Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-22


SENT. INT. N° 18.332 EXPTE. N° 15.l50/2007 (25.172) JUZGADO N° 61 SALA X AUTOS: "VIETRI, DARIO TOMAS c/ GRUAS SAN BLAS S.A. Y OTRO S/ ACCION CIVIL" Buenos Aires, 22/03/2011.

VISTO:

El presente incidente acontecido frente a la apelación en subsidio obrante a fs. 478/80 y su contestación por el actor a fs. 509/516.

Y CONSIDERANDO:

1°) Que el Banco de la Ciudad de Buenos Aires se presentó en las actuaciones durante la etapa de ejecución de sentencia y articuló recurso de apelación contra la providencia dictada por el Juzgado "a quo" por la cual la magistrada que precede le ordenaba abstenerse de aplicar la comunicación del Banco Central de la República Argentina "A" 5147 y le entregara al actor la suma allí depositada en dinero en efectivo y contra la presentación del pertinente giro judicial, excepto que el beneficiario peticionara el depósito de esa suma en la cuenta bancaria que indique.

La juez "a quo" desestimó la concesión de ese recurso de apelación y contra esa decisión el Banco dedujo recurso de queja y de ese modo este Tribunal, por resolución dictada antes de ahora, declaró mal denegado el recurso como así también su pertinente concesión y confirió traslado de los agravios al actor, quien produjo su réplica (fs. 507 y fs. 509/16).

2°) Que la causa, al momento actual, se encuentra en situación para resolver y para ello una razón de método hace necesario comenzar el tratamiento acerca de si el Banco de la Ciudad de Buenos Aires se halla o no legitimado formalmente para deducir el planteo relatado.

Este Tribunal entiende en el punto que si bien es absolutamente claro que la institución bancaria no es "parte" en estricto sentido, también lo es que resulta prudencial admitir su legitimación para objetivar en las actuaciones -como lo hizo- su postura opuesta a la providencia de la "a quo" que dispuso el inmediato pago en efectivo porque, un proceder diferente al asumido, podría implicar para el Banco aquí requirente que ha desconocido una comunicación del Banco Central (la "A" 5147), quien constituye una entidad de contralor y supervisión.

3°) Que también este Tribunal considera pertinente aclarar que no es abstracta al tiempo actual la resolución de la incidencia suscitada.

Nótese en ese sentido que el actor en su presentación corriente a fs. 443 (apartado III) expresamente hizo reserva respecto de la controvertida operatividad de la antes aludida comunicación del Banco Central y así lo hizo en relación con los pagos que para él aún se encuentran pendientes en este proceso de ejecución (liquidación de capital según fs. 344/5 y fs. 369/70).

Por tanto, es menester pronunciarse en orden a la incidencia planteada porque ella en la actualidad no tiene un mero interés académico o dogmático sino que media una efectiva colisión de derechos.

3°) Que al dejarse sentadas las consideraciones precedentes, es menester memorar que el primer párrafo del art. 277 de la ley de contrato de trabajo dispone que "Todo pago que deba realizarse en los juicios laborales se efectivizará mediante depósito bancario en autos a la orden del Tribunal interviniente y giro judicial ." al trabajador.

La aludida comunicación del Banco Central de la República Argentina y la consecuente decisión del presidente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires determinaron, en lo que aquí interesa, una modalidad de pago diferente que la prescripta por el citado art. 277 ya que impusieron que los cobros judiciales deberán efectivizarse a través de una cuenta bancaria donde el beneficiario quiera recibir la transferencia y, en el supuesto de no contar con la misma, el Banco procedía a la apertura de una cuenta, sin costo alguno.

El Tribunal considera que no resulta ni válida ni razonable la comunicación reglamentaria "A" 5647 del Banco Central de la República Argentina a poco que se aprecie que se trata de una disposición que no sólo soslaya una expresa norma legal de obvia jerarquía superior (art. 277 L.C.T.) sino que además, en la realidad de los hechos, no se exhibe ajustada al principio de razonabilidad que prevé el art. 28 de la Constitución Nacional en cuanto impide alterar los derechos en ejercicio de la función reglamentaria.

Obsérvese que constriñe al titular del crédito laboral a la apertura de una cuenta bancaria a su nombre, que si bien es sin costo produce -en definitiva- una restricción a la extracción del dinero que le pertenece al trabajador, lo cual importa en concreto una afectación a la libertad y al derecho a la propiedad, ambos de raigambre constitucional.

En efecto, la comunicación reglamentaria que aquí interesa lesiona la libertad del trabajador en la medida en que lo conduce unilateral y coactivamente a bancarizar su dinero, sin brindarle la posibilidad de optar por la percepción de su crédito dinerario en efectivo, aun asumiendo el riesgo de inseguridad que ello implica lamentablemente en la actualidad de nuestros días. Pero no sólo conforma una imposición al trabajador (reitérase que sin darle opción) sino que además vulnera el concepto constitucional de propiedad "adquirida" (en este caso por sentencia judicial firme) a poco que se tenga presente que el crédito laboral se halla ingresado a su patrimonio y, por tanto, su uso y ejercicio no puede ser perturbado. En otras palabras, en este punto la objetada comunicación del Banco Central impide al trabajador el ejercicio libre de un derecho incorporado a su patrimonio (esto es, "adquirido").

Que, de conformidad con todo lo dicho y oída que fue la señora Fiscal General Adjunta según dictamen agregado a fs. 504, el Tribunal RESUELVE: 1) Desestimar el recurso de apelación interpuesto por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires y declarar expresamente inaplicable al caso la comunicación "A" 5147 del Banco Central de la República Argentina y la consecuente decisión del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. 2) Costas de la incidencia a cargo del Banco de la Ciudad de Buenos Aires (art. 37, ley orgánica 18.345). 3) Con base en la vinculación del presente incidente con el proceso de ejecución de sentencia y el mérito de la labor profesional realizada, regúlanse los honorarios de segunda instancia para la representación letrada del actor en la suma actual de $ 3.400 y para la representación letrada del mencionado Banco en la de $ 2.500 (art. 33, ley arancelaria). 4) Hacer saber a la representación letrada del actor que deberá peticionar en la instancia anterior lo referido en su escrito de contestación de agravios acerca del libramiento de un nuevo oficio a la institución bancaria y de aplicación de astreintes con el valor mínimo diario que allí se puntualiza (art. 277 CPCCN) (ver fs. 516, apartado "petitorio", punto D). Cópiese, regístrese, notifíquese con carácter urgente en el día y con habilitación de horas y oportunamente, devuélvanse las actuaciones.