marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Beneficios previsionales, pensiones, concubinato
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Zanichelli, María Luisa c/ ANSeS s/ pensiones.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-03

El goce de la pensión por la mujer que convivió con el causante en concurrencia con la viuda separada de hecho, deriva de una razonable interpretación de la ley 23.570; la inclusión de un beneficiario que no desplaza al anterior con beneficio acordado, sino en el porcentaje legal -50%-, resulta justa y coherente con el principio de solidaridad social y la finalidad de protección integral de la familia del art. 14 bis de la Constitución Nacional, sin mengua de derechos adquiridos.
Acción de inconstitucionalidad, cuestión abstracta
Materia: CIVIL
Carátula: DE LA RUA PABLO ALFONSO Y PULVET DE SANCHEZ MARTA CAROLINA c/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA s/ JUICIO POR INCOSNTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-10-15

Los jueces sólo están en condiciones de pronunciarse sobre el contenido de la relación procesal mientras se mantenga una real interés del accionante.Aunque la causa de una pretensión haya podido presentarse inicialmente como concreta es factible que, con posterioridad, se torne abstracta como consecuencia de la variación de las condiciones constitutivas del objeto de la decisión jurisdiccional perseguida.En tales supuestos la cuestión articulada no constituye materia de decisión judicial al no subsistir las condiciones indispensables para que el Tribunal se pronuncie
Costas, expropiación, ejecución de sentencia, embargo, pago
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: ESTADO    NACIONAL  ARGENTINO  (SECRETARIA  DE  ESTADO  DE  JUSTICIA) c/ LAS PALMAS DEL CHACO AUSTRAL  S.A. s/ RECURSO  ORDINARIO  DE  APELACION  -  DEMANDAS  CONTRA  EL  ESTADO  -  SENTENCIA  -  EJECUCION  - EXPROPIACION - MONTO DE LA INDEMNIZACION -  ABUSO DEL DERECHO - BUENA FE
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-05-15

La ejecución promovida para obtener el pago del saldo adeudado por el actor que derivó en un nuevo embargo sobre fondos del Ministerio de Salud y Acción Social y que terminó al darse en pago dicho importe, justifica imponer costas al Estado Nacional en cuanto a ella respecta.
Prescripción, caducidad
Materia: CIVIL
Carátula: A., R.M. c/ A.N., W.J. y Otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-02-27

"La caducidad se considera purgada sólo si después de vencido el término previsto en la ley, se ha producido un acto útil, éste ha sido notificado por cédula y la parte lo ha consentido, no denunciando oportunamente la caducidad".
Prenda comercial, prenda con registro, subasta judicial
Materia: COMERCIAL
Carátula: DANIEL BERENSTEIN c/ TROIANI  -  SOCIEDAD  DE  HECHO  DE  ROBERTO AQUILES REYNALDO Y OTROS s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-10-07

El principio de indivisibilidad de la prenda no se conculca por la posibilidad de que los bienes asiento de la garantía sean subastados en lotes, pues ello es factible cuando la naturaleza de los bienes lo autoriza y no causa perjuicio al acreedor. El principio de indivisibilidad no se afecta por cuanto la amortización parcial de la deuda no extingue del mismo modo la garantía, desde que no es factible exigir la cancelación parcial de la prenda.
Administración Pública, acto administrativo, nulidad de oficio, recurso de reposición (procesal)
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GONZALEZ PALICIO, VICTOR ANTONIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  N. 214-84)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-07-03

La doctrina mayoritaria sostiene que la anulación de oficio de un acto administrativo es una forma de autotutela de la Administración Pública, en cuanto tiene la finalidad de sustraerla de las consecuencias dañosas de sus propios actos ilegítimos, cuya disposición es expresión de una facultad, siendo, por otra parte la única constitutiva de expresión de autotutela en este ámbito. Por ser facultad la Administración Pública puede ante un acto ilegítimo, anularlo o mantenerlo eliminando el vicio, esto último mediante la convalescencia a través de los institutos de la convalidación, ratificación o saneamiento, porque nuestro ordenamiento está informado, especialmente en cuanto que el acto inválido produce efectos mientras no sea removido al gozar de presunción de legitimidad, por el principio de "la conservación de los valores jurídicos" en el que, generalmente no se ha reparado; el principio aludido surge también, implícitamente, de todas aquellas disposiciones que establecen que un acto administrativo no recurrido en tiempo oportuno, tanto en sede administrativa como jurisdiccional, adquiere firmeza, razón por la cual en principio, no puede ser más discutido.
Daño material, daño moral, daño psíquico
Materia: CIVIL
Carátula: GODINO  DE  MASTRICOLA  LILIANA  DEL  VALLE c/ ESTADO  NACIONALMINISTERIO  DE  DEFENSA  EJERCITO  ARGENTINO s/ accidente en elambito militar y fzas. de seg.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-09-01

En cuanto al daño psíquico, debo en primer término recordar que la línea jurisprudencial de esta Cámara sostiene, como regla general, que las alteraciones de índole psíquica no constituyen una categoría autónoma en relación al daño material o al daño moral, pues la incapacidad que se invoca bajo esta denominación proyecta su influencia tanto en una u otra esfera o en ambas a la vez. En efecto, en la mayoría de los casos, él puede traducirse en un daño material por importar una limitación o restricción a la capacidad de desarrollar actividades generadoras de riquezas; también es un modo específicamente determinado de sufrimiento que se experimenta en el plano moral y que, por ende, exige ser indemnizado (conf. Sala II, causa 12371/94 del 4/04/95; Sala III, causa 3698/97 del 2/03/00; causa 29.969/95 del 22/04/03; causa 2388/97 del 12/12/03; causa 9.518/00 del 24/02/05).
Recurso extraordinario, reserva de la cuestión federal, oportunidad procesal, defensa de la competencia
Materia: COMERCIAL - PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: ASOCIACION ARGENTINA DE ANESTESIOLOGIA s/ DEFENSA  DE  LA  COMPETENCIA.  SANCIONES ADMINISTRATIVAS. PROCEDENCIA  DEL RECURSO EXTRAORDINARIO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-08-08

La exigencia del planteo del caso federal, a los efectos de la procedencia del recurso extraordinario, no rige en el supuesto de la discusión del alcance de normas federales -en el caso, ley de defensa de la competencia- si la decisión apelada resuelve el caso según la inteligencia que les asigna, razón por la cual la tardía introducción de la cuestión federal que suscitaría la interpretación de los arts. 1ro. y 2do. de la ley 22.262 en función de lo que ésta dispone en su art. 5to. no obsta a la habilitación de la instancia extraordinaria.
Extinción del contrato de trabajo, subsistencia del contrato
Materia: LABORAL
Carátula: M., J.E. c/ C., S.M. SA y S., S.M. SA y/o Quien Resulte Responsable s/ Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-12-19

No todo incumplimiento constituye causa justa de denuncia del contrato de trabajo, sino aquel que asuma una magnitud suficiente como para desplazar del primer plano el principio de conservación del contrato de trabajo regido por el artículo 10 de la LCT.
Sentencia, fundamentación de sentencias
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Falconnat, Roberto Noel c/ Altamar S.R.L. y otros s/ Consignación de alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-03-01

No es censurable y menos implica infracción legal que la Cámara reproduzca consideraciones del juez de primer grado.
Jurisprudencia internacional, torturas, daño psíquico, daño a la salud moral o física, prueba, daño inmaterial, privación ilegal de la libertad, REPÚBLICA ARGENTINA, responsabilidad internacional del Estado, violación de derechos humanos, Pacto de San José de Costa Rica, Corte Interamericana de Derechos Humanos
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Bayarri c/ Argentina s/ Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2008-10-30

Atento jurisprudencia constante de la Corte Interamericana, resulta evidente y no requiere prueba el daño inmaterial cuando es consecuencia del padecimiento de torturas, en el marco de una prisión preventiva excesiva -por el término de trece años-, sufriendo la demora en el esclarecimiento de los hechos imputados -tal como sucedió en el caso en que se declaró la responsabilidad internacional del Estado Argentino por violación a la Convención Americana-, pues hace a la naturaleza humana que toda persona sometida a torturas experimente un profundo sufrimiento, angustia, terror, impotencia e inseguridad, cuya prueba no puede ser requerida.
Competencia, jueces naturales
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Aitor S.A. c/ Garay Nestor Oscar y otros s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-02-10

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 3° del CPC, las cuestiones litigiosas que se susciten en una causa ya radicada ante determinado juez, necesariamente deben ser resueltas por éste. (Minoría u opinión personal)
Cheque sin fondos, interpelación, plazo, cómputo del plazo
Materia: PENAL
Carátula: ELORTEGUI, ROBERTO FRANCISCO s/ Cheque sin fondos Causa 26394
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-13

Intimar significa prescribir a una persona a que haga algo, y conforme el medio documentado elegido por el tenedor esto recién puede producirse al momento de la recepción de despacho en el domicilio al que sea dirigido y no antes, hasta tanto la carta documento no es entregada en destino no existe interpelación posible, sino sólo un paso previo, encaminado sí a su concreción, pero irrelevante a los fines penales. Lo contrario importaría sostener que la sola imposición en la oficina de correos de la pieza postal pertinente comporta un correcto reclamo, o la comunicación de la falta de pago, con prescindencia de la suerte que pudiera correr en definitiva la misiva. (Del voto del Dr. Roldán).
Sentencia arbitraria, prueba, debido proceso, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: VARGAS, TEODOCIO s/ QUEJA POR REC. DE INCONST. DENEGADO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2005-03-07

La causal de arbitrariedad por prescindencia del texto legal requiere la demostración de un apartamiento palmario de la solución legal aplicable al caso o una decisiva carencia de fundamentación en el pronunciamiento impugnado.

Sólo se configura violación a la garantía del debido proceso cuando hay una grave privación o restricción del derecho de defensa en juicio.
Ley vigente, insuficiencia del agravio, uber
Materia: COMERCIAL
Carátula: Aranguren Ortega, Joel Rafael s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Aranguren Ortega, Joel Rafael sobre 6.1.47 - requisitos de los vehículos de transporte de pasajeros c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-09-29

La normativa estimada aplicable por los jueces de la causa permite individualizar claramente el universo de actividades cuyo desarrollo sin autorización de la Ciudad se encuentra prohibido, a saber: aquellas de carácter comercial o industrial. Al respecto, el recurrente no muestra que el art. 6.1.94 de la ley n° 451 imponga una prohibición como regla, cuando lo que establece es el deber de acreditar el cumplimiento de algunas cargas relacionadas con la policía de la seguridad, salubridad y moralidad, así como con la exteriorización de deberes tributarios. En definitiva, no enseña que la actividad en cuestión -transporte de pasajeros mediante la aplicación "UBER"- no se encuentre contemplada en la ley como conducta prohibida. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Contrato de trabajo, empresa, tareas de mantenimiento, subcontratación laboral, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: BENITEZ, Arturo c/ AFFORD SERVICE SRL s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-30

El mantenimiento de las maquinarias en una empresa, cuando no se trata de una reparación excepcional, es una tarea específica de todo establecimiento industrial. En tal sentido, la CSJN ha establecido que "para que nazca la solidaridad (art 30 LCT) es menester que la empresa contrate o subcontrate servicios que complementen o completen su actividad normal. Debe existir una unidad técnica de ejecución entre la empresa y su contratista, de acuerdo a la implícita remisión que hace la norma en cuestión al art 6 del mismo ordenamiento laboral" ("Rodríguez, Juan C/ Compañía Embotelladora Argentina SA" DT 1993-A-
Procesos de ejecución, regulación de honorarios, aplicación de la ley
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Franco de Madina c/ Locchi, Luciano S. s/ Desalojo - Ejecución de Sentencia s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-04-23

En el marco de una ejecución de sentencia, se recurre en casación la sentencia interlocutoria de la Alzada que hace lugar al recurso de apelación deducido por la ejecutada, reduciendo en un cincuenta por ciento (50%) los honorarios regulados en primera instancia a las recurrentes- ex apoderadas de la ejecutante-, al considerar que los honorarios, en el supuesto, deben fijarse por una sola etapa. Alegan las recurrentes la errónea aplicación e interpretación de la ley de aranceles profesionales, porque no obstante reconocer la aplicación de la norma general -art. 41 LAP- a todos los procesos de ejecución, se aparta de ella en el caso, al considerar que el proceso de ejecución de sentencia tiene una sola etapa procesal, cuando en realidad, según dicha norma, estos procesos se dividen en dos. Lo sostenido por la Alzada es acorde a la realidad, no existe una norma específica en la ley arancelaria que disponga la regulación de honorarios para el proceso de ejecución de sentencia. En efecto, el art. 41 de la ley Nro. 3956 se refiere a los procesos de ejecución en general y se interpreta aplicable a todos ellos.

Ahora bien, ante la omisión legal aludida, se han generado interpretaciones encontradas en la jurisprudencia sobre la cuestión, ensayándose diversas soluciones.Sin embargo, la posición predominante coincide con el criterio adoptado en el fallo impugnado, en tanto el dispositivo se debe aplicar de manera integral a todos los procesos de ejecución, sea que el título que constituya su base sea ejecutivo o ejecutorio. En ese entendimiento, no se advierte cuál es el perjuicio que el razonamiento de la Alzada produce a las recurrentes, ya que, en definitiva, se aplica la norma que las agraviadas consideran corresponde aplicar a la ejecución de sentencia, tramitación a la que la ley reconoce autonomía. No existe ninguna razón jurídica o lógica para que ello no sea así, habida cuenta de que el juicio de ejecución de sentencia integra el género de los procesos de ejecución, denominación amplia y omnicomprensiva que el legislador le asignó precisamente a este artículo. En consecuencia, corresponde rechazar el recurso de casación respecto de la errónea aplicación e interpretación de la ley alegada como agravio. Del voto del Dr. Cippitelli, por la mayoría
Accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo, incapacidad, prescripción, plazo, cómputo del plazo
Materia: LABORAL
Carátula: ROMERO, LEONILDO FLORENCIO c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE Nº  206-83)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-08-14

La Suprema Corte Provincial ha señalado reiteradamente que -al margen de las diferencias existentes entre determinados grupos doctrinarios y jurisprudenciales en relación a desde cuando comienza a correr el plazo de prescripción de la acción por indemnización por accidente de trabajo- una pauta adecuada la ofrece la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ha señalado que lo correcto para el cálculo de prescripción es arrancar desde aquel hecho que precisamente determina la ilegalidad de forma fehaciente, lo que requiere de una apreciación objetiva del grado de incapacidad que ponga de manifiesto el cabal conocimiento de su invalidez por parte del operario, sin que pueda suplirse esta exigencia sobre bases inciertas que no demuestran de manera concluyente que el recurrente dejó transcurrir los plazos legales conciente de la afección que sufría.
Daños y perjuicios, accidente de tránsito, negligencia
Materia: CIVIL
Carátula: Silva, Jorge c/ Borelli, Raúl Federico y/o Ataco Norte y/o L.U.A. compañía de seguros y/o quien resulte responsable s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2002-06-19

Quien circula por una arteria de menor importancia y pretende ingresar o atravesar una calle pavimentada de doble mano, desde otra perpendicular de tierra, debe adoptar las precauciones necesarias antes de emprender su cruce o ingreso a la misma, intentando tal maniobra solo cuando tenga la vía expedita a fin de no constituirse en un obstáculo para el desplazamiento de los demás rodados.
Violencia familiar, medidas cautelares, competencia civil
Materia: PROCESAL
Carátula: M.C.E. c/ N.J.E. s/ Denuncia por violencia familiar s/ conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-11

Corresponde declarar la competencia del Juzgado Nacional en lo Civil para continuar entendiendo en las actuaciones iniciadas con las denuncias formuladas ante la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el marco de la acción establecida en el art. 1° de la ley de Protección contra la Violencia Familiar -n° 24417-. Ello así, en tanto las decisiones adoptadas por la jueza con competencia en asuntos de familia comprenden la implementación, en resguardo de la denunciante y sus hijos, de medidas relacionadas con el régimen de responsabilidad parental de los involucrados, incluyendo el cuidado personal de las niñas menores de edad que tienen en común y la obligación de prestar alimentos (en los términos de las leyes n° 24417 y 26485). Por otra parte, las medidas provisionales están cumpliéndose, son susceptibles de prórroga mientras dure la situación familiar denunciada y la causa penal podría culminar por diversas razones sin que cesen los motivos de urgencia que las sustentaron. (Del voto de los jueces Inés M. Weinberg, Marcela De Langhe y Santiago Otamendi).
Acción de amparo, servicio de agua corriente, consorcio de propietarios
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Suluja, Paula Soledad  c/ Consorcio de Propietarios Edificio Eiffel XXVI XXXVIII XXIX. Avda. Luro 3050 s/ amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2023-06-08

No es admisible la vía constitucional del amparo para tramitar un reclamo en el que la actora invoca la ilegitimidad del actuar de un consorcio de copropietarios al interrumpir el servicio de agua en cuatro unidades funcionales utilizadas como oficinas. El amparo, ha dicho la CSJN, es un proceso excepcional utilizable en delicadas y extremas situaciones en las que, por carencia de otras vías aptas, peligra la salvaguarda de derechos fundamentales. Su generalización y aplicación a cuestiones que claramente lo exceden debe ser evitado, ya que ello incide en su transformación, y trae aparejado que pierda su real esencia y razón de ser, afectándolo seriamente, en la medida en que se permita subsumir en sus previsiones conflictos para los que no ha sido realmente previsto (CSJN, Fallos: 330:1279). Permitir que un conflicto de naturaleza consorcial como el que aquí se ha presentado tramite por la vía de amparo llevaría a hacer aquello que la Corte Federal expresamente reprueba en el precedente citado: extender indebidamente su marco de aplicación a situaciones que no justifican una tutela urgente como la que contempla la normativa constitucional (arts. 43 de la CN y 20 de la CPBA). Máxime si entre la misiva que el ente consorcial habría remitido al apoderado de la actora y la promoción de la acción transcurrió un plazo mayor al previsto en el art. 5 de la Ley 13.928
Honorarios, monto del juicio, monto indeterminado, honorarios del martillero
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Ponce, Víctor Manuel c/ Car Val SAIC s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-23

Dado que el martillero no pudo realizar las tareas encomendadas por razones que le fueron ajenas, corresponde determinar su retribución prudencialmente, según la entidad y complejidad de la labor desarrollada (conf. CPR 565, 2° párrafo), ídem, esta Sala el día 22/11/19 en autos "Gepal SA (ex Goldemberg Marcelo Guillermo) c/ Montone Andres Javier y otro s/ ejecutivo" Expediente N° 54664/2006. En consecuencia, a los fines de revisar dichos estipendios, deberá estarse a la única expresión numérica obrante en la causa del valor estimado de realización de los bienes sugerida por el profesional, ello desde que nadie haya aportado constancias suficientes para controvertir la misma.
Inadmisibilidad del recurso, suspensión del juicio a prueba, sentencia condenatoria
Materia: PENAL
Carátula: LASTORIA, Lilian Alicia c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-12-19

Es inadmisible el recurso de casación contra la denegatoria de la suspensión del juicio a prueba, si el MPF se opuso con fundamento en la imposibilidad de descartar, para el caso de condena, la imposición de una pena de prisión efectiva en atención a la magnitud de la imputación por su complejidad, exponiendo la cantidad de hechos atribuidos y la hipótesis imputativa determinada respecto de cada imputado, sin que la parte cuestionara los extremos del caso que tuvo en cuenta la fiscal ni su aptitud para sustentar un pronóstico de pena de efectivo cumplimiento.
Acción de amparo, reintegros impositivos, IVA
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: Mercedes Benz S.A. (T.F. 15877-I) c/ D.G.I.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-19

Debe confirmarse el pronunciamiento del Tribunal Fiscal que por mayoría, hizo lugar al recurso de amparo interpuesto por la actora, y ordenó a la D.G.I. que, en el término de 10 días, resuelva el trámite por reintegro anticipado de IVA que iniciara la empresa en los téminos del Capítulo II de la Resolución General (D.G.I.) 3417.
Asegurador, cobertura, costas
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Romero, Miguel Angel c/ Ibarra, Abelardo Jesús y otros s/ ordinario daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2018-09-14

Si bien la aseguradora opone al pago de las costas el limite de la cobertura, de la lectura de la póliza se desprende que la misma comprende el pago el pago de las costas judiciales en causa civil y de los gastos extrajudiciales en que se incurra para resistir la pretensión del tercero, tal como lo prevé por otra parte el art. 110 de la Ley de Seguros, de modo que la limitación a que alude el recurrente, contraría dicha norma.