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Contrato de trabajo, ley de empleo, intimación al empleador, obligaciones del empleador, regularización del trabajador, injuria laboral
Materia: LABORAL
Carátula: DUTIL, Marcelo c/ C.H.R.A. DESIGN SRL s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-30

El deber de buena fe impone al empleador la obligación de dar respuesta al reclamo del trabajador ante la intimación que curse para la regularización de los aspectos de la vinculación contemplados en los arts. 8 a 10 de la LNE. Mediando silencio, su actitud importa, al transcurrir el mínimo plazo legal, una injuria justificante de la decisión del dependiente de denunciar el contrato, y en modo alguno puede exigirse al trabajador que mantenga la ruptura en suspenso por treinta días para hacerse acreedor a las indemnizaciones de la ley 24.013, pues el silencio guardado ante el reclamo importa la clara decisión de no regularizar la relación laboral (arts 57 y 63 de la LCT).(Esta es la opinión de la mayoría, el Dr. Guibourg adhiere por razones de economía procesal, dejando a salvo su parecer vertido en autos:"Velázquez,Pedro C/ Sociedad Entrerriana de Electricidad SEDELEC SA S/ despido" sent. 68.339 del 28/10/94).
Procedimiento administrativo, agotamiento de la instancia administrativa, recurso de reconsideración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Plano, Julio César. c/ Superior Gobierno de la Provincia. s/ Acción de amparo y medida de no innovar.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2006-06-02

No debe perderse de vista que el agotamiento de la instancia administrativa es el medio para alcanzar la voluntad final de la administración cual es, en el caso, la del Poder Ejecutivo de la Provincia.

Por lo tanto, si el acto emana del órgano superior de la estructura jerárquica, habiendo tenido el particular participación en el procedimiento previo a su dictado, la administración ya tuvo oportunidad de conocer, antes de la emisión del acto, lo que aquél piensa o pretende (es decir, que el decreto se dicta conociendo con anterioridad sus argumentos y oposiciones), de tal suerte que requerir en estas condiciones la interposición del recurso de reconsideración para agotar la instancia administrativa constituiría un rigorismo formal inútil.

No parece ajustado a derecho interpretar la norma del artículo 63 de la Ley Nro. 4537 de tal forma que, en un caso como el sub examine, el particular se vea obligado a interponer el recurso de reconsideración como paso previo y necesario a la demanda judicial, pues ello muy probablemente, se traduciría en un ritualismo inútil, con la consiguiente demora en la iniciación de la instancia judicial, a raíz de una exigencia que seguramente no representará un beneficio para el particular.

El recurso de reconsideración resulta optativo, cuando el acto administrativo por el que se dispone una sanción expulsiva, aunque emane directamente del Poder Ejecutivo, se haya visto precedido por audiencia o intervención del afectado o, en otros términos, cuando no haya sido dictado inaudita parte.
Derechos de autor, delito penal, tipo penal
Materia: PENAL
Carátula: La Fuente, Estela s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-26

Son requisitos necesarios para la tutela penal de los derechos autorales: que se esté en presencia de una obra objeto de creación intelectual- protegida (el registro funciona, para la ley argentina, como presupuesto de la Constitución y existencia del derecho del autor); que la utilización de la obra no se haya hecho al amparo de una limitación al derecho de autor o derechos conexos, que el plazo de protección legal esté vigente; que la conducta del agente se adecue a una figura típicamente incriminada en la ley especial; que medie dolo en el agente; que cuando la figura lo exige, el agente actúe con ánimo de lucro (Vgr. art. 72 bis, incs. b y c de la Ley 11.723)(voto de la Dra. Berraz de Vidal).
Desestimación de la denuncia, inexistencia de delito, declaración testimonial, falso testimonio, indicación de pena, nulidad procesal
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: Mora, Marta B. s/ Denuncia
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-09

No puede desestimarse la acción por inexistencia de delito por haberse omitido imponer al testigo sobre las consecuencias penales que podrían derivar de su declaración falsa o reticente, entendiendo tal acto procesal carente de validez y por ello atípica la conducta, puesto que tratándose de un vicio de carácter relativo, se encuentra purgado al haber estado presentes las partes en el acto.
Juicio ejecutivo, ejecución de sentencia, liquidación, intereses
Materia: CIVIL
Carátula: Canga, Alfredo Ignacio c/ Silvera, Blanca Lina s/ Ejecutivo Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1984-07-12

La depreciación monetaria debe ser expresamente contemplada en la sentencia de remate, de lo contrario no puede ser incluida en la liquidación.
Robo con armas, arma defectuosa, pericia balística
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: SUAREZ, J. C. s/ ROBO - PRUEBA DE PERITOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-04

1) El accionar del procesado, que exhibiendo una pistola de funcionamiento anormal y apta para el disparo, cargada con proyectiles, intimidó y despojó a un taxista de dinero, constituye el delito de robo calificado por el uso de "arma".

2) Si bien no se cumplieron exhaustivamente con los recaudos procesales tendientes a la individualización de la munición incautada, no existen indicios que permitan sospechar que las balas hubiesen sido cambiadas y solo un excesivo apego a las normas rituales podría llegar a restar valor a la pericia balística, teniéndose en cuenta que además de ser admitida por el encausado la tenencia de los proyectiles no se advierte irregularidad alguna que lleve a suponer ni por un asomo un ánimo de perjudicarlo.
Proceso penal, defensa
Materia: PENAL
Carátula: L, N. I. s/ Lesiones culposas (EXPTE. Nº 230-84)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-05-20

Cuando la omisión de la contestación de la demanda es considerada (al menos en ciertos casos) abandono de la Defensa del imputado y motivante del reemplazo del defensor, el artículo 143 del Código Procesal Civil y Comercial no podrá ser aplicado, puesto que entonces la contestación aparece como requisito "sine qua non" de la prosecución del proceso. Pero cuando se sostiene la tesis contraria dicha disposición será de estricta aplicación. Esta última idea ha sido sostenida por la jurisprudencia y la doctrina partiendo de la consideración de que la acción civil que se desarrolla en el proceso penal no pierde su carácter de acción privada, regida por el principio dispositivo, donde el que calla -incumpliendo sus cargas procesales- se coloca voluntariamente en situación de perder sus derechos, sin que el principio de accesoriedad pueda extenderse hasta permitir una corrección del silencio más allá del plazo establecido para cumplir la carga. Y debe insistirse en que el problema se reduce a la legislación santafesina, por lo tanto, es dentro de la que debe resolverse, sin tratar de acudir a materiales que han tenido en cuenta preocupaciones distintas, originadas en otras leyes procesales. Es jurisprudencia de esta Sala, que no habiendo sido contestada la demanda por la Defensa del imputado, el Tribunal tiene que tener por reconocidos los hechos alegados por el actor civil, en virtud de la aplicación del artículo 143 del Código Procesal Civil y Comercial, puesto que en el caso, habiendo quedado firme el fallo absolutorio, la acción civil ejercida en el proceso penal, cobra total autonomía y las razones de la absolución no ubican al juzgador en el artículo 1103 del Código Civil.
Recurso de casación, procedencia del recurso, violación de la ley o doctrina legal, sentencia arbitraria, seguros, prescripción, interrupción del plazo
Materia: CIVIL
Carátula: Gaggero, Mario Enrique c/ Fabri S.A. y-u otra y-o quien resulte responsable s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1994-02-04

...la decisión de la a-quo de establecer que el acto administrativo interruptivo de la prescripción es inoponible a la aseguradora, aplicando seguidamente el instituto de la prescripción, al vínculo procesal dado entre víctima y asegurador, es violatoria de la Ley de Seguros Nº 17.418. Y tal como lo expresara el Sr. Procurador General en su dictamen: "la circunstancia de que la aseguradora haya sido citada al proceso no la convierte en deudora de la obligación de indemnizar, y por lo tanto resulta inconcebible que el crédito del actor pueda prescribir a su respecto". Por lo que se concluyó que la sentencia impugnada es arbitraria en la medida indicada.
Despido del delegado gremial, estabilidad del delegado gremial, elecciones gremiales, nulidad de la elección
Materia: LABORAL
Carátula: ZACARIAS DE BRUNO, ANDREA c/ SANATORIO OTAMENDI MIROLI s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-03-11

Si la empleadora despidió a la trabajadora, delegada gremial, dentro del año posterior a la declaración de nulidad del acto eleccionario, ésta no perdió la protección legal de su cargo. El sentido protectorio de la estabilidad sindical establecido por la ley 23551, se proyecta más allá del ejercicio efectivo de los cargos puesto que son protegidos también los postulantes, art. 50, y por un año los que por cualquier causa han cesado en sus mandatos, inclusive por renuncia, revocación, etc.
Crédito laboral, carácter alimentario
Materia: LABORAL
Carátula: Frías Segura Livia Carolina c/ Servicios Integrados de Seg. SA s/ accidnete-acción civil
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-02-19

La naturaleza alimentaria del crédito no permite transformar en dólares un depósito efectuado en moneda de curso legal, pues si se siguiera este razonamiento, todos los trabajadores del país podrían solicitarle al juez prescindir de la normativa vigente, cuando en realidad no existe ninguna disposición constitucional expresa que conmine al estado nacional a entregar moneda extranjera con fines de ahorro. La protección especial de que gozan los niños en nuestro ordenamiento jurídico a partir del reconocimiento de la jerarquía constitucional acordada a la Convención sobre los Derechos del Niño no se activa ante un caso como el presente, pues dicha convención no autoriza a excepcionar judicialmente lo que se encuentra vedado a todos los habitantes de la Nación en virtud de disposiciones con basamento legítimo y constitucional.
Alimentos, cuota alimentaria, modificación de cuota alimentaria, cosa juzgada, incumplimiento de la obligación alimentaria
Materia: CIVIL
Carátula: M. DE L., A. M. Y OTROS. c/ L. J. F. s/ ALIMENTOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-05-20

La fijación de la cuota alimentaria no produce estado desde el momento que se encuentra autorizada -por la propia naturaleza de la prestación- su modificación en más o en menos y aún su cesación.

Pero los procesos que se intenten al efecto, de manera alguna permiten la suspensión del cumplimiento de pago de la pensión vigente (conf. art. 650 párr. primero in fine del Código Procesal) Los efectos de una eventual resolución que acogiera una pretensión de tal naturaleza, como la de reducción, lo serán "ex nunc" (conf. C N.Civ. Sala G, R. 268.358 del 20-2-81).

Lo contrario importaría tanto como que un convenio homologado, que como tal reviste el carácter de obligatorio para las partes (arts. 499 y 500 del Código Procesal), sea sustituido anticipadamente por decisión de uno de los interesados que se considera con derecho a pedir su modificación, sustituyendo la oportuna resolución que el órgano jurisdiccional habrá de dictar previo debate y producción de prueba (conf. C.N.Civ. Sala G, R. 276.970 del 5-11-81).
Corte Suprema de Justicia de la Nación, iura novit curia, injurias
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ekmekdjian, Miguel Angel c/ Sofovich, Gerardo y otros. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-07-07

Cualquiera fuera el nombre asignado a la acción, por aplicación del principio "iura novit curiat", la Corte está facultada para superar óbices formales cuando se trata de una persona que se ha sentido mortificada en sus sentimientos más profundos por expresiones insitamente agraviantes para su sistema de creencias, considerando la presencia de un acto ilícito o de un abuso del derecho.
Nulidad procesal, sustracción de menores, restitución de menores, recurso de apelación (procesal), apartamiento de las constancias de la causa
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: "L. D., y otra s/ procesamiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-04-20

La absoluta falta de valoración de constancias que necesariamente debieron haber sido tenidos en cuenta para que el juez se expida en relación a la situación procesal de quienes resultan imputados por el delito de alteración de la identidad de un menor y falsedad ideológica y al régimen tutelar de la víctima configurativa de un desapego a ellas de tal magnitud y relevancia que cuando ello ocurre no basta simplemente con descalificar la decisión como acto jurisdiccionalmente válido sino que además, debe apartarse de la causa al juez que la emitió, debido a la delicada situación a la que se ha expuesto a la menor como consecuencia de ello. Ello ocurre, en lo tocante a la responsabilidad de los imputados obviando constancias sumariales y apoyándose exclusivamente en las aportadas por los querellantes y además, adoptando una actitud marcadamente traumática alejando abruptamente, contra la opinión de los profesionales (excepto uno), de su núcleo de crianza para darla en guarda a su padres biológicos.
Indemnización, daño moral, rechazo del cheque, responsabilidad del banco
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Arbizu, Adrian Ignacio c/ Banco Santander Río SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-19

Procede hacer lugar a la indemnización por daño moral pretendida por el actor. Ello por cuanto, en el caso, se encuentra acreditado que el banco accionado informó al Banco Central de la República Argentina el rechazo de un cheque librado contra una cuenta corriente que no era de su titularidad. Es que resulta claro que existió un error en los primeros tres dígitos de la cuenta bancaria, sin que siquiera el banco se hubiera tomado el trabajo de cotejar la titularidad de la cuenta para informar el rechazo. La información proporcionada por la demandada careció de sustento fáctico y legal con relación a las consecuencias que irrogaba y por lo tanto debe juzgarse incorrecta. No obsta a ello la circunstancia de que la comunicación fue rectificada dos meses y seis días después de efectuada la del rechazo. Entonces el suministro de información desfavorable respecto del actor sin sustento válido durante dos meses, constituye una vulneración de la diligencia exigible conforme CCCN 1716.
Deberes del juez, facultades de saneamiento
Materia: PROCESAL
Carátula: Guadalupe, Noemí Balbina c/ Medicus  S.A. s/ Beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-05

El juez excede el ámbito específico del deber de saneamiento, impuesto por el artículo 34, inciso 5, del Código Procesal, decretando la nulidad de todo lo actuado en autos por la circunstancia que uno de los codemandados no fue oportunamente citado en el trámite del beneficio de litigar sin gastos en curso, pues hubiera bastado con proveer, previo a todo trámite, la citación pendiente, para dar lugar a aquél a plantear lo conducente o consentir lo obrado en el incidente.
Acción de inconstitucionalidad, plazo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Federación Patronal Cooperativa de Seguros Ltda. s/ Inconstitucionalidad art. 38 de la ley 10.149 y decreto 6409/84
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-08-16

La competencia que el art. 149 inc. 1º de la Constitución de la Provincia otorga a esta Corte para conocer originariamente de la inconstitucionalidad de las leyes es de orden público y por lo tanto improrrogable para las partes, razón por la cual corresponde examinar de oficio si la demanda se encuentra sujeta al plazo que establece el art. 684 del Código Procesal Civil y Comercial y en caso afirmativo si lo ha sido durante el mismo.
Recurso de casación, excarcelación, resolución denegatoria, sentencia definitiva, gravamen irreparable, procedencia del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Quiroga, Honorio s/ recurso de casación". Causa n. : 1414.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-04-22

Si bien el decisorio recurrido no satisface el requisito formal de "sentencia definitiva" que impone el ordenamiento ritual para la procedencia de este medio impugnaticio (art. 457 del C.P.P.N.), habida cuenta que el rechazo excarcelatorio proviene de un Tribunal Oral, que puede ocasionar un perjuicio de imposible reparación ulterior en los derechos de Honorio Quiroga; y toda vez que, además, fueron alegadas la violación de garantías constitucionales y arbitrariedad en la decisión recurrida, cabe -en este supuesto en particular- habilitar esta instancia excepcional. (Voto de la Dra. Berraz de Vidal -en minoría-).
Honorarios del escribano, competencia, colegio profesional
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Zuffiaurre Jose Luis c/ Tiro Federal Argentino - s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-12-15

El artículo 36 de la Ley 3666 fija la competencia del Juez de Primera Instancia de la jurisdicción perteneciente al Escribano para elucidar toda cuestión que se suscite con sus clientes derivadas -entre otras- del no pago de sus honorarios profesionales y la última parte del artículo 30 del mismo texto legal establece claramente que cuando la consulta la formulan el escribano y su cliente conjuntamente, el Colegio de Escribanos actúa como árbitro y su fallo será definitivo e inapelable.
Servicios de inteligencia, jubilaciones, ley secreta, derechos adquiridos
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Barreiro, David Alberto y otros c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-07-15

La ley "S" 21.705 introdujo variaciones que afectan los componentes del "status jubilatorio" adquirido al amparo de la legislación anterior, de modo que lesiona el derecho constitucional a mantenerlo en las condiciones en que fue incorporado al patrimonio (Disidencia de los Dres. Eduardo Moliné O'Connor y Guillermo A. F. López).
Recurso extraordinario, cuestión federal, procedimiento administrativo
Materia: PROCESAL
Carátula: Romero S.A. s/ apelación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-08

La omisión del a quo de tratar lo afirmado por la recurrente en torno a la aplicación al caso de la presunción consagrada por el art. 12 de la ley 19.549, de naturaleza federal, importa denegatoria tácita del derecho federal invocado y torna procedente el recurso extraordinario, aún cuando sólo se haya alegado arbitrariedad, pues, cuando se trata de establecer la inteligencia de disposiciones de tal naturaleza, ello no modifica la conclusión relativa a la procedencia del remedio de excepción. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Leyes, aplicación de la ley, irretroactividad
Materia: LABORAL
Carátula: LONGO ESTHER BEATRIZ Y OTRA c/ CÉSAR A IBÁÑEZ E HIJOS S.R.L. Y/U OTROS s/ MUERTE POR ACCIDENTE DE TRABAJO IN ITINERE - CASACIÓN LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-05-29

El Código Civil ha adoptado el sistema del efecto inmediato en base al cual la nueva norma pasa a regir la relación o situación jurídica al tiempo de su emisión, regulando las etapas aún no acaecidas, mientras que la ya transcurrida o fenecida debe ser regida por la normativa anterior. Lo de efecto inmediato es porque una vez sancionada y promulgada regula las relaciones jurídicas que se originen de allí en adelante al igual que los efectos de relaciones anteriores a aquella y a las en vías de constitución, sin que ello vulnere en manera alguna el principio de irretroactividad, que solamente veda aplicar la nueva ley a situaciones jurídicas definitivamente constituidas.
Recurso de casación, caducidad de instancia
Materia: CIVIL
Carátula: Fisco De La Provincia De Cordoba c/ Lujan Guillermo Cesar s/ Ejecutivo Fiscal (Expte. Sac N° 593649)
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2013-10-16

Si bien el recurso de casación es inadmisible contra aquellas resoluciones que declaran la perención de instancia, en tanto no configuran sentencia definitiva dado que sólo afectan al procedimiento del juicio sin menoscabar el derecho ejercido, ese principio general cede cuando la declaración de caducidad de instancia causa un perjuicio irreparable porque apareja la imposibilidad de reeditar la acción frustrada, que prescribiría.
Recurso extraordinario de nulidad, fundamentación de sentencias
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: G., , E. c/ S., N. M. s/ Divorcio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-11-10

Cumple con la exigencia constitucional la sentencia que se encuentra fundada en derecho mas allá de que las normas citadas se correspondan o no con los planteos de la parte.
Honorarios, concurso preventivo, pautas
Materia: PROCESAL
Carátula: S.D.K. s/ Conc. Prev.- (Hoy Quiebra S/ por Santa Carolina) - Incidente de Regulación de Honorarios Promov. Dr. Eladio López
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2013-12-27

La LCyQ no ha previsto en estos casos (concurso preventivo concluido por el fracaso del mismo) una norma específica relativa a la forma de regular los honorarios de los profesionales intervinientes, por lo que en la doctrina se ha sostenido que para tales situaciones no corresponde la regulación de honorarios hasta que concluya la quiebra por constituir un único proceso universal. Consideran que la oportunidad en la que el juez procederá a la fijación de honorarios en las quiebras indirectas es al momento de presentación del informe final.

En posición distinta se ha sostenido que corresponderá regularse honorarios encuadrando la situación bajo análisis como uno de los casos de conclusión del concurso preventivo por cualquier causa o fracaso, en la norma análoga del art. 265, y que para ello los jueces deben merituar: a) monto del activo prudencialmente estimado por el juez o tribunal; b) los topes legales; c) la importancia de los trabajos realizados en beneficio de la masa acreedora; y d) el tiempo de desempeño de funcionarios y letrados, en su caso.

Todo ello, en tiempo oportuno, es decir al momento de declarar la quiebra (quiebra indirecta). La distribución de los honorarios en forma razonable y justa se configura asignando honorarios para la etapa del concurso preventivo del 1 al 4% del total del activo para todos los funcionarios y/o profesionales intervinientes en la etapa del concurso preventivo.

Ahora, la distribución entre el síndico y el letrado del concursado debe hacerse en función de las tareas desarrolladas por uno y otro, siendo usual que la mayor parte corresponda al síndico, lo que resulta de los propios roles que la ley les asigna.
Prisión preventiva, prórroga del plazo, falta de fundamentación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Loza, Héctor Rodolfo s/ ley 24390.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-14

Corresponde anular el decisorio por el cual se resolvió prorrogar la prisión preventiva (art. 1, ley 24.390), por falta de fundamentación suficiente, ya que el tribunal a quo no se ha hecho debido cargo de demostrar específicamente la complejidad de las múltiples maniobras investigadas, como tampoco ha hecho concreta mención al número de imputados involucrados a los que alude en su resolución. (Voto de los Dres. Fégoli, David y Mitchell).