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Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, delitos, cheque, librador
Materia: PENAL
Carátula: H, E A s/ Recurso de Inaplicabilidad doctrina legal (Expte.. Nro. 8-86) -Tribunal  plenario-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-12-15

Si partimos del hecho de que al recibir el cheque un sujeto, éste ya lo recibe como instrumento de pago y "circulatorio", con el mismo criterio con que consideramos la vigencia de los tipos del artículo 302 podemos considerar su desplazamiento por el tipo de la estafa (artículo 172) siempre que el receptor, haya entregado algo a cambio de ese "cheque", por ejemplo, el dinero que da el prestamista al librador del cheque que se ha desnaturalizado, consecuencia que unánimemente se rechaza. (De los Fundamentos del Dr. Creus -En Disidencia-). En el caso, la cuestión a resolver era: ¿Constituye el objeto típico contemplado por el artículo 302, inciso 1 del Código Penal el cheque que habiendo sido recibido por su originario tenedor, desnaturalizando su finalidad jurídica, es presentado por él mismo al banco girado para que sea atendido?
Juicio por delitos de acción privada, declaración testimonial, interrogatorio de testigos, facultades del juez
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Suardi, Juan s/ Calumnias e injurias.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-07-07

En procesos de acción privada, el Juez no puede formular preguntas oficiosamente. Si, en cambio, está facultado para oponerse a efectuar aquellas sugeridas por las partes y que no se ajusten a las exigencias legales.

De proceder de esta forma, serán los interesados quienes a través del Magistrado, deban reencaminar el interrogatorio.
Movilidad del haber jubilatorio, declaración de inconstitucionalidad, facultades del juez
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: SZCZUPAK, Sofía Rebeca c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles s/ Seguridad Social
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-16

Hasta tanto el Congreso de la Nación determine el método para establecer la movilidad de los haberes, estableciendo un sistema de alcance general que, sin perjuicio de las diferencias que contemple, permita la elaboración de cálculos actuariales necesarios para el financiamiento y buena administración de los entes de la previsión social, corresponde al órgano jurisdiccional competente en ejercicio válido de sus funciones, ampliar el vacío legal producido por la declarada inconstitucionalidad de los arts.

49 y 53 de la ley 18037 (t.o. 1976),(cfr. C.S.J.N., 19.4.88, "Vázquez, Rosa").
Recurso de inconstitucionalidad, trámites judiciales, examen de admisibilidad, juicio político, Poder Legislativo, Cámara de Senadores, Poder Ejecutivo, vicegobernador, destitución
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: V, A A s/ JUICIO POLITICO     QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-09-19

Se mantuvo dentro de los límites de la ley 7055, el Senado de la Provincia constituido en Tribunal de Juicio Político, que denegó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la sentencia que destituyó al recurrente del cargo de Vicegobernador, pues su examen refirió a aspectos propios del ámbito de admisibilidad, que no se circunscribe al mero control de ciertas condiciones de interposición, sino que abarca en una necesaria aproximación a lo sustancial, el estudio, entre otros tópicos, de los agravios, para concluir si éstos tienen entidad constitucional, vinculación con el caso, son subsistentes y resultan decisivos para el logro de una solución diversa.
Daños y perjuicios, filiación
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: D. M., R. c/ S., A. F. s/ Reclamación de estado de filiación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-11-10

La falta de reconocimiento de parte del padre habiendo tenido conocimiento de su paternidad constituye una conducta antijurídica. El derecho a la identidad del hijo tiene como contrapartida el deber de los progenitores de reconocer su descendencia. El padre, al haber omitido tal reconocimiento, incurrió en un no obrar voluntario producido con discernimiento, intención y libertad.

De otro modo carece de sentido la posibilidad de ejercer la acción de reclamación prevista en el art. 254 del C.C.; o no recibe explicación la penalización al padre no reconociente, quien es pasible de la causal de indignidad sucesoria (cf. art. 3296 bis C.C.). (Minoría u opinión personal)
Denegatoria del recurso, insuficiencia del agravio, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, prisión, lesiones agravadas por el vínculo, tentativa, violencia de género, concurso ideal, amenazas, concurso real, in dubio pro reo
Materia: PENAL
Carátula: Ministerio Público - Defensoría General De La CABA S/ Queja Por Recurso De Inconstitucionalidad Denegado en Incidente de Apelación en Autos Scillone, Hernán Carlos Saverio S/ 92 - agravantes (conductas descriptas en los artículos 89 / 90 Y 91) c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-06

Corresponde rechazar la queja dirigida, en último término, contra la sentencia que confirmó la condena del imputado a una pena de cinco años de prisión por considerarlo autor responsable de los delitos de tentativa de lesiones doblemente agravadas por el vínculo y por haber mediado violencia de género, en concurso ideal con amenazas simples, amenazas coactivas, lesiones doblemente agravadas por el vínculo y por haber mediado violencia de género y desobediencia de una orden judicial, reiterada en seis oportunidades, todos estos en concurso real. Si bien la defensa se agravia de que la sentencia sería arbitraria y violatoria de los principios de inocencia e in dubio pro reo, en tanto a su juicio, la condena se basó en una valoración "única y fragmentariamente en prueba de dudosa credibilidad", mediante la cual se había dado "prevalencia a los solitarios dichos de la supuesta víctima"; no ha logrado demostrar la configuración de una cuestión constitucional (arts. 27 y 33 de la ley n° 402) o que la decisión impugnada no constituya una derivación lógica y razonada del derecho vigente y de las constancias de la causa. Los jueces de la Cámara sustentaron su decisión en la evaluación de un conjunto vasto de pruebas - que, pese a lo señalado por la defensa, incluía otras constancias además de la declaración de la damnificada- y que, a su juicio, les permitía confirmar que los diversos hechos se habían producido de la manera descripta por la acusación. En estos términos, la defensa no explica cómo, en esas condiciones, la negación rotunda de los hechos que realizó su asistido, tornaría arbitrario lo decidido. (Del voto de los jueces Santiago Otamendi, Marcela De Langhe e Inés M. Weinberg).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia, incongruencia, honorarios
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Bridas S.A.P.I.C. y Bridas Austral S.A. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad en autos,   Sindicatura en B.I.B.A. contra Remaggi, Luis y otros. Quiebra.   Medidas conservatorias de prueba. Honorarios (Expte. CSJ Nº 554-98)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-03-24

No merece el reproche constitucional de arbitrariedad por autocontradicción el fallo A quo que, tras dejar sentado el carácter cautelar del aseguramiento de pruebas -con base en el Título V Sección Primera de la Ley 5531 y con el objeto de determinar a tenor del artículo 7 de la ley 6767 el porcentaje de la escala del artículo 6 para establecer el monto de los honorarios discutidos-, así como su carácter accesorio de la acción de responsabilidad ya promovida, consideró que la regulación cuestionada resultaba meramente estimatoria de los estipendios profesionales (por desconocerse la eficacia real que las pruebas producidas pudieran tener en el resultado final del pleito), y con tal inteligencia entendió que si bien se trató de un incidente que no había recorrido el trámite de un juicio sumarísimo -su trámite se agotó con un mero traslado- ostentaba contenido patrimonial, y consideró que de acuerdo a la labor cumplida, ésta debía ser retribuida en aproximadamente un 70% del 30% que dispone la ley de arancelamiento profesional.
Acción de amparo, existencia de otras vías, ejecución prendaria
Materia: PROCESAL
Carátula: FOX DE DIA LACOSTE, VIRGINIA c/ THE FIRST NATIONAL BANK OF BOSTON s/ AMPARO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-29

Cabe el rechazo de una acción de amparo, toda vez que si bien -en el caso- no resulta claramente determinado si tal acción se interpuso respecto del mismo acto de secuestro del bien por parte del acreedor prendario -Ley 12962: 39-, o si se promovió respecto de la decisión judicial que dispuso dicha medida, sin embargo, en cualquiera de las hipótesis mencionadas, la solución conlleva a la fatal suerte del planteo, siendo por ende irrazonable la utilización de esta vía, por cuanto el amparo ha perdido conforme con la última reforma constitucional su carácter supletorio o subsidiario, con el fin de modificar o bloquear los efectos de decisiones jurisdiccionales o medidas tomadas en otros procesos de distinta naturaleza, cuando la parte tiene a su disposición todas las vías procedimentales ordinarias para procurar la salvaguarda de los derechos con los que aduce contar.
Conflicto de poderes, Superior Tribunal de Justicia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: RAMOS, Stella Marys Concejal de la Municipalidad de Valle Viejo) c/ Concejo Deliberante de la Municipalidad de Valle Viejo s/ CONFLICTO DE PODERES
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2006-03-29

En numerosos precedentes he manifestado que el conflicto de poderes no es un recurso ordinario ni extraordinario sino que esta Corte ejerce un control de legalidad y constitucionalidad, salvo rarísimos y excepcionalísimos casos en que haya una absurda aplicación de la ley o errónea valoración de cuestiones fácticas en los que se podrá ir sobre el fondo de la cuestión.

Del voto del Dr. Cáceres.
Inmunidades parlamentarias, inmunidad de expresión, delitos contra el honor, programa de radio, interpretación de la ley, interpretación amplia, facultades del Poder Legislativo, sanciones disciplinarias administrativas
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: CARRIO, E. s/ Querella por injurias - Causa 15.346
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-27

El Art. 68 del la Constitución Nacional dispone que ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador. Tal disposición ha sido interpretada con carácter amplio y absoluto por la doctrina y jurisprudencia.

De esta manera, la expresiones vertidas por un legislador fuera del curso de una discusión parlamentaria, más precisamente en un programa radial, en su carácter de tal, se ven alcanzadas por dicha protección en tanto su discurso guardó adecuado contexto dentro del marco de su actuación funcional parlamentaria, mas allá del lugar donde fue volcado.

En este contexto, es doctrina del tribunal que ante la duda de ampliar o restringir los límites de dicha norma Constitucional, atento su inteligencia, es preferible el criterio extensivo, máxime cuando se trata, como en el caso, de la crítica a un funcionario público, respecto de lo cual, ya se ha dicho, que sus manifestaciones no pueden ser sancionadas, aún cuando estén concebidas en términos cáusticos, vehementes, hirientes, excesivamente duros o irritantes, si no resulta un propósito especifico de denigrar o menoscabar con el pretexto de la crítica formulada a la persona misma que desempeña la función.

Lo expuesto no implica que la mencionada conducta quede fuera de toda sanción, ya que es la propia Constitución la que prevé que se reserva tal eventualidad dentro del ámbito disciplinario (art. 66 C.N.)
Sentencia, defensa en juicio
Materia: LABORAL
Carátula: Mazzera, Dora c/ Meller S.A. s/ Indemnización art. 212 4ta. parte de la Ley de Contrato de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-05-31

No incurre en absurda interpretación de los escritos de demanda y contestación ni afecta la garantía constitucional de defensa en juicio el fallo que tiene por acreditado el período desempeñado en relación de dependencia por afirmaciones contenidas en el escrito de inicio no negadas por la contraparte.
Administración fraudulenta, retención indebida, administrador de la sociedad
Materia: PENAL
Carátula: KRAVETZ, S. s/ DEFRAUDACION - ADMINISTRACION FRAUDULENTA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-14

Configura el delito de administración fraudulenta, la acción del procesado que habiendo manejado bienes ajenos en virtud de un acto jurídico contractual y para procurarse ventajas particulares e indebidas, utilizó, de modo conciente, el capital social para un fin no autorizado, perjudicando a su socio.

Exclúyese el encuadramiento legal en la figura del art. 173 inc. 2 C P., dado que se trata de actos que transfieren la tenencia de un bien, pero no su propiedad y en el caso de autos el acuerdo cuestionado es una sociedad, teniendo cabida la norma del inc. 7 del art. 173 para administradores de bienes ajenos que impliquen importantes atribuciones y alto grado de autonomía, como efectuar actos de disposición o tener la posibilidad de obligar a otro mediante decisiones propias.
Prueba, resoluciones recurribles
Materia: LABORAL
Carátula: Orsini, Andrés Eduardo c/ Estancia "La Sofía S.A." s/ Daño moral e indemnización Ley 22248-Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2000-10-09

No se trata de cerrar toda posibilidad de revisión sobre la decisión que en la instancia haya denegado la producción de una prueba, sino de precisar cuál ha sido el procedimiento que nuestro Código Procesal ha querido establecer para que la parte interesada formule su petición ante el Tribunal de Alzada. Es así que, como en el precedente de esta Sala "Suárez, J.C. c/Margos, A.A. Chiappe y/o Empresa Sosa H. Berisso S.C.A.", 26/10/94, no correspondía conceder el recurso de apelación, sin perjuicio del derecho que le asiste a la parte, en virtud de lo dispuesto por el artículo 125 inciso g) del Cód. Procesal Laboral, por lo que no debe hacerse lugar al recurso de queja y confirmarse lo resuelto en 1ª Instancia. (Voto Minoría). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Prisión domiciliaria, fundamentación de la resolución
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Smaha Borzuk, Eduardo y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-05-24

Corresponde anular la resolución que ordenó el cese de la modalidad del beneficio de detención domiciliaria y dispuso la detención de los imputados en dependencias del Servicio Penitenciario Nacional si los fundamentos vertidos en la sentencia en crisis aluden a condiciones preexistentes a la resolución por la cual el mismo tribunal había admitido la detención domiciliaria, sin que sea admisible mutar lo resuelto sin la mediación de nuevas circunstancias que lo justifiquen, so riesgo de herir la seriedad del accionar judicial, ya que mal puede descansar lo resuelto en las facultades conferidas por el art. 366 CPPN, porque precisamente en base a ellas el tribunal oral había decidido anteriormente disponer la prisión domiciliaria.
Procedencia del recurso, excarcelación, deber de imparcialidad
Materia: PENAL
Carátula: Giusto, Pablo Nahuel c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-03-23

El voto concurrente expresó que correspondía hacer lugar al recurso interpuesto por la defensa, pues se advertí que el tribunal interviniente excedió el límite para el que estaba habilitado a expedirse, toda vez que el fiscal había solicitado que se haga lugar a la excarcelación, lo cual lesiona la garantía de imparcialidad del juzgador, por afectación del principio acusatorio. (Dres. Figueroa, Ledesma -según su voto- y Slokar).
Proceso penal, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Zamora, Horacio Esteban c/ Zorzi, Orlando Fidel y otros s/ Daños y perjuicio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-10-18

La pendencia del proceso penal sólo impide dictar sentencia en sede civil (art. 1101, C.C.) pero no promover la pertinente demanda interruptiva.
Recurso de casación, violación de la ley o doctrina legal, demanda, unión transitoria, notificación, interpelación, carta documento, suspensión de la prescripción, interrupción de la prescripción
Materia: PROCESAL
Carátula: F., J. E. c/ CIA. NAVIERA PEREZ COMPANC SACIFI y Otros s/ ORDINARIO s/CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-03-15

La sentencia impugnada considera que la intimación formulada por "Carta Documento" a la Cía. Naviera Pérez Companc SACFIMFA y UTE suspendió el curso de la prescripción, y que a posteriori, la demanda entablada contra Cía. Naviera Pérez Companc SACFIMFA interrumpió finalmente el curso de la prescripción respecto de la co - demandada recurrente.

Ante dicho razonamiento, el apoderado de la casacionista aduce que la sentencia en crisis ha incurrido en la violación del art. 3981, al extender a YPF SA los efectos de la suspensión de la prescripción producida contra Compañia Pérez Companc, simplemente porque estas dos personas se han unido bajo un contrato de colaboración empresaria como lo es una unión transitoria de empresas. Adelanto mi opinión a favor de la procedencia del planteo en examen.
Recurso de inaplicabilidad de ley, cuestión no planteada
Materia: PENAL
Carátula: Consorcio de Propietarios del Complejo Edificio Bristol Center c/ Construir SAIC.y A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-07-15

La ausencia de una petición clara en el escrito de demanda que la parte actora intenta salvar en ocasión de alegar, no puede significar para la contraria la convalidación de un derecho tardíamente ejercitado, pues ello quebranta las garantías constitucionales consagradas por los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional.(doctor Genoud, mayoría)
Contratos, doctrina
Materia: PROCESAL
Carátula: Vio, Norberto Pedro c/ Descours y Cabaud  S.A. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-07

Según Castillo, el contrato de transporte es aquél por el cual una persona (porteador), se obliga, mediante un precio (flete), a recibir de otra (cargador) la carga o efectos que éste le entregase y a transportarla y entregarla a su vez a otra persona (destinatario), asumiendo los riesgos de esos actos; y Messineo dijo que el contrato de transporte es aquél en el cual el porteador se obliga, mediante compensación, a trasladar personas o cosas, de un lugar a otro.-
Delitos contra la humanidad, ius cogens
Materia: PENAL
Carátula: Luera, José Ricardo Y Otros s/ Recurso De Casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-03-12

Los hechos de privación ilegal de la libertad y tormentos ocurridos durante el último gobierno de facto constituyen delitos de lesa humanidad, pues a tal fecha dicha categoría delictual formaba parte del derecho internacional y era receptado por el ordenamiento jurídico doméstico, teniendo plena vigencia sus consecuencias tales como su imprescriptibilidad, más allá del distinto nivel de positivización de sus normas respecto del alcanzado hoy en día en la comunidad internacional o en el ámbito penal nacional, pues el Estatuto de Roma solo reconoció una norma que se encontraba vigente -ius cogens- en función del derecho internacional público de origen consuetudinario.

(del voto de la Dra. Ana María Figueroa)
Conciliación obligatoria, homologación administrativa
Materia: LABORAL
Carátula: FERNANDEZ HECTOR HORACIO c/ COBE GUILLERMO JOSE YOTROS s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-11-16

La homologación administrativa o judicial de los acuerdos conciliatorios, transaccionales o liberatorios, otorga autoridad de cosa juzgada entre las partes que los hubiesen celebrado, pero no les hará oponibles a los organismos encargados de la recaudación de los aportes, contribuciones y demás cotizaciones (Art. 15 LCT).
Accidente de tránsito, motocicleta, carga de la prueba, obligaciones solidarias
Materia: CIVIL
Carátula: ERDOZAIN GÓMEZ, MIGUEL EDUARDO. c/ TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-04-30

No se advierte por qué la culpa concausal del tercero no juega un rol aminorante en la responsabilidad por culpa (Arts. 1081 y 1109 2° párrafo del C.C.); y en cambio ha de tenerlo cuando la responsabilidad es por riesgo.

Es decir, existe el deber de responder, en tanto el demandado haya contribuido adecuadamente a la producción del daño y debe resarcirlo con plenitud porque siempre son imputables por el todo las consecuencias previsibles que resultan del hecho en conexión con un acontecimiento distinto no extraordinario (Arts. 901 y 904 del Código Civil), excepto si existe culpa concausal de la víctima (Art. 1111 del mismo cuerpo legal). (del Voto del Dr. Massei, en mayoría).
Contrato de obra pública, Administración Pública, mayores costos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BONFANTI DI BIASIO SC -ENRIETO EC- c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  Nº 247-85)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-09-10

En un contrato de obra pública, cuando no se ha contemplado discriminadamente un procedimiento para el reconocimiento de los costos financieros, no es factible su acogimiento con fundamento en el artículo 82 de la ley 5188, por cuanto no se puede considerar a este rubro como un costo más, reconocible durante la ejecución de la obra.
Competencia laboral, incompetencia, DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Materia: LABORAL
Carátula: Sinatra, Francisco Jesús y otros c/ Estado Nacional - Dirección Nacional de Migraciones s/ diferencia de salarios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-05-13

La invocación del C.C.T. para la Administración Pública Nacional homologado por Decretos 66/99 y 214/06, carece de la trascendencia que se les atribuye, porque dicha convención colectiva se enmarca en el régimen de la Ley 24.185 que en su art. 19, dispone que "Los regímenes convencionales que se establezcan como consecuencia de esta ley se regirán por criterios de interpretación e integración de normas generales que rijan la materia, no resultando de automática aplicación las disposiciones de la ley 20.744", y por lo tanto, no rige la disposición del artículo 2 inc. a) de la ley de Contrato de Trabajo
Prueba testimonial, falso testimonio, consumación del delito
Materia: PENAL
Carátula: JUEZ DE INSTRUCCION DE LA SEPTIMA NOMINACION DE ROSARIO s/ CONFLICTO POSITIVO DE COMPETENCIA      CSJ EXPTE NRO 414-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-09-14

El falso testimonio se consuma y perfecciona en el momento de quedar concluida la declaración o de presentarse la pericia o informe.

De los fundamentos del Dr Iturraspe.
Acción de amparo, caducidad de instancia, impulso de parte
Materia: CIVIL
Carátula: LOBO, JESUS Y OTROS c/ INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PROVINCIA I.S.S.P. s/ RECURSO DE AMPARO-APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-05-18

Tanto la doctrina y jurisprudencia han consagrado la indiferencia del agente que realizó el acto impulsor en orden a la virtualidad interruptiva de la perención.