Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2017-06-05


Autos N° 22.323 (N° 122987 - 9° CIVIL), caratulados: "POLISOTTO Adolfo Omar C/ Ales Adriana del Valle - Cobro de Pesos" En la Ciudad de San Juan, a 05 días del mes de junio del año dos mil diecisiete, reunidos en la SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL y MINERÍA DE SAN JUAN, el señor Presidente, Dr. GILBERTO A. RIVEROS y el señor Vocal, Dr. PASCUAL E. ALFERILLO a fin de celebrar acuerdo sobre el recurso de apelación que se interpusiera a fs. 232 de los autos N° 22.323 (N° 122987 - 9° CIVIL), caratulados: "POLISOTTO ADOLFO OMAR C/ ALES ADRIANA DEL VALLE - COBRO DE PESOS", contra la resolución dictada en fecha 31 de octubre de 2016 obrante a fs. 222/227 de estos autos originarios del Noveno Juzgado Civil, Comercial y Minería de San Juan, recurso que una vez concedido tuviera la debida sustanciación. Seguidamente se fijan las cuestiones que deben considerarse en el orden que sigue: 1° Cuestión: ¿Es adecuada a derecho la resolución venida en recurso? 2° Cuestión: En su caso; ¿qué pronunciamiento corresponde en definitiva? A la Primer Cuestión: El Dr. GILBERTO RIVEROS dijo:

1) El caso.

Vienen estos autos a la Alzada con motivo del recurso de apelación que interpuso la actora contra la resolución del 31-10-16 en la que la juez aquo resolvió considerar íntegro el pago de la cautelar trabada. Hacer lugar al levantamiento del embargo decretado sobre el inmueble inscripto bajo el folio real nº 03-3854. Ordenar que firme o consentida se oficie al Registro General Inmobiliario. Impuso las costas a la ejecutante vencida. Reguló los honorarios del Dr. Francisco Constantini Conti, por su actuación en el planteo de levantamiento de embargo, en simple carácter, como ganador, en el equivalente al 4,8%; y al Dr. Gustavo Federico Sánchez, por su actuación en doble carácter, como perdedor, en un 4,62% de la base.- Para así resolver, consideró que nada obsta a que un tercero pague pretendiendo la liberación de la cautelar.- Que los depósitos efectuados a fs. 180/182 corresponden a la totalidad de ese importe por el que estaba anotada la medida en el Registro General Inmobiliario, esto es la suma de $ 66.085; por lo que hace lugar al levantamiento de embargo conforme lo prescripto por el art. 219 última parte del C.P.C.

Contra dicha resolución se alzó la actora a fs 232, el recurso fue concedido a fs. 233.

Los agravios son expresados a fs. 235/238.

Luego de transcribir partes del fallo apelado, como primer agravio señala el recurrente que la juez le dá plena validez a la pretensión desembargante del supuesto tercero Monteleone, sin considerar el sacrificio del constructor de la vivienda emplazada en el inmueble embargado. Cita jurisprudencia de esta Sala I.

Relata que se ha gestado un fraude a partir de la venta del inmueble embargado, en tanto se declara a fs. 185 un valor de la propiedad de 1.799,18 m2. de superficie, y con construcción antisísmica a la altura de dinteles, en la suma de $60.000, pero en el boleto de compraventa se había declarado un valor de $310.000. Entiende que surge una evasión a la AFIP -DGI, y un perjuicio al acreedor.

Dice que el agravio no se centra en el art. 219 último párrafo del CPC, que el aquo cita y que el incidentista no invoca, sino en una norma de fondo que desplaza al artículo citado.

Alega que la juez no ha advertido que el presente proceso es una ejecución de sentencia por una deuda vencida, derivada de la construcción antisísmica de un inmueble destinado a vivienda.

Transcribe el art. 2.582 del CC y C, manifiesta que el presente caso difiere del caso que cita el incidentista y la jueza sentenciante.

Remarca que en el presente proceso se debate sobre el valor que tiene el privilegio del constructor, beneficio que se desplaza sobre el objeto en que realizó su trabajo, como lo dispone el art 2.584 del CC y C.

Indica que si el tercero deposita una parte de la deuda reconocida judicialmente, el privilegio se traslada a la misma; y si no es por el total, el remanente se mantiene sobre el objeto construido.

También señala que existe un privilegio especial sobre los gastos de ejecución que el tercero pretende no pagarlos conforme lo dispuesto en el art 2585 del CC y C, y transcribe dicha norma.

Por último sostiene que está acreditado que se adeudan los gastos de cédulas, traba de medida cautelar, sellados y honorarios regulados a su favor por la etapa de ejecución de sentencia y que se ha infringido en la sentencia el mecanismo del art. 164 del CPC.

Los agravios son contestados a fs. 240/242, adjudicándose la causa a estudio a fs. 254.

TRATAMIENTO DEL RECURSO:

Planteado de este modo el recurso, los agravios pueden sintetizarse en que el Juez no valora el sacrificio efectuado por el constructor de la vivienda; en el fraude con relación a los montos de los contratos declarados; también en la aplicación de los arts. 2582 y 2584 del Código Civil y Comercial, y en que los gastos de cédulas, honorarios, etc., adeudados no han sido tenidos en cuenta por el sentenciante.

La primer crítica, porque no se tuvo en cuenta el sacrificio del constructor, y que se evidencia fraude con los montos declarados de los contratos, resulta insustancial, y carente de pertinencia, atendiendo a la cuestión que se resolvía.- Digo esto, en la inteligencia de considerar el agravio de la parte apelante como una mera alegación de antecedentes y disconformidad -que en nada empañan el razonamiento de la Juez a-quo- en tanto no representan una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que considera equivocadas.- El otro punto que critica es que el juez no ha advertido que se trata de una ejecución de sentencia por una deuda derivada de una construcción en un inmueble destinado a la vivienda, sujeta a privilegio especial (art. 2585 del C.Civil y Comercial) por lo cual, si quedaba un saldo insatisfecho, la cosa sobre el que recae permanece afectada.- Esta crítica tampoco va a prosperar en tanto no cabía en el caso resolver más allá de la eficacia del depósito y sus consecuencias con relación a la medida registrada; que es lo que ha hecho el Juez.- Referente a la legitimación para la realización del pago, cabe tener presente que fue realizado por un tercero interesado "que es la persona a quien el incumplimiento del deudor puede causar un menoscabo patrimonial- puede pagar contra la oposición individual o conjunta del acreedor y del deudor." (Tratado de Derecho civil y comercial. Tomo II-Alferillo,Aicega -Tambuci, pag 273.La Ley Bs. As. 2016)(art. 727 y 728 del C Civil).- Siendo tal la calidad del pagador, el alcance de su pago estará determinado, cuando se trata de liberar a un inmueble de la cautelar, según el monto de la deuda conforme a las constancias registrales.- Tanto en doctrina y jurisprudencia admiten pacíficamente que la protección del embargante existe únicamente por la suma que se ordenó y anotó la medida ya que ese importe es el que determina la extensión y alcance de la preferencia (cfr. De Lázzari, Medidas Cautelares, t. 1, 2da. ed., pág. 323; Palacio-Alvarado Velloso, "Código", t. 5, pág. 202; Roland Arazi, director, "Medidas Cautelares", pág. 95; y otros).

Los pagos efectuados cubren las acreencias del crédito embargado, que surge del informe de dominio de autos (fs. 164/165).

Por lo que, siendo el depósito efectuado por el incidentista, (conforme surge de los depósitos de fs. 180/182) abarcativo del monto por el que se trabó la cautelar en el inmueble ($66.085), es acertada la solución dada por la sentenciante de tener por íntegro el pago de la cautelar, con su consecuente orden de levantamiento.

Es que el embargo y su monto, conforme la inscripción registral, son los que tienen efecto frente al tercero, y carece de todo sustento jurídico pretender que responda más allá de ese importe. El art. 2 de la Ley 17801 tiene dispuesto que para su oponibilidad a terceros se inscribirán (art. 21 y 22 Ley 17801) .

Por lo que resulta suficiente el depósito de la cantidad por la que el embargo fue registrado para lograr su levantamiento.

"Ante el depósito efectuado en el expediente, debe estimarse procedente el levantamiento del embargo formulado, habida cuenta que la sustitución es norma general en materia de medidas cautelares, y puede ser solicitada en cualquier momento por los interesados e inclusive ser decidida de oficio por el juzgado si con ello se garantiza de los litigantes durante el curso del proceso (ED,33-194;ED,48-414) (Velert, Pagés Lloveras, Velert, Código Procesal Civil, Comercial y Minería, Tomo 1, pág. 989, Ed.Nuevo Enfoque Jurídico).

Tampoco puede invocar que se adeudan gastos de cédulas y honorarios, si el ejecutante omitió ampliar el embargo con la correspondiente comunicación al registro del nuevo monto.

En mérito a tales consideraciones entiendo que los agravios expuestos no logran conmover las claras motivaciones expuestas en la decisión de la primera instancia, por lo que propicio rechazar el recurso interpuesto y confirmar la sentencia recurrida, con costas a la vencida.

Regular los honorarios por lo actuado en segunda instancia a los profesionales en el 30% de lo regulado en primera instancia.

El Dr. PASCUAL E. ALFERILLO, dijo:

Por los fundamentos expresados por el Magistrado que me precede en el orden de votación, voto en sentido concordante.

2da. CUESTIÓN: El Dr. GILBERTO RIVEROS dijo:

En mérito a la votación que antecede corresponde: 1) Rechazar el recurso interpuesto y confirmar el fallo apelado, con costas a la vencida. 2) Regular los honorarios por lo actuado en segunda instancia a los letrados Francisco Constantini Conti y Gustavo Federico Sánchez el treinta por ciento (30%) de lo regulado por lo actuado en primera instancia.

El Dr. PASCUAL E. ALFERILLO, dijo:

Por iguales razones, voto en el mismo sentido.

Por ello, y lo acordado precedentemente, SE RESUELVE:

1) Rechazar el recurso interpuesto y confirmar el fallo apelado, con costas a la vencida.

2) Regular los honorarios por lo actuado en segunda instancia a los letrados Francisco Constantini Conti y Gustavo Federico Sánchez el treinta por ciento (30%) de lo regulado por lo actuado en primera instancia.

Protocolícese, notifíquese en debida forma, y previa reposición del sellado de ley, si correspondiere, bajen los autos al Juzgado de origen.

PROTOCOLO: L. de A ; T° I-2017; F°183/186; FECHA:5 de junio de 2017 DRES.RIVEROS-ALFERILLO