marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Pena privativa de la libertad, ejecución de la pena, libertad condicional
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: GONZALEZ, GERARDO RAMON s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-06-24

La progresividad del régimen penitenciario diseñada por el ordenamiento jurídico en aras de alcanzar la reinserción social lleva ínsita la posibilidad de externación paulatina del interno antes de su regreso definitivo al medio social libre, por lo que la inviabilización de tal alternativa para los condenados por determinados delitos resulta contraria al fin resocializador; pues si ya de por sí resulta difícil admitir la posibilidad de lograr la resocialización de una persona separándola por parte del tiempo que implica la pena impuesta del medio social en que vive, acompañándola en su retorno paulatino a la vida libre sólo luego de un tiempo de encierro absoluto, prácticamente imposible se vislumbra ello si es que el tránsito del encierro total a la libertad se efectúa de modo abrupto recién una vez cumplida la totalidad de la pena. (De la disidencia del Dr. Erbetta).
Derecho electoral, inhabilitación para votar
Materia: ELECTORAL
Carátula: Recurso de apelación de Donocik, Luis Juan en autos Donocik, Luis Juan s/inhabilitación (art. 3 CEN) c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-04-10

Dispone la inhabilitación de un ciudadano en los términos del inciso "m" del artículo 3º del Código Electoral Nacional, toda vez de que se trata de una inhabilitación especialmente prevista en normas penales cuya constitucionalidad no fue objeto de tratamiento en el precedente reseñado (cf. arts. 144 bis y 144 ter del Código Penal de la Nación).
Verificación de créditos, incidente de revisión
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ Incidente de revision
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-09-16

El incidente de revisión debe promoverse dentro de los veinte días siguientes a la fecha de la resolución respectiva, siendo el referido plazo de carácter perentorio (art. 273 inc. 1 ley 24522) y sólo se computan para su cálculo los días hábiles judiciales (art.

273 cit. inc. 2).
Responsabilidad del Estado, obligación tributaria, exenciones impositivas
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Consultatio S.A. (TF 14.572-I y acum. 14.573- I) c/ D.G.I. s/ recurso extraordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-22

El Estado debe prescribir claramente los gravámenes y exenciones, para que los contribuyentes puedan fácilmente ajustar sus conductas respectivas en materia tributaria (Disidencia parcial del Dr. E. Raúl Zaffaroni).

-Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la disidencia-.
Agravantes de la pena, homicidio calificado con el concurso de personas
Materia: PENAL
Carátula: VON WERNICH, Christian Federico c/  s/ Rec. de Casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-03-27

El fundamento de la agravante del homicidio cuando se lleva a cabo con el concurso premeditado de dos o más personas responde también a las menores posibilidades de defensa de la víctima ante la actividad de varios agentes.
Jubilaciones, actualización monetaria, alimentos
Materia: ADMINISTRATIVO - CONSTITUCIONAL
Carátula: BRUFMAN ARON c/ CAJA  DE  JUBILACIONES PENSIONES Y RETIROS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - PREVISIONAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-12-18

La inexistencia de mora por parte del órgano previsional no resulta óbice para negar la actualización monetaria e intereses de las sumas liquidadas como consecuencia de la transformación del beneficio previsional. La actualización monetaria se relaciona con la perdida del poder adquisitivo de la moneda, por lo que no hace a la deuda mas onerosa, sino que solo mantiene su valor económico real frente al paulatino envilecimiento de la moneda. La potencialización de las sumas debidas en materia previsional responde a un imperativo mandato constitucional (art. 14 Nuevo Const. Nac.) En consonancia con la naturaleza de las prestaciones referenciadas y el carácter alimentario que ellas suponen. Desde que fue la propia demandada quien reconoció y liquido las diferencias por transformación del beneficio, determinándolas en su alcance temporal, es razonable que ella se opere con la debida corrección monetaria y no a valores históricos, ya que ello tornaría puramente declarativa la garantía del artículo 14 nuevo de la Constitución Nacional. En tal supuesto no puede la demandada ampararse en la defensa de pago oportuno de las diferencias reconocidas (art. 84 Ley 5846), ya que dicha norma solo le excusaría de una eventual responsabilidad por mora en el reconocimiento o pago de las diferencias de los haberes previsionales, pero no a liquidar las mismas en forma actualizada. A los efectos de la actualización por depreciación monetaria, resulta equitativo aplicar el índice de precios al consumidor de la Ciudad de Córdoba (costo de vida), con intereses al 8% anual.
Obras públicas, pronto pago
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MOIA    ANGEL    LUIS  -EMPRESA  UNIPERSONAL  INGENIERO ANGEL  MOIA- c/ ESTADO PROVINCIAL s/ OBRA  PRUBLICA  -PRONTO  PAGO - COMPUTO DEL TERMINO, ART. 57 LEY 6351
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1990-10-18

El término de 60 días regulado por el artículo 57, Ley 6351, en el que de acuerdo a lo explicitado en los párrafos anteriores las empresas tienen la oportunidad de incluir los gastos financieros que prevean por ese período, hace natural a su vez que la Provincia que por razones de conveniencia anticipe el mismo, se beneficie con el descuento proporcional al anticipo que efectúa conforme a las pautas establecidas
Nulidad procesal, nulidad absoluta, jueces, declaración de oficio
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: González, Heriberto s/ Corrupción- casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1993-05-05

Si no existiere planteamiento o requerimiento del Ministerio Público u otro sujeto de la relación procesal o -inclusive- sujetos de algunos de los actos de la cadena procesal (por ejemplo un perito), cualquier Juez del fuero, en cualquier estado y grado del proceso, tiene el poder y el deber de erradicar de oficio el acto viciado por alguna causal de nulidad absoluta (C.P.P.art. 176). (Del voto del Dr. José Nelson Luna Corzo, mayoría.)
Recurso contencioso administrativo, control de legalidad, sentencia, ejecución de sentencia, jueces, juicio de apremio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: AGUIRRE, RAUL EMILIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.   PEDIDO DE LIQUIDACION.     CSJ EXPTE NRO 229-82 SURKIN, ADELFINA c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ INCIDENTE DE APREMIO     RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION TARSICIO, JOAQUIN c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     APROBACION DE LIQUIDACION     EXPTE NRO 036-86 SAZ, SARA GUADALUPE DE LARRECHEA DE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ REVOCATORIA. RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIO  N (CSJ EXPTE Nº 254-88) VEGA MILESI, FRANCISCO RAFAEL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE   Nº 755-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-10-21|1984-08-22|1992-03-19|1997-04-30|1997-04-30

El control jurisdiccional en la ejecución de la sentencia es indiscutible en el contencioso administrativo, no sólo en razón de las facultades del Tribunal en este proceso, sino, primordialmente, por la índole de los valores en juego y el interés público comprometido.
Accidente de tránsito, indemnización por accidente de tránsito, privación del uso del automotor, dictamen pericial, valor probatorio
Materia: CIVIL
Carátula: FUERTES RAMON c/ NOVELLE ALEJANDRO s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-04

En lo que atañe al lapso que demandaron las reparaciones, aceptados cuales fueron los daños que sufrió un vehículo, son precisamente los conocimientos y experiencias del perito -no discutidos- los que dan valor a su opinión sobre el tiempo que demandaron los arreglos de esos desperfectos.
Tambero mediero, remuneración, sentencia, principio de congruencia
Materia: LABORAL
Carátula: Vázquez, Alberto S. c/ González, Ramón s/ Consignación de haberes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-10-30

Incurre en violación del principio de congruencia (arts.163 inc.6 C.P.C.B. y 47 dec.ley 7718/71) el fallo que se excede en los límites de la judicatura al condenar al pago total de la participación correspondiente al tambero mediero siendo que este reconoció haber percibido parcialmente su importe reclamando sólo la diferencia existente a su favor.
Mutuo comercial, exportaciones, moneda
Materia: COMERCIAL
Carátula: ESTABLECIMIENTOS  TEXTILES  SAN  ANDRES  S.A.  S/CONCURSO S/INCIDENTE DE IMPUGNACION POR BANCO INTERCAMBIO REGIONAL  S.A. s/ INCIDENTE DE IMPUGNACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-07-31

En una operación de prefinanciación de exportaciones, lo que el exportador debe reintegrar al banco local prestamista es moneda de curso legal, si tal es lo que fue acreditado a su favor, pues no otra cosa recibió. Ello con prescindencia del hecho de que el banco, para cancelar la línea crediticia a la que accedió, haya debido remesar divisas al exterior. En tanto el caso se plantea entre el exportador y el banco local mutuante, la relación habida entre este y el proveedor extranjero de fondos queda fuera del conflicto, el cual consiste en la devolución de un préstamo dinerario que, como todo contrato real, se perfeccionó con la entrega de la cosa (CCIV:2242).
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, protección contra el despido arbitrario, control de razonabilidad
Materia: LABORAL - CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Conti, Juan Carlos c/ Ford Motor Argentina  S.A. s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-29

No basta que le ley determine una causa específica para que, por esa sóla razón, el distracto unilateral dispuesto por el empleador no revista carácter de arbitrario (art. 14 nuevo de la Constitución Nacional); cuestionada con base constitucional la norma de que se trate, corresponde a los jueces examinar su razonabilidad y la de la situación a que se refiere como eximente de la responsabilidad resarcitoria, a fin de establecer si no burla la aludida garantía.
Suspensión del juicio a prueba, estupefacientes, sustitución de la pena
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: González Brizuela, Silvana Dalinda s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-02-07

De la armónica interpretación del art. 10 de la ley 24.316 y del art. 4 del Cód. Penal deviene que la aplicación del beneficio de la probation -ley 24.316- resulta incompatible con la ley 23.737, y ello así por contener esta última regímenes especiales de suspensión de la aplicación de la pena -artículo 17-, de suspensión del trámite del sumario -artículo 18- y de sustitución de la pena (para principiantes o experimentadores en el supuesto del art. 14, 2°parte) -artículo 21-, concernientes a cada uno de los supuestos que expresamente prevé. (Voto del Dr. Mitchell).
Usurpación de inmueble, revocación del auto de procesamiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: ALVAREZ, Jorge Antonio. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-11-07

La ley penal no ampara la mera y efectiva relación de hecho entre el sujeto y el inmueble, sino a quien ejerce la tenencia o posesión de un inmueble.

Si los elementos de prueba sólo han acreditado que el bien en cuestión se encontraba bajo la esfera de custodia del imputado, tenedor a título propio y autónomo y que las querellantes lo han ocupado y compartido con su consentimiento, esto es, con carácter asimilable a la de huésped, en modo alguno resulta suficiente para considerarlas tenedoras del inmueble, procede revocar el procesamiento dispuesto en orden al delito de usurpación.
Recurso contencioso administrativo, solve et repete
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: Industrias Frigoríficas Nelson s/ Recurso directo por denegación de apelación -Resolución Nº 003   del 12.02.93- Sec. de Estado y Seg. Social de la Provincia de Santa   Fe-Recurso de Inconstitucionalidad -concedido por la Cámara- (Expte  CSJ Nº 650-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-03-15

Lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Micro-ómnibus Barrancas de Belgrano S.A.", no da razón alguna al recurrente que lo invoca en apoyo de su pretensión de considerar a la regla del "solve et repete" derogada en nuestro ordenamiento por la adhesión al Pacto de San José de Costa Rica efectuado por Ley 23054; ya que en ningún momento el Alto Tribunal afirmó que la Convención de Derechos Humanos derogó el citado principio. Sostuvo sí que "el artículo 8 inciso 1) de la Convención... -al igual que los artículos 7 inciso 5) y 8 inciso 2) h)- en cuanto consagra el derecho de toda persona a ser oída ante la justicia, no requiere de una reglamentación interna ulterior para ser aplicado a las controversias judiciales" (considerando 4) y que la aplicación de la doctrina reseñada al sub-lite no autoriza a concluir que las leyes impugnadas -el Tribunal se refiere a los Nº 18820 y 21864 que establecen la obligación de depositar el importe de la deuda previsional determinada por la Administración como requisito previo para recurrir a la justicia del trabajo- resulten violatorias del artículo 8 inciso 1) de la Convención Americana toda vez que el apelante ni siquiera ha alegado que le fuera imposible, debido al excesivo monto del depósito, interponer el recurso de apelación previsto en la legislación cuestionada de tal forma de impedir real y efectivamente el ejercicio de su derecho. Tal solución se ajusta, por lo demás a la jurisprudencia dictada por esta Corte en casos similares al interpretar el artículo 18 de la Constitución Nacional -Fallos 215:225 y 501; 219668; 247:181; 261:101; 285:302; entre otros-.
Daños y perjuicios, daño moral, responsabilidad contractual, indemnización, tarjeta de crédito
Materia: COMERCIAL
Carátula: VILLARREAL DAVID EFRAIN c/ BANCO SANTANDER RIO SA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-03-08

Resulta procedente la demanda incoada contra el banco y la administradora de tarjetas de crédito a causa de los cargos indebidos denunciados por el actor, quien terminó siendo informado en la base de datos del Veraz. Las codemandadas son las responsables del diseño de la arquitectura y funcionamiento del sistema, no así el usuario, por lo que el deber de seguridad debido al mismo se encuentra en cabeza de ambas. Podrían haberse liberado probando que el daño les era ajeno, es decir, que el perjuicio derivó de la exclusiva culpa de la víctima, o del hecho de un tercero por quien no debe responder o bien que se configuraron los presupuestos del caso fortuito o fuerza mayor (ley 24240: 10 bis), lo que en el caso no ocurrió. Lo que sí quedó convalidado fue el hecho de que hubo una tarjeta "melliza" operando en el mercado (CNCom, Sala C, "Neptuno Viajes SRL c/ First Data Cono Sur SRL s/ ordinario" del 28/2/19).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, jueces, proceso penal, imputado, prisión preventiva
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL-PROCESAL
Carátula: PONCE, GERMAN ROBERTO c/  s/ HOMICIDIO CALIFICADO EN GRADO DE TENTATIVA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-06-14

Si bien la quejosa entiende que el pronunciamiento de Cámara afecta principios y garantías constitucionales y adolece de arbitrariedad, lo cierto es que sus alegaciones giran en torno a la interpretación que de los hechos y del derecho aplicable se hiciera con el fin de determinar si resultaba posible modificar la situación cautelar del imputado -quien cumplía prisión preventiva-, cuestión que constituye, por vía de principio, facultad reservada a los Jueces de la causa, y por ende, no resulta susceptible de revisión por la vía excepcional impetrada, a menos que se demuestre arbitrariedad o lesión a garantías constitucionales, circunstancias que en modo alguno la impugnante logra evidenciar como acontecidas en la especie, desde que en el caso en examen no se advierte que la Alzada hubiese vulnerado mandas constitucionales o que optara por un criterio arbitrario por haber desbordado las posibilidades interpretativas que ofrecía la normativa en juego conforme las constancias de la causa, por cuanto se desprende del resolutorio impugnado, que la Magistrada en primer lugar y tras efectuar un breve desarrollo de la normativa legal en materia de revisión de medidas cautelares, explicó las razones por las cuales -a diferencia de lo alegado por la defensa- la gravedad de los hechos y la magnitud de la pena en expectativa no eran los únicos elementos ponderados para mantener la prisión preventiva del encartado; y consideró asimismo -a los fines de evaluar la racionalidad de la medida- que en el caso concreto existía un riesgo procesal enorme en relación a prueba que debía ser preservada -en particular, testigos, sus familiares y víctimas-.
Recurso de inconstitucionalidad, interdictos posesorios
Materia: PROCESAL
Carátula: Gasnor S.A. c/ Provincia de Salta s/ Sumario: Repetición de pago Chanza, José Antonio c/ Díaz, Hugo; Largo, Oscar y/o ocupantes s/ queja por rec. de inconst. denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-03-07|2019-11-27

El recurso de inconstitucionalidad solamente procede respecto de pronunciamientos definitivos, siéndoles asimilables los que impidan la continuación del proceso, provoquen agravios de imposible o insuficiente reparación o cuando lo decidido en ellos revista gravedad institucional. La ausencia de ese carácter definitivo no puede ser suplida por la invocación de garantías constitucionales supuestamente vulneradas, ni por la pretendida arbitrariedad de la decisión. (Del voto en Mayorìa de los Dres. Posadas, Vittar y López Viñals y Dra. Ovejero Cornejo).
Jueces, recurso extraordinario, doctrina de la arbitrariedad
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Solis, Antonio Carlos c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso Extraordinario para ante la Corte Suprema de Justicia de la   Nación. Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-05-06

La técnica empleada por el Tribunal en el fallo -con la intención de dar una mayor y más completa respuesta a los planteos del justiciable- puede no conformarlo pero su utilización no puede ocasionarle agravio constitucional por no importar un supuesto de "arbitrariedad" por autocontradicción.
Alimentos, derechos y garantías constitucionales, quiebra, imputado, inhabilitación del fallido, daño resarcible
Materia: PENAL
Carátula: Rebola Juan Alberto s/ Incumplimiento de los deberes de asistencia familiar - Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2001-03-29

La clausura del procedimiento concursal por falta de activo importa una presunción de fraude. La efectiva iniciación de un proceso penal contra el acusado hace renacer la inhabilitación, pero ello no sucede si sólo obra copia de la resolución del Juez de la falencia, sin que se haya acompañado -o mínimamente alegado- prueba alguna de que se haya abierto proceso por la supuesta insolvencia fraudulenta.

La situación de inhabilitación (del imputado quebrado) -en la hipótesis de haberse encontrado vigente- no importa una condena a la muerte civil, que le impida todo acto de disposición o administración. Desde ya que los gastos de subsistencia del fallido y su grupo familiar no quedan prohibidos, puesto que ello equivaldría a sentenciarlo a la inanición. No es otro espíritu el que informa, por ejemplo, los artículos 104 -que autoriza al fallido a desempeñar empleo, profesión u oficio- o 108 -que enumera los bienes excluidos del desapoderamiento- de la ley concursal.

Aún respecto de quien se encuentra en concurso, se acepta que las obligaciones alimentarias contraídas con posterioridad a la quiebra sean satisfechas con los bienes o ingresos no sujetos a desapoderamiento o provenientes del trabajo personal. Ello es ilustrativo acerca de que sobre el fallido no pesa una interdicción absoluta, para todo manejo dinerario, sino que éste se encuentra facultado para afrontar con bienes de los que tiene disposición, las necesidades de subsistencia suyas y de sus alimentarios.

Lo dicho adquiere mayor vigor en el cotejo de la tutela constitucional que recibe la adecuada satisfacción de los requerimientos vitales de los hijos. En efecto, la Convención sobre los Derechos del Niño (Asamblea General de las Naciones Unidas, Nueva York, 20/11/89, aprobada por ley 23.849, B.O. 22/10/90).

Si de las constancias de la causa emergen conductas asumidas por el propio imputado, posteriores a la declaración de quiebra e incompatibles con el pretendido impedimento legal que ahora alega, tal circunstancia adquiere relevancia a la luz de la denominada teoría de los actos propios, "nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos ejerciendo una conducta incompatible con una anterior, deliberada y jurídicamente eficaz".

Si en nada obstaban las disposiciones de la ley de Concursos y Quiebras, la posibilidad de un ofrecimiento sincero, "en la medida de lo posible", y por el contrario la petición de suspensión del juicio busca implícitamente la legitimación de su conducta omisiva, que pretende continuar en el futuro, la denegatoria de la a quo entonces es correcta, por falta de configuración de uno de los requisitos del beneficio de la probation.
Protección del medio ambiente, medidas cautelares, daño ambiental, incendio, quema de pastizales
Materia: MEDIO AMBIENTE
Carátula: Equística Defensa del Medio Ambiente Aso. Civ. c/ Santa Fe, Provincia de y otros s/ amparo ambiental
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-11

La medida cautelar tendiente a que se ordene al Estado Nacional, a las provincias y municipios demandados y a la Provincia de Buenos Aires a hacer cesar de modo efectivo e inmediato los focos de incendio producto de la quema de pastizales es procedente, si el caso presenta, prima facie, características que permiten encuadrar los hechos denunciados en la figura legal de la emergencia ambiental (arts. 2, inciso k, y 4, principio de cooperación, de la ley 25.675).
Asociaciones sindicales, personería
Materia: LABORAL
Carátula: S., S s/ Denuncia
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-05-22

Tratándose pues de una organización sindical del rango de una Seccional de la C.G.T. Nacional, la mera celebración de una asamblea constitutiva con elección de sus autoridades y demás circunstancias, como sucediera en el caso en examen, no implica la existencia de la misma como asociación sindical, con la consecuente representatividad de sus integrantes y en nuestra Provincia con la inmunidad que le confiere a los mismos el Art.248 Const. Prov..