Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2004-03-11


N° 144 En la ciudad de Resistencia, capital de la Provincia del Chaco, a los once días del mes de marzo del año dos mil cuatro, reunidos en Acuerdo los señores Ministros integrantes de la Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia, Dres. RAMÓN RUBÉN ÁVALOS y MARÍA LUISA LUCAS, como jueces de primer y segundo voto, respectivamente, tomaron en consideración para resolver el presente expediente: "GUZZO, CARLOS S/ CONCURSO PREVENTIVO -HOY QUIEBRA-", N° 52.678, año 2003, venido en apelación extraordinaria en virtud del recurso de inconstitucionalidad deducido a fs. 720/723 vta..

C U E S T I O N E S I.- ¿Es procedente el recurso de inconstitucionalidad concedido en autos? II.- En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde dictar? I.- A LA PRIMERA CUESTIÓN EL DR. RAMÓN RUBÉN ÁVALOS, DIJO:

1.- Arriban las presentes actuaciones a conocimiento y decisión de este Tribunal en virtud del recurso de inconstitucionalidad deducido a fs. 720/723 vta. por la sindicatura, contra la resolución dictada por la Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad, que obra a fs. 710/713.

Elevada la causa, la misma se radica a fs. 752 ante esta Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia, la que se integra definitivamente con los suscriptos a fs. 767.

A fs. 757 y vta. emite su dictamen N° 623/03 el Sr. Procurador General, a fs. 761/764 se agrega el memorial potestativo presentado por la recurrente y a fs. 769 se llama Autos para Sentencia, lo que deja la cuestión en estado de ser resuelta.

2.- Siendo este Tribunal el juez de los recursos extraordinarios para ante él intentados, corresponde examine previamente la concurrencia de los extremos que habilitan esta instancia extraordinaria.

En tal cometido, advierto que el mismo consulta los recaudos de anuncio e interposición en término y legitimación para recurrir, estimando que lo decidido adquiere carácter definitivo, atento a que no podrá reeditarse en otra ocasión ni por otra vía con posterioridad a la presente, circunstancias que motivan la consideración de los agravios expuestos.

Sostiene básicamente la quejosa que el resolutorio dictado por la Cámara es manifiestamente arbitrario, lesionando garantías constitucionales como el derecho de propiedad reconocido por la Constitución Nacional. Señala que el mismo no posee fundamentación alguna, solo realiza citas jurisprudenciales, para concluir que debe aplicarse el 12% por cuanto el activo realizado es exiguo. Agrega que el razonamiento de los sentenciantes no se compadece con la labor profesional desplegada por su parte. Manifiesta que en la propia Cámara de Apelaciones existen disidencias notorias en cuanto a la aplicación lisa y llana del tope establecido o, en su defecto, si es de aplicación los tres sueldos del secretario de primera instancia. Reconoce que el tema en cuestión sobre el piso o tope tiene su origen en la defectuosa redacción del art. 267 de la Ley 24.522. Acerca de la impugnabilidad de las decisiones en materia de honorarios, cabe señalar lo reiteradamente expuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el sentido que: "Lo referente a la regulación de honorarios devengados en las instancias ordinarias, así como las bases computables al efecto, en principio, constituye materia ajena al recurso extraordinario, salvo circunstancia de orden excepcional" (CS 15.963, Rev. La Ley XXV, 1443, sum. 599), siendo la doctrina de la arbitrariedad restrictiva a su respecto (Fallos 300:386; 301:148, Digesto XVI, p. 794, N° 670, cit. en Sent. N° 357/02).

Dicha doctrina resulta de estricta aplicación al recurso extraordinario local, que participa de similares motivos que el estatuido en el orden federal y ha sido reiterada por este Tribunal (conf. Sent. N° 300/95, entre muchas otras).

Corresponde pues, establecer si en el caso se encuentra configurado un vicio de naturaleza tal, que lleve a la descalificación de lo decidido en base a la aludida doctrina y que permita excepcionar el principio general señalado.

Analizada la decisión impugnada a la luz de las premisas precedentemente establecidas, en relación a los agravios vertidos, anticipo desde ya mi voto por la improsperabilidad de la queja, coincidiendo de este modo con lo dictaminado por el Sr. Procurador General.

En efecto, no resulta arbitraria la decisión de la Cámara que modifica las pautas y los montos tenidos en cuenta por la jueza de primera instancia, fijando los honorarios cuestionados.

Ello es así, ya que de la lectura de la resolución cuestionada surge que las sentenciantes, luego de reseñar los fundamentos vertidos por la a-quo, se apartan de los mismos al expresar que: "A los fines previstos por el art. 272 Ley Concursal, para lo cual se elevan los autos, las suscriptas en resolución Honorarios 47/01 -entre otras- han señalado que comparten el criterio expuesto en el sentido de que en supuestos como el presente las regulaciones de honorarios no pueden exceder el tope máximo del 12% establecido por el art. 267" (conf. fs. 710 vta.), citando a continuación una serie de precedentes jurisprudenciales que desarrollan adecuadamente las motivaciones por las que arriban a idéntica solución, luego de lo cual concluyen diciendo que: "Los argumentos hasta aquí expuestos nos convencen que ésta es la solución más justa y que mejor se adecua a la intención del legislador de reducir los honorarios a fin de que los mismos no insuman la totalidad del activo realizado, en desmedro de otros acreedores, por lo que también consulta el derecho de propiedad de estos últimos (art. 17 C.N.). Por lo tanto nos pronunciamos en el sentido de que el 12% previsto en la ley (art. 267) constituye una valla que no puede ser traspuesta" (Conf. fs. 712 vta. y 713).

De lo relatado precedentemente, se desprende que las magistradas, en la disyuntiva de resolver el presente, en que el activo realizado es inferior al mínimo establecido por el art. 267 de la L.C.Q. que debiera aplicarse al caso -tres sueldos de secretario de primera instancia-, se pronunciaron por la prevalencia del tope máximo del 12% de aquélla base (fijado en el mismo art. 267 de la L.C.Q.).

Extraigo así que las sentenciantes han hecho uso adecuado de sus facultades como jueces de mérito, de efectuar una exégesis adecuada de la normativa aplicable al caso, resultando desde esa óptica, con suficientes fundamentos la decisión apelada conforme a las particularidades del mismo.

En tal sentido, comparto lo dictaminado por el representante del Ministerio Público al expresar que: ". la recurrente no logra demostrar que las jueces de la alzada hayan excedido el marco de sus atribuciones ni hayan incurrido en palmarios defectos de fundamentación que autoricen el recurso extraordinario impetrado, bien entendido, que las discrepancias con la inteligencia asignada a las disposiciones en juego resultan ineficaces para habilitar un recurso que no tiene por objeto sustituir a los jueces de la causa en la decisión de cuestiones que les son privativas ni abrir una nueva instancia ordinaria para debatir temas de esta naturaleza. La pretensión de la interesada no puede merecer amparo en la doctrina de la arbitrariedad, aún cuando se invoque error en la solución, siendo igualmente inadmisible la impugnación fundada en el apartamiento de precedentes judiciales emanados de otros tribunales, como tampoco en el supuesto de discordancia con opiniones doctrinarias sobre la materia sometida a decisión".

Por los fundamentos expuestos, me expido por la improcedencia del presente remedio. ASÍ VOTO.	I.- A LA PRIMERA CUESTION LA DRA. MARÍA LUISA LUCAS, DIJO:

Coincidiendo con los fundamentos y la solución propuesta en el voto que antecede, adhiero al mismo y emito el mío en idéntico sentido. ES MI VOTO.

II.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL DR. RAMÓN RUBÉN ÁVALOS, DIJO:

Atento la conclusión arribada al tratar la primera cuestión, propongo se desestime el recurso de inconstitucionalidad deducido a fs. 720/723 vta. por la sindicatura, contra la resolución dictada por la Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad, que obra a fs. 710/713.

Las costas de esta instancia, dado el resultado que propicio y lo dispuesto por el art. 68, primera parte, del CPCC, deberán imponerse a la recurrente vencida. Los honorarios del profesional interviniente deberán regularse tomando como base el interés defendido, comprendido por el monto cuya regulación se cuestiona. Por ello y lo normado por los arts. 3, 5, 7 y 11 de la Ley Arancelaria estimo los del Dr. Jorge Luis Calvo en la suma de PESOS SIETE CON CINCUENTA ($7,50) en su carácter de patrocinante. ASÍ TAMBIÉN VOTO.

II.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN LA DRA. MARÍA LUISA LUCAS, DIJO:

Con arreglo al resultado de la votación efectuada con motivo de la primera cuestión, adhiero también a la propuesta del Dr. Ramón Rubén Ávalos respecto de la presente, adhesión que abarca asimismo lo relativo a imposición de costas y regulación de honorarios profesionales. ES TAMBIÉN MI VOTO.

Con lo que no siendo para más, se dio por finalizado el Acuerdo que antecede firmando los señores Magistrados presentes, todo por ante mí, Secretaria, de lo que doy fe.

S E N T E N C I A N° 144	RESISTENCIA, marzo 11 de 2004.

AUTOS Y VISTOS:

Los fundamentos del Acuerdo que antecede, la Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia, R E S U E L V E:

I.- DESESTIMAR el recurso de inconstitucionalidad deducido a fs. 720/723 vta. por la sindicatura, contra la resolución dictada a fs. 710/713 por la Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad.

II.- IMPONER las costas de esta instancia a cargo de la recurrente.

III.- REGULAR los honorarios profesionales del Dr. Jorge Luis Calvo en la suma de PESOS .................($ .) en su carácter de patrocinante.

IV.- REGÍSTRESE. Protocolícese. Notifíquese. Líbrese comunicación a la Sra. Presidenta de la Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, de esta ciudad y remítase copia autenticada de la presente a la Sra. Presidenta de dicha Cámara. Oportunamente bajen los autos al juzgado de origen.

FDO:

DRA MARÍA LUISA LUCAS (JUEZ) DR. RAMÓN RUBÉN ÁVALOS (PRESIDENTE) DRA. MARÍA OLGA ALLEVI (SECRETARIA) SALA PRIMERA CIVIL, COMERCIAL Y LABORAL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA CHACO