marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Constitución Nacional, control de constitucionalidad
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Cuvillana, Carlos Alberto y Raggio, Luis Miguel s/ causa N. 21.493.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-06

Cuando se cuestiona la razonabilidad de la ley en sí misma, por imputársele crueldad o desproporcionalidad respecto de la ofensa atribuida, es menester que el apelante se haga cargo, al menos, de los argumentos que el legislador tuvo en cuenta para dictarla, sin que baste a tal efecto la mera impugnación genérica de irrazonabilidad desvinculada por completo de aquellas consideraciones.
Tenencia de estupefacientes, tipo penal
Materia: PENAL
Carátula: GARAY, Marta y otros s/ proc. y p.p. por inf. art. 5º, inc. c) de la ley 23.737 Causa nro.  28.445
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-26

Si en el curso de la investigación no se comprueba la finalidad de comercio de estupefacientes ni tampoco la de consumo personal, habrá de estarse a la figura de tenencia simple.
Robo calificado, automotores
Materia: PENAL
Carátula: Ceresole, Héctor Domingo; González, María Alejandra; Cristóbal, Walter Eliseo s/ Homicidio calificado. Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-03-15

El art. 38 del dec. ley 6582/58, no transgrede los arts. 16 y 28 de la Constitución nacional. Las reglas de los arts. 28 y 31 de la Constitución actuarían en la especie en función de transgresiones de otras normas constitucionales de manera tal que autorizara a resolver que la ley altera los principios, garantías y derechos custodiados por el art. 28 dañando en consecuencia, la supremacía constitucional a que se refiere el art. 31, pero del razonamiento de la Cámara no resulta que el agravamiento penal por el objeto resulte "excesivo" o "injusto" en medida que lo haga incompatible con el régimen de igualdad contenido en el art. 16 de la Constitución, pues la ley determina las penas correspondientes a cada delito en relación a complejas combinaciones de factores aún cuando en primer plano sólo aparezca uno de ellos. La comparación de la escala penal cuestionada con la del homicidio -que debe realizarse teniendo en cuenta los mínimos y los máximos- no exhibe transgresión alguna del principio de igualdad en el preciso sentido constitucional del mismo.
Uso de estupefacientes en lugar público, ebriedad, doctrina de la arbitrariedad
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Fiscalía de Cámara Este de la CABA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Incidente de recurso de inconstitucionalidad en autos Crespo, Francisco Javier s/ 111 - conducir con mayor cantidad de alcohol en sangre del permitido o bajo los efectos de estupefacientes (Art. 114 según TC Ley 5666 modif.)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-21

La doctrina de la arbitrariedad es de carácter excepcional y exige para su procedencia un apartamiento inequívoco de las normas que rigen el caso o una absoluta falta de fundamentos nada de lo cual se configuró en el caso sometido a estudio, donde la fiscalía se agravió de la forma en que los jueces de la Cámara de Apelaciones aplicaron la normativa infraconstitucional, esto es, el art. 45 del Código Contravencional. (Del voto en disidencia parcial de la jueza Marcela De Langhe).
Apreciación de la prueba, reglas de la sana crítica
Materia: PROCESAL
Carátula: Sobieralski, Mariano c/ Cerámica Tremara S.A.I.C.I.C. s/ Cumplimiento Contractual-Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-07-07

En sede valorativa, el juez puede concluir en dos direcciones:

declarando la certeza de una situación o estado de cosas jurídicamente relevante -lo que excluye la aplicación de la regla de juicio-, o declarando, también con grado de certeza, que con los instrumentos probatorios disponibles no le es posible, reconstruir históricamente los hechos debatidos, lo que conduce a la aplicación de la regla de juicio.
Recurso de casación penal, defensa en juicio
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: ESPECHE JUAN CARLOS s/ DEFRAUDACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-08-12

De lo expuesto resulta que el reclamo de la defensa es improcedente, toda vez que en autos no se ha condenado por un hecho diverso, sino que el Tribunal de Juicio modificó la calificación legal de las mismas acciones atribuidas en la pieza acusatoria. Tal cambio de calificación importa un juicio de valor, referido al encuadramiento de los mismos hechos dentro de los tipos legales; y en tanto se refiera a los mismos sucesos descriptos en la requisitoria fiscal, no importa violación al principio de congruencia.

La requisitoria fiscal establece los límites subjetivos y objetivos de la imputación; de modo tal que la sentencia debe versar única y exclusivamente sobre la imputación debidamente intimada, en resguardo del derecho de defensa del acusado. Ello así, el fallo condenatorio sólo podrá serlo en lo relacionado con aquellos hechos de los que fue acusado y respecto de los cuales ejerció el derecho de defensa.

Esta garantía se ve afectada al lesionarse el principio de congruencia, cuando la subsunción jurídica efectuada por el juez respecto del hecho incriminado importa la modificación del acontecimiento por el que ha sido intimado el imputado al tiempo de su indagatoria, y que debe mantenerse invariable en los distintos tramos del proceso, incluido el debate oral.

En el sublite, el núcleo fáctico de la acusación ha permanecido invariable; e inequívocamente involucró la sustracción del expediente por parte del imputado, en las circunstancias de personas, tiempo y lugar de las que da cuenta la pieza acusatoria.

Los agravios de la defensa se presentan limitados a la modificación de la calificación legal; desentendiéndose del núcleo fáctico contenido en la pieza acusatoria, y de su congruencia con los hechos fijados por el Tribunal de juicio. La reseña precedente muestra que los fundamentos de la sentencia en recurso guardan correspondencia sustancial con la requisitoria del Ministerio Público; lo que conduce a desestimar el reclamo de absolución de la defensa.

El acusado conoció en todo momento el hecho que se le atribuía y sus circunstancias; con lo que pudo contestarlo y ofrecer la prueba pertinente, en resguardo del ejercicio de su derecho a la defensa.
Participación criminal, coautoría, participación secundaria, robo
Materia: PENAL
Carátula: PASCAL, Marcelo R. y otro s/ PARTICIPACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-21

Corresponde rechazar la calificación de coautoría de robo en poblado y en banda, pues la intervención en el hecho no importó actos de coautoría, ni de participación esencial, ya que el encausado se limitó a prestar la ayuda de quien vigila en las inmediaciones para avisar al autor cualquier novedad. Por lo tanto, la participación secundaria excluye los alcances del fallo plenario 'Quiroz, Julio A.'.

Así, el hecho debe calificarse como robo, art. 164, C.P.
Leyes, presunción de legitimidad, Corte Suprema de Justicia de la Nación, control de constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: G., M. A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO CIVIL AGRAVADA POR REGISTRAR EL  PORTADOR ANTECEDENTES PENALES Y SUPRESION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 523
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-11-19

Constituye un principio democrático esencial que las leyes dictadas de acuerdo con los mecanismos previstos por la Ley Fundamental, gozan de una presunción de legitimidad que opera plenamente y que su posible nulificación obliga a ejercer dicha atribución de revisión constitucional con sobriedad y prudencia y únicamente cuando la repugnancia de la norma con la cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indudable.

Lo contrario desequilibraría el sistema constitucional de los tres poderes, que no está fundado en la posibilidad de que cada uno de ellos actúe destruyendo la función de los otros, sino en que lo haga con la armonía que exige el cumplimiento de los fines del Estado, para lo cual se requiere el respeto de las normas constitucionales y del poder encargado de dictar la Ley.

La Corte Suprema, al ejercer el elevado control de constitucionalidad debe imponer la mayor mesura, mostrándose tan celosa en el uso de sus facultades como del respeto que la Carta Magna asigna, con carácter privativo, a los otros poderes (Del Voto de la Mayoría).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), acción de amparo, empleados públicos, cesantía, recursos administrativos, recurso contencioso administrativo, sentencia
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: PUTERO, RAUL DOMINGO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ AMPARO.    QUEJA   POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 530-86
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-04-03

Habiendo cuestionado los vicios que a su entender contenía la resolución administrativa mediante los recursos administrativos y luego por el recurso contencioso administrativo ante la Corte, que dicta sentencia rechazando dicho remedio, resulta inadmisible por vía de la queja por denegatoria del recurso de inconstitucionalidad, la revisión del auto de la Cámara que no hizo lugar al amparo interpuesto, en virtud de haberse agotado con el contencioso las vías de impugnación del acto de cesantía cuestionado.
Jueces, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Spinedi, Jorge Roberto. c/ C.N.A.S. s/ Cobro de Seguros de Vida.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-11-06

La función judicial, ha dicho nuestra Corte Suprema, no se agota en la inteligencia de la letra de la ley con olvido de la eficaz y efectiva realización del derecho para lo cual es necesario atender, antes que a un criterio formalista, a la vigencia de los principios que ampara la Constitución Nacional y que surgen de la necesidad de proveer al bien común y dicho fin -dice- "establecido por una generación del pasado como derecho recibe fuerza y efecto de la presente generación por lo que debe ser interpretado a la luz de las condiciones del presente y con la mira puesta en los problemas del presente".
Honorarios, regulación de honorarios, notificación, domicilio real, intereses
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO ARG. c/ RUA  S.A. s/ HONORARIOS  -  COSTAS  EN  EL  ORDEN CAUSADO - EXIGIBILIDAD - EMBARGO  PREVENTIVO - VEROSIMILITUD DEL DERECHO  -  NOTIFICACION  AL CLIENTE -
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-07-10

El art. 62 de la ley 21.839 dispone imperativamente la notificación al cliente en su domicilio real (o en el que especialmente hubiere constituido a estos efectos), diligencia que resulta inexcusable en supuestos en los cuales -como en la especie- se encontraba subsistente la relación profesional entre el cliente y sus letrados, puesto que la ley prevé que en tal hipótesis existen intereses contrapuestos entre ellos, razón tenida en cuenta por la norma para apartarse de las reglas generales en materia de notificaciones.

Aun en el caso de no haber existido la norma del art. 62 del Arancel, igualmente la notificación del representante de un acto a cuyo respecto tiene intereses encontrados con su representado, no podría ser luego opuesta a éste en el ámbito de las relaciones internas del mandato.-
Pago, efectos entre partes, informe de fondo, bienes litigiosos, juicio ejecutivo
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Fidalgo, Jorge c/ Isenberg De Amorrortu, Carlos Federico s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-02-13

Tratándose de obligaciones litigiosas, el acreedor debe recibir los pagos que se hagan respecto del crédito cuando existen fondos disponibles, aún cuando esos pagos fuesen parciales. Ello, ciertamente, siempre que no se altere el orden legal de imputación correspondiente (CNCom, Sala D, in re "Desbouts, Axel c/ Banco Tornquist SA", del 10/12/85; ídem "Guller, Ernesto Francisco c/ Nacarato, Martín Alfredo, s/ ejecutivo", del 23/02/04). Otra solución sería incongruente con el ordenamiento jurídico y convalidaría una conducta abusiva, ya que el retiro parcial de lo adeudado al acreedor no puede perjudicarlo (conf. CNCom, Sala C, fallo "Gerson" del 31/07/90; Sala D, in re "Duek, Sebastián Enrique c/ Carelle, Leonardo Angel y otros s/ ejecutivo", del 07/11/06).
Prescripción, prescripción de la pena, sentencia definitiva, notificación personal, procesado
Materia: PENAL
Carátula: BONINO, JULIO s/ PRESCRIPCION PENA - SENTENCIA - NOTIFICACION - ACCION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1977-03-08

"Como lo indican el Sr. Fiscal y el Sr. Fiscal de Cámara, estamos en presencia de una prescripción de la acción y no de la pena, pues la sentencia definitiva no fue notificada personalmente al procesado, como lo exige expresamente el artículo 66 del Cód. Penal y lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación."
Constitución Nacional, control de constitucionalidad, división de poderes, facultades del Poder Judicial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: "Halabi Ernesto c/ EN -ley 26.536- s/ proceso de conocimiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-06

Desde antiguo se ha señalado que la misión más delicada que compete al Poder Judicial es la de saber mantenerse dentro de la órbita de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben a los otros poderes o jurisdicciones, toda vez que es el judicial el llamado por la ley para sostener la observancia de la Constitución Nacional, y de ahí que un avance en desmedro de otras facultades revestiría la mayor gravedad para la armonía constitucional y el orden público (Fallos: 155:248; 311:2580; 320:2851; entre muchos otros). Ello es lo que sucedería en el sub lite si se llegase a una conclusión distinta a la apuntada.
Daños y perjuicios, incapacidad sobreviniente, derecho a la integridad física
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: AUTOTRANSPORTES ISELIN S.A. Y SEGUROS BERNARDINO RIVADAVIA COOP. LTDA. EN J: REJTMAN DE MARTINEZ MARTIN MARTA c/ MANUEL FORTE Y OTRA s/ Daños y Perjuicios - Casación (LIBRO: S262 - 484)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-12-21

La incapacidad no sólo atiende a las perdidas laborales, sino que alcanza a la disminución de las lesiones que deterioran la vida de relación. Por ello, la persona tiene derecho hacer indemnizada por el daño sufrido por su incapacidad fisica, con independencia de que ello incida o no en su capacidad laborativa, desde que el hombre no es sólo lo que tiene y lo que hace, sino fundamentalmente lo que es.-
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, sociedades comerciales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Círculo Odontológico de Lanús c/ Asociación Médica de Lanús s/ Escrituración
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-08-29

Determinar si lo resuelto en la asamblea societaria era o no la aprobación previa que los estatutos exigían para que la comisión directiva celebre actos de disposición sobre bienes, constituye una cuestión de hecho, reservada a los jueces de la instancia extraordinaria y exenta de censura en casación.
Declaración policial, declaración espontánea, valor probatorio
Materia: PROCESAL - PENAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: MONTICELLI DE PROZILLO, TERESA BEATRIZ s/ TENENCIA DE ARMA DE GUERRA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-08-10

El acta de la declaración mal llamado "ESPONTANEA" debe tenerse por inexistente, no sólo en cuanto a su valor de pieza autoincriminante sino también en tanto puedan desprenderse de ella indicios sobre el motivo por el cual la prevención policial realizó el disentido secuestro.

No existe conflicto entre el interés de la sociedad por un lado, de que los delitos sean reprimidos, y del individuo, por el otro, en ser protegido de acuerdo a las garantías que la C.N. le otorga.

El castigo de una persona sólo es pensable, para nuestra sociedad jurídicamente organizada, en el marco de la observancia de la ley y fundamentalmente de la Constitución.

"Si bien es lícito reconocer el lógico interés de la comunidad en que se apliquen con rapidez y eficacia las leyes -como lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia- este interés comprende, y no contraría, el de que se respeten los derechos individuales que esas mismas normas protegen. Sólo la observancia acabada de las leyes satisfará el interés social, acallará el estrépito del delito y cumplirá la voluntad constituyente y constituida de la Nación".

"Todos los que vivimos en esta República tenemos una riqueza invalorable: sabemos que, si se cumplen las normas fundamentales y legales, está asegurada nuestra supervivencia como nación de hombres libres. No las tenemos que crear. Están en nuestras manos. El divorcio entre estos enunciados y lo acaecido realmente en nuestra sociedad es justamente el divorcio entre lo reglado por la Constitución y la ley, por un lado, y la violación oficial sistemática de ambas, por el otro".
Retiro militar, heridos de guerra, indemnización
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Martínez, Juan E. c/ E.N. -Mº de Defensa -EMGE s/ personal militar y civil de las FFAA. y de Seg.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-22

La distinción entre los daños ocasionados en tiempos de paz -en los que no media óbice al reconocimiento de una indemnización, amén del haber de retiro- y los sufridos con motivo de una guerra -en cuyo caso postulamos la improcedencia de la reparación por la vía civil- halla su fundamento último en el espíritu que anima la institución militar. En efecto, el militar de carrera ingresa a la fuerza con el conocimiento de que, llegado el caso de conflicto bélico, deberá alzar las armas en defensa de la Nación, con la eventual ofrenda de la vida a la patria. Se trata de un riesgo específico asumido voluntariamente desde el ingreso a la institución militar, cuya producción efectiva no hace nacer la obligación reparatoria por parte del Estado, en atención a que no son aplicables los supuestos comunes de responsabilidad estatal. (Del voto del Dr. Uslenghi).
Medidas cautelares, secuestro de bienes
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gladys Vogel de Ritchel c/ Alberto L. Pérez s/ Ordinario-Incidente de secuestro
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1996-04-30

El secuestro como medida cautelar autónoma ocurre cuando se sustrae del uso y disposición del afectado la cosa mueble sobre la cual se litiga o se va litigar, es decir, cuando la contienda se desarrolla en relación directa con la cosa que se intenta la medida cautelar.
Facultades del juez, excusación, excusación por razones de decoro y delicadeza
Materia: PROCESAL
Carátula: G., M. D. c/ P., A.M. s/ Cobro de pesos - Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-06-06

"Los motivos de autoseparación del juez dentro de los límites establecidos por el art. 30 segunda parte del Código Procesal, deben interpretarse a favor del juez excusado. Nadie es más indicado para apreciar si median o no motivos íntimos de decoro o delicadeza que el propio juez; e imponerle la continuación en el conocimiento del asunto, a pesar de su oposición, puede significar forzarlo en el fuero íntimo".
Falta de acción, sentencia no firme
Materia: PENAL
Carátula: Riquelme Solis, Néstor Darío s/ recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-08-07

La decisión del magistrado de abstenerse de dictar resolución en orden al pedido de la defensa -excepción de falta de acciónpasando los autos a otro juzgado, no constituye sentencia definitiva ni puede considerarse equiparable a tal, por lo que no autorizan el acceso a la vía extraordinaria. La disidencia expresó que la cuestión traída a estudio compromete el derecho a la jurisdicción, el plazo razonable y lesiona la garantía de defensa en juicio del procesado, cuestiones federales que habilitan la revisión por el Alto Tribunal. (Dres. Hornos y González Palazzo, Diez Ojeda -en disidencia-).
Daños y perjuicios, determinación del monto
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Soler Ponce, Jorge M. y otros c/ Caballero, Hugo C. y otra s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-03-26

Probado el daño, el monto de la indemnización ha sido diferido por la ley al soberano criterio del Juez y éste -a falta de pautas concretas resultantes de las constancias de autos- ha de remitirse a sus propias máximas de experiencia.-
Inadmisibilidad del recurso, fundamentación insuficiente
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Acosta, Julio Hernán c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-10-04

El voto concurrente consideró que, más allá de la impugnabilidad objetiva de la resolución recurrida, el recurso de casación intentado se presenta en el caso inadmisible por carecer de la debida fundamentación. (Dres. Borinsky, Gemignani, Hornos -voto concurrente-).
Compraventa de automotores, plan de ahorro previo, muerte del adherente, entrega del automotor, seguros, falta de pago
Materia: COMERCIAL
Carátula: VERDINI, SILVANA c/ CIA. ARGENTINA DE SEGUROS PROVIDENCIA SA s/ ORD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-11

Frente al reclamo de los derechohabientes del suscriptor de un plan de ahorro previo, fallecido, la administradora del plan no puede supeditar la prestación a su cargo -adjudicación del rodado- a la previa efectivización del seguro, pues ello implicaría erigir a la tangencial relación del suscriptor -o sus derechohabientes- con la compañía de seguros, en la piedra angular del negocio jurídico de que aquí se trata, colocando confusamente en un segundo plano la relación de la administradora con el suscriptor y sus derechohabientes, que es la que constituye la relación jurídica básica, en el caso.
Divorcio, testigos, hijos
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: AGUIRRE ALVARO JUAN c/ GUILLERMINA AMELIA SANCHEZ DE AGUIRRE s/ DIVORCIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-10-29

Las declaraciones inculpatorias de los hijos, tanto para desfavorecer a uno de sus progenitores, cuanto por la índole insolvente del propio vínculo de sangre ("Vínculos de la naturaleza", De La Colina, Der. y legisl. proc, T.II, p. 101, Ed.

Lajone 1916), son inadmisibles, inadmisibilidad impuesta por el ordenamiento objetivo en el art. 323 del C.P.C., en consonancia con el art. 40 de la C. Provincial, lo que excede las excepciones contenidas en el art. 324 del C.P.C..

Estas manifestaciones, no deben recepcionarse ni consignarse.
Responsabilidad del Estado, indemnización, derecho de propiedad, integridad del patrimonio
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Urundel del Valle S.A. c/ Estado Nacional (Poder Ejecutivo Nacional) s/ varios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-22

El fundamento de la responsabilidad estatal, dentro del estado de derecho, son la justicia y la seguridad jurídica, y la obligación de indemnizar es un lógico corolario de la garantía constitucional de la inviolabilidad de la propiedad, consagrada por los artículos 14 y 17 de la Constitución Nacional, principios estos aplicables al caso, en que habiéndose el sujeto conducido dentro del marco del ordenamiento jurídico se vio perjudicado por los cambios introducidos por la demandada (Confr. C.S.J.N. in re "Winkler, Juan León c/ Gobierno de la Nación s/ Indemnización por daños y perjuicios", sent. del 9/8/83; Fallos 305:1045). (Del voto del juez Gallegos Fedriani, cons. IX).