Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-11-19


FRACCHIA Y CHASSET S.R.L. contra MUNICIPALIDAD DE ROSARIO Reg.: A y S t 193 p 291-299.

En la ciudad de Santa Fe, a los diecinueve días del mes de noviembre del año dos mil tres, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Roberto Héctor Falistocco, María Angélica Gastaldi, Mario Luis Netri y Eduardo Guillermo Spuler, con la presidencia del titular doctor Rafael Francisco Gutiérrez, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "FRACCHIA Y CHASSET S.R.L. contra MUNICIPALIDAD DE ROSARIO sobre RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN" (Expte. C.S.J. n 252, año 1982), de conformidad con el acuerdo celebrado el día doce del corriente mes y año.

A la primera cuestión: -¿es procedente el recurso interpuesto?-, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo:

1. "Fracchia y Chasset S.R.L." promueve -por apoderados- recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción contra la Municipalidad de Rosario con el fin de que se la condene al pago de los certificados de mayores costos que arrojan la suma de $56.261.389, con más sus intereses, costas y la incidencia por desvalorización monetaria hasta la fecha del pago, con los fundamentos que a continuación expone.

En su escrito de demanda la actora relata que, siendo una empresa dedicada a la construcción de estructuras metálicas, suscribió con la Municipalidad de Rosario un contrato de licitación para efectuar una obra pública consistente en la construcción e instalación de un tinglado para secado, y galpón para mantenimiento -Planta Industrializadora de Residuos Domiciliarios-.

Prosigue diciendo que por decreto 47.287 de fecha 9.3.1973 se resolvió la licitación adjudicándole la obra, procediendose a la firma del mencionado contrato de obra pública en 24.5.1973, cuya cláusula 3 fijó un plazo de ejecución de dos meses corridos, y dado que la suscripción del Acta de iniciación de los trabajos tuvo lugar recién el 6.5.1974, se computó a partir de ese día el plazo de ejecución recién mencionado (dos meses corridos), venciendo por tanto, el 6.7.1974.

Narra que en sucesivas notas enviadas a la Municipalidad a partir del 17.6.1974 con el objeto de comunicar la marcha de los trabajos, le informó que los mismos se desarrollarían en forma más lenta que la prevista debido a la escaséz de materiales en general, especialmente chapas galvanizadas, hierro de construcción y cemento portland.

El 1.4.1975, prosigue, envió una quinta carta solicitando que no se le aplique la obligatoriedad del Plan de trabajos de la obra de referencia de dos meses corridos, en virtud de los motivos expuestos en las cuatro notas anteriores (enviadas los días 17.6; 21.10; y 26.11 de 1974 y 24.2.1975) por la imposibilidad de conseguir la totalidad de materiales, lo que importó infactibilidad de ejecutarla en el tiempo por fuerza mayor.

Ello, manifiesta, fue expuesto en los informes presentados al Inspector de la obra.

La empresa actora sigue detallando que, el 12.5.1975 se labró Acta de Recepción, donde se hizo constar que los trabajos estaban en condiciones adecuadas para su recepción y habilitación; expresando también que el galpón de secado fue habilitado en octubre de 1974, y el de mantenimiento se encontraba en condiciones de habilitarse con fecha anterior al Acta.

Agrega que, el 19.5.1976, por requerimiento de la Municipalidad, remitió una sexta nota adjuntando un nuevo Plan de trabajos en reemplazo del presentado anteriormente a fin de adaptarlo ex post facto a las modificaciones introducidas en el Plan original; y el 30.9.1976 solicitó recepción final junto a la devolución del depósito de garantía.

Narra que a los certificados de variaciones de costos fueron presentados a mediados de 1975, pero sellados por la Municipalidad recién el 20.9.1976, nunca fueron observados, mediando su aceptación de conformidad al apartado 6 del artículo 35 del Pliego, ni nunca la citaron para suscribirlos.

Ello, expone, dio lugar a la presentación de prontos despacho y actualización el 29.11.1977 y 23.9.1979, que a la fecha no han tenido respuesta, por lo que el 7.5.1981 interpuso recurso jerárquico, también sin respuesta, importando la denegación tácita de la aprobación de los certificados y su consiguiente pago.

Remarca que cumplió con la entrega de la obra, la que fue recibida por la Municipalidad, encontrándose ésta en uso y goce de la misma desde hace más de seis años.

Pero los mayores costos por el desabastecimiento fueron soportados y lo siguen siendo sólo por la actora, por la desconsiderada morosidad burocrática de la demandada, quien no ha aprobado pero tampoco rechazado, ni siquiera observado, los certificados presentados, dejándola sin percibir el pago, ni tener la oportunidad de discutir ni demostrar la exactitud de sus cálculos.

Esa actitud por parte del ente territorial, afirma, ocasiona la imposibilidad de proseguir el procedimiento administrativo produciendo su indefensión como administrado, lo que, sumado a la omisión ilegítima o arbitraria de dictamen de las oficinas técnicas (los que constituyen un presupuesto ineludible de la expresión de la voluntad administrativa), operan como valla definitiva al curso de la petición, salvo que mediante recurso jerárquico, o fracasado éste, el contencioso administrativo, pueda salvarse el obstáculo creado por el funcionario inferior.

Solicita, en definitiva, se haga lugar al recurso.

2. Declarada por Presidencia la admisibilidad del recurso interpuesto (f. 51), comparece la Provincia de Santa Fe (f. 60) y contesta la demanda (fs. 64/66).

En el escrito de responde niega en especial que le asista a la actora el derecho a percibir la suma que expresa en la demanda; que corresponda abonarle mayores costos en la forma que peticiona; y que sean de aplicación al caso los índices de reajuste que utiliza para el cálculo ni que corresponda indexación.

Por otra parte, reconoce que la actora resultó adjudicataria de la obra pública que expresa en la demanda y que efectivamente recibió las mencionadas notas enviadas.

En 19.5.1976, puntualiza, la actora solicitó la aprobación de un nuevo Plan de trabajos, el que previo dictamen de las oficinas técnicas originó la resolución del Intendente de fecha 24.8.1976 por la cual se ampliaba el plazo de la obra en 265 días, y se aprobaba el nuevo Plan de trabajo.

Ella expresaba, agrega, que el reconocimiento de mayores costos se efectuaría exclusivamente por los meses en que realmente se efectuaron los trabajos, siendo notificada a la empresa actora el 28.9.1976.

Prosigue diciendo que, en fecha 20.9.1976 se recepcionaron los certificados por variaciones de costos de que da cuenta la demandada, sobre los cuales no se pronunció.

Tal silencio, afirma, no puede ser considerado como aceptación tácita, sino más bien, como denegatoria tácita del reclamo, debiendo interpretarse que no se declararon procedentes.

De esta forma, expresa, la actora pretende el pago de los certificados elaborados en base a sus propios cálculos dando por sentado que reflejan la realidad; pero falta un requisito esencial para ello: la aceptación de la Administración.

La recepción de ellos no implica aceptación, paso imprescindible para evaluar la justeza del reclamo, y como la actora no se ha detenido a considerar en su demanda la justeza de los cálculos de los certificados, deberá demostrarlo para pretender su pago, sostiene.

En el recurso jerárquico, finaliza, peticionó la aprobación de los certificados, mientras que en la demanda reclama exclusivamente su pago, importando esa falta de mención sobre su aprobación una variación entre lo pedido en sede administrativa y lo solicitado mediante este recurso, lo que constituye un obstáculo para el progreso de la acción.

Entiende por tanto que, no pudiendo perseguirse el pago de certificados no aprobados (porque el silencio de la Administración debe interpretarse como rechazo de su pretensión), la actora debió haber centrado su demanda en la necesidad de aprobación de aquéllos y subsidiariamente, en caso de una resolución favorable, reclamar su pago.

Solicita, en suma, se rechace el recurso, con costas.

Abierta la causa a prueba (f. 66 vto.) y producida la que consta en el expediente, informan las partes sobre el mérito de la misma (fs. 499/503 vto. y 504/508 vto.).

Dictada (f. 509) y consentida la providencia de autos, queda la causa en estado de ser resuelta.

3. La empresa reclama el pago de las sumas adeudadas por la Municipalidad de Rosario que -entiende-, surgen de los certificados de mayores costos producidos en la obra "Planta Industrializadora de Residuos Domiciliarios", la cual finalizó, entregó, y fue recibida por la Municipalidad demandada, quien se encuentra en uso y goce de ella.

Por su parte, la accionada, niega que le corresponda abonar dicha suma en concepto de mayores costos en la forma en que peticiona la actora, sobre la base de que no aprobó los certificados que la recurrente confeccionó según sus propios cálculos, quien debió haber centrado su demanda en la necesidad de aprobación de aquéllos y subsidiariamente, en caso de resolución favorable, reclamar su pago.

De lo recién expuesto puede extraerse que el objeto del recurso en examen está constituido por la negativa de pago por parte de la Administración de los créditos que la empresa sostiene se le adeudan dentro del marco de la obra antes aludida, esto es, los montos de los certificados de mayores costos sin reconocer por parte del Municipio.

En este sentido, corresponde aclarar que la objeción formal efectuada por la demandada, en tanto existiría a su criterio una incongruencia entre lo pretendido por la empresa en sede administrativa y lo planteado en la demanda ante esta Corte, no puede ser acogida.

Ello por cuanto el reparo en cuestión no tiene en cuenta la elemental circunstancia de que la pretensión de cobro de los mayores costos presupone, necesariamente, el pedido de reconocimiento y aprobación de los mismos sobre la base de los certificados presentados en su oportunidad por la empresa.

Consecuentemente, y atento a la íntima vinculación entre ambos aspectos, no se advierte que la empresa esté planteando una pretensión diferente de la esgrimida en sede administrativa.

4. Resulta oportuno destacar que, si bien durante la tramitación de la presente causa, parte de las actuaciones administrativas se extravió, a raíz del fallecimiento del perito designado primeramente, y que la Administración no adjuntó la totalidad de las copias y demás constancias solicitadas -principalmente los expedientes correspondientes a los Pliegos de Condiciones Generales y Particulares-, tales documentaciones no resultan imprescindibles para la resolución de la causa, atento los términos en que quedó trabada la litis y las restantes probanzas obrantes en autos.

Corresponde entonces abordar la discusión central planteada, esto es, la existencia o no de deuda en cabeza de la Municipalidad en concepto de mayores costos.

Si bien no se cuenta, como ya quedó aclarado, con los pliegos respectivos y demás actuaciones, no obstante, de un esforzado cotejo e interpretación de los elementos que restan, se desprenden las siguientes conclusiones:

4.a. La obra pública en cuestión fue realizada en el marco del decreto 34.265/67, por medio del cual "el Intendente municipal decreta con fuerza de ordenanza" la norma que regirá en lo que respecta "al trámite y liquidación de las variaciones de costos emergentes de locación de obras públicas... a efectos de ampliar y agilizar todo el trámite relacionado con los certificados...".

En su artículo 1 se dispone: "Fíjase el principio de reconocimiento de Variaciones de Costos de los precios unitarios o globales de las obras..."; seguidamente, en su artículo 2 , establece las tareas que tendrá a su cargo, a tales efectos, la Dirección de Precios y Costos, dentro de las que incluye la de "estudiar y confeccionar los certificados de variaciones de costos" (art. 2, inc. 3). En su artículo 3 detalla la fórmula que habrá de aplicarse en todos los casos para la liquidación de los mayores costos; y en el 4 , establece que "las oficinas pertenecientes a Obras Públicas confeccionarán sus propios certificados de variaciones de costos aplicando la fórmula correspondiente con los elementos característicos que mensualmente suministrará la Dirección de Precios y Costos...".

El decreto de adjudicación (47.287/73) y el contrato respectivo, se efectuaron en ese marco, lo que, sumado a la resolución de la Intendencia dictada en 24.8.1976 por la cual se expresaba que "el reconocimiento de mayores costos se efectuaría exclusivamente por los meses en que realmente se efectuaran los trabajos" (según los propios términos de la demandada -f. 64 vto.-), permite a este Tribunal concluir que el reconocimiento y pago de los mayores costos estaban contemplados normativa y contractualmente en la obra de referencia.

4.b. Dicho esto, cabe ahora destacar que la Municipalidad demandada no niega, ni en sede administrativa, ni en su escrito de responde, ni en ninguna otra etapa procesal, que la empresa haya confeccionado y entregado los certificados de mayores costos y que ella los haya recibido -aunque enfatiza que esto no importa aceptación, requisito básico imprescindible para su reconocimiento y pago-; y que, efectivamente, se le adeuden a la empresa actora mayores costos por la obra realizada.

La misma Municipalidad reconoce, en este sentido, que en la resolución de la Intendencia (del 24.8.1976) en la que se ampliaba el plazo de la obra en 265 días y se aprobaba un nuevo plan de trabajos, se expresaba que "el reconocimiento de mayores costos se efectuaría exclusivamente por los meses en que realmente se efectuaron los trabajos" (f. 64 vto.).

De lo recién expuesto surge -como fue dicho anteriormente-, que el reconocimiento de los mayores costos se encontraba contemplado en la obra pública en cuestión, y que esto no ha sido negado por la demandada.

Lo cierto es que, para su efectiva procedencia, deben darse requisitos fácticos determinados y, para su cálculo y liquidación, se establecen el método, los elementos a tener en cuenta y el órgano emisor de los certificados que los reconocían ("las oficinas pertenecientes a Obras Públicas confeccionarán sus propios certificados de variación de costos", art. 4 del decreto 34.265/67).

Esto fue admitido por la Municipalidad demandada, quien omite la negativa expresa respecto a que en el caso concurran las condiciones que -contractual y normativamente- la colocan en la obligación de reconocer y abonar los mayores costos de la obra, los que tampoco niega que se hayan producido ni que hayan sido soportados en su totalidad por la empresa.

Ante ello, la sola actitud de guardar silencio frente a los cálculos presentados por la recurrente, haciendo incapié en el error en el que incurrió la actora al confeccionarlos y en el efecto denegatorio de la no aceptación de los certificados, no aparece suficiente a los fines de fundar la improcedencia del reconocimiento del rubro que nos ocupa.

4.c. De la pericia producida a fojas 214/215 de autos, surge que de acuerdo al plan de trabajos de obra realmente ejecutada aprobado por resolución municipal del 24.8.1976, correspondieron certificarse los trabajos realizados en los meses de mayo, junio, julio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 1974, y enero y marzo de 1975 (es decir, nueve certificados).

Asímismo, a fojas 335/354, se encuentra agregado el expediente 23.188-J-96, el que contiene copia del decreto de adjudicación de la obra 47.287/73, y de los nueve certificados de obra, del uno hasta el nueve (final) inclusive, con sus respectivas liquidaciones.

En la pericia mencionada ut supra se destaca también, que el artículo 4 del decreto 34.265 transcripto en la circular 167 (fs. 210/213), pone en cabeza de las oficinas pertenecientes a Obras Públicas la confección de "sus propios certificados de variaciones de costos aplicando la fórmula correspondiente con los elementos característicos que mensualmente suministrará la Dirección de Precios y Costos... dentro de los 10 días subsiguientes a la elevación de los certificados de reajuste final en el momento de aprobar la planilla del mes correspondiente".

Lo propio fue confirmado por la misma Administración, quien en oportunidad de informar sobre el mérito de la causa afirmó que los certificados son siempre emitidos por ella, y nunca por el particular, y que el hecho de que en esta ocasión no los haya emitido significa que no hay reconocimiento de crédito en favor de la contratista (f. 505).

Ante el fallecimiento del perito interviniente en primer término (con la consiguiente pérdida de toda la documentación que se encontraba en su poder, y ante la imposibilidad expresada por la Municipalidad de conseguir copias de los elementos necesarios a los fines de dictaminar), se nombra nuevo perito, el que al expedirse en su informe de foja 481 y vuelto, concluye en la existencia de deuda a favor de la empresa actora en concepto de mayores costos por la obra en cuestión, que ascendería a $128.090,83, cifra que luego de la ampliación aclaratoria de pericia de foja 491, se redujo a $112.102,96.

4.d. Más allá del análisis y objeciones que a posteriori se habrán de realizar sobre los métodos de cálculo, cifras bases, montos o demás elementos utilizados por el profesional para la elaboración del informe técnico que le fue encomendado, lo cierto es que, surge claramente, en consonancia con los restantes elementos de la causa que aún se conservan en el expediente, que la obra fue ejecutada en un plazo diferente del establecido en primer término (nuevo plan aprobado por la Municipalidad -f. 31-), produciéndose una modificación en la ecuación financiera del contrato original, y que los mayores costos originados fueron soportados solamente por la contratista.

En punto a ello, y en referencia a la exactitud o no de los cálculos efectuados por la empresa en la confección que ella misma hizo de los certificados de mayores costos, también ha quedado demostrado (lo que tampoco fue negado por la Municipalidad) el incumplimiento de una obligación fundamental por parte de las oficinas de Obras Públicas, consistente en la no emisión de sus propios certificados, ni la observación o corrección concreta de los que en su oportunidad le fueron presentados por la recurrente.

En consecuencia, cabe concluir que asiste razón a la empresa actora en cuanto a la existencia de saldos sin cancelar en su favor correspondientes a los mayores costos producidos dentro del contrato de obra pública aquí analizado.

5.a. No obstante, es necesario efectuar algunas consideraciones en cuanto a la determinación del monto a que asciende la deuda del Municipio con la recurrente, adelantando que, en referencia a los importes que corresponden al reconocimiento de los mayores costos, no habrán de ajustarse a las cifras liquidadas por el perito.

En ese sentido, de un detenido cotejo de los términos de la pericial rendida en autos a fojas 481/vuelto, y 491 -especialmente- con las distintas constancias y actuaciones administrativas agregadas a la causa, surgen elementos que poseen, indudablemente, una notoria incidencia sobre el punto ahora en análisis.

En primer lugar cabe destacar que, de conformidad al ofrecimiento de prueba que realiza la parte actora a foja 72, la designación de perito se realizó a fin de que éste dictamine si: "a) los certificados de mayores costos en que se funda la demanda fueron correctamente confeccionados, de acuerdo con los plazos transcurridos y las variaciones de precios producidas en su momento y conforme a la técnica a aplicarse en el contrato de obra en cuestión, y en caso de haberse incurrido en errores, cuál sería la formulación correcta de dichos certificados; b) sobre el monto de actualización que corresponde aplicar sobre las mismas cifras a la fecha de la demanda; y c) sobre el monto actualizado según la misma técnica a la fecha de la pericia".

No obstante resultar claro que lo que debió hacer el perito es corroborar la exactitud o no de los certificados de variaciones de costos presentados por la parte actora, cuyo pago se reclama, debe destacarse que omitió tal cuestión y dándolos por correctos, los tomó como base de cálculo y los utilizó para efectuar cálculos no pedidos, arribando de esta forma a resultados que en nada contribuye analizar.

Por otra parte, el cálculo porcentual que efectúa tampoco se corresponde con lo que le fue encomendado, puesto que, al fijar el monto actualizado de lo pagado y calcular cuál es el porcentaje que representa sobre esta cifra la suma originariamente percibida por la empresa, no llega a concluir de manera certera cuánto queda por pagar.

Respecto de los índices utilizados (INDEC Gran Buenos Aries, y Capital Federal para la Construcción) puede sostenerse que resultan, en principio, pertinentes, aunque luego la operatoria que aplica no arroja resultados útiles a la causa. A ello debe agregarse que -como se dijo anteriormente- los índices a tomar en cuenta debieron haber sido los contenidos en las planillas que la propia Municipalidad confeccionaba; empero, aquéllas no pudieron ser incorporadas al expediente en esta última etapa.

Resulta desacertada del mismo modo, la ampliación de pericia obrante a foja 491.

En este caso, también yerra en la operatoria por cuanto genera una deuda que no es materia de reclamo, al incluir en el cómputo una actualización que realiza sobre el monto efectivamente pagado, con relación a la fecha de pago (lo que por otra parte, fue criticado con acierto por la Municipalidad en su informe sobre el mérito de la causa).

Tampoco puede considerarse correcta la extensión temporal tenida en cuenta a los efectos de las actualizaciones realizadas, por cuanto va más allá de lo autorizado por la ley nacional 23.928.

Ello significa que la metodología seguida en las pericias para la determinación de la deuda, que reconocen existe, no se ajusta debidamente a los procedimientos propios que debieron ser tenidos en cuenta a tales fines de conformidad al objeto pericial encomendado.

Como consecuencia de todo lo expuesto debe concluirse que el monto de deuda determinado en la pericia no puede ser considerado a efectos de precisar el 'quantum' de lo debido por la Municipalidad a la empresa actora.

Lo que sí surge claro es que, del análisis de los certificados de variaciones de costos presentados por la empresa recurrente, los elementos utilizados para el cálculo de los mismos son correctos; esto es: la fórmula polinómica es la que establece el decreto 34.265/67; los montos sobre los que calcula los rubros son los que surgen de los certificados de obra aprobados y abonados por la Municipalidad; los meses por los que dichos certificados son emitidos corresponden a los meses efectivamente trabajados y en la proporción en que cada trabajo fue ejecutado (por cuanto se corresponden con los certificados de obra previamente mencionados y con el nuevo plan de trabajos aprobado por la demandada el 24.8.1976 -f. 31-).

El punto que no puede corroborarse en igual modo, es el relativo a si los índices utilizados en dicha fórmula por la actora se corresponden con las planillas de precios confeccionadas por la Dirección de Precios y Costos de la Municipalidad, de las cuales surgirían (según decreto 34.365/67) los aumentos de precios para calcular dichos índices, y al no constar en autos ni en originales ni copias, ni entenderse en modo alguno de los dichos de la demandada cuáles serían éstos, queda sólo por realizar un control de referencia.

El mismo consiste en aplicar, con los mismos elementos antes mencionados, los índices del INDEC para la Construcción, arrojando dicha operatoria un número mayor al calculado por la actora en tales certificados.

Ello lleva razonablemente a inferir que los utilizados por la empresa han sido los índices oficiales aplicables al contrato y, en caso de no ser así, han sido menores a los de la Construcción.

Por otra parte no han sido objetados fundadamente por la Municipalidad, quien no ha siquiera intentado demostrar de manera eficaz su incorrección (vale reiterar, ni en esta sede, ni en sede administrativa).

5.b. La suma adeudada deberá calcularse, por tanto, en la etapa de ejecución de esta sentencia, teniendo en cuenta que la corrección de los cálculos efectuados por la actora al confeccionar los certificados de variaciones de costos presentados no ha sido desvirtuada eficientemente por la demandada, ni refutada por las pericias realizadas.

La cifra así obtenida deberá actualizarse en legal forma hasta el 31.3.1991 (arts. 1, 7 y 13, ley 23.928), con más un interés del 6% anual (sobre valores actualizados) desde la fecha en que los certificados debieron ser abonados y hasta el 31.3.1991.

De allí en más deberá computarse la tasa pasiva promedio mencionada en el artículo 10 del decreto nacional 941/91 o la que en su caso se demuestre pueda corresponder. 6. Lo precedentemente expuesto hace que la solicitud de aplicación de la ley 24.283 formulada por la demandada, no pueda ser analizada en esta etapa del proceso.

En efecto, y de conformidad a lo dispuesto por este Cuerpo en el precedente "Vialco" (A. y S. T. 177, pág. 441), la ausencia al momento del dictado de la presente de una cantidad líquida y determinada de la deuda del Municipio trae aparejada la imposibilidad de establecer la comparación a que hace alusión la Ley de Desindexación entre lo que se manda a pagar y el valor actual y real de la cosa, bien o prestación al que refirió el objeto del juicio.

Por tanto, el planteo de la demandada deberá ser tenido en cuenta en la etapa procesal oportuna, lo que así corresponde declarar.

En cuanto a las costas, corresponde diferir su imposición hasta tanto se efectúen las liquidaciones correspondientes.

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión los señores Ministros doctores Falistocco, Netri y Spuler, y el señor Presidente doctor Gutiérrez, votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión -en consecuencia ¿qué resolución corresponde dictar?-, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo:

Atento el resultado obtenido al tratar la cuestión anterior, corresponde declarar procedente el recurso interpuesto, con el alcance que surge de los considerandos precedentes y, en consecuencia, hacer lugar al reconocimiento de lo reclamado en concepto de mayores costos de la manera indicada en el considerando 5.b., condenando a la demandada a pagar, en legal forma, a la parte actora la suma que arroje la liquidación que deberá practicarse en la etapa de ejecución en un plazo no mayor de 20 días de quedar firme la presente sentencia.

Diferir la imposición de costas hasta tanto se efectúen las liquidaciones correspondientes.

A la misma cuestión los señores Ministros doctores Falistocco, Netri y Spuler, y el señor Presidente doctor Gutiérrez, dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por la señora Ministra doctora Gastaldi, y así votaron.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ:

declarar procedente el recurso interpuesto, con el alcance que surge de los considerandos precedentes y, en consecuencia, hacer lugar al reconocimiento de lo reclamado en concepto de mayores costos de la manera indicada en el considerando 5.b., condenando a la demandada a pagar, en legal forma, a la parte actora la suma que arroje la liquidación que deberá practicarse en la etapa de ejecución, en el plazo de 20 días de quedar firme la presente sentencia. Dichas sumas deberán ser actualizadas en legal forma hasta el 31 de marzo de 1991 (arts. 1, 7 y 13, ley 23928), con más un interés del 6% anual (sobre valores actualizados), desde la fecha de los certificados hasta el 31.3.1991. De allí en más deberá computarse la tasa pasiva promedio mencionada en el artículo 10 del decreto nacional 941/91 o la que en su caso se demuestre pueda corresponder. Diferir la imposición de costas hasta tanto se efectúen las liquidaciones correspondientes.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros, por ante mí, doy fe.

Fdo.:GUTIERREZ-FALISTOCCO-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)