Tribunal: CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2008-08-12


Salta, 12 de agosto de 2008.

VISTOS: estos autos caratulados FARFÁN ERICA GABRIELA c. CHAMORRO, JOSÉ FERNANDO - ORDINARIO" expte de Cámara nº 19619/04, originario del Juzgado de Primera Instancia del Trabajo nº 4, expte. nº 9262/04 a fin de resolver sobre la admisibilidad formal del recurso de inconstitucionalidad incoado a fs. 305/310.

_____________CONSIDERANDO _El Dr. Figueroa dijo: el Dr. José Chamorro, con el patrocinio letrado del Dr. John Grover Dorado, comparece a deducir recurso de inconstitucionalidad contra la sentencia de fs. 292/296, que rechazó en general el recurso de su parte. haciendole lugar sólo en relación a la tasa de interés aplicable. Indica que el mismo es procedente, ya que fue incoado contra una sentencia definitiva y fue sostenida oportunamente la correspondiente reserva (fs. 254/255 vta y 257/263 vta).

__ Señala, que la sentencia es contraria a las Constituciones nacional y provincial y vulnera los principios de libertad, de defensa, de legalidad, de jerarquía de las normas, de propiedad y la garantía de protección al trabajo, siendo arbitraria, por asumir el juzgador el papel de legislador y prescindir de textos legales, imponiendo una exigencia no prevista en la norma. Se basa en afirmaciones dogmáticas que revelan su apoyo en la voluntad del juzgador. Relata los antecedentes fácticos y procesales de este proceso y sostiene que la Sala rechazó su apelación, fundándose en la circunstancia de que sus agravios, constituían temas que no habían sido incorporados a la litis y que ello impedía su pronunciamiento en la Alzada (art. 271 CPCC).

Manifiesta que el art. 919 C.C., al referirse al silencio, es una expresión de la garantía del art. 19 CN y que se verifica una excepción en el art. 356 in. 1 CPCC, respecto de las cuestiones fácticas de una demanda. Considera que su parte, jamás tuvo la obligación de negar el derecho invocado por la actora, que el juez decide aún en caso de no invocarse el Derecho, que es inconstitucional considerar que era deber del demandado expedirse en cuestiones en las que no le era exigido por la ley y que fue condenado sin ley que lo obligue a reconocer o desconocer la norma invocada por la contraria. Por lo demás, del art. 39 y 90 CPL se excluyen en el proceso laboral los art. 330 inc. 5 y art. 356 inc. 2 y 3 CPCC por lo que el tribunal de segunda instancia no puede violar las normas citadas, suponiendo que su parte no cumplió esa aparente obligación. Recuerda que en el proceso laboral, rige la oficiosidad no sólo para las normas sino para fallar incluso ultrapetita respecto las cantidades reclamadass odo ello, sin que se deje de merituar la irrenunciabilidad de los derechos laborales.

Opina que es evidente la arbitrariedad, cuando el tribunal transgrede las normas citadas con una interpretación caprichosa y que bajo esa óptica debería llegar a rechazarse una demanda, cuando el trabajador no invocó una norma o CCT expreso.

Puntualiza que un convenio colectivo de trabajo no es un hecho sujeto a pruebas por alguna de las partes, sino que es fuente de derecho y de aplicación obligatoria por el juzgador, con independencia de su invocación. Insiste en que la sentencia es contraria a la Constitución, porque ha ignorado la ley de fondo. Aplica un convenio ajeno al demandado, sin ponderarse la falta de representatividad de las partes -el demandado- en el CCT Nº 160/75. Cuenta que despliega actividad en un estudio jurídico y que no se encuentra representado por las distintas entidades firmantes del convenio (a las que individualiza) y que la sentencia que convalidó la aplicación del CCT 160/75 a estudios jurídicos es notoriamente violatoria de la Constitución y de la ley 14250 que, modificada por la 25877, rigen a los CCT.

Añade que corresponden idénticos argumentos de inconstitucio- nalidad de la sentencia recurrida, por ilegalidad, en la parte que ratifica la condena al pago de los decretos 1273/02, 2641/02, 905/03. Ello por cuanto en su art. 1 excluyeron de su aplicación a trabajadores del sector privado que no se encuentren comprendidos en el CCT.

Además de las normas citadas, considera que con la aplicación analógica del CCT 160/75, se ha transgredido también los arts. 16 LCT y 31 CN. Además, la desprotección al empleador causada por argumentos carentes de sustento jurídico, no hace más que violentar la existencia misma del trabajo, afectando a la comunidad en su conjunto.

Efectuado el necesario control de admisibilidad, apunto que el recurso que nos ocupa requiere de un doble juicio, de admisibilidad y de fundabilidad, advirtiéndose que la no superación de uno de ellos, acarrea su rechazo. ____________________________________________________ Si bien el recurso fue interpuesto en tiempo propio, se hizo oportuna reserva y fue incoado contra un decisorio que decide definitivamente la cuestión en tratamiento, considero que en cuanto a su fundabilidad no puede prosperar, toda vez que no se configuran los recaudos requeridos para su concesión.___________________________________________________ Efectivamente, el planteo de inconstitucionalidad es aparente, ya que el escrito evidencia sólo disconformidad con el resultado adverso a sus pretensiones. Recordemos que el propósito de este especial recurso, no es corregir fallos equivocados o que el recurrente estime como tales, sino demostrar un caso constitucional. Y es el propio recurrente, quien tiene la carga procesal de demostrar que existe una relación directa e inmediata, entre la materia del pleito y la invocada cuestión constitucional ( Cfr. CSJN, Fallos, 300:443, 306:947). Ello no se satisface con la simple alegación genérica de lesión de determinadas garantías de la Constitución, sino que es preciso demostrar de qué manera especifica, concreta y puntual, se ha operado efectivamente tal violación o afrenta constitucional. Ello así, por cuanto esta vía impugnaticia esta dirigida a un objetivo puntual y restringido, cual es reparar agravios constitucionales.

El escrito recursivo relata y refiere a las cuestiones ya resueltas y no plantea (como lo exige el especialísimo remedio que impetra) una real cuestión constitucional. Si bien se pretende señalar causales de arbitrariedad normativa o fáctica, los argumentos formulados son una reiteración que refiere a la valoración ya efectuada en el fallo en relación a las cuestiones de hecho, de las prueba y del derecho común aplicable. Y estas cuestiones, como tales, resultan ajenas del recurso extraordinario. Así lo ha sostenido esta Sala al decir ni las cuestiones procesales, ni las de hecho, prueba o Derecho común, son aptas para abrir la instancia extraordinaria. Asimismo, lo atinente a la interpretación y aplicación de normas de carácter procesal local, es materia privativa de los jueces de la causa e irrevisable por esta vía de excepción, salvo supuestos de arbitrariedad " (Flores s. Cremer 26/8/03).

En el mismo sentido, la Corte de Justicia Local dijo que " es improcedente el recurso extraordinario deducido contra la sentencia que resuelve cuestiones de derecho procesal y común con argumentos suficientes que más allá de su acierto o error, le confieren validez como acto judicial (2/6/04 T. 92 181/188) y que el rol de la Corte de Justicia está centrado en el control de la vigencia de las garantías constitucionales, pero bajo ningún concepto, abre una nueva instancia ordinaria, donde puedan discutirse decisiones, que se estimen equivocadas". (T. 101:283/290, 23-12-05).

Por lo expuesto voto por la denegatoria del recurso deducido._____ _______ El Dr. Froilán Miranda, vota en el mismo sentido.

_______ Por tales razones, la Sala I de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, __________________RESUELVE I) Denegar el recurso de fs. 305/10.

________II) Mandar registrar, notificar y estar a lo ordenado en el punto IV in fine de fs. 296.