Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2009-04-27


SENT Nº 348	C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Veintisiete (27) de Abril de dos mil nueve, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, René Mario Goane y Antonio Daniel Estofán, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en autos: "Cajal María Eugenia vs. La Ecológica S.R.L. s/ Despido".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Antonio Daniel Estofán, René Mario Goane y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, dijo:

1.- Contra la sentencia dictada por la Sala II de la Excma. Cámara del Trabajo del Centro Judicial de Concepción en fecha 29 de febrero de 2008 (fs. 167/171), la parte demandada dedujo recurso de casación, que fue concedido por dicho Tribunal mediante resolución del 10 de septiembre de 2008. Consta en informe actuarial obrante a fs. 203 que ninguna de las partes ha presentado el memorial del art. 137 del CPL.

2.- El pronunciamiento impugnado dispuso hacer lugar a la demanda y condenó a la demandada a abonar la suma de $3.608,35, en concepto de capital e intereses por los rubros salarios impagos, diferencias de indemnización por falta de preaviso y despido, diferencia de SAC proporcional año 2004, adicional de turno rotativo e indemnización del art. 16 de la ley 25.561.

3.- El recurrente ciñe su crítica a impugnar el rechazo de la indemnización del art. 16 de la ley 25.561, en base a las razones expresadas en el escrito de fs. 178/180.

Allí asevera que la sentencia luce equivocada cuando sostiene que el actor no probó que su ingreso haya tenido lugar el 03/02/03, y que también yerra cuando expresa que no se produjo un incremento en la planilla total de trabajadores existente al 31/12/02.

Señala que en el caso, el tema atinente a la fecha de ingreso del actor no se encuentra discutido, ya que la fecha que denunció la actora en el escrito de demanda fue reconocida por la accionada en el responde. Más allá de ello, entiende que se encuentra acreditado el ingreso en fecha 3 de febrero de 2003 mediante los recibos de haberes, que fueron reconocidos por la actora a fs. 94 de autos.

Por otra parte, sostiene que el ingreso de la Sra. Cajal en la empresa demandada, significó un aumento en el número de personal, lo que quedó demostrado con la pericial contable agregada a fs. 101, sin que exista prueba de la contraria que desvirtúe esta aseveración.

Concluye señalando que la patronal probó los dos requisitos exigidos por la ley de emergencia laboral para la exclusión de la trabajadora de la doble indemnización, por lo que sostiene que existe un claro caso de arbitrariedad al rechazarla.

4.- Siendo inherente a la competencia funcional de esta Corte la de revisar si el recurso de casación ha sido correctamente concedido, corresponde reanalizar la cuestión inherente a la admisibilidad del mismo.

Así, se observa que el recurso ha sido deducido en término, se dirige a impugnar un pronunciamiento definitivo, se ha invocado el vicio de arbitrariedad de sentencia y la infracción de normas jurídicas, el memorial de casación se basta a sí mismo, y se ha cumplido con el afianzamiento de ley (arts. 130 a 133 CPL).

Consecuentemente, habiéndose observado la totalidad de los requisitos de admisibilidad de la casación, corresponde abordar el análisis de procedencia de los planteos efectuados.

5.- Los agravios deducidos en casación se limitaron a cuestionar la procedencia de la indemnización del art. 16 de la ley 25.561 declarada por la Cámara.

En el análisis de esta cuestión, cabe partir de la base de que el art. 1 del Decreto 2639/2002 (B.O. 20/12/2002) -ratificada por decretos nº 1351/2003 (B.O. 06/01/2004), 369/2004 (B.O. 02/4/2004)-, exceptuó del pago de la indemnización establecida en el art. 16 de la ley 25.561 "a los empleadores, respecto de los nuevos trabajadores que sean incorporados, en relación de dependencia, en los términos de la ley nº 20.744, a partir del 1º de enero de 2003, siempre y cuando la incorporación de los mismos represente un aumento en la planilla total de trabajadores que el empleador poseía al 31 de diciembre de 2002".

Vale decir que para estar incluido en la excepción del pago de la indemnización prevista en la ley de emergencia, deben cumplirse dos condiciones de manera concurrente: a) que la incorporación del trabajador tenga lugar a partir del 1º de enero de 2003; y b) que dicha incorporación represente un aumento en la plantilla total de trabajadores que el empleador poseía al 31 de diciembre de 2002.

La sentencia consideró que la patronal no acreditó el cumplimiento de ninguna de las dos condiciones exigidas legalmente para quedar exceptuada del pago de la indemnización del art. 16 de la ley 25.561, por lo que dispuso hacer lugar a la misma. En tal sentido, puntualizó que la demandada no había probado que su ingreso haya tenido lugar el 03/02/03, ni que se haya producido un incremento en la planilla total de trabajadores que el empleador poseía al 31/12/02.

Las consideraciones efectuadas por la sentencia no se ajustan a las constancias de la causa, toda vez que el ingreso del actor producido con posterioridad al 1º de enero de 2003 no constituye	un hecho controvertido, y por otro lado también existe prueba que acredita el incremento que se produjo, con motivo de la incorporación del trabajador, en la planilla total de trabajadores que el empleador tenía al 31/12/2002.

En efecto, en el escrito de demanda la actora relata haber ingresado a trabajar en relación de dependencia para la accionada el 3 de febrero de 2003 (ver fs. 2), lo que fue admitido por la demandada al exponer su versión sobre la verdad de los hechos en el escrito de responde (fs. 32) y también al solicitar el rechazo al pedido de doble indemnización (fs. 33 vta.). Más allá de la falta de controversia en torno a este tema, existen recibos agregados a la causa (ver copias - fs. 22 a 26-) que fueron reconocidos por la parte actora (ver fs. 94) en donde se consigna su fecha de ingreso es el 03/02/2003.

Por otro lado, en la prueba pericial contable (CPD nº 3) el perito sostuvo que el número de personal en relación de dependencia al 31/12/2002 era de siete, y que la incorporación de la actora significó un aumento en la planilla del personal al 31/12/2002 (ver respuestas 6 y 7 a fs. 101).

El perito sostuvo que en las DDJJ 931 figura la cantidad de personal en relación de dependencia y se demuestra el incremento de personal (ver respuesta 4 del perito a fs. 108), lo que fue cuestionado por la actora en razón de que el perito se basa en una declaración jurada efectuada unilateralmente por el empleador, sin control de parte y sin agregar copia de la misma (ver fs. 110), no siendo atendible esta observación en razón de que no se apoya en ningún elemento de prueba que avale la posición asumida por la actora al respecto.

De tal manera, se verifica que en la presente causa existe prueba suficiente cuya consideración ha sido injustificadamente omitida por el fallo, mediante la cual se acredita que el ingreso de la actora es posterior al 1 de enero de 2003 y que su incorporación significó un aumento en el total de trabajadores que la firma demandada poseía al 31 de diciembre de 2002.

En el caso, la prueba señalada demuestra claramente que se encuentran cumplidos los presupuestos fácticos de aplicación del Decreto 2639/2002 y demás normas ratificatorias del mismo, por lo que cabe concluir que el empleador se encuentra exceptuado del pago de la indemnización prevista en el art. 16 de la ley 25.561.

Por tal motivo, corresponde casar parcialmente la sentencia de fs. 167/171, dejándose sin efecto su punto I resolutivo en cuanto condena a la demandada al pago de la indemnización del art. 16 de la ley 25.561, y -como lógica consecuencia de lo decidido- la condena en costas y la regulación de honorarios contenida los puntos II y III resolutivos de dicho fallo.

De acuerdo con lo dispuesto, deberá deducirse del monto de condena la suma de $2.503,18 correspondiente a capital e intereses de la referida indemnización, por lo que la demanda deberá prosperar por la suma de $1.107,17 correspondiente a capital e intereses al 28/02/2008, de los demás conceptos por los cuales prospera la demanda. Atento al progreso parcial de la acción, estimo prudencial distribuir las costas del siguiente modo: el demandado deberá soportar las propias y el 20% de las del actor, y éste deberá hacerse cargo del 80% restante de las propias (arts. 49 CPL y 109 CPCC).

En consecuencia, corresponde CASAR parcialmente la sentencia, con el alcance considerado, en base a la siguiente doctrina legal: "Es improcedente el agravamiento indemnizatorio contemplado en el art. 16 de la ley 25.561, cuando concurre el supuesto de excepción previsto en el Decreto 2639/2002 (B.O. 19/12/2002), y demás normas ratificatorias del mismo", disponiéndose sustitutivamente lo siguiente: "I.- HACER LUGAR parcialmente a la presente demanda incoada por María Eugenia Cajal, contra la razón social La Ecológica SRL, por los rubros y montos que se detallan en la planilla efectuada en la segunda cuestión de los considerandos -excluida la indemnización del art. 16 de la ley 25.561- y que asciende a la suma de $1.107,17 (Pesos mil ciento siete con 17/100). Para el Futuro se aplicará la tasa pasiva de interés, publicada por el BCRA. En consecuencia se condena a la demandada La Ecológica SRL, al pago de la suma señalada precedentemente que totaliza $1.107,17 (Pesos mil ciento siete con 17/100), de conformidad a los considerandos, con los intereses indicados, en el término de diez días, bajo apercibimiento de ley. Se rechaza la tacha realizada por la demandada en el Cuaderno nº 4, actora, testimonial e igualmente no se hace lugar a la excepción de falta de acción como se considera. II.- COSTAS el demandado deberá soportar las propias y el 20% de las del actor, y éste deberá hacerse cargo del 80% restante de las propias. III.- DIFERIR regulación de honorarios para su oportunidad".

6.- Las costas del recurso deberán ser soportadas íntegramente por la actora, al haber resultado vencida (arts. 49 CPL y 106 CPCC).

Los señores vocales doctores René Mario Goane y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor Antonio Daniel Estofán, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo,	R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la demandada, y en consecuencia CASAR parcialmente la sentencia dictada por la Sala II de la Excma. Cámara del Trabajo del Centro Judicial de Concepción en fecha 29 de febrero de 2008 (fs. 167/171), con el alcance y en base a la doctrina legal expresada en los considerandos, disponiéndose sustitutivamente lo siguiente: "I.- HACER LUGAR parcialmente a la presente demanda incoada por María Eugenia Cajal, contra la razón social La Ecológica SRL, por los rubros y montos que se detallan en la planilla efectuada en la segunda cuestión de los considerandos -excluida la indemnización del art. 16 de la ley 25.561- y que asciende a la suma de $1.107,17 (Pesos mil ciento siete con 17/100). Para el Futuro se aplicará la tasa pasiva de interés, publicada por el BCRA. En consecuencia se condena a la demandada La Ecológica SRL, al pago de la suma señalada precedentemente que totaliza $1.107,17 (Pesos mil ciento siete con 17/100)., de conformidad a los considerandos, con los intereses indicados, en el término de diez días, bajo apercibimiento de ley. Se rechaza la tacha realizada por la demandada en el Cuaderno nº 4, actora, testimonial e igualmente no se hace lugar a la excepción de falta de acción como se considera. II.- COSTAS el demandado deberá soportar las propias y el 20% de las del actor, y éste deberá hacerse cargo del 80% restante de las propias. III.- DIFERIR regulación de honorarios para su oportunidad".-	II.- COSTAS del recurso, conforme se considera.

III.- DIFERIR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO GANDUR RENÉ MARIO GOANE ANTONIO DANIEL ESTOFÁN ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA.