marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Compraventa inmobiliaria, venta de cosa futura
Materia: CIVIL
Carátula: GARCIA DE IBARRA Celia c/ CIRCULO SUBOF. DE LA ARMADA s/ RESOLUCION DE CONTRATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-11-05

Si del convenio de adjudicación surge las modalidades de la operación y en sus cláusulas se hace referencia al boleto de compraventa que suscribirá el círculo de suboficiales de la armada y la designación por parte de éste del escribano que otorgará la escritura traslativa de dominio, dadas las particularidades señaladas se desprende la figura preponderante de la compraventa de cosa futura (arts. 1323 y 1327 del Código Civil), y no obsta a tal conclusión las particularidades que se formulan en el instrumento, relativas al plano y a las especificaciones técnicas de la obra, de las que no surge la necesidad de intervención de los adquirentes nota característica de la locación de obra sino, por el contrario, su cumplimiento por parte de la empresa constructora que allí se menciona y sólo están puestas con el objeto de individualizar con mayor precisión al bien prometido (conf. C.N.Civ. Sala A, E.D. 10 113; Sala D, E.D. 40-272; Trib. de Sup., res. del 15/9/80).-
Derechos y garantías constitucionales, alimentos, deberes del juez
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: Bianculli, Víctor José c/ Lotito de Bianculli, María Rosa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-16

El estudio de problemas relativos a créditos de naturaleza alimentaria exige una consideración particularmente cuidadosa a favor de los derechos de los beneficiarios, por cuanto, en definitiva, gozan de protección constitucional.
Prisión preventiva, cumplimiento de la pena, situación del imputado
Materia: PENAL
Carátula: " Diaz Smith, Jorge Manuel s/ cambio de unidad carcelaria ".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-06-24

"Este Tribunal ya ha reconocido que decisiones como la aquí atacada [solicitud de cambio del lugar de alojamiento del imputado en cumplimiento de prisión preventiva] deben atender a cuestiones familiares pasibles de ser favorablemente acogidas (conf. causas n° 26.376 "Capdevilla", reg. n° 28.114 del 3/03/08 y n° 26.096 "Capdevilla", reg. n° 27.738 del 22/11/07), tales como la que aquí ha sido acreditada a raíz de las constancias aportadas por la defensa del encausado (fs. 12/3, 15/23, todas del incidente)". "Sin embargo, como se resaltó en los precedentes citados, es el Juez a quo quien cuenta con la postestad para fijar el sitio de alojamiento, "siempre que sea bajo la órbita y con personal del Servicio Penitenciario Federal" (ver también, de esta Sala, causa n° 23.307 "Yanzón", reg. n° 24.666 del 27/12/05, causa n° 26.887 "Acosta", reg. n° 28.721 del 22/07/08 y causa n° 26.760 "Damario", reg. n° 28.547 del 9/06/08), y en tales condiciones el asunto no resulta susceptible de ser revisado en esta instancia".
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, falta de cita legal
Materia: PENAL
Carátula: Ramírez, Juan Alberto s/ Robos reiterados - Hurtos reiterados
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-09-16

Son insuficientes los comentarios sobre la retractación de la confesión, que no se acompañan con la denuncia de ninguna transgresión legal.
Concursos, honorarios del abogado
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Haoys, José Roberto y otra s/ Su pedido de Quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2000-11-21

Si bien no surge en forma expresa del artículo 267 de la Ley 24.522 que los honorarios del letrado patrocinante o apoderado del peticionante de la quiebra se encuentren incluídos en el porcentaje y modalidades que dicha normativa prescribe, no caben dudas que sí están comprendidos por cuanto la naturaleza del crédito es contra la masa y así específicamente lo reconocía ya el artículo 264 inciso 1 de la Ley 19.551.
Daño moral, indemnización
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Argamonte, Isabel c/ Soto, Arnaldo Raúl y Otros s/ Ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-02-16

No hay razón en derecho para negar el resarcimiento del daño moral sufrido por niños ni por personas disminuidas mentalmente, pues no se requiere en el sujeto reclamante discernimiento, sino simplemente la constatación de que ha experimentado un sufrimiento, de que ha soportado o soporta un daño espiritual (conf. Zavala de González, M., Código de Comercio y leyes complementarias, Buenos Aires, 1964, T. 2-A, págs. 479/486, n° 149, y sus citas). Y, en tal sentido, no parece dudosa la configuración del perjuicio extrapatrimonial de que se trata pues deriva de la propia ocurrencia del accidente que lleva a presumir su existencia, debiéndose ponderar además: I) el impacto negativo que en una niña de corta edad hubo de causar la visión de personas muertas, el escuchar los naturales gritos y sollozos de los pasajeros heridos, y su propia angustia y temor; II) el hecho de que sufrió un traumatismo de cráneo y escoriaciones en ambas piernas. (En el caso la menor de edad al tiempo del accidente tenía 4 años y se dispuso una indemnización por daño moral en $30.000).
Caducidad de instancia, impulso de parte
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Dionisi, Pascual c/ Villamea, Oscar Ricardo s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-10-06

El escrito pidiendo búsqueda y colocación del expediente en casillero no constituye acto interruptivo de la perención toda vez que carece de aptitud para activar el procedimiento de la causa.-
Tenencia de hijos menores, interés del menor
Materia: CIVIL
Carátula: L., P.A. c/ B., C.J. s/ TENENCIA DE HIJOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-07

En los juicios de tenencia de hijos, en principio, cualquier cambio en el régimen de vida de los menores debe evitarse, salvo razones graves, en procura de una estabilidad que resulta necesaria para la formación equilibrada de la personalidad.

(conf. C.N.Civ. Sala D, J.A. 1983-IV, pág. 296).-
Recurso extraordinario de nulidad, omisión de cuestión esencial
Materia: PENAL
Carátula: Zapata, A.N.; Pacheco, M.G. s/ Privación de la libertad - Falsificación de documento - Defraudación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-04-23

Es insuficiente el recurso de nulidad que si bien denuncia la metodología de la Cámara en cuanto habría incurrido en remisión indebida, no expresa cuál sería la cuestión esencial cuyo tratamiento habría sido omitido mediante dicha remisión.
Juicio de desalojo, sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: OBREGON, Miguel Ernesto c/ CASTILLO, Esther del Carmen s/ DESALOJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1996-05-27

El juicio de desalojo sólo procede contra aquel que no tiene derecho a permanecer en el uso o tenencia de la cosa; razón por la cual, cuando se introducen en la discusión cuestiones relativas a al propiedad o a la posesión del bien, la sentencia que se dicte no hace cosa juzgada.
Procedencia del recurso, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, sentencia arbitraria, amenazas, sobreseimiento
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Ministerio Público - Fiscalía de Cámara Especializada en lo Penal, Contravencional y de Faltas  c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en palavecino, matias leonel sobre 149 bis - amenazas y otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-23

Corresponde hacer lugar a la queja deducida por la representante del Ministerio Público Fiscal ya que fue interpuesta en tiempo y forma, contra una decisión que le puso fin al proceso -esto es, el sobreseimiento del acusado- y contiene una crítica concreta y razonada del auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad que defiende (art. 33 de la ley n° 402). En este sentido, el MPF ha logrado demostrar la configuración de un caso de arbitrariedad de sentencia que habilita la competencia excepcional de este Tribunal, en tanto señala adecuadamente que esa decisión de la Cámara, al fundarse en afirmaciones dogmáticas cuyo correlato con las constancias del expediente no fue demostrado, pone en juego el debido proceso legal (arts. 18 de la CN y 13.3 de la CCBA). (Del voto en disidencia del juez Santiago Otamendi).
Dirigente gremial, estabilidad del delegado gremial
Materia: LABORAL
Carátula: Melera, Omar Jacinto y otros c/ Nutremas S.A. s/ Diferencia de salarios y otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-09-03

No obsta al derecho del trabajador a su estabilidad gremial la circunstancia que en la comunicación al empleador de su designación como delegado de fábrica se omitiera indicar el tiempo de su mandato porque no obrando en la causa elementos de juicio en contrario debe estarse a lo dispuesto por los arts. 42 de la ley 23.551 y 23 del dec. regl. 467/88.
Intereses, liquidación judicial, impugnación de la liquidación
Materia: CIVIL
Carátula: Julián Hermanos  SC c/ Empresa Ferrocarriles Argentinos s/ Cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-05-21

Una vez devueltos los autos, la actora practicó liquidación en cuyo marco procedió a aplicar - a partir del 1 de abril de 1991 - los intereses establecidos en la sentencia (tasa de redescuento del ( BNA ). Y, frente al traslado respectivo notificado mediante cédula la demandada introdujo la impugnación mediante la cual se limitó a cuestionar el coeficiente de actualización utilizado a los fines del reajuste monetario. Finalmente, la referida liquidación fue aprobada.

Consecuentemente la demandada debió haber cuestionado concretamente la procedencia de los intereses aplicados por la actora y su reemplazo por los previstos en el art. 6 de la Ley 23.982 en dicha oportunidad y no en la ocasión en que concretamente se decidió a hacerlo pues la circunstancia de que las liquidaciones se aprueben "en cuanto ha lugar por derecho", no autoriza a replantear permanentemente cuestiones que pudieron y debieron ser resueltas en el estadio pertinente (conf. esta Sala, causas 1527, de 28-9-90; y 647, de 5-10-90; entre otras.

Toda vez que el consentimiento tácito y la consiguiente pérdida del derecho de denunciar los eventuales defectos de la liquidación tuvo lugar una vez que la demandada tomó el debido conocimiento de la referida actuación, el planteo formulado entonces tardíamente resulta inadmisible (confr. esta Sala, causa 4977, de 24-11-87; entre otras).
Rebeldía, facultades del juez, reglas de la sana crítica, verdad jurídica objetiva
Materia: LABORAL
Carátula: Cáceres de Ramirez, Beatriz P.; Gomez, Vilma N. y otros c/ Casa Comercial Hidalgo Solá y Cía. S.A. s/ Reclamo laboral c/ Casa Comercial Hidalgo Solá y Cía. S.A. s/ Reclamo laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-10-06

Es amplia la facultad del Juez de dirección procesal y de juzgamiento según buen criterio, pues está facultado para estimar el silencio del rebelde como reconocimiento de la verdad de los hechos articulados en la demanda y buscar en la prueba la corroboración de lo que en principio debe mirarse como verdadero.
Tratados internacionales, Derechos humanos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GARCILAZO, LEONARDO GABRIEL c/  s/ ROBO CALIFICADO POR ESCALAMIENTO Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD EN CONCURSO REAL-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-09-25

Cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana de Derechos Humanos, sus jueces también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar por el efecto útil de la Convención, que no se vea mermado o anulado por la aplicación de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin, debiendo ejercer no sólo un control de constitucionalidad, sino también de convencionalidad ex oficio entre las normas internas y la Convención Americana, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En este marco, los informes y las opiniones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos constituyen criterios jurídicos valiosos de interpretación y de ordenación valorativa de las cláusulas de la Convención Americana, que deben ser tomados en cuenta para adoptar decisiones en el derecho interno armonizadas con aquéllas. (Del voto del Dr. Falistocco, al que adhiere el Dr. Erbetta. En disidencia: Dres. Netri y Spuler) - CITAS: CSJN: Fallos 326:3268, voto del Dr. Maqueda; CIDH: "Myrna Mack vs. Guatemala", del 25.11.2003; "Almonacid Arellano y otros vs. Chile", del 26.09.2006 y "Trabajadores Cesados del Congreso -Aguado Alfaro y otros- vs. Perú", del 24.11.2006. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Convención Americana de Derechos Humanos, artículos 5 y 8.3; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14.3.g. - Jurisprudencia vinculada: Pugh, AyS T 259, p 50/55, sumario J0040463.
Competencia penal, ejecuciones especiales, prisión domiciliaria, medidas de seguridad, crímenes de lesa humanidad, facultades de control, derecho a la salud
Materia: PENAL
Carátula: CASTILLO, Carlos Ernesto c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-05-20

Corresponde rechazar el recurso contra la denegatoria de prisión domiciliaria del encausado toda vez que el a quo rechazó la solicitud de manera fundada y coherente con la grave situación actual, con fundamentos que el recurrente no ha logrado rebatir. Resulta aplicable al caso la reciente recomendación efectuada por esta Cámara (punto 3 de la Acordada 9/2020),en la cual se aconsejó a los tribunales de la jurisdicción: "Meritar con extrema prudencia y carácter sumamente restrictivo la aplicabilidad de estas disposiciones en supuestos de delitos graves, conforme normas constitucionales, convencionales y de derecho interno, según la interpretación que el órgano jurisdiccional haga en cada caso"; pues no es posible soslayar que en los autos principales el encausado se encuentra condenado por sentencia no firme a la pena de prisión perpetua por haber sido hallado coautor de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas, homicidio doblemente calificado, por haberse cometido con alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas; sustracción de una persona con el fin de obligarla a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad, en algunos casos agravado también por su condición de mujer, violación de domicilio, varios hechos, todos los cuales concurren materialmente entre sí y que fueron calificados como crímenes contra la humanidad, por haber sido perpetrados como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil durante la última dictadura.
Jurisdicción y competencia, cuestiones de competencia, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: PROCESAL
Carátula: Vargas Aignasse, Rodolfo M. s/ denuncia art. 300 del Código Penal.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-09-25

El pronunciamiento de la Corte declarando la competencia del juzgado en lo penal económico no obsta para que éste atribuya a los tribunales que considere competentes el conocimiento de alguno de los hechos cuyo juzgamiento se le asigna, de surgir del curso de la investigación circunstancias que así lo autoricen.
Control de constitucionalidad, división de poderes, actos de los poderes públicos, doctrina de la arbitrariedad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: El Foro de Observación de la Calidad Institucional de Salta c/  s/ acción popular de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2019-05-07

Para la procedencia del control de constitucionalidad deben afectarse claramente los valores de la Constitución en su estructura normativa y conceptual, creándose un conflicto que lleve a semejante conclusión, por lo que la declaración judicial de invalidez constitucional requiere no sólo la aserción de que los actos impugnados puede causar agravio constitucional, sino que se haya afirmado y probado que ello ocurre en el caso concreto. La declaración de inconstitucionalidad no ha de efectuarse en términos generales o teóricos, porque se trata de la función más delicada de los jueces. Dicho control debe imponerse la mayor mesura, decidiéndose la inconstitucionalidad solamente cuando no se pueda optar por una interpretación que conduzca a una solución favorable a la ley. El acierto o error, el mérito o la conveniencia de las soluciones legislativas no son puntos sobre los cuales el Poder Judicial deba pronunciarse. La declaración de inconstitucionalidad no puede fundarse en apreciaciones de tal naturaleza, sino que requiere que la repugnancia de la norma con la cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indubitable.
Daños y perjuicios, carga de la prueba
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: SAUCEDO, EZEQUIEL c/ LERTORA, EDUARDO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-12-05

Corresponde rechazar la queja, toda vez que el apelante no se hizo cargo de rebatir las consideraciones vertidas por el Tribunal inferior y tenidas en cuenta por la Sala para concluir que la prueba incorporada resultaba insuficiente para acreditar los presupuestos para que proceda la demanda de daños y perjuicios, máxime cuando ningún argumento decisivo trae la impugnante en orden a demostrar el nexo de causalidad entre el hecho ocurrido y el daño invocado; y que el hecho de que el ordenamiento legal en algunas ocasiones prescinda de la culpa del agente para tener por configurada la responsabilidad, no implica sin más que se presuma la conexión entre un acontecimiento dado y el daño, por lo que se impone distinguir entre la prueba del nexo causal, que es carga de la parte que reclama el resarcimiento y la del carácter adecuado de la condición, que se presume por el advenimiento mismo del resultado dañoso.
Trabajadores portuarios, pago de las vacaciones, cómputo de servicios
Materia: LABORAL
Carátula: IBALO, PASTOR c/ ENGAR -ENTE DE GARANTIZACION DE JORNALES- s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-30

Cuando el artículo 152 de la Ley de Contrato de Trabajo se refiere a '... las causas no imputables al mismo' no comprende la falta de contratación del trabajador portuario, toda vez que esta circunstancia no constituye más que una vicisitud de la propia modalidad del quehacer cuya fuente legal -ley 21429- y convencional Convenio Colectivo de Trabajo 121/75- no autorizan a apartarse de su aplicación. La solución contraria alteraría la naturaleza jurídica del propio quehacer, que no puede soslayarse so pretexto de la aplicación de la norma más favorable.
Juicio de desalojo, legitimación activa
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: SOUBIELLE DE ALONSO, LURA LUCY ESTELA c/ LARRAURI, JOSE J. Y OTRA s/ DESALOJO-DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-07-30

El reconocimiento de la calidad de inquilinos de los demandados en el acto notarial que es base de la acción de desalojo, es un título hábil y legitima, por tanto, a la actora al reclamo deducido, no siendo necesario, ni posible, analizar su calidad de propietario.
Facultades del juez, iura novit curia
Materia: PROCESAL
Carátula: SERRAO, MARCELO LUIS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-09-23

Incumbe exclusivamente a los jueces de la causa determinar cuáles son los puntos que quedan comprendidos en la litis-contestación. Por otro lado, los jueces no están atados por las razones jurídicas que las partes invoquen ni por las calificaciones jurídicas que éstas den a sus pretensiones. Ellos son libres en la aplicación del derecho, - principio procesal de iura curia novit- mientras no alteren las bases fácticas del litigio. (Del Voto de la Mayoría) (Citas: CSJN Fallos 235:606; 235:768; 239:50; 239:475)
Falsa denuncia, instigación, falso testimonio de testigo
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Anauati, Roberto Ignacio y otros c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-11-17

En punto a la crítica esbozada por la asistencia técnica referido a la condena en calidad de instigador de los delitos de falsa denuncia -art. 245 del C.P.- y falso testimonio agravado -art. 275, 2do párrafo del C.P.-, no quedó resquicio de duda alguna que permita suponer que tales sujetos no actuaron determinados por sus superiores a ser mendaces en las diversas denuncias y/o declaraciones que prestaron en sede judicial y en perjuicio de las víctimas quienes, como vimos, no solo resultaron inculpadas en un proceso penal, procesadas, sino que se vieron privadas de su libertad. Tampoco es posible pasar por alto, reiteramos una vez más, que algunos de ellos no se presentaron espontáneamente en la sede del juzgado como se consignó en las actas, sino que en varias oportunidades lo hicieron acompañados de sus jerárquicos o lo hicieron siguiendo las recomendaciones o sugerencias que les efectuaron.
Proceso contravencional, prueba, testimonio incorporado por lectura, ley supletoria
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: W, M. s/ Ley 255
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-07-11

La convicción judicial ha de emanar necesariamente de medios de prueba recibidos en las audiencias de conformidad con los preceptos legales pertinentes (en nuestro caso, fundamentalmente el artículo 46 del Código Contravencional y supletoriamente, las normas establecidas en el Código Procesal Penal de la Nación para este respecto), admitiendo esta regla sólo las excepciones establecidas taxativamente en el artículo 391 del Código Procesal Penal de la Nación. (Del voto del Dr. Lucangioli)
Docentes, cargos docentes, estabilidad del empleado público, docentes interinos
Materia: EDUCACION
Carátula: RIPOLI NILDA ISABEL c/ GCBA s/ IMPUGNACION ACTOS ADMINISTRATIVOS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-28

En el caso, debe rechazarse la demanda interpuesta con el objeto de impugnar la Resolución Nro. 2640/SHyF/03, de fecha 08/08/03, por medio de la cual se desestimó el recurso jerárquico respecto de su exclusión del listado provisorio de docentes en condiciones de obtener la titularización en los cargos de profesora de matemática y análisis matemático.

Ello, fundado en que si bien la actora cumple con las exigencias contempladas en los artículos 1 y 2, inciso a) de la Ley 283 (desempeño interino de la docencia en algunas de las áreas pertinentes), no así respecto a su antigüedad en los cargos cuya titularización pretende (artículo 2, inciso b) de la Ley 283).
Impuestos, exenciones impositivas, interpretación de la ley, voluntad del legislador
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Consultatio S.A. (TF 14.572-I y acum. 14.573- I) c/ D.G.I.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-22

Las exenciones impositivas deben resultar de la letra de la ley, de la indudable intención del legislador o de la necesaria implicancia de las normas que las establezcan, y su interpretación debe practicarse teniendo en cuenta el contexto general de las leyes y los fines que las informan, ya que la primera regla de interpretación es dar pleno efecto a la intención del legislador. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.