Tribunal: CAMARA DE ACUSACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-09-26


Salta, 26 de Septiembre de 2013.

Y VISTO: Estos Autos caratulados: "RECURSO DE APELACION INTERPUESTO POR EL DR. TOMAS CORNEJO DUBOIS EN REPRESENTACION DEL SR. HORACIO ALBERTO HEGUY - CON PRESO", Expte. Nº G02 106.750/13 del Juzgado de Garantías de Sexta Nominación, del Distrito Judicial del Centro, causa Nº G02 106750/13 de la Sala I del Tribunal de Impugnación; y ______________________CONSIDERANDO Que arriban los presentes obrados a este Tribunal en virtud del recurso de apelación impetrado a fs.10/12 por la defensa técnica del imputado Horacio Alberto Heguy ejercida por el Dr. Tomás Cornejo Dubois contra el auto resolutivo de fs. 30/32 que ordena la prisión preventiva conforme a lo normado por los arts. 370, 386, 387, 388 inc.a), 389, 390 y cctes. del C.P.P.. El recurso fue promovido en tiempo y forma, en consecuencia resulta formalmente admisible, por lo que se encuentra expedita la vía recursiva para el tratamiento de la cuestión suscitada.

Que en el decisorio en crisis el a-quo a fin de pronunciarse como lo hizo, señala que ha quedado acreditado en grado de probabilidad suficiente la participación de los encausados Ponce, Espinosa Ontiveros, Vaquer y Heguy en los delitos atribuidos y calificados provisoriamente como Estafa reiterada (cuatro hechos) y Asociación ilícita en concurso real (art. 172, 210, 55 C.P.), cuya pena en abstracto, respectivamente, es de 1 mes a 6 años de prisión y de 3 a 10 años de prisión o reclusión en su figura básica, agravándose su mínimo para el Jefe u Organizador a 5 años, lo que permite inferir que en caso de recaer condena la misma resultaría de ejecución efectiva, denotándose con ello el peligro de fuga establecido en el inc.a del art. 388 C.P.P., teniendo en cuenta la forma organizada en que se cometieron la serie de transgresiones penales, lo que conllevó a que las detenciones de los acusados sean efectuadas en diferentes tiempos y lugares. Destaca que si bien surgiría arraigo de los acusados en esta ciudad, la gravedad del delito hace suponer que puestos en libertad puedan sustraerse a los requerimientos del proceso. Otra circunstancia que enfatiza es lo que señala el Sr. Fiscal respecto a que se está trabajando sobre actas preliminares de nuevos hechos delictivos, los cuales a simple vista poseen un modus operando y conectividad delictiva de parte de los sujetos detenidos, lo que lleva a colegir que de estar en libertad, podrían obstaculizar tales investigaciones iniciales, lo cual va a contrario sensu de los fines del proceso, en cuanto al descubrimiento de la verdad real. Recalca los principios de libertad durante el trámite del proceso y de inocencia hasta una sentencia condenatoria firme, pero que excepcionalmente la doctrina y uniforme jurisprudencia ha admitido la prisión preventiva justificada para garantizar los fines del proceso, elaborando los conceptos de "peligro de fuga" y de "peligro de entorpecimiento" del imputado referenciando una serie de circunstancias y comportamientos de los acusados que de encontrarlos en libertad durante el proceso, podrían hacer peligrar los fines del mismo.

Se agravia la defensa del imputado Heguy manifestando que lo resuelto constituye un exceso injustificado, al utilizar como fundamento del pedido de prisión preventiva afirmaciones dogmáticas como lo hace la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos al decir "entiendo necesaria esta restricción a la libertad, con el objeto de asegurar la comparecencia de los imputados en el proceso, y evitar el entorpecimiento de la averiguación de la verdad". Afirma que no hay en el caso concreto motivación para sostener que los imputados van a dejar de comparecer. Transcribe jurisprudencia causas Barbará y Macchieraldo. Afirma que su defendido vive en el domicilio de Avda. Belgrano Nº1790 8vo. piso de esta ciudad junto a su madre, su abuela, su hija y la madre de ésta, por lo que resultaría aventurado e improbable que se aleje de sus seres queridos para evadir la justicia. Tampoco resulta fundado el argumento del entorpecimiento de la investigación, ya que entiende no hay hechos concretos que sirvan de antecedentes para tal afirmación. Cuestiona por débil argumentación la imputación del delito de Estafa reiterada y sobre todo el de Asociación ilícita en concurso real. Analiza cada una de las figuras endilgadas en cotejo con lo dicho por los acusados, como también a la luz de la doctrina de la Corte en un fallo que reseña. Finalmente ofrece caución suficiente al efecto.

Que así planteada la cuestión a resolver, el primer parámetro a analizar en el recurso es, si surge o no como probable la aplicación en firme de una pena privativa de la libertad, siendo este uno de los tres parámetros consignados en el artículo 386 C.P.P. que autorizan a disponer auto de prisión preventiva.

El Sr. Fiscal, al momento de bilateralizarse el recurso, entiende que en el caso será impuesta pena superior a tres años de prisión, y que por ende será de aplicación efectiva. Para arribar a esta conclusión se basa en que se atribuye al Sr. Heguy la participación en cinco hechos de Estafa en concurso real con el delito de Asociación Ilícita. Sin desarrollarlo en esa contestación de fs. 25/26, surge igualmente de presentaciones anteriores que el representante del Ministerio Público de la Acusación descarta la eventualidad de una condena de tres años de prisión de ejecución condicional en el caso, y lo hace mediante el expediente de recordar que el delito de Asociación Ilícita tiene como mínimo de la escala la pena de tres años de prisión, mientras que el delito de Estafa la de un mes de prisión, por lo que la pluralidad delictiva aparejará necesariamente que en caso de condena se descarte el mínimo de uno de los delitos en cuestión.

Considero equivocado el razonamiento del acusador. El yerro consiste en seguir atendiendo a las escalas de los delitos que integran la pluralidad delictiva. En un caso de concurso real no son aplicables, sin más, las escalas de cada uno de los delitos, ni siquiera para el pronóstico de la individualización de la pena. La escala penal aplicable es otra, que reemplaza a las escalas de cada uno de los delitos singulares, y que se conforma con un nuevo mínimo y un nuevo máximo que surgen por imperio del artículo 55 C.P. los que se constituyen respectivamente con el mínimo mayor y con un máximo resultante de la suma aritmética de las penas máximas correspondientes a los diversos hechos. Pero toda la escala es utilizable. O sea, el acusado por los dos delitos, el de Estafa y el de Asociación Ilícita, bien podría ser condenado a la pena de tres años bajo la modalidad de la ejecución condicional.

Para descartar esa modalidad o monto en la proyección de condena, necesariamente el acusador primero, y luego la jurisdicción, deben ingresar en el examen de las pautas ofrecidas por el artículo 387 del C.P.P y en el análisis de los conceptos contenidos en el artículo 26, 40 y 41 del C.P. diciendo concretamente porqué en el caso es de esperar que se aplique condena efectiva. La enumeración que hace el artículo 387 C.P.P. es enunciativa, lo que surge de su propio texto cuando de modo recurrente utiliza en cada referencia la expresión "se tendrá especialmente en cuenta". Y aunque al comienzo del artículo diga que se deberá considerar "bajo sanción de nulidad", esta amenaza no convierte ni al listado en taxativo ni a la obligación de consideración como ligada obligatoriamente a un recorrido sobre todos los indicadores del artículo, diciendo algo sobre cada uno de ellos. El entendimiento con que debe ser aplicada la amenaza es sobre la necesidad que la probable aplicación en firme de una pena privativa de la libertad se motive no sólo en la ley, por monto de la pena, sino en las circunstancias de la causa y del imputado.

En orden a este punto, el razonamiento judicial sólo acude a la escala penal diciendo que por el concurso la pena puede ser efectiva, añadiéndole como única referencia de valoración de circunstancias de la causa que existe un nivel de organización que surge de imputados plurales que fueron detenidos en distintos tiempos y lugares.

Como valoración de peligro de fuga y de entorpecimiento de la averiguación de la verdad, la resolución en crisis, y luego el Sr. Fiscal, en oportunidad del traslado, destacaron que el imputado cuenta con medios económicos con los que puede eludir la convocatoria judicial, y aún impedir que se produzcan y agreguen informes relativos a la acreditación de los hechos.

La capacidad económica indirectamente está prevista en el inciso "b" del artículo 388 C.P.P. cuando en la consideración del posible peligro de fuga, y en conjunto con el análisis de arraigo en su residencia habitual, asiento de la familia, de sus negocios o trabajo; unida con la conjunción "y", manda la norma a considerar en relación a lo anterior "las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto".

Hay que tener sumo cuidado para no utilizar la condición económica como categoría obstativa de la libertad en el proceso, ya sea por la carencia de medios económicos del imputado, o por su riqueza, a riesgo de convertir la razonabilidad en prejuicio. En principio la capacidad económica obra de parámetro indiciario de peligro de fuga siempre ligada a una verificación de desarraigo, y no como referencia autónoma, a riesgo de establecer una categoría social de capitus diminutio para los acusados con solvencia económica. Si a éstos se los analiza con prescindencia del parámetro del arraigo, sólo por su riqueza como condición de peligro de fuga, ya sea por cómo los medios económicos le pueden facilitar la salida del país, legal o clandestinamente, o posibilitar la permanencia oculta dentro de él, concluiríamos que siempre habría peligro de fuga en los caso de acusados con capacidad económica, y siempre también lo habría en casos de acusados pobres, cuando la pobreza afecta el arraigo por la falta de hogar y trabajo. Suficiente experiencia acumulada tenemos para saber cómo los criterios limitadores del poder penal suelen ser retorcidos para convertirlos en criterios con los que se justifica su expansión, como para adoptar interpretaciones lineales e ingenuas.__________________ En nuestro caso la Sra. Jueza resolvente dijo (fs.31) en autos surgiría arraigo de los acusados en esta ciudad, acudiendo a continuación a la gravedad del delito el que hace presumible que los imputados puestos en libertad puedan sustraerse a los requerimientos del proceso. Entendemos, como ya se anticipó, que este extremo no fue debidamente justificado y por tanto no abona la privación de libertad que se dispuso.

La otra justificación de la decisión de encierro por Prisión Preventiva que el recurso ataca, es la relativa a la posibilidad que el imputado, en libertad, entorpezca la averiguación de la verdad. Esta consideración es abordada por la Sra. Jueza que entiende que "lo señalado por el Sr. Fiscal en el sentido que se está trabajando sobre actas preliminares de nuevos hechos delictivos, los cuales a simple vista poseen un modus operandi y conectividad delictiva por parte de los sujetos detenidos, lo cual nos lleva a colegir que de estar en libertad, los acusados podrían obstaculizar tales investigaciones iniciales, lo cual va a contrario sensu de los fines del proceso en cuanto al descubrimiento de la verdad real".

Así planteado y careciendo el incidente de la información aludida por el Sr Fiscal, a la vez receptada por la Sra. Jueza, esa aseveración se convierte para el proveyente en un artículo de fe. Fue por ello que se requirió la exhibición del Legajo de Investigación. De la compulsa del Legajo de Investigación Fiscal Nº70/13 de la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos, se constata lo siguiente:

Se ordena la apertura de la I.P.P. en fecha 12/07/2013 en contra de Ubaldo Daniel Ponce y Santos Espinoza Ontivero por s/Estafa en perjuicio de un Corralón sito en Rº de la Frontera por compra de materiales de construcción por la suma de $200.000.- efectuándose el pago con seis cheques pertenecientes a una chequera denunciada como robada o extraviada de la cuenta de Rustán Hipólito Antonio.

En fecha 15/07/2013 se amplía la imputación en contra de Alejandro Mariano Vaquer en relación al mismo hecho y el 17/07/2013 en contra de Alberto Horacio Heguy. En relación al hecho de mención se había pactado la entrega de la mercadería adquirida en cuatro viajes habiéndose frustrado el último de éstos por la intervención de la Brigada de Investigaciones de Rº de la Frontera en tanto que un segundo camión con carga fue secuestrado al momento de la detención de Ontiveros conteniendo 42 palets de ladrillos.

En fecha 29/07/2013 se amplía la apertura de la I.P.P. en contra de todos los nombrados por Estafa reiterada (cuatro hechos) y Asociación ilícita todo en concurso real en perjuicio de:

hecho 1º Justino Cruz en relación al cual Heguy habría entregado dos cheques girado en una cuenta sin fondos a cambio de un préstamo de dinero en efectivo; hecho 2º en perjuicio de Pedro Luis Abraham Nóblega encargado de la mueblería Fabriestand consistente en una operación por la suma de $17.700 por mercaderías varias haciendo entrega de un cheque a nombre de Bovina Giorgio Claudio Oscar el cual se encontraba denunciado con orden de no pagar;

el hecho 3º en perjuicio de Ortiz Marcelo Jesús consistente en la adquisición al Corralón El Obrero de materiales por el valor de $100.000.- abonados con cinco (5) cheques de una chequera denunciada como extraviada o hurtada (de la misma cuenta que utilizaran en el primer hecho). De esta mercadería no se recuperó nada hasta la fecha;

hecho 4º en perjuicio de Exequiel Medrano Pedrazolli de "Pedrazolli Balanzas" consistente en la adquisición de mercaderías varias por un total de $22.770.- abonados con cuatro (4) cheques girados sobre una cuenta sin fondos. En esa oportunidad se sostuvo la calificación de Asociación Ilícita.

En fecha 29/07/2013 se formuló instancia de Prisión Preventiva (no agregada en el incidente de apelación). En ella se sostiene en orden al riesgo de entorpecimiento, no se había logrado el secuestro de la mercadería adquirida y que del informe de la Brigada de Investigaciones Nº7 surgía la emisión de (67) sesenta y siete cheques librados sobre cuentas personales que fueron rechazados por encontrarse sin fondos por un total de $ 709.079,46 por lo que se dispuso requerir informes sobre los cartulares, relevar testimonios sobre los damnificados y personas relacionadas con los imputados respecto de los cuales se sostuvo podrían ejercer influencias para que declaren de manera veraz, destacándose la posibilidad de que pudieran surgir nuevos implicados atento a la naturaleza del hecho que se está investigando.

En fecha 14/08/2013 se amplía nuevamente la I.P.P. en contra de Ramón Rodrigo Cardozo imputándole los mismos hechos, surgiendo la participación del nombrado como quien proveía a los acusados del lugar físico para resguardar la mercadería transportada, tratándose el lugar del Corralón El Rosario ubicado en calles Golondrinas y Los Mirlos del Bº Ampliación Bancario.

En fecha 06/09/2013 se amplía nuevamente la I.P.P. en contra de Alejandro Vaquer por un (1) hecho de Estafa y en contra de Alberto Horacio Heguy por tres (3) hechos de Estafas:

el 1º consistente en la adquisición al comercio "Fabián Cortinas" de mercadería por el valor de $11.200.- efectuando el pago con dos cheques librados sobre una cuenta sin fondos;

el 2º en perjuicio de un Corralón ubicado sobre la Ruta 51 Localidad de San Luis y atribuible también a Vaquer consistente en la adquisición de mercaderías varias abonados con diez (19) cheques por las sumas de: $ 29.530 rechazado por falta de fondos y orden de no pagar, $13.900 rechazado por dígito verificador erróneo, $16.100 (sin informe), $10.700.- , $10.750.-, $13.100 denunciado por robo, $17.800 denunciado por robo, $19.300, $26.700 con numeración adulterada y $8.370.- adulterado, y el 3º en perjuicio de Eduardo Domínguez como titular de una Financiera haciéndole entrega, con el fin de cobrar el adelanto, de (12) doce cheques por un valor total de $112.200 los que fueron rechazados por falta de fondos por la entidad girada. Posteriormente y ante la intimación del damnificado, sustituye por cinco (5) nuevos valores por la suma de $35.000 los que a la fecha de presentación tuvieron la misma causal de rechazo.

Se libran oficios a todas las entidades bancarias involucradas, encontrándose aún pendientes los resultados de los informes requeridos. Entre ellos se destaca en pedido en relación a la propia cuenta de Heguy.

Se incorpora informe del CIF sobre las computadoras secuestradas en el domicilio de Heguy.

Se encuentra pendientes: el análisis del contenido de los teléfonos celulares secuestrados a todos los imputados. Así como el informe de la Brigada de Investigaciones en relación al entrecruzamiento de llamadas. Informes de las Compañías Telefónicas, fijas y móviles, acerca de las líneas cuya titularidad afirman los imputados les pertenecen y cualquier otra que figure a nombre de ellos.

Como puede advertirse de esa compulsa, todavía no están delimitados de modo preciso los hechos que podrían integrar la definitiva pluralidad delictiva a investigar, ni puede estimarse si se completó o no la individualización de los partícipes, cómplices o encubridores. A pesar del tiempo transcurrido desde el inicio de las investigaciones, puede que por el avance del curso de la misma exista todavía posibilidad de encontrar los objetos de los que se habrían desprendido las víctimas. Tengo en cuenta que se tratan de grandes volúmenes, cuyo traslado debe realizarse en transporte en camiones y su ocultamiento requiere la disponibilidad de galpones o grandes espacios. Examinada la privación de libertad, -en este momento frontal de la investigación-, aparece indispensable y proporcionada a las necesidades de la averiguación de lo ocurrido, ya que la libertad del apelante podría ser utilizada por éste para, en forma concomitante a la actividad de la acusación, desplegar actividad para mantener oculta la evidencia de acreditación de los hechos.

El artículo 389 del C.P.P. al proporcionar pautas para la evaluación de existencia de peligro de entorpecimiento dice que en esta tarea debemos tener especialmente en cuenta si existe grave sospecha que el imputado en libertad pueda destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar elementos de prueba. La falta de secuestro de la mercadería y dinero que se correspondería con los valores entregados a las víctimas nos proporciona una información histórica que anticipa este tipo de conductas, y proyectada la misma a futuro nos coloca ante este extremo, ya que al actual ocultamiento de su destino se le podrían agregar maniobras posibilitadas por la libertad y el conocimiento de los avances de la pesquisa, mejoren la disposición del actual estado de ocultamiento.

Seguramente esta valoración pueda reactualizarse una vez definido el alcance del objeto de la investigación e identificación precisa de los casos y de las víctimas, utilizado también ese tiempo para cautelar la evidencia que pueda volatilizarse con los imputados en libertad, impidiendo que los hechos sean llevados a consecuencias ulteriores. Esta es claramente una de las finalidades que debemos asegurar en la investigación penal preparatoria, que los hechos investigados no muten, que se conviertan por la actuación de la autoridad en una porción recortada del pasado. Es lícito entonces utilizar una medida de coerción sobre la libertad, allí donde por el curso advertible de los acontecimientos pasados, -respecto del ocultamiento-, hagan predecible el progreso de la secuencia futura posibilitada por la recuperación de la libertad en los primeros momentos y actos de la investigación.

En mérito a ello, _________EL VOCAL Nº3 DR. ABEL FLEMING DE LA SALA I DEL TRIBUNAL DE IMPUGNACION, ________________________RESUELVE:

I) NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto a fs. 10/12 por la defensa técnica del imputado Horacio Alberto Heguy y en su mérito CONFIRMAR el auto resolutivo de fs. 30/32 que ordena la prisión preventiva. II) REGÍSTRESE, PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, y oportunamente BAJEN los autos al Juzgado de origen.

Salta, 26 de Septiembre de 2013.