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Recurso extraordinario, administración de vialidad provincial, competencia nacional, Pacto de San José de Costa Rica, leyes, aplicación de la ley, doble instancia, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Transporte Muxi S.A. Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción. Recurso   Extraordinario para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación   (Expte CSJ Nº 66-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-08-13

El cuestionamiento del recurrente atacando la resolución del Alto Tribunal Provincial (que consideró, con fundamento en el artículo 101 de la ley 13893 y el artículo 37 del decreto ley 505/58 que el Convenio suscripto por la Dirección Nacional de Vialidad y la Dirección Provincial de Vialidad habilitaba tanto la intervención de la autoridad provincial como la regulación de las consecuencias de la infracción tipificada por normas nacionales a través de las disposiciones vigentes en la Provincia), sustentado en que el procedimiento empleado para la constatación de infracciones no aseguraba el derecho a una doble instancia ordinaria, garantizado por el artículo 8 inciso h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no resulta admisible para la concesión del recurso extraordinario ya que, aun dejando a un lado que la presente causa no atañe a la materia penal, la exigencia indicada aparece satisfecha a la luz de lo decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Jáuregui" (La Ley 1988-E, p 155 y sgtes.), donde se sostuvo que la exigencia prevista en el artículo 8, apartado 2, inciso h) del Pacto de San José de Costa Rica se hallaba satisfecha con la existencia de la posibilidad de interponer recurso extraordinario federal. Tal facultad ha sido ejercida por la recurrente al interponer el recurso ahora en examen, por lo que mal puede alegar una violación a la norma que invoca.
Revisión judicial, facultades del juez
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Moreira Suquilvide, Eduardo c/GCBA s/amparo (art. 14 CCABA) denegado en Moreira Suquilvide, Eduardo c/GCBA s/amparo (art. 14 CCABA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-10-16

Los argumentos del recurrente no logran acreditar que el control judicial realizado por los jueces de mérito, haya excedido el marco propio de la intervención que le está asignada al Poder Judicial por la Constitución de la Ciudad si el decisorio objetado consideró que el régimen que regula la prestación de servicios del personal franquero, es el decreto n° 937-GCBA- 2007, reglamentario del capítulo VI de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (n° 471), exceptúa especialmente de la jornada de 12 horas diarias a aquellos casos que se encuentren comprendidos en la normativa referida a tareas insalubres o riesgosas. (Voto del Sr. Juez José O. Casás, al que adhiere la Sra. Jueza Ana María Conde. En sentido concordante ver voto de la Sra. Jueza Alicia E. C. Ruiz).
Daño, violación al deber de cuidado
Materia: CIVIL
Carátula: Duerto, Raúl Alberto c/ Pontiliano, Carlos Atilio y-o Quien Resulte Propietario y-oResponsable s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-09-29

El hecho dañoso provocado a terceros, representa así el quebrantamiento del deber jurídico de cuidado.
Daño moral, indemnización, destrucción total del automotor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Romero, Jorge Victoria c/ Vivier, Rubén Héctor y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-28

La alteración disvaliosa del bienestar psicofísico de una persona (por la acción u omisión atribuible a otra) debe presentar suficiente magnitud como para lograr erigirse y ser reconocida como perjuicio moral. Por lo cual, no demostrada eficazmente la existencia de lesiones de cierta importancia (menos aun incapacidad como secuela), las alternativas propias de un accidente de tránsito (que sólo ocasionó daños materiales en el automotor del accionante) no revisten entidad suficiente como para configurar el daño moral y entran dentro del catálogo variado de molestias e inconvenientes que impone la vida en sociedad, pero que no son causa eficiente y adecuada de perjuicio jurídicamente relevante; lo contrario, impone una prueba precisa que el actor no aportó, por lo que resulta bien rechazada su pretensión sobre el particular (arts. 901, 903, 1068, 1078 Cód. Civil).
Recusación, recusación por interés en el proceso
Materia: PROCESAL
Carátula: Leonardelli, Carlos G. s/ Queja en: "Leonardelli, Carlos G. c/ Provincia de Río Negro s/  Enfermedad Accidente"
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1996-08-15

No se visualiza que los magistrados del Superior Tribunal de Justicia, por la sola circunstancia de integrar el máximo órgano que representa al Poder del Estado Provincial en el cual el recusante se desempeña como empleado - resultando parte en el juicio la Provincia de Río Negro - , se encuentren en situación de aprovechar o sufrir las consecuencias del fallo a dictar; es decir que tengan un concreto interés en el pleito que afecte su jurisdicción y su postura de imparcialidad que haga aconsejable su apartamiento.
Principio de congruencia, requerimiento de elevación a juicio, nulidad procesal, declaración indagatoria
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: D. R., M. L s/ Nulidad
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-02

Se confirma el rechazo al planteo de nulidad deducido por la defensa de la imputada respecto del auto que dispuso la nulidad del decreto de clausura de la instrucción al advertir la juez correccional que se había modificado la plataforma fáctica del juicio de imputación sin brindarse explicación ni adoptarse temperamento alguno toda vez que la imputada había sido indagada y procesada en orden al delito de lesiones y el fiscal al requerir la elevación a juicio guardó silencio en relación a ese aspecto.

Destaca la Sala que la actividad de contralor efectuada por la juez correccional, encuentra sustento en lo dispuesto por el artículo 354 del código adjetivo, no advirtiéndose el exceso jurisdiccional que señala la defensa. Agregan que tampoco advierten que los juzgadores hayan asumido facultades requirentes, por cuanto, tanto al invalidarse la clausura como al corrérsele vista al Ministerio Público Fiscal, ninguna indicación se efectuó a dicha parte sobre lo que debía hacer. Por el contrario, la anulación y devolución dispuesta estuvo dirigida al cumplimiento de las reglas básicas del debido proceso, esto es, que aquéllas conductas que han sido materia de imputación sean elevadas a juicio en debida forma, o en su defecto, motivo de un pronunciamiento en la etapa instructoria
Prueba pericial, pericia caligráfica, firma en blanco, inoponibilidad al trabajador
Materia: PROCESAL
Carátula: PEREZ, LUIS TOMAS c/ BAGLEY  S.A.  Y OTRO s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-30

Habiéndose acreditado mediante la prueba pericial caligráfica que los documentos suscriptos por los trabajadores no reconocen una única fecha ni autoría, no puede considerarse su texto oponible a los dependientes, máxime cuando no surge que al momento en que los formularios fueron suscriptos obraran en ellos la totalidad de los elementos que lleven a concluir que fueron puestos en conocimiento de la naturaleza eventual de la relación que concertaban.
Trabajador, prueba, testigos, presunciones
Materia: LABORAL
Carátula: Gómez Alarcón, Dante Victor c/ Club Los Pinos y/o Rodolfo Giménez y/o Florencio Pascual y/o Claudio Tico y/o Riback y/o quien resulte responsable s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1997-11-13

Es procedente el agravio planteado por la parte actora en cuanto a la categoría profesional asignada por el a-quo, ya que los testigos propuestos por los mismos son coincidentes en opinar que la accionante cumplía las tareas indicadas al demandado; asimismo de acuerdo a lo dispuesto por los arts. 85 inc.5, 106 y 91 de la Ley de Contrato de Trabajo 20744, los demandados expresamente en la contestación de demanda reconocen que no llevaban libros ni registraciones, no se advierte razón fundada y suficiente que permita encuadrar al actor en la categoría que indica el sentenciante de primera instancia; la categorización que formula el a-quo, resulta desprovista de fundamentación adecuada.
Simulación, prueba
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Eduardo Francisco Bustos c/ Enrique Linares y Pablo E. Alfonso Linares s/ Recurso de Inconstitucionalidad int. en Expte. Nº 5469/00 Ordinario por Simulación Absoluta e Ilícita. L.A. Nº 44 Fº741/742 Nº 341 Alfonso Linares s/ Recurso de Inconstitucionalidad int. en Expte. Nº 5469/00 Ordinario por Simulación Absoluta e Ilícita. L.A. Nº 44 Fº741/742 Nº 341
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2001-08-09

La acción de simulación no exige una prueba directa e irrebatible porque eso es imposible cuando la acción es ejercida por un tercero -acreedor, en este caso- pero sí la concurrencia de un conjunto de indicios y presunciones lo suficientemente graves, precisas y concordantes para llevar al ánimo del juzgador la convicción de que se esta ante un acuerdo simulatorio, con el propósito de engañar.
Competencia federal, competencia criminal, proceso penal, autoridad de prevención, retención indebida, secuestro de bienes, acta de secuestro, confección irregular
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Averiguación  de  presunta malversación de caudales y adulteración de documento público. s/ Competencia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-05

Corresponde al fuero federal el conocimiento del proceso en el que se imputa a agentes provinciales que actuaron como auxiliares de la justicia nacional haberse apropiado indebidamente de bienes secuestrados en un operativo policial, que estaban afectados a una causa de contrabando que tramita ante la justicia nacional y, además, haber falsificado ideológicamente la correspondiente acta de secuestro.
Violación, declaración de la víctima
Materia: PENAL
Carátula: MORALES, ALFREDO MIGUEL s/ VIOLACION  AGRAVADA  REITERADA,  CORRUPCION  DE  MENORES AGRAVADA EN  CONCURSO REAL (ARTICULO 122 EN FUNCION DEL ARTICULO  119 INCISO 1/55  Y  125  ULTIMA PARTE  Y  55  DEL  CODIGO PENAL EN PERJUICIO DE  NN
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-08-13

La declaración de la víctima de la violación, adquiere fundamental significación para probar la autoría del delito, porque lógicamente no puede estar animada de otros fines que puedan darse en este tipo de delitos, máxime si se halla corroborada por una serie de circunstancias.
Prescripción de la acción penal, secuela de juicio, actos interruptivos
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Rodríguez, Sergio Armando s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-10-12

La voz secuela de juicio utilizada por nuestro Código Penal debe ser conceptuada en el sentido amplio de causa, proceso o procedimiento, por ello habrá de otorgársele calidad interruptiva de los actos persecutorios y provenientes de los órganos que tiene a su cargo la impulsión, regulación y resolución de la acción penal, debiendo desecharse los actos de mero trámite o normales del proceso y aquellos que efectúa el procesado o la defensa técnica. (Voto del Dr. Tragant, según su voto).
Obligación alimentaria, determinación de la obligación alimentaria, concurrencia de los padres
Materia: CIVIL
Carátula: Tito, María Soledad c/ Hernandez, Marcia Melba y Otro/A s/ Daños y Perj. Autom. C/Les. o Muerte (Exc.Estado)(99)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-05-03

Aunque la madre con quien vive el menor tenga entradas por su trabajo personal, el padre debe aportar más que ella en concepto de alimentos, puesto que aquélla compensa su obligación con el cuidado y atención derivados de la tenencia, como también con los diversos gastos menores que cotidianamente debe efectuar.
Encubrimiento real de contrabando con receptación de cosas de procedencia sospechosa, dolo eventual
Materia: PENAL
Carátula: COLLE, JOSE MARIA s/ Contrabando
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-11-14

En el encubrimiento de contrabando es indispensable el elemento intencional para que se configure, elemento que se caracteriza por el conocimiento que pueda haber tenido el imputado de la calidad de la mercadería que recibe. Ese conocimiento puede surgir de presunciones (Sala 3 Reg. 258/68 y 423/60) que surgirían de las circunstancias del hallazgo e inverosimilitud de la versión que se da (Reg. 181/78), que acreditarían que el receptor sabía o debía presumir (Reg. 229/82 y Sala 3, Reg. 48/83), siendo reprochable la conducta aun a título de dolo eventual (Sala 3, Reg. 121/70).
Daños y perjuicios, indemnización, pérdida de la chance, chance laboral
Materia: CIVIL
Carátula: Scamarcia, Mabel y otro c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-12

Corresponde indemnizar la perdida de chance que ocasionó la lesión (art. 165 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) si resulta evidente que la pérdida de la posibilidad de desempeñarse como jugador profesional de fútbol se presenta como una probabilidad suficiente de beneficio económico que supera la existencia de un daño eventual o hipotético para constituirse en un perjuicio cierto y resarcible (art. 1067 del Código Civil).
Juicio ejecutivo, cláusula dólar, actualización monetaria
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: MAC DONALD & CIA. LTDA. S.A. COMERCIAL Y DE REPRESENTACIONES C/ CASSE, JORGE DANIEL S/ EJECUTIVO- Expte. N° 7140/C c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-02-23

Cuando en el juicio ejecutivo se reclama una obligación asumida en moneda extranjera, el reajuste del crédito que pudiere corresponder al día de pago constituye un mecanismo previsto por la legislación procesal (último párrafo del art. 506 CPCC); y es una posibilidad concordante con lo previsto por el art. 765 CCC, en tanto está destinado a que el acreedor pueda recibir el equivalente en moneda argentina según cotización al momento del pago.
Prueba, segunda instancia
Materia: LABORAL
Carátula: Villoldo Antonio B. c/ Soc. Coop. de Arroceros D.F. Sarmiento y otro s/ Indemnización
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1992-07-08

Es viable el pedido de la parte que impetra la incorporación de documental porque el mismo reúne las condiciones prescriptas por los artículos 125 inciso e) y 129 del Código Procesal Laboral, ya que se trata de documental que, aunque aparece con fecha anterior a la constancia de Secretaría poniendo los autos a despacho para sentencia, la parte ha afirmado no haber tenido conocimiento del mismo, lo cual declara bajo juramento. Asimismo, habiendo sido desconocida por la actora la documentación respectiva, corresponde hacer lugar al pedido de informe interesado. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Estado Provincial, causa de las obligaciones, confiscatoriedad
Materia: CIVIL
Carátula: PASMI S. C. A. c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa e Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-03-25

La Provincia, no es un deudor cualquiera cuando de relaciones de derecho público se trata. Aún en la normalidad le accede la posibilidad de la exorbitancia, así como determinados deberes. Sus obligaciones deben ser causadas. Y la causa, de la que no puede ni debe desvincularse la obligación, ha de ser el parámetro necesario para discernir si hay confiscatoriedad.
Renta vitalicia, ejecución del contrato, pago en dólares
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "PETROLI, AMALIA SUSANA c/ Poder Ejecutivo Nacional". s/ AMPAROS Y SUMARISIMOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-31

En el contrato de renta vitalicia previsional, no se está ante la mera aceptación de la autonomía de voluntad de las partes en una contratación común, sino frente a una modalidad que la ley ha autorizado para que se concrete, por su intermedio, una cobertura de la seguridad social. Es decir, de una prestación que está dirigida a cubrir una contingencia previsional, cuya atención completa y adecuada debe ser cumplida más allá de las vicisitudes económicas de las partes (así, Fernando Horacio Payá (h) y María Teresa Martín Yáñez, "Régimen de Jubilaciones y Pensiones. Análisis dogmático del sistema integrado. Ley 24.241, normas modificatorias y complementarias", Lexis Nexis Abeledo Perrot, Buenos Aires, marzo 2004, pág.575). (Disidencia del Dr. Díaz).
Derecho laboral, despido, empleador
Materia: LABORAL
Carátula: BODINI, NATALIO ALFREDO c/ EMPRESA MARIA SELVA LINEA N. 6 SRL s/ COBRO RUBROS LABORALES     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE N. 212-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-09-29

La actitud de la empleadora que tardíamente buscó actualizar una situación ya pasada y tolerada, al solicitar a la compaÑía aseguradora la reiteración del rechazo del siniestro denunciado por el empleado; hace que la cesantía del actor resulte injusta al no haberse cumplimentado las exigencias vinculantes a un leal proceder patronal, dando lugar a la procedencia de las indemnizaciones reclamadas.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, LEY DE CONCURSOS, aplicación supletoria de la ley, ley procesal, concurso preventivo, resoluciones, recurso de apelación (procesal), celeridad procesal, economía procesal
Materia: CONSTITUCIONAL-COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Cereales Fighiera SRL s/ Quiebra. Cuestión a resolver: ¿Es apelable la sentencia   desestimatoria de la solicitud de quiebra formulada por acreedor?   (Tribunal pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-03-27

La disposición del artículo 301 de la Ley Concursal establece que, en cuanto no esté expresamente dispuesto por dicha ley, se aplicarán las normas procesales de la ley del lugar del juicio que sean compatibles con la rapidez y economía del trámite concursal. Por tanto, ante la inexistencia de norma expresa al respecto, cabe recurrir a lo prescripto en el artículo 346 inciso 1 del Código Procesal Civil y Comercial, que dispone que el recurso de apelación procede en las sentencias definitivas sobre lo principal en toda clase de juicios y actos de jurisdicción voluntaria. (Del Voto del Dr. Blank).
Demanda, falta de contestación de la demanda, contrato de trabajo, carga de la prueba, proceso judicial, deberes y facultades del juez
Materia: LABORAL
Carátula: ALZOGARAY, SANDRA FABIANA. c/ GOROSITO HNOS.S.R.L. Y/U OTROS. s/ DIFERENCIA DE SUELDOS, ETC-CASACION LABORAL.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2012-02-23

La norma del artículo 105 del CPL significa por un lado que la falta de contestación de la demanda no obliga al iudicante, en los términos de la norma citada supra, a acoger los rubros reclamados si no encuentran el sustento fáctico necesario para ser jurídicamente admisibles, pero, sí le está dando una pauta de decisión (distinta a la del art. 63 del CPCC- actual) respecto a cada hecho y circunstancia alegada por el actor.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, concurso preventivo, crédito verificado, honorarios, regulación de honorarios, ley arancelaria
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Dirección Provincial de Rentas s/ Primera ¿Cuáles normas se aplican para regular honorarios en la   verificación concursal -tempestiva y tardía- de créditos?. Segunda   ¿Corresponde regular honorarios al síndico y/o su letrado patrocinante, distinguiendo según aquel sea contador o abogado y   según se impongan o no las costas al tercero verificante?. Tercera   ¿Cuál es la base regulatoria? ¿Se computa la desvalorización   monetaria y los intereses?. Cuarta ¿Corresponde reducir la escala   arancelaria en función del trámite seguido y de las etapas cumplidas?   Auto sprint sobre quiebra. Incidente verificación crédito (Expte.   Nro. 128-87) -Tribunal pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-06-12

En lo que respecta a la retribución en las verificaciones de créditos concursales, corresponde cimentar la solución equitativa -retribución proporcional a la tarea desarrollada- en los principios generales que inspiran la labor retributiva en cuanto discriminan según las etapas efectivamente cumplidas en el caso concreto. Esa misma orientación es la que siguió nuestro legislador provincial en numerosas normas de la ley 6767, donde la escala arancelaria íntegra se reduce en función del trabajo desarrollado o las etapas cumplidas (por ejemplo: artículos 7, 9, 10, etc.). (De los Fundamentos del Dr. Rouillon).
Beneficios previsionales, prescripción
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Bazán de Moyano, Ana Selsa c/ Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-11-13

La prescripción es una defensa de fondo (art. 344, C.P.C.C. y art.

3962, C.C.) y no existiendo norma especial que exceptúe a los créditos previsionales de esta regla -cuya aplicación no se presenta además como injusta o disvaliosa- no cabe exigir a la Administración una invocación anticipada de esa defensa.
Procesamiento, plazos procesales, nulidad procesal
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: GONZALEZ, Elizabeth, ARCE, Patricia, s/ procesamiento y prisión preventiva Causa nro. 12.153
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-09

El plazo estipulado por el artículo 306 del Código adjetivo es meramente ordenatorio y su incumplimiento no acarrea nulidad alguna, de donde el planteo articulado sobre el punto tampoco tendrá favorable acogida.
Expropiación irregular, derecho de propiedad, declaración de utilidad pública
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Dos Américas I.C. y F. c/ Gob. del Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur s/ expropiación indirecta.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-10

La expropiación inversa encuentra su fundamento en el art. 17 de la Constitución Nacional y supone la existencia de ley de declaración de utilidad pública.
Infracciones laborales, multa administrativa, prueba testimonial
Materia: LABORAL
Carátula: ECMA S.R.L. c/ SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-12-30

Debe confirmarse la multa de la SRT, ya que resulta innecesaria la prueba testimonial ofrecida por la empresa sancionada, toda vez que no se advierte cuáles serían los extremos que podrían verse modificados por el aporte de este medio probatorio, habida cuenta que las cuestiones verificadas en las infracciones se tratan de inobservancias a disposiciones legales y reglamentarias.