Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-11-03


BOERO Y CIA. S.A. Reg.: A y S t 202 p 315-319. Santa Fe, 3 de noviembre del año 2.004.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por "Boero y Cia. S.A." contra la sentencia nro. 10, de fecha 6 de marzo de 2003, dictada por la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de Venado Tuerto, en autos "PATRIMONIO DEL FALLECIDO Alfredo MAGI -Concurso Preventivo - Replantea y actualiza pedido de verificación de crédito hipotecario - Hecho nuevo: Boero y Cia. S.A.- (Expte. 47/02)" (Expte. C.S.J. nro. 25, año 2004); y, CONSIDERANDO:

1. Conforme surge de las constancias de la causa por sentencia nro. 10 de fecha 6/03/03 la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Venado Tuerto, resolvió desestimar el recurso de nulidad, rechazar el de apelación y confirmar totalmente la sentencia materia de los mismos, con costas a la parte recurrente.

Contra este pronunciamiento endereza "Boero y Cia. S.A." recurso de inconstitucionalidad con sustento en el artículo 1, inciso 3 de la ley 7055.

Dentro de los antecedentes de la causa relata el recurrente que en el concurso preventivo de la sucesión de Alfredo Magi su parte insinuó un crédito hipotecario originado en virtud de la escritura hipotecaria que Alfredo Magi otorgó (junto a otros hipotecantes) como garantía de la deuda que la "Cooperativa Agrícola Federada Limitada de Los Quirquinchos" tenía con "Boero y Cia. S.A.". Esta acreencia fue declarada inadmisible por la jueza inferior.

Expresa que contra esa resolución interpuso un escrito en el que "replantea y actualiza pedido de verificación de crédito hipotecario", explicando que no deducía recurso de revisión en virtud de encontrarse pendiente de resolución un recurso de inconstitucionalidad (deducido contra la sentencia que rechazaba una demanda por nulidad de la hipoteca), y no existir, por ende, cosa juzgada al respecto.

Explica que en esa oportunidad también denunció "hecho nuevo" consistente en la denegación del recurso de inconstitucionalidad mencionado, quedando firme en consecuencia la resolución que rechazó la nulidad de hipoteca.

Continúa relatando que la jueza del concurso rechazó este "replanteo y actualización de pedido de verificación de crédito hipotecario" y que apelada, la Cámara confirmó tal resolución contra la que interpuso el presente remedio excepcional.

Como primera causal de arbitrariedad, considera que existe en el fallo una "marginación" de la circunstancia de que la propia jueza inferior fundó su inicial resolución sobre inadmisibilidad del crédito de su mandante en el hecho de que aún no mediaba cosa juzgada en el juicio sobre nulidad hipotecaria por encontrarse pendiente de resolución el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la sentencia recaída en ese caso.

Entiende que carecía de valor, por lo tanto, deducir recurso de revisión, y en consecuencia señala que la Cámara incurrió en una palmaria arbitrariedad al aplicar rigurosamente el artículo 37 de la Ley de Concursos, prescindiendo sin explicación alguna de lo que fue el argumento de baja instancia para rechazar la verificación de su crédito.

En segundo lugar alega que la Cámara marginó también su planteo relativo a que si la jueza había condicionado la admisibilidad de su crédito y, por ende, "frenado" el recurso de revisión, una vez cumplida la condición (esto es, la desestimación de la concesión del recurso de inconstitucionalidad), ocurrió un hecho nuevo que autorizaba a admitir su replanteo y actualización del pedido de verificación.

Afirma que, por el contrario, el Tribunal lo rechazó incurriendo en autocontradicción y ritualismo, apartándose de las constancias de la causa.

En ese sentido, explica que la contradicción puede darse también cuando no hay coherencia con las distintas decisiones dictadas por el tribunal dentro de un mismo proceso.

Reitera que existió un condicionamiento en la resolución de inadmisibilidad de la jueza del concurso, y que cumplida tal condición quedó eliminado el presupuesto primordial sobre el que se basó justamente la declaración de inadmisibilidad de su crédito.

Por lo tanto, agrega, resulta arbitrario que la jueza se desentendiera de la nueva situación al rechazar su "replanteo".

Entiende también que la sentencia del Tribunal a quo incurrió en carencia de razonabilidad y autocontradicción en cuanto los juzgadores afirmaron que nada obstaba a incoar el recurso de revisión porque ya se contaba con la sentencia de Cámara en la ejecución hipotecaria y con la resolución declarando inadmisible el recurso de inconstitucionalidad deducido contra esta última.

En ese orden, considera que la existencia de fallo firme en la ejecución hipotecaria ya había sido "desdeñada" por la jueza del concurso (que declaró que la cosa juzgada formal emergente de una sentencia ejecutiva no puede invocarse frente a un proceso de verificación concursal que constituye un proceso de conocimiento pleno).

Invoca asimismo marginación del planteo de su parte relativo a que pese a la "palmaria validez de la hipoteca" se prefirió la "aplicación mecánica del sistema legislativo concursal", apartándose la Cámara de la verdad jurídica objetiva.

Alega que con la resolución que impugna se aniquiló una hipoteca contra la cual nunca se opuso un reparo de fondo; que fue declarada válida en un juicio ordinario de nulidad tanto en primera como en segunda instancia, como ante la Corte; que también pasó por las tres instancias de un juicio ejecutivo, y con la sola argumentación de que no se interpuso en término el recurso de revisión.

Por último, endilga al decisorio haber marginado su planteo relativo a que se subvirtió la organización jerárquica en la administración de justicia, con la consiguiente "gravedad institucional".

Entiende que el presente caso suscita perplejidad ante la diversidad de "cosas juzgadas", lo que da lugar a la existencia de un "escándalo jurídico" desde que un juez de Distrito (de Melincué) rechazó la demanda de nulidad de hipoteca; esta Cámara de Venado Tuerto confirmó tal resolución, incluso denegó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto, queja a su vez rechazada por la Corte provincial. Paralelamente, dice, un juez de Distrito de Rosario mandó llevar adelante la ejecución hipotecaria deducida por su parte; la Cámara Civil respectiva confirmó ese fallo, y denegó la concesión de recurso de inconstitucionalidad incoado, agregando que "...todo esto para que, a la postre, aparezca un juez de distrito de Firmat sustentando el criterio opuesto y echando abajo todo el anterior despliegue de actividad jurisdiccional, sin que lo corrija V.E. que es su superior inmediato...".

Así, considera que tal situación implica subvertir el sistema de administración de justicia, lo que entraña la gravedad institucional denunciada.

La Cámara por auto nro. 196, de fecha 25/11/03 resolvió denegar la concesión del recurso de inconstitucionalidad interpuesto.

2. En primer lugar cabe señalar que constituye carga ineludible para el recurrente rebatir cada uno de los motivos expuestos por la Cámara al denegar el recurso, trayendo razones de peso en orden a desvirtuar la referida fundamentación, conforme lo prescribe el artículo 8 de la ley 7.055.

Y, en el caso, de la lectura del memorial introductorio de la queja, pese al esfuerzo del impugnante por dar cumplimiento a tal exigencia, surge que no se han desmerecido adecuadamente los motivos expuestos.

En efecto, frente a lo aseverado por el Tribunal a quo respecto a que bajo una supuesta arbitrariedad, la crítica realizada al pronunciamiento sólo refleja la mera discrepancia del recurrente en torno a la interpretación que brindó de las normas aplicables a la materia debatida, el compareciente se limita a alegar que la Sala lo "despojó" de la legítima expectativa que lo asistía -conforme el decisiorio de primera instancia- consistente en que "...inviable un planteo de revisión art. 37 L.C. cuando aún no estaba resuelta la causa sobre nulidad de hipoteca, tal planteo sí quedaría habilitado cuando mediare el 'hecho nuevo' de desestimarse en Cámara y Corte el respectivo recurso de inconstitucionalidad de los deudores...".

Y es de destacar que tal postulación no alcanza a persuadir en esta instancia de que lo decidido configure los agravios enunciados -marginación de planteos, carencia de razonabilidad, autocontradicción, aplicación mecánica del sistema legislativo concursal, gravedad institucional- toda vez que, como bien lo asevera la Alzada en la denegatoria y en relación a la cuestión fundamental debatida en el sub examine, "...no mediaba impedimento alguno al acreedor verificante para que interpusiera el recurso de revisión atento la resolución desfavorable en los términos del art. 36 L.C.Q. recaída sobre su insinuación tempestiva de crédito dentro del concurso...".

Y es este argumento puntual el que queda sin respuesta suficiente por parte del quejoso al invocar un supuesto de exceso ritual manifiesto, desde que no luce en modo alguno arbitrario lo afirmado por la Sala en el auto denegatorio respecto a que es el recurso de revisión el remedio específico previsto por el derecho concursal para interponer contra la decisión que declare inadmisible un crédito, y que, vencido el plazo estipulado en la ley sin que el acreedor verificante acuda a esa "única vía recursiva posible", aquella resolución queda firme.

Por lo tanto y como se expresó, todas las alegaciones que endereza el quejoso referidas a que la Cámara sin dar explicaciones contradijo lo decidido por la jueza de baja instancia; que omitió considerar su planteo relativo a que se trataba de la verificación de un "crédito nuevo por adición" (hipoteca más res iudicata), como así también lo afirmado acerca de los límites temporales de la cosa juzgada; que aplicó literal y mecánicamente el artículo 37 de la Ley de Concursos prescindiendo de circunstancias objetivas; que dio lugar a la configuración en el caso de un supuesto de gravedad institucional, no traducen sino su discrepancia para con la normativa aplicada y la hermeneusis que de la misma efectuó el Tribunal a quo, sin convencer que la conclusión a la que se arribó resulte arbitraria o descalificable desde un punto de vista constitucional.

Y en tal orden es de advertir que el recurrente en esta instancia reitera planteos ya efectuados ante la Cámara sin demostrar sus afirmaciones respecto a que, frente a la resolución de baja instancia que declaró inadmisible su crédito, "carecía de sentido incoar ya mismo un recurso de revisión" y que el mismo recién se tornó viable "cuando apareció el hecho nuevo de la desestimación del recurso de inconstitucionalidad" lo que motivó que presentara su "replanteo y actualización" antes referidos.

Ello es así por cuanto, además de lo aseverado por la Cámara en el auto denegatorio, en la sentencia acertadamente se consideró que "la sola interposición de la vía extraordinaria ley 7055 no suspende la ejecución de la decisión impugnada, sino que dicho efecto lo tiene la concesión del recurso", por lo que aquellas apreciaciones -tal como afirmaron los juzgadores- de ningún modo pueden entenderse justificativas de su "inacción y omisión" en deducir el remedio legal y procesal previsto por la ley de concursos.

Asimismo, al aludir a un supuesto "disloque" en el sistema jerárquico de administración de justicia y a que se "arrasó" con una hipoteca irreprochable, no consigue desvirtuar lo expresado por el a quo respecto a la no configuración en el sub examine de un supuesto de gravedad institucional en tanto el presente caso no compromete intereses colectivos ni excede el mero interés individual de las partes en él involucradas, y porque tampoco se infiere de las constancias de la causa el aludido "juego de cosas juzgadas antagónicas".

En efecto, estos planteos no cuentan con la entidad suficiente como para desmerecer lo resuelto, desde que el fallo que se impugna no contradijo lo decidido en instancias anteriores ni en otros procesos, como así tampoco desconoció el instituto de la hipoteca -tal cual intenta hacer ver el quejoso-, sino que estimó inadmisible la pretensión del apelante ante la evidente ausencia de interposición del recurso previsto legalmente, falencia que no alcanza a convalidar ni justificar con sus postulaciones.

En definitiva, la presente queja debe desestimarse.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta y declarar perdido para el recurrente el depósito efectuado.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.:VIGO-GUTIERREZ-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)