Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-06-24


MEYER, Enrique C. contra BASSO BIENES RAICES y/o CASALIM Coop. de Trabajo Ltda. Reg.: A y S t 198 p 90-92. Santa Fe, 24 de junio del año 2.004.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por las demandadas CASALIM Coop. de Trabajo Ltda. y BASSO BIENES RAÍCES S.A. contra la sentencia 203, del 27 de diciembre del año 2002, en autos "MEYER, Enrique C. contra BASSO BIENES RAICES y/o CASALIM Coop. de Trabajo Ltda. y/o quien res. resp. -Laboral- (Expte. 470/01)" (Expte. C.S.J. nro. 146, año 2003); y, CONSIDERANDO:

1. Surge de las constancias de autos que la sentencia de primera instancia de conocimiento acogió la pretensión del accionante -tendente a obtener el pago de diversos rubros laborales derivados del despido- y condenó en forma solidaria a Basso Bienes Raíces S.A. y Casalim Coop. de Trabajo Ltda. a abonar al actor, dentro del término de diez días los rubros reclamados con más los intereses que fijó.

A su turno, la Alzada rechazó los recursos de nulidad y apelación que interpusieron ambas accionadas y confirmó lo decidido por el Inferior.

Es este último pronunciamiento el que las perdidosas impugnan a través del recurso de inconstitucionalidad reglado por la ley 7055, tachándolo de arbitrario por lesionar derechos y garantías de rango constitucional.

Sostienen las recurrentes que la corriente doctrinaria en que se apoyó la Sala para confirmar lo decidido -que las normas vigentes prohíben expresamente a las cooperativas de trabajo la contratación de los servicios cooperativos por terceras personas usando la fuerza de trabajo de sus asociados y que los miembros de una cooperativa de trabajo no pueden ser colocados como mano de obra para terceros so pena de pasar a ser dependientes con todas sus características propias- se apartan del texto expreso de la ley 20377 e importan su virtual derogación.

Destacan que en el caso, obran elementos que corroboran la efectiva pertenencia del actor a la cooperativa como socio: el ingreso en tal condición antes de la iniciación del vínculo con Basso Bienes Raíces S.A., la percepción de anticipos de retornos y su carácter de trabajador autónomo, en especial que los pagos de los anticipos los realizaba la Cooperativa; los contratos de locación de servicios entre la Cooperativa y la sociedad anónima que no fueron discutidos y por eso descartan el invocado fraude laboral.

Afirman que el decisorio viola el derecho de defensa en juicio, afecta el debido fundamento de las sentencias al prescindir del texto expreso de la ley 20377; viola el principio de no contradicción, omitiendo referencia a las pruebas aportadas; la inconstitucionalidad virtualmente declarada de la norma no ha sido planteada por el actor; afecta el principio de división de poderes desde que ha quedado acreditado que la Cooperativa tenía autorización para funcionar, autorización que depende exclusivamente del poder ejecutivo a través del INACYM como autoridad de aplicación.

Finalmente, señalan que la actividad desarrollada por la Cooperativa está permitida por la ley 20337 y sostener lo contrario implica violación del artículo 16 y 19 de la Constitución nacional.

La Sala denegó la concesión del remedio extraordinario intentado por lo que las perdidosas ocurrieron en forma directa ante esta sede.

2. No obstante los vicios reseñados precedentemente tendentes a imputar arbitrariedad al A quo y violación de derechos de raigambre constitucional, del desarrollo de los fundamentos vertidos en la pieza recursoria, tal como han sido expuestos por las recurrentes, en confrontación con la resolución atacada surge únicamente su mera disconformidad con la hermenéutica conferida a la normativa que se reputara aplicable, la valoración fáctica como probatoria y la solución dada por los jueces de la causa en ejercicio de funciones propias -al entender la Sala que debía acogerse la pretensión actora y condenar en forma solidaria a las demandadas- ámbito que resulta ajeno, en principio, a esta instancia extraordinaria, en la medida en que aquéllos no logran persuadir que el fallo impugnado merezca reproche constitucional.

Las impugnantes achacan al Sentenciante -esencialmente- apartarse de la ley 20337, al adoptar una postura que importa la virtual derogación de esa norma y vulnerar con tal inteligencia derechos fundamentales de su parte.

Con dicha prescindencia, vinculan también los agravios que versan sobre la ponderación de las probanzas rendidas en la causa de acuerdo a las cuales, habría quedado demostrado que el actor era socio de la Cooperativa y que sus tareas de maestranza en inmuebles de Basso Bienes Raíces S.A.

eran remuneradas a través de los anticipos de retornos que percibía en su carácter de socio de la Cooperativa; y, como puede verse, ambos ejes de reproches, desde distintas perspectivas convergen en una única cuestión: tratar de demostrar que en el sub judice medió una relación asociativa del actor con la Cooperativa y que ésta realizó en Basso Bienes Raíces S.A. una actividad para la que estaba legalmente habilitada y por tanto nada se debe al accionante.

Sin embargo, esgrime dichos agravios sin hacerse cargo de la fundamentación que al respecto efectúa la Sala.

Adviértase que, en tal sentido, el Tribunal parte de dejar sentado que no estaba controvertida la vinculación entre la Cooperativa y Basso Bienes Raíces S.A. a través de un contrato de locación de servicios temporarios, ni que esos servicios consistieron en las prestaciones realizadas por el actor en inmuebles de esta última.

Sin embargo, puntualiza que la posición de las accionadas pierde sustento al confrontarla con la normativa vigente -decreto 2015/94- que prohibe expresamente a las cooperativas de trabajo la contratación de sus servicios cooperativos por terceras personas utilizando la fuerza de trabajo de sus asociados y reforzar dicha postura con citas jurisprudenciales.

Corresponde señalar pues que las impugnantes, con su planteo recursivo no consiguen persuadir que el Tribunal haya incurrido en las pretensas causales descalificantes, al juzgar -en esencia- que cabía confirmar la sentencia alzada por cuanto, con las pruebas producidas en la causa surgía acreditada la prestación de los servicios para Basso Bienes Raíces S.A., con la intermediación -prohibida- de la Cooperativa de Trabajo, por lo que, por aplicación del artículo 29 de la Ley de Contrato de Trabajo cabía responsabilizar a las accionadas en forma solidaria.

Es que, del razonamiento seguido por el Juzgador, no se desprende que éste hubiera marginado la ley 20337 o que hubiese vulnerado el principio de división de poderes.

Antes bien, entender -como lo hizo la Alzada- que precisamente por tratarse de una cooperativa de trabajo la actividad de sus asociados -en el caso, Meyer- para un tercero -Basso Bienes Raíces S.A.- está normativamente prohibida en tren de evitar que por ese mecanismo se desvirtúe la verdadera relación laboral que encubre el vínculo asociativo invocado, lleva implícita la aceptación de que la Cooperativa estaba regularmente constituida y autorizada para funcionar como cooperativa de trabajo por la Autoridad de aplicación.

Y, de acuerdo a la fundamentación señalada -basada en la prohibición legal de la intermediación- caen también las quejas que achacan a la Sala haber soslayado probanzas que dan por tierra con el invocado fraude laboral, ya que, precisamente, de la acreditación de los hechos puntualizados por el Tribunal derivó la aplicación del derecho pertinente.

Frente a dicha motivación, las recurrentes intentan oponer su particular enfoque de las circunstancias acreditadas en la causa y de la normativa aplicable en el sub lite, con el propósito de insistir en que se estaba ante una relación asociativa de Meyer con la Cooperativa, que no generaba responsabilidad laboral en ninguna de las accionadas, pero sin conseguir demostrar que el Tribunal haya incurrido en las causales descalificantes que se le endilgan al considerar que la pretensión debía acogerse y ambas demandadas responder en forma solidaria.

En suma, el planteo, tal como ha sido presentado, no traspasa los límites de la disconformidad en cuanto a la valoración de la situación fáctica acaecida y su encuadre jurídico, aspectos propios de las instancias ordinarias y ajenos al remedio intentado al no persuadir que esas apreciaciones resulten ilógicas o irracionales, y en tanto la sentencia contenga fundamentos jurídicos que impidan su descalificación como acto judicial.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta y reputar perdido el depósito efectuado.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al tribunal de origen.

Fdo.:VIGO-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)