marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
In dubio pro reo, responsabilidad penal, buena fe, prueba, proceso penal
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: Sandys Confezioni SPA. s/ querella por infracción al art. 31 de la ley 22362.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-13

No basta con la introducción de cualquier incertidumbre sobre la culpabilidad o buena fe del imputado, sino que en esos casos la prueba debe ser eficiente y no debe arrojar ninguna duda de que con ella ha procedido aquél.
Excarcelación, calificación legal, caución real
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: ALBORNOZ, Oscar s/ EXCARCELACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-25

Ha de concederse la excarcelación cuando la situación del imputado encuadra en el art. 317, inc. 1?, C.P.P. y la eventual condena aplicable fuere de efectivo cumplimiento, sujeta a una caución de tipo real con el objeto de afianzar el desarrollo de los deberes procesales.
Derecho a la dignidad, aborto no punible, aborto fundado en violación, interpretación de la ley, interpretación restrictiva
Materia: PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: F., A. L. s/ Medida autosatisfactiva.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-13

Toda vez que de la dignidad de las personas, reconocida en varias normas convencionales, -art. 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 1º Declaración Universal de los Derechos Humanos y Preámbulos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre-, se desprende el principio que las consagra como un fin en sí mismas y proscribe que sean tratadas utilitariamente, debe rechazarse la exégesis restrictiva que sólo contempla como un supuesto de aborto no punible, al practicado respecto de un embarazo que es la consecuencia de una violación a una incapaz mental, pues la pretensión de exigir a toda otra víctima de un delito sexual, llevar a término un embarazo, que es la consecuencia de un ataque contra sus derechos más fundamentales, resulta, a todas luces, desproporcionada y contraria al postulado, derivado del mencionado principio.
Cesión de derechos, mala fe
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Dymensztein, Marcos c/ Banco Coop. de La Plata ltdo. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-03-13

El cedente es de mala fe cuando sabe de la ilegitimidad del crédito cedido o de su inexistencia porque existía otra causa de extinción, como la compensación o el pago.
Flagrancia, juicio unipersonal, revocación de sentencia, interés superior del niño, declaración de inconstitucionalidad
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: V., K. D. c/  s/ robo-flagrancia-inconstitucionalidad
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-08-16

El fallo de la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal "V., K. D. s/robo-flagrancia-inconstitucionalidad" (Causa N° 52.635/2019) resuelta el 16/8/19 donde Mauro Divito, integrando la Sala en forma unipersonal, revocó el auto de la juez de la instancia de origen que había rechazado el pedido de la defensa del imputado -menor de 16 años de edad- de que no se aplicara al caso el procedimiento de flagrancia (Ley 27.272) y que se declarara la inconstitucionalidad de dicha norma. El vocal consideró, en pos del interés superior del niño, que no correspondía aplicar el régimen previsto por la Ley 27.272, por lo que revocó la resolución y, en consecuencia, declaró abstracto el pedido de que se declare inconstitucional.
Control de constitucionalidad, actuación de oficio, jueces
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Skiba, Juan Andrés c/ GCBA s/ recurso de inconstitucionalidad concedido inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-03-12

El control de constitucionalidad de oficio por parte de los magistrados procede en el marco de un caso, causa o controversia judicial, cuando no exista otra posibilidad de resolver adecuadamente el pleito y en tanto la repugnancia de la norma o acto cuestionado, respecto de la cláusula constitucional comprometida, resultare indudable y la incompatibilidad inconciliable. (Voto del Dr. José O. Casás).
Constitución Nacional, inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL-PROCESAL
Carátula: Colavini, Ariel Omar s/ infracción Ley 20.771 estupefacientes
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1978-03-28

No es violatoria de la garantía establecida por el art. 19 de la Constitución Nacional la represión de la tenencia de estupefacientes, aunque estuvieran destinados a uso personal prevista en el art. 6° de la ley 20.771.
Recurso de inconstitucionalidad, interposición del recurso, plazo, plazo de gracia
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: DE S, J L s/ INFRACCION ARTICULO 122 DEL CODIGO DE FALTAS. QUEJA POR DENEGACION   DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº 618- 96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-04-23

Es correcta la aseveración de la Sala a quo -en relación a la extemporaneidad del remedio intentado-, que -al efectuar el análisis de admisibilidad que le impone el artículo 6 de la ley 7055- deniega la concesión del remedio extraordinario intentado por no haber sido deducido temporáneamente (artículo 2, ley 7055), en razón de que el recurrente entregó el escrito recursivo al señor Presidente de Cámara a las 13,30 horas, es decir, cuando se encontraba largamente vencido el horario de oficina del día de gracia.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Berruchi, Eduardo Lisandro; Fernández, César s/ Robo agravado. Tenencia ilegal de arma de guerra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-12-09

Es insuficiente el cuestionamiento al testigo base de la prueba compuesta si se desatienden los argumentos proporcionados por la Cámara para dar crédito a lo declarado, y a cuya valoración se opone sólo particulares consideraciones (art. 355, C.P.P. -según ley 3589 y sus modif.-).
Honorarios, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: Fisco Nacional c/ N.N. y/o Varela, Juan Pedro s/ Expropiación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-24

Una regulación justa y válida no puede prescindir del intrínseco valor de la labor cumplida, en la causa, de la responsabilidad comprometida en ella, y de las modalidades todas del juicio.
Leyes, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Riachi, Nilda c/ Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero s/ Recurso contencioso administrativo PETRICH S.R.L. c/ MUNICIPALIDAD DE FRIAS s/ RECURSO DE AMPARO-APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-12-14|2001-10-12

Una elemental regla de hermenéutica, señalada por la Corte Nacional, aconseja al juzgador dar pleno efecto a la intención del legislador, analizando la totalidad de los preceptos de manera que los mismos armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución. (Minoría u opinión personal)
Seguros, Superintendencia de Seguros de la Nación, revocación de la autorización para funcionar, bienes de capital, monto mínimo
Materia: COMERCIAL
Carátula: SUPERINTENDENCIA  DE  SEGUROS  DE  LA NACION c/ INDIA COMPAÑIA DE SEGUROS  GENERALES  Y ARRIOLA, FERNANDO -RQU- RESOLUCION 28494/01- SUPERINTENDENCIA SEG (EX 38980) S/ Q s/ QUEJA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-11-04

Del dictamen fiscal 90096:

Procede revocar la autorización para operar a una aseguradora cuando, -como en el caso-, se verifica que: a) la entidad presentaba un déficit de capital mínimo, que representaba cierto porcentaje del mínimo exigible; b) luego, presento a consideración un plan de saneamiento que fue rechazado por la gerencia de control de la Superintendencia de Seguros de la Nación, emplazándosela a reintegrar su capital, bajo apercibimiento de encuadrar la situación en el supuesto previsto por la  Ley 20091 art. 48-b, c) la aseguradora articulo una nueva petición señalando que había subsanado las deficiencias patrimoniales mediante una cesión de derechos y acciones de dos certificados de deposito a plazo fijo impuestos en el Banco Nación, y luego informo sobre otro aporte irrevocable de capital implementado a tráves de la transferencia de otro certificado de deposito a plazo fijo, y d) el Banco Nación desconoció dichas inversiones, agregando que la numeración objeto del documento de consulta no se corresponde con la utilizada por el sector deposito a plazos. Ello pues, resulta de suma relevancia la conducta en la que incurrió la compañía de seguros, al intentar integrar el capital con documentos apócrifos, pues tal proceder resulta inaceptable para quien debe velar para que el contrato de seguro cumpla con el objeto-fin social de satisfacer los intereses de los asegurados.
Poder de policía, seguridad pública, derechos y garantías constitucionales, interpretación de la ley, deberes de la administración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BALTROC BEATRIZ MARGARITA Y OTROS c/ GCBA s/ AMPARO (ART. 14 CCABA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-18

No cabe interpretar que los constituyentes introdujeron la protección de la seguridad en los artículos 42 de la Constitución Nacional y 46 de la Constitución de la Ciudad con un propósito meramente declarativo, sino que, por el contrario, es correcta la hermenéutica orientada hacia el goce directo y efectivo por parte de sus titulares.

De manera que, al menos como principio general, la Administración no puede desligarse con ligereza de las responsabilidades que conlleva el mencionado deber en materia de seguridad. Ese mandato debe ser armonizado con el cumplimiento de otros objetivos que el legislador ha establecido y con la prudencia que la ponderación de bienes y principios aconsejan, sin que ello se produzca poniendo en riesgo garantías mínimas de los ciudadanos, ni excediendo los límites de las atribuciones de cada órgano de gobierno.
Excarcelación, contrabando, aplicación de la ley, ley penal más benigna
Materia: PENAL
Carátula: VELAZQUEZ SANTANDER, CARMEN s/ Cpntrabando, Incidente de excarcelación Causa 6975-
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-17

1- Temporalmente es posible la aplicación de dos regímenes legales distintos para encuadrar la excarcelación. (En el caso, del Código Aduanero y en segundo término dicho cuerpo legal con la reforma de la Ley 23353). Pero es improcedente la interpretación normativa con lo cual se crea una tercera ley, por más que esta pueda ser más favorable al procesado, pues eso va en contra del principio fundamental de la división de poderes que establece la Constitución Nacional.- 2- El artículo 900 del Código Aduanero indica expresamente que para establecer cuál es la norma penal más benigna se debe comparar la totalidad de las normas penales de las leyes cuya aplicación correspondiere. Por ello, es imperativo legal examinar "in totum" el cuerpo normativo a aplicar, y comparándolo con los restantes -vigentes o intermedios-también analizados en esa forma, para establecer cuál de ellos, íntegramente, es más favorable al procesado.
Pagaré no protestado, carga de la prueba
Materia: PROCESAL-CIVIL-COMERCIAL
Carátula: B.G. y B.A. SA c/ N., L.A. s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-08-23

"Tratándose de un pagaré con cláusula sin protesto, quien invoque la falta de presentación del documento al pago tiene la carga de la prueba de tal inobservancia en los pagarés con fecha de vencimiento determinada, igualmente a los pagarés a la vista; siempre el que afirma la falta de presentación debe probarlo".
Alegato, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Frisicale, María Laura c/ Telecom Personal S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2020-08-11

Las alegaciones dirigidas a cuestionar el acierto jurídico de lo resuelto mediante la imputación de típicos errores in iudicando, se hallan detraídas del ámbito de actuación del recurso extraordinario de nulidad, resultando propias del de inaplicabilidad de ley.(doctor de Lázzari, sin disidencia)
Recurso contencioso administrativo, empleados públicos, escalafón, reescalafonamiento, Poder Ejecutivo, gobernador, decretos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Fraga, Silvia María del Huerto Roldán de c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 702-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-06-30

Cabe declarar improcedente la pretensión de reescalafonamiento y cobro de diferencias salariales por el desempeño de funciones -que al entender de la recurrente- correspondían a la categoría 19 del Escalafón, si en el período reclamado se encontraban vigentes los decretos 3924/87, 88/87 y 877/90 que prohibían tanto el llamado a concurso para cubrir vacantes, como así también todo tipo de promociones, revalorizaciones funcionales u otorgamiento de subrogancias.
Jueces, remuneración del juez, adicionales de remuneración, carácter no remuneratorio
Materia: PROCESAL - LABORAL
Carátula: Abalerón, María Isabel y otros c/ Estado Nacional. s/ Recurso de hecho.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-04

La asignación especial no remunerativa en concepto de dedicación exclusiva creada por el decreto 2474/85, reviste carácter de "particular".
Sucesiones, división de la herencia, partición de la herencia, nulidad procesal, nulidad del acto jurídico
Materia: CIVIL
Carátula: Pérez Manuera, Baltazar o Pérez Munuera, Baltasar s/ Sucesorio
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-08-27

Concluido el acuerdo particionario mediante instrumento privado presentado al juez de la sucesión, su naturaleza participa, a la vez, de un acto jurídico sustancial y de un acto procesal, en la medida que se alcanza a través de diversas etapas procesales que requieren actividad jurisdiccional. De tal modo, el proceso partitivo, en sus distintas y sucesivas etapas, puede ser atacado de nulidad en relación al acto procesal viciado si las condiciones que prevé el art. 169 y conc. del CPCC lo permiten; pero también como acto jurídico sustancial, que trasciende la cosa juzgada material, propia de la sentencia que homologa o aprueba aquella partición, en la medida en que pudiere estar afectada por vicios que atañen a su validez sustancial.
Incumplimiento del contrato, competencia federal
Materia: PENAL
Carátula: González , Eusevi S. A. c/ Level 3 Argentina S. A. s/ Incumplimiento de contrato
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-06-28

De acuerdo con la doctrina sentada al respecto por la Corte Suprema, las acciones de los usuarios -o en este caso, un proveedor de internet- contra las empresas prestadoras del servicio de telecomunicaciones ponen en juego la jurisdicción federal, habida cuenta de la naturaleza de dicho servicio y del carácter que revisten las normas legislativas y reglamentarias que lo regulan, dictadas por el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo en ejercicio de las facultades conferidas por la ley nacional de telecomunicaciones 19.798 (conf. Fallos 315:1883, citado por el Fiscal General; esta Cámara, Sala II, causa nº 3.954/01 del 18.4.06 y sus citas; esta Sala, causa nº 5.119/05 del 7.10.05, entre otras). Si bien en el sub lite se reclama el pago de los daños ocasionados en el marco de una relación contractual habida entre sujetos privados, teniendo en cuenta que tendrían origen en la defectuosa prestación de servicios sometidos a la jurisdicción federal (conf. art. 3 de la ley 19.798), la contienda desborda el cauce propio del derecho mercantil, surtiendo, entonces, la competencia federal (conf. Sala II, causa n° 12.838/08 del 3.09.09 y sus citas).
Recurso de inconstitucionalidad, procedencia del recurso, incongruencia
Materia: LABORAL
Carátula: CAPO, JOSE c/ PETRILLO, GUIDO s/ DEMANDA. COBRO DE PESOS. QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE   INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE N. 80-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-12-26

No puede considerarse configurada la autocontradicción si no se da una irreductible oposición conceptual que torne ininteligible el fallo, y si del detenido análisis de los fundamentos vertidos en el pronunciamiento recurrido, se evidencia que el Tribunal hizo lugar a los reproches -en el caso,falta de tratamiento del despido indirecto y sus causales y el rubro horas extras-, sustentado en la conducta de la demandada al no exhibir la documental laboral y no producir prueba en contrario a lo sostenido en la demanda para restarle eficacia probatoria a los documentos presentados, no se configura la pretendida autocontradicción. DE LA DISIDENCIA DEL DR.

BARRAGUIRRE.
Ley de seguros, alcance de la cobertura
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: GRIMALDI, RAFAEL S. Y OTRO c/ ANANIA, ANGEL Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-12-02

En los casos en que resulta aplicable el art. 118 de la Ley de Seguros, la sentencia será ejecutada contra el asegurador en la medida del seguro, esto es en los límites y con los alcances de la cobertura asumida por la empresa, entre los que se comprende la franquicia pactada en la póliza, cuyas estipulaciones resultan oponibles al damnificado pues su derecho se circunscribe -en este aspecto- a las modalidades del referido contrato.
Plazos procesales, plazo perentorio, vencimiento del plazo
Materia: CIVIL
Carátula: CASTRO DE SANSO Juana Matilde c/ Malaisi Raffo Jorge y/o Parque Automotor s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2008-03-31

De acuerdo con el art. 160 de la ley 3738 los plazos legales o judiciales son perentorios, y por ende, fenecen por el transcurso del tiempo sin necesidad de declaración judicial ni petición de parte.

La circunstancia de que el apoderado de la contraria consienta el ingreso extemporáneo al juicio de un escrito y que los arts. 160 y 162 del C.P.C. posibiliten la suspensión de los términos de común acuerdo, no obsta para declarar la extemporaneidad de aquella presentación por cuanto las normas citadas no autorizan la restitución de términos ya caducos por vencimiento.

Vale decir que las partes o sus apoderados pueden convenir la suspensión de términos antes que el lapso se inicie o cuando comenzado aun no ha fenecido.

Proceder de modo contrario, es decir, restituyendo términos ya concluidos por el mero transcurso del tiempo implicaría retrogradar el trámite, desandar los estadios de la instancia impulsados hacia la sentencia y sobre los que operó la preclusión.
Honorarios del abogado, monto del juicio, intereses
Materia: PROCESAL
Carátula: Municipalidad de Comodoro Rivadavia c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-12-29

"Los intereses, fueren pretendidos o condenados, integran el monto del pleito base para el cálculo de honorarios de letrados... en consideración a la base económica que cada letrado de parte sostiene o defiende, la que incluye el cálculo de intereses, por estimar que es el criterio que mejor atiende a la sustancia de las labores profesionales desarrolladas".
Daños y perjuicios, accidente de tránsito, culpa de la víctima, relación de causalidad, responsabilidad civil
Materia: CIVIL
Carátula: TAMALET LUIS ARTEMIO c/ GCBA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-10-24

La falta de uso de casco por parte de un motociclista no interfiere ni interrumpe la relación causal que dio lugar al accidente de tránsito, en todo caso implica el deber de la víctima de soportar parte del daño ya que la no utilización de dicho medio de seguridad contribuyó a agravar el perjuicio (CNac. Civ., Sala I, in re "Ferraro, Jorge Francisco c/ Petrucelli, Ricardo Horacio s/ Daños y Perjuicios", de fecha 17.03.98).

En otras palabras, de haber utilizado casco protector -ciertamente- los daños hubiesen sido mucho menor o quizás no habrían existido. Así las cosas, la falta de uso de casco constituye un elemento que -indudablemente- contribuye a agravar el daño, por lo cual es razonable y prudente distribuir la responsabilidad entre quienes tomaron parte en el siniestro.
Despido sin causa, cajero
Materia: LABORAL
Carátula: SANCHEZ, Silvia Viviana c/ CASA LOZANO S.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1994-05-04

Corresponde a la demandada acreditar la causal del despido, toda vez que realizado el arqueo correspondiente en la caja no existía faltante alguno y, además, la clienta que declara como testigo, indica que no le pagó a la actora suma alguna, la sola acreditación que la empleada actora tuviera el dinero en su bolso, no demuestra la ilicitud del origen del dinero. Al no haberse probado el hecho invocado en la comunicación del despido el mismo resulta arbitrario e injustificado. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Marcas, registro de marca, defensa del consumidor, responsabilidad del Estado, poder de policía
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Laboratorios Bagó  S.A. c/ Sanol Schwarz  GMBH s/ Opos. Reg. Marca
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-21

La responsabilidad del Estado que deviene de su poder de Policía, del control de remedios (e incluso por ejemplo de alimentos) lo es en virtud de funciones estrictamente reglamentarias en aras del superior interés de la salud pública, sobre la cual debe privar, por un lado el efectivo control de las bondades (previamente experimentadas y estrictamente controladas) y por el otro el interés en fomentar la sana competencia entre los factores de progreso (en este caso la salud) sin desproteger tampoco los derechos adquiridos.

De tales extremos debe surgir el equilibrio, en base al cual el juzgador deberá decidir atendiendo a todas las implicaciones de cada situación en particular, en consideración analógica a las circunstancias del caso, de intereses en juego, del tiempo y del lugar en que se producen.

En el caso de la ley de marcas, la libertad de trabajar se restringe cuando los elementos que integran a la nueva protección afectan al conjunto de la ya registrada, de modo tal que el derecho adquirido se puede ver menguado en su prestigio, en su amplitud, o porque le sea difícil al usuario distinguir una marca de otra.
Remuneración, jubilaciones, pensiones
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Betancur, José c/ A.N.S.E.S. s/ Reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-10-19

En base a una exégesis progresiva del derecho y por aplicación del art. 156 de la ley 24.241 (texto origi-nario), no cabe hesitación alguna en afirmar que la tasa mínima de sustitución de una prestación de vejez o de invalidez acordada con arreglo al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (ahora S.I.P.A.) para un trabajador dependiente no ha de ser inferior al 70% del promedio de las remuneraciones actua-lizadas de los últimos diez años a computar, es decir, la misma tasa otrora prevista por el art. 49 de la ley 18.037; resultando insuficiente y confiscatorio cualquier guarismo inferior. (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia).
Depósito bancario, aplicación de la ley
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Harismonte S.C.A. s/ Incidente de cumplimiento de mandato judicial Rhodia Argentina Química y Textil S.A.I.C.F. c/ Banco de la Prov. de Bs. As. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-05-10|1991-08-20

En principio los depósitos hechos en bancos públicos están sujetos a las disposiciones de leyes, estatutos o reglamentos de su institución y subsidiariamente a las contenidas en el Código de Comercio (art.579, Cód.cit.) y estas normas subsidiarias se aplican a toda clase de títulos, incluyendo a los denominados valores nacionales ajustables.