marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Extensión de la quiebra, accionistas, etapas del proceso, rechazo de la demanda
Materia: COMERCIAL
Carátula: TRANSPORTES   AUTOMOTORES   CHEVALLIER s/ QUIEBRA  S/  INC.  DEEXTENSION DE QUIEBRA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-20

En la descripta hipótesis, cabe precisar que a más de prematura -respecto de la sentencia definitiva que concluirá el proceso-, la mentada resolución fue tardía: corrido el traslado de la demanda, precluyó para el órgano jurisdiccional la facultad de examinar de oficio la admisibilidad y -tanto más- la "procedencia sustancial" de esa demanda. Fundamentos del Dr. Cuartero.
Malversación de caudales públicos, peculado, sujeto activo
Materia: PENAL
Carátula: MARIN, Omar s/ MALVERSACION DE CAUDALES Y SUPRESION DE CORRESPONDENCIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-08-08

El peculado es una forma mas de malversación de caudales públicos ya que así surge de la misma ubicación sistemática de la figura dentro del capítulo séptimo del Título onceavo del C.P..

Siendo así, participará del elemento característico de toda malversación: que el sujeto activo cuente con la posibilidad de destinar los bienes que la Administración pone en sus manos y, por tanto, la posibilidad de desviarlos del objeto específico al que están legalmente afectados.

Del significado semántico de la expresión "malversar" surge tal inteligencia, toda vez que esta indica la acción de invertir mal.

Tal afirmación puede corroborarse si se analizan los tipos dolosos de los arts. 260, 261 y 264 del C.P. . También en la figura culposa del art. 262 se requiere que el sujeto activo del delito cuente con la capacidad funcional aludida, habida cuenta de su incorporación al capítulo señalado.
Quiebra fraudulenta, garantía a ser juzgado en un plazo razonable, declaración indagatoria, monto del embargo
Materia: PENAL
Carátula: T., S. y otros s/quiebra fraudulenta c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-09-08

Explicaron que se encuentra acreditada, con el grado de provisoriedad que requiere el artículo 306 del CPPN, la actividad desplegada por los imputados, mediante la cual se procedió al desmantelamiento de bienes y de equipamiento de la fallida a partir del año 2004, con la consiguiente merma del patrimonio ejecutable en garantía de los acreedores, declarándose finalmente la quiebra el 6/6/2008. Precisaron que la actividad fraudulenta del quebrado puede ser anterior o posterior a la declaración de quiebra y rechazaron el agravio de la defensa vinculado a la supuesta falta de precisión de las conductas endilgadas y a la presunta pérdida de potestad punitiva por violación de la garantía del plazo razonable de juzgamiento, ya que si bien la causa se inició en junio de 2009 en relación con hechos que habrían tenido lugar a partir de 2004, los imputados recién fueron legitimados pasivamente al ser convocados a indagatoria el 2/6/2014, acto que recién se concretó en 2015 ante el pedido de nulidad y prórroga planteado por la defensa, a lo que debía agregarse que debió recabarse gran cantidad de documentación relativa a los bienes y cotejar los mas de cincuenta cuerpos del expediente comercial, situación que daba cuenta de que el proceso penal no exhibe retardos irrazonables, no siendo inadecuado el monto del embargo, a la luz del grave perjuicio patrimonial ocasionado.
Accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo, acción civil por accidente de trabajo, acumulación de indemnizaciones, deducción de la indemnización
Materia: CIVIL-LABORAL
Carátula: ALVAREZ DE RIVERA, María del Carmen c/ TRANSPORTES SARGENTO CABRAL S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-12

La acumulación de indemnizaciones de derecho común y la del derecho del trabajo por la misma causa, que es el hecho del accidente, queda excluida por la necesidad de atender a la reparación de un daño neto, purificado por la "compensatio lucri cum damno". De otro modo se obligaría a pagar una doble indemnización por un único daño, más aún teniendo en cuenta la posibilidad de recupero de lo abonado contra el responsable, criterio este que fluye del art. 18 de la ley 9688, modificado por el art. 7º de la ley 23.643.-
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, apreciación de la prueba, defensa en juicio, etapas del proceso, alegato
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Archilla, Sergio c/ Citibank N.A. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad- Ordinario  (Expte.: C.S.J. Nro. 481 Año 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-09-03

Si frente a la línea argumental de la Sala -que concluyó que no se verificaba en la especie una vulneración a la garantía de defensa del demandado que autorizara la declaración de nulidad- el impugnante intenta oponer la suya, insistiendo en que la sentencia de primera instancia no valoró los medios probatorios sobre los que -precisamente- versaba su alegato ampliatorio (dictámenes periciales contable e informático) materializándose de esa manera una lesión de su derecho de ser oído, al tiempo que se explaya sobre el mérito de los elementos de confirmación (parcialidad del perito, elementos tomados en cuenta para elabora el dictamen, tecnología utilizada en la época de los hechos litigiosos), debe rechazarse el recurso interpuesto desde que esos embates del quejoso se inscriben en el marco de la valoración probatoria propiamente dicha y, como tales, tienden más a torcer la suerte adversa del pleito que a aportar razones concretas en demostración de la efectiva trascendencia del alegato no adjuntado oportunamente al expediente.
Recusación con causa, facultades jurisdiccionales
Materia: PROCESAL
Carátula: Servini de Cubría, María Romilda c/ Borensztein, Mauricio y otro. s/ Recurso de Hecho Mauricio y otro. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-07-05

Debe separarse del conocimiento de la causa al magistrado que no esté en condiciones objetivas de satisfacer la garantía del adecuado ejercicio de la función judicial en razón de encontrarse incurso en alguna de las causales taxativamente previstas por el art 17 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Juicio sumarísimo, excepciones procesales, traslado, plazos procesales
Materia: COMERCIAL
Carátula: AUTOKIPER SOCIEDAD ANONIMA c/ REYES, María s/ SUMARISIMO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-25

Si bien en los procesos que tramitan por la vía sumarísima no es admisible el tratamiento de excepciones de previo y especial pronunciamiento, en caso de ser opuestas, el derecho de defensa de la parte actora exige que se le confiera traslado de las mismas por el plazo de tres días que contempla el Código Procesal: 498-2.
Personal no permanente, empleados públicos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Amadeo, Patricia Fátima c/ Municipio Urbano de la Costa s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-09-25

El personal de planta temporaria -v. gr. agentes mensualizados y jornalizados- participa de un status de excepción, no poseyendo más derechos que los previstos, en modo expreso o razonablemente implícito, en el régimen jurídico que ha disciplinado su incorporación y desempeño en la relación de empleo (doctor GENOUD, sin disidencia).
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, deserción del recurso, fundamentación del recurso, fundamentación insuficiente
Materia: PROCESAL
Carátula: Castresana de Giménez,  María c/ INPS - Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles s/ pensiones.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-08-05

Corresponde declarar desierto el recurso ordinario de apelación si el apelante no se hizo cargo de la interpretación legal efectuada por la alzada ni de las cuestiones fácticas valoradas en su resolución, como tampoco del precedente citado en apoyo de tal inteligencia, defectos que importan la falta de una crítica razonada y concreta de las razones de hecho y derecho ponderadas por el juzgador.
Prueba, absolución de posiciones, rebeldía, valor probatorio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: HERNANDEZ PEDRO c/ OMAR MEDINA Y OTRO s/ d - y p (LIBRO: S085 - 955)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-08-17

Carecen de eficacia las posiciones absueltas en rebeldía, si las mismas no estan referidas a hechos personales del absolvente, o de los cuales pueda tener un conocimiento personal.-
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, igualdad ante la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Conti, Juan Carlos c/ Ford Motor Argentina  S.A. s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-29

La garantía de igualdad debe aplicarse a quienes se encuentran en iguales circunstancias, de manera que, cuando éstas son distintas nada impide un trato también diferente con tal que éste no sea arbitrario o persecutorio.
Concursos, intereses
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: D'Annunzio, Carlos R. y otros c/ Gauna, Susana Beatriz s/ Ejecución de laudo arbitral
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-06-29

En lo relativo a intereses por deudas garantizadas con prenda o hipoteca, el pasivo no queda "cristalizado" con la presentación en concurso. No obstante, si luego se declara la quiebra (o nos halláramos frente a una quiebra directa) la continuidad de los intereses se reduce a los "compensatorios" (art. 129 de la LCQ).
Responsabilidad solidaria, transporte de carga
Materia: LABORAL
Carátula: Silva, Diego c/ Dihuel SA y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-11-09

El transporte y la entrega de mercaderías constituye una actividad específica propia de la empresa, pues se vincula en forma directa con la comercialización de los productos cuya elaboración constituye su giro empresario. No cabe duda alguna que la entrega de los productos elaborados por una empresa a sus clientes hace al fin de la misma, ya que su objeto no puede ser solamente la elaboración, sino también la comercialización, de la cual la entrega del producto forma parte. Si la empresa hubiese optado por otra forma de comercializar o distribuir sus productos (por ej. entregándolos en fábrica), no resultaría responsable por el transporte y entrega de los mismos, pero si elige otro sistema que convenga más a sus intereses, resulta responsable por las consecuencias emergentes del sistema escogido (art. 30 LCT). Cabe agregar que la télesis de la norma expresada apunta a proteger al trabajador no solamente de una connivencia fraudulenta en su perjuicio, sino también de un proceder negligente del contratante en la elección del contratista que finalmente deviniera en perjuicio del trabajador ante los incumplimientos y posible insolvencia de este último.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, excepción de incompetencia
Materia: LABORAL
Carátula: Lacuadra, Adela I.; Alba, Eugenio y ots. c/ Asociación Trabajadores Sanidad Argentina de Mar del Plata s/ Acción sumarísima, art. 47, ley 23.551. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-10-01

El pronunciamiento del Tribunal del Trabajo que declaró su incompetencia para entender en una cuestión sumarísima prevista pro el art. 47 de la ley 23.551, por considerar que debía agotarse la vía administrativa para que quedara expedita la acción judicial contra la Asociación sindical demandada, reviste carácter definitiva en los términos de los arts. 55 de la ley 11.653 y 278 del Código Procesal Civil y Comercial. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Extradición, prescripción de la acción penal, cómputo del plazo, duración del proceso, edad del procesado, derecho extranjero, aplicación del derecho extranjero
Materia: PENAL
Carátula: Crousillat Carreño, José Francisco s/ extradición.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-18

Parece razonable considerar que la reducción en razón de la edad que consagra el art. 81 del Código Penal de la República del Perú debe aplicarse tanto para determinar cuál es el plazo ordinario del art. 80 como el de duración razonable del proceso del art. 83 in fine del mismo cuerpo legal.
Contratos, compraventa de automotores, derechos de las partes, obligaciones de las partes, transferencia del automotor, rectificación de datos, obligaciones del fabricante, obligaciones del vendedor
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Montonati, Marcelo Maximiliano  c/ Volkswagen Argentina SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-09

En definitiva, de lo que se trata es que el fabricante se haga cargo en toda su dimensión del error del que es responsable, rectificando en su totalidad la inexactitud originada fuera del registro producto de su propia culpa (conf. Moisset de Espanés, L., "Dominio de automotores y publicidad registral", Buenos Aires, 1981, p. 79 y ss.; Vargas de Vallania, M., Benjamín de Ruíz, M. y Bonetto de Cima, Á., "La inexactitud registral y su proyección negocial", Buenos Aires, 1985, p. 120).
Diferencias salariales, accidentes de trabajo, incapacidad laboral, ley sobre riesgos del trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ Accidente - ley especial
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-06-07

Del juego armónico de los arts. 8 y 17.6 de la ley 26.773 claramente se desprende que la intención del legislador no fue otra que la de: 1.- aplicar sobre los importes fijados a fines de 2009 por el dec. 1694 un reajuste, según la evolución que tuvo el índice RIPTE entre enero 2010 y la fecha de entrada de vigencia de la ley, que los dejara "actualizados" a esta última fecha; y 2.- ordenar, a partir de allí, un reajuste cada seis meses de esos importes de acuerdo con la variación del mismo índice; y del art. 17.5 también se desprende claramente que esos nuevos importes "actualizados" sólo rigen para la reparación de contingencias cuya primera manifestación invalidante haya ocurrido con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia del capítulo de la ley referente a las prestaciones dinerarias del régimen de reparación.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, concurso preventivo, crédito verificado, prueba
Materia: COMERCIAL
Carátula: Cooperativa Agrícola Ganadera LTDA. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Concurso   preventivo. Incidente de revisión en el incidente de impugnación al   informe de la Sindicatura (Expte. CSJ Nº 303-98)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-03-10

No resulta ilógica ni irrazonable la opinión de la Sala que entiende inapropiado aplicar a la causa la jurisprudencia de los plenarios "Translínea" y "Difry" en la que el a quo fundó su resolución, cuando ello no se ajusta a la realidad fáctica ni a la normativa aplicable, ya que la exigencia de probar acabadamente la causa por la cual se endosaron los pagarés no surge de la propia ley sino de la doctrina y jurisprudencia, correspondiendo - precisamente por dicha circunstancia- analizar la profundidad de la exigencia en cada caso concreto. Así, en el caso, consideró exagerado pretender una acabada prueba al respecto, desde que la síndico no observó el crédito en relación al endoso, ni la buena fe del tenedor que se presentó a verificar, ni cumplimentó -respecto de dicha pretensión- la obligación de investigar, antes de la presentación del informe individual, la relación entre el endosante y el tenedor de la documental.
Recurso de apelación (procesal), renuncia anticipada
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: CAJA POPULAR DE AHORRO Y CREDITO SANTIAGO DEL ESTERO c/ INDUSAGRO S.A. s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-07-15

La posibilidad de renunciar anticipadamente al derecho de apelar es una facultad individual y de interés privado, y por ello se explica con facilidad máxime si los derechos litigiosos son susceptibles de transacción, la renuncia se circunscribe a un negocio determinado -mutuo hipotecario-y proviene de una convención entre las partes.
Proceso penal, medidas cautelares, cauciones
Materia: PENAL
Carátula: GOMEZ RAMON s/ HABEAS CORPUS CORRECTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-04-23

El instituto de las medidas cautelares, del cual forma parte la caución, en el caso de ser impuesta como condición del cese de prisión preventiva, cumple con la finalidad de asegurar el comparendo del externado a juicio. Pero, en definitiva, es una condición dispuesta en razón de existir, previamente, las condiciones para el cese de prisión.
Trabajadores de televisión, adicionales de remuneración, adicional por exteriores, carácter remuneratorio
Materia: LABORAL
Carátula: SOLLEIRO, ANGEL ENRIQUE Y OTROS c/ PRODUCCIONES  ARGENTINAS  DE  TELEVISION - PROARTEL  S.A.  - Canal 13 s/ diferencias salariales
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-06-28

El plus por exteriores que en virtud del art. 155 de la CCT 131/75, se abona al personal de los canales de televisión que cumple tareas fuera del establecimiento, debe computarse para el pago de trabajo extraordinario, vacaciones y sueldo anual complementario.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, Derecho laboral, empresas relacionadas, responsabilidad solidaria
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: AZCURRAIN, JUAN c/ CIBA S.R.L. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - COBRO DE  PESOS (EXPTE.: C.S.J. NRO. 266 AÑO 2006)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-11-26

Si bien por regla es función de los magistrados la de apreciar la configuración de la hipótesis contempladas en el artículo 31 de la Ley de Contrato de Trabajo según su prudente juicio, cabe excepcionarla y franquear la vía extraordinaria cuando se realiza una consideración fragmentaria de las constancias conducentes, frustrando el derecho del accionado a obtener una sentencia que sea derivación razonada del derecho vigente.

Ello no se configura en el caso, al no acreditarse que el Judicante se hubiese apartado de los parámetros fácticos, probatorios y jurídicos con que contaba al modificar la sentencia de baja instancia atento considerar -en lo que es de interés- que pese a su individualidad como personas jurídicas , ambas demandadas.

"Configuran un conjunto económico frente al actor con el que deberán responder al mismo ...en forma solidaria en virtud de lo dispuesto para tales casos por el art. 31 L.C.T.".
Jurisdicción administrativa, acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Goodtimes Group S.A. c/ DNCI s/ lealtad comercial -ley 22.802-art. 22
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-11-06

La competencia de un órgano estatal es un elemento esencial de su actuación pues opera como presupuesto y como recaudo de validez, por lo que supone una autorización para obrar en un determinado ámbito y debe surgir de una norma en forma expresa o razonablemente implícita (arts. 3, 7, inc. a y 14, inc. b, de la ley 19.549) (Disidencia del juez Rosenkrantz). - La Corte, por mayoría, desestimó el recurso por considerarlo inadmisible (art. 280 CPCCN)-. - El juez Rosatti, en voto propio, consideró que el recurso no refutaba los fundamentos de la sentencia apelada-.

Fuente del sumario: SAIJ
Rechazo de la demanda, tasa de justicia, monto de la demanda
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: MARQUE, Juan Alberto c/ SISTEMA DE PROTECCION MEDICA s/ ART. 250 DEL CODIGO PROCESAL - INCIDENTE CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-07-06

Ante el rechazo de la demanda en todas sus partes, el cálculo de la tasa de justicia debe efectuarse sobre el monto reclamado en aquélla.
Cuestiones de competencia, competencia por el territorio, contrato de trabajo, celebración del contrato
Materia: PROCESAL
Carátula: CH., L. A. c/ BRAVO, FERNANDO MATIAS; BRAVO, LUCAS FERNANDO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS POR ACCIDENTE DE TRANSITO Peña, José Ariel c/ García Hernández, María Laura s/ competencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2017-04-21|2020-05-26

Corresponde que entienda el juzgado de Orán que ha elegido el actor en función del lugar donde se habría celebrado el contrato (art. 6º, inc. "b", del Código Procesal Laboral), según lo ha indicado en el escrito inicial, lo cual ha encontrado respaldo en la declaración testifical, considerando además la proximidad de su domicilio respecto del mentado tribunal, todo ello a la luz del conocido principio del derecho laboral "in dubio pro operario".
Daños y perjuicios, daño resarcible
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Heredia o Peña, María c/ Moyano, Marcelo s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-08-08

La "chance" debe entenderse como la probabilidad de una ganancia que se puede frustrar como consecuencia de un hecho ilícito y como tal, configura un daño indemnizable. Pero la circunstancia de tratarse de una "chance" no quita certeza al daño en tanto constituye una posibilidad de ganancia que resulta frustrada. Y si bien, como se ha dicho por la jurisprudencia, hay que atenerse "al potencial físico y espiritual perdido", sin embargo, es excesivo afirmar que deben indemnizarse todas las actividades de la víctima, las presentes como las futuras, los daños directos e indirectos, todas las perspectivas frustradas y todas las expectativas destruidas.
Moneda, actualización monetaria, juicio
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO DE CREDITO COMERCIAL. c/ CROWE E. s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-23

El pedido de desvalorización puede ser deducido en cualquier instancia, salvado el derecho de defensa de la contraparte.
Prescripción de la acción penal, gobierno de facto, facultades del juez, aplicación analógica de la ley
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: HAGELIN, Dagmar Ingrid c/ ASTIZ, Alfredo s/ QUERELLA POR PRIVACION ILEGITIMA DE LA LIBERTAD
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-05

Es improcedente la posición defensista en el sentido de comenzar a computarse el término de prescripción a partir de diciembre de 1983, debido a que con anterioridad la actividad del Poder Judicial estuvo supeditada a los mandatos del Gobierno de Facto en medida tal que desoyó los reclamos efectuados tanto por los familiares de las personas desaparecidas, como por representantes de la comunidad internacional.

De admitirse se estaría introduciendo una nueva causal de interrupción del curso de la prescripción que no se encuentra legislada, lo cual sería atentatorio del principio de legalidad consagrado por el art. 18 de la Constitución Nacional y vulneraría también la prohibición de aplicar la analogía en el Derecho Penal, solamente utilizable en el campo civil, vedada por el art. 18 de la Constitución Nacional y expresamente descartada en el Código de Justicia Militar (art. 577).

En un régimen republicano sólo los representantes de pueblo tienen la facultad de dictar normas. Reconocer al Poder Judicial la potestad de modificar las leyes afecta el principio de separación de los poderes, e introduce la incertidumbre en la aplicación del derecho, pues los ciudadanos quedarían a merced de lo que los jueces estimen justo en cada caso.