Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-12-10


ZURBRIGGEN, Viviana Mercedes Cipolat de contra MUNICIPALIDAD DE RAFAELAReg.: A y S t 194 p 81-87.Santa Fe, 10 de diciembre del año 2.003.

VISTOS: Los autos "ZURBRIGGEN, Viviana Mercedes Cipolat de contra MUNICIPALIDAD DERAFAELA sobre RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION " (Expte. C.S.J.nro. 632, año 1.994), venidos para resolver la concesión del recurso extraordinariointerpuesto para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación;

y, CONSIDERANDO:

1. Contra el decisorio de este Cuerpo, registrado en A. y S. T. 182, págs. 303/305,que resolvió declarar improcedente el recurso contencioso administrativo, interpuso laactora el remedio extraordinario previsto en el artículo 14 de la ley 48.

En el memorial recursivo (fojas 209/215) al referirse a la procedencia formal delremedio deducido afirmó que se impugna una sentencia definitiva; que oportunamente seintrodujo la cuestión constitucional; que posee legitimación para recurrir; que se deduceante el Superior Tribunal de la causa; que existe cuestión federal suficiente. En cuanto a la procedencia sustancial del recurso extraordinario interpuesto,aseveró que el decisorio es arbitrario y afecta las garantías consagradas en los artículos5, 14 bis, 16, 17, 18, 28 y 31 de la Constitución nacional, en tanto cercena el derechode propiedad, alterando los principios de legalidad y derechos a la jurisdicción y defensa.

Aduce que el fallo al remitir "mutatis mutandi" a los fundamentos de la causa"Cortez", resulta nulo por falta de motivación suficiente. Agrega, que no obstante loexpuesto, en la pieza recursiva efectúa una crítica razonada de dicho fallo y destaca queen el mismo, el Tribunal alude a las cuestiones analizadas en la causa "Pirola", cuyosconsiderandos merecen idénticos cuestionamientos de su parte. Sostiene que el decisorio contradice la teoría de los actos propios, por cuanto lademandada, ya vigente la ley 23.928, efectúo pagos por recomposición salarial y no huboningún acto administrativo derogatorio del Acta de Compromiso asumido por la Municipalidadel 31.7.1990. En ese sentido, considera la recurrente que el Tribunal desestimó la pretensiónpor incurrir en una confusión acerca de que lo peticionado es un aumento salarial poraplicación de los índices del costo de vida vedados por la ley de convertibilidad, siendoque lo reclamado refiere a diferencias salariales expresamente convenidas por las partes,a partir de un acta de compromiso labrada tanto en sede municipal como en la Secretaríade Trabajo.

Considera que la sentencia es arbitraria, por apartarse de la propia jurisprudenciade la Corte, concretamente el caso "Pavón" (A. y S. T. 109, pág. 373), en el que seanalizó "que las Municipalidades y Comunas pueden establecer mejores condiciones a sustrabajadores que lo normado en la ley provincial o normas comunes de aplicación "(sic).Al respecto, destaca el reconocimiento expreso efectuado por la Municipalidad de mejorarsalariales. Sostiene que el decisorio incurre en arbitrariedad, en cuanto escapa al contexto delcaso concreto, ya que admite el grave apartamiento del derecho a la retribución justa eigualitaria y realiza una interpretación irracional de la prueba documental de la causa.

Cuestiona, que a tenor del artículo 13 de la ley 23.928, el Tribunal rechazó su pretensión, en virtud de la inoponibilidad del artículo 4 del Acta Compromiso para losaumentos de sueldo "por indexación", a partir del 01.04.1991. Aduce que el derecho de laactora surge del Acta acuerdo nro. 6 y de la comunicación oficial que determinó elincremento de fecha 23.05.1991. Cuestiona al Tribunal haber aludido en el decisorio a la ley 23.928, a la cualadhirió la Provincia de Santa Fe por ley 10.650, en setiembre de 1.991, por lo que lacompensación salarial dispuesta por el Municipio en uso de sus facultades autónomas, -según entiende- no se encuentra dentro del alcance de las normas de la ley deConvertibilidad, por cuanto no se encontraba vigente esta normativa en la Provincia deSanta Fe. Considera, al respecto, que si la ley 23.928 era de plena aplicación en todo el país, abarcando también las relaciones de los entes públicos autónomos, no hubiera sidonecesaria la expresa adhesión de la Provincia, por ley 10.650. En tal sentido, también alega que la resolución recurrida resulta "contra legem", por cuanto aplicó al caso, desde su vigencia la ley nacional 23.928, vulnerando la leyprovincial 10.650. Alega que además, se aparta del artículo 1 de la Constitución nacional, conforme al cual "la Nación Argentina adopta para su gobierno la formarepresentativa, republicana y federal de gobierno". Destaca que la recomposición salarial correspondiente al mes de abril, se implementóa partir del mes de julio de 1.991 en un 2%, la que se incrementó en los meses sucesivoshasta llegar al 6,3%, hasta que abruptamente la Municipalidad interrumpió la misma,dejando insatisfecho un 4,5%.

Acusa discriminación, al desestimar el Tribunal el argumento referido al aumento desueldos a personal de gabinete y Concejo Municipal, durante la vigencia de la ley 23.928,lo que vulnera la garantía de igualdad. Sostiene además, que a partir de la Comunicación oficial del Municipio al Sindicatode Obreos y empleados municipales de fecha 23 de mayo de 1.991, lo que era un derecho enexpectativa se transformó en un un derecho adquirido, por lo que el decisorio impugnadolesiona el derecho de propiedad. Concluye diciendo, que lo agravia la imposición de costas, ya que la decisión sobre la materia principal necesariamente determina una solución en costas acorde con aquellay además se basa en el principio de indemnización que debe cargar quien someta a la otraparte a un desgaste jurisdiccional. Corrido el pertinente traslado, lo contesta la accionada (fojas 218/225) postulandoel rechazo del remedio intentado. II. Encontrándose los presentes a estudio de este Cuerpo, corresponde emitir unjuicio fundado acerca de la viabilidad del recurso federal interpuesto. Cabe señalar que la mera deducción del recurso, así se lo base en la arbitrariedaddel fallo, no justifica la concesión o denegación automática del remedio federal, sino quees imprescindible efectuar un juicio fundado de admisibilidad. A tales efectos es menester que en el escrito de interposición del recurso federalse rebatan y neutralicen cada uno de los motivos expuestos por la Corte para fundar sudecisión, trayendo razones de peso en orden a destruir la fundamentación de tal decisoriopor considerarlo lesivo de derechos constitucionales. Ello es así, por cuanto la propia naturaleza de la vía extraordinaria prevista en el artículo 14 de la ley 48 -recurso extraordinario de apelación-, exige que elrecurrente impugne el pronunciamiento que objeta demostrando, asimismo, ante la Corte, porqué considera que el pronunciamiento impugnado no satisface el derecho federal invocado. Realizando el análisis señalado precedentemente, se advierte que no obstante que larecurrente invoca vicios de arbitrariedad -interpretación irrazonable de la prueba y leyaplicable, apartamiento de criterios del propio Tribunal, falta de fundamentación-, ylesión a garantías constitucionales, la esencia de su queja remite a cuestiones de hechoy prueba y a la selección, interpretación y aplicación de normas de derecho común y local,y sólo trasunta la disconformidad de la impugnante con la solución del Cuerpo, enejercicio de funciones propias. En reiterados pronunciamientos, tanto del más Alto Tribunal de la Nación, como deesta Corte, se ha sostenido que tales cuestiones constituyen una materia que, enprincipio, escapa a la esfera de aplicación del remedio extraordinario. En el caso, debe señalarse que, pese al matiz constitucional que pretende darle larecurrente a sus planteos, no logra demostrar la concurrencia de alguna de las limitadasexcepciones a esa regla, pues, en definitiva, el criterio sostenido por el Tribunal paraconcluir en que el recurso contencioso administrativo debía ser rechazado -bajo la ópticade normas del derecho común y local, y sin que se advierta lesión a cláusulas de rangoconstitucional-, no resulta irrazonable a tenor de las particulares circunstancias de lacausa y los fundamentos vertidos en la resolución impugnada. Cabe puntualizar, inicialmente, que los argumentos vertidos en el memorialintroductorio del remedio extraordinario constituyen, en esencia, reiteración de los expuestos al demandar y al informar sobre el mérito de la causa, sin aportar ningún elemento de convicción u otras razones que justifiquen una solución distinta a la adoptaday sin hacerse cargo de las respuestas brindadas en la sentencia. En efecto, carece de andamiaje suficiente el reparo de la impugnante referido a quela sentencia contradice la teoría de los actos propios, que finca en que la demandaefectuó pagos por recomposición salarial, con posterioridad al 1.4.1991 y, que esteCuerpo, propició -a su criterio- una interpretación que deforma los hechos de la causa,al haberse confundido el Juzgador sobre lo peticionado. Dichas apreciaciones sólo revelan su discrepancia con la solución alcanzada en elsub lite por el Cuerpo -luego de interpretar las circunstancias aludidas conforme a lasprobanzas rendidas y la normativa aplicable-, en cuanto a la improcedencia de supretensión de diferencias salariales por inaplicación del mecanismo pactado a las remuneraciones con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley 23.928.

Consideró el Tribunal (con remisión a la causa "Cortez" (A. y S. T. 182, págs.96/101) que sigue los lineamientos del precedente "Pirola" (A. y S. T. 177, pág. 432) que"... Aunque las partes acordaron un mecanismo para evitar que las remuneraciones sedepreciaran por causa de la inflación, es el caso que, luego de la entrada en vigencia dela Ley de Convertibilidad, no pudo.aplicarse ni esgrimirse ninguna cláusula legal,reglamentaria, contractual o convencional -inclusive convenios colectivos de trabajo- defecha anterior como causa de ajuste en las sumas de australes que corresponda pagar, sinohasta el día 1 de abril de 1991...(art. 10, ley 23.928)".

Por lo que, entendió el Tribunal, que no puede deducirse que la accionada pretendaprevalerse de una conducta que contraviene anteriores comportamientos en sentidocontrario, dado que en el caso, existe una norma expresa que viene a justificar talcircunstancia (arts. 7, 10, 13 de la Ley de Convertibilidad).

De lo expuesto, se advierte que la sentencia se hace cargo de lo peticionado por la recurrente, por cuanto sin perjuicio de los diferentes acuerdos a los que arribaron laspartes (acta de compromiso y las actas ante la Secretaría de Trabajo, ajustes de sueldosacordados y recuperos), la causa que vincula a todos estos acuerdos está en un mecanismode actualización que resultó a la postre inoponible por imperio de una ley de ordenpúblico.

Los cuestionamientos formulados sólo dejan traslucir la mera disconformidad de laactora con lo decidido, pretendiendo reabrir la discusión sobre cuestiones ya resueltaspor este Tribunal en ejercicio de funciones propias, intentando imponer su criterioatinente a que, no obstante la vigencia de la Ley de Convertibilidad, los acuerdosarribados por las partes para el recupero de diferencias salariales adeudadas no seencontraban comprendidas por dicho texto legal. Tales achaques son formulados sin traerargumentos de peso en orden a demostrar que el Tribunal al apreciar las circunstanciasantedichas y aplicar la normativa en la cual consideró subsumible el caso lo haya hecho de un modo irrazonable o conculcando derechos o garantías de raigambre constitucional no resultando idóneo, por tanto, para franquear la vía intentada. En consecuencia, los agravios de la compareciente sobre el punto no puedenprosperar, pues no se vislumbra que el criterio sostenido al respecto por este Tribunalen el fallo impugnado haya desbordado las posibilidades hermenéuticas aceptables desde elplano constitucional, ni que resulte absurdo, inmotivado o irrazonable como para permitirla descalificación de la sentencia como acto jurisdiccional válido. A igual solución debe arribarse con relación a la tacha del apartamiento de loscriterios sentados en la causa "Pavón". Así, la recurrente plantea que esta Corte, efectúauna interpretación errónea, llega a una conclusión que desvirtúa el antecedentejurisprudencial citado; "...se basa en una sola opinión de un legislador, para fundamentarel rechazo del reclamo..."(f. 211 vto.), puntualizando que lo que peticionó fue unrecupero de diferencias de sueldos acordados. Pero, la impugnante no logra demostrar la configuración de tales agravios. Como serecalcó en el precedente "Cortez", al que la sentencia remite, el Tribunal, meritó que "lapresente decisión no implica la proscripción de mejoras salariales, aspecto que no estáen cuestión en la presente causa. No está de más resaltar que estas cuestiones fueron expresamente analizadas en el debate parlamentario, en el sentido de que 'el incremento salarial se puede producir tantas veces como las partes lo convengan, pero no por vía dela indexación, sino mediante acuerdos, los que tienen relación con el aumento de laactividad económica, que es lo que estamos buscando'(intervención del senador Romero;citado por Moisset de Espanes en 'la Ley de Convertibidad. Su estudio en el Congreso dela Nación'; 'Convertibilidad del Austral. Estudios Jurídicos'. Segunda Serie, ZavalíaEditor, Buenos Aires, 1.991)". Por tanto, no hay contradicción con el criterio sustentado por el Tribunal encuanto a que "las Municipalidades y Comunas de la Provincia mejoren la situación de losagentes respecto de las condiciones establecidas por la Comisión Paritaria, pues (enprincipio) nada impide que las Administraciones retribuyan el trabajo de sus dependientespor encima de los mínimos legales, si les resulta presupuestariamente posible y escompatible con la adecuada satisfacción de los intereses públicos que persiguen ("Pavón",A. y S. T. 109, pág. 373), cita incluso que es propia del fallo. Por lo que, queda sin sustento la tacha de arbitrariedad invocada, por cuanto la parte recurrente pretende imponer su propio criterio de interpretación del caso, sinaportar elementos que indiquen algún desvío interpretativo en la sentencia. El fallo nose basó, como pretende hacer ver la quejosa, en la opinión de un solo legislador, sino enla de la doctrina citada, que rescata dicho antecedente parlamentario, ilustrativo de losfines de la ley 23.928, la cual, se reitera, hacía inexigible el pago de diferencias quetengan su causa en mecanismos de actualización cuya aplicación sea posterior a su entradaen vigencia, por ser éstos inoponibles. Carecen también de asidero, los planteos referidos a la apreciación errónea que el Tribunal habría asignado a los hechos acreditados en la litis y a la señalada omisión deprueba documental en que habría incurrido esta Corte en el pronunciamiento impugnado. Ello así, por cuanto el Tribunal entendió que los mecanismos de actualización automática basados en índices, como el invocado en autos estaban indudablementecomprendidos en la ley 23.928, que en su artículo 13, estableció que sus disposiciones sonde orden público y ninguna persona puede alegar frente a ellos derechos irrevocablemente adquiridos. Por tanto, la cláusula cuarta del Acta de Compromiso del 31.7.1990 devinoinoponible a la Municipalidad de Rafaela, a partir del 1.4.1991. Ahora bien, la circunstancia de que esas conclusiones sean adversas a la postura dela recurrente, no configura causal de arbitrariedad. Cabe puntualizar, además, que la impugnante introduce en esta instancia recursivaargumentos nuevos, relativos a que su derecho nace del Acta Acuerdo nro. 6 y de lacomunicación oficial que determinó el incremento el 23.5.1991, lo que no fue planteado enesos términos al trabarse la litis, por lo que devienen inatendibles. En cuanto tacha de discriminatoria la sentencia, que finca en un presunto aumentode sueldo otorgados a los agentes de la Administración Pública provincial y municipal, loque entiende vulnera el principio de igualdad, resulta falto de conexión con otro agravio,basado en que no se pretendía un aumento de sueldo. Por lo que este reparo, trasluce tan sólo el empeño de la quejosa en lograr unadiferente interpretación y valoración -opuestas a las que efectuó esta Corte- de lascircunstancias fácticas acontecidas en orden a merituar la procedencia de la pretensiónde la actora.

Es que, al igual que en el antecedente "Cortez" al que remite la sentencia, elargumento consistente en que funcionarios municipales hubieran experimentado aumentos desueldo a pesar de la vigencia de la ley 23.928, resulta insuficiente para mejorar lasuerte del recurso, no sólo porque se ha introducido en la litis recién en el informesobre el mérito de la causa, sino porque carece de todo sustento probatorio. Además, comose dijo en la causa "Pirola", "...los actores han invocado tales extremos sin mayor desarrollo argumental omitiendo demostrar un presupuesto básico para la consideración delagravio de la violación al principio de igualdad: la perfecta identidad de situacionessubjetivas y objetivas -criterio de "Suárez", A. y S. T. 119, pág. 171-" (f. 325).

Así, la mera mención en el memorial recursivo de que "...el Municipio incrementó enla proporción peticionada al personal de gabinete del Poder Ejecutivo municipal y al del Concejo Municipal, actúo con criterio discrimatorio al no hacer lo mismo con la parteactora..." refiere a un argumento vacuo sin respaldo probatorio. Tal agravio, por tanto,sólo se trasluce la disconformidad de la recurrente con la solución dada a la causa. Igual suerte ha de correr el reproche de la impugnante atinente a que la resolución impugnada resulta "contra legem", violatoria del artículo 1 de la Constitución nacional",por cuanto se aplicó una ley avasallante de la autonomía provincial, vulnerando derechos adquiridos, atento que la metodología de actualización era aplicable, ya que la ley23.928 no estaba vigente. Cabe destacar que la recurrente, en el informe sobre el mérito de la causa, alargumentar sobre la procedencia del cobro del ajuste de sueldo del mes de abril (f. 195vto.), señaló que no se encontraba comprendida por "la invocada cláusula deestabilización, ya que la ley precitada (23.928) comenzó a regir el 01/04/91, y el ajusteadeudado corresponde al mes de marzo de 1991".

La contradicción entre lo sostenido en el alegato y lo postulado en el recursoextraordinario federal, por sí solo determina la falta de asidero y la improcedencia delplanteo. A mayor abundamiento, no puede desconocerse como ya se señalara, que lasdisposiciones de la Ley de Convertibilidad son de orden público (artículo 13, ley citada).

En tal sentido, se consideró el alcance de la ley 23.928 en nuestro ordenamiento jurídico, por lo que la interpretación fraccionada que propicia la impugnante, hubiera implicado una afectación al derecho de propiedad, al aplicar las cláusulas deactualización con posterioridad al 1.4.1991 que se cancelaron con moneda sana.

Tampoco encuentra debido sustento, el reproche referente a la imposición de costasfundado en que la decisión sobre la materia principal necesariamente determina unasolución en costas con aquélla, a poco que se repare que el Tribunal rechazó por improcedente el recurso contencioso administrativo imponiendo las costas a la recurrente,aplicando al caso el sistema de vencimiento objetivo de vencimiento, de conformidad a lo normado por el artículo 84 de la ley 4106, lo que resulta acorde con lo decidido en lamateria principal.

Lo expuesto, quiebra la regla de admisibilidad que impone que debe existir relacióndirecta entre la cuestión constitucional planteada y la realidad de la causa. En suma, la recurrente no logra rebatir la interpretación dada por la Corte y suargumentación se endereza a anteponer su propio criterio por sobre el del Tribunal,formulado sobre cuestiones que han sido suficientemente fundadas en antecedentes propios,que demuestran una línea jurisprudencial congruente y consolidada y que otorgan a la sentencia fundamentos suficientes como para sustentarse como acto jurisdiccional válido. Cabe, pues descartar la tacha atinente a que la sentencia no se encuentra debidamente fundada. Igual resultado adverso deben correr las demás imputaciones de la impugnante, dadoque vistas en su desarrollo, y no obstante la invocada arbitrariedad y lesión a garantíasconstitucionales, el recurso no pasa de ser la mera manifestación de la discrepancia dela recurrente con la apreciación de las circunstancias del caso y del material probatorio, y con relación a cuestiones de derecho común y local, hechas por el Tribunalen una faena que, acertada o no en sus conclusiones, no aparece prima facie divorciada delas exigencias que el ordenamiento jurídico fundamental impone para el dictado de unasentencia válida. Por lo demás, el presente recurso guarda, en sus aspectos relevantes, sustancial analogía con el considerado y resuelto por esta Corte en la causa "Pirola" (A. y S. T.183, pag. 484), decisorio que se encuentra firme (C.S.J.N.R.2682. XXXVIII, del 5.8.2003). Por ende, ante la falta de entidad constitucional de los planteos de la impugnante,cabe denegar la concesión del recurso extraordinario. Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Denegar laconcesión del recurso extraordinario interpuesto para ante la Corte Suprema de Justiciade la Nación, con costas.

Regístrese y hágase saber. Fdo.:GUTIERREZ-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)