Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2011-11-30


SENTENCIA NUMERO: TREINTA Y NUEVE En la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los treinta días de noviembre de dos mil once, reunida en acuerdo la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por los señores Ministros doctores José Ricardo Cáceres -Presidente-, Luis Raúl Cippitelli y Enrique Ernesto Lilljedahl (Subrogante Legal), para entender en el Recurso de Casación deducido en autos, Expte. Corte Nº 50/11, caratulados: "RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por el Dr. Edgardo Teme en Expte. 88/08 'Tejerina, Félix Ariel s/Lesiones culposas agravadas p/conducción imprudente de vehículo automotor'", contra la sentencia Nº TREINTA Y CINCO de fecha 27 de mayo de 2011, dictada por el Juzgado Correccional de 2º Nominación, el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1º) ¿Es procedente el recurso interpuesto? 2º) ¿Qué resolución corresponde dictar? De acuerdo al orden de votación sorteado a fs. 28, los Sres. Ministros se pronunciarán en el siguiente orden: primero, el Dr. Luís Raúl Cippitelli; en segundo lugar, el Dr. José Ricardo Cáceres; y en tercer término, el Dr. Enrique Ernesto Liljedahl.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

I. Mediante la impugnada sentencia Nº TREINTA Y CINCO, de fecha 27 de mayo de 2011, luego de hacer lugar a la acción civil instaurada en representación de la víctima del hecho delictivo investigado (Juan Ebacio Mamaní), el Juez Correccional de 1º Nominación, en lo que aquí interesa, hizo extensiva (Punto III), en los términos y con los alcances previstos en los arts. 117 y 118 de la Ley de Seguros 17.418, a la Compañía Aseguradora Río Uruguay Cooperativa de Seguros Limitada (en adelante, la aseguradora), hasta el tope de la póliza de $ 30.000, la condena civil por daño material y moral, impuesta a los civilmente demandados (Félix Ariel Tejerina y Oscar Félix Tejerina, este último, en adelante, el asegurado).

II. Contra esa decisión, en tiempo oportuno, el Dr. Edgardo Teme (en adelante, el recurrente), en representación de la aseguradora condenada, interpone este recurso de casación.

Alega el recurrente (fs. 1/4 vta) que la sentencia pone fin a la acción y que, por ende, con arreglo a lo dispuesto en el art. 454 del Código de Procedimientos en materia Penal, es susceptible de ser revisada por esta vía.

Dice que la sentencia es dogmática, arbitraria e ilógica debido a que, contrariamente a lo que sostiene, el asegurado no tenía la cuota al día ni denunció oportunamente el siniestro ocurrido el 9 de noviembre de 2006.

Se agravia por la forma en que fue valorado el endoso de anulación total del riesgo, de fecha 27 de octubre de 2006, que emitió la aseguradora por falta de pago; y señala que el art. 32 de la ley 17.418 no exige notificar al asegurado la rescisión del contrato por falta de pago.

En el término del emplazamiento (art 451 del rito) agrega críticas (fs. 20/22/ vta) a la pericia contable: dice que esa parte no la consintió sino que, en cumplimiento del principio de colaboración, acompañó copia certificada de los registros pertinentes y útiles para su realización; que el Juez se extralimitó al ordenar su producción durante el debate y que lo hizo sin tener en cuenta la forma en que esa parte la había ofrecido y que correspondía observar (art. 362 del Código formal) para su producción fuera de la provincia; que por las dimensiones y peso de los libros respectivos, la aseguradora sólo acompañó copia de los únicos asientos existentes referidos al contrato con Tejerina; y que, debido a que no pueden ser probados los hechos que no existen, la falta de pago sólo podría haber sido constatada en los libros correspondientes a todo el periodo, con la presencia del perito en la casa central de la aseguradora.

Por ello, sostiene que son nulos los actos vinculados con la pericia, y que por la falta de contrato en cobertura debido a la falta de pago de la prima, la citación en garantía de la aseguradora debería haber sido rechazada, tal como había pedido esa parte al invocar esos extremos como causa del rechazo del siniestro.

Por último, critica los fundamentos de la sentencia sobre la apariencia jurídica de la actuación del Productor López y la aplicación al caso de la Ley de Defensa del Consumidor, por no haber sido alegados esos extremos por las partes.

Pide al Tribunal que revoque la resolución impugnada y excluya a su representada de toda responsabilidad. Hace reserva del caso federal.

III. 1. Después de examinar el recurso deducido, observo que, en lo esencial, satisface las exigencias formales previstas en el rito, por lo que es admisible y así debe ser declarado. Voto en este sentido.

2. Ahora bien, la celebración o existencia del contrato de seguro, Póliza Nº 1664680, entre la aseguradora y el asegurado civilmente demandado y condenado en las presentes, y la ocurrencia del siniestro durante el convenido plazo de vigencia de dicho contrato, del 09/05/2006 al 09/11/2006, son hechos no controvertidos; y ello exime al tribunal de mayores consideraciones sobre dichos extremos.

3. Por otra parte, de conformidad con el art. 118 de la ley de Seguro, la aseguradora sólo puede oponer al tercero damnificado las defensas nacidas con anterioridad al siniestro (Rubén S. Stiglitz, "Derecho de Seguros", Tomo II, 4º Ed. Actualizada y Ampliada, La Ley; 2005, p.130) y el mismo fallo contiene citas jurisprudenciales (fs. 346) que así lo destacan.

Por ende, de cara al damnificado del hecho y actor vencedor, a los fines de decidir sobre el acierto de lo resuelto en el fallo impugnado con relación a la responsabilidad de la aseguradora por extensión de la condena dictada en contra del asegurado civilmente demandado y vencido, ninguna relevancia tienen los argumentos vinculados con la falta de denuncia que invoca el recurrente, o con su efectiva realización según tuvo por acreditado el a quo y había alegado el asegurado, por tratarse de acontecimientos obviamente posteriores a la ocurrencia del siniestro; lo que torna inoficioso el tratamiento del tema.

4. El planteo recursivo exige sí controlar las razones invocadas en la sentencia para tener por acreditado el pago de la prima antes de la ocurrencia del siniestro y, como consecuencia, la vigencia de la cobertura del seguro en esa época, lo que agravia al recurrente que niega categóricamente tales circunstancias.

En esa dirección, surge de la sentencia que aunque el Juzgado le había solicitado los libros correspondientes al periodo mayo-diciembre de 2006, la aseguradora no los presentó y, en su lugar remitió fotocopias certificadas de la póliza que la vinculaba con Oscar Félix Tejerina, y otras (detalladas en el fallo, algunas con partes no legibles) de sus libros, con información insuficiente y poco clara, según el perito, que en ellas no encontró respuesta a todas las cuestiones planteadas.

De modo que el perito no pudo establecer categóricamente si los pagos efectuados eran los acordados ni verificar si existían -o no- otros pagos, como tampoco constatar la mora invocada por la aseguradora, la que en su primera intervención en el juicio ésta ofreció probar con las constancias de sus libros.

Así, del informe pericial resulta que, con esas limitaciones, derivadas de la insuficiente documentación discrecionalmente seleccionada y presentada por la aseguradora para su peritación, la pericia no demostró lo que la aseguradora pretendía demostrar, esto es, que al tiempo de la ocurrencia del siniestro la cobertura del seguro se encontraba suspendida por falta de pago de la prima.

Al respecto, el recurrente no propone en esta oportunidad argumento alguno que demuestre la irrazonabilidad de lo así resuelto y la suficiencia de esa documentación sino que, por el contrario, como lo hizo en el juicio, señala que la pericia no dice nada ni prueba nada; aunque, en rigor, lo que no prueba es la falta de pago de la prima.

De modo que, acertadamente concluyó el a quo que la aseguradora no había acreditado la concurrencia de la causal que había invocado como extintiva de su obligación nacida del contrato referido y, por ende, no hizo lugar a la defensa que la misma había opuesto al progreso de la acción emprendida por el damnificado para que se le hiciera extensiva la condena dictada en contra del asegurado. Igual criterio sostuvo la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires en un fallo reciente (c. "Cuello, Esther Luján y otro c/ Pereyra Osvaldo Luján y otro s/daños y perjuicios", 2 de marzo de 2011, http://www.scba.gov.ar/Sumarios) al decir que para eximirse de responsabilidad, incumbía a la aseguradora procurar que la pericia contable fuese completa y eficaz respecto al propósito de acreditación perseguido: "suspensión de cobertura por falta de pago".

5. Es que, como surge de las citas doctrinarias y jurisprudenciales efectuadas en la sentencia, aunque bien llevados los libros de comercio, sus asientos pueden ser invocados por el comerciante y admitidos en su favor como principio de prueba por escrito, en el caso, si la aseguradora pretendía que al tiempo del siniestro estaba suspendida la cobertura por falta de pago, debía acreditar categóricamente tal aserto con las constancias de sus libros correspondientes a la época de los vencimientos impagos y por todo el periodo previo al siniestro que permitía la rehabilitación de la cobertura en los términos del art. 2º del Anexo III de las Condiciones Generales de la póliza; o, al menos, hasta la rescisión del contrato prevista en el art. 3º del mismo Anexo.

6. Sin embargo, no fueron remitidos todos los registros solicitados sino sólo copias de los que fueron estimados como pertinentes y útiles a los fines dispuestos en la pericia, con los que la aseguradora no logró demostrar ni hacer verosímil el pretendido incumplimiento del asegurado. Al respecto, no cabe admitir la pretensión del recurrente según la cual si le parecía insuficiente la documentación presentada por la aseguradora, el a quo debería haber requerido la que estimaba necesaria, en tanto no le es dado a los tribunales suplir las aparentes negligencias de las partes en la producción de la prueba que les incumbe, como tampoco aceptar que tenga que cargar con ellas la víctima del siniestro. Por ello, esas negligencias deberán ser soportadas por la propia aseguradora, a la que, por la trascendencia social de su lucrativa actividad y las importantes consecuencias jurídicas que se derivan de la misma, cabe exigir adecuada diligencia en sus registros y en la comprobación de los extremos que pretende hacer valer como causa de exclusión de la garantía que motivó su citación al juicio.

7. Estimo asimismo, correcta la conclusión del fallo sobre la insuficiencia de la documentación identificada en el punto A-4 de la pericia como "copia de la póliza 00:04: 1664680 endoso 375 192 cuyo motivo expresa la anulación total del riesgo con fecha 27/10/2006", en tanto, aunque coincide el número de póliza, no figura el motivo del endoso y en esta instancia el recurrente no refuta los fundamentos del fallo, vinculados con la ineficacia de esa prueba por falta de información al perito o al tribunal sobre código interno alguno que clarifique la causa de la anulación.

Es que la nulidad se produce por defectos propios del vínculo contractual, que impiden la relación y anulan sus efectos (como en los supuestos previstos en los arts. 3, 5, 50, 62 y 62 de la Ley de Seguros; Meilij, "Manual de seguros", 3º Ed, Depalma, 1998, p.66); pero la mora en el pago de la prima no es causal de anulación del riesgo sino de rescisión del contrato (art. 32 de la Ley de Seguro). Por ello, en principio, los términos del referido endoso no acreditan ni justifican inferir la rescisión invocada.

Además, con ejemplos y cita de doctrina, ilustra el recurrente (pié de pág, fs 20 vta.) que endoso es cualquier modificación o cambio que se produce en el contrato original de seguro, durante su etapa funcional, y que la aseguradora debe registrar esa modificación en el libro de emisión de pólizas, y emitir y entregar al asegurado un documento con ese nombre (endoso). Sin embargo, la rescisión del contrato no implica una modificación de éste sino su extinción por lo que, según la inteligencia propuesta por el recurrente, no sería el endoso el medio adecuado de documentar la rescisión. Por otra parte, contrariamente al proceder que correspondía seguir según los conceptos citados por el recurrente, no quedó acreditado en el juicio, y el recurrente tampoco dice en esta oportunidad, que la aseguradora haya emitido y entregado al asegurado documento alguno con constancia de ese registro; ni que entonces haya notificado la supuesta rescisión al asegurado para que éste tuviera tiempo de contratar otro seguro (ob. cit. p. 67), como prevén los arts. 18 y 31 de la Ley para distintos supuestos de rescisión, o de algún otro modo.

Así las cosas, el endoso referido no acredita la rescisión del contrato; no obstante lo cual, la razón fundamental que determina el rechazo del agravio es que, contrariamente a lo que pretende el recurrente, dicho asiento carece de relevancia a los fines de la acreditación de la mora del asegurado, por tratarse de un acto unilateral causalmente injustificado, en tanto, como quedó establecido más arriba, la pretendida falta de pago del asegurado no cuenta con adecuado respaldo en los demás registros presentados por la aseguradora.

8. También son inadmisibles las críticas relacionadas con la pericia realizada, en tanto el discurso recursivo no logra demostrar la concurrencia de razones suficientes que habiliten invalidarla y, como consecuencia, invalidar la sentencia cuyos fundamentos esenciales remiten a sus conclusiones.

Así, son extemporáneas las objeciones relacionadas con la oportunidad en que habría sido ordenada la producción de la prueba pericial, después de cerrado el periodo de prueba.

Es que, aunque habían sido informados mediante sendas cédulas de notificación (fs. 276 y 277 del principal) de la realización de la medida en los términos de los arts. 241, 242, 246 y concordantes del rito, y emplazados por 72hs. para que hicieran uso de las facultades conferidas en el art. 247, no consta en autos ni dice el recurrente haber manifestado expresa y formalmente su oposición entonces, ni que lo haya hecho la aseguradora.

Por ende, cabía válidamente interpretar su silencio como aquiescencia con la disposición judicial de la que se queja en esta oportunidad, la que, por ser notoriamente tardía, deviene claramente inadmisible.

Y si bien en su primera presentación la aseguradora había ofrecido la prueba pericial contable para que el perito se constituyera en su sede principal (en la ciudad de Concepción del Uruguay) y constatara en sus libros los extremos pertinentes, de la sentencia surge también que el recurrente se conformó con los términos en que fue ordenada la pericia, para que fuera practicada en esta provincia.

Por ello, la falta de oposición expresa a la realización de la pericia en esta provincia, o de reserva alguna al respecto, traducía inequívocamente, sino la aceptación categórica de la aseguradora, al menos su allanamiento a la producción de esa prueba en los términos en que fue ordenada, por lo que el agravio al respecto también deviene extemporáneo.

Igual calificación merece la crítica fundada en supuestos incumplimientos de las pautas legales previstas para el caso, las que, además, ni siquiera precisa, como tampoco precisa el perjuicio causado a la aseguradora, derivado de esa inobservancia y no de su propia negligencia, con lo que el agravio, además, carece de fundamento suficiente.

Asimismo, los reparos vinculados con las dificultades materiales que implicaba la producción de la prueba pertinente en esta provincia (por el tamaño y peso de los libros, entre ellas), son notoriamente inadmisibles por extemporáneos e incompatibles con su conducta procesal anterior, jurídicamente válida, sin reserva alguna; en tanto no consta ni dice el recurrente haber manifestado esas dificultades al tribunal al tiempo de ser notificado de la medida, ni en oportunidad de remitirle, no toda la documentación que le fue solicitada sino tan sólo la que estimó entonces conveniente para sus intereses.

9. No son tampoco de recibo las explicaciones que en esta oportunidad ensaya el recurrente, según las cuales la presentación de las copias certificadas de los registros que la aseguradora había estimado suficientes a los fines de la pericia no importaba haber consentido su realización del modo en que fue practicada, sino tan sólo cumplimiento del principio de colaboración.

Es que, en tanto sobre la materia no hay preceptos rígidos ni reglas absolutas, y debido a que el demandado había manifestado la imposibilidad de exhibir el recibo por habérselo entregado al productor del seguro al tiempo de denunciar el siniestro -lo que no quedó desvirtuado en el juicio-, era la aseguradora la que se encontraba en mejores condiciones de probar el hecho controvertido -el pago o no pago de la prima- y así debía hacerlo (Peyrano, Jorge; Chiappini, Julio, "Lineamientos de las cargas probatorias dinámicas", en VVAA 'Peyrano, Jorge W. -coord- "Cargas Probatorias Dinámicas", Rubinzal Culzoni, 2004, p. 13).

Además, esa doctrina también resultaba aplicable teniendo en cuenta que por haber sido ajena al contrato, ninguna posibilidad tenía la actora de acreditar la vigencia de la cobertura (v. fallo cit en la misma ob. p. 565).

Por ende, es cierto que, como dice el recurrente, la eventual reticencia de la aseguradora era susceptible de ser interpretada en contra de la misma, en tanto hubiera autorizado a presumir que no presentaba su documentación porque ella acreditaba el hecho que la aseguradora negaba, esto es, que la prima estaba pagada y, por ende, que la cobertura estaba vigente al tiempo del siniestro.

Sin embargo, por una parte, la aseguradora no logró enervar esa presunción con la documentación que, apartándose del detallado requerimiento judicial, discrecionalmente retaceó, y respecto de la cual concluyó el perito y el tribunal que resultaba insuficiente a los fines de acreditar los puntos que debía dilucidar, sin que el recurrente demuestre lo contrario.

Observo asimismo que, si bien en la presentación del recurso de casación el recurrente dijo que el a quo había invertido la carga de la prueba al considerar que era la aseguradora la que debía demostrar la falta de pago del seguro (2º párrafo, fs. 1 vta.); en la presentación efectuada para mejorar los fundamentos del recurso el recurrente admitió que la doctrina y la jurisprudencia son contestes en que está en cabeza del asegurador probar la existencia de cualquiera de las causales que lo liberan de su responsabilidad (último párrafo, fs. 21). Por ello, cabe desestimar el agravio vinculado con la errónea y arbitraria valoración probatoria atribuida al juez con relación a dicha carga procesal, en tanto ha quedado suficientemente establecido que la misma pesaba sobre la aseguradora y que ésta no la satisfizo.

Por ello, más que como mera infracción al principio de colaboración, la omisión de esa actividad hubiera sido acertadamente valorada como incumplimiento liso y llano de su obligación de probar dicho extremo o al menos su verosimilitud dado que, como finalmente reconoció el recurrente, frente a la citación en garantía, le corresponde a la aseguradora acreditar la rescisión del contrato por el incumplimiento del asegurado, invocado como fundamento de su liberación, lo que se compadece con la doctrina según la cual la obligación de probar los hechos extintivos que opone al progreso de una acción emprendida en su contra, es del que los invoca.

10. Así las cosas, dado que lo decidido se sustenta suficientemente en los analizados fundamentos del fallo, resulta inoficioso el tratamiento de los agravios vinculados con la actuación del Productor López y la aplicación de la ley de protección al consumidor en tanto, aunque al respecto llevara la razón el recurrente, ello no podría modificar lo resuelto con relación a la responsabilidad de la aseguradora con respecto al actor, lo que exime al Tribunal de otra consideración sobre el tema.

11. Con arreglo a las razones dadas, encuentro que la decisión impugnada, de extender a la aseguradora citada en garantía la condena civil dictada en contra del asegurado, tiene suficiente sustento legal en la existencia y subsistencia del contrato de seguro; en tanto esa existencia no fue discutida y con los registros contables ofrecidos como prueba del motivo alegado como extintivo de su obligación, la aseguradora no logró demostrar en el juicio la insubsistencia del contrato al tiempo del siniestro; sin que los argumentos invocados por el recurrente consigan conmover los fundamentos del fallo en sentido contrario a su pretensión.

Por todo lo expuesto, mi respuesta a la primera cuestión es negativa. Así voto.

A la primera cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

Que comparto, en lo sustancial, las razones de hecho y de derecho expuestas en el voto precedente y, por ello, adhiero a ellas y doy a mi voto el mismo sentido.

A la primera cuestión, el Dr. Lilljedahl dijo:

El señor Ministro que opina en primer término suministra, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a sus conclusiones y voto de igual modo.

A la segunda cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

Por el modo en que quedó resuelta la cuestión precedente, estimo que corresponde dictar la siguiente resolución: I) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto por el Dr. Teme, en su carácter de representante legal de la aseguradora Compañía Aseguradora Río Uruguay Cooperativa de Seguros Limitada. II) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto. III) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.). IV) Téngase presente la reserva del caso Federal.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello, adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Lilljedahl dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cippitelli; por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.

Por los resultados del acuerdo que antecede y por unanimidad, la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA, RESUELVE:

1º) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto por el Dr. Teme, en su carácter de representante legal de la Compañía de Seguros Río Uruguay Cooperativa de Seguros Ltda.

2º) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto.

3º) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.).

4º) Téngase presente la reserva del caso Federal.

5º) Protocolícese, hágase saber y oportunamente, bajen estos obrados a origen a sus efectos.

FIRMADO: Dres. José Ricardo Cáceres -Presidente-, Luis Raúl Cippitelli y Enrique Ernesto Lilljedahl (Subrogante Legal). ANTE MI: Dra. María Fernanda Vian -Secretaria- ES COPIA FIEL de la Sentencia original que se protocoliza en la Secretaría a mi cargo. Doy fe.