Tribunal: CAMARA DE APELACIONES CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2000-11-23


En la Ciudad de Córdoba a los 23 días del mes de 11 del año Dos Mil, siendo las 10:30 horas, se reúnen en acuerdo los integrantes de la Excma. Cámara Séptima en lo Civil y Comercial, Dres. José Eduardo González Alfredo Eduardo Mooney y Eduardo Alberto Lavayén, bajo la presidencia del primero de los nombrados y en presencia de la Secretaria autorizante, a los fines de dictar Sentencia en los autos caratulados "NASCHAR LILIANA BEATRIZ C/ GIMENEZ GERARDO NESTOR - ORDINARIO", venidos en apelación del Juzgado de Primera Instancia y Vigésimo Segunda Nominación en los que con fecha quince de Abril de mil novecientos noventa y nueve se resolvió: "I) Hacer lugar parcialmente a la demanda incoada y, en consecuencia, condenar al demandado a abonar a la actora en el término de diez días de quedar firme la presente, la suma de pesos dos mil ($ 2.000), con más el interés indicado en el Considerando V) de este pronunciamiento.

II) Imponer las costas a la accionada, a cuyo fin se regulan los honorarios del Dr. Carlos Fernando Huais en la suma de pesos seiscientos sesenta y siete con 35/100 ($ 667,35); los de los Dres. Jorge Enrique Johnson; Omar Forestieri, Fabián López Quirós y Juan Carlos Pinelle, en conjunto y en la proporción de ley, se estiman en la suma de pesos trescientos sesenta y siete con 65/100 ($ 367,65). III) Protocolícese,...". Previa espera de ley, el Tribunal se planteó las siguientes cuestiones a resolver: 1. - ¿Es justa la sentencia apelada? 2. - En su caso ¿que pronunciamiento corresponde dictar?. De acuerdo al sorteo de ley practicado el orden de emisión de los votos es el siguiente: Dres. Alfredo Eduardo Mooney, José Eduardo González y Eduardo Alberto Lavayén.

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA:

EL SR. VOCAL DR. ALFREDO EDUARDO MOONEY DIJO:

1.- La sentencia en recurso, contiene una relación de causa que satisface los extremos del art. 329 del C.P.C., por lo que en honor a la brevedad, a ella remito.

2.- A fs. 147/156 expresa el recurrente que el "a-quo" ha realizado una errónea interpretación del art. 165 C.C. que no reconoce esponsales de futuro y , sin embargo, el inferior hace derivar efectos de un instituto que el propio Código señala que no existe, imponiéndole un resarcimiento económico al que ocasiona la ruptura de la promesa de matrimonio.

Afirma que el principio general establece no dañar a otro y en el caso de ser conculcado, obliga a su reparación, por lo que ese principio general de reparar el daño causado a un tercero, se ve limitado por los daños ocasionados por el ejercicio de un derecho, y, en el caso su parte ejerció el derecho consagrado por la ley, tomó la decisión de no casarse, y, en consecuencia mal se le puede condenar a responder por el daño derivado del ejercicio legítimo de su derecho.

Que la interpretación del "a-quo" conduciría a muchas personas a casarse contra su voluntad para no tener que pagar la indemnización por la ruptura del compromiso.

Señala, en segundo término, que el "a-quo" asimiló la presente cuestión al campo general de las obligaciones, fundando su resolución en materia de culpabilidad, en el art. 512 C.C., y perdió de vista las especialísimas características que reunía el hecho base sobre el que tenía que resolver "la naturaleza de la acción" que imponía valorar la esencia de las relaciones humanas "el sentimiento", manifestación ingobernable del espíritu.

Que, por el contrario, el sentenciante, atribuyó culpa en la ruptura de la promesa por ser intempestiva, fuera de lugar, extemporánea e injustificada y afirma que tales calificaciones pierden toda significación cuando se trata del sentimiento.

Pide la revocatoria del decisorio, con costas.

3.- La contraria, a fs. 161 contesta los agravios vertidos expresando que la norma del art. 165 C.C. no significa que de un rompimiento culpable de una promesa, cualquiera sea ella, no se deriven consecuencias jurídicas, pues es obvio que nadie está obligado a casarse y en lo presente no se ha exigido tal cosa, pero que también es obvio en nuestro ordenamiento jurídico que, en toda ocasión y en cualquier tipo de relación, las personas deben observar el principio de buena fe y obrar prudentemente, sin causar daño a otro.

Afirma que en el sub lite nada tienen que ver los sentimientos, sino las circunstancias en que el demandado tomó su decisión de no casarse, sabiendo desde muchos meses antes que no estaba preparado para ello y no habiéndoselo comunicado a su futura esposa, conforme ha quedado acreditado de la propia confesión del demandado.

En definitiva reclama la confirmación de la resolución, pues la conducta del demandado quedó encuadrada dentro del régimen general de la responsabilidad civil: obró con culpa, causó daño y, por ende, debe repararlo.

4) Así ha quedado trabada la litis en la instancia. La actora pretende el resarcimiento por el daño moral como consecuencia de la ruptura intempestiva, injustificada y a escasos días del fijado para la boda con el demandado.

El hecho objetivo de ruptura es indiscutible en los presentes, ahora bien ese hecho debe constituirse en un acto jurídico, es decir susceptible de producir efectos jurídicos.

Al respecto, y según el recurrente, la norma del art. 165 C.C. desconoce consecuencias jurídicas a los esponsales de futuro cuando taxativamente afirma "Este código no reconoce esponsales de futuro", entendiendo como tales, la promesa mutua entre un hombre y una mujer, obligándose a contraer matrimonio, por lo de inmediato regla la imposibilidad de pretender el cumplimiento de tal promesa. El legislador reformó la norma en cuanto expresamente prohibía las acciones por indemnización de perjuicios que acarrea el incumplimiento de los esponsales de futuro (art. 8 L.M. 2393) con lo cual la doctrina y jurisprudencia elaboraron la aplicación de los principios generales de la responsabilidad extracontractual, conforme la técnica legislativa en materia de esponsales, separación personal y divorcio.- De modo tal, el hecho de la ruptura se convierte en acto jurídico que debe ser ejecutado con discernimiento, intención y libertad; un acto voluntario lícito o ilícito, conforme la atribución de dolo o culpa.

En términos generales, puede decirse que actúa con culpa quien causa un daño sin propósito de hacerlo, pero obrando con imprudencia o negligentemente.

Es decir, no basta la acción u omisión de una persona para ingresar en el daño resarcible, pues, es menester, además, que el daño constituya una derivación causal de ese proceder... La primera cuestión es previa a la segunda ya que, antes de resolver si el daño se debió a la acción culpable de una persona, hay que establecer que fue realmente su acción la que la produjo (Matilde Zavala , "Doctrina Judicial - Solución de Casos", pág. 96.

La responsabilidad civil asienta en un daño causado por un hecho que obliga al demandado, y es aquí donde ingresamos en la zona gris de los esponsales de futuro.

Evidentemente, el actor no estaba obligado a casarse, pero cabe analizar si estaba obligado a poner en conocimiento de su novia la falta de voluntad para contraer matrimonio, desde el momento mismo que lo supo.

Y volvemos a preguntarnos si se trata ello de una obligación jurídica o de "normas de trato social", pues, vimos ya que no estaba obligado al acto jurídico de matrimonio y, que tampoco es lo que se le demanda, sino que haya dejado transcurrir los preparativos para la boda sin poner de relieve las dudas que lo harían desertar de la misma.

Coincidimos con la actora en que toda la conducta humana debe estar regida por la buena fe y también las que hacen al trato social, pero no podemos confundir buena fe con madurez, pues mientras el primero además de verdadero, debe ser justo y lícito, el segundo debe ser sensato, prudente, como pleno desarrollo intelectual (juicioso).

Según la demanda, el 12 de diciembre de 1993, a las 22 hs. aproximadamente, el demandado, "sin preámbulos y ante mi asombro dijo que en sus condiciones anímicas no se podía casar, que la quería, pero que mantenía otra relación sentimental con otra persona...destruyendo de ese modo torpe, intempestivo e insensible, todas las ilusiones y proyectos que me sostenían". Como vemos, la conducta del demandado, según el escrito inicial habría sido contrario a la buena fe. El demandado niega que esa haya sido la causa de la ruptura y en autos no existe prueba alguna de aquella aseveración y tampoco merece mención alguna en la sentencia en crisis.

Llegamos a este punto porque retomamos aquello de analizar los hechos que generan obligaciones jurídicas y así advertimos que si todos tenemos obligación de actuar de buena fe, el actor incumpliría la misma al mantener otra relación sentimental, pues es la única causal que invoca la actora en su demanda para justificar las condiciones anímicas y las conductas evasivas del entonces novio.

Pero, es del caso, que nada se ha probado al respecto y, por el contrario, es indiscutible, pues así lo dice la propia actora en los alegatos, que la conducta del demandado obedeció a la falta de madurez para enfrentar oportunamente la crisis emocional, en cuanto su accionar alienta las expectativas de la novia que conllevan al cumplimiento de normas de trato social, cuales fueron hacer pública la fecha de enlace, cumplimentar los requisitos prenupciales religiosos, organizar la ceremonia y comprometer la asistencia de familiares y amigos para participar y festejar, dejando que tales acontecimientos superaran el dictado interior respecto de las aparecidas dudas de que tal casamiento se llevara a cabo.

No debemos ingresar, como se pretende en la causa, a considerar el Amor o el Desamor, pues, celosos del orden constitucional, reservamos el mundo de los afectos, la pasión, la incomprensión, y la sombra del olvido, a la vida privada, aunque parezcan arbitrarias y sus efectos lesivos para una de las partes, pues para el art. 19 C.N. "las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan el orden público y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados", esencialmente porque el Amor o Desamor no es un actuar.

Y la Constitución, en este artículo angular de la ideología iusnaturalista, sólo condena lo expresamente normado dejando lo demás a la zona de libertad.

La buena fe es la norma madre del orden jurídico, y, en los presentes no se ha demostrado que se haya quebrantado, sino que, la inmadurez, el desequilibrio emocional, afecciones íntimas del demandado, callar aquello que ponía en duda el matrimonio, lesionaron a la actora, produciéndole, sin lugar a dudas un sufrimiento irreparable, una exposición social en desmedro, sumisión en la zozobra y todas las descriptas en la demanda.

Este voto no puede escapar del reconocimiento más enérgico de comprensión del dolor, del sufrimiento, de la desolación de la actora, pero tampoco puede escapar al orden jurídico consagrado, según el cual no importa la gravedad de la culpa sino la aptitud del acto jurídico para generar determinado resultado. En el sub lite la conducta omisiva, no confesar las dudas que lo asaltaban, no poner freno a los preparativos, no desalentar las expectativas en modo alguno podrá ser considerada conducta jurídica omisiva, sino grave inmadurez para advertir de sí mismo cuando se generan expectativas en otra persona que no responden certeramente a lo que interiormente especula.

En efecto, la actora y el fallo del Inferior condenan la conducta intempestiva, la torpeza, y la falta de consideración a los sentimientos ajenos y en este voto compartimos en que se trata de una conducta reprochable pero sólo desde el punto de vista social y no jurídicamente, pues no surge en autos que la falta de oportunidad en primer término obedezca a la mala fe del demandado y tampoco se trate de un hecho y consecuente obligación jurídica pues ni siquiera se ha probado que mientras se sucedían los preparativos para la ceremonia del matrimonio, el demandado ya tenía intención de no casarse, sino que, por el contrario su espíritu se turbaba más cuando se acercaba la fecha de la boda, pues así lo dice la actora, y nadie podrá decir que los ciudadanos estamos obligados jurídicamente a exponer nuestras inquietudes espirituales, a pesar de poder afirmar que es la mejor expectativa que ponemos al constituir una relación personal de intimidad como el noviazgo.

En definitiva voto por la revocatoria de la sentencia que condena a reparar el daño moral reclamado por la actora ante la omisión intempestiva, torpe y negligente del demandado en cuanto comunicar su decisión de no contraer nupcias. Voto por la negativa.

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA:

EL SR. VOCAL DR. JOSE EDUARDO GONZALEZ DIJO:

Adhiero a los fundamentos y conclusiones arribados por el Sr. Vocal preopinante, votando en consecuencia en idéntico sentido.

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA.

EL SR. VOCAL DR. EDUARDO ALBERTO LAVAYEN DIJO:

Adhiero a los fundamentos y conclusiones arribados por el Sr. Vocal Dr. Alfredo Eduardo Mooney, votando en consecuencia en idéntico sentido.

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA:

EL SR. VOCAL DR. ALFREDO EDUARDO MOONEY DIJO:

Corresponde acoger el recurso de que trata, dejando sin efecto la condena de reparar daño moral en los presentes, con costas a la actora en ambas instancias (art. 130 del C.P.C.) regulando los honorarios profesionales por los trabajos en la Alzada del Dr. Fabián López Quirós en el 35% del punto medio de la escala del art. 34 de la ley 8226, mientras que los del Dr. Carlos Fernando Huais en el 30% del punto mínimo de la misma escala y normativa.

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA:

EL SR. VOCAL DR. JOSE EDUARDO GONZALEZ DIJO:

Adhiero a los fundamentos y conclusiones arribados por el Sr. Vocal preopinante, votando en consecuencia en idéntico sentido.

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA:

EL SR. VOCAL DR. EDUARDO ALBERTO LAVAYEN DIJO:

Adhiero a los fundamentos y conclusiones arribados por el Sr. Vocal Dr. Alfredo Eduardo Mooney, votando en consecuencia en idéntico sentido.

Por el resultado de la votación que antecede y por unanimidad, SE RESUELVE:

1.- Acoger el recurso de que trata, dejando sin efecto la condena de reparar daño moral en los presentes, con costas a la actora en ambas instancias (art. 130 del C.P.C.).

2.- Regular los honorarios profesionales por los trabajos en la Alzada del Dr. Fabián López Quirós en el 35% del punto medio de la escala del art. 34 de la ley 8226, mientras que los del Dr. Carlos Fernando Huais en el 30% del punto mínimo de la misma escala y normativa.

Protocolícese y bajen. Con lo que terminó el actor que previa lectura y ratificación firman los Sres. Vocales.