Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-08-08


En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut, a los 08 días del mes de agosto del año dos mil seis, se reunió en Acuerdo la Sala Penal del Excmo. Superior Tribunal de Justicia, presidida por el juez Alejandro Javier Panizzi, e integrado con los jueces Jorge Pfleger y Juan Pedro Cortelezzi para dictar sentencia en "C., F. O. s/Lesiones Graves" (Expte.20.383-200-C-2006).- El orden para la emisión de los votos resultó del sorteo de fs. 281: juez Alejandro Javier Panizzi, Juan Pedro Cortelezzi y Jorge Pfleger.- El Juez Alejandro Javier Panizzi dijo:- La Cámara Primera en lo Criminal de la ciudad de Comodoro Rivadavia mediante sentencia del día 5 de diciembre del año 2005 (Registrada con el número 61/ 2005) condenó a F. O. C. como autor responsable de delito de Lesiones Graves (art. 90 del C. Penal) a la pena de tres años de prisión en suspenso y costas del proceso, por el hecho ocurrido en esa Ciudad el día 8 de marzo de 1998, en perjuicio de M. C..- Se le imputa que en la madrugada del día 8 de marzo del año 1998, alrededor de las 2:30 horas, el joven M. H. C., quien por entonces se desempeñaba como chofer de remisse en una agencia de Rada Tilly, interrumpió brevemente su labor para concurrir al domicilio de las calles *** de esa Ciudad, donde se celebraba el cumpleaños de la testigo L P G., ya que allí se encontraba la novia de C., A E R.

Esta fue avisada sobre la presencia de C. en el exterior y salió a su encuentro, ascendiendo al vehículo del lado del acompañante a conversar. En esas circunstancias el imputado F. O. C. junto a un grupo de amigos que salían también de la fiesta de cumpleaños pasó cerca del rodado ocupado por C. y Rebolledo y por la agresividad de C. hacia C., Rebolledo se bajó del vehículo nerviosa y, al acercarse a C., recibió de él un golpe que la dejó en el suelo aturdida.

Luego bajó C., quien se trabó en lucha con C., sin advertir que este portaba un instrumento de filo con el que finalmente lo apuñaló en el pecho, causándole herida inciso penetrante en cara anterior de hemitorax derecho con lesión de arteria intercostal y de ventrículo derecho; debiendo ser operado de urgencia en el Hospital Regional Local.- A fs. 236/45, el Defensor Público, doctor Eduardo Marcelo Cerda, interpone recurso de casación citando como motivo casatorio la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva prevista en el artículo 415 inciso 1º del Código Procesal Penal. Sostiene que se han violado las normas contenidas en los artículos 18 de la Constitución Nacional; 44 párrafo 4 de la Constitución Provincial; 7, inc. 5 y 8, inc. 1, P.S.J.C.R.; art. 9, inc. 3 P.I.D.C.P.; art. 14, inc. 2 c P.I.D.C.P. y el art. 40, inc. 2b III. C.D.N. Se agravia de la pena impuesta sin que se tu-viera en cuenta la excesiva duración del proceso que estipula en casi ocho años, pues entiende que la violación de la garantía del plazo razonable de juzgamiento importa la pérdida por parte del Estado del "ius puniendo", en tanto la imposición de una pena importaría que no se cumplió con la pauta de racionalidad de tiempo que exigen las normas internacionales incorporadas al vértice de nuestro orden jurídico.

Afirma que el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas no se identifica con el mero incumplimiento de los plazos procesales, ni tampoco con el retardo ocasionado por un funcionamiento lento de la Administración de Justicia que pueda tener su causa en la acumulación de asuntos o en la escasez de medios personales o materiales, sino que comporta la utilización de un concepto jurídico indeterminado (la resolución dentro de un plazo razonable) que necesita ser dotado de un contenido concreto en cada caso, atendiendo a criterios objetivos congruentes con su enunciado genérico. Finalmente solicita se case la sentencia atacada y se dicte la absolución de C..

El examen de la sentencia, he de realizarlo con la amplitud que impone el criterio consagrado en el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación in re: "CASAL, M. Eugenio y otro s/robo simple en grado de tentativa" (causa Nº 1681) y respecto de los puntos indicados en la motivación. - Examinada la sentencia en crisis, encuentro adecuadamente fundada la decisión de los Jueces que integran la mayoría, y justificada la respuesta judicial por el delito juzgado. En cuanto a la violación de la garantía del plazo razonable de juzgamiento que se presenta como motivo casatorio, estimo que debe rechazarse.

En la solución ha de tenerse presente dos aspectos, uno: la garantía de la defensa en juicio consagrada en el artículo 18 de la Constitución Nacional, de ella se desprende el derecho de todo imputado a obtener mediante un juicio tramitado en legal forma, una sentencia que defina, frente a la ley y a la sociedad en general, su incertidumbre y la eventual restricción de libertad; dos: el derecho que tiene la sociedad a defenderse del delito debe ser compensado con el del individuo sometido a proceso de manera que ninguno sea sacrificado en aras de otro.- Bajo esa previsión, en el examen del proceso, se detectan demoras en la etapa de intrucción, que no cuentan -en el expediente- con causas que la justifiquen; pero, no tienen la entidad que le otorga el impugnante, sobre todo porque el devenir de la causa -con elementos de cargos suficientes- permitió arribar a una sentencia condenatoria.

Por ello, encuentro acertadas las conclusiones del Juez Pintos quien, contestando el pedido que el Abogado defensor realizó en el alegato final, consideró la situación del retardo al momento de ponderar la pena como un elemento que debe ser tenido en cuenta y puede, eventualmente, incidir con una efectiva reducción de la misma, pero no puede significar, como lo pretende la parte, la consagración de la impunidad de quien ha delinquido.

Es así que en la parte volitiva del fallo en crisis se le impone solo tres años de prisión en suspenso, pena que encuentro adecuada a las consideraciones vertidas en la motivación porque se compadecen de la aludida dilación del procedimiento.- El derecho que tiene todo perseguido judicialmente, a que se resuelva su situación en un plazo razonable, ha sido consagrado por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero en situaciones inversas a la que ahora nos ocupa, porque se impidió que una resolución revocara una sentencia definitiva y de esa forma retrotrajera el procedimiento a un momento inicial en perjuicio del servicio de justicia y del imputado quien, luego de haber soportado muchos años de persecución era proyectado nuevamente al comienzo de aquella.(PILECKAS,CSJN - Fallos,297:486)(MATTEI,CSJN-Fallos, 272:188).- Resulta obvio, entonces, que en el presente, pese a la demora en el trámite, éste ha concluido con una sentencia condenatoria que no ha sido atacada en lo sustancial ni en lo procesal, por lo que debe ser confirmada.

Por lo expuesto, corresponde declarar improcedente el recurso de casación de fs. 500/8, con imposición de costas procesales, confirmar la sentencia atacada y regular los honorarios profesionales de la Defensa Pública.

Así voto.- El juez Cortelezzi dijo:

Adhiero a los fundamentos desarrollados por el doctor Panizzi para declarar la improcedencia del recurso.

Tal como lo sostuve al votar en la causa "G, N s/robo calificado" (sentencia del 12 de junio de 2006), entiendo que los requisitos de admisibilidad y autosuficiencia del recurso ceden ante la garantía de una doble instancia que permitan un mas amplio acceso al derecho de defensa.

Como bien aclaró quien me precede en el voto, es tan importante el derecho que tiene toda persona acusada de un delito de liberarse del estado de sospecha que importa la acusación en un plazo razonable, como el que tienen los integrantes de la sociedad a ver protegidos sus derechos individuales consagrados de igual modo en la Constitución Nacional.- Las presentes actuaciones se iniciaron el 8 de marzo de 1998, con el objeto de investigar las lesiones proferidas a M. C. mediante la utilización de un arma blanca.

De una compulsa de las mismas surge que han transcurrido casi 8 años desde el inicio hasta la sentencia condenatoria (5 de diciembre de 2005), sin que se vislumbren motivos que justificaran dicha demora en el trámite del proceso.

Se advierte que el único factor responsable de la duración del presente es la poca diligencia de las autoridades competentes en la conducción del proceso: la etapa instructoria duró más de cuatro años, y la plenaria casi el mismo tiempo, inclusive se llegó a suspender a más de dos años la audiencia oral y pública ordenada en un principio, acudiendo a una fórmula genérica -"reorganizar las audiencias de debate con presos"- como único motivo -v.fs. 123-.- También resulta incomprensible que la Defensora Pública haya contribuido en esta dilación procesal, ya que el mismo día en el que se llevaría a cabo el juicio oral -audiencia fijada en segunda oportunidad para el 8 de junio de 2005-, presentó la solicitud de suspensión de juicio a prueba, con el daño que ello significó no sólo para el imputado, sino también para todas aquellas personas convocadas al debate, cuando tranquilamente lo podría haber presentado con anterioridad.

Sin perjuicio de ello, las injustificadas demoras, mas allá de los perjuicios que le ocasionaran a C., no pueden ser sancionadas con la absolución, máxime cuando ya existe una sentencia condenatoria que ni siquiera ha sido cuestionada en lo sustancial. Además, como bien sostuvo el juez Panizzi, la condena impuesta fue a sólo tres años de prisión en suspenso, motivo por el cual, la dilación del procedimiento se tuvo en cuenta al momento de efectuarse la mensuración.- Cabe aclarar que la limitación temporal para la persecución de los delitos está regulada por el instituto de la prescripción, único supuesto en el que se autoriza a declarar la extinción de la acción penal por el transcurso del tiempo. Motivo por el cual, no habiendo operado el plazo prescripto en el artículo 62 del ordenamiento de fondo, y existiendo una sentencia condenatoria que puso fin al estado de incertidumbre que pesaba sobre C., sin que la defensa haya cuestionado su validez, entiendo que debe rechazarse el recurso de casación intentado.- Por último, quiero agregar, que las cláusulas internacionales citadas por la defensa se refieren al derecho que tiene todo acusado a ser juzgado en un "plazo razonable" (Convención Americana de Derechos Humanos, art. 8° inc.1° y P.I.D.C.y P., art. 14, inc.3° c)), pero la violación a este precepto indeterminado no determina automáticamente la aniquilación de castigo para el culpable, al menos dicha consecuencia no se deduce de los instrumentos mencionados. Así voto.

El Juez Pfleger dijo:

Con los sufragios coincidentes de los doctores Alejandro Javier Panizzi y Juan Pedro Cortelezzi, existe mayoría de votos para conformar la voluntad del Superior Tribunal; de modo que haré uso de la facultad que prevé el C.P.P., art. 357 -texto según ley 4550, art. 7.

Con lo que finalizó el Acuerdo, pronunciándose la siguiente;

S E N T E N C I A - 1º) Declarar que el recurso de fs. 236/45 es improcedente, con costas (C.P.P., art. 487).

2º) Confirmar la sentencia de fs. 216/34 vta.- 3°) Regular los honorarios de la Defensa Pública en la suma de seiscientos veinticinco pesos ($625), no incluye I.V.A. (Ley 2200, art. 14 y 4920,art. 59 ).- 4°) Protocolícese y notifíquese.