Tribunal: TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-11-22


Buenos Aires, Noviembre 22 de 2006.

Resultando:

I. Que a fs. 29/47 vta. se interpone recurso de apelación contra la resolución de fecha 29 de septiembre de 2005 dictada por el Jefe de la División Fiscalización "A" de la Dirección Regional Devoluciones a Exportadores de la AFIP-DGI mediante la cual se le hace saber a la actora que se impugnan los reintegros solicitados en concepto de créditos fiscales del impuesto al valor agregado atribuibles a operaciones de exportación correspondientes a los meses de octubre de 2003, noviembre de 2003; diciembre de 2003 y enero de 2004. Asimismo, se manifiesta que corresponde aplicar las disposiciones del art. 36 inc. b) del Título IV de la Res. general 1351/02 (AFIP).

Manifiesta la recurrente que la resolución referida impugna parcialmente declaraciones juradas que su mandante presentara en formularios 443/A, sobre devolución, en concepto de créditos fiscales del impuesto al valor agregado por exportaciones llevadas a cabo en los períodos fiscales comprendidos entre octubre de 2003 hasta enero de 2004, por la suma de $1.195.347,09.

Indica que este último importe es el total de los parciales señalados en la columna Crédito Fiscal impugnado, dentro del cuadro inserto en el acta labrada por los inspectores actuantes, junto con 18 anexos, el 22/9/2005 y cuyas cifras de las solicitudes de reintegro son expuestas en la resolución apelada, que se acompaña como anexo I. Agrega que la resolución de marras aplica la sanción prevista en el Título IV, art. 36 inc. b) de la Res. general 1351/02.

Asimismo, expone las razones de hecho y derecho en las que funda su pretensión. Cita jurisprudencia y, en particular, la sentencia Miguel Pascuzzi e Hijos SA, de la sala A. Ofrece prueba y deja planteado el caso federal.

A fs. 57/74 contesta la representación fiscal el traslado que le fuera conferido, oponiendo la excepción de incompetencia y, en subsidio, refuta los agravios de la actora, solicitando que se rechace el recurso de apelación interpuesto con expresa imposición de costas.

A fs. 75 se corre traslado de la excepción de incompetencia opuesta por el Fisco, el que fue contestado a fs. 76/91vta.

II. Que a fs. 95 se elevan los autos a consideración de la sala A.

Y Considerando:

I. Que el art. 159 de la ley 11.683 (t.o. en 1998) establece, en lo que aquí interesa, que "El Tribunal Fiscal será competente para conocer: a) De los recursos de apelación contra las resoluciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos que determinen tributos y sus accesorios en forma cierta o presuntiva o ajusten quebrantos por un importe superior a pesos dos mil quinientos ($2.500) o siete mil pesos ($7.000), respectivamente; b) De los recursos de apelación contra las resoluciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos que impongan multas superiores a pesos dos mil quinientos ($2.500) o sanciones de otro tipo, salvo la de arresto; c) De los recursos de apelación contra las resoluciones denegatorias de las reclamaciones por repetición de impuestos formuladas ante la Administración Federal de Ingresos Públicos y de las demandas de repetición que se entablen directamente ante el Tribunal. En todos los casos siempre que se trate de importes superiores a pesos dos mil quinientos ($2.500.-); d) De los recursos por retardo en la resolución de las causas radicadas ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, en los casos contemplados en el segundo párrafo del art. 81; e) Del recurso de amparo a que se refieren los arts. 182 y 183...".

II. Que tal como ha decidido este Tribunal en reiteradas resoluciones, los actos que no se encuentren comprendidos en los incisos del art. 159 antes transcripto, resultan ajenos a su competencia (vide entre otros, "Gutierrez y Belinsky S.A. s/recurso de apelación", Expte Nº 9581-I; "Acelin S.A.C.I.A y F. s/recurso de apelación", Expte Nº 9145-I, "Curi Hnos S.A. s/recurso de apelación", Expte Nº 19.349-I).

En el último de los decisorios referidos, la sala B de este Tribunal, remitiéndose a lo resuelto in re "Cresol S.A.", expresó: "...Que en este sentido cabe tener presente que las normas que atribuyen la competencia a los órganos jurisdiccionales del Estado son de orden público ya que se trata, en definitiva, del poder jurisdiccional que la constitución, la ley o los reglamentos, o las acordadas atribuyen a cada fuero y a cada tribunal o juez (Podetti), de ahí que la claridad y no ambigüedad en la fijación de la competencia sea de fundamental importancia para asegurar la efectividad de los derechos de los particulares, en la medida en que no hay derecho legítimamente protegido si no hay un órgano ante quién alegar el daño".

"Que en el caso específico y particular de la competencia de órganos jurisdiccionales, independientes y administrativos como en el caso de este Tribunal, resultan pertinentes las expresiones de Gordillo, al decir que "Frecuentemente se compara la competencia de los órganos administrativos con la capacidad de los sujetos privados de derecho; en ambos se estaría señalando una aptitud de obrar, la medida de las actividades que el órgano o el sujeto pueden legalmente ejercer. Sin embargo, es importante destacar que mientras en el derecho privado la capacidad es la regla, y por lo tanto se presume en tanto una norma expresa no venga a negarla, en derecho público la competencia de los órganos no se presume y debe ser otorgada en forma expresa o razonablemente implícita por una norma jurídica para que pueda reputársela legalmente existente" (Tratado de Derecho Administrativo, Parte General, tomo I, Cap. IX-9).

"Que tal criterio resulta concordante con lo que indicara B. Fiorini al tratar la "competencia administrativa" (es decir "la medida de capacidad funcional que tienen los órganos dentro de la organización administrativa") donde dice "que las atribuciones de cada órgano se establecen por disposiciones legales, sean de subsistencia administrativa o legislativa y por consiguiente" ninguna competencia puede existir en el ámbito administrativo sin una regla de Derecho que lo regule" (B. Villegas Basalvivaso, D. Administrativo tomo II, pág. 259, 1950" (véase la voz "competencia administrativa" en la Enc. Jurídica Omeba, tomo III, pág. 489 y sigtes.).

"Que debe en consecuencia conjugarse el principio precedente relativo al carácter expreso de la competencia y el sistema recursivo instaurado por la ley 11.683 y su decreto reglamentario al reglar recursos ante este Tribunal, ante la Justicia y recursos para toda aquella situación que no se encuentre expresamente a nivel jurisdiccional. Se ve así la nítida concordancia entre aquél principio de explicitud y el presente régimen al salvaguardar los derechos de los administrados ante un caso no "expresamente" previsto, lo que le otorga, a tal sistema, tanta racionalidad como razonabilidad".

III. Que a través del acto venido en recurso se impugnan en forma parcial los montos solicitados por la actora en concepto de reintegros de créditos fiscales del impuesto al valor agregado por operaciones de exportación por los períodos fiscales octubre, noviembre y diciembre de 1993 y enero de 1994, conforme al régimen de Reintegros establecido en el Título I de la Res. general 1351/02 (AFIP) y se aplica también el art. 36 inc. b) del Título IV de dicha resolución.

Al ser ello así, claramente se advierte que la resolución de marras no resulta determinativa de la materia imponible o sus accesorios en forma cierta o presuntiva, ni ajusta quebrantos ni impone sanciones.

Tampoco resulta el acto apelado una denegatoria de repetición. En efecto, en lo que hace a los pedidos de recupero y devoluciones anticipadas formulados respecto del crédito fiscal del impuesto al valor agregado atribuible a operaciones de exportación, cabe expresar que este Tribunal tiene decidido que los mismos no se encuentran dentro del ámbito de su competencia, por cuanto no pueden ser equiparados a los pedidos de repetición, toda vez que las características de las solicitudes de reintegro como las que se tratan en esta causa, se distinguen claramente de la repetición de tributos pagados indebidamente o en exceso, tal como viene regulada en el art. 81 de la ley 11.683 (t.v.).

En tal sentido, se sentenció al respecto que "...el presupuesto fáctico capaz de habilitar el recurso, es haber el contribuyente de derecho abonado los tributos y sus accesorios, ya sea espontáneamente o a requerimiento de la Dirección General Impositiva (ley 11.683, art. 81, primer párrafo), en tanto que en el caso de los exportadores tal presupuesto no existe. En consecuencia, aunque se trate de especies del mismo género, el reembolso de impuestos a los exportadores no tiene nada más en común con el recurso de repetición que ser el Fisco Nacional en ambos casos el obligado a devolver las sumas que en definitiva correspondan" (vide "Sociedad Anónima de Exportaciones Sudamericanas C.I. y F. s/recurso de amparo", T.F.N., fallo del 8/8/97).

V. Que de conformidad con lo expuesto en los párrafos anteriores, el acto apelado no abre la competencia de este órgano jurisdiccional, por lo que cabe declarar su incompetencia.

VI. Que, por otra parte, los conceptos vertidos por este Tribunal, in re "Miguel Pascuzzi e Hijos SA", 14/9/2004, no resultan aplicables al sub lite, por tratarse de presupuestos diferentes.

Por ello, se resuelve: 1º) Declarar la incompetencia de este Tribunal para entender en autos. Con costas. 2º) Remitir las presentes actuaciones a la Dirección General Impositiva, a sus efectos. - Ignacio Buitrago. - José E. Bosco. - Ernesto C. Celdeiro.