marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Contrato de trabajo, despido, despido por falta o disminución de trabajo, falta de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: DIVITTO HECTOR DANIEL c/ DIESEL OLIDEN  S.A.I. Y C. Y OTRO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-29

Las dificultades económicas a las que alude la accionada conforman los riesgos propios de su actividad, y el hecho que el actor formara parte de dicho riesgo no justifica la aplicación de lo normado por el artículo 247 L.C.T., como para justificar el pago de la indemnización reducida. La accionada debió demostrar haber tomado medidas con buen criterio empresario.
Recurso extraordinario federal, cuestión de derecho público local
Materia: CIVIL
Carátula: LOS MIMBRES S.A. c/ VILLALBA SERGIO s/ REIVINDICACIÓN (QUEJA POR CASACIÓN DENEGADA) - RECURSO  EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-05-20

La inteligencia de normas procesales o locales no constituye cuestión federal salvo casos extremos de violaciones palmarias de garantías constitucionales. Tal el criterio mayoritario, que encuentra su fundamento en el respeto a la autonomía de las provincias en la interpretación de normas locales, ya que el papel de la Corte queda acotado a la función de guardiana última de garantías constitucionales.
Delito experimental, pena
Materia: PENAL
Carátula: FERNANDEZ, R. s/ DELITO EXPERIMENTAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-07-11

En el delito experimental, que es una modalidad del delito imposible, "ex-ante" hay ineptitud de consumación, siendo el impedimento permanente.

En estos casos, "sólo se puede llegar a castigar la conducta del procesado con sustento en el positivista criterio de la ley penal vigente, que implica un estudio criminológico en el que se sustenta un pronóstico desfavorable.
Prueba, ofrecimiento de la prueba, plazos procesales, plazo común, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: FUNES TONDINO, ALDO c/ SOLUCIONES INFORMATICAS SA s/ ORD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-29

Si bien la reforma introducida por la Ley 24573 al CPR 367, eliminó la última parte del mismo, relativa al plazo de ofrecimiento de prueba, estableciendo que el lapso para la producción de la misma es común, sin embargo, tal aspecto procedimental ha quedado librado a la apreciación del Tribunal, que -en el caso- estableció el de cinco días, correspondiendo, dada la trascendencia que tiene el ofrecimiento de prueba, desestimar cualquier interpretación que implique colocar a uno de los interesados en desventaja procesal respecto del que ha sido notificado en último término.
Recurso extraordinario de inconstitucionalidad, cuestión constitucional
Materia: PENAL
Carátula: Hernández Bustamante, Eduardo s/ Querella por calumnias e injurias contra Reyna, Juan Carlos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-08-25

Es admisible el recurso extraordinario de inconstitucionalidad si la defensa, que es parte interesada, cuestionó oportunamente con constitucionalidad de un precepto legal y la Excma. Cámara lo ha resuelto (art. 149 inc. 4 de la Constitución provincial). Debe prescindirse de las normas procesales incompatibles con el art. 149 inc. 4 de la Constitución provincial.
Jubilaciones, pensiones
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Torres, Demetria c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-09-08

La hija incapacitada del causante, si bien no ejerció el derecho de coparticipar en el beneficio con su madre (cónyuge supérstite), tenía derecho a acrecer a partir del fallecimiento de ésta, por lo que a la fecha de sanción de la ley 10.754 era titular del cien por ciento de la pensión.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, sentencia definitiva
Materia: LABORAL
Carátula: Fretes, Seinhart Luis c/ SOMEC S.R.L. y otros s/ Ejecución de honorarios. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-03-30

Los recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley sólo proceden contra las sentencias definitivas de las Cámaras de Apelación y de los tribunales colegiados (arts. 278 y 296, C.P.C.C. y 55 de la ley 11.653), supuesto que no es el del caso en examen en que se interponen contra una resolución dictada por sólo uno de los jueces del tribunal. (Minoría u opinión personal)
Medidas cautelares, verosimilitud del derecho invocado
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: M.D. SRL c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-09-21

Respecto a la verosimilitud del derecho, la Corte Nacional ha dicho que este tipo de medidas "no exigen de los magistrados un análisis de certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino solo su verosimilitud.

El juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra que atender aquello que no excede el marco de lo hipotético, dentro del cual se agota la virtualidad. "Desde otra perspectiva... la norma no impone al tribunal la obligación de efectuar un examen jurídico riguroso, cual el necesario para resolver el pleito, es suficiente examinar si el derecho invocado por el peticionario tiene o no apariencia de verdadero y sin que ello implique prejuzgamiento".
Tarjeta de crédito, prescripción, cómputo del plazo
Materia: COMERCIAL
Carátula: TARSHOP SA c/ SAJOUX ARMANDO MARIO s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-29

Mas allá de la confusión conceptual habida entre "mora" y "exigibilidad", diluida en el caso, toda que en el sistema de tarjeta de crédito el usuario incurre por regla en mora automática una vez fenecida la fecha indicada en la liquidación practicada (Ley 25065: 23 inciso H) -salvo que existiese pacto expreso relativo a la necesidad de previa interpelación, lo que no ocurrió en la especie- conclúyese que el plazo de prescripción comienza a correr desde el momento en que el crédito que surge del resumen queda firme, es decir, desde que hubiere vencido el plazo de impugnación (y no fuese abonado) o la misma hubiera sido rechazada por la emisora(v. Villegas, Carlos "Contratos mercantiles y bancarios", t. II, edición del autor, Bs. As. 2005, p. 530). Es que el resumen mensual de la LCT 23  no tiene sólo la finalidad de poner en conocimiento del usuario, a título de recordatorio, de cuáles han sido las operaciones celebradas para su posible control y eventual impugnación, sino que también permite dejar determinada la deuda cierta y líquida que el usuario debe abonar y cancelar por el período liquidado, generada en concepto de tales operaciones (v. Barreira Delfino, Eduardo "Título ejecutivo para la tarjeta de crédito" (ED 181-1325). Ello así receptar la postura que computa el plazo desde la fecha del último resumen implicaría autorizar al accionante a postergar sine die y a su sola discreción el transcurso del plazo mediante el simple recurso de seguir emitiendo resúmenes, lo que desnaturalizaría el instituto de la prescripción.
Acción de inconstitucionalidad, falta de legitimación para obrar, control de constitucionalidad, expropiación
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Nazr, Mónica Beatriz en representación de Laboratorios San Jorge S.R.L.; Ísola, Arturo Alfonso por la firma Salco S.R.L. c/ Poder Ejecutivo Provincial s/ acción de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-06-25

La misión del Poder Judicial consiste en asegurar la supremacía de la Constitución y, como eventual consecuencia, invalidar las disposiciones que se encuentren en clara y abierta pugna con su texto. Así, el control de constitucionalidad que compete a este Tribunal debe efectuarse en un marco de estricta prudencia, por cuanto la declaración de inconstitucionalidad no ha de efectuarse en términos generales o teóricos, porque se trata de la función más delicada de los jueces. También se ha dicho que la declaración de inconstitucionalidad de un precepto de jerarquía legal constituye la más delicada de las funciones susceptible de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como la última "ratio" del orden jurídico.

El acierto o el error, el mérito o la conveniencia de las soluciones legislativas, no son puntos sobre los que el Poder Judicial deba pronunciarse, por lo que la declaración de inconstitucionalidad no puede fundarse en apreciaciones de tal naturaleza, sino que requiere que la repugnancia de la norma con la cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indudable.
Leyes, aplicación de la ley, proceso judicial
Materia: PENAL
Carátula: Ministerio Público Fiscal s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-05-19

No corresponde someter a las disposiciones del nuevo ordenamiento procesal una causa iniciada en extraña jurisdicción antes de la entrada en vigor del Código sancionado por ley 11.922, que se recibe en sede provincial una vez vigente este cuerpo normativo, por lo que el respectivo expediente debe ser radicado en un juzgado de transición y no en una unidad funcional de instrucción.
Procedimiento laboral, ejecución de sentencia, recurso de apelación (procesal)
Materia: LABORAL-CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Narvaéz c/ Soda Arutti s/ Ejecución de Sentencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2001-02-22

Puesto que la Constitución de la Provincia de Catamarca señala que los jueces no pueden homologar acuerdos que versen sobre créditos firmes del trabajador, lo único que pueden aceptar es un acuerdo de pago que no implique renunciamiento.

Debe entenderse que es un crédito no sólo el monto dinerario a percibir sino también la necesaria certificación de servicios que tiene su neto origen laboral y ambos son imprescindibles, el primero para la subsistencia y el segundo para la posibilidad de obtener en el futuro un beneficio previsional.

En autos, el acuerdo que el Juez dispuso no homologar se celebró diez meses después de confeccionada la planilla de liquidación, por un monto que no llega al de dicha planilla y con cuotas por un año sin interés alguno. En cuanto a las astreintes impuestas en la planilla a fin de asegurar el cumplimiento de la obligación de entregar el certificado de trabajo, no podrán ser morigeradas por el Juez en el caso, porque la demandada no entregó el certificado de trabajo y en el acuerdo cuestionado sólo prometió su entrega, sin especificar el contenido, que podría diferir con la sentencia.

Por ello, debe desestimarse el recurso de la demandada y confirmar el decisorio que resolvió no homologar el acuerdo de pago realizado por las partes. (Del voto del Dr. Herrera, por la mayoría).
Salud mental, cumplimiento de la ley, Poder Ejecutivo Provincial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: M., A. - Defensora General s/ MANDAMUS
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-06-27

Lo cierto es que la autoridad de aplicación, o sea la Administración (Poder Ejecutivo), no se encuentra eximida de cumplir con el objetivo diagramado en el plexo normativo referenciado (Ley Nro. 2440, salud mental) y está claramente obligada a así efectivizarlo en observancia no sólo de la ley y el decreto reglamentario, sino de disposiciones de fondo de la legislación federal y los derechos y garantías de las Constituciones de la Provincia y de la Nación e inclusive de los Tratados y Convenciones Internacionales a que adhirió la República.
Prescripción de la acción penal, actos interruptivos, declaración indagatoria
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Marchetti, Osvaldo s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-02-25

Cuando el llamado a prestar declaración indagatoria se erige como un medio de evitar la prescripción de la acción penal, resulta cuestionable tal dictado si de las constancias del expediente puede inferirse que así lo fue. Tal arbitrariedad parece confirmar desde que se advierte la proximidad, sólo un día, del auto que llama a prestar declaración indagatoria con la supuesta fecha de extinción de la acción. El voto concurrente expresó que la antigua redacción del artículo 67 del CP en orden a que no puede interrumpirse el curso de la prescripción por actos del procedimiento resulta más beneficiosa y teniendo en cuenta que no se puede hablar de "juicio" durante la etapa instructoria, se torna inoficioso el tratamiento de la nulidad del llamado a prestar declaración indagatoria. (Dres. Tragant, Ledesma -según su voto- y Riggi).
Divorcio del 67 bis, separación de bienes, convenio de partición de bienes
Materia: CIVIL
Carátula: G.R.L.M. Y M.E.L. s/ DIVORCIO  -  ART.  67 BIS LEY 2393 - SEPARACION DE BIENES - CONVENIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-12-24

Los convenios de separación de bienes en los juicios de divorcio por presentación conjunta art. 67 bis ley 2393, formulados con anterioridad a la sentencia de declaración de divorcio y de disolución de la sociedad conyugal son válidos.
Amparo por mora, cuestión abstracta, costas en el orden causado, cajas de previsión
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: VICENTI, NORA TERESITA s/ Amparo por Mora
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2013-09-30

Declarada abstracta la cuestión en la acción de amparo por mora, las costas deben ser soportadas por su orden pues, si bien el art. 10 de la ley 8508 de Córdoba -como principio general- establece que serán impuestas a la vencida, la ley 8024 en su art. 70 (t.o. Dec. 40/09) expresa en relación a la Caja de Jubilaciones que los afiliados, beneficiarios y sus derechohabientes estarán exentos del pago de gastos y tasas de justicia cuando utilicen la vía judicial, cualquiera fuera la naturaleza de la acción intentada, y que las costas serán soportadas -en todos los casos- por el orden causado.
Caducidad de instancia, interrupción de la caducidad, diligencias extrajudiciales
Materia: PROCESAL
Carátula: DI BENEDETTO, Diego F. c/ TRANSPORTES NUEVA CHICAGO C.I.S.A. s/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-22

Las supuestas tratativas extrajudiciales, no informadas oportunamente al Tribunal, no son susceptibles de interrumpir el curso de la perención, por cuanto los actos idóneos a tales fines deben llevarse a cabo en el expediente respectivo.
Jubilación por invalidez, jubilación ordinaria, principio de solidaridad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: BORGES, MARIA ROSA c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-02-06

Aunque el grado de incapacidad acreditado no alcance al exigido por el art. 33 de la ley 18.037 para obtener la jubilación por invalidez, corresponde conceder el beneficio de jubilación ordinaria si la peticionante cumple con los extremos previstos en el art. 2 de la ley 20.475 (jubilación de discapacitados), máxime si del análisis de las constancias de autos surge que su situación agravaría la reinserción en el mercado laboral, lo que torna necesario arbitrar los medios tendientes a lograr la solidaridad del sistema (en el caso, la reclamante es sordomuda desde la infancia, de 47 años de edad y fue despedida).
Inimputabilidad, estado de inconsciencia, prueba
Materia: PENAL
Carátula: POLITO BENITO ITALO ARGENTINO Y OTROS s/ ROBO AGRAVADO Y ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-08-26

No basta para revertir la decisión de condena la alegación del imputado, quien en esta instancia casatoria invoca su adicción al alcohol y estupefacientes. Tal postulación es ineficaz, por sí, para la aplicación de la causal de inimputabilidad prevista en el art. 34, inc. 1 del Cód. Penal.

Para descalificar el pronunciamiento por omisión en aplicar la normativa contenida en el art. 34 inc. 1 del Cód. Penal no basta su mera invocación; pues debe probarse que efectivamente medió inconsciencia por ebriedad o consumo de estupefacientes, con entidad tal que le impida comprender la criminalidad del hecho o dirigir las acciones; ya que por sí mismas no son causales de inimputabilidad.

Su relevancia está dada por los efectos que su consumo suscite en la conciencia del individuo, lo cual debe ser probado; y ello no ha acontecido en el sublite.
Queja por casación denegada, trámites judiciales
Materia: CIVIL
Carátula: MORICONI CARLOS ALFREDO c/ COOPERATIVA DE TRANSPORTES LA UNION S/ SUELDOS IMPAGOS, ETC. s/ QUEJA POR CASACION DENEGADA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-10-07

Por el art. 276, del Código de Rito, el Superior Tribunal debe circunscribir su análisis a las condiciones formales de la presentación directa (trámite) y al contenido de la providencia denegatoria.
Intereses, tasas de interés
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: La Tropa S.A. c/ López Ricardo y otra s/ Cobro sumario Motomel SA. c/ Juan Mario F. s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-07|1996-03-19

Tratándose de una compraventa comercial se torna aplicable el art.565 del Cód. de Comercio, que remite a los intereses que cobren los bancos públicos. Si bien la norma atañe específicamente al mutuo, se valora que dicha imposición es más adecuada en razón de tratarse de relaciones influidas por el propósito de lucro (Cód.

citado, arts. 8,inc.1º, 450 y 451; Cód. Civil, art. 16).
Daños y perjuicios, indemnización por muerte, prueba, gastos de sepelio
Materia: CIVIL
Carátula: ITURRES PASCUAL c/ PUENTE JOSE ROQUE s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-13

En la acción resarcitoria por muerte de la víctima deben abonarse los gastos de sepelio, estimados aunque no se haya aportado prueba al respecto, por tratarse de gastos que necesariamente debieron efectuarse.
Ley de servicios de comunicación audiovisual, constitucionalidad, libertad de expresión
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Grupo Clarín S.A. y otros c/ Poder Ejecutivo Nacional y otro s/ Acción meramente declarativa
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-10-29

Debe declararse la inconstitucionalidad del segundo párrafo del artículo 48 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522 pues, el efectivo ejercicio del derecho a la libertad de expresión quedaría desnaturalizado si se admitiese que el conflicto generado por la aplicación del referido artículo se resolviera mediante el pago de una indemnización: una medida que implica no respetar el término de duración de una licencia e interrumpe el desarrollo de un proyecto comunicacional produce una lesión al derecho a la libertad de expresión que ninguna reparación pecuniaria podría remediar eficaz e integralmente dado que, en una sociedad democrática, el valor de una información no expresada no puede ser mensurado en términos económicos (Del voto en disidencia parcial del Dr. Maqueda).
Recurso extraordinario, admisibilidad del recurso, cuestión federal, jerarquía constitucional
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Shi, Jinchui c/ Municipalidad de la Ciudad de Arroyito s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-20

La admisibilidad del recurso extraordinario está condicionada a que la cuestión federal haya sido resuelta en forma contraria al derecho de esa naturaleza invocado por el recurrente, desde que la razón de ser de esta apelación excepcional radica en la necesidad de asegurar la supremacía de la Constitución Nacional, tratados y leyes que consagra el art. 31 de la Carta Fundamental (Disidencia de los jueces Rosenkrantz y Highton de Nolasco). -Del dictamen de la Procuración General al que la disidencia remite-
Extinción por quiebra o concurso del empleador, fuero de atracción, procedimiento laboral, ejecución de sentencia, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL-LABORAL-COMERCIAL
Carátula: Meder, Miguel c/ Hidalgo Solá y Cía.  SA. s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-26

De una interpretación armónica de las previsiones de los artículos 25 de la ley 18.345 y 265 de la Ley de Contrato de Trabajo cabe concluir que en el caso de quiebra o concurso civil del demandado los juicios de competencia de los tribunales de trabajo se inician o continúan ante este fuero hasta que se agote la etapa de conocimiento del juicio, siendo competente la justicia en lo comercial para el trámite de ejecución del pleito, de conformidad con el procedimiento previsto por la ley 19.551.
Regulación de honorarios, ejecución de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: Onzari, Juan José y Otros c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-06-22

En atención a las prescripciones de la Ley 72 art. 22, que siendo que la Fiscalía de Estado es acreedora del 50% de los honorarios regulados a sus letrados; debe admitirse la legitimación activa para el trámite de liquidación y ejecución, a favor de cada letrado por el total -100%- de su regulación, o de ambos, Fiscalía y abogado -sea cada uno por su porcentual, o conjuntamente por el total-.
Facultades del Poder Ejecutivo, facultades reglamentarias, decreto reglamentario
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: AADI - CAPIF Asociación Civil Recaudadora c/ LU6 Radio Atlántica.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-19

La conformidad que debe guardar un decreto respecto de la ley no consiste en una coincidencia textual entre ambas normas, sino de espíritu y, en general, no vulneran el principio establecido en el art. 99, inc. 2°, de la Constitución Nacional, los reglamentos que se expiden para la mejor ejecución de las leyes cuando la norma de grado inferior mantiene inalterables los fines y el sentido con que la ley ha sido sancionada.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, apreciación de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Mattera, Carlos Alberto c/ Y.P.F. S.A. s/ Acción de reinstalación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-04-25

Es errónea la tan difundida y establecida doctrina sobre la existencia de una supuesta soberanía de las instancias ordinarias respecto de ciertas cuestiones probatorias salvo absurdo. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Intervención de terceros, interpretación restrictiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Tallarico, María Antonia c/ Reyes, Luis Francisco s/ Desalojo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-07-06

La intervención de terceros en los juicios de desalojo sólo debe ser admitida frente a circunstancias excepcionales en las que existe un interés jurídico que corresponde proteger.
Ley sobre riesgos del trabajo, comisiones médicas, competencia
Materia: LABORAL
Carátula: Gambin, Lucía c/ Sanatorio Mater Dei Asociación Civil y otro
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-04-30

La ley 24557 establece que las prestaciones médicas se encuentran a cargo de las aseguradoras de riesgos del trabajo y el modo para obtener el reconocimiento del derecho es mediante la intervención de las Comisiones Médicas, resultando competente para entender ante los eventuales reclamos, la Cámara Federal de la Seguridad Social.