Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2006-05-18


Formosa, mayo 18 de 2006.

I. Relacion de la Causa:

La doctora Colman dijo:

Que se inicia la presente causa con la preparación de la acción administrativa promovida a fs. 04/04 vuelta realizada por el doctor Humberto Granada Notario, apoderado del señor Juan Ramón González Valdez, contra la Provincia de Formosa y especialmente contra la Dirección Provincial de Vialidad, por entender que esta última designó al Ingeniero Juan A. López en el cargo de Ingeniero en Jefe incumpliendo la reglamentación vigente referente a reemplazos dentro del organismo vial y por ser el actor el llamado a ocupar el cargo en cuestión según dicha reglamentación.

Que a fs. 05 se manda requerir al Poder Ejecutivo de la Provincia y a la Dirección Provincial de Vialidad los expedientes administrativos Nº G-1.155/02, G-1.650/02, G-19.649/02, el expediente administrativo que concluyó en el dictado de la resolución de la Dirección Provincial de Vialidad Nº 67/02 y por la que se dispusiera el ingreso a la Dirección Vial del Ingeniero Juan A. López, sus agregados y toda la documentación relacionada a la acción planteada de acuerdo al Código Procesal Administrativo. A fs. 10 se reservan en Secretaría las copias certificadas de los expedientes administrativos Nros. G-1.155/02, G-1.650/02; y a fs. 16 vuelta se deja constancia la reserva en Secretaria de las copias certificadas del expediente administrativo Nº G-19.649/02.

Que atento a la falta de envío por parte de la Administración del expediente administrativo que concluyó en el dictado de la resolución de la Dirección Provincial de Vialidad Nº 67/02 por la que se dispuso el ingreso a la Dirección Vial del Ingeniero Juan A. López y de sus agregados, ante el pedido expreso del actor a fs. 43/45, a fs. 49 rola el Fallo Nº 6848/04 de este Alto Cuerpo por el que se tiene por ciertos los hechos invocados por el actor a fs. 04 y vuelta y que se refieren al modo en que se llegó al dictado de la Resolución Nº 67/02 al solo efecto de la preparación de la acción.

Que a fs. 50/53 la actora formaliza la presentación de la demanda, haciendo la opción por el proceso ordinario.

Que a fs. 57, y previo dictamen fiscal, se declara la competencia de este Superior Tribunal de Justicia y la admisibilidad del proceso de conformidad a lo normado en el artículo 45 del Código Procesal Administrativo, mandando correr traslado de la demanda a la contraparte. A fs. 70/77 contesta la demanda la Provincia de Formosa, acompañando documental. De dicho conteste se le corre traslado a la actora, cuyo descargo obra a fs. 84/86 donde ratifica su posición originaria.

Que a fs. 87, y atento haberse alegado hechos conducentes que deben ser objeto de comprobación, se abre la causa a prueba.

Que a fs. 111/112 rola alegato de la parte actora en donde sostiene y solicita que prospere la demanda incoada en todas sus partes. El alegato de la demandada se incorpora a fs. 114/117 indicando que en mérito de la prueba incorporada, se impone el rechazo de la pretensión del actor en todas sus partes.

Que a fs. 121 vuelta, y previo dictamen del Procurador General, se llama a autos para sentencia.

Los doctores González y Coll se adhieren a la presente relación de la causa.

II. Cuestiones a resolver:

La doctora Colman dijo:

Propongo como única cuestión a resolver la siguiente:

¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? Los doctores González y Coll se adhieren a la presente proposición.

III. A la cuestión propuesta:

La doctora Colman dijo:

Que puesta a estudio la causa se advierte que la pretensión del actor consiste en solicitar la nulidad de las Resoluciones Nros. 67, 68 y 1159/02 de la Dirección Provincial de Vialidad, y del Decreto Provincial Nº 791/03 del Poder Ejecutivo Provincial, buscando con ello que se declare la invalidez del reemplazo transitorio y temporario efectuado en el cargo de Ingeniero en Jefe clase XX del citado organismo vial.

Que indica la actora que en febrero de 2002 el ingeniero Eldo L. Galmarini -Ingeniero Jefe clase XX a cargo de la Jefatura Técnica de la Dirección Provincial de Vialidad- al hacer uso de su licencia anual es reemplazado provisionalmente por el ingeniero Juan A. López mediante Resolución Nº 68/02. Argumenta la actora que el ingeniero López no pertenecía a los cuadros técnicos de la Dirección Provincial de Vialidad razón por la cual se improvisó su incorporación previa a la Institución por medio de la Resolución Nº 67/02.

Que dicha designación es la génesis del reclamo del actor, ya que contra ella, y al considerarse afectado directamente por dicha disposición atento ser Jefe del Departamento II de la Dirección de Planificación de la Dirección Provincial de Vialidad y tener derecho a cubrir la vacancia temporaria, interpuso reclamo administrativo ya que no se habrían respetado las normas vigentes en materia de reemplazos dentro del organismo vial, concretamente el artículo 37 del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 55/89 y el artículo 33 de la ley 20.320.

Que el reclamo administrativo fue tramitado en el expediente Nº G-1.155/02 en el que se resuelve, previa tramitación de una acción de amparo por mora administrativa, mediante Resolución Nº 1559/02 donde se dispone rechazar el recurso administrativo interpuesto por el agrimensor Juan Ramón González Valdez contra la Resolución Nº 68/02 por falta de legitimación del recurrente. Ante el recurso jerárquico interpuesto por el actor contra la Resolución Nº 1.559/02, la Administración resuelve rechazarlo -Decreto Nº 791/03-, con el que queda finiquitada la vía administrativa.

Que estando entonces la cuestión centrada en el hecho de que el señor González Valdez ve truncada su carrera administrativa por haberse designado a una persona ajena a la Dirección Provincial de Vialidad en un cargo al que señala que contaba con derecho urge constatar su situación personal con lo que la reglamentación y normativa específica disponen para la cobertura de dicho cargo, ello fundado que es justamente dicha causal lo que llevó al rechazo en su momento de sus pretensiones en sede administrativa.

Que en tal sentido encontramos que el actor cuenta con título universitario de agrimensor, y para la cobertura del cargo de Ingeniero en Jefe de la Dirección Provincial de Vialidad se requiere necesariamente, el título de ingeniero; tal como se desprende de la misma denominación del cargo y del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 55/89.

Que asimismo debe advertirse que ninguna de las partes desconoce el requisito descripto. La demandada lo utiliza para fundar el rechazo de la pretensión. Y el actor, no obstante conocerlo, lo busca minimizar trayendo a colación lo hecho en otras oportunidades donde el cargo en cuestión fue cubierto temporariamente por agrimensores; pero tales situaciones -según constancia de fs. 100- siempre lo fueron por uno o dos días cuanto más y siempre cuando el titular debía cumplir Comisión Oficial de Servicios.

Que respecto a dicho tema ya este Superior Tribunal tuvo oportunidad de expedirse indicando que "... si en la tarea de interpretación y aplicación de la ley, se llega, hipotéticamente, a una decisión errónea, irregular o pasible de nulidad por contener determinados vicios en su conformación, esa decisión no puede nunca ser fuente de derecho para que, quien no posee los requisitos que la ley establece, so color de pretender un trato igualitario considere que debe ser beneficiado con una nueva decisión irregular" (Conf. Superior Tribunal de Justicia Formosa Fallo Nº 4.891/99). Lo dicho es a los estrictos fines de acreditar la falta de legitimación del actor para reclamar la nulidad de actos de que ninguna manera afectan sus derechos, por lo que el rechazo de la pretensión de la actora se impone.

Lo que no puede dejarse de referenciar es el hecho de que la supuesta "improvisación" en la designación del ingeniero López en el cargo de Ingeniero en Jefe de la Dirección Provincial de Vialidad no es tal. Bien dice el Procurador General que los actos administrativos que llevaron a su designación fueron emitidos conforme a los antecedentes de hecho y de derecho que justifican su emisión, no pudiendo los agravios de la actora sortear dicha valla. Se tratan en consecuencia de actos administrativos -como se demuestra con los expedientes administrativos incorporados a la causa y que tengo a la vista- plenamente acertados en su formulación jurídica, explicando y detallando el camino lógico y correcto que desembocó en la designación ahora impugnada.

Que en consecuencia, y oído que fueron los argumentos de las partes, corresponde rechazar en todas sus partes la demanda incoada por el apoderado del agrimensor González Valdez, imponiendo las costas del proceso a la parte actora (artículo 68 del Código Procesal Civil) en función del modo en que se resuelve el litigio principal, regulando los honorarios del doctor Humberto Granada Notario en la suma de veinticinco (25) "Jus" y a los doctores Angela Hermosilla y Patricio Esteban Miño en forma conjunta y proporción de ley en la suma de treinta (30) "Jus", todo de conformidad a lo normado en los artículos 8 y 41 de la Ley Nº 512.

El doctor González adhiere al voto de la doctora Colman.

El doctor Coll dijo:

Que adhiero al rechazo de la demanda que se propone, fundándome en la ausencia de legitimidad de la actora para el reclamo que formula (art. 1º, Cód. Procesal Administrativo).

En efecto, el demandante impugna la decisión administrativa emanada de la Dirección Provincial de Vialidad (posteriormente confirmada por la máxima instancia de la Administración) que materializó la designación de otra persona en el cargo de Ingeniero Jefe Clase XX a cargo de la Jefatura técnica del organismo, considerando la actora que el tenía mejor derecho a esa postulación.

Uno de los argumentos de la instancia administrativa previa, fue precisamente la ausencia de legitimación de González Valdez para acceder al cargo pretendido (véase Resolución 1559 agregada a fs. 26).

Y es que "las pretensiones en materia procesal administrativa, deben estar sustentadas o legitimadas sustancialmente, en defensa de un derecho subjetivo o un interés legítimo" (Dromi, Proceso Administrativo Provincial, p. 5, Ed. Idearium, 1977). El primero de ellos, es decir, el derecho subjetivo, se caracteriza por la reunión de dos elementos: 1º) una norma jurídica que predetermine concretamente cual es la conducta administrativa debida (conducta reglada) y 2º) que esa conducta sea debida a un individuo determinado en situación de exclusividad (Cf. Gordillo, Agustín "Procedimientos y Recursos Administrativos"). En el interés legítimo, por su parte, existe por lo general, una concurrencia de individuos a quienes el orden jurídico otorga una protección especial por tener un interés personal y directo, aunque no exclusivo en la impugnación del acto. En el interés legítimo, la persona determinada -aunque en concurrencia con otras- tiene un interés particular en que la norma administrativa sea observada (Cf. Dromi, ob. Cit.). De lo dicho se concluye, que quien pretende anular una disposición administrativa, debe poseer un interés legítimo para ello, no bastando el interés simple puesto en función de la mera legalidad, la anulación del acto supone siempre un beneficio a favor de la accionante (conf. Diez, Manuel María, Derecho Procesal Administrativo, p. 205, Ed. Plus Ultra, 1983) y así parece entenderlo la actora, cuando expone que se considera con mejor derecho al cargo pretendido.

La dilucidación del interés legítimo del demandante, impone determinar previamente si tal como lo sostiene, se encontraba en condiciones de acceder a la función de Ingeniero Jefe Clase XX en la Dirección Provincial de Vialidad.

Que para tal fin, oportuno es recordar que no resulta controvertido en autos, que en atención al Decreto 393, dictado por el Poder Ejecutivo Provincial el 15 de abril de 1996, publicado el 10 de mayo del mismo año -y por ende aplicable temporalmente a la fecha en que produce el acto administrativo cuestionado- que expresamente titula al cargo como "Ingeniero Jefe", como al Convenio Colectivo de Trabajo Nº 55/89, para ser Ingeniero Jefe Clase XX se debe poseer título universitario en ingeniería afín.

Que la actora, admite que es agrimensor y no ingeniero, no obstante finca su pretensión en que en otras oportunidades, fueron agrimensores quienes estuvieron en el cargo ahora pretendido.

Que respecto a que en periodos anteriores, se designó en el cargo de Ingeniero Jefe a profesionales que tenían el título de agrimensor, pretendiendo una interpretación extensiva de tal situación, se impone analizar los casos planteados y su incidencia como fuente legitimadora de una conducta administrativa posteriormente exigible.

Conforme a las propias pruebas aportadas por la actora, el período más extenso durante el cual un agrimensor ocupó el cargo de Ingeniero Jefe Clase XX, en la Dirección Provincial de Vialidad, se remonta al último período del gobierno de facto (desde el 30 de mayo al 13 de diciembre de 1983) donde el apego al orden jurídico no era precisamente la nota sobresaliente. En las restantes ocasiones, se limitó a interinatos de uno (1) o dos (2) días y uno posterior de doce (12) días en enero de 2001 (véase informe de fs. 100). La transitoriedad de la situación y su falta de consolidación como actividad administrativa regular, conspira contra las pretensiones del demandante.

Pero aún así, resulta innegable que si como se reconoce, para el cargo pretendido se requiere el título universitario de ingeniero, cobra vigencia aquella doctrina que impide tomar como antecedente válido una decisión errónea anterior. "Si en la tarea de interpretación y aplicación de la ley, se llega, hipotéticamente, a una decisión errónea, irregular o pasible de nulidad por contener determinados vicios en su conformación esa decisión no puede nunca ser fuente de derecho para que, quien no posee los requisitos que la ley establece, so color de pretender un trato igualitario, considere que debe ser beneficiado con una nueva decisión irregular" (Cf. Fallos 4882/99, 4891/99 y 4938/2000 de este Superior Tribunal de Justicia).

No procede invocar ante un precedente irregular, el principio de igualdad ante la ley. La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha focalizado este principio, afirmando que no se debe excluir a algunos de lo que se concede a otros en iguales circunstancias (Fallos 299:146; 302:457), pero así como el trato desigual a los iguales, viola el principio constitucional, también lo viola el trato igual a los que están en situaciones distintas (Ekmedjián, Miguel Angel; Tratado de Derecho Constitucional, t. II, p. 140). La misma Corte ha señalado que "la desigualdad, debe resultar del texto mismo de la norma y no de la interpretación que de ella hagan los encargados de aplicarla"(Jueces o Funcionarios) (Cf. Fallos 216:701; 217:991; 233:172; 259:218, entre otros).

De todo lo expuesto, se desprende, sin hesitación alguna, que por el título que posee, el demandante Juan Ramón González Valdez, nunca podría ser designado en el cargo pretendido, porque para acceder legalmente al mismo se necesita el título de ingeniero, del cual carece del demandante. Siendo así, ausente se encuentra la legitimación activa que exige el art. 1º del Código Procesal Administrativo, por carecer de interés personal y directo para ser designado en una función a la cual no puede -legalmente- acceder, siendo correcta en consecuencia, la decisión administrativa cuya revisión pretende (art. 31, Decreto Ley 971).

Voto en consecuencia por el rechazo de la demanda, con costas (art. 68, Cód. Procesal Civil y Comercial), compartiendo la regulación de honorarios que propone la doctora Colman.

Por ello, con las opiniones concordantes de los doctores Colman, González y Coll, suscribiendo el presente los Hang y Canavesio sin emitir opinión personal, por haberse alcanzado la mayoría legal que prescribe el art. 25 de la ley 521, modificada por ley 1169 y art. 126 del Reglamento Interno para la Administración de Justicia, concluye el presente Acuerdo.

Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, el Superior Tribunal de Justicia, resuelve: 1. Rechazar la demanda incoada por el agrimensor Juan Ramón González Valdez contra la Provincia de Formosa en todas sus partes.

2. Costas a la actora (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial) en función del modo en que se resuelve el litigio principal.

3. Regular los honorarios del doctor H. G. N. en la suma de veinticinco (25) "Jus" y a los doctores A. H. y P. E. M. en forma conjunta y proporción de ley en la suma de treinta (30) "Jus" (conf. arts. 8º y 41, ley 512). - Arminda del C. Colman. - Carlos G. González. - Ariel G. Coll. - Eduardo M. Hang. - Lucrecia M. Canavesio.