marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Concursos, honorarios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sindicatura c/ Alvarez Gallesio, Jorge José y otros s/ Revocatoria concursal
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-11-15

Tratándose de las regulaciones de honorarios de los letrados de un tercero demandado por el concurso, el cálculo de sus emolumentos debe hacerse con sujeción a lo establecido en la ley arancelaria local.-
Delito culposo, responsabilidad concurrente
Materia: PENAL
Carátula: Juan C. De Gaetani s/ Lesiones graves culposas. Colón.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-05-31

La demostración de la culpa de la víctima tendría relevancia sólo en caso de que fuera causa única y excluyente para la producción del siniestro.
Daños y perjuicios, indemnización, relación de causalidad, intervención quirúrgica
Materia: CIVIL
Carátula: SUAREZ DE YÑARRA SOLER ROSA MERCEDES c/ TUTUNDJIAN SIMON s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-06-05

Para analizar la procedencia de la indemnización por la agravación del daño, debe establecerse la relación de causalidad que guarda el perjuicio con el hecho dañoso, situándose fuera del contenido de los daños las variaciones que no tienen relación de casualidad con la circunstancia desencadenante.

Para que la conexión sea adecuada entre el hecho y el resultado, es menester que exista esa misma relación entre los distintos eslabones de la cadena causal cuando el evento no se encuentra vinculado inmediatamente (conf. Brebbia, "Hechos y actos jurídicos" Bs. As., 1979 pág 98). En el supuesto de responsabilidad por daños derivados del riesgo o vicio de la cosa inanimada (art. 1113, párr. 2do, ap.

2, del Código Civil), igualmente dicha causalidad debe existir entre el hecho de la cosa y el daño sufrido por la víctima.

Esta normativa es aplicable, si quien fuera la víctima del hecho dañoso demoró sin mayor justificación la solución quirúrgica de su rodilla lesionada pues ha interrumpido el proceso causal entre el hecho y el resultado dañoso. Esa conducta sobreviniente de la víctima no sólo resulta imprevisible para el responsable sino que, además, escapa al comportamiento común de quien pretenda un remedio rápido y eficaz de la lesión padecida, y en virtud de ello la conducta de la víctima con posterioridad al hecho dañoso, ha influido en la causalidad jurídica de las consecuencias indemnizables. Siendo que esta agravación le es imputable a título de culpa porque debe poner toda la diligencia que sea adecuada para reducir la magnitud del daño debe soportar el incremento dañoso (arts. 512, 902, 904, 1111 del Cód. Civil; conf. CNFed., Sala I Civ.

y Com., J.A. 1980-I-566; CNCiv., Sala A, L.L. 151-464). CNCiv. Sala G, L. 12.853, "Suarez de Yñarra Soler Rosa Mercedes c-Tutundjian Simón s-Daños y perjuicios", del 5-6-1985.
Cargos gremiales, despido, multa administrativa, ley penal más benigna
Materia: LABORAL
Carátula: CATTANEO, PEDRO c/ BANCO DE LONDRES Y AMERICA DEL SUD s/ PRACTICA DESLEAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-28

Si el despido dispuesto por la empleadora constituye práctica desleal, la multa objeto de condena debe graduarse según lo que dispone la ley 23551 y no la ley 22105, aunque ésta fuera la vigente al momento de los hechos, pues, atento a que dicha sanción es de naturaleza penal administrativa, corresponde aplicar el principio de la ley penal más benigna establecido en el art. 2 del C.Civil.
Haber jubilatorio, actualización monetaria, índices de actualización, salario del peón industrial, índice de precios al consumidor
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: VAZQUEZ GONZALEZ, ETELVINO s/ JUBILACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-30

Descalificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación la utilización del índice salarial del peón industrial para corregir el desfasaje del haber jubilatorio, resulta viable la utilización del índice de precios al consumidor -nivel general- en tanto la aplicación de sus coeficientes no exceda el 70% del haber de actividad que le hubiese correspondido cobrar al beneficiario de haber seguido prestando servicios.
Orden de allanamiento, resoluciones judiciales, falta de firma, nulidad procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Mereles Vera de Maldonado s/ recurso de casación". Causa n. : 1107.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-04-28

Es claro que la orden de allanamiento debe ser dispuesta en un decreto por el señor juez de la causa, el que conforme los artículos 123 y 224 del ordenamiento ritual deberá ser fundado bajo pena de nulidad. Tal requisito debe observarse dentro del marco de razonabilidad y atendiendo a los fines que persiguen las normas bajo análisis, así como el interés general en el afianzamiento de la justicia. En base a las consideraciones efectuadas, debo concluir en la validez del procedimiento cuestionado en las especiales circunstancias del caso, dado que el juez decidió el allanamiento de la finca y emitió la orden correspondiente, con su rúbrica y la del actuario, y si bien omitió rubricar el decreto fundado que dispuso tal requisa en la misma fecha, ello se presenta en mi opinión como un error involuntario insuficiente para considerar nulo dicho acto. (Voto del Dr. Hornos).
Sucesiones, inventario y avalúo, bienes inmuebles, cosa juzgada, exceso ritual manifiesto, recurso de casación
Materia: CIVIL
Carátula: Terán, Juan Carlos. s/ sucesión.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-02-16

Debe rechazarse el recurso de casación interpuesto por la cesionaria de derechos hereditarios contra la sentencia que resolvió no aprobar el inventario y avalúo presentado con posterioridad, por tratarse del mismo e idéntico bien incluido en el inventario realizado por el expropiante del bien, pues no afirma que los inmuebles sean distintos, tanto menos da razones para ello, y se abroquela en la existencia de cosa juzgada formal de una sentencia anterior que determinó que los bienes no eran idénticos. Es que no puede admitirse el formalismo que, soslayando las constancias de la causa y el comportamiento procesal de las partes en ella, llegue al extremo de admitir una determinada situación jurídica (inmuebles distintos) cuando la contraria (inmueble único, identidad del bien raíz) aparece probada en autos según lo expone fundadamente la sentencia en crisis la que no ha sido atacada en el punto por el recurrente.
Querellante, rol de querellante, delito de acción pública
Materia: PENAL
Carátula: Steinvortzel, Benito s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-05-26

El derecho de querella criminal por delito de acción pública que se concede al "particularmente ofendido" por el delito, calidad ésta que es personal, no se transmite a los herederos.
Sucesiones, cargas de la sucesión, impuestos, tasas, contribuciones especiales, subasta de muebles
Materia: CIVIL
Carátula: BORAGNO EMILIA P. s/ SUCESION TESTAMENTARIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-20

La oposición a un retiro de fondos debe ser razonable y no constituir un medio de trabar innecesariamente el derecho de los restantes interesados, entorpeciendo el normal desarrollo del proceso.

El órgano jurisdiccional debe establecer, de acuerdo con los antecedentes y particularidades de cada caso, si la oposición deducida resulta o no admisible.

Cuando los fondos depositados provienen de la subasta de bienes muebles solicitada por la heredera instituida, a fin de sufragar gastos impostergables que provoca el mantenimiento de bienes integrantes del acervo (deudas por impuestos, tasas, contribuciones y servicios abonados por aquella o pendientes de pago), no parece razonable aceptar la oposición deducida por la legataria de cuota, ya que su crédito proviene de un pago respecto del cual aún no se ha determinado quien lo debe afrontar y en que medida.
Violación de secreto profesional, periodistas, portador de SIDA, nulidad de sentencia
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: HERRERA de NOBLE, Hernestina y otros s/ VIOLACION DE SECRETO PROFESIONAL:REQUISITOS;ATIPICIDAD
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-27

El art. 2, inc. c), del anexo I, del dec. 1244/91, que reglamenta la ley 23.798, sostiene que "...toda persona que por su ocupación tome conocimiento de que una persona se encuentra infectada por el virus HIV, o se enferma de S.I.D.A., tiene prohibido revelar dicha información...".

Resulta nula la resolución recurrida, ya que en ésta no se encuentran expresados los motivos por los cuales el magistrado considera que el trabajo de los periodistas no tiene la calidad de empleo, oficio o profesión que requiere el tipo objetivo del art.

156, C.P.
Concursos, recurso de apelación (procesal)
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Pontelli, Bernardo Antonio s/ Concurso Preventivo-Incidente de Revisión (Urquiza y Aguet)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2000-02-28

Sólo es apelable la resolución que pone fin al incidente, por lo que no puede admitirse el recurso contra la resolución que le da curso a la petición inicial.
Integración de la tasa de justicia, oportunidad procesal, incidentes
Materia: PENAL
Carátula: RILO, Antonio s/ TASA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-04-12

La tasa de justicia no debe ser respuesta en cada incidente y se paga una sola vez al concluirse la causa.

NOTA: Se citaron: Sala V, c. 11.652, 'Carranza, E.F.', 3/7/79; Sala I, c. 17.720, 'Gabanini de Nassar', 12/3/76; Sala IV, c. 14.954, 'Cinalli, O.', 12/12/72.
Daños y perjuicios, valor vida, muerte de un hijo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cascini, Antonio Gabriel y otra c/ Grau, Carlos Alberto y otra s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-07-25

En caso de muerte de un hijo menor lo que debe resarcirse es el daño futuro cierto que corresponda a la esperanza con contenido económico, que constituye para una familia modesta, la vida de un hijo muerto a consecuencia de un hecho ilícito; ese resarcimiento cabe, sino a título de lucro cesante, por lo menos como pérdida de una chance u oportunidad de que en el futuro, de vivir el menor, se hubiera concretado la posibilidad de una ayuda o sostén económico para sus padres.-
Daños y perjuicios, accidente de tránsito
Materia: CIVIL
Carátula: MARQUEZ NAVARRO ANGEL c/ ZERBO CARLOS PEDRO Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1997-06-25

La responsabilidad del accidente recae en el conductor que violó la norma de tránsito respectiva al proponerse el cruce de una bocacalle con semáforo en rojo.
Fundamentación de sentencias, sentencia arbitraria
Materia: PENAL
Carátula: Gallone, Carlos Enrique y otros s/ recurso de casación (Masacre de Fátima)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-09-30

El imperativo de motivación tiende a resguardar el derecho de defensa en juicio y el debido proceso y constituye una valla insuperable contra la doctrina de la arbitrariedad, por ello las sentencias deben ser fundadas y constituir una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas en la causa.
Honorarios, regulación de honorarios, monto del juicio, sociedad de hecho, disolución de sociedades, liquidación de sociedades
Materia: PROCESAL
Carátula: PABON, OSCAR c/ OTHATCEGUY, CARLOS s/ DISOLUCION Y LIQUIDACION DE SOC., RENDICION DE CUENTAS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-08-20

Toda vez que una acción de disolución y liquidación de una sociedad de hecho y rendición de cuentas no es calificable como de "monto determinado" en los términos de la ley 21839: 6-a), y siendo que el valor de una sociedad no surge mecánicamente de la suma del valor de su activo mobiliario e inmobiliario por ser conceptos diversos, corresponde tener en cuenta a los fines regulatorios las pautas contenidas en los restantes incisos b, c, d y f, de la norma legal citada.
Accidentes de trabajo, derechos del trabajador, daño resarcible, daño actual
Materia: LABORAL-CIVIL
Carátula: Sauma, Jorge David  c/ Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Rios  s/ accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-02-23

La lesión a repararse es la actual que padece todo trabajador, siempre y cuando la patología guarde relación con el accidente motivo de la acción. Insisto, toda incapacidad o daño resarcible debe tener una característica ineludible, y es que tenga precisamente actualidad. Se indemnizan incapacidades y no accidentes, por lo que la foto a tener en cuenta es la actual, y la más actual es la referida por el perito judicial interviniente en juicio (Voto Romero. Adhesión Stettler)
Cuenta corriente bancaria, inhabilidad de título
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ Rodríguez de Paris Hnos. S.A.C.I. s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-05-23

La excepción de inhabilidad de título es procedente cuando tiene como fundamento el hecho de hallarse el certificado firmado por personas que no sean gerente y contador, dado que se trata de una calidad de funcionarios diversa de la requerida por el art. 793 del C. de Comercio.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, sentencia, obligatoriedad del precedente
Materia: PROCESAL
Carátula: Sosa, Eduardo Emilio s/ acción de inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-16

El carácter obligatorio de las decisiones adoptadas por la Corte Suprema en ejercicio de su jurisdicción, comporta indiscutiblemente lo conducente a hacerlas cumplir.
Prescripción, suspensión de la prescripción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Falótico de Barulli c/ Diario La Opinión y otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-04-26

Atento a que el instituto de la prescripción es de interpretación estricta y restrictiva , -debiendo atenderse a la conservación de los derechos-, el supuesto previsto por el art. 3982 bis erige a la querella criminal en obstáculo del curso de la prescripción liberatoria, la cual se reanuda recién cuando cesa el impedimento.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Despido sin causa, apercibimiento, ley de contrato de trabajo, principios laborales, in dubio pro operario, carga de la prueba, principio protectorio
Materia: LABORAL-PENAL-PROCESAL
Carátula: Chaparro, Santiago Nicolás  c/ Frigorífico de Aves Soychú S.A.  s/ cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-02-07

En autos surge que no se dio cumplimiento a la resolución 3252/04 de la Comisión Nacional de Comunicaciones, articulo 2º. En el caso, al no coincidir los domicilios de remisión y entrega, se infiere que se trato de un error del correo en el acto de practicar la notificación, o que no existió identidad de ejemplares y se utilizó para el acto uno distinto, circunstancias todas que ponen en tela de juicio el acto practicado, generando la incertidumbre que me lleva a expedirme por tener por incausado el despido dispuesto por el empleador. Es que, en estos supuestos donde existe una duda razonable respecto de la realidad de la situación, debe acudirse a la manda del art. 9 de la LCT, dirimiendo ella en favor de la posición más beneficiosa para el trabajador. La aplicación de la regla in dubio pro operario en la valoración de la prueba, es una manifestación del principio protectorio, y si bien no resulta pertinente a través de esta subsanar la omisión o insuficiencia probatoria en que puede incurrir el trabajador, si puede servir para dirimir como última ratio. Las vicisitudes que pudieron existir en el medio o más precisamente en el espacio temporal entre la remisión en origen del apercibimiento y la notificación conjunta de este con el despido, son circunstancias que si bien pueden derivar en responsabilidad entre el correo y la empleadora, resultan inoponibles al trabajador, quien en concreto y de acuerdo a como se produjeron los hechos, fue apercibido y despedido en el mismo acto (Voto Romero. Adhesión Stettler)
Pluspetición inexcusable, dolo
Materia: LABORAL
Carátula: QUIROZ SUSANA BEATRIZ c/ COMPAÑÍA PULIRE S.A. Y OTRO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-04-24

La pluspetición inexcusable debe provenir del "dolo" del profesional quien a sabiendas, reclama más de lo debido o lo indebido.
Carga de la prueba, firma en blanco
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: Carrión, Patricia Noemí. c/ Nafegoda SAC y/o Hipólito Otero e Hijos. s/ Salario. Carga Probatoria.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1986-05-16

Corresponde al trabajador probar que el recibo fue firmado en blanco cuando -como en el caso de autos- el mismo se tuvo por auténtico en virtud de una pericia no impugnada; si además de ello omitió ofrecer como parte de su prueba los libros de sueldos y jornales de la patronal y el perito no se expidió respecto de la concordancia entre los recibos y los libros, que por otra parte no le fue requerido por las partes.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, fallo plenario, proceso penal, imputado, procesamiento, segunda instancia, derechos y garantías constitucionales, doble instancia
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL-PROCESAL
Carátula: L.J.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- TENTATIVA DE ESTAFA (EXPTE.: C.S.J. NRO. 396 AÑO 1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-09-01

No merece favorable acogida a la luz de las reglas actualmente vigentes en la jurisprudencia constitucional vinculada a la materia, los agravios del imputado relativos a la violación a las reglas del debido proceso y a la garantía de la doble instancia, puesto que si bien la Corte local se pronunció oportunamente en sentido favorable a la posición del encartado, no puede escapar a su examen sobre el punto el hecho de que el Alto Tribunal de la Nación in re "Abraham Jonte" ha sostenido la tesis contraria, desestimando la inexistencia de óbices constitucionales o de eventuales nulidades en supuestos asimilables al de autos. En efecto, en la causa de referencia se había planteado la nulidad de todo lo actuado a partir del auto por el cual la Cámara revocó el sobreseimiento y dictó el procesamiento del imputado, fundándose en que el mismo había sido dictado por un órgano jurisdiccional incompetente, violando el principio del juez natural y la garantía de la doble instancia, lo cual fue desestimado por la Cámara Nacional de Casación Penal por considerar que los tribunales de alzada pueden dictar tal medida cuando tienen su jurisdicción habilitada para ello en virtud de la apelación planteada por el órgano acusador contra el auto de falta de mérito, lo cual fue confirmado por el Máximo Tribunal de la Nación.
Poder coercitivo del Estado, derechos y garantías constitucionales, principio de legalidad, pena
Materia: PENAL
Carátula: Bruna Daría Abel s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-02-23

El ejercicio del "ius puniendi" estatal reconoce límites que dimanan de las garantías constitucionales, y no habilita, por más loables que sean los objetivos que se persigan, al menoscabo de presupuestos de orden superior que nacen del principio de legalidad, en tanto garantiza la seguridad y certeza jurídica en el Estado de Derecho. Este principio constitucional exige indisolublemente la doble precisión de la ley de los hechos punibles y de las penas, consagrando el principio de "nullum crimen nulla poena sine lege". (Voto del Dr. Hornos).
Proceso penal, menores, régimen penal de la minoridad, debido proceso, autoría, fundamentación de sentencias
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Maldonado, Daniel Enrique y otro s/ robo agravado por el uso de armas en concurso real con homicidio calificado -causa N° 1174-
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-12-07

La gravedad de los hechos que configuran el objeto de un proceso no puede constituir el fundamento para desvirtuar los principios que necesariamente deben ser considerados a la hora de imponer legítimamente una pena a quien haya cometido un delito antes de los 18 años de edad, ni para atenuar las exigencias en materia de motivación de decisiones judiciales (Voto del Dr. Carlos S. Fayt).
Competencia por la materia, competencia comercial, simulación, fraude, sociedad conyugal, bienes de la sociedad conyugal
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: L., M. de los A. c/ P., L.M. y otros s/ SIMULACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-06-30

2- La circunstancia de que la acción por simulación y fraude de actos jurídicos tienda a proteger o determinar los bienes de la sociedad conyugal, no modifica la competencia de la Justicia Nacional en lo Comercial, pues siempre que fuere necesario intentar acciones judiciales autónomas a fin de proteger un patrimonio, cualquiera de los integrantes de la sociedad conyugal deberá ocurrir por la vía que corresponda y por ante los jueces que las normas de competencia en razón de la materia establezcan.-
Tarjeta de crédito, extravío de tarjeta de crédito, identidad del portador, cupón de tarjeta de crédito
Materia: COMERCIAL
Carátula: DALTON,   EDGARDO c/ ARGENCARD  SA s/ ORDINARIO. (LL 5.8.04,F. 107876;  ED 22.11.04, F. 53068).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-04-07

Cabe rechazar la demanda contra un comerciante, en reclamo de la restitución de los importes de las compras realizadas con una tarjeta extraviada, si en los cupones de compra pertinentes se consignó un número de documento, pues ante ello cabe inferir que el comerciante ha procurado identificar al portador de la tarjeta, conforme a lo exigido en el "Reglamento de comerciantes" art. 1; pues no pesando sobre aquel la obligación de averiguar la matricula del titular de la tarjeta registrada en el sistema de la administradora, la discordancia numérica destacada por el usuario no es suficiente para endilgarle una conducta negligente; además, no puede exigírsele al comerciante vendedor, mas experiencia en el exámen de la firma que la que puede tener el común de las personas (Cncom, sala D, 5.7.73, "Diners Club Arg. SA c/ Ramos, Ricardo", Ed 49-353).
Contratos, resolución del contrato, pacto comisorio
Materia: CIVIL
Carátula: MARTIN Ceferina Lila c/ Ramos Enrique Américo s/ Resolución de Contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-04-30

El pacto comisorio o resolución por incumplimiento, en virtud del cual se produce la extinción del contrato con efectos retroactivos al momento de su nacimiento (art. 1204 y cctes. del Código Civil), necesita para su procedencia que el incumplimiento de una de las partes contratantes sea suficiente para frustrar el propósito práctico del contrato o, dicho de otro modo, que afecte su economía o el fin último que llevó a las partes a celebrarlo.

Además, solo es invocable por la parte que ha cumplido u ofrece cumplir la prestación a su cargo.

Y en el pacto comisorio tácito, se requiere la intimación al cumplimiento y el transcurso del plazo que la ley fija -quince días- para luego poder hacer valer la resolución con intervención judicial.

Quedando claro que la posibilidad de la inscripción registral tanto del inmueble entregado por el demandado, como también del automotor que entregó como parte del precio, resultan de importancia capital para la adquirente -más aún, teniendo en cuenta el carácter declarativo y constitutivo que dichas inscripciones revisten respectivamente-, la no entrega oportuna de los documentos necesarios a dicho efecto, constituye -tal como lo indica el Sr.

Juez de primera instancia- un supuesto de incumplimiento justificante de la resolución contractual operada conforme la resolución recurrida.