Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-06-30


MARTINO, Omar Antonio y SEGADO, María Rosa MARTINO de contra PROVINCIA DE SANTA FE Reg.: A y S t 198 p 287-295.

En la ciudad de Santa Fe, a los treinta días del mes de junio del año dos mil cuatro, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia doctores María Angélica Gastaldi, Rafael Francisco Gutiérrez y Eduardo Guillermo Spuler, con la presidencia del titular doctor Roberto Héctor Falistocco, a fin de dictar sentencia en los autos "MARTINO, Omar Antonio y SEGADO, María Rosa MARTINO de contra PROVINCIA DE SANTA FE sobre EXPROPIACION INVERSA" (Expte. C.S.J. nro. 815, año 1996). Se determinó el orden de votación conforme al estudio de los autos: doctora Gastaldi y, en orden sucesivo, doctores Falistocco, Gutiérrez y Spuler; y que las cuestiones a resolver son: PRIMERA: ¿qué indemnización corresponde fijar por el inmueble expropiado?. SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde?.

A la primera cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo:

1. Omar Antonio Martino y María Rosa Martino de Segado promueven demanda de expropiación inversa contra la Provincia de Santa Fe con el objeto de obtener el pago de la indemnización sustitutiva de un inmueble de su propiedad.

Señalan que la fracción en cuestión está ubicada en el distrito de San José del Rincón, Departamento La Capital, empadronada para el pago del impuesto inmobiliario bajo la partida 735.091/01.

Precisan que de acuerdo con el plano 85.245 las medidas de los 25 lotes en que, sostienen, fue subdividido el inmueble, son las siguientes: lote 1: 462,61 m2; lote 2: 413,54 m2; lote 3: 415,92 m2; lote 4: 418,30 m2; lote 5: 420,67 m2; lote 6: 423,04 m2; lote 7: 425,42 m2; lote 8: 427,79 m2; lote 9: 430,17 m2; lote 10: 432,55 m2; lote 11: 434,92 m2; lote 12: 437,29 m2; lote 13: 439,67 m2; lotes 14 al 24: 432,94 m2 y lote 25: 482,70 m2 (pasaje: 1770,17 m2).

Consignan que por ley 10.958 se declaró de utilidad pública el inmueble referido para afectarlo a la construcción de las obras de defensa contra inundaciones (Terraplén Villa Añati).

Narran que el 22 de junio de 1993 la Provincia ofreció una indemnización de $727,65 de conformidad con la tasación efectuada por la Junta Central de Valuaciones.

Siguen diciendo que tal propuesta fue rechazada en fecha 1 de julio del mismo año habida cuenta que, según el plano número 85.245, la superficie total de la fracción ascendía a 12.597,10 m2 y no a 9.900 m2 como había considerado la Provincia y, además, porque el inmueble había sido subdividido en 25 lotes valuados por la inmobiliaria "Porta" en U$S 3.500 (lotes 1 a 5 y 21 a 25) y en U$S 3.000 (los restantes lotes), razón por la cual el monto ofertado resultaba irrisorio puesto que, computando las valuaciones individuales, se obtenía un valor de $80.000.

Relatan que el 13.9.1993, la Provincia realizó una contrapropuesta ofreciendo la suma de $12.223,77, la que también fue rechazada por nota del 16 del mismo mes y año argumentando que la valuación no tenía en cuenta que los lotes en cuestión se hallan en terrenos altos, a nivel de ruta, siendo no inundables lo que los valoriza aun más pues se hallan en una zona de descanso cercana a la ciudad de Santa Fe, especial para quintas de fin de semana y muy buscados por los santafesinos, pero que se caracteriza por poseer pocos terrenos no inundables.

Indican que el 16 de diciembre de 1993 la Junta Central de Valuaciones elevó la tasación a la cantidad de $18.610,82, monto que nuevamente fue rechazado por nota del 21 del mismo mes y año.

Cuestionan los dictámenes de la Junta Central de Valuaciones en tanto, aseguran, en un período de seis meses pasó de una tasación inicial de $727,75 a otra de $18.610,82.

Prosiguen su relato señalando que en fecha 14 de noviembre de 1995 presentaron, ante el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, un pedido de pronto despacho (art. 3, ley 7234), procurando que se radique el pertinente juicio de expropiación, afirmando que meses antes la Provincia había tomado posesión de la propiedad sin intervención judicial y sin que mediara consentimiento expreso de sus propietarios.

En función de lo expuesto, entablan la presente demanda con sustento en el artículo 51, inciso a) de la ley 7.534.

Reclaman, en definitiva, una indemnización de $80.000, con más intereses desde la efectiva posesión por la Provincia, o lo que en más o menos resulte de la prueba a rendirse.

Citada la demandada, comparece a estar a derecho a foja 27, contestando la demanda a fojas 31/33.

En su responde sostiene que por ley 10.958 se declaró genéricamente de interés general y sujetos a expropiación, todos los inmuebles, establecimientos, préstamos destinados a defensas, yacimientos y reservorios, instalaciones, muebles, maquinarias y equipos que la autoridad administrativa determine como necesarios para la construcción, reconstrucción, conservación y mantenimiento de los "Terraplenes de Defensa contra Inundaciones - Distrito San José del Rincón Santa Fe - Departamento La Capital".

Añade que por decreto 1070 del 14 de mayo de 1993 se declaró comprendida en la calificación de interés general y sujeta a expropiación la fracción de propiedad de los demandados -entre otras- autorizándose a la Sub Unidad de Coordinación para la Emergencia y a la Dirección Provincial de Obras Hidráulicas a iniciar las gestiones ante los propietarios.

Destaca que al haber fracasado el trámite de avenimiento, se dictó el decreto 666/96 mediante el cual se autorizó a Fiscalía de Estado a promover la demanda de expropiación.

En razón de ello, aclara, no se opone a la expropiación.

En cumplimiento del decreto referido, expresa que se depositó la suma de $18.610,82 en la cuenta judicial 278.556/04 la que se da en pago.

Luego, rechaza el importe de $80.000 pretendido por los actores en concepto de indemnización dado que no acompañan ningún comprobante del que resulte la valuación fiscal, ni indican los elementos de juicio de los que se vale para pretender la citada cantidad. En tal orden de ideas, agrega que las boletas de la tasa comunal y el informe de Inmobiliaria Porta son insuficientes para fijar el valor objetivo del bien.

Destaca que la Junta Central de Valuaciones procedió a tasar el inmueble en cuestión tomando en cuenta la totalidad de la superficie empadronada habida cuenta que el loteo presentado por la actora no se encontraba materializado. Describe el procedimiento seguido por la repartición referida hasta arribar a un valor de $2,07 por metro cuadradado que multiplicado por la superficie y con la aplicación de los respectivos coeficientes de ubicación y superficie, arroja la suma que se da en pago.

Pide, en definitiva, se tenga por aceptada la expropiación inversa y se declare transferido el dominio a favor de la Provincia, desestimándose el monto pretendido por los actores.

A foja 85 vuelto obra la inscripción como litigioso del inmueble de marras, la que se registró bajo el número 71.486 del 27.8.1996.

A foja 86 se libró orden de pago por $15.610,82 (reteniéndose la suma de $3.000 en concepto de impuestos) a favor del apoderado de la actora, constando en la misma foja la recepción del respectivo cheque.

A foja 92 consta acta del 25 de setiembre de 1996 que da cuenta de la toma de posesión por parte de la Provincia.

Abierta la causa a prueba (f. 95), ofrecidas y producidas las que constan en autos, se le otorga la intervención correspondiente a la Comisión de Tasaciones, la que se expide el 4 de junio de 1999 (f. 181).

Ordenado el pase de los autos para alegar, las partes presentan sus respectivos memoriales (fs. 196/198 la actora, fs. 199/203 la demandada).

Llamados los autos para sentencia (f. 204), y consentida esa providencia, queda la causa en estado de ser resuelta.

1.1. Previo a toda otra consideración corresponde determinar con precisión el objeto expropiado. Ello así, en razón de las discordancias que se evidencian en diferentes piezas de estas actuaciones y en las labradas en sede administrativa en relación a la identificación del inmueble de autos, como también respecto de la superficie comprometida.

Acerca de este último aspecto cabe señalar que si bien inicialmente la expropiación se limitó a la fracción afectada por las obras, esto es una superficie de 9.900 metros cuadrados (ver fs. 10 y 17, expte. adm. N 00301-0027707-7) luego, de conformidad a lo peticionado por los expropiados y con arreglo a lo normado en el artículo 10 de la ley 7.534, se incluyó en el trámite la totalidad del bien de propiedad de la parte actora teniendo en cuenta, a tales efectos, el plano de subdivisión número 85.245 (ver fs. 33 y 35 del expte. adm. cit.).

Por tal razón, debe considerarse comprendido en la expropiación a la totalidad del inmueble que luego se describirá.

1.2. En lo que hace a la identificación del predio es dable señalar q Se halla empadronado para el pago del impuesto inmobiliario bajo la partida 735.091/0001 (informe del SCIT de f. 108 expte. jud.) e inscripto su dominio en el Registro General bajo los Números 61888/61889, Folios 5370/5372 y Tomo 536 Impar (informes Registro General, fs. 49 y 85 vto. y extractos de fs. 3/7 expte. adm. cit.).

2. Tal como surge del relato precedente, Omar Antonio Martino y María Rosa Martino de Segado demandan, por la vía prevista en el artículo 51, inciso a) de la ley 7.534, la expropiación de la fracción de terreno descripta en autos, que fue afectada por la Provincia de Santa Fe a la construcción, reconstrucción, conservación y mantenimiento de los "Terraplenes de Defensa contra Inundaciones - Distrito San José del Rincón Santa Fe - Departamento La Capital".

Por su lado, la accionada expresamente señala que no se opone a la presente acción (art. 55, ley 7.534), por lo que corresponde acogerla respecto del inmueble descripto, comprendido en la declaración genérica de "utilidad pública e interés general" efectuada por ley 10.958 e individualizado mediante decreto 1070 del 14 de mayo de 1993.

3. Procedente la expropiación, corresponde determinar el justiprecio que tiene derecho a percibir la parte actora, debiendo resolverse, además, acerca de los intereses y las costas generadas en el presente.

3.1. Sin embargo, previamente se impone determinar la fecha efectiva de toma de posesión por parte de la Provincia de Santa Fe habida cuenta de las particularidades que presenta este tópico. Este dato, se anticipa, resulta de importancia para la causa no sólo en razón de su incidencia sobre la época a la que debe fijarse la indemnización, sino también respecto del cómputo de los intereses y del pago de los tributos que puedan gravar el inmueble.

Si bien es cierto que a foja 92 obra un acta en la que consta que la Provincia de Santa Fe habría tomado posesión del inmueble en fecha 25 de setiembre de 1996, no puede soslayarse que de ese mismo instrumento también se desprende que la obra para cuya ejecución se dispuso la expropiación (terraplén de defensa contra inundaciones), ya se encontraba ejecutada a esa fecha, lo que evidencia que la toma de posesión se produjo con anterioridad a la época referida.

Por otra parte la certificación emitida por el Director de la Dirección Provincial de Obras Hidráulicas, deja constancia que la Provincia tomó posesión del inmueble en fecha 9 de agosto de 1993 (f. 184).

A ello se suma que la Comisión de Tasaciones estimó la indemnización, entre otras, a la fecha de la "toma efectiva de posesión" la que fijó también en el 9 de agosto de 1993, es decir en forma concordante con los datos recién indicados (fs. 181/182) y, por el contrario, calificó al 25 de setiembre de 1996 como "toma formal de posesión".

Los datos enunciados, que no han sido objetados por las partes, son concluyentes en cuanto a que debe estarse al 9 de agosto de 1993 como fecha de la desposesión (cfr. "D.P.V. c. Martini", A. y S. T. 99, pág. 491; "Provincia de Santa Fe c. Panarisi", A. y S. T. 103, pág. 389;"Marino c. Provincia de Santa Fe", A. y S. T. 119, pág. 312; entre otros).

3.2. Sentado lo anterior debe ingresarse al tema del justiprecio.

Los expropiados pretendieron al demandar la suma de $80.000 o la que en más o en menos surja de la prueba a rendirse en la causa. Argumentaron que la fracción se halla a nivel de ruta, es no inundable, en una zona de descanso cercana a la ciudad de Santa Fe, especial para quintas de fin de semana y "muy buscados por los santafesinos", pero que se caracteriza por poseer pocos terrenos no inundables como el de autos.

Al alegar elevaron su petición a $105.048,49 valiéndose a estos fines del informe del Ingeniero Zingaretti (representante de la expropiada ante la Comisión de Tasaciones) y señalando que lo correcto es, como hizo el citado profesional, tasar lote por lote y no en bloque como fue realizado por la Junta Central de Valuación.

La Provincia al responder la demanda ofreció (y dio en pago) la suma de $18.610,82.

Sin embargo al alegar aceptó las valuaciones practicadas por la Comisión de Tasaciones, las que pueden resumirse así: a la toma efectiva de posesión -9.8.1993- convalidó el valor promedio por metro cuadrado libre de mejoras propuesto por la Oficina Técnica de $2,07, el que, una vez aplicados los coeficientes correctores pertinentes arroja un importe de $1,77 para dicho patrón de medida, lo que totaliza un monto de $22.296,87 por el inmueble expropiado, "valor que hubiere tenido el bien si la obra no hubiese sido ejecutada".

Y a la toma formal de posesión -25.9.1996- como a la fecha de la reunión -4.6.1999- estimó $4,88 por metro cuadrado que totaliza $61.473,85 por el predio de autos, aclarando para estas dos fechas que "el inmueble debe tasarse considerando que la obra de defensa está ejecutada", razón por la cual tuvo en cuenta como elemento base el informe de "Inmobiliaria Bernardi" referido a lotes linderos al de autos, a la que aplicó una reducción del 40% en razón de tratarse de un valor de oferta y corresponder a lotes de una urbanización existente, con calles abiertas y en pleno proceso de comercialización, lo que no ocurría con el de autos.

Esas son, sintéticamente, las posiciones de las partes.

3.2.1. En primer término se impone establecer la fecha a la cual se fijará la indemnización.

Sobre el particular y con arreglo a la jurisprudencia del Máximo Tribunal de la Nación, esta Corte ha señalado que, por regla general, la fecha a la que debe fijarse el justiprecio es la correspondiente a la desposesión ("Provincia de Santa Fe c. Quiroga, María" A. y S. T. 169, pág. 201; "Provincia de Santa Fe c. Brest" A y S. T. 179, pág. 331, entre muchos otros).

Ello es así, esencialmente, porque no deben tenerse en cuenta los aumentos que el bien pudo haber experimentado con motivo de la realización de obras particulares o por la incidencia de circunstancias que no se verificaban a la fecha en que la expropiante tomó posesión del bien expropiado; por la misma razón que sería injusto abonar al expropiado un menor valor que el correspondiente a la fecha de la desposesión si los precios hubieran descendido con posterioridad a dicha época (ant. cit.).

En función de lo expuesto, la indemnización será establecida al 9 de agosto de 1993, fecha a la que, conforme se expuso precedentemente, debe estarse como correspondiente a la efectiva desposesión.

3.2.2. Siendo ello así, resulta que el dictamen de la Comisión de Tasaciones a la posesión formal -25.9.1996- o a la de su reunión -4.6.1999- como la valuación propugnada por los expropiados con arreglo al informe del Ingeniero Zingaretti, carecen de decisividad para establecer la indemnización, habida cuenta que, precisamente, refieren a épocas distintas a la que debe considerarse en esta tarea (fs. 181/182 y 160/163, respectivamente).

Pero por fuera de ello, concurren otras circunstancias que coadyuvan a descartar las tasaciones en cuestión.

En efecto, adoptar las valuaciones fijadas por la Comisión a 1996 o a 1999 o la estimación de los expropiados a iguales épocas, podría traer consigo el reconocimiento de un valor influido por las obras para cuya realización se expropió el inmueble, extremo que expresamente veda el artículo 19 de la ley 7.534 que claramente reza: "El valor deberá estimarse por el que hubieren tenido si la obra no hubiese sido ejecutada ni aún autorizada" (cfr. tb.,Villegas, A. Walter, "Régimen Jurídico de la Expropiación", Bs. As., 1973, Depalma, pág. 139 y sigtes.).

En este sentido no puede soslayarse que la propia Comisión de Tasaciones, al estimar el valor a la fecha de la desposesión formal como a la de su reunión, expresamente consignó "el inmueble debe tasarse considerando que la obra de defensa está ejecutada" y por eso partió del informe de "Inmobiliaria Bernardi" que refiere a tasaciones actuales.

Iguales objeciones caben respecto de la postura de los expropiados, puesto que el informe emanado de su representante ante la Comisión -Ingeniero Zingaretti-, del que intentan valerse en su alegato, ha sido elaborado sobre la base de valores que habrían sido proporcionados por diversas inmobiliarias los que, en función de las fechas a que efectúa las tasaciones -9/96 y 10/98-, contemplan necesariamente la existencia efectiva de las obras de defensa contra inundaciones y, por ende, reflejan el plus que representa la realización de las mismas.

Las circunstancias apuntadas, como se anticipó, determinan que ni el dictamen de la Comisión a las fechas citadas, ni la tesis de la parte expropiada, resulten decisivos para la fijación del justiprecio.

3.2.3. Sentado lo anterior, corresponde examinar los elementos que obran en autos para determinar la valuación a la época de la desposesión real -agosto de 1993-.

En esa tarea, cabe merituar los dictámenes de la Comisión de Tasaciones y de la Junta Central de Valuación correspondientes a esa fecha (fs. 181/182 y f. 17 expte. adm., respectivamente) como así también la información aportada por la Oficina Técnica (f. 154); no resultando computable, en cambio, la constancia obrante a foja 14 del expediente administrativo puesto que, además de aparecer desprovista de toda fundamentación y no apoyarse en datos corroborantes que le otorguen verosimilitud, no se condice -ni siquiera mínimamente- con los otros elementos obrantes en la causa referidos a la fecha en cuestión (crit. de A. y S. T. 179, pág. 341) y, por lo demás, refiere directamente al inmueble expropiado, razón por la cual quedaría aprehendida por la prohibición del artículo 40 de la ley 7.534 (A. y S., T. 126, pág. 341; cfr. tb. A. y S. T. 53, pág. 410; T. 99, pág. 298; T. 110, pág. 116; T. 110, pág. 212; T. 110, pág. 116).

Y bien, la Comisión de Tasaciones, como se dijo, a los fines de fijar el justiprecio a la fecha de la toma real de posesión, convalidó el valor promedio por metro cuadrado libre de mejoras propuesto por la Oficina Técnica de $2,07, el que, una vez aplicados los coeficientes correctores de ubicación y medida a cada lote, arroja $1,77 por dicho patrón de medida.

La Oficina Técnica, a su vez, adoptó el importe señalado siguiendo el dictamen de la Junta Central de Valuación del 31.8.1993, aunque procedió a tasar lote por lote y no como una única fracción.

Esta última repartición (la J.C.V.), para arribar al citado precio básico (por metro cuadrado para lote tipo libre de mejoras), expresa que realizó "un chequeo de precios entre firmas comerciales dedicadas a operaciones inmobiliarias: SAMAR PROPIEDADES, GOGGI MORETTI, LENARDUZZI, publicaciones de guía inmobiliaria y correo inmobiliario, además de personas lugareñas dedicadas a transacciones inmobiliarias" (f. 17, expte. adm.).

A su turno, la constancia agregada por la Oficina Técnica a foja 154 a fin de respaldar su informe, da cuenta que en agosto de 1993 la inmobiliaria Lenarduzzi ofrecía dos lotes de terreno ubicados en el kilómetro 8 sobre ruta en el distrito San José del Rincón (es decir en la misma zona del inmueble de autos), a razón de $2,59 el metro cuadrado.

Y bien, de los elementos examinados puede extraerse una sustancial coincidencia en cuanto al valor del metro cuadrado a la época de la desposesión, no existiendo en autos otras constancias a las que quepa otorgarle mayor credibilidad, extremo que torna aconsejable adoptar como justiprecio del inmueble el informado por la Comisión de Tasaciones al 9 de agosto de 1993, respecto del cual, vale aclararlo, la parte expropiada no ha formulado objeciones en su alegato.

En tales condiciones, la indemnización se fijará en la suma de $22.261,97 al 9 de agosto de 1993.

3.2.4. Finalmente se imponen algunas aclaraciones en torno a las objeciones formuladas por los expropiados acerca de las tasaciones de los organismos oficiales, las que si bien se podrían justificar ante la falta de explicación y claridad de las oficinas valuadoras, aparecen disipadas con el examen puntual de los dictámenes.

En efecto, la parte expropiada entiende, en lo esencial, que las tasaciones practicadas por los organismos oficiales no merecen credibilidad desde que ostentan significativos niveles de variación entre ellas.

Es cierto que una lectura liminar de tales instrumentos demuestra que la Junta Central de Valuación pasó de una tasación inicial de $727,65 a otra de $12.223,77 y posteriormente a otra de $18.610,82 y que la Comisión de Tasaciones estimó el valor en $22.261,97, pero también lo es que el importe fijado en primer término por la Junta Central no es más que el valor fiscal proporcional (se había considerado solamente la parte afectada) del inmueble.

La segunda, obedece al replanteo del asunto originado en la contrapropuesta de los expropiados pero también considera sólo la parte afectada (9.900 metros cuadrados) y la última de las tasaciones contempla, por fin, la totalidad del inmueble (12.597,10 metros cuadrados).

Las diferencias que se advierten respecto de la valuación de la Comisión de Tasaciones obedecerían a que tasó lote por lote -conforme a la pretensión de los expropiados- y aplicó los respectivos factores de ubicación y medida a cada uno de ellos.

Pero lo que realmente resulta decisivo es que, salvo la primera de las tasaciones que se limitó a establecer el valor fiscal, las demás consideraron un valor por metro cuadrado uniforme, esto es: $2,07 por metro cuadrado para lote tipo libre de mejoras que aparece respaldado y documentado con los elementos que "supra" se han analizado.

3.4. A los efectos de establecer el importe que aún resta abonar en autos, corresponderá deducir, del justiprecio fijado por el Tribunal, el monto oportunamente retirado por los expropiados.

En ese orden, si al importe de $22.261,97 fijado por el Tribunal, se le descuenta la suma de $15.610,82 retirado por los expropiados (f. 86), se obtiene un monto de $6.651,15 que es lo que adeuda la Provincia a los accionados.

Sobre ese saldo -$6.651,15- se liquidarán intereses a la tasa pasiva promedio mencionada en el artículo 10 del decreto nacional 941/91, desde la fecha de la desposesión -agosto de 1993- hasta la fecha del efectivo pago, si este se efectúa dentro de los treinta días de aprobada la liquidación respectiva -que se practicará dentro de los veinte días de quedar firme la presente sentencia-, y en caso de incumplimiento correrán incluso sobre los intereses devengados.

3.5. Cabe aclarar, finalmente, que previo al pago del saldo de la indemnización, deberá acreditarse la cancelación de los tributos pertinentes en cuanto fueren exigibles a la parte expropiada, teniéndose en cuenta a tales fines la fecha de la efectiva desposesión establecida en el punto 3.1. de la presente y la retención de que da cuenta el decreto de foja 86.

3.6. En cuanto a las costas, atento la proporción existente entre las sumas reclamada, ofrecida y fijada, se impondrán en el orden causado (art. 49, apartado 2, inc. a, ley 7.534).

Así voto.

A la misma cuestión, el señor Presidente doctor Falistocco y los señores Ministros doctores Gutiérrez y Spuler expresaron idénticos fundamentos a los expuestos por la señora Ministra doctora Gastaldi, y así votaron.

A la segunda cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo:

Atento el resultado obtenido al tratar la cuestión anterior, corresponde hacer lugar a la acción expropiatoria y, en consecuencia, declarar transferido a favor de la Provincia de Santa Fe, previo pago del saldo indemnizatorio, el inmueble descripto en esta sentencia.

Fijar la indemnización total al mes de agosto de 1993 en $22.261,97 y condenar a la Provincia de Santa Fe a pagar a los expropiados -previa acreditación de lo estipulado en el punto 3.5 de la presente- el saldo adeudado de $6.651,15, con más intereses a la tasa pasiva promedio mencionada en el artículo 10 del decreto nacional 941/91, desde la fecha de la desposesión -agosto de 1993- hasta la fecha del efectivo pago, si este se efectúa dentro de los treinta días de aprobada la liquidación respectiva -que se practicará dentro de los veinte días de quedar firme la presente sentencia-, y en caso de incumplimiento correrán incluso sobre los intereses devengados.

Costas en el orden causado.

Así voto.

A la misma cuestión, el señor Presidente doctor Falistocco y los señores Ministros doctores Gutiérrez y Spuler dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por la señora Ministra doctora Gastaldi y así votaron.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: hacer lugar a la acción expropiatoria y, en consecuencia, declarar transferido a favor de la Provincia de Santa Fe, previo pago del saldo indemnizatorio, el inmueble descripto en esta sentencia.

Fijar la indemnización total, al mes de agosto de 1993, en $22.261,97 y condenar a la Provincia de Santa Fe a pagar a los expropiados -previa acreditación de lo estipulado en el punto 3.5 de la presente- el saldo adeudado de $6.651,15, con más intereses a la tasa pasiva promedio mencionada en el artículo 10 del decreto nacional 941/91, desde la fecha de la desposesión -agosto de 1993- hasta la fecha del efectivo pago, si este se efectúa dentro de los treinta días de aprobada la liquidación respectiva -que se practicará dentro de los veinte días de quedar firme la presente sentencia-, y en caso de incumplimiento correrán incluso sobre los intereses devengados.

Costas en el orden causado.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

Fdo.:FALISTOCCO-GASTALDI-GUTIERREZ-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)