Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-12-29


2º Instancia. - Buenos Aires, diciembre 29 de 2008.

Estudiados los autos, se planteó la siguiente cuestión a resolver: ¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada? A la cuestión propuesta la Señora Juez de Cámara, Doctora Isabel Míguez dijo:

I.- Los hechos de caso.

1) Raúl Alberto Poggi y María Paula Correa iniciaron demanda contra Laprida S.A.C.I. y General Motors de Argentina S.A. (en lo sucesivo, "General Motors") reclamando el cumplimiento de contrato, o en su defecto, la devolución íntegra de lo pagado, con más los daños y perjuicios, intereses y costas.

Relataron que el 20.01.00 adquirieron a Laprida S.A.C.I. un rodado 0 km, marca Chevrolet, modelo Corsa 3 puertas, Wind, Diesel, 1.7, habiendo abonado una reserva de $1000.

Señalaron que, por sugerencia de la misma accionada, las condiciones de la operación serían establecidas mediante el denominado "Plan Canje", a cuyo efecto aquélla les otorgaba la adquisición de una unidad Dodge 1500 para desguace, en el importe de $1935, más los gastos de transferencia y desguace en $300, compra a cambio de la cual recibirían un descuento por certificado de desguace de $4235, en la compra de la unidad 0 km.

Sostuvieron que el 24.01.00, en cumplimiento de lo acordado, adquirieron de la demandada el automotor marca Dodge 1500, motor 71500032245, patente C ..., para desguace y aplicación del "Plan Canje", por el que pagaron a la demandada la suma de $1935, abonándose también $300, cobrados en concepto de transferencia y desguace.

Indicaron que la entrega del nuevo automotor debía efectuarse en el mes de marzo de 2000, pero dicho mes transcurrió sin que la misma se concretase. Destacaron que, luego de sucesivos reclamos, Laprida S.A. les informó que el automotor se encontraba en la concesionaria. Agregaron que tal circunstancia fue constatada por los actores el 11.05.00, en oportunidad de dirigirse a la sede de la agencia accionada, y fue entonces cuando abonaron el saldo del precio acordado, esto es, $11.385. Aclararon que también pagaron $ 588, en concepto de gastos de patentamiento.

Así las cosas, refirieron que se les comunicó que se requería una semana para el patentamiento del rodado. Sin embargo, una vez transcurrido dicho plazo sin que se concretase el aludido trámite, la concesionaria adujo que existía un problema con la documentación del automotor, explicando que la remitida por fábrica no coincidía con el número de chasis, por lo que debía enviar los papeles nuevamente al fabricante.

Expresaron que al cabo de una semana le informaron que General Motors de Argentina S.A. no había entregado la documentación correcta y que existía un error en el certificado de fabricación.

Aclararon que se comunicaron con "General Motors" -en su carácter de fabricante del rodado adquirido -efectuando el reclamo pertinente, individualizado con el Nº 9314, quien, luego de diversos llamados, a mediados del mes de junio les informó que la documentación emitida por la fábrica era correcta, debiendo dirigirse -a fin de intentar la solución del inconveniente suscitado- a la agencia vendedora.

En el contexto planteado, puntualizaron que, con fecha 16.06.00, concurrieron a la agencia acompañados de dos testigos, oportunidad en la que constataron que en su depósito se encontraba el automotor adquirido, verificando los números del motor y chasis del mismo. Agregaron que en tal ocasión se les hizo entrega de copias de una carta documento cursada por Laprida S.A. a "General Motors", mediante la cual se reclamaba la "liberación de la documentación" de varios automotores, entre los que se encontraba el Corsa Wind 1.7, Diesel 3 puertas, chasis 8AGSCO8501R100074.

De su lado, arguyeron que la empresa que fabricaba los automotores mantenía la vigencia de la concesión oficial de Laprida para que vendiese en exclusividad los automotores 0 km., por lo que mantenía una obligación de garantía, no solamente por los defectos o fallas de fabricación que presentasen los vehículos, sino también por la entrega en tiempo y forma de éstos. Expresaron, en tal sentido, que a la fecha del incumplimiento la concesión oficial existente entre las codemandadas se encontraba vigente, razón por la cual la fabricante era responsable hacia los accionantes por la entrega en tiempo y forma del vehículo por ella fabricado y entregado a la concesionaria, la que, a su vez, se encontraba obligada y, por ende, era también responsable de concretar, a favor de los actores, la entrega efectiva de lo vendido.

Finalmente, recalcaron que luego de las infructuosas tratativas tendientes a obtener la entrega del rodado, con su respectiva documentación y patentamiento, se vieron obligados a iniciar la presente acción.

2) Corrido el traslado de la demanda, compareció al juicio Laprida S.A.C.I., oponiéndose al progreso de la pretensión y solicitando el rechazo de la acción, con costas (v. fs. 114/9).

Tras efectuar una negativa genérica de los hechos alegados por la contraria, negó, en particular, que la falta de entrega del vehículo comprometido se debiese a un incumplimiento de su parte.

Sostuvo que al momento de celebrar el contrato de compraventa del automotor con los actores, Laprida S.A. integraba la red de concesionarios de General Motors de Argentina S.A., la cual, en el marco de su estrategia de ventas en nuestro país asignó a la firma GMAC Compañía Financiera S.A. (en adelante, "GMAC S.A.") el rol de agente financiero de la red de concesionarios.

En ese marco, reconoció que el fabricante imponía una posición dominante obligando a sus concesionarios a financiar las adquisiciones de vehículos mediante la intervención de "GMAC S.A.".

Explicó la mecánica de la operatoria, aduciendo que todos los integrantes de la red de concesionarios se encontraban obligados a cumplir con los cupos de venta que imponía el fabricante dentro de un plazo determinado.

En ese contexto, "General Motors" dispuso un sistema de adjudicación de unidades fabricadas que forzosamente obligaba al concesionario a adquirir los vehículos con la intervención de "GMAC S.A.", quien imponía tasas de interés superiores a la media del mercado financiero.

Manifestó que diariamente la terminal adjudicaba los vehículos disponibles, priorizando en la entrega a aquellos que eran adquiridos con el crédito otorgado por "GMAC S.A." Hizo referencia a que "General Motors" sólo aseguraba la entrega en forma inmediata de los vehículos mediante el otorgamiento de la línea de créditos otorgada por "GMAC S.A.", completando, de ese modo, el círculo de un negocio que tenía a la corporación multinacional como única beneficiaria.

Expuso así que el contrato de prenda flotante celebrado con "GMAC S.A.", obligaba al pago de los vehículos adquiridos dentro de las 48 hs. de producida la venta a los terceros, o a los 180 días de la adquisición, según lo que ocurriese primero.

Apuntó que el estrangulamiento financiero -sumado a la recesión que castigó a todos los sectores- determinó que su parte no pudiese integrar el importe del vehículo adquirido por los actores, reteniendo el acreedor prendario la documentación del rodado e impidiendo, por ende, su entrega a los accionantes. Reconoció, en tal sentido, que el concesionario no afrontó en tiempo oportuno el pago al acreedor prendario, pero tenía a disposición de los compradores los vehículos y la garantía adicional a la prenda -hipotecaria- para que estos últimos no sufriesen los perjuicios de la inejecución parcial de su obligación.

Por su parte, solicitó la citación como tercero de GMAC Compañía Financiera S.A., en su calidad de tercero en los términos del art. 94 CPCCN, citación que posteriormente fue desistida a fs. 238.

Por último, impugnó la procedencia de los rubros indemnizatorios pretendidos por los accionantes.

3) También compareció a juicio y contestó demanda a fs. 216/32, General Motors de Argentina S.A., solicitando su rechazo, con costas a cargo de los accionantes.

Luego de efectuar las negativas de ley, alegó que resultaba ajena a la relación contractual celebrada entre los actores y la concesionaria demandada, deslindándose de responsabilidad por los hechos acaecidos en el marco de la referida relación.

Aclaró, en tal sentido, que su parte no era vendedor directo, sino un tercero ajeno a la operación de compraventa concertada entre los accionantes y Laprida S.A.C.I.

En definitiva, manifestó que, dado que los demandantes adquirieron de la concesionaria una unidad mediante la celebración de un contrato de compraventa convencional, no podía tratarse a la concedente -General Motors de Argentina S.A.- como parte en ese contrato, ya que no fue con esta última con quien contrataron los compradores, siendo un tercero en la relación. Ello llevaba a concluir -según su postura- que no debía responder por los incumplimientos del concesionario, pues no era éste su mandatario.

Para finalizar, rechazó la procedencia de los rubros indemnizatorios pretendidos por los demandantes.

4) De su lado, atento el estado falencial de la coaccionada Laprida S.A.C.I., la sindicatura interviniente en dicho proceso se expidió a fs. 720/1 respecto del reclamo incoado.

5) Producida la prueba de que da cuenta la certificación actuarial de fs. 475 y vta., se pusieron los autos para alegar, haciendo uso de tal derecho la parte actora y la codemandada General Motors de Argentina S.A., conforme piezas que lucen agregadas a fs. 946/50 y 952/6, respectivamente, dictándose finalmente sentencia a fs. 972/81.

II.- La sentencia apelada.

En el pronunciamiento obrante a fs. 972/81, el a quo hizo lugar a la demanda interpuesta por Raúl Alberto Poggi y María Paula Correa, condenando a Laprida S.A.C.I. y a General Motors de Argentina S.A. a entregar a los actores un automotor 0 km marca Chevrolet, modelo Corsa 3 puertas, Wind, Diesel, 1.7., o en su defecto, la suma oportunamente abonada, con más los intereses calculados a partir de la fecha en que debió entregarse la unidad, que -por no encontrarse expresamente prevista- la fijó al momento del pago del saldo del precio (11.05.00). A ello deberá adicionarse la suma de $2500, en concepto de gastos de movilidad, con más los intereses fijados precedentemente, los cuales se devengarán hasta el efectivo pago, precisando que en razón del estado falencial de la codemandada Laprida S.A. los accesorios deberán calcularse hasta la fecha de declaración de quiebra 13.2.01 (art. 129 de la ley 24.522). Por último, impuso las costas a los accionados por haber resultado partes sustancialmente vencidas (art. 68 CPCCN).

Para así decidir, el sentenciante entendió: i) que no se encontraba controvertido en autos el incumplimiento en la entrega de la unidad adquirida por los accionantes por no haber sido remitida al concesionario vendedor la documentación necesaria para el patentamiento e inscripción del automotor en el Registro de la Propiedad Automotor correspondiente; ii) que del análisis de la pericia contable producida en la causa se extraía que los actores habían abonado el precio del rodado, no resultando, por ende, imputable a su parte el incumplimiento en la entrega del automotor; iii) que el testimonio vertido por la testigo Karina Muñoz daba cuenta de la operatoria realizada en el marco de la compraventa concretada, así como de la falta de entrega de la documentación pertinente; iv) que las partes resultaban contestes respecto a la falta de entrega por el concesionario de la documentación perteneciente al rodado adquirido por los actores, la cual había sido remitida por "General Motors" a "GMAC S.A.", en su carácter de empresa encargada de financiamiento de los automotores fabricados por la terminal; v) que la obligación de entregar la cosa enajenada recayó sobre Laprida S.A. que, por ser una empresa dedicada a la venta de automotores al público, debía poseer una organización eficiente para satisfacerla en tiempo razonable; vi) que dicha circunstancia no ocurrió en la especie, toda vez que, si bien de las constancias de la causa se constató la remisión del rodado a la sede de Laprida S.A., la falta de entrega de la documentación pertinente no permitió efectivizar la tradición del automotor a los adquirentes; vii) que "General Motors" reconoció haberse desvinculado del concesionario vendedor con fecha 10.08.00, habiéndose celebrado la operación de compraventa en fecha anterior al cese de la concesión; viii) que las cuestiones introducidas por "General Motors", inherentes a la relación jurídica habida entre la vendedora y la empresa encargada del financiamiento de los rodados adquiridos por Laprida S.A., no resultaban oponibles a los adquirentes, en el caso, terceros de buena fe; ix) que, en consecuencia, no habiendo "General Motors" -en su carácter de fabricante y emisor de la documentación pertinente- facilitado la entrega de los documentos necesarios para la inscripción del rodado a nombre de los actores, resultaba también responsable por una deficiente ejecución de las obligaciones a su cargo como fabricante, debiendo -por ende- condenársela conjuntamente con Laprida S.A. a entregar a los demandantes un automotor 0 Km marca Chervrolet, Modelo Corsa 3 puertas, Wind, Diesel, 1.7. dentro del plazo de diez días de notificado, o en su defecto reintegrar las sumas oportunamente abonadas con más los intereses.

III.- Los agravios.

Contra dicho pronunciamiento se alzaron los actores, la codemandada General Motors de Argentina S.A. y la sindicatura de Laprida S.A. Sin embargo, únicamente fundó el recurso de apelación interpuesto General Motors de Argentina S.A., que fue contestado por la demandante en fs. 1016/20.

Se agravió GMA que el juez a quo realizó una errónea y parcial interpretación del contrato de concesión automotriz, y en tal sentido la quejosa sostuvo que al ser el concesionario un comerciante independiente que actúa en nombre y riesgo propio, su parte no era responsable por el incumplimiento de la obligación en que éste incurriera en la entrega del rodado, al no existir vínculo contractual alguno entre la compradora y GMA y encontrarse -por lo demás- fuera del control que el fabricante puede ejercer lo atinente la solvencia o insuficiencia patrimonial del concesionario.

Se quejó además, de que el juez no efectuó ninguna distinción sobre las obligaciones asumidas entre el actor y el concesionario, sosteniendo erróneamente que el fabricante debía hacerse cargo de éstas, sin siquiera considerar que la controversia no fue generada por un defecto de fabricación ni debido a un error en la emisión y entrega de la documentación correspondiente al vehículo.

De su lado, afirmó haber efectuado un seguimiento del obrar del concesionario que determinó la rescisión del contrato de concesión con fecha 10.8.2000.

Seguidamente destacó que no correspondía condenar a su parte a restituir el precio que el actor abonó a Laprida por la adquisición del vehículo, aseverando, que éste en ningún momento lo había ingresado en el patrimonio de GMA.

Refirió que el concesionario, como comerciante independiente, no actúa en representación ni como mandatario de G.M.A. Manifestó que, en consecuencia, no podía responsabilizarse a su parte por las obligaciones que el concesionario asumió con los actores, ya que actúan por cuenta propia y tienen autonomía en la dirección de sus negocios. Por ende, especificó que el contrato de compraventa que Laprida celebró con los actores debe considerarse res inter alios acta respecto del fabricante.

Al respecto, añadió que tampoco existían "datos" que involucrasen a GMA en la cuestión debatida, ni existía incumplimiento de las obligaciones respecto del contrato de concesión, porque entregó tanto el rodado como la documentación. De modo que si por razones que le son ajenas, Laprida no pudo entregar dicha documentación, cabía concluir en que el concesionario era el único responsable por las consecuencias de esa omisión.

De su lado, refirió que tampoco cabía extenderle la responsabilidad prevista por el art. 40 ni resultaban aplicables los arts. 11 y 13 de la ley 24.240, por cuanto no se trataba de una controversia por daños experimentados por el consumidor resultante del vicio o riesgo de la cosa o de la prestación del servicio por él recibido, lo cual no aconteció en la especie, al haberse generado el reclamo a partir de un incumplimiento contractual del concesionario.

En definitiva, reiteró que no le asistía responsabilidad solidaria alguna ya que la causa del daño le había sido ajena.

Finalmente se agravió por el otorgamiento del rubro "gastos de movilidad", y por la imposición de costas a su parte.

IV.- La solución debida al caso.

1) El thema decidendum.

Delineados del modo expuesto los antecedentes del sub-examine, el thema decidendum en esta instancia consiste en determinar si corresponde responsabilizar a General Motors de Argentina S.A., por la falta de entrega de la documentación correspondiente al rodado asignado a los actores y remitido al concesionario Laprida. En otros términos, si procede receptar la pretensión deducida y condenar a ambos codemandados por cumplimiento del automotor 0 Km individualizado en el escrito de inicio y entregarlo con su respectiva documentación y patentamiento a los compradores Poggi y Correa.

Al examen de dicha cuestión me abocaré seguidamente.

2) Cuestión preliminar.

No paso por alto que si bien en los autos: "Presas, Guerra J. c/ Ford Argentina S.A.", de 15.06.06, (LA LEY, 2006-E, 509) señalé que el concedente o fabricante no responden -en principio- por los incumplimientos de la concesionaria, más lo cierto es que en esta controversia, se arribará a una solución distinta, toda vez que se trata de una plataforma fáctica diversa, provista de elementos de juicio suficientes, y de una seria argumentación jurídica, que justifican que el veredicto sea necesariamente disímil.

3) Lo relativo a la obligación de entrega de la documentación del rodado comercializado.

Efectuada la precedente aclaración, he de comenzar refiriendo a lo atinente a la obligación de entrega de la documentación del rodado adquirido por los actores.

Al respecto, GMA reconoció haber entregado la documentación del vehículo a G.M.A.C. en razón de la relación contractual habida entre el concesionario y esta financiera, siguiendo "una instrucción irrevocable de Laprida" impartida contractualmente, según surge de la cláusula 1º del anexo I -"Cláusulas Adicionales"- del contrato de crédito prendario celebrado entre ambas.

Afirmó que para abonar el precio del vehículo, Laprida se valió de un crédito otorgado por GMAC, lo que motivó la suscripción del respectivo contrato de prenda flotante con registro, constituyéndose el concesionario en su deudor, y que ante el incumplimiento de Laprida en relación a esa línea de crédito, la documentación del vehículo fue retenida por la compañía financiera. Expresó que el precio del vehículo fue abonado a GMA por GMAC, "por cuenta y orden de Laprida" el 04/11/2000; reintegrándole GMAC también la documentación del automotor a la concedente, todo ello, después de operada la rescisión del contrato de concesión concretada el 10/08/2000.

A renglón seguido, GMA aseveró que GMAC y el concesionario celebraron un convenio de dación de bienes en pago por deudas preexistentes; sin embargo resulta evidente que ello sólo pudo ser "consensuado" por Laprida, ante la imposibilidad de cumplir con la prestación asumida ante el comprador. Adelanto que ello -por cierto- fue en claro desmedro de los derechos emergentes del contrato de compraventa que celebró con los actores, como consecuencia de lo estipulado en la cláusula tercera del contrato de prenda flotante (fs. 323) y constreñido por las circunstancias, ya que aconteció -reitero- después de rescindido el contrato de concesión. No soslayo tampoco que el préstamo carece de precisiones respecto de fecha de celebración importes, tasas de interés y plazos, etc, todos ellos en blanco, entre otros datos que tampoco se puntualizan en el escrito de responde.

Lo precedente no evidencia otra cosa más que el único propósito de dicho préstamo fue el otorgamiento de mejores garantías de los créditos otorgados inicialmente, a fin de garantizarse el concedente la cobranza del precio del vehículo con garantías reales.

Lo hasta aquí dicho demuestra que el concesionario incumplió la prestación asumida en razón que no le fue posible tramitar el patentamiento del automotor por haber sido retenida la documentación pertinente por la financiera, circunstancia, que -adelanto- no le resulta ajena al concedente, al no constituir extremo controvertido que ésta fue directamente remitida a GMAC.

Al respecto, cabe recordar que para perfeccionar la venta de un automotor no basta con la entrega de la posesión sino que la adquisición del dominio requiere ineludiblemente el suministro de la documentación del automotor necesaria para efectuar el patentamiento (o su posterior transferencia). Es sabido que la transmisión del dominio de los automotores debe formalizarse por instrumento público o privado y solo produce efectos entre las partes y con relación a terceros desde la fecha de su inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor y para lograrla, no hay otro medio que el de acudir al mentado patentamiento del automotor 0km., que es el rígido íter marcado por el legislador (Decreto ley 6582/58, Decreto 1114/97, ratificado por decreto-Ley nº 14.467 y las modificaciones introducidas por las leyes nº 25.232, 25.345 y 25.677 y 26.348). Sólo la inscripción en el Registro de la Propiedad del Automotor confiere aquel derecho, por ser de naturaleza constitutiva.

Así las cosas, la entrega de la documentación pertinente por parte de la concedente para el logro de la inscripción registral, constituye un accesorio de la cosa vendida, que por su naturaleza es fundamental para que el adquirente pueda gozar del derecho transmitido. En consecuencia, al haber incurrido el fabricante en dicha omisión, se genera el incumplimiento de una obligación que lo torna responsable por la imposibilidad transmitida al concesionario "oficial", de no poder efectuar la tradición del vehículo sin el patentamiento a favor del comprador que lo abonó al contado, quien en razón de ello está facultado para demandar el cumplimiento o la resolución del contrato de compraventa con más los daños y perjuicios experimentados (arts. 1420, 1204 del Cód. Civil y 216 del Cód. Com.).

Tal como adelanté, en atención a dichas circunstancias y a los fundamentos que infra desarrollaré, el cumplimiento de la obligación de entregar el rodado se hizo imposible por culpa de ambos demandados. Respecto del concesionario, por cuanto no demostró haber remitido el precio del vehículo a la financiera ni a la concedente; y en relación a esta última, por cuanto pese a conocer que el vehículo transferido al concesionario tenía asignado un comprador, entregó la documentación necesaria para su patentamiento a la financiera, desatendiendo conscientemente las consecuencias que ello conllevaba para el consumidor.

Repárese en que el concedente ha diseñado un procedimiento que consiste en remitir a la financiera GMAC todos los documentos hábiles para realizar la inscripción dominial de la unidad 0 km, a quien ineludiblemente deben acudir los concesionarios como mecanismo forzoso para garantizarse GMA el cobro del precio de los autos que comercializa a los concesionarios.

Quien procede de ese modo olvida que no puede imputarle responsabilidad exclusiva de la inejecución contractual a su cocontratante (o sea, el concesionario) si -como aconteció en la especie- voluntariamente ha privado a este último de los medios necesarios para lograr la consolidación del dominio a favor del consumidor.

4) El contrato de concesión interpretado a la luz de la doctrina de los denominados contratos conexos Aclarado lo anterior -y avanzando sobre la fundamentación de la solución del sub lite- tengo presente que si bien el concesionario adquiere la propiedad de los bienes para revenderlos a terceros, actuando a nombre propio frente a éstos y soportando los riesgos del negocio celebrado, su retribución está constituida por la diferencia entre el precio de compra al concedente y el de venta al consumidor (cfr. Boretto, Mauricio, "Tutela del consumidor en el contexto negocial de los contratos de distribución" RDCO 2003-487).

De este modo, el de concesión es una especie dentro de los contratos con finalidad distributiva, que alcanza su objetivo a través de grupos de contratos conexos vinculados en un sistema de distribución; a ello cabe agregar que en la modalidad contractual interna de la relación "concedente-concesionario" se gesta una desigualdad negocial en la que prevalecen los términos impuestos por la terminal automotriz, que se revela en la celebración del contrato por adhesión a cláusulas generales, y la imposición de condiciones en la etapa de cumplimiento. Apréciese que si bien se le autoriza el uso de la marca, no hay vínculo representativo entre el concesionario y el concedente, al actuar el primero a nombre propio y a su propio riesgo. Sobre esto volveré infra.

Así las cosas, cabe destacar -siguiendo a Lorenzetti- que en la colaboración gestoria, una persona se vale de otra para realizar algunas tareas que no puede hacer por sí misma, produciéndose una descentralización de ejecuciones. Lo que antes ejecutaba el titular por sus propios medios, ahora lo hace a través de otro (cfr. Lorenzetti, Ricardo, "Redes Contractuales, contratos conexos y responsabilidad", Revista de Derecho Privado y Comunitario. Responsabilidad Contractual I, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 1998, págs. 207/261).

En todos los casos, la imputación llega hasta el titular del interés: cuando hay representación es directa, cuando hay mandato no representativo es indirecta y cuando hay gestión, se produce a través de la ratificación posterior.

En ese encuadramiento, resulta evidente que los grupos de contratos de colaboración gestoria comprenden las redes de distribución, tales como los grupos de franquicia o de concesionarios. En las redes hay un contrato marco como medio para alcanzar fines individuales y comunes, y por ello se generan relaciones bilaterales entre concedente y concesionario que representan los objetivos individuales. Además existen relaciones entre todos los miembros de la red, porque saben que obtienen de ella un beneficio adicional, que es el incremento de la distribución y de las ventas. El contrato marco regula el aspecto común de las redes. Tiene un carácter asociativo, no es una sociedad porque hay empresas independientes entre sí y no hay un beneficio común a repartir; existe porque hay un interés común que se alcanza cuando una parte contratante posee interés personal y directo en la obligación de la contraparte. Una de las partes obtiene satisfacciones indirectas a través de la prestación que realiza la otra, sin que exista un vínculo de cambio. Así las cosas, de esa actuación concertada produce una utilidad que excede la noción de contraprestación.

En este contexto, la conexidad contractual trasluce un interés asociativo que se satisface a través de un negocio que requiere de varios contratos unidos en un sistema. En tal caso, la causa asociativa negocial o conexidad, vincula sujetos que son partes de distintos contratos, que pueden tener o no el mismo tipo.

De allí que, en los supuestos de conexidad contractual, el elemento asociativo se sitúa en el plano del negocio o sistema y no del contrato en sí mismo. Ergo, no es entonces un elemento esencial del contrato sino un presupuesto para el funcionamiento del sistema.

De tal modo, la conexidad mantiene unidos a los contratos, pero estos conservan su autonomía. En ese marco, lo importante en derecho, es establecer que la misma, aunque muchas veces es inasible, se solidifica, erigiéndose en fundamento basal para establecer obligaciones concretas entre los integrantes del sistema y hacia terceros.

4.1) Conexidad contractual y deberes colaterales sistemáticos.

De lo hasta aquí dicho, es claro que en la conexidad hay un interés asociativo que se satisface a través de un negocio que requiere varios contratos unidos en sistema; la causa en estos supuestos vincula a sujetos que son partes de distintos contratos, situándose fuera del vínculo bilateral pero dentro del sistema o red contractual. Ello significa que hay una finalidad económico-social que trasciende la individualidad de cada contrato y que constituye la razón de ser de su unión; si se desequilibra la misma, se afecta todo el sistema y no solo uno de los contratos. Esta causa reside en el funcionamiento integral y eficiente del sistema, a tal punto que se ha llegado a afirmar que quienes son parte en los contratos encadenados no resultan "verdaderos terceros", en lo que a la esfera de la responsabilidad respecta (cfr. Esper, Mariano, "La relación entidad administradora-entidad bancaria en el sistema de tarjeta de crédito y sus efectos frente a terceros", JA, 2000-III, ps. 912 y ss.).

Al respecto, refiere Lorenzetti que las uniones de contratos de este tipo, requieren de una interrelación económica y técnica que debe ser mantenida para su funcionamiento, conformándose el equilibrio objetivo que denominamos causa sistemática. Son incompatibles con éste las cargas excesivas que la empresa concedente vuelca sobre los demás contratantes integrantes de la red, como así también cuando la empresa establece cláusulas abusivas que desequilibran el sistema haciendo que sólo los consumidores soporten los riesgos. En esa esfera, es claro que los deberes secundarios de conducta corresponden a todas las partes y la causa sistemática deviene en una suerte de "elemento moralizador".

En esa órbita, es nítido que si bien el titular del interés afectado es directamente aquél sobre cuyo patrimonio repercuten los efectos del acto que se obtiene mediante la colaboración de otro, lo que interesa en el caso no es hacer hincapié en el interés de un titular individual sino del grupo o agrupamiento, es el interés en el funcionamiento del sistema.

En esa inteligencia, existen grados de conexidad que pueden transformarse en dominación, en integración vertical, en la que desaparece la autonomía negocial y -por ende- la ajenidad de riesgos.

Bajo ese encuadramiento, el principio de coordinación, que se deriva de la existencia conexa de contratos en torno a un interés sistemático, causa la existencia de obligaciones. No se trata de contratos de coordinación, sino de obligaciones o deberes secundarios de conducta, que se adosan entre sí, de modo sistemático. Ello significa que todos los integrantes de una red contractual tienen una obligación de colaborar en su mantenimiento. Todos deben obrar de modo tal que no destruyan el sistema.

Lorenzetti, al indagar respecto del equilibrio del contrato y del sistema, aborda la cuestión de:

i) La correspectividad sistemática de prestaciones, y señala que sirve para juzgar el equilibrio, la reciprocidad, la conmutatividad entre lo que da y entrega cada parte en el momento de celebrar el contrato y a lo largo de su desarrollo, y fundamentar la excepción de incumplimiento contractual, el pacto comisorio y la excesiva onerosidad sobreviviente.

Sobre este punto refiere que existen vasos comunicantes entre obligaciones diversas de un contrato, aunque no estén interrelacionadas entre sí. La calificación de abusividad y de interrelación toma en cuenta tanto las prestaciones nucleares como los deberes secundarios de conducta, accesorios, dando lugar a una "interpretación global". Estas herramientas han sido desarrolladas para el mantenimiento del equilibrio contractual, a la que hay que adicionarle otras similares para el equilibrio del sistema, cuando se trata de vínculos que se entrelazan entre sí. Hay, pues, una "correspectividad bilateral" y una "correspectividad sistemática" de las prestaciones.

ii) Asimismo alude a la existencia de deberes colaterales sistemáticos, y define al "sistema" al que venimos refiriendo como un conjunto de partes interdependientes de modo tal que una de ellas no puede existir plenamente sin el concurso de las otras, pues aunque sean contratos distintos no pueden convivir uno sin el otro; no funciona ninguno si el sistema fracasa.

De ello se colige que el incumplimiento de las obligaciones contractuales no se agota en sus efectos bilaterales, sino que repercute sobre todo el sistema.

Esta circunstancia da lugar a una serie de conceptos que, desde este punto de vista deben comenzar a desarrollarse en una economía caracterizada por prestaciones masivas y vinculadas a través de redes, tales como: a) la finalidad supracontractual, que se refiere a los objetivos buscados y solo obtenidos a través de una red de vínculos, y b) los ya mencionados deberes secundarios de conducta, respecto del funcionamiento del sistema (y sobre lo cuales abundaré más abajo).

Las uniones de contratos de este tipo, requieren -pues- de una interrelación económica y técnica que debe ser mantenida para su funcionamiento, conformándose el equilibrio objetivo que denominamos causa sistemática.

iii) Finalmente refiere Lorenzetti a la afectación de la causa derivada de la traslación de riesgos a los consumidores (punto relevante sobre el que se ahondará infra) y acota que la concedente muchas veces busca trasladar los riesgos a los consumidores mediante una serie de cláusulas que provocan -al perjudicar a la concesionaria, parte que tiene relación directa con los consumidores- ese efecto. De allí la rescisión unilateral incausada, la limitación de responsabilidad, la modificación unilateral de precios, y otras que la jurisprudencia ha descalificado. Y más adelante puntualiza, "si la empresa no disminuye sus riesgos sino que los traslada a los consumidores, afecta el equilibrio sistemático" (págs. 226/231).

Descriptas tales notas cabe pues profundizar aún más sobre las principales consecuencias de la caracterización expuesta. De ello nos ocuparemos seguidamente.

4.2) El control a través de la red.

4.2.a) Estructura interna de la red.

Una de las cuestiones que plantean las redes contractuales es el problema de las relaciones internas.

No se trata del problema de los derechos y deberes de las partes, sino de la conformación del sistema de contratos. Al respecto, tras analizar las características del contrato de concesión, Lorenzetti, señala que debe ser analizado con un "sentido funcional", es decir, sin perder de vista que es el componente de un conjunto de otros contratos idénticos celebrados por el fabricante, para facilitar la existencia de nuevas bocas de expendio de sus productos para el mercado, formando parte de una red de distribución integrada y sometida a su dirección y poder, lo que se expresa en una "subordinación económica" de las empresas agrupadas, que subsiste aun cuando se advierta la autonomía patrimonial y jurídica de los concesionarios.

Esta caracterización produce una presunción de la existencia de dominación, de lo que se hace derivar una serie de consecuencias protectorias de la parte débil.

Desde su punto de vista, no es exactamente el hecho económico de la dominación, de por sí inasible, sino la existencia de instrumentos de control objetables, lo que produce la aplicación de normas de protección de la parte débil.

Respecto de las técnicas de control, destaca Lorenzetti que existen técnicas de control externo, que puede ser obtenido mediante un "entorno" contractual: préstamos financieros, asistencia técnica, management, cesión del uso de la marca y otros vínculos que dejan libre a la sociedad controlada en su aspecto interno, pero limitan fuertemente su campo de actuación. En ese control externo la sociedad ha delegado gran parte de sus actividades que son realizadas por otro sujeto, o por varios que pertenecen a una sociedad controlante.

Otra técnica está referida al control de la prestación: en este caso un contratante contrata con otro una determinada prestación y la controla de manera tal que limita su margen de autodeterminación. Ese control existe en los vínculos de colaboración autónomos.

Centrándose en esta última técnica, señala que en el vínculo de colaboración hay una finalidad común, un contrato con un tercero que uno no puede hacer solo y entonces delega en otro. Consecuentemente hay una función de cooperación de las partes para alcanzar el fin que ha determinado el advenimiento del vínculo. En los negocios de colaboración autónomos hay una intromisión del titular del interés sobre la actividad de quien realiza la colaboración y está destinada a precisar el objeto del encargo.

Otros controles permiten una intervención muy fuerte de uno de los contratantes no sólo en la prestación, sino en toda la actividad del otro, como son los que autorizan a quien presta dinero, con facultades de hacer auditorias, imponer deberes de comportamiento empresario, objetivos a alcanzar y muchas otras conductas que obedecen a asegurar el riesgo económico y no a proteger la parte débil. En la concesión también hay fuertes controles, aunque menos intensos que en la franquicia, porque los elementos en juego en la primera son tangibles (automotores, y marca) y más fáciles de proteger. Suele haber obligaciones de compra, ventas mínimas, obligación de promoción, de no concurrencia, de diseño de los locales, supervisión contable, préstamos financieros continuos que ejercen un control muy fuerte sobre el concesionario.

El control sirve también para aumentar la capacidad de venta de todo el grupo. Por ejemplo, la exclusividad impuesta a la concesionaria, afirma en los hechos la superioridad del fabricante durante la vigencia del contrato y, el control que se establece sobre las conductas y patrimonios de los componentes (que el procedimiento de concentración agrupa), surge como el medio utilizado por la parte directriz para realizar y conservar la "unidad de decisión", incluso para aumentar, en un momento dado, la capacidad de agresión de cada unidad del grupo dentro del mercado.

Como efecto de lo anterior se concluye en que la existencia de un control de la prestación de los vínculos de colaboración autónoma, en el plano del derecho del consumidor, puede crear una apariencia jurídica frente a terceros que haga responder al controlante frente a los terceros en virtud de la buena fe creencia creada.

Es que, en definitiva, en el plano de la responsabilidad la regla es "a mayor intervención en la prestación, mayor responsabilidad" (pág. 239). Dicha regla habrá, pues, de servir como parámetro para lo que resta en la solución del sub examine.

4.2.b) El ejercicio abusivo del control y las reglas secundarias de conducta como límite a sus efectos perjudiciales Llegado a este punto, es de menester manifestar que el control y el ejercicio del poder de dirección que del mismo se deriva están sometidos a límites internos que definen su uso regular. En las redes de contratos el control debe ajustarse a la finalidad que representa el funcionamiento de la red. El límite a estas conductas está dado por una desviación de la finalidad. Si la causa sistemática es el mantenimiento de la red o la disminución de los costos, todas las conductas del concedente pueden examinarse conforme a ese Standard.

Si el poder de dirección se usa para una finalidad desviada, como por ejemplo para trasladar costos o riesgos desde las terminales a los concesionarios, se configura un supuesto de uso abusivo.

En el contrato de concesión, la concentración vertical, y la existencia de una red de distribución integrada y sometida a su dirección y poder, se expresa, en una "subordinación económica" de las empresas agrupadas, que subsiste, aun cuando se advierta la autonomía patrimonial y jurídica, por lo que corresponde reiterar que la existencia de instrumentos de control objetables, es lo que produce la aplicación de normas de protectorias de la parte débil.

El control de la red se logra a través de una serie de cláusulas que son sospechosas de abusividad.

Así las cosas, en el ámbito de los contratos con consumidores, universalmente, se ha avanzado en modo considerable en el desarrollo de herramientas de protección, en cambio, en los contratos en que no participa un consumidor la cuestión dista de tener una respuesta satisfactoria, siendo que existen vínculos contractuales que presentan una desigual posición de sus celebrantes.

Aparece así la necesidad de protección al empresario débil. La cual es referida -a partir de la observación de los sistemas jurídicos avanzados- como un peldaño necesario en la evolución hacia la justicia contractual; de este modo, la lucha contra el ejercicio de la posición contractual dominante comienza con una regulación general de los contratos predispuestos, luego sigue con la disciplina de defensa de los consumidores, para finalmente delinear pautas legales para combatir la posición dominante en la relación interempresaria.

Cabe entonces, recorrer las distintas alternativas para propender un sistema de protección que dé solución a situaciones de la disparidad contractual que perjudica no sólo al contratante débil, sino al mercado en general agregándole distorsiones que al mediano o corto plazo terminan repercutiendo en el consumidor final (Santarelli, Fulvio Germán, "La regulación del mercado a través del contrato. Una propuesta para la protección del empresario débil", LA LEY, 2007-C, 1044; Lorenzetti Ricardo Luis, en "Nuevas fronteras del abuso del derecho. Situaciones jurídicas lesivas de libertades. Tutela del mercado y amparo", LA LEY, 1995-E, 593; y "Contratos y deberes secundarios de conducta: la libre elección", LA LEY, 1998-B, 1004 y siguientes).

A mayor abundamiento, tengo en cuenta la incidencia que en tales definiciones deben tener las reglas secundarias de conductas -referidas supra-, que son aquellas cuya procedencia, fundamento o fuente deriva, en definitiva, de lo dispuesto por el art. 1198 ap. 1º del Cód. Civil, norma que despliega sus efectos en todo el iter negocial, creando sucesivos deberes que acceden, por conexidad a las prestaciones principales, etc, a cuya observancia se halla condicionado el cumplimiento de tales prestaciones, excediéndolas. En otros términos, existen reglas segundarias de conducta o deberes agregados a los principales que -pactados o no- constituyen contenido de la obligación.

Se trata de deberes derivados del principio de buena fe y de la estipulación implícita consistente en que lo acordado por las partes se integra, además de lo expresado, con lo que verosímilmente entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión, de modo que exorbitan los deberes estructurales del contrato. Se fundan en deberes de convivencia y de solidaridad social (Stiglitz, Rubén, "Derecho de Seguros", T. I nº 441 edición 1997).

En ese ámbito, la obligación de seguridad es una suerte de obligación secundaria implícita, que existe, cuando de cierta actividad o de un servicio prestado en razón de ella, resulta un daño a las personas que participan de la actividad o participan del servicio, o de sus bienes. Es decir, al entrar en tratativas contractuales surgen deberes de cuidado, protección y lealtad, los cuales generarán en caso de su violación una responsabilidad objetiva por violación de confianza despertada o una responsabilidad por la apariencia creada, correspondiendo el resarcimiento del daño causado.

De modo que si la concedente, para optimizar su rentabilidad, delega operativamente un aspecto de su actividad que le compete -tal como acontece en la comercialización de automotores, que deja en cabeza de los concesionarios-, debe obrar con eficiencia y diligencia en la implementación del sistema ofrecido, previniendo eventuales daños a los bienes de terceros, como contrapartida de las utilidades y beneficios que obtiene de los consumidores, lo que implica que sean lo suficientemente aptos, como también reparar los daños que el incumplimiento de dicha obligación puede generar.

4.3) La obligación de las partes a contribuir al sostenimiento del grupo y la incidencia de los efectos padecidos por los terceros.

Siguiendo el orden expositivo de la cuestión, y con base en la causa asociativa del sistema de contratos, se puede encontrar un deber secundario de conducta -enmarcado también en la órbita de la buena fe- consistente en el sostenimiento del grupo.

Lorenzetti, explica que los contratos tienen por objeto un complejo de obligaciones que incluyen las denominadas nucleares, las accesorias y los deberes colaterales, estando estos últimos presentes, no sólo en el contrato, sino también en los períodos previos al comienzo y posteriores a la finalización del vínculo, en virtud de que su fuente es legal, y reside en el deber de celebrar y ejecutar los vínculos negociales de buena fe ("Contratos y deberes secundarios de conducta: la libre elección", LA LEY, 1998-B, 1004). Trátase éstos de efectos entre las partes.

Pero este tipo de contrataciones también irradia -conforme señalé con prelación- efectos frente a terceros.

Es que si bien entre la concedente y los concesionarios hay dos o más empresas que actúan en red, celebrando contratos diferentes y autónomos respecto de un tercero, se ha dicho que desde el punto de vista del cliente que recibe una satisfacción a través de dos o más contratos, los mismos se presentan como relacionados, siendo válido emplear la noción de dependencia recíproca para justificar algunos efectos.

Al respecto, tengo presente que los arts. 1, 4, 5 y 40 de la ley 24.240 dan lugar a que muchos deberes colaterales puedan ser imputados a diversos integrantes de la red, siendo una clara fuente de responsabilidad hacia terceros. Ello con base en la expectativa jurídica creada, en el deber de previsión y de protección respecto de los compradores, así como en la obligación de seguridad, supra aludida.

En todos estos casos puede advertirse que los denominados deberes colaterales de información, de previsión, de protección y otros, ocasionan que incluso quien no es contratante directo -pero es integrante de una red de prestaciones- deba resguardar al consumidor en virtud de la expectativa jurídica creada.

Sobre estos aspectos volveré más adelante.

5) En torno a la prueba obrante en la causa Bajo el encuadramiento expuesto, y antes de pasar a examinar las principales defensas de la concedente, considero dirimentes para la solución de esta controversia, ponderar las siguientes circunstancias demostradas en este proceso:

a) Que GMA emitió la factura del automotor con fecha 04.05.2000 a nombre de Laprida (fs, 318) y que entregó el vehículo al concesionario el 09/05/2000.

b) Que la parte compradora el 11/05/2000 abonó íntegramente el precio del automotor adquirido, con más los gastos de patentamiento, (total $ 15.208) después de constatar que éste se encontraba en la sede de un "concesionario oficial" de GMA.

c) Que Laprida no pagó el auto a GMA ni a GMAC.

d) Que resultaron infructuosos los requerimientos de entrega del automotor y pedido de explicaciones formulados por los compradores a Laprida, según surge del acta de constatación notarial del 21 y 22 de junio de 2000 (fs. 56/57) y el requerimiento cursado por carta documento del 06/06/2000 (fs. 59) cuya entrega había sido prometida por fax del 04/05/2000 (fs. 60).

e) Que su vez, Laprida por carta documento había interpelado a la concedente, intimándola a gestionar la liberación de la documentación correspondiente a los automotores que identifica en fs. 58, con resultado negativo, insisto sin haber pagado el precio del automotor, el que recién habría sido cancelado por GMAC por cuenta y orden del concesionario el 04/11/2000.

f) Que, asimismo, los demandantes efectuaron el reclamo nº 9314 a la concedente (fs. 61), quien le manifestó que se hallaban abocados a solucionarle el problema, solicitándole además telefónicamente, con fecha 01/08/2000 la remisión de las copias de los recibos de pago, los que fueron enviados por fax.

g) Que pese a los requerimientos cursados por el concesionario y los consumidores, resultó infructuosa la liberación de la documentación extendida General Motors Argentina, quien expresamente reconoció en fs. 217, punto 17 del escrito de responde, que los compradores habían acudido al "Centro de Atención al Cliente de Chevrolet" (fs. 61) y que además en el mes de junio se les había manifestado, que la documentación por ella emitida coincidía con el número de motor y chasis del rodado obrante en la concesionaria Laprida, es decir que era la correcta, por lo que tenían que dirigirse directamente al concesionario para que les solucionara el problema, omitiendo dar información respecto de las verdaderas causas que obstaban a la efectivización de la entrega del vehículo patentado.

h) Que poco tiempo después, el 26/07/2000 GMA comunicó a Laprida la revocación del contrato de concesión, que se tornó operativa a partir del 10/08/2000.

h) Que posteriormente, con fecha 13/02/2001 -y a pedido de un acreedor-, se decretó la quiebra de Laprida según surge de los edictos publicados en el Boletín Oficial (fs 343) - art 89 ley 24.522- agregados por General Motors de Argentina S.A. en fs. 347.

i) Que al contestar demanda GMA admitió haber diseñado su estrategia de ventas en nuestro país, asignado a la firma GMAC S.A. el rol de agente financiero de la red de concesionarios.

j) Que parte del precio de la operación se formalizó recibiendo en pago un certificado dentro de la operatoria denominada "Plan Canje", de manos del actor, como tenedor de ese beneficio. Es decir, dentro del "Régimen de renovación de vehículos" previsto para la modernización del parque automotor a través del esfuerzo mancomunado del Estado y de la totalidad del sector privado relacionado directamente con la problemática de los particulares, potenciales beneficiarios (ver considerandos del Decreto nº 647/05).

Dicho decreto y demás normativa relativa a este tipo de operatorias de compraventa preveían que éstas se llevarían a cabo por las terminales automotrices y sus concesionarios dentro del régimen establecido por ese decreto, recibiendo por ello un reintegro fiscal al 10% sobre el precio de venta al público (art. 2º, decreto citado). Conforme al art. 7º de esa misma normativa, para hacerse acreedores de ese beneficio las empresas terminales de automotrices debían acreditar que habían trasladado ese beneficio al comprador final y realizado adicionalmente un descuento, cómo mínimo, equivalente al que preveía el art. 2 ya descripto. Por todo ello, no cabe escindir a la terminal de las consecuencias de la operación de compraventa que nos ocupa, sujeta a un régimen que la preveía expresamente como parte integrante de la misma. (C.N.Com., esta Sala A, del voto de la Dra. Uzal, 22/07/2008, in re: "Maiorano Rubén Antonio c. J.F.G. S.A. y otro").

6) Inviabilidad de las causales invocadas por el concedente para exonerarse de la responsabilidad ante el comprador en su rol de consumidor.

A esta altura de la solución, entiendo conducente adelantar que las causales invocadas por el concedente para exonerarse de la responsabilidad ante el comprador consumidor no habrán de ser acogidas.

En efecto:

a) En el "Reglamento de concesión", -Disposiciones Generales- se estipula que: "Este contrato no confiere a ninguna de las partes la condición de agente o representante legal de la otra para propósito alguno..."..."El concesionario es exclusivamente responsable de todos los gastos deudas y obligaciones incurridas o asumidas para establecer y operar sus negocios" (fs. 279).

Es evidente que mediante este tipo de cláusulas, se busca o se provoca el efecto de trasladar los riesgos no solo al concesionario, sino también al consumidor, con lo que se afecta el equilibrio sistemático.

Por otra parte, entre las cláusulas mentadas en el préstamo prendario otorgado por GMAC a Laprida a los fines de financiar la adquisición de vehículos comercializados en la República Argentina por General Motors de Argentina S.A., cuadra destacar la inserta en el contrato glosado en copia por la concesionaria, -fs. 320 y ss.-, en particular, en el anexo I -cláusulas adicionales-, en la que se expresa que "GMAC quedará obligada a abonar el precio de cada vehículo a GMA a partir de la fecha de la factura por cuenta y orden del deudor prendario. Si la factura correspondiente no hubiere sido abonada por el deudor prendario a GMAC dentro del 5º día de la fecha de factura de los vehículos, la falta de pago en dicho plazo será considerada como la decisión del deudor prendario de financiarlos bajo el presente y como sus instrucciones irrevocables a General Motors de Argentina S.A. de que la copia de la factura correspondiente a cada vehículo sea presentada directamente a GMAC conjuntamente con la documentación del vehículo (incluyendo el certificado de fabricación y nacionalización, la póliza de garantía y aquellos otros documentos que GMA estime necesarios o convenientes). Al recibo de la documentación, GMAC, siempre que el presente contrato de prenda se encuentre vigente y se hayan cumplido todas las disposiciones del mismo, abonará directamente a General Motors de Argentina S.A. el importe de la factura por cuenta del deudor prendario y el importe así abonado se entenderá recibido por el deudor prendario de GMAC en calidad de préstamo que estará obligado a amortizar de acuerdo con los términos y condiciones del presente. La mera tenencia por GMAC o por el banco depositario, según el caso, de la copia de la factura y de la documentación será prueba concluyente de que la compra por el deudor prendario del vehículo al que esa documentación corresponde ha sido financiada bajo el presente".

No puedo ni debo silenciar la irregularidad notoria que ostenta el mentado contrato toda vez que, como he dicho, se omitieron completar numerosos elementos esenciales para ser tenido por válido.

b) Por sentencia interlocutoria de fs. 402 dictada en Laprida S.A. s/ quiebra, tramitada por ante el Juzgado Comercial nº 6, Sec. 11 (y que en este acto tengo a la vista) se fijó el 28 de octubre de 1997 como fecha inicial del estado de cesación de pagos; es decir a partir de que GMAC de Argentina S.A. decidió cancelar la línea de crédito oportunamente otorgada con fecha 30/09/1994 al concesionario codemandado.

Destacó el síndico, en el informe general, que la concesión en análisis, contenía como componente principal, la relación con el negocio financiero, que lo hacía uno de los negocios de alto riesgo empresario. Agregó que desde abril de 1996 Laprida se encontraba en un precario equilibrio operativo.

Asimismo refirió el representante del órgano falencial que General Motors de Argentina S.A. dispuso un sistema de adjudicación de unidades que obligaba al concesionario a adquirir los vehículos con la intervención de G.M.A.C., cuya denominación social completa es "General Motors Aceptans Company" (fs. 337 vta.), quien en razón de ser su agente financiero otorgaba líneas de crédito para financiar la adquisición de los vehículos por la operación mayorista o el financiamiento de stock. Precisó que el crédito otorgado a Laprida fue garantizado mediante una prenda constituida sobre los vehículos adquiridos por la deudora con la financiación G.M.A.C., ya que la Terminal adjudicaba los vehículos disponibles priorizando la entrega a aquellos que eran adquiridos con el crédito otorgado por dicha financiera.

Expresó el síndico que el sistema implementado obligaba, en la práctica, a no poder concretar la compra de los vehículos mediante el pago al contado al fabricante, aunque de acuerdo a los términos del contrato de prenda flotante podía hacerlo si pagaba dentro del quinto día de recibir la factura. Sostuvo asimismo, que, aún cuando el concesionario hubiese decidido acudir con un cheque certificado para la compra de un determinado número de vehículos, como el sistema de facturación del fabricante dependía de la aprobación de la operación que se concretaba en la casa Matriz, -Detroit- en EE.UU., este trámite originaba demoras, con motivo del rechazo por diferencias -aún tratándose de montos insignificantes- en los valores asignados a las operaciones, situaciones que descartaban la posibilidad de obtener vehículos en operaciones de contado. De todos modos -y conforme se adelantara- Laprida, no giró el precio abonado por los compradores a GMAC ni a GMA.

Ahora bien: el crédito obtenido a través de GMAC obligaba al pago de intereses respecto del precio de los vehículos entregados aún mientras permanecían "en exposición" en la concesionaria, a la espera de un comprador; luego se debía cancelar el capital obtenido en préstamo dentro de las 48 hs. de producida la venta a terceros o a los 180 días de la adquisición, lo que sucediera primero.

Obviamente, si la operatoria se gestaba siguiendo tales variables, no habría problemas, pero el concesionario no pudo atenerse a estas rígidas pautas, en especial, cuando es sabido que la concedente envía imperativa y discrecionalmente un cupo determinado de vehículos a los concesionarios, sin haber sido éstos requeridos, ni responder a las necesidades del mercado.

Continuó abundando el síndico que el sistema determinó que la documentación del vehículo se encontraba en poder de GMAC por recibirla directamente de G.M.A con lo que la demora en la cancelación de lo adeudado a la financiera, impedía la instrumentación de la titularidad del rodado a favor del comprador, sucediéndose situaciones de conflictos con los adquirentes, pese a hallarse la unidad comprada en los salones del concesionario.

En octubre de 1997 el agente financiero GMAC decidió cancelar la línea de crédito destinada a financiar la adquisición de vehículos comercializados, y a través de la cual Laprida desarrollaba el mayor volumen de venta, siguiendo lo pautado por la concedente.

Pese a la evolución negativa de su patrimonio, GMA acordó con Laprida suscribir un nuevo acuerdo de concesión en diciembre de 1999, siendo dable señalar que el primer contrato fue celebrado el 08/03/1994.

Es útil puntualizar que el tratamiento de estas cuestiones, encuentra su justificación en estas actuaciones, porque fueron introducidas por las partes y así quedó trabada la relación jurídico-procesal con los escritos de demanda y de responde de ambos codemandados y surge de la prueba producida. Por otra parte, el informe general presentado por el Síndico de la quiebra de Laprida, cuyos autos en este acto tengo a la vista, por haberlos requerido, corrobora los hechos referidos por ésta en la contestación de demanda, quien, incluso manifestó haber ofrecido la ejecución de la garantía adicional a la prenda -hipotecaria que cubría ampliamente los probables débitos del concesionario- para que los compradores no sufrieran los perjuicios de la inejecución parcial de su obligación.

c) No desconozco que la concesionaria en la venta directa no reviste el carácter de representante del fabricante, ni que se trata de una persona que actúa en nombre y por cuenta propia, sin perjuicio de lo cual, vista la controversia desde otro ángulo, considero que existe un obrar antijurídico de la concedente que habilita su condena en los términos del art. 1109 del Cód. Civil por no haber entregado la documentación del rodado a un comprador que pagó el bien al contado.

También, el deber de responder de la concedente puede sustentarse en el incumplimiento de las obligaciones del tomador (concesionario) cuando -como en el caso- existió una falta de diligencia activa de aquel -1198 del Cod. Civil- en el ejercicio de sus facultades de elección y de control sobre éste -in eligendo e in vigilando- siendo dable destacar el carácter objetivo de esta responsabilidad, toda vez que no adoptó medidas para prevenir el daño a los consumidores, cuando sabía o debió saber que el concesionario se encontraba en una situación de crisis empresarial seria, lo que evidencia una falta grave de diligencia en el ejercicio de facultades de control del concedente. Al respecto, se ha dicho que en el ámbito del contrato de concesión, el concedente responde por los actos del concesionario cuando exista una falta de diligencia de aquél en el ejercicio de sus facultades de elección y de control sobre éste (art. 1109, Cód. Civil; "Tratado de Derecho de Daños Reparables", Carlos A. Ghersi -Director- y Celia Weingarten -Coordinadora-, T. IV, Parte Especial, La Ley, Julio de 2008, capítulo dedicado a "Daños derivados de los contratos de Agencia, Concesión, Distribución y Franquicia", puntos 4.2.3 y ss.; págs. 84 y ss., por D. H. Zentner y L. J. Fernández).

Asimismo, desde una análoga perspectiva, deberá tenerse en cuenta para dirimir esta controversia, que la concesión de venta de automotores es -conforme ya se señalara- un supuesto de concentración vertical de empresas ya que la concedente ejerce sobre los concesionarios un control permanente de su contabilidad, de sus balances, previsiones financieras, contratos realizados, etc. Viene al caso recordar que el control patrimonial lo ejercen en su mayor plenitud los fabricantes que exigen sistemas contables especiales, se reservan el derecho de inspeccionar continuamente la contabilidad de sus agencias, imponen sus propios entes financieros, se liberan de todo tipo de responsabilidad pecuniaria, para con el concesionario o terceros. Dirigen y determinan en una palabra todo el proceso económico y financiero, así como todo el aspecto comercial de las operaciones de venta de sus productos, que ellos prefieren tercerizar.

Julio César Rivera, señalaba que ya en algunas ponencias presentadas a las II Jornadas Mendocinas de Derecho Civil, pretendieron hacer declarar la existencia de responsabilidad del principal por los hechos del sujeto subordinado técnica y económicamente, con especial referencia al contrato de franquicia (Proposición de María Emilia Lloveras de Resk y Norma Juanes). Desde su punto de vista, Rivera interpreta "que la obligación del concedente de cumplir los contratos celebrados por el concesionario, tiene especial importancia en el ámbito de la concesión de automotores, particularmente en el supuesto de quiebra de la concesionaria que, por lo tanto, no puede entregar los automóviles comprados por los consumidores". En su criterio, debería tenerse en cuenta para solucionar este caso, que la concesión de venta de automotores es -como se apuntara en el párrafo precedente- un supuesto de concentración vertical de empresas, y que la concedente ejerce sobre los concesionarios, por razón de los vínculos contractuales y los reglamentos internos, un control permanente de su contabilidad, balances, previsiones financieras, contratos realizados, etcétera. Además fija los precios de los vehículos y las cuotas que deben adquirir "y por ende revender" los concesionarios. De todo ello no parece imposible fundar una responsabilidad del concedente en el supuesto de incumplimiento del concesionario de las obligaciones asumidas frente a terceros" (Rivera, Julio, "Cuestiones vinculadas a los contratos de ditribución", R.D.P.C. nº 3, págs. 175/176).

De allí que el control externo ejercido por el primero crea, generalmente, una subordinación técnica muy cercana a la dependencia que justificaría -incluso- la responsabilidad contenida en el art. 1113 del Cód. Civil.

Repárese en que General Motors de Argentina SA dispuso la resolución del contrato de concesión comunicándolo con fecha 26/07/2000 indicando que tendría efectos a partir del 10/08/2000, el que fue resistido por Laprida por carta documento de fecha 09/08/2000 en la que además le notificó que rescindía por culpa de la concedente el contrato de concesión (ver fs. 334 y ss). Ergo, debió saber que Laprida contaba con severas necesidades de financiamiento otorgadas por la empresa financiera vinculada estrechamente a su estructura para sufragar la compra de vehículos, -que bien puede formar parte del conjunto económico liderado por la terminal- y que por ende atravesaba una crítica situación de ahogo financiero, encontrándose en un contexto de crisis empresarial, prácticamente terminal para hacer frente -al menos en forma inmediata- a ciertas obligaciones asumidas con los compradores y que por ende, no estaba en condiciones de entregar a sus clientes vehículos vendidos al contado y con cobro anticipado. Es decir, que al no poder seguir operando en la compra de automotores por carecer de capital de trabajo y ante el riesgo de que pudiera vender y cobrar a los clientes unidades que luego no podrían ser entregadas, debió ejercer el suficiente control sobre el concesionario, para evitar la consumación del perjuicio y conculcar la confianza y las legítimas expectativas de los consumidores.

d) De su lado, algunos reconocidos autores, sostienen que: "más allá de la forma jurídica que se utilice para instrumentar la operación, hay un resultado común que trasciende a cada contrato en particular, lo que obliga a atender más que nada a la realidad económica subyacente, con independencia de los límites formales de cada contrato, ya que tales acuerdos reconocen una única causa que fundamenta la unidad del negocio, a pesar de que las prestaciones sean diferentes. Existe un negocio único e indivisible, estructurado simultánea o concatenadamente mediante formulaciones contractuales por las razones que explicita en fs. 154. Celia Weingarten - A. Arancet - L. Cáceres - G. Correa. C. Ghersi - M. Hise, en "Derecho del Consumidor", Capítulo VIII, Editorial Universidad, Mayo 2007).

Retomando el tema de los contratos conexos o coligados Weingarten sostiene que traducen la idea de la unidad económica como fundamento de la conexidad, cuyos efectos principales se proyectan en dos planos: la propagación de las vicisitudes de un contrato conexo sobre el otro (nulidad, anulabilidad, resolución o rescisión) y la extensión de la responsabilidad contractual a quienes participan de un grupo de contratos conexos a partir del reconocimiento de las acciones directas (v.gr., ley 24.999).

La jurisprudencia italiana, que ha elaborado la teoría de los negocios coligados, tiene admitido como principio general que las partes, en el ejercicio de su autonomía contractual, puedan dar vida con un solo acto a contratos distintos, que aún conservando la individualidad de cada tipo negocial y permaneciendo sometidos a su propia disciplina, están sin embargo coligados entre si funcionalmente y con relación de dependencia recíproca, que trae como consecuencia que las vicisitudes de uno repercuten sobre los otros, condicionando su validez y su ejecución.

En ese marco conceptual, y por las razones ya expuestas, entiendo aplicable a la especie la conclusión alcanzada al respecto por Ghersi y Weigarten, al referir que "la propagación de los efectos de un contrato sobre otro lleva a oponer o neutralizar los efectos de uno de los contratos del sistema si en cualquiera de los otros se produce una causal de ineficacia, invalidez, resolución o incumplimiento" (autores, obra y capítulo citado), más allá de lo dispuesto por el art. 1195 del Cód. Civil.

e) GMA sostiene que tampoco resultaría responsable por la falta de entrega del vehículo, ya que este supuesto no estaría subsumido en la ley 24.240, toda vez que no se trata de defectos de fabricación ni de vicios redhibitorios, amparándose en el principio de supremacía del efecto relativo de los contratos, por no ser parte del contrato por el cual el adquirente final accede al bien o servicio (art. 1195 del Cód. Civil).

Pues bien: aún cuando no se trate de daños derivados del riesgo o vicio de la cosa o servicio en el marco de una relación de consumo -art. 40 de la Ley 24.240 (LDC)-, lo cierto es que se ha producido un perjuicio al consumidor derivado de la inejecución de la prestación asumida por el concesionario, que aunque distinto de aquellos, -según el criterio de los autores mentados en el anterior punto-, ello no obstaría a responsabilizar a la concedente ante los compradores por haber entregado el automotor al concesionario sin la documentación necesaria para su inscripción dominial (véase al respecto lo tratado supra, en el punto IV.3), es decir hay aquí un acto propio del otorgante que importa una omisión reprochable de su parte al deber general de no dañar.

Al respecto, tengo presente que la jurisprudencia ha rechazado la idea de extender la responsabilidad del fabricante, amparándose en el carácter de tercero que reviste respecto de la relación concesionario-cliente.

Sin embargo, y siguiendo en ello a Ghersi y Weingarten ("Tratado de Daños Reparables", T. IV,- Diego Hernán Zentner y Leonardo Javier Fernández) una visión más realista del negocio jurídico permitiría extender la responsabilidad a la concedente, sobre las siguientes bases:

(i) Si bien la concesionaria no es una representante del fabricante, el consumidor puede legítimamente suponer que existe tal representación o que está contratando -de forma mediata- con el fabricante, y que por lo tanto, los actos de la concesionaria están avalados por aquél.

(ii) Basta pensar en la gran influencia que tienen sobre el público las marcas y la publicidad; muchas veces las concesionarias operan con un mismo logotipo para la comercialización de un automóvil de una determinada marca. La imagen del fabricante no se disocia de la concesionaria y cuando los potenciales clientes negocian con las concesionarias, suponen que lo hacen con el propio fabricante pero por interpósita persona.

La complejidad del contrato y la falta de información no permiten a los usuarios comprender las reglas y el funcionamiento interno de la operatoria. Estas relaciones internas no interesan al tercero que confía en el pseudo-representante (la concesionaria) como si realmente lo fuera, porque hay una apariencia creada por los fabricantes y esa apariencia es la que lo vincula con los consumidores.

(iii) Quien pretenda adquirir un vehículo nuevo de determinada marca no puede adquirirlo directamente del fabricante, forzosamente tiene que hacerlo por intermedio de alguna de las concesionarias encargadas de su comercialización. Son el medio por el cual el fabricante llega al mercado.

Pero cuando el empresario establece una operatoria para que su bien o servicio llegue al usuario, las formas jurídicas utilizadas o los sujetos que intervienen en él resultan jurídicamente irrelevantes. La posición del usuario no puede variar por el hecho de que el fabricante haya preordenado una determinada organización económica para la comercialización de sus bienes.

(iv) La concesionaria no lleva a cabo una actividad ajena a la finalidad que persigue el fabricante, sino todo lo contrario: es inherente a ella pues forma parte del proceso de distribución para que los vehículos puedan ser colocados en el mercado. Tales actividades resultan inescindibles.

La consecuencia jurídica es la asunción de los daños producidos por parte de quienes intervienen en esta operatoria.

(v) El deber de contralor que debe ejercer sobre la concesionaria v.gr., sobre la situación económica de sus concesionarios o para detectar prácticas irregulares, rescindir el contrato ante el estado de insolvencia patrimonial de la concesionaria, efectuar la debida advertencia al público, etc., se realiza en aras de evitar riesgos.

De esta manera puede verse que, a pesar de la pluralidad de las empresas jurídicamente autónomas, al ser integradas en esa estructura económica (aún fáctica), se genera una apariencia de unidad entre el fabricante y la concesionaria.

Esta apariencia ampara al consumidor y lo legitima para exigir al fabricante el cumplimiento de las obligaciones asumidas por la concesionaria, pues lo que priva es la confianza del consumidor que debe ser protegida (Weingarten y otros, obra citada, pág. 163/165).

En este sentido, cabe recordar que, en el ámbito de los planes de ahorro previo, la Resolución Gral. 8/82 de la I.G.J. establece la responsabilidad de la administradora y del fabricante por actos de la concesionaria, siendo esa también la tendencia jurisprudencial, dada la posición que ocupa el fabricante y/o la administradora dentro de la operatoria económica. Su responsabilidad se extiende a las consecuencias de los actos de los concesionarios y agentes de los fabricantes de los bienes a adjudicar, a través de la apariencia configurativa de un mandato tácito. No soslayo que en estos supuestos el concesionario actúa como agente.

Reiterando conceptos, las concesionarias no son representantes del fabricante, sino que actúan a nombre, por cuenta y riesgo propios y gozan de autonomía patrimonial y jurídica. Se trata de una persona jurídica distinta de la del concedente, lo cual no obsta a considerar que en la mayoría de los casos existe subordinación económica y técnica que se traduce en un poder de dirección y control por medio de inspecciones periódicas, auditorias, etc, y en la política comercial y de operaciones que debe seguir los criterios del concedente, lo que -tal como se vio- incide directamente sobre la suerte de los derechos del consumidor.

Obiter dictum, no paso por alto cierto lineamiento doctrinario innovador y que evidencia una visión de mayor apertura mental que en la hipótesis de haber sido receptado por esta magistrado, hubiese incluso permitido concluir en que en el caso existió un vicio en el sistema de comercialización de los "productos Chevrolet" a través de las redes de concesionarios oficiales, ya que la concedente participó en el proyecto y en su implementación, es decir, lo concibió, lo instrumentó y puso su marca, fragmentando la responsabilidad en los diversos tramos de la comercialización, sin contemplar exhaustivamente la preservación de los intereses económicos del consumidor.

Es que la noción de "daño" proveniente de riesgo o vicio de la cosa", podría verse con mayor amplitud, en el caso del art. 40 de la ley 24.240, es decir, ser interpretada en forma armónica con el carácter protectorio de la misma (arg. arts. 1º, 3º, y 37, LDC).

Insisto: podría llegar a aseverarse que constituye un defecto en la implementación del sistema de comercialización entregar el "producto" al concesionario oficial, sin su respectiva documentación, omitiéndose -paralelamente- informar al comprador la realidad subyacente que obstaba a su entrega, en razón de encontrarse fraccionado el proceso de fabricación, de financiación y de comercialización de aquél.

Es decir, cuando todo ese encadenamiento de contratos sucesivos existe solo en virtud de un negocio jurídico único, en tanto que el tercero consumidor -que desconoce ese entramado, ignora si el automotor fue entregado en consignación o para su entrega al comprador, desconoce si el concesionario pagó o no el precio, ignora la relación existente entre GMA, GMAC y Laprida y fundamentalmente porque no puede optar por contratar directamente con el concedente, permitiría extender la responsabilidad hasta éste, ya que la falta de entrega de la cosa con sus accesorios (documentación) aunada a la falta de información señalada y debido control, constituiría una suerte de "falla" en el sistema de comercialización.

Con esta concepción que -insisto- se halla expuesta sólo a título ilustrativo (más, puntualizo, no hace a la fundamentación específica de este pronunciamiento), es dable ampliar la noción de vicio o riesgo de la cosa o servicio, a "otros" incumplimientos en la entrega del automotor, es decir a supuestos distintos (sea por la vía de que se amplíe la noción de vicio o riesgo de la cosa o servicio, o que se contemple a estos incumplimientos como distintos de los derivados del riesgo o vicio), aplicando por analogía el marco protectorio de la relación de consumo del art. 40 Ley 24.240.

No es un dato menor, que tampoco podría eximirse de responder toda vez que no ha probado que la causa del daño le ha sido totalmente ajena, es decir, que se ha roto el nexo causal (Ghersi-Weingarten, "Tratado de Daños Reparables", T. IV,- Diego Hernán Zentner y Leonardo Javier Fernández, capítulo dedicado a "Daños de los contratos de Agencia, Concesión, Distribución y Franquicia", págs. 74 y ss.; 83 y ss).

En el punto 7 de la obra y capítulo intitulado "La atribución de la responsabilidad en las nuevas formas organizativas empresarias" (fs. 156/158) los autores mencionados refieren que estas estrategias jurídicas de las nuevas estructuras empresarias cuestionan los actuales mecanismos de atribución jurídica y de responsabilidad y exigen una readecuación a la realidad socio-económica, fundamentalmente de la concepción formal del concepto de empresa y del negocio jurídico, que va más allá de la forma jurídica de las manifestaciones externas y llevarla a una concepción económico-funcional del negocio jurídico.

La cuestión -señalan los autores citados- es hacer responsables a otros sujetos o a otras empresas que no revisten el carácter de contratantes directos y con los que el consumidor formalmente no contrata, pero que sin embargo participan de esa actividad y comparten un mismo interés económico.

Partiendo de una concepción objetiva de la empresa como unidad económica -como lo tiene desarrollado la doctrina italiana- todo el grupo de empresas es responsable ante el consumidor o usuario y no únicamente la sociedad con quien el consumidor contrata. Éste es el criterio de gran parte de la doctrina europea, como la italiana, la francesa y la española, que consagran un sistema de responsabilidad solidaria de quienes participan de una misma actividad económica organizada".

Una solución similar -siguen refiriendo los doctrinarios mencionados- recoge el art. 40 de la Ley de Defensa del Consumidor reformada por ley 24.999, al establecer la responsabilidad objetiva y solidaria del fabricante, importador, distribuidor, proveedor, vendedor y quien haya puesto su marca en la cosa o en el servicio. Dicha norma no hace más que consagrar la responsabilidad por el ejercicio de la actividad económica.

Al respecto -agregan Ghersi y Weingarten-, el nexo funcional existente entre las distintas empresas que comparten una misma finalidad objetiva global o común permite la expansión de la responsabilidad de quienes concurren a integrar la organización económica, obteniendo los beneficios.

En las XV Jornadas de Derecho Civil realizadas en Mar del Plata en 1995, se ha sostenido esta postura, que fue receptada, recomendándose: "en los supuestos de conexidad contractual la responsabilidad puede extenderse más allá de los límites de un único contrato, otorgando al consumidor una acción directa contra el que formalmente no ha participado con él, pero que ha participado en el acuerdo conexo a fin de reclamar la prestación debida o la responsabilidad por incumplimiento" (véase Ghersi y otra, ob. cit.).

Resumiendo, entonces, la vinculación económica y funcional existente entre los distintos contratos y el propósito global perseguido a través de la operación lleva a sostener que una de las partes no puede ser considerada como un tercero en sus relaciones con la otra parte del contrato del mismo conjunto. Muy por el contrario, ese vínculo que se establece y la unicidad del negocio realizado justifican la responsabilidad contractual de las partes que han intervenido en este grupo de contratos (véase Ghersi y otra, ob. cit.).

De este modo, el contratante, a través de una acción directa, podría reclamar la prestación derivada de uno de los contratos contra el otro que ha intervenido en el otro contrato conexo, y del mismo modo podría rechazar el cumplimiento de la prestación emergente de un contrato, invocando el incumplimiento del otro contrato, distinto, pero conexo a aquel cuya ejecución se reclama (véase Ghersi y otra, ob. cit.).

Siguiendo la misma línea de pensamiento, la conexidad contractual lleva también a que la interpretación de las cláusulas contractuales deban contemplar la vinculación funcional de los distintos acuerdos y el resultado que se proponen alcanzar las partes con la operatoria, puesto que una interpretación aislada puede conducir a consecuencias opuestas a la economía del negocio y a la intención de las partes. Si la finalidad contractual es alcanzada no mediante un único contrato sino por una multiplicidad de contratos, como contrapartida, una cláusula puede resultar abusiva teniendo presente todo el negocio que se pretende articular y no sólo aquel en el cual está inserta (véase Ghersi y otra, ob. cit.).

Ante estos fenómenos, el derecho debe intervenir para que todo el negocio económico guarde un adecuado equilibrio entre los derechos y las obligaciones. No basta con un equilibrio formal de intereses que exclusivamente atienda a la relación jurídica considerada aisladamente como pretende el constructivismo jurídico, el principio de equidad no permite que alguien se enriquezca del perjuicio sufrido por el otro (véase Ghersi y otra, ob. cit.)..

Asimismo, Celia Weingarten (véase "Incumplimiento o quiebra de la concesionaria y responsabilidad de la administradora", en "Derecho del Consumidor", fs. 162/165) expresa que "la ley 24.999, art. 40, se ha hecho eco de las nuevas formas de fabricación y comercialización de bienes y servicios al establecer la responsabilidad objetiva del fabricante y de todos los que intervienen en el canal de comercialización, superando de esta forma el escollo que implicaba el art. 1195 del Cód. Civil, que impedía que el consumidor pudiera accionar contractualmente contra el fabricante, por ser un tercero ajeno a la relación contractual", para agregar finalmente que la "responsabilidad del art. 40 ampara los daños ocasionados por el riesgo o vicio de la cosa o del servicio, quedando en pie el conflicto que plantea otro tipo de incumplimientos, como podrían ser la falta de entrega por parte de la concesionaria de la unidad adquirida, la retención de fondos e, incluso, la propia quiebra de la concesionaria, entre otros".

7) Razones adicionales que instan a extender la condena a la concedente 7.1) El afianzamiento de la justicia y su correlato de ordenar el resarcimiento del daño patrimonial causado Cabe recordar que a partir de 1976, nuestra Corte Suprema, a través de reiteras decisiones, ha reconocido al valor justicia una trascendente función dentro de nuestro derecho, superando así el estricto criterio legalista que antes imperaba, y que de hecho acordaba a dicho valor escasas proyecciones jurídicas.

En un posición compartida por la doctrina y la jurisprudencia, la Corte admite que el principio de justicia se encuentra incorporado expresamente a la Constitución Nacional a través de su Preámbulo ("afianzar la justicia") reconociéndole un carácter directamente operativo. Es decir, que el principio de justicia, debe operar juntamente con el de legalidad, pasando a constituir ambos el basamento de nuestro régimen jurídico.

A su vez, la Corte actual ha mantenido y reafirmado la vigencia del principio de justicia a través de importantes decisiones, en las que destaca la consagración expresa en la Constitución Nacional de la justicia social (art. 75, inc. 19 y 22) a la que considera "la justicia en su más alta expresión" (causa Aquino" del 21/09/2004 -LA LEY, 2004-F, 95- y más recientemente en "Madorrán", fallada el 05/05/2007) (LA LEY, 2007-C, 258). Por ello, ahora se impone que todas las causas se resuelvan con justicia, cuestión que para el Alto Tribunal tiene fundamento constitucional, legitimando al juez para que profundice el proceso interpretativo cuando la aplicación de la ley conduzca a una injusticia, principio que, a la vez orientará al intérprete en la tarea de desentrañar el sentido de la ley, en la búsqueda de una solución jurídicamente correcta y justa.

En el mismo orden de ideas, en otro fallo, la Corte destacó que "la primera fuente de interpretación de la ley es su letra, pero, además, la misión judicial no se agota en ello, y los jueces, en cuanto servidores del derecho y para la realización de la justicia, no pueden prescindir de la intención del legislador y del espíritu de la norma, todo de manera que las conclusiones armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional (sentencia del 26/04/1983, LA LEY, 1983-C, 139).

Juzgo, en síntesis, que, el sistema o servicio de comercialización implementado por la concedente no ha sido seguro, ya que en la inejecución de la prestación debida por el concesionario no fue ajena la actuación de la terminal, por lo que no puede predicarse la inocuidad de las consecuencias que sus propios actos produjeron al consumidor, quien vio afectada ilegítimamente la integridad de su patrimonio, lo cual no debió ocurrir, conforme a las expectativas generadas por las empresas implicadas en la operatoria común (art. 901 del Cód. Civil).

En efecto, la empresa no aseguró que el servicio y/o sistema de comercialización implementado cumpliera con la finalidad esperada y que no causara daños previsibles.

Cabe recordar que el art. 42 de la Constitución Nacional dispone que "los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho "en la relación de consumo" a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno".

Si bien el art. 40 de la Ley de Defensa del Consumidor, contempla todo tipo de vicios -redhibitorios o no- tales como defectos de fabricación, de diseño, falta de información, etc., analógicamente dicha norma puede ser extendida a supuestos como el traído a consideración de este Tribunal, al quebrantar o conculcar "el deber de seguridad" implícito en el art. 1198, y el deber general de no dañar del Cód. Civil, cuya aplicación no queda limitada al campo contractual, pues se sitúa entre los principios generales del derecho que gobierna.

7.2) Algo más sobre el "principio de confianza" en este tipo de relaciones En el contrato de concesión suscripto por las codemandadas con fecha 08/03/1994 y renovado el 04/11/1999, como "Propósito del Contrato", se explicita "el de promover una relación comercial entre GMA y sus Concesionarios, que estimule y facilite la cooperación y el esfuerzo mutuo para la satisfacción de los clientes. GMA ha establecido una red de Concesionarios autorizados que funcionan en lugares predeterminados para vender y dar servicio de manera eficiente a sus Productos, así como para crear y mantener la confianza y la satisfacción del cliente con el Concesionario y GMA. En consecuencia, GMA depende de cada concesionario y de sus habilidades, capital, equipos, personal e instalaciones apropiadas para vender y dar servicio adecuadamente, proteger su reputación y satisfacer a los clientes con los productos de GMA de una manera que demuestre una actitud diligente para con los clientes. Asimismo, el concesionario cuenta con el apoyo de venta y posventa por parte de GMA y del esfuerzo continuo por mejorar la calidad y competitividad de sus productos. Esta relación comercial requiere un espíritu de cooperación, confianza y seguridad entre GMA y sus Concesionarios. Para facilitar el logro de la cooperación, confianza y seguridad..." (ver, fs. 243 y ss).

Asimismo se indica como "misión" de GMA la de "liderar el mercado en forma rentable, logrando el entusiasmo total de sus clientes" y se agrega que "en GMA se trabaja en equipo con integridad y conciencia ambiental, beneficiando a todos los partícipes del negocio".

De su lado, se refiere que los "valores" de GMA..."se concentran en la superación de las expectativas de los clientes y en el establecimiento de un entorno de trabajo positivo. Dichos valores son: entusiasmo del cliente, trabajo en equipo, preocupación por las personas, mejora continua, integridad, seguridad, innovación...".

Siguiendo tales directivas -emanadas de la misma concedente- corresponde pues, que se haga respetar el principio de la confianza honrando el compromiso contraído tanto por el concesionario como por la terminal automotriz ya que la contradicción entre el "Propósito del Contrato de Concesión", y la conducta posterior, no condicen con la prohibición de contravenir los propios actos.

En ese marco, es dable exigir a la concedente demandada que sea coherente con la propia directiva enunciada (y no meramente declamada) así como con el principio de la buena fe que gobierna toda relación comercial, que junto con el de la confianza tienen un componente de ética jurídica y otro que se orienta hacia la seguridad del tráfico jurídico, valores -ambos- inescindibles.

Juan Carlos Rezzónico expresa que el de confianza es un principio de derecho de gran contenido ético, con desenvolvimiento en el campo interindividual, al ser de especial significación en las relaciones jurídicas patrimoniales, que impone a quienes participan en el tráfico un particular deber de honrar las expectativas despertadas en los demás, en cuanto sean legítimas y fundadas, tanto en la etapa previa a la celebración del contrato, como en su desarrollo y en el plano postcontractual. La confianza, atiende principalmente a la perspectiva del destinatario de la declaración, según el significado que el receptor podía y debía conferirle en miras a todas las circunstancias, en el sentido que la buena fe puede razonablemente darle (cfr. "Principios Fundamentales de los contratos", capítulo XIV, Confianza", págs. 407/410).

Como se viene diciendo, desde la esfera del derecho se crean deberes específicos de conducta, conforme a las expectativas creadas y razonables por parte de los sujetos portantes y cuyo quebrantamiento determina la responsabilidad tanto en el ámbito contractual como en el extracontractual.

El principio de confianza es un verdadero principio general del derecho y significa un nuevo criterio de conducta orientado a la realización de las legítimas expectativas objetivamente suscitadas por situaciones de muy diversa índole. En una economía de mercado, existen dos unidades fundamentales tomadoras de decisiones: las empresas y los consumidores. Si se retiene o se omite informar al consumidor circunstancias que obstaban al cumplimiento de la prestación reclamada, a partir del conocimiento que posee o debe tener el concedente respecto de la situación patrimonial del concesionario (que es el antecedente necesario que permite al consumidor evaluar el riesgo y el costo-beneficio que cada alternativa presenta respecto de las otras posibles), es obvio que la terminal debe responder al no haber advertido sobre los riesgos actuales que corría la inversión del particular -a tal punto que Poggi efectuó el pago íntegro del automotor-. Es claro que la empresa, ante un conflicto de intereses, privilegió la maximización de sus utilidades en detrimento de los derechos del actor.

Juan Ernesto Cambiaso sostiene que si bien el concedente conserva plenamente el control de toda la operatoria, y de toda la red, encuentra reprochable que en cuanto a los terceros, el fabricante se libere de todo tipo de responsabilidad pecuniaria. Ello pues el concesionario, que ante el público aparece sostenido por la potencia patrimonial del titular de la marca cuyos productos vende, resulta ser menos solvente de lo previsto. Es claro -en atención a la configuración del sistema- que la concedente se beneficia con las ventas del concesionario pero no carga con las obligaciones respecto de terceros. Esta es una contradictoria situación de ventaja para quien determina las pautas forzosas a que se ceñirá su concesionaria en un comercio por el que no responde, que presenta diferencias con la compraventa, que se agota en las prestaciones recíprocas, mientras que la concesión es un convenio de carácter permanente que no comprende solo una serie de compraventas futuras, sino que la obligación del concesionario es comercializar una parte de la producción del concedente en las oportunidades y bajo las condiciones que éste fije. Y si bien se ha señalado que la concesión es un convenio de coordinación, no deja de ser un principio cuestionable que en virtud del cual cada empresario explota su propia empresa, asume su propio riesgo y busca su propio lucro, no siendo tan así ya que forma parte de una red de distribución integrada y sometida a su dirección y poder, lo que se expresa en una subordinación económica de las empresas agrupadas, que subsiste, pese a que conservaría, aparentemente, su independencia o autonomía jurídica y patrimonial, cuando es evidente que su empresa está económica y contractualmente ligada a la del concedente ("El contrato de concesión para la venta de automotores", J.A., 138-113).

En esta situación de fuerte asimetría informativa, la confianza es crucial a la hora a tomar decisiones. Se genera mediante distintos mecanismos, como la publicidad, -que fortalece y multiplica el poder de la marca- o por lo que una marca o nombre comercial simboliza, de modo que cuando menor es la información de que dispone el consumidor mayor es la necesidad de confiar. Es decir éste suple la ausencia de déficit informativo con la confianza que es su equivalente funcional. (Celia Weingarten y otros "Derecho del consumidor", cap. IV. "El valor de la confianza en el derecho del consumo").

Desde otro ángulo, se debe recordar que, el bien jurídico tutelado es la confianza que el consumidor deposita en el concedente y concesionario que se le brindará un bien o un servicio eficiente, confiable, seguro y de acuerdo a la expectativa que objetivamente genera (art. 902 y 909 del Cód. Civil). Tal confianza hace nacer obligaciones específicas, conforme a las expectativas objetivas creadas. Si esas expectativas se ven frustradas y causan un daño, nace la responsabilidad -en este caso- objetiva.

En síntesis, el fabricante a través de la publicidad, de un nombre comercial de una empresa con excelente trayectoria, y de un producto de calidad y marca registrada prestigiosa, proyecta una imagen que envía información implícita transmitida a través de esos canales informales, que es de fácil aprehensión por parte del consumidor, como señales de calidad, que generan expectativas razonables y objetivamente justificadas en el sistema implementado de comercialización de sus propios productos, y en la seguridad interna de éste de que no sufrirá daño alguno, -ya que actúa sobre la base de una apariencia de credibilidad generada a partir de una marca de un nombre o de un sistema- y que orientan el comportamiento y guían sus decisiones. Es así como se objetiviza y se acumula a modo de capital social intangible, y es uno de los factores determinantes en la posición competitiva de una empresa (autores y obra citada supra, cap. IV, págs. 539 y ss.).

Al respecto, se ha visto que el consumidor actúa sobre la base de una apariencia de credibilidad generada a partir de una marca, de un nombre, o de un sistema. Esta confianza genera expectativas y quien actúa conforme a esa confianza tiene derecho a que sus expectativas se vean satisfechas y a poner en marcha los mecanismos previstos por el ordenamiento jurídico para obtener su cumplimiento ("Derecho del Consumidor", pág. 83).

La confianza jurídicamente protegida vuelve exigibles las razonables expectativas que objetivamente una declaración, un comportamiento o una apariencia han generado.

Existen efectos jurídicos que no están conectados con una declaración de voluntad, sino con una situación objetiva, y a los que el ordenamiento les adjudica consecuencias jurídicas. La empresa resulta obligada por la apariencia y por la expectativa jurídica creada, y para el consumidor implica una aceptación a esa apariencia que tiene por fundamento a la confianza. Esa situación objetiva, es la que autoriza a atribuir obligaciones conforme a esa conducta que la generó.

De allí que la confianza otorga efectos especiales a determinadas situaciones jurídicas haciendo nacer (a quien sugiera determinada apariencia) obligaciones específicas, conforme a las expectativas objetivamente creadas. La protección de la confianza constituye un centro de atribución autónomo y objetivo de responsabilidad, que tiene operatividad y autonomía propias, abriendo así un camino más en los hechos fuentes generadores de daños, incorporándose a la sistemática de la teoría general de reparación de daños.

7.3) La preeminencia del principio "alterum non laedere" y la obligación de reparar el daño producido por la existencia de un control deficiente de parte de la concedente Sabido es que si bien los supuestos de ilicitud "formal" se presentan cuando se contraría prohibiciones expresas de la ley (art. 1066 Cód. Civil), existe -aparte de ésta- la denominada ilicitud o antijuridicidad "material", que debe ser "algo más" que la violación de lo prohibido legalmente, toda vez que el derecho está constituido por los principios (art. 16 Cód. Civil) antes que por la ley, y no es ésta sino una de las formas técnicas de lo justo. Y ese "algo más" se halla constituido por pautas jurígenas distintas a la ley, como ser el ejercicio regular de los derechos (art. 1071 Cód. Civil), el orden público (art. 21), la buena fe, la regla moral, la equidad y las buenas costumbres (arts. 953, 1167 y 1198 Cód. Civil), etc. (cfr. Stiglitz, Rubén, "Derechos y defensa del consumidor", ps. 282 y ss.; esta CNCom., esta Sala A, 20/07/2006, mi voto, in re: "Barreiro, Jorge Andrés c. transportes Metropolitanos Belgrano Sur S.A.").

En tal sentido, a partir del Proyecto de Código Único de 1987 el requisito de antijuridicidad establecido por el art. 1066 del Cód. Civil fue puesto es crisis, como consecuencia del nuevo concepto de responsabilidad a quien causa un daño injusto, aunque no transgreda una prohibición legal, o no promedie una disposición legal que imponga una sanción en los términos que exige la norma citada. En esa evolución, en 1986 la CSJN, dictó dos trascendentes sentencias. Sostuvo que "el principio del alterum non laedere" tiene raíz constitucional (art. 19 de la Ley Fundamental, "Santa Coloma, Luis Federico y otros c/E.F.A. -Empresa Ferrocarriles Argentinos", 05/08/1986, Fallos 308:1167; LA LEY, 1987-A, 442; E.D. 120-651, cons. 7º; y yendo más allá, que "el principio del alterum non laedere, entrañablemente vinculado a la idea de reparación, tiene raíz constitucional, y la reglamentación que hace el Código Civil en cuanto a las personas y las responsabilidades consecuentes no las arraiga con carácter exclusivo y excluyente en el Derecho privado, sino que expresa un principio general que regula cualquier disciplina jurídica (CSJN, "Gunther, Fernando Raúl c. Estado Nacional", 05/08/1986, Fallos 308-1139; asimismo véase Leonardo de Herbon H. M. "La regla naeminem laedere en el Derecho Constitucional", en Alterini, A.A. - López Cabana, R.M. (Directores), "La responsabilidad civil", Homenaje al Profesor Doctor Isidoro H. Goldenberg", Bs.As. 1995, pág. 89).

Últimamente, la CSJN resolvió en sentido concordante "que el art. 19 de la Constitución Nacional establece el "principio general" que "prohíbe a los hombres perjudicar los derechos de un tercero" (alterum non laedere) y que se encuentra "entrañablemente vinculado a la idea de reparación" (fallo CSJN del 21.9.2004, "Aquino c. Cargo Servicios Industriales S.A.", voto de los Dres. Petraccchi y Zaffaroni, Fallos 327-3753; LA LEY, 2005-A, 230).

En el mismo sentido conceptual, la Corte Suprema estableció que el tribunal debe afianzar la vigencia del "sentido de justicia de la sociedad, en consonancia con lo consagrado en el preámbulo de la Carta Magna". Cabe recordar que el criterio de la C.S.J.N. es que el "sentido de justicia de la sociedad" es relevante para verificar la compatibilidad de las normas, -sus interpretaciones o sus aplicaciones- con la Constitución Nacional" (fallo del 5.8.1986, LA LEY, 1987-A, 442, cons. 7º; y "Derecho de Daños, II parte, Directora Aída Kemelmajer de Carlucci, Carlos A. Parellada -coordinador- Homenaje al profesor doctor Félix A. Trigo Represas, capítulo XIX, "Responsabilidad objetiva, derivada de la generación de confianza", trabajo efectuado por Atilio Alterini, La Rocca, Buenos Aires. 1993, ps. 539/559).

Señala Alterini, la especial trascendencia de estas decisiones, en cuanto los principios constitucionales "modifican las jerarquías de las situaciones jurídicas privadas y crean una nueva fuente, superior y ordenadora" y tienen y desarrollan "un carácter normativo propio".

De allí que, al aceptar la reparabilidad del daño causado a un interés que no sea contrario a la ley, se produjo una considerable extensión de la antigua exigencia de lesión a un derecho subjetivo.

El art. 3 de la ley 24.240 (modificada por ley 26.361) dispone: "...que en caso de duda sobre la interpretación de los principios que establece esta ley prevalecerá la mas favorable al consumidor"; a su vez el art. 37 prescribe que: "La interpretación del contrato se hará en el sentido más favorable para el consumidor".

Uno de los derechos reconocidos al consumidor es el de ser protegido en los intereses económicos, vale decir, a contratar en condiciones equitativas. El cortejo de resguardos deriva del denominado orden público económico, que por oposición al tradicional orden público moral fundado en las buenas costumbres, toma en cuenta "el cambio de los bienes y servicios considerados en sí mismos, y no el cambio en razón de sus consecuencias frente a las instituciones. Este orden público económico de protección, tiende a tutelar "a una de las partes, y particularmente al equilibrio interno del contrato", y es propio de su operatividad que proliferen diversas cláusulas abusivas.

Se debe responder no sólo por el daño injustamente causado, sino también por el que ha sido injustamente sufrido, vale decir, cuando "es injusto que lo soporte quien lo recibió", haya o no ilicitud en el obrar del llamado a responder. (López Olaciregui, José M., "Esencia y fundamento de la responsabilidad civil", R.D.C.O., Depalma, Agosto 1978, T. 11, p. 941).

La producción del perjuicio, es causa fuente de un crédito a favor de quien lo sufre, ese mismo principio de inercia actúa en sentido contrario, el crédito a favor de la víctima subsiste mientras el sindicado como responsable no demuestre lo necesario para desvirtuar la ocurrencia de todos los presupuestos de responsabilidad civil: la antijuridicidad, la culpa, la relación causal.

En ese marco, entiendo que todos los fundamentos vertidos en esta ponencia, sellan -en su conjunto- la suerte adversa del recurso deducido por GMA: es claro que la concedente no puede pretender ampararse en la ajenidad de la compraventa del rodado celebrada con el pretensor, toda vez que habiéndose desarrollado la operatoria en el marco de contratos coligados, se mantienen inmutables -sobre la base de los principios de buena fe negocial y de confianza- los deberes de conducta de la terminal para con el consumidor respecto del cumplimiento de las obligaciones originadas en un sistema creado y controlado por la misma concedente.

Uno de tales deberes se halla signado por la carga de contribuir al sostenimiento del sistema; y ello conlleva el cumplimiento exacto, puntual y riguroso de las obligaciones de cada uno de los integrantes.

En tal contexto, en otro precedente jurisprudencial, se ha sostenido que el deslinde de la responsabilidad debe apreciarse con estrictez, pues el incumplimiento de las obligaciones y cargas contractuales no se agota en sus efectos bilaterales sino que repercute en el sistema. De allí que los contratos vinculados entre si, en cumplimiento de una operación económica global deben interpretarse conjunta y coherentemente sin soslayar la finalidad supracontractual que generalmente surge a través de la red de vínculos (esta CNCom., Sala B, del voto de la Dra. Piaggi, 14/06/2004, in re, "Barreiro Mario c. Sena Automotores S.A. y Fiat Auto Argentina S.A.").

En otro precedente, dictado por la Sala B de este Tribunal, con voto preopinante del recordado juez Dr. Enrique Butty, se consideró que resulta procedente atribuir responsabilidad al fabricante -concedente- por el incumplimiento de un contrato de compraventa de automotor por parte del concesionario, pues quien ofrece una cosa al público a través de una especializada red de distribución, asume una obligación de resultado frente al futuro consumidor, consistente en la entrega de un producto para cumplir con una finalidad que constituya la razón comercial que sirve para su promoción y eventual estímulo en el comprador para su adquisición. En esa línea de idea se sostuvo que el fabricante -concedente- era responsable objetivamente en virtud del art. 1113 del Cód. Civil por el incumplimiento de un contrato de compraventa de automotor por parte del concesionario, pues éste se desempeña habitualmente como un auxiliar del concedente, que coloca su propia organización comercial al servicio de éste y por tanto encuadra en la noción de dependiente de la norma citada. Finalizó diciendo que la terminal tiene una suerte de obligación de seguridad, tanto respecto de la cosa como de los agentes que incorpora a su red de distribución (esta CNCom., esta Sala B, 28/06/2002, in re: "Sicania S.A. c. Automóviles Exclusivos S.A.", LA LEY, 2002-F. 565).

Por su parte, la colega Sala D, el vocal preopinante Dr. Dieuzeide, consideró en otro supuesto que si la concedente había entregado la tenencia material del rodado a la concesionaria oficial sujeta a su control, debió advertir al comprador las razones por las que no se le podía entregar la documentación del rodado, que en forma disociada fue entregada a la financiera a ella vinculada. Ello pues al constatar el consumidor que el vehículo estaba en la sede del concesionario oficial bien pudo entender que no existía óbice alguno para el pago del precio, configurándose así un caso de aplicación de la denominada "doctrina de la apariencia. Señaló que no se advirtió al comprador sobre la existencia de circunstancias impeditivas, ni se adoptaron las medidas conducentes para evitar el incumplimiento de entregar un vehículo cancelado totalmente, lo que denota un claro desinterés por los intereses del consumidor, destinatario final de su producto (fallo de 13/05/2008, in re "Sasso Nélida Beatriz c. Trotar S.A.").

Vista la tendencia jurisprudencial sentada en casos similares al sub examine, considero que no asiste razón a la concedente cuando pretende liberarse de toda responsabilidad, con base en un argumento demasiado simplista como lo es el de que no tenía relación contractual con el consumidor, al olvidar que en la concesión automotriz no se está frente a una relación de sucesivos contratos de compraventas de un determinado automotor. En tales circunstancias no cabe a la GMA sustraerse de las consecuencias que acarrea la falta de entrega de la documentación pertinente lo que obstó a la transmisión del automotor al consumidor, por causas que también les son imputables.

Evoco junto a Lorenzetti, que el principio de autonomía de la voluntad (art. 1197 del Cód. Civil) no puede ser ejercido de modo tal que cada uno se comporte de la manera que le plaza aun perjudicando los derecho de otro. Como límite a tal exabrupto, el art. 1071 bis consagra la teoría del abuso del derecho ("Tratado de los Contratos", T, I, Rubinzal Culzoni, Bs.As., 2004).

Repárese que la parte actora adquirió el automotor en la concesionaria oficial de la automotriz, fundada en el respaldo, seguridad y garantía que le ofrecía para la entrega del automotor que deseaba adquirir un concesionario oficial, amparado en el prestigio de la concedente titular de la marca que lo designó para la colocación de la producción en el mercado para vender sus productos al consumidor. Y si bien es cierto que el concedente vende el producto al concesionario para que este lo revenda en una zona determinada (adviértase que el punto 8.2.A del contrato de concesión dispone que la concesionaria no reviste condición de agente o de representante) la concedente no puede desligarse de las obligaciones contraídas por el concesionario cuando, frente a una falla en el sistema de comercialización (debida a un control deficiente), la operación se frustra.

En el plano referido es además obvio que el público acude al bien atraído por la marca o el nombre comercial -General Motors de Argentina- sin atender a la circunstancia de quien contrata con él es independiente, autónomo o no. Recuerdo, una vez más que la marca es propiedad del concedente: si la clientela no fuese adepta a la marca y lo fuese sí al concesionario, el mayor valor de su negocio quedaría con él, lo que ha sido reiteradamente negado por este Tribunal, al denegar el resarcimiento del "valor llave" en los supuestos de rescisión intempestiva (CNCom., esta Sala A, mi voto, 14/12/2007, in re "Tommasi Automotores S.A. c/ Ciadea S.A. y otro"; ídem, 14/12/2006, in re "Heregal S.R.L. c/ Coca Cola FEMSA de Buenos Aires S.A.").

Por consiguiente -y para ir terminado- resulta coherente con el criterio expuesto, sostener que cuando existe incumplimiento de la concesionaria en la entrega de rodados a los consumidores porque existe una falla en el sistema de comercialización es la concedente quien también debe responder por el cumplimiento del contrato cuando también incumplió con su carga de sostenerlo, y la causa del incumplimiento de la prestación debida, además, tuvo origen dentro de su esfera empresarial. Y, en su caso, deberá indemnizar los daños y perjuicios experimentados, a fin de preservar esa clientela que tanto invoca.

No paso por alto que una de las quejas de la terminal refiere al supuesto carácter "solidario" de la condena. Adelanto que la misma no tendrá favorable acogimiento, toda vez que -en los hechos- más allá de haber realizado alguna cita jurisprudencial y doctrinaria en sus considerandos, el Sr. Juez de la anterior instancia no dispuso -en la parte resolutiva del pronunciamiento- el carácter solidario de la condena.

Es que -por lo hasta aquí adelantado- es claro que lo que se verifica en la especie es un supuesto de responsabilidad concurrente entre la concedente y la concesionaria, toda vez que lo transgredido a causa de la falla del sistema fue la seguridad de que el adquiriente tendría el dominio del vehículo para su utilización. Esta obligación es de resultado y tiene -por ende- carácter objetivo.

Por lo hasta aquí señalado, entiendo que cabe desestimar las principales defensas opuestas por la recurrente, al haberse demostrado su responsabilidad en la reparación del daño padecido por los accionantes.

8) Lo atinente a la indemnización otorgada en concepto de "gastos de movilidad".

Llegado este punto del análisis, y determinada la responsabilidad atribuible a la terminal concedente por el incumplimiento de la concesionaria, corresponde pues adentrarse en el tratamiento del agravio esgrimido por esta última en torno a la procedencia del ítem "gastos de movilidad", por el que el a quo condenó al pago de $2500.

Al respecto, aprecio que los actores damnificados -en su condición de parte interesada- debieron tratar de establecer, en la aproximación que les hubiese sido factible, la magnitud de dichas erogaciones, pues la deficiencia de la prueba referente al monto de los perjuicios gravita en contra de aquél que tiene la carga de acreditarlo (arg. art. 377 CPCCN, cfr. esta CNCom., esta Sala A, 17/04/2007, del voto de la Dra. Uzal, in re: "Navais, María Adelita c/ Calveira, Norberto"; CNCiv., Sala A, 19/09/1989, in re: "Pagano, Rosa c/ Autolíneas Argentinas y otro").

No paso por alto que de las probanzas arrimadas a la causa no surge con precisión cuál es el monto que accionantes presuntamente desembolsaron por tal concepto, al no existir constancia documental alguna que permitiese corroborar dicho extremo, ni menos aún, poder extraerse lo contrario de la contestación de oficio de la "Unión Propietarios de Autos Taxis", obrante a fs. 489.

Ergo, no acreditados los gastos en cuestión, cabe desestimar su indemnización, revocando -en lo que a este punto respecta- lo decidido por el a quo.

9) Las costas Finalmente, resta definir el modo en que habrán de ser soportadas las costas, al ser ésta materia de agravio por la recurrente.

Habida cuenta que lo hasta aquí expuesto determina la modificación -aunque más no sea parcial- de la sentencia de grado respecto a la codemandada General Motors de Argentina S.A., tal circunstancia impone adecuar la distribución de costas efectuada en la anterior instancia sólo en relación a esta última -al haber quedado firme el pronunciamiento respecto a la restante codemandada-, debiendo este Tribunal expedirse nuevamente sobre este particular, en orden a lo previsto por el art. 279 CPCCN.

Pues bien, sabido es que en nuestro sistema procesal, los gastos del juicio deben ser satisfechos -como regla- por la parte que ha resultado vencida en aquél. Ello así, en la medida que las costas son en nuestro régimen procesal corolario del vencimiento (arts. 68, 69 y 558 CPCCN) y se imponen no como una sanción sino como resarcimiento de los gastos provocados por el litigio, gastos que deben ser reembolsados por el vencido.

Es cierto que ésa es la regla general y que la ley también faculta al Juez a eximir de las costas al vencido, en todo o en parte, siempre que encuentre mérito para ello (arts. 68 y ss. CPCCN). Pero ello, esto es, la imposición de las costas en el orden causado o su eximición -en su caso-, sólo procede en los casos en que por la naturaleza de la acción deducida, la forma como se trabó la litis, su resultado o en atención a la conducta de las partes su regulación requiere un apartamiento de la regla general (cfr. Colombo, Carlos - Kiper, Claudio, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", Tº I, pág. 491).

De los antecedentes de este litigio se advierte que el recurso plasmado por General Motors de Argentina S.A. sólo prosperó parcialmente en punto al rechazo del rubro gastos de movilidad, siendo confirmada en lo demás, y particularmente en lo que al fondo del asunto concierne.

Pues bien, ponderando tales parámetros y considerando la existencia de responsabilidad de dicha codemandada, propicio que, en consecuencia, las costas de primera instancia sean afrontadas por ésta en su condición de sustancialmente vencida (arts. 68 y 279 CPCCN), correspondiendo igual solución en lo que a las costas de Alzada concierne.

V.- La conclusión.

Por lo hasta aquí expuesto -entonces-, propongo al Acuerdo:

1) Acoger parcialmente el recurso deducido por General Motors de Argentina S.A. y, en consecuencia;

2) Desestimar, sólo respecto de la apelante, la sentencia de primera instancia en lo concerniente al rechazo de los gastos de movilidad, y confirmarla en todo lo demás que se decide y fue materia de agravio, por los fundamentos vertidos en esta ponencia.

3) Imponer las costas de ambas instancias con los alcances establecidos en el considerando IV. 9 (arts. 68 y 279 CPCCN).

Así expido mi voto.

Por análogas razones, la Señora Juez de Cámara doctora María Elsa Uzal adhiere al voto precedente.

Y vistos:

Por los fundamentos del Acuerdo precedente, se Resuelve:

1) Acoger parcialmente el recurso deducido por General Motors de Argentina S.A. y, en consecuencia;

2) Desestimar, sólo respecto de la apelante, la sentencia de primera instancia en lo concerniente al rechazo de los gastos de movilidad, y confirmarla en todo lo demás que se decide y fue materia de agravio, por los fundamentos vertidos en esta ponencia.

3) Imponer las costas de ambas instancias con los alcances establecidos en el considerando IV. 9 (arts. 68 y 279 CPCCN). El Señor Juez de Cámara, Alfredo Arturo Kölliker Frers, no interviene en este Acuerdo por hallarse en uso de licencia (art. 109 RJN). -María Elsa Uzal - Isabel Míguez.