Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-11-08


Trelew, 08 de noviembre del 2004.

--- VISTO: el recurso de apelación interpuesto a fs. 21 y fundado a fs. 24/25; y el recurso de apelación interpuesto a fs. 22 y fundado a fs. 26/28, contra lo resuelto a fs. 18/20, concedido que fueran los mismos a fs. 23.------------------------------------- --- Y CONSIDERANDO: ---------------------------------------------------------------------- I. Apelación interpuesta a fs. 22: Agravia al recurrente el fundamento del a quo que considera que la demandada se encuentra correctamente notificada de la demanda, pues a su criterio se practicó la diligencia impugnada en el domicilio social de la empresa, basando su decisión en que este domicilio es el que se encuentra registrado ante el organismo de contralor de las sociedades comerciales. Señala que de las constancias de la causa y como habría surgido de las pruebas ofrecidas por su parte oportunamente pero no producida por no haberlo permitido el sentenciante de grado, el domicilio denunciado por ante la Inspección General de Justicia de la Provincia del Chubut no es en realidad el lugar de asiento y residencia de la empresa T. W. S.A. y no existía en el lugar en que se llevó a cabo la diligencia responsable alguno que permitiera a su parte tomar conocimiento de la demanda, violándose el derecho de defensa en juicio.--------------- Señala que el domicilio indicado no reúne las previsiones previstas en la Ley 19550 que establece que el domicilio debe ser cierto y preciso a los fines de las notificaciones. Aduce que no existe una determinación precisa del lugar donde se encuentra instalada la empresa, con determinación de parcela, manzana o Km.; que el Oficial Notificador fue atendido por una persona que le comunicó que en ese lugar no realiza ninguna actividad la firma demandada y que en ese lugar, se encuentra radicada la C. T. U. Ltda.; y que la circunstancia de haberse puesto en el inmueble en marcha otro emprendimiento, habilitado por la Municipalidad es de público conocimento. Acota que todo esto se pretendió acreditar fehacientemente en el transcurso de la tramitación del incidente, habiendo omitido el juez de primera instancia proveer la prueba por el ofrecida, y dictando la resolución recurrida.---------------------------------------------------------------- También lo agravia lo expuesto en la sentencia, en relación a que es imputable a su parte, no haber inscripto la modificación del domicilio, o notificado a los ex empleados el cambio de sede. Dice que el actor tuvo a su alcance los mecanismos previstos por el Código Procesal para notificar a la demandada ante el domicilio incierto, y de esa forma garantizar el derecho de defensa. Manifiesta que los derechos y garantías constitucionales deben ser otorgadas y ejercidas por todas las personas físicas y jurídicas sin distinción y más aún cuando estamos en presencia de la notificación de una demanda. Asimismo lo agravia la decisión de no producir la prueba ofrecida al promover el incidente pues no le ha permitido acreditar la veracidad de los hechos denunciados.------------------------------------------------------- --- El agravio debe refutar las conclusiones de hecho o derecho que vertebran la decisión del a quo, a través de la exposición de las circunstancias jurídicas por las cuales se tacha de erróneo el pronunciamiento. Recuérdese que la segunda instancia no es autónoma, ni es reconducción, sino que es dependiente de lo actuado en el grado precedente y es revisión de su sentencia, a cuyo efecto requiere el elemento nuevo, cual es la crítica que deben contener los agravios (esta sala, S.D.C. N° 11/03). Si faltan esas argumentaciones, carece el tribunal de Alzada de la materia indispensable para confrontar los argumentos del a quo con los que, de contrario, aduce la parte que se considera afectada y ello, precisamente, constituye la función propia del segundo grado jurisdiccional (Conf. Palacio, Lino E., Derecho Procesal Civil, I. V., Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1975, p. 599).---- --- Corresponde señalar que la expresión de agravios carece de contenido si: ... d) Simplemente disiente o discrepa de la interpretación judicial, sin dar fundamentos a la oposición o formula apreciaciones subjetivas... h) No ataca concretamente los verdaderos fundamentos del fallo (Fenochietto-Arazi, Código Procesal Civil y Comercial..., T. 1, Astrea, Buenos Aires, 1983, p. 838/839).-------------------------- --- Desde esta perspectiva, la meta de la actividad recursiva consiste en demostrar el desacierto de la sentencia que se recurre y los motivos que se tienen para considerarle errónea, de modo de producir convicción en el tribunal de Alzada sobre la sinceridad y autenticidad de los agravios vertidos (Morello, Sosa y Berizonce, Códigos Procesales..., T. III., Librería Editora Platense -Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1988, p. 359, punto c).------------------------------------------------- No surge con claridad del memorial de agravios de fs. 26/28 el ataque a fundamentos centrales en que basara el sentenciante de grado lo resuelto: que deben considerarse válidas las notificaciones efectuadas en el domicilio social; que las sociedades comerciales sólo se consideran regularmente constituidas una vez inscripto en el Registro de Comercio respectivo el contrato constitutivo de sociedad (arts. 5 y 7 de la ley 19550), el cual debe contener entre otros recaudos, el domicilio de la sociedad (art. 11 inciso 2° de la ley de sociedades); que el art. 12 de la ley 19.550 establece que las modificaciones al contrato social (entre las que debemos incluir el cambio de domicilio) no inscriptas regularmente obligan a los socios otorgantes y son inoponibles a terceros; y que se tendrán por válidas y vinculantes para la sociedad todas las notificaciones efectuadas en la sede inscripta.---------------------------------------------------------------------- ----------------- ---Tales razonamientos resultaron determinantes para la fundamentación de la sentencia y no fue objeto de critica idónea.---------------------------------------------------En efecto, el recurrente se limita a esbozar una discrepancia al entender, que el domicilio indicado en el informe del Registro Público de Comercio e Inspección General de Justicia no reúne las previsiones previstas en la ley 19550 que establece que el domicilio debe ser cierto y preciso a los fines de las notificaciones, haciendo referencia que ello no se pudo demostrar por cuanto el a quo no le permitió producir las pruebas oportunamente ofrecidas. Adviértase aquí, que por proveído de fecha 04 de agosto/04 (v. fs. 16) el Sr. Juez subrogante, Dr. Carlos Tesi llamó autos para resolver prescindiendo de la producción de la prueba ofrecida por el incidentista, entendiendo que no resulta necesaria la producción de prueba ofrecida "atento los términos en que se ha trabado la incidencia"; proveído este que fue consentido por el apelante.---------------------------------------------------- --- Y la ley procesal requiere que a los fines de mantener el debate en un plano intelectual, la critica dirigida a la sentencia sea concreta, lo que importa seleccionar del discurso del juzgador aquel argumento que constituye estrictamente la base lógica de la decisión.----------------------------------------------------------------- --- Para tener por satisfechos los fines legales de la expresión de agravios, deben concretarse punto por punto, los errores fundamentales que se atribuyen en la aplicación del derecho, o en su caso en la apreciación de los hechos y su prueba, bajo riesgo de que se tenga por consentida toda decisión no objetada (Morello, Sosa Berizonce, Códigos Procesales..., T. III, págs. 360, punto e, y 370, respectivamente, Librería Editora Platense - Abeledo Perrot, 1988; "Ekmekdjian, Toros y otros", C.S. agosto-29-969, L.L. 137-538; conf. esta Sala S.D.C. n° 18/99; S.I.L. Nros. 42/99, 17/00; S.I.C. N° 09/00).--------------------------------------------------- Sabido es que la expresión de agravios es el acto por el cual el apelante refuta las conclusiones establecidas por la sentencia (conf. Palacio, Lino Enrique en Derecho Procesal Civil, T. V., par. 599, a), pág. 266, Abeledo Perrot 1975), y que disentir con la interpretación judicial sin suministrar bases jurídicas a un distinto punto de vista y sin precisar el yerro o desacierto en que incurrió el juez; no constituye expresión de agravios idónea (conf. Palacio, ob. cit., T. V, pág. 267; Fenochietto-Arazi, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, T. 1, pág. 838, Astrea, Buenos Aires, 1983).----------------------------------------------------------- --- Entonces, discrepar de la interpretación judicial y otorgar un criterio hermenéutico diverso de la sentencia recurrida, sin encarar un embate crítico, concreto y razonado de las partes del fallo que el apelante considera equivocadas no es expresar agravios en los términos del art. 265 del ritual y autoriza a declarar su deserción, como lo ha señalado esta Sala "B" desde hace tiempo, a partir de la causa "P." del 30 de diciembre de 1997.----------------------------------------- --- Las costas por la apelación se imponen al apelante vencido (art. 68 CPCC).----- --- En atención a la inoficiosidad de los trabajos cumplidos por el Dr. C. R. Z., letrado apoderado de T. W. S.A., no corresponde regular honorarios a su favor, en los términos del art. 6 de la Ley 2.200.-------------------------- II. Apelación interpuesta a fs. 21: Dos son los agravios esgrimidos: a) la no aplicación a la contraria de una multa procesal; y b) la regulación de honorarios.

--- a) Indica que el planteo deviene claramente obstruccionista, puesto que se basa en la sin razón y ha demorado el proceso principal que está en plena etapa de ejecución de sentencia. Destaca que plantear una defensa palmariamente en contra de lo que establece la ley es una conducta procesal temeraria y no mera falta de derecho, desde que el incidentista pretende con articulaciones manifiestamente improcedentes tergiversar una presunción de derecho que no admite prueba en contrario. La temeridad puede no sancionarse en una diferencia de criterio o en una orfandad probatoria o en situaciones encontradas u opinables, pero -dice- este no es el caso.--------------------------------------------------------------------------- --------- --- Al respecto, cabe recordar que la temeridad es la conducta de la parte que deduce pretensiones o defensas cuya injusticia o falta de fundamento no puede ignorar de acuerdo con una mínima pauta de razonabilidad; de manera que para que la conducta sea calificada como temeraria, deben conjugarse factores objetivos y subjetivos (esta Sala, S.I.C. Nº 71/00, C.A.N.E.).-------------------------------------- --- Por su parte, la malicia es la conducta procesal que se manifiesta mediante la formulación de peticiones exclusivamente destinadas a obstruir el normal desenvolvimiento del proceso o retardar su decisión. De manera que, ambas conductas requieren inexorablemente para su configuración, la presencia del elemento subjetivo (CNFed. Contencioso administrativo, Sala II, 13/3/997, LL 1997-D, pág. 707).--------------------------------------------------------------------------- -- --- Para aplicar multa por temeridad o malicia, los propósitos obstruccionistas o dilatorios deben ser evidentes, manifiestos, de manera que no todo desconocimiento del derecho de la contraria ha de reputarse malicioso, siendo el pago de las costas la sanción habitual del litigante que ha promovido una demanda injusta (CNCiv., Sala "B", 9/3/982, ED, 100-388).------------------------------------------ Así, no se advierte que la conducta asumida por la parte demandada al interponer el incidente de nulidad en este proceso deba ser pasible de sanción, y como bien lo señala el a quo ha de estarse en caso de duda por la amplitud de defensa. Esto, toda vez que la multa por temeridad y malicia debe aplicarse con suma cautela para no afectar el derecho de las partes que aún sosteniendo una posición que no progresa pueden haber creído en su legitimación actual (CNCiv., Sala "E", febrero 8-978- López Fermoselle, Jaime y otros c. Vetere, Oscar F., L.L. 1979-A, 554, 34.917-S).---------------------------------------------------------------------< #LINE> --- De lo contrario se abriría una brecha peligrosa en la garantía constitucional de la inviolabilidad de la defensa en juicio y la igualdad entre los litigantes, que debe ser cuidadosamente preservada (CNCiv., Sala "E", L.L. 1997-B, 782, 39.274-S).- --- Por otra parte, no puede olvidarse que el art. 45 del CPCC no es de aplicación en las incidencias que se planteen en el curso del proceso dado la correlación que guarda con la norma del art. 34 inc. 5° del CPCC (art. 76, ley 69).-------------------- --- Por ello, corresponde confirmar en lo que fue materia de agravio el decisorio venido en recurso.------------------------------------------------------------------------ --------- b) Refiere que el juez a quo se apartó de la ley arancelaria y liquida unilateral y directamente lo que le está vedado; que el proceso principal cuenta con montos superiores a los $ 300.000, con liquidación aprobada que dista ya de varios meses; y que no se advierte de donde extrae el monto al que llega. Pide se regulen los honorarios en el máximo del porcentaje que la por ley corresponde.------------------- --- Se sostiene que el art. 19 de la ley arancelaria al establecer como pauta el monto del juicio, tiene vigencia no sólo con relación a los procesos de conocimiento, sino también a otros que no lo son, entre los que se considera a los incidentes (art. 33; conf. Serantes Peña , Palma, Serantes Peña, Aranceles de honorarios para abogados y procuradores, Depalma, Buenos Aires, 1977, p. 61).--- --- Es que, la retribución de los profesionales intervinientes en un incidente debe fijarse en relación a la entidad económica que estuvo comprometida en él (CNCiv., Sala F, julio 5-990, La Ley 1991-D-577, J. Agrup., caso 7402).--------------------------- Y así, la determinación del monto del proceso a los efectos de la regulación de los honorarios, debe ser apreciada por el tribunal en cada caso particular y según las circunstancias, a fin de preservar la ratio legis que orienta la referencia legal a dicha cuantía, que es la justa distribución de las remuneraciones (CNCiv. Sala C, noviembre 6-984, La Ley, 1985-B-548).------------------------------------------------- --- Apelados por bajos los honorarios establecidos en la sentencia de fs. 18/20, por el letrado apoderado del Sr. C. A. R., Dr. M. A. L- atendiendo al resultado obtenido en el incidente de nulidad oportunamente articulado por su contraria, el mérito y extensión de las tareas efectivamente desarrolladas por el citado profesional en el incidente resuelto, el monto del proceso, bajo las pautas rectoras de los arts. 6, 9, 33, 39 y concordantes de la ley 2.200, corresponde elevar la regulación de honorarios efectuada a favor del Dr. M. A. L. en el porcentaje de 3,24% del monto del proceso.---------- --- Corresponde aclarar asimismo, que la cuantía de los honorarios en el sub lite no depende exclusivamente del monto del juicio, ni de la aplicación automática de las escalas pertinentes, sino del conjunto de pautas previstas en la norma arancelaria, que pueden ser evaluadas por los jueces con un amplio margen de discrecionalidad a los fines de no generar situaciones de injusticia e inequidad no deseadas por el legislador (CSJN, LL 1996-A-794).-------------------------------------- --- Por ello, la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Noreste RESUELVE: -------------------------------------------------------- --- I. Declarar desierto el recurso interpuesto a fs. 22, condenando en costas al apelante vencido (art. 68 CPCC). Sin regular honorarios a favor del Dr. C. R. Z., letrado apoderado de T. W. S.A., en atención a la inoficiosidad de los trabajos cumplidos en esta instancia (art. 6 de la Ley 2.200).--- --- II. Confirmar en lo que fue materia de agravio el decisorio venido en recurso interpuesto a fs. 21, con costas al apelante vencido (art. 68 CPCC), regulando los honorarios de Alzada al letrado apoderado del Sr. C. A. R., Dr. M. A. L., en la suma de $ 50 (pesos cincuenta), con más el IVA que pudiera corresponder (arts. 6, 33, 14 y ctes. Ley 2200). --------------------------------- --- Modificar los honorarios regulados a fs. 18/20 y elevar los correspondientes al letrado apoderado del Sr. C. A. R., Dr. M. A. L., al 3,24% del monto del proceso, con mas el IVA correspondiente (arts. 6, 9, 33, 39 y concordantes de la ley 2.200).---------------------------------------------------------------- --- Regístrese, notifíquese y oportunamente remítase.----------------------------------- HIPÓLITO GIMENEZ SERGIO RUBEN LUCERO RAUL ADRIAN VERGARA REGISTRADA BAJO EL Nº 34 DE 2004.- SIL - CONSTE.- c.