Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-11-06


SENTENCIA INTERLOCUTORIA NÚMERO: Ciento cincuenta y seis.- San Fernando del Valle de Catamarca, 06 de noviembre de 2009.- Y VISTOS:

Estos autos Corte N° 057/09: "AGROPECUARIA MISTOL ANCHO S.A. c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA - s/ Acción de Amparo", y CONSIDERANDO:

1- Que, por la presente causa, la firma Agropecuaria Mistol Ancho S.A. a través de su apoderado, inicia acción de amparo fundada en los Arts. 1 y cc. de la Ley Provincial Nº 4642 y sus modificatorias, solicitando se declare la nulidad absoluta e insanable de la Resolución emitida por el Intendente de la Municipalidad de Santa Rosa Nº 028/09, de fecha 22 de julio de 2009, por considerarla violatoria de sus derechos tutelados por la Constitución Provincial. Justifica la procedencia formal de la acción, y en cuanto a los antecedentes fácticos de la cuestión, señala que a través de su contratista Los Verdes de Catamarca S.R.L. se encontraba ejecutando la obra Línea de Media Tensión 33 Kv, Bañado de Ovanta - San Pedro de Guasayán-, para dotar de energía eléctrica a su proyecto agroindustrial ubicado en Puesto La Viuda de la localidad Bañado de Ovanta, Departamento Santa Rosa, el que redundaría también en beneficio de la citada localidad, para poder desvincularla así de la distribuidora EDESE (perteneciente a la provincia de Santiago del Estero) y brindarle una mejor calidad del servicio. Que para la citada ejecución de obra se encuentra expresamente autorizada Edecat S.A. por la Resolución En. Re. Nº 076/01 para optar por el régimen de dotación de suministro por contribución responsable; en el caso se podrá ejecutar por el usuario la obra, bajo la supervisión y control de Edecat S.A.. Que asimismo contaba con la pertinente autorización de la Municipalidad de Santa Rosa que emitió Resolución Nº 011/09. Agrega que en realidad el Municipio no puede oponerse a la construcción de la obra en atención al interés público y la sujeción de dicha obra al control y regulación provincial, conforme a las disposiciones de la Constitución Provincial, la Ley Provincial de Energía y del Contrato de Concesión de la Distribución de Energía Eléctrica en la Provincia. Que de la citada normativa se infiere que Edecat S. A. no debe requerir permiso a ninguna autoridad pública local para la instalación de infraestructura eléctrica, debiendo limitarse la actuación municipal a controlar que la obra respete la normas de policía municipales. Que al momento del dictado del acto administrativo atacado -Resolución Nº 028/09- por el cual revoca la autorización previamente concedida, la obra se encontraba en un 90 % de avance, resultando la misma absolutamente sorpresiva, carente de todo sustento legal y fáctico, con vicios en su motivación, desviación de poder, arbitrariedad manifiesta, etc. Asimismo los hechos ilícitos posteriores del Intendente y demás sujetos intervinientes que atentaron contra la línea en obra, procediendo a la destrucción de postes y cableados, que determinaron la exposición de las respectivas denuncias policiales y ante la Fiscalía en turno. Ofrecen pruebas documental e instrumental y solicitan medida cautelar de no innovar, retrotrayendo la situación objeto del presente juicio al estado en que se encontraba previo al dictado de la resolución municipal objetada; y que se ordene al Municipio que se abstenga de obstaculizar la finalización de la obra bajo los apercibimientos del Art. 239 del Código Penal. 2- Que a fs. 167 se corre vista de la jurisdicción y competencia, y en su caso de la viabilidad formal de la acción y medida cautelar solicitada al Ministerio Público, el que emite Dictamen incorporado a fs. 168 y vta., donde expresa verificada la satisfacción de los recaudos de admisibilidad de la acción intentada, como así también respecto de la tutela cautelar requerida. A fs. 169 se llaman autos para resolver, con lo que la causa se encuentra en estado de emitir pronunciamiento. 3- Que atento a la materia traída a resolver, este Tribunal resulta competente en virtud de lo establecido en el Art. 204 de la Constitución Provincial y Art. 1 de la Ley N° 4998, modificatoria del Art. 4 de la Ley N° 4642, asimismo, conforme a jurisprudencia reiterada de esta Corte de Justicia.- 4- Efectuada la determinación precedente corresponde, como cuestión preliminar, examinar si la acción intentada reúne los requisitos necesarios para su viabilidad formal. Que avocados al examen de esta acción de carácter excepcional planteada, cabe recordar que la misma sólo procede contra todo acto u omisión de autoridad pública que amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta los derechos o garantías reconocidos por la Constitución Nacional en ausencia de otro medio adecuado, o cuando la inminencia del daño hiciera ilusoria su reparación. Se impone como correlato de la actividad jurisdiccional en mérito a la admisibilidad formal de la acción, que el amparista en tiempo hábil, demuestre sin mayor esfuerzo el cercenamiento de sus derechos fundamentales, asimismo que de modo claro y manifiesto ponga en evidencia, sin mayor amplitud de debate y prueba en donde reside la ilegitimidad del acto que cuestiona y el daño grave e irreparable que pretende reparar. Que conforme a las constancias obrantes en autos, se encuentran acreditados los requisitos procesales extrínsecos para declarar la admisibilidad formal de la acción de amparo deducida, en razón de que, prima facie, el acto de autoridad pública restringiría garantías y derechos reconocidos explícitamente por nuestro ordenamiento constitucional y legislación provincial. Este preliminar juicio de admisibilidad se resuelve sin perjuicio de que los recaudos de procedibilidad de la acción sean merituados en la etapa procesal oportuna, donde el Tribunal hace pleno uso de sus facultades jurisdiccionales.

5- Que, sobre la medida cautelar solicitada, cabe señalar, tal como se ha establecido en distintos fallos de este Alto Tribunal, que su dictado no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo resultan admisibles cuando, además de la existencia de los requisitos legales comunes: verosimilitud del derecho, peligro en la demora y contracautela, concurran requisitos específicos como daño irreparable e ilegalidad manifiesta, dado el rigor con que deben apreciarse la concurrencia de los supuestos que la tornan admisible. Y ello es así porque los actos administrativos gozan de presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria, razón por la cual en principio ni los recursos administrativos ni las acciones judiciales mediante las cuales se discute su validez, suspenden su ejecución, lo que determina en principio, la improcedencia de las medidas cautelares. Debe añadirse, por último, como requisito específico que la medida solicitada no afecte un interés público al que deba darse prevalencia o, como dice el Máximo Tribunal, resulta imprescindible la consideración del interés público comprometido (CSJN Fallos: 314:1202). Siguiendo tal razonamiento y analizando las constancias de autos, se advierte que la pretensión cautelar se identifica con la pretensión principal de la acción intentada, obteniendo, en el supuesto de resultar procedente, la posibilidad de continuar con la realización de la obra actualmente paralizada, y la inaplicabilidad o suspensión de los efectos del acto atacado. Debiéndonos remitir, en el caso, a los precedentes de esta Corte de Justicia (S.I. Nº 234/01 en autos Corte Nº 151/00, S. I. Nº 146/09, autos Corte N° 026/09, entre otros), respecto a que en principio la tutela cautelar "...no puede tener por objeto la finalidad del proceso, pues resulta incongruente por la naturaleza de la medida que con ella se obtenga lo que se persigue con la sentencia definitiva y por la brevedad de los plazos impresos a la causa, la misma no puede prosperar; salvo supuestos de rigurosa excepción en que mediante este procedimiento judicial excepcional y breve no pueda garantizarse la tutela judicial efectiva." (S.I. Nº 49 de fecha 30/05/08, autos Corte N° 040/08: "Alaniz, Enzo Martín c/ Provincia de Catamarca s/Acción de Amparo"). Es que el invocado incumplimiento de preceptos constitucionales y administrativos, presupone un juicio de certeza propio de la cuestión de fondo, y no puede receptarse en esta instancia. Por otra parte, la justificación en la fundamentación de la medida por parte del actor, de los requisitos propios de la tutela impetrada no alcanza para merituar razones urgentes de interés público que justificarían su otorgamiento en este fuero contencioso-administrativo, implicando un obstáculo de orden procesal que eximen al Tribunal de toda consideración al respecto. En consecuencia, corresponde no hacer lugar a la tutela requerida.

Por ello, normas legales citadas y oído el Ministerio Público Fiscal, Dictamen N° 85/09, LA CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA RESUELVE:

1) Declarar formalmente procedente la acción de amparo interpuesta. 2) No hacer lugar a la medida cautelar peticionada. 3) Requiérase al Sr. Intendente de la Municipalidad de Santa Rosa, para que dentro del plazo de TRES (3) DIAS, con más UN (1) DÍA en razón de la distancia, a contar desde su notificación, informe circunstanciadamente, los antecedentes y fundamentos relacionados con la Resolución Municipal N° 028/09, por el cual se dispuso dejar sin efecto la autorización emitida mediante Resolución Nº 011/09 a la firma Edecat S. A. para ejecutar la obra LMT 33 KV. Bañado de Ovanta, San Pedro. 4) Protocolícese y hágase saber. Fdo: Dres. Luis Raúl Cippitelli (Presidente), Amelia del Valle Sesto de Leiva (Ministro), José Ricardo Cáceres (Ministro) y Esc. Elsa Lucrecia Arce (Secretaria - Corte de Justicia).