marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Intervención de terceros, partes del proceso, ejecución de sentencia, economía procesal, defensa en juicio
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: Ferro de Rocco, Luisa Carmen y otra c/ SEGBA s/ Cobro de Australes (Sumario)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-27

Se alega en favor de la condena del tercero citado, la economía procesal que se obtiene.

Aparte de que no parece un argumento decisivo, existiendo otros principios superiores de por medio (defensa en juicio), no siempre se obtiene tal economía. El actor, con anterioridad a la interposición de la demanda, debe analizar cuidadosamente la estrategia a seguir, lo que incluye la selección de los hechos relevantes y el ofrecimiento de las pruebas que lo corroboran. La incorporación al proceso de un tercero citado por el demandado -con la consecuencia de que este puede ser absuelto y en cambio condenado el tercero- produce diversos trastornos. El accionante debe prever distintas situaciones, como ser el riesgo de ver frustrado o reducido el éxito de la acción entablada como consecuencia, por ej.

de la absolución total o parcial de un demandado solvente y la inclusión en la condena de un tercero poco solvente y a quien no demandó.

También se presentan complicaciones para el accionado, ya que debe defenderse no solo contra el actor sino también contra el tercero citado, quien, a veces, no busca tanto que se rehace la acción sino defenderse responsabilizando a quien lo ha convocado. Pero asimismo, en ocasiones, el tribunal -en especial el de alzada- ve complicada su decisión, habida cuenta de que se entrelazan complejas cuestiones contractuales y extracontractuales generadas por la intervención de varias partes, que no han podido ser adecuadamente ventiladas en el proceso. Un buen ejemplo de esta clase de situaciones la brinda el considerando III del voto en primer término del distinguido juez de la Sala II de esta Cámara, Dr. Quintana Terán, en la causa N. 6826, del 20-9-89.
Prueba testimonial, idoneidad del testigo
Materia: PENAL
Carátula: LEZCANO, Jorge s/ Robo calificado por empleo de arma
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-12-22

El carácter de denunciante y víctima no le hace perder la condición de hábil atento lo dispuesto en los arts. 149 y 247 del C.P.P.-
Sentencia, acusación
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: ELIAS, ANTONIO s/ SENTENCIA - HECHO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1964-12-28

No se destruye la necesaria concordancia entre acusación y sentencia, si el quinto y noveno de los hechos descriptos deben ser considerados uno solo, afirmar que se trata de un hecho nuevo o distinto, sería desconocer la evidencia, como lo hace el recurrente.

Ello es así, cuando la requisitoria hace referencia únicamente a una entrega de cheques no corrientes, por parte del imputado y respecto a dos de los damnificados, y la Cámara da por sentado que la entrega tuvo como origen la operación realizada entre el imputado y un tercero, el cual, a pedido de aquél, libró los cheques en favor de los dos damnificados a quienes el recurrente los entregó en pago de una deuda.

Es evidente que aunque el hecho aparezca descripto en la requisitoria sin referirlo a uno de los damnificados y diversificado en dos acciones, el agente fiscal se refiere al mismo hecho, sólo que señalando otros damnificados por la misma maniobra, por lo que no se produce,en el caso, indefensión alguna por parte del enjuiciado, ya que se le imputó un obrar concreto, referidos a tales cheques que agotaban, en sí, su conducta.-
Salvataje de la empresa, acuerdo preventivo, capital social, terceros, estados contables, depósito en garantía, pago, socios, pasivo societario
Materia: COMERCIAL
Carátula: TRIGO HNOS. SA s/ CONCURSO PREVENTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-09-24

Como consecuencia de la aplicación del "cramdown", la adjudicación del capital social a los terceros que lograron la conformidad de los acreedores de la concursada para su propuesta de acuerdo preventivo, puede exigir además el pago de cierto importe a los viejos socios; ello depende del valor resultante de la diferencia entre el valor patrimonial de la empresa según registros contables (LC art. 48 apar. 1) y el valor presente de los créditos (LC art. 48 apart. 4).

Si dicha diferencia arrojare valor cero o negativo (menos que cero) los terceros nada deben pagar a los viejos socios y adquieren las participaciones, cuentas o acciones de estos por la circunstancia de haber arreglado concordatariamente el pasivo de la concursada. Si la diferencia arrojare resultado positivo, para perfeccionar el mecanismo de salvataje y adquirir la condición de nuevos socios, los terceros podrán ofrecer pagar el total de tal valor -en cuyo caso la transferencia del capital social es irresistible- u ofrecer pagar un importe menor -formulando una propuesta de acuerdo a los viejos socios- (conf. Roullion, Adolfo, "Régimen de Concursos y Quiebras - Ley 24522", ED. Astrea, pág. 100/101). Finalmente el deposito en garantía exigido por la LC art. 48 apart. 4 "in fine", se calcula en función de ese "precio" idealmente establecido por el legislador.
Acción de amparo, resolución denegatoria, autorización de compra de moneda extranjera, impuesto para una Argentina inclusiva y solidaria  PAIS, obligaciones en moneda extranjera, universidades extranjeras
Materia: ADMINISTRATIVO-ECONOMIA
Carátula: Tomassini, Daniel Mariano c/ Banco Central de la República Argentina s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-09-17

Cabe confirmar el fallo que rechazó la acción de amparo interpuesta por el actor, con el objeto de que el Banco Central reglamente el art. 35, inc. a, de la Ley 27.541 -que dispone la aplicación del Impuesto PAIS para la compra de moneda extranjera para atesoramiento o sin un destino específico-, y se le permita la adquisición de una suma en moneda extranjera a los efectos de cancelar una obligación contraída con una universidad extranjera antes de la instauración del nuevo régimen cambiario, para la realización de una maestría, dado que más allá de que no se encuentra acreditada la imposibilidad de su pago ni el obstáculo a la realización de la maestría en el exterior, el apelante no demuestra que la cuestión deba necesariamente tramitarse por la vía del amparo, debido al carácter estrictamente patrimonial de la cuestión. Además, si el actor invocase la afectación de un supuesto derecho fundamental a aprender en el exterior, lo cierto es que el pago del tributo y su posterior repetición en el marco de un juicio de conocimiento, no le impedirían tal actividad.
Prueba, resoluciones judiciales, resoluciones inapelables
Materia: PROCESAL
Carátula: Navarrete, Guillermo y otros. c/ Molina, Hector s/ Daños y Perjuicios-Sumario-Recurso de Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1999-12-07

La norma del art. 363 del C.P.C admite excepciones a la regla de la inapelabilidad, como son las cuestiones relativas a los plazos de ofrecimiento, producción de la totalidad de la prueba y en aquellas resoluciones que influyen sobre la prueba por aplicación de otras normas procesales.
Escalafón, cambio de categoría, acción de amparo, admisibilidad formal
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Quiroga Karina Elizabeth c/ Ejecutivo Municipal de la Ciudad de Tinogasta s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2008-05-12

El actor, agente administrativo de un municipio del interior provincial, deduce acción de amparo en contra de la resolución del departamento ejecutivo municipal, por la cual se lo privaría de derechos adquiridos, ya que decidió, por una parte, su retrogradación de la categoría 24 a la 10 del escalafón y, por otra, el cambio de lugar de desempeño de sus tareas del área de hacienda y finanzas al departamento inspección de tránsito.

Persigue que se declare la nulidad del acto por afectar derechos adquiridos, por ser discriminatorio y sólo atacable por la acción de nulidad.

En el caso, se encuentran acreditados los requisitos procesales extrínsecos para declarar la admisibilidad formal de la acción de amparo deducida, en razón de que, prima facie, el acto de autoridad pública restringiría garantías y derechos reconocidos explícitamente por nuestro ordenamiento constitucional.

Este preliminar juicio de admisibilidad se resuelve sin perjuicio de que los recaudos de procedibilidad de la acción sean merituados en la etapa procesal oportuna, cuando el Tribunal hace pleno uso de sus facultades jurisdiccionales.
Despido sin causa, despido por maternidad, embarazo notorio, carga de la prueba, responsabilidad del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: Grafalar S.A. s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1996-06-04

Corresponde a la patronal probar que la actora en los principales no comunicó el embarazo que detentaba, circunstancia que no se verificó.- A partir de la certeza del embarazo, del conocimiento que tuvo algún personal empleado en el establecimiento, se infiere que la patronal debió tener conocimiento del hecho y, en consecuencia, por la presunción legalmente establecida en el art.

178 de la Ley de Contrato de Trabajo, el A-quo no ha cometido arbitrariedad cuando hace lugar a la demanda laboral por despido injustificado.

(Del voto del Dr. Mario Gerardo Guzmán Soria - Disidencia)
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, revocación de sentencia, declaración de inconstitucionalidad, procedimiento tributario, ejecución fiscal
Materia: PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: Dirección  General  Impositiva c/ Ferreira Gallegos, HoracioAlberto.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-04-25

Corresponde revocar la sentencia que declaró la inconstitucionalidad de los arts. 42 y 55 de la ley 11.683 (t.o. en 1978) al considerar que los intereses resarcitorios y punitorios en ellos previstos constituyen una forma encubierta de actualización, violatoria de lo dispuesto por la ley 23.928, sin atender a la jurisprudencia del Tribunal, ni indicar, de qué modo la ley resultaría repugnante a una determinada cláusula constitucional, todo ello sobre la base de apreciaciones subjetivas y en exceso del limitado ámbito cognoscitivo de los procesos de ejecución fiscal.
Garantía de evicción, responsabilidad del Estado, buena fe
Materia: CIVIL
Carátula: M., M. A. Y Otro c/ Superior Gobierno De La Pcia. De Córdoba Y Otros s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2014-12-16

De acuerdo con el principio de la buena fe y de garantía que surge del art. 1198 del Código Civil, la Provincia de Córdoba debe responder por el fallecimiento de un niño acaecido horas después de haber sido picado por un alacrán ante la falta de antídotos en los hospitales públicos, pues existía de su parte el deber de proveer una cantidad mínima del material, que en la especie no fue cumplimentada, lo que afectó la atención de la salud del menor incidiendo en el resultado letal, es que, de haber estado presente el suero antiveneno en tiempo y forma podría haberle dado al niño chances de sobrevivir.
Daños y perjuicios, ley de defensa del consumidor, agencia de turismo
Materia: COMERCIAL
Carátula: ESAINS, DANIEL JACOBO C/AVANTRIP.COM SRL Y OTRO S/SUMARISIMO c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-07

Corresponde aplicar la normativa consumeril en el marco de una acción de daños y perjuicios promovida por un cliente contra una agencia de viajes turísticos y una entidad bancaria, con motivo de la pérdida de cuatro pasajes aéreos de regreso de la Ciudad de Rio de Janeiro, Brasil, a la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Consecuentemente, la agencia no puede, por un lado, reconocer que su actividad consiste en la prestación de servicios turísticos y que es una agente de viajes y, por el otro, pretender ser considerada una empresa de transporte aerocomercial (CNCom, Sala B in re "Montini Federico Salvador y otro c/ Iberia Líneas Aéreas SA y otro s/ ordinario", del 12/06/18). Aceptar esta doble clasificación cuando ella misma se reconoce como agencia de viaje sería ir en contra del principio de los actos propios (CNCom, Sala B in re "Field, Tamara y otro c/ Editando SRL s/ ordinario", del 05/07/16).
Defensa del consumidor, autoridad de aplicación, Secretaría de Comercio Interior, banco central
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Citibank N.A. c/ Secr. de Comercio e Inversiones -Disp.DNCI 450/97
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-17

La competencia que se reconoce en la ley 24.240 a la Secretaría de Comercio Interior no desplaza en modo alguno las funciones propias que posee el B.C.R.A. en cuanto al cumplimiento de las normas establecidas por esa entidad como titular del poder de policía financiera, para velar por el normal funcionamiento del sistema en su conjunto, tal como lo reconoció esta Sala con diferente integración (18/12/87, "Carlés, Roberto M. -Carlés Cia.Financiera c/ B.C.R.A."; 8/3/88, "Almagro Caja de Crédito Coop.

Ltda. c/ B.C.R.A.").
Prescripción, actuaciones administrativas
Materia: LABORAL
Carátula: Campitelli Romano, Luis y otros c/ José J.L.Lombardi e hijos S.A.I.C.F. s/ Cobro de haberes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-04-07

No es atendible la denuncia de violación al principio de congruencia si opuesta la prescripción por la parte demandada, e introducida por la parte actora la aptitud interruptiva de actuaciones administrativas, el tribunal de la causa examinó la eficacia de dicho medio y efectuó la calificación jurídica de los hechos articulados.
Extinción del contrato de trabajo, despido
Materia: LABORAL
Carátula: Silva, Juan Carlos c/ Cóndor Construcciones S.R.L. s/ Cobro de haberes e indemnización de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-07-31

La justificación o no de un despido directo o indirecto debe ser juzgada conforme la situación imperante al día del distracto.
Sentencia, nulidad de sentencia, prueba documental, debate
Materia: PROCESAL
Carátula: MARTINAZZO, LUIS EDUARDO c/ VICENTE MUT s/ II CUERPO - CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2005-04-25

Esta Sala en oportunidades anteriores ha expresado que "... nuestro ordenamiento procesal es su artículo 382 inc. 3 conmina con sanción de nulidad a la sentencia a la que "faltare o fuere contradictoria la fundamentación", y en tal sentido es dable destacar que este supuesto tiene una íntima vinculación con el requisito de la legitimidad de la motivación de la sentencia, como a que ellas prevengan del debate.

La prueba invocada debe ser válida y la sentencia que se funda principalmente en una prueba ilegal es una sentencia inmotivada..." (P.R.E. S. 2 1999-II-225).

En el caso se advierte que la sentencia impugnada adolece de tal defecto, en tanto se ha basado en prueba documental no incorporada válidamente al debate.

En efecto, de la lectura del acta pertinente (fs. 242), surge que a posteriori de recibir la declaración a los testigos citados, se concede la palabra a las partes a los fines de sus respectivos alegatos, sin que conste qué prueba documental se incorpora a través de su lectura al juicio, resultando así que el intento de sobrefacturación por más de Trescientos mil pesos y el uso de viáticos para pagar viajes ajenos a la actividad específica, del Intendente, son hechos que dieron origen a la formación de la querella, que constan en los boletines acompañados por la querellante y que no fueron incorporados al debate en legal forma.

Así las cosas, y teniendo en cuenta que la exigencia de que la sentencia se funde en la prueba recibida durante el debate reconoce su fuerte en el principio de la inviolabilidad de la defensa, "la misma debe basarse únicamente en los actos producidos durante él o aquellos que se introducen por medio de la lectura de los documentos que los contiene (Fernando de la Rúa - La Casación penal -Ed. Depalma, pag 137).

No obsta a lo expresado la circunstancia de haber sido reconocidas durante el juicio por testigos y por las propias partes el carácter ofensivo de las expresiones volcadas en los boletines, toda vez que los libelos injuriosos -base de la condena impuesta- debieron ser introducidos al debate en carácter de prueba documental.

La circunstancia apuntada equivale a no haber respetado el derecho de defensa del querellado, resultando así lesionado su derecho de defensa en juicio y la garantía del debido proceso, por lo que corresponde anular la sentencia atacada, debiéndose remitir los autos al Tribunal que sigue en orden de nominación, a efectos de que dicte, previo realización del debate, un nuevo pronunciamiento ajustado a derecho.
Acción de amparo, derecho de propiedad, jerarquía de las leyes, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Carrizo, José Adolfo c/ Sanatorial S.R.L s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1999-10-26

Las circunstancias y variaciones de cada caso han de tenernos alertas para no desvirtuar el remedio constitucional (Amparo), evitando predicar que el amparo es inadmisible cuando está relacionado con derechos patrimoniales. Estos derechos, comprendidos en el derecho de propiedad (art. 17 de la C.N.) también gozan, a juicio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de la misma jerarquía normativa que los demás reconocidos por la Carta Magna.
Ingreso Familiar de Emergencia, extranjeros, documento nacional de identidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: P. F., D. A. c/ Anses s/ amparos y sumarísimos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-28

Debe ordenarse a la Anses que permita iniciar el trámite correspondiente al Ingreso Familiar de Emergencia a una ciudadana de nacionalidad dominicana, que carece de Documento Nacional de Identidad, dado que la actora en su condición de migrante no solo tiene derecho a usufructuar los derechos que la ley le otorga, aunque también tiene el deber de cumplir con la normativa interna de nuestro país. Cabe destacar que, de verificarse los requisitos previstos por el Decreto 310/2020 la reclamante posee derecho a cobrar la prestación, pero asimismo tiene el deber y el derecho a obtener su DNI, conforme Ley 17.671, que será el instrumento que le permitirá su inclusión social, al poder acompañarlo para la realización de los trámites administrativos públicos y privados para los cuales sea necesario su presentación.
Costas, costas al vencido
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Milazzo, Salvador c/ Rodríguez, Jorge Eduardo s/ Nulidad de contrato de venta
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-03-26

Se viola el art.68 del Código Procesal Civil y Comercial al imponerle la costas al actor, en virtud de que se acogió la demanda por la existencia del vicio de lesión rechazando la simulación también alegada, ya que no habiendo existido acumulación objetiva de acciones el demandante resultó, en definitiva, vencedor al obtener la declaración de nulidad del acto jurídico cuestionado.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, cuestión no federal, sentencia arbitraria, defectos en la fundamentación normativa, prueba, sociedad anónima
Materia: PROCESAL - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lozano, Raúl F. y otros c/ Autoplat  SACI s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-28

Considerar acreditado, por ausencia de prueba de la contraria, que los actores habían integrado los aportes correspondientes al capital suscripto, implica afirmar la vigencia de una carga de probar inversa a las reglas que rigen la materia (art. 375 del Código Procesal de Buenos Aires), razonamiento que resulta inadecuado, toda vez que la sociedad demandada se limito a negar aquel hecho afirmado por los demandantes como presupuesto de sus pretensiones.
Juicio de apremio, excepción de pago
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Miganne S.C.A. y otros s/ apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-08-07

Alegándose la existencia de un pago, que en definitiva reviste el carácter de parcial, la excepción de pago intentada resulta absolutamente inadmisible a la luz de lo que dicta el art. 6 inc.

c) del Dec. Ley 9122/78, que sólo tolera la excepción de pago total
Falsificación de instrumento público, uso de documento falso, participación criminal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: "NOTA, Claudio C. s/ procesamiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-10

El tipo penal del art. 296 requiere que "se haga uso" del documento falso, siendo relevante en este sentido, mas allá de la actividad material de presentarlo ante quien deba cumplir efectos, el análisis de la relación entre el instrumento presentado y su destino probatorio.Advertida una participación meramente formal de quienes fueron desvinculados de la imputación original producto de la actuación de otros, esta debe dirigirse contra estos últimos.
Régimen penal cambiario, sociedad anónima, impuesto sobre ventas, compras, cambio o permuta de divisas, liquidación de divisas, negociación clandestina de divisas, sentencia condenatoria
Materia: PENAL
Carátula: PRENSA RIO DE LA PLATA S.A. s/ Régimen penal cambiario.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-08

Corresponde revocar la sentencia condenatoria y absolver de culpa y cargo a la sociedad anónima y a los imputados en relación a varias operaciones de ingresos de divisas, toda vez que existe, en lo que hace a dichas operaciones, un estado de incertidumbre o duda que sólo cabe resolver en favor de los aquí imputados (Art. 13 del CPMP), ya que si bien no existe duda respecto a la liquidación de divisas, no ocurre lo propio en cuanto a las fechas en que dichos valores ingresaron al patrimonio de la sumariada, y no existiendo elementos que permitan suponer que las mismas ingresaron mucho tiempo antes de las respetivas solicitudes de liquidación, corresponde la absolución en relación a esos sucesos. Suponer lo contrario implicaría poner en cabeza de la sumariada deficiencias propias de la instrucción no imputables a la misma, siendo necesario destacar que dicha sociedad no era dueña de la mercadería enviada al exterior, habiendo actuado por cuenta y orden de otras empresas, quienes fueron las que encomendaron la exportación y, si bien se encuentra en cabeza de la sumariada la obligación de ingresar y liquidar las divisas en el plazo indicado por la normativa vigente, también subsiste responsabilidad respecto de las empresas que encomendaron la operación de exportación (conf. Comunicación "A" 3818 BCRA) y, sobre el particular, debe tenerse en cuenta que no se cursaron intimaciones tendientes a obtener por parte de dichas empresas, que lógicamente debieron perseguir el cobro por las ventas realiza das, los motivos por los cuales se ingresaron las divisas correspondientes fuera de los plazos exigidos (Del voto del Dr. Repetto).-
Asistencia regular, despido con causa, abandono de trabajo, ausencias justificadas
Materia: LABORAL
Carátula: ROBLEDO, JUAN EDUARDO c/ RYELA  S.A.I.C.I.F. Y A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-08-28

Cuando el trabajador alega una justificación para no cumplir con la obligación prevista por el artículo 84 de la Ley de Contrato de Trabajo, aunque pueda tener un margen de litigiosidad e incluso no legitimarse el incumplimiento, no constituye abandono de trabajo.