marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Seguros, seguro de caución
Materia: COMERCIAL
Carátula: Estado  Nacional  (Mrio.  de  Economía - Sec. de Intereses Marítimos) c/ Prudencia Cía. Arg. de Seguros Generales  SA s/ cobro.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-30

En el seguro de caución no existe un verdadero riesgo asegurable, -un hecho ajeno a la voluntad de las partes- sino que lo que se "asegura" es, por el contrario, el incumplimiento imputable al tomador con relación a sus obligaciones frente al beneficiario.
Cuestiones de competencia, justicia militar, código procesal penal
Materia: PENAL
Carátula: Nicolaides, Cristino y otro c/ Sustracción de menores -causa n  10.326/96 s/ Sustracción de menores -causa n  10.326/96
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-08-02

La cuestión de jurisdicción entre un tribunal militar y uno federal debe ser resuelta conforme a las reglas dispuestas para las cuestiones de competencia (art. 51 del Código Procesal Penal de la Nación)(Disidencia de los Dres. Augusto César Belluscio y Gustavo A. Bossert).
Violación de barreras ferroviarias, ley de tránsito
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: P., C. M. s/ Artículo 51
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-10-06

La palabra "vehículo" no esta circunscripta en nuestro ordenamiento con exclusividad a los automotores, sino también a otros tipos y el artículo 5 de la Ley de Tránsito Nro. 24.449 en el título "DEFINICIONES", en su inciso g) describe a la bicicleta como "vehículo de dos ruedas... propulsado... con el esfuerzo de quién lo utiliza...", inclusive en el tratamiento de las edades mínimas para conducir figura expresamente la de doce años. En cuanto a la tracción, debemos recordar que hay vehículos autopropulsados por motores de combustión interna; por motores eléctricos; de propulsión humana; de tracción animal y remolcados, siempre en las disposiciones contenidas en la ley antes citada y su decreto reglamentario.

También debemos reconocer que desde el punto de vista genérico relacionado con la normativa de tránsito siempre, las bicicletas, han sido considerados vehículos con sus especiales características, y en ese sentido es también oportuno recordar que en la Ordenanza Nro. 38.847 se reglamentó en forma específica la circulación de este tipo de vehículos en la vía pública, disponiéndose en sus artículos 2; 3 y 8 que debían ajustarse a las reglas de circulación vigentes para el resto de los vehículos en general.

El Legislador, al redactar reformas al Código Contravencional es partícipe incuestionablemente de este concepto cuando en el artículo 76 titula:"Violación... con vehículo motorizado" y en el artículo 77:"Violación... sin vehículo motorizado".

En realidad, en estas descripciones contenidas en el Capítulo IX del Código Contravencional, más que dirigirse al bien jurídico protegido, vincula las mismas a los medios a través de los cuales pueden configurarse - que son los vehículos - llegándose de esta forma a la conclusión que no hay razones que autoricen a creer que el término contenido en el artículo 75 se refiere únicamente a los automotores, teniendo en cuenta que el tutelaje que establece la ley no distingue en gravedades diferentes el hecho de cruzar las vías con las barreras bajas según fuere el tipo de vehículo empleado.

Retornando al Decreto reglamentario de la Ley de Tránsito en el Titulo Semáforos Especiales, debemos reiterar el significado allí propuesto:"Cuando están en funcionamiento, indican la aproximación o presencia de vehículos ferroviarios, los que tienen prioridad en el cruce, al que no pueden ingresar quienes circulan por la vía pública...".

La voluntad del legislador es clara y contundente. De haber existido la idea de eximir de sanción a los vehículos de propulsión humana debieron hacerlo en forma expresa.
Recurso extraordinario, sentencia definitiva, resoluciones anteriores a la sentencia, salarios caídos, empleados públicos, cesantía, sumario administrativo, pago
Materia: LABORAL
Carátula: Vivas, Víctor c/ Provincia de Entre Ríos. s/ recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-16

Debe supeditarse el pago de los salarios dejados de percibir a la resolución definitiva que se adopte con relación a las causales de cesantía examinadas, pues si el sumario administrativo instruido por el órgano competente concluyó con la cesantía del agente, la indemnización acordada a éste devendría carente de causa.
Facultades del ombudsman, interpretación de la constitución
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Defensor  del  Pueblo  de la Nación c/ E.N. -P.E.N.- M° E. - dto. 1738/92 y otro s/ proceso de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-05-24

Pretender sostener que el art. 86 de la Constitución Nacional debe ser interpretado a la luz del art. 43  conduce a un resultado que se aparta manifiestamente del rol que se le ha asignado al Defensor del Pueblo y de la misión llamado a ejercer en aras de la efectiva vigencia de los derechos y garantías fundamentales (Voto del Dr. Juan Carlos Maqueda).
Principio de congruencia, presentación extemporánea
Materia: CIVIL
Carátula: De Almeida, Manuel y Carreño, María del Carmen c/ Bernatta, Javier Adrián y otra s/ Incumplimiento de contrato de compraventa y daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2018-08-29

Viola el principio de congruencia el sentenciante que rechaza la acción en base a defensas no articuladas en la etapa procesal oportuna (excepción de pago total), esto es, al momento de contestar la demanda, haciéndose evidente la falta de correspondencia entre el contenido de la decisión y el modo propuesto en la traba de la litis.(doctor de Lázzari, sin disidencia) Fuente del sumario: OFICIAL
Contrato de trabajo, extinción del contrato de trabajo, despido, despido con causa, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: BRAVO MARIA E. c/ A.F.J.P PRORENTA S.A. s/ INDEMNIZACION POR ANTIGUEDAD,ETC. - CASACION LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2012-08-30

La ley 25.323, que estableció un incremento de las indemnizaciones laborales en distintos supuestos, rige desde el 20/10/2000, y en el art. 2 dispone un incremento del 50% en las indemnizaciones previstas por los arts. 232, 233 y 245, LCT -indemnización sustitutiva del preaviso, integración del mes de despido e indemnización por antigüedad- (o las que en el futuro las reemplacen), cuando el empleador fehacientemente intimado por el trabajador no las abonare y, consecuentemente, lo obligare a iniciar acciones judiciales o cualquier instancia previa de carácter obligatorio. El objetivo perseguido es compeler al empleador a abonar en tiempo y forma las indemnizaciones por despido y evitar litigios. La sanción no se vincula con la causa del despido: se castiga la conducta dilatoria que
Recurso de inconstitucionalidad, procedencia del recurso, proceso penal, imputado, libertad condicional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: VILLASBOAS, JUAN CARLOS c/  s/ APELACION DECRETO DE FECHA 02/10/17 QUE ORDENA LIBRAR ORDEN DE CAPTURA Y REENCARCELAMIENTO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-11-12

La inobservancia de la obligación de comparecencia mensual impuesta en el auto de concesión de la libertad condicional no es de las causales que conforme el texto legal pueden dar lugar a la revocación, sino que su incumplimiento sólo puede aparejar una prolongación en el tiempo de la condicionalidad; y, al respecto, ninguna fundamentación se advierte por parte del Juez de Cámara que explique por qué en el caso concreto la no concurrencia a suscribir el libro de firmas mensual podía generar tal consecuencia, solución que en las circunstancias del caso tampoco aparece razonable. (Del voto del Dr. Erbetta, al que adhieren los Dres. Gutiérrez y Spuler) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley de Ejecución Penitenciaria, artículos 55 y 56. - DOCTRINA: Zaffaroni, E.; Alagia, A. y Slokar, A., ob. cit., pág. 964.
Recurso extraordinario, inconstitucionalidad, competencia
Materia: PROCESAL PENAL -CONSTITUCIONAL
Carátula: GONZALEZ JOSE LUIS Y OTRO s/ RECURSO  EXTRAORDINARIO - ROBO CALIFICADO - AUTOMOTOR - CONSTITUCION   NACIONAL - PENA - INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1990-04-06

Desde el punto de vista del derecho objetivo nuestro ordenamiento jurídico no prevee la inconstitucionalidad como incidente del proceso, sino como recurso para impugnar la sentencia y otros pronunciamientos definitivos dictados por el tribunal de juicio, invocando un motivo especialísimo de derecho consistente en una cuestión de inconstitucionalidad (Clariá Olmedo, tratado de derecho procesal, t. V, pág. 529).

La trascendental importancia que deviene de una declaración de inconstitucionalidad no ha querido ser dejada por el Legislador Provincial librada al arbitrio de cualquier Juez, sino reservada mediante el recurso de inconstitucionalidad al mas alto Tribunal de la Provincia y como mejor garantía aún al Tribunal Superior en pleno.-
Jurisdicción y competencia, competencia federal, automotores, registro de la propiedad automotor
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - PENAL
Carátula: Cifuentes, Rogelio Jesús s/ INFRACCION  DECRETO-LEY  6582/58  Y  292  INC.  2  DEL  CODIGO  PENAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-02-08

Corresponde excluir de la competencia federal a aquellos delitos vinculados con la identificación de automotores cuando los hechos carecen de entidad suficiente para producir un perjuicio al Registro Nacional de la Propiedad del Automotor o una obstrucción a su normal funcionamiento.
Concubinato, vocación hereditaria, derecho de habitación
Materia: CIVIL
Carátula: Gonzalez, Desideria  Ramirez, Jose Victor s/ Sucesión Ab-Intestato
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 2013-08-14

Corresponde rechazar la pretensión esgrimida por quien invocando ser concubina del causante, solicita se le otorgue el derecho real de habitación del inmueble que fuera asiento del hogar conyugal, toda vez que la institución en análisis ha sido establecida en exclusivo beneficio del cónyuge supérstite, carácter que la recurrente no reviste, de modo que no posee legitimación para presentarse a este sucesorio en virtud de que nuestro derecho positivo no le reconoce vocación sucesoria.
SECLO, conciliación, homologación del acuerdo laboral, ejecución de sentencia
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: GIUSSANI, LAURA Y OTROS c/ ASOCIACIÓN ISRAELITA ARGENTINA DE BENEFICENCIA Y CULTO DAVID WOFSHON s/ EJECUCIÓN DE CRÉDITOS LABORALES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-06-28

Con la sanción de la ley 24635 de Instancia Obligatoria de Conciliación Laboral, el incumplimiento del acuerdo conciliatorio homologado ante el SECLO sólo es ejecutable mediante el procedimiento de ejecución de sentencia que establecen los arts. 132 a 136 de la ley 18345. Este procedimiento especial requiere la homologación por el funcionario competente y si ésta no se alcanzó porque el asesor del SECLO consideró que no había una justa composición entre derechos e intereses, el acuerdo sin homologación no constituye título suficiente para su ejecución en el marco del art. 26 de la ley citada.
Obras sociales, intervención quirúrgica, servicios prestados en el exterior, revocación de sentencia, acción de amparo, personas con discapacidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: C., R. L.. y otro c/ Caja de Seguridad Social para Escribanos de la Provincia de Buenos Aires s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-18

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que ordenó a la Caja de Seguridad Social para Escribanos de la Provincia de Buenos Aires la transferencia de una suma de dinero a fin de ser aplicada al pago de la intervención quirúrgica - realizada en un hospital fuera del país - que requería la niña en razón de la patología cardíaca que presentaba, pues más allá del estrecho marco de conocimiento que ofrece la acción de amparo, no se ha demostrado que las limitaciones y prescripciones contenidas en el estatuto de la demandada y su conducta hayan importado un menoscabo o desnaturalización del derecho de la menor discapacitada.
Sociedades comerciales, personería jurídica, inoponibilidad a terceros
Materia: COMERCIAL
Carátula: LONDON SUPPLY SA c/ ALIMAR SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-03-05

A los efectos de aplicar el instituto de la inoponibilidad de la personalidad jurídica societaria, no se trata de determinar si en el incumplimiento se han transgredido disposiciones legales, se ha violado la buena fe o se ha perjudicado a terceros, sino si se ha abusado de la personalidad societaria de las entidades participantes del negocio y, con ello, se ha perseguido sustraer el patrimonio y responsabilidad de los socios y controlantes del alcance de los acreedores.
Constitución Nacional, leyes, control de constitucionalidad, criterio de razonabilidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Chocobar, Sixto Celestino c/ Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos s/ reajuste por movilidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-27

El principio de razonabilidad exige que deba cuidarse especialmente que los preceptos legales mantengan coherencia con las reglas constitucionales durante su vigencia en el tiempo, de suerte que su aplicación concreta no resulte contradictoria con lo establecido en la Carta Magna.
Denegatoria del recurso, abuso sexual simple, apreciación de la prueba, violencia de género, calificación legal, Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer
Materia: PENAL
Carátula: Sánchez, Julio Alberto c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-05-08

Corresponde rechazar el recurso interpuesto por la defensa contra la condena impuesta al encausado por el delito de abuso sexual simple toda vez que la significación legal seleccionada por el a quo es consecuencia de una adecuada ponderación integral del plexo probatorio acumulado en la causa, confrontándolo de modo pormenorizado, y en particular, de las circunstancias de tiempo modo y lugar en que se perpetró el delito, y de las categóricas afirmaciones efectuadas por el a quo respecto de la convicción que le mereció la damnificada durante la audiencia, lo cual permite confirmar que la intención del imputado no fue la de besarla en su mejilla, sino que tuvo un inequívoco propósito sexual, como se concluyó en la sentencia impugnada al señalar que el dolo en el actuar del imputado surgía a partir de que conocía los medios empleados, como ser su situación de preeminencia y violencia, el contenido sexual y que pese a la manifiesta resistencia ofrecida por la víctima, continuó con su propósito, demostrando de tal forma su deliberada intención de abusar sexualmente de aquélla. En consecuencia, frente al cuadro probatorio resultante de una visión conjunta de la totalidad de los elementos de prueba incorporados y producidos en la audiencia de debate, los planteos y críticas de la defensa sobre la valoración de la prueba y de la calificación legal seleccionada en el fallo impugnado, configura un mero disenso con las conclusiones a las que arribó el tribunal a partir del examen integral de los distintos elementos de convicción. Asimismo, debe advertirse que el hecho que es objeto de acusación en estos autos se vincula íntimamente con una de las temáticas más preocupantes del universo de los derechos humanos, cual es la violencia de género que desde el análisis de la cultura androcéntrica impone que deban tomarse las medidas judiciales adecuadas para evitar esos delitos, destacando que existen dos instrumentos internacionales aplicables al presente caso, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer -UN, 1979, ratificada por ley 23.179 BO 3/6/85- y la segunda la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer -Convención de Belem do Pará, ratificada por la ley 24.632 B.O. 9/4/96-.
Daños y perjuicios, noticia falsa
Materia: CIVIL
Carátula: Triaca, Alberto Jorge c/ Diario La Razón y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-12

La gravedad de la acusación transcripta en una publicación, sobre todo por el perfil de la figura del destinatario en diferentes áreas a la época, exigía, para cumplir con el deber de diligencia, que se resaltare la fecha de esas denuncias y de donde se habían tomado.
Contrato de caja de seguridad, obligaciones de resultado, responsabilidad objetiva, robo, responsabilidad del banco
Materia: CIVIL
Carátula: Besse Carlos Enrique Y Otro c/ Standard Bank Argentina S.A. s/ Ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-03-20

El robo o sustracción del contenido de una caja de seguridad, para que pueda eximir de responsabilidad al banco, debe reunir los elementos de imprevisibilidad, inevitabilidad y extraneidad propios del casus, pues de lo contrario no libera al banco, desde que la caja de seguridad está destinada precisamente a sustraer los valores del peligro de robo y ello determina que el banco deba adoptar todas las medidas de seguridad que la custodia de la caja exige, para evitar robos y sustracciones.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Cooperativa de Servicios Públicos Arbolito c/ Gaspari, Néstor s/ Desafectación de dirigente gremial
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-02-24

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que no demuestra -como afirma- que el tribunal del trabajo hubiera incurrido en absurdo al establecer el alcance del escrito de demanda, ni tampoco que las conclusiones determinadas al efecto resulten una derivación de un excesivo rigorismo formal.
Despido, buena fe
Materia: LABORAL
Carátula: FREYRE, FERNANDO c/ PIRCAS Y/O GUITIERREZ HECTOR s/ QUIEBRA Y/O SINDICO
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 1986-04-24

EL PRIMER PRECEPTO QUE DEBE SER APLICADO EN EL SUPUESTO DE QUE UNA DE LAS PARTES QUIERA DESLIGARSE DEL COMPROMISO QUE HA CONTRAIDO CON LA OTRA, ES SIN DUDA, EL DE LA OBLIGACION DE OBRAR DE BUENA FE.
Dieta parlamentaria, concejales, empleo público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: 67011 - PELLEGRINI JOSE c/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE JUNIN s/ A.P.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2005-11-03

La dieta de los Concejales constituye un reconocimiento de los gastos que le ocasiona el desempeño de sus funciones, pero nunca una retribución por la prestación de servicio como si se tratase de una relación laboral.
Honorarios, prescripción
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: FRACCHIA HNOS. c/ GOROSTIZA SEGUROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-CUADERNILLO DE EJECUCION DE HONORARIOS DE LOS  DRES. ANGEL NASSIF Y RAUL FERNANDEZ REUTER PERJUICIOS-CUADERNILLO DE EJECUCION DE HONORARIOS DE LOS  DRES. ANGEL NASSIF Y RAUL FERNANDEZ REUTER
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2001-04-10

El primer párrafo del artículo 4032 del Código Civil hace mención al plazo de prescripción en materia de honorarios y dispone, sin distinción, que los dos años rigen para todo crÚdito por honorarios de abogados y procuradores, sea quien sea el deudor, si se trata de pleitos terminados, o no terminados pero con un profesional que ha cesado en su ministerio. La excepción a los dos años, sea quien sea el deudor, es el caso del honorario regulado, porque en este caso hay una decisión que simplemente debe ser ejecutada y, respecto a ella, rige el plazo decenal de la actio judicata. Este criterio receptado por reiterada jurisprudencia, establece la distinción entre el honorario devengado -dos años- y el regulado -diez años.
Interpretación del contrato, locación de obra, venta de cosa futura
Materia: CIVIL
Carátula: WINTER ISIDORO MAURICIO c/ SAWA INGENIEROS CONSTRUCTORES s/ RESCISION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-03-05

La naturaleza de cualquier relación contractual debe hacerse, independientemente de como la hayan calificado las partes, precisando su contenido y su causa. Cuando se suscribe un boleto de compraventa entre un particular y una empresa constructora, por la cual ésta última se obliga a construir al costo en favor de aquél un departamento por el cual percibe un honorario equivalente al 20% del costo a pagar en diversas cuotas de acuerdo al porcentual que le corresponde al comprador, actualizables mensualmente segun los incrementos que experimentan los materiales y la mano de obra, la relación no puede encuadrarse en una compraventa de cosa futura, sino como una locación de obra. En la compraventa de cosa futura se presenta, para las partes, una incertidumbre inicial acerca de si existirá o no la cosa vendida al tiempo en que el contrato debe cumplirse. En la locación de obra no existe una incertidumbre semejante pues el locador se compromete a realizar un opus: asume en consecuencia, una obligacion de hacer. La empresa constructora compromete su hecho, como locador de la obra a construirse y el comprador se obliga a suministrar los fondos necesarios para solventar el costo de la obra. El locador percibe un honorario por su prestación que es, estrictamente el precio de la locación de obra. El precio del departamento no es sino el costo, a cargo del locatario, de la obra prometida por el locador (conforme Rezzónico, Estudio de los contratos, Bs. As. 1966, tomo I, página 39; Spota, Tratado de la locación de obra, 3a. edición Bs. As. 1977, tomo I, página 92 y ss., números 28 al 31; Wayar, Compraventa y permuta, Bs.

As. 1984, página 89 y ss., número 49; Salvat, Fuentes de las obligaciones, tomo I, número 354). Es cierto que la transferencia del dominio de la unidad construída era al tiempo del contrato, relevante para el comprador, pero esa transferencia del dominio sería una consecuencia de la obligación de hacer. El art. 1629 del Código Civil caracteriza como locación de obra aún aquella en que el locador provea la materia principal o sea aún cuando el locatario no provea los materiales ni el terreno, los que, obviamente, deberán pasar al dominio de éste cuando el locador cumpla la obra a su cargo -
Adopción, sentencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: S., S.E. s/ Adopción
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-03-15

No puede soslayarse, entre otras cosas, la interpretación del comportamiento procesal como fuente de convicción -es decir, como punto de mira para la ponderación de las circunstancias del caso- tendiente a la confirmación de la solución propugnada en la instancia inicial -art. 384 C.P.C.C.- (en la especie, el "a quo había hecho lugar a la adopción y la madre biológica de la adoptada -apelante- no había concurrido injustificadamente a una audiencia fijada por el tribunal).-