Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-10-22


Expte. n° 8860/12: "Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Metrovías SA c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad de Bs. As. s/ otros rec. judiciales c/ res. pers. públicas no est.'" y acumulado expte. n° 8862/12: "Metrovías SA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Metrovías SA c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad de Bs. As. s/ otros rec. judiciales c/ res. pers. públicas no est.'" Buenos Aires, 22	de octubre de 2013 Vistos: los autos indicados en el epígrafe, resulta:

1. Con fecha 4/12/2006, el Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante, el Ente o el EURSPCABA) dictó la resolución n° 114/EURSPCABA/2006 mediante la cual sancionó a la empresa Metrovías S.A. con una multa de pesos ciento treinta y cinco mil ochocientos ($135.800), por anomalías detectadas en los controles realizados en las estaciones Catedral de la línea D y Plaza de Mayo y Perú de la línea A, de la red de subterráneos, los días 28/08/2004 y 6/09/2004 respectivamente, de conformidad con lo normado en los arts. 2, 3, 20 y 22 de la ley nº 210; artículos 15 y 16 de la ley nº 757 y artículo 47 de la ley nº 24.240 (fs. 100/109).

2. Metrovías S.A. interpuso recurso de apelación directo a los efectos de impugnar la resolución n° 114/EURSPCABA/2006, por considerar que presentaba vicios esenciales en su competencia, su causa y procedimiento, y por violar la doctrina de los "propios actos" y los principios del derecho administrativo sancionador, lo cual tornaba al acto administrativo en nulo de nulidad absoluta y manifiesta (fs. 2/20).

En el escrito inicial, también planteó como cuestión de previo y especial pronunciamiento la incompetencia de la jurisdicción local para entender en el asunto, y solicitó que se giren las actuaciones a la Justicia Federal en lo Contencioso Administrativo con citación del Estado Nacional, en los términos de los arts. 84 y ss. del CCAyT.

3. La Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario hizo lugar al recurso y decretó la nulidad de la resolución n° 114/ERUPSCABA/2006 por vicios en el procedimiento, con costas (fs. 54/59).

Para resolver de esta forma, la Cámara señaló que de ninguna parte del sumario administrativo surgía una imputación puntual y concreta a Metrovías por la transgresión del art. 19 de la ley n° 24.240, infracción por la que finalmente fuera sancionada, En tal sentido sostuvo: "La falta de imputación concreta ocasionó en la actora la imposibilidad real de ejercer útilmente su defensa acorde con su finalidad de ser oído, ofrecer prueba y finalmente salir ileso de cualquier acusación" (fs. 58vta.).

4. Contra el pronunciamiento de la Sala II, tanto Metrovías -fs. 37/43vta.- como el EURSPCABA -fs. 21/27vta.- interpusieron sendos recursos de inconstitucionalidad, que fueron respondidos por la demandada (fs. 28/30vta.) y por la actora (fs. 60/64) respectivamente.

Metrovías se agravió frente al rechazo del planteo relativo a la alegada incompetencia del Ente para constituirse en autoridad de control de la concesión y aplicar sanciones, basando su argumento en la no verificación de la necesaria transferencia, mediante la instrumentación de los actos dispuestos como condiciones por el decreto n° 393/1999 Poder Ejecutivo Nacional (P.E.N.) y la ley n° 373 de la Ciudad, y el apartamiento por parte de la CCAyT de la doctrina del precedente de la CSJN en el caso "Asociación Vecinal" (Fallos: 328:2898).

Por su parte, el Ente consideró que la sentencia le generaba un gravamen actual, permanente e irreparable a los derechos de defensa en juicio y debido proceso, vulneraba el art. 46 de la CCABA que garantiza la defensa de los consumidores y usuarios de bienes y servicios y, además, al no respetarse el principio de congruencia, incurría en arbitrariedad. Por último, cuestionó la imposición de costas.

5. Ambos recursos de inconstitucionalidad fueron denegados por la Cámara (fs. 52 y vta.), lo que dio lugar a la interposición de sendas quejas ante este TSJ (fs. 493/504vta. queja de Metrovías; fs. 67/77 queja del EURSPCABA).

6. El Sr. Fiscal General, en su dictamen de fs. 524/528vta., propició que se dictara un pronunciamiento que rechazara ambos recursos directos.

Fundamentos:

Las juezas Ana María Conde e Inés M. Weinberg dijeron:

1. La cuestión planteada en autos resulta sustancialmente análoga a la analizada en la causa "Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Metrovías SA c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad de Bs. As. s/ otros rec. judiciales c/ res. pers. públicas no est.'", expte. n° 8859/12, y acumulado "Metrovías SA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Metrovías SA c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad de Bs. As. s/ otros rec. judiciales c/ res. pers. públicas no est.'", expte. n° 8861/12, sentencia del 17/04/2013.

En consecuencia, los argumentos allí expuestos serán reproducidos, en lo pertinente, para resolver los recursos de hecho aquí planteados.

2. La queja interpuesta por el Ente Regulador cumple los requisitos formales previstos en el art. 33 de la ley 402, y rebate suficientemente los fundamentos del auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad.

Contrariamente a lo sostenido por la Cámara, en su recurso extraordinario local el recurrente logró plantear un genuino caso constitucional centrado en la violación de su derecho de defensa, producto de una sentencia que no constituye una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa.

La sentencia de Cámara, para decretar la nulidad del acto administrativo sancionatorio, se basó en que en ninguna parte del sumario administrativo surgía una imputación puntual y concreta a Metrovías por la transgresión del art. 19 de la ley n° 24.240, infracción por la que finalmente fuera sancionada, lo cual le ocasionó a la actora la imposibilidad real de ejercer útilmente su defensa. Sin embargo, este argumento presenta errores que lo descalifican en cuanto acto jurisdiccional válido.

En primer lugar, cabe afirmar que Metrovías pudo tomar conocimiento sobre la infracción que le atribuía el Ente, tuvo la posibilidad de tomar vista de las actuaciones por el plazo de diez días para acceder a la documentación en que se basó el Ente para iniciar el sumario, y de ejercer su descargo para oponerse a una eventual sanción, lo que permite descartar la existencia de un estado de "indefensión" como el mencionado por el a quo.

Por otra parte, el planteo realizado por Metrovías y acogido por la Cámara, referido a que no fue notificado de la normativa que habría infringido la conducta reprochada (art. 19 de la ley 24.240), tampoco resulta hábil para invalidar el acto administrativo sancionatorio. Y es que la normativa procedimental aplicable (ley n° 210 y resolución n° 28/GCBA/EURSP/2001) no establece en ninguna parte la obligación de indicar, en la formulación de cargos, la norma presuntamente infringida por el administrado, y tampoco puede considerarse que resulte una exigencia derivada de los principios esenciales del derecho administrativo sancionador.

Para que Metrovías pudiese ejercer debidamente su derecho de defensa, resultaba ineludible que le sean informadas las infracciones que le imputaban, y que pueda acceder a toda la documentación que acredite las circunstancias de hecho. Ambas exigencias fueron cumplidas en el caso, y no se advierte en qué podría haber mejorado su estrategia defensiva que hubiesen citado el art. 19 de la ley 24.240 en la formulación de cargos.

Asimismo, Metrovías se limitó a detallar las presuntas irregularidades procedimentales, pero no indicó qué defensas o pruebas se vio privado de proponer a raíz de ellas.

En conclusión, consideramos que la Cámara no ha fundamentado debidamente sus afirmaciones en cuanto a la constatación de una imposibilidad real de ejercer útilmente su defensa por parte de la actora, lo que amerita hacer lugar a los recursos de queja e inconstitucionalidad deducidos por el Ente, revocar la sentencia impugnada y reenviar la causa a la Cámara para que, por intermedio de jueces distintos a los que han intervenido, se dicte una nueva sentencia.

3. En cuanto a la queja de Metrovías, habida cuenta la forma en que la Cámara resolvió la causa -haciendo lugar a la demanda y declarando la nulidad del acto administrativo sancionatorio- Metrovías no estaba habilitada para interponer recurso alguno pues no podía invocar ningún gravamen resultante de la sentencia atacada, motivo por el cual corresponde el rechazo de la queja.

4. En virtud de lo expuesto, votamos por:

1) rechazar la queja articulada por Metrovías;

2) hacer lugar a la queja y al recurso de inconstitucionalidad deducidos por el Ente Regulador;

3) revocar la sentencia de fecha 29/12/2011 y reenviar las actuaciones a la Cámara para que, por intermedio de jueces distintos a los que intervinieron, dicte una nueva sentencia de conformidad con lo aquí decidido; e 4) imponer las costas de esta instancia a la actora vencida (art. 62 CCAyT).

El juez José Osvaldo Casás dijo:

Queja del Ente (expte. 8860) 1. En mi concepto, la queja deducida por el Ente Regulador (fs. 67/77) debe ser admitida pues el recurrente ha logrado demostrar que los agravios esgrimidos oportunamente en el recurso de inconstitucionalidad (fs. 21/27) involucran de manera directa la interpretación y aplicación de la garantía constitucional de defensa en juicio (arts. 18 de la CN y 13, inc. 3, de la CCABA).

2. En particular, entiendo que asiste razón a la demandada cuando alega que la decisión de la Sala II de la Cámara CAyT de fecha 29 de diciembre de 2011 debe ser descalificada con fundamento en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia en la medida en que el razonamiento desplegado por el tribunal a quo en la sentencia en crisis no constituye una derivación razonada del derecho vigente aplicado a las constancias de la causa.

Desde mi punto de vista, aun cuando las cuestiones que se traen a conocimiento de este Estrado remiten a la valoración de aspectos de hecho y prueba -que, por regla general, resultan ajenas al remedio intentado-, los agravios del Ente Regulador se muestran aptos para habilitar la vía recursiva intentada pues logran acreditar que la decisión resistida, al brindar una fundamentación tan sólo aparente para sustentar sus conclusiones, produce una afectación a su derecho de defensa.

3. Teniendo en cuenta los agravios de la recurrente, se advierte que la cuestión resulta sustancialmente análoga a la resuelta por este Tribunal en la causa "Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Metrovías SA c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad de Bs. As. s/ otros rec. judiciales c/ res. pers. públicas no est.'", expte. n° 8859/12, y acumulado "Metrovías SA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Metrovías SA c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad de Bs. As. s/ otros rec. judiciales c/ res. pers. públicas no est.'", expte. n° 8861/12, sentencia del 17/04/2013.

En efecto, en lo que aquí interesa, cabe resaltar que el Ente Único resiste el decisorio de la Cámara CAyT que resolvió declarar la nulidad de la Resolución n° 114/EURSPCABA/2006 -a través de la cual se multó a Metrovías-- por contener vicios en el procedimiento.

3.1 Al respecto, el tribunal a quo argumentó que en ninguna parte del sumario administrativo surgía una imputación a Metrovías en los términos de la ley n° 24.240 con individualización del artículo 19, infracción por la que finalmente fuera sancionada. Luego, concluyó que "La falta de imputación concreta ocasionó en la actora la imposibilidad real de ejercer útilmente su defensa acorde con su finalidad de ser oído, ofrecer prueba y finalmente salir ileso de cualquier acusación" (fs. 58 vuelta).

Disiento con esta conclusión del decisorio apelado puesto que, tal como señalan mis colegas Ana María Conde e Inés M. Weinberg, la empresa supo en todo momento cuál era la infracción imputada, por la que luego fue condenada.

En efecto, por un lado, según se desprende de las constancias de la causa, el expediente administrativo se inició a raíz de que en la estación Catedral de la línea D se detectó el cableado de instalación eléctrica expuesto, humedad y goteras cercanas a cables y artefactos de iluminación. A su vez, en la estación Plaza de Mayo de la línea A se verificó que parte del techo del andén, cercano a la circulación de pasajeros, estaba deteriorado por filtraciones con goteras y en la estación Perú se encontró similar situación, constatándose humedad y filtraciones sobre la instalación eléctrica. Estas irregularidades quedaron expuestas en los partes diarios de novedades de fs. 3, 5, 6 y 8 del expediente administrativo n° 434/E/2004, así como en las actas de constatación de fs. 16, 23, 24, 30 y 31 del mismo expediente, lo cual originó el inicio del sumario correspondiente y la "formulación de cargos" por presuntas infracciones a lo establecido en el contrato de concesión (conf. fs. 32 y 44 del expediente administrativo). A su vez, por otro lado, la sanción se fundó en esos mismos incumplimientos. En este orden de ideas, la motivación del acto sancionador hace alusión a las actuaciones administrativas referidas y detalla los distintos incumplimientos constatados (conf. párrafos 1 a 16 y 51 a 55 de la resolución n° 114/2012).

De lo anterior surge evidente la correlación entre los hechos imputados a la empresa y la sanción impuesta que se pretende recurrir en este pleito y torna insostenible la afirmación de que "Metrovías fue condenado por una infracción de la cual recién tomó conocimiento con el dictado de la resolución que le impuso la multa, en flagrante violación a su derecho de defensa".

En definitiva, de las constancias de la causa surge que tanto el procedimiento administrativo que culminó con el dictado de la multa que aquí se intenta controvertir como el acto administrativo sancionador se sustentan en la actuación del Ente Regulador tendiente a asegurar la adecuada prestación del servicio frente a la constatación de un incumplimiento de la empresa que afecta el derecho a la seguridad de los usuarios del servicio de transporte subterráneo de la Ciudad. Luego, un obrar diligente de la empresa concesionaria de servicios públicos hubiera posibilitado tomar en cuenta circunstanciadamente los incumplimientos reprochados y ejercer su derecho de defensa.

Cabe agregar que, si bien el art. 19 de la Ley de Defensa del Consumidor fue mencionado en el acto sancionador, lo cierto es que no contiene un reproche específico de alguna conducta sino que genéricamente alude a la obligación de quienes brindan servicios consistente en respetar las modalidades de prestación convenidas.

Luego, dado este particular contexto fáctico y normativo, para poder afirmar que la falta de individualización del artículo 19 de la ley n° 24.240 en la "formulación de cargos" afectó el derecho de defensa de la empresa, la Cámara debió explicar cómo la cita de esa norma --dada la generalidad de sus términos-- podía colocar a la actora en una mejor posición para ejercer aquel derecho. Máxime cuando en su recurso directo Metrovías no explicó qué defensas se vio privada de oponer a raíz de no haberse incluido en la imputación la referencia al referido artículo 19 y, por el contrario, afirmó que esa norma ". sólo funciona como una remisión indirecta al Contrato de Concesión, única norma cuya incumplimiento se reprocha" (fs. 13 vuelta).

Así las cosas, a la luz de las circunstancias específicas de esta causa, resultan dogmáticas tanto las afirmaciones de la empresa en el sentido de que se violó su derecho de defensa porque en la "formulación de cargos" no se "detalló la infracción que se le imputaba, ni los artículos correspondientes, ni su sustento fáctico" y "el Ente Único no le corrió traslado a Metrovías de la imputación que efectivamente sustentó la multa aplicada, sino de una diferente" (cf. fs. 16 vuelta), como las de la Sala II al afirmar que "Metrovías fue condenado por una infracción de la cual recién tomó conocimiento con el dictado de la resolución que le impuso la multa" (cf. fs. 58 vuelta).

En consecuencia, la conclusión de la Cámara en el sentido de que la empresa no pudo ejercer adecuadamente su derecho de defensa en el procedimiento administrativo sancionador por "falta de imputación concreta" resulta dogmática por apartarse de las constancias de la causa, circunstancia que torna arbitrario el pronunciamiento en crisis.

3.2 En virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar a la queja y al recurso de inconstitucionalidad deducidos por el Ente Regulador y, en consecuencia, debe revocarse la sentencia de fs. 54/59 en cuanto fue materia de agravio, y devolverse las actuaciones a la Cámara para que, por intermedio de otros jueces, se dicte un nuevo pronunciamiento conforme a lo aquí resuelto. Las costas de esta instancia se imponen a la actora vencida (art. 62, 1° párrafo, CCAyT).

Queja de Metrovías 1. Toda vez que al momento de interposición del recurso de inconstitucionalidad que se pretende mantener ante este Estrado la sentencia recurrida no causaba gravamen alguno a la empresa --pues había hecho lugar a la demanda y declarado la nulidad del acto sancionador--, y dado que por el modo en que se resuelve Metrovías tampoco tiene un agravio actual, corresponde el rechazo de la queja. Ello así, sin perjuicio de que los planteos allí articulados, de existir gravamen, puedan hacerse valer en su oportunidad.

Así lo voto.

El juez Luis Francisco Lozano dijo:

Expte. 8862 Corresponde rechazar la queja de Metrovías S.A. (en adelante, también, "Metrovías") porque, por resultarle favorable la sentencia de fs. 764/769, carece de interés jurídico en obtener una revisión de ese pronunciamiento (conf. mutatis mutandi, la doctrina de Fallos: 194:409 y sus citas, entre muchos otros).

Expte. 8860 1. En cambio, asiste razón al Ente en cuanto sostiene que la sentencia de Cámara no constituye una derivación razonada del derecho vigente aplicado a las constancias de la causa.

Ello así, pues, los agravios del Ente apuntan exitosamente a cuestionar el hilo reflexivo que condujo a las conclusiones a las que arribó el tribunal de mérito; esto es, la metodología empleada por la Cámara para valorar la prueba.

2. Conforme surge de la Resolución N° 114/EURSPCABA/2006, sin que exista controversia al respecto, el Ente impuso a Metrovías -con apoyo en lo previsto en los arts. 2, 3, 20 y 22 de la ley 210; 15 y 16 de la ley 757; y 47 de la ley 24.240- una multa de $ 135.800. Esa decisión se fundó en la "detección de las anomalías constatadas por el programa de control del Ente Único Regulados de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las estaciones Catedral, de la línea "D" y Plaza de Mayo y Perú, de la línea "A" de la red de subterráneos" (fs. 86 del expediente n° 434/EURSPCABA/2004); anomalías que, de acuerdo a la Resolución reseñada, tenían que ver, por un lado, con un "cableado de instalación eléctrica expuesto, humedad y goteras cercanas a cables y a artefactos de iluminación", detectado en la estación Catedral, y, por el otro, con una "parte del techo sobre el andén cercano a la circulación de pasajeros deteriorado por filtraciones con goteras" localizado en la estación Plaza de Mayo y "similar situación constatándose humedad y filtraciones sobre instalación eléctrica" en la estación Perú (fs. 86 del mismo expediente).

La Cámara resolvió declarar la nulidad de esa resolución porque, en su entendimiento, la acusación había sido formulada de manera genérica, ocasionando en la empresa "la imposibilidad real de ejercer útilmente su defensa" (fs. 768vuelta). En efecto, a criterio del tribunal de mérito, "no surge del sumario administrativo una imputación a Metrovías en los términos de la ley 24.240 con individualización del artículo 19, infracción por la que finalmente fue sancionado", pues, "por las infracciones constatadas en el expediente n° 434/EURSPCABA/2004 sólo se citó a Metrovías S.A. en los términos de la Resolución n° 28/01 del EURSPCABA sin imputación específica.// Se observa que en esa oportunidad se la emplazó para que realizara un descargo ante una acusación genérica, pero no para una imputación puntual y concreta por la transgresión al art. 19 de la lay 24.240.// Recién fue en la resolución que impuso la sanción de multa cuando el Ente mencionó en sus considerandos que la infracción imputada era aquella prevista en el art. 19 de la ley 24.240 y que sin embargo volvió a omitir en su parte resolutiva" (fs. 768).

3. Establecido lo anterior, la Resolución 28/EURSPCABA/2001-reglamentaria de los Capítulos I, VI y VII de la ley 210-, no tachada de inconstitucional y cuyo texto, en forma parcial, el Ente recuerda en su recurso de inconstitucionalidad (cf. fs. 785vuelta), dispone que:

"[e]n el caso de que la evaluación de la instrucción fuera en el sentido afirmativo a la formulación de cargos o que el Directorio dispusiera hacerlo, revisando la decisión de la instrucción, se procederá a citar al presunto infractor para que tome vista de las actuaciones, haciéndole saber que puede efectuar descargo. También se le correrá vista al denunciante, en su caso" (cf. el art. 25, del Capítulo III, de la Res. 28/EURSPCABA/2001).

Esa norma no impone consignar en la citación "al presunto infractor" el artículo que se estima infringido, sino que obliga a dar ".vista de las actuaciones."; extremo cuyo cumplimiento en el sub lite no viene controvertido. En otros términos, el art. 25 de la Resolución 28/EURSPCABA/2001 establece que el derecho de defensa del "presunto infractor" se halla preservado una vez que es puesto en condiciones de conocer las actuaciones sumariales; actuaciones en las que debe constar, entre otras, la decisión de la "instrucción" o del Directorio de instar el sumario, con la correspondiente formulación de cargos (cf. el art. 24 de la Res. Nº 28/EURSPCABA/2001 y fs. 785vuelta), las actas, inspecciones y/o comprobaciones técnicas correspondientes (cf. el art. 22 de la citada Res.), etc.

De ahí que el requisito que, según la Cámara, debía reunir la citación-esto es, la mención del artículo infringido- no surge de las normas que rigen la forma en que debe ser realizado ese acto. Ello sólo significa que la mención de los artículos no constituye una exigencia ritual; no, en cambio, que la acusación no deba ser suficientemente comprensible como para permitir un pleno ejercicio del derecho de defensa. 3.1. Asimismo, el a quo sostuvo que Metrovías recién estuvo en condiciones de conocer el hecho imputado con la resolución que le impuso la sanción aquí cuestionada (cf. el punto 2 de este voto).

Ahora bien, la citación a Metrovías en el sumario que tramitó bajo el nº de expte 434/E/2004, que no se halla en debate, fue realizada en los siguientes términos:

"De conformidad con lo dispuesto por el Gerente General del EURSPCABA a fs. 34 [donde se ordena el pase a la Secretaría Legal a fin de iniciar sumario a Metrovías] y en cumplimiento con lo normado en el Capítulo III del Reglamento de Procedimiento de Controversias y Sanciones de este Organismo, esta Instrucción considera que existe mérito suficiente para la formulación de cargos contra la Empresa Metrovías S.A. por las presuntas infracciones a lo establecido en el Contrato de Concesión en lo referido a irregularidades respecto de la conservación de las Estaciones Catedral de la Línea D y Plaza de Mayo y Perú de la Línea A de subterráneos. En consecuencia, cítese a Metrovías S.A. por el plazo de diez (10) días para que tome vista de las actuaciones y efectúe el descargo que estime corresponder, así como ofrecer la prueba de que se pretenda valer, bajo apercibimiento de resolver de acuerdo con las constancias obrantes en autos." (fs. 768 de la sentencia de Cámara, y 43 del citado expediente administrativo; el subrayado no pertenece al original).

Surge, del texto transcripto, que se citó a la empresa actora a que tomase vista de las actuaciones, cf. lo indica el citado más arriba art. 25. Asimismo, en esa oportunidad, se le indicó a Metrovías cuáles eran los cargos que se le imputaban, cf. los partes diarios de novedades (fs. 3, 5, 6 y 8 del expte. 434/E/2004) y las actas de constatación (fs. 16, 23, 24, 30 y 31 del expte. 434/E/2004). Esos cargos, a su vez, aparecen de manera indubitable del sumario cuya vista se le intimó a la parte actora tomar, reseñado por el a quo en su decisión, y que repasa el Ente en su recurso. En efecto, del expte. 434/E/2004 surge que: (i) por nota n° 1085/2004, de fecha 20 de septiembre de 2004, el Ente se dirigió a Metrovías a fin de solicitarle informes acerca de las tareas que esa empresa ha llevado adelante relacionadas con el estado de conservación y mantenimiento de las estaciones Catedral de la línea D -las inspecciones informaron un cableado de instalación eléctrica expuesto, humedad y goteras cercanas a cables y a artefactos de iluminación-, y Plaza de Mayo-parte del techo sobre el andén cercano a las circulación de pasajeros deteriorado por filtraciones con goteras- y Perú-similar situación que la anterior con humedad y filtraciones sobre instalación eléctrica-pertenecientes a la línea A (fs. 2/8 y 12); (ii) atento el tiempo transcurrido desde la solicitud de información a la empresa con relación al mantenimiento y conservación de las estaciones de subte mencionadas, por informe n° 058/05, de fecha 25 de enero de 2005, se giraron las presentes actuaciones al Área Técnica, con el propósito que informe al respecto (fs. 13); (iii) Metrovías, en fecha 21 de marzo de 2005, respondió la nota n° 1085/2004, tomando conocimiento de las anomalías detectadas (fs. 14 y 15); (iv) se intimó en julio de 2005 a Metrovías para que proceda a realizar las correcciones pertinentes a partir de la constatación de irregularidades respecto del estado de conservación y mantenimiento de las estaciones Catedral, Plaza de Mayo y Perú (fs. 28); (v) a fs. 32 consta la decisión de proceder al inicio del sumario, de acuerdo a lo señalado por el Área Técnica a fs. 29, 30 y 31; (vi) la empresa respondió la intimación en agosto de ese mismo año, tomando conocimiento de las anomalías imputadas (fs. 35); (vii) a fs. 43 aparece la citación transcripta supra mientras que a fs. 44, la notificación de esa citación; y (viii) a fs. 45/46, el respectivo descargo de la empresa.

En ese contexto, la afirmación de la Cámara con arreglo a la cual "Metrovías fue condenado por una infracción de la cual recién tomó conocimiento con el dictado de la resolución que le impuso la multa, en flagrante violación a su derecho de defensa" (fs. 768vuelta) fue formulada con total prescindencia de las constancias de la causa. Ello así, pues, a partir a una lectura detenida de las constancias del expediente n° 434/E/2004, es posible advertir que Metrovías fue informada en todo momento sobre los incumplimientos atribuidos, incluso con anterioridad a la citación transcripta.

3.2. A su turno, no se observa cómo pudo, la cita del art. 19 de la ley 24.240, mejorar la imputación, ni la empresa se hace cargo de explicarlo. Vale aquí recordar que el art. 19 de la ley 24.240 le acuerda al Ente una potestad sancionatoria (originada en el régimen de consumidores y usuarios) que toma al contrato como antecedente (cf. el punto 8 de mi voto in re "Metrovías SA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Metrovías SA c/ GCBA y otros s/ otros rec. judiciales c/ res. pers. públicas no est.'", Expte. nº 8346/11, sentencia de este Tribunal del 19 de septiembre de 2012). Es decir, la carga de respetar la limpieza y conservación de las estaciones viene impuesta por el contrato de concesión (por el antecedente); y el artículo 19 mencionado lo que obliga es a prestar el servicio de acuerdo a lo convenido. De ahí que, una vez que Metrovías fue puesto en conocimiento de que se le imputaba el mencionado incumplimiento del contrato, la mención del artículo 19 nada parece agregar.

Desde el ángulo donde sí tiene relevancia la mención de ese artículo es desde aquél que le acuerda competencia al Ente para constatar los hechos que dieron inicio a estas actuaciones; circunstancia que, sin embargo, carece de conexión con la claridad sobre cuya base fue informado el hecho imputado y que no fue materia de decisión por parte del a quo.

3.3. Lo dicho acerca de la precisión de la imputación de modo alguno se ve conmovido porque Metrovías, al contestar la citación, hubiera centrado sus agravios en sostener la incompetencia del Ente para fiscalizar la prestación del servicio (cf. fs. 45/46 del expte. 434/E/2004). En efecto, a diferencia de lo que entendió el a quo (cf. fs. 768 vuelta), de esa contestación no cabe extraer más que la estrategia procesal adoptada por la parte actora. Ello así, máxime cuando la empresa, en esa oportunidad, no sostuvo, por ejemplo, que se le hubiera impedido tomar vista de las actuaciones o que no hubiera podido defenderse atento la vaguedad de los hechos imputados, sino que, por el contrario, se limitó a manifestar que "desconoce[] cualquier tipo de atribución de ese Ente para intervenir en los aspectos relacionados con la Concesión de la que [es] titular[]" (fs. 46 del expte. 434/E/2004). De otra manera, la interpretación de la Cámara llevaría al absurdo de concluir que cada vez que una parte opta por orientar sus defensas en determinada dirección es porque se vio ilegítimamente impedida de ejercerlas en otra; conclusión a la que, ciertamente, no resulta lógico arribar.

4. En síntesis, y tal como señalé al comienzo de este voto, no se ha planteado un problema acerca de la apreciación de la prueba, sino un defecto en el razonamiento en que buscó apoyo la decisión. En ese marco, el Ente ha demostrado que el a quo arribó a conclusiones que no son el fruto del ejercicio de la metodología lógica que debe presidir a toda reflexión judicial (la "sana crítica" a que se refieren los artículos 145, 310, 362, 384 del CCAyT). Por un lado, de acuerdo a lo reseñado, el artículo 25 de la Res. 28/EURSPCABA/2001-cuya validez no ha sido cuestionada- no impone que la citación cursada al "presunto infractor" contenga la mención de la norma que se estima infringida; por otro lado, Metrovías de modo alguno ha acreditado que la imputación, tal como fue realizada, hubiera dificultado sensiblemente el pleno ejercicio de su derecho de defensa.

Por lo expuesto, corresponde rechazar la queja de Metrovías; hacer lugar a la queja y al recurso de inconstitucionalidad del Ente; revocar la sentencia de fs. 764/769 en cuanto fue materia de agravios; y devolver las actuaciones a la Cámara para que, por intermedio de otros jueces, se dicte un nuevo pronunciamiento conforme la doctrina aquí sentada. Las costas de esta instancia se imponen a la actora vencida (art. 62 CCAyT).

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

Comparto la opinión de mis colegas Ana María Conde, Inés M. Weinberg y José Osvaldo Casás, en cuanto afirman que la cuestión de autos es sustancialmente análoga a la que motivara la intervención del Tribunal en "Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Metrovías SA c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad de Bs. As. s/ otros rec. judiciales c/ res. pers. públicas no est.'", expte. n° 8859 y su acumulado expte. n° 8861 "Metrovías SA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Metrovías SA c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad de Bs. As. s/ otros rec. judiciales c/ res. pers. públicas no est.'", fallo del 17 de abril de 2013, por lo que propicio idéntica solución a la arribada en aquel precedente.

Por razones de brevedad, me remito a los fundamentos que expusiera en los apartados 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de mi voto en el expediente citado, que deberá ser incorporado a esta causa como parte integrante de mi voto.

Corresponde, por lo expuesto, hacer lugar a los recursos de queja interpuestos por el EURSPCABA y por Metrovías S.A., ordenar la devolución del depósito cuya constancia está agregada a fs. 492 y rechazar los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el EURSPCABA y por Metrovías S.A. con costas. Así lo voto.

Por ello, emitido el dictamen por el Sr. Fiscal General, por mayoría, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Rechazar el recurso de queja planteado por Metrovías S.A.

2. Admitir el recurso de queja y hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad planteado por el Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

3. Revocar la sentencia de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de fecha 29 de diciembre de 2011 y reenviar las actuaciones a la Cámara para que, por intermedio de jueces distintos a los que intervinieron, dicte una nueva sentencia de conformidad con lo aquí decidido.

4. Imponer las costas de esta instancia a la actora vencida.

5. Mandar que se registre, se notifique, se agregue la queja al expediente principal y, oportunamente, se devuelva a la Cámara remitente.