Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-04-03


Causa Nº 204-03-CC/2005 (09/07) Incidente de nulidad en autos "Moreno, Rodrigo Félix s/ inf. art. 56 Ley 10 -Apelación" En n la ciudad de Buenos Aires, a los tres días del mes de abril de 2007, se reúnen los miembros de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, a efectos de resolver el recurso de apelación interpuesto por el Sr. Defensor Oficial, Gustavo Eduardo Aboso, obrante a fs. 35/36 vta. del presente, contra la resolución del Sr. Juez de Grado de fecha 21 de diciembre de 2006, del que:

RESULTA I.- Que a fs. 1, luce copia de la intimación realizada el día 2 de octubre de 2006 a Rodrigo Félix Moreno, a los fines que de cumplimiento del pago de las costas impuestas. El encartado efectúa el pago el día 25 de octubre de 2005, tal como surge de la copia de la boleta de depósito de tasa de justicia de fs. 19.

II.- Que a fs. 5/6 vta., obra copia de la sentencia dictada por el Magistrado de grado, Javier Alejandro Bujan, de fecha 10 de julio de 2006, donde resuelve denegar el pedido de prescripción opuesto por el Defensor Oficial y ordenar la ejecución de la pena impuesta consistente en la prohibición de concurrir a espectáculos deportivos organizados por la Asociación de Fútbol Argentino, por el término de tres meses, con costas.

III.- Que a fs. 23/24, luce copia de la solicitud de nulidad y restitución de costas, efectuada el día 21 de noviembre por el Defensor Oficial, por entender que al haberse hecho lugar al beneficio de litigar sin gastos, intimar al pago de las costas deviene nulo, y que tal vicio alcanza a todos los actos consecutivos que de éste dependan, en concordancia con lo dispuesto por el art. 172 CPPN (art. 6 LPC). Además, en virtud de lo expuesto, solicita la devolución del monto total de las costas del proceso que fueron abonadas por el encartado y hace reserva de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia.

IV.- Que a fs. 28/vta., se agrega copia de lo resuelto por el a quo, donde el 2 de febrero de 2006, hace lugar al beneficio de litigar sin gastos solicitado por el imputado.

V.- Que a fs. 30/vta., obra copia de la vista contestada por el representante del Ministerio Público, donde sostiene que de una interpretación armónica e integral del art. 3 y 13 de la ley 327, surge expresamente que la tasa judicial integra las costas del juicio, y conforme al segundo párrafo de la norma citada, en la que se establece la modalidad de cumplimiento de las mismas, se desprende claramente que la persona que se encuentra exenta de la tasa judicial lo estará también de las costas, habida cuenta que ellas se encuentran conformados por la tasa judicial, por lo que correspondería hacer lugar a lo peticionado por la Defensa Oficial.

VI.- Que a fs. 31/33 vta., el Magistrado de grado no hace lugar al planteo de nulidad interpuesto por la defensa por entender que el beneficio de litigar sin gastos fue otorgado en fecha posterior a la resolución causante de las costas, por lo que el encartado no quedará exento de aquellas que se hayan producido con anterioridad a la petición del beneficio.

VII.- Que a fs. 35/36 vta., el Defensor Oficial interpone recurso de apelación contra la resolución supra referida. En primer lugar, sostiene que el interlocutorio que hizo lugar al beneficio de litigar sin gastos no especificó ninguna limitación para los alcances del mismo, por lo que debe entenderse que abarca a las actuaciones desde su inicio, lo que incluye la tasa de justicia. También aduce que al no existir una indicación especifica por parte del juzgador al conceder el beneficio, la resolución debe interpretarse in bonam partem, y en consecuencia, debe eximirse al contraventor del pago de la tasa de justicia, puesto que la exención de pago debería retrotraerse a dicho estadio. Por otra parte, refiere que habiendo impetrado un recurso de inconstitucionalidad y una apelación, las cuales aún no fueron resueltas, por lo que la sentencia todavía no se encuentra firme, entiende que no debió intimarse al encartado al pago de la tasa de justicia, puesto que, de encontrar favorable acogida alguno de los planteos en las instancias superiores, la ejecución de la pena se tornaría abstracta. Finalmente hace reserva de recurrir al Tr ibunal Superior de Justicia y del caso federal.

VIII.- Que a fs. 41/42 obra el dictamen de la Sra. Fiscal de Cámara, Sandra Guagnino, quien entiende que corresponde rechazar el recurso en todos sus términos y se confirme lo resuelto por el a quo. En primer lugar, sostiene que el recurrente no fundamenta por qué el rechazo de su pedido de nulidad del auto del día 2 de octubre de 2006 -por el que se intima al imputado al pago de costas-, le causa un gravamen irreparable. Entiende que si bien podría inferirse válidamente que cualquier decisorio que implique para el imputado una disposición patrimonial, sería susceptible de ocasionar un gravamen de tal magnitud, el apelante nada dice al respecto, sino que se limita a reiterar su mera disconformidad con la resolución atacada. Por otra parte, manifiesta el recurrente no fundamentó en derecho el pedido de nulidad como así tampoco explicó si se trataba de una nulidad absoluta o relativa, y cuales eran las normas y derechos conculcados. También afirma que de acuerdo a lo normado por el art. 169 CPPN, la defensa debería haber demostrado que no había contribuido a causar la nulidad. Por ultimo, entiende que la nulidad fue subsanada -conforme lo prescribe el inc. 3 del art. 171 CPPN-, puesto que el condenado realizó el pago de las costas y un mes después, la defensa presentó el escrito solicitando la nulidad de la intimación cursada.

IX.- Que a fs. 45/47 vta., el Defensor Oficial amplia fundamentos. Sostiene que resulta palmario que con la intimación al pago de las costas del proceso al encartado, se vieron conculcadas las garantías constitucionales del debido proceso, legalidad e inviolabilidad de la defensa en juicio.

X.- Que a fs. 87 pasan los autos a resolución de esta Sala, siendo las cuestiones a dilucidar ¿resulta admisible el recurso de apelación interpuesto En su caso, ¿resulta ajustada a derecho la resolución recurrida Los Dres. Elizabeth A. Marum y José Sáez Capel dijeron:

PRIMERA CUESTIÓN En primer término, cabe mencionar que el recurso de apelación interpuesto lo ha sido en las condiciones y plazos establecidos por la Ley Nº 12, y por quien se encuentra legalmente facultado para hacerlo.

Ahora bien, es dable recordar que esta Sala tiene dicho que la norma antes citada prevé expresamente la apelación de la sentencia, pero es de aplicación supletoria lo dispuesto por el artículo 449 in fine CPPN -art. 6 LPC- que establece que pueden ser objeto de impugnación aquellas resoluciones que causen un gravamen irreparable al imputado. El que según se ha afirmado "...no se presta a una definición genérica y debe por lo tanto verificarse su concurrencia en cada caso concreto, puede decirse que aquél se presenta, fundamentalmente, cuando no existe otra oportunidad procesalmente útil para reparar el perjuicio que irroga la resolución..." (Palacio, Lino Enrique, "Los recursos en el proceso penal", Ed. Abeledo-Perrot, Bs. As. 2001, págs. 60/61).

No obstante ello, y siendo que en la presente causa la resolución impugnada rechaza el planteo de nulidad introducido por la defensa, cabe adelantar que resultará procedente su tratamiento en esta instancia (causas Nº 205-00-CC/2004 "Morales, Norberto Francisco s/infr. arts. 41 y 42" del 17/8/2004, Nº 37-01-CC/2005 Incidente de nulidad en autos "Soto, Pablo s/Inf. Art. 41 CC- Apelación" rta. el 21/4/2005, Nº 099-01-CC/2005 Incidente de nulidad en autos: "Cueva, Ana María s/inf. Art. 83 CC (ley 1472)- Apelación" rta. el 6/5/2005, Nº 165-01-CC/2005 "Recurso de Queja en Incidente de Medidas Cautelares en autos: Castro Fernández, Margarita s/inf. Art. 84 CC Ley 1472" rta. el 25/7/2005; entre otras), puesto que la afectación al patrimonio de una persona es susceptible de causar agravio. En razón de ello, corresponde declarar admisible el recurso de apelación.

SEGUNDA CUESTION Admitido el recurso incoado, y previo a todo análisis del planteo nulificantes postulado por la Defensa, es importante recordar la postura que ha venido sosteniendo esta Sala en numerosos precedentes, al afirmar que la declaración de invalidez posee carácter excepcional, debiendo primar los principios de conservación y trascendencia de los actos procesales. A partir de lo expresado, es dable afirmar que la declaración de nulidad sólo resulta procedente de advertirse que el acto viciado produce algún perjuicio real y concreto, puesto que lo contrario implicaría decretar la nulidad de un acto por una cuestión absolutamente formal (conf. C. N. Casación Penal, Sala III, "Palacios, Oscar E. s/rec. de casación", rta. el 22/6/2004, entre otras).

Aclaro ello y adentrándonos al tema en cuestión, es dable recordar que el beneficio de litigar sin gastos "encuentra sustento en dos preceptos de raigambre constitucional: la garantía de la defensa en juicio y la igualdad ante la ley (arts. 16 y 18 Constitución Nacional). Ello es así habida cuenta de que por su intermedio se asegura la prestación de los servicios de justicia no ya en términos formales sino con un criterio que se adecua a la situación económica de los contendientes. Empero, no debe olvidarse que frente a los intereses del peticionario se hallan los de su contraria, tan respetables como los de aquél, los que podrían verse complicados si a un limitado beneficio se lo transformara en un indebido privilegio..." (CSJN, "Apen Aike S.A. c/ Provincia de Santa Cruz", rta. el 21/10/2003).

Asimismo, nuestro máximo Tribunal local también se ha pronunciado respecto de que "el beneficio para litigar sin gastos debe interpretarse de manera amplia, sin cercenar sus alcances y sin que quepa exigir la ausencia absoluta de bienes e ingresos" (TSJ, Expte, nro.53/99 "Doy, Miguel c/Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/beneficio para litigar sin gastos, rta. el 31/05/00).

En el caso bajo estudio, la defensa sostiene que el beneficio de litigar sin gastos, al no haberse especificado su alcance, debe entenderse que abarca a las actuaciones desde su inicio, lo que incluiría la tasa de justicia. Por otra parte, sostiene que aún la sentencia no se encuentra firme, por lo que no se debió intimar al encartado al pago de la tasa de justicia, puesto que, de encontrarse una favorable acogida de los recursos interpuestos en las instancias superiores, la ejecución de la pena se tornaría abstracta.

Ahora bien, el articulo 3, inciso f de la ley 327, indica que las personas que actúan con beneficio de litigar sin gastos -incluido el trámite necesario para obtener dicho beneficio-, se encuentran exentas del pago de la tasa judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Por otra parte, el articulo 4 de la ley antes citada, refiere en su primer párrafo que "el trámite de exención acordado por el artículo anterior para los casos de beneficio de litigar sin gastos debe iniciarse con anterioridad, o simultáneamente, con la iniciación de las actuaciones, o en la oportunidad de comparecer como parte. En caso de articularse con posterioridad, la resolución que admita el beneficio puede tener carácter retroactivo, siempre que no afecte el principio de cosa juzgada. Debe darse intervención en el trámite al Representación del Fisco." De las actuaciones se desprende que el día 3/8/05 este Tribunal condenó al encartado a la pena de prohibición de concurrencia a espectáculos deportivos organizados por la Asociación de Fútbol Argentino por el término de tres meses, con costas. Asimismo, con fecha 18/10/05, esta Sala denegó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la defensa contra dicha sentencia. El 25/10/05, la defensa interpuso recurso de queja, que fue rechazado por el Tribunal Superior de Justicia el 5/4/06. Paralelamente, el 26/10/05, el imputado solicitó el beneficio de litigar sin gastos, el cual fue concedido por el Magistrado de grado el día 2/2/06. Posteriormente, la defensa interpuso recurso extraordinario el día 28/4/06, que fue rechazado por el Tribunal Superior de Justicia el día 6/6/06, encontrándose en trámite una queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por ultimo, el encartado fue intimado al pago de la tasa el 2/10/06 (fs. 1), la cual fue oblada el 25/10/06 (fs. 19).

Aclarado ello, es dable advertir que conforme lo dispone el art. 4 de la ley citada, la decisión que admite el beneficio de litigar sin gastos, puede tener carácter retroactivo, siempre que no afecte el principio de cosa juzgada. En el caso bajo examen, la aplicación retroactiva -al momento en que fueron impuestas las costas conjuntamente con la sentencia condenatoria- no afecta la cosa juzgada, pues el beneficio de litigar sin gastos fue concedido el día 2 de febrero de 2006, es decir cuando aún estaba pendiente de resolución por el Tribunal Superior de Justicia el recurso de queja interpuesto contra la decisión de esta Sala que declaró inadmisible el recurso de inconstitucionalidad que había sido interpuesto contra la sentencia condenatoria que imponía las costas. Siendo ello así, y teniendo en cuenta, además, que la intimación a oblar la tasa judicial como también su efectivo pago se produjeron ocho meses después de la concesión del beneficio que, por las razones expuestas debe tener efecto retroactivo, ninguna duda cabe que la decisión que así lo dispone es nula, tal como lo postula la defensa.

Por otra parte, no puede soslayarse que el art. 3 de la ley citada precedentemente tampoco efectúa una distinción que permita deducir que el beneficio de litigar sin gastos resulte susceptible de ser concedido solo a los fines de la exención de un gasto en particular que irrogue la sustanciación de un planteo judicial, por el contrario, dicha norma es clara cuando afirma que quienes actúen con el beneficio de litigar sin gastos se encuentran exentos del pago de la tasa judicial. A mayor abundamiento, tampoco realiza tal distinción el art. 34 de la ley 402, puesto que dispensa del pago del depósito previsto para la interposición del recurso de queja, a todos aquellos eximidos del pago de la tasa judicial.

Por los motivos expuestos, votamos por revocar el resolutorio de fs. 31/33 vta. en cuanto no hace lugar a la nulidad incoada por la defensa, y en consecuencia, declarar la nulidad del auto que intima al encartado al pago de las costas impuestas, cuya copia obra a fs. 1 del presente y ordenar la devolución del dinero abonado por el recurrente en concepto del pago de la tasa de justicia.

El Marcelo P. Vázquez dijo:

Que no coincido con la solución a la que arriban los distinguidos vocales preopinantes por las consideraciones que a continuación expondré.

En primer término, hago propios los fundamentos esgrimidos en la primera cuestión del voto que me precede, referido a los presupuestos de admisibilidad del recurso, y a los argumentos allí brindados me remito por razones de economía procesal.

No obstante ello, discrepo con la solución que propician al fondo de la cuestión. De la lectura de la copia de lo resuelto por el a quo respecto del beneficio de litigar sin gastos solicitado por la defensa (fs. 28/vta.), se desprende claramente que el beneficio en cuestión ha tenido como propósito eximirlo al imputado del pago del depósito previsto para la interposición del recurso de queja, tal lo previsto por el primer párrafo del art. 34 de la ley 402.

En primer lugar, el Magistrado de grado resuelve "hacer lugar al beneficio de litigar sin gastos...y eximirlo de la obligación legal de realizar el deposito de la suma de $1.000 (pesos un mil)...". Por otra parte, en el punto If, el Judicante indica que del informe socio-ambiental realizado al encartado se desprende que aquél no cuenta con los medios para afrontar los gastos que le irroga la vía recursiva. También, en el ultimo párrafo del punto II de dicha resolución, el representante del Fisco reconoce no tener competencia sobre el depósito previsto en el recurso de queja que "dio origen" a este beneficio.

Por otra parte, si el beneficio de litigar sin gastos hubiera tenido en miras evitar además el pago de la tasa de justicia, el mismo habría sido interpuesto -tal como el art. 4 de la ley 327 señala- al comienzo de las actuaciones y no con posterioridad, sin perjuicio de la posibilidad de que al beneficio se le otorgue carácter retroactivo. Así las cosas, del caso bajo estudio, surge que el beneficio fue solicitado por la defensa con fecha 26 de octubre de 2005, once días después de que esta Sala rechazara el recurso de inconstitucionalidad interpuesto. Ahora bien, tal como se desprende de los fundamentos que utilizó el Magistrado de grado para conceder el beneficio en cuestión (fs. 28/vta.), resulta fácil advertir que el depósito de mil pesos previsto para la interposición de la queja era el motivo que causaba al encartado un perjuicio tal que se viera afectado su acceso a la justicia y no el pago de los cincuenta pesos establecidos como costas.

Sin perjuicio de lo expuesto, el articulo 4 de la ley 327 faculta -no obliga- al juez a otorgarle carácter retroactivo al beneficio, siempre que no afecte el principio de cosa juzgada. En este sentido, al haber sido rechazado por esta Sala el recurso de inconstitucionalidad incoado por la defensa en fecha 18/10/05, la sentencia adquirió firmeza (cfr. fallo TSJ expte. nº 3726 "Ministerio Público -Defensor Oficial en lo Contravencional y de Faltas nº 1 -s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Oniszczuk, Carlos Alberto s/ inf. ley 255 -Apelación", voto Dres. Conde y Lozano, rta. el 13/12/06), por lo que otorgarle retroactividad al beneficio afectaría la cosa juzgada, pues la imposición de costas ya revestía dicho carácter. Por otra parte, respecto del propósito que tuvo la interposición del beneficio de litigar sin gastos, al no haberse expedido el Magistrado de grado respecto de otras cuestiones distintas del pago del depósito de los 1.000 pesos al momento de conceder el beneficio en cuestión, y siendo una facultad de aquél -tal como se ha afirmado precedentemente- establecer si el beneficio operará retroactivamente, corresponde entender que el encartado solamente resultará eximido del pago del depósito referido, siendo que la imposición de costas resultó ser anterior a dicha decisión, según surge de la sentencia cuya copia obra a fs. 5/6 vta., por lo que correspon de que el encausado abone aquéllas.

En razón de lo expuesto, voto por confirmar lo resuelto por el a quo, en cuanto resolvió no hacer lugar a la nulidad incoada por la defensa.

Por mayoría este Tribunal, RESUELVE I.- REVOCAR la decisión de fecha 21 de diciembre de 2006, obrante a fs. 31/33 vta. del presente, en cuanto no hace lugar al planteo de nulidad articulado por la Defensa (arts. 166 y sgtes. CPPN, art. 6 LPC) y, en consecuencia, declarar la nulidad del auto que intima al encartado al pago de las costas impuestas -cuya copia obra a fs. 1 del presente- y ordenar la devolución de la suma de cincuenta pesos ($50) abonada por el encartado en concepto del pago de la tasa de justicia.

Regístrese, notifíquese con carácter urgente y oportunamente remítase al Juzgado de origen, a sus efectos.

Ante mi