Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-10-16


AUTOS N° 20.320 (114.160 - 4° CIVIL) caratulados: "N. N. C/ PROVINCIA DE SAN JUAN - AMPARO" L.S. 105, F° 196/202 SAN JUAN, 16 de octubre del año dos mil nueve.

VISTOS:

Para resolver en estos AUTOS N° 20.320 (114.160 - 4° CIVIL) caratulados: "N. N. C/ PROVINCIA DE SAN JUAN - AMPARO", el recurso de apelación interpuesto a fs. 76 por la demandada, contra la resolución de fecha 25-09-2009 dictada por el Cuarto Juzgado Civil.

Y CONSIDERANDO:

1. N. N. pidió auxilio a la Justicia utilizando la vía del amparo para que el Departamento de Control y Reconocimientos Médicos, dependiente del Ministerio de Salud Pública, le justifique los días de licencia que resulten necesarios para su rehabilitación total mientras se encuentra internado con tratamiento de droga-dependencia y disponga de una Junta Médica para que compruebe la situación de incapacidad y lo derive a la institución correspondiente a fin de no perder su condición de agente público y su cobertura social. Además solicita que la Dirección de Obra Social de la Provincia le otorgue la cobertura suficiente hasta su restablecimiento total.

Que del Expte. Administrativo n° 0588-M.S.P.-09 surge que solicitó prórroga del plazo previsto en el art. 16° de la ley provincial N° 6698 del Régimen de Licencias para los agentes públicos provinciales, con el objeto de culminar su tratamiento en el programa "Levántate y anda" en la provincia de San Luis, que lleva a cabo la Comunidad Terapéutica de dicho nombre.

Con los certificados arrimados a la causa acredita que el mencionado instituto "recomienda la realización de tratamiento en forma integral y de tiempo prolongado.bajo la modalidad de internación". El mismo organismo estima un tiempo de duración entre un año a un año y medio, plazo que estaría próximo a cumplirse.

Cuando intervino en el trámite el Dpto. de Control y Rec. Médicos, lisa y llanamente señaló que el paciente había agotado sus licencias por enfermedad de acuerdo a lo dispuesto en el art. 16 de la ley N° 6698, con lo cual ha quedado fuera de sistema y sin la cobertura de la Obra Social de la Provincia.

Los demás detalles de los hechos que fundan la pretensión están expuestos minuciosamente en la relación del fallo de primera instancia y este tribunal remite a ellos.

2. La sentencia definitiva hizo lugar parcialmente al amparo. Ordenó a la Obra Social de la Provincia a que asuma y continúe de manera íntegra e inmediata la prestación de cobertura al amparista, debiendo cubrir los gastos a través de los pagos pendientes y en el futuro los relativos a la cobertura del tratamiento que presta la Institución "Levántate y anda" de la Provincia de San Luis, tal como lo indicó el Ministro de Salud Pública en vistas al dictamen de su Asesoría Letrada, hasta tanto quede definida y resuelta la cuestión relativa a la licencia médica o incapacidad del actor. Para ello deberá autorizar los gastos que demanda su provisión realizando los actos administrativos necesarios a ese fin. Impuso las costas a la demandada vencida.

3. El Dr. Pablo N. Puleri, que actúa en autos con carta-poder otorgada por el Sr. Fiscal de Estado, ha interpuesto recurso de apelación y lo funda en estos términos:

a) Equivoca la jueza a quo cuando señala que la Provincia incumplió la normativa vigente, cuando en realidad fue el amparista quien se quedó sin cobertura por no haber iniciado los trámites para la determinación de su incapacidad ante la Comisión 26 (art. 49, ley N° 24.241) antes del vencimiento de su licencia. El trámite de licencia que rige la situación del amparista está reglado por el art. 16 de la ley provincial N° 6698.

b) "Antes de agotarse dicha licencia, el agente en vez de solicitar una prórroga de licencia (lo cual es imposible), debió realizar los trámites ante la Comisión N° 26 a fin de que la misma disponga si corresponde su reincorporación, o bien que el mismo se acoja a un retiro por incapacidad, ya sea transitorio o permanente, con lo cual hubiese seguido teniendo cobertura social". Y subraya: "Dicho trámite corresponde ser iniciado exclusivamente por el agente, conforme lo establece el art. 49 de la ley 24.241". Lo expuesto fue ratificado por el médico de la misma Comisión N° 26.

c) Si el agente no regularizó su situación laboral activando el trámite administrativo, vía ANSES, no existe ilegalidad o arbitrariedad en el obrar de la Obra Social Provincia. La Obra Social, al no recibir los aportes está exenta de seguir cubriendo la cobertura.

d) El dictamen de la Asesoría Letrada del Ministerio de Salud Pública donde la jueza basa su juicio para hacer lugar al amparo, no deja de ser una simple opinión. Debe aplicar lisa y llanamente la normativa vigente (art. 49 de la ley 24.241), que es la solución propuesta y ratificada por el médico de la Comisión 26. "El espíritu de la norma es que el Estado le otorgue al agente una cobertura mientras dura la licencia (dos años), cosa que realizó al pie de la letra, y luego, vencido dicho plazo de caducidad, sea otro sistema el que se encargue de cubrir las prestaciones sociales, en este caso a través del sistema de retiro por incapacidad, ya sea temporario o definitivo".

e) El juez a quo, si bien expresa no tener facultades para darle órdenes a la Administración de conceder licencias a sus agentes, termina haciéndolo, ya que obliga a la DOS a seguir otorgando la cobertura hasta que se defina la incapacidad del amparista.

f) Obra Social Provincia y Provincia de San Juan, son dos personas jurídicas distintas.

4. Viene bien mencionar algunos enfoques que provienen de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para desalentar las postulaciones que se aferran a lo meramente formal de los procedimientos administrativos minorando la protección inmediata del derecho de la salud cuando el daño puede ser irreversible si no llega a tiempo el auxilio del Estado. Por ejemplo, en la causa "Y., G. C. c. Nuevo Hospital El Milagro y otra", sentencia dictada en fecha 06/06/2006, la CSJN, haciéndose eco del dictamen de la Procuradora Fiscal Subrogante de la Nación, Marta A. Beiró de Gonçalvez, sentó el criterio al decir: El amparo es asimilable a una sentencia definitiva cuando se demuestra que produce agravios de imposible o dificultosa reparación ulterior, y que se incurre en arbitrariedad manifiesta, ante un injustificado rigor formal; o no se exhibiese como derivación razonable del derecho aplicable, dado que, entonces, resultan vulneradas las garantías de defensa en juicio y debido proceso (v. Fallos 310:576, entre otros); si bien dicha vía no está destinada a reemplazar los medios necesarios para solucionar controversias, su exclusión por existir otros recursos administrativos o judiciales, no puede fundarse en una apreciación meramente ritual, toda vez que la institución tiene por objeto una efectiva protección de derechos más que una ordenación o resguardo de competencia (v. doctrina de Fallos: 308:155 y sus citas; 318:1154; 320:1339 y 324:3833).

5. Es que es de sana y razonable interpretación dar prioridad al derecho a la vida, a la determinación de un desarrollo pleno de la persona dentro de las capacidades individuales de cada ser, en el orden de la Constitución Nacional y los Tratados internacionales que refieren al derecho a la salud. La continuidad de los tratamientos de enfermedades sociales como es la drogadicción, es un tema que atañe directamente al Estado, de modo que no puede anteponerse los procedimientos administrativos que solo retardarán la mejoría o acaso frustrarán la recuperación de los pacientes para volverlos a la vida social útil, en tanto son reconocidos como derechos especialmente protegidos por la Constitución. De suerte tal, hay que allanar el camino con decisiones concretas, dando soluciones a la altura de la urgencia de los padecimientos físicos y morales, proporcionando las vías expeditivas para llevarlas a cabo. La vía del amparo del art. 43 de la C.N. y 40 de la C. Prov. es la más idónea que puede encontrar quien se encuentre en situación tan apremiante. El derecho tiene, en el caso de drogadicción, una proyección social que interesa a toda la comunidad y no solo al enfermo.

6. En un interesante y jugoso fallo de la sala A de Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, sala A - 21/05/2007 - Almonacid, Patricio I. c. Provincia del Chubut (publicado en: LL Patagonia 2007 (agosto), 1165 - LA LEY 2007-E, 480), fue tratado un caso donde varias personas, por sí y en representación de sus hijos que sufren trastornos de drogadependencia entablaron acción de amparo contra la Provincia del Chubut a fin de que le cumpla con la obligación prevista en la ley local 4969 de brindar tratamiento a dicha adicción. Condenó a la Provincia de Chubut a brindar el tratamiento adecuado a la patología de adicción que sufrían los actores de conformidad con las pautas del programa terapéutico dispuesto por la resolución nacional conjunta 326/97 y 154/97 del Ministerio de Salud y Acción Social y Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico, pues el derecho a la salud -sostuvo- esta consagrado constitucionalmente y el Estado se encuentra obligado asegurar el ejercicio pleno de ese derecho.

7. En nuestra Provincia no hay razón valedera para eludir la efectiva tutela y protección inmediata del derecho a la salud, comprendido en el de la vida del drogadependiente, pues conforma el espectro de los derechos y garantías consagrados por la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 25), Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 12 inc. 1 y 2 "c" y "d"), la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, arts. 14 y 75 inc. 22 de la C.N. Y al igual que la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, sala A, ha de sostenerse aquí, que la vía del amparo resulta ser la más idónea para lograr este objetivo, ya que el Estado está obligado a brindar los tratamientos adecuados en forma gratuita, con asistencia completa, en los niveles ambulatorios y de internación, "según las especificaciones impuestas por la Resolución Conjunta n° 361/97 y 153/97 del Ministerio de Salud y Acción Social y la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción de la Nación y Lucha contra el Narcotráfico, ambos de la Nación, exigibles también a los establecimientos públicos provinciales (art. 2° de la mencionada resolución)". El pronunciamiento, con cita de relevantes autores, considera al derecho a la salud en su doble dimensión: individual y social (conf. Augusto Morello y Néstor A. Cafferata, "Dimensión social del Derecho a la Salud. Problemas, enfoques y perspectivas", ED 213-937). "Es decir, como derecho de cada persona y como derecho de incidencia colectiva y, en ambos casos como uno de los derechos humanos fundamentales (Germán Bidart Campos, ob. cit.)".

8. En el sub judice hay que considerar la adhesión de la Provincia de San Juan a la ley nacional N° 24.901 (ley N° 7064), lo cual permite, con mayor fundamento, obligarla a proteger al enfermo, más allá del Régimen de Licencia donde ha puesto énfasis para negar la cobertura. La ley nacional persigue un claro objetivo que declara en su artículo 1: "Institúyese por la presente ley un sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad, contemplando acciones de prevención, asistencia, promoción y protección, con el objeto de brindarles una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos".

Dispone en su artículo 2: "Las obras sociales, comprendiendo por tal concepto las entidades enunciadas en el artículo 1 de la ley 23.660, tendrán a su cargo con carácter obligatorio, la cobertura total de las prestaciones básicas enunciadas en la presente ley, que necesiten las personas con discapacidad afiliadas a las mismas". También ha definido en su artículo 9: "Entiéndese por persona con discapacidad, conforme lo establecido por el artículo 2 de la ley 22.431, a toda aquella que padezca una alteración funcional permanente o prolongada, motora, sensorial o mental, que en relación a su edad y medio social implique desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral".

Y de igual forma prevé en su artículo 6: "Los entes obligados por la presente ley brindarán las prestaciones básicas a sus afiliados con discapacidad mediante servicios propios o contratados, los que se evaluarán previamente de acuerdo a los criterios definidos y preestablecidos en la reglamentación pertinente". Pero la norma de mayor incidencia al caso tratado se encuentra en el artículo 12 que reza: "La permanencia de una persona con discapacidad en un servicio determinado deberá pronosticarse estimativamente de acuerdo a las pautas que establezca el equipo interdisciplinario y en concordancia con los postulados consagrados en la presente ley. Cuando una persona con discapacidad presente cuadros agudos que le imposibiliten recibir habilitación o rehabilitación deberá ser orientada a servicios específicos. Cuando un beneficiario presente evidentes signos de detención o estancamiento en su cuadro general evolutivo, en los aspectos terapéuticos, educativos o rehabilitatorios, y se encuentre en una situación de cronicidad, el equipo interdisciplinario deberá orientarlo invariablemente hacia otro tipo de servicio acorde con sus actuales posibilidades. Asimismo, cuando una persona con discapacidad presente signos de evolución favorable, deberá orientarse a un servicio que contemple su superación".

9. Las citadas normas jurídicas, vigentes en nuestro ámbito local, dan cuenta hasta dónde ha de llegar la protección del Estado de la persona discapacitada, con seguimiento desde el diagnóstico, cuidando de observar si hay una evolución favorable, hasta la superación de la minusvalía de ser posible. En este caso, el paciente internado ha dado muestras de ir hacia la recuperación. La interrupción del tratamiento implicaría una lesión grave y arbitraria a sus derechos personalísimos, de raigambre constitucional, dejándolo en el desamparo por falta de cobertura en la Obra Social Provincia. Lo que se quiere significar es que, haya o no cobertura, el Estado provincial debe hacerse cargo de la recuperación del paciente, poniendo todos los medios a su alcance para lograrlo, y de esta manera, hacer verdaderamente operativa la norma constitucional consagrada en el art. 61 de la Const. Prov.: "El Estado garantiza el derecho a la salud, a través de medidas que la aseguren para toda persona, sin discriminación ni limitaciones de ningún tipo". De ahí que -según se viene diciendo- ni la Provincia de San Juan, ni la Obra Social Provincia, pueden eludir los mandatos legales que protegen en forma integral la salud de sus habitantes, en el caso específico del sub judice, deberá pugnar porque el enfermo drogadependiente, mediante el tratamiento aconsejado que viene administrándosele en la comunidad terapéutica de la Provincia de San luis "Levántate y anda", logre su recuperación para su bien y de la sociedad entera.

10. Está claro que esta protección integral no solo tiene basamento constitucional, sino además en el imperativo de la ley nacional N° 24.901, donde está generosamente delimitado por su artículo 15: "Prestaciones de rehabilitación. Se entiende por prestaciones de rehabilitación aquellas que mediante el desarrollo de un proceso continuo y coordinado de metodologías y técnicas específicas, instrumentado por un equipo multidisciplinario, tienen por objeto la adquisición y/o restauración de aptitudes e intereses para que un persona con discapacidad, alcance el nivel psicofísico y social más adecuado para lograr su integración social; a través de la recuperación de todas o la mayor parte posible de las capacidades motoras, sensoriales, mentales y/o viscerales, alteradas total o parcialmente por una o más afecciones, sean éstas de origen congénito o adquirido (traumáticas, neurológicas, reumáticas, infecciosas, mixtas o de otra índole), utilizando para ello todos los recursos humanos y técnicos necesarios. En todos los casos se deberá brindar cobertura integral en rehabilitación, cualquiera fuere el tipo y grado de discapacidad, con los recursos humanos, metodologías y técnicas que fuere menester, y por el tiempo y las etapas que cada caso requiera".

11. La recurrente ha puesto en tela de juicio que el juez no puede indicar y ordenar a la Administración dar licencias. Esto es verdad, pero la medida no es absurda si se tiene en cuenta que, justificado en este expediente, por vía indirecta se niega la cobertura de la Obra Social Provincia.

12. Nadie duda que la Provincia de San Juan es una persona jurídica de carácter público (art. 33 del C.C.) distinta de la Obra Social Provincia. Sin embargo, la Provincia la ha intervenido, por lo que la acción de amparo está bien dirigida contra los dos entes jurídicos.	Por ello, SE RESUELVE:

Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la Provincia de San Juan, confirmándose en todas sus partes el fallo impugnado. Costas a cargo de la parte vencida (arts. 74 y 598 del CPC).

Protocolícese, notifíquese en debida forma, y previa reposición del sellado de ley, si correspondiere, bajen los autos al Juzgado de origen.