Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-08-13


Buenos Aires, 13 de agosto de 2008	Vistos: los autos indicados en el epígrafe, resulta:

1. Río Cuarto S.A. (en adelante, "RC") interpuso acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (en adelante, "GCBA") a efectos de que se ordenara rectificar y/o suprimir los datos e informes brindados por la Dirección General de Rentas consistentes en la existencia de una deuda tributaria ($50.258,02) en concepto de revalúo sobre el inmueble sito en Zelada 4938 de la Ciudad de Buenos Aires por los períodos fiscales comprendidos entre el 1/1/92 y el 31/12/96. La amparista manifestó que la deuda informada se encontraba cancelada y prescripta, por lo que el reclamo del Fisco vulneraba su derecho de propiedad.

Asimismo, la actora requirió el dictado de una medida cautelar de no innovar, a fin de que se ordenara a la escribana interviniente en una operación de compraventa sobre el inmueble indicado, que se abstuviera de ingresar las sumas retenidas a RC por la supuesta deuda, en las cuentas bancarias de la Ciudad.

2. En primera instancia, se rechazó la medida cautelar solicitada (fs. 18/20).

3. Apelado tal decisorio por la accionante (fs. 65/70 vuelta), la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad hizo lugar al recurso de apelación, revocó la sentencia apelada y concedió la medida cautelar (fs. 22/22vuelta). Así, los magistrados ordenaron a la escribana Nora V. Alpern de Pollack que en el caso que aún no hubiera depositado a favor del GCBA la suma retenida a RC, en el plazo de tres días la ingresara en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la orden del juzgado de grado y como perteneciente a los actuados principales.

4. Contra el pronunciamiento de la Cámara, el GCBA interpuso recurso de inconstitucionalidad (fs. 23/43 vuelta), que fue declarado inadmisible (fs. 45/46). Los jueces señalaron que la resolución cuestionada no era una sentencia definitiva ni podía ser equiparada a tal. Destacaron (fs. 45 vuelta) que "no se advierte ni se demuestra que el fallo ponga fin al pleito, impida su continuación o cause un agravio de imposible o insuficiente reparación por la decisión final que se dicte en la causa." Por otra parte, los camaristas rechazaron el planteo de arbitrariedad intentado por el demandado en el escrito de fs. 23/43 vuelta. Resaltaron que dicha doctrina es de carácter excepcional y que no puede fundarse en la mera disconformidad con la interpretación normativa efectuada por el tribunal recurrido.

5. Contra el auto denegatorio, el Gobierno dedujo el recurso directo que tramita en autos (fs. 48/59).

6. Al dictaminar, el Señor Fiscal General Adjunto propuso al Tribunal el rechazo de la queja por no dirigirse el recurso de inconstitucionalidad contra una sentencia definitiva (fs. 78/80 vuelta).

Fundamentos:

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

1. La queja de fs. 48/59 cumple con sus correspondientes requisitos de tiempo y forma. Sin embargo, no puede prosperar.

2. En efecto, el pronunciamiento de la Cámara atacado mediante el recurso de inconstitucionalidad cuya denegatoria motivara la presentación directa en examen, no constituye la sentencia definitiva a que se refiere el artículo 27 de la ley nº 402. Tal decisorio revocó la sentencia de primera instancia que había rechazado la medida cautelar solicitada por Río Cuarto S.A. en el marco de una acción de amparo.

Así, tal como tiene dicho el Tribunal respecto de recursos de inconstitucionalidad y de queja por denegatoria de tales recursos articulados contra decisiones que versan sobre medidas cautelares, " e s regla general que las resoluciones dictadas sobre medidas cautelares, ya sea que las acuerden, mantengan o denieguen, no son susceptibles de revisión por la vía del recurso de inconstitucionalidad, por no constituir sentencia definitiva (bastardilla en el original), excepción hecha cuando la denegatoria produzca un agravio que por su magnitud o características será de tardía, insuficiente o imposible reparación ulterior, caso en que corresponde equiparar estas decisiones a las sentencias de tal naturaleza" (in re: ´Agencia Marítima Silversea S. A. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Agencia Marítima Silversea s/ acción declarativa -incidente s/ medida de no innovar-', expte. nº 1516/02, resolución del 10/07/02, con cita de Fallos: 313:279, y de este Tribunal in re ´Clínica Fleming s/ art. 72 CC-incidente de clausura-apelación´, expte. n° 1215/01, resolución del 19/12/01). Por esa razón, corresponde a quien recurre una decisión que no es ´definitiva´ la carga de invocar y probar las circunstancias que permitan equipararla a tal, para que se justifique la intervención del Tribunal en este estado del proceso". (Del voto de la Dra. Ana M. Conde y del Dr. José O. Casás al que adhiriera con excepción del último párrafo del apartado 4 en el expediente nº 2570/03 "Covimet SA c/ GCBA s/ otros procesos incidentales s/ recurso de inconstitucionalidad concedido" y expediente n° 2641/03 "Covimet SA s/ queja por recurso de apelación ord. denegado en ´Covimet SA c/ GCBA s/ medida cautelar´").

En el escrito de fs. 48/59, el quejoso no consigue demostrar que la decisión de la Sala II le provoque un gravamen de imposible, tardía o insuficiente reparación ulterior que permitiera equiparar tal resolución a una sentencia definitiva.

En efecto, el Gobierno transcribe parcialmente una serie de fallos dictados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y por el Tribunal (fs. 51/54), pero no explica cuál es la similitud entre tales antecedentes y el caso en examen ni tampoco expresa por qué a su criterio dicha jurisprudencia debería aplicarse en autos.

Por lo demás, pese a los intentos del recurrente por fundar en qué medida la decisión cuestionada afecta la percepción de la renta pública, no se advierte cuál es el daño que le causaría al GCBA aguardar a la terminación del proceso de amparo para percibir la suma reclamada, en caso que no le asistiera razón a la accionante.

Por lo tanto, la ausencia de sentencia definitiva o equiparable define el rechazo de la presentación directa del GCBA.

3. Por lo expuesto, voto por rechazar la queja intentada.

El juez Julio B. J. Maier dijo:

Me adhiero al voto de la Sra. jueza de trámite, la doctora Alicia E. C. Ruiz, sin perjuicio de reiterar que mi criterio, desarrollado en múltiples fallos, es aún más estricto respecto del significado de "sentencia definitiva" (ver, por ejemplo, mis votos en "Jockey Club Argentino s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'GCBA c/ Jockey Club Argentino s/ ejecución fiscal - otros'", expte. n° 4590/06, resolución del 13/09/06; y "J. Walter Thompson Argentina SA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'J. Walter Thompson Argentina SA c/ GCBA s/ medida cautelar'", expte. n° 4629/06, sentencia del 20/09/06, entre múltiples otros casos).

El juez José Osvaldo Casás dijo:

1. Adhiero a la solución propuesta en su voto por la señora jueza de trámite doctora Alicia E. C. Ruiz. Así, entiendo que, aunque interpuesta en tiempo oportuno y debida forma (art. 33, ley n° 402), la queja no puede tener acogida favorable, y propicio su rechazo por ausencia de un presupuesto esencial para su admisibilidad. En efecto, como ya lo ha señalado reiteradamente este Tribunal en los diversos pronunciamientos de que da cuenta el referido voto, las resoluciones dictadas sobre medidas cautelares no constituyen, por regla general, sentencia definitiva en los términos del art. 27 de la ley nº 402.

2. Por lo demás, cabe señalar que el recurrente no ha logrado acreditar que el decisorio atacado -más allá de su acierto o error- le genere un gravamen que le cause un perjuicio inminente de imposible reparación ulterior -excepción que permitiría equiparar la resolución a definitiva e incitar la intervención del Tribunal en este estado del proceso-, más aún cuando a tenor de las manifestaciones de la amparista, contenidas en la pieza en que promueve la acción, interpuesta el 29 de septiembre de 2006, "la deuda supuestamente existente es por los períodos fiscales desde 01/01/1992 a 31/12/1996, por un importe de $. 10.492,28, cuyo monto actualizado es de $ 50.259,02"(cfr. fs. 1 vta.). Es que, en el caso, no basta para admitir la queja por recurso de inconstitucionalidad denegado la genérica invocación de preceptos de tal índole o el gravamen que implicaría la postergación en el tiempo de la percepción de créditos fiscales (cfr. fs. 26 vta., donde puede leerse: "Con la decisión de la Sala II se posterga el interés general de la comunidad de la Ciudad de Buenos Aires y se privilegia el interés particular de una empresa de origen privado"), dilación que, por lo demás y tal como se consigna en el pronunciamiento atacado, solo se dará "por el breve plazo del trámite de esta acción de amparo" (v. fs. 22 vta.) y, más aún, cuando los planteos efectuados, al menos para la Cámara, resultaron suficientes para acreditar el fumus boni iuris -apariencia de buen derecho- en cabeza de la amparista y obtener, por tanto, la medida cautelar solicitada.

3. Por las razones antecedentes y los argumentos brindados en su voto por la señora jueza de trámite, corresponde rechazar el presente recurso de queja.

Así lo voto.

El juez Luis Francisco Lozano dijo:

1. Las medidas cautelares no revisten, por regla, el carácter de sentencias definitivas exigible para la procedencia del recurso de inconstitucionalidad. Sin embargo, en el caso que nos ocupa podría verse configurado un supuesto de excepción, porque la decisión cuestionada entorpece la normal percepción de la renta pública (cf. mi voto en "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado" en: "GCBA c/ Sr. Propietario partida 1535137 s/ ejecución fiscal", expte. nº 3293/04, sentencia del 30 de marzo de 2005 y para casos análogos, CSJN, in re "Fisco Nacional c/ Pemihual S.R.L. s/ ejecución fiscal", sentencia del 21 de Octubre de 2003).

2. A su vez, el examen de la queja junto al de las copias aportadas al legajo sugiere que el a quo omitió explicar adecuadamente cuál sería la relación instrumental que guarda la medida cautelar otorgada -que dispone sobre importes retenidos en la operación inmobiliaria allí identificada y manda depositarlos en el Banco Ciudad de Buenos Aires, a la orden del Juzgado que interviene en los autos principales- con una acción de amparo orientada a que se rectifiquen o supriman los datos e informes brindados por la Dirección General de Rentas consistentes en la existencia de una deuda por diferencias en el pago de ABL.

Aunque la accionante sostiene, dicho ello siempre con la limitada base indicada en el párrafo anterior, que la deuda informada se encontraría cancelada y prescripta (fs. 1), ella misma afirma que no ha pedido en autos la declaración de prescripción (fs. 72 vuelta), y tampoco aclara qué efectos proyectaría su pretensión principal en relación con la estabilidad del acto que habría determinado la deuda en cuestión (fs. 17). Por su parte, la decisión de la Cámara omite despejar tales puntos, así como explicar por qué estimó que "la prueba colectada en autos no puede considerarse concluyente para resolver la cuestión de fondo debatida, pero, sin embargo, se presenta como suficiente para conceder la cautelar requerida" cuando la sentencia de primera instancia había dicho que "resulta imposible determinar si las posiciones debidas se encuentran canceladas" porque "no es factible establecer que las cuotas presumiblemente abonadas respondan a las posiciones adeudadas e incluidas en los planes mencionados, en atención a que éstos no han sido incorporados a los presentes actuados" (fs. 19 y 22).

En tal contexto, la medida cautelar no aparece vinculada con la protección de lo que, por lo menos a esta altura del proceso, podría identificarse con el ámbito propio de la sentencia de fondo de este amparo.

3. Un pronunciamiento acerca de estos puntos demandaría, normalmente, requerir los autos principales antes de resolver el recurso del GCBA, pero en tanto mi voto constituye, conforme al resultado que surge del acuerdo, una posición de minoría, carece de sentido práctico avanzar en la línea anunciada cuando ya se han emitido votos suficientes para rechazar la queja articulada por la parte demandada. Así voto.

Por ello, de acuerdo con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General Adjunto, por mayoría, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Rechazar la queja interpuesta por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

2. Mandar que se registre, se notifique y, oportunamente, se remita el principal con la queja.

La jueza Ana María Conde no vota por estar en uso de licencia.