Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-12-13


2º Instancia. - Buenos Aires, diciembre 13 de 2005.

Considerando: 1º) Que a fs. 169/170 vta. la magistrada de grado hizo lugar a la acción de amparo incoada por R. S. y ordenó a la Policía Federal que suprima la ficha de individualización nº ... y la foto del actor en el término de 10 (diez) días de notificada la sentencia. Impuso las costas a la vencida.

Para así resolver manifestó que compartía los argumentos expuestos por el Fiscal de Primera Instancia en su dictamen de fs. 165/167, a los cuales se remitía por cuestiones de brevedad, y agregó que en el caso se había vulnerado el derecho al honor del actor, en cuanto la información que contenía la ficha citada en el párrafo anterior era falsa y perjudicaba su nombre.

2º) A fs. 180/184 el Estado Nacional interpuso recurso de apelación y expresó agravios, los que fueron contestados por el accionante a fs. 189/190 vta.

A fs. 206 obra el dictamen del Fiscal de Cámara.

3º) Sostiene el recurrente que el decisorio de primera instancia no puede ser calificado como acto judicial válido por hallarse fundado en afirmaciones puramente dogmáticas que no toman debidamente en cuenta las circunstancias obrantes en autos y en consecuencia no constituye una derivación razonada del derecho aplicable, transformándose en una sentencia manifiestamente arbitraria.

Argumenta que la acción de amparo es un remedio excepcional y está reservada para aquellos casos en que no existe una vía más idónea, y afirma que S. tenía a su alcance los medios adecuados para arribar al resultado deseado, por medio de la solicitud en sede policial del certificado de antecedentes personales y a través de la iniciación del correspondiente procedimiento administrativo para acceder a la corrección o supresión de todo dato incorrecto que constara en sus antecedentes.

En este contexto señaló, que si bien el actor comenzó con dicho trámite, el mismo quedó paralizado, toda vez que su legajo de identidad fue solicitado por la División Robos y Hurtos, lo que había imposibilitado la tramitación de refundición de su prontuario.

Indica que el amparista pretende lograr por medio del amparo que se suprima un supuesto registro falso, cuando en realidad se trata de la invalidez de un acto administrativo que requiere mayor amplitud de debate y prueba.

Por último, destaca que en el caso de autos ha transcurrido en exceso el plazo de quince (15) días hábiles previsto en el art. 2º inc. e) de la ley 16.986 para interponer la presente acción, toda vez que dicho plazo debe contarse a partir de la fecha en que se sustanció la ficha de individualización, es decir el 22/01/1998.

4º) Que la garantía del hábeas data está vinculada al derecho a la intimidad y al derecho a la veracidad de la propia imagen. Al decir de Sagüés, el hábeas data tiene cinco fines principales: a) acceder al registro de datos; b) actualizar los datos atrasados; c) corregir información inexacta; d) asegurar la confidencialidad de cierta información legalmente obtenida, pero que no debería trascender a terceros; e) cancelar datos que hacen a la llamada "información sensible" (ideas religiosas, políticas o gremiales, etc.), potencialmente discriminatoria o que afecte la privacidad del registrado (confr. Sagüés, Néstor Pedro, "Amparo, Hábeas Data y Hábeas Corpus en la Reforma Constitucional", publicado en LA LEY, 1994-D, 1151 y sigtes.; en el mismo sentido esta sala in re: "Urteaga", del 24/10/1996).

El bien jurídico protegido lo constituye, sustancialmente, la veracidad de la información. Y en tal sentido, la acción protege a los individuos contra la información falsa o incompleta, y los habilita para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de los datos e impedir que se haya un uso abusivo o discriminatorio de ellos (confr. Carlos E. Colautti, "Reflexiones preliminares sobre el Hábeas Data" publicado en el diario La Ley, 1996-C, 917 y esta sala in re: "Urteaga", del 24/10/1996).

Del análisis de las constancias obrantes en el expediente surge que en la "Ficha de Individualización nº 879" confeccionada en el mes de enero del año 1998 se ha consignado como delito imputado al actor el de robo a mano armada (confr. fs. 95/101), ilícito de mayor gravedad a aquél por el cual fuera investigado y sobreseído por primera vez (apropiación indebida de cosa perdida) en la causa nº 6223/1998 que tramitó por ente el Juzgado en lo Criminal de Instrucción nº 25, Secretaría nº 161 (confr. fs. 16), por lo que estando debidamente acreditada la falsedad del contenido de la ficha citada corresponde hacer lugar a la pretensión del amparista de que aquélla sea suprimida.

5º) Que el inc. 1 del art. 16 de la ley 25.326 establece que toda persona tiene derecho a que sean rectificados, actualizados y en su caso suprimidos los datos personales de que sea titular. El responsable del banco de datos deberá proceder su rectificación, supresión o actualización en el plazo de cinco días hábiles de recibido el reclamo o de haber advertido el error o falsedad (inc. 2 del art. 16 de la ley 25.326).

Asimismo, conviene recordar que corresponde tener por habilitada la instancia judicial -sin que tal declaración implique prejuzgamiento acerca del derecho de fondo que pudiera eventualmente corresponderle a la accionada en sus pretensiones- cuando no existe pronunciamiento de la administración respecto de los requerimientos de la actora en sede administrativa, tomando en consideración la fecha de su última presentación y la interposición de la demanda por aplicación del art. 23, inc. c) de la ley 19.549 que permite la impugnación de un acto administrativo de alcance particular, por vía judicial cuando se diere el caso de silencio de la administración a que alude el art. 10 de la ley. (confr. esta sala in re: "B.E.P.A. S.R.L. c. E.N. (Min. de Relacs. Ext.) s/ ordinario", del 3/11/92).

En el sub-examine, conforme se desprende de fs. 10 el amparista solicitó el 29/03/2004 en la causa nº 71.011/2003 que tramitó por ante el Juzgado de Instrucción Nº 4 Secretaría 113 y en la cual fue imputado del delito de violación, la anulación de la ficha de individualización nº ... por ser inexacta, no siendo acogida su solicitud. Ello así, el 08/06/2004 el accionante inició el trámite de refundición de su legajo de identidad ante la Junta de Estudios de Antecedentes Personales de la Policía Federal Argentina, solicitando el pronto despacho de las actuaciones con fecha 15/09/2004 (confr. fs. 14). Frente al silencio de la Administración, con fecha 28/10/2004 inició la presente acción de hábeas data y amparo contra el acto de la Policía Federal.

6º) Que el art. 37 de la ley 25.326 establece que la acción de hábeas data tramitará según las disposiciones de esa ley y por el procedimiento que corresponde a la acción de amparo común. Sin embargo, la defensa de la demandada relativa al vencimiento del plazo previsto en el art. 2º inc. e) de la ley 16.986 no puede prosperar, toda vez que en relación a la norma citada precedentemente, se ha sostenido que en cuanto la misma impone la necesidad de presentar la demanda de amparo dentro de los quince días hábiles a partir de la fecha en que el acto fue ejecutado o debió producirse, no constituye un escollo insalvable si aquello que se pretende enjuiciar es conceptuado como una ilegalidad continuada, originada tiempo antes de recurrir ante los estrados judiciales y mantenida al momento de accionar y con posterioridad a ello (confr. fallos 307:2184, sala V de este Tribunal in re: "Allende" del 12/10/1999 y "Tamborini" del 05/07/2002; y sala III en autos "Cuadrado Andreau" del 29/08/2002).

Consecuentemente, corresponde rechazar la apelación intentada y confirmar la sentencia de primera instancia.

6º) La costas de ambas instancias se imponen a la vencida, principio objetivo que tiene en cuenta la derrota independientemente de la buena o mala fe, de la mayor o menor razón para litigar (art. 68, párr. 1º C.P.C.C.N.), del que no hay razones que justifiquen apartarse.

En virtud de lo expuesto, se confirma la sentencia de grado en todos sus términos, con costas a la vencida en ambas instancias (art. 68 inc. 1º C.P.C.C.N.). Así se decide. -María I. Garzón de Conte Grand. - Marta Herrera. - Jorge H. Damarco.