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Recurso de queja (procesal), denegatoria del recurso, procedimiento policial, fuerzas de seguridad, interpretación de la ley, delitos, acción de nulidad, comercialización ilegal de estupefacientes
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Fiscalía de Cámara este de La CABA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Colman, Ceferina y otros sobre 5 C - comercio de estupefacientes o cualquier materia prima para su producción /tenencia con fines de comercialización y otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-09-03

La queja resulta formalmente admisible toda vez que contiene una crítica suficiente del auto denegatorio de la Cámara, y se dirige a cuestionar la decisión de Cámara que confirmó la de primera instancia y declaró la nulidad del procedimiento policial. Dicho esto, el recurso de inconstitucionalidad debe ser rechazado. En el caso, la fiscalía planteó que la única forma que tenía el personal policial para corroborar que se trataba de un acto de comercialización de estupefacientes era observar y seguir el vehículo de los imputados, y que, en todo caso, la cuestión debía discutirse en el debate oral, si prosperara su interpretación. No obstante, el control de detención y sujeción de esos procedimientos a reglas precisas carecería de sentido y de toda eficacia para neutralizar los riesgos de afectación de derechos fundamentales. Asimismo, el recurrente omite indicar por qué los jueces no podían resolver el planteo de nulidad ni ejercer sus facultades de control dirigidas a evaluar si las actividades estatales se llevaron a cabo de acuerdo a la regulación legal para ser tenidas por válidas. En efecto, la decisión transcurrió por los carriles procesales previstos por la ley y la genérica afirmación de la fiscalía es insuficiente para sustentar los agravios constitucionales que invoca. (Del voto en disidencia de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Acción de amparo, empleo público, denegatoria del recurso, recurso de queja (procesal), control de constitucionalidad
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: GCBA  c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en De Zavaleta, Teresa Amelia contra GCBA sobre amparo - empleo público-otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-09-03

Sin perjuicio de la diferente vía procesal por la que el asunto planteado llega a consideración de este Tribunal, la cuestión propuesta en autos resulta sustancialmente análoga a la abordada in re "Ferro Croce". Por ende, es preciso recordar que las distinciones en razón del género, consagradas en las leyes que reconocen derechos previsionales a los trabajadores, no pueden trasladarse sin más y de manera automática como causales de restricción del derecho a la estabilidad de los empleados públicos. En efecto, no es constitucionalmente válido que se prive a las mujeres del derecho que asiste a los varones de extender su carrera hasta los 60 años, limitándola a los 57 años, sin razones que sustenten aquella diferencia. Una distinción semejante vulneraría el derecho a la igualdad de la actora con sus colegas varones (art. 16 de la CN), y afectaría de un modo decisivo la igualdad real de oportunidades y de trato entre varones y mujeres (art. 36 de la CCABA). En tanto no se han aportado razones valederas que permitan sustentar la validez y razonabilidad de la limitación desigual del derecho a la estabilidad de varones y mujeres, no cabe sino concluir que tal distinción es ilegítima, y debe asimilarse la situación de la actora con aquella prevista para los docentes varones. (Del voto en disidencia de los jueces Marcela De Langhe y Santiago Otamendi).
Recusación con causa, excepciones procesales, denegatoria del recurso, sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Lamanna, Darío Gerardo c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado (civil) en Lamanna Darío Gerardo S/ recusación con causa - incidente civil
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-09-08

No corresponde hacer excepción a la regla según la cual la queja no suspende la ejecución de la decisión contra la que se interpuso el recurso de inconstitucionalidad si la parte recurrente no ha dado razones, en los términos de la jurisprudencia de este Tribunal (cf. "Empresa Distribuidora Sur SA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Empresa Distribuidora Sur SA (EDESUR SA) c/ Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor s/ recurso directo s/ resoluciones de defensa al consumidor", expte. SACAyT n° 17445; sentencia del 01-07-2020; "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Fundación Acceso Ya c/ GCBA y otros s/ amparo (art. 14 CCABA)", expte. SACAyT n° 23728; sentencia del 28-09-2022, entre muchos otros), que justifiquen arribar a esa solución. En el caso, el recurso de inconstitucionalidad que la queja intenta sostener se dirigió contra la decisión de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil que desestimó la recusación con causa deducida respecto del juez de primera instancia. (Del voto de los jueces Inés M. Weinberg, Alicia E. C. Ruiz, Luis Francisco Lozano, Marcela De Langhe y Santiago Otamendi).
Medida de no innovar, juicio de apremio, ejecución fiscal, medidas cautelares
Materia: PROCESAL
Carátula: Incidente N° 1- Actor: Telefónica Móviles Argentina SA Demandado: ENACOM - Municipalidad de Lujan - Res 540/21 - Dto 691/24 c/  s/ inc de medida cautelar
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-06-03

La jueza de primera instancia rechazó la medida cautelar de no innovar solicitada, cuyo objeto consistía en que se ordenara a la Municipalidad de Luján que se abstuviera de intimar, reclamar administrativa o judicialmente mediante juicio de apremio o ejecución fiscal la "Tasa por Habilitación de Estructuras Soporte de Antenas e Infraestructuras Relacionadas" por los períodos fiscales 2016 a 2021 hasta tanto se dictara sentencia definitiva. La sala revocó dicha resolución y concedió la medida cautelar solicitada. En tal sentido, afirmó que de un examen preliminar de las actuaciones, se advertía que la pretensión de la Municipalidad de Luján aparecía, en el estrecho marco de conocimiento del proceso cautelar, en oposición a la competencia específica de la autoridad nacional para fijar las tasas y tarifas de los servicios de telecomunicaciones y de las tecnologías de la información y las comunicaciones (conf. arts. 3°, 4° y 6° de la ley 19.798 y arts. 3° y 4° de la ley 27.078).
Monto del juicio, honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: EN - M Desarrollo Productivo c/ FB Líneas Aereas SA - Dispo 720/22 s/ proceso de ejecución
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-06-19

La sala analizó la cuestión planteada en el caso, vinculada a determinar - existiendo un monto de condena establecido por liquidación aprobada judicialmente-, si a los efectos de la aplicación del tope o límite de responsabilidad del 25% y el consecuente prorrateo -o no-, regulados en el art. 730 del CCCN, debía computarse el monto resultante de convertir, en pesos, la cantidad de UMA fijados como honorarios profesionales correspondientes a primera instancia, o bien al valor vigente de la UMA al momento de la aprobación judicial de la liquidación, o bien al valor vigente de la UMA al momento de la regulación judicial firme, como sostenía el deudor. El tribunal concluyó que el cálculo debe efectuarse tomando el valor vigente de la UMA al momento de la aprobación judicial de la liquidación. Ello así, por aplicación del criterio adoptado por el tribunal de alzada -en la causa CAF n° 69.216/2018- respecto a una cuestión similar traída a su conocimiento.
Confirmación de sentencia, litisconsorcio pasivo
Materia: PROCESAL
Carátula: EN- M Obras Públicas de la Nación  c/ Municipalidad de General Alvear Provincia de Mendoza - Expte. 45098018/21 s/ contrato administrativo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-29

El tribunal de alzada confirmó el rechazo del planteo formulado por el municipio accionado, tendiente a que se citase al Fiscal de Estado de la provincia de Mendoza por entender que se configura un supuesto de litisconsorcio pasivo necesario en los términos del art. 89 del CPCCN. A tales fines, la sala estimó que no se verificaban los presupuestos del mencionado precepto normativo, dado que sólo se encontraban en juego los intereses del municipio demandado, más no los de la provincia en cuestión. Por consiguiente, concluyó que no resultaba procedente la intervención de la Fiscalía de Estado de la mencionada provincia, en los términos de los arts. 177 de la Constitución local y 1° de la ley 728
Confirmación de sentencia, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso Queja N° 4 - Neira, Eduardo Antonio c/ E N. - Presidencia - SI Resol 228/06 (PFA) c/  s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-06-10

Interpuesta la queja respectiva, la sala confirmó la decisión adoptada. Afirmó la inexistencia de un gravamen insusceptible de reparación ulterior, independientemente de la alegada regulación de honorarios provisorios en favor del profesional quejoso, máxime, cuando el auto cuestionado no importaba una privación de su derecho a que se le determine el resto de sus emolumentos.
Delitos, tenencia de estupefacientes, comercialización, recurso de queja (procesal), denegatoria del recurso, interpretación de la ley, forma ad probationem, resoluciones judiciales
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Fiscalía de Cámara Norte de La CABA c/  s/ queja por recurso de Inconstitucionalidad denegado en incidente de apelación en autos Cáceres, Agustina sobre 5 c - comercio de estupefacientes o cualquier materia prima para su producción /tenencia con fines de comercialización
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-09-03

Debe prosperar el recurso de inconstitucionalidad de la fiscalía que cuestiona la sentencia de la Cámara. Esta, al analizar el recurso de apelación de la defensa, dejó sin efecto la decisión que revocó la suspensión del proceso a prueba respecto de la imputada, declaró extinguida la acción penal y la sobreseyó, además de dejar sin efecto la declaración de rebeldía y captura impuesta. La decisión de la Cámara importó un exceso, en tanto solo podía expedirse sobre cuestiones propuestas en la primera instancia cuyo tratamiento hubiera constituido un agravio expresado por alguna de las partes del proceso. Tampoco hizo referencia a la existencia de circunstancias excepcionales, que permitieran sortear lo dispuesto en la CCABA y en la ley ritual respecto de los límites de la jurisdicción apelada. En consecuencia, corresponde dejar sin efecto la resolución de Cámara y reenviar para que, por intermedio de otros jueces, se resuelva el recurso de apelación de la defensa (arts. 27 y 33 de la ley n° 402). (Del voto en disidencia del juez Santiago Otamendi. Voto coincidente de la jueza Inés M. Weinberg).
Derechos de exportación, hidrocarburos
Materia: ADUANERO-RECURSOS NATURALES-TRIBUTARIO
Carátula: Pan American Sur SA (TF 39976-A)  c/ DGA  s/ recurso directo de organismo externo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-11

En el marco de lo dispuesto por el art. 792 del Código Aduanero, es posible reconocer efecto liberatorio al pago del derecho de exportación de hidrocarburos establecido por la resolución (MEyP) 394/07 cuando éste fue efectuado con arreglo a la liquidación generada por el Sistema Informático Malvina (SIM) al momento del registro de la respectiva solicitud de destinación aduanera; liquidación, ésta, que se practica en base al algoritmo previsto por la referida resolución ministerial y al precio internacional informado por la Secretaría de Energía.
Multa, restitución de cosas
Materia: PENAL-CIVIL
Carátula: Riestra, Sergio Raúl y otro  c/ Fca Automobiles Argentina SA  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-03

Cabe dejar sin efecto la multa impuesta al coactor por no restituir los restos del vehículo siniestrado. Ello por cuanto quien resultó específicamente condenada a la mencionada restitución fue la sociedad coactora. De este modo, tanto las intimaciones como la efectivización del apercibimiento por no haber cumplido con dicha manda, no debieron recaer sobre una parte o sujeto procesal imposibilitado de cumplirla.
Cuestiones de competencia, deberes del funcionario público, dictamen fiscal
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Incidente de Incompetencia en autos PFA, personal de Superintendencia de Bienestar sobre 249 - incumplimiento de deberes de funcionario público c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-09-08

Corresponde declarar la competencia del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas, que previno en el caso, y proceder a la remisión de las actuaciones al fuero federal. Dicho fuero resulta competente para la investigación del supuesto delito denunciado -violación de los deberes de funcionarios públicos con motivo de la falta de provisión gratuita de un medicamento-, que habrían cometido funcionarios públicos dependientes de la Superintendencia de Bienestar de la Policía Federal Argentina. En tanto este organismo se encuentra dentro de la órbita del Ministerio de Seguridad de la Nación, ello permite inferir una posible afectación al buen servicio de la Administración Pública Nacional -cf. art. 33, inc. c) del Código Procesal de la Nación-. (Del voto de las juezas Inés M. Weinberg y Alicia E. C. Ruiz., por remisión al dictamen fiscal. Voto en igual sentido del juez Luis Francisco Lozano).
Recurso de queja (procesal), denegatoria del recurso, procedimiento policial, fuerzas de seguridad, interpretación de la ley, delitos, acción de nulidad, comercialización ilegal de estupefacientes
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Fiscalía de Cámara este de La CABA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Colman, Ceferina y otros sobre 5 C - comercio de estupefacientes o cualquier materia prima para su producción /tenencia con fines de comercialización y otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-09-03

En el caso, la intercepción policial de los acusados se justifica legalmente ante una situación que ameritaba su pronta intervención: uno de ellos circulaba en auto por la vía pública y se detuvo repentinamente cuando intercambió señas y ademanes con una mujer, quien luego se subió al vehículo. Son los preventores quienes deben determinar si lo que tienen ante sí es uno de los supuestos de flagrancia establecidos en el art. 85 del CPP. No cabe reexaminar su conclusión, sino cuando el agente emisor de la decisión administrativa omite motivarla en una causa suficiente, es decir, en los antecedentes de hecho que permiten conjeturar que se está cometiendo un delito. El propio art. 85 citado equipara expresamente los supuestos en los cuales la persona "objetiva y ostensiblemente tenga objetos o presente rastros que hagan presumir que acaba de participar de un delito" a la situación de flagrancia. En consecuencia, podemos asumir que el legislador ha autorizado el obrar policial directo, que debe estar precedido de la constatación de una causa. Y aquí, el motivo para ese obrar no es la absoluta certeza, sino que parte de una evaluación inmediata y con elementos incompletos. En estas condiciones, corresponde hacer lugar a los recursos de queja e inconstitucionalidad, revocar la decisión de la Cámara y devolver las actuaciones para que otros jueces resuelvan conforme los lineamientos expuestos. (Del voto en disidencia del juez Luis Francisco Lozano).
Confirmación de sentencia, impugnación del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Cofco International Argentina SA c/ AFIP - DGI s/ Dirección General Impositiva
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-06-10

La sentencia de primera instancia rechazó la pretensión, en tanto el acto objetado carecía de vicios que provocaran su invalidez. Apelado el pronunciamiento, la sala confirmó la decisión de grado. Expuso que la tacha de inconstitucionalidad de la resolución general que había instituido el SIPER -en el entendimiento de que creaba "sanciones encubiertas"- denotaba una gran amplitud, poca claridad y notoria vaguedad. Concluyó en que se trataba de afirmaciones meramente conjeturales; máxime cuando -desde un plano hipotético- tales pretendidas sanciones habrían sido establecidas por otras disposiciones generales y complementarias del Fisco Nacional, que no recibieron impugnación expresa y concreta en el escrito de inicio.
Recurso de inconstitucionalidad, denegatoria del recurso, cuestiones de hecho y prueba, sentencia arbitraria, daños y perjuicios
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: GCBA  c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Romano, Ramón Felipe y otros contra GCBA sobre daños y perjuicios (excepto responsabilidad medica)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-09-24

Corresponde rechazar la queja del GCBA, toda vez que los agravios no critican fundadamente las razones de la Cámara para denegar el recurso de inconstitucionalidad: que no se verificaba la existencia de un caso constitucional, en tanto las cuestiones objeto de la resolución quedaron circunscriptas a la interpretación de cuestiones de hecho y de las normas que las rigen. Por su parte, los agravios del recurrente vinculados a la arbitrariedad de la sentencia solo ponen en evidencia su disconformidad con la solución que le fue desfavorable, pero ello no resulta suficiente para considerar que la Cámara incurrió en un error grosero susceptible de descalificar la sentencia como acto jurisdiccional válido. (Del voto de los jueces Inés M. Weinberg, Luis Francisco Lozano, y Santiago Otamendi).
Propiedad intelectual, principio de legalidad, medios de prueba
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Incidente N° 1 - actor: SADAIC demandado: EN - Dto. 765/24 c/  s/ inc apelación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-06-10

Las objeciones planteadas por SADAIC -como el exceso reglamentario, la afectación del derecho de propiedad intelectual, la violación al principio de legalidad, y la inconstitucionalidad de la redefinición de "ejecución pública"- requieren un debate de fondo que excede el acotado análisis cautelar. En ese marco, se concluyó que no se configuraba una verosimilitud del derecho en términos claros u ostensibles. En cuanto al peligro en la demora, el tribunal consideró que los elementos probatorios aportados por la actora - publicaciones periodísticas, declaraciones públicas de terceros y un informe contable- eran insuficientes para acreditar un daño grave e irreparable. Observó que el informe contable acompañado por SADAIC era una certificación unilateral, elaborada a pedido de parte, sin control de la contraparte, que además no demostraba la efectiva disminución de ingresos atribuible directamente al decreto cuestionado. A ello se sumaba que los porcentajes informados eran variables, y los datos presentados no reflejaban de manera precisa el supuesto impacto económico irreparable sobre la sociedad ni sobre sus representados.
Delitos, tenencia de estupefacientes, comercialización, recurso de queja (procesal), denegatoria del recurso, interpretación de la ley, forma ad probationem, resoluciones judiciales
Materia: PENAL
Carátula: Ministerio Público - Fiscalía de Cámara Norte de La CABA c/  s/ queja por recurso de Inconstitucionalidad denegado en incidente de apelación en autos Cáceres, Agustina sobre 5 c - comercio de estupefacientes o cualquier materia prima para su producción /tenencia con fines de comercialización
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-09-03

Si bien es cierto que los planteos vinculados con la interpretación de la garantía constitucional de ser juzgado en un plazo razonable podrían estar al alcance de la jurisdicción del Tribunal, en el caso no tienen entidad suficiente para posibilitar su tratamiento. Ello, por cuanto el recurrente denuncia que "no puede endilgarse al fiscal la duración del plazo ya que le fue completamente ajeno y obedeció al comportamiento reticente de la imputada", pero no se hace cargo de que la Cámara valoró que habían transcurrido cuatro años desde el otorgamiento de la probation y que durante ese plazo se había omitido dar intervención a la Oficina de Control de la Suspensión del Proceso a Prueba. También valoró que no se había llevado a cabo ningún tipo de supervisión, por lo que no se habían efectuado "las actividades tendientes a procurar que la causa (...) finalice en un tiempo acorde a la complejidad del asunto". (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Empleo público, expresión de agravios, denegatoria del recurso, recurso de queja (procesal), recurso de inconstitucionalidad
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Puca, Amelia y otros c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Puca, Amelia y otros contra GCBA sobre empleo público (excepto cesantía o exoneraciones) - empleo público-diferencias salariales
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-09-24

Corresponde rechazar la queja si no rebate el auto denegatorio, pues no da cuenta de una cuestión constitucional o federal, ni muestra que resulte arbitraria la decisión de la Cámara que impugna en último término. Esta fundó su decisión en una valoración de las constancias del expediente, al entender que lo peticionado por la actora en la expresión de agravios implicaba alterar los términos en los que se trabó la litis y que se encontraba impedida, por ello, de ingresar al análisis de capítulos no propuestos ante la instancia de grado. La recurrente se limita a insistir en la aplicación del régimen previsto en el decreto n° 2676/87, sin hacerse cargo de las razones que tuvo la Cámara para decidir como lo hizo, y pretende una revisión que remite exclusivamente al análisis de los hechos y del alcance de la pretensión (que resulta, por regla, propio de los jueces de mérito y ajeno a la instancia extraordinaria). (Del voto de los jueces Inés M. Weinberg, Marcela De Langhe y Santiago Otamendi).
Empleo público, diferencias salariales, reescalafonamiento, recursos
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: GCBA  c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Cascino, Sandra Viviana contra GCBA sobre empleo público (excepto cesantía o exoneraciones) - empleo público-diferencias salariales
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-09-17

Corresponde rechazar la queja si no rebate las razones que dio la Cámara para denegar el recurso de inconstitucionalidad, en tanto no da cuenta de una cuestión constitucional o federal que corresponda tratar a este Tribunal. En efecto, la decisión objetada en última instancia entendió acreditado que, al momento de implementarse el encasillamiento en la Nueva Carrera Administrativa, la actora desempeñaba tareas propias del puesto de "Promotor de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes". Sobre esa base, hizo lugar a la pretensión de cobro de diferencias salariales, que debió percibir de haber sido correctamente encasillada según las funciones ejercidas. Los agravios de la demandada no se hacen cargo de la valoración de las constancias del expediente que hicieron los jueces de mérito; tampoco logran evidenciar un desacierto de gravedad extrema que autorice a dejar sin efecto lo decidido por la Cámara con fundamento en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia. Finalmente, el reencasillamiento que los jueces de mérito ordenaron -por entender que la Administración había aplicado erróneamente los criterios con que se había organizado la grilla frente al régimen de la Nueva Carrera Administrativa- no fue cuestionado fundadamente. (Del voto de los jueces Inés M. Weinberg, Luis Francisco Lozano, Marcela De Langhe y Santiago Otamendi).