Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-09-30


SENTENCIA NÚMERO: CUARENTA Y DOS En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los treinta días del mes de septiembre de dos mil trece, la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por los señores Ministros doctores Luis Raúl Cippitelli -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Patricia R. Olmi (Subrogante Legal), reunida en acuerdo para entender en el Recurso de Casación deducido en autos, Expte. Corte Nº 68/13, caratulados: "RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por el Dr. Gastón del Pino Palermo en contra del Auto interlocutorio Nº 25/13 referente al Expte. Letra "F" Nº 134/12 -Fernández, Gerardo Rafael p.s.a. Lesiones Graves", se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1º) ¿Es nula la resolución por haber inobservado o aplicado erróneamente el art. 76 bis del C.P.? 2º) ¿Qué resolución corresponde dictar? Entiende esta Corte que cabe reputar formalmente admisible el recurso interpuesto por el Dr. Gastón del Pino Palermo, en su carácter de asistente técnico del imputado Gastón Rafael Fernández, desde que ha sido presentado en forma y en tiempo oportuno, por parte legitimada y se dirige contra sentencia equiparable a definitiva (S. Nº 4/09 "Herrera"; S. Nº 17/09 "Vargas"; S. Nº 07/10 "Segura"; S. Nº 20/10 "Agüero", S. Nº 43/11 "Finazzi"; S. Nº 44/11 "Londero", S. 01/12 "Delgado", entre otros).

De acuerdo al orden de votación sorteado a fs. 18, los Sres. Ministros se pronunciarán de la siguiente manera: en primer lugar, el Dr. Luis Raúl Cippitelli; en segundo lugar, el Dr. José Ricardo Cáceres, y en tercer término, la Dra. Patricia R. Olmi.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

I. Por Auto Interlocutorio Nº 25/2013, dictado el 07/06/2013 por la Cámara en lo Criminal de Tercera Nominación, integrada a través de Sala Unipersonal, se resolvió no hacer lugar al pedido de suspensión del juicio a prueba oportunamente solicitado.

El hecho por el cual se elevó la causa a juicio es el siguiente: "Que el día 23 de Octubre del año 2011, en horas 06:30 aproximadamente, en circunstancias que el ciudadano Celestino Leopoldo Reyes se encontraba en la finca de su propiedad, sita en la localidad de El Puesto, dpto. Tinogasta, más precisamente en la toma de riego de la misma, se habría hecho presente en el lugar el acusado Gerardo Fernández, quien sin mediar palabra le habría propinado a Reyes un golpe de puño en la boca, provocando que Reyes cayera al piso quedando casi inconsciente y sufriera las lesiones y el detrimento físico que dan cuenta los Exámenes médicos de fs. 2, 15 y 22 vta. con una incapacidad para el trabajo de más de 45 días, conforme surge de certificado médico obrante a fs. 15".

II. Contra dicha resolución, comparece el Dr. Gastón del Pino Palermo, asistente técnico del imputado Gerardo Rafael Fernández e interpone recurso de casación invocando los motivos previstos en el inc. 1º del art. 454 del C.P.P.

II. a. Consecuentemente, el recurrente denuncia la existencia de contradicciones en relación a la interpretación efectuada por el Ministerio Público Fiscal del art. 76 bis, 4º párrafo del C.P., postura ésta que fue ratificada por el tribunal.

Agravia a la defensa, el análisis efectuado por el titular de la acción penal, quien ha desestimado la procedencia de la suspensión del juicio a prueba por descartar que, en el caso bajo examen, resulte aplicable una hipotética condena condicional.

Sostiene el recurrente que el Sr. Fiscal ha estimado una condena de cumplimiento efectivo para el delito previsto en el art. 90 C.P., que tiene una escala de uno a seis años de prisión, sin el correcto y debido análisis de los presupuestos establecidos por el art. 26 C.P., fundamentalmente la falta de antecedentes penales de su asistido, su buen comportamiento social, que es padre de siete hijos y que el día del hecho se encontraba realizando sus tareas laborales para llevar el sustento alimenticio a su familia, sumado a la falta de análisis del nexo causal. En esta última dirección, denuncia como vicio de fundamentación que ni el titular de la acción, ni el tribunal hayan vislumbrado la falta de nexo causal entre el hecho imputado y las secuelas físicas denuncia-das por el querellante.

Si bien reconoce el carácter vinculante de la oposición fiscal para el otorgamiento de la suspensión del juicio a prueba, enfatiza que ello se encuentra siempre sujeto al control de logicidad y fundamentación por parte del órgano judicial, lo que a su modo de ver, no ha sucedido en el caso.

Cita jurisprudencia relacionada al instituto de la probation. Finaliza formulando reserva del caso federal.

III. Luego de estudiar el planteo efectuado, estimo que los agravios que invoca el recurrente no resultan de recibo.

Por el contrario, constato que la resolución impugnada tiene suficiente sustento en la negativa fiscal a la concesión de la solicitada suspensión del juicio, en tanto, la opinión del representante del Ministerio Fiscal no es arbitraria, caprichosa ni ilógica, encontrándose su dictamen adecuadamente fundado en circunstancias pertinentes.

Esta Corte ha sostenido en distintos precedentes (S. Nº 14/2012, Nº 23/09 y Nº 34/09, entre otros), que si se encuentra debidamente fundada la oposición fiscal a la suspensión del juicio obliga al Tribunal, por lo que, en honor a la brevedad, y para evitar repeticiones innecesarias, me remito a las consideraciones efectuadas en las nominadas resoluciones.

En cuanto a las razones suministradas por el Representante de los intereses sociales, considero que constituyen adecuado fundamento de su oposición en tanto se vinculan con circunstancias de imprescindible ponderación a los fines de formular un pronóstico serio sobre la probable modalidad de ejecución de la pena.

Por la escala punitiva conminada en abstracto prevista para el delito atribuido al imputado, esto es, lesiones graves, la procedencia del instituto debe ser analizada en los términos del art. 76 inc. 4º del Código Penal, que categóricamente exige consultar las circunstancias del caso dado que, en ese marco legal, sólo éstas pueden permitir dejar en suspenso el cumplimiento de la eventual condena.

Sentado lo anterior, debo resaltar que, en la audiencia respectiva (art. 355), el Fiscal interviniente invocó fundadas razones de política criminal al opinar que, con arreglo a las circunstancias del caso, estimaba que no pediría la aplicación de una pena de ejecución condicional para el acusado (fs. 220 vta./221).

En lo medular de su exposición surge que su postura se apoya en que el supuesto delito investigado es un delito de resultado, en la edad de la supuesta víctima a la que considera persona vulnerable, en los supuestos daños padecidos por ella, en la desproporción de fuerzas supuestamente existente entre la víctima y el presunto agresor, en la magnitud del golpe recibido por el damnificado y en la conducta posterior asumida por el presunto agresor; resaltando además, que los supuestos bienes que se encuentran en juego, son bienes personalísimos (salud) los que, se diferencian de otros bienes jurídicos que pueden ser tratados con otra objetividad. En efecto, sus fundamentos denotan el interés del Estado en intervenir, tal es así, la necesidad de agotamiento de las medidas tendientes al esclarecimiento del supuesto hecho.

En esas condiciones, el tribunal a quo no constató vicio de logicidad ni de motivación, ni otra deficiencia que afectara el carácter vinculante del dictamen fiscal, el que fue considerado como debidamente fundado.

Asimismo, constato que el recurrente no señala errores graves en la interpretación del instituto ni en la de los motivos legales que obstan a su aplicación.

En este orden de ideas, corresponde aclarar que no resultan de recibo los cuestionamientos efectuados por la defensa, relativos a la falta de ponderación por parte del tribunal y del Fiscal de Cámara, del nexo causal entre el hecho imputado y las secuelas físicas denunciadas por el querellante.

Digo ello, porque que no es el momento procesal oportuno de discutir el material probatorio obrante en la causa. En efecto, la facultad de esta Corte se encuentra limitada en esta instancia para resolver únicamente si resulta viable la procedencia de la suspensión del juicio a prueba a la luz de los defectos formales denunciados por el recurrente.

Consecuentemente con lo expuesto, estimo que el representante de los intereses sociales -sin consultar los elementos de prueba incorpora-dos a la causa, por no corresponder en la instancia- consideró que el tipo de delito investigado ameritaría la imposición de una pena superior a los tres años de cumplimiento efectivo, con lo que la ejecución en suspenso de la pena no resultaría viable.

Sobre el punto, el recurrente se limita a mencionar que la carencia de antecedentes (único argumento presentado al momento de solicitar la suspensión y ratificado en audiencia, aunque tardíamente agrega, en esta instancia, otros nuevos como, que tiene buen comportamiento social, que es padre de siete hijos, que el día del supuesto hecho se encontraba realizando sus tareas laborales para llevar el sustento alimenticio a su familia) hacen merecedores a Gerardo Rafael Fernández de una respuesta positiva a su pedido, pero no refuta las restantes consideraciones asumidas por el titular de la acción penal, las que fueron explicadas como razones de política criminal que determinan el interés del Estado en la realización del juicio y eventualmente, la solicitud de aplicación concreta de pena a quien resulte considerado como autor de tal hecho.

Por lo expuesto, considero que la decisión impugnada, de no hacer lugar a la solicitud formulada (para que el juicio sea suspendido) se sustenta de manera suficiente en fundamentos formalmente admisibles cuya injusticia en el caso no ha sido desvirtuada en esta presentación recursiva.

Con arreglo a las consideraciones expresadas, mi respuesta a la primera cuestión planteada es negativa. Así voto.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cippitelli, por las razones que él desarrolla. Por consiguiente, adhiero a su voto y doy el mío en idéntico sentido.

A la Primera Cuestión, la Dra. Olmi dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello, adhiero a su voto y me expido en igual sentido.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cippitelli, dijo:

Por el modo en que quedaron resueltas las cuestiones anteriores, soy de la opinión que corresponde dictar la siguiente resolución: I) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto por el Dr. Gastón del Pino Palermo en representación del imputado Gerardo Rafael Fernán-ez. II) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto. III) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.). IV) Téngase presente la reserva del caso federal.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

Adhiero al criterio sustentado y a la solución propuesta por el vocal preopinante y voto en igual sentido.

A la Segunda, la Dra. Olmi dijo:

El señor Ministro Dr. Cippitelli da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello, adhiero a su voto y me expido en igual sentido.

Por los resultados del acuerdo que antecede y por unanimidad, la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA, RESUELVE:

1º) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto por el Dr. Gastón del Pino Palermo en representación del imputado Gerardo Rafael Fernández.

2º) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto.

3º) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.).

4º) Téngase presente la reserva del caso federal.

5º) Protocolícese, hágase saber y, oportunamente, bajen es-tos obrados a origen, a sus efectos.

FIRMADO: Dres. Luis Raúl Cippitelli-Presidente-, José Ricardo Cáceres y Patricia R. Olmi (Subrogante Legal). ANTE MÍ: Dra. María Fernanda Vian -Secretaria- CERTIFICO: Que la presente sentencia es copia fiel de la original que se protocoliza en la Secretaría a mi cargo. Doy fe.