Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-10-05


En la Ciudad de Buenos Aires a los 5 días del mes de octubre de 2006 se reúnen en Acuerdo los Sres. Jueces de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Pablo Bacigalupo y Fernando Bosch, para resolver la presente causa.

Y VISTOS:

Motiva la intervención de este estrado el recurso de apelación interpuesto por el Sr. Lin Weixin a fs. 47 del incidente contra el auto suscripto por el Santiago Otamendi -titular del Juzgado nº 27- que resuelve regular los honorarios profesionales del intérprete en idioma chino-español, Pojan Yang, por su labor desempeñada en el proceso, en la suma de quinientos pesos ($500), conforme lo establecen los arts. 29 de la Ley 20.305 y 386 del C.C.A y T., que deberán ser afrontados por el accionante en razón de haber sido condenado en costas en estos obrados -conf. fs. 42 y vta.-.

El quejoso considera que debe ser "el Tribunal" y no él quien asuma el pago del estipendio, como garantía del ejercicio de su derecho de defensa en juicio. Entiende que, dada la naturaleza punitiva del proceso, éste no habría podido desarrollarse sin la asistencia del mencionado profesional. Subsidiariamente, solicita la reducción del aquel monto, por considerarlo elevado en relación a las penas impuestas.

El Otamendi concedió el recurso en relación y sin trámite diferido -fs. 48 y vta.-, de acuerdo con las reglas del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad. Fundó su aplicación en el compromiso de la "garantía de segunda instancia" que se verificaría de estarse a la letra del art. 56 de la Ley de Procedimiento de Faltas, el que sólo prevé la apelación de la sentencia definitiva. A esos fines, recurrió por analogía al citado ordenamiento (arts. 221 y 224) y dispuso el traslado de los fundamentos a quienes se notificaron de la pieza decisoria. Ninguno de ellos contestó al vencimiento del plazo, por lo que la causa fue elevada sin más trámite al Superior -ver certificación de fs. 50 y vta.-.

Radicado el legajo en esta Sala, se llamó autos para sentencia -fs. 53-. Cumplidos los plazos procesales respectivos, corresponde resolver la cuestión entablada.

Y CONSIDERANDO:

1.

En cuanto a los requisitos formales de presentación del recurso, si bien el art. 56 de la Ley 1.217 prevé únicamente la apelabilidad de la sentencia definitiva, compartimos el criterio del Sr. Juez de grado en torno a la procedencia de la vía. Ello así, pues el eventual derecho que pudiere corresponder al apelante en función del gravamen que invoca no encontraría otra vía de satisfacción. En consecuencia, nada obsta a la aplicación en la especie de las disposiciones de carácter general contenidas en el Código Contencioso Administrativo y Tributario -Ley 189-, en cuanto "toda regulación de honorarios es apelable" (art. 221).

Así orientado el análisis, el escrito fue presentado por quien tenía derecho a hacerlo, dentro del plazo de cinco días -conf. el mismo artículo- y ante quien dictó la resolución que impugna; por lo tanto, la articulación supera el análisis de admisibilidad formal. Finalmente, en lo que respecta a la forma de concesión, el art. 220 del mismo cuerpo ceremonial dispone que "el recurso contra la sentencia definitiva es concedido libremente. En los demás casos, sólo en relación", por lo que debe también considerarse en este aspecto correctamente tramitada.

2.

En relación a la primera de las cuestiones traídas a estudio por el apelante, cabe acotar que la condena en costas -que reconoce fundamento en el principio objetivo de la derrota- comprende todos las erogaciones que insumió el proceso y que corresponda imputar a las partes, entre ellas, sin duda, los honorarios de los peritos y traductores que hubieren intervenido. En especial, "la parte vencida en el juicio debe pagar todos los gastos de la contraria, aunque ésta no lo hubiese solicitado" -art. 62 del C.C.A y T.-. A su vez, el art. 33 de la Ley de Procedimiento de Faltas dispone que "las costas están a cargo del/la condenado/a. Cuando sus condiciones personales o las circunstancias del caso lo aconsejaren, el/la Juez/a puede reducir la condena en costas o eximir de su pago al obligado, siempre que encontrare mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento".

Causa n° 11730-01-CC/2006. Sala II.

Conforme los principios enunciados, claramente se advierte que la obligación de satisfacer los honorarios del intérprete que asistió al encausado fue correctamente impuesta por el a quo al Sr. Lin Weixin. En nada se compromete con ello la garantía de la defensa en juicio, como alega el recurrente, pues tal manda constitucional no puede operar como eximente de los deberes que surgen de una sentencia regularmente dictada y que resultan integrantes de la condena recaída. Debe entenderse que en su perfil de reglamentación de aquella garantía, las disposiciones procesales transcriptas colocan en cabeza del juzgador -no como deber, sino como atribución- la posibilidad de librar al infractor del pago aquí puesto en crisis, lo que no ha ocurrido por no haberse encontrado mérito para ello.

Así estructurado el razonamiento, y aun cuando el desconocimiento del encartado del idioma castellano requería necesariamente la asistencia de un profesional que tradujera fielmente las alternativas de la audiencia de debate, no se advierte el motivo por el cual el Estado debiera correr en el particular con el emolumento del Pojan Yang, máxime cuando, además, fue el propio infractor quien solicitó su nombramiento -ver fs. 2, punto 4-.

Llegados a este estadio del análisis, debe tratarse la petición subsidiaria, consistente en que se disminuya el monto de la regulación efectuada por el Otamendi. Al respecto, debe decirse que la ley 24.432 establece en el art. 13 que "los Jueces deben regular honorarios a los profesionales, peritos, síndicos, liquidadores, y demás auxiliares de la Justicia, por la labor desarrollada en procesos judiciales o arbitrales, sin atender a los montos mínimos establecidos en los régimenes arancelarios nacionales o locales que rijan su actividad, cuando la naturaleza, alcance, tiempo, calidad o resultado de la tarea realizada o el valor de los bienes que se consideren, indicaren razonablemente que la aplicación estricta, lisa y llana de los aranceles ocasionaría una evidente e injustificada desproporción entre la importancia del trabajo efectivamente cumplido y la retribución que en virtud de aquellas normas arancelarias habría de corresponder. En tales casos, la resolución que así lo determine deberá indicar, bajo sanción de nulidad, el fundamento explícito y circunstanciado de las razones que justifiquen la decisión". Esta disposición guarda similitud con la del art. 386 del C.C.A y T. y el 29 de la ley 20.305 invocados por el Sr. Juez de grado.

Para resolver el problema planteado corresponde sopesar por un lado la diligencia del traductor y su acreditada idoneidad -ver constancias de fs. 5/27-, la naturaleza y complejidad del asunto, como también el mérito del papel desempeñado, apreciado por la calidad, eficacia y extensión del trabajo realizado. Por otro lado, habrá de tenerse en cuenta la proporcionalidad que debe guardar entre el resultado del proceso y las costas impuestas.

En esta línea de pensamiento, es posible sostener que la regulación efectuada en la instancia anterior resulta apta para satisfacer ambos parámetros. Adviértase que el Sr. Lin Weixin ha sido imputado por treinta y un hechos -ver copia del acta de audiencia a fs. 33/37-; fue asistido en todo momento por el Pojan Yang, quien puso en conocimiento del imputado la totalidad de lo sucedido en aquel acto y permitió que en forma indubitable las manifestaciones del encausado pudieran tener gravitación en el marco de su desarrollo, lo que se tradujo, además, en el perfeccionamiento del ejercicio de sus derechos procesales. La condena recayó sobre nueve hechos y consistió en la fijación de pena de multa de mil cien pesos -cuatrocientos de los cuales fueron dejados en suspenso- y treinta días de clausura del inmueble inspeccionado; fue absuelto por el resto de las acusaciones -veintidós hechos-.

Además del tenor de las decisiones descriptas y el volumen punitivo en definitiva dispuesto -tópicos que brindan cabal noción de la actividad desplegada y de su incidencia en los derechos del encausado- debe tenerse en cuenta la relativa escasez de profesionales del tipo de los requeridos por el Sr. Lin Weixin, expuesta a fs. 4 en la nota suscripta por el Sr. Director de la Dirección de Apoyo Operativo del C.M.C.A.B.A., según la cual no existían a la fecha de su solicitud peritos traductores de idioma chino inscriptos en el Registro de Auxiliares de Justicia.

En consecuencia, cabe concluir que el monto fijado por el Magistrado interviniente exhibe aquella ecuanimidad, por lo que la regulación de quinientos pesos habrá de ser cohonestada.

En virtud de lo expuesto y habiendo concluido el presente Acuerdo, el Tribunal Causa n° 11730-01-CC/2006. Sala II.

RESUELVE CONFIRMAR la resolución apelada en cuanto regula los honorarios profesionales del intérprete en idioma chino-español, Pojan Yang, por su labor desempeñada en el proceso, en la suma de quinientos pesos ($500) (arts. 29 de la ley 20.309, art. 386 del CCAyT).

Tómese razón, notifíquese al Sr. Fiscal de Cámara en su despacho y oportunamente devuélvase a la primera instancia interviniente, debiendo el Sr. Magistrado a quo ordenar las restantes notificaciones.

Sirva lo aquí proveido de atenta nota de remisión.

Fdo: Fernando Bosch, Pablo A. Bacigalupo. Jueces de Cámara.

Ante mí: Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara.

Nota: Se deja constancia de que la Marcela De Langhe no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia.

Fdo: Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara.