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Ley sobre riesgos del trabajo, MOPRE, aplicación temporal de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: SUPERINTENDENCIA   DE RIESGOS DEL TRABAJO c/ PREVENCION ART S.A.S/ s/ RGANISMOS EXTERNOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-29

El art. 16 del Decreto 1694/2009 que fijó un nuevo valor del "MOPRE", establece que lo allí dispuesto entró en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial, aplicándose a las "contingencias previstas en la Ley 24557 y sus modificaciones cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de esa fecha". En ese marco, toda vez que la sanción aplicada como consecuencia del incumplimiento, se produjo con anterioridad a la entrada en vigencia de dicho decreto, el valor que deberá tenerse en cuenta para calcular la unidad MOPRE será de pesos ochenta ($80). (En igual sentido: CNCom, Sala A, in re "Superintendencia de Riesgos del Trabajo c/ Mapfre ART SA s/ organismos externos" del 02/09/10; Sala E, in re "Superintendencia de Riesgos del Trabajo c/ La Caja ART s/ organismos externos" del 19/08/10; Sala F, in re "Superintendencia de Riesgos del Trabajo c/ Provincia ART SA s/ organismos externos" del 24/08/10 y Sala B in re "Superintendencia de Riesgos del Trabajo c/ Prevención Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA s/ organismos externos" del 23/09/10, entre otros).
Nulidad de patente, acumulación de procesos
Materia: PENAL
Carátula: IPS SAIC Y F c/ GASRECK SA s/ Nulidad de Patentes
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-07-01

"El hecho de que no se configure una identidad total en relación a los sujetos involucrados y al objeto inmediato de los juicios, no obsta para que, aún cuando faltare alguno de estos elementos, proceda su concentración ante un mismo juez si se evidencia la posibilidad de fallos contradictorios; máxime, cuando ambos se sustancian por hechos estrechamente vinculados, con un objetivo final evidente, de manera que resulta por demás razonable unir todas las actuaciones ante un único tribunal, evitando así el riesgo del eventual dictado de sentencias contradictorias y favoreciendo la buena y correcta administración de la justicia. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-." -El resaltado es recurso utilizado en este texto (C.S., Fallos: 329:1611).
Honorarios del abogado, recurso extraordinario
Materia: PROCESAL - CIVIL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Casanto SRL. s/ apelación. (denegatoria de repetición).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-06-19

No incumbe a la Corte determinar los honorarios correspondientes al escrito mediante el cual se dedujo el recurso extraordinario que tramitó con arreglo a las disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación vigentes hasta el 24 de julio de 1981
Careo de imputados con testigos, delitos contra la humanidad
Materia: PENAL
Carátula: Pla, Carlos Esteban y otros #INSTANCIA: C #TIPO_TRIBUNAL: NP s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-05-02

Resultan improcedente someter a careo al imputado con los querellantes -artículo 86 del código adjetivo- fundado en las contradicciones en que habrían incurrido dichos testigos, puesto que durante sus declaraciones los querellantes quebraron en llanto al revivir el dolor de los padecimientos sufridos, por lo que propiciar un enfrentamiento implica someter a las víctimas de las privaciones ilegítimas de la libertad y tormentos a un sufrimiento innecesario, contrariando los fallos de la Corte IDH de aplicación obligatoria en nuestro país en cuanto a la necesidad de tomar medidas que eviten nuevos sufrimientos a las víctimas, y desconociendo el compromiso del Estado argentino de proveer la protección de las mismas.
Contrato de trabajo, injuria laboral, extinción del contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Iglesias, Fernando Raúl c/ Cooperativa Eléctrica de Consumo y Vivienda Limitada de laCiudad de Trelew s/ Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-06-22

El perjuicio económico no es un presupuesto para la concreción de una injuria justificante del despido. En tal tesitura el solo incumplimiento puede tener, cualitativamente considerado, una envergadura tal que por sí mismo detente la gravedad necesaria como para justificar la extinción, sin necesidad de que provoque un daño a los intereses patrimoniales del empleador.
Agravantes de la pena, uniones convivenciales, homicidio simple, tentativa
Materia: PENAL
Carátula: S., S. M. c/  s/ Homicidio simple en tentativa
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-09-06

No parece adecuado equiparar la "relación de pareja", referida en la agravante del art. 80, inc. 1º, del Código Penal, con las "uniones convivenciales" consagradas en el Código Civil y Comercial de la Nación, en tanto la definición establecida en el derecho privado determina expresamente que uno de los requisitos de esa institución legal lo configura la convivencia entre sus integrantes, pues tal como se encuentra formulado en el artículo 509 CPPN, se requiere, taxativamente una "unión basada en relaciones afectivas de carácter singular, pública, notoria, estable y permanente de dos personas que conviven y comparten un proyecto de vida común, sean del mismo o de diferente sexo". Por su parte, el Código Penal, al regular la citada agravante, establece específicamente que el mayor disvalor de la conducta de homicidio, cuando recae sobre una persona con la que el autor mantiene o ha mantenido una relación de pareja, no depende de que, entre ellos, medie o haya mediado convivencia. Al respecto, de los antecedentes parlamentarios de la ley 26.791, que regula el citado tipo penal, se observa que la voluntad del legislador, sin margen para la duda, fue la de comprender, en el marco de la calificante, a aquellas parejas entre las que no existiese ni hubiese existido convivencia. En consecuencia, a efectos de interpretar el sentido de la regla penal, no es acertado recurrir a una institución del derecho privado que, entre sus requisitos constitutivos, establece como ineludible a la convivencia (voto de juez Magariños al que adhirieron los jueces Mahiques y Jantus).
Reconstrucción del expediente, recursos, improcedencia del recurso, ampliación de la declaración indagatoria
Materia: PROCESAL
Carátula: Salmoyraghi, Héctor M. s/ Reconstrucción de Expedientes - Recursos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-06-19

1) Las medidas tendientes a la reconstrucción de expedientes no están sujetas a recurso alguno, de conformidad con lo dispuesto por el art. 129, inc. 5 del Cód. Proc. Civ. y Com.

2) El criterio adelantado por la "a quo" sobre una situación procesal todavía hipotética - posibilidad de ampliar la indagatoria en el plenario a pedido de la parte acusadora - y la polémica doctrinaria a raíz de ello suscitada, no habilitan al Tribunal para expedirse al respecto, porque hacerlo equivaldría a legitimar una consulta carente de fundamentación legal y, por ende, improcedente.
Personal de casas particulares, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: ACEVEDO RAMONA GRACIELA c/ GRIMAUX DE RODRIGUEZ VARELA MARIA M. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-06-02

Debe admitirse la acción si los testigos que declararon, a instancia de la actora, lo hacen suministrando cada uno razones convincentes de su conocimiento personal de los hechos, y refieren circunstancias de lugar y tiempo detalladas y precisas sobre el desempeño como doméstica de la actora en casa de los demandados y dentro de los períodos a que se refiere la demanda, las que apreciadas en su conjunto generan la convicción suficiente sobre la realidad de los hechos discutidos que adujera la actora.
Contrato de trabajo, remuneraciones variables, indemnización por despido, base imponible
Materia: LABORAL
Carátula: BESTILLEIRO MONICA GRACIELA C/ MET A.F.J.P. S.A. S/ DESPIDO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-03-31

El incremento indemnizatorio previsto en el art. 2 de la ley 25.323 se aplica tanto cuando el empleador despide sin causa, cuando los motivos invocados como "justa causa" no resultan probados, como en los supuestos de despido indirecto. No existe disposición legal alguna que limite la aplicación de lo establecido por el art. 2 de la ley 25.323 a los supuestos de despido directo, excluyendo por tanto los casos de despido indirecto. El artículo mencionado sólo hace referencia a los despidos incausados, tanto cuando sean concretados por el empleador como cuando el dependiente deba poner fin al vínculo por alguna conducta injuriosa de aquél. Si el referido artículo hace mención particular al art. 245 LCT no se debe a que el legislador haya tenido la intención de limitar su aplicación, sino porque en dicha norma de la LCT se establece cuál será la indemnización por antigüedad para el despido incausado (una de las que deberán ser incrementadas) que será de aplicación tanto cuando fuera dispuesto por el empleador (directo) como cuando fuera artículado por el trabajador (indirecto).
Honorarios, base regulatoria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ESCALANTE IRMA ESTER EN J: YUNES RECHEDEN c/ A. ESCALANTE s/ Incidente Desembargo (LIBRO: A154 - 384)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1992-09-07

Se aplica la escala del art. 14 de la ley de honorarios, sobre el valor de los bienes cuyo levantamiento de embargo se pretende.- En el supuesto de un incidente de desembargo, a los fines de la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes, debe considerarse monto del juicio, el valor de los bienes embargados y no la cantidad reclamada en el juicio principal.-
Verificación de créditos, causa de las obligaciones
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ Incidente de revisión en "Sucesión de Daniel Kusnier"s/concurso  preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2005-08-24

La exigencia de indicar la causa del crédito rige en verdad para los títulos abstractos (pagarés, cheques, etc.) pero no para los títulos causales. La pregunta acerca de cuál es la causa de un crédito impositivo, contiene su propia respuesta. Ante la liquidación de un tributo, y la pretensión verificatoria, podrá objetarse que no se configura el hecho imponible, que el impuesto fue pagado, que prescribió, que fue mal calculado, etc. Lo que no se puede decir, es que se desconoce cuál es la fuente de la obligación. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Accidentes de trabajo, relación de causalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Ruíz Díaz, Demetrio Víctor c/ Aseguradora de Riesgo de Trabajo "ASOCIART" s/ Acción de inconstitucionalidad y cobro de pesos por accidente de  trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2004-09-30

Se pretende relacionar la caída desde un caballo, que produjo una lesión en el hombro, con la pérdida de la visión de un ojo, no existiendo -según el peritaje y a falta de prueba una relación causal-, por lo que la demanda debe rechazarse.
Sucesiones, colación, frutos, intereses moratorios
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: HERRERA,  Ana María Rosa c/ HERRERA MALLA, Juan Enrique y otro s/ COLACION.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-20

1- Los herederos no deben los intereses y frutos sobre el objeto de la colación, porque esta institución se propone mantener la igualdad del capital de todos los herederos y porque las rentas y frutos de lo anticipado o donado entra en el patrimonio del beneficiado como propio y lo conservará aun a la muerte del causante que le realizó esa liberalidad. 2- De igual manera, tampoco se deben aplicar accesorios moratorios, desde que los cocondenados a colacionar, recién incurrirían en incumplimiento material jurídicamente relevante si, al momento de la partición, omiten la operación aritmética matemática de rigor a la que están obligados.
Acta policial, secuestro de bienes, secuestro de arma, ley procesal penal, ley posterior
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: C., L. A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD  -TENENCIA  DE ARMA DE GUERRA EN CONCURSO REAL CON ROBO CALIFICADO CON ARMAS  REITERADO, ETC. (EXPTE.: C.S.J. NRO. 351 AÑO 2005)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-11-30

No cabe hacer lugar al argumento del recurrente quien sostiene que el acta policial labrada con motivo del secuestro del arma de fuego del interior del vehículo, para ser instrumento público, debía revestir las formalidades que exige la ley, entre otras , la actuación de dos testigos, tal como lo impone el inciso 7 del articulo 190 V del Código Procesal Penal , desde que el mismo soslay a que dicha exigencia -que la misma norma excepciona en determinadas situaciones- fue incorporada al Código Procesal Penal por la ley 12.162, publicada en el Boletín Oficial el 3 de diciembre de 2003 y aplicable "a partir de la fecha de entrar en vigencia" y que todas las causas pendientes o por delitos anteriores, con excepción de los trámites o diligencias que hayan empezado a ejecutarse, se seguirán por las normas anteriores (Art. 6, ley 12.162).
Ejecución de sentencia, medidas cautelares, medida de no innovar
Materia: PROCESAL
Carátula: JUAN DERMIDIO FERNANDEZ c/ RAUL DUMIT s/ INTERDICTO PARA RETENER LA POSESION
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 1992-04-15

Resulta inadmisible la medida cautelar de no innovar tendiente a impedir el cumplimiento de una sentencia dictada en otro juicio, incluídos los de amparo a la posesión o simple tenencia.
Quiebra, calificación de conducta, conducta fraudulenta, fraude
Materia: COMERCIAL
Carátula: DOPICI FRUT SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA s/ QUIEBRA. INCIDENTE DE CALIFICACION DE CONDUCTA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-10-15

El concepto de fraude en la calificación de conducta no hace referencia sólo a la provocación, agravamiento o mantenimiento doloso del estado de cesación de pagos: es fraude a los efectos de la ley de concursos: 235 el ocultamiento de los libros y documentación del fallido y esta incriminada como fraudulenta la no presentación de la documentación y en su caso contabilidad que hagan posible la reconstrucción del patrimonio y los negocios del fallido
Orden de allanamiento, falta de fundamentación, nulidad procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: OCUPANTES FINCA SARMIENTO 1986. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-14

La sola invocación de la investigación de un hecho ilícito no basta para que un magistrado disponga un allanamiento, sino que deben mediar justificativos que lo sustenten, los que no pueden ser arbitrarios o abusivos.

No basta con una mención genérica de algunos de los elementos que hasta ese momento había en la causa, sino que es necesario que se expresen las razones objetivas que llevan a presumir que enel lugar que ha de ser allanado, pueden existir elementos conducentes a promover el desarrollo de la pesquisa.

Laordende allanamiento debe hallarse precedida por la presencia de elementos objetivos idóneos que, correctamente configurados, y sobre la base de patrones de probabilidad que brinden certeza y cabalidad al asunto, justifiquen su dictado.

Cuando lo que está en juego es un derecho fundamental del ciudadano, como la intimidad e inviolabilidad del domicilio, se deben extremar todos los recaudos a fin de garantizar su vigencia. Cuando media una garantía constitucional no existe error inocuo que pueda oponerse para pretender la convalidación o subsanación de tal violación.

La falta de motivos para expedir la orden de allanamiento, incide en el incumplimiento del requisito de fundamentación que prescriben los arts. 123 y 224, inc. 1° "in fine" del ordenamiento adjetivo, el cual resulta un desprendimiento de los principios de razonabilidad, publicidad y control de los actos de gobierno básicos de un sistema republicano.

La obligación de los magistrados de fundamentar sus decisiones tiende a producir en la ciudadanía el sentimiento de que se encuentra bien juzgada, promoviendo el prestigio de la actividad jurisdiccional y fundamentalmente, evita decisiones irregulares que se subsuman en la voluntad individual de los jueces, relegando así las prescripciones del ordenamiento jurídico.

Si los allanamientos practicados no contaron con la motivación que exige el código de forma, corresponde declarar su nulidad.

En consecuencia, debe revocarselaresolución que no hizo lugar a la nulidad articulada por la defensa y declarar la nulidad del auto que dispuso el allanamiento y todo lo actuado en su consecuencia.
Concursos, funcionarios y empleados del concurso, síndico del concurso, quiebra
Materia: COMERCIAL
Carátula: CM CONSTRUCTORA SRL S/ QUIEBRA S/ INCIDENTE DE APELACION PROMOVIDO POR ZULOAGA EVANGELINA ELDA c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-22

Cabe confirmar la providencia que le denegó la renuncia presentada a la Sindica, instándola a cursar el pedido por la vía adecuada. Ello por cuanto, frente a la claridad del texto legal -LCQ 255- huelgan mayores explicaciones: no es factible -tal como pretende la apelante- cursar su solicitud de renuncia ante los estrados jurisdiccionales, sino que debe ocurrir ante la Superintendencia de esta Excma. Cámara Nacional de Apelaciones que es el órgano competente para evaluar y juzgar tal especie de solicitudes.
Sistema electoral, partidos políticos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: FRENTE PARA LA VICTORIA s/ Plantea Recurso
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-02-16

El art. 60ª veda la coexistencia de listas "...aunque sean idénticas entre las alianzas y los partidos que las integran..."(sic).

Básicamente, adelanto opinión, el párrafo de la norma que fuera trascripto prohíbe, indubitablemente para mi, tanto las denominadas listas "espejos", como también "a fortiori" las denominadas listas "colectoras", donde solo se repiten candidatos en algunas de las categorías en listas correspondientes a distintas agrupaciones políticas, sea conformando la categoría de la oferta electoral bajo alianzas transitorias o no, como acontece en el caso bajo análisis. Esto último, ya centrado el análisis exclusivamente en la situación que se presenta a resolver, estimo que la utilización del vocablo "aunque" descarta de plano que se admita la coexistencia de listas de distintos partidos políticos que presenten iguales candidatos en alguna de las categorías sujetas a la elección.

Y ello es de tal manera, por cuanto, si veda literalmente la coexistencia de listas idénticas -comprendiendo todas las categorías- más aún, cabe entender que también inhibe hacerlo respecto de alguna de las candidaturas.
Recurso contencioso administrativo, intereses, mora, instancia administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Romero, Marta Fanny re Vda. de; Romero, Valeria; Romero, Maximiliano Alberto y Romero, Facundo Nicolás c/ Municipalidad de Rosario s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ  Nº 135-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-10-13

La regla de que no puede demandarse judicialmente lo que no ha sido peticionado en la instancia administrativa, no rige en el caso de reclamo de intereses, porque comprende únicamente lo que constituye la materia del derecho subjetivo que se hace valer, y ciertamente los intereses moratorios no forman parte de la misma, pues no preexisten al pedido, sino que son una consecuencia de la actitud renuente del demandado a cumplir su obligación, no obstante ser constituido en mora.
Graduación de la pena, ley penal más benigna, ultraactividad de la ley
Materia: PENAL
Carátula: Alonso, Omar y otro s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-11-20

En la determinación de la pena para el ilícito de retención y ocultamiento de un menor de diez años, delito de carácter permanente, es de aplicación la norma vigente al momento del inicio de la actividad voluntaria, si la misma resulta más favorable, más allá que al momento del cese de la conducta existiera una ley diferente, sancionada durante el tiempo de comisión de la retención; ello en virtud del principio de ultraactividad de la ley penal más benigna. (del voto del Dr. Alejandro W. Slokar)
Ley arancelaria, honorarios, regulación de honorarios, jus
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: CEREIJO, CLAUDIA LEONTINA c/ ZONA DE SALUD IV s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-05-29

El sistema diseñado por el legislador provincial mediante el artículo 32 de la ley 6767 (modificado por ley 12851), por el cual se instituyó el módulo o unidad "jus" para la regulación de honorarios de abogados y procuradores, constituye un mecanismo indirecto de recomposición del capital enmarcable en la categoría de creación pretoriana de "obligaciones de valor" -ahora receptada en el artículo 772 del Código Civil y Comercial de la Nación-, quedando como tal al margen del principio nominalista de la ley 23928 (y modificatorias) hasta su conversión en deuda de dinero, hecho que ocurrirá -de acuerdo con una interpretación constitucional optimizante de las distintas normas en juego- cuando el pago de la obligación por honorarios resulte exigible, tras la firmeza de la regulación respectiva, momento a partir del cual la integridad de la remuneración pasará a ser resguardada por la tasa de interés moratorio -para cuya fijación el precepto de marras exige que se atienda a las vicisitudes del mercado, al valor adquisitivo de la moneda y al carácter alimentario del honorario profesional-. (Del voto del Dr. Netri) - Jurisprudencia vinculada: Municipalidad de Santa Fe c. Bergagna, AyS T 276, p 294/326; Vectra Agropecuaria S.A., AyS T 278, p 255/261. - Jurisprudencia Concordante con Chlus, AyS T 281, p 105/112.
Caducidad de instancia, notificación de la sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: CASTRO Gastón Andrés c/ Verderrama, Rogelio Ricardo y Otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-07-04

La caducidad articulada por la actora, resulta improcedente, pues no se ha producido la caducidad de instancia toda vez que, la inactividad procesal habida en el plazo señalado por la incidentista obedece a la demora en la notificación de la sentencia, cuyo cumplimiento le fue impuesto al secretario (art. 256 del C.P.C.).
Entidades financieras, plan de regularización y saneamiento, régimen de garantía de los depósitos, banco central, facultades del banco
Materia: COMERCIAL
Carátula: Banco del Iguazú s/ Apel. Resolución N° 641/87 del B.C.R.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-27

El B.C.R.A. en el ejercicio de sus facultades de control del régimen financiero no está obligado a liquidar a cuanta entidad financiera se encuentre en problemas de relación a su solvencia y a su liquidez. Por el contrario, deberá extremar las medidas tendientes a su saneamiento, toda vez que cualquier liquidación de una entidad financiera -cualquiera fuere su importancia- trae consigo consecuencias disvaliosas (esta Sala, 28-4-88, "Altube, Carlos E. y otra"). Sin embargo, el rigor con que el B.C.R.A. debe examinar la concesión de ventajas al autorizar un plan de saneamiento debe fundarse en dos circunstancias: a) el interés general que prima en el funcionamiento de un eficiente sistema financiero; y b) el riesgo que asume en el supuesto de que, a pesar de acordar las ventajas, la entidad luego no pueda subsistir. En este caso, el ente oficial deberá cargar con las consecuencias, sumando al desembolso de dineros públicos a través de préstamos por el plan, aquél que supone el cumplimiento de la garantía de los depósitos cuando haya de disponer en definitiva la liquidación de la entidad en proceso de saneamiento (esta Sala, "Nuevo Banco Santurce" y "Banco Zonanor C.L." cits; 2/3/89, "Banco de la Empresa Coop.

Ltda." -J.A. 1989-IV p. 145-).