Tribunal: CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-03-11


Salta, 11 de marzo de 2.013.- Y VISTOS: estos autos caratulados: "REBOLLO, ROLANDO RICARDO VS. ASOCIACION COOPERADORA INSTITUTO SECUNDARIO JUAN CARLOS DAVALOS-", T - 4399/07, originario del Juzgado de Primera Instancia en lo Laboral, distrito judicial del Norte, circunscripción Tartagal, para resolver la apelación interpuesta a fs. 310/311 vta., y C O N S I D E R A N D O María de las Mercedes Domecq dijo:

La sentencia de primera instancia, por la cual se hace lugar parcialmente a la demanda, condenándose a Asociación Cooperadora Instituto Secundario Juan Carlos Dávalos a pagar en favor de Rolando Ricardo Rebollo la suma de $57.533,14, es objeto de la mentada vía recursiva por parte de la demandada.

I. Los agravios se orientan contra la decisión del Sentenciante de haber ordenado a su parte al pago de las indemnizaciones derivadas del despido concretado por el actor, siendo motivo especial de aquellos la condena a la prevista en el art. 16 de la ley 25.561. El recurrente asevera que el pronunciamiento carece de fundamentación o de razones de carácter objetivo, puesto que no consigna los argumentos que llevaron al Señor Juez a considerar justificada la ruptura del vínculo por parte de Rolando R. Rebollo, agregando que por ello se le ha cerrado la posibilidad de determinar si lo decidido es el resultado de una correcta aplicación de la ley, con fundamento en hechos probados en autos, donde se descartaron elementos de valoración indispensables para la resolución de la causa.

Tras citar parcialmente el tercer párrafo que comienza a fs. 304 vta., advierte que con ese argumento, se ha omitido valorar que las intimaciones formuladas por el actor lo fueron con el apercibimiento de que se aclare su situación laboral y no de considerarse despedido; que ese pedido de aclaración fue cumplido por su parte por medio de las cartas documento remitidas el 21 de septiembre y el 3 de octubre del año 2.006; que por ello no hubo incumplimiento alguno de la demandada y que no se justifica el despido indirecto.Agrega que ninguno de los aspectos mencionados que llevaron a la extinción del vínculo fueron considerados por el Señor Juez de grado, sino "descartados de plano" (fs. 310 vta.), lo que torna arbitrario el pronunciamiento, del que destaca que la prueba producida por su parte fue valorada de manera más estricta. Cita antecedentes jurisprudenciales.

En cuanto al segundo agravio: postula el recurrente que se hizo una errónea aplicación del art. 16 de la ley 25.561, puesto que no se actualizaron los presupuestos para su procedencia, reiterando para ello fundamentos ya expuestos en la contestación de la demanda (ver fs. 148/150): que la norma aplicable no es la mencionada, sino la ley 25.972, cuyo art. 4 transcribe e interpreta, aseverando que mientras la tasa de desocupación no fuera inferior al 10% tenía vigencia la suspensión de los despidos sin causa y la correspondiente sanción ante la inobservancia de esa norma, pero que ni bien aquella disminuyera, operaría automáticamente el hecho previsto como condición resolutoria, con la cual la ley quedaría derogada.Concluye con ello que no hace falta ninguna norma complementaria, toda vez que el texto de la ley 25.972 condiciona su vigencia a una situación fáctica y objetivamente comprobable: como el despido se produjo el 3 de abril de 2.007, se encontraba ya cumplido el supuesto de hecho previsto para la derogación del sistema de indemnización agravado para los despidos sin causa, puesto que, según la información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos agregados, la tasa de desocupación correspondiente al cuarto trimestre de 2.006 era del 8,7% y la de subocupación, 10,8%, mientras que para el primer trimestre de 2.007 la primera era del 9,8% y la de la segunda, del 9,3%.. Formula reserva del caso constitucional. El traslado de fs. 317 y vta. es contestado a fs. 313/315, en una presentación en la que el actor afirma que el Juzgador dedicó gran parte de su sentencia a los dos aspectos que fueron objeto de agravio; que si bien la empleadora invocó la existencia de un sumario interno tramitado ante el Consejo Gremial de Enseñanza Privada, el mismo no pudo ser acreditado, en cambio sí lo fue el hecho de que la demandada utilizó esa circunstancia para fundamentar una suspensión preventiva sin goce de haberes y luego forzar el despido sin causa y que la contraria no tuvo en cuenta que con el telegrama del 7 de octubre de 2.006 el trabajador intimó bajo apercibimiento de disolución del vínculo laboral y mediante otro, del 10 del mismo mes, hizo efectivo el apercibimiento de darse por despedido. Respecto de la aseveración del recurrente de que no existió real causal del despido indirecto, sostiene que la letrada de la otra parte conoce que la empleadora omitió cumplir con sus obligaciones y que ésta ejerció abusivamente el ius variandi. En cuanto al segundo agravio, postula que con el dictado del decreto 1.224/07 se puso fin al límite temporal, puesto que el índice de empleo era inferior al 10%, debiendo tenerse en cuenta que el despido indirecto fue por culpa de la empleadora el 10 de noviembre de 2.006; que es la ley 25.561 y sus sucesivas prórrogas las que resultan aplicables, todas las cuales fueron consideradas por el Sentenciante, quien cuantificó correctamente en un 50% de la indemnización por antigüedad. II. Dos son los elementos en que el apelante sustenta la premisa de que el despido indirecto concretado por el actor lo fue sin causa real y ello me remite al análisis del texto del telegrama nº 741472162, enviado por el actor el día 7 de octubre de 2.006, reservado entre la prueba detallada a fs. 54 -sin foliar- y cuya copia certificada obra a fs. 218; me remite igualmente a valorar el silencio por parte del empleador ante el requerimiento íntegro allí contenido, el que fue considerado por el Señor Juez de primera instancia como agraviante para los intereses del trabajador.

Uno de aquellos se vincula con que la primera intimación contenida en el telegrama que señalé y recibido en el instituto educativo demandado el 9 de octubre de 2.006, según el informe del Correo Argentino, fs. 222, habría sido formulada sin el apercibimiento por parte del señor Rebollo de considerarse despedido. Desde mi análisis, ello no es así, puesto que si bien de la lectura de la pieza postal referida surge que la fórmula sintáctica que contiene ese apercibimiento se encuentra al final del texto y luego de precisado el segundo requerimiento, esa forma de redactar no permite concluir que el mismo se refiera solamente a éste -sobre la cual me expediré más adelante. Lo señalado debe relacionarse con que el apercibimiento de considerarse despedido se conjugó con el de promover un proceso ".en resguardo de".sus. "derechos adquiridos", noción ésta con la cual el actor claramente quiso referir a la disminución de más del 50% de sus haberes que consigna en párrafos anteriores. Si bien el actor recurrió en su telegrama a una terminología más propia del derecho civil, como lo es "derechos adquiridos", la pretensión de su parte tiene su origen en un principio general del derecho laboral como lo es el de progresividad y la consecuente invalidez de toda reformatio in peius de las condiciones del contrato de trabajo, entre las cuales se encuentra -sin duda alguna- la remuneración, objeto de la primera intimación y de su reclamo judicial, parcialmente aceptado por el Sentenciante y que no fue objeto de agravio .

Determinado ello, paréceme oportuno precisar que la posición procesal del apelante es reveladora de la malformación profesional consistente en hacer de las formas una causa fin dentro del proceso. En realidad, según doctrina de Ramiro Podetti, "las formas son una garantía contra la arbitrariedad y el medio necesario para el orden en el proceso, pero es indispensable no hacer de ellas un objeto en sí mismo..." (Tratado de los actos procesales, pág. 482), pues la privación de justicia por motivos puramente formales viene a desnaturalizar la función de los jueces que por mandato constitucional deben esforzase por ejercer el poder conferido "bien" y legalmente (arg. art. 112 de la Carta Magna Nacional).

Digo eso porque no parece imprescindible consignar en el texto de un telegrama laboral luego de cada intimación, el correspondiente apercibimiento. Y menos aún en nuestro caso, en el que una actividad hermenéutica compatible con la buena fe de lo acontecido permite concluir que si las diferencias salariales fueron la causa no sólo de la promoción de estas actuaciones y de reclamos informales anteriores (ver las notas presentadas ante la Directora del instituto los días 18 y 20 de septiembre de 2.006, mencionadas en la reserva de fs. 54), sino también del episodio que refiere el empleador en la carta documento nº 773667871 y que generó una denuncia penal que tramitó por expte. nº 6.644/06, el telegrama nº 741472026 (en copia cerificada a fs. 217), y, finalmente, de un sumario disciplinario, resultaría contrario al sentido común que el apercibimiento de considerarse despedido encontrándose ya suspendidos algunos de los efectos del contrato de trabajo, hubiera sido formulado únicamente respecto del requerimiento de que se le otorgue alguna explicación sobre el invocado sumario.Pero sustenta también mi conclusión de que el apercibimiento de considerarse despedido comprendió a las dos intimaciones, la circunstancia de que el telegrama nº 773667806 (copia certificada a fs. 216) recibido por el demandado el 16 de septiembre de 2.006, según el informe de fs. 222, contenía ya el apercibimiento de iniciar acciones judiciales, el que en una interrelación que debe caracterizarse por la relación de tolerancia y solidaridad, constituye el estadio de exigencia anterior a la extinción del vínculo, recurso último al que el trabajador debería siempre recurrir. El otro elemento contenido en esa parte de la apelación y que se vincula con el segundo requerimiento contenido en la pieza postal cuya copia obra a fs. 218 es el sumario disciplinario que había sido -según los términos de la carta documento nº 773667871, remitida por el empleador el 21 de septiembre de 2.006 y reservada a fs. 151- promovido en contra de Rolando Rebollo, de cuya existencia había sido notificado mediante esa misma comunicación. Del texto de esta pieza postal surge que el episodio de agresión por parte del actor hacia el señor Albanesi -provocado, como lo expresé, por la disconformidad del primero con el monto de sus haberes- llevó a que las autoridades del instituto promovieran un doble reclamo formal. Una de las vías fue la denuncia penal que tramita por expediente nº 6.644/06 del Juzgado en lo Correccional, de Garantías y de Menores de Primera Nominación de Tartagal y cuya copia certificada se encuentra reservada a fs. 182: de su compulsa surge que el actor fue denunciado por el delito de amenazas por el mentado señor Albanesi y que al momento de extraerse las copias, no había aún sido fijada fecha de audiencia de debate. Ello torna a este medio de prueba en inocuo en estas actuaciones laborales, al menos en orden a procurar obtener del mismo una valoración judicial de la conducta del actor que justifique la aplicación de una medida disciplinaria. La otra vía invocada en la carta documento que ya individualicé fue la promoción de un "sumario ante el Consejo Gremial de Enseñanza Privada....", el que luego habría sido objeto de una ampliación de denuncia (de acuerdo a los términos de la carta documento nº 741472091, también reservada a fs. 151). Es sobre este sumario, sus causas y su estado en torno al cual el señor Rebollo solicitó se "defina su situación laboral" por medio del telegrama del 7 de octubre de 2.006, en una conducta que no me resulta anómala, toda vez que la empleadora había procedido a suspenderlo no sólo en sus funciones sino también en la percepción de sus haberes, sin siquiera hacerle conocer el número de trámite, fecha de iniciación o cualquier otro dato que le hubiera permitido averiguar el motivo preciso por el cual, sin existir una sanción dispuesta en la forma prevista por los arts. 13 y 14 de la ley 13.047, había sido privado de la posibilidad de percibir sus haberes, causa fin de su prestación laboral.

Es verdad que la suspensión preventiva (instituto que surge no ex lege, sino que es una creación pretoriana y de la doctrina) puede ser dispuesta inaudita parte por el empleador cuando se encuentra en trámite un sumario, a fin de que la presencia del trabajador no entorpezca la colección de testimonios o de prueba documental, pero destaco en primer lugar que ello no era necesario en el caso de autos, puesto que, como lo refiere el demandado a fs. 146, el sumario no se instruía en las instalaciones del instituto demandado, sino ante la autoridad competente, esto es el Consejo Gremial de Enseñanza Privada. Esa coyuntura deslegitima la suspensión, puesto que en nada podía el actor interferir durante el curso de la investigación. Pero aún cuando para el empleador pudieran haber existido motivos (que no invocó) que lo llevaran a concluir que la suspensión era una medida razonable, nada justificaba su decisión de privar al trabajador de su fuente de ingresos, puesto que se trata de una decisión unilateral y preventiva del empleador derivada de su potestad de organizar lo inmaterial de la empresa, por eficacia de la cual el empleador queda liberado de "...la obligación de dar ocupación efectiva, pero no excluye en ningún caso el derecho a salarios del trabajador..." (cita de Tratado de derecho del trabajo, dirigido por Ackerman, t. IV, p. 42).

Más allá de todas estas consideraciones: lo determinante de mi decisión de desestimar esta argumentación es, por una parte, que la existencia del tan invocado sumario no fue acreditada, sino que, por el contrario, del informe de fs. 243 suscripto por la Presidenta del Consejo Gremial de Enseñanza Privada, surge que no ese Organismo no cuentan con registro alguno referido al mismo. En consecuencia de ello, no se advierte la presencia de un antecedente fáctico que haya determinado la suspensión, la que determinó a su vez el segundo de los motivos de requerimientos por parte del actor: es por ello que el telegrama remitido por el actor el 7 de octubre de 2.006 no sólo no fue objeto de respuesta alguno (el segundo de los aspectos que definen mi voto en este agravio), sino que cualquier respuesta que se hubiera dado por parte de la demandada al respecto hubiera sido, de sustentarse en información verídica, totalmente ineficaz, toda vez que ninguna precisión podía darse al actor acerca del estado de un sumario que ni siquiera había sido promovido.Por lo demás y atendiendo al agravio del apelante de que la aclaración solicitada por el actor en fecha 7 de octubre de 2.006 fue cumplida en las cartas documento remitidas el 21 de septiembre (la nº 773667871) y el 3 de octubre (la nº 741472091) de ese año: más allá de que resulta algo insensato postular que se respondió a un requerimiento puntual con el contenido de piezas postales remitidas y recibidas con antelación a la remisión de aquél, lo cierto es que, por lo desarrollado ut supra, ninguna información certera habría podido brindar al actor sobre aquél. El silencio de la empleadora y su eficacia considerada acertadamente por el Sentenciante a fs. 304 vta. no pueden ser desconocidos, no estando de más destacar que con su decisión aquél no hizo más que receptar el agravio que refiere el trabajador en el telegrama nº 773667465, cuya copia obra a fs. 219 y que fue recibido por Enrique López, personal de la Asociación Cooperadora, el 18 de noviembre de 2.006, según el ya mencionado informe de fs. 222.De prosperar mi voto serán rechazados los dos argumentos que integran esta parte del memorial..

En cuanto al segundo: paréceme oportuno destacar en primer lugar que la fecha en que se concretó el despido indirecto por parte de la actora no fue el 3 de abril de 2.007, como se sostiene a fs. 311 in fine, sino el 18 de noviembre de 2.006, esto es, la fecha en que Asociación Cooperadora Instituto Secundario Juan Carlos Dávalos fue notificada, para lo cual reitero lo valorado en párrafos anteriores. Es esta la que tendré en cuenta para analizar la argumentación del demandado respecto a la improcedencia de la condena a pagar la indemnización derivada del art. 16 de la ley 25.561.

En relación a esa norma el art. 4 de la ley 25.972 prevé un supuesto de condición extintiva: la subsistencia de la vigencia de la norma quedó supeditada a un hecho futuro e incierto como lo es que "...la tasa de desocupación elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC) resulte inferior al diez por ciento (10%)...". La precisión de la fecha de acaecimiento de ese hecho parece bastante difícil de concretar, pues el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos publica, al menos, tres índices de desocupación, lo que impide tener certeza sobre cuándo puede considerarse cumplida la mentada condición. Por añadidura, además de esos índices, debe tenerse presente que ese Organismo publica otro vinculado con la subocupación en el País sobre la base de la Encuesta Permanente de Hogares y que las publicaciones se hacen por trimestre. En oportunidad de referirse a la aplicación del decr. 50/2002, relacionado también a la aplicación temporal del art. 16 de la ley 25.561, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que el ordenamiento jurídico debe ser interpretado teniendo en cuenta el contexto general y los fines que lo informan, poniendo énfasis en la necesidad de otorgar racionalidad a los preceptos y sugiriendo prescindir de las imprecisiones técnicas de la instrumentación legal (sentencia dictada en autos "Valente, Diego c. Bank Boston N.A., del 19 de octubre de 2.004, y doctrina de Fallos 320:389; 323:566; 324:1740, 3752 y 350:1922, entre otros). Invocando este método integral de interpretación y teniendo presente la ya referida dificultad para precisar el momento en el que quedó cumplida la condición resolutoria mentada, considero que el art. 4 de la ley 25.972 debe ser conjugado con su art. 2 y que para dotar de eficacia a la hipótesis extintiva se requiere de un acto expreso del Poder Ejecutivo, quien, por lo demás, se encuentra facultado para declarar la cesación del estado de emergencia, del que, sin duda, participa la suspensión de los despidos generada por la ley 25.561. Por ello concluyo que el agravamiento indemnizatorio perdió vigencia a partir del dictado del decreto 1.224/07 y más precisamente a partir de su publicación -esto es el 11 de septiembre de 2.007, es decir casi diez meses luego de extinguido el vínculo- porque se trata de una norma declarativa de derechos y por no resultar, en consecuencia, de aplicación lo dispuesto por el art. 2 del C.C. (ver al respecto los votos del plenario de la Cámara Nacional del Trabajo, del 30 de junio de 2.010 en "Lawson, Pedro c. Swiss Medical S.A."). En conclusión: propongo que se rechace en su integridad la apelación de fs. 310/311 vta., con costas, por eficacia del principio objetivo receptado en el art. 67 del C.P.C.C., y que se tenga presente las reserva planteadas.

La Dra. Ana María Guadalupe Varela dijo: que estando en un todo de acuerdo con el voto de la Vocal preopinante se adhiere al mismo en todas sus partes.

Por ello, y en virtud del acuerdo que antecede, LA SALA II DE LA CÁMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO:

F A L L A I. Rechazar la apelación deducida por el demandado y, en consecuencia, confirmar la sentencia de primera instancia, con costas.

II. Tener presente la reserva formulada a fs. 311 vta..

III. Diferir la regulación de honorarios para la etapa procesal oportuna.

IV. Mandar se copie, registre, notifique y bajen los autos al Juzgado de origen.