Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-29


TS07D44151 PODER JUDICIAL DE LA NACION SENTENCIA DEFINITIVA Nº 44151 CAUSA Nº: 8.517/10 - SALA VII - JUZGADO Nº:45 En la ciudad de Buenos Aires, a los 29 días del mes de febrero de 2012, para dictar sentencia en los autos: "PISANTI, DIEGO LEON C/ TELESERVICIOS Y PROMOCIONES S.A. S/ DESPIDO" se procede a votar en el siguiente orden:

EL DOCTOR NESTOR MIGUEL RODRÍGUEZ BRUNENGO DIJO:

I. En la primera instancia se rechazó en lo esencial el reclamo actor por el despido indirecto en que se colocara el día 7/12/2009 ante el silencio guardado por la demandada de su pretensión de regularización de su vínculo laboral dependiente, lo que motiva su apelación que luce a fojas 201/202.

Asimismo su letrada apoderada apela sus honorarios porque los aprecia exiguos (v. fs. 202 vta.).

II. El Sr. Juez "a-quo" con base en la situación procesal en que quedó la accionada en la oportunidad del art. 71 L.O. tuvo por ciertos los hechos narrados en la demanda en punto a la falta de pago de los salarios del mes de septiembre de 2009 y comisiones impagas de agosto de ese mismo año reclamadas por el actor haciendo lugar a dichos rubros y rechazó los rubros indemnizatorios reclamados con fundamento en las Leyes 24.013 y 25.323 con base en que la intimación del art. 11 L.N.E. no fue cursada ni por el trabajador ni por la asociación sindical que lo representa estando incumplido así el requisito de ley dado que las cartulares fueron cursadas por la apoderada del actor habiéndose así ésta excedido de las facultades de su mandato por cuanto el mismo se trata sólo de un poder especial para la representación en juicio (cfr. art. 1879 del Cód. Civil) sin que se infiera la voluntad visible del mandante como para avalar su actuación habida cuenta la falta de ratificación personal en orden a lo expuesto (ver fundamentos a fojas 189).

La parte actora con miras a desbaratar esta conclusión invoca el precedente "Colalillo, Domingo C/ Compañía de Seguros España y Río de La Plata" de la SCJN Fallos 238:550) y cita doctrinaria diciendo que la conclusión de grado adolecería de rigorismo formal y que el juez en el caso debería haber validado la imposición del despido con base en el principio rector de "alcanzar la verdad jurídica", tesitura que no resulta aplicable a la litis habida cuenta que la recurrente soslaya un aspecto esencial cual es la necesidad de que medie el "consentimiento expreso del trabajador" en orden a ello; circunstancia que incluso se infiere sin dificultad de las propias citas jurisprudenciales que realiza en su libelo recursivo (arts. 386 del Cód. Procesal y 116 L.O.).

Memoro aquí que el despido constituye un acto jurídico unilateral y recepticio que provoca la cesación para lo futuro de los efectos del contrato de trabajo (cfr. arg. art. 242 L.C.T.) no siendo del caso, tal como se puntualiza en el decisorio, considerar si se actuó con tal exceso de manera ventajosa para los intereses del trabajador en tanto no hay elemento alguno como para inferir si era o no su voluntad expresa tanto la intimación como la ulterior ruptura de un vínculo con vocación de continuidad (arg. arts. 10 y 90 L.C.T.).

Por consecuencia su recurso es inidóneo con miras al fin propuesto circunstancia que me inclina a propiciar la confirmación del fallo atacado sin que sea necesario el análisis del resto de sus críticas en tanto el art. 386 del Cód. Procesal otorga al juez la facultad de apreciar los elementos de prueba según su sana crítica, sin serle exigible la expresión en la sentencia de la valoración de aquellos medios que no resulten esenciales y decisivos para el fallo de la causa ( esta Sala in re "Moreno C/ Carosi S.A." S.D. nro.: 25.152 del 30/06/95, "Gallardo, Angel Rodolfo C/ Lavadero One Way S.R.L. y otros S/ Despido" S.D. nro.: 39.434 del 10/08/2001).

III. No corresponde expedirse sobre la apelación que la Dra. Vega realiza porque considera exiguos sus honorarios habida cuenta que no la realiza por su propio derecho sino en su calidad de letrada apoderada de la parte actora (v. fs. 202 vta. pto. 3º).

IV. De tener adhesión este voto las costas de segunda instancia se declaran por su orden atento la ausencia de réplica al recurso actor (art. 68, 2da. Parte del Cód. Procesal) y sugiero regular los honorarios por la actuación en esta instancia para la representación y patrocinio letrado de la parte actora en el 25% de lo que le corresponda en definitiva por la actuación que le cupo en la primera instancia (art. 14 Ley del arancel).

LA DOCTORA BEATRIZ I. FONTANA DIJO:

Disiento respetuosamente con la decisión propuesta por mi distinguido colega Dr. Rodríguez Brunengo.

Contra la sentencia de primera instancia (fs. 187/191), que rechazó el reclamo indemnizatorio deducido, apela el actor a tenor del memorial de agravios obrante a fs. 201/202.

Se queja el accionante por la decisión arribada por el "a quo" de haber considerado inválida la imposición del despido y, en consecuencia, improcedente el reclamo indemnizatorio y las multas por irregular registro en los términos de la ley 24.013 y 25.323. Sostiene que el sentenciante ha incurrido en un excesivo rigorismo formal al entender que la apoderada del trabajador ha excedido el mandato de representación otorgado con fundamento en que los actos por ella efectuados en el carácter invocado no fueron ratificados por el actor en autos.

Adelanto que, analizadas las constancias de la causa y los términos del recurso, a mi juicio, la queja intentada debe tener favorable acogida en tanto advierto que la conclusión a la que ha arribado el juez de primera instancia carece de fundamento legal alguno.

En ese sentido, cabe destacar que el compromiso de un hacer personal e infungible por parte del trabajador, sólo está previsto en la ley laboral de fondo respecto a la prestación de servicios siendo que, para el ejercicio de sus derechos, nada impide que otorgue mandato como puede hacerlo cualquier ciudadano en su condición de tal (conf. arts. 1889, 1906 y cncs. Cód. Civil).

En el caso, se encuentra documentado que el actor otorgó poder a la Dra. Lorena Anabel Vega (cfr. Acta Poder expedida por la CNAT obrante a fs. 2) quien, posteriormente, en su carácter de apoderada efectuó las intimaciones pertinentes a los fines de que se regularizaran los incumplimientos en el registro del contrato de trabajo del actor y en el pago de salarios. Asimismo, informó oportunamente a la AFIP de tal circunstancia conforme lo establece el art. 11 de la Ley de Empleo y, finalmente, ante el silencio guardado por la demandada, procedió a extinguir el vínculo dependiente. Que, en virtud del mismo mandato, dicha apoderada inició la presente acción y actuó como representante del actor a lo largo de todo el pleito.

De ahí que, no advierto que la actuación de dicha letrada haya excedido el objeto de la representación ni la propia voluntad del trabajador siendo que, a mi juicio, lo que resulta excesiva es la interpretación que efectuó el Sr. Juez "a quo" en relación al punto, más aún teniendo en cuenta que la demandada nunca cuestionó dicha representación y que quedó rebelde en los términos del art. 71 LO.

A mayor abundamiento, cabe aclarar que distinta sería la solución en caso de que el vínculo laboral se hubiera extinguido por renuncia del dependiente pues, en tal supuesto, la LCT sí exige como requisito de forma, que sea el trabajador quien en forma personal curse el despacho telegráfico expresando su decisión de extinguir el contrato (cfr. art. 240 LCT).

Ello resulta lógico en virtud de que dicha conducta importa la renuncia de derechos que requieren la actuación personal de quien los está abdicando, mientras que, en el caso de autos, la actuación de la apoderada del actor estuvo orientada desde el comienzo a la regularización de incumplimientos por parte de la empleadora.

En consecuencia, en atención al silencio guardado por la demandada a los reclamos efectuados por la Dra. Vega en nombre y representación del trabajador Pisanti, considero eficaz la intimación cursada (cfr. fs. 2 del sobre de prueba) y justificado el despido indirecto dispuesto en la comunicación agregada a fs. 4, resultando así procedente el reclamo indemnizatorio pretendido (arts. 245; 232 y 233 LCT).

En el mismo orden de ideas, acreditadas en autos las irregularidades (fecha de ingreso y remuneración) por las cuales el actor intimó a su empleadora y cumplido que fue en tiempo oportuno el informe a la AFIP de acuerdo a lo establecido en el art. 11 de la ley 24.013 (fs.3 del sobre agregado a fs. 3), resulta también procedente el reclamo fundado en los artículos 9 y 10 de la Ley de Empleo.

En tanto el despido indirecto en que se colocara el actor tuvo como causa desencadenante la intimación para que se regularizara su situación en el empleo, propongo receptar la multa prevista en el art. 15 de la ley de empleo.

Asimismo, ha de proceder la multa prevista en el art. 2° Ley 25.323, en tanto el actor intimó el pago de las indemnizaciones de ley y las mismas no le fueron abonadas, debiendo el trabajador iniciar la presente acción para perseguir su cobro.

En atención a que el actor intimó a que le entregaran los certificados de trabajo y el de servicios y remuneraciones, y la demandada ni siquiera respondió a sus reclamos, propongo hacer lugar a la multa del art. 80 LCT.

Para ponderar los rubros de condena cabe estar a los datos que llegan firmes a esta alzada de acuerdo a lo solicitado en la demanda: fecha de ingreso 12/12/2008, egreso 7/12/2009 y remuneración $2.000.

En consecuencia, propongo que la acción progrese por los siguientes rubros y montos: indemnización por antigüedad $2.000; preaviso $2.000 + SAC $ 166,66; integración mes de despido $1.518 + SAC $126,50; art. 2º ley 25.323 $2.759; art. 9 ley 24.013 $620; art. 10 ley 24.013 $2.289; art. 15 ley 24.013 $5.518; art. 80 LCT $6.000; condena primera instancia $9.694,53 lo que arroja un total $32.691,69 que llevará los intereses dispuestos en grado que no han sido materia de cuestionamiento.

En atención al resultado obtenido, propongo imponer las costas de ambas instancias a cargo de la demandada (cfr. arts. 68 y 279 CPCCN). Asimismo sugiero mantener el porcentaje de honorarios regulados a la representación letrada de la parte actora, aclarando que deberá ser calculado sobre el nuevo monto de condena (art. 38 LO y art. 279 CPCCN).

Los honorarios de alzada para la letrada del actor los estimo en el 25% de lo que le corresponda percibir por su actuación en la primer etapa (art. 14 ley 21.839).

Por todo lo expuesto, de prosperar mi voto propongo: 1) Revocar parcialmente la sentencia apelada y establecer el capital de condena en la suma de $32.691,69, con más los intereses dispuestos en primera instancia. 2) Imponer las costas de ambas instancias a la demandada. 3) Regular los honorarios de primera instancia para la representación letrada de la parte actora en el 17% del monto de condena. 4) Regular los honorarios de alzada para la representación letrada del actor en el 25% de lo que le corresponda percibir por su actuación en la primer etapa.

LA DOCTORA ESTELA MILAGROS FERREIRÓS DIJO:

Adhiero al voto de la Dra. Fontana, en la interpretación que la misma brinda y considerando que el art. 1.879 del Cód. Civil cuando habla del poder especial como para "ciertos negocios determinados", incluye, en el caso, no sólo "la representación en juicio", sino los actos preparatorios para el mismo.

Rige, a la vez, "el principio de aprovechamiento de los actos procesales beneficiosos" y "el principio protectorio de rango constitucional".

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, el Tribunal RESUELVE: 1) Revocar parcialmente la sentencia apelada y establecer el capital de condena en la suma de $32.691,69 (TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS), con más los intereses dispuestos en primera instancia. 2) Imponer las costas de ambas instancias a la demandada. 3) Regular los honorarios de primera instancia para la representación letrada de la parte actora en el 17% (DIECISIETE POR CIENTO) del monto de condena. 4) Regular los honorarios de alzada para la representación y letrada del actor en el 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) de lo que le corresponda percibir por su actuación en la primera etapa. Regístrese, notifíquese y devuélvase.