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Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, CÓDIGO PROCESAL PENAL DE BUENOS AIRES, debido proceso, defensa en juicio, Pacto de San José de Costa Rica, tratados internacionales
Materia: PENAL
Carátula: Cresta, Liliana Mabel s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-07-08

El art. 271 del Código de Procedimiento Penal, en cuanto regula la protesta "fundada" como condición de admisibilidad de los recursos de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ley, impone un mera formalidad, sin sustancia alguna, y en solo interés de la ley y para satisfacer pruritos formales, que en definitiva atenta contra el derecho de defensa (arts. 18 de la Constitución nacional, 15 de la Constitución provincial y 8 del Pacto de San José de Costa Rica), disponiendo una fundamentación prematura, que nadie puede escuchar ni replicar hasta que el expediente llegue a esta Corte. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, régimen de consolidación de deudas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Municipalidad de Morón c/ Dalvian S.A. y otra s/ Cumplimiento de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-05-23

El pronunciamiento de la Cámara que declara que las costas procesales no se encuentran comprendidas dentro de la consolidación prescripta por la ley 11.192, reviste carácter definitivo en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recusación, deber de imparcialidad, prisión preventiva
Materia: PENAL
Carátula: Yones, Julio s/ queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-12

Si bien el enunciado del art. 55 CPPN no puede ser considerado exhaustivo y pueden admitirse otros motivos de recusación -además de los allí enumerados- en la medida en que, las circunstancias del caso concreto pudieran dar lugar, razonablemente, a que los intervinientes se vean enfrentados a una duda razonable sobre la imparcialidad de sus jueces; no resulta suficiente la alegación de que esos jueces -Cámara de Apelaciones- han resuelto antes, por vía de apelación, el rechazo de nulidades y la confirmación de autos de procesamiento con prisión preventiva.
Despido, indemnización por despido, constitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Montero, Oscar Ismael c/ Siderca S.A. s/ Cobro de indemnización art.245 Ley de Contrato de Trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-03-15

No es inconstitucional el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo (t.o. 1976) en tanto establece un tope máximo a la indemnización por antigüedad.
Juicio ejecutivo, causa de las obligaciones, cuenta corriente bancaria, certificado de saldo deudor
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Bco. de la Provincia de Buenos Aires c/ Castillo, Eraldo y otra s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-12-30

En el proceso de ejecución de un saldo deudor en cuenta corriente bancaria, se encuentra vedada la posibilidad de discutir las alternativas causales de la formación de ese saldo, siendo improcedente la excepción que pretende introducir la controversia sobre la exactitud de los saldos o la ilegitimidad de la causa. Y no otra cosa intentan los quejosos al referir, como sustento de su pretensión de que se declare la inhabilidad de título, a la ausencia de convenio o acuerdo para girar en descubierto.-
Auto de procesamiento, recurso de apelación (procesal)
Materia: PENAL
Carátula: CARLOS EDUARDO FIGUEROA c/ AGUERO, CLAUDIO DARIO; GONZALEZ LEON, SEBASTIAN MAURICIO; SAYAGO, MOISES ABRAHAM s/ ROBO A MANO ARMADA GONZALEZ LEON, SEBASTIAN MAURICIO; SAYAGO, MOISES ABRAHAM s/ ROBO A MANO ARMADA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2001-12-13

Corresponde desestimar la apelación del auto de procesamiento si la calificativa dada al hecho en el auto apelado no resulta ni arbitraria ni absurda
Superior Tribunal de Justicia, ministros, recusación, prejuzgamiento, superintendencia
Materia: PROCESAL
Carátula: MARCUAL, MARIA ANDREA c/  s/ SU PRESENTACION-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-05-04

Es criterio pacífico y reiterado de este Cuerpo que la actuación de la Corte, en la medida que lo imponga el ejercicio de sus atribuciones específicas importa juzgamiento y no prejuzgamiento, del mismo modo que consideró de notoria improcedencia la recusación argumentando prejuzgamiento por entender que conlleva ínsito, como irrazonable resultado, que las facultades y deberes constitucionalmente atribuidos a la Corte se anulen entre sí. - CITAS: CSJStaFe: AyS T 212, p 220; T 239, p 325; T 240, p 117; T 237, p 491; T 256, p 433; T 266, p 138; T 161, p 321.
Representación procesal, nulidad del acto jurídico
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gimenez Zapiola S.A. c/ Gil, Carlos Alberto s/ Ejecución hipotecaria Arado Juan Enrique c/ Bozzo Nora Clotilde y Cejas Ferrando Ricardo s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-04-25|2000-12-26

El artº 48 CPC tiene un régimen propio y la nulidad que del mismo emana, no es de la índole de los arts. 169 y 174 CPC, mientras que en las nulidades del proceso en sí, el transcurso del tiempo es susceptible de purgar el vicio procesal, en este tipo de nulidad es precisamente el cumplimiento del plazo el que acarrea la sanción.
Derecho administrativo, caducidad de la acción contencioso administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: AKAPOL S.A. c/ PROVINCIA DE SAN JUAN s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2012-08-02

Es preciso señalar, que el plazo de caducidad de la acción del art. 767 de la ley ritual indicado, es propio del régimen contencioso-administrativo, de orden público y es distinto al régimen de la perención de instancia (art.280 C.P.C.).

El plazo de caducidad de la acción contenciosa administrativa es perentorio y obligatorio.- Tiene que ver con el tiempo para el ejercicio del derecho y la ley lo establece de modo expreso y objetivo.- "Vencidos esos términos, ha caducado su derecho para accionar y el acto queda firme, y contra el acto firme no hay acción en justicia".

La ley 3784 establece el principio de la obligatoriedad de los plazos respecto de los administrados y de la Administración Pública (art. 1 Inc."e"-punto 1).- La obligatoriedad, significa el deber de cumplir los plazos del procedimiento e implica, la consiguiente facultad para exigir su cumplimiento en sede administrativa o judicial.- La existencia del plazo de caducidad para demandar al Estado se justifica por la necesidad de dar seguridad jurídica y estabilidad a los actos administrativos.

Se trata de evitar una incertidumbre continua en el desenvolvimiento de la actividad de la Administración, porque de lo contrario se afecta el principio constitucional de la seguridad jurídica, una de las bases principales de la sustentación de nuestro ordenamiento, cuya tutela innegable compete a los jueces.

"La firmeza de un acto administrativo no puede ser destruida más tarde por el ejercicio del derecho de petición, ya que éste no puede tener la virtud de abrir la reconsideración de actos definitivos y firmes y menos aún de posibilitar el acceso a la revisión jurisdiccional después de haber consentido por el transcurso del tiempo legal para recurrir, el marco legal y la decisión administrativa pertinentes".

La determinación del plazo no causa lesión al derecho constitucional de defensa de la parte actora, pues ésta no obstante haber tenido la oportunidad para ejercerlo adecuadamente, no lo hizo, en tanto omitió articular dentro del plazo perentorio fijado por la ley.- "La demanda habrá de iniciarse dentro del término que señala el ordenamiento jurídico. Vencido el término señalado, habrá caducado el derecho del particular para iniciar la acción.

Se produce entonces la caducidad de la acción, que podrá ser apreciada por el juez o alegada por el demandado al articular su defensa. El término deberá computarse a partir de la fecha de notificación del acto o contrato que motiva la acción.
Competencia, responsabilidad del Estado
Materia: PROCESAL
Carátula: M., J.N. y Otros c/ Buenos Aires Provincia de y Otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-05-11

Para discernir la competencia en materia de Responsabilidad del Estado, en particular la extracontractual, doctrina y jurisprudencia no han podido establecer reglas rígidas, más aún en situación, como la de autos, en que la relación jurídica debatida está sometida en parte al Derecho Público, y en parte al Derecho Civil. Muchos Códigos en lo Contencioso -Administrativo, legislación de la que carece esta Provincia, han procurado deslindar las materias y competencias estatuyendo adjetivamente que no son de tal naturaleza los juicios en que se reclame la reparación de daños ocasionados por hechos, cosas o agentes de la Administración Pública, cuando no se produzcan por incumplimiento o en relación a una vinculación especial de Derecho Público contractual o reglamentaria establecida entre la Administración y el reclamante.
Accidentes de trabajo, indemnización por muerte del trabajador, hijo mayor de edad
Materia: LABORAL
Carátula: LEDESMA EMILCE KARINA POR SI EN REPRESENTACION DE SUS HIJOS MENORES ADRIAN GABRIEL Y HECTOR A. VIÑAS c/ CONSOLIDAR ART S.A. s/ ACCIDENTE - LEY ESPECIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-07-10

El hijo de 22 años de un trabajador fallecido a causa de un accidente de trabajo no puede ser declarado beneficiario de la indemnización prevista en el Art. 18 de la Ley 24.557, ya que no se encuentra acreditado el extremo normado en el artículo citado que permite ampliar a 25 años el límite de edad en el supuesto de tratarse de un estudiante a cargo exclusivo del trabajador fallecido.
Beneficio de litigar sin gastos, prueba
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Husak, Miguel Angel c/ Fibiger, Juan José s/ Beneficio de Litigar sin Gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-11-29

El objeto de la actividad probatoria desarrollada en el incidente de otorgamiento del beneficio de litigar sin gastos, consiste en arrimar elementos que permitan al juzgador formar convicción acerca de la posibilidad del peticionante de obtener o no recursos.
Accidente de tránsito, indemnización
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Mazzula, Salvador c/ Ivecam S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-12-19

El plazo de treinta días que originariamente se convino para la reparación, debe entenderse prorrogado a tenor de la aprobación pendiente por parte de la aseguradora, situación que se corresponde con la práctica en casos de pagos a compartir entre el asegurado y su asegurador. Para apartarse de esta natural y corriente costumbre debe el actor exteriorizar su voluntad en sentido opuesto; su pago luego de la aludida aprobación de la aseguradora y su retiro del vehículo días después sin protesta formal, componen la situación que jurídicamente abraza el artículo 510 del Código Civil, y debe rechazarse la demanda.
CUENCA HÍDRICA MATANZA RIACHUELO, fallos de la Corte Suprema, autoridad de aplicación, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, Estado Nacional, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios -daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza Riachuelo-
Jurisdicción: Federal — Provincia: 
Fecha: 2014-04-15

Atento el relevante interés que la Corte Suprema de Justicia de la Nación otorga al ordenado e íntegro cumplimiento de la sentencia recaída en la causa que persigue la recomposición del daño ambiental en la Cuenca Matanza-Riachuelo, dictada el 08 de julio de 2008 , resulta indispensable la toma de conocimiento acerca de los avances alcanzados, debiendo en tal sentido y en el marco de la Ley 26.168 -Autoridad de aplicación de la Cuenca-, presentar en forma conjunta, el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un informe circunstanciado al respecto.
Derecho procesal, recurso de casación, procedencia del recurso, prueba, apreciación de la prueba, cuestiones de hecho y prueba, competencia, Derecho laboral, diferencias salariales, recibo
Materia: PROCESAL
Carátula: Salemi, Roberto c/ Medisur S.A. s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1999-04-19

La determinación del monto de la bonificación percibidas por la actora para establecer las diferencias salariales demandadas, así como la validez probatoria de los recibos para fundar o no una conclusión extintiva total o parcial son circunstancias de hechos y pruebas reservadas a las instancias de grado y ajenas en principio al recurso extraordinario de casación. Debiéndose recordar que la presente no constituye una tercera instancia ordinaria donde hayan de apreciarse nuevamente los hechos de la causa, con facultades para rever todas las cuestiones planteadas a las instancias de grado. No pueden a través de este recurso extraordinario provincial atenderse las quejas fundadas tan solo en un criterio distinto a la de los juzgadores en punto a la verificación de las cuestiones fácticas y su prueba.
Mercosur, Tribunal Permanente de Revisión, derechos de importación, opinión consultiva
Materia: INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: Bio Sidus (TF 22046-A) c/ DGA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-05-21

En los autos en que se encuentra en discusión si resultan aplicables los derechos de exportación establecidos por la resolución N° 11/2002 del Ministerio de Economía a diversas exportaciones efectuadas por la actora a la República Federativa del Brasil en los años 2202 y 2003 corresponde solicitar opinión consultiva al Tribunal Permanente de Revisión del MERCOSUR sobre el siguiente punto: ¿El Tratado de Asunción impone a los Estados miembros del MERCOSUR la obligación de abstenerse de establecer derechos a la exportación de mercaderías originarias de uno de ellos y destinadas a otros Estados miembros? - La jueza Highton de Nolasco, en disidencia, remitió a su criterio en el precedente "Sancor C.U.L. (Fallos: 322: 2237)-.
Aceptación con reserva, seña
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Latella, Ricardo Pablo c/ Colegio de corredores inmobiliarios de GCBA s/ Otras causas con trámite directo ante la Cámara de apelaciones
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-08-11

La "reserva" no se encuentra expresamente legislada, por ello, la doctrina sostiene que sus alcances dependen de los términos en que se pactó, funcionando como seña penitencial cuando, por ejemplo, se estipula que si el contrato fracasa, la pierde quien la dio.
Derecho laboral, reubicación del trabajador, calificación del trabajador
Materia: LABORAL
Carátula: González Daniel Alberto c/ Provincia ART S.A. s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-07-29

El factor "tipo de actividad" y el factor "posibilidades de reubicación laboral" deben aplicarse como porcentuales extraídos del porcentaje primigenio determinado en el baremo para la lesión considerada. Luego, respecto del factor "edad", para tenerlo en cuenta se debe Sumar a los porcentajes que resulten del paso 1 y 2 el porcentual que se le asigna a este factor (de 0 a 2%); y ello significa, a diferencias de los anteriores que el mismo debe adicionarse directamente. La "edad" es perfectamente determinable y no necesita la generación de ninguna variable adicional a los fines de incorporarlo como factor de ponderación (Voto Romero. Adhesión Ronconi)
Contrato de trabajo, subcontratación laboral, responsabilidad solidaria, EDESUR
Materia: LABORAL
Carátula: YOSSINI, BRUNO c/ AMI INTERNATIONAL S.A. Y OTRO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-30

El trabajador prestaba tareas dentro de la sede de Edesur S.A. y tenía como función atender los llamados de los clientes de la empresa eléctrica relacionados con quejas, reclamos, información, etc.. Dicha labor, a todas luces, completa y/o complementa la actividad de Edesur que es la prestación del servicio de distribución y comercialización de energía eléctrica. Ello así pues, el servicio al cliente es una labor que está integrada a la de Edesur ya que su función consiste en solucionar los problemas que, justamente, derivan del suministro de la energía eléctrica, por lo que encuadra dentro de los presupuestos del art. 30 de la L.C.T..
Acto administrativo, notificación, eficacia del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Campoamor, Nora Beatriz c/ Provincia de Buenos Aires (Mrio. Acción Social) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-03-15

Los actos administrativos de alcance particular sólo adquieren eficacia a partir de su notificación al interesado y sólo excepcionalmente se les podrá otorgar eficacia retroactiva cuando se configuren determinadas circunstancias.
Síndico del concurso, deberes del síndico del concurso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MIRANDA HUGO ALBERTO s/ VERIFICACION DE CREDITO en: BANCO DE LA PROVINCIA C/ NESTOR SALIM S/  QUIEBRA.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-12-18

El Síndico da cumplimiento a los deberes jurídicos que la ley concursal le impone cuando realiza cuantas investigaciones resulten necesarias, mediante compulsas o indagaciones al deudor y/o papeles y libros del acreedor, para determinar una conclusión sobre la veracidad de la existencia o no de la operación que da origen al título que se pretende verificar.
Medidas cautelares, intervención judicial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: DE MONTE CONSTRUCCIONES S.R.L. c/ SUPERMERCADOS DEL PLATA S.A. s/ Ejecución Cambiaria (LIBRO: A070 - 113)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1992-05-12

Si se precisan claramente las razones que llevan al Juez a sustituir el embargo por la Intervención Judicial de Caja, y el afectado no aporta prueba alguna que acredite el resentimiento de la explotación de su negocio que alega, la medida contempla la garantía suficiente para el acreedor y un no perjuicio al deudor a tenor del art. 233 del CPC.
Enfermedad profesional, empleador, asegurador, accidentes de trabajo, póliza
Materia: LABORAL
Carátula: Villaboa, Vitalio A. c/ Transportes 9 de Julio S.A. s/ Cobro de pesos (Expte. Nro. 200-96, Resol. Nro. 174, Tomo 55, Folio  418)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-10-12

El Art. 6 de la Ley 24028, durante cuya vigencia se contrató la póliza asegurativa del caso, determina que " los empleadores podrán sustituir total o parcialmente las obligaciones emergentes de esta ley por un seguro constituido a favor del trabajador y sus causahabientes ...", En tal sentido la doctrina ha señalado que en el inc. a) se determina que las pólizas deberán cubrir, de acuerdo con lo contratado, las prestaciones e indemnizaciones específicas previstas en la ley, es decir que se tiene que establecer en la póliza el carácter de la cobertura, si es total o parcial y qué riesgo es el que se encuentra cubierto por la misma. La responsabilidad del asegurador no comprende a la totalidad de los beneficios o resarcimientos que el empleador se encuentre obligado frente a la víctima, de acuerdo a lo normado por ley 9688, sino que lo es exclusivamente respecto de los que se hayan estipulados en la póliza, significando ello que la subrogación no es necesariamente completa. Ello así, no cabe duda que la redacción de los riesgos asumidos en la póliza contratada, que expresa que no cubre: "... ni las enfermedades a causa del trabajo reclamadas por la vía de Ley 24028 o por la acción del derecho común...", está indicando la cobertura parcial efectuada excluyendo de los riesgos los reclamos como los aquí tratados, a la vez que ello, a todo evento, resulta puesto en conocimiento del empleador asegurado, con anterioridad a la producción del siniestro. (Art. 6, inc. c) L. citada). De tal manera, cabe confirmar lo resuelto por la a-quo respecto a la recepción de la declinación de la citación en garantía.
Competencia, estafa informática, tarjeta de crédito
Materia: PROCESAL
Carátula: Usuario Echeverría, Ramón Gabriel sobre 173 inc. 15 - estafa mediante uso de tarjeta magnética o de sus datos c/  s/ conflicto de competencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-11-24

Corresponde declarar la competencia del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional porque, sin perjuicio de lo que resulte de la evolución de la causa, ambos jueces contendientes coinciden en que, de momento, el posible autor habría sonsacado datos privados engañando, mediante un subterfugio montado a ese fin, a la víctima de la sustracción patrimonial con que se benefició, y habría completado la maniobra empleando esos datos, todo lo cual encuadra en la figura del art. 172 del Código Penal. No se menciona, en cambio, el uso de tarjeta de compra, crédito o débito, ni la obtención de tarjeta de esa especie, ni la obtención o el uso de los datos en ella contenidos (art. 173.15, CP). Tampoco, la alteración de un sistema informático o de la transmisión de datos por esa vía (art. 173.16, CP). (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Principios generales del Derecho, interpretación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: A. G. c/ A. M. del C. s/ Divorcio Vincular - (Art. 214 - Inc. 2° C.C.)
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-09-28

La ley debe ser interpretada conforme al sentir de los ciudadanos y conforme al sentido común, pues es menester tener en cuenta la repercusión social de los fallos. Los expedientes no son ficciones, no deben contener ficciones ni fomentar la hipocresía, sino estar acordes al transcurso de la vida en la República.
Designación de jueces, ejercicio profesional, abogados, título profesional, funcionarios judiciales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Caracotche, Juan Ignacio c/ Diario "El Chubut" y-o Impresora Chubutense S.R.L. y-o quien resulte propietaria s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-03-29

Ha de señalarse respecto a la manda constitucional que cuando deban analizarse los requisitos o calidades que un Magistrado debe reunir, como en el caso que nos ocupa, ha de considerarse que se ejerce la profesión de abogado, tanto litigando ante el estrado, como ejerciendo la magistratura o funciones judiciales, en cargos que requieran poseer título de abogado, con exclusividad. Se observa que la finalidad del precepto es asegurar desde la experiencia la idoneidad del Juez, la que no se ve alterada en absoluto con esta interpretación.
Contratos civiles, enriquecimiento sin causa, gastos de conservación, club de campo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: DALVIAN S.A. c/ MONTERO CUERVO RODOLFO s/ Ordinario (LIBRO: S154 - 366)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1997-03-10

Por aplicación a las urbanizaciones de los principios que rigen en los clubes de campo, en caso de negativa de los que forman parte de la institución (por vía de constitución o adhesión), a colaborar en el mantenimiento de los gastos de conservación y funcionamiento, se los puede obligar al pago en base a los principios que rigen el enriquecimiento sin causa.-
Contrato de trabajo, subcontratación laboral, responsabilidad solidaria, trabajadores gastronómicos
Materia: LABORAL
Carátula: Aguilar,  Gustavo Antonio c/ Natural Foods Industrial ExportadoraSA                 y                otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-26

La empresa codemandada, dedicada a la fabricación de productos alimenticios, resulta solidariamente responsable en los términos del art. 30 L.C.T., respecto de la empresa que explotaba el servicio de comedor en su establecimiento, ya que al encontrarse la primera ubicada fuera del área urbana, dichas tareas deben considerarse integrantes de la actividad normal de ésta y que coadyuvan a su objetivo final.