Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-03-25


2º Instancia. -Santa Fe, marzo 25 de 2008.- Considerando: Que declarada la conclusión de la presente quiebra por pago total (fs. 351), compareció el letrado del fallido y solicitó se libre orden de pago a fin de restituir los fondos remanentes que existen depositados en autos, de su propiedad (fs. 351 vto.). Luego acompañó el informe de saldo de cuenta corriente actualizada, aclarando que los fondos provienen de: a) fondos incautados al fallido de la parte embargable de su salario, b) fondos provenientes de embargos de sueldo dispuestos en causas seguidas contra el fallido con anterioridad a la declaración de quiebra, y que luego de dictada la sentencia falencial fueron remitidos para la cuenta abierta para estos autos, sin que los actores "embargantes" hayan procedido a verificar sus créditos (fs. 357), pedimento que mereció el decreto que luce a fs. 365, por donde se dispone: "De lo peticionado, traslado a los embargantes. Notifíquese por cédula. Notifíquese".

Que contra el mismo, interpuso el fallido recurso de reposición con los de apelación y nulidad en subsidio, aduciendo en lo sustancial que la providencia impugnada no resulta correcta en tanto ordena un traslado a los embargantes de fondos de su propiedad que habían pasado a integrar la masa falencial en el transcurso del año 2005, pero que retornaron nuevamente a su patrimonio con motivo de la conclusión de la quiebra por pago total, aclarando que los embargantes no revisten la calidad de "acreedores" por no haber insinuado sus créditos en el transcurso del presente proceso (fs. 366 y vto.).

Que por pronunciamiento de fecha 28 de diciembre de 2007, el juez aquo, hizo lugar parcialmente al recurso articulado disponiendo el reintegro al fallido de la suma de $ 6.126,66, no así de los fondos embargados en los autos que identifica, por cuanto al recuperar sus acciones los acreedores no concurrentes y el cese del fuero de atracción, los mismos deberán remitirse a los Juzgados de origen, transfiriendo los fondos embargados a fin de que sea en tales procesos donde se discuta (y decida) lo relativo a tales fondos (fs. 368/369). A fs. 374 se conceden los recursos subsidiariamente interpuestos de nulidad y apelación. Ahora bien, es el caso que el primero de ellos no fue sostenido en esta instancia jurisdiccional (fs.382/384) y como tampoco advertimos en el decisorio en crisis vicios de entidad invalidante que justifiquen un pronunciamiento de oficio al respecto, corresponde su desestimación.

Que en lo atinente al recurso de apelación, vemos que el impugnante en pos de la admisibilidad del remedio impugnatorio convocante señala que en autos se dictó la conclusión de la quiebra por pago total; que el art. 223 LCQ impide expresamente al acreedor remiso o negligente participar en los fondos que integraban la masa falencial luego de la presentación del proyecto de distribución e informe final (art. 218 LCQ) como severa sanción impuesta a la conducta negligente; y que el art. 228 LCQ expresamente dispone la orden de restituir los fondos remanentes al fallido. Agregó que los antiguos embargantes no revisten la condición de "acreedores" por no haber siquiera insinuado sus créditos y no tener reconocida su calidad de tal en el marco del presente proceso falencial y que las cautelares que la resolución impugnada pretende renovar quedaron sin efecto con motivo de la declaración de quiebra del mismo (fs. 382/385).

Que conforme se extrae de lo expuesto, el tema a dilucidar aquí refiere a la situación de los eventuales acreedores no concurrentes al proceso de falencia, cuando el mismo concluye por pago total (art. 229 LCQ) y, a su vez, existe un remanente que proviene de los embargos que oportunamente trabaron aquéllos en sus acciones individuales. Fondos que conjuntamente con los expedientes respectivos se remitieron a este proceso colectivo por el fuero de atracción.

Que en punto a ello, nos apresuramos a señalar, que desinteresados los acreedores concurrentes, se impone confirmar lo decidido por el Inferior, porque el incumplimiento de la carga de verificar de quienes habían promovido juicios contra el fallido no produce como efecto la extinción de sus derechos ni genera la liberación del ex fallido de las obligaciones que pudiera tener contraídas, pues ninguna ley lo autoriza y porque dichos créditos sólo se extinguen y transforman por las causas, medios y modos previstos por la ley (arts. 724 a 895 del Código Civil - E.D. 130-487). Es que como bien se afirma, sólo la ley puede fundamentar la pérdida de un derecho creditorio adquirido o de alguno de sus atributos, como de la acción para su tutela. El precepto legislativo que extinga un derecho o una obligación civil (en el sentido del art. 515 del C. Civil), debe ser claro, incuestionable, no puede ser incierto o vacilante, sujeto a interpretaciones por analogía (fallo cit.).

Por otra parte, recuperada la exigibilidad de tales vínculos preexistentes, es menester destacar que la conclusión operada no impide que dichos acreedores persigan el cobro de sus créditos si no han prescripto (Conf. Fassi-Gehbardt, "Concursos", pág.468; CApel CC Córdoba, 27/02/92, en LLCórdoba 1993-275 y JA 1992-III-125), y en las mismas condiciones que podía haberlo hecho de no haber existido la quiebra (Tonon, Antonio, "El Derecho del acreedor una vez finalizada la quiebra", E.D. 92-930), obviamente, sobre los bienes adquiridos antes de la rehabilitación (SCBsAs, 22/9/81, "Banco Popular de la Plata SA", publicado en La Ley on line) conforme interpretación armónica de los arts. 104, segundo párrafo y 107 LCQ (conf. Alberti en Quintana Ferreyra- Alberti "Concursos", T.3, pág. 905 y sigs, Astrea, 1990). Ello impone la solución ya indicada, pues son los jueces respectivos quienes deberán disponer sobre tales fondos, porque -reiteramos- si bien es cierto que la ley concursal impone a todo acreedor la obligación de verificar su crédito, dicha imposición es a título de carga para participar de los beneficios del concurso y de los resultados del proceso colectivo. De tal suerte, ni la finalización de la quiebra ni el incumplimiento de la obligación de verificar significa extinción del crédito, sino eventualmente, una mera suspensión de la posibilidad de su satisfacción, mientras dure el estado concursal (CN Com. Sala A, "Francheschi, Rubén c. Berys, Benjamín s/ Ejecutivo", Revista de las Sociedades y Concursos Nº 5, Julio/Agosto 2000, p. 215).

Por ello, la SALA SEGUNDA DE LA CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, RESUELVE: Rechazar los recursos de nulidad y apelación y en su consecuencia confirmar el pronunciamiento venido en revisión. - De Césaris. - Enrique Müller. - Armando L. Drago.