marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Empleados públicos, cajas de previsión, aplicación de la ley, reajuste jubilatorio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: DE LUCA DE CONVERSO, MARIA ISABEL c/ Caja Nacional de Previsión para Personal del Estado y Servicios Públicos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-22

El personal de las Caja Nacionales de Previsión se encuentra comprendido, desde el 1.3.73 y hasta la actualidad, en el régimen escalafonario de la Administración Pública Nacional (Dec. 1428/73) y en consecuencia, incluidas en el régimen previsional instituido por la ley 22.955. Por ello, la circunstancia de que a la fecha de cese del causante se hallara vigente un régimen escalafonario propio, no resulta de por si óbice para conceder el reajuste del haber jubilatorio conforme lo normado por la ley referida, toda vez que ni ella ni su decreto reglamentario han establecido por tal motivo, una expresa exclusión de los beneficios que regula.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, concurso preventivo, crédito verificado, crédito privilegiado, crédito fiscal, igualdad entre acreedores, facultades del juez, intereses, modificación de la tasa de interés
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: VILLAGRA, DANIEL -CONCURSO PREVENTIVO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -CONCURSO PREVENTIVO- INCIDENTE DE REVISION PROMOVIDO POR ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (EXPTE.: C.S.J. NRO. 139 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-08-18

No puede prosperar el planteo de inconstitucionalidad planteado por la Administración Federal de Ingresos Públicos basado en el defecto atribuido a la sentencia por haberse arrogado los jueces el papel de legisladores, toda vez que la quejosa no logra probar que la tasa del 1% mensual para los créditos fiscales haya sido establecida -o aprobada- con fundamento en la sola arbitraria voluntad del Judicante. Por el contrario, la Sala ha puesto de relieve la finalidad de no vulnerar el principio concursal de pars conditio creditorum, y la necesidad de aplicar pautas de justicia distributiva, que se refuerzan en los procesos concursales a la luz del principio de igualdad, circunstancias que, evidentemente, han determinado el criterio para la fijación de los intereses judicialmente reconocidos al ente recaudador.
Despido, retractación
Materia: LABORAL
Carátula: Ortiz, Carlos A. c/ Caja de Ahorro y Seguro S.A. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-02-19

Resulta inadmisible admitir ventajas en una interpretación errónea del texto de la ley (en el caso art.234 de la Ley de Contrato de Trabajo) lo cual encierra una actitud reñida con el principio de buena fe y de toda forma de abuso de derecho que explícitamente informan la materia laboral, reglas éticas de conducta que rigen por igual para ambos contratantes y deben necesariamente imperar durante el transcurso de la relación laboral como al tiempo de su extinción.
Concurso preventivo, apertura del concurso, suspensión del proceso judicial, acreedor prendario, acreedor hipotecario, juicio ejecutivo
Materia: PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: MULTIPAPEL  S.A. s/ CONCURSO   S/  INC.  DE  NULIDAD  EN:  CELULOSA  JUJUY  S/  EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-12-19

Si bien de conformidad con lo previsto por la LC: 22 la apertura del concurso preventivo produce la suspensión del procedimiento de los juicios de contenido patrimonial iniciados con anterioridad al concurso del deudor, ello admite excepciones y es cuando existen garantías reales de prenda o hipoteca.

En caso de acreedores prendarios o hipotecarios podrán iniciar o continuar la ejecución, previa presentación del pedido de verificación respectivo, a cuyo resultado quedará subordinado. De manera que la suspensión de trámites, y aún la prohibición de iniciarlos tiene entonces un carácter meramente provisorio.

Pudiendo optar el acreedor entre la ejecución de las garantías reales y recurrir al juicio ejecutivo común -en el que solo podrá hacer valer la garantía derivada de los gravámenes reales en la etapa final del juicio-, opto por este último, no puede pretender la concursada que tal opción importó la renuncia a la ejecución de las garantías, máxime cuando el acreedor aclaró expresamente en su demanda que ambas garantías serían ejecutadas en esas actuaciones Toda vez que la sentencia que recaiga en el juicio ejecutivo constituirá un título ejecutivo que permite al acreedor perseguir los demás bienes del deudor en caso de insuficiencia de los bienes prendados, lo que estaría vedado dada la situación concursal de la deudora (LC: 22), y careciendo de sentido exigir que el acreedor inicie nuevas acciones tendientes a la ejecución de las garantías, por razones de economía procesal debe admitirse la prosecución del juicio ejecutivo con la salvedad de que solo será útil para hacer efectivas las garantías reales y que en caso de ser insuficientes los bienes para satisfacer el crédito, el acreedor quedará sometido al proceso concursal a los efectos de percibir el saldo insoluto.
Acción de inconstitucionalidad, medidas cautelares, farmacéuticos, decreto de necesidad y urgencia, bases para la reconstrucción de la economía Argentina
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Confederación Farmacéutica Argentina y otro c/ E.N. - DNU 70/23  s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-07-11

Cabe reconocer la aptitud procesal de las asociaciones de farmacéuticos actoras para promover la acción de inconstitucionalidad y la medida cautelar impulsada por asociaciones de farmacéuticos contra la aplicación de los arts. 313 al 325 del DNU 70/2023, dado que las normas impugnadas tienen una incidencia directa en el cumplimiento del objeto social de las actoras, cono entidades constituidas para la defensa a nivel nacional del ejercicio de la actividad farmacéutica en su conjunto, como así también sobre los intereses comunes de sus asociados.
Derecho administrativo, facultades discrecionales, empleados públicos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SALINAS, ANA MARÍA c/ MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN s/ ACCIÓN PROCESAL ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2011-07-26

La Administración tiene amplias facultades para reestructurar y renovar sus cuadros directivos por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, facultades que, sin hesitación alguna, pertenecen al ámbito de discrecionalidad del poder administrador. El ejercicio efectuado por parte de la Administración de su potestad de organización, lo ha sido en el ámbito de sus facultades discrecionales: tanto el decreto 349/96 (que resuelve dejar "a cargo" de la División Coordinación de la Subsecretaría de Obras Públicas) como el decreto 1069/99 (que la designa a cargo de la Dirección de Coordinación Administrativa, con categoría referencial 24 más plus), como el decreto 052/00 (que la designa por el término de la gestión en la Dirección de Coordinación Administrativa), como el decreto 221/02 (que la designa políticamente con el cargo de Directora de Administración tributaria, con categoría referencial 24) se presentan como razonables y encuentran fundamento en las disposiciones del Estatuto del empleado municipal.
Juicio ejecutivo, litispendencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco Coopesur Coop. Ltdo. c/ F. R. representaciones de Daniel A. Rayeb y Julio Rayeb s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-12-17

La litispendencia, como instituto de derecho procesal, tiende a evitar el eventual escándalo jurídico que puede significar la coexistencia de sentencias contradictorias sobre una misma cuestión.

No es el caso traído en apelación pues la que haya de dictarse en el proceso de conocimiento pleno iniciado por la demandada, en tanto se identifica con la causa de la obligación -la composición del saldo ejecutado en autos-, tiene su correlato en el juicio ordinario posterior que prevé el artículo 551 del Código procesal, y no es este proceso de estrecho debate. (Minoría u opinión personal)
Tenencia de estupefacientes, drogadicción
Materia: PENAL
Carátula: Alejandro Carlos CAPALBO c/  s/ TENENCIA  DE  ESTUPEFACIENTES Gustavo Mario BAZTERRICA c/  s/ TENENCIA  DE  ESTUPEFACIENTES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-08-29|1986-08-29

El art. 6 de la ley 20771 obedece a un presupuesto dogmático en cuanto a su finalidad, según la cual la punición es un remedio efectivo a la grave cuestión social de las drogas, afirmación ésta que, al no haberse corroborado en los hechos, es escasamente científica y particularmente imprecisa.
Prueba pericial, pericia caligráfica, impugnación de la pericia, desconocimiento de firma
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: CANESSA, RODOLFO c/ PEREZ, RAMON s/ DESALOJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-07

El cuestionamiento del mérito del dictamen pericial -basado en que se omitió la formación del cuerpo de escritura dispuesta en el auto de apertura de la causa a prueba- deviene inatendible en tanto no se desconozca la autenticidad de las firmas indubitadas tenidas en cuenta por el perito calígrafo, extraídas de actuaciones del demandado en los mismos autos y de la matrícula del mismo archivada en el Registro Nacional de las Personas.
Daños y perjuicios, inundación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Possenti, Ruben c/ Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-12-14

Si dos dictámenes periciales, serios y muy bien fundados, determinan con meridiana claridad que el agua aportada por el canal Ameghino ha sido la que ocasionó el anegamiento del campo del actor, ello no puede rebatirse con un informe de 1.919 acerca de las lluvias caídas en la zona, del cual no surge que tales precipitaciones hubieran provocado una inundación semejante a la que origina el juicio, la que perdura después de diez años de sucedida.
Alimentos, deber de asistencia entre cónyuges
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: T., I. c/ G., V. s/ Alimentos y Beneficio de Litigar sin gastos. sin gastos. sin gastos.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-31

Para la fijación de la cuota alimentaria se debe tener en cuenta, no sólo las circunstancias de la alimentada sino también, y de acuerdo a principios conocidos, el caudal y condición social del alimentante obligado a prestarlos, ingresos que percibe, titularidad, por ejemplo, del 50% indiviso sobre un automotor y nivel de vida que llevaba el matrimonio antes de la separación de las partes.
Sentencia arbitraria, excesos u omisiones en el pronunciamiento, daños y perjuicios, indemnización, medidas cautelares
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Trafilam  SAIC c/ Galvalisi, José. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-08

Es arbitraria la sentencia que fijó el monto de la indemnización por los daños y perjuicios generados por la incidencia de una medida cautelar en la actividad industrial de la actora, si no proporciona elemento alguno que permita establecer las bases y cálculos en función de las cuales ha determinado el quantum de la indemnización que juzga procedente conceder a la accionante.
CÓDIGO CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, penas contravencionales, decomiso, sobreseimiento, inimputabilidad
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Gob. Cdad. Bs. As. c/ M. O. s/ artículo 39
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-04-04

El decomiso sólo resulta procedente en caso de que exista una sentencia condenatoria, conforme a las previsiones del artículo 26 del Código Contravencional, cuestión de hecho que fácilmente se ve contrariada con la declaración de inimputabilidad que, como correlato lógico, finiquita el ius persequendi con el sobreseimiento del imputado declarado inimputable. (Del voto de los Dres. Lucangioli y Dessanti)
Expresión de agravios, querellante, falta de firma, nulidad absoluta
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Smail, Rafael Husain s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-02-20

El escrito de expresión de agravios no fue firmado por la querellante, circunstancia ésta que deja duda sobre su interés en mantener el impulso de la acción y de la actividad eventual puesta en marcha con el recurso de apelación, no pudiendo además el letrado patrocinante intentar suplir la voluntad de aquélla con dicha presentación por la cual expresa los agravios asumiendo una representación que no le fue conferida mediante poder especial (artículo 83 del Código Procesal Penal). Desde que el artículo 453 del Código adjetivo exige que sea el apelante quien mantenga el recurso, el vicio que exhibe la presentación implica una nulidad de orden general por no haberse observado las disposiciones concernientes a la intervención de la parte querellante en el proceso en los actos en que es obligatoria, lo que determina el carácter absoluto de la nulidad producida durante la instrucción y por lo tanto declarable de oficio en cualquier estadio del proceso (arts. 167, incisos 2° y 3° y 168 del Código Procesal Penal). (Voto del Dr. Tragant).
Relación de dependencia, presunción de contrato de trabajo
Materia: PROCESAL
Carátula: López, Sergio Sandro c/ Calkio Boite y/o Zigarán, Marcelo s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1999-07-29

La presunción emergente de la prestación de servicios en los términos del artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, debe entendenrse limitada a los servicios bajo relación de dependencia, pues sólo éstos están contemplados en la tipificación del contrato y de la relación de trabajo. La subordinación jurídica es una condición indispensable para que se aplique la presunción del artículo 23, ello porque la dependencia o suboredinación jurídica, está ligada a su esencia, a su propia naturaleza, por lo que no podrá estar jamás ausente en una relación que se precie de estrictamente laboral. De modo alguno resulta verosímil presumir, que toda persona que desarrolle una tarea para otra, lo haga ebn relación de dependencia ya que, para que ella se configure, se requiere el elemento dirección, que no consiste sólo en dar instrucciones, sino que también las realiza el trabajador a quién se le indique, qué servicios se le requiere y que dicha tarea se efectúe bajo el riesgo económico del que la dirige.
Recurso de apelación (procesal), desistimiento
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: R., E. C. c/ C. de R., A. s/ Divorcio vincular
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-12-22

Si el Fiscal de Cámaras al tomar intervención en autos, solicitó que se confirme la sentencia apelada, es indudable que tal solicitud importó el desistimiento del recurso interpuesto por el Fiscal de Primera Instancia (art. 159 de la Constitución Provincial; art. 77 inc. 1, ley 5827. t.o.).
Transporte aéreo de pasajeros, demora en el servicio, pasajero de avión, pasajero damnificado, responsabilidad del transportador aéreo
Materia: CIVIL
Carátula: Viola, Antonio Leonardo y Otro c/ Aerolíneas Argentinas S.A. s/ Incumplimiento de contrato
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-03-21

No cabe atribuirle responsabilidad a la compañía aérea respecto a la demora en el vuelo de ida, ya que los pasajeros recibieron con anticipación los avisos de cambio de fecha del vuelo inicial, rechazaron la alternativa de viajar un día antes de la fecha original y tuvieron la facultad de reclamar el reembolso íntegro de la tarifa pagada, y no la ejercieron. Entonces, al decidir embarcarse en el vuelo, optaron por una alternativa que les impide reclamar por esa demora o postergación.
Habilitación de instancia, impugnación del acto administrativo, plazos administrativos, retiro militar, indemnización
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Benedicto, Pablo Juan c/ E.N. Mº de Defensa -Fuerza Aerea Argentina- s/ personal militar y civil de las FFAA y de seg..
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-24

Según lo dispuesto por la Cámara en pleno -el 24 de abril de 1996- en la causa "Petracca e hijos S.A.C.I.F.I. y otros Estado Nacional", no es admisible la acción de cobro de pesos o indemnización de daños y perjuicios sin impugnar, dentro del plazo del artículo 25 de la ley 19.549, la legitimidad del acto administrativo que ha desestimado la pretensión o cuyo contenido excluye el pago de lo reclamado. Con base en esa doctrina cabe concluir en que corresponde modificar la decisión apelada, pues el actor demanda al Estado Nacional por la indemnización de los daños y perjuicios sufridos como consecuencia directa de las que considera inexplicables, injustas e ilegales acciones administrativas llevadas a cabo por la Fuerza Aérea Argentina (en el caso, los actos anteriores y el que dispuso su retiro obligatorio de la fuerza). Sin embargo el demandante indica que en autos no se pretende la impugnación de acto alguno. (cons. III).
Declaración de inconstitucionalidad, declaración de oficio
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: De Nigris, Virginia Teresa s/ Inhibitoria". Causa n. : 1753.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-14

En principio, los jueces no se encuentran habilitados a declarar de oficio la inconstitucionalidad de las leyes.
Constitución Nacional, control de constitucionalidad, facultades del Poder Judicial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Carro Evangelista, Delia y otros s/ falso testimonio
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-09

Si bien es exacto que los tribunales judiciales no pueden efectuar declaraciones de inconstitucionalidad de las leyes en abstracto, no lo es menos que, como el control de constitucionalidad versa sobre una cuestión de derecho y no de hecho, la potestad de los jueces de suplir el derecho que las partes no invocan o invocan erradamente -trasuntado en el antiguo adagio iura novit curia- incluye el deber de mantener la supremacía constitucional (art. 31 de la Constitución Nacional) (Disidencia del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Acto administrativo, nulidad del acto administrativo, derechos y garantías constitucionales, estabilidad del empleado público, principio de legalidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Tolosa de Mares, Stella Maris c/ Provincia del Chubut y Consejo Provincial de Educación s/ Demanda Contencioso Administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1992-09-28

Habiéndose establecido que la actora gozaba del derecho a la estabilidad, sólo podría perderlo por las causas y los procedimientos reglados a tal efecto. La retrogradación que la Administración dispuso por Dto.1703-85 reubicando la agente en cargo inferior y privándola de jerarquía, manteniendo el mismo acéfalo "por un tiempo" para efectuar luego en él otras designaciones sin razones explicadas ni causa justificada, en un procedimiento de oficio que incluso transgredió el derecho de audiencia, importó la violación de garantías constitucionales y el desconocimiento del principio de legalidad que debe presidir sus actos -...- y debe sancionarse con la invalidez.
Derecho administrativo, derechos de incidencia colectiva
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: FEDERACION DE COOPERADORAS ESCOLARES DEPARTAMENTO ROSARIO c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO -SUMARIO LEY 10000- - RECURSO DE  INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE N. 176-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-09-19

Comporta necesidad de distinguir, en el ámbito de los fenómenos que de ordinario se incluyen en el área de los intereses difusos (como la tutela de los consumidores o de los usuarios de los servicios públicos), la demanda de tutela por parte de los sujetos identificables por la titularidad de relaciones contractuales en acto (los adquirentes de un producto dado, los usuarios de un determinado servicio) del pedido de tutela, en vía general y preventiva, por los consumidores o de los usuarios potenciales que hagan valer el interés general, por ejemplo, a la lealtad de la información publicitaria o a la seriedad en el uso del medio de comunicación. Es errado, por lo tanto, contraponer rígidamente intereses que tienen típicamente carácter difuso, como los vinculados a la protección del ambiente, a intereses que pueden tener, pero no tienen necesariamente, esta naturaleza, como los ligados a la protección del consumidor. Si la ley crea o reconoce un centro de referencia de uno de tales intereses difusos, esto es, un ente "exponencial" al cual se lo vincule como titular, no existen problemas puesto que el interés es difuso como matriz práctica, pero sobre el plano jurídico el mismo resulta ya "individualizado" y dicho ente podrá, por cierto, defenderlo por las vías judiciales.
Leyes, razonabilidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GONZALEZ, ISABELINO c/ ESTANCIA LAS TIJERAS Y OTRO s/ COBRO DE PESOS     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD      CSJ EXPTE NRO 346-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-12-06

Sabido es que la legislación enfocada desde un cierto ángulo aparece como un eficaz instrumento social para lograr ciertos objetivos. Para resolver una crisis de vivienda se dictan determinadas leyes de alquileres y para lograr que terminen ciertos males provocados por esas leyes se las deroga o se dictan otras mejores. Para fomentar determinada industria se dicta una serie de leyes que imponen ciertas prestaciones de acción y omisión. Para fomentar la capitalización del agro se conceden ciertas ventajas impositivas a los propietarios. Los ejemplos, no terminan nunca, pero de lo que no puede dudarse es que "no es justo y razonable jurídicamente implantar lo técnicamente irrazonable. No es racional extender lo irracional".
Fundamentación de la demanda, falta de fundamentación
Materia: LABORAL
Carátula: Albornoz Oscar Luis c/ Orussa Jorge Antonio y otros s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-08-14

Debe rechazarse los rubros por diferencias salariales solicitados por el trabajador, ya que dicha pretensión solamente fue incluida en la liquidación de la demanda, pero no en el escrito de demanda, incumpliéndose con ello el art. 65 inc. 3 y 4 de la L.O. que establece la designación precisa en los hechos de los rubros reclamados y su fundamentación autónoma, razón por la cual se configura un vicio insalvable que impide su procedencia.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, contratos civiles
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Lascialanda, Héctor Emilio y otros c/ González Montalvo, Fernando Alvaro s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-11-28

La determinación de la existencia de contrato entre las partes, su clasificación, el sentido y alcance de lo convenido y de qué manera se ha incumplido el mismo son cuestiones de hecho irrevisibles en sede extraordinaria, salvo el supuesto de absurdo, que no puede acreditarse a través de la exposición de meras discrepancias subjetivas del quejoso con lo resuelto, en tarea propia, por los jueces de grado.
Procedimiento contencioso administrativo, reclamo administrativo previo, daño moral, recurso de apelación (administrativo)
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Club de Campo La Hoyada de Castellanos c/ Figueroa, Francisco s/ ejecutivo O., R. G. c/ Provincia de Salta (Ministerio de Educación y Tecnología de la Provincia de Salta y/o quien resulte responsable) s/ recurso de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-02-15|2019-12-16

La razón de la existencia del reclamo administrativo previo -dar la posibilidad a la Administración de revisar sus criterios sin necesidad de un litigio inútil- permite considerar su exigencia como un verdadero procedimiento ineficaz, cuya falta de ejercicio no afecta el orden público. Su verdadera finalidad consiste en producir una etapa conciliatoria anterior al pleito, que otorgue a la Administración la posibilidad de enmendar un error, revisar el caso y promover el control de legitimidad de lo actuado.