Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-11-21


Causa Nº 18286-00/CC/2006 (87/06) Nieva, Sebastián Hernán s/Infr. Art. 62 Ley 1472- Apelación En la ciudad de Buenos Aires, a los 21 días del mes de noviembre del año 2006, se reúnen los miembros de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, a efectos de resolver el recurso de apelación interpuesto por la Sra. Fiscal de Grado, Dra. María Teresa del R. Moya, a fs. 32/34 de la presente, del que:

RESULTA:

I.- Que a fs. 1/11 de la presente obran actuaciones policiales que dan cuenta del procedimiento llevado a cabo el 15/6/2006 en el local sito en la calle Sánchez de Bustamante 2211 de esta ciudad por la presunta contravención al art. 62 de la Ley Nº 1472, a las que se adjuntan imágenes de impresiones y pruebas fotográficas. En dicha ocasión en la que se dispuso la clausura del comercio en cuestión.

II.- Que a fs. 12/vta. y ante la presentación del encartado en la sede de la Fiscalía Contravencional y de Faltas Nº 5, el titular de la acción contravencional resuelve disponer el levantamiento de la clausura preventiva, el que se hizo efectivo el 16/6/2006 (fs. 16/vta.).

III.- Que a fs. 25/vta. se agrega el acta de audiencia fiscal en la que el imputado Sebastián Hernán Nieva, en presencia de su defensor, declaró que los menores no se encontraban viendo material pornográfico, que posee filtro y que el mismo se hubiera activado si los inspectores hubieran querido ingresar a alguna de las opciones de la página general.

IV.- Que a fs. 27 obra suspensión del proceso a prueba acordado por las partes, el 8/9/2006, disponiéndose como pautas de conducta: fijar residencia y comunicar cualquier cambio de la misma a la fiscalía, cumplir las citaciones o requerimientos y efectuar una donación de doscientos pesos ($ 200) al Hospital Garrahan. Acuerdo que es remitido al Juzgado de Primera Instancia interviniente el 11/9/2006.

V.- Que a fs. 29/31 vta. la Sra. Juez de Grado a cargo del Juzgado Contravencional y de Faltas Nº 8, Dra. Natalia Molina de Harrington, resuelve declarar la nulidad del procedimiento policial que dio origen a los presentes actuados y de todo lo obrado en consecuencia. Ello por entender que el personal policial adoptó una clausura preventiva sin control judicial y sin poner en conocimiento del Fiscal interviniente la medida en forma inmediata, comunicación que no puede ser suplida por la efectuada en la presente. Asimismo, refiere que el hecho de que el Fiscal de Grado no le diera intervención alguna respecto de la medida cautelar adoptada en la presente, agrega otra causa que torna nulo el procedimiento impreso a la presente causa.

VI.- Que a fs. 32/34 la Sra. Fiscal de Primera Instancia interpone recurso de apelación contra la resolución supra mencionada, por entender que la misma pone fin al proceso, solicitando se revoque la nulidad decretada por la Jueza de Grado. Al respecto, afirma que los fundamentos esgrimidos por la Judicante para decretar la nulidad del procedimiento policial y de lo actuado en consecuencia no se ajustan a derecho, ello por cuanto: 1) El criterio de la Magistrada para decretar la invalidez resulta meramente ritualista puesto que decreta la nulidad en solo beneficio de la ley, en forma innecesaria y excesiva, atento que si bien en el caso la prevención omitió dar debida intervención a ese Ministerio al momento de disponer la clausura dicho vicio fue subsanado al levantarse la medida en cuestión dentro de las 24 hs. 2) Resulta infundada la decisión de la Judicante de invalidar todo lo actuado con posterioridad al acto viciado puesto que en dicho acto no se recabaron elementos probatorios que fuesen utilizados en contra del imputado por lo que no resulta aplicable al caso la doctrina del fruto del árbol envenenado. Asimismo, y en cuanto a la invalidez del procedimiento policial, decretada por la Juez a quo, refiere que resulta arb itraria puesto que del resolutorio cuestionado no se advierte el motivo que funda dicha decisión.

VII.- Que a fs. 39/vta. la Sra. Fiscal de Cámara, en su Dictamen Nº 197-FC2/06, solicita se haga lugar al recurso y se revoque la resolución impugnada. En este sentido, reitera y adhiere a los fundamentos de la apelante, agregando que no correspondía en el caso dar intervención a la Magistrada en los términos del art. 21 LPC puesto que el Fiscal no convalidó la clausura adoptada por los preventores y dispuso su inmediato levantamiento. A mayor abundamiento, refiere que la eventual corrección o no del procedimiento policial sólo podía ser controlada a petición de parte puesto que en la presente no se advierte ninguna circunstancia que demuestre que existió un vicio de los enumerados en el art. 167 CPPN, por lo que la Judicante tenía vedado su contralor.

VIII.- Que a fs. 44/52 el Sr. Defensor Particular de Nieva contesta agravios y aporta prueba documental, solicitando se confirme la resolución recurrida y se ordene el archivo de las actuaciones sobreseyendo al imputado; subsidiariamente requiere se respete y mantenga vigente el acuerdo de suspensión de juicio a prueba. En este sentido, afirma que: 1) No son ciertas las afirmaciones efectuadas por la Sra. Fiscal de Cámara respecto de la clausura y el procedimiento seguido en la presente. 2) El acuerdo de suspensión de juicio a prueba fue una elección forzada originada en la imposibilidad de defensa del encartado ante la Fiscalía interviniente, puesto que según se le informara toda irregularidad que se quisiera denunciar debía realizarse una vez elevadas las actuaciones a Cámara para su juicio a prueba, por lo que su parte optó por concluir las actuaciones de la forma más simple, breve y sencilla. Por tanto, y siendo que el encartado ya ha colaborado acordando con la fiscalía, en esta etapa considera que corresponde emitir su opinión respecto a como se llevaron a cabo los hechos y cuál es el derecho aplicable al caso. 3) Hay una errónea interpretación de los hechos por parte del inspector puesto que la conducta del encartado se adecua a una falta y no a una contravención, en razón de que no hubo violación al art. 62 de la Ley Nº 1472 toda vez que los filtros se hallaban instalados en las computadoras -según se desprende del acta- pero el software no era el requerido por el Gobierno de la Ciudad, es decir el denominado anti-porno, exigencia ésta que era ignorada por el encartado. Asimismo, expresa que en las presentes actuaciones no se ha acreditado que los menores hayan accedido a sitios de contenido condicionado, puesto que si bien el sofware instalado por el imputado no era el requerido legalmente -que impide tener siquiera el informe de búsqueda realizado- funcionaba correctamente, y si bien mostraba los sitios condicionados no permitía acceder a ellos, circunstancia ésta que no fue comprobada por el inspector lo que lleva a afirmar que la investigación fue incompleta (adjuntando a tal efecto prueba documental). En conclusión, refiere que la conducta endilgada al enc artado no resulta típica a la luz de la normativa contravencional. Sumado a ello, expresa que conforme lo ha consignado el inspector no hay registro de pornografía en las computadoras consultadas, lo que podría haber sido fácilmente corroborado mediante el historial registrado en las mismas. Finalmente, afirma que el procedimiento no cumple con las disposiciones del art. 21 LPC, por lo que todo el procedimiento debe ser declarado ineficaz e improcedente. 4) En relación a la clausura, refiere que no se desprende claramente cuáles fueron los motivos que le dieron origen y si los mismos fueron válidos o no. Asimismo, considera que siendo que toda la actividad procesal llevada a cabo en esta causa es de mismo tiempo, es decir es procesalmente de igual temporalidad, no hubo actividad antes y después de la misma excepto su levantamiento y el acuerdo de suspensión de juicio a prueba, lo que implica que no puede descomponerse el procedimiento en anterior o posterior a la cautelar adoptada porque ésta se encuentra int egrada y es parte inseparable de la contravención por lo que corresponde confirmar la nulidad declarada en los términos esgrimidos por la Judicante. Sumado a ello, destaca que en la presente también se omitió poner en conocimiento del Juez la medida cautelar adoptada. 5) En cuanto a la imputación, refiere que no solo no hay conducta, sino que de considerar su existencia la misma resulta atípica a la luz de lo dispuesto por el art. 62 CC por lo que corresponde ordenar el archivo de las actuaciones y sobreseer al encartado.

IX.- Que a fs. 53 pasan los autos a resolución de esta Sala, siendo las cuestiones a dilucidar: ¿resulta admisible el recurso de apelación interpuesto, en su caso, ¿resulta ajustada a derecho la resolución impugnada;

PRIMERA CUESTIÓN:

En primer término, cabe mencionar que el recurso de apelación interpuesto lo ha sido en las condiciones y plazos establecidos por la Ley Nº 12, y por quien se encuentra legalmente facultado para hacerlo.

Ahora bien, es dable recordar que esta Sala tiene dicho que la norma antes citada prevé expresamente la apelación de la sentencia, pero es de aplicación supletoria lo dispuesto por el artículo 449 in fine CPPN art. 6 LPC - que establece que pueden ser objeto de impugnación aquellas resoluciones que causen un gravamen irreparable al imputado. El que según se ha afirmado ... no se presta a una definición genérica y debe por lo tanto verificarse su concurrencia en cada caso concreto, puede decirse que aquél se presenta, fundamentalmente, cuando no existe otra oportunidad procesalmente útil para reparar el perjuicio que irroga la resolución ... (Palacio, Lino Enrique, Los recursos en el proceso penal, Ed. Abeledo-Perrot, Bs.As. 2001, págs. 60/61).

Teniendo en cuenta ello, y siendo que la resolución recurrida al declarar la nulidad del procedimiento policial, que dio origen a la presente, y de todo lo obrado en consecuencia, claramente pone fin al proceso impidiendo su continuación el decisorio cuestionado resulta equiparable a sentencia definitiva, resultando en consecuencia el remedio procesal intentado claramente procedente. A mayor abundamiento, y en un supuesto similar se ha afirmado que ...el pronunciamiento impugnado resulta equiparable a sentencia definitiva por cuanto la declaración de nulidad de las actuaciones implica la extinción del proceso, ... (CSJN, voto del Dr. Maqueda, Waltta, César L. C. 108.544, del 21/9/2004).

Por lo hasta aquí expuesto, corresponde declarar bien concedido el recurso de apelación interpuesto por la Sra. Fiscal de Grado.

SEGUNDA CUESTIÓN:

Admitido el recurso en cuestión, corresponde analizar en esta instancia los planteos esgrimidos por las partes los que se centran en dos cuestiones fundamentales, a saber la relativa a la nulidad del procedimiento declarada por la Magistrada, y la atipicidad de la conducta alegada por la Defensa. Ambos planteos se abordaran separadamente.

I.- Nulidad del procedimiento -y de todo lo obrado en consecuencia- por falta de comunicación inmediata de la clausura adoptada al Fiscal, y omisión de intervención del juez de garantías.

Al respecto, y previo a todo análisis de los planteos esgrimidos en la presente, es importante recordar la postura que ha venido sosteniendo esta Sala en numerosos precedentes en materia de nulidades, al afirmar que la declaración de invalidez posee carácter excepcional, y priman los principios de conservación y trascendencia de los actos procesales. A partir de lo expresado, es dable afirmar que la nulidad sólo resultaría procedente de advertirse algún vicio sustancial o la afectación de garantías constitucionales.

En este sentido, la Cámara Nacional de Casación Penal ha expresado: "...para que la declaración de invalidez de un acto procesal resulte procedente es indispensable que se verifique un perjuicio real y concreto, esto es, que se haya producido una efectiva limitación de un derecho del imputado. Lo contrario importaría afectar el principio de trascendencia e implicaría el dictado de la nulidad por la nulidad misma, lo cual resulta inaceptable en el ámbito del derecho procesal..." (Sala III, Causa nº 4742, Marquez, Jorge s/competencia, rta. el 03/9/2003).

A la luz de las previsiones antes mencionadas es dable analizar si, tal como refiere la recurrente, resulta errónea la resolución de la Sra. Juez de Grado que declara la nulidad del procedimiento policial llevado a cabo el 15/6/2006, y de todo lo obrado en consecuencia, o si dicho decisorio debe ser confirmado tal como propugna la Defensa.

Así, de las constancias de la causa se desprende que el día 15/6/2006 personal policial que presta servicios en la División Delitos en Tecnologías y Análisis Criminal en el marco de un operativo de control e inspección de locales comerciales dedicados al alquiler de computadoras con conexión a red de internet -cybers- se comisionó en la calle Sánchez de Bustamante 2211 de esta ciudad, donde se inspeccionaron dos máquinas que se encontrarían ocupadas por personas menores de edad -quienes no estarían observando material pornográfico alguno- constatándose a través del buscador la posibilidad de obtener una variedad de imágenes con material de contenido pornográfico. Posteriormente, según consta en el expediente, los preventores dejaron un mensaje en el contestador del teléfono celular del Fiscal a cargo de la Fiscalía Contravencional y de Faltas Nº 5, y seguido a ello se comunicaron al número 080033347225 siendo atendidos por una persona del sexo masculino quien se identificó como Inspector y a quien -según consta- se puso en conocimiento de la inspección realizada, la falta comprobada, el labrado del acta de estilo, la entrega de los menores a sus titulares y la clausura a realizar sobre el local en cuestión. Todo ello, por la presunta contravención al art. 62 de la Ley Nº 1472.

Que el 16/6/2006, y ante la presentación de Sebastián Hernán Nieva en la sede de la Fiscalía interviniente, el titular de la acción contravencional resuelve disponer el levantamiento de la clausura preventiva por entender que habrían cesado las causas que le dieron origen. A su turno, el 8/9/2006, las partes acordaron suspender el proceso a prueba, disponiéndose en dicho acto establecer como pautas de conducta: fijar residencia y comunicar cualquier cambio de la misma a la fiscalía, cumplir las citaciones o requerimientos y efectuar una donación de doscientos pesos ($ 200) al Hospital Garraham, acuerdo que fue remitido al Juzgado de Primera Instancia interviniente el 11/9/2006, dictando la Magistrada el decisorio ahora cuestionado (fs. 27).

En primer término, es dable recordar que la Ley de Procedimiento Contravencional establece cuál es el trámite aplicable en caso en que la prevención adopte alguna de las medidas precautorias previstas en el art. 18. Así, el art. 21 dispone que Las medidas precautorias deben ser comunicadas de inmediato al o la fiscal. Si éste entendiera que fueron mal adoptadas, ordena que se dejen sin efecto. En caso contrario, da intervención al juez o jueza.

Al respecto, esta Sala en numerosos precedentes, ha afirmado que en el supuesto de las medidas precautorias adoptadas por la prevención deba efectuarse un estricto control de legalidad tanto por parte del Fiscal como del Juez (Causas N° 0143-01-CC Arrelucea Castillo, Víctor s/ art. 41, rta. 06/07/2004, Nº 092-00-CC/2004 Gutiérrez, Carlos Eduardo s/Ley 255- Apelación, rta. el 12/8/2004; Nº 223-01-CC/2004 Incidente de nulidad en autos Gordillo, Eduardo Luis s/infracción art. 39 CC- Apelación, rta. el 3/9/2004, entre otras).

En el caso de autos, tal como refiere la Fiscal en su apelación, la prevención omitió darle intervención a su parte al momento de la clausura, no obstante ello y dentro de las veinticuatro horas efectuó el control de la medida adoptada por el personal policial disponiendo su inmediato levantamiento. Tal circunstancia - que no haya sido comunicada de inmediato al Fiscal-, no conlleva necesariamente a la declaración de nulidad de la clausura, pues dicha sanción posee otras exigencias que como se verá- no se encuentran presentes en el caso.

En primer término, cabe aclarar que dado que la Ley Nº 12 no regula un sistema de nulidades a aplicar en el ámbito contravencional, sino que prevé algunas de carácter específico, resultan de aplicación las disposiciones del Código Procesal Penal de la Nación. A partir de ello, cabe tener en cuenta que el art. 166 del CPPN define un sistema de nulidades taxativo que impide declarar inválidos los actos procesales que exhiben defectos formales excepción hecha a violación de garantías constitucionales-, si su descalificación no ha sido expresamente prevista, o si no median los supuestos del art. 167 del cod. cit. (CNCP, Sala I, c. 27 Freire, Roberto A. s/ley 23.737, del 11/8/93). Siendo que la invalidez propiciada no se encuentra expresamente prevista normativamente (art. 166 CPPN), tal como se ha afirmado anteriormente, cabe analizar la cuestión a la luz del art. 167 inc. 2 de la norma procedimental nacional.

A partir de ello, es dable mencionar que la oportuna participación del Fiscal exigida legalmente debe valorarse conjuntamente con la afectación de alguna garantía constitucional, pues no dándose este último supuesto la nulidad no puede ser viable, en atención a los principios generales que rigen la materia.

En este sentido, es claro que para que un acto sea alcanzado por la declaración de invalidez debe haber conculcado algún derecho, causando un perjuicio efectivo. Por tanto las nulidades de los actos procesales, además de constituir un remedio extremo, sólo proceden cuando de la violación de las formalidades que la ley establece, derive un perjuicio real y concreto para la parte que lo invoca, pero no cuando se postula en el solo interés de la ley o por meras cuestiones formales.

Así, cabe destacar que ... la nulidad nunca se declara a favor de la ley sino siempre para proteger un interés concreto que ha sido dañado. Este principio no tiene relación con el carácter absoluto o relativo de las nulidades sino con el sentido de las formas, que siempre tutelan algún interés particular (BINDER, CARLOS Incumplimiento de las formas procesales, Ed. Ad-Hoc, Bs. As., pág. 29).

Así, se ha resuelto que "...si no se han indicado concretamente las alegaciones que el procesado se hubiese privado de ejercer o las pruebas que hubiese propuesto en esos actos cuestionados si no exhibiesen el presunto defecto que motiva el cuestionamiento, no se ha asumido la demostración de cuál sería la afectación a la garantía constitucional, ni se advierte la utilidad de la invalidación pretendida o decretada (Cámara Nacional de Casación Penal, Sala I, Causa 186 "Terramagna, Juan I s/rec. de casación", rta. 25/8/94, Causa nº 102 "Aguilera, Oscar S., s/ rec. de casación, rta. 23/3/93 y C.S.J.N. Fallos 287:230; 297:291; 300:353; 301:969; 302:179; 303:359; 303:1497 y 1626; 305:1140; 306:149 y 281; 307:1131).

En virtud de lo expuesto, y siendo que de los fundamentos del decisorio cuestionado, así como del escrito de expresión de agravios de la Defensa, no se desprende cuál ha sido el agravio o la afectación concreta a un derecho constitucional que ha causado a Nieva el presunto vicio del procedimiento señalado por la Juez a quo, convalidar dicha postura implicaría declarar la nulidad por la nulidad misma. Ello conllevaría a desvirtuar el régimen legal mediante una interpretación extensiva o analógica de los preceptos legales sobre nulidad, los que deben ser interpretados restrictivamente (CNCP, Sala III, "Alvarez, Domingo Vicente, s/rec. de casación", rta. el 30/3/94; "Mendoza, K. y Amaya, J.R. s/rec. de casación", rta. el 19/4/94, entre otras).

A mayor abundamiento, es dable recordar que declarar la nulidad -tal como lo hace la Judicante- únicamente por cuestiones formales, importaría un exceso ritual manifiesto no compatible con el buen servicio de justicia, pues la nulidad se adoptaría en el sólo interés del formal cumplimiento de la ley (Fallos 295:961; 298:312; 311:237, entre otros).

En definitiva, ni la Judicante ni el encartado han demostrado cómo habría influido en el caso concreto la inexistencia del defecto alegado, pues se han limitado a alegar la irregularidad procesal que implicó la ausencia de consulta al Fiscal de la cautelar adoptada por los preventores, sin indicar como hubiera incidido la existencia de la comunicación de la imposición de la clausura, ni tampoco cuáles han sido los derechos del encartado constitucionalmente protegidos que habrían sido vulnerados y, en tal caso, cómo se habría llevado a cabo la lesión de los mismos. Ello máxime, si se tiene en cuenta que en el sub examine el titular de la acción intervino al día siguiente de la adopción de la cautelar, disponiendo su inmediato levantamiento, ni el encartado manifestó cuál fue el perjuicio que le causó la adopción de la medida, sumado al hecho de que acordó celebrar la suspensión del juicio a prueba.

En ese orden de ideas, nuestro Máximo Tribunal de la Nación resolvió que si no se han indicado concretamente las alegaciones que el procesado se hubiese privado de ejercer si los actos no exhibiesen el presunto defecto que motiva el cuestionamiento, no se ha asumido la demostración de cuál sería la afectación a la garantía invocada, ni se advierte la utilidad de la invalidación pretendida (Fallos 287:230; 297:291; 300:353; 301:969; 302:179; 303:359; 305:1140; 306:149; 307:1141, entre otros).

La misma solución cabe propiciar respecto a la segunda causal de nulidad esgrimida por la Sra. Juez de Grado, que comparte la Defensa al contestar agravios, referida a la falta de control del juez de garantías de la medida cautelar impuesta en el local de marras, por las consideraciones que a continuación se expondrán.

Al respecto, la Judicante consideró que atento que el Sr. Fiscal de Grado convalidó la clausura preventiva adoptada por la prevención, aún cuando dispuso su levantamiento, debía darse cumplimiento a lo dispuesto por el art. 21 LPC.

En primer término, es dable mencionar que cabe dar por reproducidas las consideraciones efectuadas en los párrafos precedentes relativas a la declaración de nulidad. Teniendo en cuenta ello, es cierto que tal como surge de los presentes actuados la Judicante ha intervenido recién dos meses después de la imposición de la clausura, no obstante ello no puede dejar de tener en cuenta que la misma fue levantada por el titular de la acción contravencional al día siguiente de su adopción por parte de las autoridades preventoras.

Ello así, si bien este Tribunal comparte lo manifestado por la Judicante en relación al estricto control de legalidad que debe efectuar tanto el Fiscal como el Juez de las medidas precautorias adoptadas por la prevención; no obstante ello no es posible, como pretende la Sra. Juez de Grado, interpretar que hubo por parte del Fiscal de Primera Instancia una convalidación tácita de la clausura, cuando ni bien tomó conocimiento de su imposición resolvió levantarla.

Ello máxime, teniendo en cuenta que tal como se dijo precedentemente, resulta improcedente la declaración de nulidad por la nulidad misma. Por lo expuesto, también en lo relativo a esta cuestión habrá de revocarse la declaración de nulidad.

No obstante la solución que se propicia, es importante aclarar que asiste razón al Sr. Fiscal de Grado en cuanto afirma que del resolutorio impugnado no se desprenden los motivos que dieron lugar a invalidar todo el procedimiento policial anterior y lo actuado con posterioridad, cuando los fundamentos del mismo únicamente se dirigen a justificar la invalidez de la clausura preventiva adoptada.

En este punto el art. 172 CPPN establece que La nulidad de un acto, cuando fuere declarada, hará nulos todos los actos consecutivos que de él dependan. Al declarar la nulidad, el tribunal establecerá, además a cuáles actos anteriores o contemporáneos alcanza la misma por conexión con el acto anulado ....

Teniendo en cuenta lo dispuesto legalmente, cabe mencionar que el decisorio impugnado resulta infundado, y por tanto arbitrario, en razón de que la Magistrada no ha brindado las razones que la llevaron a invalidar el procedimiento anterior a la medida cautelar cuya nulidad propiciaba, ni tampoco ha esgrimido fundamento alguno respecto de la relación de éste con los posteriores.

Al respecto, se ha afirmado que lo dispuesto por la norma citada Se trata de una regla negativa no sólo por excluir a los sucesivos que sean independientes del acto nulo sino por incluir a los posteriores -actos sucesivos- siempre y cuando resulte consecuencia de aquél ... (DAlbora Francisco J, Código Procesal Penal de la Nación- Tomo I- Ed. Abeledo-Perrot, Bs. As., 2003, pág. 315). Por tanto, es claro que si ha resuelto invalidar no solo la medida cautelar en cuestión sino todo el procedimiento anterior y los actos posteriores a ésta, debió fundarlo debidamente y no sólo disponerlo en la parte resolutiva del decisorio cuestionado.

II.- Atipicidad de la conducta La Defensa, al momento de contestar la vista conferida por esta Sala, plantea que la conducta de Nieva resulta atípica a la luz de las previsiones del art. 62 de la Ley Nº 1472, en razón de que los menores no se encontrarían mirando pornografía ni el encartado se las habría suministrado. Asimismo, expresa que en todo caso la conducta de su asistido devendría en una falta, pero nunca en una contravención.

Al respecto, es dable aclarar que la causa sub examine llegó a conocimiento de esta Alzada solo en relación a los planteos efectuados por el titular de la acción respecto de la nulidad declarada por la Judicante, y únicamente en base a ello se ha concedido el recurso de apelación.

Por tanto, y teniendo en cuenta que la atipicidad alegada por la Defensa se trata de un planteo nuevo, introducido con motivo de la vista concedida en virtud del mencionado recurso, en relación al cual ni la Juez de Grado ni los representantes del Ministerio Público Fiscal se han expedido, ningún pronunciamiento se efectuará en esta instancia. Ello en razón de que, será en todo caso el Magistrado de grado quien deberá decidir al respecto, de forma tal de no impedir la intervención oportuna ni privar de instancia a las partes.

Sin perjuicio de lo expresado, es dable mencionar que no se alcanzan a comprender, las razones que llevaron al imputado y su defensor a acordar la suspensión del juicio a prueba, si consideraban que la conducta era atípica, no resultando justificación suficiente el desconocimiento del derecho o del procedimiento aplicable a tal efecto, que parece alegar el letrado.

Por ello, el Tribunal;

RESUELVE:

Revocar el decisorio recurrido, obrante a fs. 29/31 de la presente, en cuanto resuelve declarar la nulidad del procedimiento que dio origen a los presentes actuados y de todo lo obrado en consecuencia (arts. 167 inc. 2º y 168 a contrario sensu, art. 6 LPC).

Regístrese, notifíquese con carácter de urgente y remítase al Juzgado de Primera Instancia interviniente, a sus efectos.

Ante mi:

RI