Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-03-20


Reg.: A y S t 281 p 330/334. Santa Fe, 20 de marzo del año 2.018.	VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el actor contra la sentencia del 1 de agosto del año 2017, dictada por la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de la ciudad de Santa Fe, en autos "ZUGASTI, DANTE HORACIO contra MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE -AMPAROS- (Expte. CUIJ N° 21-04911116-6)" (Expte. C.S.J. CUIJ N°: 21-00511602-0); y, CONSIDERANDO: 1. Mediante sentencia del 1 de agosto del año 2017 la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de la ciudad de Santa Fe rechazó el recurso de apelación del actor y confirmó la sentencia recurrida que -a su turno- desestimara por improcedente el amparo, imponiendo las costas al apelante (fs. 1/4v.). Contra el referido pronunciamiento el accionante interpone recurso de inconstitucionalidad en los términos del artículo 1 inciso 1 de la ley 7055, alegando que su principal agravio constitucional se funda en que la demandada legisló sin competencia alguna en materia delegada a la Nación con menoscabo de los artículos 121 y 126 de la Constitución nacional, desconociendo así lo dispuesto por el Congreso nacional en los términos de la Ley Nacional de Armas y Explosivos N° 20429 y su decreto 302/83. Manifiesta que promovió acción de amparo y medida cautelar urgente contra la Municipalidad de San Jorge tendente a que se ordene al Municipio demandado a dejar sin efecto la Ordenanza Municipal N° 2079/2015, en todo lo que concierne a la prohibición de comerciar artículos pirotécnicos comprendiéndose en ello también la habilitación de locales para el ejercicio de este comercio lícito conforme a las disposiciones del RENAR, organismo dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Presidencia de la Nación, en el territorio municipal de la ciudad de San Jorge. Alega que la resolución impugnada le causa un gravísimo e irreparable gravamen y considera que la Ordenanza 2079/2015 vulnera el ordenamiento constitucional y le impide el ejercicio de un comercio lícito en la ciudad de San Jorge. Al respecto afirma que "el sólo impedimento del ejercicio de un comercio lícito debería ser causa suficiente para promover la pertinente acción de amparo ante la irreparabilidad del perjuicio que constituye el conculcamiento de los derechos constitucionales de propiedad, de ejercer un comercio lícito y de trabajar de los simples ciudadanos de la Provincia de Santa Fe y de la Nación" (cfr. f. 9 "in fine"). Argumenta que la especificidad de los productos pirotécnicos y la necesidad de ejercer un estricto control sobre los mismos a fin de garantizar la seguridad en las distintas actividades que su operatoria involucra requieren de un marco normativo técnico, completo y único, que permita un funcionamiento comercial fluido y seguro en todo el territorio nacional; el que -dice- sólo puede ser otorgado por el Congreso de la Nación y en definitiva, que la ley federal 20429 es la única ley que puede prohibir la actividad del caso, lo que frustra toda restricción impuesta vía ordenanza. Expresa que el hecho de que la facultad de regular la actividad pirotécnica no esté taxativamente incluida dentro de las competencias exclusivas del Congreso nacional (delegadas expresamente en la Constitución nacional) no es óbice para entender que le resulte ajena, menos aún a la luz del artículo 75 incisos 13, 18 y 32 porque las competencias exclusivas del Estado federal no requieren estar taxativamente establecidas a su favor en la Constitución nacional, porque son competencias implícitas que surgen de la necesidad y conveniencia de ordenar con eficacia y unitariamente determinadas cuestiones que quedarían obstaculizadas si correspondieran a las provincias. Por último, en relación a la Ordenanza cuestionada alega centralmente que la misma resulta irrazonable y que al prohibir la venta de artículos debidamente registrados ante el ANMAC (ex RENAR) fomenta la comercialización de productos clandestinos, los que en verdad implican altos riesgos para la población toda y que en definitiva, la limitación que la misma impone al ejercicio de un derecho no coadyuva a la satisfacción de un objetivo de índole municipal, invocando desvío de poder, en tanto la accionada -so declamado ejercicio de policía municipal- exorbita sus competencias e interfiere en cuanto atañe al poder central al permitirse regular cuestiones atinentes a la seguridad del país, lo que excede toda capacidad que al municipio le ha sido confiada por el artículo 123 de la Constitución nacional. 2. El Tribunal a quo, mediante resolución del 3 de octubre de 2017, denegó la concesión del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por considerar que la ausencia de agravios hacia la sentencia impedía al Tribunal expedirse debidamente, resultando el planteo "una reproducción espejada de lo postulado en la instancia de origen" o "una duplicación del escrito introductorio de la demanda", no correspondiendo habilitar la instancia a partir de la simple enumeración de los derechos constitucionales que se estiman violados (fs. 44/47). Frente a lo decidido, el actor ocurrió en forma directa por ante esta Corte (fs. 51/53v.). 3. Se adelanta que la impugnación debe declararse inadmisible. En efecto, se advierte que el recurrente en su presentación directa incumple la carga estipulada en el artículo 8 de la ley 7055, de rebatir todos y cada uno de los motivos expuestos por el Tribunal para apoyar su decisión de denegar la concesión del recurso de inconstitucionalidad, trayendo razones de peso a fin de neutralizar la referida fundamentación. Pues el presentante, en su escrito de queja que obra a fojas 51/53v., omite hacerse cargo de lo expuesto por la Cámara e insiste con sus agravios ya formulados en el recurso de inconstitucionalidad, dejando con ello incumplido, como se dijo, la carga prevista en el artículo 8 de la ley 7055. En particular, el interesado no desvirtúa lo expuesto por la Sala en relación a que en el recurso de inconstitucionalidad local el recurrente no había siquiera endilgado arbitrariedad ni vicios a la sentencia que se decía cuestionar, sino que, por el contrario, se había limitado a enumerar derechos constitucionales sin exposición concreta alguna que los relacionara con el presente caso. En especial, expuso la Cámara, no se había invocado en forma suficiente lesión constitucional ni agravio ningunos. Y las deficiencias expuestas, que no permiten superar los presupuestos de admisibilidad establecidos en la ley 7055, acontecen en un marco en donde la Alzada confirmó la sentencia de primera instancia y desestimó la demanda en el limitado ámbito de la acción intentada (amparo). Para lo cual el Tribunal argumentó en torno a la inidoneidad o insuficiencia de la vía y a la ausencia de legitimación activa en el amparista. En cuyo contexto refirió que no lograba convencer que el supuesto daño fuera cierto o inminente, al no demostrarse que afectara en forma directa y concreta al accionante. Así, evidenció que "ni al momento de dictarse la Ordenanza Nro. 2079/15, ni a la fecha de promoverse la demanda de amparo, el actor ejercía actividad comercial alguna vinculada al objeto de la litis", quedando el cuestionamiento como un agravio meramente conjetural o hipotético. A lo expuesto agregó que la propia norma, que el recurrente decía preterida como fundamento de su acción de amparo (ley 20429), es la que establece que el uso de elementos pirotécnicos se hará conforme a las reglamentaciones locales tales como la ordenanza cuestionada en autos. Estos argumentos brindados por el A quo se mantienen incólumes, en la sentencia impugnada, ante las alegaciones genéricas y sin precisión en torno a cómo se habría configurado un supuesto de irreparabilidad del perjuicio que constituya para el actor un conculcamiento de sus derechos constitucionales de propiedad, de ejercer un comercio lícito y de trabajar; máxime cuando el daño invocado no es concreto, actual ni cierto. Sin que se perfile una cuestión constitucional en los términos del artículo 1 de la ley 7055. En conclusión, desde que el quejoso no ha acreditado que las apreciaciones efectuadas por la Cámara encuadren en alguna hipótesis de arbitrariedad o de convalidación de violación de derechos o garantías constitucionales, sus agravios no tienen entidad suficiente como para superar los recaudos de admisibilidad establecidos legalmente. Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta y declarar perdido para el recurrente el depósito efectuado (art. 8, ley 7055). Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen. FDO.: GUTIÉRREZ-ERBETTA-FALISTOCCO (EN DISIDENCIA)-GASTALDI-NETRI (EN DISIDENCIA)-SPULER-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA) DISIDENCIA DE LOS SEÑORES MINISTROS DOCTORES FALISTOCCO Y NETRI: 3. Entrando al análisis de los agravios expresados en el recurso de queja, echa de verse que en su presentación el impugnante, se hace cargo de rebatir los obstáculos formales esgrimidos por el A quo en el auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad. Es que los cuestionamientos relacionados con lo resuelto por la Cámara en torno a la peticionada declaración de inconstitucionalidad de la ordenanza 2079/2015 sobre prohibición de pirotecnia en el territorio municipal de San Jorge presenta entidad constitucional suficiente como para traspasar el umbral de la admisibilidad recursiva puesto que en autos se ha cuestionado la validez de una ordenanza municipal por conculcar la división de competencias (art. 123 C.N.), bajo la pretensión de avanzar sobre materias delegadas al Congreso nacional (art. 121, C.N.) y prohibidas (art. 126, C.N.) y de ser repugnantes a los derechos constitucionales de propiedad y de comerciar (arts. 14 y 17 de la C. N.). Bajo tales premisas, en el caso, la postulación del presentante cuenta -"prima facie"- con suficiente asidero en las constancias de autos e importa, desde el punto de vista constitucional, articular con seriedad un planteo idóneo para franquear el acceso a esta instancia de excepción. Dicho esto desde la apreciación mínima y provisional que corresponde a este estadio y sin que implique anticipar opinión sobre la sustantiva procedencia de la impugnación. Por todo lo expuesto, consideramos que el presente recurso debe ser admitido. FDO.: FALISTOCCO-NETRI-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA) Tribunal de origen: Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Santa Fe. Tribunal que intervino con anterioridad: Juzgado de Primera Instancia de Distrito Número 11 en lo Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de San Jorge.