Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-08-06


SENTENCIA DEFINITIVA NÚMERO:Trece.- En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca a los06días del mes de agosto de dos mil diez, se reúne en Acuerdo la Corte de Justicia de la Provincia, integrada en estos autos por los Señores Ministros titulares Dres. LUIS RAÚL CIPPITELLI, JOSÉ RICARDO CÁCERES y AMELIA DEL VALLE SESTO DE LEIVA; bajo la presidencia del Dr. Cippitelli, Secretaría Subrogante, a cargo de la Esc. Elsa Lucrecia Arce, para conocer del Recurso de Casación interpuesto en los autos Corte Nº 055/07: "BRACAMONTE, Marcelo Adrián c/ VW COMPAÑÍA FINANCIERA - s/ Daños y Perjuicios - CASACIÓN", el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1) ¿Es procedente el Recurso de Casación interpuesto?- En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde? 2) Costas. Practicado el sorteo correspondiente, conforme al acta obrante a fs.48, dio el siguiente orden de votación: Ministros Dres. JOSÉ RICARDO CÁCERES, LUIS RAÚL CIPPITELLI y AMELIA DEL VALLE SESTO DE LEIVA, .

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cáceres dijo:

A fs. 2/14 vta. la parte demandada Volkswagen Compañía Financiera S.A, por intermedio de apoderado interpone recurso de casación en contra de la Sentencia Nº22 emitida por la Cámara de Apelaciones de Primera Nominación, con fundamento en las causales previstas en los incs. a) y c) del Art.298 del CPC.

Comienza el relato de los hechos, expresando que el actor inició demanda contra Volkswagen Compañía Financiera S.A solicitando la reparación integral de los daños que ésta le habría ocasionado al secuestrar el vehículo el día 16/10/2001 adquirida mediante un contrato de mutuo con garantía prendaria. Informa que en primera instancia se rechazó la demanda, que apelada la sentencia, en Cámara se revoca parcialmente aquel pronunciamiento y en consecuencia resuelve hacer lugar a la demanda con relación al daño emergente solamente. Contra tal resolución se deduce el presente recurso de casación.

En orden a fundar los agravios que le causa la sentencia, señala primordialmente que la misma no respetó el principio de congruencia toda vez que el demandante jamás planteó el abuso del derecho que el Tribunal de Grado consideró para revocar la misma. Afirma que el eje del debate, giraba en torno a si resultaba legítimo el secuestro de la unidad ante la mora en el pago de las cuotas del crédito prendario, deviniendo por ello arbitrario el fallo que termina acogiendo un argumento recién introducido al expresar agravios. Que así el análisis que se realiza en la sentencia sobre la validez y el supuesto ejercicio abusivo del pacto comisorio resulta desacertado, dado que la ejecución de la prenda tuvo su génesis en la existencia de cuotas vencidas e impagas, y no, en el ejercicio de ningún pacto comisorio, pues no se resolvió el contrato por incumplimiento. Igualmente aduce, que la sentencia es arbitraria por que prescinde del texto legal aplicable, en particular señala que el actor suscribió libre y voluntariamente un contrato de mutuo con garantía prendaria, que no lo cuestionó en ningún momento, que ante el incumplimiento culpable de éste, Volkswagen Compañía Financiera S.A. se vio obligada a proceder al secuestro y posterior subasta del rodado, ello en cumplimiento de expresas normas legales y contractuales, cuya validez no fue sometida a consideración del Tribunal. Que la mora reiterada del actor, justificó el secuestro de la unidad, dado que a la fecha del mismo, aquél no había cancelado el plan en su totalidad. Que a dicha conclusión arriba la prueba pericial obrante en autos, motivo por el cual el Tribunal no puede apartarse si no es por errores manifiestos o insuficiencia de conocimiento científico, lo que no ha sucedido en la presente litis.

Por último se agravia, de la condena impuesta en concepto de daño emergente, señala que el actor en la demanda solo peticionó los rubros, montos y conceptos. con más la desvalorización monetaria y costas. que ello se traducía en el monto de U$S 21.036,15. Que resulta por ello excesiva la condena a resarcir la suma solicitada adicionando la tasa activa del Banco de la Nación Argentina, desde el momento del desapoderamiento, puesto que en ningún momento se solicitaron los intereses. De igual modo el vicio de arbitrariedad se configura, al ordenarse en la sentencia que el valor de la condena debe determinarse tomando en cuenta el precio actual de un vehículo como el de autos, -modelo 2005-, cuando ello no fue solicitado, dado que el actor solo pidió la suma por él abonada, y no la restitución del valor de la unidad. Finalmente formula reserva del caso federal, y peticiona la revocación de la sentencia, con costas.

A fs. 17/26 vta. obra contestación de la contraria, quien solicita por los motivos que allí expone y a los que me remito en honor a la brevedad, el rechazo del recurso, con costas.

A fs. 31 la Corte de Justicia resuelve declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto.

A fs. 43/46 vta. obra dictamen del Sr. Procurador General, con lo que la causa previo llamamiento de autos, queda en estado de ser resuelta.

Siendo ello así, he de recordar que el recurrente a través del recurso deducido peticiona la revocación del fallo invocando las causales de errónea aplicación de la ley y el vicio de arbitrariedad de la sentencia.

Esencialmente cuestiona que se haya considerado en segunda instancia una cuestión no planteada cuando se trabó la litis, como ha sido el abuso del derecho que el Tribunal tiene por configurado cuando el demandado decide en ejercicio de una prerrogativa inserta en el contrato de mutuo que oportunamente suscribieran las partes, la ejecución de la prenda alegando el incumplimiento del comprador de tres cuotas vencidas e impagas.

Aduce en tal sentido que el Ad- Quem viola el principio de congruencia, por cuanto el actor introduce de modo sorpresivo cuando expresa agravios el abuso del derecho, mientras que en la demanda solo acusó a su representada de haber actuado de modo culpable y negligente, de modo que la defensa estuvo dirigida a demostrar que el secuestro del vehículo fue legítimo siendo solo la consecuencia de la mora en el pago de las cuotas del crédito que había tomado el actor.

En otro orden, señala que se prescinde del texto legal aplicable, que prescribe en la materia los principios que sientan los Art.1197 y 1198 del C.C, que estatuyen sobre los efectos de la libre contratación habida entre las partes, la mora automática pactada en el contrato, cuya validez no ha sido sometida a consideración del Tribunal. Igualmente cuestiona que se prescinda de prueba decisiva, y que se lo condene a devolver en concepto de daño emergente una suma representada por el valor actual del vehiculo con más los intereses, puesto que ellos no han sido solicitados en la demanda.

Expuesto de esta forma los agravios, he de referir que el actor demanda la indemnización de los daños y perjuicios que le causara el obrar culpable y negligente de la demandada al secuestrar el vehículo marca Wolswagen Cady, que adquiriera a través de la concesionaria oficial Autovia S.A. en el mes Julio de 1999, y cuyo precio era de $13.132,33 sin IVA, abonando al tiempo de la cancelación la suma de U$S21.036,15; con lo que el crédito tomado ha sido cancelado a través de la entrega del certificado de descuento por $4.000 quedando la suma de $9.132,23 para cancelar, mas la suma de $1.917,77 en concepto de IVA.

Esgrimió oportunamente el actor, que la deuda se encontraba al momento de llevarse a cabo el desapoderamiento, abonada en su totalidad, siendo esta circunstancia comunicada a la demandada. Que el proceder abusivo de aquél le ocasionó el perjuicio demandando, de modo que reclamó el resarcimiento del daño emergente, consistente en la totalidad de las sumas abonadas a la demandada, el lucro cesante por la privación de uso del vehículo, el lucro cesante actual por afectar el desarrollo de sus tareas como auxilio mecánico, y finalmente el lucro cesante futuro por la indisponibilidad del rodado.

A su turno la parte demandada alegó que el contrato de prenda prevé la mora automática, sin necesidad de interpelación previa, cuando el deudor no paga puntualmente cualquier cuota. Señaló que de los recibos adjuntados por el actor, surge que los pagos se efectuaron todos con posterioridad a la fecha de vencimiento de cada cuota, que por ello su proceder fue legítimo, puesto que a la fecha del secuestro, el accionante se hallaba en mora.

A los fines de ir dirimiendo esta controversia, he de señalar primeramente que concuerdo íntegramente con lo señalado por el Sr. Procurador en el dictamen de fs.43/46 de estas actuaciones.

En particular, entiendo que la figura del abuso del derecho es una norma imperativa, que puede ser aplicada aún de oficio por los jueces, por cuanto ello hace a la tarea interpretativa de aquéllos.

Lo señalado no significa desconocer las limitaciones que con relación a los hechos impone el principio de congruencia, es decir, que en tanto no se alteren los hechos afirmados por los justiciables, no se podrá invocar violación, pues es aquí donde entiendo interactúan el principio de congruencia y la potestad judicial de aplicar el derecho que se estime adecuado para decidir la controversia. Desde este cuadrante, se podrá ir bosquejando que el Tribunal de grado no comete arbitrariedad por incongruencia cuando califica de abusiva la conducta de la demandada al hacer jugar una prerrogativa contractual de caducidad, ante la mora del actor en el pago de tres cuotas vencidas.

Pues la incongruencia existe respecto del material fáctico cuando la sentencia se refiere a hechos no planteados por las partes (por exceso), cuando omite la consideración de hechos esenciales y probados (por defecto) y cuando se resuelve una cuestión distinta (mixta).

Con toda razón se afirma, que la "causa petendi" no debe ser confundida con los argumentos de hecho expuestos por el actor ni, mucho menos, con la norma o normas jurídicas invocadas por éste.

De allí entonces, que deba descartarse el primer agravio esgrimido por el recurrente, consistente en la introducción inoportuna de la figura en cuestión, pues entiendo, su tratamiento a más de importar una tarea de interpretación propia y privativa de los jueces de grado, es consecuencia en definitiva de la valoración de una conducta que si ha sido tildada desde un principio como culpable y negligente por el actor.

Aclarado ello, y entrando ya al análisis del agravio principal, el que gira en torno a la consideración que hace el Tribunal de Alzada respecto a que al momento del secuestro de la unidad, el demandado hizo un uso abusivo de aquella prerrogativa contractual, al no tener en cuenta que la mora había sido purgada, puesto que se habían cancelado en el mes de septiembre de 2001 las tres cuotas impagas que se debían, hecho que había sido comunicado a la demandada, y no obstante ello se procedió en el mes de octubre del mismo año a secuestrar y subastar el bien. El recurrente afirma respecto a este argumento, que ante la mora producida a la fecha del secuestro, se ejecutó sin mas el contrato de prenda, motivo por el cual solo se exigió el saldo impago, no ejerciéndose ninguna facultad resolutoria como entiende el Tribunal.

Ciertamente y aunque el recurrente pretenda convencernos diciendo nuevamente que son cuestiones diferentes las introducidas por las partes- ejecución de la prenda- y las tratadas por el Ad-quem -resolución del contrato, en realidad no logro vislumbrar en la sentencia donde es que se produce ese quiebre entre lo postulado, debatido, probado y controlado por las partes en el proceso y lo resuelto en aquélla que se trae a revisión. Aunque se afirme que en el caso, no se hizo ejercicio de la cláusula comisoria, lo cierto es que el Tribunal se plantea dadas aquellas circunstancia objetivas, el problema de los límites que subyace en esta cuestión del ejercicio de los derechos, poniéndolos en mi opinión en su justa medida. El Tribunal, analiza en el contexto descripto, cuando hay abuso y no simplemente uso normal y legítimo de un derecho subjetivo.

En ese afán, deja entrever que no cualquier incumplimiento puede justificar la ejecución de la prenda, que el hecho de que se haya pagado una parte sustancial del precio, vuelve ineficaz el uso de aquella prerrogativa contractual, entrando en escena los intereses serios y legítimos de las partes en orden a la finalidad individuo- social de la prerrogativa estipulada. Pues su ausencia determinará en definitiva el desamparo judicial.

En conexión con ello, y en dirección a demostrar puntualmente que el Tribunal yerra en su razonamiento cuando da por sentado que hubo exceso en la pretensión de la demandada de ejecutar la prenda ante la mora; el recurrente acusa al Tribunal de prescindir de prueba dirimente como la pericia contable que determinó que a la fecha del secuestro no se había cancelado la totalidad del plan. Sobre dicha cuestión, conviene señalar que la selección del material probatorio y la atribución de la jerarquía que les corresponde, es facultad propia de los jueces de grado. Sin perjuicio de ello, me veo obligado a destacar, que la valoración que se hace en la sentencia de dicha prueba y de la restante, es la que en definitiva termina coronando la decisión final, y que parte de la premisa de considerar que el incumplimiento o la mora en el pago de las tres cuotas que estaban vencidas, no justificaron en el caso, el ejercicio del derecho.

En tal circunstancia se analiza, que lo debido no era significativo, ya que el capital abonado por el actor superaba el 90% de lo pactado, que las cuotas sindicadas de impagas fueron pagadas en 2001, y no en 2002 como sostiene la pericia, y que los móviles causales de la negociación no se vieron comprometidos.

En el mejor de los casos para la postura de la demandada, es correcto preguntarse como hace el Tribunal, si obra de buena fe el demandado que inicia la ejecución de la prenda por la mora en el pago de las tres últimas cuotas, y procede a secuestrar la unidad. La respuesta que dan los sentenciantes a este interrogante, no merece ningún reparo serio del recurrente. No puede aducirse ante ello, sólo el principio plasmado en el Art.1197 de nuestro Cód. Civil, según el cual somos siervos de nuestros pactos y debemos en consecuencia someternos a ellos. Pues éste, se sabe no es absoluto, todas las prerrogativas jurídicas son esencialmente relativas y caducan ante principios cuya supremacía no cabe discutir, como son los del orden público, la equidad, la buena fe, la moral y las buenas costumbres. De allí entonces, que lógica y necesariamente deba concluirse, que la aplicación de estos principios conducen al apartamiento del principio sentado en el Art.1197, pues su aplicación en el presente caso implica un uso abusivo del derecho. Finalmente alega el recurrente el agravio que le causa la sentencia que lo condena a pagar una suma en concepto de daño emergente y le adiciona sin que hayan sido solicitados oportunamente por el actor, los intereses desde el momento del desapoderamiento.

Sobre ello y los restantes puntos de cuestionamiento, solo cabe referir, que el análisis e interpretación de los escritos de la demanda y contestación constituyen una cuestión de hecho que solo puede ser objeto de censura en sede extraordinaria si se pone en evidencia que la conclusión impugnada es la resultante de una falla en el razonamiento que lo descalifica como tal.

Sin perjuicio de ello, he de señalar que la petición o sea lo que se reclama ante la justicia, puede resultar tanto de lo expuesto en el escrito de demanda, como en el petitorio final, ya que la ley procesal no determina un orden estrictamente formal, interesándole que se conozca con precisión lo que la actora pretende con exactitud. (Falcón, Enrique M. "Tratado de Derecho Procesal Civil y Comercial" página 1122). El rubro cuestionado surge claramente del contenido del petitorio, de su contexto, de las piezas que integran la demanda, de la conclusión que se esboza cuando se resume la petición al expresar "hacer lugar a la presente acción de daños y perjuicios en todas sus partes con los correspondientes intereses y desvalorización monetaria.", el petitum o súplica, se afirma, sirve para coronar la demanda contribuyendo a la determinación del objeto del litigio. De este modo, puede afirmarse que el demandado ahora recurrente estuvo en condiciones de determinar desde un principio la voluntad expresa del actor. Aclarado ello, he de propiciar entonces también en este punto la confirmación de la sentencia, pues entiendo que el reconocimiento de los intereses no es sino la consecuencia de la correcta delimitación de los capítulos que integraron la relación procesal.

En conclusión entiendo, que los vicios alegados por el recurrente no se configuran en la sentencia, razón por la cual propicio el rechazo del recurso de casación interpuesto. Así voto.

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Dr. Cippitelli dijo:

Que adhiero al meduloso fundamento y solución propiciada por el Sr. Ministro que me precede en el Acuerdo, por lo que voto en el mismo sentido.

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Que examinada la causa en estudio y compartiendo el criterio y el alcance del análisis efectuado por el Sr. Ministro que inaugura el acto, me inclinan a la adhesión de su razonamiento y resolución, votando en igual sentido.

LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, el Dr. Cáceres dijo:

El principio objetivo de la derrota, me induce a imponer las costas al recurrente que resulta vencido.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEDA, el Dr. Cippitelli dijo:

Que consecuente con lo expresado en la primera cuestión propuesta, adhiérome una vez más al voto del Dr. Cáceres, por lo que las costas deben imponerse al recurrente que resulta vencido. Así voto.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Con costas al recurrente que resulta vencido.

En mérito al Acuerdo de Ministro que antecede, oído el Sr. Procurador General en su Dictamen Nº124/2009 y por unanimidad de votos, LA CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA RESUELVE:

1) Rechazar el Recurso de Casación interpuesto por la parte demandada a fs.2/14 de autos. 2) Con costas al recurrente que resulta vencido. 3) Hágase saber a la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minas de Primera Nominación que deberá proceder a transferir el depósito judicial obrante a fs.01 de autos a la cuenta "Ley Nº 4347 de Casación", que gira bajo el Folio Nº23037 del Banco de la Nación Argentina.

4) Diferir la regulación de honorarios hasta tanto se practique en las instancias pertinentes.

5) Protocolícese, hágase saber y oportunamente bajen los autos a la Cámara de origen. Fdo: Dres. Luis Raúl Cippitelli (Presidente), José Ricardo Cáceres (Ministro), Amelia del Valle Sesto de Leiva (Ministro) y Esc. Elsa Lucrecia Arce (Secretaria - Corte de Justicia).