Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-04-19


En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los días del mes de abril de 2007, se reúnen los miembros de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas Jorge A. Franza, Silvina Manes y Marta Paz, a efectos de resolver la presente causa de la que:

RESULTA:

Que la Sra. Presidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Carla Cavaliere, interpuso recurso de apelación contra la imposición de costas y regulación de honorarios efectuada por el Sr. Juez a fs. 39/40.

Y CONSIDERANDO:

1) En primer término se debe analizar la admisibilidad del recurso incoado en relación a la legitimación de la presentante. Al respecto, cabe señalar que lo dispuesto en el art. 116, inc. 6 de la Constitución Nacional, la ley 31 y el art. 52 de la Ley 1903 constituye suficiente aval legal para considerar el recurso interpuesto por la Presidente del Consejo de la Magistratura.

Las facultades de proyectar el presupuesto y administrar los recursos que la ley asigne al Poder Judicial no pueden concebirse como la imposición de un rol instrumental, sino, por el contrario, el Consejo de la Magistratura asume la responsabilidad de control sobre las asignaciones y las erogaciones efectuadas. Por lo tanto, tiene un interés directo e innegable a fin de impugnar la imposición de costas ordenada por el Juez a-quo toda vez que significan una carga que recae sobre dicho órgano.

Así, el Tribunal Superior de Justicia ha considerado que entre las funciones del Consejo de la Magistratura se encuentra "... la de exigir que los poderes públicos realicen su función con eficacia y austeridad, utilicen racionalmente los recursos y eviten gastos innecesarios, que redunden en perjuicio de los contribuyentes..." (TSJ "Ministerio Público (Defensoría y Asesoría General de Menores e Incapaces) c/Consejo de la Magistratura s/acción declarativa de inconstitucionalidad" del voto de la Ana María Conde).

Asimismo, toda vez que el tema impugnado versa sobre honorarios, consideramos aplicable lo previsto en los arts. 242, inc. 2do; 243 y 244 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en razón de la remisión dispuesta por el artículo 520 del Código Procesal Penal de la Nación, a su vez aplicado supletoriamente en mérito a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 12.

De acuerdo a las constancias de autos, la Sra. Presidenta del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se notificó de la resolución impugnada el día 12 de Marzo de 2007 (ver fs. 42 y vta.) y presentó recurso de apelación el día 20 de Marzo de 2007 (fs. 49/51vta.), por lo que corresponde, en el contexto normativo señalado, considerar que el recurso ha sido interpuesto en forma temporánea y por quien está legitimado subjetivamente.

2) Entrando en la cuestión de fondo, el apelante se agravia en razón de que el Magistrado no se ha expedido puntualmente sobre la condena en costas, sino que establece como sujeto obligado al pago a quien no ha sido parte del proceso en momento alguno, omitiendo que se deben cargar las costas a quien con su incumplimiento ha dado lugar al litigio (fs. 49 vta.).

Expone la recurrente que si el imputado carecía de medios para afrontar el costo de un letrado defensor, podía acudir a los Defensores Oficiales, que brindan un servicio gratuito garantizado por el Estado y, por último, plantea en subsidio que los honorarios regulados resultan altos.

3) Advertimos que le asiste razón a la apelante en los planteos efectuados sobre la imposición de costas.

En primer lugar, debemos señalar que no puede existir un proceso punitivo sin que la persona acusada cuente con un abogado defensor y corresponde al Estado brindar las herramientas necesarias para el desarrollo de una defensa técnica eficaz, base de un juicio verdaderamente contradictorio (ver Mary Beloff y Martín Perel "El derecho de defensa", pág. 197/218 en "Garantías Constitucionales en la Investigación Penal. Un estudio crítico de la jurisprudencia" Florencia G. Plazas y Luciano A. Hazan. Editorial Del Puerto).

Así fue contemplado por los pactos internacionales, garantizando el derecho del imputado a ser defendido por el Estado en armonía con el reconocimiento al derecho a elegir un defensor particular (art. 8 de la Convención Americana de Derecho Humanos).

Por lo tanto, es un derecho del imputado, en caso de deducirse un proceso penal, que el Estado provea a su defensa, extremo que se encuentra garantizado por la Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero también goza del derecho de elegir libremente el defensor particular de su confianza.

En consecuencia, si el imputado no recurre a este servicio público y gratuito en aras de procurarse una defensa particular por las razones que estime convenientes, es claro que no puede cargar sobre el erario público, producto de los aportes de los contribuyentes, la decisión personal tomada y sus consecuencias.

Por tal motivo, la absolución a la que se arribó en autos, lo exime del pago de costas provenientes del servicio de justicia (tasas, etc.), pero no lo habilita a que el Consejo de la Magistratura, asuma las obligaciones provenientes de un contrato particular, efectuado en el marco de la autonomía de la voluntad.

Asimismo, consideramos que la resolución cuestionada carece de una fundamentación eficaz por cuanto señala "...tendré presente que no se ha pronunciado condena en estos actuados y que se ha dispuesto la absolución del Sr. Jorge Alberto Sandoval.

En tal sentido, será el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien afronte el costo de los honorarios profesionales del letrado defensor..." y, en consecuencia, cabe cuestionarse la razón de tal obligación, toda vez que el órgano señalado no sólo no ha sido parte en la causa, sino que administra el presupuesto del Poder Judicial, comprensivo del Ministerio Público (art. 124 de la CCABA y art. 2, inc. 6 de la Ley 31).

Atento a los fundamentos brindados, resulta abstracto expedirnos sobre la apelación interpuesta en subsidio.

4) En mérito del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE:

HACER LUGAR al recurso interpuesto a fs. 49/51vta. y REVOCAR el segundo párrafo de la resolución que obra a fs. 39/40 del presente incidente.

Regístrese y devuélvase al Juzgado interviniente a fin de que practique las notificaciones pertinentes.

Ante mí:

Endede 2007 se notificó a Secretaría General la remisión de las actuaciones al Juzgado de Primera Instancia en lo Contravencional y de Faltas nro. 15. Conste.

En de septiembre de 2006 remití las presentes actuaciones al Juzgado en lo Contravencional y de Faltas nro. 15. Conste.