marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Alimentos, obligación alimentaria, separación de hecho
Materia: CIVIL
Carátula: C. DE R. M. C. c/ R. M. s/ ALIMENTOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-04-19

La obligación alimentaria es permanente y rige tanto durante la convivencia de los cónyuges como tras la finalización de ésta. Su procedencia y alcances ha de analizarse a la luz de lo normado por los arts. 197 y 207 del Cód. Civil, introducidos por la ley 23.515.

En esta nueva concepción cargan ambos esposos con el deber de asistencia y alimentos conforme los roles que en cada caso tienen asumidos en cuanto a las tareas que desempeñan. De tal suerte, encontrándose separados corresponderá, a los fines de establecer la procedencia y alcance de la cuota alimentaria, atender a la situación económica de las partes durante el matrimonio, los roles desempeñados por cada uno y su aporte en dinero.
Prescripción, actuaciones administrativas
Materia: LABORAL
Carátula: SOLARO ABEL OMAR c/ TUNEL SUBFLUVIAL URANGA-SILVESTRE BEGNIS s/ INCIDENTE DE RECHAZO DE EXCUSACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1996-12-13

El expediente administrativo, además de interrumpir el plazo prescriptivo -artículo 257 de la Ley de Contrato de Trabajo-, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 3986 del Código Civil ha producido la suspensión de dicho término por el plazo de un año. El reclamo administrativo produce la suspensión del término de la prescripción por un año, lo que es coincidente con el criterio de en materia de prescripción la interpretación debe ser restrictiva.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no decisiva, prueba documental, junta médica, comprensión de la criminalidad del acto
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: A., E. O. c/  s/ DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-11-23

En relación a la decisión del Tribunal de no incorporar al debate la prueba documental que había sido admitida en la audiencia preliminar, más allá del acierto o error del temperamento adoptado por los Magistrados del juicio, las postulaciones -tal como han sido formuladas- resultan insuficientes para sustentar una cuestión constitucional que habilite la instancia extraordinaria pretendida, desde que no se demuestra la decisividad de su planteo en orden a variar el resultado final de la causa, ya que, de acuerdo a lo apuntado por la Alzada, se trataba de documentación con consecuencias fácticas (haber sufrido un ACV) y jurídicas (jubilación por incapacidad otorgada) no discutidas; y tampoco convence la interesada acerca de la contundencia de dicha documental, ya que como la misma refiere, se realizó con posterioridad un informe de la Junta de Salud Mental en el que los profesionales actuantes expresaron -según manifestó el Fiscal al contestar el traslado aludido con anterioridad- que el imputado comprende la criminalidad de sus actos, sin que la cita parcial que realiza del mismo la quejosa logre persuadir de lo contrario. (Del voto de los Dres. Falistocco y Netri. En disidencia: Dr. Erbetta)
Expropiación, prueba pericial, bienes inmuebles
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PROVINCIA DE SANTA FE c/ LIGUORI, VICTORINO IGNACIO; MONTEMURRO, HIPOLITO FRANCISCO Y-O QUIEN RESULTE PROPIETARIO s/ EXPROPIACION (CSJ EXPTE N. 177-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-06-12

La Corte Suprema de Justicia de la Nación expresó -en relación al ordenamiento nacional vigente en ese momento- que ni del artículo 17, ni del 67, inciso 21 de la Constitución Nacional, ni de ninguna otra cláusula constitucional, resulta que el Congreso deba adoptar necesariamente el sistema de peritos a propuesta de parte en lo que respecta a la determinación del justiprecio de los inmuebles expropiados.
Declaración de inconstitucionalidad, impulso de oficio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Safra C.I.F. (T.F. 7052-A) c/ A.N.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-07

La declaración de inconstitucionalidad de una norma o de alguna de sus partes es un acto de suma gravedad institucional que debe ser considerada ultima ratio del orden jurídico (Fallos: 288:325; 290:83; 292:190; 294:383, entre muchos más), no pudiendo los jueces hacer la declaración de oficio (Fallos 289:177, entre otros). De ahí entonces que la parte que procura la descalificación constitucional de una norma, necesariamente debe expresar clara y concretamente el interés que posee en la declaración y la incompatibilidad que dice existir entre ella y la C.N. Tales requisitos no son cumplidos por quien se limita a una breve y oscura referencia al artículo impugnado, sin demostrar que su contenido constituya violación a norma alguna de la Carta Magna. (Consid. V).
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, sentencia absolutoria, homicidio, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Vignati, Jorge Víctor s/ homicidio criminis en concurso real con el delito de violación  agravado.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-27

Es arbitrario el pronunciamiento que absolvió al procesado por el delito de homicidio, ya que, al haber iniciado su razonamiento sobre la base de una premisa falsa - "no se acreditó la materialidad del hecho" - la cámara dictó un fallo liberatorio que está en contradicción con lo que surge racional y objetivamente de la valoración en conjunto de las diversas pruebas, indicios y presunciones que constan en la causa y que fueron admitidos por la magistrada de la instancia anterior.
Competencia contencioso administrativa, acción de amparo
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Barros, María Mercedes c/ Poder Ejecutivo Provincial s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2011-07-01

El proceso abreviado de la acción de amparo tiende a la comprobación fácil y rápida de los derechos constitucionales conculcados por actos u omisiones de autoridad pública, que en forma actual o inminente lesionen, restrinjan, alteren o amenacen con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta derechos reconocidos por nuestro ordenamiento constitucional.

Se impone, como correlato de la actividad jurisdiccional en mérito de la procedencia formal de la acción, la carga del amparista de demostrar sin mayor esfuerzo el cercenamiento de los derechos fundamentales que le asisten en la relación jurídica invocada, asimismo que de modo claro y manifiesto ponga en evidencia sin necesidad de mayor amplitud de debate y prueba, en donde reside la ilegitimidad o arbitrariedad del acto que cuestiona y el daño grave e irreparable que se pretende reparar y las normas de superior jerarquía conculcadas o preteridas por el actuar administrativo, en su caso, la inoficiosidad de las vías ordinarias para lograr la resolución perseguida.
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, contratos bancarios, cuenta corriente bancaria, rescisión del contrato, validez de cláusula contractual, carta documento, validez de la notificación
Materia: CIVIL-BANCARIO-PROCESAL
Carátula: De Benedictis, Carina Yamila c/ Banco Itau Argentina SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-03

1. A los fines de considerar la validez de la notificación de la rescisión de un contrato bancario mediante el envío de una carta documento, el "aviso de visita" o "aviso de entrega" puede dar lugar a una válida notificación (conf. doctrina de la CNCom. Sala C, in re "Inspección General de Justicia c/ El regazo SA s/ organismos externos", del 19-8-15). Es que si se deja el indicado aviso, resulta carga del destinatario concurrir al correo para retirar la pieza postal y, de ese modo, tomar conocimiento de su contenido (conf. CNCiv, Sala G, in re "L.,G.A. c/ G.,F.N. y otros s/ daños y perjuicios", del 3-7-18). 2. Así pues, las atestaciones puestas en una carta documento en el sentido de haberse dado "aviso de visita" o "aviso de entrega" en diferentes fechas, prueban contra el destinatario y su ataque requiere redargución de falsedad (en este sentido: CNTrab, Sala IV, in re "Reynoso, Juan Domingo c/ Proseres SRL s/ despido", del 31-5-07; CNTrab. Sala IV, in re "Molina, Ricardo Daniel c/ CLIBA Ingeniería Ambiental SA s/despido", del 22-9-10; CNCiv, Sala H, in re "Larreguy, Matías c/ Pauver SA y otro", del 25-6-02; CNFed.Cont.Adm., Sala IV, in re "EN- CONICET c/ Bolivin, Mauricio Fernando s/ proceso de conocimiento", del 1-4-08).
Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-02-24


Salta, 24 de Febrero de 2010.- Y VISTOS: Estos autos caratulados: "CENTRO VECINAL DE VILLA MONICA vs. MARTINEZ, MIRTA GLORIA - DESALOJO" - Ex-pte Nº 240366/8 del Juzgado de 1ra. Instancia en lo Civil y Comercial 7º Nominación (Expte. N° CAM 252.735/9 de Sala II), y, CONSIDERANDO:

Que a fojas 110/111 la parte actora, plantea caducidad de la segunda instancia manifestando que desde la última providencia de fojas 108, ha transcurrido el plazo de tres meses que establece el Art. 310 inc. 2º del Código Procesal, sin que el apelante haya realizado acto alguno para impulsar el trámite.

Corrido traslado, el apelante no contesta por lo que a pedido de parte se lo tiene por decaído el derecho dejado de usar.Del análisis del expediente resulta que, desde el proveído mencionado de fojas 108 por el que se ordena correr traslado del memorial presentado, de fecha 4 de agosto de 2009, hasta la presentación del escrito de fs. 110/111 -el 24 de noviembre de 2009- no hubo actividad alguna de la apelante, lo que hace procedente la caducidad de la instancia recursiva al haberse cumplido el plazo previsto en el inciso 2do. del art. 310 del CPCC.

En el proceso civil el impulso procesal, es genéricamente facultad de todas las partes y específicamente carga de la que promovió el proceso o cuestión incidental (Colombo, Cód.Proc. C. y C. I pág. 270; edic. 1975) quien tiene la obligación de hacerlo avanzar hasta que se encuentre en estado de dictar sentencia.

Debe entenderse como regla general que la instancia comienza con la interposición del recurso de apelación, por cuanto desde ese momento cobra virtualidad el contenido fundamental de la interposición del recurso de apelación que consiste, según Guasp ("Derecho Procesal Civil", 3ª edición, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1968, Tomo II, págs. 745/46), en "dar vida al proceso de apelación, o segunda instancia". Ahora bien, abierta la segunda instancia, existe la posibilidad de que se produzca la caducidad aunque el procedimiento se cumpla en primera instancia Sin embargo el recurrente no instó el proceso, abandonando la instancia recursiva por un lapso mayor a los tres meses previstos por el art. 310 inciso 2do. del CPCC., de modo que, reiteramos, el pedido de caducidad resulta procedente, ya que la obligación de control e impulso solo cesa cuando se ponen los autos a despacho.

Por lo expuesto se declara la caducidad de la segunda instancia respecto del recurso de apelación interpuesta a fs. 84 bis. Con costas.

REGÍSTRESE, notifíquese y baje.
Sentencia, procedencia del recurso, acción de amparo, aplicación de la ley, recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), denegatoria del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Dicelio, Silvia Marta c/  s/ s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Dicelio, Silvia Marta c/ GCBA s/ empleo público (excepto cesantía o exoneraciones)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-09-16

Determinar si la pretensión deducida en este caso se encuentra o no satisfecha por lo decidido en una causa anterior, remite al análisis de cuestiones, como principio, ajenas a esta instancia. Esos hechos, pues, deben ser establecidos por los jueces de mérito, motivo por el cual, corresponde revocar la decisión impugnada y devolver las actuaciones a la Cámara para que jueces distintos dicten un nuevo fallo con arreglo a lo aquí sentado. (Del voto en disidencia parcial del juez Luis Francisco Lozano).
Quiebra, cesación de pagos, actos perjudiciales a los acreedores, actos ineficaces por conocimiento de la cesación de pagos
Materia: COMERCIAL
Carátula: ESTABLECIMIENTO METALURGICO PECU  S.A.  SOBRE QUIEBRA c/ PERMANENTE  S.A.  CIA. FINANCIERA s/ ORDINARIO  -  ACTOS  PERJUDICIALES  A  LOS  ACREEDORES DE UN CONCURSO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-28

No solo procede la ineficacia respecto del acto celebrado por quien conoció la cesación de pagos de su cocontratante (ley 19551:

123), sino también respecto del celebrado por quien legal y reglamentariamente debió conocerla (vgr. una financiera, puesto que no parece que haya que hacer mayor esfuerzo para poder afirmar que una entidad financiera debe conocer acabadamente el patrimonio de las personas a quienes otorga crédito, realizando todas las investigaciones a su alcance. ).
Honorarios del abogado, base regulatoria
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Lampazzi Palmira Julia c/ Santoro Octavio y otra s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2007-04-26

Se controvierte la base económica computada para la regulación de los honorarios y no dichos emolumentos por altos; en mérito a dicha base el tribunal infringió lo dispuesto en el artículo 147 del Código de rito, lesionando la garantía constitucional de la cosa juzgada, habida cuenta que el monto involucrado en este juicio a computar a los fines arancelarios, resultaba inmodificable por el ad quem ante el silencio de la parte actora al traslado dispuesto, que tardía e improcedentemente pretendió sortear por el canal de la apelación de los honorarios, afectándose con esa decisión el derecho de defensa y el debido proceso, lo que descalifica al fallo como acto jurídico válido, tornando así procedente el recurso deducido.
Subasta, nulidad de la subasta, martillero, comisión del martillero
Materia: COMERCIAL
Carátula: GOLTEC SOCIEDAD ANONIMA s/ QUIEBRA - INCIDENTE DE SUBASTA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-17

El vicio invocado por el mejor postor de la subasta en virtud del cual el bien rematado le habría sido adjudicado mediando error (ya que entendió que su oferta era por un importe inferior a la postura que admitió el martillero) resulta inexcusable (Código Civil: 929) pues tal circunstancia revela una negligente actuación del oferente siendo que el remate practicado fracasó por tal consecuencia, y habiendo el martillero realizado con posterioridad el bien, esa circunstancia priva a éste de reclamar la comisión que se hubiera devengado por el remate frustrado, pues cabe estimar que la posterior retribución comprendió aquélla labor (código procesal:

584).

(Del dictamen del Señor Fiscal de Cámara).
Impuesto sobre ventas, compras, cambio o permuta de divisas, exenciones impositivas, obligaciones en moneda extranjera, tipo de cambio, arbitraje cambiario
Materia: COMERCIAL - TRIBUTARIO
Carátula: Multicambio  S.A. s/ recurso de apelación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-06-01

No pueden ser excluidas de la exención prevista en el art. 6., inc. b) de la ley 18.526 las transacciones efectuadas exclusivamente en moneda extranjera, por la circunstancia de que uno de sus extremos esté representado por billetes de ese carácter, toda vez que tal operación constituye arbitraje, al igual que si estuviese expresada únicamente por valores distintos a los billetes.
Indemnización, daños y perjuicios, daño material, daño moral, daño estético
Materia: CIVIL
Carátula: F., O.F. c/ T. SA s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-02-14

El Código Civil establece sólo dos tipos de daños: el patrimonial (arts. 519, 1068 y 1069 Cód. Civil) y el moral (arts. 522 y 1098 Cód. Civil). El daño o lesión estética está referido a un concepto naturalístico, nunca configura un rubro indemnizable en forma autónoma respecto al daño moral y al daño patrimonial. Se trata de una lesión que puede incidir afectando intereses patrimoniales o extrapatrimoniales incrementando, por lo tanto y según su caso, el daño material y moral respectivamente.
Regulación de honorarios, Tribunal Fiscal de la Nación
Materia: PROCESAL
Carátula: MOLINA, VICTOR HUGO s/ APELACION  I.V.A.  - GANANCIAS - CAPITALES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-10-29

La circunstancia de que en la ley 21.839 no se prevea específicamente el procedimiento ante el Tribunal Fiscal, obliga a la consideración de su aplicación supletoria determinando el proceso judicial que más se acerque en su naturaleza y estructura a aquél desarrollado por ante ese organismo jurisdiccional. En ese sentido, las actuaciones cumplidas de acuerdo al segundo título de la ley 11 683 tienen evidente relación con el procedimiento ordinario, presentándose nítidamente la posibilidad del cumplimiento de tres etapas procesales (demanda, prueba y alegatos) perfectamente delimitadas entre sí.
Poder Legislativo de la Ciudad de Buenos Aires, salud mental, competencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Asociación de Psicólogos del GCBA c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-08-20

Compete al Poder legislativo lo relativo a la salud, en particular la mental, competencia que debe ser ejercida cumpliendo con lineamientos constitucionales precisos, de conformidad con los arts. 20 y 21 de la CCBA. (Voto en disidencia del Dr. Luis F. Lozano, al que adhiere la Dra. Alicia E. C. Ruiz).
Enjuiciamiento de magistrados, Derecho constitucional, responsabilidad del funcionario público, Estado Provincial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Risso,   Carlos  -juez  de  primera  instancia  en  lo  penal  deInstrucción  de Melincué- s/ solicita se arbitren los medios paraproceder  al  desafuero  del  doctor  Carlos  Andrés Fraticellicausa nº 645/2000-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-03

Al no estar expresamente previsto un recurso judicial, no cabe a la Corte Suprema la revisión de las decisiones adoptadas en los procedimientos destinados a hacer efectiva la responsabilidad de los funcionarios de las provincias por los órganos de juzgamiento establecidos en las constituciones provinciales, salvo que el mecanismo instituido por la constitución provincial -o de la interpretación que a éste se le confiera- resulte un apartamiento inaceptable de las restricciones impuestas a los poderes constituyentes locales por el art. 5 de la Constitución Nacional (Voto del Dr. Eduardo Moliné O'Connor).
Contrato de trabajo, choferes, uso de automotor propio
Materia: LABORAL
Carátula: Nocito,  Roberto  y otro c/ Tibbett & Briten Group Argentina S.A.y otro s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-15

La circunstancia que el actor contara con vehículos de su propiedad para la realización de sus labores, no basta para conceptuarlo como empresario, pues es verosímil concluir que justamente dicha propiedad posibilitó su acceso al empleo, permitiéndole cumplir a la accionada con la distribución de los productos que comercializaba. El hecho de que el actor emitiera facturas, que el pago del seguro del camión fuera descontado de la factuaración que se le abonaba periódicamente, no sólo no desvirtúa la existencia de una relación de dependencia sino que son exigencias del dador de trabajo que de ese modo pretende sustraerse a la aplicación de las normas imperativas del derecho del trabajo.
Recusación, recurso de reposición (procesal), inadmisibilidad del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Grupo Clarín S. A. y otros s/ medidas cautelares
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-12-06

El recurso de revocatoria interpuesto en un incidente de recusación de magistrados resulta manifiestamente inadmisible -arts. 238 y 239, in fine del C.P.C.C.N.-, toda vez que las sentencias interlocutorias dictadas por el tribunal de alzada, como principio, no son susceptibles de revocación, argumento que se extiende a las nulidades interpuestas subsidiariamente, sin perjuicio del derecho a un eventual planteo de arbitrariedad por vía de recurso extraordinario.
Cuestiones de competencia, competencia contencioso administrativa, despido, organismos del Estado
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la parte demandada en la causa Liendro, Ana Isabel c/ Fideicomiso Fondo de Compensación Ambiental Acumar s/ despido c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-22

Corresponde a la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal entender en la demanda por despido iniciada contra la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), pues dicha competencia judicial surge del carácter público del organismo demandado y, por tanto, con derecho a litigar en el fuero federal, en tanto el art. 1° de la ley 26.168 dispuso la creación de la accionada como ente de derecho público interjurisdiccional en el ámbito de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Recurso de casación penal, sentencia absolutoria, prescripción de la acción penal, violencia de género, tratados internacionales
Materia: PENAL
Carátula: Zivelonghi, Pablo Andrés s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-19

Carece de debida fundamentación el recurso de casación impetrado por querella, puesto que si bien cuestiona las dos primeras conclusiones del informe médico forense, nada dice respecto de la falta de certeza en cuanto a la efectiva relación entre las dolencias que dice sufrir en la actualidad con el hecho que dio origen a la causa y, fundamentalmente, respecto del aspecto subjetivo de las lesiones graves, desarrollados en la sentencia; el deber de investigar toda denuncia de violencia cometida a una mujer por razón de su género (art. 7, inc. b de la Convención de Belém do Pará) nunca puede entenderse como una obligación de condenar en caso de que el hecho denunciado no haya logrado acreditarse. La disidencia sostuvo que el recurso resulta formalmente admisible, pues se trata de una sentencia definitiva del superior tribunal de la causa, por una parte con legitimidad para recurrir.
Ejecución hipotecaria, intimación de pago, domicilio especial
Materia: PROCESAL
Carátula: BYUN JUNG SHIK c/ SALIDA S.A. s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-14

Pretender desconocer la eficacia de la intimación de pago y citación de remate practicada en el domicilio especial, constituído en la escritura hipotecaria, importa contradecir actos anteriores, deliberados, jurídicamente relevantes y plenamente eficaces.-
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, prestación de servicios, normas de seguridad, servicios de vigilancia, incumplimiento del contrato, robo con armas, improcedencia del recurso
Materia: CIVIL-LABORAL-PENAL-PROCESAL
Carátula: Zurich Argentina Compañía de Seguros SA c/ Aipaa SA y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-11

Aparece inexorable atribuirle responsabilidad por los daños y perjuicios derivados del incumplimiento contractual a la empresa de seguridad demandada. Ello por cuanto, el robo con armas no puede ser considerado un hecho imprevisible, ya que forma parte del riesgo propio de la actividad profesional de la accionada, pues la confianza depositada en ésta se endereza a ponerles coto y no sólo a desalentarlos (ver CNCom, Sala D, "Tefasa SA c/ Prevensión SA s/ ordinario", del 16/05/17). De hecho no sólo puede sino que también debe ser previsto. Si bien, en el caso, del relato de los hechos resulta que los delincuentes eran tres, lo que podría ser catalogado como robo en banda, (CP 167-2° y 210), lo cierto es que también los custodios eran tres y no opusieron la mínima resistencia y se advirtieron diversas fallas durante el operativo.