marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario federal, sentencia definitiva, cuestión federal
Materia: CIVIL
Carátula: ICK NESTOR CARLOS Y OTRO s/ RECURSO EXTRAORDINARIO EN AUTOS: SOCIOS ACCIONISTAS DE FRASGAS C/  FRASGAS S.A. S/ IMPUGNACION DE NULIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1993-02-25

Es procedente el recurso extraordinario federal, cuando el fallo impugnado constituye sentencia definitiva del superior tribunal de la causa, es decir, que decidió sobre el fondo del pleito, dirimiendo las controversias entre las partes impidiendo el ulterior debate de la cuestion planteada, privando al recurrente del medio legal para obtener la tutela de su derecho, máxime si la cuestion federal fue planteada oportunamente.
Acto administrativo, nulidad de oficio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Pavón, Oscar Manuel c/ Municipalidad de General Pueyrredón s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-06-28

El interés público comprometido en la vigencia de la jurisdicidad constituye el fundamento en virtud del cual debe reconocerse a la Administración la potestad de anular oficiosamente sus actos ilegítimos afectados de irregularidades graves.
Honorarios, pago
Materia: CIVIL
Carátula: BANCO PROVINCIAL DE SALTA c/ GIMENEZ, NESTOR DEL ROSARIO s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2005-05-09

Las cuestiones vinculadas a honorarios no son, en principio susceptibles de revisarse por esta vía, más aún cuando la discusión se refiere exclusivamente a la forma de pago.
Caducidad de instancia, impulso de oficio, impulso de parte, elevación en apelación, demora en la elevación de los autos
Materia: PROCESAL
Carátula: FIGUEROA, Gustavo Alfredo c/ ROLON, Héctor Ernesto s/ CONSIGNACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-10

Si bien el art. 313 del Código Procesal impone al Juzgado la carga de efectuar ciertos actos procesales de oficio, ello no releva a las partes de la realización de los que sean necesarios para urgir su cumplimiento ante la omisión del órgano judicial correspondiente, la cual, por lo demás, puede suplirse mediante una diligente actuación procesal.
Competencia, Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social, sentencia, Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, revocación de sentencia, derecho fijo, intimación de pago, aplicación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: GARIBALDI, Ismael c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-27

Es incompetente la C.N.A.S.S. para dictar el nuevo pronunciamiento ordenado por la C.S.J.N. al revocar una sentencia de la C.N.A.T., si el recurso deducido por el titular contra la resolución administrativa que denegó su petición fue presentado cuando no se había sancionado la ley 23.473 (cfr. C.S.J.N., sent. del 18.12.90, "Arzac, Alberto" y considerando 2 y art. 1 de la Acordada 6/89 C.S.J.N.) aunque hubiera mediado intimación de aquella al pago del bono por derecho fijo, ya que este fue implementado por la ley 23.187 y corresponde practicarla a todos los fueros.
Jurisdicción y competencia, cuestiones de competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: B.U.C.I c/ Bodegas    y   Viñedos  Castro  Hnos.Soc.  Anon.Ind.  Com.  y  otros. s/ CUESTION DE COMPETENCIA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-16

Las cuestiones de competencia entre tribunales de distinta jurisdicción deben ser resueltas por aplicación de las normas nacionales de procedimiento.
Derecho procesal, juicio ejecutivo, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO RIO DE LA PLATA S.A. c/ GIMENEZ, CATALINA ISABEL Y OTROS s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-09-30

Conforme lo dispone el art. 543 del C.P.C., Las costas del proceso ejecutivo se deben imponer a la ejecutada , salvo las correspondientes a las pretensiones de la contraria que hayan sido desestimadas, como en el caso la incidencia referida a la medida cautelar, en la que la ejecutante pretendía se mantuviese su vigencia.
Dictadura militar, prueba insuficiente
Materia: PENAL
Carátula: Almirón, Víctor Hugo y Otros c/  s/ Recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-10-04

La situación particular de la presunta víctima no fue manejada en la clandestinidad como sucedía en esa época con aquellos que sí eran considerados enemigos del Estado, sino que, por el contrario, al ser sindicado como autor de un delito se procedió a formar un expediente judicial y su situación procesal fue valorada por distintos magistrados.
Robo calificado, robo en banda, auto de procesamiento
Materia: PENAL
Carátula: BRINGAS, Marcos. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-16

La calificante "banda" tiene como fundamento el mayor poder vulnerante sobre la persona o sobre el objeto que importa la participación en conjunto de una pluralidad de personas. Este poder se tiene ya desde la actuación en conjunto, más allá de que ella sea o no percibida por la víctima.

Si el damnificado fue alcanzado por dos personas que comenzaron a golpearlo, una de ellas le sustrajo de un tirón la cartera que llevaba colgada y se la entregó al otro individuo que comenzó a correr y se subió a una motocicleta que estaba cerca esperándolo, dándose a la fuga; corresponde confirmar el procesamiento del imputado en orden al delito de robo agravado por ser cometido en lugar poblado y en banda.
Requerimiento de elevación a juicio, imputado, notificación personal, nulidad procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: SESSO, Fernando Daniel. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-02-25

Si de las constancias legales se desprende que la notificación del auto de elevación a juicio fue efectuada personalmente al inculpado, quien nunca compareció ante el juez, cuando podía haberlo hecho a los efectos de informarse sobre la conveniencia de ser oído y en qué términos y, toda vez que la notificación al imputado en los términos del art. 353 bis, tercer párrafo del C.P.P.N.  carece de efecto compulsivo, el acto atacado no vulnera el derecho de defensa en jyuicio consagrado en el art. 18 de la C.N., motivo por el cual debe confirmarse el auto que rechazó el pedido de nulidad articulado por la defensa.
Empleados públicos, suspensión preventiva
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Tettamanti, Marcelo Carlos c/ Provincia de Buenos Aires (Dirección de Escuela) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-06-23

Aún en supuestos en los que se llega a la conclusión de que un empleado ha sido privado ilegítimamente de su cargo, no cabe presumir la existencia de daño alguno.
Registros provinciales de reincidencia, estadística criminal, adicionales de remuneración
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: MAISTERRA ALDO MANUEL c/ Ente Cooperador Leyes y otros s/ Prestaciones varias c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-07-06

Corresponde reconocer el carácter remunerativo de los incentivos establecidos por las leyes 23.283 y 23.412 pues, cabe señalar que los "incentivos" mencionados fueron creados en el marco de los convenios con entidades públicas o privadas que tengan por objeto la cooperación técnica y financiera de éstas con la Dirección de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de los Créditos Prendarios, previa autorización del Poder Ejecutivo y, que eran sufragados por fondos provenientes de los entes cooperadores, de conformidad con lo dispuesto en las leyes mencionadas. Y, de acuerdo con lo establecido por el art. 1 del Convenio N° 95 de la OIT (08.06.1949) con entrada en vigor el 24 septiembre 1956, no caben dudas que su objeto fue el de garantizar a las remuneraciones reales de los trabajadores, independientemente de su denominación o metodología de cálculo, una protección integral. Por ende, este "incentivo" importa una ventaja patrimonial normal y habitual que debe considerarse contraprestación salarial en los términos del art. 6 de la ley 24.241, ya que se trata de una mejora en las condiciones de trabajo a pesar de poder ser discrecionalmente modificadas por el empleador.
Recurso de apelación (procesal), facultades de la alzada
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pérez, Francisco Valentín y otros c/ Torres, Rubén Oscar y otra s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-06-06

La Cámara no está obligada a considerar una cuestión que, por no haber sido articulada en oportunidad de contestarse la demanda, resulta ajena a la relación procesal.-
Liquidación judicial, intereses
Materia: PROCESAL
Carátula: FERREYRA, ELVIRA HERMINIA c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-12-07

La liquidación del pleito no es más que la expresión matemática de la condena pasada en autoridad de cosa juzgada y su función, por tanto, es justipreciar el alcance económico de aquella. Por ello si la sentencia dictada por el Tribunal no condenó a la accionada al pago del rubro intereses, ni tampoco la parte actora los reclamó al momento de ejercer su pretención, no puede admitirse como expresión matemática de la condena una planilla que al cuantificar ese pronunciamiento los incluya, salvo con evidente lesión del derecho de defensa de la demandada.
Ejecución fiscal, recurso de apelación (procesal), honorarios, juicio ejecutivo, aportes previsionales
Materia: PROCESAL
Carátula: D.N.R.P. c/ Vidal  de Docampo, Clara Aurora s/ ejecución fiscal-inc. de ejecución de honorarios-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-14

En tanto los honorarios son accesorios de la sentencia principal, deben seguir su misma suerte en materia de la inapelabilidad, sin perjuicio de lo establecido en contrario en el último párrafo del art. 554 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, ya que esta causa se rige por las disposiciones relativas a la ejecución fiscal, establecidas en los arts. 604 y 605 del referido código, por tratarse del cobro de aportes al sistema nacional de previsión social (Disidencia del Dr. Enrique Santiago Petracchi).
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, falta de fundamentación suficiente, ley vigente, automotores, interpretación del contrato, Inspección General de Justicia
Materia: PROCESAL COMERCIAL
Carátula: Laici, Néstor c/ Asorte SA de Ahorro para Fines Determinados. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-13

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que consideró que la resolución N. 8/82 de la IGJ. no resultaba de aplicación al caso por haber acaecido con anterioridad a su vigencia, la renuncia del suscriptor al plan de ahorro previo para la adquisición de un automotor, lo que habría implicado la conclusión de la relación jurídica, si constituyó una afirmación dogmática, en tanto no se examinaron las cláusulas del contrato ni las cuestiones fácticas, como era necesario para decidir sobre el punto.
Caducidad de instancia, impulso procesal
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Alvarez Rodolfo Eduardo C/ Casillo Ricardo Emilio y Casillo Francisco S/ Reivindicación c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2020-06-30

Los actos procesales llevados a cabo por la parte actora (escrito acreditando diligenciamiento de oficio a los fines de constatar el domicilio del demandado), tuvieron aptitud para interrumpir el plazo legal de la caducidad, se trataron de actos necesarios para dejar al expediente en condiciones de que se corra el traslado de la demanda, y evitar futuras posibles nulidades.
Recurso contencioso administrativo, contrato de obra pública, Administración Pública, facultades de la administración, contratista, negligencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SYCIC S.A.C.I.F. E I. c/ Municipalidad de Rafaela s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.:  C.S.J. nro. 303 y 440 año 1993)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-03-19

No puede prosperar el recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción interpuesto por la empresa actora, desde que la suspensión de los pagos al contratista a partir del mes de febrero de 1992 y la falta de entrega de los caños acopiados, lejos de tratarse de circunstancias imputables a la culpa de la Administración, hallan suficiente sustento en las razones mencionadas por ésta en el acto de rescisión y en sede judicial. La contratista, que alega que dichas causas no son jurídicamente procedentes o que constituyen expresión de un incumplimiento de la Municipalidad, no logra convencer de que ello hubiera sido así. En otras palabras: no puede aceptarse el razonamiento de la actora, según el cual se habría visto privada de los fondos y de los materiales necesarios para poder continuar la ejecución de las obras por un actuar negligente de la Municipalidad. Por tanto, no puede afirmarse que hubiera sido la Municipalidad quien estuviera en mora con sus obligaciones.
Escrituración, plazo, plazo suspensivo, plazo incierto
Materia: CIVIL
Carátula: MANNINA, JUANA ESTHER c/ COMISION MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BS. AS. s/ ESCRITURACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-18

Aún en el caso de admitirse que el plazo de 180 días para la escrituración -fijado en el art. 12 de la ley 21.581- no deba computarse desde la entrega de la tenencia precaria del inmueble sino desde que se encontraban "cumplidos los recaudos pertinentes";

lo cierto es que resulta necesario merituar que el plazo suspensivo incierto para escriturar así resultante, supeditado a la culminación de trámites administrativos de mensura y subdivisión, no podría postergarse "sine die", ni quedar librado al arbitrio de la parte vendedora a cuyo cargo estaba la realización de los trabajos y el impulso de las diligencias necesarias ante los organismos municipales y provinciales.
Autorización judicial, nulidad relativa, consentimiento, disposición de bienes, cónyuge, bienes gananciales, disolución de la sociedad conyugal
Materia: CIVIL
Carátula: ROSALES DE BALBO ANTONIA c/ BALBO JORGE Y/O SUC. DE JORGE BALBO Y/O AXENFELD DE BALDO MARTA ISABEL; BALBO LAURA ISABEL Y BALBO MARTA s/ ORDINARIO - MEDIDA CAUTELAR - EXPTE N°2-R-2002
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2008-08-28

Conviene recordar que "Son nulos de nulidad relativa, el acto comprendido en el art. 1277 del Código Civil que se otorgue sin el consentimiento del cónyuge ni la venia judicial... ("C.N.Com.

A, 13/12/82, L.L. 1983-B-335 y E.D. 103-704; C.N.Civ. F, 18/8/76, E.D.

72-536-voto del Dr. Yáñez, cit por Marcelo López Mesa, Ineficiencia y Nulidad de los Actos Jurídicos y Procesales, Pág. 397, Depalma). El reclamo debe ser formulado por parte interesada y estar referido a actos de disposición sobre determinados bienes. "El fin perseguido por la norma es tutelar el derecho de participación de un cónyuge sobre los bienes que forman parte de la masa ganancial del otro, es decir, proteger, durante el matrimonio, los bienes de carácter registrable, con vistas a impedir un fácil egreso de la masa ganancial del cónyuge que los administra, para garantizar en principio, su permanencia hasta la época de la disolución de la sociedad conyugal y tutelar la posibilidad de participar en la liquidación de ese bien al otro conyuge" (M. de D. de Familia, Bossert - Zannoni, pag. 260, 6° ed. Astrea).-
Acción de inconstitucionalidad, derechos del aborigen, propiedad comunitaria de la tierra
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: COMUNIDAD MAPUCHE "LOF LEUFUCHE" s/ ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD LEYES PCIALES Nº 279, 1138, 4096, ORDENANZAS MUNICIPALES Nº 92/75 Nº 2583/97, DISPOSICION ADMINISTRATIVA Nº 269 Y DECRETOS Nº 2094/75 Y 813/94
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-03-30

Del contenido de la demanda surge que el "thema decidendum" de autos está constituido por una pretensión dirigida a lograr un pronunciamiento declarativo de inconstitucionalidad, que sin perjuicio de incluirlo, excede el marco de un mero contenido patrimonial en tanto se encuentran en conflicto derechos que, de acuerdo a la exposición ofrecida en la demanda, importan tanto el uso como la disposición del territorio indígena, e incida en su organización conforme a pautas propias de un pueblo originario, respeto a sus valores, creencias, prácticas sociales, culturales y religiosas, y a su bienestar en general".
Derechos y garantías constitucionales, derecho a la salud, personas con discapacidad, cobertura médica
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: F. M., A. M. c/ Instituto Provincial de Salud de Salta s/ amparo - recurso de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-01-22

La salud como valor y derecho humano fundamental encuentra reconocimiento y protección en diversos instrumentos comunitarios e internacionales, que gozan de jerarquía constitucional, en virtud de lo preceptuado por el art. 75 ap. 22 de la C.N., entre los que cabe mencionar la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU de 1948, arts. 3º y 25 inc. 2º, el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, arts. 10 inc. 3º y 12, y la Convención Americana de Derechos Humanos, arts. 2º, 4º y 5º, entre otros. El reconocimiento y protección de la salud surge de varias disposiciones de la Constitución Nacional, en particular de los arts. 41, 42, 75 incs. 19 y 23. A su vez, la Constitución de la Provincia, en sus arts. 32, 33, 36, 38, 39, 41 y 42, contiene preceptos concretos y claros referidos a la protección del derecho a la vida y a la atención de la salud.

La ley nacional establece un sistema de prestaciones básicas de atención integral a las personas con discapa-cidad, contemplando acciones de prevención, asistencia, promoción y protección, a los fines de brindarles una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos. En su art. 2º prevé expresamente que las obras sociales tendrán a su cargo, con carácter obligatorio, la cobertura "total" de las prestaciones básicas enunciadas en la presente ley, que necesiten las personas con discapacidad afiliadas a aquéllas.

Pesa sobre la demandada la obligación de cubrir los tratamientos solicitados y, por lo tanto, debe confirmarse la sentencia apelada en cuanto condena a la obra social a cubrir el 100 % del medicamento, la prótesis y los gastos que irrogue la intervención quirúrgica, reclamados en el amparo.
Acto administrativo, retroactividad de la ley, presunción de legitimidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Crespo, Oscar Julio c/ Provincia del Chubut s/ Demanda de Nulidad e Inconstitucionalidad del Decreto nº 747-91  Diferencias Salariales Pimentel, Nancy Stela y Otros c/ Provincia del Chubut s/ Demanda de Nulidad e Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-03-12|1998-12-23

Siendo el principio general el de que los actos administrativos surten efectos o rigen desde que adquieren carácter de perfectos -o sea, desde que son simultáneamente válidos y eficaces- no cabe duda alguna de que los Dtos. 746 y 747-91 fueron perfectos -y por ende ejecutivos- al menos desde su publicación de conformidad con el art. 123 del Dto. Ley 920. Pero he aquí que cuando el imperio normativo mismo, apartándose del principio general indicado, dispone su vigencia hacia el pasado otorgando a la eficacia un carácter retroactivo, este efecto retroactivo que la norma se concede, no hace, por el solo apartamiento del enunciado general, ilegítimo el acto; en todo caso, la ilegitimidad estará dada por el hecho de su aplicación a relaciones jurídicas que no debieron subsumirse en la regla general.
Nulidad del acto jurídico, procesado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PIZARRO CESAR ONOFRE c/ ELBA B. PIZARRO s/ Ejec (LIBRO: A156 - 241)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-12-10

Se interpuso nulidad de todo lo actuado porque con anterioridad a la demanda, acaeció la muerte de la demandada. Las personas fallecidas no pueden ser parte procesal en tanto tienen la máxima incapacidad. En el caso cuando se acciona contra una persona fallecida, la nulidad de la actuado es de rigor por falta de la relación jurídica procesal, proceso absolutamente inválido.

La incapacidad de una de las partes impide la constitución de la relación jurídica procesal y más aún la inexistencia de la persona en sí, pues es elemental que para ser parte de debe ser persona. En el caso de autos, la vía de la nulidad es apta para declarar la ineficacia de un "no proceso"- El interés de la incidentante deriva de su calidad de heredera de la demandada por las deudas de la causante.-
Certificado de trabajo, empresas de servicios eventuales, obligaciones del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: Godoy, Carlos Andres c/ Carrefour Argentina S.A. y otro.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-12-28

En las relaciones laborales donde el trabajador es contratado a través de una empresa de servicios eventuales, la obligación emanada del art. 80 LCT comprende a la empresa usuaria únicamente en relación al certificado sobre el tiempo de prestación de servicios y naturaleza de éstos.
Jueces naturales, competencia
Materia: CIVIL
Carátula: PAZ DE ESCALADA c/ TELECOM ARGENTINA STET FRANCE TELECOM S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-RECURSO DE QUEJA POR CASACION DENEGADA  INTERPUESTA POR EL DR. RODINO. TELECOM S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-RECURSO DE QUEJA POR CASACION DENEGADA INTERPUESTA POR EL DR. RODINO.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2001-09-07

Al existir objeción constitucional contra el fallo, en razón de que se habría afectado la garantía del Juez Natural, el recurso de inconstitucionalidad no tolera postergación temporal, habida cuenta de que al haber sido cuestionada la intervención válida del fuero civil para entender tambiÚn en el proceso laboral que se mandó acumular, su resolución no puede diferirse hasta la oportunidad del agotamiento de las "vías recursivas ordinarias locales", sin desmedro del derecho del recurrente a obtener un pronunciamiento eficaz y oportuno, sobre todo cuando la objeción a la competencia única del fuero civil en la especie tratada se fundamenta en una garantía de especial consagración y protección constitucional.
Accidentes de trabajo, fondo de garantía, pago, empleador fallido, denuncia de insolvencia
Materia: LABORAL-COMERCIAL
Carátula: SEGOVIA, NORMA c/ MATADERO Y FRIGORIFICO FEDERAL S.A. s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-04

Toda vez que la empresa concursada conserva la administración de su patrimonio bajo la vigilancia del síndico (art. 15 de la ley 24522), la apertura del concurso preventivo no habilita por sí la declaración de insolvencia a fin de obligar al pago al Fondo de Garantía. Esto es así porque el dispositivo de pronto pago en materia de indemnizaciones derivadas de accidentes (art. 16 de la Sección II de la ley citada) no requiere la verificación en el concurso y el accionante tiene una vía expedita y sólo recién ante el fracaso de ella para efectivizar su crédito, por impotencia patrimonial acreditada, cabría la declaración de insolvencia en los términos de la ley especial.
Prescripción, interrupción de la prescripción
Materia: LABORAL
Carátula: Alvarez, Valeriano c/ Regolini S.A. s/ Accidente (1113, Código Civil)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-07-06

No pueden interrumpir el plazo de prescripción las tramitaciones administrativas iniciadas con anterioridad a que el mismo comenzara a correr, habida cuenta que sólo puede interrumpirse una prescripción en curso.