Tribunal: CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2017-12-13


.MDEL.1634802.

EXP 34424 / 14 Salta, 13 de diciembre de 2017.- AUTOS Y VISTOS: Estos autos caratulados: "ENSISO, DIEGO AURELIO C/ CARRANQUE, HIPOLITO JESUS HOY SUS HEREDEROS REYNAGA, MARIA ISABEL; CARRANQUE, MICAELA DE LOS ANGELES; CARRANQUE, JESúS FERNANDO; CARRANQUE GASTON RODRIGO; CARRANQUE, SAMUEL S/ ACCIDENTE DE TRABAJO", EXP - 34424 / 14; originario del Juzgado de Primera Instancia del Trabajo Nº 3, para resolver la apelación interpuesta a fs. 150/152, y C O N S I D E R A N D O El Dr. Federico Gabriel Kosiner dijo:

Apela la parte actora, como consecuencia del rechazo de la demanda. Califica a la sentencia de ilegítima y arbitraria. Sostiene que el yerro más significativo surge de la interpretación del artículo 28 de la ley 24557, y que lleva a acoger la excepción de prescripción. Aduce que el error está en separar los conceptos de ART y empleador, y exigir a aquella el cumplimiento de las prestaciones de la ley, no requiriendo lo mismo al empleador, cuando la norma dice que éste responderá directamente ante los beneficiarios por las prestaciones allí previstas. Sostiene que existe en el fallo una errónea valoración de los hechos. Destaca que sí existió denuncia del siniestro, ya que se informó al empleador del accidente, e incluso se le pidió que indique cuál era la ART, a lo que contestó que no había aseguradora contratada, pero que él se iba a hacer cargo de todas las prestaciones. Señala que la sentencia sostiene que la falta de denuncia del siniestro, y la no incorporación al seguro, imposibilita considerar el plazo de inicio de la prescripción; lo que está alejado de la realidad ya que el trabajador siempre estuvo dentro del sistema de la LRT, con la diferencia que el sujeto obligado fue el empleador y no la ART. Refiere luego a la determinación de los distintos momentos por parte de las Comisiones Médicas, y dice que es algo que nunca se pudo hacer porque el empleador jamás notificó un alta de manera fehaciente -indicando si hubo o no incapacidad-, conforme lo exige la ley y sus decretos reglamentarios. Continúa el desarrollo del recurso afirmando que el error se repite al considerar que al no haber una ART se le resta obligaciones al empleador, dejando fuera del sistema al trabajador. Afirma que el actor ingresó al régimen de la LRT, el accidente fue aceptado por el demandado, y que al pagar solo algunos gastos médicos, incumplió con el tratamiento por ILT, por no haber dado un alta, informar al trabajador de los derechos que tenía, e incluso comunicarle que en caso de discrepancia podía recurrir a la Comisión Médica Jurisdiccional. Discrepa con la sentencia, por cuanto considera que no puede tenerse en cuenta la fecha de extinción del vínculo para el cómputo de la prescripción, debiendo tomarse el momento en que el actor toma cabal conocimiento de las secuelas que pueden afectarlo, y ello nunca ocurrió antes del 18 de octubre de 2013, fecha en la que un especialista determinó una ILPPD del 28%. Dice que es caprichosa y arbitraria la elección del 1º de septiembre de 2011, como fecha de extinción del contrato de trabajo, dado que nunca hubo notificación fehaciente al actor. Afirma que el trabajador se presentó a brindar servicios el día 16 de septiembre, y ahí le dijeron verbalmente que estaba despedido, no surgiendo de la documental acompañada que estaba desvinculado con anterioridad. Entiende que la baja ante la AFIP es solo una cuestión registral, y en ninguna caso puede tomarse como fecha de cese del vínculo. Disiente con que la sentencia considere que tomar el inicio del cómputo el 18 de octubre de 2013, no tenga fundamento jurídico alguno, ya que no interesa si la denuncia del siniestro se hizo ante la ART o el empleador, ya que la exigencia es la misma para un empleador no asegurado que para la ART. Destaca que la única obligación del trabajador es denunciar y estar disponible para el tratamiento, para ser notificado del alta oportunamente, si así correspondiere. Concluye en que no puede imputarse a su parte los incumplimientos y negligencia del empleador. Continúa su desarrollo diciendo que existe una errónea aplicación del derecho. Cita los artículos 28 LRT y 9 LCT, y afirma que si alguna duda hubiera, no puede perjudicar a su parte. Hace reserva del Caso Federal.

El recurso es respondido a fojas 1556/158, solicitándose su rechazo con costas.

El tema a dilucidar en autos no es otro que establecer si a la fecha de interposición de la demanda, la acción se encontraba prescripta. Entiendo conveniente dejar establecido algunas premisas iniciales, a fin de precisar la ya referida cuestión a resolver.

En cuanto a la discrepancia que plantea el apelante, sobre la aplicación de la ley 24557, el artículo 1º del ordenamiento establece que la prevención y reparación de los daños derivados del trabajo se regirán por la presente ley y sus normas reglamentarias. Es decir que, ninguna duda cabe que la situación tiene encuadre en esta normativa.

Tanto es así que el artículo 28, en su primera parte, prevé la situación del empleador no afiliado a una aseguradora, tal como el propio demandado admitiera que aconteció (fs. 19 del escrito de responde), determinando que responde directamente ante los beneficiarios, por la prestaciones previstas en la ley.

Ahora bien, la cuestión se centra en determinar el inicio del cómputo del plazo de prescripción, ya que la sentencia considera de aplicación el artículo 44 LRT -fecha en que la prestación debió ser abonada o prestada, o en todo caso a los dos años del cese de la relación laboral-; mientras que el apelante postula que fue la de expedición del certificado médico, momento en el que toma conocimiento de las secuelas que padecía.

Si bien es cierto que la prescripción debe ser analizada con un criterio restrictivo y favoreciendo la conservación del derecho (cfr. CNAT, Sala VI, Aguirre, Hugo Alberto c. Consolidar ART y otro s/ Accidente. Acción Civil), en el caso de autos no es posible efectuar el cómputo como lo pretende el apelante.

El informe médico fechado el 18 de octubre de 2013 que se encuentra reservado como prueba de la parte actora, fue expresamente desconocido en su valor a fojas 18 de autos. Conforme surge del proveído de prueba de fojas 94/95, ninguna otra se produjo para otorgarle certeza.

Por otra parte, esta Sala I tiene dicho que los certificados médicos o informes producidos en forma unilateral por cualquiera de las partes, carecen de valor probatorio en la medida que no sean ratificados en juicio por su emisor, o que encuentren respaldo en otro elemento de convicción, y ello así por cuanto fueron obtenidos quebrantando el principio de contradicción, regla que resguarda el derecho de defensa.

Sin perjuicio de ello, y de manera contraria a la posición procesal del actor, a fojas 116/118 se incorpora la pericia médica que concluye en la inexistencia de incapacidad laboral del trabajador. Este informe técnico, notificado a fojas 118vta., se encuentra firme y consentido por las partes.

Entre ambos elementos de prueba, y atendiendo a los aspectos procesales que los rodean, debo inclinarme por otorgar mayor valor a la pericia, ante la falta de otros elementos de convicción que la contradigan, no siendo posible apartarse de ella al tratarse de un informe técnico sobre aspectos que exceden el conocimiento jurídico de los jueces.

"Sentadas estas advertencias preliminares, debo ahora destacar que, como recién anticipé, ningún otro que el rechazo de la pretensión podía ser el resultado a alcanzar en una decisión objetiva y razonable en el contexto de este pleito. Adviértase en este sentido que el informe pericial médico de fs. 136/39 fue contundente, claro y preciso al indicar que el actor no sufre incapacidad laborativa como consecuencia de la herida superficial que sufrió en su dedo pulgar derecho así como que ese hecho no le provocó ningún trastorno psicológico.A mi juicio ese informe pericial luce objetivo, fundado y elaborado según las reglas de la buena técnica pericial y ello me lleva a otorgarle valor convictivo tal como lo hizo la Dra. Alicia Pucciarelli. Destaco, al respecto, que la parte actora no impugnó dicho informe en su hora tras el traslado que le fuera conferido a fs. 141/vta. Y no solamente que la parte no impugnó el informe médico sino que tampoco pidió aclaraciones ni le formuló observaciones". (CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO, SALA II, Dopico, Diego Andrés c. provincia A.R.T. S.A. s/ accidente - ley especial o 24/10/2013, Cita Online: AR/JUR/80304/2013).

En definitiva, no tiene sustento la pretendida fecha de inicio del cómputo del plazo con base en el informe médico de fecha 18 de octubre de 2013, y cualquiera sea la que se tome con fundamento en el artículo 44 LRT, la conclusión no puede ser otra que la analizada en la sentencia de primera instancia -y que comparto-, en que la acción se encuentra prescripta.

Por lo expresado, voto por el rechazo del recurso de apelación con costas (art. 67 CPCC).

En los términos del art. 15 de la Ley Nº 8035 y la acordada Nº 12.062 de la Corte de Justicia de Salta, regúlense los honorarios de los profesionales intervinientes por su actuación ante este Tribunal de Alzada, en el 40% de los honorarios que correspondan por su intervención en la primera instancia.

La Dra. Analía Villa de Moisés, adhiere al voto precedente.

Por ello, LA CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO SALA I F A L L A I) RECHAZANDO el recurso de apelación de la parte actora, y confirmando la sentencia de primera instancia con costas (art. 67 CPCC).

II) DISPONIENDO que en la oportunidad procesal correspondiente, se regulen los honorarios de los profesionales intervinientes, por su actuación ante este Tribunal de Alzada, en el 40% de lo que se regulare en la primera instancia (Ley Nº 8035 y la acordada Nº 12.062).

III) ORDENANDO se copie, registre, notifique y bajen los autos al Juzgado de origen.- CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO DE LA PROVINCIA DE SALTA. SALA I.