marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Medida cautelar innovativa, derecho a la salud
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: TARQUINI, RAMON c/ D.I.B.A. s/ INCIDENTE DE APELACION ART. 250 CPCCN. (Reg. 13.164)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-06-07

Las medidas cautelares innovativas justifican una mayor prudencia en la apreciación de los hechos, puesto que, sin perjuicio de la valoración final, configuran un anticipo de jurisdicción favorable respecto de la pretensión deducida.

Por ello, para su precedencia es necesario un análisis previo acerca de la existencia o no de un derecho garantizado por la ley, y la justificación del peligro en la demora. Si bien tal mencionado derecho no debe interpretarse con criterio restrictivo ni exige un examen de certeza, indiscutiblemente deben existir en la causa elementos de juicio idóneos para formar la convicción acerca de la bondad de los mismos y pesa sobre quien la solicita, acreditar prima facie la existencia de tales condiciones exigidas por la ley procesal.- El recaudo de verosimilitud del derecho se encuentra acreditado cuando, de las constancias obrantes en el expediente, dimana "prima facie" acreditada la enfermedad que padece el accionante, como así también decisión de no brindar la cobertura peticionada a la DIBA, creando un estado de indefensión e inseguridad para el accionante.

El riesgo en la demora puede considerarse configurado, sin incurrir en prejuzgamiento, cuando el perjuicio es inminente y responde a una necesidad efectiva y actual.

Ante la posibilidad que el accionante triunfe en su reclamo, el denegar la medida cautelar le ocasionaría un perjuicio que se tornaría irreparable, o al menos de difícil solución ulterior, ya que resultaría imposible subsanar una circunstancia que deviene agotada por el transcurso del tiempo.

La apreciación atenta de la realidad comprometida hace procedente el otorgamiento de la pretensión impetrada, sin que ello implique sentar posición frente la cuestión de fondo. (del voto del Dr. Tazza, adhesión Dra. Messina, minoría Dr. Ferro)
Suspensión del juicio a prueba, oposición del fiscal, funcionarios públicos
Materia: PENAL
Carátula: Feijoo, Ariel Pablo y oreo s/ rec. de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-08-21

Está debidamente motivada la oposición del fiscal si ello radicó en que la escribana, consorte de causa en las actuaciones, debe ser considerada funcionaria pública en los términos del art. 77 CP, siendo ello óbice a la suspensión del juicio a prueba en beneficio de los imputados que no revisten calidad de funcionarios públicos. La disidencia sostuvo que toda vez que el agravio central expuesto se articula sobre la discrepancia del recurrente en torno a una cuestión que ya había sido analizada por el tribunal, ante la ausencia de nuevos argumentos, debe rechazarse el recurso. (Dres. Hornos, Gemignani y Borinsky -disidencia-).
Elevación en consulta, competencia, tribunal de alzada
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Pincol, Edith del Carmen s/ Incapacidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-10-30

Está imperativamente impuesta por la ley en los supuestos expresamente contemplados; y ella da origen a la "competencia" de los tribunales superiores -aunque no medie recurso de parte-.

Como instituto de orden público, la "consulta" es irrenunciable.

El trámite de la consulta debe abrirse y el tribunal de alzada debe intervenir, aunque no se manifieste ningún agravio; sólo el tribunal de alzada es el habilitado para advertir la existencia o no de agravio y su reparación según el caso.
Derechos y garantías constitucionales, igualdad ante la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Coni Molina, Carlos Pedro s/ Contencioso administrativo de plena jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1995-12-04

La violación de una ley o su errónea interpretación no justifican en modo alguno que se deba persistir en ella, cuando se advierte el yerro. Lo que la Constitución Nacional y Provincial consagran es la igualdad ante la ley, y no la igualdad contra la ley.

No existe violación de la garantía constitucional de igualdad, si la misma desigualdad no resulta de la propia norma legal.

La desigualdad denunciada que se manifiesta a decir de la actora, en que en casos análogos, el organismo administrativo los ha resuelto favorablemente a los intereses de los afiliados... Viabilizar la fundamentación del recurrente implicaría una aberración jurídica desde que se pretende que la igualdad ante la ley se resuelva contra la ley misma.
Sucesión ab intestato, declaratoria de herederos, coherederos, estado de familia
Materia: CIVIL
Carátula: Fangio, Juan Manuel c/  s/ sucesión ab-intestato
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-06-15

Corresponde incluir en la declaratoria de herederos al coheredero que no ha justificado el vínculo filial con el causante, dado que el hijo biológico de este último admitió su inclusión. En consecuencia, cabe declarar a ambos como únicos y universales herederos, sin que ello importe el reconocimiento del estado de familia del coheredero admitido.
Inadmisibilidad del recurso, fundamentación insuficiente
Materia: PENAL
Carátula: Herrera Mendoza, Manuel Arturo c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-04-18

El voto concurrente expresó que, más allá de la impugnabilidad objetiva de la resolución recurrida, toda vez que la parte se limita a alegar su disconformidad genérica con el a quo, sin expresar razones concretas y fundadas que permitan conmover lo decidido, el recurso de casación intentado se presenta en el caso inadmisible por carecer de la debida fundamentación requerida por el art. 463 CPPN. (Dres. Borinsky, Gemignani, Hornos -voto concurrente-).
Proceso contravencional, audiencia de juicio contravencional, acta de audiencia, sentencia, fundamentación de sentencias, nulidad de sentencia
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: B, H. D. s/ Artículo 41
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-06-14

Respecto al artículo 47 de la Ley de Procedimiento Contravencional, en cuanto a que en el acta se asentar n "las partes sustanciales de la prueba diligenciada.", no puede admitirse en modo alguno que tal "parte sustancial" de la declaración de los testigos esté satisfecha con la enunciación de sus datos personales.

La falta de transcripción de los dichos de los testigos, vertidos en la audiencia de juicio contraría lo que establece el artículo 47 de la Ley de Procedimiento Contravencional, de lo que deviene una clara violación a los principios garantizadores de los derechos a la doble instancia y defensa en juicio, ambos de raigambre constitucional, que acarrea la descalificación jurídica del acto jurisdiccional subsiguiente, el que, como consecuencia necesaria, carece de la fundamentación que requiere la ley como para ser considerado válido; por lo que la sentencia dictada en estos casos devendrá nula, en los términos del artículo 168 párrafo 2 del Código Procesal Penal de la Nación. (Del voto de los Dres. Dessanti y Lucangioli)
Responsabilidad parental, privación de la responsabilidad parental, competencia de paz, menores, guarda del menor
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: M., A. S. H. s/ guarda provisoria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-06-30

No avizorándose un peligro inminente no debe suspenderse al progenitor en el ejercicio de la patria potestad. Los Jueces de Paz deben disponer internaciones o guardas provisorias solo en las limitadas ocasiones en que resulte patente el riesgo que corre la persona a proteger, en caso contrario debe procurarse mantener el status quo familiar; desde que no pueden -con su excepcional competencia es ésta materia específicamente confiada a los Jueces de Menores- prohijar soluciones que puedan importar, en el apuro para resolver, un mal mayor del que se pretende remediar (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Gobierno de facto, Constitución Nacional, actos del gobierno de facto, nulidad de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Causa originariamente instruida por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas en cumplimiento del decreto 158/83 del Poder Ejecutivo Nacional c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-30

El art. 29 de la Constitución Nacional sanciona con una nulidad insanable aquellos actos que constituyan una concentración de funciones, por un lado, y un avasallamiento de las garantías individuales que nuestra Carta magna tutela, por el otro. La finalidad de la norma ha sido siempre impedir que, alegando motivos de urgencia o necesidad, el Poder Ejecutivo asuma facultades extraordinarias y la suma del poder público, lo que inevitablemente trae aparejada la violación de los derechos fundamentales del hombre libre, que la propia Constitución Nacional garantiza.
Voto de los jueces, voto en mayoría
Materia: CONSTITUCIONAL-CONTRAVENCIONAL
Carátula: Ministerio Público - Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 2 s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Thompson Tabeni, María de las Mercedes s/ infr. art(s) 111, conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes, CC'
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-09-19

Tratándose de una mayoría absoluta, la Cámara debía reunir el consenso de la mitad más uno de sus integrantes para conformar una decisión válida; lo que no sucedió en el presente caso, situación que no se modificó con la intervención del Presidente y de otro juez, desde que, si bien con respecto a la probation hubo coincidencia entre los tres jueces en confirmar su otorgamiento, lo cierto es que sólo uno de ellos ratificó todas las reglas adoptadas por el juez de primera instancia. (Voto en disidencia de la Sra. Jueza Alicia E. C. Ruiz).
Remuneración, inventario
Materia: PROCESAL
Carátula: ESTABLECIMIENTO METALURGICO ALGEC -S.I.C.R.L. s/ DISOLUCION Y LIQUIDACION - INCIDENTE REMOCION LIQUIDADOR
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1984-09-27

La ley de sociedades 19.550, establece procedimientos para la designación de liquidador, como así también, derechos y obligaciones a este órgano societario, estatuyendo plazos a fin de que finalizada la vida de la sociedad, los socios no queden atados de por vida a la misma, pudiendo el liquidador ser removido al ser violadas las obligaciones, perdiendo el derecho a la remuneración. Su obligación es determinar cual fue el patrimonio de la sociedad, aunque los bienes hubieren desaparecido. Si existe un bien inmueble no escriturado, lo mismo tiene un valor que debió inventariar y en el caso extremo de que no hubieran existido bienes y fuera imposible su localización debió presentarse al juzgado y hacer conocer la situación. Debió pedir a los administradores una rendición de cuentas y si hubiere problemas en la confección del inventario, tendría que haber solicitado el plazo de prorroga del art. 102 L.S., Lo cual configura la existencia de negligencia culpable que marca la ley para su remoción.
Contrato de ajuste, navegación interprovincial, competencia federal, excepción de incompetencia, aplicación de la ley, recurso de casación
Materia: PROCESAL
Carátula: MENDEZ EDUARDO c/ ARBUMASA S.A. s/ LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2009-12-15

Las citadas reglas de la ley 20.094, deben integrarse con las normas de la Constitución Nacional, en virtud de la cual fueron sancionadas. Nuestra Carta Magna dicta que corresponde al Congreso de la Nación legislar sobre todo lo que concierne a la navegación (arts. 26 y 75, incs. 12 y 13) al tiempo que expresamente les prohíbe hacerlo a las provincias (art. 126).

No se aplican, como sostiene el fallo recurrido, las normas sobre competencia que contiene la ley 1.444 de procedimiento laboral de la provincia (arts. 1, 7 y ccds.), toda vez que la controversia versa sobre materias -contrato de ajuste y navegación interprovincial- reguladas por una ley nacional que en el caso concreto tiene supremacía, en virtud de lo dispuesto en el artículo 31 de la Constitución Nacional.

Este Tribunal, entiende que corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la demandada, haciendo lugar a la excepción de incompetencia y estableciendo que la cuestión debe tramitar ante la justicia federal.
Recurso extraordinario, cuestión federal, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Abella, José Paulo s/ Casación-Recurso Extraordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1998-09-16

Asumiendo naturaleza esencial, en orden a la interposición del recurso extraordinario, el planteamiento oportuno de la cuestión federal, corresponde analizar si la misma fue invocada por el recurrente en la primera oportunidad procesal posible, puesto que su finalidad es permitir que los jueces meriten la cuestión y establezcan la relación existente entre la decisión recaída y el derecho constitucional presuntamente vulnerado. Por ello y teniendo en cuenta que el recurrente planteó la cuestión federal al momento de interponer el presente recurso, y no dándose el caso excepcional consistente éste en que la arbitrariedad surja del fallo impugnado de modo federal y plantearla en término, corresponde en esta instancia rechazar el recurso extraordinario interpuesto por ser formalmente inadmisible. Dicho modo de resolver es conteste con lo sostenido por el Alto Tribunal de la Nación en el sentido de que resulta extemporáneo el planteamiento de las cuestiones constitucionales cuando se efectúa en el escrito de articulación del recurso extraordinario respecto de la sentencia del Tribunal de Alzada, que confirma a la del inferior con fundamentos coincidentes -circunstancia ésta que se da en el caso de autos- y no se invoca dicha cuestión en oportunidad de impugnar esa primera sentencia.
Interposición del recurso, cuestión federal
Materia: PROCESAL CONSTITUCIONAL
Carátula: MEZA, MERCEDES EMIGDIA c/ MUNICIPALIDAD DE FORMOSA s/ ACCION ADMINISTRATIVA ACCION ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1984-08-09

Corresponde desestimar el recurso extraordinario de Inconstitucionalidad -art. 14 Ley 48- si el escrito de interposición carece de la fundamentación mínima que haga a su admisibilidad formal. En el caso, la parte se ha limitado a la mora interposición del recurso sin indicar en forma concreta la cuestión federal debatida y los hechos de la causa, omitiendo señalar con precisión la relación existente entre éstos y aquélla, como lo exige el art.

15 de la Ley 48 y la constante jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, omisión que no es susceptible de ser salvada con el ulterior memorial que puede presentar la parte.
Recurso extraordinario federal, sentencia arbitraria, beneficios previsionales, pérdida del beneficio, pensiones, separación de hecho, cónyuge culpable, extinción del derecho de pensión
Materia: PROCESAL - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Quiroga  de  Ferreira,  Matilde  Florentina c/ Caja  Nacional  de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles. s/ Recurso Extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-30

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que no indicó de qué modo pudo incidir el error de la recurrente en la mención de la fecha del fallecimiento de su cónyuge para determinar su culpabilidad en la supuesta separación de hecho, elemento subjetivo que es condición para la pérdida del derecho a pensión establecida por el art. 1°, inc. a) de la ley 17.562.
Cuestión abstracta, recurso por retardo de justicia, sobreseimiento
Materia: PROCESAL
Carátula: Figueredo, Ramón Damián c/  s/ queja por retardo de justicia
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2022-03-08

Cabe declarar abstracta la queja por retardo de justicia presentada por la Defensora Oficial Ad-Hoc, puesto que los requerimientos de la quejosa ya fueron satisfechos habiéndose dictado el sobreseimiento solicitado, donde también se regularon los honorarios profesionales de la letrada; siendo así, al agotarse el objeto del planteo, el mismo se torna abstracto y así debe declararse.
Recurso extraordinario, recurso de inaplicabilidad de ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Enrique, José Humberto s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-11

El recurso extraordinario contra la sentencia que desestimó el recurso de inaplicabilidad de ley es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) (Disidencia de la Dra. Carmen M. Argibay).
Prenda, prenda con registro, caducidad de la inscripción
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO  DE  SERVICIOS  Y  TRANSACCIONES  SA c/ ARCE,  RICARDO s/ SECUESTRO PRENDARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-21

Cabe rechazar la solicitud de la actora tendiente a la reinscripción del contrato prendario en el proceso de secuestro prendario. Ello asi, pues estas actuaciones tienen un objeto acotado estrictamente al procedimiento especifico previsto por la ley 12962: 39, destinado a preparar -secuestro mediante- la venta privada del bien sobre el que reposa la garantía invocada. En ello se agota la finalidad de este particular trámite, que por ese motivo fue caracterizado como una ejecución pura o directa, y no es dable asignarle al solicitante facultades que excederian el objeto para el cual aquel fue concebido (V. Podetti, J. Ramiro: "Tratado de las ejecuciones", 3º edicion, ampliada y actualizada por Victor A. Guerrero Leconte, Ediar, Bs. As., 1997, pag. 604 y ss.). Conferirle al acreedor prendario la autorización para efectuar una nueva inscripción del contrato de prenda en un secuestro prendario carece de sustento normativo.
Acto administrativo irregular, error de derecho
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: INGAR (SACIC) c/ DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD. s/ COBRO  DE  PESOS-ACTO  ADMINISTRATIVO-REVOCACION-INEXISTENCIA DE COSA  JUZGADA ADMINISTRATIVA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-02-20

Si la resolución administrativa estuvo viciada por un grosero error de derecho, al fundarse en un dictamen referido a la aplicación de una ley cuyas disposiciones no estaban en juego en el caso (se citó la ley 21.376 y el caso se regía por la 20.631, anterior a la reforma), incurriéndose así en falta de causa jurídica, no es dudoso que el acto es irregular a la luz del artículo 17 de la ley 19.549.
Sanciones disciplinarias, independencia del fuero penal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Castro, Angela E. c/ Municipalidad del partido de Azul s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-10-26

Atendiendo a las diferencias existentes entre las responsabilidades comprometidas -penal y administrativa- corresponde consagrar una absoluta independencia en el juzgamiento de la conducta de un funcionario en sede administrativa, con respecto a la valoración que podría merecer dentro de otros ordenamientos jurídicos. Los elementos de convicción que bastan para imponer una sanción disciplinaria, dentro de la potestad propia del poder administrador, difieren respecto del grado de prueba indispensable para condenar en sede penal por un delito.
Testigos, valor probatorio
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: Alzamendi, Francisco s/ AMENAZA   CON  ARMAS  EN  CONCURSO  REAL,  ROBO  AUTOMOTOR  AGRAVADOS  REITERADOS Y OTROS S/ CASACIóN
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1989-03-15

Los dichos de un testigo, menor de edad y de dudosa moralidad, aunque en su momento pudieron servir para el procesamiento, no bastan por sí solos para fundar una sentencia condenatoria.
Conflicto de poderes, conflicto interno municipal, concejo deliberante, reincorporación
Materia: ADMINISTRATIVO-POLITICO-PROCESAL
Carátula: Soria, Adolfo Omar - Presidente del Concejo Deliberante de Huillapima c/ Concejo Deliberante de Huillapima s/ Conflicto de Poderes
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2008-09-03

Esta Corte ha sostenido de manera uniforme al resolver conflictos de poderes producidos en el seno de consejos deliberantes que para las decisiones que requieran de la mayoría calificada de dos tercios de un total de cinco miembros, ésta se constituye con cuatro de ellos, conforme la prescripción legal y los principios generales del derecho.

Otro criterio supondría aceptar la coincidencia de una mayoría simple con una calificada desvirtuando, de tal modo, la mayor exigencia del consenso que tanto la letra cuanto el espíritu de la ley imponen a los cuerpos deliberativos para la realización de determinados actos jurídicos políticos. Igualmente, este Tribunal en reiteradas oportunidades ha señalado, en este tipo de conflictos, que la no aplicación de un procedimiento por el cual alguien deba ser oído a los efectos del ejercicio del derecho de defensa, del que goza toda persona como garantía constitucional, hace que se invalide cualquier Resolución que tome el Concejo.

En el caso, comprobadas las irregularidades denunciadas-, remoción del cargo que el actor detentaba como Presidente del Concejo Deliberante- en virtud de un procedimiento ilegal e inconstitucional violatorio de las garantías constitucionales, debe declararse la nulidad solicitada respecto de todos los actos realizados en la sesión cuestionada y los posteriores a ella, y hacer lugar al conflicto de poderes interpuesto, debiéndose de inmediato restituir al actor al cargo de Presidente del Concejo Deliberante de la Municipalidad demandada.
Daños y perjuicios, asistencia psicológica, pago anticipado
Materia: CIVIL
Carátula: GALARZA GLADYS GRACIELA c/ AUCHAN ARGENTINA S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2011-09-20

La circunstancia de que los gastos previstos para el tratamiento Psicológico no hayan sido desembolsados por la víctima a la fecha de la sentencia no es obstáculo para que la condena impuesta a los accionados contemple el pago de su importe; pués el detrimento económico que implica la realización de dicho tratamiento, para revertir la incapacidad psíquica configura un daño cierto, aunque las erogaciones respectivas se concreten en tiempos ulteriores. (arts. 1068, 1086 y ccs.Cód.Civ.).
Estupefacientes, tenencia de estupefacientes, inconstitucionalidad
Materia: PENAL
Carátula: BORTHELUE, J.L. s/ ESTUPEFACIENTES    -  TENENCIA  -  INCONSTITUCIONALIDAD  -  EXCLUSION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-10

1) La cantidad de 38,4 grs. de marihuana incautada al procesado, además de semillas, supera lo que razonablemente puede considerarse insignificante a los efectos del tipo penal, configurándose el delito de tenencia de estupefacientes, excediéndose con holgura el marco establecido por el art. 19 de la C.N., pues no puede considerarse por esfera privada la que se excede con fiestas (privadas) donde concurren varias personas que son afectadas perjudicialmente al ser facilitados en una práctica dañosa.

2) El planteo de inconstitucionalidad de la norma mencionada debe ser rechazado, siendo de aplicación la doctrina sentada por los Sres Ministros de la Corte Suprema que votaron en minoría en la causa "Capalbo, A." del 29/8/87.
Daño moral, legitimación activa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Wagner c/ Rasciatti s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-03-04

Las innegables y dolorosas proyecciones que en el ánimo deben haberse suscitado con la muerte de un hermano -el llamado "daño de afección"- chocan, infructuosamente con la rotunda negativa de nuestro derecho positivo actual a conceder indemnización a los llamados damnificados indirectos del daño moral, con la única excepción para supuestos de muerte, en que el derecho indemnizatorio solo se les reconoce a los herederos forzosos de la víctima.