Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2013-06-26


C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Veintiseis (26) de Junio de dos mil trece, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán, Antonio Gandur y Daniel Oscar Posse, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel Estofán, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la demandada Mónica Alicia Varona en autos: "Beddur Malkie Farida vs. Varona José y Varona Mónica Alicia s/ Interdicto posesorio. Recurso de queja por apelación denegada interpuesto por la codemandada".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Daniel Oscar Posse, Antonio Gandur y Antonio Daniel Estofán, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Daniel Oscar Posse , dijo:

I.- Viene a conocimiento y decisión del Tribunal el recurso de casación deducido a fs. 42/54 y vta. por la representación letrada de la demandada en contra de la sentencia del 31/5/2012 (fs. 39 y vta.) dictada por la Excma. en lo Civil y Comercial Común, Sala I.

II.- Se agravia el recurrente de la sentencia impugnada en que la misma resulta violatoria de los arts. 18, 19 y 28 de la Constitución Nacional; de los arts. 31, 34 y 268 del CPCyC; de los arts. 99 y 300 de la Ley Nº 5.121 y del art. 42 de la Ley Nº 5.636. Sostiene que el fallo infringe la doctrina legal de la Corte.

Argumenta que el beneficio de litigar sin gastos no tiene efecto retroactivo; que el pronunciamiento es arbitrario porque se aparta de las constancias de la causa, transgrediendo los arts. 34 y 265 procesal.

II.1- Previo relato de los hechos, como primer agravio se queja de la sentencia en cuanto afirma que no advierte perjuicio concreto de su parte en cuanto se dispuso que la actora actuara libre de derechos en mérito al beneficio de litigar sin gastos.

Afirma que la sentencia implica un desconocimiento del Código Tributario, del principio de preclusión, de la doctrina legal sobre el tema y del régimen del beneficio de litigar sin gastos.

Refiere que el art. 300 del CT (hoy 323), regla la tasa proporcional de justicia que debe abonarse en el supuesto de juicios posesorios; que el art. 99 CT (hoy 112) dispone que no se dará curso a las actuaciones sin que se acredite el cumplimiento de las obligaciones tributarias respectivas, reteniéndolas -en su caso- y que el art. 42 de la Ley Nº 5.636 prescribe que la tasa de justicia se paga al introducir las actuaciones por Mesa de Entradas; que en el caso de autos se abona el 2%.

Sostiene que el beneficio no tiene efectos retroactivos; que no alcanza a los gastos devengados con anterioridad a su petición, lo que se vincula con el principio de gradualidad y preclusión procesal.

Expresa que el hecho imponible es el ingreso de la causa por Mesa de Entradas; que el Juzgado le requirió el pago por decreto firme del 25/6/2010; que el 30/9/2010 solicitó el beneficio y el Juzgado decidió dar curso a la demanda ordenando su traslado, contrariando lo normado por el art. 99 CT.

Afirma que los jueces no pueden obviar o conceder plazos u oportunidades distintas para el pago de los tributos y que ello instaura una desigualdad de las partes frente a la ley, con la consiguiente afectación del derecho de defensa y de igualdad en el proceso; que ello importa gravamen irreparable porque afecta garantías constitucionales, con cita de jurisprudencia de este Tribunal.

II.2- Se agravia de la sentencia en cuanto afirma que no se identifican los perjuicios reales y actuales de su parte, en razón que -a su juicio- se encuentran debidamente expuestos.

II.3- Se queja de la sentencia en cuanto en el punto III considera que el Juzgado preservó el derecho de acceso a la justicia y dio cumplimiento con lo normado respecto al beneficio de litigar sin gastos.

Expresa que la exigencia de pago de los tributos no impide el acceso a la justicia, pues los derechos y garantías no son absolutos sino que se ejercen de acuerdo a las leyes que reglamentan su ejercicio; reitera que el beneficio no tiene efecto retroactivo.

II.4- Como cuarto agravio se queja del pronunciamiento en cuanto considera que no se ha dirimido definitivamente ninguna posición que pueda afectar el derecho de las partes, no produciéndose gravamen de imposible o dificultosa reparación. Afirma que el privilegio acordado al actor infringe la ley, afecta el debido proceso y provoca desigualdad de las partes, de lo que se deriva el gravamen irreparable.

II.5- Como quinto agravio se queja del fallo en cuanto sostiene que no especificó las razones por las cuales debió haberse abierto el recurso de queja deducido por su parte.

Afirma que la inexistencia de perjuicio invocada por el Aquo se deriva de partir de la base equivocada que el beneficio tiene efecto retroactivo, por lo que su fundamentación es aparente o errada.

II.6- Como sexto agravio expone que la sentencia contradice la doctrina legal de este Tribunal y jurisprudencia de la Cámara, que transcribe. Expone la doctrina legal aplicable al caso.

III.- El Tribunal A quo rechaza el recurso de queja por apelación denegada, con fundamento en que no logra advertir el perjuicio concreto inferido al quejoso por la resolución que dispuso actuar simple y libre de derechos, en atención a la solicitud de la actora del beneficio para litigar sin gastos; que la genérica denuncia de afectación de principios procesales y constitucionales realizada no es suficiente si, al mismo tiempo, no se identifican los perjuicios reales y actuales que la supuesta conculcación acarrea, máxime si la actuación del juzgado a quo responde, con toda evidencia y precisamente, a preservar garantías constitucionales (acceso a la justicia), y a dar cumplimiento con la normativa procesal local que rige la actuación con beneficio para litigar sin gastos, con cita de jurisprudencia.

Sostiene que conforme surge de las actuaciones que se tienen a la vista en el recurso de queja, no se ha dirimido definitivamente ninguna posición que pueda afectar el derecho de las partes, no produciéndose, en consecuencia gravamen de imposible o dificultosa reparación.

Afirma que ante la negativa del a quo de conceder el recurso, basada en una norma específica del ordenamiento legal aplicable (CPCC), el quejoso debía especificar las razones por las que correspondía haberla dejado de lado.

Concluye rechazando la queja al no existir gravamen irreparable exigido por el art. 701 CPCyC.

IV.- En el caso, según surge de los autos principales que se tienen a la vista, el actor dedujo demanda de interdicto posesorio a fs. 08/14, la que mereció el decreto del 25/6/2010 (fs. 280) que dispone previo a todo trámite, acompañe tasa de justicia y aporte de ley proporcionales faltantes, el que fue puesto a la oficina el 01/7/2010 según da cuenta la nota actuarial de fs. 280.

A fs. 281 la actora solicita se le acuerde beneficio de litigar sin gastos y se corra traslado de la demanda.

A fs. 282 obra decreto del 19/10/2010 que dispone se cite a los accionados y se corra traslado de la demanda; se permita la actuación simple y libre de derechos, se conceda un plazo de 30 días para presentar los instrumentos exigidos por la Ley Nº 6.314.

A fs. 290/294 se apersona la codemandada Mónica Alicia Varona y plantea recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra del decreto del 19/10/2010 en mérito a que no se dio cumplimiento con la tasa de justicia y las obligaciones previsionales, las que debieron cumplirse al iniciarse el trámite ante Mesa de Entradas. A fs. 337 obra sentencia del 06/9/2011 que rechaza el recurso de revocatoria por encontrarse ajustado a derecho el decreto recurrido y a fs. 344 por sentencia del 03/10/2011, resuelve no conceder el recurso de apelación interpuesto en subsidio por no causar gravamen irreparable.

V.- Por sentencia del 13/11/2012, este Tribunal hizo lugar al recurso de queja por casación denegada y declaró admisible provisionalmente el recurso de casación deducido por la demandada en contra de la sentencia de la Sala I de la Cámara Civil y Comercial Común del 06/9/2011, por lo que corresponde examinar su procedencia.

La sentencia recurrida del 31/5/2012 (fs. 39 y vta.) deniega el recurso de queja por apelación denegada por considerar que la genérica denuncia de afectación de principios procesales y constitucionales realizada no es suficiente si, al mismo tiempo, no se identifican los perjuicios reales y actuales que la supuesta conculcación acarrea.

VI.- De la confrontación de los términos del memorial casatorio puestos en relación con la sentencia recurrida, surge que el recurso debe prosperar.

Tiene dicho esta Corte (CSJTuc., sentencias Nº 153, 11/3/1998, Cruz Alta S.A. s/ Concurso Preventivo; Nº 562, 05/8/1999, Banco Roberts S.A. vs. Suc. de Faustino Fernando Maldonado s/ Embargo preventivo y cobro de pesos), que entre los requisitos que debe presentar toda impugnación, se encuentra la existencia de un interés en recurrir, pues como principio, todo recurso tiende a modificar una resolución adversa a quien lo interpone. Ha destacado la doctrina que así como no hay acción sin interés, tampoco hay recurso sin agravio y existe gravamen cuando media una diferencia perjudicial entre lo pedido por los justiciables y lo concedido por el juez. La noción de interés reposa sobre dos pautas: utilidad y necesidad: es útil si el quejoso obtiene una situación más ventajosa, y es necesario si el remedio es indispensable para alcanzar dicho éxito. El gravamen debe existir al momento de interponer el recurso, y tener vigencia todavía cuando es resuelto por el juzgador, tratándose de un requisito común a todos los recursos, sean ordinarios o extraordinarios (cfr. Juan Carlos Hitters "Técnica de los Recursos Ordinarios", pág. 42 y sgtes.) El gravamen que no puede ser reparado por la sentencia definitiva, que le provoca al recurrente el decreto del 19/10/2010 reside en que, de ser irretroactivo el beneficio de litigar sin gastos como él mismo lo plantea, el decreto apelado que ordenó correr traslado de la demanda sin haberse abonado la tasa de justicia, significaría instaurar una desigualdad de las partes frente a la ley (CSJTuc., sentencias Nº 286 del 24/4/2001, "Ortiz, Carlos César vs. Cervecerías y Malterías Quilmes Sociedad Anónima Industrial Agrícola y Ganadera s/ Daños y perjuicios"; Nº 826, 28/10/2010, "Sancho Miñano Diego vs. Severino de Theaux Mafalda M. s/ Cobro ordinario. Incidente"; Nº 434, 15/6/2012, "Cruz Héctor Eduardo vs. Provincia de Tucumán s/ Especiales (Residual). Incidente s/ Beneficio para litigar sin gastos promovido por la parte actora"); con la consiguiente afectación del derecho de defensa y de la igualdad en el proceso (CSJTuc., sentencia Nº 153, 09/3/2006, "Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán vs. Banco Velox S.A. s/ Cobro (Ordinario))".

Conforme a lo considerado, el recurso de apelación oportunamente deducido resulta admisible, en tanto ha sido presentado en contra del decreto del 19/10/2010, que causa al recurrente un gravamen que no puede ser reparado por la sentencia definitiva.

En consecuencia, corresponde hacer lugar al recurso de casación deducido en contra de la sentencia de la Excma. Cámara en lo Civil y Comercial Común, Sala I, del 31/5/2012 (fs. 39 y vta.), conforme a la siguiente doctrina legal: "Es apelable por la contraria, por causar gravamen irreparable el decreto que dispone dar curso a la demanda sin haberse abonado la tasa de justicia y aportes previsionales".

Asimismo, corresponde dictar la siguiente Sustitutiva: I.- DECLARAR ADMISIBLE el recurso de queja por apelación denegada interpuesto por la codemandada Mónica Adriana Varona en contra de la sentencia del 06/9/2011 y su aclaratoria del 03/10/2011 (fs. 337 y fs. 344 respectivamente de los autos principales) que denegó el recurso de apelación interpuesto en subsidio en contra del decreto del 19/10/2010 (fs. 282 de los autos principales). En consecuencia, concédase en relación el recurso de apelación en subsidio del recurso de revocatoria deducido por la codemandada Mónica Alicia Varona en contra del decreto del 19/10/2010 (fs. 282 del principal).

VII.- Las costas de esta instancia se imponen al vencido, por ser de ley expresa (art. 105 procesal).

El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

Estando de acuerdo con los fundamentos vertidos por el señor vocal preopinante, doctor Daniel Oscar Posse, vota en idéntico sentido.

El señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal doctor Daniel Oscar Posse, vota en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR, con devolución del depósito, al recurso de casación deducido por la demandada Mónica Alicia Varona en contra de la sentencia del 31/5/2012 (fs. 39 y vta.) dictada por la Excma. Cámara en lo Civil y Comercial Común, Sala I, la que se CASA y se deja sin efecto, de conformidad a la doctrina legal enunciada. En consecuencia, dictar la sustitutiva: I.- DECLARAR ADMISIBLE el recurso de queja por apelación denegada interpuesto por la codemandada Mónica Alicia Varona en contra de la sentencia del 06/9/2011 y su aclaratoria del 03/10/2011 (fs. 337 y vta. y fs. 344 respectivamente de los autos principales) que denegó el recurso de apelación interpuesto en subsidio en contra del decreto del 19/10/2010 (fs. 282 de los autos principales). En consecuencia, concédase en relación el recurso de apelación en subsidio del recurso de revocatoria deducido por la codemandada Mónica Alicia Varona en contra del decreto del 19/10/2010 (fs. 282 del principal).

II.- COSTAS como se consideran.

III.- OPORTUNAMENTE vuelvan los autos a su origen a fin que con la integración que corresponda, se dicte nuevo pronunciamiento.

IV.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN ANTONIO GANDUR	DANIEL OSCAR POSSE ANTE MÍ:

CLAUDIA MARÍA FORTÉ.