Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-02-23


OJEDA, Walter contra SULFACID S.A. Reg.: A y S t 205 p 135-138. Santa Fe, 23 de febrero del año 2.005.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el actor contra la sentencia nro. 111, de fecha 10 de julio del año 2.003, dictada por la Sala Segunda -integrada- de la Cámara de Apelación en lo Laboral de la ciudad de Rosario en autos "OJEDA, Walter contra SULFACID S.A. -Demanda Laboral- (Expte. 849/00)" (Expte. C.S.J. nro. 266, año 2004); y, CONSIDERANDO: 1. Surge de las constancias de autos que por sentencia nro. 111 de fecha 10.07.2003, la Sala Segunda -integrada- de la Cámara de Apelación en lo Laboral de la ciudad de Rosario resolvió desestimar el recurso de nulidad impetrado por la demandada y hacer lugar al de apelación, revocando en su totalidad la sentencia de primera instancia y disponiendo el rechazo de la demanda promovida por el actor contra SULFACID S.A.I.F. y C., con costas.

Contra este pronunciamiento dedujo el accionante recurso de inconstitucionalidad por cuanto considera que el mismo no reúne las condiciones mínimas suficientes para satisfacer el derecho a la jurisdicción.

En primer lugar alega que el fallo incurrió en arbitrariedad fáctica toda vez que, según afirma, omitió valorar prueba decisiva en la causa, tales como el telegrama de despido, la contestación del actor al mismo, la absolución de posiciones de la accionada, testimoniales, y la pericial contable.

Respecto de los testimonios vertidos por los jefes de plantas de la empresa demandada, entiende el recurrente que debieron ser valorados con "...mucho cuidado y estrictez .... y no tomar dichas declaraciones prácticamente como ciertas..." desde que considera que son relativas y su credibilidad discutible.

Alega que el decisorio incurrió también en arbitrariedad normativa, desde que su fundamentación es insuficiente al soslayar el tratamiento de los agravios expuestos por su parte.

A su vez estima que la sentencia efectuó una interpretación contraria a derecho y vejatoria de los derechos y garantías constitucionales del actor al entender que la negativa de Ojeda a notificarse de una suspensión constituyó "...un grave desacato al poder disciplinario del empleador..." por cuanto a su criterio parecería que el trabajador no puede oponerse a sanciones injustas e incausadas aplicadas por sus superiores. Por otro lado alega que tal notificación debió hacerse por correo, y no por medio de la actitud totalitaria y persecutoria ejercida por el gerente.

Aprecia además como ilegítima y arbitraria la conclusión a la que arribó la Vocal preopinante al expresar que el actor con aquella conducta remató sus actitudes anteriores "...de abierto enfrentamiento hacia sus superiores jerárquicos...", advirtiendo el quejoso que nunca antes tuvo sanciones disciplinarias por lo que no se pueden dar por sentadas situaciones no probadas en la causa, desde que de la pericial contable surge expresamente que el actor carecía de antecedentes de esta índole.

Afirma, citando doctrina y jurisprudencia, que las órdenes e instrucciones del empleador sólo deben ser obedecidas si son legítimas y funcionales; que las conductas que se pretenden sancionar deben estar fehacientemente determinadas, deben ser precisas, constando las circunstancias de tiempo y lugar de los presuntos hechos que se le imputan al trabajador, y que no es esto lo acontecido en los hechos de la causa.

Alega que el fallo vulnera su derecho a percibir la indemnización por un despido injustificado y arbitrario, como así también los principios rectores del derecho del trabajo, esto es, el indubio pro operario y el non bis in idem, desde que la falta que se le imputa (falta de respeto a su superior) fue en primer término sancionada y luego por la misma conducta procedió el despido.

Por último, señala que no existe proporcionalidad entre la supuesta inconducta y el despido, teniendo en cuenta la ausencia de antecedentes de este tipo en el actor, circunstancia que el recurrente considera vital y que advierte ha sido soslayada por la Sala en la sentencia.

La Sala por auto nro. 98, de fecha 09.12.2003 denegó la concesión del recurso de inconstitucionalidad interpuesto, por lo cual acude el quejoso en vía directa ante esta sede insistiendo con las causales de arbitrariedad ya endilgadas al decisorio.

2. Se adelanta que la presente queja no ha de tener favorable acogida.

Y ello es así en virtud de que, pese al matiz constitucional que el recurrente intenta otorgar a sus planteos, de los mismos no se traduce sino su disenso para con lo decidido por los sentenciantes en torno a cuestiones que, en definitiva y según se desarrollará, remiten a la valoración de los hechos y pruebas de la causa, circunstancia que determina la inadmisibilidad del recurso.

En efecto, se agravia fundamentalmente el quejoso por cuanto considera que en el fallo se prescindió de ponderar determinadas probanzas -telegrama de despido, contestación del mismo, absolución de posiciones de la demandada, testimoniales de Maldonado, Ordóñez, y Palavecino, pericial contable-, mas de la lectura del pronunciamiento surge justamente lo contrario, en tanto al tratar los agravios expuestos por la demandada en la apelación la Sala valoró las pruebas producidas en relación a las causales que se invocaron para el despido del trabajador, circunstancia de la cual, en definitiva, se agravia Ojeda en tanto lo considera injustificado.

En ese orden, comienzan los sentenciantes por referir que no existe disenso respecto de la autenticidad del telegrama por el cual se comunica al actor el despido, ingresando entonces al análisis integral de los motivos que dieron lugar al mismo, toda vez que al estimar que del documento referido surgía que el distracto tuvo lugar por un conjunto de inconductas reiteradas las mismas no debían apreciarse en forma aislada, apoyando las conclusiones a las que posteriormente arribó en testimoniales vertidas por otros empleados de la firma (Maldonado, Palavecino, Ciancio).

Frente a ello, la postura del recurrente en insistir respecto a la supuesta omisión de valoración de pruebas no refleja más que su disconformidad con los alcances que el Tribunal a quo les otorgó al telegrama y su contenido y a los dichos aportados por los testigos, pero sin lograr demostrar que en esa labor los juzgadores hubieran incurrido en la arbitrariedad que argumenta.

Es de hacer notar en este punto que la circunstancia que decidió a la Alzada a entender justificado el despido no comprende solamente los testimonios vertidos por los compañeros de Ojeda -por cuanto, aclaran, no resultarían suficientes para ameritar plenamente el distracto teniendo en cuenta la antigüedad del actor y la falta de acreditación de sanciones disciplinarias anteriores- sino y especialmente la negativa del actor a notificarse de la suspensión que la empleadora pretendía aplicarle.

Y en tal sentido, el reproche que el impugnante endereza argumentando insuficiencia de fundamentación como así también que de lo sentenciado se inferiría que el trabajador no puede oponerse a sanciones injustas e incausadas, queda sin sustento por cuanto la Sala apreció con apoyo en la Ley de Contratos de Trabajo (artículos 218 y 67), en los principios generales y deberes del derecho laboral (buena fe, confianza y lealtad recíproca de las partes, colaboración y solidaridad, la continuidad del contrato de trabajo) y en jurisprudencia, que la actitud del actor obstaculizó la comunicación por escrito de la medida (requisito legal exigido para que tuviera carácter legal), impidiéndole a la empleadora el ejercicio de sus facultades disciplinarias.

Siguiendo ese razonamiento, caen también por ausencia de sostén constitucional sus alegaciones relativas a que su conducta fue una reacción lógica frente a las presiones ejercidas por la empleadora para que se notificara de la suspensión, desde que no alcanza a desvirtuar lo señalado por el a quo acerca de que el invocado abuso de poder no fue acreditado (surgiendo de las testimoniales que la nota en cuestión sólo contenía la causa invocada para aplicar la medida sancionatoria) destacando la Sala que el actor estaba facultado en todo caso para impugnarla en ese mismo acto o posteriormente e incluso para reclamar su pago o la revisión judicial.

Por otro lado, sus planteos relativos a la vulneración del principio del non bis in idem resultan equívocos en tanto -y tal como lo evaluó el Tribunal a quo- la falta de respeto a sus superiores (lo que dio lugar a la suspensión aplicada por la empleadora) no fue la conducta que posteriormente determinó el despido, sino que el mismo obedeció, a criterio de los sentenciantes y conforme se expresó, al cúmulo de situaciones y actitudes de indisciplina que configuraron una injuria a los intereses de la empleadora que impidió la prosecución de la relación laboral: "...La negligencia del actor, sus negativas o cuestionamientos ante instrucciones recibidas de sus superiores, desplantes y/o groserías y, por último, su negativa a quedar notificado de una suspensión...".

En suma, de lo reseñado no se advierte que la Cámara hubiera incurrido en las invocadas arbitrariedades fáctica y normativa, toda vez que fue sobre la base de los elementos probatorios aportados a la causa que concluyó en encontrar justificado el distracto, más allá de la ausencia de antecedentes desfavorables del actor -circunstancia que, a contrario de lo expresado por el quejoso, también fue analizada en la sentencia-, ante lo cual las postulaciones recursivas no dejan traducir sino su discrepancia para con la decisión, lo que impide la apertura de esta vía excepcional.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta. Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.:GUTIERREZ-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)