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Tribunal de Cuentas Provincial, competencia, responsabilidad del funcionario público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: De Aparici, Ricardo José Manuel s/ Recurso de Inconstitucionalidad  (L.A. Nº 36, Fº 1050/1054, Nº 448) Inconstitucionalidad  (L.A. Nº 36, Fº 1050/1054, Nº 448)
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1993-11-17

El Tribunal de Cuentas no sustituye ni suplanta a los tribunales de justicia, ya que su función jurisdiccional tiene un ámbito de aplicación y alcance bien concretos en la esfera administrativa. La jurisdicción del Tribunal de Cuentas está en el mismo rango que la civil o penal, pero sus fallos y sanciones son de distinto alcance y naturaleza. El Tribunal de Cuentas no tiene carácter judicial, sino que solo por su jurisdicción puede constituir un tribunal de justicia administrativa.- El art. 72 de la ley Nº 4376 (L.O. del Tribunal de Cuentas) se refiere a la responsabilidad administrativa de los agentes. Por ende, no excluye en absoluto la posibilidad previa, coetánea o posterior de actuación de la justicia penal a los fines de la determinación de la responsabilidad penal de los agentes involucrados. La delimitación del art. 71 de la ley citada deviene obvia ya que se trata de dos ámbitos jurisdiccionales de distinto alcance y naturaleza, de modo que la existencia de un procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa -cuando lo hubiere- no excluye la alternativa de un proceso paralelo ante la justicia criminal con miras a determinar la responsabilidad penal respectiva.-
Daños y perjuicios, filiación
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: D. M., R. c/ S., A. F. s/ Reclamación de estado de filiación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-11-10

En materia de responsabilidad por daños causados entre padres e hijos no podemos perder de vista que se trata de situaciones creadas entre personas que en la inmensa mayoría de los casos se encuentran relacionadas por la convivencia, que constituye la más clara exteriorización del vínculo que las une. En tales condiciones, existe una permanente exposición a la posibilidad de que se generen daños recíprocos, ya sean materiales o más frecuentemente psíquicos. La vida familiar presenta permanentes ocasiones de roces entre los componentes del grupo. (Minoría u opinión personal)
Retenciones impositivas, impuesto a las ganancias, conciliación laboral, sentencia arbitraria
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Torres, María Julia c/ RCI Argentina Inc. s/ despido.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-15

Cabe dejar sin efecto la decisión que hizo lugar al reclamo por la suma descontada en concepto de rentención por impuesto a las ganancias de la gratificación que la actora percibió con motivo de un acuerdo extintivo del contrato de trabajo -homologado ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatorio (SECLO)-, pues fue más allá del tema a decidir consistente en la procedencia o no de la excepción de cosa juzgada como de previo y especial pronunciamiento resuelta por el juez de grado, lo que importó la violación del derecho de defensa en juicio de la empresa demandada y la afectación de su derecho de propiedad (Voto de la juez Carmen M. Argibay).
Acción contencioso administrativa, contribución de mejoras, pavimentación
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Deni, Hipólito Antonio c/ Comisión de Fomento de Casas s/ Recurso contencioso administrativo de ilegitimidad (Expte. CSJ Nro.   608-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-07-04

No puede entenderse que la ordenanza comunal que concretó la pavimentación del acceso al cementerio local sea ilegítima por determinar que los vecinos no frentistas de la obra son sujetos pasivos de la contribución allí creada, ni por otorgarle a todos ellos, consecuentemente, el derecho de oponerse a la obra.
Robo, hurto
Materia: PENAL
Carátula: SANTILLAN, GUSTAVO EDUARDO s/ ROBO - HURTO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-03-20

que la actora estaba en condiciones de volver al trabajo; esta a su comete el delito de hurto simple (cp. 162) y no el robo (CP.

164), quien, para apoderarse de los efectos que se encontraban en el interior del vehículo, destornilló los bulones de las bisagras de la puerta, por cuanto ejerció una fuerza normal -la requerida por el propio mecanismo -para abrir la puerta del rodado.
Contrato de trabajo, prestación de servicios, presunciones, fletero
Materia: LABORAL
Carátula: MATAR EMBER JUAN c/ CORPORACION CEMENTERA ARGENTINA  S.A. s/ INDEMNIZACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1990-04-20

Al haberse admitido la prestación de servicios dentro de un ámbito empresario, cobra operatividad la norma del art. 23 de la ley 20.744 (T.O.), y en virtud de ello, el hecho de la prestación de servicios, lleva a presumir la existencia de un contrato de trabajo, salvo que, por las circunstancias, relaciones o causas que lo motiven se demuestre lo contrario, demostración que en el caso de transportistas o fleteros, obliga a acreditar que estos son empresarios ya que el art. 8 inc. 5 del Código de Comercio, establece que el transportista sólo es de naturaleza comercial cuando se presta en forma de empresa o las accionadas debieron probar que el actor desempeñaba sus servicios según las disposiciones de los arts. 162 y sgts. del mismo Código, pruebas que le resulten exigibles, si pretendían destruir la presunción del art. 23 de la L.C.T.. Dentro del derecho laboral, estas normas y sus concordantes tienen preeminencia sobre el art. 1198 del Código civil.
Acción de amparo, recurso de apelación (procesal)
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Ortega Oscar Alberto c/ Eden S.A. s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-10-06

No cabe declarar la nulidad de la sentencia de amparo, aunque se abreviaran los plazos para recurrir que prescribe la ley pertinente, si ello no ha impedido ejercitar con amplitud plurales objeciones a la sentencia que, por otra parte carece de defecto o vicio formal alguno (art. 253 Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires), y ello ha permitido replicar a cada una de las razones dadas por el juzgador en sustento de su pronunciamiento, no cercenándose el derecho de defensa.-
Muerte, valor vida, indemnización, monto de la indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: Schauman  de  Scaiola, Martha Susana c/ Santa Cruz, Provincia de yotro s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-07-06

Lo que se llama elípticamente la valoración de una vida humana no es otra cosa que la medición de la cuantía del perjuicio que sufren aquellos que eran destinatarios de todo o parte de los bienes económicos que el extinto producía desde el instante en que esta fuente de ingresos se extingue.
Beneficios previsionales, costas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: LOPEZ DE VALDEZ, NORA LYDIA c/ CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CORDOBA s/ PLENA JURISDICCION ? RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2004-03-24

En cuanto a las costas del presente incidente, corresponde imponerlas por su orden atento la naturaleza previsional de la causa (art. 82, Ley 8024).
Juicio ejecutivo, excepciones procesales, inhabilidad de título, fallos de la Corte Suprema, obligaciones del asegurador
Materia: COMERCIAL - PROCESAL
Carátula: SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION c/ LA CONTINENTAL DE SEGS. GRALES. S.A. s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-04

En atención a lo decidido por la CSJN in re "Superintendencia de Seguros de la Nación c/Administración Aseguradores de Aeronaves S.A C. y M.", de 11-9-90, ponderando el valor jurisprudencial que cabe atribuir a las decisiones del Alto Tribunal - aun cuando no se compartan las razones tenidas en cuenta en ellas -, corresponde declarar la parcial inhabilidad del título en ejecución en tanto comprende en la liquidación de la deuda certificada períodos anteriores a los de la entrada en vigencia del Decreto 508/87, por cuya virtud fue aumentada la alícuota de la tasa uniforme regulada por el art. 81, inc. b), Ley 20.091, que trimestralmente liquidan la compaÑías aseguradoras en cumplimiento del deber de agentes de retención que les compete.
Honorarios, regulación de honorarios, intereses, convertibilidad
Materia: COMERCIAL - PROCESAL
Carátula: Ricillo, Julio César c/ BCRA s/ Demandas contra el  BCRA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-27

Conforme con lo resuelto en la causa 30192, de 15/4/93 no se debe seguir el criterio sentado, entre otros, en la causa 48 del 31/3/89, según el cual los intereses devengados durante el curso del proceso no se debían computar a los efectos de establecer la base regulatoria, por cuanto respondían a un acontecimiento circunstancial y variable, esto es la duración del litigio. Ello es así porque a partir del 1/4/91 queda vedada la corrección monetaria, pero sin perjuicio de esto, se siguen devengando intereses en favor del acreedor cuya finalidad es también la de paliar "los efectos del acreedor que puede tener la pérdida del poder adquisitivo de la moneda y que compense las consecuencias propias de la falta de pago" (conf. Corte Suprema, 24/3/92, "Jucalán Forestal S.A. c/Pcia. de Buenos Aires", en J.A. 25/11/92).

Consecuentemente se afecta sensiblemente la justicia de la retribución profesional si se cristaliza la base regulatoria al 1/4/91 sin ponderar la fluctuación monetaria ulterior, que sí aparece compensada respecto del crédito principal. Por lo expuesto, el monto de los honorarios que el Tribunal fijará en esta resolución se deberá incrementar desde el 1/4/91 en la misma proporción en que se acreciente el crédito de la actora en virtud de los intereses dispuestos a partir de esa fecha.
Nulidad procesal, saneamiento del vicio, etapas del proceso
Materia: PROCESAL
Carátula: Tolosa Fernando A. y otros c/ Dir. Gral. de Fabricaciones Militares s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seguridad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-19

Como principio, la nulidad debe ser planteada y decidida en la instancia en la que el supuesto vicio se cometió (conf. esta Cámara, Sala IV, causa 12.487, del 16/5/95). Aun cuando el Código Procesal actual no contiene una norma como el derogado -art. 240, primera parte-, según la cual la nulidad por defectos de procedimiento debía ser reclamada en la misma instancia en que se hubieran cometido, tal principio se debe considerar subsistente por cuanto hace a los fundamentos mismos del incidente de nulidad. Es decir, que si los vicios acaecieron en primera instancia, debe procurarse allí su reparación.
Enfermedades inculpables, conservación del empleo
Materia: LABORAL
Carátula: Coliboro Coliboro, Bonifacia c/ Modecraft S.A.C.I.F. s/ Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-03-07

Notificada fehacientemente la producción de la incapacidad absoluta durante el plazo de conservación del empleo del art. 211 L.C.T., el silencio y voluntaria falta de verificación por la empleadora significó su aceptación de dicha circunstancia,...
Derecho ambiental, daño, tutela, derechos de incidencia colectiva, denuncia de daño temido, prevención
Materia: MEDIO AMBIENTE
Carátula: CODECI DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-08-16

.... Alterini y López Cabana concluyen que "en teoría general, la prevención del daño plantea un problema de tutela preventiva tendiente a impedir la realización posible de los daños, ya que cualquiera sea la fuente, deben ser evitados". Cuando se trata de protección de intereses difusos, la tutela inhibitoria adquiere una especial significación.

En la legislación nacional esta tutela anticipatoria se materializa a través del art. 2499 CCiv. (denuncia de daño tenido). Se trata de normas de carácter preventivo. También se ha recurrido, con ostensible función disuasiva, a la imposición de montos indemnizatorios elevados (dentro de límites de razonabilidad)....
Mandamiento de ejecución, pago de la remuneración
Materia: CIVIL
Carátula: Pulgar, Abelardo y otros. s/ Mandamus.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1995-04-06

El mandamus no es la vía apta para tramitar el cobro de haberes (de cualquier índole) con origen en prestaciones laborales o en beneficios previsionales que sean consecuencias de aquellas. En todo caso, y la únicas excepciones a tal regla, serían necesariamente la acreditación puntual de la existencia de fondos expeditos con la conducta negativa (rehusamiento) de quien debiendo pagar, y pudiendo hacerlo, omite por acción u omisión el cumplimiento de esa obligación.
Banco central, poder de policía, policía bancaria y financiera, entidades financieras, ingresos públicos, intermediación financiera
Materia: COMERCIAL
Carátula: Banco Regional del Norte Argentino S.A. s/ recurso de reposición y nulidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-19

Las facultades procedimentales y sancionatorias que atribuyen al Banco Central los arts. 34 y 45 de la ley 21.526 no se hallan dirigidas a individuos cualesquiera, sino a cierta clase de personas jurídicas (art. 9x de la ley 21.526) que desarrollan una actividad específica: intermediación habitual entre la oferta y la demanda de recursos financieros.
Indemnización por muerte del trabajador, beneficiarios de la indemnización civil, padres, daños y perjuicios, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: SERRANO, MARGARITA c/ GRAVATEX  S.A. s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-22

Si la madre de la víctima demostró haber sufrido un daño por la muerte de su hijo, está legitimada para accionar mediante la simple acreditación del vínculo, sin necesidad de probar hallarse comprendida en las condiciones establecidas en la ley 18037, aún cuando ejerza la opción del art. 17 de la ley 9688.
Derecho laboral, despido, comunicación del despido, carga de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: PIRRI, Mario Orlando c/ TRANSPORTE FERROVIAL S.A. s/ Apelación de Sentencia
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2005-12-23

Si las comunicaciones postales no fueron entregadas por culpa del destinatario, porque se mudó, no corrigió su domicilio en los recibos, ni comunicó dicha mudanza a sus dependientes o de otro modo probó en autos que el demandante tenía conocimiento del actual, es él el que debe cargar con las consecuencias.
Responsabilidad del Estado, responsabilidad civil, responsabilidad por omisión
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "De  Llantada  Mirta  Lilian c/ EN -M° Justicia y DDHH- InspecciónGeneral de Justicia s/ Proceso de conocimiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-07-06

Para que se configure la falta de servicio es necesario que haya un incumplimiento por parte de los órganos y funcionarios públicos a una obligación legal expresa o implícita, es decir, que de actuar el Estado o sus agentes de acuerdo a lo establecido por el ordenamiento jurídico, se evitaría ocasionar daños a las personas. Ello en concordancia con lo estipulado en el art. 1074 del C.C. (Del voto de la juez Do Pico, Cons. V).
Requerimiento de instrucción, impulso procesal, inexistencia de delito
Materia: PENAL
Carátula: T., H. F. c/  s/ Desestimación. Estafa procesal
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-02-19

En primer lugar, los vocales explicaron que la acción había sido debidamente impulsada por la fiscal, quien oportunamente formuló su requerimiento de instrucción y propuso diligencias, por lo que la nueva vista corrida luego por el magistrado en los términos del artículo 180 del CPPN. había sido improcedente. Sobre el fondo, precisaron que el hecho era atípico porque no se advertía una conducta ardidosa por parte del imputado, ello sin perjuicio de los cuestionamientos que en el ámbito laboral pudieran exponerse.
Sentencia, cuestiones prejudiciales, daños y perjuicios, juicio ordinario
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Ascar, María Andrea c/ Ahibe, Rosa Argentina y otros  s/ Ordinario daños y perjuicios (Turno A)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-06-29

En la nulidad por simulación de un contrato de fideicomiso efectuado con la intención de disminuir la legítima por parte de quien obtuvo con posterioridad un emplazamiento filial como hijo, constituye un indicio de simulación -omnia bona-, la enajenación de todo el patrimonio sin motivos serios o de la parte más selectiva del mismo, generando una sospechosa enajenación masiva articulada en un mismo tiempo o en breves períodos temporales.
Posesión, prueba, prueba testimonial, apreciación del juez
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Contardi, Margarita María c/ Bravo, Mirta y demás ocupantes s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-05-14

Si bien los testigos legos pueden no entender la diferencia entre la posesión y la mera ocupación de un inmueble (si tal diferencia no les es explicada), no puede extraerse de su declaración un testimonio favorable a la tesis de la posesión, si de las respuestas no surge hecho posesorio alguno sino actos que pudieron cumplir tanto un poseedor como un mero tenedor (dct. arts. 456, 384 del CPCC).
Leyes, constitucionalidad, Municipalidad, ingresos públicos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: AGÜERO, WERFIL c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  Nº 657-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-07-05

Es necesario invocar y demostrar que las normas provinciales cuya constitucionalidad se cuestiona, comprometen efectivamente la existencia misma del municipio afectado por el accionar de la provincia en cuyo territorio se halla asentado, y para ello no basta la simple manifestación que el gobierno provincial, mediante los actos legislativos atacados, ponga en peligro la subsistencia misma de la Comuna, pues el interesado en la declaración de inconstitucionalidad de una norma, debe demostrar claramente de qué manera ésta contraría la Constitución Nacional, causándole de ese modo un gravamen, y debe probar, además, que ello ocurre en el caso concreto.
Derecho a la salud, derecho a la vida, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por Facundo Nicolás García, Julio Alberto García y Amalia Liliana Godoy en la causa García, Facundo Nicolás y otros c/ Municipalidad de San Isidro y otros s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-03

La preservación de la salud integra el derecho a la vida, por lo que existe una obligación impostergable de las autoridades públicas de garantizarla mediante la realización de acciones positivas (conf. arts. 42 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional). -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-. -El juez Rosenktantz, en su voto, no adhirió al presente párrafo-. -La jueza Highton de Nolasco, en disidencia, consideró inadmisible el recurso extraordinario (art. 280 CPCCN)-
Juicio ejecutivo, falsedad de título
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Arriola, Domingo Heraldo c/ Mutuberria, Juan Benito s/ Juicio ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-02-02

La falta de explicaciones o impugnaciones en su momento al dictamen pericial (art. 473 CPCC), no cancela definitivamente el derecho del recurrente de hacerlo por medio de su recurso; ni menos, claro está, cancela la facultad de esta Alzada de examinar oficiosamente el trabajo pericial, dado que el silencio guardado al respecto, no implica atadura o sumisión del juez al mismo (doctrina del art. 474 del CPCC). Además, el hecho de haber el ejecutado no negado su firma en el instrumento, no importa óbice para la admisibilidad de la excepción en análisis, fundada en la adulteración del mismo, como así, a diferencia de lo que ocurre en el orden local (art. 544, inc. 4 CPCC), lo establece el código capitalino.
Consejo de la Magistratura, revisión judicial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Riusech, María Elia s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-02-16

Es susceptible de juzgamiento, incluso en cuanto al fondo, el ejercicio de una atribución específica conferida a un órgano de singular naturaleza -como el Consejo de la Magistratura-, determinando si ha sido hecho dentro del ámbito y con arreglo a las formalidades establecidas en la propia Constitución.
Recurso de inconstitucionalidad, fundamentos insuficientes, recurso de queja (procesal), abuso sexual, violencia de género, defensa en juicio, proceso penal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: G., O. D. c/  s/ ABUSO SEXUAL SIMPLE AGRAVADO POR HABER SIDO COMETIDO CONTRA UN MENOR DE 18 AÑOS APROVECHANDO LA SITUACION DE CONVIVENCIA PRE-EXISTENTE CON EL MISMO EN CALIDAD DE AUTOR Y EN GRADO CONSUMADO, ETC.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-05-10

Cabe rechazar los agravios vinculados con el hecho de tentativa de abuso sexual a su ex pareja, toda vez que amén del déficit argumentativo que evidencia el memorial recursivo en este punto -al limitarse la quejosa a invocar la vulneración de su derecho de defensa y del principio de congruencia, mas sin especificar cuáles habrían sido los términos de la acusación inicial y cómo ellos habrían variado en el devenir del proceso-, la interesada tampoco se hace debidamente cargo de refutar la respuesta dada por el A quo al señalar que la mujer en sus declaraciones había dejado bien claro que los abusos hacia ella -violencia de género mediante- habían sido plurales y durante un tiempo prolongado, por lo que no había resultado fácil hacer un raconto de todas las situaciones vivenciadas, y aclarando que el que los Jueces de grado hayan tenido por comprobado sólo uno de los hechos relatados, determinando los detalles del episodio, no importaba afectación alguna al derecho de la defensa -la que, recordó, sabía que la incriminación en ese caso se relacionaba con abusos sexuales mediante violencia en su propia casa- ni traducía ninguna incongruencia fáctica, pues el empleo de violencia sobre la víctima fue el uniforme medio de comisión del ataque sexual que se le intimó al encartado, advirtiendo los Magistrados que ello se verificó sin solución de continuidad desde la audiencia imputativa, en la acusación fiscal, el auto de apertura a juicio, las posiciones de la acusadora durante el juicio oral y en el fallo condenatorio apelado.
Acto administrativo, nulidad del acto administrativo, ingreso a la función pública, concurso de cargos, nombramiento
Materia: CIVIL
Carátula: ROLDAN, María Elsa y Otros c/ M.C.B.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-29

Si a raíz de irregularidades en el diligenciamiento del telegrama por el que se notificara la realización de pruebas de oposición correspondientes a un concurso para la provisión de cargos en el área de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad, una de las aspirantes se vio privada de participar en las mismas, procede rechazar la acción intentada por las ganadoras del concurso, contra la resolución por la cual se anuló todo lo actuado y se dispuso la realización de un nuevo concurso, reconociendo de esta manera a la primera el derecho a participar en las mencionadas pruebas. No habiendo mediado un acto administrativo de nombramiento por parte de la autoridad competente, el concurso por sí solo no otorga derecho alguno a los participantes.