Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2013-03-19


NEUQUEN, 19 de marzo de 2013 Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados: "CIMOLAI EMILIO C/ CIMOLAI DAVID VALENTIN S/ RENDICIÓN DE CUENTAS" (EXP Nº 291290/2) venidos en apelación del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL Nº 4 a esta Sala I integrada por los Dres. Cecilia PAMPHILE y Federico GIGENA BASOMBRIO por encontrarse excusado el Dr. Jorge PASCUARELLI -fs. 716-, con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. Mónica MORALEJO, y de acuerdo al orden de votación sorteado la Dra. Cecilia PAMPHILE dijo:

I.- Contra el pronunciamiento de fs. 662/672 -y su aclaratoria de fs. 674- que rechaza la demanda de escrituración y hace parcialmente lugar a la de rendición de cuentas, se alzan ambas partes.

Daniel Cimolai (en adelante, D.C.) lo hace a fs. 673 y Emilio (en adelante, E.C.), a fs. 678.

El primero se agravia de que el magistrado entendiera que su parte fue negligente o desinteresada en lo que refiere al planteo de simulación.

Cuestiona que la sentencia acepte que la vendedora pueda vencer en juicio, sin expresar nada sobre los motivos de la existencia del boleto del 09/11/93 y que no se pondere la ratificación de dicho instrumento, efectuada por la familia Cimolai.

En cuanto al distracto tácito, alega que se trata de una excepción de interpretación restrictiva y que no concurren los recaudos del art. 918 Cód. Civil. Agrega que el contrato que supuestamente contendría la expresión tácita fue rescindido, y con ello carente de efectos jurídicos, puesto que la retroactividad de la rescisión invalida totalmente la relación jurídica.

Objeta que del boleto del 24/12/98 se extraiga un contenido volitivo cierto, es decir, una voluntad direccionada a dejar sin efecto un negocio anterior, máxime si se considera que se hallan cumplidas todas las prestaciones correspondientes al acto jurídico perfeccionado el 9/11/93.

Reitera que el boleto de compraventa del año 1998 se trató de un acto de "favor", que tuvo como fin favorecer a su hermano para que pudiera acreditar algún ingreso. Plantea que los intervinientes no tenían en mira las prestaciones principales de dicho contrato: no se pagó precio alguno y no se entregó la cosa, puesto que su parte ya tenía la posesión.

Se agravia también respecto del modo en que se resuelve la acción de rendición de cuentas.

Dice que mientras que su parte adujo que el boleto de 1998 fue de favor, su hermano ninguna explicación dio acerca de las razones por las que vendió un tercio de su propiedad en 1993.

Insiste que el único con efectos legales es el boleto de 1993, puesto que se cumplieron todas las obligaciones asumidas, incluso la cancelación del usufructo efectuada por los padres de las partes, Hermenegildo Cimolai y Nilda Busqueta. A ello se suma la ratificación efectuada con posterioridad por todos los comparecientes, a excepción de Emilio.

En otro acápite apela las costas y los honorarios.

Así, esgrime que atentaría el principio de justicia y equidad que los honorarios del 100% de la acción de rendición sobre el inmueble de Río Negro se carguen a D.C., cuando esa asistencia técnica logró el acogimiento de la cuestión más trascendente, que era excluir el inmueble de Añelo.

En cuanto a los honorarios, se apelan por altos y por bajos, señalando que corresponde dejar sin efecto la regulación hasta que se cuente con base y pautas para ello (fs. 673 vta.).

II.- A fs. 701/705 expresa agravios E.C. Cuestiona que no se hiciera lugar a la acción de rendición de cuentas en toda su extensión.

Considera que el rechazo parcial es equivocado porque no es la titularidad dominial de los inmuebles la que hace nacer la obligación de rendir cuentas, sino la existencia y uso mismo de un poder otorgado en el marco de un contrato de mandato.

Alega que el juez ha efectuado unilateralmente una dispensa de rendición de cuentas que no fue pactada por las partes ni autorizada por el mandante, obligando al actor a soportar las consecuencias de los actos que realizó el demandado en su nombre sin permitir el ejercicio del derecho de revisión de cuentas.

A su entender, si D.C. utilizó el poder para percibir créditos a nombre de E.C., el mandatario debe rendir cuentas de las operaciones que realizó y, consecuentemente, entregar al mandante lo recibido, sin necesidad de otro requisito más que la acreditación fehaciente del uso del poder para realizar tales actos jurídicos y aún cuando lo percibido fuera sin derecho.

Se agravia porque el magistrado omitió ponderar prueba esencial. Dice, sobre el punto, que se acreditó en el expediente que el demandado cobró, por lo menos, sumas de dinero de tres empresas invocando y acreditando su representación con el poder de administración conferido por su hermano Emilio.

Por último, apela los honorarios por bajos. Refiere que, al tratarse de una acción de escrituración, debió aplicarse el art. 24 de la Ley de Aranceles. También se agravia de la imposición de costas a cargo del actor dispuesta en la resolución aclaratoria (fs. 678).

Ambas partes contestan agravios a fs. 707/708 vta. y 710/713, respectivamente, solicitando el rechazo del remedio de la contraria, con costas.

III.- RECURSO DE APELACIÓN DEDUCIDO POR DANIEL CIMOLAI:

No se encuentra controvertido que ambos litigantes suscribieron dos boletos de compraventa respecto del mismo inmueble (ubicado en Colonia Catriel, Provincia de Río Negro y demás datos catastrales individualizados en autos), uno el 9/11/93 y otro el 24/12/98 (los ejemplares se encuentran agregados a fs. 4/9 y 60/61 del expte 297225/3). Sí se discute, en cambio, la validez o eficacia de cada uno de ellos.

Planteó D.C. -comprador- en la causa sobre rendición de cuentas que el boleto ulterior (de 1998) fue simulado, puesto que sólo se firmó a efectos de que su hermano Emilio pudiera aparentar ingresos.

Y en esta instancia objeta, como ya se indicó, que el juez rechazara tal posición. Sin embargo, desde ya adelanto, el razonamiento del A-quo en este punto debe ser confirmado.

III.1.- Existe simulación cuando las partes otorgantes del acto aparente han acordado declarar una voluntad distinta de la real. El fin de la simulación es pretender hacer aparecer erga omnes un negocio distinto del realmente concluido.

A diferencia del error, el dolo o la violencia que afectan todos los actos voluntarios, la simulación se presenta como un vicio propio de los negocios jurídicos que no afecta la voluntad sino la buena fe, entendida como una conducta leal, como la obligación de expresar lo verdaderamente querido frente a terceros (cfr. Julio César Rivera-Graciela Medina, Código Civil Comentado -Doctrina-Jurisprudencia-Bibliografía-, Hechos y Actos Jurídicos, Artículos 896 a 1065, Rubinzal Culzoni Editores, Santa Fe, 2005, pág. 413 y s.s.).

Ahora bien, todo acto simulado tiene una causa -causa simulandi- que la motiva y en este caso la invocada por D.C., fue la de crear la apariencia ante terceros de la "solvencia o crédito" de su hermano.

Desde la perspectiva alegada por la parte, debe considerársela como una simulación ilícita, puesto que es claro que el acto tendría como mira engañar o perjudicar a terceros.

III.2.- Sentada la calificación antedicha, aparece el primer obstáculo a la postura del recurrente, y que está determinada por lo dispuesto por el Art. 959 del Código Civil:

"Los que hubieren simulado un acto con el fin de violar las leyes o de perjudicar a un tercero, no pueden ejercer acción alguna el uno contra el otro, sobre la simulación, salvo que la acción tenga por objeto dejar sin efecto el acto y las partes no puedan obtener ningún beneficio de la anulación".

La previsión normativa indica, entonces, que las partes solo pueden accionar por simulación si ella es lícita o bien si, aún siendo ilícita, quien la esgrime no puede obtener ningún beneficio de la anulación.

Así lo ha entendido, el Tribunal Superior de la Provincia, al señalar: "La declarada simulación no podía ser invocada por las partes en tanto al haber sido su causa ilícita, el único supuesto de procedencia sería el de dejar sin efecto el negocio simulado para beneficiar a los acreedores perjudicados, hipótesis que la misma Cámara se encarga de descartar.

En otros términos, dar entidad al negocio subyacente importaría tanto como acordar indirectamente al simulador una acción de la cual se encuentra privado por el ordenamiento jurídico: si la causa de la simulación es ilícita, quien es parte en ella, sólo puede accionar para beneficiar a sus acreedores...

... Es que, el ya referido principio según el cual, las partes no pueden ejercer acción alguna sobre la simulación ilícita procura que, por razones de moralidad, la justicia no intervenga de ningún modo en el acto fraudulento.

Pues la justicia no puede, ni debe, amparar a los autores del fraude contra la ley o los terceros.

De igual modo se pronuncia Llambías, al sostener que como regla general las partes carecen de acción si se trata de simulación ilícita. Por excepción la tienen si ellas no se proponen consumar el acto ilícito realizado mediante la simulación ni aprovechar de él, sino repararlo destruyendo las apariencias lesivas de los derechos ajenos (cfr. Aut. y ob. cit., pág. 524).

Lo contrario implicaría, sin más, dotar a los intervinientes de una herramienta para consolidar los derechos emergentes de una voluntad ficticia, en fraude al ordenamiento jurídico y a quienes éste intenta proteger" (Ac. 10/11, Sec. Civil).

En idéntico sentido, se ha razonado: "Está vedado invocar la simulación ilícita por las partes, sea por acción o por excepción, sea simulación relativa o absoluta, salvo que se pretenda dejar sin efecto el acto sin obtener beneficio" (CNCiv, Sala C, L.L. 1982-B,69; DJ 2000-1-184).

Por ende, y como lo dispone el plexo normativo comprometido, no cabe más que concluir en la imposibilidad del recurrente de invocar este vicio para lograr la anulación del acto que reputa simulado.

III.3.- En rigor, la causa alegada no se encuentra acreditada, vértice desde el cual la pretensión del quejoso tampoco resultaría admisible.

Cuando se alega un supuesto de simulación, resulta de significativa importancia acreditar la causa simulandi esgrimida.

Refiere autorizada doctrina y jurisprudencia que la causa de la simulación debe ser seria, importante y contemporánea al acto que se reputa simulado, debiendo existir vinculación lógica entre la causa y el negocio atacado. De allí que resulte ilógico, inverosímil y contrario al sentido común pensar que se simulen negocios sin razón o motivo alguno y, ante su ausencia, se robustece el pensamiento de la realidad del negocio (CNCiv, sala E, ED, 24/11/72; sala D, L.L, 93-142; C1ª Civil de la Capital, L.L., 26-7558; Mosset Iturraspe, ob. cit. pag.270; Salas-Trigo Represas, "Código Civil anotado", t. I, pag. 475; Cámara, "Simulación de los actos jurídicos", p. 199/200; 1958; Carcala Fernández, "La Simulación en los negocios jurídicos", p. 136, Ed. Bosch, Barcelona, 1986).

Es que "en materia de simulación ilícita es imprescindible por parte del juez indagar acerca de la causa simulandi, es decir del motivo que llevó a las partes a hacer un contrato simulado, al punto de que si no es comprobada la causa, corresponde rechazar la demanda" (cfr. Mosset Iturraspe, Negocios simulados, fraudulentos y fiduciarios, Ediar, T1, p. 246).

Sin embargo, las pruebas producidas en la causa no estuvieron encaminadas a acreditar la alegada finalidad encubierta de aparentar "solvencia o crédito" del vendedor.

No se explica acabadamente por qué razón E.C. necesitaba simular la venta del inmueble, si en definitiva figuraba como titular registral y con esa constancia podía acreditar su situación patrimonial. Son atendibles los reparos formulados por Emilio en este punto, cuando reflexiona que lo lógico es que cuando alguien quiere demostrar solvencia, debe poder acreditar tener algún patrimonio y en este caso E.C. estaría desprendiéndose de él (fs. 659 vta.).

Tampoco existió un contradocumento que reflejara el acuerdo oculto de las partes. Y aun cuando se invocara que el acto se hizo "sin la precaución necesaria por provenir de la necesidad de un hermano" (fs. 693), resulta inentendible tal displicencia frente al contexto precedente invocado por el propio recurrente D.C.: que E.C. estaba arrepentido de la venta realizada en 1993 y negaba la escrituración del campo solicitando una "recomposición" o alguna dádiva mayor, lo cual frustraba sistemáticamente la transferencia (fs. 64vta. expte. 291290/02). En otras palabras, si es cierto que desde la firma del primer boleto E.C. se negaba sistemáticamente a escriturar (es decir, si lo que reinaba no era justamente la armonía y el entendimiento entre los hermanos), no se explica por qué razón se suscribe luego en 1998 un segundo boleto de compraventa, sin el respaldo -contradocumento- respectivo.

Y aquí cabe recordar que en estos supuestos "la prueba no obligada pero si principalísima y de la que excepcionalmente cabe prescindir, es el contradocumento. Cuando él no existe, las pruebas deben ser insospechadas, las presunciones muy fuertes y con sólido basamento, reveladoras, no sólo de apariencia negocial y de la realidad oculta, sino de la imposibilidad de obtener el contradocumento por su inexistencia lógica o por su desaparición posterior" (CNCiv, Sala C, 15-3-79, ED, 83-535, citada en RDPyC, Simulación, 2006-1, Ed. Rubinzal Culzoni, p.73) Como se dijo, ante la falta de contradocumento, sólo cabe declarar la nulidad del acto, si las probanzas arrimadas por las partes dan al juez la certeza o plena convicción o le permiten llegar a sostener, sin la más mínima duda, la existencia de la simulación (cfr. Mosset Iturraspe, ob. cit, p. 250 y art. 960 C.C.), lo cual aquí no sucedió.

Explicaré porque sostengo esto.

III.4.- Más allá de que en el recurso no se exponen en forma ordenada los argumentos en que la parte sustenta la simulación, repasando su contenido podría decirse que -básicamente- son los siguientes: que las obligaciones emergentes del boleto de 1993 (pago del precio y entrega de la posesión) estarían cumplidas, a diferencia de lo que ocurre con el segundo boleto, de modo que el primero no puede ser dejado sin efecto por el posterior (acá el apelante niega que se trate de un supuesto de "distracto tácito"); que el boleto de 1993 fue ratificado en febrero de 2003; que Teresa Cimolai confirma estos extremos en su declaración y que E. C. no explica por qué vendió 1/3 de la propiedad en 1993.

A todo ello agrega el quejoso que no están dados los requisitos para que exista una declaración tácita de voluntad (esto, con referencia al razonamiento del A-quo en cuanto a que la firma del boleto de 1998 dejó tácitamente sin efecto el de 1993), ni resulta aplicable al caso la figura del distracto tácito.

Veamos. El "mutuo disenso", "contrario consenso" o "distracto", no es más que un contrato que tiene por objeto disolver un contrato anterior (art. 1200 Cód. Civil). La libertad que la ley le otorga a las partes para poder contratar, también se las da para terminar con el vínculo. En esa dimensión, las personas son libres para contraer obligaciones y de ese modo autorregular sus propios intereses: si los sujetos tienen facultades suficientes para contratar, también se hallan con potestad necesaria para "contratar extinguiendo" relaciones jurídicas que tenían vida anterior (cfr. Compagnucci de Caso, Rubén H., El mutuo disenso como medio de conclusión de los contratos, L.L.2010-F, 1268).

Como explica Mosset Iturraspe, por mutuo acuerdo, por un nuevo contrato, se rescinden las relaciones jurídicas antes creadas de allí en más, para el futuro. Así, el contrato que da origen al mutuo disenso no debe estar consumado o agotado por cumplimiento, es decir: esta rescisión sólo se concibe en contratos en vías de cumplimiento, ejecución continuada, o en aquellos cuyos efectos no han empezado aún a producirse (cfr. Contratos, Ed. Rubinzal Culzoni, p.395).

Se colige, entonces, que el cumplimiento de parte de las prestaciones contenidas en el boleto de 1993 no resulta óbice para que opere la vicisitud extintiva -distracto tácito- considerada por el magistrado de primera instancia.

Tampoco lo es que el consenso fuera tácito.

Pues, como en todos los actos jurídicos, y el mutuo disenso es un ejemplo de ello, también puede aparecer la voluntad de los convinientes de manera "tácita". Así, en la jurisprudencia nacional se anotan algunos fallos que entienden que la rescisión se puede acordar por el consentimiento expreso o tácito de las partes. Ello ocurre, por ejemplo, cuando se celebra un nuevo contrato que resulta incompatible con el primero (cfr. Compagnucci de Caso, ibid), como sucede en autos.

Sobre el punto se ha dicho que: "La derogación tácita resulta de las disposiciones de otro contrato posterior, suscripto por las mismas partes, cuyas disposiciones sean incompatibles con el primero. Es decir, el contenido de un contrato deja implícitamente sin efecto el contenido del otro. En el caso del distracto, no tiene importancia alguna que hubiera habido principio de ejecución del convenio anterior (cfr. Belluscio y otros, "Código Civil Comentado", T° 5° - pág. 947).

Y tal como se señalara en el fallo recurrido: "El contrario consenso puede resultar de manifestaciones tácitas de voluntad, cuando esta forma es admitida para la celebración del contrato de que se trate, por lo que si el primero se celebró por escrito, el distracto debe revestir igual formalidad, para lo cual se ha considerado suficiente que con respecto al mismo objeto, se haya celebrado un nuevo contrato incompatible con la subsistencia del primero (C. Nac. Civ., Sala A, 30/06/93, JA 1994-III-132).

También: "Conforme a la prueba aportada por la actora, y ante la presencia de dos boletos de compraventa otorgados por las mismas partes; el mismo objeto pero diferente fecha, precio y financiación, se advierte una derogación tácita del primero, contemplado por el art. 1200, última parte, del Código Civil... aún cuando haya habido un principio de ejecución del primer contrato, el hecho de que ambos hubieren sido otorgados por las mismas partes y sobre el mismo objeto permite advertir que medió una derogación tácita del primero conforme al art. 1200, última parte, del Cód. Civil. (Cámara 3a en lo Civil, Comercial y Minería de San Juan, Escolar, Fanny Mirta y otras c. Bottino, José 29/11/2007, LLGran Cuyo 2008 (marzo), 195).

Aplicando estas pautas al caso de autos, se advierte que el razonamiento del sentenciante al considerar que el segundo boleto dejó tácitamente sin efecto al primero, no resulta incorrecto y debe ser confirmado.

III.5.- Sentado ello, y volviendo a los elementos o indicios que -a juicio del apelante- indicarían la existencia de un acto simulado, puntualmente a la ratificación que menciona, es preciso tener presente que dicho acto fue realizado por parte de la familia Cimolai pero no por Emilio y, de otro lado, que tal manifestación (asentada al pie del boleto de fs. 6/9, Expte. 297225/3) es ajena a la forma en que Daniel y Emilio pudieron autocomponer la relación jurídica contractual que los unía.

Relación contractual distinta e independiente a la que pudo existir entre Emilio y Teresa. A punto tal que esta última declaró no tener conocimiento de por qué razón sus hermanos firmaron un segundo boleto sobre el mismo inmueble (cfr. fs. 268 vta./269, expte. Nº 291290/02).

Se agravia también D.C., como se anticipara más arriba, de que el magistrado ponderara que su parte no expresó concretamente en qué habría consistido la simulación, sin tener en cuenta -según sostiene- el silencio de la contraparte con respecto al boleto de 1993.

No obstante, la postura de E.C. con respecto a los efectos del primer contrato y su relación con el segundo, fue plasmada a fs. 72/77 del expediente sobre rendición de cuentas, cuando contesta el traslado de la excepción de falta de legitimación para obrar interpuesta, y a fs. 74vta./78 del juicio por escrituración, al contestar demanda.

Es cierto que ninguna de las partes brindó demasiados detalles ni pruebas sobre los motivos de las operaciones sucesivas recaídas sobre los inmuebles de autos, de modo que para los jueces resulta imposible conocer cual es el verdadero trasfondo del asunto. Pero también lo es que esa orfandad tiene una incidencia mucho más grave sobre quien alegara la existencia de simulación.

Así "otro principio que se postula en la materia es el que principia que en caso de duda debe hacerse prevalecer la vigencia del acto jurídico, como un medio de reconocer la exterioridad de las acciones, la fuerza vinculante de la declaración de voluntad.

En materia de simulación el examen de la prueba debe efectuarse con criterio estricto y preciso, pues es principio de derecho que las convenciones celebradas entre particulares se reputan sinceras hasta que se demuestre lo contrario" (RDPyC, p. 73).

En tal sentido, se ha sostenido que al demandado por escrituración que reconviene aduciendo la existencia de simulación, le incumbe la carga de la prueba, y ante la falta de contradocumento debe aportar la prueba idónea e inequívoca, resultando en este caso inexcusable la prueba de la causa simulandi (LL. 1979-48; LL Litoral 1997-1131).

No obstante lo expuesto, no puedo dejar de reconocer que existen circunstancias fácticas que resultan muy confusas e incluso contradictorias, y que, en definitiva, podría pensarse que abonan la postura pro simulación, tal como la cesión duplicada a favor de Teresa Cimolai y D.C con respecto al campo de Añelo (v. fs. 14/15 claúsula 1.2 y fs. 59 del expte 291290/2).

Aclaro que remarco ese dato, aun cuando el recurrente no lo invoque expresamente en su escrito apelatorio -sí lo hizo en la instancia anterior-, pero lo hago para poner de relieve que no obstante esas inexplicables anomalías, tales indicios no aparecen en su número, precisión y concordancia como concluyentes al respecto. De modo que la situación de razonable duda instalada en la causa, obviamente resulta un impedimento insalvable en orden a generar el indispensable grado de convencimiento que se requiere para tener por configurado el vicio de simulación y, consecuentemente, para adoptar una decisión tan grave como la anulación del acto.

III.6.- Tampoco asiste razón al quejoso en lo que respecta a los efectos de la resolución del contrato suscripto en 1998.

Aquí deben distinguirse los efectos propios de la resolución del contrato por incumplimiento (art. 1204 CC), con los efectos autónomos e independientes que tienen las acciones positivas de las partes que conformaron su voluntad tácita de rescindir el vínculo anterior (art. 1200 de idéntico ordenamiento).

En autos, el contrato anterior quedó derogado tácitamente desde el momento mismo que las partes celebraron uno nuevo, incompatible con el anterior. Y a su vez, este nuevo contrato o boleto fue luego resuelto por el vendedor, ante el incumplimiento de la contraparte. Ello determinó que la relación jurídica contractual quedara extinguida o disuelta.

Luego, los agravios relativos a la obligación de rendir cuentas constituyen una reiteración de los formulados en punto a la acción de escrituración, de modo que con lo dicho hasta aquí se da acabada respuesta a aquéllos también.

Por todas estas razones, soy de la opinión que el recurso de apelación incoado por D.C. debe ser rechazado.

La apelación en punto a la imposición de costas y regulación de honorarios será tratada más adelante.

IV.- RECURSO DE APELACIÓN DEDUCIDO POR EMILIO CIMOLAI:

Se agravia el recurrente de que el sentenciante haya supeditado la obligación de rendir cuentas a la titularidad registral del inmueble ubicado en Añelo. A su juicio, lo esencial no es ello sino que se empleó el mandato a los fines de realizar actos jurídicos a nombre del actor. El mandatario debe rendir cuentas y entregar lo recibido en virtud del mandato, aún cuando lo percibiera sin tener el mandante derecho a ello.

Este remedio tampoco habrá de prosperar.

Explica la doctrina que el legitimado activo de la rendición de cuentas no es otro que el dueño del negocio (cfr. Mosset Iturraspe, Mandatos, Ed. Rubinzal Culzoni, p. 314).

En el caso de autos, tal carácter lo ostenta Teresa Cimolai que fue la cesionaria de los derechos y acciones sobre el inmueble en cuestión.

Como bien apunta el juez de primera instancia, de las constancias probatorias arrimadas surge que el 24/12/98 E.C. cedió a su hermana Teresa los derechos y acciones que le correspondían respecto a su parte indivisa del inmueble y esa cesión fue comprensiva -expresamente- de los derechos, créditos, acciones o beneficios anteriores a esa fecha (fs. 54 del expte. Adm. 2100-39397/98).

Es evidente que la cesión realizada por el mandante respecto de todos los derechos y acciones sobre el inmueble -y con el particular alcance ya señalado- dejó vacío de contenido al mandato y con ello al vínculo contractual, más allá de su instrumentación formal.

En cuanto a la legitimación activa de esta acción, se ha dicho: "para solicitar rendición de cuentas, la actora debió acreditar ser titular de intereses, bienes o negocios cuyo manejo o administración por parte de terceros pudo haber dado origen a la rendición de las que se solicitan, cuya exposición detallada y precisa puede ser requerida para discutirla (o aprobarla) y eventualmente promover las acciones resarcitorias correspondientes" (CNCom, Sala A, abril 20-981 - Banfi de Corillo c. Cufaro y Cía S.A., ED 93-559, citado por Villanustre, Cecilia, Rendición de Cuentas, Ed. La Ley, p. 17).

En conclusión, siendo el interés del mandante el determinante para la configuración del contrato, la ausencia de aquél es también determinante de su extinción, con lo cual no puede ser receptado que el dueño originario del negocio ceda su posición -incluso retroactivamente- y pueda luego invocar la existencia de una relación jurídica -a la que él mismo vació de contenido- para exigir el cumplimiento de obligaciones agotadas o insubsistentes.

Tales son las razones por las que sostengo que la apelación deducida por E.C. también debe ser rechazada.

V.- APELACIÓN DE COSTAS Y HONORARIOS:

V.1.- Toda vez que la imposición de costas dispuesta en el fallo con relación al juicio por rendición de cuentas, se corresponde con el éxito obtenido por cada litigante, no encuentro motivos para apartarme de la distribución allí decidida.

No es cierto que "el A-quo hace lugar parcialmente a la demanda interpuesta pero carga el 100% de las costas de esta acción al demandado", porque en el punto B) 1) del resolutorio y conforme la aclaratoria dictada a fs. 674, se imponen al actor E.C. las correspondientes al inmueble ubicado en Añelo.

Así las cosas, y en función del principio objetivo de la derrota (art. 68 CPCC), la imposición de costas realizada por el magistrado refleja el resultado del pleito: cada parte ha resultado gananciosa parcialmente en lo que refiere a los dos inmuebles involucrados, de modo que aparece correcta y ajustada a las circunstancias del caso. Por ende, habrán de rechazarse los argumentos expuestos por D.C. a fs. 696 y vta. sobre el punto.

La misma suerte correrá la apelación deducida a fs. 678 por E.C., dado que, al no haberse hecho lugar al recurso sobre el fondo del asunto, no procede una modificación en cuanto a la imposición de costas, sin perjuicio de que tampoco se fundó el remedio sobre este aspecto en la oportunidad procesal pertinente (art. 259 CPCC).

V.2.- En cuanto a las apelaciones arancelarias, atento resultar aplicable al caso lo dispuesto en los arts. 34 y 24 de la ley 1594, corresponde dejar sin efecto la regulación realizada en el punto A) II) del decisorio (fs. 671 vta.) y diferir su cálculo hasta contar con pautas para ello.

Ha señalado, el Máximo Tribunal de la Provincia: "Al respecto, se ha reflexionado que en el proceso vinculado con una operación de compraventa inmobiliaria, en principio, el monto del litigio deberá determinarse sobre la base del valor actualizado del inmueble objeto del juicio en las condiciones en que se encontraba a la fecha de la operación de compraventa (cfr. ALBRECHT, Paulina G. - AMADEO, José Luis, Honorarios de Abogados, 3ª edición, Editorial Ad-Hoc, Buenos Aires, 1996, pág. 113).

Para estos asuntos la norma arancelaria ha escogido como referencia el valor del inmueble y, consecuentemente, ha decidido dejar de lado el monto del boleto, salvo que fuese mayor.

Esta selección intenta guardar la correlación entre la ventaja patrimonial de la parte y la retribución del profesional, que es la razón suprema del ordenamiento arancelario.

...En los presentes, la base regulatoria legalmente establecida refiere al valor real y actual del inmueble (Art. 34 de la L.A.), para cuya determinación se debe acudir al procedimiento prescripto en el Art. 24 de la Ley 1.594.

Por ello, a los fines arancelarios, tratándose de un proceso derivado del contrato de compraventa de inmuebles la Ley de Honorarios 1.594 (Art. 34) indica que debe aplicarse su artículo 24, salvo que del boleto de compraventa resultase un monto mayor, en cuyo caso debe tomarse este último" (Ac. 6/11, Secretaría Civil).

En resumidas cuentas, propongo rechazar los recursos deducidos por ambas partes, y acoger únicamente el recurso arancelario por la acción de escrituración, disponiendo que se difiera la regulación de honorarios hasta tanto se cuente con pautas para ello (art. 24 LA).

Las costas de Alzada se imponen por su orden, atento el rechazo, en lo principal, de ambos recursos deducidos (art. 71 CPCC). MI VOTO.

El Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO dijo:

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que antecede adhiero al mismo, expidiéndome en idéntico sentido.

Por ello, esta Sala I RESUELVE:

1.- Rechazar los recursos deducidos por ambas partes, haciendo lugar únicamente al recurso arancelario por la acción de escrituración y, en consecuencia, dejar sin efecto la regulación practicada en el Punto II de la sentencia de fs. 622/672, difiriéndola hasta tanto se cuente con pautas para ello (art. 24 LA).

2.- Imponer las costas de Alzada por su orden, atento el rechazo, en lo principal, de ambos recursos deducidos (art. 71 CPCC).

3.- Diferir los honorarios correspondientes a esta Alzada hasta tanto se cuente con pautas para ello (art. 15, LA).

4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen.

Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO - Dra. Cecilia PAMPHILE Dra. Mónica MORALEJO - SECRETARIA.