Daños y perjuicios, espectáculos deportivos, seguridad en espectáculos deportivos, accidente en espectáculo deportivo, obligación de seguridad, daño en espectáculo deportivo, responsabilidad extracontractual, actividad riesgosa, infraestructura deportiva, personal policial, Asociación de Fútbol Argentino
Materia: CIVIL
Carátula: ALDERETE, Diego Miguel c/ CLUB ATLÉTICO HURACÁN y otro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-18

1- Todo organizador de un espectáculo deportivo tiene una obligación de seguridad respecto de los asistentes con fundamento general en el art. 1198 del Código Civil y específico en la ley 23.184. Es el responsable primario por todos los eventos dañosos que transcurran durante los mismos en virtud del mencionado deber de seguridad que asume y no pueden ser reputados como hecho de terceros exonerativos de responsabilidad los cometidos por espectadores -elementos de pirotecnia arrojados por la hinchada durante un partido de fútbol-.

2- Tal cobertura de seguridad no cesa por la circunstancia de haber contratado los servicios de las fuerzas de seguridad del Estado como un servicio adicional para el evento, porque los incumplimientos que pudieran generarse por esa parte en la relación contractual interna no puede imputarse a la víctima, aún cuando ella se desempeñara como personal policial afectado a ese servicio.

Situación que desde otro ángulo determina también el deber de seguridad del club, al haberse generado una relación de "dependencia ocasional" entre la institución y el policía.

3- Es que, los participantes en un espectáculo público son todas las personas que se encuentran en el lugar, más allá de la calidad que revistan (árbitros, jugadores, periodistas, camarógrafos, etc.), no limitándose a quienes hubieren celebrado un contrato oneroso, pagando su entrada. Este último criterio sería contrario a la ley y a su espíritu al crear diferencias entre distintas personas violatorias del principio constitucional de igualdad estatuido en el art. 16 de la Constitución Nacional. 4- La Asociación del Fútbol Argentino que organiza y diagrama el fixture y los días y horario de los partidos, que controla las condiciones de los estadios, la venta de entradas, la designación de árbitros y verifica las medidas de seguridad conforme a las facultades que surgen de su Estatuto y Reglamento General y que, a su vez, es beneficiaria económica del espectáculo al percibir un porcentaje sobre la recaudación bruta de los partidos oficiales de los torneos que organiza y de la televisación de esos encuentros, también tiene responsabilidad por los daños sufridos por un asistente a un partido de fútbol.

Ampliación de fundamentos de la Dra. Cortelezzi:

1- Los agentes policiales que prestan servicio adicional durante los partidos de fútbol revisten algo más que la calidad de asistente-concurrente (art. 45 de la ley 24.192). Es más apropiado calificarlos de "protagonistas", porque se encargan de la preservación del orden y la seguridad del público en los estadios y sin su presencia el encuentro debe suspenderse (cfr. art. citado inc. c).

2- Como fuerzas de seguridad se encuentran expuestos a riesgos que hacen a la esencia de las obligaciones que contraen en la relación de derecho público de naturaleza constitucional y que se encuadra en el derecho administrativo. Y como el vínculo de derecho en el caso de la vigilancia y contralor del espectáculo público se anuda entre sus organizadores y el ente policial y no con cada uno de sus integrantes, no hay relación contractual -ni en consecuencia obligación de garantía- entre el club y el policía que resulta lesionado en ocasión de sus funciones.

3- De ahí que, la responsabilidad del club demandado debe encuadrarse en el ámbito extracontractual desde que no media vínculo previo entre la víctima y el establecimiento deportivo y al ser causado el daño directamente por la actividad riesgosa desarrollada en el estadio de fútbol (art. 1113 del Código Civil).

4- A ello se suma el riesgo de la inactividad siquiera culposa de los organizadores al permitir el ingreso de inadaptados (barras bravas) o al no haber dado una orden estricta para que les fuera impedida su entrada o la introducción de elementos peligrosos. Máxime, cuando los hechos dañosos no son imprevisibles ni inevitables y derivan del directo accionar de grupos que no son ajenos a los organizadores, ni terceros por quienes no deba responder. (Sumario N°17378 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil - Boletín N°12/2007).