Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2009-05-12


2º Instancia. - San Martín, mayo 12 de 2009 El doctor Alberto Daniel Criscuolo dijo:

I. El Sr. Juez de Primera Instancia hizo lugar a la demanda declarativa de certeza que dedujeran las empresas "Peñaflor S.A., Bodegas Trapiche S.A. y B.V.A. S.A. contra la Municipalidad de Morón, y declaró la inconstitucionalidad -en lo que a los demandantes respecta- de los artículos 168, 169, 170 y 172 de la Ordenanza Fiscal nº 8820 y artículo 35 de la Ordenanza Impositiva nº 8821, por violatorios de los artículos 9, 10, 11, 17, 31, 33 y 75 inc. 2º de la Constitución Nacional y artículo 9º de la Ley Nacional Nº 23.548 regulatoria del Régimen de Coparticipación Federal; con costas a los vencidos (art. 68 y cc. CPCC). Y, por último, difirió la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes.

II.- Para así resolver, el iudex a quo consideró que es indudable la facultad de los estados provinciales de darse leyes y ordenanzas de impuestos locales, y en general todas las que juzguen conducentes a su bienestar y prosperidad, sin más limitaciones que las enumeradas en el art. 108 (hoy 126) de la Constitución Nacional (Fallos: 7:373, entre otros); toda vez que, entre los derechos que constituyen la autonomía de las provincias es primordial el de imponer contribuciones y percibirlas sin intervención alguna de autoridad extraña (Fallos: 51:349; 144:282).

Por ello, es lógico concluir que los actos de la legislatura de una provincia no pueden ser invalidados sino en aquellos casos en que la Constitución concede al Congreso Nacional en términos expresos un exclusivo poder o en que el ejercicio de idénticos poderes ha sido expresamente prohibidos a las provincias o cuando hay una directa y absoluta incompatibilidad en el ejercicio de estos últimos (Fallos: 3:313; 32:1181, entre otros).

De seguido, remarcó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 156:323) ha sostenido que el régimen municipal que los constituyentes reconocieron como esencial base de la organización política argentina al consagrarlo como requisito de la autonomía provincial (art. 5º CN), consiste en la administración de aquellas materias que conciernen únicamente a los habitantes de un distrito o lugar particular sin que afecte directamente a la Nación en su conjunto... y por lo tanto debe estar investido de capacidad necesaria para fijar las normas de buena vecindad, ornato, higiene, salubridad, vialidad, moralidad, etc. de la comuna y del poder de preceptuar sanciones correccionales para las infracciones de las mismas.

En tal sentido, señaló que la policía de tránsito que se refiere a la circulación de personas y al de mercaderías, es de orden local, como así también la policía sanitaria -aunque su área de competencia puede ser también nacional- y persigue como finalidad la de asegurar la salubridad pública.

Por ello -dijo- se debe -dilucidar si las reglamentaciones en disputa, pertenecen a la esfera de facultades locales municipales- no delegadas a la Nación o, por el contrario, si esa regulación implica un avance sobre un ámbito de naturaleza federal, colisionando con las normas constitucionales que la accionante estima conculcadas excluyendo de tal forma -por completo- la posibilidad de una competencia concurrente sobre la materia en debate.

Agregó que la tasa igual que el impuesto se deriva del poder de imperio del Estado, diferenciándose de éste, por el presupuesto de hecho escogido para hacer nacer la obligación tributaria que debe consistir en una actividad estatal, específica e individualizada, que atañe al sujeto pasivo; destacando -con cita jurisprudencial de la Corte Suprema- que el cobro de dicho tributo debe corresponder siempre a la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio relativo a algo no menos individualizado (bien o acto) del contribuyente (CSJN, "Cía. Química S.A. c/ Municipalidad de Tucumán", ED. 7/2/90, fallo 42.084 y sus citas).

También señaló que "las actividades que desarrollan las empresas litisconsortes, les vienen reguladas por las disposiciones del Código Alimentario Argentino (ley 18.234), ley 14.878 del Régimen de producción, Industria y comercio vitivinícolas, creación del Instituto Nacional de Vitivinicultura, Ley Nacional de Alcoholes nº 24.566 y las normas para la designación de vinos y bebidas espirituosas de origen vínico...".

Que el Instituto Nacional de Vitivinicultura resulta ser la autoridad de aplicación de las leyes 14.878, 24.566 y 25.163, siendo, sus funciones y objetivos, entre otros, verificar el cumplimiento de tales normas, aprobar y coordinar, con el Sistema Nacional de Control de Alimentos, (creado por decreto 815/99 PEN, con el objetivo de asegurar el cumplimiento del Código Alimentario Argentino, con aplicación en todo el territorio nacional) la ejecución de planes y programas para ejercer el control de la producción, circulación, fraccionamiento y comercialización de alcoholes.

Expresó que la competencia de dicho Instituto Nacional, se centra en lo atinente al contralor de la genuinidad de los productos vínicos y de su sanidad, en las etapas de producción, la industria y el comercio realizándose periódicamente otros controles y, que para la liberación del producto al consumo debe obtenerse del Instituto el análisis de libre circulación con el que así se lo declara con el agregado de "Vino genuino - Apto para el consumo".

En lo referente a la Ordenanza Municipal 8820, señaló que impone una tasa de "Inspección Veterinaria", por el servicio de "visado" y "Control sanitario", de certificados -sean nacionales, provinciales o municipales- y bebidas alcohólicas de baja y alta graduación -para el consumo y/o elaboración-, respectivamente.

Pero dado que la actividad de la actora está regida por las leyes antes citadas y el Instituto Nacional de Vitivinicultura, luego de variados y exhaustivos análisis, otorga el certificado que permite la libre circulación de los productos en todo el territorio Nacional, como aptos para el consumo, concluyó en que el servicio que el Municipio accionado dice prestar ya lo es por la autoridad Nacional; por lo que el cobro de las tasas es improcedente, pues no se encuentra verificada la concreta, efectiva e individualizada prestación del servicio (Fallos: 321:931).

Así, entendió que las normas municipales resultan violatorias de los Arts. 9, 10 y 11 de la Constitución Nacional y, en consecuencia, obstaculizan la libre circulación territorial.

Finalmente, señaló que también conculca los principios de supremacía constitucional y jerarquía de las leyes contenidas en el art. 31 de la CN, ya que ellas están por encima del ordenamiento local que debe subordinarse a esa supremacía, violando, también, la garantía de razonabilidad de las leyes que dimana del art. 33 CN.

III. Dicha sentencia fue apelada por la demandada a fs. 696, expresando agravios a fs. 756/764, con respuesta de la contraria (fs. 769/775); por lo que una vez que el señor Fiscal General contestara la vista conferida (fs. 792/793vta.), se llamó los autos al acuerdo (fs. 794), quedando la causa en condiciones de recibir pronunciamiento definitivo.

IV. Se agravia el apelante (fs. 756/764) porque considera que existe una clara contraprestación por la tasa establecida en la Ordenanza Impositiva Nº 8820 [Art. 35] del municipio de Morón, consistente en el control sanitario de las bebidas alcohólicas, mediante los análisis de laboratorios pertinentes, a los fines de verificar las condiciones de las mismas -según lo explicitado en el certificado sanitario que das ampare-, toda vez que dichos productos son perecederos y pueden malograrse, ya sea por el transcurso del tiempo y/o condiciones del transporte y/o ante su posible adulteración, todo ello a los fines de garantizar la salud de la población de la comuna donde han de ser consumidos.

Sostiene -en esa línea- que lo que está gravando la Municipalidad de Morón con la tasa de inspección veterinaria prevista en el art. 168 de la Ordenanza Fiscal, es un control sanitario que efectivamente presta -en este caso- sobre las bebidas alcohólicas de baja y alta graduación que se introducen en el partido de Morón con destino al consumo y/o elaboración.

Se queja también de la sentencia del a quo en cuanto a que el cobro de la tasa "resulta violatoria de los Arts. 9, 10 y 11 de la Constitución Nacional, en tanto obstaculiza la libre circulación territoriales". Al respecto expresa que no se grava el tránsito de los productos que comercializan las empresas, toda vez que el hecho imponible es el control sanitario que ejerce el municipio sobre las bebidas alcohólicas que se destinan al consumo y comercialización dentro del partido de Morón, y no el ingreso a la comuna de dichos productos.

Además, se agravia porque el a quo considera que el cobro de la tasa vulnera el derecho de propiedad de las empresas accionantes, en razón de que no existe una efectiva contraprestación por parte del municipio; siendo que de la Ordenanza en crisis se desprende claramente el servicio que presta la Municipalidad de Morón con motivo de la aplicación de la tasa en cuestión (inspección y análisis químicos de los productos que se destinan a la comercialización y consumo dentro del Partido).

Señala al respecto que el propio Instituto Nacional de Vitivinicultura se reconoce impotente para fiscalizar la calidad del producto en su lugar de destino, lo que justifica el servicio que efectivamente presta la comuna.

Dice que resulta razonable que el Consejo Deliberante de Morón, en uso de sus facultades sancione Ordenanzas que impongan el pago de tasas por la prestación de determinados servicio a cargo del municipio como lo es el control sanitario de bebidas alcohólicas de baja y alta graduación que se introducen al partido. Entiende que no existe confrontación entre la Ordenanza Impositiva y fiscal de la citada comuna y el plexo normativo conformado por la Ley General de Vinos, el Código Alimentario Argentino [Ley 18.284], el Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, la Ley Nacional de Alcoholes y la Ley Nº 25.163.

Además, se agravia porque se sostiene en la sentencia recurrida una alegada "superposición" entre la pretensión tributaria municipal y la legislación nacional [Ley General de Vinos que crea el Instituto Nacional de Vitivinicultura - Código Alimentario Argentino], afectándose el interés federal, lo cual a su entender no es así.

Pues existen un grupo de facultades que pueden ser ejercidas indistintamente por el Estado Federal o las Provincias, a las que se denomina "concurrentes" o "compartidas".

La Municipalidad de Morón al sancionar la Ordenanza Fiscal que crea la tasa en cuestión, no ha en modo alguno modificado unilateralmente el Régimen de Coparticipación Federal (tal como lo sostiene equivocadamente el sentenciante), ni establece incompatibilidad alguna con lo dispuesto por el Art. 9 de dicho régimen, toda vez que conforme lo previsto por dicho artículo en su última parte, la obligación dispuesta en dicha norma no alcanza a aquellas tasas retributivas de servicios efectivamente prestados.

Señala las circunstancias por las cuales se justifica la reinspección sanitaria, extrayendo muestras y realizando análisis tales como graduación alcohólica, contenido o ausencia de metanol, etc., lo cual conlleva una erogación económica, materializada en la tasa que se cobra.

Sobre el particular afirma que debe considerarse el articulado del Código Alimentario Argentino para comprender la cantidad de elementos que pueden adulterar un vino y que son de fácil introducción en el producto terminado, envasado y transportado.

Finalmente, para el caso de tener una sentencia adversa a su pretensión, mantuvo la reserva del caso federal (Art. 14 de la Ley 48), por entender que la decisión recurrida vulnera principios de raigambre constitucional, tales como los arts. 5, 17, 28, 121 y 123 C.N., y solicitó la revocación del fallo rechazando la demanda, con costas.

V. En su réplica a los agravios la actora expresa (fs. 771) que no hay una critica seria y fundada a los argumentos de la sentencia.

En primer lugar, el municipio argumenta en forma dogmática de que "bajo ningún punto de vista se grava el tránsito y que el hecho imponible es el control sanitario". "Esto es confuso -continua diciendo- porque empieza refiriéndose a los derechos de tránsito y concluye con el requisito de la legalidad fiscal"...Y que al no tener competencia para efectuar un supuesto control, ya que lo realiza el órgano nacional, todo intento de cobrar la gabela constituye un inconstitucional derecho de tránsito..Y que no son necesarios los supuestos "servicios de inspección veterinaria" ya que la autoridad nacional le otorga el "apto para consumo" y "libre circulación".

En segundo lugar, agrega que no han sido probados los servicios prestados y cita jurisprudencia de la CFASM en la que "es el INV... encargado de ejercitar el poder de policía estatal en materia de vitivinicultura" (Peñaflor y otros c/Municipalidad de Merlo, Reg. Nº 253/07 Fº 292/295 del 22 de mayo de 2007).

En tercer lugar, no demostró que las ordenanzas no sean contrarias a la jerarquía constitucional.

En cuarto lugar, en cuanto a que "los municipios tienen potestad impositiva" considera que el límite sería el Régimen de coparticipación federal.., en el cual la regla general de no imposición de tributos análogos puede ser solamente suspendida mediante los "servicios efectivamente prestados", los que no pueden existir en razón, de que es inconstitucional el "visado de certificados nacionales y el "supuesto control" de productos.

Dice que la municipalidad de Morón con motivo de la sanción de la Ordenanza Fiscal ha incumplido su obligación de no aplicar gravámenes locales análogos a los nacionales coparticipados, y que además de tomar la característica de un derecho de tránsito prohibido por la C.N., el tributo establecido al gravar el ingreso de la mercadería al ejido municipal, resulta análogo al impuesto al valor agregado, esto es, grava la misma "materia imponible" alcanzada por la Ley que regula dicho impuesto (IVA).

Concluye que al no existir la posibilidad de visar "certificados sanitarios" no existe servicio alguno que se deba financiar.

VI. Sentado ello, en primer término, debo señalar en lo que hace a la admisibilidad procesal del recurso, habida cuenta la crítica del actor referente a la expresión de agravios del apelante, que a mi juicio el escrito de referencia agregado a fs. 756/764 y reseñado en el considerando IV cumple, en lo sustancial, con las exigencias para sustentar la apelación, en la medida que el recurrente ha individualizado las razones de su disconformidad con base a las pretendidas falencias del fallo de grado; de modo que, no corresponde aplicar la grave consecuencia prevista en el art. 266 del código adjetivo y procede el tratamiento de su protesta en virtud de adoptar un criterio amplio acorde con la vigencia de la superior garantía de la defensa en juicio (cfr. CSJN, in re: "Trepat, Manuel v. Gvozdenovich, Cristóbal y otros", Fallos: 308:90 y esta Sala en las causas 882/01, rta. 7/02/02, nº 1860/01, rta. el 5/08/02 y nº 3109/05, rta. el 12/09/06, entre otras).

VII. Dicho lo cual, corresponde ahora avocarme al análisis de los agravios vertidos por la demandada.

Liminarmente, la cuestión circunscripta a debate se cierne acerca de si la reglamentación impugnada que da marco al cobro de las tasas que la Municipalidad de Morón pretende imponer a la actora, se encuentra dentro de las facultades locales no delegadas a la Nación o si, por el contrario, esa regulación implica un avance sobre un ámbito de naturaleza federal, que colisiona con normas de rango constitucional.

En primer lugar, cabe recordar que [de acuerdo al sistema del Estado federal, según las Constituciones general y local] la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido reiteradamente que de acuerdo con la distribución de competencias que emerge de la Constitución Nacional, los poderes de las provincias son originarios e indefinidos (art. 121), en tanto que los delegados a la Nación son definidos y expresos (art. 75) y que, dentro de este contexto, cabe entender que las prerrogativas de los municipios derivan de las correspondientes a las provincias a las que pertenecen (arts. 5 y 123) (Confr. Fallos: 304:1186; 320:619).

También el Máximo Tribunal, ha sostenido desde antiguo que es indudable la facultad de las provincias para "darse leyes y ordenanzas de impuestos locales... y en general, todas, las que juzguen conducentes a su bienestar y prosperidad, sin más limitaciones que las enumeradas en el art. 126 CN" (Fallos: 7:373, entre muchos otros); toda vez que, "entre los derechos que constituyen la autonomía de las provincias, es primordial el de imponer contribuciones y percibirlas sin intervención alguna de autoridad extraña" (Fallos: 51:349; 114:282; 178:308, entre otros).

De allí que "los actos de las legislaturas provinciales no pueden ser invalidados sino en los casos en que la Constitución concede al Congreso Nacional, en términos expresos, un poder exclusivo, o en que el ejercicio de idénticos poderes ha sido expresamente prohibido a las provincias, o cuando hay una absoluta y directa incompatibilidad en el ejercicio de ellos por estas últimas" (Fallos: 3:131; 302:1181; 320:619, entre otros).

Asimismo también el Alto Tribunal sostuvo que el límite fundamental para determinar el ámbito de legitimidad y de logicidad de las autonomías de los municipios en los órdenes institucional, político, administrativo y financiero, se encuentra en el principio de razonabilidad contenido en el art. 28 de la Ley Fundamental (Cfr. caso "Ponce, Carlos Alberto v. Provincia de San Luis", Fallos: 328:175).

Desde este hontanar, en lo que al caso se refiere, es claro que el estudio de la existencia de la obligación tributaria reclamada remite al análisis y cotejo de las normas federales involucradas, regulatorias de la producción, industria y comercio de vinos, y las Ordenanzas Nº 8820 y 8821 del Municipio de Morón.

La Ordenanza fiscal nro. 8820 de la Municipalidad de Morón, en su capítulo 7 "De la tasa por Inspección Veterinaria", dispone en su art. 168: "Por los servicios que a continuación se enumeran se abonarán las tasas que al efecto establezca la Ordenanza Impositiva Anual: inc. c) El visado de certificados sanitarios nacionales, provinciales y/o municipales y el control sanitario de bebidas alcohólicas de baja y alta graduación que se introduzcan en el Partido con destino al consumo y/o elaboración. A los fines señalados precedentemente, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones: Visado de certificados sanitarios: Es el reconocimiento de la validez de este tipo de documentación que ampara un producto alimenticio en tránsito. Contralor Sanitario: Es el acto por el cual se verifican las condiciones de la mercadería según lo explicitado en el certificado sanitario que las ampare. De acuerdo con lo establecido con relación al hecho imponible de la tasa por Inspección Veterinaria, corresponde interpretar que el servicio de visado de certificados y el control sanitario deben prestarse y percibirse con relación a los productos que más se destinan al consumo local y/o elaboración, aún en aquellos casos en que el matadero particular, frigorífico o fábrica esté radicado en el mismo Partido y cuente con inspección sanitaria nacional o provincial permanente".

A su vez, el art. 169 de la misma Ordenanza Fiscal dispone que: "Se consideran contribuyentes y demás responsables de las obligaciones tributarias. establecidas en este Capítulo:... Por visado y contralor sanitario de certificados. a) Los propietarios introductores".

Por su lado, el art. 170 establece que "Las tasas se fijarán según la mercadería que se tratare...por litro o unidad de uso", y en cuanto al pago se señala que "las tasas se abonarán en el acto de inspección por las constancias de los certificados sanitarios o conforme con la reglamentación que se dictare sobre la materia, al tiempo de entrar en jurisdicción del partido los introductores, al iniciar la distribución los distribuidores y en forma previa a su comercialización, los demás obligados que menciona el art. 169".

En tanto, la ley 14.878 creó el Instituto Nacional de Vitivinicultura (art. 2) como institución de derecho público con capacidad para actuar privada y públicamente, de acuerdo con las leyes generales y especiales de la Nación y los reglamentos que la rijan (art. 3). Es decir es un organismo autárquico, que interviene en nombre y representación del Estado Nacional, vinculado al Poder Ejecutivo por intermedio de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (Dec. 1279/03); competente "para entender en la promoción y el control técnico de la producción, la industria y el comercio vitivinícolas".

La citada normativa establece que "los productos a que se refiere esta ley no podrán librarse a la circulación sin el previo análisis que establezca su genuinidad y aptitud para el consumo... El número del certificado de análisis que corresponda a los productos deberá acompañarlos siempre como elementos de identificación".

Por otro lado, no se puede soslayar lo que establece la Ley Nacional de Alcoholes (24.566), la cual prescribe en su art. 4º que el INV será la autoridad de Aplicación de esta ley y dictará las normas reglamentarias necesarias para la prosecución de los fines inherentes a la misma; siendo que el art. 15 señala que "el alcohol etílico (único destinado para el consumo humano obtenido por la destilo rectificación de mostos o concentrados de cualquier carbohidratos, que haya sufrido la fermentación alcohólica), deberá circular amparado con el número de análisis previo que establezca su correspondencia con las características enunciadas -en el caso- en el artículo 7". De seguido, señala que el número de certificado de análisis que identifica a los productos debe acompañarlos en todo momento, siendo la autoridad de aplicación la que determinará por vía reglamentaria las disposiciones y recaudos pertinentes.

En cuanto a la fiscalización, advierto que la autoridad de aplicación nacional (INV) está facultada para ejercer el control de la producción, circulación, fraccionamiento y comercialización de los alcoholes definidos por la ley 24.566; así como que los funcionarios implicados están facultados para examinar libros y documentos, realizar inventarios, requerir informaciones y extraer muestras de los productos a los efectos de su contralor, ya sea en los lugares de producción, tránsito o comerció. Finalmente, establece que la misma autoridad nacional estará facultada para dictar las normas reglamentarias y adoptar las medidas necesarias tendientes a garantizar un control más efectivo de la materia en trato, estableciéndose un régimen sancionatorio para las infracciones a la ley (cfr. arts. 20, 21, 25, 27 y ss., Ley 24.566).

Por fin cabe mencionar, en cuanto a la actividad que desarrollan las empresas litisconsortes, a la Ley 25.163 por la que se establecen las normas generales para la designación y presentación de vinos y bebidas espirituosas de origen vínico y su decreto nacional reglamentario 57/2004, y las disposiciones del Código Alimentario Argentino (Ley 18.284).

Del minucioso análisis de este complejo normativo permite concluir, a mi modo de ver, que el control efectuado por la autoridad nacional resulta excluyente -en el caso por tratarse de vinos embotellados en origen- de todo otro control comunal sujeto a imposición fiscal (denominada tasa de inspección veterinaria) como condición para autorizar el ingreso y comercialización en el municipio de Morón.

No se me escapa que las provincias y, por delegación, las comunas en el legítimo ejercicio de facultades concurrentes están autorizadas, con fundamento en los poderes de policía, a reglamentar la actividad de ciertas industrias y facultades que sólo pueden ser reputadas en contradicción con las ejercidas por la autoridad nacional cuando median condiciones que las tornen inconciliables (Fallos: 315:1013 y otros).

Ello así pues es criterio de la Corte Suprema sostener que las normas reglamentarias en materia de policía de vinos -a nivel nacional- tienden a la necesaria protección de la salud de los consumidores y al fomento y consolidación de la industria respectiva, lo cual se concilia mediante un sistema de control cuyo cumplimiento debe ser estricto, porque de ellas depende la salud de los consumidores (Fallos: 306:1325; 315:222, entre otros).

Así, el último de los precedentes citados está referido a la ley 23.149 que prohíbe el fraccionamiento de vinos en determinados tipo de envases fuera de la zona de origen (fuera de los centros de producción tradicionales), para así evitar posibles adulteraciones o manipulaciones del producto y así también a mejorar la producción y calidad de los vinos, cuestión que se vincula con la salud de los consumidores.

Ahora bien, en el sub lite ha quedado claro que el producto que comercializan las empresas actoras está embotellado de origen y el INV por aplicación de la ley 14.878 realiza el contralor de la genuinidad de los vinos, autorizando la libre circulación del producto como "Apto para el Consumo" mediante el número de certificado de análisis el cual acompaña al producto como elemento de identificación (art. 14, Ley ctda.).

Sentado cuanto precede, es hora de recordar que la Corte Suprema ha sentado desde antiguo las pautas jurisprudenciales que definen las características de las tasas y más recientemente fueron recordados en el caso "Compañía Química S.A. c/ Municipalidad de Tucumán (Fallos: 312:1575), donde se expresó que al cobro de las tasas debe corresponder siempre la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio".

La recurrente en lo sustancial señala que la tasa establecida por la Ordenanza Fiscal Nº 8820 (art. 35), obedece a la contraprestación que deviene del control sanitario de bebidas alcohólicas, mediante la extracción de muestras y análisis de laboratorio que conlleva una erogación económica, y que por ello no se está gravando el tránsito de los productos ni el ingreso de los mismos a la comuna.

En esa línea, cabe señalar que de la compulsa del legajo no surge acreditado los controles que dice haber efectuado la Municipalidad de Morón; las pruebas presentadas por la Comuna se refieren a la introducción de productos que no incumben a la causa (fs. 507/642).

Tampoco surge del informe del INV que las bebidas alcohólicas sean productos perecederos, ni que necesitan condiciones especiales de transporte (fs. 134/142. Anexo IX).

De ello se infiere que no obstante que la demandada argumenta que el hecho imponible es el control sanitario, el mismo no ha sido probado, por lo que no se establece la alegada "contraprestación". De modo que, en este aspecto el agravio es inaudible.

Sin perjuicio de ello, lo cierto es que de la misma ordenanza surge que en realidad lo que se cobra no es nada más ni nada menos que "el visado de los certificados nacionales" al momento de la inspección. Pero aún en el caso de que se realizara dicho control, el mismo ya lo es efectuado por la autoridad de aplicación nacional (INV) en cumplimiento de la ley nacional.

De suerte tal que el hecho imponible es "el visado del certificado nacional", el cual es expedido por el INV previo controles, análisis y seguimiento con validez nacional.

En consecuencia, las Ordenanzas impugnadas por los actores, en cuanto establece el cobro de la tasa por el simple visado de los certificados nacionales, sin que se lleve a cabo servicio alguno -defecto probatorio mediante- diverso del realizado por el INV, avanza sobre un ámbito de competencia exclusiva del Estado Nacional y, por ende, debe ser privada de validez por el principio de supremacía federal contenido en el art. 31 de la Constitución Nacional.

Existe, pues, en el sub lite con el alcance referenciado, confrontación entre la Ordenanza Fiscal y el plexo normativo federal, superponiéndose entre ellas facultades que, en el caso, son divergentes; convirtiéndose el previo pago de la mencionada tasa en una exigencia para ingresar al municipio que vulnera los principios constitucionales de la libertad de tránsito (arts. 9, 10, 11, 17, 31 y 33 CN).

La significación del problema reside en el delicado equilibrio que es menester mantener para que ambos poderes -el nacional y el vecinal- no colisionen en el propósito común de promover el bienestar general.

De manera que el control efectuado por la autoridad de aplicación competente nacional (INV) [conforme lo dispone el art. 4º de la ley 24.566, Ley Nacional de alcoholes, cuya elaboración está sujeto a las regulaciones del Código Alimentario Argentino (Ley nº 18.284); por la Ley General de vinos 14.878 y sistema nacional de control de alimentos regulado en el decreto nº 815/99 del Poder Ejecutivo Nacional], autoriza que el, producto de las empresas litisconsortes pueda ingresar al Municipio de Morón al amparo del certificado de "libre circulación, vino genuino y apto para el consumo", acreditante de las condiciones de genuinidad y aptitud de acuerdo a las normas en vigor.

Finalmente, corresponde señalar que la Ley 23.548 de Coparticipación Federal de Recursos Fiscales, adherida por la provincia de Buenos Aires, establece en su artículo 9 que "la adhesión de cada provincia se efectúa mediante una ley que disponga... b) Que se obliga a no aplicar por sí y a que los organismos administrativos y municipales de su jurisdicción, sean o no autárquicos, no apliquen gravámenes locales análogos a los nacionales por vía de impuestos, tasas, contribuciones u otros tributos" con la aclaración de que esta obligación no alcanza a las tasas retributivas de servicios efectivamente prestados, extremo que en el proceso no se ha acreditado.

En tales condiciones, la tasa creada por la legislación municipal, avanza sobre un ámbito de competencia exclusiva del Estado Nacional, y de ese modo debe ser privada de validez por el principio de supremacía federal contenido en el art. 31 de la CN (F. 323:1705).

Por ello, y lo concordantemente dictaminado por el Sr. Fiscal de Cámara, propongo a mis distinguidos colegas, se confirme la apelada sentencia de fs. 686/695 y, en consecuencia, se haga lugar a la demanda declarativa de certeza e inconstitucionalidad deducida por las empresas Peñaflor S.A., Bodegas Trapiche S.A. y B.V.A. contra Municipalidad de Morón, y se declare el derecho de las empresas litisconsortes a que no se le exija el pago de la tasa por el visado y contralor sanitario de certificados nacionales, establecido en las Ordenanzas -Fiscal e Impositiva- nros. 8820 y 8821 (arts. 168 inc. c. "in fine", 169, 2 y 35 inc. b), del citado municipio, según las garantías y principios de la Constitución Nacional y disposiciones legales citadas.

Asimismo propongo imponer las costas de ambas instancias a la apelante en atención a su condición de parte vencida (arts. 68 CPCCN). ASI VOTO.

Los doctores Daniel Mario Rudi y Hugo Daniel Gurruchaga, por análogas razones adhieren al voto precedente.

En mérito a lo que resulta del Acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE:

I.- CONFIRMAR la apelada sentencia de fs. 686/695 en cuanto hace lugar a la demanda declarativa de certeza e inconstitucionalidad deducida por las empresas Peñaflor S.A., Bodegas Trapiche S.A. y B.V.A. contra la Municipalidad de Morón, porque se declara el derecho de las empresas litisconsortes a que no se le exija el pago de la tasa por el visado y contralor sanitario de certificados nacionales, establecido en las ordenanzas -fiscal e impositiva- nros. 8820 y 8821 (arts. 168 inc. c "in fine", 169, 2 y 35 inc. b), de la Municipalidad de Morón, según las garantías y principios de la Constitución Nacional y de las leyes federales implicadas.

II.- IMPONER las costas de ambas instancias a la demandada en su condición de parte vencida (arts. 68, 163 n. 6, 164, 265, 322, CPCCN).

III.- DIFERIR la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes hasta tanto se practique la correspondiente a la instancia de origen. -Hugo Daniel Gurruchaga. - Alberto Daniel Criscuolo. - Daniel Mario Rudi.