Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-04


Causa Nº 23699/06, "SEVERINI, Egidio Eduardo s/ Infr. Art. 189 bis CP. Apelación".

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 04 días del mes de septiembre de 2007, se reúnen los miembros de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Jorge A. Franza, Silvina Manes y Marta Paz, a efectos de resolver la presente causa.

RESULTA:

1) Que Egidio Eduardo Severini, conjuntamente con su defensor oficial, solicitó la suspensión del juicio a prueba en los términos del art. 76 bis del Código Penal (v fs.139/141).

Corrida que fuera la vista al Ministerio Público Fiscal, el Adolfo Bórmida se opuso a la petición formulada por entender que existe entre el hecho que se investiga y el tratado ante la justicia federal una situación concursal de delitos (arts. 55 y 58 del C.P.) que no permite la obtención de una pena única de ejecución condicional, y por ende, ello imposibilitaría la aplicación del instituto solicitado (conf art. 76 bis segundo y cuarto párrafo C.P.).

Sin perjuicio de ello, estimó que la cuestión debía debatirse en la audiencia prevista en el art. 293 del C.P.P.N., de aplicación supletoria (fs.144 y vta.).

Que por resolución de fs. 149/50 el a quo resolvió no hacer lugar a la suspensión de juicio a prueba por entender que la oposición razonable del fiscal vedaba la viabilidad del instituto en cuestión por aplicación del art. 76 bis, párrafo 4º del C.P., y que en consecuencia, dicho obstáculo formal tornaba innecesaria la celebración de la audiencia prevista en el art. 293 CPPN., y solo implicaría un desgaste jurisdiccional y un inútil retardo de justicia.

Contra ese decisorio la defensa del imputado interpuso recurso de apelación con sustento en las hipótesis del art. 61 incs. a) y c) del ordenamiento ritual por entender erróneamente aplicado el art.76 bis del código de fondo y por haber negado al imputado la posibilidad de ser oído en la audiencia prevista en el art. 293 del C.P.P.N.

Oída la Sra. Fiscal a fs. 172/4, y el Sr. Defensor Oficial a fs.176/7vta.

pasan los autos a resolver.

PRIMERA CUESTION:

Admisibilidad del recurso 2) El recurso ha sido interpuesto en las condiciones y plazos establecidos por el art. 61, inc. 1º, apartados a) y b) de la Ley de Procedimientos Contravencional, y por quien se encuentra normativamente facultado para hacerlo, por lo que resulta admisible.

En este sentido, tal como fuera resuelto in re "Justiniano, Enzo Natalio s/ Infr. Art. 189bis CP- Apelación", causa Nº 067-00-CC/2006, rta. 23-05-2006, este Tribunal ha reconocido a la resolución que rechaza, suspende o revoca el proceso a prueba como un auto equiparable a sentencia definitiva pues causa gravamen de imposible o difícil reparación ulterior que habilita su procedencia.

SEGUNDA CUESTION:

De los agravios 3) Del examen de las actuaciones traídas a la instancia advertimos que el a quo resolvió el planteo de suspensión del juicio a prueba sin haber realizado la audiencia que manda el artículo 293 del código adjetivo, de aplicación supletoria (conf. art. 55 LPC).

El instituto de la suspensión del proceso a prueba regulado en el código sustantivo tiene previsto su trámite en el Código Procesal Penal, de aplicación supletoria.

En este sentido el art.293 del código de forma otorga a las partes intervinientes el derecho de expresarse en el ámbito de una audiencia única tras la cual el órgano judicial competente podrá conceder o no el beneficio solicitado.

En efecto, la norma establece " [E]n la oportunidad que la ley penal permita la suspensióin de la persecución, el órgano judicial competente podrá conceder el beneficio, en audiencia única, donde las partes tendrán derecho a expresarse".

De la propia letra de la ley surge que la referida audiencia constituye un requisito ineludible en el trámite de la suspensión del proceso a prueba, motivo por el cual su omisión acarrea necesariamente la afectación al debido proceso y a la garantía de defensa en juicio, que exigen que se escuche a las partes en una audiencia, fulminando así toda posibilidad de expresar los argumentos defensistas por los cuales resultaba aplicable al caso el beneficio en cuestión.

En este sentido, desde que el cumplimiento de las etapas procesales que acuerda el ordenamiento a los sujetos procesales es por naturaleza una garantía para las partes, no puede quedar sometida a la discrecionalidad del juzgador, y por ende su inobservancia afecta las garantías de clara raigambre constitucional (art. 18 y 75 inc. 22 de la C.N.).

En este sentido es doctrina de nuestro Alto Tribunal que el imputado en juicio criminal tiene derecho a un proceso tramitado en legal forma, en el que se guarden las formas sustanciales de manera que pueda ejercitar sus derechos en las formas y con las solemnidades establecidas por las leyes de procedimientos (conf Fallos: 310:57 y 310:745 entre muchos otros).

Debido proceso, en una primera aproximación exegética significa el proceso garantizado por la ley (Bacigalupo, E., El debido proceso legal, Hammurabi, Buenos Aires, 2005, pág.13). Ergo las normas procesales pueden ser excepcionalmente alteradas, en tanto no signifique un menoscabo a alguna garantía constitucional o al debido proceso, cuando razones de economía procesal y del buen servicio de justicia lo justifiquen (Fallos 323:3002), circunstancias que no acontecen en el presente caso.

En tales condiciones, no encontramos razón suficiente para sostener que la sola oposición del fiscal justifica la omisión de la convocatoria a la referida audiencia, menos aún, que ello importe un dispendio jurisdiccional y un retardo de justicia, cuando en rigor de verdad no existe un criterio uniforme respecto del alcance del dictamen fiscal como exigencia legal en un supuesto como el de autos, y en consecuencia la defensa tiene derecho a que se conozcan sus argumentos en dicha audiencia.

Por lo tanto, soslayar la celebración de la audiencia que establece expresamente el art. 293 CPPN implica una seria afectación al derecho de defensa en juicio consagrado en el art. 18 de nuestra Carta Magna.

En tales condiciones, resulta inoportuno considerar los demás planteos efectuados por la defensa.

En consecuencia,satisfaciendo el autorecurrido sólo en forma aparente la necesidad de ser derivación razonada del derecho vigente, corresponde de conformidad con lo previsto en el art. 123 del C.P.P.N. su anulación, debiendo remitirse la causa a un nuevo magistrado, para que previa realización de la audiencia que manda el art. 293 del C.P.P.N., se evalué la posibilidad de otorgar a Egidio Severino el beneficio de la suspensión del juicio a prueba.

Así votamos.

Por todo lo expuesto, en virtud del acuerdo que antecede, este Tribunal RESUELVE:

I. ANULAR la resolución de fs. 149/50, en cuanto fuera materia de recurso (art.61 inc.1º LPC).

II. APARTAR al Sr. juez de grado a cargo del Juzgado Contravencional y de Faltas nº 25, Ladislao Endre, debiendo remitirse la presente a la Secretaría General de esta Cámara a fin de que desinsacule el Juzgado en lo Contravencional y de Faltas que deberá continuar interviniendo en las presente actuaciones.

Regístrese, notifíquese a la Sra. fiscal, y remítase a la Secretaría General, a sus efectos.

Ante mi:

Endede 2007 notifiqué a la Sra. Fiscal de Cámara. Conste.

Causa Nº 23699/06, "SEVERINI, Egidio Eduardo s/ Infr. Art. 189 bis CP. Apelación".

Endede 2007 se remitieron las presentes actuaciones a Secretaría General a sus efectos. Conste.