Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-10-20


En la ciudad de Comodoro Rivadavia, Provincia del Chubut, a los veinte días del mes de octubre del año dos mil seis, reunida en Acuerdo la Sala A de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, con la presidencia de su titular Dra. Silvia N. Alonso de Ariet y asistencia del señor Juez de Cámara Dr. Fernando Nahuelanca, para dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados: "D., P. D. V. c/ O. A.F.J.P. S.A. s/ DEMANDA LABORAL (indemnizaciones)", Expte. No. 15.755/06, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Laboral (Expte. No. 1343/02), y atento el resultado del sorteo establecido en el art. 268 del Código de Procedimientos Civil y Comercial (fs. 295), correspondió el siguiente orden para la votación: Dra. Silvia N. Alonso de Ariet y Dr. Fernando Nahuelanca.

Acto seguido se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida de fs. 264/277? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestión la Dra. Silvia N. Alonso dijo:

1. El fallo apelado.

La sentencia de fs. 264/277 hizo lugar a la demanda y condenó a O. A.F.J.P. S.A. a abonar a P. D. V. D. la suma de pesos veintiséis mil treinta y seis con veinticinco centavos con más los intereses dispuestos en el respectivo considerando y a la entrega del certificado de trabajo solicitado la actora; impuso las costas a la vencida y reguló los honorarios de los letrados intervinientes.

El monto de la condena se integró con los siguientes rubros y sumas: diferencia de indemnización por preaviso omitido: $207,11; diferencia sueldo anual complementario sobre preaviso omitido: $17,26; reintegro por doble descuento por vacaciones: $1.370,00; incremento establecido en el art. 2 ley 25323: $3.878,78; indemnización art. 80 LCT: $13.029,90.

2. Los recursos interpuestos.

2.a. El recurso contra los honorarios.

Los letrados apoderados de la actora apelaron la regulación de honorarios efectuada a su favor por baja. Sostuvieron que se violentó el mínimo legal y no existió adecuada merituación de su labor profesional. Solicitaron, en consecuencia, la adecuación a un porcentaje acorde con el máximo previsto en los artículos 7º y 9 del régimen arancelario.

2. b. El recurso de la parte demandada.

La demandada apeló la sentencia a fs. 281, el recurso fue concedido a fs. 284 y fundado a fs. 285/287.

A fs. 289/290, la parte actora presentó el informe previsto por el artículo 62 de la ley 69.

Los motivos que dieron sustento a los agravios fueron agrupados en tres puntos. Primero, la determinación de la mejor remuneración normal y habitual; luego la procedencia del pago de la indemnización del artículo 80 LCT y por último la procedencia del incremento de la indemnización, conforme lo previsto por el artículo 2 de la ley 25.323. Respecto del primero de ellos se sostuvo la confusión de la juez de grado entre "mejor remuneración" con el de mejor remuneración "normal y habitual".

Afirma que carece del rasgo de normalidad y habitualidad la que ha sido señalada como mejor remuneración. En cuanto, a la procedencia de la indemnización del artículo 80 de la LCT, impugna la solidaridad que la juez de grado declara en relación a la obligación de otras empresas del grupo O., destaca que cada empresa liquidaba por separado los haberes y que no se dan los presupuestos del artículo 31 de la LCT.

Por último, resiste el incremento indemnizatorio dispuesto con fundamento en las previsiones de la ley 25.323 por entender no se dan los presupuestos que habilitan la aplicación de la multa. Señala que el supuesto contemplado por la norma no es el que se da en el sublite ya que el legislador sólo ha contemplado la falta de pago y no el caso de pago insuficiente o defectuoso. Hace reserva del caso federal y pide la revocación de lo resuelto, con costas.

3. Tratamiento de los recursos.

3.a El recurso de la demandada.

El agravio vinculado con la base del cálculo no prosperará porque no ha logrado el recurrente conmover los fundamentos que dan sustento a la decisión impugnada. Es que la crítica no alcanza niveles suficientes.

En primer lugar, corresponde señalar que cuando el salario se compone de elementos fijos y elementos variables, antes de adicionar éstos a los primeros, se debe resolver si han sido normales y habituales. Partiendo de esta premisa corresponde señalar que, en el caso de autos, el elemento variable del salario estaba constituido por el rubro "premios" cuyo carácter de normal y habitual resulta de su percepción a distintos valores prácticamente todos los meses como demuestran los recibos de haberes agregados en la causa.

Superado, entonces el cuestionamiento genérico efectuado por el recurrente a tal rasgo del salario, dado que sus montos se adicionan período por período a los fijos, corresponde señalar que el resultado más importante económicamente es el mejor. Por lo tanto, corresponde confirmar el monto establecido por la juez de grado como mejor remuneración normal y habitual.

Es que, respecto al salario tomado como base de cálculo de la indemnización, el art. 245 de la LCT no alude a promedio alguno; sólo refiere a la mejor remuneración mensual, normal y habitual. Por ello, no obstante el desequilibrio de los haberes del accionante, no puede aceptarse la tesis del "promedio" atendiendo el carácter variable de las comisiones que integran el módulo salarial, debiendo considerarse la mejor remuneración en términos absolutos Cabe recordar que, conforme ya he señalado en anterior pronunciamiento esta interpretación es la que ha sustentado nuestro Superior Tribunal de Justicia, en autos "Gogorno, Alberto c/ Copedeca SA s/ laboral", Expte Nº15890C1997). En dicho precedente se sostuvo: "Cabe entonces en primer lugar desentrañar la real significación de la expresión "mejor remuneración normal y habitual" en el marco de la Ley de Contrato de Trabajo.

El art. 245 del citado plexo normativo, hace referencia a un salario calificado por su normalidad y habitualidad y respecto de ello puede afirmarse que una remuneración es normal si se percibe mensualmente y es habitual cuando no corresponde a circunstancias especiales y se repite regularmente (Conf. López, Centeno Fernández Madrid, "Ley de Trabajo comentada", Ed. Contabilidad Moderna Tº. II, pág. 999) y en este mismo orden de ideas se ha decidido que "lo que fundamentalmente interesa para la definición legal es la persistencia de conceptos remuneratorios en la retribución mensualmente considerada y no en su monto" (C.A.T., Sala V, 31577, TSS, 1977513, cit. Gustavo Raúl Meilij, "Contrato de Trabajo", Ed. Depalma, año 1981, pág. 500). En igual sentido se ha pronunciado este Superior Tribunal en autos "R., J. A. c/ A. C.A.P.S.A." (SI.86/87), expresó allí que "el otorgamiento de bonificaciones por parte del empleador a su personal cuando revisten carácter de habitualidad, se convierte en una forma de retribución que ha de ser considerada como parte del sueldo o salario de los dependientes, es decir cabe asignarles carácter remuneratorio.

Por otra parte toda bonificación o gratificación que se abone con motivo del contrato de trabajo debe reputarse como remuneratoria, tanto en cuanto dependa de circunstancias vinculadas con la empresa (producción, venta, etc.) o con el trabajador (dedicación, pautas de conducta o producción, etc.).

Principio éste que admite excepciones en cuanto el empleador demuestre que la gratificación no encuadra en el concepto de remuneración contenido en el art. 103 de la L.C.T.".

La categórica doctrina que emana de los precedentes individualizados da sustento al rechazo de la queja en lo que es motivo sustancial del agravio.

La restante impugnación contenida en este agravio impugnación al monto fijado como diferencia de preaviso, tampoco prosperará. A su respecto, señalo que las mismas aparecen como fruto de una reflexión tardía porque la procedencia del rubro no fue cuestionada al contestar la demanda y la cuantificación efectuada en la liquidación no fue impugnada, tal como lo ha señalado la juez de grado.

A todo evento, corresponde precisar además que se ha cuestionado en forma abstracta su mecanismo y el modo que se propone como correcto cómputo del período de seis meses a partir del mes de setiembre de 2000 es el que expresamente ha adoptado la juez como resulta de la clara indicación de la primera parte de la fs. 272.

Por lo expuesto se rechaza el primer agravio.

En cuanto al segundo agravio, no alcanza la recurrente un nivel de crítica suficiente para fundar una solución distinta, sólo esboza consideraciones generales que evidencian una opinión diversa a la del juzgador.

Por lo tanto, queda sin refutación clara y concreta la logicidad del razonamiento que da sustento a la conclusión que se pretende impugnar: vinculación e interdependencia entre empresas en las que ha prestado servicios la actora que permite calificarlas como empleadoras y obligarlas solidariamente a la entrega de las certificaciones.

Repárese que la integración del grupo empresarial O., tal como lo ha precisado la juez de grado ha sido expresamente reconocido por la empresa demandada al contestar la acción, concretamente a fs. 143; de modo tal que la premisa que ha dado base a la conclusión no puede ser controvertida.

Luego, corresponde a todo evento señalar que en ningún momento del proceso se agregó a estos autos la certificación que se sostiene se puso a disposición del actor.

Este contexto determina la procedencia de la condena a entregar el certificado. Luego, en orden a la indemnización, se advierte claramente la concurrencia de los presupuestos que la habilitan. Estos son,, uno de hecho; el incumplimiento de la obligación de entregar el certificado y el otro formal; intimación fehaciente del trabajador al empleador a cumplir con la entrega intimación, fs. 5.

Por todo lo expuesto, corresponde el rechazo del agravio.

El último agravio nos remite al análisis de la procedencia de la indemnización prevista por el artículo 2 de la ley 25.323.

En orden a la procedencia del agravamiento indemnizatorio prescripto por el artículo 2º de la ley 25.323, corresponde señalar que la intención legislativa no es otra que compeler a los empleadores a abonar en tiempo y forma las indemnizaciones por despidos evitando pleitos innecesarios.

En el caso se observa la concurrencia de la situación de hecho prevista por la norma: despido incausado, empleador debidamente intimado a abonar, falta de pago e iniciación de las acciones judiciales tendientes al cobro de la misma.

Este contexto, enerva la pretensión de revisión que se remite a consideraciones genéricas.

Por lo demás, si bien en anteriores pronunciamientos he sostenido que la naturaleza del incremento sanción por mora y la redacción de la norma que lo consagra exige la valoración de la conducta del empleador, no se advierte en el caso la concurrencia de extremo alguno que habilite una solución distinta.

En efecto, el empleador, al momento del distracto abonó una liquidación final; que la misma mereció reparos y ajustes por parte del trabajador, éstos fueron declarados procedentes por la juez de grado y cabe agregar confirmados en esta instancia.

Ahora bien, la conducta de la empleadora cuando fue debidamente intimada por el trabajador a abonar las diferencias indemnizatorias originadas en el reconocimiento de la mayor antigüedad no fue razonable, desde que a los efectos de los cálculos indemnizatorios era imposible desconocer la consolidada jurisprudencia de la Provincia, respecto a la mejor remuneración, normal y habitual en los supuestos de salarios variables.

Por lo expuesto, se rechaza el agravio.

3.b. El recurso de los letrados de la actora.

En primer lugar, corresponde señalar que no se advierte que la suma fijada en concepto de honorarios transgreda la escala legal mínima. En efecto, en un todo de acuerdo con el monto del proceso calculado por los recurrentes a la fecha de presentación de la impugnación 26 de abril de 2006 se advierte que la suma fijada por al juez de grado supera el mínimo legal.

En efecto tal mínimo equivale al 11% artículo 7 ley 4335 con más el 30% artículo 9 del monto del proceso, cuantificación que en autos ascendería a $8.795.

No obstante ello, la valoración de las pautas legales reseñadas por el artículo 6 de la ley arancelaria autoriza la revisión de los montos fijados en concepto de honorarios y su elevación no en la extensión máxima que se peticiona sino conforme una prudencial estimación.

En función de lo expuesto, propicio la cuantificación de los honorarios en la suma de pesos once mil ($11.000). Ello, merituando la extensión de las tareas cumplidas, celeridad procesal, la trascendencia económica del pleito, el éxito obtenido, el monto del proceso y la aplicación de los porcentuales establecidos en las escalas legales.

3. Costas y honorarios.

Las costas de esta instancia se imponen al demandado vencido por aplicación del principio objetivo de la derrota. Los honorarios de los letrados se regularán de conformidad con las pautas generales ya enunciadas y en un todo de acuerdo con la previsión específica contenida en el artículo 14 del régimen arancelario vigente.

A la segunda cuestión la Dra. Silvia N. Alonso de Ariet dijo:

1º) Rechazar el recurso de apelación interpuesta por la demanda a fs. 281, confirmando la sentencia de fs. 264/277, en lo que ha sido materia de agravio.

2º) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por los Dres. E. J. M. y J. M. P. a fs. 279/280. Modificar parcialmente la regulación de honorarios efectuada en el punto 3 de la sentencia de fs. 264/277, fijando los correspondientes a los Dres. E. J. M., J. M. P. y V. D. R., en forma conjunta, en la suma de pesos once mil ($11.000) 3º) Costas de la Alzada a la demandada vencida. Regular los honorarios de los Dres. E. J. M. y J. M. P., en forma conjunta, en la suma de pesos tres mil trescientos ($3.300) y los correspondientes al Dr. O. G. A. en la suma de pesos dos mil setecientos ($2.700) 4º) Tener presente la reserva del caso federal efectuada a fs. 287.

A la primera y segunda cuestión el Dr. Nahuelanca dijo:

La sentencia dictada a fs. 264/277, rechaza el planteo de inconstitucionalidad de la Ley 23.928, art.10, modif. por Ley 25.661, art. 4º. Hace lugar a la demanda y condena a la parte demandada O. A.F.J.P. S.A. a pagar en 10 días a la parte actora P. D. V. D., la suma de $26.036,25 y complementos. Condena asimismo a la entrega del certificado de trabajo, en plazo de 10 días, conforme con el art. 80 LCT. Impone las costas a la demandada y regula los honorarios de los profesionales intervinientes.

A fs. 279/280 vta., apelan sus honorarios profesionales los Dres. E. J. M. y J. M. P., para que sean incrementados.

Señalan el cometido profesional en defensa de la actora, que considerando el capital, intereses y complementos, elementos a considerar para regular honorarios, la regulación establecida en el fallo revela su insuficiencia y resulta por debajo del mínimo legal, cuando asimismo debía regularse en función de la condena a entregar el certificado de trabajo. Se funda en criterios de los tribunales y cita del derecho comparado y se otorgue el trámite del art. 49 del Dec. Ley 2200, de aranceles.

A fs. 281, apela la sentencia la parte demandada, bajo apoderamiento letrado. A fs. 284 se conceden los recursos.

Los agravios de la demandada (fs. 285/287), primer agravio, se dirigen en primer término a impugnar la indemnización por antigüedad, a cuyo respecto su parte sostuvo que la contraria no tomó para el cálculo la que era normal y habitual, criterio que se tuvo en cuenta para indemnizarla.

Que es coincidente el fallo dictado con la jurisprudencia citada, asimismo invocada por su parte, autos caratulados: "E.... c/ M. R. SRL s/ demanda laboral", en lo que considera que el resarcimiento por antigüedad se calcula sobre el haber mensual, con exclusión de asignaciones no mensuales, premios y remuneraciones extraordinarias, con salvedad de las que sean habituales. Cita a este respecto jurisprudencia.

La sorprende entonces dice la agraviada que la sentencia luego de considerar el monto básico de $1100 que indican los recibos de haberes, adopta la remuneración más alta del mes de agosto de 2000, que luego establece en la suma de $4.343,30, con lo que la sentenciante confunde la mejor remuneración con el concepto jurisprudencial, respecto a qué significa la mejor remuneración "normal y habitual".

Afirma que en el traspaso de empresas se modificaron las pautas remuneratorias, con lo que la base de cálculo adoptada por la actora era excepcional. La base de cálculo tomada por su mandante es de $2.836,66 y tiene sustento en la documentación aportada.

Opone por otra parte, refiriéndose al punto b), diferencia por preaviso, por los últimos 6 meses arroja el importe de $2.775,89, abonados, y no la suma de $2.983, que se reclaman; que hay error al tomar en cuenta parte de agosto de 2000, porque la actora fue despedida el 28 de febrero de 2001, por lo que los seis meses anteriores para el cálculo, parten del mes de setiembre de 2000.

De ahí parte el error afirma y distorsiona el cálculo, ya que se trató de una remuneración extraordinaria que no entra en el cálculo. Segundo agravio. Sostiene que entregó el certificado de trabajo en tiempo y forma (punto e. de la sentencia).

La reclamación de la actora se dirigió a varias empresas, pero se advierte que en definitiva dirigió la acción contra O., empresa que sí entregó el certificado de trabajo, que en consecuencia debió dirigir la demanda contra cada una de tales empresas; que a su parte le sería imposible cumplir, por carecer de elementos para realizarlo, mal puede imponérsele agrega que de fe de datos o circunstancias de registros con los que no cuenta su representada.

Destaca que cada empresa liquidaba por separado (fs. 33 a 35), no resultando aplicable el art. 31 LCT. Sostiene que se la obliga a pagar emolumentos que no debe y que la sorprende la ligereza del análisis del fallo. Tercer agravio. Reitera la postura antecedente respecto a la procedencia indemnizatoria prevista en el art. 2 de la Ley 25.323.

Transcribe la previsión legal oponiendo que en el caso no se está ante una negativa del empleador a pagar los montos debido, por el contrario afirma que despidió al trabajador y abonó la indemnización correspondiente; que la reclamación del actor tiene que ver con cuestiones interpretativas, cual es la remuneración normal y habitual, pero que nada tiene que ver con la previa intimación y falta de pago de la indemnización, que es presupuesto legal del cual nace la sanción. Reserva el caso federal.

La actora presenta a fs.289/290vta., el informe previsto en el art.62º de la Ley 69, dando razones de no haber apelado por su parte. Sostiene los fundamentos fácticos del fallo, destaca cuestiones relativas al certificado de trabajo y peticiona en definitiva la confirmación de la sentencia, con costas a la recurrente.

Impugnada por la parte demandada Orígenes A.F.J.P. S.A. el módulo base de la indemnización por antigüedad establecido en el fallo, éste conforma su pronunciamiento a partir de señalar que la actora P. D. V. D., se desempeñaba como supervisora, percibiendo un salario base más comisiones y que no están discutidos por las partes los elementos configurativos de la relación laboral que las vinculaba.

Reconoce el rechazo de la suma de $4.343, monto alcanzado en el mes de agosto de 2000, interpuesto por la empleadora y que se trate de la mejor remuneración normal y habitual, porque dicho monto se componía de comisiones y premios que no resultaban normales.

Como lo expone la agraviada, la sentencia se funda, entre otros, en los autos caratulados "E., J.A. c/M. R. S.R.L. s/ demanda laboral", Expte. Nº 285/2000 a cuyo respecto también consideró había sido confirmada por esta Sala con lo que se recepta que para el cálculo de las indemnizaciones por despido no deben ser promediadas las remuneraciones variables, mensuales, normales y habituales, conforme con el art. 245 LCT (la sentencia a fs. 269).

Concluye en consecuencia el fallo en que deben computarse, además del básico, las remuneraciones variables siempre que se perciban en forma normal y habitual. Luego de definir estos conceptos, concluye que la remuneración tomada por la actora del mes de agosto de 2000, bien resulta la más alta del período, los rubros que contiene la misma son comisiones y premios percibidos en forma normal y habitual.

En principio y en efecto, no hay desacuerdo en la forma de definir la mejor remuneración normal y habitual a los fines de la indemnización por antigüedad. Precisamente, los autos caratulados "Eichel...", contó con el voto concordante del suscripto. Primero, recogiendo allí el criterio de la Sala B de esta Cámara, fallo de fecha 20/12/2001, con los conceptos predichos, el monto base salarial es la mayor remuneración normal y habitual percibida y que se repita regularmente, incluidas las remuneraciones variables, siempre que sean normales y habituales, donde se agregaba que el concepto incluye, de darse tales características, las horas extraordinarias, premios por puntualidad, por producción, por presentismo, basados en la habitualidad de los mismos.

Al adoptar el sentenciante como la mejor remuneración normal y habitual la más alta, porque coincide con los requisitos de normalidad y habitualidad, manifiesta la demandada agraviada que confunde la sentencia la "mejor remuneración" con el concepto de la jurisprudencia.

Hasta aquí, no fundamenta esta parte donde reside la confusión, porque no se agravia de las definiciones del fallo que deben computarse las remuneraciones variables, siempre que se perciban en forma normal y habitual; que lo que es normal es lo que ordinariamente ocurre y en materia remuneratoria, por opuesto a lo anormal, sería un ingreso desde todo punto de vista excepcional.

En consecuencia, el fallo en base a las definiciones no considera excepcional la retribución del mes de agosto/2000 y por el contrario, sí opone el criterio contrario la apelante.

El punto comienza por señalar que las empresas modificaron sus pautas remuneratorias y ello ocurrió durante un extenso período y en consecuencia de la simple lectura de la base del cálculo resulta su carácter excepcional, con lo que no era "la mejor normal y habitual y el propio monto lo revela" (fs. 285 vta. In fine/286).

Por una parte se advierte que la parte alegante define la excepcionalidad por el monto de la retribución de agosto/2000, que la simple observación lo revela. Al respecto debe traerse a colación que tratándose por definición de remuneraciones variables, las diferencias de las retribuciones no caracteriza tal excepcionalidad.

El punto asimismo queda esclarecido en el caso "E...". Este se funda en la jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia de esta Provincia en los autos "G., A. c/ C. SA. s/ laboral", Expte. Nº 15890C1997, cuando alude a la mejor remuneración normal y habitual del art. 245 LCT, hace referencia a un salario calificado por su normalidad y habitualidad, independiente de su monto.

Por otra parte, aún de la mera observación del monto seleccionado con otras retribuciones (véase la del mes de set/2000, de $3.114,76), no resultan diferencias excepcionales.

La empleadora pretende prescindir del conteo de las retribuciones del último año, en razón que las empresas modificaron sus pautas remunerativas y que ello ocurrió durante un extenso período de tiempo, pero no trae a la evaluación en qué parte sustancial difieren tales pautas la empresa cedente y cesionaria, sin que surja en lo inmediato de la comparación que difieran, porque unos y otros de los recibos salariales contienen "premios" y "comisiones".

Tampoco puede sostener que transcurrió un extenso período de tiempo, porque O. AFJP S.A. comienza los pagos salariales en nov/2000 y al cuarto mes ya produce el despido injustificado.

Existen dos factores por los que la demandada O. AFJP S.A. no puede excusar los antecedentes retributivos de la antecesora Previnter AFJP S.A. El primero, porque a la cesión del contrato de trabajo de la parte actora, se obligó a reconocerle la antigüedad (29/4/96) "y los derechos que de la misma derivan" y a cuyo respecto tomó a su cargo en forma "exclusiva", "...todas y cada una de las obligaciones que la normativa legal vigente pone a cargo del empleador respecto a la relación laboral con el empleado" (cláusulas Tercera y Cuarta del Contrato de Cesión de Contrato de Trabajo, a fs. 15).

El segundo factor imponente, de neto carácter legal y aunque la cesionaria no se hubiera obligado en forma expresa, surge precisamente de la Ley de Contrato de Trabajo, que en su art. 229, 2do. párr., dispone que "cedente y cesionario responden solidariamente por todas las obligaciones resultantes de la relación de trabajo cedida".

En conclusión, no existen razones válidas para impedir que para evaluar el módulo indemnizatorio, la empleada no haya podido verificar todas las retribuciones del último año de trabajo, comprendidas las retribuciones de la empresa cedente.

Se rechaza el agravio sobre el punto.

Al tratar la sentencia la reclamación del rubro "diferencia por omisión de preaviso", le da curso (fs. 270), expresando que nada dice la demandada "a lo largo de su conteste ni tampoco cuando impugna la liquidación de la actora fs.147".

El punto demuestra la inexistencia de trama litigiosa de base para resolver en esta instancia, cayendo la argumentación traída a esta Alzada como cuestión no propuesta al Juez de Primera Instancia e improponible en razón de lo previsto en el art.277 del CPCCCh.

Segundo agravio. Impugna que la sentencia le imponga el pago de la indemnización del art. 80 LCT, sosteniendo que su parte cumplió con la certificación respectiva y que se le impone solidariamente una obligación imposible de cumplir, ya que la empresa abonaba por separado y desvinculadas. Considera que se ha realizado un análisis ligero que sorprende, que cada empresa funciona en sedes distintas y P. S.A., solo tiene personal temporario ajeno totalmente a O. AFJP.

La desvinculación fáctica de las empresas comprendidas en la argumentación, no definen la suerte del derecho a aplicar en estas circunstancias, ya que las razones vinculantes resultan de carácter jurídico.

Deben en consecuencia reiterarse en este sentido las razones precedentes, por una parte, por la cesión del contrato de trabajo de la empleada D., O. AFJP S.A. ha tomado a su "...cargo asumir en forma exclusiva todas y cada una de las obligaciones que la normativa legal vigente pone a cargo del empleador respecto de la relación laboral con el EMPLEADO" (cláusula Cuarta, fs.125), en tanto la norma protectora, la comprende como cesionaria para responder solidariamente "...por todas las obligaciones resultantes de la relación de trabajo cedida" (art. 229, 2do. párr. LCT;

"La responsabilidad solidaria debe comprender la entrega de los certificados previstos en el artículo 80 de la ley de contrato de trabajo 20744 toda vez que tal solidaridad se refiere a la totalidad de las obligaciones surgidas de la extinción de la relación laboral que unió a las partes" C. Nac. Trabajo, Sala VI, 2005/07/29 autos: "F., L. G. c. G. R. Argentina S.A. y otro, en D.T.2006A207).

Con ello, por la exclusividad pactada y la solidaridad establecida en la ley, es propio que la empleadora demandada debió asumir todas las obligaciones y cargas resultantes de la cesión aceptada y contar con los informes y certificaciones que correspondan del art. 80 LCT, ya que resolvió por sí el despido sin causa justificada, elementos que excluyen la sorpresa que aduce, la crítica como de análisis ligero de la decisión jurisdiccional y violatoria del orden jurídico.

Debe rechazarse el segundo agravio.

Tercer agravio. Indemnización del art. 2 Ley 23.523.

La presente indemnización acogida en el fallo a fs. 275, tiene el tratamiento fundante donde el sentenciante verifica el cumplimiento de la intimación y la mora, como los propósitos de la norma frente a los despidos sin invocación de causa.

El punto de la inexistencia de causa para despedir tiene la justa postura del fallo. Resulta ello en concepto del presente voto decisivo para resolver en sentido desfavorable la existencia de una conducta justificante por haber partido de la violación de tal prohibición (Arts. 242 y 245 L.C.T.), declarada en el telegrama rescisorio de fs.6.

Es claro que en la comprensión del art. 2, Ley 25.323, el pago insuficiente no es el pago legal en razón del distracto sin causa (art.725 C.C.). Con la intimación, se tenía la oportunidad de cumplimentarlo en tiempo y forma y no causar la necesidad del ocurrimiento a juicio y a la controversia jurisdiccional.

Se confirma en definitiva el criterio de la sentencia.

Por todo lo expuesto, debe rechazarse en todas sus partes el memorial de agravios de fs. 285/287, teniéndose presente la reserva del caso federal.

El recurso en propio derecho de los Dres. E. J. M. y J. M. P., cuyo contenido se ha dejado expuesto, se dirige a la regulación de los honorarios conjuntos establecidos en la sentencia a fs. 277, con argumento en lo puntual que resultan inferiores al mínimo y que asimismo deben comprender la condena a entregar certificado de trabajo.

El fallo cita las normas pertinentes que incluyen el monto del juicio prospera por la suma de $26.036,25 los intereses y la tasa activa del Banco de la Nación Argentina.

Ocurriendo el despido en el mes de febrero de 2001, los intereses se acumulan a la fecha de la sentencia por 5 años pasados, advirtiendo en consecuencia que si bien la regulación no afecta el mínimo legal, impone su elevación en función del mérito, eficacia e integridad de los trabajos profesionales, a cuya evaluación ingresa asimismo la condena a la demandada por la extensión del certificado de trabajo.

Advirtiendo que el monto propugnado por mi colega preopinante es de $11.000, suma que se ajusta a las circunstancias de valoración expuestas oportunamente y en el presente acuerdo, corresponde el reajuste al monto señalado.

Atento el resultado de los recursos de las partes, en tanto opera el rechazo al de la parte demandada, las costas de la Alzada se le imponen (art. 59, Ley 69 y art. 68 del CPCCCh).

Para regular honorarios, rigen las normas arancelarias, Ley 2000 y ref. Ley 4335, arts. 6, 7, 9, 14 y concords., por lo que asimismo se considera el mérito de los trabajos profesionales y su resultado.

Resultando el voto propuesto en primer término, comprensivo de las cuestiones tratadas precedentemente, corresponde dicho pronunciamiento.

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar la siguiente SENTENCIA:

1º) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la demanda a fs. 281, confirmando la sentencia de fs. 264/277, en lo que ha sido materia de agravio.

2º) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por los Dres. E. J. M. y J. M. P. a fs. 279/280. Modificar parcialmente la regulación de honorarios efectuada en el punto 3 de la sentencia de fs. 264/277, fijando los correspondientes a los Dres. E. J. M., J. M. P. y V. D. R., en forma conjunta, en la suma de PESOS ONCE MIL ($11.000).

3º) Costas de la Alzada a la demandada vencida. Regular los honorarios de los Dres. E. J. M. y J. M. P., en forma conjunta, en la suma de PESOS TRES MIL TRESCIENTOS ($3.300) y los correspondientes al Dr. O. G. A. en la suma de PESOS DOS MIL SETECIENTOS ($2.700) 4º) Tener presente la reserva del caso federal efectuada a fs. 287.

5º) Regístrese, notifíquese y devuélvase.

La presente sentencia se dicta por dos vocales de Cámara en virtud de encontrarse excusado de actuar el señor Juez de Cámara Dr. Julio Antonio Alexandre y concordar en la solución del caso (arts. 1, 2, 3 y 5 de la Ley 4550, modif. Ley 1130).

Fdo. Silvia N. Alonso de Ariet Presidente Fernando Nahuelanca Juez de Cámara REGISTRADA BAJO EL nro. 76 DEL AÑO 2006 DEL LIBRO DE SENTENCIAS DEFINITIVAS