marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Honorarios, actualización monetaria
Materia: PROCESAL
Carátula: ZUNZAIN JAIME c/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-08-20

El reajuste de las deudas por honorarios debe hacerse en la misma medida en que evolucionaron los precios durante el período considerado. De allí pues que no pueda admitirse que la utilización del incremento correspondiente a un mes sirva para mantener actualizada la deuda hasta el fin del mes siguiente. La circunstancia de que sea necesario muchas veces liquidar una diferencia por el desconocimiento de los índices del mes que corre no autoriza a disminuir en parte el crédito por razones más prácticas que jurídicas (conforme Cámara Nacional Civil, Sala G, R.

y H. 11.647 del 21/2/85).-
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, recurso de rescisión, procedimiento laboral, nulidad procesal, ley procesal, interpretación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: FABRIZI, ALDO ALBERO c/ HORST S.R.L. Y/O HORACIO LUIS HORST s/ Cobro de pesos - Laboral (Tribunal Pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-05-02

La remisión efectuada por el art. 38 C.P.L. al C.P.C. y C. en materia de nulidades procesales, no resulta suficiente para interpretar comprendida en ella al recurso de rescisión, que posee e n el procedimiento civil y comercial una regulación específica, independiente de la realizada en el capítulo relativo a las nulidade s procesales, por lo que la remisión efectuada nunca podría abarcar al recurso de rescisión. (Del Voto de la Dra. Rucci) En el caso, la cuestión a resolver era la procedencia de la aplicación del recurso de rescisión en el procedimiento laboral.
Tribunal: CAMARA NAC. DE APELAC. EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-10-22


Se transcriben parcialmente los fundamentos del auto anotado.".....En este sentido, nuestro más Alto Tribunal ha sostenido que "....Atañe el derecho de quien acude a la justicia -en el caso el acusado- elegir la persona que, llenando las condiciones legales, produzca en su nombre los alegatos y pruebas pertinentes a los fines de poner de manifiesto el derecho que le asiste conforme con la garantía de defensa en juicio mencionada en el Artículo 18 de la Constitución Nacional...." (Fallos: 275:91).. Así las cosas, además de dicha norma constitucional, hoy rigen con igual jerarquía otras disposiciones de derecho internacional que avalan la pretensión del apelante. Al respecto el artículo 8.2 "c" y "d" de la Convención Americana sobre Derechos humanos dispone "....Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: "c" concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de la defensa y "d" derecho del inculpado a defenderse personalmente. También los Arts. 14.3 "b" y "d" del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establecen "....las siguientes garantías mínimas: "b" a disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con el defensor de su elección;..."d"....a defenderse personalmente...."; habiendo precisado su alcance el Comite de la ONU, mediante la Observación general n°13, párr. 9, en la cual se señalara que el apartado "b", del parr 3, "dispone que el acusado debe disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y poder comunicarse con un defensor de su elección...."Cuando el acusado no desee defenderse personalmente.....debe recurrir a un abogado...." Si a tal plexo normativo se agregan las disposiciones de los Arts. 104 y 107 del Código Procesal Penal de la Nación, claro es que el imputado tiene derecho de hacerse defender por un abogado a su elección, pudiendo hacerlo personalmente siempre que ello no perjudique la eficacia de la defensa y no obste a la normal sustanciación del proceso. De este modo, considerando la condición de abogado del imputado y estando en libertad, no vislumbrándose los impedimentos legales que obstarían a su petición, en tanto los extremos invocados a fs...., no aparecen en absoluto como una obstaculización al desarrollo del proceso, es que habrá de revocarse la resolución apelada....
Salarios caídos, diferencias salariales, reubicación del trabajador
Materia: LABORAL
Carátula: GOICOECHEA, HECTOR DOMINGO c/ PROVINCIA DE RIO NEGRO (MINISTERIO DE EDUCACION Y DERECHOS HUMANOS) s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2018-12-10

Una cosa es el cómputo de los distintos períodos laborales cumplidos en diversas dependencias -fuera de la órbita específica o no de la administración-, en orden a integrar una misma antigüedad acumulada del agente, y basar así su correspondiente categoría escalafonaria; y otra, en cambio, el momento determinado normativamente para activar acabadamente o concretar dicha reubicación del agente, a instrumentarse únicamente, según lo establecido en el art. 20 del Decreto 497/10, mediante el reiteradamente aludido acto administrativo; determinando además la norma reglamentaria la prohibición de que dicho agente devengue diferencia salarial alguna retroactivamente a raíz del tiempo transcurrido hasta dicha reubicación. Es lo genéricamente dispuesto en el art. 20 del Decreto reglamentario 497/10: "La reubicación se hará efectiva a partir del acto administrativo que así lo disponga, y en ningún caso, implicará pago retroactivo alguno en concepto de diferencias salariales por dicho concepto". (Voto del Dr. Mansilla sin disidencia)
Prueba confesional, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Balda, Julio Argentino c/ Radio Victoria S.A. y Otra s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-07-11

La confesión espontánea vale en todo momento del proceso siempre que se encuentre acreditada su autenticidad.
Absolución de posiciones, apreciación de la prueba, igualdad ante la ley
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Ramos, Juan José c/ LR3 Radio Belgrano y otros. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-27

Es violatorio de la garantía de la igualdad el pronunciamiento que, sin mencionar causa objetiva que pudiera justificar ese tratamiento diferenciado, dijo adoptar, por una parte, un criterio de "verdad objetiva" que lo llevó a rechazar la interpretación literal de las posiciones formuladas por el actor - ponente, y, por la otra, adscribió a la más cruda literalidad cuando se trató de interpretar las respuestas del absolvente - demandado.
Pesca, recurso directo, solve et repete, constitucionalidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Sallustio  Salvador  Pascual  y  otros- c/ SAGP y A- Disp 368/05(Expte. 800006616/01)".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-04-11

La exigencia del pago previo, cuya constitucionalidad ha sido admitida en tanto no importe un menoscabo del derecho de defensa, debe armonizarse con la opción establecida normativamente a través del art. 9 de la ley 25.470 y de los arts. 56 y 57 del decreto 748/99.

A tal efecto, la interpretación acerca de la idoneidad de la garantía debe orientarse en la misma dirección, pues de lo que se trata es de no privar al administrado de su derecho a requerir el control jurisdiccional de actos que estima lesivos -esto es, de preservar su derecho a la jurisdicción- (Cons. III).
Resoluciones anteriores a la sentencia, proceso penal, gravamen irreparable
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Alvarez, Jorge Omar s/ incidente de nulidad - Causa N. 294/87 -.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-23

Cabe hacer excepción al principio según el cual las resoluciones cuya consecuencia sea la obligación de seguir sometido a proceso criminal no constituyen sentencia definitiva, cuando la resolución recurrida causa algún perjuicio de imposible reparación ulterior.
Transacción, legitimación procesal
Materia: ADMINISTRATIVO - CIVIL
Carátula: SANCHEZ GRANEL INGENIERIA SA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     PEDIDO DE HOMOLOGACION DE CONVENIO MUNDO CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     PEDIDO DE HOMOLOGACION DEL CONVENIO TRANSACCIONAL (CSJ EXPTE Nº 150  88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-06-24|1992-12-02

Para que el acuerdo transaccional pueda producir efectos jurídicos congruentes con su típica función y por lo tanto ajustado a la regulación de los intereses efectuada por las partes, es indispensable que exista una correlación entre dichos efectos y determinadas circunstancias extrínsecas al acuerdo en sí mismo considerado, que la teoría denomina presupuestos de validez, al margen de la conducta o comportamiento observado por las partes con posterioridad al convenio, porque estos presupuestos deben estar presentes en el momento en que aquél se celebra y se agrupan en tres categorías según conciernan al sujeto, al objeto o a una situación del sujeto respecto del objeto (legitimación del sujeto para transigir). A los citados puede agregarse el contenido.
Accidente de tránsito, responsabilidad del titular del automotor
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Barrozo, Eduardo Daniel y Otro c/ Del Real, Martín Adolfo y Otros s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-09-28

Si el conductor del vehículo resultó condenado en sede penal, por su intervención en el hecho dañoso, los argumentos en sustento de pretensión revocatoria, en este aspecto, resultan inidóneos a los fines de considerar la existencia de concurrencia de culpas.
Dirigente gremial, estabilidad del delegado gremial
Materia: LABORAL
Carátula: Cejas, Santos Gustavo y otros c/ Papelera Don Torcuato S.A.C.I. s/ Despido, etc
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-06-21

Incumbe el actor la carga de demostrar el cumplimiento de los requisitos exigidos para la operatividad de la estabilidad prevista en el art. 49 de la ley 22.105 (art. 375, C.P.C.C.).
Seguros, régimen de contralor, superintendencia, procedencia del recurso, apercibimiento, prueba, auditores, asegurador, estados contables, incidentes, honorarios
Materia: COMERCIAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: Suarez, Jorge Raúl c/ Suarez, Pedro Héctor y otros s/ ordinario s/ incidente de honorarios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-03-03

Procede confirmar la resolución dictada por la Superintendencia de Seguros de la Nación en donde se le aplicó al contador apelante un apercibimiento en los términos de la ley 20091: 59-b).- Ello por cuanto, en el caso, de las constancias de la causa puede extraerse que la muestra utilizada por el profesional, en relación a los distintos conceptos objetados por el organismo de contralor no resultó suficiente o adecuada, atento las diferencias advertidas por la SSN. Recuérdase que el propósito del muestreo es proporcionar una base apropiada para que el auditor saque conclusiones que le son exigidas acerca del rubro del cual se selecciona la muestra, por lo que es importante que seleccione una muestra representativa, para evitar sesgos, por elegir ítems no representativos de dicho rubro (conf. ISA 530, pto. A12).

Así, la deficiencia apuntada, en relación al modo en que se llevó a cabo la auditoría, que fue advertida con la inspección realizada por la SSN, cae indefectiblemente dentro de la órbita de la responsabilidad del profesional y amerita la aplicación de una sanción ante una labor que no ha cumplido el objetivo de asegurar el debido funcionamiento del mercado asegurador en lo que aquí compete. Es que no puede alegarse que se realizó el trabajo según los parámetros profesionales aplicables, cuando han existido diferencias entre los resultados obtenidos por el recurrente y los que arrojaron la inspección, de una gran magnitud como la de la especie.
Rebeldía, demanda, falta de contestación de la demanda
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Clínica del Niño de Quilmes c/ Obra Social Personal Marítimo SOMU s/ C. ord. de australes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-04-28

Quedan fuera del contradictorio no sólo los datos de hechos, afirmaciones o alegaciones admitidas expresamente, sino también aquellos que fueron admitidos tácitamente frente al incumplimiento de una carga procesal de tanta trascendencia, como lo es la referente a la contestación a la demanda, medio idóneo que tiene el accionado para ejercitar oportunamente el derecho de oposición (art.

354 inc. 1 C.P.C.C., por lo cual se impone similar solución que para quienes han sido declarados rebeldes.
Caución juratoria, recurso extraordinario, suspensión de la sentencia civil
Materia: PROCESAL
Carátula: B., G. C. c/ Clínica de Especialidades Médicas Privadas S.R.L. y otros s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 2014-10-21

De acuerdo a lo establecido por el art. 292.3 del CPCCLRyM, corresponde hacer lugar al pedido de suspensión de la ejecución de la sentencia solicitada por el recurrente -recurso extraordinario- y en consecuencia fijar una caución real por el valor equivalente al 30 % del valor apuntado en el punto V, acápite c) de los considerandos.
Poder Ejecutivo Provincial, facultades reglamentarias, reglamento autónomo, recursos administrativos, procedimiento administrativo, inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: OITANA, ANA ROSA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.:  C.S.J. NRO. 681 AÑO 1993)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-08-31

Debe rechazarse el planteo sustentado en la inconstitucionalidad del artículo 49 del decreto-acuerdo nro. 10.204/58, por considerar -básicamente- que la regulación del procedimiento administrativo local es potestad del órgano legislativo, y no del Ejecutivo, desde que, aún cuando se entendiera que, en el ordenamiento santafesino, dicha materia debe considerarse implícita en el artículo 55 inciso 23 de la Constitución provincial -que atribuye a la Legislatura la potestad de dictar leyes sobre "organización de la Administración pública"-, no podría soslayarse que diversas disposiciones de rango legislativo refieren inequívocamente al dispositivo ahora cuestionado, lo que dejaría en este aspecto sin fundamento a la impugnación deducida.

En tal sentido, pueden mencionarse la ley 6830 (artículo 47: "El recurso de apelación concedido, se tramitará por el procedimiento establecido por las normas vigentes en materia de trámites administrativos de la Provincia"), la ley 12.071 (artículo 1: "En las notificaciones de decretos y resoluciones dictados en los expedientes o actuaciones administrativas, o en general, de cualquier decisión dictada por autoridad administrativa que niegue un derecho, imponga obligaciones o no haga lugar a un recurso de revocatoria interpuesto, se hará saber el derecho a interponer recursos y el plazo para hacerlo, conforme la normativa vigente"), la ley 11.330 (artículo 7: "No se puede ejercer el recurso sin previamente agotar la vía administrativa mediante los recursos reglamentados en sede administrativa..."), entre otras.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia no firme, reenvío
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BICA COOPERATIVA DE EMPRENDIMIENTOS MULTIPLES LTDA. c/ ESTRELLA FEDERAL SAUCE S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-11-22

Las sentencias que no resuelven de modo acabado las diferencias entre las partes, sino sólo un aspecto determinado de ellas, han sido denominadas por la doctrina autoral como sentencias incompletas por estar pendiente de solución algunos aspectos de la litis -como sucede en el presente caso- y no son equiparables a una sentencia definitiva, ya que el procedimiento seguido por el tribunal de la causa no puede obligar a la Corte Suprema a fallarla por partes o a revisar las sentencias que no resuelven el juicio de un modo completo y concluyente, por lo que más allá de que la misma ostente mayor o menor relevancia o implicancia para el caso, deviene improcedente el recurso extraordinario, en tanto no se resolvió aún en el ámbito local de modo acabado las diferencias entre las partes en su totalidad, atento al reenvío dictado en el pronunciamiento que se intenta recurrir ante la instancia extraordinaria local y, por ende, no cumple con las pautas exigidas por el artículo 1 de la ley 7055, puesto que admitir el examen en esta instancia local de una sentencia incompleta como es el caso, impondría a este Cuerpo la resolución de la cuestión por partes y no de manera final; debiendo advertirse a su vez que, aun cuando este pronunciamiento no ostente definitividad, en caso que al recurrente eventualmente lo decidido le genere algún perjuicio, tendrá abierta esta vía prevista por la ley 7055. (De la disidencia del Dr. Falistocco) - CITAS: CSJN: Fallos:324:817; 341:333; 339:432; 336:1497; 331:2858; 329:2567; 329:2567; 328:3553; 319:1474; 315:859. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 7055.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, prueba, apreciación de la prueba, seguros, cobertura, carga de la prueba
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BUTARELLI, MAXIMILIANO GUSTAVO c/ MARTIN, GUILLERMO DAMIAN s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-11-26

Lo resuelto no excede, tal como pretende hacer ver la impugnante, los límites propios de los jueces de la causa al valorar la prueba colectada, desde que pese a las reiteradas oportunidades en que la aseguradora citada en garantía había invocado las exclusiones de la póliza, lo cierto es que la aquélla no había aportado el respectivo e indispensable contrato a pesar de la elemental carga que recaía sobre ella en tal sentido, limitándose a asegurar que el mismo se encontraba agregado a otro expediente conexo, lo que la Alzada consideró que no luce argumento suficiente en tanto esos autos no eran la instancia adecuada para acompañar dicha póliza por tratarse de una en la que únicamente se dilucida si corresponde o no conceder el beneficio de litigar sin gastos, pero sin entrar a debatir en modo alguno el alcance del contrato que liga al eventual demandado con la citada en garantía.
Recurso extraordinario, admisibilidad del recurso, cuestión federal, defensa en juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: Sanz, José Alberto c/ Banco Hipotecario S.A. y otros s/ ordinario c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-06-21

Los órganos llamados a expedirse sobre la concesión del recurso extraordinario federal deben resolver categórica y circunstanciadamente si tal apelación -prima facie valorada- satisface todos los recaudos formales y sustanciales que condicionan su admisibilidad y, entre ellos, la presencia de una cuestión federal ya que de lo contrario el Tribunal debería permitir que su jurisdicción extraordinaria se viese, en principio, habilitada o denegada, sin razones que avalen uno u otro resultado, lo cual infringe un clara perjuicio al derecho de defensa de los litigantes y al adecuado servicio de justicia de la Corte.
Dominio, posesión, automotores
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Soria, Helga de c/ Milanof, Julio Esteban. s/ Cumplimiento de Contrato. Casación. Automotor. Carrera de Tamburini, Ana Beatriz c/ Chico, Raúl Osvaldo s/ ORDINARIO S/CASACIóN
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1987-10-26|1989-03-06

Siendo la exigencia de los artículos 1 y 2 del DLE 6582/58 (régimen legal del automotor) constitutiva del dominio, la inexistencia de tal registración en el segundo transmitente y en el tercer adquirente, sin instrumentación comprobada ni registración intentada, aventa la chance de presunción de buena fe, desalentando la aplicación del artículo 1051 CCI.
Daños y perjuicios, culpa concurrente, culpa de la víctima, exceso en la legítima defensa, muerte de la víctima
Materia: CIVIL-PENAL
Carátula: B.L.E. Y OTROS c/ MINISTERIO DEL INTERIOR POLICIA FEDERAL ARGENTINA Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-02-26

Si bien no puede discutirse en sede civil la existencia del hecho principal decidido en sede penal (homicidio simple de la víctima cometido con exceso en la legítima defensa), sí puede analizarse la culpa concurrente de la víctima.

En este sentido, quien participa de un robo a mano armada debe incluir, entre las consecuencias posibles de su proceder, un tiroteo con policías, con custodios o con la víctima del robo, por consiguiente la víctima, quien resultó abatida como consecuencia de un intercambio de disparos con personal policial, ha resultado ser responsable, en un 50%, del daño sufrido como consecuencia de su acción delictiva. (Sumario confeccionado por el SAIJ)
Estupro calificado por parentesco, violación, violación a víctima privada de razón
Materia: PENAL
Carátula: FRANCO, C. s/ ESTUPRO. VIOLACION.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-29

Constituye el delito de estupro, la acción del procesado, que mantuvo relaciones sexuales con su sobrina menor de edad.

Debe descartarse el encuadramiento en la figura de violación, por no haberse probado la privación de razón de la víctima, pues de los informes médicos se desprende que la menor comprendió al menos en 'mínima medida la propuesta sexual del encausado'.
Servicios de vigilancia, club de campo, subcontratación laboral, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL - CIVIL
Carátula: MEDINA, JUAN c/ INVESTIGACIONES DUQUE SA s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-28

Constituye una experiencia incorporada a lo que es de público y notorio que los countries clubs no podrían funcionar si no proporcionaran a sus miembros la seguridad indispensable para el disfrute de las instalaciones. Debe tenerse en cuenta que las condiciones socioeconómicas del entorno de estos establecimientos han generado la necesidad de integrar a sus actividades como indispensable el servicio de seguridad. Se trata de una cuestión de supervivencia que ha pasado a formar parte de los servicios que deben proveer a los socios aún entidades sin fines de lucro. En tales condiciones corresponde aplicar la responsabilidad solidaria expresada en el art. 30 LCT.
Investigación del hecho, sentencia condenatoria, REPÚBLICA DE SURINAME, responsabilidad internacional del Estado, pueblos originarios, deber de esclarecimiento, violación de derechos humanos, desplazamiento forzado de aborígenes, ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS, Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, derecho a la libertad, derecho a la vida
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso de la Comunidad Moiwana c/ Suriname s/ Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, reparaciones y Costas
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2005-06-15

La generación de la obligación de investigar para la República de Surinam, se produjo al momento de la masacre llevada a cabo en 1986, por fuerzas estatales contra miembros de la Comunidad Moiwana, pues el Estado ya era miembro de la Organización de Estados Americanos y, en tanto miembro, estaba sujeto al respeto y garantía de los derechos humanos establecidos en la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, entre los que se encuentran los derechos a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, por lo que esa masacre no se produjo en ausencia de normas del sistema de protección de derechos humanos que Suriname debía respetar. (Del voto concurrente de la Jueza Cecilia Medina al que adhiere el Juez García Ramírez).