marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, recusación, fraude a la Administración Pública, sentencia no firme
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por Eduardo Novillo Astrada en la causa Cossio, Ricardo Juan Alfredo y otros s/ defraudación contra la administración pública, malversación de caudales públicos (art. 260) y abuso de autoridad y viol. deb. func. públ. (art. 248) c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-08

El recurso extraordinario interpuesto contra la sentencia que rechazó la recusación de un magistrado de la Cámara Federal de Casación Penal en el marco de una causa por la cual se investiga el supuesto pago de sobreprecios por parte del Estado Nacional, relacionados con la contratación de servicios informáticos, debe ser rechazado por no estar dirigido contra una sentencia definitiva o equiparable a tal (art. 14 de la Ley 48).
Prueba documental, ofrecimiento de la prueba, proceso penal
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Girardi, Ricardo Martín y otros c/ Melgar, Eduardo José María y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-09-24

El fundamento por el cual no son oponibles las constancias del proceso penal a quien no lo ofreció radica en la preservación de la garantía de la defensa en juicio en relación a quien no pudo controlar dichas pruebas. Pero si dicha parte asumió intervención como particular damnificado, apeló la sentencia absolutoria de primera instancia y expuso agravios ante la alzada en donde expresamente cuestionó lo que fluye de los testimonios referidos, es de toda evidencia que la garantía ha sido respetada.
Régimen de consolidación de deudas, deudas consolidadas, deuda no consolidada
Materia: ECONOMIA
Carátula: Mejail, Miguel Naief s/ sucesión c/ Estado Nacional
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-04-29

No es posible ninguna asimilación entre las "deudas consolidadas" en función de lo dispuesto por la ley 23.982 y la expresión "situación jurídica no consolidada" contenida en el art. 1° de la ley 24.283 ya que las primeras se refieren a un grupo de deudas afectadas a un régimen de pago especial mediante entrega de títulos de la deuda pública, mientras que la segunda alude a la circunstancia de que el débito respectivo no se encuentre definitivamente cancelado por el deudor o extinguido a través de cualquier forma de cancelación asimilada al pago, es decir, a las relaciones crediticias no extinguidas, no agotadas, pendientes de cumplimiento -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Ejecución fiscal, juicio ordinario posterior, recurso extraordinario, sentencia definitiva, resoluciones equiparables a definitiva
Materia: PROCESAL
Carátula: A.F.I.P. D.G.I. c/ Signus Electrónica S.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-04-25

Si bien, en principio, las decisiones dictadas en juicios de ejecución fiscal no constituyen sentencias definitivas a los fines del recurso extraordinario, cabe hacer excepción a ello cuando la cuestión debatida excede el interés individual de las partes y afecta al de la comunidad en razón de que comporta un entorpecimiento evidente en la percepción de recursos destinados al régimen nacional de la seguridad social, y el fallo se sustenta en argumentos que impiden al organismo recaudador obtener su revisión en un proceso ulterior (art. 553, cuarto párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), en tanto se funda en un juicio favorable a la compensación pedida.
Sentencias contradictorias, salidas transitorias, ley penal más benigna
Materia: PENAL
Carátula: Duarte, Cristian David c/  s/ rechazo de salidas transitorias
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-09-12

Incurre en una contradicción el tribunal de mérito que al rechazar la solicitud de salidas transitorias reconoce, por un lado, el principio constitucional en el art. 18 de la Constitución Nacional de nulla pena sine lege, la máxima vigente en materia penal sobre la aplicación de la ley penal más benigna (art. 2 del Código Penal), y admite que la reforma introducida en la ley 27.375 posterior al hecho juzgado resulta más perjudicial al imputado por lo que no cabe su aplicación al caso y, por el otro, en forma inconsecuente con tales enunciaciones sostiene que la citada ley "debe tenerse en cuenta, al menos, como una suerte de 'lege ferenda'" y que se trata de que "la interpretación de la antigua norma debe hacerse bajo una nueva óptica (.) más restrictiva" (voto de la jueza Llerena al que adhirieron los jueces Bruzzone y Niño).
Alimentos, deber de asistencia entre cónyuges
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PAPA ESTERINA c/ VANICOLA SEGUNDO s/ INCIDENTE DE ALIMENTOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-06-09

No cabe acceder a la pretensión de la actora de retrotraer las cuotas alimentarias atrasadas al momento de interposición de la demanda de divorcio, con anterioridad a la fecha de promoción del incidente de alimentos en tanto ello importa violación del art. 641 del Cód. Proc. -que refiere a la demanda alimentaria- y que no es variable por la alegada reserva del derecho a reclamar alimentos.

Máxime cuando en tal oportunidad solo se acordó el derecho de la alimentaria, pero dejaron sentadas las partes las diferencias correspondientes en cuanto al monto, cuya determinación precisa (y por ende exigibilidad retroactiva) recién puede perfilar la prestación realmente debida. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Pago de la remuneración, recibo
Materia: LABORAL
Carátula: Sancha, Luis Angel c/ Mate, Dora Lía s/ Despido Diferencias Remuneratorias
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-06-27

El elemental deber que todo empleador debe cumplir con el pago de los salarios de sus dependientes -obligación aún mayor en caso de no contar con otros registros donde medie intervención del trabajador- es documentar el pago con los pertinentes recibos. Podrá aceptarse y este Cuerpo lo ha hecho en innumerables precedentes, analizar la validez como hecho del pago de recibos que no reúnan los recaudos legales, pero al menos debe existir un recibo u otro comprobante de la satisfacción del abono de la remuneración establecida.
Proceso penal, suspensión del juicio a prueba, Ministerio Público, dictamen fiscal, carácter no vinculante
Materia: PENAL
Carátula: BALBOA, JAVIER EDUARDO P.S.A. s/ DEFRAUDACION POR DESBARATAMIENTO DE DERECHOS ACORDADOS ? RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2004-03-19

A la luz del mentado principio constitucional de mínima suficiencia, y habiendo establecido como una de sus claras manifestaciones el instituto de la suspensión del juicio a prueba, resultaría un contrasentido que un tribunal, aunque estimara prima facie procedente la condena condicional a favor de un imputado antes del inicio del debate, no pudiera, a su vez, otorgarle el beneficio de la probation (en aquellos casos en que sean compatibles ambos institutos), y debiera proseguir el juicio para llegar sin necesidad a aquel más gravoso resultado, a costa de una condena que pudo evitarse si se ha logrado la readaptación por medio de la observancia de las reglas de conducta y la reparación de la víctima.

Siguiendo la mentada tesis amplia en cuanto al punto aquí debatido, sostenemos que la procedencia de la probation siempre exige una hipotética condena condicional, y por ende una posible futura condena a pena de prisión no mayor a tres años (art. 26 en función del 76 bis, párr. 4to., C.P.).

Sin embargo, cabe recalcar que pueden existir casos frente a los cuales procederá la condena condicional y no el beneficio del art. 76 bis del C.P.. Así, p.e., si ha participado en el delito un funcionario público en el ejercicio de sus funciones (art. 76 bis, párr. 7mo., C.P.), o si la oferta de reparación resulta irrazonable (id. art. ant., párr. 3ro.), o si un pronóstico punitivo hipotético ha sido inicialmente desfavorable a la probation (id. art. ant., párr. 4to.), y luego varía durante el transcurso del debate, haciendo posible la condena condicional.

La alusión a la pena de reclusión (art. 76 bis, párrs. 1ro. y 2do., C.P.), al contrario de lo que opina cierta doctrina y jurisprudencia, no desarmoniza con la posterior remisión que la ley penal efectúa a los requisitos propios de la condena de ejecución en forma condicional (art. cit., párr. 4to.).

Ello es así, por cuanto en nuestro Ordenamiento Penal argentino, la pena de reclusión nunca se establece como pena única, sino que siempre figura como pena alternativa a la prisión. Lo anterior posibilita que, en el caso concreto, el juzgador siempre pueda otorgar el beneficio de la condena condicional.
Cómputo de servicios, prueba, prueba insuficiente, apreciación de la prueba
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - PROCESAL
Carátula: ESQUIVEL, Georgina c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-12

Los años de servicio y de aportes que requiere la ley no pueden ser suplidos en su acreditación por declaraciones que por la generalidad de situaciones que abarcan, vaguedad en cuanto a la fijación de los hechos en el tiempo, imprecisión respecto de las circunstancias a probar y la común similitud que las caracteriza, imposibilita conformar una convicción medianamente cierta de que, efectivamente, el titular laboró en forma dependiente durante todo el período que denuncia.
Beneficios previsionales, servicios simultáneos, reajuste jubilatorio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Vampa, Edmundo Agustín c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-06-17

El reajuste por servicios simultáneos, cualquiera sea la norma aplicable, requiere que el cargo cuya consideración se peticiona haya sido prestado en todo o en parte en el transcurso del período de simultaneidad.
Sentencia absolutoria, resistencia a la autoridad, discriminación por razones de sexo o inclinación sexual, orden de detención, accionar policial
Materia: PENAL
Carátula: Gómez, Mariana Solange c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-07

Corresponde absolver a la imputada que había sido condenada a la pena de un año de prisión en suspenso, en orden al delito de resistencia a la autoridad en concurso real con lesiones leves agravadas por tratarse la damnificada de personal policial, tras un episodio ocurrido en una estación de subterráneo cuando la imputada fue detenida por efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, por estar besándose con su esposa y fumar en el lugar, dado que el accionar policial evidencia que fueron dejadas de lado las reglas de actuación establecidas por la Ley CABA 5.688 (art. 83, incs. 2, 3 y 4), en lo concerniente al principio de oportunidad, según el cual el personal policial cuenta con discrecionalidad para prescindir de la actuación funcional cuando de acuerdo con las circunstancias del caso, la injerencia resulta inapropiada. Asimismo, no se cumplió con el principio de proporcionalidad, según el cual toda injerencia en los derechos de las personas debe ser necesaria y no excesiva, en el sentido de ser la menos lesiva para el individuo y que no implique una lesión desproporcionada respecto del resultado perseguido, ni tampoco fue respetado el principio de gradualidad que manda al personal policial privilegiar el proceder disuasivo antes que el uso efectivo de la fuerza.
Contratos administrativos, permiso de uso, permiso precario, cese del permiso, facultades discrecionales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gesualdo, José Alberto c/ Fuerza Aérea Arg. - Comando de Regiones Aéreas y otro s/ Amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-17

El permiso de uso constituye una mera tolerancia de la Administración, la que en este orden de actividades actúa dentro de la esfera de su poder discrecional, no estando obligada a otorgar los permisos de uso que se le solicitan. De ahí su carácter precario, que en principio permite sea revocado en cualquier momento sin derecho a resarcimiento. De ello se colige, entonces, que la facultad nacida de un permiso de uso no es un derecho perfecto.
Multa, categoría laboral
Materia: LABORAL
Carátula: MONTELEONE BRENDA MARINA c/ FST  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-06-22

Toda vez que la actora se encontraba categorizada en forma errónea respecto a la tarea de telemarker que realmente cumplía dentro del convenio colectivo de trabajo 130/7, resulta improcedente la aplicación de la multa establecida en el art. 1 de la ley 25.323, ya que conforme lo dispuesto por el art. 7 de la ley 24.013 solo se configura el supuesto de registración defectuosa en los casos que exista una omisión de registro total o parcial, y en el caso la empleadora sí abonaba al trabajador el salario correspondiente, aunque respecto a una categoría laboral diversa a la desarrollada por ella.
Beneficios previsionales, suspensión del beneficio, acción de amparo
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: OCIPOVICH DE FERNANDEZ, LIDIA c/ A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-30

Asiste razón al Juzgador que, luego de reprochar al organismo su poca diligencia en demostrar los hechos que invoca como fundamento de la suspensión del beneficio -imposibilidad de cumplir con lo ordenado en el decisorio en razón de no existir el beneficio conforme con las investigaciones realizadas, lo que originó una denuncia penal sobre el particular-, hace lugar a la acción de amparo interpuesta y condena a continuar pagando el beneficio de jubilación ordinaria suspendido arbitrariamente a su titular.
Juicio ejecutivo, ejecución de alquileres, depósito en garantía, compensación
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: GARZONI, María del Carmen c/ RICCI, Matilde s/ EJECUCION DE ALQUILERES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-11-02

Del correlato de los arts. 1578 y 1582 del Código Civil, resulta que la acción ejecutiva por el cobro de deudas derivadas de la locación es sólo a favor del locador. Con tales pautas, el crédito que proviene del depósito en garantía no es un título que traiga aparejada ejecución y por ende, no resulta idóneo para oponerlo como compensación.-
Corretaje, comisión del corredor, autorización de venta, fondo de comercio, sociedad de responsabilidad limitada, responsabilidad del comitente
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ESCRICH Y SELVA BIENES RAICES c/ ALONSO, LAURENTINO s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-04-10

La orden impartida a un corredor de conseguir comprador vincula al comitente, porque constituye una voluntad jurídica objetivamente seria, dotada de una finalidad jurídicamente cierta La frustración de la gestión ordenada por causa de un vicio originario - autorización de venta de un fondo de comercio de propiedad de una S.R.L. , que si bien estaba firmada por los tres co - gerentes, se determinó luego que la firma del co-gerente necesario era falsa, careciendo los dos restantes de representación para obligar a la sociedad -, es un extremo indiferente en la relación particular y aislada del comitente y el comisionado, en tanto este al recibir la orden de trabajar en la búsqueda de un trabajador no tuvo la carga de cerciorarse en favor del ordenante de la utilidad cierta de tal gestión.

Si la sociedad vende el establecimiento por otra vía frustrando la gestión iniciada por el corredor, ello no obsta al pago de su salario, toda vez que efectuó el trabajo encomendado, quedando obligado al pago de quien encomendó la venta, ya que el corredor persigue a los firmantes de la autorización y no a la sociedad - en cuyo caso carecería de acción pues la sociedad no quedó vinculada dada la falta de representatividad de los comitentes.

No es de aplicación al caso lo previsto por el CCIV 1161 en tanto ninguna defensa fundada en la ausencia de eficacia vinculante del negocio concertado en nombre de otro, fue opuesta por los distintos firmantes. Ello así en virtud de que ante la duda acerca de si la aplicación de tal norma necesita invocación subjetiva o si puede provenir de la sola observación del magistrado, debe atenerse al criterio según el cual la "exceptio" debe ser invocada por quien sustenta su absolución en ella, pues de lo contrario se sorprendería al pretensor quien ante el silencio de su contraria no pudo imaginar tal argumento defensivo para contradecirlo a su vez con otras consideraciones de derecho propuestas al tribunal.
Personal municipal, ordenanzas municipales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: CASCINO, ALFREDO s/ JUBILACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-07-24

'Dejar sin efecto el fallo plenario 216 dictado por esta Cámara el 26 de septiembre de 1978, en la causa Viglio, Domingo s/jubilación'.
Denegatoria tácita del recurso, caducidad del procedimiento administrativo, plazos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: Chade Vergara, Pablo Oscar s/ Contencioso administrativo de plena jurisdicción e ilegitimidad
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1996-04-01

El art. 161 de la Ley 4044 le asigna el efecto de denegación tácita al silencio de la administración luego de transcurridos 40 días desde esta reclamación, de manera que a partir de ese momento queda expedita la vía judicial, y si no se acude a ella dentro del término de treinta días se produce la caducidad de la acción. Si bien, en la hipótesis de la presentación de nuevos prontos despachos antes de que se produzca la caducidad del trámite administrativo con el efecto denegatorio si hubiera interrumpido el efecto del silencio de la administración, vemos en el caso que nos ocupa que entre el segundo y tercer pronto despacho presentados existe una continuidad en el tiempo que sobrepasa los 40 días a que alude el art. 161 de la Ley 4044.

En materia administrativa los plazos se establecen para dar estabilidad a los actos de la administración; permitir al administrado la extensión sine die de los términos para acudir a la vía contenciosa, sería burlar los propósitos de la Ley y el concepto de cosa juzgada administrativa.
Diligencias preliminares, prueba anticipada
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: TORRES JOSE M c/ SOLEZZI ANA M. s/ RECONOCIMIENTO DE SOCIEDAD DE HECHO
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-04-25

Importa un anticipo de prueba en los términos del art. 326, inc. 2º del Cód. Proc. cuya procedencia cabe declarar, el reconocimiento judicial peticionado a fines de dejar constancia del stock de mercaderías existentes en el negocio sobre el que se pretende haber participado, medida que tiene su razón de ser en la propia naturaleza fungible de los bienes a inventariarse y en la participación societaria que invoca el accionante. Tal medida aparece imprescindible en orden a lograr determinar la composición del fondo de comercio correspondiente, siendo insusceptible de trabar el normal desenvolvimiento del negocio. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Acción de inconstitucionalidad, competencia originaria, Superior Tribunal de Justicia, competencia del Superior Tribunal de Justicia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Fundación Banco Tierra del Fuego c/ Poder Ejecutivo Provincial - Ministerio de Gobierno, Trabajo, Seguridad, Justicia y Cultura s/ Contencioso Administrativo - Medida Cautelar
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 2007-02-05

Es imperativo indispensable en la acción autónoma de inconstitucionalidad, antes de iniciar cualquier otra consideración, determinar si el Superior Tribunal es competente. Para ello, corresponde analizar y resolver como cuestión previa a su conocimiento si la demanda fue planteada dentro del plazo de treinta días fijado por el art. 316 del C.P.C.C.L.R.M.; ya que de otro modo queda extinguida su competencia originaria según expresamente lo establece el citado dispositivo legal (2º párrafo). Conforme nuestro sistema procesal el examen de este presupuesto ineludible debe efectuarse en cualquier tipo de demanda sobre inconstitucionalidad, puesto que, a diferencia de lo normado en el proceso bonaerense (Arts. 683 y ss. C.P.C.Pcia.Bs.As.), no hace distinción entre preceptos que afecten derechos patrimoniales o a la personalidad, ni contiene las excepciones de aquél (Art. 685 cód.cit.). Este examen obligado para determinar la competencia originaria es de atribución del Superior Tribunal de Justicia como último intérprete provincial de la organización procedimental. Cuando la indagación no se hace in limine litis corresponde hacerla en oportunidad de dictar sentencia, porque el plazo previsto por el art. 316 del C.P.C.C.L.R.M. no constituye un plazo de caducidad de la instancia -que extingue el proceso, permitiendo a la parte iniciar otro de idéntica naturaleza-, sino un plazo de caducidad legal que determina la competencia de este tribunal en razón del tiempo y constituye un presupuesto de admisibilidad de la demanda de inconstitucionalidad impuesto por la norma procesal.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, cuestiones procesales, costas, interés concreto
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: OLGUIN, OSVALDO DAVID c/  s/ ROBO CALIFICADO Y PRIVACION ILEGAL DE LA LIBERTAD CALIFICADA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-08-09

En cuanto al planteo efectuado por la compareciente respecto a la imposición de costas en el auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad, teniendo en cuenta que el caso presenta una particularidad dada porque al interponer la queja, la impugnante introdujo una cuestión constitucional sobreviniente, criticando lo resuelto en tal decisión en relación a los gastos causídicos, si bien la materia vinculada con las costas se trata en principio de una cuestión propia de los jueces de la causa y ajena, por tanto, a esta instancia de excepción, la pretensión debe tener favorable respuesta, pues, teniendo presente las especiales circunstancias de la causa, a partir de las cuales esta Corte admitió la queja y que, en definitiva, en el presente se postula la procedencia de la vía excepcional intentada, resulta evidente que las argumentaciones de la defensa en el recurso de inconstitucionalidad sobre los aspectos analizados en el sub judice, no sólo eran plausibles sino que la solución propiciada -en relación a que éstos corresponden ser receptados- conduce, por una cuestión lógica, a dejar sin efecto la imposición de los gastos causídicos en el auto denegatorio. (Del voto del Dr. Falistocco, al que adhiere el Dr. Gutiérrez) - CITAS: CSJStaFe: AyS T 309, p 46/48; T 295, p 428. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Procesal Penal de Santa Fe, artículo 448.