Proceso penal, prisión preventiva, prisión domiciliaria, cuestiones procesales, inadmisibilidad del recurso, dictamen fiscal, coronavirus, inexistencia de cuestión federal suficiente, condena penal, prisión perpetua
Materia: PENAL
Carátula: Astiz, Alfredo Ignacio s/ recurso de casación c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-03

Corresponde declarar inadmisible el recurso toda vez que la defensa se ha limitado a invocar de un modo genérico, "defectos" de fundamentación en la resolución impugnada, a partir de su discrepancia sobre la interpretación de circunstancias del caso que el a quo consideró relevantes para rechazar la modalidad de encierro pretendida por el impugnante. En el caso de Astiz, según lo pautado por el Ministerio de Salud de la Nación, su edad -68 años- y a causa de las patologías que registra su ficha nosológica (cáncer de próstata -en tratamiento), encuadraría genéricamente dentro de la población de riesgo. Por ello, también aparece incluido en el listado de la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal, denominado "Población penal alojada. Informe en relación a (COVID-19)". Sin embargo, aún cuando las circunstancias personales lo sitúen en una hipotética y genérica situación de peligro, la sola pertenencia a un grupo de riesgo no configura per se, un supuesto de peligro concreto que amerite la concesión del instituto. Dicho peligro efectivo se presentaría cuando se advierta una proximidad concreta e inminente de grave afectación a la salud e integridad psicofísica del interno -en los términos de la emergencia sanitaria-, circunstancia que debe ser invocada y demostrada por quien la alega, extremo que no fue cumplido en el caso. Si se repara en el contenido del informe médico y en los mecanismos preventivos y sanitarios adoptados dentro de la unidad carcelaria, se advierte que guardan adecuado correlato con los criterios sugeridos en las Acordadas N° 3/20 y 9/20 de este cuerpo. Por otra parte, Astiz registra dos condenas-una de las cuales no se encuentra firme- (a la pena de prisión perpetua) por delitos de lesa humanidad. Las referidas condiciones se revelan incompatibles con los supuestos contemplados en el punto 2do. de la Acordada 9/20, y, por la entidad de los delitos, cobra particular relevancia lo dispuesto en el pto. 3. A todo evento, corresponde encomendar al tribunal a quo que disponga lo pertinente para que la unidad carcelaria arbitre los medios necesarios tendientes a dar cumplimiento y a extremar las medidas de prevención, salud e higiene. El voto concurrente remarcó que no se ha mostrado eficazmente que la decisión se haya apartado de los estándares de proporcionalidad, que disciplinan la cuestión. Pues, la ponderación asume, por un lado, la extensión de la sanción impuesta, el título de atribución de los hechos y el tiempo cumplido en detención y, por el otro, los riesgos para la salud del acusado. La disidencia entendió que, encontrándose vinculada prima facie una cuestión de naturaleza federal, ha de llevarse adelante la audiencia prevista por el art. 465 bis del ceremonial, lo que de ningún modo importa anticipar criterio sobre la materia impugnada. Magüer lo señalado, puso de resalto que "en los alcances de la Acordada N° 9/20 de esta Cámara, operan en la especie pautas de estricta ponderación que exigen 'meritar con extrema prudencia y carácter sumamente restrictivo la aplicabilidad de estas disposiciones en supuestos de delitos graves, conforme normas constitucionales, convencionales y de derecho interno, según la interpretación que el órgano jurisdiccional haga en cada caso'" (Vid. punto 3). También, que la instrumentación de medidas alternativas desde el basamento humanitario en respuesta al llamamiento formulado por múltiples organizaciones internacionales, debe guardar un criterio racional y ordenado, y tener alcance restrictivo frente a atentados de gravedad -como los de mayor magnitud, tal como encierra la especie- en donde, además, cabe considerar especialmente la posición de las víctimas. A la vez, en el marco de las directrices establecidas en aquel compendio, se ha recalcado que "las evaluaciones en cada caso deberían determinar si es posible proteger su salud si permanecen detenidas y considerar factores como el tiempo de pena cumplido y la gravedad del delito o la existencia de riesgos procesales y el plazo de la detención, para los procesados" (ibidem, punto 2. f). En ese orden resaltó que las patologías que presenta Astiz están siendo abordadas en la actualidad, bajo control y adecuado tratamiento con los cuidados que se le brindan en el ámbito carcelario y que el sector donde está alojado se encuentra subpoblado, de acuerdo a lo que surge del informe del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Finalmente recordó que Astiz -de 68 años de edad y siquiera reúne la exigencia etaria (cfr. arts. 10, inc. "d" del CP y 32, inc. "d" de la Ley 24.660)- se encuentra condenado -por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada- a la pena de prisión perpetua en el marco la causa "ESMA" (N° 1270 y acumuladas) y se ha impuesto la misma sanción en el marco de "ESMA Unificada" (N° 1282 y acumuladas, cuya revisión se encuentra a estudio de esta Sala), por hechos encuadrados como crímenes de lesa humanidad, y que damnificaron a más de 350 víctimas. En consecuencia, concluyó que no puede prescindirse de una ponderación de las distintas pautas aquí asentadas, a fin de ajustarse a los compromisos internacionales asumidos por el estado argentino, en particular, el que llama a erradicar la impunidad. Dres. Mahiques, Yacobucci -voto concurrente- y Slokar -en disidencia-.