Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-21


Causa Nº 7166-01-CC/2006 Recurso de queja en autos: Simiele, Antonio s/inf. Art. 83 Ley 1472 ///n la Ciudad de Buenos Aires, a los 21 días del mes de julio de 2006, se reúne la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, a efectos de resolver el recurso de queja por apelación denegada interpuesto por el Defensor Oficial, a fs. 14/21 vta., del presente incidente, del que, RESULTA 1.- Que a fs. 1/2 del presente incidente, consta copia del acuerdo de suspensión del proceso a prueba por el plazo de seis meses entre Antonio Simiele -asistido por su defensa- y el representante del Ministerio Público Fiscal. En dicho acto, se solicita al Juez de primera instancia la devolución de los efectos secuestrados no perecederos, consistentes en: una parrilla metálica con cuatro ruedas, dos mesas y cuatro sillas de plástico, cuatro caballetes de metal, dos tablas, tres sombrillas con sus respectivas bases y cuatro conservadoras de telgopor, toda vez que en caso de revocarse la suspensión del juicio y dictarse una condena podría materializarse una evidente desproporción punitiva.

2.- Que a fs. 3/vta., obra copia del decisorio del Sr. Juez a cargo del Juzgado Contravencional y de Faltas Nº 7, Dr. Javier Alejandro Buján, donde resuelve suspender el juicio a prueba respecto del imputado por el término de seis meses, imponer al nombrado la realización de reglas de conducta y tener por abandonados a favor del Estado los efectos de carácter perecedero secuestrados. En el punto IV de dicha resolución, decide devolver una vez finalizado el plazo de la suspensión del proceso a prueba, los bienes secuestrados no perecederos conforme lo solicitaron las partes.

3.- Que a fs. 4/7, obra copia del recurso de reposición y apelación en subsidio interpuesto por el Defensor Oficial, Dr. Javier E. de la Fuente, contra el punto IV de la resolución mencionada supra. En primer lugar, entiende que el Juez de grado no se encuentra facultado para modificar las condiciones pactadas en el acuerdo de suspensión de juicio a prueba -en el caso, el diferimiento de la devolución de los efectos secuestrados-, sino que solo tiene la facultad de no aprobarlo cuando tuviere fundados motivos para estimar que algunos de los intervinientes no estuvo en igualdad de condiciones para negociar o que ha actuado bajo coacción o amenaza. También sostiene que la voluntad de las partes se vería frustrada por el apartamiento de las condiciones pactadas por parte del Juez a quo. Manifiesta que su defendido aceptó la aplicación del instituto de la suspensión del proceso a prueba en el convencimiento de que se le restituirían los efectos secuestrados, tal como lo requirió el Fiscal actuante. Por otra parte, entiende que la d ecisión de postergar la devolución de los elementos secuestrados, constituye una clara violación al sistema acusatorio previsto en el art. 13.3 CCBA. Sostiene que el sistema acusatorio supone un modelo de litigio contradictorio -entre el acusador y la defensa-, como así también el denominado principio-garantía de igualdad de armas entre dichas partes, manteniéndose en todo momento la imparcialidad del juzgador. Cita doctrina al respecto y concluye reiterando que en el caso es evidente que el no hacer lugar a las condiciones que fueron requeridas por el Fiscal de grado y acordadas con su defendido, constituye una evidente vulneración del sistema acusatorio. Por último, aduce que resulta ilegítimo diferir la devolución de los bienes en cuestión como requisito del proceso a prueba si el propio acusador entiende que el comiso no es procedente.

4.- Que a fs. 8, consta copia de la contestación de vista efectuada por el Fiscal de grado, Dr. Gabriel Esteban Unrein, en la cual manifiesta compartir los argumentos sostenidos por el Defensor Oficial respecto de la vigencia de un sistema acusatorio en nuestra jurisdicción. Además entiende que si bien es cierto que la facultad de restituir los bienes secuestrados cuando importe una evidente desproporción punitiva es propia del juez, de conformidad con lo dispuesto por el art. 35 CC, no es menos cierto que el sistema acusatorio de enjuiciamiento local se rige por las reglas de un modelo contradictorio, que frente a un acuerdo de partes conforme a las pautas legalmente previstas, no tolera que el órgano jurisdiccional tome intervención a favor o en contra de cualquiera de los acordantes, salvo que se dé alguna de las situaciones expresamente previstas para ello. Por otra parte, señala que si bien la restitución de efectos es una facultad del magistrado, el comiso es una pena accesoria y que el párrafo segundo del art. 45 CC establece que el abandono debe producirse sobre los bienes que necesariamente resultarían decomisados en caso de que recayere condena. Además, sostiene qu e habiendo la Fiscalía manifestado que en caso de realizarse el juicio no habría de requerir dicha sanción respecto de los bienes en cuestión, entiende que en el marco de los principios de contradicción y disposición, debe respetarse el acuerdo y devolverse los bienes incautados. Finalmente, indica que en sede contravencional no es el juez quien concede el beneficio con la conformidad del fiscal, sino que se rige por las pautas de una negociación previa entre las partes a la que el órgano jurisdiccional no puede ingresar debiendo aprobar el acuerdo tal como fue sellado en aquella negociación, o eventualmente por considerar que se trata de un acuerdo ilegal por no encontrarse expresamente prevista alguna de las pautas acordadas, toda vez que el art. 45 CC regula el instituto de la suspensión del juicio a prueba sobre la base de un acuerdo, a diferencia del art. 76 bis CP que solo exige conformidad del fiscal.

5.- Que a fs. 9/13 vta., consta copia de la resolución del Juez a quo, por la cual decidió no hacer lugar al recurso de reposición y apelación interpuestos por la defensa. Respecto al recurso de reposición, entendió que las partes al momento de acordar las pautas solamente se limitaron a pactar la devolución de los bienes, sin especificar en modo alguno el momento en que deberían ser devueltos al encartado. Por otra parte, entiende que al ser él quien debe decidir sobre el destino de los bienes, no ha modificado en forma alguna los términos del acuerdo. Respecto al recurso de apelación entiende que no existe gravamen en la decisión tomada y cita jurisprudencia de esta Alzada al respecto.

6.- Que a fs. 14/21, el Defensor Oficial interpuso recurso de queja por apelación denegada respecto de la decisión supra mencionada. Al respecto, reitera los fundamentos vertidos en el recurso cuya copia obra a fs. 4/7. Finalmente, formula reserva de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia y la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

7.- Que a fs. 23, pasan los autos a resolución de esta Sala I, siendo la cuestión a dilucidar si el recurso de queja por apelación denegada debe o no ser declarado admisible.

ADMISIBILIDAD DEL RECURSO En primer término cabe afirmar que el recurso de queja resulta formalmente admisible ya que el planteo ha sido interpuesto en la forma y en los términos del art. 477 CPPN, aplicable supletoriamente de acuerdo a lo dispuesto en el art. 6 de la Ley 12.

De este modo, y siendo que el recurso resulta autosuficiente, pues del mismo se desprende un orden razonado en el desarrollo de los antecedentes del caso y presenta una crítica concreta a la resolución impugnada, corresponde entonces adentrarse a analizar si el Juez ha rechazado o no correctamente el recurso de apelación.

Es dable advertir que esta Sala ha dicho que si bien el art. 50 de la Ley Nro. 12 prevé expresamente la apelación de la sentencia, es de aplicación supletoria lo dispuesto en el art. 449 in fine del CPPN -art. 6 de la citada ley- que establece que pueden ser objeto de impugnación aquellas resoluciones que causen gravamen irreparable al imputado. El mismo ...aparece como una cuestión de hecho que debe ser considerada en cada caso. Se configura, se ha afirmado, cuando aparece un perjuicio jurídico que no puede ser reparado durante el trámite del juicio ni en la sentencia definitiva... (Guillermo Rafael Navarro y Roberto Raúl Daray, Código Procesal Penal de la Nación - Tomo II, José Luis De Palma Editor, Bs. As. 2004, pág. 1193).

En el mismo sentido, se ha afirmado que para que el recurso de apelación dirigido contra una resolución diferente a la sentencia definitiva -como lo es un auto interlocutorio-, sea procedente, debe causar a la parte un agravio irreparable, es decir que no pueda ser reparado por la sentencia o que importe la paralización del proceso o del incidente (Jorge E. Vázquez Rossi, Derecho Procesal Penal, Tomo II, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe 1997, pág. 481).

En el caso de autos, el Defensor entiende que lo decidido por el Juez de grado -al diferir la devolución de los bienes secuestrados- viola el principio acusatorio al apartarse de lo acordado por las partes. Al respecto cabe efectuar diversas consideraciones.

En primer lugar cabe destacar, que la devolución de los bienes secuestrados no fue objeto de acuerdo por las partes, pues tal como surge del acta que lo contiene, el Fiscal de grado deja constancia que: el representante del Ministerio Público Fiscal presta acuerdo en suspender el proceso a prueba por el termino de seis (6) meses... solicitando a V.S., en cambio, ordene la devolución de los efectos secuestrados... (fs. 1 vta.). A partir de lo expuesto, se advierte que si fue objeto de petición al Magistrado, es porque no lo fue del acuerdo.

En segundo lugar tampoco podría haberlo sido, pues de una interpretación armónica de los arts. 35 y 45 CC, es posible deducir que es facultad del Juez de grado disponer la devolución de efectos en el marco de la suspensión del juicio a prueba. Al respecto, ha dicho esta Sala que: ...de este modo, la cuestión a resolver en primer lugar radica en determinar si la decisión acerca de si el imputado debe abandonar los bienes a favor del Estado puede ser objeto de acuerdo entre el imputado y el Fiscal, en el marco de la regulación fijada por el art. 45 CC, o si, por el contrario se encuentra en cabeza del Juez. Al respecto, cabe destacar que el artículo citado supra establece que El imputado/a de una contravención... puede acordar con el Ministerio Público Fiscal la suspensión del proceso a prueba... el acuerdo debe contemplar el compromiso de cumplir, por un lapso que no excederá de un año, una o más de las siguientes reglas de conducta: 1. Fijar residencia y comunicar a la Fiscalía el cambio de ésta; 2. Cumplir con las citaciones o requerimientos que la Fiscalía o el Juzgado hiciere; 3. Realizar tareas comunitarias; 4. Abstenerse de concurrir a determinados lugares o de tomar contacto con determinadas personas; 5. Abstenerse de concurrir a determinados lugares; 6. Abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas y 7. Cumplir las instrucciones especiales que se le impart an. De ello, se colige que de acuerdo a una interpretación literal de la norma en cuestión, el abandono del bien que necesariamente resultaría decomisado -tercer párrafo, art. 45 CC-, no se encuentra contemplado como parte del acuerdo de la suspensión del juicio a prueba. Por el contrario la cuestión ha sido prevista en un párrafo distinto del que regula el acuerdo por lo que ninguna duda cabe que es el Juez quien debe resolver sobre dicho punto... (causa Nº 076-00-CC/ 2006 Lupini, Ada Hilda s/ inf. art. 83, Ley 1472 -Apelación, rta. el 13/07/06.) En el caso de autos se realiza una excepción a la regla del art. 45 CC -en cuanto el imputado no es privado de los bienes secuestrados- y se procede a su devolución tal como lo solicitaron las partes pero difiriendo su entrega para el momento en que se cumpla el plazo acordado en la suspensión del juicio a prueba. Siendo ello así, y teniendo en cuenta que el principio general previsto en la norma obliga el abandono de los bienes que necesariamente resultarían decomisados en caso que recayere condena a favor del Estado, se advierte que la quejosa no especificó en qué forma el diferimiento de la devolución de los efectos incautados por parte del Magistrado vulneraría los derechos de su prohijada, máxime teniendo en cuenta que al no hallarse previsto legalmente el momento en que se debe proceder a tal devolución, tal decisorio queda sujeto -siempre acotado en un marco de razonabilidad- al discernimiento del Magistrado, circunstancia que se cumple en la presente.

Tampoco se advierte en este caso que exista una vulneración al principio acusatorio, toda vez que es función del Magistrado de grado no solo asegurar el debido respeto a las garantías del imputado frente a la persecución estatal, sino también velar por el cumplimiento del procedimiento, centrando su actividad en la función de control y no sólo en una mera contemplación del transcurso del proceso (conf. causa n° 075-00-CC/2004 Aragón, Juan s/infr. art. 72 CC -Allanamiento -Apelación, rta. el 21/4/04).

Así las cosas, la defensa no logro demostrar cuál es el agravio concreto que le causa la resolución en crisis.

En razón de los argumentos expuestos, corresponde declarar inadmisible el recurso de queja interpuesto.

Por ello, el Tribunal, RESUELVE I.- Declarar INADMISIBLE el recurso de queja interpuesto por la Defensa Oficial, a fs.14/21 vta. del presente, (art. 50 LPC; 477 y ss. CPPN).

II.- Tener presente las reservas formuladas.

Regístrese, notifíquese, oportunamente agréguese el presente incidente al expediente principal. Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de grado, a sus efectos.

Ante mi Se deja constancia que el Dr. José Saez Capel no firma por encontrarse en uso de licencia.