Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-10-31


SENTENCIA DEFINITIVA NRO. 88247	CAUSA NRO.9634/11 AUTOS: "Spagnoletti Javier Victor c. Adecco Argentina S.A. y otro s. despido" JUZGADO NRO.	SALA I En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 31 días del mes de OCTUBRE de 2012, reunida la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y de acuerdo al correspondiente sorteo, se procede a votar en el siguiente orden:

El Dr. Vilela dijo:	I)- Contra la sentencia de fs.252/256 apelan las demandadas Telecentro SA y Adecco Argentina SA, presentando sus memoriales a fs.260/267 y fs.270/273.

II)- Se queja Telecentro SA por haber sido condenada en los términos del art.29 de la LCT, a cuyo efecto destaca la pericia contable, de la que surgiría que la actora fue contratada por Adecco Argentina SA como personal eventual para cubrir licencias de las personas que allí se individualizan. Apela la remuneración y fecha de ingreso admitidas -también las cuestiona en tanto parámetros para la determinación de la indemnización por antigüedad-, la condena al pago de la sanción del art.15 de la ley 24.013, la incidencia del SAC sobre la indemnización sustitutiva del preaviso, y la entrega del certificado de trabajo. Apela los honorarios regulados a los profesionales intervinientes, por elevados, y solicita la aplicación del art.8 de la ley 24.432.	Adecco Argentina SA, a su turno, se queja porque se declaró procedente la sanción del art.15 de la ley 24.013, e insiste en haber sido empleadora del actor y, por ende, quien debía registrarlo, tal como lo hiciera, por lo que solicita que -subsidiariamente- se la considere integrante de un sujeto empleador plural. Apela la condena al pago de la sanción del art.2 de la ley 25.323, la tasa de interés y los honorarios regulados a la representación letrada del actor y al perito contador, por altos. III)- En orden a la titularidad del contrato de trabajo habido con el demandante, memoro que Telecentro SA explicó en el responde que ante un incremento en las tareas de su call center a principios de noviembre de 2007 requirió a la codemandada Adecco la provisión de personal para cubrir un puesto de "back office", ya que en ese sector desde el 24 de abril de ese año la Sra. Covtun comenzó a gozar de licencia por enfermedad hasta el 4 de noviembre de 2008, desde el día siguiente y hasta el 30 de noviembre se mantuvo con reserva de puesto, que el 8 de enero de 2009 la Sra. Fuentes comenzó con una licencia por enfermedad hasta el 19 de mayo, y a partir del día siguiente y hasta el 18 de agosto la trabajadora gozó de licencia por maternidad, que se extendió en virtud de la excedencia hasta el 30 de marzo de 2010 (ver fs.54/vta.). La pericia contable da cuenta de que el actor fue registrado por Telecentro SA como trabajador eventual desde el 13 de noviembre de 2007, y Adecco Argentina SA lo registró en la misma categoría y fecha de ingreso (fs.178vta.). A fs.179vta. obra el detalle de las licencias de las que gozaran las empleadas Covtun y Fuentes. La primera estuvo de licencia por enfermedad entre el 24/9/2007 y el 4/11/2008 y reserva de puesto desde el 5/11 hasta el 30 de ese mes y año, y licencia por enfermedad entre el 31/3/2009 y el 1/4/2009 y entre el 14/ y el 4/5 de 2009; Fuentes tuvo licencia por maternidad entre el 20/5 y el 17/8 de 2009, y excedencia entre el 18/8/2009 y el 17/2/2010. Existe, sin embargo, un obstáculo formal a la pretensión de las demandadas: el incumplimiento a lo normado por el art.69 de la ley 24013, en tanto impone que cuando el contrato eventual tenga por objeto "sustituir transitoriamente trabajadores permanentes de la empresa que gozaran de licencias legales o convencionales o que tuvieran derecho a reserva del puesto por un plazo incierto, en el contrato deberá indicarse el nombre del trabajador reemplazado. Si al reincorporarse el trabajador reemplazado, el trabajador contratado bajo esta modalidad continuare prestando servicios, el contrato se convertirá en uno por tiempo indeterminado.". No se ha acompañado el instrumento que permita verificar el cumplimiento de esta formalidad, la que considero reviste carácter determinativo del contrato mismo (cfr. Aronna, Carlos C., Ley de Contrato de Trabajo Comentada, dirigida por M.A. Maza, Ed. La Ley, 21012, To.II, pág.340). Por otra parte, los lapsos temporales ut-supra descriptos permiten, además, verificar que existen algunos lapsos durante los cuales ninguna de las trabajadoras supuestamente reemplazadas gozó de licencia alguna, y no surge -ni ha sido invocado- que durante esos lapsos el contrato del actor hubiera estado suspendido -tal como lo permite la modalidad que las demandadas invocan-, sino que se aprecia, más bien, que su contrato continuó vigente y siempre prestó servicios a las órdenes de Telecentro SA.

Resta destacar que es jurisprudencia de esta Sala que el principio general es el trabajo por tiempo indeterminado y el vínculo permanente (art.90 L.C.T.), y que quien invoque el trabajo eventual debe cargar con la prueba que así lo acredite (cfr. esta Sala, in re Aguirre José c/COTESUD SASE y otros s/despido, SD 51907 del 22/4/86, entre otros).

En consecuencia, no cabe sino concluir que Spagnoletti fue dependiente de Telecentro SA, para quien en definitiva prestó servicios. Esta última empresa lo injurió al desconocerle el vínculo laboral que aquélla invocara en el intercambio telegráfico, lo que habilitaba al actor a considerarse despedido con justa causa (arts.242, 243, 246 y conc., LCT).

Con relación al argumento de Adecco SA de que se la considere, subsidiariamente, integrante de un sujeto empleador plural, la lectura del responde revela que la apelante intenta introducir la cuestión ante esta instancia (ver responde a fs.27/37), lo cual luce extemporáneo (art.277, CPCCN).

En virtud de lo expuesto, propongo confirmar lo resuelto en origen.

IV)- Telecentro SA cuestiona la fecha de ingreso y el salario admitidos en origen, y el estudio de la causa me permite adelantar que este aspecto de su recurso obtendrá favorable acogida. El actor alegó recién en el inicio -digo así porque en el intercambio telegráfico previo que contiene la intimación de regularización del vínculo mencionó otro parámetro- que debió haber percibido la suma mensual de $4500, pero que le abonaban $2.800. En ambos casos -telegrama y demanda- invocó que habría ingresado el 26/9/2006 y, como anticipara en el considerando anterior, fue registrado el 13 de noviembre de 2007. Se hallaba a cargo del actor acreditar estos extremos, ante la negativa de ambas demandadas y las constancias registrales exhibidas al perito contador (ver informe a fs.171 y sgtes.), ya que los libros laborales fueron exhibidos por ambas empresas y, además, aún cuando pudiera considerarse operativa la presunción del art.55 de la LCT, lo cierto es que se refiere a los asientos que debían constar en el libro del art. 52 LCT, es decir, que opera sólo con relación a los hechos y circunstancias que debieron estar consignados en esos libros. Desde esa perspectiva, la falta de exhibición de esos libros ".no puede generar evidencia de aquello cuya no registración también puede responder a su inexistencia.. A fin de que tales dispositivos normativos cobraran operatividad en favor de las manifestaciones vertidas por el actor en el escrito inicial, era menester que éste acreditara el presupuesto de hecho esencial de su invocación.." (cfr. Sala II, "Piarristeguy Edgardo Nicolas c/ Andres Lagomarsino E Hijos S.A. s/despido", SD 95.966, con voto de M.A. Pirolo). Me permito agregar, además, que se observa a través de lo informado por AFIP, que el actor registra aportes y contribuciones efectuados por otra firma -Cargos SRL- entre septiembre de 2006 y parte de noviembre de 2007 (ver fs.211).

En mérito a lo expuesto, toda vez que no obra en autos elemento alguno que avale la fecha de ingreso o salarios invocados, propondré modificar el fallo de grado y admitiré que el actor prestó servicios a las órdenes de Telecentro SA desde el 13 de noviembre de 2007, y que la mejor remuneración normal y habitual por él percibida ascendió a $3.293,99 (fs.178).

V)- Con respecto a la sanción del art.15 de la ley 24.013, la intimación cursada no cumple con los recaudos normativos, por cuanto no se consignó la verdadera fecha de inicio del contrato de trabajo. Sabido es que para que resulte procedente la indemnización contemplada por ese régimen normativo, el dependiente no sólo debe acreditar haber efectuado la intimación prevista en el art. 11 de la ley 24013, sino también la veracidad de las condiciones de contratación allí denunciadas, en tanto tal extremo ha sido establecido como recaudo de contenido necesario para la eficacia de la intimación en cuestión, puesto que aquella reconoce como objeto posibilitar la adecuación a la realidad de la eventual registración a efectuarse (ver también art.15 primer párrafo, ley 24.013). En atención a lo expuesto en el considerando anterior, la intimación remitida a los fines registrales no cumplió con el requisito de contenido de veracidad, por lo cual he de proponer se admita este aspecto de los recursos y se deje sin efecto la condena al pago de esta sanción.

VI)- En cuanto se refiere a la indemnización sustitutiva del preaviso omitido, en la base de cálculo de aquella corresponde incluir la incidencia del SAC, ya que esta indemnización es equivalente a la remuneración global que le hubiere correspondido al empleado y el SAC -proporcional- es un salario que se habría devengado de haberse otorgado el preaviso (cfr. Tratado de Derecho Jurisprudencial y Doctrinario, dirigido por M.A. Pirolo, To.I, Ed. La Ley, 2010, pág.497; ver mi voto in re "Quiroga María Ester c/Tarek Made s/despido", SD 86.718 del 9/6/2011). Por ende, no encuentro mérito para apartarme de lo resuelto en origen.

VII)- Con respecto a la indemnización prevista por el art.2 de la ley 25.323, en atención al desarrollo efectuado en el considerando III y a la negativa de relación plasmada por quien en definitiva resultara empleadora del actor, no se verifica el presupuesto que contempla el segundo apartado de la norma para eximir a las demandadas de su pago.

VIII)- La entrega del certificado de trabajo fue peticionada por el actor en la demanda (ver fs.17, punto 22.9), por lo que no asiste razón a Telecentro SA, quien reitero una vez más, tal como surge del considerando III, reviste el carácter de empleadora directa del trabajador, por lo que resulta obligada al cumplimiento de lo normado por el art.80 de la LCT.

IX)- Adecco Argentina SA cuestiona la tasa de interés fijada por el sentenciante de grado, coincidente con la establecida por esta Cámara en el Acta Nro.2357 y Res. Nro.8/02 por considerarla excesiva. Esta Sala ha tenido oportunidad de señalar que, ante la veda de los mecanismos indexatorios, la Cámara que tengo el honor de integrar optó por fijar una tasa como la activa que incluye, en su composición, un elemento que refleja el deterioro de la moneda. Una solución adversa privaría de contenido a los intereses como resarcimiento de los perjuicios nacidos en la privación del uso oportuno de capital, vulnerando lo dispuesto en el art.508 del Código Civil y convertiría a la mora en un beneficio para el deudor (ver Sala I, "Ottolini Antonio José c/Inca SA Compañía de Seguros s/despido", SI 53215 del 9/6/2003, entre muchos otros). En definitiva, la tasa de interés que se ordena aplicar intenta, además de constituir una reparación por la privación del uso oportuno del capital, paliar los efectos de la desvalorización monetaria real que se verifica en la actualidad.

Propongo pues confirmar lo resuelto en origen.

X)- Teniendo en cuenta la solución que he propiciado a lo largo del presente voto, corresponde reducir la condena la suma de $24.687,60.-, conforme los siguientes parciales: indemnización por antigüedad, $9.881,97; indemnización sustitutiva del preaviso con la incidencia del SAC, $3.568,50; integración del mes del despido, $1.866,60; SAC proporcional año 2010 (comprensivo de incidencia sobre la integración) $1.098; art.2 de la ley 25.323, $7.658,53; vacaciones proporcionales, $614. Todo ello con más los intereses fijados en origen.

XI)- En atención al nuevo resultado del pleito, corresponde dejar sin efecto lo resuelto en materia de honorarios (art.279, CPCCN).

En cuanto a las costas, de conformidad con la naturaleza de las cuestiones debatidas y las particulares circunstancias del caso, descriptas especialmente en el considerando III, propongo mantener las costas de primera instancia a cargo de las demandadas vencidas en lo sustancial del litigio, toda vez que, además, en su distribución no debe prevalecer un criterio aritmético sino jurídico, atendiendo a la índole de las pretensiones de las partes y los rubros que resultaron procedentes (cfr. esta Sala in re "Salaberry Yatchino Juan c/Piso Uno SA s/despido", SD 58448 del 19/5/90). En orden a las de Alzada, propondré distribuirlas en el orden causado (arg.art.68, según párrafo y 71 CPCC), atento a la ausencia de réplica.

De conformidad con el mérito y calidad de los trabajos realizados en grado, valor económico del juicio, rubros que resultaron procedentes, resultado final del pleito y facultades conferidas al Tribunal, propongo regular los honorarios por la actuación en primera instancia, de la representación letrada del actor, de la demandada Telecentro SA, de Adecco Argentina SA y del perito contador, en las sumas de $8.500, $7.500, $7.000 y $3.500 respectivamente (art. 38 LO; leyes 21.839 y 24.432; dec.ley 16.638/57). Por la actuación en Alzada propongo regular los honorarios de los letrados de las demandadas en el 30% respectivamente de lo que a cada uno de ellos le corresponda percibir por su actuación en la anterior etapa (art.38 LO y normas arancelarias de aplicación).

XII)- En definitiva, de prosperar mi voto, correspondería: a)- Confirmar la sentencia en lo principal que decide, reduciendo la condena a la suma de $24.687,60 con más los intereses fijados en origen; b)- Declarar las costas de Alzada en el orden causado (art.71, CPCCN); c)- Dejar sin efecto lo resuelto en materia de honorarios (art.279, CPCCN) y adoptar nuevo pronunciamiento, por ambas etapas, de conformidad con lo dispuesto en el considerando XI) del presente.

La Dra. Gabriela Alejandra Vázquez dijo:

Que adhiere al voto que antecede, por compartir los fundamentos.

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, SE RESUELVE: a)- Confirmar la sentencia en lo principal que decide, reducir la condena a la suma de $24.687,60 con más los intereses fijados en origen; b)- Declarar las costas de Alzada en el orden causado (art.71, CPCCN); c)- Dejar sin efecto lo resuelto en materia de honorarios (art.279, CPCCN) y adoptar nuevo pronunciamiento, por ambas etapas, de conformidad con lo dispuesto en el considerando XI) del presente.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Julio Vilela	Gabriela Alejandra Vázquez Juez de Cámara	Jueza de Cámara	Ante mí:

Elsa Isabel Rodriguez	Prosecretaria de Cámara En de de , se dispone el libramiento de cédulas. Conste.	Elsa Isabel Rodriguez	Prosecretaria de Cámara En de de se notifica al Sr. Fiscal General la Resolución que antecede y firma. Conste.	Elsa Isabel Rodríguez	Prosecretaria de Cámara