Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-02-10


Salta, 10 de Febrero de 2011.

Y VISTOS: Estos autos caratulados: "Manquez, Estanislada vs. INSTITUTO DE SALTA CIA. ARGENTINA DE SEGUROS DE VIDA - Daños y Perjuicios por incumplimiento de contrato" -Expte. n° 11.268/09 del Juzgado de 1ª. Instancia en lo Civil y Comercial de 1ra. Nominación del Distrito Judicial del Sur -San José de Metán- Expte n° - CAM 329076/10 de esta Sala Tercera, y __________________________________________ CONSIDERANDO ______ El Dr. Marcelo Ramón Domínguez, dijo: ______________________ ______ I) La resolución de fs. 74/77, en tanto dispone el rechazo de la excepción de incompetencia planteada por el Instituto de Salta, Compañía de Seguros de Vida S.A., es apelada por dicha parte a fs. 79, presentando su memoria a fs. 81. Alude que el art. 5° del Código Procesal establece que la competencia territorial en primer lugar es la acordada por las partes, siendo llamada prórroga de la jurisdicción. En efecto, en el contrato suscripto se establece de manera expresa que se someten los hoy litigantes a la competencia de los tribunales del Distrito Judicial del Centro (ver cláusula 22 de la póliza n° 70.614, la que además fue emitida en nuestra Ciudad Capital). Si la actora opone el cumplimiento de este contrato en lo que hace a la suma asegurada, jamás puede desconocer la validez y vigencia de todo el plexo restante, y más puntualmente, la determinación de la jurisdicción, señalando que el certificado fue acompañado como prueba instrumental con la demanda. Continúa el artículo 5° del Código con las hipótesis y establece que, a falta de pacto expreso, será competente el juez del lugar en que debe cumplirse la obligación, habiéndose acordado como lugar de pago el domicilio de calle España 943 de ésta; sigue el artículo 5° con las hipótesis y prevé que en ausencia de los dos casos anteriores, a elección del actor, podrá dilucidarse la cuestión por ante los tribunales del domicilio del demandado y, por último, que será competente el juez del lugar de suscripción del convenio._________ ______ A fs. 86 replica los agravios la actora. Pide en primer lugar se declare desierto el recurso por ausencia de fundamentación. Subsidiariamente destaca que, tal como lo expone la sentenciante, el hecho de litigar en extraña jurisdicción resulta más oneroso para el asegurado cuanto que se debe otorgar preeminencia a la Ley de Defensa del Consumidor sobre la regla procesal prevista en el artículo 5° del Código._________________________________ ______ A fs. 101/102 dictamina la Sra. Fiscal de Cámara. Dice que no existe un solo agravio referido a la aplicación realizada por la Jueza de grado de la Ley de Defensa al Consumidor, cuestión fundamental en la redacción de la sentencia. Repara en tal sentido que existe todo un plexo de protección al asegurado plasmado en la Ley de Contrato de Seguros y en la Ley 22.400 en cuanto se ha prescripto que se tendrán por cláusulas no convenidas las estipulaciones que importen renuncia o restricción de los derechos del consumidor o que amplíen los derechos de la otra parte._________________ _______ II) Como primer tópico a analizar, destaca la actora que la pieza que replicara incumple con la carga procesal del art. 255 del Código Procesal, criterio que -me anticipo a señalar- no lo comparto, en tanto ha precisado la quejosa las razones que le llevan a alzarse en contra del pronunciamiento que desestimara la defensa de incompetencia que articulara.__________________ ______ Nuestra Corte de Justicia de la Provincia, y la propia Cámara de Apelaciones que integro, de manera uniforme sigue la jurisprudencia y doctrina que sostiene un criterio amplio en orden a la valoración de la suficiencia de los agravios por ser el que mejor armoniza con el derecho de defensa y con el sistema de la doble instancia. Así, se dijo que en caso de duda sobre los méritos exigidos para la valoración de la expresión de agravios debe estarse a favor de su idoneidad (C.J. Salta, 22-12-92, Rondoni vs. Eckardt, Libro 44, f° 1109/1113; CApel.CC.Salta, Sala I año 1998, f° 357/358; 1992, f° 101/102; 1995, f° 442/445; 2000, f° 402/403; 2001, f° 205/206; id. Sala III, año 1993, f° 901; año 2001, f° 415; año 2003, f° 232); y también se sostuvo que aunque el escrito adolezca de defectos, si contiene una somera crítica de lo resuelto por el juez, suficiente para mantener la apelación, no cabe declarar desierto el recurso (CNFed., Sala Cont.Adm., L.L. 121-134; Id., L.L. 127-369; CApel. CC. Salta, Sala III, 19-2-03, año 2003, f° 49). ___________________ ______ III) Ello sentado, cabe reparar que no es hecho controvertido que la actora y la demandada quedaron vinculadas por mérito del contrato de seguro cubierto por la póliza n° 70.614 y que fuera acompañada con la contestación de fs. 35/49. A tenor de tales instrumentales, se tiene que la apelada suscribió en fecha 24 de setiembre de 2007 la solicitud de seguros de vida Lapacho Cobertura Total, por la que autorizara a la quejosa el débito automático en sus haberes en forma mensual de las coberturas adquiridas en tal solicitud y en las condiciones estipuladas en las mismas, no constando en dicho documento, la cláusula de prórroga de jurisdicción. En tal ocasión, expresamente se consigna como domicilio de la Sra. Manquez el de calle Sirio Libanés 762 de la Ciudad de San José de Metán, cuanto que la misma es empleada de la Municipalidad de tal Localidad.________________________________________________ ______ Por otra parte, entre la documentación aportada a fs. 48, se adjunta el Cuadernillo de cobertura básica, que contiene las condiciones particulares de la Póliza de Seguro de Vida Modular, pudiendo leerse en su cláusula 22 que se dice que toda controversia judicial relativa al contrato, sería dirimida ante los tribunales ordinarios competentes del lugar de emisión de la póliza, consignando la demandada en su defensa que al ser emitida en nuestra Ciudad Capital, se ha pactado la prórroga de la competencia.____________________ ______ Estimo relevante para la suerte del recurso la nota de fs. 27 -siempre de la carpeta de prueba de la demandada- que tiene estampado un sello de recepción de fecha 29 de enero de 2008 de la Agencia Metán del Instituto de Salta Compañía de Seguros de Vida._________________________________ ______ IV) No puede quedar duda alguna que el convenio en cuestión se encuentra comprendido en el ámbito de aplicación de la Ley 24.240, pues se trata de un contrato de adhesión, de consumo, oneroso, bilateral y de larga duración.______________________________________________________ ______ Y al menos con relación a la cláusula de prórroga de jurisdicción no consta que haya existido una debida información al beneficiario, lo que era una obligación de la entidad demandada en cumplimiento del deber de información que le corresponde respecto de los consumidores de sus servicios, de conformidad al art. 4° de la Ley 24.240. Y era carga de ella también la acreditación, en su caso, de haber cumplido adecuadamente con ese deber de información, por tratarse de un presupuesto de hecho de su defensa (art. 377 CPCC); y la falta de cumplimiento de esta carga, sólo a ella puede perjudicar.

______ Tiene señalado el Tribunal que de conformidad al art. 377 del Código Procesal, cada parte tiene la carga procesal de acreditar los hechos en que funda sus pretensiones o defensas. La actora, consecuentemente, debe acreditar las circunstancias que fundamentan su pretensión. Y la demandada los hechos modificativos o extintivos del derecho invocado. La carga procesal, como dice Couture, "es un imperativo del propio interés, es decir, es un imperativo legal previsto en beneficio del propio sujeto sobre quien se impone la carga, y cuyo incumplimiento implica para él la pérdida de ese beneficio o ventaja (Couture: Fundamentos del Derecho Procesal Civil, Bs. As., Depalma, 1972, pág. 209/214; Reimundín: Derecho Procesal Civil, Bs. As., Viracocha, 1957, tomo I, pág. 127/132). La carga de la prueba, dice Fassi siguiendo a Devis Echandía, es una noción procesal que contiene la regla de juicio por medio de la cual se le indica al juez cómo debe fallar cuando no se encuentran en el proceso pruebas que le den certeza sobre los hechos que deben fundamentar su decisión, e indirectamente establece a cuál de las partes le interesa la prueba de tales hechos para evitarse las consecuencias desfavorables (Devis Echandía: Teoría General de la Prueba, tomo I, pág. 426). La carga de la prueba es un imperativo del propio interés de cada litigante; es una circunstancia de riesgo que consiste en que quien no prueba los hechos que debe probar, pierde el pleito si de ello depende la suerte de la litis (Fassi: Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Bs. As., Astrea, 1971, tomo I, pág. 671, n° 1381). En igual sentido Palacio señala que las reglas sobre la carga de la prueba, en síntesis, sólo revisten importancia práctica ante la ausencia o insuficiencia de elementos susceptibles de fundar la convicción judicial en un caso concreto, indicando por un lado al juez cuál debe ser el contenido de la sentencia cuando ocurre aquella circunstancia, y previniendo por otro lado a las partes acerca del riesgo a que se exponen en el supuesto de omitir el cumplimiento de la respectiva carga (Palacio: Derecho Procesal Civil, Bs. As., Edit. Abeledo Perrot, tomo IV, 1972, f° 362; CApel.CC.Salta, Sala III, año 1981, f° 1397; año 1991, f° 13, año 1993, f° 112, año 1996, f° 859, año 1997, f° 680 y año 1998, f° 651; íd. año 2003 f° 125; íd. año 205, f° 723). La falta de cumplimiento a tales exigencias sólo a ellas pueden perjudicar (CApel.CC. Salta, Sala III, año 2003, f° 929; Id. Id., 25-11-04, "Toledo vs. Román", expediente de Sala n° 2V-8293, tomo año 2004, f° 1165; Id. Id., 21-10-05, "Municipalidad vs. Empresa", expediente de sala n° 131891, tomo año 2005, f° 1159; íd., íd., 7-12-05, "Rebak vs. Mamaní", Expte. de Sala n° CAM 134525, tomo año 2005, f° 1378).___ ______ Se ha señalado que en los contratos de adhesión y de consumo el deber de información del predisponente deviene en instrumento de tutela del consentimiento, en tanto otorga al consumidor la posibilidad de reflexionar adecuadamente al momento de celebración del contrato (CApel. Cont.Adm. y Trib. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sala II, 3-3-2004, E.D. 211-451). También, que el precepto legal contenido en el art. 4° de la ley 24.240, por una parte determina las condiciones que deberá reunir la información al exigirle "veracidad, eficacia y suficiencia"; y por otro lado, especifica el contenido del deber en examen al establecer que la información debe referirse a "las características esenciales de los bienes y servicios" (CNCont.Adm.Fed., Sala II, 6-5-99, E.D. 189-470).______________________________________ _____ No debe perderse de vista que el derecho a una información veraz es uno de los pilares fundamentales en los que descansa toda la relación de consumo saludable, pues tanto la falta total de información, como una información dada en forma parcial, contradictoria o engañosa, son todas variantes idóneas para inducir a los potenciales interesados en consumir determinado producto o utilizar un cierto servicio (CNPenal Económico, sala A, 9-8-2004, E.D. 209-276).________ ______ En las circunstancias del presente caso, no puede negarse que la cláusula en cuestión y la pretensión de su obediencia resultan realmente abusivas. A este tipo de cláusulas se refiere el art. 37 de la Ley 24.240, destacando entre otros supuestos de cláusulas abusivas, las que "importen renuncia o restricción de los derechos del consumidor o amplíen los derechos de la otra parte". Se dijo que el carácter abusivo de una determinada relación jurídica existe en la medida en que producen restricciones de la libertad de actuación del sujeto pasivo; cuando este contexto es creado por el autor para desnaturalizar, obstaculizar o impedir el ejercicio de tal facultad, hay una situación abusiva; y a consecuencia de ello, tales disposiciones deben tenerse por no escritas (CApel.CC. Mar del Plata, sala II, 17-6-2004, E.D. 208-589). ______________________________________________ _____ Y en el caso, la cláusula de prórroga de jurisdicción que invoca la demandada, es una forma de obstaculizar el ejercicio del derecho a la jurisdicción, que tiene raigambre constitucional. En tal sentido se ha resuelto que el consumidor tiene derecho a una jurisdicción que pueda ser efectiva, y por ello especial; y una manifestación de este aspecto, es la nulidad de las cláusulas de prórroga de jurisdicción, que privan al consumidor de este derecho (Lorenzetti, Ricardo Luis: Consumidores, Santa Fe, Rubinzal y Culzoni, 2003, pág. 127).___ ______ Quede claro que no se desconoce la posibilidad de las partes de acordar la prórroga de jurisdicción, y que el Código Procesal Civil y Comercial de Salta expresamente contempla esa posibilidad. Pero cuando se trata de un contrato de consumo y se presentan al consumidor cláusulas predispuestas, las cuestión es diferente; y más aún cuando, como en el caso, tales estipulaciones ni siquiera han sido presentadas al consumidor para su consideración al momento de celebrar el acuerdo._________________________________________________ ______ V) Alega la demandada que su domicilio legal y el asiento y dirección de sus negocios está en la ciudad Capital de Salta, pero lo cierto es que tiene una agencia en la Ciudad de San José de Metán que recepcionó sin objeción alguna el reclamo de la actora. Es decir, si una entidad como la demandada tiene una dependencia en la ciudad en que se encuentra el domicilio real de la actora, y a través de ella, no sólo procura la afiliación de socios, sino que también atiende sus requerimientos, es lógico que los asegurados entiendan -y que así sea- que en esta última pueden hacer también sus reclamos judiciales, más aún, si no se les ha informado en forma pormenorizada y clara sobre la existencia de una cláusula de prórroga de jurisdicción a los tribunales de la ciudad de Salta._______________ ______ Ocurre en el caso algo similar a la situación que se da con las sociedades anónimas cuando tienen sucursales en diversas provincias respecto a la competencia federal por distinta vecindad. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que tratándose de una sociedad anónima constituida en la Capital Federal, con establecimiento permanente de sus negocios en uno o varios territorios provinciales, no cabe determinar la vecindad de la sociedad en atención al lugar de su domicilio estatutario a fin de establecer el fuero federal por su distinta vecindad con la contraparte (CSJN, 18-9-75, E.D. 64-268 y L.L. 1984-D-222); que en materia de sociedades anónimas, la instalación de un establecimiento o sucursal en otra jurisdicción para desarrollar su actividad implica ipso iure avecindarse en ese lugar para el cumplimiento de las obligaciones allí contraídas, por lo que no cabe en tal extremo determinar la vecindad de una sociedad en atención al lugar de su domicilio estatutario, sino en virtud del efectivo espacio donde se desarrollaron las vinculaciones jurídicas que dieron origen al litigio (CSJN, 31-10-97, Rep.E.D. 32-119, n° 52 y 53; íd. 18-9-75, E.D. 64-268 y L.L. 1984-D-222; íd. 26-6-86, E.D. 120-395, con nota de Bidart Campos: Cuestiones de jurisdicción federal: la vecindad de entidades sociales que poseen establecimientos en distintos lugares; íd., 20-8-87, E.D. 126-434, con nota de Bidart Campos: Establecimientos locales de las sociedades y la vecindad distinta o común a efectos del fuero federal. Por lo tanto, si la instalación de una sucursal en una provincia descarta el fuero federal en los asuntos donde se desarrollaron las vinculaciones jurídicas que dieron lugar a un litigio, de la misma manera -y con mayor razón- el establecimiento de la sucursal o agencia en una ciudad de nuestra Provincia, como ocurre en el caso, es una circunstancia que también debe tener incidencia en la determinación de la competencia territorial en aquellos asuntos en que las vinculaciones jurídicas se originaron en esa sucursal, más allá que algunos específicos tratamientos deban desarrollarse en esta Capital.__________________________________ ______ VI) En cuanto a las costas, corresponde aplicar el principio del vencimiento establecido en los arts. 67 y 68 del Código Procesal, que es un criterio objetivo, sin que se den circunstancias que permitan considerar el excepcional fundamento de la razón probable para litigar. Debe tenerse en cuenta que nadie mejor que la demandada conocía las circunstancias del caso, y el posible desenlace del asunto, motivo por la que no puede pretender que se lo exima del pago de las costas._____________________________________ ______ Por todo lo expuesto, entonces, la decisión en grado resulta acertada razón por la que corresponde -a mi criterio- el rechazo del recurso de apelación deducido._____ ______ El Dr. Guillermo Félix Díaz, dijo: ____________________________ ______ Que por sus fundamentos adhiere al voto del Dr. Marcelo Ramón Domínguez._____________________________________________________ ______ Por el acuerdo que antecede y concordante dictamen de la Sra. Fiscal de Cámara,______________________________________________________ _______ LA SALA TERCERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL ___________________________________ _______ I) RECHAZA el recurso de apelación de fs. 79, CONFIRMANDO la resolución de fs. 74/77. CON COSTAS.____________________________ _______ II) CÓPIESE, regístrese, notifíquese y oportunamente BAJE._____ CApel. CC. Salta, Sala III - T. 2.011 - Fs. 81/84 (10/02/11).