Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2011-05-17


FORMOSA,	Diecisiete de mayo de dos mil once.

VISTOS:

Estos autos caratulados: "ROJAS, BLAS C/ PROVINCIA DE FORMOSA S/ ORDINARIO", Expte. Nº 82 - Fº Nº 62 - Año 2010, registro de la Secretaría de Trámites Originarios del Excmo. Superior Tribunal de Justicia, venidos al Acuerdo para resolver conforme lo dispuesto a fs. 108, y CONSIDERANDO:

I.- Que vienen estos autos al Acuerdo para resolver acerca de la admisibilidad del proceso.

Que, concretamente, la accionante persigue que este Tribunal declare la nulidad de la Resolución Nº 00264/08 dictada por el Administrador General de la Caja de Previsión Social de la Provincia y se decrete la inconstitucionalidad del artículo 49 de la Ley Nº 571, en cuanto establece que la jubilación por edad avanzada será equivalente al sesenta y cinco por cientos (65%) del haber en actividad, como asimismo de los Decretos Nros. 766/06, 1207/07, 224/08, 517/09 y 427/10, que determinan como no remunerativa la "Asignación Función Especial" ordenándose a la Caja de Previsión Social que realice una nueva liquidación de sus haberes correspondientes al Beneficio de Jubilación por Edad Avanzada Nº 452, a fin de que se le abone el ochenta y dos por ciento (82%) de los haberes que por todo concepto les corresponda percibir a los empleados encasillados en la Clase X del Convenio Colectivo Nº 57/75 de los Trabajadores de Obras Sanitarias incluyendo el adicional por zona inhóspita.

En lo pertinente, sostiene que la acción ha sido promovida dentro del plazo previsto por el artículo 19 del Código Procesal Administrativo, postulando asimismo que la competencia del Tribunal ha quedado expedita al haber sido dictado el acto administrativo por la más alta autoridad competente en el ámbito de la Caja de Previsión, tratándose por lo tanto de una resolución definitiva que causa estado, citando el accionante jurisprudencia que entiende avala su postura de considerar agotada la vía administrativa previa con el dictado de la resolución impugnada.

II.- Que el señor Procurador General se ha pronunciado mediante Dictamen Nº 6634/11, propiciando se declare inadmisible el proceso, por cuanto el accionante no ha agotado la vía administrativa previa al no haber impulsado recurso administrativo alguno contra la Resolución Nº 0264/08, tendiente a obtener un pronunciamiento del Poder Ejecutivo que cause estado.

III.- Que, entrando al análisis de la cuestión que se plantea en autos, se advierte que el accionante, pese a que en fecha 2 de junio de 2010 (fs. 82) fue notificado de la Resolución Nº 00264/08, aunque por un manifiesto error material el mismo consigna en su escrito de demanda el número 2.264/08, omitió su impugnación en sede administrativa a fin de que la decisión sea revisada por el órgano administrativo al cual la ley otorga competencia para ello.

Siendo así, cabe señalar que surge notorio que en el presente caso no se verifica el cumplimiento del requisito de agotamiento de la vía administrativa previa prevista por el artículo 4º del Código Procesal Administrativo, el cual establece como condición de impugnabilidad de los actos administrativos en sede judicial no solo que la decisión que recaiga sea definitiva sino también que cause estado, concepto este último que en su inciso b) define como aquél que cierra la instancia administrativa por haber sido dictada por la más alta autoridad competente, una vez agotados todos los medios de impugnación establecidos en las normas que rigen el procedimiento administrativo.

En este último sentido resulta evidentemente necesario recordar al accionante que los recursos de apelación, previsto por el artículo 75 de la Ley Nº 571, o el de alzada, en su caso, contemplado por el artículo 108 del Decreto Ley Nº 971, son de interposición obligatoria por imperio de lo dispuesto por el legislador en la norma procesal citada en el párrafo precedente, pues constituyen el mecanismo procedimental que habilita que el Poder Ejecutivo ejerza el control de legalidad y legitimidad de los actos administrativos emanados de los entes autárquicos, lo cual adquiere una importancia superlativa si se tiene en cuenta que, al no ser el mismo órgano que dictó el acto administrativo quien lo revise, no solo el criterio de valoración de los antecedentes de la causa y de los argumentos del administrado pueden ser diferentes sino incluso la interpretación de la norma aplicable, lo que genera la posibilidad cierta de que la pretensión sea acogida favorablemente en las instancias recursivas más arriba indicadas.

Se sigue de ello entonces como conclusión lógica que si bien la administración puede confirmar hasta en sus últimas instancias la decisión de un órgano inferior, tiene también la posibilidad material de modificar su criterio o corregir eventualmente sus propios errores o arbitrariedades, por lo que más allá de que es la propia ley la que inviste al poder administrador de esa potestad, carece de razonabilidad pretender privar a la misma de dicha facultad.

En consecuencia, por lo expuesto, la falta de agotamiento de la vía administrativa previa por parte del accionante sella negativamente la suerte de la admisibilidad de la acción intentada, debiendo así declararse.

Por todo ello, con las opiniones concordantes de los señores Ministros, Dres. Héctor Tievas, Ariel Gustavo Coll, Eduardo Manuel Hang, Lucrecia Marta Canavesio y Telma C. Bentancur, que forman la mayoría absoluta que prescribe el art. 25 de la Ley 521 y sus modificatorias y art. 126 del Reglamento Interno para la Administración de Justicia, el	EXCMO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA RESUELVE:

1º) Declarar inadmisible la acción promovida en autos, por los fundamentos expuestos en los considerandos del presente resolutorio.	2º) Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.