Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-12-18


NEUQUEN, 18 de diciembre de 2014 Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados: "PEUTREN JUAN CARLOS C/ MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN S/ ACCION DE AMPARO" (EXP Nº 444976/2011) venidos en apelación del JUZGADO CIVIL N° 2 a esta Sala I integrada por los Dres. Cecilia PAMPHILE y Jorge PASCUARELLI, con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. Mónica MORALEJO, y de acuerdo al orden de votación sorteado, el Dr. Jorge PASCUARELLI dijo:

I. A fs. 318/321 vta. la demandada deduce recurso de apelación contra la sentencia de fs. 301/307 vta., que hizo lugar a la acción de amparo y condenó a la Municipalidad de Neuquén para que abone al actor en concepto de daños y perjuicios la suma que se determine en la etapa de ejecución de sentencia debido a la imposibilidad material de cumplir la sentencia, con intereses y costas.

La recurrente alega que construyó el baño tal como le fue indicado por el Concejo Deliberante mediante comunicación N° 004/07 y que, además, no existe norma legal alguna que lo obligue a construir baños en los kioscos existentes en la vía pública como tampoco la mencionada comunicación establecía las características constructivas, por lo que la decisión de hacer lugar a la demanda resulta arbitraria.

También se agravia porque la A-quo analizó la factibilidad real de cumplimiento de la sentencia y consideró que no podría ser cumplida por lo que aplicó el art. 513 del C.P.C. y C.

Agrega que la demolición del kiosco fue denunciada como hecho nuevo el 07/05/12 por el actor, haciendo reserva de reclamar por daños y perjuicios. Dice que, a partir de ese momento, la acción devino en abstracta por carencia sobrevenida del objeto de la litis, por lo que la Jueza de grado debió haber dictado el correspondiente sobreseimiento.

Sostiene que el art. 513 del C.P.C. y C. es aplicable para los procesos de ejecución de sentencia, y que en este caso no hay incumplimiento del Municipio, sino que el objeto de la acción desapareció.

Luego, considera que se lesionó el derecho al debido proceso porque ha sido condenada al pago de daños y perjuicios que no fueron reclamados por el actor incurriendo de esta manera en una incongruencia extra petitum al condenar a la Municipalidad a una reparación que no fue reclamada por el accionante.

A fs. 323/326 el actor contestó los agravios. Solicitó su rechazo, con costas.

II. Liminarmente, cabe destacar que las facultades de la Alzada se encuentran limitadas a las cuestiones sometidas a su decisión (cfr. arg. art. 271 C.P.C. y C.) y el presente se trata de una acción de amparo por lo que el trámite debe ajustarse a los artículos 43 de la Constitución Nacional, 59 de la C. Prov. y la ley 1981.

1. En autos, tal como surge de fs. 5, el actor interpuso acción de amparo contra la Municipalidad de Neuquén basado en que entendía configuraba el incumplimiento de la legislación vigente porque la Municipalidad hacía caso omiso a sus reclamos por la construcción de un baño, carteles indicadores y una rampa de ingreso para discapacitados en el kiosco que le fuera adjudicado conforme la Ordenanza N° 9023 del 29/03/00 y posteriores del Concejo Deliberante.

Aclarando tal petición, a fs. 7 el demandante sostuvo: "Por lo expuesto, solicito se intime a la demandada a proceder a la modificación del baño construido, colocando la puerta que tenga comunicación con el local comercial, todo ello, bajo apercibimiento de la aplicación de astreintes de conformidad a lo dispuesto por el art. 666 bis del Código Civil, estimando dicha suma en pesos cuatrocientos ($400) diarios, hasta tanto la citada Municipalidad dé efectivo cumplimiento a todos los trabajos que se deberá realizar en el kiosco adjudicado al suscripto".

Además, en el petitorio solicitó se tenga "Por iniciado formal amparo judicial o tutela autosatisfactiva, contra la Municipalidad de Neuquén para que implemente la modificación o construcción de una puerta interior del baño construido, rampa de ingreso en vereda. en el plazo que S.S. estime necesario, bajo apercibimiento de imponer el pago de astreintes peticionado por esta parte". (fs.8) Luego, el 07/05/12 -fs. 98/99- el actor denunció hechos nuevos con relación al amparo. Afirmó que la Municipalidad de Neuquén dio de baja a la licencia comercial mediante disposición N° 617/12, así como procedió a derrumbar y demoler el kiosco. Adjuntó prueba documental, manifestó que hacía reserva de reclamar los daños y perjuicios y solicitó una audiencia de conciliación.

Además, cabe señalar que el actor interpuso recurso administrativo contra la Disposición N° 617/12 y solicitó la reconsideración de la baja comercial, fs. 216, lo que fue rechazado por Resolución N° 181/12 (fs. 222).

Luego, del acta de audiencia de fecha 12/12/12 surge que "[.] el actor propone como acuerdo a partir de la demolición del quiosco objeto del amparo, que se le otorgue la adjudicación de otro quiosco, con las condiciones necesarias para su explotación por el Sr. Peutren [.]" fs. 247.

A fs. 226/227 vta. la Municipalidad de Neuquén contestó el traslado y a fs. 256/258, la A-quo resolvió hacer lugar a la incorporación pretendida de la nueva prueba documental acompañada por el amparista en los términos del art. 335 del C.P.C. y C.

En consecuencia, conforme lo expuesto no resulta posible considerar que el actor ha reclamado concretamente el pago de los daños y perjuicios por la demolición, limitándose a manifestar que hacía reserva de ello. Además, la acción de amparo no sería la vía adecuada para un reclamo de daños y perjuicios.

Entonces, la sentencia no ha respetado la correspondencia que debe existir entre lo pretendido y lo juzgado, y entonces el agravio de la Municipalidad de Neuquén resulta procedente.

Es que, tal como lo sostuvo esta Sala: "El respeto a la garantía de defensa en juicio es el límite infranqueable que debe regir para delimitar el contexto en el que habrá de dictarse una sentencia: esto es así, tanto desde la perspectiva de la regla de la congruencia, cuanto del respeto del principio de contradicción e igualdad de las partes, de igual cuño constitucional." "En esta línea, el Tribunal Superior ha sostenido que "la congruencia entre la sentencia y las peticiones de las partes, en cuanto a personas, objeto y causa, es ineludible exigencia de cumplimiento de principios sustanciales relativos a la igualdad, bilateralidad y equilibrio procesal, toda vez que la litis fija los límites y los poderes del juez. De tal manera, el principio de congruencia exige que la sentencia se muestre atenta a la pretensión jurídica que conforma el contenido real de la disputa" (conf. "CÓRDOBA, Elida Enilde c/ PROVINCIA DE NEUQUEN s/ ACCIÓN PROCESAL ADMINISTRATIVA" R.I. nro. 1615/97, del Registro de la Secretaría de Demandas Originarias, postura luego mantenida en Acuerdos N° 30/98, 8/99, 10/99, 11/99 del Registro de la Secretaría Civil, entre tantos otros).

Es que "La congruencia es uno de los pilares fundamentales en el dictado de una sentencia judicial hallando tal fundamento en el principio de inviolabilidad de la defensa en juicio de la persona y los derechos, el cual resultaría vulnerado en caso de ausencia del mentado principio. es nula la sentencia que no satisface el requisito establecido en el inc. 6º del art. 163 del Cód. Procesal, pues la ausencia de una real decisión positiva sobre las cuestiones planteadas en el expediente, a la luz del verdadero contexto de las circunstancias vigentes al momento del dictado del fallo, impiden juzgar reunidos los recaudos inherentes a la validez de ese acto jurisdiccional." (cfr. LL 1996 B, p. 278-94185, comentado por Jorge Horacio Zinny. En igual sentido, cfr.: Palacio, "Derecho Procesal Civil", T. V, p. 429 y ss.; Morello y colaboradores, "Códigos Procesales...", Editora Platense, 2ª Ed.; T. II-C, p. 76 y ss.; Colombo, "Código Procesal...", 4ª Ed., T. I, p. 284 y ss.)." "Desde este vértice, todos los fundamentos introducidos en la sentencia en torno a "la vía de hecho" no son el correlato del debate llevado a cabo en autos y exceden, por lo tanto, el ámbito autorizado para la decisión. La vulneración aludida, acarrea la nulidad de la sentencia (Palacio, ibíd., T. V, ps. 144/145) pero, en el caso, sin "reenvío" de las actuaciones, por lo que corresponde que, sin más, la alzada establezca el pronunciamiento pertinente (cfr. Colombo, ibíd., T. I, p. 412 y cita de jurisprudencia en notas nros. 100/101; esta Cámara, Sala I PS. 2004_T°I-F°162/164, N°37; PI. 2003 T°IV F°642/643 N°414) (Del voto de la Dra. Pamphile en autos "MANGANARO MARTHA C/ CONSEJO PROV. DE EDUCACION S/ ACCION DE AMPARO", Expte. Nº 461783/11).

También se ha sostenido que: "Si es regla fundamental del proceso que la sentencia debe contener decisión expresa, positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones deducidas en juicio, en el juicio de amparo, la congruencia exige que, además, las pretensiones del amparista correspondan exactamente a los presupuestos específicos y excepcionales que habilitan su admisión", (STJ de Santiago del estero, 12-7-2002, "Allub, Rosendo Ricardo c/ Colegio de Médicos de Santiago del Estero y/o Responsable s/ Daños y Perjuicios. Casación" (Enderle, Guillermo Jorge, La Congruencia Procesal, Editorial Rubinzal Culzoni, Santa Fe, Noviembre de 2007, pág. 69/70).

A partir de lo expuesto resulta procedente el agravio de la demandada y corresponde anular la sentencia recurrida.

En este sentido el Tribunal Superior de Justicia ha expresado que cuando en la sentencia se: "[.] resolvió sobre puntos no alegados y franqueó los límites de la controversia -ultra petita- en violación del principio de congruencia, arts. 34, inc. 4º, y 163 inc. 6º, del C.P.C. y C." "Que en virtud de las consideraciones vertidas, corresponde asimismo anular la sentencia de Primera Instancia (fs. 182/190) y rechazar la demanda interpuesta por los fundamentos vertidos al tiempo de analizar la primera cuestión", (Ac. N° 1/08, autos "EPULEF, JOSÉ ELISEO Y OTROS C/ MUNICIPALIDAD DE NEUQUÉN S/ COBRO DE HABERES", Exp. N° 139 año 2004).

2. Luego, en punto a la procedencia de la acción deducida, cabe destacar que anteriormente se inició otro proceso de amparo con una pretensión similar -"Peutren Juan Carlos c/ Municipalidad de Neuquén s/ Acción de Amparo", Expte. N° 358385/7- que tramitaron ante el Juzgado Civil N° 1 de esta Ciudad y finalizó por la declaración de caducidad de instancia el 17 de mayo de 2010, que se encuentra firme y consentida.

Por otra parte, en relación con los daños y perjuicios originados en el incumplimiento denunciado en autos, los mismos son objeto de reclamo en las actuaciones "Peutren Juan Carlos c/ Municipalidad de Neuquén s/ Acción Procesal Administrativa", Expte. N° 2577/8 en trámite ante el Tribunal Superior de Justicia, Secretaría de Demandas Originarias (fs. 67/75), cuyas copias se encuentran agregadas por cuerda (cfr. fs. 99/102).

En dichos autos el actor solicitó que se forme incidente de medida cautelar y se ordene a la Municipalidad de Neuquén a que cumpla con lo comprometido en autos "PEUTREN JUAN CARLOS c/ MUNICIPALIDAD DE NEUQUÉN s/ AMPARO" (Expte. 358.385/7), previa constatación de que no se ha procedido a la construcción de un baño acorde a sus dolencias físicas, lo que el Tribunal Superior de Justicia rechazó sosteniendo que: "[.] debe notarse que el actor indica que lo solicitado importa lograr el cumplimiento del compromiso asumido en los autos "PEUTREN JUAN CARLOS c/ MUNICIPALIDAD DE NEUQUÉN s/ AMPARO" (Expte. 358.385/7), expediente que para este acto se tiene a la vista." "Sin embargo, desde este eje de análisis la pretensión tampoco puede prosperar: por una parte, de involucrar el cumplimiento de lo convenido en otras actuaciones, es claro que esta Sala carecería de competencia para decidir o adoptar las medidas tendientes a hacerlo efectivo." "Desde otra, de la lectura de dichas actuaciones, surge que no se dictó sentencia sobre el fondo del asunto, sino que la causa finalizó por haberse decretado la caducidad de instancia (cfr. fs. 156/157). Además, que el compromiso a que alude el accionante se reduce a intentar "efectuar gestiones extrajudiciales a los fines de arribar a una solución", (R.I. N° 442/2010).

A partir de lo anterior no surge evidente una arbitrariedad o ilegalidad manifiesta por parte del organismo estatal respecto a la actividad reclamada por el amparista en su demanda, resultando insuficiente para ello la Comunicación N° 004/07 atento a su carácter y los actos realizados posteriormente por la demandada, por lo que, más allá de las consecuencias del hecho nuevo denunciado, resulta improcedente su pretensión (arts. 59 CProv. y 1 ley 1981).

A mayor abundamiento, es necesario señalar que, tal como lo sostuve en autos "IRAIRA RAMIRO JOSÉ C/ MUNICIPALIDAD DE NEUQUÉN S/ ACCION DE AMPARO" (EXP Nº 502834/14): "Comparto los fundamentos expuestos por la Doctora Cecilia Pamphile en autos "HENRIQUEZ GABRIEL Y OTROS C/ MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN S/ ACCION DE AMPARO", EXP Nº 468410/12, donde sostuvo que para interpretar el real alcance del ámbito de aplicación del amparo es útil recordar la visión del constituyente neuquino de 2006, el cual no dimensionó al amparo como una vía ordinaria, ni para que en su contexto se ventile cualquier controversia jurídica (cfr. autos "REYES MONICA C/ PROVINCIA DE NEUQUEN S/ ACCION DE AMPARO" Exp. Nº 470014/12, R.S. Nº 278, Tº III, Fº 553/559; "MARINI EDGARDO DANIEL C/ MUNICIPALIDAD DE PLOTTIER S/ ACCION DE AMPARO" Exp. Nº 468154/12, R.S. Nº 83, T° III, Fº 457/461; "QUEZADA GUILLERMO HONORINDO C/ MUNICIPALIDAD DE RINCON DE LOS SAUCES S/ ACCION DE AMPARO", Exp. N° 3134/12, R.S. Nº119, Tº IV, Fº 669/674, "NAPPI DANIEL ALFREDO Y OTRO C/ PROVINCIA DEL NEUQUEN S/ ACCION DE AMPARO", EXP Nº 501121/13)".

"[.] Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que "[...] la existencia de remedios procesales ordinarios y adecuados para la tutela del derecho del recurrente, excluye la procedencia de la acción de amparo" (Fallos: 322:2247), siendo insuficiente a ese fin el perjuicio que pueda ocasionar un incumplimiento de la dilación de los procedimientos corrientes, extremo que no importa otra cosa que la situación común de toda persona que peticiona mediante ellos el reconocimiento de sus derechos (Fallos:

252:154; 308:1222)".

En punto a las costas, atento a la forma en que se resuelve y el hecho nuevo denunciado, corresponde imponer las de ambas instancias por su orden (art. 68 del C.P.C. y C.).

III. Por todo lo expuesto propongo al acuerdo hacer lugar al recurso de apelación deducido por la demandada a fs. 318/320 vta. y, en consecuencia, anular la sentencia de fs. 301/307 y rechazar la acción de amparo deducida por el actor a fs. 5/8, conforme lo expuesto en los considerandos e imponer las costas de ambas instancias por su orden (art. 68 del C.P.C. y C.).

Tal mi voto.

La Dra. Cecilia PAMPHILE dijo:

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que antecede, adhiero al mismo expidiéndome de igual modo.

Por lo expuesto SE RESUELVE:

1. Hacer lugar al recurso de apelación deducido por la demandada a fs. 318/320 vta., y en consecuencia, revocar la resolución de fs. 301/307 y anular la sentencia de fs. 301/307 y rechazar la acción de amparo deducida por el actor a fs. 5/8, conforme lo expuesto en los considerandos.

2. Imponer las costas de ambas instancias por su orden (art. 68 del C.P.C. y C.).

3. Dejar sin efecto los honorarios regulados en la anterior instancia a los profesionales letrados intervinientes por la demandada, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 2 de la Ley N° 1594, confirmando los fijados a los letrados de la actora por adecuarse al nuevo resultado del pleito.

4.- Regular los honorarios de Alzada en las siguientes sumas: al Dr. ..., letrado apoderado del actor, de pesos ... ($...) (art. 15, LA). Sin regulación para los letrados de la demandada, conforme art. 2, LA.

5. Regístrese, notifíquese electrónicamente y, oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen.

Dr. Jorge D. PASCUARELLI - Dra. Cecilia PAMPHILE