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Atentado contra la autoridad, competencia federal, remisión del expediente, incidentes, incompetencia
Materia: PENAL
Carátula: Incidente de incompetencia en autos  Kai Feng, Chen c/  s/ atentado contra la autoridad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-12

Si los jueces contendientes no discuten que la conducta investigada encuadra jurídicamente en el delito tipificado por el art. 237 del Código Penal y, ambos coinciden en que la presunta agresión habría sido perpetrada a) durante la ejecución de un allanamiento ordenado por la justicia federal, b) contra un miembro de la PFA, en ocasión del ejercicio de sus respectivas funciones como auxiliar de un juez federal, y c) en el marco de una causa donde, según señalan, se investigarían posibles conductas compatibles con el delito de trata de personas menores de edad; habida cuenta de que la causa involucra aspectos federales corresponde dar intervención al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional, que, aun cuando ha sido investido de funciones locales, lo ha sido por autoridad de la Nación. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Acción de amparo, habilitación de instancia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: FERNANDEZ, Jorge Román c/ JOCKEY CLUB ARGENTINO s/ AMPARO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-29

En la normativa constitucional actual, el no agotamiento de la vía administrativa no puede constituirse en óbice para la consideración judicial de los temas que son materia de amparo.(Del dictamen del señor Fiscal ante la Cámara).-
Daños y perjuicios, daño resarcible
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Baldovino, Alicia c/ Luetken, Héctor y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-04-13

La pérdida de chance matrimonial es improponible como un rubro resarcible "per se".
Terminación del proceso, homologación del acuerdo, efectos entre partes
Materia: COMERCIAL
Carátula: GARCIA, STELLA MARIS c/ OMINT SA DE SERVICIOS s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-07-15

Si bien de conformidad con lo normado por el C.P.C.C. art. 309, el acuerdo homologado celebrado entre las partes sustituye a la sentencia, con efectos de cosa juzgada; sin embargo tal temperamento no resulta aplicable cuando, -como en el caso-, se verifica que respecto del otro codefendido que no participo de aquel, el pretensor dejo expresamente establecido que iba a continuarse el trámite.
Acción de amparo, actos u omisiones de autoridades públicas, jurisdicción y competencia
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Cormillot, Emilio Alberto y otros c/ Estado  Nacional  (Ministerio  de  Trabajo  - Secretaría de Seguridad Social. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-10

La declaración de incompetencia en la acción de amparo está expresamente admitida por el art. 4x, segundo párrafo, de la ley 16 986.
Procedimiento laboral, depósito en garantía, prórroga del plazo
Materia: LABORAL
Carátula: Unisol S.A. s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1996-10-25

El requisito del depósito u ofrecimiento, aceptación, anotación o inscripción en su caso, de la garantía a que se refiere el art. 377 del C.P.C. (Depósito de la parte patronal del importe que se ordena pagar más el 30% para intereses y costas, para presentar recursos en un juicio laboral, ante el Tribunal Superior o la Corte de Justicia de la Nación), debe cumplimentarse ante el Juez de mérito, y él trámite cumplirse dentro del término para deducir la casación -6 o 15 días según el caso- por cuanto la caución es requisito para poder interponer el recurso. Sin embargo, por lo exiguo del tiempo con que cuenta el litigante para completar el trámite, insuficiente en algunos casos por la naturaleza o lugar de situación de los bienes es usual el pedido y la concesión de prórrogas, que se acuerdan por el Tribunal Superior según las circunstancias del caso. Pero, para que estas prórrogas se concedan, es menester que de los autos surja que el interesado, aún cuando con diligencia, no ha podido cumplir con el requisito en cuestión dentro de los plazos preestablecidos.

Asimismo, que la prórroga se solicite, antes del fenecimiento del plazo para acreditarlo.

(Voto del Dr. Vicente Miguel Deleonardi, por sus fundamentos)
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sana crítica racional, abuso sexual, prueba, cámara Gesell, víctima menor de edad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: L., I. c/  s/ DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL VICTIMA MENOR DE 16 AÑOS (ESTUPRO)-APELACION DEFENSA DE G. c/ SENTENCIA CONDENATORIA Y APELACION FISCAL S/ ABSOLUCION DE G. Y L. Y MONTO DE LA PENA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-10-26

La Cámara dio respuesta a los reproches que esgrimiera la compareciente respecto a la falta de ofrecimiento de la Fiscalía de las fotografías del lugar del hecho, al advertir que la recurrente no se hacía cargo de demostrar de qué manera dicha omisión podía impactar en la verosimilitud y credibilidad del testimonio de la niña, desde que las características del sitio donde ocurriera el abuso podían válidamente ser probadas por cualquier medio -en el caso, por la declaración la menor-; y ante tal fundamentación, la impugnante no logra demostrar los vicios constitucionales que invoca, desde que con sus planteos se limita, en definitiva, a cuestionar las significaciones de los medios de confirmación producidos, los que constituyen una reedición de los expuestos en el mismo sentido en la instancia ordinaria, y por ende, resultan insuficientes para habilitar la presente vía, desde que, como es sabido, los agravios referidos al grado de convencimiento que las pruebas puedan acarrear no constituyen -por regla- cuestión constitucional alguna, cuando, como ocurre en este caso, se advierte que lo decidido se encuentra suficientemente fundado en las constancias de la causa y en la normativa de fondo aplicable, sin que se demuestre que el A quo hubiere soslayado las reglas de la sana crítica racional, no apareciendo prima facie el fallo impugnado disociado de las exigencias que el ordenamiento jurídico fundamental impone para el dictado de una sentencia válida.
Monto del juicio, aplicación de la ley, sentencia interlocutoria, litisconsorcio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Monch, Eduardo German y otros c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2022-05-24

En los supuestos de litisconsorcio facultativo activo, el valor del litigio a los efectos de cumplir con el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial está representado, para la parte accionante, por las sumas individualmente peticionadas -en concepto de indemnización- en la demanda, sin que corresponda adicionar a dicho importe intereses, ni actualizar (art. 8 y concs., ley 23.928)
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, responsabilidad del Estado, faltas del servicio, señalización defectuosa, Municipalidad, poder de policía
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO-CIVIL
Carátula: MARSILI, MARIANA c/ OLIVIERI, ENRIQUE OMAR s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-12-18

La presente queja no ha de tener favorable acogida por cuanto no se advierten los vicios esgrimidos en la decisión recurrida- en tanto fundó la condena impuesta a la Municipalidad en la irregular o deficiente prestación de un servicio y en la omisión de cumplimiento de un deber a su cargo -ausencia de señalización de los badenes y existencia de baches-, señalando que la invocación de culpa de un tercero por quien no debe responder no la exime de responsabilidad, ya que compete a ésta el deber de policía y contralor sobre la vía pública, que comprende el mantenimiento y conservación de las calles como bienes del dominio público, quedando sus reproches en el umbral de la mera discrepancia para con la tarea efectuada en la ponderación de las probanzas y de los hechos tal como acontecieron.
Competencia, contienda negativa de competencia, codeudor solidario, remuneración, concursos, fuero de atracción, competencia por conexidad, sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: ACOSTA, CARINA RITA Y OTROS c/ ASOCIACION MUTUAL 2 DE OCTUBRE s/ COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-12-07

Si bien la actora al momento de interponer la demanda aclara que se trata de una deuda solidaria, por lo que tanto la fallida como la aquí demandada serían responsables de la deuda contraída, no dirige su acción contra estas dos, puesto que, por el contrario, menciona el supuesto de responsabilidad solidaria al solo efecto de recordar que no sólo es deudor el demandado de los sueldos desde el contrato de locación, sino también de la deuda anterior que aún se encuentra impaga, y asimismo, la propia accionada, al contestar la demanda, menciona que la deuda laboral producto del no pago de haberes hasta una fecha determinada recae íntegramente sobre la accionada, sin hacer alusión alguna a la concursada, la que tampoco fue citada al proceso ni tuvo intervención en el mismo, por lo que de todo lo expuesto surge que la fallida no fue demandada, por lo que mal puede invocarse la operatividad del fuero de atracción del artículo 132 de la ley 24522, y tampoco se advierte un supuesto de conexidad o afinidad entre esta causa y la quiebra que tramita ante el fuero civil, circunstancia que diluye la posibilidad del dictado de sentencias contradictorias. (Del voto de los Dres. Falistocco, Gastaldi, Netri y Spuler) - REFERENCIAS: Ley 24522, artículo 132
Derecho procesal, ejecución de sentencia, honorarios del abogado
Materia: PROCESAL
Carátula: DI N., N. M. c/ D., L. I. s/ ejecutivo c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2023-06-22

La norma arancelaria tiene la finalidad práctica de permitir una adecuada clasificación de trabajos cuando hubiese intervenido más de un profesional, como así, determinar con precisión la extensión de las tareas llevadas a cabo por los abogados intervinientes, es ese el criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien Se ha expedido el señalando que la primera etapa comprende todos los trámites establecidos por el código de rito hasta la resolución que mande llevar la ejecución adelante -en todo o en parte- o su rechazo, en tanto la segunda abarca los actos previstos en los arts. 559 y ss. de dicho código concernientes al cumplimiento de la sentencia de remate.
Condominio, facultades de los condóminos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Beneitez Servando, Vicente s/ Sucesión ab intestato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-05-07

El derecho del coheredero a lograr compulsivamente el uso de su porción ideal en la cosa - en el caso un inmueble - debe tramitar por vía autónoma del expediente sucesorio. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Igualdad ante la ley, Poder Legislativo, Poder Judicial, control de razonabilidad, policía, personal policial, delitos, acción de reintegro, destitución, reincorporación
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: CATTANEO, SEGUNDO TOMAS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 193-85
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-02-17

Dado que el poder judicial no puede sustituir al poder legislativo en función que es propia de éste, quien goza de la necesaria libertad para regular distintamente situaciones que considere no iguales, la corte al planteársele un reclamo de violación del principio de igualdad, debe limitarse a analizar si el legislador ha actuado irrazonablemente, es decir, si ha dado distinto trato a situaciones substancialmente iguales.

En el caso, el recurrente sostiene que el artículo 121 tercer párrafo de la ley 6769 es violatorio de la igualdad, en relación al derecho establecido para el personal policial en el artículo 129 de la misma ley. La comparación debe establecerse entre el agente policial que estando en pasividad pasó a situación de retiro en razón de estar procesado penalmente por un período mayor de dos años, por la presunta comisión de un delito, y que es luego reintegrado al servicio activo, con la situación de aquel agente que fue destituido y que demostrando el error o injusticia en que se incurrió, es reincorporado al goce del estado policial.
Recurso de inaplicabilidad de ley, accidentes de trabajo, asegurador por riesgos del trabajo, relación de causalidad, carga de la prueba
Materia: PROCESAL-LABORAL-CIVIL
Carátula: Ocampo, Waldemar del Rosario  c/ La Segunda Arte S.A.  s/ recurso de inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-07-04

En buen romance: si el actor se accidentó "por el hecho o en ocasión del trabajo" se presume que el daño proviene de un infortunio laboral, quedando en cabeza de la ART invocar y probar circunstancias que demuestren la interrupción del nexo de causalidad entre perjuicio y tarea. Esto significa alegar y probar alguno de los eximentes que contempla el apartado 3.- del art. 6 de la LRT, nada de lo cual fue esgrimido por la Aseguradora. Encontrándose la demanda enmarcada dentro del sistema especial de riesgo del trabajo, es el mismo sistema el que acarrea las presunciones de autoría y causalidad de las labores prestadas con la dolencia manifestada, y sobre la ART pesa la carga de desvirtuar, debido que es quien cuenta con medios y estructura para hacerlo (Voto Ronconi. Adhesión Romero)
Tarjeta de crédito, títulos ejecutivos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PROFIM CIA. FINANC. c/ HERRAIZ ALBERTO DUMIT s/ Prepara via Ejecutiva (LIBRO: S080 - 489)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1992-03-19

El art. 793 del C.Com. último párrafo, ha otorgado fuerza ejecutiva a las constancias de los saldos deudores que se registran en la referida cuenta. Pero si el saldo en ejecución, no proviene de una cuenta corriente, sino de un contrato de emisión de tarjeta de crédito, no es entonces el título que la ley faculta al banco a expedir, sino una variante del mismo, que lo desnaturaliza.

Y este uso indiscriminado, no puede ser convalidado ni aún por la alegada conformidad de la contraparte, pues no deriva de la voluntad de ésta la justificación del instituto, sino de la ley misma. De ahí que no se tipifique el contrato del art. 791 del C.Com., aún cuando el banco inscriba los débitos generados por el uso de la tarjeta de crédito en una cuenta que abra en sus libros y la califique unilateralmente de cuenta corriente bancaria, a efectos de expedir una certificación de saldo, para encuadrarlo en el art. 793 del mentado código.-
Malversación de caudales públicos, peculado, hurto, abuso de confianza
Materia: PENAL
Carátula: A., M.B. s/ Fraude a la Administración Pública Continuado
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-03-21

"En definitiva, resulta claro que el peculado se diferencia sustancialmente del hurto y también de un abuso de confianza. Se trata de sustraer, que en este sentido significa separar; es un delito contra la administración pública, y no contra la propiedad, el funcionario quebranta la buena marcha patrimonial de la administración pública mediante la violación de su deber probidad".
Derecho procesal, presidente del directorio, facultades disciplinarias del juez, temeridad o malicia, morosidad del proceso
Materia: PROCESAL
Carátula: MULTIPUERTO s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-15

1 - Resulta procedente la imposición de una sanción procesal de multa de $50.000 al presidente de una sociedad anónima, en los términos del art. 45 CPCC, y en el marco de un proceso judicial en el que se hallaba controvertida la titularidad del 50% del capital accionario entre los dos socios fundadores (el presidente y su suegro). Ello así, toda vez que el presidente litigó durante (10) años en nombre de la sociedad, en medio de una gran confusión generada innecesariamente y con un manifiesto desvío del interés societario. Ello fue manifestado por el informe del perito, quien puso en evidencia el ocultamiento de información, la pesima conducción de los negocios sociales, y ciertos manejos que conducirían al vaciamiento de la sociedad. Todo ello habría de desembocar en la presentación en concurso de aquélla, atribuido exclusivamente al presidente de la sociedad, quien, en virtud precisamente de la consignación judicial del 50% de las acciones, manejaba a su arbitrio la sociedad. Inexplicablemente, tras una década de constantes disputas, el presidente -en representación de la S.A.- desistió de la acción. 2 - Asimismo, a raíz de esos informes adversos, el presidente tomó intervención en autos actuando por su propio derecho. Ello implica una actuación directa y personal que, promiscuamente, se une y se confunde con la que correspondía al nombrado en su condición de órgano societario. 3 - Súmase a ello el intento de consolidar una posición dominante dentro de la sociedad mediante un ejercicio abusivo de la función orgánica y a expensas de un menoscabo de los derechos de su padre político (el verdadero titular de la mitad del paquete accionario), pues finalmente reconoció los derechos de este último sobre las acciones, pero con la finalidad de fragmentar esos derechos. 4 - Todas estas circunstancias no podían ser pasadas por alto por el tribunal a la hora de emitir la decisión que pusiera fin al pleito (arts. 34, inc. 6º y 163, inc. 8º, CPCC). En consecuencia, resulta ajustado a derecho imponer la sanción prevista por la ley procesal en forma personal al presidente de la sociedad actora. Todo ese proceder disvalioso desplegado por el nombrado no sólo redundó en perjuicio de la sociedad y del cotitular del capital social, sino en un uso desviado del proceso, cuyos alcances aquél no podía ignorar de acuerdo con una mínima pauta de razonabilidad, para expresarlo con las palabras del mismo art. 45 in fine CPCC
Exenciones impositivas, cuestión constitucional, tributos
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-05-18

La cuestión a decidir por las instancias de mérito exigía un pronunciamiento sobre el alcance de la exención de tributos locales prevista en el marco regulatorio aplicable a la actividad de actora en su calidad de prestataria del servicio público de energía eléctrica en la zona metropolitana, materias ajenas al recurso de inconstitucionalidad, que no erige al Tribunal en una tercera instancia sobre hechos ni sobre derecho infraconstitucional.

(Voto de la Sra. Jueza Ana María Conde).
Honorarios del perito, ejecución de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: Schmalz, Mario Oscar c/ Provincia del Chubut s/ Demanda de Nulidad e Inconstitucionalidad Dto. nº 747-91 -Diferencias  Salariales
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-05-12

Se ha dicho que, fuera el carácter de la prueba individual o común el derecho del perito a reclamar el pago de gastos y honorarios devengados debe ejercerse indistintamente contra cualquiera de las partes, quienes se han beneficiado por labor pericial, sin perjuicio del derecho de éstas de repetir entre sí según sea el cargo de las costas. La excepción sólo está dada en el art. 476 del CPCC que prevé la posibilidad de hacer recaer la responsabilidad económica de esa prueba en la parte oferente siempre que la contraria haga la declaración expresa de su desinterés en la misma.
Retención indebida, propiedad intelectual
Materia: PENAL
Carátula: Oliva, Agustín s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-08-20

La presunta apropiación ilícita de aquellos resultados informáticos obtenidos por el encausado, sin la intervención del software "Luxevent" tampoco verifica aquellas condiciones objetivas de punibilidad contempladas en el art. 172 del CP (en función del art. 71 de la ley 11.723, régimen legal de la propiedad intelectual), ya que no resultan consecuencia de aquellas obras de propiedad intelectual registradas de conformidad con los arts. 57, 58 y 59 de la referida ley. (Dres. Borinsky, Catucci y Riggi).
Banco central, poder de policía, policía bancaria y financiera
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Rigo, Roberto A. s/ recurso extraordinario en incidente promovido por Jalil A. Fuhad  c/Banco Central de la República Argentina s/fuero de atracción  en Banco Boreal s/quiebra.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-13

El Banco Central ejerce el llamado "poder de policía bancario o financiero", con las consiguientes atribuciones para aplicar un régimen legal específico, dictar normas reglamentarias que lo complementen, ejercer funciones de fiscalización de las entidades y aplicar sanciones por transgresiones a dicho régimen.
Sociedades comerciales, contrato social, causa del contrato, jurisdicción, proceso arbitral, estatuto social, cláusulas del contrato, principios procesales, ley vigente
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Buhler, Lucía c/ Buhler SRL y otros s/ proceso arbitral
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-22

Corresponde confirmar la decisión que denegó el pedido de constitución de tribunal arbitral, pues si bien en un principio el contrato de constitución de la sociedad demandada preveía la jurisdicción arbitral, no es menos cierto que el contrato social fue reformado íntegramente, y que, en su nueva redacción, ninguna referencia se hizo al arbitraje, siendo reemplazado el antiguo artículo que prescribía el arbitraje.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, Derecho laboral, trabajador, despido sin causa, abandono de trabajo
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: LUNA, CLAUDIA INES c/ SUMY S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2011-08-16

SUMARIO: Corresponde rechazar la queja interpuesta, en razón de que los argumentos de la quejosa no aportan elementos con entidad suficiente para considerar desvirtuada la sólida motivación expuesta por la Alzada al concluir que medió despido sin causa justificada, por entender que para tener por configurado el supuesto de abandono de trabajo por parte de la trabajadora es necesaria la concurrencia de un elemento objetivo -no concurrencia al trabajo- y otro de tipo subjetivo -voluntad del empleado de no reintegrarse al empleo-, encontrándose ausente este último, decisión que basó fundamentalmente en las misivas enviadas por la actora a la empleadora.
Extradición, personal policial, orden de captura, detención
Materia: INTERNACIONAL PUBLICO-PROCESAL
Carátula: Linardi Martínez, Walter Javier s/ extradición.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-05-30

Lo atinente a que el personal policial habría recordado "de memoria" que sobre el requerido pesaba un pedido de captura, no puede llevar sin más a concluir que existía una especial animosidad contra él; en tanto las circunstancias por las cuales el personal policial pudo haber tomado conocimiento de este hecho en nada influyen en la validez de la detención, máxime que fue aprehendido con sustento en una orden judicial, por lo cual el arresto obedeció a motivos plenamente justificados y no a una difusa sospecha.
Prescripción de la acción penal, prescripción de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Videla, Jorge Rafael y otros c/  s/ recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-04-10

En materia de prescripción, del mismo modo en que la sanción penal puede interpretarse desde una lógica conmutativa o retributiva (dirigida predominantemente a la relación víctima-victimario) y desde una lógica disuasiva o preventiva (dirigida predominantemente a la sociedad), su extinción por el transcurso del tiempo también puede ser interpretada bajo las mismas perspectivas lógicas.