Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2012-12-21


------ En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut, a los 21__ días del mes de diciembre del año dos mil doce, reunida en Acuerdo la Sala Civil, Comercial, Laboral, Contencioso Administrativa, de Familia y de Minería del Superior Tribunal de Justicia con la Presidencia a cargo del Dr. Fernando S. L. Royer y asistencia del Dr. José Luis Pasutti, para dictar sentencia en los autos caratulados: "MUNICIPALIDAD DE COMODORO RIVADAVIA c/ Y. SA s/ Ejecución Fiscal" (Expte. Nº 22.485-M-2011), teniendo en cuenta el sorteo practicado a fs. 217 y lo dispuesto a fs. 218, de conformidad con las Acordadas N° 2366 y 3204, correspondió el siguiente orden para la emisión de los votos: Dres. Pasutti y Royer.---------- ------ Acto seguido, se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA:¿Corresponde declarar de oficio la nulidad de la sentencia recurrida?, de ser esta respuesta negativa ¿son procedentes los Recursos de Casación y Apelación Ordinaria interpuestos? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.---------------------------------------- ------ A la primera cuestión el Dr. Pasutti dijo:--------------------------------- ------ I.- ANTECEDENTES. EL RECURSO. SU TRÁMITE.--------------- ------ I.1.a.- La sentencia definitiva de primera instancia rechazó la excepción de inhabilidad de título y mandó llevar adelante la ejecución. Impuso las costas a la demandada vencida y reguló honorarios (fs. 70/77).-------------- ------ I.1.b.- La Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia confirmó la sentencia apelada. Impuso las costas a la demandada vencida y reguló honorarios (fs. 129/136).--------------- ------ I.1.c.- A fs. 137 la actora interpuso recurso de apelación ordinaria, el que fue concedido a fs. 138. A fs. 195, por intermedio de sus mandatarios, los que contaban con poder suficiente, desistió de su fundamentación, lo que se tuvo presente a fs. 196.------------------ ------ I.1.d.- A fs. 144/159 vta. la demandada interpuso casación con fundamento en las causales previstas por el art. 291, incs. "a", "c", "d" y "e" del CPCC.---------------------------------------- ------ Individualizó el objeto de su presentación (ap. I), reseñó antecedentes del proceso (ap. II), dio cuenta del cumplimiento de los requisitos de admisibilidad (ap. III) e ingresó luego en la fundamentación del recurso (ap. IV). Acompañó una impresión de Serconex de la sentencia dictada por la Sala "A" de la Cámara de Comodoro Rivadavia en el expediente N° 151/2011 (fs. 145/146 vta.).---------------- ------ Desarrolló tres agravios: 1) Rechazo de la excepción de inhabilidad formal del título. Afirmó que la sentencia interpretó de manera irrazonable las disposiciones del CTM que regulan el procedimiento determinativo (arts. 16, 17, 22, CTM). Objetó que la Cámara incurrió en contradicciones. Argumentó que el título no cumple los requisitos esenciales que exige el CTM. Señaló que la Sala B consideró que el canon reviste la naturaleza jurídica de un tributo, lo que exige que su determinación sea la conclusión de un procedimiento determinativo. Arguyó que nunca fue notificada de la factura, no se le corrió vista en el ámbito de la municipalidad, no tuvo oportunidad de formular descargo y ofrecer prueba y se le negó la posibilidad de recurrir por vía de reconsideración.- ------ Calificó a la sentencia de arbitraria, pues convalida llevar adelante la ejecución de un acto administrativo nulo ante el incumplimiento del procedimiento establecido para la emisión de la resolución determinativa, vicio formal que la torna inexistente. Denunció la lesión de sus derechos de defensa y de propiedad (arts. 17 y 18 CN). Consideró arbitraria la interpretación del art. 23, CTM. Concluyó que, al incumplir el procedimiento determinativo, el título que se ejecuta tiene un vicio de origen, de legitimidad, que torna inexigible la deuda.---------------------------- ------ Puntualizó que sistemáticamente impugnó pretensiones de cobro del municipio sin que la actora resolviera las objeciones formuladas. Dijo que el irregular camino seguido por la actora veda a todos los contribuyentes la facultad de discutir la procedencia de la deuda, pues si sólo se libra una factura administrativa y luego se inicia la ejecución fiscal no existe ámbito en el que pueda discutirse y probarse la improcedencia del reclamo.-- ------ 2) Rechazo de la excepción de inhabilidad sustancial del título. Sostuvo que la existencia de pronunciamientos dispares sobre la naturaleza jurídica del canon genera un estado de inseguridad jurídica que requiere la intervención de este Tribunal. Identificó los criterios del Juzgado de Ejecución N° 1 y de las Salas "A" y "B" de la Cámara de Comodoro Rivadavia.---- ------ Sostuvo la necesidad de precisar la naturaleza jurídica para determinar su legitimidad. Citó la posición de la CSJN. Afirmó que la Sala "B" sostuvo que el canon reclamado posee la naturaleza de contribución especial pero no expuso los argumentos que avalan esa posición, lo que le impide efectuar una crítica concreta y razonada.--------------- ------ Dijo que la Cámara no se hizo cargo de la totalidad de los argumentos desarrollados por su parte y que tal silencio lo obligaba a exponerlos nuevamente. Analizó lo dispuesto por los arts. 233, inc. 3°, y 240 de la CPcial., sobre cuya base concluyó que el canon establecido no se encuentra dentro de los tributos autorizados e interfiere con la utilidad nacional. Señaló que la propia Carta Orgánica Municipal no prevé el tributo (arts. 50, 54 y cctes.). Concluyó que la Ordenanza Fiscal 6500-5-00 es inconstitucional.------------------------------------- ------ Argumentó que el canon que se ejecuta se aparta de lo previsto por el art. 44 del Código de Minería y violenta así los arts. 31 y 75, inc. 12 de la Constitución Nacional y el art. 14 de la Constitución Provincial. Sostuvo que la Municipalidad ignoró la subordinación del derecho local al derecho común nacional (arts. 75, inc. 12, 31, 121, 126 y cctes., CN).------ ------ Objetó que la norma que lo crea vulnera la cláusula de la prosperidad (art. 75, incs. 18 y 19, CN) por cuanto desconoce regulaciones nacionales, dificulta el cumplimiento de un servicio público esencial y entorpece políticas nacionales relevantes de desregulación, privatizaciones y desarrollo. Señaló que la potestad nacional fue ejercida por la ley 17319, sus decretos reglamentarios y sucesivos pactos y leyes convenio, que aseguraron que el Estado Nacional, Provincial y Municipal no gravarían el ejercicio de la actividad minera en terrenos de su propiedad. Citó los arts. 56, 57 y 58 de la ley 17319.------------------------------ ------ Señaló que el Pacto Federal de Hidrocarburos aseguró estabilidad fiscal a las actividades y empresas hidrocarburíferas, lo que impide reclamar nuevas prestaciones como las que aquí se objetan (art. 1 y cctes.).---------- ------ Finalmente, analizó que si se considera que el canon es un tributo encuadra dentro de las tasas (art. 231, CTM) y desde esta óptica caería también su legitimidad pues no retribuye ninguna prestación de servicio público divisible.------------------------------------ ------ Solicitó se declare la inconstitucionalidad del canon y, en consecuencia, se revoque la sentencia recurrida.-------------- ------ 3) Anatocismo prohibido. Dijo que la posición asumida por la Cámara es inconsistente y contradictoria. Afirmó que promueve el anatocismo que prohíbe el art. 623 del Código Civil. Sostuvo que la situación no encuadra en la excepción prevista por la norma. Citó jurisprudencia de la CSJN. Solicitó se case la sentencia adecuando los intereses en línea con las previsiones del CC y la jurisprudencia de la CSJN.-------------------- ------ Mantuvo la reserva de caso federal (ap. V).---------------------------------- ------ I.2.- Puestos los autos por este Superior Tribunal a disposición de las partes conforme lo exige el art. 296 de la Ley XIII, N° 5 (fs. 183/vta.), se presenta a fs. 206/213 vta. la actora, quien solicita se rechace el recurso de casación interpuesto. Pide se tenga presente el mantenimiento de la reserva caso federal.-------------------------------- ------ I.3.- A fs. 215/vta. emitió dictamen el Sr. Procurador General, quien opinó que corresponde declarar la nulidad de la sentencia y reenviar el expediente para que se dicte un nuevo decisorio que respete las formas constitucionales y legales. Señaló que se presenta una situación análoga a la decidida por este Superior Tribunal mediante SD N° 04/SRE/06. Advirtió que, tal como lo dijo la Cámara al declarar admisible la casación, la sentencia dictada es definitiva por lo que exige voto individual (art. 169 CPcial. y 8° de la Ley V, N° 17).--------------------- ------ II.- ANÁLISIS.------------------------------- ------ 1.- Corresponde entonces en primer lugar establecer si, tal como lo sostuvo el Sr. Procurador General, la sentencia recurrida es de aquellas respecto de las cuales el art. 169 de la CPcial., el CPCC y la Ley V, N° 17, exige voto individual y fundado de cada uno de sus miembros o, por el contrario, habilita el voto impersonal.---- ------ 2.- Esta definición demanda precisar algunos detalles del proceso:--- ------ i) La Municipalidad de Comodoro Rivadavia promovió ejecución fiscal contra Y. SA por el monto debido en concepto de canon por ocupación de tierras fiscales para perforación de pozos hidrocarburíferos (ver fs. 3 y 6/vta.).---------------------------------- ------ ii) La ejecutada opuso excepción de inhabilidad formal y sustancial de título, marco dentro del cual denunció la inconstitucionalidad de la deuda cuyo cobro se reclama (ver fs. 22/31 vta.).--------------------------------- ------ iii) La actora solicitó el rechazo de las excepciones opuestas. Argumentó sobre los límites de conocimiento del proceso, sin perjuicio de lo cual desarrolló conceptos referidos al poder tributario municipal y a la autonomía del derecho tributario (ver fs. 39/50 vta.).--------------------- ------ iv) El Juez de Primera Instancia dictó sentencia a fs. 70/77. Dijo que la inhabilidad podía fundarse únicamente en las formas extrínsecas del título sin que pudiera analizarse su causa y que el ejecutado no había negado expresamente la existencia de la deuda (ap. 2). Consideró adecuado el procedimiento seguido para confeccionar la boleta de deuda (ap. 2.1).------- ------ Al examinar la inhabilidad sustancial insistió en la imposibilidad de excederse del análisis de las formas extrínsecas, identificó supuestos en los que se admitió el estudio de la norma que sirve de soporte legal al título y aclaró que la accionada no tachó de manera directa la inconstitucionalidad de las normas sino que lo deslizó tímidamente (ap. 2.2). Recordó luego el principio de especialidad tributaria, definió al derecho tributario como derecho público local, dijo que no advertía violado el art. 240 de la CPcial. y que no había sido cuestionada la particular situación de los pozos y el estado que habilita el gravamen (ap. 2.2.1). Concluyó que el canon no es un impuesto sino una concesión de uso de un bien del dominio público, base sobre la cual consideró que existía una adecuada armonización entre la CN, la Ley de Federalización de Hidrocarburos, la CPcial. y la Carta Orgánica Municipal (ap. 2.2.2).-- ------ Expresó que no correspondía analizar en esa instancia el planteo de inconstitucionalidad (ap. 3) y descartó la aplicación del convenio suscripto por la Municipalidad de Comodoro Rivadavia y Y. el 06/10/1980 (ap. 4).- ------ Sobre dicha base concluyó que la boleta de deuda resultaba hábil y que correspondía mandar llevar adelante la ejecución (ap. 5).---------------- ------ v) Apeló la ejecutada el rechazo de la excepción de inhabilidad de título formal y sustancial (fs. 82 y 86/93 vta.). Dijo que el planteo de inconstitucionalidad fue formal y sustancialmente realizado por su parte (fs. 90 anteúltimo párrafo) y lo sostuvo ante la Alzada.------------------------- ------ vi) La Cámara dictó sentencia a fs. 129/136. Luego de efectuar una breve reseña de lo actuado en el proceso analizó el recurso de la demandada. Precisó los requisitos que debe contener la boleta de deuda. Afirmó que reunidas las formalidades extrínsecas el certificado es título ejecutivo hábil. Puntualizó que la ejecución fiscal nace en torno a la necesidad de la rápida satisfacción de las rentas públicas y la presunción de legitimidad que acompaña a este tipo de deudas y que contempla una restringida faz de conocimiento, fuertemente simplificada. Bajo tales premisas concluyó que la boleta que se ejecuta consigna los requisitos legales del título ejecutivo.----------------------- ------ Dijo que es sabido y aceptado que la excepción de inhabilidad de título solo puede fundarse en las formas extrínsecas, hallándose excluida del conocimiento judicial la causa de la obligación, habiendo la jurisprudencia atenuado este principio en los casos de manifiesta inexistencia de la deuda.- ------ Señaló que si bien no procede por regla la discusión sobre irregularidades en el procedimiento de determinación, debe admitirse la posibilidad de que el contribuyente sea escuchado. Afirmó que la ejecutada cuestiona la causa de la obligación y su determinación. Observó que el Municipio habría notificado a la demandada el importe que arrojaba la liquidación de deuda (art. 23, CTM) y que la demandada rechazó la intimación sin cuestionar el procedimiento. Señaló que ante el silencio del Municipio la interesada pudo plantear recursos y no lo hizo. Concluyó que aún cuando se pudiese coincidir con que son de aplicación previa los arts. 17 y ssgts. de la Ordenanza 6500/98, la demandada no cumplió con lo dispuesto por los arts. 19, 22 y 23 del mismo cuerpo normativo, lo que provoca el rechazo de su queja.----------- ------ Puntualizó que el expte. N° 1107/09 no fue ofrecido como prueba y sentado que no existe achaque a las formas del título remitió a lo ya sostenido mediante sentencias N° 33/08, 84/05 y 35/09. Dijo que la inhabilidad de título es improcedente cuando la negativa de la deuda constituye un mero formalismo.--------------- ------ Con relación al canon dijo que las denominaciones del Código Tributario deben ser consideradas como genéricas, que las instituciones jurídicas no dependen del nomen iuris que se les dé sino de su verdadera esencia y que el canon en análisis encuadra en la categoría de las contribuciones especiales. Sostuvo que tratándose de un tributo el Municipio se encuentra facultado para establecerlo.----------------------------- ------ Argumentó que el procedimiento seguido para determinarlo se ajustó a las exigencias de las Ordenanzas enunciadas por la boleta de deuda. Insistió sobre las facultades de los municipios para crear impuestos, tasas y contribuciones. Concluyó que existían razones suficientes para rechazar la inconstitucionalidad planteada.------------------- ------ Afirmó luego que los agravios expuestos no alcanzan a conmover el fallo en crisis dado que son mera reedición de argumentos. Sin perjuicio de ello analizó el Convenio suscripto en el año 1980 y lo consideró inaplicable. Analizó finalmente la procedencia de los intereses.-------------- ------ Sobre dicha base resolvió rechazar el recurso de apelación interpuesto por la ejecutada y confirmar la sentencia de primera instancia.------------------- ------ El pronunciamiento fue registrado bajo el N° 28 del año 2011 del libro de sentencias definitivas "C y C" y se redactó en forma impersonal.------ ------ 3.- En una oportunidad previa ya indagué sobre si es o no definitiva la sentencia dictada en procesos de ejecución. Dije que la respuesta dependerá de analizar la proyección de los efectos del pronunciamiento. Señalé que es sabido que en el proceso ordinario posterior a un juicio ejecutivo, solo pueden hacerse valer aquellas defensas o excepciones que por ley no hubiesen sido admisibles en el proceso de ejecución, por ello la sentencia dictada en un juicio de esta especie, que rechaza los agravios del apelante en orden a la inconstitucionalidad de la ordenanza municipal y la defensa de prescripción reviste carácter de sentencia definitiva en los términos del art. 286 del CPCC, amén de producir cosa juzgada respecto a estas cuestiones sustanciales. Así si el fallo de la Alzada decide puntos que no pueden reeditarse o renovarse en un juicio posterior deben observarse las formalidades del acuerdo y voto individual de los jueces, pues no se trata de una decisión que, por su naturaleza, pueda quedar relevada de cumplir con esos requisitos (STJCh., SD N° 04/SRE/06).---------- ------ Aclaré también que es criterio de este Tribunal que: "El art. 169 de la Constitución Provincial en su nueva redacción no ha querido hacer extensivos sus alcances a las resoluciones procesales en general (autos, decretos y sentencias), sino tan solo a aquellas que reúnen las características de definitivas o sea aquellas que ponen fin al pleito o hacen imposible su continuación. En efecto el primer párrafo 2da. parte de la norma Constitucional señala textualmente: "En el caso de los órganos colegiados, la fundamentación es individual, aún cuando coincida con la conclusión de otro de los miembros", de dicho análisis es claro advertir que el texto se refiere a las sentencias definitivas, que son las que requieren voto individual y fundado del órgano colegiado, y lo que se procura con esa nueva normativa constitucional es evitar la adhesión de los integrantes del cuerpo a los votos precedentes, con la salvedad de lo establecido en el art. 9 de la Ley 1130, modificado por Ley 4550 para el dictado de las sentencias interlocutorias", actual art. 8 de la Ley V, N° 17 (STJCh., SD N° 04/SRE/06).---------------- ------ Ciertamente no es dable exigir que los pronunciamientos que reúnen las características de interlocutorios, definidos por la SCBA como "aquellos que hacen nacer o extinguir cargas o expectativas o afecten derechos procesales de las partes" (Ac. 47453- S.7/7792) observen las formalidades de acuerdo previo y voto individual de los jueces, que efectivamente, así lo ha contemplado este Superior Tribunal de Justicia en reiteradas oportunidades al señalar que para este tipo de sentencias: "no rige la exigencia del voto individual de los jueces, razón por la cual se redacta en forma impersonal (Exptes. N° 10.900-S-1984; 12.329-P-1989, entre otros), pero sí para las sentencias definitivas aún las pronunciadas en los procesos de ejecución cuando las decisiones que recaen en ellos son de imposible reedición en el juicio ordinario posterior (STJCh., SD N° 04/SRE/06).-- ------ La Corte Federal también ha descalificado, bien que excepcionalmente, diversos pronunciamientos de tribunales inferiores en que se consideró que mediaban irregularidades en el procedimiento de expedición de las sentencias, que importaban un grave quebrantamiento de las normas legales que determinan el modo en que ellas deben emitirse, causando, por consiguiente, agravio a la defensa en juicio. En esos casos en que se omitieron las formalidades sustanciales se declaró la inexistencia como sentencia del tribunal a quo (Fallos: 156:283; 308:2188; 312:139; 314:1846). Así, entre otros, si se han omitido las formalidades sustanciales de la deliberación y voto individual de los jueces y del acuerdo (Berizonce, Roberto O., "La Casación por Quebrantamiento de las Formas Esenciales del Juicio en la Doctrina Jurisprudencial", Revista de Derecho Procesal, Medios de impugnación Recursos-I, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 1999, pág. 335 y ssgts., con cita de Fallos 308:2188 y 233:111).----------------------------- ------ Es doctrina consolidada la procedencia de la nulidad oficiosa no sólo en hipótesis de violación de las formalidades sustanciales de los pronunciamientos definitivos, o falta de adecuada fundamentación, sino aun de defectuosa integración del tribunal a quo y, en general, cuando ha mediado infracción de preceptos de carácter imperativo, referidos al ejercicio de la jurisdicción, o que desnaturalizan el sistema de enjuiciamiento establecido (Berizonce, Roberto O., Op. y t. cit., pág. 337 y ssgts.).-------- ------ 4.- Ello así, el eje de la cuestión radica en establecer si la Cámara trató y desestimó el planteo de inconstitucionalidad o, por el contrario, no lo hizo.---- ------ En el caso, la respuesta afirmativa a ese interrogante se presenta para mí de manera evidente. Es que, la Cámara, luego de analizar la naturaleza jurídica del canon reclamado y las facultades de los municipios relativas a la creación de impuestos tasas y contribuciones, concluyó textualmente que las razones dadas eran "suficientes para rechazar la inconstitucionalidad planteada" (fs. 134, 3er. párr.).------------ ------ Es cierto que en el desarrollo de su análisis puntualizó la restringida faz de conocimiento que habilita este tipo de procesos y precisó los límites de la defensa de inhabilidad de título. Pero, luego de hacerlo, señaló que la jurisprudencia había atenuado esos principios e ingresó en el estudio del canon cuyo cobro se persigue.---------------------------------------- ------ No continuó con la primera línea de argumentación y sostuvo que el planteo de inconstitucionalidad excedía el análisis que habilita este trámite. No dijo que en las ejecuciones fiscales está vedado discutir si el sujeto activo goza o no de potestad tributaria. No descartó el planteo por carecer del carácter de manifiesto, o porque su verificación requiera mayores demostraciones y no pueda resolverse con las constancias del expediente.--- ------ Habilitó la discusión sobre la inexistencia de la deuda, aún cuando lo hiciera a modo de excepción. Encuadró al canon dentro de la categoría de contribuciones especiales. Concluyó que el municipio poseía facultades para establecerlo y, además, consideró a todas esas razones suficientes para rechazar la inconstitucionalidad planteada.

------ Esa posibilidad es analizada por autorizada doctrina que cita jurisprudencia proveniente de muy diversos tribunales, incluida la CSJN (Tessone, Alberto J. y María Cecilia Mc Intosh, "Juicio de Apremio", Librería Editora Platense, La Plata, 2005, pág. 92 y 121 y ssgts.).---------- ------ También quiero precisar que si bien, al seguir con su análisis, señaló que los agravios no alcanzaban a conmover el fallo en crisis y constituían mera reedición, al resolver no declaró la deserción del recurso ni invocó la aplicación del art. 269 del rito. No puedo entonces concluir que este haya sido el argumento dirimente para el rechazo del recurso, mucho menos frente a sus expresas palabras referidas a la existencia de razones suficientes para el rechazo de la inconstitucionalidad planteada.---- ------ De haber entendido que el recurso carecía de la crítica debida y que por tal razón debía rechazarse no era necesaria ninguna otra ponderación. La Cámara no hubiera debido pronunciarse sobre el carácter tributario de la deuda, las potestades de los municipios para crear impuestos y tasas o el sistema constitucional federal.------------------ ------ 5.- En consecuencia, definida por la Cámara la naturaleza jurídica de canon y sostenidas las facultades para establecerlo, el planteo de inconstitucionalidad no podrá reeditarse o renovarse a través de un juicio ulterior.---------------------------------------- ------ Es que, de conformidad con lo dispuesto por el art. 558, 4to. párr., del CPCC no procede discutir en un juicio ordinario posterior "las cuestiones de hecho debatidas y resueltas en el juicio ejecutivo, cuya defensa o prueba no tuviese limitaciones establecidas por la ley, ni las interpretaciones legales formuladas en la sentencia, ni la validez o nulidad del procedimiento de la ejecución".---------------- ------ No es posible la superposición de dos contradictorios plenos sobre una misma cuestión. El límite de lo que puede discutirse debe estar dado por la efectiva controversia y por las pruebas que se hubiere permitido introducir y producir en el primer proceso (Highton, Elena I., Beatriz A. Areán, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2008, t. 10, pág. 718).------------------------------- ------ Además, este proceso de conocimiento no tiene por objeto la revisión o reexamen de las cuestiones decididas en la sentencia dictada en el juicio ejecutivo, sino agotar el debate y la solución de aquellos puntos que, si bien están involucrados en el conflicto, no pudieron resolverse en dicho juicio a raíz de las limitaciones impuestas al conocimiento judicial (Highton, Elena I., Beatriz A. Areán, Op. y t. cit., pág. 718).----- ------ Fassi sostiene que la sentencia ejecutiva tiene efecto de cosa juzgada material en todo lo que ha sido debatido sin restricciones durante la tramitación del juicio ejecutivo. Por su parte Arazi enumera de modo sistemático cuestiones expresamente excluidas de la discusión en el juicio ordinario posterior, entre ellas menciona a las interpretaciones legales formuladas en la sentencia (Highton, Elena I., Beatriz A. Areán, Op. y t. cit., pág. 718 y ssgts.).--------------------------------- ------ Y, en el caso, la no recepción del planteo de inconstitucionalidad fue sobre la base de una interpretación legal formulada por la sentencia.- ------ 6.- Por lo expuesto concluyo que la sentencia recurrida es definitiva y ha sido dictada sin las formalidades del acuerdo y voto individual de los jueces.----- ------ En consecuencia, mas allá de los agravios del casacionista, he de pronunciarme proponiendo al Acuerdo la declaración de oficio de su nulidad. Ello por cuanto se han violado las solemnidades prescriptas por la ley para el dictado de las sentencias definitivas (art. 169 de la Constitución Provincial y arts. 163 y 164 del Código de rito).--------------- ------ Esta Corte puede y debe declarar su nulidad de oficio ya que tratándose de decidir cuestiones esenciales, ese Tribunal colegiado no podía prescindir de la forma del Acuerdo y voto individual de los magistrados que la integran. ASÍ LO VOTO.-------------------------------------- ------ Consciente de la trascendencia de mi propuesta no quiero finalizar sin antes decir que estoy convencido de que este resultado lejos está de encuadrar en el concepto de falta grave del art. 169 de nuestra Constitución. Es que, no debe obviarse ponderar la larga y profusa discusión sobre los efectos de la sentencia ejecutiva, el objeto del juicio de conocimiento posterior y sus restricciones. No es esta una sentencia definitiva dictada en un juicio ordinario en el que ninguna duda podría haberse generado sobre la necesidad de voto individual. Supuestos como el de autos evidencian que los arts. 7° y 8° de la Ley V N° 17 demandan una interpretación que se construye a través de los años y en esta tarea se va delimitando cuáles son las decisiones que exigen el voto individual y fundado de los miembros de la Cámara.-- ------ El resultado al que arribo excluye la necesidad de pronunciarse sobre la segunda parte de la proposición de la primera cuestión, porque se estarían abordando recursos interpuestos contra una resolución nula cuyo tratamiento se tornó abstracto. ASÍ LO VOTO.-------------------------- ------ Dado que la anulación de la sentencia se propone ex oficcio, sin que la recurrente hubiera vertido agravios concordantes con la solución que propongo, considero que corresponde imponer las costas por la intervención ante este Tribunal en el orden causado (art. 69, 2º párrafo, CPCC). ASÍ LO VOTO.------------------------- ------ En lo que respecta a los estipendios profesionales considero que, en mérito a la extensión, calidad y eficacia de la totalidad de la labor profesional cumplida, corresponde regular los honorarios del Dr. J. M. R. por su actuación ante este Tribunal en un 1,61 %, del monto del proceso (arts. 5°, 6°, 8°, 13 y 39 de la Ley XIII N° 4).------------ ------ Por su parte, por idénticos parámetros y concepto, entiendo que corresponde regular los honorarios de los Dres. A. B. M., P. H. C., S. G. M., M. M., O. H. y N. L., en conjunto, en un 1,25% del monto del proceso (arts. 5°, 6°, 7°, 8°, 12, 13 y 39, Ley XIII, N° 4, y arts. 1° y 2° de la Ley III N° 22), sin perjuicio de la aplicación del art. 2° de la Ley XIII, N° 4 en caso de corresponder.

Todos los honorarios con más el IVA si resultara pertinente y sin perjuicio de la aplicación de los mínimos arancelarios. ASÍ LO VOTO.

------ A igual cuestión, el Dr. Royer dijo:---------------------------------------- ------ I.- Concuerdo con el detalle de antecedentes que efectuó el colega preopinante. Fundado en razones de brevedad y economía procesal remito a su lectura.--------------------------------- ------ II.- En el precedente que cita el Dr. Pasutti, SD 04/SRE/06, yo también fijé posición. En dicha oportunidad, al igual que aquí, la cuestión involucraba delimitar el concepto de sentencia definitiva para los procesos de ejecución.------------------------ ------ Fundé allí mi decisión en conceptos de Juan Carlos Hitters, quien explica que "cuando más vastas son las defensas admitidas, la sentencia dictada en el juicio ejecutivo se convierte en una verdadera declaración de certeza por lo que adquiere el derecho a ser considerada definitiva". Agrega que "al existir la posibilidad de un micro proceso de conocimiento en el trámite de las excepciones, es obvio que lo resuelto en la sentencia de trance y remate no siempre puede revisarse en el juicio ordinario posterior" (SD 04/SRE/06, con cita de "Técnica de los Recursos Extraordinarios y de la Casación", Ed. Platense SRL, 1984, pág. 394).----- ------ Con similar criterio se expresó la Corte Suprema de Buenos Aires, cuando indicó que: "La decisión de Cámara que al revocar el fallo de primera instancia hace lugar a la demanda con los alcances y normativa del derecho común, resolviendo cuestiones que no pueden ser renovadas en un juicio ulterior, reviste carácter de definitiva en los términos de los arts. 278, 296 y 297 del Código Procesal, Civil y Comercial. Así, en el presente, corresponde declarar de oficio la nulidad de dicho pronunciamiento definitivo, en tanto, aún recaído en juicio ejecutivo, no observó la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces, pues por su naturaleza no es de aquéllos que pueden quedar relevados de dichos requisitos (art. 168 Constitución de la Provincia)" (SD 04/SRE/06, con cita de SCBA, "Araque, Mirta c/ Tetilla, Juan C. s/ Cobro ejecutivo. Rec. de queja"; JUBA, B37798).--------------- ------ Igual posición sostuvo la Corte Suprema de Justicia de la Nación al afirmar que: "Si bien las decisiones recaídas en juicios ejecutivos y de apremio no constituyen la sentencia definitiva que alude el art. 14 de la ley 48, cabe hacer excepción a dicha regla si el fallo apelado desestimó la prescripción opuesta por la demandada y dio curso a la ejecución fiscal, ya que el agravio que de ello resulta no puede ser revisado en trámite ulterior, donde aquella defensa no sería ya admisible" (SD 04/SRE/06, con cita de Fallos, 318:643, 1416; 319:79).--- ------ III.- Lo que debe entonces determinarse es si en el marco del micro proceso de conocimiento que autoriza el juicio ejecutivo se habilitó el examen y se resolvieron cuestiones que no pueden ser renovadas en un juicio ulterior. Si así fuera, es de ineludible cumplimiento la exigencia de acuerdo y voto individual (art. 169 CPcial., art. 8 Ley V N° 17, arts. 165, 275 y concs. CPCC).----------------------- ------ Y, sobre la base de la situación en la que el expediente arribó a la Cámara -el contenido de la demanda, las excepciones opuestas, el sentido del pronunciamiento del Juez de Primera Instancia, el alcance de los agravios-, pero muy especialmente atendiendo a los fundamentos y a las palabras utilizadas por la Sala "B" al dictar sentencia, no puedo mas que concluir que dicho Tribunal habilitó el debate referido a la inconstitucionalidad del canon reclamado y desestimó su procedencia.--- ------ Es que, al dar respuesta a los agravios de la demandada se hizo cargo del planteo de inconstitucionalidad. A partir de fs. 132 vta. último párrafo analizó el canon, su naturaleza, diferenció los recursos emergentes de la potestad de imperio con que cuenta el estado, encuadró la deuda reclamada en uno de ellos, sostuvo las facultades del municipio para establecer el tributo y, finalmente, a fs. 134, 3er. párr., concluyó que todas esas razones eran suficientes para "rechazar la inconstitucionalidad planteada".--------------- ------ Más allá de lo categórico de las palabras utilizadas, nada de ello debió haber sido dicho si el rechazo del recurso de apelación de la ejecutada encontraba su fundamento en restricciones al conocimiento propias de este tipo de proceso o en la ausencia de crítica suficiente de las razones dadas por el Juez de Primera Instancia.------------------------------ ------ Además, quiero precisar que considero significativo el hecho de que la Cámara le adjudicó al pronunciamiento número de sentencia definitiva, lo que para mí indica que ese fue el carácter que interpretó poseía la decisión.----------------------------------- ------ Ello así, por imperativo constitucional y legal, no podía la sentencia ser dictada en forma impersonal.-------------- ------ IV.- En tal contexto, aún cuando la recurrente no denunciara como defecto lo apuntado, declarado el recurso formalmente admisible, el Tribunal posee la facultad de examinar la sentencia y verificar si fue dictada con observancia de las formas procesales instituidas bajo expresa sanción de nulidad ya que, en el supuesto de no adecuarse a las mismas, se encuentra habilitada la declaración de nulidad de oficio.------------------- ------ Como ya lo dije con cita de Morello, Sosa y Berizonce: corresponde resaltar la tarea del juez ante el deber de motivar sus decisiones, en tanto se trata de una de las mas delicadas misiones asignadas a la judicatura, y en donde resplandece u opuestamente se opaca la garantía de defensa. Frente a la eventualidad que se produjere tal anormalidad, la consecuencia que de ello se deriva es la nulidad de la sentencia, la que puede ser declarada "ex-officio" ... Esta última solución se impone en la medida en que se constate la transgresión de formas indisponibles, instituidas en función del interés público general, que por lo tanto no pueden ser relegadas por el juzgador o las partes; una de ellas es precisamente la que instituye nuestro ordenamiento constitucional local para el dictado de las sentencias definitivas. Aquí las formas se alzan a la condición de instrumentos establecidos por la Ley para tornar operativa la garantía constitucional de la defensa en juicio, por lo que su omisión o transgresión es severamente sancionada. Y en mérito a que no se encuentra excluido este Tribunal de velar por la estricta observancia de las formas instituidas por la ley para la mejor administración de justicia, detectada la violación, habrá de actuar, aún de oficio, a fin de recomponer las garantías constitucionales desoídas (STJCh., SD 04/SRE/06).-- ------ En consecuencia, luego de una detenida y meditada lectura de la sentencia recurrida, al igual que el Dr. Pasutti concluyo que este Tribunal debe ejercer la facultad de anular de oficio el decisorio, en tanto el mismo incumple la exigencia de los art. 169 CPcial. y 8 de la Ley V N° 17. ASÍ LO VOTO.------------------ ------ Aún ante esta solución creo necesario resaltar que no estamos frente a un supuesto de manifiesta e inexcusable infracción a los preceptos constitucionales. Es ardua la tarea de delimitar el concepto de sentencia definitiva y en su desarrollo se presentan situaciones como la del presente trámite que pueden hacer pensar que para esa hipótesis no fue pensada la exigencia constitucional.----- ------ Finalmente, el modo en que se resuelve torna improcedente cualquier otra consideración respecto de las restantes cuestiones propuestas a este Tribunal. ASÍ LO VOTO.--------------------------------------- ------ V.- Coincido con el Dr. Pasutti en que dado que la nulidad se decide de oficio corresponde imponer las costas por la intervención ante esta Alzada en el orden causado (art. 69, 2do. párr., CPCC). ASÍ LO VOTO.-------- ------ A su vez, entiendo pertinente regular los honorarios del Dr. J. M. R., por su actuación ante este Tribunal y de conformidad con las pautas de valoración previstas por el ordenamiento arancelario, en un 1,61 %, del monto del proceso (arts. 5°, 6°, 8°, 13 y 39 de la Ley XIII N° 4) y los correspondientes a los Dres. A. B. M., P. H. C., S. G. M., M. M., O. H. y N. L., por idéntica tarea y en virtud de las mismas pautas, en conjunto, en un 1,25% del monto del proceso (arts. 5°, 6°, 7°, 8°, 12, 13 y 39, Ley XIII, N° 4, y arts. 1° y 2° de la Ley III N° 22). Éstos últimos sin perjuicio de la aplicación del art. 2° de la Ley XIII, N° 4 en caso de corresponder.

------ Todos los honorarios con más el IVA si resultara pertinente y sin perjuicio de la aplicación de los mínimos arancelarios. ASÍ LO VOTO.-- ------ A la segunda cuestión el Dr. Pasutti dijo:-------------------------------- ------ Tal como he votado la primera cuestión propongo al acuerdo: 1º) Decretar la nulidad de la sentencia de fs. 129/136 (arts. 290 y 299 CPCC). 2º) Reenviar los autos para que por intermedio de los respectivos subrogantes legales se dicte nuevo pronunciamiento en el ámbito de conocimiento de los agravios propuestos y no resueltos de conformidad con las formas adecuadas. 3º) Imponer las costas por la intervención ante este Tribunal en el orden causado (art. 69, 2º párrafo, CPCC).

4°) Regular los honorarios del Dr. J. M. R. por su actuación ante este Tribunal, en mérito a la extensión, calidad, eficacia de la labor profesional cumplida, en un 1,61 %, del monto del proceso (arts. 5°, 6°, 8°, 13 y 39 de la Ley XIII N° 4).

5°) Regular los honorarios de los Dres. A. B. M., P. H. C., S. G. M., M. M., O. H. y N. L., por sus tareas ante esta Alzada, en conjunto, en un 1,25% del monto del proceso (arts. 5°, 6°, 7°, 8°, 12, 13 y 39, Ley XIII, N° 4, y arts. 1° y 2° de la Ley III N° 22), sin perjuicio de la aplicación del art. 2° de la Ley XIII, N° 4 en caso de corresponder.

Todos los honorarios con más el IVA si resultara pertinente y sin perjuicio de la aplicación de los mínimos arancelarios.-- ------ A la misma cuestión el Dr. Royer dijo:

------ Tal como voté a la primera cuestión, concuerdo con la que propiciara el Dr. Pasutti.-------------------------- ------ Con lo que se dio por terminado el acto. Se deja constancia que la presente se dicta con dos miembros de la Sala Civil, por haberse obtenido la mayoría y por encontrarse el Sr. Ministro Dr. Daniel Luis Caneo, en uso de licencia (art. 28 de la Ley V N° 3 y lo dispuesto en el punto 4° última parte del Acuerdo N° 3204). Se acuerda dictar la siguiente:------ ----------------------------------- S E N T E N C I A ------------------------------------- ------ 1º) DECRETAR la nulidad de la sentencia de fs. 129/136 (arts. 290 y 299 CPCC).---------------------------------- ------ 2º) REENVIAR los autos para que por intermedio de los respectivos subrogantes legales se dicte nuevo pronunciamiento en el ámbito de conocimiento de los agravios propuestos y no resueltos de conformidad con las formas adecuadas.----- ------ 3º) IMPONER las costas por la intervención ante este Tribunal en el orden causado (art. 69, 2º párrafo, CPCC).-------------------------------------- ------ 4°) REGULAR los honorarios del Dr. J. M. R. por su actuación ante este Tribunal, en mérito a la extensión, calidad, eficacia de la labor profesional cumplida, en un 1,61 %, del monto del proceso (arts. 5°, 6°, 8°, 13 y 39 de la Ley XIII N° 4).--------------------------------------- ------ 5°) REGULAR los honorarios de los Dres. A. B. M., P. H. C., S. G. M., M. M., O. H. y N. L., por sus tareas ante esta Alzada, en conjunto, en un 1,25% del monto del proceso (arts. 5°, 6°, 7°, 8°, 12, 13 y 39, Ley XIII, N° 4, y arts. 1° y 2° de la Ley III N° 22), sin perjuicio de la aplicación del art. 2° de la Ley XIII, N° 4 en caso de corresponder.

Todos los honorarios con más el IVA si resultara pertinente y sin perjuicio de la aplicación de los mínimos arancelarios.-------------------------- ------ 6º) REGISTRESE, notifíquese y oportunamente devuélvase.--------- Fdo. Dres. Fernando S. L. ROYER; José L. PASUTTI.--------------------------Recibida en Secretaría el 21/12/12.-----------Registrada bajo el N° 21/SRE/2012. Conste.----------------------------------------Fdo. Dra. Carmen VÉLEZ. Secretaria.