Tribunal: CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-24


///nos Aires, 24 de abril de 2012.- Reg. nº 19.471 AUTOS Y VISTOS:

Para resolver acerca de la admisibilidad de la presente queja por recurso de casación denegado, deducida por la defensa oficial en esta causa nº 15.935.

Y CONSIDERANDO:

1º) Que la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba confirmó la decisión del Juzgado Federal nº 3 de la misma provincia que no había hecho lugar a la solicitud de excarcelación incoada en favor de Guillermo Hugo Taborda -art. 319 del C.P.P.N.- (cfr. copias glosadas a fs. 2/4 vta.).

Contra esa decisión, interpuso la defensa oficial recurso de casación (fs. 5/12 vta.), cuya denegación (fs. 13/14) originó la presentación directa en examen (fs. 16/29 vta.).

2º) Que esta Sala tiene dicho que la decisión recurrida restringe la libertad del imputado con anterioridad al fallo final de la causa y ocasiona un perjuicio que podría resultar -prima facie- de imposible reparación ulterior, y es por tanto, equiparable a una sentencia definitiva en los términos previstos en el artículo 457 del Código Ritual, según lo establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re: "Di Nunzio, Beatriz Herminia s/excarcelación", causa nº 10.572, D.199. XXXIX.

3º) Que, no obstante ello, de la lectura del pronunciamiento atacado se advierte que el tribunal de mérito ha examinado la procedencia del beneficio liberatorio a la luz de los lineamientos expuestos por este Tribunal en el Plenario nº 13 "Díaz Bessone" de fecha 30-10-08, concluyendo, con acertado criterio, que se configura en autos un presupuesto de riesgo procesal que obsta a la concesión de la soltura anticipada que se impetra.

Sobre el particular, la Cámara recordó que se imputa a Guillermo Hugo Taborda el delito de secuestro extorsivo agravado por la participación de tres o más personas en el hecho (art. 170, inc. 6º, del Código Penal).

Así, consideró el señor juez que lideró el acuerdo que ".en atención a la escala penal en abstracto correspondiente a tales ilícitos, la concesión de la excarcelación no resultaría viable, al superar el tope de ocho años previsto por el art. 317 en función del art. 316 del CPPN. Asimismo en razón del mínimo de la escala penal en juego, es dable que en caso de recaer condena en el proceso de autos la misma no sería de ejecución condicional." (fs. 3 vta.).

En efecto destacó que ".se presenta como posible que el encartado, intente evadir la acción de la justicia ante el pronóstico de una futura pena grave y de efectivo cumplimiento." (fs. 3 vta.).

Y que ".por otro lado, no encuentro en la causa elementos que permitan desvirtuar la presunción de fuga que pesa sobre el encartado. Ciertamente, los datos que se desprenden de su declaración indagatoria (ver fs. 10/15) no resultan suficientes para conjurar el peligro presumido por el legislador, a partir de la futura pena que sería de aplicación en caso de que el imputado resultara condenado por el delito por el cual viene acusado." (fs. 3 vta./4).

Asimismo señaló que ".no escapa al análisis que de acuerdo a la modalidad delictiva y tipo ilícito que se le reprocha al encartado, en caso de recuperar su libertad podría frustrar la realización de actos probatorios de sumo interés para esta causa. Todo ello, sin perjuicio que se ha dictado procesamiento en su contra." (fs. 4).

Siendo que, además, ".el tiempo de detención que padece el encartado, se encuentra fuera de los límites establecidos por la ley 24.390." (fs. 4).

En efecto, cabe destacar que la viabilidad de la soltura solo sería atendible si se hubiere demostrado que la prisión preventiva que sufre se hubiera prolongado más allá de las necesidades que el caso requiere. En esta causa, no se advierte esta circunstancia ya que su tramitación no ha tenido, hasta el momento, una duración excesiva. En tal sentido, obsérvese que el imputado se encuentra detenido desde el 17 de septiembre de 2010.

Sobre la base de lo expuesto y en el marco de un análisis del caso conforme la doctrina sentada por esta Cámara Nacional de Casación Penal en el Plenario nº 13, concluyó el tribunal de mérito que ".todos los elementos, analizados en los párrafos precedentes, se presentan en conjunto como indicadores de riesgo, de tal modo que permiten inferir fundadamente que en el caso concreto existe un peligro cierto que el imputado en caso de recuperar su libertad, eludirá el accionar de la Justicia." (fs. 4).

A partir de tales consideraciones, cabe señalar que el recurrente no consigue demostrar el vicio jurídico que alega, toda vez que no se ha hecho cargo de rebatir adecuadamente los razonados y completos argumentos en los cuales se sustentó la resolución cuestionada, exteriorizando más bien una disconformidad con lo resuelto por el a quo que no encuentra el correspondiente respaldo en las constancias comprobadas de la causa.

4º) Por último, tampoco puede dejar de mencionarse que, en lo que hace al principio de la doble instancia, tal extremo se halla debidamente garantizado por cuanto han recaído pronunciamientos concordantes del juez instructor y de la cámara respectiva, y toda vez que como ya se afirmara supra, no se verifica un supuesto de arbitrariedad en el pronunciamiento criticado, no amerita la intervención de esta Cámara como tribunal intermedio, tal como lo estableciera la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo "Di Nunzio" de previa cita, por lo que corresponde declarar la improcedencia formal de la vía intentada.

Por todo lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: Desestimar el recurso de queja interpuesto en favor de Guillermo Héctor Taborda, sin costas (arts. 478, 530 y 531 -in fine- del C.P.P.N.).

Regístrese, notifíquese y remítanse las actuaciones a la Cámara a quo, sirviendo la presente de atenta nota de envío.- Fdo. Raúl Madueño, Luis M. Cabral y Mariano H. Borinsky Ante mí: Javier E. Reyna de Allende. Secretario de Cámara.