Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2012-08-27


En la ciudad de Formosa, Capital de la Provincia del mismo nombre, a los veintisiete días del mes de Agosto del año dos mil doce, se reúnen en Acuerdo Ordinario las Señoras Jueces que integran la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Dras. VANESSA JENNY ANDREA BOONMAN y TELMA C. BENTANCUR (encontrándose un cargo vacante), para pronunciar sentencia definitiva en la causa: "POLO, FERNANDO FRANCISCO C/ PROVINCIA DE FORMOSA S/ ORDINARIO"-Expte. Nº 9773/11, registro de Cámara- venidos del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 4 (Expte. Nº 395 - Fº 336 - Año 2007), en virtud del recurso de apelación deducido a fs. 161 por la parte actora y a fs. 167 por la parte demandada, los cuales fueron concedidos libremente a fs. 162 y 168 respectivamente.

El orden de votación es el siguiente: Dras. VANESSA JENNY ANDREA BOONMAN y TELMA C. BENTANCUR.

I.- RELACION DE LA CAUSA:

La Dra. Boonman dijo:

El Sr. FERNANDO FRANCISCO POLO (por derecho propio y en nombre y representación de los herederos de Don Antenor Polo), bajo patrocinio letrado de los Dres. Luis Vivas y Carlos Ojeda, promueven formal demanda de cobro de pesos dos millones quinientos cuarenta y cinco mil novecientos once, con ochenta y nueve ($ 2.545.911,89) cuyo crédito se reconociera mediante Resolución Nº 2437/99, más el incremento automático previsto por el art. 16 de la Ley Pcial. 490, lo que hace un total de $ 2.800.503,07, contra la Provincia de Formosa, en su calidad de deudora por la expropiación de inmuebles de la sucesión de su Sr. Padre Antenor Polo, con más sus intereses desde la mora hasta su efectivo pago, costas y costos de la demanda judicial.

Los hechos en que la accionante funda la acción y demás alternativas de la causa acaecidas en la inferior instancia, hasta llegar a la Sentencia, se encuentran relatados en los "Resultandos" de la misma, a los que cabe remitirse por razones de brevedad y por reputarse lo allí expuesto suficiente a los fines de la resolución del recurso en análisis. En consecuencia, se hará referencia al Fallo apelado y a lo actuado con posterioridad a dicho pronunciamiento.

La Sentencia, obrante a fs. 152/159 y vta. de autos, resuelve: PRIMERO: HACER LUGAR A LA DEMANDA de cobro de pesos interpuesta por la parte actora, FERNANDO FRANCISCO POLO contra la Provincia de Formosa, condenando a ésta última a abonar la suma de pesos dos millones ochocientos mil quinientos tres con siete centavos ($ 2.800.503,07) con más los intereses que conforme la tasa activa que publica el Banco Central de la República Argentina para operaciones judiciales de descuento, desde la mora y hasta su efectivo pago, debiendo a dicho efecto, y conforme a la aplicación de las leyes de emergencia económicas financieras vigentes en la provincia, establecer una propuesata de pago y cancelación de deudas dentro de los treinta días de quedar firme el presente, todo ello conforme a lo expuesto en los considerandos que preceden. SEGUNDO: COSTAS A LA DEMANDADA PERDIDOSA (art. 68, C.P.C.C.) por no hallar mérito para apartarme del principio objetivo de la derrota, a tal fin se difiere la regulación de los honorarios para el momento que se practique liquidación final de la suma debida. TERCERO: Regístrese, Notifíquese personalmente o por cédula. FIRME Y EJECUTORIADA la presente, archívense las actuaciones.

Que a fs. 163 obra Aclaratoria de la Sentencia Nº 112/11 en la que se dispone que la tasa de interés a aplicar es la Tasa Activa del Banco de la Nación Argentina conforme a la reglamentación del B.C.R.A.

Notificadas las partes del fallo en cuestión el mismo es apelado por la actora y por la demandada.

Elevados los autos a la Alzada, son puestos en Secretaría para que las partes apelantes expresen agravios, a cuyo fin la actora presenta el escrito que rola a fs. 183/187, y corrido el traslado del mismo a la contraria, el mismo no es contestado. A fs. 172/173 presenta sus agravios la parte demandada, los que son evacuados por la actora a fs. 189/192 de autos. Que a fs. 194 se llama a autos para dictar Sentencia, el que se encuentra firme.

La Dra. Bentancur dijo: Adhiero a la relación de la causa que antecede.

II.- CUESTIONES A RESOLVER:

La Dra. Boonman dijo:

Propongo como cuestiones a resolver las siguientes: ¿Es ajustada a derecho la sentencia recurrida? En su caso ¿Que pronunciamiento corresponde? La Dra. Bentancur dijo: Adhiero a dichas proposiciones.

III.- A LAS CUESTIONES PLANTEADAS:

La Dra. Boonman dijo:

La parte actora se agravia de la Sentencia dictada por la A-quo, expresamente porque admite la aplicación en el sub-lite de las leyes de emergencia, y otorga a la demandada un plazo de 30 días para que realice una propuesta de pago y cancelación de deudas.

Expresa que, de esta forma, la sentencia se convierte en meramente declarativa puesto que, luego de 10 años de espera, se limita a declarar la existencia de una deuda en dinero que el mismo demandado reconoce adeudar y los ata de manos imponiendo un tinte puramente declarativo al pronunciamiento impidiendo la percepción compulsiva del crédito con escarnio en la garantía constitucional del art. 17 de la Carta Magna y ubica al deudor moroso en la ventajosa posición que supone la formulación de una propuesta de pago no sujeta a parámetro alguno. Luego de citar jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concluye que las leyes de emergencia no son aplicables en el caso de autos, porque todo el proceso se inició con anterioridad a la sanción de la legislación de emergencia, y las leyes no tienen efecto retroactivo conforme el art. 3 del Código Civil. Expresa que la sentencia en crisis contradice antecedentes jurisprudenciales de esta Excma. Cámara de Apelaciones y del Superior Tribunal de Justicia.

La parte demandada, por su parte, se agravia por cuanto dice que el A-quo yerra al considerar que no ha existido un contradictorio propiamente dicho, dada la ausencia alguna de cuestionamiento sobre la deuda reclamada.

Que esta afirmación es errónea porque su parte siempre objetó el monto, dado que la actora pretende percibir el monto total de lo acordado, y así lo dispone el sentenciante, cuando dicha suma fue objeto de embargos judiciales, los cuales resultan desconocidos en el resolutorio en crisis. Que de proceder como lo dice el A-quo, el Estado se debería hacer cargo de las deudas del actor.

Expresa que la sentencia es arbitraria. Que el A-quo, pese a reconocer la existencia de estos embargos judiciales, que provocaron la anulación de las órdenes de libramiento, pretende que se le abone la totalidad de lo pactado, más el 10% sobre el total reclamado y más los intereses sobre la mora. Que la falta de pago de la indemnización en los plazos previstos, no es un hecho que pueda imputársele a su parte, sino a las complicaciones derivadas de los juicios contra la sucesión y las medidas judiciales (embargos trabados) ante los cuales la administración debió dejar sin efecto las órdenes de libramiento, destacando que la falta de pago se debió a la falta de impulso por parte de la actora interesada respecto a las sumas que se debía percibir.

Esgrime que agravia a su parte que el A-quo condene a pagar la suma del diez por ciento (10%) que establece el art. 16 de la Ley 490, cuando el avenimiento fue por la suma total de $ 2.545.911,89 suma que correspondía al valor real del predio expropiado. Amén que tampoco el art. 11 la ley establece ese porcentaje por la mora -como indica la sentenciante-, sino por los daños que sean consecuencia directa de la expropiación, daños que no fueron reclamados y menos aún probados.

La parte actora, al contestar los agravios solicita que el mismo sea declarado desierto o se rechace la apelación.

Así planteadas sucintamente ambas posturas, corresponde analizar los agravios esgrimidos por las partes, dejando en claro que, en cuanto a la consideración de los mismos, los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones sino en las que se consideren conducentes para la solución del pleito y que el deber que tienen los magistrados de decidir las cuestiones conducentes para el fallo, se circunscriben en las que estimen necesarias para la sentencia que deben dictar (conf. Fassi Yánez, "Código Procesal Civil y Comercial Comentado, Anotado y Concordado", edit. Astrea, Buenos Aires, 1988, T. I, Pág, 777).

En primer lugar devienen oportuno puntualizar, atento al pedido deducido por la parte actora que se declare la deserción del recurso interpuesto por la contraria, que el escrito recursivo reúne los recaudos previstos por el art. 263, por lo cual corresponde su consideración y el consecuente tratamiento del remedio procesal intentado.

Por razones de orden lógico, comenzaremos abordando, entonces, el escrito recursivo de la demandada.

El primer agravio de ésta finca en que la Juez A-quo condena a pagar un 10% más que el precio que dispuso en su momento el trámite administrativo previo de avenimiento, conforme los artículos 11 y 16 de la Ley 490. Expresa que el art. 11 de la Ley Nº 490 refiere a los daños, daños que no fueron reclamados ni probados por la actora.

A fines de lograr desentrañar la cuestión transcribiremos las normas legales mencionadas por la Iudex de grado para fundar el monto acordado.

El art. 11, que yace bajo el TÍTULO IV de la Ley, denominado "LA INDEMNIZACIÓN" establece: "La indemnización sólo comprenderá el valor objetivo del bien y los daños que sean una consecuencia directa e inmediata de la expropiación. No se tomará en cuenta circunstancias de carácter personal, valores afectivos, ganancias hipotéticas, ni el mayor valor que pueda conferir al bien la obra a ejecutarse. No se pagará lucro cesante. Integrarán la indemnización el importe correspondiente por depreciación de la moneda y el de los respectivos intereses".

El art. 16, se encuentra ubicado bajo el TITULO V, denominado: "DEL PROCEDIMIENTO EXTRAJUDICIAL" Avenimiento expropiatorio y dice: "Declarada la utilidad pública de un bien o dispuesta su afectación -cuando la calificación lo sea con carácter genérico- el expropiante podrá adquirirlo directamente del propietario dentro del valor máximo que, en concepto de indemnización total, estime la Comisión de Tasaciones conforme a lo previsto en el Título IV de la indemnización. Tratándose de inmuebles, el valor máximo estimado será incrementado automáticamente y por todo concepto en un diez por ciento. A tal fin y con la antelación debida, el funcionario mencionado en el art. 17 comunicará a la Comisión la decisión administrativa, procediendo ésta al estudio de las indemnizaciones pertinentes, iniciándose tantas actuaciones como sean los bienes afectados y agregándose, salvo imposibilidad, los datos y elementos de individualización del bien, datos personales y domicilio del o los propietarios".

El funcionario a que hace referencia el art. 17 es la Comisión de Tasaciones. Estas dos últimas normas claramente refieren al procedimiento extrajudicial de avenimiento.

De lo expuesto surge claro que el artículo que habilita el 10% automático del precio de los inmuebles está dado para favorecer la etapa de avenimiento extrajudicial, pero no habilita a su aplicación automática en sede judicial cuando los daños no están probados.

La actora acude a la jurisdicción a los efectos de que la suma ya acordada en sede administrativa sea abonada y no para fijar judicialmente el precio de la expropiación. Es así que si el expropiado consideraba que la suma acordada no era suficiente debía rechazar el avenimiento e iniciar la acción judicial para determinar el precio, y/o en su caso peticionar y acreditar los daños que indica el art. 11 de la ley de expropiación, situación ausente en el sub lite.

Así, este artículo 16 de la Ley Pcial. 490, tiene su correlato en su similar art. 13 de la ley Nacional de Expropiación, que dispone de igual manera en su parte pertinente: "Tratándose de inmuebles el valor máximo estimado será incrementado automáticamente y por todo concepto en un diez por ciento".

La doctrina, al comentar este artículo, enseña: "Del texto de la ley de expropiaciones se destaca la relevante importancia asignada al procedimiento previo del 'avenimiento' por el cual la expropiante adquiere directamente el bien sin recurrir al proceso expropiatorio. Con el avenimiento lo que la ley ha pretendido es que no se llegue al proceso judicial sino que se arregle en el procedimiento extrajudicial.pero para que proceda el incremento automático del 10%, es cuando las partes han acordado dar curso a la acción expropiatoria en sede administrativa, como un aliciente para impulsar la celebración de tales arreglos y de este modo facilitar la consecución del objeto de utilidad pública, sin tener que recurrir a la vía jurisdiccional. Pero de no existir dicho avenimiento, promovido el juicio, lo referente al resarcimiento de los perjuicios sufridos por el expropiado debe ser materia de debate y apreciación por el juez" (Casas Juan Alberto; Villanueva Horacio Romero "Expropiación" Ley 21.499 anotada y concordada, Edit. Astrea, Bs. As., 2005, p. 70 y sig. -el resaltado me pertenece-).

Es decir que el incremento indemnizatorio automático está previsto únicamente para los casos de avenimiento, dado que el artículo refiere a este proceso extrajudicial de fijación del precio del bien expropiado. Bianchi considera que para que se de el incremento automático se deben dar dos requisitos: a) que el bien expropiado sea inmueble y b) que la indemnización se haya otorgado directamente con la administración sin intervención de la autoridad judicial (Bianchi, Alberto "Algunas reflexiones sobre la indemnización expropiatoria", ED, 110-899, el resaltado es propio).

Es que el estímulo referido tiende a evitar la iniciación de los juicios para fijar el mono expropiatorio, es decir, procura favorecer el procedimiento extrajudicial de expropiación.

En el sub-lite, el precio fue acordado extrajudicialmente, y la acción se entabla para requerir el pago, pero el precio del bien fue fijado y aceptado en sede administrativa, y por ende la norma mencionada (Art. 16, Ley 490) no se aplica en forma automática en el proceso judicial, como lo ha hecho erróneamente la juez de grado.

Esta postura, además, a nivel nacional fue sostenida por el Plenario del Fuero Civil Ordinario de la Capital, que dispuso "No corresponde incrementar la indemnización expropiatoria en el 10% previsto en el art. 13 in fine de la Ley 21.449 cuando media proceso judicial" (CNCivil en pleno, 2/12/86, "Municipalidad de la Capital c/ Kandorf Edul de Daban, Amelia s/Expropiación", LL 1987-A-86 y JA 1987-I-147).

En el proceso judicial, quien pretenda ser resarcido en los daños que la expropiación le provoca, debe necesariamente invocarlos y probarlos (art. 11, Ley 490), circunstancias no invocadas ni probadas en autos, habiendo dictaminado al respecto la Corte que lo que nunca puede disponer el órgano jurisdiccional es la aplicación lisa y llana de este "plus" de modo automático (CSJN 26-11-85 "Ordoqui de Green, María E. C/Gobierno nacional, LL 1986-A-336 y JA 985-IV-473).

Por ello, concluimos, que no habiéndose peticionado ni acreditado los daños, ni siendo de aplicación automática en el proceso judicial lo dispuesto por el art. 16 de la Ley 490, corresponde revocar el punto 1) de la sentencia en crisis, en cuanto admite el incremento automático del 10% y admitir la suma convenida en sede administrativa por las partes, esto es la suma de pesos 2.545.911,89.

Se agravia asimismo la demandada, por cuanto manifiesta que la Iudex de grado manda a pagar el total de la deuda, ignorando que existen embargos sobre las cuentas de la Sucesión, y de esta forma estaría pagando la deuda de terceros.

Este agravio no puede prosperar, en atención a que la Juez en los considerandos abordó este argumento y expresó que la existencia de tales embargos no obstaba que la Administración, obrara conforme con las mismas y procederse a retener las sumas de dinero embargadas, depositarlas en cuentas judiciales a favor de los jueces embargantes y disponer el saldo a favor de la sucesión acreedora. Es decir la suma que adeuda la Provincia a la Sucesión de Polo por la expropiación es una, y así lo manifestó la juez. No obstante ello, el pago de la suma se debe hacer previo descuento de las órdenes judiciales de embargo, sumas que deberán depositarse a favor de los jueces embargantes y para las causas que correspondan. Por ello, siendo claro y ajustado a derecho lo resuelto por la juez de primera instancia, corresponde confirmar lo decidido al respecto.

El siguiente agravio de la demandada, que se halla relacionado íntimamente con éste último recién analizado, y finca en que la Juez de grado desoyó el argumento respecto a que no se pudo cumplir la propuesta por que sucesivos embargos cayeron sobre la sucesión, lo que impedía el pago de la suma acordada, que el monto impago se debió a la falta de impulso de la actora y, por ende, no existiría mora imputable a su parte.

Este agravio debe ser desestimado, ello, en tanto y en cuanto, existiendo el acuerdo y aún con los requerimientos de embargos, cumplía la administración reteniendo el monto embargado y depositando el saldo en la cuenta sucesoria. Al no haber cumplido con el convenio cayó en mora y, por tanto, debe los intereses correspondientes derivados del incumplimiento, debiendo confirmarse la sentencia en el punto cuestionado.

Resueltos los argumentos vertidos por la demandada, corresponde finalmente avocarse al cuestionamiento efectuado por la parte actora, quien se queja porque la sentencia hace lugar a la excepción de espera, disponiendo la aplicación de las leyes de emergencia.

Cita antecedentes jurisprudenciales y hace referencia a la irretroactividad de la ley, dado que al momento del acuerdo no estaban vigentes las leyes de emergencia La apelación no puede prosperar por varias razones, las que pasaré a exponer.

En primer lugar, estando vigente en la provincia las leyes de emergencia económica, al momento de la sentencia, y siendo las mismas de orden público, resulta correcto que el juez las aplique.

Que en el caso no existe aplicación retroactiva, dado que el mencionado art. 3 del C.Civil que invoca el actor, tampoco resulta incompatible con la especie, ello que en atención a que la norma, si bien establece la irretroactividad como principio general, permite la aplicación retroactiva en caso de que a) la norma sea de orden público; b) la misma norma disponga su retroactividad y c) no afecte derechos amparados por garantías constitucionales.

En el sub examine, la norma es de orden público, establece expresamente que se aplicará a situaciones jurídicas anteriores ya sea judiciales o extrajudiciales (véase arts. 3, 7 y cc de la Ley 1296 y sus posteriores modificatorias) y además, al decir del Superior Tribunal de Justicia provincial, las leyes de emergencia no frustran los derechos constitucionales, sino que suspenden su gozo de modo razonable. Nuestro máximo tribunal local expresó: "Que este Superior Tribunal tiene dicho que si bien una ley de emergencia no puede frustrar un derecho constitucional, si puede suspender su gozo de un modo razonable" (Fallos 4105/97, 4811/99 y 5242/00).

Del mismo modo, tampoco el transcurso del tiempo es óbice para determinar la no aplicación de las leyes de emergencia, habiendo resuelto en esto nuestro máximo tribunal local que: "mal puede ahora, cuando recién viene a manifestar interés, quejarse de que se trata de un crédito de larga data a su favor y que la ejecutada quiera ampararse en la normativa emergencial frente a la pretensión de ejecución forzada. Por otra parte, no puede soslayarse que nada impide al Estado invocar a su favor la legislación de emergencia vigente en el momento en que lo considere necesario, ya que, sin perjuicio de que su aplicación ha sido declarada expresamente de orden público, no fue establecida como una de las excepciones previas que establece la ley procesal, lo que permite que pueda ser invocada en cualquier momento en el proceso en la medida que el estado lo considere necesario, en tanto que es éste quien debe evaluar la necesidad o no de reclamar su aplicación, que es en definitiva lo que ocurre en el presente caso" (Fallo Nº 8828/09, S.T.J. Formosa).

Que además, no se puede dejar de merituar, que el actor en el proceso de avenimiento, acuerda voluntariamente el pago en cuotas, inclusive en Bonos, por lo que mal puede hoy oponerse a lo resuelto por la A-quo en virtud de la teoría de los actos propios, lo cual sella la suerte de su reclamo.

Que atento a lo expuesto, considero que rechazarse el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y hacerse lugar parcialmente al recurso de apelación que interpuso la parte demandada. Así corresponde revocar la aplicación automática del art. 16 de la Ley 490 que efectuó la Juez de grado de conformidad a los argumentos de derecho que se formularan y, consecuentemente, establecer el precio de la expropiación en lo convenido extrajudicialmente, esto es en la suma de $ 2.545.911,89, revocándose parcialmente en el punto I) de la sentencia venida en apelación y confirmándola en los restantes puntos. Además, se impondrán las costas en la Alzada a cargo de la actora, conforme el principio objetivo de la derrota (Art. 68, C.P.C.C.), difiriéndose la regulación de los honorarios profesionales en esta instancia para el momento que los mismos sean establecidos en la instancia de grado.

La Dra. Bentancur dijo: Por los fundamentos expuestos por la Señora Juez preopinante, adhiero al voto de la misma.

En este estado, habiéndose constituido la mayoría legal (conf. art. 33º, Ley Nº 521 y sus modificatorias y art. 159º del R.I.A.J.), se da por terminado el presente Acuerdo, pasado y firmado por ante mí, de lo que doy fe.- S E N T E N C I A:

///MOSA, VEINTISIETE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DOCE.- A mérito del Acuerdo que antecede, la EXCMA. CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL, R E S U E L V E: I.-RECHAZAR el recurso de apelación interpuesto por la parte actora.-	II.- HACER LUGAR PARCIALMENTE al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, revocar el punto I) de la Sentencia venida en apelación y disponer que la suma adeudada asciende a $ 2.545.911,89 (Pesos dos millones quinientos cuarenta y cinco mil novecientos once con ochenta y nueve ctvos.), confirmando la sentencia en los restantes puntos venidos en apelación.-	III).- Con costas en la Alzada a cargo de la actora, en virtud del principio objetivo de la derrota (Art. 68, C.P.C.C.), difiriéndose la regulación de los honorarios en esta instancia para el momento que los mismos sean establecidos en la instancia de grado (Art. 15, Ley 512).- Regístrese, notifíquese y, oportunamente, bajen los autos al Juzgado de origen.- Firman solam ente las suscriptas por encontrarse un cargo vacante.- ANTE MI: