Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2015-12-30


ACUERDO N° 40/2015: En la ciudad de Neuquén, capital de la Provincia del mismo nombre, a los treinta (30) días del mes de diciembre del año dos mil quince, se reúne en Acuerdo la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, integrada por los doctores ALFREDO ALEJANDRO ELOSÚ LARUMBE y MARIA SOLEDAD GENNARI, con la intervención del señor Subsecretario de la Secretaría Penal, Dr. JORGE E. ALMEIDA, para resolver en los autos caratulados: "S. A. B. S/ ABUSO SEXUAL" (Expte. Nro. 142 Año 15) del Registro de la mencionada Secretaría.

ANTECEDENTES: I.- Que por Resolución Interlocutoria Nro. 185/15 del Tribunal de Impugnación, en la oportunidad integrado por los Dres. Florencia Martini, Héctor Dedominichi y Andrés Repetto, de fecha 23 de diciembre de 2015, se resolvió, en lo que aquí interesa: "1. Revocar la Prisión Preventiva oportunamente dispuesta respecto de A. B. S.. 2. Atento la gravedad del hecho reprochado y con el fin de asegurar su comparecencia a todas las citaciones que sean efectuadas, se dispone aceptar el ofrecimiento propuesto por la Defensa y en consecuencia imponerle una caución real de un millón de pesos a los fines de que se haga efectiva la libertad. Es decir, que la libertad queda sujeta a que se acredite la caución real de un millón de pesos la que deberá ser, si es en efectivo depositada en la cuenta que disponga la OFIJU y si es en bienes en garantía con la presentación y anotación en el registro que se trate del bien registrable, la anotación de esta medida de coerción dispuesta. Efectuado eso se hace efectiva la libertad. 3. Imponerle a) presentaciones semanales que se van a realizar en la Cría. 7° de Plottier..".

II.- Contra la decisión del Tribunal de Impugnación, el Dr. Marcelo Hertzriken Velasco, como apoderado especial de la Querella, interpuso impugnación extraordinaria.

El recurrente, a través de su escrito de fs. 1, encauzó su pretensión por el artículo 248, inc. 2 del C.P.P.N. y art. 14 de la Ley 48, y expresó, que la revocación de la libertad dispuesta por el Tribunal de Impugnación por unanimidad de los Dres. Martini, Repetto y Dedominichi, por controvertir la exigencia de fundamentación imparcial del fallo, el decisorio es arbitrario por suplir e ingresar argumentos que ni siquiera introdujo la Defensa agraviada, abandonando el rol de tercero.

III.- Por aplicación de lo dispuesto en los artículos 245 y 249 del C.P.P.N., se convocó a una audiencia oral y pública en donde las partes produjeron sus respectivas argumentaciones (Cfr. registro de audio y acta de audiencia de fecha 30 de diciembre de 2015).

En primer término, hizo uso de la palabra el Dr. Hertzriken Velasco, quien manifestó que la decisión cuestionada no reúne la exigencia de fundamentación, autonomía, razonabilidad y racionalidad, emergente de las garantías innominadas previstas en el Art. 33 de la C.N.. Tras reseñar brevemente los antecedentes del legajo, denuncia que el Tribunal de Impugnación motivó su decisión en argumentos que no habían sido proporcionados por las partes intervinientes, configurando materia federal en los términos del Art. 14 de la Ley 48 y de la Ley 27. En efecto, hizo un distingo entre domicilio real y procesal, señalando que el fijado por S. en calle Perú 328 de la ciudad de Plottier podía ser el procesal, sin embargo, las condiciones para el auto de soltura es fijar domicilio real. Se acreditó, mediante allanamientos, que en ese domicilio S. nunca habitó, se trataba de un garaje, un galpón, con tierra, sin cama ni pertenencias. Asimismo, el a quo consideró que la Fiscalía, antes de allanar o constatar el domicilio tendría que haber esperado el control quincenal de S. en la Comisaría 7ma. de Plottier. La cuestión, que se le hizo saber al Tribunal, es que entre el 31/10/15 y el 06/11/15 nada se supo del paradero de S.. Desde el 06/11/15 al 15/11/15, tras un escrito de la Defensa denunciando domicilio en calle Perú 328, se suponía que allí residía, sin embargo, la madre de la víctima lo seguía viendo en la ciudad de Rincón de los Sauces, por lo que se dispuso el allanamiento. Por otra parte, la Defensa alegó que no se dispuso consigna policial en el lugar pero lo cierto es que S. desapareció desde el 15/11/15 hasta el 18/11/15, cuando se reformularon los cargos. El Tribunal de Impugnación avanzó mucho más de lo que postuló oportunamente la Defensa al impugnar, sustituyendo argumentos mediante fundamentación aparente, se apartó del rol de tercero imparcial, proporcionando sus propios fundamentos. Por ello, el fallo es nulo, de nulidad absoluta.

Cedida la palabra al representante del Ministerio Público Fiscal, el Dr. Patti se expidió favorablemente sobre la admisibilidad de la presentación por reunir las condiciones previstas en el Art. 249 en función del Art. 242 del C.P.P.N.

Señaló, sin entrar a evaluar el fondo de la cuestión atento la posibilidad que subyace de impugnar por parte de ese Ministerio, que el Tribunal de Impugnación se extralimitó al resolver. El caso configura cuestión federal -Art. 14 de la Ley 48-. Solicitó se declare la admisibilidad del recurso y se aborde su tratamiento sin perjuicio de la solución a adoptar.

La Dra. Silvia Acevedo, por su parte, dejando a salvo el plazo con el que aún cuentan para impugnar la resolución, entendió que el fallo dictado el 23/12/15 por el Tribunal de Impugnación es impugnable de acuerdo a lo estipulado en los Arts. 233 y 248, inc. 2 del C.P.P.N. El pronunciamiento es arbitrario, toda vez que en la valoración, no obstante lo dicho por la querella, el Tribunal obvió argumentos aportados por las partes, entre ellos, el relativo al domicilio real del imputado. El domicilio que, a los fines del Art. 50 del C.P.P.N., fijó S., estaba vacío, no solo que él no vivía ahí sino que no habitaba persona alguna.

La principal obligación de un imputado en el proceso penal es constituir domicilio a los fines de asegurar el proceso, poder llegar a juicio y, en caso de sentencia condenatoria, que se pueda efectivizar. El Tribunal de Impugnación hizo una interpretación extensiva, no introducida por las partes, de que los dos domicilios -el constituido y el de su hermana cruzando la calle- serían el mismo. Ello no es así porque en el fijado por S. no vivía nadie. No se explicó por qué estarían asegurados los fines del proceso al haber constituido el imputado un domicilio en el cual nadie habitaba. El Tribunal redujo todo a que S. habría constituido domicilio procesal. Aquí se introducen dos cuestiones: la primera, fundamentación omisiva por no haber tratado todos los argumentos expuestos por las partes, y la segunda, por interpretación errónea de las previsiones del Art. 50 del C.P.P.N. En cuanto al agravio, refiere que es obvio el mismo, guarda relación con los fines del proceso, en el caso particular, hay elementos suficientes y fundados para presumir que Soto va a sustraerse del accionar judicial. Esto no se asegura con las otras medidas que estableció el Tribunal de Impugnación. Acompaña a la querella en el pedido de revocación del fallo.

A su turno el Dr. Alejandro Bustamente, Defensor Particular del imputado A. B. S., consideró que el recurso interpuesto es formalmente admisible, y afirmó que la Dra. Acevedo no estuvo en la audiencia de impugnación. Discrepó con el querellante, y señaló que la decisión fue ajustada a derecho, razonable. S. sabía, previo a la audiencia de reformulación de cargos, que le iban a pedir la prisión preventiva e igualmente se presentó. Lo dijo el Fiscal y la propia Defensa. S., con Defensa Oficial, fijó, dentro de los tres días, domicilio en calle Perú 328. No se acreditó que lo hayan visto en la ciudad de Rincón de los Sauces o San Martín de los Andes, solo 'se manejaba información'. Desde el primer día cumple con la prohibición de acercamiento a la víctima y familiares; aún no habían transcurrido 15 días para cumplir con el comparendo establecido y no tenía prisión domiciliaria. Estar sujeto a proceso no significa prohibición ambulatoria. El domicilio denunciado de calle Perú 328 de Plottier no era un galpón abandonado como dijeron sino un quincho familiar. La hermana de S., en audiencia de impugnación sostuvo que la idea era readecuarlo para que el imputado viviera ahí, mientras tanto lo hacía en Perú 337, en frente. El 05/11/15 S. ya tenía en el DNI la dirección Perú 328, en el carnet de conducir y en el resumen de la tarjeta de crédito también. No existía riesgo procesal.

Los dos elementos probatorios en los que se fundó la reformulación de cargos y prisión preventiva, eran conocidos por la Fiscalía con antelación a que la querella le solicitara la medida de coerción. No existe agregado en el fundamento para revocar la prisión preventiva de S.. Los allanamientos se realizaron con cuatro horas de diferencia, ese fue el tiempo que duraron las consignas. Según el testimonio de uno de los policías que actuaron en los allanamientos, en una habitación de la casa de la hermana había un bolso con ropa de hombre. Pertenecía a S., allí vivía. No se demostró fehacientemente la existencia de consigna permanente. Afirmó que los agravios son infundados, se encuentran contestados por la Defensa, comparte la decisión del Tribunal de Impugnación y solicitó se confirme lo oportunamente decidido. La caución se encuentra ofrecida pero la Oficina Judicial aún no libra el oficio, esto es de gravedad institucional.

Ejerciendo el derecho a réplica, la querella expone que no es verdad que se haya solicitado que el Tribunal de Impugnación valore los videos de las audiencias anteriores; que los policías hayan aludido a la existencia de un bolso con pertenencias de un hombre; que tres días después el señor S. fijara domicilio real -lo hizo al sexto día- y que se le hayan brindado los argumentos con los cuales se resolvió la cuestión del control quincenal que coincidía con el día de los allanamientos.

La Dra. Acevedo recuerda que estuvo presente en la audiencia del 23/12/15, incluso introdujo la cuestión relativa a que en el domicilio denunciado nadie vivía y ello debía ser considerado. A la audiencia que no concurrió es a la de fecha 28/12/15.

En uso de la última palabra, el Dr. Bustamante reconoce lo expuesto por la señora Defensora de los Derechos del Niño y pide disculpas.

IV.- Llevado a cabo el pertinente sorteo, resultó que en la votación debía observarse por los señores Jueces el orden siguiente: Dr. Alfredo A. Elosú Larumbe y Dra. María Soledad Gennari.

Cumplido el procedimiento previsto en el artículo 249 del Código de rito, la Sala se plantea las siguientes:

CUESTIONES: 1°) ¿Es formalmente admisible la impugnación extraordinaria interpuesta?; 2°) En el supuesto afirmativo, ¿resulta procedente la misma?; 3°) En su caso ¿qué solución corresponde adoptar? y 4°) Costas.

VOTACIÓN:

A la primera cuestión, el Dr. Alfredo Elosú Larumbe dijo: Al momento de analizar la admisibilidad formal de la presente impugnación debo señalar primeramente que el recurso ha sido interpuesto en legal tiempo y forma por la querella. Se trata de una resolución susceptible de ser impugnada y el recurrente posee legitimación activa para recurrir -art. 118 del C.P.P.N.-.

Asimismo, cabe destacar que en la audiencia prevista en el artículo 249, en función del art. 245 del C.P.P.N., las partes no han controvertido la admisibilidad formal del mismo.

No obstante lo expuesto, resulta necesario aclarar que si bien este Cuerpo viene sosteniendo que la decisión que rechaza la imposición de la prisión preventiva no habilita, en principio, la apertura del recurso extraordinario local ni federal (Cfrme. R.I. del 13/3/2014, "Landaeta, Daniel", Expte. Nro. 11/2014 del Registro de este Tribunal), existen razones excepcionales que ameritan que este tribunal se avoque al tratamiento del recurso interpuesto. En primer lugar porque, tal como se señaló, todas las partes han expresado concretamente que este recurso extraordinario de impugnación es la vía procesal adecuada para discutir las cuestiones traídas a debate. En segundo término, porque dicho temperamento procura una solución célere y eficaz del recurso incoado. Y, finalmente, porque el juicio positivo respecto de la admisibilidad formal del recurso torna operativo el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva y los derechos reconocidos en la convención sobre los Derechos del Niño, incorporada a la Constitución Nacional en la reforma del año 1994, a través del artículo 75 inciso 22.

Por lo expuesto, propongo al acuerdo que el recurso interpuesto sea declarado admisible desde el plano formal, con las observaciones señaladas. Mi voto.

La Dra. Maria Soledad Gennari dijo: Adhiero al voto del señor Vocal preopinante en primer término, por compartir la respuesta que da a esta primera cuestión. Mi voto.

A la segunda cuestión, el Dr. Alfredo Elosú Larumbe, dijo:

I.- Que en la audiencia, fijada en los términos de los arts. 245 y 249 del C.P.P.N., las partes fundaron sus respectivas posiciones sobre la materia debatida (cfr. acta de audiencia).

II.- Que luego de analizado el recurso, la sentencia cuestionada así como las demás constancias del legajo que se vinculan con los planteos de la parte Querellante, soy de opinión -y así lo propongo al Acuerdo- que la impugnación extraordinaria deducida debe ser declarada procedente, por las razones que a continuación expondré.

Que conforme a lo que surge de la audiencia realizada para debatir la impugnación extraordinaria impetrada y los elementos aportados por las partes, es de destacar en lo que aquí interesa, que:

El día 31 de Octubre de 2015 se le formularon cargos a A. B. S., calificándose en aquella oportunidad el hecho imputado como constitutivo del delito de abuso sexual gravemente ultrajante en calidad de autor. Asimismo la Dra. Mara Suste le impuso, a pedido del Ministerio Público Fiscal, las siguientes medidas de coerción: la obligación de fijar domicilio, prohibición de mantener contacto con la víctima y su madre -L. G. y M. S.- y presentarse quincenalmente en la Comisaría 35 de Rincón de Los Sauces, por entender que existía la posibilidad de entorpecimiento de la investigación y que faltaban realizar medidas de prueba.

Respecto del domicilio, el imputado hace saber que permanecerá en el de su hermano -calle Catamarca 654 de la ciudad de Rincón de Los Sauces- hasta que consiga donde quedarse. Asimismo, el defensor manifiesta a la Jueza interviniente que posteriormente informaría a la Fiscalía el domicilio donde residiría el imputado.

A posteriori -el 6 de noviembre del corriente año-, la defensa informó que el domicilio del imputado era calle Perú Nro. 328 de la localidad de Plottier.

Ello a través de la presentación que obra en el legajo y que se presentó como prueba en la audiencia de impugnación ordinaria. El día 18 de Noviembre de 2015 se reformularon los cargos al encausado S., en función de nuevos elementos incorporados a la investigación, imputándosele el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y por la calidad de sujeto activo encargado de la guarda y aprovechando la situación de convivencia preexistente con la víctima, en calidad de autor (arts. 45, 119, 4° párrafo incs. b y d del Código Penal).

En esa misma audiencia, a pedido de los acusadores tanto público como privado, el Juez de Garantías, Dr. Marcelo Muñoz impuso la prisión preventiva al acusado por el término de cuatro (4) meses, aceptando y haciendo propios los argumentos esgrimidos por la Fiscalía, la que planteó la existencia de peligro de fuga, ocasionado por dos motivos: El primero, la muerte del padre de la víctima -persona muy querida en la localidad de Rincón de Los Sauces- que ha generado que la gente se haya organizado por las redes sociales, corriendo peligro la vida del acusado. En segundo lugar y sumado a lo anterior, que como consecuencia del cambio de calificación, se solicitó un allanamiento para ubicar a S. en el domicilio que había fijado y efectivizado dicho allanamiento en Perú 328 de la localidad de Plottier, se constató que ese domicilio se trataba de un galpón donde no vivía persona alguna.

Esa decisión fue revisada, a pedido de la defensa, en fecha 23 de noviembre de 2015 por ante el Colegio de Jueces. Las Dras. Raquel Gass, Carolina García y Carina Álvarez confirmaron la decisión tomada por el Sr. Juez de Garantías, Marcelo Muñoz, con el fundamento, entre otros, de que efectivamente S. no había residido nunca en el domicilio oportunamente denunciado.

Ante ello, el Sr. Defensor recurrió en impugnación ordinaria ante el Tribunal de Impugnación. El 23 de diciembre de corriente se realizó la audiencia pertinente, de la que participaron los Dres. Florencia Martini, Héctor Dedominichi y Andrés Repetto, quienes resolvieron, en defintiva: ". I.- REVOCAR la prisión preventiva oportunamente dispuesta respecto de A. B. S.. II.- Atento la gravedad del hecho reprochado y con el fin de asegurar su comparecencia a todas las citaciones que sean efectuadas, se dispone aceptar el ofrecimiento propuesto por la defensa y en consecuencia imponerle una caución real de un millón de pesos, a los fines de que se haga efectiva su libertad. III.- a) Imponerle presentaciones semanales que se van a realizar en la Comisaría 7 de Plottier. b).- Prohibición absoluta de contacto del imputado con cualquiera de las personas que denunciaron o testigos que eventualmente sean propuestos por las partes acusadoras; c) La prohibición absoluta de ausentarse de la provincia de NEUQUEN, por más de 24 hs., sin previa autorización por escrito de un Juez de Garantías; d) Prohibición de salir del país absoluta.".

Al resolver en tal sentido, los Jueces del Tribunal de Impugnación esgrimieron los fundamentos que a continuación se detallan: Si bien en la audiencia de revisión se llegó a dar un fundamento por la que se ratificó la decisión de Muñoz, de los argumentos brindados para ratificar aquélla decisión, se destaca que se dispuso la prisión preventiva porque se consideró acreditado que el imputado no vivía en el domicilio que había fijado, y se discutieron los efectos jurídicos del domicilio fijado. Que el Tribunal de revisión, partió en forma errada de que el domicilio fijado por el imputado no era el real. Pues el Código Procesal, en el art. 50, distingue entre domicilio real y domicilio procesal, y el imputado fijó domicilio procesal. Agregan que luego de ver la audiencia donde se presentan estas cuestiones, el defensor le informa a la jueza (Dra. Mara Suste) que con posterioridad le iba a aportar el domicilio donde recibiera las notificaciones.

Que la resolución de la Dra. Suste dice fijar domicilio, y si vamos a la letra del Código, habría una presunción de que la jueza entendió que le estaba pidiendo al imputado que fijara un domicilio procesal.

En otro punto sostienen que el imputado, luego de que tuvo conocimiento que estaba siendo buscando, si bien fue tres días después, se presentó el día 18/11/2015, ante el Juez de Garantías y el 17/11 se presentó su defensor, diciendo que estaba a disposición y que se fije la audiencia de reformulación de cargos a la que S. se iba a presentar; circunstancia que sucedió a pesar de que el Fiscal Azar le había adelantado al defensor que le iba a pedir la prisión preventiva. Esta conducta de presentarse quita la presunción de que se fuera a fugar, esa presunción de fuga desaparece cuando a los tres días se presentó a la audiencia de reformulación.

Afirman que el Código Civil dice qué es el domicilio real, y los dos domicilios [de Perú 328 y Perú 337 de la localidad de Plottier] son de propiedad de la hermana y cuñado del imputado; ambos son parte de un mismo domicilio, separado por una calle, si bien tienen distintos números catastrales, se trata de un mismo domicilio.

Agregan que no se acreditó, a su criterio, que haya habido una intención de fuga, hubo una serie de presunciones o confusiones que las generó la Fiscalía.

Que al otro día del allanamiento se cumplían los 15 días para su presentación.

Con lo cual el procedimiento correcto hubiera sido, fijar una nueva audiencia, notificarlo; y si no iba, sí disponer la rebeldía.

Por otra parte, agregan que el tribunal de revisión no fundó porqué se justificaba imponer la prisión preventiva y no las otras medidas. Ni el juez Muñoz ni las Juezas de revisión dieron fundamentación alguna sobre la no imposición de las otras medidas.

A todo ello, la Dra. Martini agregó que, la resolución es contradictoria, porque para fundar el peligro de fuga se tuvieron en cuenta las medidas pendientes de realización.

III.- Habiéndose descripto las posiciones de cada una de las partes, pasaré a exponer la forma en que considero deben resolverse las cuestiones traídas a conocimiento de este tribunal.

Tal como surge de las distintas audiencias en las que se analizó la existencia de un riesgo de fuga por parte de S., y más allá de las profusas apreciaciones que realizaron las partes a lo largo de sus alocuciones, advierto que el núcleo de la discusión radica en determinar si el nombrado incumplió o no la obligación de respetar el domicilio real fijado.

La Sra. Jueza de Garantías, el Colegio de Jueces y los acusadores sostienen que el imputado violó esa obligación ya que no residía en el domicilio que había fijado en la calle Perú 328 de la ciudad de Plottier. En tal sentido, destacaron que cuando se realizó el allanamiento en dicha morada el día 15 de noviembre de este año se encontró un galpón deshabitado. El Tribunal de Impugnación y la defensa, contrariamente, consideran que dicha obligación no se conculcó ya que S. residía en un domicilio muy próximo -en la vereda de enfrente- que también pertenecía a su familia. Según esta posición, ambos inmuebles son parte de un mismo domicilio.

Como podrá observarse, no existen controversias fácticas de relevancia. La propia defensa ha reconocido que su pupilo residía en el domicilio de la calle Perú 337, que el inmueble sito en la calle Perú 328 no estaba acondicionando para ser habitado, y que S. tenía pensado ir a vivir allí posteriormente. La controversia, como se dijo, se circunscribe a una cuestión de apreciación respecto de la posibilidad de considerar que los dos inmuebles mencionados forman parte de un mismo domicilio.

Entiendo que la construcción argumentativa que ha efectuado el Tribunal de Impugnación carece de base lógica. Desde la óptica de este observador, resulta insostenible afirmar que dos inmuebles que poseen distintas nomenclaturas catastrales y que, además, se encuentran separados por una calle son parte de un mismo domicilio. La cuestión es así de sencilla: S. no residía en la dirección que aportó a la fiscalía y cuando se allanó ese domicilio no pudo ser habido. El hecho de que el segundo domicilio también era propiedad de la familia no justifica el incumplimiento en el que incurrió el encausado. Si por cualquier tipo de razón el imputado no podía vivir en Perú 328, debió informarlo oportunamente a la fiscalía. Tal como lo hicieron la Sra. Jueza de Garantías y los integrantes del Colegio de Jueces, entiendo que la conducta procesal desplegada por el Sr. S. permite presumir fundadamente que existe un riesgo objetivo de que el nombrado no se someta al procedimiento de la misma manera que lo hizo en el mes de noviembre de este año (art. 114, inc. 3° del C.P.P.N.).

Por otro lado, no puede perderse de vista que el propio Tribunal de Impugnación ha considerado que existe un riesgo concreto de fuga. Prueba de ello es la elevada caución real que ha fijado para garantizar la comparecencia del imputado. No se discute la existencia real y objetiva de un riesgo de elusión sino la necesidad de dictar el encierro cautelar y la idoneidad de otras medidas alternativas para garantizar los fines del proceso. En esta dirección, y tal como lo sostuve en el caso "Hermosilla" -legajo MPFNQ Nro. 10001/14-, corresponde destacar que la satisfacción de la exigencia de la "necesidad" para imponer la prisión preventiva implica corroborar que "no exista una medida menos gravosa" para garantizar los fines del proceso. Pero el análisis no concluye allí, es necesario, además, que la medida alternativa presente la "misma idoneidad", esto es, que genere la "misma seguridad", para alcanzar el objetivo buscado.

Bajo estos lineamientos, la prisión preventiva dispuesta por el Juez de Garantías y confirmada por el Colegio de Jueces, resulta "indispensable" ya que, ante la elevación del riesgo de fuga que trajo aparejado el incumplimiento en el que incurrió el imputado y la elevada expectativa de pena que posee el delito enrostrado, la caución real no se vislumbra como una medida que permita garantizar "con similar grado de idoneidad" la sujeción del imputado al proceso.

Creo así haber fundado las razones por las cuales, como ya anticipara, la impugnación extraordinaria deducida debe ser declarada procedente. Mi voto.

La Dra. Maria Soledad Gennari dijo: por compartir sus fundamentos, adhiero al voto del señor vocal preopinante a esta segunda cuestión. Mi voto.

A la tercera cuestión, el Dr. Alfredo Elosú Larumbe dijo: en virtud de lo desarrollado previamente, considero que una correcta aplicación de la ley adjetiva lleva derechamente a la anulación de la Resolución Interlocutoria Nro. 185/2015, dictada el 23 de diciembre de 2015 por el Tribunal de Impugnación, que revocó la prisión preventiva oportunamente dispuesta en contra del imputado S., lo que así debe declararse; disponiéndose en su lugar y sin reenvío mantener la prisión preventiva del imputado A. B. S. dispuesta por el Juez de Garantías, Dr. Marcelo Muñoz y confirmada por el Colegio de Jueces de esta Primera Circunscripción Judicial, en la audiencia del 23 de noviembre del corriente año (art. 246, último párrafo del C.P.P.N.). Mi voto.

La Dra. Maria Soledad Gennari dijo: adhiero a la solución que propone el Dr. Alfredo Elosú Larumbe a esta tercera cuestión. Mi voto.

A la cuarta cuestión, el Dr. Alfredo Elosú Larumbe dijo: SIN COSTAS en la instancia (art. 268, segundo párrafo, del C.P.P.N.). Mi voto.

La Dra. Maria Soledad Gennari dijo: adhiero a la solución dada a esta cuarta cuestión. Mi voto.

De lo que surge del presente Acuerdo, SE RESUELVE: I.- DECLARAR ADMISIBLE desde el plano formal la impugnación extraordinaria deducida por el Dr. Marcelo Hertzriken Velasco, apoderado especial de la querella, contra la resolución del Tribunal de Impugnación de fecha 23 de diciembre de 2015 (Registro Nro. 185/2015, en el Legajo Nro. 55383/2015). II.- DECLARAR PROCEDENTE la impugnación extraordinaria antedicha y disponer la NULIDAD de la Resolución Interlocutoria Nro. 185/2015, dictada el 23 de diciembre de 2015, por el Tribunal de Impugnación, que revocó la prisión preventiva oportunamente dispuesta en contra del imputado S.; y consecuentemente mantener la prisión preventiva del imputado A. B. S. dispuesta por el Juez de Garantías, Dr. Marcelo Muñoz y confirmada por el Colegio de Jueces de esta Primera Circunscripción Judicial, en la audiencia del 23 de noviembre del corriente año (art. 246, último párrafo del C.P.P.N.). III.- SIN COSTAS a la parte recurrente (artículo 268, segundo párrafo del C.P.P.N.). IV.- Regístrese, notifíquese y oportunamente remítanse las actuaciones a origen.

Con lo que finalizó el acto, firmando los señores Magistrados, previa lectura y ratificación por ante el Actuario, que certifica.

Dr. ALFREDO ELOSÚ LARUMBE - Dra. MARIA SOLEDAD GENNARI Dr. JORGE E. ALMEIDA - Subsecretario.