Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-08-26


SENT Nro. 637 San Miguel de Tucumán, 26 DE AGOSTO de 2003.- Y VISTO: El recurso extraordinario federal que prevé el artículo 14 de la ley 48 ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación deducido por el apoderado de la parte actora en autos: "Sánchez, René Alberto vs. Viscido, Miguel Angel y otros s/Daños y perjuicios"; y C O N S I D E R A N D O :

1.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia, el recurso extraordinario federal interpuesto a fs. 405/410 por el apoderado de la parte actora en contra de la sentencia de fecha 09/4/2003 dictada por este Tribunal. El pronunciamiento mencionado (fs. 399/401) rechazó el recurso de casación oportunamente articulado por parte del recurrente.

2.- Expresa el recurrente que el pronunciamiento dictado infringe la preceptiva del art. 211 (referido a los supuestos de suspensión del curso de la caducidad de instancia) y desinterpreta lo dispuesto por el art. 218 (supuesto de improcedencia de la caducidad), ambos del código de procedimientos de la provincia.

De un lado, reitera los argumentos del memorial casatorio referidos a que su parte hizo una presentación que glosa a fs. 330 por la cual solicitaba la remisión de la causa penal "Montserrat, Pedro Antonio s/Lesiones por culpa o imprudencia" a fin de que la juez a quo pudiera emitir pronunciamiento. Afirma que esta presentación fue consentida por la demandada (doctrina del art. 214 del CPCC) y que con ello, quedó purgada la caducidad; extremos que no fueron valorados debidamente.

Nuevamente señala que su parte se hallaba impedida de instar el proceso pues se habían agotado todas las diligencias útiles. Señala que atento al estado de la causa, sólo podía esperar el dictado de la sentencia en sede criminal, para que con ello quedara habilitado el pronunciamiento del juez civil. Considera que al omitir este argumento de su parte, se ignora la directiva del art. 1101 del Cód. Civil, que por efecto de la prejudicialidad, condiciona el dictado de la sentencia civil al previo pronunciamiento del juez penal.

Expresa el recurrente que la caducidad de la instancia no podía producirse pues los autos se encontraban "pendientes de sentencia" y que al no valorar adecuadamente esta circunstancia, se infringió el art. 818 del CPCC.

Ratifica su posición al afirmar que instó el procedimiento con diligencias válidas y adecuadas al estado de la causa; esto es, la tramitación del beneficio para litigar sin gastos y el requerimiento de la causa penal necesaria para el dictado del pronunciamiento civil.

Invoca la arbitrariedad de la sentencia que impugna al haber omitido considerar los argumentos oportunamente introducidos, tanto en la instancia de la apelación, como en el memorial casatorio.

3.- Corresponde en consecuencia a esta Corte, verificar si el impugnante satisfizo los requisitos impuestos para la interposición del remedio federal conforme lo previsto en la ley 48.

4.- Se advierte que el recurso intentado no observa uno de los recaudos de admisibilidad que le es propio, referido a la existencia de cuestión federal, que debe emerger de la discusión sobre interpretación de normas o actos federales emanados de las autoridades de la Nación, así como de conflictos planteados entre la Constitución Nacional y otras normas o actos provenientes de autoridades nacionales o locales (CSJTuc., sentencia Nro. 708 del 14/12/95).

Tal como emerge del escrito recursivo, que la cuestión que motiva el recurso es de derecho procesal local y por ende insusceptible de revisión por la vía extraordinaria federal, salvo que se invocare en forma suficiente, arbitrariedad en el pronunciamiento (CSJTuc., sentencia Nro. 1102 del 27/12/2001, "Gennaro, Sebastián y otro vs. Gobierno de la Provincia de Tucumán s/Inconstitucionalidad").

En el caso, la materia debatida se vincula a cuestiones de derecho procesal local, referidas al curso del plazo que determina la caducidad de la instancia (art. 210 del CPCC), su suspensión (art. 211), los supuestos de improcedencia (art. 218) y las condiciones para su planteamiento (art. 214).

El recurso está dirigido a impugnar la resolución que rechazó el recurso extraordinario local, y es precisamente la naturaleza procesal local del planteo, la que impide admitir el remedio extraordinario federal. En este sentido se ha expresado que cuando la legislación procesal aplicable al caso ha sido no federal queda excluida, como regla, la posibilidad de la existencia de la cuestión federal, siendo abundante la jurisprudencia que así lo decide (Fallos: 305:2058; CSJTuc., sentencia Nro. 853 del 12/10/2000, "Campos, Miguel Alfredo vs. Seguros Bernardino Rivadavia s/Cobro de seguros", entre otros).

5.- De otro lado, el impugnante recurre a la doctrina de la arbitrariedad de la sentencia, hipótesis que excepcionalmente habilitaría la instancia extraordinaria.

Si bien incumbe a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, juzgar en definitiva sobre la existencia de arbitrariedad en el pronunciamiento, ello no exime a este Tribunal de resolver, en orden a la admisibilidad que le compete, si el recurso cuenta prima facie, con fundamentos suficientes para sustentar el vicio alegado.

Esta Corte tiene dicho que "es criterio monocorde de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que la doctrina de la arbitrariedad no lleva a la sustitución del criterio de los jueces de otras instancias por el criterio de la Corte, sino a la privación de efectos de una sentencia que carezca de razones suficientes para fundarla; y la tacha de arbitrariedad no procede por meras discrepancias acerca de la valoración de los hechos o de la inteligencia atribuida a los preceptos practicados por los magistrados, así se estimen estas discrepancias legítimas y fundadas. Esta tacha no tiene por objeto la corrección en tercera instancia de sentencias equivocadas o que se estimen tales, sino que atiende sólo a los supuestos de omisiones de gravedad extrema en que, a causa de ellas, las sentencias quedan descalificadas como actos judiciales (Fallos: 249:559 voto del doctor Boffi Boggero; 244:384; cfr. asimismo, CSJTuc., sentencia Nro. 706, "Rodríguez, Graciela del Valle vs. Yapur de Ahualli, María Teresa s/Indemnizaciones" del 06/9/2000; sentencia Nro. 687, "Beber Angel Enrique vs. Zavaleta, Lucas Miguel s/Cobros" del 31/8/2000; sentencia Nro. 563, "Dorichi , Juan Mauro vs. Cía. Argentina de Levaduras SAIC s/Diferencias", entre otros).

En el caso, los argumentos recursivos no logran demostrar prima facie la existencia de la pretensa arbitrariedad; lo que sella en forma adversa, la suerte del recurso intentado.

Al resolver el recurso de casación interpuesto, esta Corte expresó que la norma del art. 214 procesal sienta el principio según el cual, para que se produzca la caducidad de la instancia, no debe mediar consentimiento de los trámites cumplidos pero dijo también que ellos no implica imponer la carga de impugnar el contenido del acto. Se señaló que la preceptiva exige la petición tempestiva de la perención; extremo que fue cumplido por la demandada en autos, que dentro de los cinco días de notificado el decreto que proveía el escrito presentado por el actor, solicitó se declarara la caducidad de la instancia. Destacó también esta Corte que los argumentos mencionados, fueron puntualizados por el tribunal de alzada, sin que el recurrente lograra rebatirlos en el memorial casatorio.

Desde otra perspectiva, el pronunciamiento impugnado señaló que el art. 1101 del Cód. Civil dispone la suspensión del dictado de la sentencia civil hasta tanto exista sentencia en el fuero criminal pero no suspende el trámite del juicio en los términos del art. 211 procesal. Desde este enfoque, se expresó que el recurrente debía instar el procedimiento hasta concluir la instancia abierta, con la obtención del llamado de autos para sentencia y su notificación pues sólo así se configura el supuesto previsto por el art. 218 inc. 1 del CPCC alegado por el recurrente en respaldo de su posición. Concluyó esta Corte señalando que la parte tiene el deber de instar el trámite del proceso hasta que el expediente se encuentra en estado de ser fallado, momento en el cual recién cesa la carga del impulso procesal.

6.- Las costas se impone al recurrente vencido, por aplicación del principio general en la materia (art. 106 del CPCC).

Por ello, y compartiendo lo dictaminado por el señor Ministro Fiscal a fs. 424, se R E S U E L V E :

I.- DENEGAR, con costas, el recurso extraordinario federal interpuesto por el apoderado de la parte actora en contra de la sentencia de fecha 09/4/2003 dictada por esta Corte Suprema de Justicia.

II.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.- ANTONIO GANDUR RENE MARIO GOANE ALBERTO JOSE BRITO ALFREDO CARLOS DATO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA