Contrabando de estupefacientes, falta de pronunciamiento, derecho de opción, intervención de línea telefónica, declaración testimonial, testigo protegido, cosa juzgada
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: González Villar, José Ramón (Southern Wins) s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-04-15

El hecho de que el voto emitido en forma individual no se haya pronunciado respecto de todos los temas objeto del juicio no provoca la invalidez de la sentencia, pues todas las cuestiones sometidas a debate fueron resueltas por el voto conjunto de los magistrados que integraron la mayoría. Para evaluar la viabilidad del planteo respecto de la afectación de la garantía del juez imparcial es preciso que la parte explicite de qué forma pudieron haberse visto vulnerados sus derechos, de modo tal que justifiquen la sanción de nulidad. El derecho de opción para ser juzgado por los tribunales argentinos sólo se refiere a nacionales argentinos y no es aplicable si se trata de una extradición internacional activa por la que nuestro país solicitó la remisión de ciudadanos españoles para ser juzgados por la justicia argentina. No existe menoscabo al non bis in idem ante la posibilidad de que el extradito sea condenado en nuestro país por exportación de estupefacientes y en el país requirente por su importación, pues de la Convención Única de Estupefacientes celebrada en Ginebra en 1961 surge que los delitos allí enumerados deben considerarse como infracciones distintas si son cometidos en países diferentes. La circunstancia de que no se haya dispuesto la intervención de las líneas telefónicas con la consecuente grabación de conversaciones implica una medida de intrusión menor para la intimidad de los imputados, que no expresan en qué pudieron verse perjudicados por la "falta de escuchas de voz". No corresponde hacer lugar al planteo de nulidad por no haber podido interrogar a los testigos de identidad reservada si sus testimonios no fueron utilizados para analizar la responsabilidad de los imputados. Al no haber sido incorporado al proceso, no es posible declarar la nulidad de un elemento probatorio inexistente -desaparición de los videos y la planilla de equipajes-. No cabe revisar la absolución de un coimputado si ha pasado en autoridad de cosa juzgada, ya que ni el fiscal ni la querella recurrieron dicha resolución. No invalida la sentencia la circunstancia de que se haya efectuado una síntesis de lo que dijo cada testigo, pues los principios que rigen el debate, no exigen la transcripción de todo lo sucedido sino sólo la exposición de los motivos en que se fundan las conclusiones. Debe rechazarse el agravio de no haber podido interrogar a quienes fueran coimputados si la defensa no explicó de qué modo tales declaraciones fueron pruebas dirimentes para resolver sobre la participación que le cupo al imputado en el hecho. A los fines de la agravante del art. 210 CP no se requiere un acuerdo de voluntades prestado por personas plenamente capaces ni resulta necesario demostrar que existió una convergencia entre los partícipes destinada a cometer delitos indeterminados. Ha sido debidamente acreditado el dolo requerido para el delito de contrabando agravado por la cantidad de intervinientes y por tratarse de sustancias estupefacientes si se ha demostrado que los imputados actuaron con conocimiento y voluntad de realizar el hecho tal como ha sido ejecutado, las conclusiones de los jueces aparecen apoyadas en los testimonios y demás pruebas incorporadas al debate, y los agravios de los recurrentes omitieron rebatir los argumentos del fallo en conjunto. (Dres. Rodríguez Basavilbaso, Fégoli, Madueño).