Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-11-30


BAIMA, Gaspar Sucesores de contra TURISMO LAS TRES MARIAS S.R.L.

Reg.: A y S t 203 p 192-197.

En la ciudad de Santa Fe, a los treinta días del mes de noviembre de dos mil cuatro se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores María Angélica Gastaldi, Mario Luis Netri y Eduardo Guillermo Spuler, con la presidencia del señor Ministro doctor Rafael Francisco Gutiérrez, fin de dictar sentencia en los autos caratulados "BAIMA, Gaspar Sucesores de contra TURISMO LAS TRES MARÍAS S.R.L. -Cobro de Australes- sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. Nro. 487, Año 2002).

Se resolvió someter a decisión las cuestiones siguientes: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto?; SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente?, y TERCERA: en consecuencia, qué resolución corresponde dictar. Asimismo se emitieron los votos en el orden en que efectuaron el estudio de la causa, o sea, doctores Spuler, Gutiérrez, Netri y Gastaldi. A la primera cuestión -¿es admisible el recurso interpuesto?- el señor Ministro doctor Spuler dijo: 1. Por sentencia de fs. 235/238 v., la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Laboral de la ciudad de Rosario hizo lugar parcialmente al recurso de apelación deducido por la accionada y, en consecuencia, modificó el fallo de baja instancia en cuanto condenaba a pagar la indemnización por muerte del señor Gaspar Baima, confirmándolo en lo demás.

Contra tal pronunciamiento interpuso la actora recurso de inconstitucionalidad con fundamento en el artículo 1, inciso 3, de la ley 7.055, agraviándose de que la Alzada -al fallar- ha desconocido las pruebas que demuestran la existencia de una relación entre la muerte y el trabajo, como la pericial médica, el testimonio del médico de Baima (a fs. 119); las testimoniales de los compañeros de labor y la pericial contable que acreditaban la falta de descansos de ley y que durante todo el año anterior a su muerte, Baima trabajaba tres turnos por día, y dos turnos el tiempo de labor restante, sin que la accionada atendiera su estado de salud, como lo reconoce a fs. 97, incumpliendo así con la obligación impuesta por el artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo, lo cual no podría sino agravar la responsabilidad patronal.

Expresó que si bien el dictamen médico no obliga al juez, éste sólo puede apartarse de sus conclusiones dando argumentos sólidos, serios y "de fondo científico", y que en el caso el Tribunal se limitó a afirmar dogmáticamente que el nexo de causalidad "no fue suficientemente acreditado" descartando la pericia médica sin poner de manifiesto errores del perito ni dar base científica alguna para tal conclusión, desconociendo así extremos sustanciales para la resolución del litigio.

Aseveró que los sentenciantes postulan que la causa de la muerte no está determinada, omitiendo considerar que dos médicos intervinientes en el juicio han afirmado que Baima murió a raíz de un síncope cardíaco derivado de infarto de miocardio, conclusión que es dejada de lado sin fundamento alguno.

Concluyó afirmando que la sentencia también contradice el régimen de la ley de accidentes de trabajo, y en particular su artículo 5, invirtiendo la carga de la prueba y eximiendo de responsabilidad a la accionada a pesar de que la misma no acreditó ninguna de las eximentes legales y de que también se había demostrado el incumplimiento del deber de seguridad que le incumbía dada su condición de empleadora (fs. 251/263 v.). Evacuado que fuera el traslado respectivo (fs. 266/268 v.), la Sala denegó la concesión del recurso por auto de fs. 276/277 v., accediendo la impugnante a la instancia extraordinaria por vía de queja (resolución de esta Corte registrada en A. y S., T. 183, pág. 443).

En el nuevo juicio de admisibilidad del recurso -prescripto por el artículo 11 de la ley 7.055- he Tal conclusión resulta de considerar que en el caso la recurrente omite demostrar que el fallo atacado haya vulnerado efectivamente las normas que invoca o excedido el límite de razonabilidad a que está subordinada la valoración de la prueba (cfr., Fallos, 312:1983; 315:886), y en definitiva sólo explicita su mera disconformidad con las afirmaciones efectuadas por el Tribunal a quo al entender que correspondía revocar parcialmente el fallo de baja instancia en cuanto acogía el reclamo indemnizatorio por la muerte del señor Baima.

Cabe recordar que, para así resolver, la Alzada consideró que el reclamo (oportunamente fundado en la ley 9.688, modificada según ley 23.643) no podía prosperar atento a que, como lo ha entendido la doctrina, "las enfermedades cardíacas en general (...) no configuran por sí mismas enfermedades accidente indemnizables, debiendo ser acreditada la relación de causa a efecto existente con el trabajo", y en el caso "dicho nexo de causalidad no fue suficientemente acreditado aun cuando el perito médico considere (o suponga) lo contrario. En realidad, ni siquiera está claramente determinado en autos cuál fue en concreto la causa de la muerte, refiriendo reiteradamente el experto a la carencia de datos que le permitan un dictamen más ajustado". Agregó que la parte actora no había cumplido en el caso con la carga de demostrar las "durísimas condiciones laborales" que -según sus afirmaciones en la demanda- habrían afectado la salud del señor Baima de tal forma que llevaron a su deceso (el 27 de julio de 1991), y que, sin desconocer la situación de stress a que normalmente están expuestos los conductores del transporte urbano de pasajeros, en el caso de Baima y de acuerdo al diagrama horario contenido en el anexo II de la pericial de fs. 143. "aquél cumplía una jornada que en la mayoría de los casos no alcanzaba las siete horas diarias, repartidas en dos turnos y con otorgamiento de francos, excepto en el año 1990 cuyo desempeño fue en tres turnos, desde mediados de febrero hasta principios de diciembre", cuando retoma su horario habitual, "el que en modo alguno importa las 'durísimas condiciones' que se pretenden en la demanda".

"Vale decir -concluyó- (que) El impugnante pretende ahora poner en cuestión la validez de tal respuesta, y se agravia de que la Sala habría prescindido arbitrariamente de la pericial médica rendida en autos y de las declaraciones de los testigos, arribando en última instancia a un fallo que invertiría la carga de la prueba y desconocería el régimen de la ley de accidentes de trabajo.

La evaluación del peso de estas argumentaciones a la luz de las constancias de autos me convence de que -conforme lo anticipara- nos encontramos ante la inequívoca e inadmisible pretensión de reanudar, bajo el matiz de la impugnación constitucional, un debate ya agotado en las instancias ordinarias, y que la recurrente no intenta otra cosa que revisar la corrección de una respuesta que, más allá de su acierto o error, no puede verse ciertamente como un acto "inconcebible dentro de una racional administración de justicia" -voto del Justice Holmes en "Chicago Life Insurance Company and the Federal Life Insurance Company, Plffs. in Err., v. Bertha R. Cherry", 244 U.S. 25 (1917), citado en Fallos, 247:713-, por lo cual deviene inadmisible la tacha de arbitrariedad, que como lo ha dicho el Alto Tribunal de la Nación desde "Rey c. Rocha" (Fallos, 112:384, año 1909) únicamente encuentra asidero cuando se trata de sentencias "fundadas tan sólo en la voluntad de los jueces".

En tal sentido es innegable que las conclusiones a las que arribaron los jueces desde el plano fáctico encuentran justificación bastante en una lectura posible de los elementos aportados a la causa, que encuentra asidero en criterios doctrinarios y jurisprudenciales, y que no ha sido desvirtuada por la ocurrente, quien no ha logrado demostrar que aquéllos (al hacer ejercicio de sus facultades privativas) se hayan apartado de pruebas idóneas sobre la base de razonamientos puramente subjetivos que, al llevar ínsito un claro voluntarismo sobre el tema, tornen descalificables sus conclusiones a tenor de la doctrina de la arbitrariedad (cfr., Fallos, 312:592, cons. 5º).

Así, en cuanto a la referida pericia, no es ocioso recordar el carácter no vinculante que pacíficamente se atribuye a los peritajes médicos y la posibilidad que tienen los tribunales de -incluso- apartarse de los mismos a la hora de juzgar la realidad de los hechos debatidos sin que tal proceder signifique -cuando media justificación válida- una violación del derecho a la jurisdicción (vide, Fallos, 321:1827, votos disidentes); como lo ha dicho el Alto Tribunal de la Nación, los dictámenes periciales están sujetos -como todo otro elemento probatorio- a valoración por parte de los jueces y no son obligatorios para los mismos cuando las circunstancias objetivas aconsejan no aceptar totalmente sus conclusiones (Fallos, 315:2774).

Teniendo ello presente, corresponde señalar que el criterio adoptado en el caso por los sentenciantes para valorar tal constancia no puede verosímilmente calificarse de arbitrario, atendiendo en particular a las características del informe presentado por el perito médico designado en autos, quien reiteradamente hizo hincapié en el desconocimiento de los antecedentes médicos del difunto -"no se conoce la antigüedad de su hipertensión ni la evolución de la misma" (fs. 123 v.)- y en su crítica a la autopsia practicada (a la que calificó de poco concreta "tanto en su contenido como en sus conclusiones", conceptos sobre los que volvió en su responde de fs. 136, cuando observara -por ejemplo- que en una autopsia "no podemos decir que (la muerte) fue por muerte súbita o por infarto agudo de miocardio si no describimos la conformación del corazón, si no cortamos para ver sus cavidades, sus vasos, etc."), lo cual se tradujo en su hora en un informe que se distingue Idéntica ausencia de viabilidad en orden a la descalificación del fallo cabe predicar del planteo de prescindencia de las declaraciones testimoniales rendidas en la presente causa, cuyo mérito fue ponderado por el Tribunal a quo con un criterio que, más allá de su acierto o error, se mantiene dentro de los márgenes de lo admisible constitucionalmente, siendo forzoso concluir en que la solución de la Alzada satisface en el punto el requisito de debida fundamentación exigible en las decisiones judiciales, al sustentarse en una apreciación posible -aunque no necesariamente sea la única posible- de la prueba producida en el proceso, conducente para la solución del litigio, por lo que se encuentra exenta de reproche con base en la doctrina en materia de arbitrariedad de sentencias (vide Fallos, 310:927; 311:1171; 312:1234, entre otros).

La suerte adversa de la impugnación no puede variar con sustento en la alegada prescindencia de las reglas en materia de onus probandi, pues tal agravio sólo traduce la mera discrepancia con el criterio adoptado por la Sala -en cuestiones de interpretación de normas de derecho común y procesal- cuando, negada la responsabilidad por la empleadora, destacara la necesidad de demostración del nexo causal entre el trabajo y la muerte de Baima, adoptando una premisa que no puede ser invalidada por el eventual incumplimiento de las obligaciones impuestas por la ley 19.587 (vide Fallos, 316:2084), y q Por ello, y no obstante lo dictaminado por el señor Procurador General a fs. 295/297 v., voto por la negativa.

A la misma cuestión los señores Ministros doctores Gutiérrez, Netri y Gastaldi expresaron idénticos fundamentos a los expuestos por el señor Ministro doctor Spuler y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión -en su caso, ¿es procedente?- el señor Ministro doctor Spuler dijo: Atento el resultado obtenido al tratar la primera cuestión, no corresponde expedirse sobre ésta.

Así voto.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Gutiérrez, Netri y Gastaldi expresaron idéntico fundamento al expuesto por el señor Ministro doctor Spuler y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión -en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?- el señor Ministro doctor Spuler dijo: Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde declarar inadmisible el recurso interpuesto, con costas (artículo 12, ley 7.055).

Así voto.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Gutiérrez, Netri y Gastaldi dijeron que la resolución que correspondía dictar era la propuesta por el señor Ministro doctor Spuler y así votaron.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Declarar inadmisible el recurso, con costas al recurrente.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando los señores Ministros por ante mí, doy fe.

Fdo.:GUTIERREZ-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)