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Derecho procesal, procesos de ejecución, ejecución de sentencia, demandado, sucesiones
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Lavorano, María Alejandra  c/ Gonzalo First SA y otros  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-11

Antes de la partición de la herencia, la totalidad de los bienes hereditarios garantiza el pago de las deudas del causante y su acreedor puede cobrar el crédito íntegro a la sucesión y exigir la ejecución de los bienes necesarios para el pago (CNCiv, Sala G, del 22/10/08, LL Online AR/JUR/9862/2008). Además, las costas del proceso promovido por el acreedor para el cobro de tales deudas, son de interés común y están a cargo de todos los herederos (CCIV 3474), pues revisten el carácter de hijuela de baja común a la hora de determinar el pasivo o carga de la sucesión, y la medida en que habrá de responder cada uno de los herederos no puede determinarse sino hasta después de efectuada la partición (conf. Cifuentes, S. y Sagarna, F., "Código Civil Anotado", t. V, p. 542 y ss., y jurisprudencia allí citada; CNCom, Sala A in re "Halajczuk, Thaissa c/ Rivas, Eugenio s/ sumario", del 11/06/15).
Haber de retiro, determinación del haber de retiro
Materia: LABORAL
Carátula: Antoci, Carlos Alberto c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal s/ ordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-10-25

Los beneficios establecidos por el Decreto 2.744/93, ratificado por los decretos de necesidad y urgencia 1.255/05, 1.226/06 y 861/07, y el decreto 884/08, otorgados a la generalidad del personal policial, tienen carácter general y deben integrarse, según corresponda, al concepto sueldo determinado por el art. 75 de la ley 21.965 para el cálculo del haber de retiro de los actores, con carácter remunerativo y bonificable.(del voto del Dr. Candisano Mera)
Contrato de maquila, incumplimiento del contrato, restitución de sumas de dinero, restitución de cosas, prueba insuficiente
Materia: COMERCIAL
Carátula: Azucarera Juan M. Teran S.A. c/ Elias Silvia Rossana s/ cobros (ordinario)
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2021-04-26

La actora aduce que entre su parte y la demandada medió una contratación basada en el régimen de maquila (Ley 25.113), con obligaciones y derechos recíprocos entre ambos, y que la accionada no cumplió con la prestación a su cargo de restituir el dinero y bienes dados en concepto de anticipo. Para acreditar tal reclamo, acompañó una certificación contable.Sin embargo, la firma actora no presentó ningún otro documento ni rindió otra clase de prueba que precisara o identificara los distintos conceptos que arrojaba la suma reclamada... La certificación contable extraprocesal, efectuada por un contador público, no prueba la realidad de una relación comercial o negocio jurídico que vincule a quienes son partes en este juicio y obligue a la demandada, toda vez que no se acreditó que los anticipos de dinero, abono y valores para su cobro, hubieran sido enviados y recepcionados por la demandada, como alega la actora. Es que habiendo la demandada negado la existencia de un vínculo comercial con la actora, como así también haber recibido los anticipos mencionados, cuya restitución en dinero se persigue en este litigio, la prueba de su entrega a la accionada no puede fundarse en una certificación de los asientos que emanan la propia firma actora y, que en el caso, carece de todo otro respaldo probatorio.
Sociedades comerciales, liquidación, sociedad irregular
Materia: COMERCIAL
Carátula: PIGNATARO  PABLO  LEONEL c/ GONZALEZ ALEJANDRA LILIANA Y OTROS s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-17

La personalidad jurídica de las sociedades irregulares ya era admitida antes de la vigencia de la ley de sociedades comerciales (LSC), sin perjuicio de la responsabilidad solidaria e ilimitada de sus miembros respecto a terceros, con motivo de los negocios de la misma; ello en tanto se la consideraba también como una persona distinta de los socios que la componen, con un patrimonio independiente al de éstos y con legitimación para demandar y ser demandada (véase una reseña en Verón, Alberto, "Sociedades Comerciales", T° I, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1998, página 162; conf. esta CNCom., esta Sala A, 28/09/2010, in re: "Núñez.",). Resulta oportuno poner de relieve que la normativa legal de la LSC ha regulado mínimamente las relaciones entre los integrantes de las sociedades no constituidas regularmente -sociedades irregulares y de hecho-, constituyendo el artículo 23 una clara representación del disfavor con que el legislador ha contemplado a esta forma societaria. Por su parte, el artículo 22 autoriza a los socios a exigir la disolución de la sociedad en el momento en que lo consideren oportuno. De modo que, el principio que consagra la ley de sociedades es la inoponibilidad del contrato social entre los socios, de forma tal que éstos, hasta la disolución de la sociedad, no pueden solicitar judicialmente la protección de sus derechos: exigirse los aportes recíprocamente, demandar por exclusión de socios, demandar por daños y perjuicios, demandar por remoción de administrador, solicitar intervención judicial, invocar el plazo de duración de la sociedad pactado en el contrato, exigir la división de las ganancias y pérdidas, invocar el domicilio social a los efectos de determinar la competencia territorial, invocar las cláusulas compromisorias para dirimir conflictos entre los socios, demandar la constitución de tribunales arbitrales o demandar por rendición de cuentas a los administradores (conf. Verón, Alberto Víctor, "Sociedades Comerciales", Editorial Astrea, Buenos Aires, 1998, T° 1, página 189). Esta solución ha sido consagrada en la ley a mérito del carácter "intuitu personae" de la relación y como sanción a la violación de los requisitos de forma de la constitución.
Cuestiones de hecho y prueba, ley tributaria
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Alvear Palace Hotel S.A. s/ recurso de inconstitucionalidad concedido y su acumulado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-04-16

El debate acerca del método empleado por la Administración para el cálculo del valor de un inmueble es una cuestión de hecho -no jurídica-en la que nada tiene que ver el principio de legalidad tributaria. (Voto del Dr. Julio B. J. Maier).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, monto del juicio, monto mínimo
Materia: LABORAL
Carátula: Baez, Enrique c/ Micro Omnibus Primera Junta S.A. s/ Indem. art. 212 y dif. ley 9688. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-11-04

En el caso, el valor de los agravios traídos a esta instancia extraordinaria, representado por el monto de la indemnización solicitada en la demanda, en la proporción correspondiente al porcentaje de incapacidad alegada en el recurso y actualizada de acuerdo con las pautas indicadas en el mismo, no supera el monto mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial no siendo admisible que por vía del recurso de queja pueda modificarse las pretensiones contenidas en el recurso de inaplicabilidad de ley. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Declaración indagatoria, juez de faltas, facultades del juez
Materia: PENAL
Carátula: Garay, Fermina y otra s/ Inf. art. 77 a) 101 a) C.F.P. C.F.P.
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1999-11-17

Si bien el art.47 2da. parte del Código de Faltas, faculta al Juez estimar la necesidad de citar al imputado, corresponde reafirmar que la indagatoria se trata de un acto de defensa material establecida por la Constitución Nacional como una garantía en favor de los derechos individuales (art. 18 de la citada Carta Magna); en igual sentido se pronuncia la Constitución Provincial en su art. 16, por lo que la citación a toda persona para que pueda hacer su descargo antes de ser sancionada, se torna en un requisito. Que en esa inteligencia se advierte que el Código de Faltas de la Provincia aparece como notoriamente inconstitucional, por lo menos en este tema, por lo que corresponde recomendar al Magistrado actuante, por aplicación del principio de la primacía de las leyes, un fiel acatamiento a las normativas constitucionales, para evitar de este modo cercenar individuales esenciales en el funcionamiento de la sociedad. Fundamento del Dr. Jorge F. Aguirre.
Contratos civiles, comodato, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: P., C. c/ A., M. s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-03-01

En materia de comodato, toda clase de prueba es admisible, incluso la de indicios y presunciones, pero tal amplitud probatoria en beneficio de quien alega la existencia de este contrato, no significa que esté exento de traer a juicio una prueba fehaciente de la misma, aún a través de indicios y presunciones, ya que al ser un contrato gratuito no es dable presumirlo.
Ejecución de la pena, calificación legal, fundamentación de sentencias
Materia: PENAL
Carátula: Galante, Julio Fabio s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-15

Corresponde anular la decisión que no hizo lugar a la modificación de los guarismos calificatorios del imputado y a la modificación de la fase de socialización del período de tratamiento a la que había sido retrotraído pues, al fundarse la resolución cuestionada en una circunstancia que no encuentra respaldo en documentación agregada a la causa -materias aprobadas-, mientras que el restante motivo -actitud "evitativa" tanto con el personal penitenciario como con la comisión directiva del centro de estudiantes- no luce lo suficientemente grave como para concluir en la "involución" de la conducta. (Dres. Borinsky, Cabral y Madueño).
Acción, legitimación procesal
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Lucca, Olinda Dolores c/ Gainle, Oscar Alfredo y otro s/ Reinvindicación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-05-14

La legitimación constituye un requisito de la acción que debe ser abordado aún de oficio y discutida oportunamente por el demandado, constituye una cuestión esencial cuya omisión por el sentenciante implica la violación al art. 168 de la Constitución de la Provincia.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, proceso penal, plazos para resolver
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: RUSSOMANO, PATRICIA s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - RECURSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-12-07

Corresponde denegar la concesión del recurso extraordinario, toda vez que bajo el amparo de la causal de arbitrariedad de omitir aplicar los plazos de instrucción previstos por el artículo 208 del Código Procesal Penal y del principio conforme al cual la defensa en juicio y el debido proceso se integran con una rápida y eficaz decisión judicial, la impugnante trata de imponer su propia postura en cuanto a la solución que correspondería al caso -esto es, que se declare la insubstancialidad de la acción penal por violación del derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas-, mas sin aportar argumentos con eficacia en orden a demostrar que el Tribunal hubiese decidido la inadmisibilidad del recurso de inconstitucionalidad sin brindar razones jurídicas suficientes, de modo arbitrario o lesivo de derechos constitucionales.
Recursos, recurso de inaplicabilidad de ley, procedencia del recurso, efecto suspensivo, silencio del asegurador
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO MERCANTIL ARG.  S.A. c/ EL SOL DE BS. AS. CIA. DE SEG.  S.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-05-26

Resulta procedente conceder con efecto suspensivo el recurso de inaplicabilidad de ley cuando -como en el caso- existe contradicción de dos salas integrantes del tribunal en cuanto a la manera de interpretar el silencio del asegurador pasados los 30 días establecidos por la LS: 56. Pues mientras una sostiene (sala e) que tal silencio solo implica la aceptación del siniestro, la otro (sala B) interpreta que, la omisión de expedirse importa además la aceptación de la extensión de la indemnización.
Daño moral, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Toloza, Roberto F. c/ Blanco, Miguel Angel y ots. s/ Daños y Perjs.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-10-05

Existiendo lesiones físicas e incapacidad, la naturaleza de este daño predica la certeza de su existencia, ya que debe tenérselo por demostrado por el solo hecho de la acción antijurídica -daño in re ipsa-; incumbiéndole al responsable del hecho acreditar la existencia de una situación objetiva que excluya la posibilidad de un daño moral.
Locación de inmuebles, obligaciones del locatario, alquileres, tasas, impuestos
Materia: CIVIL
Carátula: VIGO, Vicente c/ SUDRO, Beatriz s/ LOCACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-22

Si se ha pactado expresamente en el contrato de locación que vincula a las partes que los gastos por expensas; tasas e impuestos estarán a cargo del locatario, una vez devengados, integran el precio del alquiler, ya que constituyen junto al fijado por el uso y goce de la cosa, un precio en dinero a cuyo pago se obligó aquel.
Prenda comercial, automotor prendado, secuestro de bienes, nulidad procesal, monto de la demanda
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANKBOSTON  NATIONAL ASSOCIATION c/ SALINAS ESCOBAR, FRANCISCO s/ SECUESTRO PRENDARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-04-04

Resulta improcedente que el deudor prendario -del peticionario del secuestro de un automotor- postule la nulidad del mismo con posterioridad, toda vez que -como principio- no procede ningún pedido en tal sentido y, por ende, no cabe abrir la incidencia frente a este planteo. No empece lo expuesto que, -como en el caso-, el mentado planteo se funde -básicamente- en la indeterminación en el respectivo mandamiento de secuestro del monto adeudado al pretensor, pues ese tema no es discutible en este procedimiento.
Recurso de inconstitucionalidad, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia vinculante, acción de amparo, competencia contencioso administrativa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GELER, GABRIELA GISELE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CONCEDIDO CAMARA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-05-04

Corresponde otorgar favorable acogida a la postulación esgrimida por la demandada desde una óptica sustancial, habida cuenta que este Tribunal -integrado- ha tenido oportunidad de expedirse en el entendimiento de cuestiones análogas, resolviendo la inconstitucionalidad de los pronunciamientos que acogieron los amparos planteados, afincándose en que siendo estas cuestiones de naturaleza contencioso administrativa, el requisito de que la arbitrariedad o ilegalidad surjan manifiestas de los actos estatales impugnados se presenta -sumado a la comprobación de la inexistencia de otra vía judicial más idónea- como necesario para la procedencia de la acción y, de haberse efectuado el correcto análisis sobre tales requisitos, se hubiera arribado al resultado contrario. (Del voto del Dr. Netri, al que adhirieron los Dres. Gastaldi y Erbetta) -CITAS: CSJStaFe "Garay", (A. y S. T. 261, pág. 154, del 12.03.2015).
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, defectos en la consideración de extremos conducentes, aportes previsionales, jubilaciones, pensiones
Materia: PROCESAL - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Borgatello, Alfredo Juan s/ jubilación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-11

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que denegó la jubilación por invalidez en razón de que el solicitante no había cancelado la deuda por aportes, omitiendo considerar un aspecto conducente para la decisión final, propuesto por la parte.
Buena fe, doctrina de los actos propios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Municipalidad de Pehuajó c/ Andaco S.A.C.I.F.I. s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-05-12

Debe merituarse que la aplicación del principio de buena fe con que las partes deben comportarse en el proceso exige que no se desconozcan o tergiversen las constancias de la causa, máxime si se considera que la fuerza de convicción de una defensa la da el rebatir adecuadamente lo que se opone a ella y no al crear situaciones que no existen (arts. 45 y 549 del C.P.C.C., su doctrina).-
Policía bancaria y financiera, control de entidades financieras
Materia: COMERCIAL
Carátula: BOTTA, DIEGO MARTIN c/ B.C.R.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-03-07

El poder de policía financiera le impone al Banco Central el contralor de las actividades de los bancos o entidades antes de su intervención por cuanto si la comunidad ha depositado en dicha institución una confianza como entidad de vigilancia en lo que hace a la transparencia del régimen financiero y bancario, su no cumplimiento en tiempo oportuno no puede ser esgrimida como generadora de facultades ilimitadas que no hubieran sido necesarios ejercitar si su vigilancia hubiera sido temporánea y efectiva.
Ejecución de sentencia, pago parcial, liquidación, enriquecimiento sin causa
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "TERESARRIU, NOEMÍ c/ A.N.Se.S.". s/ EJECUCION PREVISIONAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-02-27

La circunstancia de que el ente administrativo haya liquidado errónea y parcialmente el fallo que se encuentra firme habilita la promoción de la ejecución judicial, pero ésta queda limitada sólo a las diferencias que no fueron satisfechas. De lo contrario, el desconocimiento del pago parcial efectuado implicaría un enriquecimiento sin causa a favor del titular.
Recurso de reconsideración, excusación, excusación por enemistad
Materia: PROCESAL
Carátula: Busleiman, Oscar y otros s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1995-11-01

La resolución motivo de reconsideración (rechazo de inhibición planteada) afirma "... no haber la excusada expuesto los hechos que provocaron el acaecimiento de las situaciones contempladas por la causal escogida, extremo que recién son develados en esta instancia procedimental; denunciando como hechos generadores de la atribuida aptitud agraviante la denuncia de juicio político formulada en su contra por el ahora actor de la causa.

Los distintos supuestos que prevé el art. 31 inc. 10 de la L.O.P.J., deben configurarse en la persona del Juez, en consecuencia, es éste quien debe acreditar haber desarrollado un accionar que lo coloca en situación de ser recusado o de excusarse.

Esta es la diligencia que corresponde otorgarle a la norma de cita, en tanto que al acordarle al litigante el derecho a recusar a los jueces dice: "Tener contra el recusante, su abogado, defensor, o procurador, odio, enemistad o resentimiento que se manifieste por hechos conocidos". Es decir que la hipótesis que la norma contempla y exige que se configure, en primer lugar, es que el estado efectivo de odio, enemistad, o resentimiento lo tenga el juez hacia las personas que allí describe. Pero además le exige al recusante que los descriptos estados anímicos, hayan sido objeto de manifiesta exteriorización por parte del Juez, a través de hechos que puedan dimensionarse o reputarse como conocidos. Bajo este entendimiento se impide que los litigantes pudieren, con sólo argumentar que determinado magistrado le profesa algún tipo de desafectos de los que menciona la norma en análisis, apartarlo de la causa con una absoluta facilidad y libertad que no se compadece de ninguna manera, con los más elementales principios de lógica y con la indudable finalidad tenida en cuenta por el legislador al reglamentar un instituto que, dentro del proceso, a la par que afianza la imparcialidad de los jueces, ejerce una esencial gravitación como factor integrador de la vigencia del debido proceso.
Denegatoria del recurso, confirmación de sentencia, insuficiencia del agravio, acción reivindicatoria, interversión de título, animus domini, animus posesorio
Materia: PROCESAL
Carátula: Baglieri, Jorgelina Ramona c/ Sala, Analía Del Rosario s/ juicio ordinario (acción reivindicatoria (arts. 2252 y sgtes. CCYCN))
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2023-07-07

Se rechaza el recurso de apelación deducido por la demandada y se confirma la sentencia que hizo lugar a la demanda de reivindicación promovida por la propietaria del inmueble en cuestión, ello pues, los agravios referidos a que la actora no ha acreditado haber tenido la posesión del inmueble cuya restitución pretende, no son atendibles. En relación al segundo de los argumentos esgrimidos por la recurrente, de que siempre fue cuidadora del real ocupante del inmueble sin interrupción alguna y con animus domini para ejercer la posesión, tampoco tiene andamiento. En efecto, la propia apelante ha manifestado que no obraba como propietaria del inmueble, sino como tenedora del mismo, sin animus posesorio, y en este aspecto debe tenerse presente la inmutabilidad de la causa establecida en el art. 1915 del Código Civil y Comercial, el cual agrupa dos normas del Código derogado, el art. 2353 que contiene el principio de inmutabilidad de la causa y el art. 2458 que contempla el tema específico de la interversión de la misma. Es decir, no se ha acreditado la realización de actos posesorios simples y mucho menos se ha probado haber enviado una comunicación fehaciente a la actora -poseedora originaria- notificándole la intención de intervertir o que de alguna manera u otra se compruebe indubitadamente que aquélla conoció o debió conocer tal propósito. Concluyendo, que no se han acreditado hechos que detenten la concurrencia de los elementos de la interversión que dejen de manifiesto la intención de poseer por sí de la ocupante del bien, y acreditado por la reivindicante su derecho para que se haga lugar a la pretensión que esgrime.
Violación calificada, violación calificada por el concurso de personas
Materia: PENAL
Carátula: Diris, Horacio; García, Juan de Dios s/ Privación ilegal de la libertad - Asociación ilícita Nieto, Oscar Osvaldo s/ Robo calificado, privación ilegal de la libertad calificada,  violación agrabada por el número de personas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-05-03|1992-03-10

La figura de violación calificada por el número de intervinientes (art. 122, C.P.) no exige que todos los concurrentes hayan violado a la ofendida, siendo suficiente que uno haya tenido acceso o que lo hubiese intentado y que los demás cooperaran. Y en el supuesto de que más de uno hubiera logrado violar con la asistencia recíproca de los demás se tendrá un concurso real de delitos de violación agravada por el número.
Honorarios del abogado, aportes previsionales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Urquiza, Juana Zunilda c/ Muzon, Carlos Roberto y otros s/ Cobro de alquileres Macluf, Justino R. c/ Laveglia, Osvaldo s/ Ejecutivo - Reconstrucción
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-02-25|1991-06-11

Habiendo adquirido la Caja de Previsión Social para Abogados, como integrante de su patrimonio, el derecho a percibir los recursos emergentes de los aportes derivados de los honorarios cuya regulación se postergó, partiendo del monto de la sentencia corresponde practicar liquidación y establecer luego los estipendios de todos los profesionales con arreglo al decreto ley 8904/77, al solo y único efecto de determinar los aportes previsionales a cargo de los obligados, pues en caso contrario se estaría permitiendo disponer indebidamente de los recursos con que cuenta dicha Caja, en desmedro de ésta y de todo el cuerpo colegial (art. 51 decreto-ley citado; arts. 12 inc. a, 20 y 21 ley 6716).