Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-11


Causa 026-00/CC/2006 "Faraldo, Eva Valeria; Elissagaray, Gabriel s/ inf. ley 255" - Apelación.

//n la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 11 días del mes de abril de 2006, se reúne la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, a efectos de resolver el recurso de apelación interpuesto a fs. 416/418vta. contra la sentencia dictada en la presente, de la que RESULTA:

1º) Que con fecha 26 de diciembre de 2005, la Sra. Juez Molina de Harrington resolvió condenar a Gabriel Elissagaray, a la pena de cuatro días de arresto más la interdicción de ocho años, por considerarlo responsable de la contravención reprimida en el art. 2 de la ley 255, en calidad de autor, por los fundamentos que obran en la sentencia de fs. 403/411vta.

2º) Que con fecha 20 de febrero de 2006, el Cecilio Héctor Librandi, letrado defensor del imputado Elissagaray, solicitó que se revoque la sentencia mencionada supra y se decrete la absolución de su defendido. Se agravió por cuanto, a su juicio, no se han podido comprobar los extremos fácticos de la acusación respecto de su asistido, toda vez que la prueba colectada en autos resulta insuficiente para destruir el principio de inocencia que éste goza. Agregó que la juez ha realizado una evaluación parcial de la prueba colectada en autos, omitiendo aquella de la cual se infiere que Elissagaray no solo no tiene vínculo alguno con el local, sino que ha sido falsamente acusado por la co-imputada Eva Valeria Faraldo. En suma, consideró que de las pruebas obrantes en autos no puede aseverarse, con la certeza necesaria para sostener una condena, que Elissagaray, luego de su desvinculación contractual, hubiera mantenido el control sobre el local continuando como beneficiario de la explotación (416/418vta).

3º) Que arribadas las actuaciones a esta Sala y corrida la vista al Sr. Fiscal de Cámara, Walter Fernández, éste expresó a fs. 422/424, que el recurso de apelación interpuesto no cumple con las exigencias formales y por ello debe ser declarado mal concedido. Ello así por cuanto: a) no cuenta con cargo oficial, sino que solo surge de autos una constancia, realizada en computadora y firmada por el secretario actuante en la cual se dejó sentada su presentación; b) fue presentado de manera extemporánea toda vez que si bien el 10/2/05 la defensa recibió copia de la sentencia en el domicilio constituído, el día 7/2/06 ya se había notificado personalmente de la resolución; c) en subsidio, y en relación al agravio invocado por la defensa refirió que se trata de una mera discrepancia de criterios sobre la interpretación de la prueba obrante en autos, la cual resulta insuficiente para provocar la revisión de la resolución en crisis por esta alzada.

4º)Que a fs. 428/430, el Cecilio Héctor Librandi, contesta la vista conferida y expresa que: 1) Si el Fiscal de Cámara duda sobre la legalidad del cargo obrante a fs. 149 debería hacer caer el acto a través de la redargución de falsedad y no por esta vía; 2) En relación a la extemporaneidad de la presentación del recurso refirió que el día de la lectura de la sentencia se le informó que sus fundamentos serían notificados mediante cédula; 3) Que su planteo, lejos de ser una mera discrepancia de criterios sobre la interpretación de la prueba, tal como señala el Fiscal, se basa en la certeza de que no existe prueba en autos que permita arribar a un pronunciamiento condenatorio respecto de su asistido. Finalmente hizo reserva de recurrir ante la CSJN.

5º) Que a fs. 431 pasaron los autos a resolver.

PRIMERA CUESTION En primer lugar, cabe determinar si el recurso de apelación interpuesto por la defensa reúne los requisitos de admisibilidad exigidos por el art. 50 de la LPC.

El Sr. Fiscal de Cámara efectúa dos señalamientos a partir de los cuales entiende que el recurso ha sido mal concedido: el primero, se sustenta en que la presentación efectuada por la defensa carece de cargo oficial, pues no posee ni cargo automático ni manual, sino una simple constancia firmada por el secretario en la cual deja sentada su fecha de presentación; el segundo se basa en que la interposición ha sido extemporánea pues el plazo de cinco días se computa a partir de la fecha de lectura de los fundamentos de la sentencia -7/2/06- y no desde la notificación de aquéllos que se realizara a la defensa por cédula -10/2/06-.

En relación al primer punto, cabe destacar que lo afirmado por el Sr. Fiscal de Cámara resulta contradictorio, pues por un lado, reconoce la presencia de una constancia efectuada por el Secretario que da cuenta de la fecha de presentación del recurso y, por otro asevera que éste no cuenta con cargo ni con fecha cierta, por cuanto el medio empleado no sería, a su juicio, el adecuado. Ahora bien, el cargo es el acto a través del cual un funcionario deja constancia del día, año y hora de la presentación o recepción de un escrito en Secretaría, razón por la cual no se advierte por qué motivo aquella constancia no revestiría dicho carácter, teniendo en cuenta que a fs. 419 el secretario dio cumplimiento con estas exigencias.

Al respecto, resulta indistinto si el cargo es manual, por computadora o electrónico, pues lo relevante, a los fines de su validez, es su contenido -lugar, fecha de la recepción y funcionario que lo suscribe-, de conformidad con lo dispuesto por el art. 1.35.5 de la Resolución nro. 152 del Consejo de la Magistratura, concordante con lo establecido por el art. 115 del CPPN. Así, esta última norma dispone que el Secretario debe poner cargo a todos los escritos que recibe, expresando fecha y hora de presentación, al igual que la primeramente mencionada establece que dicho funcionario debe organizar la imposición del cargo; sin embargo, ninguna de ellas exige el empleo de algún medio específico con el que deba cumplirse dicha obligación.

Y si bien es cierto que ha sido colocado en la foja siguiente donde dos días más tarde se proveyó la concesión del recurso, pese a que hubiera resultado más adecuado colocarlo en la misma pieza recursiva, conforme lo dispone el art. 1.10 de la mencionada Resolución que reza "al pie de todo escrito debe asentarse el día y hora de su presentación", como así también la práctica judicial -máxime cuando, si bien escueto, contaba con espacio para asentarlo-, tal circunstancia no permite poner en tela de juicio la veracidad de su contenido, tal como señala la defensa, destacando el carácter de fedatario de dicho funcionario.

En cuanto al segundo punto, asiste razón a lo afirmado por el Sr. Fiscal de Cámara, cuando afirma que el recurso es extemporáneo.

En efecto, a fs. 397 obra el veredicto dictado en la presente causa de fecha 26 de diciembre de 2005, en el que se convoca a las partes para la lectura de los fundamentos de la sentencia para el día 7 de febrero del año 2006 a la hora 9.00. En dicha ocasión el Secretario deja expresa constancia de su lectura, firmando además las partes. A fs. 403/11 se agregan los fundamentos de la sentencia que fueron elaborados por la Sra. Juez el mismo día en que se leyó el veredicto.

Ahora bien, a fs. 412 obra constancia del Secretario del Juzgado dando cuenta que "siendo las 9.00 horas del día siete de febrero de dos mil seis, se procedió a la lectura de los fundamentos correspondientes a la sentencia dictada por este Tribunal". Seguidamente agrega "Sin perjuicio de ello, se procedió a librar cédulas de notificación con copia de la sentencia aludida". Dichas piezas procesales aparecen recibidas en la oficina pertinente para su diligenciamiento recién con fecha 9 de febrero, el que fue cumplido al día siguiente.

A partir de ello, tanto el defensor como la Sra. Juez -en la medida en que concedió el recurso- entendieron que el plazo se computa a partir de la recepción de la cédula, contrariamente a lo sostenido por el Sr. Fiscal de Cámara quien considera que debe contarse a partir de la lectura de los fundamentos de la sentencia.

Esta cuestión, sin embargo, se encuentra resuelta por la propia ley procesal, por lo que ninguna duda puede quedar al respecto. En efecto, el art. 49 LPC dispone que la sentencia se notifica en el acta de audiencia. Concordantemente, el art. 400 CPPN de aplicación supletoria, también establece la obligatoriedad de la lectura de la sentencia en la Sala de Audiencias y, bajo pena de nulidad, dispone que dicha "lectura valdrá en todo caso como notificación para los que hubieran intervenido en el debate" (últ. párr.); de donde se desprende claramente que el acto de lectura importa su notificación. Dicha circunstancia no puede variar por el hecho de que el Secretario del Juzgado haya decidido, inexplicablemente, librar cédulas a las partes, pues a la fecha en que ellas fueron recepcionadas la notificación ya se había producido. En otras palabras, una duplicidad de notificación del mismo acto no puede hacer variar el momento a partir del cual se computa el plazo para interponer el recurso que siempre se contabilizará desde la primera de ellas. Nótese al respecto que se pretende hacer un desdoblamiento indebido de un solo y único acto: la lectura de aquella pieza es ya su notificación.

Y si bien es cierto que el sobreabundante libramiento de cédulas comunicando un acto procesal ya notificado puede generar cierta confusión en el trámite del proceso, frente al claro texto de la ley que expresamente identifica lectura con notificación, no resulta viable admitir que el error incurrido puede ampliar un plazo que posee carácter perentorio (art. 163 CPPN), razón por la cual su mero vencimiento produce la caducidad de la facultad procesal otorgada. Siendo ello así, la resolución ha quedado consentida por las partes.

Asimismo, no cabe soslayar que el defensor, en oportunidad de contestar el traslado conferido en esta Alzada expresa que "presentado este defensor en la fecha y horario en que supuestamente se daría lectura de los fundamentos de la sentencia, se me informó que los mismos me serían notificados mediante la diligencia arriba señalada, tal y como efectivamente se realizara". Del empleo del vocablo "supuestamente" pareciera desprenderse que la sentencia no fue leída el día que se convocó a las partes para tal fin y que por ende no conoció los fundamentos hasta la recepción de la cédula de notificación. Sin embargo, contrariamente a ello, el Secretario de Juzgado deja constancia que se llevó a cabo la lectura de los fundamentos de la sentencia a fs. 412, acta que reviste el carácter de documento público y que se encuentra suscripta por un funcionario a quien le es inherente dar fe de lo sucedido, tal como el propio defensor destaca cuando se refiere a la validez del cargo puesto en el escrito de apelación.

Siendo ello así, la sola afirmación del defensor referida a la "supuesta" lectura de la sentencia no resulta suficiente para tener por falso el contenido de la constancia actuarial que da cuenta del cumplimiento de lo dispuesto por el art. 400 CPPN, circunstancia que de lo contrario podría significar la comisión de un delito de acción pública.

Por las razones expuestas y teniendo en cuenta que el tribunal "a quo" no puede vincular al "ad quem" a través de una errónea decisión, lo que significa que la admisibilidad del recurso está sometida a un doble examen efectuado por quien dicta la resolución y por quien tiene que resolverla, corresponde, tal como señala el Fiscal de Cámara, declarar mal concedido el recurso interpuesto por extemporáneo.

Por lo expuesto el Tribunal, RESUELVE:

I. DECLARAR MAL CONCEDIDO el recurso de apelación interpuesto por el defensor a fs. 416/18 contra la sentencia de fs. 403/11.

II- Tener presente la reserva del caso federal.

Regístrese, notifíquese con carácter de urgente y oportunamente devuélvase al juzgado de origen a sus efectos.

ante mi:

nap Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas