marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Graduación de la pena, delitos contra la humanidad, apreciación del juez
Materia: PENAL
Carátula: Tommasi, Julio Alberto y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-08-29

El principio de prohibición de doble valoración no se encuentra vulnerado por el hecho de que al momento de graduar la pena se tuviera en cuenta la condición de crímenes de lesa humanidad de los ilícitos imputados, cuando dicha condición hubiera sido antes considerada para determinar la gravedad de los delitos, dado que se trata de circunstancias relevantes a considerar para definir la sanción penal.
Mediación, honorarios del mediador, ejecución de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: ASOCIACION CIVIL SAN LUIS GONZAGA c/ GAMARRA, Julio s/ DILIGENCIAS PRELIMINARES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-03-17

El hecho de que el mediador pueda ejecutar los honorarios no abonados en término, es sólo una facultad que no lo obliga a renunciar a ejercer el derecho de retención que el art. 21 del decreto reglamentario 91/98 le otorga hasta tanto sea pagada su retribución.
Personal militar, remuneración, adicionales de remuneración, adicional por refrigerio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Couso, José Francisco y Otros c/ E.N. (Mº de Defensa) s/ personal militar y civil de las FF.AA. y de Seg.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-18

Corresponde revocar la sentencia de primera instancia en la que se hizo lugar a la demanda y, en consecuencia, se reconoció el derecho de los actores al cobro de las diferencias salariales derivadas de la aplicación, en la liquidación de haberes, de los aumentos y adicionales que surgen de los decretos nº 192/83, 2262/84, 3513/84, 2528/85, 1282/86, 1713/86, 2193/86 y 907/88, excepto en lo resuelto respecto del adicional "reintegro por servicio de refrigerio" del decreto 2528/86 y sus modificatorios.
Daño moral, monto de la indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: AGUILA MERCEDES INES Y OTRAS c/ CONSTRUCCIONES Y PREMOLDEADOS S.R.L. Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2009-04-24

La revisión de la cuantificación de la indemnización del daño moral, en principio, queda fuera del ámbito del recurso de casación. No obstante, y puesto que pesa sobre todo juzgador la obligación de motivar lógica y legalmente sus decisiones, la casación por las causales formales será procedente en tanto se advierta que la cuantificación se presente notoriamente injustificada o arbitraria. Un criterio razonable y adecuado para la cuantificación del daño moral está dado por las reglas de la experiencia y por los criterios de consenso que se presenten a partir de la ponderación de indemnizaciones fijadas para casos similares, lo cual brindará además cierto grado de previsibilidad a la decisión. Evaluar el daño moral significa medir el sufrimiento humano, lo cual no sólo es imposible de hacer en términos cuantitativamente exactos, sino que es una operación no susceptible de ser fijada en términos de validez general o explicada racionalmente; de modo que, para cuantificar la reparación es preciso tener en cuenta la lesión a los sentimientos, afección y tranquilidad anímica que afectó a la actora. La cantidad de dinero necesaria para servir de compensación al daño, es la que sugiere caso por caso su particular apreciación y comprensión del dolor ajeno.
Jubilación por invalidez, otorgamiento del beneficio, porcentaje de incapacidad, porcentaje inferior al mínimo, cuerpo médico forense, interpretación de la ley, cambio de tareas
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: LUJAN, RAUL ISMAEL c/ A.N.Se.S. s/ JUBILACION POR INVALIDEZ
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-22

Corresponde hacer lugar a la solicitud de jubilación por invalidez aunque el peticionante no acredite el 66% o más de incapacidad -lo que permitiría calificarla sin más como "total" en los términos del art. 48, inc. a) de la ley 24.241- porque nada impide atribuirle ese carácter cuando, conforme el informe del Cuerpo Médico Forense, se encuentra inhabilitado para el desempeño de la tarea que normal y habitualmente venía cumpliendo desde hacía mucho tiempo. Dicha solución se compadece con el fin protectorio del régimen previsional en que se enmarca el derecho reclamado, ya que la presunción legal por la cual la incapacidad ha de considerarse total cuando la invalidez produzca una disminución superior al 66%, no excluye la posible existencia de incapacidad igualmente calificable de tal -a pesar de no alcanzarse el porcentaje indicado -en supuestos de excepción, sin que ello importe dar cabida a la invalidez social o de ganancia, vedada por la norma en cuestión. (Del voto del Dr. Fasciolo).
Estado, emergencia económica, leyes, aplicación de la ley, constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ACOSTA, VILDO EUGENIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  N. 116-85)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-10-04

La Provincia de Santa Fe dictó la ley 10472, prorrogada por ley 10798 y decreto 4449/92, dentro del marco dispuesto por la ley nacional 23928. Este conjunto normativo fijó el período de duración de la emergencia provincial, y acorde con ella, el término de su vigencia, lo que se adecua estrictamente a los requisitos establecidos tradicionalmente para que las leyes de emergencia resistan el control de constitucionalidad.
Reordenamiento del sistema financiero, pesificación, obligaciones de dar sumas de dinero, mora del deudor
Materia: ECONOMIA
Carátula: CHAZANOWSKI, Ofelia y otro c/ SELVAGGI, Antonio Emilio y otros s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-04-03

Las leyes de emergencia económica no han modificado ni derogado el régimen de la mora vigente en el ordenamiento legal y atendiendo a que la obligación objeto de ejecución venció con anterioridad a la fecha que fija la ley 25.561 y que ésta no modificó los arts. 617 y 619 del Código Civil, que mantienen la redacción dada por la ley 23.928, dichas normas resultan de estricta aplicación y por ende el deudor sólo se libera entregando la moneda a la que se obligó.

Del voto de la mayoría (Dras. Wilde y Brilla de Serrat)
Tributos, facultades de la Municipalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Empresa Hípica Argentina S.A. c/ Municipalidad de La Plata s/ Demanda de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-09-06

La tasa de inspección de seguridad, salubridad e higiene aplicada a la concesionaria del Hipódromo de La Plata no persigue la retribución de un servicio de fiscalización en los juegos de azar sino la de las tareas de inspección de un lugar público con la finalidad de proveer a la salubridad, seguridad e higiene de la población, potestad de inspección que está genéricamente reconocida a las autoridades municipales en el ámbito de sus atribuciones (arts.26, 107,108 incs. 4 y 5 decreto ley 6769/58).
Responsabilidad civil, funcionarios públicos, arma reglamentaria
Materia: CIVIL -PENAL
Carátula: PERALTA ROBERTO ANTONIO s/ RESPONSABILIDAD CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-12-11

Considerar que la obligación de portar el arma reglamentaria (propiedad del estado provincial) convierte la actividad del policía en un acto funcional, implica situarse en la teoría de la realidad: el acto de portar armas es regular y propio de la función . Desecha así, por implicancia, toda posibilidad de que el hecho dañoso se haya cometido en ocasión o con abuso de la función (doctrina de la apariencia).

Función es la "capacidad de acción o acción propia de las máquinas o instrumentos" y también "la capacidad de acción o acción propia de los cargos y oficios" (Diccionario de la Lengua Española). Ello así, la función policial comprende todos aquellos actos dirigidos a la prevención y represión de las faltas o contravenciones y de los delitos. La portación del arma sirve, indudablemente, al mejor y más eficaz cumplimiento de la función policial, pero no es ni hace la función. La función hace al órgano pero el órgano no hace a la función . De allí que la portación del arma en sí misma, y aislada de un acto funcional, no constituye sino el mero cumplimiento de una obligación reglamentaria. Concebir lo contrario, inexorablemente implicaría comprender en el ámbito de la función real, regular o propia, a cualquier actividad del agente por alejada que esté de ella o de la ocasión y cualesquiera fueren sus circunstancias de tiempo, lugar e intención , por el simple hecho de portar el arma de la repartición. (Voto de la Mayoría Dres. Venancio Petitto y Octavio Cortés Olmedo).-
Medidas cautelares, sustitución de medidas cautelares
Materia: PROCESAL
Carátula: GONZALEZ, DANIEL EDUARDO c/ VIEIRA ARGENTINA S.A. s/ MODIFICACION MEDIDA CAUTELAR
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-03-02

Para que el pedido de sustitución solicitado por el deudor sea procedente, es menester que el peticionario demuestre la suficiencia de la sustitución que propone, su valor y su libre disponibilidad.
Cesión de derechos, certificación de firma, transmisión del dominio
Materia: CIVIL
Carátula: CONSORCIO PORTUARIO REGIONAL DE MAR DEL PLATA c/ APUD, GUSTAVO ENRIQUE s/ EJECUCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-10-03

El contrato de cesión de derechos con firmas certificadas produce la adquisición de dominio atento se trata de instrumento privado que cumple con el requisito formal de ser un documento privado autenticado -art. 156 de la Ley Nacional 20.094-.
Supervisión de cumplimiento de sentencia, Pacto de San José de Costa Rica, derechos políticos, responsabilidad internacional del Estado, derechos de los pueblos indígenas, NICARAGUA, deber de información, competencia contenciosa de la Corte Interamericana
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Yatama c/ Nicaragua s/ supervisión de cumplimiento de sentencia
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2010-04-21

Resulta necesario que la Corte Interamericana mantenga abierto el procedimiento de supervisión de cumplimiento de la Sentencia que declaró la responsabilidad internacional de Nicaragua por violación a los derechos políticos de los candidatos a alcaldes, vicealcaldes y concejales presentados por el partido político regional indígena "Yatama" -23 de junio de 2005; Serie C No. 127-, pues no ha cumplido con las obligaciones relativas al establecimiento de un recurso judicial sencillo, rápido y efectivo que permita controlar las decisiones del Consejo Supremo Electoral que afecten derechos políticos, no ha informado acerca de la reforma a la Ley Electoral, ni sobre la adopción de las medidas necesarias para que los miembros de las comunidades indígenas y étnicas puedan participar en los procesos electorales en forma efectiva, tomando en cuenta sus tradiciones, usos y costumbres.
Entidades financieras, Banco Central de la República Argentina, sobretasas, régimen de garantía de los depósitos, certificado de depósito a plazo fijo
Materia: BANCARIO-COMERCIAL
Carátula: ZUBIRI, EZEQUIEL CARLOS c/ BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-15

Las imposiciones a una sobretasa no autorizada, hechas con pleno conocimiento del inversor, excluye al certificado de depÓsito a plazo fijo nominativo y transferible de la garantía del art. 56, ley 21.526, con las modificaciones introducidas por la ley 22.051.

Porque esa garantía tiene por finalidad proteger al ahorrista y canalizar los fondos al circuito financiero autorizado (cfr.

"Exposición de Motivos" de la ley 21.526, punto 10, ADLA XXXVIII-a, p. 121), propósito que se vería totalmente desvirtuado si se extendiera la garantía legal del estado a operaciones realizadas al margen de las reglamentaciones; máxime cuando los ahorros captados mediante el pago de sobretasas "en negro" son desviados del circuito (cfr. causa 7994 del 22.5.91).
Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, derecho a la vivienda digna
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: CPA s/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad Denegado en CPA  c/ GCBA s/ amparo - habitacionales
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-13

El recurso de inconstitucionalidad dirigido a cuestionar la resolución que rechazó la demanda del actor -hombre solo de 39 años con diversos problemas de salud- incoada con el objeto de obtener solución habitacional definitiva y permanente, propone una cuestión constitucional en los términos del art. 113, inc. 3° de la CCABA, relacionada con la efectiva tutela del derecho humano a una vivienda adecuada según lo garantiza la Constitución local, la Constitución Nacional y diversos instrumentos internacionales de derechos humanos. (Del voto en disidencia de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Uso indebido del espacio público, tipo penal, teoría del delito, culpabilidad, inimputabilidad, estado de necesidad, sentencia absolutoria, ley supletoria, código penal
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: AVALOS, Evaristo s/ infr. art. 83 ley 1472-Apelación 1472-Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-10

Para resolver sobre la responsabilidad del imputado en orden a la contravención acuñada en el artículo 83 de la Ley Nro. 1472, se impone diferenciar el análisis de los requisitos que habilitarían la eventual procedencia del estado de necesidad justificante -artículo 34, inciso 3, Código Penal- de aquellos que demanda el estado de necesidad exculpante -artículo 34, inciso 2, última parte, Código Penal-.

Ello así por cuanto en el primero es determinante para el juicio de su procedencia -entre otros- la objetiva valoración de ausencia de alternativas diversas a la comisión del ilícito, es decir, que no haya existido otra forma de paliar la crítica situación.

Mientras que a nivel de la culpabilidad, la situación disculpante requiere el examen de la individual valoración de la concreta situación constelacional en que se hallaba el autor al momento de obrar, con remisión a la constatación de la existencia de ciertos extremos que puedan provocar una verdadera alternativa traumática psicológicamente en la cual el sujeto sólo se represente una única vía de solucionar el mal, que denota la reducción en la autodeterminación en la toma de decisión.

En tal sentido, si bien una situación genérica de pobreza, miseria y penurias económicas puede resultar insuficiente a la luz de los requisitos demandados por la justificante, es lo cierto que, en el contexto de la culpabilidad individual, tales circunstancias deben ser abordadas desde una perspectiva diversa; desde el ámbito de plena libertad con que el autor se ha decidido por la vulneración a un bien jurídico, como baremo fundante de la exigibilidad.

Por ello, en el convencimiento de que opera en el caso una concreta reducción de la libertad que limitó el ámbito de autodeterminación del imputado, en grado suficiente para anular la exigibilidad de un comportamiento alternativo conforme a derecho, voto por absolver al imputado. (Del voto en disidencia parcial de la Dra. De Langhe).
Proceso penal, sentencia, principio de congruencia, defensa en juicio
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: V, M D s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLACION DE  LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PUBLICO (CSJ EXPTE N. 148-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-11-07

El principio que inspira la intimación de la acusación, es el de asegurar al imputado la posibilidad de defenderse con la plenitud de sus facultades respecto de todo elemento relevante de la imputación, en forma que se excluya cualquier sorpresa. Pretender que la defensa técnica hipotéticamente contemple toda una gama de cuestiones que aún los magistrados no lograron esclarecer, resulta una lesión irreparable al ejercicio del derecho de defensa, y supone una exigencia de heroicidad y un esfuerzo exacerbado e ilógico, que atenta contra su normal desarrollo.
Indemnización, gastos de propina
Materia: CIVIL
Carátula: Astilleros Mestrina  S.A. c/ Risculese, Angel s/ Ds. y ps. (acc. tráns. c/lesiones o muerte)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-31

Las supuestas contribuciones voluntarias que tuvo que sufragar la víctima durante el lapso que permaneció internada, constituyen una liberalidad de su parte, no siendo de ningún modo gastos necesarios para lograr una debida atención.
Excepción de falta de agotamiento de los recursos internos, tobas, violencia sexual, partes del proceso, querellante, REPÚBLICA ARGENTINA, debido proceso
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Comité de Derechos Humanos - L. N. P. Vs. República Argentina -  Derecho de protección especial a la vida privada, honra y reputación por ser menor - Derecho de acceso a la jurisdicción en igualdad de condiciones c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: Ginebra
Fecha: 2011-07-18

En tanto la República Argentina no ha planteado la cuestión del agotamiento de los recursos internos, en el caso en que se alega su responsabilidad internacional por violación al Pacto de Derechos Civiles y Políticos en perjuicio de la niña, que al judicializar la agresión sexual padecida no fue informada de su derecho a constituirse en parte querellante ni notificada de la sentencia absolutoria dictada en favor de sus agresores, corresponde considerar que no dispuso de ningún recurso judicial efectivo, debiendo el Comité de Derechos Humanos declarar cumplido tal requisito.
Policía, escalafón, transferencia del personal, ascenso laboral, orden de mérito
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ruiz, Aníbal Guido c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 404-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-12-29

Analizando el supuesto de "transferencia" del personal entre Cuerpos y Escalafones y su implicancia sobre el régimen de promociones, el artículo 20 de la ley 6769 contempla que la reglamentación correspondiente establecerá "las condiciones para autorizar transferencia del personal, a su solicitud y sólo entre algunos Cuerpos". Por su parte, el decreto 3120/72 (R.E.T.), dispone que:

"Transferencia es el cambio de un escalafón a otro. Se efectuará con el grado que posea el agente al momento de su transferencia, quien pasará a revistar en el nuevo escalafón en el último puesto de los de su grado; si el grado del escalafón al que pertenece fuera inferior al del nuevo escalafón, pasará a revistar en éste en el último puesto del último grado..." (artículo 22); y en el artículo 24 determina que "no podrán efectuarse transferencia de ningún Cuerpo al Cuerpo de Seguridad".
Verificación de créditos, incidente de revisión, concursos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Emiliani S.P.A. s/ Incidente de revisión en autos "Ventura s/ Quiebra"
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-11-17

El acreedor individual que no pertenece a ningún concurso formado en el extranjero no sufre postergación en el pago pudiendo cobrar en iguales condiciones que los demás acreedores, ya que ha acreditado la condición prevista en el tercer párrafo del art. 4 ley de Concurso referida a la reciprocidad.
Agencia de turismo, responsabilidad de la agencia de viajes, sanciones administrativas, notificación, nulidad de la notificación
Materia: PENAL-ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: E.V.T. TURISMO RIO DE LA PLATA S.A. s/ Infracción a Ley 18829
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-10-15

1 - Corresponde confirmar la resolución de la Secretaría de Turismo que impuso sanción de multa a la empresa imputada por considerarla infractora del Art. 9 de la ley 18829, ya que la sancionada no acompañó la documentación que le fuera requerida por la autoridad de aplicación a fin de verificar el cumplimiento de la ley, agraviándose el apelante de que no fue debidamente notificado de la iniciación del sumario porque la misiva habría sido dirigida a un domicilio diferente del registrado por el mandante.- 2 - Según surge de las actuaciones, la sumariada registra ante la Secretaría de Turismo dos domicilios, uno de los cuales es aquel al que se dirigió la comunicación cuestionada la cual fue recibida de conformidad por quien atendió al portador de la misma. El desconocimiento de la recepción de ésta no es suficiente para desvirtuar esa comprobación puesto que se presume que quien recibe la correspondencia en un determinado lugar, está autorizado para hacerlo y que esta autorización es tácita por su sola presencia en el mismo. En consecuencia, el planteo de nulidad no puede prosperar.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, rendición de cuentas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cogan, Raúl. Sucesión s/ Inc. de rendición de cuentas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-05-27

El pronunciamiento de la Cámara que resuelve sobre las cuentas rendidas por el administrador de la sucesión, no reviste carácter definitivo en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Derecho penal, asistencia en asuntos penales, prevención y responsabilidad penal juvenil, competencia contravencional y de faltas, prescripción de la acción penal, delitos contra la integridad sexual, principio de legalidad, irretroactividad de la ley penal
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Incidente de recurso de inconstitucionalidad en autos Rowek, Adrián Darío sobre 131 - contactar menor de edad por intermedio de tecnologías para cometer delitos de integridad sexual c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-08-24

Este Tribunal, por no ser federal sino propio de un estado local federado, en palabras de la CSJN "ciudad constitucional federada" (Fallos: 342:509), debe cumplir los deberes que le impone el art. 31 de la CN de un modo que equilibre la plena observancia de la Ley Suprema de la Nación con la de la prudencia en la emisión de pronunciamientos acerca de los contenidos de los compromisos asumidos por el Estado federal a través de los tratados internacionales, tarea que compete, en última instancia, a los órganos federales, esto es, a los que hablan, no por uno, sino por todos los estados federados. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Defensa del consumidor, vicios, responsabilidad civil, daños y perjuicios, multa, daño punitivo, sociedad prestadora de servicios médicos, uso de embriones, recién nacido, imputación objetiva, responsabilidad de los padres, violación, deber de información
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PENAL
Carátula: Booth, Aidan James y otro c/ Matercell SA s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-16

Corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto impuso una multa en concepto de daño punitivo a la empresa demandada, por haber incumplido el contrato de colecta, criopreservación y almacenamiento de células madre obtenidas de la sangre del cordón umbilical y del tejido del mismo cordón perteneciente al hijo de los actores. Ello así, pues la accionada perdió la muestra de tejido del cordón umbilical aunque no la muestra de sangre, y a poco que se produjo la contingencia, negó toda responsabilidad respecto de lo ocurrido, e intentó trasladar aquella responsabilidad a los padres a quienes les imputó injustamente la obligación de trasladar las muestras extraídas. Es más, rápidamente olvidó lo ofertado en su publicidad para acotar su intervención a lo descripto en el contrato, que es claramente contradictorio con los folletos que imprimió a fin de captar clientela.