Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2014-02-26


SALTA, 26 de febrero de 2.014.

Y VISTOS: Estos autos caratulados "MAMANI, Silverio c. PROVINCIA DE SALTA - SUMARIO ADQUISICIÓN DEL DOMINIO POR PRESCRIPCION", Expte. Nº 35.608/01 del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial de 10ª Nominación, CAM 1-386.161/12 de esta Sala Primera, y CONSIDERANDO:

I.- Que contra la sentencia que a fs. 270/273 rechazó las demandas de usucapión promovidas en expedientes Nº 35.608/01 y 51.145/02 -ambos del Juzgado de 1º Instancia en lo Civil y Comercial de 10ª Nominación- respecto del inmueble catastro Nº 522 del Departamento de San Carlos - Partido San Lucas, apeló a fs. 274 la Sra. Fidela Mamaní, actora en los autos tramitados bajo Expte. Nº 51.145/02, donde a fs. 233 consta que la sentencia aquí apelada fue dictada respecto de dicho proceso.

Sostiene la apelante en su memorial (fs. 290/294) que el pronunciamiento le causa gravamen irreparable, agraviándose en primer término de la afirmación del A quo según la cual en ambos juicios se habrían tramitado y producido las mismas pruebas. Asegura que en los presentes autos el Sr. Silverio Mamaní no acreditó la cesión de derechos posesorios alegada; que la pericial producida a fs. 229/240 fue instada sólo por ella; que el Sr. Mamaní fue declarado rebelde a fs. 144 y que, en su criterio, quedó demostrada la falta de interés de esa parte en el proceso.

Por lo demás, considera que en el Expte. Nº 51.145/02 ella y los demás actores acreditaron la posesión pública, pacífica e ininterrumpida alegada al demandar respecto del mencionado Catastro Nº 522 del Dpto. de San Carlos.

Asegura que la Sra. Juez valoró mal las declaraciones testimoniales rendidas en ambos juicios, sin tener en cuenta que en el promovido por ella y sus hermanos los testigos depusieron acerca de la ocupación efectiva del inmueble por ellos y sus padres por más de 20 años, sobre la extensión del inmueble y sobre hechos concretos de ocupación. Alega que esta prueba concuerda con el informe pericial de fs. 229/239 de estos autos.

Por las razones mencionadas entiende que es errada la equiparación efectuada por la sentenciante respecto a la prueba rendida en el Expte. Nº 51.145/02 y sostiene que en éste último proceso el conjunto probatorio deja sin efecto la testimonial del Expte. Nº 35.608/01, por falta de apoyo de esta última en otras probanzas.

Se agravia porque a su entender la referencia que se hizo a la pericia realizada por el Ingeniero Casas es escueta, al limitarse a señalar que quedó demostrada la dificultad de la demarcación precisa de los inmuebles en la zona por la falta de deslinde y lo accidentado del terreno. Menciona la descripción que el perito hizo de la propiedad, su conclusión acerca de que la porción ocupada por ella tiene relación con la indicada en el plano registrado en la Dirección General de Inmuebles Nº 395, las expresiones respecto del conocimiento del inmueble por su familia y la constatación de que no existe otra familia ocupando las construcciones existentes. Todo ello, asegura la apelante, no sólo excluye la posesión aducida por el Sr. Silverio Mamaní sino que demuestra el señorío y ocupación que ella alega. Entiende, por lo tanto, que no es cierto que no se pueda saber cuál es la porción de terreno poseída por cada demandante, como lo consideró la magistrada de anterior instancia.

Detalla los lapsos respecto de los cuales se probó el pago de impuestos a la Dirección General de Rentas, por los períodos 1931/1937, 1977/1979, 1982/1992 y hasta 1994, fecha en que comienza a aplicarse la exención dispuesta por la ley 6737, por parte de Vicente Mamaní; sostiene que se encuentra acreditado que los actores son descendientes del nombrado, razón por la que tienen en su poder los respectivos comprobantes.

En conclusión, expresa que la prueba rendida permite excluir a la Provincia de Salta en su carácter de titular registral, como también a Silverio Mamaní, por lo que pide que se haga lugar al recurso por ella interpuesto.

A fs. 297/299 vta. contesta agravios la Provincia de Salta, solicitando su rechazo por entender que las argumentaciones de la apelante carecen de sustento jurídico, a tenor del derecho aplicable y de las constancias probatorias de autos, como para modificar la decisión en grado.

Considera que no existe prueba sobre la posesión pacífica, continua y pública del inmueble que los actores pretenden usucapir, destacando que los planos de mensura presentados en ambos juicios se superponen en casi toda su superficie. Agrega que en ninguno de los dos juicios se adjuntó prueba que acredite que los supuestos transmitentes hubieren alguna vez poseído el inmueble, razón por la que resta valor a los recibos de pago emitidos por la Dirección General de Rentas y presentados por la Sra. Fidela Mamaní. Señala que Silverio Mamaní no acreditó pago alguno. Considera contradictorias las declaraciones testimoniales, que atribuyen tanto a uno como a otro las mismas obras. Sostiene que ni el informe policial ni el pericial pudieron determinar la posesión exclusiva de alguno de los actores, agregando la falta de delimitación de los terrenos. En consecuencia, alega que es fundamental para rechazar ambas demandas el hecho de que las pretensiones de Fidela y de Silverio Mamaní son iguales y contrapuestas, y que ninguno pudo acreditar la posesión continua, pacífica y exclusiva del inmueble por más de veinte años. Destaca la necesidad de evaluar con mayor rigor las pruebas que tiendan a fundar la pretensión del usucapiente de un terreno que pertenece, como éste, al dominio eminente del Estado. Finalmente expresa que, cualquiera sea el resultado del recurso, las costas deben ser soportadas por la parte actora en ambas instancias, teniendo en cuenta las particularidades del caso y que la Provincia de Salta no se opuso a la demanda sino que sólo hizo mérito de las pruebas producidas.

A fs. 301 se llaman autos para sentencia por providencia que se encuentra firme.

II.- Que el recurso fue interpuesto dentro del plazo correspondiente, conforme surge de las constancias de fs. 276 y 274.

III.- Que en los presentes autos el Sr. Silverio Mamaní interpuso demanda con sustento en el Plano de Mensura Nº 000386 (reservado en la causa cf. constancias de fs. 13 y 290), sobre una superficie de 503,9554 has. correspondientes al Catastro nº 522 del Dpto. San Carlos, Partido San Lucas.

Adujo poseer en calidad de dueño e ininterrumpidamente desde el año 1991, en que habría adquirido derechos y acciones sucesorios y posesorios de los Sres. Rueda y Tapia que menciona, mediante el contrato de cesión agregado a fs. 4/5 y que en copia certificada se encuentra también reservado en autos. A fs. 47 el Sr. Juan Pablo Escalante manifestó conocer que el actor vive en una casa de piedra con techo de paja y barro con su hijo Domingo, que tienen dos corrales y rastrojo y animales; que hay un embalse y que producen quesos y tejidos; que la finca era de Juan Ángel Rueda (v. fs. 4; uno de los cedentes, casado con Lucinda Mamaní). A fs. 48 la testigo Sra. Lorenza Rueda aclara que hace mucho que no va por la zona, aunque sabe que vive el actor, pero ningún otro detalle brinda que ilustre sobre las circunstancias alegadas por el actor. Agrega que su padre la llevaba a la finca "El Molinito" o "Cerro Bayo" a los 15 años, y que desde 1942 era de propiedad de su padre, Juan Ángel Rueda.

A fs. 58 corre informe de la Dirección General de Rentas según el cual el inmueble no registra deuda por Impuesto Inmobiliario Rural hasta 1993 inclusive, indicando que los impuestos rurales con valor fiscal menor a tres mil pesos están exentos por los años 1994 a 2003 inclusive.

A fs. 86/87 se agrega diligencia de constatación realizada el 17/11/03 por personal policial en compañía del Sr. Silverio Mamaní en Puesto "Palanchito", donde se verifica la existencia de una vivienda precaria y abandonada, con corral caído, sin habitantes, plantaciones ni indicios de uso. En "El Papial" constató una casa precaria y la presencia de la Sra. Fidela Mamaní, quien en ese acto manifestó efectuar visitas periódicas al Puesto y que el lugar pertenecía a su padre.

La ahora apelante Sra. Fidela Mamaní, juntamente con los coactores Pascual y Asunción Mamaní, dedujeron igual demanda sobre el mismo catastro pero de acuerdo al Plano de Mensura Nº 000395, dando lugar al Expediente Nº 51.145/02 (v. fs. 8/10 y reserva de fs. 31 vta. y 280 del Expte. 35.608/01), pretendiendo usucapir una superficie de 440,26 has.

Alegaron estos actores poseer también en calidad de dueños esa superficie, desde el año 1986, en continuidad de la posesión que venía siendo ejercida por el titular del inmueble Dn. Mariano Mamaní (hijo de Vicente Mamaní) hasta 1968 y luego por su hijo Narciso Mamaní, padre de los actores (éste último hasta el año 1986). Relataron que en 1990 Asunción se trasladó a Buenos Aires y Pascual a Cafayate, quedando Fidela en posesión del inmueble por derecho propio y en representación de sus hermanos, con quienes comparte el producido de la finca.

A fs. 28 y 80 corren informes de la Dirección General de Inmuebles donde consta que el catastro Nº 522 no tiene antecedente de títulos y que su declarante fue Vicente Mamaní (HRDO), y que el inmueble pertenece a la Provincia de Salta.

A fs. 94 la Agencia de Recursos Hídricos informó que se registra un pedido de concesión efectuado por Vicente Mamaní que tramita bajo Expte. Nº 34.16751/48 y que no tiene deuda desde el año 1989, remitiendo las constancias de fs. 92 y 93 según las cuales al Catastro Nº 522 de San Carlos corresponde el Suministro Nº 348, de propiedad de la sucesión de Vicente Mamaní.

A fs. 27 rola certificación catastral 206/02 mediante la que la Dirección General de Rentas informa que el inmueble Catastro 522, cuyo propietario es Vicente Mamaní, no registra deuda.

Según diligencia de fs. 85 y vta. y 90 el Sr. Juez de Paz constató en "El Papial" la presencia del Sr. Santos Félix Rojas, quien dijo ser encargado de la parte actora desde hacía quince años, verificando el Sr. Juez las marcas y señales del ganado que ilustra, con identificación registral Nº 1.220 de propiedad de Fidela Mamaní, y la existencia de sembradíos (papa y habas capia, detalla). También hizo constar que el Sr. Virgilio Cruz habitaba "El Palanchito" como puestero encargado de Pascual Mamaní, desde hacía tres años, cuidando frutales y ganado de igual señal que la existente en "El Papial". Verificó el Sr. Juez que ambos ocupan las viviendas de piedra y barro existentes en cada puesto, de carácter precario.

En este proceso -se reitera, iniciado por la ahora apelante (Expte. Nº 51.145/02)- prestó declaración el testigo Narciso Corregidor (fs. 89), quien dijo saber que el dueño de la finca era Narciso Mamaní padre de los actores, que vivió con él en la casa en su niñez; aclaró no saber quién vive desde su fallecimiento en el inmueble. Describió la vivienda y mencionó el ganado y el cultivo que había. Gabriel López (fs. 117) dijo saber que el inmueble fue propiedad de Narciso Mamaní y que desde hacía 35 años lo ocupaban los Sres. Pascual y Fidela Mamaní; que nació en esa estancia llamada "Cerro Bayo" o "Molinito" por eso lo sabe, y que conoce el lugar, dando noción de la extensión del inmueble que tiene alrededor de nueve kilómetros por cinco kilómetros y sus construcciones, sembrados y ganado.

A fs. 117 el Sr. Santos Reyes brinda testimonio en similar sentido, diciendo que sabe que los Sres. Pascual y Fidela Mamaní ocupan el inmueble desde hace aproximadamente 36 años, que antes lo hacía el Sr. Narciso Mamaní, manifiesta que vive en Estancia "El Molinito", que la finca tiene una extensión de ocho kilómetros por cinco.

Asimismo los actores del Expte. 51.145/02 presentaron recibos de pago de impuestos glosados a fs. 17/26, consignados a nombre de Vicente Mamaní.

Ahora bien, en este Expte. Nº 35.608/01 y como prueba correspondiente a ambos juicios se practicó la pericia a que refiere el informe de fs. 229/240 por parte del Ingeniero Federico Pablo Casas, aunque instada y solventada por la Sra. Fidela Mamaní (v. fs. 224).

Cabe destacar que conforme fs. 141 y 144 el Sr. Silverio Mamaní, actor de estos autos, fue declarado rebelde pues aún en conocimiento de la renuncia de su apoderada no volvió a comparecer a juicio con otro apoderado ni efectuó presentación alguna.

IV.- Que la usucapión es un modo de adquirir el derecho real de propiedad basado exclusivamente en el hecho de la posesión de la cosa por el término de ley y con el ánimo de ser propietario de ella (Art. 4015 y CC. Código Civil). La institución no solamente cumple una importante función jurídica sino también económico-social al estabilizar las relaciones de derecho, tornándolas inatacables por el transcurso del tiempo y acuerda seguridad a quien hace viene poseyendo como si fuera su dueño durante el tiempo establecido por la ley.

El artículo 24 de la ley 14.159, modificada por Decreto Ley 5756/58, determina la bilateralidad del contradictorio, en donde el usucapiente debe probar su posesión pública, pacífica, exclusiva, ininterrumpida y con ánimo de dueño de su parte y sus antecesores, si fuera el caso. Al respecto debe tenerse presente que, conforme lo prescripto por el artículo 4.005 del Código Civil, el sucesor particular puede unir su posesión a la de su autor, si las dos son legales, a efecto del cómputo del plazo para prescribir. El inciso "c" del artículo 24 prevé que se admita en el pleito toda clase de pruebas, pero el fallo no podrá basarse exclusivamente en la testimonial. El inciso "b" impone la exigencia de acompañar un plano firmado por profesional competente que determine medidas, linderos y ubicación del inmueble, visado por la oficina técnica pertinente.

Para resolver, el juez debe considerar que la mera afirmación de haber poseído un inmueble o de haber efectuado cultivos, no basta para cumplir con todos los recaudos legales exigibles a los fines de la adquisición del dominio por prescripción adquisitiva, pues es necesario demostrar actos suficientemente precisos que revelen la voluntad de excluir al antiguo poseedor de la facultad de disponer de ella, siendo insuficiente la ocupación, el pago de impuestos o un plano de mensura, pues son actos materiales que puede realizar un simple tenedor (cfr. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Común de Concepción o Correa, Pedro Benito c. Alderete, Manuel Edmundo s/ reivindicación o 15/03/2013 o DJ 07/08/2013 , 83 o AR/JUR/7748/2013).

Asimismo cabe tener presente que la acción de usucapión o prescripción adquisitiva es de naturaleza declarativa pues quien la interpone no persigue el dominio del inmueble, al ya tenerlo por prescripción, sino que busca la obtención de un título comprobatorio que perfeccione dicha propiedad.

V.- Que, al analizar la prueba rendida, la Sra. Juez A quo sostuvo que los testigos que deponen en ambos expedientes declaran que los actores de cada uno de ellos poseyeron el inmueble desde hace más de veinte años, declarando en cada caso respecto de las mismas mejoras aunque atribuyéndoselas a ambos actores. De la lectura del informe pericial concluyó que indica que la falta de deslinde y lo accidentado del terreno dificultan la demarcación precisa de los inmuebles de la zona. Consideró también el hecho de que ambos actores presentan plano de mensura sobre el mismo terreno como circunstancia impeditiva del acogimiento de las demandas. Finalmente, tuvo en cuenta que no se probó la fecha en que los Sres. Rueda -que habrían cedido sus derechos a Silverio Mamaní- poseyeron o introdujeron mejoras o cuáles fueron realizadas por el actor. Entendió que lo mismo sucede con los actores del expediente Nº 51.145 y tuvo por no acreditado el pago de impuestos, respecto de ambos actores. Como corolario y principalmente por la falta de demarcación de los límites de los inmuebles en la zona que en su criterio no le permitían acoger la demanda de los dos expedientes pues no se sabe cuál es la porción de terreno ocupada y pretendida por cada uno de ellos, rechazó ambas demandas.

Partiendo del hecho de que el bien inmueble no pertenece al dominio público del Estado Provincial, lo que determina la posibilidad de ser adquirido por prescripción adquisitiva, debe evaluarse el contexto actual de la causa y su prueba, siguiendo el criterio de exigencia que impone la circunstancia de que se trata de un bien inmueble que pertenece al Estado Provincial.

El rechazo de la acción interpuesta por el Sr. Silverio Mamaní se encuentra consentido por éste, correspondiendo entonces determinar si los agravios expresados por la apelante, Sra. Fidela Mamaní, alcanzan a conmover los fundamentos del fallo apelado en cuanto fuera materia de sus agravios por haber sido rechazada su propia acción prescriptiva.- Ello lleva necesariamente a reexaminar la prueba producida en los dos expedientes, teniendo en cuenta que la única sentencia dictada para ambas causas se sostuvo en las probanzas de ambos.

VI.- Que, como lo observara la Sra. Juez A quo, los testigos atribuyen en un caso a Silverio Mamaní y en otro a Fidela Mamaní y su familia la posesión del mismo inmueble.

También estableció la magistrada que Silverio Mamaní no ha logrado acreditar la posesión que invocó para fundar su pretensión adquisitiva.

No obstante, esa conclusión -que se encuentra firme, como ya se señaló- no trae como inmediata consecuencia el rechazo de la acción promovida por la ahora apelante, aunque ésta tenga como objeto el mismo fundo. Por el contrario, y acumulados los expedientes a fin de evitar sentencias contradictorias (v. fs. 63 y vta.) desestimada aquélla correspondía un análisis particularizado respecto de ésta, lo que no se hizo acabadamente en la anterior instancia.

En efecto, el Sr. Perito claramente dejó expresado en su informe que puede inferirse que el inmueble descripto y ubicado geográficamente con fundamento en su visita al inmueble, apersonándose en los Puestos "Palancho", "El Filito", "El Papial o Puestito" -incluso con descripción de los límites y a pesar de las dificultades de tal tarea- `que la porción ocupada por la Sra. Fidela Mamaní tiene relación con la indicada en el plano registrado en la Dirección General de Inmuebles como Plano de Mensura para Prescripción Adquisitiva Nº 395 Departamento San Carlos Propiedad "Cerro Bayo" o "Puesto Molinito"...´, sugiriendo no obstante un deslinde con equipos de mayor precisión.

A pesar de la contundencia de la afirmación del Sr. Perito, en la sentencia sólo se tuvo en cuenta la constatación de la falta de deslinde, lo accidentado del terreno y las dificultades de la demarcación, siendo del caso afirmar que la demarcación volcada en el plano Nº 000395 tiene en efecto directa relación con el confeccionado sobre el terreno por el perito a fs. 237/238, sin perjuicio de su posible más acabado deslinde, respetando los registros existentes en la Dirección de Inmuebles. El inmueble se encuentra, en definitiva, perfectamente individualizado.

Asimismo en la sentencia se dijo que Fidela Mamaní y sus coactores no probaron haber pagado los impuestos desde la fecha en que dicen poseer, siendo éste además uno de los argumentos defensivos de la Provincia de Salta. Se trata de una prueba de mucha importancia en el caso porque hace a la continuidad y a la publicidad de la posesión que invoca esta parte. En tal sentido, se entiende que "la determinación de si ha mediado abandono de la posesión constituye una cuestión de hecho, sujeta a la apreciación judicial. Adquiere especial relevancia en estos juicios de usucapión, en los que debe acreditarse la continuidad en la posesión. No se exige una presencia constante en la finca, pero debe existir una sucesión regular de actos posesorios, practicados a intervalos lo suficientemente cortos como para que no existan lagunas. La ocupación de un inmueble requerida para configurar un acto de posesión a los fines de la usucapión no requiere de la presencia activa y permanente del poseedor sino la clara demostración de que éste, una vez iniciada la posesión y mediante los actos respectivos de percepción de frutos, deslindes, construcción de mejoras o reparación (art. 2384, Cód. Civil), no abandonó su intención de someterla al ejercicio de un derecho de propiedad (Conf. Cám. Civ. Com. Posadas, sala II, 10/02/1998, LLLitoral, 1998-2, 587). Hace, en síntesis, a la continuidad de la posesión.

Existen recibos de pago de impuestos del Catastro Nº 522 del Departamento de San Carlos a nombre del Sr. Vicente Mamaní (fs. 13/28), quien -está acreditado- era el padre de Mariano Mamaní (fs. 11), padre éste de Narciso Mamaní (fs. 12), a su vez padre de los actores, ya fallecido (v. fs. 12). Dijo la Provincia de Salta al contestar la demanda de los hermanos Mamaní (fs. 184 Expte. Nº 51.145/02) y luego al contestar el recurso (fs. 298 Expte. Nº 35.608/01) que los comprobantes de pago emitidos por la Dirección General de Rentas correspondientes a diferentes períodos hasta el año 1.992 se encuentran extendidos a nombre de una persona que no es actora en autos, y a cuyo respecto ninguna referencia se hace en la demanda. Sin embargo, tiene entendido la jurisprudencia que ya no se requiere que los recibos estén extendidos a nombre del usucapiente y tampoco que se demuestre el pago durante todo el lapso de posesión. Es que como en la generalidad de los casos la prueba de tal circunstancia-es decir del pago de los impuestos o tasas- será poco menos que imposible desde que los empadronamientos en la mayoría de los registros impositivos se hacen a nombre del titular de dominio a cuyo nombre se extienden igualmente los recibos, la ley admite la acreditación de pago aunque los recibos no figuren a nombre de quien invoca la posesión haciendo jugar en favor del poseedor la presunción de que el tenedor de los recibos es el "solvens" como lo había admitido la jurisprudencia anterior a la reforma (Conf. Cám. Civ. Com. Morón, Sala II, 15-3-1988, elDial - WB8FF; íd. Cám. Civ. Com. Salta, sala IV, 10/08/2005, LLNOA, 2006 (marzo), 175). La tenencia de los recibos de pagos de impuestos y tasas resulta así una prueba corroborante de la posesión, aunque los mismos no se encuentren a nombre del usucapiente ni den cuenta quien efectuó el pago, dado que se presume que quien tiene en su poder el recibo de gravamen de la propiedad es quien ha efectuado el pago (Conf. Cám. Civ. Com. Lomas de Zamora, sala 2ª, 22/09/2005, Lexis Nº 1/70021875-4).

De ahí que carezca de toda trascendencia que los múltiples recibos acompañados estén a nombre del antecesor dominial de la apelante o que falten algunos períodos, como lo entiende la Provincia de Salta.

En cuanto a lo pacífico de la posesión, si bien la disputa que emerge de la propia acción de Silverio Mamaní pareciera relativizar esta condición, en realidad de los propios términos de la sentencia apelada surge que la prueba aportada por este actor no aportó elemento alguno que permita tener por veraz y concretamente discutida la posesión alegada por Fidela, Pascual y Asunción Mamaní.

Finalmente, teniendo en cuenta que la demanda fue promovida el 15 de Agosto de 2002, de la prueba rendida debe surgir que al menos desde veinte años antes se efectivizó la posesión pública, pacífica e ininterrumpida de los actores en carácter de dueños del inmueble. A estos fines, y analizadas ya las probanzas producidas, es imprescindible tener en cuenta las características de la vida de la gente del lugar, las condiciones del terreno, las posibilidades de publicidad de los cotidianos actos posesorios. Se trata de familias que moran en territorios alejados de los centros comunitarios de la zona, haciendo pastar sus animales en lugares casi inaccesibles, sin posibilidades siquiera de saber cómo hacer pública su posesión y para quienes el hecho de mantener en su poder los instrumentos que resguardan su derecho -en el caso, los comprobantes del pago de impuestos realizado por sus antecesores- constituye una de las mayores preocupaciones de su vida pues de esos papeles depende literalmente su vida, basada en el terreno donde pastan sus animales y donde cultivan, con mayor o menor intensidad según la geografía.

Respecto a inmuebles rurales de grandes dimensiones, como es el referido en el recurso bajo análisis, se entiende que en razón de tales características no se puede exigir acabada demostración de actos posesorios permanentes y continuos en todos sus rincones o su patente publicidad; sin embargo, es posible concluir que la posesión aquí invocada alcanza a cubrir toda la extensión del terreno, considerando la prueba de impuestos que refiere al catastro Nº 522 en su totalidad, a la demarcación efectuada en el Plano de Mensura confeccionado para la prescripción de Silverio Mamaní, a la constatación in situ del Perito Casas y de los otros funcionarios intervinientes (personal policial y Juez de Paz), existiendo varios puestos, plantaciones, ganado, pirca de piedras y teniendo en cuenta que salvo las dos testimoniales ofrecidas por Silverio Mamaní, ninguna otra prueba sugiere la presencia de terceros lo que en su caso exigiría una todavía mayor producción probatoria a los fines de excluir sus eventuales derechos (cfr. CACCSalta, Sala III, Tomo 2005:912).

Desde tal perspectiva, es dable concluir que se ha podido constatar plena e indubitadamente el efectivo ejercicio de la posesión en esas tierras por parte de estos actores a través de pruebas que en conjunto dan certeza suficiente sobre el derecho alegado en el Expediente Nº 51.145/02, efectuado de manera insospechable, clara y convincente, como lo exige la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos, 300:651), demostrándose que la actora tiene el fundo bajo su poder, según el concepto de posesión dado por el artículo 2.351 del Código Civil, descartándose la mera tenencia por haberse probado también el "animus domini" (arts. 3.999 y 4.015 C.C.).

Conforme reiterada jurisprudencia, si los actos posesorios (y sobre todo un conjunto de ellos, de distinta índole, apropiados a las características del fundo), se han repetido durante un lapso más que suficiente para prescribir sin interrupción y denotando por parte de quien los ejerce una conducta, objetivamente exteriorizada como de dueño, no puede razonablemente decirse que sean una mera presunción de "animus" emanada del "corpus", sino que son la prueba misma de ese "animus rem sibi habendi". La lógica y el sentido común indican que la persistencia de una conducta que bien puede ser la de un poseedor, realmente lo es si no hay motivo para suponer lo contrario (arts. 913, 941 y 2384 del Cód. Civil; conf. Cám. Apel. Civ. Com., San Isidro, Sala II, 30/03/1993, elDial - W6D3F).

VII.- Que, en consecuencia, atendiendo al hecho de que el recurso de apelación fue interpuesto sólo por la Sra. Fidela Mamaní, corresponde su acogimiento y, en su mérito, cabe dejar sin efecto la sentencia de fs. 270/273 en cuanto rechazó la acción promovida por esta parte, declarando adquirido por ella el dominio del Catastro Nº 522 del Departamento de San Carlos, Partido San Lucas, en la porción de 440 has. 26 m2 señalada en el Plano de Mensura nº 000395, que tiene como límites las Matrículas Nº 147, 1904, 1404, 1490, 159, 66 y el Remanente de Matrícula 522 cuyo límite Este corre entre los puntos 4 y 5 del mencionado Plano de Mensura, visado por la Dirección General de Inmuebles.

Teniendo en cuenta las circunstancias del caso y la postura adoptada por la Provincia de Salta, se considera justo imponer las costas por el orden causado.

Por ello, LA SALA PRIMERA DE LA CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL, FALLA:

I.- HACIENDO LUGAR al recurso de apelación interpuesto a fs. 274 por la Sra. Fidela Mamaní y, en su mérito, DEJANDO SIN EFECTO la sentencia de fs. 270/273 en cuanto rechazó su demanda de prescripción adquisitiva, DECLARANDO adquirido por ella el dominio del Catastro Nº 522 del Departamento de San Carlos, Partido San Lucas, en la porción de 440 has. 26 m2 señalada en el Plano de Mensura Nº 000395, que tiene como límites las Matrículas Nº 147, 1904, 1404, 1490, 159, 66 y el Remanente de Matrícula 522 cuyo límite Este corre entre los puntos 4 y 5 del mencionado Plano de Mensura visado por la Dirección General de Inmuebles.

II.- IMPONIENDO las costas por la acción promovida en Expediente Nº 51.145/02 por el orden causado, en ambas instancias.

III.- MANDANDO se copie, registre, notifique y oportunamente bajen los autos al Juzgado de Origen.