marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Regulación de honorarios, escala arancelaria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: FAZIO, CARMELA - BLAZUINO, JORGE (SOCIEDAD DE HECHO) s/ RECURSO- TRIBUNAL FISCAL- HONORARIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-10

El mínimo previsto por el art.8 de la ley 21839 debe valorarse en función de la verdadera extensión de la labor profesional ya que comprende la actuación del profesional en un proceso en el que ya se han cumplido todas las etapas.
Demanda contra Estado extranjero, Estados extranjeros, inmunidad de jurisdicción, inmunidad de ejecución, juicio ejecutivo, sentencia de trance y remate
Materia: INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: O.S.N. c/ Embajada de la URSS -Representación Comercial de Rusia s/ ejecución.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-05-21

La inmunidad de ejecución se extiende a la ejecución de toda la sentencia, tanto más a una de remate pues no se trata de ejecutar esta última, sino más bien de proseguir la ejecución despachada a través del mandamiento de intimación de pago y eventual embargo, porque si bien aquélla resulta suspendida para posibilitar la oposición del ejecutado, dicha sentencia no es más que la condición procesal cuyo cumplimiento pone fin a la suspensión (Disidencia del Dr. Antonio Boggiano).
Certificado de trabajo, multa laboral, inconstitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Torres Estefanía c/ Hotel Plaza Colonia SA s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-07-10

El Decreto 146/01 resulta inconstitucional. El art. 3 de dicho decreto, que reglamentando el art. 45 de la ley 25.345 constituye un claro exceso reglamentario desde que este último nada indica al respecto. El art. 80 L.C.T. señala que el empleador está obligado a entregar certificados de trabajo cuando el trabajador lo requiriese a la época de extinción de la relación, y durante el tiempo de la relación cuando median causas razonables, y luego otorga un plazo de dos días hábiles desde el día siguiente a la intimación fehaciente al empleador, sancionándolo con una indemnización especial en caso de incumplimiento. Es por ello que a la luz del art. 99 inc. 2 C.N. que atribuye al Presidente de la Nación "expedir instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias", el art. 3 del decreto 146 es inconstitucional. (Del voto de la Dra. Cañal, en minoría).
Cesión de derechos, cesión de créditos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Curros, José Ricardo c/ Chitarroni, Jacinto Nazareno y otros s/ Escrituración
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-10-05

Los cedentes sólo garantizan a los cesionarios la existencia del crédito y su legitimidad. No garantizan ni el cumplimiento del deudor, ni su solvencia.
Remuneración, determinación judicial
Materia: LABORAL
Carátula: Buchamer, Marta Graciela c/ Saban, Eduardo Moisés s/ Despido, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-08-29

Acreditada la existencia de diferencias salariales el tribunal del trabajo no puede dejar de establecer su monto, habida cuenta que el art. 44 inc. "e" del dec.ley 7718/71 lo autoriza expresamente a fijar las cantidades que se adeuden con prescindencia de lo reclamado.
Compraventa de automotores, transferencia del automotor
Materia: COMERCIAL
Carátula: DE BELLA, CARLOS R. c/ CAERO, SERAFIN s/ SUMARIO - COMPRAVENTA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-05-30

Si los propietarios de un vehículo confirieron mandato, el que fuere aceptado por el mandatario, con la finalidad de concretar su venta y posterior inscripción a favor de un tercero, lo otorgaron como medio de cumplir una obligación -la venta y transferencia del automotor-, de manera que el límite temporal sólo puede estar dado por el logro del objetivo perseguido y hasta tanto esto no ocurra el mandato no puede considerarse extinguido. No es obstáculo alguno para que los propietarios cumplan la obligación de transferir el dominio del automotor a favor del último cesionario el hecho de que luego que aquellos se desprendieran de la posesión a favor del primer adquirente, tuvieran lugar sucesivas cesiones.

Si el mandatario vendió el automotor y el adquirente a su vez cedió los derechos y obligaciones emergentes a favor del accionado y, por último, éste lo hizo a nombre del demandante, no puede sostenerse que sea necesario inscribir sucesivamente el automóvil a nombre de cada uno de ellos por el hecho que de esa omisión puedan afectar intereses fiscales. Los problemas de tal naturaleza -de existir-, deben dilucidarse en la etapa de ejecución de sentencia, dándose intervención a la Dirección General Impositiva, a fin de que ejerza la defensa de los derechos del fisco, con participación de los sucesivos cesionarios, para lo que no existe impedimento máxime si estos se han presentado reconociendo su carácter de tales, por lo que el mandatario en representación de sus mandantes debe proceder a concretar los trámites de transferencia de dominio del automotor a favor del accionante.

Si los propietarios de vehículo asumieron la obligación de entregar la documentación y realizar los trámites necesarios para transferir la propiedad del mismo, se encuentran en la misma posición que estaría el vendedor de un inmueble a cuyo nombre figura anotado en el Registro de la Propiedad, de escriturar al segundo, tercero o subsiguiente cesionario de un boleto de compraventa exigible. Si estos, no hubieran cumplido sus obligaciones fiscales, el organismo respectivo deberá exigir su pago, pero ello no impide que una vez concretado aquél, se otorgue el acto escriturario a favor del último cesionario.-
Superior Tribunal de Justicia, remuneración del juez, presupuesto provincial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Cuellar, Carlos Marcelo s/ Acción de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1997-07-21

El gobierno de la Provincia, integrado por tres poderes, uno de los cuales está a nuestro cargo, provee a los cargos de su administración con los fondos del tesoro provincial (art. 93 de la C.P.). La relación entre los gastos autorizados y los recursos correspondientes es un imperativo del art. 99 de la C.P.. Las remuneraciones que se pagan a los magistrados y funcionarios son las posibles sobre la base del esquema financiero enunciado. Ello es, el respeto inevitable a las disponibilidades.
Concursos, medidas cautelares, pretensión, medida de no innovar
Materia: COMERCIAL
Carátula: RADIODIFUSORA PAMPEANA SA s/ CONC. PREV. S/ INC. DE APELACION.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-11

Procede la pretensión cautelar de la concursada en cuanto a que se disponga la prohibición de innovar en relación a la licencia que como radiodifusora le fue adjudicada con respecto a cierta onda radial. Ello pues, la eventual extinción de esa licencia, por consecuencia de la apertura del concurso preventivo de la deudora, podría incidir negativa y decisivamente en la continuación de sus actividades. Y ello no solo afectaría la preservación de la empresa, sino también los derechos de los acreedores y de otros terceros que contratan habitualmente con la concursada.
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, límites del pronunciamiento
Materia: PROCESAL
Carátula: Autolatina Argentina S.A. (T.F.12463-I) c/ Dirección General Impositiva. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-27

No cabe considerar en la tercera instancia ordinaria ante la Corte cuestiones no sometidas a la decisión de los tribunales inferiores.
Recurso de inconstitucionalidad, fundamentos insuficientes, prueba, fraude laboral, expresión de agravios, empresas relacionadas, responsabilidad solidaria
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: ESCOBAR, ANTONIO R. c/ RODADOS JUNIN S.R.L. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-11-02

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto en tanto la Cámara ha prescindido de dar un tratamiento adecuado a la controversia, prescindiendo del análisis de elementos conducentes obrantes en las actuaciones, sin integrarlos ni armonizarlos debidamente en su conjunto, defecto que lleva a desvirtuar la eficacia que, según las reglas de la sana crítica, corresponde a los distintos medios probatorios. En efecto, en torno al alegado fraude de las empresas demandadas y sus integrantes en perjuicio de los derechos de sus trabajadores, la Sala consideró que la actora recién en su escrito de expresión de agravios había planteado la cuestión del "grupo económico" (art. 31, L.C.T.) pues -estimó- de su demanda no surgía tal imputación sino que se había limitado a afirmar que la empresa demandada habría cambiado su denominación. Y, en tal sentido, cabe dar razón a los achaques alegados por la recurrente respecto al dogmatismo en que habría incurrido la Sala, no bien se repare en que la actora ya desde su escrito inicial expuso detalladamente el funcionamiento de las sociedades accionadas, efectuando consideraciones jurídicas al respecto e imputando responsabilidad a los integrantes de aquéllas, deslizando pautas concretas respecto a la maniobra que consideraba ilegal, alegando que los sujetos que las componen y dirigen siguieron siendo -en los hechos- los mismos; y, en especial, refirió a la unidad empresarial, a la identidad en la específica actividad comercial desarrollada por ambas empresas (fabricación de bicicletas), a la sucesión temporal en las actividades y a la utilización por parte de ambas sociedades de los mismos empleados, materias primas y maquinarias. De lo antes reseñado se desprende la falta de motivación en que habría incurrido la Sala, pues se advierte que la accionante invocó en ambas instancias las circunstancias que evidenciaban y apuntalaban la responsabilidad endilgada a las demandadas por tratarse -según alegó- de empresas subordinadas o relacionadas que actuaban en fraude a los derechos de sus trabajadores.
Doble instancia, defensa en juicio
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: REC. DE QUEJA EN AUTOS:  F.N.  (D.G.I.) c/ CIA. PETROLIFERA EL CARMEN  S.A. s/ EJECUCION FISCAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-12

La C.S.J.N. tiene dicho reiteradamente que la doble instancia no es requisito constitucional de la defensa en juicio.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, quiebra, resolución denegatoria, recurso de apelación (procesal), concurso preventivo, resoluciones, celeridad procesal, defensa en juicio, LEY DE CONCURSOS
Materia: CONSTITUCIONAL-COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Cereales Fighiera SRL s/ Quiebra. Cuestión a resolver: ¿Es apelable la sentencia   desestimatoria de la solicitud de quiebra formulada por acreedor?   (Tribunal pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-03-27

El principio de la inapelabilidad de las resoluciones, que aparece consagrado en el artículo 296 inciso 3 de la Ley de Concursos, que tiende a la celeridad del procedimiento, debe entenderse que cede ante la garantía constitucional de la defensa en juicio. En tal sentido, la jurisprudencia ha resuelto que la resolución que afecta la personería de la fallida y limita su intervención en la junta para la conservación de sus bienes y derechos, es susceptible de causar agravios y está vinculada a la capacidad de la fallida, por lo que procede la apelación. La negación a una de las partes de la utilización de una instancia autorizada por la ley, significa la violación de tal precepto constitucional precedentemente referido.

El principio de la igualdad resulta igualmente violado desde que, al reconocerse el derecho al deudor a apelar de la resolución que declara la quiebra, se viene estableciendo una evidente desigualdad, en cuanto no se acepta igual criterio con respecto al acreedor, en lo que respecta a las sentencias que disponen el rechazo de la misma. (Del Voto del Dr. Blank).
Rescisión del contrato administrativo, indemnización, lucro cesante
Materia: CIVIL
Carátula: Neumasur  S.A. c/ Y.P.F. s/ Cobro de Australes
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-11

La rescisión del inciso 88 del Decreto 5.720/72 excluye claramente del resarcimiento las reclamaciones por lucro cesante o por interés de capitales requeridos para financiación.
Policía, sanciones disciplinarias
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Vila, Carlos Edgardo c/ Provincia de Buenos Aires (Policía) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-09-12

La medida de exoneración no carece de motivación si -como en el caso - se tuvo por acreditada la participación del agente en los hechos denunciados, considerándose que la misma afectaba la dignidad del funcionario y el prestigio de la Institución policial en los términos del art. 59 inc. 7 del dec. ley 9550/80.
Responsabilidad de la provincia, establecimientos asistenciales, asistencia médica
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Albanesi, Susana Beatriz y otros s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-19

Si las facturas por servicios médicos fueron emitidas a nombre exclusivo del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y el ingreso de la paciente al centro asistencial fue admitido de acuerdo con la carta dirigida por dicho ministerio a la clínica, corresponde atribuir responsabilidad exclusiva al estado provincial y rechazar la demanda contra la afiliada y su garante, para lo cual es indiferente la actitud procesal que asumieron.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestiones de hecho y prueba, cuestión de derecho común, sentencia arbitraria, apartamiento de las constancias de la causa, exceso ritual manifiesto, daños y perjuicios, rechazo de la demanda, responsabilidad objetiva, beneficiarios de la indemnización civil, cónyuge supérstite, hijos
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Pinna de Lobos, Liliana Iris y otros c/ Compañía Naviera Perez Companc S.A.C.F.I.N.F.A. s/ accidente
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-08-09

Si bien tanto lo referente a la determinación del alcance de las peticiones de las partes, como lo relativo a cuáles son las cuestiones comprendidas en la litis, suscita problemas de hecho y derecho no federal que son propios de los jueces de la causa y ajenos a la instancia extraordinaria, dicha doctrina, admite excepciones cuando lo resuelto entraña un apartamiento de las constancias de la causa o configura un exceso ritual manifiesto. Así ocurre en el caso pues el a quo rechazó la demanda que la esposa del causante promoviera por sí y sus hijos con base en el art. 1113 del Código Civil, haciendo mérito de haberse omitido la invocación de la norma legal que se entiende aplicable -1109 del referido código- cuando en autos se han debatido y acreditado los presupuestos fácticos necesarios para su procedencia.
Poder Judicial Provincial, integración del tribunal, Ministerio Público Fiscal
Materia: PENAL
Carátula: Barros, Luis Alberto y otros s/ Hurto- destrucción de documentación- malversación de caudales-  falsificación de documentación- fraude en contra de la  administración pública- asociación ilícita y encubrimiento- casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1993-11-18

La integración del Tribunal de sentencia con el Ministerio Fiscal, como aconteció en autos es ilegítima en razón de la incapacidad funcional para asumir funciones jurisdiccionales. El caso, no es el supuesto que prevé el art. 52 del C.P.P. que exclusivamente se refiere al Juez que hubiere intervenido en la causa como Ministerio Fiscal y que la ley impone el deber de inhibirse por la razón política- procesal de garantizar la imparcialidad del juzgador. (Del voto del Dr. Salvador Ana, mayoría.)
Daño resarcible, ley sobre riesgos del trabajo, declaración de inconstitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Moreira Lidia Rosana por sí y en representación de sus hijos menores c/ Asociart Art SA s/ cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2013-02-07

El régimen tarifado de la Ley 24.557 no atiende a la reparación del daño moral, razón que por sí sola justifica la remoción que importa la restricción del art. 39.1 de la LRT y su consiguiente declaración de inconstitucionalidad.
Sentencia, fundamentación de sentencias, fundamentación insuficiente, nulidad procesal, teoría del fruto del árbol venenoso, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Paszkowski, Andrés Pablo y otros s/ infracción ley 23.592 (causa 214/97).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-06

La cámara se apartó del contenido de los arts. 469, 399, 404 inc. 4 y 172 del Código Procesal Penal de la Nación si su parte resolutiva no sólo es incompleta al no dictar expresamente las nulidades de los reconocimientos que en sus considerandos tacha de insanablemente nulos por afectar garantías constitucionales, sino que omite señalar de un modo preciso y concreto aquellos actos procesales que se habrían afectado como consecuencia de su pretendida declaración de nulidad (Disidencia del Dr. Guillermo A. F. López).
Proceso penal, recurso de casación
Materia: PENAL
Carátula: A. F. A. Y. O. s/ HOMICIDIO SIMPLE Y TENTATIVA DE HOMICIDIO.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2013-02-28

En el caso, si bien es cierto que el Ministerio Público Fiscal solicitó quince años de prisión para los encartados, la querella solicitó condena por veinticinco años de prisión, conforme se desprende del acta de debate.

De modo tal que éste era el tope máximo de pena a considerar en el fallo, tal cual lo expresa la Cámara al analizar la sexta cuestión, referida a la graduación de la pena. Y no existe desvío lógico ni legal alguno en tal conclusión, que se apoya en las líneas doctrinarias derivadas del estándar jurisprudencial fijado por el máximo Tribunal de la Nación en "Santillán" (Fallos 321:2021) en el sentido que la exigencia de la acusación, como forma sustancial en todo proceso penal, salvaguarda la defensa en juicio del justiciable, sin que tal requisito contenga distingo alguno respecto del carácter público o privado de quien la formula.

Si bien es cierto que el caso señero mencionado no es exactamente igual al de autos, ya que en aquel el Fiscal había solicitado absolución mientras que la querella formuló acusación y pidió pena, cuánto más resultan aplicables analógicamente sus principios al caso de autos, en el cual la Fiscalía de Cámara solicitó también condena, aunque por una pena menor que la pedida por la querella.

Conforme el estándar "Santillan", la Cámara puede condenar, aún en ausencia de acusación fiscal, cuando la querella sí acusa, y obviamente la pena a considerar por el tribunal de juicio será la solicitada por la querella.

Analógicamente, no vemos desvío lógico alguno en que en un caso como el de autos, en el cual acusaron tanto el Ministerio Público Fiscal como la querella, sea la pena solicitada por ésta la que constituya el tope máximo a considerar en la sentencia, por ser la condena mayor pedida por los sujetos procesales con potestad persecutoria.

Ello en base a que la garantía del debido proceso plasmada en el art. 18 C.N. no hace distingo alguno entre el órgano público o el órgano privado que formule la acusación, por lo que la misma puede ser hecha por todo aquel al que la ley reconoce personalidad para el ejercicio del ius puniendi.

En ese sentido, esta Corte viene sosteniendo y reconociendo la facultad del querellante particular para acusar y requerir imposición de pena aún cuando el fiscal solicite la absolución del sometido a proceso (cfr. sent. 453, 18/5/2009, "Fuentes Carlos Alfonso s/ Frustración maliciosa de pago de cheques"). En consecuencia, el planteo del recurrente analizado debe rechazarse por cuanto, mediando un pedido de condena del querellante particular, la resolución dictada no resulta vulnerante de los principios del debido proceso ni del derecho de defensa en juicio del encartado, aún cuando el Fiscal haya acusado y solicitado menor monto de condena, ya que el contradictorio se satisfizo con la discusión que la petición de pena formulada por el querellante implicaba y que la defensa se encontraba en derecho y condiciones de cuestionar en cuanto a su naturaleza y quantum.

DRES.: ESTOFAN - GANDUR - POSSE.
Recurso contencioso administrativo, caducidad de instancia, interrupción de la caducidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Bertona, María del Carmen Edith c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo. Ley 11330 (Expte. CSJ Nº 33-98)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-11-14

No impide la declaración de perención el argumento relativo a que la tramitación de la caducidad acusada por la tercero coadyuvante fue ilegítima por cuanto a ésta no se le había acordado participación en la causa. Ello por cuanto la Presidencia de la Corte no rechazó la participación de la tercero coadyuvante, de hecho específicamente autorizada por el artículo 17 de la ley 11330, sino que tuvo presente su presentación "...para su oportunidad"; y la substanciación de su pedido de declaración de caducidad importó, implícitamente, acordarle participación.
Requisitoria fiscal, acusación
Materia: PENAL
Carátula: Fernández, Juan C. s/ Lesiones graves culposas s/Casación.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1995-07-03

En el procedimiento mixto que actualmente predomina, la regla del "nex provedant index ex offici" se aplica ampliamente para el período del juicio plenario, exigiéndose una acusación como base de éste. Esto es, no hay juicio sin acusación, sin un acto del titular del ejercicio de la acción penal en el cual se concrete objetiva y subjetivamente la imputación, individualizándose lo más posible al imputado y relatándose los hechos en forma clara, completa y circunstanciada. El juicio es la etapa esencial basada exclusivamente en una acusación que culmina en un debate oral y público, para el cual la acusación y la defensa están provistos de plenos poderes y en cuyos actos debe fundamentarse la decisión definitiva del Tribunal. (Opinión personal:

Dra. Vivas de Vásquez).
Pesificación, créditos personales, coeficiente de variación de salarios
Materia: ECONOMIA
Carátula: CAJA PROFESIONAL PARA PROFESIONALES en Ciencias Jurídicas de San Juan c/ Queirolo, Eugenio y otro s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2018-02-01

La tasa promedio prevista en Ley Nac. N° 25.796, establecida en la comunicación del BCRA "B" 7541 dispuso que en materia de tasas de interés a partir del 1 de abril de 2004, en el caso de préstamos personales cuyo importe máximo en origen no supere los U$S 12.000, no podrá superar el veinticinco con noventa y ocho por ciento (25,98%) anual. Tal cálculo fue consentido por la parte actora. Con respecto a los intereses moratorios a partir del 31 de octubre de 2002, en el sub examine, se aplica el CVS por tratarse de un préstamo personal inferior a doce mil dólares estadounidenses (U$S 12.000).
Cesantía ilegítima, indemnización, carga de la prueba
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Sarzi, Héctor c/ Municipalidad de Lanús s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-02-26

El fundamento de la reparación debida al empleado público durante el período en que permaneció separado del cargo por una cesantía ilegítima, consustanciado con la naturaleza jurídica de la estabilidad, autorizan a presumir el daño equivalente a la privación de su sueldo durante un tiempo prudencial suficiente para obtener otra actividad lucrativa, lo que implica una inversión de la carga probatoria; en tanto si ha dejado de percibir remuneraciones por culpa de la Administración, continuando sin embargo a su disposición, no se advierte por qué debe cargar con la prueba negativa de no haber puesto su actividad al servicio de otro empleador o de su trabajo propio. En todo caso la prueba contraria de hechos positivos) debe estar a cargo de la parte obligada a su reincorporación.