marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Funcionarios públicos, Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción
Materia: PENAL
Carátula: ZAVALA, Mario Edgar; FREIXES, Sergio Gustavo c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-07-03

Debe ponderarse la calidad de funcionario público de los imputados y la consiguiente conculcación del mayor compromiso del funcionario público que el ejercicio de sus facultades conlleva, en atención a la expectativa de toda la sociedad de sentirse resguardada frente a tales abusos -Convención Interamericana contra la Corrupción -arts. VI, VIII, IX y XI, aprobada por ley Nro. 24.759; Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobada por ley Nro. 26.097; y ley de Ética Pública, nº 25.188
Empleados públicos, relación de dependencia, cesantía, indemnización por incapacidad, enfermedades inculpables, prescripción, vacío legal
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL-LABORAL
Carátula: Leones, Jalime María c/ Municipalidad de Santa Fe s/ Recurso de Inconstitucionalidad- Laboral (Expte.: C.S.J. nro. 745 año  2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-02-26

El estrecho vínculo entre la relación de empleo público y la del derecho laboral, llevan a la necesidad de aplicar, a falta de norma expresa para la primera, la misma consecuencia jurídica en materia de prescripción de la acción destinada a percibir una indemnización supuestamente debida, aunque con las particularidades de cada campo del derecho. Por ello, cabe concluir que en esta materia ha de preferirse la integración analógica con normas del derecho laboral, concretamente con el artículo 256 de la Ley de Contrato de Trabajo, que estipula un plazo de prescripción bienal. Esta solución se ajusta a las reales necesidades económicas y financieras del Estado que con plazos de prescripción tan largos se veía impedido, ciertamente en estos casos, de presupuestar -en un período de tiempo razonable- cuáles serían las consecuencias patrimoniales que podrían generarse por este tipo de reclamos; entra en sintonía con las propuestas de reformas legislativas que tienden a la reducción de los plazos de prescripción; y asegura el principio de igualdad jurídica que se encontraba francamente debilitado puesto que se otorgaba una suerte de privilegio a los trabajadores estatales al beneficiarlos con plazos de prescripción mucho más extensos que los acordados a los trabajadores privados. (Del Voto de la Mayoría. En Disidencia el Dr. Falistocco. Fundamentos del Dr. Netri)
Secuela de juicio, prescripción de la acción penal
Materia: PENAL
Carátula: B., M. s/ Lesiones y Daño
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-08-11

La acusación fiscal, el llamamiento de autos y la sentencia de primera instancia, tienen fuerza interruptiva de la prescripción de la acción penal por entrar dentro de la causal de "secuela de juicio".
Ejecución hipotecaria, prueba, hechos nuevos
Materia: PROCESAL
Carátula: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO c/ EXPLOTACION EL MONAGUILLO  S.A. s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-07-29

El hecho nuevo importa una ampliación del debate probatorio y significa una excepción al régimen preclusivo que estructura nuestro proceso, lo cual permite calificar de excepcional su admisión, más si se trata de un juicio ejecutivo donde resulta inaplicable el art. 365 del Código Procesal ya que así lo justifica el carácter documental de la ejecución y el limitado marco cognoscitivo del proceso de ejecución hipotecaria.
Legitimación activa, impugnación de la paternidad
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: L. , J. A. c/ J. , P. V. y L. , V.B. s/ Impugnación de paternidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-05-28

Al presunto progenitor debe reconocérsele legitimación para promover la acción de impugnación de la paternidad matrimonial pese a que el art. 259 del CC no lo mencione como legitimado, pues todas las disposiciones de derecho constitucional y civil que se consagran relativas a la filiación están destinadas a reconocer el valor radical de su significado, en la historia y en la identidad de la persona humana, por lo que la posibilidad del ejercicio de una acción que se presenta como necesariamente previa a su determinación no puede ser negada sobre la única base de un mero silencio legislativo sin incurrir en una grave reducción lingüística: aislar a un texto de su contexto. (Del voto en disidencia del Dr. Negri)
Agresión ilegítima, culpabilidad, embarazada, legítima defensa, teoría del delito, violencia familiar
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: C/ M.C.A. c/  s/ C/ M.C.A. - por el delito homicidio agravado por el vínculo en perjuicio de A.T. sobre Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2019-08-06

No es suficiente para superar la falta de agresión de naturaleza objetiva requerida en la legítima defensa, la posible diferencia física y de resistencia del varón, como así tampoco el estado de gravidez de la mujer.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, admisibilidad del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Blaciche, Norberto E. s/ Inf. art. 96 inc. f, dec. ley 8031/73.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-03-08

Habiéndose resuelto sobre prescripción, para evaluar el ingreso del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley a la instancia extraordinaria carece de importancia el eventual monto de la pena que pudiera aplicarse o haberse solicitado según el tipo de delito de que se trate. Porque no estamos afincados en el ámbito de los arts. 350 y 351 del Código de Procedimiento Penal - según ley 3589 y sus modif.-, sino en otro dispar, regulado y contemplado específicamente en el segundo párrafo del art. 357. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Estupro, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación de los fundamentos
Materia: PENAL
Carátula: Méndez, Andrés Guillermo s/ Estupro calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-04-18

Es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que sostiene la inexistencia del delito de estupro por entender que la Cámara tuvo por presumida la honestidad de la víctima -art. 120, C.P.- si el tribunal resolvió que dicho elemento de la figura delictiva estaba acreditado, pues con ello la impugnación no se funda en el verdadero contenido de la sentencia.
Notificación por edictos, declaración jurada
Materia: PROCESAL
Carátula: BARRIO JUNIORS  S.R.L. c/ RODRIGUEZ, MANUEL OSCAR s/ RESCISION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-18

La reforma introducida por la ley 22434 al art. 145 del C Procesal ha suprimido la información sumaria previa a la citación por edictos por un sistema más ágil y que se basa en la fe de juramento del solicitante, bajo pena de decretar la nulidad de lo actuado y la conminación con multa para el caso de afirmación falsa o culpa de su parte. En este sentido, se ha eliminado una formalidad alejada de la realidad cotidiana, sustituyéndola por el juramento, como sucede en los casos de los arts. 335 y 440. Ello no obsta a la realización de las diligencias que el Defensor Oficial impulse a los fines de la locación de su representado, para que asuma el rol propio en el pleito, aunque esa actividad no puede ser erigida, en el esquema procesal que rige, con un recaudo esencial para la designación del funcionario.
Retención indebida, hurto simple, relación de dependencia
Materia: PENAL
Carátula: WHITE,Roberto s/ DEFRAUDACION. APROPIACION POR RETENCION INDEBIDA. HURTO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-07-23

1) No configura el delito de apropiación por retención indebida la conducta del procesado que se había apropiado de dinero y valores con motivo del giro comercial de la sociedad, que había llevado a cabo en el curso de su relación laboral, abusando de la confianza que se le otorgara, porque la defraudación contemplada en el art.

173 inc. 2 CP es estrictamente lo que se ha dado en llamar una omisión de restituir defraudatoria, dado que el encausado no tenía nada que restituir al damnificado, a quién sí debía rendirle cuenta de lo percibido, lo que resulta ajeno al delito en cuestión.

2) Atento la naturaleza de las funciones que el mismo cumplía en su empresa empleadora, tampoco puede atribuírsele condición de mantenedor de la tenencia ajena y como tal acordársele aptitud para ser sujeto activo de un apoderamiento ilegítimo en los términos del art. 162 CP.
Interversión de título, prescripción adquisitiva, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: LEZCANO MIGUEL ADÁN c/ LEZCANO VICENTE Y OTRAS s/ USUCAPIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2016-03-29

Atendiendo a la regla de la inmutabilidad de la causa (art. 2353 del CCiv.), para intervertir el título con que se ha comenzado a ocupar no es suficiente la mera voluntad de cambiar la causa de su relación con la cosa ni la exteriorización por simples actos unilaterales, ni el simple transcurso del tiempo, sino que es necesario la realización de actos materiales concluyentes y con entidad suficiente, que exterioricen la pública voluntad de mutar el título de origen y que tengan por objeto privar a su titular de la posibilidad de disponer de la cosa, en los términos del art. 2458 del Código Civil, que no resulte unilateral y que además el cambio sea conocido por el propietario y cuente con su conformidad.
Nulidad procesal, nulidad relativa, interpretación restrictiva
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: SANTIAGO Elvira y Notario Edmundo Blas s/ Sucesorio - Actuaciones para Elevar a Cámara
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-05-21

El recurso resulta desechable atento a que el nulidicente no ha mencionado y, menos aún, no ha justificado cuál es el perjuicio irreparable que las deficiencias procesales le causan y qué defensa o derecho se ha visto privado de oponer.

...Es de aplicación en el sub-lite el principio de relatividad de las nulidades procesales, conforme el cual no corresponde decretar nulidades para satisfacer pruritos formales o en el solo beneficio de la ley, porque ello importa, al decir de Couture, convertir al proceso en una misa jurídica...". Constituye el criterio prevaleciente en la doctrina y la jurisprudencia nacional, habiéndose fijado la estrictez con la que debe ser juzgada la nulidad de los actos procesales.
Obras públicas, obligaciones, imputación de pago
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Bun, Luis Felipe c/ Municipalidad de Colonia Santa Rosa s/ recurso de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-04-09

Conviene recordar que si el deudor no imputa el pago, el acreedor se encuentra facultado a hacerlo en el momento de recibirlo conforme a las reglas que establece el art. 901 del Código Civil y Comercial. En el caso, el actor optó por no aplicar las sumas percibidas al impuesto reclamado por lo que esa parte del precio permanece impaga. En tales condiciones, corresponde admitir la pretensión de pago del IVA sobre el anticipo y los certificados que le fueron liquidados, cuyo monto deberá determinarse en la etapa de ejecución de sentencia. (Del voto en mayoría del Dr. Vittar, Dra. Bonari, Dres. Cornejo, Samsón)
Transporte de carga, flete, falta de pago, derechos del transportador, entrega de la carga
Materia: NAVEGACION
Carátula: AGENCIA MARITIMA INTERNACIONAL SA c/ ASTILLEROS ALIANZA SA s/ EMBARGO DE MERCADERIA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-06

Las acciones concedidas al transportista para obtener el cobro del flete son distintas, según que el destinatario u otro interesado, se hubiera o no presentado ante la aduana a documentar el despacho y reclamar la entrega de la carga. Así, si el destinatario se presentó a documentar el despacho de importación y reclamar la entrega de la carga, se hace parte del contrato de transporte convenido entre el cargador y el transportista, y al cual es originariamente ajeno (cfr. A. Malvagni, "Contratos de Transporte por Agua", Bs. As. 1956, N. 221, esp. pág. 368; esta Sala, Causa 5112 del 28.6.95; Sala II, Causa 5656 del 5.4.88). De ahí en más, dicho destinatario -tenedor del conocimiento-asume frente al transportista la obligación de pagar el flete (cfr. Sala I, Causa 1862 del 3.5.83; Sala II, Causas 440 del 19.4.82; 2305 del 29.11.83; 2431 del 4.9.84; 4310 del 25.4.86; 4354 del 23.5.86; 5384 del 16.10.87; 5598 del 12.2.88; etc.), y es por ello que la acción del último contra el primero tiene carácter "personal", en el sentido de que la pertinente ejecución debe ser entendida con él.
Aplicación de la ley previsional, pensiones, derecho a la protección integral de la familia
Materia: CONSTITUCIONAL - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Ferreira, María González Tosar c/ Ministerio del Interior s/ Pensión
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-09

Las leyes previsionales, con el instituto de la pensión de los distintos deudos tienden, en definitiva, a proteger ese núcleo constitutivo por los integrantes de la familia, cumpliendo de ese modo, con el objetivo constitucional de alcanzar "la protección integral de la familia", mediante un sistema de seguridad social dotado del mismo carácter.
Derecho procesal, recurso extraordinario, cuestión federal, cuestión de derecho común
Materia: PROCESAL
Carátula: ARNAO, Alfredo Oscar c/ IAFAS y/o Estado Provincial (y su acum. MERINI José Miguel s/Acción de Amparo (se acumula a SALOMONE - Nº 19646)).
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2011-07-05

Debe denegarse la concesión del recurso extraordinario federal interpuesto, no existiendo una genuina "cuestión federal", entendiendo como tal "a las que versen sobre la interpretación de normas federales o de actos federales de autoridades de la Nación acerca de los conflictos entre la Constitución Nacional y otras normas o actos de autoridades nacionales o locales", considerándose que dentro del derecho no federal según la jurisprudencia de la C.S.J.N. se comprende el derecho nacional común, el derecho local, provincial o nacional y el derecho procesal (Cfr. ELIAS P. GUASTAVINO, "Recurso Extraordinario de Inconstitucionalidad", tomo I, Ed. La Rocca, 1992, pág. 394). (Sumario confeccionado por el SAIJ).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), recurso contencioso administrativo, caducidad, debido proceso
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: GONZALEZ, RICARDO MODESTO c/ MUNICIPALIDAD DE VERA s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-12-16

El planteo de la compareciente -invocando afectación de la garantía del debido proceso ya que se declaró la caducidad de la instancia, siendo que existían oficios que se encontraban aún en trámite al no haber sido respondidos por la propia Municipalidad demandada la cual no contestó siquiera la demanda y mantuvo siempre una posición dilatoria y despreocupada de los derechos de naturaleza alimentaria reclamados por los actores en su carácter de trabajadores cesanteados por la Administración- cuenta "prima facie" con asidero en las constancias de la causa, y, sin que ello implique adelantar opinión sobre la sustantiva procedencia de la impugnación, habilita el franqueamiento del remedio extraordinario. (De la disidencia de la Dra.

Gastaldi)
Organización de la justicia, cuerpo médico forense
Materia: PROCESAL
Carátula: GONZALEZ PALMA, Nélida Irma c/ ACEVEDO, Carlos Alberto s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-07

El Cuerpo Médico Forense es uno de los auxiliares de la justicia, cuyo asesoramiento pueden pedir los magistrados cuando circunstancias particulares del caso así lo hagan necesario. Su informe no sólo es el de un perito, sino que, al tratarse del asesoramiento técnico de auxiliares de la justicia, cuya imparcialidad y corrección están garantizadas por normas específicas y por medio de otras similares a la que amparan las actuaciones de funcionarios judiciales.
Beneficios previsionales, prescripción
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ochoa, Rosa c/ Instituto de Previsión Social s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2005-06-15

A los fines de otorgar efecto interruptivo de la prescripción a un reclamo formulado al I.P.S., resulta irrelevante si al momento de su interposición, el organismo se encuentra en condiciones de resolver favorablemente el pedido.
Prisión preventiva, plazos procesales, prórroga del plazo, interpretación de la ley
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: "RIVAS, Osvaldo A. s/ prórroga...".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-04-14

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, aún antes de la sanción de la Ley que reglamenta el artículo 7° punto 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (nro. 24.390 modificada por la Ley 25.430) había reconocido que una intepretación razonable de la disposición de la Convención antes señalada conduce a establecer que el juicio sobre la prolongación de la privación de la libertad cautelar debe estar relacionado con las circunstancias concretas del caso. Esta conclusión surge claramente del examen de la jurisprudencia elaborada por el tribunal Europeo de Derechos Humanos respecto de la convención que la rige, cuyo art. 5° inciso 3°, está redactado en términos casi idénticos a la disposición americana. Así ha dicho ese Tribunal que está reconocido por todos la imposibilidad de traducir el concepto "plazo razonable" en un número fijo de días, semanas o meses o de años o en variar la duración según la gravedad de las infracción. (310:1476, considerando 6° del voto de la mayoría).

Este aspecto resultó contemplado por la ley de "plazos de la prisión preventiva" (24.390), en tanto a través de su artículo 1° se estipuló la posibilidad de extender la detención de un imputado mas allá de los dos años cuando la cantidad de delitos atribuídos al procesado o la evidente complejidad de la causa impidan el dictado de una sentencia en el plazo indicado.

Estos supuestos excepcionales que habilitan la prórroga de la prisión preventiva - y que impiden una excarcelación automática a los dos años de detención cuando no medie el dictado de una sentencia- son compatibles con la jurisprudencia elaborada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tal es el caso de la causa que presenta dificultades para el esclarecimiento de la verdad y la complejidad de los delitos que son su materia, mas aún, cuando ya se ordenó la vista a las partes que establece el art. 429 del C.P.P.N.
Ley de protección de los datos personales, derechos y garantías constitucionales, rectificación de datos, habeas data
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Di Nunzio, Daniel F.  c/ The First National Bank of Boston y otros  s/ hábeas data
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-11-21

Según la ley 25.326, no basta con que lo registrado como verdadero sea tal si, al tomar razón de los datos relevantes al objeto y finalidad del registro de manera incompleta, la información registrada comporta una representación falsa.
Derecho procesal, medidas cautelares, improcedencia del recurso, verosimilitud del derecho invocado, resoluciones judiciales, juicio ordinario
Materia: PROCESAL
Carátula: Luson Seguridad SA c/ Consorcio Edilicio Torres Pueyrredón y/o Consorcio Manuel Estévez 147 s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-12

Procede confirmar la resolución que rechazó el embargo preventivo solicitado por el demandante. Ello por cuanto, pese a la invocación de cierto reconocimiento de deuda a su favor, en el marco del trámite de mediación previa habida con su futuro contendiente, ese antecedente se exhibe insuficiente para adoptar el temperamento cautelar pretendido. Es que, aún cuando se soslaye que el referido acuerdo no mereció homologación en los términos del CPR 500-4°, lo cierto es que no puede atribuirse a lo allí actuado por el representante del consorcio demandado el efecto de reconocimiento de deuda en los términos del CCCN 733; ya que al suscribir dicho acuerdo, el supuesto econocimiento de deuda quedó sujeto y ad refferendum del Consejo de Administración; en consecuencia, la ausencia de confirmación por parte del Consejo, resta en este estado del proceso, verosimilitud al derecho invocado.
Recurso de queja (procesal), denegatoria del recurso, facultades del juez, régimen disciplinario administrativo, Colegio Público de Abogados, tribunal de disciplina
Materia: PROCESAL
Carátula: LINARES, Hugo Néstor c/ C.P.A.C.F. s/ SUMARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-04-07

Debe desestimarse la queja en punto al doble juzgamiento a que alude al abogado sancionado, pues este Tribunal entiende que el poder disciplinario de los jueces en relación a todos los sujetos que intervienen en el proceso, está destinado a asegurar su buena marcha, a impedir que se altere el desarrollo del servicio de justicia y a salvaguardar su propia investidura (confr. art. 18 del decr.-ley 1.285/58 y 6 del C.P.C.C.N.). Tal poder disciplinario no resulta incompatible con el que detenta el C.P.A.C.F. y ejerce solo sobre los abogados matriculados, dentro de su jurisdicción administrativa, destinado a salvaguardar la jerarquía, decoro y ética profesional; y está previsto especialmente en el art. 43 de la ley 23.187 y art. 15 del Reglamento de procedimiento. (Confr., en igual sentido, Sala I del fuero, Bercholc , del 24-6-93)
Recurso de apelación (procesal), fundamentación del recurso, gravamen actual, desafuero, Poder Legislativo, procedencia del recurso
Materia: PENAL
Carátula: LA AGENTE FISCAL Nº 2 s/ Recurso Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-09-05

Así planteada la cuestión, es claro entonces que los legisladores solamente gozan de inviolabilidad de arresto (en sentido amplio) y opinión, esto es pueden ser sometidos a proceso; las inmunidades parlamentarias no contemplan a las personas, sino que son una garantía al libre ejercicio de la función legislativa para mantener la integridad de los poderes del Estado; el llamado a indagatoria no violenta la inmunidad de arresto; la ley 25320 reglamenta lo normado en la Constitución Nacional en sus arts. 69 y 70 -es decir no es una ley de carácter procesal que vulnere las facultades no delegadas a la Nación-.

Sin perjuicio de la inmunidad de opinión consagrada en el art. 68 de la CN ya referido, que comprende la formación de un proceso.- Adviértase que si el legislador nacional imputado en autos entiende que el llamado a indagatoria vulnera sus fueros (aun cuando se trate de un acto de defensa), le cabe la posibilidad de no comparecer, en cuyo caso el Juez deberá solicitar el respectivo desafuero y serán sus pares quienes decidirán en definitiva si existe el mérito o no para ello.- En síntesis, el art. 70 de la CN, no establece una dispensa de encauzamiento, sino una exención de arresto, muy relativa, ya que no cubre las detenciones judiciales disciplinarias, puede ser allanada mediante el desafuero, y no opera en los supuestos de detenciones infraganti delito, contempladas por el art. 69 de la CN.- Firmado Dres.: Raul Román y Julio V. Pancio .
Contratos, compraventa de automotores, concesionario (comercial), derechos de las partes, obligaciones de las partes, entrega del bien, mora, responsabilidad del fabricante, responsabilidad del concesionario (comercial), condena a entregar cosas, concursado
Materia: CIVIL-COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Spodo, Pablo Gustavo c/ Guido Guidi SA y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-18

En ese marco contractual, el deber de seguridad a cargo del concedente comprende no solo el cumplimiento de las obligaciones en especial, -la entrega del auto en tiempo y forma- sino también el respeto por los derechos del consumidor, en especial, la protección de sus intereses económicos y las condiciones de trato equitativo y digno (LDC 8 bis y 37 y CN 42). En este punto, la expectativa de solvencia resultó defraudada con la presentación en concurso preventivo del concesionario, lo cual incrementó la situación de vulnerabilidad del consumidor.