Tribunal: CAMARA DE APEL. CONT. ADM. Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-12-13


Buenos Aires, 13 de diciembre de 2006. Y VISTOS: Estos autos para resolver sobre la procedencia formal del recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte demandada -a fs. 202/13, ampliado a fs. 286/8, cuyo traslado fue contestado por la contraria a fs. 319/28- contra la resolución obrante a fs. 157/60, aclarada a fs. 278. VOTO DEL DR. CARLOS BALBIN: I. La sentencia interlocutoria recurrida, que fue dictada por la Sala II de esta Cámara, modificó en parte la decisión de primer grado (v. fs. 9/11) y, en consecuencia, dispuso que "hasta tanto se dicte sentencia firme en estas actuaciones, el GCBA proceda, el GCBA proceda a retener y derivar los fondos provenientes del descuento por obra social de los amparistas a las obras sociales o empresas de medicina prepaga de su elección que los hayan aceptado o acepten como afiliados provisorios". A su vez, mediante la aclaratoria estableció que "...la codemandada GCBA deberá derivar a la obra social o empresa de medicina prepaga que acepte la elección de los actores, los fondos correspondientes a los aportes patronales que correspondan de acuerdo a la normativa vigente en materia previsional..." Contra esta resolución, la accionada interpuso recurso de inaplicabilidad de ley, por entender que existe contradicción sobre el particular entre la jurisprudencia de las dos Salas del Tribunal. La Sra. Fiscal de Cámara dictaminó a fs. 336/7, propiciando que el planteo sea declarado la inadmisibile. II. El recurso de inaplicabilidad de ley es un medio de impugnación tendiente a lograr la uniforme interpretación de la ley en el seno de un tribunal de apelaciones. Su finalidad consiste en fijar una única doctrina legal para evitar la contradicción en la interpretación y consiguiente aplicación de una norma jurídica (Fenochietto, Carlos E., Código procesal civil y comercial de la Nación comentado, anotado y concordado, Astrea, Buenos Aires, 1999, t. II, p. 137). De conformidad con lo dispuesto por el artículo 252, CCAyT, dicho recurso procede "cuando la sentencia de una Sala de la Cámara contradiga a otra de distinta Sala, dictada en los dos (2) años anteriores". Continúa diciendo la norma citada que "el recurso se interpone por escrito fundado ante la Sala que dictó la sentencia, dentro de los cinco (5) días de notificada. La Cámara en pleno, debe resolver la doctrina aplicable y fallar el caso". El procedimiento -aplicable en virtud de lo establecido en el acuerdo plenario nº 3/2002 de esta Cámara- establece que, corrido el pertinente traslado por la Sala que dictó la decisión impugnada, las actuaciones deben ser remitidas a la otra Sala, quien evaluará los requisitos de admisibilidad del recurso (arts. 2 y 3). A tal fin, cabe señalar que este remedio procesal extraordinario está sujeto a los requisitos que emanan del artículo parcialmente transcripto (sentencia de una Sala que contradiga la de otra dictada dentro de los dos años anteri ores, interposición del recurso ante la sala que dictó la sentencia que origina la contradicción, presentación del recurso dentro de los cinco días de la notificación de dicha resolución); mientras que otros, al no haber sido regulados expresamente en dicha norma, obligan a recurrir a la aplicación supletoria de otros artículos del CCAyT o, en su defecto, al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. III. Conforme lo expuesto, debe, ante todo, tenerse en cuenta que el recurso de inaplicabilidad de ley es concebido como un remedio extraordinario. Por eso -y tal como ocurre con el recurso de inconstitucionalidad en el ámbito local o el recurso extraordinario en el ámbito federal- procede sólo contra sentencias definitivas -conclusión que se corrobora en las disposiciones del CPCCN, al que es dable recurrir (como ya se dijo) en ausencia de norma expresa del CCAyT-. En ese entendimiento, cabe recordar que "El recurso de inaplicabilidad de ley sólo es admisible respecto de sentencias definitivas, que son aque llas que terminan el pleito o hacen imposible su continuación. Fuera de estos casos, el recurso es inadmisible..." (CNAC, sala J, "Banco de Santa Fe c. Sanda S.A.", 09/04/1997, LL 1997-E, 1009. IV. Sentado lo anterior, corresponde que este Tribunal se expida sobre el cumplimiento, en el caso, de las condiciones de admisibilidad. Ahora bien, la demandada funda el recurso en el hecho de que la medida cautelar dispuesta por la Sala II en este expediente contradice -a su entender- lo decidido por esta Sala en las causas "Santos Mora, Patricia c/ OSCBA y otros s/ otros Procesos Incidentales"; "Torres, Silvia Viviana c/ OSCBA y otros s/ otros Procesos Incidentales"; "Galleguillo Myriam c/ OSCBA s/ otros Procesos Incidentales"; "Jalusi Celia Silvia c/ GCBA s/ otros Procesos Incidentales" y "Unión de Trabajadores de la Educación (U.T.E.) c/ GCBA s/ Medida Cautelar". Empero, a diferencia de lo manifestado por la presentante y de conformidad con lo expuesto por la Señora Fiscal de Cámara en su dictamen, las sentencias que deciden medidas cautelares no revisten el carácter de definitivas, toda vez que son provisorias y de vigencia limitada en el tiempo. Así lo ha decidido reiteradamente la jurisprudencia. En efecto, se señaló que "La resolución de la cámara de apelaciones que decide respecto de medidas cautelares... no reviste carácter de definitiva en los términos del art. 278 del Cód. Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires -recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley-, pues dichas medidas son por naturaleza provisionales y no causan instancia" (SCJPBA, "Bianchi de Rolleri, Ilda L. y otra c. Guzmán, Carlos A. y otro", 13/08/2003, LLBA 2004, 498) además de que "no decide sobre la suerte o existencia del derecho de fondo debatido" (SCJPBA, "Abbott Lab. Arg. S.A. c. Sikora, José", 09/04/1991, La Ley Online). Por ello, se concluyó que "Es improcedente el recurso de inaplicabilidad de ley deducido contra una resolución recaída sobre medidas cautelares" (SCJPBA, "Monasterio, y Cía., S. A. Alfonso P. c. F rigorífico Prana, S. A.", 26/05/1982). En virtud de lo expresado, cabe declarar inadmisible el recurso de inaplicabilidad de ley impetrado por la accionada, con costas a la recurrente en virtud del principio objetivo de la derrota (cf. doctr. del art. 14 de la Constitución local y art. 62, CCAyT). VOTO DEL DR. JORGE A. FRANZA. I. Coincido con los argumentos vertidos por mi colega preopinante, Dr. Carlos Balbín, no obstante expondré las siguientes consideraciones que creo oportunas. La parte demandada plantea el recurso fundado en que lo resuelto como medida innovativa por el a quo resulta contradictoria con lo decidido por la Sala I, -también en el marco de una medida cautelar- en los autos: "Santos, Mora Patricia c/ OSCBA y otros s/ Otros proa. Incidentales" (expte. Nro. 8885/1); "Torres, Silvia Viviana c/ OSCBA s/ Otros proc. Incidentales" (expte Nro. 8965/01); "Galleguillo, Myriam c/ OSCBA s/ otros proc. Incidentales" (expte Nro. 7239/01); "Jalusi, Celia Silvia c/ GCBA s/ Otros proc. Incidentales" (expte N ro. 8864/01); "Unión de Trabajos de la Educación (UTE) c/ GCBA s/ Medida cautelar" (expte Nro. 6783/0). II. El recurso de inaplicabilidad de ley se encuentra contemplado en el art. 252 del CCAyT, donde establece que "... cuando la sentencia de una Sala de Cámara contradiga a otra de distinta sala, dictada en los dos (2) años anteriores... ", "... la cámara en pleno debe resolver la doctrina aplicable y fallar el caso....". En igual sentido se encuentra regulado por el art. 288 y sgtes. del CPCCN (Conf. Maraniello, Patricio Alejandro: "Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires -comentado y concordado-", Ed. Grün, 1999). Como bien surge de la norma citada, estos recursos son considerados y utilizados tan solo para sentencias definitivas y no para resoluciones interlocutorias, como resulta ser en los presentes obrados. De igual modo no se presenta el caso de ser una medida cautelar equiparables a sentencias definitivas, si tenemos en cuenta que todas las conclusiones arribadas h asta aquí son provisorias, sin un perjuicio irreparable que pudiere sufrir el demandado. El Tribunal Superior de Justicia ha sostenido que "... es regla general que las resoluciones dictadas sobre medidas cautelares, ya sea que las acuerden, mantengan o denieguen, no son susceptibles de revisión por la vía del recurso ..., por no constituir sentencia definitiva, excepción hecha cuando la denegatoria produzca un agravio que por su magnitud o características será de tardía, insuficiente o imposible reparación ulterior, caso en que corresponde equiparar estas decisiones a las sentencias de tal naturaleza (Fallos: 313:279, entre muchos otros, y este Tribunal in re: "Clínica Fleming s/ recurso de inconstitucionalidad concedido en Clínica Fleming s/ art. 72 CC -incidente de clausura- apelación", expte. nº 1215/01, sentencia del 19 de diciembre de 2001)" (conf. Agencia Marítima Silversea SA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ "Agencia Marítima Silversea SA c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Air es s/ acción declarativa - incidente s/ medida de no innovar" rta. 10/07/2002, expte. nº 1516/02). En el supuesto caso que se llegara a realizar un análisis de diferentes criterios cautelares, caeríamos en un error conceptual, al convertir en doctrina plenaria cuestiones de índole provisoria y temporal. Así lo ha entendido inveterada jurisprudencia cuando establece que es inadmisible el recurso de inaplicabilidad de ley si la resolución recurrida no reviste el carácter de definitiva exigido por los arts. 288 y 289 del C.P.C.C.N., atento el carácter provisional atinente a toda medida cautelar (cfr. art. 202 de la ley adjetiva) (C. Nac. Cont. Adm. Fed. Sala II in re: "Mariotto Juan Gabriel -Incidente Med. c/COMFER -Resols. 1.364/99, 5/00, 22/00 y 736/00 y otro s/medida cautelar", del 12/09/2002). III. Sin perjuicio de ello, la decisión cuestionada no altera derecho alguno. No resulta ocioso recordar que nuestra Constitución consagra el principio de la autonomía individual -artículo 19 C.N.-, esto es, la posibil idad de cada individuo de elegir y materializar su propia cobertura social. Se trata en consecuencia, del reconocimiento a la autodeterminación, y su fundamento radica en la dignidad de la persona y el respeto a la libertad personal. Al respecto, se sostuvo que "el principio de autonomía personal sirve para determinar el contenido de los derechos individuales básicos, ya que de él se desprende cuáles son los bienes que esos derechos protegen. Tales bienes son las condiciones necesarias para la elección y materialización de ideales personales y los planes de vida basados en ellos: la vida psicobiológica, la integridad corporal y psíquica (...), la libertad de acceso a recursos materiales, (...)" (NINO, Carlos Santiago, "Fundamentos de Derecho Constitucional", Ed. Astrea, pág. 167). Se explicó entonces que se trata de un principio que proclama el respeto por la persona e implica un derecho de no interferencia y un deber de no coartar acciones autónomas y exige, además, la adopción de comportamientos activos por parte del Estado que hagan posible la inclusión social y, consecuentemente, el goce de los derechos fundamentales. En efecto, ha señalado este Tribunal que "el derecho a condiciones mínimas de asistencia e inclusión social es un derecho fundamental que resulta imprescindible para el ejercicio de la autonomía individual (conforme artículo 19 de la Constitución Nacional). Esta autonomía consiste básicamente en la posibilidad de cada individuo de elegir y materializar su propio plan de vida. El Estado no sólo debe abstenerse de interferir en el ejercicio de los derechos individuales sino que tiene, además, el deber inexcusable de realizar prestaciones positivas, de manera que el ejercicio de aquéllos no se torne ilusorio" (in re "Pérez Víctor Gustavo y otros C/GCBA s/Amparo", expte. 605 del 26/01/01; en sentido concordante, "Benítez, María Romilda y otros c/ GCBA. s/Medida Cautelar" Exp. 2069, J. 2, S. 3 del 16/11/01). En definitiva, para que la libre elección de una obra social resulte posible, no es suficient e con la sola abstención, sino que requiere una colaboración activa del Estado, esto es, la ejecución de acciones positivas. Ello resulta concordante, a su vez, con lo dispuesto en el artículo 17 de la CCABA, que establece el deber de la Ciudad de desarrollar políticas sociales coordinadas para superar las condiciones de pobreza y exclusión mediante recursos presupuestarios, técnicos y humanos. Este deber de reconocimiento y tutela reviste aún mayor relevancia cuando se trata de los miembros de la sociedad que tienen su ámbito de autonomía reducido por razones económicas y sociales. En virtud de lo expresado, entiendo corresponde declarar inadmisible el recurso de inaplicabilidad de ley deducido por la accionada, con costas a la recurrente en virtud del principio objetivo de la derrota (cf. doctrina del art. 14 de la CCABA y art. 62 CCAyT). DISIDENCIA DEL DR. HORACIO G. A. CORTI: I. Comparto el enfoque general básico sobre el recurso bajo examen expuesto por mi colega, Dr. Carlos Balbín. Empero, considero que este caso reviste carácter excepcional, circunstancia que conduce a declararlo admisible. En efecto, nótese que las causas donde se debate el derecho de los afiliados de la OSBA a elegir la obra social de su agrado, en los términos del art. 37 de la ley 472 y, en consecuencia, se depositen los aportes y contribuciones de ley a favor de la obra social elegida por los accionantes, son sumamente numerosas. Esta circunstancia permite inferir la trascendencia de la materia objeto de los actuados. A ello debe agregarse que, si bien el recurso de inaplicabilidad de ley se funda en los términos de las decisiones cautelares, lo cierto es que ambas Salas de esta Cámara e, incluso, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, ya han dictado sentencia de fondo respecto de la cuestión sujeta a decisión ("Giordano Graciela c/ OSBA y otros s/ Amparo (art. 14 CCABA) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", EXPTE. Nº 4292/05, sentencia del 4 de abril de 2006, entre muchos otros). II. Por ello, entiend o que dada la importancia del tema debatido -uno de cuyos aspectos se relaciona con el derecho a la salud-, la cantidad de causas que se inician con el mismo objeto y la existencia de sentencias de fondo dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de esta Ciudad, corresponde declarar admisible el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto contra la sentencia de fs. 157/60 y su aclaratoria de fs. 278, a fin de resguardar la garantía de la seguridad jurídica en términos de certeza. Con costas por su orden, en virtud de la excepcionalidad de la manera en que se decide. En mérito a las consideraciones vertidas, y de conformidad con lo dictaminado por el Ministerio Público Fiscal; el Tribunal RESUELVE: Declarar inadmisible el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto contra la sentencia de fs. 157/160 vta., con costas a la recurrente en virtud del principio objetivo de la derrota (cf. doctr. del art. 14 de la Constitución local y art. 62, CCAyT). El Dr. Esteban Centanaro no firma la presente por haber sus cripto la sentencia recurrida, en su condición de vocal de la Sala II, haciéndolo el Dr. Jorge A. Franza en razón de la integración del tribunal según constancias de fs. 348. Regístrese. Notifíquese, y a la Señora Fiscal de Cámara en su despacho. Fecho, devuélvase a la Sala de origen. Carlos F. Balbín Horacio G. Corti (en disidencia) Jorge A. Franza