marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, relación de consumo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: AYALA, JOSE RAMON Y OTROS c/ EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA (EPE) s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-05-02

El compareciente pretende reeditar en esta instancia los cuestionamientos que habría efectuado al interponer el recurso de apelación extraordinaria, dirigidos contra la sentencia del Tribunal de origen, mas sin que se aporten razones bastantes a fin de convencer -al menos de manera mínima y provisional- sobre la posibilidad de que la respuesta brindada por la Sala -en el ámbito de análisis propio del estadio procesal respectivo- no satisfaga el derecho a la jurisdicción, puesto que con los argumentos que trae no consigue hacerse cargo, desde el plano constitucional, de las concretas razones brindadas por la Alzada en la respuesta judicial en orden a descartar que las causales de apelabilidad articuladas -en los términos del artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder Judicial- guardaran alguna elemental correlación con la realidad del caso como para superar el plano de la simple discrepancia de criterio y trasponer el riguroso umbral de admisibilidad del recurso de apelación extraordinaria; no esforzandose el impugnante en modo alguno, con sus críticas concernientes a una supuesta preterición de lo normado en el artículo 42 de la Constitución nacional, por desvirtuar las consideraciones del A quo acerca de la perceptible ausencia en el caso de una relación de consumo a la que pudiera hallarse expuesto el damnificado, lo cual conducía -a criterio de los Juzgadores- a desechar la posibilidad de enmarcar el caso en el ámbito de la especial tutela dimanante del citado precepto fundamental. (De la disidencia del Dr. Netri) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Constitución nacional, artículo 42; Ley 10160, artículo 42
Proceso judicial, aplicación de la ley, recurso de casación
Materia: PENAL
Carátula: Méndez, Walter s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-03-09

La aplicación del nuevo código según el tipo de proceso, dispuesta por la ley 12.161 -modificatoria del art. 4, inc. 3, de la ley 12.059-, tiene su razón de ser en la distinta estructura de los dos rituales que ahora coexisten en cuanto tornan inconveniente que ciertos institutos del nuevo sistema de enjuiciamiento -como ocurre con la casación- se apliquen al viejo trámite escriturario por ser más acordes con el juicio oral y público. Repárese que tal aplicación configuraría innecesaria multiplicidad de los medios de impugnación, dado que en la ley 3589 el recurso de apelación permite revisar en segunda instancia ampliamente hasta los mismos hechos -lo cual no admite en principio el de casación que si es vía impugnativa apta para la revisión de las infracciones de derecho-, doble examen al que también se suma, por previsión constitucional, el que puede promoverse a través del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Tentativa, desistimiento voluntario
Materia: PENAL
Carátula: Guevara, Hugo Orlando, p.s.a s/ Robo Calificado - Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2001-02-22

La diferencia entre los artículos 42 y el 43 del C.P., radica en el motivo por el cual se interrumpe el curso de ejecución del delito que se quería consumar. En el primer caso, es por una circunstancia ajena a la voluntad del autor y, en el segundo, por su propia voluntad.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), interposición del recurso, plazo, Superior Tribunal de Justicia, ley procesal, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Ibarra, Osvaldo Raúl y otro c/ Municipalidad de Granadero Baigorria s/ R.C.A. (Expte.: C.S.J. Nro. 66 año 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-12-03

En el caso de quejas por denegación de recursos de inconstitucionalidad deducidos contra resoluciones emanadas de tribunales con asiento en la ciudad de Rosario, el plazo para su deducción es de tres días. Así lo ha resuelto la Corte interpretando armónicamente el artículo 8 de la Ley 7055, último párrafo agregado por la Ley 10241, y el artículo 356 del C.P.C. y C., criterio al que se le dio debida difusión .Por tanto, tratándose de una resolución emanada de una Cámara de la Segunda Circunscripción de la Provincia, y estando la sede de la Corte Suprema en la ciudad de Santa Fe, si se deduce la queja en el octavo día a contar desde la notificación de la denegatoria del recurso de inconstitucionalidad, la misma no resulta temporánea.
Recurso de queja (procesal), depósito previo, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Materia: PROCESAL
Carátula: Giusti, Horacio Alberto y otros c/ Aguas Argentinas S.A. y otros. s/ deposito previo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-11-19

No corresponde hacer lugar a la solicitud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que se suspenda el pago del depósito previsto en el art. 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación pues la pérdida de la posibilidad de obtener el diferimiento del pago, es una consecuencia de su propia conducta discrecional, ya que la intimación fue dictada a raíz de que el apelante omitió acompañar la constancia documental prevista en el art. 2° de la acordada 47/91.
Juicio ejecutivo, revocación de sentencia, declaración de incompetencia, preclusión, economía procesal, debido proceso, seguridad jurídica, fallo plenario
Materia: COMERCIAL
Carátula: ALVAREZ MOSER, JUAN JORGE C/BALIERA, GABRIELA MARIA Y OTROS S/EJECUTIVO c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-31

Procede revocar la resolución mediante la cual el magistrado de grado se declaró incompetente de oficio. Ello por cuanto en virtud del principio de radicación de las causas -perpetuatio jurisdictionis-, fuera de las oportunidades que expresamente prevé la legislación positiva, no podrá declararse la incompetencia, consolidándose así la competencia del tribunal que ha intervenido con anterioridad, no debiendo quebrarse la preclusión operada. Desde otro ángulo, no debe perderse de vista que la posibilidad de declinar la competencia cuando ya fue consentida por parte de la magistrada a cargo del Juzgado la radicación del expediente, resulta inconciliable con los principios de economía procesal, tendientes a asegurar la estabilidad de los procedimientos, so riesgo de la afectación de los principios de seguridad jurídica y debido proceso dirigidos a evitar la privación de justicia (esta CNCom, esta Sala A, 13/5/10, "Little Palace SA s/ concurso preventivo s/ incidente de redargución de falsedad"). En el caso, la declaración oficiosa de incompetencia sobrevino luego de haberse dado curso a la presente ejecución y sin que hubiera petición en tal sentido por el demandado, por lo que fue declarada fuera de las oportunidades concedidas por la ley para ello, lo que importa su improcedencia. Además, debe señalarse que, si bien existe la posibilidad de aplicar retroactivamente la doctrina del plenario dictado por este Tribunal in re: "Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. Autoconvocatoria a plenario s/ competencia del fuero comercial en los supuestos de ejecución de títulos cambiarios en que se invoquen involucrados derechos de consumidores", del 29/6/11, ello sólo puede ser así en la medida en que no se afecten garantías constitucionales, desde que su advenimiento no podría en modo alguno resultar sorpresiva para los justiciables, ni afectar las garantías del debido proceso -v. gr. juez natural, CN 18- (cfr. Highton - Areán, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, ed. Hammurabi, 2006, T° 5 pág. 566)(esta CNCom, Sala F, 29/11/11, "Compañía Financiera Argentina SA c/ Carrete Matías Andrés s/ ejec.").
Medidas cautelares, contracautela
Materia: PENAL
Carátula: COMUNIDAD SAN CAYETANO VILLA BALNEARIA SECTOR C c/ LEDESMA, MIGUEL ALBERTO s/ USURPACION DE PROPIEDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-09-10

Corresponde ordenar se fije una contracautela suficiente en el caso de ordenarse, en base al art. 182 bis del Código de Procedimiento Criminal y Correccional de la provincia, el desalojo de todos lo ocupantes de un predio y el reintegro provisional de la posesión al anterior poseedor, atento las circunstancias de la causa y la magnitud de la medida dispuesta por el inferior.
Desestimación de la denuncia, inexistencia de delito, gravamen irreparable
Materia: PENAL
Carátula: Cristofaro, Alfredo Hugo s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-05-04

La decisión que desestima la denuncia por inexistencia de delito tiene el efecto de cosa juzgada material respecto del imputado. La disidencia parcial consideró que si bien la resolución que dispone la desestimación de una denuncia y el consecuente archivo de las actuaciones no constituye sentencia definitiva ni equiparable a tal, la excepción a la regla se configurará cuando el caso revele la afectación de una garantía constitucional, que comporte un perjuicio de insusceptible reparación ulterior. (Dres. Diez Ojeda -en disidencia parcial-, Hornos, González Palazzo).
Interpretación de la ley, voluntad del legislador
Materia: CIVIL
Carátula: Partido del Trabajo y del Pueblo s/ reconocimiento    de  personería  jurídico  política  de  distrito  -  Córdoba.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-12

La inconsecuencia o la falta de previsión jamás se supone en el legislador y por esto se reconoce como principio inconcuso que la interpretación de las leyes debe hacerse siempre evitando darle un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras y adoptando como verdadero el que las concilie y deje a todas con valor y efecto.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, leyes, interpretación de la ley, prueba, reglas de la sana crítica, Derecho laboral, relación de dependencia, trabajador, remuneración, jornada de trabajo, prueba testimonial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: TELIAS, LEANDRA c/ ESCOBAR SANTA FE S.A.C.I.F.I. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-08-17

No surge del pronunciamiento impugnado que se hayan marginado normas legales directamente aplicables o prescindido de prueba con suficiente decisividad como para invalidar desde una óptica constitucional lo decidido, desde que se advierte que, para cumplir con el mandato constitucional de adecuada y suficiente fundamentación, el Tribunal partió señalando las circunstancias indiciarias de laboralidad alegadas en la demanda (emisión de facturas para el cobro de la remuneración, horarios de trabajo, personal a cargo de la accionante, percepción de prestaciones en especie) y procedió a analizar el fondo de la cuestión mediante la exhaustiva tarea de valoración que llevó a cabo respecto al plexo probatorio, en base a las reglas de la sana crítica y en busca de la verdad real a la luz del principio de primacía de la realidad que prevalece en el derecho del trabajo, extrayendo razones de peso para arribar a la conclusión que dictaminó, como ser que de las facturas presentadas en autos no surgía el pago regular de un único ingreso de la actora que permitiera inferir un indicio de laboralidad, en tanto las mismas presentan salteos en su numeración; que la declaración testimonial acerca de la jornada de trabajo de la actora indicó que ésta cumplía una jornada de lunes a sábado, se encontraba limitada en forma imprecisa -por no especificar horarios- a algunos meses, sin precisar el mes; que de los mails comprendidos en la pericial informática se extraía que en el período de tiempo que abarca la litis, la actora se muestra con capacidad de organizar sus propios tiempos de trabajo; y tampoco se ofreció prueba documental o informativa que acredite que el servicio de telefonía celular de la actora se encuentre a cargo de la empresa como fuera denunciado en la demanda.
Competencia, contienda negativa de competencia, Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia aplicable, relación de consumo, daños y perjuicios, indemnización, competencia civil y comercial, ley de defensa del consumidor, Superior Tribunal de Justicia
Materia: PROCESAL
Carátula: SINDICATO DE CONDUCTORES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS DE SANTA FE c/ BANCO PATAGONIA SUDAMERIS S.A. s/ COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-06-14

Deberá continuar entendiendo en la causa el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial, desde que esta Corte reiteradamente ha sostenido que para la determinación de la competencia corresponde atender de modo principal a la exposición de los hechos que el actor hace en la demanda, y bajo esta premisa, se advierte que el Sindicato accionante reclama una indemnización de daños y perjuicios derivada de una relación de consumo, invocando los términos de la ley 24240 de Defensa del Consumidor, atento al bloqueo de las cuentas y fondos que aquél tiene depositados en la entidad bancaria demandada, y al respecto, el máximo Tribunal nacional ha sostenido que dicha ley integra el derecho común, toda vez que resulta complementaria de los preceptos contenidos en los códigos Civil y de Comercio; y teniendo en cuenta que la acción formulada no puede ser encuadrada en ninguno de los supuestos de competencia material que la ley atribuye al fuero especializado en cuestiones laborales, se torna operativa la competencia residual asignada a los Tribunales civiles y comerciales de la Provincia, no advirtiéndose tampoco un supuesto de conexidad con una causa laboral en trámite que pudiera aconsejar el desplazamiento de la competencia hacia dicho fuero. - CITAS: CSJN: Fallos 324:4349; CSJStaFe: AyS, T 184, p 333; T 276, p 224. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 24240; Código Procesal Laboral, artículo 2; Ley 10160, artículos 72 y 76.
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria, memorial, fundamentación insuficiente, interrupción de la prescripción de la acción penal, inmunidades parlamentarias
Materia: PROCESAL
Carátula: Figueroa, José Oscar s/ incidente de prescripción de la acción penal - causa n 15.679 - .
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-11

Es arbitrario el pronunciamiento que, sin otro sustento más que su mera discrepancia con lo sostenido por la querella y con una somera reflexión acerca de la teleología de las inmunidades parlamentarias, descartó toda la línea argumental que informa el memorial en orden a la interrupción de la prescripción de la acción penal por la designación del interesado como senador nacional (Disidencia de los Dres. Eduardo Moliné O'Connor, Carlos S. Fayt, y Guillermo A. F. López).
Daños y perjuicios, daño causado por animales
Materia: CIVIL
Carátula: CORRADO MARIA LUZ c/ GONZALEZ NORBERTO ISRAEL Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - DAÑOS CAUSADOS POR ANIMALES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-29

El dueño de un animal, doméstico o feroz -o el guardián en su caso- es responsable del daño que causare, salvo que acreditare que aquel fue excitado por un tercero, o que se soltó o extravió sin culpa de la persona encargada de guardarlo, o que el daño proviniese del caso fortuito o fuerza mayor, o de culpa de la propia víctima.

Estas son las únicas excusas válidas a esos efectos, no bastando la prueba de la falta de culpa del propietario, la que se presume, al igual que la de sus dependientes que cuiden al animal.

No valen, por tanto, las simples reflexiones de que no está prohibida la tenencia de canes, ni sobre que los dueños siempre cumplieron las normas comunales sobre seguridad.
Pago con subrogación, subrogación convencional, oponibilidad a terceros, notificación
Materia: CIVIL
Carátula: BURSTEIN, Eduardo Boris y otro c/ COPARQUE COOP. LIMITADA s/ COBRO DE HONORARIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-12

Si el acreedor manifiesta expresamente que el tercero ha quedado subrogado en todos sus derechos, a la par que por ello acepta un pago, no puede hablarse de subrogación legal. Por lo tanto, al tratarse de una forma convencional, son correlativamente aplicables las disposiciones sobre la cesión de derechos, que exigen la notificación al deudor para que aquélla sea oponible a terceros.
Sentencia, nulidad de oficio, robo, consumación del delito
Materia: PENAL
Carátula: Durán, Jorge Oscar s/ Tentativa de homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-09-13

Corresponde anular de oficio la sentencia recurrida si no se advierte la naturaleza del medio probatorio escogido por el juzgador para acreditar el elemento subjetivo del art. 42 del Código Penal.
Reincidencia, condena condicional
Materia: PENAL
Carátula: Arias, Guillermo Ariel s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2005-11-30

Si el procesado sufrió prisión preventiva en relación al hecho anterior al que se juzga, corresponde declararlo reincidente pues es evidente que ha mediado un efectivo cumplimiento de la pena, aun cuando en definitiva se haya dispuesto que la aplicación de ésta quedase en suspenso.
Medidas cautelares, régimen jubilatorio, Constitución Nacional, trámite jubilatorio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ALVARO CLAUDIA AMANDA c/ A.N.Se.S. s/ medidas cautelares
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-09-01

El cese definitivo establecido por la ley 27.546 como un requisito para el otorgamiento del beneficio en cuestión, no puede constituirse como una valla para el inicio del trámite jubilatorio. Ello, toda vez que la propia Constitución Nacional en su Art. 14 consagra el derecho de peticionar a las autoridades.
Acción civil en el proceso penal, insuficiencia del agravio, recurso extraordinario federal
Materia: CIVIL-PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Romero, Jorge Abel y otros s/ Recurso Extraordinario presentado por los Dres. Rafael y Guillermo A. Díaz Martínez, en Expte. Corte Nº 21/08, Recurso de Casación interpuesto por los Dres. Rafael y Guillermo Díaz Martínez en Expte. Nº 119/07 Romero, Jorge Abel; Aragón, Armando Ronal; Brizuela, Pedro Claudio; Vega, Fabián Daniel p.ss.aa. Homicidio Agravado en Calidad de Autor; Homicidio Agravado en Calidad de Partícipe Necesario e Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público en Concurso Real, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-08-06

Contra la sentencia de la Cámara del Crimen, por la que se rechazó el daño material y solo se admitió parcialmente el daño moral, los actores civiles interpusieron recurso de casación, al que no hizo lugar esta Corte, imponiéndole a esa parte las costas de la instancia y, además, tuvo por formulada la reserva del caso federal efectuada.

Contra la nominada sentencia de esta Corte, el actor civil interpone el presente remedio federal.

El cuestionamiento relativo a la imposición de costas a los recurrentes no puede proceder en tanto no suscita cuestión federal y carece de fundamentos suficientes el agravio. Dicen los recurrentes que la sentencia condena en costas a los accionantes civiles, lo cual es arbitrario y lesiona el derecho de propiedad.

Sin embargo, el por demás exiguo desarrollo argumental propuesto por los recurrentes sobre el punto no demuestra la arbitrariedad que predican de lo así decidido, carga que no satisfacen con la invocación que hacen de conceptos referidos a que en los procesos de daños y perjuicios las costas integran la indemnización, por ser éstos ajenos a la cuestión debatida.

Es que, en la instancia anterior, el Tribunal rechazó el recurso de casación deducido por los actores civiles en todas sus partes, por lo que, con arreglo al principio general de la derrota, dada su calidad de vencida, le impuso a la actora recurrente las costas de la instancia.

Por ello, y en tanto no demuestra ni afirma la concurrencia de causal alguna que autorice el apartamiento de dicha regla y la exención de costas a esa parte, el agravio carece de fundamentos suficientes por lo que el recurso no puede ser concedido.

Por lo expuesto, corresponde no hacer lugar al Recurso Extraordinario deducido en representación de los actores civiles.
Acción de amparo, medidas cautelares, clausura administrativa, levantamiento de clausura, CÓDIGO DE HABILITACIONES Y VERIFICACIONES
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: A, J. J. c/ Gob. Cdad. Bs. As. s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-04-15

La procedencia de la medida de levantamiento de clausura solicitada queda subordinada a la verificación de dos requisitos insoslayables: la verosimilitud del derecho invocado y el peligro de un daño irreparable por la demora, requisitos éstos que, no se dan en el sub examine, pues no es posible inducir prima facie la configuración del fomus bonis iuris y del periculum in mora.

Ello es así pues estamos en presencia de un acto de la autoridad competente, consumado y, en consecuencia, el levantamiento prematuro de la interdicción, podría significar inclinar la balanza hacia el interés particular, dejando huérfano al fin social, pues no se sabe a ciencia cierta si los requisitos para ejercer la actividad requerida son, en este momento, satisfechos. Estos son, nada más y nada menos, además del permiso habilitante, la seguridad, higiene y funcionamiento del establecimiento;

en consecuencia, se debe velar por el interés social, el que, eventualmente, podría verse afectado si se reabriera un predio que no cumple acabadamente -al menos, no surge de las actuaciones- con las normas del Código de Habilitaciones y Verificaciones de esta Ciudad. (Del voto de los Dres. Lucangioli y Dessanti)
Derecho procesal, recursos, recurso de apelación (procesal), jurisdicción y competencia, recurso de alzada
Materia: PROCESAL
Carátula: Credi-Full SA c/ Lizondo, Cristian Daniel s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-11-28

Siendo que la pretensión actual se dirige a reprochar que el magistrado de grado no hubiera declarado oficiosamente su incompetencia, la misma es improcedente, dado que pretende retrotraer el trámite de la causa a instancias precluídas, lo que no puede ser admitido, toda vez que la ley fija etapas precisas para tal alegación. Es que conforme lo establecido por el CPR 277 la Alzada sólo tiene competencia de impugnación y para habilitarla es necesario que la cuestión haya sido previamente sometida al magistrado de la primera instancia, en términos tales que sea lo decidido por éste lo que genere un agravio susceptible de atención.
Recurso extraordinario de nulidad, fundamentación de sentencias
Materia: PENAL
Carátula: Chocobar, René Antonio. López, Miguel Angel. s/ Robo calificado reiterado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-06-19

No existe falta de fundamentación legal en los términos del art. 159 de la Constitución de la Provincia -que no se refiere a la sola parte dispositiva en la sentencia- si la norma mencionada como omitida se encuentra en el contexto del Acuerdo.
Compraventa, dolo, falta de prueba
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Samuel Tomás Márquez c/ Carlos Roberto Salva s/ Cobro de Australes
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1991-08-12

Si no se reclama la nulidad del acto, es por que no se considera que el dolo del demandado haya sido grave o determinante de la operación (Art. 932 Código Civil). Al reclamarse un supuesto daño (menor valor de lo adquirido se imputa al demandado un dolo incidente de acuerdo al Art. 934 del Código Civil.

Pero el dolo incidental debe ser probado, es decir que debe probarse que el demandado sabía que el vehículo que vendía - no se alega ni prueba en que carácter - era modelo 1980 y N. 1982.