marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Código penal, graduación de la pena, atenuantes de la pena, agravantes de la pena
Materia: PENAL
Carátula: CEJAS JOSE LUIS S.D. HOMICIDIO SIMPLE (ART.79 DEL C.P.) E.P. IBAÑEZ MARIO ERNESTO s/ CASACION CRIMINAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-06-12

El Art. 41 del Código Penal, prevé una serie de pautas genéricas para la cuantificación de la pena, sin establecer en abstracto si tales circunstancias deben considerarse atenuantes o agravantes, correspondiendo resolver en cada caso concreto, atendiendo a los criterios que fundamentan la individualización de la pena: la magnitud del injusto y el grado de culpabilidad del acto, complementados por el limitado correctivo de la peligrosidad evidenciada por las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión del delito. De ésta manera, la medida de la sanción penal será la que requiera la neutralización de la determinación del sujeto para el delito.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuestión no planteada
Materia: LABORAL
Carátula: Gallego, Héctor Ismael c/ S.A. Organización Coordinadora Argentina s/ Indemnización por despido y otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-10-29

En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no se pueden introducir cuestiones novedosas que no fueron planteadas en las oportunidades debidas en las instancias anteriores.
Quiebra, pedido de quiebra, citación al deudor, publicación de edictos, error en el texto
Materia: COMERCIAL
Carátula: MANDATARIA  RURAL    S.A.   S/PEDIDO DE QUIEBRA POR BANCO DE ITALIA Y RIO DE LA PLATA s/ PEDIDO DE QUIEBRA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-03

1. Se ordenó publicar nuevamente edictos de citación por causa de que en los aparecidos antes fue mentada la prevención de encargar la defensa de la emplazada a la defensoría oficial, cuando la orden previa a ellos mencionó el "apercibimiento de quiebra".

2. Es inadecuado a derecho imprimir a la causa el trámite que derivaría de lo publicado, cuando fue dispuesta otra cosa; porque hacer tal, importaría tanto como sustituir la decisión racional y preclusa del tribunal por el efecto de una errata.
Fundamentación de sentencias, fallo plenario, excarcelación, instrumentos públicos, intención de eludir la acción de la justicia
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Bomrad, Ramón Fortunato c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-09-08

Está debidamente fundada y se ajusta a la doctrina del plenario "Díaz Bessone" la denegatoria de excarcelación que consideró el uso de documento público ajeno como una pauta objetiva de valoración que permite presumir la existencia de riesgo de elusión del accionar de la justicia. (Dres. Ledesma, Slokar y David).
Concursos, competencia, cuestiones de competencia, suspensión del proceso judicial
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Correo Argentino SA c/  s/ concurso preventivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-05-12

Corresponde suspender el proceso concursal que se pide, para evitar consecuencias que puedan comprometer la recta administración de justicia y el derecho de defensa en juicio Voto de la Dra. Uzal
Certificado de deuda, reclamo administrativo previo, Ley de Obras Sociales
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Obra Social Personal De Edificios De Renta Y Horizontal De La República Argentina c/ Consorcio de Propietario Palacio de las Sociedades Anónimas s/ Ejecución ley 23.660
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-12-17

La desidia o desinterés que evidencia la actitud del ejecutado al no manifestar oportunamente los hechos ajustados a su verdad mediante el descargo que la ley -en resguardo de sus derechos- le acuerda, es suficiente para considerar a su queja como inatendible. Ello así, máxime cuando tampoco demostró, con relación al certificado de deuda base de la ejecución, que quien efectúa el reclamo hubiese incumplido con el procedimiento administrativo previo enderezado a dotarlo de fuerza ejecutiva.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, leyes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CASTETS Y TANINO S.R.L. c/ MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD Y SUS ACUMULADOS CASTETS Y TANINO S.R.L. Y SUPERMERCADOS RECONQUISTA S.R.L. c/ MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA -AMPARO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-12-05

Los cuestionamientos relacionados con lo resuelto por la Cámara en torno a la peticionada declaración de inconstitucionalidad de la ley provincial 13441 y de las ordenanzas de adhesión dictadas por los municipios de Reconquista y de Avellaneda, ostentan entidad constitucional suficiente como para trasponer el umbral de la admisibilidad recursiva. (Del voto del Dr. Netri, al que adhieren los Dres. Spuler, Gutiérrez y Vargas).
Liquidación judicial, cosa juzgada, error judicial, rectificación del error
Materia: PROCESAL
Carátula: SARASA JORGE L. Y OTRO c/ BANCO NACION ARGENTINA s/ NULIDAD DE CONTRATO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-10-05

La aprobación de la liquidación en cuanto hubiere lugar por derecho, no reviste calidad de fallo con autoridad de cosa juzgada, por lo que puede ser rectificado si hubiera mediado error al producirlo.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, delito penal, tentativa, graduación de la pena, doctrina, interpretación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: S, M E s/ Pedido de formación de Tribunal Pleno - Libertad provisional  concedida (Expte.: NRO. 13 Año 2000) (Tribunal Pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-10-23

La posición sustentada por Zaffaroni admite que, en los casos de tentativa, el mínimo debe establecerse en dos tercios y el máximo a la mitad de la pena por el delito consumado. Esta postura es compartida por Jorge De la Rúa, que sostiene que éste es el criteri o que informa la parte especial, incluso el artículo 44 parágrafos 2 a 4 : formular las escalas mencionando primero el mínimo y después el máximo. Si a ello se agrega la premisa ya sentada de que la escala de la tentativa es abstracta y autónoma y que se realiza sobre la base de la escala del delito consumado, la conclusión es ineludible; el mínimo de la escala del delito consumado se reduce a los dos tercios y el máximo a la mitad. (Del Voto del Dr. Bassó).

En la causa, la cuestión a resolver es: ¿Cuál debe ser la exégesis correcta del art. 42 del Código Penal a efectos de establecer la escala aplicable por el delito conminado con pena temporal privativa de la libertad y en grado de tentativa?.
Sociedad conyugal, liquidación de la sociedad conyugal, convenio de partición de bienes, divorcio
Materia: CIVIL
Carátula: F., M.E. c/ V., D.A s/ DIVORCIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-09-30

1- Resultan válidos los convenio de liquidación de sociedad conyugal celebrados con anterioridad a la sentencia en los procesos de divorcio por causal objetiva sin atribución de culpabilidad por su asimilación al caso contemplado en el art. 215 del Código Civil de donde deriva la aplicación del art. 236 del mismo cuerpo normativo. También procede aun cuando en el proceso promovido como contradictorio, luego las partes coinciden voluntariamente a través de un pedido conjunto en el modo de disolver su vínculo (art. 214, inc. 2° del Código Civil)y el plazo estipulado legalmente para el divorcio se encuentra cumplido. Es que, al no estar los cónyuges en el planteamiento combativo de sus afectos e intereses, se aleja el riesgo de transacciones impuestas, de la conminación o el ultimátum frente a imputaciones y revelaciones de asuntos íntimos que alguno de ellos prefiere ocultar.

2- Tal interpretación en modo alguno significa violentar el régimen impeditivo prescripto por el art. 1218 del Código Civil, ni aún sortearlo elípticamente. Son razones para resolver la validez del convenio la espontaneidad de las declaraciones de los esposos en el marco de un acto jurisdiccional (audiencia prevista por el art. 360 del Código Procesal) que aventa el riesgo de posiciones dominantes y simplifica los trámites en aquellos aspectos en los que media coincidencia, eliminado el dispendio y contribuyendo con la función conciliadora de los jueces.

(Sumario N°19395 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil - Boletín N°1/2010).
Estímulo educativo, principio de legalidad
Materia: PENAL
Carátula: Bernaola, Héctor Mariano c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-10-27

El voto concurrente expresó que frente a los logros educativos invocados por la defensa al solicitar la aplicación del sistema de estímulo educativo, el a quo ha efectuado un examen parcializado de la petición del recurrente y que determinar que el órgano educativo es quien detenta la competencia especial para calificar la duración anual de un curso de formación profesional o equivalente a tal, conforme la redacción del art. 140, inc. b), ley 24.660, constituye una interpretación respetuosa del principio de legalidad y acorde a lo establecido por la ley 24.600 y la ley 26.058 de Educación Técnico Profesional. (Dres. Ledesma, Slokar y Figueroa).
Recurso de inaplicabilidad de ley, exceso ritual manifiesto
Materia: PROCESAL - LABORAL
Carátula: Compañía Argentina de Té s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-05-12

El incumplimiento de las formalidades que determina el art. 243 de la L.C.T. , invalida la pretensión del recurrente, y el pretendido rigorismo formal no se configura.
Recurso extraordinario, revocación de sentencia, acción de amparo, actos u omisiones de autoridades públicas, leyes, control de constitucionalidad, docentes, jubilaciones, Unión de Docentes Argentinos, caja complementaria
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: UNION DOCENTES ARGENTINOS. c/ ESTADO NACIONAL (PODER EJECUTIVO NACIONAL) s/ DEMANDA DE AMPARO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-12-05

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que hizo lugar al amparo instaurado por la Unión Docentes Argentinos y ordenó al Poder Ejecutivo que se abstuviera de aplicar, ejecutar o realizar cualquier tipo de acción u omisión derivada de la aplicación del art. 33 de la ley 22.804. Ello así, pues las leyes deben ser condignamente respetadas en tanto no se declare su inconstitucionalidad con relación a un caso dado y mediante las vías normativamente previstas y, en el sub lite, el a quo se apartó de lo previsto en el mencionado art. 33 y en el art. 2 de la ley 16.986, lo cual excede en forma notoria el ámbito del amparo.
Hipoteca, constitución de hipoteca
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: SALTA REFRESCOS S.A. s/ Incidente de revisión
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2004-03-16

La adecuación de hipotecas constituidas para garantizar cuanta obligación contraiga o vaya a contraer el deudor, no es legítima. La severidad de la obligación hipotecaria debe quedar cautiva en sus justos límites, los que no pueden ser otros que los fijados en las reglas generales. Jurisprudencia: Dra. Liliana Zelaya
Seguro de vida, seguro colectivo, competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: DIODATO, ANGELA Y OTROS c/ COMPAÑIA ITALO ARGENTINA DE ELECTRICIDAD SA. Y OTRA s/ COBRO DE PESOS INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1980-02-28

Si el carácter del seguro colectivo de vida resulta ajeno al decreto 1567/74, margina toda eventual vinculatoriedad de la póliza con la relación laboral, no obstando a ello que la condición para su concertación por la empleadora haya sido que el asegurado fuera su dependiente, no sólo porque el tomador lo hace voluntariamente, sino porque tiene opción para continuar en él a pesar de haber cesado en el servicio.

Ello obsta a la competencia de este Tribunal para entender en los reclamos emergentes del contrato de seguro.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario
Materia: PROCESAL
Carátula: Robledo, Daniel Alberto c/ Barcelo, Ricardo Cirilo s/ Indemnización de daños y prejuicios. Declaratoria de pobreza (Expte.   Nro. 95-98) -Tribunal Pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-09-10

En la Apelación Extraordinaria, para la consideración por parte de la Alzada de las causales de impugnación desestimadas por el tribunal a quo, debe mediar el correspondiente recurso de queja. (De los Fundamentos del Dr. Cordini -En Disidencia-). En el caso, la cuestión a resolver es: ¨Interpuesto recurso de apelación extraordinaria fundado en más de una de las causales del artículo 42 (ley 10160) y admitida alguna de ellas, debe el recurrente ocurrir en queja para lograr la revisión, o bien puede la Alzada avocarse a su conocimiento y decisión sin necesidad del recurso de hecho?
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria, fundamentación de sentencias, fundamentación insuficiente, régimen penitenciario, traslado de internos, motín carcelario, personal penitenciario
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Schiffrin, Leopoldo Héctor s/ recurso de hábeas corpus - causa n° 16.868 -.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-10

Carece de fundamentos suficientes el fallo que no explicó cómo el mero traslado de internos importó, por sí solo, un menoscabo intolerable de derechos por conducir a una privación manifiestamente excesiva de la que toda pena importa o a un agravamiento de las condiciones de privación de la libertad que exceda las precauciones exigidas por la seguridad, sino que apoyó su decisión únicamente en la violación del acuerdo celebrado con autoridades penitenciarias, que sólo podía tener validez en el ámbito de las especialísimas circunstancias que lo habían generado, o sea, no imponer sanciones como consecuencia de un motín.
Seguro de responsabilidad civil, tercero damnificado, citación en garantía
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ghiglieri, Héctor Jorge y otro c/ Provincia de Buenos Aires y/o D.E.B.A. s/ Daños y perjuicios Domínguez, Agustín J. c/ Mainardi, Alcides s/ Daños y perjuicios Centeno, Julio C. c/ Ponzio, Horacio s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-10-17|1996-04-23|1997-06-10

El asegurador, para mantener indemne al asegurado, se compromete a pagar la indemnización que en definitiva se constituye en una ventaja a favor del tercero, que éste puede usar.
Recurso de apelación (procesal), elevación en apelación
Materia: CIVIL
Carátula: EDESA S.A. c/ GARCIA, Nelly s/ Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-04-12

Reiteradamente se ha sostenido, que tratándose el recurso de apelación de materia disponible por el interesado, al no encontrarse comprometido el orden público (CApelCCSalta, Sala IV, t. XXIII, fº 120, íd. fº 762), y teniendo facultades para ello la letrada (cfr. fs. 28/36), corresponde tener presente el desistimiento formulado en los términos del art. 304 del Código Procesal.
Sentencia, fundamentación de sentencias, nulidad de sentencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lisler Aída c/ Destéfano Gimenez Alicia María s/ Escrituración
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-08-19

Las sentencias judiciales deben ser motivadas, de manera que la solución que consagren responda a los hechos comprobados en el litigio y permitan referir lo resuelto al derecho objetivo vigente.

El deber de efectuar las debidas consideraciones de las cuestiones que constituyen el objeto del juicio, y fundar las sentencias, respetando la jerarquía de las normas vigentes y el principio de congruencia, son el adecuado correlato del derecho de defensa de las partes.(Arts. 18 de la Constitución Nacional, 171 de la Constitución de la Pcia. de Bs.As., 34 inc.4º y 163 incs. 4º y 5º del CPCB).
Diferencias salariales, declaración de inconstitucionalidad
Materia: CIVIL
Carátula: GRAMAJO ATILIO Y HUGO MONTESINOS c/ MUNICIPALIDAD DE TERMAS DE RIO HONDO s/ JUICIO POR INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-03-20

Si de las constancias obrantes en autos se desprende que el resolutorio del tribunal ha sido acatado por el organismo demandado, el hecho de que la retribución de los actores resulte inferior a la que percibían en sus cargos anteriores (jefe de servicio y jefe de área), o existan diferencias salariales impagas, no son cuestiones que deba el tribunal analizar en este juicio, desbordando el continente procesal del juicio de inconstitucionalidad.
Segunda instancia, caducidad de instancia, responsabilidad del funcionario público
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Hernández, José Sigisfredo c/ Austral Cielos del Sur s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-05-04

"Debe entenderse que no se ha producido la caducidad de la segunda instancia si el expediente se paraliza como consecuencia del no cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 251 del Código Procesal, dado que la parte no puede ser responsabilizada con el simple argumento de que debió suplir la inacción del responsable directo por cuanto ello significaría una declinación y transferencia inadmisible de obligaciones".
Admisibilidad del recurso, depósito previo
Materia: PROCESAL
Carátula: F. M. A.  c/ C. B. S. y Otros  s/ sumario-daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2023-12-04

Ya sea que se interponga recurso de casación como de inconstitucionalidad, aun dentro del carril del amparo, es necesario cumplir con el requisito de admisibilidad formal de pagar el depósito que para uno y otro exigen los arts. 292 inciso d y 303, primer párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial. Ante la falta o insuficiencia del aporte debe declararse la inadmisibilidad del recurso intentado, sin ninguna otra opción para el impugnante. Entonces, no hay motivos para que en el amparo se mantenga un criterio diferente.
Medidas cautelares, embargo, auto de procesamiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: JERONIMO, Maximiliano A. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-31

El embargo debe garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil (aun cuando al tiempo de su dictado el actor no se haya constituido como tal) y las costas del proceso, por lo que el monto fijado se compadece con el perjuicio efectivo ocasionado .

Por ello, corresponde confirmar el procesamiento del imputado en orden al delito de estafa, y el monto del embargo decretado.
Recurso extraordinario federal, caducidad de instancia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Caccianini, Eduardo c/ Municipalidad de Morón s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-05-18

Habiendo transcurrido el plazo de tres meses desde el momento en que se dictó la providencia mediante la cual se corrió traslado del recurso extraordinario interpuesto sin que la actora lo haya impulsado, corresponde declarar la caducidad de la instancia abierta con la presentación del aludido recurso (art. 310 inc. 2, 311 del C.P.C.C.). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Medidas cautelares, acción de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Tello, Luis Humberto y otros c/ Provincia de Tierra del Fuego s/ Acción de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 1996-02-28

Ello es así porque, por definición, la sentencia a dictar en el juicio de inconstitucionalidad -atento la naturaleza de acción meramente declarativa- en caso de resultar favorable a la actora se limitará a la declaración de invalidez de las normas cuestionadas. En consecuencia, de acogerse la medida cautelar solicitada se le estaría concediendo una tutela que la propia sentencia de fondo no podría otorgarle, por las especiales características del proceso de inconstitucionalidad. (voto de los Dres. Fayt, Nazareno y Moliné O'Connor).
Impuestos, repetición de impuestos, Poder Legislativo, facultades del Poder Legislativo, Constitución Nacional, validez de la ley
Materia: TRIBUTARIO-PROCESAL
Carátula: "Prevención Art S.A. c/ AFIP D.G.I. s/ proceso de conocimiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-08-07

Al ser los períodos reclamados por la aseguradora del riesgo del trabajo respecto de las comisiones bancarias cobradas por la AFIP en función del decreto 507/93, posteriores a la ratificación del art. 22 de la ley 24.447, resulta inoficioso expedirse acerca de la naturaleza de la comisión cobrada, pues no se trata del efecto retroactivo de la ratificación de una norma inválida, sino de otorgarle pleno efecto a la decisión del legislador para el futuro, conforme al poder tributario que la Constitución Nacional le otorga al Poder Legislativo y dado que la aseguradora fundó la ilegalidad de la "comisión" cuya restitución pretende en que fue creada por el Poder Ejecutivo: las circunstancias apuntadas llevan a desestimar la demanda de repetición.
Relación de dependencia, prueba documental, telegrama colacionado, libros del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: Cano, Máxima c/ Luis Aguado e Hijos, Luis Aguado y/o Félix Montes s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1996-04-29

La relación laboral no puede probarse por vía de la falta de presentación de libros o por el silencio opuesto a la intimación de alguien a quién no se esté obligado a contestar. No probada la relación laboral, resulta irrelevante la falta de contestación de los telegramas o de presentación de los libros de trabajo. El silencio ante una intimación cobra relevancia una vez demostrada por otros medios la vinculación, no pudiendo "hacer nacer" un contrato inexistente con el simple envío de un telegrama colacionado. En cuanto a los libros, nadie está obligado a hacer lo que la Ley no manda y por ende no se puede imponer la exhibición de los mismos a quién no es un empleador de los definidos en el art. 5º segundo párrafo de la Ley de Contrato de Trabajo.
Obras sociales, afiliación a obras sociales, principio de solidaridad, doctrina de los actos propios
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Superintendencia de Servicios de Salud c/ O. S. Pers. Dirección Industria Privada del Petróleo s/ cobro de aportes o contribuciones
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-24

Si la obra social recurrente continúo, tras el dictado del decreto 576/1993, afiliando, de forma facultativa, adherentes voluntarios, cabe concluir que lo hizo en el marco de la resolución lNOS 490/1990, que habilita a las obras sociales a incorporar esa clase de afiliados en forma consistente con las leyes 23.660 y 23.661 y con el principio de solidaridad, por lo cual la incorporación por parte de la demandada de esa clase de afiliados implicó un sometimiento voluntario a un régimen jurídico, sin reserva expresa, determinando la improcedencia de su impugnación ulterior. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Indemnización por despido, televisión vía satélite, base indemnizatoria del despido, aplicación de la ley, iura novit curia
Materia: LABORAL
Carátula: Olivera  Pereyra, Miguel Ángel c/ SHEELEC INGENIERIA S.A. y otro s/ ley 22250.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-05-05

Si bien la actividad desarrollada por la demendada, esto es, la prestación del servicio de televisión satelital, no se encuentra regulada por convenio colectivo alguno, no puede establecerse la indemnización por antigüedad sobre la base de la remuneración percibida sin limitación. En este sentido, ha señalado la Sala que "a todos los trabajadores, aún aquellos que no se encuentren amparados por convenciones colectivas de trabajo, se les debe aplicar un tope determinado, en principio, en base a las remuneraciones del convenio de actividad", y que por aplicación del principio "iura novit curia" es función del tribunal decir el derecho vigente aplicable a los supuestos fácticos alegados y probados en la causa, con prescindencia de las afirmaciones o argumentaciones de orden legal formuladas por las partes, e independientemente del encuadre jurídico que ellas le asignen a sus relaciones" (conf. CSJN G 619 XXII in re "Gaspar, Rodolfo c/ SEGBA S.A.").