Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-29


SENTENCIA DEFINITIVA NRO. 87.559 CAUSA NRO. 24.232/01 AUTOS: "VILATTA MIGUEL ANGEL C/ COOPERATIVA DE TRABAJO FERROCON LTDA. Y OTRO S/ DESPIDO" JUZGADO NRO. 51 SALA I En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 29 días del mes de Marzo de 2.012, reunida la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y de acuerdo al correspondiente sorteo, se procede a votar en el siguiente orden:

La Doctora Gabriela Alejandra Vázquez dijo:

I.	La sentencia de fs. 610/614 ha sido recurrida por las demandadas a fs. 617/618, 619/624 y 625/627 y por el actor a fs. 628/641.

II.	El recurso de la Empresa Ferrocarriles General Belgrano S.A. lo encuentro inadmisible ya que no media una crítica, concreta y razonada, en orden a la aplicación al caso del artículo 29 de la L.C.T., que lleva a tener a esta empresa como empleadora del actor y por ello deviene abstracto analizar las consecuencias legales que se proyectan por aplicación de los dispositivos legales precitados, entre ellas la obligación de hacer y entregar los certificados previstos en el artículo 80 de la L.C.T.

Por otra parte, concuerdo con el voto del Dr. Héctor Guisado en la causa "Wittich Gabriel Jerónimo c/Seguritas Argentina SA s/despido" (S.D. 95.212 del 22/3/11 del registro de la Sala IV de esta C.N.A.T.) en cuando señala que la presentación de un certificado de trabajo confeccionado por un juez laboral, ante un potencial futuro empleador, podría llegar a constituir un antecedente desfavorable para quien se encuentre, en dichas circunstancias, en la búsqueda de un empleo. Por lo tanto, se desnaturaliza la finalidad para la que está prevista la entrega del certificado de trabajo, que se dirige, precisamente, a contar con una constancia de la experiencia laboral adquirida, a fin de obtener un nuevo trabajo. De allí que, en caso de incumplimiento por la demandada de la condena a entregar a la actora el certificado de trabajo en el plazo establecido, deben imponerse astreintes hasta el cumplimiento de la obligación.

En consecuencia, el planteo efectuado en su recurso para que no se apliquen astreintes lo encuentro inatendible, debiendo estar a lo decidido en origen.

III. En relación a la queja de la codemandada Cooperativa Ferrocon Limitada también propicio su rechazo por cuanto las críticas que formula la sindicatura de la quiebra de esta sociedad a la condena al pago de la suma de $ 600 y a la confección y entrega de los certificados de trabajo, no alcanzan a constituir técnicamente agravios según el artículo 116 del ordenamiento procesal. Hago esta afirmación, porque el sentenciante concluyó en el modo en que lo hizo, luego de valorar las distintas pruebas producidas y de subsumir la cuestión en el derecho laboral vigente, temperamento que no fue controvertido en el memorial sino de una manera simplemente dogmática.

IV. El accionante se agravia porque se ha desestimado su reclamo con sustento en los arts. 231, 232, 233 y 245 de la L.C.T., arts. 8 y 15 de la ley 24.013 y 25.323, al considerarse que la extinción de la relación laboral se produjo de acuerdo a lo dispuesto en el art. 241, último párrafo, de la L.C.T.

Como integrante de la Sala VIII de esta C.N.A.T. he tenido oportunidad de expedirme en circunstancias análogas en la causa "Mercado Mario Rubén c/Cooperativa de Trabajo Ferrocon Ltda. y otro s/despido" (S.D. 36.564 del 2/10/09) valorando al efecto que el artículo 241 LCT admite que se considere que la relación laboral ha quedado extinguida por voluntad concurrente de las partes, si ello resulta de un comportamiento concluyente y recíproco de éstas que traduzca un inequívoco abandono de la relación, esto es, si medió un lapso muy prolongado entre la cesación de la prestación de tareas para la entidad demandada y la pieza postal intimatoria. También consideré que no obsta a la aplicación de dicha preceptiva lo reglado por los artículos 12 y 58 LCT. El artículo 241 LCT se aplica a los supuestos en los que el comportamiento de las partes es inequívoco en el sentido de que han querido el abandono de la relación, esto es, en los casos en que el trabajador deja de prestar los servicios y el empleador no lo emplaza para que concurra a prestarlos. Ello debe valorarse en cada caso, conforme a sus aristas particulares y teniendo en cuenta el transcurso de un plazo razonable.

También expresé que no es atendible que la falta de reclamos no haya sido un acto libre y voluntario, que se encontrara viciado por la situación fraudulenta de su contratación. Ello porque el fraude en la contratación se consideró acreditado sólo respecto del período que concluyó en 1999; no así durante el prolongado tiempo que se sucedió hasta el primer emplazamiento formulado en el año 2001, ya que en ese lapso el demandante habría laborado para la empresa Belgrano Cargas S.A., que no ha sido demandada.

Así, las referidas circunstancias fácticas y, reitero, el prolongado lapso trascurrido hasta la primera intimación postal, otorga sobrado sustento a lo decidido en grado, en el sentido de que se configuró el supuesto extintivo contemplado por el artículo 241 "in fine" de la Ley de Contrato de Trabajo, por lo que el trabajador no tiene derecho a las indemnizaciones que reclamó.

También esta Sala se ha pronunciado en sentido acorde a la decidido en origen (ver causas "Flores Luis Alberto c/Empresa Ferrocarril General Belgrano S.A. y otro s/despido", S.D. 84.742 del 28/9//07 y "Torres Hector Hugo c/Empresa Ferrocarril General Belgrano S.A. y otro s/diferencias de salarios", S.D. 85.821 de marzo de 2011). En dichos precedentes se tuvo en cuenta que el reclamante invocó que resulta inaplicable el art. 241 in fine de la L.C.T. pues la voluntad del trabajador se encontraba viciada por el fraude efectuado por los codemandados hacia aquél, aludiendo al hecho de que nunca tuvo en claro quien era su verdadero empleador.

Sobre este punto, se observó que en la demanda no se había invocado expresamente que el actor haya tomado conocimiento del fraude por interposición de la Cooperativa de Trabajo Ferrocon recién al tiempo de intimar a las mismas. En el presente caso se aprecia que de los términos de su escrito inicial surge que en el año 1994, dada la situación que allí describe, el actor pasó de Ferrocarriles Argentinos a formar parte de Ferrocarril General Belgrano S.A. a través de la Cooperativa, por lo que no se advierte que el accionante haya ignorado que el usuario de sus servicios fue la codemandada Empresa Ferrocarril Gral. Belgrano S.A., no existiendo el estado de confusión que se alega en la queja.

En relación a la inaplicabilidad del art. 241 frente a la irrenunciabilidad de derechos (arts. 12 y 58 de la L.C.T.) se sostuvo que, si bien es cierto que el silencio del trabajador no puede ser concebido como renuncia a sus derechos, no menos lo es que tal principio cede a la exigencia de la seguridad jurídica, por una parte, en atención a circunstancias relativas a las personas y, por otra, cuando ha transcurrido un tiempo suficiente para entender que la situación ha sido consentida (Cfr. CSJN, 11 de junio de 1998, autos "Zorzin, Víctor R. C/Y.P.F. S.A.", T. y S.S. 1998, p. 974).

La llamada renuncia de derechos a que hace referencia el art. 12 de la LCT se refiere a "...toda convención de partes que suprima o reduzca los derechos previstos en esta ley, los estatutos profesionales o las convenciones colectivas, ya sea al tiempo de celebración o de su ejecución, o del ejercicio de derechos provenientes de su extinción", interpretándose que lo que la norma establece son los derechos que surgen de la misma y que corresponden a lo que constituye el llamado orden público laboral.

Lo normado por el art. 241 de la L.C.T. no vulnera el principio de irrenunciabilidad que emana de los arts. 12 y 58 de la L.C.T. en tanto se aplica a los supuestos de un comportamiento inequívoco de las partes del que se pueda traducir que ellos han querido el abandono de la relación y esto se da en los casos en que el trabajador deja de concurrir al empleo y el empleador no lo emplaza a que concurra a trabajar y ello debe valorarse de acuerdo a las circunstancias particulares del caso y teniendo en cuenta el transcurso de un plazo razonable.

También se aprecia en el sub exámine que la empresa Belgrano Cargas S.A. se hizo cargo del servicio que prestara la Empresa Ferrocarril General Belgrano S.A., recibiendo activos, personal, material rodante, equipos e instalaciones afectadas al servicio, resultando ello del acta de posesión acompañada. Ello permite establecer con cierto grado de razonabilidad que la codemandada Empresa Ferrocarril General Belgrano S.A. dejó de prestar el servicio que tenía a su cargo hasta entonces y que, por ende, el actor no pudo seguir prestando servicios para ella.

Como se indicara en el fallo de primera instancia, los deponentes ofrecidos por el accionante para acreditar que siguió realizando tareas para la Empresa Ferrocarril General Belgrano S.A. no dan razón de cómo les consta esa circunstancia, exhibiéndose sus dichos poco precisos, sin alcanzar por ello suficiente nivel suasorio. Consecuentemente, cabe estar a las conclusiones del a quo.

En tales condiciones, entre la fecha de la última prestación de tareas en noviembre de 1999 y el requerimiento de las mismas transcurrió un lapso más que prudente (en el caso pasaron aproximadamente veinte meses), lo que da suficiente sustento a la conclusión del sentenciante de grado acerca de que se configuró el supuesto contemplado por el art. 241, in fine de la L.C.T., por lo que el trabajador no tendría derecho a las indemnizaciones que reclamara con fundamento en los arts. 231, 232, 233 y 245 de la L.C.T., arts. 8 y 15 de la ley 24.013 y 25.323, debiendo confirmarse este aspecto del decisorio.

En cuanto a las demás alegaciones del memorial recursivo, tengo en cuenta que es jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que no resulta necesario seguir a las partes en todas y cada una de sus argumentaciones, bastando hacerse cargo de las que resulten conducentes para la decisión del litigio (Fallos 272:225; 274:113; 276:132; 280:320) y, con tal base, no las encuentro eficaces para rebatir la valoración realizada precedentemente.

V.	Otro agravio del accionante se refiere al rechazo del reclamo fundado en el artículo 45 de la ley 25.345, que fuera decidido al considerarse que el trabajador no habría cumplido con la exigencia contenida en el art. 3º del decreto 146/01 reglamentario de la ley 25.345.

El recurrente expresa que si el distracto o la desvinculación se dio en el mes de noviembre de 1999, no cabe duda alguna que la intimación efectuada por el actor en el año 2001 reúne el requisito de temporalidad dispuesto por el art. 3º del decreto 146/01.

Sin embargo, como la disolución se ubica en el mes de noviembre de 1999, cuando la ley 25.345 (B.O. 17/11/2000) no estaba en vigor, a la fecha de la extinción del contrato el art. 80 de la L.C.T. sólo preveía la entrega de las certificaciones, por lo que debe estarse a las previsiones vigentes a esa fecha, debiendo mantenerse el rechazo del reclamo indemnizatorio pretendido.

VI. Resta analizar los recursos interpuestos contra las costas y regulaciones de honorarios.

La fijación de las costas debe realizarse con un criterio jurídico y en su distribución se deben aplicar los arts. 68 y 71 del C.P.C.C.N., teniendo en cuenta por cuanto progresa la demanda, pero apreciando, además, circunstancias tales como los fundamentos que tienen los planteos ofensivos y defensivos y la razón o sinrazón que tienen para litigar y cómo se desenvolvió el pleito.

En tal inteligencia, considero que deberá confirmarse su imposición en el orden causado pues, más allá de que el actor resultó vencido en la mayoría de los reclamos dinerarios (indemnizatorios y salariales), lo cierto es que se debió instar este proceso para que se declarara la naturaleza laboral del vínculo dependiente que lo ligara a las demandadas, el que además transitó en fraude a la legislación laboral. Sólo así logró obtener un pronunciamiento jurisdiccional que le permitiera ser acreedor de las certificaciones previstas por el artículo 80 LCT. Por otra parte, las circunstancias complejas que rodearon el curso de la relación pudieron de algún modo persuadirlo del derecho a efectuar las pretensiones que postulara al demandar.

Por idénticos fundamentos, las costas de alzada deberán distribuirse en la misma forma que las de la anterior instancia.

Finalmente, los honorarios los encuentro acordes al mérito, calidad, eficacia y extensión de los trabajos cumplidos, al resultado del pleito y a lo normado por el art. 38 de la L.O. y disposiciones arancelarias de aplicación (arts.1, 6, 7, 8, 9, 19 y 37 de la Ley 21839 y art.3° inc.b y g del D.16638/57 ), por lo que también deberán ser mantenidos.

VII. Por todo lo expuesto, propicio que se confirme la sentencia apelada. Con costas en la forma antes indicada, regulando los honorarios de alzada de los profesionales de la actora y cada demandada, respectivamente, en el 25% de los que les correspondan por su actuación en la anterior etapa.

La Doctora Gloria M. Pasten de Ishihara dijo:

Que por análogos fundamentos adhiere al voto que antecede.

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, SE RESUELVE: Confirmar la sentencia apelada. Con costas en la forma antes indicada. Regular los honorarios de alzada de los profesionales de la actora y cada demandada, respectivamente, en el 25% de los que les correspondan por su actuación en la anterior etapa.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Gabriela A. Vázquez Gloria M. Pasten de Ishihara Jueza de Cámara Jueza de Cámara mig. Ante mi:

En de de , se dispone el libramiento de cédulas. CONSTE.

En de de , se notifica al Sr. Fiscal General la resolución que antecede y firma.