Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-06-19


Reg.: A y S t 283 p 168/172.

Santa Fe, 19 de junio del año 2.018.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la actora contra la sentencia de fecha 25 de abril de 2017, dictada por la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Laboral de Rosario, en autos "RINALDI, CAROLINA GISELA contra BANCO SANTANDER RIO S.A. -SENTENCIA COBRO DE PESOS - RUBROS LABORALES- (CUIJ N° 21-03524272-1)" (Expte. C.S.J. CUIJ N°: 21-00511544-9); y, CONSIDERANDO:

1. Mediante sentencia del 25 de abril de 2017, la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Laboral de Rosario, confirmó la sentencia de baja instancia que, a su turno, rechazó la demanda con costas (fs. 2/4).

Contra ese pronunciamiento deduce la actora recurso de inconstitucionalidad en los términos del artículo 1 inciso 3 de la ley 7055, achacando arbitrariedad normativa y fáctica a la decisión (fs. 6/29v.).

En su presentación refiere que accionó contra su empleadora persiguiendo el cobro de la indemnización debida a consecuencia del despido indirecto en que se colocara, ante los incumplimientos de la patronal.

Relata que ingresó el 29.07.1998 como representante de servicios a clientes en la sucursal 060. Que luego fue transferida a la sucursal 277 y que allí comenzó a recorrer la zona de influencia de la sucursal con el objetivo de captar nuevos clientes, objetivo que -afirma- consiguió plenamente, por lo cual fue ascendida a la categoría de "ejecutiva gold", con el consiguiente cambio de categoría: de auxiliar a segundo jefe de división de tercera dentro del escalafón bancario, con cargo y firma. Sin embargo -continúa relatando- a consecuencia de la crisis del 2001, el banco ideó un sistema de venta de productos variados (seguros de hogar, automóviles, etc.) a fin de reemplazar con esta nueva actividad los ingresos que habían mermado a consecuencia de la crisis. Y que entonces fue destinada a vender esos productos. Que logró un lugar de privilegio entre los vendedores de seguros de bancos en todo el país y que por ello, se dispuso su traslado a la sección "Fuerza de Ventas" de la entidad y allí el banco le hizo suscribir un "convenio" en fecha 01.02.2006 que, en realidad, no fue más que una imposición de condiciones unilateralmente determinadas por el empleador -entre ellas- una rebaja salarial del bruto mensual de 1697.- a 911.- pesos. Agrega que, pese a la evidente desventaja, por su situación personal -recién casada, condicionada por la extrema necesidad de conservar su empleo- aceptó el acuerdo y se propuso redoblar esfuerzos para vender más y más y así compensar con comisiones la reducción de sueldo que le fue impuesta. Que así, quedó posicionada en primer lugar en la tabla de vendedores del país.

Refiere haber sido víctima de presiones de sus superiores, traslados injustificados que le causaron estrés y pusieron en riesgo su segundo embarazo, por lo que entró en licencia médica y luego por maternidad. Antes de reintegrarse, continúa refiriendo, le comunicaron su traslado a una sucursal periférica de reciente creación y bajo nivel de ventas, lo cual la condenaba a perder la mayor parte de sus ingresos pues éstos se basaban en comisiones. Ello, afirma, le trajo más problemas de salud y estrés.

En julio de 2009, continúa, advirtió que el rubro "premio variable capita cliente" le había sido reducido ese mes y dejado de abonar en el mes anterior. Por esa razón, intimó al Banco a que aclare la cuestión pero este no contestó. Lo intimó nuevamente a liquidar correctamente el rubro y denunció el acuerdo antes referido por el cual se le redujo drásticamente el sueldo y pidió el cese de su aplicación. Reclamó asimismo el pago de las diferencias devengadas y no percibidas por el período no prescripto, todo bajo apercibimientos de considerarse despedida por culpa de la patronal. Y señala que frente a la negativa de la patronal a sus reclamos, se dio por indirectamente despedida.

Continúa refiriendo que al contestar la demanda, el Banco sostuvo que su parte no sufrió perjuicio económico alguno, tesitura confirmada por los jueces de la causa en ambas instancias, al rechazarse su demanda con sustento en la pericia contable y en el tiempo transcurrido entre la suscripción del convenio y su denuncia, aún cuando -señala- la Sala reconoció las falencias en la instrumentación del acuerdo al no haberse homologado ante la autoridad administrativa o judicial. Contra el referido pronunciamiento endereza la actora su recurso de inconstitucionalidad (fs. 6/29v.). Achaca al A quo arbitrariedad por prescindir de pruebas decisivas -documental: recibos de sueldo y testigos-, contradecir los principios rectores del Derecho Laboral (en particular, irrenunciabilidad y orden público laboral) y no resolver los agravios planteados por su parte (en cuanto a la falta de pago del rubro "per var cap cliente" pese a encontrarse probado).

Sostiene que, pese a reconocer la Alzada las falencias en la instrumentación del acuerdo al no haberse homologado ante la autoridad administrativa o judicial, tal como lo exige el artículo 15 de la Ley de Contrato de Trabajo, consideró que la ausencia de contemporaneidad entre la firma del acuerdo y el reclamo evidenció que la trabajadora obtuvo una mejora salarial en su remuneración variable. Entiende que, de ese modo, la Sala tuvo por caducado su derecho en violación a lo preceptuado en el artículo 259 y 12 de la Ley de Contratos de Trabajo, arrogándose facultades legislativas.

Argumenta que en autos surge probada la mutación de su situación laboral pasando de la certeza de un sueldo fijo a un básico considerablemente menor y una expectativa de ingreso superior en base a comisiones que sólo se devengarían a partir de sus ventas, dependientes de su esfuerzo personal en jornadas de trabajo más extensas y todo sujeto a las contingencias del mercado y la calidad de los productos ofrecidos (impuestos unilateralmente por la patronal), quedando así probada la aleatoriedad del nuevo régimen remuneratorio que se le impuso, donde se le exigía un mayor esfuerzo productivo a fin de que no viera disminuidos sus ingresos.

A su vez, achaca a la Sala haber omitido aplicar la inversión de la carga probatoria que prevé el artículo 55 de la LCT ante la ausencia de exhibición de los libros laborales, pese a que su parte así lo requirió.

Sostiene que todo ello configuró una clara violación al principio de irrenunciabilidad, a la exigencia de formalización y homologación de este tipo de acuerdos y un ejercicio abusivo del "jus variandi" (en cuanto al cambio de tareas y remuneración).

2. Por auto 213 de fecha 26.09.2017, la Sala declaró inadmisible el recurso de inconstitucionalidad planteado por la actora, con costas (fs. 33/36).

3. La presente queja ha de ser desestimada.

Ello es así, toda vez que la recurrente en su presentación directa no alcanza a refutar eficazmente los argumentos expuestos por la Sala que -confirmando la decisión de la jueza de primer grado de conocimiento- consideró que del dictamen pericial contable no surgía perjuicio para la trabajadora, poniendo de resalto -en ese sentido- que ésta no objetó oportunamente la referida pericia, por lo cual los jueces la tuvieron por conforme al respecto.

Agregó el Sentenciante que las declaraciones testimoniales que la recurrente consideraba omitidas de valorar, no suplían la exactitud y precisión de la pericia contable y sólo acercaban pautas genéricas que nada precisaban en el caso concreto sobre "una disminución salarial supuestamente habida"; por el contrario -prosiguió- "...a la postre, evidencian la posibilidad latente -verificada mediante la pericia- de un aumento en la remuneración de la trabajadora ante el cobro mayor de comisiones por ventas" (f. 3/v.).

De ese modo, la Sala rechazó el recurso de apelación de la actora al concluir que sus argumentaciones sólo reiteraban con insistencia su postura inicial en la litis y, evidenciaban una "mera discrepancia dogmática" pero que no lograba conmover lo evidenciado a través de la prueba pericial contable y lo comprobado -por la magistrada de baja instancia a partir de las constancias obrantes en autos- en cuanto a la "...invariabilidad del salario básico y la percepción de uno final superior, dada la eficacia de la Sra. Rinaldi en su función, producto de las ventas que realizaba, lo que le permitía arribar a un mejor ingreso mensual" (f. 3v.).

En este sentido, cabe recordar que no puede eximirse de acreditar el perjuicio quien afirma haberlo sufrido, desde que quien pretende la admisión de su pretensión tiene la carga de probar la realidad de los daños invocados a partir de elementos de comprobación suficiente que, en el caso, requerían justificar que con las invocadas modificaciones en las condiciones de percepción de su remuneración se le produjo un daño concreto y demostrable.

Como tiene dicho esta Corte, no basta la mera invocación del perjuicio directo e inmediato para que éste se reconozca, sino que para ello es necesaria su concreta demostración, lo que ha sido resuelto en similar sentido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que reiteradamente ha dicho que la procedencia de la indemnización depende de que esté o no suficientemente probada la existencia de perjuicios (véase: CSJN: Fallos: 221:187; 231:271; C.S.J. Sta.Fe: A. y S. T, 92, pág. 452; T, 110, pág. 98 y 371; T. 123, pág. 308; T. 153, pág. 330).

En efecto, es en el marco de este razonamiento -en cuanto a la ausencia de acreditación de perjuicio por parte de la trabajadora- que el A quo pone en evidencia el tiempo transcurrido entre la suscripción del acuerdo entre las partes (en fecha 01.02.2006) y su denuncia por vía epistolar (en fecha 04.09.2009), al señalar la Sala que ello evidenciaba la obtención de una mejora por parte de la trabajadora ante "...una mayor perspectiva en su remuneración variable con relación al nuevo puesto..." (f. 3).

Por último, las alegaciones vertidas por la presentante respecto a la supuesta inaplicación por el A quo de las presunciones contenidas en el artículo 55, L.C.T., no alcanzan para desmerecer la respuesta de la Alzada consistente en que se trata de una presunción de carácter "juris tantum" que -en el caso- cede ante los términos de la pericia contable.

En conclusión, desde que el quejoso no ha acreditado que las apreciaciones efectuadas por la Cámara encuadren en alguna hipótesis de arbitrariedad o de convalidación de violación de derechos o garantías constitucionales, sus agravios no tienen entidad suficiente como para abrir esta instancia excepcional, cuyo propósito no es -como reiteradamente se ha sostenido- enmendar posibles errores o soluciones opinables, sino verificar la adecuación de los pronunciamientos emanados de los tribunales inferiores al ordenamiento jurídico fundamental.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese y hágase saber.

FDO.: GUTIÉRREZ-FALISTOCCO-GASTALDI-NETRI-SPULER-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA) Tribunal de origen de la causa: Cámara de Apelación en lo Laboral, Sala Tercera, de la ciudad de Rosario.

Tribunal que intervino con anterioridad: Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral N° 3 de Rosario.