Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-12-14


En la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, a los 14 días del mes de diciem-bre del año dos mil seis, reunida en Acuerdo la Sala B de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivada-via, con la presidencia de su titular Dra. Graciela Mercedes García Blanco y asistencia de las Sras. Juezas de Cámara Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts y Dra. Nélida Susana Melero, para dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados: "C., J. B. y otra c/ G., E. A. s/ ORDINARIO", Expte. nro. 11.394/06, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 2 (Expte. nro. 287/05), y atento el resultado del sorteo establecido en el art. 268 del Código de Procedimientos Civil y Comercial (fs. 263), correspondió el siguiente orden para la votación: Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts, Dra. Graciela Mercedes García Blanco y Dra. Nélida Susana Melero.

Acto seguido se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida de fs. 226/229 vta.? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestión la Sra Juez de Cá-mara Marta Susana Reynoso de Roberts dijo:

Que llegan las presentes actuaciones a la Alzada en apelación (fs 241) de la sentencia de fs 226/229 vta. que rechaza la demanda interpuesta por el Sr J. B. C. y otra contra el Sr E. A. G., tiene presente la reserva del caso federal e impone las costas en el orden causado y regula los honorarios.

A fs 252/253 se agrega la expresión de agravios del actor.

Entiende que el rechazo del juez de la demanda por estimar que durante el proceso no se acreditó que el accidente sucediera por única y exclu-siva culpa del demandado, es errónea.

Sostiene que el juez no toma en cuenta ni la pericia mecánica, ni el testimonio prestado por E. V. H. (fs 133), ni las pruebas obrantes en el proceso, fotografías y exposición policial.

Destaca que H. manifestó que luego del accidente la camioneta de C., quedó estacionada del lado de la banquina por la que venía, lo que significa que el accidente se produjo sobre la mano que venía transitando, en consecuencia es el demandado quien invadió el carril contrario y embistió el rodado que venía conduciendo su representado.

Aduce que ello es corroborado por la pe-ricia mecánica. Se refiere luego a la impugnación de la pericia que efectuó el demandado, no resultando, considera, contundente, limitándose el a-quo a decir que asiste razón al impugnante.

Agrega que la privación del uso del au-tomotor y el daño moral fueron demostrados y por lo tanto procede la indemnización.

Ratifica reserva del caso federal.

A fs 258/260 vta el demandado, solicita deserción del recurso al no cumplir el memorial presen-tado los requisitos propios de una expresión de agra-vios.

Contesta subsidiariamente los agravios y hace reserva del caso federal.

El Superior Tribunal de Justicia en au-tos: "P., R. J. c/ B. P. S.A.M.C.I.", con fundamento en lo dispuesto por la Corte Suprema de la Nación, ha dicho que "La valoración de la expresión de agravios, a los fines de determinar si reúne las exigencias necesarias para mantener el recurso de apelación, no debe llevarse a cabo con injustificado rigor formal..." y en autos "G., M. I. s/ Recurso de amparo", Expte 17205-G-1999, el Dr Torrejón ha sostenido: "Se ha declarado que la brevedad y el laconismo de la expresión de agravios, no constituyen razones suficientes para sentar la deser-ción del recurso en el supuesto en que el apelante individualice, aún en mínima medida, los motivos de su disconformidad con la sentencia impugnada, por cuanto la gravedad de los efectos que la ley imputa a la insuficiencia del mencionado acto procesal aconseja aplicarla con criterio amplio, favorable a la admisión del recurso". Este Tribunal tradicionalmente se ha guiado en esta materia con un criterio de amplia tolerancia para ponderar la suficiencia de técnica recursiva exigida por la ley adjetiva, por entender que tal directiva es la que más adecuadamente armoniza el cumplimiento de los requisitos legales impuestos por el art. 265 del ritual con la garantía de defensa en juicio de raigambre constitucional. De allí, entonces, que el criterio de apreciación al respecto debe ser amplio (conf., esta Sala, "A., J. C. c/ L., M. M.", del 14/5/1998; íd., "H. S. S. F. SA c/ S. I. SAIC", del 15/7/2002, entre muchos otros), motivo por el que, dentro del precario marco brindado por las quejas vertidas, éstas serán analizadas.

Y no sólo el reproche debe fundarse en los agravios, sino en las distintas actitudes que el demandado ha tomado durante el proceso, sin acercar prueba alguna que pudiese corroborar lo sostenido.

En principio, he de recordar que el art. 386 del CPCCh, segunda parte, establece que "No tendrán (los jueces) el deber de expresar en la sentencia la valoración de todas las pruebas producidas, sino únicamente las que fueren esenciales y decisorias para el fallo de la causa".

La norma les acuerda la facultad de va-lorar aquellas pruebas que se tornan necesarias y conducentes a la resolución de las controversias.

Asimismo, es preciso que el sentenciante efectúe un cotejo del plexo probatorio a fin de arribar a una decisión justa, advirtiendo cuáles son aquellas que denotan mayor fuerza convictiva.

Fenochietto Arazi, en "Código Procesal Civil y Comercial", tomo II, pág. 356, enseña "La apreciación de la prueba es la actividad intelectual que realiza el juzgador para determinar la fuerza probatoria relativa que tiene cada uno de los medios de prueba en su comparación con los demás, para llegar al resultado de la correspondencia que en su conjunto debe atribuírseles respecto de la versión fáctica suminis-trada por las partes. La sana crítica se sintetiza en el examen lógico de los distintos medios, la naturaleza de la causa y las máximas de experiencia".

He de consignar, no por desconocido sino por oportuno, que el CPCCCh en su artículo 377, ordena que incumbirá la carga de la prueba a la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido, en consecuencia como bien lo dice el Dr Arazi, en su obra "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", tomo II, en glosa al artículo de mención, "ofrecer y produ-cir determinada prueba importa una suerte de "conve-niencia", para las partes, pues no hacerlo puede conducir al pronunciamiento de una sentencia desfavora-ble".

Surge de la sentencia que el juez de la instancia anterior, funda la misma con cita de juris-prudencia y sostiene que "es a cargo de quien lo alegue la prueba de la existencia del hecho en que funde el derecho cuyo reconocimiento se pretende o que impida su constitución o modifique o extinga un derecho existen-te".

Y siguiendo con tal línea de interpreta-ción, el autor nombrado, entiende que la carga de la prueba tiene dos aspectos: subjetivo y concreto, que aconseja determinada conducta a las partes en un proceso específico si no quieren correr el riesgo de perderlo, y b) objetivo y abstracto, que le impone al juez el deber de fallar de cierta manera ante la ausencia de pruebas.

Asimismo, quien pretende contra otro un derecho de reparación, debe probar todos los elementos de la relación jurídica en que basa la acción ya que mientras la actora no pruebe los hechos alegados en la demanda, el accionado puede limitarse simplemente a negar.

Y en autos se observa que la accionante, se limitó a relatar hechos y presentar documentación; hechos negados y documentación desconocida por el demandado. Y ante ello la actora incumplió con un requisito inexorable para la admisión de sus pretensio-nes como es la demostración cierta de los hechos.

Y arribo a tal conclusión toda vez que la documental de fs 3 que acompaña con la demanda, se trata de una exposición policial, la que no puede ser tomada en consideración a favor de quien la formula, no sólo por tratarse de simples manifestaciones de una parte, efectuada sin posibilidad de contralor de la contraria, sino substancialmente, sin comprobación por la autoridad receptora que los hechos sucedieron.

Más aún, cuando tal manifestación no puede ser corroborada con otras pruebas, ya que las fotografías agregadas a la causa (fs 10/13) fueron desconocidas por el demandado, no agregándose prueba que sirva de sustento a la autenticidad de las mismas. "Las fotografías de personas, cosas, predios etcétera, sirven para probar el estado de hecho que existía en el momento de ser tomadas, de acuerdo con la libre crítica que de ellas haga el juez; pero... es indispensable establecer su autenticidad mediante la confesión de la parte contraria o de testigos presentes en aquel instante o que hayan formado parte de la escena captada o intervenido en el desarrollo posterior del negativo, o dictamen del peritos, o por un conjunto fehaciente de indicios"... "Compendio de la prueba judicial", Adolfo Alvarado Velloso, tomo II, pág. 246 y sgtes.

En punto a la prueba pericial ofrecida y producida a fs 151/152, adelanto que la misma no será valorada, toda vez que el perito señala que el informe se basa en las constancias que obran en las presentes actuaciones, acta de choque policial de fojas 3, fotografías de fs 10/14, y presupuesto; y tal documen-tación que sirviera como base a la pericia, por las razones dadas en párrafos anteriores, no reúnen las condiciones para ser merituadas.

A lo que se suma que el informe no res-ponde a lo solicitado por el actor quien requirió que el perito se expidiera "previo examen del automotor". Y ello es más allá de la impugnación o no de la pericia, por que también es sabido o debe saberse que la prueba pericial tiene gran fuerza, pero no es definitoria, quedando librada a la apreciación del juez "La experti-cia debe guardar objetividad en torno a la conclusión que se vierta con respecto a cada punto de pericia y, por ende, es jurídicamente improcedente que el experto para contestar el interrogante que plantea la formula-ción del punto de pericia, tome como cierto el relato, los dichos o la manifestación unilateral de uno de los justiciables, efectuados en una exposición policial" - CC0203-LP-RSD-203-94S 22-9-94. Sumario Pcia de Bs As.

Por último, con relación a la testimo-nial de H. que el actor considera dirimente, he de coincidir con el demandado que el tiempo transcurri-do entre la producción del accidente y el arribo del testigo al lugar de los hechos, impidió observar como sucedieron estos, por lo tanto la circunstancia que la camioneta se encontrara sobre la banquina del lado derecho que le correspondía a la camioneta, no modifi-ca la decisión a la que se arriba.

Pero sin perjuicio del análisis puntual de lo no probado, lo trascendental es que si bien logró acreditarse el accidente no ocurrió lo propio respecto a la mecánica y por ende la responsabilidad.

Todo ello me convence que los agravios deben ser desestimados.

Las costas de esta instancia estarán a cargo de la actora apelante vencida.

A fin de regular los honorarios, que los difiero para el momento del acuerdo tendré presente la labor profesional, el resultado obtenido, la posibili-dad que las pretensiones prosperaran y demás pautas de los artículos 6, 9, 14, 19 de la ley de aranceles.

A la segunda cuestión la Sra Juez de Cá-mara Marta Susana Reynoso de Roberts propone:

1) Rechazar los agravios de la actora y confirmar la sentencia de fs 226/229 vta.

2) Imponer las costas a la actora venci-da.

3) Diferir la regulación de los honora-rios para el momento del acuerdo.

4) Tener presente la reserva del caso federal.

A la primera y segunda cuestión la Dra. García Blanco dijo:

Viene a mi conocimiento el presente pleito por apelación deducida por la parte actora contra la sentencia definitiva nro. 172/2004 del Juzgado Letrado en lo Civil nro. 2 de la jurisdicción que desestimó la demanda incoada por J. B. C. y otra, impuso las costas del proceso a esa parte (fs. 226/9 vta., fs. 230).

Tratándose mi voto del segundo en orden y habiéndose cumplimentado lo dispuesto por el art. 163 del CPCCCh, por quien decidiera en primer término y no siendo requisito constitucional el detalle de los agravios, por lo cual me eximo de dicha labor.

No obstante lo expuesto precedentemente, detallo que los apelantes sostienen que fue incorrecta-mente desestimada la demanda por los fundamentos de falta de prueba sostenido por el Aquo, toda vez que no tuvo en cuenta el informe del perito mecánico ni la declaración testimonial de fs. 133. Invoca que el accidente se produjo porque se invadió el carril contrario por la demandada produciendo el daño, que el juez de grado tomó en cuenta las impugnaciones atenién-dose a la circunstancia de las elaboraciones teóricas basadas en documentales (fs. 252/5). Es retrucado por la contraria a fs.258/60).- Si bien la fundamentación del recurso no configura un ejemplo de ortodoxia técnica es factible determinar el agravio del apelante consistente en la valoración de la prueba, y por esta vía entrar al análisis del punto de su queja con el fallo de Primera Instancia.

Es que en la apreciación el contenido de la expresión de agravios, la jurisprudencia se inclina por un criterio amplio, compatible con la garantía de la defensa en juicio (Palacio-Alvarado Velloso "Cód. Procesal Civil y Comercial Comentado", T.VI, p.397, parág.275 1.2.3), habiéndose resuelto que existiendo dudas acerca de si el escrito de expresión de agravios abastece la carga de rebatir adecuadamente las motiva-ciones de la sentencia recurrida, debe optarse por tener por cumplida la susodicha carga (CNCiv.,Sala F, 14/8/80, in re: "R. c/B." en LL 1980-D-382) y la deserción del recurso por insuficiencia del contenido del escrito de expresión de agravios, debe ser inter-pretada con criterio restrictivo -siendo este criterio el sostenido por esta Sala B en forma continua- (CFCCC Ia. 31/3/86, LL, 1986-C-468; 14/11/89, in re: "S. c/Gobierno Nacional).

En situaciones similares, en oportunida-des anteriores, respecto de la valoración de la prueba por parte de los magistrados de grado, sostuve que los jueces forman su convicción a través de los elementos de prueba que estiman esenciales y suficientes para resolver el pleito, sin necesidad de tener que referir-se a la totalidad de los que se hubieran producido en los autos, no siéndole impuesto como obligación que deba expresar en la sentencia la valoración de todas las pruebas producidas, sino únicamente las que fueran esenciales y decisivas (sostuvo la doctrina en Morello, Sosa, Berizonce "Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Nación y la Pcia. de Buenos Aires" T.II-C, pág.68). El Superior Tribunal de Justicia de la Pcia. del Chubut en autos "S., E. R. y O. c/ F. S. S.A.", Expte. 16.009/S/97, en idéntico sentido dijo "los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus alegaciones y argumen-tos. Basta con que se hagan cargo de aquellos que sean conducentes a la decisión del litigio" (ídem autos 12.823-F-90).

Bajo esta óptica, advierto que relató el actor lo sucedido, acompañó documental en el escrito introductorio, pero al ser desconocida, guardó silencio y no acompañó elementos de convicción o sostén de dicha prueba para que pueda ser valorada en su provecho, es más la orfandad generada llevó al desenlace que hoy critica (fs. 3, fs.10/13). En nada descalifica lo dicho por el sentenciante de grado respecto de la pericial de fs. 151/2 y la impugnación a la que hizo lugar de fs. 154/6, a fs. 228 vta. nada aportó en su memorial que se descalifique la conclusión final.

La finalidad de la actividad probatoria es crear la convicción del órgano jurisdiccional sobre la existencia o inexistencia de los hechos alegados por las partes en su correspondiente oportunidad procesal, que son motivo de discusión y que no están exentos de prueba. La carga de la prueba señala a quién correspon-de evitar que le falte la prueba de cierto hecho para no sufrir sus efectos perjudiciales. La carga no significa obligación de probar, sino que implica estar a las consecuencias que la prueba se produzca o no, ya que en virtud del principio de comunidad procesal, el material probatorio incorporado surte todos sus efectos quienquiera que los haya suministrados (Devis Echandía "Teoría de la prueba judicial", t.I, pág. 426 Bs.As. - 70, Sentis Melendo, Santiago "Teoría y práctica del proceso", t.III, pág. 200 Bs.As.).

En consecuencia, la actividad probatoria no supone ningún derecho del adversario sino un impera-tivo del propio interés de cada parte. Es una circuns-tancia de riesgo que consiste en que quien no acredita los hechos que invoca como fundamento de su derecho, pierde el pleito (Couture, Eduardo, "Fundamentos del derecho procesal Civil", pág. 42).

La queja se torna una mera y simple dis-crepancia con la sentencia, sin indicar cuáles son los fundamentos jurídicos diversos que debieron considerar-se.

La sentencia atacada resulta adecuada-mente fundada conforme las constancias probatorias y un razonamiento ajustado a derecho, manteniéndose inmuta-bles las conclusiones a las que llegó el primer senten-ciante, sin que se hayan aportado fundamentos y las bases jurídicas de los disímiles puntos de vista frente a lo resuelto en la instancia de grado, coincidiendo con lo dicho por la vocal preopinante en sus aprecia-ciones y fundamentos encuentro que el escrito conte-niendo generalidades y discrepancias genéricas no conmueve la decisión y debe desestimarse, e impongo las costas al apelante vencido, conforme principio objetivo de la derrota (art. 68 CPCCCh) difiriendo la regulación de los honorarios profesionales al momento del Acuerdo.

Por coincidir, doy por reproducida la fórmula postulatoria de la Dra. Reynoso de Roberts.

En este estado, y de conformidad con lo establecido en los arts. 271 y 272 del C.P.C.C.Ch. (reforma Ley 4550 del 23/12/99), se deja constancia que la decisión se adopta por mayoría, por lo que la Dra. Nélida Susana Melero no emite su voto.

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar y suscribir la siguiente SENTENCIA:

1) Rechazar los agravios de la actora y confirmar la sentencia de fs 226/229 vta.

2) Imponer las costas a la actora venci-da, a cuyo fin se regulan los honorarios de la Dra. V. H. en la suma de PESOS MIL CIENTO CUAREN-TA ($1.140) y del Dr. M. H. P. D. en la suma de PESOS OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO ($875).

3) Tener presente la reserva del caso federal.

4) Regístrese, notifíquese y devuélvase.

GRACIELA MERCEDES GARCÍA BLANCO -Presidente MARTA SUSANA REYNOSO de ROBERTS - Juez de Cámara REGISTRADA BAJO EL nro. 85 DEL AÑO 2006 DEL LIBRO DE SENTENCIAS DEFINITIVAS