Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-23


Causa Nº 1558-00-CC/2003, caratulada: "Oniszczuk, Carlos Alberto/ Infr. Ley 255 (J.B. Alberdi 2461) - Apelación". Sala II.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 23 del mes de marzo de 2006, se reúnen en acuerdo los integrantes de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Marcela De Langhe, Fernando Bosch y Pablo Bacigalupo, para resolver la presente causa.

VISTOS:

El 10/2/06 la Paz interpuso recurso de inconstitucionalidad -arts. 53 LPC, 26, inc. 4 LOPJ y 27 y ssgtes, Ley 402- contra el fallo de esta Sala de fs. 747/749 que confirmó el resolutorio de fs. 719/722 en cuanto no hizo lugar a la prescripción de la pena planteada por la defensa y dispuso hacer efectivo el cumplimiento de la sentencia de fs. 531 (fs. 782/788). Argumentó que lainterpretación del Tribunal relativa a la fecha en que la condena quedó firme y al inicio del cómputo del término del art. 32, Ley 10 -asuntos que la sentencia atacada estimó definitivamente zanjados en la causa- resulta extensiva in malam partem dado que, al descartar la tesis que esa parte valora correcta -consistente en que dicho lapso debe comenzar a contarse desde el rechazo del recurso de inconstitucionalidad por parte de la alzada- se tuerce el sentido de la garantía de su pupilo de recurrir ante un órgano de mayor jerarquía, volviéndola en su contra y se crea una causal de suspensión de la prescripción de la pena no prevista legalmente. Por otro lado, la denegatoria de la arbitrariedad denunciada -basada en el cambio inmotivado del criterio del "a quo" respecto de la materia discutida- no hace más que profundizar la invalidez antedicha. El hecho de que la Sala se hubiese expedido con anterioridad respecto de la cuestión no vincula al órgano inferior; por lo tanto, dicho precedente no resulta una razón válida para sostener el giro indicado.

La Sra. Fiscal de Cámara, sin perjuicio de considerar que el remedio no completaba los recaudos de admisibilidad, entendió que los escasos días hábiles anteriores a que venciera la habilitación del Estado para ejecutar la condena resultaban insuficientes para tal cometido -cálculo que realizó a la luz de la doctrina que tuvo por firme en el sub-lite concerniente al inicio del plazo del art. 32 CC-. En consecuencia, argumentó que abocarse al tratamiento de laimpugnación extraordinaria devendría abstracto.

Y CONSIDERANDO:

Que la jurisdicción de esta Sala fue excitada en orden al recurso de inconstitucionalidad descripto, interpuesto por quien tiene derecho a hacerlo, ante el Tribunal correspondiente y se dirige contra una sentencia equiparable a definitiva. Empero, la sola constatación de la fecha de su presentación sería ya suficiente para eximirnos de analizar los recaudos sustanciales de admisibilidad -adviértase que la defensa se notificó del fallo atacado el 26/12/05 (fs. 758/759) y más allá de los días inhábiles transcurridos a partir del 30/12/05 inclusive, el 19/1/06 el Bentolila habilitó la feria judicial (fs. 761/763), poniendo en conocimiento de la parte tal circunstancia el 23/1/06 (fs. 768 y 770)-.

Sin perjuicio de ello y de la evidente deficiencia en la estructuración del caso al que alude el art. 27, ley 402 lo cierto es que, de conformidad con la opinión fiscal, el estudio de la vigencia de la autorización estatal para materializar el castigo debe preceder al tratamiento de la procedencia de la impugnación.

Ello no significa, de acuerdo con lo expuesto recientemente, que sea este Tribunal quien automáticamente deba abocarse al examen antedicho. De constatarse una serie de presupuestos y sólo en modo excepcional, la Sala se encuentra habilitada para efectuarlo. En ese sentido hemos dicho que: "...El instituto sub-examine es de orden público por cuanto `...cuando el Estado...declara superflua e inútil la imposición de la pena, no corresponde sino al juez declarar de oficio la prescripción, aún ante el silencio de la parte; porque no corresponde a los particulares someterse a la pena, cuando la ley por interés público y general declara que no debe aplicarse (...). La omisión del imputado debe ser suplida por el magistrado, que encarna la autoridad del Estado, como órgano del derecho de juzgar y de condenar (Il Digesto Italiano, vol. XIX, Parte Prima, Prescrizione (Materia Penale), Unione Tip. -Editrice Torinese, Torino, 1909-1912, págs. 540 y sgtes.). Ello es así siempre y cuando la declaración perseguida no exija algo más que la mera comprobación del tiempo -puesto que en este caso habrá una controversia que exigirá debatir ciertos puntos decisivos para la suerte del litigio bajo el amparo de reglas acordes con el debido proceso- y que la solución a adoptar en aquel sentido resulte favorable al imputado -es la continuación innecesaria e injustificada de un juicio lo que conmueve el orden público y autoriza a que la extinción sea declarada con la simple verificación de que Causa Nº 1558-00-CC/2003. Sala II.

ella se ha producido-. De lo contrario, se le negaría al justiciable su derecho a obtener un segundo grado de jurisdicción...".

De conformidad con dichas premisas, no se observa en el sub-lite ninguno de los obstáculos señalados para la declaración pretendida. Las partes, aunque partiendo de distintas perspectivas, coinciden con la solución; además, ésta requiere, por lo que se dirá, la mera comprobación del paso del tiempo.

En efecto, independientemente de la crítica al fallo de fs. 747/749 y de la reciente jurisprudencia del TSJ sobre la que la Sra. defensora pretende hacer valer su postura, en dicha oportunidad estimamos firme la solución que en autos se dio a la reiterada discusión -excitada por diversos planteos de la misma parte, hasta contradictorios entre sí- relativa a la fecha en que la sentencia adquiere tal estado. En esta dirección se tuvo presente que ese hito se estableció en el 28/2/05, es decir, cuando el TSJ rechazó la queja por recurso de inconstitucionalidad denegado.

Ahora bien, mientras duraba el trámite de las instancias recursivas, el Bentolila unificó, a pedido del Sr. Fiscal, la condena recaída en autos con la de la causa Nº 16.701-JC/01 (vid. fs. 591/593). La Paz apeló la decisión pero, antes de que se cumplieran los pasos necesarios para el estudio de la impugnación, los autos se remitieron al Tribunal Superior en orden al remedio de hecho mencionado en el párrafo anterior.

Devueltas las actuaciones al Juzgado de primera instancia, la defensora dedujo la prescripción de la acción, mientras que el Fiscal, la solicitud de ejecución de la pena. El judicante se limitó a denegar la primer articulación y a ordenar el envío de los autos a la Sala con el fin de que se resolviera la impugnación inconclusa. Empero, la Paz interpuso un nuevo recurso de apelación y de allí, teniendo en cuenta los planteos paralelos efectuados en la causa Nº 16.701-JC/01 -tratados deficientemente por los magistrados que intervinieron-, el derrotero procesal al que aludimos a fs. 651/655 -ver también fs. 658 y 665-.

Resueltas las impugnaciones -a la que se agregó una extraordinaria por la denegatoria de una de ellas- y anulada la unificación de referencia el 9/9/05 (vid. fs. 691/697 y 698/700), la defensa solicitó se declare la prescripción de la pena (fs. 711/12) y el Sr. Fiscal volvió a insistir con su ejecución (fs. 713/vta.). En el mes de octubre de 2005 el Bentolila repelió la primer presentación y acogió la segunda. Sin embargo, ante la nueva impugnación de la Paz, omitió formar el incidente respectivo y elevó los actuados. Una vez resuelto el artículo -oportunidad en la que se hizo hincapié sobre la ejecutoriedad de la condena (vid. fs. 747/749)- el "a quo" se limitó a agregar un escrito en que la defensa reeditaba la discusión, esta vez, acerca de la prescripción de la acción y a practicar las notificaciones correspondientes. Iniciada la feria judicial y ante el pedido expreso del Duacastella Arbizu, el judicante practicó la habilitación correspondiente, denegó el pedido de la defensa y ordenó la intimación del condenado para dar cumplimiento a la pena de arresto. Empero, ante la oposición del Aboso de fs. 774, el juez dispuso suspender la ejecución (fs. 775/777). Recién el 10/2/06 la Paz dedujo el recurso de incons titucionalidad que nos ocupa.

En orden a lo expuesto, desde el 28 de febrero de 2005 no se materializaron las sanciones impuestas y, en consecuencia, ha transcurrido hasta la fecha el lapso del art. 32 CC sin que se hubiese verificado algún supuesto de interrupción. En consecuencia, los agravios dirigidos contra el resolutorio de fs. 747/749 se han tornado abstractos.

Concluido el acuerdo, el Tribunal RESUELVE:

I.- DECLARAR EXTINGUIDA por prescripción la pena de doce días de arresto y de cinco años de interdicción para obtener cualquier autorización, habilitación o licencia para organizar, promover, explotar o comerciar sorteos, apuestas o juegos, con más el comiso de los bienes secuestrados en relación al primer hecho por el cual fue condenado (vid. fs. 517/531, dispositivo 1) -arts. 32 y cctes., ley 10-.

II.- DECLARAR ABTRACTO el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Defensa Oficial a fs. 782/788.

Tómese razón, notifíquese personalmente a la Sra. Fiscal de Cámara y oportunamente devuélvanse los presentes actuados al Juzgado de Primera Instancia quien deberá practicar las notificaciones restantes.

Fdo: Fernando Bosch, Pablo A. Bacigalupo, Marcela De Langhe. Jueces de Cámara.

Ante mí: Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara.

La defensa apoya su tesitura en el reciente fallo del TSJ in re: "González, Carlos Alberto y otros s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en `González, Carlos; Lacquaniti, Roque y otros (Bingo Congreso) s/ inf. Ley 255 - Apelación´, rta. 19/12/05.

CACyF, Sala II, C/nº 1578-02-CC/2003, "Incidente de apelación en autos `Incidente de ejecución de sentencia en causa Romero, Ramón Bonifacio s/Infr. art. 47´", rta. 6/2/06 y Nº 1451-00-CC/2003, "Oniszczuk, Carlos Alberto/ Infr. Ley 255 - Apelación", 6/3/06.

CSJN, C. 459 XXXVIII, "Caballero, Jorge Alberto y otros s/ art. 71 CC causa Nº 555-cc-2000 s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad - incidente de prescripción", rta. 8/11/05, del voto del Fayt.

Ídem, cfr. voto del Petracchi.

Ib.

Vid. precedentes citados en la nota Nº 2.

Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas