Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-02-23


////Mercedes, 23 de Febrero de 2012 Autos y Vistos: Considerando:

I.- El actor interpone recurso de apelación contra la decisión de la Sra. Jueza de Primera instancia de inhibirse de oficio en las presentes actuaciones. Ello teniendo en cuenta el domicilio real de las demandadas y con fundamento en el art. 36 de la Ley de Defensa del Consumidor nro. 24.240 y sus modificatorias (L.D.C.) y en el criterio sentado por la S.C.B.A. en la causa "Cuevas, Eduardo Alberto c/ Salcedo, Alejandro René s/ Cobro ejecutivo" nro. 109.305 del 1/9/2010 y "B.B.V.A. Banco Francés S.A. c/ Ortiz, Miguel Ángel y otro/a s/ Cobro ejecutivo. Incidente de competencia" nro. 113.770 del 16/3/2011.

II.- El recurrente presenta su memorial a fs. 17/18. Dice, fundamentalmente, que se están obviando los principios que rigen en materia de pagará (abstracción, literalidad y autonomía); cita otros fallos de la S.C.B.A. que señalan que la relación de consumo debe constatarse mediante elementos serios y adecuadamente justificados y que la competencia territorial es prorrogable en asuntos patrimoniales; finalmente, sostiene que el cobro ejecutivo de un pagaré no permite constatar a simple vista que haya una relación de consumo.

III.- Esta Sala ha dicho reiteradamente que debe, en principio, seguirse la doctrina del máximo tribunal de la provincia, dado que el objeto del recurso de inaplicabilidad de ley es procurar la unidad de la jurisprudencia y tal propósito se frustraría si los tribunales inferiores insistieran en soluciones que irremediablemente habrían de ser casadas. Añadió que pese a que ni la ley ni el máximo tribunal exigen un número determinado de fallos coincidentes para que pueda hablarse de "doctrina legal", esta se configura sólo cuando puede decirse que se ha consolidado a través de varios pronunciamientos. Ello así porque la reiteración de fallos en igual sentido es lo que hace predecible que la Corte fallará de la misma manera, y por razones de economía procesal y seguridad jurídica - previsibilidad sobre todo para los litigantes - no es conveniente dejar de lado tal doctrina (entre otras, causa nro. 112.404 del 15/10/2009).

Ahora bien, es necesario precisar la doctrina de la S.C.B.A a fin de determinar si resulta de aplicación a este caso.

Así, puede recordarse en forma muy sintética que el máximo Tribunal provincial en la causa "Cuevas" antes citada y luego en las causas "Electrónica Megatone S.A. c/ Cabral, Gerardo Adrián s/ Cobro Ejecutivo" nro. 111.325 del 29/9/2010, "Bilbao, Edgardo Cesar c/ Ochoa, Mónica del Valle s/ Cobro Ejecutivo" nro. 111.152 del 13/10/2010, y "B.B.V.A. Banco Francés S.A. c/ Ortiz" también citada anteriormente, dijo lo siguiente: El legislador nacional, al promover la protección a la parte débil del contrato financiero de consumo, no ha dado una respuesta concreta a la siguiente problemática: por un lado, el art. 36 L.D.C. modificado por la ley 26.361 impide la prórroga de jurisdicción en perjuicio del usuario e impone que las controversias respectivas tramiten ante los tribunales más próximos a éste; por otro, en los títulos abstractos está vedada la discusión sobre la causa de la obligación (art. 542 C.P.C.C.) por lo que no es posible indagar más allá del documento para verificar si la convención que dio lugar al pagaré es efectivamente una de aquellas protegidas por el indicado precepto tutelar. Frente a este tipo de dilema, debe imperar un criterio hermenéutico que permita arribar a la solución que proteja del modo más eficiente posible la finalidad tuitiva de grupos tradicionalmente postergados y particularmente vulnerables como ocurre con los usuarios y consumidores. Dicha lectura "armonizante" consiste en autorizar a los jueces a declarar de oficio la incompetencia territorial a partir de la constatación (mediante elementos serios y adecuadamente justificados) de la existencia de una relación de consumo a las que se refiere el art. 36 L.D.C. (Del voto del Dr. Hitters). Si bien es cierto que en las cuestiones exclusivamente patrimoniales se encuentra autorizada la prórroga de la competencia territorial atribuida a los tribunales provinciales (art. 1º C.P.C.C.), el art. 36 L.D.C. establece una excepción a dicha facultad de los particulares. Luego, el juez se halla habilitado para rechazar de oficio su competencia si constata que, en fraude a la ley, la ejecución se encuentra causada por una operación financiera para consumo o de crédito para consumo. Habría quedado configurado un supuesto de abuso de derecho mediante la utilización del fraude a la ley. No es posible aceptar que el esfuerzo normativo llevado a cabo por el legislador nacional a través del establecimiento de una competencia territorial improrrogable en beneficio de la parte débil de la relación de consumo, con clara finalidad tuitiva, pueda ser dejado de lado por el simple recurso de acudirse a títulos cambiarios para instrumentar la deuda (Del voto del Dr. Pettigiani).

En suma, puede decirse que la doctrina de la S.C.B.A. indica que los jueces deben declarar de oficio la incompetencia territorial a partir de la constatación (mediante elementos serios y adecuadamente justificados) de la existencia de una relación de consumo a la que se refiere el art. 36 L.D.C.

Esta doctrina ha sido aplicaba también por la S.C.B.A. en las causas "T.E.V. S.A. c/ Picagua Bogado, Laura Beatriz s/ Cobro ejecutivo" nro. 113.588 del 22/12/2010 y "Macrostar S.R.L. c/ Gómez, Jorgelina y otro s/ Cobro ejecutivo" nro. 114.308 del 27/4/2011 (citada por el recurrente), en las cuales entendió que no se advertía de la compulsa de las actuaciones la existencia de una relación de consumo a las que se refería el art. 36 L.D.C.

Cabe agregar que, en sentido similar a los pronunciamientos de la S.C.B.A, con fecha 29/6/2011, se expidió, por mayoría, la Cámara Nacional Comercial en plenario autoconvocado. La doctrina del plenario fue la siguiente: "1 -En las ejecuciones de títulos cambiarios dirigidas contra deudores residentes fuera de la jurisdicción del tribunal: 1. Cabe inferir de la sola calidad de las partes que subyace una relación de consumo en los términos previstos en la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, prescindiendo de la naturaleza cambiaria del título en ejecución. 2. Corresponde declarar de oficio la incompetencia territorial del tribunal con fundamento en lo dispuesto en el art. 36 de la Ley de Defensa del Consumidor." IV.- En el presente caso, como se dijo antes, lo único que tuvo en cuenta la juzgadora fueron los domicilios reales de las demandadas. Sin embargo, el actor es una persona física y no se advierten en autos otros elementos que puedan indicar que exista una relación de consumo en los términos del art. 36 L.D.C.

Es decir no se configuran los extremos exigidos por la S.C.B.A. en el fallo "Cuevas" y los pronunciamientos posteriores.

Por el contrario, el caso de autos se asimila a lo decidido por la S.C.B.A en "T.E.V. S.A." y "Macrostar S.R.L." en donde se dijo lo siguiente ".Así, habiendo el actor promovido la demanda en el lugar del cumplimiento de la obligación indicado en el documento (art. 5 inc. 3, C.P.C.C.) tal declaración oficiosa resulta prematura (conf. Ac. 102.056, resol. del 13-II-2008; Ac. 102.349, resol. del 12-III-2008; C. 108.875, cit.) sin que se advierta en la especie, de una detenida compulsa de las actuaciones, la constatación (mediante elementos serios y adecuadamente justificados) de la existencia de una relación de consumo a las que se refiere el art. 36 de la Ley de Defensa al Consumidor, que permitiera juzgar la cuestión de un modo diverso (conf. doct. causa C. 109.193, "Cuevas", resol. del 11-X-2010; C. 111.325, "Electrónica Megatone S.A.", resol. del 29-IX-2010; C. 111.152, "Bilbao", resol. del 13-X-2010; C. 113.588, "T.E.V. S.A.", resol. del 22-XII-2010)." POR ELLO, de acuerdo al art. 5 inc. 3º C.P.C.C. y jurisprudencia citada, SE RESUELVE: Revocar la decisión apelada debiendo la presente causa continuar tramitando ante el Juzgado Civil y Comercial Nro. 1 de este Departamento Judicial, lo que deberá comunicarse a la Receptoría General de Expedientes. NOT. y DEV.