marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Daños y perjuicios, responsabilidad indirecta, responsabilidad de los establecimientos asistenciales, operación cesárea
Materia: CIVIL
Carátula: PUGLIESI ANDREA GABRIELA c/ RONCHI ALEJANDRO Y OTROS s/ RESPONSABILIDAD MEDICA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-04-18

La responsabilidad de los propietarios del establecimiento asistencial en el que fue operada la Sra. Pugliesi- surge evidente, en mérito a lo dispuesto en el art. 1113, párrafo primero, del Código Civil, porque es claro que pudieron ejercer control y vigilancia sobre su personal subordinado, siendo su responsabilidad inexcusable frente a la culpa demostrada de sus dependientes.

(Sumario confeccionado por el SAIJ)
Fallos de la Corte Suprema, ejecución de la pena, libertad asistida
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: RODRIGUEZ, Rubén Alejandro y RODRIGUEZ, Cristian Ezequiel s/ recurso de casación c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-05-21

A partir del fallo "Verbitsky" de la Corte Suprema (Fallos: 328:1146) en materia de ejecución penal, cabe sostener, de una parte, que la ley provincial debe ser aplicada cuando prevea mayores prerrogativas para el condenado que la ley nacional (tal como sucede con la libertad asistida del art. 104 de la ley de ejecución penal de la provincia de Buenos Aires). Por otro lado, también se extrae que no debe aplicarse la ley provincial cuando prevea un régimen más estricto que la ley nacional, debiéndose aplicar, en esos casos, la normativa federal. En ese marco, se observa que la ley bonaerense 12.256 no estructura los programas de tratamiento y asistencia en fases como lo hace la ley 24.660, sino que lo efectúa a partir de la implementación de diversos regímenes: cerrado, semi-abierto y abierto (voto de la jueza Llerena).
Recurso extraordinario, salarios caídos
Materia: PROCESAL
Carátula: Ruiz, Emilio David c/ D.G.I. s/ despido.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-15

Es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) el recurso extraordinario en lo atinente al pago de los salarios caídos así como la tasa de interés aplicable.
Prueba testimonial, idoneidad del testigo, autoridad de prevención, acta de secuestro, firma de testigos
Materia: PENAL
Carátula: GONZALEZ, RUBEN. s/ PRUEBA TESTIGOS. POLICIAS. ACTA SECUESTRO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-02

1) Las inhabilidades establecidas en el art. 277 C.P.P. sólo son admisibles en cuanto los testigos depongan por interés, afecto u odio, lo cual no se da en autos respecto a los dichos de los POLICIAS, debiendo ponderarse sus dichos como los de cualquier testigo hábil -art. 305 y sgtes. C.P.P. -al no darse situaciones descalificantes; no encontrándose inhabilitado para declarar el agente de policía que en cumplimiento de su deber practicó diligencias o aleccionó a la persona a quien se pretendía extorsionar.

2) No es nula el ACTA DE SECUESTRO firmada por un solo testigo, por no constituir motivo de nulidad expresamente prevista en el código adjetivo y porque dicho instrumento no resulta necesario para arribar al juicio de reproche, pues los restantes medios de comprobación reunidos en el caso suplen holgadamente el valor de la misma.
Acción de inconstitucionalidad, legitimación activa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Donnarruma c/ Caja Banco Provincia s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-12-03

No se halla legitimado para cuestionar originariamente la constitucionalidad de los arts. 12 bis y 13 de la ley 6716 el abogado que a la fecha de interposición de la demanda se encuentra suspendido en la matrícula, pues tales normas sólo se aplican a quienes pueden ejercer la profesión y para ello es menester estar matriculado en el Colegio respectivo.
Seguros, seguro de daños patrimoniales, automotores, círculo cerrado, plan de ahorro previo, adjudicación de automotor, deber de información
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Hansen, Isabel Nora  c/ Provincia Seguros SA y otro  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-23

Corresponde admitir la demanda promovida por un consumidor, ante el rechazo de cobertura del seguro automotor obligatoriamente contratado con motivo de la adjudicación del rodado en el marco de un contrato de ahorro previo, toda vez que no se encuentra controvertido el robo y su tempestiva denuncia; ni que la prima asegurativa era pagada por la administradora del autoplan contra el pago de su cuota mensual, y que la aseguradora recibió el pago de la prima dos días antes del siniestro.

Ello así, pues la aseguradora no comunicó fehacientemente que con el pago de la última cuota del autoplan quedaba cancelada la cobertura del vehículo adjudicado, infringiendo el deber de información que tenía -LDC 4 y CN 42-, de comunicar a la demandante acerca de la extinción del contrato de seguro que amparaba al rodado, para que ésta pudiera subsanar su desamparo. Dicha inobservancia la obliga a responder por los daños que pudiera haber generado ante el rechazo de cobertura del aludido evento delictivo.

Y si bien los comprobantes de pago refieren a la duración del seguro durante el período prendario, y a su caducidad con el pago de la última cuota o la cancelación anticipada; si se otorgara virtualidad a una cláusula predispuesta tal como la mencionada y se eximiera, con ese sustento, a la aseguradora del cumplimiento de un deber de orden público y raigambre constitucional, como el "deber de información", que ha sido considerado incluso como un principio general del derecho del consumo (v. Farina, Juan M. "Defensa del Consumidor y del Usuario" p. 62. Ed. Astrea. 3era. Edición), se estaría conspirando contra la interpretación armónica que está llamado a realizar el juzgador del ordenamiento que regula los vínculos asegurativos.
Nulidad absoluta, interés público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: P., O. J. c/ MUNICIPALIDAD DE PUERTO MADRYN s/ PLANTEO DE NULIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-11-11

"Si el derecho del particular resulta verosímil y si ha demostrado, llegado el caso, la configuración de una nulidad absoluta y manifiesta, no puede haber interés público que se oponga al restablecimiento efectivo y rápido de la legalidad administrativa".
Contrato de trabajo a prueba, contrato de tiempo parcial
Materia: LABORAL
Carátula: PEREIRA PEREIRA, MARÍA c/ ORÍGENES VIVIENDA sa s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-03-27

La ley 24465 incorporó a la LCT el art. 92 ter relativo al contrato de trabajo a tiempo parcial que es aquél en virtud del cual el trabajador se obliga a prestar servicios durante determinado número de horas al día o a la semana o al mes, inferiores a las dos terceras partes de la jornada normal de la actividad. Lo importante de esta modalidad es que debe considerarse como de excepción, sujeta a prueba estricta de quien la invoca, y que requiere que el horario del trabajador se pacte previamente para evitar situaciones abusivas. Por ello, si la demandada ni siquiera acompañó el instrumento por el cual se habría pactado tal modalidad, la relación habida entre las partes debe considerarse de tiempo completo.
Constitución Nacional, derechos individuales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Estado Nacional c/ Arenera El Libertador  S.R.L. s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-18

Es falsa y debe ser desechada la idea de que la prosperidad general, buscada a través de los medios -no taxativamente enumerados- del artículo 67, inciso 16), de la Constitución Nacional, constituya un fin cuya realización autorice a afectar los derechos individuales o la integridad del sistema institucional vigente.
Juicio ejecutivo, inhabilidad de título
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Galatola, Francisco c/ Voltrans s/ Cobro Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-08-07

Frente a los incuestionables caracteres de autonomía, literalidad y abstracción del título de crédito, quedan marginadas cuestiones ajenas a sus efectos extrínsecos y entre los que se cuenta como inaudible la eventual falsedad ideológica o intelectual que pudiese alcanzar a aquél, incluso las pretensas alegaciones de conductas dolosas en su completividad.
Marcas, interés legítimo, registro de marca
Materia: COMERCIAL
Carátula: ALLORO   GUSTAVO  JORGE c/ INDUSTRIAS  SOLANO  SA s/ cese  deoposición al registro de marca.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-03

La ley 22.362 ha atenuado la rigurosidad de la antigua legislación y en la actualidad el concepto de interés legítimo debe considerarse comprensivo de cualquier utilidad de la vida del solicitante u oponente comprendiéndose tanto las ventajas de orden patrimonial, como aquéllas que inciden en otros planos de la vida individual. Entiendo que la actora ha cumplido con la exigencia del art. 4 de la ley 22.362, pues se trata -en la especie- de una persona dedicada a la informática y cuyo interés aparecería concentrado evidentemente en el logro de la registración misma, a partir de la cual comenzó a designar sus productos e identificarse frente al público. Este extremo -interés legítimo en la obtención del registro- no siempre es fácil de demostrar al tiempo de la presentación de la solicitud, pero que puede ser verificado en función del conjunto de circunstancias y atendiendo a los hechos subsiguientes, por lo que no es apropiado en este punto un criterio de estrictez, bastando para tener por cumplido el recaudo legal la intención de usar la marca (esta Sala, causas 4773/00 del 19-4-05 y sus citas; 2534/99 del 13-9-05; 6357/05 del 11-12-07; Sala 2, causa 9686/00 del 22-6-07).
Empleo público, sanciones administrativas, régimen disciplinario administrativo, razonabilidad del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Guerberoff, Eduardo c/ Provincia de Córdoba s/ Plena jurisdicción - Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1997-08-26

Las normas estatutarias que regulan la relación de empleo público establecen dispositivos flexibles para que la autoridad que debe aplicar la sanción valore las circunstancias concretas de cada caso y resuelva en consecuencia. En ocasiones un mismo hecho puede ser causa para aplicar una suspensión o una cesantía, a partir de la gravedad de la sanción. En su proyección actual, la razonabilidad, proporcionalidad o congruencia es una técnica de control que indaga la relación entre los medios utilizados y los resultados conseguidos, con el siguiente criterio: mitad racional y mitad justo. Es decir, aglutina en su seno valoraciones sobre proporcionalidad y justicia, pudiendo relacionarse con las más diversas modalidades del ejercicio de la función administrativa: actividad vinculada, discrecional, técnica, etcétera. Para constituir un vicio de juridicidad también debe ser notoria y fácilmente acreditable. Constituye un deber inclaudicable de la administración en el marco del Estado de derecho, velar permanentemente por la legalidad de su actividad, el correcto desempeño de sus agentes y la transparencia en el ejercicio de la función pública. No puede existir ningún impedimento cuando la administración quiere promover el esclarecimiento de ciertos hechos a fin de proteger el principio de legalidad en el obrar administrativo. Empero, ello debe hacerse resguardando las garantías del debido proceso, el principio general de inocencia y por lo tanto la acreditación del hecho imputado con la certeza legal necesaria.
Competencia contencioso administrativa, habilitación de instancia, facultades del juez
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Gorordo Allaria de Kralj,  Haydée María c/ Estado Nacional (Ministerio de Cultura y Educación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-04

Cuando está en juego el patrimonio estatal, es inaplicable el criterio según el cual es inadmisible el control por los jueces de los requisitos de admisibilidad de la acción procesal administrativa con anterioridad a la traba de la litis (Voto del Dr. Carlos S.

Fayt).
Remuneraciones accesorias, viáticos sin rendición de cuentas documentada, remuneración, reducción salarial
Materia: LABORAL
Carátula: Coquibus  María  Norma  y  otro c/ Administración Nacional de laSeguridad Social Anses s/ diferencias de salarios.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-08

El el caso de la modificación de la asignación por movilidad fija de carácter remunerativo prevista en el art. 37 inc. 1) del Convenio Colectivo celebrado el 29.10.92 por el CCT 305/98 "E" que estableció que dichos viáticos no están sujetos a rendición de cuentas y por lo tanto carecen de carácter remuneratorio, no puede ser considerada como una rebaja remuneratoria que justifique un reclamo por diferencias salariales. En este sentido, el argumento basado en la regla de la condición más beneficiosa no resulta idóneo para cuestionar la validez modificatoria del CCT 305/98 "E".La cuestión del respeto de la condición más beneficiosa, entendida como la imposibilidad convencional y legal de establecer nuevas condiciones de trabajo de inferior grado protectorio que las sustituídas se vincula con el llamado principio de progresividad. La condición más beneficiosa se limita a la salvaguarda de los derechos incorporados al contrato de trabajo por la voluntad de las partes individuales del contrato. Ninguna norma jurídica actualmente vigente da pie a sostener que un nuevo convenio colectivo negociado, pactado y homologado en los términos de la ley 14.250 carezca de aptitud plena para derogar, desplazar y/o reemplazar otro anterior, con la limitación prevista en el art. 8 de dicha ley que en forma explícita y exclusiva resguarda las condiciones más favorables estipuladas en los contratos individuales de trabajo. (Del voto del Dr. Maza). Toq. 1233.
Contestación de la demanda, prueba, carga de la prueba, juicio
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL - PROCESAL
Carátula: CADENAS, JUAN BAUTISTA c/ MONTEBELLO SACI Y M s/ COBRO DE PESOS.    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.     CSJ EXPTE NRO 64-86
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-02-18

Los términos de la demanda -y su consecuente contestación- circunscriben el objeto procesal al que las partes enderezarán su actividad probatoria, ciñéndose a las reglas sobre carga de la prueba en las que incidirá, obviamente, el tipo de acción ejercitada, importando cualquier desviación al momento del decisorio un intempestivo embate a su derecho de defensa: sintéticamente, no es lo mismo que algo deba ser acreditado por quien lo alega a que deba ser desvirtuado por quien lo ataca. Son estas reglas, en atención al objeto procesal que resulte a la traba de la litis, las que regirán la estrategia procesal de las partes, quienes cifrarán legítimas expectativas dentro del esquema así establecido.

Del voto del Dr Iribarren.
Irretroactividad de la ley penal, delitos contra la humanidad
Materia: PENAL
Carátula: Luera, José Ricardo Y Otros s/ Recurso De Casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-03-12

La regla de irretroactividad de disposiciones penales posteriores al hecho que impliquen un empeoramiento de las condiciones de los encausados contiene una excepción para aquellos actos que constituyen crímenes contra la humanidad, ya que se tratan de supuestos que no han dejado de ser vivenciados por la sociedad entera dada la magnitud y la significación que los atañe, lo que hace que no sólo permanezcan vigentes para las sociedades nacionales sino también para la comunidad internacional misma, conforme ha manifestado nuestro máximo tribunal. (del voto de la Dra. Ana María Figueroa)
Contrato de trabajo, relación de dependencia, fletero, remuneración
Materia: LABORAL
Carátula: BENITEZ, VICTOR c/ TAMANARA YOSHIMAZU s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-30

Es suficiente para admitir la condición de trabajador que el fletero, como persona física, preste servicios a cambio de una remuneración, integrando los medios personales que constituyen la empresa que el empleador montó para atender a sus clientes en base al trabajo de aquél y de otros fleteros que se integraron voluntariamente a la organización (artículos 9, 22, 25 y 26 Ley de Contrato de Trabajo).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, aclaratoria (procesal)
Materia: LABORAL
Carátula: Sunino, Rosa Angélica c/ Sulkin, Isaac y/u otro s/ Cobro de haberes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-09-18

En atención a que la potestad revisora de la Suprema Corte se circunscribe al contenido del fallo y a su concreta impugnación, no corresponde que se expida sobre temas que no fueron objeto de decisión por los jueces de grado y cuyo remedio, tratándose de conceptos independientes y por tanto separables, pudo buscarse por vía de aclaratoria.
Accidente de tránsito, daño moral, daños al automotor
Materia: CIVIL
Carátula: MAZAS, José Alberto y otro c/ SARDO, Miguel y otro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-10

Cuando se han producido deterioros en los automotores, pero sin consecuencias físicas para sus ocupantes, es claro que no procede la indemnización por daño moral, puesto que éste atiende a los dolores y padecimientos sufridos por la víctima de un ilícito entre los que no pueden incluirse las molestias ante los trámites que deban realizarse o el desagrado que pudieran provocar los deterioros del vehículo.-
Violencia familiar, guarda provisoria, competencia por el territorio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: A. J. A. (A. D. E.) c/  s/ Guarda
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2022-03-17

Ante el requerimiento de medidas de protección contra la violencia familiar y la guarda provisoria de menores (en casos también: alimentos, custodia provisoria, restitución y régimen de comunicación), considerando la competencia territorial establecida por el domicilio de la víctima (art. 6, ley 12569), y la competencia limitada del Juzgado de Paz ( art. 61 párrafo I, Ley 5827, texto según ley 13.645 que derogó el inciso "g" que le otorgaba competencia en materia de familia) , frente a la especialidad de los Tribunales del Familia ( art. 827 incs. g, m y ñ, C.P.C.C.), son éstos los que resultan idóneos para el tratamiento de toda la problemática (Resolución 27/201 y Acordada 2972 de esta Suprema Corte). Máxime cuando el nuevo Código Civil y Comercial exige jueces especializados que cuenten con apoyo multidisciplinariopara resolver la problemática de esa naturaleza (art. 706, inc. "b").
Prueba, prueba testimonial, testigos, citación por la fuerza pública
Materia: LABORAL
Carátula: ARCURI, ALEJANDRO c/ MORISCO SRL s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-30

El apercibimiento de conducir a los testigos por la fuerza pública es atinado cuando existe una resistencia de aquel que debe declarar, no cuando su comparecencia se ve frustrada por la notificación en un domicilio incorrecto. Si aquel que se encuentra interesado en una declaración no aporta un elemento esencial para lograr la prueba deseada, no puede exigirse al juez el cumplimiento de más recaudos que los que la ley señala.
Recurso de casación, contratos
Materia: CIVIL
Carátula: MOLINA JOSE Y MARIA A.SALOMON c/ ANGEL A.CABAÑAS Y OTROS s/ RESOLUCION DE CONTRATO-RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1991-10-16

La interpretación de los contratos es tarea reservada a los jueces de las instancias ordinarias y exentas de censura a través del recurso de casación, salvo caso de absurdo, el que de no configurarse deviene improcedente el recurso interpuesto. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Interdictos posesorios, interdicto de recobrar
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: L., G.S. s/ Interdicto de Retener
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-02-17

El interdicto de recobrar no procede cuando la perturbación o amenaza es de derecho o jurídica, o no se ejerce directamente sobre la cosa.
Abuso de firma en blanco, instrumentos privados, prueba, prueba testimonial, principio de prueba por escrito
Materia: PENAL
Carátula: Dri, Roberto D. s/ Defraudación. Abuso de firma en blanco
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-04-04

Si bien por imperio del art. 1017 del C. Civil, el signatario del documento firmado en blanco puede oponerse al contenido del acto, probando que las obligaciones contenidas en él no han sido las pactadas, es terminante la prohibición impuesta por el art. citado, en consonancia con el art. 1193 del mismo cuerpo, en cuanto a que dicha prueba no puede ser hecha por testigos y por ello debe absolverse al procesado si la prueba de cargo se basó en las declaraciones de testigos que acreditaron el supuesto abuso.
Recurso de reconsideración, CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA
Materia: PROCESAL
Carátula: Maldonado, Francisco César y otro c/ Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de La Provincia de Córdoba s/ demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2012-11-27

El régimen de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Provincia de Córdoba (Ley 8024) regula los plazos procesales para interponer el recurso de reconsideración previsional en forma especial en pos de garantizar el derecho a la tutela administrativa y judicial efectiva y evitar un excesivo rigor formal, por lo cual debe adoptarse el criterio según el cual rige la extensión del plazo prevista en el art. 81 de la citada ley para quienes no se domicilien en el radio del Departamento Capital, aún cuando hayan constituido domicilio dentro de éste, para así habilitar la instancia del control judicial, conjugando los principios pro homine y pro actione que consisten en brindar la mayor garantía a los derechos humanos y promover la interpretación más favorable al ejercicio del derecho de acción, asegurando, en lo posible y más allá de las dificultades de índole formal, una decisión sobre el fondo de la cuestión objeto del procedimiento.
Contrato de beca, pasantías, adicionales de remuneración, carácter no remuneratorio
Materia: LABORAL
Carátula: PAGGI, Graciela c/ ENTEL Y OTRO s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-25

Los contratos de beca se entienden, por su naturaleza, destinados a quienes requieren una particular capacitación constituyendo, por parte de la empresa la posibilidad de brindar una formación mediante el pago de una asignación o estímulo para solventar los gastos de los becarios, que no posee carácter remuneratorio.
Salario mínimo, vital y móvil, constitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Adan, Enrique Alejandro c/ E.S.E.B.A. S.A. (Continuadora de D.E.B.A.) s/ Enfermedad del trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-10-14

Declarada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación la inconstitucionalidad de la resolución 7/89 del Consejo Nacional del Salario Mínimo Vital y Móvil e inaplicable el valor nominal de veinte mil australes fijado en tal resolución, dicho importe debe ser actualizado desde el 1-VIII-89 hasta la fecha en que el actor tomó conocimiento de la determinación de su minusvalía, resultando de aplicación el índice del salario del peón industrial, por ser el instrumento adecuado para obtener el fin que se procura.