Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-06-17


Trelew, 17 de junio de 2.008.- Y VISTOS: ----- El recurso de apelación interpuesto por la ejecutada a fs. 52 contra la resolución de fs. 46/48 vta. y memorial de agravios presentado a fojas 54/56. ----- Y CONSIDERANDO: ------- I.- Que en la resolución apelada se resolvió rechazar las excepciones de falta de personería y falta de legitimación activa, mandando llevar adelante la ejecución contra "M. V. S.R.L.". ---- Que la apelante se agravió, en lo esencial, sosteniendo que la Sra. Jueza "a quo" realizó una interpretación errónea y forzada del art. 8 del Código Fiscal y del art. 13 de la ley 5117. --- Sostuvo que de la primera de las normas surge que las facultades otorgadas a la Dirección General de Rentas son únicamente de recaudación, fiscalización, determinación, devolución y cobro judicial de impuestos, tasas y contribuciones, es decir, tributos o imposiciones de carácter estrictamente fiscal, y no cualquier otra acreencia de carácter parafiscal. - Afirmó que de conformidad con lo establecido en los artículos 5, 8 y 59 del Código Fiscal de la Provincia del Chubut, tal como es principio general del Derecho Administrativo y como ha sido receptado por el art. 3 de la ley 920, la actora tiene una competencia restringida por la ley que establece su creación. ------- Aseveró que a la luz de una interpretación armonizadora del Código Fiscal y de la ley 5117, la competencia para iniciar el cobro judicial de créditos está expresamente otorgada a la Fiscalía de Estado, respecto de la cual se establece su intervención forzosa, otorgándosele la facultad de avocamiento en todos los casos, con expresa excepción de los créditos fiscales derivados de impuestos, tasas y contribuciones, que corresponde a la demandante. --------- Adujo que como consecuencia lógica de la absurda y errónea interpretación efectuada por el Juez de Grado, se deriva la irrazonable afirmación de que el letrado apoderado contaba con facultades suficientes para promover las presentes actuaciones. --------- Indicó que dicho poder no habilita al presentante a iniciar el cobro ejecutivo de acreencias parafiscales, sino que expresamente otorga facultades para "...cobros judiciales de los créditos fiscales originados en deudas por impuestos, tasas y contribuciones...". -- II.- Que entrando al análisis de la cuestión traída, corresponde en primer lugar señalar que lo referente a si el órgano del Estado Provincial al que le corresponde intervenir es la Dirección General de Rentas, la Fiscalía de Estado u otro, es una cuestión que debe encuadrarse como materia de una excepción de falta de legitimación y no de falta de personería. ------ El excepcionante cuestiona el poder que da base a la representación invocada por el accionante, pero luego en un párrafo, a fs. 20vta. expresa textualmente que "...suponiendo que dicho mandato lo facultara, no podría ejercerlo válidamente ya que tampoco su poderdante, es decir la Dirección General de Rentas de la Provincia, se encuentra facultada para ello, de conformidad con lo establecido en los artículos 5º, 8º, 59º y concordantes del Código Fiscal de la Provincia y el art. 3º de la Ley Provincial Nº 820....". En suna, lo principal que se cuestiona no es un déficit de la acreditación de la aptitud para litigar del representante, sino la carencia misma de habilitación para otorgar mandato del poderdante.-- La legitimación activa supone la identidad entre la persona a quien la ley le concede el derecho a demandar y quien asume en el proceso el carácter de actor. En el caso, en el que se pretende el cobro de multas impuestas a la demandada por parte de la Subsecretaría de Trabajo del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia de la Provincia del Chubut, la persona legitimada para iniciar la demanda es justamente esta Provincia, que es persona jurídica de carácter público, tal como lo dispone la primera parte, inc. 1º del art. 33 C.C. El planteo acerca del órgano que el Estado Provincial invistió de competencia para actuar en procesos como el presente no puede decidirse en el marco de la excepción interpuesta por la ejecutada -falta de personería- sino que debe reconducirse iura curia novit el planteo y así analizar no la excepción opuesta sino la de falta de legitimación.----------- Aquí lo que se cuestiona no es un déficit en la acreditación de la representación, sino justamente, la carencia de habilitación legal de un organismo oficial para llevar adelante en el foro determinada pretensión y ese planteo no puede tramitar por conducto de la excepción de falta de personería. ------ La Suprema Corte bonaerense resolvió en un caso que "la falta de personería (legitimatio ad processum) constituye una excepción dilatoria, un impedimento procesal que delata la insuficiencia de la representación invocada por quien comparece a juicio por un derecho que no sea propio (Morello y otros, Códigos procesales... T. IV B, pág. 215); SCBA, 7/11/07, "El Estribo S.A. s/ Pedido de quiebra", en Juba sum. B29434). Y agregó allí que "la diferencia con la ausencia de "legitimación" surge evidente a poco que se recuerde que ésta, también llamada legitimatio ad causam es la condición jurídica en que se halla una persona con relación al derecho que invoca en juicio, ya sea en razón de su titularidad o de otras circunstancias que justifican su pretensión; legitimatio ad processum es, en cambio, la aptitud o idoneidad para actuar en un proceso, en el ejercicio de un derecho propio o en representación de otro. La primera se vincula con la titularidad del derecho sustancial que se pretende ejercitar, y en la última está en consideración tan sólo la capacidad del sujeto para actuar en nombre propio o la aptitud del representante para hacerlo por otro, sin que se controvierta la pertinencia de la pretensión (conf. Couture, "Vocabulario jurídico, pp. 391392, conf. Colombo, Código procesal...v. III, pág. 233, citados por Morello, obra referenciada, pág. 218; SCBA, 7/11/07, "El Estribo S.A. s/ Pedido de quiebra", en Juba sum. B29434).-- Un primer inconveniente a solucionar para la reconducción de una excepción a otra, es la taxatividad de excepciones establecida en el primer párrafo del art. 544 CPCyC. No figurando en ese listado la excepción de falta de legitimación podría dudarse sobre si la carencia de aptitud sustancial de quien ejecuta puede encontrar cobijo dentro del proceso ejecutivo y las ejecuciones especiales.-------- El obstáculo se desvanece a poco andar si se repara en que jurisprudencia pacífica ha entendido que la excepción de inhabilidad de título, contiene dentro de sí la de falta de legitimación, en el marco del proceso ejecutivo y las ejecuciones especiales. En varias sentencias suyas, en magnífica integración, la Sala 1ª de la Cámara 2ª de La Plata, que reuniera a los maestros platenses G. L. S. y J. E. C., ambos lamentablmente fallecidos pero de gratísimo recuerdo, brillantemente decidió que "mediante la excepción de inhabilidad de título se puede atacar las formas extrínsecas del mismo, poniendo de resalto que éste no es suficiente ni se basta a sí mismo; es decir que dicha defensa tiende a cuestionar al instrumento cuando carece de idoneidad jurídica, sea por no figurar entre lo que enumera la ley, por no reunir los requisitos extrínsecos que ella exige o por ausencia de legitimación sustancial en el ejecutante o el ejecutado, por no ser las mismas personas que en el título se mencionan en calidad de acreedor o deudor, o porque no contiene indicación o la expresión líquida o fácilmente liquidable de la cantidad adeudada y la exigibilidad de la obligación (Cám. CC 2ª La Plata, Sala 1ª, 11/2/92 , "Multicompras c/ Montes, Elba Graciela s/ Cobro ejecutivo"; ídem, 30/9/93, "Multicompras c/ Rodriguez, María s/ Cobro ejecutivo" e ídem, 8/11/94, "Ienaro, María F. y otro c/ Manni, Nicolás Francisco s/ Cobro ejecutivo", los tres glosados en Juba sum. B250687; en igual sentido, ARAZI, Roland - ROJAS, Jorge A., "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", Edit. Rubinzal y Culzoni, Santa Fe, 2001, T. II, p. 764).-).----- Y en pareja senda, la Cámara de San Isidro, resolvió que "la excepción de inhabilidad de título no sólo procede cuando se refiere a las formas extrínsecas del documento que se pretende ejecutar, sino también en aquellos casos en que el documento acompañado no encuadre en la enumeración legal, o cuando quien se presenta como ejecutante no sea el titular del derecho que invoca, o la persona a quien se ejecuta no sea la obligada al pago, es decir, en definitiva, cuando está ausente la legitimación sustancial activa o pasiva" (Cám. CC San Isidro, Sala 2ª, 24/9/02, "Enei, Ricardo c/ Torres, Hernán s/ Cobro ejecutivo", en Juba sum. B1750485; en igual sentido, (GOZAINI, Osvaldo Alfredo, "Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires. Comentado y Anotado, 2ª edición actualizada y ampliada, Edit. La Ley, Buenos Aires, 2008, T. II, p. 263).---------- Estos fallos siguen la vieja senda pretoriana, a esta altura indiscutida, de ampliar la excepción de inhabilidad de título hasta comprender en ella a la de falta de legitimación. FALCÓN enseña que "desde antiguo los jueces buscaron atenuar el rigorismo formalista de la ley procesal que exigía no considerar más excepciones en el proceso ejecutivo que las taxativamente enumeradas por la ley, negándose a cerrar los ojos antes el despojo o el fraude, so pretexto de una rapidez teórica y de la posibilidad de un nuevo juicio para reparar la injusticia. La excepción de inhabilidad de título fue por lo tanto ampliada en su radio de acción, considerándose comprendida en ella situaciones que escapaban a la sola consideración de las "formas extrínsecas del titulo" (FALCÓN, Enrique M., "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1989, T. III, p. 687).------- De tal suerte, en este caso, no existe óbice para reencauzar el planteo del excepcionante hacia la excepción de inhabilidad de título, de modo de poder analizar la legitimación del ejecutante en este caso, en que el planteo de la excepcionante abarca dos situaciones que pueden dar lugar a esta última excepción que son: a) la competencia del órgano para estar en este juicio, y b) la suficiencia del poder otorgado. Tal como lo postuló la demandada, la Dirección General de Rentas no es el organismo con competencia para iniciar esta demanda, por lo que se revocará la sentencia apelada y se hará lugar a la excepción de falta de personería interpuesta, rechazando la ejecución (éste Cuerpo S.I.C. 191/07). -------- En efecto, según el art. 8º del Código Fiscal (ley 5450), que establece las funciones de la actora, ellas se circunscriben al cobro judicial de los impuestos, tasas y contribuciones establecidas por el código u otras leyes fiscales y diversas tasas o cánones que fijan leyes que el propio artículo identifica. -------- Es de hacer notar que entre las normas que menciona se encuentra la tasa de "Policía del Trabajo establecida por la ley 3270", que es a su vez la ley según la cual se impuso la multa que se pretende ejecutar en estos autos a la demandada. Mas ello no hace variar la resolución a la que se arriba, en virtud de que innegablemente la norma se refiere a la tasa fijada en el art. 38, que se recauda para integrar el Fondo Especial de Policía del Trabajo y Capacitación Laboral y no a multas como la de autos, que, de más está decirlo, no son tasas y tienen una finalidad distinta. --- Es que más allá de que las multas que se ejecutan no están contempladas expresamente en el Código Fiscal como susceptibles de ser cobrados por la Dirección General de Rentas, es indudable que las acreencias cuyo cobro establece el mencionado art. 8 de dicha ley se refieren en todos los casos a impuestos, tasas y contribuciones que poseen una finalidad netamente recaudadora y no sancionadora como lo es la multa reclamada en autos. ------ Consecuentemente la legitimación esgrimida por la actora se muestra inhábil para sustentar su participación en esta litis en el carácter en que lo intenta, correspondiendo así declararlo.-- III.- En razón de la forma en que se resuelve, se adecuarán las costas de la instancia anterior, que se impondrán a la actora vencida (arg. art. 558 y art. 279 del C.P.C.C.). Teniendo en cuenta el resultado obtenido, importancia y eficacia de las labores desarrolladas, carácter con el que actuaran y demás pautas legales, corresponde asimismo adecuar los honorarios de primera instancia los que se fijan al Dr. G. H. U. en el 9,10 % del monto del juicio con más el I.V.A. pertinente (arts. 6, 7, 9, 40 y concs. del dec.-ley 2.200).---- Las costas de Alzada también quedarán a cargo de la demandante derrotada. ---- En razón de las pautas enunciadas se regulan los honorarios por su labor ante esta instancia, del Dr. G. H. U. en el 3,20 % del monto del juicio con más el I.V.A. pertinente (arts. cits. y 14 del arancel).------- No se regularán honorarios de Primera Instancia a los Dres. L. B. y L. B., en razón de la forma en que se imponen las costas y lo dispuesto por el art. 2º del arancel. ---------- Por ello, la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones con asiento en la Ciudad de Trelew; --- RESUELVE: REVOCAR la resolución apelada y hacer lugar a la excepción de inhabilidad de título al progreso de la acción, rechazando la ejecución incoada por la Dirección General de Rentas de la Provincia del Chubut. - IMPONER las costas de ambas instancias a la actora.-- FIJAR los honorarios de primera instancia, al Dr. G. H. U. en el 9,10 % del monto del juicio, con más el I.V.A. pertinente. -- REGULAR los honorarios por su labor ante la Alzada, al Dr. G. H. U. en el 3,20 % del monto del juicio con más el I.V.A. pertinente ---- No regular honorarios de Primera Instancia a los Dres. L. B. y L. B. -------------- Regístrese, notifíquese y devuélvase.------- Fdo.: CARLOS A. VELÁZQUEZ - CARLOS DANTE FERRARI - MARCELO J. LOPEZ MESA REGISTRADA BAJO EL Nº 109 DE 2.008 - SIC.- CONSTE.-- PAULO EDUARDO KÖNIG SECRETARIO DE CAMARA