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Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia, contrato de obra pública, contratista, plazo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Bonfanti Di Biasio S.C. - Enrietto E.C. c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte CSJ  Nº 135-87)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-05-23

En el antecedente "Eduardo Carlucci Construcciones" la Corte local sostuvo, dentro de un reclamo de modificación del sistema contractual, que el eje central para determinar desde cuándo debe reverse el contrato de obra pública, está constituido -en el caso- por el reclamo mediante el cual se plantea la irrepresentatividad de la fórmula y se pide el reajuste. Pero como las empresas pudieron esperar un período prudencial para constatar si en realidad el fenómeno tenía suficiente permanencia como para que se configurase la situación extracontractual (o sea, aquella que con carácter de presunta permanencia altere las bases que las partes tuvieron en cuenta al pactar el sistema de revisión contractual), se estimó tempestivo el planteo formulado en dicha oportunidad por la empresa actora aunque haya sido efectuado en el último certificado, pues la obra tan solo abarcaba un período aproximado de cuatro meses y, se habían formulado reservas e interpuesto el reclamo correspondiente.
Amparo por mora, recurso de apelación (administrativo), plazo, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL CIVIL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Rec.  de  Queja:  Unión Recibidora de Granos y Anexos de la Rep. Arg. c/ Ministerio de Trabajo y Seguridad Social s/ Amparo por Mora
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-26

Al no preverse en la acción de amparo por mora del art. 28 de la ley 19.549 un plazo para apelar o fundar recursos, parece razonable interpretar que es aplicable a ese supuesto lo dispuesto en el art. 244 del C.P.C.C. que establece que, no habiendo disposiciones en contrario, el plazo para apelar será de cinco días y podrá fundarse dentro de los cinco días de la notificación esta Sala, 29-12-88, "De Esteban y otros s/ Amparo por Mora").
Principio de congruencia, defensa en juicio
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Rivero, Jorge H. y otros s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-05

Para que se viole el derecho de defensa en juicio (arts. 18 y 75 inc. 22 C.N.), debe encontrarse afectado el principio de congruencia fáctica. La congruencia es la compatibilidad o adecuación existente entre el hecho que impulsa el proceso y el resultado de la sentencia. Es decir que el requerimiento fija los hechos de los que el tribunal no puede apartarse, entender lo contrario implicaría desvirtuar el sustrato del proceso. Para que se conmueva la garantía constitucional de defensa en juicio, es necesario que se haya producido una mutación esencial entre el hecho intimado y la base fáctica contenida en el documento acusatorio, con el hecho juzgado, produciéndose un menoscabo en la facultad de la refutación por parte de los imputados. Tal perjuicio sólo concurre cuando la diversidad fáctica le restringe o cercena la factibilidad de presentar pruebas en su interés o si la diversidad comprometió la estrategia defensiva. Por otra parte, la correlación entre acusación y sentencia no es utilizada como sinónimo de identidad o adecuación perfecta en toda su extensión, no se extiende más allá de los elementos fácticos esenciales y de las circunstancias y modalidades realmente influyentes en ellos hasta el punto que la defensa haya podido ser afectada si la sentencia condenatoria se aparta de ese material, advirtiéndose que la dificultad para dar una formulación general de la regla, debe contentarnos con aconsejar la solución en cada caso concreto y en miras a los principios generales circunscribidores de la actividad jurisdiccional. Al dictar sentencia el juez debe adecuar el pronunciamiento al principio de congruencia, lo que constituye en realidad un componente lógico. Es un postulado de la lógica formal que debe imperar en todo orden de razonamiento, de cualquier carácter o índole que el mismo sea. Toda vez que el decisorio debe guardar correspondencia con las pretensiones deducidas por las partes, debatidas y probadas en el proceso. Nada de esto ocurrió en el pronunciamiento, por lo que habrá que descalificarlo en éste punto y en consecuencia, no son de aplicación los artículos 168, siguientes y concordantes del C.P.P.N. (Voto de los Dres. Riggi, Ledesma, Tragant).
Recurso de casación penal, prueba, facultades del fiscal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: P., M.S. s/ Homicidio Simple
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-09-11

Cuando los jueces de la casación llegan a conclusiones absolutorias por defección probatoria (aún cuando ello implique hacer crítica de la manera en que el apelado administrara la apreciación de la prueba) deben dictar su sentencia en ese sentido. El reenvío importa una segunda chance para el Ministerio Fiscal que es inaceptable dentro del esquema de los recursos.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, querella, acción penal, prescripción, interrupción de la prescripción
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: P., R. H; P., R. B.; C., H.J.; I., C. A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- QUERELLA POR CALUMNIAS E INJURIAS (EXPTE.: C.S.J. NRO. 357 AÑO 2006)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2007-03-07

Corresponde rechazar la queja desde que los argumentos de la Alzada para confirmar la resolución del Juez de grado no resultan descalificables desde la óptica constitucional desde que se apoyan en criterios doctrinarios y jurisprudenciales al sostener que en la causa había operado la prescripción de la acción penal teniendo en cuenta para ello que al no considerar como causal de interrupción "las conclusiones de la audiencia de vista de causa", el lapso de tiempo transcurrido desde la interposición de la querella hasta el pedido de sobreseimiento superaba el exigido por el artículo 62 del Código Penal para el delito investigado.
Apertura a prueba, segunda instancia
Materia: CIVIL
Carátula: BAÑOS c/ CONSORCIO AVENIDA DERECTORIO s/ DERECHO PROCESAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-10

Sólo es viable la apertura a prueba en segunda instancia cuando hubiere negativa a proveer probanzas o cuando la negligencia decretada no fuera oportuna. En este último supuesto es necesario que el peticionario justifique que de su parte no medió demora, desidia o desinterés en producir el elemento probatorio declarado caduco, debiendo desestimarse la solicitud cuando se pretende suplir en la alzada la inactividad incurrida en la primera instancia.
Despido, indemnización por despido, derechos y garantías constitucionales
Materia: LABORAL
Carátula: Arias, Francisco Jesús c/ Buenos Aires Catering S.A. s/ Despido y diferencias salariales Martín, Pedro c/ Filgar S.A. s/ Despido y diferencias salariales Lema, Rubén Agustín c/ Círculo Médico de Junín s/ Indemnización por despido Buttaro, Rodolfo E. c/ Banco Quilmes Sociedad Anónima s/ Despido Montero Oscar Ernesto c/ Fortunato Bonelli y Cía. S.A. s/ Diferencia indemnización por despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-11-28|1997-07-08|2002-10-09|2001-12-19|2004-04-01

Con la nueva redacción impuesta por la ley 24.013 la validez constitucional del art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo no está comprometida, en tanto la indemnización del perjuicio derivado del despido arbitrario, cuenta desde dicha modificación legal con un tope máximo directamente vinculado con la remuneración de los trabajadores de la actividad de que se trate, pauta cuya razonabilidad se compadece con la protección consagrada por los arts. 14 bis y 17 de la Constitución nacional. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Cuestiones prejudiciales, efectos de la sentencia penal en sede civil, sentencia absolutoria
Materia: PROCESAL
Carátula: P., M. del C. y Otro c/ E. SA y Otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-06-16

En el régimen de nuestra ley fondal la influencia que la Sentencia absolutoria juzgada en sede penal tiene en sede civil es muy limitada y consiste en que la absolución del acusado en la primera impide alegar en la segunda la existencia del hecho principal sobre el que aquélla hubiera recaído absolución. Sólo cuando la absolución del acusado se funda en la "inexistencia del hecho que se le atribuye o en su ausencia de autoría", ese pronunciamiento no puede ser revisado en sede civil.
Obligaciones, moneda extranjera
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Olivera, María Isabel y Otro c/ Feder de Schmukler, Doa Esther s/ Ejecución Hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-09-16

Debe revocarse la resolución que frente a un pedido expreso en contrario de la actora, pesifica de oficio la obligación originariamente contraída en dólares, debiendo librarse el mandamiento en la moneda peticionada, dejando reservada la cuestión planteada para la oportunidad de resolver sobre eventuales defensas o excepciones.-
Estupefacientes, transporte de estupefacientes, tentativa, facultades del juez
Materia: PENAL
Carátula: Niveas, Marcelo Javier s/ Infrac. Ley 23.737
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-22

El "iter criminis" del delito de transporte de estupefacientes queda en la etapa de tentativa, si luego de ser retirada la encomienda que contenía la sustancia desde su destino el transporte continuó merced a que el Juez hizo uso de las facultades otorgadas por el art. 33 de la Ley 23.737.
Deuda pública, régimen de consolidación de deudas, cosa juzgada, novación
Materia: COMERCIAL
Carátula: LIDER MOTOR SA c/ SOMISA s/ PROCESO DE EJECUCION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-10-29

La consolidación de los créditos reclamados judicialmente tiene lugar cuando pasa en autoridad de cosa juzgada la sentencia que pone fin al pleito, según lo expresamente dispuesto en el art. 1 párrafo 7, ley 23982, que establece que las obligaciones mencionadas sólo quedarán consolidadas luego de su reconocimiento firme en sede..

judicial". con lo que va dicho que la novación a la que se refiere el art. 17 de la referida ley sólo opera, para estas obligaciones, en ese momento.
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, acción de amparo
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Zaimakis Goitia S.A. c/ Santiago  del Estero, Provincia de y otro s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-08-10

Cabe la posibilidad de que la acción de amparo tramite en la instancia originaria de la Corte Suprema, en la medida en que se verifiquen las hipótesis que surtan esa competencia porque, de otro modo, en tales controversias, quedarían sin protección los derechos de las partes en los supuestos contemplados por el art.

43 de la Constitución Nacional y por la ley 16.986.
Subasta, nulidad de la subasta, interpretación restrictiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Centro Sub. Ret. Ejército y Aeronáutica s/ Incidente
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-19

En materia de nulidad de subasta judicial debe imperar un criterio restrictivo de interpretación, regla hermenéutica que en la generalidad de los casos se ve potenciada a fin de no crear un clima desfavorable a esta clase de ventas.
Nulidad procesal, agravio concreto
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Zepilli, Angel Mario c/ Tonin, Hugo José y otras s/ Resolución contractual Lema, Francisco s/ Sucesión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-05-28|1996-12-26

Las nulidades no deben ni pueden satisfacer pruritos formales, sino enmendar los perjuicios efectivos que pudieren surgir del trámite del proceso, toda vez que sería incurrir en una excesiva solemnidad y en un formalismo vacío, sancionar con nulidades todos los apartamientos del texto legal, aún aquellos que no provocan perjuicio alguno (arts. 169, 172 Código Procesal).
Impuestos, impuestos nacionales, monotributo, AFJP
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: "Previsol  AFJP c/ EN-AFIP- Ley 25.085- Dto 863/98 s/ Proceso de conocimiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-09-07

La Corte Suprema de Justicia in re "San José A.F.J.P.", del 15 de junio de 2004 (LL 14/7/04) sostuvo que "el texto de la ley 25.085 es claro en el sentido de que la afectación del dos y medio por ciento que establece se aplica sobre el importe de la recaudación de la ley 24.977 cuya percepción efectúa la Administración Federal de Ingresos Públicos". En consecuencia no resulta posible intepretar -sin contrariar la disposición legal- que ella sólo comprende a los fondos recaudados en virtud del régimen del denominado monotributo...que permanecen en poder del Estado, y deja al margen los que deben ser transferidos a las empresas administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, ya que como se ha visto, la ley 25.085 no establece distinción alguna que pueda dar sustento a limitar de ese modo su alcance, añadiendo que "más allá de que la ley ha omitido designar el nomen iuris, es evidente que la figura que ha creado reviste todas las características de una tasa...en tanto se trata de una prestación impuesta coactivamente por el Estado cuyo presupuesto de hecho consiste en el desarrollo, como lo es la percepción de los fondos que se transfieren a empresa administradora. En consecuencia al haber sido instituida por una disposición emanada del Congreso, ninguna objeción puede efectuarse a su validez formal" (considerando 5°).
Adulteración de documento, automotores, procesamiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Carrasco, Claudio H. s/ Procesamiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-12-21

Corresponde procesar al imputado, quien conducía un vehículo robado con documentación y chapa patente adulterada, en orden al delito penado por el art. 277, inc. 1 apartado c, 289 inc. 3, 296 en función del art. 292 del C.P., ya que no parece verosímil su defensa en cuanto manifestó que el citado automotor le había sido prestado por una persona de la cual no aporta mayores datos, ni paradero.
Despido con causa, falta de prueba
Materia: LABORAL
Carátula: ILLANES, Sergio Antonio c/ Televisora del Oeste  S.A. s/ Apelación de Sentencia
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-03-27

No resulta justificado el despido dispuesto por el empleador, si no se ha priobado la existencia de una falta ecual del trabajador, que unida a las supuestas sanciones anteriores, constituya injuria motivante y fundante de la disolución del vínculo.
Intervención de terceros, costas
Materia: CIVIL
Carátula: GONZALEZ DE PEREYRA MARIA c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2006-02-17

Si la citación de tercero resultó estéril, las costas correspondientes a dicho tercero deben ser soportadas por quien lo citó.
Facultades del juez, facultades instructorias, denuncia policial, requerimiento de instrucción
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: MARTINEZ MARTINEZ s/ Averiguación de contrabando
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-06-21

1 - Resulta válido no solicitar requerimiento fiscal de instrucción si el proceso se inició por denuncia recibida por la Gendarmería Nacional, la cual efectuó averiguaciones preliminares a raíz de lo ordenado por el magistrado al comunicársele la existencia de la denuncia, pues esa intervención, aunque escasa, constituye actividad de prevención y, en consecuencia, el requerimiento fiscal no resulta imprescindible. (Del voto del Dr. Repetto).- 2 - Del juego armonioso de los art. 182, 183, 184, inc. 1), 186 y 195 del CPP surge que resulta innecesario el requerimiento fiscal de instrucción si, una vez recibida la denuncia por la autoridad de prevención, se comunicó aquella al Magistrado y éste dispuso aprobar lo actuado, ordenando la constatación de los domicilios aportados por el denunciante para corroborar su existencia pues, bajo la dirección del tribunal de grado, se realizó la correspondiente prevención con arreglo a lo normado por el art. 195 del CPP. (Del voto del Dr.Pizzatelli).
Contrato de trabajo, partes, trabajador, empleador, facultad rescisoria del empleador, abogado apoderado, facultades disciplinarias del empleador, telegrama colacionado
Materia: LABORAL
Carátula: Valdez, Dardo Marcelo y otro c/ Ate Seccional Catamarca s/ HABERES IMPAGOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1997-12-30

Habiendo quedado demostrado, de acuerdo a la prueba obrante en la causa, que la relación que unió a los actores con la demandada fue de carácter laboral, corresponde en atención al plexo normativo vigente que, a los efectos de dar por terminado el vínculo, la declaración por la que se comunica la extinción provenga de uno de los integrantes de la relación para que la misma tenga plena validez. En efecto, dicho principio tiene relación si de acuerdo a las constancias de la causa los telegramas por los cuales se comunica el despido a los trabajadores son emitidos y firmados por el apoderado de la empleadora. En este orden de cosas, cabe analizar si el apoderado judicial de un gremio o empresa puede tomar la decision de despedir a los trabajadores, y ello debe ser relacionado con lo previsto en la ley de Asociaciones Sindicales Nro. 23.551, la cual en su art. 17 señala que la dirección y administración de la asociación será ejercida por un órgano compuesto como mínimo por cinco miembros. Por ello y al haberse comprobado que el apoderado no integra la comisión directiva de la empleadora -Asociación Gremial de Trabajadores--, corresponde tener a los referidos telegramas colacionados como inidóneos al emanar de quien en relación al vínculo laboral asume carácter de tercero.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, competencia
Materia: LABORAL
Carátula: Romero Neira, Ricardo Antonio c/ Y.P.F. Gas s/ Indemnización por daños y perjuicios (fuero laboral)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-09-02

En el caso, la decisión del Tribunal del Trabajo que declara su incompetencia en relación al reclamo efectuado atento a lo que surge del art. 49 de la ley 24.557, no reviste el carácter definitivo, en la medida que no atribuye el conocimiento de la causa a una jurisdicción extraprovincial. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Despido verbal, indemnización agravada
Materia: LABORAL
Carátula: Quintana Cristian Raúl c/ Duarte Juan Carlos y/o radio isla del Cerrito s/ Despido, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2002-07-19

La L.C.T. prevé que el despido debe producirse por escrito, la forma verbal no está contemplada, pero no obstante estando reconocido el hecho por el propio actor que fue despedido de esa forma con carta documento, esa fecha y no otra debe tomarse como la de real ruptura del contrato, como hace la Juez actuante, lo que torna extemporánea la intimación efectuada a posteriori, de acuerdo a la legislación vigente.
Sentencia condenatoria, debido proceso, defensa en juicio, in dubio pro reo, presunción de inocencia, sentencia arbitraria
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la defensa de Jorge Enrique González Nieva en la causa González, Jorge Enrique s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de la ley en causa n° 43.787 y 43.793 c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-08

La opción en favor de la condena al imputado sobre la base de fundamentos que no aseguraron el debido respeto a la garantía de defensa en juicio y de extremos que carecen de apoyatura en otros elementos de convicción, afecta el principio del in dubio pro reo que deriva de la presunción de inocencia (art. 18 Constitución Nacional y arts. 11.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en virtud del art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional), y su no aplicación al caso descalifica al pronunciamiento como acto jurisdiccional válido.
Contratos administrativos, distribución de gas, interpretación del contrato, exenciones impositivas
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL
Carátula: Municipalidad   de Quilmes c/ Gas del Estado S.E. en liquidación-  Ministerio  de  Economía, Obras  y  Servicios Públicos de la NACION s/ ejecución fiscal.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-02-06

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que limitó el alcance de las exenciones tributarias previstas en el convenio celebrado para la ejecución de la ampliación de la red distribuidora de gas natural, si de una adecuada interpretación integral de los términos del convenio resulta que no surge una disposición que permita restringir dichas exenciones a la nueva red.
Coautoría, privación ilegal de la libertad, homicidio, desaparecidos
Materia: PENAL
Carátula: Amelong, Juan Daniel y otros s/ Recurso de casación e inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-12-05

Los integrantes del grupo de tareas a cargo de los detenidos privados ilegalmente de su libertad durante el gobierno de facto resultan coautores de los homicidios de aquéllos, puesto que las víctimas fueron vistas por última vez con vida en un centro clandestino de detención bajo su custodia, lugar donde sufrieron torturas y malos tratos en virtud de su condición de presos políticos, sumado a que no se han tenido noticias de ellos por más de treinta años.
Prescripción de la acción penal, interrupción de la prescripción de la acción penal, notificación
Materia: PENAL
Carátula: P., J.C. s/ Denuncia
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-08-30

"No debe en modo alguno confundirse la virtualidad interruptiva de la prescripción que le es inherente al acto, y que con su sola invocación en el proceso lo erige en un acto estructural del mismo, con el resultado exitoso o no de la notificación al destinatario del llamado a la indagatoria. En lo atinente a esta última cuestión cabe agregar que resulta indistinto que el procesado haya podido notificarse, lo haya querido, o que cualquier otra circunstancia pudiera haber obstaculizado la efectiva notificación del mismo ya que, sin perjuicio de su resultado, lo que evidencia la voluntad persecutoria del órgano jurisdiccional son todos aquellos actos de una indudable aptitud para el impulso procesal. Lo contrario, esto es, depender de la voluntad o de la presencia del legitimado a los fines de notificarse, supone desplazar a su persona de la dirección del proceso, lo que resulta exclusivo de la potestad estatal".
Pago, efecto extintivo del pago
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ghislanzón c/ Caja Nacional de Ahorro s/ Cobro de honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-02-21

La cuantía de la condena firme se integra con los honorarios definitoriamente establecidos a habida cuenta que éstos conforman accesorios básicos de aquella y sin cuya satisfacción no cabe tener por oblado al crédito del que es titular el actor (arts.34 inc.5, 161, 163 inc.6 y concds. C.P.C.C.20, ley 6716 t.o. según ley 10269).

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Beneficios previsionales, prescripción
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Torcelli, Alfredo Francisco c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-09-28

El efecto interruptivo de la prescripción operado por la presentación del actor que data de 1987 se mantuvo a través de los siete años que insumió la tramitación de la misma, sin que tal circunstancia quede enervada porque la demora en la decisión obedezca, en parte, a causas no imputables al organismo demandado.