Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-03-08


BOTAR S.A. contra MUNICIPALIDAD DE ROSARIO Reg.: A y S t 212 p 203-212.

Santa Fe, 8 de marzo del año 2.006.

VISTA: La queja por denegación de los recursos de inconstitucionalidad y casación interpuestos por la actora contra la resolución n 20 del 11.2.2005 dictada por la Cámara de lo Contencioso Administrativo N 2 de la ciudad de Rosario en autos "BOTAR S.A. contra MUNICIPALIDAD DE ROSARIO -Recurso Contencioso Administrativo-" (Expte. C.S.J. n 381, año 2005), y; CONSIDERANDO: 1. Surge de las constancias de la causa que, por ante la Cámara de lo Contencioso Administrativo N 2, la firma BOTAR S.A. promovió el recurso reglado por la ley 11.330 contra la Municipalidad de Rosario, pretendiendo que se deje sin efecto la resolución del Intendente municipal mediante la cual se determinaron diversos ajustes en concepto de derecho de registro e inspección por el período marzo de 1994 a diciembre de 1999.

La Presidencia del Tribunal declaró inadmisible el recurso con fundamento en que la recurrente no había cumplido con el pago previo del gravamen cuestionado (art. 8, ley 11330). Específicamente respecto de las pretensiones de declaración de inconstitucionalidad del tributo y de repetición de las sumas abonadas en exceso de lo constitucionalmente permitido por los períodos no prescriptos, dispuso la inadmisibilidad por falta de planteo en sede administrativa. Recurrido que fue dicho pronunciamiento sólo en cuanto al incumplimiento del "solve et repete", la Cámara -en pleno-, lo confirmó (fs. 1/5).

Contra dicho decisorio interpone la accionante recursos de inconstitucionalidad y casación. Invoca el artículo 93 de la Constitución provincial, el artículo 1, incisos 1) y 3) de la ley 7055 y el artículo 37 de la ley 11330.

Relata los antecedentes de la causa, enuncia los requisitos de admisibilidad de la impugnación extraordinaria y, en el capítulo de la procedencia, desarrolla las razones que abonan su postura, afirmando que en el caso se verifica una cuestión constitucional en los términos del artículo 1, inciso 1) de la ley 7055 y, asimismo, que los Juzgadores incurrieron en diversas causales de arbitrariedad que descalifican el pronunciamiento.

1.1. A la hora de fundar su postulación recursiva alega que en la especie se configura una "cuestión constitucional" por cuanto el decisorio impugnado afecta un derecho constitucional o amparado por garantía constitucional, afirmando que la interpretación y aplicación del artículo 8 de la ley 11330 efectuada por el A quo es contraria a los artículos 6, 7, 8 y 15 de la Constitución provincial; a los artículos 16, 17, 18, 19 y 33 de la Constitución nacional y a diversos tratados internacionales, toda vez que quien carece de medios no podrá interponer el recurso contencioso administrativo y, de tal suerte, la Administración se convierte en tribunal de única instancia para juzgar los derechos de los administrados, impidiéndose la revisión judicial ulterior.

Asevera también que el mentado artículo 8 colisiona con el derecho a la jurisdicción, desde que, al exigírsele el pago como presupuesto de admisibilidad del recurso judicial pese a que se encuentra imposibilitada financiera, económica y patrimonialmente de cumplirlo, se ve privada de acceder a un órgano judicial, imparcial e impartial para la defensa de sus derechos.

Afirma además, que el referido artículo 8 también colisiona con el artículo 16 de la Carta Magna nacional, con el 24 del Pacto de San José de Costa Rica y con el 8 de la Constitución provincial que consagran el principio de igualdad ante la ley, habida cuenta que, aplicando el "solve et repete" a aquellos casos de imposibilidad de pago comprobada, se desemboca en un trato discriminatorio de tipo económico al impedir a los no pudientes la deducción de recursos para obtener la revisión del tributo.

En la misma línea, señala que se encuentran comprometidos el derecho de propiedad y el principio de legalidad, pues, al no poder accederse a la vía judicial, se obliga el pago de un tributo confiscatorio e inconstitucional; como también entiende que se pone en jaque la hermenéutica del artículo 5 de la Ley Fundamental de la Nación en tanto ninguna Provincia puede reconocer menos garantías que las contempladas en aquélla.

A renglón seguido consigna que, a fin de compatibilizar la exigencia del pago previo con los derechos y garantías "supra" enumerados, los más Altos Tribunales en el orden nacional y en el local, si bien reconocieron la constitucionalidad del "solve et repete", morigeraron su aplicación en casos en que la imposibilidad de pago trae aparejada la efectiva y concreta lesión de la garantía de defensa. Cita jurisprudencia y doctrina en su apoyo.

Entiende que esa interpretación, que no considera al pago previo como un principio absoluto, no fue respetada por el A quo el que, lejos de atemperar la exigencia y soslayando que acreditó la imposibilidad de cumplimiento -extremo que ameritaba su inclusión como situación "excepcional o anómala"-, propició una hermenéutica rigurosa de la norma que no se compadece con los derechos y garantías comprometidos.

1.2. Seguidamente desarrolla las causales de arbitrariedad, las que pueden sintetizarse así: a) Invocar una fundamentación aparente e incurrir en afirmaciones dogmáticas para negar la dispensa del requisito de previo pago.

Considera que los Sentenciantes, al juzgar que la postulada inexistencia de deuda no surgía con el carácter de manifiesta, no brindaron explicación alguna que permitiese sustentar tal conclusión.

Expresa que el argumento vertido por la A Quo referido a la posibilidad de formalizar convenios es sólo aparente, ya que para acceder a un convenio se exige el desistimiento de toda acción o recurso contra el tributo que se regulariza. Además, no existía ningún plan de pago vigente a la época en que debía ingresar la contribución.

Cuestiona asimismo los argumentos del Tribunal vinculados a que el contribuyente debió previsionar el pago de los tributos impugnados, y a que, de haberse cumplido tempestivamente con las prestaciones tributarias a sus respectivos vencimientos aun cuestionando los mismos o efectuando reservas, no se hubieran acumulado las diferencias por omisión de ingresos en el período objeto del ajuste, quejándose ahora de la magnitud del monto pero sin demostrar que la imposibilidad de pagar no se haya debido a su propia negligencia. Ello así, en tanto el A quo margina que si hubiera podido pagar el tributo no lo hubiera impugnado por inconstitucional y confiscatorio.

En otro orden asegura que los Sentenciantes, al sostener que la certificación contable carecía de idoneidad para acreditar la falta de medios para enfrentar el pago, brindaron una fundamentación sólo aparente, consistente, por un lado, en que en dicho informe, al analizarse la relación entre la pretensión fiscal y el patrimonio neto, no se había computado exclusivamente el capital, como correspondía, y por otro, en que la opinión profesional refiere a las circunstancias económicas de la firma a la fecha de emanación del informe (marzo de 2004), mas no refleja la situación a la fecha del dictado del resolutorio impugnado (febrero de 2005).

En cuanto al primer aspecto, aduce que, de haber realizado una simple operación aritmética, la Cámara hubiese advertido que el capital reclamado por el Fisco ascendía al 27,7% del patrimonio neto. Y respecto del segundo, se agravia de que en una causa anterior entre las mismas partes, en que había demostrado la impotencia patrimonial con suficiente actualidad, se le reprochó no haber acompañado información relativa a la época en que se devengaron los tributos cuestionados, razón por la cual en la presente litis acompañó abundante información contable cubriendo todos los períodos fiscales pretendidos y los años posteriores, hasta marzo de 2004, fecha en que se dedujo el recurso.

b) Apartarse de la jurisprudencia de la Corte nacional y de este Cuerpo.

Le imputa a los Sentenciantes marginar los criterios jurisprudenciales vinculados a la morigeración del requisito del previo pago no obstante haber demostrado que dicha exigencia constituye un impedimento para acceder a la justicia, habida cuenta que no dispone de la suma de dinero reclamada ni tiene los medios para obtenerla.

Por otra parte, entiende que el Tribunal se apartó de la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "López, Iván c. ANSES s. Impugnación de deuda" en cuanto a que los órganos jurisdiccionales deben valorar y analizar los elementos de prueba aportados para acreditar la imposibilidad de pago.

c) Prescindir de pruebas ofrecidas y producidas y contradecir las constancias de autos.

Asevera que el Tribunal consideró no acreditada la imposibilidad de pago refiriendo únicamente al informe contable acompañado, mas soslayando completamente la restante prueba documental agregada -balances por los períodos 1994/2003, declaraciones juradas de Ganancias por los períodos 1994/1999, constancias de pago del impuesto a los ingresos brutos (enero 1999 a diciembre 1999), resúmenes bancarios correspondientes a los cinco meses anteriores a la interposición del recurso-, de la cual surge la impotencia económico financiera de la empresa para afrontar la totalidad del tributo pretendido por la Municipalidad.

Expresa que acompañó además un cuadro ilustrativo de las utilidades de los ejercicios cerrados desde el año 1994 hasta el 2003 inclusive, comparando las utilidades de ejercicio año por año, en forma correlativa con la pretensión fiscal correspondiente a cada ejercicio, del cual surge una relación porcentual entre ambos términos que varía entre un 25 y un 129%; y remarca que el penúltimo ejercicio arrojó resultado negativo, y que las cuentas bancarias arrojan asimismo saldo deficitario, por lo que considera evidente que "no poseía ni posee capacidad económico financiera para afrontar el pago requerido".

Señala, en esta dirección, que el análisis de la composición de la cuenta "Bienes de Uso" del último balance certificado demuestra que no es titular de ningún bien inmueble, lo que le cercena toda posibilidad de recurrir a financiamiento bancario o de otro tipo.

Finalmente, alega que si por hipótesis se admitiese que esos elementos no resultaban suficientes, la Cámara debió ordenar la producción de la pericial contable propuesta y considera contradictorio que, por un lado, se haya reputado insuficiente la prueba aportada y, por el otro, no se ordene la producción de aquella medida.

1.3. La actora también interpone recurso de casación contra el resolutorio de la Cámara. Tal impugnación, encuadrada en el artículo 37 de la ley 11330, se funda en la inobservancia o grave error en la aplicación de las normas de derecho o de la doctrina legal, en tanto considera que los Sentenciantes se apartaron de la interpretación que los Máximos Tribunales nacional y provincial han efectuado del principio "solve et repete".

Para fundar la procedencia remite a los fundamentos del recurso de inconstitucionalidad.

Pide, en definitiva, la concesión de los recursos interpuestos.

A su turno, la Cámara denegó la impugnación deducida (fs. 30/32). Tal denegatoria motivó la presentación directa de la interesada ante esta sede (fs. 36/53).

2. En primer término corresponde realizar algunas precisiones respecto del alcance de la impugnación intentada.

En el memorial introductorio la recurrente encuadra el recurso en los supuestos previstos por los incisos 1) y 3) del artículo 1 de la ley 7055. Sin embargo y tal como lo sostiene la Cámara en el auto denegatorio, no cabe subsumir el presente caso en la primera causal regulada por la normativa citada -colisión entre una norma condicionante de la Constitución provincial y otra de jerarquía inferior, siendo la decisión favorable a esta última-, porque no surge que se haya puesto en tela de juicio la congruencia con la Carta Magna de preceptos de la referida jerarquía.

Antes bien, toda la sustancia recursiva está enderezada a cuestionar la interpretación y aplicación del artículo 8 de la ley 11330 que efectuó el A quo en el caso concreto, mas no a sustentar la falta de adecuación de ese dispositivo con la Carta Magna local. Así lo demuestra el propio libelo recursivo pues, más allá de la enumeración de cláusulas constitucionales y de otras contenidas en Tratados internacionales que la demandante considera quebrantadas, lo concreto es que la actora propicia, en rigor, una hermenéutica de las constancias de la causa que conduzca a la dispensa del requisito en estudio.

Siendo ello así, cabe tener por reducido el ámbito del presente remedio extraordinario a la previsión estatuida por el inciso 3) del citado artículo, esto es: "violación del derecho a la jurisdicción", bajo cuya óptica se analizarán los agravios esgrimidos.

3. Aclarado lo anterior se impone señalar, inicialmente, que la problemática del denominado "solve et repete" regulado en el artículo 8 de la ley 11330, ha sido motivo de estudio y consideración por parte de este Tribunal -tanto en su actual como en anteriores integraciones- en numerosos precedentes.

Por tanto, resulta oportuno recordar que: ("...") en el caso ´Primer Centro Distribución de Comestibles Cassinerio S.R.L.´ (A. y S. T. 96, págs. 268/289), esta Corte se pronunció acerca de la finalidad del instituto en cuestión, señalando que la exigencia del pago previo que impone el ar 51 t.o. 1986), como el Código Tributario Municipal (ley 8173, art. 61) y el artículo 8 de la ley 4106 en sede judicial; si bien el artículo 8, inciso 1, del Pacto de San José de Costa Rica, prevé el derecho por parte del contribuyente de ser oído por un tribunal independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley para la determinación de sus obligaciones fiscales, ello no empece a la exigencia del pago previo como condición habilitante de la instancia judicial; este criterio fue reiterado en ´Dagatti´ (A. y S.

T. 110, págs. 239, 243) e ´Industrias Frigoríficas Nelson´ (A. y S. T. 115, págs. 81/92); más recientemente y ya en el marco de las nuevas p 451/458) ("...") ("Empresa El Norte Bis", A. y S. T. 153, pág. 410).

Sin perjuicio de ello, este Cuerpo también recordó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación atenuó la aplicación de la regla en cuestión en diversas hipótesis, las que pueden esquematizarse así: ("...") a) admisión de la discusión de cuestiones mediante el recurso extraordinario en los juicios de ejecución fiscal, cuando se causa al demandado un agravio de imposible o tardía reparación ulterior (Fallos 158:86; 188:286; 205:448 y 26 Ahora bien, en el "sub judice" -precisamente- la impugnante pretende subsumir su situación en un supuesto excepcional con aptitud para morigerar la exigencia del previo pago y, de tal guisa, obtener la dispensa del mismo.

Para sustentar su petición, considera que ha probado suficientemente la imposibilidad de hacer frente al tributo reclamado. Es más, dijo expresamente que pagarlo implicaría "el cese de su actividad" o "la disolución por imposibilidad de cumplir su objeto".

Con esa base entiende que la Cámara, al denegar su petición de dispensa, conculca su derecho de acceder a la jurisdicción y la garantía de defensa en juicio. Esos, básicamente, son los fundamentos que sustentan la postura de la recurrente.

En tales condiciones, la cuestión a discernir en los presentes pasa por esclarecer si los planteos de la impugnante, en confrontación con la tarea desarrollada por la Cámara al evaluar los elementos probatorios arrimados para acreditar la imposibilidad de hacer frente al depósito previo en consonancia con las particulares circunstancias del caso, tienen entidad para operar el franqueo de esta instancia de excepción.

Si ello es así, es claro que estamos frente a una cuestión eminentemente probatoria y de apreciación de la plataforma fáctica del conflicto y, como tal, exenta -en principio- de revisión constitucional por pertenecer a un ámbito de exclusiva incumbencia de los jueces de la causa, salvo que se acredite arbitrariedad, lo que, se anticipa, no ocurre en autos.

En efecto, el A quo reputó que el contribuyente no había demostrado la falta comprobada e inculpable de los medios pertinentes para afrontar la erogación y denegó, por ello, la dispensa peticionada.

Para así decidirlo, brindó en primer lugar las pautas directrices bajo cuya óptica evaluaría la imposibilidad de pago alegada.

Así, señaló, con cita de precedentes de esta Corte, que el requisito del previo pago previsto en el artículo 8 de la ley 11330 no debe considerarse en abstracto derogado en virtud del "Pacto de San José de Costa Rica", para referir con posterioridad al criterio del Máximo Tribunal de la Nación según el cual corresponde atenuar el rigor del principio en ciertos supuestos de excepción, a fin de evitar que su aplicación estricta se traduzca en un real menoscabo de derechos.

Con esas pautas sentadas, los Judicantes ingresaron al examen de los elementos de confirmación aportados por el contribuyente para acreditar que se encontraba en uno de esos supuestos, concretamente, la falta de medios para afrontar la erogación del monto determinado por el Fisco.

En esa tarea, consideraron que el informe del Contador Público Nacional -elaborado en base a la documental que mencionan-, fundado en que la deuda requerida representaría un 56,84% del patrimonio neto de la empresa, carece de idoneidad para acreditar tal imposibilidad.

Explicaron que el cotejo -efectuado entre las sumas de $ 158.436,59 como monto de la deuda y $ 278.780,67 como patrimonio neto- no resulta ilustrativo, por soslayar que, conforme lo dispuesto por el artículo 8 de la ley 11.330 -según el cual el requisito del previo pago no rige respecto a sumas accesoriamente debidas por recargos, multas o intereses-, el monto a ingresar ascendía en verdad a $ 77.106,39.

En este aspecto, la recurrente achaca al decisorio haber brindado una fundamentación sólo aparente, ya que -dice- de haber realizado una simple operación aritmética, la Cámara habría advertido que el capital reclamado por el Fisco ascendía al 27,7% del patrimonio neto; mas con tal planteo no logra persuadir de que la resolución carezca de adecuada fundamentación.

Antes bien, de los argumentos que expresaron los Sentenciantes surge claramente que, a su juicio, la proporción realmente existente entre la suma que debía abonarse de conformidad con el artículo 8 de la ley 11.330 y el patrimonio neto (27,7%), no era demostrativa de por sí de que se encontrase configurada la imposibilidad de pago alegada; criterio que podrá no conformar a la recurrente, mas sin lograr demostrar que la Cámara se haya excedido del margen de logicidad y razonabilidad tolerados.

Siguieron diciendo los Judicantes que el informe, referido a la situación económica de la recurrente a la fecha de su emanación (marzo de 2004), no resulta suficiente para reflejar la situación al momento de resolverse la revocatoria (febrero de 2005), máxime cuando en el mismo se da cuenta de una recuperación -bien que lenta- de la actividad.

Refirieron además a la posibilidad de formalizar convenios de pago en cuotas a fin de satisfacer el requisito, y a la previsión que es razonable suponer en el contribuyente para el que caso de que no prosperasen sus cuestionamientos.

Enfatizaron que, en el caso, de haberse cumplido tempestivamente con las prestaciones tributarias a sus respectivos vencimientos, aún cuestionando los mismos, o efectuado las reservas correspondientes, no se hubieran acumulado las diferencias por omisión de ingresos en el período objeto del ajuste -marzo de 1994 a diciembre de 1999-, quejándose ahora de la magnitud del monto que la Administración le requiere, pero sin demostrar seriamente que la imposibilidad de pagar que alega, no se haya debido a su propia negligencia.

Finalmente, los Juzgadores descartaron que se tratase de un supuesto de manifiesta inexistencia de deuda.

Concluyeron, en base a todo lo expuesto, que la recurrente no demostró la imposibilidad de hacer frente a las erogaciones.

Frente a todo este razonamiento, la recurrente intenta oponer el propio, insistiendo en que acreditó los extremos necesarios para eximirla del cumplimiento del depósito previo y que, en todo caso, debía ordenarse la producción de la pericial contable, mas sin demostrar que la Cámara transgrediera las reglas que gobiernan la apreciación de la prueba o incurriera en una ponderación irrazonable de ella, de manera que su decisión pueda ser descalificada desde el plano constitucional.

Es que no puede dejarse de considerar que el A quo brindó claramente las pautas que consideró decisivas a la hora de evaluar las probanzas arrimadas. Así, como se dijo, tuvo en cuenta que el artículo 8 de la ley 11330 prevé el pago previo del importe de la contribución fiscal exclusivamente (no incluye multas, intereses o recargos), que además admite su satisfacción en cuotas a través de la formalización de un convenio y, principalmente, la propia conducta del contribuyente, que había omitido el pago por un prolongado período.

Fue ese el marco en que se evaluaron las certificaciones y demás elementos aportados, en el cual la conducta del contribuyente no pasó desapercibida para la Cámara y desde cuya óptica consideró que debía enfocarse la ausencia de previsión que le imputó a la apelante.

Ante ello, es claro que la postulación recursiva aparece ineficaz para conmover los fundamentos del decisorio pues sólo ofrece una visión parcial del caso sin rebatir concretamente los parámetros que el Tribunal juzgó trascendentes para la solución del punto debatido.

Por otro lado, no persuade la recurrente de que la Cámara, al juzgar no acreditada la imposibilidad de pago alegada, haya incurrido en arbitrariedad por haber soslayado constancias probatorias obrantes en la causa.

Ello así, por Vale decir: si bien la impugnante invoca prescindencia de prueba decisiva, sus argumentaciones al respecto no logran traspasar el límite de la mera discrepancia en torno a la actividad jurisdiccional de selección y valoración de la prueba, desde que no demuestra que la Cámara, en verdad, haya omitido considerar alguna constancia que resulte esencial para hacer variar la suerte de la litis.

Su planteo refleja, más bien, una distinta valoración de la prueba que se señala como omitida, lo que -sabido es- no depara caso constitucional idóneo para franquear el acceso a la instancia de excepción.

Es cierto que la impugnante alega que la formalización de un convenio requiere desistir de acciones y recursos añadiendo que no existía ningún plan de pago vigente; mas también lo es que tal planteo -más allá de la ausencia de prueba sobre el punto- no logra persuadir de que la evaluación integral del caso que propició la Cámara traduzca un desenfoque en la consideración de la dispensa conforme la caracterización que emerge de la jurisprudencia del Máximo Tribunal de la Nación.

En rigor de verdad, magüer el esfuerzo argumental desplegado por la quejosa, su discurso no logra superar el nudo central del debate en la especie, esto es: que el contribuyente debe demostrar, fehaciente y acabadamente, una situación de imposibilidad inculpable de pago, pues, vale reiterarlo una vez más, se trata de excepcionar una regla cuya constitucionalidad ha sido validada antes y luego de la reforma de la Constitución nacional de 1994, tanto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación como por este Cuerpo.

Quedando incólume el núcleo del pensamiento sentencial, es claro que las referencias acerca de la pericial contable carecen de entidad para perfilar la tacha de arbitrariedad endilgada, máxime cuando ni siquiera ha intentado explicar cuál sería la evidencia que podría extraerse de dicho medio o los elementos sobre los cuales se realizaría y que tuvieran entidad para modificar la suerte de lo decidido.

Con lo expuesto se desvanecen las tachas atinentes a la actividad probatoria.

De lo "supra" relatado puede colegirse, además, que las afirmaciones de la Cámara se encuentran fundadas y referidas puntualmente a los datos de la causa, de manera tal que la tacha de incurrir en afirmaciones dogmáticas o aparentes carece de asidero y evidencian, en el mejor de los supuestos, el distinto enfoque que la recurrente tiene del caso.

Otro tanto ocurre con el invocado apartamiento de la jurisprudencia de la Corte nacional y de este Cuerpo desde que, tal como quedó dicho, es nítido que la A quo tuvo especialmente en cuenta los criterios de doctrina judicial imperantes en la materia. Es más, invocó expresamente el precedente "López, Iván" del Alto Tribunal nacional, de cuya doctrina afirma el recurrente que se aparta el decisorio, sin advertir que en dicho pronunciamiento la Corte tuvo especialmente en cuenta ciertas características de la situación del allí recurrente -que se trataba de un albañil, o pequeño constructor sin título, de una ciudad pequeña de la Provincia de Buenos Aires "que ni vendiendo todo el patrimonio forjado con su vida de trabajo llegaría a cancelar la deuda" que se le reclamaba- que distan mucho de verificarse en el caso de autos .

Como se dijo, la Cámara confrontó expresamente esas pautas rectoras con las circunstancias comprobadas de esta causa, para concluir que en la especie no se verificaba una situación que permitiera hacer lugar, excepcionalmente, a la postulación de dispensar el cumplimiento de un instituto que, se reitera, reconoce fuerte raigambre en nuestro derecho.

Estas últimas consideraciones son suficientes, a su vez, para juzgar bien denegado el recurso de casación que, invocando básicamente la violación de precedentes de los Altos Tribunales, articuló también la accionante, puesto que como "supra" se señalara sus alegaciones versan, en realidad, sobre la interpretación de las circunstancias del caso y del material probatorio aportado.

En suma: el Tribunal ponderó los datos fácticos que nutrían el planteo, valoró las pruebas aportadas por la contribuyente, confrontó tales extremos con las reglas jurisprudenciales que han ido delineando el instituto y con las posibilidades que, para la satisfacción del depósito previo, brinda el artículo 8 de la ley 11330 y recordó la finalidad latente en la satisfacción de lo normado en el citado dispositivo. Con esas bases, como se vio, arribó a una decisión razonable y objetiva que satisface el mandato contenido en el artículo 95 de la Constitución provincial.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: rechazar la queja interpuesta y declarar perdido para la recurrente el depósito efectuado.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

FDO.: GUTIÉRREZ-FALISTOCCO-GASTALDI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria).