Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2014-12-22


Nº__309__/ En la ciudad de Resistencia, capital de la Provincia del Chaco, a los veintidos días del mes de diciembre del año dos mil catorce, reunidos en Acuerdo los Señores Ministros integrantes de la Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia, RAMÓN RUBÉN ÁVALOS y ALBERTO MARIO MODI, asistidos por el Secretario Autorizante, tomaron en consideración para resolver el presente expediente: "Marin, Armando Daniel C/ Gobierno De La Provincia Del Chaco Y/O Municipalidad De Resistencia Y/O Administracion Provincial Del Agua Y/O Quien Resulte Responsable S/ Daños Y Perjuicios Y Daño Moral", N° 6185/05-1-C, año 2014, venido en apelación extraordinaria en virtud de los recursos de inconstitucionalidad interpuestos: a) por la Municipalidad de la ciudad de Resistencia y sus abogados a fs. 876/885 vta.; b) por la Administración Provincial del Agua (A.P.A.) a fs. 886/892 vta.; y c) por la Provincia del Chaco a fs. 893/904, todos contra la sentencia dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad, que obra a fs. 829/845.

¿Qué pronunciamiento corresponde dictar en autos? 1º) Relato de la causa. Los remedios de marras fueron declarados admisibles a fs. 911/912; donde se ordenó también correr traslado de los mismos a las partes contrarias, y así la parte actora contestó el recurso de A.P.A. a fs. 930/935 vta., el del Estado provincial a fs. 936/940 y el de la Municipalidad y sus abogados a fs. 941/944; y la Provincia del Chaco hizo lo propio con respecto a los planteos del municipio a fs. 925/929. Luego, los recursos fueron concedidos a fs. 945 y vta. A fs. 948 se radicó la causa ante esta Sala Primera Civil, Comercial y Laboral; a fs. 949/953 se agregó el dictamen Nº 893/14 del Sr. Procurador General y a fs. 954 se llamó autos, quedando la cuestión en estado de ser resuelta.

2º) Recaudos de admisibilidad. Los recursos extraordinarios han sido incoados en legal término y contra la sentencia definitiva de la causa, por lo que corresponde ingresar a la consideración de los mismos en su faz sustancial.

3º) El caso. El Sr. Armando Daniel Marín en fecha 08 de julio de 2005 accionó invocando su calidad de propietario desde el 23 de diciembre del año 1991 de las parcelas Nº 281, 282, 283, 284, 287 y 288 pertenecientes a la Chacra 187 de la sección C, circunscripción II de la ciudad de Resistencia. En tal sentido, demandó la expropiación irregular de dichos terrenos por parte de la Provincia del Chaco y/o la Municipalidad de Resistencia, reclamó daños y perjuicios y solicitó se declare la inconstitucionalidad de la Resolución Nº 1111/98 dictada por la Administración Provincial del Agua el 25 de noviembre de 1998. Lo anterior debido a que la norma aludida categorizó a los predios del actor -entre otros y por estar éstos enclavados en la Laguna Francia Argentina-, como "zona prohibida", limitándose así considerablemente las construcciones posibles en dichos terrenos. De allí que el accionante consideró que tales restricciones le ocasionaron un perjuicio que debía ser indemnizado.

La juez de grado rechazó el planteo de inconstitucionalidad así como la solicitud de expropiación irregular, pero hizo lugar al reclamo de daños y perjuicios por la suma de $400.000 con más intereses, de-sestimando la excepción de prescripción que opuso la co demandada Provincia del Chaco.

Tal decisión fue confirmada parcialmente por la Cámara de Apelaciones, quien sólo modificó la imposición de costas por la intervención del municipio capitalino, imponiéndolas en el orden causado a éste y al actor. Disconforme con dicho pronunciamiento, las partes co demandadas interpusieron los recursos extraordinarios bajo estudio.

4º) Los agravios extraordinarios de la Municipalidad de Resistencia y sus abogados. Critican la sentencia de la Alzada en cuanto distribuyó las costas por la intervención del municipio en el orden causado entre éste y el actor. Denuncian arbitrariedad por autocontradicción, en tanto los sentenciantes reputaron a la Municipalidad de Resistencia "demandada victoriosa" y señalaron que la demanda dependió exclusivamente del arbitrio del actor, pero igual le impusieron las costas a su representada. Asimismo, los mandatarios cuestionan que no se le hayan regulado honorarios, amparándose la Sala Primera en las previsiones de la ley 2868.

5º) Los agravios extraordinarios de la Administración Provincial del Agua. Sucintamente y en lo que aquí interesa, A.P.A. funda la arbitrariedad del pronunciamiento en: a) que se basó en la teoría del sacrificio del actor, sin considerar que el inmueble era desde su inicio no apto para relleno, por su condición de cuerpo lagunar: b) la falta de mínima referencia al hecho que el actor tuvo conocimiento de la existencia de la Resolución 1111/98 -y las restricciones que ella impuso- desde su publicación en el Boletín Oficial, por lo que era dable computar desde allí el plazo de prescripción; c) que no se considerara la nota enviada en fecha 27 de noviembre de 2001 por A.P.A. a la Inmobiliaria Sinat -quien tenía a la venta los predios del actor-, donde se comunicaba la prohibición de rellenar esos terrenos.

6º) Los agravios extraordinarios de la Provincia del Chaco. En términos similares al remedio anterior, la impugnante critica que se hubiere aplicado la teoría del sacrificio especial del actor, cuando éste compró un cuerpo lagunar, a sabiendas que su rellenado podría traer consecuencias para el medio ambiente y el sistema de bombeo que integra el plan de defensa del Gran Resistencia. Señala asimismo que se le han impuesto la totalidad de las costas del proceso, sin considerar que su parte resultó vencedora respecto de la legitimidad de la Resolución Nº 1111/98 y la improcedencia de la expropiación irregular; y que a su vez se omitió regular honorarios a los abogados que la representan por los aspectos señalados en los que la aquí recurrente resultó victoriosa. 7º) Metodología de tratamiento. A los fines de la consideración de los recursos incoados, comenzaremos por el interpuesto por la parte co demandada Administración Provincial del Agua, en virtud de que el resultado al que allí se arribe determinará la procedencia o no del tratamiento de los restantes remedios.

8º) La solución propiciada. Por razones de buen orden y atento la gravitación que puede tener sobre los demás agravios, corresponde referirnos en primer término a las quejas vertidas contra el rechazo de la excepción de prescripción.

9º) En este cometido, observamos que la sentencia recurrida refirió que: a) en cuanto al inicio del cómputo de la prescripción, resulta determinante establecer el momento en que la acción pudo ser ejercida por el actor, y en esa tarea parece apropiado tomar como hito inicial del plazo prescriptivo la intimación cursada por A.P.A. el 20/08/2004 [por la que se requirió al actor que remueva el cerco perimetral que delimitaba sus terrenos]; b) la naturaleza de la norma en cuestión (resolución de un órgano de la administración), determina que el plazo de prescripción corra sólo a partir del conocimiento efectivo de la mencionada resolución y no desde su publicación; c) con la nota remitida el 20/11/01 al Señor Rubén Sinat -de Sinat Inmobiliaria- no se acredita que el actor tomara conocimiento fehaciente que sus terrenos estaban ubicados en zona prohibida; y d) para que comience a correr el plazo de prescripción es necesario que el actor tenga conocimiento cierto de la minusvalía que afectaba su propiedad.

10º) Por su parte, la recurrente cuestiona en esta instancia que la Cámara de Apelaciones omitiera referirse pormenorizadamente a lo propuesto en su recurso de apelación, en el sentido que debe reputarse que el accionante tuvo conocimiento de la existencia de la Resolución Nº 1111/98, y de las limitaciones que ella impuso, desde la publicación de dicha normativa en el Boletín Oficial, pues no era exigible la notificación personal. Asimismo critica que, a todo evento, no se considerara la incidencia que tuvo la nota enviada por A.P.A. a la Inmobiliaria Sinat en el mes de noviembre del año 2001, siendo que el mismo actor reconoció conocer su contenido al promover la acción de amparo ofrecida como prueba. 11º) En esa línea de pensamiento, tenemos que el artículo 123 de la ley de procedimiento administrativo del Chaco reza en su parte pertinente que ".Los actos administrativos que tengan por destinatarios una pluralidad indeterminada de sujetos y aquellos para los que no fuera exigible la notificación personal no producirán efectos respecto de los mismos en tanto no sean publicados legalmente."; precepto que resulta aplicable al sub discussio en tanto la Resolución Nº 1111/98 constituye un acto administrativo.

12º) Surge también de la compulsa de las causas que corren agregadas por cuerda, en particular del expte. Nº 10.701/01 (registro del Juzgado Civil y Comercial Nº 9), caratulado "Marín, Armando Daniel c/ Administración Provincial del Agua (A.P.A.) y/o quien resulte responsable s/ Acción de amparo" e iniciado el 23 de noviembre de 2004, que el actor manifestó ".Que por comunicación escrita dirigida al Sr. Rubén Sinat, titular de la Inmobiliaria 'Rubén Sinat Inmobiliaria', con fecha 18 de noviembre de 2001 por parte del [.] presidente del directorio de la APA (Administración Provincial del Agua) se pone en conocimiento del mismo que los terrenos ofrecidos por el Sr. Sinat a la venta [.] 'se encuentran en zona prohibida conforme los postulados de la Resolución 1111/98 de la Administración Provincial del Agua y en consecuencia manifiesta dicha comunicación deberá remarcar la prohibición de rellenar en dichos terrenos[.]'. La presente comunicación fue dirigida al Sr. Rubén Sinat en su carácter de propietario de la inmobiliaria que se encontraba realizando la oferta pública de venta de los terrenos propiedad del Sr. Daniel Armando Marín." (conf. fs. 10 vta., in fine/11, primer y segundo apartados).

13º) Lo que antecede, apreciado a su vez a la luz de los fundamentos vertidos por la Alzada -reseñados en el considerando Nº 9º)-, nos permite deducir que en efecto el pronunciamiento no dio un adecuado tratamiento del tópico relativo al inicio del cómputo de la prescripción de la acción de daños y perjuicios, de conformidad con lo alegado al oponerla, lo planteado en los recursos de apelación de las co demandadas y la normativa legal aplicable al caso.

Ello ya que al referirse a la temática que nos convoca la Cámara esbozó una serie de argumentos que lucen dogmáticos y que no revelan se hayan meritado debidamente las constancias de la causa, en consonancia con las cuestiones puestas a su consideración y los términos de los memoriales apelativos.

14º) Lo anterior determina que la decisión recurrida no pueda ser considerada como acto jurisdiccional válido, y debe ser dejada sin efecto. Al respecto nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sentado que la doctrina de la arbitrariedad tiende a resguardar la garantía de la defensa en juicio y el debido proceso, exigiendo que las sentencias de los jueces sean fundadas y constituyan derivación razonada del derecho vigente, con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa (conf. Fallos 297:100; 298:360; 299:226), entiende -además- que la exigencia de que los fallos judiciales tengan fundamentos, reconoce raíz constitucional (Fallos 240:160; 247:263, cit. en Sent. N° 240/06 y Nº 185/14 de esta Sala).

15º) Comprobadas las irregularidades señaladas, resulta la descalificación del fallo; y sin emitir opinión sobre la procedencia o no de la excepción de prescripción, que debe ser examinada nuevamente con amplia jurisdicción por los tribunales ordinarios -como, en su caso, también deberán serlo los restantes puntos controvertidos-, entendemos que aparecen configurados los requisitos que hacen a la existencia de arbitrariedad, en cuanto se omitió dar un tratamiento adecuado a un punto sustancial para la definición del pleito (conf. Sent. N° 240/06, Nº 290/11, Nº 225/13 y Nº 185/14, entre otras de esta Sala).

La solución a la que se arriba determina que sea innecesario el tratamiento de los demás agravios esbozados por la Administración Provincial del Agua, como del remedio incoado por la Provincia del Chaco. De igual modo, atento a que la solución a la que se llegue en la Alzada, una vez devueltas las actuaciones, podrá tener incidencia sobre el aspecto cuestionado por el Municipio y sus abogados, es que deberá diferirse el tratamiento de su recurso de inconstitucionalidad para dicha oportunidad.

16º) Por los motivos expresados, nos expedimos por la admisión del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte co demandada Administración Provincial del Agua. En consecuencia, corresponde decretar la nulidad de la sentencia dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad que obra a fs. 829/845.

17º) Costas. Dado el resultado que propiciamos y lo dispuesto por el art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia, se imponen a la parte actora recurrida vencida.

18º) Regulación de honorarios. Se difiere su estimación, si correspondiere, para el momento en que se cuente con base económica para ello, en virtud de lo normado por el artículo 5, cuarto párrafo de la ley 2011, modificada por ley 5532.

Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente SENTENCIA Nº __309__ I.- HACER LUGAR al recurso de inconstitucionalidad deducido por la Administración Provincial del Agua (A.P.A.) a fs. 886/892 vta., y en su mérito declarar la nulidad de la sentencia dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad, que obra a fs. 829/845.

II.- DEVOLVER los autos a la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad para que la Sala que corresponda emita nuevo pronunciamiento.

III.- IMPONER las costas de esta instancia a la parte actora recurrida vencida.

IV.- DIFERIR la regulación de honorarios profesionales, si correspondiere, para la oportunidad prevista en el Acuerdo que antecede.

V.- REGÍSTRESE. Protocolícese. Notifíquese. Remítase oportunamente la presente, por correo electrónico a la Sra. Presidente de la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad, y a la Sra. Presidente de dicha Cámara, dejándose por Secretaría la respectiva constancia. Oportunamente bajen los autos conforme está ordenado en el punto II.

ALBERTO MARIO MODI- RAMÓN RUBÉN ÁVALOS,SEC: FERNANDO ADRIÁN HEÑIN