Responsabilidad internacional del Estado, gravedad institucional, delitos contra la humanidad, buena fe, tratados internacionales, responsabilidad del Estado, conmutación de penas, sentencia condenatoria
Materia: PENAL
Carátula: Astiz, Alfredo Ignacio y otros c/  s/ recurso de casación registro  1050
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-08-28

No puede ser otra la solución al sub lite, más que el rechazo de la pretensión de los recurrentes, por cuanto postular lo contrario podría constituir un hecho susceptible de generar responsabilidad internacional para el estado argentino. Definitivamente, la obligación de cumplimiento de la normativa internacional que resguarda la materia se impone, toda vez que su desconocimiento configura una situación de gravedad institucional que no sólo constituye la lesión a un pilar básico del orden constitucional, sino también un injusto de carácter internacional que pone en riesgo de sanción a la Nación tanto frente al sistema universal de Derechos Humanos como al regional interamericano. Así, esta imperatividad requiere que los estados miembros cumplan con sus obligaciones para la protección de los Derechos Humanos de modo de lograr democracias sólidas, coherentes y sostenibles. Es que, en definitiva, junto con el principio de buena fe universalmente reconocido y formalizado por la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados (arts. 26 y 31), subyace el criterio de que la salvaguarda al ser humano contra una injusticia nacional sólo puede lograrse en el marco del Derecho Internacional, lo que impone la supremacía del Derecho sobre la soberanía del estado (Mesutti, Ana, "un deber ineludible. La obligación del Estado de perseguir penalmente los crímenes internacionales", Ediar, Buenos Aires 2013, p. 81). Efectivamente, la supremacía de estos instrumentos internacionales por vía del art. 75º inc. 22 conforma el denominado "bloque de constitucionalidad federal" -expresión acuñada por el maestro Germán Bidart Campos- que importa "un conjunto normativo que tiene disposiciones, principios o valores materialmente constitucionales, fuera del texto de la constitución documental", que no resultan contrarios a la Constitución, sino que sirven de complemento congruente para reforzar y legitimar su fuerza normativa desde fuera de ella.

Es que, en definitiva, la imposición del cómputo privilegiado modificaría sustancialmente la respuesta punitiva impuesta a los aquí imputados, en una suerte de conmutación de la pena, incompatible con el compromiso internacional asumido por el estado argentino de sancionar "adecuadamente" los crímenes de lesa humanidad. Así, no puede perderse de vista que la pretensión de los recurrentes llevaría a desnaturalizar y hasta burlar las sanciones oportunamente impuestas en la sentencia condenatoria, que fueron producto de la valoración a la luz de la gravedad de los delitos por los que fueron juzgados y en razón de los grados de culpabilidad asignados. En esta línea, la postura de los casacionistas, al amparo del fallo "Muiña" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, conduciría al favorecimiento de la libertad de los condenados a prisión perpetua -Pernías, Astiz, Donda, Rádice y Weber- y aun a tener por compurgada y hasta vencida la pena de otros -Capdevila y Azic-, lo que deviene tan inverosímil como inaceptable. En tal sentido, la aplicación del ya derogado artículo 7 de la Ley Nº 24.390 se traduciría en la "imposición de penas menos severas", por tanto, "inapropiadas" respecto del tenor de los crímenes por los que fueron condenados, extremos que, al igual que los indultos, "son incompatibles con la obligación de imponer penas adecuadas" para estos casos (cfr. Fallos: 330:3248 y de la Corte IDH, Caso "Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia" sentencia de 26 de mayo de 2010, Serie C Nº 213, par. 150). Más aún, resulta indubitable que del mismo modo en que los crímenes de esta laya resultan imprescriptibles, no pasibles de indulto ni amnistía, tampoco puede conmutarse o reducirse la respuesta punitiva impuesta, pues se ingresaría nuevamente en un pasaje de impunidad que se ha desandado paulatinamente durante los últimos veinte años a partir de la incorporación de los tratados de Derechos Humanos al bloque de constitucionalidad y, especialmente, ante la reapertura de estos procesos, originados en una respuesta legislativa y jurisdiccional, tardía, pero concluyente. En esa línea, la Ley Nº 27.156 (BO del 24/07/2015) ha confirmado este estándar arraigado ya en cláusulas constitucionales e internacionales y en profusa jurisprudencia nacional e internacional ya citada, al prescribir expresamente que "[l]as penas o procesos penales sobre los delitos de genocidio, de lesa humanidad y crímenes de guerra contemplados en los artículos 6º, 7º y 8º del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y en los tratados internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional, no pueden ser objeto de amnistía, indulto o conmutación de pena, bajo sanción de nulidad absoluta e insanable del acto que lo disponga" (art.1). En otro orden de análisis, no se advierte en la especie pugna con el principio de legalidad (nullum crimen, nulla poena sine praevia lege penale). Ello pues, a la luz de la exigencia constitucional de ley previa que resguarda este principio (art. 18 CN), la normativa que se pretende aplicar no se encontraba vigente al momento de la comisión de los delitos por los que los imputados han sido condenados en autos, sino tan solo el cómputo previsto por el artículo 24 del Código Penal.