marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Donación de órganos, trasplante de órganos, actos entre vivos
Materia: CIVIL
Carátula: O., C. N. s/ Leyes Especiales 21-01526044-8
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-08-31

Cuando el art. 15 de la ley 24.193 prevé que sólo estará permitida la ablación con fines de trasplante en los casos que taxativamente menciona, lo hace refiriéndose a aquéllos casos en que el contralor y el procedimiento está a cargo, y se realiza, por ante la autoridad jurisdiccional administrativa. Por tanto resulta razonable concluir que los legisladores no han prohibido ni cerrado completamente la posibilidad de que ante la donación entre vivos no relacionados pueden ser autorizados judicialmente previo control de ciertos requisitos, atento que se encuentran en juego derechos constitucionales y convencionalmente tutelados.
Allanamiento, allanamiento domiciliario, orden de allanamiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: MIRANDA DÍAZ, José Antonio y CANCINO SALDIVIA, José Luis s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 2007-02-13

La forma en que fueron agregadas las piezas al sumario no puede justificar en modo alguno el decreto de nulidad, pues no puede sostenerse válidamente que por el simple -y hasta a veces aleatorio- hecho de que el informe policial correspondiente fue agregado al expediente con posterioridad a la orden de allanamiento no pueda servirle de fundamento cuando ambos actos poseen la misma fecha y de la lectura de lo considerado por el magistrado es evidente que el allanamiento tuvo como antecedente inmediato ese informe policial.
Despido sin causa, comunicación del despido, invariabilidad de la causa
Materia: LABORAL
Carátula: DOMINGUEZ, HECTOR DAMIAN. c/ INDALO S.A. s/ DESPIDO POR OTRAS CAUSALES.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2013-05-14

En tanto la causal de despido se limitó a que no se le permitió el ingreso al lugar de trabajo, la regla de la invariabilidad de la causal de despido establecida en el art. 243 de la LCT impide analizar las otras razones que extemporáneamente alega el recurrente, como el despido verbal que, además, no está probado, el cambio de tareas o la supuesta negación al pago de remuneraciones.
Liquidación, aprobación de la liquidación, recibo, prueba del pago, embargo, bienes inmuebles
Materia: COMERCIAL
Carátula: L. de A., O. c/ Fruttero, José Luis s/ ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2020-05-13

Los instrumentos acompañados -boleta y comprobante electrónico de pago de tasa retributiva de servicio correspondiente al diligenciamiento del oficio de embargo en el Registro de la Propiedad -, aun cuando no han sido autenticados, constituyen prueba suficiente del pago que se pretende acreditar, ello toda vez que resultaba una condición necesaria -previo pago- para el diligenciamiento de la medida, la que se encuentra materializada y demuestra su efectivización, siendo a su vez el modo en que habitualmente se realiza, todo lo cual conlleva a acordarle verosimilitud, máxime cuando no ha sido desvirtuada por ningún otro elemento probatorio. Por ende, se debe admitir la incorporación de esta documentación en la liquidación formulada y rechazarse la impugnación tendiente a excluir dicho concepto.
Seguro de responsabilidad civil, citación en garantía, citación por el asegurado, legitimación pasiva, costas
Materia: COMERCIAL
Carátula: Orellana, Osvaldo Gabelino c/ Meibar S.R.L. y Otro s/ Accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-11-24

El progreso de una excepción de falta de legitimación sustancial opuesta por la citada en garantía por una indebida convocatoria a la litis por la asegurada, no puede generar costas a cargo del actor.

Es más, si la demandada pidió la citación de un tercero, esa parte debió meritar las circunstancias vinculadas a tal citación y sus riesgos.
Honorarios, mora del deudor, intereses
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO DE CREDITO RURAL c/ PANELLA C. s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-10

Los intereses se devengan con motivo de la falta de restitución del capital en un cierto tiempo, y es precisamente la mora del deudor la que justifica la inclusión de los intereses en la demanda y en la sentencia.
Modificación del contrato de trabajo, ius variandi, novación objetiva
Materia: LABORAL
Carátula: DI TOMASI, EDUARDO c/ JUAN FIORI  S.A.  Y OTRO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-28

Existe un comportamiento concluyente y revelador de la intencion de las partes de producir una novación objetiva si durante más de ocho meses el trabajador efectuó una jornada distinta y percibió una remuneración que se hallaba en función directa con la extensión de la misma, sin expresar disconformidad alguna. Esto es así en tanto el cambio en las condiciones esenciales del contrato de trabajo impuestas unilateralmente por el empleador, impone al trabajador una obligación de expedirse, basada en el deber de buena fe, art. 62 y 63 LCT, a la luz del cual debe juzgarse el comportamiento de las partes incluso en lo que hace al ejercicio de derechos que tienen carácter irrenunciable.
Accidente de tránsito, privación del uso del automotor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Poppe, Cristina c/ David, Horacio y Ot. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-05-07

La privación queda acreditada por el solo hecho de tener que entrar el vehículo a un taller para ser reparado y por la indisponibilidad del mismo que ello genera durante el tiempo que demanden los trabajos. El art. 1110 del Código Civil concede indemnización por el solo menoscabo que sufra el usuario en el goce de su derecho, y ello habilita la procedencia del rubro.
Jurisdicción y competencia, facultades jurisdiccionales, radicación del expediente
Materia: PROCESAL
Carátula: Meissner, Ilda Elsa c/ G.C.B.A. s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-10

No existiendo disposición expresa en contrario, ha de estarse a la radicación definitiva de los procesos en los casos en que la ley modifica las reglas de la competencia, toda vez que ese criterio es el que mejor concuerda con la conveniencia de obviar el planteamiento de conflictos jurisdiccionales con miras a lograr la pronta terminación de los procesos requerida por la buena administración de justicia.
Prescripción veinteñal, prueba, bienes inmuebles
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: El Encuentro S.A. c/ Vera, María Azucena y otros s/ Prescripción veinteañal
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1999-05-04

A los efectos de la prueba en la prescripción veinteañal, es imprescindible determinar con exactitud la ubicación del bien mueble; esta ubicación constituye un elemento que la ley de aplicación pretende dejar a salvo estatuyendo que con la demanda se acompañará plano de mensura, suscripto por el profesional autorizado, el cual tiene por objeto individualizar el inmueble, determinando con exactitud la superficie poseída, sus medidas y linderos. En consecuencia, si en el caso sucedió lo mencionado ut-supra, no es posible dudar -tal lo sucedido en el Inferior- de la realidad física del inmueble objeto de Usucapión y todo lo demás, no habiendo exacta impugnación de las diligencias recién mentadas, se convierte en una discusión que modifica en realidad lo que debe ser objeto de prueba en la litis una vez superado este extremo y que no es sino si dicha superficie así mensurada está o no realmente poseída por quien así lo afirma sin que sea relevante que dicha porción se encuentre en uno u otro campo u ocupando parte de ambos.
Daños y perjuicios, monto de la indemnización, indemnización insuficiente, deserción del recurso
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: GOMEZ, RUBEN DARIO c/ PREFECTURA NAVAL ARGENTINA Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS VARIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-24

No puede considerarse que la mera referencia al hecho de que las indemnizaciones fijadas por el juez de anterior grado son inferiores a las que se concede en el fuero civil, satisfaga mínimamente los requisitos cuyo cumplimiento exige el art. 265, del Código Procesal.

Cabiendo precisar que deben consultarse las circunstancias concretas de cada supuesto para comparar si son análogas, pues la determinación del resarcimiento no responde a cálculos matemáticos, sino al examen específico de las condiciones de quien pretende recibirlo (cfr. CS, Fallos: 216:91; 232:282; esta Sala, Causa 2701/93 del 16.6.95 y sus citas), de modo que el mero cotejo de las sumas en si mismas, no puede servir de pauta para tachar de escasa la cantidad fijada en la sentencia de primera instancia.
Beneficio de litigar sin gastos, sociedad anónima, cesión de créditos, cesión onerosa
Materia: CIVIL
Carátula: DULCE HOGAR SA  CARREFOUR ARGENTINA SA s/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-11-15

Resulta improcedente conceder el beneficio de litigar sin gastos solicitado por una sociedad cuando -como en el caso-, surge que la peticionante adquirió derechos creditorios cuyo cobro se pretende en el principal, por cesión onerosa, según consta en ciertas escrituras publicas glosadas, para lo cual desembolso una importante suma de dinero ($676.488). Ello pues, la importación económica de la descripta operación y la naturaleza de la cesión efectuada hacían necesario prever sus probables consecuencias conforme la diligencia exigible a un buen hombre de negocios (arg. LEY SOC. 59 y 274), entre las que cabe contar la eventual derivación judicial por el cobro de los créditos cedidos.
Recurso contencioso administrativo, inadmisibilidad del recurso, contrato de obra pública, Administración Pública, rescisión del contrato, contratista, negligencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Beton Construcciones c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte CSJ   Nº 266-83)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-05-23

No puede prosperar el recurso interpuesto si de los términos del decreto cuestionado surge que el Poder Ejecutivo valoró una serie de comportamientos de la contratista; es decir, que la decisión rescisoria tuvo como detonante no una sino un conjunto de conductas de la impugnante que justificaron la rescisión del contrato de obra pública; y que si bien, cada uno de los hechos considerados aisladamente era subsumible en una causal rescisoria, no quedan dudas de que el panorama resultante de la valoración conjunta de esos extremos es demostrativo de la existencia de una situación de quiebre de la relación, que derivó en la injustificada ruptura de hecho del contrato por parte de la empresa actora.
Intervención de terceros, intervención obligada, principios procesales, economía procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: PIZZELLA  HECTOR Y OTROS c/ ESTADO NACIONAL MIN DE ECONOMIA OBRASY SERV PUBLICOS Y OTROS s/ PROCESO DE CONOCIMIENTO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-28

En la especie, dados los presupuestos fácticos del caso, admitir la citación impetrada por el tercero, podría derivar en una cadena de terceros citando a posteriores terceros, vulnerando el principio de economía procesal y ocasionando un perjuicio grave a los litigantes principales. En efecto, Foetra a quien se pretende citar, podría a su vez citar a otros terceros, y así sucesivamente, lo cual es por completo improcedente, y así fue resuelto en diferentes casos que presentaban aristas de hecho similares a las del sub examine (conf. CNCom, Sala "B", in re "Astilleros Alianza SA c. De Tomasi, Jorge s/ ordinario", del 23.11.87, íd. Sala "A", in re "Vidal, Guillermo c. Tagliaferro, Jorge" del 4.8.89; y esta Sala, causa 1092/98 del 21.4.98). Por ello, corresponde confirmar la resolución apelada en cuanto desestimó el pedido de citación de terceros solicitada por el tercero Telecom.
Cuenta corriente bancaria, inhabilidad de título
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: BANCO DE ENTRE RIOS S.A. c/ KLOSS ROBERTO EMILIO Y OTRO s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-07-15

Más allá de los límites y alcances que corresponde adjudicar a la anterior cuestión, en el caso traído a revisión se debitó de la cuenta corriente que dio origen al título ejecutado, el importe adeudado por el uso de la tarjeta de crédito, sin autorización de los titulares de la cuenta, con la evidente intención de otorgar fuerza ejecutiva a sumas adeudadas conforme instrumentos que no la tienen, desnaturalizando aquélla y abusándose la entidad bancaria de la facultad otorgada por el artículo 793 del Código de Comercio al incorporar en el saldo deudor dichos improcedentes importes a la luz del último párrafo de la precitada disposición sustantiva según Ley 24.452 -B.O.2/3/95-, razón por la cual y siendo innecesario avanzar en la discusión, corresponde declarar parcialmente procedente la excepción de inhabilidad de título en los recursos interpuestos, revocando tales aspectos de la atacada interlocutoria. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Beneficios previsionales, suspensión del beneficio, presunción juris tantum, principio de contradicción, defensa en juicio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ZORZI HUMBERTO MIGUEL c/ A.N.Se.S. s/ PRESTACIONES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-29

Que el organismo presuma la existencia de una irregularidad (en el caso, el ocultamiento en que incurrió el interesado al no informar que continuaba en actividad) no es motivo suficiente para extinguir en forma intempestiva un beneficio oportunamente acordado. Por el contrario, la A.N.Se.S. debió adoptar las medidas necesarias y previas a la decisión de suspender el mismo, dando intervención al interesado a efecto de efectuar las alegaciones que fueren necesarias en defensa de sus derechos (cfr. C.S.S., Sala II, sent. del 26.05.94, "Bonilauri, Isabel Clementina" y sent. del 22.08.94, "Alassia, Hilario Juan").
Competencia, distribución de competencias, excepción de incompetencia, acceso a la justicia, daños y perjuicios, Estado Provincial, daño ambiental, Derecho ambiental, derecho a un medio ambiente sano, bien jurídico protegido, derechos de incidencia colectiva, legitimación procesal, bien común, Constitución Nacional, ley general del ambiente, jerarquía constitucional, intereses, prórroga de la competencia, competencia por el territorio, lugar del hecho, jueces, departamento judicial, LA PLATA, domicilio del demandado, principio de inmediación
Materia: PROCESAL-CIVIL-MEDIO AMBIENTE-CONSTITUCIONAL
Carátula: Alvarez, Avelino y Otra c/ El Trincante S.A. y Otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-09-25

Resulta inaplicable la excepción a los principios generales de la competencia establecida en el artículo 30 del decreto 7543/1969 -Ley Orgánica Fiscalía de Estado-, a la demanda por daños y perjuicios seguida contra el estado bonaerense por quienes no sólo accionan en razón de su padecimiento personal sino que incorporan la responsabilidad por daños colectivos, reclamando el cese del daño ambiental perpetrado al ecosistema serrano solicitando su recomposición, pues dicha norma habilita un desplazamiento de la competencia a favor de los juzgados de la Ciudad de La Plata -distante 300 km. del lugar de acaecimiento de los hechos-, en oposición a la Ley General del Ambiente N° 25.675 que impone, en materia de competencia judicial ambiental, la aplicación de las reglas ordinarias con el fin de acceder a la jurisdicción sin restricciones de ningún tipo o especie. (Del voto del Juez doctor de Lázzari).
Honorarios, fijación judicial, poder
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: González Zund, Ricardo A. c/ Rodolfo Alcides Fabro s/ Incidente de Regulación de Honorarios en Expte. 1791/94
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1998-08-11

No procede la regulación de honorarios por la redacción, presentación y tramitación de la demanda en sede judicial, pues la omisión de acompañar el pertinente poder, impide tener por acreditado el mandato que invocara el profesional al interponer la acción, tendiente a su fijación, resultando, por ende, totalmente ineficaces las actuaciones producidas pues el incidentista debió demostrar fehacientemente la existencia del mandato verbal para demandar y además que sus servicios profesionales fueron contratados a los fines de la redacción de la pertinente demanda, lo que hubiera dado sustento al reclamo de honorarios por dicha labor como tarea extrajudicial.
Reordenamiento del sistema financiero, cuestiones de competencia, juicios en que es parte una provincia, competencia provincial
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Río Negro, Provincia de c/ Estado Nacional.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-29

Corresponde descartar que puedan conculcarse "competencias procesales propias de la Provincia" en pleitos que de acuerdo a las previsiones de la ley 25.587 -cuya constitucionalidad no se cuestionó- corresponden a la competencia de la justicia federal.
Proceso penal, cuestiones de competencia, aplicación de la ley
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Barrionuevo, Ricardo D. s/ Cuestión de Competencia suscitada entre las Cámaras Criminales de Segunda y Tercera Nominación, en Expte. "Q" Nº 237/11 - Querella Instaurada por Ricardo D. Barrionuevo y otras c/ Sonia del Carmen Rivas
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2011-12-22

En el caso de contienda negativa de competencia entre las Cámaras del Crimen para intervenir en el juzgamiento de una causa por razón del turno, la Acordada 4082/08 ha fijado como orden excluyente: la fecha de comisión del ilícito contenido en la requisitoria fiscal de elevación a juicio o en el auto de elevación a juicio; o la fecha de la denuncia en el caso en que aquella sea incierta.

Conforme los dichos de los acusadores privados, el primer acto injurioso atribuido podría situarse en los días 25 de abril, en que ésta remite nota al representante legal de la escuela o 26 de abril, cuando presenta nota ante la Dirección de Educación Pública de Gestión Privada, lo que dio lugar a la formación de actuaciones administrativas por supuestas irregularidades laborales contra directivos de la Escuela.

De manera que la acusación se basa en actos injuriosos ocurridos en una fecha determinada, a la que debe atenerse, y que, conforme la mencionada norma Nº 4082, corresponde al turno de la Cámara de Tercera Nominación.

Por ello, cabe declarar que corresponde entender en las presentes actuaciones a la Cámara Criminal de Tercera Nominación.
Derecho constitucional, acción de inconstitucionalidad, recurso contencioso administrativo
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Paez, Alberto Alejandro (Intendente de la Municipalidad de Andalgalá) c/ Poder Ejecutivo Provincial s/ Acción de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-07-08

Vienen a despacho las presentes actuaciones a los fines de resolver la admisibilidad formal de la demanda interpuesta por el actor, invocando el carácter de Intendente de la Municipalidad de Andalgalá, mediante letrados patrocinantes, que tiende a la declaración abstracta de inconstitucionalidad del Decreto Acuerdo Nº202/13, por mediar exceso al reglamentar el Art. 5 de la Ley 5128, (que establece la administración de los fondos de regalías mineras por parte de los Municipios), infringiendo -en consecuencia- el Art.31 de la Constitución Nacional y los Arts.244 y 252, inc.12, de la Constitución Provincial y 123 de la Constitución Nacional afectando la autonomía municipal.

Con respecto al procedimiento que debe imprimirse a la causa, al carecer de legislación adjetiva en la provincia y en cumplimiento de la manda constitucional de que los jueces deben arbitrar las normas necesarias a fin de poner en movimiento el procedimiento que garantice los derechos de los habitantes de la provincia, (Art. 39 de la CP), por vía de precedentes jurisprudenciales se ha establecido que corresponde la aplicación de las normas de un proceso de conocimiento de los existentes en nuestro ordenamiento procesal, concretamente las previsiones normativas de la acción contencioso administrativa de plena jurisdicción por tratarse de una acción generada por normas provinciales, y, a los fines de garantizar el debido proceso, el derecho de defensa y el derecho de igualdad de las partes.

Por ello, normas legales citadas y oído el Ministerio Público., me pronuncio por la procedencia formal de la acción autónoma de inconstitucionalidad, que debe tramitarse conforme se resuelve en los considerandos.

(Del voto de la Dra. Sesto de Leiva, por la mayoría)
Transporte de carga, transporte terrestre, robo con armas
Materia: COMERCIAL
Carátula: MAPFRE  ARGENTINA  SEGUROS  S.A. c/ GARCIA  TRANSPORTES SRL s/ FALTANTE Y/O AVERIA DE CARGA TRANSP. TERRESTRE.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-14

Esta Cámara ha afirmado desde antiguo que el robo a mano armada perpetrado por terceros puede tener el alcance de la fuerza mayor, cuando concurran sus presupuestos de inevitabilidad, irresistibilidad y falta de culpa del deudor (confr. Sala 1, causa 5838 del 15/12/1977; causa 8709 del 18/9/1979; Sala 2, causa 18.278/96 del 14/6/2001, entre otros). Estos requisitos - el carácter de imprevisible y que la situación no sea imputable al deudor a título de culpa - obliga a que la empresa transportista demandada deba acreditar en el juicio qué medidas adoptó para prevenir y evitar la concreción de esa clase de sustracciones. Así, también es línea jurisprudencial firme la que sostiene que las deficiencias de seguridad que facilitan la consumación de un robo no pueden liberar de responsabilidad a la empresa acarreadora, bajo el amparo del "carácter irresistible" de la agresión (confr. esta Sala, causa n° 9226/92 del 29/2/96; Sala II, causa n° 5391/98 del 20/11/01; Sala III, causa "Royal Sun Alliance S.A. c/Transfarmaco S.A., del 11/5/2006, publicada en la Ley 2006-E-p. 162 y ss.).
Defensa del consumidor, daños al consumidor, daño moral
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Sosa, Juan Alberto c/ Frávega S.A.C.I.E.I. s/ daños y perjuicios y daño moral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2024-06-11

El reclamo por daño moral debe ser procedente, pues teniendo en cuenta que el bien adquirido poseía un defecto y contaba con garantía legal vigente, la conducta adecuada del proveedor debió ser brindar una solución adecuada al consumidor para evitar la frustración de las legítimas expectativas, sea extrajudicialmente por la propia empresa o bien una vez convocada por la autoridad de aplicación en defensa del consumidor; o bien, judicialmente, una vez presentada la demanda.
Menores, corrupción
Materia: PENAL
Carátula: ADA V. MIRANDA Y OTROS c/ MIRANDA, PEDRO ANTONIO s/ CORRUPCION DE MENORES CORRUPCION DE MENORES
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2001-12-28

Son actos perversos, que depravan a las víctimas en su aspecto fisicopsíquico, el sacarles fotografías pornográficas y luego mostrárselas. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Trabajadores rurales, obligaciones solidarias
Materia: LABORAL
Carátula: Ramos, Silvia Del Carmen c/ Cacace, Bruno Roberto s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2015-02-02

El propietario del inmueble rural no resulta solidariamente responsable con el encargado del mismo respecto al obrero contratado por este último -art. 9 de la Ley 22.248- pues el trabajador estaba vinculado laboralmente sólo con el encargado, y no con el propietario, quien no se beneficio de sus tareas y de quien no recibió ni órdenes ni pago alguno.