Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-11-21


SENT Nro. 933 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 21 Noviembre de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, René Mario Goane y Alfredo Carlos Dato, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "Frías, César Lucio vs. Municipalidad de Alderetes s/Indemnización Ley 9688 y sus modificatorias".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores René Mario Goane, Alfredo Carlos Dato y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

I.- La parte actora, a fs. 566/573 vta., plantea recurso de casación en contra de la sentencia Nº 222 de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala II, de fecha 13 de agosto de 2001, obrante a fs. 554/563 de autos, que es concedido mediante resolución del referido tribunal del 21-10-2002 (cfr. fs. 585), habiéndose dado cumplimiento con el traslado -sin que fuera respondido- que prevé el artículo 816, in fine, del CPCC, normativa ésta de aplicación supletoria por expresa disposición del artículo 89 del Código Procesal Administrativo.

II.- Siendo inherente a la competencia funcional de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo de esta Corte, como tribunal del recurso de casación, la de revisar si el mismo ha sido correctamente concedido, la primera cuestión a examinar es la relativa a la admisibilidad del acto impugnativo extraordinario local.

Ha sido interpuesto en término, conforme surge de lo actuado a fs. 565 y del cargo actuarial inserto a fs. 573 vta.; el acto judicial impugnado constituye una sentencia definitiva en los términos de los artículos 813, inciso a y 814 (a contrario) del CPCC; no corresponde efectuar el depósito en razón de que el recurrente actúa con el beneficio de litigar sin gastos (cfr. fs. 87 y 582 vta.); el escrito de presentación del recurso se basta a sí mismo en cuanto a sus fundamentos fácticos y jurídicos y propone doctrinas legales, y la impugnación recursiva se motiva en la invocación de infracción a normas de derecho. Por lo expresado, considero admisible el recurso de casación articulado en autos; voto porque así se declare.

III.- Alega el recurrente que la sentencia impugnada, sin fundamentos suficientes y apartándose de las constancias de la causa, ha efectuado una valoración arbitraria de la prueba y omitido considerar otra pertinente, como es el convenio oportunamente suscripto por las partes, corriente a fs. 432/433. Así, por los motivos que expone a fs. 568/569 vta. de autos, considera irrazonables los montos fijados por el tribunal en concepto de daño emergente, pérdida de chance, lucro cesante y daño moral, respectivamente. Asimismo, también manifiesta, en lo relativo a este último rubro, que "....la suma acordada, es decir $70.000, ha sido determinada con vigencia a la fecha del dictado de la sentencia, cuadra en este sentido dar por aquí reiteradas las críticas formuladas al tratar la indemnización por otros rubros, es decir, las consideraciones relativas a si se considera que dicha suma incluye los intereses desde la fecha del hecho o si se le deducen para saber realmente que suma acordó la Cámara para enjugar este daño al mes de Agosto de 2001" (cfr. fs.

569).

En este mismo orden de ideas, y luego de señalar que los intereses moratorios debieron computarse a partir del siniestro y no de la fecha de la sentencia, analiza la cuestión -en los términos de fs. 570 vta. /571- colocándose en la situación contraria, esto es, que la Excma. Cámara hubiera incluido en la suma condenada aquellos intereses, agraviándose del fallo también en tal supuesto, por resultar los montos insuficientes e inequitativos.

Al respecto, es del caso hacer notar que el fallo en recurso, en el apartado V de los considerandos, se hizo cargo del tópico relativo a la extensión o medida del resarcimiento a otorgar al actor, como consecuencia de los daños sufridos a raíz del accidente acontecido el 10-4-91. Así, en los parágrafos V.1, V.2, V.3 y V.4 abordó, de modo particular y específico, las cuestiones vinculadas al daño emergente, lucro cesante, perdida de chance y daño moral, respectivamente, determinando el primero de los mencionados rubros en la suma $40.000 (cfr. fs. 561); el segundo en $5.000 (cfr. fs. 561); el tercero en $15.000 (cfr. fs. 562), y el cuarto en $70.000 (cfr. fs. 562 vta.).

Y a renglón seguido, en el punto VI, y a manera de conclusión, expresó: "Como resultado final de los rubros antes considerados, la demanda prospera por la suma total de $ 130.000 (PESOS CIENTO TREINTA MIL) fijados a la fecha de la presente resolutiva, a lo que deberá agregársele intereses moratorios a partir de la presente resolución, tasa pasiva, y hasta el efectivo pago, siguiendo el precedente de la C.S.J.T. in re Carabajal Sergio...(Sent. 829/2000)" (cfr. fs. 562 vta.).

Este Tribunal, en la sentencia a cuyos lineamientos remite la Sala a quo y en lo que concierne al monto de la indemnización en concepto de incapacidad laboral, dijo: "Conforme a ello, se considera razonable y justo establecer una indemnización, bajo el título analizado, que ascienda a la fecha, a la suma de pesos veinte mil ($20.000), cifra que incluye no sólo el capital sino también los intereses hasta la fecha de esta sentencia a la cual deberá agregarse, para el futuro, en caso de no ser cumplida la condena luego de quince días de notificado el fallo, el interés de la tasa pasiva promedio anual que publica el BCRA, hasta el efectivo pago". Y más adelante, con relación al daño moral, se pronunció en el mismo sentido al expresar que "En función de lo expresado, se estima apropiado fijar el importe de la indemnización por daño moral -comprensivo del rubro reclamado separadamente -'daño psíquico'- en la suma de quince mil pesos ($15.000), calculados a la fecha por capital e intereses".

Pues bien; de lo que antecede se desprende que existe en el fallo atacado un vicio de construcción, en cuanto presenta incertidumbre acerca de lo realmente resuelto por el tribunal respecto de la extensión o cuantía de la indemnización acordada, lo que se traduce en una fundamentación inadecuada (cfr. doctrina artículo 272 del CPCC). Ello así por cuanto, si bien en la primera parte del considerando VI, afirmó que la demanda prosperaba por la suma total de $130.000, fijados a la fecha de la sentencia, sin decir expresamente que en dicha suma se encontraran comprendidos los intereses moratorios (precisión que tampoco había efectuado con anterioridad al tratar cada rubro en especial y determinar su cuantía), lo que permitiría interpretar que aquel monto lo era sólo en concepto de capital fijado con criterio de actualidad; lo cierto es que al hacer más adelante remisión y adopción de los lineamientos del precedente de esta Corte, por su Sala en lo Civil y Penal, recaído en los autos "Carabajal, Sergio Adrián vs. Díaz Meiners, José Augusto s/ Daños y perjuicios" (sentencia Nº 829, del 09-10-2000), vino con ello a sembrar incertidumbre acerca del alcance de lo resuelto. Y digo esto porque en el precedente jurisprudencial de marras, además de hacerse alusión a que los intereses moratorios debían calcularse en base a la tasa pasiva promedio anual que publica el BCRA, también se establecía que dicho interés no se debía a partir de la fecha de la presente resolución, c omo lo explicita la sentencia en recurso, sino a partir de que no se cumpliera con el monto condenado en el plazo de 15 días de notificado el fallo; y fundamentalmente, se hacía hincapié en que la suma que se determinaba a la fecha del acto judicial incluía no solamente el capital, sino también los intereses moratorios.

Por lo tanto, es de toda evidencia que se verifica en el sub examine una falta de certeza con relación a lo resuelto en el pronunciamiento ahora cuestionado, al haberse construido la decisión sentencial en base a proposiciones y remisiones que no permiten inteligir satisfactoriamente su verdadero sentido o alcance en el tema en cuestión, al punto que, incluso, sería posible arribar a resultados interpretativos contradictorios entre sí respecto a dicha cuestión, conforme quedó patentizado ut supra. De allí que, al no poderse establecer a ciencia cierta, fundamentalmente, si en la suma de $130.000, fijada por la sentencia a la fecha de su dictado, se encuentran o no comprendidos los intereses moratorios, mal puede apreciarse si la cuantía de los rubros por los que se hizo progresar la demanda resulta o no arbitraria, como lo sostiene el recurrente, o si ha mediado o no un desarreglo por parte del tribunal de grado respecto la fecha a partir de la cual deben computarse los intereses moratorios.

En su mérito, y por las razones vistas, cabe concluir que el fallo en crisis se encuentra aquejado de un vicio en su construcción de tal magnitud, que trae aparejado su descalificación como acto jurisdiccional válido (cfr. artículo 272 del CPCC), lo que fue advertido por el agraviado en su escrito casatorio, según se vio.

Atento lo anteriormente considerado, no cabe hacerse cargo de los restantes agravios formulados en la presentación recursiva.

Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso de casación incoado por la parte actora en contra de la sentencia Nº 222, del 13-8-2001, obrante a fs. 554/563 de autos. En consecuencia, casar parcialmente la misma, dejando sin efecto los puntos II (sólo en lo que concierne a la cuantía de los rubros por los que progresa la demanda), III, IV de su parte resolutiva, conforme a la siguiente doctrina legal: "Resulta descalificable como acto jurisdiccional válido la sentencia que, a raíz de un déficit en su construcción, presenta incertidumbre acerca de la cuestión vinculada al alcance o extensión de la indemnización establecida -al punto que a su respecto se torna posible se pueda arribar a resultados contradictorios entre sí-, lo cual se traduce en una motivación inadecuada que conculca las prescripciones del artículo 272 del CPCC". Por consiguiente, debe disponerse la remisión de los presentes actuados a la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo a los efectos de que, por la Sala que corresponda, dicte nuevo fallo.

IV.- Las costas de esta instancia casatoria, atento al resultado a que se arriba, no atribuible a ninguna de las partes, corresponde imponerlas por el orden causado (cfr. artículos 89 del CPA y 106, inciso 1º, del CPCC).

Los señores vocales doctores Alfredo Carlos Dato y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación deducido por la parte actora, en contra la sentencia Nº 222 de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala II, de fecha 13 de agosto de 2001, glosada a fs. 554/563 de autos. En consecuencia, casar parcialmente la misma, dejando sin efecto los puntos II (sólo en lo que concierne a la cuantía de los rubros por los que progresa la demanda), III y IV de su parte resolutiva, conforme a la doctrina legal enunciada en los considerandos, y disponer la remisión de los presentes actuados a la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo a fin de que, por la Sala que corresponda, dicte nuevo fallo, todo conforme a lo considerado.

II.- COSTAS de esta instancia casatoria, como están consideradas.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios.

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR RENE MARIO GOANE ALFREDO CARLOS DATO