marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario de nulidad, cuestión desplazada
Materia: PENAL
Carátula: González Ovelar, Raúl Wenceslao s/ Homicidio culposo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-11-17

No existe la denunciada omisión de tratamiento de la cuestión referida a la situación de duda planteada, si el tribunal detalló los elementos que le permitieron tener por acreditados, con certeza, los extremos discutidos por el recurrente resultando, en consecuencia, la aludida cuestión, debidamente desplazada.
Imputado, interpelación
Materia: PROCESAL-PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Diane, Oscar Luis s/ Injurias - Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1997-10-16

El derecho del imputado a ser informado de los hechos atribuidos, se encuentra constitucionalmente reconocido en forma específica y expresa, en tratados de jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 Const. Nac.), incorporados por la reforma de 1994.

Así, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece entre las garantías constitucionales, el derecho del inculpado a una comunicación previa y detallada de la acusación formulada (art. 8, 2, b).

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, consagra el derecho del imputado a ser informado sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y causa de la acusación formulada (art. 14, 3, a).

La ley procesal al reglamentar la intimación previa a la declaración del imputado (art. 261 C.P.P.), incluye las garantías constitucionales contempladas, en cuanto exige que aquélla se informe detalladamente del hecho y de las pruebas existentes en su contra, manteniendo en esos aspectos la regulación proveniente del art. 296 de la Ley 5154.

La innovación reside en la exigencia de la descripción del hecho en el acta, bajo sanción de nulidad.

En el caso, la intimación se efectuó en el debate pues obra la constancia de que se leyó al imputado el hecho por el que es traído a proceso, con lo cual se ha satisfecho el requisito legal pues ha quedado incólume la atestación en un instrumento público de que se ha cumplido.
Daños y perjuicios, actividades subversivas, subsidios a damnificados por atentados, depreciación monetaria, facultades discrecionales, Poder Ejecutivo Nacional, control de razonabilidad, jueces
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: JUAN FRANCISCO F. VERDAGUER c/ ESTADO NACIONAL (MINISTERIO DE ACCION SOCIAL) s/ SUBSIDIO DEL ESTADO POR HECHOS TERRORISTAS- FACULTADES   DISCRECCIONALES    DEL    PODER  EJECUTIVO  NACIONAL- RAZONABILIDAD-  DEPRECIACION MONETARIA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-11-21

El ejercicio válido de las facultades discrecionales está sometido al criterio de razonabilidad cuyo control corresponde a los jueces. No puede atribuirse irrazonabilidad al proceder del administrador que -al otorgar el subsidio instituido por la ley 20 007- si bien admitió que el importe habría de tomar como base el valor de los daños estimados a la época en que se produjo el hecho terrorista, decidió que aquél debía ser traducido sólo parcialmente a valores actualizados a la fecha de la resolución, descartándose el período de inactividad procesal del peticionario, que duró algo más de cinco años; ya que el trámite tendiente a la obtención del subsidio está fuertemente ligado al principio dispositivo, tanto en el aspecto de la iniciativa cuanto en el del impulso de parte.
Alimentos, cesación de cuota alimentaria, modificación de cuota alimentaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: B. de , B. y otros c/ T., R. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-08-06

La cesación de la prestación alimentaria opera automáticamente sin que sea necesaria la sustanciación de un incidente al efecto, frente a hechos de fácil comprobación, tal el caso de discusión de la cesación de la cuota respecto al hijo que ha llegado a la mayoría de edad. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, prueba, delito de omisión, delito de peligro abstracto
Materia: PENAL
Carátula: BEVIGLIA, Carlos G.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-10

En el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar no es necesario acreditar que la conducta omisiva haya privado a la víctima de los medios indispensables para su subsistencia, por tratarse de un delito de pura omisión y de peligro abstracto (Disidencia del Dr. González) (*).
Acto administrativo, nulidad de oficio, notificación, defensa en juicio
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: MANDATTO, SALVADOR HUGO Y OTROS c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.:  C.S.J. NRO. 695 AÑO 1992)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-08-03

Para declarar la legitimidad de una resolución anulatoria emanada de la Administración provincial se debe tener en cuenta que, en el procedimiento tendente a la anulación del acto en cuestión, se haya procedido a "dar vista" a la interesada en el mantenimiento de aquel acto. (De la Disidencia del Dr. Falistocco)
Examen mental obligatorio, nulidad del acto jurídico
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: OVEJERO, PEDRO NAPOLEON s/ EXAMEN MENTAL OBLIGATORIO - SENTENCIA - PERICIA - NULIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1968-04-05

Si el juez ordenó el examen prescrito por la ley, sin fijar término para la eventual proposición de perito contralor y sin previa notificación al imputado, ni a su defensor,la pericia fuera practicada y el dictamen agregado, inobservando las disposiciones legales, lo que está sancionado, expresamente, con su nulidad, y haciendo el acto omitido a la intervención del imputado, aquélla es absoluta y como tal insubsanable y declarable a petición de parte y aun de oficio, en cualquier estado y grado del proceso.-
Actos jurídicos, actos plurilaterales
Materia: CIVIL
Carátula: C., R. H. c/ Municipalidad de Camarones s/ Recurso Contencioso Administrativo (Expte. N° 16371- 2007).
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-08-01

"La interpretación de un negocio... puede reconstruir la voluntad real (histórica) de las partes, y ello exige el análisis de su comportamiento -anterior, simultáneo y posterior al negocio- conforme las circunstancias de lugar y tiempo que debe ser captada in re ipsa en la declaración.- En los actos bilaterales, deberá rehacerse su proceso de formación, y no atenerse a las declaraciones aisladas de las partes, que deben considerarse como elementos de un mismo fin práctico perseguido.- El negocio debe ser interpretado asimismo de manera sistemática, teniendo en cuenta su contexto general, tomando el acto jurídico como un todo".
Concursos, realización de bienes, liquidación y distribución
Materia: COMERCIAL
Carátula: ADZEN SACIF s/ QUIEBRA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-10

Cabe recordar que la enajenación de la empresa en marcha o de alguno de sus establecimientos requiere, previo a la enajenación, como paso previo, la tasación del valor probable de realización de los bienes en el mercado. Este primer paso, la tasación está a cargo del enajenador (artículo 261, LCQ), el que en la mayoría de los casos será un martillero. La norma del artículo 205, que regula la enajenación de la empresa (o bien de uno o más establecimientos), establece como punto de referencia el valor probable de realización en el mercado, disposición que tiene como finalidad evitar valuaciones desajustadas con la realidad socioeconómica y la situación de los bienes que integran la empresa. Se ha dicho, repetidamente, que se debe hacer la tasación de todos los bienes que componen la empresa fallida, individualizándose, especialmente, los valores de aquellos elementos constitutivos que pudieran enajenarse separadamente (Fassi y Gerbhardt, Concursos y Quiebras, página 426). Dicho esto debe señalarse, en primer término, que la decisión, que aparece encuadrada bajo el artículo 213 LCQ, carece de todo elemento valedero para justificar la venta directa que allí se contempla (cfr. artículo 213 LCQ). En efecto, se carece, en el caso, de una tasación actual y profesional de la planta como también de los bienes muebles que integran la propuesta, siendo ésta una exigencia ineludible en todo proceso que involucre el valor del activo de la quiebra a liquidar (artículo 205 y ccdtes LCQ) impuesto por la ley concursal.
Sanciones disciplinarias administrativas, suspensión del agente, impugnación del acto administrativo, policía de seguridad aeroportuaria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Moyano,  Raúl  Leonardo c/ EN -Fuerza Aérea Argentina s/ personalmilitar y civil de las FFAA y de Seg".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-10-05

Los actos administrativos impugnados que dispusieron el cese del actor en las funciones que desempeñaba como Agente Aeroportuario, dependiente de la Policía Aeronáutica Nacional, no presentan la arbitrariedad manifiesta alegada por el actor, si las razones de servicio esbozadas tienen aceptación en la jurisprudencia de la C.S.J.N. -en tanto no sean una mera fórmula desprovista de sustento normativo-, han sido correctamente motivados y resultan de la aplicación de la normativa pertinente al caso (ley "s" 19.373 y su decreto reglamentario), no habiéndose demostrado las irregularidades que se dicen acaecidas (Del voto del juez López Castiñeira, Cons. VII).
Sucesiones, renuncia a la herencia, forma ad solemnitatem, escritura pública
Materia: CIVIL
Carátula: PACIO, María Segunda s/ SUCESIÓN AB-INTESTATO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-02-12

La renuncia a la herencia tiene formas específicas respecto a los acreedores y legatarios y el legislador escogió inequívocamente la escritura pública para efectuarla. Se refuerza la formalidad -en estos casos- con la escritura pública (art. 3345)de acuerdo al régimen previsto en el 997 del Código Civil. La escritura pública realizada en el domicilio del repudiante o del difunto se impone como una solemnidad relativa en estos casos que mantiene el criterio formal del art. 784 del mismo cuerpo normativo de acuerdo con la interpretación de las formalidades solemnes.

En consecuencia, la manifestación expresada por la sobrina del causante -después de la intimación a presentarse en calidad de heredera en un proceso de ejecución de expensas por deudas de unidades funcionales pertenecientes al acervo sucesorio- debió hacerse por escritura pública, y no mediante una presentación en la cual expresa su renuncia a la herencia y señala que debía ser ratificada en acta judicial.

La irrevocabilidad de la renuncia efectuada en instrumento público (art. 3347)se refiere a su contenido y no a la forma que debe guardar y por tanto es insuficiente para modificar las prescripciones de los arts. 1184, inc. 6 y 345 del Código Civil que exigen la solemnidad de una escritura pública. Este criterio se sustenta además en las consideraciones vertidas en los fundamentos de la mayoría en el plenario "Rivera de Vignatti". Asimismo, la interpretación finalista de la publicidad invocada en estos casos es insuficiente para modificar la letra misma de la ley.
Recurso de apelación (procesal), defensa en juicio, legítimo abono
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: SULIMP S.A. c/ GCBA s/ RECURSO DE APELACIÓN ORDINARIO CONCEDIDO
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-22

Dado que la demanda y su contestación fijan el objeto litigioso, en el presente proceso la empresa no demandó con sustento en los actos que autorizaron el "legítimo abono" de los servicios, de modo que, de admitirse el planteo que la actora recién introdujo en su recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, se estaría vulnerando el derecho de defensa del GCBA. (Voto de la Sra. Jueza Alicia E. C. Ruiz).
Alimentos, cesación de cuota alimentaria, modificación de cuota alimentaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: D., M. V. c/ C., A. B. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-05-12

La obligación alimentaria a cargo de los padres con respecto a los hijos menores cesa sin necesidad de declaración judicial desde la fecha en que los hijos alcanzan la mayoría de edad (art. 306 inc. 3º, C.C.). No obstante ello, aún cuando haya cesado la patria potestad dicha obligación permanece latente por el vínculo jurídico determinante del parentesco entre ascendientes y descendientes (art. 367, C.C.). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Sociedades civiles, personería jurídica
Materia: CIVIL
Carátula: CONCATTI ALEJANDRO LUIS, GONZALEZ CRISTÓFANO LUIS ERNESTO Y BAZAN OMAR s/ ACCION DE AMPARO - EXPTE. N° 1010-C-2008
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2008-12-02

Desde esa perspectiva, esto es requerir toda la documentación referenciada - la presentación de sus estatutos, entre otras- y pedida a la actora. con invocación del art. 2 Ley N° V-0112-2004 para cumplir con un "recaudo registral a los fines de obtener personería jurídica regular" (SIC) implica someter el nacimiento de una SOCIEDAD CIVIL a la autorización previa estatal que comprende por cierto también la de sus estatutos con lo que si estos no son aprobados -además- aún así el acto de autorización estatal no tiene virtualidad suficiente para que exista la persona jurídica (Belluscio-Zannonni, "Código Civil...." T° ., pág. 243).
Declaración de insania, internación, principio de inmediación, derechos y garantías constitucionales, padecimientos mentales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Amaya, Mauricio Javier c/  s/ internación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-12-18

Ante la existencia de la promoción de un proceso de insania y de una internación, resulta imperioso extremar la salvaguarda del principio de inmediatez en resguardo de los derechos fundamentales de las personas internadas forzosamente, en procura de su eficaz protección.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, doctrina legal
Materia: PENAL
Carátula: Vite, Alberto Antonio s/ Homicidio calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-09-19

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que aduce la violación de una doctrina ajena a los precedentes de la Suprema Corte con olvido a lo establecido por el párrafo final del art. 352 del C.P.P..
Acción de amparo, tasa de justicia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Muchenik, Rosa Mirta c/ TELECOM s/ Amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-05-30

En la acción de amparo, el pago de la tasa de justicia queda supeditado al momento en que se dicta el pronunciamiento que la resuelve, debiendo sólo tributarse si es denegado el recurso, circunstancia que se verifica cuando se rechaza in limine la acción.

(Conf. art. 13 inc. b de la ley 23.898).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación de los fundamentos
Materia: PENAL
Carátula: Alimenti, Dardo Hugo s/ Homicidio culposo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-09-07

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que se denuncia la violación del art. 255 del Código de Procedimiento Penal - según ley 3589 y sus modif.- y absurda valoración de la prueba pericial si el recurrente no ha procurado demostrar con sus desarrollos que la Cámara transgrediera el citado art. 255, en razón de que sus particulares consideraciones respecto de la aludida pericia son insuficientes a tal fin (doct. art. 355, Cód. cit.), ni ha demostrado el vicio lógico alegado.
Medidas cautelares, embargo, bienes inembargables
Materia: PROCESAL
Carátula: Fabri, Ricardo c/ Scioli, Enrique s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-13

El principio según el cual los bienes del deudor constituyen la garantía de sus acreedores, que implica la posibilidad de embargarlos y ejecutarlos para pagar con su producido los créditos impagos, no es absoluto. En el derecho moderno, no se concibe, que el deudor pueda quedar privado de los bienes indispensables para subvenir la necesidades suyas y de su familia. En ese sentido el art. 219 del Código Procesal establece que son inembargables los muebles de uso indispensable del deudor y si bien existen muebles que no cabe incluir sin más en la categoría de embargables o inembargables, debiendo en tal caso el propietario demostrar en cada caso que le son indispensables, ello sólo ocurre cuando se trata de aquéllos sobre los cuales la interpretación judicial no ha sido unánime.
Sanciones procesales, temeridad o malicia, multa procesal, divorcio, divorcio contradictorio
Materia: CIVIL
Carátula: M.R.J. c/ M.C. DE M.D. s/ DIVORCIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-05-12

La temeridad traduce la actitud de quien deduce pretensiones o defensas cuya falta de fundamento no puede ignorar de acuerdo a pautas mínimas de razonabilidad o, dicho de otro modo, se configura ante la conciencia de la propia sin razón (conf. Palacio "Tratado Procesal Civil" T. II, p. 251; Morello "Códigos Procesales..." 2a.

ed., t.II-A, p. 833; Colombo, "Código Procesal..." p. 126; Falcón, "Código Procesal..." t. I, p.442). La norma tutela el principio de moralidad, basamento fundamental de la actuación procesal, que debe ser observado estrictamente por las partes, siendo deber de los jueces velar que el mismo no sea burlado (conf. C.N.Civ. Sala F, L L. 1975-A-180). La imposición de sanciones no importa la violación del principio constitucional de defensa en juicio, ya que las mismas se aplican a quienes pretenden abusar de tal principio y de la jurisdicción. Si un cónyuge incurrió en conducta temeraria al iniciar la acción de divorcio, careciendo de suficientes pruebas que la sustentaran, corresponde imponerle una multa procesal.
Acreditación de la personería, gestor, nulidad procesal, plazo perentorio
Materia: PROCESAL
Carátula: Provincia de San Juan c/ Noguera Gamez Francisco y Posse José Ernesto s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2006-04-26

El término para acreditar la personería está dado expresamente en el art. 51 del C.P.C. por lo que una vez vencido el plazo se produce de oficio la nulidad de todo lo actuado por el gestor sin necesidad de aclaración o información previa alguna.

Ello es así en virtud de que el efecto propio de los plazos perentorios es que su solo vencimiento hace decaer el derecho correspondiente sin posibilidad de que puedan ejercerlo con posterioridad. (...) La facultad de actuar por el gestor prevista por el art. 51 del C.P.C. es una facultad del todo excepcional y de ahí que la justificación de la personería o ratificación dentro del término perentorio fijado no admite dilación, demora o suspensión y su omisión apareja la nulidad de lo actuado, nulidad especial y de orden público según Morello.
Prescripción de la acción penal, Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, delitos de los recursos de la seguridad social
Materia: PENAL
Carátula: SIMAVORIAN, BALTASAR ANTONIO s/ Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, Causa: 38405.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-09-17

1 - Para poder declarar la extinción de la acción penal debe descartarse fehacientemente que el término legal se hubiera interrumpido por la comisión de otros delitos (Art. 67, CP) por lo cual, al momento de resolver la cuestión, debe contarse con informes policiales y del Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal y Carcelaria, a cuyos efectos no basta un mero informe nominativo de la Policía cuando existe la posibilidad de utilización de diversos nombres por parte de una misma persona, cosa no infrecuente, al verse enfrentada a distintos procesos penales, situación por la cual el sistema nominativo aparecería con cierto margen de error, siendo imperativo que dicha información tuviese como sustento el cotejo de las fichas dactiloscópicas del causante.- 2 - Todos los tribunales penales del país, antes de dictar resoluciones en las que deba tenerse en cuenta los antecedentes del imputado, requerirán al Registro mencionado la información correspondiente, para lo cual deberán acompañar las fichas dactiloscópicas. (Cf. Ley 22117, Art. 5 y 6).- 3 - No pudiendo el tribunal pronunciarse sobre la cuestión de fondo por la falencia señalada, corresponde revocar la resolución apelada que declaró la extinción de la acción penal y sobreseyó totalmente al imputado.
Venta de diarios y revistas, estabilidad de la parada de diarios y revistas, relación de dependencia, director editorial
Materia: LABORAL
Carátula: SINDICATO DE VENDEDORES DE DIARIOS Y REVISTAS DE CAPITAL FEDERAL Y GRAN BUENOS AIRES c/ SADEI S.A. EL CRONISTA Y OTROS s/ AMPARO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-02-18

El decreto 1025 que reemplazó a la resolución 416/99 establece un nuevo sistema para el reconocimiento, conservación y pérdida del derecho de parada y de reparto de diarios y revistas, pero no modifica la caracterización jurídica del propietario de tales paradas, quien se considera un comerciante independiente y cuentapropista (Conf. esta Sala sent. 86175 del 16/6/99 in re Apicella, Martín y otro c/ Estado Nacional). En consecuencia la vinculación con las editoriales no es subsumible en una identificación de relación laboral típica.
Responsabilidad extracontractual, personal policial, portación de armas, arma reglamentaria
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: CH., G. D. c/ PROVINCIA DE RIO NEGRO s/ ODINARIO s/ CASACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2014-09-08

Tampoco puede fundamentarse la responsabilidad que se atribuye al Estado en la entrega del arma y de la obligación de portarla en forma permanente que derivaría del artículo 36, de la Ley 679 del Personal Policial de la Provincia de Río Negro que establece que: ?El Personal con Autoridad Policial, a los fines del Art. 30, de la presente ley, está obligado en todo momento y lugar a portar arma de fuego adecuada a las normas que se impartan?.

Dicha obligación de portar el arma está prevista a los fines del artículo 30 de la citada ley, esto es: ?a) Defender, contra las vías de hecho o riesgo inminente, la vida, la libertad y la propiedad ; b ) Adoptar en cualquier lugar y momento, cuando las circunstancias lo impongan, el procedimiento policial conveniente para prevenir el delito o interrumpir su ejecución ?.

Resulta evidente que tal obligación no puede ser predicada en términos absolutos, pues ni siquiera la norma así lo prevé. Y que, en el caso en examen, los hechos se sucedieron en el contexto de una discusión personal (entre el agresor y la víctima), no encontrándose de modo alguno comprometidos los fines que prevé la ley para justificar la portación del arma. (Disidencia: Dr Barotto, Dr. Mansilla)
Despido, indemnización por despido, daño moral, daño material
Materia: LABORAL
Carátula: Sotelo, Raimundo Abel c/ Adolfina S.A. y/o quien resulte responsable s/ Despido, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1999-08-19

La indemnización prevista en el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo 20744 contempla el resarcimiento de los daños materiales y morales que normalmente son consecuencia de un despido injustificado. Síguese de ello que no corresponde fijar una indemnización por daño moral, excepto en el supuesto que el empleador haya cometido un acto ilícito distinto al tiempo de la extinción de la relación laboral.
Alimentos, cuota alimentaria
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: LEDESMA, MARIA LUISA c/ FERREYRA, FRANCISCO ATALIVA s/ ALIMENTOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-07-02

A los efectos de la determinación de la cuota, lo común y a veces más conveniente, tanto para la beneficiaria como para el obligado, suele ser la determinación de una suma fija de los ingresos de este último, sobre todo cuando ello está debidamente comprobado. Son las múltiples circunstancias atinentes a las necesidades del reclamante y también a las necesidades del propio alimentante las que en cada caso deben ser analizadas con prudente arbitrio judicial.