marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Despido, costas en el orden causado, carga de la prueba
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Yamamoto, Jorge c/ Delphina SRL y otros  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-03-19

El accionante cuestiona la sentencia de grado respecto al fondo y las costas. La magistrada de la anterior instancia consideró que correspondía al actor acreditar que efectivamente trabajó para la codemandada y que luego del traspaso de su contrato de trabajo, continúo desempeñándose en favor de la demandada, lo que no fue logrado. No corresponde la imposición de costas en ambas instancias a cargo del actor porque, más allá de la insuficiencia probatoria acerca de su relación laboral con la demandada, el accionante pudo verosímilmente considerarse asistido con mejor derecho a reclamar como lo ha hecho teniendo en cuenta las especiales particularidades del caso y los elementos acompañados a la causa. Desde tal perspectiva cabe modificar la sentencia de grado en el aspecto cuestionado e imponer las costas en ambas instancias en el orden causado (conf. art. 68 in fine CPCCN) con excepción de las correspondientes a la tercera citada. (Del voto de la Dra. Garcia Vior, en mayoría).
Medida cautelar innovativa, despido, reinstalación en el puesto de trabajo
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Borda Sergio Hernán c/ Secretaria de Bioeconomía (ex Secretaria de Agricultura Ganadería y Pesca) y otro s/ medida cautelar
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-01

La actora se alza contra la resolución dictada en la anterior instancia que no admitiera la medida cautelar innovativa solicitada a fin de que se disponga provisoriamente la reinstalación en su puesto de trabajo hasta tanto recaiga sentencia sobre la cuestión de fondo, por cuanto al momento del distracto, se encontraba amparado con tutela sindical en su calidad delegado de la Asociación Trabajadores del Estado (A.T.E.). La actora se alza contra la resolución dictada en la anterior instancia que no admitiera la medida cautelar innovativa solicitada a fin de que se disponga provisoriamente la reinstalación en su puesto de trabajo hasta tanto recaiga sentencia sobre la cuestión de fondo, por cuanto al momento del distracto, se encontraba amparado con tutela sindical en su calidad de delegado de la ATE. La finalidad pretendida por el actor, mediante la medida precautoria de la "prohibición de innovar", es ordenar la suspensión de los efectos del despido que prescinde de su calidad de delegado y la reinstalación en su puesto de trabajo, lugar y tareas normales y habituales hasta tanto se dicte una sentencia de fondo, teniendo en cuenta que las cautelares no causan estado, no son definitivas ni preclusivas, por lo cual pueden reverse si aportan nuevos recaudos; por lo que se admite la misma. (Del voto de la Dra. Cañal en mayoría)
Despido, daños y perjuicios
Materia: CIVIL-LABORAL
Carátula: Consorcio de Propietarios del Edificio Acevedo 41 c/ Otto Meza, Roberto David s/ desalojo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-05-31

El suministro de vivienda constituye una obligación típicamente accesoria y se extingue al hacerlo la obligación contractual, sin que exista ninguna norma que le atribuya al encargado una suerte de derecho de retención de la vivienda hasta que le sean satisfechas las indemnizaciones, por lo que independientemente de que el despido hubiera sido dispuesto con o sin causa, sólo le asiste al encargado el derecho de accionar por el pago de una eventual indemnización.- Si bien se ha admitido la vigencia del instituto de la "exceptio non adimpleti contractus" en la relación laboral, por su carácter de contrato conmutativo y sinalagmático de prestaciones recíprocas, la referida excepción presupone la existencia de un crédito líquido y exigible no saldado por el deudor, que a su vez reviste el carácter de acreedor. Esta circunstancia no se configura en el caso de un encargado de edificio que pretende retener la vivienda que ocupara en tal carácter, una vez rescindido el contrato de trabajo.- Si la vivienda que se le otorgó al encargado, fue con motivo de la relación laboral, habiéndose extinguido ésta, cabe desestimar la pretensión, en cuanto al que fuere encargado pretende eximirse de la indemnización por daños y perjuicios por considerarse con derecho a hacer uso de la retención de la vivienda. La retención indebida constituye usurpación causando naturalmente perjuicios al consorcio titular del dominio, en tanto éste se ha visto privado del inmueble destinado a vivienda del encargado, circunstancia que -cuanto menos habría obligado a los copropietarios a abonar al nuevo encargado (sin goce de vivienda) una remuneración mayor.
Indemnización agravada, despido, empleo no registrado
Materia: LABORAL
Carátula: Importaciones J&M Jorge y Maribel SRL  c/ Aguilar Benítez, María Noemí  s/ consignación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-03-31

Se agravia la demandada por la procedencia del incremento contemplado en los arts. 1 y 2 de la ley 25.323 y 45 de la ley 25.345, pues a partir de la entrada en vigencia de la ley 27.742 se derogaron los incrementos en cuestión. Las modificaciones introducidas por la ley 27.742 fueron posteriores a los hechos que dieron lugar a las cuestiones aquí debatidas y por ende, éstas debían ser dilucidadas con las normas vigentes al momento en que se configuraron (cfr. art. 7° CCyCN), lo cual obsta por sí solo, a su aplicación. En las normas de los arts. 1° y 2° de la ley 25.323 y 45 de la ley 25.345 el legislador utiliza la palabra indemnización ya que están destinadas a resarcir el perjuicio ocasionado por el incumplimiento de la empleadora; de allí que no puede equipararse, en modo alguno, con penalidades o sanciones en sentido estricto propias del derecho penal represivo. Cabe confirmar lo decidido en la instancia anterior (Del voto del Dr. Guisado. El Dr. Díez Selva adhiere y da su parecer en el sentido que varias de las normas que se intentan modificar a través del DNU 70/2023 tienen naturaleza represiva o sancionatoria, al punto que se las ha incluido como integrativas de un derecho penal laboral, pero ello no significa que tales normas sean de idéntica naturaleza que las normas legisladas a través del Código Penal y sus leyes complementarias, al que resulta aplicable lo dispuesto por el art. 2° del Código Penal de la República Argentina. Sin perjuicio de ello, de aplicarse el principio protectorio de la ley penal más benigna, ello colisionaría directamente con el del derecho del trabajo. Si se considera la naturaleza sancionatoria de las normas invocadas por la demandada, el principio de la ley penal más benigna (propio derecho penal) colisionaría directamente con la aplicación del principio de la norma más favorable para el trabajador (propio del derecho laboral) y por ello, al ser este especifico de la disciplina jurídica laboral, debe necesariamente prevalecer sobre aquél, y ello termina de sellar la suerte adversa del planteo).
Retención de aportes previsionales, multa
Materia: PENAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Bruzzese, Andrés Gustavo c/ Criba SA y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-03-06

La accionada retuvo aportes del actor y no los ingresó al sistema de la seguridad social. Es decir que incurrió en una conducta evasora. La aplicación de la multa del art. 132 bis LCT, presupone un accionar a sabiendas del ilícito por parte del infractor y su naturaleza punitiva. Se trata de una norma de carácter definido de derecho penal fiscal. La CSJN en la causa "Palero, Jorge Carlos s/recurso de queja" del 23/10/2007, ante la configuración del delito previsto en el art. 9 de la ley 24.769 (Régimen Penal Tributario) que reprime la retención y no ingreso de aportes, concluyó que ".la modificación introducida (por la ley 26.063) importó la desincriminación de aquellas retenciones mensuales menores a dicha cifra, entre las que se incluyen las que conformaron el marco fáctico original de la pena impuesta al apelante que, de ser mantenida, importaría vulnerar." el principio receptado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 9) y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 15), según la doctrina de Fallos: 321:3160; 324:1878 y 2806 y 327:2280. Es decir, aplicó el principio de la ley penal más benigna y en la posterior causa "Vidal, Matías Fernando Cristóbal y otros s/infracción ley 24.769", trató la aplicación retroactiva del Régimen Penal Tributario. La ley 27.742 (art. 99), derogó el art. 43 de la ley 25.345 (sobre Prevención de la Evasión Fiscal), que incorporó el art. 132 bis LCT. En consecuencia, por aplicación de los criterios antes mencionados -retroactividad de la ley penal más benigna-, corresponde dejar sin efecto la condena al pago de la pena prevista en el art. 132 bis LCT.
Confirmación de sentencia, adicionales de remuneración, diferencias salariales
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Benítez, Gabriela Patricia y otros c/ Compumundo SA s/ diferencias salariales
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-03-17

La actora, revistió la categoría de "cajera-operadora de créditos", y percibía no sólo el básico de su categoría, sino también "premios de colaboración" o comisiones que correspondían al sector de créditos en el cual se desempeñaba. Aun cuando las normas vigentes no contienen reglas específicas respecto de cómo deben ser los sistemas de retribución devengada en forma variable en base a la productividad o rendimiento del servicio personal cumplido por el trabajador, sea individual o colectivo, o en qué condiciones resulta legítima su modificación, circunstancia que, como principio, deja librada la situación a la concertación de las partes o, como es lo habitual, a la voluntad unilateral del empleador, lo concreto es que la remuneración se vincula en forma directa con la extensión y condición de la tarea que conforma su contraprestación, lo cual implica que una alteración de la base de cálculo no sólo es peyorativa cuando disminuye nominalmente el ingreso percibido, sino también cuando, para percibir como mínimo igual importe, se exige una contraprestación de esfuerzo personal superior al realizado con anterioridad, hipótesis que supone una ilegítima modificación de un elemento esencial del contrato de trabajo que permite, no sólo dar por extinguido el vínculo o solicitar la restitución de las condiciones alteradas como prevé el art. 66 de la LCT, sino también el resarcimiento del daño a la luz de lo dispuesto en los arts. 1716 y concs. del CCyCN, lo cual, en casos como el presente, equivale al valor de las remuneraciones dejadas de percibir por el acto irregular. Debe confirmarse la sentencia en tanto ha reconocido el derecho de la actora a percibir diferencias salariales por el incorrecto pago de las comisiones devengadas.
Confirmación de sentencia, despido, apreciación de la prueba
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Vallone, Gisela Eugenia c/ Radio y Televisión Argentina Soc. del Estado s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-03-19

La actora, prestó servicios para la demandada, Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado como "conductora" de distintos programas televisivos (en vivo o grabado). La demandada cuestiona la valoración fáctica jurídica efectuada por el Sr. Juez a quo que tuvo por acreditada la naturaleza laboral del vínculo que unió a las partes en el marco de los arts. 21, 22 y 23 LCT, sostiene que se trató de una relación de trabajo subordinado que fue de carácter no laboral (locación de obra/autónoma). Cuando se discute la naturaleza jurídica del vínculo existente entre quien ejerce su profesión de manera liberal (conductora de televisión) y la empresa (sociedad estatal) cuya actividad principal es la administración, operación, desarrollo y explotación de los servicios de radiodifusión sonora y televisiva del Estado Nacional, no siempre se presentan con características ostensibles, por lo que deben ser resueltas en cada oportunidad con un análisis individual y pormenorizado de cada situación única y particular. Toda vez que la accionada reconoce la prestación de servicios de la actora a su favor, afirma que se trató de un vínculo de carácter no laboral, le incumbía el "onus probandi" respecto de la validez del tipo contractual (arts. 23 LCT y 377 CPCCN). Para tener por acreditada la existencia de un vínculo de naturaleza laboral, se requiere la triple subordinación, técnica, económica y jurídica. La accionada no aportó elemento probatorio alguno que sustente la postura característica de la autonomía de la prestación. El análisis del "contrato de locación de servicios" que fue reconocido por la actora a la luz de la regla de la sana crítica (art. 386 CPCCN) surge que la actora fue contratada como "periodista invitada" para intervenir como conductora en programas del noticiero "Televisión P ública Noticias" que se emitía a través de la pantalla del LS 82 TV Canal 7 y los términos del documento en cuestión corroboran que la empresa siempre ejercía facultades de control y dirección sobre la prestación. Las facturas digitalizadas aportadas por la actora evidencian que las mismas siempre fueron emitidas a favor de la demandada bajo el concepto "Conducción Televisión Pú blica de Noticias" y coinciden con las órdenes de pago aportadas con la demandada. Estas pruebas corroboran que se trató de un intercambio económico de la relación en los términos del art. 25 LCT y que percibía la reclamante en los términos de los arts. 21 y 22 del cuerpo legal citado, configurándose unos de los presupuestos características de la vinculación laboral. Cabe confirmar lo decidido en la instancia anterior en cuanto que las partes estuvieron unidas por una relación de dependencia.
AFIP, despido, empleo no registrado
Materia: ADUANERO-LABORAL-TRIBUTARIO
Carátula: Flores, Diego Emanuel  c/ Cantero, Hugo Ariel (Rebeldía 2/05/2023) y otros s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-03-21

No puede considerarse satisfecho el requisito exigido por el art. 11 LNE (comunicación a la AFIP) probando que se envió la copia del requerimiento a la AFIP o, en su caso, mostrando un formulario oficial que daría cuenta de ello, pues lo que se debe acreditar es el ingreso de dicha comunicación a la esfera de conocimiento del destinatario. Ello así, por cuanto carecería de sentido interpretar en forma estrictamente literal la norma y considerar satisfecho el requisito con la sola acción del trabajador de "enviar copia" a la AFIP de aquel requerimiento, y posterior desinterés absoluto acerca del destino final de dicha copia. El indudable propósito de la norma es que la existencia del requerimiento y los términos en que fue formulado ingresen en la esfera de conocimiento de la AFIP para que tome conocimiento de la irregularidad denunciada y tenga la posibilidad de actuar. La carta documento y el telegrama realizados en el formulario de estilo, suscriptos por el interesado y visados y sellados por la oficina postal, constituyen un claro indicio de la efectiva remisión de la misiva, lo cierto es que no dan cuenta per se, de que la epistolar hubiere llegado a destino o, con más precisión, ingresado en la esfera de conocimiento del destinatario, perfeccionándose esa comunicación entre ausentes. Dado que quien opta por un medio de notificación es quien debe hacerse cargo de las consecuencias de su decisión, es lógico también que sea ese sujeto el encargado de demostrar que la epistolar que remitió transitó su recorrido sin inconvenientes, y, por ende, que llegó a destino. (Del voto del Dr. Sudera, en mayoría).
Despido, daño moral
Materia: CIVIL-LABORAL
Carátula: Jofré Pedro José c/ Expreso del Oeste SA s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-03-14

La Jueza de grado desestimó el carácter discriminatorio del despido dispuesto por la empleadora y admitió el reclamo por daño moral. Se agravia la parte actora que hizo lo posible para evitar el siniestro en el cual se produjo el deceso de una mujer que conducía un rodado, y que, al perder el equilibrio cayó en el medio del asfalto en una ruta nacional. La accionada decidió la extinción del vínculo laboral en los términos del art. 92 bis de la LCT, que el trabajador considera discriminatoria a la luz de lo dispuesto por la ley 23.592. El actor denunció ante la aseguradora de riesgos del trabajo el acaecimiento de dicho suceso, respecto de eventuales perjuicios que a su faz psicológica pudieran generar. Los elementos incorporados a la causa permiten inferir que la conducta adoptada por la demandada al extinguir el vínculo respondió a un supuesto de discriminación peyorativa pues la propia mecánica del siniestro guarda una entidad suficiente para proyectar consecuencias en la salud mental del trabajador. Si bien es cierto que la decisión disolutoria se fundó en el art.92 bis LCT que permite la extinción del vínculo sin obligación indemnizatoria, dicha conducta no sólo careció de justa causa, sino que debe ser calificada como discriminatoria en los términos del art. 1° de la ley 23.592. Así entonces, la decisión extintiva adoptada por la empleadora cuando el actor incluso se encontraba recibiendo las prestaciones médicas a cargo de la aseguradora respectiva, genera la responsabilidad por el daño provocado y justifica el reconocimiento de reparación por daño moral en los términos de la ley 23.592. Ello así, toda vez que frente a la discriminación que se encuentra acreditada el dolor moral aparece como un corolario normal y típico de la víctima de tal comportamiento. (Del voto de la Dra. Pinto Varela, en minoría).
Juicio sumarísimo, astreintes, resoluciones inapelables
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Incidente N° 1 -Actor: Sapira, Gustavo Guillermo. Demandado: Administración General de Puertos c/  s/ pedido de reincorporación s/ incidente
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-03-18

La parte actora cuestiona el importe diario de la multa y su fecha de cómputo dispuesta por la Sra. Jueza de grado. La sentencia de grado imprimió las actuaciones el trámite del juicio sumarísimo que prevé el art. 498 del CPCCN el cual a su vez dispone, en su inciso 6°, que sólo serán apelables "la sentencia definitiva o las providencias que decreten o denieguen medidas cautelares (cfr. inc. 6°). Dijo que el recurso incoado versa en torno al monto de las astreintes fijadas en la sede de grado por la Jueza de feria y su fecha de cómputo, es decir, que el análisis concierne a una cuestión cuya revisión se encuentra expresamente vedada, merced a los lineamientos de la citada norma adjetiva, por lo que deviene inapelable.
Multa civil, agencia de turismo, deber de información, trato digno
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Wendt, Adriana Ester  c/ Almundo SRL  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-15

Cabe imponer una multa punitiva a una agencia de viajes en los términos de la LDC 52 bis, con motivo de su negativa a cambiar el nombre de uno de los pasajeros, que fue mal introducido por error en la plataforma digital de compra de pasajes por los actores. Ello así, pues si bien la agencia postuló que aquélla no fue la responsable de haber incorporado los datos de los pasajeros a las reservas por ser un proceso auto gestionado, afirmando asimismo que su parte realizó los cambios solicitados y enmendó la reserva correspondiente pero fue la aerolínea quien no autorizó la nueva emisión del billete; sin embargo, de la prueba producida en la causa no surge acreditado que la agencia haya realizado gestión alguna para cambiar los datos del pasajero. De tal manera, incumplió el deber que le imponía la LDC 4 y 8 bis y el CCCN 1097 y 1100, al informar a los actores falazmente haber intentado gestiones ante la compañía aérea y la supuesta negativa de la aerolínea a cambiar el orden de los nombres de pila del pasajero.
Revocación de sentencia, medidas cautelares, reinstalación en el puesto de trabajo
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Incidente N° 1 -Actor: Sapira, Gustavo Guillermo. Demandado: Administración General de Puertos c/  s/ pedido de reincorporación s/ incidente
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-03-18

La Sala revocó la resolución de la sede de grado y admitió la medida cautelar solicitada en procura de obtener la reincorporación del actor en su puesto de trabajo. Luego la Magistrada de grado intimó poner en conocimiento de ello a la Administración Nacional de Puertos y Navegación en cuanto continuadora de AGPSE. Asimismo, ordenó la reinstalación solicitada bajo apercibimiento de abonar una multa diaria. Con posterioridad, el actor denunció el incumplimiento de la demandada, Administración General de Puertos y solicitó se disponga la efectiva satisfacción de la manda. Señaló que a través del DNU N° 3/2025, se resolvió la disolución y posterior liquidación de la demandada. La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) fue la continuadora de la Administración General de Puertos Sociedad del Estado y de la Administración General de Puertos Sociedad Anónima Unipersonal por lo cual se le requirió que ANPYN cumpla la medida cautelar dictada y que reincorpore al accionante en su puesto de trabajo. La demandada expone que la judicante de feria extendió la medida cautelar a un tercero que no era parte en el proceso. Sostiene que correspondería procesalmente que el actor inicie una nueva demanda y solicite una nueva medida cautelar. Conforme el art. 2° del decreto 3/2025 y el art. 1° de la Resolución N° 21/2025 (RESOL-2025-21-APN-MEC-, se observa que el organismo demandado continúa en funcionamiento, siendo aún operativos las obligaciones y derechos que le atañen, circunstancia que comprende a los contratos de trabajo anudados con su personal. No se desprende de las constancias de la causa que se hubiese alterado el estado de hecho que se invocó al tiempo de entablar la acción, ni tampoco cuando se admitió la medida cautelar peticionada en el escrito de demanda. Nunca se acreditó el cumplimiento de la manda decidida por la Sala, de reincorporar al actor en su puesto de trabajo. Teniendo en cuenta lo expresado corresponde intimar a la demandada (AGPSE) para que satisfaga la medida cautelar admitida por este Tribunal y consecuentemente disponga la reincorporación del actor a su puesto de trabajo.