Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-31


SENT. DEF. Nº: 19.857	EXPTE. Nº: 28.693/08 (29.688) JUZGADO Nº: 58	SALA X AUTOS: "RAU MIGUEL ANGEL Y OTROS C/ P.A.M.I. INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS S/ COBRO DE SALARIOS" Buenos Aires, 31/05/2012.

El Dr. DANIEL E. STORTINI dijo:

I. Se encuentran las actuaciones en estado de analizar los recursos que contra la sentencia de fs. 388/394 formularon las actoras Zillone y Ferro a fs. 410/418 y la demandada a fs. 422/426, mereciendo réplicas adversarias a fs. 429/433 y fs. 437/442.

II. Las recurrentes iniciaron la presente demanda contra el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados - P.A.M.I. en reclamo del cobro de las sumas a las que se consideraban con derecho en razón del incremento acumulativo originalmente previsto para el cálculo del monto del "adicional por antigüedad" que había sido establecido mediante el acta acuerdo que fue suscripta por las partes en noviembre de 1989 y homologada por la disposición ministerial D.N.R.T. 5629/89 y que dejó de abonarse en el año 1996. Reclamaron las diferencias que alegaron respecto del lapso comprendido entre octubre de 2005 y octubre de 2008, ambos inclusive. Además, formularon ampliación de la demanda por los créditos que se devengasen por igual concepto por los períodos que se vencieran durante la tramitación del juicio. En subsidio, reclamaron diferencias derivadas de la aplicación del CCT 697/05 "E" al aducir que el reconocimiento del rubro salarial como suma fija al que refiere el artículo 22 de dicha norma convencional había sido efectuada por un monto inferior al que les correspondía percibir (fs.3/22) Al responder la demanda, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y pensionados opuso una excepción de prescripción y alegó la inaplicabilidad de la disposición colectiva de 1989 para el período objeto de reclamo y, en orden al planteo subsidiario, afirmó que el nuevo convenio colectivo receptó congeló el cálculo de la antigüedad al mes de mayo de 2005, razón por la cual requirió el íntegro rechazo de las pretensiones de la demanda (fs. 50/71).

En lo que aquí interesa, la jueza de la primera instancia admitió la acción por diferencias salariales reclamadas por la falta de progresividad en el monto del adicional por antigüedad del convenio colectivo de 1989 y su incidencia en el s.a.c. por el lapso de 2/10/2005 al 30/11/05 inclusive, con más los intereses e impuso las costas a la demandada que resultó vencida en lo sustancial (fs.388/394). Esta decisión se encuentra apelada por ambas partes.

III. Adelanto opinión desfavorable a los agravios formulados por la entidad demandada contra la sentencia en lo principal que decide.

Ante planteos de aristas fácticas análogas a las de autos, esta sala ha sostenido que los adicionales devengados con posterioridad a la firma del CCT 305/98 E, que no nacieron de un convenio colectivo anterior sino de la Resolución 118/88 de la entonces Caja de Subsidios Familiares para el Personal de la Industria - reconocidos por la demandada en la resolución 212/92, fueron incorporados al plexo normativo que regula el contrato con carácter obligatorio y no puede ser dejado sin efecto por un convenio colectivo de trabajo pues conforme el art. 8º de la LCT las convenciones colectivas son válidas en cuanto acuerdan mejores derechos a los trabajadores pero no cuando cercenan o privan de derechos individuales a los mismos. Así fue resuelto por este tribunal en numerosos precedentes (ver entre otras SD 15.814 del 26/12/2007 en autos "Rubio Teresa Amalia y otros c/ Pami", pub. en La Ley online).

Similar criterio fue asimismo sostenido por el más Alto Tribunal al resolver el caso "Brindesi, Henry O. c/ ANSeS s/ cobro de pesos" (Fallo B. 495, L. XXXIV del 29/8/2000), cuya doctrina legal hace mérito en que desde el momento de la ratificación legal, que le asigna igual jerarquía normativa que las leyes del trabajo, para los trabajadores involucrados, el decreto 2284/91 importó una reforma de la pauta que establece el art. 230 de la ley de contrato de trabajo, con lo que más allá de toda discusión acerca de su esfera de aplicación personal a los aquí actores, lo cierto es que el C.C.T. que invoca la demandada, no debía contradecir previsiones de la normativa legal que establece el mantenimiento de las condiciones laborales de los dependientes transferidos, dentro de cuya estructura cabe incluir al adicional que constituye la causa fuente de este reclamo.

En consecuencia, sugiero confirmar la sentencia recurrida en lo principal que decide.

IV. La pretensión de los actores recurrentes en orden a que les sea reconocido el derecho a la progresividad del monto del adicional más allá de la fecha de entrada en vigencia del nuevo sistema escalafonario previsto en el CCT 697/05 "E" no tendrá favorable tratamiento por aplicación de la doctrina establecida por esta cámara en el fallo plenario Nº 325 de 9/05/2011 en los autos "Fontanive, Mónica Liliana c/ P.A.M.I. Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados", donde se resolvió que: "La entrada en vigencia del C.C.T. 697/05 "E", obsta a seguir incrementando anualmente la bonificación por antigüedad establecida en la Resolución D.N.R.T. 5629/89 respecto del personal ingresado antes de la vigencia de dicho convenio colectivo" y que, sin perjuicio de dejar a salvo mi opinión en contrario, resulta de acatamiento obligatorio (art. 303 CPCCN).

V. Sí les asiste, en cambio, razón a los actores al aducir que en la sentencia de grado se omitió dar tratamiento al planteo subsidiario formulado en la demanda, referente a la incorrecta liquidación del adicional por antigüedad como suma fija incorporada con posterioridad a la vigencia del CCT 697/05 "E" a favor de aquellos trabajadores que, por su fecha de ingreso, ya lo venían percibiendo.

El requerimiento aludido integró las pretensiones de la demanda (pto. 1.2. a) a fs. 3 in fine del escrito de inicio) e inclusive mereció réplica adversaria de la demandada (fs. 94 y sgtes. de la contestación de demanda), de modo que integró el litigio con las garantías del proceso contradictorio y, como tal, debió ser resuelto en la instancia de grado, al igual que los demás planteos y excepciones formulados por las partes (arts. 34 inc. 4º y 163, inc. 6º , CPCCN; art. 18 Const. Nac.). En consecuencia, corresponde en esta instancia sanear la omisión apuntada e integrar la sentencia recurrida al dar tratamiento a las cuestiones sobre las que no existió pronunciamiento (art. 99, L.O.).

En cuanto a la pretensión sustantiva, adelanto opinión parcialmente favorable a la admisión del reclamo de cobro de diferencias salariales fundadas en el CCT 697/05 "E" planteado en forma subsidiaria respecto de la actora Zilloni, aunque no así respecto de la actora Ferro.

Mediante el artículo 6º del convenio colectivo de trabajo ya citado se estableció la implementación de un Sistema Escalafonario y Retributivo para el personal de la demandada con vigencia a partir del 1º de diciembre de 2005 (cfr. resolución INSSPJ nº 1523/05/DE del 21 de diciembre de 2005 que aprobó lo resuelto por la comisión paritaria permanente). En el artículo 22 de la resolución aludida (la cual fue incorporada como anexo I del convenio colectivo de referencia) se dispuso que: "Artículo 22. Adicional por antigüedad. A partir de la implementación del nuevo Sistema, se continuará reconociendo este rubro, exclusivamente, a aquellos trabajadores que por su fecha de ingreso lo venían percibiendo y su pago consistirá en una suma de pesos igual al mejor valor registrado en sus haberes" (el subrayado me pertenece). En definitiva, si bien esta nueva norma colectiva hizo cesar los efectos de la progresividad en el monto que había sido establecida en la resolución que dio origen al adicional (Resolución D.N.R.T. 5629/89), sí reconoció, en cambio, el derecho a la incorporación del rubro mediante una suma fija equivalente a la mejor percibida por ese concepto a favor de aquellos trabajadores que por su fecha de ingreso ya la venían percibiendo, como acontece con la actora.

En el caso bajo análisis, de la pericial contable se extrae que el ingreso de la actora Ferro se produjo con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia del convenio colectivo de empresa del año 2005, de modo que a la luz de la doctrina antes expuesta no le corresponde percibir diferencia alguna por el concepto pretendido en la demanda (art. 499 Cód. Civil).

Esas mismas constancias demuestran, en cambio, que el ingreso al empleo de la actora Zilloni se produjo con anterioridad a la entrada en vigencia del CCT 697/05 "E" (ver respuesta b) a fs. 188 vta.); que hasta esa fecha había percibido el adicional por antigüedad previsto en el convenio colectivo de 1989 y que a partir del 1º de diciembre les fue abonado como bonificación por antigüedad una suma fija por un monto inferior al que le hubiera correspondido en noviembre de 2005 por aplicación de la norma colectiva anterior. Así del detalle de la planilla obrantes a fs. 189 de la experticia surge que el "mejor valor" que les hubiese correspondido percibir a la actora Zilloni en noviembre de 2005, conforme al convenio de 1989, arroja una diferencia mensual a su favor de $1.216,68 mensual que, multiplicada por los veintiseis períodos correspondientes al plazo no prescripto (v.g. veinticuatro por los salarios anteriores a la fecha de interposición de la demanda y otros dos más por el s.a.c. anual, cfr. art. 256 LCT) da por resultado la suma de $31.633,68. En consecuencia, al hallarse reunidos los presupuestos fácticos de procedencia de la pretensión y sin perjuicio de la aplicación del plenario "Fontanive" al período que interesa, sugiero admitir la acción subsidiaria entablada por las actoras Zilloni con sustento en el CCT 697/05 "E" y condenar a la demandada al pago de la suma antedicha en concepto de capital.

Por aplicación de lo previsto por el art. 331 del CPCCN y conforme lo peticionado en la demanda y las ampliaciones efectuadas (pto. 1.3 a fs. 3 vta.), corresponde que la condena por las diferencias salariales admitidas se haga asimismo extensiva a las que se hayan devengado a favor de la actora Zilloni durante la tramitación del juicio por vencimientos posteriores a la interposición de la demanda hasta la fecha de la presente, salvo que la demandada demuestre en la etapa del artículo 132 de la L.O. que la actora se desvinculó con anterioridad a la misma.

Las diferencias salariales apuntadas deberán ser calculadas por el perito contador designado en autos en la etapa dispuesta por el art. 132 de la L.O. y adicionadas a los demás conceptos que aquí resultan admitidos, bajo apercibimiento de remoción y pérdida de derecho a honorarios, para ser abonadas por las demandada en el plazo, modo y con los intereses que se indican a continuación.

Los parciales devengarán intereses desde la exigibilidad de cada parcial y hasta la cancelación definitiva que se calcularán mediante aplicación de la tasa activa mensual fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos según la planilla que difunda la Prosecretaría General de esta Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, debiéndose utilizar para las fracciones del período mensual que se halle en curso el promedio correspondiente al mes inmediato anterior (art. 622 del Cód. Civil y acta de la cámara Nº 2357 del 7/05/02, modif. por resolución del 30/05/2002).

V. Conforme con lo expuesto, propongo modificar parcialmente la sentencia recurrida, rechazar la demanda incoada por la actora Celia Lucia Ferro y elevar el monto de capital de la condena dictada contra el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) a favor de la actora María Rosa Zilloni a la suma que resulte de la liquidación que se ordena practicar en la etapa del artículo 132 de la L.O., la cual deberá abonarse en el plazo, modo y con más los intereses establecidos en origen.

En atención al nuevo resultado del juicio deben dejarse sin efecto la imposición de las costas y las regulaciones de honorarios efectuadas en la instancia anterior (art. 279 CPCCN). En razón de la forma de resolverse sugiero imponer las costas de ambas instancias por la acción admitida a la demandada y distribuir por su orden las correspondientes a la acción incoada por Celia Lucio Ferro ya que pudo considerarse asistida con derecho para reclamar (art. 68, 1º y 2º párr., CPCCN), difiriéndose la regulación de honorarios de los profesionales actuantes al momento procesal oportuno.

Por las razones expuestas, voto por: 1) Modificar parcialmente la sentencia recurrida, rechazar la demanda incoada por la actora Celia Lucia Ferro y elevar el monto de capital de la condena dictada contra el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) a favor de la actora María Rosa Zilloni a la suma que resulte de la liquidación que se ordena practicar en la etapa del artículo 132 de la L.O., para ser abonada en el plazo, modo y con más los intereses establecidos en origen; 2) Dejar sin efecto la imposición de las costas y las regulaciones de honorarios efectuadas en la instancia anterior. 3) Imponer las costas de ambas instancias por la acción admitida a la demandada y distribuir por su orden las correspondientes a la acción incoada por Celia Lucio Ferro, difiréndose la regulación de honorarios de los profesionales actuantes al momento procesal oportuno.

El Dr. GREGORIO CORACH dijo:

Por compartir los fundamentos del voto precedente, adhiero al mismo.

El Dr. ENRIQUE R. BRANDOLINO no vota (art. 125 LO).

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: 1) Modificar parcialmente la sentencia recurrida, rechazar la demanda incoada por la actora Celia Lucia Ferro y elevar el monto de capital de la condena dictada contra el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) a favor de la actora María Rosa Zilloni a la suma que resulte de la liquidación que se ordena practicar en la etapa del artículo 132 de la L.O., para ser abonada en el plazo, modo y con más los intereses establecidos en origen; 2) Dejar sin efecto la imposición de las costas y las regulaciones de honorarios efectuadas en la instancia anterior. 3) Imponer las costas de ambas instancias por la acción admitida a la demandada y distribuir por su orden las correspondientes a la acción incoada por Celia Lucio Ferro, difiréndose la regulación de honorarios de los profesionales actuantes al momento procesal oportuno.

Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.

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