marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Acción privada, querella, silencio, desistimiento
Materia: PENAL
Carátula: MARCHETTI, Pablo. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-01

El silencio de la querella no implica un desistimiento pues, en el ámbito de los delitos de acción privada las renuncias -sean expresas o tácitas- y sus efectos están expresamente previstos en los arts. 420 422 y 423 del C.P.P.N. Por ello, corresponde confirmar el auto que rechazó la excepción de falta de acción planteada por la defensa.
Aclaratoria (procesal), medidas cautelares, jurisdicción
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: AMAYA ELPIDIO GUILLERVALDO s/ CONFLICTO INTERNO MUNICIPAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1986-09-17

La expresión de la ley de que una vez pronunciada la sentencia concluye la jurisdicción del juez respecto del pleito (CPC. Art.

362), sólo significa prohibir al tribunal que ha dictado el fallo toda actuación que directa o implícita mente importe modificar su contenido. Pero ello no impide decidir sobre puntos que no son incompatibles con el efecto suspensivo del recurso, como es la cesación de una medida provisoria que no está sujeta a la suerte de la resolución sobre lo principal.
Interpretación de la ley, código civil y comercial
Materia: CIVIL
Carátula: De Almeida, Manuel y Carreño, María del Carmen c/ Bernatta, Javier Adrián y otra s/ Incumplimiento de contrato de compraventa y daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2018-08-29

Las normas del nuevo Código Civil y Comercial (Ley 26.994) fluyen de un hontanar diferente a las del Código de Vélez, y deben ser analizadas, comprendidas y aplicadas desde una perspectiva diversa, a la luz de la influencia decisiva de los arts. 1 y 2 nuevos.(del voto del doctor de Lázzari)
Procedimiento administrativo, plazo de gracia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Maidana, Dina Y. c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-09-12

Considerando que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha expedido en favor de aplicar el art. 124 del Código Procesal Civil y Comercial al procedimiento administrativo me pliego -por razones de celeridad y economía procesal- a tal postura de la casación nacional. Ello así, porque la Corte es el último y más genuino intérprete de la Carta Fundamental y, por ende, la exégesis que hace de ella, es como si fuera la Constitución misma, expandiéndose en forma vinculante para los demás judicantes, en los tópicos federales. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Empleo público, personal municipal, período de prueba, estabilidad del empleado público, acción de amparo
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Quipildor, Lidia Sabina y otros c/ Municipalidad de Antofagasta de la Sierra s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2008-12-23

En el caso, el acto administrativo cuestionado y mediante el cual fueran revocados los decretos de designación en planta permanente de los recurrentes es válido. A dicha conclusión llego luego de examinar las constancias que obran en la causa, y de las que se desprende, que al tiempo de disponerse la cancelación de la designación de los actores -el día 28/03/2008- los mismos no contaban con los seis meses de servicio efectivo que impone el Estatuto del Empleado Público en su Art. 13 para que se considere adquirido el derecho a la estabilidad, dado que sus nombramientos se remontan al día 01/10/2007. En efecto, en el sub lite no se está analizado strictu sensu el ejercicio de la potestad revocatoria ejercida por la Administración Municipal, toda vez que ésta supone en general la presencia de un acto administrativo irregular que la administración deja sin efecto por sí y ante sí.

Por el contrario, en la situación planteada se parte del supuesto de que el acto de designación es un acto nacido en concordancia con el derecho vigente al momento de su emisión, que el plexo normativo al establecer el carácter provisorio de la designación está haciendo referencia al examen de mérito de los accionantes, lo que constituye una facultad privativa de la administración, pues los nombramientos implican esencialmente el ejercicio de una facultad discrecional, por la que el órgano competente tiene amplias atribuciones en el momento de cubrir ciertos cargos.

Por lo tanto, si el resultado de las evaluaciones realizadas a las condiciones personales de los dependientes no conformaba a la Administración, y si ellas han sido en efecto los presupuestos de hecho del acto impugnado, ninguna objeción cabe formular, pues si los recurrentes han empezado a prestar servicios el día 01/10/07, el cese de funciones o la cancelación de la designación dispuesto el 28/03/2008, mediante Decreto 019/08 es perfectamente válido, al producirse antes de cumplir los seis meses de servicio efectivo.

Durante el "periodo de prueba" el agente no goza del derecho a la estabilidad, en consecuencia el derecho nacido del acto en cuestión-decreto de designación- no tiene el carácter de derecho perfecto; de derecho subjetivo.

En consecuencia, corresponde rechazar la acción de amparo deducida por improcedente.

Del voto del Dr. Cáceres-en disidencia
Colegio de Escribanos de la Capital Federal, competencia federal
Materia: PROCESAL
Carátula: URINOVSKY, JORGE PEDRO c/ COLEGIO DE ESCRIBANOS DEL NOTARIADO Y OTROS s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-19

El Colegio de Escribanos de la Capital Federal es una corporación que, aun cuando tenga atribuidas funciones de carácter público, es de naturaleza exclusivamente local y no se encuentra aforado; siendo las contiendas que se susciten a su respecto ajenas a la competencia federal.
Daños y perjuicios, responsabilidad extracontractual, accidente de tránsito, indemnización por accidente de tránsito, lucro cesante
Materia: COMERCIAL
Carátula: DIAZ DE MANSILLA, DARILA c/ ALEGRE, RICARDO s/ SUM
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-11-13

Procede indemnizar por lucro cesante a la víctima de un accidente que ha probado (prueba testimonial) que desempeñaba tareas domésticas fuera del hogar, teniendo en cuenta la incapacidad laborativa parcial y permanente establecida por el perito médico como así también que inmediatamente después del accidente, por el lapso de un tiempo, debió permanecer inmovilizada. (En el caso, se estableció una indemnización de $1500).
Propiedad intelectual, facultades del Poder Legislativo, códigos de fondo, facultades del Poder Ejecutivo, facultades reglamentarias, reglamentación de la ley, autonomía provincial
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO-CIVIL
Carátula: AADI - CAPIF Asociación Civil Recaudadora c/ LU6 Radio Atlántica.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-19

El art. 75, inc. 12, de la Constitución Nacional confiere al Poder Legislativo Nacional la facultad de dictar los códigos de fondo, de modo que al encontrarse la ley 11.723 dentro de la órbita del Código Civil, corresponde al Poder Ejecutivo Nacional la facultad de reglamentar la citada ley, sin que pueda invocarse la existencia de un avasallamiento de las autonomías provinciales.
NICARAGUA, responsabilidad internacional del Estado, derechos de las niñas, niños y adolescentes, violencia institucional, Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, derecho a la integridad física, derecho a la dignidad
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso V.R.P., V.P.C. y Otros Vs. Nicaragua S/ Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2018-03-08

Resulta internacionalmente responsable el Estado de Nicaragua por violación a la Convención Americana y por incumplimiento de las obligaciones derivadas del artículo 7 de la Convención Interamericana para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra la mujer -derechos a la integridad personal, a las garantías judiciales, a la vida privada y familiar y a la protección judicial-, en perjuicio de la madre y la niña que sufrió abusos y violación sexual de parte de su padre, pues ninguno de los organismos estatales intervinientes realizaron un estudio biopsicosocial para la recuperación de las secuelas causadas a la niña, tampoco representó sus intereses durante el proceso penal la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, negándole el acompañamiento y atención integral necesarios durante la sustanciación del proceso, conducta estatal que se prolongó en el tiempo sin que ningún organismo atendiera su recuperación, reintegración y rehabilitación, desinteresándose de su derecho a la supervivencia y al desarrollo integral.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Martinito, Pedro Pascual s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-03-07

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que no demuestra la violación de las reglas de la sana crítica contenidas en el art. 248 -n.a.- del C.P.P..
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, facultades reglamentarias, control de razonabilidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Cortés, Alberto c/ Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-09

Los derechos no son absolutos, sino que son susceptibles de reglamentación razonable, en la medida que ello no consagre su desnaturalización.
Eximición de prisión, derecho a la libertad, medidas cautelares, peligro en la demora, verosimilitud del derecho invocado
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Langer, Diego Hernán s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-10-14

La libertad física es, por así decir, la forma de libertad imprescindible para que la mayoría de las demás libertades pueda funcionar, su tutela ha sido precaución casi tan antigua como el hombre. De modo tal que el derecho constitucional de "permanencia en libertad durante la sustanciación del proceso penal", emanado de los arts. 14, 18 y 75 inc. 22 de la C.N., solo puede ceder en situaciones excepcionales y cuando los jueces consideren que existen causas ciertas, concretas y claras, en orden a que el imputado eludirá la acción de la justicia (art. 280 del C.P.P.). Éstas causales son las constitutivas del "periculum in mora" o necesidad de su adopción y "fumus bonis iure" verosimilitud del derecho, que deben darse de forma conjunta. De ahí que entre los caracteres de toda medida cautelar, se encuentren la necesidad de un mínimo de prueba, la interpretación restrictiva, la subsidiaridad de la medida y el favor libertatis, con fundamento en la previsión constitucional citada. No basta con alegar, sin consideración de las características del caso concreto, o sin fundamentación alguna que dada determinada circunstancia el imputado evadirá la acción de la justicia. El tribunal debe atender a las circunstancias objetivas y ciertas que, en el caso concreto permitan formular un juicio sobre la existencia del peligro que genera la necesidad de la medida de coerción. El deber de comprobar la existencia del peligro concreto en el caso concreto exige que el juicio acerca de la presencia de ese peligro esté a cargo exclusivamente del tribunal. Ese juicio requiere la comprobación efectiva de las circunstancias concretas, objetivas y ciertas, en un caso particular y respecto de un imputado determinado, que indiquen la existencia probable del peligro procesal. (Voto de la Dra. Ledesma, adhieren los Dres. Riggi y Tragant).
Concesión de servicio público, transporte de pasajeros
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: NUEVA EMPRESA DE TRANSPORTES PEDRO LEON GALLO S.A. c/ MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-04-08

Cuando el artículo 21 de la Ordenanza 1.256 establece que el municipio puede crear nuevos servicios por cualquiera de los sistemas previstos por el artículo 14, no se está refiriendo a una "pluralidad de regímenes posibles" sino que está incurriendo en un simple error de técnica legislativa al pluralizar opciones inexistentes ya que el artículo 14 prevé que la creación de servicios sólo puede ser establecida mediante el sistema de "concesión".
Pensiones, jubilación por invalidez, muerte
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: MARUCCI, VICTORIA GARDENIA PACHECO DE c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  N 349-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-10-11

La viuda que pide la pensión derivada de la mayor invalidez: la muerte, no está obligada a denunciar y computar todos los servicios prestados bajo el régimen de reciprocidad -puesto que no se vale de ellos para acceder al beneficio- ni, por ende, a someterse a él para determinar la Caja otorgante del beneficio.No se puede sostener que se afecte el sistema financiero de la Caja al no obtenerse las transferencias dinerarias de los aportes efectuados en sede nacional, en tanto, conferida la pensión por la ordenanza municipal 6166-70 sin límite de antigüedad, la situación no difiere de la del afiliado que computa exclusivamente servicios municipales con las consecuencias financieras que, frente a la continencia de la incapacidad laborativa o muerte, el Municipio ha asumido en cumplimiento de objetivos de solidaridad social y en concordancia con los regímenes provisionales que rigen el país.
Sistema federal, gobierno nacional, gobierno provincial, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ATE. San Juan, Secretario General Héctor Sánchez s/ juicio político - inconstitucionalidad. juicio político - inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-08-18

Un inexcusable respeto a los principios del régimen federal y al deslinde entre las esferas de los gobiernos federal y de las provincias determina que la Corte, como órgano constituido del primero de éstos, deba ser especialmente cautelosa en cuanto a su intervención en supuestos que interesan a fundamentales aspectos de la organización política del país.
Daños y perjuicios, accidente de tránsito, dosimetría alcohólica, carga de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Cortez Abel c/ Banegas Juan Antonio y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-04-07

El estado de alcoholemia no es prueba irrefutable de la culpa del ebrio, crea una presunción grave desfavorable a la justificación de su obrar prudente y, por ende, se invierte el cargo de la prueba, quedando a cargo de quién padece dicho estado que, esa circunstancia, no tuvo ninguna incidencia en la producción del evento dañoso, toda vez que la conducta desinhibida de quién padece un estado de ebriedad, con grado de razonabilidad, hace presumir que altera el curso natural y ordinario de las cosas, al no gozar del control adecuado de sus actos.
Acción de amparo, derechos y garantías constitucionales, políticas sociales, plan para la vivienda
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Tarantino, Héctor Osvaldo y otros c/ Gobierno de la Cdad. de Bs. As. s/ Amparo Cdad. de Bs. As. s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-12-28

Algunos de los programas asistenciales instituidos por la Ciudad estipulan un plazo de duración, pero, al mismo tiempo tienden, en forma explícita o razonablemente implícita, a permitir la recuperación socio- económica de los beneficiarios, así como su reinserción social. Ello para que, una vez superada la situación de emergencia en la que se encuentran puedan procurarse, por sus propios medios el acceso a un espacio físico adecuado con fines habitacionales, tornándose en tal circunstancia innecesaria la continuidad de la asistencia gubernamental.

Si bien los plazos previstos inicialmente para llevar a cabo estos objetivos pueden encontrarse fenecidos, ello no puede llevar a la conclusión de que, en tal supuesto, resulta discrecional su supresión. Por el contrario, para que tal curso de acción resulte legítimo, la demandada debería haber demostrado que, en su estadio actual de ejecución, los diversos planes instrumentados han cumplido sus objetivos. A tal efecto, debió haber acreditado, por caso, que efectuó el correspondiente seguimiento social, proporcionó orientación y asistencia para solucionar la emergencia habitacional, diagnosticó al grupo familiar y efectuó un abordaje interdisciplinario para lograr cambios que permitan superar la situación de emergencia
Empresas del Estado, trabajadores de Luz y Fuerza, ampliación de la jornada de trabajo, jornada máxima, fallo plenario
Materia: LABORAL
Carátula: NUSDEO, MIGUEL c/ SEGBA  S.A. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-12-29

La empleadora amplió el horario de trabajo de los actores en 72 minutos, pero dicha jornada aún con tal incremento no excedía la legal (48 hs. semanales) de acuerdo con la doctrina del plenario 226, ningún recargo correspondía abonar más alla del porcentaje que significó tal incremento horario, decreto reglamentario 16115 inc.

b. art. 1 de la ley 11544.
Honorarios del perito, proceso penal, perito contador
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Balzarotti, G.; Cánova, O. y Reig, E. s/ regulación de honorarios en autos Nx 40.623-B.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-23

Para ciertos procesos penales, las leyes de honorarios de peritos contadores no contienen norma expresa para su cálculo aritmético, pues no es posible aseverar que exista monto susceptible de ser apreciado pecuniariamente.
Competencia federal, estupefacientes, narcotráfico, lesiones, testigos
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Murray, Juan Patricio; Reynares Solari, Federico  (fiscales recurrentes) s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-06-27

La Justicia Federal de Santa Fe resulta competente para entender en una causa donde se investiga el hecho en el que integrantes de una banda de narcotraficantes habrían atacado a tiros a cuatro personas que colaboraban con el aporte de información a la causa federal por narcotráfico, a fin de entorpecer el proceso donde se las investiga y así mantener su impunidad, ya que si bien los hechos ilícitos podrían calificarse prima facie como constitutivos de tentativa de homicidio y lesiones, las víctimas eran columnas vitales para la pesquisa del gran comercio de drogas, de donde separarlos del asunto que generaba su colaboración importa un claro menosprecio de su real valía a título personal y para el proceso penal precisamente.
Control de sociedades, fallido
Materia: COMERCIAL
Carátula: VARGAS LERENA, ALVARO ANDRES C/ CADENA PAIS PRODUCCIONES PUBLICITARIAS SA Y OTRO S/ ORDINARIO c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-23

La norma de la LCQ 161-2° acopla efectos a una forma ilegítima de control, no a la existencia de un grupo. Lo que importa a la norma es que se haya desviado el interés social con efecto deletéreo sobre la sociedad fallida; no interesa si ello ocurrió de modo sistemático y permanente como consecuencia de decisiones adoptadas, en posición extrema, desde un omnicomprensivo ámbito de decisión centralizada externo a la sociedad fallida, o si, luego de una vida empresarial y social autónoma, un solo acto con la trascendencia de vaciar la sociedad de su aptitud de supervivencia, provocado por el sujeto controlante que decidió entonces, y sólo entonces, ejercer efectivamente su dominio, fue el que, configurando un desvío del interés social, provocó la insolvencia de la controlada (Manóvil, R., Grupos de sociedades en el derecho comparado, pág. 1112, Buenos Aires, 1998, conf. esta Sala, "Jorge Fischetti SA, s/ quiebra s/ pedido de extensión de quiebra a Fischetti y Cía. SRL", del 2/8/12 y "Schonfeld Myriam Mónica y otro s/ extensión de quiebra (en distribuidora José Hernández s/ quiebra) s/ ordinario", del 6/6/17).
Injurias, libertad de prensa
Materia: PENAL
Carátula: PANDOLFI, OSCAR R. c/ RAJNERI, JULIO s/ QUERELLA POR CALUMNIAS E INJURIAS S/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1993-11-30

En los niveles superiores, donde transita prolija y velozmente la meditación, el conocimiento del idioma y de la ley, la información y el poder de decisión, la temeridad asume dimensiones muy distintas, y las "elaboraciones" carecen de toda superficialidad. Y cuando se dice que una persona es quien detenta una empresa o las acciones de una empresa cuyo nombre y domicilio se indican, aduciendo que la misma controla a otra y que ambas han estado inmersas en un proceso bancario-financiero totalmente corrupto, eso que se esta diciendo es exactamente lo que se quiere decir. Y si se cuenta con un diario propio, no cabe duda que la redacción fue -además- prolijamente cuidada, sin correr los riesgos habituales de mala transcripción o error tipográfico. Semejante acusación, por su índole, destino y oportunidad, debía estar sostenida en elementos de juicio mas que contundentes, efectivos y de fácil exhibición.-
Remuneración, escala salarial, liquidación
Materia: LABORAL
Carátula: FERNANDEZ HECTOR PAUL c/ CLINICA PRIVADA MEDICOR  S.R.L.  Y/U OTROS s/ RELACION DE DEPENDENCIA HONORARIOS - CONTRATO DE TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1990-12-11

El actor no ha precisado en qué funda se pretensión, ya que ninguna explicación da sobre el particular, sin que pueda saberse si pretende la aplicación de una escala salarial superior a la adoptada por sus empleadoras o si pretende haber trabajado mayor cantidad de horas que las que se liquidaban y otra causa distinta. Ello bastaría para el rechazo de su pretensión, pero ante la falta de invocación concreta a que la diferencia surgiera de una supuesta mayor extensión de la jornada, tal hipótesis debe descartarse. Por las constancias acompañadas en la demanda pareciera que el actor pretende la aplicación de una remuneración que habría fijado el Colegio de Bioquímicos de la Provincia de Córdoba como sueldo mensual para los bioquímicos que trabajan en relación de dependencia. En tal supuesto el reclamo tampoco puede prosperar, pues la pretendidas escalas salariales para bioquímicos que presten servicios en relación de dependencia no son obligatorias o exigibles a los empleadores, en tanto no emanan de quién tenga autoridad para imponerlas.-
Accidentes de trabajo, culpa grave del trabajador
Materia: LABORAL
Carátula: ARANCIBIA, VICENTA RAMONA c/ PHILLIPS ARGENTINA SA. DE LAMPARAS ELECTRICAS Y RADIO s/ INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-02-29

La culpa grave prevista en la ley 9688 como eximente de la responsabilidad del empleador se configura por la libre determinación del trabajador de llevar a cabo un acto que sabe como ilícito. (En el caso: el trabajador sufrió un accidente mortal al cruzar un paso a nivel clausurado al paso de vehículos, maniobra que había repetido los días anteriores).