marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Hipoteca, carácter accesorio, extensión de la hipoteca
Materia: CIVIL
Carátula: EXPTE. N° 99.303 PUERTA MARÍA SUSANA EN J° 32.519/149.005 BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA C/ GONZALEZ LUIS GUILLERMO P/ EJECUCIÓN HIPOTECARIA S/ INC. CAS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2011-03-18

El carácter accesorio de la hipoteca trae como consecuencia que ésta siga la suerte de La obligación principal, y la extinción total de la obligación acarrea la extinción total de la hipoteca; producida la prescripción de la obligación principal, la garantía hipotecaria se vuelve ineficaz, lo cual no impide que la prescripción cumplida sea renunciada, o se torne improcedente por falta de invocación oportuna, y aún que sea dispensada cuando se dan los requisitos que exige la ley al efecto, recuperando en tales casos la acción para reclamar la obligación su plena exigibilidad y con ella la eficacia plena de la hipoteca que la asegura.
Daños y perjuicios, caída en la vía pública
Materia: CIVIL
Carátula: Pacecca, Leonardo Martín c/ GCBA s/ daños y perjuicios (excepto resp. medica)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-04-28

Corresponde rechazar el pedido de reparación por los daños y perjuicios derivados de un accidente que el actor habría sufrido en la vía pública, al impactar contra una bocha de cemento ubicada en la acera, que le habría producido una doble fractura de la cúpula radial y rotura de ligamento en su codo izquierdo, pues se advierte que no obran en la causa elementos que permitan establecer una relación causal entre la lesión y la caída, en tanto el actor no ofreció informes o documentos de las instituciones de salud en que recibió asistencia el mismo día en que se habría producido el evento, y los subsiguientes, ni de alguna otra institución pública o privada, o de la policía.
Doctrina de la arbitrariedad, exceso ritual manifiesto
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: LEGRAND HUMBERTO c/ J. BERISSO, J. CABALLERO Y J. AGUILAR s/ Cobro Alquileres (LIBRO: A068 - 264)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1987-10-16

"...el desarrollo del procedimiento debe alcanzar la verdad juridica y componer la litis con justicia, por lo que, dado que las custodias de las formas a que deben ajustarse los procesos se halla depositada en los magistrados judiciales, es DEBER de estos atender en todo momento al fin ultimo a que esta actividad se endereza, que no es otra, que contribuir a la mas efectiva cuanto eficaz realizacion del Derecho. Deja sin embargo sentado la Corte, al receptar la doctrina de no sacrificar a ritos caprichosos el desarrollo y el resultado valioso del proceso, que la misma debe ser aplicada con ponderada prudencia, a fin de evitar la desnaturalizacion de los propositos que la sustentan, lo que al cabo estara gobernado por el examen que se haga de las concretas circunstancias de cada caso en particular (1 oc. cit. pag. 305) ...".-
Medidas cautelares, verosimilitud del derecho invocado, peligro en la demora
Materia: CIVIL
Carátula: CONTINENTAL  ILLINOIS  NATIONAL  BANK  AND  TRUST  COMPANY OF CHICAGO s/ NULIDAD
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-09

Los requisitos de verosimilitud del derecho invocado y del peligro que se cause un daño grave e irreparable, se hallan de tal modo relacionados que, a mayor verosimilitud del derecho cabe no ser tan exigente en la gravedad e inminencia del daño y, viceversa, cuando existe el riesgo de un daño extremo e irreparable, el rigor acerca del fumus se puede atenuar.
Juicio de apremio, intereses
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Munic. Gral. San Martín c/ Lobato Reddel SACIFI s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-07-17

Los accesorios a aplicar sobre el capital reclamado deben liquidarse conforme lo previsto en las Ordenanzas Generales nº 178 y 179, aplicables al presente por regir para todos los partidos de esta Provincia en lo atinente a créditos tributarios y obligaciones fiscales. Tratándose de deudas fiscales, resultan de aplicación el derecho público local que regula la materia tributaria (arts. 5 y 121 C.Nac.) que, en el caso, se encuentra legislado en las Ordenanzas Generales 178 y 179, con excepción de la actualización monetaria en ellas prevista que ha sido derogada por una ley nacional, siguen teniendo vigencia en cuanto a los intereses, recargos y multas que establecen para los tributos no abonados en término.
Recurso de apelación (procesal), facultades de la alzada
Materia: PENAL
Carátula: Domínguez, Ricardo Hector s/ Robo agravado Ortiz, Antonio J.; González, Carlos E. s/ Robo agravado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-06-11|1997-03-18

Si bien es cierto que el contenido del recurso de apelación se determina en la expresión de agravios, también lo es que el límite externo del mismo lo precisa quien lo interpone.
Poder de policía, actividad comercial, autorización para ejercer el comercio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Riveros Rubén y Otros c/ G.C.B.A. s/ Medida Cautelar Cautelar
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-05-21

Una misma actividad puede necesitar más de un acto estatal para ser ejercida válidamente. La existencia de una variada gama de prohibiciones con reserva de autorización, que superpuestas escalonadamente condicionan el ejercicio de una actividad, determina que su autorización global revista el carácter de un acto complejo emanado de órganos con atribuciones distintas y que persiguen finalidades también diferentes. Cuando ello ocurre, no se trata de derechos sometidos a la aprobación de una autoridad superior, revocables hasta el momento en que tal aprobación se confiere, sino del ejercicio de facultades distintas otorgadas con una finalidad específica, efectuado por órganos que actúan con competencias propias y diferenciadas. La eficacia de tales actos es relativa ya que, en muchos supuestos, habilita el dictado de los subsiguientes, pero no el desarrollo de la actividad. Para que el ejercicio de una actividad se repute lícito es preciso que sean otorgadas todas las autorizaciones exigidas por el ordenamiento jurídico vigente.
Recurso de queja (procesal), excepción de incompetencia, Estado Nacional, competencia contencioso administrativa y tributaria
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Metrovías S.A. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado inconstitucionalidad denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-05

En tanto el caso trata sobre la responsabilidad de un concesionario de un servicio público y del Estado frente a un tercero que invoca daños ocasionados por la deficiente conformación de las estructuras mecánicas y obras civiles afectadas al servicio, la causa corresponde a la competencia de la justicia local (arts. 1 y 2, CCAyT, reglas que no han sido tachadas de inconstitucionales por la codemanda), en atención a la ausencia de intereses del Gobierno federal que justifique la intervención de tribunales de otra jurisdicción.
Contratos, compraventa, bienes inmuebles, reserva de compra, fideicomiso inmobiliario, restitución de sumas de dinero, improcedencia del recurso
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Diaz Riganti Cereales SRL y otro c/ Real Estate Developers SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-20

Procede confirmar la resolución que rechazó la demanda por resolución y extinción de dos "contratos de reserva" y la restitución de los cheques otorgados en virtud de aquéllos. Ello por cuanto, en el caso, las accionantes suscribieron los contratos para incorporarse como fiduciantes en un fideicomiso inmobiliario "al costo" -organizado por la demandada- con la finalidad de adquirir ciertos inmuebles en un edificio a construirse, para lo cual entregaron en dicho acto a modo de garantía dos cheques, los cuales serían devueltos una vez firmados los convenios de incorporación al fideicomiso, perdiéndose dicha restitución en caso de que decidieran no adherirse a éste en concepto de penalidad. Y las coactoras al recibir el contrato de incorporación, optaron por no suscribirlo. Así, al tratarse de un fideicomiso inmobiliario "al costo", cada inversor ingresa sin saber ciertamente cuánto le costará la unidad: el precio es abierto, debería terminar pagando lo que realmente cueste y prácticamente nadie le garantiza el valor final, sino que mes tras mes el fiduciario le comunica los gastos incurridos y los pagos a realizar conforme el avance de las obras, a través de liquidaciones. Es más, no resulta extraño que el precio final de la construcción termine siendo igual o superior al de la compra de una unidad terminada, con una diferencia: el inversor pagó el precio en cuotas (Lisoprawski, Silvio V., "Fideicomisos de construcción al costo", Buenos Aires, LA LEY, 2011-F, 1055). En función de ello, dadas las características descriptas, las cláusulas que las recurrentes pretenden atacar (en cuanto, en definitiva, impartían obligaciones de afrontar los cargos de los eventuales reclamos fiscales, aportar lo necesario para las divisiones y la adquisición de equipamientos del inmueble -incluyendo aquel destinado a la sociedad que aportó el inmueble- y afrontar gastos por consultas y auditorias) no resultaron abusivas, puesto que se ajustan a las características propias de esta categoría de negocios jurídicos (fideicomiso inmobiliario "al costo") entre cuyas notas fundamentales se halla el rasgo típicamente "riesgoso" y "aleatorio" de este tipo de figura. Máxime cuando el contrato de fideicomiso se ajusta a la definición, el contenido y el objeto previstos en el CCCN 1666, 1667 y 1670. En consecuencia, la eventual negativa a suscribir la incorporación al fideicomiso -lo que finalmente ocurrió- importaba la pérdida de aquellas sumas dadas en concepto de garantía, y esto es ley para ellas.
Procedimiento laboral, demandado, citación judicial, cédula de notificación, domicilio real
Materia: PROCESAL
Carátula: LEGUIZAMON, ELADIO c/ SPERANZA, ENRIQUE s/ LEY 17258
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1978-07-28

Si bien el artículo 339 del CPCCN. no figura entre los enumerados por el artículo 155 de la LO., su normativa es aplicable al proceso laboral, toda vez que no es incompatible con las disposiciones de la Ley ritual, y el formalismo que establece se sustenta en el carácter personalísimo de la citación y en la conveniencia de asegurar la validez y eficacia de un acto fundamental del proceso.
Acción, legitimación pasiva
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Berrino, Félix Oscar c/ Caja de Previsión Social para Martilleros y Corredores s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-03-06

Cuando el art. 11 de la ley 7903 autoriza la vía contencioso administrativa para demandar la anulación de resoluciones denegatorias de derechos previsionales o de "solicitudes de subsidios", aunque se remita a los subsidios previstos en el Título VIII de la misma ley, no puede interpretarse con alcance restrictivo excluyendo de esa competencia a los subsidios creados por resolución general del Consejo Superior desde que, establecido el derecho y hasta tanto no se derogue la norma general que lo consagró, las resoluciones a él referidas poseen pautas objetivas de subsunción para la revisión judicial del acto, que no difiere de la revisión judicial de los vinculados a los subsidios consignados en la ley.

Sobre todo, cuando ésta reconoce entre las "prestaciones y beneficios" a otorgar, no sólo el subsidio sino "toda otra forma de ayuda social y asistencia médica que resuelva el Directorio".

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Derechos y garantías constitucionales, jerarquía de las leyes, ley imperativa
Materia: PENAL
Carátula: Etchecolatz,  Miguel  Osvaldo  Roberto s/ recursos  de casación einconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-18

Los derechos fundamentales del hombre contenidos en los tratados internacionales de derechos humanos tienen carácter imperativo e indisponible. Lejos de constituir el patrimonio exclusivo de un estado particular, pertenecen a la humanidad entera. Los Estados tienen a su respecto obligaciones plenamente operativas que comprometen tanto la prevención y la tutela como la reparación y sanción de casos de violaciones. En estas actuaciones se han acreditado conductas que han detraído a quienes las han padecido de las manifestaciones más elementales de su ser. Estos caracteres de preeminencia, indisponibilidad y supremacía de las normas del ius cogens, que integran por igual el ordenamiento jurídico argentino, privan de relevancia a la afirmación defensista relativa a que no pueden aceptarse tipos penales que "contravengan figuras de los Estados" y a los intentos exculpatorios que pretenden sustento en decretos presidenciales. En este sentido, ninguna situación de conflicto, ni una guerra, ni el cumplimiento de un deber o la consecución de un fin no importa cual sea, ni el ordenamiento normativo, pueden acordar justificativo o legitimar "jurídicamente" las conductas que en esta causa se han demostrado. (Voto del Dr. Madueño, adhiere la Dra. Catucci según su voto, adhiere el Dr. Mitchell)
Contratos bancarios, relación de consumo, carga de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: MATIAS, ADOLFO DE JESUS. c/ HSBC BANK ARGENTINA S.A. s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2011-06-10

La relación jurídica entre el actor y la entidad accionada reúne los elementos que definen la llamada relación de consumo y que, por tanto, queda aprehendida por el régimen de tutela consagrado por la Ley de Defensa del Consumidor (LDC).

La doctrina ha expresado en forma categórica que los contratos bancarios están comprendidos entre los servicios mencionados en el art. 1 de la ley 24.240 y que el banco es uno de los proveedores de servicios mencionados en el art. 2 de la misma ley (Cfr. por todos Lorenzetti, Ricardo, Consumidores, p. 341 y ss).

Asimismo, debe tenerse en cuenta que pesa sobre el proveedor de servicios (en el caso la entidad financiera) un deber de información (cfr. art. 4 de la ley 24.240) que debe cumplirse en la etapa previa a la contratación y mantenerse durante todo el íter contractual; como también, la carga de acreditar el cumplimiento de la obligación de informar, toda vez que el proveedor es quien se encuentra en mejores condiciones para probar el hecho que revela el cumplimiento del deber de información legalmente impuesto.
Accidentes de trabajo, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: KLING RUBEN c/ CONSOLIDAR A.R.T. S.A. s/ COBRO DE PESOS. ACCIDENTE DE TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2005-10-24

El régimen de renta mensual establecido en el artículo 15 de la Ley 24557, en el que el criterio legal -que en principio no resultaría censurable constitucionalmente si se ajustara a la finalidad de la ley-, no se adecua al objetivo reparador cuya realización se procura y, como lo señala la C.S.J.N. en "Milone, Juan c/ Asociart S.A.", 26 /10/04, expresa que "mortifica el ambito de libertad resultante de la autonomía del sujeto para elaborar su proyecto de vida e introduce un trato discriminatorio".
Detención del menor, menor privado de libertad
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: M.V.P. c/  s/ Infracción a la ley N° 23.737 en perjuicio de la Salud Pública - Apelaciones menores Etapa Instr. con preso
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2016-01-29

El menor que se encuentra internado en un centro de atención de jóvenes en conflicto con la ley penal debe gozar de un régimen familiar sustituto idóneo para su pleno desarrollo conforme lo establece la Ley de Protección de la Niñez y la Adolescencia N° 7039 de Salta -art. 10- pues al no existir imputación penal alguna en su contra no hay posibilidad legal de privación de libertad basada en responsabilidad penal alguna, de modo que la única medida de protección posible para privar al menor de su centro de vida está constituida por aquel régimen sustituto, máxime considerando que carecer de un medio familiar idóneo no constituye un hecho penalmente típico que habilite la actuación represiva estatal y la internación en un contexto de encierro asimilable al de un centro de detención.
Sobreseimiento, pericia médica, abuso sexual
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Vega, Ricardo Felix s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-04-28

Si el relato del evento sexualmente abusivo efectuado por la denunciante encuentra respaldo en otras diligencias practicadas en la instrucción -el estudio pericial que revela secuelas traumáticas que se vinculan a los sucesos denunciados, el resultado de la pericia psiquiátrica y las constancias de la atención médica brindada a la damnificada- ello impide tener por verificado el estado de certeza negativa que requiere para su procedencia el sobreseimiento dispuesto.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, procedencia del recurso, amparo por mora, revocación de sentencia, adicional por desarraigo
Materia: PROCESAL
Carátula: Dubarry Angela c/ Instituto de Obra Social de Corrientes s/ amparo por mora
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 2015-03-03

Es procedente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la obra social demandada y, en consecuencia corresponde rechazar el amparo por mora articulado por la agente que solicitó se le pague el adicional por desarraigo, pues si bien es incuestionable que la administrada se encuentra legitimada para accionar y que se encuentra acreditada la mora en la resolución del recurso jerárquico, la autoridad administrativa que debió ser traída a juicio es la que tuvo que haber emitido el acto administrativo de que se trate, que en el caso no es otro que el Poder Ejecutivo provincial, dado que éste era quién tenía a su cargo el deber de resolver el recurso en cuestión.
Recursos administrativos, plazo, Administración Pública
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ORDOÑEZ, JUAN ANTONIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  N 286-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-12-20

Resulta abusiva y contraria a la esencia de juricidad y legalidad de la actividad administrativa, la conducta de la Administración que, luego de la presentación del escrito de expresión de agravios, lejos de señalar la pretendida intempestividad de la que se aferró luego, admitió y proveyó la prueba ofrecida por el recurrente, quien además alegó sobre su mérito remediando de esta forma la hipotética extemporaneidad.
Ejecución prendaria, prenda con registro
Materia: COMERCIAL
Carátula: FIAT  AUTO  SA  DE  AHORRO  PARA  FINES DETERMINADOS c/ THOMPSON,CARLOS S/ s/ JECUCION PRENDARIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-03-06

La ejecución prendaria es un procedimiento sumarísimo instituido por la ley con la única finalidad de dar eficacia a la garantía por ella creada, permitiendo la rápida subasta de los bienes afectados y la satisfacción del acreedor; así, dicho procedimiento corresponde únicamente cuando se trata de ejecutar la prenda y en consecuencia, si esta se ha extinguido por perdida total del bien afectado, el tenedor del certificado sólo tendrá la acción ejecutiva comun (Fernández - Gómez Leo, "Tratado teórico practico de derecho comercial", bs. as. t. iii, p. 292). Sobre tales premisas, es que la pretensión del ejecutado dirigida a sostener la falta de legitimación pasiva y de acción en la ejecutante, ante el robo del vehículo prendado, carece de andamiaje jurídico y por ende resulta ser inconducentes para impedir la prosecución de las actuaciones.
Daño moral, indemnización
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Chiabrera, Delio c/ Corradini, Jorge s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-02-11

Ya se considere que la condena del agravio moral cumple una función ejemplar y se impone al responsable a título punitorio o que se estime que tiene alcance resarcitorio, y con ello se trata de proporcionar al damnificado una compensación por haber sido menoscabado en sus íntimas afecciones, siempre debe traducirse en una justa indemnización pecuniaria conforme con el art. 1078 del Código Civil, teniendo presente la naturaleza del hecho ilícito y las circunstancias que rodean el caso.
Concusión, dádiva
Materia: PENAL
Carátula: Muriel, José Antonio y otros s/ Cohecho. Causa 25381
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-12-02

La exigencia de una dádiva en exclusivo beneficio del funcionario público constituye el delito de concusión.
Pensiones, beneficiarios previsionales, cónyuge supérstite varón, ley previsional, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: MAIDAGAN, ANA T. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2012-02-14

La interpretación constitucional impone un marco de estudio sistemático de adaptación de la norma a los principios que rigen el "subsistema" o el sector del derecho al que esa disposición legal pertenece.

El fin perseguido por las normas de esa rama o sector, suele ser revelador de los principios que la inspiran, pues sus disposiciones tratan de ser fieles al principio que buscan plasmar, determinando ciertas conductas o repartos. Por ello, para formular una correcta interpretación de la norma, antes que, considerar principios generales o fundacionales del ordenamiento jurídico en su totalidad, corresponde evaluar los que constituyen la parte medular del sector al que aquella pertenece.

Y éste es el punto de inflexión de la hermenéutica que cabe efectuar en el caso: aplicar lisa y llanamente el artículo 21, inciso a) de la ley 3910 importaba negar una pretensión mediante una interpretación literal y gramatical del ordenamiento jurídico en que se inserta, con menoscabo a derechos y garantías constitucionales; mientras que acoger la pretensión formulando una exégesis a partir del propio texto que contiene aquella norma y desde la Constitución no es nada más -y nada menos- que establecer los límites y ámbitos de validez que rigen en ese ordenamiento legal.

La Constitución es el contexto de todo texto normativo y frente a resultados interpretativos, algunos compatibles con la Constitución y otros incompatibles, debe optarse por los primeros y dentro de ellos, por aquel que mejor se conforme a los mandatos constitucionales. (Del Voto de la Mayoría)
Expropiación, valuación del bien
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ESTADO    NACIONAL  ARGENTINO  (SECRETARIA  DE  ESTADO  DE JUSTICIA) c/ S.A. LAS PALMAS DEL CHACO AUSTRAL s/ EXPROPIACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-11-10

La necesidad de "evitar la destrucción inútil de riqueza y del segamiento de fuentes de trabajo de un importante sector de la Provincia del Chaco" -motivo del acto expropiatorio- y la circunstancia que la sociedad estaba disuelta de pleno derecho -por haber perdido más del 75% de su capital suscripto y reservas-, impusieron la adquisición "en bloque" de los bienes. Asimismo, la aplicación de un factor de reducción del 15% del precio, reside esencialmente en la magnitud y heterogeneidad del complejo urbano agro-industrial y en las dificultades que supone su venta en las particulares condiciones del caso, así como en las ventajas que importa la adquisición del bien por un solo comprador y a un mismo tiempo.