Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-03-28


SENTENCIA N° 89572 CAUSA N° 22.387/2006 "PELLICORI, LILIANA SILVIA C/ COLEGIO PUBLICO DE ABOGADOS DE LA CAPITAL FEDERAL S/ ACCION DE AMPARO" - JUZGADO N° 14 En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a 28-3-08 , reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el recurso deducido contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación.

El doctor Eiras dijo:

Contra la sentencia definitiva que admitió el reclamo de la demanda, declaró la nulidad del despido de la trabajadora y ordenó su reinstalación, apela la parte demandada en los términos del memorial de fs. 489/500, con réplica a fs. 507/513.

La perito contadora recurre sus honorarios, por considerarlos reducidos (fs. 482).

Se queja el Colegio Público de Abogados porque la sentenciante le impuso la carga probatoria de la causal invocada para despedir a la accionante y porque, al no considerarla demostrada, declaró la nulidad del despido al entender que el mismo obedecía a una motivación de discriminación, dada su vinculación personal con el delegado Sr. Gustavo Martínez. Considera que el pronunciamiento de grado omitió valorar adecuadamente las pruebas producidas en la causa y le impuso las costas del juicio. Denuncia, como hecho nuevo, haber tomado conocimiento de que el Sr. Gustavo Martínez es padre de una menor, que no tendría vínculo parental con la accionante.

La actora es una trabajadora que se desempeñaba a las órdenes del Colegio Público de Abogados y que fue despedida porque se le imputó una causal vinculada con la utilización irregular de un equipo de computación (notebook), que habría generado la pérdida de cierta información reservada, que una consultora TYM Consultores, tenía almacenada. En la demanda se sostuvo la falsedad de la causal invocada para despedir y se accionó por la vía sumarísima con sustento en los arts. 1 y 2 de la ley 23592 y 47 de la ley 23551, en procura de la declaración de nulidad del despido y la reincorporación de la trabajadora.	Si bien la vía prevista en el art. 47 de la ley 23551 estaría destinada a obtener únicamente el "cese inmediato del comportamiento antisindical" y no a conjurar las consecuencias ilícitas de ese proceder, interpretación que parecería adecuarse a los lineamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Borda, Ramón y otro c/ Unión de Trabajadores Gastronómicos de la República Argentina" del 13.11.1990, lo cierto es que en autos se accionó también con sustento en la ley 23592 que permitiría desarticular decisiones rescisorias que tuvieran por teleología la discriminación. Esta norma se sustenta en el nuevo bloque de constitucional federal conformado, a partir del año 1994, con una doble fuente de derechos, con la incorporación de ciertos Tratados Internacionales de Derechos Humanos, con jerarquía constitucional, al art. 75 inc. 22 de la Carta Magna. No sería razonable sostener, como bien enfatiza el Sr. Fiscal General del Trabajo al dictaminar a fs. 519/521, que una norma que permite a quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o menoscabe el pleno ejercicio de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, accionar con la finalidad de que se deje sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el daño moral y material ocasionado, excluya al universo de los trabajadores.

Sin embargo, entiendo que la respuesta de nulidad intensa que contempla la norma, requiere de la producción de una prueba muy convictiva y una apreciación exigente de los elementos probatorios acompañados, ya que se trata de desarticular los efectos de una decisión rescisoria respecto de una trabajadora no tutelada por la garantía prevista en los arts. 48 y 52 de la ley 23551. Digo esto porque en el régimen de estabilidad relativa impropia, constituido por un sistema conocido como de "validez e ilicitud", en principio, la voluntad de rescindir el contrato laboral es válida y operativa desde el momento en que ingresa a la esfera del conocimiento del destinatario y únicamente puede generar consecuencias indemnizatorias si resulta incausada. Lo expuesto no implica vedar al trabajador la posibilidad de accionar en procura de obtener la nulidad de un despido, invocando razones discriminatorias, pero el juego armónico de las disposiciones contenidas en los arts. 14, 14 bis, 17, 33 de la Constitución Nacional y 1 de la ley 23592 y de la doctrina que emana del más alto Tribunal en la temática que nos convoca (ver entre otros, Fallos 273:87; 278:83; 302:319), impone un estricto análisis de las motivaciones que subyacen en la decisión disolutoria del contrato de trabajo.

En este marco, estimo que no resulta acertado lo decidido por la sentenciante en cuanto a la distribución de las cargas probatorias.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la causa "Fernández Estrella c/ Sanatorio Güemes" del de 1988, en un caso de discriminación por razones remuneratorias, acudió a la distribución del esfuerzo probatorio (las hoy conocidas "cargas probatorias dinámicas"), al precisar que la trabajadora debía probar "sus circunstancias" y quien se excepciona, aduciendo que la desigualdad obedece a la valoración de los méritos del dependiente o a circunstancias de bien común, deberá acreditar esas afirmaciones. Sin embargo, el presente caso difiere sustancialmente del reseñado, ya que en autos la trabajadora accionó en procura de la nulidad del despido directo y de su reincorporación, al invocar que aquél obedeció a una motivación discriminatoria.

Es en este contexto que debe analizarse el esfuerzo probatorio y, ello así el mismo únicamente debía recaer sobre la trabajadora que invocó esa causal.

En esta línea de análisis, considero que los elementos acompañados no son suficientes para tener por configurada la discriminación que se atribuye al Colegio Público de Abogados, sin que implique adelantar decisión acerca de la causal esgrimida al despedir a la trabajadora o de las consecuencias jurídicas que la misma pudiera eventualmente generar.

El hecho de que la actora mantuviera algún vínculo con un delegado gremial, Sr. Gustavo Martínez, extremo que surge de las declaraciones testimoniales, podría llegar a constituir un mero indicio, pero no permite establecer un claro nexo causal con la decisión rescisoria, a la luz de la estricta apreciación de la prueba que propicio. Los elementos probatorios aportados a la causa y analizados desde la perspectiva de la sana crítica (art. 90 de la ley 18345 y 386 del CPCCN), no logran demostrar los extremos alegados en la demanda y formar convicción acerca de que Pellicori fue despedida por su participación en actividades sindicales o por su vinculación con cierto delegado gremial. La solución que propicio, tornaría abstracta la tramitación del hecho nuevo denunciado a fs. 499 pto. V.

El testigo Britos (fs. 229/230) simplemente refiere una aparente sustracción de archivos de una computadora y aseveró que la actora iba a las Asambleas con su material de trabajo.

El testimonio de Azansa (fs. 231/234), tampoco resulta convictivo, ya que si bien refirió que subyacía una situación conflictiva entre la actora y el Colegio Público de Abogados debido a su vinculación con el delegado Martínez, omitió referir que tenía varios juicios contra la demandada, como bien apunta el Fiscal General del Trabajo al dictaminar, circunstancia que le resta valor probatorio, máxime cuando sus expresiones se verifican teñidas con una cierta subjetividad.

Neira (fs. 235/236), expresó haber sido echado de las asambleas por el delegado Martínez y si bien refiere a ciertos incidentes en el Colegio Público de Abogados con motivo de reclamos gremiales, desconoce hasta cuando laboró la accionante y las razones por las que se desvinculó.	La declaración de Vidal Regueira (fs. 237/243) es referencial y no obstante que formula ciertas apreciaciones acerca de discusiones que habría mantenido el Presidente del Colegio demandado con el delegado Martínez y que iba a haber "uno menos" o que la accionante no sería desvinculada si renunciaba su pareja, lo cierto es que no permite formar una cabal convicción acerca de que la causal invocada por la demandada fue articulada con la única finalidad de lograr una represalia discriminatoria.

No desatiendo que Muñoz (fs. 244/246) expresó que la desvinculación de Pellicori obedeció a una causal de política laboral de las autoridades del Colegio, pero ciertamente también declaró desconocer el motivo concreto. Tampoco los dichos de Stella (fs. 224/228), impugnados a fs. 256, más allá de cierto grado de hostilidad que refirió en relación con el delegado Gustavo Martínez y con los empleados que participaron en el reclamo sindical, permiten afirmar que la situación encuadre en el supuesto contemplado en el art. 1° de la ley 23592.

Por las razones expuestas, propicio revocar la sentencia recurrida y rechazar la acción fundada en la ley 23592, con la expresa aclaración de que la solución no importa avalar el incumplimiento invocado en los términos del art. 242 de la L.C.T., ni sostener que el despido se ajustó a derecho, sino afirmar que en la causa no se acreditó la causal de discriminación arbitraria que justifique la nulidad del despido y la reinstalación de la trabajadora.

La solución que propicio, impone dejar sin efecto la imposición de costas y las regulaciones de honorarios de grado (conf. art. 279 C.P.C.C.N.) y proceder a su determinación en forma originaria.	En atención a la naturaleza de la cuestión debatida, considero prudente que las costas de ambas instancias sean impuestas en el orden causado (art. 68, segunda parte, C.P.C.C.N.).

Propongo regular los honorarios del patrocinio letrado de la parte actora en forma conjunta, los de la representación y patrocinio letrado de la parte demandada en forma conjunta, por sus trabajos en ambas instancias, y los del perito contador en las respectivas sumas de $ 13200, $ 19300 y $ 6800. Ello torna abstracto el tratamiento del recurso de apelación de honorarios interpuesto por la perito contadora a fs. 482.	En caso de corresponder, se hace saber al obligado al pago de los honorarios, que deberá adicionar al monto de la regulación, el de la contribución prevista en el inc. 2) del art. 62 de la ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se hará saber también al obligado a afrontar las costas del juicio que, en caso de corresponder, deberá adicionar en ocasión de abonar la tasa de justicia, la contribución prevista en el inc. 3) del citado art. 62, todo bajo apercibimiento de comunicar la situación a CASSABA (art. 80, ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y punto II Acordada CSJN N° 6/05).

Esta Sala ha decidido en la sentencia N° 65.569 del 27 de septiembre de 1.993, en autos "Quiroga, Rodolfo c/ Autolatina Argentina S.A. s/ accidente - ley 9688" que el impuesto al valor agregado es indirecto y, por lo tanto, grava el consumo y no la ganancia, por lo que debe calcularse su porcentaje que estará a cargo de quien debe retribuir la labor profesional. En el mismo sentido se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Compañía General de Combustibles S.A. s/ recurso de apelación" (C. 181 XXIV del 16 de junio de 1.993), al sostener que "no admitir que el importe del impuesto al valor agregado integre las costas del juicio- adicionándoselo a los honorarios regulados- implicaría desnaturalizar la aplicación del referido tributo, pues la gabela incidiría directamente sobre la renta del profesional, en oposición al modo como el legislador concibió el funcionamiento del impuesto".

Voto, en consecuencia, por: I.- Revocar el fallo apelado y rechazar la demanda tendiente a obtener la nulidad del despido y reinstalación de Liliana Silvia Pellicori contra el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, sin que importe adelantar decisión acerca de la existencia del incumplimiento invocado por la demandada en los términos del art. 242 L.C.T. ni sostener que el despido se ajustó a derecho. II.- Imponer, en el orden causado, las costas de ambas instancias atento la naturaleza de la cuestión debatida. III.- Regular los honorarios del patrocinio letrado de la parte actora en forma conjunta, los de la representación y patrocinio letrado de la parte demandada en forma conjunta, por sus trabajos en ambas instancias y los del perito contador, en las respectivas sumas de $ 13200, $ 19300 y $ 6800. IV.-	En caso de corresponder, se hace saber al obligado al pago de los honorarios, que deberá adicionar al monto de la regulación, el de la contribución prevista en el inc. 2) del art. 62 de la ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se hará saber también al obligado a afrontar las costas del juicio que, en caso de corresponder, deberá adicionar en ocasión de abonar la tasa de justicia, la contribución prevista en el inc. 3) del citado art. 62, todo bajo apercibimiento de comunicar la situación a CASSABA (art. 80, ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y punto II Acordada CSJN N° 6/05).

La doctora Porta dijo:

Por compartir sus fundamentos, adhiero al voto que antecede.

Por todo lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: I.- Revocar el fallo apelado y rechazar la demanda tendiente a obtener la nulidad del despido y reinstalación de Liliana Silvia Pellicori contra el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, sin que importe adelantar decisión acerca de la existencia del incumplimiento invocado por la demandada en los términos del art. 242 L.C.T. ni sostener que el despido se ajustó a derecho. II.- Imponer, en el orden causado, las costas de ambas instancias atento la naturaleza de la cuestión debatida. III.- Regular los honorarios del patrocinio letrado de la parte actora en forma conjunta, los de la representación y patrocinio letrado de la parte demandada en forma conjunta, por sus trabajos en ambas instancias y los del perito contador, en las respectivas sumas de $ 13200, $ 19300 y $ 6800. IV.-	En caso de corresponder, se hace saber al obligado al pago de los honorarios, que deberá adicionar al monto de la regulación, el de la contribución prevista en el inc. 2) del art. 62 de la ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se hará saber también al obligado a afrontar las costas del juicio que, en caso de corresponder, deberá adicionar en ocasión de abonar la tasa de justicia, la contribución prevista en el inc. 3) del citado art. 62, todo bajo apercibimiento de comunicar la situación a CASSABA (art. 80, ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y punto II Acordada CSJN N° 6/05).

Regístrese, notifíquese y oportunamente, devuélvase.

Elsa Porta Roberto O. Eiras Juez de Cámara Juez de Cámara Ante mí, Liliana N. Picón Secretaria