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Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, transferencia de fondo de comercio, habilitación del establecimiento, indemnización
Materia: COMERCIAL
Carátula: SAMBUCETTI  HECTOR  EDUARDO  Y OTRO c/ ROSSI ALFARO PATRICIA NERYS/ s/ RDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-26

Procede hacer lugar a la demanda por daños incoada contra la demandada en el marco de la transferencia de un fondo de comercio de un hotel y de locación sobre el inmueble donde funcionaba la explotación, por incumplimiento contractual, por cuanto -como en el caso- la accionada nunca entregó los documentos necesarios para poder efectuar la transferencia y además, se constató que la habilitación del hotel no se encontraba a su nombre, con lo cual no estaba capacitada para realizar dichos negocios jurídicos. A ello cabe agregar que lo transferido fue la explotación de un hotel -sin servicio de comida- sito en la jurisdicción del GCBA, y la norma administrativa que regula las habilitaciones en ese ámbito, se encuentra inserta en el código de habilitación y verificaciones. Un análisis integral de esta normativa -que no fue impugnada por las partes- permite concluir que la explotación de un hotel requiere necesariamente de la habilitación municipal previa, pues, sin ésta, no resulta posible el funcionamiento del negocio en el territorio del GCBA. Ello así, la habilitación municipal del hotel se transfiere con el fondo de comercio, pues es un elemento necesario e imprescindible para su explotación. A más, no hay dudas que al tiempo en que las partes negociaron el precio de la transferencia del fondo de comercio una de las variables tenidas en cuenta fue la existencia o no de habilitación del local (en tal sentido, v. voto de la Dra. Tevez, en la sentencia de este Tribunal dictada en los autos "Miranda Néstor José c/ Club del personal del Banco Central de la República Argentina s/ ordinario" (Expediente Nº 29.288/07), del 13.05.10). En conclusión la habilitación integra los bienes a transferir en aquellos supuestos en que resulta necesaria su existencia para el funcionamiento del negocio.
Lucro cesante, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BOSCO CARLOS A. c/ DE NICOLA PEDRO s/ RESOLUCION DE CONTRATO Y DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-11-13

No corresponde acordar indemnización por lucro cesante cuando no se ha acreditado debidamente que la inmovilización del vehículo produjere la denunciada disminución de ganancias. En tal sentido es necesario obre prueba acabada -no bastan las solas declaraciones testimoniales- que permita precisar el importe dejado de percibir, no pudiéndose aceptar sin más la existencia de tales pérdidas si el medio de transporte pudo ser eficazmente reemplazado por medios sustitutivos que aunque onerosos y por ende resarcibles hubieran obstado al acaecimiento de un menoscabo del giro comercial.
Venta de diarios y revistas, distribuidor de diarios y revistas
Materia: LABORAL
Carátula: VICOLI, ALFREDO c/ MINISTERIO DE TRABAJO s/ INSCRIPCION AMPLIACION DE RUBRO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-20

El Ministerio de Trabajo es la autoridad de aplicación respecto de las actividades de los distribuidores de diarios y revistas en virtud de lo normado por la ley 19921 y la resolución ministerial de Trabajo y Seguridad Social 308/72. Por su parte, el Centro de Distribución de Revistas, integrado por la Asoc. Argentina de Editores de Revistas, Asoc. Argentina de Redistribuidores de Representantes de Editoriales y la Sociedad de Distribuidores de Diarios, Revistas y afines, tienen facultad para darse sus propias normas relativas a la circulación de las publicaciones que se editan, y la consecuente posibilidad de limitar el acceso a la distribución de aquéllos que no tienen la habilitación reglamentaria emanada de la autoridad competente. En consecuencia, frente a una actividad reglamentada por quienes tienen actitud para hacerlo, no es admisible que se interfiera en el proceso de circulación previsto, introduciendo un orden que podría resultar anárquico y contrario a los intereses representados en la Soc. de Distribuidores, ya mencionada. (Del voto del Dr. Fernández Madrid, en mayoría).
Condena condicional, revocación de la condena condicional, inconstitucionalidad, reincidencia, delito culposo
Materia: PENAL
Carátula: CORDOBA, Carlos V. s/ PENA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-25

Debe declararse la inconstitucionalidad del art. 27 del C.P., por ser esa la única vía con que cuentan los jueces para remediar lo que de otra forma constituiría una injusticia, cuando, como en el caso, un condenado por un hecho menor doloso, debe cumplir pena efectiva -por un corto plazo-, por registrar una condena anterior por otro hecho delictivo, de carácter culposo (lesiones culposas), aun siendo éste el único antecedente que registra (contando además con un informe socioambiental favorable).

En el caso, no se trató de un delincuente peligroso o con capacidad de repetir sus conductas dolosas en el futuro y no habiendo causado su conducta delictiva daños cuantiosos (incluso no habiendo desplegado una astucia mínimamente apta para disimular el hecho cometido) desde un punto político criminal, sería una respuesta excesivamente rigurosa la aplicación estricta del art. 27 del C.P. para denegarle la condicionalidad de la pena, pues habría una desproporción que excede el marco de lo razonable y que a todas luces puede considerarse una solución derivada de la mera aritmética prefijada en el Código Penal que, como es obvio, no pudo regular todas y cada una de las circunstancias que puede acarrear consigo el acto del juzgamiento de una persona culpable. Por ello podría decirse que la modalidad de pena a imponer actúa mecánicamente para esta situación.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: BANCO CREDITO PROVINCIAL  S.A. c/ Héctor Alfredo y otros s/ IMPROCEDENCIA DEL RECURSO EXTRAORDINARIO - DOCTRINA DE LA   ARBITRARIEDAD    -   JUICIO  EJECUTIVO  -  DEPRECIACION  MONETARIA  -  INTERESES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-08-28

La doctrina de la arbitrariedad reviste carácter excepcional, por lo que requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso, o una decisiva carencia de fundamentación en lo resuelto, sin que autoricen a descalificar el fallo los agravios planteados que sólo trasunten el mero desacuerdo del apelante con el criterio expuesto por los jueces en materia no federal.
Facultades tributarias, derechos de importación, derechos de exportación, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MARWICK S.A. c/ PROVINCIA DE MISIONES s/ IMPUESTO- REPETICION.    FACULTADES IMPOSITIVAS DE LA NACION Y PROVINCIAS.    COMERCIO INTERPROVINCIAL- CONSTITUCION NACIONAL.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-02

La Constitución Nacional no confiere al Gobierno Federal la potestad exclusiva de imposición sobre todas las actividades susceptibles de considerarse alcanzadas por la facultad del artículo 67, inciso 12, sino que únicamente le otorga en exclusividad la facultad de exigir derechos de importación y exportación. Del carácter limitado y estricto de tal concesión dan debida cuenta las intervenciones de los diputados que en el Congreso General Constituyente de 1853 apoyaron el texto de la norma finalmente aprobada, y la renuencia a la abdicación de los derechos mencionados que inicialmente puso de manifiesto el representante de la Provincia de Santa Fe.
Daños y perjuicios, monto de la indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: Aranda, Sonia Beatriz y otros. c/ Gómez, Walter Ramón y/u otros. s/ Daños y Perjuicios - Casación Civil.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2016-02-23

La determinación del quantum indemnizatorio fijado, no resulta materia susceptible de análisis por la vía extraordinaria de casación. Ello es así, en razón de que la determinación de los perjuicios que lo hacen procedente, remiten al análisis de cuestiones de hecho, irrevisables en esta instancia casatoria salvo que su determinación sea irrisoria o irrazonable.
Gendarmería Nacional, retiro militar, antigüedad, haber de retiro
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SANCHEZ, HECTOR LAZARO c/ EN- GENDARMERIA NACIONAL s/ RETIRO MILITAR
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-13

Si bien el art. 17 de la reglamentación del art. 84 de la ley de Gendarmería Nacional 19349 reconoce que "el tiempo de servicios" , del personal retirado, "acrecentará su haber de retiro", en los arts. 19 y 20 se prevé la graduación de ese haber.
Empleo público, carrera administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Vicente, Roberto Ezequiel  c/ Provincia de Córdoba y otro - Ilegitimidad - Recurso de apelación s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2023-08-03

En el ámbito provincial, la pluralidad existente en el seno de la Administración Pública impide establecer un sistema de carrera común para los agentes de todos sus cuerpos. Es por ello que, al analizar el derecho a la carrera administrativa de un determinado agente, es preciso acudir a la normativa que regula la relación estatutaria del cuadro de la Administración a la que pertenece.
Prueba documental, libros del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: Cortes, Gonzalo J. c/ Abella Raúl y otros s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-10-24

La presunción contenida en el art. 55 de la Ley de Contrato de Trabajo juega respecto a las personas vinculadas por un contrato de trabajo, pero carece de validez para acreditar la existencia misma de la relación laboral.
Autoridad de prevención, policía federal, facultades de la autoridad de prevención, averiguación de antecedentes
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: NAVARRETE, ATILIO RODOLFO s/ ADULTERACION DE DOCUMENTO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-10

Coartar la posibilidad a la autoridad policial de demorar a los ciudadanos por lapsos breves para verificar sus antecedentes y revisar a quien resulte sospechoso importa imposibilitar su labor de prevención y favorecer la impunidad de innúmeros delitos, sin que se advierta ventaja concreta que de ello derive para la protección de las garantías constitucionales. La norma impugnada propone un adecuado equilibrio entre el interés social en la prevención y represión del delito y el propio imputado o sospechoso, sin que, por tanto, se advierta agravio a derecho o garantía constitucional alguna.
Tentativa, dolo indirecto, dolo eventual
Materia: PENAL
Carátula: R., C. s/ P.S.A. Abuso de Armas
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-03-08

La tentativa es un tipo dependiente, ya que todos sus elementos van referidos a un delito consumado. No hay una tentativa en sí, sino tentativas de delitos consumados de homicidio, hurto, estafa, etc. De ahí que el dolo sea el mismo que en el delito consumado. Mas discutible es si cabe también la tentativa con dolo eventual respecto al resultado. En la medida en que el tipo del respectivo delito admita la comisión dolosa eventual, cabrá también la tentativa con esta forma de imputación objetiva.
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Scilingo,  Adolfo  Francisco c/ E.  N.  M de RR.EE y Culto s/ amparo ley 16.986.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-10-10

Si el recurso extraordinario tiene dos fundamentos - errónea aplicación de normas federales y arbitrariedad - corresponde considerar en primer término esta última, pues de existir arbitrariedad no habría sentencia propiamente dicha.
Obras sociales, principio de solidaridad, Seguridad social
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Guiguet, Ramón Eduardo y otros c/ E.N.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-06-14

La facultad acordada por el Dec. 582/93 al Jefe de Policía para fijar cuotas extraordinarias que aseguren el equilibrio económico - financiero de la Superintendencia de Bienestar de la institución policial, res-ponde a una necesidad permanente y hace viable que el mencionado organismo puede cumplir, en for-ma acabada, con los objetivos que presidieron su creación. No cabe, por consiguiente, cuestionar la va-lidez constitucional de dicha disposición fundándose en que, tratándose de cuotas a las que se califica de "extraordinarias", hubo de establecerse, al crearlas, el término durante el cual ellas habrán de ser abonadas, puesto que aquí juegan principios inherentes a la seguridad social y al principio de solidaridad que informa la materia, lo que explica que se haya dejado al arbitrio de las autoridades competentes la fijación del monto y tiempo de tales aportes, que resultan imprescindibles para que la institución de ma-rras puede cumplir con las diversas prestaciones que ofrece y que dan sentido a su creación. Además, el Dec. 1419/07 (publicado en el B.O. el 16.10.07) estableció nuevas modalidades en la financiación de la Obra social, y en virtud de ellas, se dejaron sin efecto -a partir de su vigencia- las disposiciones y cuotas extraordinarias de aportes dictadas conforme a las facultades que el referido Dec. 582/93 confiriera al Jefe de Policía; motivo por el cual ha de entenderse que, hasta la aludida fecha, las cuotas extraordina-rias fijadas conservan su validez. (Disidencia del Dr. Laclau).
Sentencia, fundamentos suficientes, razonabilidad, subasta judicial, adquirente en subasta, locación, daños y perjuicios, incumplimiento del contrato
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: AGROCARGAS S.R.L. c/ PECOM AGRA S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-04-16

No cabe hacer lugar al vicio de autocontradicción en la fundamentación de la Cámara alegado por la demandada- locataria del predio adquirido en subasta judicial por la actora- con base en que los Magistrados habían reconocido el carácter legítimo de la ocupación del inmueble antes del vencimiento del contrato de locación, no obstante lo cual la condenaron a abonar por ese período una indemnización por los daños causados por la ocupación ilegítima del predio. Es que del análisis de los considerandos desarrollados por los Magistrados se advierte que abordaron la situación planteada desde dos ópticas diferentes en relación a los períodos que podían distinguirse. Por un lado, un primer período -que iba desde la adquisición del inmueble en la subasta por parte de la actora hasta el vencimiento del contrato de alquiler publicado en los edictos y por tanto, oponible a la adquirente-en que la demandada, como subarrendataria, tenía la obligación de pagar los alquileres o rentas que el locatario dejare de pagar, Y un segundo período luego de vencido el plazo de la locación y a partir de que la adquirente en subasta le había exigido la devolución del bien -constitución en mora- hasta el momento de su efectiva devolución, por el cual la demandada debía indemnizar los daños causados a la actora por la ocupación del inmueble. Frente a esta fundamentación, la recurrente insiste en la autocontradicción en que habría incurrido el Tribunal pero sin hacerse cargo de demostrar la arbitrariedad o irrazonabilidad de la argumentación ensayada por los Sentenciantes para fundar la confirmación de la sentencia de primera instancia.
Internet, responsabilidad por publicaciones en Internet
Materia: CIVIL-INFORMATICO
Carátula: Artes Dentales SRL. y Otros c/ Google Inc. y Otro s/ Incidente de apelación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-04-30

Los blogs cuya eliminación se ordenó con carácter cautelar contendrían -en principio- opiniones críticas de un servicio, las que además de la protección de los arts. 14, 32 y 75, inc. 22 de la Constitución Nacional (ver art. IV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, art. 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y art. 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; asimismo, ley 26.032), se vinculan con el derecho reconocido con esa jerarquía a los consumidores (art. 42 C.N.). Por el momento no hay probanzas que acrediten su falsedad o una mera intencionalidad difamatoria sin sustento real en los hechos que los comentarios indican. Y no puede fundarse la verosimilitud del derecho de los peticionarios para obtener una orden cautelar, como la dictada por el a quo, en la ley 11.723 que invocan, pues no se advierte, en este estado liminar del proceso, violación alguna a la propiedad intelectual que protege ese régimen; ni en normas que regulan la competencia desleal o la lealtad comercial -ley 22.802-, desde que con los elementos probatorios incorporados al proceso no puede atribuirse la creación de los blogs o los comentarios que contienen, a un competidor de los actores con intencionalidad difamatoria o denigratoria, o a un comerciante en la identificación de mercaderías o en la publicidad de bienes y servicios.
Nulidad procesal, devolución del expediente, banco central, non bis in ídem, interpretación de la ley, derechos y garantías constitucionales
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: PAPELERA MARINUCCI S.A.C.E.I. s/ Régimen Penal Cambiario.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-30

1 - Corresponde no hacer lugar al recurso de nulidad interpuesto por la defensa de la imputada contra la resolución del juez que dispone devolver las actuaciones al Banco Central al considerar nulo el auto que dispuso la apertura a prueba de las actuaciones, toda vez que dicha resolución no contiene vicios que puedan provocar su invalidez, y la remisión no vulnera garantía constitucional alguna ni afecta el principio de "non bis in idem", ya que no se trata de una doble persecución por un mismo hecho sino de la continuación del mismo proceso, retrotrayéndolo a una etapa anterior a fin de que la imputada tenga la oportunidad de efectuar su descargo y ofrecer las pruebas que considere convenientes, a lo que debe sumarse que la defensa comparte los fundamentos de la declaración de nulidad, cuestionando solamente la remisión (Del voto de los Dre. Repetto y Bonzón).- 2 - El Art. 509 del Código de Procedimientos en Materia Penal, establece la procedencia de la nulidad en caso de omisión de formas esenciales del procedimiento. Estos resguardos procesales estructuran y ordenan el proceso orientándolo hacia la efectiva realización del derecho de fondo y se hallan tutelados por los derechos y garantías que consagra la Constitución. El remedio de la nulidad sólo está previsto para casos en que los defectos formales sean de tal entidad que causen un perjuicio a las partes (Del voto de los Dres. Repetto y Bonzón).- 3 - Si bien los errores incurridos por una repartición del Estado no permiten reiterar las posibilidades de perseguir el castigo del acusado, corresponde no hacer lugar a la nulidad planteada por la defensa - contra el auto por el que el juez dispuso anular el auto de apertura a prueba y devolver la actuaciones al Banco Central para su nueva sustanciación -, dado que el supuesto error no sería atribuible al Estado sino a la propia apelante, cuya actitud de abstención de contestar el traslado - voluntaria y con asistencia de letrado - habría viciado el trámite, por lo que no resulta aplicable la doctrina concerniente a la garantía conocida como "ne bis in idem" (Del voto del Dr. Hendler).- 4 - La CSJN ha señalado que no es posible permitir que el Estado, con todos sus recursos y poder, lleve a cabo esfuerzos repetidos para condenar a un individuo, no teniendo el Estado derecho a un nuevo juicio cuando es él quien origina esos errores (Fallos 321:2826), pero la anulación del trámite propiciada por el acusado da lugar a invocar la garantía de "ne bis in idem" cuando el vicio es atribuible a la parte acusadora o al Tribunal, y no al propio acusado (conf. "Oregon vs. Kennedy", 456 US 667, rta. May.24.1982) (Del voto del Dr. Hendler).
Daños y perjuicios, carga de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: M. E. c/ Z., D. R. y otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-10-10

Cualquiera sea la persona responsable de un acto ilícito, se considere o no aplicable el art.1113 del Código Civil cuando el caso queda aprehendido en el marco de la responsabilidad contractual, nunca el damnificado queda relevado de acreditar las circunstancias en que se produjo el hecho generador del daño que invoca en apoyo de su pretensión.

Es que quien afirma la presencia de un hecho controvertido, y en el caso lo es, asume el "onus probandi" es decir que pesa sobre el actor acreditar los hechos que invoca en la demanda, así como que recae en el demandado la de demostrar la posible existencia de alguna de las eximentes legales.
Asociaciones sindicales, medidas cautelares, suspensión del trabajador, suspensión por fuerza mayor
Materia: LABORAL
Carátula: Productos  Soriano  S.R.L. c/ Jimenez, Sandra Beatriz s/ medidacautelar-incidente.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-31

De acuerdo al art. 52, 1 er. párr. in fine, ley 23.551, el empleador podrá requerir la suspensión de la prestación laboral con el carácter de medida cautelar, cuando la permanencia del cuestionario en su puesto o el mantenimiento de las condiciones de trabajo pudiera ocasionar peligro en la seguridad de las personas o bienes de la empresa. Asimismo el Decreto Reglamentario 467/88, en su  art. 30 expresa que la medida cautelar antedicha podrá ser requerida por el empleador en el momento en que surja o mientras perdure un peligro potencial para las personas, se desempeñen o no en la empresa, los bienes, ya sean estos materiales, inmateriales, usados, consumidos, producidos u ofrecidos por la empresa o el eficaz funcionamiento de ésta siempre que dicho peligro se evite o reduzca con la suspensión de la prestación laboral del titular de la garantía de estabilidad. De esto se concluye que la medida cautelar en cuestión procede ante el surgimiento o mantenimiento de un peligro "potencial". Toq 1193.
Procedimiento administrativo, plazo de gracia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Pilomeno de Qüesta, Marta S. c/ Municipalidad de Morón s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-10-26

Los trámites administrativos llevan ínsita la condición de que la actividad de que se trate deberá ejercerse indefectiblemente dentro del horario de la Administración, en el día del vencimiento, y el virtual alongamiento del término que consagra el art. 124 del Código Procesal Civil y Comercial constituye un procedimiento que no puede trasladarse a la esfera administrativa sin mengua del buen orden que debe presidir su actividad. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario, Derecho penal
Materia: PENAL
Carátula: F. O. J. c/  s/ ABUSO SEXUAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-10-22

3 No puede desconocerse que el fundamento de la pena aplicada surge de todo el contenido de la sentencia y en un sentido afín se ha expedido la Corte Suprema al decir que "la sentencia es una unidad lógico-jurídica y que tanto su motivación como su parte dispositiva dan validez y fijan los alcances del pronunciamiento". (Fallos 304:590; 315:1861 y 2291; 316:609; 321:1642, entre otros).