Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-12-21


000145/2008 ----En la ciudad de Trelew, a los días de diciembre del año dos mil nueve, se reúne la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones, con la Presidencia del Dr. Aldo Luis De Cunto y presencia de los Sres. Jueces del Cuerpo Dres. Sergio Rubén Lucero y Raúl Adrián Vergara, para celebrar Acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "B., G. O. c/ H., J. F. y otro s/ Ordinario" (Expte. 145 - Año 2008 CANE) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es ajustada a derecho la sentencia apelada?, y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en el orden resultante del sorteo practicado a fs. 360.- A LA PRIMERA CUESTION el Dr. Vergara dijo:-------- 1. Llegan a conocimiento de este Tribunal las presentes actuaciones como consecuencia de los recursos de apelación interpuestos por el codemandado H. y el actor a fs. 332 y 336, que fueran concedidos libremente a fs. 333 y 337, respectivamente, contra la sentencia de la anterior instancia de fs. 318/328 y vta. que hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por G. O. B. y condenó a J. F. H. al pago dentro del plazo de diez días de la suma de $4.200.-, con más sus intereses, con imposición de costas en un 80% al codemandado H. y en un 20% al actor, y asimismo rechazó en todas sus partes la demanda instaurada contra F. N. C. D., con costas al actor. - Los agravios vertidos por el codemandado H. y por el actor lucen a fs. 347/351 y 353/357, respectivamente, y los traslados conferidos a fs. 352 y 358 no fueron evacuados por sus respectivas contrarias. Sostiene el codemandado H. que se agravia en primer lugar porque el a quo afirmó que el carácter oculto de los vicios a los fines de la acción intentada se verifica respecto de que no resultan advertibles a los ojos de un profano las deficiencias existentes en el automotor cuestionado. Señala que el a quo arriba a esa conclusión sin tener en cuenta pruebas producidas. Transcribe la noción de profano y señala que el actor al absolver posiciones reconoció que había hecho revisar el automotor por mecánicos y chapistas de su confianza. El automotor fue revisado por personal con conocimiento en la materia que no advirtieron los supuestos "defectos ocultos", y que no puede considerarse a un chapista y mecánico como profano. Del análisis de las afirmaciones del actor de fs. 192/218 y documental de fs. 27 resulta indudable que conocía el estado del automotor y lo aceptó de conformidad. Pone de relieve que el actor en la posición segunda reconoció que había hecho revisar el automotor por personal especializado. Advierte que el sentenciante no tuvo en cuenta otras pruebas, como la del testigo P. M. B. quien afirmó que el automotor estaba en muy buenas condiciones, que lo hizo revisar por un mecánico y un chapista y éstos le aconsejaron que lo compre. Añade que por esa cuestión solicita que se delimite y se ponga en su justo límite la extensión de la garantía que pretende imputarse al demandado en consonancia con lo prescripto por el art. 2168 del Código Civil. En segundo lugar se agravia de la afirmación realizada por el sentenciante en el sentido de que " ... no puedan extenderse los alcances de la documental agregada a fs. 27 en punto a que los defectos eran conocidos por el actor ya que las precisiones que se realizaron en aquella oportunidad apuntaron a circunstancias distintas que no son por las que se accionó. Por ello las manifestaciones consignadas en ese instrumento no resulta por si mismas argumentos suficientes para sostener lo ostensible de los vicios por cuanto sólo puede extraerse de ello que el adquirente realizó un examen de la cosa al momento de tomar la posesión, pero nada de ese acto conduce a afirmar que los defectos hayan sido constatados ni que hubieran podido serlo razonablemente...". Afirma que esto constituye otro yerro del a quo por cuanto no valoró la prueba en su totalidad porque no solo el comprador examinó la cosa al tomar la posesión sino que hizo revisar el rodado por especialistas, lo que surge de la segunda, cuarta y quinta posición. En tercer lugar se agravia por considerar que el sentenciante incurre en contradicción y arbitrariedad al sostener indirectamente que el comprador ha probado que los vicios demandados existían al momento de la adquisición. Para ello previamente considera la afirmación del actor en la posición sexta al reconocer que el automotor carece de los vicios o daños que se reclaman en la presente litis. Agrega que de ninguna prueba producida por el actor resulta que a la fecha de la adquisición del automotor existían los vicios que se reclaman. En cuarto término se agravia de que el magistrado tenga en cuenta las sumas y porcentajes determinados en los informes periciales y no las cotizaciones de la unidad realizadas por distintas concesionarias de la zona por no reunir homogeneidad de fechas. Afirma que los informes de las distintas concesionarias aluden al valor a junio de 2004, por caso el concesionario oficial Ford. Destaca los valores informados por A. S.A., C., y A. S. S.A. Hace notar que se les solicitó el valor a junio de 2004. No resulta admisible que para hacer mérito de una prueba descalifique de manera arbitraria otro medio probatorio. Concluye que la constatación de los valores de los automotores se ofrecen con tal objetividad que no necesitan ser afirmados por otras probanzas, por lo que es posible que el juez los conozca o se informe por medios auténticos e indiscutibles. Cita fallo en apoyo de su postura. Peticiona se revoque la sentencia apelada rechazándose la demanda con imposición de costas a la actora.--- A su vez, la parte actora apelante se agravia del rechazo de la acción contra el codemandado C. D.. Sostiene que contrariamente a lo que expone el sentenciante existió vinculación entre los Sres. H. y C. D.

por cuanto el formulario 08 que se le entregó para formalizar la transferencia era un formulario que el titular registral suscribió el mismo día inmediatamente después de haberse celebrado el boleto de compraventa con H.. Ese dato objetivo importa que existía vinculación entre ambos codemandados. Aduce que es errónea la fundamentación del a quo al sostener que la responsabilidad por los vicios no se proyectan hacia C. D. por su sola calidad de titular registral del vehículo, que no exista vinculación contractual de C. D. con el actor, y que se encontraba desprovisto de cualquier relación de intermediación del codemandado H.. Añade que la rúbrica del formulario 08 por el titular registral y por el actor es un acto jurídico bilateral por el cual se logra tranferir el dominio del automóvil. Ese contrato es un acto jurídico bilateral, tal como lo es también el boleto con H.. Por ello no se puede soslayar la vinculación existente entre su parte y el exclusivo transmitente o simple titular registral. Existe, por un lado el boleto de compraventa celebrado con H. por el cual este último se comprometió a entregar el vehículo y la documentación pertinente, y por otro el acto jurídico celebrado inmediatamente después, o sea la suscripción de C. D. y B. del correspondiente contrato de transferencia. Afirma que el titular registral se encontraba en conocimiento de la obligación que estaba asumiendo su consorte H. de entregar la documentación para transferir y actúa en consecuencia. Formula queja también del régimen de imposición de costas en cuanto establece un 80% a cargo de H. y el 20% restante a cargo de su parte. Señala que esa distribución de las costas del proceso se encuentra fundado en el rechazo del rubro privación de uso, y que se incorporó el reclamo indemnizatorio sujeto al éxito de la etapa probatoria. Considera que existían razones valederas y justificables para intentar el reclamo del rubro, lo que permite la exención de costas a su respecto. Cita fallos, y menciona la posibilidad latente de acreditar la mala fe invocada desde el inicio de la demanda, por lo que solicita se impongan las costas al accionado vencido, modificando esa parte del fallo impugnado. Asimismo se agravia de la imposición de costas en relación al rechazo de la acción contra C. D.. Alega que la jurisprudencia no obstante haber señalado el carácter excepcional de la exención de costas al vencido, también ha acudido al argumento de la "razón probable para litigar", para eximirlo de costas en determinados supuestos. Estima que no cabe vacilación alguna de la razón fundada que, tanto objetiva como subjetivamente, imponía al actor dirigir la pretensión hacia quien suscribió el formulario 08, titular registral, y por ende propietario del vehículo. O más aún, contra quien suscribió el contrato de transferencia (formulario 08). Refiere pronunciamientos y considera que su parte actuó sobre la base de una convicción razonable acerca del derecho pretendido en el pleito o incidencia, debiéndose evaluar además la conducta del coaccionado C. D. quien no contestó demanda, reconociendo entonces los hechos expuestos en el escrito promocional. Solicita que se exima de las costas devengadas por su rechazo. - 2. Toda vez que el codemandado apelante postula el rechazo de la demanda corresponde ingresar en primer término a los agravios vertidos por esa parte.------ 2.1. Asimismo, cabe tratar en forma conjunta las dos primeras quejas pues ambas se centran en que el fallo en crisis no valoró en su totalidad las pruebas arrimadas a la causa.- En tal sentido, critica el argumento del juzgador que luce al comienzo del segundo párrafo de fs. 322 en el sentido de que el carácter oculto a los fines de la acción intentada se verifica respecto de que no resultan advertibles a los ojos de un profano las deficiencias en el techo con soldaduras incompletas, en los guardabarros delanteros, puertas, parantes internos y externos y el baúl.----- Señala que el sentenciante cometió un yerro al realizar dicha afirmación ya que el actor al absolver posiciones (confesión ficta) admitió que lo hizo revisar por mecánicos y chapistas por lo que no puede considerarse profano a ese personal con conocimiento en la materia.--- Al respecto, es fácil advertir que al fragmentar el recurrente a fs. 347 vta. la argumentación seguida en el fallo en crisis omitió considerar un fundamento que resultó dirimente para la dilucidación de la causa y que luce a fs. 321 vta./322 respecto a que la existencia de las falencias ... requirió un exhaustivo y minucioso análisis de la unidad, lo que demandó la realización de las operaciones detalladas a fs. 273/74 y que dan cuenta las fotografías agregadas a fs. 275/78, para concluir que dichos vicios derivados de la defectuosa reparación del rodado no son ostensibles sino que requieren conocimientos especializados como el de ambos peritos accidentólogo y tasador. Ello resulta razonable, teniendo en consideración el lugar donde se descubrieron los mismos y las operaciones que debieron realizarse para su detección ya que no estaban necesariamente a la vista sino que requirieron de las tareas realizadas por el experto, lo que descarta su evidencia ante la sola comprobación al entrar en posesión del rodado.- Así, las manifestaciones vertidas sólo denotan el particular punto de vista del quejoso al desarrollar en forma paralela un análisis propio para arribar a una personal conclusión, sin hacerse cargo de tales razones.-- En ese direccionamiento, si lo que ocurre es que se prescinde de la argumentación básica que respalda la sentencia, o si el recurrente no refuta las conclusiones del juez de grado, sino que desarrolla en forma paralela un análisis propio de la causa para arribar a una personal conclusión, distinta de la del fallo, sin detenerse a puntualizar la crítica del mismo, sino limitándose a manifestar su disidencia, corresponde declarar desierto el recurso interpuesto (Morello, Sosa, y Berizonce, "Códigos Procesales ...", Librería Editora Platense - Abeledo-Perrot, 1988, T. III, pág. 371, y cita de fallos).- A renglón seguido sostiene el recurrente que del análisis de las afirmaciones del actor (fs. 192/218), en realidad fs. 193 y 219, y su cotejo con la documental de fs. 27 resulta indudable que el Sr. B. conocía el estado del automotor y lo aceptó de conformidad en el estado de uso y conservación en que se encontraba, para lo cual cita en su cita en apoyo de su postura las posiciones segunda, cuarta y quinta referidas a que hizo revisar el rodado por especialistas, por mecánicos y chapistas de su confianza, y que luego de revisar el automotor se cerró la operación por el precio convenido.- Y en lo que hace al alcance de la documental de fs. 27 cabe destacar que la apelante reitera la postura asumida al contestar demanda (p. IV, fs. 29), por lo que no hay agravio que atender al incumplir la manda impuesta por el art. 265 del C.P.C.C.--------- Se ha puesto de relieve de modo coincidente que si el agravio constituye una reproducción casi literal de una anterior presentación, ello no constituye la crítica requerida por el artículo 265 del código procesal. Idéntica conclusión desestimatoria se ha declarado cuando la queja se insinúa con fundamento en lo expresado en presentaciones anteriores a la sentencia (Morello, Sosa y Berizonce, obra y tomo citado, pág. 357, y cita de pronunciamientos).----- Por lo demás, el juzgador se hizo cargo de ese argumento pues claramente señaló a fs. 323/323 y vta. que los argumentos esgrimidos por el referido codemandado relativos a que el actor aceptó de plena conformidad el estado de uso que tenía el automotor y que los defectos no han hecho la cosa impropia para su destino no pueden ser admitidos. En cuanto al primero, no pueden extenderse los alcances de la documental agregada a fs. 27 en punto a que los defectos eran conocidos por el actor ya que las precisiones que se realizaron en aquella oportunidad apuntaron a circunstancias distintas que no son por las que se accionó. Por ello las manifestaciones consignadas en ese instrumento no resultan por sí mismas argumento suficiente para sostener lo ostensible de los vicios por cuanto sólo puede extraerse de ello que el adquirente realizó un examen de la cosa al momento de tomar la posesión. Pero nada de ese acto conduce a afirmar que los defectos por los que se acciona hayan sido constatados ni que hubieran podido serlo razonablemente. Para concluir de ese modo parto de que, probada la existencia del vicio y su carácter de oculto, era carga de la parte demandada acreditar que el actor lo conocía concretamente.------- Como puede apreciarse nuevamente el quejoso omite ponderar la conclusión de la sentencia de la anterior instancia, por lo que no hay agravio que atender.- Desde esta perspectiva, la ley procesal requiere así, con la finalidad de mantener el debate en un plano intelectual antes que verbal, que la crítica dirigida a la sentencia sea concreta, lo cual significa que la parte debe seleccionar del discurso del magistrado aquel argumento que constituye estrictamente la idea dirimente y que forme la base lógica de la decisión. Cuando el litigante no formula su expresión de agravios de esa manera, cae derrotado por su falta de instrumental lógico de crítica (CNCom., sala "D", abril 24-984, "Persiani e Hijos, José c. Productos Pulpa Moldeada S.A.", L.L. 1985-A, 309).--- Así, el agravio carece de contenido, cuando como en el caso . h) No ataca concreta y frontalmente los verdaderos fundamentos del fallo (Fenochietto-Arazi, "Código Procesal ...", Astrea, 1983, T. 1, pág. 839).-------- Por ello, si no se formulan los agravios concretos y razonados sobre cada uno de los puntos considerados por el juez de primera instancia, quedan consentidos aquellos sobre los cuales no se cumplimentó esa carga (C.S.J.N. agosto-29-969, "Gobierno Nacional c/Ekmekdjian, Toros y otro", L.L. 137-538).------- En lo que hace a que no tuvo en cuenta el testimonio de B., lo cierto es que la elección de la prueba es facultad privativa del juzgador, quien puede seleccionar aquellas que estime relevantes y decidirse por una descartando otras, que considere inconducentes o inoperantes. Es suficiente a tal efecto que haga referencia expresa a las que han servido más decididamente a la conclusión, lo cual no supone ni permite afirmar que las otras no hayan sido computadas (Morello, Sosa y Berizonce, ob. cit., 1991, T. V-A, págs. 255/256, y cita de fallos).----- Tampoco es correcta la apreciación de que el a-quo omitió opinión sobre esa declaración pues si lo hizo a fs. 325, renglón catorce y siguientes, por lo que la queja al no ajustarse a las constancias de autos resulta inaudible. Así, la sentencia de la anterior instancia en la citada foja precisó que los testimonios brindados a fs. 220, a fs. 223, y a fs. 227 (actualmente fs. 222, 225 y 229, testigos C., B. y C.,) que resultan insuficientes a los fines de respaldar la posición asumida en el pleito por el demandado H., frente a la prueba pericial ya referida que es el medio por el cual personas ajenas a las partes, que poseen conocimientos científicos, artísticos o prácticos -más amplios que por lo común pueden tener los jueces- perciben, verifican hechos y hacen saber a los magistrados su opinión fundada en la interpretación de los mismos, apreciándolos de acuerdo a esos conocimientos especiales que tienen y que sirven para formar la convicción del sentenciante.----- Al respecto, es evidente que el testimonio de B. al manifestar que el estado era muy bueno ya que el vehículo estaba en muy buenas condiciones (respuesta a la 7ª y 8ª pregunta, fs. 225) claramente se contrapone a las conclusiones de la prueba pericial de tasación y accidentológica, y sabido es que el dictamen referido a cuestiones técnicas no puede enervarse por medio de declaraciones de testigos (Fenochietto-Arazi, ob. cit., T. 2, pág. 524).---- Por eso, el juzgador ponderó adecuadamente la prueba pericial rendida en la causa y priorizó la misma ante la prueba testimonial cumplida, conforme a las reglas de la sana crítica (arts. 386, 456, y 477 del C.P.C.C.).-- ---------- Tocante al alcance que pretende darle a la confesión ficta del actor (actas de fs. 193 y 219, en particular posiciones segunda, cuarta, y quinta, pliegos de fs. 313 y 315), bien precisó el sentenciante a fs. 325 que no enerva lo expuesto, la confesión ficta del accionante peticionada con relación a los pliegos de fs. 311 y 313, (actualmente fs. 313 y 315) ya que la misma no tiene un valor absoluto o carácter decisivo para la solución de la litis, sino en tanto surjan del resto de las pruebas y circunstancias de la causa elementos que la corroboren (conf. art. 417 del C.P.C.C.), y apreciada en función de los demás elementos de prueba existentes en el pleito, ya mencionados, adquieren entidad suficiente como para desvirtuar sus efectos.--------- Siguió el criterio por el cual la confesión ficta si bien produce los mismos efectos que la expresa, tiene un alcance distinto ya que la primera admite prueba en contrario, y en el caso la misma resulta particularmente de la prueba pericial de tasación y accidentológica. La confesión ficta produce los mismos efectos que la expresa, en cuanto a la admisión de los hechos personales contenidos en las posiciones aunque, a diferencia de aquélla, sólo crea una situación desfavorable al absolvente, y constituye una mera presunción juris tantum, que puede ser desvirtuada por prueba en contrario. A ello, precisamente, está referida la mención de las "circunstancias de la causa" (Morello, Sosa y Berizonce, ob. cit., 1992, T. V-B, pág. 77). --------- En ese marco, ante la reiteración del apelante de la postura asumida al presentar el alegato de bien probado en lo que hace a los efectos que le atribuye a la confesión ficta (ver p. III, 1., fs. 303 vta.) no hay agravio que atender.----- Ello es así cuando se limita a reiterar argumentos esbozados en primera instancia, o si el escrito en cuestión se limita a reproducir consideraciones formuladas en escritos anteriores y a hacer una impugnación del fallo en términos generales, sin crítica concreta y razonada y sin exponer las causas que llevan al apelante a considerarlo equivocado (Morello, Sosa y Berizonce, ob. cit., T. III, págs. 357 y 370, respectivamente, y cita de pronunciamientos).---- Por tales razones, el apelante en este tramo de la queja (dos primeros agravios) incurrió en deserción parcial del recurso por deficiencia técnica de su expresión de agravios (arts. 265 y 266 del C.P.C.C.).-- 2.2. Sostiene el quejoso que la conclusión del a-quo de que las reparaciones defectuosas existían al momento de la adquisición se basa sólo en la fecha en que se envío la carta documento al demandado H. y en la de formalización de la operación.------- Estima que el sentenciante no tuvo en cuenta las afirmaciones del actor en las posiciones sexta y séptima, por lo que es arbitrario y autocontradictorio.--- Nuevamente cabe señalar que no es exacto que no tuviera en cuenta la confesión ficta en la que incurriera el actor, sino que en todo caso la argumentación de la parte pone de manifiesto su disconformidad con el alcance dado por el fallo en crisis a esa prueba.

En efecto, al examinar la preexistencia de los vicios a la fecha de entrega del rodado el juzgador expuso los fundamentos que lucen a fs. 324 vta./325 y a continuación concluyó que los mismos no quedan enervados por la confesión ficta del accionante por existir prueba en contrario, aspecto del que ya me ocupara al punto 2.1. que antecede.----- En cuanto a la fecha del envío de la carta documento al codemandado H. y su cotejo con la correspondiente a la formalización de la operación, lo cierto es que cabe poner de relieve los escasos días transcurridos desde la entrega del vehículo que resulta del boleto de compraventa (fs. 4, 23/06/04) y el envío de la carta documento del hoy actor (fs. 7, 05/07/04).-------- Y en ese contexto, tampoco resulta correcta la apreciación del recurrente en cuanto a que sólo tuvo en consideración tales fechas ya que si bien señaló el tiempo transcurrido entre la entrega del vehículo (23-VI-04) y el envío de la pieza telegráfica por parte del actor (5-VII-04), además expuso otros fundamentos para desechar la inferencia esgrimida por la demandada en cuanto a que dichos desperfectos podrían haberse producido con posterioridad a la entrega del rodado.---------- Así, en atención a la magnitud de los defectos que presentaba el rodado ponderó que el demandado H. tampoco produjo prueba idónea que respaldara tales argumentaciones, tal por caso constancias policiales que dieran cuenta del acaecimiento de un siniestro de semejante magnitud entre las fechas mencionadas. También que resulta ilustrativa la referida documental agregada a fs. 27 por el codemandado H., ya que no habían transcurrido todavía los 15 días allí estipulados, cuando el accionante le remitió la mentada pieza telegráfica obrante a fs. 7 al nombrado, para que pudiera deslindar su responsabilidad por cualquier inconveniente que pudiera ocasionarse, más allá de los allí indicados.--- Tales fundamentos no fueron objeto de embate alguno por la parte apelante por lo que no hay agravio que atender. En ausencia de fundamentos específicamente referidos a las consideraciones determinantes de la sentencia adversa a las pretensiones del recurrente, no hay agravio que atender en la alzada. Para tener por satisfechos los fines legales de la expresión de agravios, deben concretarse punto por punto, los errores fundamentales que se atribuyen en la aplicación del derecho, o en su caso en la apreciación de los hechos y su prueba, bajo riesgo de que se tenga por consentida toda decisión no objetada (Morello, Sosa y Berizonce, ob. cit., T. III, págs. 360, punto e, y 370, respectivamente, y cita de fallos).--- Y la apertura del recurso lo es en la medida del agravio y para ello el quejoso debe formular su disconformidad con la decisión de primera instancia, motivo por el cual y en virtud del principio dispositivo, cuando no hay una impugnación concreta de las motivaciones básicas de la sentencia recurrida, deviene insuficiente la expresión de agravios (S.C.B.A., Ac. y Sent. 1957, v. II-39; 1963, v. I- 359).----- Por tales fundamentos también en esta porción de su queja incurrió en deserción parcial del recurso de apelación. 2.3. Se agravia el codemandado ya que el fallo en crisis no consideró la prueba informativa cursada a distintas concesionarias por no reunir homogeneidad de fechas.------ Alude a fs. 349 vta. que en el informe al concesionario Oficial Ford se le solicitó "cual era el valor de un FORD KA modelo año 2.001, a Junio de 2004" (el subrayado me pertenece).------ En igual sentido, y con referencia a A. S.A., C., y A. S. S.A., señala a fs. 350 "que se le solicitaba a las concesionarias descriptas ut-supra que informaran el valor de un FORD K, Modelo 2.001 a Junio de 2.004" (el resaltado me pertenece).------ Pues bien, tal manifestación no se ajusta a las circunstancias comprobadas de la causa.---- -------- En efecto, las copias de los oficios que lucen a fs. 250, 253, 255 y 257 dirigidos a A. S.A., A. S. S.A., C. S.A., y P. C. S.A., respectivamente, permiten señalar que en todos los casos se solicitó informe respecto de "cual es el valor de venta en plaza de un FORD KA, SEDAN TRES PUERTAS, MODELO 2.001. Asimismo informe cual es el valor de toma por la concesionaria de un vehículo de las mismas características".---------- Como puede observarse ninguna referencia resulta de los términos de los citados oficios en lo que hace al valor que a junio de 2004 tenía el mencionado vehículo, por lo que mal pudieron los informes producidos aludir a la época de la suscripción del boleto de compraventa.---------- A su vez, las respuestas brindadas por las citadas concesionarias y que obran a fs. 251, 254, 256 y 258, llevan fecha agosto de 2006, 12/07/2006, 04/06/2005, y 07/08/2006, respectivamente, por lo que incluso una de ellas presenta una diferencia de un año con relación a las tres restantes.- En consecuencia, bien descartó el juzgador esa prueba al indicar a fs. 327 que la informativa que consistió en cotizaciones de la unidad realizada por distintas concesionarias de la zona no reúne la homogeneidad de fechas, como para ser consideradas a los fines propuestos.- Y como ya se puntualizara dichos informes no sólo indican cotizaciones a distintas épocas -por ello su falta de homogeneidad-, sino que además en ningún caso se refieren a valores del mes de junio de 2004, por lo que en definitiva resultó una prueba inocua.- Así, si los elementos de convicción traídos al proceso no aportaron datos positivos, la conclusión es que se trató de probanzas inocuas, las que fracasan en su finalidad de "crear el convencimiento del juez sobre la existencia de hechos de importancia para el proceso" (Chiovenda, "Principios .", T. II, n° 59, pág. 280, Ed. Reus, 1941).-------- Tocante a la cita de fallo de esta sala "B", c. 22.316, S.D.C. 07/2008, cabe advertir que el pronunciamiento se dictó el 13 de marzo de 2008 y el valor obtenido de la Cámara de Comercio del Automotor en la página web lo fue al mes de enero de ese mismo año.------ Distinto en cambio resulta el presente caso pues al consultar la página www.cca.org.ar la cotización de un vehículo Ford KA, modelo 2001, al mes de junio de 2004 no se encuentra disponible.---------- Y los hechos notorios son los incorporados al bagaje cultural de determinado grupo social, cuya verificación es fácilmente realizable por los medios con que cuenta dicho grupo (Falcón, Enrique M., "Tratado de la prueba", Astrea, 2003, T. 1, págs. 111/112) (la cursiva me pertenece).-- Por ello, no le asiste razón al quejoso en cuanto a que la constatación se puede realizar en forma objetiva pues de tal modo se pretende que el tribunal supla la omisión de prueba en que incurriera esa parte.--- Con tales alcances se desestima la queja vertida en ese aspecto.------- 3. Corresponde ahora ingresar al tratamiento de los agravios formulados por la parte actora.- 3.1. Entiende el apelante que "si existió vinculación jurídica entre los Sres. H. y C. D., y entre éste último y el suscripto".------- Para ello, destaca que el titular registral suscribió el mismo día el formulario 08, inmediatamente después de haberse celebrado el boleto de compraventa con H..----- Al respecto, corresponde señalar que en este último aspecto esa fue la postura asumida en el escrito de demanda (p. II, fs. 13 vta.), por lo que la reiteración de argumentos ya expuestos en anteriores presentaciones no constituye agravio.----- Por lo demás, la pretendida vinculación jurídica que alega en esta instancia no fue capítulo propuesto al juez de la primera instancia, por lo que la prohibición impuesta por el art. 277 del C.P.C.C. veda toda consideración a ese respecto.-- Nótese que en el escrito de inicio solamente alegó que se le entregó el formulario 08 suscripto ese mismo día por el titular registral y que pudo advertir que el Sr. C. D. tiene "entablada una relación de amistad con el vendedor" (p. II, fs. 13 vta., cuarto párrafo; y fs. 14 vta., segundo párrafo) (el subrayado me pertenece).------- Señala Fassi que los poderes del tribunal de apelación tiene como límite máximo los capítulos propuestos a la decisión del juez de primera instancia, salvo el surgimiento de cuestiones referentes a intereses y daños y perjuicios u otras cuestiones derivadas de hechos posteriores a la sentencia de primera instancia (Loutayf Ranea, "El recurso ordinario de apelación en el proceso civil", Astrea, 1989, vol. 1, par. 60, págs. 165/166).---- En cuanto se supera este marco de operatividad se produce el quebrantamiento del principio de congruencia. Dicho de otro modo, se lo infringe cuando el fallo recae sobre puntos no sometidos al juez de primera instancia, planteados recién en la expresión de agravios (Azpelicueta-Tessone, "La Alzada. Poderes y deberes", Librería Editora Platense S.R.L., 1993, págs. 176/177).-- Como lo destaca Palacio, la regla general que consagra la norma (art. 277 del C.P.C.C.) es coherente con la naturaleza jurídica de la apelación, que no configura un nuevo juicio en el que sea admisible la deducción de pretensiones o de oposiciones ajenas a las que fueran objeto de debate en la instancia precedente (Loutayf Ranea, obra y tomo citado, par. 60, pág. 166).--- Incluso, quedan fuera de la decisión del tribunal de alzada los temas extraños a los escritos de constitución del proceso, aunque se lo introdujere bajo la apariencia de meros argumentos de derecho (CNCiv., sala B, julio 2-975, E.D. 64-514; idem, sala F, junio 22-983, E.D. 105-357).----- Y aun cuando por hipótesis se obviara tal circunstancia procesal ya que se manifestó en demanda que en la operación "participaron ambos accionados" (sic) (fs. 13, último párrafo), lo cierto es que a pesar del esfuerzo argumental desplegado por el quejoso a fs. 353 vta./355 no existió relación contractual de compraventa entre el titular registral y el actor, dato que ni siquiera fue alegado y menos aún acreditado.---------- Desde esta perspectiva, Cores Díaz no resultó el vendedor ni recibió suma alguna de dinero por la operación celebrada entre B. (comprador) y H. (vendedor), por lo que el comprador no tuvo derecho a promover una acción quanti minoris tendiente a requerirle a quien no fue su vendedor una disminución del precio.------- A partir del art. 2173 hasta el 2180, el Código reglamenta las acciones que puede ejercer el comprador en el contrato de compraventa, cuando la cosa entregada tiene vicios redhibitorios con las características que establece el art. 2164 y concordantes.-------- La segunda, la actio quanti minoris o actio aestimatoria, lo faculta a pedir la rebaja o disminución del precio pagado, en proporción al menor valor de la cosa por causa de los defectos o vicios de que adolecía, pero manteniéndose el contrato (Belluscio-Zannoni, "Código Civil ...", Astrea, 2004, T. 9, pág. 795).-- Los vicios redhibitorios originan dos acciones: la redhibitoria, que priva al contrato de sus efectos al provocar la rescisión y que encuentra su campo de aplicación en los contratos a título oneroso; y la quanti minoris o de rebaja limitada al contrato de compraventa (conf. art. 2172, Cciv.). Por consiguiente, la acción solo puede darse entre adquirente y enajenante (López Mesa, Marcelo J., "Código Civil ...", Lexis Nexis Argentina, 2007, T. III, pág. 713) (el resaltado me pertenece).---------- ------- Por ello, con acierto el fallo de la anterior instancia señaló a fs. 327 vta. que el contrato celebrado con el actor ... no proyecta sus efectos hacia el codemandado C. D., por su sola calidad de titular registral del vehículo, que es lo único que se encuentra acreditado a su respecto, desprovisto de toda vinculación contractual con el actor ... ----- Tales razones permiten concluir que ninguna duda cabe que el legitimado pasivo de la presente acción es el vendedor, por lo que careciendo de tal calidad el codemandado C. D. corresponde el rechazo de los agravios.------- 3.2. Formula queja el actor en cuanto al régimen de imposición de costas.------- En primer término se refiere a la distribución dispuesta respecto al progreso parcial de la demanda.- Entiende que ante la posibilidad de acreditar la mala fe o el dolo eventual del vendedor había razones valederas para intentar el reclamo por el rubro privación de uso, y esa circunstancia amerita objetivamente la exención de costas imponiéndolas en un 100% al vencido H.. Cita fallos y doctrina.---- Con relación a los pronunciamientos que transcribe cabe destacar que los mismos aluden, por un lado a la necesidad de demostrar que el vendedor conocía el vicio y lo ocultó deliberadamente, y por el otro, a la posibilidad de reclamar asimismo daños y perjuicios cuando el vendedor obra de mala fe.--- Y la mera transcripción, por profusa que sea, de citas jurisprudenciales o de doctrina, sin siquiera intentar una explicación para relacionarla con lo debatido en la causa, y por ende, sin justificar la aplicabilidad de las conclusiones sentadas en aquéllas en el caso a resolver, no permite tener por fundado el recurso (Morello,Sosa y Berizonce, ob. cit., T. III, págs. 359/360).---- Tocante a la alegada existencia de razones valederas y pedido de eximición de costas en la porción en que fuera derrotado el actor, cabe precisar que la eximición de costas es excepcional y de carácter restrictivo, y sólo ha de disponerse cuando existen motivos fundados, en virtud del principio objetivo de la derrota. Entonces, sólo se debe eximir de costas sobre la base de circunstancias objetivas y muy fundadas (Arazi-Rojas, "Código Procesal ...", Rubinzal - Culzoni Editores, 2001, T. I, págs. 257/258).------ En general, puede señalarse que el apartamiento del principio objetivo del vencimiento y la consiguiente exención de costas al vencido, se justifica sobre la base de circunstancias objetivas, y muy fundadas, que tornen manifiestamente injusta su imposición al perdedor en el caso particular (Loutayf Ranea, "Condena en costas en el proceso civil", Astrea, 1998, págs. 74/75).---------- Con tales pautas, cabe considerar que en demanda se requirió la reparación de daños al incluir dentro del reclamo el rubro privación de uso (p. III, fs. 16). Y esa pretensión fue rechazada al concluir el juzgador a fs. 326 que si el comprador se queda con el bien es porque le conviene y no le ha causado un daño mayor, por lo que no corresponde incluir, en el caso de estas actuaciones, la reparación de los daños e intereses, pues no se desprende de su contenido, que haya pretendido la exención de la relación contractual ni demostrado mala fe por parte del enajenante, único supuesto en que la ley autoriza tal solución.---- En ese contexto, la falta de acreditación de la mala fe del vendedor no importa un caso excepcional que denote una circunstancia objetiva y muy fundada que permita apartarse de la pauta prevista por el art. 71 del C.P.C.C. Por tales razones, estimo prudente la imposición de costas en un 80% al codemandado H. y en un 20% al actor, por responder así en forma adecuada a los vencimientos recíprocos habidos en función de las pretensiones deducidas y resultado final del pleito. Tales razones conducen al rechazo de la queja.--------- Resta por considerar el pedido de eximición de costas por el rechazo de la demanda.-------- Para ello alude a la razón probable para litigar y estima la parte que hubo razón fundada ya que C. D. en su calida de titular registral suscribió el formulario 08 y llevó adelante el acto jurídico que permitió realizar la transmisión de dominio a su favor.---- En tal sentido, se ha entendido que "la razón probable para litigar" no constituye motivo suficiente para eximir del pago de las costas al litigante vencido, sino sólo en casos verdaderamente excepcionales (Loutayf Ranea, ob. cit., pág. 79).-- Y ya se señaló al punto 3.1. que antecede que ninguna duda cabe que la acción quanti minoris solo puede darse entre adquirente y enajenante, por lo que ninguna razón valedera tuvo el actor para promover la demanda contra un tercero ajeno a la relación contractual de compraventa habida con el codemandado H. como consecuencia del boleto de compraventa suscripto y que luce a fs. 4.------ Así, la acción estimatoria o "quanti minoris" le brinda el derecho al comprador perjudicado de reclamar al vendedor una disminución del precio en proporción al deterioro de la cosa; esta acción deja firme la relación contractual contractual que une a las partes, buscando únicamente la restauración del equilibrio entre las prestaciones de las mismas (Bueres-Highton, "Código Civil ...", Editorial Hammurabi, 2003, T. 4D, pág. 756) (la cursiva me pertenece).-- Finalmente, destaco que la falta de contestación de demanda por el codemandado C. D. ninguna relevancia presente en el caso ya que la desestimación de la demanda se produjo ante la falta de relación contractual entre el actor y esa parte.

No se trató en consecuencia de una situación compleja desde el punto de vista jurídico, o de una dificultad interpretativa en la aplicación de una norma, y tampoco una cuestión dudosa de derecho.----- Por tales fundamentos se desestima el agravio.--------- 4. En consecuencia, propicio al Acuerdo confirmar la sentencia venida en apelación en todo cuanto fuera materia de agravios.---------- Las costas de Alzada se imponen en el orden causado ante el fracaso de los agravios vertidos por ambas partes (art. 71 del C.P.C.C.). Asimismo, atendiendo a la extensión, mérito, eficacia y resultado que arrojan los trabajos profesionales cumplidos en esta instancia, estimo prudente regular los honorarios de la Dra. S. A. K., en su calidad de letrada apoderada del codemandado H., y de los Dres. P. R. A. y S. M. A., letrados patrocinantes del actor, en conjunto respecto de los profesionales citados en último término, en el 25% y 25%, respectivamente, de la cantidades fijadas para los emolumentos de primera instancia respecto del progreso parcial de la demanda en el primer caso, y en el segundo incluyendo asimismo las correspondientes a su rechazo (arts. 6, 14, y 47 de la ley 2.200), con más el I.V.A. correspondiente.------- Finalizo el tratamiento y a la primera cuestión voto POR LA AFIRMATIVA.------- A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. De Cunto manifestó:-------- Dada la claridad de la reseña que efectuara el colega preopinante de la sentencia de origen de fs. 318/328 vta., y de los agravios que contra la misma expusieran la demandada a fs. 347/351 y la actora a fs. 353/357, me remito a la misma a fin de evitar reiteraciones estériles y en homenaje a la brevedad.------- I.- Analizaré los agravios de ambas partes, comenzando por los de la demandada en cuanto cuestionan lo principal de la decisión adoptada en el fallo recurrido.---------- 1) Como bien lo señala el Dr. Vergara, procede el tratamiento conjunto de los dos primeros agravios vertidos por la accionada ya que ambos se refieren a la valoración de la prueba que efectuara el juez de grado. Indica el quejoso que el juzgador concluyó que los vicios que presentaba el rodado adquirido por el actor revestían la condición de ocultos en cuanto no eran advertibles a los ojos de un profano por las deficiencias en el techo con soldaduras incompletas, en los guardabarros delanteros, puertas, parantes internos y externos y baúl, basándose solamente en el testigo H. y en la pericia accidentológica. Arguye que no se tuvo en cuenta la confesión ficta del actor en cuanto admitió que hizo revisar el vehículo por mecánicos y chapistas de su confianza, lo que contradice la definición de vicio oculto que afirmara el propio sentenciante. A ello agrega que tampoco se consideró la declaración del testigo B..------ Es de señalar que el demandado no tuvo en cuenta todas las argumentaciones brindadas por el juzgador para concluir en que los vicios del automotor eran ocultos, ya que no sólo ponderó que no deben resultar advertibles a los ojos de un profano (ver sentencia a fs. 322, 2do. párrafo). Es que el juez también razonó, luego de analizar prueba testimonial y pericial, "Que dichos vicios derivados de la defectuosa reparación del rodado no son ostensibles sino que requieren conocimientos especializados como el de ambos peritos accidentólogo y tasador. Ello resulta razonable, teniendo en consideración el lugar donde se descubrieron los mismos y las operaciones que debieron realizarse para su detección ya que no estaban necesariamente a la vista sino que requirieron de las tareas realizadas por el experto, lo que descarta su evidencia ante la sola comprobación al entrar en posesión del rodado" (ver sentencia a fs. 322, 1er. párrafo "in fine").---- Es así que el razonamiento del sentenciante no se fundó solamente en que los vicios ocultos son "los que no resultan advertibles a los ojos de un profano", sino que en la especie, además, arribó a dicha conclusión por cuanto los vicios que presentaba el rodado objeto de la compraventa sólo eran comprobables luego de una inspección y operaciones minuciosas llevadas a cabo por profesionales especializados. En consecuencia el apelante no se hizo cargo de todos los fundamentos dirimentes de la decisión adoptada. Al respecto es sabido que crítica concreta se refiere a la precisión de la impugnación, señalándose el agravio; lo de razonada alude a los fundamentos, bases y sustanciaciones del recurso, se debe trasuntar un razonamiento coherente que demuestre, a la vez, el desacierto del razonamiento contenido en la sentencia que se impugna (conf. CN. Civ., Sala D, 12/9/79, ED, 86-442). La crítica razonada no se sustituye con una mera discrepancia, sino que debe implicar el estudio de los razonamientos del juzgador, demostrando a la Cámara las equivocadas deducciones, inducciones y conjeturas sobre las distintas cuestiones resueltas (conf. Fenochietto-Arazi: "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Comentado", Ed. Astrea, 1993, Tº 1, pág. 941).- En cuanto al reconocimiento por parte del actor de la documental de fs. 27, la demandada no hace más que reiterar la postura que esgrimiera al contestar demanda a fs. 29, pto. IV, por lo que no existe agravio que atender. Ello es así debido a que en la expresión de agravios no basta con remitirse a presentaciones anteriores (conf. CSJN, 2/5/89, Ll, 1989-D-220; CN. Civ., Sala A, 23/10/88, LL, 1988-E-419; íd., Sala D, 16/12/85, LL, 1986-B-619, 37.237-S; entre otros), por ejemplo, transcribiendo pasajes de la demanda, contestación, etc.; es que no reúne el carácter de una demanda de agravios si se reduce a una simple reedición de los argumentos esgrimidos en primera instancia (conf. Fenochietto-Arazi, op cit., Tº 1, pág. 942). La expresión de agravios carece de contenido si reitera argumentos esgrimidos en anteriores presentaciones (conf. CN.Fed. Civ. y Com., Sala III, 6/9/91, LL, 1992-A-84).-------- Por lo demás el juzgador se hizo cargo de esta argumentación en cuanto razonó que las precisiones que se realizaron en la oportunidad de la suscripción de la documental de fs. 27 apuntaron a circunstancias distintas y "Por ello las manifestaciones consignadas en ese instrumento no resultan por sí mismas argumento suficiente para sostener lo ostensible de los vicios por cuanto sólo puede extraerse de ello que el adquirente realizó un examen de la cosa al momento de tomar la posesión. Pero nada de eso conduce a afirmar que los defectos por los que se acciona hayan sido constatados ni que hubieran podido serlo razonablemente..." (ver sentencia a fs. 323 "in fine"/vta.). Nuevamente aquí se aprecia que la demandada no confutó todos los fundamentos brindados por el juez, careciendo de contenido la expresión de agravios que no ataca concreta y frontalmente los verdaderos fundamentos del fallo (conf C. 1era. Apel. San Nicolás, 29/4/71, LL, 143-100).--- Con relación a que no se consideró el testimonio de B., en primer lugar es de recordar que los jueces no están obligados a ponderar una por una y exhaustivamente todas las probanzas, pues basta que lo hagan respecto de las que estimen conducentes o decisivas para resolver el caso (conf. CSJN, 23/4/91, JA, 1991-III-901 CN. Civ., Sala C, 30/7/90, LL, 1990-B-302; íd., Sala M, 10/12/89, LL, 1989-C-286; CN. Com., Sala B, 22/4/91, LL, 1991-C-339), pudiendo preferir algunas de las pruebas producidas a otras, y omitir toda referencia a las que estimaren inconducentes o no esenciales (conf. SCBA, 3/6/80, DJBA 119-518). Es que la selección del material probatorio constituye una facultad privativa de los jueces de las instancias de mérito y tal prerrogativa conlleva la posibilidad de inclinarse hacia unos elementos probatorios, descartando otros, sin que sea necesario expresar en la sentencia la valoración de todos ellos, sino únicamente de los que resulten necesarios para el fallo de la litis (conf. SCBA, 16/5/89, DJBA, 136-4459). Mas, sin perjuicio de lo anterior, es de destacar que el juez de grado sí se hizo cargo de dicho testimonio y de otros, al argumentar "...Como asimismo los testimonios brindados a fs. 220, a fs. 223 y a fs. 227 -B. declaró a fs. 223, actual fs. 225- que resultan insuficientes a los fines de respaldar la posición asumida en el pleito por el demandado H., frente a la prueba pericial ya referida que es el medio por el cual personas ajenas a las partes, que poseen conocimientos científicos, artísticos o prácticos -más amplios que por lo común pueden tener los jueces- perciben, verifican hechos y hacen saber a los magistrados su opinión fundada en la interpretación de los mismos, apreciándolos de acuerdo a esos conocimientos especiales que tienen y que sirven para formar la convicción del sentenciante..." (ver sentencia a fs. 325, 2do. párrafo). Es decir que cotejada la prueba testimonial -puntualmente la de B. en cuanto aduce que hizo revisar el rodado por un mecánico y un chapista y que el estado del mismo era muy bueno (ver fs. 225, respuestas séptima y octava)-, se privilegió lo dictaminado en las periciales, dando razón el juzgador de los motivos de la prevalencia de dicho tipo de prueba al sostener que "El juicio de valor que emite el técnico en determinada materia, no puede sustituir la opinión del Juez que es soberano para juzgar los hechos litigiosos, la conducta de las partes y la norma jurídica aplicable a la resolución del caso, pero para apartarse del juicio de un entendido el magistrado tiene que dar a saber cuales son las razones de entidad suficiente que justifiquen esa decisión. A tal fin, debe demostrar que el dictamen se halla en contra de principios lógicos o máximas de experiencia, o bien que en el pleito encuentra otros medios de pruebas de mayor valor para acreditar la existencia de lo controvertido" (ver sentencia a fs. 325 "in fine"). Ninguna referencia a estos argumentos realizó la accionada, y en todo caso es de recordar que el dictamen referido a cuestiones técnicas no puede enervarse por medio de declaraciones de testigos (conf. Fenochietto-Arazi, op. cit. Tº 2, pág. 523).--- En lo que se refiere a la confesión ficta del actor (ver actas de fs. 193 y 219), básicamente en cuanto a las posiciones segunda, tercera, cuarta y quinta de los pliegos de fs. 313 y 315, también fue considerada por el magistrado de la instancia de origen. Al respecto razonó "Que no enerva lo expuesto, la confesión ficta del accionante peticionada con relación a los pliegos...ya que la misma no tiene un valor absoluto o carácter decisivo para la solución de la litis, sino en tanto surjan del resto de las pruebas y circunstancias de la causa elementos que la corroboren (conf. art. 417 del C.P.C.C.), y apreciada en función de los demás elementos de juicio existentes en el pleito, ya mencionados, adquieren entidad suficiente como para desvirtuar sus efectos" (ver sentencia a fs. 325 2do. párrafo). El razonamiento del sentenciante resulta acertado ya que la confesión ficta crea una situación desfavorable al absolvente, que puede ser destruida por los demás elementos de autos. El valor de la ficción no puede ser mayor que la realidad y nada obsta a que el perjudicado por ella la destruya mediante prueba en contrario. Es que la confesión ficta tiene un alcance distinto al de la confesión judicial expresa, ya que la primera admite prueba en contrario, que debe ser suministrada por el absolvente, y la segunda constituye plena prueba (conf. C. 1era. Civ. y Com. San Isidro, Sala I, 31/3/81, LL, 1981-C-566). Y concretamente el juzgador valoró las pruebas periciales para desechar el valor probatorio de la confesión ficta referida. En síntesis, cabe concluir que la demandada apelante tampoco se hizo cargo del razonamiento del sentenciante en lo que a este punto se refiere. Por los motivos expuestos, compartiré lo postulado por el colega preopinante, en cuanto a que deviene parcialmente desierto el recurso en lo que respecta a los dos primeros agravios.--- 2) El demandado cuestiona que el juzgador arribó a la conclusión de que los vicios existían al tiempo de la adquisición sólo por la fecha en que se envió la carta documento al demandado y la de formalización de la operación, sin considerar la confesión ficta del actor (posición sexta). Con relación a la referencia a la confesión ficta cabe reiterar lo expuesto "ut supra" en cuanto a que el juez se hizo cargo de dicha prueba y privilegió otras probanzas. Concretamente con relación a la fecha de producción de los defectos en el automotor expuso "En la especie las pericias no son contundentes en cuanto a la fecha probable en que se efectuaron las reparaciones...Por otra parte, ante la magnitud de las deficiencias y el tiempo necesario que demandaría su reparación (30 días) conforme lo que surge del referido testimonio de fs. 111/12..., en relación al tiempo transcurrido entre la entrega del vehículo (23-VI-04) y el envío de la pieza telegráfica por parte del actor (5-VII-04), ninguna de las constancias de autos permite realizar la inferencia esgrimida por la demandada en cuanto a que dichos desperfectos podrían haberse producido con posterioridad a la entrega del rodado. Asimismo tampoco produjo prueba idónea que respaldara tales argumentaciones, tal por caso constancias policiales que dieran cuenta del acaecimiento de un siniestro de semejante magnitud entre las fechas mencionadas. Y en este aspecto, también resulta ilustrativa la referida documental agregada a fs. 27 por el codemandado H., ya que no habían transcurrido todavía los 15 días allí estipulados, cuando el accionante le remitió la mentada pieza telegráfica obrante a fs. 7 al nombrado, para que pudiera deslindar su responsabilidad por cualquier inconveniente que pudiera ocasionarse, más allá de los allí indicados" (ver sentencia a fs. 324 vta., 2do. párrafo).-------- Nuevamente en este punto cabe mencionar que este argumento del juez no fue objeto de ataque por parte del demandado, dado que se limitó a hacer referencia a la confesión ficta sin mencionar todos los demás elementos probatorios, dentro de los cuales se hallan los indiciarios, que tuviera en cuenta el sentenciante de grado. En suma también en este aspecto habré de acompañar la propuesta del vocal prevotante en declarar la deserción parcial del recurso.------- 3) Como último agravio de la demandada se cuestiona que no se tuviera en cuenta los informes de las concesionarias relativos a suministrar el valor del rodado Ford K, modelo 2001 a junio de 2004. De las copias de los oficios obrantes a fs. 250, 253, 255 y 257 se observa que lo requerido consistió en el valor de venta en plaza del rodado identificado, así como el de la toma por la concesionaria del mismo vehículo, pero no se hace referencia alguna a la fecha de junio de 2004. En cuanto a las respuestas dadas a los mentados oficios (ver fs. 251, 254, 256 y 258), son de fecha posterior a junio de 2004, difiriendo una de ellas en un año con relación a las otras. Es así que la apreciación del juzgador resultó correcta en cuanto descartó dicha prueba informativa por no reunir homogeneidad de fechas (ver sentencia a fs. 327, último párrafo), amén de que no se refieren a los valores a junio de 2004.-------- Respecto a la cita jurisprudencial de esta Sala en cuanto a la obtención de la información en una página web, tratándose de esa manera en un hecho notorio, es de puntualizar que la cotización a la fecha que se requiere (junio de 2004) no resulta disponible. En consecuencia procede desestimar el agravio analizado.----- II.- Paso ahora a examinar las quejas del actor.--------- 1) El accionante se agravia en primer término de que se rechazara la demanda contra el codemandado C. D.. Fundamenta su queja en que el mencionado litisconsorte pasivo suscribió el formulario 08 que se le entregó al actor inmediatamente después de haberse celebrado el contrato de compraventa con H.. De ello infiere que existía una vinculación entre ambos codemandados. Remarca que la rúbrica del citado formulario por el titular registral constituye un acto jurídico por el cual se logra transferir el dominio del automotor, siendo el instrumento mediante el cual se efectiviza el contrato de transferencia. Destaca que mediante el boleto de compraventa el vendedor H. se comprometió a entregar el vehículo y la documentación pertinente, mientras que luego el titular registral suscribió el formulario que resulta constitutivo de dominio para el adquirente. La vinculación contractual aludida, entiende que hace responsables a ambos codemandados por los vicios ocultos.---- En realidad la argumentación desarrollada por el actor relativa a la vinculación contractual entre los dos codemandados y el accionante, no fue introducida en el escrito de demanda. Es que en dicha presentación se limitó a señalar que C. D. había suscripto el formulario 08 el mismo día que la firma del boleto de compraventa (ver fs. 13 vta., 1er. y 4to. párrafos) y que mantenía con H. una relación de amistad (ver fs. 14 vta., 2do. párrafo). Al respecto es sabido que la Cámara no puede conocer sino de las cuestiones planteadas previamente a la primera instancia, a consecuencia de obrar como controladora de las decisiones del juez recurrido (conf. Fenochietto-Arazi, op. cit., Tº 1, pág. 951). En ese orden de ideas se sostuvo que el tribunal de alzada no podrá fallar sobre capítulos no propuestos a la decisión del juez de primera instancia (conf. art. 277, 1er. párrafo), quedando así vedados a la Cámara tratar argumentos no propuestos en los escritos introductivos de la demanda, contestación, o reconvención en su caso (conf. CSJN, 12/2/87, JA, 1988-I-264; SCBA, 5/%777, DJBA, 113-41; CN. Civ., Sala A, 14/6/80, ED, 87-178; íd., Sala E, 20/11/81, LL, 1982-A-550; íd., Sala F, 1/12/81, LL, 1982-B-198; íd., Sala G, 5/11/81, LL, 1982-B-443 CN. Com., Sala B, 20/7/79, LL, 1980-A-232; entre otros). Es que la expresión de agravios no es la vía pertinente para introducir nuevos planteamientos o defensas que debieron deducirse en el correspondiente estadio procesal (conf. CNFed.ContAdm., Sala III, 10/5/88, JA, 1989-III-321; C Apel. Civ. y Com. San Martín, Sala I, 31/3/78, LL, 1978-C-441).---- No obstante lo anteriormente considerado, y tal como lo razona el colega preopinante, es claro que C. D. no resultó la persona que contrató con el actor, ya que no le vendió el automotor ni percibió el precio pagado. El art. 2174 del C. Civil establece: "En el caso del artículo anterior, el comprador tiene la acción redhibitoria para dejar sin efecto el contrato, volviendo la cosa al vendedor, restituyéndole éste el precio pagado, o la acción para que se baje del precio el menor valor de la cosa por el vicio redhibitorio". En la especie, el actor ejerció la última de las acciones contempladas, la acción "quanti minoris" que consiste en la adecuación del contrato, es una acción de revisión y se intenta cuando sin llegar a perderse a raíz del defecto la funcionalidad de la cosa conforme a su naturaleza, sí se disminuye su valor o utilidad; no obstante nada impide que aquí también el comprador intente la acción redhibitoria; y sólo funciona en el contrato de compraventa (art. 2172) (conf. Sozzo, Gonzalo, en Código Civil Comentado, Ricardo Lorenzetti Director, Rubinzal-Culzoni Editores, 2006, Tº III, pág. 277). En el mismo sentido se consideró que la acción estimatoria o quanti minoris tiene por objeto demandar al vendedor la disminución del precio en proporción al deterioro de la cosa, y esta acción, a diferencia de la redhibitoria, no pretende la disolución del vínculo contractual, sino sólo la restauración del equilibrio en las prestaciones, pues supone que la cosa viciada vale menos (conf. Wayar, Ernesto C.: "Evicción y vicios redhibitorios", Ed. Astrea, 1992, Tº 2, pág. 179). Es así que queda claro que la acción en cuestión se da entre comprador y vendedor, entre quien abonó el precio y quien lo recibió, ya que lo que se pretende es restablecer el equilibrio entre las prestaciones dadas recíprocamente entre los sujetos intervinientes en la compraventa. En consecuencia, en ese aspecto resulta ajeno al vínculo contractual el titular registral codemandado ya que ninguna percepción del precio se invocó en beneficio del citado coaccionado.---- En consecuencia se desestima el agravio analizado.--- 2) La segunda queja del actor se focaliza en la imposición de costas. En primer lugar critica la distribución de las mismas en un 80% a cargo de H. y en un 20% a su cargo en razón del rechazo del rubro privación de uso. Señala que acreditada la mala fe o el dolo eventual del vendedor, ese supuesto habría permitido evaluar la admisión del rubro indemnizatorio reclamado, por lo que existían razones valederas y justificables para intentar el reclamo desestimado, citando jurisprudencia de la Sala A de este Cuerpo. En cuanto a la extensa cita jurisprudencial realizada, se refiere a la procedencia de resarcir los daños y perjuicios sufridos por el comprador en el caso de mala fe en el vendedor, mas no se relaciona la misma en concreto con la cuestión de costas que es objeto de agravio. Y en ese sentido debe recordarse que la transcripción textual de fallos jurisprudenciales, sin vincularlos a los hechos que los motivan (conf. CN. Civ., Sala A, 23/4/81, LL, 1981-C-280; íd., Sala D, 12/9/79, ED, 86-442; CN. Com., Sala C, 29/2/80, ED, 88-421), hace que la expresión de agravios carezca de contenido.-------- ------- En cuanto a la existencia de razones valederas para litigar y que ameritan la eximición de costas es de considerar que el art. 68 "in fine" del ritual establece una excepción al principio objetivo de la derrota, en los siguientes términos: "Sin embargo, el juez podrá eximir total o parcialmente de esa responsabilidad al litigante vencido, siempre que encontrare mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento, bajo pena de nulidad". Esta eximición de costas sólo debe darse sobre la base de circunstancias objetivas y muy fundadas (conf. CN. Civ., Sala A, 29/8/88, LL, 1989-A-357; íd., Sala D, 14/6/85, LL, 1985-D-312; íd., Sala G, 11/8/88, LL, 1989-D-600, nº 6509). La duda acerca de la solución deriva en un convencimiento de sentirse asistido por el derecho para actuar o defenderse (conf. CSJN, 22/11/88, JA, 1989-I-682; CN. Civ., Sala D, 20/8/86, LL, 1987-A-247, ED, 121-474; íd., Sala G, 11/8/88, LL, 1989-D-602, nº 6518; íd., Sala M, 10/2/89, LL, 1989-D-602, nº 6519; entre otros). Ahora bien, la sola creencia del litigante no es de por sí suficiente para eximirlo de costas. Debe mediar una convicción razonable (conf. CN. Civ., Sala D, 8/2/84, ED, 109-331 y LL, 1985-A-495; íd., Sala F, 21/12/84, LL, 1985-C-664, 36.875-S; íd., Sala G, 25/3/88, LL, 1988-E-228), que provenga de circunstancias objetivas que demuestren la existencia de un justificativo (conf. CN. Civ., Sala A, 6/12/89, LL, 1990-C-391; íd., Sala E, 17/10/86, LL, 1987-B-435; íd., Sala F, 1/4/85, LL, 1985-C-535). Y concretamente respecto del reclamo del rubro privación de uso el juzgador expresó "...que si el comprador se queda con el bien es porque le conviene y no le ha causado un daño mayor, por lo que no corresponde incluir, en el caso de estas actuaciones, la reparación de los daños e intereses, pues no se desprende de su contenido, que haya pretendido la exención de la relación contractual ni demostrado mala fe por parte del enajenante, único supuesto en que la ley autoriza tal solución" (ver sentencia a fs. 326 "in fine"). Es de destacar que el actor consintió dicho aspecto del fallo, por lo que no se advierte cuáles serían las razones objetivas que habilitarían la exención de costas requerida. Es así que habré de compartir la solución propuesta por el Dr. Vergara en cuanto se rechace el agravio.---------- Y con relación a la queja relativa a la imposición de costas por el rechazo de la acción contra el codemandado C. D., ha quedado explicitado que al no intervenir el mismo como vendedor del rodado sino que suscribió el formulario 08 en virtud de su condición de titular registral del mismo, no resultaba legitimado pasivo de la acción ejercida. En consecuencia no se advierten las razones objetivas que pudieran dar lugar a la eximición de las costas, en base a lo expuesto "ut supra". Más aún cuando debe recordarse que esa eximición es excepcional y de carácter restrictivo (conf. CN. Civ., Sala A, 29/8/88, LL, 1989-A-357; íd., íd., 5/8/88, LL, 1989-B-540; íd., Sala D, 31/5/88, LL, 1989-D-600; entre otros). Es que si bien la norma deja al juez un margen de arbitrio, sólo se debe eximir de costas sobre la base de circunstancias objetivas y muy fundadas (conf. CN. Civ., Sala A, 29/8/88, LL, 1989-A-357; íd., Sala D, 14/6/85, LL, 1985-D-312; íd., Sala G, 11/8/88, LL, 1989-D-600, nº 6509), ya que de acordarse con laxitud, la vencida resultaría ser en verdad una parcial vencedora, al imponer a la triunfante el sacrificio patrimonial constituido por el costo de la defensa de quien se vio obligado a litigar (conf. CN. Civ., Sala A, 29/2/88, LL, 1988-D-52; CN. Com., Sala D, 11/5/88, LL, 1989-D-598, nº 6493).--- En definitiva, por las razones aducidas se rechaza el recurso examinado.-------- III.- En síntesis, por todo lo expuesto y razonado corresponde confirmar la sentencia apelada en todo cuanto fuera materia de agravios.--------- Las costas de esta sede se imponen en el orden causado ante el rechazo de ambas apelaciones deducidas (conf. art. 71 del CPCC). A tal fin, atento la extensión y mérito de los trabajos realizados, así como el resultado del pleito, estimo equitativo regular los honorarios de la Dra. S. A. K., letrada apoderada de la demandada en un 25%; y los de los Dres. P. R. A. y S. M. A., letrados patrocinantes del actor, en conjunto, en un 25%; en ambos casos sobre el monto regulado en primera instancia respecto del progreso parcial de la demanda en el primer caso, y añadiendo en el segundo las pertinentes al rechazo parcial de la misma (conf. arts. 6 14 y 47 del arancel) y con más el IVA (leyes 23349 y 23871).-------- A la luz de todo lo expuesto y razonado, a la primera cuestión voto POR LA AFIRMATIVA.-- A LA SEGUNDA CUESTION el Dr. Vergara dijo:------- Visto el acuerdo antes alcanzado, corresponde: a) confirmar la sentencia venida en apelación en todo cuanto fuera materia de agravios; b) imponer las costas de segunda instancia en el orden causado; y c) regular los honorarios de los Dres. S. A. K., y P. R. A. y S. M. A., en forma conjunta, en el 25% y 25%, respectivamente, de la cantidades fijadas para los emolumentos de primera instancia respecto del progreso parcial de la demanda en el primer caso, y en el segundo incluyendo asimismo las correspondientes a su rechazo, con más el I.V.A. que pudiera corresponder.--- Así lo voto.--- A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. De Cunto dijo:----- El pronunciamiento que corresponde dictar es el propuesto por el Dr. Vergara, fiel expresión del acuerdo al que se ha arribado.------ Así lo voto.

--- Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal por haberse logrado la mayoría (art. 9 de la ley 1130, To. ley 4550), pasándose a dictar: S E N T E N C I A:

--- Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones con asiento en la Ciudad de Trelew, RESUELVE: --- CONFIRMAR la sentencia venida en apelación en todo cuanto fuera materia de agravios.--------- IMPONER las costas de segunda instancia en el orden causado.-------- REGULAR los honorarios de los Dres. S. A. K., y P. R. A. y S. M. A., en forma conjunta, en el 25% y 25%, respectivamente, de la cantidades fijadas para los emolumentos de primera instancia respecto del progreso parcial de la demanda en el primer caso, y en el segundo incluyendo asimismo las correspondientes a su rechazo, con más el I.V.A. que pudiera corresponder.-------- Regístrese, notifíquese y devuélvase.-------- --- REGISTRADA BAJO EL N° DE 2009 - SDC.- Conste.-------- CECILIA INES CORNEO SECRETARIA DE CAMARA