Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2016-03-29


Autos Nº 22.118 (121741 5° CIVIL) caratulados: "LIMA Mauricio Adrián C/ Masquijo Isabel Aida S/ Ordinario Daños y Perjuicios" En la Ciudad de San Juan, a 29 días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, reunidos en la SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL y MINERÍA DE SAN JUAN, el señor Presidente, Dr. JUAN JOSÉ VICTORIA y el señor Vocal, Dr. GILBERTO RIVEROS a fin de celebrar acuerdo en los Autos Nº 22.118 (121741 5° CIVIL) caratulados: "LIMA MAURICIO ADRIÁN C/MASQUIJO ISABEL AIDA S/ ORDINARIO DAÑOS Y PERJUICIOS", originarios del Quinto Juzgado Civil sobre el recurso de apelación que se interpusiera a fs. 143, por el actor con patrocinio letrado, contra la resolución dictada en fecha 22 de abril de 2015, obrante a fs. 140/141 de estos autos, recurso que una vez concedido tuviera la debida sustanciación.

Seguidamente se fijan las cuestiones que deben considerarse en el orden que sigue:

1ra. CUESTIÓN: ¿Es justa o adecuada a derecho la sentencia venida en recurso? 2da. CUESTIÓN: En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde en definitiva? 1ra. CUESTIÓN: El Dr. JUAN JOSE VICTORIA, dijo:

Vienen los autos a estudio por recurso que interpuso la actora contra el fallo de fecha 22 de abril de 2015 que rechazó las excepciones de falta de personería y de legitimación opuestas por la actora, con costas, regulando los honorarios de los profesionales intervinientes.

Para así concluir, la juez a quo consideró que el poder otorgado al letrado de la aseguradora lo faculta para actuar en cualquier naturaleza, fuero o instancia, lo que incluye a la Provincia de San Juan, por lo que rechazó el planteo.

Al expresar agravios el actor sostuvo en primer lugar que el fallo atacado carece de fundamentación lógica jurídica ya que hace una somera afirmación, sin dar fundamentos razonables de cómo llega a la conclusión que arriba, no cumpliendo así con el imperativo de la sana crítica racional.

Afirma que la juez a quo cae en un error interpretativo y conceptual, al afirmar que el poder cuestionado faculta a los apoderados de la aseguradora para actuar en San Juan, ya que no menciona provincia o territorio.

Transcribe párrafos del poder cuestionado, de los que interpreta que el documento los faculta para actuar en la Provincia de Mendoza, y dentro de ésta en cualquier fuero, instancia o jurisdicción (provincial o federal de dicha provincia).

Considera que no pude interpretarse que alude a la Provincia de San Juan o cualquier otra provincia. Expresa que el poder debe mencionar en forma clara donde pueden actuar y el alcance (sea una provincia, en todas o en territorio nacional).

Este agravio es contestado a fs. 151/53 por el Dr. Federico Aguiar.

Tratamiento de los agravios:

La norma de rito exige a quien se presentase ejerciendo un derecho que no le sea propio acompañar, en el primer escrito, los documentos que acrediten el carácter que inviste. (art. 49 y 50 CPC) Tratándose de poderes generales que deben presentarse en juicio, los mismos deben ser hechos en escritura pública.

Ante la demanda interpuesta en estos autos, la aseguradora fue citada a juicio a fin de que asuma la defensa del demandado.

Así, a fin de ejercer su derecho de defensa, comparece por medio de su apoderado Dr. Federico Aguiar, a quien le otorga poder general para juicios, por medio de escritura pública n° noventa y dos, de fecha 30/04/2007, a efectos de que en nombre y representación de Triunfo Cooperativa de Seguros Limitada intervenga y la represente en todos los asuntos judiciales que tuviere pendiente.

"Al efecto lo faculta para que en jurisdicción voluntaria en esta Capital y en cualquier naturaleza fuero instancia o jurisdicción que sea, pueda interponer y contestar o proseguir hasta su total terminación toda clase de demanda..." Cabe destacar que, en cualquier lugar de la República que se otorgue un instrumento público conserva ese carácter en todo el territorio de la Nación (cf. art. 7 Const. Nac.).

El único requisito que debe llenarse para invocar un poder (instrumento público) fuera de la jurisdicción donde ha sido otorgado, es el de la legalización en la forma que determina la ley vigente al respecto.

El poder cuestionado, ha sido otorgado en extraña jurisdicción, a abogados de San Juan; y se encuentra legalizado por el Colegio Notarial de Mendoza en cumplimiento con la normativa vigente en dicha provincia (ley 3058 y dec 2865/65) .

La legalización implica la certificación de la autenticidad de la firma y sello y de haber obrado el notario en el ejercicio de su función (art. 96 dec 2852/65).

En virtud de ello y de los términos del poder, surge que la compañía aseguradora, con asiento en la Provincia de Mendoza, otorga mandato a los abogados del foro de la Provincia de San Juan, Dres. Aguiar, para que la representen en toda clase de juicio en que intervenga la compañía, en cualquier jurisdicción (aún fuera del lugar de otorgamiento), resultando válido para comparecer ante la Provincia de San Juan.

Además, entre las facultades otorgadas a los apoderados en el poder, se encuentra la de comparecer a las audiencias de mediación reguladas por la Ley de la Provincia de San Juan N° 7454, corroborando ello, que es otorgado para que actúen en esta provincia.

Por tales motivos, y a fin de no vulnerar el principio de raigambre constitucional, como es el derecho de defensa en juicio (art. 18 de C.N.), considero que la representación invocada por el apoderado de la aseguradora se encuentra debidamente justificada, por lo que el agravio debe ser desestimado.

Propicio el rechazo del recurso de apelación interpuesto por el actor, imponiéndole las costas de esta instancia recursiva por revestir el carácter de vencido.

El DR. GILBERTO A. RIVEROS, dijo:

Por los fundamentos expresados por el Magistrado que me precede en el orden de votación, voto en sentido concordante.

2da. CUESTIÓN: El DR. JUAN JOSÉ VICTORIA, dijo:

En mérito a la votación que antecede corresponde: 1 Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el actor. Las costas de esta segunda instancia se imponen al apelante vencido. 2 Regular los honorarios de los profesionales intervinientes en esta instancia recursiva, Dres. Federico Aguiar y Dr. Adolfo López Martí y en un 30% de lo regulado por su actuación en primera instancia.

El DR. GILBERTO A. RIVEROS, dijo:

Por iguales razones, voto en el mismo sentido.

Por ello, y lo acordado precedentemente, SE RESUELVE:

1 Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el actor. Las costas de esta segunda instancia se imponen al apelante vencido.

2 Regular los honorarios de los profesionales intervinientes en esta instancia recursiva, Dres. Federico Aguiar y Dr. Adolfo López Martí y en un treinta por ciento (30%) de lo regulado por su actuación en primera instancia.

Protocolícese, notifíquese en debida forma, y bajen los autos al Juzgado de origen.

PROTOCOLO: L. de A ; T° I 2016; F°49/51; FECHA:29 de marzo de 2016 DRES. VICTORIA RIVEROS