Prisión preventiva, enfermedades, prisión domiciliaria, coronavirus, emergencia sanitaria, pandemia
Materia: PENAL
Carátula: Ampuero Sosa, Pedro Carlos Víctor c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-04-27

El estudio relativo al pedido de detención domiciliaria solicitada por Ampuero Sosa debe ser valorado teniendo en especial consideración la propagación a escala mundial del virus COVID-19 que ha sido catalogada como pandemia por la Organización Mundial de la Salud el pasado 11 de marzo, debido a los "niveles alarmantes de propagación y gravedad". Cabe señalar que la información en la que basó su decisión el a quo -además de no haber sido oportunamente ofrecida a la defensa la oportunidad para conocer el nuevo informe médico y ejercer su derecho del modo que creyera conveniente-, se contradice con los demás informes recabados en autos en cuanto a que Ampuero Sosa se encuentra en el grupo de población carcelaria considerada de riesgo en relación al COVID 19. En efecto, del informe médico efectuado el día 16 de marzo de 2020 surge que Ampuero Sosa "se trata de un masculino de 56 años de edad, con antecedentes de (asma bronquial), en tratamiento médico; adenoma prostático medicado con tamsulosina y en seguimiento por servicio de urología sin otros antecedentes de interés no ha presentado complicaciones respiratorias al día de la fecha", y se concluye que el paciente se encuentra dentro del grupo de riesgo según las recomendaciones efectuadas por el Ministerio de Salud de la Nación -persona vulnerable y podría presentar cuadro severo respiratorio-. La resolución recurrida no se ha fundado en sólidos argumentos, en tanto ha omitido valorar los diferentes informes médicos, entre otros elementos recabados en autos, pertinentes a los fines de evaluar el particular estado vulnerabilidad y de riesgo a la salud que, según se invoca, presentaría Ampuero Sosa frente a la pandemia Covid-19. Por lo demás, tampoco resulta respetuosa y coherente con los lineamientos enunciados precedentemente ni se ajusta a los principios de humanidad y sanidad que deben imperar frente a la presente crisis sanitaria. El voto concurrente sostuvo que el tribunal no aseguró mínimamente la posibilidad de que la defensa ofreciera su pertinente análisis sobre la prueba producida en punto a la situación de salud de su asistido y expusiera sus conclusiones jurídicas sobre la cuestión bajo examen. Desde esa perspectiva, la resolución ha prescindido del derecho a ser oído que le asiste a Ampuero Sosa, lo que trasluce en definitiva una afectación al debido proceso dentro del marco del derecho de defensa en juicio que asiste interno (art. 18 de la C.N.). En el presente, también se observa la existencia de nueva evidencia que podría resultar de relevancia para la oportuna resolución del caso que no pudo ser valorada por el tribunal -constancia médica del 2 de abril de 2020- al tiempo que tampoco se analizó que el nombrado se encuentra dentro del listado de internos de riesgo ante la pandemia por la propagación del Covid 19 elaborado por el Servicio Penitenciario Federal. Frente a este panorama, no es ocioso memorar que este Tribunal emitió, con posterioridad a la decisión cuestionada, una serie de parámetros de análisis relevantes para abordar y analizar los planteos que pudieran materializarse respecto de la morigeración de la situación de privación de libertad de imputados y condenados en atención a las extraordinarias circunstancias que atraviesa el país como consecuencia la referida pandemia, tal como acontece en el sub lite (cfr. Acordada CFCP 9/20). Dres Hornos y Carbajo -por su voto-.