marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Impuesto inmobiliario, mejoras, dolo, culpa grave, revalúo inmobiliario, debido proceso adjetivo
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Gómez, José Camilo s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado inconstitucionalidad denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-08-09

La "liquidación", por constituir una "auténtica determinación tributaria", requiere precisar los fundamentos fácticos y jurídicos en base a los cuales se efectúa el revalúo, y no, como ha ocurrido en las liquidaciones cuestionadas en esta causa -y como es corriente a partir de las prerrogativas exorbitantes que entiende poseer la Administración Fiscal-, indicando crípticamente que para la unidad funcional del inmueble un inmueble, el reajuste se justifica a través de un código o motivo - "adecuación de empadronamiento"- y el de otro inmueble, obedece a otro -"revalúo"-, cuando a tenor de la legislación vigente, las circunstancias fácticas para calificar la conducta del contribuyente son decisivas al establecer, consiguientemente, la procedencia o no del pago de diferencias por los períodos no prescriptos.
Accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: Acosta, Abelardo Romelio c/ Municipalidad de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   No. 682-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-08-26

La indemnización por infortunio de trabajo se rige por la legislación vigente a la época en que se produce el accidente o se consolida la incapacidad sin que una ley posterior puede modificar el crédito preexistente.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, proceso penal, imputado, falta de mérito, leyes, interpretación sistemática
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: XX s/ Primera cuestión: ¿Es constitucional la disposición del artículo 28   De la ley 10160 en cuanto a la posibilidad de pronunciarse en   "Defecto de caso concreto"? Segunda cuestión: ¿Es aplicable el   artículo 308 del Código Procesal Penal (libertad por falta de   mérito), en cualquier estado del proceso incluso luego de dictado el  procesamiento con prisión preventiva y aún en la etapa del   plenario? La presente causa, a raíz de un empate en las votaciones,   se integra nuevamente con un vocal de Rosario, Dr. Bernardini en   fecha 10-12-1992, en fallo registrado en el L.A. Nro. 2, Res. 6, F.   321 -Tribunal Pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-10-14

No se encuentra fundado en una correcta hermenéutica el criterio que intenta abrirse paso en nuestra doctrina y jurisprudencia, que interpreta la disposición del artículo 308 del Código Procesal Penal como una "norma de equidad" o "cláusula correctiva del sistema de libertades", de carácter excepcional y subsidiario de la libertad bajo promesa o caucionada, ya que el resultado obtenido mas parece el producto del voluntarismo del intérprete que el sentido objetivo de la norma. La finalidad perseguida encuentra igualmente satisfacción en los principios contenidos en los artículos 7 y 306 del Código de la materia, excepcionalmente aplicables cuando fuera necesario a todo trance evitar injusticias. El primero, cláusula que ordena la interpretación restrictiva de toda disposición que coarte la libertad personal y el segundo, el continente del principio general sobre el que descansa el sistema de libertades. (Del Voto del Dr. Suárez -Tesis Negativa-). En el caso, la cuestión a resolver era la aplicabilidad del artículo 308 del Código Procesal Penal (Libertad por falta de mérito), en cualquier estado del proceso incluso luego de dictado el procesamiento con prisión preventiva y aún en la etapa del plenario.
Despido discriminatorio, nulidad del despido, discriminación por motivos ideológicos, políticos o gremiales, daño material, daño moral, prueba del despido, carga de la prueba
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL-LABORAL
Carátula: Albarracín, Carla Jéssica c/ Administración Nacional de la Seguridad Social s/ juicio sumarísimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-07

Corresponde declarar la nulidad del despido de la trabajadora de la Anses -jefa de oficina de una UDAI-, por motivos discriminatorios, y condenar a la accionada a abonar, en concepto de daño material, el monto de las remuneraciones que debió percibir entre la fecha del cese y la de la efectiva reincorporación, además de una suma por daño moral, dado que, de las constancias del expediente llevan a presumir que el despido de la actora, en el marco de una decisión masiva, fue por motivaciones políticas, cobrando operatividad la denominada teoría de las cargas probatorias dinámicas y, por consiguiente, la demandada debió acreditar que el despido no tuvo esas connotaciones.
Responsabilidad civil, eximentes de responsabilidad, culpa de la víctima, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: TABOROA, CARLOS MIGUEL c/ MINISTERIO DEL INTERIOR Y/O POLICIA FEDERAL ARGENTINA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-31

Si el daño deriva exclusivamente de la culpa de la víctima, no hay delito ni cuasidelito y, en consecuencia, tampoco responsabilidad ya que si el incumplimiento de la obligación se ha debido a un acto imputable al acreedor, mal puede pedir éste daños e intereses.
Contratos, locación, contrato de obra, construcción de gasoducto, subcontratación de servicios, sociedades comerciales, aplicación de la ley, tratados internacionales, derecho extranjero
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Vitale, Guillermo Augusto c/ Espasa SA y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-11

2 - Asimismo, cabe señalar que ambas partes están de acuerdo en que el sistema de ajuste alzado absoluto tenía por premisa que la invariabilidad del precio estaba necesariamente vinculada con la invariabilidad de la obra. En consecuencia, valorando la única documentación otorgada por la demandada en la etapa precontractual que fue una planilla de utilidades, la cual contenía la cantidad y peso de las cañerías que debían montarse, así como el dictamen pericial elaborado, cabe concluir que el volumen de obra ejecutado fue ostensiblemente mayor al contratado (duplicado y triplicado en algunos casos), el cual fue supervisado, consentido y aprovechado por la demandada. En esas condiciones, la modalidad de ajuste alzado pactada quedó desvirtuada y la subcontratista tenía derecho a exigir el pago de los mayores costos que insumió la obra en los términos del Código Civil Boliviano 737.
Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-05-11


MEINERI, Jorge Luis contra BANCO DE SANTA FE Reg.: A y S t 206 p 494.

Santa Fe, 11 de mayo del año 2005.

VISTOS: los autos "MEINERI, Jorge Luis contra BANCO DE SANTA FE -Cobro de Pesos-Ley 20744- sobre REMISIÓN EXPEDIENTE POR DECLARACIÓN DE INCOMPETENCIA" (Expte. C.S.J. nro. 101, año 2005); y, CONSIDERANDO: 1. Estando los autos radicados por ante la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Laboral de la ciudad de Rosario a los fines de resolver los recursos de nulidad y apelación interpuestos contra la sentencia dictada en primera instancia en fecha 03.10.03, dicho Tribunal, atendiendo a los principios expuestos en los precedentes "Vieitez" y "Dentesani" dispuso la remisión de la causa a esta Cuerpo por considerarlo el órgano con idoneidad constitucional para entender en la materia debatida en el pleito y así resuelva el destino final de los autos.

Por ende, declaró la incompetencia de la justicia ordinaria del trabajo para conocer en el caso y ordenó su remisión a este Tribunal.

2. Corresponde declarar que no existe conflicto de competencia a dirimir que habilite la competencia que atribuye a este Cuerpo el inciso 5to. del artículo 93 de la Constitución provincial.

En efecto, conforme surge del relato efectuado y de los autos remitidos a esta Sede, no existe en concreto planteada contienda de competencia alguna, por lo que la remisión de la causa a esta Corte resulta inadmisible en virtud de no estar configurado el supuesto indicado ut supra, es decir, la existencia de un conflicto de competencia entre jueces de la Provincia que no tengan un superior común.

De allí que, en definitiva, la remisión de los autos a esta Corte culmina en una especie de inadmisible "elevación en consulta" que importaría la asunción de competencia no atribuida al Cuerpo.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Así declararlo y ordenar la remisión de los autos al Tribunal remitente.

Regístrese y hágase saber.

Fdo.: GUTIÉRREZ-FALISTOCCO-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)
Seguridad social, movilidad del haber jubilatorio, medida cautelar genérica, prejuzgamiento
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: BOLAÑO, ARMANDO c/ ANSES s/ REAJUSTES VARIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-03-17

El activismo judicial -admisible y necesario en ciertos supuestos- debe circunscribirse a específicos casos concretos, pero no resulta atendible que el Poder Judicial invada la esfera propia de los otros poderes del Estado estableciendo criterios generales en abstracto que -como aquí ocurre- pueden tener incidencia negativa en las previsiones presupuestarias, sobre todo si se recuerda que un "Juez al decidir una controversia no puede dejar de considerar la realidad económica". Criterios estos particularmente aplicables si se considera que en tanto el legislador dictó la ley de movilidad previsional -aquí cuestionada en su constitucionalidad-, de admitirse la adopción de la cautelar pretendida, ello constituiría una suerte de prejuzgamiento.
Prueba testimonial, prueba pericial
Materia: PROCESAL
Carátula: Santa Fe, Provincia de c/ Empresa Nacional de Correos y Telégrafos S.A. (E.N.Co.Te.S.A.) s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-07-11

La prueba testifical no puede aceptarse para recibir opiniones o apreciaciones, pues ésta es función de los peritos y no de los testigos, que deben referirse siempre a hechos.
Convenios colectivos de trabajo, interpretación del convenio colectivo, Unión Ferroviaria, tareas de limpieza
Materia: LABORAL
Carátula: Rojas Suarez, José Carlos y otro c/ Trenes de Buenos Aires S.A. s/ diferencias de salarios.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-12-30

Del texto del art. 14 del C.C.T. 163/95 "E", en su redacción original, resulta que no se requiere la realización de todas las tareas allí descriptas, para encuadrar al trabajador en la categoría de peón general, sino que basta la realización de alguna o algunas de ellas. En tal sentido, el hecho de que los demandantes sólo realizaran tareas de limpieza no impide encuadrarlos en dicha norma, pues tal tipo de tareas es una de las previstas por la misma. Las labores de limpieza coinciden con aquellas desarrolladas por quienes se encuentran categorizados como "peón general" (tal como se desprende del anexo D, categoría Nivel VII del C.c.T. 163/95 "E").
Recusación, deber de imparcialidad, nulidad procesal, estupefacientes
Materia: PENAL
Carátula: Identidad reservada por infracción ley 23.737 c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-04-11

La disidencia postuló el rechazo de los recursos de casación por entender que los delitos denunciados en forma principal fueron calificados por el recurrente como en infracción a la ley 23.737, resultando el bien jurídico tutelado por dicha norma -la salud pública- un bien jurídico supraindividual, lo cual requeriría, en principio, un nexo más directo a los efectos de acreditar los presupuestos del art. 82 del CPPN y, por estos mismos motivos -indeterminación y falta de precisión del hecho denunciado-, no se advierten los motivos de recusación del juez invocados por el recurrente, los que a esta altura del proceso devienen conjeturales, todo lo que resulta insuficiente para fundar el temor de parcialidad invocado, sin que el recurrente refute los argumentos expuestos por el juez de grado en el informe y que en cuanto al planteo de nulidad de la notificación de la resolución que rechaza la recusación del juez, cabe consignar que el error invocado en la notificación de la resolución, no ocasionó un perjuicio al recurrente que amerite el remedio procesal invocado. (Dres. Hornos -disidencia-, Gemignani, Borinsky).
Remuneración, diferencias salariales, reforma del Estado, emergencia económica, poder de policía
Materia: LABORAL
Carátula: ESCOBAR, JUAN c/ ATC s/ DIFERENCIA DE SALARIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-18

La ley 23697 pone en ejercicio el poder de policía de emergencia del Estado con el fin de superar la situación de peligro colectivo creada por las graves circunstancias económicas y sociales que la Nación padecía. Ante tal coyuntura corresponde elastizar criterios, y tener principalmente en mira los altos intereses de la Nación por sobre los mecanismos singulares seguidos por los entes que se mencionan en el art. 42 de la ley citada.
Prueba documental, libros del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: Darquier, José María c/ Della Paolera, Federico Eduardo s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-12-27

La ausencia de registraciones contables del principal es ajena al art. 55 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Recurso de inconstitucionalidad, inadmisibilidad del recurso, sentencia, fundamentación de sentencias, acción de amparo, carácter excepcional, ordenanzas municipales, Derecho ambiental, protección del medio ambiente, residuos industriales, vertimiento de desechos, daño ambiental, derecho a la información, secreto industrial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BESACCIA, NORBERTO c/ MUNICIPALIDAD DE RAFAELA s/ Recurso de inconstitucionalidad (Queja admitida)-Recurso de amparo-  Apelación (Expte.: C.S.J. Nº. 215 Año 1999)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-03-26

Deviene inadmisible la tacha de autocontradicción alegada por la recurrente, en razón de que de ninguna manera puede inferirse que aquella se haya plasmado en el decisorio, toda vez que el sentenciante al optar por la aplicación al caso del artículo 43 de la Constitución Nacional, y concluir, en base a lo que él determina y a los hechos de la causa, que en el sub examine se hallan cumplimentados los recaudos de admisibilidad de la acción de amparo deducida, dio razones suficientes y razonables, que constituyen una derivación razonada del derecho vigente. En efecto, no se desprende de la sentencia que se haya negado el carácter excepcional de la acción de amparo, como intenta hacerlo ver la recurrente. Por el contrario, a partir de que los sentenciantes consideraron que en el caso se encuentra en juego un interés público definido, como es el de "evitar el daño ambiental" (convertido en "deber" por disposición del artículo 41 de la Constitución nacional), concluyeron en que ese deber no podría realizarse si se carece del conocimiento de las causas que puedan alterarlo. Es decir, considerando que el meollo litigioso lo constituyó el derecho a la información, los juzgadores estimaron que "...negar el acceso a la información de cualquier dato referido a generación de desechos o contaminantes comporta un enfrentamiento a la garantía constitucional...". En tal sentido, concluyeron que la "confidencialidad" dispuesta con "...absoluta falta de fundamentos al respecto, con silencio total en los considerandos..." es arbitraria, producto de una errónea interpretación que luce incongruente con las causas que generaron la ordenanza y que el acto administrativo en cuestión resulta así irrazonable e incompatible con la protección de los derechos, principios y garantías constitucionales aludidos, y que, por ende, no existe medio judicial más idóneo -por sus características de rápido, expedito y eficiente- que el amparo para la protección de los mismos.
Circunvención de incapaz o menor, elemento objetivo, elemento subjetivo, compraventa inmobiliaria
Materia: PENAL
Carátula: Menchego, Daniel s/ Defraudación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-18

El tipo penal previsto por el artículo 174, inciso 1) del C.P. - circunvención de incapaz - exige que el sujeto pasivo se encuentre en inferioridad para resistir a la voluntad de quien lo induce a realizar lo que constituye la objetividad del delito, por lo que cabe entender que el aspecto objetivo de la norma no exige que se compruebe que una persona se encontraba en estado de inconciencia, o que se trataba de un demente, sino únicamente la comprobación de una apreciable disminución de sus capacidades psíquicas.

El elemento subjetivo del delito de circunvención de incapaz sólo exige que el autor conozca la insuficiencia, aunque no sea apreciable por cualquiera, pues la ley no resguarda la incapacidad por su modo de presentarse sino porque existe.

Se configura el delito de defraudación por circunvención de incapaz si el imputado celebró un convenio de compraventa de inmueble con su tío, quien desde hacía años atrás presentaba un síndrome delirante (estado paranoide), circunstancia que no le era desconocida pues convivía con él, y aprovechándose de tal estado psíquico le produjo un detrimento patrimonial, al adquirir el bien en un precio inferior en un cincuenta por ciento al de plaza.
Recurso extraordinario, cuestión no constitucional, cuestión de derecho público local, fundamentación del recurso, recurso contencioso administrativo, inadmisibilidad del recurso, auto de Presidencia, recurso de reposición (procesal), interposición del recurso, acto administrativo, notificación, actuaciones administrativas, vista de las actuaciones
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: CIARDI, MARIA CRISTINA c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO EXTRAORDINARIO PARA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA  NACION - RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (EXPTE.: C.S.J. NRO.  1586 AÑO 1996)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-06-09

Corresponder denegar la concesión del recurso extraordinario pues, pese a invocarse cuestión federal, en sustancia el recurrente discute la interpretación y el alcance de normas de derecho público local, efectuados por el Cuerpo en ejercicio de funciones propias y, por ende, ajenas al recurso intentado. En esencia, el agravio de la recurrente radica en la arbitrariedad de la decisión impugnada en cuanto rechazó la revocatoria deducida contra el auto de Presidencia que declaró inadmisible -por extemporáneo- el recurso contencioso administrativo promovido contra la Municipalidad; pues entiende que el plazo de interposición debía computarse a partir de la fecha en que accedió al "conocimiento pleno" de la resolución y, asimismo, que en lo atinente a la "vista" de las actuaciones administrativas, debía otorgársele efecto "suspensivo" en relación con el plazo previsto por el artículo 9 la ley 11.330, concluyendo, en definitiva, que el recurso fue planteado temporáneamente. En el caso, el decisorio del Tribunal entendió que no asistía razón a la recurrente puesto que aun cuando pudiera interpretarse que la Municipalidad reconoció haber notificado mal la resolución, ello carecía de virtualidad para vincular al Cuerpo en la tarea del análisis de los recaudos de admisibilidad; que no mejoraba la suerte del recurso la invocación del artículo 9 de la ley 11.330 por parte de la recurrente, en tanto había mediado en el caso notificación del acto impugnable; y, en lo relacionado con el planteo de eficacia suspensiva del pedido de vista en sede administrativa, sostuvo que la actora no se hacía cargo de la argumentación brindada por Presidencia en el sentido de que en el ordenamiento aplicable no se verificaba un supuesto de laguna como el que ésta postulaba, concluyendo que debía estimarse, a falta de norma expresa que estableciera una excepción al artículo 9 de la ley 11.330, que el mero pedido de vista carecía de la virtualidad que la recurrente pretendía otorgarle.
Acción de amparo, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, revisión judicial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: LIENDO VICTO ANTONIO c/ HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE FRIAS s/ AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2004-04-02

El amparo judicial tal como lo preceptúa los arts. 43 CN y 59 C.

Prov., constituye una acción que procura revertir una situación de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, que lesiona, restringe, altera o amenaza derechos y garantías reconocidos por la constitución o ley.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: M. A., J. O. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Recurso de  apelación interpuesto ante el Tribunal de Etica del Colegio de   Abogados (Expte. CSJ Nº 232-99)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-12-15

No merece reproche constitucional la sentencia recurrida si de la lectura de los reproches endilgados a la decisión de la Alzada, se advierte que el impugnante persiste con los argumentos que expusiera en oportunidad de expresar agravios, poniendo en evidencia que el fundamento de tales reparos radica en la particular óptica de la cuestión que sobre aquéllos posee.
Daños y perjuicios, indemnización, muerte de la víctima, valor vida
Materia: CIVIL
Carátula: SULIGOY,  NANCY  ROSA  FERUGLIO DE; SULIGOY, MARCELO JAVIER; SULIGOY, MARIA GABRIELA Y SULIGOY, PABLO LUIS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  NRO 352-87)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-12-29

Se advierte una evolución en la jurisprudencia respecto de la consideración del rubro "valor vida humana" en la determinación de la indemnización. Hasta hace poco tiempo tuvo vigencia y aplicación, en el ámbito de su competencia, la doctrina plenaria sentada por la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario en los autos: "GALLIANO, O c- CONDE, F" (Zeus T 25 J-143/152) que, en síntesis, postuló que correspondía establecer un monto indemnizatorio mínimo e igualitario por privación de vida humana con prescindencia de todo otro perjuicio cierto. Esto se basó en una interpretación que se dijo lata del artículo 1084 del Código Civil considerándose la solución allí dispuesta como una pauta de orientación en materia resarcitoria y no como un límite a la procedencia del resarcimiento.

Además, en apoyo de la asignación del quantum mínimo en toda circunstancia, se alegó que cobró importancia en el campo doctrinario la idea de que la vida humana tiene un valor económico "per se". Se sostuvo, entre otros argumentos, que, en el caso de la muerte de los progenitores de un niño, deben contemplarse los perjuicios de asistencia personal definitivamente irremplazables que pueden prestar los padres al hijo, lo que habilita a éste a reclamar en caso de homicidio del padre, por la mera pérdida de la vida sin limitar su pretendido resarcimiento a condiciones económicas. Tal criterio tuvo en mira evitar situaciones de injusticia, particularmente en aquellos casos en que no puede sostenerse que el fallecido podía representar para los legitimados una fuente de ingresos patrimoniales.