Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-05-24


En la ciudad de Trelew, a los 24 días de mayo del año dos mil siete, se reúne la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones, con la Presidencia del Dr. Juan Humberto Manino y presencia de los Sres. Jueces del Cuerpo Dres. Carlos A. Velázquez y Carlos Dante Ferrari, para celebrar acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "R, V F c/ L, A B s/ cobro de pesos - laboral" (Expte. N° 22.102 - año: 2007) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones:

PRIMERA: ¿se ajusta a derecho la sentencia apelada?, y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en orden al sorteo practicado a fs. 133.

A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Velázquez expresó:

I.- Incoadas por la actora pretensiones salariales e indemnizatorias del despido indirecto, el demandado negó categóricamente la existencia de la relación laboral invocada como título de pedir de aquéllas, alegando que la demandante, cliente de su comercio ofuscada por una discusión trabada entre ellos a propósito del cambio de una mercadería que él no admitiera, dedujo la demanda como maniobra vengativa.

Sustanciado el proceso, la juzgadora de origen dictó sentencia en la que, tras señalar la escasa verosimilitud de las versiones fácticas suministradas por las partes y el magro poder convictivo de las pruebas aportadas por ellas, concluyó que al no haber el demandado acreditado que la adversaria haya sido parroquiana de su comercio ni brindado una versión lógica de su conocimiento de las relaciones privadas y personalísimas de la contrincante, debía estar a la existencia de la relación laboral invocada en la demanda. Sobre esa base, hizo parcialmente lugar a los reclamos.

II.- Apeló tal decisión el perdidoso, quien al fundar su recurso sostuvo, en apretada síntesis, que la cuestión debatida en autos era la concreta prestación de servicios por la actora y si las probanzas rendidas no fueron idóneas para demostrarla no cabía considerar real la relación laboral invocada.

Al no acreditar ese presupuesto fáctico para la aplicación de las normas a cuyo amparo demandara, la actora incumplió con la carga de la prueba que soportaba.

III.- Comenzaré señalando que, cual hemos tenido reiteradas ocasiones de declarar, desconocida por el demandado la existencia del contrato de trabajo invocado por la actora, sobre ésta pesaba indisputablemente la carga de probarlo, por constituir tal nexo el supuesto fáctico para la aplicación de las normas fundamento de sus reclamos (art. 377 C.P.C.C.; c. 17.098 S.D.L. 19/01, c. 17.895 S.D.L. 24/02, c. 18.765 S.D.L. 30/03, c. 20.359 S.D.L. 10/05, c. 20.742 S.D.L. 56/05).

Y, a mi ver, lleva razón el apelante en su crítica al fallo, pues las probanzas rendidas no alcanzan a demostrar dicho extremo.

Descartable "ab initio" es la declaración de D. M. B, testigo tachado ya por el demandado a fs. 28. Pese a manifestar ese deponente que conocía a la actora del negocio porque él concurría allí a comprar ropa desde hacía unos siete meses (fs. 82, resp. a las grales. de la ley), fue probado en autos mediante los instrumentos públicos que los certificados de nacimiento expedidos por el Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas constituyen que él es el padre de los hijos de la actora nacidos entre los años 2000 a 2004 (fs. 94/97; arts. 79, 80, 979 inc. 2° Cód. Civ. y 5 del dec.-ley 8.204/63).

Tan íntima vinculación entre la parte y el testigo deja incurso a éste en las generales de la ley, lo que ya de por sí fuerza a una apreciación severa de sus dichos (art. 441 inc.4° C.P.C.C.); si ello le añadimos la mendacidad en que el deponente cayera al responder a dicho interrogatorio preliminar, ocasión en que ocultó esa circunstancia fundamental, por fuerza debemos concluir en que promedia sobrado motivo para presumir la parcialidad de su declaración y excluir entonces la misma del cuadro probatorio (arts. 386, 456 cód. cit. y 35 de la ley 69).

Es que ante el vínculo amoroso del declarante con la parte que ofreció su testimonio -elemento harto relevante para apreciar la eficacia probatoria del mismo, pues lo torna sospechoso (confr.: Devis Echandía, "Teoría general de la prueba judicial", 5ta. ed., II- 268, "d")-, una mínima cuota de prudencia aconseja desechar la declaración.

Sabido es que en la apreciación de esta especie de prueba ha de tomarse en especial consideración el factor afectividad del deponente, de cuya concurrencia depende su credibilidad, por lo que es prudente marginar la declaración de quien es parcial o sospechoso de parcialidad, circunstancia que puede traicionar su objetividad aun de manera inconsciente (confr.: S.C.B.A., Ac. y Sent. 1957-IV-144 y 198, 1964-I-666; esta alzada, c.17.549 S.D.C. 12/02, c. 20.152 S.D.C. 21/05, c. 21.187 S.D.C. 36/06).

Tocante al testigo A. C. E, quien dijo concurrir al comercio del demandado sólo para adquirir allí slips y medias (fs. 102 vta., resp. a la repreg. 2da.), no fue preguntado, ni espontáneamente expuso, acerca de cuántas veces y con qué frecuencia visitó el negocio, lo que nos deja ayunos de la exacta razón de los dichos, pues la concurrencia al local para efectuar algunas compras -que habiendo tenido por objeto medias y calzoncillos y a lo largo de los cinco meses y medio por los que se habría extendido la relación laboral entre las partes, según lo aseverado en la demanda, es harto verosímil haya sido esporádica- no explica que conociera al detalle los horarios de atención al público del establecimiento, sus alargues y la frecuencia semanal de las alegadas prestaciones de la actora (fs. 102, resps. a las pregs. 2da. y 3era.).

En cuanto a la testigo E. E. R, escasa fuerza de convicción muestran sus afirmaciones, puesto que expresó haber entrado en el local apenas tres veces (fs. 103 vta., resp. a la razón de sus dichos), de donde se extrae que sus percepciones de los hechos fueron numéricamente muy limitadas.

Por lo demás, y así sea a mayor abundamiento, señalaré que incluso de considerar probada la prestación de servicios, la falta de demostración de que ellos fueran cumplidos con subordinación obstaría a que tuviéramos por acreditada la existencia del contrato de trabajo.

Para que la presunción establecida en el art. 23 L.C.T. fuera operativa habría sido indispensable que la actora probara no sólo el hecho de la prestación de servicios, sino, además, que éstos eran cumplidos con subordinación, pues de la esencia misma del contrato de trabajo que procuraba demostrar mediante la presunción legal era que los actos se hubieran realizado, las obras se ejecutaran o los servicios se prestaran en favor de la otra parte "bajo la dependencia de ésta" (arts. 21 y 22 L.C.T.) Tal ha tenido ocasión de declararlo este cuerpo en innúmeros precedentes (c. 19.084 S.D.L. 52/03, c. 19.479 S.D.L. 22/04, c. 20.081 S.D.L. 5/05, c. 20.359 S.D.L. 19/05, c. 20.742 S.D.L. 56/05, entre otros), en plena coincidencia además con el criterio sentado por otros muchos tribunales argentinos (confr.: S.C.B.A., T. y S.S. 1990-44; C.N. Trab., sala I, D.T. 1992-B-2275, 1993-B-1089, 1997-B-2268; ídem, sala VII, D.T. 1997-A-83) y, fundamentalmente, por el Superior Tribunal de Justicia del Chubut (S.I. 197/94, JUBA base SCSURW sum. n° 3.084), cuyo seguimiento se impone en tanto, encargado el Alto Cuerpo de velar por la recta y uniforme aplicación de la ley en todo el territorio provincial, separarse de una doctrina legal por él claramente fijada frustraría el objetivo perseguido por el legislador al instituir con el recurso de casación un control nomofiláctico y uniformador.

Es exacto que también la testifical aportada por el demandado acusa cierto grado de endeblez, mas ello no es dirimente para la decisión del caso.

Si, por hipótesis, concluyéramos que a tales testimonios, rotundamente contradictorios con los antes analizados, tampoco es posible reconocerles ningún grado de credibilidad, correspondería prescindir en absoluto de ambos grupos de declaraciones (arts. 386, 456 C.P.C.C., su doc.; confr.: S.C.B.A., Rep. L.L. XL-J/Z-1980, sum. 54; Devis Echandía, ob. ind., II-271, n° 3; Kielmanovich, "Teoría de la prueba y medios probatorios", Abeledo-Perrot 1996, págs. 270/271, apdo. "e"; esta alzada, c. 20.742 S.D.L. 56/05); pero esa circunstancia no alteraría el que las consecuencias desfavorables derivadas de la insatisfacción del "onus probandi" habría igualmente de soportarlas la demandante.

El título de pedir, la "causa petendi", de las pretensiones de la actora lo constituyó, lo reitero, la existencia de una relación laboral entre las partes, de modo que negada ésta por el demandado ese hecho se transformó en controvertido, acaeciendo la necesidad de probarlo (art. 360 C.P.C.C.).

A la demandante incumbía demostrarlo, porque no podía aspirara al acogimiento de sus pretensiones si no acreditaba el presupuesto fáctico de aplicación de las normas que las fundaban (art. 377 párr. 2° cód. cit.).

Es que si la sentencia es aquel acto del órgano jurisdiccional en que éste emite su juicio sobre la conformidad o disconformidad de la pretensión de la parte con el derecho objetivo que la rige y, en consecuencia, actúa o se niega a actuar dicha pretensión, resulta ineludible que si no existe tal conformidad, es decir si no fue demostrado en el proceso un hecho concreto -el "factum" de la doctrina italiana- coincidente con el supuesto jurídico o hecho hipotético previsto por la norma para su aplicación -la "fattispecie" de los autores peninsulares, el "tatbestand" de los germanos-, el juez debe desestimar la pretensión deducida (art. 163 inc. 5º regla 1ª e inc. 6º C.P.C.C.; Carnelutti, "La prueba civil", trad. de Alcalá Zamora y Castillo, 2da. ed., Depalma 1982, págs. 3/4; Kielmanovich, ob. ind., págs. 29 y sgts.; este tribunal, c. 17.895 S.D.L. 24/02, c. 19.507 S.D.L. 27/04, c. 19.700 S.D.L. 55/04 ).

Frente este panorama resulta inocuo que el demandado no sustentara su defensa con pruebas sólidas. Por frágil que apareciera tal defensa, ella no llegó siquiera a ser tanteada en su solidez ante el fracaso por sí mismas de pretensiones cuyo controvertido título de pedir no fue comprobado.

Y es inexacto que, cual manifestara la sentenciante del previo grado, la falta de pruebas de las defensas del demandante conduzca a tener por cierto el hecho de la existencia de la relación laboral invocada por la actora (fs. 116, párr. 3ero.).

En efecto, las afirmaciones incluidas en el escrito de demanda configuraron puras alegaciones fácticas a base de las cuales la demandante estructuró su pretensión (arts. 46 inc. 4° ley 69 y 330 inc. 4º C.P.C.C.). Mas para que esos datos fácticos invocados se conviertan en material lógico de construcción de la sentencia, deben pasar primero por el tamiz, la depuración, que supone su prueba, ya que "las simples alegaciones procesales no bastan para proporcionar al órgano jurisdiccional el instrumento que éste necesita para la emisión de su fallo.

El juez, al sentenciar, tiene que contar con datos lógicos que le inspiren el sentido de su decisión, pero no con cualquier clase de datos de este carácter, sino sólo con aquellos que sean o, por lo menos, le parezcan convincentes, respecto a su exactitud y certeza.

Tiene que haber, pues, una actividad complementaria de la puramente alegatoria, dirigida a proporcionar tal convencimiento, actividad que, junto con la anterior, integra la instrucción procesal en el proceso de cognición, y que es, precisamente, la prueba" (Guasp, "Derecho procesal civil", 3era. ed., I-312/313 y 320/321, nº 1).

De allí que alegar y no probar no pase de ser mera gesticulación o pedaleo en el aire, porque para adquirir relevancia a los fines decisorios un dato de hecho necesita ser probado, ya que la sentencia debe basarse, como regla, en la prueba y no en la alegación, esto es, en los hechos comprobados de la causa (arts. 359, 360, 386 C.P.C.C.; este cuerpo, c. 11.983 S.D.C. 34/96, c. 18.780 S.D.L. 31/03 y sus citas).

IV.- Por las razones antedichas considero que la sentencia apelada debe ser revocada, a fin de rechazar íntegramente la demanda.

De compartirse mi postura y por imperio del art. 279 C.P.C.C., habremos de adecuar a la presente decisión la condena en costas pronunciada y los honorarios regulados en la precedente instancia.- Las primeras habrán de imponerse a la actora vencida (art. 59 de la ley 69).- Los honorarios de los Dres. S E. L de C y G A. C, atendiendo a la extensión, calidad y resultado de sus tareas de primera instancia, propiciaré fijarlos en las sumas respectivas equivalentes al 9,50 % y al 4,75 % del monto total del proceso que surja de la liquidación a practicarse, en la que al capital reclamado se añadirán los intereses que el mismo habría devengado -también peticionados a fs. 11 Cap. II- hasta la data de este decisorio, calculados de acuerdo a la tasa utilizada por el Banco del C S. A. en sus operaciones de descuento (arts. 6, 7, 9, 10, 39, 47del dec.-ley 2.200; esta sala, c. 18.739 S.D.C. 45/03 y muchas otras posteriores).

No corresponderá regular honorarios a los Dres. I C P y J L. F, vista la condena en costas a su cliente y la vinculación con ellos por el pacto de cuota litis de fs. 3, cuya validez jurídica fuera reconocida en autos mediante la resolución judicial homologatoria de fs. 77, pasada a esta altura en autoridad de cosa juzgada e irrevisable en consecuencia por la alzada.Las costas de segunda instancia también deberán imponerse a la actora, objetivamente derrotada en ella (art. 59 de la ley 69, ya cit.).

Los honorarios de la Dra. S E. L de C, por sus labores de alzada y aplicación de las ya señaladas pautas de la normativa arancelaria, así como la estatuida en el art. 14 de la misma, opino deben regularse en la suma equivalente al 5,25 % del aludido monto del proceso.

Me expido en esta cuestión entonces por la NEGATIVA.

ASI LO VOTO.

A ESTA MISMA CUESTIÓN, dijo el Dr. Ferrari:

En su voto, el Dr. Velázquez ha hecho una reseña tanto de los antecedentes que informan el caso cuanto del fallo apelado y de los agravios expresados respecto del mismo por parte del demandado apelante.

En consecuencia, abordaré directamente la cuestión traída a decisión del Cuerpo, aunque puedo adelantar desde ya mi plena coincidencia con las conclusiones expuestas por el colega preopinante, y en verdad, muy poco es lo que podré agregar a sus elaborados fundamentos jurídicos.

II.

La relación jurídica controvertida entre las partes:

En homenaje a la necesaria brevedad, daré las sucintas razones que me llevan a acompañar en su opinión al colega preopinante, a fin de dar así cumplimiento a la manda constitucional del art. 169 Const. Prov., aunque en este cometido me veré forzado a incurrir en una forzosa reiteración de conceptos.

A) Cuando se halla en discusión la existencia misma de un vínculo laboral, la carga primaria de acreditar los hechos demostrativos pesa sobre el pretendiente, conforme a las reglas básicas en materia probatoria (art. 377,C.P.C.C.; arts. 45 y 76, Ley N° 69).

B) La prueba testimonial ofrecida por la parte actora no consigue satisfacer esta carga procesal, por cuanto de los cuatro testigos ofrecidos, la demandante desistió de uno de ellos (J L. G), y respecto de los restantes: 1) D B, conforme a las partidas acompañadas a la causa, resultó ser el padre biológico de las tres hijas de la actora, circunstancia que ocultó en oportunidad de prestar declaración (fs. 82) lo cual descalifica en consecuencia la veracidad de su testimonio, evidentemente teñido de mendacidad desde sus respuestas a las generales de la ley, conforme a las reglas de la sana crítica (arts. 386, 441, 456, C.P.C.C.; su doctrina - arts. 45 y 76, Ley N° 69); 2) A E (fs. 102/vta.) brinda llamativos detalles acerca de la época, los horarios de trabajo y demás circunstancias relativas a las tareas de la demandante en el comercio "Los llanos o algo así" (sic - resp. a la1era. preg.) mas luego no aporta ninguna precisión acerca de la frecuencia con que concurría a dicho local para adquirir "slips y pares de medias", lo que impide determinar cómo le era posible entonces conocer estos rangos temporales y demás datos fácticos narrados, restándole así toda fuerza persuasiva a sus dichos.

3) E R(fs. 103/vta.) refiere haber ingresado al negocio sólo en tres oportunidades "a mirar la tienda" (resp. a la razón de sus dichos), de manera, no se explica cómo sabe que la actora "atendía la venta de ropa", cuando ni siquiera relata haber sido atendida personalmente por V R o haberle adquirido algún producto (arts. 386, 456, C.P.C.C.) ya citados.- Por otra parte, las notas distintivas de la prestación de servicios que permiten pre-sumir la existencia de una relación laboral son aquellas desempeñadas en forma dependiente, esto es, con subordinación técnica, jurídica y económica (conf. esta Sala en Exptes. 14910 - 14995 - 15018 - 17021 - 17098 - 19150 - 19448 C.A.N.E., entre muchos otros), ya que -como he tenido ocasión de sostenerlo- ella consiste en el "poder de dirección" que puede ser ejercido fáctica y jurídicamente por el empleador, en la medida en que le está dado hacer prevalecer su voluntad sobre la del dependiente en la realización y organización del trabajo.

Así las cosas, a todo evento, aun si con verdadero esfuerzo de apreciación benevolente se tuvieran por ciertas la presencia y actividad de la actora en el citado local de la manera en que fue mentada por dichos testigos, tal exigencia de subordinación no ha sido demostrada en el caso con las características apuntadas.

Como bien lo destaca V V, este es un elemento definitorio a este fin que la prestación sea dependiente o dirigida, con apoyo en la interpretación sistemática de la Ley de Contrato de Trabajo (arts. 4, 21, 22, 27, 32, párr. 3º, 99, 103 in fine, 168,197 y conc. de la L.C.T. - "Tratado...", t. 3, ap. 112, págs. 431 y ss., Astrea, 1982).

Expresa el mismo tratadista que en tanto el actor es quien tiene que acreditar el hecho de la prestación, este aspecto (si ha sido prestado en forma autónoma o dirigida) casi siempre surgirá del examen fáctico aportado por aquélob. y tomo cit., págs. 430/1) y en la especie, dicha omisión probatoria sella la suerte adversa de la pretensión entablada.

III. Conclusiones:

A mérito de los breves fundamentos ya expresados, comparto la decisión propiciada por el señor Vocal prevotante en el sentido de revocar el decisorio apelado y rechazar la demanda entablada en todas sus partes, con costas en ambas instancias a la parte actora vencida (arts. 59, ley N° 69 y 279,C.P.C.C.).

Acompañaré asimismo la propuesta del Dr. Velázquez en materia de adecuación de los honorarios de primera instancia a este nuevo resultado, así como la regulación sugerida para retribuir las tareas profesionales en esta Alzada -dando aquí por reproducidos dicho estipendios, brevitatis causae- ya que los mismos se adecuan a la extensión, eficiacia de las tareas desplegadas por los letrados actuantes y resultados respectivamente obtenidos (arts. 6, 7, 9, 14, 19, 39, 47 y conc., Ley 2.200), sin que corresponda fijar honorarios a los Dres. I C P y J L. F en virtud del pacto de cuota litis suscripto con su cliente y homologado en au-tos con autoridad de cosa juzgada (fs. 3 y fs. 77 - conf. art. 4°, Ley 2.200; su doctrina).

Voto entonces a esta cuestión por la NEGATIVA.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Velázquez respondió:

Visto el acuerdo antes alcanzado, corresponde: - A) Revocar la sentencia apelada a fin de rechazar íntegramente la demanda instaurada por V F R contra Á B L.

B) Imponer las costas de ambas instancias a la actora.

C) Fijar, por adecuación a la presente, los honorarios de los Dres. S E. L de C y G A. C, por sus tareas de primera instancia, en las sumas respectivas equivalentes al 9,50 % y al 4,75 % del monto total del proceso que surja de la liquidación a practicarse, en la que al capital reclamado en la demanda se añadirán los intereses que el mismo habría devengado hasta la data de este decisorio, calculados de acuerdo a la tasa utilizada por el Banco del CS.

A. en sus operaciones de descuento; y declarar que no corresponde regular honorarios en beneficio de los Dres. I C P y J L. F en razón de la condena en costas a su cliente y la vinculación con ella por el pacto de cuota litis de fs. 3, cuya validez jurídica fuera reconocida en autos mediante la resolución judicial homologatoria de fs. 77, pasada a esta altura en autoridad de cosa juzgada.- E) Regular los honorarios de la Dra. S E. L de C, por sus labores de alzada en la suma equivalente al 5,25 % del aludido monto del proceso.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Dr. Ferrari expresó: - Tal como lo he adelantado, comparto la resolución propuesta por el Dr. Velázquez en todos sus términos, votando en sentido idéntico.

Con lo que se dio por terminado el Acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros por haberse logrado la mayoría (arts. 9 de la ley 1130 y 271 del C.P.C.C., Textos ley 4550).

Trelew, 24 de mayo de 2.007.

En virtud de lo resuelto en el Acuerdo cuya copia antecede, la Sala "A" de la Cámara de Ape-laciones de la ciudad de Trelew; pronuncia la siguiente:- S E N T E N C I A:

REVOCAR la sentencia apelada a fin de rechazar íntegramente la demanda instaurada por V F R contra Á B L.IMPONER las costas de ambas instancias a la actora.

FIJAR, por adecuación a la presente, los honorarios de los Dres. S E. L de C y G A. C, por sus tareas de primera instancia, en las sumas respectivas equivalentes al 9,50 % y al 4,75 % del monto total del proceso que surja de la liquidación a practicarse, en la que al capital reclamado en la demanda se añadirán los intereses que el mismo habría devengado hasta la data de este decisorio, calculados de acuerdo a la tasa utilizada por el Banco del CS.

A. en sus operaciones de descuento; y declarar que no corresponde regular honorarios en beneficio de los Dres. I C P y J L. F en razón de la condena en costas a su cliente y la vinculación con ella por el pacto de cuota litis de fs. 3, cuya validez jurídica fuera reconocida en autos mediante la resolución judicial homo-logatoria de fs. 77, pasada a esta altura en autoridad de cosa juzgada.

REGULAR los honorarios de la Dra. S E. L de C, por sus labores de alzada en la suma equivalente al 5,25 % del aludido monto del proceso.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo: CARLOS A. VELÁZQUEZ - CARLOS DANTE FERRARI REGISTRADA BAJO EL Nº 34 DE 2.007 - SDL.- Conste.

PAULO EDUARDO KÖNIG SECRETARIO DE CAMARA Rawson, dede 2007.

NOTA n°/07 S.I.J.