula: L., O. D. c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-05-10

La disidencia expresó que sólo es factible reconocer calidad de acusador adhesivo al organismo estatal que, a pesar de la institución del Ministerio Público Fiscal como órgano estatal específico para ejercer la titularidad de la persecución penal pública, por una ley especial se le atribuya legitimación para intervenir como parte querellante en el procedimiento penal -y sin desplazar a la Fiscalía-. (Dres. Hornos, González Palazzo y Diez Ojeda -en disidencia-).
Caducidad de instancia, interpretación restrictiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Asociación de Trabajadores del Estado c/ Quiroga, Marta Sonia s/ Recurso de Inconstitucionalidad int. en Expte. 5273/00 Incidente de Caducidad de Instancia en Expte. Nº B - 09536/99 Sonia s/ Recurso de Inconstitucionalidad int. en Expte. 5273/00 Incidente de Caducidad de Instancia en Expte. Nº B - 09536/99
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2001-03-12

La apreciación de los presupuestos que condicionan la caducidad de la instancia deben ser siempre analizados con suma prudencia y estrictez, y la aplicación de las normas que rigen el instituto no puede escindirse del estado y particularidades de cada caso, porque no tienen un fin en sí mismo, sino que por ese medio se sanciona el abandono tácito del proceso en base a la presunción de desinterés que se exteriorizaría en la falta de actividad.
Conflicto de poderes, gobierno municipal, trámites judiciales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Caraballo, Cirilo Nelso c/ Concejo Deliberante de Ensenada s/ Conflicto art. 187 Const. Prov.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-04-30

La norma del artículo 249 de la Ley Orgánica Municipal que regla el procedimiento que debe llevarse a cabo para decretar la suspensión preventiva del Intendente, es de naturaleza procesal, alcanzándole por ello la regla de su aplicación inmediata a los procedimientos pendientes, a condición de que no afecte a la validez de los actos procesales cumplidos y que han quedado firmes bajo la vigencia de la ley anterior. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Compraventa inmobiliaria, escrituración, mora del deudor
Materia: CIVIL
Carátula: Pardo, Antonio c/ Sciardini, Siro Gil s/ Rescisión
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-01

Si la vendedora ha incumplido con su deber de cooperación y diligencia a los fines del otorgamiento de la escritura traslativa de dominio al no proceder a levantar en tiempo adecuado los embargos y gravámenes que pesaban sobre el inmueble, remoción que era indispensable para proceder a escriturar "sin gravámenes de ninguna índole" como se había pactado, esa circunstancia determina su situación de mora frente al comprador.
Derechos y garantías constitucionales, derecho de propiedad, expropiación
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: ROMERO, ALICIA DEL CARMEN s/ Ordinario - Reivindicacion
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2004-04-16

En la discusión planteada en autos, subyace enfrentado el derecho de propiedad individual con el interés general por causa de utilidad pública, ámbito dentro del cual, a juicio del tribunal, debe encuadrarse el conflicto suscitado en autos. En efecto el artículo 17 de la Constitución Nacional, lo mismo que el artículo 75 de la Constitución de la Provincia de Salta declaran inviolable la propiedad privada. Pero este principio cede ante la utilidad pública, calificada por ley, que autoriza el desapropio previa indemnización. El orden de prelación establecido en el artículo 31 de la Ley Suprema acuerda supremacía absoluta a las disposiciones constitucionales, y las leyes que en su consecuencia se dicten tienen la misma jerarquía. De ahí que aún cuando la actora hubiera estado en las condiciones ideales prevista por el artículo 2758, del C .C. gozando en plenitud de los derechos de propiedad, lo mismo su derecho privado individual habría quedado superado por la ley que declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación su propiedad privada. Jurisprudencia: Dra. Liliana Zelaya
Daño material, daño psíquico
Materia: CIVIL
Carátula: Q., S. c/ A., H. y Otra s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-06-08

El daño psíquico no tiene entidad distinta del daño material y moral. Además de generar daño moral por lesionar la espiritualidad del sujeto que es lo que se repara con la indemnización de daño moral, puede ocasionar lucro cesante si afecta la capacidad para obtener ganancias en un actividad lucrativa. Cuando ello no ocurre se trata de un daño extrapatrimonial que debe considerarse para la fijación del daño moral.
DAÑOS Y PERJUICIOS, indemnización, automotores, defectos de fabricación, determinación del monto, desvalorización del automotor
Materia: CIVIL-COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Vitco SA c/ Volkswagen Argentina SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-18

Corresponde admitir el reclamo indemnizatorio en concepto de desvalorización de vehículo incoado por una sociedad anónima contra una concesionaria y un fabricante automotriz, con motivo de la reparación efectuada en el marco de la garantía, pues el cambio de motor de un rodado 0 km produce una alteración sustancial de éste. No tanto porque el reemplazo no permita superar el vicio detectado, sino porque afecta el carácter "original" del automotor, lo cual perjudica su valor de reventa (CNCom, Sala D, in re "Gándara Raúl Juan c/ Financiera Industrial Comercial Inmobiliaria y de Mandatos s/ ordinario", del 12/03/09).
Inimputabilidad, insuficiencia de las facultades, oligofrenia
Materia: PENAL
Carátula: LUDUEÑA, CARLOS s/ IMPUTABILIDAD    -    INCAPACIDAD   DE  CULPABILIDAD  -  OLIGOFRENICO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-06-24

1) Para la determinación de la incapacidad de culpabilidad, el derecho penal argentino utiliza una fórmula mixta que presenta caracteres biológicos-psiquiátricos, en cuanto supedita la imputabilidad a cierto grado de madurez -edad- y la salud mental, y psicológicos-normativos, en tanto exige la comprobación de que a causa de la afección se haya visto el sujeto impedido de "comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones". Y en las fórmulas mixtas no basta la verificación de un estado, sino que se requiere una verificación que hará el Juzgador, dado que se trata de una cuestión jurídica; por supuesto que sin desconocer el valor del aporte pericial que suministrará los datos bio-psicológicos.

2) En el caso de autos trátase de un analfabeto, débil mental, oligofrénico moderado, portador de una epilepsia oligofrénica y declarado inimputable en dos oportunidades en sendos procesos anteriores, elementos que concurren a la demostración de que el inculpado no tuvo capacidad para adecuar la conducta a la comprensión de la antijuridicidad.
Derecho laboral, cómputo de intereses, sentencia
Materia: LABORAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Sánchez, Diego Nicolás  c/ ART Interacción S.A.  s/ accidente - ley especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-02-15

El Acta 2764 introdujo una modificación a la forma de cálculo de la tasa de interés vigente (cfr. actas 2601, 2630 y 2658) en tanto allí se resolvió la capitalización anual desde la fecha de notificación de traslado de la demanda en los términos dispuestos por el art. 770 inc. b CCyCN, para aquellos casos en los cuales no existiera sentencia firme sobre el punto y para aquellos créditos que no se encontraran alcanzados por un régimen legal especial en materia de intereses. Habiéndose instado la acción con posterioridad a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación (01/08/2015) corresponde estar a lo dispuesto en dicha norma ya que la fecha de notificación de demanda fue posterior a esa fecha. Desde esa fecha corresponde capitalizar los intereses devengados desde la exigibilidad del crédito y a los 365 días repetir dicha operación aritmética en forma anual y sucesiva hasta la fecha de la liquidación sin perjuicio de lo previsto en el inciso c del referido art. 7470 CCyCN para el supuesto de incumplimiento a la intimación judicial del pago de la liquidación que se apruebe. Las tasas de interés que como referencia adoptó la CNAT por mayoría en los acuerdos mencionados (Actas 2601, 2630, 2658) no son obligatorias ni emanan de un acuerdo plenario, el criterio allí plasmado de los jueces que formaron aquella mayoría evidenciaron que las mismas resultaban equitativas y razonables para compensar al acreedor de los efectos de la privación del capital por demora del deudor, para resarcir los daños derivados de ésta así como par mantener en lo posible el valor de la indemnización frente al deterioro del signo monetario que se ve afectado por la grave inflación que aqueja la economía del país. Esta es la idea que imperó en la modificación introducida en el Acta 2764/22 para adicionar el sistema de capitalización anual en los términos dispuestos por la norma del art. 770 CCyCN. La Cámara debe disponer el método a utilizar para la aplicación de intereses que implican la inclusión de la variación del precio por el uso del dinero (cfr. art. 23 LO).
Recurso contencioso administrativo, caducidad, trámites judiciales, fuerza mayor, poder, sentencia, recurso de nulidad
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: PELSUD SACI c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.   RECURSO DE NULIDAD.    CSJ EXPTE NRO 247-80
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-05-08

Justifica que se anule la sentencia impugnada, y se dicte nuevo fallo conforme al artículo 82 de la ley 4106 la omisión de resolver el planteo de que el artículo 63 de la ley 4106 expresamente requiere -para que se produzca la perención- que lo que se paralice sea el "juicio", que en el caso no existía desde que la provincia no había sido aún citada y emplazada a estar a derecho, sumado al hecho de que la renuncia al poder del anterior mandatario de la actora con secuela de pedidos de regulación de honorarios, de interposición de rovocatoria, etc. Había configurado típicamente la causal de fuerza mayor o de cualquier otra causa independiente de la voluntad del recurrente que, conforme al artículo ya citado, impiden que corra el curso de la perención.
Contrato de trabajo, enfermedades inculpables, reincorporación, certificado médico
Materia: LABORAL
Carátula: CASTRO,  CARMENMARGARITA c/ BILBAO, RICARDO EDUARDO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-02-26

La trabajadora no obligada a presentar certificado de alta médica ante s los fines de su reincorporación al trabajo. Por el contrario, el empleador ante el aviso del trabajador de que está en condiciones de reincorporarse, es quien debe proceder a efectual el control médico a fin de determinar si existe o no disminución de la capacidad laborativa de la empleada y en qué grado, para así darle tareas acorde a su requerimiento. (En el caso, la empleadora le negó tareas livianas a la actora aduciendo que ésta no presentó certificado médico que acreditara cuáles eran las tareas que podía desarrollar, y que se encontraba apta para trabajar).
Recurso de inconstitucionalidad, doctrina de la arbitrariedad, amparo por mora, derecho de peticionar
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ROSSI AMICONE, FABIANO c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (EXPTE.:  C.S.J. NRO. 316 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-03-31

Debe admitirse el recurso de queja interpuesto por la recurrente, desde que de los fundamentos expuestos surge prima facie la configuración de un supuesto abstracto de arbitrariedad con suficiente apoyo en las constancias de autos como para franquear la instancia ante la Corte. En efecto, desde un primer análisis, la recurrente postula la viabilidad del amparo por mora como el medio más idóneo para canalizar la pretensión del administrado, siendo esta la ocasión pertinente para la tutela de los derechos que en apariencia habrían resultado vulnerados, concretamente: el derecho de peticionar a las autoridades, que supone necesariamente el derech o a obtener una respuesta expresa y encuentra basamento constitucional en el artículo 14 de la constitución nacional y XXIV de la "Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre", y por otra parte, el derecho de defensa en juicio que se traduce en conocer claramente los fundamentos brindados por la administración para denegar su petición. (De La Disidencia Del Dr. Netri)
Recurso extraordinario de nulidad, cuestión no planteada
Materia: PENAL
Carátula: Carlota, Lorenza s/ Infracción art. 96 inc. "f" de la ley 8031
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-08-23

Es improcedente el recurso extraordinario de nulidad en que se alega la transgresión del art. 168 de la Constitución de la Provincia si la cuestión que ahora se trae como omitida no fue planteada formalmente en el curso del proceso y además dicho reclamo ha sido implícitamente atendido en la sentencia. (Minoría u opinión personal)
Accidente de tránsito, responsabilidad de los padres
Materia: CIVIL
Carátula: Díaz, Jorge Genaro y otro c/ Giuliano, Oscar Ignacio s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-05-24

No cabe endilgar culpabilidad a los progenitores de un menor que cursaba 3er. grado escolar y que perdiera la vida al ser arrollado por un automóvil toda vez que como lo dice la realidad que se vive, el " acompañamiento" de chicos no disminuidos en sus facultades, no se acostumbra, en general, por la sencilla razón de que se les torna casi de cumplimiento imposible a la inmensa mayoría, debido, por empezar, a causas económicas (que les impone así hacerlo).
Leyes, retroactividad de la ley
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: L., M. I. c/ R., J. s/ Filiación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-05-21

Resulta infundada la alegada infracción al art. 3 del Código Civil si el apelante no demuestra la existencia de un conflicto de leyes en el tiempo, es decir, la oposición entre la ley antigua y la nueva.
Paseos públicos, PARQUES DE LA FAMILIA, deberes de la administración, derechos y garantías constitucionales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: FERNANDEZ GRACIELA M Y OTROS c/ GCBA s/ AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-12

Si un parque de la ciuadd no se encuentra en las condiciones de higiene y seguridad que debiera, conforme las normas que regulan la cuestión, la responsabilidad primaria recae, respecto de la omisión de su cuidado sobre la Ciudad de Buenos Aires, toda vez que ejerce el poder de policía en la materia.

Existe un deber indelegable de la Administración de preservar los espacios verdes, las áreas forestadas y parquizadas, entre otras, con sustento en normas constitucionales (arts. 20; 26; 27, incs. 3 y 4; 104, incs. 24 y 27; y 105, inc. 6)
Compraventa, automotores, círculo cerrado, culpa concurrente
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: DE  LA  IGLESIA  MARIA  ELENA c/ CHEVROLET  SA  DE  AHORRO  P/FDETERMINADOS S/ s/ RDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-29

Existe culpa concurrente cuando -como en el caso- en el marco de un contrato de ahorro previo para la compra de un automóvil celebrado entre las partes, tanto la demandada omitió emitir los cupones con las opciones de cuotas reducidas y pago con diferimiento que la regulación de emergencia le imponía, cuanto la actora omitió tomar contacto para exigir la debida determinación de lo que le correspondía abonar a la luz de esa misma normativa, optando por una inadmisible y unilateral determinación de caprichosos importes a pagar, aunque fueron aceptados. En ese marco, siendo que la accionante manifestó su voluntad de comprometerse a pagar algún eventual saldo pendiente como consecuencia de la aplicación de la Res. Gral IGJ 9/02 y de la Ley 25561; y teniendo en cuenta las particularidades del caso y la existencia de indudables incumplimientos recíprocos de ambas partes, es justo brindar a dicha parte la posibilidad de cancelar la suma pendiente de pago e intimarla a hacerlo en plazo perentorio, ya que en su caso, corresponderá acceder a la cancelación de prenda como pretende la administradora.
Recurso de casación penal, cuestiones de competencia, resoluciones equiparables a definitiva, improcedencia del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Danziger, Danilo y otros s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-17

Las resoluciones que deciden cuestiones de competencia no constituyen ninguna de las taxativamente enumeradas en el art. 457 del C.P.P.N., ya que su dictado no imposibilita la prosecución de las actuaciones. Cierto es que el alto Tribunal ha admitido excepciones a esa regla general, sustancialmente, en casos en que se denegó el fuero federal; sin embargo, debe evocarse que la doctrina de aquél en la materia en análisis tiene dicho que todos los magistrados que integran la judicatura de la Capital de la República revisten el mismo carácter nacional que, por ende, la atribución de competencia a cualquiera de ellos no constituye denegatoria del fuero federal.

Por lo tanto, no se halla el presente caso entre aquellos que ameritarían hacer excepción al principio general recordado, por lo que corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por el Sr. Fiscal. (Voto del Dr. Hornos, adhiere la Dra. Berraz de Vidal; Dra. Capolupo de Durañona y Vedia, según su voto).