Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-29


TS07D44171 SENTENCIA DEFINITIVA N°: 44171 CAUSA N°: 15.386/2009- SALA VII- JUZGADO N° 73	En la Ciudad de Buenos Aires, a los 29 días del mes de febrero de 2.012, para dictar sentencia en los autos "ROMEO MARCELO FABIAN C/ SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT S.A. S/ DESPIDO" se procede a votar en el siguiente orden:

LA DOCTORA ESTELA MILAGROS FERREIROS DIJO:

I A fs. 4/34 se presenta el actor Marcelo Fabián Romeo e inicia demanda contra Schroder Investment Management S.A.

Explica que ingresó a trabajar a las órdenes de la demandada el 8 de noviembre de 1999, desempeñándose como Director Comercial a partir de 2006 y hasta el despido, labor que consiste principalmente en vender productos con oferta pública local, brindar información sobre listados en otros mercados a requerimiento de los clientes, establecer las estrategias comerciales entre éstos y productos, armar y desarrollar la cartera de clientes principalmente institucionales y corporativos, entre otras, resaltando que durante sus gestiones fue el responsable directo de que su empleadora llegara a captar y administrar más de USD 1.600 millones en el periodo 2002/2008.

Afirma que su remuneración se conformó siempre con una suma fija más comisiones, las cuales a partir del año 2002 se fijaron sobre el 3 % de los honorarios que cobraba la demandada a sus clientes por la administración, que éstos a su vez constituían un porcentaje - generalmente el 1.90 % - del dinero administrado, y que si bien se devengaban mensualmente, se las abonaban con periodicidad trimestral , bajo el concepto " gratificación comercial", razón por la cual en el año 2007 su remuneración fija fue de un promedio de $ 13.000 (al mes de septiembre) y comisiones por la suma aproximada de $ 2.140.000, equivalente a un promedio mensual de $ 214.000 de comisión.

Relata que a fines del año 2007 la accionada pretendió modificar los términos pactados desvinculando su remuneración del resultado de su gestión, so pretexto de que sus comisiones eran muy elevadas, mediante un instrumento en el que se consignó el aumento del salario mensual a la suma de $26.308 y la implementación de un mínimo garantizado en concepto de ingreso anual de U$S 650.000 para el año 2007, y de U$S 400.000 para los años 2008 y 2009, pero que conforme las sumas que indica, el cambio de sistema comisional le infirió claros perjuicios económicos.

Expresa que el día 20/12/2008 la demandada procedió a despedirlo sin invocación de causa, advirtiendo que de las sumas depositadas en concepto de liquidación final surgían notorias diferencias, razón por la cual, se produce el intercambio telegráfico que describe.

Viene a reclamar las diferencias por comisiones correspondientes al tercer trimestre de 2007 y 2008, como así también, las indemnizatorias provenientes del despido incausado.

A fs. 93/116 responde Schroder Investment Management S.A. quien formula los desconocimientos de rigor.

Reconoce la fecha de ingreso y egreso, como así también, que el actor logró considerables ingresos salariales, a tal punto que resultó imposible sostenerlos. Afirma que analizado el esquema remuneratorio del actor, advirtieron que los montos que éste percibía tornaban inviable la continuidad del mismo, dado que se trataba de un sistema perverso que generó un crecimiento desmedido de sus ingresos, que se tornó excesivamente oneroso para el empleador y que además violó todo principo de realidad económica, dado que los mismos superaban de manera irrefutable cualquier expectativa salarial de un dependiente argentino, razón por la cual, se verificó que era necesaria una revisión del sistema, por lo que luego de una serie de reuniones, la modificación salarial se formalizó de común acuerdo con el actor. Pide el rechazo de la demanda.

En la sentencia de primera instancia ( fs. 311/316) tras el análisis de los elementos de juicio aportados a la causa, la " a-quo" decide admitir favorablemente las pretensiones del actor.

A fs. 317/27 la parte actora deduce recurso de aclaratoria, al que se le hace lugar, conforme se desprende de fs. 328.

Hay recurso de la parte demandada ( fs.334/347 y fs. 352/354) y de la perito contadora ( fs. 348) por considerar reducidos los honorarios que le han sido regulados.

II En primer lugar, la quejosa manifiesta agraviarse en tanto considera erróneo que la sentenciante de grado haya sostenido que el actor percibía su comisión sobre el monto total de los honorarios que la demandada cobraba por la administración de sus fondos de inversión, cuando en realidad, sólo corresponde calcular esas comisiones ( 3%) sobre los ingresos exclusivamente respecto de los fondos asignados a los Sres. Ciarlotti y Romeo.

A fin de revertir lo decidido, primeramente se apoya en la prueba documental que acompañó a fs. 141 ( obrante en el sobre anexo) que le fuera requerida por la parte actora a fs. 126 en los términos del art. 388 CPCC, y que mereciera la observación por parte de ésta de fs. 156/57 y réplica de la demandada de fs. 164 , pieza a la que aquí se remite como cimiento de su posición.

Vistos los instrumentos acompañados por la demandada, advierto que en las hojas indicadas bajo el rubro " Liquidación de Comisiones de Oficiales de Cuenta" aparecen desde el primer trimestre de 2004 hasta el tercer trimestre de 2007, fondos negociados por dos Oficiales de cuenta: Ciarlotti Fabian y el aquí actor, Romeo Marcelo en una proporción casi idéntica, así, a modo de ejemplo, en el periodo señalado como primer trimestre de 2004 los fondos correspondientes al Sr. Ciarlotti fueron 6 y los del actor, 7; durante el año 2005, se consignan 7 fondos para Ciarlotti y 8 para el actor, y así sucesivamente, hasta llegar al año 2007, en el que el último trimestre se registran 8 fondos operados por Ciarlotti y 9 del actor.

Sin embargo, este historial agregado por la propia demandada no se encuentra respaladado por las constancias obrantes en autos.

En efecto, en primer lugar debe resaltarse que el actor ostentaba la categoría de "Head of distribution" ( traducido literalmente al español, " Cabeza de distribución") desde junio de 2007 , ello - según dichos de la propia demandada - en razón de su buen desempeño ( fs. 93 vta. y 98 de la contestación de demanda), y tal como se desprende del recibo de sueldo agregado por la demandada a fs. 59 y de la pericia contable ( punto c) fs. 252), no evidenciándose que haya tenido en momento alguno la categoría de " Oficial de Cuenta", tal como surge de la documentación en análisis.

En segundo término, debo resaltar que la perito contadora ( fs. 255 punto n.) informa que el Sr. Ciarlotti se desempeñó como "Regional Head of Distribution" a partir de julio de 2007, hecho que coincide con lo declarado por el testigo Nigro a fs. 241. A raíz de ello, tampoco puede deducirse que haya tenido la categoría de Oficial de Cuenta.

En tercer lugar, del anexo III de la pericia contable no se advierte que el Sr. Ciarlotti tenga iguales ingresos que el actor, por cuanto cobró en enero de 2006 la suma de $ 86.500 en concepto de gratificación comercial correspondiente a todo ese año, cuando el actor por ese mismo periodo ( año 2006) percibió la suma de $ 1.570.565, asimismo, Ciarlotti cobró en el año 2007 la suma total de $ 178.200 y el actor $ 2.138.183, como vemos, una más que evidente disparidad.

A ello debe sumarse, que a fs. 253 punto f) la perito contadora informa que al actor le liquidaban el 3 % de los honorarios de administración de Fondos en concepto de Gratificación Comercial	Si bien este informe contable fue impugnado por la recurrente ( fs. 269/270) quien manifestó que es correcto (la negrita me pertenece) que el actor percibía el 3 % de los honorarios de Administración de Fondos, pero que dicho 3 % se aplicaba únicamente sobre los honorarios por administración de los fondos asignados a los oficiales de cuenta Marcelo Romeo y Fabián Ciarlotti, y no sobre la totalidad de los fondos administrados por la demandada, dichas afirmaciones no sólo se encuentran desvirtuadas por lo hasta ahora dicho, sino también mediante otros medios de prueba.

En efecto, a fs. 241 el testigo Nigro (por la actora) declaró que "...el actor era gerente comercial y director comercial, empezó trabajando en la gerencia comercial que tenía a Fabian Ciarlotti gerente los dos primeros años y no mucho tiempo después, pasó a ser director , que lo sabe porque el testigo estaba encargado de la parte contable de la empresa y que como director comercial tenía a su cargo toda la cartera de clientes tanto institucionales como individuales .. Que el actor reportaba a la gerencia comercial en los últimos tiempos pasó a ser Pablo Albina Gerente gral. Y se crea un cargo gerente regional para el conosur excepto Brasil y fue ocupado por Ciarlotti.. El sistema de comisiones, el testigo estaba encargado de hacer el cálculo mensual, son dos empresas, la demandada y la otra Schroder Soc. gerente de fondos comunes de inversión , la demandada percibe comisiones por ventas y la soc. gerente, honorarios de administración. El cálculo de la comisión, se calculaba el 3 % y ese era el cálculo de lo que se llama en contabilidad las comisiones de marketing y ese cálculo iba a esa cuenta, se hacía el cálculo mensual y la liquidación era trimestral.. Que mediante este sistema de comisiones, el actor era el único en la gerencia comercial, cuando entra otra persona el cálculo sigue siendo el mismo, no le consta a cuántas personas se hacía la división porque el testigo no participaba en la liquidación de sueldos. Que la otra persona era Pablo Wilenski."	Si bien la demandada impugnó la declaración que antecede (fs. 242 vta.), en razón de que la encargada de hacer los cálculos mensuales de comisiones era la Sra. Noemi García, ninguna prueba se aportó en autos a fin de tener por cierta dicha afirmación.

Por su parte, a fs. 245/246 declara el testigo Pablo Eugenio Albina (por la demandada) que en ese momento manifestó ser vicepresidente de la demandada, que "....recuerda dos esquemas de remuneraciones , uno que tenía un sueldo fijo y después un esquema de comisiones que dependían la colocación y los honorarios de la administración de los fondos comunes de inversión que tuviera acreditado en sus sistema asignados como clientes el actor, que recuerda era el 3 % de los honorarios totales de administración de los fci de los clientes que tenía asignados el actor que era por arriba del 90 % del total de fondos. Que lo sabe porque trabajaba en la compañía y tenía que firmar transferencias y los órdenes de pago.. Un FCI tiene un esquema de honorarios de honorarios de administración que cobra la sociedad gerente de FCI esos honorarios de administración eran sobre los que se calculaba el 3 % de comisión que luego se le pagaba trimestralmente al actor... El actor cobraba el 3 % sobre el honorario de administración que cobraba la soc. gerente a los FCI que eran colocados por la demandada donde trabajaba el actor...".

Pues bien, hasta aquí todo lo analizado me permite deducir en coincidencia con la Sra. Juez de grado, que el concepto " gratificación comercial" que percibía el actor se liquidaba en relación al 3 % del total de honorarios de administración que recaudaba la demandada por ese concepto, sin que el Sr. Ciarlotti pueda modificar esa situación, como intenta hacerlo la demandada.

En efecto, a modo de ejemplo tomaré al azar el segundo trimestre de 2007. En el anexo II de la pericia contable (fs. 249), se informa que el total administrado por la demandada fue de $ 233.168.972.651, los honorarios por la administración de esos fondos $ 18.404.821,20, el 3 % de esos honorarios es de $ 552.144,63 y la gratificación comercial al actor por ese periodo ( anexo I, fs. 248) de $ 547.005, como puede advertirse mediante un simple cálculo, una mínima diferencia, tal como lo califica la perito contadora (fs. 278 3° párrafo) en contestación a la impugnación de la demandada de fs. 269/270, que esgrime en esta instancia como sostén de su posición.	A mayor abundamiento debo agregar, que en ese mismo periodo (segundo trimestre de 2007) el Sr. Fabian Ciarlotti nada percibió por tal concepto ( ver Anexo III, segunda línea, fs. 250).

Todo lo expuesto, echa por tierra las referencias fácticas esgrimidas por la demandada a fin de revertir la decisión de grado, razón por la cual, dejo propuesto el rechazo del primer agravio vertido y su consecuente confirmatoria en este sustancial punto.

III Se agravia en segundo lugar la demandada, por cuanto en relación al convenio firmado entre el actor y la demandada, la sentencia de grado estableció que la sóla circunstancia de que no se haya contemplado una contraprestación a favor del actor para compensar la alteración "in pejus", consistente en una reducción salarial, impide su convalidación.

A fin de modificar lo así decidido, pone el acento en el hecho de que las modificaciones salariales introducidas receptaron el pleno consentimiento del trabajador, no configurándose por ello un vicio de la voluntad, por lo que concluye que el principio de irrenunciabilidad no resulta de aplicación al actor dado que éste ocupó un puesto de alto rango con una remuneración inmensamente superior a los mínimos inderogables, considerando para ello como uno de los pilares de su posición, la declaración del testigo Albina, a la que sólo se limita a transcribir.

Pues bien, el actor es contador público y Master en Administración Financiera. Sin embargo, esta elevada condición académica y reputación social, no le quitan de ninguna manera su carácter de trabajador dependiente.

En efecto, no ha sido discutido en autos que los ingresos que percibía el actor por parte de la demandada configuraban su único sostén económico, esto es, se encontraba sujeto a ellos, sin interesar en este punto si su remuneración era alta o baja, y reparo en ello, por cuanto cuando un trabajador se acostumbra a vivir con una ganancia determinada su merma configura sin lugar a dudas un perjuicio económico, dado que cuanto más se gana más se gasta, y en definitiva, no hay que hacer distinciones que la ley no hace, el trabajador es uno, gane un millón o gane mil, sigue dependiendo de otro que le pague.

Los principios de una disciplina, en el caso, el de irrenunciabilidad, no tienen su razón de ser en el sujeto que los detenta sino en la naturaleza misma de la disciplina	Sentado ello, debo destacar también, que el actor era un exitoso hombre de negocios.

En efecto, del anexo II de la pericia contable (fs. 249) se puede advertir que los montos administrados por la demandada se elevaron considerable y sostenidamente a partir de la intervención del actor, para luego descender en forma paulatina a partir del segundo trimestre de 2008, extremo que se encuentra en flagrante contradicción con lo sostenido por la quejosa en esta instancia, en tanto sostiene que la según ese mismo informe pericial, los ingresos de la sociedad cayeron un 46 % en el año 2008.

Así las cosas, se evidencia que la empresa no quiso que el actor crezca a su par, y digo ello por cuanto la propia empresa calificó al sistema remunerativo del actor como perverso - según sus dichos por causa de un crecimiento desmedido de sus ingresos-, como así también, que los mismos superaban de manera irrefutable cualquier expectativa salarial de un dependiente argentino, afirmaciones que me inducen a reflexionar, que la empresa demandada no es cualquier empresa argentina dado que se considera parte de un grupo empresario internacional y asesora grandes grupos de inversión ( fs. 98), por lo que de igual manera, el actor tampoco era cualquier trabajador argentino, debía estar a la altura de las circunstancias.

En este escenario, habiendo la propia demandada reconocido que en el caso de que no se bajen las remuneraciones del Sr. Romeo no podía continuar la relación laboral con éste (fs.100) , me lleva a comprender, que el actor - contador público, master en administración, hombre de negocios y trabajador dependiente - lo evaluó en ese momento: o renunciaba a su sistema remunerativo o seguramente se tenía que ir y se quedaba sin nada, negoció, y trató de que esa renuncia lo perjudicara lo menos posible, es por ello que tal como él lo admitió en su escrito de inicio, trató de llegar a un equilibrio, lo que debo interpretar como un equilibrio entre lo que renunciaba y lo que percibiría. Sin perjuicio de su previsión y negociación, la merma existió y su ganancia se redujo considerablemente.

Además, si bien es cierto que el actor participó en las negociaciones para modificar su remuneración, eso no le quita el carácter de renuncia, por cuanto el hecho de renunciar a una parte de su salario aunque sea una suma elevada, es una renuncia al fin, que perjudica, de igual manera que si fuera una suma pequeña para un trabajador de ingresos bajos. En este sentido debo señalar como antes anticipara, que el Derecho del Trabajo no efectúa distinciones entre trabajadores de bajos ingresos o de altos ingresos, son todos trabajadores, la distinción sólo debe efectuarse en el plano tributario ( art. 16 de la Constitución Nacional), la que sí se efectivizó en el caso del actor, tal como se desprende de los recibos de sueldo de los cuales se advierten retenciones en concepto de Impuesto a las Ganancias.

Por todo ello me atrevo a deducir, que actor fue "castigado" por trabajar bien y generar pingües ganancias a su empleador, pero también lo fue, por cobrar más que los demás ejecutivos, que por otra parte, no advierto que la demandada haya arrimado prueba alguna tendiente a demostrar que éstos favorecieran a la empresa en la medida en que lo hacía el actor.

Digo ello, por cuanto la declaración de Albina que esgrime la quejosa en esta instancia como pilar de su posición , corrobora mi deducción, en el sentido de que de la misma se desprende que "..el nivel de remuneraciones del actor se encontraba totalmente defasado con los sueldos de otros miembros de la compañía .. se iniciaron conversaciones .. de cambiar a un sistema remunerativo en el cual el actor estuviera incluido en el esquema de remuneración de los otros ejecutivos Senior de la compañía..". A ello debe sumarse, que a fs. 255 punto ll) informa la perito contadora que no se ha verificado que al actor le hayan abonado suma alguna en concepto de " Bonus Performance Anual".

Ahora bien, en su contestación de demanda la empleadora sostuvo como cimiento de su defensa, que las modificaciones introducidas receptaron el pleno consentimiento del actor, que no afectaron en modo alguno normas imperativas (mínimos legales o convencionales) ni se configuró un vicio de la voluntad, por lo que concluye que el principio de irrenunciabilidad no resulta de aplicación al convenio celebrado con el actor, transcribiendo a tal fin el texto del art. 12 de la LCT. Sin embargo, en esta instancia, sostiene que la señora juez de grado omitió tener en cuenta que a la fecha de la negociación con el actor, ese artículo no había sido reformado.

En este andarivel, no debo soslayar que a la fecha de la firma del convenio con el actor ( 28 de diciembre de 2007) el art. 12 de la LCT no había sido modificado por cuanto la ley 26.574 es del 22/12/2009, sin perjuicio de ello como vimos , la parte demandada contestó demanda en los términos del artículo mencionado, dado que fundamentó su defensa en la ausencia de renuncia por parte del actor, y en ese aspecto esencial - el instituto de la irrenunciabilidad- , el artículo en cuestión no ha sido reformado.

En efecto, tengo dicho, que esta reforma vino a traer al campo del derecho del trabajo, con la sola inclusión del contrato individual, la claridad que nunca debimos perder de vista ( " Reciente reforma al art. 12 de la Ley de Contrato de Trabajo y sus consecuencias", Estela Milagros Ferreiros, Rev. Doctrina Laboral y Previsional N° 294, Feb. 2010, Ed. Errepar) , pero no creó el concepto de irrenunciabilidad, sino que lo perfeccionó, por lo que mal puede concluirse, que el espíritu de uno de los principios fundamentales del derecho del trabajo como lo es el de irrenunciabilidad no existía al momento de que el actor firmara el acuerdo con su empleadora.	Recordemos que la renuncia, es un instituto de interpretación restrictiva en todas las ramas del derecho; empero, lo es más en el derecho del trabajo, donde a diferencia del derecho civil rige el principio de irrenunciabilidad ( art. 12 de la L.C.T). De cualquier manera nuestra disciplina tolera la renuncia, con fundamento en la dignidad del trabajador que no es un esclavo, sino una persona libre que, se inserta en una explotación ajena. No obstante ello, reitero, la renuncia en nuestra disciplina, es un instituto que se lleva a cabo a través de un acto jurídico recepticio y de interpretación altamente restrictiva, de tal forma, se requiere entonces, dentro de ese enfoque, tener presente no sólo el art. 944 del CC, sino todo el esquema legislativo que lo acompaña.

Así, debe haber no sólo discernimiento, intención y libertad, sino que se requiere ausencia de lesión.

En el presente caso, si bien advierto que el actor tenía discernimiento ,encuentro desdibujados los otros dos elementos, esto es no tenía la intención de modificar su sistema remunerativo variable - ha quedado demostrado que no le convenía- ni libertad para negarse a aceptarlo, por cuanto el actor en el momento de negociar sabía seguramente que su situación no mejoraría sino que empeoraría, por esa razón , como hombre de negocios " negoció " - valga la redundancia- para asegurarse el mínimo - las sumas garantizadas para los años 2008 y 2009-, sin ningún tipo de expectativa de mejorar su situación: o negociaba su " renuncia" a la modalidad remuneratoria que tenia hasta entonces o se tenía que ir del trabajo , según dichos de la propia demandada. Es por ello, que no puedo denominar ese hecho como una contraprestación, como intenta hacerlo la demandada.

A ello debe sumarse, que como consecuencia de ese acto efectuado sin intención y con escasa libertad, se produjo una lesión, esto es un perjuicio económico como consecuencia de esa renuncia negociada.

En este sentido, si bien es cierto que a raíz del acuerdo celebrado con la demandada al actor le duplicaron el sueldo - la parte fija de su remuneración- también es cierto, que la otra parte - la variable- se modificó considerablemente, lo que trajo como consecuencia, que su salario , esto es toda remuneración o ganancia cualquiera sea su denominación o método de cálculo ( Convenio Nro. 95 de la OIT, art. 1°) haya sufrido una rebaja tal, que se configurara en un perjuicio económico, y no un beneficio equivalente como sostiene la demandada.

En este sentido debo enfatizar, que la quejosa ninguna prueba produjo tendiente a revertir ese esencial aspecto, esto es, que efectivamente a partir de la firma del "convenio" en análisis (diciembre de 2007) su ganancia se redujo, tal como se desprende del informe contable ( fs. 247/248, Anexo II).

Por todo lo expuesto, sólo cabe concluir que la quejosa no ha logrado revertir la decisión de grado que estableció que la reforma impulsada por la demandada significó una merma económica, resultando por ello estéril el hecho de haber prestado su voluntad expresa para concederle validez al convenio, razón por la cual, sugiero se confirme la sentencia de grado en este aspecto.

IV. El tercer agravio de la demandada se funda en la admisión por parte de la " a quo" de la multa prevista por el art. 2 de la ley 25.323.

En este sentido, debo primeramente señalar que coincido con el recurrente en tanto que la finalidad de la Ley 25.323 es sancionar a quien tiene la intención directa de no pagar las consecuencias de un despido, a lo que debo agregar, que también sanciona a quien paga mal.

En efecto, si bien es cierto que la demandada abonó la liquidación final al actor por la suma que indica, tal como se ha demostrado, dicho monto ha sido insuficiente, ello en razón de que no ha tenido como base la mejor remuneración devengada (art. 245 LCT).

Por esa razón, propongo confirmar la sentencia en este punto.	V En cuarto lugar la demandada manifiesta agraviarse por la base de cálculo considerada por la Sra. juez de grado.

Pues bien, debo destacar que en el recurso ni siquiera se esboza en qué medida habría de modificarse o en su caso, disminuirse a su favor la base de cálculo decidida en grado, dado que en lo principal, reitera los fundamentos vertidos en el primer agravio.

Dado lo allí decidido, propongo rechazar la queja impetrada.

VI En relación al quinto agravio que torna en alusión a la tasa de interés dispuesta por la " a quo", no veo ningún argumento que resulte convincente o valorable como fundamentación crítica idónea del fallo, dado que sólo se limita a exponer su discrepancia con la solución que le resultara adversa, por cuanto las citas de jurisprudencia son ineficaces para cumplir con los requisitos que según el art. 116 debe cumplir la expresión de agravios, si no se aclara cuál es su relación con los hechos concretos de la causa.- En mérito a ello, se impone el rechazo de la queja.

VII Respecto de los agravios vertidos a fs. 352/354 en relación a la aclaratoria de fs. 328, debo señalar que la misma cumple acabadamente con su función específica de esclarecer un error aritmético ( art. 104 L.O.) en el que se incurrió en la sentencia, en la especie, incluyó las diferencias salariales ( más su incidencia en SAC y Vacaciones) que consignó a fs. 314 párrafo 4° y a fs. 315 párrafo 2°, que fueron omitidas en el fallo.

Sin perjuicio de ello, el recurrente sostiene que la suma de $ 1.066.572 a la que arriba la sentenciante por el concepto referido, se remite a los cálculos de la perito contadora, oportunamente impugnados por su parte, para más adelante manifestar, que en el texto de la sentencia no luce un análisis ni justificación legal de su procedencia.

Amén de los contradictorios términos que se advierten, reparo en que tal como se consigna en la sentencia de grado, la perito contadora informó las diferencias existentes a favor del actor a fs. 249 y a fs. 278 párrafo 5° , sin embargo, ni en su impugnación de fs. 269 ni en la de fs. 281 - oportunidades procesales en las que la debió formular conforme lo normado por el art. 93 de la L.O.- , nada dice al respecto.

Por todo ello, considero que la aclaratoria de fs. 328 no resulta una ampliación de la sentencia de fs. 311/316, sino que su pretendida impugnación constituye una extendida expresión de agravios de la demandada, razón por la cual, propongo su confirmación.

VIII Finalmente, respecto del cuestionamiento efectuado sobre los honorarios regulados, señalo que los porcentuales escogidos por la "a quo" para la representación y patrocinio letrado de ambas partes y de la perito contadora, resultan equitativos, atendiendo a la importancia y extensión de los trabajos realizados, motivo por el cual propicio la confirmación de los mismos (art. 38 de la Ley 18.345). IX En caso de ser compartido mi voto, propicio que las costas de alzada sean soportadas por la demandada vencida, y se regulen honorarios a la representación letrada de la actora y demandada en el 25%, de los determinados para la instancia anterior (art. 14 de la ley 21.839).

EL DOCTOR NÉSTOR MIGUEL RODRIGUEZ BRUNENGO DIJO: Por compartir los fundamentos, adhiero al voto que antecede.

LA DOCTORA BEATRIZ I. FONTANA: No vota (art. 125 ley 18.345).

Por lo que resulta del precedente acuerdo, el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar el fallo en todo cuanto ha sido materia de agravios. 2) Declarar las costas de alzada a cargo de la demandada vencida. 3) Regular los honorarios de alzada a la representación letrada de la actora en el 25% (veinticinco por ciento), de los determinados para la instancia anterior .

Regístrese, notifíquese y devuélvase.