Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-06-20


Buenos Aires, 20	de junio de 2008 Vistos: los autos indicados en el epígrafe.

Resulta 1. El recurrente fue condenado, por sentencia firme dictada el 22 de octubre de 2006 (fs. 4/11), a la pena de veinte días de arresto, cuya ejecución fue dejada en suspenso, más el cumplimiento -por el término de cuatro meses- de las siguientes reglas de conducta: a) fijar residencia y comunicar cualquier cambio al juzgado o fiscalía; b) cumplir con las citaciones o requerimientos que le hicieren dichas dependencias judiciales; y c) abstenerse de concurrir a los estadios y sus adyacencias los días y horarios en que se disputen encuentros con la participación del Club Atlético Boca Juniors, en los torneos organizados por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) o por la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL). En dicha decisión condenatoria se lo había considerado responsable de las contravenciones de perturbar filas e ingreso, no respetar el vallado, permitir el ingreso en exceso e ingresar sin entrada a un espectáculo deportivo, puntualmente, al encuentro que disputó el equipo de fútbol del Club Boca Juniors contra el del Club Vélez Sarsfield, en el estadio de este último, el día 23 de abril de 2006.

2. Durante la etapa de ejecución de la pena, a pedido de la fiscalía, el juez -por resolución del 12/02/08, fs. 35/39- decidió revocar la suspensión de la ejecución de la pena de arresto mencionada en el punto anterior. El defensor del imputado apeló esa sentencia y, frente a ello, la Cámara confirmó la revocatoria (fs. 53/56). La defensa, por lo tanto, interpuso un recurso de inconstitucionalidad que, denegado, motivó la interposición de esta queja en la cual el recurrente solicita expresamente (fs. 76) que se le asigne efecto suspensivo al recurso directo, a fin de evitar la ejecución de la sanción.

3. El juez de trámite, previo a toda otra diligencia, puso a consideración del Tribunal la petición reseñada en el párrafo anterior.

Fundamentos:

El juez Julio B. J. Maier dijo:

1. Tal como sostuve en otros procesos (ver mi voto en "Ministerio Público -Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Palumbo, María Elena; De la Fuente, Omar Claudio; Cóceres, Alfredo Gabriel y otros s/ arts. 116 y 117 ley 1472 -apelación-'", expte. n° 5871/08 y su acumulado "Ministerio Público -Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Palumbo, María Elena; De la Fuente, Omar Claudio; Cóceres, Alfredo Gabriel y otros s/ arts. 116 y 117 ley 1472 -apelación-'", expte. n° 5873/08, resolución del 07/05/08), considero que con la pena privativa de la libertad sucede algo parecido a aquello que sucedería con la pena de muerte: ambas parecen imposibles de ejecutar antes del último recurso posible -en la jurisdicción local- contra la sentencia que la ordena. En verdad, ambas penas sólo pueden ser objeto de una reparación simbólica, al tiempo de descubrirse -eventualmente- un error, pues al ser humano le está vedado tanto reponer la vida como el tiempo pasado. No de balde se conoce también, desde antaño, que ambas penas aglutinan el máximo poder de coacción del Estado, autorizado por el ordenamiento jurídico, imposible de ser reparado naturalmente con posterioridad.

2. Sin adelantar opinión alguna sobre el destino de la queja aquí interpuesta, ese simple razonamiento me convence acerca de conceder el efecto suspensivo requerido por el defensor.

Conforme lo expresa el mismo defensor solicitante, el art. 33, párr. 5°, de la ley local n° 402 concede al TSJ la competencia para suspender la ejecución de la pena hasta tanto sean resueltos los recursos interpuestos.

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

Adhiero al voto del juez de trámite Dr. Julio B. J. Maier.

El juez Luis Francisco Lozano dijo:

Coincido con los Dres. Maier y Ruiz en que corresponde declarar la suspensión de la ejecución de la pena hasta tanto sea resuelto el recurso por este Tribunal. Ello así, porque entiendo que la defensa ha invocado razones suficientes para tener por mal denegado el recurso de inconstitucionalidad y la declaración de admisibilidad de dicho remedio procesal conlleva los efectos suspensivos que el recurrente solicita.

El juez José Osvaldo Casás dijo:

1. El doctor Horario H. Rivero, en la queja presentada en representación del Señor Mauro Martín, solicitó que "se deje sin efecto la ejecución de la imposición de los 20 días de arresto efectivo" hasta tanto se resuelva el presente recurso (foja 76).

2. La interposición de una queja por recurso de inconstitucionalidad denegado, en principio, no tiene efecto suspensivo. Dicho efecto -según la ley adjetiva- es acordado, como regla, si la queja resulta admitida. En este sentido, sólo excepcionalmente este Tribunal, mediante resolución expresa, puede suspender el curso del proceso, aún antes de pronunciarse sobre la admisibilidad formal del recurso de hecho (art. 33, ley nº 402).

Así las cosas, lo señalado por el recurrente en el recurso no alcanza para ver configurado en el caso, en este estado de análisis, un supuesto que permita al Tribunal apartarse de la regla legislativa. En otras palabras, la argumentación genérica esbozada no resulta idónea, por insuficiente, para controvertir la presunción de legitimidad de la denegación del recurso de inconstitucionalidad. En ese sentido, el estudio anticipado que se reclama -que, como tal, no exige una evaluación de certeza sobre la existencia del derecho pretendido- no permite constatar, prima facie, la existencia de un error o exceso evidente en la denegación impugnada, más allá de lo que se decida en su hora al tratar específicamente el recurso de hecho.

Por lo demás, si bien es cierto que la privación de la libertad locomotiva es imposible de ser subsanada en especie, debe entenderse que ello fue sopesado por el legislador al imponer la regla antes descripta que, por lo demás, el recurrente no tacha de inconstitucional.

3. Por lo expuesto, corresponde denegar la "suspensión del proceso" requerida a fs. 76.

Así lo voto.

Los jueza Ana María Conde dijo:

Adhiero a lo señalado por mi distinguido colega el doctor Casás, pues la solicitud de "suspensión del proceso" presentada por el defensor particular del señor Martín no puede ser admitida. Más allá de que los argumentos que expone resultan suficientes para concluir que en autos no se ha demostrado, con el grado de verosimilitud que exige este examen prematuro del sumario, la existencia de un error grosero o de un exceso en la denegatoria recurrida que desvirtúe su presunción de certeza y legitimidad, considero que todavía es posible agregar un motivo más para desestimar su petición.

En efecto, la argumentación ensayada por el defensor particular para que el Tribunal confiera "efecto suspensivo" al recurso directo se reduce a la mención -parcial- de un precepto del nuevo Código Procesal Penal de la Ciudad (art. 270, ley nº 2303, de eventual aplicación supletoria en la materia contravencional en virtud del art. 6, ley 12) y del art. 33, in fine, ley nº 402. Sin embargo, el recurrente pasa por alto, injustificadamente, que ese Código Procesal Penal no se refiere -en ningún precepto de todo su articulado- al recurso de inconstitucionalidad o a la queja contra su denegatoria, sino que, casualmente, ambos recursos se encuentran expresamente regulados en la ley de procedimientos "específica" que no fue derogada ni modificada por el nuevo ordenamiento.

En consecuencia, es posible concluir que el art. 33, in fine, ley nº 402 constituye la "disposición expresa en contrario" (art. 270, ley nº 2303) a la que se refiere la norma en la que busca apoyo el recurrente -en la parte que no ha sido citada por aquél- y la "regla general" es, a diferencia de lo argumentado en la solicitud (fs. 76), que la interposición de una queja ante el Tribunal Superior no "suspende el curso del proceso", salvo que se decida lo contrario, pero, para hacerlo, claro está, el recurrente debió exponer razones convincentes que -por lo dicho- están ausentes en autos. Por ello, por mayoría, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Hacer lugar a la petición de suspender el proceso efectuada en la presentación de fs. 68/76.

2. Mandar que se registre y se notifique en forma urgente con habilitación de día y hora.