Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2011-11-30


NEUQUEN, 30 de agosto de 2011 Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados: "UNION OBREROS Y EMPL. MUN. PLOTT. C/ PROVINCIA DEL NEUQUEN S/ACCION DE AMPARO" (EXP Nº 448160/11) venidos en apelación del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA LABORAL NRO.1 a esta Sala I integrada por los Dres. Patricia CLERICI y Federico GIGENA BASOMBRIO, en subrogancia legal -Acuerdo N° 4689 del TSJ- con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. Mónica MORALEJO, y de acuerdo al orden de votación sorteado la Dra. Patricia CLERICI dijo:

I.- La parte actora interpone recurso de apelación contra la sentencia de fs. 62/65 que rechaza la acción de amparo, con costas a su cargo.

La apelante se agravia por cuanto la a quo ha determinado que no existe ilegalidad manifiesta en el procedimiento realizado por la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia.

Reconoce que el Municipio de Plottier se encuentra adherido a la ley provincial de paritarias y que cuenta también con un estatuto para el empleo público municipal, cuyo art. 141 determina que cualquier modificación de su texto debe realizarse con la participación del Departamento Ejecutivo, el Concejo Deliberante y el Sindicato de Trabajadores Municipales de Plottier. Asimismo señala que el art. 1 de la Ley 1974 fija el llamado a paritarias para establecer las cuestiones relacionadas con las condiciones de trabajo y laborales, dejando aclarado que lo que sea materia del Departamento Ejecutivo no puede ser regido por las CCT. Por ello, concluye la quejosa, cualquiera sea la modificación del estatuto, resulta de ilegalidad manifiesta si no participa el Sindicato de Trabajadores Municipales de Plottier.

Luego, y con cita del precedente "Asociación Trabajadores del Estado c/ Estado Nacional" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se agravia por entender que existe arbitrariedad en la conducta de la autoridad administrativa ya que la falta de convocatoria a la amparista a las paritarias, pretendiendo limitar la participación a un número de afiliados mediante un decreto reglamentario, a su criterio resulta inconstitucional.

A fs. 74/77 vta. la demandada rebate los agravios de su contraria.

Señala el Estado Provincial que el planteo recursivo resulta incongruente con la demanda, ya que la pretensión de la parte actora fue que se declarara la nulidad de la convocatoria a paritarias y de las reuniones ya efectuadas, y su incorporación a la negociación colectiva. Mas, agrega la demandada, en la expresión de agravios introduce la inconstitucionalidad del decreto reglamentario de la Ley 1974.

Dice que el sindicato se encontraba notificado del procedimiento administrativo, por lo que tendría que haberse presentado ante la autoridad administrativa a efectos de impugnar su competencia y/o la procedencia del proceso. Sigue diciendo que el planteo de inconstitucionalidad resulta extemporáneo por cuanto debió ser hecho en la primera presentación y no una vez que se dictara sentencia desfavorable a los intereses de la amparista.

Manifiesta que la actora es un sindicato que solamente tiene la simple inscripción gremial ante el Registro de Asociaciones Sindicales de Trabajadores del Ministerio de Trabajo de la Nación, y no la personería gremial, carencia ésta que obsta a su convocatoria a paritarias.

II.- Se promueve el presente amparo con el objeto de obtener la nulificación del procedimiento de negociación colectiva abierto en el marco del Municipio de Plottier, a pedido de su Departamento Ejecutivo, por la omisión de integrar al procedimiento al amparista, y a fin de lograr la participación en el trámite.

Analizado el trámite del expediente administrativo n° 5400-001855/2001, del registro de la Secretaría de Estado de Trabajo, Capacitación y Empleo provincial, que tengo a la vista, y las constancias obrantes en autos, advierto que no asiste razón a la apelante, por lo que el fallo recurrido ha de ser confirmado.

Si bien la actuación de la autoridad administrativa del trabajo provincial, en oportunidad de constituir la comisión negociadora, presenta deficiencias, en especial falta de exclusión fundada de la amparista, aquéllas no llegan a constituir la calidad de ilegalidad y arbitrariedad manifiestas que habiliten la nulificación pretendida por la parte actora.

El art. 2 de la Ley provincial n° 1974, en consonancia con la Ley 23.551, determina que la representación de los trabajadores en el proceso de negociación colectiva le corresponde a las organizaciones sindicales con personería gremial. Ello no podía ser de otro modo desde el momento que la legislación reglamentaria del art. 14 bis de la Constitución Nacional, en este tema otorga en forma exclusiva a las asociaciones sindicales con personería gremial la facultad de intervenir en la negociación colectiva (art. 31, inc c, Ley 23.551).

Por ende, revistiendo el sindicato actor la calidad de asociación simplemente inscripta -cuestión no controvertida en autos-, conforme documental de fs. 8/11, aquél no se encuentra habilitado para participar en el proceso de negociación colectiva en trámite.

Y esta incapacidad jurídica no puede ser suplida a través de su afiliación a una entidad de grado superior con personería gremial (fs. 7), ya que existen dos asociaciones sindicales de primer grado con personería gremial con actuación en el ámbito del Municipio de Plottier, circunstancia que excluye la posibilidad que la federación asuma la representación de los trabajadores municipales (art. 35, Ley 23.551), si es que dicha federación cuenta con personería gremial, extremo no acreditado en el sub lite.

Consecuentemente no asiste razón a la quejosa toda vez que la actuación de la demandada se ha adecuado a la normativa vigente, la que no fue cuestionada por la actora.

No desconozco las observaciones que la OIT viene realizando a la legislación sindical argentina en orden a los privilegios exorbitantes atribuidos a las asociaciones con personería gremial, y que han sido parte -importante- de los fundamentos esgrimidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente citado por la apelante. Mas debe tenerse presente que el Comité de Expertos del organismo internacional citado considera que las leyes que distinguen entre el sindicato más representativo y los demás, no son contrarias al principio de libertad sindical, en tanto la distinción sólo reconozca ciertos derechos a las más representativas según criterios objetivos previamente establecidos, debiendo limitarse tales privilegios, entre otros aspectos, a la negociación colectiva (cfr. Díaz Aloy, Viridiana, "La libertad sindical y la OIT" en Revista de Derecho Laboral, Ed. Rubinzal-Culzoni, T. 2006-2, pág. 62).

Por tanto, y más allá de los antecedentes jurisprudenciales de la Corte Suprema (que refieren a supuestos distintos al de autos, donde se encontraban comprometidos los derechos del trabajador individual a la representación dentro del ámbito de la empresa y a la tutela sindical), la circunstancia de otorgar la exclusividad de la negociación colectiva al sindicato con personería gremial no vulnera los principios rectores de la actividad gremial.

Sin perjuicio de ello, no puedo dejar de advertir que si se dio traslado al sindicato actor de la nómina de trabajadores municipales en el marco del proceso de negociación colectiva (fs. 27 del expediente del registro de la Secretaría de Estado de Trabajo), lo aconsejable hubiera sido que en la resolución de fs. 30 del expediente administrativo citado se excluyera expresamente a la amparista con el fundamento que se explicita en el informe circunstanciado o, cuanto menos, se lo notificara de la resolución referida a fin de posibilitar el ejercicio del derecho de defensa por parte de la asociación sindical no convocada a la mesa negociadora. Sin embargo, y conforme lo adelantara, estas omisiones no alcanzan a constituir una ilegalidad manifiesta que autorice la procedencia del amparo en razón de la claridad de la normativa de fondo ya analizada.

III.- Por lo hasta aquí expuesto, propongo al Acuerdo se confirme el resolutorio de grado en lo que ha sido materia de agravios.

Las costas de la presente instancia se imponen a la apelante perdidosa (arts. 20, Ley 1981 y 68, CPCyC), correspondiendo regular los honorarios de los letrados intervinientes de acuerdo con la pauta del art. 15 de la ley arancelaria.

Tal mi voto.

El Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO dijo:

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que antecede, adhiero al mismo expidiéndome de igual modo.

Por lo expuesto:

SE RESUELVE:

1.- Confirmar la sentencia de fs.62/65 en cuanto fue materia de recursos y agravios.

2.- Imponer las costas de Alzada al apelante vencido (art.17 Ley Nº921).- 3.- Regular los honorarios profesionales de esta Instancia en las siguientes sumas: para el Dr. ..., letrado apoderado del demandado, de pesos ... y para la Dra. ..., patrocinante del actor, de pesos ... (art.15, LA).

4.- Regístrese, notifíquese y, oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen.

Dr.Federico GIGENA BASOMBRÍO - Dra. Patricia M. CLERICI Dra.Mónica MORALEJO - SECRETARIA REGISTRADO AL Nº 155 - Tº IV - Fº 769/772 Protocolo de SENTENCIAS -S A L A I- Año 2011