Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2007-02-13


SENTENCIA DEFINITIVA NÚMERO: Uno.

En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca a los trece días del mes de febrero de dos mil siete, se reúne en Acuerdo la Corte de Justicia de la Provincia, integrada en estos autos por los Señores Ministros titulares Dres. CÉSAR ERNESTO OVIEDO, JOSÉ RICARDO CÁCERES y AMELIA DEL VALLE SESTO DE LEIVA; bajo la presidencia del Dr. Oviedo, Secretaría Dra. Cristina del Valle Salas Martínez, para conocer del Recurso de Casación interpuesto en los autos Corte Nº 26/06 "GARRIGA, Ángel Raúl c/ BERTORELLO, Carlos Alberto - s/ Ejecutivo- (Expte. Cámara Nº 094/05) Interpone RECURSO DE CASACIÓN", el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1) ¿Es procedente el Recurso de Casación interpuesto? En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde?.

2) Costas.

Practicado el sorteo correspondiente, conforme al acta obrante a fs. 22, dio el siguiente orden de votación: Ministros Dres. JOSÉ RICARDO CÁCERES, CÉSAR ERNESTO OVIEDO y AMELIA DEL VALLE SESTO DE LEIVA, A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. áceres dijo: A fs. 2/7 la parte actora deduce recurso de casación en contra de la Sentencia Interlocutoria Nº 260 emitida por la Cámara de Apelaciones de Segunda Nominación, invocando el vicio contemplando en el inc. "c" del Art. 298 del C.P.C.C..

En orden a fundar el agravio que le causa la sentencia impugnada, señala que la misma presenta el vicio de arbitrariedad dado que sin ser objeto de prueba por la negligencia en que incurriera la demandada se tienen por acreditados dos procesos penales que tendrían vinculación con la ejecución intentada por su representado, para de esa forma paralizar el trámite, ello ante la eventual prejudicialidad alegada.

Que en el caso de autos no resulta de aplicación el Art. 1101 del C.C. dado que no se configuran sus presupuestos legales. En efecto, el supuesto analizado trata de la ejecución de un pagaré sin protesto, respecto del cual el demandado dedujo excepción de inhabilidad de título, basado en un supuesto abuso de firma en blanco y de prescripción.

Que tal discusión importa inmiscuirse en la causa de la obligación, extremo vedado de ser analizado en el juicio ejecutivo y sí solo permitido en el proceso ordinario posterior.

Añade que en el caso no se advierte la vinculación entre el proceso penal, en el cual se ventila el supuesto abuso de firma en blanco seguido contra el actor, con el trámite del juicio ejecutivo para que opere la norma de mención, y se ordene la suspensión del trámite, pues el hecho sobre el que deben versar las respectivas sentencias debe ser el mismo.

En consecuencia el supuesto de abuso de firma en blanco no configura una defensa oponible en el juicio ejecutivo. Aduce por lo tanto, que suspender el trámite del presente proceso alegando prejudicialidad penal importa interpretar y aplicar erróneamente el Art. 1101 del C.C..

Así con cita de numerosa jurisprudencia concluye su presentación haciendo reserva del caso federal y peticionando en definitiva la recepción del recurso de casación interpuesto.

A fs. 10/14 vlta. obra contestación de la contraria quien solicita, en primer orden, el rechazo del recurso en razón de no reunir el escrito postulatorio los presupuestos que hacen a su admisibilidad formal.

A su vez aduce que la sentencia que se impugna no es definitiva ni puede ser equiparada a tal, que el escrito carece de una crítica concreta y prolija del razonamiento vertido en la sentencia, que el argumento recursivo se apoya en una mentira absurda, dado que las constancias de la causa informan que los hechos investigados no son diversos.

En síntesis, afirma que el fallo se encuentra correctamente fundado y, en consecuencia, solicita su confirmación. Por último hace reserva del caso federal.

A fs. 17 la Corte de Justicia declara formalmente admisible el recurso interpuesto.

Agregándose a fs. 18/20 y vlta. dictamen del Sr. Procurador General.

A fs. 23 el Tribunal dispone como medida para mejor proveer, la remisión de oficios al Juzgado de Instrucción Nº 2 para que informe el estado de las causas: Expte. Nº 233/04 "Garriga, Ángel Raúl- Abuso de firma en blanco- Capital"- y Expte. Nº 312/03 "Ministerio Fiscal requiere Instrucción Formal en Denuncia de Carlos A. Bertorello c/Ángel R. Garriga y María E. B. de Garriga".

A fs. 25/29 y vlta. se agrega Auto Interlocutorio Nº 115/06, mediante el cual el Juez de Garantías de Segunda Nominación rechaza la solicitud de sobreseimiento del imputado Garriga efectuada por Ministerio Público Fiscal.

A fs. 36/37 y vlta. obra Resolución Nº 01/06, mediante la cual el Sr. Fiscal General Subrogante se pronuncia a favor del sobreseimiento total y definitivo del prevenido Ángel Raúl Garriga por el delito de abuso de firma en blanco; remitiendo, a su vez, las presentes actuaciones al Sr. Juez de Control de Garantías a los efectos que proceda conforme lo establece la norma del Art. 344 del C.P.P..

Siendo ello así y estando la causa en estado de ser resuelta, parece claro que la cuestión que nos convoca se origina cuando el actor inicia juicio ejecutivo de un pagaré sin protesto, proceso respecto del cual el demandado solicita su suspensión en razón de existir prejudicialidad, dado que con anterioridad a la promoción del proceso ejecutivo se radicó en contra del ejecutante denuncia penal por estafa.

Rechazado dicho planteo en esa instancia inicial, y diferido su tratamiento para el momento procesal oportuno, deduce el demandado excepciones de prescripción y de falsedad de título; aduciendo esencialmente, como fundamento de esta última, la ilicitud de la causa del documento, en razón de haber cancelado íntegramente la deuda que en el año 1991 había contraído con el actor.

Enfatiza de ese modo el supuesto abuso de firma en blanco cometido por el ejecutante al haberse aprovechado en forma maliciosa de un documento conservado en su poder mediante engaño.

Llegado el momento de resolver la prejudicialidad alegada, en primera instancia se rechaza el planteo formulado ante la inexistencia de pruebas de las que surjan sus presupuestos legales.

Resolución que apelada por el demandado termina siendo revocada en Cámara, al entender los sentenciantes en consideración a elementos incorporados a estos obrados en fecha posterior a la emisión de la sentencia cuestionada, que estaban configurados los presupuestos previstos en el Art. 1101 del C.C..

Que ello así y como primer agravio señala el recurrente la arbitrariedad que ostenta la sentencia de Cámara en cuanto a que para revocar el fallo de Primera Instancia da por acreditado un proceso penal por abuso de firma en blanco seguido en contra del actor, valorando así un elemento de prueba introducido por la parte demandada cuando ya había fenecido la oportunidad para ello, y del cual surgiría, a juicio de los sentenciantes, la identidad de hechos entre la ejecución y la acción penal que precisa el Art. 1101 del C.C..

Seguidamente señala la errónea interpretación y aplicación que se hace del Art. 1101 del C.C., toda vez que la posibilidad de escándalo jurídico por el dictado de sentencias contradictorias requiere que el hecho sobre el cual versen las respectivas sentencias sea el mismo.

En el caso de autos la excepción de inhabilidad de título interpuesta por el ejecutado con fundamento en el supuesto abuso de firma en blanco del que es acusado el actor en sede penal, resulta improcedente, dado que tal cuestionamiento importa inmiscuirse en la causa de la obligación, susceptible solo de ser tratada en el juicio ordinario posterior.

De ahí que no exista vinculación alguna entre el juicio ejecutivo y el proceso penal seguido por el delito de mención.

Expuestos los agravios de esa manera, anticipo mi voto en sentido favorable a la recepción del recurso de casación, en razón de encontrar configurados los vicios que el recurrente denuncia.

Preliminarmente corresponde apreciar si el escrito recursivo se basta a sí mismo en cuanto al adecuado relato de los hechos que el mismo debe tener.

En el caso analizado, he de señalar que si bien el escrito impugnativo no es de los más precisos y claros en cuanto a la narración de los hechos de la causa, no menos cierto es que del mismo surgen cu les son los elementos de juicio relevantes de la causa que sirven para ilustrar debidamente al Tribunal, tornando innecesaria así su búsqueda o exploración en otros escritos o presentaciones anteriores.

Hecha esta salvedad, comenzaré el presente voto consignando que la naturaleza del proceso promovido impide, en principio, la operatividad del instituto de la prejudicialidad -ello porque la sentencia penal se refiere, por lo general- a la causa de la obligación, lo que no se debate en el proceso ejecutivo- La prejudicialidad tiende a evitar que en la praxis se emitan sentencias contradictorias, dotando al sistema de seguridad jurídica.

Que como en el derecho todo instituto debe tener sus excepciones, interesa señalar, en mi opinión, cu les son aquéllas que la doctrina esgrime a la hora de aceptar su procedencia en el trámite de un juicio ejecutivo, para cotejar si en el caso se verifican las mismas.

Así se consigna que el hecho investigado en sede penal debe ser el mismo que sirve de fundamento a las excepciones opuestas por el demandado.

En el sub- judice se aduce como fundamento de la excepción de inhabilidad de título el supuesto abuso de firma en blanco cometida por el actor, quien aprovechándose de un documento conservado en su poder mediante engaño promueve su ejecución, cuando la deuda contraída en su momento por el deudor, a la fecha de promoción de la demanda de ejecución se encuentra íntegramente cancelada.

Es decir, con dichos argumentos se están invocando cuestiones relativas a la causa o falta de causa de la obligación.

Al respecto se afirma rotundamente que la excepción de inhabilidad de título sólo puede referirse a las formas extrínsecas del mismo o su contenido visible y no a la causa de la obligación.

No obstante ello, necesario es señalar que en ciertas oportunidades nuestro Máximo Tribunal ha considerado la posibilidad de tratar ciertas defensas causales en el proceso ejecutivo, cuando del título mismo surja la inexistencia, falsedad e ilicitud de la causa.

Por ello se afirma, que si estamos en presencia de un título del cual no surja "in continenti" la ilicitud o inmoralidad del crédito, no puede discutirse el mismo en el marco del proceso ejecutivo. (Excepciones Procesales- Jorge W. Peyrano, págs. 336-337).

Ahora bien, del análisis de las constancias de la causa surge que los hechos denunciados en sede penal fueron los contemplados en el Art. 173 Inc. "4" e Inc. "7" del Código Penal. Que en lo que a la cuestión concierne, es dable reparar sólo en el primero, puesto que su configuración es lo que habilitaría a juicio del demandado el pedido de suspensión.

He dicho anteriormente que el instituto de la prejudicialidad admite excepcionalmente su aplicación en el trámite de un juicio ejecutivo.

Que ello es así siempre y cuando surja del proceso de modo manifiesto la identidad de los hechos en el ámbito penal y civil o comercial, así como la identidad de los sujetos, con más la existencia de acusación o auto de procesamiento contra el ejecutante.

De ello se infiere lo insuficiente que resulta a los efectos perseguidos por el ejecutado la mera denuncia y posterior declaración como imputado por estafa del actor.

En dicho contexto resulta objetable el razonamiento realizado por los sentenciantes de grado quienes procedieron a valorar como dirimente prueba que era inconducente, tal es el informe obrante a fs. 72 el que da cuenta de la calidad de imputado del actor, como supuesto autor del delito de abuso de firma en blanco, previsto y penado por el Art. 173 Inc. 4 del C.P.

Así con solo este elemento de prueba, declararon procedente la prejudicialidad alegada, sin consignar ni menos explicar las razones excepcionales que en el sub-examine se debían dar, para determinar la suspensión del trámite de la ejecución.

Con ello he de consignar que la aplicación o no del instituto de la prejudicialidad en los juicios ejecutivos depender en último instancia del tipo de excepciones que oponga el demandado.

Recordemos que ac no se invoca ni falsedad del documento ni la adulteración material del mismo, se aduce esencialmente abuso, entonces, invocándose una defensa causal era primordial de compartirse una posición aperturista, arrimar al proceso elementos de los cuales se pueda inferir objetivamente los extremos invocados.

Lo expuesto justifica en mi opinión la recepción total del recurso interpuesto. Sin perjuicio de ello, y a mayor abundamiento, debo señalar, que era propio de los jueces de la causa determinar la existencia de la negligencia procesal y disponer lo conducente para asegurar la igualdad de las partes.

Comparto por ello lo señalado por el Sr. Procurador cuando advierte que los sentenciantes se limitaron a reproducir los agravios del demandado sin valorarlos debidamente, cuando aquéllos eran falaces, dado que los elementos que obraban en la causa dejaban entrever su negligencia en la producción de la prueba.

Mereciendo ello mi más enérgica reprobación, voto por la revocación de la sentencia, correspondiendo en consecuencia remitir los autos a Primera Instancia a fin que prosiga la ejecución según su estado. Así voto.

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Oviedo dijo:

Que adhiero a las consideraciones y conclusiones expuestas por el Sr. Ministro preopinante, Dr. Cáceres, para la solución de la causa, votando en igual sentido.

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, la Dra. Sesto de Leiva dijo: Que analizadas las constancias de autos, los planteos de parte y el voto precedente, me permitiré coincidir en general con los fundamentos de este último y con el modo en que resuelve la cuestión, dejando expresado solamente que en referencia con la interpretación amplia o estricta del ámbito de aplicación del Art. 1101 del C.C., adhiero a la segunda cuando expone que: "atendiendo a que la especificidad de la reglamentación de los Arts. 1101 a 1103 constituye una excepción al principio de independencia de las acciones consagrado por el Art. 1096 del mismo Código; así como a la ubicación metodológica de tales normas (referidas al título destinado a regir el ejercicio de las acciones para la indemnización de los daños causados por actos ilícitos), no debe extenderse el régimen de prejudicialidad más allá del restricto campo de la reparación civil de la ilicitud aquiliana, y con el solo designio de evitar el strepitus fori de sentencias contradictorias sobre el mismo hecho" ( Bueres / Highton - Código Civil, P g. 310 ). Es mi voto.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cáceres dijo:

Que conforme el criterio objetivo de la derrota, las costas deben ser soportadas por la parte demandada que resulta vencida (Art. 68 del C.P.C.). Así voto.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Oviedo dijo Que consecuentemente con lo expresado en la primera de las cuestiones, estimo que las costas deben estar a cargo de la parte demandada que resulta vencida. Así Voto.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Que una vez mas adhiero al voto de los Sres. Ministros preopinante, para la solución de la presente cuestión. Así voto.

En mérito al Acuerdo de Ministros que antecede y oído el Sr. Procurador General en su dictamen Nº 121/06 y por unanimidad de votos, LA CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA RESUELVE 1) Casar la Sentencia Interlocutoria Nº 260/05 (Expte. C m. Nº 094/05) dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minas de 2da. Nominación; consecuentemente ordenar que oportunamente los presentes autos sean remitidos a Primera Instancia a fin que se prosiga la ejecución según su estado.

2) Con costas a la parte demandada .

3) Hágase saber a la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minas de Segunda Nominación, que deber proceder a la devolución al recurrente el depósito judicial obrante a fs. 1 de autos.

4) Diferir la regulación de honorarios, hasta tanto se practique en las instancias pertinentes.

- 5) Protocolícese, hágase saber y oportunamente bajen los autos a la Cámara de origen.