Tribunal: CAMARA DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2008-09-19


2º Instancia. - Córdoba, septiembre 19 de 2008.

Resulta que: 1. A fs. 1-12 comparecieron Guillermo Salvador Moreira, Luis Guillermo Osler y Héctor Miguel Otero con el patrocinio letrado del Dr. M.A.O.P. e iniciaron, con fecha 04 de agosto de 2004, formal demanda laboral en contra de T. A. M. S. E. (TRANSPORTE AUTOMOTOR MUNICIPAL SOCIEDAD DEL ESTADO) y, en forma solidaria, contra la Municipalidad de Córdoba, conforme los rubros y montos descriptos en planilla que integra demanda.

Denunciaron que la demandada está dedicada al transporte público de pasajeros dentro del ejido municipal de la ciudad de Córdoba; que la Municipalidad de Córdoba constituyó la sociedad TAMSE, de la que es propietaria, que se hizo cargo de la explotación provisoria del corredor zona A del TUP de la ciudad.

Afirmaron que con la sociedad nombrada suscribieron un contrato de trabajo "eventual" el que fijó una remuneración mensual compuesta por sueldo básico con más presentismo establecido en el CCT UTA (seccional Córdoba) sin reconocimiento de antigüedad, ni pago de rubros denominados laudo diario y tareas previas y posteriores. Luego, suscribieron otro contrato al vencimiento del anterior con fecha 17 de octubre de 2002 en la que les reconocieron y comenzaron a abonar la antigüedad que detentaban en su anterior empleadora.

Reconocieron que a la fecha de interposición de la demanda se encuentran prestando servicios sin percibir los rubros convencionales antes indicados como tampoco los decretos del PEN descriptos en planilla ni la antigüedad de los meses de julio 2002, agosto 2002 y septiembre 2002.

Propusieron la aplicación integral del CCT de la actividad y de los decretos que establecieron las sumas alimentarias. Fundaron sus pretensiones sustanciales en las siguientes normas Art. 2, CCT UTA, Arts. 7, 8 y 12, LCT y 8, ley 14.250.

Argumentaron la responsabilidad solidaria de la Municipalidad de Córdoba con base en los Arts. 30 y 31, LCT; asimismo, ampliaron demanda predicando responsabilidad de la TAM SE en los términos del art. 54, LS procurando la desestimación de la personalidad jurídica. Pidieron la inconstitucionalidad de la ordenanza 10.464 y decreto 2843/01 que se adhiere al decreto 2656/01 del Gobierno de la Provincia de Córdoba.

La demanda fue acumulada a los autos caratulados "Aguirre, Eduardo Enrique y otros c/ T.A.M. S.E. y otro - Ordinario Haberes- Expte. Nº 4311/37", tal como surge del constancias del expediente mencionado que tengo a la vista a fs. 13.

2. Admitida la demanda de conformidad dan cuentan las constancias de autos y convocadas las partes a la audiencia de conciliación, no se avienen; los actores, solicitaron el acogimiento de la demanda con más intereses y costas. Las accionadas TAMSE y Municipalidad de Córdoba pidieron el rechazo, con costas. En el mismo acto y ante la ausencia injustificada del co actor Hernán Diego Páez se lo tuvo por desistido de la presente acción, sin costas atento el estado de la causa.

3. En el memorial de contestación de la demanda TAM SE negó en forma genérica todos y cada uno de los términos de demanda con excepción de aquellos que fueron materia de expreso reconocimiento. Reconoció las relaciones de dependencia invocadas, la categoría profesional y antigüedad denunciadas; también, que en el mes de julio de dos mil dos tomó a cargo la prestación del servicio de transporte público de pasajeros, que en relación al personal a cargo se suscribieron contratos de trabajo "eventuales" que se encuentran vigentes con las modalidades de remuneración que detalla.

Negó la falta de pago de los ítems convencionales (antigüedad, laudo diario y tareas previas y posteriores) y demás rubros señalados (decretos de necesidad y urgencia 1273/02 y 2641/02 y sus modificatorios), ya que el compromiso de pago debe ser considerado únicamente en base a lo pactado en el "Contrato de Trabajo Eventual", en donde se reconocieron como rubros integrativos de las remuneraciones, lo que los propios actores reconocen como "sueldo conformado" (art. 2 de dichos contratos).

Afirmó que dichos contratos fueron suscriptos libremente por las partes y que la característica de eventualidad está determinada por la permanencia de la extraordinariedad de las tareas encargadas (en el caso, la organización y prestación directa de un servicio público de transporte que estaba en crisis y que había caducado en manos de los concesionarios privados). Que a la fecha de interposición de la demanda estas causales extraordinarias de falencia en la atención al servicio publico de transporte no han desaparecido y se prolongan hasta la actualidad. Esta contingencia califica la permanencia del carácter eventual del contrato celebrado.

Negó la existencia de vicios en la voluntad, ni vulneración de derechos laborales protegidos por la ley y el Convenio Colectivo. Afirmó que se trató de respetar la libre voluntad de las partes, de proteger sus fuentes de trabajo y su inserción en el acotado mercado laboral, teniendo en cuenta la especial situación de crisis que afectaba el transporte público de pasajeros, la difícil situación económico- financiera en el orden nacional y el estado de desocupación efectiva en que iban a quedar los actores, lo que llevó a establecer e instrumentarse una modalidad contractual que para los actores debe encuadrarse en la teoría de los actos propios, frente a esta particular situación laboral en que se encontraban y para evitar males mayores, con intervención de la representación sindical y homologado por la autoridad de aplicación laboral provincial.

Negó que en tal sentido, resulten aplicables los arts. 7, 8, 12, LCT, ni menos aun que estemos frente a una violación de los derechos previstos por los arts. 31, 75 y 14 bis, CN. Afirmó que se trató de remuneraciones y modalidades pactadas en el ámbito de la emergencia de la sociedad toda, atento que el abandono de las empresas que prestaban el servicio habían dejado a los pasajeros sin transporte y a los empleados en la calle. Insistió que el enorme déficit del sistema de transporte demandaban y demandan soluciones de excepción que necesitaban el expreso consentimiento de los empleados, que así se hizo individualmente con la firma de cada contrato eventual y colectivamente con la representación gremial.

También afirmó que debe tenerse presente que la TAM no integra la FETAP, entidad que junto con la UTA, celebraron el CCT a aplicarse entre ellos. No obstante lo dicho, los contratos eventuales no excluyen la vigencia del CCT sino que adecua solamente las remuneraciones a las particularidades de emergencia consentidas por las partes en que se encontraba y se encuentra el Transporte Público.

Planteó excepción de defecto legal en el modo de formular la planilla que se acompaña como parte integrante de la demanda, con montos imprecisos, incompletos, sin detallar bases de cálculos ciertos y sin determinación alguna que impiden establecer los importes reclamados en forma fehaciente.

Pidió aplicación de la multa prevista en el Art. 83, inc. 1, C de PC y solicitó aplicación de la ley provincial 9078 y Ordenanza Municipal 10585 para el caso de sentencia condenatoria. Formuló reserva del caso federal. Solicitó la declaración de inconstitucionalidad de los decretos del P.E.N. Nº 1273/02, 2641/01, 905/03 solicitando la aplicación de la doctrina formulada por esta misma sala en Sentencia de autos: "Silva c. BRM -Ordinario despido-".

4. La Municipalidad de Córdoba argumentó defensa de falta de acción como cuestión de fondo desde que el Art. 2, LCT, excluye de su ámbito de aplicación a la Municipalidad de Córdoba y no tratándose en el caso de autos de la existencia de un contrato de empleo público municipal, conforme los propios actores lo reconocen, con encuadramiento en los términos de la ordenanza 7244, la presente acción no puede prosperar en contra de su representada ni como empleada directa ni como solidariamente responsable en los términos de los arts. 30 y 31, LCT.

Argumentó que durante la relación laboral invocada por los actores, su representada no le ha abonado salarios, planificado servicios, aplicado sanciones, efectuado retenciones sindicales y/o previsionales, no ha ejercido contralor medico ni menos despedido, ni en definitiva ningún otro acto que demuestre el ejercicio de relación laboral en su calidad de patrón que son de exclusiva responsabilidad de la T.A.M. S.E.

Afirmó que para ser dependiente de la Administración Pública es necesario que el nombramiento se haya practicado por acto administrativo emanado de autoridad competente, lo que no ha sucedido en el caso de los actores. Aclaró que por el solo hecho de que la Municipalidad de Córdoba haya constituido una Empresa del Estado sin patrimonio propio sino solamente afectado al cumplimiento de los fines de la empresa, deba responder tan solo por esa condición a los reclamos efectuados por los actores.

Aseveró que aplicar los arts. 29 y 30 de la LCT sería inobservar las normas y principios del derecho administrativo que legisla sobre los contratos de naturaleza estrictamente administrativa, en el marco del derecho publico, tal como lo dispone la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Córdoba, en su art. 78, inc. 5 Cap. II (formación y sanción de ordenanzas) y su consecuente sanción de la ordenanza 10.541 de creación de la TAM SE al establecer en su art. 3 del Estatuto Social que la Sociedad tiene por objeto la prestación del servicio público de transporte urbano masivo de pasajeros por automotor por cuenta propia. En este sentido, en la norma fundacional, la TAM SE encara el servicio y por ende sus obligaciones por cuenta propia y ninguna responsabilidad le cabe a la Municipalidad de Córdoba.

Insistió en que no surge de normativa alguna que por el hecho de ser la T.A.M. S.E. empresa del Estado Municipal, la municipalidad resulte solidariamente responsable de los créditos reclamados.

Asimismo, agregó que no se dan los requisitos señalados por la ley para tal efecto: a) un conjunto económico y b) el fraude laboral. Sostuvo que no es cierto que se haga uso común de medios personales, materiales e inmateriales de una empresa subordinada por dependencia económica, directa o indirecta. Indicó que si bien es cierto que el Estado Municipal tiene a su cargo un cúmulo de actividades y prestaciones tendientes al bien común, entre ellas el servicio publico. El hecho de que el Departamento Ejecutivo, en cumplimiento de los Decretos 1484 del 18.07.2000, 1450 del 17.07.2002 y de la Ordenanza 10.541 decidiese la creación de la T.A.M. S.E. para la atención del T.U.P. (Transporte Publico de Pasajeros) de los corredores Rojo, Verde y Anillo de Circunvalación, no implica que todo el Municipio se haya constituido en un grupo económico para la atención del servicio.

Continuó aclarando que tampoco existió fraude laboral ya que en las diversas actuaciones ante el Ministerio de Trabajo Provincial y en el propio Contrato de Trabajo eventual suscripto por cada uno de los actores ha quedado plasmada la falta de vicios en la voluntad para el cumplimiento por la empleadora de las remuneraciones que en cada caso se acordaron.

Subsidiariamente, negó en forma genérica la demanda y en particular todos y cada uno de los hechos invocados por el accionante, con excepción de los expresamente reconocidos. Negó que la Municipalidad de Córdoba tenga deuda alguna con los actores por ningún concepto. Negó la relación laboral, categoría y antigüedad por no constarle y por no tener dependencia laboral con los actores por lo que negó deber rubro salarial alguno por ningún concepto. Reconoció la creación de la Empresa T.A.M. S.E. pero negó por no constarle ni haber participado en la elaboración, perfeccionamiento y celebración de los citados "contratos eventuales".

Negó que sea de aplicación in totum el CCT de la UTA. Rechazó la pretensión de incluir los decretos del P.E.N. en razón de no considerarse de aplicación y menos que obliguen a la Municipalidad de Córdoba. Negó la descalificación a las actuaciones ante el Ministerio de Trabajo, considerando inválida la cosa juzgada administrativa. Confirmó que la autoridad de aplicación ha producido un acto administrativo valido, fundado en derecho y conforme a las facultades que le otorga la ley de procedimiento administrativo que convalida un acuerdo libremente celebrado entre las partes de este juicio y por ende es oponible en esta instancia judicial.

Seguidamente rechazó la inconstitucionalidad de la normativa que declara la emergencia por considerarla legalmente aplicable al caso. Proclamó que en el origen de la relación laboral que surge del Contrato de Trabajo Eventual suscripto libremente por los actores y TAM SE, se pactó la remuneración según CCT UTA Secc. Córdoba, dejando constancia de los rubros que se abonaban y de los que no se los hacía dada la particularidad de la provisoriedad y realidad del transporte (art. 16 inc. d del estatuto social de la TAM SE).

Rechazó el planteo de inconstitucionalidad de los arts. 7 y 8 de la ley 23.928, modificados por el art. 4 de la ley 25.561, como también el art. 5 del decreto 214/02 que prohíben la actualización monetaria de los creditos de naturaleza laboral. Rechazó el planteo de inconstitucionalidad de las ordenanzas 10.464 y dec. 2843/01 del Ejecutivo municipal que se adhiere al decreto 2656/01, considerando en definitiva de plena aplicación la legislación de emergencia.

Impugnó la planilla provisoria por tener la misma un monto impreciso, incompleto, sin detallar bases de cálculos ciertos con alusiones a supuestos créditos efectuados en forma genérica y sin determinación alguna que impiden establecer los montos reclamados en forma fehaciente. Citó doctrina y jurisprudencia para avalar sus dichos.

Pidió la aplicación de las costas conforme lo dispuesto por el art. 83 inc. 1, CPCC. Solicitó la aplicación de la ley provincial 9078 y la ordenanza municipal 10.585, para el caso de resultar sentencia condenatoria. Hizo reserva del Caso Federal.

5. Emplazadas las partes para que ofrecieran las pruebas que hacían a su derecho la parte actora ofreció: Documental, Reconocimiento, Exhibición, Informativa e informativa del Art. 240, CPCC. Por su parte, la Municipalidad de Córdoba ofreció, constancias de autos, confesional, testimonial, informativa y presunciones. La empresa TAMSE ofreció, constancias de autos, confesional, testimonial, documental -instrumental- reconocimiento - informativa, pericial contable.

6. Admitidas, diligenciadas y producidas las propias de la etapa de conciliación, la causa fue elevada a la Cámara del Trabajo la que a través de su Sala Novena se encuentra en condiciones de conocer y decidir el conflicto. Se procedió a desacumular la presente demanda (fs. 49 vta.). Subsistente la acción e integrado el Tribunal se procedió a recepcionar la audiencia de vista de la causa de conformidad dan cuenta las constancias del proceso a la que asistieron las partes con los respectivos patrocinios los letrados. Incorporada la totalidad de la prueba a rendirse se clausuró el debate, el Tribunal con ajuste al mandato del Art. 63, CPT y a las reglas que le impone el mismo plexo normativo, se encuentra en condiciones de dictar resolución definitiva en los presentes, planteándose la siguiente cuestión a resolver: ¿Son procedentes los reclamos de los actores? A la cuestión propuesta dijo:

7. Los hechos y el derecho. 7. 1. La relación jurídica procesal ha quedado establecida de conformidad a las afirmaciones y negaciones contenidas en los escritos de demanda y contestación referidos precedentemente.

7. 2. No es materia de controversia la existencia, extensión y vigencia de la relación laboral, categoría, tareas, remuneración percibida, celebración de contratos de trabajo denominados eventuales con ajuste al CCT de la actividad y con invocación de la LCT, entre los actores y la TAMSE. La última tampoco cuestiona la aplicabilidad del CCT y los decretos base de las pretensiones. Se verifica acuerdo en la crisis del transporte urbano al tiempo de la incorporación de los actores a TAM SE. No se controvierte ni impugna que la última nombrada es una sociedad del Estado Municipal que la Municipalidad de Córdoba creó a los fines de la prestación del servicio público de pasajeros.

7. 3. Se discute, en cambio, si TAM SE está obligada al pago de los rubros antigüedad, laudo diario y tareas previas y posteriores determinadas por la CCT de la actividad (UTA), así como los conceptos y montos emergentes de los decretos 1273/02, 2641/02 y 905/03 diferidos en su cumplimiento por acuerdo de voluntad entre los trabajadores y la TAMSE; en caso afirmativo, si la Municipalidad de Córdoba es solidariamente responsable en los términos de los Arts. 30 y 31, LCT.

7. 4. Es ampliamente conocido y aceptado que la exigencia de prueba en el proceso se presenta siempre que un hecho alegado como base de la acción o excepción sea contradicho; cuando no se presenta contienda por ausencia de negativas o se verifican afirmaciones concurrentes de las partes que configuren un acuerdo en torno a determinados enunciados sobre lo acontecido estos no integran la relación litigiosa.

Asimismo, se verifica consuno en que el Juez es soberano en la apreciación de los medios de conocimiento, en la fijación de los hechos del caso y en la determinación de la norma jurídica aplicable. La Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Tribunal Superior de Justicia, en principio, convalidan esta soberanía y agregan que es facultad y responsabilidad del sentenciante juzgar con equidad los casos judiciales sometidos a conocimiento y decisión. En este ámbito, indican también, aplicar la ley no es una tarea mecánica, reñida con la naturaleza misma del derecho (CS, Fallos 302:1611). Lo inmediatamente precedente, se resume en las sentencias breves y comúnmente recibidas: Da mihi factum, dabo tibi ius e iura curia novit.

7. 5. Descripción de los elementos de conocimiento. Se procederá a la descripción de los elementos de convicción dirimentes para el conocimiento y decisión, teniendo a la vista los autos caratulados: "Aguirre, Eduardo Enrique y otros c/ T.A.M. S.E. y otro -Ordinario Haberes- Expte. Nº 4311/37" en los que se instruyó la prueba de la etapa conciliatoria.

1. A fs. 246: Audiencia de exhibición y reconocimiento por parte de los demandados de la documental requerida por el actor y reconocimiento de este último de la documental ofrecida por la accionada se exhibió el libro del Art. 52, LCT, asimismo se reconocieron los contratos de trabajos eventuales.

2. A fs. 341-344: informe de la Municipalidad de Córdoba.

3. A fs. 335-339 obra informe de Inspección de Personas Jurídicas del Registro Público de Comercio - Secretaria de Justicia - Gobierno de Córdoba.

4. A fs. 331-334 informe de Conciliación y Arbitraje de la Provincia de Córdoba.

5. Informe pericial contable a fs. 367-427.

6. A fs. 354-365 informativa a la Cámara de Diputados de La Nacion.

7. Reservados en Secretaria obran los "contratos eventuales" en cantidad de dos por actor, que fueron reconocidos por las partes en la audiencia al efecto.

8. En la audiencia de vista de las partes renunciaron a su respectiva prueba confesional y solicitaron la incorporación de los dichos de los testigos A. J. B. y A.R. de la P. incorporados en la causa: "Designa, Walter Marcelo c/ TAM S.E. Y OTRO - Ordinario Haberes- Expte. Nº 4423/37", tramitados por ante este mismo Tribunal y Secretaria, bajo la titularidad del suscripto. Por cuanto se tiene por incorporada la presente testimonial: El Dr. A. R. de la P., DNI ..., casado, argentino, 49 años, abogado, domiciliado en ... dijo: Que fue Subsecretario de Transporte y Tránsito, asumió el 09/03/2002 y el 17/07/2002, por decreto, fue designado el Presidente de la Sociedad Estatal TAMSE. El transporte estaba en crisis, en la República Argentina no había producción de vehículos de transporte masivo. En Córdoba, en el año 2001, las empresas que ganaron las licitaciones no pudieron incorporar unidades para el corredor "A" (rojo y verde) que explotaba la U.T.A. - DOCTA. Caducaron en mayo de 2002, por decreto, debido a múltiples incumplimientos el más grave era que no tenía póliza de seguro. El 29/06/2002 los trabajadores protestaron, y la caducidad se hizo operativa, incautaron los colectivos, eran 100 unidades como retención para asegurar sus pretensiones. Los trabajadores fueron empleados hasta el 29/06/2002 de U.T.A. - DOCTA, impulsaron la creación de TAMSE, las únicas unidades que habían eran las incautadas, hubo propuestas a través del gremio y con la participación directa de los trabajadores UTA - DOCTA con autorización de la autoridad administrativa del trabajo para incorporarlos a todos por 90 días hasta que se consiguiera una empresa privada que lo explote. La proporción era por cada colectivo 8,5 conductores. Se hizo un acuerdo para pagar el básico más presentismo desde el 19/07/2002 en el que comenzó a funcionar. Se pagaban aproximadamente $700 (menos en relación a los demás conductores). Cada trabajador trabajaba menos horas para que pudieran trabajar todos, los contratos eran eventuales, de ocho meses de duración, el 19/07/2002 se firmaron 863 contratos. No sabe si se homologaron los contratos. Vencidos los tres meses de los contratos se firmó otro contrato eventual y se reconocieron otros items, como antigüedad. La TAMSE debía ser aprobada por el Concejo Deliberante, le dio una vida de 8 meses, porque las unidades que se usaban eran las incautadas, y era solo por 90 días. La Sociedad Estatal se inscribió en la Inspección de Sociedades Jurídicas el 31/05/2003. Era una Sociedad al margen de la Municipalidad, tenía autonomía, compraba combustible, despedía trabajadores, recibía subsidios, de ellos el más importante era el de la Nación y el subsidio al gas-oil. Era una autoridad que actuó con "autonomía" era subsidiada por la Nación SISTAU - emergencia gasoil. En algunas oportunidades se pagó el aguinaldo con un subsidio percibido de la Municipalidad. Antes de retirarse notificó a todos los trabajadores formalmente por CD que el contrato eventual concluía 31/01/2004. El Dr. B., A.J., 45 años, DNI ..., con domicilio en ..., ...., abogado, ejerce la profesión en relación de dependencia en la Municipalidad desde el año 1998, en planta permanente. Fue síndico de la TAMSE desde su creación en junio del año 2002 hasta mediados del 2004. La misma tenía un estatuto que preveía una duración de 90 días. Estima que fue una contratación a plazo fijo de 860 empleados. Se prorrogó la vigencia de la TAMSE y entiende que se prorrogaron los contratos. Las unidades fueron obtenidas algunas por incautación y la mayoría por alquiler. TAMSE comenzó a funcionar con 110 o 120 unidades que estaban en mal estado, pero a veces se prestó servicios con 80 unidades. Sobraban conductores por cada unidad eran once. La empresa comenzó a tener déficit, se tornó antieconómica, lo cual era informado al Intendente. Los ingresos normales era provenientes de: Abonos y corte de boletos, subsidios del Gobierno Nacional, Fondo de Transporte Municipal (porcentaje del boleto), compra del gas-oil a menor precio. El único socio de la empresa era Municipalidad y era quien aportaba para solventar el déficit. En el primer período, no era necesario el aporte de la Municipalidad, sino a partir del tercer mes, lo cual se hacía a través de la Secretaría de Economía. La creación de TAMSE fue por Decreto, cree que refrendado por Ordenanza del Concejo Deliberante. Se inició el trámite en la Inspección de Sociedades Jurídicas y obtuvo personería un año después. Tenía sus autoridades propias (el directorio no percibía honorarios, los síndicos y demás empleados sí). La TAMSE no pertenecía al Organigrama Municipal. Los contratos se celebraron a la época en que la TAMSE estaba en formación, el Presidente era funcionario de la Municipalidad. Existía una Ordenanza Municipal que declaraba la emergencia del transporte. No sabe porqué se pagaban sueldos inferiores a los de convenio, ni si se homologaron los contratos..

8. Análisis y valoración de la cuestión debatida: La cuestión fue oportunamente decidida en los autos "DESIGNA WALTER MARCELO C/ T.A. M. S.E. y OTRO - ORDINARIO - HABERES" (sentencia de fecha 9 de junio de 2006), "VALLEJO DAVID ANTONIO Y OTRO C/ T. A. M. S. E. y OTRO - ORDINARIO - HABERES - EXPEDIENTE 6007-37" (Sentencia 88 del 05 de diciembre de 2006) que seguiré mutatis mutandi y "SOSA JUAN PABLO Y OTRO - ORDINARIO - HABERES" emitido por mi colega el Dr. Hugo Felipe Leonelli con fecha 24 de noviembre de 2006.

8. 1 Los actores reclaman que se le abonen los adicionales previstos por Convenio Colectivo de Trabajo 460/73 por antigüedad, laudo diario y tareas previas y posteriores y rubros por decretos 1273/03, 2641/02, 905/03. La antigüedad se debe conforme el legajo particular de cada actor y referida a la que tenía con su anterior empleadora a pesar de que ingresó a trabajar con TAMSE el diecinueve de julio de dos mil dos, por mediar reconocimiento.

8. 2 El CCT 460/73, comprende (ámbito personal de aplicación) al personal que se desempeña bajo relación de dependencia en las empresas prestatarias de servicio público urbano de pasajeros de la ciudad de Córdoba.

8. 3. La norma convencional, fruto de la negociación colectiva, producido de conformidad al procedimiento establecido por la ley 14.250, homologado por una autoridad competente y con el procedimiento conforme lo dispone las normas del ordenamiento jurídico, produce el reemplazo de un sistema por otro nuevo en la secuencia que conforma un mismo orden jurídico, pues el convenio colectivo, en tales condiciones de validez, es el resultado de un estado de cosas irreversible y de la evolución consiguiente del pensamiento jurídico, con indiferencia de la aquiescencia individual (CS, Fallos 251:58. "Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado c/ Alberto Grimoldi Fabricación de Calzado S.A." (11/10/1961) e ingresa como derecho sustancial laboral (Arts. 75, inc. 12, y 31, CN).

Se evidencia asentimiento en la doctrina laboralista en torno a que la homologación es un acto realizado en función de una delegación del poder normativo estatal, residente en el Poder Legislativo, a un órgano administrativo; discusión distinta es dilucidar si la homologación es constitutiva o declarativa, debate al que no es menester ingresar (Cf. Ricardo Luis Lorenzetti, Convenciones Colectivas de Trabajo. Santa Fe: Rubinzal y Culzoni SCC, 1988, pp. 138-140).

8. 4. La accionada resiste el cumplimiento completo y oportuno del CCT argumentando que un acuerdo de voluntad (Art. 1197, CC), exteriorizado en los contratos de trabajos eventuales existentes y reconocidos por los contendientes, autoriza el aplazamiento.

8. 5. No se discute, en el proceso, la crisis del transporte público lo que llevó a la Municipalidad de Córdoba a decidir (políticamente) la creación de la empresa TAMSE. La citada empresa los incorporó pactando con ellos el no pago de los salarios convencionales objeto de reclamo.

8. 6. Los contratos eventuales verifican la remuneración de los accionantes en una suma fija compuesta por sueldo básico más presentismo establecido en Convenio Colectivo de UTA Seccional Córdoba, sin reconocimiento de antigüedad alguna y sin pago de los rubros denominados laudo diario y tareas previas y posteriores, dado la provisoriedad de la contratación (19-07-2002).

8. 7 Los conceptos salariales a los que renunciaron los actores mediante dichos contratos conforman los mínimos inderogables que configuran el orden público laboral. Por lo tanto son irrenunciables tal como lo dispone expresamente el Art. 12, LCT, al prescribir que será nula y sin valor toda convención de partes que suprima o reduzca los derechos previstos en esta ley, los estatutos profesionales o las convenciones colectivas, ya sea al tiempo de su celebración o de su ejecución o del ejercicio de derechos provenientes de su extinción.

El legislador del derecho del trabajo atrincheró una solución valorativa presumiendo que cuando un trabajador renuncia a un derecho lo hace por necesidad, falta de capacidad suficiente de negociación o bajo la presión de la desigualdad jurídico-económica existente con el empleador. Surge de este modo una rama jurídica nueva "descodificada" que manifiesta una tendencia del derecho a resolver de forma cada vez mas específica determinados problemas sociales; en suma, la legislación del trabajo es una forma técnico política de organizar las leyes en una determinada área de relaciones (Cf.: LARIGUET, Guillermo, Dogmática jurídica y aplicación de normas. Un análisis de las ideas de autonomía de ramas jurídicas y unidad del Derecho. Córdoba: Alveroni Ediciones, 2006, pp. 154-167). En la decisión axiológica del legislador nacional se sustenta el concepto de orden público laboral que implica que en este ámbito contractual no se reconoce al trabajador capacidad de negociación in pejus sobre derechos reconocidos como mínimos inderogables. En definitiva, acorde con la definición genérica de orden público, los derechos mínimos establecidos a favor del trabajador no pueden ser eliminados por la voluntad de los particulares. La prescripción del citado dispositivo se complementa con los Arts. 7, 13, 15 y 58, LCT que, en líneas generales, regulan operativamente el principio mentado y los efectos que la ley le asigna a la renuncia en tales condiciones, tales como la nulidad o la sustitución de cláusulas (Cámara del Trabajo de Córdoba, Sala Quinta, 03-05-2006 "GAMARRA HUGO ALBERTO C/ TAM (SE) TRANSPORTE AUTOMOTOR MUNICIPAL SOCIEDAD DEL ESTADO (EN FORMACIÓN) Y OTROS- ORDINARIO-DESPIDO", Tribunal unipersonal Dra. Ana María Moreno de Córdoba y Cámara del Trabajo, Sala Segunda, sentencia setenta y dos, siete días del mes de octubre de dos mil cinco "CARGNELUTTI, Rubén Luis c/ TAM S.E. (TRANSPORTE AUTOMOTOR MUNICIPAL SOCIEDAD DEL ESTADO) - Expte. 5352/37" Tribunal unipersonal Dr. Fernando Farías).

8. 8. Las renuncias realizadas por los actores a los salarios de convenio al firmar los contratos de trabajo eventual con los representantes de TAMSE carecen de validez. Son nulos, inoponibles y no sujetos a confirmación. Las renuncias de conceptos salariales de convenio no son negociables. Deben tenerse por cierto que los adicionales por antigüedad, laudo diario y tareas posteriores y anteriores están previstos en el CC 460/73 pues TAMSE no lo controvierte sólo argumentó un emplazamiento para su pago.

8. 9. De igual modo en relación a los decretos 1273/03, 2641/02, 905/03 no se verifica controversia en cuanto a que los trabajadores quedaran comprendidos en estas disposiciones. Sólo se invocó la falta de pago en función de la emergencia, la cual no resulta oponible al trabajador en tanto ésta no contiene disposición normativa alguna al respecto ni le es aplicable en razón de la naturaleza de obligación privada del contrato de trabajo. Luego, no se ha acreditado que la crisis general del transporte autorizara a la empresa a no pagar las asignaciones. Por lo tanto corresponde admitir la demanda por estos conceptos en los montos señalados en planilla (Art. 39, CPT). En efecto, en cuanto al pago de los Decretos del PEN 1273/02 Julio a Diciembre del 2002, 2641/02 Enero a Abril del 2003 y 905/03 Mayo a Junio del 2003, no ha acreditado el pago de estos conceptos la demandada (art. 39 CPT) razón por la cual corresponde acoger la pretensión por los montos demandados. La demandada en su oposición al pago de estas asignaciones ha traído en su apoyo lo resuelto por esta Sala Novena del Trabajo en los autos Silva c/ BRM. Tal como lo ha resuelto mi colega el Dr. Pedro Antonio Grasso en autos "Castillo, Roberto Denni Y Otros c. T.A.M. S.A. y otro -Ordinario Haberes- Nº 4333/37", Sentencia Nº 21 del 24 de abril de 2008, no resulta de aplicación respecto de los decretos de necesidad y urgencia dictados por el Poder Ejecutivo Nacional para pago de asignaciones no remunerativas, cuya aplicación reclaman los actores, porque se trata de objetos jurídicos distintos. ..."Mientras en el caso "Silva c/BRM" se resolvió la inconstitucionalidad de la prórroga de la vigencia del art. 16 de la Ley 25.561 mediante el dictado de decretos de necesidad y urgencia por parte del Poder Ejecutivo, entre otras cosas por tratarse de una materia no delegada por el Congreso al Poder Ejecutivo por ser de norma de naturaleza punitiva, sancionatoria cuyo dictado solo está reservado por la Constitución al Poder Legislativo y tampoco le delegó la facultad, en el art. 16 de la Ley 25.561, de prorrogar su vigencia, como así tampoco resultaban constitucionalmente válidos porque en todos los casos el dictado de los decretos de prórroga se hicieron estando el Congreso en funciones. No así los decretos de necesidad y urgencia que establecieron el pago de las asignaciones no remunerativas que lo fue dentro de las facultades establecidas por la Ley 25.561, sancionada por el Congreso de la Nación que le imponían al Poder Ejecutivo en el inc. 2º del art. 1º la obligación de arbitrar políticas de estado para reactivar la economía, mejorar el nivel de empleo y de distribución de riqueza. El Poder Ejecutivo en cumplimiento de dichas política dispuso mejorar el nivel de ingreso de los trabajadores en relación de dependencia que sus contratos estuvieren regidos por convenciones colectivas de trabajo mediante asignaciones no remunerativas que le producían un aumento real en el ingreso monetario y al empleador sin costos adicionales como resulta de las remuneraciones que están sujetas a aportes y contribuciones. Tratándose de disposiciones legales que hacen a políticas de estado, dictadas en el marco formal o sustancial de la Constitución y que no afectan a derechos adquiridos, quedan fuera de la órbita del control judicial. Por ello, lo resuelto en el caso Silva c/BRM no es de aplicación en el presente...".

8. 10. Corresponde analizar si la codemandada Municipalidad de Córdoba es responsable por alguna de las hipótesis de solidaridad invocadas (Arts. 30 y 31 LCT). Cabe desatacar, en primer lugar, que la Municipalidad es un ente estatal, distinto a la sociedad formada para la explotación transitoria del servicio público de transporte urbano. El servicio fue organizado atendiendo a razones de urgencia y ante la caducidad de la concesión al anterior prestatario. Según el testimonio de Rodríguez de la Puente, la Municipalidad declaró la caducidad de una de las anteriores prestatarias, Docta UTE, y ante la situación de que quedó una zona sin prestación y ochocientos sesenta y tres trabajadores sin ocupación, se conformó, en apretado trámite, una Sociedad del Estado para que operara transitoriamente el servicio, ya que en ese momento no había posibilidad de otra solución: no había fábricas de ómnibus, no había importación, no se había conseguido operador privado.

Si bien se trata de un servicio que habitualmente el Estado municipal ha concesionado a empresas del sector privado, no se sigue de ello que constituya la actividad normal y habitual de la Municipalidad de Córdoba. Reiterando las consideraciones ya vertidas en autos "DESIGNA WALTER MARCELO C/ T. A. M. S. E. y OTRO - ORDINARIO - HABERES": "La Municipalidad de Córdoba no se encuentra comprendida en el ámbito de aplicación de los Arts. 30 y 31, LCT como sujeto de la regulación. Asimismo, configuraría un exceso en la interpretación de las normas en cuestión entender que el servicio público de transporte pueda configurar una actividad normal, propia y específica del Estado municipal o que haya configurado un grupo económico con la TAMSE de calidad permanente en ejercicio abusivo de derechos (fraude), lo que tampoco se ha verificado en el proceso".

Por todo ello, debe desecharse el reclamo de condena solidaria con fundamento en la legislación laboral.

8. 11. En cuanto a la aplicación de la legislación de emergencia a los créditos de los trabajadores (ley 9078 y disposiciones comunales complementarias), y siguiendo la sentencia aludida, reproduzco: "TAMSE ha actuado y actúa como empresa de derecho privado al someterse a la legislación laboral (LCT y CCT) jerárquicamente superior a las normativas que regulan la actuación municipal (Art. 31, 14 bis y 75, inc. 12, CN y leyes 20.744 y 14.250) por lo que la reglamentación de emergencia no comprende a la accionada directa. Asimismo, los créditos en discusión se configuran como salariales y eminentemente alimentarios por lo que de conformidad a jurisprudencia extendida no deben postergarse, ni mutar en su carácter obligacional en el cumplimiento completo, oportuno y suficiente." 8. 12. Finalmente, como se ha sostenido en el caso "SOSA" precedentemente citado: "[...] tampoco corresponde admitir la responsabilidad solidaria de los integrantes de la TAM S.E. (art. 54 ley de sociedades comerciales) toda vez que la norma refiere a la responsabilidades de las personas físicas que actúan como socios o controlantes bajo el amparo de sociedades jurídicas y por cuanto ninguno de ellos ha sido demandado en forma personal y determinada, no integrando en definitiva la relación jurídico procesal. Tampoco se observa un obrar fraudulento de parte de sus administradores.

8. 13. Las consideraciones precedentes, y la solución adoptada, tornan innecesaria la mención a la restante prueba producida, la que no obstante ha sido valorada en su totalidad al momento de decidir el pleito.

9. Las costas serán a cargo del demandado (empleador) vencido (Art. 28, CPT). Las ocasionadas por la intervención de la Municipalidad serán por su orden atendiendo a que el carácter de Sociedad de Estado (Municipal) del empleador pudo determinar que los actores se consideraran razonablemente con derecho a litigar. Los honorarios de los letrados y peritos actuantes se regularán conforme los arts. 120, 121, 94, 29, 34, 47 y concordantes de la ley 8226 (por remisión expresa efectuada por el art. 125 de la ley arancelaria vigente nro. 9459) y considerando el tope previsto en los arts. 505 CC y 277 LCT.

Intereses: A los rubros por los que prospera la pretensión se les asignará un interés moratorio que mantenga incólume el valor del capital el que se estimará y se adicionará de la siguiente manera, desde que cada suma es debida y hasta su efectivo pago la tasa promedio pasiva según encuesta del Banco Central de la República Argentina; a dicho guarismo, se le sumará desde que cada suma es debida y hasta su efectivo pago el 2%, en tanto las condiciones económicas se mantengan estables y conforme a las pautas y criterios establecido por el TSJ, Sala Laboral, en autos "Hernández c/ Matricería Austral - demanda - recurso de casación".

Por todo ello, el Tribunal RESUELVE: I. Hacer lugar a la demanda incoada por Guillermo Salvador Moreira, Luis Guillermo Osler y Héctor Miguel Otero por los rubros laudo diario, tareas previas y posteriores, antigüedad y adicionales no remunerativos y condenar a Transporte Automotor Municipal S.E. (TAM SE) a abonar el capital e intereses, conforme las pautas y normas legales citadas en los considerandos, realizándose la liquidación en la etapa previa de ejecución de sentencia (Art. 333 CPCC según procedimiento del Art. 812 CPCC), debiéndose abonar las sumas líquidas dentro de los diez días de notificado el auto aprobatorio. Con costas (Art. 28 LPT). II. Rechazar la demanda en contra de la Municipalidad de Córdoba con costas por su orden (Art. 28 CPT). III. Diferir la regulación de honorarios de los letrados y peritos intervinientes para cuando haya base económica líquida y actualizada de capital e intereses la que se practicará conforme la ley 8226 (Arts. 120, 121, 94, 29, 47 y 34 y concordantes) por remisión expresa efectuada por el art. 125 de la ley arancelaria vigente nro. 9459. Emplácese a los letrados por el término de tres días para que hagan la manifestación del Art. 25 bis ley 8226, bajo apercibimiento. - Gabriel A. Tosto.