marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Cuestiones de competencia, competencia de instrucción
Materia: PENAL
Carátula: Malla, Yenara Gisel s/ competencia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-17

La circunstancia de que se hayan realizado allanamientos en distintos prostíbulos en jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires, no empece a la conclusión de que es el Tribunal Federal de Posadas el competente para intervenir en el expediente, pues en ese lugar se inició la investigación respectiva y se desarrolló la totalidad del trámite instructorio, sin que sea atendible el argumento que alude a un mejor ejercicio de la defensa en el tribunal bonaerense al estar la imputada alojada en la unidad carcelaria de Ezeiza, desde que el defensor particular constituyó domicilio en la ciudad de Posadas. (Dres. Hornos, González Palazzo y Diez Ojeda).
Procedencia parcial, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, acción de amparo
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: MMNF s/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad Denegado en Mind y Otros contra GCBA sobre Amparo - Habitacionales", expte. SACAyT n° 172423/21-2 c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-07

Corresponde admitir parcialmente la queja y el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el coactor contra la sentencia que lo excluyó de la entrega del subsidio por entender que no se encontraba en la misma situación de vulnerabilidad que el resto del grupo familiar. Ello así, toda vez que el planteo propuesto resulta idóneo para la apertura de esta instancia de excepción por configurar un caso constitucional (arts. 113, inc. 3° de la CCABA y 27 de la ley n° 402). La Cámara consideró procedente excluir al coactor en razón de que era una persona mayor de edad, que no presentaba inconvenientes relacionados con su estado de salud, que no se hallaba impedido de llevar a cabo tareas laborativas, y que no estaba capacitándose. Sin embargo, se trata de un sujeto expresamente tutelado por el legislador: jóvenes mayores de edad que aún se encuentran capacitándose con vistas a su desempeño en el mercado laboral y profesional, y dado que al momento de presentar la demanda se acreditó que había finalizado la cursada de sus estudios secundarios y le restaba rendir dos materias para obtener el título, debe ser considerado a cargo de su madre. Por ello, corresponde revocar la sentencia de la Cámara y hacer extensivos los alcances del pronunciamiento al coactor. (Del voto en disidencia de la jueza Marcela De Langhe).
Leyes, reglamentación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: Gomez, Narciso F. s/ Robo ciclomotor Bellisonni, Franco s/ Robo, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-11-04|1994-11-10

El marco dentro del cual es legítima la reglamentación de las leyes que corresponde al Poder Ejecutivo (art. 86 inc. 2 y 89 Constitución Nacional) lo impone esa norma en cuanto establece que las disposiciones deben ser necesarias para la ejecución de las leyes y no pueden alterar su espíritu.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Obligaciones de dar sumas de dinero, Ley de desindexación, interpretación de la ley, actualización monetaria, valor del bien, valor real
Materia: COMERCIAL
Carátula: SIGLO XXI COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS SA c/ INSTITUTO NACIONAL DE REASEGURO s/ REASEGUROS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-24

La ley 24.283 no ha venido a resolver los posibles desajustes que se produzcan en el sinalagma contractual -para lo cual el derecho común tiene sus propios remedios, tales como "el abuso del derecho", la "teoría de la imprevisión", etc.-. En consecuencia, cuando la ley hace referencia a la "prestación" se refiere no al plexo obligatorio que resulta en los contratos bilaterales, sino a la deuda singular (cfr. Alterini Atilio A., "Aproximaciones a la nueva Ley Desindexatoria N° 24.283", LL del 3.6.94, esta Sala, Causa 687 del 14.6.94, 4940 del 9.3.95, entre otras). También Peyrano (Peyrano Jorge W. "Consideraciones Procesales sobre la ley 24.283 que regula la desindexación de sentencias judiciales", ED del 21.4.94), subraya que las diferencias de valor a que apunta la citada ley deben ser el producto de un desajuste en el mecanismo de actualización monetaria, no comprendiendo supuestos en que aquellas sean consecuencia de otros factores como, por ejemplo, la variación intrínseca del bien litigioso a raíz de alteraciones del mercado respectivo, opinión que es compartida por otros autores (Colombres Garmendia, I.: "La ley 24.283.

La desindexación de las relaciones creditorias", ll, 14.3.94;

Taraborrelli, J. N.: "¿Es aplicable la ley desindexatoria a una deuda de dinero originada en un contrato de suministro?", JA, N° 5921, del 22.2.95, Pág. 24/38, entre otros).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuestión desplazada
Materia: PENAL
Carátula: Boo, Marcelo Ariel y otro s/ Homicidio y lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-10-03

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que al invocar la no consideración por la Cámara de determinadas pruebas se refiere a cuestiones desplazadas por lo decidido por el tribunal sobre el tema, no demostrándose que tal desplazamiento fuese ilegal. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Litisconsorcio pasivo, demanda laboral, interposición de la demanda, interrupción de la prescripción
Materia: LABORAL
Carátula: MOLINA, MIGUELINA ROSA c/ CLUB ATLETICO HURACAN s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-08-31

Teniendo en cuenta que el artículo 30 de la LCT. (To.) Admite acción directa respecto de los co-obligados, en virtud de lo dispuesto por los artículos 713 y 3994 del código civil, la demanda interpuesta contra uno de los deudores interrumpe la prescripcion con relación a los demás.
Pacto de San José de Costa Rica, jerarquía de los tratados internacionales de derechos humanos, interés superior del niño, derechos y garantías constitucionales, Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, derecho a la protección integral de la familia, derecho a la privacidad, Convención sobre los derechos del niño
Materia: CONSTITUCIONAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: S., V. c/ M., D. A. s/ medidas precautorias
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-03

Los derechos del menor, entre los cuales se encuentra el derecho a la intimidad -contemplado en términos generales en el art. 19 de la Constitución Nacional- , encuentran un ámbito de protección inequívoco en los arts. 16 y 3º de la Convención sobre los Derechos del Niño, el art. 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y, en términos amplios, en el art. 5 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el art. 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el art. 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el art. 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Voto de los jueces Nazareno y Bossert).
Sentencia arbitraria, absurdo
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Montenegro, Claudia Inés c/ Emulsiones Asfálticas S.A. y-o Quien Resulte Responsable s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-12-14

Por el vicio del absurdo se entiende lo que escapa a las leyes lógicas formales y las transgrede, o lo que es impensable o inconcebible, o lo que no puede ser de ninguna manera por haber quedado al margen de las reglas del raciocinio.
Recurso de inconstitucionalidad, fundamentos insuficientes, Derecho laboral, silencio del trabajador
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: BOGGINO, ELVIO ALFREDO c/ NUEVO BANCO BISEL S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-09-27

La circunstancia de que las cuestiones remitan al estudio de cuestiones de hecho, prueba y derecho común ajenas no impide la apertura del recurso cuando la decisión contiene defectos graves de fundamentación que redundan en menoscabo de la garantía de defensa en juicio. En el caso, los agravios que se vinculan con el alcance que la Sala otorgó al silencio del trabajador frente a las rebajas salariales verificadas en dos oportunidades, al tiempo por el cual se mantuvo dicho silencio y a las implicancias de las manifestaciones "en disconformidad" vertidas por el actor a la hora de firmar los recibos correspondientes a partir de la segunda disminución, ostentan idoneidad suficiente para conmover las aserciones del A quo sobre el tema. Es que, mediante su razonamiento -que no obraban en autos constancias de que el trabajador hubiera reclamado ante su anterior empleadora (por 6 años), ni al momento de operarse el traspaso, ni al de su egreso, restando eficacia a la locución -"en disconformidad" colocada en los recibos-la Sala no hizo sino asignar al silencio del trabajador el valor de una renuncia, consecuencia reñida con la que emana de las normas que rigen la cuestión (arts. 12 y 58 de la L.C.T.).
Medidas cautelares, medida cautelar autónoma, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Maggi, Carlos Fabio c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Maggi, Carlos Fabio c/ GCBA s/ medida cautelar autónoma
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-05

En el marco limitado de una cautelar, y sin que ello importe abrir juicio sobre el fondo, corresponde señalar que las facultades exorbitantes de la Administración, sólo consagradas legalmente y que la autorizan a imponer sanciones de manera independiente de la decisión en el juicio penal -cfr. art. 53 de la ley n° 471-, deben ceder ante la efectividad del derecho al trabajo que goza de protección constitucional en su ejercicio y goce; efectividad que tiene especial relevancia en materia de empleo público (art.14 bis CN). (Del voto en disidencia de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Accidente de tránsito, indemnización por accidente de tránsito, desvalorización del automotor, legitimación activa, conductor no titular
Materia: CIVIL
Carátula: MACCIONE, JUAN CARLOS c/ REYES, AGUSTIN Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-09-23

Los artículos 1095 y 1110 del código civil se complementan al destacar supuestos específicos del principio general emanado del artículo 1079. De ellos resulta que están legitimados para reclamar la indemnización del daño causado a las cosas, su dueño, poseedor, heredero, usufructuario, usuario o mero tenedor, más cada uno de ellos en la medida que el detrimento irrogue perjuicio a su respectivo interés. (Conf. Llambías, "Código Civil Anotado", tomo II B, pág. 386; Comentario art. 1095, Nota 4 a) "In fine"). Cuando reclama por la pérdida del valor venal del rodado quien lo utiliza, no basta esta circunstancia para que se acuerde indemnización por tal concepto en razón de ese sólo título, pues de acuerdo a los principios generales (arts. 586, 1561, 2203, 2266 y cc. del Código Civil) debería responder frente al dueño únicamente cuando fuere culpable, situación que excluiría todo posible éxito de la pretensión (art. 1111 del código civil). (Conf. Belluscio-Zanoni, "Código Civil Anotado", Tomo 5, pág. 386; Comentario art. 1110, Nota 4 y sus citas).

Por lo expuesto y circunscripto a los términos de la convocatoria, el tribunal, se expide por la negativa.
Derechos y garantías constitucionales, apreciación de la prueba
Materia: PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Bejarano, Alexis Ezequiel s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-12-04

La página de Facebook no puede ser considerada la "correspondencia epistolar" que protege la Constitución Nacional, razón por la cual el modo en que fue obtenida e incluso su incorporación como prueba al juicio, mal puede violar la garantía contenida en el art. 18 de la CN. El decisorio recurrido no se encuentra viciado de la arbitrariedad que se le atribuye, sino que la determinación de la intervención del inculpado ha sido la lógica consecuencia de la adecuada meritación de los elementos probatorios incorporados al juicio.
Defensa del consumidor, acción judicial, cheque de pago diferido, declaración de incompetencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PINTURERIAS  PRESTIGIO  SA c/ CLUB  ATLETICO  INDEPENDIENTE s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-07

Corresponde revocar la resolución de grado en la cual el Juez, de conformidad con la doctrina plenaria (CNCom, en pleno, 29.06.11, "Autoconvocatoria a plenario s/competencia del fuero comercial en los supuestos de ejecución de títulos cambiarios en que se invoquen involucrados derechos de consumidores") se declaró incompetente para conocer en la ejecución de un acuerdo de pago por una empresa comercial contra un club de futbol, en el que su cumplimiento fue instrumentado por cheques de pago diferido. Sucede que el producto adquirido como los trabajos realizados, y que constituirían el reclamo del crédito invocado, involucró una actividad con fines de lucro (contratos de publicidad), lo cual objetivamente aparta el negocio de la llamada "relación de consumo" (Picasso S. y Vázquez Ferreyra R., Ley de Defensa del Consumidor, Comentada y Anotada, T. I, página 30).
Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-10-10


AUTOS Nº 20.200 (5724/5964 - Comercial Especial) "AUTOTRANSPORTES SAN JUAN - Concurso Preventivo - Verificación Tardía de Crédito D/ AFIP-DGI" L. DE A. T° 168, F° 111/112 SAN JUAN, 10 de octubre del año dos mil nueve.

VISTOS:

Para resolver en estos Autos Nº 20.200 (5724/5964 - JUZGADO COMERCIAL ESPECIAL) caratulados "AUTOTRANSPORTES SAN JUAN - CONCURSO PREVENTIVO - VERIFICACION TARDÍA DE CREDITO D/ AFIP-DGI", los recursos de apelación interpuestos a fs. 167 y 170.

El a quo, en su resolución de fecha 04 de marzo del corriente año, obrante a fs. 166, reguló los honorarios profesionales de la Dra. María del Valle Noriega, abogada de la incidentista, por su actuación en el proceso, en la suma de $2.000.

Contra esta resolución se alza la Dra. N. cuestionando los emolumentos por bajos y por la incidentada los Dres. G. A. y J. J. V. los atacan por altos. Recursos que resultaron concedidos conforme a las pautas de art. 228 de la ley 2150.

Y CONSIDERANDO:

El Tribunal advierte del análisis de las presentes actuaciones, que se ha consignado de modo erróneo en los vistos la base regulatoria.

Sin perjuicio de ello y en atención a que la base no es otra que la presentada a fs. 161 y que asciende a la cantidad de $70.308,65 la que es aprobada sin que se efectuarán oposiciones a la misma, se procederá al estudio de la adecuación a derecho de la suma regulada.

Siguiendo la pauta dada por el art. 287 de la Ley Nº 24.522 que fija como base regulatoria para los incidentes de revisión de verificaciones de créditos el monto verificado y/o insinuado y sobre el mismo determina la aplicación de las normas arancelarias locales para los incidentes, y que conforme a ello deben fijarse los honorarios de los profesionales intervinientes, y teniendo en consideración los trabajos realizados, eficacia de la labor cumplida, tiempo empleado en la misma, complejidad del tema resuelto, entendemos que los emolumentos fijados para el abogado del acreedor incidentista se juzgan ajustados a derecho y deben ser confirmados.

Por ello, SE RESUELVE:

Rechazar los recursos de ablación interpuestos en consecuencia confirmar el auto regulatorio en todas sus partes.

Protocolícese, notifíquese en debida forma y previa reposición de sellado de ley, si así correspondiere, bajen los autos al Juzgado de origen.
Sociedades comerciales, intervención judicial, convocatoria a la asamblea de accionistas
Materia: COMERCIAL
Carátula: Cervelo, Martin Alejandro c/ La Bizantina SRL s/ convocatoria a asamblea
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-04

Cabe confirmar la decisión del magistrado de grado en cuanto desestimó la solicitud de restitución de cierto inmueble y ordenó la entrega de las llaves del inmueble al socio gerente de la sociedad demandada. Se advierte -en el caso- que mediante resolución se dispuso la convocatoria de asamblea de la sociedad y se designó como auxiliar finalmente a un tercero tanto para las tareas de interventor informante, como de convocante.

Asimismo se desprende, que las medidas que se dispusieron en la causa, fueron a los efectos de poder cumplir las funciones asignadas al interventor. Por sobre cualquier consideración, cabe recordar que la convocatoria judicial de asamblea constituye un proceso voluntario cuyo trámite no requiere sustanciación y cuyo requerimiento no configura una cuestión a resolver, por lo que una vez admitido el pedido sólo resta aguardar su celebración.

Así las cosas, tratándose de un proceso voluntario (no contencioso), el magistrado se limita a verificar el cumplimiento de los recaudos legales de la LGS 236, quedando agotado su objeto con su análisis. En razón de ello, el juez no se encuentra habilitado para considerar otras cuestiones ajenas al pedido de convocatoria y el cumplimiento de los recaudos impuestos por la normativa societaria como aquí se pretende. Es que las posibles dilaciones que deriven de la sustanciación de un proceso de conocimiento, desvirtuaría la finalidad que persigue la normativa, que permite recurrir a los estrados judiciales a los fines de obtener precisamente la convocatoria de la asamblea por el juez competente (Cfr. Verón "Sociedades Comerciales", T. 2, pág. 986 y ss.).
Concursos, sentencia de quiebra, recursos, recurso de reposición (procesal), apelación en subsidio, improcedencia del recurso
Materia: COMERCIAL
Carátula: AIR CONDOR SRL s/ QUIEBRA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-23

Resulta impertinente la apelación subsidiaria del recurso de reposición contra la sentencia de quiebra. La previsión contenida en el cpr 248 se vincula con la revocatoria reglada por el cpr 238 y no puede, por tanto, extenderse a situaciones diversas.
Recurso de inaplicabilidad de ley, monto del juicio, monto mínimo, doctrina legal
Materia: PROCESAL
Carátula: Martínez, Elvio. s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley y Arbitrariedad.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1995-12-18

Respecto al "monto mínimo del juicio" apto para habilitar la instancia extraordinaria; si el recurrente se limita, a afirmar que: el monto del litigio debidamente actualizado supera largamente el mínimo establecido en el art. 295 del C.P.C.

Esta manifestación genérica de ningún modo puede ser admitida como justificación del monto del juicio, ya que no efectúa cálculo alguno sobre la actualización que se enuncia, ni tampoco precisión alguna sobre cual sería el monto del pleito a los fines del recurso extraordinario; el Superior Tribunal de Justicia tiene establecido que dicho monto o cuantía se relaciona con el "agravio" que exterioriza el apelante, y que en el caso, viene dado únicamente por la diferencia entre la incapacidad laboral reconocida en la sentencia y la que pretende el quejoso, circunstancia sobre la que no se ha emitido reflexión alguna dejando a este Tribunal la tarea de extraer, de oficio o por deducciones, cuál es el verdadero valor del agravio, solución que ha sido vedada por la doctrina legal del Alto Cuerpo, habida cuenta de que la demostración del monto del juicio es una de las cargas procesales a cumplir por el recurrente y que en la especie no ha sido satisfecha.
Caducidad de instancia, excepción de prescripción
Materia: PROCESAL
Carátula: Funes Marcelo Luis c/ Gómez Alberto Ricardo, Sucesión Sampaolesi Juan Carlos y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-06-08

Corresponde ordenar la caducidad de la instancia incidental relativa a la excepción de prescripción, pues ya sea que se resuelva en la sentencia de fondo, cuando existan hechos de justificación necesaria, o en forma previa cuando la cuestión sea de puro derecho, la prosecución del juicio consistía en correr traslado de la prescripción, siendo que la accionante no instó el proceso como exigía el estado del trámite.
Accidente de tránsito, daños y perjuicios, responsabilidad objetiva
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Leonelli, Enrique Eduardo c/ Nesprias, Guillermo José s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-12-10

En los casos de colisión entre dos cosas que presentan riesgos o vicios, cada dueño o cada guardián deben afrontar los daños causados al otro, salvo que se demuestre que el accionar de la víctima o de un tercero haya excluido o limitado la responsabilidad de aquéllos, lo que no permite inferir que se propicia la neutralización de riesgos apoyada en una suerte de compensación, la que carece de todo fundamento legal.
Reclusión perpetua, control de constitucionalidad
Materia: PENAL
Carátula: P., A. s/ Abuso sexual seguido de muerte r/ víctima M.M.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-11-13

La prohibición consagrada en el artículo 18 de la Constitución Nacional referida a las penas crueles no colisiona con la pena prevista para los delitos como el homicidio calificado, toda vez que constituye la proporción en que el Estado puede hacer penar al condenado según la gravedad del delito cometido.

Cuando el legislador impone las penas, lo hace en ejercicio de las capacidades que le otorga el art. 75 inc. 12 de la C.N.

Este es un primer principio que nos ubica frente a la cautela de manejar, prudentemente, la declaración de inconstitucionalidad de una ley pues, el ejercicio contra mayoritario del control que el sistema autoriza, ha de ser ponderado con suma precaución.
Honorarios del abogado, resoluciones recurribles
Materia: LABORAL
Carátula: BENITEZ SILVIO RICARDO c/ CECILIO RIGONI E HS. S.R.L. Y OTROS s/ ACCION DE INCONSTITUCIONAL DE REL. LABORALES Y ACC. TJO.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2005-09-19

El apelante debe expresar en qué calidad o interés interpuso el recurso de apelación; sino lo hace, cabe decidir que la misma ha sido deducida por el profesional en virtud de su propio derecho al cuestionar sus honorarios por bajos, pues cabe presumir que no ha dado preferencia a sus intereses respecto de los de su mandante -artículos 1907 y 1908 del Código Civil-, con lo cual el recurso contra los honorarios regulados a los profesionales de la contraparte ha sido mal concedido.
Recurso de inconstitucionalidad, inadmisibilidad del recurso, cuestión no constitucional, cuestiones procesales
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Droghetti, Alfredo s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Queja interpuesta por la Dirección   Provincial de Obras Sanitarias. Prescripción adquisitiva (Expte. CSJ   Nº 1950-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-10-14

Carece de andamiaje para opera la apertura de esta instancia de excepción el agravio de la Dirección Provincial de Obras Sanitarias recurrente basado en la supuesta arbitrariedad del pronunciamiento de la Sala que deja a la Provincia de Santa Fe fuera del proceso sin posibilidad de defender sus legítimos derechos, pese a que se le acordara el carácter de parte, desde que el gravamen así invocado no resulta idóneo ya que -de existir- refiere a derechos de terceros cuya representación no ejercen los promotores del presente recurso.