Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2014-04-15


Salta, 15 de Abril de 2014.- "ARANGIO, ANGEL ROBERTO POR CONCURSO Y VISTOS: Estos autos caratulados: "ARANGIO, ANGEL ROBERTO POR CONCURSO ESPECIAL (PEQUEÑO)" - Expediente Nº 396.516/12 del Juzgado de 1ra. Instancia de Concursos, Quiebras y Sociedades 1º Nominación (CAM 434579/13 de Sala II), y CONSIDERANDO:

1º) A fojas 162/167, el señor Julio César Ibarra, tercero adquirente del inmueble hipotecado, interpone recurso de inconstitucionalidad por sentencia arbitraria en contra del pronunciamiento de fojas 150/153.

Aduce que el decisorio recurrido adolece de vicios que le ocasionan agravio irreparable, en tanto afectan derechos y garantías constitucionales tales como la igualdad ante la ley, la inviolabilidad de la propiedad, el debido proceso, la defensa en juicio y los principios de buena fe procesal y de seguridad jurídica.

Relata que el origen del presente recurso fue el planteo de nulidad absoluta de la hipotecas instrumentadas en las escrituras públicas Nº 175 y 65.

Indica que en el fallo apelado se sostuvo que la cuestión no puede ser debatida en esta instancia por cuanto debió haber sido planteada durante el trámite de verificación del crédito y, omitió el análisis de la cuestión relativa a la validez o invalidez de las hipotecas que se ejecutan en este proceso sobre la base de los principios de accesoriedad y especialidad de la hipoteca.

Al respecto, entiende que el pronunciamiento es arbitrario por cuanto ha soslayado considerar que la violación de tales principios implica lisa y llanamente dejar sin efecto normas de orden público, no disponibles por los particulares, apartándose de lo dispuesto claramente por el Código Civil, de la doctrina y jurisprudencia citadas, sin más argumento que una supuesta extemporaneidad del planteo.

Expresa que se trata de una nulidad absoluta no convalidante por una suerte de consentimiento tácito que se habría producido por la no intervención de su parte en el proceso concursal anterior; pues se está llevando adelante una ejecución sobre la base de un contrato hipotecario nulo, de nulidad absoluta.

Refiere que el principio de especialidad de la hipoteca en lo que respecta al crédito requiere que en el acto de constitución del gravamen se asiente la constancia de la causa, entidad y magnitud de la obligación garantizada.

Al respecto, dice que ningún otro carácter de la hipoteca ha sido considerado tan preponderante por el codificador como la especialidad, a punto tal que sanciona su defecto con la nulidad de la hipoteca, la que puede ser opuesta aún por el propio deudor.

Reitera lo manifestado en sus presentaciones previas; en particular, los argumentos expuestos en el escrito de expresión de agravios (fs. 104/109), respecto del análisis de las escrituras en las que se constituyeron las hipotecas; de la intervención del tercero poseedor en la ejecución hipotecaria y de la nulidad absoluta del segundo testimonio de escritura pública Nº 175. Destaca que la presente ejecución se inició sobre la base del segundo testimonio de la escritura nº 175, que es el instrumento que se encuentra reservado en Secretaría, y que le resulta arbitrario que se pretenda sorpresivamente cambiar el título que sustenta este proceso de ejecución.

En efecto, alega que la Sala rechazó el recurso de apelación sosteniendo como único argumento que como la actora incorporó una copia del primer testimonio de la escritura 175 en el legajo, ese instrumento sería suficiente para sustentar esta ejecución. Que esta situación afecta su derecho de defensa como tercero perjudicado en esta ejecución, ya que recién en esta instancia se enteró de que la ejecución no se sustenta en el título que discutían, sino en otro que se mantenía oculto en el legajo del acreedor. 2º) El recurso de inconstitucionalidad local, previsto en el artículo 297 del Código Procesal Civil y Comercial, participa de los caracteres esenciales y de la naturaleza excepcional del recurso extraordinario federal de la Ley 48.

Consiste en una vía impugnativa de interpretación restrictiva, reservada para objetar sentencias definitivas que lesionen derechos constitucionales o que, por su irrazonable fundamentación, merezcan ser calificadas de arbitrarias.

Es así que este excepcional remedio debe reunir los recaudos procesales y de fondo que lo tornen admisible y procedente; es decir que obliga a un doble juicio, no contemporáneos, el de admisibilidad formal y el de procedencia o fundabilidad (Cf. CJSalta, Tomo 20, fº 1469; Tomo 23, fº 501; Tomo 25, fº 1505: Tomo 43, 1º parte, fº 475/479; Tomo 44, fº 1219, entre otros).

En cuanto a los requisitos de admisibilidad formal, se ha expresado que el recurso de marras sólo procede contra "sentencias definitivas" (art. 297 del C.P.C.C.), entendiéndose por tales a aquéllas que ponen fin al litigio o impiden su prosecución, de acuerdo al concepto dado por el artículo 280 del mismo ordenamiento, cuando regula el recurso de inaplicabilidad de la ley (cf. CApelCC Salta, Sala III, 29/06/88, Fallos año 1988, fl. 473; en el mismo sentido, CSJN, Fallos 244:279; 234:52; 242:462, entre otros), como así también, las que causan un gravamen de imposible o insuficiente reparación posterior (CSJN, Fallos: 303: 1040).

Si bien en principio las decisiones adoptadas en el proceso ejecutivo no constituyen sentencia definitiva que habilite la instancia extraordinaria (CSJN, Fallos 321:3098), tal principio reconoce excepción cuando el pronunciamiento apelado causa un agravio no susceptible de reparación ulterior. Ello ocurre en el presente caso en que se trata de una decisión que resuelve la ejecución de un crédito con privilegio especial dentro de un proceso universal (Quiebra), en razón de que el a quo decidió de modo definitivo sobre cuestiones que no podrán ser nuevamente debatidas en un juicio ordinario posterior.

Por su parte, el recurso ha sido interpuesto en término y en razón de la causal de arbitrariedad en que sustenta la vía excepcional, no deviene exigible el recaudo de reserva en instancias previas.

Ahora bien, se observa que ninguno de los supuestos de arbitrariedad, según la creación pretoriana de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir del caso "Strada", se configura en el fallo impugnado, a saber: prescindencia de lo expresamente dispuesto por la ley, omisión de considerar pruebas fehacientes para la solución de la controversia o, en definitiva, carencia de fundamentación o sustento en la sola voluntad o discrecionalismo del Juzgador (CSJN, Fallos 193:135; 235:654; 237:225; 242:252).

Por el contrario, se trata de un acto judicial válido donde se han valorado los agravios del recurrente, los hechos de la litis y su prueba, según el derecho común aplicable y dentro de los límites propios de la razonabilidad (CJSalta, 26/11/86, Libro 37, 2ª parte, fls. 1.015/1.019).

Deviene insuficiente, entonces, para la concesión del recurso, el mero desacuerdo del demandado con el resultado de la resolución en crisis, en virtud de una interpretación divergente a la del Tribunal, tal como lo ha resuelto reiteradamente la jurisprudencia (CApelCC Salta, Sala I, 19/10/87, Fallos año 1987, fl. 458).

En tal sentido, tiene dicho la Corte de Justicia local, siguiendo los lineamientos de la Corte Federal, que el objeto del recurso de inconstitucionalidad no es la apertura de una "tercera instancia" para corregir sentencias equivocadas o que se estimen tales (CSJN, Fallos 244:384; CJSalta, 13/08/90, Libro 41, 2ª parte, fl. 1.723), sustituyéndose a los jueces de la causa en la solución de cuestiones que les son privativas (CJSalta, 25/03/92, Libro 43, 1ª parte, fls. 609/613) y que, a la sazón, han merecido adecuado tratamiento (CJSalta, 09/09/94, Tomo 50, fl. 135).

No surge así, de la lectura del decisorio, los errores que imputa al fallo el nulidicente vencido toda vez que los argumentos que determinaron la desestimación de sus agravios fueron razonables y basados en normativa y jurisprudencia aplicable al caso. No se advierte en la sentencia extralimitación, arbitrariedad ni ausencia de análisis, sino que en ella se trata y fundamenta la decisión adoptada con arreglo a las circunstancias del caso, sin que las discrepancias del recurrente lleven a su descalificación como acto jurisdiccional válido. Se ha destacado reiteradamente que deviene insuficiente, para la concesión del recurso, el mero desacuerdo del recurrente con el resultado de la resolución en crisis, en virtud de una interpretación divergente a la del Tribunal (CApelCC Salta, Sala I, 19/10/87, Fallos año 1987, fl. 458).

Nótese que el recurrente reitera argumentos y citas de su presentación introductoria (fs. 61 y ss.) y de su memorial; y al respecto se ha puesto de resalto que no es dable acudir a la doctrina de la arbitrariedad para reexaminar cuestiones no federales cuya resolución es de exclusiva competencia de los jueces de la causa, si es que no se demuestra un notorio apartamiento de las leyes aplicables o una total ausencia de fundamentación (CJSalta, Fallos, 1988, Tomo 39, fº 1133). Es que, lo referido al modo en que los jueces de la causa valoran las constancias de hecho y prueba, o las divergencias respecto de las normas comunes que rigen el caso, no son cuestiones susceptibles de revisión en esta instancia excepcional (CSJN, Fallos 253:345; 269:250), porque la tacha de arbitrariedad no cubre las discrepancias en cuanto al criterio como fueron decididos los extremos de hecho, prueba y derecho no federal, cuya solución es opinable, ni alcanza a las resoluciones que no prescinden, sino aprecian los hechos de la causa y aplican el régimen legal vigente con el alcance que, a juicio del Tribunal, corresponde. (cf. CApel.CC Salta, Sala III, Tomo 1994, fº 160/161; id. id. Tomo 1997, fº 729; id. id. Tomo 1998, fº 644/650).

En virtud de las razones expuestas, no corresponde conceder el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por resultar formalmente inadmisible.

Por ello, _ LA SALA SEGUNDA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL, I.- DENIEGA el recurso de inconstitucionalidad deducido por el tercero Julio César Ibarra a fojas 162/167.

II.- ORDENA se registre, notifique y dé cumplimiento a lo ordenado a fs. 153 in fine.-