marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Competencia federal, ENCOTESA
Materia: PROCESAL
Carátula: Carrizo, Carlos Roberto c/ Encotesa s/ Proceso Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1994-11-03

Si bien son aplicables a "Encotesa" las normas contenidas en la ley de sociedades, incluso y especialmente las que regulan las "Sociedades Anónimas con participación estatal mayoritaria" su situación ofrece particularidades dignas de destacar. Mientras que, en las sociedades del art. 308 y ss., L.S., el 51 % debe estar en manos del "Estado Nacional, los Estados Provinciales, los Municipios", etc., en este caso ese 51% ha de estar en manos, exclusivamente, del Estado Nacional, lo que evidencia el interés preponderante de la Nación. Se dan, por otra parte, los elementos que permiten identificarla como un ente público, no estatal: A) Ha sido creada por ley (en este caso un decreto). B) El fin de utilidad general que persigue (servicio público de correos es indudable). C) La entidad posee "potestades públicas no usuales" como, por ejemplo, ser caracterizada como el "Correo Oficial" de la República y acordársele la calidad de ser miembro de la U.P.U. D) El "grado de control del Estado sobre ella es significativo, particularmente porque el mismo asegura la mayoría accionaria "estatutaria y permanente", sin perjuicio de que la sindicatura correspondiente a ese capital mayoritario sea ejercida por la "sindicatura general de empresas públicas".
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, prestación de servicios, normas de seguridad, competencia penal, etapa probatoria, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL-LABORAL-PROCESAL
Carátula: Ive, Adriana Elizabeth y otro c/ Adt Security Services SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-22

robo que habían sufrido en su inmueble, como consecuencia del defectuoso cumplimiento del servicio de seguridad contratado con la demandada. Ello por cuanto, en el caso, si bien es verdad que en la causa penal labrada a esos efectos los ladrones no pudieron ser hallados, pero, si la suerte de casos como este dependiera de que los delincuentes fueran presos, seguramente la demandada no existiría, o porque nadie la contrataría en razón de la dificultad para hacer efectiva su responsabilidad, o porque su existencia carecería de sentido, dado que ella recién aparecería cuando se hubiera logrado desbaratar el delito; es suficiente lo actuado en sede penal para tenerlo por acreditado. Máxime que en la especie, el "acta de levantamiento de evidencias físicas" en la que el oficial interviniente declaró haber observado signos de violencia física en la reja del ventanal que comunica al patio y en la caja de la alarma; más los signos parecidos que se reflejan en las fotografías agregadas que se contextualizan en el marco del desorden que halló el oficial de policía que inspeccionó el lugar; si bien esos datos no son prueba acabada del delito, dadas las circunstancias, no parece posible suponer que los actores se hubieran encontrado en condiciones de acompañar algo más que esos indicios, que deben considerarse suficientes si se atiende a que son los que normalmente pueden obtenerse frente a episodios de este tipo.
Contrato de trabajo, relación de dependencia, choferes
Materia: LABORAL
Carátula: Rende Carlos Oscar y otros c/ Expreso Sud Atlántico SRL y otros s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-04-26

Cabe considerar que los actores, fleteros que se presentaban diariamente (de lunes a viernes) en la sede de la demandada con sus vehículos, a realizar el reparto que ésta organizaba y consistente en entregas, retiros y cobranzas de mercadería en general, han integrado los medios personales de los que la accionada se valió para cumplir su actividad, consistente en la explotación comercial del servicio de transporte de carga (arts. 22, 25 y 26 L.C.T.). Ello, en razón de que existió prestación personal de servicios a cambio de una remuneración -dependencia económica- y en base a una conducta ajustada a la organización empresaria -dependencia jurídico personal-, cuyos medios personales aquéllos integraron. El dec. 433/94 y la ley 24.241 (art. 2) en cuanto refiere que los "fleteros" son trabajadores autónomos, e incluso la ley 24.653, en nada innovan lo que debe entenderse como fletero, ni avanzan más allá de lo previsto por el Plenario "Mancarella". Estas leyes no derogan ni modifican lo que la L.C.T. define como contrato de trabajo; pero además, en abstracto, no aparece discutible que el fletero sea un trabajador autónomo, lo que interesa, es en qué condiciones prestaron servicios a favor de la accionada.
Reforma de la constitución, jubilaciones
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Siniego Berri, Cristian c/ I.P.S. s/ Pretensión anulatoria - Recurso extraordinario de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-02-25

La ley 11.488 sólo establece la "asimilación" de los Diputados Convencionales a los Diputados a los efectos y con el único objetivo del cumplimiento dispuesto en la propia norma: esto es la reforma constitucional, sin que esta "artificiosa" equivalencia pueda ser utilizada más allá del cometido específico para el cual ha sido previsto y de este modo "acceder" a beneficios excepcionales previstos únicamente para los "ex legisladores" provinciales. Así lo disponen con suficiente claridad el art. 8 de la ley 11.488 al expresar que los Diputados Convencionales "gozarán de las mismas prerrogativas e inmunidades desde el día de su elección hasta el día que finalice su mandato" y la ley 5675 al conceder a los "ex legisladores" una jubilación o retiro de carácter extraordinario, sin que la pretensión de inclusión, ni aún por vía interpretativa, resulte viable.(doctor de Lázzari, sin disidencia)
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia no firme, juicio ejecutivo, prueba, transacción, pago, juicio de apremio
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: ROMBO AUTOMOTORES SACIFI c/ ROVERANO, MIGUEL ANGEL Y OTRO s/ EJECUTIVO      EXPTE NRO 537-89
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-05-23

A los fines del recurso de inconstitucionalidad, no es definitiva la sentencia recaída en un proceso de ejecución donde el recurrente opuso excepciones de transacción y pago -rechazándose la primera y prosperando la segunda sólo como pago parcial- respecto a las cuales rige el principio de limitación de pruebas (esto es, que sólo son admisibles cuando están documentadas, conforme surge del artículo 475, inciso 4 del Código Procesal Civil), cabiéndole al quejoso la posibilidad de recrear estas defensas en un ordinario posterior.
Acción dependiente de instancia privada, actuación de oficio
Materia: PENAL
Carátula: FERREYRA, ELIDA s/ DCIA. PTA. TTVA. VIOLACION Y ABUSO DESHONESTO (IMP.: SANCHEZ,  ESTEBAN E.) S/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1993-08-27

El art. 72 del CPE señala cuales son los delitos de instancia privada y quiénes las personas habilitadas para formular denuncia.

Pero en su último párrafo indica los casos en que se procederá de oficio y en una redacción que no admite duda alguna en cuanto a su interpretación, señala que los será cuando el delito sea cometido contra un menor que no tenga padres, tutor ni guardador, o que lo fuera por uno de los ascendientes, tutor o guardador. Por lo tanto, si en autos, el presunto delito -tentativa de violación- fue cometido por el padrastro de la menor, concubino de su madre biológica, ninguna duda cabe de que la justicia debe intervenir de oficio. La falta de denuncia por parte de la madre de la menor no afecta ni modifica este criterio:el supuesto autor del ilícito sería su concubino y en ello es posible que resida la reticencia en su actuar-
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, cuestión no constitucional, tasa de justicia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: MAHLE METAL LEVE S.A. Y MAHLE METAL LEVE G.M.B.H. c/ DE WINNE, MARCELO HORACIO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-05-08

El presente recurso no ha de tener favorable acogida, toda vez que tanto la decisión por la cual la Cámara desestimó los recursos de nulidad y apelación deducidos por los accionantes y ordenó el pago de la tasa de justicia y actuaciones como el impuesto de sellos, como la resolución de declaración de litispendencia por conexidad, resultan ser temas de índole procesal -en principio, ajenas a esta instancia de excepción-; y la impugnante no logra acreditar que lo resuelto frustre sus derechos de acceso a la jurisdicción y de defensa en juicio, en tanto insistiendo con la aseveración de que la acción que interpuso no cuenta con contenido económico y endilgando a las decisiones supuestos vicios -dogmatismo, autocontradicción, omisión de tratamiento- deja sin respuesta idónea lo razonado por la Alzada en cuanto a que la declaración que se pretende tiene una consecuencia de naturaleza económica, detallando los sentenciantes cuáles serían las mismas tanto si las actoras resultan gananciosas o no, frente a lo que concluyeron que el presente proceso queda alcanzado por el Código Fiscal y por la Ley Impositiva Anual.
Locación, retención indebida, indemnización, valor locativo
Materia: CIVIL
Carátula: ROCORA S.R.L c/ CHAIN, Nélida Catalina s/ LOCACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-17

El resarcimiento que debe pagarse por la no restitución de la cosa locada ha de determinarse valorando el daño sufrido por el locador, el que se concreta en el importe del alquiler que hubiera podido percibir en el mercado de la libre contratación.
Bancos, cuenta corriente bancaria
Materia: COMERCIAL
Carátula: Banco Bansur S.A. c/ Zárate, Carlos Máximo s/ Ejecutivo s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1998-02-18

Habiendo operaciones pendientes, el banco no debe acceder al cierre de la cuenta peticionado por su cliente, pues luego de tal hecho no puede inscribir ninguna operación.
Accidente de tránsito, lesiones culposas, chofer de colectivos, circulación con puerta abierta, responsabilidad penal, responsabilidad del conductor, violación al deber de cuidado, falta de prueba, culpa de la víctima
Materia: PENAL
Carátula: GALAY, V. s/ LESIONES CULPOSAS - COLECTIVERO - PUERTA ABIERTA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-22

En esta causa no se ha demostrado concluyentemente que una violación del deber de cuidado por parte del chofer fuera determinante del resultado. Debe arribarse a esta conclusión por la falta total de pruebas acerca del comportamiento de la víctima, lo que sólo deja subsistentes las sospechas contra el conductor, que son insuficientes para fundar un juicio de reproche.

En consecuencia; voto por la revocación de la sentencia apelada y la absolución de Vicente Galay, por aplicación del artículo 13 del Código de Procedimientos en lo Criminal.
Recurso extraordinario, reserva de la cuestión federal, oportunidad procesal, planteo en segunda instancia, medidas cautelares
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Díaz Lynch, César c/ Estado Nacional. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-02-19

Para la procedencia del recurso extraordinario federal, aún en los casos de decisiones equiparables a sentencias definitivas, debe concurrir el requisito de planteo oportuno de la cuestión.
Defensa del consumidor, consumidores, interpretación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: TASSONE,  SERGIO  RICARDO c/ AGROSERVICIOS CHACABUCO SA Y OTRO s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-24

La Ley 24240 en su actual redacción, aprecia la posición del consumidor o usuario como aquella persona que agota, en sentido material o económico, el bien o servicio contratado (la consunción final, material, económica o jurídica). En síntesis, si bien se reconoce que la ley no abandonó terminantemente el criterio finalista en punto a la calificación del consumidor, quien sigue siendo el destinatario final, permite examinar en cada caso si el acto de consumo origina, facilita o se integra en un proceso de producción de bienes o servicios, en cuya virtud el sujeto no sería consumidor en términos estrictos. Y, en el caso, se carece de todo elemento de juicio que permita siquiera presumir su calidad de consumidor en tanto la trascendencia económica del mutuo -que asciende a U$S 120.000- y la calidad de sociedad comercial (SA) que exhibe la apelante, conducen inevitablemente a colegir que se encuentra excluida de la noción de consumidor precedentemente definida. Dicho en otras palabras, aquellas observaciones constituyen premisas que conducen a inferir que dicho préstamo de dinero no tuvo como finalidad el consumo, sino su integración en un proceso productivo (conf. arg. esta Sala, 1/7/10, Droguería del Sud SA c/ Prieto Roberto Manuel s/ ejecutivo; entre otros). Por consiguiente, no es válido concluir aquí la existencia del vínculo jurídico que significa la relación de consumo, cuyo objeto consiste: i) en los servicios, considerados como un hacer intangible que se agota con el quehacer inicial y desaparece e involucra una obligación de hacer y un derecho creditorio; y ii) los bienes, que se refieren a las cosas elaboradas y con destino al uso final, que son en realidad productos, a las cosas sin elaboración, materiales e inmateriales, durables o no y los inmuebles (conf. Lorenzetti, Ricardo Luis, "Consumidores", p. 101 y 105, Rubinzal-Culzoni, Sante Fe, 2003). Fundamentos de la Dra. Tevez:. Las razones expuestas en el precedente de esta Sala "Banco Meridian SA c/ Todo Block SA s/ secuestro prendario" del 1.12.2009, permiten sostener que en el supuesto planteado -en el caso-, no se han aportado elementos que conlleven a tener por acreditado que el préstamo de dinero se vinculó con una operatoria de consumo, por lo que no resulta de aplicación la Ley 26361
Corte Suprema de Justicia de la Nación, expropiación irregular, indemnización, intereses, despojo
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL
Carátula: Domingo, Osvaldo Félix c/ Provincia de Santa Fe s/ Expropiación inversa (Expte. CSJ Nº 301-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-03-03

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en materia de expropiación inversa, ha sentado el principio según el cual en esos juicios no procede el reconocimiento de intereses, salvo, claro está, que concurra un efectivo desapoderamiento.
Indemnización por despido, emergencia económica, decreto de necesidad y urgencia, aplicación temporal de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: VALENTE, DIEGO c/ BANK BOSTON N.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-02-14

El decreto 50/02 no se ajusta a las pautas establecidas por el art. 99 de la Constitución Nacional, que expresamente limita la facultad del Poder Ejecutivo de dictar normas por razones de necesidad y urgencia para "... cuando las circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes...". No es posible entender que la situación de emergencia que la ley reconoce y que se invoca como fundamento el decreto 50/02 se haya agravado apreciablemente entre la sanción de aquélla (6/01/02) y el dictado de éste (8/01/02), de modo que justificara la modificación de la decisión de los legisladores en relación con la fecha de entrada en vigencia de la ley citada (arts. 2 y 3 del C. Civil).
Tratados internacionales, derecho de los tratados, nulidad de tratados internacionales
Materia: INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: Nardelli, Pietro Antonio s/ extradición.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-05

El art. 46 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados alcanza la nulidad de un tratado celebrado por un país en violación manifiesta a una norma de importancia fundamental en su derecho interno (Voto de los Dres. Carlos S. Fayt, Enrique Santiago Petracchi y Gustavo A. Bossert).
Honorarios del abogado, convenio de honorarios, regulación de honorarios
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: DIDEFON SA s/ YPF SE S/ LESION O IMPREVISION CONTRACTUAL.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-19

De la lectura del contrato celebrado se advierte que las partes convinieron en que "EL ESTUDIO percibirá los honorarios que se regulen en juicio o extrajudicialmente a cargo de los terceros -art. 49 de la ley 21.839- pero YPF SA en ningún caso abonará honorarios a EL ESTUDIO al margen de los pactados en este artículo, es decir, que no es de aplicación al presente el art. 50 de la mencionada ley.... Se aclara que no obstante la referencia que se realiza con respecto a la ley 21.839, YPF SA en ningún caso abonará honorarios a EL ESTUDIO por aplicación de cualquier otra ley de carácter local que resulte de aplicación" (cláusula octava del contrato que en copia certificada obra reservado). Los Dres. María Fernanda Casalía y Alejandro Sánchez Kalbermatten no pueden reclamar a YPF SA los honorarios que les fueron regulados en las presentes actuaciones, en tanto dichos emolumentos se encuentran a cargo de terceros y aquéllos pactaron expresamente que el art. 50 de la ley 21.839 es inaplicable respecto del contrato firmado con YPF SA (arts. 3, último párrafo, de la ley 21.839 y 902 y 1197 del Código Civil).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, horas extra
Materia: LABORAL
Carátula: Velazquez, Julio César c/ Sieira, José s/ Diferencias de haberes, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-06-27

No puede invocarse transgresión de art. 207 de la Ley de Contrato de Trabajo si la condena lo fue en concepto de haberes por horas extra adeudados al trabajador.
Cuestiones de competencia, tribunal oral, traslado de detenidos, facultades del juez, superintendencia
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Mohamed, Diego R. s/ Competencia. Causa: 2063
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-25

Toda vez que el traslado de los detenidos en su condición de tal, forma parte del cumplimiento de la medida de restricción de libertad impuesta en un proceso penal por el magistrado competente por lo que jamás podría decirse que tal acto pertenezca a la esfera de la Superintendencia dado su naturaleza esencialmente jurisdiccional y atento la correcta interpretación del artículo 90 de la ley 24.121 y los términos y efectos en que éste hace la cita del art. 24 del C.P.P.N. En su actual redacción corresponde establecer que es el Tribunal Oral el que debe conocer en los recursos invocados por las partes.
Sujetos del contrato de trabajo, subcontratación laboral, obligaciones solidarias, extinción del contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: C., M.N. y Otro c/ F., A.R. y A. SA s/ Cobro de pesos -laboral-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-05-17

La solidaridad reglada en el art. 30 L.C.T. tiene como límite temporal respecto de las obligaciones que abarca el plazo de duración del contrato que vincula a la empresa principal con la contratista empleadora del trabajador, de modo que aquélla cesa ante la extinción de este nexo.
Queja por denegación del recurso extraordinario, depósito previo, plazos procesales, recurso de reposición (procesal), denegatoria del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Pucceti  de Vilas, Mercedes y otro c/ Secretaría de Educación y Cultura de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-09

En el caso en que se rechazó el recurso de reposición interpuesto contra la caducidad del acogimiento a la acordada 47/91, corresponde otorgar un nuevo plazo para el cumplimiento del depósito contemplado en el art. 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Accidente de tránsito, indemnización por accidente de tránsito, valor venal, prueba, desvalorización del automotor
Materia: CIVIL
Carátula: FUCILE, HUGO A. c/ ACCATOLI, CARLOS JOSE s/ SUMARIO - ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-26

Ante el reclamo por la pérdida del valor venal del vehículo que intervino en un accidente, deben contemplarse las circunstancias del caso, mas que atenerse a una concepción abstracta del criterio de la necesidad de que se hayan deteriorado estructuras vitales del automóvil.Lo que importa es la sensible consideración de la pérdida de valores, por los comunes rastros que suelen quedar después de un choque. Tampoco es dato decisivo el modelo más o menos viejo del auto, ya que el mercado de los usados sea cual fuere el año de fabricación, se retrae y la comercialización es menos óptima, cuando la unidad conserva muestras que revelan que se trata de un "coche chocado". Esta experiencia de la vida debe hacer mucho más amplia la concepción de las cosas en el caso concreto, sin perjuicio de la exigencia de elementos de alguna manera demostrativos del reclamo.

Es irrelevante que el propietario, durante el tiempo que va del accidente a la sentencia, disponga por venta de la cosa, y aún nada agrega el precio más o menos importante y hasta aparentemente compensatorio que haya obtenido. Si hay pruebas de la pérdida del valor venal que se ha producido, malgrado sea el precio que por una operación feliz o no haya obtenido el vendedor. Salvo que a su vez la otra parte pruebe que no hubiera podido sacar todavía mejor precio si el daño no se hubiera producido -lo que mostraría que no hubo demérito de valor venal-, siempre prevalece la acreditación de este demérito, pues nadie mientras tanto puede aseverar que si el auto no hubiese recibido el daño, el propietario no hubiera obtenido más de lo que obtuvo.-
Empleados públicos, asignaciones familiares, CASFEC, aportes previsionales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: BANCO SANTAFESINO DE INVERSION Y DESARROLLO S.A. c/ D.G.I. s/ ASIGNACIONES FAMILIARES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-12

El art. 16, inc. b), de la ley 16.459, excluye de su régimen a los agentes de las administraciones provinciales y de sus municipalidades, organismos descentralizados y autárquicos, provinciales y municipales. Avalando dicha posición, en lo que hace al personal de la Administración Pública Nacional y las Empresas del Estado, se ha dictado normas específicas referidas al régimen de asignaciones familiares, que en el encuadramiento de su personal, son totalmente ajenas a las disposiciones del Dec. 7913/57, sus modificatorias y reglamentación. En consecuencia, corresponde dejar sin efecto la resolución administrativa por la que se incluyó en el régimen de C.A.S.F.E.C. a una entidad pública perteneciente a la órbita de un Estado Provincial.
Responsabilidad del Estado, responsabilidad del principal por los hechos del dependiente
Materia: CIVIL ADMINISTRATIVO
Carátula: Obando, Carlos Hipólito c/ Provincia del Chubut s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1994-06-24

...la responsabilidad aquiliana nacional, reconocida antes de la reforma de 1968, tiene por uno de sus fundamentos ... que el art. 1113 -texto ant.- contiene una regla general, de carácter amplísimo, en la que están comprendidas todas aquellas personas que se encuentran en situaciones de dependencia, trátese o no de empleados públicos. Estos empleados y los funcionarios de igual índole, están expresamente indicados en el art. 1112 CC, que en el caso ocupa el mismo lugar que el art. 1109 CC respecto de los particulares. Por lo tanto sus hechos y sus omisiones "por no cumplir sino de una manera irregular las obligaciones que les están impuestas...", se hallan incluidas en los preceptos concernientes a los cuasidelitos, establecido en el 1º de los artículos. Se impone la combinación de los arts. 1112 y 1113 del Código Civil.