Tribunal: CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-04-18


2º Instancia. - Buenos Aires, abril 18 de 2007.

El doctor Fasciolo dijo:

De las constancias del expediente administrativo 024-20055707619-004-0000001 que corre por cuerda se desprende que mediante Resolución del 24/4/96 (no foliada) le fue otorgada al titular -nacido el 8/9/31- la prestación previsional correspondiente con arreglo a la ley 24.241 (integrada por PBU de $ 215,62 y PC de $ 723,43, habiéndosele reconocido el 31/12/95 como fecha de adquisición del derecho por la suma total de $ 939,05 y el 8/2/96 como inicial de pago, con una retroactividad de $ 2.499,58. También se aprobó el cómputo y la liquidación practicados que obran en las mismas actuaciones (sin foliar), por los que fueron reconocidos 49 años y 4 meses de servicios con aportes en relación de dependencia por su desempeño para la empresa Roussel Argentina S.A. del 21/5/46 al 31/12/95, según la siguiente discriminación: a) antes del 7/94, 48 años y 10 meses; y b) después del 7/94, 6 meses. El valor del AMPO empleado para el cálculo de la PBU fue de $ 75.

Disconforme con el importe del beneficio el actor reclamó su reajuste, lo que fue denegado por el organismo por Resolución cuya copia obra a fs. 3/4 de estos autos y, para impugnarla, promovió demanda en los términos del art. 15 de la ley 24.463, en la que recayó sentencia 15204 del 23/3/05 del Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social Nº 1 obrante a fs. 74/8, por la que su titular hizo lugar parcialmente a la demanda, ordenó adecuar el haber inicial con arreglo a los precedentes "Chocobar" y "Baudou" y estar al art. 7º ap. 2 de la ley 24.463 del 30/3/95 en adelante, practicar liquidación y abonar las diferencias adeudadas con más el interés previsto por el art. 10 del dec. 941/91 desde dos años previos al reclamo administrativo, en el plazo de 90 días, declaró la inconstitucionalidad de la Resolución 918/94, difirió para su oportunidad el tratamiento de la defensa de limitación de recursos, rechazó la invalidez de los arts. 21 y 23 de la ley 24.463, impuso las costas por su orden y reguló honorarios a la dirección letrada de quien demanda en el 15%.

De sus considerandos se infiere, además, el rechazo del planteo de inconstitucionalidad dirigido por la parte actora contra el límite de 35 años impuesto por el art. 24 inc. a) de al ley 24.241 para el cálculo de la PC, el reconocimiento del derecho al cómputo de los servicios con aportes cumplidos por el trabajador con anterioridad a los 18 años de edad y al acceso a la PAP correspondiente por los servicios acreditados desde la entrada en vigencia del SIJP al cese producido el 31/12/95.

Contra lo resuelto se dirigen los recursos de apelación de actora y demandada, que fueron concedidos libremente y sustentados en sus respectivos memoriales.

En tanto la accionada se agravia de lo decidido acerca del asunto de fondo y plantea su discrepancia con la aplicación del precedente "Baudou", por el cómputo de los servicios prestados con anterioridad a los dieciocho años de edad, la tasa de interés aplicada y la supuesta violación de los arts. 22 y 23 de la ley 24.463, su oponente lo hace por la aplicación del precedente "Baudou" para las remuneraciones posteriores a abril de 1991 que reputa insuficiente, del mantenimiento del tope de 35 años para el cálculo de la PC, por la omisión en la resolutiva del reconocimiento expreso del derecho a la inclusión de los años de servicios con aportes previos a los 18 años admitido en los considerandos, como así también del derecho al cobro de la P.A.P. proporcional favorablemente acogido en los fundamentos, y por el modo en que fueron impuestas las costas.

II. Ante la índole de los planteos atinentes a la determinación y movilidad de la prestación otorgada he de recordar, una vez más, que la declaración de inconstitucionalidad de las leyes constituye un acto de suma gravedad institucional, de manera que debe ser considerada como última ratio del orden jurídico (Fallos: 260:153; 286:76; 194:383; 293:455 y 850; 193:393; 300:1087; 301:962; 302:457, 484 y 1149, entre muchos, y Sentencia 56/89 in re "Bastero Benjamín c. Caja s/reajuste por movilidad" de esta Sala, publicada en Errepar, Doctrina Laboral, III-437 y sigtes. y DT, 1990-A, 720 y sigtes., también entre otros).

Ello sentado, en torno al carácter sustitutivo y la adecuada proporcionalidad de los haberes previsionales, la mecánica a seguir para corregir su determinación inicial, la confiscatoriedad del tope legal y la subsistencia y alcances del derecho a su movilidad aun para los devengados con posterioridad al 1/4/91, en el entendimiento de que ello no se contraponía a la ley 23.928, he de reiterar los argumentos extensamente expuestos en miles de causas y, entre otras, en la sentencia 40090/93 recaída en autos "Chocobar Sixto c. Caja s/reajuste" y sus citas (por remisión a lo ya dicho en los fallos 10065/91 y 10047/91, correspondientes a los casos "Sortino Sebastián c. Caja Nacional de Previsión para Personal del Estado y Servicios Públicos" y "Coceres de Sardon María c. Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos", publicados en DT, 1991-8, 1723/28 y 2296/99, respectivamente).

Esa línea de pensamiento, fue descalificada por la C.S.J.N. al fallar el 27/12/96 -por ajustada mayoría- el caso "Chocobar", sentando una doctrina que estuvo vigente por casi una década.

Con beneplácito debo manifestar que ese errático temperamento fue rectificado por el Alto Tribunal en el pronunciamiento del 17/5/05 in re "Sánchez, María del Carmen c. ANSeS s/reajustes varios" y su aclaratoria del 28/7/05, reivindicando la vigencia del principio de movilidad de los haberes de que se trata a posteriori del 1/4/91, imprescindible a fin de concretar la garantía de integralidad e irrenunciabilidad de los derechos de la seguridad social amparados por el art. 14 bis de la Constitución Nacional.

En atención a ello y a los agravios a resolver, cabe analizar lo establecido en la instancia de grado acerca de las remuneraciones a computar para el cálculo del haber inicial de la Prestación Compensatoria y de la Prestación Adicional por Permanencia, como así también de la movilidad de aquéllas desde el otorgamiento en adelante, sólo hasta el 31/3/95.

En este sentido, corresponde revocar lo resuelto a fin de adecuar la solución a la postura asumida por la C.S.J.N. a partir del antecedente "Sánchez" del 17/5/05 y su aclaratoria del 28/7/05, por la cual, el reclamo por movilidad habrá de ser atendido mediante la aplicación del índice general de remuneraciones ordenado.

Sin desconocer la efímera vigencia del Aporte Medio Previsional Obligatorio (AMPO), así me pronuncio por entender que el S.I.J.P., constituye el régimen previsional común que sustituye a los anteriormente establecidos -a nivel nacional- por las leyes 18.037 y 18.038, sobre los que versa el caso "Sánchez", por lo que el temperamento adoptado en ese caso es igualmente válido para los regidos por la ley 24.241.

III. Habida cuenta que el actor nació el 8/9/31, va de suyo que al inicio de sus actividades el 21/5/46 no contaba aún con 18 años de edad, no obstante lo cual -en cumplimiento de disposiciones legales vigentes a ese entonces- le fueron retenidos por su empleador e ingresados al sistema previsional los aportes correspondientes, lo que fue reconocido por el organismo en sus verificaciones previas al otorgamiento de la prestación (ver "Detalle del Beneficio" en el punto I de los considerandos).

En las condiciones descriptas asiste el derecho al afiliado al cómputo de aquellos servicios, por lo que corresponde rechazar el planteo del organismo dirigido a su exclusión para el cálculo de las prestaciones, fundado en la edad mínima de aportación obligatoria establecida por el art. 2º de ley 24.241, disposición a la que pretende adjudicarle un efecto retroactivo que no encuentra sustento legal alguno y resulta violatorio del art. 3º del CCivil.

IV. Lo dispuesto sobre la tasa de interés a aplicar por los créditos originados con posterioridad al 1/4/91 ha de ser confirmado por ser ajustado a lo dispuesto por el art. 10 del dec. 941/91 y a la doctrina reiterada del Alto Tribunal a partir del pronunciamiento recaído el 14/9/93 en el caso "Varani de Arizzi, Bonafine", oportunidad en que se revocó lo decidido por esta Sala por Sentencia 26115 del 16/6/92, -con fundamento que, aún hoy sostengo-. Visto que el criterio marcado por la jurisprudencia del superior conserva aún vigencia (ver, entre otras, sent. del 21/5/02 in re A.376.XXXV.R.O. "Aguilar, Froilán contra Anses s/Reajustes por Movilidad"), deberá continuar aplicándose la misma tasa aun para las acreencias devengados con posterioridad al 1/1/02, por lo que en este punto y con el alcance indicado cabe confirmar lo resuelto.

V. Encuentro improcedente el planteo de la demandada acerca de la supuesta violación de los arts. 22 y 23 de la ley 24.463, porque el plazo acordado para el cumplimiento de la condena se ajusta al previsto en esas disposiciones.

VI. A mi juicio, corresponde hacer lugar al pedido de inconstitucionalidad del tope de 35 años a computar para el cálculo de la P.C. dispuesto por el art. 24 inc. a) de la ley 24.241, en la medida que priva de efectos -sin razón alguna que lo justifique- y convierte en un impuesto al trabajo estéril e ilegal, a los aportes realizados por servicios prestados con anterioridad al 14/7/94, fecha de entrada en vigencia del SIJP, más allá de esa criba, por los que no se le reconoce al afiliado prestación alguna. En el caso sub examine se trata de 14 años, en razón de haberse acreditado 48 años y 10 meses de servicios anteriores a esa data, previos a la data apuntada. En igual sentido se pronunció el Tribunal en causa análoga por sentencia definitiva 115477 del 26/12/06 in re 55210/99 "Giacchino Luis Arturo c. ANSeS s/reajustes varios".

El no reconocimiento del excedente apuntado conspira contra el carácter integral e irrenunciable que la C.N., reconoce a los derechos de la seguridad social, la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, resguardados en los arts. 14 bis, 16 y 17 de la Carta Magna, por cuanto el beneficiario es acreedor al importe de la prestación sin mengua alguna.

VII. Que, en otro orden de cosas, considero que no asiste razón a la actora en cuanto a la argüida invalidez del art. 21 de la ley 24.463, disposición que compatibiliza la exención de que goza el organismo, que fuera establecida por el art. 1º de la ley 18.477 y 11 de la ley 23.473, por un lado, con la gratuidad del procedimiento del reclamo de prestaciones previsionales para los demandantes, por el otro.

Sin perjuicio de ello he de agregar que, conforme reiterada jurisprudencia en la materia, la constitucionalidad de la exención apuntada ha sido invariablemente admitida (véase, entre otros, sentencia 15169 del 21/11/91 de la Sala II, en autos 13537/90 "Colotto Victorio c. CNPICyAC").

Por ello, en concordancia con la opinión vertida por el Ministerio Público sobre el punto, (ver, entre otros, dictamen 7773 del 24/4/97 de Fiscalía General 1, causa 6694/97 "Martínez Anita c. ANSeS s/dependientes: otras prestaciones"), me pronuncio por desestimar el planteo de inconstitucionalidad deducido y confirmar la imposición de costas por su orden.

En lo concerniente a las restantes cuestiones sometidas a conocimiento de esta Cámara, omito pronunciarme por considerarlas inconducentes para la solución del conflicto suscitado en autos. En tal sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que "los jueces no están obligados a seguir y decidir todas las alegaciones de las partes, sino sólo a tomar en cuenta lo que estiman pertinente para la correcta solución del litigio" (confr. "Tolosa, Juan C. c. Compañía Argentina de Televisión S.A.", fallado el 30/4/74, pub. LA LEY, 155-750, Nº 385). De esta suerte, se reitera doctrina expuesta en múltiples ocasiones, merced a la cual se exime al juzgador de tratar todas las cuestiones expuestas por los litigantes y de analizar los argumentos que, a su juicio, no sean decisivos (Fallos: 272:225; 274:113; entre otros).

Por lo expuesto propongo: 1) declarar formalmente admisibles los recursos deducidos por las partes; 2) hacer parcialmente lugar al de la parte actora y, por ello, declarar la inconstitucionalidad del tope de 35 años a computar para el cálculo de la P.C. previsto por el art. 24 inc. a) de la ley 24.241 y aplicable para el cálculo del haber inicial y su posterior movilidad la doctrina sentada por la C.S.J.N. in re "Sánchez" (hasta el 30/3/95) y "Badaro" (de allí en adelante), con el fundamento, alcances y condiciones indicados; y 3) confirmar la sentencia en lo demás que decide y fue materia de agravios, incluidos el reconocimiento del cómputo de años de servicios con aportes previos a que el actor cumpliera los 18 años de edad y su derecho a la P.A.P. proporcional a los servicios acreditados con posterioridad al 7/94. Costas por su orden (art. 68 CPCCN. y 21 ley 24.463).

El doctor Laclau dijo:

Adhiero a las conclusiones del voto del doctor Fasciolo, con las siguientes salvedades.

En lo referente al cómputo de servicios prestados por el actor antes de cumplir los 18 años de edad, coincido con la opinión vertida en el primer voto en el sentido de que ellos resultan computables, toda vez que, en virtud de la legislación vigente en aquel entonces, su empleador retuvo e ingresó al sistema previsional los aportes pertinentes.

Respecto a la actualización del haber del beneficio de la accionante, estimo que la misma ha de efectuarse siguiendo las pautas implementadas por los arts. 24, inc. a), y 30, inc. b), de la Ley 24.241. La primera de las mencionadas, disposiciones faculta a la ANSES a escoger el índice salarial oficial que ha de ser aplicado a tal efecto. Haciendo uso de tal autorización, el organismo previsional escogió el índice correspondiente a los salarios básicos de la industria y la construcción (Res. 140/95 conf. Res. SSS 413/94 concordante con Res. DEA 63/94), razón por la cual, en mi opinión, el haber inicial de la actora deberá ser actualizado en base al mencionado índice.

Ahora bien, el reglamento pertinente dispuso que la actualización de los haberes percibidos por los beneficiarios del régimen de la Ley 24.241 sólo ha de practicarse, por aplicación de la Ley 23.928, hasta el mes de marzo de 1991. En mi opinión, ello constituye una limitación que se aparta de lo expresamente estatuido por el texto legislativo, constituyendo un exceso en la facultad reglamentaria que la Ley 24.241 puso en manos del poder administrador. Adviértase, por otra parte, que la Ley 24.241 es de fecha posterior a la Ley 23.928, con lo cual, si hubiese sido voluntad del legislador introducir la limitación temporal de marras, ello debiera haber sido incluido expresamente en las prescripciones contenidas en el primero de los mencionados cuerpos legales.

Por lo tanto, entiendo que las disposiciones de las Leyes 23.928 y 25.561 no resultan aplicables ni a la actualización prevista por el art. 24 de la Ley 24.241 respecto a la prestación compensatoria, ni a la actualización del art. 30, inc. b), concerniente a la prestación adicional por permanencia. En suma, el haber inicial del actor deberá ser reajustado actualizando sus remuneraciones, conforme a lo arriba expuesto, hasta la fecha de su desvinculación laboral.

El doctor Poclava Lafuente dijo:

Adhiero a las conclusiones a que arriba el doctor Fasciolo.

Por lo que resulta del acuerdo de la mayoría, el Tribunal resuelve: 1) declarar formalmente admisibles los recursos deducidos por las partes; 2) hacer parcialmente lugar al de la parte actora y, por ello, declarar la inconstitucionalidad del tope de 35 años a computar para el cálculo de la P.C. previsto por el art. 24 inc. a) de la ley 24.241 y aplicable para el cálculo del haber inicial y su posterior movilidad la doctrina sentada por la C.S.J.N. in re "Sánchez" (hasta el 30/3/95) y "Badaro" (de allí en adelante), con el fundamento, alcances y condiciones indicados; y 3) confirmar la sentencia en lo demás que decide y fue materia de agravios, incluidos el reconocimiento del cómputo de años de servicios con aportes previos a que el actor cumpliera los 18 años de edad y su derecho a la P.A.P. proporcional a los servicios acreditados con posterioridad al 7/94. Costas por su orden (arts. 68 CPCCN. y 21 ley 24.463). -Néstor A. Fasciolo. -Martín Laclau. -Juan C. Poclava Lafuente.