Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-06


SENTENCIA DEFINITIVA Nº: 100.606 SALA II Expediente Nro.: 31.150/08 (Juzg. Nº 49) AUTOS: "VARGAS RAUL ALBERTO Y OTROS C/ TRENES DE BUENOS AIRES S.A. s/ DIFERENCIAS DE SALARIOS" VISTO Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires, el 6/6/12 , reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

Miguel Ángel Pirolo dijo:

La sentencia de primera instancia hizo lugar a las pretensiones deducidas en el escrito inicial y condenó a la demandada a abonar a los demandantes las diferencias salariales reclamadas derivadas de un incorrecto cómputo de la antigüedad en el empleo. A fin de que sea revisada esa decisión por este Tribunal de Alzada, interpuso recurso de apelación la parte demandada, en los términos y con los alcances que explicita en su respectiva expresión de agravios (fs. 676/694).

Se agravia la parte demandada por cuanto en la sentencia de grado se juzgó legítimo el reclamo de los actores para que se compute la antigüedad registrada con anterioridad a que la demandada tomara posesión de la unidad productiva concesionada. A tal efecto, reitera los argumentos que oportunamente expusiera al contestar demanda, y señala, esencialmente, que no resulta de aplicación al caso de autos, las disposiciones contempladas en los arts. 225 y concordantes de la LCT; ni la jurisprudencia reseñada por la sentenciante de anterior instancia, tal como el fallo de la CSJN "Di Tullio" y "Barrientos". Señala que la Sra. Juez a quo falló en autos "más allá de lo planteado por la parte actora en la demanda" (ver fs. 692); y que el decisorio conlleva un resultado "claramente discriminatorio en perjuicio de los trabajadores que sí fueron transferidos a mi mandante" (ver fs. 692 vta.). Se agravia por el rechazo de la excepción de prescripción opuesta oportunamente; y por cuanto considerada ajustada a derecho la liquidación practicada por el perito contador. Objeta la aplicación al monto diferido a condena, de la tasa activa.

Liminarmente cabe remarcar que la cuestión esencial traída a conocimiento de esta Alzada no resulta novedosa, pues esta Sala ya ha tenido oportunidad de expedirme en distintos casos de aristas similares al presente ("Albarracín, Alberto Andrés y otros c/ Trenes de Buenos Aires S.A. s/ Diferencias de salarios", SD Nº 96.555 del 6/4/2009; "Medina, Antonio Jesús y otros c/ Trenes de Buenos Aires SA s/ diferencias de salarios" SD Nº 99.424 del 6/7/11, del registro de esta Sala) en sentido desfavorable a las argumentaciones de la accionada.

En las presentes actuaciones se halla demostrado que los accionantes Raúl Alberto Vargas, José Luis Ortigoza, Juan Manuel Farías, Carlos Pascual Fernández y Carlos Enrique Acuña, el día 1º de junio de 1995, egresaron de Ferrocarriles Metropolitanos SA, tal como se desprende del informe suministrado a fs. 157/176, exentos de impugnación de las partes (arts. 403 y 386 CPCCN). Por ende, cabe destacar que los contratos de trabajo de los demandantes -a excepción del que involucró a Carlos Alberto González,- se encontraban vigentes a la fecha en la cual la demandada asumió la concesión de la unidad operativa en la que éstos se desempeñaban (27-5-95), ya que la extinción de cada uno de ellos operó con posterioridad a dicha fecha.

Sobre dicha base, la Sra. Juez a quo concluyó que entre E.F.A., FE.ME.SA. y TBA SA operó una transferencia de establecimiento en los términos del art. 225 LCT, y que la relación laboral de la totalidad de los actores continuó sin solución de continuidad con la nueva empleadora (Trenes de Buenos Aires SA), quien debió haber respetado la antigüedad desde la fecha de inicio de actividades de la Ex Empresa Ferrocarriles Argentinos (ver fs. 669/670 pto. IV).

Además de compartir tales argumentos, observo que éstos arriban firmes a esta instancia revisora, pues considero que -en rigor- no han merecido una crítica concreta y pormenorizada de la recurrente en los términos que exige el art. 116 de la LO, en tanto la parte se limita a reiterar las defensas que oportunamente intentara en el escrito de contestación de demanda, mas no se hace cargo del juzgamiento con el que éstas fueran desestimadas, que puede sintetizarse en la aplicabilidad de las disposiciones relativas a la transferencia del contrato de trabajo y que los contratos de trabajo de todos los actores -con la salvedad apuntada- se hallaban vigentes al momento en que asumió la concesión. Cabe señalar que si bien, el coactor González egresó de Fe.Me.SA con anterioridad (el día 1/3/95), a la fecha en que la demandada asumió la concesión de la unidad operativa en que se desempeñaban los actores, la conclusión del a quo respecto de éste no fue objeto de crítica de la recurrente (art. 116 LO), no obstante lo cual considero que ello no altera la suerte de su reclamo, por las razones que más adelante expondré.

Asimismo, corresponde señalar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Di Tullio, Nilda en autos González, Carlos y otros c/ Entel s/ cobro de australes, incidente de ejecución de sentencia" sostuvo que: "Si bien con el dictado de la ley 23.696 y su decreto reglamentario 1105/89 el objetivo del legislador ha sido impulsar un programa de privatizaciones tendiente a superar la grave crisis financiera del Estado, y a tal efecto le ha otorgado amplias facultades al Poder Ejecutivo, también ha querido el legislador -y así lo dispuso claramente en el texto legal- que en la ejecución de ese programa los trabajadores no dejen de estar amparados por las instituciones del derecho del trabajo (art. 42 ley 23696), entre las que cobra una particular relevancia la que tutela el crédito laboral en el caso de transferencia de establecimiento..En razón de lo dispuesto por el art. 42 de la ley 23696, el Poder Ejecutivo no puede válidamente desconocer la aplicación en los procesos de privatización de lo dispuesto en los arts. 225 a 228 de la LCT -como lo ha hecho implícitamente en el último párrafo del art. 44 del decreto 1105/89 y, en forma expresa en el decreto 1803/92- pues ello implica transgredir el marco legislativo que el Congreso ha impuesto a la ejecución de la política de reforma del Estado y por ende importa quebrar el principio constitucional de la subordinación del reglamento a la ley.." y, concluyó el Máximo Tribunal: " Resulta aplicable al caso en que se reclama una deuda de índole laboral, devengada con anterioridad a que se privatizara el servicio de telecomunicaciones, la tutela que la LCT otorga a los créditos laborales en ocasión de la transferencia de establecimientos (arts. 225 a 228), imponiendo respecto de las obligaciones correspondientes a aquellos la solidaridad entre el trasmitente y el adquirente" (Fallos 319:3071). Este criterio fue reiterado en numerosos pronunciamientos (vgr., en los autos: "Barrientos, Hugo c/ ENTEL" del 9/5/06).

No obstante el esfuerzo argumental de la recurrente, considero que las diferencias que señala entre los procesos de privatización de los servicios de telecomunicaciones y del servicio de transporte ferroviario no hacen mella a los fundamentos que fueron analizados por el más Alto Tribunal -antes reseñados- para concluir que dichos procesos no pueden actuar en menoscabo del plexo de derechos que conforman el orden público laboral.

Desde dicha perspectiva de análisis, cabe concluir que, en el caso, ha mediado transferencia del establecimiento en los términos de los arts. 225 y concordantes de la LCT, pues Trenes de Buenos Aires S.A. por vía del proceso de privatización derivado de la ley 23.696 resultó adjudicataria de la concesión que explota el servicio de transportes en el que prestaban tareas los demandantes.

En ilación a lo expuesto, cabe agregar que en virtud de la doctrina sentada en el plenario Nro. 289 in re: "Baglieri, Osvaldo D. c/ Nemec, Francisco y Cía. SRL y otro" (que si bien no comparto resulta de aplicación obligatoria en virtud de lo dispuesto por el art. 303 del CPCCN) "el adquirente de un establecimiento en las condiciones previstas en el art. 228 de la LCT es responsable por las obligaciones del transmitente derivadas de relaciones laborales extinguidas con anterioridad a la transmisión". A la luz de esta doctrina plenaria, es indudable que, aunque el co-actor González haya egresado con anterioridad a la fecha en la cual la demandada se hizo cargo de la concesión, también rige a su respecto la directiva en torno a la responsabilidad del adquirente o cesionario que emerge del art. 228 de la LCT.

Consecuentemente y desde dicha perspectiva, cabe interpretar que una de las obligaciones que le fue transmitida a la demandada, es la de reconocer el tiempo de servicio anterior en los términos del artículo 18 de la LCT, en tanto no existen dudas acerca de que dicha obligación existía en cabeza del transmitente (art. 225 ya cit.), por lo que no existe causa alguna por la que ésta no deba conformar el plexo de derechos y obligaciones cedidas o transmitidas (arg. art. 3.270 Código Civil).

Se agravia asimismo la recurrente por cuanto en la sentencia apelada el Sr. Juez a quo determinó que la práctica de la accionada de reconocer la antigüedad en el empleo sólo a cierta parte de los trabajadores afecta el principio de igual remuneración por igual tarea previsto por el art. 14 bis de la Constitución Nacional. A tal efecto, sostiene que ".definitivamente existió transferencia de los contratos de trabajo, pero sólo respecto de aquellos trabajadores que integraban la nómina de empleados a transferir incluidos en el Anexo V del Acta de entrega y posesión de los Grupos de Servicios concedidos . de fecha 27 de mayo de 1995 y que, por tal motivo, jamás egresaron de FEMESA ni percibieron de ésta indemnización alguna" (ver fs. 692 vta. cuarto párrafo). En tal ilación, remarca que ".de seguirse la tesitura de la a-quo se estaría avalando una clara discriminación hostil y negativa, ya que pretender que se le compute la antigüedad y la bonificación a los empleados desvinculados de FEMESA e indemnizados, como si nada hubiera pasado, se traduciría en un desmedro respecto de aquellos que, en los términos de las normas específicas que rigieron el proceso, fueron transferidos sin indemnización alguna" (ver fs. 692 vta. antepenúltimo párrafo). Considero que no asiste razón a la recurrente.

En efecto, de la argumentación reseñada surge un tácito reconocimiento de la obligación que ahora discute la ex empleadora (conf. art. 721 y ccs. Código Civil) acerca del derecho de los trabajadores que prestaron tareas en el servicio público en cuestión con anterioridad al momento en que ésta asumiera la concesión, aunque limita el reconocimiento de ese derecho a quienes no hayan accedido al programa de retiros voluntarios, por el hecho de que éstos no percibieron resarcimiento alguno derivado como consecuencia de la desvinculación de FEMESA.

Por otra parte, el planteo de la recurrente gira en torno a un error conceptual. La previsión efectuada por el art. 255 de la LCT, según la cual corresponde deducir de las indemnizaciones que eventualmente correspondan al trabajador por los arts. 245, 246, 247, 250, 251, 253 y 254 "lo percibido por igual concepto por despidos anteriores", debe distinguirse de la antigüedad del trabajador en el empleo que, como deja en claro la referida norma, debe igualmente establecerse en tales casos "conforme a lo dispuesto en los arts. 18 y 19". En las presentes actuaciones lo que se discute es precisamente el cómputo de la antigüedad por períodos anteriores, en cuyo caso carece de trascendencia cuál haya sido la causa de la desvinculación (art. 18 in fine) y -por ende- los montos indemnizatorios que tales empleados hayan percibido como consecuencia de esta última; extremo que sólo debería ser tenido en cuenta -reitero- en el caso contemplado por el art. 255 LCT.

Por las razones apuntadas, entiendo que tal situación aparece inscripta en la denominada teoría de los actos propios, ya que se advierte objetivamente una conducta contrapuesta a otra anterior, en tanto la quejosa reconoció el derecho en discusión respecto de otros trabajadores que se hallaban -en principio- en iguales condiciones que los demandantes, en tanto la única diferencia alegada (haberse adherido al programa de retiros voluntarios) no proyecta sus efectos en la asunción de las obligaciones que se discuten. Cabe recordar que la regla venire contra factum propium nulle conceditur, expresión latina que define sintéticamente la denominada doctrina de los actos propios, se funda en la inadmisibilidad de una postura que contradiga una conducta anterior válidamente asumida por el litigante. Ello así porque el principio de la buena fe no sólo es aplicable a la relación jurídica que mediara entre las partes, sino también al proceso en el que se ventila la controversia entre sus integrantes, con la finalidad de preservar la seguridad jurídica (C.N.A.T., Sala II, sentencia 71807 del 31.8.93 in re "Días, Ricardo A. C/ Transporte Sur-Nor C.I.S.A."; en igual sentido "López, Dora E. c/ Prol Adolfo", sent. 72.977 del 17.3.94).

Cabe agregar que tampoco es viable la queja que ensaya la recurrente al sostener que dicho juzgamiento implicó sentenciar ".más allá de lo planteado por la parte actora en su demanda.e inobservando, por ente, el principio de congruencia, el más elemental principio dispositivo, y la garantía constitucional de defensa en juicio." (ver fs. 692 anteúltimo párrafo). Ello así a poco que se evalúe que tales consideraciones resultan de los hechos expuestos por las partes en los escritos constitutivos del proceso; y es facultad privativa del juzgador efectuar, sobre dicha base, y valorando las pretensiones de la demanda y las defensas intentadas por la accionada, el encuadre jurídico que corresponde para determinar la solución del caso. Por lo demás, un fallo "ultra petita" no se vincula -como parece entender la recurrente- con los fundamentos de aquél, sino con los límites de la condena.

También se queja la accionada por cuanto en la sentencia apelada el Sr. Juez a quo consideró carentes de toda validez las "cartas de intención" que fueron suscriptas por los trabajadores con sustento en los arts. 12, 14 y 58 de la LCT. En mi opinión tampoco es viable este segmento del recurso, pues, más allá de que la quejosa no explica en forma concreta cuál sería el error o desacierto en que habría incurrido el sentenciante de grado anterior, lo cierto es que los derechos concedidos al trabajador en función de su antigüedad resultan inherentes al orden público laboral, por lo que -en principio- son irrenunciables para el trabajador (conf. art. 12 LCT).

En base a todas las consideraciones realizadas, y como adelantara, propongo confirmar en este aspecto el decisorio de grado anterior.

Se queja la parte demandada y sostiene que la sentencia resulta contradictoria en la medida que desestima la excepción de prescripción opuesta por su parte al efectuar un "erróneo" análisis del intercambio telegráfico.

Al respecto, observo que, de acuerdo los términos de la sentencia en crisis, el cómputo de los dos años anteriores a la presentación del escrito inicial no debe efectuarse cronológicamente y sin reparo alguno. En efecto, la Sra. Juez a quo, señaló que la parte actora argumentó que, como consecuencia de la intimación efectuada por los actores en las fechas consignadas a fs. 13, las diferencias reclamadas en los términos del art. 3986 del C.C. se retrotraían a enero de 2006, y que, la acción por ellas no se encontraban prescripta. Dado que no están cuestionadas y estas argumentaciones de la a quo en forma concreta y razonada, llegan incólumnes a esta instancia revisora por lo que corresponde desestimar el recurso en este aspecto y confirmar lo decidido acerca de dicha defensa en la sede de origen (art. 116 LO).

Se agravia la parte demandada por cuanto la sentenciante de anterior instancia consideró ajustada a derecho la liquidación oportunamente efectuada por el perito contador; sin considerar que por el período comprendido entre enero y abril de 2007, habría omitido descontar de las diferencias salariales supuestamente adeudadas, lo abonado por la accionada en concepto de "código 385 RTR Acta Salarial 2007", concepto que, a su entender, se corresponde con lo reclamado por los actores en el inicio.

Cabe señalar -liminarmente- que los argumentos en los cuales se pretende sustentar la queja no fueron expresamente invocados en el responde. En efecto, la cuestión tardíamente planteada en esta instancia que gira en torno al "código 385" no fue sometida a consideración de la magistrada interviniente en la instancia de grado; porque la recurrente, al contestar demandada, no efectuó manifestación alguna respecto de que fuera imputable a los conceptos reclamados en el escrito inicial los previstos pagos efectuados bajo el codigo 385 RTR Acta Salarial 2007. En consecuencia la valoración favorable al recurrente de dicha tardía invocación, implicaría apartarse de los términos en los cuales quedó constituído el objeto del litigio, con grave afectación de la garantía de defensa en juicio y del principio de congruencia (cfme. Art. 18 CN y arts. 34, inc. 4, 163 y 277 CPCCN.).

Al respecto, cabe memorar que la demanda y la respectiva réplica, conforman el tema de debate sobre el cual se debe sustanciar la prueba y dictar sentencia. Conforme lo señala Centeno (El Procedimiento en la Provincia de Buenos Aires. pág. 94 y sgtes.), la demanda determina la apertura de la instancia, y deja fijados los límites de la acción y su naturaleza; y a éstos se debe supeditar la contestación de la demanda y la sentencia. De modo que el juez o tribunal no puede apartarse de los términos en los que quedó trabada la litis porque allí quedan fijados en forma definitiva los temas de la controversia, que no pueden ser -luego- alterados (cfr. art. 34, inc. 4 y 163, inc. 6 CPCCN).

Refiere Couture que la sentencia es el acto emanado de los agentes de la jurisdicción mediante el cual se deciden la causa o los puntos sometidos a su conocimiento. En una primera operación, deriva de los términos mismos de la demanda; y, en definitiva, el Juez debe hallar ante sí el conjunto de hechos narrados por las partes en sus escritos de demanda y contestación y las pruebas sobre esos hechos que se hubieran producido para depararle convicción de la verdad y permitirle efectuar la verificación de sus respectivas posiciones (cfr. Couture, "Fundamentos del derecho procesal civil" Ed. Depalma, 1981, págs. 277 y ss). La decisión que adopte el Juez para resolver el litigio debe ser congruente con la forma en la cual ha quedado trabada la relación jurídico procesal, sin que corresponda alterar o modificar en aspectos esenciales, las pretensiones o articulaciones formuladas por las partes (cfr. Colombo, en "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Anotado y Comentado" Ed. Abeledo Perrot, T. I pag. 281 y ss y doc. que informa el art. 163 inc. 6º del C.P.C.C.N.).

Por todo lo expuesto, corresponde desestimar la queja en el punto (art. 499 Código Civil).

Se agravia la parte demandada por cuanto la Sra. Juez a quo extendió la condena a períodos posteriores al inicio de la demanda; y en este aspecto, estimo le asiste razón.

En efecto, los actores en la demanda solicitaron el cobro de las diferencias salariales resultantes de la liquidación que practique el experto contable por la falta de cómputo de la antigüedad y su incidencia sobre vacaciones, SAC, horas extraordinarias y licencias "todos ellos por períodos no prescriptos"; y manifestaron que se reservaban el derecho de ampliar la demanda respecto de las diferencias salariales que se devenguen en el futuro por el reclamo de autos (fs. 14). Tal manifestación no los eximía de efectuar la ampliación de la cuantía de acuerdo a la forma prevista en el art. 331 CPCCN, mediante el reclamo expreso por períodos subsiguientes a los reclamados en la demanda.

En efecto, de acuerdo a la doctrina sentada por la CNAT en el fallo Plenario Nº 202 in re "Condori Limachi Daniel c/ Valentini, L." 9.12.74 Publicado: LL 1975-AA28A DT 1975-48, el reclamante queda eximido del procedimiento previsto en el art. 331 CPCCN "II). Si en la demanda se pide que la condena incluya lo devengado hasta la sentencia, sólo es preciso acudir a la ampliación de la misma en la forma prevista en el art. 331 del citado Código cuando el demandado, expresamente, se opuso a aquella pretensión del actor.". Habida cuenta que los actores no solicitaron que la condena incluya lo devengado hasta la sentencia, sino que sólo hicieron reserva de reclamar las diferencias salariales que se devenguen en el futuro, corresponde receptar el planteo de la demandada en tanto los términos de la demanda no se ajustan a la directiva del pto. II del Fallo Plenario Nro. 202 y, por lo tanto, es plenamente aplicable la doctrina sentada en el pto. 1) en cuanto dispone que, "Rige supletoriamente en el procedimiento laboral el art. 331 del CPCCN de la Nación". Sin embargo, los actores no efectuaron ampliación alguna en los términos de la norma citada. Por todo lo expuesto corresponde acoger el agravio, modificar parcialmente la sentencia y establecer que el cálculo de las diferencias diferidas a condena que la juez a quo ordenó realizar al perito contador en la oportunidad prevista en el art. 132 LO, deberá efectuarse hasta el mes anterior al de interposición de la demanda.

Se agravia asimismo la parte demandada por la tasa de interés fijada en la sentencia apelada para ser aplicada a los créditos de condena. Sin perjuicio de señalar que la parte limita este segmento del recurso a la cita de un antecedente jurisprudencial de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, y omite exponer en forma concreta y específica las razones en que funda su queja (art. 116, ya cit.), considero que la tasa dispuesta en la sede de origen es adecuada, toda vez que la decisión adoptada sobre el punto por la judicante de grado se fundamentó en el Acta n° 2357 y Resolución n° 8 de esta CNAT, cuyos argumentos son compartidos por esta Sala, y a los que corresponde remitirse en honor a la brevedad.

En virtud de las argumentaciones expuestas y con arreglo a lo establecido por el art. 279 del CPCCN, se debe adecuar la imposición de costas y los honorarios al resultado del pleito que se ha dejado propuesto para resolver las apelaciones. En orden a ello, en función de dicho resultado, estimo que deben imponerse los gastos causídicos de ambas instancias a cargo de la demandada vencida en los aspectos principales de la controversia (art. 68 CPCCN).

En atención al mérito y extensión de la labor desarrollada por los profesionales que actuaron en estos autos y al nuevo resultado del pleito que he dejado propuesto, de acuerdo con las pautas que emergen del art. 6 y subs. de la ley 21.839, de la ley 24.432, del art. 38 de la LO, y del Dec. 16.638/57, estimo que, por las tareas llevadas a cabo en primera instancia, corresponde regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora en el 15%; los de la representación y patrocinio de la demandada en el 11%; y los del perito contador en el 8% (en este último caso incluye la consideración de la liquidación que le ordenó efectuar la juez a quo en la oportunidad del art. 132 LO), porcentajes éstos que, en la oportunidad prevista en el art. 132 de la LO, deben aplicarse sobre el monto total diferido a condena -capital e intereses-.

A su vez y con arreglo a lo establecido en el art.14 de la ley 21.839, habida cuenta del mérito y extensión de labor desarrollada en esta instancia por la representación y patrocinio letrado de la parte actora; y por la representación y patrocinio letrado de la parte demandada, propongo que se regulen sus honorarios por su actuación en esta Alzada, en el 30% y 28%, respectivamente, de lo que les corresponda percibir a cada una de dichas partes, respectivamente, por la totalidad de lo actuado en la instancia anterior (art. 14 ley arancelaria).

La Dra. Graciela A. González dijo:

Que adhiere a las conclusiones del voto del Dr. Miguel Ángel Pirolo, por análogos fundamentos. Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 de la ley 18.345), el Tribunal RESUELVE: 1) Modificar parcialmente la sentencia de anterior instancia y establecer que el cálculo de las diferencias diferidas a condena que la juez a quo ordenó realizar al perito contador en la oportunidad prevista en el art. 132 LO, deberá efectuarse hasta el mes anterior de interposición de la demanda; y confirmar la sentencia apelada en lo demás que ha sido materia de recurso y agravios; 2) Dejar sin efecto la imposición de costas dispuesta en la instancia anterior e imponer las costas de ambas instancias a cargo de la demandada; 3) Regular los honorarios de los letrados intervinientes por la representación y patrocinio letrado de la parte actora en el 15%; por la representación y patrocinio letrado de la parte demandada en el 11% y los del perito contador en el 8%, (en este último caso incluye la consideración de la liquidación que le ordenó efectuar la juez a quo en la oportunidad del art. 132 LO) sobre el monto total de condena -capital e intereses-; 4) Regular los honorarios de los letrados intervinientes por la representación y patrocinio letrado de la parte actora; y por la representación y patrocinio letrado de la parte demandada, en el 30% y 28%, respectivamente, de lo que les corresponda percibir a cada una de dichas partes, respectivamente, por la totalidad de lo actuado en la instancia anterior.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Graciela A. González	Miguel Ángel Pirolo Juez de Cámara Juez de Cámara