Excarcelación, revocación de la excarcelación, pena máxima eventual, derechos y garantías constitucionales, libertad corporal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: DEMARCHI, GUSTAVO RAUL. s/ Contrabando de estupefacientes, incidente de excarcelación del imputado.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-06-03

1 - Corresponde confirmar la resolución que no hizo lugar a la excarcelación del imputado toda vez que la imputación que pesa sobre el imputado prevé para el suceso denunciado una pena máxima que supera los ocho años de prisión y una pena mínima que supera los tres años de prisión y que, ante la eventualidad de recaer una sentencia condenatoria, ésta no sería susceptible de ejecución condicional (Art. 26 del CP, "a contrario sensu", Art. 316, 317 del CPP, Art. 863, 864 inc. d), 866 y 871 del CA - Ley 22415 -).- 2 - Frente al argumento sustentado en que la libertad del imputado sólo puede ser restringida cuando concurran motivos fundados de cuatela que lo justifiquen (Art. 280 y 319 del CPP), la CSJN ha establecido que la imposición a los jueces de apreciar la posibilidad de la aplicación de una condena de ejecución condicional (Art. 316 del CPP), al ser una imposición legal, no puede sostenerse que ella importe un juicio anticipado ni que viole las garantías constitucionales, y el Art. 319 del CPP tolera la denegación de la excarcelación en los casos en que es procedente, mas no excluye la estimación de posibilidad de condena de ejecución condicional que para los delitos reprimidos con una pena privativa de libertad de máximo superior a ocho años prescribe la ARt. 316 del CPP (Fallos 322:1605).- 3 - Las norma procesales que podrían ser consideradas violatorias del derecho constitucional de permanecer en libertad durante el proceso (Art. 316 y 317 del CPP y Art. 18 CN) reglamentan de manera razonable su ejercicio, en tanto si bien es cierto que el instituto de la excarcelación tiene raigambre constitucional, también reviste ese origen el instituto de la prisión preventiva, desde que la Constitución Nacional (Art. 18) autoriza el arresto en virtud de orden escrita de autoridad competente; el respeto debido a la libertad individual no puede excluir el legítimo derecho de la sociedad de adoptar todas las medidas de precaución que sean necesarias para asegurar no sólo el éxito de la investigación sino para garantizar que, en casos graves, no se siga delinquiendo y que no se frustre la ejecución de la eventual condena por incomparencia del reo (Fallos 280:297); el derecho de gozar de libertad hasta el momento en que se dicte la sentencia de condena no constituye una salvaguarda contra el arresto, detención o prisión preventiva, medidas cautelares que cuentan con respaldo constitucional (Fallos 305:1022); y, en sentido concordante con la doctrina de la CSJN en cuanto a que los derechos y garantías individuales consagrados por la CN no son absolutos y su ejercicio está sometido a las leyes que los reglamentas (fallos 300:642), la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de jerarquía constitucional (Art. 75, inc. 22, CN), establece que los derechos de las personas están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por el bien común