Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-12-02


EXPEDIENTE n° 21.844 "YANZON Carlos Enrique - Sucesorio S/ Sentencia Definitiva (Exclusión del Cónyuge Supérstite - Iniciado por la Sra. Mónica Cristina Castaño).

En la ciudad de San Juan, a 02 días del mes de diciembre del año dos mil catorce, reunidos en la SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINERÍA, los Dres. GILBERTO A. RIVEROS, PASCUAL E. ALFERILLO y JUAN JOSÉ VICTORIA, a fin de celebrar acuerdo sobre el recurso de apelación que se interpusiera a fojas sub 56, contra la sentencia interlocutoria, recaída en autos N° 21.844 (126693/1 - 3° CIVIL), caratulados: "YANZÓN, CARLOS ENRIQUE - SUCESORIO - EXCLUSIÓN DE CÓNYUGE SUPÉRSTITE", dictada en fecha veintitrés del mes de setiembre del año dos mil trece, obrante a fs. sub 46/50, de estos autos originarios del Tercer Juzgado en lo Civil, Comercial y Minería, recurso que una vez concedido tuviera debida sustanciación, fijadas ulteriormente las cuestiones a considerar en el orden que sigue:

1ra. CUESTIÓN: ¿Es justa o adecuada a derecho la sentencia venida en recurso? 2da. CUESTIÓN: En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde en definitiva? 1ra. CUESTIÓN: El Dr. GILBERTO A. RIVEROS, dijo:

Los autos del rubro, "YANZÓN CARLOS ENRIQUE - SUCESORIO - EXCLUSIÓN DE CÓNYUGE SUPÉRSTITE" vienen a estudio por recurso que interpuso la Sra. Olga R. Conde contra la sentencia del 23-09-13, en la cual el Juez a-quo dispuso hacer lugar a la excepción de falta de legitimación activa opuesta por la apelante; e impuso las costas de la presente resolución por el orden causado, y regula honorarios a los profesionales intervinientes.- El caso: se origina cuando la Sra. Mónica Cristina Castano, invocando calidad de concubina del causante Carlos Enrique Yanzón, procura excluir de la condición de heredera a Olga Reducinda Conde. Esta última acusa falta de legitimación activa en la demandante porque la concubina no es heredera y carece de vocación hereditaria.- El Juez hizo lugar a dicha defensa; pero cuando se pronuncia sobre las costas las impone en el orden causado, considerando que es una solución justa toda vez la actora pudo verse con derecho a iniciar la presente acción por las particularidades del caso y sobre la base de una convicción razonable acerca del derecho pretendido.

Los Agravios: Están expresados a fs. sub 59. Se queja la recurrente porque el juez distribuye las costas en el orden causado, cuando ha rechazado la excepción que interpuso la demandante; que resultó perdidosa, sin que pudiera verse con derecho a iniciar la presente acción, ni tener convicción razonable acerca del derecho pretendido. Que es inadmisible el fundamento expresado por el sentenciante para apartarse del criterio objetivo de derrota. Respecto al derecho el juez expresó que "Por tanto, cabe preguntarse si la concubina está legitimada para hacer cesar la vocación hereditaria y por lo tanto excluir de la herencia a la cónyuge supérstite en caso de vivir los esposos separados de hecho sin voluntad de unirse. La respuesta es no: ..." Sigue describiendo los sujetos activos que pueden demandar de exclusión de herederos. En consecuencia, que revisten la condición de sujetos activos los herederos; los legatarios; el Fisco o a los acreedores de los sucesores legitimados por vía de subrogatoria.- Dice que por tales fundamentos la concubina jamás pudo creerse legitimada para excluir a la cónyuge supérstite como heredera.- Tampoco se da una convicción razonable cuando la sentencia dice que " ... la excepcionada pretende excluir a la cónyuge supérstite con dos fines: uno, el de obtener el cobro de pensión y el segundo, obtener el cobro de las sumas adeudadas al causante en concepto de haberes devengados. ....--- De la norma ut-supra expuesta se concluye que el trámite de exclusión de la cónyuge supérstite por la concubina a los fines de obtener el 100% de la pensión es especial y administrativo, debiendo acreditarse en dicha instancia el supuesto en el que basa la exclusión. Tal facultad de formular el planteo no deriva de su título de heredera, pues como se dijo no lo es, sino de su calidad de beneficiaria al derecho de pensión .....Respecto al segundo tema, ésto es pretender el cobro de los haberes pendientes, tampoco tiene legitimación para iniciar la acción de exclusión por cuanto dichas sumas forman parte del acervo hereditario y la concubina, al no tener derechos hereditarios, no tiene derecho a percibirlos. .... En base a lo expuesto, la concubina carece de legitimación sustancial activa para iniciar la acción de exclusión de la herencia de la cónyuge supérstite, razón por la cual la excepción deducida debe prosperar...".- No se observa circunstancia alguna que permita apartarse del criterio objetivo de derrota; más teniendo en cuenta los argumentos dados por el sentenciante para admitir la excepción de falta de legitimación. Imponer las costas por su orden viola la garantía de defensa en juicio porque debe afrontar injustamente los gastos que le irroga la defensa.- Estos agravios son contestados a fs. sub 64.- Tratamiento de los agravios:

Entiendo que el recurso va a prosperar en tanto nos enfrentamos a un pronunciamiento carente de fundamentos y por tanto nulo el acto jurisdiccional que define la imposición de costas.- Es que el Juez, luego de explayarse respecto al tema principal y decidir el progreso de la excepción de falta de legitimación haciendo lugar a dicha defensa, se ocupa de las costas que impone en el orden causado, y al tiempo de explicar el motivo por el que así lo hace dice que lo considera justo porque: - la actora pudo verse con derecho a iniciar la presente acción sobre la base de una convicción razonable acerca del derecho pretendido; y ello por las particularidades del caso.- El razonamiento es escueto, sin cumplir los requisitos que la ley, en consonancia con la doctrina y jurisprudencia, demandan para que tenga validez la decisión del juez que se aparta del principio rector - fijado legalmente - que es que van a pesar sobre el vencido como una forma de mantener incólume el patrimonio de quien fue obligado a asumir los costos de un proceso judicial.

Cierto es que el mismo código Procesal prevé la posibilidad que el juez resuelva quien va a soportar las costas sin atender la calidad de vencido; pero para que ello sea válido es menester expresar - bajo pena de nulidad, art. 66 in fine, Cód. Proc. Civil - los motivos que sustentan esa decisión; por lo que no es suficiente expresar que "por las particularidades del caso ", o que una parte "pudo verse con derecho a iniciar la presente acción", o "que tenga una base razonable del derecho pretendido" sin consignar cuáles son tales particularidades; y en su caso cómo constituían o creaban una situación ambigua, compleja, no prevista legislativamente, o producto de un cambio de doctrina, etc.

La falta de mención expresa de tales circunstancias y particularidades va a nulificar esta parte del fallo desde que implica una afectación del derecho de defensa ya que la parte que se siente perjudicada está impedida de conocer cuáles fueron las causas objetivas que formaron la convicción (subjetiva) del juez para sentenciar apartándose del principio legal.

Esa ignorancia - impuesta por la falta de mención de los elementos considerados, y el argumento del juez - conlleva a no poder rebatirlos, ni a mostrar un eventual error, ni formular una crítica concreta como lo requiere el art. 253 del C.P.C..

Por tal déficit voy a propugnar declarar nula la decisión respecto a la imposición de costas.

Sentado ello, y conforme lo prevé el art. 264 bis del C.P.C. paso a pronunciarme sobre la carga de las costas; y en esta labor considero que es válido imponerlas siguiendo el principio objetivo de derrota.

Las particularidades del caso imponen esa solución teniendo en cuenta que conforme lo ha desarrollado el juez a-quo al tratar el tema principal, la actora carece de una calidad esencial para el planteamiento de la pretensión esbozada en el escrito de demanda, como es la de ser heredera; u ocupar otro rol que le diera acción para reclamar un pronunciamiento jurisdiccional sobre su petición.

No tiene tal condición, ni la logra por la circunstancia de haber convivido con el fallecido; no hay sentencia firme de divorcio del causante, y la legislación es terminante en definir la aptitud para procurar la exclusión de heredero. Así lo ha dicho el juez a-quo "no existe norma alguna que autorice a apartarse del régimen sucesorio establecido en la ley civil en el art. 3410. Siendo así, es de señalar que dicho cuerpo legal no contempla entre los herederos legítimos (art. 3280 ibidem) a otros que no sean los ascendientes, descendientes o cónyuge, por lo que cabe negarle legitimación a la concubina...".

De ello que resulta contradictorio por un lado esta afirmación, contundente y pegada al texto legal, y por otro decir que por las particularidades del caso la actora pudo verse con derecho a iniciar la presente acción sobre la base de una convicción razonable acerca del derecho pretendido.

Es que la ley procesal, cuando faculta al Juez para apartarse del principio objetivo de derrota - en base a que el litigante pudo sentirse con derecho a promover el pleito - requiere más que la constante convicción de todo el que acude a los estrados judiciales para lograr la satisfacción de un derecho. De hecho este sentimiento es general.

Lo que requiere la ley es que se den circunstancias objetivas, puntuales, y precisas que demuestren la conformación de un eximente; y que así las exprese el juez en el fallo, cosas que en el supuesto que nos ocupa no ocurre.

En mérito a ello, voto por declarar nula la parte del fallo que se refiere a la imposición de costas.

En su lugar imponer las costas de primera instancia a cargo de la vencida.

Las costas de segunda instancia se imponen a la parte recurrida, por su calidad de vencida.

Respecto de los honorarios correspondientes a la Dra. María Cristina Naveda, por la labor de segunda instancia, en calidad de vencedora, y teniendo en cuenta el alcance del recurso, que versó respecto del monto de las costas que debía soportar su defendida, es que entiendo prudente fijarlo en la suma de $ 300; y los de la Dra. María Valeria Pereyra, en $ 200.; fijando los honorarios en el 2 % (incidente).

Así voto.

El DR. PASCUAL EDUARDO ALFERILLO, en disidencia dijo:

No resultando necesario el relato de los antecedentes de la causa dada la prolijidad del voto que me ha precedido que pone en autos y define correctamente el thema decidendum, anticipo que confirmaré la sentencia en la parte puesta en crisis que es la imposición de las costas por el orden causado.

En ese sentido, en el Código Civil Español existe una norma, el art. 3, que impone expresamente a los jueces resolver los conflictos teniendo en cuenta la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas. Este mandado de la ley española, de igual modo está vigente en nuestro plexo normativo, donde se protegen los intereses no contrarios a derecho y están en plena vigencia los principios de los Tratados sobre los Derechos Humanos suscriptos por la Argentina, incorporados a rango constitucional en el art. 75 inc. 22.

En ese sentido no se puede desconocer la doctrina y la jurisprudencia que le concedió legitimación, primero, para reclamar el daño material en caso de muerte del concubino al compañero y, posteriormente, se le reconoció que tenía también facultades para reclamar el resarcimiento del daño moral porque el art. 1078 del Código Civil con su limitaciones era inconstitucional.

No se puede desconocer que las leyes provisionales le reconocen derechos a los concubinos.

Y todo ello, porque para que una pareja pueda invocar su calidad de concubinos deben acreditar una serie de requisitos que es par conditio con un matrimonio sin haber celebrado el acto de casamiento, por impedimento o decisión voluntaria, ante la autoridad civil.

Va de suyo que pretender la exclusión de la esposa como heredera, no es una irracionalidad jurídica cuando se acredita la no convivencia de la misma con el fallecido.

En ese sentido, la doctrina judicial ha sostenido que "la demanda por exclusión de la herencia interpuesta por la concubina y los hijos del causante contra la cónyuge de éste resulta procedente en tanto las constancias del proceso permiten presumir que, al momento del deceso, los cónyuges se encontraban separados de hecho de común acuerdo y sin voluntad de unirse, y no se ha producido prueba que demuestre la culpa del fallecido en la separación. (Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Santa Fe, sala I, "M.L.O.y.o. c. A.M.C.", 07/11/2012, LLLitoral 2013 (mayo), 453, AR/JUR/68691/2012).

En el mismo sentido, "el cónyuge supérstite que se encontraba separado de hecho del causante al momento de su muerte no puede ser declarado heredero, pues, en materia sucesoria la regla es que, ante tal circunstancia fáctica, aquél pierde la vocación sucesoria, sin perjuicio del derecho de demostrar su inocencia por la vía ordinaria pertinente". (Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Contencioso administrativo de San Francisco, F.M.A., 02/10/2012, La Ley Online AR/JUR/70965/2012).

De igual modo, "la cónyuge supérstite debe ser excluida de la declaratoria de herederos, si al inicio del proceso sucesorio admitió haberse encontrado separada de hecho del causante sin voluntad de unirse en forma ininterrumpida, y no aportó elementos para probar que hubiera sido inocente o no hubiera dado causa a la ruptura". (Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Azul, sala II, O., Z. A. c. P., N. N. s/incidente exclusión heredero, 30/08/2012, DFyP 2013 (noviembre), 155 con nota de Javier Hernán Moreyra, AR/JUR/43333/2012).

Para mayor claridad conceptual del nuevo criterio hermenéutico, en el cual se justifica la distribución de las costas por su orden, vale transcribir que "la cónyuge supérstite que sin justificación alguna hizo abandono del hogar conyugal cuando los hijos del matrimonio eran pequeños, cortando todo contacto con todos ellos durante aproximadamente treinta años, debe ser excluida de la sucesión del causante, pues al ser quien quebró el deber de cohabitación de manera permanente, es culpable de la separación (Cámara 1a de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributario de San Rafael, A.L.y.o., 05/07/2011, AR/JUR/42444/2011); "la esposa del causante en segundas nupcias debe ser excluida de la herencia de éste, si se acreditó que se encontraban separados de hecho al momento de su fallecimiento, y aquella no probó la existencia del maltrato que alegó como causal de ruptura, a lo que puede agregarse que la complicada enfermedad de aquél no es causa suficiente para dispensar el deber de convivencia". ( Cámara 1a de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributaria de Mendoza, Z., G. E. y otro c. A., G. N., 09/11/2010, DFyP 2011 (mayo) , 164 con nota de Graciela Medina, AR/JUR/76675/2010); "corresponde excluir al cónyuge supérstite de la sucesión de su esposa si, durante su grave enfermedad, ella fue asistida por terceras personas en los quehaceres domésticos y en la compra de remedios, pues dicha circunstancia sumada a la interrupción de la convivencia permite afirmar que, al momento del fallecimiento de la causante, ambos se encontraban separados de hecho, y el cónyuge supérstite no ha logrado demostrar que hubiere sido aquélla quien dio motivos a esa desunión". (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala A o B., C. X. y otro c. S. A. E. y otro, 06/05/2009, LA LEY 31/03/2010 , 5 con nota de Néstor E. Solari, LA LEY 2010-B , 537 con nota de Néstor E. Solari, DFyP 2010 (mayo), 128 con nota de Alejandra Massano; Eduardo G. Roveda, DFyP 2010 (abril) , 126 con nota de Graciela Ignacio, R/JUR/15209/2009), entre otros.

Como se colige, la concubina pudo, frente al quiebre de las hermenéuticas rígidas, creerse con derecho a la acción intentada, razón por la cual encuentra justificación la imposición de las costas por su orden.

Este cambio de criterio que en general se percibe en el ámbito del régimen del matrimonio y sucesorio entre los cónyuges fue muy tenido en cuenta por este tribunal en los autos N° 21.299 "N. V. y C. G. E. - Incidente de Ejecución de Convenio", 31 mayo 2012, (L. de A. T° 183, F° 101/104), donde se dijo que el orden público no se quiebra en las cuestiones patrimoniales y se autorizó la disolución de la sociedad conyugal aún cuando no se había disuelto el vínculo matrimonial.

Por ello voto por la confirmación del fallo en cuanto a la decisión de imponer las costas por el orden causado.

El DR. JUAN JOSÉ VICTORIA, dijo:

También me remitiré al prolijo relato de los antecedentes que informan el caso, ahora traído a decisión de esta Cámara de Apelaciones.

No dudo que debe resolverse la imposición en costas a partir del progreso de la excepción de falta de legitimación activa opuesta por la demandada.

En este orden, no pretendo desconocer la realidad social del tiempo en que se aplican e interpretan las normas que resultan aplicables a un caso concreto; pero sí debo advertir que estamos frente a una cuestión de neto corte procesal.

Es que entiendo que no es una cuestión sometida a este debate, la inocencia o no del cónyuge superstite, o los derechos sustanciales reconocidos a la conviviente por leyes especiales (ley 24.241); o la legitimación para reclamar "daños"; sino la aplicación de la ley formal respecto del apartamiento - o no - del principio objetivo de la derrota consagrado en el art. 66 del código de rito.

Con ese norte, fácil es colegir que el A-quo resuelve de manera contundente y con apego a la ley al referir - verbigracia - el "derecho a pensión" (especial y administrativo), dejando así sentado el yerro en la acción intentada.

Por ello y con fundamento en lo dispuesto por el art. 66 del C.P.C. juzgo la ausencia de ese mérito para eximir total o parcialmente de costas al vencido, pues prospera la excepción deducida como defensa por la accionada.

En consecuencia, adhiero a la resolución que dispone la admisión del recurso de apelación, conforme lo propone el Magistrado votante en primer término.

2da. CUESTIÓN: El DR. GILBERTO A. RIVEROS, dijo:

En mérito a la votación mayoritaria que antecede corresponde: Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto, en consecuencia declarar nula la parte del fallo que se refiere a la imposición de costas. En su lugar imponer las costas de primera instancia a cargo de la vencida. Las costas de segunda instancia se imponen a la parte recurrida, por su calidad de vencida. Respecto de los honorarios correspondientes a la Dra. María Cristina Naveda, por la labor de segunda instancia, en calidad de vencedora, y teniendo en cuenta el alcance del recurso, que versó respecto del monto de las costas que debía soportar su defendida, se fija en la suma de $300; y los de la Dra. María Valeria Pereyra, en $ 200.-, fijando los honorarios en el 2 % (incidente).

Los Dres. PASCUAL ALFERILLO y JUAN J. VICTORIA, dijeron:

Por iguales razones, votamos en el mismo sentido.

Por ello, y la disidencia efectuada, EL TRIBUNAL POR MAYORÍA RESUELVE:

Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto, en consecuencia declarar nula la parte del fallo que se refiere a la imposición de costas.

En su lugar imponer las costas de primera instancia a cargo de la vencida.

Las costas de segunda instancia se imponen a la parte recurrida, por su calidad de vencida.

Respecto de los honorarios correspondientes a la Dra. María Cristina Naveda, por la labor de segunda instancia, en calidad de vencedora, y teniendo en cuenta el alcance del recurso, que versó respecto del monto de las costas que debía soportar su defendida, se fija en la suma de $ 300; y los de la Dra. María Valeria Pereyra, en $ 200.-, fijando los honorarios en el 2 % (incidente).

Protocolícese, notifíquese en debida forma, y bajen los autos al Juzgado de origen.

PROTOCOLO: L. de A ; T° II-2014; F°178/184; FECHA:3 de diciembre de 2014 DRES.RIVEROS-ALFERILLO-VICTORIA