marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Filiación matrimonial, presunción de paternidad, cambio de nombre
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: L., A. s/ INFORMACIÓN SUMARIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-03-06

1- El hijo nacido durante el matrimonio si no se ha denunciado divorcio ni separación de hecho de los cónyuges de mas de 300 días anterior al nacimiento, se presume hijo del marido (art.

243 del Código Civil).

2- De tal manera, no obstante que el marido accione posteriormente por reconocimiento filiatorio -debido a que el nacido fue inscripto sólo con el apellido materno- esa pretensión sólo es técnicamente posible frente al reconocimiento de hijos extramatrimoniales pero no ante hijos nacidos durante la unión conyugal. En este supuesto sólo cabe disponer la rectificación del apellido del menor ante el Registro Civil y Capacidad de las Personas.

(Sumario N° 18896 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Contratos administrativos, acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MEVOPAL S.A. Y OTRA. c/ BANCO HIPOTECARIO NACIONAL. s/ RECURSO    ORDINARIO   DE  APELACION-  FUNDAMENTACION-  INSUFICIENTE-  CONTRATO DE  OBRAS  PUBLICAS-   CERTIFICADO  DE  OBRA-  PAGO-  MORA-  INTERESES-
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-11-26

Los actos administrativos, aun unilaterales, referentes a la celebración, ejecución o modificación de un contrato administrativo, en principio, no pueden considerarse en forma aislada, con abstracción del contrato al cual acceden en cuanto determinan los derechos u obligaciones emergentes de aquél, por lo que se rigen por idénticas pautas a las del contrato, ajenas, por ende, al marco contemplado en los artículos 23 y 24 de la ley 19.549 y al sistema de impugnación de su artículo 25.
Proceso penal, cuestiones prejudiciales
Materia: PENAL
Carátula: RABAIOTTI HECTOR c/ MEDINA RAMON Y OTROS s/ HOMICIDIO CULPOSO Y OTROS-CASACION RABAIOTTI HECTOR c/ MEDINA RAMON Y OTROS s/ HOMICIDIO CULPOSO Y OTROS-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-04-21|1997-04-21

El criterio uniformemente adoptado en la legislación de nuestro país y en la casi totalidad de las legislaciones extrajeras, mantiene el sentido privatista de la tendencia a la reparación civil, aún cuando fluya de un hecho estimado como delito del derecho criminal. La unidad del hecho, posible productor de doble responsabilidad, no implica unidad de cuestión desde el punto de vista de sus consecuencias jurídicas. Esa unidad puede permitir, con grandes ventajas, un único procedimiento y decisión sobre esas consecuencias, pero la trascendencia penal y civil son cuestiones diferentes, que han de regirse por criterios sustanciales distintos aún cuando la efectiva realización del orden jurídico en su etapa de conocimiento, y relativamente en la de ejecución, pueda cumplirse simultánea o conjuntamente para ambos aspectos.
Proceso penal, honorarios, regulación de honorarios, monto del juicio
Materia: PENAL
Carátula: CERAMICA SAN LORENZO ICSA s/ Abastecimientos Causa 30279
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-27

Tratándose de una sanción de carácter penal, el monto del proceso no está dado por la multa impuesta, sino que deberán tomarse en cuenta para la regulación de los honorarios profesionales las restantes pautas mensurativas fijadas por la ley de aranceles.
Accidentes de trabajo, aplicación de la ley, empleados públicos, relación de dependencia, Derecho laboral
Materia: LABORAL
Carátula: ROMITI, MAFALDA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ ACCIDENTE DE TRABAJO - RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº  56-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-05-10

El ámbito personal de amparo de la ley 9688 se fue dilatando considerablemente desde sus comienzos. Al principio, comprendía sólo a una minoría de trabajadores, que eran los que se consideraban más expuestos a los riesgos emergentes de sus actividades; se trataba de los obreros de la industria en general donde se empleaba para el trabajo una fuerza distinta a la del hombre (artículo 2, en su redacción primitiva); en 1940 la ley 12631, suprimió esa frase sobre la "fuerza distinta a la del hombre" e incorporó a los trabajadores forestales, y de las actividades agrícolas, ganaderas y pesqueras, comprendiendo a los mayores de doce años de edad; y la ley 18913 del 31 de diciembre de 1970, incluyó en el régimen que nos ocupa a importantes sectores de trabajadores, entre ellos, los empleados de comercio y, por consiguiente, a los de bancos y seguros. Pero la innovación fundamental que ella introdujo -en lo que aquí concierne- fue que declaró que el Estado Nacional, las Provincias y las Municipalidades en su carácter de empleadores están sujetas a las responsabilidades y obligaciones de la ley 9688, incorporando así a los empleados públicos de todos los niveles y jurisdicciones a los beneficios de la ley en la medida en que no lo estaban por disposiciones anteriores. VOTO DE LA MAYORIA. EN DISIDENCIA DR.

BARRAGUIRRE.
Procedimiento laboral, excepción de incompetencia
Materia: LABORAL
Carátula: PINKAS, ALBERTO TOMAS c/ FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. s/ ACCIDENTE - LEY ESPECIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-23

En razón del carácter prioritario que revisten las cuestiones sobre competencia, los recursos deducidos contra decisiones en esa materia deben ser concedidos en forma inmediata, como excepción a la regla establecida en el art. 110 L.O.
Demanda, acreditación de la personería, deberes del juez, exceso ritual manifiesto, beneficios previsionales, carácter alimentario
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL
Carátula: PACHECO, EUGENIO OSCAR c/ ESTADO NACIONAL-MINISTERIO DE DEFENSA s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-23

Incurre en excesivo rigor formal, incompatible con las garantías constitucionales que protegen los derechos de indiscutible naturaleza alimentaria, la resolución que tuvo por no iniciada la demanda por no haber acreditado su presentante la representación invocada en los términos de los arts. 46 y 47 del C.P.C.C., sin haberlo intimado previamente a subsanar la omisión apuntada. Ello así por cuanto, en cumplimiento de los deberes de dirección procesal contemplados por el art. 34, inc. 5, ap. b) del código citado, correspondía al a quo señalar, antes de dar trámite a la demanda, el defecto u omisión detectado y ordenar que fuera subsanado dentro del plazo que fijare.

(Del voto del Dr. Fasciolo).
Concursos, proceso de verificación, demanda de verificación, contenido de la demanda, indicación de la causa, mutuo, procedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Reynard, Nilvio c/  s/ quiebra s/incidente de revisión de crédito del fallido al crédito de ramirez raúl obdulio
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-25

Procede confirmar la resolución que rechazó el incidente de revisión promovido por el fallido contra el crédito del acreedor que había sido admitido en los términos de la LCQ 36. Ello por cuanto, en el caso, no es controvertido que el contrato de mutuo invocado en sustento de la acción fue efectivamente suscripto y que la firma -otrora negada- inserta en ese instrumento pertenece al fallido. Tampoco controvertido se encuentra que entre éste y el reclamante, junto a otros sujetos ajenos a la litis, existió una relación comercial compleja que fue objeto de instrumentación diversa. Lo relevante es, a juicio de la Sala, que ambas partes admiten haber tenido una relación comercial que concluyó con la celebración del contrato de mutuo invocado por el pretensor. Es decir: determinar si entregó el dinero al celebrarse este contrato o, en cambio, ese contrato plasmó la existencia de un crédito que había nacido antes a favor del nombrado -surgido como consecuencia de esa relación comercial en función de la cual el incidentista realizó depósitos en cuentas del deudor y de personas a él vinculadas y recibió los títulos valores que acompañó al pedir verificación (LCQ 32)-, es cuestión que pierde importancia si se atiende a que, de todos modos, la pretensión aparece respaldada en la existencia de una acreencia cuya legitimidad no ha sido cuestionada.
Juicio de apremio, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: GARCIA WASHINGTON c/ HOTELES SERRANOS SACIF s/ APREMIO - RECURSO DIRECTO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-07-03

Por imperio del art. 871 C.P.C., en los juicios ejecutivos los autos y resoluciones que se dicten durante su desenvolvimiento serán apelables para el ejecutante siempre que tuvieren por efecto la paralización del juicio. Precepto que es aplicable asimismo al juicio de apremio, merced a la remisión efectuada por el art. 373, C P.C., y que desplaza naturalmente la disposición general del art.

1240 C.P.C..

La providencia que ordena una vista a la contraria para que se expida acerca de la fianza ofrecida no suspende ni paraliza en absoluto el trámite del juicio,el cual podrá proseguir normalmente hasta la cancelación del crédito con la sola agregación de la actuación ordenada.Y no se diga que el acreedor ejecutante puede renunciar a la irrecurribilidad porque ha sido estatuida en su exclusivo beneficio, unicamente para asegurar una pronta satisfacción del derecho que invoca. El argumento que es controvertido en algunos ordenamientos procesales no cabe en nuestro sistema ritual. En Córdoba el legislador restringe los recursos en las vías ejecutivas en atención también al interés general que pide la rápida definición de los pleitos, como forma de mitigar la discordia en una comunidad. De otra manera, el expreso condicionamiento de la apelabilidad a la circunstancia de que la resolución importe la paralización del juicio, carecería de todo sentido.-
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, jubilación por invalidez, denegatoria del beneficio, cuerpo médico forense
Materia: PROCESAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Aguilar, Daniel Antonio c/ ANSeS s/ jubilación por invalidez ley 24.241 (CMC).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-04

No resulta agravio idóneo para modificar el pronunciamiento que denegó la jubilación por invalidez el hecho de que el Cuerpo Médico Forense no haya citado al recurrente para examinarlo físicamente ya que, conforme al art. 49, inc. 4°, ap. b) de la ley 24.241, la facultad del cuerpo médico de someter al interesado a una nueva revisión sólo es para casos excepcionales y siempre que haya suficiente justificación.
Honorarios, base regulatoria
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: DI N., N. M.  c/ G., M. E.  s/ Ejecución de honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2023-09-12

En lo que respecta a los honorarios, estoy convencido de que el presente proceso constituye una situación de excepción que demanda el cumplimiento del deber impuesto por el art. 13 de la ley 24.432. Es que, en virtud de la exorbitante base regulatoria, la aplicación lisa y llana de los porcentajes previstos por el ordenamiento arancelario local determinaría la fijación de estipendios que no guardan correspondencia con el tipo de proceso, su envergadura, ni con la complejidad, extensión y calidad de las labores realizadas.
Recurso de casación, inadmisibilidad del recurso, sentencia arbitraria, honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: Torroija, Mario Angel c/ Barrera, Osvaldo César y otro s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1988-03-11

No existe potencial supuesto de arbitrariedad, fundado en una decisión extra o ultra petita tratándose de una cuestión relativo a honorarios profesionales, regulados por trabajos efectivamente realizados, cuya apreciación está en principio constreñida a las instancias ordinarias, cuando lo resuelto se enmarca en disposiciones legales vigentes y aplicables, lo que impide su revisión por vía del presente recurso, careciendo de tal modo los agravios vertidos al respecto de aptitud para sortear el examen de admisión previsto en los arts. 290 y 292 del CPCCH.
Obligaciones de dar sumas de dinero, tasa de justicia, base imponible
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Refineria Metales Uboldi y Cía. S.A.C.I. -Incidente- c/ E.N. (Mº de E. y O. y S.P. -A.N.A.- s/ A.N.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-30

De conformidad con lo establecido por el art. 4, inc. a) de la ley 23.898, para determinar el monto de la tasa de justicia en las contiendas en las cuales se reclaman sumas de dinero, se tendrá en cuenta "el monto de la pretensión al momento del ingreso de la tasa, comprensivo del capital, y en su caso, de la actualización, multa e intereses devengados que se hubieren reclamado".
Actividad industrial, alícuota, exenciones impositivas, interpretación de la ley, Ministerio Público Fiscal, sentencia, conflicto de intereses
Materia: COMERCIAL-TRIBUTARIO
Carátula: Valot SA  c/ AGIP - DGR s/ impugnación actos administrativos s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-15

Con respecto a las exigencias -para acceder a la exención del ISIB- de la "radicación exclusiva" de la actividad industrial en la Ciudad de Buenos Aires y de la "habilitación" para ejercerla, debe confirmarse la declaración de inconstitucionalidad practicada por la Cámara, por aplicación de los fundamentos desarrollados por la CSJN en el precedente "Bayer" (Fallos 340:1480), lo que justifica el apartamiento de la doctrina sentada por este Tribunal -en su anterior composición- en la causa "Orbis". En el precedente "Bayer", la CSJN consideró que las normas que establecen alícuotas diferenciales del ISIB según el lugar de radicación de la empresa, sometiendo a los productos elaborados fuera de la provincia a un mayor impuesto que el que se exige a los fabricados dentro de su territorio, implican una discriminación lesiva del principio de igualdad (art. 16 de la CN), y alteran la corriente natural del comercio (arts. 75, inc. 13 y 126 de la CN), instaurando así una suerte de "aduana interior" vedada por la Constitución (arts. 9° a 12 de la CN). (Del voto de la jueza Marcela De Langhe, al que adhiere el juez Santiago Otamendi).
Jurisdicción y competencia, cuestiones de competencia, inhibitoria
Materia: PROCESAL
Carátula: EMPRESA FERROCARRILES ARGENTINOS. s/ DECLARACION DE COMPETENCIA POR INHIBITORIA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-06-04

No procede el planteamiento de cuestiones de competencia respecto a juicios terminados.
Seguro de vida, seguro colectivo, prescripción, cómputo del plazo, siniestro
Materia: COMERCIAL
Carátula: ALBO, MARIA ALEJANDRA c/ TELEFONICA DE ARGENTINA SA s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-11-12

En tanto el hito inicial del curso de la prescripción, debe ubicarse en el momento a partir del cual la responsabilidad existe y ha nacido la consiguiente acción para hacerlo valer (cciv 3958), en la acción derivada de seguro de vida, ello sucede cuando acontece el hecho que origina el evento dañoso cubierto por la póliza, porque es desde ese momento que resulta exigible la obligación de reparar y de hacer frente la aseguradora en tiempo propio la cobertura comprometida en la póliza, porque de ordinario el perjuicio es consecuencia inmediata de aquel, encontrándose desde entonces el damnificado en condiciones de demandar el cumplimiento de la obligación asumida. Si el daño se manifiesta con posterioridad o ha sido conocido después por la beneficiaria, la acción no nace sino hasta ese segundo momento, pues solo el "siniestro" torna exigible la prestación y el riesgo asegurado aunque pueda alcanzar un mayor o menor grado de probabilidad de materializarse por un hecho futuro, no deja de ser una mera posibilidad que requiere de otro hecho concreto posterior para convertirse en hecho actual y concreto para entender configurado propiamente el siniestro (CSJN, "Constructora Barcala SA c/ Banco Central", 15.7.97, LL 1997-F, 343).
Derecho penal, suspensión del juicio a prueba, oportunidad procesal, presentación extemporánea, apertura del debate, interpretación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: Ovejero, Carlos Manuel s/ inf. art. 189 bis CP - Apelación" Apelación"
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-30

Ante la inexistencia de regulación específica que determine la oportunidad hasta la cual puede efectuarse el pedido de suspensión del juicio a prueba a tenor del artículo 76 bis del Código Penal, se impone realizar una interpretación a la luz del sentido de la norma en confrontación con la sistemática del ordenamiento jurídico procesal, tendiente a indagar el verdadero significado y alcance de la ley mediante el examen profundo de sus términos atendiendo tanto a la redacción del precepto cuanto a la voluntad del legislador.

Es que, el requerimiento no puede ser formulado en cualquier etapa del proceso pues ello podría atentar contra la finalidad del instituto y generar consecuencias incompatibles con su naturaleza. Frente al vacío normativo se han plasmado diversas corrientes que intentan solucionar la cuestión, pero más allá del menor o mayor acierto de tales opiniones, lo cierto es que predominantemente se entiende extemporáneo el pedido articulado una vez iniciado el debate (art. 374 del Código Procesal Penal de la Nación).

De extenderse más allá de esa instancia la posibilidad de requerir la "probation", se contradiría el texto y el espíritu legal puesto que la normativa ha diseñado un sistema de suspensión del juicio y no uno de suspensión de la sentencia.

Por otra parte, tal postura violentaría finalidades específicas tenidas en miras por el legislador, tales como la descongestión de los órganos judiciales, la celeridad en la resolución de los casos, y la evitación del desgaste jurisdiccional que conllevaría la realización de una audiencia de debate oral que a la postre culminara con un pronunciamiento favorable o no a la procedencia de la probation.
Recurso extraordinario, carácter excepcional, cuestiones de hecho y prueba
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: LOPEZ VIUDEZ LAURA Y OT. EN J° 125.397/37986 ACUÑA MATIAS MARTIN (EXPTE. N°  86.905) c/ RODRIGUEZ CESAR MANUEL Y OT. s/ D. Y P S/ INC. CAS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2007-06-20

La tacha de arbitrariedad en el orden local reviste carácter excepcional, limitada a casos de indudable ruptura del orden constitucional en la motivación de los fallos, situaciones de flagrante apartamiento de los hechos probados en la causa, carencia absoluta de fundamentación o argumentos ilógicos, absurdos o autocontradictorios. Resulta improcedente, por tanto, cuando bajo la invocación de tales vicios, se encubre la pretensión de lograr una revisión de la valoración original efectuada por los tribunales de mérito sobre el contexto probatorio de la causa, en tanto la admisión de la vía en tal caso, conduciría a instaurar una tercera instancia ordinaria extraña a nuestro sistema procesal.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso, defectos en la fundamentación normativa
Materia: PENAL
Carátula: Tomei, Alejandro Alberto s/ Violación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-10

El indicio de oportunidad es impugnado de modo ineficaz, si se cuestionan los testimonios utilizados para la acreditación del hecho fundante, pero no se citan las normas de la prueba testimonial que podrían resultar vulneradas, ni se relaciona el agravio con recaudos que establecen los arts. 258 y 259 del Código de Procedimiento Penal que invoca a los efectos de la demostración de la violación de la ley (art. 355, C.P.P.).
Recurso de inconstitucionalidad, doctrina de la arbitrariedad, cuestión constitucional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: HAIDAR, RUBEN c/ SANATORIO MAYO SA s/ LABORAL     QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE  NRO 293-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-12-16

Resulta admisible la queja interpuesta, si el fundamento del recurso de inconstitucionalidad, propuesto con base en el artículo 1, inciso 3ro de la ley 7055, constituye un supuesto abstracto de descalificación de la sentencia, con suficiente apoyo en las constancias de autos, sin que esto implique anticipar opinión sobre la sustantiva procedencia del recurso.
Estado Provincial, autonomía provincial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Molinos Río de la Plata S.A c/ Provincia de Buenos Aires s/ Acción declarativa
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-02-10

Los poderes de las provincias son originarios e indefinidos y los delegados a la Nación son definidos y expresos, pero aquellos poderes provinciales no pueden enervar el ejercicio razonable de los poderes delegados al gobierno federal, so pena de convertir en ilusorios los propósitos y objetivos de las citadas facultades que fincan en la necesidad de procurar eficazmente el bien común de la Nación toda, en el que necesariamente se encuentran engarzadas y del cual participan todas las provincias.
Acción de amparo, cuestiones de competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Monzón, Enrique José c/ Telefónica de Argentina  S.A. s/ Amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-16

En el marco de la acción de amparo se debe apreciar con estrictez lo relativo a la procedencia de las cuestiones de competencia que se planteen, a los efectos de evitar la prolongación de conflictos que sólo deriven de demoras incompatibles con la urgencia que caracteriza a las cuestiones que autorizan esa vía.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, ley procesal, ley posterior, leyes, ley derogada, Ministerio Público, fiscal de Cámara, fiscales, cuestiones de competencia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Delmenico, Oscar P. y O. c/ Sampedro, Hector J. y O. s/ Cobro de dinero. Cuestión a resolver: debe intervenir el Ministerio   Público Fiscal en las declinatorias de competencia (Expte. Nro. 2-89)   -Tribunal pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-05-21

El legislador tiene un deber en pro de la didáctica, de la claridad en orden a cómo se interpreta el Derecho, no pudiendo así dejar el campo sembrado de posibles discrepancias en la hermenéutica jurídica. Empero, ese no es el caso de la ley 10160: 1) No derogó expresamente la ley 8141; 2) La ley 8141 resulta específica respecto al Ministerio Público; 3) La ley 10160, tanto en su artículo 131 como en sus Disposiciones transitorias (artículo 1) prevé otras competencias; 4) Nada le costaba al legislador de la ley 10160 derogar explícitamente regímenes predecesores. En dicho orden de ideas, podría concebirse que abrogó la ley 3611, pero ya respecto a la ley 8141, atento a su especificidad, la afirmación se torna más ímproba. 5) No se concibe el "olvido" o la "distracción" del legislador. Sus "Disposiciones Transitorias", incluso, pecan en general de muy mala técnica jurídica; tal como, en verdad, respecto a multitud de otros articulados del ordenamiento. En suma entonces, la ley 8141, no se halla derogada de forma alguna. (Del Voto del Dr.

Chiappini -En Disidencia-).
Sistema Nacional de Seguridad Social, relación de dependencia, obligaciones del empleador
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "TECHINT  CAA.  TECNICA  INTERNACIONAL  S.A. c/ A.F.I.P. A D.G.I. s/ Impugnaci3/4n de deuda".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-07-08

La Resolución 899/00 A.F.I.P. -que estableció la obligación de los empleadores responsables del Sistema único de Seguridad Social de solicitar la "Clave de Alta Temprana" de sus nuevos trabajadores dependientes-, fue dictada conforme a las facultades establecidas por ley. Por ello, no encontrándose demostrado el perjuicio concreto que ocasionaría dicha norma como violatoria de la Constitución Nacional, resulta improcedente la tacha de inconstitucionalidad.