marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Derecho penal, amenazas, tentativa, doctrina
Materia: PENAL
Carátula: Fernández Angel Rafael s.p.a. Daños y Amenazas s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1999-08-09

El delito de amenazas protege esencialmente la libertad psíquica que encuentra su expresión en la intangibilidad de las determinaciones de la persona, consistente en la voluntad del agente de ocasionar o de ocurrir a ocasionar al sujeto pasivo un daño futuro. No debe ser sólo una expresión de deseos, además debe ser seria, por lo menos posible, es decir que puede realmente ocurrir, deben ser injustas, ya que se da cuando el daño amenazado no tiene por que ser soportado por el sujeto pasivo y además deben ser graves, es decir debe tener suficiente entidad para producir una efectiva vulneración de la libertad, crear un estado de alarma. La doctrina agrega que a los fines de evaluar cada hecho se deben atender las pautas de razonabilidad.

En relación con el tema, Creus sostiene que: "aunque se ha negado la posibilidad de la tentativa, ella es posible, especialmente cuando la amenaza es escrita o simbólica, cuando ese escrito o símbolo no llegan a destino por causas ajenas a la voluntad del agente.

Ricardo Nuñez también afirma refiriéndose al delito de Amenazas: "El delito es susceptible de quedar en tentativa".

Esta postura amplía la posibilidad de admisión de la tentativa, haciéndola compatible no sólo con los delitos materiales, sino incluso con los delitos formales y con todo otro que por su naturaleza, admita, antes de su consumación "conductas que no siendo de simple preparación del delito, resulten atípicas, pero sintomáticas, por su inmediata conexión y por su sentido, respecto a que el autor ha puesto en su obrar su finalidad delictiva.
Asociación ilícita, Derecho penal, Derecho civil
Materia: PENAL
Carátula: Salomoni,  Jorge Luis y otros s/ defraudación - causa Nº 22.241Carlos Alfredo Grosso-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-18

La expresión "asociación", por más que su sentido no pueda ser equiparado al que tiene en derecho civil, requiere un acuerdo de voluntades, no necesariamente expreso pero al menos tácito, resultando obvio que la finalidad de dicho acuerdo tiene que ser la de ejecutar actos calificados por la ley como delitos del derecho penal pues si éstos no se tipificaran como tales no habría ilicitud de la asociación.
Pacto de cuota litis, principio de irrenunciabilidad, homologación del acuerdo
Materia: CIVIL-LABORAL
Carátula: Gauna Gustavo Ramón c/ Enrique Zeni y Cia. Y otro s/ accidente acción civil
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-09-28

No se puede soslayar la particular naturaleza jurídica del pacto de cuota litis (convenio de resultado), ni las peculiares características de las partes involucradas (trabajador /cliente y el profesional que lo representa). Deben analizarse con estrictez las previsiones en él contenidas, los requisitos formales y, en especial, los alcances de la expresión de voluntad del trabajador, así como el cumplimiento de una exigencia de neto corte de orden público cual es la contenida por el art. 277 L.C.T., que resulta tuitiva de la manifestación de consentimiento expresada por el dependiente, resguarda el principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales y apunta a garantizar la adecuada comprensión de los alcances del convenio. Por ello, si no se verifica el recaudo de la ratificación personal a la que se refiere el artículo referido, el pacto de cuota litis no puede ser homologado.
Cuerpo del delito, prueba
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: oledo Jáuregui, Marcelo Oscar s/ Violación calificada y abuso deshonesto en concurso real y corrupción
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 1996-04-17

Aún en general, incluso en regímenes que ponderan y tasan legalmente la prueba idónea para autorizar el reproche penal (v.gr. Cód. Proc. Penal de la Nac. -ley 2372 y sus modific.), se ha entendido que resulta errónea la base argumental de la impugnación, que estima imprescindible para tener por demostrada la materialidad del hecho delictivo, en el caso, que se hubiese producido prueba pericial. Así Julio C. Ledesma señala que no se exige, como prueba indefectible del hecho criminoso, tener a la vista el signo, instrumento o efecto material del delito en sí mismo y en toda su realidad intrínseca, sino que basta la convicción de que un hecho delictuoso ha sido perpetrado, con tal que esa convicción llegue al ánimo del juez en forma inequívoca y plena, por los medios probatorios que la ley indica. (Valoración de la confesión y de los indicios en el proceso criminal, L.L. 105-1094). (del voto del Dr.González Godoy).
Menores, guarda del menor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: A.de M.N.E. - R.,V.A. s/ Art.10 Ley 10067 y presunta víct.inf.art.139 inc.2 del C.Penal
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-08-07

El niño, "siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto y seguridad moral y material; salvo circunstancias excepcionales, no deberá separarse el niño de corta edad de su madre..." (Declaración de los Derechos del Niño, principio 6º, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 20/11/59).

Lo contrario es siempre una medida extrema que sólo en supuestos particularmente graves ha de adoptarse.-
Acción de amparo, admisibilidad del recurso
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Lef, Mariela Carina c/ O.S.U.T.H.G.R.A. s/ Amparo de Salud
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-10-04

La accionada apeló la decisión y ante ello se dispuso: ".Concédese en relación y en ambos efectos el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada el 7/11/22, teniéndose por cumplimentadas las disposiciones del art. 15 de la ley 16.986 con el memorial acompañado. En consecuencia de dicho memorial, córrase traslado a la contraria por el término de dos días. Oportunamente, elévense los autos a la Excma. Cámara en la forma de estilo." (presentación del 9.11.22 y la providencia del 14.11.22). Luego, el juzgado remitió una cédula de notificación al Ministerio Público de la Defensa, organismo que contestó el pertinente traslado y la actora hizo lo propio (conf. cédulas electrónica del 14.11.22, presentaciones del 16.11.22 y 18.11.22, respectivamente).
Trabajadores telefónicos, quinquenios
Materia: LABORAL
Carátula: MUZANTI, ORLINDA HERMINIA Y OTROS c/ ENTEL s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-09-28

El beneficio llamado quinquenios establecido en los diversos convenios colectivos aplicables al personal de ENTEL, quedó derogado al dictarse la ley 21476 cuyo artículo 2 preveía expresamente el caso de los mayores beneficios otorgados por las convenciones colectivas en los casos de cese por jubilación. (Conforme Sala III, sentencia número 42915, 24 de marzo de 1982, "Espósito y otros c/ Entel").
Rechazo de la demanda, juicio de desalojo, locación, caución real
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Sindicato Obrero de la Industria del Vino y Afines c/ Agustin Marino S.A. s/ Ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-04-15

Procede rechazar el pedido de desalojo objeto de este trámite con base en que la accionada se encuentra explotando el hotel de propiedad de la actora pese a haber acaecido el vencimiento de la concesión, no haberse dado el presupuesto ni las condiciones para que resultara operativa la cláusula que prevé la renovación automática del contrato y por haber incurrido la concesionaria en los incumplimientos. Sentado ello, apúntese que el CPR 684 bis dispone que en los supuestos en que la causal invocada para el desalojo fuere la falta de pago o vencimiento del contrato, el actor podrá también, bajo caución real, obtener la desocupación inmediata de acuerdo al procedimiento previsto en el art. 680 bis, norma esta última que exige que el derecho invocado sea verosímil. Es decir que la medida contemplada por la norma ritual citada no procede derechamente en el marco de la acción de desalojo, sino que requiere para su admisión una necesaria valoración sobre la probabilidad de la existencia del derecho invocado, esto es, la demostración de una conducta antijurídica (falta de pago) o vencimiento del contrato, extremo que en la especie no se visualiza suficientemente acreditado en esta instancia liminar del proceso. Y en la especie, lo cierto e incuestionable es que la demandada, ha controvertido las afirmaciones del actor y que el estado del proceso no arroja la certeza necesaria para acceder al desalojo pretendido. Los hechos denunciados no conmueven el temperamento aquí esbozado, a poco que se repare en que no resultan idóneos para clarificar en forma suficiente la controversia indicada.
Tasas de interés, exceso ritual manifiesto
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Unión Comercial e Industrial Coop. Ltdo. c/ Vicente Ginestar y Ot. s/ Ejecución Cambiaria (LIBRO: A136 - 217)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1996-04-16

Aplicación de esa tasa por la Cámara a pesar de que el apelante no cuestionó en tiempo en primera instancia el error que incurre el Juez al aplicar en la liquidación una tasa superior a la que correspondía al tiempo en que se confecciona la liquidación.

Rigor formal excesivo. Búsqueda de la verdad jurídica.
Daño moral, daño psíquico
Materia: CIVIL
Carátula: Rocha, Jorge Edio c/ Saieva Patagónica S.A. s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-12-23

Si bien el daño moral debe entenderse como el consistente en la lesión de los sentimientos de dolor o sufrimientos psíquicos, inquietud espiritual o agravios a las afecciones legítimas y en general toda clase de padecimientos insusceptibles de apreciación pecuniaria, su fijación queda librada al prudente arbitrio judicial, por lo que deberá apreciarse el hecho generador y sus circunstancias en cada caso, sin que de ello pueda inferirse que cualquier tipo de molestia que un hecho antijurídico pueda acarrear, merezca reparación.
Sentencia, nulidad relativa, derechos y garantías constitucionales
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Selser,  Carlos  Alberto  y  Leiva, Ramona del Valle s/ recurso derevisión.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-09-24

Dentro de las nulidades establecidas en el código de rito, la prevista en el art. 400 del C.P.P.N. encuadra dentro de las relativas, pues no afecta garantías constitucionales (arts. 167 y 168 del C.P.P.N.) sino en todo caso procesales, y por lo tanto no se advierte obstáculo para que pueda ser consentida por las partes. (voto de los Dres. Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso).
Acción de amparo, residencia de extranjeros, pensiones no contributivas
Materia: PENAL
Carátula: López Gonzalez , Jorge c/ Comisión Nacional de Pensiones y otro s/ Amparos y sumarísimos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-07-14

El requerimiento de residencia de 20 años al que refiere el Dec. 432/97, implica ignorar los principios que informan el Derecho de la Seguridad Social. En este sentido ha señalado la C.S.J.N. que es propio de la interpretación indagar lo que las leyes dicen jurídicamente, sin que esto signifique apartarse del texto legal; pero tampoco sujetarse rigurosamente a él cuando la interpretación razonable y sistemática así lo requiere. (Del dictamen fiscal al que adhiere la Sala).
Libertad de prensa, censura previa, Comunicaciones, radiodifusión, televisión
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Servini de Cubría, María Romilda s/ amparo. (S. 303- S. 292).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-08

No todo lo que se difunde por la prensa escrita o se emite en programas radiales o televisivos o por cualquier otro medio, goza del amparo otorgado por la prohibición de la censura previa, sino aquello que por su contenido encuadra en la noción de información o difusión de ideas.
Contratos, mora automática
Materia: CIVIL
Carátula: Simón de Dornelles, Vilma I. c/ Auto Mil Litoral S.R.L. y/o S.A. s/ Cumplimiento de Contrato. Simón de Dornelles, Vilma I. c/ Auto Mil Litoral S.R.L. y/o S.A. s/ Cumplimiento de Contrato.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1988-08-18|1988-08-18

Si no sólo se ha establecido en el contrato un plazo esencial para el cumplimiento de la obligación, sino que se ha brindado al suscriptor un mecanismo claro y sencillo para que ese cumplimiento no se viera entorpecido (acudir a la casilla de correos dentro del lapso de cumplimiento y retirar la boleta de depósito enviada por la empresa y, si no la hallaba, efectuar una transferencia de valores bancaria o postal en la forma estipulada, empleando la diligencia razonable exigible según las circunstancias), el retardo en el pago de la cuota es imputable a título de culpa y constituye en mora automática al suscriptor.
Proceso penal, habeas corpus, detención, facultades del juez
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Bazan, Claudio Ariel s/ Habeas Corpus
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1992-05-19

No resulta pertinente interferir por vía de la acción de Habeas Corpus en el curso de un proceso penal regular y normal, tramitado por ante el Juez Competente. El Tribunal, por razones de orden público e interés social, tiene las más amplias atribuciones para disponer las medidas más conducentes a la protección del imputado sometido a proceso. La sola intervención de un magistrado judicial en la detención de una persona dispuesta en causa penal por el magistrado interviniente en ella, aleja la posibilidad de que la detención sea ilegítima, salvo que la misma luzca abiertamente arbitraria.
Juicio ejecutivo, sentencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco de la Nación Argentina c/ Romero La Cruz Natividad y Otra s/ Ejecución Hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2000-10-09

La sentencia del juicio ejecutivo no se encuentra sujeta a las formalidades prescriptas para las de procesos de conocimiento.

Deberá establecerse las bases para la liquidación del crédito respectivo.
Locación de inmuebles, incumplimiento del contrato, mora, falta de pago
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BECERRA ANTONIO c/ ALFAGRO S. A. s/ COBRO DE AUSTRALES
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1994-04-04

El hecho de que el arrendatario se encuentre en mora en el pago del arriendo no legitima al arrendador a privarle del uso del predio arrendado; éste puede valerse de otros mecanismos para lograr su cumplimiento.-
Recurso extraordinario de nulidad, principio de congruencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Balbín, Carlos José y otros c/ Anglada, Jaime y otra s/ Cumplimiento de contrato. Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-08-06

La supuesta violación al principio de congruencia -en tanto supone violación a normas procesales-, y la eventual afectación de garantías de la Constitución nacional, no constituyen materia del recurso extraordinario de nulidad.
Expresión de agravios, autosuficiencia del agravio
Materia: PROCESAL
Carátula: A., D.M. c/ B., B. y Otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-06-28

Los agravios expuestos por todo recurrente deben alcanzar un mínimo de suficiencia técnica. Tal suficiencia se relaciona a su vez con una necesidad de articulaciones razonadas, fundadas y objetivas sobre los errores de la sentencia. El mismo déficit se ofrece si sólo se exteriorizan generalizaciones subjetivas sobre la prueba, sin indicar de modo concreto dónde existe el error invocado y cuales son los hechos y circunstancias acreditados en el proceso con virtualidad suficiente para destruir los argumentos desarrollados por el juzgador. En ausencia de fundamentos específicamente referidos a las consideraciones determinantes de la sentencia adversa a las pretensiones del recurrente, no hay agravio que atender en la alzada.
Facultades del Poder Legislativo, facultades delegadas, reglamento delegado, decreto reglamentario
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Cocchia, Jorge Daniel c/ Estado Nacional y otro s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-02

Existe una distinción fundamental entre la delegación de poder para hacer una ley y la de conferir cierta autoridad al Poder Ejecutivo o a un cuerpo administrativo, a fin de reglar los pormenores y detalles necesarios para la ejecución de aquélla.
Trabajadores de la construcción, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: PAZ, PALMIRO P. c/ VILLALBA, FRANCISCO Y OTRO s/ LEY 22250
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-28

El requisito a que se refiere el segundo párrafo del artículo 32 de la ley 22250: 'cuando se desempeñen como constructores de obras', sólo es aplicable a los profesionales a que se refiere esa norma y no a propietarios (como obviamente tampoco lo es respecto de los empresarios) por lo que los mismos en tanto hayan contratado con personas no inscriptas en el RNIC. responden frente a los trabajadores por las obligaciones laborales no satisfechas por el contratista. (El Doctor Lasarte votó en disidencia).
Medida cautelar autónoma, efectos del acto administrativo, deserción del recurso, entidades financieras
Materia: CIVIL-COMERCIAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Forcom SRL c/ EN- BCRA y Otros  s/ medida cautelar autónoma
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-24

La jueza de la instancia anterior rechazó la medida cautelar autónoma interpuesta contra el Banco Central de la República Argentina, cuyo objeto consistía en que se suspendieran los efectos de la Comunicación "B" 12082 y en consecuencia, se ordenara al Banco Macro S.A y al Banco Credicoop Cooperativo Limitado que realizaran el desbloqueo bancario de las operaciones de transferencia al exterior. La sala declaró desierta la apelación interpuesta (art. 266 del CPCCN), atento a que no se controvirtieron los fundamentos centrales de la resolución apelada, consistentes en las facultades reglamentarias otorgadas al Banco Central de la República Argentina, y en la inexistencia de arbitrariedad manifiesta en el accionar de las entidades bancarias, de conformidad con la Comunicación "B" 12082.
Seguros, cláusula dólar, transporte aéreo, indemnización, pago con subrogación, actualización monetaria, índice de precios mayoristas, moneda de curso legal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: LA TERRITORIAL DE SEGUROS  S.A. c/ AEROLINEAS ARGENTINAS s/ FALTANTES-AVERIAS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-11-16

Cuando el asegurador desinteresa al consignatario mediante el pago de moneda extranjera, se debe convertir la cantidad pagada a la suma de moneda nacional equivalente al momento del pago subrogatorio y, a partir de allí, se debe repotenciar el crédito mediante la aplicación de los índices de precios al por mayor, nivel general. Y esto es así porque la condena no debe ser expresada como principio en un signo monetario que no sea el de curso legal. El transportador es un tercero en la relación jurídica existente entre el consignatario y su asegurador, por manera que la unidad monetaria convenida entre ellos es insusceptible de producir efectos respecto de aquél, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 1195, in fine, y 1199 del C.Civil.
Superior Tribunal de Justicia, control de constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CELULOSA ARGENTINA SA s/ CONCURSO PREVENTIVO. INCONSTITUCIONALIDAD LEY 24549. RECURSO DE   INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº 790-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-05-07

La Corte Suprema, al ejercer el elevado control de constitucionalidad, debe imponerse la mayor mesura, mostrándose tan celosa en el uso de sus facultades como del respeto que la Carta Fundamental asigna, con carácter privativo, a los otros poderes.
Accidente de tránsito, daños y perjuicios, indemnización, responsabilidad del principal por los hechos del dependiente, dependientes, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa
Materia: CIVIL
Carátula: Fernández, Alba Ofelia c/ Ballejo, Julio Alfredo y Buenos Aires, Pcia. de s/ sumario (daños y perjuicios).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-05-11

Cuando el automotor causante del accidente de tránsito es conducido por un dependiente de la propietaria del vehículo, el marco jurídico respecto al conductor es el art. 1109 del Código Civil, y respecto a la propietaria, el art. 1113, primera parte y segundo párrafo.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, monto del juicio, cobro de sumas de dinero
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Maniscalco, Armando y ot. c/ Curi, Carlos A. y ot. s/ Cumplimiento de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-03-02

El valor económico del presente litigio es de monto determinado y está representado para la recurrente por la suma a la que lo condena la sentencia de Cámara más la reclamada en concepto de indemnización. (Minoría u opinión personal)
Recurso extraordinario, Constitución Nacional, interpretación de la constitución
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ponce, Miguel Angel s/ Recurso Extraordinario Federal para ante la Corte Suprema de Justicia  de la Nación. Recurso de Inconstitucionalidad. Recurso Extraordinario  de Apelación. Agente judicial. Cesantía (Expte. CSJ Nro. 434-2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-08-15

Las decisiones que son aptas para ser resueltas por la Corte Nacional no pueden resultar excluidas del previo juzgamiento por el órgano judicial superior de la provincia. Consecuentemente, corresponde afirmar que en los casos aptos para ser conocidos por dicha Corte según el artículo 14 de la ley 48, la intervención del superior tribunal de provincia es necesaria en virtud de la regulación que el legislador nacional hizo del artículo 31 de la Constitución, de modo que la legislatura local y la jurisprudencia de sus tribunales no pueden vedar el acceso a aquel órgano, en tales supuestos, v.gr., por el monto de la condena, por el grado de la pena, por la materia o por otras razones análogas.
Hipoteca, indivisibilidad de la hipoteca
Materia: CIVIL
Carátula: Dopazo, Roberto E. c/ Isorna Marcelo E. s/ Daños y perjuicios -inc. ejec. de sentencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 1996-09-18

El primero es el principio de indivisibilidad de la hipoteca que sienta el artículo 3112 del Código Civil al disponer que la hipoteca es indivisible; cada una de las cosas hipotecadas a una deuda y cada parte de ellas están obligadas al pago de toda la deuda y de cada parte de ella. Comenta Borda este principio señalando que mientras haya un saldo impago, la hipoteca subsiste íntegra sobre la totalidad del inmueble. (del voto del Dr. González Godoy).