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Recurso de casación, actuación de oficio, nulidad de oficio, error de derecho penal, error de tipo, principio de legalidad, escala penal, pena privativa de la libertad, fundamentación de sentencias, tratados internacionales, Constitución Nacional
Materia: PROCESAL
Carátula: C. Z., M. A. y Otros s/ Homicidio en agresión s/Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-05-28

La lectura de la sentencia permite advertir un error de derecho no argumentado por la defensa, declarable de oficio por este Tribunal de Casación, toda vez que converge en esta causa un interés institucional de orden superior, que radica en evitar hacer incurrir en responsabilidad internacional a la República a la luz de las previsiones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que no sólo ha sido ratificada por nuestro país (Ley 23054), sino que fue incorporada a la Constitución Nacional en los términos del art. 75 inc. 22 a partir de la reforma de 1994.

En efecto, está en juego aquí el principio de legalidad en virtud del quantum de la pena que corresponde a cada uno de los condenados por los hechos ilícitos acreditados, así como su forma de cumplimiento, por lo que se trata de una nulidad declarable de oficio (art. 160 C.P.P.).
Recurso de casación, trabajadores rurales, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: BARRERA MARTIN GIL c/ ATILIO DON Y ALBERTO DON s/ INDEMNIZACION POR DESPIDO Y ACCIDENTE DE TRABAJO-CASACION INDEMNIZACION POR DESPIDO Y ACCIDENTE DE TRABAJO-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2001-09-11

Es inatendible el recurso de casación que propugna la aplicación extensiva de la Ley de Contrato de Trabajo a quienes se encuentran comprendidos dentro del rÚgimen de Trabajo Agrario (Ley 22.248) sin atender a lo establecido expresamente en contrario por los arts. 3° de la Ley 22.248 y 2° inc. c) de la Ley 20.744 (Art.279 C.P.C.C.).

MINORIA U OPINION PERSONAL)
Excepciones procesales, falta de legitimación para obrar
Materia: PROCESAL
Carátula: FLETAMAR  S.A.C. c/ SOCEX S.A. Y/O FEDERACION ARGENTINA DE COOPERATIVAS s/ COBRO DE DOLARES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-01

La excepción de falta de legitimación para obrar sólo puede ser resuelta como previa cuando fuere manifiesta, esto es, cuando pueda ser declarada sin otro trámite que el traslado de la excepción y sobre la base de los elementos existentes en la causa.
Expropiación, despojo
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fiscalía de Estado c/ Andrómeda S.A.C.I.F.I.A. (en liquidación) s/ Expropiación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2005-09-28

El Estado desposee (y debe indemnizar) al dueño no sólo cuando toma el terreno para él, sino cuando lo hace para terceros. En el caso de autos, nadie ha negado que la ocupación de las tierras expropiadas fue realizada por particulares. Pero nadie niega tampoco que la presente expropiación tiene por objeto la entrega de esas tierras a esos mismos particulares. Se entiende entonces que el Fisco no haya tomado la posesión y que en realidad jamás lo vaya a hacer. Por eso, cuando el Fisco argumenta que no tomó la posesión incurre en un sofisma, pues la posesión determinante de la expropiación era la de los ocupantes. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Daños y perjuicios, lucro cesante, indemnización
Materia: CIVIL - PROCESAL
Carátula: GRECO, ANTONIO c/ FERROCARRILES ARGENTINOS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-09-07

El lucro cesante se configura por la pérdida de enriquecimiento o por las ganancias que ha dejado de percibir el damnificado y su reclamo debe hacerse sobre una base real y cierta y no sobre una pérdida probable e hipotética.

Sobre el tema se ha dicho que si bien la elección de los medios probatorios es facultad privativa de los litigantes y que salvo que alguno de éstos esté ordenado por la ley con carácter excluyente no es dable exigir una prueba específica, no lo es menos que si aquellos prescinden de la más idónea para la acreditación de determinados hechos los de otra índole que aporten para ese fin debe apreciarse con mayor severidad y estrictez.
Declaración de rebeldía, presunción legal, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Fajardo, Beatríz Graciela c/ Lavadero Imperio y-u Otro s/ Demanda Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-10-03

La declaración de rebeldía, no obliga necesariamente a condenar al rebelde, sino que autoriza al tribunal a relacionar la presunción con los demás elementos de juicio que la causa ofrezca.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia no firme, medidas cautelares, bienes inmuebles, usurpación, imputado, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: BARRIOS, WALTER EZEQUIEL s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-12-16

El pronunciamiento que motiva el remedio extraordinario -mediante el cual se dispusiera denegar la queja interpuesta contra la decisión del Juez de la Investigación Penal Preparatoria que, en su oportunidad, rechazó la suspensión de la provisional restitución del inmueble a favor del denunciante, en los términos del artículo 207 del Código Procesal Penal- no reúne el requisito de ser sentencia definitiva ni es interlocutorio con las características prescriptas en el artículo 1 de la ley 7055. Y si bien la impugnante afirma que la resolución atacada reviste carácter definitivo por causar un gravamen de imposible, difícil, tardía o insuficiente reparación ulterior, en tanto "puso fin en los hechos al pleito, desde que negó la posibilidad de control y corrección posterior de la cautelar, avalando la restitución del inmueble en los términos en que fue ordenada", lo cierto es que con ello no logra demostrar la irreparabilidad pretendida, exigencia que no puede considerarse cumplida con la mera invocación de la afectación del derecho de defensa (al no haberse citado a sus defendidos a la audiencia en la que se resolviera el desalojo del predio), pues la misma se encuentra desprovista de una elemental referencia de las eventuales defensas que podría haber esgrimido para evitar la medida adoptada, las que de haber sido comprobadas y atendidas hubieran llevado a un resultado distinto ( Del voto de los Dres Gutiérrez y Spuler).
Acto administrativo, silencio de la administración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Worthington Arg.  S.A.I.C. s/ Rec.  de  Apelación  (Res.  Sec.  Ind.  Com.  Ext.)  -  Rec.  directo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-07-15

En el sistema argentino la regla del silencio de la administración es el silencio negativo. La institución del silencio positivo exige, para su procedencia, la existencia de una cláusula contractual expresa o una norma legal que demuestre en forma indubitada la voluntad tácita de la administración de acogerse a las consecuencias que su omisión produciría. Tal institución debe ser interpretada en forma restrictiva, toda vez que el silencio positivo es un instrumento peligroso debido a que, luego de transcurridos los plazos legales, el particular estaría habilitado para realizar actividades sometidas a su control, sin que éste se efectivizara.
Cuestiones de competencia, competencia federal, competencia por la persona, competencia contencioso administrativa, juicios en que la Nación es parte, jubilaciones, retiro militar
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: MENDEZ, OVIDIO FRANCISCO c/ ESTADO  NACIONAL (MINISTERIO DE DEFENSA, COMANDO EN JEFE DELEJERCITO  I.A.F.  YOTROS) s/ RETIRO MILITAR
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-05-03

Es competente la justicia en lo contencioso administrativo federal, y no la laboral, para entender de la demanda contra el Estado Nacional, con pedido de que sea notificada al Ministerio de Defensa, Comando en Jefe del Ejército e Instituto de Ayuda Financiera y también contra el Instituto Municipal de Previsión Social, para que se restituya el derecho a percibir la jubilación conjuntamente con el retiro militar. Ello así, pues no puede validarse una declinatoria que desplaza la competencia del litigio cuando es inequívoco que, en relación a dos de los sujetos demandados, le asiste plena idoneidad para juzgar el conflicto, siendo incontrovertible que la justicia laboral no pueda sustanciar y decidir una acción dirigida contra entes nacionales cuando el reclamo no se refiere a un contrato de trabajo y surja de una competencia ya ejercida por sus órganos de primera instancia (arts.

20 y 23 de la ley 18.345).
Contrato de transporte, obligaciones del transportador, obligación de seguridad
Materia: CIVIL
Carátula: Alvarez de Romero Nélida c/ Ferrocarriles Argentinos s/ Sumario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-09

El art. 184 del Código de Comercio es una norma severa para con la empresa de transporte y, por ello, un criterio semejante debe presidir la interpretación de las causales de exculpación que dicha disposición contempla:

rigor que se funda en la intención del legislador de inducir a las empresas a extremar las precauciones respecto a la buena calidad, perfecto estado y funcionamiento del material, la capacitación y buen desempeño de su personal y el estricto cumplimiento de las leyes y reglamentos en amparo de las posibles víctimas, para quienes el resarcimiento resultaría ilusorio, en la mayoría de los casos, si tuvieran que probar la culpa del transportador (Conf. CNF Civil y Comercial Sala 3, J.

A.1985-III-186 y L.L. del 9-8-89).
Suspensión del trabajador, faltas disciplinarias
Materia: LABORAL
Carátula: SCHEIFLER, JOSE c/ COOPERATIVA AGRICOLA GRAL.SAN MARTIN LTDA. s/ COBRO DE PESOS - (DIF.SALARIALES, ACCIDENTE DE TRABAJO)"
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-12-20

Los treinta días de suspensión han sido establecidos por el legislador para fijar el límite máximo dentro del cual pueda manifestarse la disensión. No se trata de que los treinta días supongan un plazo de caducidad para accionar por una revisión judicial de las sanciones, puesto que esta interpretación implicaría otorgar a la norma un alcance que colisiona con su contenido expreso y estaría en contradicción con el sistema de prescripción bienal previsto para todo el plexo normativo laboral.
Estabilidad del empleado público, ingreso a la función pública, carrera docente
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CORREGIDOR NORA DEL MILAGRO c/ GCBA s/ AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-10-03

El ingreso de los agentes públicos sólo puede tener origen en un acto expreso emanado de autoridad competente en virtud del cual se inviste al agente de la función pública, y la relación queda sujeta a lo que en dicho acto se determine, y regida por normas del derecho administrativo (Fallos: 307:848,1523,1936; 311:621; entre otros).

En el caso, más allá de la posible estabilidad en el cargo docente que ostenta la actora, y los derechos derivados de esa relación, no se advierte fundamento jurídico alguno -ni en el artículo 32 del Estatuto Docente ni en otras normas- para admitir un derecho al reingreso en la administración pública, en el área y función de su preferencia.
Nulidad procesal, confirmación del acto jurídico, incidentes, plazo
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GANGEMI VIDELA, Juan Eduardo c/ SANCHEZ AFLITTO DE GANGEMI, Marisa s/ INCIDENTE DE NULIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1992-05-08

En caso de no reclamarse el pronunciamiento de la nulidad con las formas y dentro de los plazos que la ley fija a todo efecto, corresponde presumir que aquella, -aunque exista- no ocasiona perjuicios, y que la parte ha reunciado a la impugnación, convalidando de tal manera la irregularidad que afectaba al acto. La nulidad procesal se subsana cuando media consentimiento y se tiene por tal la omisión de articular el incidente de nulidad dentro de los cinco días subsiguientes al conocimiento del acto. De ahí que los actos viciados o supuestamente viciados, se consolidan si no son atacados en tiempo hábil, sin que quepa distinguir acerca del origen de la irregularidad, o que se trate de un trámite esencial del juicio. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Reajuste jubilatorio, Administración Nacional de la Seguridad Social, bienes inembargables
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Albornoz, José María c/ ANSES s/ reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-06-30

Debe declararse la inaplicabilidad del art.7 de la ley 3952, del art.131 de la ley 11.672, del art. 1º inc. 4 de la ley 24.463 y del art.19 de la ley 24.624; y trabar embargo sobre las sumas de dinero de la A.N.S.e.S., a excepción de aquellas que se hallen destinadas al pago de beneficios de abono mensual, salarios o asignaciones familiares, fondos de desempleo, con excepción de los fondos que integran el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, toda vez que, cuando la ley 26.153 deroga el art. 23 de la ley 24.463, dicha derogación no se refiere a la disposición de que los bienes y cuentas de la ANSES o del Estado Nacional son inembargables, sino al resto de las prescripciones contenidas en el referido artículo.
Recurso de inconstitucionalidad, acción de amparo, incompatibilidad de cargos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: LICATA, JOSE LUIS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-05-30

No obsta a la procedencia del presente recurso la invocada sustracción de materia planteada por el amparista, toda vez que éste no ha renunciado al cargo cuya licencia le exigiera el Ministerio de Educación sino que lo ha hecho a otro cargo que no fuera objeto de la presente litis; por tanto las circunstancias alegadas -titularización en otras horas cátedra y renuncia a otro cargo titular- no consiguen sustraer la materia sometida a juicio de este Tribunal ni para la demandada e interés en el pronunciamiento a dictar, la cual lo sostiene no sólo respecto a la juridicidad de sus propios actos dictados en ejercicio de potestades propias en regulación de una especial actividad estatal (educación pública), sino también en lo que respecta a la imposición de los gastos causídicos del juicio.
Recurso de inconstitucionalidad, derivación no razonada del derecho vigente, quiebra, regulación de honorarios, leyes, igualdad entre acreedores
Materia: CONSTITUCIONAL-COMERCIAL
Carátula: BANCO INTEGRADO DEPARTAMENTAL COOPERATIVO LIMITADO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-10-06

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Sindicatura contra la sentencia de segunda instancia que declaró la inconstitucionalidad del tope establecido en el párrafo 7 del artículo 260 de la ley 24.522 por considerar irrazonable y violatorio del derecho de propiedad de los asesores del comité, el hecho de que estos no hayan percibido nada en la última distribución en virtud del mencionado tope.

Sin embargo, esta razón "per se" no puede validar una declaración de inconstitucionalidad, a poco que se tenga en cuenta que el derecho constitucional que se estima lesionado por la Cámara a los asesores del comité no puede subsanarse a través de una solución que implique aumentar los gastos del concurso en franca violación al derecho de propiedad de los restantes acreedores que verían disminuido el cobro de sus créditos al incluirse estos emolumentos en la previsión del artículo 240 de la ley 24522.

Pero además de ello, no se advierte en dónde radicaría la lesión de los derechos constitucionales a los asesores del comité, en tanto estos profesionales pueden impetrar el correspondiente reclamo por sus trabajos realizados contra sus clientes con sustento en las normas del derecho común y arancelario.-
Costas, costas al vencido
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Reyes Medina, Ramón c/ Zabia, pedro s/ Daós y perjuicios Mancusi, Alberto c/ Alberti Trianganiello Lorenzo s/ Daños Guardans, Nilada c/ Blanco, Justo s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-07-10|1998-10-15|2000-11-28

El éxito parcial no le quita a la parte la calidad de vencida si quién logra esa relativa suerte en el proceso, se opuso "in totum" a la pretensión admitida en cierta y considerable medida, porque se es vencedor aunque la demanda prospere en mínima parte. ( art. 68 del C.P.C.).-
Defensa del consumidor, sanciones administrativas, publicación de la sanción, información al consumidor, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL-COMERCIAL
Carátula: Banco    Bansud    S.A. c/ Secretaría    de   Comercio  e Inversiones. s/ Disposición 1242/98.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-05-30

La sanción accesoria de publicación prevista en el último párrafo del art. 47 de la ley 24.240 hace eficaz el derecho a una información adecuada y veraz al usuario y al consumidor, principio consagrado en el art. 42 de la Constitución Nacional.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, Estado Provincial, bienes, embargo, emergencia económica, leyes, inconstitucionalidad
Materia: LABORAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: XX s/ Cuestión a resolver: ¨Son aplicables a las causas resueltas por el   Fuero del Trabajo Los regímenes de emergencia que difieren la ejecución   De sentencia sobre bienes o fondos públicos?. En caso afirmativo: Bajo   Qué condiciones? -Tribunal Pleno- resueltas por el   Fuero del Trabajo Los regímenes de emergencia que difieren la ejecución   De sentencia sobre bienes o fondos públicos?. En caso afirmativo: Bajo   Qué condiciones? -Tribunal Pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-09-05

El incumplimiento de las propias reglas de juego establecidas por el Estado en ejercicio de sus facultades de "policía de emergencia" priva a las mismas de ajuste constitucional, y permite interpretar su conducta no como un mero diferimiento temporal en la satisfacción de sus obligaciones, sino como una frustrante de los derechos de los particulares. En síntesis: la invocación de la emergencia queda condicionada en su razonabilidad constitucional a que suponga diferir la cancelación de la obligación sustantiva, a cuyos fines debe mediar un concreto y operativo sistema de ordenamiento de los pagos cuya postergación se pretende. Por otra parte, corresponde dejar a salvo la posibilidad de que medien especialísimas circunstancias del caso que, demostradas que fueren por el acreedor, permitan sustentar un efecto de inconstitucionalidad de la norma en relación con ese concreto supuesto de hecho. En el caso, la cuestión a resolver: ¿Son aplicables a las causas resueltas por el Fuero del Trabajo los regímenes de emergencia que difieren la ejecución de sentencias sobre bienes o fondos públicos?. En caso afirmativo: ¿bajo qué condiciones?
Trabajadores de la construcción, fondo de desempleo
Materia: LABORAL
Carátula: REYNOSO, JORGE DANIEL. c/ CARRIZO, JOSE LUIS Y/U OTROS. s/ DIFERENCIA DE JORNALES, ETC. - CASACION LABORAL.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2012-02-15

El sistema del fondo de desempleo reemplaza el régimen de preaviso y despido de la LCT. Con respecto a su naturaleza jurídica, se trataría de un salario diferido, el que no es pagado al trabajador a medida que se devenga, sino que es depositado por el empleador en una cuenta bancaria individual.
Concursos, efectos de la apertura, suspensión preventiva, subasta, presupuestos de responsabilidad, quiebra, improrrogabilidad de la competencia
Materia: COMERCIAL-LABORAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Servi XXI SA c/  s/ concurso preventivo s/incidente art. 250
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-01

El plazo previsto por la LCQ 24 resulta, en principio, improrrogable (conf. Rivera-Roitman, Vitolo. "Ley de Concursos y Quiebras", T. I, pág. 685; Cámara-Martorell, "El Concurso Preventivo y la Quiebra", T. I, pág. 549). Síguese de ello que, en el caso, habiéndose suspendido los secuestros prendarios que intentó concretar el acreedor recurrente por el máximo del plazo legalmente previsto, no correspondía ordenar una nueva suspensión por otros noventa (90) días como ocurrió en el sub lite. Reitérase que la suspensión solo puede tener lugar una vez y no puede exceder de noventa (90) días hábiles y, en concordancia con todo ello, podría sostenerse que sería errónea la decisión del juzgador al ordenar una segunda suspensión de esos secuestros.
Ley vigente, restitución de sumas de dinero, seña, concesión para la venta de automotores
Materia: PROCESAL
Carátula: BG BPO SA y otro c/ Ford Argentina SCA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-11

Del mismo modo, se rige por el derecho anterior a la unificación civil y comercial la calificación jurídica que corresponde dar a la cantidad entregada en concepto de "refuerzo", ya que si bien se cumplió estando en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación conceptualmente fue parte integrante del mismo compromiso tendiente al aseguramiento de la operación. En tal sentido, cabe observar que la integración de tal "refuerzo" ya fue prevista antes de la entrada en vigencia del nuevo código.
Prueba confesional, valor probatorio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Monzón, Eleuterio c/ Empresa Línea de Transporte y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-11-14

Los dichos del absolvente no hacen prueba de aquello que los favorece sino de lo que les perjudica.
Juicio de desalojo, INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, adjudicación de viviendas, legitimación activa, falta de legitimación para obrar
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Cascio, Luis Jose c/ Stella Walter Dario Y Otros s/ Desalojo (Excepto Por Falta De Pago)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-04-23

La acción de desalojo es improcedente por carecer la parte actora de legitimación activa alguna en relación a tal pretensión; puesto que la quejosa, adjudicataria del inmueble por parte Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires en calidad de tenedora precaria y provisoria del mismo, ha incurrido en un accionar negligente al abandonar el bien, delegando su cuidado en un conocido que lo cedió, hecho ante el cual no efectuó diligencia útil alguna a los fines de recuperar su tenencia y dejó transcurrir un lapso de nueve años sin cuestionar tal ocupación iniciada pacífica y públicamente.
Daños y perjuicios, seguros, accidente de tránsito, transporte de pasajeros, conducta procesal, principio de congruencia
Materia: PROCESAL
Carátula: GARCÍA,  Aída  Liliana c/ MICROÓMNIBUS GENERAL SAN MARTÍN y otro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-03-06

Si bien no se discute la vigencia de la doctrina plenaria sentada in re "Obarrio c/ Microómnibus Norte S.A." al tratarse de un accidente de tránsito en la que interviene un transporte público de pasajeros, no puede aplicarse si el límite de la cobertura quedó reconocido por el damnificado al no efectuar ninguna observación sobre ésta en el proceso.