marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Importación de automotores, franquicia para personas con discapacidad, contrabando, competencia, competencia en lo penal económico
Materia: PENAL
Carátula: DONDENA DE GARELLO, ESTER ALEJANDRA s/ Contrabando, Incidente de apelación Causa Nro. 35123.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-15

Compete a la Justicia Nacional en lo Penal Económico y no a la Federal local donde se realizaron las actuaciones notariales y tienen su domicilio la beneficiaria de la franquicia y la escribanía que dio fe de los poderes como en la causa por el ingreso al país de un automóvil extranjero en los términos de la ley 19279 (modif. por la ley 22499), que habría sido adquirido a favor de un tercero no incluido en la franquicia [para discapacitados] de la ley citada, pues aquellas circunstancias no implican necesariamente que el delito se haya consumado en el ámbito provincial, en tanto el ingreso del vehículo se llevó a cabo ante la Aduana de la ciudad de Buenos Aires.
Recurso de inconstitucionalidad, principios procesales, principio de congruencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: L., G. F. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- LESIONES  CULPOSAS -ACCION CIVIL (EXPTE.: C.S.J. NRO. 638 AÑO 1998)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-12-26

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el actor civil al exhibir el pronunciamiento del Tribunal a quo defectos que determinan que el mismo no pueda ser considerado como la necesaria "derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa", extremo que determina su invalidez a la luz del artículo 95 de la Carta Magna provincial. Ello es así por cuanto, para acoger el recurso deducido en su hora por la demandada (entendiendo que la responsabilidad de la misma no podía juzgarse a la luz del artículo 1113 del Código Civil atento a que la cuestión de su aplicabilidad o inaplicabilidad no había sido introducida en la litis), la Alzada partió de una irrazonable interpretación de los alcances del principio de congruencia, el que fue sacado de cauce y llevado dogmáticamente más allá de sus límites propios, dando lugar a una solución que desconoce principios esenciales que orientan la labor de adjudicación judicial.
Ley sobre riesgos del trabajo, incapacidad, baremo, actividades laborales
Materia: LABORAL
Carátula: Pecile, Roxana c/ Mapfre Argentina ART SA s/ accidente - ley especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-12-27

Para determinar la incapacidad laboral ante el supuesto de ser incrementada incorporando el factor tipo de actividad y tomando el Baremo de la ley 24.557, la incapacidad funcional debe multiplicarse por el porcentaje de dicha tabla y no sumarse.(En el caso, el perito médico determinó la incapacidad de la cual resultaría portadora una trabajadora, después de un infortunio laboral, de la siguiente manera: 8% por incapacidad funcional más el 5% por la dificultad para realizar tareas habituales de carácter leve 5% más el 1% por su edad, arribando a un total del 14%, todo ello conforme la Tabla de evaluación de incapacidades laborales de la ley 24.557, aprobada según Decreto 659/96).
Honorarios del abogado, cobro de sumas de dinero
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Barinaga, Juan c/ Círculo Inmobiliario y Financiero Esther S.R.L. s/ Cumplimiento de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-02-08

Teniendo en cuenta que la controversia tuvo por objeto el cumplimiento del contrato celebrado entre las partes sobre la compraventa de un horno para cocción de pan, debe concluírse que la importancia económica del asunto se encuentra representada por el valor asignado al bien por los propios contratantes, con la actualización propuesta, por compadecerse ella con las modalidades previstas por los arts. 23 y 24 del decreto ley 8904/77.
Participación criminal, presupuesto
Materia: PENAL
Carátula: B., C.; G., C.A. s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-08-27

"Participar en la comisión de un delito es, por sí, el hecho común de dos o más personas cuyos aportes convergen y se encaminan hacia la producción de una misma acción delictiva".
Ejecución de sentencia penal, traslado de internos
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Alvarez González, Fructuoso s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-15

La ejecución de la sentencia condenatoria no requiere de un nuevo impulso del Ministerio Público Fiscal. Si el Estado de cumplimiento -con desconocimiento de las normas del Tratado sobre Traslado de Condenados aprobado por ley 24.036- convirtió la pena de prisión perpetua que venía purgando el encartado en una pena de veinte años de prisión y, por aplicación del Código Penal español, fue liberado definitivamente, dicho acto excede la jurisdicción excepcional y restringida otorgada al Tribunal de cumplimiento por las normas de dicho tratado, sin que resulte procedente oponer la excepción de cosa juzgada a la decisión que dispuso la reapertura de la supervisión de la ejecución de la pena impuesta y el libramiento de orden de captura. La disidencia sostuvo que el Tratado sobre Traslado de Condenados está sujeto a un principio internacional que indica que la ejecución de la pena quedará sujeta a las leyes y procedimientos del Estado receptor y que la entrega a España del condenado para el cumplimiento de la sentencia argentina de prisión perpetua suponía el conocimiento de lo dispuesto por el Tratado de Extradición y Asistencia Judicial en Materia Penal suscripto entre ambos países -ley 23.078-, en virtud del cual ajustó la ejecución de la pena restante a los parámetros locales españoles, no modificando la condena sino su cumplimiento, acerca del cual expresamente no existe prohibición normativa específica; y que, al haberse agotado el título ejecutivo de la condena, esa situación fáctica desapoderó al juez de ejecución de todo título para proseguir actuando.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, proceso penal, suspensión del juicio a prueba
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Z, E R s/ Estafa. Incidente de suspensión del juicio a prueba. Cuestión   previa: ¿Corresponde integrar un cargo de Juez de Cámara, vacante en  una sala de una de las Cámaras de Apelación en lo Penal convocadas, para la constitución y funcionamiento válido de éste Tribunal   plenario? Cuestión de fondo: 1) ¿El instituto de la suspensión del   juicio a prueba, incorporado al Código Penal por la Ley 24316 como   artículos 76 bis, 76 ter y 76 quater, resulta aplicable a los   imputados por delito o delitos cuya escala penal en abstracto exceda  los tres años de reclusión o prisión?; 2) En su caso ¿El   consentimiento del Fiscal previsto en el artículo 76 bis, cuarto   párrafo del Código Penal, es exigible para todos los casos de   concesión de tal beneficio? (Expte. Nro. 1021-97) (Tribunal plenario)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-12-22

Es impensable otorgar una probation sin el pedido o manifestación expresa del imputado en tal sentido. La naturaleza de la suspensión del juicio a prueba demanda, en cualquiera de las hipótesis de procedencia, el obvio presupuesto señalado. Aún cuando se trate de una buena alternativa para su destinatario, aparece evidente que quien pretenda una definición desincriminante en tiempo razonable y sin someterse a regla de conducta alguna, no tiene por qué tolerar la paralización de su proceso. La deducción de que la ley exige el pedido en un caso y faculta la concesión de oficio en otro, deriva de la disección que se practica del texto con el método propio del razonamiento analítico y la lógica formal. (Del Voto del Dr. Ríos -En Disidencia-). En el caso, la cuestión a resolver es: ¨El instituto de la suspensión del juicio a prueba, incorporado al Código Penal por la ley 24316 como artículos 76 bis, 76 ter y 76 quáter, resulta aplicable a los imputados por delito o delitos cuya escala penal en abstracto exceda los tres años de reclusión o prisión?
Recurso de inconstitucionalidad, voto en disidencia, sentencia suficientemente fundada, Derecho laboral, despido indirecto, trabajador, certificado médico
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MENA, JUAN JOSE c/ CINTER S.R.L. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-07-28

La recurrente no alcanza a demostrar que lo resuelto por la Sala, al confirmar la sentencia de grado, hubiera incurrido en un supuesto de dogmatismo o de falta de fundamentación; sino que insiste en su postulación inicial -esto es, que su parte adoptó una posición tendente a conservar el contrato de trabajo-, mas con tal alegación no desmerece el argumento central de que dadas las discrepancias médicas habidas, la postura que efectivamente adoptó la empleadora de suspender el pago de los salarios, en definitiva contradecía su argumento defensivo, es decir, una supuesta intención de conservar el contrato de trabajo que no se había traducido en los hechos. (De la disidencia de la Dra. Gastaldi)
Honorarios, prescripción, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Emma del Valle Corpacci y Luis Sánchez Recalde c/ Herrera, L. Floridor s/ Medida cautelar s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2006-04-11

En materia de prescripción de honorarios resultan de aplicación exclusiva los preceptos del Código Civil, sin condicionamientos a reglamentaciones emanadas de ningún cuerpo arancelario. Las disposiciones del Arancel apuntan a la protección del honorario, pero ello carece de incidencia en lo que hace al dies a quo de los plazos de prescripción.
Accidentes de trabajo, enfermedad accidente, accidente in itinere, infarto
Materia: LABORAL
Carátula: KAPELACHIS, SIMON c/ ENCOTEL s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-06-29

Si el actor sufrió una indisposición cardiovascular en el regreso del trabajado a su casa, al no existir la irrupción violenta de un factor externo en el cuerpo de la víctima, el sólo hecho de que el daño se haya producido "in itinere" no significa que aparezca la figura legal. Deberá demostrar que el daño está vinculado a una causa externa, que puede estar dada por las condiciones de las tareas.
Juicio ejecutivo, cobro de expensas comunes, tasas de interés, interés simple (civil), tasa del 20% anual
Materia: CIVIL
Carátula: CONSORCIO BALDOMERO FERNANDEZ MORENO 1237 s/ PROPIEDAD HORIZONTAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-04

Tratándose de un cobro ejecutivo de expensas y mediando reajuste del capital de condena, debe aplicarse la tasa máxima del 20% anual en concepto de interés puro.
Muerte del trabajador, conviviente, litisconsorcio necesario
Materia: LABORAL
Carátula: IBAÑEZ, RITA ERNESTINA c/ DIDONATO, WALTER ALBERTO ANTONIO s/ INDEMN. POR FALLECIMIENTO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-04-10

Es procedente la condena en favor de la concubina y los hijos del trabajador fallecido, aún en ausencia de su pretensión, a consecuencia de la existencia de un litisconsorcio necesario en los términos del Art. 89 del CPCCN
Vacaciones, pago
Materia: LABORAL
Carátula: Franco, Héctor Omar c/ Picchioni, Edgardo Alfonso s/ Indemnización por despido, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-09-05

Las vacaciones no gozadas no son compensables en dinero (art. 162, L.C.T), porque en definitiva lo que se procura es que el trabajador goce efectivamente del periodo de descanso anual respectivo.
Daños y perjuicios, prensa
Materia: PENAL
Carátula: R.C.A. c/ L.G.S. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-09-07

El incumplimiento de la doctrina Campillay no conduce, automáticamente, a la condena del demandado por la propalación de noticias difamatorias o inexactas. Sabido es que en el ámbito de la responsabilidad civil se requiere el acto antijurídico, la relación de causalidad y el acto lesivo, la existencia de un daño y la imputación del acto a título de dolo o culpa.

En igual sentido, "el Tribunal destacó en Burlando (consid. 6º) que cuando se descarta el uso de la doctrina Campillay, ello no basta para considerar responsable al medio porque, entre otras razones, corresponde verificar si la conducta de la demandada es considerada o no pasible de reproche" (ver Racimo, Fernando M., op.cit.). DRES.: ESTOFAN - POSSE - GOANE.
Compraventa mercantil, prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: María Mater S.C.A. c/ O.S.P.I.YP. s/ Cobro Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-03-18

La voluntad de las partes al instrumentar sus operaciones mediante facturas, fue la de someter la contratación - en el caso prestaciones sanatoriales -, a las reglas que la legislación sustantiva reserva a tales documentos (art. 474 del Código Comercial), en el marco del contrato de compraventa mercantil).-
Marcas, registro de marca, propiedad industrial, propiedad intelectual, interés legítimo
Materia: COMERCIAL
Carátula: BLENDAX WERKE R. SHENIDER  GMBH c/ UNILEVER LIMITED s/ OPOSICION REGISTRO DE MARCA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-09-20

Tanto la "idea" de la actora -plasmada en publicidad efectiva- como la "marca" de la demandada se mueven en una misma esfera de actuación no dándose una distinción tajante entre propiedad intelectual y propiedad industrial.

Ni bien se mira la cuestión, pronto se observa que la marca de Unilever Ltd. es asimilable a las frases publicitarias, desde que no se ha insinuado siquiera que la marca -tal cual ha sido concebida y registrada- se aplique concretamente sobre el producto. Trátase de un recurso publicitario, de una marca propagandística, donde las expresiones nominales son sustituidas por la idea que despierta en el consumidor la representación gráfica de una manzana mordida. Y el mismo rol juega la publicidad que invoca la actora -que bien puede ser considerada como una "marca de hecho"-, en la que predomina la idea de la manzana mordida también como un recurso publicitario;

para difundir las bondades de un dentífrico. Tan se da la superposición entre propiedad intelectual y marca que la demandada la tiene registrada y al mismo tiempo hecho el depósito en la Dirección Nacional de la Propiedad del Autor, siendo perfectamente admisible que el titular de una propiedad intelectual tenga interés legítimo para oponerse a que la idea de su "creación" sea utilizada por terceros, sin su consentimiento, para distinguir productos o servicios industriales o comerciales.
Territorios nacionales, tratados internacionales, Estado Provincial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: La Pampa, Provincia de c/ Mendoza, Provincia de s/ acción posesoria de aguas y regulación de usos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-03

Los tratados celebrados por la Nación, en tiempos en que La Pampa era territorio nacional y que resultan perjudiciales a los intereses del actual Estado Provincial no le son oponibles.
Recurso extraordinario de nulidad, fundamentación de sentencias
Materia: PENAL
Carátula: Avila, Pedro Miguel s/ Daño Navarro, Julio Roberto s/ Hurto Díaz, Enzo Hernán s/ Homicidio y lesiones culposas Domínguez, Eduardo Mauricio s/ Doble homicidio culposo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-04-28|1995-07-11|1996-03-05|2002-04-17

Es procedente el recurso extraordinario de nulidad que denuncia la transgresión de los arts. 156 y 159 de la Constitución provincial si de la lectura de la sentencia impugnada se advierte que no se fundó en ley la forma en que se tuvo por acreditada la responsabilidad que le cupo al procesado en el hecho en juzgamiento.
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, juicios en que la Nación es parte
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Ruckauf, Carlos Federico c/ Estado Nacional (PEN). s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-27

Para la procedencia del recurso ordinario de apelación en tercera instancia, en causas en que la Nación, directa o indirectamente reviste el carácter de parte, resulta necesario demostrar que "el valor disputado en último término" excede el mínimo legal a la fecha de su interposición.
Accidente de tránsito, maniobras imprudentes
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Espósito Grazia c/ Ahumada, Enrique y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-06-01

Interrumpe totalmente el nexo causal, la grave inconducta de quien casi de noche dobló hacia su izquierda en una ruta, obstruyendo la mano de circulación, contraria, pese a haber advertido la presencia de otro rodado. Ello así aún para el supuesto de que el otro conductor circulaba a 90 km/h.
Disolución del matrimonio, cuidado personal compartido, plan de parentalidad, resoluciones judiciales
Materia: CIVIL
Carátula: C., A. s/ Sumarísimo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-07-07

"las resoluciones de los jueces relativas a la tenencia y régimen de visitas [extensible a toda la problemática de la protección del menor] tienen siempre carácter provisorio. Esto significa que si cambia la situación fáctica que les dio origen puede también modificarse lo resuelto en ellas".
Concursos, quiebra, designación del síndico del concurso, agente fiscal, acuerdo preventivo, incumplimiento del convenio, aplicación de la ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: PRODUCTOS LA VASCONGADA s/ INC. DE APEL. PROM. POR LA DRA. ELBA NELIDA STANISCIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-05-26

Es procedente la sentencia que designo un nuevo sindico en la quiebra declarada por incumplimiento del acuerdo preventivo, toda vez que, si bien esta fiscalía ha opinado que en caso de quiebra por incumplimiento de acuerdo preventivo, corresponde estar a lo dispuesto por la lc 253-7?, que establece que el sindico designado en un concurso preventivo actúa en la quiebra que se decrete como consecuencia de la frustración del concurso, pero no en la que se decrete como consecuencia del incumplimiento del acuerdo preventivo.

Sin embargo, no es este el ámbito para discutir o rebatir los argumentos que intentan descalificar la opinión respecto a la necesidad de aplicar el texto legal precitado al supuesto de incumplimiento de acuerdo. Es que, mas allá de cual sea la mejor solución para aplicar a tal hipótesis de quiebra indirecta, lo cierto es que en el texto legal vigente, el legislador opto por la designación de un nuevo sindico. A mas, la aparente contradicción que se atribuye al texto legal, no es tal, por cuanto el art. 64 se refiere a hipótesis distintas al incumplimiento del acuerdo (V.Gr.: No homologacion, acuerdo declarado nulo, entre otros).
Defensa del consumidor, competencia
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO MACRO S.A. c/ PROVINCIA DE SALTA. s/ SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR - RECURSO DE APELACIÓN" (Expte Nº CJS 34.474/11).
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2012-09-18

La Ley de Defensa del Consumidor contiene reglas protectoras y correctoras que son complementarias y no sustitutivas de la regu-lación general contenida en los códigos de fondo y la legislación vigente, de modo que resulta razonable interpretar que existe un "régimen jurídico circundante" a las facultades y atribuciones de la Autoridad de Aplicación de la Ley 7402de Defensa del Consumidor en la Pcia de Salta, que autoriza su revisión judicial a través del recurso directo previsto en el art. 19 de dicha ley, que no puede quedar confinado al control judicial de sus "resoluciones condenatorias", de modo que resulta competente la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial para entender en el recurso contra la decisión de la Secretaría de Defensa del Consumidor que declaró su competencia para entender en la denuncia formulada contra un banco.
Personas jurídicas, bien común
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Asociación Necochense en Defensa de la Vivienda A.NE.DE.VI. s/ Personería
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-05-21

No hay bien común posible, al cual tiende el derecho, si no se respeta y salvaguarda el bien personal de los individuos que integran la sociedad o, el de quienes peticionan la obtención de personería jurídica para la entidad que han constituido y que tiene por objeto, sustancialmente, el mencionado bien común (art. 14, C.N.).
Revocación de sentencia, suspensión del juicio a prueba, reglas de conducta
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: A., D. J.  c/  s/ suspensión juicio a prueba (Causa Nº 80.161/2018)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-07-10

Suspensión del juicio a prueba.

Magistrado que tuvo por cumplido el plazo de supervisión máximo, y por consiguiente, las reglas de conductas impuestas al encausado.

Paso del tiempo que no impide que la causa pueda continuar su curso. Derecho del probado a acceder a la solución alternativa que conlleva, como contrapartida, la obligación de cumplir ciertas reglas a fin de demostrar una conducta responsable por su parte. Caso en donde se advierte, de manera sostenida en el tiempo, una falta de interés en observar efectivamente sus obligaciones.

Revocación.
Sentencia arbitraria, prescripción de la acción penal, narcotráfico
Materia: PENAL
Carátula: GARBAGNOLI, Eleonora c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-05-10

Los votos concurrentes agregaron, por un lado, que la resolución recurrida no evaluó debidamente, a los efectos del dictado de la prescripción de la acción penal, las distintas modalidades comisivas que pudieran haberse verificado a la luz de los hechos que le fueran imputados: y por el otro, que en el caso, luego de la adquisición del automóvil, la encausada continuó administrando dicho bien: manejándolo, pagando sus patentes, seguro, manteniendo oculto el bien a su nombre, además de permitir que su pareja (actualmente condenado por narcotráfico), pudiera beneficiarse con su uso, a cuyo fin gestionó una extensión de una autorización de manejo; por lo que el momento en que dejó de cometerse el delito y a partir del cual corresponde, entonces, computar el inicio del plazo de la prescripción de la acción penal, a la luz del tipo penal contemplado en el artículo 303, inciso 4), del C.P., es el del momento en el que ese comportamiento dejó de cometerse.Dres. Carbajo, Borinsky y Hornos -votos concurrentes-.
Corretaje, elementos del contrato
Materia: COMERCIAL
Carátula: ADRIAN LLAURO c/ HORACIO TERAN FRIAS s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-27

El corretaje es un contrato sui generis, accesorio, bilateral, consensual y no formal, para cuya existencia basta la conformidad tácita de las partes, traducida por la simple aceptación de la intervención del corredor sin protestas ni reservas.

Debe mediar en todos los casos una vinculación expresa o tácita entre el corredor y las partes, primer paso para dar nacimiento al contrato que autoriza con posterioridad al intermediario a exigir el pago de su comisión.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, falta de cita legal
Materia: PENAL
Carátula: Rizzo, Angel G. s/ Homicidio simple
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-12-01

Es insuficiente el agravio en el que la defensa sostiene que el procesado se encontraba en un estado de emoción pasional que lo alteró, perdiendo así sus frenos inhibitorios, si no ha vinculado esa afirmación -de suyo dogmáticamente formulada- con texto legal alguno.
Detención, lectura de derechos, nulidad procesal, subsanación del vicio
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Ausili, Gustavo M. y otro s/ recurso de casación. Causa: 302
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-22

La falta de esta notificación al imputado no acarrea una nulidad absoluta, ya que no constituye un acto definitivo e irreproducible, pues de derecho se renueva en diversas oportunidades a lo largo del proceso.