Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-09-11


Reg.: A y S t 285 p 270/277. En la ciudad de Santa fe, a los once días del mes de setiembre del año dos mil dieciocho, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Roberto Héctor Falistocco, Mario Luis Netri y Eduardo Guillermo Spuler, con la presidencia del titular doctor Rafael Francisco Gutiérrez, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "ESCOBAR SANTA FE SACIF contra CITIBANK N.A. (SUC. SANTA FE) -DAÑOS Y PERJUICIOS- (EXPTE. 1485/10 CUIJ 21-14723829-8) sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA) (Expte. C.S.J. CUIJ N°: 21-14723829-8). Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto? SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente? y TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar? Asimismo se emitieron los votos en el orden en que efectuaron el estudio de la causa, o sea, doctores: Falistocco, Netri, Gutiérrez y Spuler. A la primera cuestión, el señor Ministro doctor Falistocco dijo: 1. Mediante resolución registrada en A. y S. T. 282, págs. 209/213, esta Corte -por mayoría- admitió la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el actor contra el acuerdo N° 145 del 03.11.2016 dictado por la Cámara de Apelación de Circuito de Santa Fe, por entender que la postulación del recurrente contaba "prima facie" con suficiente asidero en las constancias de la causa e importaba articular planteos que podían configurar hipótesis de arbitrariedad con idoneidad suficiente como para operar la apertura de esta instancia de excepción. 2. El nuevo examen de admisibilidad que prescribe el artículo 11 de la ley 7055, efectuado con los principales a la vista, y de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General (fs. 253/258), me conduce a ratificar dicha conclusión. Voto, pues, por la afirmativa. A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Netri, el señor Presidente doctor Gutiérrez y el señor Ministro doctor Spuler, expresaron idéntico fundamento al expuesto por el señor Ministro doctor Falistocco y votaron en igual sentido. A la segunda cuestión, el señor Ministro doctor Falistocco dijo: 1. Estos caratulados se iniciaron con motivo de la demanda de daños y perjuicios promovida por Escobar Santa Fe SACIF contra Citibank NA Sucursal Santa Fe por la suma de $736,24, con más intereses y costas (fs. 8/13). Contestada la demanda por la accionada (fs. 26/28v.), y una vez ofrecida y producida la prueba y presentados los alegatos, el Juez de Primera Instancia de Circuito de la Primera Nominación de Santa Fe, por decisorio N° 43 de fecha 22.03.2013, rechazó la demanda, con costas (fs. 104/107). Impugnado que fue dicho pronunciamiento por la vencida, los autos arribaron al Tribunal de Alzada, donde la Cámara de Apelación de Circuito -integrada- de Santa Fe, mediante pronunciamiento del 03.11.2016, desestimó los recursos de nulidad y apelación deducidos, confirmando la sentencia de baja instancia (fs. 166/173).	2. Contra dicho resolutorio, el actor interpuso recurso de inconstitucionalidad con fundamento en el artículo 1, inciso 3), ley 7055. Expresó que el fallo impugnado incurre en arbitrariedad al partir de la premisa errónea de que la litis se trabó sobre la pretensión de atribuir responsabilidad al banco demandado por haber retenido fondos de su cuenta corriente que no le debía a la Provincia de Buenos Aires, concluyendo que al ser el Citibank NA agente de retención, el hecho de haber retenido sumas de dinero indebidamente compromete sólo la responsabilidad de ARBA y no de la entidad financiera que habría cumplido con una obligación legal. Adujo que en rigor la cuestión a decidir era si la entidad financiera estaba realmente obligada a retener fondos que su parte tenía depositados en la Provincia de Santa Fe los debiera realmente o no, y si la condición de agente de retención de la ARBA se extendía extraterritorialmente a la Provincia de Santa Fe, y si no lo estaba ello constituiría un incumplimiento contractual que genera responsabilidad de la accionada porque no está justificado. Le endilgó al decisorio resolver en contra del derecho vigente por cuanto al concluir que la responsabilidad de ARBA excluye la responsabilidad de la entidad demandada soslaya que su parte promovió contra ésta una acción de daños y perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones contractuales, a saber, retener sin haber informado previamente a su titular y sin su consentimiento sumas de dinero que no estaba autorizado a debitar invocando una orden que de existir no estaba obligado a cumplir. Argumentó con apoyatura doctrinal y jurisprudencial que las obligaciones de ARBA y Citibank NA tienen diferentes fuentes, ya que -dijo- la obligación de la primera deriva del ejercicio irregular de la función de sus órganos y compromete la responsabilidad de la Provincia de Buenos Aires y la de la segunda tiene su fuente en el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de cuenta corriente (debitar saldos acreedores para transferírselos a un tercero sin cumplir con el deber de información y sin contar con autorización suficiente y contrariando las normas del BCRA), concluyendo que el Tribunal no le puede imponer a su parte la elección del obligado concurrente al que va a reclamar judicialmente.	Calificó al fallo de arbitrario por establecer que Citibank NA estaba obligado a actuar como agente de recaudación de la Provincia de Buenos Aires sobre cosas y bienes ubicados en la Provincia de Santa Fe, en contradicción con las normas constitucionales que regulan la distribución del poder entre las Provincias y el Estado Federal y lo resuelto por el Cimero Tribunal nacional en el caso "Asociación de Bancos de la Argentina c/ Buenos Aires, Provincia de s/ Acción Declarativa de inconstitucionalidad". Insistió que constituye un error de derecho concluir que el ente demandado era un instrumento del ARBA ya que ello resultaría correcto sólo en caso de que hubiese estado obligada a cumplir sus órdenes, si las decisiones de la Provincia de Buenos Aires hubiesen tenido imperio fuera del territorio de dicha Provincia. Puntualizó que la Provincia de Buenos Aires no podía aplicarle sanciones al banco si no retenía los fondos que su parte tenía depositados en su cuenta en Santa Fe, ya que no tenía competencia para ordenarlo. Le atribuyó arbitrariedad normativa y lógica al decisorio en cuanto afirma que no era notoria la incompetencia de ARBA y el banco no podía saber si la actora realizaba operaciones en la Provincia de Buenos Aires que pudieran estar alcanzadas por el tributo, ya que el tema a decidir era otro, a saber, si ARBA tenía o no facultades para decomisar bienes de su parte radicados en la Provincia de Santa Fe, cuestión que Citibank NA no podía ignorar ya que -dice- conocía la incompetencia de la Provincia de Buenos Aires dado que inició una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema nacional para obtener una sentencia declarativa al respecto. Tildó de arbitrario al pronunciamiento en cuanto manifiesta que es inadmisible pretender que el ente demandado se negase a cumplir una orden emanada del ARBA porque existía un fallo cautelar del Máximo Tribunal nacional en relación a un caso distinto pero similar, dado que -adujo- su parte nunca argumentó que la cautelar era la causa que justificaba que el banco no cumpliese con la orden de ARBA sino que la acción judicial iniciada ante la Corte demostraba que el Citibank NA conocía que la Provincia de Buenos Aires no tenía competencia para actuar fuera de su territorio, circunstancia -alega- demostrativa de su incumplimiento contractual. Calificó al fallo de arbitrario por falta de fundamentación suficiente por cuanto no trata los agravios contra la sentencia de baja instancia destacando la inaplicabilidad del fallo de la Corte "Asociación de Bancos de la Argentina" junto al argumento del supuesto incumplimiento de la demandada de este precedente. En este sentido, dice que el antecedente citado más allá de abonar su postura jurídica demuestra que el demandado incumplió sus obligaciones contractuales a sabiendas. Aseveró que la sentencia viola el principio de congruencia cambiando el eje del debate al no dar razón del por qué la acción iniciada por la demandada y otras entidades financieras no incide sobre el incumplimiento contractual que se invoca, pese a lo que disponen los artículos 1 y 5 de la Constitución nacional y 1 de la Constitución santafesina y lo resuelto por la Corte en un caso idéntico. Refirió que el fallo omite considerar que el ente demandado incumplió el deber de buena fe al no informarle en forma previa la pretensión de la ARBA, violando el deber de información que surge de la ley de fondo y de las normas reglamentarias de la cuenta corriente bancaria (Circular A "3244"). Manifiestó que el acuerdo atacado se aparta de las constancias comprobadas de la causa, ya que todas las retenciones efectuadas por la accionada supuestamente por orden de ARBA fueron realizadas al margen del sistema del SIRCREB instituido por el sistema de Convenio Multilateral acordado entre las Provincias (18.08.1977) para evitar la múltiple imposición jurisdiccional en materia de impuesto a los ingresos brutos, toda vez que -sostiene- de la prueba documental y de las afirmaciones del Citibank NA surge que la retención fue realizada fuera del SIRCREB y del Convenio Multilateral, implicando un claro reconocimiento de la antijuridicidad de la actividad de la Provincia de Buenos Aires y del conocimiento de la demandada. Por último, precisó que el fallo en crisis da validez a las normas provinciales y a la actuación del poder público de la Provincia de Buenos Aires por sobre las normas constitucionales nacionales (arts. 1, 5, y 121) y de esta provincia (art. 1), fracturando la base del sistema de distribución de competencias impositivas de las Provincias y Nación. 3. La Cámara, mediante auto del 22.05.2017 denegó la concesión del recurso de inconstitucionalidad interpuesto (fs. 230/234), lo que motivó la presentación directa de la interesada ante esta Corte que -como se señaló supra- resolvió admitir -por mayoría- la queja interpuesta. 4. De la confrontación de la sentencia atacada con los agravios esgrimidos en torno a lo decidido respecto a la obligación de la entidad demandada de actuar como agente de recaudación de la Provincia de Buenos Aires sobre cosas y bienes ubicados en la Provincia de Santa Fe, cabe concluir que asiste razón al compareciente en cuanto postula la violación de su derecho a la jurisdicción, pues la Cámara al fallar como lo hizo ha incurrido en arbitrariedad al apartarse, sin justificación suficiente, de la jurisprudencia elaborada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo "Asociación de Banco de la Argentina c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", de fecha 15.07.2014. En efecto, en dicho precedente -en el cual se impugnan las normas contenidas en los artículos 13 bis y 14 bis del Código Fiscal (textos según leyes 13529 y 13405) en tanto confieren facultades a la Dirección Provincial de Rentas (ARBA) para hacerse efectivas fuera del territorio de la Provincia de Buenos Aires- la Corte referenciando antigua jurisprudencia (Fallos:147:239) destacó que: "Ninguna provincia puede legislar si no es con referencia a las cosas y a las personas que se hallen dentro de su propia jurisdicción, pues los poderes conferidos por la Constitución son para ser ejercidos dentro de su territorio" (Cons. 6, segundo párrafo); afirmando que el derecho reservado a las provincias "(...) de crear impuestos y establecer formalidades y acciones necesarias para hacerlos efectivos, no faculta al legislador local a actuar más allá de su potestad jurisdiccional e invadir otras jurisdicciones" (cons. 7 y 8); puntualizando que "(...) la potestad reconocida por el Código Fiscal a la Dirección de Rentas de la Provincia de Buenos Aires (actual ARBA) de ordenar embargos y otras medidas cautelares no se extiende, ni puede interpretarse que se extienda a otras provincias o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque esa es una atribución extraña a la autoridad administrativa local" (cons. 8, párrafo segundo); concluyendo, en consecuencia, que las potestades otorgadas al ente recaudador provincial por los artículos 13 bis, tercer y quinto párrafo, y 14 bis del Código Fiscal para hacerse efectivas fuera del territorio de la Provincia de Buenos Aires, colisionan con normas nacionales y constitucionales de jerarquía superior y, por tanto, deben ser declaradas inconstitucionales (cons. 12 y 14). Cabe puntualizar que en el antecedente supra mencionado son los bancos, entre ellos el aquí demandado, los que solicitan que se les exima de cumplir con los comportamientos que la Provincia de Buenos Aires les exigía con fundamento en las normas citadas, entre ellos -conviene subrayar- la traba de embargos sobre cuentas y activos correspondientes a sucursales bancarias fuera del territorio bonaerense en base a requisitorias administrativas, a las que el Supremo Tribunal nacional en forma categórica vedó efectos fuera del territorio de la Provincia (cons. 11). Sin embargo, a pesar de tales pautas, la Alzada confirmó el fallo de grado -que había rechazado la demanda contra el Banco demandado por entender que a éste no le cabía responsabilidad por las sumas retenidas- fundándose para ello -en lo que aquí interesa destacar- en que el antecedente del Supremo Tribunal nacional citado por el actor en donde se declaró la inconstitucionalidad de ciertas normas de la ARBA que permitían el embargo de cuentas bancarias sin orden judicial no era aplicable al banco demandado por tratarse de un caso distinto (fs. 170/v.); argumento que amplía en el auto denegatorio añadiendo que dicho pronunciamiento es posterior a las retenciones efectuadas a la actora, por lo que mientras no hubiere fallo la demandada no podía desligarse de su obligación de retener (f. 232v.). Es decir, los sentenciantes basaron su conclusión en consideraciones insuficientes que se apartan claramente del precedente del Máximo Tribunal nacional, sin dar razones adecuadas para ello y sin ningún otro tipo de análisis relevante al respecto. Es que si bien el antecedente de la Corte nacional examinado estaba vinculado con las facultades de embargo extraterritorial que Buenos Aires pretendía con su Código Fiscal, lo cierto es que el A quo no podía preterir que en definitiva lo que se invalidaba era la potestad fiscal extraterritorial de una provincia (en ese sentido análogo al presente caso), constituyendo los argumentos nucleares del fallo que, de acuerdo con el sistema político adoptado por nuestra Constitución, las provincias no pueden legislar si no es con referencia a las cosas y a las personas que se hallen dentro de su propia jurisdicción; y su derecho reservado a crear impuestos y establecer las formalidades y acciones necesarias para hacerlos efectivos, no faculta al legislador local a actuar más allá de su potestad jurisdiccional e invadir otras jurisdicciones (consids. 6, 7, 8). La consideración de dicho precedente resultaba decisiva en torno a resolver acerca de la responsabilidad de Citibank N.A. (Suc. Santa Fe), por lo que su omisión por parte de la Cámara evidencia vicios en el fallo cuestionado que lo tornan carente de motivación suficiente en los términos del artículo 95 de la Constitución provincial, máxime cuando emana de las constancias de la causa que el banco mencionado conocía que la ley sobre la que la ARBA estaba actuando era inconstitucional, toda vez que fue una de las entidades financieras que demandó a la Provincia de Buenos Aires, esgrimiendo como uno de sus argumentos el relacionado a la invalidez de la actuación extraterritorial de las provincias argentinas. Todo lo expuesto brindaba sustento a los agravios del accionante -cuanto menos ameritaba un análisis adecuado- en torno a la responsabilidad del demandado por incumplimiento contractual al actuar como agente de retención cuando tenía razones suficientes para no hacerlo, sobre todo en punto a la violación del deber de información al no anoticiar en forma previa la pretensión de la ARBA (recuérdese que inmediatamente a su reclamo el actor fue excluido del padrón de ARBA y la entidad demandada le devolvió el capital retenido, mas no sus intereses). Por último, cabe destacar que las pautas expuestas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación se erigen como doctrina constitucional de seguimiento obligatorio conforme el tradicional criterio de dicho Tribunal respecto de que, no obstante que ese Cuerpo sólo decide en los procesos concretos que le son sometidos y sus fallos no resultan obligatorios para casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a aquéllos (Fallos:25:364; 212:51 y 160), toda vez que por disposición de la Constitución Nacional y de la correspondiente ley reglamentaria, la Corte Suprema tiene autoridad definitiva para la justicia de la República (arts. 116, Constitución nacional y 14, ley 48; Fallos:212:51). Este deber de los tribunales no importa la imposición de un puro y simple acatamiento de la jurisprudencia de la Corte, sino el reconocimiento de la autoridad que la inviste y, en consecuencia, la necesidad de controvertir sus argumentos cuando se aparten de dicha jurisprudencia al resolver las causas sometidas a su juzgamiento (doct. de Fallos:212:51; 312:2007), de suerte tal que carecen de fundamento las sentencias de los tribunales inferiores que se apartan de los precedentes de la Corte sin aportar nuevos argumentos que justifiquen la posición adoptada por el Tribunal en su carácter de intérprete supremo de la Constitución nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia (Fallos:307:1094; 311:1644 y 318:2060).	Lo dicho hasta aquí basta para descalificar el pronunciamiento a tenor de la doctrina de la arbitrariedad, debiendo en consecuencia hacerse lugar al recurso de inconstitucionalidad a fin de que la causa sea nuevamente juzgada subsanándose los vicios que exhibe el decisorio. Voto, pues, por la afirmativa.	A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Netri, el señor Presidente doctor Gutiérrez y el señor Ministro doctor Spuler, expresaron idénticos fundamentos a los expuestos por el señor Ministro doctor Falistocco y votaron en igual sentido. A la tercera cuestión, el señor Ministro doctor Falistocco dijo: Atento al resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada, con costas a la vencida (art. 12, ley 7055). Remitir la causa al Tribunal que corresponda a los fines de que la misma sea nuevamente juzgada. Así voto. A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Netri, el señor Presidente doctor Gutiérrez y el señor Ministro doctor Spuler, dijeron que la resolución que correspondía dictar era la propuesta por el señor Ministro doctor Falistocco y así votaron. En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada, con costas a la vencida. Remitir la causa al Tribunal que corresponda a los fines de que la misma sea nuevamente juzgada. Registrarlo y hacerlo saber. Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros por ante mí, doy fe. FDO.: GUTIÉRREZ - FALISTOCCO - NETRI - SPULER - FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA). Tribunal de origen: Cámara de Apelación de Circuito -integrada- de la ciudad de Santa Fe. Tribunal que intervino con anterioridad: Juzgado de Primera Instancia de Circuito de la Primera Nominación de la ciudad de Santa Fe.