marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Ente Nacional Regulador de la Electricidad, energía eléctrica, revisión judicial de actos administrativos, elementos del acto administrativo, recurso directo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Empresa  Distribuidora  Sur  S.A. (Edesur S.A.) c/ Resol. 1034/97-ENRE- 2791/2922/3056/96 -3137/3276/3367/97". s/ .
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-04-15

El hecho de haberse declarado la nulidad de la resolución ENRE 1034/97 no implica dar razón al actor en cuanto al fondo de la cuestión, pues el juicio aquí seguido se limitó a los aspectos formales de dicho acto. Por el contrario, en vista del alcance que corresponde asignar a los recursos directos, el Tribunal ha ceñido su competencia al control de los elementos reglados del acto, en concreto por la causa y la motivación, de allí que no sea posible que en esta instancia se traten cuestiones -fácticas o jurídicas- que no fueron propuestas en sede administrativa, como modo de subsanar aquello que, por omisión de cualquiera de las partes, no ha sido allí introducido o debatido. (Del voto del Dr. Coviello, consid. 19).
Prueba, admisibilidad de la prueba, segunda instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: SALOMON, ROBERTO c/ CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO s/ INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-22

Por virtud de la correlación existente entre los arts. 379 y 385 del Código Procesal (a los que remite la norma del art. 260, inc. 2), el replanteo de pruebas en la Alzada sólo es admisible en el caso de probanzas incorrectamente denegadas o de negligencias mal decretadas o no ajustadas a derecho, siempre y cuando el peticionario justifique adecuadamente que de su parte no medió demora, desidia o desinterés en su producción.
Daños y perjuicios, intereses
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Groisman, Leopoldo Daniel c/ Gonzalez, Mirta y otra s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-10-20

La determinación del interés que debe abonar el accionado ha sido atribuida a los jueces (art. 622 , 1º parte 'in fine', cód. civil).

Y conforme lo tiene establecido esta Cámara, los intereses deben liquidarse a una tasa de interés del seis por ciento anual a partir de la fecha del hecho ilícito hasta el efectivo pago.-
Instrumentos públicos, actuaciones administrativas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: De Ponti, Raúl Oscar c/ Provincia de Buenos Aires (Obras Sanitarias) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-08-20

Los informes oficiales obrantes en un expediente administrativo tienen fuerza probatoria por sí, por lo que debe ofrecerse y producirse prueba por parte de quien intente controvertirlos.
Corrupción del funcionario público, tratados internacionales, principio de congruencia, defensa en juicio
Materia: PENAL
Carátula: Ledesma, Carlos Adrián y otro c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-10

Es necesario resaltar que en casos como los que aquí deben juzgarse, en los que se persiguen delitos vinculados con la corrupción pública, cobran vigencia los tratados internacionales en la materia pues, de no investigarse o juzgarse estas denuncias, se podrían ver afectadas responsabilidades del país frente a la comunidad internacional. En cuanto a los agravios vinculados con la violación al principio de congruencia, es necesario recordar que la identidad exigida entre la acusación y la sentencia por imperio el art. 399 CPPN impone que, en resguardo de la defensa en juicio del imputado, el hecho que se juzga deba ser exactamente, en sustancia, el mismo que fue objeto de imputación y debate en el proceso, es decir, aquel sustrato fáctico sobre el cual los actores procesales desplegaron su necesaria actividad acusatoria y defensiva. Quedan excluidas de dichas exigencias las divergencias de mero detalle, ya que correlación no es sinónimo de identidad o adecuación perfecta, por lo que no se debe extender más allá de los elementos fácticos esenciales contenidos en la acusación, cuya alteración en la sentencia podría afectar el derecho de defensa.
Despido, injuria laboral, insultos
Materia: LABORAL
Carátula: FERNANDEZ IRIARTE, JOSE MARIA c/ MATOIL  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-22

La 'injuria laboral' se produce en el acto en que se pronuncian los insultos, sin que sea necesario una intimación previa del trabajador, ni una rectificación (lo que sólo interesa a los fines de la injuria penal) para que aquél pueda disolver el contrato de trabajo con justa causa.
Indivisión hereditaria, administrador de la herencia, gestión de negocios
Materia: CIVIL
Carátula: LOPEZ DE CASTELO, MANUELA c/ LOPEZ, JOSE RAMON s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-03

Por aplicación de los arts. 2696 y 2697 del Código Civil, en el caso de condominio, o del art. 3503, en el de la indivisión hereditaria, cuándo uno de los condóminos o herederos, cualquiera sea la causa de cesación de esas situaciones se ha convertido en único titular del bien se lo considera como tal desde el nacimiento del condominio o la indivisión, pero ese efecto retroactivo sólo tiene carácter declarativo, pero ello no implica que pueda borrarse todo el pasado de indivisión como si ésta no hubiera existido.

La administración del patrimonio hereditario indiviso, emprendido y mantenido por uno de los herederos sin acuerdo formal y sin oposición de sus coherederos, constituye una gestión de negocios a la que le son aplicables las reglas del mandato, a mérito de lo dispuesto por el art. 1870 inc. 5 y 2270 del Código Civil. A la obligación del "dominus negotii" de indemnizar al gestor de las cantidades que hubiere anticipado para la ejecución de su cometido (arts. 1948, 1949 y 2298 del cód. citado) se opone la obligación de éste de dar cuenta de sus operaciones y entregar el 'dominus" cuanto haya recibido en virtud de su gestión (arts. 1909 y 2296 del cód.

cit.
Accidentes de trabajo, acción civil, guardián de la cosa, responsabilidad civil
Materia: LABORAL
Carátula: Farias Hector Daniel c/ Expreso Nueve de Julio S.A. y otro s/ Accidente - Acción civil
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-18

Aun cuando no se hubiera demostrado concretamente la mecánica del accidente denunciado en la demanda, cuando el damnificado es un trabajador dependiente y el hecho que produjo el daño, cuya indemnización se demanda, ocurrió en ocasión y lugar del servicio laboral que aquél prestaba a su empleadora, no puede prescindirse, a los fines de la apreciación de la responsabilidad, del principio objetivo que emana del articulo 1113 2º párr. del Código Civil y, en ese marco, basta que el damnificado pruebe el daño y el contacto con la cosa dañosa para que quede a cargo de la demandada, como dueño o guardián del objeto riesgoso, demostrar la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder.
Acción de inconstitucionalidad, legitimación pasiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Arce, Alberto Nicolás c/ Instituto Provincial de Lotería y Casinos s/ Demanda Ordinaria de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-08-30

La legitimación pasiva en la acción de inconstitucionalidad intentada por el actor, legitimado activo por la sentencia de condena dictada a su favor, en contra de un órgano descentralizado del Estado facultado para oponer la norma que acusa de inconstitucional, aplicada la incertidumbre justamente a la inconstitucionalidad -no al hecho eventual de su oposición cuya posibilidad es cierta- de la cual deriva el daño que previene, es contradictor legitimado por el derecho sustancial de emergencia, el Estado Provincial, más allá de la participación que incumbe al ente autárquico condenado.
Seguros, seguro colectivo, excepción de prescripción
Materia: PROCESAL
Carátula: SILLAK  EDUARDO  GABRIEL  Y  OTROS c/ CAJA NACIONAL DE AHORRO YSEGURO EN LIQUIDAC. S/ s/ ROCESO DE CONOCIMIENTO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-12-06

El señor Juez de primera instancia juzgó que la excepción de presripción podía ser examinada como de "puro derecho" y, tras puntualizar que el art. 12 de la ley 13.003 y el 78 del decreto 1588/80 -que establecían un plazo de prescripción de diez años habían sido derogados por el decreto 1158/58, arts. 27 y 30 (B.O. del 7.10.98), decidió que la reclamación de autos se hallaba perjudicada por la prescripción (art. 58, ley 17.418). La nueva ley no puede declarar que, desde su entrada en vigencia, ciertos derechos han quedado adquiridos o perdidos y que esa consolidación de situaciones se produjo con anterioridad a ese instante, pues en tal caso se estaría vulnerando el principio de irretroactividad (art. 3 del Código Civil). De allí que la solución adecuada para conjugar armónicamente el efecto inmediato de la ley nueva con la prohibición de retroactividad consiste en que las prescripciones pendientes -cuyo plazo se abrevia- queden sometidas al nuevo plazo a partir de la entrada en vigencia de la nueva ley y, de ese modo, el nuevo término reducido debe computarse íntegramente desde ese momento (esta Sala, causa 6.034/97 del 16.8.02 y su cita de doctrina). La presente acción se encuentra prescripta, en tanto fue deducida el 5 de octubre de 2004 esto es, luego de vencido el plazo anual previsto en el art. 58 de la ley 17.418, que resulta aplicable en virtud de lo dispuesto en el art. 95 del decreto 1588/80 y que -según quedó dicho- debe ser contado a partir de la entrada vigencia del decreto 1158/98 (B.O. 7.10.98).
Infracciones laborales, multa administrativa, revisión judicial de actos administrativos
Materia: LABORAL
Carátula: COMPAÑIA COLECTIVA COSTERA CRIOLLA SA. s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-11-25

Las sanciones impuestas por la autoridad administrativa del trabajo por infracción a las leyes laborales, dada su naturaleza jurídica, no pueden cerrarle al infractor en ningún caso, el acceso a los tribunales de justicia cualquiera sea el monto de la multa impuesta.
Procedimiento laboral, sentencia
Materia: LABORAL
Carátula: Alzamora, Juan Carlos c/ Cerda, Héctor Omar s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1997-08-28

La postergación de una sentencia laboral hasta tanto se dicte sentencia en sede penal, resulta irrazonable y no se ajusta al mandato constitucional, que requiere para los juicios laborales un procedimiento sumario (Art. 48, Const. Prov.)
Juicio ejecutivo, subasta
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: BARONE, DOMINGO ANTONIO c/ DUDICH, MIGUEL JOSE s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-02-13

Si en juicio ejecutivo se cita a acreedores privilegiados para que hagan valer sus derechos sobre el bien que allí se subastará, y ellos no comparecen, el juez queda habilitado para ordenar el remate y entregar su producido al ejecutante.
Delitos, pena, graduación de la pena
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: A, J. M. s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Robo calificado de automotor (Expte.  CSJ Nº 187-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-12-15

Cuanto más preciado es el bien atacado, más grave es la pena. La tarifa de las penalidades es la medida del valor de los bienes sociales. La pena, en derecho criminal, equivale al precio en las relaciones mercantiles. Colocando de un lado los bienes sociales, del otro las penas, se posee la escala de los valores de la sociedad, de suerte tal que -como lo advirtiera Beccaria- el sistema de penas señala la escala de valores históricamente determinada en una sociedad dada, además de su grado de autoritarismo, tolerancia, humanidad. Aunque sea imposible medir la gravedad de un delito singularmente considerado, es posible afirmar -conforme al principio de proporcionalidad- que, desde el punto de vista interno, si dos delitos se castigan con la misma pena, es que el legislador los considera de gravedad equivalente, mientras que si la pena prevista para un delito es más severa que la prevista para otro, el primer delito es considerado más grave que el segundo. De ello se sigue que si desde el punto de vista externo dos delitos no son considerados de la misma gravedad o uno se estima menos grave que el otro, es contrario al principio de proporcionalidad que sean castigados con la misma pena o, peor aún, el primero con una pena más elevada que la prevista para el segundo. (Del Voto del Dr. Ulla).
Demanda, rechazo de la demanda, rechazo in límine, acción meramente declarativa, facultades del juez, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: CONSUD SA CIA ARGENTINA DE SEGUROS c/ INSTITUTO NACNAL DE REASEGUROS (INDER) SOC DEL ESTADO EN LIQUIDACION s/ ACCION MERAMENTE DECLARATIVA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-27

Si la solución relativa al rechazo "in limine" de la demanda fuere dudosa, debe preferirse aquélla que permita obtener una respuesta jurídica a través del acto de la sentencia final, por ser esta la vía que mejor armoniza con el ejercicio del derecho de defensa en juicio garantizado constitucionalmente (art. 18, Ley Fundamental). Desde este punto de vista -en el estado larval en que se halla el proceso- resulta inapropiado avanzar opinión sobre la improponibilidad o no de la pretensión desde la perspectiva que analiza el juzgador, lo cual podrá depender, en buena medida, de la posición que asuma la demandada que todavía no ha sido oída, sobre todo si se pondera que no cabe excluir "prima facie" la falta de certeza que como presupuesto establece el artículo 322, Código Procesal.
Recurso extraordinario, admisibilidad del recurso, recurso in forma pauperis, proceso penal, imputado, audiencia de conocimiento personal, Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: RURAK, MARTIN ANTONIO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL ANTE LA C.S.J.N.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-11-02

Corresponde conceder el recurso extraordinario federal interpuesto para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, respecto del incumplimiento de la audiencia de visu que achaca la Defensora General de Cámaras. Ante todo es necesario destacar, que esta Corte al resolver la inadmisibilidad de la queja local no tomó decisión sobre el punto, por omisión de planteamiento explícito , sin que tampoco pueda pasar desapercibida la falta de precisión en el escrito del remedio federal y su carátula. Más, dada la entidad de la cuestión y atento controvertirse la imposición de una pena -que superó el mínimo legal de la escala penal- achacándose omisión de conocimiento de visu del condenado por parte del Juez que la cuantificara; corresponde, superar los óbices formales sobre el punto y conceder este remedio, conforme los cánones de admisibilidad de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Maldonado" (Fallos:328:4343, considerandos 18 y 19) y -en particular- "Rivero" (del 11/8/2009) precedente este último en el cual la Defensora General adecuando una queja "in pauperis" del imputado introdujo en esa instancia su agravio por falta de visu (cfr. relato de la causa de la Procuración General), y no obstante ello el Máximo Tribunal -por mayoría- lo declaró procedente.
Acción de amparo, cosa juzgada, plazo, caducidad, medidas de fuerza, derecho de huelga, acto administrativo, Poder Judicial, lugar de trabajo, reglamentación de la ley, disidencia
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Sindicato de Empledos del Poder Judicial del Neuquén c/ Provincia del Neuquén s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2015-07-03

La disidencia de los votos anteriores se limita a lo referido a la reglamentación para la realización de asambleas en lugares de trabajo y al respecto, adhiero a la solución propuesta en el primer voto -Dr. Gigena Basombrío- porque se trata de supuestos donde se configure una situación de emergencia por la cual se disponga la aplicación del Manual de Procedimientos en Situaciones de Emergencia sumado a que la doctrina sostiene que: [...] "El art. 4o de la ley 23.551 garantiza expresamente a "los trabajadores", entre los derechos sindicales, el de "reunirse y desarrollar actividades sindicales" (inc. c)." "Desde luego, esta norma no habilita de por sí para la realización de asambleas en las horas y en el lugar de trabajo, para lo cual se debe contar necesariamente con la debida autorización del empleador". (Etala, Carlos A., Derecho colectivo del trabajo, 2° Edic., pág. 78/79, Astrea, Buenos Aires 2007). (Del voto del Dr. PASUARELLI, en mayoría).
Posesión, justo título
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: COLOMBO TABOADA, CARLOS Y OTROS c/ RAMOS TABOADA, CARLOS s/ REIVINDICACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-11-18

Para que la persuasión de legitimidad exista, es necesario que la posesión se tenga en virtud de un título apto para transmitir el derecho de propiedad, de usufructo o de uso. Es lo que se llama el justo título, tomada esta palabra en el sentido de causa generadora de un derecho.
Jerarquía constitucional, tratados internacionales, Derechos humanos, interpretación de tratados internacionales
Materia: PENAL
Carátula: Arancibia Clavel, Enrique Lautaro c/  s/ homicidio calificado y asociación ilícita y otros Ccausa n° 259C.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-24

La Constitución y los tratados con jerarquía constitucional tienen la misma supremacía. Es diáfano que ello es así, pues no cabe la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de una norma de un tratado con jerarquía constitucional; en cambio, se debe declarar la inconstitucionalidad, en su caso, de un tratado que no ostente aquella jerarquía (Voto del Dr. Antonio Boggiano).
Liquidación del asegurador, fuero de atracción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PEREYRA CARLOS c/ MIGUEL SEGUI s/ Ordinario (LIBRO: A076 - 445)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-12-02

Habiendo la aseguradora comparecido en virtud de la citación formulada por el asegurado-demandado, carece de efecto el desistimiento efectuado respecto de aquélla por el actor, debiendo el proceso continuar por ante el juez de la liquidación por efecto del fuero de atracción.-
Quiebra, fianza comercial, causa de las obligaciones
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: REYNOSO,  PEDRO s/ CONC.  PREV.  S/  INCIDENTE DE REVISION -PORBANCO COMAFI SA-.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-15

Procede revocar la resolución de primera instancia en cuanto admitió solo parcialmente el credito del banco actor originado en ocho contratos de fianza suscriptos por el fallido en garantía global (cciv: 1988) de las operaciones a celebrar por una sociedad anonima y dicho banco acreedor, otorgando validez únicamente a la última de las fianzas en la inteligencia de que al tener el mismo objeto pero mayor monto que las anteriores la habria sustituido tácitamente, ya que resultaba incongruente y contradictoria la acumulación de sucesivas fianzas, careciendo de causa razonable que alguien se obligue en ocho oportunidades diferentes para responder por las mismas obligaciones. Sin embargo, en lo que toca a la "acumulación" de las fianzas, cabe señalar que el contrato de fianza fenece por la extinción de las obligaciones (cciv: 2042), y mas alla de que ni el síndico ni el concursado alegaron alguno de los supuestos de extinción comprendidos en esta norma ni por retracción (cciv: 1990); de los mismos contratos resulta que la obligación asumida lo fue, sin perjuicio de las demas obligaciones que a favor del banco la fiadora pudiera haber contraido por los afianzados, hasta un monto determinado mas accesorios. Todo ello autoriza a interpretar que cada una de aquellas convenciones constituyó un contrato igualmente válido y destinado a incrementar el monto de la fianza otorgada. Asi lo expuesto, en relación al alcance y la extensión de las fianzas en cuestion, sera admitido hasta el monto del capital adeudado con base en los mutuos celebrados entre la sociedad afianzada y el banco acreedor, mas sus intereses hasta la fecha del decreto de quiebra.
Caducidad de instancia, segunda instancia
Materia: CIVIL
Carátula: VILLAFAÑE, Sergio c/ BARISONE, José s/ DERECHO PROCESAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-27

En virtud de lo establecido por el art. 313 inc.3 del Código Procesal, párrafo agregado por la ley 22.434, la caducidad de la segunda instancia no se produce cuando el expediente no es remitido a la Cámara, pese a encontrarse en condiciones, pues la prosecución del trámite depende de la actividad exigida al oficial primero por el art. 251 del mismo texto.
Fuerzas de seguridad, policía federal, determinación del haber de retiro, regla de proporcionalidad, remuneración, adicionales de remuneración
Materia: ADMINISTRATIVO-SEGURIDAD SOCIAL-LABORAL
Carátula: SCHULLER, ERNESTO EMILIO c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal s/ FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-07-01

El Dec. 2744/93 no puede, por su naturaleza, modificar ni desconocer lo establecido por normas superiores que establecen claramente no sólo el concepto por el cual deben acordarse los aumentos del personal de servicio activo, sino también el derecho de los retirados al incremento de sus haberes (doctrina de Fallos 262:41), máxime cuando de lo que se trata es de preservar la necesaria proporcionalidad que debe existir entre el haber de pasividad y el de actividad, en razón de la naturaleza substitutiva que cabe reconocer al primero con respecto al segundo (Fallos 312:787 y 802:403) (cfr. C.S.J.N., sent. del 17.03.98, "Torres, Pedro c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal").
Actos posesorios, interversión de título
Materia: CIVIL
Carátula: Almaraz Edith Elizabeth  c/ Luna Juana Paula s/ prescripción adquisitiva - Expte. Nº 8/20.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2023-08-03

No puede sostenerse que la realización de actos tipificados en el art. 1928 del CCyCN (antes art. 2384 del CCyCN) por quien posee por otro, puedan considerarse actos que de por sí logren intervertir el título, dado que aquel por quien posee los considera realizados a su nombre, por ende, no son lo suficientemente precisos para significar la voluntad del tenedor de excluirlo y lo suficientemente graves para poner en conocimiento de la situación al poseedor y que éste pueda hacer valer sus derechos.
Sentencia definitiva, interpretación de sentencias, medidas cautelares, recurso de inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Peralta, José Luis c/ Banco de la Ciudad de Buenos Aires s/ apelación - empleo público (excepto cesantía o exoneraciones) - genérico
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-25

Las decisiones cautelares que dispusieron la suspensión del descuento del tres por ciento (3%) en las remuneraciones de los empleados del Banco Ciudad de Buenos Aires aquí actores, que se realiza para cubrir el aporte previsto por el artículo 8°, inciso d) de la ley n° 19032, si bien privan al INSSJP recurrente de los aportes efectuados por los empleados del Banco, no se expiden sobre la obligación que puede corresponder al Banco o al Gobierno de la Ciudad (en su condición de Estado sucesor de la ex Municipalidad). Es, precisamente, ese silencio prudente sobre la acreencia que pudiera tener el INSSJP respecto del GCBA, a raíz de la sustitución (novación) del deudor ocurrida mediante el DNU 82/94, lo que no permite tener por acreditada la invocada irreparabilidad del perjuicio que el recurrente plantea. (Del voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz).