Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-12-04


T. 27. XLI.

RECURSO DE HECHO Transportes Automotores Plaza S.A. c/ Scania Argentina S.A. y otros.

Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por el Banco Central de la República Argentina en la causa Transportes Automotores Plaza S.A. c/ Scania Argentina S.A. y otros", para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

Que esta Corte comparte y hace suyos los fundamentos y conclusiones del dictamen de la señora Procuradora Fiscal subrogante a los que cabe remitir por razones de brevedad.

Por ello, se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada con el alcance indicado. Con costas (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Vuelvan los autos al tribunal de origen para que, por intermedio de quien corresponda, se dicte un nuevo fallo con arreglo al presente.

Agréguese la queja al principal. Notifíquese y, oportunamente, remítase.

DISIDENCIA DE LOS SEÑORES MINISTROS DOCTORES DON ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI, DOÑA CARMEN M. ARGIBAY Y DE LA SEÑORA CONJUEZ MIRTA D. TYDEN DE SKANATA Considerando:

Que el recurso extraordinario cuya denegación origina esta queja no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal (art. 14 de la ley 48).

Por ello, oída la señora Procuradora Fiscal subrogante, se desestima la queja. Intímese al Banco Central de la República Argentina para que, en el ejercicio financiero correspondiente, haga efectivo el depósito previsto en el art. 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, de conformidad con lo prescripto en la acordada 47/91. Notifíquese, tómese nota por Mesa de Entradas y, previa devolución de los autos principales, archívese.

Recurso de hecho interpuesto por la letrada apoderada del Banco Central de la República Argentina, Dra. Cecilia Adriana Tunstall Tribunal de origen: Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial Tribunales que intervinieron con anterioridad: Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial n°?6 DICTAMEN DEL PROCURADOR GENERAL Suprema Corte:

Contra la sentencia de la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial (fs. 27/30), que confirmó la de la instancia anterior, que había hecho lugar a la medida innovativa solicitada por Transportes Automotores Plaza S.A., ordenando al Banco Central de la República Argentina (en adelante, "B.C.R.A.") descontar - hasta el dictado de la resolución definitiva- de la cuenta del avalista -Banco Bansud S.A.-, los importes correspondientes a las letras de cambio emitidas en dólares estadounidenses, al tipo de cambio un peso igual a un dólar, bajo responsabilidad de la parte actora y previa caución real de $300.000.-, e impuso las costas al banco vencido; esta última entidad dedujo recurso extraordinario federal, que desestimado, dió lugar a la presente queja (fs. 32/42, 53 y 55/66).

I En lo que aquí es pertinente, corresponde resaltar que según lo señalado a fojas 8/10, la actora y Scania Argentina S.A. celebraron un contrato de compraventa de treinta ómnibus el 7/4/98, en virtud del cual Transportes Automotores Plaza S.A. abonó parte del precio en efectivo, y por el resto, aceptó diez letras de cambio libradas no a la orden por la sociedad brasilera Scania Latinamerica Ltda. -beneficiaria-, a quien la acreedora original le había cedido su crédito. Los títulos de crédito referidos, fueron garantizados por el Banco Bansud S.A., por lo que -acuerdos mediante- el Banco Central de la República Argentina debita de la cuenta del avalista los dólares estadounidenses nominados en cada uno de los valores, y los remite a Brasil.

En razón de ello, la actora promovió acción declarativa, a fin de que se determine que la deuda -documentada en las letras de cambio- se encuentra pesificada conforme lo dispuesto por los Decretos Nº 214/02 y 320/02, y asimismo, solicitó el dictado de la medida innovativa objeto de estudio.

II El tribunal para hacer lugar a la cautelar, sostuvo que la medida innovativa tiene fundamento normativo en el artículo 230, apartado 2) del Código de rito, que preve la posibilidad de que el resultado del proceso principal resulte comprometido si desde el comienzo no se dispone una modificación del estado fáctico o jurídico, sea retrotrayéndolo a un estado anterior o estableciendo uno nuevo.

Agregó, que los efectos de la medida cautelar decidida por el juez interviniente -dice- con fundamentos fácticos suficientes, no se superpone a la pretensión de fondo, pues sólo tiende a mantener provisoriamente una paridad en la conversión del signo monetario, respecto de los débitos que debe realizar el B.C.R.A. Estimó asimismo, que los elementos reunidos en la causa, alcanzan para confirmar la decisión adoptada, pues es factible que la pretensora tenga derecho a cancelar su deuda con la relación de equivalencia antes mencionada (un peso igual a un dólar estadounidense), toda vez que constituye un hecho controvertido, que las operaciones base de la acción se encuentren alcanzadas por las excepciones -a la conversión a pesos- establecidas por el Decreto Nº 410/02.

Por último, señaló que los eventuales perjuicios del B.C.R.A., podrán ser reparados mediante la constitución de la contracautela ordenada en la instancia anterior.

III- En síntesis, el recurrente afirma que: existe cuestión federal, por estar en discusión la interpretación y aplicación de los Decretos Nº 214/02, 410/02, Comunicaciones B.C.R.A. "A" Nº 3368 del 26/11/01 y el Convenio de pago y créditos recíprocos suscripto entre los países miembros de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y la República Dominicana, Federación de Rusia y Malasia, y que la resolución atacada es equiparable a una sentencia definitiva, pues tiene ese efecto, por el monto y el tipo de la medida cautelar.

En particular, sostiene que la medida solicitada, se confunde con la pretensión principal -pesificación de la deuda que la actora mantiene con Scania Latinamerica Ltda.-, da por supuesta la inconstitucionalidad del Decreto Nº 410/02, y deja sin contenido a la resolución que en definitiva se dicte. En este sentido, afirma que no concurren los presupuestos que tornan procedente la medida, pues no fue acreditada la existencia de una situación real de urgencia que pueda provocar un daño irreparable.

Asimismo, afirma que la sentencia es arbitraria, en tanto la alzada - como el magistrado de primera instancia- omitió considerar que el B.C.R.A. como autoridad de aplicación de las disposiciones del Convenio de pago y créditos recíprocos citado -v. también Com. "A" Nº 3489-, por los compromisos allí asumidos y en función de la medida cautelar dispuesta, debe pagar la diferencia cambiaria (entre el dólar estadounidense y el peso) respecto de las letras emitidas. En el mismo orden, arguye un supuesto de gravedad institucional.

Por último, se agravia de la imposición de costas a su parte, que - destaca- sólo reviste el carácter de autoridad de aplicación de la normativa vigente, por lo que a su entender el magistrado debió resolver de acuerdo al artículo 68, segunda parte, del Código de rito, que lo faculta para eximir total o parcialmente de ese pago al litigante vencido, valorando las particularidades del caso.

- IV - Si bien el recurrente alega que se halla en juego la interpretación y aplicación de normas de carácter federal, corresponde tratar, en primer término, los agravios que atañen en estricto a la causal de arbitrariedad, dado que de existir no habría, en rigor, sentencia propiamente dicha (Fallos 323:335, entre muchos otros).

En ese contexto, y no obstante es doctrina reiterada del Tribunal, que las resoluciones sobre medidas cautelares, sea que las ordenen, modifiquen o levanten, no revisten -como regla- carácter de sentencia definitiva, en los términos que exige el artículo 14 de la Ley Nº 48 para la procedencia del recurso extraordinario (v. doctrina de Fallos 326:25, 3628, entre muchos otros), dicho principio reconoce excepción cuando la medida dispuesta advierte rasgos de definitividad por ser susceptible de producir un agravio que, por su magnitud y circunstancias de hecho, puede ser de tardía, insuficiente o imposible reparación ulterior (Fallos 313:116; 323:337). Ahora bien, dichas circunstancias de excepción, de acuerdo a lo manifestado por el B.C.R.A., concurrirían en el presente caso, desde que si como consecuencia de la cautelar resuelta, y de conformidad con el Convenio de pago y créditos recíprocos citado, el recurrente debe asumir el compromiso de pago por la diferencia cambiaria que se verifique en las operaciones realizadas en su carácter de avalista por el Banco Bansud S.A., dicha situación es susceptible de comprometer el patrimonio de la Nación, afectando, a la postre, a la comunidad toda.

En tales condiciones, advierto que sin perjuicio de ello, y pese a los claros y concretos agravios expuestos ante la alzada por el B.C.R.A. -y sostenidos en el recurso extraordinario-, la Cámara omitió el estudio detallado de cuestiones esenciales e indudablemente conducentes como son, por una parte, la naturaleza y caracteres de la relación jurídica que vincula a los litigantes y la incidencia de su cumplimiento o ejecución en la eventual responsabilidad del quejoso, entidad -cabe aclararlo- ajena a dichas obligaciones contractuales y/o cambiarias (art. 1195 in fine, Cód. Civ). Por otra parte, y en ese mismo sentido, los jueces de la causa no podían dejar de considerar el alcance del Convenio de pago y créditos recíprocos suscripto por el B.C.R.A. -y bancos centrales de otros países, entre los que se encuentra el de Brasil-, y la responsabilidad y obligaciones que de él derivan respecto del recurrente.

A su vez, el a quo afirmó, dogmáticamente, que los eventuales perjuicios del B.C.R.A. que se deriven de la aplicación del acuerdo antes mencionado, podrán ser reparados por la contracautela de $300.000.- ordenada en primera instancia (v. fs. 30), sin demostrar o al menos indicar que dichos montos totales comprometidos resultaban suficientes en el marco de las obligaciones que el banco alegaba debía afrontar.

Al respecto, debe valorarse que, como destacó la Cámara (fs. 30), se encuentra controvertida en autos la aplicación del Decreto Nº 410/02 que establece excepciones a la conversión a pesos de obligaciones pactadas en dólares estadounidenses, y que del presente cuaderno de hecho no surge el importe correspondiente a la deuda pendiente, documentada en los títulos de crédito.

Sentado ello, estimo que asiste razón al recurrente, toda vez que es condición de validez de los pronunciamientos judiciales que sean fundados y constituyan derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa, y consideración de las alegaciones decisivas formuladas por las partes (Fallos 323:2468; 324:556; 325:2817), exigencia que procura esencialmente la exclusión de decisiones irregulares que afecten el adecuado servicio de justicia. Por último, debo aclarar que atento a la conclusión arribada, resulta prematuro todo pronunciamiento sobre los agravios referidos a la imposición de costas.

- V - Por lo expuesto, y sin abrir juicio sobre la solución final que corresponda dar al caso, opino que V.E. debe dejar sin efecto la sentencia recurrida y remitir los autos al tribunal de origen, para que se dicte una nueva con arreglo a derecho.

Buenos Aires, 8 de Noviembre de 2005 Es copia