marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Alimentos, vivienda, cuota alimentaria
Materia: CIVIL
Carátula: Frete de Bazan, Telma J. c/ Bazn, Leandro A. s/ Alimentos y Litis Expensas. Frete de Bazan, Telma J. c/ Bazán, Leandro A. s/ Alimentos y Litis Expensas.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1997-06-30|1997-06-30

Entre las necesidades que los alimentos deben cubrir se encuentra la vivienda de que debe gozar el alimentado. Si no hay en su patrimonio un inmueble que pueda ser ocupado como vivienda, debe incluirse en la cuota alimentaria, el monto necesario para su alquiler. La vivienda con que habrá de contar el alimentado debe guardar relación con el nivel económico, cultural y social con que se ha desarrollado la vida de la pareja durante la convivencia. Pero esto no puede tornarse en fundamento para exigencias excesivas, ya que no puede pasarse por alto la necesidad del alimentante para sostener su propio hogar. Entre los rubros que indispensablemente debe cubrir el alimentado, figura la vivienda; deber entonces calcularse, al establecer la cuota, el monto necesario para abonar un alquiler, de acuerdo al nivel económico, social y cultural de las partes.
Sentencia, nulidad de oficio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Saccarello, Marta Amelia c/ Beraldi, Juan Carlos y otro s/ Cobro de pesos Lami, Juan Adrián c/ Tangorra, Luis Cecilio s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-08-05|1988-08-09

Corresponde declarar nulo de oficio el pronunciamiento que omitió tratar una cuestión esencial sometida a su conocimiento, que impide a la Corte conocer del recurso de inaplicabilidad de ley.
Deudas del Estado, emergencia económica
Materia: ECONOMIA-FINANZAS
Carátula: P. SA c/ Municipalidad de Rawson s/ Contencioso Administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-12-01

No basta que la Administración se encuentre avalada por el corsé que en materia de obligaciones puede surgir de la implementación de leyes de consolidación de deudas y emergencia económica, pues en la medida que la legislación le instituye el derecho de cumplirlas en un plazo distinto, también le acarrea el deber de satisfacer en forma adecuada las pretensiones de los acreedores, aún cuando éstas hayan mutado por la entrega de los títulos a través de los cuales se previó la cancelación de las deudas.
Representación procesal, representación del Estado en juicio, gravamen irreparable, recurso de apelación (procesal), improcedencia del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: CORTESE, RUBEN. s/ Contrabando, recurso de queja por apelación denegada.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-23

La providencia que dispone que la representación del mandante (en el caso, la Administración Federal de Ingresos Públicos) sea ejercida por dos de todos los mandatarios que se presentaron con ese carácter resulta meramente ordenatoria del trámite procesal y no puede ocasionar gravamen irreparable por lo que no es susceptible de apelación.
Costas, vencimiento parcial y mutuo
Materia: PROCESAL
Carátula: Bennasar, Guillermo Emilio c/ Asociación Civil Col Salud s/ Cobro de pesos.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2008-02-26

Existiendo vencimientos recíprocos, las costas del proceso deberán ser afrontadas del siguiente modo: el demandado deberá soportar las propias y el 60% de las correspondientes al actor, y éste cargará con el 40% restante de las propias (arts. 49 CPL y 109 CPCC). (Sumario confeccionado por el SAIJ)
Recurso de casación, robo con armas
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: GONZALEZ, HORACIO s/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-04-19

En relación a la interpretación que sólo comprende en el concepto de arma que prevé el art. 166 inciso 2º del Código Penal, a las armas propias, si tan solo se repara en que descarta el peligro y la potencialidad ofensiva de ciertos objetos como un bastón de mano, un caño o un palo de madera, se desprende que la misma deviene incongruente con el concepto genérico y amplio utilizado por la norma, desde que este tipo de elementos tienen innegablemente el carácter de arma, aunque en sentido impropio, que integra el tipo penal en análisis porque al ser utilizados como elementos contundentes conllevan un peligro cierto para la vía o para la integridad física de la víctima.
Poder Legislativo Nacional, poder constituyente, Seguridad social, Constitución Nacional, beneficios previsionales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Blanco, Lucio Orlando c/ ANSeS s/ reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-12-18

El alcance del poder que el constituyente ha otorgado al Congreso de regular la distribución de "los beneficios de la seguridad social" debe inscribirse en una comprensión que enlaza la realización del proyecto social de la Constitución Nacional con el juicio y decisión de los representantes del pueblo y de las provincias, pues son los legisladores quienes en mejores condiciones están de realizar los designios de nuestro texto constitucional.
Beneficios previsionales, jubilación ordinaria, acumulación de beneficios, resoluciones, aplicación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: BONADERO, ALBERTO RAFAEL c/ Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos s/ PRESTACIONES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-31

Corresponde revocar la resolución que tuvo por acreditado el derecho del titular a obtener la jubilación ordinaria conforme lo normado por la ley 23.604, pero ordenó no hacer efectivo el pago del beneficio de acuerdo a lo dispuesto por el art. 79 de la ley 18.037.
Emergencia económica, control de constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Torraca Hnos. S.R.L. c/ M.C.R. s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-05-07

La declaración de emergencia es un acto discrecional que le compete al poder político en ejercicio de facultades que le son propias, y no le corresponde a los jueces controlar la conveniencia u oportunidad de la finalidad de las leyes la determinan, en tanto las decisiones políticas instrumentales son ajenas al control judicial, pero ello no implica que estén exentas del control jurisdiccional de constitucionalidad ya que su declaración no suspende la vigencia de las garantías constitucionales. En este contexto, la razonabilidad que debe existir en toda declaración de emergencia, impide que, argumentando necesidad o urgencia se frustren, alteren o menoscabe la sustancia de los derechos reconocidos por el orden constitucional, que si bien limitados, nunca pueden ser suprimidos.
Facultades del juez, dictamen pericial
Materia: CIVIL
Carátula: L., M. A. c/ S. R. D. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-09-18

"para apartarse el juzgador de las conclusiones alegadas por los expertos, debe tener razones fundadas. Esto resulta así, pues si bien en las normas procesales no se otorga al dictamen el carácter de prueba legal y se permite al magistrado formar su propia convicción al respecto, es evidente que esto, en tanto y cuanto comporta la necesidad de una apreciación crítica del campo de saber de aquel experto, aparece naturalmente ajena al hombre de derecho y lo obliga a apoyarse en otros elementos de juicio que permitan concluir en el error o en el inadecuado juzgamiento que el perito haya hecho de los conocimientos científicos de los que, por su profesión o título habilitante, necesariamente ha de suponérselo dotado".
Proceso contravencional, medidas cautelares, secuestro de bienes, decomiso, contravenciones de juego
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: M, de V, G. L. s/ Artículo 41
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-02-01

El carácter restrictivo y excepcional de las medidas coercitivas en el procedimiento contravencional que emana del artículo 18 de la Ley de Procedimiento Contravencional, se ha visto confirmado con la sanción de la Ley Nro. 255 que en su artículo 7mo. legisla el comiso con alcance distinto y comprendiendo otros bienes muebles.

Ello es así por cuanto el principio general que ha tenido en mira el Legislador al reglamentar el Capítulo VI "Prevención" de la Ley de Procedimiento Contravencional, en especial las instituciones de secuestro y comiso, ha sido el de hacer prevalecer las garantías de los artículos 17 de la Constitución Nacional en lo relativo a la protección del derecho de propiedad, y 18 del mismo cuerpo legal al resguardar su libertad, valor éste que subsume el referido al ejercicio del derecho de propiedad. (Del voto de la Dra. Robledo con adhesión del Dr. Ventureira)
Prueba testimonial, declaración testimonial
Materia: PROCESAL
Carátula: Acevedo, Ramón Ubaldo c/ COVELIA S.A. s/ Despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-14

El exceso de precisión en sus declaraciones, conspira la credibilidad de los testigos declarantes en una causa, y contra la confianza en la espontaneidad de sus descripciones. Ya es de difícil admisión que personas que se están ocupando de sus propios negocios lleguen a individualizar, e incluso conocer el nombre, de las dotaciones de los camiones recolectores de residuos que recorren, como es de pública notoriedad, fugazmente, las calles de su barrio; que hayan memorizado extremos tan triviales como el color de la vestimenta y la leyenda con el nombre de la empresa que adornaba su dorso, linda con la falta de respeto al tribunal.
Certificado de trabajo, entrega del certificado de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: CISCO  SYSTEMS  ARGENTINA  S.A. c/ SANCHEZ AVALOS JULIO ARTURO s/ CONSIGNACION.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-03-11

El formulario P.S.6.2 de la Anses no reemplaza al certificado exigido por el art. 80 LCT. Dicha "certificación de servicios y remuneraciones" es evidente que no resulta ser el certificado de "trabajo" por más que contenga datos similares (aunque no siempre coincidente), toda vez que tiene finalidades distintas ya que este último está dirigido a que el trabajador puede exhibirlo para obtener un empleo, mientras que el Formulario P.S.6.2 debe utilizarse para la obtención de un beneficio previsional. El formulario P.S.6.2 tampoco sustituye a la constancia de aportes, exigida por el art. 80 LCT dado que carece de dichas constancias de aportes, exigencia ésta inserta en la ley y que no puede ser soslayada mediante otro instrumento por más que resulta aprobado por el ente previsional y -supuestamente- puede ser calificado como innecesario por cuanto no se vulneraría la finalidad perseguida por el citado art. 80 LCT. En el formulario entregado por el ANSES no hay, precisamente, constancia acerca de los ingresos por los aportes y contribuciones, sino tan sólo de los salarios devengados por el trabajador. (Del voto del Dr. Catardo, en minoría).
Procedencia del recurso, regulación de honorarios, ley arancelaria, sentencia arbitraria, revocación de sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Diez De Pinos Rodrigo, José c/ Macri, Enrique s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2022-05-02

Procede hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad y, en su mérito, revocar la sentencia estableciendo los honorarios profesionales en la suma correspondiente con más el importe en concepto de IVA; por la labor desarrollada respecto del recurso de apelación decidido. El remedio intentado sólo puede prosperar en aquellos supuestos de evidente discrecionalidad, apartamiento injustificado de los hechos o del Derecho aplicable o irrazonabilidad de las conclusiones a que se arriba en el decisorio. Asiste razón a los recurrentes en cuanto señala un apartamiento infundado de la norma aplicable al caso; en efecto, de acuerdo al art. 15 de la Ley arancelaria 8035, por las actuaciones correspondientes a la segunda o ulterior instancia, se regulará en cada una de ellas el 40 % de la cantidad que deba fijarse para los honorarios de primera instancia. Si la sentencia apelada fuera revocada en todas sus partes en favor del apelante, el honorario se fijará en un 50 %. De tal modo, la aplicación de una norma distinta a la específicamente prevista para el caso, sin dar razones o fundamentos que justifiquen tal apartamiento, constituye una decisión arbitraria susceptible de descalificarla como un pronunciamiento judicial válido.
Recurso de apelación (procesal), Seguridad social, beneficios previsionales, prueba, carga de la prueba
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL
Carátula: Meza, Petrona c/ ANSeS s/ prestaciones varias.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-11-17

El desconocimiento de la autenticidad de los recibos de sueldos agregados a la causa no alcanza para invalidarlos pues no cabe desconocer que en ellos figuran liquidaciones mensuales con los descuentos respectivos, que resultan contemporáneos con las fechas en que la actora ha denunciado la prestación de servicios y tienen inserto el nombre del empleador y su firma, por lo que resulta improcedente el planteo de la apelante dirigido a invertir la carga de la prueba imponiendo a quien reclama un beneficio jubilatorio la tarea de acreditar la legitimidad de un instrumento de antigua data.
Apartamiento de la doctrina de la corte, tenencia de estupefacientes para consumo personal, prevención del delito
Materia: PENAL
Carátula: Fernández Pérez, Federico y otro c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-06-10

No se ajusta al precedente CS "Arriola" -que requiere que el hecho no trascienda del ámbito privado protegido por el art. 19 CN- la tenencia para consumo personal de 7,64 gramos de marihuana, que personal policial halló en poder del imputado mientras efectuaba tareas de prevención, y al llegar a la Plaza 1º de Mayo, en la intersección de las calles Hipólito Irigoyen y Pasco de esta Ciudad, vieron a dos individuos fumando un cigarrillo de marihuana frente a una cancha de fútbol donde había niños jugando, secuestrándoseles ocho cigarrillos de marihuana y dos envoltorios con colillas de cigarrillos de armado casero con idéntica sustancia.
Pronunciamiento inoficioso, costas, costas en el orden causado, honorarios, honorarios del abogado, honorarios del perito, fisco nacional
Materia: PROCESAL
Carátula: Ferrarotti S.A. -T.F. 12.442-I- c/ D.G.I. s/ regulacion de honorarios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-12

Si, en anterior resolución, el infrascripto dispuso que las costas del juicio fueran impuestas por su orden, resulta inoficioso la consideración de los agravios del Fisco Nacional respecto de los honorarios correspondientes a los profesionales de la parte actora y de los peritos contadores (Disidencia del Dr. Antonio Boggiano).
Recurso de inconstitucionalidad, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia aplicable, honorarios, jus
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: PROVINCIA DE SANTA FE c/ DROGHETTI, ALFREDO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-03-07

Las cuestiones debatidas en autos- en cuanto refieren a la inconstitucionalidad de la unidad jus- guardan sustancial analogía con las que fueran materia de análisis y decisión en la causa "Municipalidad de Santa Fe c. Bergagna"; y proyectando las pautas allí expuestas, surge de las constancias de autos que el A quo habilitó la aplicación del sistema jus más allá de la fecha de firmeza de la regulación del estipendio, apartándose del valorismo atenuado adoptado en aquel antecedente, por lo que corresponde anular lo resuelto. (Del voto del Dr. Falistocco) - CITAS: CSJStaFe: Municipalidad de Santa Fe c. Bergagna, AyS T 276, p 294/326. - Jurisprudencia vinculada: Cardozo, AyS T 279, p 461/471.
Recurso de inconstitucionalidad, subasta, concursos
Materia: CONSTITUCIONAL - COMERCIAL - PROCESAL
Carátula: RINALDI Y BRONZINI SRL c/ SARIO SA s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE NRO 439-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-02-24

Deviene susceptible de tacha en el plano constitucional, la sentencia que viola las condiciones del artículo 95 de la Constitución Provincial y reglas lógicas, reglas del discurso racional (tal como la de universalidad, intersubjetividad, etc).

En el sub judice, el fallo de Alzada carece de la debida justificación en cuanto ordena que los titulares de los juicios deberán concurrir a verificar sus créditos en el concurso, sin explicar mínimamente las razones por las cuales considera que el comprador de un bien subastado con anterioridad a la declaración concursal es titular de un crédito en el concurso y no un tercero ajeno al mismo.
Tarjeta de crédito, prueba, principio de prueba por escrito, resumen de cuentas
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO CREDITO LINIERS S.A. c/ BIANCHI, NERINA s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-23

La aceptación o conformidad tácita de las cuentas o resúmenes dados por la emisora de la tarjeta de crédito, proveniente de la falta de oportuna imputación, resulta suficiente para tener por probado el crédito con arreglo al valor que, como principio de prueba, debe reconocerse a las registraciones contables en favor de su titular (Código de Comercio 64).
Caducidad de instancia, terminación del proceso, interpretación restrictiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Estado Nacional - Ministerio de Economía y Producción c/ Córdoba, Provincia de s/ cobro de pesos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-15

La perención de la instancia debe responder a las particularidades de cada caso, y que por ser un modo anormal de terminación del proceso y de interpretación restrictiva, la aplicación que de ella se haga debe adecuarse a ese carácter sin llevar ritualistamente el criterio que la preside más allá del ámbito que le es propio (Disidencia de los jueces Rosenkrantz y Highton de Nolaco).
Proceso penal, recusación, INTERÉS EN EL ASUNTO O EN OTRO SEMEJANTE, prejuzgamiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Juri, Graciela Zoraida s/ Incidente de Recusación interpuesto por la Sra. Graciela Zoraida Juri con el Patrocinio letrado del Dr. José Alberto Furque referente a Expte. Letra "Q" Nº 182/11
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-08-29

En el planteo de recusación, el abogado defensor de G. Z. J. denuncia que el magistrado cuyo apartamiento pretende llevó a cabo un claro anticipo de criterio y opinión ya que, en una providencia inicial, estableció de manera asertiva, categórica, concluyente y definitiva la culpabilidad penal y la responsabilidad civil de su defendida.

De manera constante se ha sostenido que la interpretación referente a la concurrencia de las causales de recusación de un magistrado debe ser de carácter restrictivo (Confr. Jorge A. Clariá Olmedo, "Tratado de derecho procesal penal", t.II p.243, Ed. Ediar, 1962; Francisco J D´Albora, "Código Procesal Penal de la Nación", p. 85, Ed. Abeledo Perrot, 1993, entre otros).

También la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo que tal instituto tiene por finalidad preservar la garantía de imparcialidad necesaria de los Tribunales de Justicia, pero a su vez, se intenta evitar que éste se transforme en un medio espurio para apartar a los jueces del conocimiento de la causa que por norma legal le ha sido atribuida.

Nuestro Código de Procedimiento Penal establece, en el Art. 56, los motivos por los que los Jueces deben inhibirse o pueden ser recusados, para sustraerlos del conocimiento de las causas.

El letrado invoca circunstancias que encuadra en las previsiones de los incs. 3 y 8 de la citada norma, que establecen, en lo que aquí interesa, que el magistrado debe inhibirse y puede ser recusado, si tiene interés en el resultado del proceso o cuando hubiera manifestado extrajudicialmente su opinión sobre el proceso.

La recusación intentada no obtendrá favorable recepción en esta instancia, en tanto no se advierte que las circunstancias invocadas puedan sustentar idóneamente algún temor de parcialidad.

El primero de los motivos expuestos debe ser rechazado porque el cuestionamiento no se apoya en ningún elemento que permita sospechar que el magistrado, que integra el tribunal en carácter de Presidente, tenga algún interés en el resultado del proceso iniciando ante ese tribunal, donde se tramita el juicio por Injuria, denunciada por V. B. C. contra la G. Z. J.	El decreto de traslado de la constitución de actor civil, en el punto III) dice: ".de la acción civil instaurada por V. B. C. con el fin de indemnizar los daños y perjuicios irrogados por el ilícito accionar desde la fecha del hecho." En rigor de verdad, la decisión del señor Juez supuso el cumplimiento de sus deberes como director del proceso, sin que los términos expresados -aunque puedan tildarse de poco felices-, revelen algún interés del juzgador respecto el resultado del proceso, ni constituyan una recomendación que mejore su situación procesal, en perjuicio de la contraria.

Por lo que corresponde, conforme lo expuesto, rechazar la pretensión de apartamiento por recusación formulada.
Calificación legal, malversación de caudales públicos, revocación de sentencia, procedencia del recurso
Materia: PENAL
Carátula: P., A. s/prescripción-defraudación c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-03-05

Explicaron que no era posible descartar la calificación legal propuesta por la representante del ministerio público fiscal, esto es, malversación de caudales equiparados a públicos (artículo 263 en función del artículo 261, primer párrafo, del CP) ya que la imputada se desempeñaba como presidenta de una cooperadora -entidad de beneficencia de un jardín de infantes-, que se nutría con el pago de la cuota por los asociados y de subsidios otorgados por el Gobierno de la CABA, de modo que, en definitiva, el desvío y sustracción de fondos involucró bienes públicos. Agregaron que desde que la imputada comenzó a desempeñar la función hasta el primer llamado a prestar declaración indagatoria, no transcurrió el máximo de la pena prevista para la figura que reclama el fiscal, por lo que correspondía hacer lugar al recurso de apelación y revocar la decisión adoptada..
Reincidencia, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley
Materia: PENAL
Carátula: Encina, Cristian Claudio s/ Robo calificado por el empleo de armas en grado de tentativa en  concurso real con abuso deshonesto
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2005-06-08

Es improcedente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que el señor Fiscal denunció la violación del art. 50 del C.P. si las constancias de autos revelan que el procesado no llegó a revestir nunca calidad de penado con sentencia firme con anterioridad a los hechos en juzgamiento, a tenor del antecedente que el recurrente valora para la declaración de reincidencia que postula (art. 50, C.P.), sin poder asimilarse a tal situación el tiempo que insumió su detención cautelar. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Alimentos, obligación alimentaria entre parientes, cesación de la obligación alimentaria, mayoría de edad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PEREYRA DE DESPOSITO INES c/ DESPOSITO SALVADOR R. s/ ALIMENTOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-02-02

El derecho alimentario del hijo cesa al alcanzar éste la mayoría de edad. Como pariente la ley acuerda al descendiente, parecido pero no idéntico beneficio, ya que varía su naturaleza, extensión o amplitud y carga del reclamo. Mientras la prestación que viene gozando encuentra su amparo en los artículos 265, 267 y concordantes del Código Civil, la del pariente la halla en los artículos 367 al 376 del mismo cuerpo normativo. Por imperio del artículo 370 del Código Civil, alcanzada la mayoría de edad, debe él y no su padre, probar la falta de medios para alimentarse y que no le es posible adquirirlos con su trabajo. (MINORIA U OPINION PERSONAL)