marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Daños y perjuicios, responsabilidad del Estado, depósito, moneda, bonos externos, moneda extranjera, jueces, funcionarios públicos, juicios contra el Estado
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: HOTELERA RIO DE LA PLATA S.A.C.I. c/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES s/ HECHOS ILICITOS DE MAGISTRADOS.    RESPONSABILIDAD DEL ESTADO.   PRESCRIPCION- CONVERSION EN MONEDA EXTRANJERA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-06-04

En virtud de una comunicación judicial irregular, corresponde condenar a la Provincia a hacer entrega a la actora de la cantidad de dólares de los Estados Unidos de Norteamérica que hayan sido percibidos por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en concepto de rescates, amortizaciones e intereses de los Bonos Externos de la Nación Argentina depositados por la actora, y que no se encuentren aun depositados en especie en dicha institución bancaria, con sus intereses a la tasa del 8% anual desde el día de la percepción hasta el del pago, o su equivalente en moneda argentina según la cotización tipo vendedor del Banco de la Nación Argentina al día del pago.
Proceso penal, imputado, audiencia de conocimiento personal, leyes, interpretación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: F., O. s/ Robo calificado por el uso de arma (Expte Nº 47-99, Resolución Nº  71, Tomo 6, Folio 189)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-10-08

De alguna manera se ha sostenido que el incumplimiento de la entrevista personal con el imputado afectaría el principio constitucional de igualdad ante la ley, dado que quiénes son sometidos a juzgamiento a través de un proceso oral logran una inmediación con sus jueces, que en cambio no lograrían quienes lo son por vía de otros procesos en los que se incumpla la audiencia señalada por el artículo 41 del Código Penal. Al respecto, me parece percibir que si al principio indicado lo trasladáramos con la plenitud que resultaría de la estimación anterior al ámbito de lo procesal, la capacidad de las provincias de dictarse sus propios códigos procesales caería, para establecerse un procedimiento único que, sin embargo la Constitución no ha querido como lo revela al no fijar entre las atribuciones del Congreso la de dictar un Código Procesal Penal (otro tema es el atinente a la posibilidad de que la norma apunte a una efectiva e igualitaria realización del derecho penal, ya que en tales casos el estudio de su validez sería distinto). Cierto es que a partir de la reiterada mención de la Constitución a la necesidad de finalizar las causas criminales por juicios por jurados, podría elaborarse un pensamiento distinto, mas ha de tenerse en cuenta que no es consecuencia necesaria de todo juicio por jurado la audiencia del imputado al finalizar el debate, aunque sí lo sea la audiencia de él durante el enjuiciamiento. Desde un ángulo distinto, observo que en todo caso la igualdad ante la ley estaría resguardada aunque fuera mínimamente con la audiencia personal que con el juez mantiene el imputado durante su declaración indagatoria. Lo dicho pues, me lleva a rechazar también la posibilidad de la afectación constitucional aquí tratada.
Acción de amparo, medidas cautelares
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: Najmías, Little, Luis. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Amparo Buenos Aires s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-12-12

La medida cautelar, como instituto jurídico, necesita ser precedida por la configuración de ciertos requisitos que posibilitan su existencia y admisibilidad. Estas exigencias, sin embargo, dependen siempre de su contrastación con el caso puntual, el cual ofrece por sí mismo la medida de su viabilidad. (Del voto de los Dres. Nélida M. Daniele, Esteban Centanaro y Eduardo A. Russo).
Compraventa inmobiliaria, pacto comisorio, resolución del contrato, resolución extrajudicial del contrato, resolución judicial del contrato
Materia: CIVIL
Carátula: TERRI, Jorge Rubén y otros c/ CINELLI, Oscar Nicolás s/ RESOLUCION DE CONTRATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-24

Además de las vías extrajudiciales de resolución, del art. 1204 "in fine" del Código Civil se infiere la existencia de la alternativa de acudir directamente a la resolución en la instancia judicial.

Fuere o no eficaz la resolución intentada extrajudicialmente, si se la persiguió por la vía judicial, de ser veraces los presupuestos en que se la sustentó, no es discutible que cabría admitirla, máxime si los adquirentes del inmueble sólo negaron los incumplimientos que se les endilgaran y consiguientemente declinaron toda posibilidad de cumplimiento futuro y no intentaron siquiera un cumplimiento posterior al reclamo judicial, sino que lisa y llanamente sostuvieron que habían satisfecho sus obligaciones.
Beneficios previsionales, pérdida del beneficio, suspensión del beneficio, acto administrativo, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, haber jubilatorio, acción de amparo
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ARZAMENDIA, CLAUDIO c/ A.N.Se.S. s/ PRESTACIONES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-28

La habilitación que realiza el art. 48 de la ley 18.037 para que en sede administrativa -mediante decisión fundada y aunque la prestación se hallare en vías de cumplimiento- se suspenda, revoque, modifique o sustituya por razones de ilegitimidad la resolución otorgante de la prestación, no puede interpretarse más que para aquellos supuestos en que el dictado del acto sea producto de un error grosero de derecho o para aquellos otros en que las motivaciones sólo sean consecuencia de antecedentes que carezcan de existencia real, y que hayan sido acreditados como originados en maniobras dolosas o fraudulentas. En consecuencia, si la A.N.Se.S. procedió a rectificar el monto del haber oportunamente otorgado al titular y le formuló cargo por los haberes indebidamente percibidos omitiendo conferirle toda participación en el expediente, corresponde confirmar la decisión del "a quo" que admitió la acción de amparo instaurada, al entender que la ausencia de intervención del interesado con anterioridad al dictado de la resolución atentaba contra el derecho al debido proceso adjetivo que salvaguarda el art. 1, inc. f) de la ley 19.549 y no se compadecía con las previsiones que establece el art. 17 del citado cuerpo legal respecto de los actos firmes y consentidos.
Divorcio por presentación conjunta, desistimiento, preclusión
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Amado, Nélida Ester c/ Kirincich, Carlos Alberto s/ Divorcio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2005-08-10

Así como ocurría durante la vigencia del art. 67 bis de la ley 2393, el art. 236 del Código Civil (texto ley 23.515) permite a los cónyuges retractar su voluntad hasta la celebración de la segunda audiencia prevista por el aludido precepto, inclusive. Luego de tal oportunidad gobierna el tema con total imperatividad el principio de la preclusión de los actos procesales.
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, levantamiento del embargo, cuestiones procesales, cuestión de derecho común, procedimiento laboral, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL
Carátula: Rubio, Nélida Virginia c/ Filippini, Víctor Hugo y otro. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-11-17

Es improcedente el recurso extraordinario contra la sentencia que ordenó el levantamiento del embargo trabado, pues las cuestiones debatidas en el juicio remiten al examen de temas de derecho laboral, procesal y común, materia propia de los jueces de la causa y extraña a la instancia extraordinaria, máxime cuando lo resuelto se apoya en argumentos de igual carácter que, más allá de su acierto o error, le confieren sustento jurídico y descartan la tacha de arbitrariedad invocada.
Derecho de trabajar, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Pallavicini, Raúl Eduardo c/ A.J. Tendlarz SACIF y-o Quien Resulte Responsable s/ Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-07-08

La protección contra el despido arbitrario existente desde largo tiempo anterior a ser consagrada como garantía constitucional por la reforma de 1957 a la Constitución Nacional, ha sido reiteradamente entendida por la Corte Suprema Nacional como esfera de actuación correspondiente al legislador que, en cumplimiento de la manda constitucional, debe establecer las bases jurídicas que reglamenten las relaciones de trabajo y las consecuencias que se derivan de la ruptura del contrato laboral, sin que los jueces se hallen facultados para decidir sobre el mérito o conveniencia de la legislación sobre la materia.
Recurso contencioso administrativo, interpretación restrictiva, demanda, jubilaciones, haber jubilatorio, médicos
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Besnosoff, Ruben Efrain c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 772-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-08-09

Cabe rechazar la excepción de defecto legal interpuesta por la Provincia demandada cuando los términos de la demanda no le impiden colegir qué se demanda y por qué se la demanda. La carencia de mayores precisiones, no fundamenta la admisibilidad de la excepción, que es de interpretación restrictiva y que no refiere al fondo o justicia de la pretensión. En el caso, del análisis del escrito recursivo surge que el actor se desempeñaba al momento del cese como Médico Jefe de Clínica del Servicio de Cirugía y que peticiona el reajuste en relación al sueldo del activo que cumple las mismas funciones y, si bien no precisa los adicionales, la referencia al sueldo del activo, engloba los rubros que lo componen, de los que se tendrá en cuenta los que corresponden para la determinación del haber jubilatorio y en definitiva, deberán ser acreditados en la etapa probatoria y dependerán de la valoración que efectúe el tribunal en la sentencia, teniendo en cuenta la custodia del interés público, en el ámbito del proceso contencioso administrativo. Por lo tanto, acoger la excepción, constituiría un excesivo ritualismo, que impediría el acceso a la jurisdicción.
Sentencia arbitraria, prueba documental
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: COLEGIO DE MEDICOS DE SANTIAGO DEL ESTERO c/ ODONTO PRESS Y OTRA S/COBRO DE PESOS s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2005-09-23

Es arbitraria la sentencia que omitió toda consideración del documento oficial agregado a la causa antes de notificado el fallo por razón de la oportunidad de su incorporación.
Sentencia condenatoria, participación secundaria, trata de personas, prisión, condena condicional, insuficiencia del agravio, fundamentación de sentencias, allanamiento domiciliario
Materia: PENAL
Carátula: QUINTANA, Fabián Leandro c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-25

La sentencia impugnada que condenó al encausado como partícipe secundario penalmente responsable del delito de trata de personas, a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional supera el test de fundamentación a tenor de los arts. 123 y 404 inc. 2 del Código Procesal Penal de la Nación para ser reputada un acto jurisdiccional válido, por lo que la tacha de arbitrariedad pretendida y la alegada errónea aplicación de la ley, no serán de recibo. Al contrario de lo argüido por el recurrente, los jueces han desarrollado, con criterio lógico y fácilmente asequible para cualquier lector, el rol que le cupo al encausado en los hechos reprochados, con apoyo en las constancias obrantes en la causa. En efecto, a la par de señalar que su presencia en el local allanado se encontraba fuera de discusión, precisaron que su función no se limitaba a la de un simple expendedor de bebidas en un bar con inconexión de lo que allí sucedía. Recordaron que el nombrado, si bien se ubicaba detrás de la barra para preparar y servir bebidas y tragos, además de "barman", procedía a anotar los ingresos de dinero por estos conceptos y a registrar en cuadernos el que se recaudaba a partir de los denominados "pases" abonados por los clientes que allí concurrían, separando el valor de la primera copa de bebida en favor de la explotadora del lugar. En ese sentido, explicaron que tenía a cargo el giro económico del negocio, y razonaron que su inmediación con las personas aludidas, tanto con los clientes -ocasionales y habituales- como con las víctimas, demostraba que conocía el fin último del emprendimiento, interviniendo, con su aporte, en la ejecución de los hechos. Llegado el momento de precisar su aporte, consideraron que su participación en el delito atribuido lo fue en carácter de cómplice secundario (art. 46 del Código Penal), argumentado que por no ser quien proporcionaba el alojamiento, ni regenteaba el prostíbulo, ni corría con sus gastos, no era posible atribuirle una participación mayor.
Sentencia condenatoria, prueba anticipada, prueba testimonial, juramento y promesa de decir verdad
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: P., J. F. c/  s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-03-28

Los recurrentes se limitan a discrepar con lo resuelto por el A quo al confirmar la condena del imputado dispuesta en primera instancia, mas sin acreditar la presencia de vicios que tornen descalificable la motivación ensayada por el Tribunal, ni rebaten las consideraciones efectuadas por los Sentenciantes en relación a la falta de cuestionamiento oportuno de la realización del anticipo jurisdiccional de prueba y la validez de dichos testimonios a pesar de la falta de juramento previo de los declarantes, teniendo en cuenta que si bien el incumplimiento de este recaudo formal llevaba a la nulidad del testimonio, se trataba de un defecto subsanable, desde que las defensas fueron debidamente notificadas de su realización e incluso, en la mayoría de los casos, las presenciaron y tuvieron oportunidad de controlar su producción.
Fallos de la Corte Suprema, obligatoriedad del precedente, Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas, Constitución Nacional, desaparecidos, Derechos humanos, violación de derechos humanos
Materia: PENAL
Carátula: Ricchiuti, Luis José y Hermann, Elida Renée s/ rec. de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-12-27

Conforme lo ha establecido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la ratificación en años recientes de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas por parte de la República Argentina sólo ha significado la reafirmación por vía convencional del carácter de lesa humanidad postulado desde antes para esa práctica estatal, puesto que la evolución del derecho internacional desde la segunda guerra mundial permite afirmar que para la época de los hechos imputados -la dictadura militar transcurrida desde 1976 a 1983-, el derecho internacional de los derechos humanos condenaba ya la desaparición forzada de personas como crimen de lesa humanidad , en tano no es más que un nomen iuris para la violación sistemática de una multiplicidad de derechos humanos, a cuya protección se había comprometido internacionalmente el Estado argentino desde el comienzo mismo del desarrollo de esos derechos en la comunidad internacional una vez finalizada la guerra.
Accidente de tránsito, daños y perjuicios, responsabilidad del conductor
Materia: CIVIL
Carátula: GARCÍA VDA. DE MARTÍ c/ Beaud César Antonio y Otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2010-07-08

Es bien reprochable el conductor que movilice un rodado de las dimensiones de un camión, con acoplado, y cargado (totalizando aproximadamente 42.000 kg.) a 60 km.h/ de velocidad - aproximadamente, sin prevenir la ocurrencia de una circunstancia imprevista, en una arteria en donde hay intenso tránsito, con calles auxiliares, derivadores que la atraviesan (que permiten a importante cantidad de personas que se dirigen -en toda clase de vehículos- a lugares o localidades bastante pobladas, con viviendas, fábricas y establecimientos agrícolas) saliendo de un "rulo" sobre un puente, con pendientes de elevación y luego bajada. En dicho escenario, las contingencias no son tan sorpresivas.
Juicio ejecutivo, excepciones procesales, excepción de prescripción, procedencia del recurso, aplicación de la ley, plazo
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/ Medin SA de Servicios Médicos y Asistenciales por ejecución multas previstas en la Ley 265 s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-08-03

Corresponde rechazar el recurso de inconstitucionalidad porque la aplicación armonizada de los artículos 9 y 20 de la Constitución local permite sostener que las sumas que la Ciudad pretende cobrar (con base en un certificado de deuda emitido por el Ministerio de Salud de la Ciudad en el marco de las atribuciones que le acuerda la ley n° 2808), integran su régimen rentístico y, por lo tanto, están regidas - en cuanto a su retribución- por el Código Fiscal, conforme su art. 1, cuya vigencia y validez no se ha puesto en crisis. Esto es suficiente para desestimar el criterio que sustenta el recurrente. (Del voto en disidencia la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Compraventa inmobiliaria, precio, falta de pago, resolución del contrato, pacto comisorio tácito, mora del comprador, cláusula penal
Materia: CIVIL
Carátula: MERODIO, MARIA EPIFANIA Y OTRO c/ SGROMO DE ARMENTANO, CARMELA F. Y OTRO s/ RESOLUCION DE CONTRATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-15

Si transcurrieron varios años desde la fecha en que debió haberse cumplido el pago del precio no puede exigirse a la parte vendedora la postergación indefinida de la situación planteada y, por aplicación de la facultad resolutoria que concede el art. 1204 del Código Civil, que es implícita en todo contrato de prestaciones recíprocas, es atribución del cumplidor requerir la resolución del contrato al incumplidor. La circunstancia de que ocupen la propiedad desde hace largos años, no altera la situación de morosas que revisten y hace procedente la resolución del contrato.

El haberse pactado una estipulación penal por cada día de atraso en la firma de la escritura, no puede ser interpretado como una renuncia al ejercicio del pacto comisorio implícito, porque no puede presumirse la resignación de un derecho y porque la inteligencia de hechos que la configuran debe ser restrictiva (art. 874, Cód. Civ.).
Pensiones, cónyuge separado, separación de hecho, cónyuge culpable, cónyuge inocente, prueba, extinción del derecho de pensión
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: FALCON, ANA ELISA c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles s/ SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-02-28

Entender que el no haber demostrado la peticionante su no culpabilidad en la separación de hecho, automáticamente la hace aparecer como cumpable y sujeta a la sanción que impone el art. 1 de la ley 17.562, resulta una interpretación errónea, puesto que implica invertir la carga de la prueba y someterla a la necesidad de demostrar su inocencia para acceder al beneficio de pensión.
Querellante, simple damnificado, herederos, rechazo del querellante, actor civil, perjuicio directo
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: GEDELLA, Fernando. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-02

Particular damnificado es la persona que resulta directamente afectada por el delito y si bien el art. 1079 del C.C. define el verbo típico, sólo aquella persona a quien el delito ha damnificado directamente puede querellarse, los otros solamente tienen derecho a exigir la reparación civil resarcitoria (*).

Debe destacarse la diferencia entre lesión -u ofensa- y daño -o perjuicio-, en el primer caso se está ante la presencia del querellante y en el segundo, solamente se podrá ejercer el derecho a exigir la reparación mediante la acción civil resarcitoria.

El derecho de querellarse nace de la lesión a un bien jurídico protegido y sólo corresponde a su titular, no a quien haya sufrido perjuicio, sin ser titular del derecho.

Toda vez que la ofensa debe ser contemporánea al delito y que solamente puede querellarse quien al momento de su comisión tenía interés en ejercitar la pretensión punitiva, los herederos carecen de acción para querellarse por un delito cometido en vida del causante, aunque puedan querellarse por delitos cometidos contra la sucesión, ya que, en este caso, ya revestirían calidad de titulares de los bienes.

Por tanto, corresponde confirmar el auto que no hizo lugar a la solicitud del heredero de ser tenido por parte en representación del causante.
Cuestiones de competencia, incapaces de hecho, curatela, tutela, domicilio, cambio de domicilio, competencia por el territorio, juez previniente
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Farías, Antonia Susana s/ curatela.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-13

Debe hacerse una aplicación adecuada del art. 405 del Código Civil, previsto para la tutela, al que remite el art. 475, en el sentido que la jurisdicción del juez que previno al declarar la interdicción subsiste sin perjuicio de la mudanza de domicilio o residencia del interdicto, dado que se trata de una remisión y no de una norma expresa referida a la curatela (Disidencia del Dr. Gustavo A. Bossert).
Resistencia a la autoridad, procesado, medidas de seguridad, detención
Materia: PENAL
Carátula: Almada, Sandra I. s/ Resistencia a la autoridad
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-07-30

El hecho de ubicar a la procesada en una celda de la Alcaldía del Palacio de Justicia no constituye una sanción administrativa, sino una medida de seguridad preventiva, derivada del comportamiento precedente de la procesada, reacia a cumplir con las normas disciplinarias. No siendo exigible que se labren actuaciones escritas para aplicar medidas de este tipo, la conducta de la procesada se ajusta al tipo del art. 239 del C.P., configurándose el delito de resistencia a la autoridad.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia, omisión de considerar cuestión propuesta, arraigo, juicio, incidentes
Materia: CIVIL - COMERCIAL - PROCESAL
Carátula: NATION SA c/ GOGGI Y MORETTI SRL s/ DEMANDA ORDINARIA.   QUEJA   POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 110-84
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-09-12

La causal de descalificación de la sentencia por haber omitido el tribunal pronunciarse sobre cuestiones oportunamente planteadas, requiere que ellas sean decisivas para lograr un resultado distinto en el caso, no se desarrolla ningún argumento para convencer de que era verosímil que la expresa consideración de sus planteos acerca de que no cabe tomar como cuantía del juicio una apreciación efectuada "con protesto" y a los fines del arraigo, ni dar una importancia que no tenía al escrito del incidente de arraigo, podía hacer variar la suerte del litigio; en especial, frente al criterio del tribunal de que la provisoriedad de la estimación y el haber dejado sometido al "arbitrio de otros" el monto definitivo, no impedía considerar como cuantía del juicio el monto indicado en el arraigo.
Daños y perjuicios, responsabilidad del principal por los hechos del dependiente, responsabilidad del empleador, servicios de vigilancia
Materia: CIVIL
Carátula: SABATE, Angel Antonio c/ DISCO S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-10-25

El propietario de un supermercado debe responder por los daños ocasionados por un suboficial que estaba actuando como guardia de seguridad y, al intentar reprimir un asalto en la vía pública, originó un tiroteo en el que resultó herido un cliente en el interior del local.