marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Homicidio simple, tentativa, lesiones leves, concurso ideal, homicidio atenuado por emoción violenta
Materia: PENAL
Carátula: PORATTI, RAMON s/ HOMICIDIO  SIMPLE.  TENTATIVA.  DISPAROS  DE  ARMA DE FUEGO CONTRA LA  CONCUBINA.  DOLO  HOMICIDA.  EMOCION  VIOLENTA.  EXCLUSIÓN.  LESIONES  LEVES. CONCURSO IDEAL CON TENTATIVA DE HOMICIDIO.  HERIDA PROVOCADA A OTRA PERSONA AL DISPARAR EL ARMA CONTRA LA CONCUBINA  A  LA  CARRERA.  CONCURSO IDEAL.  TENTATIVA  DE  HOMICIDIO  SIMPLE  A  UNA  PERSONA Y  LESIONES LEVES A OTRA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-15

1) constituye el delito de tentativa de homicidio simple, la acción del procesado que tras comprar un arma, cargarla y amenazar de muerte a su concubina, luego de la negativa de aquélla de acceder a demandas materiales y afectivas, le disparó el arma, hiriéndola y, frente a la fuga de la víctima, le siguió disparando mientras corría tras ella, hasta agotar el cargador; existiendo en el caso, sin duda alguna intento homicida y no simplemente de lesiones; descartándose también la pretensión defensista de caracterizar emocionalmente el homicidio.

2) La otra acción atribuida al procesado, quien al disparar el arma lesionó a otra persona, provocándole lesiones leves, concurre idealmente con el hecho anteriormente analizado pues no se advierten hechos independientes sino uno único, con plural encuadramiento, y no puede atribuírsele un proceder imprudente, porque nadie que esté en su sano juicio puede no pensar que al disparar un arma contra otra a la carrera, es probable que se concrete algún resultado concomitante y circunstancial que dañe en la salud o en el cuerpo a un tercero, lo cual, al hacerlo, demuestra su asentimiento punible a través del dolo típico de las lesiones leves.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: López, Juan G. y ots. c/ Microómnibus Ciudad de Berazategui S.R.L. y ots. s/ Daños y perjuicios. Rec. de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-09-28

La resolución de la Cámara que deja firme el pronunciamiento de primera instancia que produjo la modificación, en cuanto a la actualización e intereses, del contenido de la sentencia que se ejecuta, reviste el carácter de definitiva en los términos del artículo 278 del Código Procesal Civil y Comercial. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Remisión del expediente, procedimiento administrativo, demanda
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: ACOSTA, JUAN ROLANDO S/ PREPARACION DE LA ACCION s/ PREPARACION DE LA ACCION PREPARACION DE LA ACCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2011-03-14

Si ha transcurrido holgadamente el plazo que la ley procesal le acuerda a la Administración para remitir las actuaciones vinculadas con la acción promovida y el presentante ha cumplimentado con los requisitos exigidos por el art. 40 quater del Código Procesal Administrativo de la Provincia de Formosa, corresponde hacer efectivo el apercibimiento prescripto por la norma adjetiva mencionada y tener por ciertos los hechos descriptos en la presentación (sumario confeccionado por el SAIJ).
Servicio público, contrato de suministros, licitación pública
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cinplast  I.A.P.S.A. c/ ENTel s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-02

La licitación de suministros necesarios para la prestación del servicio público a cargo de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones deriva de un contrato sujeto a los principios del derecho administrativo, porque, en principio, en tales contratos una de las partes intervinientes es una persona jurídica estatal, su objeto está constituido por un fin público o propio de la Administración y contiene, explícita o implícitamente, cláusulas exorbitantes del derecho privado.
Concursos, recusación, recusación sin causa
Materia: COMERCIAL
Carátula: CONAFER SOCIEDAD ANONIMA s/ QUIEBRA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-19

No cabe admitir la recusación sin causa en un proceso universal.

Las razones de orden público que lo inspiran y la prevalencia de estas normas concursales frente a las procesales, sustentan la inadmisibilidad de aquella pretensión.
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: AVALOS, Adrián Eduardo s/ Legajo de Ejecución de Penas s/ Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2010-09-22

Pese a contar con los requisitos objetivos dispuestos en los incisos I a), II y III del artículo 17, no alcanza a obtener lo requerido por el inciso IV habida cuenta que, como bien señala fundadamente en sus informes el Consejo Correccional, el peticionante -debido a su falta de implicancia en el tratamiento- no logra obtener el merecimiento del órgano de control administrativo para usufructuar de salidas transitorias, siendo éste motivado en las entrevistas mantenidas con el interno e informes del legajo, donde las profesionales, de manera amplia, precisa y detallada, dan cuenta los intentos de abordaje que realizaron para con el actor y su no repercusión ni aceptación genuina del mismo.

Esta circunstancia objetiva, que denota una falta de internalización de lo beneficioso que redundaría para él llevar adelante el tratamiento psicológico ofrecido, tienen su correlato con la prescripción del artículo 2 de la Ley 24660, habida cuenta que este precepto menciona los derechos del penado y también sus deberes y obligaciones que deberá cumplir tratamiento penitenciario que la ley reconoce interdisciplinariamente para abordar la compleja personalidad del penado-, no sólo desde un ángulo sino que cada ciencia que interactúa suministrará sus conocimientos y aportes para reformar las tendencias desvaliosas del condenado, por ello disponen los artículos 5 y 6 el tratamiento programado, individualizado, obligatorio y progresivo, promoviendo, conforme su evolución favorable, a las distintas fases previstas, promoción que consiste, justamente, en un juicio fundado sobre el grado de rehabilitación alcanzado. La falta de evolución favorable del interno, ya sea por falta de compromiso asumido, ya sea por negación de recibir tratamiento, fue advertida por las psicólogas y tomada como fundamento por el Consejo Correccional para justificar la imposibilidad de que pueda ususfructuar de salidas transitorias del establecimiento, en este estadio.
Contrato de trabajo, categoría laboral, prueba documental, pericia caligráfica, prueba testimonial
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Montalbán, Jorge Gabriel c/ Centro de Nefrología R.A. y/o Avila, Jorge René y/o Q.R.R. s/ Beneficios Laborales s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-03-22

La actora interpone recurso de Casación en contra de la sentencia de Cámara que revocó parcialmente la sentencia de Primera Instancia y redujo el monto indemnizatorio al desconocer la categoría laboral de Administrador alegada por la ahora recurrente, considerando como primer agravio que el decisorio de Cámara incurrió en el vicio de arbitrariedad. De una evaluación integrativa del material probatorio analizado-recibos de sueldo con la adjudicación al recurrente de la categoría laboral de encargado, circunstancia que se repite en otros recibos obrantes y es ratificada en la certificación de servicios por la que la patronal declara que el actor dependiente prestó servicios en el centro de Nefrología cumpliendo funciones de administrador, surge que, si bien tal documental fue exhibida a la demandada que desconoció las firmas y la letra con que fuera confeccionada, en el informe de la pericia caligráfica incorporada se concluye que las firmas dubitadas insertas en la documental mencionada "pertenecen al patrimonio escritural del demandado ", concluyendo que: " fueron confeccionadas por éste.

"Ello, más los dichos de la testigo en cuanto a que el actor, además de desempeñarse como chofer del Centro de Hemodiálisis, realizaba tareas administrativas, no deja duda razonable de que el actor realizaba múltiples tareas a favor de la patronal demandada, y entre ellas la de mayor jerarquía, desempeñándose como administrador.
Insuficiencia del agravio, improcedencia del recurso, error judicial
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Salvucci, Adriana Marisa y otro c/ Caja de Seguros S.A. y otro s/ Cumplimiento de contrato c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2021-08-31

Las alegaciones dirigidas a cuestionar el acierto jurídico de lo resuelto mediante la imputación de típicos errores in iudicando, se hallan detraídas del ámbito de actuación del recurso extraordinario de nulidad, resultando propias del de inaplicabilidad de ley.(doctora Kogan, sin disidencia)
Sumario administrativo, sanciones disciplinarias administrativas, suspensión del agente, cesantía
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cuiza, Jorge c/ Ministerio de Trabajo s/ Apelación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-06-03

La exigencia de sumario previo no se puede tener por cumplida con el hecho de que el actor haya tenido conocimiento de las distintas sanciones de suspensión que habrían dado lugar a la cesantía; máxime teniendo en cuenta que esas sanciones también fueron aplicadas sin sumario previo, tal como se autoriza en la ley.
Despido indirecto, pago de la remuneración, error (civil)
Materia: LABORAL
Carátula: DIAZ, RITA c/ MELE, ROBERTO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-31

El pago total de la remuneración que corresponde, constituye un deber esencial a cargo del empleador, y aunque en el caso de remuneraciones variables, una diferencia exigua en un único mes podría imputarse a un error involuntario, nada disculpa en principio, el pago de una suma inferior a la que el convenio garantiza como mínima para la categoría desempeñada.
Medicina prepaga, información al consumidor
Materia: COMERCIAL
Carátula: Aqualine SA c/ Banco Santander Rio SA s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-08-28

Voto del Dr. Heredia:.

a) El deber de informar constituye una obligación legal de conducta no sólo en la etapa precontractual, sino también en la etapa de ejecución del contrato, con el propósito de garantizar al acreedor un cumplimiento satisfactorio (conf. Stiglitz, R., El deber general de información contractual, RCCyC, n° 11, diciembre 2016, pág. 3, espec. cap. VII; Crovi, L., El deber de información en los contratos, LL 2016-F, pág. 1051, texto y nota n° 11); y b) lo anterior es particularmente aplicable al contrato de medicina prepaga en el que, en la medida que el precio del servicio debe ser compatible con una estructura de costos que lo justifique, resulta evidente el derecho del adherente a que se le informe debidamente sobre el particular, a fin de asegurarle un tratamiento equitativo en su condición de consumidor (arg. decreto 1993/11: 17 y la ley 24240: 8 bis; Japaze, B., Contrato de medicina prepaga y protección del consumidor, en la obra dirigida por Picasso, S. y Vázquez Ferreyra, R., Ley de Defensa del Consumidor, comentada y anotada, Buenos Aires, 2009, T. II, pág. 197) y, eventualmente, decidir sobre un cambio de plan o rescindir el contrato.
Robo calificado, robo en banda
Materia: PENAL
Carátula: WAYAR, Joaquín Víctor s/ Robo Calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1990-04-03

Banda es algo menos que asociación ilícita y algo más que la mera participación de tres o más sujetos. Para que exista Banda, además del número participativo de agentes, se requiere que haya mediado un acuerdo previo siquiera para cometer el robo, traducido en una planificación voluntaria y racional para desplegar el accionar ilícito, razón por la que no se verifica tal concepto cuando la consumación delictiva se produce espontáneamente, en forma desordenada, aprovechando las sorpresivas facilidades de tiempo y lugar que brinda la oportunidad para atentar contra el bien jurídico protegido de la propiedad. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Accidentes de trabajo, ley de accidentes de trabajo, asegurador por riesgos del trabajo, obligación de seguridad
Materia: LABORAL
Carátula: BARRETO, MARIO c/ GUILLERMO DECKER S.A. Y OTRO s/ ACCIDENTE ACCIÓN CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-03-27

La ley 24557 ha puesto en cabeza de las aseguradoras, la seguridad y vigilancia en los establecimientos que ocupen personal en relación de dependencia, con controles de supervisión y fiscalización y con facultades para celebrar con los empleadores planes de mejoramiento de las condiciones de higiene y seguridad, en los que se indicarán las medidas y cambios que deben implementarse en cada establecimiento a fin de adecuarlos a la normativa vigente (arts. 2 y 4 de la ley 24557). Para el caso de que las ART no desplieguen tales medidas preventivas, incurrirán en omisión de los deberes de seguridad e higiene y su inconducta puede ser encuadrada en los términos del art. 1074 del C. Civil. (Del voto de la Dra. Zapatero de Ruckauf, en mayoría).
Daño en bienes de uso público, colectivo de línea
Materia: PENAL
Carátula: LIEBANO, Ariel Alfredo. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-06-22

Los taxis o los colectivos, aun cuando tienen una licencia para ofrecer el servicio, no gozan de la custodia y protección que merecen como tales los bienes del Estado. Al no poder ser considerados bienes de dominio público, la relación entre el prestador y la persona transportada es de naturaleza contractual y no reglamentaria, lo que categoriza a estos vehículos como aportados por el concesionario para la prestación de un servicio autorizado por las autoridades municipales (*).

Por ello, no puede considerarse al micro de transporte de pasajeros dentro de los bienes de "uso público" a que alude el art. 184, inc. 5° del C.P.
Recurso de apelación (procesal), agravio concreto, defensa del consumidor, derechos y garantías constitucionales, contratos, deber de información, prueba, sujetos del proceso penal, carga de la prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: AMX Argentina SA c/ Secretaría de Defensa del Consumidor s/ Recurso de Apelación Directa
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2012-03-17

La doctrina de las cargas probatorias dinámicas puede y debe ser utilizada por los estrados judiciales en determinadas situaciones en las cuales no funcionan adecuada y valiosamente las previsiones legales que, como norma, reparten los esfuerzos probatorios.

La misma importa un desplazamiento del onus probandi según fuere la circunstancia del caso en cuyo mérito aquél puede recaer, por ejemplo, en cabeza de quien está en mejores condiciones técnicas, profesionales o fácticas para producirlas, más allá del emplazamiento como actor o demandado o de tratarse de hechos constitutivos, impeditivos, modificativos o extintivos.

"La doctrina de las cargas probatorias dinámicas no permite el amparo de quien teniendo en sus manos la posibilidad -y aún la carga- de proporcionar la versión de los hechos y la prueba que contradiga lo manifestado por la contraria, observa una actividad más que pasiva, renuente" (CApCC-Sala IV-T.XX-fs.211-año 1998; Fallos Sala I año 2003 fs.507/525; 2007 fs.567/572; 2009 fs.425/427).
Recurso de casación, impugnabilidad objetiva, auto de procesamiento
Materia: PROCESAL
Carátula: Gabriel A. Aranda Pizarro s/ ACTUACIONES INVESTIGATIVAS - por homicidio en perjuicio de González, Andrés Saturnino
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2012-06-25

La propia Cámara Nacional de Casación Penal ha dicho que "la confirmación parcial de un auto de procesamiento no reúne la calidad de sentencia definitiva o equiparable a definitiva, careciendo de uno de los requisitos objetivos para la procedencia del remedio intentado".

Es que la resolución que confirma el auto de procesamiento y desecha las nulidades planteadas, atento el carácter provisional propio de la etapa procesal instructoria a la que remite en consecuencia, no reúne las condiciones objetivas de impugnabilidad exigidas por la ley para la procedencia del recurso de casación desde que no pone fin a la acción ni impide que ésta continúe.

Además, y fundamentalmente lo decidido por el Tribunal de apelación, no surge -ni lo justifican los recurrentes-, en forma ostensible y flagrante, vulneración alguna de las garantías básicas de la Constitución con entidad suficiente para lesionar el debido proceso legal y la defensa en juicio que permitan habilitar la competencia de esta Corte en la etapa preliminar del proceso.

Como se ha sostenido reiteradamente el auto de prisión preventiva no constituye, en principio, sentencia definitiva, pudiendo hacerse excepción a tal principio cuando la decisión impugnada restringió la libertad del imputado con anterioridad al fallo final de la causa, ocasionando un perjuicio que podría resultar de imposible reparación ulterior, supuesto en que se la equipara a aquélla.

Pero aquí no se agota la excepcionalidad, ya que la apertura de la instancia extraordinaria, requiere, además, que se encuentre involucrado un atropello flagrante a la Constitución.

Resulta claro y lógico que ambos requisitos (la restricción de la libertad y la violación evidente de la Constitución) deben encontrarse presentes de forma conjunta y no simplemente alternativa; ya que de ser así el Tribunal de casación se encontraría obligado a revisar cualquier prisión preventiva válidamente dictada.
Archivo del expediente, resoluciones equiparables a definitiva, reapertura de la instrucción
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: LOCASO y PARENTE s/ nulidad, Causa nro. 11.739
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-22

Si bien es cierto que el archivo de los actuados no hace "cosa juzgada", resulta de algún modo definitivo pues puede afirmarse su irrevocabilidad mientras se mantengan sin variante alguna los elementos merituados por el órgano jurisdiccional, y consecuentemente más allá del acierto o desacierto que llevó aquella decisión, consentida por el Ministerio Público, no habiendo cambiado en nada las circunstancias ponderadas en aquella oportunidad, no pueden reabrirse las actuaciones en orden a tales hechos.
Entidades financieras, banco central
Materia: ADMINISTRATIVO - COMERCIAL
Carátula: Banco Regional del Norte Argentino c/ Banco Central de la República Argentina. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-04

La eficaz protección de los intereses económicos en juego por los que debe velar el ente rector del sistema financiero nacional justifica, en virtud de sus excepcionales características, la adopción de remedios rápidos e idóneos, sin que resulte exigible el cumplimiento de recaudos ajenos a los previstos en la legislación que regula las atribuciones del Banco Central.
Recurso de casación penal, desestimación de la denuncia, inexistencia de delito, querella, improcedencia del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: "VAZQUEZ, Adolfo s/ rec. de casación".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-07-13

La desestimación no es una forma conclusiva del proceso con efectos de cosa juzgada material, al extremo de impedir un segundo acto promotor sobre el mismo hecho. No puede ser equiparado, en sus efectos sustanciales a una absolución, por ello, resulta irrecurrible por vía casatoria.
Accidente de tránsito, prioridad de paso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Canu, Daniela c/ Vergianelli, Yolanda s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-04-06

La prioridad por circular por la derecha es una regla que juega tanto en las calles como en las avenidas (art. 71 inc. 2 ley 5800) cediendo sólo frente al cruce con autopistas, semiautopistas, rutas y carreteras (art. 57 inc. 2 c, ley 11430).
Secuela de juicio
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: G., J.H. y Otros s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-02-20

Me inclino en la hermenéutica de las "secuela del juicio" del art. 67 inc.4º del C.P., a todos aquellos actos de filiación procesal que dan vida activa, cierta y firme al juicio, que hagan proseguir efectivamente la causa, que le acuerden o concedan al proceso una dinámica indudable y apta para un efecto jurídico esencial.

Involucrando la voz "juicio" al proceso en su totalidad, es decir incluyendo la etapa instructoria.
Protección de personas, derechos de las niñas, niños y adolescentes
Materia: CIVIL
Carátula: Campos, Pedro Feliciano s/ Piezas Pertenecientes - Competencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2012-10-02

El dictado de la ley 26061 no implicó la derogación de los arts. 234 y siguientes del C.P.C.C. de la Provincia de Salta que regulan el instituto de la protección de personas.
Instrucción, insuficiencia del agravio, improcedencia del recurso
Materia: PENAL
Carátula: López, Leonardo Damián s/ legajo de casación c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-01-29

Pierde virtualidad la impugnación dirigida contra la decisión de la cámara del crimen correspondiente a la etapa de instrucción, en relación a la cual la parte recurrente no ha demostrado visos de arbitrariedad manifiesta, que tampoco se advierten, en tanto la recurrente insiste con argumentos que ya fueron razonablemente abordados en las instancias anteriores. Es que el objeto de discusión del caso ha variado, dado que las circunstancias vigentes al momento de resolver la incidencia se han modificado sustancialmente y los agravios introducidos por la recurrente no se corresponden a la situación actual del proceso en el que dispuso la clausura de la instrucción (voto del juez Bruzzone con remisión a "Roberts", Reg. 1354/2018)
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, jueces, aplicación de la ley, responsabilidad contractual, incumplimiento del contrato, código civil, Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia aplicable
Materia: CIVIL
Carátula: MEINERO, ELSA MARLENE c/ PROYECTAR ROSARIO S.R.L. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-03-22

La impugnante plantea la arbitrariedad normativa y fáctica de lo resuelto invocando los argumentos expuestos por la Sala, mas lo cierto es que sus planteos carecen de sustancia constitucional e implican su disenso con la respuesta brindada por los sentenciantes en el ejercicio de funciones privativas que no incumbe a esta Corte revisar, atendiendo en particular a que los mismos no logran demostrar la irrazonabilidad de la justificación expuesta por la Alzada, cuando a la hora de determinar el derecho vigente afirmó que en los casos de responsabilidad contractual debe estarse a la ley vigente al momento del incumplimiento y atento las fechas involucradas en autos y la conducta adoptada por las partes con el acuerdo alcanzado en el año 2014 resultaban aplicables las normas del Código Civil de Vélez y, por tanto, desechable la caducidad alegada por la demandada, siendo oportuno destacar que la Corte Suprema de la Nación ha dicho en claros términos que la ley derogada rige respecto de los actos o hechos ocurridos hasta la fecha en que entra en vigor la nueva ley; y de allí que siempre sea necesario indagar en cada caso el momento o la época en que se cumplió el hecho, acto o relación jurídica que engendró y sirvió de fundamento a la obligación, ya que esta circunstancia determinará cuál es la legislación aplicable, naciendo a partir de ahí una situación jurídica concreta e individual en cabeza del sujeto que, como tal, se hace inalterable y no puede ser suprimida, o modificada por ley posterior. - CITAS: CSJN: Fallos: 318:567; 319:1915; 329:1066. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Civil