Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-10-11


2º Instancia. - Buenos Aires, octubre 11 de 2007.

El Dr. Kiper dijo:

Contra la sentencia de primera instancia (fs. 479/490) que rechazó la demanda y la reconvención interpuestas, apelan las partes quienes, por los motivos que exponen en sus escritos de fs. 507/510 (actora) y fs. 512/518 (demandada), intentan obtener la modificación de lo decidido. La parte actora contestó el traslado de agravios a fs. 522 y la demandada a fs. 523/525, encontrándose los autos en condiciones de dictar un pronunciamiento de carácter definitivo.

I.- En su presentación ante la Cámara, la actora se queja ante el rechazo de la demanda. Sobre el particular sostiene que, si bien el encuadre jurídico del tema ha sido impecable, resulta incomprensible que el a quo haya determinado en la sentencia recurrida que existe obligación de rendir cuentas y que, a la vez, haya rechazado la acción intentada. Sostiene que existe una inadecuada y superflua valoración de la prueba producida, pues se ha dedicado una importante parte del fallo al análisis de pruebas intrascendentes, mientras que se obvió toda referencia a la documentación presentada por su parte y omitida por la contraria, lo cual, en un proceso de esta naturaleza (rendición de cuentas), resulta ser determinante para la solución del caso. Finalmente, se queja pues entiende que no se ha resuelto la cuestión vinculada con la Sra. Britez de González.

En cuanto a los "agravios" vertidos por la demandada, advierto que resultan claramente insuficientes a los fines del artículo 266 del Código Procesal.

Esta Sala ha sostenido reiteradamente que para que exista expresión de agravios no bastan manifestaciones imprecisas, genéricas, razonamientos totalizadores, remisiones, ni, por supuesto, planteamiento de cuestiones ajenas. Se exige legalmente que se indiquen, se patenticen, analicen parte por parte las consideraciones de la sentencia apelada. Por cierto, ello no significa ingresar en un ámbito de pétrea conceptualización, ni de rigidez insalvable. En el fecundo cauce de la razonabilidad y sin caer en un desvanecedor ritualismo de exigencias, deben indicarse los equívocos que se estimen configurados según el análisis -que debe hacerse- de la sentencia apelada.

Dice Manuel Ibáñez Frocham: "La expresión de agravios debe señalar parte por parte los errores fundamentales de la sentencia; debe hacer un análisis razonado de la sentencia y aportar la demostración de que es errónea, injusta o contraria a derecho; la remisión a otras piezas de los autos no la equivale ("Tratado de los recursos en el proceso civil", Buenos Aires, 1969, página 152). Carlos J. Colombo se refiere a la "demostración del eventual error 'in iudicando': ilegalidad e injusticia del fallo" ("Código Procesal (...)", Buenos Aires, 1969, tomo II, página 565). Manifiesta Santiago C. Fassi respecto de la expresión de agravios: "En el escrito en que la parte funda la apelación, peticionando la revocación o reforma de la sentencia en primera instancia, haciendo una análisis razonado de dicha sentencia y una demostración de los motivos que se tienen para considerar que ella es errónea" ("Código Procesal (...)", Buenos Aires, 1971, tomo I, página 473).

Es que disentir simplemente con la interpretación del a quo sin fundar la oposición o sin dar bases jurídicas a un distinto punto de vista, no es expresar agravios. Así lo señala la jurisprudencia en forma reiterada (ver Colombo - Kiper, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Anotado y comentado, Tomo III, págs. 171/2).

Asimismo, se ha decidido jurisprudencialmente que deben precisarse parte por parte los errores, las omisiones y demás deficiencias que se le atribuyan al fallo, especificando con toda exactitud los fundamentos de las objeciones, no reuniendo las afirmaciones genéricas y las impugnaciones de orden general los requisitos mínimos indispensables para mantener la apelación (LA LEY, 134-1045; LA LEY, 137-456; El Derecho, tomo 30, página 119; Jurisprudencia Argentina, tomo 1970-V, página 489). También se ha juzgado que la simple disconformidad o disentimiento con lo expuesto por el a quo sin fundamentar la oposición o sin dar las bases jurídicas, no importa "crítica concreta y razonada" (cfr. LA LEY, 134-1086).

Por lo tanto, en dicho escrito el apelante debe examinar los fundamentos de la sentencia y concretar los errores que a su juicio ella contiene, de los cuales derivan las quejas de que reclama. Su función consiste en mantener el alcance concreto del recurso y fijar la materia de reexamen por el ad quem, dentro de la trama de las relaciones fácticas y jurídicas que constituye el ámbito del litigio (cfr. CNEsp.Civ. y Com., Sala "IV", abril 17-1975, Boletín del Fuero Nro. 592, página 7859).

Así, por ejemplo, se decidió que las afirmaciones genéricas sobre la prueba, sin precisarse el yerro o desacierto en que ha incurrido el juzgador en sus argumentos, las impugnaciones de orden general y la remisión al alegato de bien probado -como aquí sucede- no reúnen los requisitos mínimos indispensables para mantener la apelación (CNCiv, Sala C, LA LEY, 134-fallo 62.498 y 20.409-S).

Analizada la pieza presentada por la actora, se advierte que las fs. 512/514 son una mera transcripción del alegato presentado a fs. 464/466, mientras que el resto de la presentación (fs. 515/517) se limita a transcribir extractos del fallo que, además, señala como acertados. Entonces, a salvo la cuestión vinculada con la imposición de costas -someramente esbozada en el punto IX de fs. 518- no se advierte cuál es la disconformidad con lo resuelto en la instancia de grado que justificaría la presentación de la accionada.

Por lo expuesto, propongo que se declare desierto el recurso oportunamente interpuesto por la parte demandada.

II.- Como ya enunciara en la introducción del planteo de la parte actora, ésta no se queja del encuadre jurídico dado al caso, sino de la solución adoptada.

No obstante, creo conveniente recordar que la obligación de rendir cuentas es inherente a toda gestión de negocios ajenos, cualquiera sea su carácter. Toda persona que se haya desempeñado como gestor o mandatario o que haya realizado hechos que impliquen el manejo de fondos que no sean de su propiedad exclusiva, tiene que rendir cuentas sobre el resultado de la operación. El destinatario de la rendición de cuentas es el mandante, a quien debe dar la debida información y el resultado de los actos encomendados (cfr. Belluscio-Zannoni, "Código Civil y leyes complementarias ...", Tº 9, pág. 229). Y, en ese orden de ideas, y como señalara el magistrado de la instancia anterior, se encuentra probada y reconocida la causa que obliga a la demandada a rendir cuentas de su gestión administrativa del local comercial de la planta baja, de las 9 habitaciones de planta baja y de las 13 habitaciones del segundo piso del inmueble ubicado en la calle Bolívar 761/763/765.

Tal como señalan los apelantes, el objeto del juicio es la rendición de las cuentas. Por ello, determinada la procedencia de la acción, corresponderá analizar si se dio cumplimiento con el objeto de la misma.

En el supuesto de autos, los actores demandaron la rendición de cuentas por la administración de la planta baja (local comercial y 9 habitaciones) y del segundo piso (13 habitaciones) del inmueble sito en la calle Bolívar 761/763/765 desde el año 1997, impugnaron las informaciones periódicas de recaudación, solicitaron la aprobación de las cuentas presentadas por la Sra. Rodríguez y reclamaron las sumas adeudadas que resultaren de la liquidación a practicarse (v. fs. 12/17).

Al contestar demanda, la requerida reconoció ejercer la administración de las unidades señaladas por los actores, a la vez que agregó que también se hace cargo de mantener la totalidad del inmueble en buen estado ante la ausencia de los demandantes en estos menesteres. Impugnó la liquidación presentada y presentó la propia (Anexos "A", "B" y "C" de fs. 46/51), acompañando a tal efecto la documental reservada en sobre 2370 que incluye fotocopias de los contratos de locación, de recibos, de facturas y de las constancias presentadas por los actores en dos carpetas anilladas.

Ahora bien, he señalado con anterioridad (cfr. CNCiv, esta Sala en autos "Verón María Cristina c/Sala Arturo Julio s/Rendición de cuentas", Rec.: 455.192 del 7/3/07) que la rendición de cuentas es el estado descriptivo, verbal o escrito, respaldado con la pertinente documentación, tendiente a demostrar en partidas correspondientes al deber y al haber, la verdad de los hechos y resultados de orden patrimonial a que, se ha llegado en una negociación en la que se ha actuado por cuenta ajena (cfr. Colombo-Kiper, ob. cit., Tº VI, pág. 252). Es cierto que el hecho de que no se requieran formas especiales no exime de dar la explicación clara de cada negocio (Fenochietto-Arazi, "Código Procesal Comentado", t. 3, pág. 256), pero en determinados supuestos puede tanto, eximirse de la obligación de presentar documentos a quien debe rendir las cuentas en función de la índole de los gastos realizados, o de la relación existente entre las partes, como admitir el cumplimiento de los informes en tiempo diferentes a los ordenados originariamente, si ello no obsta la gestión misma.

Asimismo cabe recordar que los documentos (recibos, copias de escritura, testimonios de inscripción, etc.) respaldan el detalle o informe de las operaciones o gestiones realizadas, pero no los suplen. Es que, según se ha dicho, la rendición de cuentas debe contener una manifestación de los ingresos y gastos, basados en los documentos y comprobantes que los acrediten. A ello se le debe agregar un informe lo más completo posible sobre la actividad del mandatario y las explicaciones necesarias que hagan comprensibles las operaciones. De esa manera, se ha resuelto que "la rendición de cuentas no sólo debe ser documentada, sino también clara y detalladamente explicativa. Debe describir la situación completa" (cfr. Belluscio-Zannoni, ob. cit., Tº 9, pág. 230 y doctrina y jurisprudencia allí citadas). Es evidente entonces que la rendición de cuentas incluye dos pasos: el informativo y el traditivo y, tal como señala López de Zavalía es preferible limitar la expresión "rendición de cuentas" al paso informativo y es en este sentido que la expresión aparece empleada en el art. 467 y, en definitiva, para el mandato mismo, como se ve de la confrontación de los arts. 1910 y 1911 (cfr. López de Zavalía, Fernando J., "Teoría de los contratos", Tº 4, págs. 565/566).

En el caso a estudio, se trata de la rendición de cuentas derivada de la administración de una casa de inquilinato o conventillo de las cuales ambas partes son propietarias, y cuya administración fue dividida en la forma ya descripta. Las particulares circunstancias que rodean el manejo de las viviendas dedicadas a este tipo de actividad, sumada al vínculo entre los originales propietarios y sus sucesores -ahora enfrentados-, determinaron el no cumplimiento de formalidades en el desarrollo de la administración del negocio que comparten. En efecto, las cuentas referidas a los ingresos y egresos de esta sociedad de hecho fue, desde su origen, llevada en un modo por demás informal. A tal fin resultan sumamente ilustrativas las cuentas, balances y notas presentadas por ambas partes de los cuales se desprende con meridiana claridad, que los propietarios se encontraban debidamente informados del desarrollo del negocio (reparaciones efectuadas o que se debían realizar, inquilinos con deudas o que habían dejado la unidad rentada, gastos varios, etc.), llegando incluso a enviarse notas en tonos elevados ante la disconformidad con cuestiones vinculadas con la administración.

En ese sentido, si bien la rendición presentada por la demandada carece de algunos recibos o documentos que acrediten el pago de algunos gastos, lo cierto es que la parte actora no ha desconocido o probado que los mismos no hayan sido necesarios o no se hayan realizado. También, y como ya expuse, tomó debido conocimiento en forma oportuna de la necesidad y concreción de aquéllos y fue debidamente informada, tal como se desprende de las notas que incluye la prueba documental aportada por los demandantes.

Además, frente a la impugnación de la demandada en estos obrados de la liquidación ofrecida por la parte actora, y habiendo presentado la propia, los requirentes no ofrecieron los medios de prueba idóneos a fin de desvirtuar lo expuesto por su contraria. En este sentido, es dable destacar que era carga de los interesados acreditar la impertinencia de la rendición presentada por la demandada lo cual -en modo alguno- concretaron.

En cuanto a la liquidación presentada por la parte actora -tenida por insuficiente en la anterior instancia-, con una simple lectura se puede advertir que carece del sustento necesario para ser admitida sin otros elementos que la avalen. Es que, pareciera ser, que los requirentes se han limitado a sumar ingresos y restar gastos, para luego dividir el saldo por mitades. Los reconocimientos y las pruebas producidas han demostrado que existía una desigualdad entre el número y entidad de las unidades administradas por cada condómino, como así también que existe un mayor ejercicio del derecho-deber de administrar el inmueble de parte de la Sra. Alvarez. Ello, me lleva al convencimiento de que en la especie se requería algo más que "una simple cuenta" para determinar la liquidación final, como pretenden los demandantes.

Sostienen al respecto que era el juez quien debería haber arbitrado los medios para producir un informe pericial contable que dilucidara las diferencias entre las liquidaciones presentadas por ambas partes. Las constancias de autos, los principios expuestos y lo dispuesto por el artículo 377 del Código Procesal terminan de sellar la suerte adversa de los agravios sobre el punto.

Por todo lo expuesto, propongo declarar desierto el recurso interpuesto por la parte demandada (arts. 265 y 266 del Código Procesal) y, por los fundamentos expuestos, confirmar la sentencia apelada. Las costas de alzada, atendiendo al modo en que se decide, sugiero que se impongan en el orden causado (arts. 68, párrafo segundo y 71 del Código Procesal).

El Dr. Jorge Alberto Mayo y el Dr. Jorge A. Giardulli por las consideraciones expuestas por el Dr. Kiper, adhieren al voto que antecede.

Por lo deliberado y conclusiones establecidas en el acuerdo transcripto precedentemente por unanimidad de votos, el Tribunal decide:

Declarar desierto el recurso interpuesto por la parte demandada (arts. 265 y 266 del Código Procesal) y, por los fundamentos expuestos, confirmar la sentencia apelada. Las costas de alzada, atendiendo al modo en que se decide, se imponen en el orden causado (arts. 68, párrafo segundo y 71 del Código Procesal).

Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase. -Jorge Alberto Mayo. -Jorge A. Giardulli. -Claudio M. Kiper.