marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Instrumentos privados, fecha cierta
Materia: CIVIL
Carátula: Paillacar LLanquín Vda. de Santana, María c/ Canelo, Ricardo Adrián y Otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1994-02-03

Los instrumentos privados sólo son oponibles a terceros desde que adquieren fecha cierta. La data y certificación puesta al pie del contrato por un escribano respecto de la autenticidad de las firmas no le acuerdan fecha cierta, por cuanto no se trata del caso que contempla el inc. 2º del art. 1035 del Código Civil. En consecuencia, no resulta prueba suficiente dicho instrumento privado atento que de él surge que la fecha de celebración es posterior al accidente, siendo inoponible su contenido.
Eximentes de responsabilidad penal, estado de necesidad, prueba
Materia: PENAL
Carátula: CASANI, HECTOR EDGARDO s/ FALSIFICACION DE DOCUMENTO PUBLICO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-05-22

Si bien la situación ilegal de represión desarrollada desde el Estado o paralelamente a él podría considerarse un "hecho notorio" de innecesaria prueba, es ineludible la demostración de la situación de peligro para un bien jurídico de quien invoca estado de necesidad, sólo salvable mediante la violación de otro bien jurídico.
Nulidad procesal, escritos judiciales, copias, copia auténtica, falta de copias
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Cañari Vázquez, Santos s/ Nulidad de Actuaciones
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-16

Cabe convalidar la sanción de nulidad de todas las actuaciones y la absolución del procesado, por residir la invalidez en la falta de debida certificación de las constancias fotocopiadas cabeza del sumario -fs. 1 a 114-, ya que la certificación general existente al final -fs. 115- no suple, ni garantiza el debido proceso.
Recurso de casación penal, inadmisibilidad del recurso, cuestiones de hecho y prueba
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Franco, Alicia s/ Recurso extraordinarioRecurso extraordinario. Causa n.: 2133.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-17

Los agravios dirigidos a cuestionar el valor que el a quo otorgó a determinadas pruebas remiten a la apreciación de cuestiones de hecho y prueba, ajenas tanto al temedio excepcional previsto por el art. 456 del C.P.P.N. como al recurso extraordinario planteado.
Recurso extraordinario, sentencia definitiva, gravamen irreparable, fallo plenario, revisión del fallo plenario
Materia: PROCESAL
Carátula: OBRAS SANITARIAS DE LA NACION c/ GALVALISI, JOSE Y OTROS. s/ PRESCRIPCION.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-11-15

Son sentencias definitivas a los efectos del recurso extraordinario las que ponen fin al pleito o causan un agravio de imposible o insuficiente reparación ulterior; requisito que no se cumple en el caso en que se impugnó un acuerdo plenario, toda vez que el mismo se limitó a sentar la interpretación de la cuestión debatida sin resolver en el caso concreto, restando, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 300 del Código Procesal, pasar las actuaciones a una de las Salas del Tribunal para que dicte nuevo pronunciamiento, de conformidad con la doctrina establecida.
Prisión domiciliaria, personas con discapacidad, defensa en juicio, facultades del defensor
Materia: PENAL
Carátula: V., R. D. c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-06-26

Debe declararse la nulidad de la resolución que denegó la solicitud de prisión domiciliaria en favor de un imputado con discapacidad y ordenó la continuidad de su tratamiento en la unidad carcelaria donde se encuentra alojado, habida cuenta que se configuró una afectación al derecho de defensa del encartado porque el tribunal, previo a resolver, no dio intervención a la defensa del escrito presentado por la representante del Ministerio Público Fiscal, por lo cual la asistencia letrada se vio imposibilitada de controvertir el contenido del dictamen de su contraparte, ofrecer prueba y defenderse de aquellas conclusiones, todo lo cual redundó en una afectación a su derecho constitucional (arts. 18 y 75 inc. 22 de la CN), dado que la defensa solo tuvo oportunidad de expedirse en el recurso de casación, objeto de análisis, esto es, con posterioridad a la decisión del magistrado.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, falta de cita legal
Materia: PENAL
Carátula: Leiva, Alberto s/ Asociación ilícita - Robos reiterados
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-09-13

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que cuestiona el monto de la pena aplicada y el criterio seguido por el sentenciante para calificar el hecho, pero no menciona como transgredida norma legal alguna, no observando así la imposición que formula en este aspecto el art. 346 -n.a.- del C.P.P..
Ejecución de honorarios, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO ALIANZA ROSARIO COOP. LTDA. c/ RODEO S.R.L. Y OTROS s/ EJECUTIVO (INCID. DE EJEC. DE HONORARIOS PROMOVIDO POR DR. DANIEL  DERKA)
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-11-08

El cobro de honorarios regulados en concepto de costas, se ejecutara por el trámite de ejecución de sentencias (art. 482 del C.P.C.), Conforme lo dispuesto por el inciso 3º del art. 483 ibid., y a los honorarios devengados en la ejecución de estos resulta de aplicación la escala establecida por el art. 201 Inciso b) de la ley 2.150, y no el inciso a)de la mencionada norma legal. Ello es así, porque esa normativa debe armonizarse con las disposiciones de la ley 3738, sin que por su aplicación literal se desnaturalice la justicia y proporción que corresponde por honorarios.
Homicidio simple, sentencia condenatoria, inimputabilidad, ebriedad
Materia: PENAL
Carátula: CASTILLO PAOLA LILIANA c/ CEJAS CARLOS s/ S.D. HOMICIDIO SIMPLE-CASACION ESTELA NOEMI SALTO c/ GOMEZ JULIO A. s/ S.D. HOMICIDIO SIMPLE E.P. DE ESTELA NOEMI SALTO S/CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-03-11|2004-02-05

Corresponde condenar al procesado por el delito de Homicidio Simple rechazándose la eximente de inimputabilidad por ebriedad, pues aun admitiendo que el encausado y su coprocesado hubieran bebido alcohol, no existe prueba que permita suponer que padecían una ebriedad aguda, máxime que ni al tiempo de la detención de aquellos, ni en la oportunidad de prestar declaración indagatoria, presentaron síntomas de amnesia, sino que en todo momento, como en la sucesiva actuación procesal que les cupo, conservaban la percepción del hecho y sus respectivas versiones, aunque mendaces, son coherentemente armadas, ajenas a la asistematicidad de los amnésicos. La circunstancia de no hallarse probada que la ebriedad haya sido aguda, o que haya generado una perturbación grave de la conciencia la que por efectos de éstas o de alguna de las restantes causales del art. 34 inc. 1 C.P., los imputados no hubieran podido tener la posibilidad de comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones, impide la aplicación de la doctrina del plenario "Segura", que retrotrae la consideración temporal desde el ordinario momento del hecho hacia el excepcional tiempo de la ingesta alcohólica.
Interpretación de la ley, código civil, prescripción, proceso judicial, procedimiento administrativo, resoluciones
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: COUSIDO PADIN, Alfredo Manuel c/ Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos s/ SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-06-14

El Código Civil cuando menta la palabra "juicio art. 3962), "contestación de demanda idem), "juez art. 3964), etc. se refiere específicamente al proceso judicial, es decir al fenómeno jurídico procesal que se configura sólo cuando dos o más personas litigan en un pie de perfecta igualdad ante un tercero imparcial e independiente; lo cual ciertamente no sucede en el ámbito de la administración, ya que ésta, aún cuando resuelve un recurso, no hace sino actuar por interés propio y la decisión que pronuncia no tiene naturaleza judicial. La administración viene a ser al mismo tiempo juez y parte, porque en ningún caso es tercero imparcial (Cfr.

Hutchinson, Tomás, "Régimen de Procedimientos Administrativos"). (Del voto de la mayoría. El Dr. Fernández votó en disidencia).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), intereses
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: VEGA, JORGE HECTOR c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-02-12

Si bien corresponde disponer la apertura de esta instancia extraordinaria en relación a la postulación del recurrente relativa a los intereses y su capitalización -por contar prima facie con suficiente asidero en las constancias de la causa y poder configurar hipótesis de violación al derecho a la jurisdicción-, cabe rechazar la queja de la accionada en cuanto la demandada introduce un planteo ajeno al recurso de inconstitucionalidad que fuera denegado por la Sala, al sostener que la sentencia (al aplicar una tasa que en el fondo se presenta como punitoria), considera a la Administración como un particular, cuando su parte para efectuar los pagos reclamados, aún después de dictada la sentencia, debe respetar una ley de presupuesto aprobada por la legislatura.
Acción judicial, contrato de trabajo, instancia administrativa previa, ley nacional, ley provincial, plazo, prescripción, prestaciones sistémicas, reparación integral, vía recursiva
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Muñoz Chipre, Gustavo Antonio  c/ Asociart ART S.A.  s/ apelación auto interlocutorio
Jurisdicción: Local — Provincia: 
Fecha: 2023-09-07

No obstante que la ley 1709-K refiera que los recursos deberán formalizarse a través de la acción ordinaria prevista en el Código Procesal Civil (CPC), se trata del ejercicio de la vía recursiva contemplada en el procedimiento especial de la ley nacional 27348 al que adhirió la provincia y que prevé una etapa administrativa previa y obligatoria, con revisión judicial a través de los recursos que la propia norma de fondo contempla ante la justicia ordinaria. Resultando claro que la acción a que refiere la ley, reviste la naturaleza de un recurso contra la decisión administrativa (con objeto definido, pues debe circunscribirse indefectiblemente a lo que fue sometido a decisión de la Comisión Médica; lo que no sucede en el ejercicio de una acción ordinaria), siendo claro que el plazo establecido para su interposición, es puramente procesal, no resultando violatorio ni contradictorio con el plazo de prescripción, institutos de naturaleza muy diferenciada. (voto disidente)
Daños y perjuicios, gastos médicos, gastos de farmacia, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: AMALLA HORACIO POR SU HIJO MENOR c/ NESTOR FACIN MELCHIORI s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S006 - 115)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-12-26

Los gastos médicos y farmacéuticos no requieren prueba instrumental que los acredite cuando las características de las lesiones hagan verosímiles las erogaciones.-
Recurso de casación, admisibilidad del recurso
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Barrientos, Mónica Roxana c/ Hadzic, Ibro y-o Quien Resulte Propietario s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-05-23

Siempre y por principio, el control de las formas impondrá el desmérito y el rechazo del recurso cuando ello no importe conducir al ritualismo, y sólo la efectiva comprensión del agravio, más allá del desprolijo desarrollo del mismo, será la excepción para la admisibilidad.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, Estado Provincial, facultades no delegadas, leyes, ley procesal, ley nacional, juicio de apremio, asociaciones sindicales, competencia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Sindicato Unión Confiteros y Masiteros c/ Comedor San Martín S.R.L. s/ Conflicto de Competencia suscitado entre el Juzgado de Primera  Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de La Cuarta   Nominación y el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo   Laboral de la Segunda Nominación, de la Ciudad de Rosario. Cobro de   aportes sindicales (Expte. CSJ Nº 191-98)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-03-30

La jurisprudencia tradicional de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha admitido excepcionalmente que no importa menoscabo a la competencia provincial para legislar sobre materia procesal, el hecho de que el Congreso de la Nación dicte normas sobre procedimientos aplicables, inclusive, en el orden provincial, cuando dichas normas son inherentes al funcionamiento de determinados institutos de la legislación federal o común, o resultan indispensables para lograr una eficaz instrumentación de lo que se pretende regular. En el caso, no se advierten cuáles serían las razones que tornarían necesaria, para el funcionamiento o la eficaz instrumentación del régimen de percepción de cuotas y contribuciones sindicales, la inclusión de una disposición como la contenida en el penúltimo párrafo del artículo 5 de la ley 24642.
Competencia, concurso preventivo, recursos
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Massuh S.A. c/ A.F.I.P. - D.G.I. s/ Impugnación de deuda
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-13

Ante la imposibilidad de acceder al expediente que se encuentra en la Corte Suprema de Justicia de la Nación -debido a hallarse a estudio del Alto Tribunal, circunstancia que imposibilita su remisión-, no cabe más que declinar la eventual competencia de la Sala y declarar que ella corresponde al Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial donde tramita el concurso preventivo. Ello así, dado que reiteradamente la recurrente ha informado que gran parte del monto que le es reclamado en este proceso ha sido verificada en el referido concurso preventivo, y habría sido cancelada a través de los acogimientos efectuados a los regímenes instituidos por los Decretos 1384/01 y 1387/01.
Multa, confiscatoriedad, contrato de suministros
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ghiggeri Hnos SACIFIA c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-11-10

No pueden ser acogidos los argumentos de confiscatoriedad de la multa impuesta y de inconstitucionalidad de la norma aplicada si la magnitud de la multa no deriva solo de norma cuestionada (art 72 inc 3 ap. a) del decreto 3300/72) sino que se confunde con el resultado de la propia conducta de la contratista incursa en el atraso de 106 días, teniendo en cuenta, además, que la determinación normativa del uno por ciento diario fue consentida por el proveedor al someterse voluntariamente al régimen de contrataciones sin formular ninguna reserva al respecto.
Coronavirus, principios del derecho internacional de los derechos humanos, interdependencia de los derechos humanos, indivisibilidad de los derechos humanos, perspectiva de género, universalidad de los derechos humanos, protección internacional de los derechos humanos, cooperación internacional, principio de no discriminación, política sanitaria, estado de emergencia, principio de dignidad humana, emergencia sanitaria
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Resolución 1/2020 - Pandemia y derechos humanos en las Américas c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2020-04-10

Todas las políticas y medidas que los Estados adopten en el marco de la pandemia del COVID-19 deben tener como fundamento un enfoque de derechos humanos que contemple la universalidad e inalienabilidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de todos los derechos humanos, la igualdad y la no discriminación, la perspectiva de género, diversidad e interseccionalidad, la inclusión, la rendición de cuentas, el respeto al Estado de Derecho y el fortalecimiento del principio de cooperación entre los Estados.
Despido, privatizaciones, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, crédito laboral, llamado a licitación, buques públicos, buques privados, prestación de servicios, carga de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: CARDOZO, Alberto c/ YPF s/ part. accionario obrero
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-10-31

Para que los actores sean acreedores del beneficio de participación en la transferencia de los activos (art. 13 de la ley 24145) es necesario que se acredite debidamente que a la fecha de la apertura de la licitación o concurso de los buques privatizados se encontraban prestando servicios en los mismos y que fueron despedidos como consecuencia de dicha venta (art. 377 del CPCCN).
Tribunal colegiado, notificación, audiencia
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: HEREDIA IRMA REBECA c/ SCARCELLA ROSARIO s/ DESALOJO - RECURSO DE REVISION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-12-16

El ordenamiento o concatenación de los actos procesales, en su desarrollo sucesivo hacia la sentencia, se garantiza, entre otros medios, con el instituto de la preclusión; éste recrea su función especialmente en las audiencias, en las que, a consecuencia de la continuidad de los actos y la necesidad de cumplir adecuadamente su objetivo, no operan los términos aceleratorios para reclamar por los vicios que puedan afectarlos; aquí, para estimular la actividad de las partes, se amenaza con la extinción de la facultad de instar la nulidad del acto cuando se consiente el defecto; esto ocurre en el preciso momento en que se concreta un nuevo acto que, en el orden de sucesión, impide, por razones de seguridad y de certeza, volver al acto anterior que se presume viciado; por ello, en las audiencias los vicios deben ser denunciados inmediatamente después de producidos, para no clausurar la oportunidad de hacerlo tempestivamente.

Ello así, debe distinguirse claramente: a) el acto de dictado de la sentencia en audiencia pública con asistencia de todos los Vocales y en presencia del Secretario (art. 1334 C.P.C.) del b) acto de pronunciamiento de la sentencia que se concreta "acto continuo" (art. 1335 id.) y que ya no es menester de la presencia del Secretario.

Si no consta notificada, la integración especial del Tribunal de Alzada; es evidente que tal integración, con un miembro ad hoc, fue convalidada al no impugnársela inmediatamente después de abierto el acto público para el pronunciamiento, emisión o dictado de la sentencia (art. 1334, in limine del C.P.C.); con esto se produjo la preclusión y, con ella, la caducidad de impugnar el supuesto vicio (doctrina de los arts. 1272 inc. 5 y 365 ter y quater, supuesto 3 C P.C.), desde que la notificación para la lectura de la sentencia en audiencia pública se hizo en legal forma. (Voto del Dr. Petitto en mayoría).
Juicio correccional, prescripción de la acción penal, secuela de juicio, informe in voce
Materia: PENAL
Carátula: RODRIGUEZ, Juan M. y otros s/ PRESCRIPCION ACCION. JUICIO CORRECCIONAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-06-26

En el juicio correccional el último acto que puede entenderse como secuela de juicio es la audiencia prescripta por el art. 579 del C.P C., que equivale en este procedimiento especial al llamamiento de autos del proceso ordinario, a partir de la cual según el art. 580 del mismo, corre el término para dictar sentencia (conf. Fallos IV, 25), y queda cerrada la posibilidad de toda discusión.-
Concurso preventivo, aprobación del acuerdo preventivo, continuación de la empresa, orden público
Materia: CIVIL
Carátula: ASOCIACION MUTUAL VALLE INFERIOR s/ PROPUESTA DE PAGO Y ACEPTACIONES s/CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-04-23

No puede soslayarse que el pronunciamiento de los acreedores constituye una pauta de singular gravitación a la hora de evaluar el acuerdo ofrecido, ya que el proceso no sólo se halla orientado hacia los intereses privados de los acreedores, sino que repercute dentro del ámbito de la actividad económica y social donde esta situación se exterioriza causando mayor o menor perturbación, por lo que toda propuesta de acuerdo debe ser valorada, atendiendo fundamentalmente a su congruencia con los principios de orden público, las finalidades de los concursos - referidas a la conservación de la empresa y la protección del crédito - y el interés general.
Honorarios, perito de parte
Materia: PROCESAL
Carátula: BUSTAMANTE DIONISIO NICASIO s/ LESIONES CULPOSAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1996-03-12

Con arreglo a lo dispuesto por el art. 47 inc. 2do., 2do.

dispositivo, los peritos de control o de parte, se les remunerará, a cada uno, con el cincuenta por ciento (50%) de lo regulado al perito sorteado, salvo convenio en contrario. Estos honorarios estarán a cargo de la parte que los propuso.

Por perito sorteado debe entenderse que se trata del perito oficial, pues la normativa vigente así lo impone (C.P.P. Ley 8123, 231, 236 y Ley Orgánica del Poder Judicial, 94, 95 "in fine", 98, Acuerdo Reglamentario 105, 23/7/85, modificado por Acuerdo Reglamentario Nro. 149 "A" 9/5/88).

A su vez, resulta claro que frente a la regla que regula el pago de las costas a la parte vencida (C.P.P. 551), rige, por ser ley especial, la ley de aranceles (Nro. 8226, 47, 2da. disposición).

Así corresponde casar la sentencia que ha desconocido el límite impuesto por el dispositivo legal en cuestión y ha cargado el pago de las costas al vencido sin excluir el honorario de los peritos propuestos por la contraparte.-
Locación de inmuebles, retención indebida, daños y perjuicios, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: Kritzer, Mario c/ López de Cacheiro, Martha s/ Sumario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-17

El locatario que demora indebidamente la restitución del inmueble se convierte en un mero detentador sin derecho alguno y por ende, está obligado a indemnizar al propietario en concepto de pérdida e intereses y no a título de arrendamiento, el quebranto que este ha experimentado como consecuencia de dicha detentación. Ese quebranto consiste en la falta de oportuna percepción del arrendamiento que hubiera podido obtener el locador en un mercado de libre contratación de suerte que la locataria es deudora de la diferencia entre lo que pagó de alquileres y lo que pudo percibir la locadora en todo el lapso de retención indebida.

El cobro de alquileres con o sin reajuste, no impide al locador a reclamar ulteriormente la indemnización a que también tiene derecho por la ilícita retención del bien durante la tramitación del desalojo origen o "causa fuente y fundamento legal". Al respecto no es necesaria la prueba tendiente a acreditar la existencia de una oferta de alquiler o compra del inmueble locado y no restituido en su oportunidad, pues el perjuicio surge del solo hecho de la indisponibilidad del inmueble por los propietarios locadores.

Los valores locativos dados por el perito no obligan al magistrado a subordinarse a los mismos, ya que en ese caso se operaría una sustitución de funciones. Su labor esencial es la de proporcionar los elementos técnicos que posibiliten al juez una decisión justa sin ajustarse a determinados porcentajes de renta. El valor que el perito atribuye al inmueble es un elemento de especial importancia para el cálculo del perjuicio sufrido por el accionante -pero no el único- según el precio que pudo obtenerse en su momento por la locación de la unidad teniendo en cuenta su valor real, pero prescindiendo de aquellos otros elementos que por razones especulativas distorsionan circunstancialmente las condiciones del mercado inmobiliario.