Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-02-27


NEUQUEN, 27 de febrero de 2014. Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados "MULBAYER MARTIN NICOLAS C/ BAHIA TUNING EMPRESA SERV. S.A. S/ DESPIDO POR FALTA DE PAGO HABERES" (EXPTE. 399355/2009) venidos en apelación del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO LABORAL NRO. 3 a esta Sala I integrada por los Dres. Cecilia PAMPHILE y Jorge PASCUARELLI, con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. Mónica MORALEJO, y de acuerdo al orden de votación sorteado Cecilia PAMPHILE dijo:

1. Vienen estos autos a consideración de la Sala para el tratamiento del recurso de apelación interpuesto por la actora contra la sentencia de fs. 158/160, a tenor de los agravios vertidos a fs. 161/162, cuyo traslado no fuera contestado por su contraria.

1.1. Los agravios: se disconforma el accionante por cuanto el Juez ha hecho lugar parcialmente a la demanda, rechazando la acción en lo referido a la falta total de pago de las indemnizaciones por despido, falta de preaviso y liquidación final derivadas del distracto.

Transcribe partes de la sentencia, a partir de las cuales se arriba a la conclusión, luego de producida la pericia caligráfica pertinente, de que los recibos agregados a la causa, por el pago de las acreencias reclamadas fueron estampadas de puño y letra del actor "...sin que se haya alegado y menos probado el abuso de firma en blanco, conforme art. 60 de dicho cuerpo normativo..." Señala que su parte nunca reconoció la autenticidad de esa firma ni haber percibido el pago de las sumas que en dichos recibos se consignan. Insiste en que, tanto en sede administrativa como, posteriormente, en sede judicial, desconoció las firmas y contenidos de los recibos, razón por la cual nunca invocó el abuso de firma, siendo recién con la pericia caligráfica que toma conocimiento del mentado abuso.

Con ese argumento sostiene que el tribunal a-quo no tuvo en cuenta que su parte, en todo momento, ha sido consecuente en negar el pago de la mayor parte de las sumas reclamadas, según consignan los recibos de fs. 40/41.

Indica que el juez de la anterior instancia, más allá de la documentación -para el actor de contenido dudoso-, debió tener en cuenta que la demandada no acreditó haber entregado las sumas que ilustran los mencionados recibos, como tampoco de que forma lo hizo.

Afirma que del informe del Banco Credicoop no surge que dichos importes hubieran sido depositados en la cuenta sueldo (respuesta al oficio a fs. 150/152), desde lo cual se debió -a su parecer- interpretar ello a su favor; esto es, que no le fueron abonados dichos importes y no en sentido contrario, como que no resultaría óbice para determinar su falta de pago.

Por otro lado, dice que la demandada no realizó prueba pericial contable para acreditar efectivamente el pago de los rubros que se consignan en los recibos o que efectivamente se le hubieran abonado, en una suerte de inversión de la carga probatoria.

Cuestiona la interpretación que en la sentencia se hiciera del art. 124 de la LCT, en el sentido que no hay impedimento en abonar las remuneraciones de otra manera que no sea a través de las cuentas sueldo, porque no se demuestra cuál es la otra manera en que se habrían efectuado los pagos, y porque la accionada tampoco dice de qué forma lo hizo (tales como cheque; efectivo; depósito bancario).

Cita los artículos 140, 141 y 142 en su apoyo, pues entiende que el juez a-quo debió, ante la duda razonable del pago, inclinarse por la versión de su parte.

Menciona jurisprudencia y sostiene que la demandada hizo uso de documental no emitida por el trabajador, utilizada en su desmedro y sin justificar debidamente la forma del pago. Concluye en que, de haberse valorado correctamente el material probatorio, se hubiera condenado a la demandada en los términos solicitados, lo que así deja planteado.

1.2. Como segundo agravio, se queja por la condena en el 50% del pago de las costas del juicio, por ser contradictoria e injustificada con el resultado de la causa.

En tal sentido, señala que se habría hecho lugar al pago de las diferencias de los rubros reclamados, reconociéndose el pago en menos de tales importes, por lo que lejos de rechazar la acción, la misma prospera, aunque por importes menores. También, porque se hace lugar a la multa del art. 2 de la ley 25.323 que resulta aplicable cuando el empleador ha sido debidamente intimado al pago de las indemnizaciones de ley y el trabajador se ha visto obligado a demandar judicialmente dichas sumas, lo cual -a juicio del apelante- deviene en un contrasentido. Solicita se le impongan a la empleadora en su totalidad.

2. Pese a los esfuerzos argumentales efectuados, un análisis integral de las constancias obrantes en estas actuaciones, me persuade de que la decisión judicial adoptada es una derivación razonable del derecho vigente, que encuentra sustento en aquéllas.

En primer lugar debo señalar que, conforme surge del TCL enviado por el actor y que luce a fs. 17, luego de indicarse las condiciones de trabajo, concretamente se consigna "...atento haber trabajado hasta el día 10/09/2008, y habiendo percibido en forma insuficiente liquidación final..." Vemos, entonces, que es el propio actor quien reconoce que, aunque insuficientemente, ha percibido sumas por los rubros que aquí reclama: nótese que no se indica que no se hubiera percibido suma alguna sino que las sumas abonadas en concepto de liquidación final fueron insuficientes o, lo que es lo mismo, mal liquidadas, como después ha sido puesto de resalto en la propia sentencia recurrida.

Ha sido luego, en el transcurso del proceso administrativo ante la Subsecretaría de Trabajo, que el actor varió la comunicación de su telegrama y su relato de los hechos ante dicha repartición (fs. 129). Concretamente, con la presentación de los recibos por la liquidación final efectuada por la accionada para repeler el reclamo administrativo. Es recién en ese momento cuando dice no haber recibido tales importes, desconociendo la existencia del recibo y la firma (véase fojas 133, acta del 18 de diciembre de 2008).

2.2. En este contexto -y más allá de las consideraciones que cabe efectuar sobre el abuso de firma en blanco, aspecto sobre el que volveré más adelante- también es relevante el resultado de la pericia caligráfica.

No puedo olvidar que el actor, pese a conocer la existencia del recibo que se le atribuía, nada dijo inicialmente con relación a que se tratara de un supuesto de abuso de firma en blanco, argumento que introduce luego del resultado de esa prueba.

Y en este punto debo señalar que el perito es categórico en cuanto a que "...las firmas insertas en los recibos de haberes en los que se liquida la indemnización sustitutiva de preaviso y por antigüedad, como aquél correspondiente a la liquidación de la integración del mes de despido fueron estampados por el puño escritor del actor..." (fs. 100).

Véase que el actor insiste en que no es su firma, pero el tenor de la impugnación es ciertamente deficiente, limitándose a señalar que se trataría de "un error de apreciación". El tenor de la pericia y de la contestación efectuada por el perito, me persuaden de la correcta apreciación probatoria efectuada por el sentenciante.

2.3. Es cierto que si nos atenemos a la línea argumental ensayada en los agravios, ésta se aparta de la primigenia línea basada en la falsedad de la firma: al recurrir, el actor ya no se centra en el desconocimiento de la firma sino que produce un giro y esgrime que ha habido abuso de firma en blanco.

Esta mutación se intenta justificar en la circunstancia de que, recién con el resultado de la pericia, se dio cuenta de que podría estarse frente a este supuesto (pero, debo advertir que esto en cierta forma se contradice con la insistencia de la falsedad, que se tradujo en la impugnación del informe). Ahora bien, aún cuando nos situáramos en el escenario más favorable para el actor y consideráramos: a) que el recibo de pago carece de la fuerza probatoria propia del ámbito civil y comercial, relativizándose en la esfera laboral y b) que la alegación del abuso de firma en blanco puede inferirse de la negativa de la percepción de los rubros reclamados y, por lo tanto, considerarse de planteo oportuno, lo cierto es que no concurren, en la especie, los recaudos necesarios para aceptar la posición del actor.

En efecto: la existencia de un vicio de la voluntad al suscribir un recibo o la alegación de que se ha firmado en blanco y que se ha abusado de ello, requieren necesariamente que sean respaldadas con prueba suficiente.

Más allá de que, en esta materia, las exigencias probatorias puedan flexibizarse, algún elemento debe existir.

Así se ha dicho, por caso y valgan como ejemplo, que "Resulta válida la prueba testimonial para demostrar el abuso de firma en blanco, pues la LCT adopta el criterio opuesto al del art. 1016 del C. Civil, firma en blanco, y también se aparta del derecho común al omitir la restricción del art. 1017 del mismo cuerpo legal, en el sentido de que la prueba de la firma en blanco no puede acreditarse con testigos" (CNAT Sala 7, Sentencia 11-09-1992, Juez LOPEZ AGUIRRE, CLARA ELENA c/ BASSELE, ALEJANDRA s/ COBRO DE PESOSMAG. VOTANTES: LOPEZ - BOUTIGUE. (en Lex Doctor, voz: "abuso de firma en blanco", n° 77).

O que: "De los arts. 1017, 1018 y 1019 del Código Civil se desprende que el abuso de firma en blanco no puede probarse con testigos y/o meras presunciones, mas sí cuando estas últimas resultan serias, concordantes y que por su número, precisión y gravedad llevan a la convicción, de acuerdo a las reglas de la sana crítica, de que las firmas fueron puestas en blanco"; (Suprema Corte de Chaco, Juez URRUTIA DE RAJOY, YOLANDA L. (SD) Fernández, Liliana Olga c/ Juan Ramón Torres y/o responsable s/ Indemnización por despido; (en LD, ídem., n° 145).

Y así también que ".La falsedad de las enunciaciones contenidas en el instrumento privado podrá ser acreditada por cualquier medio de prueba, incluso por testigos, ya que en materia laboral no rige la prohibición contenida en la ley civil, si bien es de señalar la conveniencia de producir una prueba compuesta que lleve al ánimo del juzgador el convencimiento de la existencia de un abuso de firma otorgada en blanco" (CT01 SE, C 10283 S 15-2-96, Juez PICCARDI DE SANCHEZ (MA) OVEJERO FRANCISCA c/ SANCHEZ DE BRACO MARIA C. Y/O RESIDENCIAL DEL PARQUE s/ DIFERENCIA DE SUELDOS, ETC. MAG. VOTANTES: SANCHEZ AVALOS DE CIAPPINO-PICCARDI DE SANCHEZ-GIUGGIOLINI).

En igual línea, Llambías enseña que el principio es el que, efectivamente, sienta la norma del párr. final del art. 1017 mas: ".ello no obsta a la posibilidad de admitir la prueba testimonial en supuestos de excepción como ser: a) Imposibilidad de obtener otra prueba; b) Si hay principio de prueba por escrito; c) Extravío de la prueba apropiada por caso fortuito o fuerza mayor;

d) Confesión del mandatario; e) Obtención del documento mediante dolo o violencia." (en "Código.", T. II-B, p. 187 y nota n° 6, con cita de jurisprudencia en relación a los diversos supuestos enunciados)" (esta Sala I, in re: "Medina v.Cervi", Expte. N° 311-CA-99; PS Año 1999 TºIV, Fº677/684).

2.4. Pero como podrá advertirse, de la atenta revisión de lo actuado, ningún medio de prueba existe en apoyo de la postura del actor.

El único elemento estaría dado por la circunstancia de que no se procedió a su depósito bancario.

Sin embargo, el peso de este indicio se licua a poco que se advierta que al contestar el requerimiento efectuado por oficio, el Banco Credicoop indica que se adjuntan los movimientos de la cuenta corriente nro. 168-514267/2 a nombre del actor, por el período comprendido entre el 4/07/2008 (fecha de apertura de la cuenta) y el 30/09/2008, mes en que se produce el cese de tareas. La cuenta en ningún caso registra movimientos, advirtiéndose que no registra saldos, de lo que se infiere que, para el pago de las remuneraciones durante todo el vínculo contractual, no se habría utilizado la "cuenta sueldo" abierta en el mencionado banco.

Y tal proceder no es reprochable, en tanto, en el art. 124 del LCT, se dispone que: ".En todos los casos el trabajador podrá exigir que su remuneración le sea abonada en efectivo." (Artículo sustituido por el art. 1º de la Ley Nº 26.590 B.O. 5/5/2010), lo que unido al texto de su TCL -acerca del pago insuficiente- permite sostener que ha sido en efectivo la forma en que se habrían realizado los pagos que dan cuenta los recibos de fs. 40/41, y no debían necesariamente ser hechos mediante el depósito en el Banco Credicoop, como se indica.

En síntesis: el "recibo" firmado por el acreedor es un relevante elemento de convicción respecto de la realidad del acto jurídico del pago y aun cuando pudiese ser controvertido en sus alcances, es necesario que existan elementos de prueba que persuadan de ello.

Por ello, aun cuando en la mejor de las hipótesis se consideraba que el planteo del abuso de firma en blanco se encontrara implícito en el reclamo del actor, lo cierto es que ninguna prueba fue aportada tendiente a demostrar que las declaraciones insertas en el documento no eran reales (arg. art. 1028 del Código Civil).

Por último debe descartarse toda incongruencia o contradicción en el razonamiento del Juez de grado, en la medida en que admite la procedencia del pago de las diferencias salariales y de la correspondiente multa. No sólo en cuanto encuentra correlato con el reclamo vertido en su TCL de fs. 17, sino en la demostración, como lo resalta el a-quo, del pago en menos, según da cuenta el recibo correspondiente al mes de agosto, obrante a fs. 39. La demandada no ha recurrido el pronunciamiento, motivo por el cual lo decidido, en cuanto la condena, se encuentra firme.

3. Con relación a las costas, entiendo que en materia laboral debe tenerse presente que los créditos del trabajador tienen naturaleza alimentaria, por lo que corresponde ser más cuidadosos al momento de apreciar el vencimiento parcial y su incidencia en la imposición de las costas procesales (cfr. Sala II, "MORAND", Expte. Nº 378320/8).

Por ello, toda vez que no cabe atenerse forzosamente en esta materia a un criterio exclusivamente aritmético, sino apreciar las posturas asumidas por las partes en sus respectivos escritos de constitución del proceso, entiendo que las costas de la primera instancia deben imponerse en un 30% a cargo del actor y en un 70% a cargo de la demandada.

Por lo expuesto, habré de proponer al Acuerdo, se confirme la sentencia apelada en todo lo que ha sido materia de recurso y agravios, con excepción a lo atinente a las costas de primera instancia, las que entiendo deben ser impuestas un 30% a cargo del actor y en un 70% a cargo de la demandada. Las costas de la Alzada, en atención al resultado del recurso, serán soportadas en el orden causado, debiendo regularse los honorarios de alzada de conformidad con lo dispuesto en el art. 15 de la ley arancelaria vigente. MI VOTO.

El Dr. Jorge PASCUARELLI dijo:

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que antecede, adhiero al mismo expidiéndome de igual modo.

Por lo expuesto SE RESUELVE:

1.- Confirmar la sentencia de fs. 158/160 en lo principal, modificándola respecto a las costas de primera instancia, que se imponen un 30% a cargo del actor y en un 70% a cargo de la demandada.

2.- Imponer las costas de la Alzada en el orden causado, en atención al resultado del recurso.

3.- Regular los honorarios por la actuación en esta instancia al Dr. ..., letrado apoderado del actor, en el 30% de lo que corresponde por la labor en la instancia de grado (art. 15, LA).

4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen.

Dr. Jorge D. PASCUARELLI - Dra. Cecilia PAMPHILE Dra. Mónica MORALEJO - SECRETARIA.