Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2004-08-13


(Libro de Acuerdos Nº 47 Fº 1122/1124 Nº 486). En la ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, a los trece días del mes de agosto del año dos mil cuatro, reunidos los Señores Vocales del Superior Tribunal de Justicia, doctores José Manuel del Campo, Héctor Fernando Arnedo, Héctor Eduardo Tizón y Carlos Marcelo Cosentini -por habilitación- bajo la presidencia del primero de los nombrados, vieron el expediente Nº 2198/2003, caratulado: "Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en Expte. Nº B-89.153/02 (Sala I Tribunal del Trabajo) Laboral - daño moral y otros rubros: Martínez Calsina, María Paula c/ Castillo S.A.C.I.F.I.A.".

El Dr. del Campo dijo:

En lo que fue materia de agravio, la sentencia recurrida -dictada por la Sala I del Tribunal del Trabajo el 12 de setiembre de 2003- dispuso condenar a la empleadora demandada a pagar a la actora -entre otras- la multa prevista en el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Para así resolver, consideró el Tribunal que para que se configure la infracción contemplada en esa norma "es preciso la intimación fehaciente por parte del operario, hecho que ha ocurrido con la comunicación que se agregó a fs. 12".

Al recurrir esa condena, el Dr. Juan Lucio Valdéz, en representación de Castillo S.A.C.I.F.I.A., sindica arbitrariedad a la sentencia aseverando que su mandante no fue intimada fehacientemente, pues la pieza postal arrimada a fojas 12 de autos, no fue recibida por su parte.

Al resolver como lo hizo -dice- el Tribunal se apoya en prueba inexistente ya que su contraria no acreditó que tal intimación hubiera sido efectivamente entregada a su mandante y siendo ello así, el resolutorio aparece desprovisto de debida fundamentación.

Destaca que al contestar la demanda su parte señaló esa omisión oponiéndose, además, a que su contraria intentara suplirla en contravención al principio de preclusión procesal.

El recurso fue contestado, en tiempo y forma, por el Dr. Ariel León Ruiz quien se opuso a su progreso afirmando que se trata de traer a consideración de este Superior Tribunal de Justicia cuestiones relacionadas a la valoración de la prueba, lo que resulta extraño a este extraordinario remedio. Destaca, además, que el telegrama de fojas 12 constituye un instrumento público y que, como tal, importa el cumplimiento de la intimación fehaciente que como requisito establece la norma del artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo. Siendo así -asegura- la queja del recurrente debe desestimarse.

El Fiscal General se expidió en sentido favorable a la procedencia del recurso estimando que, en efecto, no constaba en autos que esa pieza hubiera llegado a la esfera de conocimiento del empleador quien en forma oportuna esgrimió tal circunstancia como defensa.

Luego, al asumir la presidencia del trámite de esta causa, dispuse que el Tribunal se integrara para que la sentencia fuera dictada con ajuste a lo dispuesto por este Superior Tribunal de Justicia en las acordadas 37 y 56 de este año. El decreto que así lo dispuso fue consentido por las partes y encontrándose a la fecha firme el decreto por el cual los autos fueron llamados a resolver (fojas 47), corresponde, sin más, expedirnos.

Coincido con el temperamento adoptado por el Ministerio Público, por lo que también propicio hacer lugar al recurso articulado.

En efecto, si bien el telegrama cuya copia corre agregada a fojas 12 es indubitable por su condición de instrumento público (LA 38 Fº 797/781 Nº 325) para que pueda considerárselo "intimación fehaciente" debe acreditarse no sólo que reúne la forma y contenido necesarios para ese fin, sino también que ha llegado a conocimiento del empleador o -en todo caso- que ello no se logró por causas imputables al propio destinatario, porque sólo así se cumple con el recaudo exigido por la norma para hacer operativa la multa en cuestión. Esa circunstancia no fue probada por el actor con la constancia de recepción del instrumento ni por algún otro medio, como tampoco invocó ni probó que la omisión en recibirlo es imputable al destinatario. En razón de ello y de haber mediado oportuno desconocimiento del demandado, debe tenerse por cierto que éste no fue fehacientemente intimado.

Si bien es doctrina sentada por este Cuerpo que el recurso extraordinario articulado no está previsto para volver sobre el valor atribuido por el a-quo a la prueba rendida en la causa ni para revisar los hechos fijados en su consecuencia (L.A. 43 Fº 1159/1161 Nº 430; L.A. 43 Fº 1188/1190 Nº 443; L.A. 43 Fº 1191/1193 Nº 444; L.A. 43 Fº 1199/1201 Nº 446; L.A. 43, Fº 1215/1216 Nº 453, entre muchos otros) no es menos cierto que un apartamiento manifiesto del alcance de la prueba, como es atribuir el carácter de intimación fehaciente a un telegrama que no consta haber llegado a destino, descalifica lo decidido por su manifiesta arbitrariedad y justifica el acceso de la vía elegida. Se trata, en definitiva, de un pronunciamiento que, como lo manifiesta el recurrente, no está dotado de la fundamentación necesaria para considerarlo derivación razonada del derecho con ajuste a las constancias aportadas a la causa.

Voto en consecuencia para que se haga lugar al recurso, revocando la sentencia cuestionada sólo en cuanto condena a la demandada a afrontar la multa prevista en el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, cuyo monto total (capital e intereses) asciende a la suma $ 2.124,86.

Las costas deberán ser soportadas por la recurrida, en su condición de vencida (artículo 102 del Código Procesal Civil).

Por aplicación de la doctrina sentada en"Argentores c/Video Bar Luisiño (L.A. 39 Fº 994/996 Nº 382), en mérito a la calidad de la defensa y a la participación de cada letrado en el proceso, propongo se regulen los honorarios profesionales del Dr. Juan Lucio Valdez -quien actuó en el doble carácter de procurador y patrocinante- en la suma de cuatrocientos cincuenta pesos ($ 450.-) y los del Dr. Mario Eduardo de la Quintana -patrocinante de la vencida- en doscientos cuarenta pesos ($ 240.-), en ambos casos más el impuesto al valor agregado si correspondiera.

Los doctores Arnedo, Tizón y Cosentini adhieren al voto que antecede.

Por lo expuesto el Superior Tribunal de Justicia, Resuelve:

1. Hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad promovido por Castillo S.A.C.I.F.I.A en contra de la sentencia dictada por la Sala I del Tribunal del Trabajo el 12 de setiembre de 2003, y en su mérito revocar la misma sólo en cuanto la condena a pagar la multa prevista en el artículo 80 de la L.C.T. y que asciende a la suma total de $ 2.124,86. comprensivo de capital e intereses.

2. Imponer las costas a la recurrida.

3. Regular los honorarios profesionales del Dr. Juan Lucio Valdez en la suma de cuatrocientos cincuenta pesos ($ 450.-) y los del Dr. Mario Eduardo de la Quintana en la de doscientos cuarenta pesos ($ 240.-), en ambos casos más el impuesto al valor agregado si correspondiera.

4. Registrar, agregar copia en autos y notificar por cédula.