Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2013-04-15


En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut, a los 15 días del mes de abril del año dos mil trece, se reunieron en Acuerdo los Miembros de la Sala en lo Penal del Superior Tribunal de Justicia, integrada por los doctores Jorge Pfleger, Alejandro Javier Panizzi y Fernando Salvador Luis Royer, bajo la presidencia del primero de los nombrados, para dictar sentencia en los autos caratulados "H., R. s/ Homicidio Culposo r/v B., L. A. s/ Impugnación" (Expediente Nº 22328 - Folio 4 - Año 2011).

El orden para la emisión de los votos resultó del sorteo realizado a fojas 271: Panizzi, Pfleger y Royer.

El Juez Alejandro Javier Panizzi dijo:

I. Contra la decisión de la Jueza Penal de Comodoro Rivadavia, Mariel Suárez, adoptada en el marco de la audiencia preliminar celebrada el 11 de abril de 2011, los doctores G. M. y J. A. G. H., representantes de la Querella, dedujeron impugnación extraordinaria (fojas 203/225 y vuelta).

La magistrada acogió el acuerdo de juicio abreviado respecto del imputado R. G. H.

II. Los quejosos iniciaron su exposición con un resumen de las vicisitudes de la causa.

Luego, al desarrollar el primer motivo de agravio, adujeron que la resolución impugnada homologaba un acuerdo de juicio abreviado a cuya celebración sólo habían concurrido el acusador público, el imputado y su defensa. Indicaron que la parte querellante no sólo no participó de él, sino que se opuso expresamente a su aprobación.

Alegaron que el pronunciamiento atacado desconoció el carácter de parte en el proceso del acusador particular.

Mostraron que el artículo 355 del Código Procesal Penal imponía al fiscal el acuerdo del imputado y su defensor, por una parte, y del querellante, por la otra. Manifestaron que la norma era taxativa e interpretaron que el titular de la vindicta pública no podía presentar un acuerdo de juicio abreviado sin la aprobación de la querella.

Coligieron que ante la eventualidad de que se presentara un convenio en el que la querella no había tenido participación e incluso, se había pronunciado en contra de su celebración, como ocurría en el caso, al realizar el control de legalidad, el juez, debería rechazar su homologación.

Puntualizaron que el control primario de admisibilidad del acuerdo consistía en la constatación de que aquél se había celebrado con la aprobación de todas las partes mencionadas en el ritual.

Reiteraron que a pesar de las disposiciones del ceremonial la sentencia homologó un acuerdo que jamás se instrumentó, a sabiendas de que la parte querellante se oponía expresamente a su celebración.

Dijeron que resultaba manifiesto que el fallo se había dictado contra legem, ya que el acuerdo no contaba con el aval del querellante.

Consideraron que el acuerdo se alcanzaba cuando todas las voluntades confluían en una declaración coincidente y, puntualizaron, que las manifestaciones incompletas, por falta de una de las partes, no permitían alcanzar un acuerdo.

Se sorprendieron de que la a quo reconociera al comienzo de su exposición la autonomía del querellante y exaltara la tutela de los derechos que amparaban a la víctima para luego, fallar en contra de todas esas prerrogativas.

Más adelante, manifestaron que mientras la jueza Suárez afirmó haber realizado una interpretación sistemática e integral de las normas procesales a fin de determinar si la opinión de la querella resultaba vinculante, omitió las respectivas explicaciones y fundamentos.

A continuación, sostuvieron que la magistrada incurría en un juicio arbitrario e infundado al expresar que el artículo 355 del rito no mencionaba expresamente que la opinión del querellante fuera vinculante para el acuerdo.

Apuntaron que si a la a quo le generaba dudas interpretativas aquella norma, debió explicarlas y responderlas.

En otro tramo, respondieron la justificación esbozada por la Jueza Penal Suárez, quien trajo a colación el instituto de la suspensión del juicio a prueba (artículo 49 del ceremonial) para demostrar que la intervención de la querella en el acuerdo de juicio abreviado no resultaba vinculante. Explicaron que ese argumento se desvanecía ya que -sostuvieron- cuando el legislador ha querido la aceptación del querellante, lo ha expresado -como en el caso del artículo 355 del Código Procesal Penal-, mientras que donde sólo ha requerido la potestad fiscal, sin la conformidad del querellante, así lo ha hecho -como en el supuesto del artículo 49 del mismo cuerpo legal.

A continuación, atacaron la consideración de la a quo en punto a que el querellante debió expresar los motivos sobre los cuales no acordaba con el fiscal, el imputado y su defensa. Indicaron que la sentenciadora introducía recaudos no previstos en la ley, arrogándose atribuciones legislativas.

Concluyeron que no correspondía que la jueza penal homologara el acuerdo desde que éste no reunía la aprobación de la querella sino que además, esa parte se había alzado contra su celebración.

En el segundo motivo de agravio se expidieron acerca de la arbitrariedad de la sentencia impugnada.

Sostuvieron que el pronunciamiento resolvía contra la ley pues hacía caso omiso de la exigencia de contar con el consentimiento del querellante para tener por perfeccionado el acuerdo y, además, incorporaba recaudos de procedencia de esa oposición no previstos en la norma.

Tildaron de aparentes y dogmáticos los fundamentos expuestos en el fallo.

En el tercer motivo de impugnación, cuestionaron la vulneración de los derechos de la víctima.

En este sentido, manifestaron que la sentenciadora en los primeros párrafos de su pronunciamiento realzaba y ponía en valor los derechos de la víctima.

Sin embargo -puntualizaron-, la decisión final desvirtuaba todo el andamiaje legal.

Luego de citar la normativa constitucional que tutelaba a la víctima y reconocía su autonomía en el proceso, concluyeron que la homologación del acuerdo con la expresa oposición de la víctima, se alzaba no sólo contra lo prescripto por el artículo 355 del digesto local sino contra toda la plataforma legal y jurisprudencial, que refirió.

Adujeron que el decisorio tornaba en letra muerta los derechos de la víctima, en especial el consagrado por el artículo 102 del Código Procesal Penal, que permite al querellante oficiar como acusador independiente del Ministerio Público Fiscal.

Renglón seguido, los recurrentes desarrollaron el cuarto motivo de impugnación.

Indicaron que las víctimas que actuaban en este proceso como querellantes eran tres: V. A. D. S., S. B. y J. B.

Sostuvieron que en razón de la minoridad de los hijos de la víctima, debió concurrir a la audiencia preliminar y a la celebración misma del convenio de juicio abreviado, la Asesoría de Familia e Incapaces, ejerciendo la representación promiscua de los pequeños.

A modo de conclusión, reiteraron que la sentencia, al homologar el acuerdo celebrado entre el acusador público, el imputado y su defensa, con la oposición expresa de la víctima querellante, no sólo obró contrariando una previsión legal, sino que frustró el derecho a sustanciar un juicio oral y público, con todas las garantías del debido proceso.

Sostuvieron que si la jueza no homologaba el convenio ningún perjuicio acarreaba para el imputado, pero en cambio, la aprobación de aquél impedía al querellante acceder a una instancia de juicio.

En el final, formularon reserva de acudir ante los estrados de la Corte Suprema de Justicia y efectuaron petitorio de estilo.

III. Esos son, grosso modo, los motivos de agravio.

El presentante desdeñó de la resolución de la Jueza Penal Mariel Suárez que hizo lugar al convenio de juicio abreviado propiciado por el Ministerio Público Fiscal, el imputado y su defensa, pese a la fuerte resistencia de la querella.

Dejaré anotado que si bien la resolución en crisis no se halla comprendida en el catálogo de decisiones impugnables por la vía extraordinaria, lo cierto es que, los agravios enarbolados por la parte querellante, permiten entrever que la solución de la a quo se aparta ostensiblemente de la letra de la ley, enmarcándose por ende dentro de los supuestos de sentencia arbitraria.

IV. El instituto del juicio abreviado se halla regulado en nuestro digesto adjetivo local a partir del artículo 355.

Esa norma, luego de fijar el límite punitivo que habilita la aplicación del instituto, exige para su procedencia que el fiscal cuente con el acuerdo del imputado y de su defensor, y, en su caso, del querellante.

Es decir, el pilar de este procedimiento es la negociación que se entabla entre el acusador público, el imputado y, en su caso, la querella, a fin de arribar a un convenio.

Sin embargo, al inspeccionar estos actuados, advierto que el acuerdo que se homologó fue el que arreglaron el fiscal y la defensa, sin la participación y subsiguiente aprobación del acusador privado.

De esta manera, la resolución cuestionada inobservó la manda del artículo 355 que claramente imponía que el fiscal contara no sólo con la conformidad del imputado y su defensor, del acuerdo propiciado, sino también, con la aceptación de la parte querellante.

La a quo con argumentos contrarios a la ley excluyó al querellante de la negociación, dejando a esa parte totalmente desprotegida y sin posibilidad de continuar autónomamente la acción penal.

Así las cosas, el convenio homologado estrictamente no se trató de un acuerdo de juicio abreviado en los términos del ceremonial desde que desatendió la negativa de la querella, parte necesaria en la negociación.

El fallo atacado ha privado al impugnante del derecho a un pronunciamiento útil a sus pretensiones, desmereciendo así el rol que las leyes le acuerdan a la querella.

Por lo expuesto, la resolución deviene arbitraria por ilegal y, en consecuencia, corresponde admitir la impugnación articulada por el acusador privado, revocar la decisión adoptada en el marco de la audiencia preliminar y devolver los actuados a la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia, para que continúen según su estado, con costas a cargo del imputado.

Así voto.

El juez Jorge Pfleger dijo:

I.- Prólogo 1.- La parte que querella, encarnada en los doctores G. M. y J. A. G. H., trajeron este caso a la Sala por efecto de la impugnación que dedujeron en perjuicio de la sentencia que homologó el acuerdo de juicio abreviado causa fuente de la condena a R. G. H.

El imputado de marras fue mandado a cumplir la pena de tres años de prisión en suspenso, con más la de inhabilitación especial para conducir automóviles afectados al transporte de cargas por ocho años (arts. 26 y 84 del C. Penal), al declarárselo autor material y criminalmente responsable del delito de homicidio culposo (art. 84 del C.P.) en relación con el hecho de la muerte de L. A. B., sucedido el 18 de Mayo de 2010.

Fue sentenciadora la Jueza Mariel Alejandra Suárez, quien dejó sus argumentos en los folios que están añadidos desde la hoja 186 a 189 del legajo.

Todo cuanto se ha simplificado en estos renglones fue desarrollado por el primer votante, el Ministro Panizzi, quien formuló una síntesis acabada de aquello que movilizó a los quejosos y de la sentencia misma.

Así patente queda holgada toda repetición, cualquiera fuera su pretexto; solamente resta estudiar y resolver el caso.

II. La solución del asunto.

1.- De partida señalo, por imperativo, que la expresión de agravios mediante la cual la querellante criticó el fallo ha logrado su cometido.

Ella, la alegación, ha desmerecido intelectualmente los argumentos dados por la "a quo" con tan consistente discurso, que superó el nivel de crítica a la que se la ha sometido.

Se han dado varios argumentos. De ellos escojo, para justificar la posición que adoptaré, el que es dirimente a mí entender: la denuncia de arbitrariedad de la sentencia que se inspecciona.

2. Me he pronunciado en varios precedentes sobre esta tópica, la arbitrariedad, en la búsqueda de una noción que estableciera ciertos estándares para definir qué es la cosa o, en otros términos, cuándo una decisión jurisdiccional está inficionada por esta cualidad negativa que la descalifica e invalida.

A ellos remitiré, salvo por un detalle que creo que es crucial en cualquier consideración al respecto.

Me refiero al hecho de que el punto central que define el vicio es el ejercicio autoritario del poder.

La sentencia será arbitraria cuando su fundamento no sea fundado (el juego de palabras no es original, pertenece a Carrió), cuando no se den razones, cuando las razones sean contrarias a la ley, o a las reglas del recto pensar.

Aunque los autores que diré hayan sido referidos en la impugnación, evoco el precedente "N." momento en que en la búsqueda de una correcta identificación del significado jurídico del vocablo cité a Quiroga Lavie, Benedetti y Cenicacelaya quienes sostienen, básicamente, que "...son arbitrarias las sentencias que poseen omisiones de gravedad extrema..." y explican: "...Lo que se exige es que la sentencia recurrida prescinda inequívocamente de la solución prevista en la ley o adolezca de una manifiesta falta de fundamentación...".

Desde su perspectiva, los autores citados consideran que "...la arbitrariedad es el modo de manifestación de la voluntad del Juez no sujeto a normación alguna y que se ha apartado, desviado, negado o rechazado la normación vigente..." (ver "Derecho Constitucional Argentino- Segunda edición actualizada por Humberto Quiroga Lavie- T I, Ed. Rubinzal Culzoni página 697).

Abuso de poder por salida de la órbita del orden normativo vigente. Allí, a mi juicio, la clave para entender por qué una sentencia en esa condición no constituye una derivación razonada del derecho vigente.

3.- Y sin dudas que aquella que se analiza padece del defecto denunciado, que es fácilmente perceptible.

Porque, a no dudar, ha trastocado el orden jurídico a través de una apreciación extraña.

Veamos.

Es principio sentado que la fuente primera de interpretación de la ley es su letra. La ley en el texto es un pivote sobre el que se asienta el Estado Social de Derecho, heredero de la mejor tradición política liberal que, desde 1789, preconizó la necesidad ineludible de aquél para preservar los derechos, para que se conocieran y pudieran cotejarse con las acciones del poder (Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano del 26 de agosto de 1789).

Empero debe admitirse que ".por encima de lo que las leyes parecen decir literalmente, corresponde indagar lo que dicen jurídicamente, y si bien no cabe prescindir de las palabras, tampoco resulta adecuado ceñirse rigurosamente a ellas cuando así lo requiera la interpretación razonable y sistemática." (Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema- C. 2327. XLI "caso RHE Corporación Financiera Internacional c/Aragón, Luis Alberto Facundo. 03/07/2007 T. 330, P. 2892).

Asimismo que toda tarea de decodificación de una norma ".debe hacerse armónicamente teniendo en cuenta la totalidad del ordenamiento jurídico y los principios y garantías de raigambre constitucional, para obtener un resultado adecuado, pues la admisión de soluciones notoriamente disvaliosas no resulta compatible con el fin común, tanto de la tarea legislativa como de la judicial (Voto del Dr. Gustavo A. Bossert). S. 131. XXI.; Santa Cruz, Provincia de c/ Estado Nacional s/ nulidad (decreto 2227).08/04/1997 T. 320, P. 495) También ha de observarse que ".Es principio básico de la hermenéutica atender en la interpretación de las leyes, al contexto general de ellas y a los fines que las informan, no debiendo prescindirse de las consecuencias que se derivan de cada criterio, pues ellas constituyen uno de los índices más seguros para verificar su razonabilidad y su coherencia con el sistema en que está engarzada la norma.(O. 466. XXXIX; ORI Obra Social para la Actividad Docente (OSPLAD) c/Catamarca, Provincia de s/acción declarativa de inconstitucionalidad 20/05/2008 T. 331, P. 1262) Y en torno de las leyes procesales se ha establecido que ".Hallándose en juego la interpretación de normas procesales, es aplicable el principio con arreglo al cual ello debe hacerse teniendo en cuenta el contexto general y los fines que informan las leyes en cuestión, en tanto con ello no se fuerce indebidamente la letra o el espíritu del precepto que rige el caso.."(C. 525. XLIII; RHE Cabezas, Daniel Vicente y otros s/denuncia -Las Palomitas- Cabeza de Buey.17/10/2007 T. 330, P. 4454) Con insistencia: ".Las leyes siempre deben interpretarse evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras, y adoptando como verdadero el que las concilia y deja a todas con valor y efecto, y cuando la ley emplea determinados términos es la regla más segura de interpretación la de que esos términos no son superfluos sino que han sido empleados con algún propósito, por cuanto, en definitiva, el fin primordial del intérprete es dar pleno efecto a la voluntad del legislador cuidando de no alterar, y de buscar en definitiva por vía de la interpretación, el equilibrio del conjunto del sistema. (B. 1015. XXXVII; ORI Buenos Aires, Provincia de c/Telefónica de Argentina S.A. s/remoción de instalaciones. 13/05/2008T. 331, P. 1234) Se tiene que ".Es propio del intérprete indagar lo que las leyes dicen jurídicamente, sin que esto signifique apartarse del texto legal, pero tampoco sujetarse rigurosamente a él cuando la interpretación razonable y sistemática así lo requiere, por lo que ella debe practicarse teniendo en cuenta el contexto general y los fines que informan a aquéllas. (-Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-. A. 1021. XLI; REX Arias, Alejo Fernando c/Instituto Nacional de Reaseguros Sociedad del Estado en liquidación s/despido 11/12/2007 T. 330, P. 4936) Y otra vez: ".Es propio de la interpretación indagar lo que las leyes dicen jurídicamente, sin que esto signifique apartarse del texto legal, pero tampoco sujetarse rigurosamente a él cuando una interpretación razonable y sistemática así lo requiere, por lo que ella debe practicarse teniendo en cuenta el contexto general y los fines que informan a aquéllas (Del voto de la mayoría, al que no adhirió la Dra. Carmen M. Argibay).(-Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-. E. 297. XLI; RHEEsteguy, Amelia Adela c/Estado Nacional (Poder Judicial de la Nación). 17/07/2007T. 330, P. 3426) Puede aceptarse que ".Por encima de lo que las leyes parecen decir literalmente es propio de la interpretación indagar lo que ellas expresan jurídicamente, en conexión con las demás normas que integran el ordenamiento sin prescindir por cierto de las palabras de la ley, pero efectuando una interpretación razonable y sistemática -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-. C. 4043. XXXVIII; REX Comisión Nacional de Valores c/Establecimiento Modelo Terrabusi S.A. s/transferencia paquete accionario a Nabisco. 24/04/2007T. 330, P. 1855) Finalmente ".La interpretación de las leyes debe practicarse teniendo en cuenta el contexto general y los fines que las informan, y en ese objeto la labor del intérprete debe ajustarse a un examen atento y profundo de sus términos que consulte la racionalidad del precepto y la voluntad del legislador, extremos que no deben ser obviados por las posibles imperfecciones técnicas de la instrumentación legal, precisamente para evitar la frustración de los objetivos de la norma." (D. 675. XXXI. REX; Díaz Cabral, Marcelo Gonzalo y otros c/ Estado Nacional (Min. de Justicia) s/ empleo público.18/07/2006 T. 329, P. 2890).

Y ".en la tarea de interpretación de las leyes debe evitarse darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones destruyendo unas por las otras, y adoptar como verdadero el que las concilie y deje a todas con valor y efecto." ( B. 1282.XXXIX. REX; Banco Central de la República Argentina c/ Banco Patricios S.A.s/ solicita intervención judicial, art. 35, pto. 3 Ley deEntidades Financieras (activos excluidos). 18/07/2006 T. 329, P. 2876) 4.- He formulado esta semblanza con un solo sentido. Demostrar cómo en la sentencia se ha trasegado la letra de la ley, pero a la par damnificado sus fines, subvertido el sistema, desvirtuado el contexto y, por consecuencia, arribado a un disvalor.

5.- No obstante reconocer las potestades del Juez en el proceso de formación y decisión en un "Juicio abreviado" (instituto que por su naturaleza impone de por sí andar con cautela), el Magistrado que interviene no debe perder de vista el texto que lo regula.

Y éste no usa sino el imperativo "deberá" para señalar las condiciones "a priori" del convenio, cuya extensión determina renglón seguido.

De suerte que los demás requisitos se encuentran limitados por aquella situación dirimente.

Esa es la lógica del sistema que consagra al querellante autónomo (art. 38 del C.P.P), vale decir prescindente de la voluntad del Ministerio Público Fiscal a quien no está atado; y así lo digo aunque serios reparos me merece esa consagración, que he dejado sentados en minoría.

Pero expongo más; es de tan modo repugnante a la arquitectura de la querella toda ablación de potestades cuando en el mismo Capítulo, de partida nomás, yergue a las pretensiones del querellante como instrumentos hábiles para ".abrir el juicio, a juzgar y condenar." aunque la acción oficial sea contraria (art. 39).

Es una contradicción, entonces, predicar sobre los derechos de la víctima y de la facultad de ejercer la acción pública y luego obturar el desarrollo, bajo pretextos no contenidos en la ley.

6.- Creo que el fin del "Juicio abreviado" es eminentemente "eficientista" (allí mis observaciones), aunque bien que lo modera el poder dado a los Jueces de analizar en profundidad el acuerdo antes de su homologación. Pero el fin de que hablaba, entendido como una manera de resolver el conflicto de modo célere defiriendo a las partes ciertas proposiciones que evitan andares procesales que en supuestos especiales el legislador ha estimado evitables, está supeditado a los medios, pues no hay "solución" posible (y ya hablo en el plano de lo trascendente) sin el libre concurso de todas las partes que envueltas en el litigio hallan un cauce "especial" para dirimirlo.

No ha menester que quede en evidencia la trastienda del convenio. De allí que la exigencia a la querella de fundar su posición so riesgo de ser excluida resulta ajena.

7.- Pero en el caso es evidente tal cosa. Se trata de una diferente manera de ver el fenómeno natural objeto del proceso que no está prohibida en el Código, sino que- por lo contrario- éste habilita formalmente.

Qué sino la regulación acerca de la posibilidad de acusación alternativa dada al Fiscal y al querellante (art. 291 del C.P.P.).

El tema de la doble acusación es discutible. Pero las sentencias no son un foro de doctrina. Si bien aceptables los argumentos de autoridad que sin duda son fuente de derecho, posee prelación la ley cuando contiene un texto claro y asequible ideológicamente, y que, por lo demás, encaja sin dificultad en el presupuesto que reclama su aplicación.

La búsqueda de argumentos nutritivos a una posición puede valer como ejercicio retórico, pero no en lo que ha de ser la sobria tarea de aplicar la ley.

8.- En fin, prefiero no extenderme en demasía cuando- así lo creo- he señalado el núcleo defectuoso de la sentencia que, a mi parecer también, debe ser revocada, con costas al imputado.

9.- Aún en el epílogo- en verdad se debió tratar en principio- pondero que hay legitimación objetiva para recurrir por cuanto, como tiene dicho la Sala, la doctrina de la arbitrariedad es el mecanismo último de control que evita la consolidación de decisiones contraria a las leyes.

Así me expido y voto.

El Juez Fernando Salvador Luis Royer dijo:

Los Ministros que me precedieron en el voto han poco menos que agotado el tema a resolver pero, por expresa manda del artículo 25 del Código Procesal Penal, daré mi opinión, coincidente al de mis distinguidos colegas.

En primer lugar y, en cuanto a la legitimación del querellante para ingresar a esta vía extraordinaria, observo que si bien la resolución en crisis no se encuentra comprendida dentro de las enumeradas en el artículo 370 del ordenamiento de fondo, la doctrina de la arbitrariedad planteada por la parte habilita la instancia.

Aclarado ello, paso a analizar la cuestión atinente al recurso.

El Ministerio Público Fiscal formuló acusación a fs. 134/40 y vta., encuadrando la conducta adjudicada a R. G. H. en el delito de homicidio culposo.

Por otro lado, la querella hizo lo propio a fs. 146/56, y, a diferencia del acusador público, sostiene la existencia de dolo eventual, y encuadra el accionar del imputado dentro de la figura contenida en el artículo 79 del ordenamiento de fondo.

Acto seguido se convoca a las partes a la audiencia preliminar y, previo a comenzar con el ofrecimiento de pruebas, la Fiscalía menciona la existencia del acuerdo de juicio abreviado con la defensa. Inmediatamente la querella deja constancia que, por expreso mandato de sus representados, se opone a la celebración del acuerdo, y, más allá de la diferente significación jurídica dada al hecho, habían sido las propias víctimas las que manifestaron al fiscal su postura.

La jueza, no obstante, decide homologar el acuerdo.

Justifica su decisión partiendo de un análisis erróneo de la norma, ya que hace una interpretación sistemática e integral, cuando la letra de la ley es muy clara al respecto.

Así, como bien lo indican los colegas, el artículo 355 del C.P.P. determina que para proceder abreviadamente, ´.el fiscal deberá contar con el acuerdo del imputado y su defensor, y, en su caso, del querellante.´.

Se observa entonces que la aplicación de este procedimiento dependerá de la convergencia de voluntades de las partes -Fiscal, imputado-defensor, querella-, y si una de ellas no concurre, no podrá procederse abreviadamente.

Siendo ello así, opino que la a-quo tomó una decisión arbitraria por ser contraria a la ley, y de esta manera deberá revocarse la resolución en crisis, con costas a cargo del atribuido.

Así voto.

Con lo que finalizó el Acuerdo, pronunciándose la siguiente:

---------------- S E N T E N C I A ---------------1º) Declarar procedente la impugnación extraordinaria articulada por los representantes de la parte Querellante a fojas 203/225 y vuelta, con costas a cargo del imputado.

2º) Revocar la resolución adoptada en el marco de la Audiencia Preliminar por la Jueza Penal Mariel Suárez, que luce en las hojas 186/189.

3°) Remitir estos actuados a la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia, a sus efectos.

4º) Protocolícese y notifíquese.

Fdo. Jorge Pfleger-Alejandro Javier Panizzi-Fernando S. L. Royer, Ante mí: José A. Ferreyra Secretario.