marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Prueba, libros de comercio
Materia: COMERCIAL
Carátula: Molfino Hnos. S.A. c/ Nelly Fortini de Vega s/ Ordinario. Molfino Hnos. S.A. c/ Nelly Fortini de Vega s/ Ordinario.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1996-06-28|1996-06-28

Doctrina y Jurisprudencia, están contestes en que dada la carga de todo comerciante de llevar regularmente libros de comercio, si no lo hace, o los lleva en forma irregular, o no los exhibe, debe sufrir las consecuencias que, en el ámbito probatorio, se traduce en que se estar a las registraciones regulares de su adversario y que pesan a erigirse en elementos de juicio suficientes en favor del comerciante que los invoca para acreditar la existencia y condiciones de exigibilidad de las operaciones concertadas con otros comerciantes cuando éstos no hayan opuesto sus propias registraciones contables, con similares condiciones de regularidad, o bien no hayan ofrecido y producido probanzas supletorias que desvirtúen de modo categórico las constancias del reclamante. Si así no fuera, si el incumplimiento de la carga impuesta por la ley comercial no tuviese ninguna consecuencia en materia de prueba, no solo no nos hallaríamos frente a una carga propiamente dicha, sino que el comerciante que así actuara quedaría equiparado a los no comerciantes, efecto que sin duda no ha estado en la voluntad del legislador.
Excepciones procesales, excepción de prescripción, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Aravena, José Daniel y Otros c/ Instituto de Seguridad Social y Seguros de la Provincia delChubut s/ Demanda por Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-06-22

Al diferirse el tratamiento de la excepción de prescripción opuesta hasta la oportunidad adecuada, no se le ocasiona agravio irreparable a la parte, como tampoco al considerarla defensa de fondo por cuanto, tratándose de materia propia del juzgador, no cabe atribuir a éste el desarrollo de una actividad supletoria de las partes.
Nulidad procesal, falsa denuncia, declaración testimonial, teoría del fruto del árbol venenoso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: COLQUE, Sandra. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-10-12

Si la imputada denunció haber sido privada de la libertad por dos hombres que la amenazaron con un arma de fuego y la obligaron a ingresar a una vivienda donde uno de los involucrados abusó sexualmente de aquélla, para luego, una vez en la fiscalía, aclarar que no fue víctima de la comisión de ningún delito, sino que actuó de tal manera en virtud de que se había ausentado de su casa por el término de 24 horas y se vió obligada a decir lo que dijo para cubrir su conducta de su pareja, quien la acompaño hasta la seccional y la amenazaba con no dejarle ver a su hijo si no dejaba de ver a su amante, no puede justificarse su proceder en que la imputada obró coaccionada en los términos del art. 34, inc. 2° del C.P., en tanto la supuesta coacción no estaba dirigida a que realice la conducta típica.

No corresponde desvincular del proceso a la imputada por encuadrar el evento denunciado falsamente en un delito catalogado dentro de los que requieren de la instancia privada para su prosecución (art. 72 del C.P.), si además de haberse instado la acción con la denuncia, de relato se advierte, también, la comisión de otros delitos de acción pública.

Sin embargo si la imputada "confesó" el delito por el que se encuentra procesada cuando prestó declaración en calidad de testigo, bajo juramento de ley de decir verdad, sin que se la hubiere relevado de tal calidad e impuesto de los derechos que la ley le acuerda, y tal declaración fue la única prueba que se tuvo en consideración para disponer la extracción de testimonios y su consecuente procesamiento, la declaración deviene nula por violentar garantías constitucionales que afectan la defensa en juicio (art. 18 de la C.N.).

En consecuencia, en aplicación de lo establecido en los arts. 167, inc. 3° y sgtes. del C.P.P.N., corresponde anular la declaración de mención y todo lo actuado en consecuencia, por aplicación de la doctrina "fruit doctrine" o teoría del fruto del árbol envenenado o la alemana de prohibición de prueba, relativa a que, si del expediente surge un único cauce de investigación y éste se halla viciado, habrá de nulificarse el acto viciado y todo lo obrado en su consecuencia, a excepción que surja una vía o curso causal independiente que se desprenda en forma real del proceso -cauce real-.

Por ello, corresponde declarar la nulidad de la declaración testimonial y todo lo obrado en consecuencia.
Tercerías, tercería de mejor derecho
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES c/ CHIANELLI, E. s/ EJEC.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-07-05

El debate suscitado entre acreedor embargante en ejecución individual y el tercero invocante de una obligación de hacer a cargo del ejecutado solo podría hallar sustento en un mejor derecho de este ultimo para obtener la satisfacción de su crédito con preferencia al ejecutante. El reconocmiento de ese derecho y la declaración de inoponibilidad del embargo a ese tercero solo podría alcanzarse por la vía establecida por el cpr 97 y ss. (En el caso, el tercero esgrime en su favor sentencia de escrituración pronunciada en juicio contra el demandado con relación al mismo inmueble que fue objeto de embargo sobre esa base pretendía directamente la suspensión del remate).
Aduanas, seguros, seguro de caución, importador, quiebra, siniestro
Materia: ADUANERO-COMERCIAL
Carátula: "Aseguradora   de  Créditos  y  Garantías  S.A.  (T.F.  13.297-A) c/ D.G.A.". s/ seguros
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-07-07

Si el organismo aduanero tenía contractualmente la opción discrecional de presentarse en la quiebra de la importadora o requerir, como lo hace, su pago al asegurador solvente, pierde relieve lo sostenido por la aseguradora en el sentido de que la producción del siniestro no ha acaecido por no haber verificado la Aduana en la quiebra su crédito. (Confr. Sala IV "Aseguradora de Créditos y Garantías S.A.", 3/9/02, consid. VI). (Consid. IV).
Presunción de inocencia, derechos y garantías constitucionales, in dubio pro reo, debido proceso, fundamentación de sentencias
Materia: PENAL
Carátula: Cardozo, Esteban Javier y otros c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-07-06

La decisión más favorable al imputado en caso de duda, no es un beneficio a favor del reo o una prebenda legislada para favorecer sino, muy por el contrario, una limitación precisa a la actividad sancionatoria del Estado, principio que fundamentalmente, debe regir la construcción de la sentencia como un todo, sirviendo asimismo para interpretar o valorar algún elemento de prueba, pues dicho principio -in dubio pro reo-. Aplicado a la valoración de la prueba o a la construcción de la sentencia es una de las consecuencias directas y más importantes del principio de inocencia.
Querella, acción civil en el proceso penal, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Cavallo, Domingo Felipe s/ recurso de casación". Causa n. : 1086.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-14

En los juicios por delito de acción privada nuestro Código Procesal Penal de la Nación establece que el querellante que opte por ejercer la acción civil en sede penal deberá concretar su demanda, bajo pena de inadmisibilidad de la misma, junto con el escrito de presentación de querella. La circunstancia de que no se haya dado curso a la acción mientras subsistió el impedimento previsto por el art. 190 del C.P.P.N., no justifica el apartamiento de lo establecido por el art. 418, inc. 5, del mismo ordenamiento en cuanto al momento en que la demanda debe ser concretada en los delitos de acción privada, ni puede ser utilizada para salvar las falencias cometidas por la querella al intentar la cuestionada acción. (Voto del Dr. Hornos).
Ruidos molestos, participación contravencional, autoría, acta contravencional
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Q.A.H.R. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Artículo 72 Artículo 72
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-10-13

La norma del artículo 72 del Código Contravencional reprime a quien perturbe el descanso, la convivencia o la tranquilidad pública mediante ruidos y no a aquel que permita, autorice o consienta tal emisión de ruidos molestos. A los efectos de la punición es condición necesaria que la contravención de la que se trata pueda ser reprochada a alguien en calidad de autor. Tal condición es la que no se verifica en la especie, toda vez que si bien es claro que el encartado era el ocupante de la vivienda de la que surgían los ruidos, no se ha acreditado con la dosis de certeza que se requiere para un veredicto de condena que fuera a su vez el autor, o el coautor, de dichos ruidos, no adquiriendo obviamente tal carácter por el hecho de ser la persona a la que se le confeccionara el acta contravencional. Del voto del Dr. Lucangioli.
Competencia contencioso administrativa, excusación, violencia moral
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: DORADO JOSE c/ MUNICIPALIDAD DE TERMAS DE RIO HONDO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO LLAVAR  DE MIGUEL SILVIA ROSA c/ LO BRUNO S.A. AUTOMOTORES S.A. s/ COBRO DE PESOS CASACION PENAL ACUÑA CARLOS ROBERTO Y OTROS c/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD CAPITAL DE SGO. DEL ESTERO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL PLENA JURISDICCION CHARA MARIA c/ MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2004-06-18|2005-07-06|2006-03-28|2006-03-28

La violencia moral invocada por los magistrados, adopta una fórmula flexible, que autoriza al Juez a apartarse de la causa cuando medien motivos graves de orden subjetivo, que podrían incidir sobre su conciencia al momento de decidir. Sólo puede ser apreciada por quien la invoca.
Concursos, honorarios, depreciación monetaria, síndico del concurso
Materia: PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: Fernando Pugliese  S.C.A.  y Socio Solidario s/ quiebra.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-27

Para regular los honorarios del síndico, la base constituida por el activo realizado (art. 290 de la Ley de Concursos) debe actualizarse al tiempo de la sentencia, a fin de los jueces de la causilidad de las remuneraciones.
Honorarios del abogado, regulación de honorarios
Materia: LABORAL
Carátula: Bernacchi, Gustavo Héctor y otros c/ Mirasur S.A. s/ Diferencia de haberes, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-04-10

Compromete el principio de retribución justa la regulación de honorarios de los abogados que no se adecua a las exigencias específicas de la ley arancelaria en tanto del auto regulatorio no surge que se hubiera aplicado la norma específica que alude al monto del juicio, ni establece las bases o pautas objetivas de la que resulte la cuantía económica del pleito.
Recurso extraordinario, cuestión no constitucional, recurso contencioso administrativo, costas, gravamen eventual
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: SAIEM SRL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     RECURSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-08-26

Habiéndose concedido el recurso extraordinario para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el cuestionamiento referido a la imposición de costas en la sentencia impugnada depara un agravio eventual, porque la imposición resulta condicionada a lo que se resuelva, en definitiva, acerca de los aspectos sobre los que se concede el recurso.
Contrato de obra pública, Administración Pública, prueba, instrumentos públicos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PROAS CONSTRUCCIONES SRL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  Nº 186-86)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-06-12

La omisión por parte de la Administración de extender la documentación pertinente en un contrato de obra pública, importa que para determinar cuánto trabajo se ha realizado, se deba acudir a otros medios de prueba. Pero, desde luego, no corresponde asignar a estos un valor probatorio irrebatible equiparable al que el ordenamiento legal reconoce a los instrumentos públicos.
Daños y perjuicios, contratos bancarios, tarjeta de crédito, responsabilidad contractual, responsabilidad del banco
Materia: COMERCIAL
Carátula: SANCHEZ,  MONICA  BEATRIZ c/ BANCO PRIVADO DE INVERSIONES SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-10

Corresponde hacer lugar a una demanda de daños y perjuicios incoada contra un banco que hubiere entregado a una tercera persona dos tarjetas a nombre de la actora, sin consentimiento de ésta. Comprobado que dichas tarjetas fueron otorgadas a una persona que fraguó la identidad de la actora, haciéndose pasar por ésta, el resultado que debía alcanzarse -que las cuentas respectivas no fueran habilitadas bajo una falsa identidad- no se logró y, si el demandado pretendía que, pese a ese malogrado resultado, él había igualmente cumplido con todas las obligaciones que pesaban sobre su parte, debió probarlo (esta CNCom., Sala D, "Vagatay, Ana c/ Banco Provincia de Buenos Aires s/ ordinario", 18/06/2008; entre otros). A más, el hecho de que la actora debe considerarse "consumidora" en los términos de los artículos 1 y 2 de la Ley 24240, texto según Ley 26361; ley que, por ende, deviene aplicable al caso e impone la solución anticipada.

En tales condiciones, la incertidumbre derivada de un reclamo injustificado, la exposición y molestia generada a partir de esa reiteración de reclamos en un ámbito que ni siquiera era privado -vgr. su lugar de trabajo- y, especialmente, la publicación de datos falsos acerca de la confiabilidad de la actora en el plano crediticio, resulta justo reconocerle la aludida indemnización.
Recurso de inconstitucionalidad, pronunciamiento inoficioso, prisión preventiva
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: A., A. c/  s/ lesiones dolosas leves-apelación revisión prisión preventiva-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-02-27

La cuestión aquí debatida ha perdido interés jurídico actual, demostrándose así la inoficiosidad del dictado de una sentencia de mérito, toda vez que el mantenimiento de la situación cautelar del nombrado no tiene origen en la resolución aquí cuestionada, sino en aquella dictada con posterioridad, por lo que verificada así la concurrencia de un obstáculo insalvable para el ejercicio de la jurisdicción por parte de esta Corte, corresponde declarar que se ha operado -sobre esta cuestión- la sustracción de la materia litigiosa, impidiendo a la Corte pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso por falta de agravio actual lo cual no supone que este tribunal haga propias las conclusiones expuestas en las instancias inferiores. - CITAS: CSJStaFe: AyS T 118, p 217; T 130, p 161; T 238, p 323.
Intereses, capitalización de intereses, orden público
Materia: CIVIL
Carátula: SZLEGIEL CLARA c/ COHAN WAIMAN JOSE s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO ACCION CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-03

La prohibición del art. 623 del Código Civil acerca de la capitalización de intereses es de orden público, por ende ésta no puede menoscabarse sobre la base de actos a realizarse fuera de la República.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, defectos en la fundamentación normativa, Constitución Nacional, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Compañía Financiera Munro  S.A. s/ PEDIDO DE QUIEBRA POR EL BCRA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-15

La doctrina de la arbitrariedad de sentencias autoriza a revisar fallos que versen sobre cuestiones de derecho común y local, cuando éstos consagren una interpretación de las normas con relación a las circunstancias del caso, en términos que equivalgan a su prescindencia, pues ello configura una lesión al derecho constitucional de la defensa en juicio.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, defectos en la consideración de extremos conducentes
Materia: PROCESAL
Carátula: Almirón, Dalmacio Lucio y otros c/ Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires  S.A. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-07-30

La omisión de tratar aspectos conducentes para la solución de la causa, priva a la sentencia de sustento como acto judicial válido.
Ministerio Público, independencia del Ministerio Público, Constitución Nacional
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Marichal  Marcona,  Carlos  César  y  otros s/ defraudación en la calidad de las cosas.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-11-25

De la redacción del art. 120 de la Constitución Nacional no surge que el Ministerio Público sea un órgano extrapoder, y por ende la inteligencia con que debe ser interpretada dicha norma lleva a sostener que se trata sólo de un órgano que goza de autonomía funcional y autarquía financiera (Voto del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, honorarios, ley arancelaria, primera instancia, segunda instancia, incidentes, leyes, interpretación sistemática
Materia: PROCESAL
Carátula: Strembel de Lanzillota, Lidia s/ Declaratoria. Cuestión a resolver: ¿Cuál es el honorario profesional  que corresponde regular respecto a los incidentes articulados en la  alzada atento al régimen de la ley local 6767 de aranceles  profesionales de abogados y procuradores? (Expte. Nro. 163- 83)   -Tribunal pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-03-31

La reducción que emana del artículo 19 de la ley de aranceles recién resultará aplicable cuando -eventualmente- la decisión que recaiga en la incidencia debatida en la baja instancia sea recurrida, sustanciándose el medio impugnatorio ante la Cámara. Y dicha reducción se obtendrá liquidando el 50% (artículo 19) del 30% "de la regulación que correspondiere ´prima facie´ al juicio principal terminado" (artículo 16), debiendo entenderse que esta expresión legal alude a la primera instancia. Este porcentaje -15%- así obtenido (50% del 30%), es propio, pues, de la instancia recursiva ante la Cámara originada en cuestiones incidentales decididas en la baja instancia. Pero, claro está, esa reducción no debe extenderse al supuesto del incidentista de segunda instancia, a quien le corresponderá el 30% -sin mengua- "de la regulación que correspondiere 'prima facie' al juicio principal terminado". La interpretación, entonces, resulta sistemática y las normas aparentemente incompatibles no se excluyen sino que se armonizan. De su conjugación resulta, así, que la directiva del artículo 16 se aplica a los incidentes ya sea suscitados en primera o segunda instancia, en tanto la reducción porcentual del artículo 19 se aplica -en cuanto aquí interesa- a las cuestiones incidentales recurridas ante la Cámara. (Del Voto del Dr. Elena).
Responsabilidad extracontractual del Estado, personal policial
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: CH., G. D. c/ PROVINCIA DE RIO NEGRO s/ ODINARIO s/ CASACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2014-09-08

Considerando la naturaleza de la actividad policial, los medios de los que dispone la Administración, y el grado de previsibilidad del daño, corresponde encuadrar el hecho dañoso en un supuesto de servicio defectuoso o irregular por el que debe responder la Provincia demandada. (Mayoría: Dr. Apcarian, Dra. Piccinini, Dra. Filipuzzi)
Desarmado de automotores, interpretación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: A. A., A. s/ procesamiento infracción ley 25.761
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-04-15

La ley 25.761 de desarmado de automotores y venta de sus autopartes, fue sancionada en virtud de la necesidad de afrontar las derivaciones de las sustracciones de automotores frente a la proximidad que exhibe la actividad delictiva relacionada a los automotores, que no sólo afecta la seguridad y el patrimonio de las personas, sino en muchas ocasiones la propia vida, con la comercialización de vehículos o autopartes.
Ministerio de Economía, revisión judicial de actos administrativos, política económica, actividad industrial, importaciones, nomenclatura arancelaria aduanera
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CASE S.A. s/ ACCION DE AMPARO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-07-05

No es susceptible de revisión judicial la resolución del Ministerio de Economía que dispuso ajustes en la Nomenclatura Arancelaria y Derechos de Importación, pues el problema radica, en última instancia, en establecer si la medida que se cuestiona responde a una política económica adoptada en función de facultades propias por el Gobierno de la Nación con el objeto de preservar la industria nacional.
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, compraventa de automotores, responsabilidad del fabricante, responsabilidad solidaria, procedencia del recurso
Materia: CIVIL-COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Bertapelli, Eleonor Elvira c/ Guido Guidi SA y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-12

Cabe extender al fabricante la responsabilidad derivada de la falta de cumplimiento de la obligación de entrega de la unidad adquirida por el actor, por parte del concesionario. Ello, en obvia derivación de una atribución de culpa "in eligendo" de un integrante de su red de concesionarios, tras comprobarse el accionar negligente de éste. Es que no puede soslayarse que, si bien un contrato firmado por un particular con un concesionario tiene a éstos como partes contratantes, no excluye la existencia de sujetos involucrados en el sistema, en su calidad de partes conexas. Es claro que en la conexidad hay un interés asociativo que se satisface a través de un negocio que requiere varios contratos unidos en sistema; la causa en estos supuestos vincula a sujetos que son partes de distintos contratos, situándose fuera del vínculo bilateral pero dentro del sistema o red contractual que, en este caso, tiene al consumidor como eslabón final de la cadena. Ello significa que hay una finalidad económico-social que trasciende la individualidad de cada contrato y que constituye la razón de ser de su unión; si se desequilibra la misma, se afecta todo el sistema y no solo uno de los contratos. Esta causa fin reside en el funcionamiento integral y eficiente del sistema, a tal punto que se ha llegado a afirmar que quienes son parte en los contratos encadenados no resultan "verdaderos terceros", en lo que a la esfera de la responsabilidad respecta (cfr. Esper, Mariano, "La relación entidad administradora-entidad bancaria en el sistema de tarjeta de crédito y sus efectos frente a terceros", JA, 2000-III, pág. 912 y ss.).