marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Costas, costas al vencido, principio objetivo del vencimiento, interés concreto
Materia: PROCESAL
Carátula: "Villalba,  Italo  Delmiro c/ Estado Nacional y otro s/ daños yperjuicicios".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-11-22

La excepción al principio objetivo de la derrota ocurre cuando el juez "encuentra mérito para ello" fórmula a ésta que por su elasticidad permite contemplar las particulares características de cada caso, especialmente cuando se advirtiere que la perdidosa actuó con la convicción de que objetivamente le asistía el derecho al reclamo impetrado -razón fundada para litigar- (Sala II "Aerolíneas Argentinas S.A. -Inc. Med.

(Levantamiento) c/ EN -PEN- Dto. 577/02 s/ Proceso de Conocimiento", 2/11/2004) (Del voto del juez Licht, cons. 9°).
Quiebra, fuero de atracción
Materia: COMERCIAL
Carátula: FAGA ANIBAL c/ FRIGORIFICOS MEDITERRANEOS S.A. s/ QUIEBRA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1988-06-22

estando pendiente el cumplimiento del acuerdo resolutorio homologado y no habiendo constancia de que se hubiese declarado la finalización del concurso, son aplicables los arts. 224 Y 22 de la ley 19551, que disponen la suspensión del trámite de los juicios de contenido patrimonial contra el concursado y su radicación ante el juzgado de proceso universal.
Contratista, contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: LENCINA FLORENTINA ANGELA c/ TESTA MARCELO DANIEL Y OTRA s/ CONTRATISTA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-06-22

Existen dos contratos, uno civil o comercial, entre el concesionario y el concedente y otro laboral entre el primero y sus empleados. Entre el personal del contratista y la empresa no media vínculo laboral ni de ningún otro orden contractual, sino impuesto por la ley, como un medio de garantizar el cumplimiento de las obligaciones y de la seguridad social, por parte del contratista.-
Sucesiones, honorarios del abogado
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Tiribelli, Adelia E. s/ Sucesión testamentaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-07-08

La publicación de edictos prescripta por el art. 734 del CPC configura una labor profesional que beneficia a todos los herederos, por consiguiente merece que la califique como "trabajo común" y se la remunere en el modo establecido por el art. 35 de la ley 8904.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Sociedad conyugal, liquidación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ACEVEDO ANA LUIS Y PASTOR SABINO MORON s/ Divorcio Mutuo (LIBRO: S144 - 237)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1987-06-24

Discrepancia entre los que niegan validez a los convenios celebrados antes de la sentencia de divorcio. Con la reforma de la ley 2393 (art. 67 bis) los cónyuges pueden acordar la forma de liquidar la Sociedad Conyugal y estos acuerdos son negocios jurídicos condicionados a la separacion judicial de bienes, plenamente eficaces.- En autos resulta irrelevante pronunciarse sobre la validez del convenio celebrado porque surge de la conducta de las partes y del propio apelante que el convenio no fue considerado definitivo a los fines de la liquidación conyugal, sino que pide el trámite del CPC previsto para las sucesiones conforme la remisión del art. 1313 CCI.

Resulta de aplicación la doctrina de los propios actos.-
Ejecución fiscal, recurso de inconstitucionalidad, denegatoria del recurso, queja por recurso denegado
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ GCBA c/ Giletta, Norberto Ángel s/ ejecución fiscal - radicación de vehículos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-21

El superior tribunal de la causa, en términos de la Corte Nacional, es aquel que, dentro de la respectiva organización procesal, se encuentra habilitado para decidir en último término sobre la materia que suscita la cuestión federal o reparar el gravamen del recurrente, siendo normalmente el que dirime el litigio, una vez agotados los recursos ordinarios que autorizan a pronunciarse en dicha materia (cfr. Fallos 304:1468; 308:490 y 311:2478). (Del voto en disidencia de la juez Inés M. Weinberg).
Trabajadores marítimos, desembarco, despido
Materia: LABORAL
Carátula: FRANCHINO, Luis c/ SCAN S.A. s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-10-28

El embarco o "enrolamiento" es el acto por el cual el tripulante queda inscripto en el libro de rol del buque en que prestará servicios y el desembarco es el acto por el cual se da de baja de dicho libro, son actos administrativos que se cumplen con intervención exclusiva de la autoridad marítima, por lo cual no son otra cosa que formalidades tendientes a hacer viable la prestación efectiva de los servicios a bordo durante el curso del viaje, pero no reinician ni extinguen el vínculo de trabajo.

Por ello, si un tripulante ha sido desembarcado sin haber renunciado o sin haber sido despedido en forma expresa, debe ser reembarcado oportunamente, en su defecto queda configurado el despido y el armador queda obligado al pago de las indemnizaciones correspondientes.
Delitos militares, personal militar
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Videla, Jorge Rafael. s/ Excepción  de Incompetencia promovida por el procesado en la causa N.  4852
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-07

Si los delitos esencialmente militares consisten en una violación a las obligaciones o deberes militares, para apreciar si el hecho constituye o no un delito militar, basta determinar si él consiste en el quebrantamiento de un deber propio de los ejércitos, y por tanto únicamente punible respecto de quienes deben sujetarse a ese deber -los militares- o si lo es igualmente respecto de cualquier ciudadano. En este sentido, pueden descartarse actos que, cometidos por civiles, serían absolutamente irrelevantes para el derecho penal.
Sentencia, fundamentación de sentencias, principio de congruencia, juez de ejecución, trabajo penitenciario, remuneración, constitucionalidad, recurso de casación
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: A., N. F. s/ Hurto simple - I., C. M. s/ Encubrimiento reiterado (2 hechos) y hurto simple en C.R.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2009-02-26

Corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto contra la sentencia de la Cámara Criminal, a cargo de la ejecución de la pena, que acogiera favorablemente la pretensión defensista de declarar la inconstitucionalidad del descuento previsto en el artículo 121, inc. c de la ley 24.660, más sin hacer lugar al pedido de reintegro del porcentaje deducido de los fondos del interno para costear los gastos referidos, formulado en la oportunidad, invocando carecer de competencia para ordenar a un ente administrativo su devolución toda vez que dichas sumas habrían acrecentado el acervo del Estado Nacional , pues si receptó la pretensión en torno a la inconstitucionalidad de la normativa atacada resulta materia propia de la Cámara establecer los efectos de ese acto jurisdiccional.

Así, la omisión, de parte del tribunal, de expedirse sobre un punto esencial planteado legítimamente por la parte, acarrea el déficit de motivación comúnmente denominado 'incongruencia omisiva' frustrando con ello la tutela judicial efectiva, erigida como garantía de raigambre constitucional (art. 58 de la Constitución Provincial; art. 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos; art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional).
Recurso extraordinario, reserva de la cuestión federal
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Walter Emir CAMETHO c/ Y.P.F. s/ RECURSO  EXTRAORDINARIO  -  REQUISITOS  FORMALES  -  CUESTION FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-09

Para la procedencia de la apelación federal es menester que la presentación en que se la deduce contenga el preciso relato de los hechos de la causa, de la materia federal en debate y de las vinculaciones existentes entre ésta y aquéllos.
Accidentes de trabajo, opción, cuestión de derecho común
Materia: CIVIL-LABORAL
Carátula: Fiorotto, Arístides Javier c/ Supercemento S.A.I.C. s/ Laboral. Recurso de Inconstitucionalidad(EXPTE CSJ Nº 138- 93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-07-26

No puede prosperar la pretensión actora que -conforme a la descripción de los hechos- pretende encuadrar la demanda en el supuesto de lo que se ha dado en denominar "riesgo de actividad", cuya aprehensión por la normativa del artículo 1113 del Código Civil -norma en que fundamenta su reclamo- se encuentra en discusión tanto en doctrina como en jurisprudencia. Ello por cuanto resulta altamente peligroso -atento que desvirtuaría los distintos regímenes de responsabilidad establecidos en la ley- que se asimile la imputación de responsabilidad por "riesgo de actividad" a la que surge del incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Accidentes de trabajo, ingreso base mensual
Materia: LABORAL
Carátula: Pogonza Hugo Luis c/ Galeano ART SA s/ accidente-ley especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-02-20

Para determinar el monto de las prestaciones dinerarias referidas en la Res. 982/2010, el término "remuneración" a que se refiere el 208 L.C.T. incluye la totalidad de los conceptos que debió percibir el damnificado al momento de la primera manifestación invalidante (PMI), sin tener en cuenta el tope máximo de remuneraciones sujetas a aportes que estipula la ley previsional". Y, en su artículo segundo que: "La prestación dineraria que se devengue deberá incluir la parte proporcional del sueldo anual complementario (SAC)." Lo que fue objeto de una nueva modificación en octubre de 2012. La ley 26.773, y la incorporación del coeficiente de actualización RIPTE sobre la base salarial del art. 12 de la ley 24.557, sin discriminar la incapacidad sobre la que resultaría aplicable. En igual sentido, corresponde señalar que el art. 11 de la ley 27.348 modificó el art. 12 LRT, estableciendo que "a los fines del cálculo del valor del ingreso base se considerará el promedio mensual de todos los salarios devengados -de conformidad con lo establecido por el art. 1 del Convenio Nº 95 OIT- por el trabajador durante el año anterior a la primera manifestación invalidante.". Advertida la transformación histórica cabe sostener la inconstitucionalidad del inc. 1 del art. 12 LRT modificado por el Decreto 1278/2000. Ello así, toda vez que la manda de computar únicamente las sumas sujetas a aportes y contribuciones, implica acotar sustancialmente, el salario del trabajador que sufre la dolencia. (Del voto de la Dra. Cañal, en minoría).

Fuente del sumario: OFICIAL
Comunicación del despido, carga de la notificación
Materia: LABORAL
Carátula: LINARI CROSSA, Myriam y otro c/ THE SEGURITY GROUP s.a. s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-06-11

Debe responder por la tarifa indemnizatoria la empleadora que si bien envió la comunicación del distracto por telegrama dentro del período del que habla el art 92 bis, agregado por la ley 24013 a la LCT, éste no llegó a esfera de conocimiento de los interesados sino con posterioridad al vencimiento de tal período de prueba. Esto es así toda vez que el que elige un medio de comunicación , lo hace por su cuenta y riesgo.
Entidades financieras, casas de cambio, autorización para funcionar, control estatal
Materia: ADMINISTRATIVO-ECONOMIA
Carátula: JP Morgan Chase Bank NA (Sucursal Buenos Aires) c/ Banco Central de la República Argentina s/ proceso de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-07-05

La autorización del Banco Central para actuar como casa, agencia u oficina de cambio implica el sometimiento a un régimen jurídico que establece un marco de actuación particularmente limitado y controlado, que impone la obligación de constituirse bajo un determinado tipo societario, especifica cuáles son las operaciones y actividades que se pueden realizar y cuáles están vedadas y faculta a aquél a determinar las modalidades del mercado cambiario y a dictar normas que aseguren un adecuado grado de solvencia y liquidez por parte de las entidades cambiarias, por lo que las relaciones jurídicas entre éstos y aquél se desenvuelven en el marco del derecho administrativo y esta situación particular es bien diversa al vínculo que liga a todos los habitantes del territorio nacional con el Estado.
Competencia penal, ofensas vertidas en juicio
Materia: PENAL
Carátula: CONTRERAS JOSE A. s/ PROMUEVE QUERELLA POR INJURIAS C/ FRANCISCO RODRIGUEZ S/ CASACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1994-08-25

En el caso de autos es de aplicación la norma del art. 115 del CP.

por cuanto el escrito que contiene las expresiones ofensivas fue presentado en sumario administrativo, de conformidad con lo establecido por el art. 98 inc f de la ley 19798 y cuyo trámite rige la Ley de Procedimientos Administrativos 19549, ordenamiento legal que asegura el debido proceso adjetivo, el derecho a ser oído, a ofrecer y producir pruebas y a una decisión fundada, susceptible de ser impugnada judicialmente (arts. 1 y 23 a 32 y concordantes de su decreto reglamentario 1759/72
Conflicto de poderes, Superior Tribunal de Justicia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Larrauri, Miguel Angel; Intendente de Gobernador Costa s/ Conflicto de Poderes
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-07-12

La intervención de este Superior Tribunal prevista por la Constitución y la Ley Orgánica Municipal, lo es como juez de la constitucionalidad y legalidad de los procedimientos y decisiones en la materia que, con carácter restrictivo, considera de su exclusiva competencia para restablecer la vigencia de la ley" ;

y que "en estas cuestiones conflictivas, la intervención del Cuerpo tiene un carácter especialísimo, que no es instancia común de revisión, sino extraordinaria de restablecimiento de la vigencia de la ley, quedando fuera de su órbita toda apreciación de conveniencia u oportunidad, para limitarse al control de la constitucionalidad o la legalidad del procedimiento. De allí que no actúa como órgano habilitado para rever las decisiones adoptadas y tampoco es misión de él corregir todos los abusos en que pueda incurrir quien detente el gobierno municipal o alguno de sus integrantes, ello es así en tanto y en cuanto la valoración de las circunstancias que den lugar a tal calificación no resulte irrazonable, arbitraria o absurda".
Patentes, Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, propiedad intelectual, interpretación de tratados internacionales, medicamentos
Materia: COMERCIAL
Carátula: Merck Sharp & Dohme Limited c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de patente
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-12-02

No cabe sustentar la solicitud de patente de una norma aislada del Acuerdo ADPIC -referente a todo campo de tecnología anulando las previsiones de una norma especial para la protección mediante patente de los productos farmacéuticos como es el art. 70.8 y omitiendo armonizarla con los límites temporales que los países miembros establecieron para paliar la conmoción que los nuevos criterios de patentabilidad podría causar en sectores que no gozaban de la protección a la fecha de entrada en vigor del acuerdo sobre la OMC (Voto del Dr. Antonio Boggiano). -Del precedente "Pfizer", al que remitió la Corte Suprema-.
Trabajadores de la construcción, fondo de desempleo, mora del empleador, actualización monetaria
Materia: LABORAL
Carátula: TOLOSA, RAUL ALBERTO c/ FERNANDEZ OLMEDO NICASIO DOMINGO s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-08-18

Cuando media demanda judicial transcurridos setenta días de la rescisión del contrato de trabajo, la actualización del fondo de desempleo adeudado debe efectuarse conforme al régimen de la ley 22250, desde el momento que se origino cada crédito hasta transcurridos sesenta días y a partir de ese momento conforme a la directiva del artículo 276 del RCT. (To.). El artículo 30 de la ley 22250 solo contempla el supuesto en que la demanda se deduzca dentro de los sesenta días del cese.
Lesión subjetiva, prueba, carga de la prueba
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: MAGGI DE MASTROPASQUA, Emilia I. c/ JURI GASUB y otro s/ NULIDAD DE CONTRATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-09

La sola comprobación de la existencia de lesión objetiva -desproporción grosera de las prestaciones- hace presumir la lesión subjetiva, razón por la cual quien la invoca no tiene que demostrar la explotación por parte del lesionante. Si este último considera que no es así, está obligado a probarlo.-
Superior Tribunal de Justicia, excusación, violencia moral
Materia: PROCESAL
Carátula: Rivero, Hector Benigno y otros c/ Municipalidad de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción. Pedido de  excusación de Ministro (Expte. CSJ Nº 389-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-03-22

El requisito de que el que el excusado informe al Tribunal, aunque más no sea mínimamente, los motivos que permiten sostener la razonabilidad de la decisión de apartarse de la causa, se encuentra suficientemente cubierto -en el caso- al resultar los hechos alegados, de público y notorio conocimiento. Por ende, y atento a ello, los fundamentos de la articulación formulada por el Ministro que se excusa, conforman una situación que debe ponderarse como de gravedad relevante y excepcional para generar, razonablemente, en él un estado anímico subjetivo digno de atención para operar su apartamiento de la labor de juzgar a su sola petición.
Daños y perjuicios, responsabilidad del personal judicial, secretario de juzgado, cheque judicial, endoso, uso de documento falso, relación de causalidad
Materia: PROCESAL-PENAL-CIVIL
Carátula: Acosta Torres, Eulogio c/ Estado Nacional Ministerio de Justicia y otros
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-08

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que, ante el reclamo de una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados por la sustracción y cobro fraudulento de un cheque judicial mediante la utilización de un documento falso, imputó responsabilidad a la secretaria del juzgado en los términos del art. 1109 del Código Civil por haber desempeñado sus funciones de manera irregular al cumplir con la obligación impuesta en el art. 3° de la ley 9667, si la circunstancia de verificar la actuaria la identidad de quien se presentó en el juzgado para retirar el cheque interrumpe el nexo de causalidad adecuado que debe existir entre el hecho y el daño en tanto aun cuando se admita la hipótesis de que no cumplió satisfactoriamente con su deber de estar presente en el momento del endoso, esta conducta no resulta suficiente ni determinante para producir el daño que el actor dice haber padecido.

-Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.

-Los jueces Petracchi, Maqueda y Argibay, en disidencia, consideraron que el recurso extraordinario cuya denegación originaba la queja era inadmisible-.
Intereses moratorios, tasas de interés, pesificación, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: CIVIL
Carátula: FREYRE, EMMA CARMEN c/ MARANGON, ELVIO JOSE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-10-01

Los intereses moratorios dispuestos en sentencias judiciales no generan "per se" cuestión constitucional que permita la apertura de esta vía excepcional, siguiendo los lineamientos del Máximo Tribunal nacional en el sentido de que la determinación de la tasa de interés a aplicar queda ubicada en el plano de la razonable discreción de los jueces de la causa que tienen la labor de interpretar dicho ordenamiento.

Sin embargo, dicha doctrina no puede aplicarse cuando se trata de intereses respecto de condenas dinerarias sujetas al régimen de pesificación dispuesto por las leyes 25561 y 25820 y el decreto 214/02, advirtiéndose, entonces, que la determinación de los intereses sobre el capital calculado conforme a ese ordenamiento legal forma parte del mecanismo de recomposición de la suma dineraria condenada.

Por tanto, el examen de la tasa de interés aplicada en autos, desde el plano constitucional, implica efectuar un análisis sobre si los accesorios determinados en la sentencia cumplen -o no- con el fin de dichas normas en cuanto a restablecer la equivalencia de las prestaciones.
Responsabilidad médica, mala praxis, muerte del paciente, indemnización por muerte, monto de la indemnización, facultades del juez, daño moral, muerte del padre
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MEDINA, IRMA ELENA c/ INSTITUTO  NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADO s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-26

Para determinar el quantum de la indemnización existen obvias dificultades pues débese mensurar en dinero un daño de naturaleza extrapatrimonial. No queda otro remedio que recurrir a la prudencia de los jueces, los que deberán valorar la entidad de los padecimientos de manera fundamental y también la gravedad del obrar del responsable.

La actora tenía 38 años de edad a la fecha del fallecimiento de su padre, hombre de 76 años y de salud evidentemente resentida (hipertenso, colitis ulcerosa, diabético, portador de un cáncer).

Las posibilidades de sobrevida eran, por tanto, relativas. Por otro lado, la conducta de los médicos no fue dolosa sino meramente culposa, aunque los hechos han demostrado que pecaron de superficialidad y esto es grave en materia de medicina. Tales son los factores que habré de computar para determinar la entidad del resarcimiento, resultando innecesario -porque esto no alteraría mi conclusión- definir teóricamente si se está en presencia de un supuesto de responsabilidad contractual o aquiliana. El resultado es el mismo en cualquiera de ambos supuestos: no cambian ni la entidad de los sufrimientos ni la gravedad de la conducta obrada. Me importa advertir que tratándose de la indemnización del daño moral por la muerte del padre, la actora no tenía necesidad de probar su dependencia económica ni ningún otro extremo ponderable en la órbita del daño patrimonial.
Contrato de trabajo, indemnización por despido, indemnización agravada, ley de emergencia pública y de reforma del régimen cambiario, reglamentación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: Fernández   María   Alejandra  Gabriela c/ Obra  Social de  laActividad   de  Seguros  Reaseguros  Capitalización  y  Ahorro  yPréstamo para la Vivienda s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-03-11

El incremento previsto en el art. 16 de la ley 25.561, prorrogado en su vigencia por el art. 4 de la ley 25.972 debe aplicarse exclusivamente sobre la indemnización por antigüedad. Ello es así, pues el citado art. 4 de la ley 25.972 estableció que el recargo debe fijarse "por sobre la indemnización que les corresponda conforme a lo establecido en el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias". A diferencia del art. 16 de la ley 25.561  (que aludía ambiguamente a "la indemnización que les correspondiese, de conformidad a la legislación laboral vigente") el nuevo texto es preciso y no deja ningún espacio para la discusión, dado que identifica con absoluta claridad el resarcimiento que se duplica, que es exclusivamente la indemnización por antigüedad del art. 245 L.C.T..
Nulidad procesal, falta de notificación, prueba
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: FIRMENICH, MARIO E. s/ HOMICIDIO DOBLEMENTE AGRAVADO REITERADO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-25

No existe agravio alguno, que pueda derivarse de la ausencia de notificación expresa de la agregación de documentos al sumario, si la parte estuvo en condiciones de contradecirle y producir prueba en contrario.