Tribunal: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2009-04-15


La Plata, Abril 15 de 2009.

CUESTIONES 1º ¿Es fundado el recurso extraordinario de inconstitucionalidad? Caso negativo:

2º ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley? VOTACION A la primera cuestión planteada, el doctor Negri dijo:

I. En lo que interesa para la resolución de la litis, el tribunal del trabajo interviniente -tras acoger parcialmente la demanda deducida, condenando al Fisco provincial a abonar al accionante la suma de $ 50.299,24 en concepto de indemnización por daños y perjuicios derivados del accidente de trabajo motivo de autos- resolvió que correspondía declarar aplicable al caso, el mecanismo de consolidación de deudas públicas establecido en la ley 12.836 con las modificaciones introducidas por la ley 13.436.

II. En su recurso extraordinario de inconstitucionalidad, la actora afirma que la decisión del a quo, en cuanto a la aplicación en la especie de la ley 12.836 resulta violatoria de los arts. 3, 10, 31, 39 inc. 3, 57 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 14 bis, 17 y 31 de la Constitución nacional.

III. El recurso es improcedente.

Sabido es que el recurso de inconstitucionalidad regulado en el art. 299 del Código Procesal Civil y Comercial, se abre en el único supuesto de que en la instancia ordinaria se haya controvertido y decidido la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos provinciales confrontados con normas de la Constitución local (arts. 161 inc. 1, Const. prov.; conf. causas L. 78.205, "Gonzáles", sent. del 12-IX-2003; Ac. 93.822, "Coema", sent. I. del 11-IV-2007, entre muchas).

Supuesto extraño al de autos, en el que el tribunal de la instancia ordinaria se pronunció sobre la validez constitucional de la ley 12.836, modificada por la ley 13.436, limitándose a señalar que se habían zanjado las diferencias con el régimen de consolidación nacional, instaurado por la ley federal 25.344, con remisión a la también nacional ley 23.982, pero sin efectuar -en rigor de verdad- referencia alguna a la Constitución local.

Cabe entonces concluir, que en la presente causa no se ha resuelto un caso constitucional en los términos del art. 161 de la Constitución provincial, que habilite la revisión del fallo de grado por este medio recursivo, correspondiendo su rechazo.

Con costas (art. 303, C.P.C.C.).

Voto por la negativa.

Los señores jueces doctores de Lázzari, Soria, Kogan y Pettigiani, por los mismos fundamentos del doctor Negri, votaron la primera cuestión también por la negativa.

A la segunda cuestión planteada, el doctor Negri dijo:

I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley el actor alega que dada su particular condición de acreedor de un crédito de naturaleza alimentaria - sanitaria y no contando con otro ingreso, la aplicación en especie de la ley 12.836 dispuesta por el juzgador de origen, le causa un grave perjuicio.

Al respecto sostiene que resulta inadmisible se privilegien los intereses del deudor a los del acreedor y que, si eventualmente cabe efectuar una distinción entre iguales, -por aplicación del principio protectorio- ésta debería ser en beneficio del trabajador.

Afirma que se han violentado diversas normas que cita, tanto de la Constitución nacional como de la local.

II. El recurso ha de prosperar.

Tal como expresé en la causa L. 88.330, "Calderón", sent. del 31-VIII-2007, dicha norma es inconstitucional, sin que las modificaciones introducidas en su texto por la ley 13.436 alcancen para purgar su incompatibilidad con la Constitución nacional tal cual fuera decidido por esta Corte en la causa "Aubert", B. 59.361, res. del 12-X-2005 y por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Vergnano de Rodríguez", sent. del 26-X-2004.

En el fallo recaído en la causa "Aubert" esta Corte declaró la inconstitucionalidad de la ley 12.836 y su consecuente inaplicabilidad en la especie, por considerarla contraria a los arts. 14 bis, 17 y 31 de la Constitución nacional y 57 de la Constitución provincial. Tuvo en cuenta para ello que la referida ley era de naturaleza intrafederal, pues nacía de la adhesión provincial al régimen nacional establecido por la ley 25.344 que, a su vez, había dispuesto la consolidación de deudas con los alcances y en la forma prevista por la ley 23.982.

En consecuencia, la ley 12.836 no podía válidamente introducir en su régimen condiciones más gravosas o mayores restricciones a los derechos de los acreedores locales que las previstas por esas dos leyes nacionales, situación que, precisamente, se juzgó configurada en el caso a la luz de la ausencia de opción de pago en efectivo (del voto del doctor Hitters que concitara la mayoría).

Al momento del dictado de esa sentencia la Corte nacional ya había declarado la inconstitucionalidad de la ley bajo análisis en la referida causa "Vergnano de Rodríguez" y ello derivó en el dictado de la ley 13.436 a fin de adecuar la consolidación de deudas local al régimen nacional.

En los considerandos del decreto 577/2006, reglamentario de la nueva ley provincial, se puso de relieve "Que las modificaciones introducidas por la citada Ley han tenido en cuenta observaciones que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha realizado sobre el régimen de consolidación, tal cual está diseñado en la Ley 12.836, por entender que dicha norma se aparta en algunos puntos del régimen de consolidación nacional creado por la Ley 25.344 al que la Provincia adhiriera mediante el Artículo 46 de la Ley 12.727, y que ello genera mayores restricciones a los derechos de quienes deben percibir créditos del Estado Provincial".

En ese contexto, el art. 1º de la ley 13.436 modificó el 16 de la ley 12.836 regulando la opción de pago en efectivo para los acreedores de la Provincia de Buenos Aires de deudas consolidadas.

Textualmente, el artículo expresa: "Modifícase el Artículo 16 de la ley 12.836, el que quedará redactado de la siguiente forma: `ARTICULO 16: El pago de las obligaciones consolidadas se efectuarán, a opción del acreedor: Mediante los títulos públicos cuya emisión autoriza el artículo 18 de la presente Ley y conforme lo dispuesto en el Artículo 17 de la misma, o En efectivo, en moneda de curso legal conforme los criterios que establezca la normativa aplicable y los procedimientos y condiciones que determine la reglamentación¿" (B.O.P., 19-I-2006), correspondiendo advertir sobre el particular que pese a que los arts. 2º, 5º y 6º de la misma ley hacen referencia al inc. b) del mentado art. 16, el legislador nunca identificó de ese modo los términos de la opción.

Sin embargo, debo decir, la adecuación al régimen nacional adherido ha sido sólo parcial, subsistiendo en el local, como seguidamente explicaré, mayores restricciones a los derechos de los acreedores consolidados del Estado provincial con relación a sus pares de la Nación.

El art. 5 de la ley 13.436, en oportunidad de regular el procedimiento de pago en efectivo de las obligaciones consolidadas impone a la autoridad de aplicación -el Ministerio de Economía (art. 23, dec. 1578/2002)-, a determinar los recursos necesarios a fin de atender las solicitudes de cancelación en esa forma.

Sin embargo, ni la ley 13.436 ni el decreto 577/2006 que la reglamenta dan precisiones sobre cuál ha de ser el "ejercicio fiscal correspondiente" ni cuál el plazo máximo de espera para quienes hayan optado por la cancelación en efectivo de sus deudas consolidadas, sumiendo a los acreedores en una incertidumbre inaceptable para quienes son titulares de derechos reconocidos en sentencias judiciales y actos administrativos firmes, acuerdos, transacciones y laudos.

Por el contrario, en caso que los recursos presupuestarios asignados a ese fin en un ejercicio fiscal resultaran insuficientes para atender la totalidad de las solicitudes de cancelación en efectivo, éstas pasarán al ejercicio siguiente, siendo de aplicación nuevamente el orden de prelación a que hace referencia el art. 6º (art. 5º), sin que la norma establezca límite alguno que circunscriba en el tiempo esta situación -muy probable por cierto si se tiene como pauta el monto asignado según el art. 4 del decreto 577/06 para el año en curso- de sucesivos pases "al ejercicio siguiente" hasta dar por fin con la cancelación de la deuda fiscal.

Es igualmente relevante, en el aspecto que vengo tratando, el desfase que el régimen provincial exhibe respecto del nacional.

El sistema de consolidación de la Nación estructurado sobre la base de las leyes 23.982, 25.344 y su decreto reglamentario 1116/2000, fija, a diferencia del provincial que nada dice al respecto, plazos máximos de espera para los pagos en efectivo de obligaciones previsionales y deudas en general -de diez y dieciséis años respectivamente- contados a partir de la fecha de corte y considerando la fecha en que quedó firme la aprobación de la primera liquidación del crédito (arts. 7 y 8, ley 23.982 y 10, Capítulo III del Anexo IV del dec. 1116/2000), vencidos los cuales queda expedita la ejecución judicial en los términos del art. 22 de la ley 23.982.

Así es que, sólo de modo aparente la ley 13.436 ha cumplido con su anunciado cometido de atender las observaciones que la Corte Suprema de Justicia de la Nación realizó al régimen provincial de consolidación con el fin de compatibilizarlo con el régimen creado por la ley 25.344. Como ya dije, ni la ley ni los procedimientos y condiciones a los que ella misma somete la implementación del pago en efectivo han determinado criterios que contribuyan a considerar a este modo de cancelación como una verdadera alternativa superadora de la restricción que viciaba a la ley 12.836.

En otro orden, es del caso poner de relieve que la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló la causa "Mochi, Ermanno y otro contra Buenos Aires, Provincia de. Daños y perjuicios" (sent. del 26-II-2008, M.424.XXXIII Originario), en la que, con fundamentos en parte coincidentes con los que aquí se expresan, decidió que no existía razón para exigir a la acreedora que se sometiera a un régimen de consolidación que no se ajusta a las disposiciones en vigencia.

Concluyo entonces que la legislación impugnada, resulta inconstitucional por su colisión con los arts. 17 de la Constitución nacional y 31 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.

III. En razón de lo expuesto, el recurso ha de prosperar, correspondiendo declarar la inconstitucionalidad de la ley 12.836, modificada por ley 13.436. Los autos deberán volver al tribunal de grado a fin de la adecuación del pronunciamiento a lo que aquí se decide. Con costas (art. 289, C.P.C.C.).

Por todo ello, doy mi voto por la afirmativa.

A la segunda cuestión planteada, el doctor de Lázzari dijo:

Adhiero a la propuesta decisoria plasmada en el voto del doctor Negri.

En precedentes anteriores, esta Suprema Corte juzgó que las modificaciones incorporadas por la ley 13.436 al régimen de consolidación establecido por la ley 12.836 lograron sortear los reparos que habían dado motivo al fallo de la Corte nacional dictado en la causa "Vergnano", cuyo criterio fuera seguido por esta Suprema Corte in re "Aubert" (conf. causas L. 88.330, "C.,E.", sent. del 31-VIII-2007, con voto de la doctora Kogan, al que presté mi adhesión; asimismo, causas B. 59.221, "Nogueira", res. del 17-X-2007 y B. 61.019, "Masson", res. del 21-XI-2007).

Para concluir de esa manera, se tuvo en cuenta que la reforma consagró una opción de pago en efectivo a favor de los acreedores provinciales de obligaciones consolidadas, modificando el art. 16 de la ley 12.836 y estableciendo un orden de prelación en función de la causa originaria de las mismas y un monto anual equivalente, por lo menos, al cuatro por ciento (4%) del total de obligaciones consolidadas, según la estimación que a tal efecto realizara la autoridad de aplicación. Asimismo, se ponderó que el art. 10 de la ley 13.436 establece que el Poder Ejecutivo modificará los términos y condiciones de los Bonos de Consolidación que el art. 18 de la ley 12.836 autoriza a emitir, de manera que la amortización total se complete en el mes de enero de 2016 y adecuará el cronograma de amortizaciones a dicha fecha, adaptándose la fecha de percepción de los bonos -para el caso de que se optare por ellos-, en línea con el reparo que había formulado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Vergnano". Finalmente, se valoró que el art. 11 de la nueva normativa legal modificó el art. 18 de la ley 12.836, suprimiendo el tope del quince por ciento del cálculo de recursos de la administración central que tenía para emitir los bonos.

Sobre la base de tales argumentos -reitero- esta Corte concluyó que, con la sanción de la ley 13.436 y su reglamentación, aparecían superados los aspectos cuestionables de la anterior regulación.

Ahora bien, recientemente la Corte Suprema de Justicia de la Nación (in re M.424.XXXIII, "Mochi, Ermanno y otra c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios", sent. del 26-II-2008) resolvió que las modificaciones introducidas por la ley 13.436 a la ley 12.836, no han superado totalmente las objeciones resaltadas por el alto Tribunal en el referido precedente "Vergnano de Rodríguez".

Para así decidir, puntualizó que si bien los Estados provinciales pueden invocar y hacer valer las leyes de consolidación que dictan sobre la base de la facultad que les confirió el art. 19 de la ley nacional 23.982, en virtud de la remisión efectuada por el art. 13 de la ley 25.344, dicha aplicación es posible en la medida en que las normas legales que se invocan, y los actos que se realizan en consecuencia, se ajusten a las previsiones contenidas en la ley nacional y no presenten conflicto con el art. 31 de la Constitución nacional. En consecuencia -resaltó la Corte federal- las provincias pueden consolidar las obligaciones a su cargo que reúnan las condiciones establecidas en el art. 1º de la ley 23.982, siempre que las normas legales locales respectivas no introduzcan mayores restricciones a los derechos de los acreedores que las establecidas por la legislación nacional respecto de las deudas del sector público nacional.

Partiendo de dicha base, el máximo Tribunal analizó la normativa local y concluyó que, aún tras las modificaciones introducidas por la ley 13.436 al texto original de la ley 12.836, el régimen de consolidación de deudas vigente en la Provincia de Buenos Aires contiene condiciones más gravosas que las previstas en la legislación nacional.

Ello así, por las siguientes razones:

(i) En primer lugar, pues mientras que la legislación nacional establece que las obligaciones que se cancelen en efectivo se atenderán con los recursos que al efecto disponga el Honorable Congreso de la Nación en la ley presupuestaria de cada año, siguiendo el orden de prelación y cronológico que se establecen en los arts. 7º y 8º de la ley 23.982, en un plazo máximo de dieciséis (16) años, para las deudas en general, contados a partir de la fecha de corte (arts. 1 de la ley 25.344 y 10 del dec. regl. 1116/2000) el régimen local no contempla el límite referido (art. 5º de la ley 13.436) de manera que, si eventualmente los recursos existentes no resultasen suficientes, podría extenderse más allá de lo previsto en la legislación nacional el plazo de cancelación de lo adeudado, agravando ilícitamente la situación del acreedor del fisco local.

(ii) En segundo término, porque la legislación local extiende más allá de lo permitido el comienzo del pago de la primera cuota de amortización de capital e intereses de los títulos públicos. Es que el plazo para el pago de tales servicios se computa a partir de la "fecha de emisión", que la ley local fija en el 30-XI-2001, mientras la nacional lo hace en el 1-I-2000, diferencia que -ponderó la Corte- "ocasionaría a los acreedores un serio perjuicio, ya que si se admitiese la aplicación de la ley al caso, comenzarían a percibir la amortización del capital e intereses, en una fecha posterior a la establecida por la ley nacional", lo que importaría una demora de dos años con el régimen nacional, tornando más gravosa la situación que la contemplada en éste.

(iii) Por último, agregó la Corte que si bien el art. 11 de la ley 13.436 modificó el art. 18 de la ley 12.836, en cuanto eliminó el límite de 15% del cálculo de los recursos de la Administración Central vigente al momento de emitir los títulos, el decreto reglamentario mantuvo dicha limitación (v. arts. 4º inc. f, decreto 1578/2002 y 18 y 19, decreto 577/2006).

Sin perjuicio del criterio esgrimido en la citada causa L. 88.330, "C.,E." (sent. del 31-VIII-2007), en lo relativo a que las modificaciones introducidas por la ley 13.436 hubieron de salvar las objeciones constitucionales formuladas al régimen de la ley 12.836, teniendo en cuenta lo resuelto posteriormente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el indicado precedente "Mochi", he de plegarme ahora -por razones de celeridad y economía procesal- al criterio allí esbozado por el alto Tribunal, por lo que considero que el régimen provincial de consolidación de deudas no debe ser aplicado en la especie.

En virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso deducido y declarar la inconstitucionalidad de la ley 12.836, modificada por la ley 13.436. La causa debe volver al tribunal de origen, a fin de la adecuación del pronunciamiento a lo aquí resuelto. Costas a la vencida (art. 289, C.P.C.C.).

Voto por la afirmativa.

A la segunda cuestión planteada, el doctor Soria dijo:

I. Adhiero a la solución a la que arriba el doctor Negri, aunque considero necesario desplegar mi propia argumentación.

a. En la causa V. 128.XXXV. "Vergnano de Rodríguez, Susana Beatriz c/Buenos Aires, Provincia de, s/daños y perjuicios" (sent. de 26-X-2004) la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de la ley 12.836 que diseña un régimen de consolidación en el marco del estado de emergencia declarado por la ley 12.727 (B.O.P., 23 y 24-VII-2001), por adhesión a la ley 25.344 (B.O.N., 21-XI-2000), de conformidad con la invitación prevista en el art. 24 de esta última (ver arts. 8, segundo párrafo, ley 12.836; 46, ley 12.727). Este criterio fue seguido en sus grandes líneas por esta Suprema Corte al resolver el expediente B. 59.361 ("Aubert", res. del 12-X-2005).

b. Con fecha 27 de diciembre de 2005 fue sancionada la ley 13.436 (B.O. del 19-I-2006), que modifica varios artículos de la ley 12.836. Mediante el decreto 577 del 28 de marzo de 2006 (B.O., 11-IV-2006) se reglamentaron ambas leyes.

Con base en las modificaciones incorporadas por la citada norma, esta Corte entendió -en criterio al que adherí- que la sanción de la ley 13.436 y su reglamentación lograban sortear los aspectos cuestionables de la anterior regulación que dieron motivo al fallo de la Corte nacional dictado en la causa "Vergnano" (cf. C. 88.847, in re "Peters", sent. de 12-IX-2007 y C. 92.077, "Almada", sent. de 05-XI-2007).

c. Empero, recientemente el alto Tribunal ha interpretado que el régimen de la ley 12.836 en su redacción conforme ley 13.436, es inconstitucional.

i] En la causa "Mochi" (M.424.XXXIII, sent. del 26-II-2008) consideró que con las modificaciones dispuestas por la ley provincial 13.436 a la ley de consolidación local 12.836 no desaparecieron las causas que motivaron la decisión in re "Vergnano" dado que la ley en cuestión contiene condiciones más gravosas que las previstas en la legislación nacional, por un doble orden de razones.

En primer término, estimó que la legislación nacional establece que las obligaciones que se cancelen en efectivo se atenderán con los recursos que al efecto disponga el Congreso nacional en la ley de presupuestos de cada año, siguiendo el orden de prelación y cronológico establecido en los arts. 7 y 8 de la ley 23.982, en un plazo máximo de dieciséis años para las deudas en general, a contar desde la fecha de corte (arts. 14 de la ley 25.344 y 10 del decreto reglamentario 1116/2000). Por el contrario -acotó- el régimen local no contempla el límite aludido (art. 5 de la ley 13.436) por lo cual, si eventualmente, los recursos existentes resultan insuficientes, podría extenderse su cancelación más allá del plazo previsto en el orden nacional.

En segundo lugar, interpretó que la legislación local extiende más allá de lo permitido el comienzo del pago de la primera cuota en el período de amortización de capital e intereses de los títulos públicos. Precisó al respecto que el plazo de pago de dichos servicios se computa a partir de la fecha de emisión que la ley local fija el 30 de noviembre de 2001, en tanto la nacional el 1 de enero de 2000 (arts. 4 inc. d del decreto 1578/2002 y 24 inc. a del decreto 1116/2000). Tal diferencia, sostuvo, les ocasionaría a los actores un serio perjuicio ya que de admitirse la aplicación de la ley 12.836 se comenzaría a percibir la amortización en cuestión en una fecha posterior a la establecida a nivel nacional.

A lo expuesto, añadió que si bien el art. 11 de la ley 13.436 ha modificado el art. 18 de la ley 12.836, dejando de lado el límite del 15% del cálculo de los recursos de la Administración Central vigente al momento de emisión de los títulos, lo cierto era que el decreto reglamentario lo mantiene (arts. 4 inc. f del decreto 1578/2002 y 18 y 19 del decreto 577/2006).

ii] Pues bien, dada la doctrina sentada por la Corte nacional en el ya referido caso "Mochi", cuyo criterio he de seguir sólo por razones de economía procesal, el planteo efectuado por el impugnante, debe ser acogido.

II. En virtud de lo afirmado, corresponde hacer lugar al recurso deducido y declarar la inconstitucionalidad de la ley 12.836, modificada por ley 13.436. La causa deberá volver a la instancia de grado, a fin de la adecuación del pronunciamiento a lo que aquí se propicia. Con costas (art. 289, C.P.C.C.).

Voto por la afirmativa.

A la segunda cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:

Adhiero a la propuesta decisoria plasmada en el voto del doctor Negri.

El tema de la constitucionalidad de la ley 12.836, fue abordado por esta Corte en la causa L. 88.330, sent. del 31-VIII-2007, donde se afirmó el saneamiento del déficit constitucional que la norma presentaba y que justificara su descalificación constitucional tanto por parte de la Corte nacional en el precedente V. 128.XXXV, "Vergnano", sent. del 26-X-2004, como por este Tribunal en la causa B. 59.361, "Aubert", sent. I. del 12-X-2005, a partir de la sanción de la ley 13.436 (B.O. del 19-I-2006), que la modifica en varios de sus artículos y del dictado del decreto 577 del 28-III-2006 (B.O., 11-IV-2006) reglamentario de ambas leyes.

No obstante, un nuevo y detenido análisis del alcance superador allí conferido a la ley modificatoria, me lleva a apartarme de lo resuelto en la causa L. 88.330 antes citada.

En efecto. La reforma introducida al articulado de la ley 12.836 con el fin de alcanzar su adecuación al régimen nacional al que adhiere ha sido sólo parcial puesto que mantiene condiciones más gravosas para los derechos de los acreedores cuyos créditos resultan alcanzados por los efectos de la consolidación.

En esta misma línea que guía el iter reflexivo que me lleva al abandono de la postura a favor del saneamiento del déficit constitucional de la ley de consolidación provincial se ha pronunciado la Corte nacional al emitir pronunciamiento en la causa M. 424. XXXIII, "Mochi", sent. del 26-II-2008 donde brindó un doble orden de razones para sostener la inconstitucionalidad de la norma local.

El primero de ellos relacionado con el plazo máximo previsto para la cancelación en efectivo de las obligaciones. En ese orden señaló que "la ley nacional establece que las deudas se atenderán con los recursos que al efecto disponga el Honorable Congreso de la Nación en la ley de presupuesto de cada año, siguiendo el orden de prelación y cronológico que se establecen en los arts. 7º y 8º de la ley 23.982, en un plazo máximo de dieciséis (16) años, para las deudas en general, contados a partir de la fecha de corte (arts. 14 de la ley 25.344 y 10 del decreto reglamentario 1116/2000). En cambio, el régimen local no contempla el límite aludido (ver art. 5º de la ley 13.436) de manera que, si eventualmente los recursos existentes no resultasen suficientes, podría extenderse más allá de lo previsto en la legislación nacional la cancelación de lo adeudado, agravando la situación del acreedor, extremo expresamente prohibido por el art. 19 de la ley 23.982 (art. 5º, ley 13.436)".

El otro punto no depurado que conserva la norma provincial se vincula con el comienzo del pago de la primera cuota de amortización de capital e intereses de los títulos públicos, el cual sigue siendo menos beneficioso en la ley local.

Ese plazo en la norma nacional se computa a partir de la "fecha de emisión", que es el 1º de enero de 2000 (arts. 4 inc. d del decreto 1578/2002 y 24 inc. a del decreto 1116/2000), mientras la ley local la fija el 30 de noviembre de 2001.

Al respecto señaló la Corte de la Nación que: "Esta diferencia les ocasionaría a los actores un serio perjuicio, ya que si se admitiese la aplicación de la ley al caso, comenzarían a percibir la amortización del capital e intereses en una fecha posterior a la establecida por la ley nacional. En efecto, los setenta y tres meses previstos para el inicio del pago de dichos servicios comenzarían a contarse a partir de la fecha de emisión a la que se ha hecho referencia, lo que importaría una demora de dos años con relación al régimen al que adhiere, tornando así la situación de los interesados en más gravosa que la contemplada en la legislación nacional (ver art. 10 de la ley provincial 13.436 y art. 4, inc. g del decreto reglamentario 1576/02, modificado por el art. 18 del decreto 577/06; arts. 15 y 16 de la ley nacional 25.344 y art. 24 del decreto reglamentario 1116/2000)".

Finalmente, apuntó que: "... si bien el art. 11 de la ley 13.436 modificó el art. 18 de la ley 12.836 en cuanto eliminó el límite del 15% del cálculo de los recursos de la Administración Central vigente al momento de emitir los títulos, lo cierto es que el decreto reglamentario mantiene dicha limitación (ver art. 4, inc. f del decreto 1578/2002 y arts. 18 y 19 del decreto 577/06)".

De conformidad a todo lo expuesto, entiendo, corresponde desestimar la aplicación de la ley 12.836, modificada por la ley 13.436 al sub lite y declarar su inconstitucionalidad por configurarse el supuesto de colisión previsto por el art. 31 de la Constitución nacional al mantener mayores restricciones a los derechos de quienes deben percibir créditos del Estado provincial, que los establecidos por su antecedente nacional al que adhiere. La causa debe volver a la instancia de origen a fin de que se practique una nueva liquidación conforme la solución que aquí se propicia. Costas a la demandada (arts. 68 y 289, C.P.C.C.).

Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.

A la segunda cuestión planteada, el doctor Pettigiani dijo:

Adhiero a la propuesta decisoria del doctor Negri, con el siguiente fundamento.

Con fecha 26 de febrero de 2008, la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Mochi, Ermanno y otra c/Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios" (M. 424. XXXIII) resolvió que las modificaciones dispuestas por la ley provincial 13.436, a la ley de consolidación local 12.836, no han superado totalmente los obstáculos puestos de manifiesto en su precedente "Vergnano de Rodríguez" (Fallos 327: 4668) para que el pago de los créditos sometidos al régimen legal de consolidación de deudas provinciales actualmente vigente pudiera ser efectuado en dicho marco.

Para ello sostuvo que si bien reiteradamente ha sostenido el Tribunal cimero que los Estados provinciales pueden invocar y hacer valer las leyes de consolidación que dictan sobre la base de la facultad que les confiriera el art. 19 de la ley nacional 23.982, en virtud de la remisión efectuada por el art. 13 de la ley 25.344, dicha aplicación es posible en la medida en que las normas legales que se invocan, y los actos que se realizan en consecuencia, se ajusten a las previsiones contenidas en la ley nacional, sin presentar conflicto con el art. 31 de la Constitución nacional, de modo tal que las provincias pueden consolidar las obligaciones a su cargo que reúnan las condiciones establecidas en el art. 1 de la ley 23.982, siempre que las normas legales locales respectivas no introduzcan mayores restricciones a los derechos de los acreedores que las establecidas por la legislación nacional respecto de las deudas del sector público nacional (conf. art. 19, ley 23.982).

Pues bien, el máximo Tribunal analizó la normativa local (ley 12.836, aún con las sustanciales modificaciones introducidas por la ley 13.436) y concluyó -por un doble orden de razones- que la misma aun contiene condiciones más gravosas que las previstas por la legislación nacional (Consid. 3º, primer párrafo).

Por un lado, mientras que la legislación nacional establece que las obligaciones que se cancelen en efectivo se atenderán con los recursos que al efecto disponga el Honorable Congreso de la Nación en la ley presupuestaria de cada año, siguiendo el orden de prelación y cronológico que se establecen en los arts. 7 y 8 de la ley 23.982, en un plazo máximo de dieciséis (16) años, para las deudas en general, contados a partir de la fecha de corte (arts. 1, ley 25.344 y 10, decreto reglamentario 1116/2000); en cambio, el régimen local no contempla el límite referido (v. art. 5 de la ley 13.436) de manera que, si eventualmente los recursos existentes no resultasen suficientes, podría extenderse más allá de lo previsto en la legislación nacional el plazo de cancelación de lo adeudado, agravando ilícitamente la situación del acreedor del fisco local (Consid. 3º, segundo párrafo).

Por otro lado, señaló la Corte Suprema federal que la legislación local extiende más allá de lo permitido el comienzo del pago de la primera cuota de amortización de capital e intereses de los títulos públicos. Mientras que el plazo para el pago de tales servicios se computa a partir de la "fecha de emisión" que la ley local fija en el 30 de noviembre de 2001 (art. 4 inc. d de decreto 1578/2002), la nacional lo hace en el l de enero de 2000 (art. 24 inc. a, decreto 1116/2000), lo que importa -merced a la identidad del período de setenta y tres (73) meses de espera contemplado- que los acreedores del fisco local comiencen a percibir la amortización del capital y los intereses en una fecha posterior -veintidós (22) meses después- a la establecida por la ley nacional (v. arts. 10, ley 13.436; 4 inc. g, decreto reglamentario 1578/2002 modificado por el art. 18 de decreto 577/2006; arts. 15 y 16 de la ley nacional 25.344 y 24, decreto reglamentario 1116/2000; consid. 3º, tercer y cuarto párrafos).

Finalmente, agregó que si bien el art. 11 de la ley 13.436 modificó el art. 18 de la ley 12.836 en cuanto eliminó el límite de 15% del cálculo de los recursos de la Administración Central vigente al momento de emitir los títulos, lo cierto es que el decreto reglamentario mantiene dicha limitación (v. arts. 4 inc. f, decreto 1578/2002 y 18 y 19, decreto 577/2006; consid. 3º, quinto párrafo).

Ahora bien, más allá de la opinión a que oportunamente hube de adherir en orden a la constitucionalidad sobreviniente del mecanismo de consolidación de deudas provinciales previsto por la ley 12.836, una vez introducidas las modificaciones traídas por la ley 13.436 (conf. C. 94.340, sent. del 14-XI-2007; C. 89.459, sent. del 5-III-2008), que dejo a salvo, teniendo en cuenta lo resuelto en la materia por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (in re "M.424.XXXIII. Ordinario. Mochi, Ermanno y otra c/ Buenos Aires, Provincia de s/ Daños y perjuicios", sent. del 26-II-2008); y considerando la innegable gravitación que -más allá de lo que pueda sostenerse sobre su eventual aptitud vinculatoria- cabe reconocerles en todo caso atento su ubicación en la cúspide del ordenamiento judicial (arts. 5, 108, 123 y 127, Const. nacional), razones de celeridad y economía procesal me llevan a adoptar el criterio allí abrazado y a declarar -por los mencionados fundamentos vertidos por la Corte Suprema- la inconstitucionalidad de la ley 12.836, aún con las modificaciones introducidas por la ley 13.436 (arg. art. 31, Constitución nacional), y en consecuencia, a hacer lugar al recurso extraordinario deducido. La causa deberá volver a la instancia de origen, a fin de la adecuación del pronunciamiento a lo que aquí se propicia. Costas a la vencida (art. 289 C.P.C.C.).

Voto por la afirmativa.

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente SENTENCIA Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Fiscal del Tribunal de Casación Penal, se rechaza el recurso extraordinario de inconstitucionalidad; con costas (art. 303, C.P.C.C.). Respecto del de inaplicabilidad de ley también deducido, se hace lugar al mismo y se declara la inconstitucionalidad de la ley 12.836, modificada por ley 13.436. Vuelvan los autos al Tribunal de origen para que emita el pronunciamiento y la liquidación que corresponde con arreglo a lo que aquí se ha resuelto. Costas a cargo de la vencida (art. 289, C.P.C.C.). - Eduardo Néstor De Lazzari - Daniel Fernando Soria. - Hilda Kogan. - Eduardo Julio Petiggiani.