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Medidas provisionales, actuación de oficio, protección de personas, principios del derecho internacional de los derechos humanos, Derechos humanos
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Ivcher Bronstein s/ Medidas Provisionales Respecto Del Estado Del Perú
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2000-11-21

En el Derecho Internacional de los Derechos Humanos -a diferencia de lo que sucede con los sistemas jurídicos nacionales-, las medidas provisionales tienen como propósito actuar en forma preventiva a fin de proteger efectivamente los derechos fundamentales de las personas, en tanto su pretensión es evitar que padezcan daños, posteriormente irreparables.
Sentencia, parte dispositiva, cosa juzgada
Materia: PROCESAL
Carátula: D., I. c/ OSDE s/ amparo c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-03-19

A menos que se verifiquen circunstancias excepcionales es la parte dispositiva, y no los considerandos, lo que reviste el carácter de cosa juzgada.
Recusación sin causa, defensa en juicio, competencia por conexidad
Materia: PROCESAL
Carátula: HAYTT INTERNATIONAL CORPORATION Y OTRO c/ GLAUBACH ROBERTO ALEJANDRO s/ NULIDAD DE MARCA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-30

Si bien es cierto que con el instituto de la recusación se persigue proteger el derecho de defensa de las partes, no lo es menos que dicha finalidad no debe pertubar el adecuado funcionamiento de la organización judicial (cfr. Morello-Sosa-Berizonce "Códigos Procesales Civil y Comercial de la Prov. de Bs. As. y de la Nación, comentado y anotado", T° II-A, pág. 439), ni soslayar la conveniencia de concentrar ante un sólo Tribunal todas las cuestiones vinculadas que se originen y giren en torno a los mismos hechos o que tengan antecedentes en una misma relación jurídica, a fin de hacer efectivo el forum conexitatis.
Concursos, extensión de la quiebra
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Vaquié Horacio F. c/ Fernández Miguel B. s/ Cobro Hipotecario
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-02-22

Con referencia a los acreedores de los socios alcanzados por la extensión de la quiebra de la sociedad, habrá que hacer tantas verificaciones como quiebras individuales se declaren y en cada caso se fijará el término del art. 96, inc.1º de la Ley 19551 para presentar las peticiones de verificación y los títulos pertinentes al síndico. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Representación procesal, gestor
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: D. P., I. H. y Otra c/ N., C. s/ Ejecución de Honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-05-30

Sentando las pautas que hacen procedente el uso del beneficio consagrado por el artículo 48 del CPCC, este Tribunal ha sostenido "Que la calidad de gestor que autoriza esta norma sólo rige para supuestos excepcionales, sea que se trate de primeras presentaciones -promoción de demanda o su contestación y situaciones equivalentes de indiscutible urgencia- o, durante el trámite del proceso cuando se configuren verdaderas dificultades o imposibilidades de obrar, semejante a las previstas en el artículo 3980 del Código Civil (v.g. una grave enfermedad, un viaje súbito, un encarcelamiento, un secuestro).Es decir que la urgencia del caso debe nacer de hechos o circunstancias imprevistos que hayan impedido la actuación directa de las partes o de sus representantes en el pleito.No puede servir, por lo tanto, de comodín a abogados y partes para cubrir "fáciles emergencias" cuyos remedios están dentro de las previsiones normales de la ley -dar poderes o molestarse y formar los escritos por quien actúa personalmente".
Constitución Provincial, deberes del juez
Materia: LABORAL
Carátula: ABELLEIRA, JORGE ARTURO c/ PROVINCIA DE RIO NEGRO (PODER JUDICIAL) s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2018-09-19

Por imperativo constitucional -art. 200 Constitución Provincial- y de la normativa ritual de aplicación -art. 163, y ccdtes. del CPCCm- los jueces deben resolver las causas sometidas a su conocimiento con fundamentación lógica y legal. (Voto del Dr. Barotto sin disidencia) Fuente del sumario: OFICIAL
Honorarios del abogado, aplicación de la ley
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Centro de Emergencias Médicas S.A. Concurso preventivo s/ Incidente de verificación de crédito promovido por Fisco Nacional   (A.F.I.P.- D.G.I.)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-09-13

Es inatendible la pretendida aplicación de la ley 24.432 en orden a la reducción de la paga conforme los límites establecidos por la misma al reformar el art. 505 in fine del Código Civil si omite demostrar previamente el interesado el eventual desplazamiento del régimen arancelario provincial.
Competencia criminal, competencia criminal y correccional, competencia penal, competencia contravencional y de faltas, competencia de la ciudad autónoma de Buenos Aires, amenazas, competencia por conexidad, archivo del expediente
Materia: PROCESAL
Carátula: Incidente de competencia en autos Valdés, Andrea c/  s/ Coacción (Art. 149 bis) s/ Conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-28

Corresponde que el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas continúe interviniendo en las presentes actuaciones en las que se investigan hechos presuntamente subsumibles en el delito de amenazas. Ello, como consecuencia del sobreseimiento y archivo de la causa en trámite ante la justicia nacional; como así también en virtud de la competencia que tienen los órganos del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para entender en el delito de amenazas, transferido. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Actos impugnables, recursos, segunda instancia
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Rolhauser, Bárbara Carolina c/ Municipalidad de Morón s/ Materia a categorizar. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2017-06-28

La réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos esenciales del fallo es un requisito de ineludible cumplimiento para el impugnante en vía extraordinaria, por tanto la insuficiencia recursiva deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos sobre los que la misma se asienta.(del voto del doctor Negri)
Seguros, seguro colectivo, principios generales del Derecho, beneficiario del seguro, incapacidad total, incapacidad permanente, siniestro, enfermedades
Materia: COMERCIAL-CIVIL-LABORAL
Carátula: Hernandez, Lidia  c/ Nación Seguros de Vida SA  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-16

Corresponde admitir el reclamo de cumplimiento de un contrato de seguro colectivo, promovido por la esposa de un gendarme en su condición de adherente al seguro colectivo que le amparaba de los riesgos de incapacidad total y permanente. Ello así, pues si bien al momento en que realizó la denuncia ante el empleador se hallaba vigente una segunda póliza que sólo amparaba el riesgo de fallecimiento para el adherente; sin embargo, surge del diagnóstico principal que determinó la incapacidad que padecía la actora (cáncer de laringe, Mal de Chagas, hipoacusia y depresión, entre otras patologías), que verosímilmente debieron tener su origen durante la vigencia de la primer póliza, en atención a la índole de esas enfermedades, dado que se desconoce la fecha cierta del origen de esas afecciones.

Ello debe concluirse así, pues el propio formulario de denuncia indica que la "fecha de inicio de la enfermedad que motiva la incapacidad es indeterminado" y que su evolución es progresiva. Sabido es que el cáncer de laringe es una enfermedad que tarda varios años en desarrollarse, la hipoacusia es progresiva y, el Mal de Chagas, es una afección que, en su fase aguda, es asintomática y luego, desarrolla una fase crónica que puede prolongarse durante toda la vida del afectado.

En ese marco, cabe señalar que la aseguradora no requirió mayores explicaciones sobre el origen de dichas afecciones en los términos de la LS 56, para demostrar que éstas no se habían consolidado en la fecha denunciada por la actora. Por tales razones, los principios que amparan a la accionante en su doble condición de asegurada y consumidora, llevan a concluir en que se encontraba amparada por la primer póliza, por lo cual, la aseguradora demandada debe responder por el siniestro acaecido en las condiciones relatadas
Cuestiones de competencia, delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional, saqueo de supermercados, competencia ordinaria
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: División Judicial s/ inv. robos calif. en poblado y en banda, atentado y resistencia a la  autoridad, homicidio y lesiones.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-22

Si el hecho -en el que numerosos manifestantes saquearon y causaron importantes daños a comercios- tuvo motivación estrictamente particular y careció de entidad suficiente para afectar la seguridad del Estado Nacional o de alguna de sus instituciones y no existe posibilidad alguna de que resulte afectada directa o indirectamente dicha seguridad, resulta competente la justicia ordinaria para intervenir en el caso.
Costas, costas al vencido
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Carquen S.A. c/ Aspersión API S.A. s/ Cumplimiento contractual
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-10-29

Para determinar el carácter de vencedor/vencido en juicio debe distinguirse el caso en el que se desestima un rubro íntegro de la demanda, de aquéllos otros en los que, progresando un reclamo, el tribunal lo fija en una suma menor a la pretendida en la demanda.
Empleo público, concejo deliberante, estabilidad del empleado público, personal transitorio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Medialdea Carlos Antonio c/ Municipalidad de Córdoba s/ Plena jurisdicción - Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2000-10-27

1- Ningún componente de la relación jurídica entablada entre el Concejo Deliberante y el actor revela que dicho vínculo se rigió por el Estatuto del Personal de la Administración Pública Municipal, desde que la relación no nació ni se desarrolló bajo la protección de la permanencia y menos aún de la garantía de la estabilidad en el cargo de Prosecretario de Bloque, al haber sido designado en virtud del Reglamento Interno del Concejo, régimen especial que le confiere al Presidente del Cuerpo facultades discrecionales tanto para nombrar como para remover al personal asignado al órgano legislativo, atribución que no se encontraba limitada a la observancia de ningún requisito o procedimiento previo para disponer la ruptura de la relación laboral.

2- En virtud de la misma potestad o imperium por el cual la máxima autoridad del Concejo estaba legalmente autorizado a nombrar personal y en base al cual se dispuso la designación, consentida por otra parte por el actor, podía también revocar el nombramiento, disponiendo la ruptura del vínculo contractual.
Recurso de casación penal, acta de debate, acta notarial, improcedencia del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Zapata, Esteban Eduardo s/ recurso de queja.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-30

La introducción en esta instancia de un acta notarial mediante la cual se pretende modificar las aseveraciones insertas en el acta de debate, no será atendida por su manifiesta extemporaneidad y porque la producción de prueba es ajena, en principio, al trámite de un remedio excepcional al que resultan aplicables similares reglas a las previstas para el recurso extraordinario federal. (Voto de los Dres. Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso).
Derecho a la vivienda digna, derechos del locatario, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, principio de dignidad humana, Responsabilidad internacional del Estado por actos de particulares, control de razonabilidad, eficacia del recurso
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Comité de derechos Económicos, Sociales y Culturales - Mohamed Ben Djazia y Naouel Bellili Vs. España  - Desalojo de locatario - Efectividad del derecho a una vivienda adecuada - Responsabilidad internacional del Estado por actos de particulares c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: Ginebra
Fecha: 2017-06-20

Ante la hipótesis excepcional bajo la cual el Estado Parte pueda justificar un desalojo, las autoridades deben garantizar que se lleve a cabo con arreglo a una legislación compatible con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, considerando especialmente la protección al principio de la dignidad humana y en aplicación de los principios de razonabilidad y proporcionalidad, pues dado que no puede existir un derecho sin un recurso efectivo, el Comité recuerda a los Estados Parte que en cumplimiento del artículo 2 de aquél, hace a su responsabilidad internacional asegurar a todos quienes puedan sufrir desalojos forzosos o conclusión de relaciones contractuales de alquiler, un recurso judicial efectivo y apropiado.
Lealtad comercial, acta de constatación, valor probatorio, instrumentos públicos, plena fe, identificación de mercaderías
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: COMPAÑIA AMERICANA DE SUPERMERCADOS S.A. s/ Lealtad  Comercial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-20

1 - De acuerdo con lo dispuesto por el art. 17, inc. d) de la ley de lealtad comercial 22802, las constancias del acta de infracción labradas de conformidad con lo establecido en los inc. a) e inc. b) de dicho artículo constituyen prueba suficiente de los hechos así comprobados, salvo en los casos en que resulten desvirtuadas por otras pruebas; por lo tanto, dado que la infractora no aportó elemento probatorio alguno para desvirtuar las constancias del acta, debe estarse a la plena fe que se otorga genéricamente a los instrumentos públicos, y específicamente a dicha acta (Del voto del Dr. Grabivker).- 2 - La ley 22802 y sus normas reglamentarias establecen las condiciones que deberán observar los comerciantes, tanto mayoristas como minoristas, para la correcta identificación de mercaderías y para la publicidad de los bienes muebles, inmuebles y servicios, con el propósito de preservar la lealtad en las relaciones comerciales y que abarca los derechos de los consumidores y los de los competidores. Además, la mencionada ley establece cuál es la autoridad de aplicación competente para controlar y sancionar las conductas que, como en este caso, contravienen las disposiciones que rigen la materia y pueden producir desvíos o captación potencial de clientela por medio de métodos contrarios a la lealtad en las relaciones comerciales (Del voto del Dr. Grabivker).- 3 - En principio, las infracciones como la examinada - tener mercadería para la venta sin identificar el origen, sin etiqueta con su proceso de mantenimiento y por carecer del proceso de mantenimiento en idioma castellano - revisten el carácter de formales, para cuya sanción sólo se requiere la simple constatación sin que adviertan razones por las que se justificaría un apartamiento de la regla general (Del voto del Dr.

Grabivker).
Expendio de medicamentos, ley provincial, sociedades comerciales, sociedad anónima, farmacias, vicio de irrazonabilidad, Salud pública
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Farmacity S.A. c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires y otro s/ pretensión anulatoria - recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-30

No es dable sostener que exista un criterio razonable que permita excluir a las sociedades anónimas de la propiedad de las farmacias - ley 10.606 de la Provincia de Buenos Aires - en aras de mejorar la prestación del servicio de salud pública (Disidencia de la conjueza Sotelo de Andreau).
Daños y perjuicios, mala praxis, cuerpo médico forense, dictamen pericial, dictámenes disímiles, valor probatorio
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: RAMIREZ RAUL OSCAR Y OTRO c/ NAVARRO ROLANDO LUIS Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-03-14

Corresponde dar preferencia a los dictámenes provenientes del Cuerpo Médico Forense tanto sobre la opinión de otro perito designado en el expediente como sobre el consultor técnico de parte, cuando la discrepancia entre los profesionales no es esclarecida con elementos de juicio suficientemente convincentes que autoricen a apartarse de las conclusiones de los Médicos Forenses, pues dicho cuerpo integra el Poder Judicial encontrándose garantizadas la imparcialidad y la corrección de sus informes.(Sumario confeccionado por el SAIJ).
Trabajadores metalúrgicos, convenios colectivos de trabajo, aumento salarial
Materia: LABORAL
Carátula: LA CASA NORBERTO c/ SIAM DI TELLA LIMITADA s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1963-06-21

Los aumentos de emergencia acordados por las convenciones colectivas 62/58 y 148/59 a los trabajadores incluidos en la enumeración de categorías del artículo 9 del convenio colectivo 97/51, han quedado involucrados en los salarios pactados en el convenio 55/60, pero en caso que por aplicación de este último se obtenga una remuneración menor, se integrará el salario hasta igualar el que percibían conforme al régimen de emergencia anterior.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, honorarios, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: Provincia de Misiones. s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1996-06-04

Las costas, por principio general, es materia ajena al recurso extraordinario, salvo violación de la ley o absurdo manifiesto que por lo demás no surge de la cuestión en análisis.

"El tema de las costas, siempre que no importe violación de la ley o absurdo notorio, es una cuestión ajena por principio al recurso extraordinario, y perteneciente con ello al ámbito de competencia reservada a los jueces de la causa, porque este Alto Tribunal no constituye una tercera instancia que deba recepcionar las quejas fundadas en criterios discrepantes de las partes con respecto a las interpretaciones que -dentro de sus facultades- efectúan los jueces. Ello es aplicable a la determinación, que estos realizan con respecto a la calidad de vencido del juicio, que cada parte reviste y que, en el caso, responde a una situación de inequívoco vencimiento parcial y mutuo que conduce a la distribución de las costas, por aplicación -iura curia novit- del art. 71 del C.P.C. y C., y no del 68 como pretende la parte. Los tribunales de grado tienen por ello, atribución exclusiva para analizar la situación de cada parte y cargar en consecuencia a una u otra, o a ambas, con las costas del juicio, valorando al mismo tiempo si se dan o no las condiciones para una eximición total o parcial".
Sentencia, principio de congruencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: De La Iglesia, Héctor c/ Kriebaum, Ciro s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-02-15

Al solicitar expresamente la actora, la modificación de los accesorios y su liquidación a la tasa bancaria pasiva pese a tratarse la ejecutada de una obligación comercial, en razón de lo dispuesto por los artículos 34 inc. 4° "in fine", 163 inc. 6° y 266 "in fine" del Código Procesal, ha de estarse a esa solución y no otra.
Medidas cautelares, derecho a la salud, personas con discapacidad, prestaciones de la obra social
Materia: CIVIL
Carátula: MENILLA  IARA c/ SWISS  MEDICAL SA s/ INCIDENTE DE APELACION DEMEDIDA CAUTELAR.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-15

La función específica -y obligación principal- de la obra social consiste en brindar una prestación médica integral y óptima, para lo cual cuenta con medios económicos que administra a fin de organizar adecuadamente dicha función; en esto se debe contemplar -en lo que aquí interesa- la aptitud de los medios empleados y toda la infraestructura del servicio médico; estos aspectos, por cierto, cabe apreciarlos con sentido dinámico, en su compleja interacción, enderezada a resguardar la vida y la salud de los afiliados (conf. dictamen del Procurador General de la Nación en la causa "González Oronó de Leguizamón, Norma M. c. Federación de Trabajadores Jaboneros y Afines", que la Corte Suprema hizo suyo en fallo del 29 de marzo de 1984). Es obligación ineludible de la demandada (art. 1 de la ley 24.754) notificar concretamente a la peticionaria que para obtener el reconocimiento de la cobertura requerida deben ser previamente cumplimentadas, "por medio de equipos interdisciplinarios capacitados a tales efectos, [las] acciones de evaluación y orientación individual, familiar y grupal" (arts. 11 y 39 de la ley 24.901).
Recurso de nulidad, orden público
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: VERBITSKY, HORACIO s/ APOLOGIA DEL DELITO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-10

No se puede nulificar lo actuado por violación del deber de reserva por parte de los trabajadores de prensa y por cuya supuesta infidencia se excitó el órgano jurisdiccional, toda vez que una norma de un convenio no puede ultrapasar las relaciones entre las partes para regir una materia de orden público con fuerza obligatoria para el juez.
Juicio ejecutivo, derechos del consumidor, causa del título, debido proceso, deberes y facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: Mejor Crédito S.R.L. c/ Baigorria, Fernando Ezequiel s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2021-06-29

Los jueces se encuentran habilitados para examinar si los papeles cambiarios abastecen los recaudos exigidos por el art. 36 de la ley 24.240, pudiendo valorar aquellos instrumentos complementarios que se hubieran acompañado en la demanda y/u ordenar su acompañamiento en el supuesto que se hubiesen omitido, a través de la vía procesal pertinente (arts. 34 inc. 5, apdo. "b" y 523, CPCC). De ahí que, si los títulos en cuestión, en forma autónoma o integrada, satisfacen las exigencias legales prescriptas en el estatuto consumeril, podrán dar curso a la ejecución. Lo dicho, claro está, sin desmedro del derecho del ejecutado de articular defensas, incluso centradas en el art. 36 de la ley 24.240, tendientes a neutralizar la procedencia de la acción.