Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-04-16


Causa. N° 204-04-CC/2005 (32/07)"Recurso de queja en autos Moreno, Rodrigo Félix s/Infr. Art. 56 ley 10" //n la ciudad de Buenos Aires, a los 16 días del mes de abril del año 2007, se reúnen los miembros de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, a efectos de resolver el recurso de queja por apelación denegada interpuesto por el Gustavo E. Aboso, a fs. 1/5 del presente, del que:

RESULTA:

I.- Que a fs. 263 de los autos principales obra el recurso de revocatoria con apelación en subsidio interpuesto por el Defensor Oficial, Antonio Gariglio, contra la resolución de fecha 9 de febrero de 2007 en la que se resuelve declarar extinguida la pena oportunamente impuesta al Sr. Rodrigo Félix Moreno. Afirma que su asistido sigue manteniendo su estado de inocencia por cuanto la sanción impuesta no se encuentra firme por la existencia de sendos planteos -de prescripción de la pena y de la acción- que se encuentran pendientes de resolución.

II.- Que a fs. 343 del mencionado legajo obra el resolutorio del Sr. Juez de Grado, Javier Alejandro Buján, quien resuelve no hacer lugar a los recursos impetrados por la defensa.

III.- Que a fs. 1/5 del presente incidente obra el recurso de queja contra el decisorio del Judicante que rechazó el remedio procesal intentado. Insiste con que la sentencia impuesta a su asistido no adquirió firmeza, en virtud de encontrarse pendiente de resolución por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación la queja por recurso extraordinario federal rechazado por el Tribunal Superior Local y que si se resolviera absolver a Moreno, la resolución de referencia resultaría improcedente. Agrega que yerra el magistrado de grado al resolver el recurso de revocatoria con apelación en subsidio veintiún días después de interpuesto y sin anoticiar a los Jueces de la Sala I quienes no se expidieron acerca de la prescripción de la pena ya que el recurso fue declarado abstracto. En base a ello, plantea la afectación de la garantía de defensa en juicio y del debido proceso. Finalmente, hace reserva de caso federal.

IV.- Que a fs. 7 pasan los autos a resolver ADMISIBILIDAD DEL RECURSO:

El recurso de queja resulta formalmente admisible, pues el planteo ha sido efectuado en la forma y en los términos del art. 477 CPPN, aplicable supletoriamente de acuerdo a lo dispuesto por el art. 6 de la Ley Nº 12. Es decir, el remedio procesal de marras ha sido interpuesto por escrito y dentro de plazo legalmente establecido.

Ello así, y siendo que el recurso resulta autosuficiente, corresponde a este Tribunal evaluar si el decisorio recurrido causa gravamen irreparable que habilite la vía recursiva denegada (art. 449 in fine CPPN). El que según se ha afirmado "... no se presta a una definición genérica y debe por lo tanto verificarse su concurrencia en cada caso concreto, puede decirse que aquél se presenta, fundamentalmente, cuando no existe otra oportunidad procesalmente útil para reparar el perjuicio que irroga la resolución ..." (Palacio, Lino Enrique, "Los recursos en el proceso penal", Ed. Abeledo-Perrot, Bs.As. 2001, págs. 60/61).

Ahora bien, del estudio de los respectivos legajos se observa que con fecha 18 de octubre de 2006 la defensa solicita la prescripción de la pena impuesta a Moreno (cf. fs. 184/vta del legajo principal) ya que, a su entender, a esa fecha, la misma había adquirido firmeza y no había sido cumplida, ni aún en forma parcial. Con fecha 10 de noviembre de 2006, el Juez a quo no hace lugar a tal solicitud por lo que, contra dicho decisorio, el defensor oficial, interpone recurso de apelación (cf. fs. 39/vta.) . Posteriormente, con fecha 27 de noviembre de 2006 el Juez no hace lugar al recurso motivo por el cual se interpone un recurso de queja, el que fue admitido por esta Sala, con fecha 19 de diciembre de 2006.

Por otro lado, y en forma simultánea con la tramitación del recurso de apelación concedido por este tribunal, el Juez de grado decide declarar extinguida la pena impuesta a Moreno, por cumplimiento de la misma, en atención a lo dispuesto por el art. 30, inc. 3° de la ley 10, por lo que esta Sala resolvió declarar abstracto el recurso de apelación con fecha 28 de febrero de 2007 (cf. fs. 262/263 de los autos principales).

Sin embargo, la resolución que declaró la prescripción de la pena fue puesta en crisis por el defensor por medio de un recurso de revocatoria con apelación en subsidio, ambos rechazados por el magistrado, lo que generó la presentación de la queja ahora en estudio. Allí, manifiesta el defensor que además de haber inducido a este tribunal a un error por no haber notificado la existencia de sendos recursos de revocatoria y apelación, dicha declaración de prescripción vulnera el derecho de defensa y el debido proceso toda vez que la sentencia impuesta a Moreno no adquirió firmeza en virtud de encontrarse pendiente de resolución en la Corte Suprema de Justicia de la Nación la queja por recurso extraordinario federal rechazado por el Tribunal Superior local.

Ahora bien, de lo expuesto no puede inferirse agravio alguno, sino que lo que se advierte es una clara contradicción entre los planteos defensistas. Así, por un lado solicita la prescripción de la pena impuesta por este Tribunal a Moreno consistente en la prohibición de concurrencia a espectáculos deportivos organizados por la A.F.A. por el término de tres meses en virtud de haber transcurrido el plazo legal sin que se haya comenzado a cumplir manifestando que " por motivos no imputables a mi asistido, no se ha dado inicio a la ejecución de la condena oportunamente impuesta a mi defendido por la Sala Primera de Apelaciones del Fuero, la que adquiriera firmeza el 18 de octubre de 2005, ocasión en la que se notificara a esta defensa oficial el rechazo del recurso de inconstitucionalidad" (fs. 184 de los autos principales), y por el otro, se agravia de la decisión que declara la extinción de la pena por cumplimiento por cuanto sostiene que "la sentencia impuesta a su asistido no adquirió firmeza" (fs. 3).

En efecto, a pesar de referir en su presentación el defensor oficial que en caso de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolviera dictar un nuevo fallo y dispusiera absolver a Moreno, la resolución que declara extinguida la pena de su asistido devendría improcedente (fs. 39 vta. del legajo de ejecución), dicha circunstancia no resulta suficiente para que se configure el agravio invocado, máxime cuando la prescripción de la pena fue solicitada por la misma parte que se agravia y los fundamentos que sustentan esta queja se oponen totalmente a los que brindara al momento de solicitar la prescripción de la pena.

Así, la defensa no logra demostrar de qué forma la decisión impugnada en cuanto declara la extinción de la pena, le irrogaría el necesario gravamen para acceder a esta instancia. En este sentido, la mera invocación de agravios de índole constitucional -afectación del derecho de defensa y del debido proceso- no suple la falta del requisito precedentemente señalado. En efecto, el quejoso debió especificar de que manera la decisión recurrida vulneraría los derechos de su prohijado, y no limitarse - como en el supuesto de autos- a la mera mención abstracta de los mismos.

Por otra parte, y en relación a que la sentencia condenatoria no se encuentra firme y que en virtud de ello, no corresponde tener por cumplida la pena, cabe señalar que, en virtud del art. 33 de la ley 402 ella puede ser ejecutada. En efecto, tal como lo ha explicado el Tribunal Superior de Justicia in re "González, Carlos Alberto y otros s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'González, Carlos; Lacquaniti, Roque y otros (Bingo Congreso) s/ inf. Ley 255 - Apelación'", Expte. n° 4066 del 19/12/2006, "(...) a partir del dictado por parte de la Cámara de la resolución que rechaza el recurso de inconstitucionalidad pertinente, el interesado no puede realizar ningún planteo impugnatorio que impida la ejecución de la sentencia, ya que el único recurso que puede interponer (queja contra dicha denegatoria) no reviste efecto suspensivo" (del voto de la Juez Ana María Conde), de lo que surge que "(...) dicho rechazo [el del recurso de inconstitucionalidad] le confiere 'ejecutoriedad' a la condena". En efecto, tal como explicó el Sr. Juez Luis Francisco Lozano: "[E]n su significado habitual 'firme' es la decisión que no puede ser conmovida por un recurso; mientras que 'ejecutoriada' es aquella cuyos efectos no han quedado suspendidos. De ese modo, la decisión puede estar ejecutoriada y no firme cuando está sujeta al resultado de un recurso cuyo efecto es sólo devolutivo". En resumen "en las condiciones de la legislación procesal vigente, salvo que las normas que otorgan ejecutoriedad a la sentencia, en ese caso, sean tachadas de inconstitucionales, debería ser acatada la voluntad del legislador" y "(...) la consecuencia gravosa de haber sufrido la pena, si es que ello ocurrió, no obedece a la doctrina que adoptamos, sino a la c ircunstancia absolutamente fuera de controversia de que la queja no suspende el auto contra el que va dirigida" (del voto del último Juez citado en la causa aludida).

En base a ello y aún cuando estuviere pendiente de resolución la queja por denegación de recurso extraordinario federal ante la Corte, la pena dictada en autos ya podía ejecutarse al momento del rechazo del recurso de inconstitucionalidad, por parte de esta Sala -18/10/05- (cf. fs. 121/124 de los autos principales), toda vez que la alegada falta de firmeza - en contraposición con lo sostenido por la defensa- no obsta en el caso a su ejecución.

Por ello, teniendo en cuenta que no se han acreditado los extremos para su procedencia, corresponde rechazar el recurso de queja interpuesto.

En virtud de lo expuesto, el Tribunal, RESUELVE:

Declarar inadmisible el recurso de queja por apelación denegada interpuesta por la defensa a fs. 1/5 vta. del presente (arts. 477 y 449 CPPN, art. 6 LPC).

Regístrese, notifíquese con carácter urgente y oportunamente devuélvase al Juzgado de Primera Instancia interviniente, a sus efectos.