Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2014-10-23


///MA, 23 de octubre de 2014.- -----Habiéndose reunido en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro, doctores Ricardo A. APCARIÁN, Sergio M. BAROTTO, Liliana L. PICCININI, Adriana C. ZARATIEGUI y Enrique J. MANSILLA, con la presencia del señor Secretario doctor Gustavo GUERRA LABAYEN, para pronunciar sentencia en los autos caratulados: ?RIVAS, PABLO ANTONIO C/ MINISTERIO DE PRODUCCION DE RIO NEGRO S/ SUMARISIMO (l) S/ INAPLICABILIDAD DE LEY? (Expte Nº 25742/12-STJ), elevados por la Cámara del Trabajo de la IIIa. Circunscripción Judicial con asiento de funciones en la ciudad de San Carlos de Bariloche, con el fin de resolver el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto a fs. 154/159 vlta. por la parte demandada, deliberaron sobre la temática del fallo a dictar, de lo que da fe el Actuario.

Se transcriben a continuación los votos emitidos, conforme al orden de sorteo previamente practicado, respecto de las siguientes:

- - - - - - - - - - -C U E S T I O N E S 1ra.- ¿Es fundado el recurso? 2da.- ¿Qué pronunciamiento corresponde? - - - - - - - - - - -V O T A C I Ó N A la primera cuestión el señor Juez doctor Ricardo A. APCARIÁN dijo:

1.- Antecedentes de la causa:

Mediante la sentencia obrante a fs. 142/145, la Cámara del Trabajo de la IIIa. Circunscripción Judicial con asiento de funciones en la ciudad de San Carlos de Bariloche hizo lugar a la demanda y, en su mérito, dejó sin efecto la Resolución Nº 1011/10 de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Función Pública y Reconversión del Estado y dispuso que las condiciones laborales del actor se retrotrajeran al momento previo al dictado de la mentada resolución.

Cabe aclarar que, mediante dicho acto, se dispuso dejar // ///-2- sin efecto a partir del 1º de septiembre de 2010 el adicional por riesgo y/o peligrosidad previamente otorgado al aquí actor, como consecuencia de haber sido desafectado del cargo de Jefe de Área de Operaciones en el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (S.P.L.I.F.) de la Central de San Carlos de Bariloche por Resolución Nº 4/2010 de la Secretaría de Producción.

Contra lo decidido por la Cámara, la parte demandada interpuso a fs. 154/159 vlta. recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que, tras ser debidamente sustanciado a tenor del responde obrante a fs. 161/163, fue concedido por el a quo a fs. 167/168, decisión confirmada por este Cuerpo a fs. 188.

2.- Agravios del recurso:

En sustento de la pretensión recursiva articulada, la Fiscalía de Estado -en ejercicio de la representación legal de la provincia- sostiene que el fallo de Cámara incurre en errónea interpretación y/o aplicación de la propia norma de creación del S.P.L.I.F. (Ley S Nº 2966) y, más particularmente, de sus arts. 6 inc. e) y 18, en tanto allí se determina la potestad del organismo para establecer y conformar el esquema organizativo que permita el ordenamiento de los recursos humanos y materiales y se dispone que todas las cuestiones atinentes al personal se regirán por las pautas específicas de la ley y su reglamentación.

Asimismo, expresa que cuando se otorgó al actor el adicional por riesgo y peligrosidad previsto en el Decreto 1108/05 (art. 1 inc. e.1.3 -v. fs. 64/67-), claramente se estableció que dicho adicional tendría carácter transitorio (conf. arts. 1 y 2 de la Resolución Nº 338/07 del Secretario Ejecutivo del Consejo Provincial de la Función Pública -v. fs. 58/61-).

Además, manifiesta que la sentencia pasa por alto que, al/ ///-3- no haberse dictado el estatuto y escalafón en los términos de la ley de creación del S.P.L.I.F., resulta aplicable el Estatuto General de la Administración Pública, cuyo art. 23, incs. a) y d), determina que son deberes de todo agente prestar el servicio personalmente en el lugar que se le determine y obedecer toda orden emanada del superior jerárquico competente que tenga por objeto la realización de actos de servicio compatibles o complementarios con su función habitual y que no sean manifiestamente ilegales.

En ese orden de ideas, refiere que la función del actor es prestar servicio para el S.P.L.I.F., y que es facultad discrecional del empleador otorgarle la tarea concreta, con mayor razón cuando, por no haber concursado, el desempeño de la tarea tiene carácter precario.

Agrega que en forma arbitraria, por carente de fundamentos legales y fácticos, el a quo concluyó que la nueva misión que se le encomendó al actor mediante Resolución Nº 4/10 de la Secretaría de Producción reviste carácter de ilegal y posee un fin persecutorio (v. fs. 98/100).

Finalmente, destaca que la sentencia obvia dos circunstancias determinantes: la primera, que el actor no accedió al cargo por concurso tal como manda el art. 18 inc. a) de la Ley 2966, lo que hace que su designación sea eminentemente precaria y carente de estabilidad, y la segunda, que la sentencia parte de un concepto erróneo de estabilidad, pues ella comprende el derecho a conservar el empleo, el nivel escalafonario alcanzado y su retribución correspondiente, pero no es extensiva a la función que desempeñe el agente, porque ello compete a la facultad discrecional del empleador.

3.- Análisis y solución del caso:

De las manifestaciones vertidas por las partes y las constancias documentales agregadas en autos surge que el actor, si bien goza de estabilidad en el empleo público por integrar// ///-4- la planta permanente en la categoría 3 del agrupamiento Mantenimiento y Producción del Escalafón aprobado por la Ley L Nº 1844, afectado al Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales dependiente del ex Ministerio de Producción (véase fs. 86), no posee tal garantía en el cargo de Jefe de Operaciones, respecto de lo cual no existe siquiera un acto administrativo de designación (conf. fs. 62/63).

Al respecto, se ha informado que la estructura organizativa del S.P.L.I.F., delineada por la propia jefatura y la coordinación regional del organismo, se vuelca en un documento denominado \"Plan de Protección\", el cual se eleva para su aprobación al Ministro del área y luego al Plan Nacional de Manejo del Fuego, dependiente de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, documento en el que se especifican el organigrama, las funciones y las responsabilidades de cada referente de área.

En ese contexto, se le asignaron al actor las funciones de Jefe de Operaciones y se efectuaron las gestiones pertinentes para que se le abonara el adicional inherente al desempeño de dichas tareas (v. fs. 62/63).

En tales condiciones, es claro que el actor no gozaba de estabilidad en el cargo de mayor jerarquía, por no haber accedido a este por concurso, en conformidad con lo dispuesto en el art. 51 de la Const. Prov.

En efecto, la norma precitada establece: ?La idoneidad y eficiencia son condiciones para el ingreso, ascenso y permanencia de los agentes públicos. A esos efectos, la Ley instrumenta el régimen de concursos de oposición y antecedentes. Se asegura la estabilidad e independencia en el desempeño del cargo, prohibiéndose cualquier tipo de discriminación política, social y religiosa?.

Precisamente, acerca de las condiciones para el ingreso y el ascenso en el empleo público, este Superior Tribunal ha /// ///-5- señalado que resulta ilustrativa la lectura del Diario de Sesiones de la Convención Constituyente en la sesión de fecha 27 de abril de 1988, en la que, con relación al art. 53 -que establece que los agentes públicos designados en violación a las disposiciones de esta Constitución pueden ser removidos en cualquier tiempo sin derecho a reclamo alguno-, se expresó que la finalidad de la cláusula es privar de estabilidad a quienes no son designados en conformidad con la Constitución y las leyes que la reglamenten.

Es decir entonces que la autoridad competente puede designar transitoriamente a un agente en un cargo escalafonario de mayor jerarquía sin el recaudo del concurso, pero tal designación no resultará consolidable en aras del principio de estabilidad que la Constitución Provincial determina.

Por lo demás, el acto administrativo por el que se desplazó al actor del cargo de Jefe de Operaciones y se le asignaron tareas de capacitación interinstitucional en relación con la temática de prevención y riesgo de incendios -Resolución Nº 4/2010 del Secretario de Producción obrante a fs. 98/100- se fundó en razones de servicio suficientemente explicitadas, las que no dejan de ser tales aun cuando pudieran reconocer como antecedentes las malas relaciones funcionales entre el actor y los planos superiores de conducción del organismo (véanse fs. 68/69, 75/77 y 80/81), que naturalmente conspiran contra la mejor y más adecuada prestación del servicio.

En tal caso, la decisión de desplazar al actor de la jefatura de operaciones que desempeñaba con carácter transitorio responde al ejercicio de una facultad discrecional de la Administración, que restringe las posibilidades de control judicial en aras del principio de separación de poderes. Dentro de esos límites, no se advierte vicio alguno que afecte los requisitos o elementos esenciales del acto administrativo y que pudiera acarrear la nulidad de este /// ///-6- (conf. arts. 12 y sgtes. de la Ley A Nº 2938). VOTO POR LA AFIRMATIVA.

Los señores Jueces doctores Sergio M. BAROTTO y Liliana L. PICCININI dijeron:

Adherimos a los fundamentos del colega que nos precede y VOTAMOS EN IGUAL SENTIDO.

Los señores Jueces doctores Adriana C. ZARATIEGUI y Enrique J. MANSILLA dijeron:

Atento a la coincidencia de los votos precedentes, NOS ABSTENEMOS de emitir opinión (art. 39 de la L.O.).

A la segunda cuestión el señor Juez doctor Ricardo A. APCARIÁN dijo:

En mérito a lo expuesto al tratar la primera cuestión, propongo al Acuerdo hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte demandada a fs. 154/159 vlta. y, en consecuencia, revocar la sentencia de fs. 142/145 y rechazar la demanda interpuesta a fs. 11/12 vlta. (cf. arts. 296 y ccdtes. del CPCCm., 56, 57 y ccdtes. de la Ley P Nº 1504).

También propicio que las costas de ambas instancias se impongan al actor y se regulen los honorarios del doctor Roberto Stella, por su actuación en esta vía, en el 30% de los que le correspondan en la instancia de origen, y los de la doctora María Lucrecia Ranzini en el 25% calculados de idéntico modo, los que deberán abonarse en el plazo de diez (10) días. ASÍ VOTO.

Los señores Jueces doctores Sergio M. BAROTTO y Liliana L. PICCININI dijeron:

ADHERIMOS a la solución propuesta en el voto que antecede.

Los señores Jueces doctores Adriana C. ZARATIEGUI y Enrique J. MANSILLA dijeron:

NOS ABSTENEMOS de emitir opinión (art. 39 L.O.).

Por ello, //////-7- EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA R E S U E L V E:

Primero: Hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte demandada a fs. 154/159 vlta. y, en consecuencia, revocar la sentencia de fs. 142/145 y rechazar la demanda interpuesta a fs. 11/12 vlta. (cf. arts. 296 y ccdtes. del CPCCm., 56, 57 y ccdtes. de la Ley P Nº 1504).

Segundo: Imponer las costas de ambas instancias a la parte actora vencida (art. 68 del CPCCm).

Tercero: Por su actuación en esta vía, regular los honorarios del doctor Roberto Stella en el 30% de los que le correspondan en la instancia de origen, y los de la doctora María Lucrecia Ranzini en el 25% calculados de idéntico modo, los que deberán abonarse en el plazo de diez (10) días.

Notifíquese a Caja Forense y cúmplase con la Ley 869.

Cuarto: Registrar, notificar y oportunamente devolver.

RICARDO A. APCARIAN -Juez- SERGIO M. BAROTTO -Juez LILIANA LAURA PICCININI -Jueza ADRIANA CECILIA ZARATIEGUI -Jueza en abstención ENRIQUE J. MANSILLA ?Juez en abstención.