marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, regulación de honorarios, intereses, servicio público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la CABA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Ecohábitat SA Emepa SA UTE (Resol 172/2014) c/ Ente Único Regulador de los Servicios Públicos CABA s/ recurso directo s/ resoluciones del Ente Único Regulador de Servicios Públicos s/ otros procesos incidentales
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-06

El pago de los honorarios deberá efectuarse dentro del término de los diez (10) días de la aprobación firme de la liquidación. En caso de mora, deberán adicionarse los intereses moratorios (art. 53 de la ley n° 5134) desde la fecha de la mora hasta el efectivo pago de la deuda. (Del voto en disidencia del juez Luis Francisco Lozano).
Infracciones aduaneras, declaración inexacta de mercaderías
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: COMPAÑIA ARGENTINA DE LEVADURAS  S.A.I.C. s/ RECURSO DE APELACION - TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-07-25

Si la diferencia en la declaración de exportación se suscita por ser menor el valor de la mercadería resultante, lo que da lugar a que el ingreso desde el exterior resulte superior al que correspondía, se configura la infracción prevista por el art.

954. Empero, la falta de información cierta sobre las condiciones en que se entregaron las muestras en sede administrativa, y cómo se conservaron, impide establecer si el transcurso del tiempo entre la extracción y el análisis pudo influir en forma decisiva sobre los resultados obtenidos. Ello, sumado a otras informaciones producidas en la causa, crea una situación de razonable duda que adquiere relevancia jurídica por tratarse de cuestión exclusivamente represiva (art. 898 Cód. Aduanero).
Compraventa inmobiliaria, prehorizontalidad, mora del vendedor
Materia: CIVIL
Carátula: TCHOLAKIAN ARMEN Y OTRO c/ CONSTRUCTORA SAMARCO S.A.C.I.F. Y OTRO s/ Escrituración.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-09

El incumplimiento material de las obligaciones impuestas por los artículo 4 y 12 de la ley 19.724 autoriza a los compradores a suspender el pago de las cuotas en que se hallaba dividido el precio de la compraventa, por cuanto la aplicabilidad del artículo 510 del Código Civil no requiere constitución en mora de la parte incumplidora (conf. Llambías, "Tratado-Obligaciones", t. I 2da ed.

Perrot, Buenos Aires, 1973, nro 120 b. en págs 151 y 152; v. para la situación análoga del artículo 1201; Borda, "tratado-Obligaciones", t. II, tercera ed. Perrot, Buenos Aires, 1971, pág. 210 nro 1294;

Belluscio, "Código Civil Comentado..." ed. Astrea, Buenos Aires, 1979-84, V.2, pág 608, nro 3, y V. 5, pág. 951, nro 7).
Acción de amparo, reordenamiento del sistema financiero
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "SLEIGH  VERITY  ANNA  Y  OTRO c/ PEN LEY 25561 DTO1570/01 214/02 s/ amparo sobre ley 25.561".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-15

"Respecto de las imposiciones efectuadas en el ex Scotiabank Quilmes - tal como lo indicó el Alto Tribunal en autos "Seligman" el 7 de octubre de 2008, aplicable por analogía al sub examine- cabe hacer lugar a los agravios expresados por el Banco Comafi S.A. limitando su responsabilidad a los conceptos y sumas asumidas según los términos del contrato de transferencia celebrado entre ambas entidades bancarias, dejando a salvo el derecho del ahorrista a reclamar, en su caso, del Scotiabank Quilmes, a través de las vías que pudieren corresponder, el monto excedente".
Obras sociales, prestación de servicios, responsabilidad solidaria
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Kartofel, Marcos Benjamín c/ OSMATA Obra Social Sindicato Mecánicos y Afines y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-14

La circunstancia de que las obras sociales que integran el sistema nacional del seguro de salud, se hallen facultadas a delegar en terceros la prestación de servicios médico asistenciales que le son propios (conf. art. 29 ley 23.661 y resolución 195/01 de la Superintendencia de Servicios de Salud) no importa la inaplicabilidad a su respecto de las previsiones del artículo 30 L.C.T., pues no existe razón alguna que justifique tal parecer. El hecho de que las obras sociales hayan sido facultadas por ley a delegar en determinados terceros la prestación de servicios que hacen a su actividad normal y específica propia no constituye, ciertamente, una suerte de liberación de las consecuencias que, en tal supuesto, establece -en el plano laboral- el mencionado art. 30: es claro que tal autorización normativa resultó necesaria en virtud de que la actividad de los organismos integrantes del sistema nacional del seguro de salud (entre las que se encuentran, en un papel preponderante, las obras sociales) se halla íntegramente regulada por el Estado, pero las obras sociales que, con fundamento en tal autorización, decidan tercerizar total o parcialmente su actividad principal no quedan liberadas de las consecuencias que para tal supuesto determina la ley laboral.
Proceso penal
Materia: PENAL
Carátula: CORREA, FEDERICO ANDRES Y LOBO, GONZALO MATIAS. s/ ROBO DE MOTOVEHICULO.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2014-10-28

Una desproporcionada sanción punitiva puede encerrar, no solo la vulneración del principio de proporcionalidad de las penas, sino también una violación de la prohibición constitucional de penas crueles. En palabras de Carrara la pena no debe ser excesiva es decir, no debe superar la proporción con el mal causado por el delito; todo castigo que se le irrogue al culpable más allá del principio de la pena, que es sancionar el precepto proporcionalmente con su importancia jurídica, y más allá de la necesidad de la defensa, es una crueldad ilegítima. Claro está que esa violación, al principio de proporcionalidad de la pena, puede darse en la fase legislativa que se llama proporcionalidad en abstracto, o al momento de la determinación judicial de la pena, que es proporcionalidad en concreto.

DRES.: PELEGRI - GRELLET DE BARRIONUEVO (EN DISIDENCIA).
Consejo Nacional de Educación Técnica, personería jurídica, recursos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MATURANA, ELSA BEATRIZ c/ CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION TECNICA s/ ORDINARIO - CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-08-27

Según la ley 15.240 y su modificatoria, la ley 19.206, el Consejo Nacional de Educación Técnica, es un ente descentralizado que puede darse sus propios reglamentos, disponer de sus bienes y contar con un patrimonio afectado al cumplimiento de sus fines.

Esto surge palmariamente de los arts. 4 al 8.

Tiene personalidad jurídica, por lo que puede ser traído validamente a juicio.

Internamente, su órgano superior resuelve los recursos que se interpongan contra los actos administrativos emanados de los órganos inferiores (art. 93 del Decreto 1759/72), contra la decisión definitiva del ente puede optarse por iniciar la acción judicial o interponer el recurso administrativo de Alzada para que sea resuelto por el Ministro en cuya jurisdicción actúa (arts. 94 al 96 del citado Decreto).
Cuestión abstracta, depósito judicial, sueldo anual complementario
Materia: PROCESAL
Carátula: GALICER, MARIA CRISTINA Y OTRO c/ ESTADO NACIONAL s/ COBRO DE AUSTRALES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-13

La cuestión de fondo ha devenido abstracta, pues ambas partes afirman de común acuerdo que la actitud de la actora de satisfacer íntegramente el reclamo de los actores, esto es, de pagar los aguinaldos sobre lo que versa la presente causa, mediante depósito judicial con arreglo a la pertinente liquidación, implicó necesariamente la eliminación del litigio que enfrentaba a las partes por lo que la situación procesal resultante es de tal naturaleza que excluye la posibilidad de que se dicte la sentencia a que se refiere el art. 300 del código de rito sobre el fondo del asunto.
Concursos, funcionarios y empleados del concurso, síndico del concurso, letrado del síndico del concurso, honorarios del abogado, inconstitucionalidad
Materia: COMERCIAL
Carátula: ORGA, JUAN JOSE s/ QUIEBRA. BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-03-09

Procede desestimar el cuestionamiento formulado por el síndico concursal y su letrado respecto de la aplicación del art. 257 de la ley de concursos, con base a estimar que violenta el derecho de la sindicatura a una justa retribución, sin atender a las exigencias de su función y privilegiando injustamente la disminución de costas a favor del concursado y los acreedores a expensas del trabajo profesional cuando, -como en el caso-, surge que la argumentación esgrimida no cuestiona la correlación entre la norma y el caso sometido a examen, sino a criticar la disposición legal de referencia. Ello pues, parece obvio que quien se inscribe para aspirar a desempeñar la tarea de la sindicatura concursal debe conocer los riesgos inherentes a su función, entre ellos la posibilidad de que los emolumentos a percibir no satisfagan sus expectativas, por la escasa magnitud del activo. La situación de tener a su cargo los honorarios del profesional que contrata (ley de concursos, art.: 257) no es irracional ni puede tacharse de inconstitucional.
Abogado no apoderado, competencia por conexidad
Materia: CIVIL
Carátula: ARAVENA, JORGE ABEL c/ DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERIA Y RECURSOS NATURALES DE LA PROVINCIA Y/O RESPONSABLE s/ RECURSO DE AMPARO.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-12-21

El profesional actuante que no presentó el poder en tiempo, no puede purgar el vicio de su propia inactividad, alegando a la postre, que hizo la presentación del instrumento legal en otro juicio de amparo conexo que se sustancia ante el mismo juzgado. Ya que la conexidad que invoca el apoderado de la actora no le exime de la obligación de presentar una copia simple del mandato otorgado, esta acreditación constituye una obligación de su parte y de ninguna manera puede ser endilgada al juzgador bajo la pretensión de una medida para mejor proveer. Lla estructura agraviativa del recurso de apelación sustentada en dichas consideraciones, carece de fundamentación suficiente, correspondiendo su rechazo.-
Pensiones, cónyuge supérstite, cuota alimentaria, concurrencia de beneficiarios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Chaibul de Pérez, Lidia Celia y Otro c/ E.N. (Mº de Defensa) s/ Personal Militar y Civil de las FFAA. y de Seg.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-06

Conforme a la norma establecida en el inc. 1º del art. 38 de la ley 18.037, modificado por el art. 1º de la ley 23.570 -aplicable al régimen de la ley 19.101 en virtud de lo dispuesto por el art. 10 de la citada ley 23.570-, la cónyuge supérstite no es excluida por la conviviente en el goce de la pensión cuando el causante hubiera estado contribuyendo al pago de los alimentos.
Recurso contencioso administrativo, jubilaciones, movilidad del haber jubilatorio, razonabilidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: GALCERAN, LELIA ELIANA HUBEAUT DE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      CSJ EXPTE NRO 127-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-10-10

Al ser diversas las causas que pueden determinar la ruptura de la razonable proporcionalidad que debe existir entre el haber que percibe el agente activo y el pasivo, y no reconociéndose un automático ajuste en función de los montos que por cualquier concepto reciba el activo, es preciso introducir tempestiva y adecuadamente la pretensión y respetarse los principios de debate y prueba.

En el caso, el Tribunal sólo habrá de expedirse acerca del derecho a reajuste del haber en base al cambio de categoría, sin perjuicio de lo que pueda reclamar ante y para ser resuelto por quien corresponda.
Caducidad de instancia, segunda instancia, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: OVALLES BERNABE Benito c/ Rodríguez Duilio Daniel y Otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-04-10

La concesión del recurso de apelación abre la segunda instancia que terminará con el dictado de la Sentencia del Tribunal que la resuelve. Por lo que generando la apelación una instancia propia, para su impulso hace falta un acto con idoneidad específica para procurar su avance hacia el dictado de la sentencia de segunda instancia.
Daños y perjuicios, damnificado indirecto, conviviente, responsabilidad médica, mala praxis, obligaciones de resultado, responsabilidad objetiva, culpa civil, establecimientos asistenciales, obras sociales
Materia: CIVIL
Carátula: HURTADO, BLANCA c/ Y.P.F. SOCIEDAD DEL ESTADO s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-07-17

Cuando el enfermo ha fallecido y, quien acciona es un damnificado indirecto -en el caso, la concubina, por defecto de atención médica, el deber de responder devendrá del solo incumplimiento en las obligaciones de resultado. Por ello, y aplicando -en el caso- la tesis de la responsabilidad objetiva en la obligación de resultado, no será necesario imputar "culpa" a la clínica o la obra social, pues bastara con hacer mérito de que "incumplieron", porque no prestaron a tiempo el servicio que el enfermo requería. Así es como con esa prueba del incumplimiento deberán responder (C.N.CIV., sala D, 28.2.96, "G.F.M. Y otro c/ Centro Médico Lacroze y otros s/ Daños y Perjuicios", Ed. 3.6.97; "Responsabilidad Civil de los Médicos", Alberto J. Bueres, ED. Hamurabi, Buenos Aires, 1992; Juan José Casiello, "Responsabilidad de las Clínicas y de las Obras Sociales").
Excarcelación, circunstancias que impiden la excarcelación, intención de eludir la acción de la justicia, salida del país, asociación ilícita
Materia: PENAL
Carátula: Samid, José Alberto c/  s/ Incidente de excarcelación en la causa caratulada "Lastoria, Lilian Alicia y otros s/ Ley 23.771 y asociación ilícita"
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-04-11

Corresponde rechazar la solicitud de excarcelación efectuada por la defensa del imputado investigado por su presunta intervención en una asociación ilícita, puesto que las circunstancias plasmadas en el expediente permiten suponer fundadamente que, en el caso de recuperar la libertad, el nombrado podría intentar eludir, nuevamente, el accionar de la justicia. El encartado egresó del territorio nacional de manera irregular y el hecho de haber sido hallado en el extranjero permite concluir que no habrá de sujetarse a las condiciones que suponen la sustanciación de un proceso en libertad.
Recurso extraordinario federal, jubilación por invalidez
Materia: PROCESAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Longo, Pedro c/ Administración Nacional de la Seguridad Social.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-27

Es inadmisible el recurso extraordinario deducido contra la sentencia que denegó el beneficio de jubilación por invalidez (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) (Disidencia de los Dres. Julio S. Nazareno y Adolfo Roberto Vazquez).
Proceso judicial, exceso ritual manifiesto
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: MOLINO ARROCERO ENTRE RIOS S.A. s/ SU PEDIDO DE QUIEBRA - INCIDENTE DE VENTA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1904-03-16

Tiene dicho la jurisprudencia, que "El exceso ritual acaece cuando el formulismo pierde el sentido "servicial" del procedimiento, transformando lo que es "instrumental" en "sustancial", extraviando así el proceso su razón de ser".
Expresión de agravios, fundamentación suficiente
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Edificador de Trenque Lauquen S.A. c/ Fernández, Mario Ernesto s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-11-19

La expresión de agravios no es una simple fórmula carente de sentido, sino un análisis razonado de la sentencia, punto por punto, y una demostración de los motivos que se tienen para considerar que ella es errónea.
Acción de revisión, sentencia, cosa juzgada, carácter excepcional, interpretación restrictiva
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: P, O. A. s/ Calumnias e injurias. Revisión Penal (Expte. CSJ Nº 25-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-12-14

Ante la existencia de cosa juzgada en un proceso penal -y que sólo se puede sobrepasar por vía excepcional establecida por la ley, que enuncia causales perfectamente determinadas-, es totalmente inconducente para el logro de la apertura de la revisión, pretender el reexamen de la causa a la luz de elementos de convicción sin posibilidad de acreditar la inexistencia del hecho, en detrimento del juicio contrario emitido por el órgano jurisdiccional ordinario.
Acción contencioso administrativa, recurso contencioso administrativo, prueba, demanda, pretensión
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ARMAS, MARIO LISANDRO c/ COMUNA DE ROLDAN s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE   Nº 374-86)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-06-19

En los recursos contenciosos administrativos de plena jurisdicción y de anulación o ilegitimidad, la jurisdicción se propone determinar la verdad real del actor, y no sólo la pretensión jurídica del recurrente.
Daños y perjuicios, transporte terrestre, muerte de un pasajero, herederos, acción civil, responsabilidad extracontractual, fallo plenario
Materia: COMERCIAL
Carátula: RIGHI DE SANCHEZ, LIDIA LUISA c/ INSTITUTO NAICIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUB. Y PENS. s/ RESPONSABILIDAD MEDICA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-05-03

Es de naturaleza extracontractual la acción ejercida por los herederos del pasajero que ha fallecido durante el transporte terrestre CNCiv.Com.Fed., en pleno, 30.6.84, in re "Ríos, Cirila c/ E.F.A. s/ Sumario"; publ. en ED, 101-155; JA, 1982-III, 460.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestión de derecho común, cuestiones opinables, contrato de trabajo, rescisión del contrato
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: ROSS, ALICIA c/ HSBC BANK ARG. S.A. y otro s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - (Expte. C.S.J. nro. 88, año 2009)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2011-09-13

En cuanto a las quejas articuladas bajo la tacha de arbitrariedad normativa en que habrían incurrido las Magistradas que propiciaron la validez del acuerdo rescisorio cuestionado en clara oposición a normas de orden público laboral, cabe señalar que la sola lectura de los votos que conformaron el fallo atacado pone en evidencia que estamos en presencia de una cuestión netamente interpretativa, vinculada a las condiciones de validez y alcance de la extinción contractual por mutuo acuerdo -en el caso, un retiro voluntario- realizada en los términos del artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo, que ha dado lugar a diversas posturas doctrinarias y jurisprudenciales, lo que en principio determina que se trata de una temática de por sí ajena a la instancia excepcional prevista en la ley 7055. Ello así, ya que en tanto no se demuestre que los sentenciantes han desbordado el marco de posibilidades interpretativas que la norma brinda, o hayan incurrido en algún vicio que descalifique desde una óptica constitucional su razonamiento, no corresponde que esta Corte revise lo resuelto por éstos.
Traductores públicos, extranjeros, inscripción en la matrícula, trabajador extranjero
Materia: CIVIL
Carátula: KOVERZNYEVA,  Ana s/ APELACIÓN  DE  RESOLUCIÓN  DEL  COLEGIO DETRADUCTORES.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-22

La exigencia de la nacionalidad argentina a los efectos de obtener la matriculación necesaria para el ejercicio de la profesión -art. 4 inc. a de la ley 20.305- vulnera los derechos reconocidos por el art. 20 de la Constitución Nacional a los extranjeros de trabajar y ejercer toda actividad lícita industria, comercio o profesión.

(Sumario N°20551 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Recurso de casación penal, procedencia del recurso, aplicación errónea de la ley, nulidad de sentencia, falta de fundamentación, calumnias, injurias, excusas absolutorias, funcionarios públicos
Materia: Penal
Carátula: Garzonio, Héctor Oscar s/ Querella
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1991-10-31

Toda vez que el a-quo recepcionó una excusa absolutoria no contemplada para la situación funcional que revestía el ofendido por los delitos que informan la querella y esa circunstancia ha influído esencialmente en el dispositivo, debe revocarse el decisorio impugnado.
Juicio ejecutivo, excepción de pago
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Cepeda, Jorge N. c/ Burcaizea, Ismael Norberto s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-10-08

La exigencia legal de que el pago sea documentado, sólo se considera cumplida cuando el ejecutado acompaña recibos u otros documentos análogos emanados del acreedor con expresa referencia al título que ostenta la acción promovida, que permiten establecer su cancelación total o parcial.
Juicio de desalojo, recurso extraordinario local, expropiación, pueblos originarios
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Naranjo Juan Luis c/ Agüero José Manuel s/ Desalojos P/ Recurso Extraordinario Provincial
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2023-07-04

En un proceso de desalojo para resistir la acción no es suficiente con que el demandado invoque la calidad de poseedor. Más aún si con anterioridad a la fecha de inicio de la relación laboral dicho inmueble ya conformaba territorio reconocido como perteneciente a la Comunidad Huarpe. Es necesario que la alegación de aquella calidad presente visos de seriedad, dado que una vez acreditada es insuficiente el marco de desalojo para dirimir la contienda, debiendo ventilársela por otros medios procesales creados para discutir la posesión. Máxime si la propiedad en cuestión se encuentra dentro de un territorio que está siendo objeto de un juicio de expropiación.
Pacto de San José de Costa Rica, privación ilegal de la libertad, derecho a la libertad, debido proceso, violación al debido proceso, revisión judicial, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, GUATEMALA, agentes de la administración pública
Materia: DERECHOS HUMANOS-PROCESAL-PENAL
Carátula: Caso Maritza Urrutia vs. Guatemala c/  s/ Sentencia de fondo, reparaciones y costas
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2003-11-27

Resulta incompatible con lo dispuesto en el artículo 7.5 de la Convención Americana -control judicial de la detención-, lo actuado por agentes del Estado Guatemalteco en perjuicio de la activista política que fue ilegalmente detenida, trasladada a un centro clandestino de detención y no fue puesta inmediatamente a disposición de una autoridad competente, pues se le negó la posibilidad de interponer, por sus propios medios, un recurso sencillo y efectivo contra el acto lesivo, con la clara intención de ocultar su detención y evitar todo control judicial.