Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2006-10-03


AUTOS 4817 (C.C.Nº18.303) DEL CUARTO JUZGADO CIVIL, COMERCIAL Y MINERIA, CARATULADOS: "QUIROGA DE FLORES D. ESTHER Y OT. C/ PCIA. DE S. JUAN - EXPROPIACIÓN IRREG.".- En la Ciudad de San Juan a 03 días del mes de octubre de 2006, reunida en Acuerdo la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, bajo la presidencia del Dr. Alejandro Largacha Quiroga y los Sres. Vocales Dres. Octavio Augusto Sánchez y Oscar Roberto Otiñano, a fin de conocer los recursos concedidos mediante decretos de fs. 490 y 497, contra la sentencia de fecha 13 de septiembre del año dos mil cuatro, recaída en los presentes autos Nº4.817 (C.C. Nº18.303) caratulados: "QUIROGA DE FLORES D. ESTHER Y OT. C/ PCIA. DE S. JUAN - EXPROPIACIÓN IRREG.", dictada por el Sr. Juez titular del Cuarto Juzgado Civil, obrante a fs. 483/487 vta..- EL DR. OSCAR ROBERTO OTIÑANO DIJO:

Los agravios que expone la actora son los siguientes: a) En cuanto a la tasa de interés que según la sentencia es del 8% anual conforme ley 4.119, alega que es errónea la interpretación de esta ley y contraria a lo resuelto por la Corte de Justicia Provincial en el plenario "Huaquinchay". Remite también a lo resuelto en autos "I.P.V. contra Juan Bautista Rodríguez - Expropiación Irregular" en cuanto dispone hacer excepción a la regla impuesta por la ley 6.434 y aplicar el régimen general de la ley 4.119 y el plenario "Huaquinchay" que es de aplicación obligatoria para todos los Tribunales inferiores de la Provincia.- Señala que en el caso no es aplicable el 8% anual porque no hay capital actualizado y por tanto la norma debe aplicarse en su art.1°, primer párrafo, ni las leyes de emergencia ya declaradas inconstitucionales frente al juicio de expropiación, por lo que corresponde el 8% anual desde la fecha de desposesión hasta abril de 1.991 y de ahí en adelante la tasa activa hasta la fecha de pago.- b) Respecto al valor que se determinan para el m3 de ripio en cantera o en estado natural, señalan que tanto los peritos de la actora como del Juzgado parten del valor dado por la Comisión Liquidadora Permanente dependiente de la Dirección de Arquitectura de la Provincia y que existió hasta el año 1.994, época a la cual se fija el valor pertinente conforme originales agregados a los autos "QUIROGA, JUAN ANTONIO Y OTRO C/ PROVINCIA", en la suma de $ 8,25 el m3 considerado en un radio de 10 Km. y sin IVA..- Seguidamente indica que el perito Ingeniero Marún (fs. 190/191), debitando los gastos de extracción, llega a un valor indemnizatorio de pesos ley 705,20/m3 cuando el precio publicado por la Comisión Liquidadora Permanente es de pesos Ley 1.500, lo que equivale a 47,01% de este último, en tanto el perito de la actora Ingeniero González Ranea (fs. 178/179) da un valor por m3 de pesos ley 676,80 equivalente a 45,12%.- En la sentencia se determina el 43,71% conforme lo resuelto en la Alzada en autos "QUIROGA, JUAN ANTONIO Y OTROS C/ PROVINCIA - EXPROPIACIÓN" (SALA I°, 7/10/99) que no es el 43,71% del valor en cantera, sino del precio que fija la Comisión Liquidadora Permanente y que responde a un valor ya extraído en un radio de 10 Km, por lo que peticiona que no existiendo la Comisión Liquidadora, se condene al Estado a pagar el monto indemnizatorio equivalente a 97.244 m3 de su valor actual en cantera o en su estado natural. Introduce la cuestión constitucional y el recurso federal de la ley 48, solicitando se admita el recurso con costas.- Recurso de la demandada: Se agravia por el rechazo de las defensas de prescripción y de falta de acción.- En cuanto a la excepción de falta de acción, sostiene que nunca se expropió el material cuya indemnización se reclama en este juicio, considerando equivocada la conclusión a la que arriba el Juzgador respecto a que el material pétreo que compone el suelo puede expropiarse separadamente del terreno, o sea del inmueble de que forma parte, olvidando que en el caso no hay ningún terreno involucrado, al tiempo que destaca que tanto el art. 4 de la ley 886 como el art. 5 de la ley 5.639, se refieren a bienes inmuebles por naturaleza en los términos de los arts 2.314 y 2.518 del C.C.; no comprendiendo a cosas muebles como es el material ya extraído de los inmuebles.- Entiende que en el caso las actoras pretenden la indemnización por material extraído, o sea de cosa mueble por naturaleza (conf. art. 2.318 y 2.319 del C.C.) y por tanto es errónea la conclusión del Sentenciante en cuanto al concepto de propiedad inmobiliaria que garantiza el art. 17 de la C.N..- En contra de lo resuelto insiste en que la sentencia no advierte que en autos no se trata de terrenos sino de cosas muebles sacados de esos terrenos, por lo que cuestiona la aplicación de la ley 886, concluyendo en consecuencia que, no existiendo ley que afecte a expropiación los bienes, las actoras no tienen acción para demandar por expropiación inversa. Pide se admita la defensa interpuesta por su parte.- Como segundo agravio expone que la sentencia ha admitido la falta de legitimación pasiva del Dpto. de Hidráulica, imponiendo las costas por su orden, reconociendo que era ajeno a la apropiación del material reclamado. Siendo triunfadora en el pleito no tiene por que cargar con las costas, habiéndose apartado el fallo del principio establecido por el art. 74 del C.P.C., sin razones válidas que lo justifiquen. Pide se impongan las costas a la vencida.- Tercer agravio: Critica la conclusión del fallo sobre la apropiación de bienes de los actores por la Provincia en base al dicho del ingeniero Adolfo Álvarez de la Secretaría de Recursos Hídricos (fs. 74, exp. 413043 -N- 78) cuando del resto de la prueba se infiere que no está acreditada relación de causalidad entre la construcción de obras hidráulicas y la extracción del ripio propiedad de las actoras. Cita a propósito las constancias de los expedientes 328014 -N- 89 según el cual para el canal Prolongación Centenario II° se tomó material de Cerrillo Valdivia (ver fs. 195 y siguientes del I° cuerpo) como del informe del Departamento Hidráulica (fs. 407 y ss. - IV° Cuerpo) se infiere que para los canales Magdalena, San Carlos y Tercero se expropió una parcela del lote "2" colindante con el predio de la actora, en cuya virtud alega que su parte no sacó material del inmueble de las actoras.- Agrega que del informe del Instituto de Materiales y Suelos y en las pericias de la actora y del perito del Juzgado surge que el material utilizado en las obras hidráulicas proviene del Cerrillo Valdivia. Por otro lado, insinúa que no hay razón para extraer material a una distancia mayor cuando se dispone del mismo en las cercanías y como documenta la pericia de la demandada el material para terraplenes se compró y pagó a la firma Condominio Graffigna, de donde, no tiene sustento suficiente la sentencia en lo tocante a que se haya sacado material del predio de las actoras.- Seguidamente se queja del monto indemnizatorio, porque determina su volumen en forma arbitraria por haber prescindido de prueba relevante. Cuestiona la estimación efectuada por el ingeniero Álvarez por ser una especulación subjetiva y arbitraria sin respaldo fáctico ni científico o técnico y por que está desvirtuado por el informe de fs. 89- I° Cuerpo del expte. 328014 - N - 89 en virtud del cual los ingenieros Benegas y Chaparros determinan que: 1°) Importante volumen del material utilizado en terraplén de los canales 2° y 3° del Dpto. 25 de Mayo, no había sido extraído del Cerro Valdivia; 2°) Según medición se consideró como terraplén compactado con material proveniente del C° Valdivia al suelo fino de terraplén existente extendido y compactado en calle y 3°) en la obra Canal Prolongación Centenario se utilizó material del yacimiento fijado en el pliego de condiciones de esa obra, perteneciente al Gobierno de la Provincia y ubicado en las proximidades de las accionantes en el C° Valdivia, resultando concordante el informe del Sr. Director de Hidráulica.- A continuación critica que no se evaluarán las pericias rendidas, optando por las del perito del Juzgado, por ser de origen imparcial y la que más se aproxima al informe de Álvarez. Cuestiona que el técnico no hiciera dos planimetrías una en 1977, época en que se comenzaron las extracciones y otra en 1.983 para determinar con certeza, por diferencia entre ambas, el volumen del suelo faltante del inmueble, por lo que argumenta que ello no asegura un resultado cierto, conclusión que entiende abonada por el ingeniero Aubone a fs. 360 y vta. y la pericia de fs. 173 II° cuerpo, segunda hoja, punto 2°.-.

Propone como más acertada por el rigor científico la de su parte cuya metodología explica, totalizando las excavaciones de los polígonos 5 y 6 95.963,1 m3 lo que pide, así se determine.- Cuestiona que se afirme en la sentencia que el material extraído es ripio común de excelente calidad, basado en las pericias de la actora y del Juzgado, lo que perjudica a su parte.- En lo inherente al valor del m3 alega que no es justo porque no es lo mismo adquirir áridos por unidad de volumen que comprar a granel el material, por lo que estima adecuado a derecho el método comparativo del perito de su parte, solicitando se revoque la sentencia y se mande aplicar en el caso el método comparativo.- Por último se queja de los intereses que se manda a pagar erróneamente desde 1978 sin aclarar que día y mes de ese año, cuando las extracciones se hicieron desde 1977 a 1983, solicitando que en todo caso se promedien esas fechas para determinar desde cuando se aplican intereses.- Hace las reservas de los recursos extraordinarios provinciales y del caso federal solicitando se acoja favorablemente el recurso, revocando la sentencia apelada.- LA SENTENCIA: En lo que puntualmente interesa, conforme los términos del recurso, tiene por cierto, a la luz de los dichos del Ing. Alvarez del Dto. Construcciones de la Secretaria de Recursos Hídricos que dicho Organismo " a través de diversos contratistas ha retirado material para la ejecución de terraplenes de algunas obras comprendidas en el plan B.I.D. del lote marcado como nº 4 del plano y que la cantidad que se estima extraída es de 202.658,35 m 3", (así surge del Informe producido a fs. 74/75 del Expte.413043 agregado al primer cuerpo de la causa) de lo que infiere el sentenciante que ha mediado apropiación del Estado de dichos bienes, por lo que decide aplicar la disposición genéricas de expropiación contenida en la ley 886, sin que la ausencia de Resolución por el Consejo obste a la procedencia de la acción pues - entiende - que la declaración de utilidad pública aparece en el caso de modo reflejo, transcribiendo jurisprudencia en tal sentido.- Luego tiene por acreditada la extracción de material del lote 2 del plano 15 -1352 -77 atento las expresiones del Ing. Alvarez (const. del Expte. 413047 -N - 87) la resolución del Dpto. de Hidráulica que afecta ese lote y la construcción con ese material de los canales que menciona en los Dptos. de 25 de mayo y Sarmiento, siendo la Secretaria de Recursos Hídricos la que concretó la apropiación, por lo que libera a la Dirección de Hidráulica admitiendo su falta de legitimación pasiva responsabilizando al Estado Provincial.- Por último y en lo inherente a la cuantía de la indemnización toma la pericia del Ing. Marún que designara el Juzgado por estimarlo mas confiable por su origen imparcial, concluyendo ante la coincidencia de los peritos de la Actora y el designado por el Juzgado, que el ripio común extraído es de muy buena calidad, fijando su valor en el 43,71% de su valor actual en cantera siguiendo el criterio de esta Cámara Sala I en caso similar resuelto en Autos nº 2203 Quiroga Juan A. y otro c/ Provincia de San Juan y otros - Expropiación Inversa con mas el interés del 8% desde la apropiación - año 1978 - hasta el efectivo pago.- Como primera cuestión trataré el segundo agravio del recurso de la demandada inherente a la falta de legitimación pasiva del Departamento de Hidráulica que fuera admitida en primera instancia con costas por su orden.- Es claro que la actora ha sido vencida, que por el principio objetivo de la derrota es el perdedor quien debe soportarlas y que si bien pudo creerse con derecho a demandar al Dpto. de hidráulica, ello solo no es suficiente para liberarle de la totalidad de las costas, razón por la cual estimo debe admitirse parcialmente el recurso distribuyendo las mismas en el cincuenta por ciento a la actora y el cincuenta por ciento restante por su orden modificando en tal sentido la sentencia.- Y bien, entrando al tratamiento del recurso de la demandada que hacen al fondo de la cuestión y a la esencia del instituto expropiatorio en cuanto niega se de en el caso e incluso que exista relación de causalidad entre la extracción de materiales y las obras hidráulicas que menciona el Ing. Alvarez a fs. 74 del Expte. 413043 manifestación que entiende estaría desvirtuada por el Informe de los Ing., Benegas y Caparroz (fs.89 del Expte. 328014), compartimos el criterio expuesto en el fallo que cita el Señor Juez A- quo de la Sala I de ésta Cámara y por tanto anticipamos el resultado adverso para las pretensiones de la demandada en cuanto al fondo de la cuestión, sin perjuicio de lo que infra se dirá respecto de la condena por intereses.- En efecto, si bien es cierto que no hay antecedentes precisos sobre la afectación a expropiación de la parcela que da origen a la litis, existen constancias en autos como la expresa manifestación del Jefe de Departamento Construcciones de la Secretaría de Recursos Hídricos (fs.74 del Expte. 413043) conforme a la cual debe tenerse por acreditado que del inmueble propiedad de la actora - en el sub lite del lote 4 - se retiró material para la ejecución de terraplenes de algunas obras comprendidas en el Plan B.I.D. del yacimiento ubicado en el cerrillo Valdivia - lotes 1, 2, 3 y 4 del plano 15-1352/77 - aclarando que dichas obras son las del canal Magdalena, San Carlos, Tercero y Prolongación Centenario.- Compartimos también que a pesar de no existir ley específica que declare la utilidad pública es correcta la aplicación de la Ley 886 de la Provincia que trata de la declaración genérica de utilidad pública de terrenos, en cuya acepción debe entenderse comprendida la apropiación por el Estado de material pétreo extraído de ellos, con igual afectación de otros inmuebles linderos con el mismo fin. Baste al efecto mencionar la resolución del Honorable Consejo del Departamento de Hidráulica al respecto que luce a fs. 411 de estos autos.- No cabe hesitar de que la ley 886 como tal es un acto del Poder Legislativo con entidad suficiente para que en función de lo que ella prevé en su art. 4 pueda procederse a la expropiación, sin que sea óbice - como ha quedado dicho - la ausencia de afectación puntual del inmueble pues basta conforme lo previsto en la materia por la Constitución Nacional y Provincial que por Ley esté declarada la utilidad pública que, en el caso contiene la ley 886 estando acreditado el hecho de la determinación tácita del bien.

Jurisprudencialmente se ha dicho en este sentido que: "la falta del acto administrativo de individualización del bien no constituye un impedimento para la expropiación irregular cuando ese acto formal se suple por las vías de hecho, es decir por el desapoderamiento y la ejecución misma de la obra. Las vías de hecho no pueden reemplazar a la calificación de utilidad pública que por exigencia constitucional debe ser efectuada por ley. La ley, acto solemne por definición no puede ser sustituida por declaraciones tácitas de voluntad, menos aún si estas emanan de autoridades diversas del Poder Legislativo. Pero la situación es muy distinta tratándose de actos necesarios para individualizar y expropiar bienes calificados genéricamente por ley. Esta individualización no es un acto del Poder Legislativo sino del Ejecutivo o de la Administración Pública en general. Y en este ámbito no carecen de eficacia las manifestaciones tácitas de voluntad" (Cámara de Apelaciones Córdoba 19-07-93 S.A.I.J.- Sumario R0008271).- En el sublite atento a la complejidad y completividad del la prueba rendida esto es, la extracción concreta de material pétreo del inmueble de la actora tal como ocurriera con otros del mismo plano, según resolución del Departamento del Hidráulica en base a la ley 886 y el destino cierto dado a ese material en la construcción de una obra pública, como la correspondencia del material empleado en las obras con el extraído, según así surge del informe pertinente emitido por la Universidad Nacional de San Juan a que alude el perito Gonzalez Ranea a fs. 398, torna procedente en mi criterio la acción por expropiación irregular; al tiempo que son extremos decisivos para el rechazo del recurso de la demandada sobre el punto.- En lo que hace a la necesidad de valuación del material extraído, punto este en el que ambas partes están de acuerdo, entendemos que las conclusiones periciales a que arriban los peritos en autos, descalifican la afirmación de la demandada en cuanto a la carencia absoluta de valor del mismo a lo que podemos agregar que su utilización en las obras mencionadas torna evidente e indiscutible su valor, que entendemos no puede ser otro que el de ripio común, debiendo determinarse su valor indemnizatorio a la fecha de la desposesión, ello teniendo en cuenta que en casos de expropiación la indemnización debe ser previa y que desde la efectiva desposesión nace la obligación de indemnizar. No habiendo discusión en cuanto a la correspondencia o congruencia entre las dos primeras pericias y la cantidad que refiere el Ing. Adolfo Alvarez funcionario por entonces de la Sub Secretaría de Recursos Hídricos entendemos correcta la conclusión del Sr. Juez A - Quo que manda indemnizar la cantidad de 197.244 metros cúbicos teniendo en cuenta para su valuación no solo los informes periciales coincidentes en el sentido de que el ripio común extraído es muy bueno, corroborado con el dictamen de la UNSJ. en autos Nº 17810 - " Oyharzabal de Sanchez Sarmiento, J. c/ Dirección Nacional de Vialidad" (conf. constancia de fs. 313) concluyendo que se trata de ripio común y que su valor debe ser el 43,71% del precio actual del ripio en cantera, esto conforme lo resuelto en el fallo de la Sala I en autos Nº 2203-Quiroga Juan Antonio y otro c/ Provincia de San Juan y otros - Expropiación Inversa, al que ordena aplicar un interés del 8% desde la fecha de apropiación - que por haberse extendido entre los años 1977 y 1983 debe computarse en estricta justicia desde julio del año 1980 como lo peticiona la demandada, acogiéndose su recurso en lo pertinente y rechazando el de la actora - hasta el efectivo pago, lo que también es correcto atento lo resuelto por la Excma. Corte de Justicia local en los autos referidos según sentencia pasada al P.R.E. Sala 2º 2001 - III - 478.- Voto en conclusión para que se admita parcialmente el recurso de la demandada en cuanto a las costas de la Excepción de falta de legitimación pasiva que se imponen en el cincuenta por ciento a la actora y el cincuenta por ciento restante por su orden y al cómputo de los intereses que deberá hacerse desde el mes de julio de 1980 con costas a la actora, rechazándose ambos recursos en lo restante imponiendo las costas en el sesenta por ciento a la demandada y en el cuarenta por ciento restante por su orden.- EL DR.OCTAVIO AUGUSTO SANCHEZ DIJO:

Por sus fundamentos adhiero al voto precedente el que doy por reproducido.-	EL DR.CARLOS E. FERREIRA DIJO:	Por razones análogas a las aducidas por el Dr. Oscar Roberto Otiñano, voto en el mismo sentido.- Por el mérito que resulta de la votación de que instruye el acuerdo que antecede SE RESUELVE:

1) Admitir parcialmente el recurso de la demandada en cuanto a las costas por la excepción de falta de legitimación modificando en lo pertinente la resolución de primera instancia, imponiéndolas en el cincuenta por ciento (50%) a la actora y en el cincuenta por ciento (50%) restante por su orden y en cuanto al cómputo de los intereses que deberá hacerse desde el mes de julio de 1980, esto con costas a la actora.- Rechazar ambos recursos en lo restante imponiendo las costas en el sesenta por ciento (60%) a la demandada y en el cuarenta por ciento (40%) restante por su orden.- Diferir las regulaciones respectivas para su oportunidad.- Protocolícese, hágase saber y bajen previa reposición de sellado si correspondiere.- MAGISTRADOS: DR. OCTAVIO AUGUSTO SANCHEZ;

DR. OSCAR ROBERTO OTIÑANO;

DR. CARLOS E. FERREIRA BUSTOS; SECRETARIA: DRA. ANA ESTELA VENTURA.

PROTOCOLIZADO: L. de Sent.- Año 2006- del Tº III- Fº62/69.-