Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2005-03-07


Salta, 7 de marzo de 2005.

Y VISTOS: Estos autos caratulados "VARGAS, TEODOCIO VS. TECNI-WELD S.R.L. - QUEJA POR REC. DE INCONST. DENEGADO" (Expte. Nº CJS 26.110/04), y CONSIDERANDO:

1º) Que a fs. 49/56 vta., la actora interpone queja contra el pronunciamiento de la Sala I de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, cuya copia se agrega a fs. 43/44, que le denegó el recurso de inconstitucionalidad presentado contra la sentencia corriente en copia a fs. 33/36.

Según la impugnante, la sentencia de la alzada es arbitraria y viola el art. 18 de las Constituciones Nacional y Provincial. Agrega que es contradictoria porque confirmó la anterior respecto a la falta de pago de los sueldos de febrero y marzo/01, SAC 2º semes-tre/00 y 1º semestre proporcional/01, vacaciones 1999 y 2001, y a la vez consideró que en el autodespido no se visualiza que el futuro de la relación se haya hecho imposible por cul-pa de la demandada.

Arguye apartamiento de las constancias de la causa porque en contra de lo manifes-tado por el actor al absolver posiciones, respecto a que se jubiló en marzo/00, interpretó que lo fue en marzo/01, afectando el debido proceso, pues así concluyó que el autodespido fue preparado maliciosamente, cuando su parte se jubiló antes de la extinción del contrato, con-forme el art. 47 de la ley 24241, y el autodespido fue decidido por injuria del empleador, dada la falta de pago de distintos conceptos. Se violó -dice- el art. 243 de la LCT que esta-blece la invariabilidad de la causa de despido, pues ninguna de las partes expresaron que la causa de extinción del contrato hubiera sido la jubilación. Alega que se ha dejado de lado lo dispuesto por el art. 11 de la LCT y las presunciones a favor del trabajador -arts. 10, 23, 28, 29, 36, 57, 90, 177, 178, 195 y 260 de la LCT-.

Atribuye a la resolución denegatoria fundamentación aparente y vulneración del art. 18 de la C.N., en tanto -aduce- su parte demostró la afectación constitucional. Expresa que la revocación de la sentencia de primera instancia en lo relativo al rubro bonificación por uso del vehículo se realizó contra el reconocimiento expreso del representante legal de la empleadora en la absolución de posiciones, violándose la defensa en juicio.

Manifiesta que a fs. 232 de los autos principales su parte acompañó fotocopias certi-ficadas del Expte. nº 024-20-07240745-9-004 del ANSeS, que acredita que el actor se jubi-ló el 23/3/03, prueba no incorporada pero que se hallaba adjuntada a los autos al tiempo del rechazo del recurso de inconstitucionalidad, lo que la Cámara no pudo ignorar. Hace reser-va de promover demanda contra la Provincia por daños y perjuicios por error judicial.

2º) Que tal como lo ha señalado reiteradamente este Tribunal, el recurso de inconsti-tucionalidad, lejos de constituir la apertura de una tercera instancia, sirve para el cumpli-miento del estricto control de constitucionalidad, razón esta que impone que su admisión no puede importar en modo alguno la habilitación de una etapa revisora de sentencias pronun-ciadas por los respectivos tribunales de apelación, en tanto en ellas no se evidencien vicios de entidad grave como para informar una lesión a un principio constitucional, o su descali-ficación como actos jurisdiccionales válidos en el ámbito de la doctrina de la arbitrariedad (esta Corte, Tomo 54:241; 59:1093; 64:855; 72:581).

3º) Que no basta, para que se configure una situación de inconstitucionalidad, invocar la vulneración de derechos fundamentales, si no se prueba la afectación concreta de esos derechos (esta Corte, Tomo 52:881; 55:583; 58:1141; 66:389; 67:585; 77:71), y constituye carga procesal del recurrente demostrar que existe una relación directa entre la materia del pleito y la invocada cuestión constitucional (cf. CSJN, Fallos, 300:443; 301:116; 303:2012; 306:947), extremo que no se satisface con la simple alegación de que el fallo cuestionado lesiona determinadas garantías de la Constitución, si el apelante no precisa, ni demuestra en concreto, cómo se ha operado tal violación en la sentencia impugnada.

4º) Que, en el caso, la impugnante no logra demostrar la existencia de una cuestión de índole constitucional, y las críticas al pronunciamiento no exceden de la simple discre-pancia con el criterio seguido por el juzgador en temas de hecho, prueba y derecho común, lo cual no brinda fundamento a la tacha de arbitrariedad, tal como se ha considerado en la resolución denegatoria.

En efecto, la recurrente no refuta los fundamentos de la sentencia de la alzada, en la cual el "a quo" valoró las pruebas existentes y, evaluando según su criterio la gravedad del incumplimiento de la demandada, destacó que, tratándose de un autodespido, correspondía al actor demostrar las circunstancias que hacían imposible la continuidad del vínculo labo-ral, y concluyó que no se había demostrado que el futuro de la relación se hubiera tornado imposible por culpa de la accionada, para la cual no sólo analizó lo atinente a la jubilación de la actora, sino también la circunstancia de que los rubros intimados mediante telegrama del 17/3/01 carecían de entidad para forzar el despido indirecto; entre otras circunstancias, porque, al intimarse el pago de los sueldos de enero y febrero/01 por $ 1.566,64 cada uno, si bien la suma de $ 1.822,48 recibida no alcanzaba a cubrirlos, la situación no podía auto-rizar el autodespido, porque ese monto alcanzaba con creces lo debido por enero y quedaba remanente atribuible a aguinaldo, y el sueldo de febrero estuvo a disposición del actor sin que hubiera concurrido a cobrar, sumado a la improcedencia del reclamo de $ 500 mensua-les por gastos de movilidad, lo cual evidencia que no se probó que aún de ser sincera la intención del accionante de continuar la relación, la misma se hiciera imposible. Puntualizó que el telegrama del 24/3/01 denota que el despido indirecto se originó en la negativa de existencia de deuda, de pago de lo adeudado y de depósito de suma alguna por ante la Di-rección Provincial de Trabajo -art. 243 LCT-, y señaló que la demandada no estaba obliga-da a efectuar el depósito en el organismo administrativo, si el contrato seguía vigente -art. 129 LCT-.

Como ha dicho reiteradamente esta Corte, la correcta deducción del recurso extraor-dinario exige la crítica concreta de la sentencia impugnada, desde el estricto punto de vista constitucional, para lo cual el apelante debe rebatir todos y cada uno de los fundamentos en los que se apoya el a-quo para arribar a las conclusiones que lo agravian (CSJN, Fallos, 304:1127; esta Corte, Tomo 68:719). De ese modo, si -como sucede en el sub júdice- el apelante no controvierte de manera eficaz la totalidad de los razonamientos en los cuales se apoyan las conclusiones del fallo, es inconducente el tratamiento de los reparos formulados en la instancia extraordinaria (Tomo 59:1151; 60:233; 66:797; 76:165; 77:29).

Por otra parte, siguiendo los lineamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Na-ción, se ha señalado que: "Si el 'a quo', luego de apreciar las circunstancias de la causa, arribó a la conclusión que la causal invocada para justificar el despido indirecto no configu-raba la injuria que por su gravedad no consintiera la prosecución de la relación laboral, no procede el recurso extraordinario, por tratarse de temas de hecho, prueba y derecho común, ajenos a la instancia del art. 14 de la ley 48 y resueltos por los jueces de la causa con sufi-cientes fundamentos de igual carácter que bastan para sustentar la decisión" (CSJN, Fallos, 302:912; esta Corte, Tomo 74:807).

Lo precedentemente expuesto quita todo andamiento a los pretendidos agravios rela-cionados con la falta de evaluación de una constancia que, según lo ha expresado la misma impugnante, no ha sido agregada al expediente principal.

Con respecto a las normas de la Ley de Contrato de Trabajo que el apelante cita y que a su criterio fueron soslayadas en la sentencia atacada, dicho vicio no ha sido demos-trado; y la causal de arbitrariedad por prescindencia del texto legal requiere -como lo ha señalado reiteradamente esta Corte-, la demostración de un apartamiento palmario de la solución legal aplicable al caso o una decisiva carencia de fundamentación en el pronun-ciamiento impugnado (esta Corte, Tomo 64:811 y sus citas; 71:547; 78:849; 79:439, entre otros), circunstancias que en este caso no se presentan.

Finalmente, y en lo atinente al rubro bonificación por uso del vehículo, no procede consideración alguna al no haber sido, lo resuelto a ese respecto, materia de agravio en el recurso de inconstitucionalidad. Resta en este aspecto señalar que sólo se configura viola-ción a la garantía del debido proceso cuando hay una grave privación o restricción del dere-cho de defensa (esta Corte, Tomo 68:591, entre otros), supuesto cuya concurrencia, en este caso, no ha sido demostrada.

5º) Que, a mérito de lo expuesto, corresponde desestimar la queja deducida en autos.

Por ello;

LA CORTE DE JUSTICIA, RESUELVE:

I. RECHAZAR el recurso de queja interpuesto a fs. 49/56 vta. de autos.

II. MANDAR se registre y notifique.

(Fdo.: Dres. Guillermo A. Posadas, Edgardo Vicente, María Cristina Garros Martínez, An-tonio Omar Silisque -Jueces de Corte-