marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Depósito judicial, objetos secuestrados, automotores, servicio penitenciario provincial, recurso de apelación (procesal), Administración Pública, legitimación procesal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: M., D. AL s/ Adulteración de marcas - Depósito judicial (Resolución Nro. 332, Tomo  57, Folio 357)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-12-27

No pueden desconocerse las dificultades operativas que debe afrontar el Servicio Penitenciario Provincial, y la labor jurisdiccional tiene que tomar en consideración, para cada caso en concreto, el sentido de las normativas que resulten aplicables. Dable es admitir que el eje de la cuestión traída a resolución pasa por interpretar si el Servicio Penitenciario cumple tareas de seguridad en el orden provincial. Estima el Tribunal, haciendo una interpretación amplia, que entre otras múltiples funciones específicas, el Servicio Penitenciario tiene a su cargo no solamente el traslado de personal del mismo, sino también el traslado de personas que se encuentran privadas de libertad y sometidas a proceso penal, por lo que luce innegable la labor de seguridad que se encuentra a su cargo. Cabe en ese contexto "visualizar que la Policía usa vehículos en depósito para el traslado de detenidos y nadie osaría que eso no es una tarea de seguridad, ante lo cual la misma tarea por el Servicio Penitenciario no podría tener una calificación o conceptualización distinta, máxime cuanto la propia Ley Orgánica Penitenciaria la califica o define como fuerza de seguridad", sin olvidar que el art.

230 del C.P.P. alude a solicitud de depósito por el Poder Ejecutivo de la Provincia y no existe respecto de la actual situación, oposición alguna del Poder Administrador del que dependen tanto el Servicio Penitenciario como la Policía de la Provincia. (Del voto de la mayoría)
Pago parcial, actualización monetaria
Materia: LABORAL
Carátula: GUESI, EDUARDO ROLANDO c/ CASTORANI HERMANOS SRL. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1977-02-28

Aún cuando el empleador haya efectuado el depósito judicial de sumas que le adeuda al trabajador, siendo ésta insuficiente (tal como surge de la sentencia y la posterior liquidación de intereses e indexación) y el acreedor no aceptó dicho pago parcial al que no está obligado (artículo 742 Código Civil), el curso de la protección monetaria sigue sin variantes.
Gestión de negocios, obligaciones del gestor, ratificación de actos procesales
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: del Franco, Luis Alberto c/ Lomastro, Eduardo y otro s/ Cobro hipotecario
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-07-14

Mientras no medie ratificación del dueño del negocio, el gestor -sea que hubiere contratado a nombre de éste o a nombre propio- queda personalmente obligado, aunque pueda exigir del dueño la restitución de los gastos o la liberación de las obligaciones asumidas (art. 2305 C. Civil).
Daños y perjuicios, negligencia
Materia: CIVIL
Carátula: Panozzo, Oscar Alcides c/ Pereyra, Oscar Alberto Y Otra s/ Ordinario (Expte. Nº 1062)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2013-05-13

Cabe condenar al demandado a responder por los daños y perjuicios derivados de un accidente de tránsito, ocasionado por una conducta negligente e imprudente del accionado, dado que surge acreditado que cometió una maniobra antirreglamentaria al intentar el cruce de una avenida por un lugar prohibido, sin cerciorarse de que no hubieran otros vehículos, e invadiendo el carril por el que transitaba correctamente el actor, atravesándose en su trayecto.
Acumulación de procesos, identificación del imputado
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: N.N. s/ Amenazas N.N. s/ Amenazas
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-18|1996-06-18

A juicio del Tribunal resulta cuando menos prematuro aplicar en este legajo lo dispuesto en los arts. 41, inc. 3° y 42 del C.P.P., pues el Juzgado Correccional que iniciara la contienda, no ha practicado aún investigaciones mínimas que permitan individualizar el o los autores del hecho. Por lo expuesto, la sola identidad delictiva y de víctima no autoriza sin más a efectuar la acumulación propiciada.
Sentencia, fundamentación de sentencias, principio de congruencia, daños y perjuicios, responsabilidad médica
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: FERREIRO, Jorge Elías c/ CARIOLA, Luis y otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - RESP. PROFESIONAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-02-25

Ante la distinción existente entre la pretensión introducida por el actor sustentada en la alegación de mala praxis, aun en lo concerniente al material utilizado por el médico, y lo decidido por el sentenciante que condena a indemnizar pero fundando su pronunciamiento en una causa distinta de la alegada por el reclamante -en el caso defecto o vicio del material que provocó daño al paciente-, que requería para la procedencia de la pretensión pruebas de circunstancias diferentes a aquellas exigibles para casos enmarcados en un factor de atribución de responsabilidad subjetivo, se afectó el derecho de defensa de los profesionales demandados al cambiarse la causa fundante del reclamo y así se impidió o al menos se cercenó la posibilidad de rebatir y probar aquellas cuestiones relacionadas con la calidad del material utilizado.
Alimentos, cesación de cuota alimentaria, modificación de cuota alimentaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: G. de D., J. E. c/ D., R. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-03-23

De acuerdo con lo dispuesto por el art. 129 del Código Civil, la mayoría de edad opera automáticamente, borrando la incapacidad del sujeto, quien queda habilitado para todos los actos de la vida civil. Es decir que, desde el día que cumple veintiún (21) años, cesa la obligación de sus padres de alimentarlo, salvo que se encontrara en tal situación que le resulte imposible procurarse, por sí mismo, su propia subsistencia (arts. 264, 265, 267 y cc., Código Civil, t.o.).
Implementación del proceso oral, recurso militar ante la justicia federal, aplicación de la ley, proceso en trámite
Materia: PROCESAL
Carátula: Segovia, Miguel Angel y otros s/ Causa instruida en virtud del Dec. PEN 2540/90 por los hechos ocurridos  el 3 de diciembre de 1990.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-02

Las reglas de la ley 24.121 (art. 12) sólo comprenden los pleitos iniciados de acuerdo con el anterior sistema de enjuiciamiento criminal y, como lógica consecuencia, no abarcan a las causas en las que rigen las reglas contenidas en el art. 445 bis del Código de Justicia Militar.
Daños y perjuicios, responsabilidad de los establecimientos asistenciales, parto, daño neurológico
Materia: CIVIL
Carátula: RAMOS, SONIA c/ SANATORIO MITRE s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-11-11

Procede la acción deducida contra un centro asistencial, si se verifica que al ingresar la parturienta (accionante) en la sala de guardia del sanatorio -en tiempo de parto-, y al detectarse sufrimiento fetal con líquido amniótico meconial (según prueba testimonial), se demoró casi una hora en la preparación del quirófano y la paciente, por parte de personal de guardia, pues, trátose de un caso de extrema urgencia, puesto que la prontitud de la asistencia incidiría en el porcentaje de minusvalía cerebral del niño, como también en el riesgo para la vida de la madre. No empece lo expuesto, la alegación de la demandada en cuanto a que el trabajo pre-parto pudo haber comenzado con anterioridad al ingreso de la reclamante al sanatorio con pérdida hemática, pues el incumplimiento en la asistencia consistió en la tardanza incurrida desde que arribó hasta la intervención quirúrgica. (En la especie, se determinó que el daño neurológico sufrido por el menor fue de origen asistencial).
Honorarios del abogado, prescripción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: TRAMA MARIA s/ SUCESION
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-02

Desde el conocimiento de la composición del haber hereditario, procede el cómputo de la prescripción, la circunstancia de no haberse determinado su monto, en tanto el letrado estaba posibilitado de diligenciar las medidas pertinentes para lograr tal objetivo no obsta la prescripción.-
Excarcelación, circunstancias que impiden la excarcelación, peligrosidad del imputado, rebeldía, antecedentes penales
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: PEREZ FERRO, Norberto Valerio s/ INCIDENTE DE EXCARCELACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-07-11

Cuando el procesado se encontrara penalmente comprometido en varias causas, registrando además diversas declaraciones de rebeldía, sumado a sus antecedentes, resulta de aplicación el art. 380 del C.P.M.P. debiendo denegar el beneficio impetrado.
Recurso de apelación (procesal), fundamentación del recurso, falta de fundamentación, admisibilidad del recurso, defensa en juicio
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Pérez Ferro N. s/ Rec. de queja. Causa 10294.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-06-10

El Tribunal reitera la doctrina expuesta en el caso "Bruni, Horacio" del 21-3-94, en cuanto deja sentado que "... el incumplimiento por parte de los encartados del art. 438 del C.P.P.N., no puede obstar a la admisibilidad de los recursos por ellos deducidos, atendiendo al carácter lego de los recurrentes y a fin de resguardar el derecho de defensa ...".
Recusación, trámites judiciales
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Agnello, José c/ Luis Giandinotto s/ Medida precautoria - Conflicto negativo de Competencia  (Libro: A027-293) Corte en pleno
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1956-12-31

Recusado un juez con causa y sin causa, si rechaza los motivos aducidos por el recusante, no debe desprenderse del conocimiento de la causa y pasarla al juez subrogante, sino ordenar la elevación del expediente al superior para el trámite y resolución (art. 16 inc. 5º del C.P.C.)
Prueba, resoluciones inapelables, debido proceso, defensa en juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: FISICARO, HORACIO DOMINGO c/ INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES BANCARIOS Y OTROS s/ RECURSO DE QUEJA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-10-06

La limitación recursiva establecida por el art. 379 C.Procesal carece de operatividad cuando se encuentra implicada, directa o indirectamente, la defensa en juicio, siendo éste un derecho de rango constitucional que hace a las reglas del debido proceso, y por lo tanto excede la restricción que pudiere surgir del ordenamiento ritual.
Nulidad de sentencia, garantías procesales, defensa en juicio, sentencia absolutoria, concurso de delitos, concurso aparente de leyes
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: SCHNEIDER, E.A. s/ NULIDAD DE SENTENCIA    CONCURSO DE DELITOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-18

"... Es bien sabido que no soy amiga de declarar nulidades cuando éstas pueden ser salvadas en este Tribunal. Pero, en este caso, propondré la nulidad del fallo recurrido, pues me parece que la corrección de su falencia implica el dictado de una sentencia nueva y afectaría el derecho de defensa en juicio, ya que acabaríamos por privar a ésta de la doble instancia garantizadora. Hay una evidente contradicción en el considerando segundo, en el que el Sr. Juez llega a la conclusión de que la conducta dañosa no es delito, para decir, poco después y en el mismo párrafo, que habría un concurso aparente de leyes. Al menos, así interpreto su frase de que "tal intento, entra dentro de la resistencia...". Pero si la conducta no se adecua a un tipo penal, es imposible que se produzca relación concursal alguna. Si no hay tipicidad, nada tiene que hacer en el caso cualquier regla del código de fondo. En el caso que admitiéramos como válida la primera de estas postulaciones, a mi juicio incompatibles entre sí, también es nulo el fallo porque no se resolvió expresamente la absolución. Para la segunda propuesta, destaco que no ha sido fundada como para justificar que se haya dado adecuada respuesta a la significación jurídica y a la relación concursal que propone el Ministerio Público. Se comparta o no esta calificación, lo cierto es que el Sr. Juez no ha fundado su posición que aparece, entonces, como una afirmación de mera voluntad del distinguido colega de Primera Instancia...".
Suspensión del juicio a prueba, cómputo de la pena, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: STATUTO, Horacio s/ Causa 27.360
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-08

Disidencia del Dr. González: Sólo procede la aplicación de la suspensión del juicio a prueba, a aquellos delitos cuya escala penal, tomada en abstracto para el delito consumado, no supere los tres años de prisión que fijara la ley 24.316. En tal sentido, el 4to. párrafo del art. 76 bis introducido al Código de fondo, debe interpretarse armónicamente con el primero de la citada norma y no surge de aquél que se trate de un supuesto distinto, ya que dicha consideración podría conducir a una forzada exégesis, contraria al espíritu que impulsara su sanción.
Víctima menor de edad, violencia de género, restricción de acercamiento, supervisores, establecimientos educacionales, amenazas, hostigamiento o maltrato, daño psíquico, situación de vulnerabilidad
Materia: CIVIL
Carátula: S.B.L. c/ C.N.C. Y M.D. s/ medidas protectorias
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2019-09-27

Corresponde ordenar a los demandados -inspector y vicedirector de la institución escolar-,la expresa prohibición de acceder al domicilio de la joven alumna fijando un perímetro de exclusión para circular o permanecer de 200 metros de distancia de dicho domicilio, como así también la expresa prohibición de realizar cualquier tipo de acto de acercamiento intimidatorio, hostigamiento, amenazas, violencia verbal, llamadas telefónicas, mensajes telefónicos, a través de Facebook y/o cualquier otro medio o red social; hacia ella en cualquier lugar donde quiera que se encuentre sin excepción alguna de manera permanente o circunstancial -art. 7 inc. b Ley 14.509-. La medida tendrá una vigencia de noventa días a partir de la notificación de los demandados, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los arts. 2, 3, 9, 5, 19 inc. b, 29 y conc. Ley 26.061; arts. 3, 12, 16, 19, 28, 39 y conc. CIDN; 18, 19 inc. b, 32 y conc Ley 13.298; art. 232 CPCC. Todas estas normas son de aplicación específica al caso, donde los hechos se han sucedido en el ámbito escolar y por parte de quienes como docentes tienen poder jerárquico sobre los niños y niñas adolescentes que cursan en dicha institución a su cargo.

Cabe decir que, un derecho humano esencial de toda persona es el derecho a la dignidad y en mayor medida si se encuentra en estado de vulnerabilidad por edad y por situación de jerarquía de poder, docentes y alumna. El CCCN destaca en su art. 52 este derecho personalísimo, además se ha dicho en doctrina que la violencia en el ámbito escolar expresa siempre una situación de asimetría y abuso de poder, y que las conductas violentas producen daño y sufrimiento, no sólo en quien la padece de manera directa sino que también afecta de manera directa al conjunto de los miembros de la institución quienes reciben de manera indirecto el impacto de esta modalidad vincular.

Los adolescentes son vulnerables por su sola condición de serlo, aquí es una adolescente quien a través de su abogada solicita medidas de protección y donde se observa un entramado de hechos que afectan a la institución escolar donde concurre. Luce acreditado en autos, un riesgo cierto en la integridad psicológica y emocional de la adolescente quien debe ser preservada por sobre toda otra disquisición, haciendo efectivo en este proceso de tal forma su superior interés, debido a su situación de vulnerabilidad evidenciada en ella, su propio pedido de apoyo terapéutico, como así también a hechos que la misma ha expresado con relación a otras jóvenes de la misma institución escolar, es que debe darse inmediata intervención al SLPPD de Villa Gesell para que realice actuaciones que le competen conforme lo disponen expresamente los arts.18, 19 inc. b, 32 y conc. Ley 13.298.
Recurso de inconstitucionalidad, doctrina de la arbitrariedad, sentencia arbitraria
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PEGER, MELITON A c/ SANCOR COOP UNIDAS LTDA Y/U OTRA s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - LABORAL (CSJ EXPTE N. 66-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-11-15

Sentencia arbitraria es la que no reúne las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción. La decisión sobre la impugnación de arbitrariedad importa un juicio de legalidad y esto, desde que el derecho a la jurisdicción se satisface con un adecuado proceso, ha de versar sobre la construcción de la sentencia para determinar si ésta autosustenta racional y lógicamente sus conclusiones. No la sustenta y es arbitraria, por tanto, la que es de tal modo irracional, ilógica, infundada en hechos o en el derecho o contradictoria, que no constituye una respuesta adecuada desde el punto de vista de su legalidad, a las cuestiones litigiosas.
Adulteración de la numeración de bienes registrables, orden de secuestro, denuncia de extravío
Materia: PENAL
Carátula: MALDONADO, Mauricio. s/ PROCESAMIENTO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-07-17

No obsta la tipificación de la conducta prevista en el inc. 3° del art. 289, C.P., la situación de que ni las chapas patentes con las que circuló el vehículo secuestrado, ni aquél a las que éstas pertenecían tuvieren pedido de secuestro o denuncia de extravío. La alteración o supresión de las chapas patentes asignadas a un automotor es conducta incluida en el inc. 3° del art. 289, C.P. (*).

Disidencia parcial del Dr. Donna: La intención del legislador, al derogar el decreto ley 6582/58, y promulgar la vigente reforma del art. 289, C.P., fue que la totalidad de las conductas reprimidas por el decreto ley quedaren abarcadas en la actual redacción del art. 289, C.P. El tipo penal contemplado en el art. 289, inc. 3°, C.P. -según reforma ley 24.721-, reprime, a saber, tres modalidades típicas, "el que falsificare, alterare o suprimiere la numeración de un objeto registrado de acuerdo con la ley". Suprimir consiste en hacer desaparecer totalmente, es hacer cesar, hacer desaparecer. Teniéndose en cuenta tales conceptos, se puede concluir, que en el presente caso, la conducta de sustituir lleva ínsita a la de suprimir, puesto que todo reemplazo de un objeto por otro, requiere, ineludiblemente, la supresión del primero, de lo que se colige, a su vez, que la conducta de sustituir halla típica inclusión en la norma penal a estudio (**). Descripta al imputado la conducta motivo de reproche, ello no obstaculizó el debido ejercicio del derecho de defensa de raigambre constitucional (art. 18, C.N.), ya que la circunstancia que la acción típica "sustituir" no se encuentre actualmente, como modalidad típica de la figura en cuestión, aquella necesariamente incluye una supresión, por lo cual no se afectó el derecho de defensa en juicio ni su "defensa material", ya que, de todas formas, conoció acabadamente la conducta motivo de la imputación. Luego de la reforma penal según ley 24.721, la norma del art. 289 C.P., no castiga a quien haga uso de bienes registrados que fueren alterados, falsificados o suprimidos sus numeraciones originales.
Nulidad procesal, interpretación restrictiva, exceso ritual manifiesto
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la querella en la causa G., G. E.  c/  s/ abuso sexual agravado por la convivencia y el parentesco causa nro. 19837/14
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-29

En materia de nulidad debe primar un criterio de interpretación restrictiva y sólo cabe pronunciarse por la anulación de las actuaciones cuando exista un derecho o interés legítimo lesionado, de modo que cause un perjuicio irreparable porque cuando se adopta en el solo interés del formal cumplimiento de la ley, importa un manifiesto exceso ritual no compatible con el buen servicio de justicia. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Recurso de inconstitucionalidad, inadmisibilidad del recurso, prescripción, interrupción de la prescripción, beneficio de litigar sin gastos, sentencia, notificación, Ministerio Público, defensor general de la Nación
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Muñoz, Francisco y otra c/ Valla, Hugo y otros s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Daños y   perjuicios (Expte. CSJ Nº 243-98)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-02-15

No persuade que los juzgadores hubieran incurrido en un apartamiento expreso del texto de la ley, el planteo de la impugnante en torno a que la notificación al Defensor General en la Declaratoria de Pobreza no es un acto aislado sino que es parte de todo un proceso y que éste no fue declarado caduco, insistiendo con su argumentación acerca de que los jueces confundieron prescripción con caducidad al concluir que dicha notificación no era interruptiva de la prescripción. Tal planteo resulta inconducente frente a lo resuelto por los sentenciantes, por lo que, más allá del grado de acierto o error en que podrían haber incurrido, no se infiere que la hermeneusis seguida implique desconocimiento del derecho ni extralimitación alguna que torne al fallo en inconstitucional, impidiendo ello la apertura de esta instancia de excepción.
Daños y perjuicios, daño resarcible
Materia: LABORAL
Carátula: Club Atlético Lanús c/ Díaz, Clide H. s/ Incumplimiento de contrato de trabajo Martínez de Hernández, María Bernabela c/ Usandizaga Perrone s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-03-08|1992-07-14

El resarcimiento sólo nace del perjuicio existente pero no de los daños hipotéticos, los daños eventuales, que no son resarcibles.
Prescripción adquisitiva, interversión de título
Materia: PROCESAL
Carátula: Pobliti, Mónica Fernanda y otros c/ Valentini, Cyntia Natalí y otros s/ prescripción adquisitiva vicenal/Usucapión (expte 55.438) y su acumulada Valentini, Cintia Natalí y otra contra Pobliti, Mónica Fernanda y otros. Reivindicación (expte. n° 57.226). c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2018-11-21

Quien pretende usucapir mediando interversión del título o causa,(doctor Soria, minoría).
Daños y perjuicios, dictamen pericial, reglas de la sana crítica, facultades del juez
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Mateo Patricia Elisabet  c/ Hirache Ninacondor Abaad Y Otros s/ Daños Y Perj.Autom. C/Les. O Muerte (Exc.Estado)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2023-04-18

Los dictámenes periciales deben valorarse de conformidad a las reglas de la sana crítica y con sujeción a las normas de aplicación al caso (SCBA, B 50984, sent. del 4/07/1995, "Acuerdos y Sentencias" 1995-II-810; SCBA, B 52359, sent. del 14/11/2007). Incluso, al sopesar las experticias, los jueces ejercen facultades propias no teniendo las conclusiones de los expertos eficacia vinculante (SCBA, Ac. 38915, sent. del 26/04/1988, "La Ley" 1988-D-100, "Acuerdos y sentencias" 1988-I-720, D.J.B.A. 1988-134, 345; SCBA, Ac 49735, sent. del 26/10/1993; Ac 56166, sent. del 5-07-1996; Ac. 61475, sent. del 3/03/1998).