marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Costas, litisconsorcio, intervención de terceros
Materia: COMERCIAL
Carátula: DUCILO  SA c/ BANCO SERRANO  COOP.   LTDO. s/ COBRO DE PESOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-06-18

Si quien promueve un proceso contra un solo accionado, y luego a pedido de éste último y en oposición de aquel se incorpora a la litis un tercero citado en los términos del CPR 89, y el accionante solicita que los efectos de la sentencia se extiendan a ambos absolviendo la misma al tercero incorporado, las costas devengadas por la actuación de éste deben ser soportadas por partes iguales por el reclamante y reclamado originario.
Entidades financieras, banco central, multa administrativa, medidas cautelares, recurso de apelación (procesal), efecto devolutivo
Materia: CIVIL
Carátula: BANCHIOCHI ROJAS, JUAN CARLOS Y OTROS c/ B.C.R.A. s/ MEDIDA PRECAUTORIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-06

El art. 42 de la ley 21526 dispone que la apelación contra las sanciones referidas a los incs. 3, 4, 5 y 6 del art. 41 lo será al sólo efecto devolutivo por lo que cabe concluir, frente a los claros términos de la citada norma, que el otorgamiento de la medida de no innovar solicitada respecto de la ejecución de las multas que les fueran impuestas a los actores por el Banco Central, importaría el desconocimiento de dicha normativa.
Depósito previo, pago diferido, improcedencia del recurso, régimen de faltas, falta de integración de la litis, recurso de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: López, Héctor Alfredo c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en López, Héctor Alfredo sobre 6.1.47 - requisitos de los vehículos de transporte de pasajeros
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-30

Toda vez que el recurrente -quien cuestiona una multa por aplicación del régimen de faltas- no se encuentra dentro de los sujetos exentos por la ley de tasa judicial (ley n° 327) ni denuncia haber iniciado u obtenido un beneficio de litigar sin gastos, corresponde intimarlo para que, dentro del quinto día de notificado de esta decisión, haga efectivo el depósito contemplado por el art. 33 de la ley n° 402 -consistente en dos mil unidades fijas, equivalentes a $ 78.000 (pesos setenta y ocho mil), en función de lo dispuesto en la resolución n° 169/SSJUS/20-, bajo apercibimiento de tener por desistida su queja. (Del voto de los jueces Marcela De Langhe y Santiago Otamendi y del voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Aplicación de la ley, retroactividad de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Rusconi, Oscar c/ Municipalidad de La Plata s/ Demanda contencioso administrativa. Coadyuvante: ESSO S.A.P.A
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-09-11

Las situaciones jurídicas ocurridas con posterioridad a la vigencia de la nueva ley deben ser reguladas por ella en todos sus aspectos. Los hechos in fieri, o en curso de desarrollo son alcanzados por el nuevo régimen por no tratarse de hechos cumplidos bajo la legislación anterior y, por lo tanto, cuando se aplica la nueva ley no se incurre en retroactividad (doctor PETTIGIANI, sin disidencia).
Homicidio, agravantes de la pena, parricidio, atenuantes de la pena, emoción violenta, circunstancias extraordinarias de atenuación
Materia: PENAL
Carátula: C., L. s/ Homicidio calificado (Expte Nº174-96, Resolución Nº58, Tomo 3,  Folio 123)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-12-12

En el homicidio emocional existe precisamente una poderosa conmoción anímica que en ciertas hipótesis -algunas, no todas- exige una actuación reactiva e irreflexiva del autor bajo lo que alguna vez se denominó "dolo de ímpetu"; en cambio, el homicidio bajo circunstancias extraordinarias, mejor apunta hacia la reflexión, hacia la consideración por el agente de esas circunstancias extraordinarias, que son las que lo impulsan al homicidio o debilitan su resistencia interna al del crimen. No es menester para la operatividad de la atenuante por circunstancias extraordinarias la actuación del agente en un estado de conmoción anímica ni en forma irreflexiva, sí en cambio lo es que entre esas circunstancias y la acción homicida, exista una vinculación subjetiva tal, que permita afirmar que ellas determinaron o condicionaron fuertemente la psiquis del autor en orden a esa acción.
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, acción de amparo, actos u omisiones de autoridades públicas, actos de los poderes públicos
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Asociación Civil Ayo La Bomba y otro c/ Formosa, Provincia de y otro s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-10-11

La nuda violación de garantías constitucionales, proveniente de autoridades de provincia, no sujeta por sí sola las causas que de ella surjan al fuero federal, ya que la Corte Suprema sólo tendrá competencia cuando aquéllas sean lesionadas por una autoridad nacional, según el art. 18, segunda parte de la ley 16.986, lo que no ocurre cuando se trata de autoridades locales.
Facultades del Poder Judicial, cuestión no justiciable, facultades legislativas, control de constitucionalidad
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Estado Nacional (Ministerio de Cultura y Educación) c/ Universidad Nacional de Luján s/ aplicación ley 24.521.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-27

No incumbe a los tribunales el examen de la conveniencia o el acierto del criterio adoptado por el legislador en el ámbito propio de sus atribuciones, ya que aquéllos deben limitarse al examen de la compatibilidad que las normas impugnadas observen con las disposiciones de la Ley Fundamental.
Agente de comercio, viajantes de comercio
Materia: LABORAL
Carátula: Almirón, A. Victoriano c/ Comasi S.A.I.C. y/o quien resulte responsable s/ Sueldo, despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1998-03-30

La nota dirimente entre el agente y el viajante de comercio, es la autonomía empresaria con que actúa el agente de comercio, en función de la organización creada por él, lo cual implica no sólo que no está sujeto ni a un control ni a una vigilancia en el cumplimiento de sus funciones, de las que debe rendir cuentas en los términos en que lo debe hacer un mandatario, sino que también debe poseer una sede propia, organizando a su propio riesgo la colección de productos ajenos, por lo cual montará locales, tomará el personal necesario, cuidará de la propaganda de los productos para difundir su conocimiento entre los consumidores, visitará la clientela, enviará muestrarios, etc, según lo enseña con la claridad que lo caracteriza (LEY 14546).
Delito de acción pública, querellante conjunto
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: M.Q., S. s/ Denuncia
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-04-14

El querellante adhesivo es un sujeto eventual y secundario cuya intervención en el proceso no significa que comparta o asuma el ejercicio de la acción penal pública; significa que se le reconoce la facultad de coadyuvar con el Ministerio Público Fiscal para una mayor eficacia en la acreditación del hecho delictuoso y la responsabilidad del imputado. Las posibilidades de actuación de la parte ofendida no pueden avanzar más allá de lo que las reglas de fondo han dispuesto; criterio aún mantenido al legislarse que el consentimiento del fiscal -no del damnificado-, es condición ineludible para que proceda la suspensión del juicio a prueba. El particular damnificado tiene derecho a que el Estado realice una persecución penal eficaz en contra del imputado, pero tal derecho -que se fortalece con la intervención de la víctima en el proceso, coadyuvando con el Fiscal- no tiene relación con el derecho-deber a la persecución de la acción pública.
Derecho laboral, retenciones salariales, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: Miranda Cesani, Daniel Oscar c/ Termites SA.  s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-02-13

La accionante cuestiona que en la instancia anterior se haya limitado la indemnización prevista en el art. 132 bis de la L.C.T. hasta el momento del dictado de la sentencia. La norma prevé que la sanción en cuestión se devengará hasta que el empleador acredite de modo fehaciente haber hecho efectivo el ingreso de los fondos retenidos. Cabe modificar el pronunciamiento en este sentido (Del voto de la Dra. Craig en minoría).
Ley de empleo, procedimiento por causas económicas, despido por fuerza mayor, despido por falta o disminución de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Cejas, Jorge Omar y otros c/ Supersil S.A. s/ Diferencia de Haberes e Indemnización de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-10-11

Despedir durante la vigencia y tramitación del procedimiento preventivo de la L.N.E. provoca ineludiblemente la ilicitud de la disolución y la procedencia de las indemnizaciones respectivas.
Recurso extraordinario, sentencia definitiva, resoluciones anteriores a la sentencia, medidas cautelares, medida de no innovar, aportes previsionales
Materia: PROCESAL-TRIBUTARIO-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Caminito S.A. s/ medida cautelar genérica (1499 XXXI)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-01

Si bien la medida de no innovar en virtud de la cual se ordenó a la DGI. que se abstuviese de exigir los aportes previsionales de la actora no reviste, en principio, el carácter de sentencia definitiva, se configura un supuesto de excepción, en tanto lo resuelto por el a quo excede el interés individual de las partes y atañe también a la comunidad en razón de su aptitud para perturbar la oportuna percepción de los recursos públicos.
Hábeas corpus, privación ilegal de la libertad, fuerzas de seguridad
Materia: PENAL
Carátula: , Enrique E. s/ HABEAS CORPUS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-18

Procede revocar, a fin de elucidar si existió una privación ilegal de libertad en la que se encuentre involucrada una fuerza de seguridad, el rechazo de la acción de hábeas corpus si se halla en vías de investigación la hipótesis delictiva según la cual la desaparición del amparado se vincularía con un acto ilegal de autoridad pública.
Responsabilidad civil, accidente de tránsito, carga de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: S., E. y Otra c/ M.I. SRL y/o Quien Resulte Responsable s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-12-23

"Los daños causados por un automóvil en movimiento, provengan los mismos de vicios o de fallas en su conducción, caen dentro de la órbita del artículo 1113 del CC, razón por la cual el dueño o guardián solo podrán eximirse de responsabilidad demostrando que medio una causa ajena. La doctrina y la jurisprudencia absolutamente dominantes en nuestro tiempo son pacíficas en tal sentido".
Sociedades comerciales, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ciampi, Marcelo A. y ot. c/ Expreso Quilmes SA s/ Convocatoria judicial
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-10-27

Teniendo en consideración la peculiar naturaleza del régimen procedimental a seguirse en el decreto de convocatoria judicial de asamblea, respecto del cual la ley de la materia guarda silencio y que en realidad no se compadece con la naturaleza de una verdadera "acción judicial", toda vez que aquí se trata de un requerimiento al órgano jurisdiccional para que la convocatoria a asamblea se realice y no se frustre por omisión o negativa del directorio o síndico, petición que incluso debe ser resuelta "inaudita parte" siempre que se cumplan los recaudos legales; como así también que como consecuencia de la actividad del órgano jurisdiccional en ejercicio de las facultades que le confiere el art. 36 inc. 4, CPCC, se tornó carente de virtualidad la convocatoria a asamblea extraordinaria solicitada en la demanda, corresponde que las costas de ambas instancias sean soportadas en el orden causado (arts. 68, 2do.

párrafo, y 69, CPCC).
Contrato de obra pública, contratista, plazo, trabajos no previstos, leyes, interpretación de la ley, buena fe
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Bonfanti Di Biasio S.C. - Enrietto E.C. c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte CSJ  Nº 135-87)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-05-23

En relación con trabajos que la contratista calificó como imprevistos, se debe adecuar el trámite al procedimiento previsto por el artículo 49 segundo párrafo de la ley 5188 (aplicable supletoriamente según el artículo 6 del Capítulo XIII del Pliego de Condiciones Generales), que establece que: "...cuando el contratista considere que se exceden los límites del contrato, deberá hacerlo constar por escrito antes de realizar el trabajo, para tener derecho al cobro de las compensaciones que se declaren procedentes". La previsión legal se funda en el principio de lealtad que se deben las partes durante la ejecución de la obra, y la exigencia permite comprender con claridad el alcance de los actos de ejecución de los contratantes, evitando equívocos o conductas posteriores sorpresivas una vez realizados los trabajos.
Medidas cautelares, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: MARTINEZ, MARY N. c/ PEREZ, R. s/ DIVORCIO.ACCION DE NULIDAD DE CONVENIO DE LIQUIDACION DE SOCIEDAD  CONYUGAL.ORDINARIO.COPIAS DE APELACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1990-08-31

El poder disponer una medida precautoria distinta a la solicitada, o limitarla, teniendo en cuenta la importancia del derecho que se intenta proteger, constituye un facultad propia del juez, con el fin de evitar perjuicios y gravámenes al titular de los bienes (art.210 del CPC). El juez no se encuentra vinculado por la petición que formula el requiriente, quedando al prudente arbitrio del juez disponer las medidas que sean más razonables para satisfacer los intereses de ambos litigantes, y los más generales del servicio de justicia.
Gobierno nacional, facultades del Poder Legislativo, facultades delegadas, comercio interior, fisco provincial, facultades tributarias, transporte de pasajeros, transporte interno, tarifa de transporte
Materia: CONSTITUCIONAL - TRIBUTARIO
Carátula: AGENCIA MARITIMA SAN BLAS S.R.L. c/ PROVINCIA DEL CHUBUT s/ IMPUESTO REPETICION.    FACULTADES IMPOSITIVAS DE LA NACION Y PROVINCIAS.    COMERCIO EXTERIOR E INTERPROVINCIAL.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-02

La regulación del comercio interprovincial es atribución delegada al Gobierno Federal para ser ejercida por el Congreso y queda, por tanto, excluida del acervo de los poderes conservados por las Provincias , pero éstas pueden gravar la riqueza producida en su territorio, aunque una parte de ella trasponga sus fronteras, a condición de que el gravamen no sea discriminatorio o de algún modo impida o dificulte actividades interjurisdiccionales. Ello no significa desconocer que las tarifas -al menos las de transporte de personas- las fija la autoridad nacional, por lo que la presión tributaria debe graduarse razonablemente para no quitar rentabilidad a una explotación que, como la del transporte interprovincial, reviste indudable interés público.
Competencia, juicio de desalojo
Materia: CIVIL
Carátula: Mañeru de Labiano, Aurelia c/ Ortiz y otros s/ Desalojo - Competencia (Libro: A022A-321)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1954-04-28

El Código Procesal Civil aunque sea con carácter transitorio y condicionado, dispone la competencia de los jueces de primera instancia para seguir entendiendo en los procesos por desalojo, que por razón del monto del canon deban tramitarse ante ellos, va de suyo que también les corresponde entender en esta clase de juicios, por razones distintas al monto del alquiler, pero que por su naturaleza eran también de su competencia, como es el caso de los intrusos, tenedores precarios, etc.
Tasa de justicia, interrupción de la prescripción
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Induvial  S.A.  -Incidente- c/ D.N.V.  y  otro s/ contrato de obra pública
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-27

Aún cuando la demanda de autos tuvo como fin enervar los efectos extintivos contenidos en el art. 25 de la ley 24.447, la tasa de justicia que legisla la ley 23.898 igualmente debe ser oblada, por la razón, como la misma parte lo informa, que dicha obligación tributaria pesa sobre aquel que requiera el servicio jurisdiccional. Por consiguiente, no resulta inaplicable esta última disposición legal en la situación de autos, puesto que el hecho generador del pago de la tasa de justicia está constituido por aquella intervención judicial, siendo el valor cuestionado al momento de iniciarse la acción la base sobre la cual se debe calcular el monto a ingresar en el concepto indicado.
Jubilación por invalidez, incapacidad laboral, prueba, pericia médica
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: SILVESTRE, ANIBAL c/ Caja Nacional de Previsión para la Industria, Comercio y Actividades Civiles s/ SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-11-30

La incapacidad previsional no se rige por los mismo baremos que se utilizan a fin de indemnizar la incapacidad en el ámbito laboral.

Ello, torna ineficaz como medio de prueba la pericia médica laboral, máxime si no se encuentra avalada su autenticidad ni que haya quedado consentida, como así tampoco que sus conclusiones se apoyen en historia clínica o estudios complementarios.
Presunción legal, presunción juris tantum, defensa en juicio
Materia: TRIBUTARIO - PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Casado, Abel y Casado, María Teresa Soc. de heco. s/ Apelación Ganancias e  I.V.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-05-07

El control diario de las operaciones, por tratarse de una presunción legal relativa, deja abierta la posibilidad de demostrar una verdad distinta de la que pueda resultar de su aplicación por parte de la D.G.I. (ver art. 25, 3er. párr. de la Ley 11.683), garantizándose, de esta forma, el derecho de defensa de los sujetos pasivos.
Sentencia definitiva, gravamen irreparable, régimen de consolidación de deudas
Materia: PROCESAL - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Iglesias, Lucila y otros c/ E. N. Dirección Nacional de Migraciones s/ empleo público.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-04

Es sentencia definitiva el pronunciamiento que resolvió que los créditos reclamados por los actores estaban excluidos de la consolidación, en tanto que dicha exclusión causa a la apelante un gravamen de imposible reparación ulterior.
Rechazo de la demanda, fondos comunes de inversión, consumidores, restitución de sumas de dinero
Materia: COMERCIAL
Carátula: ASOCIACION POR LA DEFENSA DE USUARIOS Y CONSUMIDORES (ADUC) C/ BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS ARGENTINA SA SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSION Y OTRO S/ ORDINARIO. c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-02

Corresponde rechazar la demanda promovida por una asociación de defensa de los consumidores contra la sociedad gerente y la sociedad depositaria de cuatro fondos comunes de inversión, toda vez que la acción persigue el cese de una supuesta conducta antijurídica, así como la restitución a todos los clientes afectados de las sumas que hubieren percibido las demandadas como producto de la aplicación de la Resolución 646/2015 de la Comisión Nacional de Valores.
Propiedad horizontal, reglamento de copropiedad y administración, violación del reglamento de copropiedad, actos ilícitos, delito civil
Materia: CIVIL
Carátula: CONSORCIO PROPIEDAD ARENALES 1457/61 c/ ESTEVEZ JOSE s/ PROPIEDAD HORIZONTAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-26

Ordenar el cese de la utilización de un inmueble en infracción al reglamento de copropiedad, que regula la vida y los derechos de los consorcistas, en modo alguno importa sancionar los actos desarrollados en sí, pues el interés jurídicamente protegido es la seguridad y tranquilidad de los demás integrantes del consorcio, que puede verse afectada por el ingreso habitual de personas, máxime ante la multiplicación de hechos delictivos.
Contaminación ambiental, Transporte, ejecución de sentencia, recomposición del daño ambiental
Materia: MEDIO AMBIENTE-PROCESAL
Carátula: ACUMAR s/ ordenamiento territorial
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-06-02

La decisión del juez de ejecución que impuso la incorporación de lo concerniente a la modelización del transporte queda fundadamente alcanzada por el mandato dado en el fallo de la Corte Suprema para que la ACUMAR procediera al ordenamiento ambiental del territorio, circunstancia que impide tener por configurada la cuestión federal típica invocada por el gobierno estadual recurrente. -Disidencia del juez Fayt-.
Instrumentos públicos, incidentes, redargución de falsedad, trámites judiciales, plazos procesales, cómputo del plazo
Materia: PROCESAL
Carátula: Dresdner Forfaitierungs Aktiengesellschaft c/ San Luis, provincia de s/ cobro de sumas de dinero.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-05-07

La redargución de falsedad de un instrumento público ofrecido como prueba, requiere que la impugnación previa se haya efectuado al contestar el traslado conferido de la documentación acompañada o cuando se lo exhibe para su reconocimiento y es a partir de entonces, que corre el plazo previsto en el art. 395 del Código Procesal.
Locación, alquileres, pago, obligaciones en moneda extranjera
Materia: CIVIL
Carátula: VIDEO S.R.L. c/ PENA MARIO RODOLFO s/ FIJACION DEL VALOR LOCATIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-24

La circunstancia de que las partes convinieran el pago del alquiler en moneda extranjera implica una irregularidad que no alcanza a ser calificada como de fraude, ilicitud o violación del principio de lealtad y buena fe que deben presidir las relaciones contractuales entre las partes, sino que configura un error, por parte de ambas, que ha quedado salvado al concordar entre ellas la necesidad de anular la cláusula respectiva, lo que no importa decretar la invalidez integral del contrato de locación.