Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-04-13


BANCO NACION ARGENTINA FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO BISEL contra PANZA, Julio Domingo Pedro y otros Reg.: A y S t 206 p 176-179.

Santa Fe, 13 de abril del año 2005.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la codemandada Alicia Panza contra la sentencia de fecha 25 de agosto de 2003 dictada por la Sala Primera -integrada- de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de la ciudad de Rosario, en autos "BANCO NACIÓN ARGENTINA FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO BISEL contra PANZA, Julio Domingo Pedro y otros -Juicio Ordinario- (Expte. 223/02)" (Expte. C.S.J. nro. 159, año 2004); y, CONSIDERANDO: 1. Por decisorio de fecha 25 de agosto de 2003 la Sala Primera -integrada- de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de la ciudad de Rosario resolvió rechazar el recurso interpuesto contra la sentencia dictada en primera instancia, mediante la cual se hizo lugar a la demanda promovida y, en consecuencia, se condenó a la parte demandada a pagar a la actora en el término de cinco días la suma de doscientos trece mil seiscientos noventa pesos, con cuarenta y seis centavos e intereses en la forma que indica.

Contra dicho pronunciamiento interpuso la codemandada Alicia Panza recurso de inconstitucionalidad invocando arbitrariedad sorpresiva.

Afirmó que resulta increíble la interpretación que efectúa la Sala al concluir que no se ha configurado la retractación. Destacó que en forma escrita, clara y contundente solicitó al Banco Coinag Coop. Ltado. en fechas 9 de enero y 4 de enero de 1995 respectivamente la cancelación de las fianzas, como así también de los registros de firmas de ese banco, siendo ello una expresa retractación. Agregó que consta en autos su debida recepción por quien fuera el subgerente departamental del Banco. Citó al artículo 1190 del Código Civil destacando que las obligaciones futuras pueden retractarse y que la obligación principal no existía al momento de la retractación. Aseguró que todas las obligaciones futuras de la firma CIRSA S.A. con el Banco ya no contaban con la garantía de los ex directores Alicia Panza y Julio Panza cuyos mandatos les habían sido revocados y tomada debida constancia por la institución bancaria. También señaló que por ser fiadora al manifestar su intención de desvinculación del negocio garantizado es imperioso desmembrar los componentes del debe y el haber al momento de la retractación, alegando en torno a tal afirmación.

Al referirse al carácter restrictivo de la renuncia manifestó que resulta claro e indubitable el conocimiento que el Banco Coinag Coop. Ltado tomara del pedido de cancelaciones de los avales, como de su debida registración, por lo tanto su aceptación es unilateral tácita, en tanto no fueron ni tácita ni expresamente rechazadas.

Afirmó que la Sala incurre en contradicción al tratar el tema de la novación subjetiva invocada por su parte, donde al principio desarrolla y expone argumentos para invalidar su postura y luego sostiene en siete renglones que no es materia de la competencia revisora de la Sala. En cuanto a la novación, afirmó que estamos ante una nueva cuenta, con un nuevo Banco, produciéndose la novación subjetiva ipso jure. Agregó que el reconocimiento de la personalidad de la actora como continuadora del Banco Coinag Coop. Ltado no significa que no exista novación subjetiva. Por otra parte afirmó que la Sala no tuvo presente que Alicia Panza era solo accionista y como tal no tenía acceso a los resúmenes de cuenta, ni estaba facultada para cuestionar ningún saldo ya que no era miembro del directorio, ni apoderada. Se preguntó cómo es posible que la Sala atribuya responsabilidad a su parte cuando es de cumplimiento imposible.

Aseveró que el apartamiento de las pruebas rendidas en autos y lo irracional del acuerdo atacado al endilgar obligaciones asumidas con el primer Banco para responsabilizarla frente al otro Banco es absolutamente incomprensible. También sostuvo que el fallo está impregnado de excesivo rigor ritual lo que no le permite arribar al camino de la verdadera justicia y equidad. Por último señaló que nos encontramos con avalistas de una firma ante un Banco, que se retractan expresamente de su calidad de tal, que dicha retractación es recepcionada por un subgerente departamental, que se toma debida registración de la separación de los mismos del directorio de dicha empresa, que existían saldos positivos en la cuenta afianzada antes que se arribara a la suma demandada. Que el Banco sucesor del primero continúa otorgando créditos a la firma, con plena conciencia y conocimiento que los firmantes del primer aval ya no pertenecían al directorio y no tenían ni poder de decisión ni control de la cuenta bancaria; por lo que es razonable entender que los avales ya no existían por sustracción de materia. 2. Por decisorio de fecha 22 de abril de 2004 la Sala resolvió denegar la concesión del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por falta de planteo oportuno de la cuestión constitucional. También consideró que su planteo se exhibe como un intento de hacer prevalecer su criterio respecto de una cuestión de derecho común, exteriorizando su disconformidad con la solución brindada al caso. Tal denegatoria motivó la presentación directa de la recurrente ante la Corte. 3. Reiteradamente este Tribunal ha señalado que es carga ineludible del quejoso que pretende acceder por vía de queja a esta instancia de excepción, rebatir los fundamentos del auto denegatorio (artículo 8, ley 7055; A. y S. T. 58, pág. 304; T. 92, pág. 156; T.

138, pág. 424, entre otros).

En el caso dicha carga no ha sido debidamente asumida por la compareciente en cuanto al imputado incumplimiento del recaudo formal de introducción oportuna de la cuestión constitucional. En efecto, frente a las precisas consideraciones de los sentenciantes -en cuanto a que la recurrente bien pudo avizorar que la Sala podía resolver el conflicto acordando primacía a la postura sustentada por la actora, a que no se propuso la cuestión al expresar agravios, y a que, en definitiva, se rechazaron los recursos interpuestos confirmando la sentencia de primera instancia-, lo escasamente alegado en su presentación directa en torno a la existencia de una supuesta arbitrariedad sorpresiva resulta insuficiente para tener por superado dicho óbice en relación a los planteos esenciales que hoy se quieren someter a consideración de esta Corte.

Es que, como señaló la Sala, siendo el decisorio atacado confirmatorio del apelado, para cumplir debidamente con la exigencia que surge del artículo 1ro. de la ley 7055, la quejosa debió, al menos al expresar agravios, efectuar los planteos de índole constitucional que entendía involucrados en el caso, para así permitir a la contraparte ejercer debidamente su derecho de defensa y al Tribunal a quo pronunciarse al respecto (Cfr. criterio de A. y S. T. 59, pág. 150 y pág. 168; T. 60 pág. 418, etc.).

No debe olvidarse que, como reiteradamente lo ha sostenido esta Corte, la exigencia del planteamiento oportuno no responde a un mero ritualismo, sino a nuestro sistema de control constitucional y al debido respeto a la defensa en juicio (cfr. A. y S. T. 99, pág.

302; T. 101, pág. 195; T. 103, pág. 37), radicando su fundamento en la necesidad de que las cuestiones tratadas por las partes reciban en lo posible la consideración y resolución que corresponde dentro de los procedimientos ordinarios establecidos (A. y S. T. 64, pág.

461; T.72, pág.88, entre otros). Por otra parte, aun cuando pudiera considerarse superado dicho óbice formal, el remedio intentado igualmente no podría prosperar, atento a que los planteos formulados por la impugnante en el memorial recursivo, tal como afirmó la Sala en su resolución denegatoria de fecha 22 de abril de 2004, no traspasan el límite de la mera discrepancia con lo resuelto por los juzgadores en ejercicio de funciones propias a la hora de confirmar la sentencia que condenó a Alicia Panza, entre otros, a pagar a la actora la suma oportunamente indicada.

La lectura del fallo atacado revela que para arribar a dicha solución los sentenciantes analizaron fundadamente cada uno de los agravios esgrimidos. Así destacaron, en cuanto a la subsistencia de los avales, que los codemandados garantizaron solidariamente todos los créditos enunciados de modo no limitativo que el Banco Coinag Coop. Ltado. tenga acordado o acuerde en el futuro a la firma Cirsa Comercial Industrial Rosario S.A., constituyéndose en lisos, llanos y principales pagadores de cualquiera y de todas las obligaciones convenidas entre el Banco y dicha firma, extendiéndose dicha garantía por plazo indeterminado e irrevocable, quedando amparadas en ella todas las obligaciones pasadas, presentes y futuras que se describen; que los elementos de juicio obrantes en autos -debidamente analizados- no muestran con suficiente convicción la configuración de retractación de la obligación asumida por los Panza ni tampoco la existencia de renuncia de la acreedora a perseguir el cobro del saldo de la cuenta contra los codeudores; que resulta desafortunado desmembrar los componentes integrantes del debe y el haber y postular que alguna remesa aún no incorporada a la cuenta puede ser considerada obligación futura en los términos del invocado artículo 1190 del Código Civil; y que la interpretación de los actos que induzcan a probar la intención de la actora a renunciar a la posibilidad de agresión al patrimonio de los codeudores para cobrar el saldo debido, debe ser restrictiva.

En cuanto a la invocada novación subjetiva, luego de analizar detalladamente las vicisitudes de las instituciones bancarias involucradas y la situación vinculada a la cuenta de Cirsa S.A., concluyó que atento a los términos en que la litis se debatiera en sede inferior, los elementos de juicio analizados son suficientes para considerar que el Banco Bisel estaba legitimado para ejercer los derechos y acciones del Banco Coinag; es que -añadió- los planteos ahora introducidos en torno a la existencia de una supuesta novación subjetiva no fueron sometidos a conocimiento del Tribunal a quo, excediendo los límites propios de la competencia funcional de la Sala. También analizó los reparos formulados por la recurrente al certificado de saldo deudor, concluyendo que se configuró la hipótesis prevista en el compromiso asumido en el instrumento fotocopiado a foja 35, mediante el cual facultaron al Banco acreedor a demandarlos judicialmente sin necesidad de reclamación previa alguna.

Y, frente a dichos fundamentos la quejosa se empeña en oponer su propio criterio en cuanto a la solución que correspondería en el caso, en relación -esencialmente- a la existencia de retractación en los términos del artículo 1990 del Código Civil, de una renuncia tácita por parte de la actora, de la configuración de una novación subjetiva y de exceso de rigor formal e irrazonabilidad en lo resuelto, mas con argumentos que solo denotan su disconformidad con las consideraciones efectuadas por los juzgadores a la hora de rechazar cada uno de los agravios expresados ante la Alzada, por lo que el recurso intentado resulta inadmisible. Es que la crítica parcializada de la sentencia, que efectúa la quejosa en su memorial recursivo, se asemeja a una expresión de agravios propia de una instancia ordinaria, siendo insuficiente para acreditar la configuración de la arbitrariedad invocada. La insistente intención de renovar el debate sobre la valoración fáctica y jurídica de temas de derecho común -ya tratados en las instancias ordinarias- no depara caso constitucional idóneo para operar la apertura de la instancia prevista en la ley 7055, cuya misión es efectuar el control de adecuación de las sentencias al orden jurídico fundamental, pero de ningún modo sustituir a los tribunales ordinarios en su competencia funcional.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta y declarar perdido para la recurrente el depósito efectuado.

Fdo.:VIGO-FALISTOCCO-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)