Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL Y LABORAL (GUALEGUAYCHU)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2013-10-31


Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral Expt.Nº 3915/C "PEREZ MARIA DE LOS ANGELES C/ PRADAL NELIDA YOLANDA S/ DESALOJO" Juzgado Civil y Comercial Nº1-Gualeguay.

ACUERDO:- En la ciudad de Gualeguaychú, Provincia de Entre Ríos, a los treinta y un días del mes de octubre de dos mil trece, se reúnen los Señores Miembros Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Gualeguaychú, Dres. Gustavo A. Britos, Ana Clara Pauletti y Guillermo Oscar Delrieux para conocer del recurso interpuesto en los autos caratulados: "PEREZ MARIA DE LOS ANGELES C/ PRADAL NELIDA YOLANDA S/ DESALOJO" respecto de la sentencia de fs. 111/114. De conformidad al sorteo oportunamente realizado, la votación tendrá lugar en el orden: BRITOS, DELRIEUX Y PAULETTI.

Estudiados los autos el Tribunal propuso las siguientes cuestiones a resolver:

PRIMERA: ¿Es justa la sentencia apelada? SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde dictar? A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SR. VOCAL DR. GUSTAVO A. BRITOS, DIJO:- Vienen los presentes a despacho para considerar el recurso de apelación articulado por la demandada contra la sentencia dictada a fs. 111/114, por la cual se hizo lugar al desalojo impetrado por la actora y se ordenó a la accionada y/o cualquier otro ocupante la restitución del bien, y le impuso las costas.

1-)Para así decidir, el a quo ponderó que la acción fue entablada por la Sra. María de los Angeles PEREZ, en carácter de única heredera del titular del inmueble y que ello se encontraba acreditado con el juicio sucesorio agregado por cuerda y por esto, legitimada para entablar el presente proceso, como así, que de la medida preliminar apiolada, surgía demostrado el reconocimiento de dueño en la persona del causante por la parte accionada. Sentado ello, ponderó la defensa de Pradal, quién invocó carácter de propietaria y poseedora, argumentando la ocupación del inmueble desde más de veinte años y que lo ha poseído en forma pacífica, pública y continua. Seguidamente el a quo señaló que correspondía a quién invoca dicha posesión acreditarla y, bajo dichos parámetros analizó las pruebas producidas, para concluir que no encontraba demostrada la defensa de fondo opuesta por la accionada, por lo que procedió a hacer lugar al desalojo.

2-) En el memorial de fs. 120/123 la accionada, por intermedio de su apoderado, se agravia en primer lugar de la resolución dictada a fs. 59 y vta., contra la cuál oportunamente dedujo recurso y, concedido que fue, lo fundamento. Sustenta su queja en que el a quo no contempló al momento de sentenciar las oposiciones formuladas por su parte a la agregación de expedientes y a la prueba informativa dirigidas éstas a acreditar la titularidad invocada por la actora. Sostiene que al no acompañar copias con el escrito postulatorio se ha incumplido la carga procesal de acompañar toda la documental obrante en su poder y se ha violentado el principio de sustanciación y defensa, como así, que se ha incurrido en el supuesto de "sustitución de prueba", vulnerando el principio de especificidad probatoria y autonomía de la de informes, con la cuál se tendió a sustituir el medio de prueba específico: documental correspondiente al título de propiedad, por lo que, sostiene, la actora no ha acreditado la legitimidad invocada para demandar. Seguidamente se agravia de los basamentos de la sentencia, en cuanto tuvo por demostrada la invocada titularidad, y del valor otorgado por el Magistrado a la "diligencia preliminar", la que además sostiene, se encontraba caduca al tiempo de promover la acción. Luego dirige su ataque a la ponderación de la prueba, tachando de sesgado y parcial el análisis de la testimonial realizado por el Juez de grado; esgrime que el relato de los mismos es concordante, asertivo y demostrativo de que Pradal ocupa la vivienda desde hace mas de veinte años, como así, de los actos posesorios realizados por esta. Se agravia del valor otorgado a la restante aportada. Por último, sostiene que de la constatación del informe del Registro de la Propiedad y de los sucesorios agregados por cuerda, surge que se ha individualizado por la actora defectuosamente el inmueble cuyo desalojo procuró, pretendiendo se efectivice sobre una propiedad -que sin bien guarda similitud de calles- no es el que ocupa su mandante. Peticiona se haga lugar al recurso.

Ordenado traslado del memorial presentado, es respondido por el apoderado de la actora mediante escrito de fs. 125/126 vta., interesando se desestime la queja, reafirmando que con la documental acompañada oportunamente se probó la titularidad invocada por su representada. Rebate lo argumentado en relación a la medida preliminar, explicitando que como bien lo interpretó el Magistrado, da por tierra el carácter de pretensa poseedora, lo que aunado a la escasa y nula prueba aportada a efectos de acreditarla, resulta inconmovible lo decidido. Alega que la accionada intenta crear confusión al sostener que el inmueble desalojado no sería el que figura en el título y que analizado dicho planteo no resiste el menor análisis.

3-)Establecidos los antecedentes del proceso necesarios para el tratamiento del recurso de apelación articulado por la demandada, corresponde seguidamente ingresar a los agravios formulados por el apelante, los cuales se direccionan en dos sentidos, el primero respecto de la prueba de la legitimación sustancial de la actora para promover el presente proceso, y en segundo orden en relación al ejercicio de su defensa sustancial, al haber argumentado ser poseedora a título de dueño del inmueble objeto de la acción de autos.

3.1.-)La legitimación de la actora: Cuestiona la recurrente la manera en que se produjo la prueba destinada a acreditar la legitimación sustancial de la actora; sostiene que por tratarse de documentos preexistentes a la promoción de estos autos debieron ser incorporados con la demanda y no a través de requerimiento mediante pedidos de informes.

Ninguna duda merece el razonamiento formulado por el recurrente relativo a la oportunidad para la incorporación de la prueba documental, siempre que se encuentre en poder de la parte; más el mismo art. 373 del CPCC. indica que para el caso de no encontrarse en poder de quien la ofrezca se debe indicar el protocolo o archivo en que se encuentre, para ser incorporada al proceso mediante el procedimiento previsto por el segundo párrafo del art. 382 del citado cuerpo legal, tal como ocurrió en autos.

Ello no violenta su derecho de defensa en juicio, pues tiene la oportunidad de cuestionar dicha documental una vez que le es exhibida mediante el procedimiento previsto por el art. 381 del código de rito.

Conforme con lo cual, el agravio relativo a la manera de incorporar al proceso el expediente que se encuentra apiolado resulta improcedente y debe ser rechazado.

Consecuencia de ello, a su vez corresponde desestimar la queja relativa a la condición de "...única heredera titular del inmueble...", la cual deriva precisamente de aquella documental que considera mal incorporada, extremo ya rechazado.

3.2.-)La defensa sustancial de la demandada: Argumenta la accionada la improcedencia del desalojo interesado en el escrito promocional, el cual admitió el a quo, invocando como defensa ser poseedora a título de dueño del inmueble objeto de la acción de autos, lo que deriva en la insusceptibilidad de ser tratada en este tipo de procedimiento; afirmación esta última, respecto de la cual cabe concederle razón, pues efectivamente no es procedente en el marco del desalojo el tratamiento de otras cuestiones diversas al derecho personal del actor, entre ellas la posesión a título de dueño que pudiere argumentar la demandada, pues este tipo de juicio esta destinado a la restitución de la tenencia del bien, mientras que, en caso de debatirse la posesión, el tema a decidir es el derecho a ella, ejercible mediante las acciones posesorias -fallos citados por FENOCHIETTO-ARAZI, Tomo 3, Pág.363-.

También debe atenderse que, en los supuestos de invocarse la defensa referida en el párrafo anterior, para que sea procedente la acción por desalojo, en la cual se ejercita una acción de carácter personal, es carga del actor demandante demostrar la precariedad de la ocupación ejercida por el accionado; más en el caso, que el accionado invoca la posesión "animus domini", es a este a quien corresponde la prueba de los hechos en base a los cuales argumenta su defensa (Fassi, Santiago, "Código Procesal Civil y Comercial", Tomo III, Pág. 161).

Bajo esos conceptos, y precisando que no es un hecho controvertido que la accionada reside en el inmueble objeto de litis desde hace mas de 20 años, cabe ingresar al análisis de las constancias objetivas incorporadas al proceso destinadas a acreditar los elementos de la posesión -corpus consistente en hechos materiales y animus que consiste en acreditar que esos hechos materiales son efectuados a título de dueño-, a ese fin la accionada ha presentado prueba testimonial, documental e informativa, cuyo reexamen se impone como consecuencia de cuestionar el recurrente la valoración dada por el Magistrado.

La prueba testimonial, consistente en las actas de fs. 98, 99 y 100 en las cuales se asentaron las declaraciones testimoniales de Cáceres, Arratibel y Lezcano respectivamente, se aprecia que si bien los testigos ubican viviendo en el inmueble a la actora desde 20 años atrás no aportan concretos elementos objetivos a partir de los cuales pueda determinarse un comportamiento de dueña de la accionada; así que se haya instalado la luz y el cable como dicen, no implica que ello haya ocurrido a título de dueña puesto que cualquier inquilino accede a ambos servicios por la calidad de tal, tampoco han sido concretos los testigos en las mejoras que describen, las que para nada aparecen extraordinarias.

Igualmente no son suficientes para acreditar el hecho esencial de la realización de actos materiales con ánimo de dueño las documentales agregadas, pues el pago del servicio de cable es el ordinario de quien lo aprovecha, la circunstancias que sus hijos se alojen en el inmueble también es una consecuencia natural de que la actora viva en el mismo y los impuestos municipales lo fueron todos en un solo acto y con posterioridad a la diligencia del mandamiento ordenado con el objeto de constatar el estado de ocupación del inmueble en la diligencia preliminar apiolada al presente, con lo cual solo muestran una reacción a la acción de la actora, y no como se pretende, un actuar destinado a acreditar ánimo de dueño de manera pública y continua.

Tampoco agrega elementos la prueba informativa pues estando destinada a demostrar el domicilio o sea el lugar de residencia de la accionada y sus hijos, no acreditan la existencia de actos materiales que se hayan concretado con ánimo de dueño.

Aún cuando la manifestación de la actora en la prueba preliminar pudiera adquirir el carácter de prueba de "confesión extrajudicial" -art.411 del C.P.C.C.-, la que, salvo alegación y demostración de violencia o coacción en su obtención, es suceptible de ser ponderada en el ámbito del proceso civil como confesión vertida fuera de juicio, acordándole las consecuencias que el ordenamiento jurídico le atribuye a la confesión -Hernando DEVIS ECHANDIA, "Compendio de la Prueba Judicial", Tomo I, Pág.367-, en el presente caso dado el marco en que se produjo -medida preliminar del art. 311 inc. 6° del C.P.CC.-, al no haber sido cumplida en presencia del Defensor Oficial (art. 315 del C.P.C.C.) carece de eficacia en el presente proceso (conf. Falcón, "Tratado de Derecho Procesal", Tomo VI, págs. 446/447).

Sin perjuicio de ello, de la restante prueba producida en autos no resulta posible asignar a la demandada la calidad de poseedora a título de dueña y si de simple tenedora de cosa ajena; por ello inatendible la defensa de posesión que argumentó.

Así, valorada la prueba en forma conjunta a través del método de apreciación de las pruebas propuesto por François Gorphe, "Apreciación judicial de las pruebas", traducción de Luis Alcala Zamora y Castillo, 1950, pág. 141 y siguientes, unido a la sana crítica establecida en el art. 372 del CPCC, entendiendo por tal a la formulación de conclusiones emanadas de "la unión de la lógica y la experiencia" (Couture "Fundamentos" 3ª edición pág. 271), concluyo que en el caso, la defensa argüida por el accionado no encuentra suficiente apoyo probatorio, y por ello corresponde rechazar el agravio relacionado con la referida cuestión.

Conforme lo expresado, considerando improcedentes los agravios vertidos, a la primera cuestión voto por la afirmativa.

ASI VOTO.

A LA MISMA CUESTION PLANTEADA EL SR. VOCAL DR. GUILLERMO OSCAR DELRIEUX, DIJO:- Que adhiere al voto precedente por iguales fundamentos.

A LA MISMA CUESTION PLANTEADA LA SRA. VOCAL DRA. ANA CLARA PAULETTI, DIJO:- Que existiendo mayoría hace uso de la facultad de abstenerse de emitir su voto, conforme lo autorizado por el art. 47 de la L.O.P.J. (texto según Ley 9234).

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA EL SR. VOCAL DR. GUSTAVO A. BRITOS, DIJO:- En mérito del acuerdo al que se arriba al tratar la primera cuestión, propongo a mis colegas dictar sentencia rechazando el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, con costas de la instancia a su cargo, difiriendo la regulación de honorarios para cuando se estimen los de la instancia de grado.

ASI VOTO.

A LA MISMA CUESTION PLANTEADA EL SR. VOCAL DR. GUILLERMO OSCAR DELRIEUX, DIJO:- Que, por compartir los argumentos, adhiere a la solución propuesta por el preopinante.

A LA MISMA CUESTION PLANTEADA LA SRA. VOCAL DRA. ANA CLARA PAULETTI, DIJO:- Que existiendo mayoría hace uso de la facultad de abstenerse de emitir su voto, conforme lo autorizado por el art. 47 de la L.O.P.J. (texto según Ley 9234).

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordada la Sentencia siguiente:

GUSTAVO A. BRITOS-GUILLERMO O. DELRIEUX-ANA CLARA PAULETTI (Abstención), ante mi: DANIELA A. BADARACCO Secretaria SENTENCIA:- GUALEGUAYCHU, 31 de octubre de 2013.

Y VISTO:- Por los fundamentos del Acuerdo que antecede, por mayoría;

SE RESUELVE:- 1.-DESESTIMAR el recurso de apelación interpuesto a fs. 117 por la demandada contra la sentencia de fs. 111/114 la que se confirma en todas sus partes.

2.-IMPONER las costas del recurso a la apelante y ESTABLECER los honorarios profesionales correspondientes a esta segunda instancia en un 40% de los que se fijen por la labor de la primera instancia, encomendando su cálculo al juez de grado para cuando estime estos últimos.

REGISTRESE, notifíquese y, oportunamente, bajen.

GUSTAVO A. BRITOS-ANA CLARA PAULETTI-GUILLERMO O. DELRIEUX ante mi: DANIELA A. BADARACCO Secretaria En .../.../... se registró en soporte informático (Acuerdo S.T.J Nº 20/09 del 23/06/09 Punto 7). Conste.-DANIELA A. BADARACCO Secretaria