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Recurso de inconstitucionalidad, cheque, endoso, bancos, obligaciones, Banco Central de la República Argentina
Materia: CONSTITUCIONAL - COMERCIAL
Carátula: COMERCIAL ADINOTOR'S SA c/ BANCO LITORAL (HOY SUDECOR LITORAL) COOPERATIVO LIMITADO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS. QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE   INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº 807-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-03-26

La decisión adoptada por la Sala que -con acierto o error- consideró que el Banco demandado había configurado un apartamiento de una regla legal ("OPASI -1- del Banco Central) que se podía encuadrar como omisión de diligencias razonablemente exigibles en función de la profesionalidad del agente, no puede afectar el orden de prelación normativa consagrado constitucionalmente, pues para ello consideró, además de las razones que habían motivado la demanda, que ésta sólo se había dirigido contra el banco depositario del documento (banco "cobrador") que no se encuentra contemplado en el decreto ley sobre cheques, por ser ajeno al giro bancario.
Non bis in ídem, debido proceso, cuestión de fondo, nulidad de sentencia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: "A. A. F.S/ VIOLACIÓN CALIFICADA POR MUERTE", Expte. Nº 3200 (A-635/09/T.S.J.) s/ RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2011-05-13

No obstante lo extemporáneo del planteo, corresponde merituar liminarmente si lo resuelto por éste Tribunal, configura agravio federal por violación del principio "non bis in idem".

El "non bis in idem", derivado implícitamente del art. 18 de la C.N. y reconocido por los Pactos Internacionales que conforman nuestro bloque de constitucionalidad (Art. 75 inc. 22 CN, 8 inc. 4 de la C.A.D.H. y 14.7 del P.I.D.C.P.), sólo prohibe que un hecho sea objeto de dos persecuciones penales simultáneas o sucesivas pero no que en un mismo y único juicio se retrotraiga a etapas ya superadas.

La garantía del debido proceso, invocable tanto por la persona que se encuentra sometida a juicio como por los demás actores del proceso, consiste en la correcta observancia de estas formas sustanciales relativas a la acusación, defensa, prueba y sentencia. Y es aquí donde estos principios encuentran su límite: es axiomático que los actos procesales precluyen cuando han sido cumplidos observando las formas que la ley establece, salvo supuestos de nulidad.

En resumen, la nulidad de la sentencia implica que no ha sido resuelta la cuestión de fondo -situación de los imputados frente a la ley-, y por consiguiente, reeditar la etapa del plenario para nada se trata de un supuesto de doble juzgamiento.
Constitución Nacional, preámbulo, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio, proceso penal, privación de justicia
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Morales, María Soledad s/ sumario iniciado a raíz de su muerte.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-07-07

La necesidad de "afianzar la justicia" impone a la Corte, como intérprete último de la Constitución, la exigencia de encauzar las actuaciones de modo que ambas partes puedan alcanzar rápidamente el objetivo que persiguen mediante su actuación en el proceso, por lo que corresponde urgir a los magistrados de las instancias anteriores para que, a la mayor brevedad que les esté permitido, definan la situación procesal del recurrente, evitando el dictado de providencias que hagan retrotraer nuevamente el proceso a etapas superadas.
Leyes, vacío legal, empleados públicos, relación de dependencia, Derecho laboral
Materia: ADMINISTRATIVO-LABORAL
Carátula: Leones, Jalime María c/ Municipalidad de Santa Fe s/ Recurso de Inconstitucionalidad- Laboral (Expte.: C.S.J. nro. 745 año  2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-02-26

Si bien el artículo 68 del ya derogado Código en lo Contencioso Administrativo no mencionaba como posible fundamento de la sentencia (ni siquiera de manera subsidiaria, tal como lo hacía con el derecho civil y penal) preceptos y principios contenidos en el ordenamiento laboral, no puede dejar de señalarse que al momento de sancionarse la ley 4106 (en el año 1951), tanto esa rama del derecho como su ámbito de aplicación no habían alcanzado el desarrollo que luego tendrían con el correr de los años. Por ello, difícilmente hubiera podido el legislador de la ley 4106 considerar al derecho laboral como una opción para llenar vacíos normativos del ordenamiento público provincial. Por ende, la circunstancia de que en el mencionado artículo 68 no se contemplara norma, disposición o principio alguno del derecho laboral como fundamento de las sentencias a dictarse en lo contencioso administrativo, no es ciertamente decisiva para su exclusión a priori. (Del Voto de la Mayoría. En Disidencia el Dr. Falistocco. Fundamentos del Dr. Netri)
Jubilación por invalidez, afiliados previsionales, incapacidad preexistente, prueba
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - PROCESAL
Carátula: ARISMENDI, DINA ADA c/ Caja Nacional de Previsión para Trabajadores Autónomos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-15

Es razonable suponer que todo el que se afilia a un régimen jubilatorio se halla capacitado al momento de hacerlo, sin necesidad de requerírsele certificación médica alguna. Pero dicha presunción desaparece cuando, sin cumplirse con los requisitos de aportes y antigüedad en la afiliación para obtener una jubilación ordinaria, se solicita el beneficio de invalidez. En ese caso la ley exige que se pruebe que la misma se produjo con posterioridad a la afiliación, y dicha prueba recae sobre quien solicita el beneficio.
Doble instancia, jerarquía constitucional
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la defensa en la causa D., N. L.  c/  s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-02-23

La aplicación de la doctrina del precedente "Casal" (Fallos: 328:3399) a recursos previstos en el ordenamiento procesal provincial se impone en cumplimiento de la supremacía constitucional establecida en el artículo 31 de la Norma Fundamental y la cláusula federal estatuida en los artículos 28 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 50 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que exigen el reconocimiento por parte de los Estados provinciales de los derechos resultantes de esos tratados, entre ellos, a una revisión amplia de la condena (Voto de los jueces Maqueda y Lorenzetti). -Del dictamen de la Procuración General al que el voto remite-
Recurso de inconstitucionalidad, derivación no razonada del derecho vigente, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia aplicable, ley laboral
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SASSI, MARTIN ALEJANDRO c/ ASOCIART ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO (ART) S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-10-02

En relación a los planteos vinculados a la declaración de inconstitucionalidad del artículo 12 de la ley 24557, la cuestión a resolver guarda analogía con la abordada recientemente por esta Corte provincial en la causa "Ojeda c/ Asociart ART SA", luego de las pautas de interpretación normativa postuladas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el precedente "Espósito", a cuyas consideraciones corresponde remitir en orden a declarar procedente el recurso interpuesto. (Del voto del Dr. Netri) - CITAS: CSJN: Espósito, Fallos 339:781. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 24557, artículo 12. - Jurisprudencia vinculada: Ojeda, AyS T 280, p 313/322, sumarios J0043751, J0043752 y J0043754; Del Barco, AyS T 282, p 227/231, sumario J0043975.
Entidades financieras, banco central, facultades del banco
Materia: COMERCIAL
Carátula: BALLESTER COMPAÑIA FINANCIERA  S.A. c/ BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA s/ BANCO CENTRAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-09-10

La actuación del BCRA, en lo atinente a las posibilidades de consolidación de la entidad recurrente, que de las disposiciones contenidas en la ley 22.529 no resulta de ningún modo que se hallen a cargo del ente rector de la actividad financiera los trámites enderezados a hallar soluciones del tipo de la pretendida, sino que, por el contrario, las propuestas deben partir del interesado y sólo el examen de su viabilidad, así como su eventual aprobación e instrumentación posterior corresponde a la competencia de la autoridad administrativa.
Patria potestad, ejercicio conjunto de la patria potestad, facultades del juez
Materia: CIVIL
Carátula: L.L., E. c/ G., D. s/ INCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-10-21

En la solución de los conflictos que se susciten en torno al ejercicio de la patria potestad, la directiva dada a los jueces por el art. 264 "ter" del Código Civil, en los casos en que se solicita su intervención con carácter supletorio de la voluntad de los padres, se orienta hacia la protección del interés familiar y no del de uno solo de ellos.
Revocación por ingratitud, donación
Materia: PENAL
Carátula: S.M.T.E.D. c/ S.M.A.D.H. s/ REVOCACIÓN DE DONACIÓN (ORDINARIO) (ORDINARIO)
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 2016-04-20

Surge claramente que la cuota fijada judicialmente en concepto de alimentos resultaba absurda. Que no se trata de si la satisfacía o no, sino que para cubrir los gastos de una casa de esas dimensiones y para atender mínimamente un nivel de vida acorde al que acostumbraba no era suficiente y la demandada lo sabía. [...] La Sra. M.A. le negó alimentos a su madre [...] exigiéndole que pruebe que realmente los necesitaba (amén que para que le alcance debía dar clases de tenis a los 60 y pico de años y largarse a ejercer la profesión docente a una edad a la que las maestras se están jubilando) y abusando de la jurisdicción al retacear información con la que contaba, haciendo creer al tribunal que sólo contaba con un ingreso promedio mensual que rondaba los $ 500. (donación - revocación por ingratitud)
Compraventa inmobiliaria, mora del vendedor, entrega de la posesión, edificio a construir, indemnización, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: MOYA FRANCISCA BARTOLA c/ ROSALU S.R.L. s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-25

La mora de la vendedora en su obligación de entregar terminada la unidad prometida, produce la responsabilidad de ésta por los daños que ello provocara, de conformidad con lo preceptuado por los artículos 511, 519 y 520 del Código Civil. La admisión de los prejuicios que se invoquen, supone la demostración de su existencia y de su monto, extremos cuya prueba queda a cargo de quien formula la articulación (art. 377 Código Procesal). Sin embargo la imposibilidad de usar un departamento, constituye de por sí un perjuicio, que no requiere demostración.
Prestación de servicios, exclusividad
Materia: LABORAL
Carátula: Aldana, Carlos Alberto c/ Pennisi, Daniel Osvaldo s/ Despido directo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1999-05-28

No es procedente el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia de primera instancia que tiene por acreditada la relación laboral y no tiene en cuenta que el trabajador prestaba servicios en la municipalidad. Ello así, ya que el actor aparece en la nómina de personal contratado por el municipio local, la Juez rechaza el argumento porque la exclusividad no es determinante de la existencia o inexistencia del contrato de trabajo, es decir, no constituye nota tipificante del mismo, siempre y cuando la naturaleza y manera de la prestación no importe una suerte de incompatibilidad. De autos no surge acreditado que el horario de prestación de servicios coincidiera con el desempeño de la panadería del demandado, ni las tareas que realizaba en el municipio, ni que pudieran ser incompatibles, al menos en cuanto a este aspecto de la labor. Dos testigos afirman que lo vieron en camiones municipales en recolección de basura, tarea que es de público y notorio conocimiento, se realiza por la tarde o la noche.
Defensa en juicio, traductores públicos, declaración indagatoria, actos incorporados por lectura
Materia: PENAL
Carátula: Vazquez Quiroga, Milciades Ramón y otro c/  s/ homicidio simple
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-03-28

No se observa el agravio concreto a la defensa en juicio que habría generado el defecto de asistencia de un intérprete para el imputado en las etapas y actos procesales previos a la realización de la audiencia de debate oral si se considera que en el juicio, decidió no declarar por consejo de su defensa, y que ésta solicitó al tribunal la incorporación por lectura del acta de la ampliación de declaración indagatoria, cuya nulidad luego alega. Ello, toda vez que si el imputado hubiese estado indefenso en esa oportunidad, como plantea la defensa, no se comprende el pedido al tribunal de que considere la defensa documentada en tal acta, incorporándola por lectura al juicio según lo regula el art. 378 del Código Procesal Penal de la Nación, ni que no haya indicado acto, o instancia concreta de defensa material o técnica, o facultad de impugnación alguno, de los que se hubiese privado de realizar, debido a las eventuales dificultades de comunicación y comprensión del imputado ni que se haya privado de ofrecer alguna nueva prueba que ya no fuese posible ofrecer en el marco del art. 388 C.P.P.N. sin perjuicio de que finalmente, en el juicio, el imputado contó con la asistencia permanente de un intérprete por lo que no podría alegarse que ya no estaba en condiciones de comprender acabadamente el idioma (voto del juez García al que adhirió el juez Bruzzone).
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria, excesos u omisiones en el pronunciamiento, nulidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Sassiluck Cambio y Turismo Sociedad Anónima s/ ley 19.359.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-09

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que ordenó reintegrar la suma que había sido secuestrada al actor, más los intereses, en virtud de haberse declarado la nulidad del procedimiento si al aplicar los arts. 1078 y 1083 del Código Civil, se pronunció sobre aspectos que excedían al objeto del proceso, pues la actuación en el caso debía ceñirse a lo dispuesto en el art. 204 del Código de Procedimientos en Materia Penal y en la ley que rige el régimen penal cambiario - 19.539 -.
Beneficio de litigar sin gastos, oportunidad procesal, preclusión
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: C., E.O. c/ V. y C. P. y Otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-02-19

"La ley procesal admite la presentación del beneficio de litigar sin gastos en cualquier etapa del proceso. Ello no implica que las consecuencias del beneficio concedido puedan ser retroactivas. Lo contrario, detractaría el principio de preclusión ...".
Impuesto a la ganancia mínima presunta, leyes, facultades del Poder Legislativo, presunción legal, capacidad contributiva, principio de capacidad contributiva, tributos
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Hermitage S.A. c/ Poder Ejecutivo Nacional - Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos - Título 5 - Ley 25.063 s/ Proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-06-15

No es objetable que el legislador al establecer un tributo- en el caso, impuesto a la ganancia mínima presunta-, utilice la técnica de las presunciones, aunque su uso debe ser limitado a aquellos casos en que existan circunstancias especialísimas que lo justifiquen, siendo dicha problemática el resultado de la tensión entre el principio de justicia tributaria y el de capacidad contributiva.
Recurso extraordinario de inconstitucionalidad, sentencia condenatoria, monto indeterminado
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Mayans Juan Carlos. c/ Samuhi S.A.C.I. e I. s/ Reinstalación,etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1992-09-28

Es procedente el recurso extraordinario de inconstitucionalidad interpuesto por la parte demandada, ya que se hallan reunidos los requisitos formales respecto a que el recurso lo es contra sentencia definitiva y que éste "prima facie" aparece fundado en derecho y en este caso particular, la sentencia de 1ra. Instancia confirmada por el fallo de esta Sala, condena al pago "de los salarios caídos durante la tramitación judicial". Es decir, que en el caso no existe monto determinado de condena ni de fácil determinación y que los salarios aún continúan devengándose, por lo que se torna dificultoso el cálculo del monto de condena y, por ende, su control por parte del Tribunal, por ello procede eximir a la recurrente del depósito del art. 140 - Ley 2383. (Minoría u opinión personal)
Obligaciones en moneda extranjera, error de derecho
Materia: CIVIL
Carátula: BANCO PCIA. DE BUENOS AIRES c/ DOTAL  S.A. s/ EJECUCION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-16

Es inadmisible que quien ha recibido el préstamo, cuya entrega documentada no ha sido desconocida, cuando se le requiere judicialmente su devolución alegue la nulidad de la garantía prendaria por versar sobre una obligación en moneda extranjera, lo cual en todo caso, no podría haber desconocido, art. 20 y 923 del C Civil. Nadie puede alegar su propia torpeza, menos aún si se pretende sacar provecho de la declaración de nulidad obrando al margen de la buena fe que exige la celebración interpretación y ejecución de los negocios jurídicos.
Daño resarcible, daño material
Materia: CIVIL
Carátula: A.,M.L. c/ S.,C. y Otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-08-25

La noción de lo patrimonial en el derecho de daños resulta más amplia que la de patrimonio en estricto sentido técnico pues incluye además de los bienes exteriores pertenecientes a la persona, las potencialidades humanas que instrumentalmente posean naturaleza económica y adquieren valor económico indirectamente al ser aplicadas al logro de finalidades productivas.
Cuestiones de competencia, desechos peligrosos, competencia federal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: MUNDO COLOR S.A. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-31

Si los imputados, propietarios del comercio de fotografía arrojaron a la vía pública diversos desechos, entre los que se secuestró un frasco plástico conteniendo una sustancia química denominada "formaldehído", considerada riesgosa para el hombre por la Dirección Nacional de Ordenamiento Ambiental, cuando dicho comercio no figura inscripto en el Registro de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos, se ve configurado el delito previsto en el art. 55 de la ley 24.051.

Los hechos investigados son de naturaleza federal, por lo que corresponde sea la justicia de excepción la que continúe con el trámite de la causa.

Por ello, y dado que la C.N.Crim. y Correc. Fed. ya resolvió con anterioridad, rechazando la competencia atribuida, y que le corresponde a la C.N.C.P. decidir en torno a los conflictos de competencia planteados entre cámaras, se debe dar por trabada la cuestión de competencia.
Proceso penal, nulidad procesal, interpretación restrictiva, derechos y garantías constitucionales
Materia: PENAL
Carátula: Incidente de nulidad en autos 'Feinfeser, Alberto Milcíades s/ inf. art. 189 bis CP. Apelación Milcíades s/ inf. art. 189 bis CP. Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-18

El postulado rector en lo que se refiere al sistema de las nulidades es el de conservación de los actos e interpretación restrictiva (conf. artículo 2 del Código Procesal Penal de la Nación), encontrando su fundamento último en las garantías constitucionales del debido proceso legal y de la defensa en juicio (conf. artículo 18 de la Constitución Nacional), las que se expresan bajo la forma de diferentes principios tales como el de inocencia, ne bis in idem, derecho de defensa, prohibición de la reformatio in pejus, entre otros.

Se tutela el normal desarrollo de un proceso que, por imperio constitucional, es el necesario para llegar a la aplicación de una pena, quitando del medio todo aquello que se encuentre viciado o que pueda afectar su normal progreso, pero no por el solo hecho de no respetar las formas, sino por atacar los derechos y garantías de que goza todo justiciable.

Ello así, por cuanto el régimen de nulidades no está meramente establecido para preservar el cumplimiento de las formas del proceso, sino que tiene una finalidad trascendente, cual es tender a la protección de los derechos de las partes. Caso contrario, se caería en el absurdo rigorismo de decretar la nulidad por la nulidad misma.
Recurso de queja (procesal), improcedencia del recurso, muerte de las partes
Materia: PROCESAL
Carátula: Isasi, Fernando Emmanuel s/ Queja En Autos: "Isasi, Fernando Emmanuel C/Circulo K S.R.L. Hotel Las Calas S/Accion Comun -Incidente De Nulidad De Actuaciones- Dr.Diego Fernando Rodriguez"
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2014-03-26

Es improcedente el recurso de queja por denegación del extraordinario, pues EL recurrente no expone argumento alguno en cuanto a la crítica del fallo, sino que se limita a transcribir partes del mismo y peticionar sin más, que se le conceda el recurso, máxime cuando no puede soslayarse el factor preponderante del tema en conflicto, cual es la muerte del actor, lo cual impide la prosecución del proceso
Cuestiones de competencia, incompetencia, medidas autosatisfactivas, nulidad de sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: PESO LINDA ROSA JOSEFINA c/ BANCO HIPOTECARIO NACIONAL S.A. s/ MEDIDA AUTOSATISFACTIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2004-10-26

Siendo que la competencia en razón de la materia, como de grado, es absoluta y responde a necesidades de órden público, tanto las partes están impedidas de prorrogarlas, como también el propio órgano jurisdiccional debe inhibirse de oficio para entender en la causa en la cual resulta manifiesta la incompetencia del fuero, pero que es susceptible de ser declarada en cualquier estado del proceso, por cuanto la aptitud para ejercer la jurisdicción según la naturaleza del asunto les viene a los magistrados de la ley, de allí que sus pautas son ajenas a la discrecionalidad y su observancia constituye un deber ineludible.
Beneficios previsionales, reajuste jubilatorio, movilidad del haber jubilatorio, índices de actualización, costo de vida, remuneración, aplicación de la ley, principio de proporcionalidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: BARRERO RUBEN HECTOR c/ A.N.Se.S. s/ Amparos y sumarísimos c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-17

En cuanto a la aplicación del art. 1 de la ley 27.426, corresponde poner de resalto que el art. 14 bis de la Constitución Nacional determina la garantía de jubilaciones y pensiones móviles, pero no determina el método o pauta para cuantificar esa movilidad, esto implica que el Congreso es quien tiene la facultad de determinar el procedimiento para efectuar el reajuste del haber previsional de la manera que estime más beneficiosa para el universo de beneficiarios, de acuerdo con las circunstancias sociales y económicas imperantes en cada momento, En base a ello, estimo que no obran elementos que acrediten que el sistema de movilidad previsto por el nuevo régimen, para regir en el futuro resulte ilegítimo o arbitrario, toda vez que la fórmula que aplica, en principio, fija una conveniente proporcionalidad entre el costo de vida y la evolución de los salarios en actividad (Disidencia del Dr. Russo).