marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Infracciones aduaneras, transgresión al régimen de equipaje o pacotilla
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MASCIORINI, Esteban Ricardo c/ ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS s/ RECURSO DE APELACION - ADUANA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-03-14

La C.S.J.N. ha establecido que la infracción prevista en el art. 150 inc. b) de la ley de Aduana comprende tanto el supuesto de manifestación falsa como el de introducción al país formando parte del equipaje o conjuntamente con él mismo de mercaderías sujetas al pago de derechos, aunque en este caso no haya una declaración falsa incompleta o ambigua.

El art. 17 del decreto 4112/67 regulatorio del despacho de equipajes establece que el derecho a los beneficios otorgados por el presente decreto podrá ejercitarse una vez por año calendario.

Resulta acreditado en autos que el pasaporte del actor estaba cancelado por un viaje anterior realizado en el mismo año que el que motiva las presente actuaciones.
Honorarios, honorarios del abogado, voluntad del legislador
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Municipalidad de Puerto Madryn c/ R.D. Burgueño SRL s/ Cobro de Pesos -Ordinario-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-10-03

Del texto y espíritu de la ley de honorarios para abogados, se desprende que la finalidad perseguida es la de que los profesionales que hayan intervenido en el juicio sean escuchados antes de que se efectúe alguno de los trámites o que se haga entrega de los valores o documentos aludidos en el ordenamiento legal, garantizando de tal modo el cobro de los honorarios devengados en el juicio ante su cliente o la parte vencida en costas o cuando pudieran invocar un privilegio a su favor.
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, apelación de honorarios, valor disputado en último término
Materia: PROCESAL
Carátula: Ferrocarriles Argentinos c/ Acosta, Carlos Alberto y otros s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-26

En lo referente a los honorarios, el valor disputado en último término está representado por la diferencia entre la suma regulada y aquella menor que la parte actora estime que debió fijarse, o la diferencia entre el importe establecido por la cámara en tal concepto y aquél que a juicio de los profesionales recurrentes, debía fijarse.
Costas, defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes, regulación de honorarios, costas al vencido
Materia: PROCESAL
Carátula: NICOLAS BRIENZA c/ DANIEL BERARDI s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-02-20

Corresponde imponer costas al demandado vencido aun cuando es representado por el defensor oficial. Así, la imposición de costas es adecuada, pues: a) intervino una funcionaria en defensa del ausente, cumpliendo una labor profesional que no es gratuita; b) la imposición de costas comprende las originadas en el proceso, sin importar quiénes son los sujetos que asisten a las partes; c) liberar al vencido de ellas porque quien lo derrotó es el defensor oficial significa otorgarle un privilegio que importa un enriquecimiento sin causa al no asumir la responsabilidad por los gastos del juicio; e) en la ley 21.839: 52 existe mandato para la creación de una cuenta especial cuyo destino son las inversiones y gastos de los tribunales nacionales, lo que demuestra la legitimación del estado nacional para percibir sumas destinadas a esos fines.
Plazo, contestación de la demanda
Materia: PROCESAL
Carátula: Leone, Marcelo c/ Administración General de Vialidad Provincial s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1997-08-20

El art. 315 del C.P.C.C. al establecer el plazo no menor a 30 días para contestar la demanda cuando la demandada es "la provincia" se refiere indudablemente al Estado Provincial dado que los entes autárquicos, entes jurídicos con personería propia, son "parte" de la Provincia, pero por cierto no "son" la Provincia.
Procedimiento administrativo, revisión judicial de actos administrativos, ejecutoriedad del acto administrativo, presunción de legitimidad, allanamiento domiciliario, obra antirreglamentaria, demolición de obra, facultades de la administración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GCBA c/ PADILLA ALBERTO LORENZO s/ OTROS PROCESOS INCIDENTALES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-10-05

El Gobierno cuenta con la facultad para exigir que las edificaciones y estructuras que hayan sido alteradas respecto de las condiciones en que les fuera otorgado el correspondiente permiso de obra, sean retrotraídas a su situación originaria para disponer demoliciones y supresiones totales o parciales de las obras clandestinas que, afectando la seguridad, salubridad o la estética edilicia, vulneren las normas de aplicación vigentes a la época de su ejecución o bien en aquellos en las que se resistan o se avance sobre derechos y bienes jurídicos de linderos, condóminos y vecinos (conf. Cartañá, Antonio - Centanaro, Esteban - Labado, Alejandro, 2º Informe Anual 1989/1990 de la Controladuría General Comunal, t. I, "El control de edificaciones", Buenos Aires, 1991, p. 67). Por ello corresponde confirmar la orden de allanamiento del inmueble dispuesta por la juez a quo con el objeto de proceder a dar cumplimiento con la demolición ordenada por decreto del Gobierno de la Ciudad. (Del voto en disidencia del Dr. Esteban Centanaro).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cita legal
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Medina, Dina Trinidad c/ Bernasconi, Guillermo s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-08-31

El art. 279 del C.P.C. determina, entre otros recaudos de admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, que el escrito por el que se lo deduzca contenga, en términos claros y concretos, la mención de la ley o de la doctrina que se repute violada o aplicada erróneamente en la sentencia. La exigencia apuntada es una de las "restricciones que las leyes de procedimientos establezcan a esta clase de recursos", a estar a lo dispuesto en el art. 161 inc. 3, ap. a) de la Constitución de la Provincia. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Marcas, excepciones procesales, defecto legal
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: SEAL  CARGAS  SRL c/ AUTOMOTORES SALTA SA s/ cese de  oposiciónregistro de marca.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-28

El sustento de la excepción de defecto legal interpuesta por la accionada, radica -según manifiesta- que se le notificó a su parte -Automotores Salta SA- una demanda promovida por quien no es el titular de las marcas en conflicto. A tal efecto, señala que la transferencia de las marcas "SEAL CARGAS", se presentaron hace más de un año en el INPI, pero aun no ha sido concedida;

por lo tanto las marcas son de titularidad de la señora S.

I. y no de Seal Cargas SRL. Es decir, que actualmente Seal Cargas SRL no es titular ni posee ningún derecho marcario y no tiene legitimidad para demandar.
Robo calificado, privación ilegal de la libertad
Materia: PENAL
Carátula: Dalaison, Mario Alberto. Luna Cares, Jorge Mario. Heredia, José Ignacio s/ Privación ilegal de la libertad agravada - Robo agravado reiterado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-12-17

La figura del robo con armas (art. 166 inc. 2, C.P.) contiene un concepto de privación de libertad personal ínsito en el desapoderamiento allí descripto. Tal elemento es parcialmente igual al contenido en el tipo de privación violenta de libertad personal art. 142 inc. 1, C.P.). Pero esta última es desplazada, mediante especialidad, por dicho robo calificado, en tanto éste también contiene otros elementos que le son propios.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, fundamentación de sentencias, fundamentación insuficiente, injurias
Materia: PENAL
Carátula: Tavares, Flavio Arístides s/ Calumnias e injurias -Causa N 36.091-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-19

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que condena por el delito de injurias, fundada en una afirmación que no encuentra apoyo en otras precisiones de la propia sentencia ni remite a constancias ciertas de la causa por lo que está dotada de fundamento sólo aparente.
Daños y perjuicios, prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: ALLUB, ROSENDO c/ COLEGIO DE MEDICOS s/ INDEMNIZACION DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-09-21

La prueba de la existencia del daño consiste en la determinación ontológica del perjuicio o sea cuál es su esencia y cuál es su entidad.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, sentencia arbitraria, apartamiento de las constancias de la causa
Materia: PROCESAL
Carátula: Warat, Alicia Inés c/ Jawerbaum, Moisés y otros. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-03

Si el ofrecimiento de un objeto alternativo de condena no fue aceptado por la actora, basar en su asentimiento tal solución importa un apartamiento de las constancias de la causa que invalida la decisión.
Recurso de inconstitucionalidad, impulso de parte, declaración de oficio
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Fiscal c/ Linares Borobio, Rodrigro s/ Homicidio Culposo s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2004-04-01

La inconstitucionalidad de las leyes y los decretos sólo puede pronunciarse a petición de parte interesada estándole vedado a los jueces declarar de oficio la inconstitucionalidad de las normas. De lo contrario, el magistrado, en una suerte de paternalismo impropio, podría suprimir -según su particular criterio y valoración- la norma dictada por los órganos de gobierno representativos de los justiciables. (Voto en disidencia del Dr. Salvini)
Actualización monetaria, pautas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pacha, Jorge Alberto c/ Ayerra, Juan César s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-09-19

Si no se toma un momento determinado, siempre puede sostenerse (mientras no se haya pagado) que se ha producido una reducción del valor actual de la contraprestación. Pero hay que tener en cuenta que la ley 24283 señala un momento preciso; "el momento del pago".

Quiere decir que el deudor que postula la desindexación, debe ofrecer el pago de lo que entiende deber, y no sólo decirlo claro, sino depositar el importe en cuestión a disposición libre de la contraria.
Despido, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: POHANCA, RAMON HORACIO c/ PINDAPOY S.A.A.I.C. s/ COBRO DE PESOS-INDEMNIZACION POR ANTIGUEDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1996-04-08

Cuando con arreglo a lo normado por el artículo 244 de la Ley de Contrato de Trabajo, se formaliza la interpelación a reintegrarse al trabajo y luego el despido por no hacerlo, se halla a cargo del trabajador que así lo aduce, el demostrar que no había dejado de trabajar o que se presentó a hacerlo en respuesta al requerimiento;

se trata de una circunstancia de fácil demostración y con prueba de suficiente poder de convicción, sobre todo cuando no puede dejar de advertirse por aquél la importancia que tendrá la misma en caso de conflicto.
Sentencia, doctrina legal
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Cafiero Nilda Cristian c/ Somoza Joaquin Del Sagrado Corazón de Jesus s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-02-16

La omisión de citas doctrinarias y jurisprudenciales no hacen a una sentencia un acto jurisdiccional inválido. Véase pues que ni el artículo 163 del Rito ni los arts. 15, 16 y 17 del Digesto Civil exigen que el sentenciante haga gala de su erudicción con interpretaciones realizadas por autores o fallos de otros tribunales. El juez tan solo y simplemente y a la vez tan delicado y complejo, deberá fundar su sentencia en la ley. Los únicos fallos que nuestro Máximo Tribunal de Justicia provincial ha entendido que son de aplicación obligatoria para los tribunales o jueces de grado inferior son los dictados por el, toda vez que son doctrina legal y no corresponde apartarse de los mismos a fin de procurar y mantener la unidad en la jurisprudencia - más allá de dejar a salvo las opiniones personales los jueces inferiores - , encontrando ello sustento en lo normado por los artículos 278 y 279 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y 163 inciso 3 apartado "a" de la Constitución Provincial.
Lucro cesante, incumplimiento del contrato, daños y perjuicios, contrato de distribución
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Perez, Ramón Alberto c/ Alpesca S.A. s/ Indemnización daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-09-11

Daño traduce la noción de menoscabo, privación, detrimento, pérdida, sufridos por la persona en sí misma o en las cosas de su dominio o posesión. En el caso de la ruptura de un contrato de distribución, por el lucro cesante representado por la expectativa de ganancias que resultaron frustradas.
Recurso de casación, cuestiones de hecho y prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: MEISSL, Carlos Augusto s/ Apelación resolución Dirección del Consumidor (en Contencioso Administrativo) (Secretaría N. 1) - Inconstitucionalidad Y Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2012-06-19

La finalidad del remedio casatorio es el juicio de derecho contenido en el fallo impugnado, sin alterar las cuestiones de hecho fijadas por el inferior, de donde todo aquello que implique variación de la plataforma fáctica, queda fuera del ámbito de este recurso. Sobre el punto, tiene dicho esta Corte que se incurre en una deficiente fundamentación del recurso de casación "si bajo la apariencia de una desinterpretación de normas o errónea aplicación de las mismas se intenta que esta Corte revise las circunstancias fácticas y probatorias tenidas en cuenta en la sentencia y producidas en la causa, lo que constituye una típica cuestión de hecho y prueba, ajenas -por vía de principio- a la finalidad específica de la casación".

Conforme lo expuesto, la queja referida a que la Dirección de Defensa al Consumidor al determinar el importe de la multa ha traspasado el límite impuesto por la ley originaria (art. 47 inc. B de la ley 24.240) deviene en improcedente desde que introduce una cuestión fáctica (probar cuál fue la ganancia o beneficio obtenido en razón de los contratos que vincularon a la parte con la denunciante) que no fue planteada ni acreditada en el recurso de apelación interpuesto por su parte, aspectos que debieron quedar definitivamente fijados en la instancia de conocimiento y exceden la función de la casación.
Ejecución de sentencia, liquidación, resoluciones inapelables
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL
Carátula: SCALA, JORGE PEDRO y OTROS c/ A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-10-01

No existiendo en autos liquidación firme y aprobada, no corresponde tener por finalizado el proceso de ejecución de sentencia y, en consecuencia, resulta aplicable el art. 109 de la ley 18.345-modificada por leyes 19.509, 20.196, 21.625, 22.084 y 22.473-que establece la inapelabilidad de todas las resoluciones que se dicten durante este tipo de proceso.
REPÚBLICA ARGENTINA, conmutación de penas, restitución de derechos, desistimiento, competencia contenciosa de la Corte Interamericana, reapertura de la instrucción, sobreseimiento
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Maqueda Vs. Argentina S/ Excepciones Preliminares c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 1995-01-17

Considerando que la cuestión central planteada por la Comisión Interamericana, en el caso del ciudadano argentino condenado a diez años de prisión por haber participado de una movilización pacífica, versa sobre la violación de su derecho a la libertad y ese derecho ha sido restituido mediante el acuerdo al que arribaron la República Argentina y el afectado, la Corte resuelve admitir el desistimiento de la acción y sobreseer al Estado respecto del caso aun cuando estima necesario reservarse la facultad de reabrirlo, si hubiere en el futuro un cambio en las circunstancias que dieron lugar al acuerdo.
Personas con discapacidad, derecho a la salud, deberes del juez
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Castelli, Blas Leopoldo c/ Unión Personal s/ amparo s/ apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2018-08-14

El Máximo Tribunal de la Nación ha reparado en la importancia del derecho a la preservación de la salud - comprendido dentro el derecho a la vida- y la obligación impostergable que tiene la autoridad pública de garantizar ese derecho con acciones positivas, pero que ello es sin perjuicio de las obligaciones que corresponden a las jurisdicciones locales, obras sociales y entidades de medicina prepaga sobre el tema. Además declaró el Tribunal que atañe a los jueces buscar soluciones que se avengan con la urgencia que conllevan las pretensiones, para lo cual deben encauzar los trámites por vías expeditivas y evitar que el rigor de las formas pueda conducir a la frustración de derechos que cuentan con tutela de orden constitucional (cf CS, Fallos: 321:1684; 323:1339; 327:3127). (Voto de la Dra. Piccinini sin disidencia)
Excesos u omisiones en el pronunciamiento, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: D.,M.D. y Otros c/ O.A.,R.A. s/ Aumento de cuota alimentaria
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-09-13

Corresponde la descalificación del fallo como acto jurisdiccional válido si frente a los términos de la instancia anterior y a los agravios expresados en la apelación, el a quo carecía de facultades para expedirse sobre una cuestión que no le fue propuesta en forma expresa ni implícita (artículo 277 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Apoderado Alianza Transitoria 'Frente para la Victoria' s/ Solicitud Nulidad Mesa N ° **** - Comodoro Rivadavia
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-04-20

No puedo dejar pasar la oportunidad de sugerir nuevamente a la Legislatura Provincial, tal como se hiciera en el precedente de este Superior Tribunal de Justicia, para que en lo inmediato de cumplimiento con el mandato del Art. 256 de la Constitución Provincial, cual es, el dictado de una ley electoral uniforme para toda la Provincia.

Allí expuse "aquí hago propias las palabras de la Corte Suprema, en cuanto a que el dictado de la norma contribuiría a dar mayor seguridad jurídica al establecer pautas de aplicación permanente que aseguren el objetivo constitucional.

Esto en razón a la evidente mora atribuible a dicho Poder del Estado, que a la postre perjudica a quienes contribuyen a sostener el sistema democrático de gobierno".
Beneficios previsionales, suspensión del beneficio, vías de hecho, acción de amparo, rehabilitación del beneficio, acción penal
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: PORTOS, JOSE c/ A.N.Se.S. s/ PRESTACIONES PUGENER, MARIA EVA c/ A.N.Se.S. s/ PRESTACIONES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-25|1997-03-03

Lo actuado por el organismo administrativo al decidir la suspensión de pago del beneficio sin dictar la pertinente resolución fundada configura una vía de hecho que le está vedado por el art. 9, inc. a) de la ley 19.549. De allí que frente a este actuar arbitrario y carente de todo sustento normativo, el titular no posee otro medio judicial que la acción de amparo para resguardar su derecho, considerando que la vía de la impugnación judicial regulada por el art. 15 de la ley 24.463 -sustituido por el art. 3 de la ley 24.655- sólo procede frente a resoluciones dictadas por la A.N.Se.S.

En consecuencia, debe concluirse que la situación no encuadra en los supuestos del art. 2, incs. a) y d) de la ley 16.986; y ordenar rehabilitar el beneficio desde la fecha de suspensión, sin perjuicio de la resolución que pudiera dictar el organismo y el resultado de la denuncia penal interpuesta.
Despido, daño moral
Materia: LABORAL
Carátula: ARBURUA RUBEN c/ BANCO SUDECOR COOPERATIVO LIMITADO s/ DESPISO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-08-11

El daño moral como valor subjetivo en el que se vio afectado el actor, no ha sido provocado en forma intencional ni dolosa por la demandada, como tampoco el proceder de ésta ha sido consecuencia de un acto ilícito, sino de un ejercicio conferido por la ley;

faltando los elementos de intencionalidad o ilicitud, no pueden la angustia, el dolor o el sufrimiento por sí solos, constituir fuentes generadoras de reparaciones adicionales a las establecidas tarifariamente por la ley. La indemnización pagada por la demandada y cobrada por el actor abarcó el conjunto de padecimientos invocados por este último por así determinarlo el art. 245 de la Ley 20744 para los casos de despido inmotivado. (Del voto del Dr. Sarsfield).-
Deuda pública, ejecución de sentencias contra el Estado, ELMA, empresas del Estado, responsabilidad del Estado, presupuesto nacional
Materia: ECONOMIA
Carátula: FENIX RIO DEL PLATA CIA DE SEGUROS S.A. c/ CAP Y/O ARM Y/O PROP BQ CHUBUT s/ FALTANTE Y/O AVERIA DE CARGA TRANSPORTE MARITIMO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-22

Es improcedente someter la iniciación del trámite de ejecución de sentencia contra ELMA al procedimiento y plazos que contempla el artículo 22, Ley 23.982, toda vez que, como lo tiene declarado la Sala I (Causa 1455/93 del 5.12.96), los recursos de ELMA no pueden ser asimilados a aquéllos que se encuentran afectados al cumplimiento del Presupuesto General de la Administración Nacional, pues dichas sociedades poseen un régimen presupuestario diferente, su proyecto es elaborado por el directorio o máxima autoridad ejecutiva y es aprobado por el Poder Ejecutivo Nacional, interpretación corroborada por el art. 21, Ley 24.624 -relativo a las sentencias judiciales no alcanzadas por la ley 23.982 que se dicten contra las Sociedades del Estado, Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria, Sociedades de Economía Mixta, Empresas del Estado, etc.-, porque allí se dispone claramente la diferencia entre el Tesoro Nacional y la Responsabilidad del Estado, que se limita a su aporte o participación en el capital de las organizaciones empresarias o societarias así mencionadas (Sala I, precedente cit. y Causa 1343/96 del 31.10.96).

Esta norma fue incorporada como el art. 68, Ley 11.672, llamada complementaria permanente de presupuesto, por el Decreto 792/96 y ordenó su texto, conforme al art. 59, Ley 24.624.
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria, accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo, monto de la indemnización, suma global
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Gramajo, Carlos Rufino c/ Integral Puertos  SRL . y otra. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-23

Corresponde hacer lugar a los agravios referentes a la fijación de una suma global comprensiva de los distintos ítems de la indemnización - daño emergente, moral, intereses y actualización monetaria -, habida cuenta de que la falta de discriminación de estos renglones impide verificar el proceso lógico empleado por el tribunal para aceptar la cuantía del menoscabo sufrido y colocar al damnificado en un estado de indefensión.
Haber jubilatorio, intereses
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: FERRARIOS, TOMAS s/ ACTUALIZACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-12-20

Los haberes previsionales adeudados a los beneficiarios devengarán un interés del 6 % anual sobre los importes ya actualizados (artículo 622 Código Civil), siendo inaplicable la resolución MBS. 372/79 que sólo rige para los créditos contemplados en el artículo 8 de la ley 21864.