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Contratos, corretaje, corredor, comisión por ventas, presentación al cobro, procedencia del recurso
Materia: CIVIL-COMERCIAL-LABORAL-PROCESAL
Carátula: Mazzei, Mariano Carlos  c/ Razetti, Nicolás Roberto  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-07-05

El CCCN 1350, dispone que en los casos en que la comisión del corredor esté expresamente estipulada cabe estar a lo acordado. En ese sentido, el CCCN 1352 describe los supuestos en los que existe obligación de pagar la comisión, y el art. 1353 contempla aquellos en los que no.

Los tres casos en que, concluido el contrato, la comisión se debe, son los siguientes: a) si el contrato está sometido a condición resolutoria y ésta no se cumple. Es la solución que había propuesto una parte de la doctrina durante la vigencia de las disposiciones del Código de Comercio: cuando el contrato está sujeto a condición resolutoria, como el negocio queda perfeccionado inmediatamente, el corredor puede cobrar su comisión; b) si el contrato no se cumple, se resuelve, se rescinde o media distracto. En este caso, el intermediario llevó a cabo exitosamente su labor, razón por la cual no puede negársele el derecho a la comisión. Las alternativas ulteriores del negocio cuya conclusión posibilitó le resultan inoponibles y no pueden perjudicarlo y c) si el corredor no concluye el contrato habiendo iniciado la negociación y el comitente encarga su conclusión a un tercero, o lo concluye por sí en condiciones sustancialmente similares.

Este último supuesto busca desalentar la conducta de las partes que prescinden de la actuación del corredor una vez avanzadas las negociaciones, a fin de sustraerse al pago de la comisión devengada. La previsión reproduce, en lo sustancial, la norma del art. 37-a) segundo párrafo de la ley 20266 derogado (v. Tevez, Alejandra Noemí, "Código Civil y Comercial de la Nación Comentado", comentario a los arts. 1345 a 1355, pág. 915 a 935, obra dirigida por José María Curá, Tomo IV, ed. La Ley, Buenos Aires, 2015).
Accidentes de trabajo, acción civil por accidente de trabajo, eximentes de responsabilidad del empleador, culpa grave del trabajador
Materia: LABORAL
Carátula: AYOSA, FRANCISCO DOMINGO c/ ORUS  S.A. s/ ARTICULO 1113 CODIGO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-29

La responsabilidad de la víctima a que se refiere el artículo 1113 del Código Civil no debe ser apreciada en forma tan estricta como la prevista en el artículo 4 de la ley 9688 en relación a ello.

La culpa supone una conducta omisiva en adoptar las precauciones y cuidados que el quehacer requería, de tal modo que si se hubiesen observado las diligencias precaucionales ordinarias, se hubieran reducido al mínimo las posibilidades que ocurriera el infortunio artículo 512 Código Civil-.
Honorarios, martillero
Materia: PROCESAL
Carátula: GOMEZ FERMIN F c/ MUNICIPALIDAD DE CORDOBA s/ HONORARIOS   -  MARTILLEROS  -  RECURSO  DE  REVISION:  SEDE  LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1990-05-22

Existe contradicción en relación a la interpretación que de la norma contenida en el art. 83 inc. k de la ley para martilleros y corredores públicos nro. 7191 efectúan la a quo y la Cámara cuyo pronunciamiento es traído como contradictorio, ya que ante situaciones iguales -martillero designado interventor de Caja para recaudar fondos de la demandada hasta cubrir la suma que los respectivos Tribunales hicieron conocer a la accionada y al Oficial de Justicia actuante en sendos oficios de puesta en el cargo designado y aceptado-, la primera redujo la escala aplicable a un treinta por ciento, observando analógicamente el mecanismo previsto para los supuestos de suspensión de subasta, mientras la segunda reguló de conformidad con las normas señaladas el diez por ciento del monto recaudado.

El modo de retribuir la tarea de interventor de Caja cumplimentada en toda su extensión -es el establecido en el art. 83 inc. k de la ley 7191, el que no admite reducción alguna ni asimilación con otras situaciones que nada tienen que ver con la que se ventila en el caso La circunstancia de que en el subexamen el interventor sólo haya debido concurrir en dos oportunidades para satisfacer su encargo retener el veinte por ciento de lo recaudado y posteriormente depositarlo en el Banco Provincia de Córdoba hasta que se recaudaran los fondos en la proporción legalmente admitida, necesarios para cubrir la planilla de capital, intereses y costas-, no desmerece su labor desempeñada de conformidad con lo ordenado y hasta agotar su cometido.
Prueba de la filiación, prueba biológica
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Milán, María Gloria c/ Cardozo, Blas Antonio s/ Filiación Filiación
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1998-09-21

Para la realización de las pruebas biológicas es indispensable la colaboración de ambas partes. La oposición de cualquiera de ellas imposibilita que sean rendidas planteándose entonces el juzgador la cuestión de valorar esa actitud de rechazo de los exámenes necesarios, de las pequeñas intervenciones que requieren extraer mínimas porciones de sangre, que no pueden ser compulsivamente impuestas por respeto a la persona del afectado.
Recurso contencioso administrativo, suspensión de medida administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: LABANDERA, MATILDE GENEROSA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     INCIDENTE DE SUSPENSION DE MEDIDA ADMINISTRATIVA      EXPTE NRO 558-91 INSTITUTO SUPERIOR DEL PROFESORADO DE EDUCACION FISICA N° 36 "BRIGADIER GENERAL ESTANISLAO LOPEZ" c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ MEDIDA CUTELAR (CSJ EXPTE N. 837-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-03-13|1996-12-18

La "irreparabilidad", a que refiere la exigencia de "daño irreparable" a los fines de lograr la suspensión de un acto administrativo, no debe ser entendida sólo con alcance patrimonial, descartándosela con la mera invocación de posible reparación pecuniaria; porque dicha "Irreparabilidad" no es equiparable a "irresarcibilidad", pues quien solicita la tutela cautelar, quiere que el bien tutelado permanezca íntegro, y no que se le asegure una indemnización.
Homicidio culposo, prueba
Materia: PENAL
Carátula: ACEVEDO, RODOLFO Y OTROS s/ HOMICIDO CULPOSO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-05-05

Pese a representarse como posible la consecuencia de su actuar, el imputado es una persona con sus funciones de sensopercepción, juicio, crítica y autocrítica normales, y por tal causa no podía desconocer que a la velocidad con que venía circulando el automóvil por él guiado, si atropellaba (como lo hizo) a una persona, directamente la mataba.
Accidentes de trabajo, asegurador por riesgos del trabajo, comisiones médicas, determinación de la incapacidad
Materia: LABORAL
Carátula: García Yamila c/ Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-02-23

Sintetizo mi postura, compatibilizando las instancias administrativas y judiciales: 1) Si la contingencia no se reconoce por parte de la ART, el trabajador no está obligado (no obstante puede hacerlo) a transitar por las Comisiones Medicas, al resultar inconstitucional que médicos se expidan en cuestiones jurídicas reservadas a los jueces del trabajo, esto se da en los casos del art. 21 inc. a), "determinación de la naturaleza laboral del accidente o enfermedad profesional"; 2) si se reconoce la contingencia por parte de la ART y/o empleador responsable, el trabajador está obligado a recurrir a la CM para que se expida por el porcentaje de incapacidad, pues acá sí estamos ante cuestiones de estricta incumbencia médica -incs. b) y c) del referido art. 21; 3) Si el trabajador consiente el porcentaje establecido por la CM, debe pasar obligatoriamente a la siguiente etapa -homologación-, y si no acepta el ofrecimiento por el motivo que sea -IBM, montos, intereses, etc-, puede iniciar la acción judicial ordinaria -art. 5 ley 10532-, cuestionando esta ultima etapa (el accidente y la incapacidad ya se tendrán por reconocidos); 4) si el trabajador no acepta el % de incapacidad determinado por la CM, también puede incoar ante la justicia laboral, la acción indicada supra, a los efectos de atacar aquello, (de igual forma puede recurrir en apelación ante la CM Central -art. 2 ley 27348-) y el pleito judicial quedará en tales casos, limitado a dilucidarse el % de incapacidad y demás prestaciones; 5) si el trabajador acepta el % de incapacidad de la CM y consiente también el ofrecimiento en el ámbito del servicio de homologaciones, la cuestión adquirirá los efectos de la cosa juzgada en los términos del art. 15 de la LCT, conforme al diseño previsto por el art. 2 aparado b) de la ley 27348 (Voto Romero)
Usurpación de títulos u honores, personal militar retirado, SIDE
Materia: PENAL
Carátula: MARCIAL MORENO, RAUL s/ FALSIFICACION DE DOCUMENTO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-04-08

La exhibición de una credencial que expresaría la calidad de teniente de navío retirado o miembro de la Secretaría de Inteligencia de Estado, no importa arrogarse una condición de aquellas protegidas por el art. 247 del código sustantivo, sino que solo haría referencia al desempeño de un empleo en la marina de guerra o su integración a una institución de inteligencia de estado, cuyo ejercicio profesional en este último caso no se halla reglamentado como tal.
Deberes del juez, reglas para dictar sentencias, voto de los jueces, fundamentación de sentencias
Materia: PROCESAL
Carátula: J., A. M. c/ EL CONDOR ETSA y Otros s/ SUMARIO s/CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-02-04

"Los votos de los jueces deben ser fundados. El juez dará los propios fundamentos, sustentando su opinión, como garantía necesaria del estudio de las causas en cumplimiento del deber impuesto por el art. 34, inc. 4, del C.P.C.C.
Daños y perjuicios, valor vida, muerte de un hijo
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Beltrame, Marcela c/ Pcia. de Bs. As. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-11-14

Es incorrecto confundir "valor vida" con la pretensión indemnizatoria por pérdida de chance futura de ayuda económica. Y por el juego de los arts. 1084 y 1085 de la ley 340 se admite que en caso de muerte de un hijo, lo que debe resarcirse a los progenitores es el daño futuro cierto que corresponde a la frustración de la esperanza -con contenido económico-, constitutiva para una pareja de la vida de un hijo que en términos normales resultare proclive a conformar "ayuda futura" para los padres, y que resultara muerto "ante diem" a consecuencia de un ilícito. Esa indemnización cabe, no a título de lucro cesante, sino como pérdida de una oportunidad de que en el futuro, de haber vivido la víctima, se hubiera concretado la posibilidad de ayuda o sostén económico para sus padres. Esa pérdida de posibilidad es un daño futuro que bien puede calificarse de cierto y no eventual, aunque para su cuantificación deba valorarse que en el curso ordinario de las cosas, ese hijo haya o hubiese a su vez constituido su propia familia o pudiera constituir a la que también le correspondería la carga jurídica y moral de sostener.
Matrimonio, notificación, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: MORON FABIAN EDUARDO s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2003-06-13

El recurso no logra demostrar que la notificación de la actora a la patronal de que iba a contraer matrimonio se haya concretado con anterioridad a la notificación del despido. Aún adhiriendo al criterio amplio, expuesto por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, en el sentido de que:

Habiéndose tenido por probado por el Tribunal del Trabajo que los empleadores tuvieron conocimiento real del matrimonio que iba a contraer la trabajadora en las concretas circunstancias de la causa, el recaudo de la notificación fehaciente se convertiría en puramente formal y su imposición no resultaría compatible con los principios que gobiernan la conducta de las partes receptadas por el aquo y que también emanan de la ley.

No hay prueba suficiente de que, aún de una manera informal la demandada haya tenido conocimiento fehaciente del matrimonio de la empleada con anterioridad al despido. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, agravio concreto
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Conosud S.A. Cía.Arg.de Seg. c/ Sverdlik, Salomón y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-04-09

Es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que al denunciar la violación de una norma legal omite todo desarrollo acerca de su aplicación al caso.
Entidades financieras, banco central
Materia: ADMINISTRATIVO - COMERCIAL
Carátula: Dabul, Jorge N. y Dabul, José c/ B.C.R.A. s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-03

El Banco Central no es el sujeto responsable, durante el período de intervención cautelar de una entidad financiera, del pago de un certificado de depósito emitido por la entidad; lo contrario importaría otorgarle al instituto que regula el art. 24 de la ley 22 529 un alcance que excede el que es propio de su naturaleza, aún con las particularidades que expresamente surgen de la ley especial, teniendo en cuenta los sujetos involucrados y las finalidades del régimen de entidades financieras.
Seguro de vida, acto administrativo, revisión judicial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GIMENEZ DE CACERES MARIA ANGELICA c/ I.P.S.A.S. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1995-03-23

La resolución que no hace lugar al pago del seguro de vida porque a criterio del directorio de la caja mutual a los representantes no se les reconoce ese derecho, es un acto administrativo que no fue impugnado en forma debida en sede administrativa, por lo que no es revisable en sede jurisdiccional.
Interposición del recurso, presentación extemporánea, oportunidad procesal, reincidencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Defensoría General de la CABA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Villalba, Kevin Gastón y otros s/ inf. art. 149 bis párr. 1° CP
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-02-07

Si la decisión que se ataca no deniega la libertad condicional, la tacha de inconstitucionalidad del instituto de la reincidencia (art. 50 CP), debido a que en combinación con el art. 14 del Código Penal le impediría acceder al acusado al beneficio de la libertad condicional, resulta extemporánea, por prematura. Ello es así en tanto nada obsta a que, de hacerse efectivo el gravamen derivado de la declaración de reincidencia que se impugna, la defensa realice los planteos recursivos pertinentes, que deberán ser atendidos por las instancias de mérito y, llegado el caso, también por este Estrado. Voto de los jueces José Osvaldo Casás, Inés M. Weinberg y Alicia E. C. Ruiz.
Costas, gastos del proceso, intereses
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Achaval Rodríguez, Tristán s/ Insc. Dec.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-12-19

Las sumas reclamadas por el martillero actuante, en tanto constituyen erogaciones habituales y necesarias por él efectuadas en el cumplimiento de la tarea encomendada, revisten el carácter de gastos de justicia incorporados al concepto genérico de "costas", las que comprenden, entre otros, a todos los gastos causados y ocasionados en el desarrollo del proceso (arts. 77, 579 Código Procesal). Las costas en general y la condena en costas en particular son instituciones procesales y por lo tanto privativas del Derecho Procesal, que originan una responsabilidad dentro del proceso, pues la instrucción del mismo es lo que ocasiona y produce gastos que integran las costas y es el órgano jurisdiccional quien declara la obligación de pagarlas, y en consecuencia, dicha obligación se retrotrae al tiempo en que se realizó la pertinente erogación en los términos del art. 77 del ordenamiento ritual, lo que torna equitativo compensar la privación del capital soportada por el auxiliar de justicia de su propio peculio, mediante la aplicación de los correspondientes intereses desde el momento en que los gastos fueron efectuados. (Minoría u opinión personal)
Honorarios del abogado, regulación de honorarios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Minoldo Víctor M. c/ Di Alodi Blas A. s/ Ejecución de honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-12-03

Si bien el juicio ejecutivo admite una regulación autónoma desde su iniciación hasta la sentencia de remate inclusive (art.34 Ley 8904) y por las actuaciones posteriores a dicha sentencia (art.41 segundo párrafo) este criterio diferenciador no es aplicable a la ejecución de honorarios ya que, justamente, es su característica específica la de reunir en un proceso único las fases de cognición y de ejecución.

Se hace aplicable al respecto el art.41,primer párrafo de la ley arancelaria citada. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Marcas, marcas confundibles, cotejo de marcas, similitud gráfica
Materia: COMERCIAL
Carátula: SUTER  S.A.I.C.A.F. c/ BODEGAS Y VIÑEDOS RECOARO  S.A. s/ CESE USO DE MARCA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-09-02

El privilegio de la actora se circunscribe a la etiqueta y el cubre gollete y, siendo el tema central de la controversia relativo a la confundibilidad de las etiquetas, para resolver si existe o no una infracción marcaria corresponde establecer si esa expresión gráfica, en su conjunto, que incluye diversos elementos, es confundible con los conjuntos que utiliza la demandada. Toda vez que el único elemento común que se considera gravitante es el color marrón, siendo diferentes los demás componentes gráficos y nominativos, la conclusión es negativa, no mejorando la posición de la actora la expresión "etiqueta marrón" que tiene registrada, pues ella no puede tener por finalidad sino la de expresar el tipo de vino blanco que elabora. De ningún modo se puede pretender con ella obtener un monopolio del color marrón, pues ello encuentra obstáculo en el propósito que anima al art. 2, inc. d de la ley 22.362. Esta conclusión no importa poner en tela de juicio la validez de esa marca nominativa, sino precisar cuáles son los alcances de su protección y en qué medida gravitan para el cotejo.
Honorarios del contador, constitucionalidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Federación Patronal Coop. Seg. Ltda. c/ Transportes Automotores La Plata s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-04-04

Los artículos 172, 185 y 186 de la Ley 10620 resultan inconstitucionales desde que consignan disposiciones que resultan de preferencia o tratamiento preferencial en relación al perito del que no gozan las partes y demás intervinientes del proceso (arts. 16 de la Constitución Nacional y 10 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Administración General de Puertos, código aduanero, control de constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: Sudamericana de Intercambio  SACI y F. c/ Administración General de Puertos s/ repetición.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-31

No es posible reconocer a la Administración General de Puertos, dada su calidad de ente estatal, el derecho a oponerse a la manifestación conjunta de voluntad de los poderes legislativo y ejecutivo al sancionar y promulgar, respectivamente, la norma legal cuya constitucionalidad impugna: art.: 1042, primera parte, del Código Aduanero.
Estado, régimen de consolidación de deudas, honorarios, carácter accesorio, Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: Rodríguez Peña, María de Las Mercedes c/ Dirección Nacional de Recaudación Previsional s/ Recurso de inconstitucionalidad -Apremio por honorarios profesionales  (Expte.: C.S.J. Nro. 110 Año 1999)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-09-04

El criterio de "Dirección Nacional de Vialidad v. Cervecería y Maltería Quilmes" -devenido en mayoritario-, fue reafirmado -igualmente por fallo dividido- en el precedente de Fallos, 320:2349, donde la Corte desestimó un planteo de consolidación de honorarios regulados en un juicio de expropiación considerando que en el caso se trataba de "una obligación principal no consolidable", por lo que consideró que los créditos contra el Estado Nacional por los honorarios regulados en esa causa no se encontraban alcanzados por el régimen de la consolidación.
Accidentes de trabajo, acción civil por accidente de trabajo, daño moral
Materia: LABORAL
Carátula: ALMIRON, EPIFANIO c/ SIT SOCIEDAD INDUSTRIAL TEXTIL SA. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-02-25

El mantenimiento del lugar de trabajo durante varios años con una presión acústica que sobrepasaba el máximo permitido por la ley y la falta de provisión de protectores adecuados durante la mayor parte de ese tiempo constituyen conjuntamente un hecho ilícito de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75 LCT. (To.) Por lo que el resarcimiento del daño moral causado por la hipoacusia procede aun dentro de la interpretación mas restrictiva.
Concursos, concurso preventivo, actos jurídicos formales, interpretación de la ley, sociedad anónima, ratificación de actos procesales, subsanación de sociedades
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Ferwal SA c/  s/ concurso preventivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-21

1 - Corresponde revocar la resolución de grado que tuvo por desistida la presentación del concurso de la sociedad anónima por no haber cumplido con la ratificación por el órgano social respectivo. Ello así, pues la omisión del recurrente fue subsanada al tiempo de interponer la apelación del auto que lo tuvo por desistido del concurso; y en función del principio procesal de adquisición (CPR 1636°), corresponde acoger el recurso deducido.
Coronavirus, nulidad del despido
Materia: LABORAL
Carátula: Z., M. E. c/ C. S.A. s/ medida autosatisfactiva
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2020-06-26

Corresponde declarar la nulidad del despido dispuesto durante el periodo de prueba y estando vigente la prohibición de despedir prevista por el Decreto de Necesidad y Urgencia 329/2020 prorrogado por el DNU 487/2020, toda vez que se encuentran cumplidos los estándares establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en situaciones de emergencia para validar los D.N.U y que existen elementos probatorios positivos que demuestran que el despido producido debe enmarcarse dentro de la prohibición establecida por el D.N.U 329/20, dada la excepcionalidad de la situación y la jerarquía del bien jurídico tutelado constitucionalmente, sumado a la imposibilidad en el contexto actual de obtener un nuevo empleo, cobertura de obra social, máxime si se tiene en cuenta su estado de embarazo, sostén de su grupo familiar, todo lo cual provocaría un daño inmediato a la pérdida del derecho, lo que exige poner acento en el valor de eficacia de la función jurisdiccional.
Cuestiones de competencia, competencia por conexidad, adopción, adopción por el cónyuge, divorcio
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: C., G.O. s/ ADOPCIÓN / COMPETENCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-07-04

Resulta conveniente que en el proceso de adopción del hijo del cónyuge, intervenga el magistrado que tuvo contacto con el expediente sobre divorcio de los padres biológicos del menor en cuestión. Pues, de ese modo se asegura que exista un criterio uniforme en el análisis de los distintos aspectos que hacen a una misma situación familiar.