Debido proceso, Ministerio Público Fiscal, requerimiento de instrucción, prisión preventiva, nulidad procesal, deberes y facultades del juez, deber de imparcialidad
Materia: PENAL
Carátula: "  Incid. de Apelación de Celestino Gómez en autos: s/ infracciónley 23.737 ".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-05-07

"Nuestro ordenamiento procesal pone en cabeza del fiscal la titularidad exclusiva de la acción penal (art. 5º CPPN) y establece la necesidad del requerimiento como acto impulsor del sumario (art. 180 CPPN), pues "corresponde a los fiscales permitir a los jueces de instrucción iniciar una investigación y es su misión delimitarles los hechos sobre los que deben realizarla " (Bruzzone, G., Fiscales y Política Criminal, en AA.VV., El ministerio Público en el Proceso Penal, Ed. Ad Hoc, Bs. As., 1993, p. 156). De acuerdo con el artículo 188 del CPPN, la intervención del fiscal, en esta oportunidad, debe incluir "la relación circunstanciada del hecho con indicación, si fuere posible, del lugar, tiempo y modo de ejecución". Este elemento central del requerimiento precisamente es el que señala los límites a que debe ceñirse la investigación, es decir, circunscribe el objeto procesal y limita la actividad jurisdiccional (cfr. D´ Albora, Francisco, Código Procesal Penal de la Nación, Tomo I, Ed. Lexis Nexis, Bs. As., 2005, p.

395)" (Del voto en disidencia del Dr. Freiler)."Al explicar el concepto de objeto procesal Maier señala que "se trata, como hecho hipotético de la vida humana, de un suceso histórico, de una acción que se imputa a alguien como existente o inexistente (omisión), esto es, como sucedida o no sucedida en el mundo real, y sobre la base de la cual se espera alguna consecuencia penal" (Derecho Procesal Penal, T. II, Ed. Del Puerto, Bs. As., 1996, p. 23)" (Del voto en disidencia del Dr. Freiler)." la descripción efectuada mal puede ser considerada como el relato de un suceso histórico susceptible de constituirse en objeto procesal. La alusión a preocupaciones sociales en forma genérica y abstracta sin la indicación de un comportamiento humano determinado o individualizable (aun cuando se pretendan delimitadas espacialmente) no satisface los requisitos de una "relación circunstanciada del hecho", pues precisamente de lo que carece es de la indicación de cuál es ese hecho. En otras palabras, no existe una hipótesis fáctica, entendida como se dijo anteriormente, para investigar. La ausencia de tales requisitos impide tener al requerimiento como un acto procesal válido y habla de la inexistencia de un caso en los términos exigidos por el artículo 188 del CPPN" (Del voto en disidencia del Dr. Freiler)." la cuestión aquí tratada no se reduce a un análisis meramente formal, si por ello entendemos un examen que repare exclusivamente en lo externo. Es estrictamente formal en clave de garantía, es decir, partiendo de la imposición de que la función estatal se cumpla en el ámbito de la administración de justicia penal a través de la forma procesal (Cfr. Schmidt, Eberhard, Los fundamentos teóricos constitucionales del derecho procesal penal, Ed. Lerner, Córdoba, 2006, pp. 22/3). Dicho de otra manera, la exigencia ritual del artículo 188 CPPN tiende a garantizar derechos constitucionales que no pueden ser trasvasados bajo el pretexto de motivos de eficiencia. En efecto, no puede dejar de advertirse que por detrás de todas las garantías constitucionales atrincheradas por la Constitución y reglamentadas por las formas procesales se encuentra la seguridad individual, o en otras palabras, la libertad" (Del voto en disidencia del Dr. Freiler)."Así, en función de ella, se exige para que pueda iniciarse un proceso penal contra una persona -que indudablemente apareja la restricción de sus derechos fundamentales- que exista un hecho y que éste deba ser investigado en orden a una acusación fiscal por parte del juez natural de la causa cuya imparcialidad se encuentre asegurada" (Del voto en disidencia del Dr. Freiler).

"El compromiso aludido pone, además, en serio riesgo la garantía de la imparcialidad del juzgador, el cual, movilizado por un requerimiento de instrucción que no cumple con las finalidades constitucionales para las que ha sido instituido por el legislador, buscará -sin competencia constitucional para ello (art. 116 CN)- si se ha producido un "caso" y lo perseguirá así de oficio -en violación al principio ne procedat iudex ex officio" (Del voto en disidencia del Dr. Freiler)."Nuestra C.S.J.N ha sido categórica al señalar que "la actividad legislativa enfrenta permanentemente el desafío de lograr un adecuado equilibrio entre un proceso penal `eficiente´ y uno que le dé al imputado la oportunidad de defenderse en un marco de verdadera imparcialidad. En este sentido, no es nueva la concepción de que la separación funcional entre juzgador y acusador apunta a lograr esa finalidad" (ver Fallos: Q. 162.

XXXVIII. Recurso de hecho, "Quiroga, Edgardo Oscar s/ causa N° 4302"; sobre las consecuencias para la defensa de un objeto procesal que fracasa en delimitar los límites el conocimiento judicial, ver también Maier, op. cit., T. II, p. 26)" (Del voto en disidencia del Dr. Freiler)."En este sentido, nuestra Sala sostuvo en el caso "García, Iglesia José", con invocación de este precedente de la CSJN, que: " aun cuando persistan en nuestro proceso fuertes elementos inquisitivos, lo cierto es que las funciones en pugna han sido puestas en cabeza de órganos estatales diversos -de allí su carácter mixto-, de modo de preservar, cuanto menos, uno de los aspectos de la imparcialidad objetiva. Por ello de acuerdo con los parámetros de interpretación expuestos [ver supra in re: "Quiroga"], cualquier duda acerca de la confusión de ambas funciones, ha de ser resuelta a favor de los derechos" (c.40.340, rta. el 27/08/07, reg. 934)" (Del voto en disidencia del Dr.

Freiler)."Recientemente hemos señalado: "la actividad jurisdiccional desplegada en ausencia del necesario impulso por parte del titular de la vindicta pública, no puede ser admitida como válida, toda vez que se ha traducido en una grave afectación a la garantía del debido proceso penal y al derecho de defensa en juicio de los imputados" (c. 43.956, "Adell, Nancy s/ nulidad e incompetencia", rta. el 15/04/10, reg. 313)" (Del voto en disidencia del Dr. Freiler)."Sucede que la actividad jurisdiccional no está dirigida a la satisfacción de intereses preconstituidos, sino a la averiguación de la verdad de cada hecho que conocen, mientras que la discrecionalidad y sujeción a directrices superiores es propia de la actividad administrativa (cfr. Ferrajoli, Luigi, Derecho y Razón, Ed. Trotta, Madrid, 2006, p. 579). La proyección de que un delito pueda tener lugar es una preocupación legítima, pero que como tal sólo representa un interés prejurídico, ajeno al conocimiento judicial y los principios que lo informan. La prevención, en este contexto, es una función que pertenece a otros órganos y sólo cuando estos canales son evadidos o fracasan, es decir, de una u otra forma el delito se produce, corresponde, recién ahí, dar intervención a la instancia jurisdiccional, ya no para prevenir, sino para sancionar. Sólo esta conclusión permite proteger la seguridad individual, entendida a la luz de la libertad, y así adecuar la figura del juez en función de las garantías de independencia e imparcialidad" (Del voto en disidencia del Dr. Freiler)."Sin perjuicio de que la cuestión relativa a la nulidad del requerimiento de instrucción glosado a fs. 2 de los autos principales no ha sido articulada por la defensa de Celestino Gómez, corresponde expedirse al respecto, en atención a las consideraciones vertidas por nuestro distinguido colega preopinante en el voto que antecede" (Del voto de los Dres.

Ballestero y Farah)."En ese sentido, si bien compartimos la apreciación relativa a las imprecisiones de las que adolece lo expresado por el titular de la acción en el citado dictamen, lo cierto es que no es posible soslayar que el requerimiento se ha formulado en términos análogos a los de la denuncia que diera inicio a estos actuados, cuyas características e intrínseca naturaleza han sido, además de admitidas, legalmente impuestas (art. 34 bis de la ley 23.737). Y ello, sin perder de vista, por otra parte, que las diligencias solicitadas por el fiscal -enmarcadas, además, dentro de la gama de tareas que la policía puede desplegar sin necesidad de habilitación jurisdiccional alguna (art. 183 C.P.P.N.)- apuntaron precisamente a despejar el vago panorama plasmado en la denuncia" (Del voto de los Dres.

Ballestero y Farah)."Ahora bien, al procurar ingresar en los motivos sobre los que se edificó la resolución del juez no fue posible hallar un argumento sólido en el cual descubrir la certeza del criterio adoptado o bien de su opuesta objeción. Y ello en tanto, pese a que se reconoce que las escalas penales, aunque trascendentes para la estimación que el instituto en examen reclama, carecen de la autonomía necesaria para decidir la cuestión, no se adicionó ningún otro elemento para sostener, riesgo mediante, el desfavorable pronóstico que motivó el encarcelamiento de Gómez" (Del voto de los Dres. Ballestero y Farah)."El destacar que aún quedan medidas probatorias pendientes, cuyo éxito podría quedar comprometido con la libertad del imputado, encierra una formulación dogmática que lejos está de satisfacer las exigencias que deben revestir un auto como el atacado. Máxime cuando, además, se invoca en sustento el desarrollo de tareas de investigación que, a la fecha del decisorio, habían perdido su vigencia -fs. 66/68-, tornándose por ello en un recurso vacío que, por tal, carece de la entidad que pretendió conferírsele como razón del pronunciamiento. De ahí, entonces, que corresponda declarar la nulidad de este aspecto de la resolución, a fin de que se dicte un nuevo decisorio en el que las pautas conferidas desde antaño por este Tribunal tracen la senda del razonamiento que corresponde efectuar (cfr. causa n°37.956 "Mendoza", rta el 14/7/05, reg n°719; causa n°41.976 "Soliz", rta. el 17/7/08, reg n°812 y causa 37.964 "Renduelles, Fabiana Andrea s/ excarcelación", rta. el 8/9/05, reg. n° 703, entre otras)" (Del voto de los Dres. Ballestero y Farah).