Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-06-09


V., J. Reg.: A y S T 197 p 422-426. Santa Fe, 9 de junio del año 2.004.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el señor Defensor General de las Cámaras de Apelación de la ciudad de Rosario, a cargo de la defensa técnica del acusado J. V. contra la sentencia 56 del 5 de septiembre de 2003, dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Penal de la ciudad de Rosario en autos "V., J. -Abuso sexual agravado- (Expte. 623/03)" (Expte. C.S.J. nro. 12, año 2004); y, CONSIDERANDO:

1. El Juez de Primera Instancia en lo Penal de Sentencia Número Cuatro de Rosario, mediante resolución del 28.03.2003, condenó a J. V. a la pena de siete años de prisión, accesorias legales y costas, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de abuso sexual agravado (art. 119 2 párrafo, C. Penal), revocando la condicionalidad de la pena de un año de prisión que le fuera impuesta por el Juzgado en lo Penal de Sentencia Número Dos, fijando como pena única y definitiva a cumplir la de ocho años de prisión, accesorias legales y costas (fs. 14/19).

Recurrida que fuera tal decisión tanto por el Fiscal como por la defensa, la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Penal de Rosario, en lo que aquí concierne, confirmó la sentencia apelada, modificando la subsunción típica que estableció en el delito de abuso sexual gravemente ultrajante, calificado por la situación de convivencia preexistente (art. 119, 2 párrafo f) del Código Penal) y en consecuencia, condenó a J. V. a la pena de trece años de prisión, accesorias legales y costas, revocó la condicionalidad de la pena de un año de ejecución condicional que le impusiera el Juez en lo Penal de Sentencia Número Dos, y fijó como pena única y definitiva a cumplir la de catorce años de prisión, accesorias legales y costas (fs. 25/28).

Contra dicho pronunciamiento dedujo el señor Defensor General de Cámaras de Rosario, a cargo de la defensa técnica de V., recurso de inconstitucionalidad.

En el memorial introductor del remedio previsto en la ley 7055 (fs. 35/40), centró primordialmente sus reparos constitucionales en que el pronunciamiento resultaba violatorio de la defensa en juicio y del principio de congruencia procesal.

Expresó el recurrente que ello derivaría, a su juicio, de que en el auto de procesamiento -que, según remarca, no fuera recurrido en su hora por el representante del Ministerio Público- se vinculó a V. con el delito de abuso sexual en carácter de autor, no obstante lo cual el Juez de Sentencia lo condena por abuso sexual agravado, y la Cámara -receptando parcialmente los agravios del Fiscal de Cámara- culmina condenándolo por abuso sexual gravemente ultrajante, calificado por la situación de convivencia preexistente.

Refirió que si bien hubo indagatoria respecto al hecho que, ontológicamente distinto, configura típicamente agravante en el hecho autónomo del abuso sexual al cual el primero accede o se adiciona -acceso carnal-, tal hecho no fue considerado en la resolución del procesamiento.

De allí que -dijo- mal pudo haber existido en primera instancia condena que verse sobre lo ahora pretendido por el acusado ni pronunciamiento en esta instancia cuando tal hecho no fue parte del juicio al no haber integrado su plataforma fáctica.

Adujo que si el Fiscal no estaba conforme en su oportunidad con el auto de procesamiento por considerar que no se incluían en tal decisorio el supuesto hecho de acceso carnal con convivencia previa como agravante del abuso sexual por el cual el Acusador pretendería en su momento efectuar requisitoria, debió entonces impugnar tal decisorio bregando en la Alzada por su posición; pero no puede ahora tardíamente pretender su reformulación fáctica.

Finalmente, precisó que en parte alguna del procesamiento se consignó el núcleo fáctico agravante de la figura base "sometimiento sexual gravemente infamante para la víctima" (art. 119 2 párrafo, C.P.), siendo éste el hecho normativamente necesario para habilitar a su vez la consecuencia del párrafo 4 , inc. f, que tampoco fue parte del procesamiento, agregando a ello que la operatividad del 4 párrafo mencionado sólo es legalmente posible si es viable la aplicación de los párrafos precedentes: y ninguno de tales supuestos fácticos fueron comprendidos en el procesamiento; por consiguiente, no pueden integrar una acusación válida y menos aún una condena penal.

La referida impugnación fue denegada por el A quo (fs. 64/65); ante ello, el compareciente acudió por vía de queja ante esta Sede (fs. 68/75).

2. Aún de reputarse -cuanto menos mínimamente- cumplida la exigencia de autobasto del memorial introductor, otras razones de peso conspiran contra la suerte de la presente impugnación.

Como se dijera, el compareciente endilga al A quo haber violado el principio de congruencia, al haber alterado la calificación del hecho precisada en el auto de procesamiento -abuso sexual en grado de autor- al ser condenado por abuso sexual agravado y la Cámara finalmente al condenarlo por abuso sexual gravemente ultrajante calificado por la situación de convivencia preexistente.

Liminarmente, conviene recordar que esta Corte ha sostenido que la congruencia consiste en aquella exigencia que obliga a establecer una correlación total entre los dos elementos definidores del esquema contencioso: la pretensión y la decisión.

Más precisamente, en el proceso penal se exige que el núcleo fáctico sometido a juzgamiento sea esencialmente el mismo a lo largo de todo el proceso: desde su intimación en la indagatoria, su descripción en el procesamiento, su formulación en la requisitoria de elevación a juicio y su análisis en la sentencia.

Se ha afirmado, también, que la unidad esencial del objeto entre la acusación y la sentencia no se exige por amor a la simetría sino para asegurar la defensa del acusado, para evitar que a éste se lo condene por un hecho que no se tuvo en cuenta; y que lo único realmente valioso para la actividad defensiva es que la sentencia recaiga sobre el mismo hecho que fue objeto de acusación y tanto el imputado como su defensor pudieron tener presente.

Asimismo, en lo que atiende a la caracterización del "iura novit curia", ha de recordarse que el juzgador tiene la facultad y el deber de discurrir los conflictos litigiosos y dirimirlos según el derecho vigente, calificando autónomamente la realidad fáctica y subsumiéndola en las normas jurídicas que la rigen, con prescindencia de los fundamentos que hayan enunciado las partes o del nombre que se le hubiera asignado a la acción intentada.

En orden a la justicia represiva, el deber de los magistrados, cualesquiera fueren las peticiones de la acusación y la defensa, consiste en precisar las figuras delictivas que juzgan, con plena libertad y exclusiva subordinación a la ley, sin más limitación que la de restringir el pronunciamiento a los hechos que constituyeron la materia del juicio.

También se ha dicho que no es violatorio de la defensa en juicio el haberse apartado las sentencias del encuadramiento legal propiciado por el juez instructor en la resolución que decreta la prisión preventiva y por el fiscal en su acusación.

Reforzando tales pautas, se ha aseverado que la calificación legal de los hechos materia del proceso es propia de los jueces de la causa y no sustenta el remedio extraordinario, en tanto la condena no se funde en hechos diferentes a los que fueron objeto de debate (cfr, "Aliendro", A. y S. T. 98, p. 317; "Valiente", A. y S. T. 122, p. 140; "Ledesma", A. y S. T. 152, p. 481; "Maggiola", A. y S. T. 171, p. 320, entre otros).

Al respecto, no es ocioso recordar que el más Alto Tribunal de la Nación ha sostenido que no se compromete la garantía constitucional de la defensa en juicio al cambiar la calificación del delito en la medida en que la sentencia recaiga sobre los mismos hechos que fueron materia de la indagatoria y de la investigación realizada durante el proceso y siempre que el resultado no sea la agravación de la pena cuando no medió recurso fiscal acusatorio (CS, "Albornoz, Juan Carlos s. Infracción art. 6, ley 20771", del 10.03.1992).

Analizando los reparos del impugnante a la luz de tales pautas rectoras, cabe señalar que aquéllos resultan inconsistentes toda vez que su elaboración argumental no convence de que la Alzada hubiese incurrido en un exceso de jurisdicción por el solo hecho de aplicar el derecho vigente con sujeción a la base fáctica delineada en la causa.

En efecto: repárese en que la Sala a quo al abordar los agravios expresados por el representante del Ministerio Público, esto es, que el proceder de V. debía subsumirse en el delito de abuso sexual con acceso carnal calificado por la situación de convivencia preexistente (art. 119, 3a. parte f), C.P.) -téngase en cuenta que la Defensa había desistido de la apelación interpuesta oportunamente- sostuvo que "la víctima, desde la notitia criminis aludió a que fue accedida sexualmente y objeto reiteradamente de tocamientos por el concubino de su madre, lo que En ese orden de ideas, receptó parcialmente los agravios del Agente Fiscal, y modificó la tipificación legal seleccionada por el Inferior (art. 119, 2 párrafo, C.P.), pero por la del tipo previsto en el artículo 119, 2 párrafo f) del Código Penal; dejando expresamente aclarado que esa calificación más gravosa en modo alguno importaba conculcar el principio de congruencia procesal habida cuenta que "la subsunción típica impuesta en el procesamiento, no cierra la probabilidad fáctica de modificar la calificación legal. El hecho le fue correctamente intimado en el acto formal de indagatoria, la posibilidad de la sanción conforme a lo que postula el apelante estuvo latente a lo largo del juicio...".

En suma, consideró el Tribunal que "el núcleo fáctico es el mismo: V. avanzó sobre la menor atentando contra su integridad sexual y aprovechándose de las facilidades que le brindaba convivir en el mismo domicilio, aunque no se acredita fehaciente el acceso carnal, no cabe duda que la hizo objeto de actos de sometimiento sexual gravemente ultrajante, tal como surge de la desfloración vaginal fehacientemente constatada" (f. 27vto.).

Estas argumentaciones brindadas por el A quo han quedado incólumes; tanto más, el apelante no ha insinuado tan siquiera una mínima variación en la plataforma fáctica sustentada en la acusación que permita traslucir la falta de congruencia entre el reproche final que se le hace al imputado y los hechos concretos que motivaron su acusación -atiéndase a que el propio recurrente admite que "...hubo indagatoria respecto al hecho que, ontológicamente distinto, configura típicamente agravante en el hecho autónomo del abuso sexual al cual el primero accede o se adiciona -me refiero concretamente al acceso carnal-" (f. 37vto. del memorial recursivo), si bien, en consonancia con su esquema argumental, pone énfasis en que no fue considerado en el auto de procesamiento.

Así lo dejó por otra parte debidamente sentado la Cámara en el auto denegatorio al afirmar que "el marco fáctico imputado admite alternat En otras palabras, el ahora impugnante supo desde el primer momento de qué se trataba el proceso en el que se hallaba comprometido y el espectro fáctico que se le imputara, y por ende, tuvo posibilidad de defenderse plenamente, tanto material como técnicamente respecto de los hechos atribuidos a lo largo de todo el proceso, toda vez que los hechos enrostrados fueron siempre los mismos; de allí que los vicios acusados trasuntan tan sólo la particular óptica exegética de la defensa de V. acerca de cuáles fueron los hechos atribuidos y no logran traspasar el umbral de la sola disconformidad para con el criterio del Tribunal respecto de la subsunción de aquéllos en las disposiciones legales aplicables, materia extraña -como se dijera - al presente recurso en tanto la condena no se funde en hechos diferentes a los que fueran objeto de debate, cuestión ésta que -de todo lo apuntado- dista de acontecer en el sub caso.

Corolario de lo expuesto, es que la postulación impugnativa no traspasa el límite de una mera discrepancia hermenéutica con lo decidido por los jueces de la causa, no habiendo demostrado que aquéllos hubiesen incurrido en una extralimitación de la materia recursiva, mediante grave afectación al principio de congruencia procesal, mucho menos aún que la Cámara no hubiese dado una concreta respuesta jurisdiccional a los planteos del impugnante, de modo tal que prive al pronunciamiento de la motivación exigida por el artículo 95 de la Constitución provincial.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE:

Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.:GUTIERREZ-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)