Empleados públicos, acción de amparo, medida de no innovar, gravamen actual
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Alaniz, Rubén y Otros c/ Municipalidad de la Ciudad de Tinogasta s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-06-26

Comparecen los actores invocando el carácter de empleados de la Municipalidad de Tinogasta, por intermedio de letrado patrocinante, incoando acción de amparo en contra del citado municipio.

El Decreto que cuestionan es "una simple declaración unilateral de lesividad a los intereses municipales., para acudir a la Corte de Justicia en el marco del Art.32 del CPA por la declaración de nulidad por ilegitimidad de los instrumentos que los incorporan a planta permanente"(sic).

En definitiva solicita medida de no innovar, y que se ordene la suspensión del acto atacado, con costas. Este Superior Tribunal ha sentado doctrina legal al respecto, estableciendo que la acción de amparo debe reputarse como una acción independiente, que concentra en un proceso toda la materia de base constitucional, derecho de propiedad en sentido lato, no subordinada a ningún proceso previo como condición de admisibilidad de la misma, imponiéndose como requisito inexcusable para su viabilidad la inexistencia de otra vías legales, en cuanto no basta la existencia de otro remedio judicial para declarar la inadmisibilidad de la acción, sino que éste debe ser idóneo para la protección de los derechos y garantías reconocidos por el ordenamiento constitucional, siempre que aparezca en forma clara y manifiesta la ilegitimidad de una restricción a los derechos y garantías enunciados por la constitución.

Que dicha exigencia en el acto que se reputa lesivo, tiende a la comprobación fácil y rápida de la lesión consumada por el acto u omisión arbitraria o ilegal, tanto en la aportación de las pruebas por las partes como en la apreciación por el sentenciante, exigiendo que el acto objeto de análisis demuestre en su primera apariencia y sin necesidad de amplio debate ni controversia, la violación grosera del derecho individual del amparista.

Esta exégesis condice con la exigencia impuesta por el rito en su Art.1, por cuanto es necesario hacer conocer al Tribunal, como condición inexcusable, el acto u omisión de autoridad pública, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, determinados derechos constitucionales de los amparistas, requisito obviado en el escrito introductorio al no acreditar tales extremos, sino por el contrario mediante una mera retórica de violación a derechos de superior jerarquía, se pretende la apertura de esta vía de excepción.

Esta aserción encuentra fundamento en las propias manifestaciones de la parte, "explicitando que fueron incorporados a planta permanente mediante Decretos MT Nº025/11 de fecha 30/05/11 y Decreto Acuerdo MT Nº07/2011 de fecha 02/12/11, instrumentos por los cuales continúan la relación laboral, después de prestar servicios como contratados, algunos con una antigüedad mayor a dos años".

Es decir, expresamente se reconoce que los actores continúan vinculados con el Municipio demandado mediante una relación de empleo público, ergo, no se ha lesionado derecho constitucional alguno, que les otorgue acción en justicia para revisar el acto administrativo.

Por ello, corresponde declarar manifiestamente inadmisible la acción de amparo interpuesta, con costas.