Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2009-05-08


SENT Nº 405	C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Ocho (08) de Mayo de dos mil nueve, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada al efecto por el señor vocal doctor Alberto José Brito, la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar y el señor vocal doctor Carlos Eugenio Giovanniello -por excusación de los doctores Antonio Gandur, René Mario Goane y Antonio Daniel Estofán-, bajo la Presidencia del doctor Alberto José Brito, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la letrada apoderada de la parte demandada en autos: "Ladetto Juan Carlos vs. Provincia de Tucumán s/ Contencioso administrativo".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctor Alberto José Brito, doctora Claudia Beatriz Sbdar y doctor Carlos Eugenio Giovanniello, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Alberto José Brito, dijo:

I.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte el recurso de casación interpuesto por la apoderada de la parte demandada (fs. 132/137) contra la sentencia de fecha 17 de noviembre de 2000 dictada por la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo (fs. 118/128), que fue concedido mediante resolución de fecha de 30 de abril de 2001 (fs. 143 y vta.).

Antes de analizar la procedencia del recurso, se expondrá los antecedentes del caso.

II.- El actor, jubilado con el 70% móvil en los cargos de presidente y vocal con categoría 24 del Consejo Provincial de Salud, demandó a la Provincia de Tucumán para reclamar la inclusión en su haber jubilatorio del rubro título instituido por la ley 6.202 que perciben los activos y para que se le paguen las diferencias devengadas. Pidió que se comunique a Anses a los fines de la liquidación de su beneficio jubilatorio. Planteó la inconstitucionalidad de las leyes 6.202 y 6.739 para el caso de que el Tribunal interprete que los adicionales instituidos por las mismas no pueden ser percibidos por así disponerlo la ley 6.446, todo ello por ser conculcatorio de los derechos y garantías constitucionales de los artículos 14 bis, 16 y 17 de la Constitución Nacional, y 12 y 22 de la Carta Magna local.

La provincia contestó la demanda rechazando la pretensión. Argumentó que el haber previsional del reclamante no se redujo, sino que varió el sistema de movilidad, y que la norma aplicable es la ley 24.463. Sostuvo que no hubo afectación de derechos adquiridos y que la Provincia no está obligada al pago de prestaciones jubilatorias desde que se transfirió el sistema previsional. El 17 de noviembre de 2000 la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo dictó sentencia, en la que resolvió hacer lugar a la demanda (fs. 118/128). Expresó que a la fecha de la sentencia el sistema previsional provincial estaba transferido a la órbita nacional, de acuerdo con lo dispuesto por la ley 6.772 ratificatoria del Convenio de Transferencia del Sistema Previsional Provincial y el acuerdo 97/1 de fecha 06/9/1996. En el fallo se indicó que la ley 6.202 (B.O. 07-8-91) dispuso el pago de un adicional por título y escalafón por antigüedad a las autoridades superiores del Poder Ejecutivo en las mismas condiciones que las establecidas para el personal de la administración pública provincial. Por el decreto n° 2.365 del 28 de octubre de 1993 el Poder Ejecutivo Provincial fijó en un 50% el valor porcentual del adicional por título universitario previsto en el art. 12 punto 1 del decreto 646/1 del 20 de abril de 1983, que reglamenta el estatuto para el personal de la administración pública. El Tribunal declaró que al no haberse trasladado el beneficio al personal en pasividad, se quebrantaron garantías constitucionales expresas de movilidad de las jubilaciones y pensiones, se afectaron derechos adquiridos y en forma específica el derecho de propiedad en tanto el incremento salarial del funcionario en actividad constituyó una confiscación en el haber del reclamante. Se resolvió hacer lugar a la demanda, condenando a la provincia a incorporar en los haberes previsionales del actor el denominado adicional por título en la proporción de ley correspondiente, y a pagar a favor del accionante el monto de la planilla de liquidación que practicará la demanda.

III- La apoderada de la Provincia interpuso recurso de casación en el que se agravia de la omisión en aplicar lo establecido en el Convenio de Transferencia del sistema previsional de la Provincia a la Nación. Critica a la sentencia porque limita su fundamentación al análisis del sistema de movilidad previsional que regía antes de la transferencia del sistema previsional provincial a la Nación, que es inaplicable en este caso. Señaló que rigen el caso las leyes 24.241 y 24.463, que regulan el derecho de la movilidad. Expresó que cuando se dispuso el pago del adicional por título ya habían perdido vigencia las leyes 5.597 y 6.446 por lo que la sentencia aplicó normas derogadas. Sostiene que el régimen jurídico nacional sustituyó al provincial, para regir desde entonces las relaciones y situaciones jurídicas previsionales en el estado en que se hallaban al momento del traspaso. Resalta que el demandante en su calidad de activo no percibió ni aportó al sistema previsional por el concepto que reclama, por lo que este resulta improcedente al no haberse cumplido la exigencia del art. 51 de la ley 6.446, bajo cuya vigencia cesó el actor. Señala que tampoco la sentencia analiza si el adicional objeto de demanda resulta o no atinente al cargo en que se desempeñó el actor durante el período optado y que ello resultaba indispensable toda vez que por imperio del art. 51 de ley 6.446, quedan excluidos de la posibilidad de ser trasladados a los haberes previsionales los rubros particulares referidos a la situación personal del funcionario o agente que ocupa el cargo. Se queja también de la valoración equivocada de las actuaciones cumplidas en sede administrativa en el expediente en el cual se tramita el otorgamiento de la jubilación al actor. Finalmente, propone doctrina legal en la que denuncia que la sentencia es arbitraria por haberse apartado de normas expresas aplicables al caso: las leyes 24.241, 24.463, y las leyes provinciales 6.772 y 6.446.

IV- Corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por el apoderado de la Provincia por las razones que a continuación se exponen.

En relación al agravio vinculado a la omisión de la sentencia en análisis de si el adicional objeto de demanda resulta o no atinente al cargo en que se desempeñó el actor durante el período optado, y si reviste tal naturaleza en relación al activo que hoy lo percibe, cabe señalar que no existe tal omisión, sino que el tribunal se ajustó a los términos en que quedó trabada la litis, y mientras el accionante sostuvo que tanto el presidente como los vocales del Consejo Provincial de Salud perciben el adicional por título como remuneración regular y permanente, y que ese adicional no tiene carácter de particular por las razones que expone a fs. 15, en el escrito de responde a la demanda y que corre a fs. 38/46, no se advierte que la accionada niegue tal hecho ni la afirmación que efectúa el accionante. En consecuencia, esta cuestión no ha sido materia de conflicto y, por lo tanto, no hay omisión atribuible a la sentencia.

En lo que se refiere a la imputación de valoración equivocada de las actuaciones cumplidas en sede administrativa, la recurrente introduce una cuestión fáctica ajena al recurso de casación, sin que los reducidos párrafos que dedica al tema a fs. 136 demuestre la arbitrariedad en que hubiere incurrido la apreciación sentencial. Se desestima este agravio.

La accionada crítica a la sentencia en que limita su fundamentación al análisis y valoración del sistema de movilidad previsional que regía con anterioridad a la transferencia del sistema previsional provincial a la Nación, y que estima inaplicable al caso, señalando que la nueva realidad jurídica existente en materia de movilidad previsional es que, a partir del convenio de transferencia aprobado por ley 6.772, los beneficios otorgados en sede provincial y conforme a las normas provinciales con anterioridad al traspaso, se rigen por las normas nacionales de carácter previsional, esto es por leyes 24.241, 24.463 y su reglamentación. Y, manifiesta la recurrente, al momento de disponerse el pago del adicional por título a los activos, no regían ya las normas previsionales provinciales -ni el art. 52, ley 5.597, ni el art. 51, ley 6.446- por lo que no resultaban aplicables dichas disposiciones a los fines del cálculo del haber previsional del actor (fs. 133/135).

Resulta evidente, que tal como ha formulado el agravio la accionada se ha desentendido de lo expuesto en la sentencia del 17/11/2000, y de los hechos y reclamos del actor. En efecto, la sentencia es muy clara en reseñar todos los antecedentes normativos que desde 1991 a 1993 reglamentan la percepción del adicional por título para los funcionarios mentados de la ley 6.202, y Decreto acuerdo 125/3 y 2.365 del 28/10/1993. Así que no tiene asidero alguno la afirmación, que es la premisa sobre la que gira el recurso vertida a fs. 133, de que "al momento de disponerse el pago del adicional título a los activos, no regían ya las normas previsionales provinciales", toda vez, según lo puntualizó el fallo, ello ocurre en virtud de la normativa que el mismo refiere y que es anterior al traspaso del sistema previsional provincial al nacional. La sentencia en consecuencia analizó la cuestión a la luz de la normativa vigente antes del momento en que se opera el traspaso, y, por tanto, la privación del derecho que le correspondía al accionante resulta atentatoria constitucionalmente como bien lo destaca el fallo. Todo el discurso de la recurrente en torno a la posibilidad de la movilidad previsional resulta así inadecuado al caso. Por lo expuesto y no satisfaciéndose las exigencias del art. 816 CPCC, se desestima este agravio.

En lo ateniente a que no hubo aporte en relación al adicional por título, se debe señalar que este agravio tampoco puede ser receptado toda vez que la proporcionalidad jubilatoria debe observarse sobre toda la remuneración que percibe el activo, es decir, computándose los distintos rubros que la integran aún cuando se hubieren incorporado con posterioridad al ejercicio de tal cargo por el agente, o aun cuando ya esté jubilado, toda vez que se trata de haberes que por su percepción habitual, permamente, y de carácter general, al formar parte de la remuneración, implican que sobre ese haber total se computan la proporcionalidad de percepción jubilatoria, pues así como el aporte previsional en su momento fue sobre la integridad del haber remuneratorio, el porcentaje del monto de la percepción de la jubilación debe computarse sobre la integridad de la remuneración del activo. Por tanto, se rechaza el agravio.

Atento al resultado del recurso, corresponde imponer las costas a la recurrente (art. 106 CPCC).

La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor Alberto José Brito, vota en idéntico sentido.

El señor vocal doctor Carlos Eugenio Giovanniello, dijo:

Estando de acuerdo con los fundamentos del señor vocal doctor Alberto José Brito, vota en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo,	R E S U E L V E :

I.- RECHAZAR el recurso de casación deducido por la apoderada de la demandada contra la sentencia del 17 de noviembre del 2000 dictada por la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo (fs. 118/128).

II.- COSTAS a la recurrente.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ALBERTO JOSÉ BRITO CLAUDIA BEATRIZ SBDAR CARLOS EUGENIO GIOVANNIELLO ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA.