Abuso sexual calificado, víctima menor de edad
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: R., V.E. s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Víctor Manuel Pinto en contra de Sentencia Nº 020/2012 recaída en causa Expte. Nº 178//10 - R., V.E. s.a. Corrupción de menores agravado, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-12-27

La Cámara en lo Criminal, por mayoría, declaró culpable al imputado como autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado aprovechando la situación de convivencia preexistente con la víctima siendo la misma menor de dieciocho años (art. 119 cuarto párrafo inc. f) en función del Primer y Tercer Párrafo del C. Penal) (Dos Hechos Nominados Segundo y Tercero, en forma reiterada) y abuso sexual agravado aprovechando la situación de convivencia preexistente con la víctima siendo la misma menor de dieciocho años continuado (art. 119 último Párrafo en función del Cuarto párrafo inc. f) y Primer párrafo del mismo artículo) (Hecho Nominado Cuarto), todo en concurso real (arts. 45 y 55 del C. Penal), condenándolo en consecuencia a sufrir la pena de diecisiete años de prisión con más accesorias de ley (arts. 40, 41 y 12 del C. Penal).

Contra el decisorio aludido, comparece el asistente técnico del imputado, e interpone recurso de casación.

Subsidiariamente, el recurrente denuncia inobservancia o errónea aplicación de las normas previstas para la individualización de la pena (art. 454 inc. 3º C.P.P.).

Corresponde poner de resalto que si bien la defensa denuncia desproporción en el monto de pena impuesto a su asistido, en relación al análisis efectuado por el tribunal a quo de las circunstancias atenuantes y agravantes; cabe recordar, lo sostenido por esta Corte en el precedente Manzini, en donde expresamente se aclaró que "La inexistencia de agravantes y la concurrencia de atenuantes no implican por sí la necesidad legal de imponer el mínimo de pena contemplado para el delito respectivo (S. nº 4, 03/03/09; S. nº 26, 23/12/08). Ello así, puesto que tanto los máximos sancionatorios como los mínimos legales, resultan de excepción y se encuentran reservados exclusivamente para los supuestos extraordinarios que así lo justifiquen".

Es que la determinación de la pena resulta ser una facultad inherente a los jueces de grado que sólo admite la revisión casatoria ante una situación de arbitrariedad manifiesta en la selección del monto sancionatorio o la errónea significación agravante o atenuante atribuida a una circunstancia que pueda incidir en su cuantificación. Tales circunstancias no han ocurrido en el caso.

Asimismo, corresponde puntualizar que la defensa se ha limitado a cuestionar la errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del C.P., pero ha omitido denunciar que la individualización de la pena salga de la escala penal aplicable, lo que torna insuficiente la vía recursiva intentada, debido a la falta de especificación del modo en que se compone la sanción (S. nº 17, 07/08/08).

En el caso, puede calificarse la tarea del tribunal como abarcativa de todas las circunstancias surgidas de la causa para la dosificación del monto de la pena, lo que autoriza llegar a la conclusión que no fueron ignorados datos de trascendencia insoslayable, como tampoco se observa que el recurrente haya aportado en el mismo alguna otra razón destacable que pudiere hacer variar en beneficio del imputado el monto impuesto, lo cual conduce a rechazar la impugnación aquí tratada.

A los fines de la graduación de la pena, las figuras en cuestión, conminadas en abstracto, tienen una pena de prisión cuyo mínimo es de 8 años, y su máximo, de 50 años. Resáltese que en el presente caso, el tribunal estimó justo aplicar al imputado la pena de 17 años de prisión. Ahora bien, siguiendo el criterio fijado por esta Corte en el mencionado precedente Manzini (S. nº 26, 23/12/08), en donde se sostuvo la necesidad de partir del punto medio de la penalidad amenazada, y que a partir de allí comiencen a operar las atenuantes o agravantes, en una y otra dirección de la escala sancionatoria, de forma tal que ninguna atenuante y/o severizante tenga el mismo peso relativo, dependiendo su incidencia en la escala correspondiente de las circunstancias del caso; no advierto, en modo alguno, que el tribunal haya ejercido su potestad jurisdiccional de fijar la pena de manera arbitraria, máxime cuando se ha omitido denunciar arbitrariedad alguna en el monto de pena atribuido al imputado; es decir, no ha especificado de qué manera las denuncias efectuadas (en relación a la omisión de circunstancias atenuantes y a la errónea interpretación de las agravantes), hubiesen impactado en el quantum de la condena, ni desarrollado cómo habrían influido en su accionar delictivo a los fines de disminuir la pena aplicable, como se pretende.

Por ello, corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto.