Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2006-12-04


SETENCIA DEFINITIVA NÚMERO: Diecisiete. En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca a los once días del mes de diciembre del año dos mil seis, se reúne en Acuerdo la Corte de Justicia de la Provincia, integrada en estos autos por los Señores Ministros titulares Dres. CÉSAR ERNESTO OVIEDO, JOSÉ RICARDO CÁCERES y AMELIA DEL VALLE SESTO DE LEIVA; bajo la presidencia del Dr. César Ernesto Oviedo, Secretaria Dra. CRISTINA DEL VALLE SALAS MARTINEZ, para conocer del Recurso de Casación interpuesto en los autos Corte Nro. 04/06 "MORENO, René Eduardo c/ EDECAT S.A. s/ Benef. Laborales - s/ RECURSO DE CASACIÓN", el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1) ¿Es procedente el Recurso de Casación interpuesto?.

En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde?.2) Costas. Practicado el sorteo correspondiente, conforme al acta obrante a fs. 38 vta., dio el siguiente orden de votación: Ministros Dres. AMELIA DEL VALLE SESTO DE LEIVA, JOSÉ RICARDO CÁCERES y CÉSAR ERNESTO OVIEDO.- A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Que a fs. 6/16 de los presentes, la demandada en autos principales -EDECAT S.A.- interpone recurso de Casación en contra de Sentencia de Cámara que hiciera lugar, oportunamente, a los reclamos del actor referentes a diferencias de haberes por los ítem premio por mayor recaudación y adicional de emergencia en bonos de deuda pública, y así mismo le reconociera el agravio sobre daño moral.

Considerando la presentante que la Sentencia en recurso ha incurrido en el vicio de violación de la doctrina legal.

Que ingresando a la relación de hechos de la causa, la agraviada expone que con fecha 22/02/00, el actor en autos, demanda a su parte por despido incausado reclamando la indemnización de Ley, pago de haberes, SAC, vacaciones y diferencias de haberes derivadas del reconocimiento del premio por mayor recaudación y adicional extraordinario de emergencia, así también daño moral por la falsa imputación de la causa de distracto producido en el año 1999 y que diera término a la relación laboral que se inició con su parte en 1996, fecha de privatización de la DECa.

Que así las cosas, el Juez de Primera Instancia resuelve hacer lugar parcialmente a la demanda, rechazando el daño moral peticionado y las diferencias de haberes derivadas del premio por mayor recaudación y adicional extraordinario de emergencia.

Que apelado el fallo por la actora en cuanto a los ítem rechazados; la Cámara a su turno hace lugar al recurso de apelación revocando el fallo de Primera Instancia y ordenando el pago de los rubros antes mencionados y fijando indemnización por daño moral.

Que a criterio de la recurrente el Tribunal de Segunda Instancia en su decisión, por mayoría, ha incurrido en el vicio de violación de la doctrina legal, al reconocer adicionales salariales que habían sido expresamente rechazados en diversos precedentes por este Alto Tribunal, como así también que su parte no incurrió en la ruptura de la relación laboral en ninguna extralimitación que permita evadirse de la indemnización tarifada del Derecho Laboral y disponer una indemnización excepcional por daño moral. Peticiona en definitiva se haga lugar al recurso, con costas.

Que a fs. 19/24 obra contestación de la contraria. Que a fs. 31 esta Corte de Justicia declara formalmente admisible el recurso de Casación intentada.

Que a fs. 33/37 corre agregado dictamen de la Sra. Procuradora General Subrogante, dictándose a fs. 37 vta. el llamado de autos.

Que ello así, y fundándose ambos agravios en el vicio de violación de la doctrina legal, tanto en el reconocimiento de los adicionales para el cálculo de diferencias de haberes, como en relación al daño moral, corresponde analizar el criterio sustentado por esta Corte de Justicia en las cuestiones debatidas y configuradoras, en su caso, por sus precedentes, de doctrina legal.

Que con respecto al primer agravio, ésto es, el reconocimiento a favor del actor de los adicionales premio por mayor recaudación y extraordinario de emergencia, establecidos en su momento para los dependientes de la Dirección de Energía Catamarca, luego privatizada, en causa análoga: Autos Corte Nro. 92/03 "Brizuela Ricardo Omar c/ EDECAT S.A", en oportunidad de conformar el fallo de la Alzada que rechazaba el reconocimiento de ambos adicionales, consideré que:

"no parece arbitrario, ..., el criterio del Tribunal de grado ... para revocar parcialmente el decisorio de Primera Instancia con respecto a los adicionales de que se trata, pues parece de razonable prudencia haber merituado como condescendencia a las condiciones salariales de la nueva relación laboral, la conducta omisiva de cualquier reclamo de la cuestión ahora introducida en tres años de desempeño laboral, mas aún si se considera el principio de seguridad jurídica por sobre las pretensiones de parte, y la situación mas clara que ambos adicionales: extraordinario de emergencia y premio por mayor recaudación ..., eran propios de la estructura salarial de una relación de empleo público y no atribuible al régimen de actividad privada, siendo el primero de carácter general para la Administración Pública y pagado por el Estado ... como emisor monopólico de tales títulos públicos, también llamados cuasi monedas; y el segundo, específico, a fin de alentar la contracción laboral pero también en un ámbito especial como lo es el contexto de desenvolvimiento y evolución comercial de una empresa del Estado, criterios éstos claramente ajenos en principio en la actividad privada".

De lo expuesto, que se transformara en criterio constante de este Alto Tribunal, ratificado en diversos precedentes, cabe concluir que en autos, al resolver con criterio antagónico, el Tribunal de grado en voto de mayoría, hizo caso omiso de la doctrina legal sentada por esta Corte de Justicia para la controversia en consideración, por lo que corresponde revocar el fallo en recurso en la materia del agravio.

Que en relación a la segunda cuestión, esto es, la condena a la empresa recurrente por daño moral derivado del distracto, esta Corte, con buen criterio, al que adhiero, pues lo fundó con distinta integración, tiene dicho por voto del Dr. Díaz en Autos Corte Nro. 107/98 que: "no existe duda acerca de que las indemnizaciones tarifadas de la Ley de Contrato de Trabajo pueden acumularse a otra a fin de reparar el daño moral, pero entiéndase bien, siempre y cuando éste sea el resultado de un hecho distinto que la simple denuncia del contrato de trabajo, es decir, que el daño debe ser provocado mediante algún gravísimo incumplimiento ajeno al hecho del despido, con dolo o culpa del empleador lo que genera consecuencias indemnizables tendiente a la reparación del perjuicio ocasionado a raíz del acto ilícito cometido, el que conforme lo preceptuado por el Art. 522 del C.C. asume carácter estrictamente excepcional y sólo procede cuando el incumplimiento fuere malicioso y por sus características configure un verdadero acto ilícito en los términos de los Arts. 1072 y 1109 C.C.

Fuera de tales casos, la ruptura sin causa del contrato de trabajo, por el solo hecho de la denuncia, no dar derecho a otras indemnizaciones que las tarifadas que marca la Ley" (Vázquez Vialard Tratado de Derecho de Trabajo - Ed. Astrea 1984 - T5).

Desde esta perspectiva no se perciben en autos acreditadas las circunstancias excepcionales en la conducta de la patronal, que autoriza la indemnización adicional del régimen civil, por el contrario, su actuación no excede el marco de la denuncia de la relación laboral, y la causa alegada y no demostrada alcanza cobertura suficiente dentro de la indemnización laboral tarifada del despido incausado.

Que en este orden de ideas, y no coincidiendo el laxo criterio del inferior con doctrina de cita, ni surgiendo de autos la excepcionalidad de conducta violatoria por parte de la empresa demandada, corresponde receptar el agravio en tratamiento.

Por lo expuesto considero que debe hacerse lugar al recurso intentado, revocando la Sentencia cuestionada. Es mi voto. A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cáceres dijo:

Teniendo en cuenta la naturaleza del planteo formulado, deviene forzoso recordar lo expuesto por este Tribunal en autos Corte Nro. 92/03 "Brizuela, Ricardo Omar c/ Edecat S.A."- y autos Corte Nro. 04/04 "Morra, Antonio Isidro c/ Edecat S.A.".

En dicha ocasión expresé las razones por las que consideré que los reclamos formulados por trabajadores vinculados a Edecat referido a los adicionales -premio por mayor recaudación y extraordinario de emergencia-, al no surgir del pliego de concesión ni de normas legales ni convencionales resultaban improcedentes.

Señalé que el plus salarial, que en autos se discute, se mantuvo en vigencia durante el tiempo en que el actor estuvo ligado al Estado Provincial por un contrato de empleo público. Que los adicionales que se reclaman han sido instituidos mediante Decreto H.F Nro. 2406/92 y Ley Nro. 4748 con un ámbito de aplicación personal muy limitado -personal de la Administración Pública Provincial- con el objeto de corregir la política salarial del sector público, y que en virtud de la Resolución Nro. 2279 se les ha dado al personal de la Ex Deca, la opción de ser transferidos a la empresa concesionaria del servicio o bien continuar vinculados al Estado Provincial.

Que así las cosas, y al no poder determinarse que los beneficios surjan de los términos de la licitación a la que concurrió la demandada y en virtud de la cual se le dio la concesión, mal puede atribuirse el cumplimiento de una obligación que, conforme he podido comprobar, no reconoce su origen ni en disposiciones de carácter legal ni en el convenio colectivo aplicable.

En consideración a ello y advirtiendo que la sentencia se aparta de la doctrina legal que este Tribunal estableciera sobre dicha cuestión, adhiero al voto que antecede en cuanto a la revocación de la sentencia.

A igual conclusión arribo respecto al agravio esgrimido en cuanto al rubro daño moral que la sentencia impugnada estimara procedente.

En efecto, para así decidir parto del principio que el empleador puede, con amplia discrecionalidad, excluir de la empresa en cualquier momento a un dependiente, en forma incausada abonando la indemnización tarifada que determina la ley laboral y que comprende los perjuicios patrimoniales y morales que derivan de la pérdida del empleo.

Que ello es así, en tanto existe en nuestro ordenamiento el derecho a la extinción incausada del contrato de trabajo. Ahora bien, lo que no debe tolerarse es que so-pretexto de tal ejercicio se lesionen otros intereses patrimoniales o extra patrimoniales del trabajador, distintos de los alcanzados por la tarifación.

De ahí que sea necesario discernir cu les son las repercusiones que la conducta cuestionada produce, pues de verificarse un acto ilícito conexo al despido, el daño que eventualmente se podría generar estaría al margen de la tarifa legal.

En el sub-judice no advierto que la comunicación del despido haya incluido aseveraciones lesivas para la dignidad del trabajador, o que se formulen en ella atribución de actos ilícitos o contrarias a la buenas costumbres.

En mi opinión la valoración de las circunstancias que realiza el voto de la mayoría, cuando enumera las vicisitudes que pasar el trabajador ante el despido incausado, solo puede entenderse como un análisis de las consecuencias patrimoniales y morales que derivan de la lesión del interés del trabajador a la estabilidad de su empleo y que soporta éste, como tantos otros trabajadores en nuestro medio.

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Oviedo dijo:

Que adhiero a las consideraciones y conclusiones expuestas por la Sra. Ministro que inaugura el Acuerdo, Dra. Sesto de Leiva, para la solución de la causa, votando en igual sentido.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Que conforme al criterio objetivo de la derrota, las costas deben ser soportadas por la parte actora que resulta vencida (Art. 68 del C.P.C). Es mi voto.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cáceres dijo:

Que consecuentemente con lo expresado en la primera de las cuestiones, estimo que las costas deben estar a cargo de la parte actora que resulta vencida. Así Voto.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Oviedo dijo:

Que una vez más, adhiero a las conclusiones expuestas por la Sra. Ministro preopinante, Dra. Sesto de Leiva, para la solución de la presente cuestión, votando en igual sentido.

En mérito al Acuerdo de Ministros que antecede y oída la Sra. Procuradora General subrogante en su Dictamen Nro. 34/06 y por unanimidad de votos, LA CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA RESUELVE:

1) Casar la Sentencia Definitiva Nro. 59/05 (Expte. C m. 143/03 -fs. 362/374 vta.-); consecuentemente revocar la misma en todo cuanto fue materia de agravios, conforme lo expuesto en los considerandos de la presente.

2) Costas a la parte actora que resulta vencida.

3) Hágase saber a la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y Minas de Segunda Nominación, que deber proceder a la devolución a la recurrente de los depósitos judiciales obrantes a fs. 5 y 29 de autos.

4) Diferir la regulación de honorarios hasta tanto se practique en las instancias pertinentes.

5) Protocolícese, hágase saber y oportunamente bajen los autos a la Cámara de origen.