Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-06-28


En la ciudad de Comodoro Rivadavia, Provincia del Chubut, a los 28 días del mes de junio del año dos mil cinco, reunida en Acuerdo la Sala A de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, con la presidencia de su titular Dr. Julio Antonio Alexandre y asistencia de la señora Jueza de Cámara Dra. Silvia N. Alonso de Ariet y del señor Juez de Cámara Dr. Fernando Nahuelanca, para dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados:

"V. J., E. d. C. c/ C., L. L. s/ DEMANDA LABORAL (Haberes e indemniz. de ley)", Expte. No. 14.866/05, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Laboral (Expte. No. 564/00), y atento el resultado del sorteo establecido en el art. 268 del Código de Procedimientos Civil y Comercial (fs. 300), correspondió el siguiente orden para la votación: Julio Antonio Alexandre, Dr. Fernando Nahuelanca y Dra. Silvia N. Alonso de Ariet.

Acto seguido se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida de fs. 232/247? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestión el Dr. Alexandre dijo:

Que a fs. 248, se alza la actora contra la resolución de fs. 232/247, por haberle sido parcialmente favorable y a tenor del informe de fs. 284/288.

El estudio de las presentes actuaciones dentro del marco jurisdiccional impuesto por los agravios, obliga en primer lugar, lamentablemente, a recordar a la apoderada de la recurrente que la defensa de los intereses del cliente debe ser ejercida con energía y denuedo, si es necesario, pero con la indispensable mesura que salvaguarde la majestad de la justicia, tornándose imprescindible conservar el debido equilibrio evitando los desbordes de palabras.

Y es que resulta injusta la apreciación de la impugnante, al desarrollar su primer agravio, ya que la a quo a fs. 241/242 p. III confronta toda la prueba referida al rubro en cuestión y de conformidad con los lineamientos interpretativos que formula, concordantes con doctrina y jurisprudencia mayoritaria, respondiendo a principios de equidad, caros al fuero, no permite consagrar un enriquecimiento incausado.

Vale a tal efecto analizar el desarrollo procesal de reclamo por diferencias, así, se advierte que la actora asume conductas ambiguas y contradictorias, primero cuestionando la autenticidad de recibos (fs. 47/48) que luego reconoce haber firmado (220/220 vta.), lo que autoriza a presumir la sinceridad de su contenido. No es todo, en esta última oportunidad sostiene que su sueldo es superior al denunciado en la demanda por el cual firmó recibos no concordantes con aquél quedando en promesa la prueba correspondiente a una y otra cuestión. De tal modo, estas declaraciones no aportan la certeza que se le pretende dar en el informe. La consecuencia del reconocimiento señalado en el párrafo anterior permite concluir que la actora fue percibiendo sumas que iban completando el salario mensual desoyéndose la normativa que refiere al tales actos, pero que de ningún modo su irregular confección admite la duplicación el pago ya que el mismo fundamento ético sobre el que se sostiene el derecho protectorio laboral, no autoriza el abuso de ninguna de las partes.

A la interpretación estricta que sostiene la recurrente en contra de la explicitada por la a quo, en línea con este Cuerpo, se le opone el criterio mayoritario que con palabras de uno de sus exponentes, Julio Armando Grisolía, señala: "Si bien la LCT exige que los pagos se instrumenten mediante recibos con formalidades concretas, en caso que se efectúen pagos de créditos laborales -remuneraciones o indemnizaciones- sin que el empleador otorgue recibos en forma legal, su validez queda librada a la valoración judicial; es decir que será el juez el que determine la eficacia cancelatoria del recibo si carece de alguno de los requisitos exigidos por el art. 140 de la LCT o no se compadece con la documentación laboral, previsional, comercial y tributaria del empleador" (ver "Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social", Ed. LexisNexis 2002, pág. 376 entre muchos).

Lo dicho resulta de utilidad en el caso tratado máxime cuando, como ya se ha dicho, existe confesión judicial respecto de la autenticidad de los instrumentos que consignan tales pagos (ver v.gr. Meilij, "Contrato de Trabajo" Ed. Depalma 1981, t. II, pág. 108, parág. 1074; "Digesto Práctico La Ley- Ley de Contrato de Trabajo" dirigido por Antonio Vázquez. Vialard, 1ª ed. 2003, t. II, pág. 213 y ss). Lo dicho y verificado basta para desestimar el agravio en cuanto a este ítem.

En cuanto a la desestimación de las multas previstas en las circunstancias que describe la ley 24013, la insuficiencia de la queja a la luz de la normativa vigente no admite justificación.

Siguiendo idénticas pausas a las consignadas por la recurrente en cuanto a los requisitos de procedencia de la multa contenida en la ley 24013, de darse los supuestos allí contemplados, valorando los antecedentes obrantes en autos no existe crítica seria y fundada que autorice al tratamiento del tema, ya que la intimación de fs. 4 -autenticada con el informe de fs. 100-, resulta contradictoria en cuanto a los datos a consignar con los brindados la demanda, máxime cuando, como he adelantado en puntos anteriores, discuerdan respecto del salario convenido con la confesional de fs. 220/220 vta.

En consecuencia la intimación del art. 11 de la ley 24013 tal como se remitió, conforme los datos consentidos y fijados en el fallo, carece de toda relevancia a los efectos del reclamo pretendido.

Por todo lo expuesto propongo al acuerdo el rechazo de la apelación articulada y en consecuencia mantener firme la sentencia impugnada en cuanto fue motivo de agravios.

Las costas de la alzada se le imponen a la recurrente y se difiere la regulación de honorarios al momento del acuerdo en el que se tendrán en cuenta las pautas arancelarias de la ley 2200 y 4335.

Se tiene presente la reserva del llamado "caso federal".

A la según da cuestión el Dr. Alexandre dijo:

1) Rechazar la apelación articulada en contra de la sentencia de fs. 232/247 y, en consecuencia, mantener firme el fallo en cuanto fue motivo de agravios.

2) Costas a cargo de la recurrente, difiriéndose la regulación de honorarios de conformidad con los considerandos pertinentes.

3) Advertir a la recurrente respecto de la adecuación de la conducta en el proceso al debido estilo forense tal como se señaló precedentemente. 4) Tener presente la reserva del llamado "caso federal".

A la primera cuestión el Dr. Nahuelanca dijo:

La sentencia dictada a fs. 232/247, hace lugar parcialmente a la demanda y condena a L. L. C. a pagar en 10 días a E. del C. V. J., la suma de $2.440,68, con el complemento que prevé en el considerando III. Condena asimismo a la entrega del certificado de trabajo. Regula los honorarios profesionales.

Apela la parte actora bajo representación letrada a fs. 248 y a fs. 253 se concede el recurso.

Los agravios se glosan a fs. 284/288. Señala los antecedentes de la causa y centra el núcleo de los cuestionamientos en que su parte reclamó diferencias salariales entre los meses de abr/2000 a oct/2000, por la suma de $3.010,14 y que frente a tal reclamo, la demandada presenta recibos sin los requisitos de los arts. 138 y 139 LCT, no fueron interpuestos como excepción de pago parcial e imposibilitó el ejercicio del derecho de defensa.

Opone en todo caso su disconformidad, sosteniendo que fueron confeccionados por montos mayores a los verdaderamente abonados (fs.220), que no tienen entidad para acreditar pagos y constituyen una burla grosera al orden público laboral, como que demuestran el pago en negro denunciado. Cita jurisprudencia. Considera violada en forma flagrante la ley laboral, que traduce una maniobra fraudulenta en perjuicio de la trabajadora, que la decisión es arbitraria y se basa en el desconocimiento de lo expuesto por la actora a fs.220 y en "...el pleno y total desconocimiento de la normativa laboral".

Se agravia asimismo por la negativa del fallo a las indemnizaciones previstas en la Ley 24.013, arts. 8, 9, 10 y 15 y sostiene con transcripción de la norma que todos los recaudos se encuentran cumplidos, conforme con la C.D. de fs.4 y 95; que las constancias de los autos revelan que la demandada no procedió al registro en forma de la relación laboral. Reserva el caso federal.

En principio debe observarse la errónea creencia de la agraviada que se debía la excepción de pago parcial en función de los recibos de pago de fs. 23/32, a lo que debe responderse que era derecho de la demandada de oponer los pagos como defensa de fondo, congruente con la naturaleza del proceso que procura la menor dilación.

Aún la aplicación supletoria del Cód.de Procedimientos Civil y Comercial, que se resuelve por el art.76 Ley 69, no considera dentro de las excepciones previas la de pago, por lo que se rechaza la protesta fundada en la afectación del derecho de defensa (art.347 CPCCCh). A todo evento, la accionante tuvo dos oportunidades para contestar. Primero, al corrérsele traslado de la defensa de pago y documentación acompañada a fs. 47/47 vta. y en segunda, cuando se pusieron los autos para informar sobre el mérito de la causa conforme al art. 53 Ley 69 (fs. 204), circunstancias que asimismo permiten ratificar el rechazo precedente.

La afirmación que los recibos resultan ineficaces por omitir los recaudos de los arts. 138, 139, 141 y ss. LCT, resulta ajena al sistema legal imperante y a las exigencias del art.165 CPCCCh.

La afirmación de ineficacia probatoria pudo serlo al modo del anterior sistema, que así lo definía en el art.156 Ley 20.744, por "herencia "de la Ley 18.596. La conclusión legal resultó criticada por la doctrina como de lamentable exceso del legislador, porque no todos los requisitos previstos en la normativa reunían el carácter de esenciales (ver D.T. 1971-745, anotación a fallo: "Los requisitos legales de los recibos de sueldo", autor Juan A. Ensinck, que adhería a lo que llamaba las atinadas consideraciones formuladas por el tratadista Hugo R. Carcavallo).

La tajante definición de ineficacia probatoria fue reformada por el actual artículo 142 Ley 21.297, que dejó la cuestión a la apreciación de los jueces, por lo que resulta inadmisible la antigua expresión de la apelante globalizando un conjunto de artículos de la LCT., sin fundamentos específicos a los enunciados de las normas, su cotejo con los recibos de fs.23/32 y los enunciados fundantes del fallo. La apelante, pese a trascribirlos, no los examina conforme a las exigencias de la norma supletoria (art.165 CPCCCh).

Con tales omisiones, resulta inapropiada la afirmación que la sentencia resulta arbitraria y de "pleno y total desconocimiento de la normativa laboral", En principio, no cumple con las exigencias del art. 165 CPCCCh, porque silencia las consideraciones de derecho del fallo de fs. 241, relativas al reconocimiento de la firma (art.1028 y 1031 CC.) y en cuanto a las manifestaciones defensivas de fs.220, no es la prueba categórica que debe producirse en autos para desvirtuar dicho reconocimiento (D.T. 1972, pág. 146).

Omite además la cita de dos casos de jurisprudencia de esta Cámara, del art. 142 LCT, y del principio de rea-lidad de los hechos que impide cohonestar se pague por dos veces la misma deuda. Por otra parte, la expresión comporta la pérdida de mesura por la descalificación señalada, por lo que asimismo considero, corresponde la advertencia que anticipa mi colega preopinante.

El segundo agravio, relativo a las "Multas de la Ley 24.013", contrapone a la conclusión de la sentencia que "se aparta nuevamente de la ley". Para ello transcribe el art.11 de la Ley 24.013 y pide que se observe que se encuentra cumplimentado el requisito de la ley, fecha de ingreso, monto de la remuneración y otorgamiento del plazo de 30 días. Agrega más abajo que asimismo cumplimenta el apercibimiento de las multas prevista en los arts. 8, 9, 10 y 15 de la Ley 24.013. Sostiene que la ley no exige una fórmula ritual.

La sentencia resuelve al respecto a fs. 245, 3er. párr., que "la parte requirente no individualiza la indemnización requerida -arts. 8, 9, 10 y 15 de la ley 24.013-; y de los términos de la C.D. de fecha 01 de noviembre de 2000 obrante a fs. 4 y 95, emerge en relación a las conclusiones a las que se ha arribado... que la operaria intima a la patronal pero no establece su real fecha de ingreso -expresa 0/3/99, siendo su fecha de ingreso el 15 de marzo de 1999-, refiere que cumple funciones de operadora -cuando en la propia demanda se afirma que cumplía funciones de operadora y cajera-, y por último denuncia como remuneración percibida la de $400 -cuando en su demanda establece que su remuneración ascendía a $630,02-...".

La propia apelante señala entre otros recaudos, punto b. fs.287vta., que se debe la consignación de la fecha real de ingreso, sin atender precisamente que el fallo le opone la defectuosa consignación -0/3/99- cuando debía ser 15/3/99, por lo que no contesta sobre el punto. Luego, cuando establece como otro requisito, punto c., la define como que debe ser la "verdadera remuneración percibida", sin reparar que la sentencia establece como errónea, cuando debía ser la que correspondía percibir, que señala en la demanda de $630,02.

No puede en consecuencia la apelante sostener que del cotejo surgen cumplimentados los requisitos, si a ojos vista resultan insalvables las diferencias observadas en la sentencia.

La afirmación que la ley no exige una fórmula ritual para imponer multas, no comporta que las intimaciones pueden cumplimentarse más o menos aproximadamente, posibilidad ajena a la aplicación de la ley. Es más, las normas de tipo sancionatorio llevan la impronta del cumplimiento estricto de sus previsiones para poder sancionar.

Se rechaza en definitiva el memorial de agravios, debiendo confirmarse la sentencia apelada, corriendo las costas a cargo de la parte recurrente, de conformidad con lo previstos en los arts. 59 Ley 69 y 68 CPCCCh.

Para regular honorarios, se aplica la Ley 2200 de Aranceles, con la reforma de la Ley 4335, para lo que se considera el mérito del trabajo profesional y su resultado.

A la segunda cuestión el Dr. Nahuelanca dijo:

Voto: De conformidad en un todo con la fórmula postulatoria del Dr. Alexandre y previendo la reserva del caso federal.

En este estado, y de conformidad con lo establecido en los arts. 271 y 272 del C.P.C.C.Ch. (reforma Ley 4550 del 23/XII/99), se deja constancia que la decisión se adopta por mayoría, por lo que la Dra. Silvia N. Alonso de Ariet no emite su voto.

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar y suscribir la siguiente SENTENCIA:

1) Rechazar la apelación articulada en contra de la sentencia de fs. 232/247 y, en consecuencia, mantener firme el fallo en cuanto fue motivo de agravios.

2) Costas a cargo de la recurrente, a cuyo fin se regulan los honorarios profesionales de la Dra. M. S. L. en la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($250).

3) Advertir a la recurrente respecto de la adecuación de la conducta en el proceso al debido estilo forense, conforme los considerandos pertinentes. 4) Tener presente la reserva del caso federal de fs. 288.

JULIO ANTONIO ALEXANDRE (Presidente) FERNANDO NAHUELANCA (Juez de Cámara)	REGISTRADA BAJO EL nro. 45 DEL AÑO 2005	DEL LIBRO DE SENTENCIAS DEFINITIVAS