Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-10-30


2º Instancia.- Buenos Aires, octubre 30 de 2009.

La doctora Fontana dijo:

I) Contra la sentencia de primera instancia, que hizo lugar a la demanda, recurre la parte demandada a tenor del memorial de fs. 400/427, que mereció réplica de la contraparte a fs. 430/435.

II) Luego de una extensa introducción, la demandada afirma que la sentencia le causa agravio, en primer lugar, porque consideró probada la fecha de ingreso denunciada en la demanda, y la continuidad del vínculo del accionante hasta el momento del distracto. Sostiene en lo que interesa y en síntesis, que su parte no reconoció la fecha de ingreso pretendida por la actora, y que por el contrario, sostuvo que ingresó el actor el 17 de julio de 2001, si bien admitió un desempeño anterior iniciado en diciembre de 1992, pero finalizado en enero de 1997 por renuncia del actor. En este aspecto, también se agravia la demandada porque se tuvo por no acreditada dicha renuncia. Afirma que la sentencia no tuvo en cuenta que no se le puede exigir a su parte que conserve documentación en exceso del plazo de prescripción, y que no se valoró adecuadamente el desempeño acreditado del actor para Sulimp S.A.

Analizadas las constancias de autos, adelanto que he de proponer el rechazo en este aspecto del recurso intentado.

En efecto, tal como se desprende del propio relato del recurrente, se encuentra reconocido el ingreso del actor en diciembre de 1992, como lo sostiene la sentenciante. En consecuencia, si la demandada pretendía beneficiarse con un menor plazo de vigencia del contrato de trabajo, debía acreditar la extinción que alega se habría producido en enero de 1997.

La recurrente se remite a la prueba informativa de la AFIP y de la propia SULIMP, y de esas constancias pretende extraer que ha quedado probado que el actor habría comenzado a desempeñarse para Sulimp en forma exclusiva en el periodo que indica.

Sin embargo, no tiene en cuenta la recurrente que de la propia informativa de Sulimp surgen datos que controvierten lo sostenido en el responde. A fs. 78 la accionada afirmó que el actor renunció a su empleo en enero de 1997 para comenzar a desempeñarse para Sulimp desde octubre de 1996 hasta enero de 2001, fecha en la cual habría sido contratado nuevamente por Salpe.

Es decir que de las propias afirmaciones del responde se desprende que durante el desempeño para Sulimp -si este fuera real- el actor también se desempeñó para Salpe al menos entre octubre de 1996 y enero de 1997.

Por otra parte, la informativa de fs. 138 producida por Sulimp vuelve a poner en cuestión lo manifestado en el responde en tanto afirma que el actor se habría desempeñado a su servicio desde septiembre de 1996, y que lo habría hecho hasta el 15 de diciembre de 2000.

A estas inconsistencias y contradicciones, se suma que de la prueba testimonial producida en autos y debidamente valorada por la sentenciante, se desprende que, más allá de quien figurara formalmente como su empleador, el actor prestó servicios en forma continuada desde su ingreso en diciembre de 1992 y hasta el egreso definitivo, en las dependencias de Salpe, tareas que desarrolló siempre en el mismo lugar. En ese sentido las declaraciones de fs. 194 y 195 coinciden en afirmar que Sulimp prestó servicios para Salpe en el predio de Marinas Golf, y ambos testigos han dado suficiente razón de sus dichos en cuanto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que tomaron conocimiento de los mismos.

En ese sentido, destaco que el hecho de que Brown tenga juicio con las demandadas no es suficiente para conmover la conclusión a que arribo, en tanto no solamente sus afirmaciones fueron corroboradas por otras pruebas de autos, sino que además la propia demandada no ha producido prueba conducente para demostrar al menos qué tipo de tareas habría prestado el actor para Sulimp y en qué lugar habría desarrollado las mismas, prueba que era perfectamente realizable mediante una inclusión de esas preguntas en el cuestionario que debía contestar la oficiada.

Por ello, y demás fundamentos del fallo apelado que en mi opinión no han sido en modo alguno refutados por los argumentos de la presentación que analizo, propongo confirmar la sentencia en este punto.

Seguidamente la demandada se agravia por lo que considera ha sido una incorrecta valoración de la justificación del despido indirecto. Sostiene la recurrente que no han existido los incumplimientos endilgados a la entonces empleadora, que no se ha valorado el abandono de tareas, y que no se probó la causa de despido fundada en negativa a registrar debidamente el contrato.

Ahora bien, atento la conclusión arribada supra respecto de la fecha de ingreso y la continuidad de la prestación laboral, queda sellada la suerte de este agravio en tanto, como bien lo señala la sentenciante, probada una causal de despido con entidad suficiente para configurar injuria grave, ello torna aplicable las normas que fijan las indemnizaciones propias del despido injustificado (conf. arts. 242, 245, 246 y concs. LCT).

De todos modos en el caso de autos advierto que en tanto el despido como acto unilateral y recepticio operó por la decisión del actor, carece de relevancia expedirse sobre el supuesto abandono de tareas. Y en cuanto a los demás incumplimientos de la demandada, el tratamiento de los mismos deviene abstracto en lo que hace a la valoración de la decisión rupturista.

Solo a mayor abundamiento, destaco que en lo que atañe a la existencia de causas que tornaran justificada la falta de pago del premio por puntualidad y asistencia, era en todo caso la demandada quien debía producirlas.

Por ello, propongo también en este aspecto rechazar el recurso intentado y confirmar lo decidido en origen.

La demandada también se queja porque se aceptó tanto la categoría como la remuneración denunciada en la demanda. Al respecto considero que la queja debe ser rechazada. En primer lugar reitero que las declaraciones de Vázquez (fs. 194) y Brown (fs. 195/196), ya analizadas, dan cuenta del desempeño del actor como "encargado" del complejo Marinas Golf Condominio. Ante esta circunstancia y la irregularidad en la registración de la fecha de ingreso, resulta razonable la aplicación de la presunción del art. 55 en cuanto al monto de la remuneración. Por lo demás, la suma de $ 1.000, reconocida en la sentencia, luce adecuada y razonable teniendo en cuenta la antigüedad del actor, el tipo de tareas que realizaba y la extensión de la jornada laboral (conf. art. 56 LCT).

En relación a la multa del art. 2 de la ley 25.323 cabe señalar que habiendo el actor intimado fehacientemente a la demandada (ver fs. 9 y 12) y tratándose en el caso, de un despido indirecto justificado, el cuestionamiento intentado por la recurrente no puede proceder en tanto no advierto elementos que permitan considerar que la entonces empleadora pudiera haber contado con razones suficientes para dudar de la justeza del reclamo del accionante.

Considero que debe desestimarse la queja de la demandada respecto de la aplicación del art. 16 de la ley 25.561 ya que en este aspecto la presentación recursiva no constituye una crítica razonada y concreta de los fundamentos del fallo. Solo cabe aclarar que Ley 25.972, al momento de la sentencia de primera instancia, se encontraba plenamente vigente. Por ello, y teniendo en cuenta las demás las razones invocadas por la Juez a quo, que no han sido adecuadamente cuestionadas, corresponde confirmar también en este aspecto la sentencia apelada.

En lo que se refiere a la pretendida inconstitucionalidad de la normativa referida, ya he tenido oportunidad de expedirme en precedentes análogos rechazando la misma (conf. lo expuesto en TS06 59638 20-6-2007 "Singla Diego Adrián c/Orígenes A.F.J.P. S.A. s/despido"), y en tanto los argumentos vertidos en el recurso que trato son en mi opinión insuficientes para motivar una revisión de dicho criterio, propongo confirmar la sentencia apelada también en este punto.

La demandada afirma que le causa agravio la condena fundada en el art. 15 Ley 24.013 en tanto pretende que la misma solamente es aplicable en el caso de despido directo. En mi opinión no le asiste razón, dado que si así fuera se permitiría al empleador burlar la norma por el simple recurso de forzar a su dependiente a considerarse en situación de despido, por lo que propongo rechazar sin más la defensa intentada.

La demandada también se agravia porque la sentenciante de grado condenó en forma solidaria a la codemandada Consorcio de Propietarios del Edificio Marinas Golf Condominio.

La sentenciante de grado se basó en la pericial contable que informa que el consorcio demandado registró al actor entre sus empleados, adjuntando una planilla de haberes proporcionada por éste (ver fs. 337vta. pto. a y fs. 319). Ese argumento no ha sido refutado debidamente en la presentación recursiva, en la que por el contrario se alude a precedentes jurisprudenciales que no resultan de aplicación al caso, por lo que propongo rechazar en este punto la queja.

En cuanto a la responsabilidad del codemandado Eduardo Jorge Ignoto considero que en el caso de autos la deficiencia registral invocada por la actora, consistente, en definitiva, en no figurar la real fecha de ingreso, remuneración ni categoría habilitan, según mi criterio, a extender la condena solidaria al presidente Salpe S.A. Del poder acompañado en la misma contestación de demanda (fs. 35/37) se verifica que aquél era quien detentaba dicho cargo, y por lo tanto conforme lo dispuesto por los arts. 157 y 274 Ley 19.550, corresponde en mi opinión confirmar la responsabilidad personal y solidaria impuesta por la sentencia apelada, atento la violación constatada de las leyes que imponen la debida registración del contrato de trabajo.

La demandada apela subsidiariamente la forma en que fueron impuestas las costas del juicio, pero teniendo en cuenta que ha resultado vencida en lo sustancial del reclamo no advierto razones para apartarme del principio fijado por el art. 68 CPCCN, por lo que propongo confirmar en este punto el decisorio de grado.

Atento las cuestiones planteadas y resultados arribados propongo que también las costas de alzada sean soportadas por la demandada vencida (conf. art. 68 CPCCN). A ese efecto, propongo regular los honorarios de los letrados intervinientes en el 25% de lo que deben percibir por las tareas cumplidas en la etapa anterior (conf. art. 14 Ley 21.839).

Por lo expuesto, y de prosperar mi voto, propongo: 1) Confirmar la sentencia en todo cuanto fuera materia de recurso. 2) Imponer las costas de alzada a la demandada vencida. 3) Regular los honorarios de los letrados intervinientes en el 25% de lo que les corresponde percibir por la tarea cumplida en la etapa anterior.

El doctor Fernández Madrid dijo:

Que adhiere al voto que antecede.

En atención al resultado del presente acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 125, 2do. párrafo, ley 18.345, el Tribunal resuelve: I) Confirmar la sentencia apelada en todo cuanto fuera materia de recurso. II) Imponer las costas de alzada a la demandada vencida. III) Regular los honorarios de los letrados intervinientes en el 25% de lo que les corresponde percibir por la tarea cumplida en la etapa anterior.- Beatriz I. Fontana.- Juan C. Fernández Madrid.