marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Acción de amparo, carácter excepcional, Derechos humanos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ayuso, Marcelo Roberto y otros c/ Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-08-26

La caracterización del amparo como vía excepcional o recurso extremo, inusual o extraordinario no es compatible ni con los preceptos de la CCBA ni con el indudable marco tuitivo de los derechos fundamentales que define el derecho convencional internacional. (Voto en disidencia de la Dra. Alicia E. C. Ruiz).
Excepciones procesales, falta de legitimación para obrar, oportunidad procesal, sentencia definitiva, medidas cautelares, principio de congruencia
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: López, Enrique c/ Pedro Valente  S.A. s/ Cese uso designación Comercial
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-05

Por haberse diferido para la sentencia definitiva el tratamiento de la falta de legitimación activa con fundamento en que el demandado revestía la calidad de representante legal de la sociedad titular de la marca y en determinación de la existencia o no de interés legítimo en el actor que lo habilitaría para reclamar el cese del uso cuestionado, dependiendo ello de circunstancias que todavía debían ser materia de actividad probatoria: lo atinente a la referida falta de legitimación no puede ahora sustentar el rechazo de las medidas cautelares solicitadas, habida cuenta de que si ha sido ya admitida la posibilidad de que el actor discuta hasta la sentencia la existencia del derecho que invoca, por lógica implicancia, cabe reconocer que le asiste el de peticionar y obtener las medidas que se encuentren dirigidas a garantizar su perdurabilidad hasta aquél preciso momento. Lo contrario sería atentatorio del principio de congruencia.
Derechos del consumidor, multa, servicio telefónico
Materia: CIVIL
Carátula: Defensa del Consumidor c/ Telefónica de Argentina (atención personalizada) s/ actuación de oficio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-12-04

La correcta hermenéutica del art. 27 de la ley 24.240 indica que la atención personalizada es obligatoria, no es una opción y además, es distinta a la atención telefónica, ya que, la finalidad del legislador es clara, debe haber oficinas de atención al público con personal "de carne y hueso" que atienda "cara a cara" los reclamos de los usuarios, y dicha modalidad de atención es imprescindible para que haya un "contacto humano" en beneficio del consumidor, que por este medio se siente más contenido y puede expresarse mejor, lográndose con ello una morigeración de la despersonalización de las transacciones comerciales modernas.
Queja por denegación o retardo de justicia, cuestión abstracta
Materia: PROCESAL
Carátula: Davis, Juan Eduardo (Dr.) s/ Queja Por Retardo De Justicia
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2013-03-20

Corresponde declarar abstracta e inoficiosa la Queja por Retardo de Justicia interpuesta por el abogado en base a la demora injustificada al resolver la situación procesal de su defendido, atento a que tal como consta en el expediente, se ha decretado el sobreseimiento total y definitivo del imputado en orden al delito por el que fuera incriminado.
Delitos contra la Administración Pública, autoría, funcionarios públicos
Materia: PENAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: M, J O s/ APELACION DECRETOS DE FECHAS 12-8-87 Y 14-8-87 Y AUTO DE   PROCESAMIENTO.    CAP EXPTE NRO 191-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-11-06

Puede ser autor de los delitos especiales contra la administración pública quien presta servicios dentro de la administración en virtud de contrato, aunque éste excluya expresamente la relación de dependencia.
Martillero, honorarios del martillero, comisión del martillero
Materia: CIVIL
Carátula: BANCO ISRAELITA DE CORDOBA S.A. c/ GUILLEN, Irene Julia s/ EJECUCION HIPOTECARIA - EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-18

No existe disposición legal alguna que establezca el porcentaje de comisión que le corresponde a los martilleros en concepto de honorarios, no resultando de aplicación la normativa establecida para el caso de corredores inmobiliarios en el art. 77 de la ley24441, en atención a las distintas funciones que cumple cada uno de ellos. Por ende, corresponde considerar como elementos para establecerlo, el bien subastado y la costumbre (arts. 17 del Código Civil y 565 del Código Procesal), conforme la cual reiteradamente se ha fijado la comisión de aquellos en subastas judiciales en el 3 por ciento sobre el valor obtenido del bien.
Competencia, medidas cautelares
Materia: PROCESAL
Carátula: J. R. A. c/ M. F. M. C. s/ REGIMEN DE VISITA.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2014-11-14

Esta Presidencia entiende que deben continuar las presentes actuaciones en la órbita del Juzgado Civil en Familia y Sucesiones ..quien previno en el conflicto familiar entre las partes en el marco de la causa. donde se dispuso la exclusión del actor del hogar familiar y la permanencia del niño .. junto a su madre.Aún cuando es cierto, que el proceso cautelar de mención que se ventila por ante dicho juzgado, en razón de su objeto y caracteres no causa instancia, toda vez que la decisión que recae al respecto no produce cosa juzgada, en tanto puede ser modificada o revocada cuando sobrevenga un cambio de circunstancia que así lo aconseje, cabe atender que "en ciertas ocasiones el principio de prevención procesal significa una alteración de las normas generales sobre competencia en beneficio de la continencia, conocimiento y unidad decisoria de una causa, máxime cuando no se advierte que exista motivo valedero para excluir su vigencia en el caso" (cfr.

arg. CSJN., "Lewin Rubén c. Cohen Lorenzo F. y otros", 08/05/1983, La Ley 1983-C, 54).

En el supuesto bajo examen, la aplicación práctica del principio de prevención se justifica por las características de inescindibilidad de la temática familiar planteada, permitiendo así que los conflictos atinentes a la misma sean abordados por un solo Magistrado a fin de asegurar mantener un criterio unívoco al respecto, como así también para una más adecuada prestación del servicio de justicia y expeditiva protección de los derechos de las partes involucradas en el conflicto, en particular teniendo en cuenta el "interés superior del niño", principio consagrado en el art. 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que tiene jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 de la C.N.).

DRA.: AGUILAR DE LARRY.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuestión abstracta, interés para recurrir
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Mazzone, Zunilda Ester y otros c/ Cincci de Tieri, Gladys Susana s/ Ordinario. Fraude procesal
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2005-11-02

Resulta inatendible el agravio en el que no se advierte el interés del recurrente sobre el tema ya que no corresponde a la judicatura dictar pronunciamientos abstractos.
Honorarios del abogado, base regulatoria, divorcio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ALE LISANDRO DANIEL c/ SCELZI LIDIA CRISTINA s/ DIVORCIO VINCULAR
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-11-02

En los divorcios contenciosos sin bienes, se aplica el artículo 58 de la ley 7046, en el párrafo que indica como honorarios mínimos sesenta juristas, en consideración a que se trata de cuestiones de familia no previstas especialmente.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Medidas cautelares, energía eléctrica
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Parque  Suárez  S.A. c/ E.N. -M de Planificación- SE- resolución1281/06 (nota 1374/06) y otros s/ proceso de conocimiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-23

La resolución (S.E.) 1.281/06 habría sido dictada como consecuencia del sostenido crecimiento de la demanda de energía eléctrica y a los fines de garantizar su abastecimiento. Las instrucciones recibidas por la actora para reducir el consumo ante la pérdida transitoria de reservas en el marco de la mentada resolución, en principio, sin que ello importe adelantar opinión sobre la cuestión de fondo, no aparecen arbitrarias o irrazonables. El temor de la accionante frente a la eventual aplicación de sobrecostos o el corte del suministro para el caso de no cumplir con la reducción solicitada, no es motivo suficiente para tener por acreditado el requisito del daño, en particular, cuando surge del escrito de inicio que la propia parte habría negado cualquier incumplimiento con las limitaciones dispuestas por la norma impugnada. Por lo demás, no existen elementos válidos que permitan inferir que en el caso de facturarse sobrecostos en forma global ellos no pudieran ser recuperados por la apelante.
Faltas, proceso de faltas, recurso de apelación (procesal), admisibilidad del recurso, resoluciones apelables
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Moares Carlos s/ s/ estacionar en lugar prohibido  y otra - APELACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-13

La Ley Nro. 1217 sólo contempla expresamente el recurso de apelación contra la sentencia en su artículo 56, por lo que no se encuentra normado el concedido contra la resolución del a quo que dispuso tener por desistida la solicitud de juzgamiento por no concurrir a la única audiencia oral y pública fijada, y declara firme lo decidido en sede administrativa.
Actualización monetaria, oportunidad procesal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Mateo Dobao, Antonio L. s/ Constitución servidumbre de electroducto Sassara, Mario Guerino c/ Luna, Eduardo Alberto y otro s/ Daños y perjuicios -inc. de ejecución de sentencia-
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-08-03|1991-12-03

Frente a un proceso inflacionario descontrolado, como los vividos en el país, la pretensión del acreedor de mantener la intangibilidad de su crédito no es censurable. Y si ese afán contradice su anterior conducta la expectativa que ésta pudo producir en el deudor no está protegida pues, para el entorno social de ese momento histórico, la contradicción no es incompatible. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, obligatoriedad del fallo plenario
Materia: PROCESAL
Carátula: Bollatti, Norberto Mario y Di Santo de Bollatti, Ebe Telma s/ Concurso preventivo (Expte Nro. 212-87) -Tribunal pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-08-12

La doctrina que sienta una Cámara de Apelaciones, en un caso concreto, a pedido de parte y a fin de unificar jurisprudencia, obligará a todos sus integrantes y a los jueces de baja instancia con idéntica competencia material con el alcance temporal previsto en el artículo 28 de la ley 10160, ello amén de la alternativa de su revisión por Tribunal Pleno, conforme lo dispone dicho precepto y el artículo 29 de la ley. (De los Fundamentos del Dr. Weidmann). En el caso la cuestión a resolver es: ¿Rige el plazo adicional previsto por el artículo 70 del Código Procesal Civil y Comercial llamado "día de gracia" en los procesos concursales?
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, sentencia suficientemente fundada, enfermedad profesional, prescripción, plazo
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: CIVICO, RICARDO c/ ACINDAR INDUSTRIA ARGENTINA DE ACEROS S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-11-08

Corresponde desestimar el recurso de queja interpuesto, por cuanto los agravios que produce a la recurrente el rechazo de su defensa de prescripción, no traducen sino su fuerte disenso con el punto de arranque del cómputo del plazo respectivo, sin lograr desmerecer el razonamiento de la Alzada, en el sentido de que el inicio del cómputo ocurre cuando el trabajador adquiere un cabal conocimiento de las patologías incapacitantes que lo aquejan, por lo que tratándose de acciones provenientes de la responsabilidad por enfermedades profesionales, las mismas han de prescribir a los dos años a contar desde la determinación de la incapacidad (Del voto de los Dres. Gutiérrez y Spuler).
Daños y perjuicios, indemnización, obras públicas, responsabilidad del Estado por actos lícitos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: COTOLI PEDRO c/ M.C.B.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-03-18

Los perjuicios ocasionados por la ejecución de una obra pública deben ser indemnizados por el poder que ordenó su ejecución, no porque haya existido culpa o negligencia de su parte, sino porque el beneficio común que se produce mediante la realización de dicha obra no debe ser obtenido en medida alguna, a costa del patrimonio ajeno, como ocurriría si el perjudicado no fuere resarcido de los daños sufridos. La reparación de ese perjuicio es parte del costo de la obra pública, así como también lo es el importe de lo que debe pagarse a los particulares por la expropiación de los inmuebles que sea preciso privarles porque la ejecución de la obra pública así lo exige. Cuando éste desmejora o desvaloriza, en cualquier sentido o en cualquier medida, los inmuebles linderos, puede decirse que hay por parte de la autoridad una ingerencia y hasta en cierto modo, una ocupación de esos inmuebles, en la medida que se ha reducido el valor venal y locativo, hay analógicamente una expropiación. Así como el particular que ha sido desposeído de un inmueble para afectarlo a un uso público tiene derecho a reclamar su precio por vía de expropiación indirecta, cuando es colocado, por razones de la misma obra pública, en condiciones de anormalidad o inferioridad, también tiene acción para reclamar el resarcimiento de los perjuicios sufridos o sea, recuperar la integridad económica de esa parte de su patrimonio. Estas demandas no se fundan en culpa o negligencia del poder público, a pesar de la cual deben prosperar, porque hay un perjuicio que sería sumamente injusto no resarcir, sobre todo en lo que se refiere a la disminución de valor venal (conf. C.N.Civ. 1ra cap., del 30-10-39, "Debernardi, josé c/ Municipalidad de la capital", J.A. 69-268).

El fundamento de la indemnización de los daños ocasionados por el accionar lícito del Estado, se encuentra regido por principios de justicia distributiva, que imponen la necesidad de que la obtención de una utilidad colectiva sea distribuida proporcionalmente entre todos los miembros de la colectividad y no debe recaer toda ella sobre algunos; o sea que todo sacrificio soportado por un ciudadano en sus bienes más allá de aquéllo con lo que contribuye a la sociedad en virtud de una ley general tributaria, debe ser compensado por el erario público (conf. Mosset Iturrape, " Indemnización de daños por el Estado. Sacrificios de derechos patrimoniales como consecuencia de actos lícitos" , L.L. 1979-C 218, cap. III).
Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, empleo público, cesantía, revocación de sentencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Araoz, Silvana Andrea y otros c/ GCBA s/ empleo público (excepto cesantía o exoneraciones) c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-08-25

Con motivo de la aplicación al caso, de la solución dada por la CSJN en el precedente "Bruno, Marcelo Jose y otros s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Bruno, Marcelo Jose y otros c/ GCBA s/ empleo público (no cesantía ni exoneración), (Fallos: 343:412), queda desechada, en la sentencia recurrida, la solución adoptada por uno de los votos, por lo que no subsiste una mayoría válida discernible que la sostenga. Corresponde así revocarla y reenviar la causa a la Cámara para que se dicte una nueva decisión. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano, al que adhiere la juez Inés M. Weinberg).
Cuenta simple o de gestión, intereses
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Unión Cerealera S.R.L. c/ Londra, Rogelio Alberto s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-06-06

Ante la existencia de la compensación, conforme enseña Vélez en su nota la art. 828 del Código Civil, se produce como efecto legal el de "dar las deudas por pagadas" trayendo como necesaria consecuencia que ante el efecto cancelatorio del pago y lo dispuesto por el art. 724 se extinga la obligación y obviamente, sus accesorios, por estricta observancia del art. 525 del mismo código, de manera que no resulta ajustada a derecho la pretensión del cobro de intereses.

Además las cuenta simple o de gestión no son, por si, generadoras de intereses sobre el saldo, por ello se ha considerado improcedente la aplicación del art. 785 , Cód. de Com. Correspondiente a la cuenta corriente mercantil, si no media mora que los torne exigibles por mandato de la ley, ni pacto expreso sobre interés.
Proceso penal, recurso de revisión (procesal)
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: C., F. D. s/ Recurso de Revisión presentado por F.D.C. con el patrocinio letrado del Dr. Víctor M. Pinto en contra de Sentencia Nº 16/2002 en causa Expte. Nº 87/01 caratulado: C., F.D.  p.s.a. Abuso Sexual con Acceso Carnal (...)
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-06-29

Son dos las condiciones de procedencia de esta vía impugnativa excepcional -recurso de revisión- que posibilita el nuevo examen de un pronunciamiento pasado en autoridad de cosa juzgada.

Por una parte, la novedad de la prueba invocada por el recurrente y, por otra, su dirimencia -tanto en su aptitud lógica cuanto en su valor conviccional- para mutar la certeza positiva de la sentencia condenatoria, sea con relación a la existencia del hecho de acuerdo a las particularidades en que fue fijado, o la participación que en el evento le fue reprochada al imputado.

Ahora bien, por elemento de prueba nuevo, cabe tener a todo dato objetivo sobreviniente, susceptible de conmover la certeza alcanzada en la sentencia impugnada acerca de la existencia de los extremos objetivo y subjetivo de la imputación y condena.

Esa novedad implica, en principio, que los hechos o elementos probatorios hayan sobrevenidos o sido descubiertos con posterioridad a la sentencia condenatoria; pero puede comprender también a los que, no obstante haber sido ofrecidos oportunamente y con las formalidades exigidas por la ley procesal penal, no fueron incorporados al juicio por haber sido rechazados por el órgano jurisdiccional interviniente (NÚÑEZ, Ricardo C., Código Procesal Penal anotado, 2ª edición actualizada, Lerner, Córdoba, 1986, p. 489 -nota 7 al artículo 511-).

En cuanto al carácter dirimente de la novedosa prueba ofrecida, cabe recordar que deriva de la idoneidad de ésta, sola o unida a las pruebas ponderadas por el tribunal de juicio, para enervar la situación de hecho fijada en la sentencia condenatoria".
Arresto domiciliario, menores, apreciación de la prueba, interés superior del niño, perspectiva de género
Materia: PENAL
Carátula: ROLDAN, Melina Elizabet c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-02

La disidencia sostuvo que, a la luz de los lineamientos trazados en cuanto a la subsidiariedad de las medidas de coerción estatal, teniendo en cuenta que la modalidad cuya aplicación postula la defensa constituye una morigeración del encierro dispuesto, deviene imprescindible determinar si se encuentran presentes en la especie los presupuestos de procedencia. Del análisis efectuado surge claramente que se encuentran dados los requisitos legales para otorgar el arresto domiciliario a la imputada, situación que se ve reforzada en estos actuados tomando en cuenta los informes recabados, en torno a la situación de los menores, en efecto, surge claramente que la ausencia de su madre está agudizando en los niños una "sensación de vacío y amenaza ante la posibilidad de no saber si volverán a convivir con su mamá". No debe olvidarse que se encuentran en un período etario complejo y de constante formación de la personalidad, cuestión que se ve incluso afectada por las situaciones de violencia que han vivido al momento de la detención y allanamiento en el marco de la presente causa, por lo que la presencia de su madre en el hogar redundaría en un beneficio para la situación de los niños. Para más detalle, es dable remarcar que la decisión de la Cámara no se ajusta a los parámetros exigidos por las normas vigentes que imponen dar preeminencia al interés superior del niño. Por último, no se puede dejar de resaltar que casos como el presente, deben atenderse con visión de perspectiva de género que nos permita evaluar adecuadamente el impacto de las decisiones estatales sobre las mujeres privadas de la libertad y que contemple además la manda convencional referente al interés superior del niño. Dr. Ledesma -en disidencia-.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, cuestión no federal, sentencia arbitraria, defectos en la fundamentación normativa, accidentes de trabajo, derecho de propiedad, derechos adquiridos, ley vigente
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - LABORAL
Carátula: Molina, Fidel Rómulo c/ Obras Sanitarias de la Nación. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-05

Corresponde descalificar la sentencia que declaró aplicable al caso la ley 23.643, en cuanto modificó la ley 9688, pues propone una exégesis irrazonable de la ley, que la desvirtúa, con afectación del derecho de propiedad garantizado por la Constitución Nacional, en tanto implica la aplicación retroactiva de la ley nueva a situaciones jurídicas cuyas consecuencias se habían producido con anterioridad a ser dictada.
Cuenta corriente bancaria, certificado de saldo deudor, prescripción, plazo
Materia: COMERCIAL
Carátula: J.G  Electricidad SRL c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ ordinario.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-03

En principio, se está por la postura tradicional acerca de la materia, ya que la seguridad del tráfico y la consolidación de las relaciones mercantiles, mucho más cuando se trata de operaciones bancarias, hacen menester que la definición de los saldos de las cuentas de los bancos con sus clientes no puedan estar pendientes sine die, a expensas de la voluntad de estos últimos de decidir objetar o no, durante un plazo tan extenso como lo es el de prescripción del artículo 790 Ccom -nada menos que cinco (5) años-, las respectivas cuentas, cuando existe un ordenamiento legal y convencional que suministra un régimen de impugnación con un plazo más que razonable y -ciertamente, más breve que aquél- para lograr ese cometido. Esto no significa -por supuesto- que dentro de ese extenso plazo de prescripción los cuentacorrentistas no puedan excepcionalmente cuestionar determinados débitos indebidamente efectuados en la cuenta, aún por hipótesis diversas a las contempladas en el precepto legal antes citado, pero de ahí a sostener que toda la cuenta entre banco y cliente se halla sujeta a revisión durante los cinco (5) años del plazo de prescripción, pese a la conformidad explícita o tácitamente brindada por el cliente en su momento a esas mismas cuentas, parece una enormidad (Del voto en disidencia del Dr. Kolliker Frers)
Retiro policial, Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal, adicional por responsabilidad jerárquica
Materia: ADMINISTRATIVO-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Fischietti, Antonio y Otro c/ Caja de Ret. Jub. y Pens. de la Pol. Fed. y Mº del Interior
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-21

Debe reconocérseles el derecho de los actores -Comisario (R) y Comisario Inspector (R) de la Pol.Fed.- a que sus haberes de retiro le sean liquidados computando el sumplemento por Funciones Jerárquicas de Alta Complejidad o por responsabilidad por Cargo o Función, a opción de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal, a la que se le ordena que liquide y pague las diferencias atrasadas.