Tribunal: CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2006-11-01


Salta, 01 de noviembre de 2006.

Y VISTOS: Estos autos caratulados ?LOPEZ DE BELIZAN, Beatriz Salome vs. BANCO RIO DE LA PLATA S.A. - PAGO POR CONSIGNACIÓN?, Expte. Nº 51509/02 del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial 1ª Nominación; Expte. Nº 136549/05 de Sala y ____________________C O N S I D E R A N D O La doctora Graciela Carlsen dijo:

I. La sentencia hizo lugar a la demanda de pago por consignación y en su mérito tuvo por canceladas las cuotas objeto del juicio, con costas por el orden causado (fs. 249/252). Disconforme con el fallo apelaron la demandada a fs. 253 y la actora a fs. 266, siendo concedidos ambos recursos a fs. 267.

La actora al fundar el recurso a fs. 280/81 se agravia del fallo por cuanto no determinó el monto correspondiente a las cuotas, afirmando que la decisión de tener por canceladas las cuotas con lo depositado en autos no resulta acertada, debiendo adoptar el decisorio alguna medida tendiente a restablecer la plena vigencia del contrato de mutuo con garantía hipotecaria y evitar así un futuro pleito sobre determinación de deuda.

Se agravia asimismo de la imposición de costas por su orden por cuanto entiende que fue la demandada quien con su conducta de rechazar de manera injustificada la oferta de pago efectuada en escritura pública nº 93/02 originó el proceso y en el juicio rechazó el pago por consignación. Señala además que la situación no encuadra en ninguno de los supuestos contemplados en el art. 70 del CPCC.

El banco accionado expresó agravios a fs. 288/291. Manifiesta que el primer agravio que le ocasiona el fallo es haber acogido el requerimiento de la actora pese a su situación de mora desde el 15-6-01 según pericia de fs. 138?más de 240 días-, y a que la misma no acreditó causa que justificara su incumplimiento.

Señala asimismo, que el primer intento de pago fue en fecha 12-8-02 o sea un año y dos meses después, aun cuando su parte recibiera el pago de cuotas vencidas los que dejaron de efectivizarse en el mes de febrero de 2002. Que la actora carece del derecho a pagar las cuotas originalmente pactadas porque su incumplimiento hizo nacer el derecho de su parte de declarar la caducidad de los plazos y la resolución del contrato.

Que también se debe computar como una limitación al derecho del moroso a consignar, la circunstancia de haber perdido el ius solvendi, sea porque la obligación debía cumplirse en un plazo esencial, sea porque el contrato ya se hubiere disuelto, como en el caso.

Se agravia también en cuanto la sentencia sostiene que su parte no hizo uso de la facultad de hacer caer los plazos y reclamar la totalidad de la deuda, lo que dice- no se ajusta a la realidad por cuanto la actora conocía que por su situación de mora su parte declaró caducos los plazos, por lo que para cumplir adecuadamente su obligación no bastaba el pago de las nueve cuotas sino que debía cancelar la totalidad del saldo deudor con accesorios, ya que su parte no está obligada a recibir pagos parciales.

Solicita se haga lugar al recurso, se revoque la sentencia, con costas, y hace reserva del caso federal.

Contestados los agravios por las partes y llamados los autos para sentencia queda la causa en estado de resolver.

II. Se ha sostenido que el pago por consignación es aquél realizado con intervención judicial que posibilite la liberación forzada del deudor en caso de que existan dificultades para que éste efectúe el pago directamente al acreedor.

Consiste en depositar o poner a disposición de la autoridad judicial las cosas debidas, aún con reserva de negar o discutir la deuda. Para que resulte procedente deben reunirse iguales requisitos que para el pago directo o espontáneo.

Por ello, el depósito que se realice o la puesta a disposición debe comprender el objeto idéntico e íntegro de la obligación, en forma indivisible, en el lugar debido, realizarse en forma oportuna y mediar legitimación activa respecto del pago (cf. CNCiv., Sala A, marzo 31 de 2.005, ?Españadero, Juan Pablo y otro c/ Caquin, Claudia Susana s/ consignación?, expte. 78.094/02).

Al respecto, debe recordarse que el art. 758 del Código Civil dispone que ?la consignación no tendrá fuerza de pago, sino concurriendo en cuanto a las personas, objeto, modo y tiempo, todos los requisitos sin los cuales el pago no puede ser válido. No concurriendo estos requisitos, el acreedor no está obligado a aceptar el ofrecimiento del pago?.

A partir de esta norma, se ha sostenido que en lo que atañe al objeto del pago por consignación rigen los principios de identidad e integridad (cfr. Llambías, Jorge Joaquín, Tratado de Derecho Civil, Obligaciones, 2da. ed., 1975, T. II-B, p. 281, 1562; Parrellada, Carlos, su comentario al art. 758, Código Civil y normas complementarias, Dir. Bueres, Alberto J., Coord. Highton, Elena I., T. 2 B, p. 131 nº 3; Pizarro, Ramón Daniel y Vallespinos, Carlos Gustavo, Instituciones de Derecho Privado, Obligaciones, Edit. Hammurabi, 1999, T. 3, p. 463, nº 2; entre otros). Los acreedores, entonces, no están obligados a recibir el pago de algo distinto a lo debido ni de algo incompleto.

En el mismo sentido, se ha sostenido que el juicio de consignación es un proceso que se abre a favor del deudor para extinguir el ?vinculum juris?, el cual depende de la naturaleza de la prestación y, cuando ésta es dineraria, de la exactitud matemática del depósito que coincida con la totalidad del monto debido.

Cuando consignante y acreedor debaten sobre el importe consignado, dirimir el conflicto verificando si se respetaron los principios de identidad e integridad. Mediante el ejercicio de este recurso legal, el deudor -aun moroso- puede obtener su liberación en forma coactiva para vencer la resistencia de su acreedor, disociándose así el cumplimiento del objeto debido de la real satisfacción del crédito (cfr. Salerno, Marcelo Urbano ?La consignación por el deudor moroso?, La Ley, 1995-A, 337).

Asimismo, se ha dicho reiteradamente que en los supuestos de consignación el actor debe exponer y justificar el motivo por el cual recurre a esta forma de pago (cfr. Llambías, Obligaciones, T. II, p. 875; Busso, Código Civil Anotado, T. V, p. 566), puesto que es el principio recibido que las obligaciones deben ser cumplidas conforme los términos en que fueron celebradas (art. 505 del Código Civil), por lo cual el pago por consignación resulta un remedio excepcional que el ordenamiento jurídico acuerda al deudor para librarse de su obligación, por imposibilidad de cumplimiento normal (cfr. Caseaux-Trigo Represas, II, vol.2, p. 182; Alterini-Ameal-López Cabana, I, núm. 879, p. 415).

III. Por una razón de metodología, corresponde examinar en primer lugar el recurso de la parte demandada. El banco accionado se agravia esencialmente, en cuanto la sentencia, pese a la situación de mora del deudor, ha acogido la demanda de pago por consignación.

Si bien no se encuentra discutida en autos la situación de mora en que ha incurrido la parte actora en el cumplimiento de la obligación estipulada en el mutuo hipotecario, y ésta ha quedado corroborada con la pericial contable producida, este agravio no resiste el menor análisis, desde que tal como lo ha establecido la sentencia y ha sido receptado por la más autorizada jurisprudencia, el deudor moroso puede recurrir a este remedio excepcional mientras la acreedora ?en este caso el banco-, no haya hecho uso de la facultad estipulada en el contrato de declarar caducos los plazos y de rescindir el contrato, aun en caso de que estuviere pactada la mora automática (cfr. Salvat-Galli, Derecho Civil Argentino-Obligaciones en General, t. II, p. 380).

En efecto; no acreditó el banco haber requerido en forma fehaciente a la actora el pago de lo adeudado, como consecuencia de su voluntad de declarar caducos los plazos pendientes de la obligación convenida en la escritura de hipoteca y por ende la rescisión del contrato, lo que ocurrió en fecha posterior a la intimación efectuada por ésta al banco mediante escritura pública nº 93.

Esto surge del cotejo de la actuación notarial mencionada de fecha 12 de agosto de 2002, y de la demanda por ejecución hipotecaria de fecha 16 de agosto de 2002 (cfr. documentación y expediente reservado en Secretaría).

No es cierto, como afirma la recurrente, que la actora quedara notificada de la decisión del banco de rescindir el contrato y de declarar caducos los plazos en oportunidad de la interpelación efectuada por el notario en la escritura referida, por no haber mediado una exigencia expresa de cumplimiento (cfr. CNCiv., sala A, La Ley 104-227 y JA 1965-V-305; STSanta Fe, J 18-155, citados en Salas, Código Civil anotado, t. 1, p. 251).

De esto se extrae asimismo, que la resistencia del banco accionado a recibir el pago ofrecido mediante la intervención del notario, fundada en la situación de mora de la deudora, ha sido injustificada.

En cuanto a los principios de identidad e integridad que hacen al objeto del pago, indispensables para la viabilidad del pago por consignación, el banco accionado no formuló observación alguna en la instancia de origen en orden a la moneda del pago ?que coincide con la reclamada en la ejecución hipotecaria-, cuanto a la completividad del mismo, y ahora en la alzada no formula agravio alguno a este respecto, por lo que, tal como lo resolvió la sentencia impugnada, cabe tener por satisfecho también este recaudo.

Ello, sin perjuicio del derecho de la acreedora a percibir los rubros que correspondan conforme lo estipulado en el contrato, en concepto de gastos administrativos, seguros, etc., y de la recomposición del capital e intereses que resulten de la aplicación de la normativa de emergencia ?ley 25.561, decreto 214/02, y disposiciones reglamentarias y modificatorias-, de orden público, que resultase al momento de la liquidación.

La pretensión de pago por consignación, en consecuencia, devino procedente, y los agravios resultan insuficientes para conmover el decisorio en crisis, por lo que el recurso de la parte demandada no puede prosperar.

IV. En orden al recurso de la parte actora, concretamente al agravio referido a que ?se adopte alguna medida tendiente a restablecer la plena vigencia del mutuo hipotecario?, cabe señalar en primer lugar, que por tratarse de una pretensión no ejercida en la instancia de origen, a la alzada le está vedada su consideración al ser un capítulo no sometido a decisión del inferior (arts. 266 y 271 del CPCC).

En segundo lugar, del ?objeto? consignado por la recurrente en la demanda, se extrae que la pretensión accionada consistía en la consignación de la suma de $ 3.810,50 en concepto de pago de nueve cuotas -44 a 52- del mutuo hipotecario, con reserva de ampliación en la medida de los vencimientos.

La sentencia, con estricto apego al principio de congruencia (arts. 34 inciso 4° y 163 inciso 6° del CPCC), ha fallado sobre los capítulos sometidos a su decisión conforme fuera trabada la litis, por lo que el agravio deviene inadmisible.

En orden al agravio referido a las costas, la sentencia impugnada para decidir su imposición por el orden causado ha considerado que si bien la demanda resultaba procedente, las circunstancias especiales de autos referidas al prolongado tiempo transcurrido hasta la consignación y el número de cuotas consignadas, hicieron también responsable a la actora de la acción entablada.

Este fundamento no ha sido refutado eficazmente por la recurrente en la alzada, por lo que cabe confirmar la sentencia también en este aspecto.

Las costas en la alzada se imponen igualmente por el orden causado atento al resultado de los recursos (art. 71, CPCC).

El doctor José Gerardo Ruiz adhiere al voto que antecede.

Por ello, LA SALA CUARTA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL I) NO HACE LUGAR a los recursos de apelación deducidos por las partes. Costas por su orden.

II) REGÍSTRESE, notifíquese y BAJE.