Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-29


SENTENCIA DEFINITIVA N° 64133 SALA VI Expediente Nro.: 9.900/06 (Juzg. N°59) AUTOS: "CUEVAS ALEJANDRA BEATRIZ C/FUNDACION UNIVERSIDAD CATOLICA ARGENTINA SANTA MARIA DE LOS BUENOS AIRES Y OTRO S/DESPIDO" Buenos Aires, 29 de JUNIO de 2012 VISTO Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires reunidos los integrantes de la Sala VI a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicando el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

EL DOCTOR LUIS A. RAFFAGHELLI DIJO:

Contra la sentencia de primera instancia vienen en apelación tanto la codemandada FUNDACIÓN UNIVERSIDAD CATÓLICA ARGENTINA SANTA MARÍA DE LOS BUENOS AIRES a fs. 414/417, agravios replicados a fs. 423/424; como la parte actora a fs. 418/421, agravios contestados a fs. 428/429.

En primer lugar analizaré los términos vertidos en la queja presentada por la parte actora, la cual fundamentalmente se agravia por la decisión tomada en primera instancia en relación con su reclamo por horas extras; por la realización de doble turno; por las diferencias de categoría; por el cómputo del SAC en relación a los rubros preaviso, integración del mes de despido y vacaciones.

Desde esta perspectiva, en relación con el reclamo por horas laboradas en exceso de la jornada legal, cabe destacar que resulta correcto lo señalado por la sentenciante de grado en cuanto a la falta de requerimiento.

Al respecto, corresponde poner de resalto que el principio de buena fe, que debe ser respetado por las partes del contrato de trabajo incluso al momento de su extinción (art. 63 LCT) impone al trabajador el deber de requerir a su empleador -antes de iniciar una acción judicial- el cumplimiento de las obligaciones que estén a su cargo (el pago de las horas laboradas en exceso de la jornada legal), de modo de facilitar a éste la satisfacción de aquellas pretensiones fuera del ámbito de un proceso judicial ya iniciado con el mismo objeto. En ese contexto ha de entenderse que la demanda judicial (como su antecedente procesal, el trámite de mediación obligatoria) contiene el planteo de un estado de cosas pretérito y no constituye en sí misma una instancia más de las relaciones bilaterales contenidas en el contrato de trabajo o derivadas de él.

Sin embargo, y sin perjuicio de lo expuesto -extremo fáctico que fue finalmente soslayado por la sentenciante de grado- y en la medida de los agravios planteados sólo resta a este Tribunal examinar si corresponde la procedencia del reclamo por horas extras tal como lo pretende la actora, o si en su lugar cabe confirmar lo decidido en primera instancia que lo reduce al 50% del reclamo.

En este sentido, considero que le asiste razón al apelante puesto que acaecido el reconocimiento ficto en los términos del art. 86 de la LO (ver rebeldía del codemandado Wechsler a fs. 190) la inversión de la carga de la prueba le imponía a la accionada el deber procesal de desvirtuar los extremos expuestos en el escrito de inicio, lo que no encuentro cumplido en autos.	Los testigos ofrecidos por la codemandada a fs. 212, fs. 222, y fs. 232 no logran desactivar los efectos presuncionales.

Por el contrario, los términos expuestos por los testigos Falcón a fs. 208 y Ferreyra a fs. 376 dan cuenta de los trabajos cumplidos por la actora en exceso de la jornada legal, sin que el hecho de tener los deponentes juicio pendiente contra la demandada desactive por sí su eficacia probatoria, cuando sus dichos lucen precisos y concordantes.

A lo expuesto se añade que la demandada estaba obligada a llevar un registro especial en el que constara el trabajo prestado en horas extraordinarias (Conf. art. 8 del Convenio N°1 OIT, art. 11 pto. 2 del Convenio N° 30 OIT, ambos ratificados y de jerarquía supralegal conforme art. 75 inc. 22) Const. Nacional, receptados en el art. 6° Ley 11.544 y art. 21 del dec. 16115/33), y en la medida que la demandada no exhibió documentación alguna relacionada con la jornada de la actora, corresponde presumir que son ciertas las horas extras denunciadas en la demanda, siendo la accionada quien debía producir prueba en contrario (Conf. art. 52 incs. g) y h) y art. 55 LCT) sin que, a mi entender, se haya desactivado los efectos de la presunción. Por lo expuesto, de prosperar mi voto corresponde modificar parcialmente la sentencia de grado, fijando el monto correspondiente al rubro horas extras en la suma de $7.200. En cuanto a los restantes agravios vertidos en el escrito recursivo en examen, cabe destacar que los mismos no resultan atendibles puesto que el presentante se limita en su escrito de apelación a disentir subjetivamente con la decisión del la Sra. Juez "a quo" en su pronunciamiento y no rebate de una manera crítica y razonada los argumentos allí expuestos. Por lo demás, resulta de importancia destacar que dichas argumentaciones no han sido esgrimidas en oportunidad de iniciar la presente acción.

En orden a lo expuesto, corresponde adentrarse en el recurso interpuesto por la codemandada FUNDACIÓN UNIVERSIDAD CATÓLICA ARGENTINA SANTA MARÍA DE LOS BUENOS AIRES, la cual fundamentalmente se agravia por su condena solidaria en los términos del artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, inclusive en lo que respecta a la entrega y multa por falta de esta última de las certificaciones previstas en el art. 80, LCT.

Desde esta perspectiva, es público y notorio que la actividad normal y específica de la codemandada FUNDACIÓN UNIVERSIDAD CATÓLICA ARGENTINA SANTA MARÍA DE LOS BUENOS AIRES es la educativa, pero no puede soslayarse que para el cumplimiento de sus fines debe realizar toda una serie de actividades complementarias de aquélla tenida por principal, entre las cuales sin duda debe contarse la existencia de servicios de gastronomía en los establecimientos donde desarrolla aquellas funciones propias. Estas tareas, si bien puede calificarse como secundarias, están integradas permanentemente al establecimiento y coadyuvan a su objetivo final.

Las labores gastronómicas, en el caso, hacen a la "actividad normal y específica" de la institución, ya que lejos de resultar aleatorias y eventuales, son de vital importancia y complementan su actividad normal.

Por lo expuesto, de prosperar mi voto propongo se mantenga lo decidido en origen al respecto, aun en lo relativo a la multa y a la entrega de las certificaciones de trabajo previstas por el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, puesto que lo allí normado resulta comprensivo de las obligaciones de los "cesionarios, contratistas o subcontratistas", lo que incluye la de hacer entrega de dichas certificaciones ante el requerimiento del trabajador.

En conclusión, de prosperar mi voto propongo modificar el monto de condena y establecerlo en la suma de $28.230; con los accesorios dispuestos en la sentencia de grado.

La imposición de costas cuestionada resulta ajustada al principio general de la derrota que rige en la materia (art. 68 CPCCN) sin que se hayan aportado elementos objetivos que justifiquen un apartamiento del mismo.

En cuanto a la regulación de honorarios que ha sido objetada por la codemandada apelante, cabe destacar que los porcentuales establecidos en primera instancia, se ajustan a la naturaleza y mérito de los trabajos profesionales cumplidos en autos, al resultado final del pleito y a las pautas arancelarias vigentes (art. 38 y dto. 16638/57) por lo que propongo se los mantenga con la aclaración de que los mismos deberán ser calculados sobre el nuevo monto de condena con intereses.

Las costas de esta instancia serán soportadas por la demandada vencida (art. 68 CPCCN) a cuyos efectos estimo los honorarios de los presentantes de fs. 418 y de fs. 428 en el 25% de lo regulado a cada uno de ellos en la etapa anterior.

LA DOCTORA GRACIELA L. CRAIG DIJO:

Que adhiere al voto que antecede.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 de la ley 18.345), el Tribunal RESUELVE: I) Modificar el fallo apelado. II) Establecer el monto de condena en la suma de $28.230, con los accesorios dispuestos en la sentencia de grado. III) Confirmar en lo restante que decide, con la aclaración de que los porcentuales establecidos en primera instancia en concepto de honorarios, deberán ser calculados sobre el nuevo monto de condena con intereses. IV) Imponer las costas de alzada a la demandada vencida. V) Regular los honorarios de los presentantes de fs. 418 y de fs. 428 en el 25% de lo regulado a cada uno de ellos en la etapa anterior.

Regístrese, notifíquese y vuelvan LUIS A. RAFFAGHELLI JUEZ DE CAMARA	GRACIELA L.CRAIG	JUEZ DE CAMARA	LUIS A. RAFFAGHELLI	JUEZ DE CAMARA