Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2011-08-30


SENT Nº 621 C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Treinta (30) de Agosto de dos mil once, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán, René Mario Goane y la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel Estofán, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte demandada, en autos: ?Santos Beatriz Ramona vs. Provincia de Tucumán s/ Amparo?.

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores René Mario Goane, Antonio Daniel Estofán y la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

I.- La Provincia de Tucumán -demandada en autos- plantea recurso de casación contra la sentencia Nº 34 del 24 de febrero de 2010 (cfr. fs. 144/163) de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo Sala III corriente a fs. 137/141 vta., habiéndose dado cumplimiento con el traslado previsto en el artículo 751 in fine del Código Procesal Civil y Comercial (en adelante CPCC), norma ésta de aplicación por expresa disposición del artículo 79 del Código Procesal Administrativo (en adelante CPA).

II.- En cuanto a la admisibilidad del recurso, esta Corte Suprema de Justicia por sentencia Nº 1008 del 20-12-2010, hizo lugar a la queja incoada en autos y lo declaró provisionalmente admisible (cfr. fs. 244 y vta.). Por consiguiente, corresponde efectuar a continuación el examen definitivo de admisibilidad.

Ha sido interpuesto en término (cfr. fs. 143, 163 y 209); la sentencia es definitiva; no debe efectuar depósito en razón de lo previsto en el artículo 24 del Código Procesal Constitucional (en adelante CPC); el escrito recursivo se basta a sí mismo en cuanto a sus fundamentos fácticos y jurídicos y propone expresamente doctrinas legales, y la impugnación recursiva se motiva en la invocación de infracción a normas de derecho en cuanto se alega el vicio de arbitrariedad en la ponderación del material fáctico obrante en autos.

Siendo objeto propio del recurso extraordinario local, la valoración por este Tribunal Cimero local de la ponderación del referido material -ponderación ésta del A quo que es ya una cuestión de derecho, toda vez que consiste en asignar el sentido jurídico del material fáctico de marras-, se está en presencia de una cuestión jurídica -error in iuris iudicando-, por lo que el recurso en examen es admisible y, por ende, habilita la competencia de esta Corte Suprema de Justicia para ingresar al análisis de su procedencia.

III.- Un primer orden de agravios de la parte demandada, en autos recurrente, ésta sostiene que la sentencia declaró admisible la acción de amparo sin verificar si estaban cumplidos o incumplidos los requisitos de esta vía excepcional urgencista.

Al respecto, destaca que se ha prescindido de examinar los requisitos procesales que debe satisfacer dicha vía concluyendo, en forma dogmática, que resulta procedente. Precisa que el pronunciamiento no examinó si medió arbitrariedad o ilegalidad manifiesta por parte de la Dirección General de Rentas (en adelante DGR) y si se cumplió el requisito de la existencia de otro proceso más idóneo.

Un segundo orden de agravios, la demandada recurrente alega que la sentencia en crisis deja sin explicar por qué resulta arbitraria una sanción de clausura por 3 días, cuando se comprobó objetivamente el incumplimiento de un deber formal por parte de la actora y ésta no aportó prueba de causal alguna que cohoneste su conducta abstencionista y lesiva a los intereses públicos.

Destaca que de autos se sigue la constatación objetiva de una infracción formal a las normas tributarias y que, en lo que concierne al elemento subjetivo, la actora no produjo prueba tendiente a refutar la imputación subjetiva, de tal suerte que no consiguió demostrar que la Administración le atribuyó infundadamente culpabilidad en su obrar.

En su concepto, la sanción debe ser dejada sin efecto si la conducta del contribuyente puede atribuirse a un error excusable no concurriendo el elemento subjetivo que, en el orden local, contemplan los artículos 68 y 73 del Código Tributario de la Provincia (en adelante CTP).

Añade que sólo en el supuesto en que la culpabilidad esté completamente excluida, no puede juzgarse cometida la infracción abstencionista ya que la finalidad de la norma es castigar a quien, por su culpa o negligencia, no se inscribe en el padrón impositivo pertinente y no lo abona pudiendo hacerlo.

Aduce que no fue examinado ni valorado por la sentencia si medió error excusable o algún eximente de culpabilidad por parte del contribuyente, tampoco alegado ni probado por éste, prescindiendo de esta forma de lo prescrito en los artículos 9 inciso 2, 68 y 73 del CTP.

Asevera que la aquí actora habría actuado, por lo menos, en forma negligente al omitir inscribirse para su tributación en el impuesto para la salud pública, descartando que haya mediado desviación de poder por parte de la Administración Pública Provincial.

Afirma que la sentencia no explicitó por qué una sanción de clausura de 3 días, dentro de una escala sancionadora que va de 3 a 10 días, deviene arbitraria sin que se aprecie la razón por la que dicha infracción debiera merecer una sanción de clausura inferior.

Desde otra perspectiva postula que la Administración debe disponer de un margen de discrecionalidad y que no corresponde a un tribunal judicial formular juicios de valor acerca de la oportunidad, mérito o conveniencia de las normas legales y de las resoluciones emitidas en su consecuencia, una vez constatados los antecedentes de hecho que las justifican.

Por último, se agravia de la inmotivada prescindencia, en su criterio, de la presunción de legitimidad que acompaña a los actos jurídicos estatales.

IV.1.- Con relación al primer orden de agravios, cabe poner de resalto que los déficit que el impugnante le atribuye al pronunciamiento recurrido no son tales, puesto que el Tribunal abordó prolijamente y con claridad la cuestión relativa a la idoneidad de la vía urgencista de amparo elegida, dando las razones por las que consideraba que aquél era el proceso adecuado para canalizar la pretensión de autos y concurrían a su respecto los requisitos de admisibilidad pertinentes.

En efecto; luego de resumir las posiciones de las partes, señaló que no cabía duda que el acotamiento del debate y lo limitado del aspecto probatorio de esta vía excepcional eran condiciones que restringían el margen procesal de la actora con relación al juicio ordinario, en el que podían debatirse con mayor amplitud algunos aspectos de la litis.

A renglón seguido precisó que la cuestión planteada en esta causa se presentaba con la necesaria evidencia para cumplimentar los requisitos exigidos para el proceso de amparo puntualizando, en tal sentido, que la actora expuso los fundamentos de su pretensión, invocó las garantías constitucionales que reputó violadas, acotó los hechos, alegó el exceso en la sanción y ofreció prueba instrumental y documental, fácilmente comprobable y verificable, circunscribiendo de esta forma el objeto del amparo.

Dicho esto, la Sala concluyó que se habían expresado los motivos por los cuales la demandante estimaba admisible la pretensión urgencista surgiendo, de los aspectos presentados en la causa, que no existía diversidad de hechos ni parecía requerirse un amplio debate y prueba, como tampoco se procuraba el análisis o el conocimiento de circunstancias que pudieran exceder el ámbito probatorio del amparo.

En suma, atendiendo a las particulares circunstancias de la causa y los derechos constitucionales que se invocaban vulnerados, el amparo constituía la vía procesal idónea para hacer valer las garantías procesales de la parte actora (cfr. fs. 138 vta./139).

Los argumentos explicitados con anterioridad son por demás demostrativos de la improcedencia del planteo en examen el que, por ende, debe ser desestimado, dejándose perfectamente establecido que no resulta en absoluto cuestionable que para la Sala a quo las Resoluciones atacadas eran manifiestamente arbitrarias razón por la cual, precisamente, hizo lugar al amparo y las invalidó, al abordar el examen de procedencia de éste.

IV.2.- En cuanto al segundo orden de agravios, de su confrontación con los fundamentos que dan sustento a la decisión del acto jurisdiccional atacado se colige que aquellos carecen de la debida suficiencia para justificar la revisión de lo resuelto por el Tribunal de grado.

En efecto; de la atenta lectura de la sentencia en crisis se desprende que para el acogimiento de la pretensión urgencista el Tribunal a quo tomó especialmente en consideración el hecho de que ??a fs. 3 la actora acompañó copia simple de inscripción en el impuesto a la salud pública -que no fue desconocida por la demandada al contestar demanda- de la que surge que tal inscripción se hizo el 27-06-07, es decir, días después de labrada el acta de comprobación y con anterioridad a la realización de la audiencia de descargo, lo que pone en evidencia la voluntad de cumplir con sus obligaciones fiscales (?). Sin perjuicio, no se aprecia una valoración de estos hechos que podrían considerarse como 'atenuantes' a la hora de sancionar la infracción cometida, es decir, la contribuyente no se opuso a la imposición de una sanción como tampoco efectuó un desconocimiento de la facultad de la demandada para imponérsela, sino que se limitó a allanarse y a cumplir con su obligación legal.

Por otra parte, del texto del Código Tributario surge que la sanción natural y primera para el supuesto de incumplimiento de deberes formales por parte de los contribuyentes es la imposición de una multa (arts. 73, 77 y cc) pudiendo aplicar sin perjuicio de ello la sanción de clausura? (cfr. fs. 140 y vta.).

Al respecto, cabe advertir preliminarmente que en el escrito recursivo el recurrente no cuestiona lo afirmado expresamente por la Sala a quo en cuanto a la ausencia de desconocimiento de la constancia de fs. 3 (téngase presente que la falta de inscripción aludida fue la infracción a los deberes formales que se le imputó al actor y dio razón a la sanción aplicada) que da cuenta de la referida inscripción días después de labrada el acta de comprobación y con anterioridad a la realización de la audiencia de descargo y al dictado de los actos administrativos impugnados en la presente causa.

Ahora bien; este hecho, que no pudo ser desconocido por la DGR porque aconteció ante su sede, no fue ponderado por la Resolución Nº C 502/2007 del 07-8-2007, al momento de aplicar la sanción de 3 días de clausura.

Ello surge manifiesto del considerando del referido acto en el que únicamente se expresa que ??atento el allanamiento del contribuyente y que no ha mediado reincidencia, y que ha quedado comprobado en el presente procedimiento sumarial la no inscripción en el Impuesto para la Salud Pública, conducta que tipifica la causal establecida en el inciso 2) del citado artículo, es que corresponde como graduación de la sanción disponer la clausura por el término de TRES (3) días? (cfr. fs. 90).

Lo propio es dable predicar de la Resolución Nº 65/ME, del Ministro de Economía de la Provincia A/C del Tribunal Fiscal, por la que se rechaza el recurso de apelación respectivo, conforme se infiere de fs. 103/105 de autos.

En este orden de ideas, en correspondencia con lo señalado precedentemente, conviene insistir en que para el Tribunal de grado no pasó inadvertida la reparación de la infracción imputada a los pocos días de que aquélla fuera constatada; y si a ello se suma las demás circunstancias atenuantes destacadas por el Tribunal A quo, no luce irrazonable la decisión de hacer lugar a la acción de amparo y declarar la nulidad de las Resoluciones de marras.

En tal sentido la sentencia en crisis destacó que en el acta de comprobación Nº 873 -en la que se asentó que la contribuyente Beatriz Santos no se encontraba inscripta en el impuesto a la salud pública- no se dejó constancia de ninguna otra infracción a las disposiciones del CTP; que no existían antecedentes similares o de reincidencia; y también la circunstancia del allanamiento inmediato y sostenido de la actora desde la misma audiencia de descargo a las pretensiones de la DGR y el reconocimiento de sus facultades, lo que al conjugarse con la aludida inscripción en el impuesto de marras, revela con total claridad la conducta asumida por la demandante con posterioridad a la constatación de la infracción y su voluntad de cumplir con sus obligaciones fiscales (cfr. fs. 139 vta./140).

Finalmente, reviste singular importancia la apreciación de la Cámara A quo que la sanción natural y primera, de conformidad a la normativa tributaria (cfr. artículo 73 del CTP vigente a esa fecha), establecida para el incumplimiento de los deberes formales es la sanción de multa (cfr. fs. 140 vta.), a lo que debe añadirse que de las actuaciones administrativas arrimadas a la causa se sigue que la actora nunca persiguió sustraerse a la aplicación de una sanción de clausura, sino que lo único que requirió fue que ella se redujera a un día en lugar de 3.

Por todo ello, desde mi punto de vista, asiste razón al Tribunal de grado cuando, en su sentencia en crisis, reputó manifiestamente irrazonable la imposición de una clausura por 3 días previo reparar -además de lo anterior- en el carácter facultativo de la sanción en cuestión en las graves consecuencia que ella acarrea, en la necesidad de su aplicación restrictiva y que, en la especie, se trata de reprimir transgresiones de naturaleza formal y no del ejercicio de la policía de seguridad, salubridad o moralidad de la población, lo que hubiera representado una cuestión mucho más delicada (cfr. fs. 140 vta.).

A la luz de las consideraciones que anteceden, no parece que se pueda hacer progresar la impugnación recursiva extraordinaria local en examen argumentando que la infracción existió y que la actora no logró acreditar la inexistencia de culpabilidad en su producción al no haber demostrado que concurrió a su respecto un error excusable, habida cuenta que lo que se discute en autos no es la existencia de la infracción -hecho admitido expresamente por la actora- ni tampoco la recurrencia al tópico de lo excusable o no del error, tiene entidad para dotar de la suficiente racionalidad a una sanción de clausura por 3 días, atendiendo a las circunstancias atenuantes precedentemente enunciadas.

Del mismo modo, y por similares motivos, tampoco puede prosperar la pretensión recursiva extraordinaria local aduciendo la presunción de legitimidad de los actos jurídicos administrativos, ya que esta presunción es iuris tanto y no absoluta y, como tal cede frente a la existencia de un vicio manifiesto, al igual que el agravio sustentado en la discrecionalidad de los actos administrativos ya que una cosa es discrecionalidad y, otra muy distinta, irracionalidad o desmesura en el actuar estatal.

Por todo lo argumentado hasta aquí, corresponde no hacer lugar al recurso de casación incoado por la parte demandada en autos contra la sentencia Nº 34 del 24 de febrero de 2010 de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo -Sala III-, obrante a fs. 137/141 vta.. En tal sentido mi voto.

V.- Acorde al resultado que infiero, las costas de esta instancia extraordinaria local se imponen a la parte vencida, demandada en autos.

El señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, dijo:

Estando de acuerdo con los fundamentos que da el señor vocal preopinante, doctor René Mario Goane, vota en idéntico sentido.

La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo:

Comparto y adhiero a la conclusión sobre el juicio de admisibilidad del recurso de casación deducido por la parte demandada, expresada en el voto del señor vocal preopinante, doctor René Mario Goane toda vez que ha sido interpuesto en término contra una sentencia definitiva, denuncia infracción y arbitrariedad en el pronunciamiento, se basta a sí mismo (arts. 748/752, CPCyC) y el depósito resulta innecesario de acuerdo a lo dispuesto en el art. 24 del Cód. Procesal Constitucional. Asimismo, comparto y adhiero a los puntos dispositivos y fundamentos del referido voto.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, RESUELVE:

I.- NO HACER LUGAR al recurso de casación planteado por la Provincia de Tucumán -parte demandada en autos- contra la sentencia Nº 34 del 24 de febrero de 2010 de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo -Sala III- glosada a fs. 137/141 vta. de autos.

II.- COSTAS de esta instancia extraordinaria local, como se considera.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER ANTONIO DANIEL ESTOFÁN RENÉ MARIO GOANE CLAUDIA BEATRIZ SBDAR (con su voto) ANTE MÍ: MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA.