marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de revisión (procesal), cuenta corriente bancaria
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ NACEACHIAN Y VAZQUEZ S.R.L. s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1988-08-05

La constancia expedida por el banco ostenta el carácter de título ejecutivo del saldo de la cuenta. Requerir el previo cierre de la cuenta corriente bancaria implicara la necesidad de integrar el título con elementos ajenos al mismo lo que no es compatible con la intención del legislador al crear este título ejecutivo, ni con el carácter del proceso de ejecución. La "ratio legis" ha sido otorgar un sistema sencillo y breve para la recuperación del importe de los saldos deudores de los cuentacorrentistas.

Las instituciones bancarias, sometidas al control y directivas generales del banco central de la República Argentina son depositarios de la autorización legal para expedir la constancia del saldo deudor, con el sólo requisito que la misma lleve las firmas conjuntas del gerente y contador del banco, sin que sea viable exigir el cumplimiento de otras formalidades ajenas al título en s, dado que este último es esencialmente autónomo. El art. 793 C. de C. en manera alguna ha exigido otros recaudos adicionales fuera de las firmas de los funcionarios indicados. Y tal sistema con notables resultados fue adoptado para la ejecución de saldos deudores de créditos hipotecarios y prendarios ajustables (art. 4 ley 21.309). Los posibles errores o abusos por parte de las entidades de crédito no significan avasallamiento de los derechos del cliente, quien cuenta con la vía ordinaria de repetición en salvaguarda de tales derechos, e incluso la vía penal.
Proceso contravencional, recurso de apelación (procesal), nulidad procesal, nulidad de sentencia, sentencia arbitraria, apartamiento del juez, remisión del expediente, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: QUINTANA, José Mario Pablo (Bar James) s/ Infr. art. 82 ley 1472 - Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-04-10

En el caso, al resultar arbitraria la sentencia recurrida, por no ser una derivación razonada del derecho vigente, corresponde declarar su nulidad y que se proceda al sorteo de un nuevo juez de primera instancia a fin de que, previa celebración de un nuevo debate, se dicte sentencia de acuerdo a derecho, garantizándose asimismo de esa forma la imparcialidad del tribunal.

Tal como fuera resuelto in re Causa Nro. 16167-00/CC/06, "RICHICHI, Sergio Daniel s/ infr. art. 82 ley 1472", no corresponde a esta Sala dictar nueva sentencia, al no prever la Ley de Procedimiento Contravencional (Nro. 12) un recurso ordinario o amplio ante otro órgano judicial, para impugnar una primera sentencia condenatoria dictada en segunda instancia.

En estos supuestos el recurso de inconstitucionalidad (art. 53 de la Ley nro. 12 y art. 27 de la Ley nro. 402) sería el único camino para la defensa; sin embargo, extender la competencia de dicho Tribunal Superior hasta abarcar cuestiones que no podría abordar supone desnaturalizarlo, y para ello consideró la remisión del expediente a otra Sala de la misma Cámara para que jueces diferentes a los que ya intervinieron en el proceso resuelvan como tribunal de mérito (apelación) los agravios del recurrente, brindando una solución a la omisión inconstitucional del legislador (TSJ, fallo "Alberganti, Christian A. s/art. 68 CC- apelación s/recurso de inconstitucionalidad concedido" (Expte. nro. 3910, rto. el 5 de mayo de 2005), conf. voto de la Dra. Alicia Ruiz consid. 1, y voto del Dr. Lozano consid. 5).

Sin embargo, es evidente que una Sala de la Cámara de Apelaciones no es "tribunal superior" de otra Sala del mismo tribunal, como lo exige el "derecho al recurso" contemplado en el artículo 8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículo 14 inciso 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El concepto de "juez o tribunal superior" significa que es "superior" sólo en tanto es más alto jerárquicamente que el que dictó la sentencia de condena.

Al vincularse este problema con el de la ubicación en la escala recursiva del tribunal de apelaciones, a fin de asegurarse no solamente el derecho al recurso sino también la garantía de imparcialidad -que se vería resentida en el caso que el mismo tribunal de apelaciones (que se divide en salas por motivos estrictamente funcionales) se transforme en tribunal de mérito y a su vez, revisor- es que se debe disponer el reenvío de las presentes actuaciones a la instancia inferior.
Mediación, aplicación de la ley, acta acuerdo, homologación judicial
Materia: PROCESAL-CIVIL-LABORAL
Carátula: Scagnetti, Carlos Alberto  c/ Newsan SA y otros  s/ sumarisimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-24

La ejecutabilidad pactada por las partes debe ser interpretada como condicionada a la previa homologación del acuerdo que la contiene pues, de otro modo, se estaría vulnerando lo dispuesto en los art. 12 y 13 de la ley 26993 que es una norma de orden público. Ello así pues, para proceder a la homologación, es condición que el acuerdo implique una justa composición del derecho y los intereses de las partes (art. 12) y que la autoridad emita resolución fundada mediante la cual homologue o rechace el acuerdo conciliatorio (art. 13). Dicho requisito ha sido señalado como esencial y a su vez fundamental, dado que de esa forma se garantiza que los acuerdos sean serios y respetuosos de los derechos del consumidor, al punto tal de poder ordenar su rechazo y la consiguiente reapertura de la conciliación cuando el pacto no revista tales extremos. De tal manera la Secretaría de Comercio podrá tener una visión sistemática de la problemática de consumo y evitar la celebración de acuerdos que sólo sirven de aliciente para la reiteración de prácticas ilegales (conf. Federico M. Álvarez Larrondo, "La Ley 26993 sobre Sistemas de Resolución de Conflictos en las Relaciones de Consumo. Un nuevo hito en la historia del Derecho de Consumo", publicado en revista Anales de Legislación Argentina, año LXXIV, n° 28, octubre de 2014, pág. 3/11).
Emergencia económica, reducción salarial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Giuliano, Jorge H. y otros c/ Tribunal de Cuentas y ots. c/  s/ Pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos. Recurso extraordinario de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2017-02-15

La limitación establecida sobre el emolumento del empleado o pensionado con fundamento en la declaración de emergencia, superior al treinta y tres por ciento (33%) resulta "confiscatoria" o "irrazonable", razón por la cual el empleado o pensionado tendrá derecho a que se le reintegren las sumas descontadas más allá del referido porcentaje.(doctor de Lázzari, mayoría)
Acción de amparo, medidas cautelares, obras sociales, derecho a la salud
Materia: PROCESAL
Carátula: CASIR  OMAR  MIGUEL  JOSE c/ OBRA  SOCIAL BANCARIA ARGENTINA s/ incidente de apelación de medida cautelar.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-19

La cuestión a dilucidar y que se halla controvertida es si corresponde que la obra social demandada otorgue el tratamiento de rehabilitación requerido por el actor con un prestador ajeno a ella. De las constancias de autos se advierte que, tanto de la documental aportada por las partes como del intercambio epistolar no se puede determinar con exactitud en este estado del proceso la calidad y condiciones del servicio ofrecido alternativamente por la demandada, todo lo cual será objeto de debate y prueba durante el trascurso del presente proceso. Así, pues la Obra Social no aportó prueba alguna respecto de la suficiencia e idoneidad científica de tal institución a efectos de que el amparista efectúe su complejo tratamiento de rehabilitación. En consecuencia, resulta evidente que la entidad de la patología y el amplio rango de prestaciones y servicios que demanda el amparista autorizan a tener por configurados, tanto la verosimilitud del derecho, como el peligro en la demora.
Ejecución de sentencias contra el Estado, entes descentralizados, empresas del Estado
Materia: PROCESAL
Carátula: BOYACA COMERCIAL E INMOBILIARIA SA c/ GCBA Y OTROS s/ EJECUCIONES DE SENTENCIAS CONTRA AUT.ADM
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-08-15

Si bien las Sociedades del Estado constituyen, quizá, el punto máximo de la descentralización, no corresponde excluir a una de ellas del procedimiento previsto para la ejecución de sentencias contra autoridades administrativas.
Estupefacientes, tráfico de estupefacientes, contrabando, código aduanero
Materia: PENAL
Carátula: Andia Chávez, Jesús y otros s/ Causa 25871
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-12-29

El Tribunal reitera la doctrina sentada en autos "Androver, Cristina", del 12-2-91, en el sentido que quien atraviesa los controles aduaneros con una cantidad de 1217,6 grs. de cocaína y detenidos en la vía pública incurre en el delito de contrabando previsto por el art. 866 segundo párrafo en función de los arts. 863 y 865 inc. "a" del Código Aduanero.
Asegurador por riesgos del trabajo, domicilio, accidente in itinere, responsabilidad del asegurador
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Vinisky, Martín Gerardo y otros c/ Consolidar A.R.T. S.A. y otro s/ Ley 24.557
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-03

Con relación al concepto de domicilio, el intérprete no puede hacer decir a la ley lo que ésta no dice, pues "la primera fuente de interpretación de la ley es su letra, sin que sea admisible una inteligencia que equivalga a prescindir de ésta, pues la exégesis de la norma debe practicarse sin violación de su texto o de su espíritu" (cfr. C.S.J.N., sent. del 10.06.92, L.L. 1992-D-589). Conforme esa doctrina que de antiguo ha sentado el más Alto Tribunal, ha de sostenerse que la ley de riesgos del trabajo, en el marco concreto del accidente in itinere, no posibilita una interpretación amplia del concepto que desnaturalice su finali-dad y suscite un insospechado aumento del campo de responsabilidad del empleador. La interpretación "dinámica" que alguna jurisprudencia indica no equivale a modificar circunstancias decisivas, como su-pondría, abiertamente y de forma instantánea, fijar otro domicilio modificando el vigente que emana del contrato de trabajo. Ha de recordarse que la ley 24.557 sólo establece tres excepciones al esquema rígido que establece en su art. 6, y que para que ellas tengan efecto, deben ser notificadas por escrito. (Disidencia del Dr. Fernández).
Cheque, endoso, partes del proceso, legitimación procesal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cooperativa Agrícola Ganadera Ltda. de Salto c/ Barone de Rodríguez, Blanca s/ ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-10-11

Carece de legitimación activa aquel cuya firma no figura en la cadena de endosos; quien no es beneficiario o endosante ni figura en el título cartular no es portador legítimo ( art. 17 ley 24452 ) .

MINORIA U OPINION PERSONAL)
Homologación judicial, conciliación, principio de legalidad, seguridad jurídica
Materia: PENAL
Carátula: NAVARRO, Miguel Ángel y otro c/  s/ Robo con armas
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-09-18

Resulta evidente que la decisión de homologar el acuerdo conciliatorio se encuentra en contradicción con el principio de legalidad y, más específicamente, con el principio de seguridad jurídica que de allí se deriva. En efecto, sin una constatación previa acerca de que una norma resulta ilegítima, no es posible que el intérprete desatienda las exigencias del ordenamiento jurídico cuando las circunstancias del caso reclaman su operatividad, pues ello importaría, sin más, la arrogación de funciones propias del Poder Legislativo, lo cual supondría una palmaria violación del principio de división de poderes (voto del juez Magariños).
Intereses, tasa pasiva
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BANCO DE ENTRE RIOS c/ DALL'AVA LUIS OLIMPO Y OTROS s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-03-17

La operatividad de la tasa pasiva promedio que fija el Banco Central, resulta de aplicación sólo al supuesto contemplado en el artículo 622 del Código Civil, primer párrafo, in fine, o sea cuando no hay previsión convencional de las partes, vía intereses compensatorios o punitorios.
Derecho a la salud, personas con discapacidad, Programa Médico Obligatorio
Materia: CIVIL
Carátula: F., R. c/ INSSJYP s/ ley de discapacidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-03-27

Debe confirmarse la sentencia que ordenó al PAMI cubrir al accionante la prestación médica correspondiente al Servicio de Acompañante Terapéutico/ Enfermería, por veinticuatro (24) horas diarias, pues el afiliado promoviente padece a las claras de una "doble vulnerabilidad", ya que es anciano y resulta ser una persona con discapacidad, por lo tanto no puede el agente de salud pretender eximir sus responsabilidades con fundamento en que posee alternativas en cartilla que presupone se adecuan a los requerimientos del afiliados cuando su médico tratante fue explícito al respecto y de las constancias obrantes debidamente evaluadas por el a quo, esas razones surgen con claridad.
Cuestiones de competencia, competencia civil, daños y perjuicios, actos ilícitos, responsabilidad objetiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Safar Retamar, María Elena c/ Moño Azul S.A. s/ daños y perjuicios- sumario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-31

Es competente la justicia civil para entender de los daños y perjuicios derivados de actos ilícitos con fundamento en las previsiones de los arts. 1109 y 1113 del Código Civil (art. 43, inc. b, del decreto - ley 1285/58, según texto del art. 1 de la ley 24.290).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo, prueba
Materia: PENAL
Carátula: Asdrubat, Horacio Adalberto s/ Violación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-06-03

Si el Tribunal descartó la concurrencia de inimputabilidad (art.34 inc.1 C.P.) valorando pruebas testimonial y pericial, es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que no demuestra el absurdo valorativo invocado ni, por consiguiente, la violación del art.252 del C.P.P., y que además guarda silencio sobre la prueba no pericial utilizada por el sentenciante.
Cuestiones de competencia, mutuo hipotecario, reordenamiento del sistema financiero, competencia contencioso administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: "Chiterer  Juan  Pablo c/ PEN  -Ley  25.561 Dtos. 1.570/01 214/02 s/ amparo ley 16.986".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-02-27

Estando la acción dirigida exclusivamente contra el Estado Nacional, y tratándose la norma origen del debate de naturaleza federal aun cuando de derecho privado, no cabe duda respecto de la competencia del fuero constencioso administrativo federal en el litigio. (Del voto en disidencia del Dr. Galli).
Juicio de desalojo, restitución del inmueble, prueba, legitimación procesal
Materia: CIVIL
Carátula: GUTIERREZ ROCIO DAIANA c/ CENTENO RAMONA s/ DESALOJO SIN EXISTENCIA DE CONTRATO DE LOCACION (COMODATO, OCUPACION, ETC)
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2017-10-12

Los procesos de desalojo tienen por objeto el recupero de la cosa y quien posee acción para demandar es el sujeto que se desprendió o fue privado de su tenencia, no siendo necesario que alegue y pruebe ser propietario del inmueble cuya recuperación pretende, debido a que, salvo ciertas excepciones, las cosas ajenas pueden ser objeto de los contratos y en la especie [acción de desalojo] se ejercita una acción personal que emerge del instrumento que vincula a las partes, y no una acción real fundada en el carácter de titular o propietario del bien en cuestión.
Daños y perjuicios, daño moral
Materia: CIVIL
Carátula: Sabath Cea, Daniel c/ Ruiz Díaz, Carlos Horacio y-u otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-06-28

Sin traicionar la naturaleza exclusivamente reparadora que le asigno a esta especie del género indemnización -daño moral- y procurando siempre referir el quantum sólo a la dimensión del daño sufrido, he sostenido en reiteradas oportunidades que en la estimación debe atenderse al tipo de interés lesionado y a las consecuencias que el ilícito acarreó, pero también a la índole del hecho generador de la responsabilidad. Este último aspecto pesa igualmente y permite establecer una relación entre la cuantía de la reparación y la gravedad del ilícito, porque para determinar el grado de los sufrimientos a compensar importa tener en cuenta la clase de acción ofensiva ejecutada, toda vez que hiere más el ánimo del damnificado el ataque cuanto más próximo a la intencionalidad se presenta.
Contratos, medicina prepaga, derechos de las partes, obligaciones de las partes, acción de reintegro, procedencia del recurso
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Garibaldi, Agostina Celeste y otro c/ Swiss Medical SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-04-04

Procede confirmar la sentencia que hizo lugar a la pretensión de la actora a los fines de efectivizar en forma definitiva el cambio del plan médico de salud de menor precio así como el reintegro de la diferencia entre lo efectivamente pagado y lo que hubieron debido abonar por el aludido plan al que pretendían acceder desde hace varios años -2017-. Ello por cuanto, ninguna cláusula prohibió a los adherentes a cambiar a un plan distinto y dicha omisión en el contrato, no pudo haber quedado cubierta por el hecho de que ellos ya hubieran adherido a otro en términos tales que demostraran que en adelante no lo podrían cambiar. Otra interpretación no sería compatible con el objeto de este contrato, como lo demuestra el modo en que la cuestión ha sido decidida frente a convenios que, sí contienen una cláusula que exige el consenso de la prestadora médica para todo cambio -lo cual, como quedó claro, no ocurrió en el caso que nos ocupa-. Igualmente para los contratos que contemplen la cláusula que exige el consenso de la prestadora médica, la doctrina ha estimado que no puede oponerse al cambio de plan sin evidenciar un ejercicio razonable de tal derecho a oposición, entendiendo a este respecto que la cláusula que así lo dispusiera sería inválida si autorizara a denegar el cambio de plan sin invocación de causas (conf. Santarelli, F. en la obra de Picasso, S. y Vázquez Ferreyra, R., "Ley de Defensa del Consumidor, comentada y anotada", t. I, ps. 66/67, citados en la sentencia recaída in re "Errico, Néstor O. c/ Galeno SA", dictada por la Sala D de esta Cámara, el 28/06/12). Vale destacar que los demandantes no pretendieron seguir manteniendo las mismas prestaciones a un precio inferior, sino que se avinieron a un plan que redujera sus derechos pagando también una cuota inferior, por lo que no se advierte de qué modo esto podría alterar el sistema administrado por la compañía, que ha aseverado lo contrario sin proporcionar pautas serias destinadas a proveer de contenido a su afirmación.
Fundamentación de sentencias, liquidación de la sociedad conyugal, desafectación de bienes
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Day, Luis Augusto en J° 2231/11/1f//51134 "Giménez Gloss, Ana María C/ Day, Luis Augusto P/ Separación de Bienes P/ Rec. Ext. de Inconstit-Casación" c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2017-02-06

No resulta arbitraria la sentencia que hace lugar a la acción de liquidación de sociedad conyugal interpuesta por la actora contra su ex cónyuge y, en consecuencia, declara que integra el activo de la sociedad conyugal un inmueble que fue asiento del hogar conyugal; declara la existencia de un crédito a favor de la actora del 25% del valor del mismo y dispone la desafectación judicial como bien de familia de tal inmueble, teniendo en cuenta las siguientes circunstancias: a) el demandado hace más de diez años que habita el inmueble ganancial, sin otorgar a la actora compensación alguna por el uso exclusivo; b) el demandado no tiene su capacidad restringida, percibe una jubilación elevada y posee obra social y; c) de la liquidación del inmueble, el demandado obtendrá la porción que corresponde a su derecho.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, industria metalúrgica, laudo arbitral, leyes, interpretación amplia
Materia: LABORAL
Carátula: Gigena, Raul y otros c/ Cametal SA s/ ¿Son aplicables las disposiciones del laudo 29-75 a los  establecimientos metalúrgicos que como actividad de la industria  metalúrgica se dediquen a la fabricación, reparación, armado y montaje de carrocerías destinadas al transporte público de pasajeros  en general? -Tribunal pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-12-27

Si la tarea de interpretar consiste en averiguar la auténtica voluntad del autor de la norma, el primer paso que debemos transitar para acceder a tal resultado es el análisis gramatical (elemento lingüístico) de los vocablos en particular y de la expresión gramatical en su conjunto y en el caso - interpretación de la expresión "fabricación y reparación de carrocerías" inserta en el artículo 1 del laudo N 29/75- nos encontramos con que ninguna duda cabe acerca de la extensión de los vocablos empleados, abarcativos de la generalidad, es decir que la fabricación y reparación de carrocerías no estaría acotada, sino que su significado es general, vale decir referido a todas las carrocerías y/o a toda clase de carrocería. Por otra parte, dentro del género automotor, se encuentra la especie ómnibus afectado al transporte público de pasajeros. En segundo término, si se presentan dudas acerca de la extensión del concepto, a partir de que la generalidad sólo quepa a una especie dentro del género "carrocerías", y específicamente a las que corresponden a automotores, excluyendo las de los ómnibus dedicados al transporte público de pasajeros, tenemos que la misma norma no sólo no lo especifica sino que en su formulación final, después de enumerar distintas actividades agrega "y todo trabajo vinculado, directa o indirectamente, a la industria metalúrgica automotriz en general" de la que difícilmente pueda interpretarse escapa la fabricación de carrocerías de ómnibus destinados al transporte público de pasajeros. (Del Voto de la Dra. Bellotti de Podesta). En el caso, la cuestión a resolver era la aplicabilidad de las disposiciones del Laudo 29-75 a los Establecimientos Metalúrgicos que como actividad de la industria metalúrgica se dediquen a la fabricación, reparación, armado y montaje de carrocerías destinadas al transporte público de pasajeros en general.