Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-03-19


Buenos Aires, diecinueve de marzo de 2013	Vistos: los autos indicados en el epígrafe, resulta:

1. El 13 de diciembre de 2011, los Sres. Pablo Sanseverino y Fabio Basteiro promovieron "acción declarativa de inconstitucionalidad (artículo 17, Ley nº 402) contra la Resolución aprobada por la Legislatura de la Ciudad el día 7 de diciembre de 2011, en la que se designa a los nuevos miembros de la Auditoría General de la Ciudad"; por no respetar "el régimen de mayorías y de proporcionalidad establecido por el art. 136 de la CCBA" (fs. 30).

Sostuvieron, en sustancia, que teniendo en cuenta a "los bloques o alianzas reglamentariamente inscriptos como bloques al momento" de la nominación (fs. 31 vuelta), el "Bloque Proyecto Sur debería designar al Presidente de la AGCBA (por ser el principal bloque de la oposición parlamentaria) y a un Auditor General (por el principio de proporcionalidad), debiendo recaer esta[s] nominaci[ones] en los dos candidatos legalmente oficializados por dicha agrupación" (fs. 33).

En "forma subsidiaria -para el caso de que el Tribunal entendiere que no se habría violado en forma absoluta el régimen de mayorías y declarase la nulidad parcial de la Resolución impugnada-", solicitaron "se condene a la Legislatura de la Ciudad a designar un auditor más y que dicha designación recaiga en el candidato Pablo SANSEVERINO" (fs. 30 y 38 vuelta).

Asimismo pidieron como medida cautelar la "intervención judicial de la AGCBA, hasta tanto se designen los nuevos Auditores" (fs. 38); requerimiento que fue rechazado por el Tribunal a fs. 44/45.

2. A fs. 45 vuelta, punto 2, se corrió vista al Fiscal General, quien dictaminó a fs. 48/50 y propició la inadmisibilidad formal de la acción en los términos del art. 113.2 de la CCABA por no estar dirigida contra "una norma de alcance general".

3. El 16 de diciembre de 2011, los Sres. Julio César Raffo, Adrián Rodolfo Camps, Virginia González Gass y Marcelo Parrilli promovieron "acción declarativa de inconstitucionalidad" (fs. 237), que también denominaron "acción de nulidad por inconstitucionalidad" (fs. 245), en los términos del art. 113, inc. 2º, CCABA y art. 24, ley nº 402, contra la Resolución nº 409/2011 de la Legislatura de la Ciudad por medio de la cual se designó al Presidente y a los restantes Auditores de la Auditoría General de la Ciudad, "con excepción de aquéllos propuestos por el partido PRO"; por "haber vulnerado el principio de proporcionalidad y representatividad exigido por el art. 136 'in fine' de la" CCABA (fs. 237/245).

Los actores solicitaron que "se fije a la Legislatura un plazo prudencial" para que designe nuevo Presidente y un nuevo integrante del cuerpo de Auditores teniendo en cuenta la propuesta y el orden de prelación efectuado por el bloque Proyecto Sur (fs. 237 vuelta).

Asimismo requirieron como medida cautelar la "suspensión de los efectos de la resolución" cuestionada (fs. 244 vuelta); petición que fue rechazada por el Tribunal a fs. 248/249.

4. A fs. 249, punto 2, se corrió vista al Fiscal General, quien dictaminó a fs. 258 y propició la inadmisibilidad formal de la acción en los términos del art. 113.2 de la CCABA por no estar dirigida contra una norma de alcance general (fs. 258).

5. A fs. 254 y fs. 260, se tuvo a los Sres. Jorge Guillermo Selser, Rafael Amadeo Gentili, Pablo Bergel y Hugo Alejandro Bodart por presentados y por adheridos a la demanda.

6. El 29 de diciembre de 2011, los Sres. Rubén Antonio Campos y Claudio Daniel Presman -por su propio derecho, invocando las calidades de diputados de la legislatura de la CABA y miembros del bloque legislativo de la Unión Cívica Radical-, y Carlos Más Vélez -invocando la representación de la Unión Cívica Radical en su calidad de presidente del Comité Capital- promovieron "demanda de nulidad contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (.), con el fin de que se declare la nulidad de la Resolución nº 409/2011 de la Legislatura (.) en cuanto designara a la Sra. Cecilia Segura Rattagan como Presidente y a los Sres. Adriano Eduardo Jaichenco y Eduardo Ezequiel Epszteyn como Auditores Generales de la Auditoría General de la Ciudad"; por "violar (..) lo dispuesto por el artículo 136º de la Constitución" local y sus normas reglamentarias (fs. 306/319).

Los actores consideraron, por un lado, que el "Bloque de Proyecto Sur presentó dos candidatos pero sin cumplir con todos los requisitos previstos en la ley nº 331" (fs. 307 vuelta) y , por otro, que la "Alianza Frente para la Victoria - CABA", integrada por los bloques Encuentro Popular para la Victoria, Peronista, Frente Progresista y Popular, Nuevo Encuentro y Solidaridad e Igualdad, no se "constituyó formalmente como un bloque parlamentario con las formalidades que prevé el reglamento interno de la legislatura" (fs. 308); en consecuencia y en su opinión, "devendría inexcusable otorgar reglamentariamente al bloque de diputados de la Unión Cívica Radical, cuanto menos un lugar en el cuerpo de auditores generales" (fs. 311).

Asimismo solicitaron que se cite como tercero interesado a la Legislatura y, por intermedio de su Presidencia, a todos los legisladores para que, "en caso de considerarse interesados, tomasen en el proceso la intervención que correspondiera" y a los Auditores Generales "que pudieran verse afectados por la sentencia a dictarse" (fs. 312).

Por último, pidieron que en caso de que el Bloque Proyecto Sur impugnara la resolución n° 409/2011, lo solicitado se resuelva "en una única sentencia" (fs. 312).

7. A fs. 320, punto 2, se corrió vista al Ministerio Público Fiscal. El Fiscal General Adjunto dictaminó a fs. 322/324 opinando que se "debería dar curso a la demanda interpuesta" tal como ocurriera en los casos "Partido Justicialista y otros c/ GCBA", Expte. nº 50/99 y "Partido Afirmación para una República Igualitaria y otros c/ GCBA s/ acción de nulidad", Expte. nº 2434/03. Asimismo propició la acumulación con las causas n° 8501 y n° 8511, en atención a la identidad de objeto, siempre y cuando las dos últimas fuesen admitidas o reencausadas y se encontraran en similar estadio procesal.

8. En los tres expedientes y con carácter previo a resolver acerca de la admisibilidad de los planteos, el Tribunal requirió a la Sra. Presidenta de la Legislatura la remisión urgente del expediente nº 1916-I-2011 atinente al procedimiento de postulación de candidatos para la integración actual de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires y cualquier otro expediente conexo referido al mismo trámite (fs. 53, 261 y 327).

9. Con fecha 28 de marzo de 2012, el Tribunal resolvió: a) acumular los expedientes "Raffo" y "Campos" a la causa nº 8501/12 "Sanseverino" por tener similar objeto y encontrarse en la misma etapa procesal (fs. 267 y fs. 335); y b) integrar el Tribunal en la forma establecida por la ley nº 7 (fs. 60), resultando desinsaculado el Presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas, Dr. Pablo Bacigalupo (fs. 344).

10. A fs. 352/354 los señores Pablo Sanseverino y Fabio Basterio presentaron escrito de ampliación de fundamentos. En la referida presentación se realizaron reflexiones acerca de cómo estaban integrados los bloques a la fecha de la elección de los auditores generales, y de la aplicación del sistema D'Hondt en la distribución de dichos cargos.

11. El 4 de julio de 2012 el Tribunal, por mayoría, resolvió: a) declarar inadmisibles las demandas de fs. 30/38 vuelta y fs. 237/245 en cuanto pretendieron instar una acción declarativa de inconstitucionalidad; y b) declararse competente con relación a la acción de nulidad planteada en las demandas acumuladas en estas actuaciones y correr traslado de la misma a la Procuración General, a la Legislatura y a los auditores generales que integran la AGCABA (fs. 356/363). También allí se dispuso poner en conocimiento del proceso, por intermedio de la Presidencia de la Legislatura, a la representación legislativa o bloque de cada partido o alianza del Cuerpo.

12. El 13 de agosto de 2012 el apoderado de la Legislatura requirió previo y especial pronunciamiento de las excepciones articuladas a fs. 398/415, 419/436 y 440/457 y la suspensión de los plazos.

13. A fs. 464/465 el Tribunal, por mayoría, resolvió tener presente y diferir el tratamiento de las excepciones previas planteadas por la Legislatura para que sean debatidas en la audiencia y, en caso de ser conducentes, ser consideradas en la sentencia final. Asimismo se decidió suspender el plazo para contestar demanda en los términos que da cuenta el punto 2 de la parte resolutiva de la apuntada decisión.

14. Contestaron demanda y solicitaron el rechazo de la acción intentada: los auditores Alejandro G. Fernández, Santiago de Estrada y Victoria Marcó (fs. 483); la auditora Paula Mariana Oliveto Lago (fs. 485/493); la Legislatura de la CABA (fs. 520/533); los auditores Cecilia Segura Rattagan, Adriano Jaichenco y Eduardo Ezequiel Epszteyn; y los legisladores Gabriela Carla Cerruti, Juan Cabandié y Aníbal Ibarra (fs. 548/566). También contestó el traslado de la demanda la Procuración General de la Ciudad (fs. 570/576).

15. A fs. 590 se tuvo por adheridos a la acción de nulidad a los diputados del Bloque Buenos Aires para Todos, María América González, Laura García Tuñón y Claudia Neira, en virtud de la presentación que efectuaran a fs. 484.

16. A fs. 591/606 el Sr. Fiscal General Adjunto emitió dictamen propiciando: I) hacer lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por la Procuración General (punto IX del dictamen); II) rechazar las restantes excepciones interpuestas, con la salvedad de la referente al Sr. Carlos Más Vélez (puntos X. a, b y c); III) rechazar las demandas interpuestas a fs. 30/39 y 306/319 y hacer lugar parcialmente a la de fs. 237/245, "declarando en consecuencia la nulidad parcial del art. 2 de la Resolución nº 409/11 de la Legislatura, en cuanto designa a dos Auditores Generales propuestos por los Bloques 'Encuentro Popular para la Victoria', 'Frente Progresista y Popular', 'Peronista', 'Nuevo Encuentro' y 'Solidaridad e Igualdad', en tanto uno de esos cargos correspondía ser cubierto por alguno de los candidatos postulados por el bloque proyecto Sur".

17. A fs. 620/622, el Tribunal proveyó la prueba ofrecida y convocó a las partes y al Sr. Fiscal General a una audiencia pública a realizarse el día 27 de noviembre de 2012 en la sede del Tribunal.

18. A fs. 702 se tuvo al Sr. Claudio Raúl Lozano por presentado en calidad de amicus curiae, en virtud del escrito obrante a fs. 693/699.

19. Producida la prueba se celebró la audiencia pública aludida en la fecha establecida, donde fueron ratificadas las posiciones de los intervinientes y del Ministerio Público Fiscal. Al finalizar la audiencia se informó que el Tribunal dictaría sentencia dentro del plazo de ochenta (80) días (fs. 712/713).

Fundamentos:

El juez Luis Francisco Lozano dijo:

1. La demanda está dirigida contra un acto de la Legislatura, la Resolución 409/2011, aprobada el día 7 de diciembre de 2011. Con arreglo a la planilla que da inició a la versión taquigráfica preliminar del "[a]cta de la 21ª Sesión Ordinaria (Continuación) - 7 de diciembre de 2011" , 60 son los diputados que llegaron a estar presentes en esa sesión. De esos 60, 55 diputados estuvieron presentes al tiempo de votar la "designación de funcionarios de la Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". 46 votaron a favor de la Resolución 409/2011: Abrevaya (CC ), Alegre (EPV ), Amoroso (UF ), Arenaza (CC), Bisutti (SI ), Borrelli (PRO ), Cabandié (EPV), Cerruti (NE ), de Andreis (PRO), Di Stefano (PRO), Epszteyn (FPyP ), Fernández (EP ), Fernández Langan (PRO), Garayalde (PRO), García (PRO), Gonzáles A. (PRO), Herrero (PRO), Ibarra (FPyP), Kravetz (EP), Lubertino Beltrán (EPV), Lubertino (UF), Maffia (CC), Montes (CC), Morales Gorleri (PRO), Moscariello (PRO), Naddeo (FPyP), Nenna (EPV), Ocampo (PRO), Palmeyro (BP), Pedreira (BP), Polledo (PRO), Puy (FPyP), Quattromano (PRO), Rebot (PRO), Ritondo (PRO), Rodríguez Araya (PRO), Romeo (BP), Ruanova (NE), Sánchez Andía (CC), Sánchez (CC); Saya (PRO), Screnci Silva (PRO), Spalla (PRO), Tamargo (PRO), Varela (PRO) y Zago (PRO); y 9 en contra: Basteiro (SUR ), Camps (SUR), D'Angelo (PS-FAP ), García Tuñón (SUR), González M.A. (SUR), Hourest (GEN ), Parrilli (MST-MPSUR ), Raffo (SUR) y Selser (SUR) . Esa resolución estableció la integración de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires. Si bien existen varias demandas acumuladas en autos, y sin perjuicio de lo dispuesto al momento en que el Tribunal resolvió sobre su admisibilidad, todas coinciden en solicitar la declaración de su nulidad. A esa petición algunos de los presentantes agregan otras accesorias dirigidas, por ejemplo, a que se nombre a determinado candidato o que se condene a la Legislatura a elegir a los miembros de la AGCBA o, incluso, que se nombre un 7º auditor, según lo que se entiende conforme a derecho. En ese marco, al menos está claro que se pretende la anulación de la Resolución 409/2011. Esa pretensión impone una perspectiva al tratamiento en juicio, propia del control judicial de actos de los poderes políticos (cuestión que retomo en el punto 3 de este voto).

Planteos formulados por los demandantes 2. Las demandas sub examine desarrollan los siguientes argumentos:

2.1. Pablo Sanseverino y Fabio Basteiro, quienes interpusieron demanda el primero en su carácter de apoderado del partido Buenos Aires para Todos y el segundo como presidente del bloque Proyecto Sur (cf. fs. 30/38 vuelta), sostienen que se les privó de una representación que resultaría tanto de aceptar como alianza solamente a los bloques, en cuyo caso, las fuerzas habrían estado conformadas por el PRO (a quién habrían correspondido, siempre en su visión y en función de sus 24 legisladores, 2 auditores), Proyecto Sur (a quién habrían correspondido, por sus 7 legisladores, 2 auditores: el Presidente y un auditor), Coalición Cívica (a quién habría correspondido 1 auditor, por sus 6 legisladores) y el resto de la Legislatura (28 legisladores restantes, a quienes habrían correspondido 2 auditores: 1 por el Encuentro Progresista para la Victoria, y otro por el Frente Progresista y Popular) (cf. fs. 33 vuelta).

Afirman que Proyecto Sur es el bloque opositor más numeroso, razón por la cual le correspondería designar el presidente de la AGCBA y a un auditor (cf. 33); argumento que es reiterado en la demanda de fs. 237/245 (cf. fs. 241 vuelta). Citan jurisprudencia del TSJ que, a su juicio, concordaría con su posición acerca de la interpretación que cabe acordarle al texto del art. 136 de la CCBA (fs. 33/34 vuelta).

Asimismo, sostienen que la formación de interbloques no está reconocida en el Reglamento de la Legislatura (fs. 35).

2.2. Julio César Raffo (quien se presentó como diputado y Presidente del bloque Proyecto Sur), Adrián Rodolfo Camps y Virginia González Gass (quienes se presentaron como disputados e integrantes del mencionado bloque), y Marcelo Parrilli (quien lo hizo como abogado) sostienen, en línea con lo dicho por los demandantes mencionados anteriormente, que, a la luz de lo previsto en el art. 136 de la CCBA y el reglamento de la Legislatura, no pueden establecerse "alianzas" o "interbloques" para establecerse la integración de la AGCBA (fs. 238 vuelta/241). Asimismo, se agravian de que tampoco se los computó como alianza interbloques, como las que admitió la Legislatura en ocasión de aprobar la Resolución 409/2011 (fs. 241). Tanto los presentantes de fs. 30/38 vuelta, como los de fs. 237/245, coincidieron en sostener que la sanción de la Resolución 409/2011 es fruto de un pacto que incluye negocios oscuros, o sucios, y excluir a los Dres. Sanseverino y Parrilli es parte de ese contubernio, porque forma parte de una maniobra de ocultamiento.

Este argumento fue recurrente en las exposiciones vertidas en la audiencia pública del 27 de noviembre de 2012. Indudablemente, ello ilustra acerca del razonable interés que anima a los actores e indudablemente apunta a un interés general consistente en que todos los sectores tengan un contacto con la auditoría y que en ésta se vean representados todos los puntos de vista e intereses cruzados que participen de la función legislativa, por lo que debe ser tenido en cuenta a la hora de decidir.

2.3. A esa última demanda adhirieron: Jorge Guillermo Selser (como diputado del bloque SUR, cf. fs. 251); Rafael Amadeo Gentili (como diputado del bloque SUR, cf. fs. 252); Pablo Bergel (como diputado del bloque SUR, cf. fs. 253); y, Hugo Alejandro Bodart (como diputado del bloque MST-MPSUR, cf. fs. 259).

2.4. Finalmente, a fs. 306/319 vuelta obra la demanda de los diputados Rubén Antonio Campos y Claudio Daniel Presman y de Carlos Más Vélez (quien se presentó en representación de la UCR). Sostienen que las "alianzas" a que se refiere el art. 136 de la CCBA son ".las alianzas sometidas a la voluntad popular en el acto eleccionario" (fs. 313 vuelta), no aquellas que pueden darse en el recinto a propósito de tener que resolver la integración de la Auditoría. Manifiestan estar legitimados para formular la presente impugnación porque vienen en representación del partido y en su condición de diputados (fs. 310 vuelta). A su vez, señalan que ante la descalificación de los diputados del bloque SUR en la audiencia pública y el hecho de que los bloques EPV, BP, FPyP, NE y SI no presentaron candidatos en forma individual, ellos, la UCR, tendrían derecho a un lugar en la Auditoría (311/312).

2.5. Todos los demandantes coinciden en afirmar que las reglas que explicarían el reparto que los excluye habrían sido adoptadas con posterioridad a las propuestas de candidatos, esto es, las reglas habrían sido formuladas para la ocasión o con ella a la vista.

Marco jurídico 3. Antes de ingresar al análisis de esos planteos, conviene repasar algunos de los requisitos del tipo de control involucrado en función de las pretensiones propuestas (cf. el punto 1 in fine de este voto), que debe ser rodeado de resguardos a fin de no invadir atribuciones de otros poderes del Estado, por la vía de asumir sus atribuciones, aun cuando sea con el propósito de corregir lo que se estiman graves desaciertos.

3.1. El art. 136 de la CCBA establece que:

"[l]a Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se compone de siete miembros designados por mayoría absoluta de la Legislatura. Su presidente o presidenta es designado a propuesta de los legisladores del partido político o alianza opositora con mayor representación numérica en el cuerpo. Los restantes miembros serán designados a propuesta de los legisladores de los partidos políticos o alianzas de la Legislatura, respetando su proporcionalidad".

En este marco, quedan establecidos como derechos de las minorías encabezar el cuerpo, en el supuesto de la primera minoría opositora, esto es, en nuestro caso, el de la segunda, toda vez que no se da, como bien podría ocurrir, que el Jefe de gobierno no pertenezca al partido que tenga la primera minoría en la Legislatura. Luego se distribuyen proporcionalmente los seis cargos restantes, es decir, que la presencia de la primera minoría distinta del color político del Poder Ejecutivo viene potenciada por la CCBA, en una lectura que emana de la Legislatura, no viene discutida y ha signado la práctica en todas las ocasiones en que eligió auditores del cuerpo.

3.2. La CCBA encomienda la conformación de la Auditoría General a la Legislatura. En tales condiciones, la autoridad de aplicación de la norma es la Legislatura y, consecuentemente, conforme la doctrina de "Cullen c/ Llerena" (Fallos: 53:420, 434), mutatis mutandis aplicable al caso, incumbe a dicho poder interpretar la norma y su interpretación debe ser respetada, so riesgo de incurrir en un inadmisible avasallamiento de su atribución y, así, de la CCBA. Eso no implica admitir que la Legislatura vague discrecionalmente en sus interpretaciones convirtiéndolas en una justificación ex-post de sus preferencias. Se trata de respetar aquellas interpretaciones que la Legislatura adopta con el compromiso de observarlas. De ahí que corresponda establecer si hizo alguna interpretación y cuándo.

Ello no implica que el criterio de la Legislatura no pueda ser modificado. Es un cuerpo que representa la voluntad del pueblo, con renovación periódica y frecuente, lo que supone cambio de la voluntad; pero, cuando se trata de supuestos en que la CCBA establece reglas para resguardo de las minorías, la sustitución de criterios no puede ser el mero fruto de la voluntad de la mayoría, precisamente porque la regla constitucional viene a poner límite a esa voluntad.

En otros términos, el ejercicio de la facultad de designar los auditores no constituye una cuestión política inmune a la autoridad de los jueces. En esa línea, la Corte Suprema de los Estados Unidos en "Coleman vs. Miller", 307 U.S. 433 sentenció que 20 senadores del Estado de Kansas se encontraban legitimados para controvertir judicialmente el derecho del vicegobernador (Lieutenant Governor) de ese Estado de emitir el voto decisivo referido a la adopción de una resolución que ratificaba una determinada enmienda constitucional. A criterio del Máximo Tribunal Federal, esos senadores tenían ". un claro, directo y adecuado interés en mantener la eficacia de sus respectivos votos". En ese orden de ideas, la Corte de los EEUU señaló que los demandantes habían fundado y reclamado un derecho y privilegio a la luz de la Constitución de los Estados Unidos para que a sus votos le sea dado efecto y la Corte local les ha denegado ese derecho y privilegio . Con posterioridad, la Corte de los EEUU mantuvo la doctrina reseñada distinguiendo el supuesto allí analizado de aquel otro en el cual lo que se pretende cuestionar es el resultado de una deliberación, y no la posibilidad de ejercer el cargo . Sí, en cambio, que su examen requiere, por un lado, demanda de parte que invoque ser titular de un derecho que la legitime a ese fin, asunto de cuya concurrencia en el caso me ocupo separadamente, y estricta distinción entre lo que son alcances de esos poderes y los criterios de oportunidad en su ejercicio, por el otro. En la delimitación del alcance que la CCBA da a los poderes referidos, el juez debe conceder adecuada deferencia al criterio de la Legislatura y, por ello, a sus decisiones, a condición de que esas decisiones de dicho alto órgano político sean resultado de la aplicación de criterios y no de la pura discrecionalidad, aun cuando ella esté disimulada por la invocación de criterios adoptados para cada ocasión.

3.3. El modo de regulación constitucional genera un derecho para quienes conforman minorías sustantivas, pero minorías al fin. Eso nos pone en la situación en que no cabe pensar que la CCBA quiso dejar librado a decisión final de la Legislatura exenta del control de los jueces la cuestión relativa al ejercicio de ese derecho. Si así fuera, el constituyente habría dispuesto ingenuamente dejando las minorías a merced de las mayorías. Estamos en presencia de un derecho claramente establecido por el citado art. 136 de la CCBA y debe, por tanto, haber una acción para defenderlo en juicio (arts. 10, 12 inc. 6 y 13 inc. 3 de la CCBA y 18 CN). En este orden de ideas, la CSJN tiene dicho que ".donde hay un derecho hay un remedio legal para hacerlo valer toda vez que sea desconocido; principio del que ha nacido la acción de amparo, pues las garantías constitucionales existen y protegen a los individuos por el solo hecho de estar en la Constitución e independientemente de sus leyes reglamentarias, cuyas limitaciones no pueden constituir obstáculo para la vigencia efectiva de dichas garantías (Fallos: 239:459; 241:291 y 315:1492)" (cf. el considerando 12 de Fallos: 332:111).

El artículo 136 pone a la minoría en oposición de intereses con la mayoría. Aquí aparecen dos partes y ello hace posible y apropiada la intervención judicial para resolver las controversias que se susciten a propósito del alcance de ese derecho. Sobre esta base, las minorías están legitimadas para plantear la cuestión.

Ese derecho está investido en los partidos o alianzas. Solamente aparece un derecho en las personas físicas una vez que son elegidas. Por su parte, el derecho a participar en la elección de auditores aparece cuando aquellas personas son propuestas y tenidas por no habilitadas.

3.4. Una segunda regla es que el acto impugnado debe tener contenido denegatorio de la pretensión que viene a consideración judicial. Ello así, porque si no lo hubiere daría tanto como traer la cuestión al juez en forma originaria, cosa incompatible con la premisa admitida de que aplicar la cláusula es atribución de otro poder del Estado. En verdad, cuando no se ha llevado el planteo al órgano pertinente no ha habido pronunciamiento de éste que pueda llevar a una controversia. No basta a ese fin entablar la controversia con el órgano que preside la Legislatura ni que éste resista la pretensión deducida directamente ante los estrados judiciales. Es que la voluntad de la Legislatura no se expresa bajo la forma de contestación de demanda sino mediante decisiones en las que los legisladores votan. De lo contrario, la voluntad de quien la preside vendría a sustituir la del cuerpo, cosa inadmisible.

No basta que el acto sea incompatible con el derecho que invoca el reclamante sino que es exigible, en supuestos como el presente, que el órgano que ejerce la función administrativa cuyo producto viene impugnado, la Legislatura en el sub lite, haya considerado la pretensión o haya sido puesto en el deber de considerarla, de manera que su silencio tenga las características de una denegatoria implícita. No se trata de una ley sino de una resolución en ejercicio de una función administrativa, propia de la Legislatura, que reconoce entre sus causas las manifestaciones formuladas ante la Junta de Ética y la decisión de dicha comisión.

No es esto equivalente al agotamiento de la vía administrativa, aplicado ceteris paribus al órgano legislativo. Ese agotamiento busca que el contenido denegatorio provenga de la cima de un poder del Estado, habitualmente el Poder Ejecutivo, único órgano representativo de la voluntad popular y que ejerce el control jerárquico administrativo de la Administración centralizada; o, en su caso, del de las máximas autoridades de entes autárquicos, investidas de las competencias apropiadas a ese efecto por el Poder Legislativo. Este agotamiento no parece aplicable al caso, puesto que el acto proviene de la Legislatura, por lo que estaría cumplido.

El contenido denegatorio es, en cambio, la exigencia de que el acto contenga un rechazo de la pretensión del titular del derecho, con independencia de cuál haya sido el órgano emisor. En definitiva, un acto denegatorio puede o no provenir de una autoridad que agote la escala de poder dentro de un órgano, creado por la Constitución o por el Poder Legislativo; mientras que un acto que agote la vía puede tener contenido denegatorio o, por el contrario, admitir la pretensión de quien reclama reconocimiento a su derecho. Existe más de un modo de interpretar que en el acto de que se trate existe denegación de la pretensión del titular del derecho. Puede ser expresa o implícita, y cabe interpretar lo que los legisladores hacen teniendo presente cuáles son las características del órgano que conforman; pero, en principio, para que haya denegación implícita es necesario un planteo efectivo de quien luego invoca el derecho ante el juez. Ese planteo debe ser hecho en condiciones en que pueda ser resuelto teniendo en cuenta las características del órgano al cual debe ser sometido. La Legislatura no es órgano que tenga las facilidades del Poder Ejecutivo para expedirse. En circunstancias en que el derecho no ha sido invocado de manera que pueda ser examinado por la Legislatura, no cabe suponer que un acto de dicho poder del Estado, que no se ocupa de él, aunque tenga efectos incompatibles con el reconocimiento del derecho, implique denegación. Finalizo este aspecto de la cuestión, señalando que, a falta de contenido denegatorio, no es posible afirmar que hay una situación concretamente controvertida a cuyo respecto quepa pronunciamiento judicial.

A esta altura de mi exposición, conviene recordar que no es posible suponer que la voluntad de los legisladores en materia de esta especie pueda emanar de quien preside el cuerpo y menos aún de quien lo representa en juicio. Hacerlo supondría, recalco, admitir que los poderes de cuyo ejercicio se trata son delegables, cosa que nadie ha afirmado en el sub lite.

La Legislatura tiene un modo de formar su voluntad, y expresarla, bastante más complejo que el Poder Ejecutivo, razón por la cual el planteo que se formula debe seguir los procesos internos según estén reglados si lo estuvieren o, cuando estos no están reglados, buscar mecanismos que posibiliten la consideración de la cuestión poniendo al cuerpo en condiciones de decidir por las vías que la Constitución y, particularmente, entre ellas, sus modalidades de votación, posibiliten. Ciertamente, esto no es sencillo ni para los sujetos que peticionan ni para los legisladores, menos aún para aquellos que obren en posición minoritaria. Esto también se ha de tener presente a la hora de decidir.

Examen de la cuestión 4. Primeramente, corresponde considerar quiénes están legitimados para accionar (cf. los puntos 2 a 2.4 de este voto).

4.1. Conforme con lo dicho en el punto 3.3. de este voto, no están legitimados ni el Dr. Marcelo Parrilli, ni el Dr. Pablo Sanseverino, en su calidad de candidatos a miembro de la AGCBA, puesto que no han sido elegidos.

Tampoco lo están en su calidad de diputados: Fabio Basteiro, Julio Cesar Raffo (fs. 237/241), Adrián Rodolfo Camps (fs. 237/241), Virginia González Gass (fs. 237/241), Jorge Guillermo Selser (fs. 251), Rafael Amadeo Gentili (fs. 252), Pablo Bergel (fs. 253), Hugo Alejandro Bodart (fs. 259), Rubén Antonio Campos y Claudio Daniel Presman (fs. 306/319 vuelta). Ello así, toda vez que ni han sido elegidos para formar parte de la AGCBA, ni vienen sosteniendo que se les hubiera impedido participar en la elección de auditores para ese cuerpo.

4.2. Sí, en cambio, están legitimados los partidos, porque invocan el derecho a elegir. Por ello, cabe tener por legitimado al Bloque Proyecto Sur que viene representado por su actual Presidente, el Diputado Julio Cesar Raffo, y por Fabio Basteiro, presidente del bloque al tiempo en que se instó la demanda (cf. fs. 30/39). También cabe tener por legitimado al Bloque Movimiento Socialista de los Trabajadores en el Movimiento Proyecto Sur, el que ha venido representado por el Diputado Alejandro Bodart, quien adhirió a fs. 259 a la demanda de Julio Cesar Raffo (diputado y presidente bloque Proyecto Sur), Adrián Rodolfo Camps (diputado del bloque Proyecto sur), Virginia González Gass (diputada del bloque Proyecto Sur) y Marcelo Parrilli (abogado, por su propio derecho). Vale destacar que el Dr. Marcelo Parrilli, por su parte, no ha invocado venir en representación de dicho bloque y, por lo demás, si bien fue diputado de ese bloque, no podría ahora hacer valer esa condición, puesto que ha cesado en ella. Es que en las apuntadas circunstancias existe un titular del derecho, el bloque. Sería distinto el caso si el bloque hubiera desaparecido en la nueva composición de la Legislatura, por lo que la intervención de quien hubiera sido su representante, aun cuando hubiera desaparecido el bloque, no podría interferir con la disposición del derecho por su titular -ya inexistente- y sería la única manera de resguardarlo.

El partido Buenos Aires para Todos, cuya representación invoca Sanseverino (cf. el punto 2.1. de este voto), no está legitimado, dado que no se ha acreditado que hubiera estado en juego su derecho a elegir; toda vez que no integraba la Legislatura en la conformación que votó a la composición de la Auditoría.

El argumento relativo a si debían ser computados como un interbloque los bloques Proyecto Sur y MST en Movimiento Proyecto Sur lo abordo en el punto 9 de este voto, junto con las opiniones del Fiscal General vinculadas a esa cuestión.

Cabe aclarar que lo dicho no alcanza a las controversias que hubo acerca del cumplimiento de los requisitos para ser elegidos auditores, a cuyo fin tienen legitimación personal los Dres. Sanseverino y Parrilli, pero que quedaron saldadas en el seno de la Junta de Ética (cf. el punto 6 de este voto).

4.3. Finalmente, el Bloque de la Unión Cívica Radical no se encuentra habilitado para instar la demanda intentada, aun cuando se presenta con la firma de sus dos miembros, Ruben Antonio Campos y Claudio Daniel Presman (fs. 306/319 vuelta). El derecho que invoca el bloque depende de las inhabilidades de otros candidatos, no exclusivamente de la aplicación del art. 136 de la CCBA a la proporción en que su bloque participa de la Legislatura. Esas impugnaciones fueron desestimadas por la resolución del 30 de noviembre de 2011 de la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control (fs. 854/860 del expediente de la Legislatura 1916-I-2011) y este bloque no acredita haber objetado esa decisión, por ningún medio, en el seno de la Legislatura, así como tampoco acredita haber presentado ante dicho cuerpo ninguno de los planteos que, en su construcción, lo llevarían a poder designar a uno de los miembros de la AGCBA. En tales condiciones, el acto impugnado no tiene contenido denegatorio del derecho que invoca y, más aún, el bloque no muestra no haber consentido la referida resolución.

5. No existe reglamento que verse sobre el ejercicio del derecho de que se trata. Ciertamente, ello habría sido aconsejable y sigue siéndolo, puesto que habría despejado probablemente la cuestión de un modo satisfactorio o habría dado otro rumbo, y presumiblemente mayor claridad, al debate. A su turno, habría podido no solamente establecer cuáles son las condiciones para que un agrupamiento sea considerado alianza sino también regulado los procedimientos para introducir el debate de las eventuales discrepancias en la aplicación del sistema y asegurar así el tratamiento por el cuerpo y, en su caso, la emisión de un acto con contenido denegatorio. La ausencia de reglas explícitas genera un vacío que puede dificultar sensiblemente la defensa de la, o las, minorías o de sus candidatos. Algo así puede verse en el caso.

6. Existe una comisión en la cual todas las partes han consentido en participar, la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control (en adelante, también, la "Junta"). En ella se presentaron las propuestas y acreditaciones pertinentes. La Junta se expidió solamente acerca de la habilidad de los presentados para ocupar el cargo. No hubo resolución expresa acerca de cuáles eran las alianzas aunque la Junta recibió las candidaturas de quienes se presentaron como legitimados para proponerlas.

Fue allí donde cada una de las agrupaciones, bloques o interbloques, formuló su propuesta. Luego, el asunto pasó a consideración del cuerpo en pleno.

En oportunidad de presentarse en la Junta, conforme consta en el expediente de la Legislatura n° 1916-I-2011, las propuestas fueron formuladas del siguiente modo.

A fs. 350 se encuentra la presentación del Bloque de la Unión Cívica Radical en la que se propone a la Lic. Cristina Guevara y al Dr. Antonio Héctor Deluca como miembros de la AGCBA. Dicha presentación fue firmada por el Diputado Claudio D. Presman en su calidad de presidente de bloque. Expresamente la presentación dice: "[t]engo el agrado de dirigirme a Ud. a efectos de informarle que el Bloque de la Unión Cívica Radical de la Ciudad de Buenos Aires propone como candidatos a Miembro de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires a la Lic. Cristina Guevara DNI 10.475.305 y al Dr. Antonio Héctor Deluca" (fs. 350 del Expte. 1916-I-2011).

A fs. 378 del Expte. 1916-I-2011 obra la propuesta de los candidatos Lic. Luana Volnovich, Lic. Cecilia Segura Rattagan, Lic. Eduardo Epszteyn, Dr. Gonzalo Ruanova, Lic. Martín Olmos e Ing. Adriano Jaichenco con la firma de los presidentes de los bloques que realizaban la nominación. La presentación está suscripta por el Diputado Juan Cabandié, Presidente del Bloque Encuentro Popular para la Victoria, el Diputado Eduardo Epszteyn, Presidente del Bloque Frente Progresista y Popular, el Diputado Mateo Romeo, Diputado del Bloque Peronista, la Diputada Gabriela Cerruti, Presidenta del Bloque Nuevo Encuentro y Diputada Delia Bissutti, Presidenta del Bloque Solidaridad e Igualdad.

A fs. 522 del Expte. 1916-I-2011 se encuentra la propuesta de la Dra. Paula Mariana Oliveto Lago a la AGCBA realizada por el Boque Coalición Cívica, con la firma de su Presidente, el Diputado Fernando Sánchez, y del resto de los miembros de ese bloque. Posteriormente, y luego de celebrada la Audiencia Pública, los Diputados Diego Gabriel Kravetz y Raúl Fernández, únicos integrantes del Bloque Encuentro Porteño, presentaron su adhesión a la propuesta realizada por el Bloque Coalición Cívica.

A fs. 569 del Expte. 1916-I-2011 obra la propuesta, como miembros de la AGCBA, de los Dres. Marcelo Parrilli y Pablo Sanseverino, formulada por el Bloque Proyecto Sur, suscripta por el Diputado Fabio H. Basteiro en su calidad de Presidente de ese bloque. La presentación dice "[t]engo el agrado de dirigirme a Usted a los [efectos] de remitirle la documentación requerida de los agentes propuestos por el Bloque Proyecto Sur, para designar como miembros de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, conforme a lo establecido [.] artículos 136 y 170 de la Constitución y los artículos [.] 139 de la ley 70, los doctores Marcelo Parrilli DNI 11.564.038 [y] Pablo Sanseverino DNI 16.938.095" (fs. 569 del Expte. 1916-I-2011). A fs. 854/859 del Expte. 1916-I-2011 está agregada la resolución de "[l]a Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control y la Comisión de Asesoramiento Permanente de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria" que resuelve:

Artículo 1º: Aceptar la renuncia de la Sra. Manuela Linari, DNI 25.670.477, a su candidatura para el cargo de Auditora General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- Artículo 2º: Aceptar la renuncia del Sr. Martin Olmos, DNI 27.642.600, a su candidatura para el cargo de Auditor General de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires.- Artículo 3º: Tener por desinteresado al Sr. Antonio Héctor Deluca, DNI 11.400.138, de su candidatura para el cargo de Auditor General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- Artículo 4º: Desestimar las impugnaciones presentadas contra los Sres. Marcelo Parrilli, DNI 11.564.038, y Pablo Sanseverino, DNI 16.938.095, para ocupar el cargo de Auditores Generales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- Artículo 5º: Declarar que los candidatos y candidatas Marcela BASTERRA, DNI 16.024.077, Santiago DE ESTRADA, DNI 4.175.797, Eduardo EPSZTEIN, DNI 11.985.826, Alejandro G. FERNÁNDEZ, DNI 21.104.793, Cristina GUEVARA, DNI 10.475.305, María Fernanda INZA, DNI 22.363.701, Adriano JAICHENCO, DNI 18.698.684, María V. MARCO, DNI 20.257.085, Raquel V. MUNT, DNI 12.631.318, Paula Marina OLIVETO LAGO, DNI 22.885.759, Daniela REICH, DNI 25.226.638, Clodomiro E. RISAU, DNI 11.179.752, Gonzalo RUANOVA, DNI 26.315.518, Florencia SCAVINO, DNI 20.647.944, Cecilia SEGURA RATTAGAN, DNI 18.898.007, Juan Carlos TOSO, LE 4.309.078, Luana VOLNOVICH, DNI 18.887.355, Marcelo Parrilli, DNI 11.564.038 y Pablo Sanseverino, DNI 16.938.095 no poseen inhabilidades para ejercer el cargo de Auditor/a General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" (fs. 857 el Expte. 1916-I-2011).

Esa resolución no fue controvertida por ninguno de los bloques (cf. el Expte. 1916-I-2011). 6.1. Finalmente, el diputado Ocampo presentó en el recinto el texto de la resolución que luego fue votada con los siguientes términos:

Señor presidente: propongo que se trate sobre tablas el Expediente 1916-I-2011, relacionado con la designación del presidente y auditores del cuerpo de Auditores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En este sentido, en el marco de los artículos 135 y 136 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el texto que voy a leer recepta las propuestas de las alianzas de la Legislatura, formuladas en el marco del tratamiento del expediente en cuestión. Creemos que cumple acabadamente con lo prescripto en la Constitución, en los términos de los artículos mencionados anteriormente; y también del artículo 36, mandato inexorable para la conformación de cuerpos colegiados en términos de cupo.

La resolución quedaría redactada de la siguiente manera: "Artículo 1º.- Desígnase a la señora Cecilia Segura Rattagan, DNI 18.898.009, como Presidenta de la Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Artículo 2º.- Desígnase a los señores Santiago de Estrada, DNI 4.175.797; Alejandro Fernández, DNI 21.104.793; María V. Marcó, DNI 20.257.085; Adriano Jaichenco, DNI 18.698.684; Eduardo Epszteyn, DNI 11.985.826; y a Paula Mariana Oliveto Lago, DNI 22.885.759 como Auditores Generales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Artículo 3º.- Comuníquese, etc." 6.2. De ese repaso surge que la propuesta de los seis partidos que respaldaron al Ing. Jaichenco, al Dr. Epszteyn y a la Lic. Segura Rattagan, también luego propuesta para la presidencia de la AGCBA, fue hecha en estos términos. Tres de esos partidos, a su vez, habían concurrido juntos a promover los mismos candidatos en, al menos, una de las categorías, en los comicios de 2011, la de Jefe y Vicejefe de Gobierno cosa que no ocurrió, en cambio, con quienes promovieron a la Dra. Oliveto Lago ni a los Dres. Parrilli y Sanseverino. Quizás el dato fue estimado a la hora de decidir o de agruparse.

En ese sentido se manifestó el Diputado Ritondo en la sesión del 7 de diciembre de 2011 cuando sostuvo que:

"[s]abemos reconocer quien es oficialismo y quien es la oposición en la Ciudad de Buenos Aires. Dentro del Frente para la Victoria encontramos una alternativa, porque ante la sociedad se han presentado con distintos diputados que encabezaban listas, pero con una sola idea: como lo indicaba su jefe de Gobierno y Vicejefe de Gobierno, el Frente para la Victoria era la alianza que estaba constituida legalmente y que fue reconocida por la gente, a la hora de votar, como la segunda fuerza en la Ciudad de buenos Aires" (versión taquigráfica del 7 de diciembre de 2011, pág. 531 ; el subrayado no pertenece al original).

También se sostuvo este argumento en la presentación de la Legislatura ante este Estrado, en donde se dijo que el criterio utilizado por ese cuerpo está ".sostenido sobre el nexo o punto común basado en la soberanía popular de cada Bloque que conforma dicho Interbloque acredita: un proyecto político unificador que está representado por haber concurrido a las elecciones con el mismo candidato a Jefe y Vice Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires compartiendo las mismas bases políticas programáticas" (fs. 525 vuelta; en el original el texto subrayado está resaltado con itálica).

Por lo demás, como se destaca en la contestación de demanda presentada por la Legislatura y la presentada por los auditores Segura Rattagan, Epszteyn y Jaichenco junto con los diputados Cabandié, Ibarra y Cerruti al traer a colación lo dicho por algunos diputados de distintos signos políticos en la votación del 7 diciembre, quienes propusieron a esos tres candidatos conformaban la segunda fuerza política de la Ciudad de Buenos Aires, tanto por el resultado de las elecciones locales de junio de 2011 como por el resultado de las elecciones nacionales realizadas pocos meses después (fs. 553, 558, 561/562 y 525/527; ver las exposiciones de los Diputados Ritondo y Cabandié en la versión taquigráfica de la sesión del 7 de diciembre de 2011, págs. 530, 531 y 534). Ello fue reiterado por la Dra. Ferrazzuolo en la audiencia del 27/11/2012 en los siguientes términos: "[e]l Frente para la Victoria no es únicamente una Alianza de la Legislatura, ni es un cúmulo de legisladores que se juntaron una tarde y dijeron 'vamos juntos'; el Frente para la Victoria participa de elecciones nacionales y provinciales desde el año 2003, se presentó en las elecciones del 2011, se presentó en las del gobierno del 2007 y con la misma conformación; quienes integran la Alianza Frente para la Victoria como Alianza en la Legislatura, integran los bloques a los que accedieron mediante las listas que presentaron como Frente para la Victoria o acompañando un candidato único a Jefe y Vicejefe de Gobierno. Entonces, que tiene un proyecto político común y que han confluido comúnmente no está en discusión, no podría discutirse, porque esta es la permanencia que han tenido en el mapa político. La Alianza Frente para la Victoria, en las últimas elecciones fue a balotaje, y se consolidó como segunda fuerza política, representante del electorado" (cf. la exposición registrada mediante sistema de video, a una hora y veintiún minutos de iniciada la audiencia del día 27/11/2012 ).

Por su parte, el bloque Proyecto Sur presentó una nota en la Junta de Ética con la firma de su Presidente que indicaba, como dije, que la presentación era hecha ".a los efectos de remitirle la documentación requerida de los agentes propuestos por el Bloque Proyecto Sur, para designar como miembros de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo establecido en los artículos 136 y 170 de la Constitución de la Ciudad y los artículos [.] y 139 de la ley 70, los doctores" (569 del Expte.. 1916-I-2011) Marcelo Parrilli y Pablo Sanseverino. Luego a fs. 625, el Dr. Parrilli dijo presentarse ".a fin de acompañar, con relación a la propuesta efectuada el 29 de septiembre de 2011 como candidato a la Auditoría General de la CABA por el Bloque de Movimiento Proyecto Sur, Constancia de Emisión de Certificado de Antecedentes Penales, expedido por el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación y Certificado expedido por el Registro de Deudores Alimentarios Morosos Ley nro. 269 de la CABA, correspondientes al suscripto.". Además de la firma del Dr. Parrilli en la nota obra su sello de abogado, con los datos de su matriculación. Luego de eso, la única referencia que podría considerarse relacionada a este punto, y que destaca la Fiscalía General en su dictamen, se da en la audiencia pública en la que exponen los candidatos y contestan las impugnaciones. Allí, en medio de su alocución y exposición de sus antecedentes, el Dr. Parrilli dijo: "[h]e sido propuesto como candidato a la Auditoría de la Ciudad por el bloque Proyecto Sur. Integro el bloque del MST en el Movimiento Proyecto Sur. Desde ya, quiero agradecer a los compañeros de bloque y en particular al diputado nacional Fernando 'Pino' Solanas, referente del espacio, esta postulación" (pág. 17 de la versión taquigráfica; fs. 832 del expediente de la Legislatura 1916-I-2011).

Pudo ello obedecer a que estimaban que no correspondía decidir por interbloques sino por bloques, en cuyo caso tenían derecho a dos plazas, presidente y uno por número de legisladores aplicando el sistema D'Hont (conforme el cuadro que obra en el punto 9 de este voto). Pero, no hicieron explícita esa posición. Formalmente, no está claro que hubieran formado un interbloque y si se admiten los interbloques, como ocurrió, no expresaron la voluntad de elegir entre ambos candidatos, Dres. Sanseverino y Parrilli. El diputado Raffo dijo, al respecto, en la sesión: "[h]emos presentado dos ilustres abogados para esta designación: el doctor Marcelo Parrilli y el doctor Sanseverino; dos abogados con diferentes trayectorias, pero los dos con trayectorias ilustres" . Esa decisión, la de elegir entre uno u otro de esos candidatos, no podía quedar en manos de la mayoría de la Legislatura, pues esto es precisamente un derecho de la minoría respectiva. Consecuentemente, al llegar a la votación en la sesión de la Legislatura del 7 de diciembre de 2011 podrían haber sido ambos elegidos, si solamente se admitían los bloques, y no daban posibilidad de hacerlo si, por el contrario, los interbloques eran aceptados y sólo uno de ambos candidatos podía acceder al cargo: el cuerpo no podía decidir cuál de ambos. ¿Lleva esto a suponer que la expectativa era la de que fueran elegidos los dos por el bloque de Proyecto Sur? ¿O quizás a que se proponía la elección por interbloque de alguno de ellos? En ese supuesto ¿cuál? Estos interrogantes pudieron haber sido también los de los 46 votantes que sostuvieron la integración cuestionada. Esos votantes podían resolver acerca de qué se consideraba alianza, y sortear o no los aspectos formales de la presentación de los candidatos; pero, no cuál de ambos prevalecería en caso de que correspondiera uno al bloque Proyecto Sur. Resulta claro que Proyecto Sur no indicó prelación para uno de ellos y no cabe suponerla por pertenencia partidaria, no al menos siendo legisladores de otras alianzas, que, por tanto, no podían intervenir en esa decisión.

7. Otro aspecto a considerar es si, en ausencia de reglamento, existían prácticas en la Legislatura acerca de cómo interpretar la cláusula constitucional relativa a la integración de la Auditoría General.

7.1. Una primera es que se elige según la composición de legisladores salientes, no obstante que, desde el 2007, ocasión en que no hubo controversias traídas a la Justicia, se toma también en consideración el color político del Gobernador con quien, en tiempos en que la Legislatura tendrá ya una composición distinta, convivirán los auditores elegidos. Esta práctica tampoco ha sido cuestionada ahora.

7.2. La proporcionalidad se mide según las reglas del sistema D'Hont, cosa que ocurrió anteriormente sin que ello haya sido cuestionado ni antes, ni ahora. La aplicación de fundamentos formulada a fs. 352/354 vuelta nos lo recuerda (cf. fs. 352 vuelta/353 vuelta).

7.3. En el año 2004 fue cuestionada la postulación como alianza de un agrupamiento formado por el Bloque Alianza Fuerza Porteña, que había sido conformado mediante nota remitida a la Presidencia de la Legislatura el 2/4/2003, y otros diputados que, conforme se sostuvo en la sesión de fecha 1/7/2003, habían manifestado su voluntad de ser computados en ese bloque mediante nota remitida a la Junta de Ética (ver "Partido Afirmación para la República Igualitaria y otros c/ GCBA s/ nulidad", Expte. n° 2434, sentencia de este Tribunal del 26 de junio de 2004). Sin perjuicio de observar la consabida deferencia a la interpretación dada por la Legislatura a esas presentaciones y las razones que llevaron a entender que las presentaciones no cumplían con los requisitos de los arts. 103 y 104 del Reglamento de la Legislatura, necesarios para la conformación de un bloque -principalmente por no estar dirigido a la Presidencia, único órgano interno con capacidad al efecto-, se destacó que esa presentación carecía de la firma de los diputados que habrían estado interesados en ser computados para el Bloque Alianza Fuerza Porteña (cf. el voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz en citado precedente, al que adhirieron los jueces Maier y Casás). Allí la jueza Ruiz destacó que: a) ".[l]a actora impugna por inconstitucional la falta de reconocimiento del Bloque Fuerza Porteña integrado, según declara, por catorce diputados y diputadas y la consecuente asignación de cargos de auditores generales en violación del art. 136, CCBA [.] d) [e]l día 02/04/03, el Bloque Alianza Fuerza Porteña quedó constituido formalmente con cinco diputados y diputadas (Moresi, Dosch, Vensentini, Bellomo y Campolongo), como lo acredita la nota dirigida a la Presidencia de la Legislatura, nota que fue leída en sus términos originales en la sesión del 02/04/03, con lo cual dicha lectura en nada modificó la integración del bloque.// En la sesión del 01/07/03, los actores sostienen que otros diputados que no habían suscripto la nota del 2/4/03, se han sumado al Bloque Fuerza Porteña. Arguyen que habían comunicado esa ampliación a la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control de la Legislatura." (cf. el punto 3 del voto de la jueza Ruiz in re "Partido Afirmación para la República Igualitaria y otros"). En definitiva ese rechazo de la Legislatura fue impugnado ante este Tribunal y la impugnación rechazada por corresponder a una razonable modalidad de entender la cláusula constitucional. Sin perjuicio de los defectos formales achacados a las presentaciones realizadas ante la Legislatura, la unidad estuvo entendida entonces como el agrupamiento en cada bloque, y lo que no fue admitido fue la suma de diputados en la Junta de Ética. Esto implica que cuando se dice que el Tribunal desechó los "interbloques" se confunden situaciones distintas subsumiéndolas bajo un mismo término. Estas son, por un lado, la suma de legisladores que conforman un bloque, como bloque, a otro u otros bloques; y, por el otro, la suma, a uno o más bloques, de legisladores que no conforman un bloque sino que pertenecen a uno o más bloques. Esos bloques no siempre corresponden a alianzas electorales, que sería otro modo de entender la palabra alianza. El candidato impugnante en aquella oportunidad postulaba tener por alianza al agrupamiento arriba descripto, idea que no fue recogida por el Tribunal, que estimó válida la interpretación adoptada por la Legislatura. Pero, por lo dicho supra, aquella modalidad de agrupamiento no es idéntica a la denominada hoy "interbloques". En esta ocasión, no se admite la suma de diputados sino la de bloques, esto es, la de agrupamientos de diputados que han cumplido con la registración respectiva ante la Presidencia de la Legislatura. 7.4. De todos modos, más allá de esa diferencia, en el año 2007 los auditores fueron elegidos por interbloques, según es público y notorio y fue destacado por el Diputado Helio D. Rebot en su intervención en la sesión del 7 de diciembre de 2011, en donde expresamente dijo:

"Constantemente estas cuestiones pueden generar polémicas y deben requerir, en el caso de ser necesario, aclaraciones del Tribunal Superior de Justicia. Aquí la Constitución se refiere a la representación proporcional de partidos y alianzas de la Legislatura. Nuestra jurisprudencia parlamentaria ha habilitado que esta interpretación se extienda a los interbloques, y en la conformación actual de la Auditoría que hoy estamos reemplazando eso no ha sido reclamado ante la Justicia y fue habilitado por todos los bloques políticos que integran la Legislatura. Seguramente, los que no estaban entonces no, pero el mundo no empieza cuando llegamos nosotros. En este caso, esta cuestión esencialmente mutable vinculada con la política de alianzas en la Legislatura habilita que de alguna manera seamos prisioneros de lo que vamos convalidando.

La conformación de interbloques ha sido aceptada, aunque no reglamentariamente, por la jurisprudencia parlamentaria; ha sido utilizada para dirimir la representación, la asignación y la integración de comisiones en el seno de este Cuerpo. En este caso, en muy poco tiempo se han visto modificados en el seno del recinto bloques que antes tenían un número y ahora tienen otro. De hecho, una de las personas que han sido propuestas, diputado actualmente de la Legislatura y que ha opinado previamente, no integraba la fuerza política que lo propuso en el momento que ingresó a la Legislatura. Me refiero al diputado Parrilli. Él no la integraba así como tampoco el diputado Hourest, porque integraba un sector que fue -por decirlo de una manera simple- genéticamente fundadora de esa fuerza política, pero no es el mismo partido político o alianza.

Si nos atenemos a la literalidad de la Constitución, no tenemos cómo resolver estas cuestiones, porque el comportamiento del Cuerpo forma precedentes sobre las resoluciones futuras de éste en la medida en que se van convalidando y la Justicia no va a resolver, salvo en situaciones excepcionales, lo que la política no es capaz de resolver.

En ese contexto, comparto lo que dice el diputado Hourest, en el sentido de que no seamos tan torpes en suponer que la cuestión de la institucionalidad se resuelve solo por interpretaciones literales y formales de la institucionalidad.

Aquí hay un acuerdo político muy amplio que expresa una mayoría muy sólida de un Cuerpo que excede largamente la mayoría que exige la Constitución para designar el Cuerpo de Auditores que, además, se sustenta en una interpretación de la posición constitucional, compatible con la designación de la última conformación de la Auditoría de esta ciudad" (el subrayado me pertenece).

También el diputado Campos destacó que en el año 2007 los auditores fueron elegidos por interbloques . Por su parte, sobre el punto en la versión taquigráfica de la 5ta Sesión Especial del 3 de octubre de 2007 puede leerse la alocución del Diputado Juan Manuel Olmos en donde dice:

"Señor presidente: quiero dejar todos los aspectos técnicos salvados, para después no volver a intervenir.

Deseo decir que hay dos formas de obtener la representación que le corresponde a cada una de las fuerzas políticas de la Legislatura. La primera, sería dividir la proporcionalidad por bloques. Le pedí a la Secretaría Parlamentaria que me indique -lo hizo hoy- cómo están compuestos los bloques. Esto es porque reconozco, como decía el diputado preopinante, que las fuerzas políticas van cambiando, y los bloques se van constituyendo de acuerdo con las elecciones u otras circunstancias políticas. El mismo diputado preopinante entró con la boleta de Fuerza Porteña y, ahora, no forma, junto con la diputada Moresi, el bloque de esa fuerza.

La primera cuestión, entonces, señor presidente, sería hacer la división por bloques. Ahora, el bloque del Frente para la Victoria tiene catorce integrantes; el bloque de Compromiso para el Cambio tiene nueve; el bloque de Juntos por Buenos Aires tiene nueve integrantes; la Coalición Cívica tiene ocho integrantes; Recrear tiene cuatro, y los demás bloques son más pequeños, por lo que no los voy a mencionar.

Aplicando la proporcionalidad y el procedimiento del 136 diríamos, entonces, que la presidencia de la Auditoría le corresponde al Frente para la Victoria y, luego, también le corresponden tres auditores más: porque catorce es la primera división, la división por dos de catorce da siete, y por tres da 4,66. A CPC le correspondería uno, por tener nueve diputados: nueve dividido dos da 4,5, por lo cual 4,66 le gana. Juntos por Buenos Aires también tiene nueve, por lo que le tocaría uno, y a la Coalición Cívica, que tiene ocho, le tocaría el restante.

Entonces, si aplicamos la lógica por bloques, la Auditoría quedaría integrada por el presidente del Frente para la Victoria, tres miembros más del Frente para la Victoria, uno del CPC, uno de Juntos por Buenos Aires y otro de la Coalición Cívica.

También podemos dividir, por cómo está constituida la Legislatura después de la elección de autoridades locales hecha en la Ciudad de Buenos Aires, previa a la elección presidencial del 28 de octubre, que de alguna manera ha reordenado a la Legislatura en tres grandes interbloques. Teniendo en cuenta que hemos prorrogado los mandatos al 10 de diciembre, y que por lo tanto asumen el 10 de diciembre, el presidente le corresponde al interbloque de la Concertación Plural, y luego los seis restantes se dividen de la siguiente manera. Por haber 22 integrantes del PRO, deberían tener tres auditores: la mitad de 22 es 11; 22 dividido 3 es 7,33. A la Concertación Plural le corresponderían dos: por tener hoy 18 integrantes le tocaría uno, y el segundo auditor por tener nueve diputados, dividiendo los 18 por 2. A Autonomía Porteña, que tiene catorce diputados, le correspondería un integrante, porque 14 dividido 2 da 7. Con lo cual, los 7,33 del PRO indicarían que le estaría correspondiendo al PRO el tercer auditor.

Ésta es la representación que adopta la resolución que está en Secretaría, y que voy a pedir que se lea cuando termine el tratamiento, o cuando sea el momento de la votación, porque todavía estamos en el tratamiento de la prórroga.

Éste es, señor presidente, el método que mejor respeta la proporcionalidad política y el apego a la Constitución y a la Ley 70.

Por esto, señor presidente, voy a pedir que se vote esta resolución compuesta de la manera que describí en la segunda opción, que es por interbloques, no sin antes reconocer que podría haber existido una tercera interpretación amañada, rebuscada desde nuestro punto de vista y contraria al espíritu de la Constitución. Esa forma hubiese indicado que al PRO le corresponde, por ser de aquí al 10 de diciembre la principal fuerza opositora, con 22 diputados, quedarse con la Presidencia, para de esa manera, lograr 4 auditores sobre 7 y tener asegurada la mayoría en el organismo de control y, de esa manera, ejercer el autocontrol.

Nobleza obliga, señor presidente, y debo hacer un reconocimiento. Para mí, dicho reconocimiento tiene nombre y apellido: se llama Gabriela Michetti, por ser ella quien determinó con autoridad que el proceso se ajusta a la Constitución y que el presidente le corresponde a quien vaya a ser la primera minoría. Quise reconocerlo, para que conste en la versión taquigráfica.

Dicho esto, señor presidente, descrito el procedimiento y ajustándonos a la Constitución, a la Ley 70, a la Ley 6 y al Reglamento de la Legislatura, pido que se vote la resolución que luego se leerá por Secretaría. Muchas gracias. (Aplausos)" (el subrayado no pertenece al original).

Esto conlleva que, por una parte, no era imprevisible el cómputo de los interbloques como alianzas y, por la otra, que la Legislatura se atiene a alguna interpretación que repite. No tiene la claridad de un reglamento, pero, no es una regla para la ocasión sino una para más de una ocasión y anterior a esta ocasión. No se me escapa que pudo haber tenido el propósito de consagrar una composición en lugar de otra; pero, esto es propio de la discrecionalidad de ese Poder del Estado, con tal de que esté dispuesto a asumir la regla. En aquella ocasión, su decisión fue pacíficamente aceptada, lo cual fortalece su aplicación en esta nueva oportunidad. En verdad, en el 2007, la Legislatura vino a introducir una modificación en su interpretación anterior, que le había sido cuestionada, mientras que esta nueva no lo fue. Lo relevante es que el nuevo estándar quedó adoptado y fue, o pudo ser, conocido por quienes compitieron en esta ocasión.

8. Aunque esto no implica de mi parte convalidar el criterio, no porque desconfíe de él sino porque, por lo dicho acerca de cuál es el órgano que debe interpretar en primer término la cláusula de la CCBA, no me corresponde hacerlo, vale señalar que la aplicación del sistema D'Hont cuando hay dispersión de corrientes políticas y muchos bloques muy pequeños puede llevar a una concentración paradojal del derecho a elegir auditores, a menos que se acepten como alianzas los interbloques, de manera que las fuerzas pequeñas puedan obrar conjuntamente y, por esa vía, y esforzándose en encontrar candidatos comunes, colocar alguno que responda a un perfil que estimen más adecuado a la función. Adoptar el criterio de que solamente los bloques pueden elegir puede dejar afuera a sectores que no están dispuestos a unirse a propósito de otros asuntos, pero sí de éste, y de ese modo, quizás, encontrar auditores que mejor desempeñen la función de relevar información para que los legisladores cumplan con sus atribuciones.

Por otra parte, conviene tener presente que, habida cuenta de que hay 6 cargos para distribuir en proporción al número de legisladores, el módulo para asegurar que se elige alguno es 10 legisladores, número que corresponde a dividir los 60 que componen la Legislatura por los 6 cargos. El sacrificio que da ventaja a los tres candidatos no necesariamente de un mismo color pero cuyos postulantes han decidido ir unidos no pesa -en esta perspectiva de la pura proporción por número de legisladores- sobre las espaldas de Proyecto Sur o MST-MPSUR sino sobre la de esos otros que quedarían sub-representados en caso de que la acción triunfara, al igual que ello ocurre con el reparto votado.

¿Qué ocurriría tomando los bloques en el sentido postulado por los actores a fs. 14 y 32/32 vuelta? El resultado sería el siguiente:

Bloques	Cantidad de miembros	1	2	3	4 PRO	24	24	12	8	6 SUR	7	7	3,5	2,333	CC	6	6	3	2	EPV	4	4	2	1,333	EP	2	2	1	0,666	FPyP	4	4	2	1,333	GEN	1	1	0,5	0,333	MST-MPSUR	1	1	0,5	0,333	NE	2	2	1	0,666	PS-FAP	1	1	0,5	0,333	BP	3	3	1,5	1	SI	1	1	0,5	0,333	UCR	2	2	1	0,666	UF	2	2	1	0,666	Total	60	Al Bloque PRO le corresponderían 4 auditores, al Bloque Proyecto Sur le correspondería 1 auditor y el Presidente de la auditoría, y al Bloque de la Coalición Cívica el auditor restante.

Esto supone que no tendría representación un número de 23 diputados circunstancia que también genera cierta perplejidad, especialmente, porque, por lo dicho más arriba, superan en número el módulo de diez que asegura la presencia en la Auditoría General. Muestra también que, fruto de un acuerdo o no, los Diputados del PRO sacrificaron una postura que les habría generado ventaja. Visto el mismo fenómeno desde otra perspectiva, solamente 37 diputados (PRO, Proyecto Sur y CC) habrían elegido auditores o, lo que es lo mismo, 23 no habrían podido hacer valer sus bancas.

Debe tenerse en cuenta que en la sesión del 7 de diciembre de 2012, la Resolución 409/2011 obtuvo un total de 46 votos a favor, algo más del 24% más que los 37 "representados" en el núcleo anterior, 9 votos negativos y 5 diputados no participaron de la votación (cf. el punto 1 de este voto). Expresado de otra manera, la resolución 409/2011 fue votada por el 76,66 % de la Legislatura, y en el escenario que proponen los aquí demandantes habrían elegido auditores el 61.66 % de la Legislatura, en el supuesto de que los 37 mencionados hubieran estado todos presentes. Es decir que 14 no votaron auditores, prácticamente un 40% menos que en el supuesto que los actores y el MPF ven como más justo. La mayoría, en la votación de la Resolución 409/2011 estuvo compuesta por 22 diputados pertenecientes al Bloque PRO - Propuesta Republicana, los 14 diputados del interbloque que fue considerado como mayoría opositora, los 8 diputados que sumaron los bloques Coalición Cívica y Encuentro Porteño y los 2 diputados del Bloque Unión Federal. Por su parte votaron en forma negativa 6 diputados del Bloque Proyecto Sur y los bloques Partido Socialista - Frente Amplio Progresista, Generación de un Espacio Nacional y MST en Movimiento Proyecto Sur. En cambio no emitieron su voto los dos diputados del Bloque Unión Cívica Radical, un diputado del Bloque Proyecto Sur y dos diputados del Bloque PRO - Propuesta Republicana.

En ese marco, la resolución 409/2011 representa la voluntad del 80 % de la Legislatura; porcentaje que surge de sumar a los 46 diputados que votaron a favor los dos legisladores del PRO que no votaron, Enzo Luis Pagani y a Diana Martínez Barrios, pero se hallaban representados en la propuesta realizada por el partido al que pertenecen. Obsérvese que en este escenario solamente 12 legisladores quedaron sin designar auditor, esto es, casi 48 % menos que en el supuesto que los actores y el MPF ven como más justo donde, cabe reiterar, 23 legisladores no habrían podido designar auditor.

9. Conviene agregar una consideración final a propósito de la tesis de la Fiscalía General. Postula que se declare ".la nulidad parcial del art. 2 de la Resolución N° 409/11 de la Legislatura, en cuando designa a dos Auditores Generales propuestos por los Bloques 'Encuentro Popular para la Victoria', 'Frente Progresista y Popular', 'Peronista', 'Nuevo Encuentro' y 'Solidaridad e Igualdad', en tanto uno de esos cargos correspondía ser cubierto por alguno de los candidatos postulados por el Bloque Proyecto Sur" (fs. 606). Empero, no se explica en el dictamen con qué método o quiénes elegirían el auditor a expulsar, así como tampoco cómo se optaría entre los Dres. Parrilli o Sanseverino. Toda vez que se trata de un acto de la Legislatura y que las resoluciones de nombramientos surgen de la votación en el recinto, esa nueva composición también debería ser votada. Aun superando la seria complicación que suma la circunstancia de que ya no existe la composición del cuerpo que dio lugar al reparto de cargos entre las fuerzas y la selección de los candidatos, circunstancia que torna difícil imponer la elección entre quienes se presentaron en aquella oportunidad a la aprobación por la Junta de Ética, subsiste la dificultad insalvable de que la postulación no se hace cargo de quiénes serían los que elegirían remplazado y remplazante, sino que, en todo caso, queda librado a la mayoría, tesis que encuentro sorprendente.

De igual modo, encuentro necesario reparar en que una hipotética anulación de la Resolución 409/2011 aprobada por la Legislatura en la sesión del día 7 de diciembre de 2011 podría ser completa, en cuyo caso desaparecería el control hasta que hubiera una nueva votación sin que sea sencillo justificar jurídicamente que el universo de quienes pueden ser escogidos es idéntico al que aprobó la Junta de Ética por medio de su resolución del 30 de noviembre de 2011, o bien parcial, en cuyo caso habría que establecer quiénes deben quedar removidos. ¿Quién decidiría? ¿El Tribunal o la Legislatura? Y si fuera la Legislatura ¿la mayoría? Lo cierto es que mientras no se despejara la cuestión quedaría incrementada, en esta hipótesis de nulidad parcial, la participación del oficialismo en el cuerpo. A mi juicio, es bastante obvio cuál podría ser el futuro de la plena integración, quizás las calendas griegas.

El escenario habría sido bien distinto si los bloques Proyecto Sur y MST en el Movimiento Proyecto Sur hubieran elegido un candidato entre ambos.

La tesis del Ministerio Público Fiscal tampoco se hace cargo de que para establecer que la composición escogida es violatoria de la CCBA debería anular la decisión de no asumir como "interbloque" a Proyecto Sur y MST y sustituirla, a su turno, por otra que adoptara al agrupamiento como interbloque. Ni lo uno ni lo otro consideró el MPF. Dejó claro que no comparte el acto de la Legislatura que no tuvo por interbloque a dicho agrupamiento; pero, no da razón alguna para anularlo. Consecuentemente, la argumentación carece de una base coherente.

En tales condiciones, la tesis del MPF es incompatible con la idea de que solamente los bloques pueden constituirse en alianzas y no se hace cargo de cómo constituiría en interbloque a PS-MST.

9.1. Tampoco veo posible requerir a la sumatoria de los bloques Proyecto Sur y MST en Proyecto Sur que practique una elección que no hizo hasta ahora. ¿Cuáles serían sus integrantes? ¿Quiénes los componían al tiempo de sancionar la Res. 409/2011 o los actuales legisladores de esas pertenencias? Luego, la elección debería ser verificada por una Legislatura, tal como ocurrió con la que sancionó la Res. 409/2011 ¿Cuál sería esa Legislatura? ¿La actual? ¿Qué estaríamos reprochando a aquella que sancionó la Res. 409? ¿Qué no considerase una elección entre dos candidatos que no pudo tener en consideración porque en ese entonces no existía? Lo único cierto es que si nos trasladáramos hipotéticamente al momento en que la Legislatura votó, sin agregar el acto de elección de candidato que se posibilitaría materializar después de esta sentencia, la Legislatura no habría podido decidir. Dicho de otro modo, una sentencia que diera esa posibilidad estaría invalidando una resolución de otro Poder porque ese Poder no adoptó una distinta que, en verdad, no fue puesto en condiciones de dictar. ¿Estaríamos requiriendo a la Legislatura que hubiera intimado a dos bloques a manifestar si estaban conformando un interbloque y, seguidamente, a uno de esos bloques -ya que el Dr. Parrilli no propuso al Dr. Sanseverino- elegir entre sus dos candidatos o considerar que el candidato Parrilli reunía 8 votos mientras Sanseverino solamente 7, cuando, en verdad, no hay razones para pensar que quienes estaban dispuestos a candidatear a ambos preferían a quien no era de su bloque en el supuesto de que optando lograran una plaza? En cualquier supuesto, lo cierto es que este Tribunal estaría habilitando a un sector a sanear omisiones fuera del tiempo válidamente fijado a fin de promover candidaturas. Bien distinta sería la situación si la elección hubiera sido presentada oportunamente y arbitrariamente rechazada.

Conclusión 10. Asiste razón a los actores en que las reglas que aplicó la Legislatura los privaron de representación a pesar de que el Bloque Proyecto Sur o la unión de ese bloque con el Bloque MST en el Movimiento Proyecto Sur reunían un número de legisladores que podrían haber quedado representados con un sacrificio de los que resultaron de la alianza de los bloques Encuentro Popular para la Victoria, Frente Progresista y Popular, Peronista, Nuevo Encuentro y Solidaridad e Igualdad; pero, esa posible sobre-representación obedece a estándares aplicados en el 2007 que no fueron cuestionados en el lugar apropiado. Por otra parte, asumir que los tres postulantes son uno solo sería para los impugnantes una petitio principi, porque precisamente su alianza podría no ser desprovista de matices y si no existieran esos matices mal podría ser objetada como alianza. Es cierto que esto deja sin "representación" en la Auditoría General a un grupo caracterizadamente opositor, pero, no lo es menos que ello obedece a reglas empleadas con anterioridad y, como dije, no objetadas en el lugar apropiado. También lo es que podrían tener más virulencia o eficacia los desempeños de los candidatos postulados por los partidos actores; pero, no lo es menos que ni siquiera los diputados que concurrieron al voto mayoritario podrían legítimamente apartarse de sus estándares, aunque mejor sería que los escribieran.

Por ello, habiendo dictaminado el Fiscal General, voto por rechazar las demandas deducidas por los Bloques Proyecto Sur y Movimiento Socialista de los Trabajadores en el Movimiento Proyecto Sur; y declarar inadmisibles, por falta de legitimación, las restantes demandas (cf. el punto 4.1 a 4.3 de este voto). Costas por su orden en atención que los demandantes pudieron, razonablemente, creerse titulares del derecho invocado.

La jueza Ana María Conde dijo:

1.	Las tres demandas acumuladas contienen sustancialmente la misma pretensión en cuanto postulan la nulidad de la Resolución 409/11 de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires por encontrarse afectado el sistema de mayorías y representatividad previsto por la CCBA en su art. 136 para la integración del órgano Auditoría General de Control de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Resolución 409/11 fue aprobada en sesión legislativa el día 7 de diciembre de 2011.

2.	En lo que al momento de esta sentencia importa, las presentaciones efectuadas ante este Tribunal en los expedientes n° 8501/11, 8511/11 y 8595/11, contienen los siguientes planteos:

a) los Sres. Sanseverino y Basteiro -el primero en su carácter de apoderado del partido "Buenos Aires para todos" (integrante del bloque "Proyecto Sur" y de la Alianza "Proyecto Sur") y candidato a la AGCABA, y el segundo como presidente del bloque de legisladores "Proyecto Sur"- postulan que el cargo de Presidente de la Auditoría le correspondía al bloque parlamentario "Proyecto Sur", por tratarse del bloque opositor con mayor representación numérica en la Legislatura. Sostienen también que, de acuerdo con el número de legisladores que tenía Proyecto Sur al momento de la elección de los auditores, le correspondía a esa fuerza la designación de 1 auditor en la Auditoría. En suma, propician se condene a la Legislatura a elegir Presidente y 1 auditor entre los candidatos del bloque Proyecto Sur, o, subsidiariamente sólo 1 auditor (fs. 30/39).

b) los Sres. Raffo, Camps y González Gass -como diputados integrantes del bloque "Proyecto Sur" y el primero además como Presidente del bloque- y Parrilli por derecho propio, postulan que el diputado Parrilli formaba parte del interbloque Proyecto Sur y que, por la cantidad de diputados que integraban ese interbloque, en razón de la representatividad y proporcionalidad dispuesta en el art. 136 CCABA, le correspondía la designación de los cargos de Presidente y de 1 auditor en la integración de la AGCCABA (fs. 237/245).

Los Sres. Selser, Gentili, Bergel, en su condición de actuales diputados del bloque Proyecto Sur y Bodart por el bloque Movimiento de trabajadores Socialistas en Proyecto Sur, se adhirieron a la demanda (fs. 251, 252, 253 y 259).

c) los Sres. Campos y Presman -como diputados y miembros del bloque legislativo "Unión Cívica Radical"- y Más Velez en representación del partido Unión Cívica Radical. Sostienen que la Resolución 409/11 ha violentado lo dispuesto por el art. 136 CCBA al haberse aceptado la conformación de la "Alianza Frente para la Victoria" (bloques Encuentro Popular para la Victoria, Peronista, Frente Progresista y Popular, Nuevo Encuentro, Solidaridad e Igualdad), logrando así la designación del cargo de Presidente y 2 auditores para esa agrupación política, todo lo cual impugna por inválido. Postulan que a más de no estar conformada reglamentariamente la alianza, tampoco han presentado los partidos que la integraron candidatos a auditores en tiempo oportuno y, por ello, perdieron su derecho a hacerlo. Por ello, y por haber quedado inhabilitados por la Junta de ética los candidatos propuestos por Proyecto Sur, le corresponde al menos un cargo de auditor a la Unión Cívica Radical (fs. 306/319).

3.	No es la primera vez que este Tribunal debe expedirse sobre la integración del órgano Auditoría General de la Ciudad. Similares cuestiones han sido planteadas y resueltas en dos oportunidades con anterioridad, por lo que puede afirmarse que, en determinados puntos, como los que sustentan las excepciones opuestas por la parte demandada en cuanto al carácter justiciable de la cuestión o la competencia de este estrado para entender en ella, se ha conformado doctrina que resulta aplicable a la actual controversia.

De todos modos, la competencia del Tribunal para decidir la cuestión de la integración de un órgano de la Legislatura, es un punto que ya ha sido resuelto al admitir la acción para su tratamiento conf. art. 113, inc. 6° CCABA (fs. 356/363, voto del juez de trámite, Dr. Luis F. Lozano, al que adherí junto con el Dr. Casás). Por lo demás, ese planteo, así como el de inexistencia de caso "justiciable" por encontrarse involucradas competencias exclusivas que forman parte de la zona de reserva del Poder Legislativo (fs. 410, 430 vta. Y 452), como ya dije, son cuestiones que fueron tratadas por el Tribunal con anterioridad y se encuentran extensamente desarrolladas en el voto que suscribí, juntamente con el resto de mis colegas Casás, Maier, Muñoz y Ruíz, en el precedente "Partido Justicialista c/Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Legislatura)", al cual me remito.( Expte.. n° 50/99, sentencia del 14 de julio de 1999, "Constitución y Justicia", t. I; 1999I, ps. 155-190.) Las restantes excepciones que ha planteado la demandada Legislatura de la Ciudad y que corresponde despejar antes de ingresar al fondo del asunto postulan la inadmisibilidad de la instancia por falta de reclamo previo durante el procedimiento legislativo (fs. 440/457) y cuestiones relativas a la legitimación de los presentados, tema que trataré separadamente.

En cuanto a la necesidad de que exista un reclamo previo en sede legislativa sobre el objeto de la pretensión que ahora se reclama judicialmente, entiendo que tal requisito no se encuentra justificado en norma alguna. De todos modos, son diferentes las situaciones de los distintos reclamantes durante el trámite de integración de la Auditoría; mientras los integrantes del interbloque Proyecto Sur dieron el debate en defensa de su posición, la expusieron con claridad y advirtieron que concurrirían al Poder Judicial en defensa del derecho que creen les asiste, la UCR no efectivizó en la sesión legislativa los reclamos que sustentaron su planteo ante la Junta de Ética como hubiera correspondido.

Pero más allá de este dato, que tiene su peso, lo cierto es que cuando una cuestión se dirime por el juego de mayorías que han alcanzado un consenso resulta sumamente complejo para quienes constituyen las minorías revertir, en la misma sede, esa decisión. Por ello, considero que tratándose de la integración de un órgano de control del ámbito parlamentario al que la Constitución local le asigna suficiente relevancia como para pautar expresamente el modo como ha de componerse, corresponde admitir los planteos aun cuando existan falencias en la actuación durante el trámite que concluye con una Resolución del Cuerpo legislativo, los que finalmente, encontrarán respuesta al resolverse esta contienda.

4. La cuestión de la legitimación para actuar en la impugnación del acto legislativo de integración del órgano de control Auditoría General fue ya dilucidada en el mencionado precedente "Partido Justicialista", habiéndose señalado allí que: "En el orden jurídico local, el art. 61 de la CCBA establece, en consonancia con las cláusulas de la Constitución Nacional, la competencia de los partidos políticos para la postulación de candidatos a cargos públicos electivos (arts. 37 y 38). Pero se profundiza esa caracterización cuando dispone que 'los partidos políticos son canales de expresión de voluntad popular e instrumentos de participación, formulación de la política e integración de gobierno' y además, reconoce, en forma general, 'su competencia para postular candidatos'. Las normas de la CCBA disipan toda duda en cuanto a que los partidos políticos son portadores de derechos subjetivos, que encontrándose afectados serían susceptibles de tratamiento judicial. Uno de esos derechos reconocidos, el derecho a integrar -en sentido lato- los órganos de gobierno de la Ciudad, representa, conforme la demanda, el caso actual" (conf. voto unánime en "Partido Justicialista y otros c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Legislatura)", ya citado). En el expediente que ahora nos ocupa -al igual que en el precedente mencionado-, la exigencia de caso, causa o controversia que habilite esa legitimación deriva de la afirmación de haberse conculcado el derecho constitucional invocado por los actores: el de postular e integrar proporcionalmente el cuerpo de auditores de la Auditoría General de la Ciudad.

Por otra parte, y de acuerdo con el art. 136 CCBA, los diputados de la Legislatura de la Ciudad se encuentran habilitados para proponer, en nombre de su partido o alianza, los candidatos a auditores generales, derecho que, según los distintos planteos, no les fue reconocido por la Legislatura al votar la Resolución 409/11.

En consecuencia se encuentran legitimados para accionar en esta causa el bloque Proyecto Sur (representado por el Presidente actual diputado Raffo y por quien lo era a la época de la presentación de la demanda, Sr. Basteiro, conf. fs. 30/38 y fs. 237/245); el bloque Movimiento Socialista de los Trabajadores en Movimiento Proyecto Sur (representado por su Presidente y único miembro, el diputado Bodart, quien adhirió a la demanda de los diputados Raffo, Camps, y González Gass y el Dr. Parrilli, fs. 259) y el partido Unión Cívica Radical (representado por los diputados Campos y Presman, miembros del bloque UCR al tiempo de la presentación de la demanda fs. 306/319.)	Por último, no se encuentra legitimado para accionar el Sr. Sanseverino pues el partido que representa -Buenos Aires para Todos- no formaba parte de la Legislatura al momento de integrarse la Auditoría General, ni tampoco formaba parte -en otro carácter- del bloque Proyecto Sur que lo propuso como candidato. Tampoco se encuentra legitimado el Dr. Marcelo Parrilli, quien, aunque era Presidente y único miembro del bloque MST en MPSUR, no interpuso demanda en su representación sino por derecho propio (fs. 237/245 en que se presenta conjuntamente con diputados del bloque Proyecto Sur y fs. 334).

5.	De acuerdo con los planteos expuestos, es posible afirmar que los actores sostienen una postura crítica común respecto de la Resolución 409/11 de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, por discrepar con la manera en que fue aplicado el art. 136 CCBA en cuanto establece que los miembros de la Auditoría deben ser designados según las propuestas efectuadas por los "partidos políticos y alianzas de la Legislatura respetando la proporcionalidad". En concreto, se encuentra cuestionado el alcance atribuido a la expresión "alianza de la legislatura" y si es posible reconocer esa condición a los llamados "interbloques parlamentarios", formados por los bloques legislativos constituidos en forma regular de acuerdo con lo previsto en el Reglamento del Cuerpo.

Sobre la aplicación del art. 136 CCBA ya he dicho en anteriores oportunidades que: "El constituyente reguló expresamente todo lo vinculado con la integración de la Auditoría General: estableció mayorías especiales para la designación de sus miembros, asignó la presidencia a una minoría determinada y previó la proporcionalidad para designar a los restantes miembros. Ello demuestra que, entre generar un espacio de decisión política o establecer una regla jurídica, optó por la segunda" (conf. mi voto -junto con los Dres. Muñoz y Casás- en la causa "Partido Justicialista c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Legislatura) ya citado, y mi voto en la causa "Partido Afirmación para una República Igualitaria y otros c/ GCBA s/nulidad", Expte. n° 2434, sentencia del 16 de junio de 2004).

El art. 136 CCBA dispone: "La Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se compone de siete miembros designados por mayoría absoluta de la Legislatura. Su presidente o Presidenta es designado a propuesta de los legisladores del partido político o alianza opositora con mayor representación numérica en el Cuerpo. Los restantes miembros serán designados a propuesta de los legisladores de los partidos políticos o alianzas de la legislatura, respetando su proporcionalidad".

De acuerdo con ello, la Constitución local establece, para la integración del órgano de control, una secuencia: 1) primero se designa presidente y 2) luego se designan los seis cargos de auditores. En este proceso, y acorde con la naturaleza de órgano de control que ostenta la Auditoría y con el necesario respeto de los derechos de las minorías que impone garantizarles adecuadamente la participación política, el art. 136 dispone una fórmula mixta: Respecto del presidente, el texto constitucional es claro e impone una solución: la Presidencia le corresponde al candidato que propone el partido político o alianza opositora con mayor representación numérica en el Cuerpo; a los restantes auditores, la Legislatura resulta habilitada para elegirlos -a propuesta de sus legisladores agrupados en partidos políticos o "alianzas de la legislatura"-, siempre que se respete la pauta establecida en la norma: el principio de proporcionalidad.

Así, la Constitución local reconoce competencia exclusiva de la Legislatura para la elección de los miembros que integrarán el principal órgano de control gubernamental, es decir establece con claridad la facultad propia del Poder Legislativo en ese terreno, pero, a su vez, le impone el cumplimiento de ciertos parámetros que garanticen la inclusión de las minorías parlamentarias; la Presidencia del órgano para la mayor oposición numérica -ya sea bajo la forma de partido o de alianza- y la proporcionalidad representativa como pauta rectora para la designación del cuerpo de auditores generales.

A su vez, corresponde señalar que la proporcionalidad que exige la norma puede ser satisfecha de diversos modos, pues ella no establece un criterio determinado y, por otro lado, la literalidad de la expresión "alianza de la legislatura" remite a una noción más amplia que la de alianza electoral y deferida al ámbito parlamentario bajo reglas propias del consenso político siempre que no se traspasen los límites que el art. 136 impone a cada uno de los pasos en la secuencia de integración. En la sesión del 7/12/2011 se adoptó uno de estos criterios, con el que discreparon -oponiéndose y debatiendo la cuestión en el momento-los accionantes en este proceso. En función de la acción de nulidad interpuesta, lo que cabe determinar es si el criterio elegido violenta lo dispuesto en la Constitución o resulta irrazonable.

6.	La proporcionalidad valorada para arribar a la integración de la Auditoría General tal como quedó determinada en la Resolución 409/11 -aprobada en la sesión legislativa del 7/12/2011-, se estableció en función de la cantidad de diputados que integraban cada bloque parlamentario constituido de acuerdo con lo previsto en los arts. 103 y 104 del Reglamento de la Legislatura, permitiéndose la unión de bloques -agrupación designada en el ámbito legislativo como "interbloque"-con miras a votación para determinar la futura integración del órgano. Tal es, precisamente, el punto central de desencuentro entre los actores y el resto de los legisladores que aprobaron la Resolución 409/11; en tanto los primeros consideran que la votación por interbloques violenta lo dispuesto en el art. 136 CCBA, la demandada interpreta que el interbloque constituye una forma de "alianza de la Legislatura" en los términos en los que tal expresión es utilizada por el texto constitucional.

La actuación parlamentaria a través de los bloques legislativos está aceptada como un procedimiento no sólo habitual sino incluso propio de la práctica de los poderes legislativos y muy útil en épocas de fragmentación de los partidos políticos. En el Reglamento de la Legislatura de nuestra Ciudad se encuentran regulados en los arts. 103 y 104 que exigen un determinado comportamiento para su reconocimiento; así el art. 103 expresa que: " Los diputados y diputadas pueden organizarse en bloques parlamentarios, de acuerdo con sus afinidades políticas." y el art. 104 prevé que: ".los bloques parlamentarios quedan constituidos cuando le comunican a la Presidencia de la Legislatura mediante nota firmada por todos sus integrantes, su denominación, composición y autoridades.". De esta manera se cumple con los recaudos formales necesarios para dotarlos de transparencia y evitar asociaciones coyunturales.

El tema que hoy nos ocupa consiste en si es posible aceptar, frente al silencio del Reglamento, de igual manera, la unión de bloques constituidos formalmente o interbloques, y si a los fines que ahora analizamos -esto es, la integración de la Auditoría General de Control de la CABA- es factible la votación conjunta de bloques legislativos por un mismo candidato, sea que tenga alguna entidad previa como lo sería el interbloque o mediante la simple adhesión de un bloque a la propuesta de candidatos de otro bloque.

Según surge de las constancias de autos, la Vicepresidencia 1ra de la Legislatura convocó, por medio del Decreto n° 069-PSP-2011, a los presidentes de los bloques parlamentarios a proponer candidatos para integrar la Auditoría (fs. 1, Expte. 1916-2011 de la Legislatura). Con fecha 30 de septiembre de 2011, los bloques "Encuentro Popular para la Victoria", "Frente Progresista y Popular", "Peronista", "Nuevo Encuentro" y "Solidaridad e Igualdad" -todos ellos constituidos regularmente, postularon candidatos en forma conjunta y manifestaron que conformaban una alianza denominada "Alianza Frente para la Victoria-CABA" (fs. 378, Expte. citado). El bloque Unión Federal se presentó adhiriendo a los candidatos del bloque Propuesta Republicana PRO (fs. 642, Expte. citado) y el bloque "Encuentro Porteño" adhirió a la candidata del bloque Coalición Cívica (fs. 866, Expte. citado). En particular situación el bloque Proyecto Sur, propuso dos candidatos para cubrir cargos de auditores, uno de los cuales -el Dr. Marcelo Parrilli- era el titular y único miembro del bloque "MTS en Proyecto Sur" (fs. 569, Expte. citado). Ello significa, al menos, que una parte considerable de los bloques legislativos no entendieron irrazonable la postulación de candidatos mediante la actuación conjunta de bloques en "interbloques".

Recibidas las propuestas, la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control y la Comisión de Asesoramiento Permanente de Presupuesto, hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria resolvió, con fecha 30 de noviembre de 2011, desestimar las impugnaciones presentadas contra los Dres. Parrilli y Sanseverino, candidatos propuestos por el bloque "Proyecto Sur" para ocupar cargos de auditores generales y declarar que ellos y el resto de los candidatos propuestos, -con la excepción de los candidatos que renunciaron a la postulación, Sres. Linari, Olmos y Deluca- no poseían inhabilidades para ejercer el cargo de auditores generales. Ni esta resolución, ni las propuestas que le dieron origen fueron cuestionadas ni impugnadas en forma oportuna por ninguno de los bloques, ya que la nota del diputado Campos que objeta la forma en la cual el interbloque Alianza Frente para la Victoria-CABA propuso sus candidatos fue presentada a la Presidencia de la Junta de Ética una vez que se había llevado a cabo la audiencia pública con los candidatos postulados y cuando ya se había emitido la resolución de ese organismo que los consideró habilitados para el cargo (fs. 854/859 y fs. 867/868, Expte. n° 1916-2011).

Durante la sesión del día 7/12/2011, en la cual se designaron los miembros que integrarían la Auditoría, se puso de relieve que en el año 2007 se votó la integración de este órgano por el sistema de interbloques, no habiendo sido objetado ese método por ninguna fuerza política de las que integraban entonces la Legislatura, ni tampoco de las que la integraron después de diciembre de 2007 como consecuencia del recambio legislativo por mitades previsto en la Constitución. Ello determina un amplio espectro político de actuación local que estuvo de acuerdo con el sistema acordado. No sólo se recordó la aplicación anterior de esta regla de interpretación de la proporcionalidad, sino que, además, el diputado Rebot sostuvo que ".La conformación de interbloques ha sido aceptada, aunque no reglamentariamente, por la jurisprudencia parlamentaria; ha sido utilizada para dirimir la representación, la asignación y la integración de comisiones en el seno de este Cuerpo." porque ".el comportamiento del Cuerpo forma precedentes sobre las resoluciones futuras de éste en la medida que se van convalidando." Estas afirmaciones no fueron rebatidas durante el curso del debate legislativo, sino más bien avaladas por el diputado Hourest al sostener: ".Fue el bloque del PRO en la última discusión parlamentaria, cuando se trataron los espacios institucionales en la Legislatura, el que se negó a modificar el Reglamento para darle consistencia efectiva a los interbloques. . ¿Por qué en esa oportunidad dijimos que era necesario receptar eso en el Reglamento, con un instrumento que fuera verificable?" (sesión del 7/12/2011, VT, fs.527/530); admisión que también hizo el diputado Campos al decir que: ".quiero contestarle al diputado Rebot que, en este Cuerpo, se conformaron interbloques, pero no tienen ningún efecto parlamentario" (íd cit.), aunque debo reconocer que se me escapa el sentido de la frase por la contradicción que encierra puesto que si se conformaron interbloques va de suyo que ello sucedió con alguna finalidad dentro de la gama de actividades que realiza la Legislatura. Pero más allá de ello, lo cierto y relevante es que está aceptada y reconocida la modalidad de agrupación de los bloques formales en "interbloques" como posible forma de trabajo o de expresión de voluntad común.

Las constancias obrantes en la causa dan cuenta entonces que:

a)	Algunas de las fuerzas políticas representadas en la Legislatura y constituidas en bloques parlamentarios de acuerdo con lo previsto reglamentariamente, presentaron sus candidatos para integrar la Auditoría General agrupadas en "interbloque"; otros bloques parlamentarios lo hicieron con posterioridad mediante la adhesión a una propuesta ya efectivizada y otra parte de ellos presentaron sus candidatos por bloques parlamentarios sin unirse ni adherir entre sí.

b)	La Junta de Ética emitió una resolución considerando a los candidatos presentados -que no renunciaron o declinaron postularse- habilitados para ser designados auditores generales.

c)	El criterio de interpretación de la expresión "alianza de la Legislatura" utilizada por el texto del art. 136 CCBA, corresponde en primer término al propio Cuerpo legislativo, el cual, en ocasión de efectuar la votación para integrar la Auditoría General, debe -previamente-establecer el criterio que utilizará a fin de dar cumplimiento a la manda constitucional de proporcionalidad.

d)	En el año 2007, en oportunidad de cumplirse el mismo trámite parlamentario de integración de la Auditoría General, se decidió que el criterio de representación de la proporcionalidad fuera establecido por interbloque. Es decir, se consideró a la agrupación legislativa "interbloque" como una "alianza de la legislatura" en términos del art. 136 CCBA. Esta decisión, fruto del consenso entre las distintas fuerzas políticas, no fue objetada por ningún partido político o bloque parlamentario. Ello demuestra la existencia de un criterio de interpretación validado por el arco político en su conjunto que fue utilizado previamente, por lo que adquiere carácter de precedente de actuación parlamentaria, que bien podía ser modificado si esa fuera la voluntad mayoritaria del Cuerpo, pero no era imprevisto ni "de ocasión" para conformar la composición que debía votarse en la sesión del 7/12/2011.

e)	En el ámbito de la función legislativa se encuentra aceptada la posibilidad de actuación conjunta de diferentes bloques parlamentarios en pos de un mismo objetivo o con el fin de integrar comisiones u otras formas en que deben discernirse los diferentes cargos legislativos. Esta afirmación, efectuada durante el debate por el diputado Rebot, no fue refutada ni controvertida por ningún legislador sino más bien ratificada por los dichos del diputado Hourest quien reclamó al partido mayoritario la falta de voluntad para modificar el Reglamento dando consistencia efectiva a los interbloques, tema que ya fuera debatido ".cuando se trataron los espacios institucionales de la Legislatura.".

Sentado lo expuesto, corresponde que me refiera a la jurisprudencia de este Tribunal que negó a los interbloques el carácter de "alianza de la legislatura", y lo referencie a este caso en particular.

En efecto, en oportunidad de debatirse la impugnación de la integración de la Auditoría General en el año 2003, este Tribunal sostuvo que la expresión "alianza de la legislatura" supera el concepto de alianza electoral, admitiendo la posibilidad de que los bloques legislativos constituidos formalmente de acuerdo con lo que dispone el Reglamento del Cuerpo queden comprendidos dentro de los términos constitucionales (causa "Partido Afirmación para una República Igualitaria y otros c/ GCBA s/ nulidad", Expte. 2434, sentencia del 16 de junio de 2004; "Constitución y Justicia"; t. VI; 2004-A; ps. 509/531). Por otro lado, planteada concretamente la cuestión de la validez de la representatividad de los legisladores por interbloque, esta alternativa no fue admitida como posible en función del grado de informalidad que ostentaban quienes se encontraban agrupados bajo su rótulo, lo que entendí podía distorsionar la representación proporcional que reclama -como pauta obligatoria- la norma constitucional (conf. mi voto en la causa "Partido Afirmación para una República Igualitaria y otros" citado precedentemente). Sin embargo, la situación en la cual se planteó la decisión en aquel precedente no es idéntica a la que se presenta hoy, por lo que lo resuelto en aquella oportunidad, si bien no ha perdido virtualidad en su mayor parte, no puede extrapolarse directamente con prescindencia de la evaluación de un nuevo escenario legislativo, con notas propias que signaron el proceso de integración que hoy nos ocupa.

Debo señalar en primer lugar que han corrido desde entonces varios años de práctica legislativa y, como ya se dijo en este voto, ha habido de por medio una conformación de Auditoría General en la cual las fuerzas políticas -con argumentos propios del discurso parlamentario y bajo leyes propias de la actuación política- han consensuado un criterio de interpretación de la proporcionalidad requerida que fue aceptado pacíficamente y no recibió impugnaciones ni cuestionamientos en ámbito legislativo ni judicial consistente en votar por interbloques, entendidos éstos como "unión de bloques parlamentarios". (conformación Auditoria General año 2007, VT del 3/10/2007, fs. 495/516, sesión legislativa en la cual se destacan los discursos de los diputados Juan Manuel Olmos y Gabriela Michetti con relación a este punto particular) A ello se agrega una diferencia sustancial: en esta oportunidad no existe el grado de informalidad que determinó el resultado en la causa "Partido Afirmación para una República Igualitaria", ya mencionada, que llegaba al punto de conformar interbloques por medio de agrupar a legisladores aislados que, simplemente, se sumaban a una propuesta común. De ninguna manera es esta la situación que se presenta en la votación del año 2011 que ahora se analiza, desde que los llamados interbloques sólo están formados por la unión de bloques parlamentarios constituidos formalmente de acuerdo con los arts. 103 y 104 del Reglamento de la Legislatura y que ostentan la debida visibilidad y transparencia al figurar el nombre de cada uno de sus integrantes incluso en medios electrónicos de consulta pública. No se da, por tanto, la situación de ubicación discrecional de los legisladores en un interbloque, permeable a un nunca deseado oportunismo pasible de alterar la representatividad proporcional que la Constitución local impone resguardar.

Por último, no es posible soslayar que, de lo que aquí se trata, es de establecer la validez constitucional de un determinado criterio interpretativo aplicado por un órgano político en el ejercicio de potestades exclusivas, lo cual impone, como regla primera, atenerse al sentido y alcance discernido por el propio órgano. Por ello, entiendo que sometida la cuestión a decisión judicial, la respuesta de los jueces sólo podrá estar fundada en la argumentación jurídica emanada de la Constitución, que es el ámbito de su competencia como Poder Jurisdiccional, sin avanzar valorativamente sobre los consensos acordados que -podremos coincidir o no con ellos- debemos respetar salvo que sea necesario reestablecer la regla constitucional por habérsela violentado. Dentro del marco delimitado por los parámetros de las mayorías y de la proporcionalidad, existe, entonces, un amplio espacio de libertad en el cual se encuentra permitido a las fuerzas políticas moverse, para alcanzar, por la vía del consenso, acuerdos legislativos. Bajo este concepto, la interpretación que fijara este Tribunal para resolver la cuestión planteada en el año 2003 no es la única posible ni la única razonable; sostener ello llevaría a que el Poder Judicial se arrogara una competencia propia de la Legislatura al imponerle una determinada opción dentro de su esfera de actuación.

Las consideraciones expuestas precedentemente me persuaden, en suma, de que el criterio por el cual la legislatura acordó efectuar la votación puede haber resultado más o menos favorable para el cómputo de los votos del sector político que integran los actores, pero no aparece como inconstitucional o irrazonable. De hecho, los demandantes no han logrado demostrar que lo actuado y decidido en esta oportunidad-integración de la Auditoría General de Control mediante la votación de candidatos por interbloques- violentara un procedimiento o disposición de máxima jerarquía normativa.

7.	Establecida la validez, para este caso, del procedimiento bajo el cual se conformaron ciertas alianzas -actuación conjunta de bloques parlamentarios- con miras a la votación de candidatos para integrar la Auditoría General, corresponde analizar el planteo subsidiario efectuado en la demanda interpuesta por el Bloque Proyecto Sur. Sostiene esta parte que, en caso de admitirse el criterio utilizado en la sesión legislativa del 7/12/2011, deberá considerarse como alianza legislativa la unión de los bloques parlamentarios Proyecto Sur y Movimiento de los Trabajadores Socialistas en Proyecto Sur, que conforman el interbloque Proyecto Sur, y que, entonces, en la distribución proporcional de cargos le correspondería 1 auditor general por contar con 8 diputados al igual que la alianza Coalición Cívica.

Analizadas las constancias de la causa, que voy a detallar seguidamente, y otras que constituyen indicios serios y concordantes de la existencia del interbloque Proyecto Sur, conformado tal como lo indican los actores, comparto la opinión del Sr Fiscal General Adjunto en cuanto a que asiste razón a los actores en su pretensión de integrar la Auditoria por corresponderle 1 cargo de auditor general (dictamen de fs. 591/606).

Más allá de que no hay constancia en la causa de la comunicación que ambos bloques dicen haber efectuado a la Presidencia de la Legislatura para informar la constitución del interbloque que los contiene -la prueba pertinente fue ofrecida pero no se realizó (fs. 244) -, no cabe duda alguna que los bloques Proyecto Sur y Movimiento de los Trabajadores Socialistas en Proyecto Sur constituyen un interbloque legislativo puesto que actúan desde hace tiempo en sintonía y pertenecen a un mismo espacio político. En este sentido, puedo remitirme por ejemplo y al sólo efecto ilustrativo, a la sesión extraordinaria del día 24 de febrero de 2011 en la cual al lado de cada orador figura el bloque o interbloque al que pertenece, constando en la versión que figura en la página oficial de la Legislatura: ". Marcelo Parrilli (MST, incorporado hoy al interbloque Proyecto Sur.)" (http: www.legislatura.gov.ar/noti_ver.php 1135).

Pero concretamente en cuanto a la existencia del interbloque Proyecto Sur, nada me parece más contundente que la participación del único integrante del bloque MTS-MPSUR, Marcelo Parrilli, como candidato a auditor presentado por el bloque Proyecto Sur ante la Junta de Ética (fs. 569, nota del Presidente del bloque Proyecto Sur, Fabio Basteiro, proponiendo como candidatos a auditores a Marcelo Parrilli y a Pablo Sanseverino), postulación ratificada por el mismo Parrilli como candidato a la Auditoría General de la CABA por el bloque Movimiento Proyecto Sur (fs. 625). Aun cuando la propuesta fuera hecha sólo en nombre del bloque Proyecto Sur, resulta evidente que el único miembro del bloque MTS- MPSUR y candidato por Proyecto Sur, iba a sumar su voluntad como diputado por la propuesta que lo llevaba como candidato, y, que si esto no fue explicitado, constando una misma propuesta por ambos bloques, ello fue debido a que, tanto Proyecto Sur como MTS-MPSUR, estaban convencidos de que no estaba permitida la votación por interbloques. Y ello no carece de lógica desde que recién en la sesión en que se votara la integración de la Auditoría correspondía establecer el criterio con el cual se daría cumplimiento a la proporcionalidad exigida por el art. 136 CCBA, como efectivamente sucedió, sin que esto impidiera, por otra parte, que los integrantes de ambos bloques continuaran persuadidos de que tal procedimiento de votación no era factible. De haber admitido los integrantes del interbloque Proyecto Sur tal tesitura, hubieran podido, ciertamente, sumar diputados para obtener 1 cargo de auditor pero, ineludiblemente, esta postura hubiera significado declinar su pretensión de obtener la Presidencia del Cuerpo y 1 auditor, pues sólo era posible esta ecuación si se votaba por bloques y no se admitían los interbloques. A ello se le suman otras manifestaciones a lo largo del trámite, que dan cuenta de que ambos bloques actuaban como interbloque legislativo sin que tenga, a mi entender, relevancia que esta fuerza política haya propuesto dos candidatos para auditores, o que uno de ellos se postulara a Presidente y el otro auditor sin aclarar cuál de ellos se proponía para cada cargo; puesto que ambos estaban habilitados, una vez atribuido el cargo, el interbloque debía decidir quién lo ocuparía.

No se me escapa, llegado este punto, que los actores eligieron una de las posibles alternativas, poniendo, en definitiva, sus expectativas en que la decisión de este Tribunal ordenara una nueva votación completa para integrar el órgano en cuestión y, en este aspecto, su posición no resultó triunfante. No obstante, la existencia del planteo subsidiario da cuenta de la decisión de defender la representación que la voluntad popular confirió a ese espacio político representado por los diputados que integraban el interbloque Proyecto Sur.

No contemplar la situación del interbloque Proyecto Sur no lleva sino a la aplicación irrazonable de la pauta que la propia Legislatura adoptó para integrar la Auditoría General, puesto que se admitirían algunos interbloques como el de la Alianza Frente para la Victoria CABA o la adhesión de Encuentro Porteño al de la Coalición Cívica pero no el de Proyecto Sur. El art. 136 CCBA, como fue ya dicho en este voto, permite operar políticamente a las fuerzas legislativas para obtener acuerdos que redunden en beneficios de la gestión parlamentaria, pero no permite -porque ello si es susceptible de alterar los parámetros de la representatividad popular establecida a través de la proporcionalidad que esta norma exige- aplicar el criterio consensuado a unos sí y a otros no.

De tal forma, respetando unánimemente el criterio que resultó establecido en la sesión del día 7/12/2011 y de acuerdo al sistema D´Hont utilizado -sobre el que no recayó ninguna controversia-, corresponde la siguiente integración para la Auditoría General: al PRO + Unión Federal con 26 diputados = 3 auditores; al Frente para la Victoria CABA (Encuentro Popular para la Victoria, Frente Progresista y Popular, Peronista, Nuevo Encuentro y Solidaridad e Igualdad) con 14 diputados = 1 auditor y la Presidencia del Cuerpo ; Coalición Cívica + Encuentro Porteño con 8 diputados = 1 auditor e Interbloque Proyecto Sur con 8 diputados= 1 auditor. En suma, y como corolario de todo lo hasta aquí expuesto, puedo concluir que:

1. La presidencia de la Auditoría General de Control de la CABA corresponde al interbloque Frente para la Victoria CABA por tratarse de la alianza opositora con mayor número de integrantes;

2. Corresponde al interbloque Proyecto Sur 1 cargo de auditor general, motivo por el cual se debe dejar sin efecto la designación de uno de los auditores designados por la Alianza Frente para la Victoria CABA y nombrarse en su lugar a uno de los candidatos del interbloque Proyecto Sur. Debido a que no existe cuestionamiento alguno acerca de las aptitudes y habilitaciones de los dos auditores que pueden verse afectados por la decisión que se toma, los efectos de la anulación decretada -separación del cargo de uno de los dos auditores- se concretarán a partir del momento en que se subsane la irregularidad parcial del art. 2° de la Resolución 409/11. Para ello el interbloque Alianza Frente para la Victoria CABA indicará cuál de los auditores designados deberá cesar en sus funciones y la Legislatura designará, entre los candidatos propuestos y declarados hábiles por la Junta de Ética, un nuevo auditor a propuesta del interbloque Proyecto Sur para integrar la Auditoría General (criterio conf. mi voto, junto a los Dres. Muñoz y Casás en la causa "Partido Justicialista y otros c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Legislatura)", ya citado).

3. Corresponde rechazar la demanda interpuesta por la UCR puesto que no ha demostrado los planteos argumentales que podrían sostener su pretensión a ocupar alguno/s de los cargos de la Auditoria General. En efecto, según ha resultado establecido y probado en la causa, ni se verifican las inhabilidades de los candidatos Parrilli y Sanseverino para ser candidatos a auditores generales, ni resultó aceptado, en la sesión legislativa del día 7/12/11, el criterio de interpretación que sustentara respecto de la expresión "alianza de la legislatura".

En consecuencia, y por las razones expuestas, voto por: 1) declarar la nulidad parcial del art. 2° de la Resolución 409/11 de la legislatura de la CABA, en cuanto designa a dos auditores generales propuestos por la Alianza Frente para la Victoria CABA por vulnerar el principio de proporcionalidad exigido por el art. 136 CCBA y, en su mérito, dejar sin efecto una de esas designaciones y ordenar se designe -en su lugar y en la forma prevista en el considerando 7, apartado 2, de este voto- a alguno de los candidatos propuestos por el interbloque Proyecto Sur y 2) rechazar el resto de las demandas interpuestas. Costas por su orden por tratarse de una cuestión de interpretación constitucional en razón de la cual las partes pudieron creerse con derecho a estar en juicio.

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

1. Como lo señalan mis colegas preopinantes, de acuerdo al modo en que fueron admitidas las pretensiones acumuladas en esta causa, corresponde al Tribunal pronunciarse acerca de la validez de la Resolución 409/11 de la Legislatura.

En este sentido, considero adecuados la narración y el sólido análisis efectuado por la jueza Conde en algunos de los apartados de su voto, que por razones de economía no reiteraré. Me refiero exclusivamente a los indicados con los números del 1 al 6. Se trata de un relato de los hechos y un razonamiento concordantes con los desplegados por el Sr. juez de trámite en su intervención.

No se me escapa que las soluciones a las que arriban son contrarias, y anticipo que acompaño la que sugiere el juez Lozano. Sin embargo, insisto en que las circunstancias fácticas y muchos de los argumentos que exponen son coincidentes.

2. Como dije y repito, las demandas acumuladas articulan la pretensión de nulidad de la Resolución 409/11 de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, por la que se integró el órgano de control creado por los arts. 135 y 136 de la constitución porteña.

Adhiero al tratamiento que mis colegas preopinantes dieron a las excepciones opuestas por la parte demandada.

Respecto del carácter justiciable de la cuestión, comparto las consideraciones y citas efectuadas por la jueza Conde en el punto 3 de su voto y, en el mismo sentido, lo explicado en los puntos 3.2 y 3.3 del voto del juez Lozano.

En cuanto a la falta de un reclamo previo ante la Legislatura, también participo de las opiniones que me preceden en cuanto a que esta objeción se diluye ante la inexistencia de una exigencia semejante al agotamiento de la vía administrativa. En este aspecto, la amplitud de la garantía de la tutela judicial efectiva es central.

3. Como señala la jueza Conde, la constitución local contiene una norma que prevé que la designación de los miembros de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires respete un principio de proporcionalidad. La determinación de un criterio, entre todos los que pueden satisfacer esa exigencia, es una competencia exclusiva de la Legislatura. El juez de trámite, a su vez, indica que incumbe a la legislatura interpretar las normas constitucionales que regulan la conformación de la Auditoría General, y que el control judicial debe limitarse a verificar que esa competencia no se ejerza con mera discrecionalidad (apartado 3.2 de su voto). Es por ello que la competencia del Tribunal se limita a la verificación del cumplimiento del art. 136 de la CCBA y de la razonabilidad del criterio escogido, como se lee en los votos de mis colegas.

Asimismo, participo de la valoración que los jueces Conde y Lozano formularan del modo en que la mayoría de la Legislatura interpretó la expresión "alianza de la legislatura", de la relevancia que atribuyen a los precedentes parlamentarios que citan, y de las buenas razones con las que dan cuenta de los motivos por los que el caso de autos no es asimilable al resuelto en el precedente "Partido Afirmación para una República Igualitaria y otros c/ GCBA s/nulidad", Expte. n° 2434, sentencia del 16 de junio de 2004.

4. En otros términos: coincido con mis colegas en que, en estos actuados, el papel del Tribunal debe limitarse al juicio de legitimidad respecto de la interpretación que la Legislatura, en ejercicio de una facultad exclusiva, hizo de los arts. 135 y 136 de la CCBA. Comparto también el criterio de que se trató de una interpretación constitucionalmente plausible y conforme a los precedentes legislativos citados, que adquieren especial relevancia ante la ausencia de reglamentación.

5. Discrepo con la trascendencia que la jueza Conde concede a los extremos con los que los legitimados pretenden fundar la existencia de un interbloque "Proyecto Sur", en la que basan su petición subsidiaria.

Es determinante que la conformación de un interbloque integrado con los bloques parlamentarios "Proyecto Sur" y "Movimiento de los Trabajadores Socialistas en Proyecto Sur" no quedara debidamente acreditada en autos. Ello -como lo explica el juez Lozano en el apartado 6.2 de su voto-, debido a los términos y formas en que estos bloques propusieron candidatos ante la Junta de Ética, Acuerdo y Organismos de Control.

Las manifestaciones e indicios en los que podría fundarse la existencia de un interbloque "Proyecto Sur", en mi opinión, son expresiones de la afinidad política entre los bloques mencionados, a la que no corresponde asignar mayor alcance que ese. Resulta aplicable, en este aspecto, el razonamiento que informó mi decisión en el precedente antes citado: "el sometimiento de la constitución de alianzas parlamentarias cuya mutabilidad es frecuente, a ciertas formas preestablecidas, es una manera de asegurar la aplicación igualitaria de reglas a la actividad parlamentaria. Y, más aún, de controlar si la Legislatura da efectiva realización a principios constitucionales como el de representación, en situaciones del tipo de las que están regladas por el art. 136, CCBA".

La falta de acreditación de los extremos en los que los interesados fundan su pretensión subsidiaria, determina que éstos devengan conjeturales, lo que impide su tratamiento.

6. Por las razones expuestas, voto por rechazar la pretensión de nulidad de la Resolución 409/11 de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Las costas causídicas se imponen en el orden causado por las razones que el juez Lozano proporciona en el punto 10 de su voto.

El juez José Osvaldo Casás dijo:

1.	Las distintas acciones articuladas en esta causa, en lo sustancial se orientan a cuestionar la legitimidad de la Resolución Nº 409/2011 de la Legislatura de la Ciudad por la cual se procedió a integrar el Colegio de Auditores que conforman la Auditoría General de la Ciudad -Órgano de Control Externo del Sector Público en los aspectos económicos, financieros, patrimoniales y de control de legalidad-, previsto en los artículos 135 y 136 de la CCABA por considerarse infringidos los principios de mayoría opositora -para la Presidencia- y de representatividad -para los restantes Auditores- a que alude el segundo de los artículos antes referidos.

2.	Por resolución del Tribunal dictada en esta causa con fecha 24 de agosto próximo pasado (conf. fs. 464/465 vta.) se decidió tener presentes las excepciones articuladas por la Legislatura a fs. 398/415, 219/436 y 440/457 como de previo y especial pronunciamiento, para ser debatidas en la audiencia pública (ya celebrada con fecha 27 de noviembre de 2012) y, en el caso de resultar conducentes, ser consideradas en la sentencia final, lo que determina el orden metodológico de mi voto. A ello cabe añadir que, a su vez, la Procuración General de la Ciudad articuló un planteo bajo el titulo "V.- Interpone defensa de falta de legitimación pasiva".

3.	En punto a la excepción de incompetencia que se ha incoado, cabe resaltar que el Tribunal ha tomado intervención en estas actuaciones atendiendo a lo dispuesto por el artículo 113 inciso 6 de la CCABA que asigna competencia a este Estrado para conocer: "Originariamente en materia electoral y de partidos políticos", más allá de que seguidamente se predique que "Una ley puede crear un tribunal electoral en cuyo caso el Tribunal Superior actuará por vía de apelación" -supuesto, este último que, hasta la fecha, no ha acontecido-.

Resulta oportuno destacar que el criterio que aquí se sostiene no es novedoso, ya que éste transita la misma senda abierta por dos precedentes estrictamente análogos en que se impugnaron sucesivas decisiones de la Legislatura al procederse a la integración de la Auditoría General de la Ciudad por Resoluciones Nos 52/99 y 82/03, en los cuales se debatió el alcance que debía brindarse al artículo 136 de la CCABA y, más particularmente, si el obrar del Departamento Legislativo había contravenido las reglas constitucionales mencionadas.

En el primer precedente in re: "Partido Justicialista y Otros c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Legislatura) s/ nulidad", Expediente N° 50/99, resolución del 14 de julio de 1999 (conf. en Constitución y Justicia [Fallos del TSJ], Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, Tomo I, ps. 155 y ss.), al tratar la admisibilidad de la demanda interpuesta en punto a la competencia del Tribunal, éste de manera unánime sostuvo:

"La cuestión se circunscribe al problema que ofrece la representación de los partidos políticos en los órganos básicos de la Ciudad -en este caso, un órgano de control-, establecidos por la CCABA.

"El Tribunal aceptó su competencia originaria fundada en el inc. 6 del art. 113 CCABA ('originariamente en materia electoral y de partidos políticos'), según la había aceptado antes, en oportunidad de la consulta popular que motivó las Acordadas Electorales nº 1, 2 y 3. No sólo le incumbe, entonces, cualquier cuestión electoral, sino también aquellas que involucran a los partidos políticos y al régimen republicano de representación en los diversos órganos que, dicho de manera general, conforman el Gobierno de la Ciudad, según su propia Constitución.

"Se agrega a ello, sin embargo, el hecho de que la disputa que nos ocupa tiene un matiz peculiar. Se trata de un problema de carácter institucional local que, como tal, difícilmente pueda ser resuelto por otro órgano judicial de la Ciudad conforme a las reglas de competencia de la CCABA. La acción procura que se establezca si el acto de la Legislatura se adecua a lo prescripto por el art. 136 de la CCABA, que, a la par que define la integración de un órgano colegiado -la Auditoría General de la Ciudad-, resguarda la representación de los partidos políticos -a través de sus representaciones parlamentarias- en esos órganos colegiados, sobre todo la de aquéllos que representan minorías parlamentarias.

"Si bien la resolución nº 52/99 de la Legislatura de la Ciudad no puede calificarse de norma de alcance general, al menos en el sentido clásico, tampoco se trata de un mero acto de alcance individual, ya que dispone acerca de la integración de un órgano público que integra el Gobierno de la Ciudad. Tal forma de gobierno, republicano y participativo (art. 1, CCABA), involucra, según ya lo dijimos, a los partidos políticos de la Ciudad (arts. 61 y 62, CCABA) y a sus repectivos ámbitos de actuación. No se trata, pues, de un derecho individual conculcado por un acto administrativo de alcance particular que únicamente afecte a una persona concreta o a varias de ellas, sino, antes bien, de la operatividad de una cláusula de la CCABA, que es aplicada directamente por la Legislatura de la Ciudad. Se discute si un acto de la Legislatura se ha ajustado o no a los requisitos ordenados constitucionalmente, y así planteado el problema, la situación particular del funcionario designado o de aquéllos que aspiraban al cargo es secundaria.

"En síntesis, está en juego -en primer término- la validez constitucional de una resolución de la Legislatura, que aplica directamente una regla de la Constitución, determinante de la forma de integración de una institución de la Ciudad, en el marco de un nítido conflicto entre partidos políticos representativos de la Ciudad que defienden -con intereses y argumentos contrarios- la cuota de representación en un órgano constitucional de la Ciudad. Ambas circunstancias contribuyen a fundar la competencia del Tribunal Superior para decidir acerca de un punto regido por la Constitución (art. 106, CCABA), que afecta directamente la representación de los partidos políticos establecida por la misma Constitución (art. 113, inc. 6) y que se vincula con el control directo sobre la constitucionalidad (validez) de un acto de la Legislatura.

"Se trata, así, de la supremacía constitucional, que todo órgano estatal debe acatar, por una parte, y, por la otra, del diseño de un sistema de control de esa supremacía (control de constitucionalidad), colocado, por el mismo constituyente, en cabeza del Tribunal Superior de la Ciudad, al cual no pueden escapar los poderes públicos, menos aún cuando está en juego la representación de los partidos políticos en las instituciones básicas de la Ciudad.".

Por su parte, al Tribunal le tocó expedirse nuevamente in re: "Partido Afirmación para una República Igualitaria y Otros c/ GCBA s/ nulidad", Expediente Nº 2434/2003, en el cual, por resolución preliminar del 10 de septiembre de 2003, se afirmó la competencia del Tribunal en el artículo 113 inciso 6º de la CCABA y en el precedente antes referido. Asimismo se recalcó el rol fundamental que el artículo 61 de la Carta Magna local asigna a los partidos políticos en la función de "integración de gobierno", al disponer en su primer párrafo: "La ciudadanía tiene derecho a asociarse en partidos políticos, que son canales de expresión de voluntad popular e instrumentos de participación, formulación de la política e integración de gobierno. Se garantiza su libre creación y su organización democrática, la representación interna de las minorías, su competencia para postular candidatos, el acceso a la información y la difusión de sus ideas". Valga añadir que en este precedente la resolución respectiva también fue suscripta en forma unánime por todos los integrantes del Estrado.

Nada me lleva a modificar el criterio que adopté en los dos anteriores precedentes consignados ut supra, en que se abordó estrictamente la misma cuestión que la debatida en autos, más aún cuando aquí se verifican, confluyendo, las dos notas tenidas en vista en el artículo 113, inc. 6º de la CCABA para adjudicar competencia originaria al Tribunal, por estar en juego tanto la actuación de los partidos políticos como canales de expresión de la voluntad popular e instrumentos de participación y de integración del gobierno, como el alcance del concepto "partidos políticos" -quizás expandido en el precepto constitucional, al referirse a "los partidos políticos o alianzas de la legislatura"-, y finalmente su proyección en el escrutinio de una decisión. Claro está que ese resultado no se halla conformado por el voto de los vecinos electores, sino por la concurrencia de las fuerzas partidarias al momento de decidir la integración del Colegio de Auditores que conforma el Órgano de Control Externo del Sector Público, resultante del cómputo de bancas partidarias, de la integración de los bloques y/o alianzas electorales en la propia Legislatura, como de la aplicación de las reglas de la mayor representación numérica del partido político o alianza opositora en el Cuerpo para la adjudicación de la Presidencia y de la proporcionalidad para la designación de los restantes miembros del Colegio de Auditores.

En este punto entiendo que la perdurabilidad de las interpretaciones formuladas por los jueces generan en aquellos que puedan encontrarse dentro del ámbito de aplicación de sus decisiones, pautas de referencia ciertas que contribuyen, a no dudarlo, al afianzamiento de la seguridad jurídica, a la previsibilidad y, en este particular caso, al más ajustado accionar político de los partidos en la Legislatura. Ello, sin perjuicio de que, en excepcionales circunstancias, pueda producirse un cambio de enfoque, de abordaje y/o de interpretación de las normas, siempre sustentado en una solvente formulación argumentativa que conduzca a la revisión del criterio sostenido por los magistrados en anteriores decisiones.

Tampoco puede omitirse aquí que lo que está en juego es ni más ni menos que la conformación de un órgano previsto en la Carta Magna local que integra el diseño institucional tal cual lo concibieron los constituyentes porteños.

Por último, no puede pasarse por alto que, en la sesión de la Legislatura en la cual se aprobó la Resolución Nº 409/2011 que aquí se impugna, abundaron las intervenciones de distintos integrantes del cuerpo que advirtieron que la interpretación que se adoptaba por mayoría en dicha sede no se ajustaba a la sentada por el Tribunal Superior de Justicia e, incluso, podía llegar a ser resistida ante tal Estrado (v. intervención del diputado Antonio R. Campos obrante en las ps. 527-530, del diputado Marcelo Parrilli obrante en las ps. 532-533, del diputado Martín Hourest obrante en la p. 537 y del diputado Helio D. Rebot obrante en las ps. 540-541, en todos los casos de la versión taquigráfica Nº 30, de la 21ª Sesión Ordinaria -continuación- del 7 de diciembre de 2011, en la que se aprobó la Resolución de marras).

4.	Soy conciente de que la interpretación constitucional adoptada por cada órgano que gobierna la Ciudad lo compromete por lo menos moralmente en su actividad posterior, pues ha de presumirse que no es un fruto de ocasión, presto a ser desechado sin más y en cualquier momento, sino el resultado de una deliberación reflexiva y ejemplar. Ello tiende a informar a los gobernados sobre las razones que inspiran las decisiones de quienes conducen los distintos departamentos del Estado, y a hacer previsibles y confiables los comportamientos de éste. También se ha dicho que la preservación de la "seguridad jurídica" tantas veces invocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación como principio con reconocimiento constitucional -causas: "S. R. L. Penta" (Fallos: 242:501), sentencia del 19 de diciembre de 1958; "Italo Juan Ottolagrano v. Arturo Verardi" (Fallos: 243:465), sentencia del 15 de mayo de 1959; "Abel Estévez v. S.R.L. Refinerías de Maíz" (Fallos: 251:78), sentencia del 16 de octubre de 1961; "José Iglesias y Otros v. S. A. Intela" (Fallos: 253:47), sentencia del 11 de junio de 1962; "Luis Alfonso Ravaschino y Otros v. S. A. Banco de Avellaneda" (Fallos: 254:62), sentencia del 15 de octubre de 1962; "Leda Diana Tidone v. Municipalidad del Partido de General Pueyrredón" (Fallos: 316:3231), sentencia del 22 de diciembre de 1993; y "Alberto Jawetz" (Fallos: 317:218), sentencia del 24 de marzo de 1994- no es un cometido encomendado exclusivamente a los estrados judiciales, pero que en ellos cobra especial relevancia.

Hecha la prevención consignada en el párrafo anterior, cabe resaltar que, en línea con los precedentes indicados en el punto 3 de este voto, también el Tribunal Superior de Justicia ha admitido su propia competencia en actos electorales vinculados a la designación de las autoridades del Consejo de la Magistratura, entendiendo que en dicho supuesto se comprometía con su integración a un Órgano de Gobierno de la Ciudad, por cuanto, de la simple lectura del artículo 116 de la Ley Suprema local, resultaba que el apuntado Consejo tenía deferidas importantes y trascendentes funciones que abarcaban desde la selección y propuesta de los jueces y de los funcionarios del Ministerio Público a la Legislatura, el dictado de los reglamentos internos del Poder Judicial, el ejercicio de las funciones disciplinarias, la reglamentación del procedimiento de nombramiento y remoción de funcionarios y empleados, la elaboración del proyecto de presupuesto, la recepción de denuncias, hasta la apertura del procedimiento de remoción de magistrados y la formulación de la acusación correspondiente ante el Jurado de Enjuiciamiento.

Igualmente también lo hizo cuando estaba en juego la elección de integrantes del Jurado de Enjuiciamiento.

En tal familia jurisprudencial se inscriben, entre otros, los pronunciamientos recaídos en las causas:

a) "Arias, César Augusto y Otros c/ Colegio Público de Abogados de Capital Federal -Junta Electoral- s/ Amparo", Expediente Nº 1887/02, resolución del 4 de noviembre de 2002 (conf. en Constitución y Justicia [Fallos del TSJ], Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, Tomo IV, ps. 594 y ss.). Allí en mi voto sostuve:

"El Tribunal es competente para conocer en el proceso (art. 113, inc. 6 CCABA y Resolución nº 248/2002 del Consejo de la Magistratura) pues la demanda impugna dentro de un proceso electoral la decisión de la Junta que interviene en el trámite de designación comicial por un nuevo período de los representantes de los abogados en el Consejo de la Magistratura, así como en el Jurado de Enjuiciamiento (órganos del Poder Judicial de la CABA)".

b) "Justamente (Lista 4) c/ Junta Electoral s/ Amparo", Expediente Nº 1893/02, resolución del 5 de diciembre de 2002 (conf. en Constitución y Justicia [Fallos del TSJ], Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, Tomo IV, ps. 744 y ss.). Allí, admitida la competencia del Tribunal, se resolvió de modo unánime:

"1º. Hacer lugar parcialmente a la demanda de amparo planteada por los Dres. Federico Carballo y José Console, por la lista nº 4 "Justamente" y, en su mérito, declarar la invalidez parcial de la oficialización de la lista nº 5 "Abogados Pluralistas", en el sector de candidatos al Jurado de Enjuiciamiento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

"2º. Ordenar a la Junta Electoral del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal que deberá adecuar la asignación de cargos titulares y suplentes correspondientes a la Lista n° 5 "Abogados Pluralistas", en la categoría del Jurado de Enjuiciamiento, considerando candidata en cuarto orden a la Dra. Matilde Susana Cerruti Costa y candidato en quinto lugar al Dr. Teodoro Sánchez de Bustamante".

c) "Garavano, Germán Carlos y otra c/ Consejo de la Magistratura -Junta Electoral s/ medida cautelar autónoma", Expediente Nº 2956/04, resolución del 23 de marzo de 2004 (conf. en Constitución y Justicia [Fallos del TSJ], Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, Tomo VI, ps. 226 y ss.). Allí señalé:

"Tal cual lo sostuviera in re: "Arias, César Augusto y Otros c/ Colegio Público de Abogados de la Capital Federal -Junta Electoral s/ Amparo-", Expediente Nº 1887/02, sentencia del 4 de noviembre de 2002, el Tribunal es competente para conocer en procesos como en el que me pronuncio (art. 113, inc. 6º de la CCABA) y por tratarse del único estrado en condiciones de brindar tutela judicial efectiva frente a las resoluciones que haya adoptado o pueda dictar la Junta Electoral en el proceso de integración del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el estamento de los jueces.

d) "Baldomar, Ricardo Félix s/ Amparo", Expediente Nº 4124/2005, en donde por resolución interlocutoria del 19 de septiembre de 2005 el Tribunal se declaró competente para atender en la cuestión (conf. Art. 113, inc. 6º, CCABA) y diversos precedentes del Estrado, corriéndose traslado de la acción. En dicha causa se dictó resolución el 21 de octubre de 2005, haciendo lugar a la pretensión de la actora (conf. en Constitución y Justicia [Fallos del TSJ], Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, Tomo VII, ps. 1265 y ss.). Allí sostuve en lo pertinente:

"2.	Vista la cuestión desde otro ángulo, el Tribunal debe ser consecuente con el curso de acción que le imprimió al proceso convocando a una audiencia con la intervención de todos aquellos que podían tener algún interés directo e, incluso, indirecto, en el resultado del proceso, tal el caso de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires y del Colegio de Magistrados, Integrantes del Ministerio Público y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. La intención del Tribunal de lograr la autocomposición ante la controversia fue claramente percibida y receptada en la resolución del Consejo de la Magistratura cuando se señaló que la revisión de su decisión anterior se orientaba a 'acotar al máximo posible la judicialización en torno de las decisiones que se adoptan, máxime tratándose como en el caso de una cuestión de particular trascendencia institucional...' "En tal orden de ideas, resultaría a todas luces contraproducente que el Tribunal hubiera inducido a las partes a transitar un camino inconducente o, en otras palabras, que las condujera a ninguna parte. Es que, la regla conforme a la cual "venire contra factum proprium non valet" debe propender a que los jueces guarden congruencia en resguardo de la seguridad jurídica -cuyo valor ha privilegiado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por ser una de las bases principales cuya tutela incumbe a los magistrados-. Por lo tanto, cabe descartar obrares contradictorios, no sólo de las partes del proceso, sino también de los magistrados que lo conducen -cfr. Isidoro Eisner: "La doctrina de los propios actos compromete también el obrar del tribunal" ('venire contra factum proprium non valet')", 'La Ley', Tomo 1987-C, ps. 820 y ss.-. //." "5.	El sentido de mi voto, por lo demás, se orienta a reconducir el normal funcionamiento del Consejo de la Magistratura, con la participación plena de todos los integrantes de sus estamentos, requisito indispensable para afianzar la institución, en esta etapa de temprana autonomía, no rehuyendo las responsabilidades que me caben como integrante del Tribunal Superior local, ante disfuncionalidades que repercuten, no sólo en el desenvolvimiento administrativo del Poder Judicial, sino también en los cometidos jurisdiccionales que tienen como destinatarios últimos, en tanto justiciables, a los vecinos de la Ciudad".

e) "Busso, Ricardo Mario c/ Consejo de la Magistratura -Junta Electoral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ Amparo", Expediente Nº 4576/06, resolución del 22 de marzo de 2006 (conf. en Constitución y Justicia [Fallos del TSJ], Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, Tomo VIII, ps. 307 y ss.). Allí, por voto concurrente de todos sus jueces, se señaló:

"El Tribunal resulta competente para entender en la cuestión planteada (conf. art. 113, inc. 6º, CCABA y el criterio establecido en los exptes. nº 1187/02 'Arias, Cesar Augusto c/ Colegio Público de la Capital Federal -Junta Electoral- s/ Amparo', resolución del 4 de noviembre de 2002, nº 2956/2004 'Garavano, Germán Carlos y otra c/ Consejo de la Magistratura - Junta Electoral s/ medida cautelar autónoma', resolución del 23 de marzo de 2004, y expte. n° 4124/05 'Baldomar, Ricardo Félix s/ amparo', resolución del 19 de septiembre de 2005)".

f) "Montenegro, Fandor Lucio y Otros c/ GCABA s/ Amparo (art. 14 CCABA) s/ Electoral -Otros", Expediente Nº 5894/08, resolución del 9 de mayo de 2008 (conf. en Constitución y Justicia [Fallos del TSJ], Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, Tomo VIII, ps. 737 y ss.), en donde al arribar a este Estrado por declinatoria del Juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 8 en el pedido efectuado por varios actores para que se ordenara al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires convocar a elección de Juntas Comunales para el 10 de agosto de 2008, y de conformidad a lo dictaminado por el Señor Fiscal General el Tribunal se declaró competente en función de lo establecido por el artículo 113, inc. 6º de la CCABA, más allá de decidirse que la concreta pretensión formulada resultaba improcedente y rechazarse in limine la acción planteada.

g) "Elecciones 2008 s/ presentación efectuada por Olivera Enrique y Otros", Expediente Nº 5584/08, resolución del 18 de junio de 2008 (conf. en Constitución y Justicia [Fallos del TSJ], Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, Tomo VIII, ps. 1086 y ss.), en donde un grupo de vecinos, invocando el derecho constitucional de peticionar a las autoridades, solicitaron se exhortara al Poder Ejecutivo a establecer un cronograma preciso de todas las actividades a su cargo necesarias para la aprobación del Padrón de Electores de las Comunas y se le otorgara difusión y publicidad adecuadas. En el caso, en disidencia parcial de fundamentos extensiva a la parte resolutiva, sostuve:

"1. Sin perjuicio de que pueda estimarse que la presentación que nos convoca, en los términos en que ha sido formulada, no configura un 'caso, causa o controversia judicial', entiendo que nada obsta a poner en conocimiento de los interesados las actividades desplegadas por este Tribunal, y/o su Presidente, en ejercicio de las funciones de organización electoral que les competen según lo establecido en el art. 113, inc. 6, de la CCABA, la Acordada Electoral nº 1/99 y las normas concordantes y complementarias del Código Electoral Nacional, en vista a que la Ley n° 2.405 fijó para el día 10 de agosto del corriente año la fecha de los comicios para designar a las autoridades comunales y, en particular, los diversos requerimientos cursados al Poder Ejecutivo de la Ciudad, de los que se da cuenta seguidamente. Ello así porque, por un lado, resultan ilustrativos del trámite preparatorio indispensable para que las autoridades políticas dispongan la 'convocatoria a elecciones comunales' y estas 'puedan llevarse a efecto a partir de contar efectivamente con el padrón de electores'; y, por otro, permiten vislumbrar los pasos que el Poder Ejecutivo deberá transitar en el futuro inmediato a tales efectos. // "2. Vista la presentación desde otro ángulo, esto es en cuanto solicita del Tribunal 'una exhortación' al Jefe de Gobierno para que cumpla las obligaciones constitucionales y legales a su cargo en la especie, concretando la elaboración del 'Padrón Electoral de Comunas' que demanda nuestra Carta Magna para efectivizar el modelo de descentralización participativa que la inspira (art. 1º CCABA), y 'en tanto se la conciba como un simple requerimiento fundado en el derecho constitucional de peticionar a las autoridades' (con respaldo, no sólo en el art. 14 de la Carta Magna Federal, sino también con sustento en el art. 10 de la Constitución local y en el plexo de derechos contenidos en los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, elevados a idéntico rango por el art. 75, inc. 22, de la Ley Suprema de la Nación: vg. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada en Bogotá en 1948, art. XXIV), permite catalogarla como una solicitud enderezada a que se imprima 'celeridad, eficacia y transparencia' a todos los procesos preliminares necesarios para la confección de la nómina electoral comunal, que debió ser articulada en forma directa ante el Poder Ejecutivo. De todos modos, tal circunstancia, en cuanto la petición no está dirigida -por el momento- a incitar la actividad jurisdiccional de este Estrado, sino, más bien, a instar un pronunciamiento 'sustancialmente administrativo' en esta sede, no observo óbice para reencauzar el pedido, direccionándolo a la autoridad superior de la Ciudad que está en condiciones de atenderlo... // "6. En síntesis, me pronuncio por el rechazo 'in limine' de la pretensión referida en el punto precedente y por declarar la incompetencia del Tribunal en el restante aspecto, aún para efectuar la exhortación que los presentantes reclaman -sin que este Estrado abdique de realizarla cuando ello pudiere corresponder en una causa judicial o en otra intervención que así lo demande-, sin perjuicio de entender que la solicitud importa, en su esencia, el ejercicio del derecho constitucional de peticionar a las autoridades y que debe remitirse, junto con copia de todas las piezas procesales a que se ha hecho mención en este voto, al Señor Jefe de Gobierno para que le dé en su ámbito el tratamiento y la respuesta que estime menester en consonancia con las prescripciones contenidas en la Constitución (cláusula transitoria decimoséptima) y la voluntad expresada por el órgano parlamentario (Ley nº 2.405)." h) "Montaña, Santiago C. s/ denuncia", Expediente Nº 7718/10, resolución del 15 de noviembre de 2010, en donde el Tribunal también resolvió su competencia -en el marco de lo dispuesto por el artículo 113, inc. 6º de la CCABA- en una cuestión atinente a la elección de los matriculados en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal destinada a integrar el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento.

5.	Por lo demás, debo añadir que, en mi caso, en alguna otra oportunidad conformando la minoría y en otros participando de una decisión unánime del Estrado, he precisado los límites y las restricciones a la competencia del Tribunal, lo que también brinda consistencia, a partir de una interpretación estricta del inciso 6º del artículo 113 de la CCABA, al voto que emito en esta causa. Ello ocurrió en los siguientes precedentes:

a) "Partido Corriente Patria Libre c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ daños y perjuicios", Expediente Nº 929/01, resolución del 3 de julio de 2001 (conf. en Constitución y Justicia [Fallos de TSJ], Ad-Hoc, Buenos Aires, 2001, Tomo III, ps. 357 y ss.), donde expresé en minoría:

I. El objeto de la acción es una pretensión de obtener una reparación pecuniaria. El derecho del partido político a ser resarcido se originaría en el incumplimiento, por parte del GCABA, de dos obligaciones: i) ofrecer en forma gratuita espacios de publicidad en las pantallas de la vía pública que estén a su disposición durante la campaña electoral -art. 6º, Ley Nº 268-, y ii) entregar en término y en cantidad los aportes destinados al financiamiento de la campaña electoral -Capítulo III, Ley Nº 268-; II. Se trata de una causa contencioso-administrativa en los términos del art. 2º del CCAyT, que tiene como única finalidad un resarcimiento económico. Forzosamente el tribunal que sea llamado a resolver deberá tener en cuenta una serie de elementos para arribar a una decisión, entre los cuales se encontrará la Ley Nº 268, pues de ella surgirían las obligaciones que se dicen incumplidas por la parte demandada. Pero es innegable que el análisis no se agotará allí. Por el contrario, como correctamente lo señaló el señor juez de primera instancia, "el solo hecho de operar en los casos normas electorales no implica necesariamente la competencia originaria del Tribunal Superior; III. De la interpretación sistemática de las disposiciones en juego no se desprende que el Tribunal sea competente para entender en forma originaria en este pleito. La Ley Nº 268 no prevé en forma expresa una acción de daños y perjuicios ante el eventual incumplimiento, por parte del GCABA, de las obligaciones que esta norma pone a su cargo en el art. 3º (ofrecimiento de espacios publicitarios), o en el Capítulo III (aporte público a la campaña electoral); IV. La pretensión sólo se orienta a obtener un resarcimiento económico cuyo origen, es verdad, se remontaría a la constatación de una supuesta inobservancia de normas de carácter electoral. Pero, fundamentalmente, se advierte que el asunto deberá tramitar mediante un proceso que, en buena medida, se desarrollará a través de senderos que se alejarán de la cuestión electoral enfocada con un criterio estricto y se acercarán al estudio de la responsabilidad extracontractual de la Administración local.

b) "Baigorria, Beatriz Mercedes y Otros c/ GCABA s/ amparo sobre electoral y Otros", Expediente Nº 4547/06, resolución del 15 de marzo de 2006 (conf. en Constitución y Justicia [Fallos de TSJ], Ad-Hoc, Buenos Aires, 2006, Tomo VIII, ps. 186 y ss.), en donde al arribar a este Estrado por declinatoria de la Jueza en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 12, que entendió que el proceso era de competencia de este Tribunal al ventilarse cuestiones atinentes a un proceso electoral (llamado a elecciones, reglamento y legitimidad de la autoridad, entre otras) para la convocatoria a comicios, reconocimiento por la Junta Electoral y elaboración de padrones para elección de delegados de la Villa 3 "Fátima" del Barrio Villa Soldati de la Ciudad de Buenos Aires, conformando la decisión unánime, sostuve:

"La pretensión que motiva el presente juicio excede largamente la competencia electoral asignada a este Tribunal por el art. 113, inc. 6°, de la CCABA. En el caso, un grupo de representantes vecinales del Barrio de Villa Soldati cuestiona la actuación del Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y solicita que se subsanen supuestas deficiencias en la gestión, administración y distribución de recursos asignados a la Villa 3 'Fátima'. En el marco de los apuntados reproches, los actores requieren medidas para convocar a elecciones para la integración de cargos en una Junta Vecinal que, aparentemente -la demanda no es clara sobre este aspecto, como lo destaca el señor juez de trámite en el punto 1 de su voto-, gestionaría recursos estatales (materiales y económicos) como una suerte de organización intermedia entre el IVC y los vecinos del lugar.

"En estos términos, nos encontramos ante un conflicto trabado entre un grupo de vecinos y una autoridad administrativa que encuadra sin mayores dificultades en la categoría de 'causa contencioso-administrativa' definida por el art. 2° del CCAyT local. Ello así, toda vez que la cuestión debatida se vincula, en definitiva, con la demanda habitacional y la forma de satisfacerla en el ámbito de la Ciudad y no con un proceso electoral 'stricto sensu' para la integración de un órgano constitucional local, la gestación de alguno de los mecanismos de democracia semidirecta o la elección de autoridades o candidatos de un partido político del distrito -dicho ello a título simplemente ilustrativo-.

"Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo dictaminado en sentido concordante por el señor Fiscal General Adjunto a cargo de la Fiscalía General (fs. 74/75), corresponde declarar la incompetencia del Tribunal para conocer en el presente caso y devolver el expediente al Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario n° 12." c) "Solicitud de designación de veedor para el Acto Comicial de CASSABA", resolución del 7 de abril de 2008, frente al pedido suscripto por el Presidente y Secretario de la Junta Electoral de la Caja de Seguridad Social para Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CASSABA) de designación de un veedor para el acto comicial de autoridades del organismo previsional a celebrarse el 10 de abril de dicho año, en donde se decidió en forma unánime:

"En tanto la competencia electoral asignada al Tribunal Superior de Justicia (art. 113, inc. 6º, CCABA) se relaciona con las elecciones para cubrir 'los cargos públicos electivos constitucionales que ejercen el gobierno de la Ciudad Autónoma' (este Tribunal 'in re': 'Baigorria, Beatriz Mercedes y Otros c/ GCABA s/ amparo y Otros', Expediente Nº 4547/06, resolución del 22 de febrero de 2006) el pedido de la Junta Electoral de CASSABA no habilita la intervención de este Estrado, ni siquiera a través de la designación de un veedor ya que el proceso electoral mencionado en la presentación se dirige a integrar el Órgano de Dirección de una Caja Previsional (ciertamente local) de una actividad profesional -la de la abogacía en la Ciudad de Buenos Aires- y no de un Órgano de Gobierno de este Estado.

"En razón de lo expresado, no corresponde dar curso favorable al pedido lo que se notificará a los presentantes con carácter urgente y en el día, teniendo especialmente en cuenta que el acto electoral tendrá lugar el próximo jueves".

En razón de lo hasta aquí expresado no me suscita dudas afirmar la competencia del Tribunal para conocer en la presente causa.

6.	También se ha planteado por parte de la Legislatura la falta de personería respecto del Señor Carlos Esteban Más Vélez, por cuanto "no adjuntó en las copias de traslado de autos, el instrumento que certifique la representación que invoca, conforme el Art. 40 del Código CAyT". A continuación, se sostuvo que "el Sr. Más Vélez dice presentarse 'en representación de la Unión Cívica Radical de la Capital Federal, como Presidente del Comité Capital' empero, no acreditó extremo alguno que lo habilite a incoar el presente proceso judicial en representación de los intereses de la U.C.R." (fs. 428 vuelta/429 vuelta).

En lo que a esta cuestión interesa, cabe destacar que el Sr. Carlos Esteban Más Vélez acompañó con la demanda copia del Acta del Plenario Constitutivo del día 9 de agosto de 2007 en el que surgiría la aprobación por aclamación de las Autoridades del Comité Capital de la Unión Cívica Radical, entre ellas, su designación como Presidente (fs. 269/270).

Asimismo, agregó impresión de la página web de la UCR Capital en la que se lo consigna como Presidente del Comité Capital (fs. 271).

Estos adjuntos, entre otros, fueron remitidos a la Legislatura conforme surge de la copia del oficio oportunamente librado (conf. fs. 364, en donde consta que se acompañaron copias, en lo que aquí importa, de fs. 269/319).

Por su parte, al respecto tampoco puede desconocerse que en el Registro de Partidos Políticos radicado en este Tribunal ante la Secretaría de Asuntos Originarios, Expediente Nº 223 "Partido Unión Cívica Radical s/ personería", donde tramita también la presente causa, luce una copia del Libro de Actas del Comité Capital del Partido Unión Cívica Radical en que obra sello del Juzgado Federal con competencia electoral de la Capital Federal que da cuenta de la reunión del Plenario de Delegados del Comité de la Capital de la Unión Cívica Radical llevada a cabo el 2 de marzo del 2010 con la presencia de su Presidente, el Sr. Carlos Esteban Más Vélez (conf. fs. 185/187).

También en el marco de tal legajo, y a raíz de la presentación de fs. 191, en la que consta copia certificada del Acta de la Mesa Directiva del Comité de la Ciudad de la Unión Cívica Radical integrante del Libro de Actas de la Convención partidaria de fecha 4 de mayo de 2011, este Estrado tuvo presente la designación del presidente Carlos Esteban Más Vélez (DNI Nº 22.878.652) y de la tesorera del Comité de la Ciudad, Irma Rosa Gerch (DNI Nº 6.422.149), respectivamente, a fin de que pudieran operar a la orden conjunta de ambos la cuenta corriente especial a la que hace mención el art. 16 de la Ley Nº 268 (conf. fs. 191/192 vuelta y fs. 194).

Así pues, en la medida en que la presentación de la Legislatura no desconoce que el Señor Carlos Esteban Más Vélez revista o haya revestido en el carácter de presidente del Comité Capital de la U.C.R. -cosa difícil de imaginar, en la medida que en tal Órgano de Gobierno, el partido de referencia, en algunos casos más y en otros menos, siempre ha registrado representación parlamentaria-, sino que apunta a un puro incumplimiento formal y secundario, todo me lleva a concluir que el Sr. Carlos Esteban Más Vélez, al presentar el escrito de demanda obrante a fs. 306/319 vuelta con fecha 29 de diciembre de 2011 (conf. cargo de fs. 319 vuelta), actuó en representación de la Unión Cívica Radical de la Capital Federal, por lo cual la aplicación rigurosa y ritual del artículo 40 del Código CAyT, dando curso favorable a la articulación incoada se exhibiría como excesiva y desproporcionada, lo que me conduce a propiciar se desestime la defensa ensayada en este punto.

Cabe añadir aquí, a mayor abundamiento, que tal solución es armónica con el criterio que en general ha imperado en el Tribunal en materia de partidos políticos, donde ha sido flexible y elástico, y no extremadamente ritualista, a fin de facilitar y no frustrar la dinámica de su funcionamiento.

7.	En lo que respecta a la excepción de falta de legitimación activa la Legislatura ha argumentado, única y básicamente, que no existe una causa judicial. En efecto, para fundar la excepción señaló que ". la pretensión deducida en la demanda no constituye un caso justiciable" pues los litigantes ". no han probado siquiera indiciariamente, la violación de algún interés tutelado jurídicamente, ya que la elección de los Auditores se encuentra reservada constitucionalmente a los Legisladores Porteños". Agregó que la intervención del Poder Judicial ". sólo se encuentra habilitada, cuando se invoca por el adecuado cauce procesal, un agravio concreto tutelado por el ordenamiento vigente." Y que como los presentantes interpusieron una acción declarativa de inconstitucionalidad " . cuyo objeto de pretensión no puede ser otro que la declaración de validez o invalidez de una norma, no se verifica la existencia de un caso o controversia atendible por el Poder Judicial . ".

De las transcripciones efectuadas es posible advertir que las objeciones formuladas por la Legislatura respecto de la falta de legitimación activa de los presentantes no se apoyan en fundamentos razonados que conduzcan a apartarme en este punto del criterio que ya propiciara en el aludido precedente "Partido Justicialista y Otros c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Legislatura) s/ nulidad", Expediente Nº 50/99, sentencia del 14 de julio de 1999, y reiterado en "Partido Afirmación para una República Igualitaria y Otros c/ GCBA s/ nulidad", Expediente Nº 2434, resolución del día 10 de septiembre de 2003.

7.1.	En particular, en lo que refiere a la legitimación de los partidos políticos, cabe aquí recordar que, en el primero de los mencionados precedentes, este Tribunal ha sostenido que:

"La doctrina desarrollada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha definido a 'los partidos políticos como organizaciones de derecho público no estatal, necesarios para el desenvolvimiento de la democracia representativa y, por lo tanto, instrumentos de gobierno. En virtud de ello los reconoció investidos de autoridad por la Constitución y por las leyes para la formulación de las candidaturas a los cargos electivos (Fallos: 310:819 y sus citas), interpretación que resultó luego plasmada en las modificaciones introducidas a la Constitución Nacional por la reciente Convención Constituyente convocada por la Ley Nº 24.309, que les confirió expresa competencia para la postulación de los candidatos' ('Partido Justicialista de la Provincia de Santa Fe c/ Provincia de Santa Fe', Fallos: 317:1195; L.L., 1995-A, p. 203, en especial voto del Juez Fayt). En dicho caso, el actor puso en juego la legitimación del partido político para cuestionar la constitucionalidad -a la luz de la Ley Fundamental Federal- de la disposición de la Constitución de la Provincia de Santa Fe que exige el intervalo de un período para posibilitar la reelección del gobernador y vicegobernador. Más allá del sentido de la decisión final de la CSJN, es paradigmático para el conflicto aquí planteado que: 'En razón de los antecedentes expuestos, resulta incuestionable la legitimación sustancial del Partido Justicialista de la Provincia de Santa Fe para reclamar lo que considera una aplicación de la Constitución Nacional' (del voto del Juez Fayt).

"En el orden jurídico local, el art. 61 de la CCABA establece, en consonancia con las cláusulas de la Constitución Nacional, la competencia de los partidos políticos para la postulación de candidatos a cargos públicos electivos (arts. 37 y 38). Pero profundiza esta caracterización cuando dispone que 'los partidos políticos son canales de expresión de voluntad popular e instrumentos de participación, formulación de la política e integración de gobierno' y, además reconoce, en forma general, 'su competencia para postular candidatos'. Las normas de la CCABA disipan toda duda en cuanto a que los partidos políticos son portadores de derechos subjetivos, que encontrándose afectados, serían susceptibles de tratamiento judicial. Uno de esos derechos reconocidos, el derecho a integrar -en sentido lato- los órganos de gobierno de la Ciudad representa, conforme a la demanda, el caso actual.

"Por lo demás, la exigencia de caso, causa o controversia que habilite esa legitimación deriva de la afirmación de haberse conculcado el derecho constitucional que el actor invoca: el de postular e integrar proporcionalmente el cuerpo de auditores generales restantes de la Auditoría General de la Ciudad, una vez designado el auditor presidente. El conflicto de intereses se puso de relieve, palmariamente, en la audiencia pública: el actor defendió la cuota de participación que juzga le corresponde y los demás participantes, salvo el Fiscal General, sostuvieron el acto legislativo de integración de la Auditoría General, tal como había sido dictado".

En consecuencia, corresponde reconocer legitimación al "Bloque Proyecto Sur", al "Bloque Movimiento Socialista de los Trabajadores en Movimiento Proyecto Sur (MST-MPS)" y a la "Unión Cívica Radical", no sólo por los fundamentos que ilustran anteriores precedentes de este Tribunal, sino, además, en tanto la legitimación corresponde extenderla a los "Bloques Parlamentarios", desde que el debate que se trae a conocimiento de este Estrado, también discurre por la referencia contenida en el artículo 136 CCABA a la noción de "alianzas de la Legislatura" que, va de suyo, también los imbrica, contemplándolos desde otro ángulo. Ello se ve abonado, desde el momento que el Decreto suscripto por la Vicepresidencia 1º de la Legislatura convocando a la presentación de candidatos para conformar el Colegio de Auditores de la Ciudad estuvo dirigida a los presidentes de los Bloques Parlamentarios.

7.2.	En lo que concierne a la legitimación de los diputados presentados en autos en el mencionado precedente "Partido Justicialista y Otros c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Legislatura) s/ nulidad", sentencia del 14 de julio de 1999, este Estrado se ha pronunciado sosteniendo que:

"Tampoco cabe desconocer, en el caso que nos ocupa, el derecho a accionar de los legisladores justicialistas en el parlamento de la Ciudad. Baste decir que el art. 136 CCABA, cuya inteligencia se cuestiona, habilita a los legisladores del partido, en su nombre, a proponer los candidatos a auditores generales y que ese bloque político propuso, a más del presidente, a la persona que pudo ser designada en uno de los cargos restantes. Así se sostuvo en la demanda para concluir en que, el acto de la Legislatura que no le reconoció ese derecho se aparta directamente de la cláusula constitucional".

A partir de lo expuesto, entonces, en lo que a esta causa se refiere, entiendo que corresponde reconocer legitimación procesal a los diputados con mandato vigente al momento de la sesión en que se debatió la cuestión ventilada en las presentes actuaciones; esto es, a Fabio Basteiro, Julio César Raffo, Adrián Camps, Jorge Guillermo Selser, María América González, Laura García Tuñón y Rafael Amadeo Gentili (integrantes del "Bloque Proyecto Sur").

Por su parte, por los mismos fundamentos, cabe reconocer legitimación procesal a Rubén Antonio Campos y Claudio Daniel Presman (integrantes del "Bloque de la Unión Cívica Radical") y a Marcelo Parrilli (en su calidad de único integrante del "Bloque Movimiento Socialista de los Trabajadores en Movimiento Proyecto Sur").

En cambio, distinto es mi parecer respecto de los actuales legisladores de la Ciudad (Virgina González Gass, Pablo Bergel, Hugo Alejandro Bodart y Claudia Neira) que no revestían tal carácter a la época en que se votó la resolución que se pretende poner en crisis, a quienes no les reconozco legitimación para intervenir en esta causa, sin perjuicio de que podrán participar en los ulteriores actos preparatorios y en la futura decisión de la Legislatura, en el caso en que prosperen los planteos de nulidad que aquí se han articulado.

7.3. Finalmente, en lo que concierne a la legitimación de los Dres. Pablo Sanseverino y Marcelo Parrilli, candidatos a integrar el Colegio de Auditores de la Auditoría General de la Ciudad, sobre la base de la propuesta formulada el 4 de julio de 2012 por el "Bloque Proyecto Sur", y que mereciera la aceptación del segundo de los referidos aspirantes en el carácter de único integrante del "Bloque Movimiento Socialista de los Trabajadores en Movimiento Proyecto Sur" (conf. fs. 832 del Expediente Interno de la Legislatura Nº 1916-I-2011), ya tuve oportunidad de afirmar en esta causa que ".si bien podría considerarse prematuro expedirse al respecto sin haber escuchado a todas las partes que -en definitiva- integren el proceso, es posible señalar que al menos dos de los presentantes, Sres. Pablo Sanseverino y Marcelo Parrilli, acreditan haber sido propuestos por un bloque de la Legislatura de la Ciudad como candidatos a ocupar los cargos de Auditor General que fueron cubiertos mediante la resolución impugnada sin receptar la mentada propuesta. Además, el bloque parlamentario aludido también se ha presentado en autos. La precisión que se efectúa en este sentido, claro está, no importa abrir juicio sobre el derecho que les pueda asistir a los candidatos interesados o al bloque parlamentario que los propuso en cuanto al fondo de la cuestión que se pretende ventilar ante este Estrado". Por su parte, la Legislatura no ha aportado argumentos concretos al respecto que conduzcan a propiciar un criterio diferente sobre el punto.

Por lo demás, a este respecto tengo asumido que el sólo hecho de que la propuesta efectuada por el Consejo de la Magistratura ante el Departamento Legislativo para la designación de un magistrado, a pesar de que ésta no sea convalidada, genera en el aspirante a Juez, de considerarla reprochable, la legitimación procesal para cuestionar la resolución desfavorable a su designación por parte de la Legislatura. Así lo entendí en la causa: "Spisso Rodolfo R. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Legislatura) s/ Amparo", Expedientes Nos 1066/01; 1076/01 y 1077/01 -acumulados- (conf. en Constitución y Justicia [Fallos de TSJ], Ad-Hoc, Buenos Aires, 2001, Tomo III, ps. 642 y ss.), sentencia del 21 de noviembre de 2001, al adherir al voto de mi colega Guillermo A. Muñoz, como a los reenvíos que efectuara tal magistrado respecto de los fundamentos vertidos por la Jueza Ana María Conde. En el caso, lo que estuvo en juego fue el control judicial del procedimiento de designación de los jueces y el rechazo del pliego por parte de la Legislatura, decisión que tuvo como punto de partida una denuncia, hecha por alguien que se escudó en el anonimato para no asumir la responsabilidad de sus dichos, y que el Cuerpo la consideró a pesar de ello, al influjo del propio amparista, que se presentó espontáneamente a efectuar una suerte de descargo respecto a cuestiones de la que no se le había corrido traslado; todo lo que generó una tramitación irregular de la cuestión.

En síntesis, la impugnación a la legitimación de los candidatos a integrar la Auditoría General de la Ciudad propuestos por Bloques o Partidos Políticos y descartados por la Legislatura, en mi concepto, tampoco puede tener acogida favorable y, consecuentemente, corresponde tenerlos como partes en esta causa.

7.4 Resta señalar que las objeciones formuladas por Paula Mariana Oliveto Lago en su escrito de fs. 485/493 respecto de la falta de legitimación activa de la Unión Cívica Radical, en rigor, remiten al examen de la procedencia de la pretensión esgrimida; por lo que deberán ser abordadas en su oportunidad.

8.	Frente a la defensa de falta de legitimación pasiva incoada por la Procuración General de la Ciudad, entiendo que le asiste razón en su planteo ya que, a pesar de que el segundo enunciado del artículo 134 de la CCABA ha venido a establecer que ella "(r)epresenta a la Ciudad en todo proceso en que se controviertan sus derechos e intereses", el art. 1 de la Ley Nº 1.218, al delimitar su ámbito de competencia, ha precisado que ".(r)epresenta en juicio sólo a requerimiento de éstos al Poder Legislativo, al Poder Judicial y a otros órganos de gobierno de la Ciudad". Ello sentado, y en la medida que la Legislatura -a partir de la designación de un representante al efecto- ha venido a tomar la intervención que le corresponde en este proceso (conf. "Contestación de demanda", fs. 520/533 vuelta), cabe entender que ha cesado la intervención que fugazmente ha tenido la Procuración General en la presente causa.

Por su parte, resulta manifiesto que las pretensiones de las demandas no se dirigen contra el Departamento Ejecutivo local, por orientarse al modo en que ha ejercitado la Legislatura sus prerrogativas para proceder a la designación de los integrantes de la Auditoría de la Ciudad, en el marco del ya citado artículo 136 de la CCABA, en donde ninguna injerencia cabe al Poder Ejecutivo de la Ciudad, siendo por lo demás la rama legislativa la única que pudiera cumplir una eventual sentencia condenatoria.

9.	La Legislatura interpuso excepción de inadmisibilidad de la instancia esgrimiendo, en esencia, que: "(l)os demandantes y adherentes, en su calidad de Legisladores, a pesar de contar con la posibilidad (desde el mes de Septiembre de 2011 hasta el dictado de la Resolución 409/2011) de presentar un reclamo administrativo y/o judicial durante el procedimiento legislativo regulado en el Decreto 069/PSP/2011, para dilucidar lo que ahora demandan, nada hicieron al respecto, lo que determina que su pretensión actual no cumpla con las condiciones para el ejercicio de la acción instaurada" (conf. fs. 409, 429 vuelta y 451).

De inferirse por la referencia al mes de "septiembre de 2011", contenida en la contestación de demanda de la Legislatura, que lo que debía impugnarse fue el Decreto Nº 069/PSP/2011, del 12 de septiembre de 2011, emitido por el Vicepresidente 1º de la Legislatura que invitó a la Presidencia de los Bloques Parlamentarios a presentar ante la Junta de Ética, Acuerdos, y Organismos de Control candidatos a miembros de la Auditoría General de la Ciudad, no se advierte qué fue lo que debía ser cuestionado por los aquí actores, por cuanto el Decreto de marras nada establecía sobre cuál era la fuerza opositora mayoritaria, ni adelantaba la posibilidad de conformar los "Interbloques".

Asimismo, con relación a la misma excepción, el representante de la Legislatura desarrolló una línea argumental contradictoria con la anteriormente señalada al afirmar que la cuestión no podía ser objeto de debate judicial en tanto: ". el control del mecanismo de selección de los integrantes de la Auditoría General de la C.A.B.A., no encuentra su cauce procesal en alguna instancia judicial, máxime cuando no existió vicio alguno en la gestación de la Resolución impugnada conforme el bloque normativo que la rige. Lo contrario, significaría trasladar el ámbito de debate y toma de decisiones reservadas constitucionalmente al Poder Legislativo, a un Tribunal de Justicia, dando lugar a un indeseable conflicto de poderes".

En lo que a esta cuestión respecta, comparto plenamente los argumentos desarrollados por el Señor Fiscal General Adjunto para desestimar la defensa de marras, puntualmente cuando señala ".más allá de verificarse una absoluta falta de fundamentación ., he de señalar que no solo no hay norma alguna que exija, en estos casos, agotar alguna instancia previa para poder acceder a la judicial, sino que, además, tal exigencia luce impropia en supuestos como el que nos ocupa, donde no se pretende impugnar un acto administrativo, sino una resolución emanada de la Legislatura local".

En efecto, los argumentos esbozados por la Legislatura para aludir a la supuesta inadmisibilidad de la instancia por falta de reclamo en el ámbito de la Legislatura en forma previa a la interposición de la demanda no se apoyan en norma jurídica alguna. Tampoco insinúan -y menos aún fundamentan- la posible aplicación analógica de algún instituto del derecho administrativo local para justificar la defensa ensayada, ni se hacen cargo de ponderar la peculiar naturaleza de la resolución impugnada.

Desde el mismo ángulo, a mayor abundamiento, cabe referir que las atribuciones (competencia, derechos y deberes) de la Legislatura no se agotan en la sanción de leyes, o en decisiones que puedan reconducirse necesariamente a meros actos administrativos, pues también dicta resoluciones y declaraciones; remite al Poder Ejecutivo el Presupuesto Anual para el Cuerpo; considera la Cuenta de Inversión del Ejercicio Anterior; recibe el juramento o compromiso y considera la renuncia de sus miembros, del Jefe y Vicejefe de gobierno; otorga acuerdos; efectúa las designaciones que le competen; impone nombres a sitios públicos; etc.

Por su parte, tampoco se da un supuesto de falta de pronunciamiento a las propuestas formuladas por parte del "Bloque Proyecto Sur" y el "Bloque Movimiento Socialista de los Trabajadores en Movimiento Proyecto Sur", y por la "Unión Cívica Radical" de parte de la Legislatura, ya que la designación de los integrantes de la Auditoría como se hizo -tanto de su Presidente, como de los restantes integrante del Cuerpo- importó una resolución contraria implícita a las postulaciones y pretensiones de las fuerzas políticas, de los legisladores y de los candidatos que han articulado en esta causa el pedido de nulidad de la Resolución Nº 409/11.

Estas consideraciones resultan suficientes, sin más, para sellar la suerte adversa del planteo esbozado en este punto.

Finalmente en lo que concierne a las expresiones del representante de la Legislatura en esta causa, relativas a que el mecanismo de selección de los integrantes de la Auditoría General de la C.A.B.A. no encontraría cauce procesal en instancia judicial alguna, resta señalar que son suficientemente explicativos los fundamentos brindados por este Estrado en la causa: "Partido Justicialista y Otros c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Legislatura) s/ nulidad", sentencia del 14 de julio de 1999, donde se puntualizó:

"La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dista de avalar la tesis de la irrevisabilidad absoluta de actos ejecutados por otro poder en ejercicio de sus funciones privativas. Su más reciente línea jurisprudencial -haciéndose eco de la evolución de la jurisprudencia de su par estadounidense- ha ampliado el control de constitucionalidad a cuestiones que la doctrina constitucional tradicional llamaba 'cuestiones políticas', amparándose en la ambigüedad de esta denominación. Así, la Corte ha avanzado en el control judicial en materias frente a las cuales había sido remisa históricamente: el juicio político, las facultades disciplinarias de las Cámaras del Congreso, el procedimiento de formación de leyes, la regulación de partidos políticos y régimen electoral, etc." 10.	Corresponde a partir de aquí ingresar al tratamiento de los planteos de fondo comunes contenidos en las tres demandas articuladas al intentar poner en crisis la Resolución Nº 409/11 de la Legislatura, por la cual se integró la Auditoría General, como contraria a las prescripciones contenidas en el artículo 136 de la CCABA, al tomar como "alianza de la Legislatura", a lo que ha dado en denominarse, últimamente como: "Interbloques". De algún modo ellos pueden inferirse sintéticamente en: a) que se ha desconocido la inteligencia que del artículo 136 de la CCABA ha formulado este Tribunal, como intérprete supremo y final de la Carta Magna de los porteños, en las causas: "Partido Justicialista y Otros c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Legislatura) s/ nulidad", sentencia del 14 de julio de 1999, y "Partido Afirmación para una República Igualitaria y Otros c/ GCBA s/ nulidad" (conf. en Constitución y Justicia [Fallos de TSJ], Ad-Hoc, Buenos Aires, 2001, Tomo VI, ps. 508 y ss.), sentencia del 16 de junio de 2004; b) que se ha obrado contraviniendo lo pautado por el Reglamento Interno de la Legislatura, que no habla en momento alguno de los "Interbloques"; c) que se ha alterado la práctica seguida por la Rama Legislativa para la designación de Auditores Generales en integraciones anteriores del Cuerpo, sobre la base de la construcción de una regla novedosa elaborada al efecto; y d) supletoriamente, que la nueva regla recreada a este único fin ha sido aplicada afectando el principio de igualdad, por cuanto no se ha hecho cargo de que a partir de la noción de "Interbloque", la propuesta realizada por Proyecto Sur sumó en los hechos el concurso de 8 legisladores (7 del "Bloque Proyecto Sur" y 1 del "Bloque Movimiento Socialista de los Trabajadores en Movimiento Proyecto Sur -MST-PS-"), con lo cual, en base a la regla de la proporcionalidad por aplicación del sistema D´Hondt -fórmula electoral que no se cuestiona por ninguna de las fuerzas políticas en disputa- al apuntado sector político le correspondía la asignación, al menos, de un Auditor General.

11.	En forma preliminar resulta necesario efectuar una breve reseña de los diversos antecedentes que dieron lugar al dictado de la Resolución de la Legislatura Nº 409/2011 del 7 de diciembre de 2011 a través de la cual se designó como presidente de la Auditoría General a Cecilia Segura Rattagan ("Alianza Frente para la Victoria"), y como auditores a: 1) Santiago De Estrada ("PRO"), 2) Alejandro Fernández ("PRO"), 3) María V. Marcó ("PRO"), 4) Adriano Jaichenco ("Alianza Frente para la Victoria"), 5) Eduardo Epszteyn ("Alianza Frente para la Victoria") y 6) Paula Mariana Oliveto Lago ("Coalición Cívica").

A partir de la convocatoria efectuada por el Vicepresidente 1º de la Legislatura de la Ciudad mediante Decreto Nº 069/PSP/2011 del 12 de septiembre de 2011 se invitó a los presidentes de los bloques parlamentarios a presentar en la Presidencia de la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control, antes del 30 de septiembre de 2011, los datos de los candidatos para designar como miembros de la Auditoría General de la Ciudad, conforme a lo establecido por los art. 136 y 70 de la Constitución de la CABA y los arts 138 y 139 de la Ley Nº 70.

En respuesta a esa convocatoria, el presidente del Bloque "Propuesta Republicana" (integrado por los diputados Martín Borrelli, Fernando De Andreis, Patricio Di Stefano, Ezequiel M. Fernández Langan, Jorge Mario H. Garayalde, Alejandro García, Álvaro Gustavo González, María Raquel Herrero, Diana Martínez Barrios, Victoria Morales Goerleri, Oscar A. Moscariello, Fernando Martín Ocampo, Enzo Luis Pagani, Carmen Polledo, Roberto Quattromano, Lidia N. Saya, Bruno G. Screnci Silva, Helio D. Rebot, Cristian Adrián Ritondo, María Rodríguez Araya, María K. Spalla, Avelino Tamargo, Marta Lucía Varela y Oscar Roberto Zago) propuso once candidatos a integrar la Auditoría General (Santiago Manuel De Estrada, Alejandro Gabriel Fernández, Juan Carlos Toso, Manuela Linari, Clodomiro Enrique Risau, Marcela Basterra, Florencia Scavino, Raquel Vivian Munt, Daniela Reich, María Fernanda Inza y María Victoria Marcó) -conf. fs. 3 del Expediente Nº 1916-I-2011-.

Luego, el presidente del Bloque de la "Unión Cívica Radical" (constituido por los diputados Antonio R. Campos y Claudio D. Presman) propuso dos candidatos (Cristina Guevara y Antonio Héctor Deluca) para integrar la Auditoría -conf. fs. 350 del Expediente Nº 1916-I-2011-.

Asimismo, los presidentes de los Bloques "Encuentro Popular para la Victoria" (compuesto por los diputados Gabriela Patricia Alegre, Juan Cabandié, María José Lubertino Beltrán y Francisco Nenna), "Frente Progresista y Popular" (integrado por los diputados Eduardo Ezequiel Epszteyn, Aníbal Ibarra, María E. Naddeo y Raúl Alberto Puy), "Peronista" (compuesto por los diputados Claudio M. Palmeyro, Silvina Aurora Pedreira y Mateo Romeo), "Nuevo Encuentro" (formado por los diputados Gabriela Carla Cerruti y Gonzalo Roberto Ruanova) y "Solidaridad e Igualdad" (integrado por la diputada Delia B. Bisutti) manifestaron que integraban la "Alianza Frente para la Victoria-CABA" e indicaron a las seis personas que postulaban como Auditores Generales (Luana Volnovich, Cecilia Segura Rattagán, Eduardo Epszteyn, Gonzalo Ruanova, Martín Olmos y Adriano Jaichenco). A su vez, expresaron que la propuesta de presidente sería realizada de entre los candidatos indicados una vez concluido el período de impugnaciones y realizada la audiencia pública -conf. fs. 378 del Expediente Nº 1916-I-2011-.

Por su parte, el Bloque "Coalición Cívica" (compuesto por los diputados Sergio Fernando Abrevaya, Juan P. Arenaza, Diana Elena Maffía; Adriana I. Montes; Rocío Sánchez Andía y Fernando Sánchez) propuso como candidata a Paula Mariana Oliveto Lago -conf. fs. 522 del Expediente Nº 1916-I-2011-.

Por último, el presidente del Bloque "Proyecto Sur" (integrado por los diputados Fabio H. Basteiro, Adrián R. Camps, Laura S. García Tuñón, Rafael A. Gentili, María A. González, Julio Raffo y Jorge Selser) propuso dos candidatos a designar como miembros de la Auditoría General (Marcelo Parrilli y Pablo Sanseverino) -conf. fs. 569 del Expediente Nº 1916-I-2011-.

Cabe destacar que, a través de la nota del día 18 de octubre de 2011, dirigida a la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control, el Presidente del Bloque "Unión Federal" (formado por los diputados Víctor Daniel Amoroso y Mónica Alicia Lubertino) manifestó la adhesión de ese bloque "a las candidaturas propuestas por el presidente del Bloque Pro" con relación a los cargos de auditores ante la Auditoría General de la Ciudad -conf. fs. 642 del Expediente Nº 1916-I-2011-.

Con fecha 8 de noviembre de 2011, se celebró una audiencia pública a los efectos de considerar la idoneidad y las impugnaciones de los candidatos propuestos -conf. fs. 818 y ss. del Expediente Nº 1916-I-2011-.

Posteriormente, mediante la Resolución de la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control y la Comisión de Asesoramiento Permanente de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria del 30 de noviembre de 2011 se resolvió: "Artículo 1º: Aceptar la renuncia de la Sra. Manuela Linari . a su candidatura para el cargo de Auditora General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-// Artículo 2º: Aceptar la renuncia del Sr. Martín Olmos . a su candidatura para el cargo de Auditor General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- // Artículo 3º: Tener por desinteresado al Sr. Antonio Héctor Deluca . de su candidatura para el cargo de Auditor General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- // Artículo 4º: Desestimar las impugnaciones presentadas contra los Sres. Marcelo Parrilli . y Pablo Sanseverino . para ocupar el cargo de Auditores Generales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- // Artículo 5º: Declarar que los candidatos y candidatas Marcela Basterra . Santiago De Estrada . Eduardo Epsztein . Alejandro G. Fernández .Cristina Guevara . María Fernanda Inza . Adriano Jaichenco . María V. Marco . Raquel V. Munt . Paula Mariana Oliveto Lago, Daniela Reich . Clodomiro E. Risau, Gonzalo Ruanova . Florencia Scavino . Cecilia Segura Rattagan . Juan Carlos Toso . Luana Voldonovich . Marcelo Parrilli . y Pablo Sanseverino . no poseen inhabilidades para ejercer el cargo de Auditor/a General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- // Artículo 6º: Comuníquese, etc. // Sala de la Junta y Comisión, 30 de Noviembre de 2011.-" -conf. fs. 854/859 del Expediente Nº 1916-I-2011- Ese mismo día, los diputados Raúl Enrique Fernández y Diego Gabriel Kravetz, en su carácter de integrantes del Bloque "Encuentro Porteño", informaron a la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control que "el Bloque Parlamentario que integramos adhiere en los términos del artículo 136 in fine de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires a la candidatura de la Dra. Paula Oliveto Lago para integrar el Colegio de Auditores de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires" -conf. fs. 866 del Expediente Nº 1916-I-2011-.

12.	Ello sentado cabe ingresar al planteo referido a la inteligencia que este Tribunal habría brindado al precepto constitucional aludido en dos oportunidades en que le correspondió expedirse sobre la integración de la Auditoría General.

12.1. Así le tocó intervenir, por primera vez, con las impugnaciones formuladas a la Resolución Nº 52 del año 1999 por entenderse comprometido el principio de proporcionalidad. Se debatía la representación que le cabía en el Órgano de Control al "Partido Justicialista" y al "Partido Nueva Dirigencia" sobre la base de que cada uno de ellos acreditaba 11 diputados en el Cuerpo. La decisión de la Legislatura, según se dijo, era la resultante de un acuerdo político por el cual se había adjudicado al "Partido Justicialista" la presidencia del Colegio de Auditores -a igualdad de bancas, por la mayor cantidad de sufragios obtenidos- y, al "Partido Nueva Dirigencia", los dos auditores restantes, todo ello a través de la interpretación, no sólo del artículo 136 de la CCABA, sino también invocando el artículo 138 de la Ley Nº 70, que contempla en su último párrafo in fine: "El/la Presidente/a vota y tiene doble voto en caso de empate." En dicha oportunidad, el criterio adoptado por la Legislatura fue de computar legisladores por partido, sin perjuicio de pretender ponderar el doble voto de quien habría de desempeñar la Presidencia, en un eventual caso de un empate.

La Resolución de la Legislatura fue parcialmente anulada por el Tribunal por entender que la misma vulneraba el principio de proporcionalidad y el respeto de las minorías en sentido lato -confr. voto mayoritario que me tocó integrar-. Ello condujo a la separación del cargo de uno de los auditores propuestos por el "Partido Nueva Dirigencia" sobre la base de la decisión de dicho partido al respecto, para que la Legislatura designara un nuevo auditor a propuesta del "Partido Justicialista".

En aquella ocasión sostuvimos que ".el Tribunal está obligado por la voluntad del pueblo hecha Constitución por sobre las razones políticas de sus representantes en la Legislatura, sin que ello implique emitir un juicio de valor sobre la corrección, acierto, justeza o necesidad de tales razones en el plano político." A su vez, se entendió que la proporcionalidad constituía el criterio rector fijado por la Constitución para efectuar las designaciones y, asimismo, que si el "Bloque del Partido Justicialista" y el "Bloque de Nueva Dirigencia", contaban con 11 legisladores cada uno, debió proponer un auditor cada partido, sobre la base de la regulación expresa del precepto constitucional. Por ello, correspondía hacer lugar sólo parcialmente a la demanda y anular únicamente el artículo segundo de la Resolución Nº 52/99, en cuanto vulneraba el principio de proporcionalidad exigido por el artículo 136 de la CCABA.

12.2. Por su parte, en la segunda intervención del Tribunal in re: "Partido Afirmación para una República Igualitaria y Otros c/ GCBA s/ nulidad", sentencia del 16 de junio de 2004, se examinó la impugnación de la Resolución Nº 82 del año 2003 de la Legislatura, también relativa a la integración de la Auditoría General de la Ciudad. Allí, además de debatirse el procedimiento de incorporación de los nuevos diputados -sesión especial y/o sesión ordinaria-, se puso en tela de juicio nuevamente el principio de proporcionalidad, al alegar los accionantes -los partidos Afirmación para una República Igualitaria, Socialista, Memoria y Movilidad Social, y Frente Grande, integrantes de Alianza Fuerza Porteña, junto a varios diputados- que no se había respetado dicha regla.

A su vez, al contestar la demanda, la Legislatura sostuvo a este respecto el criterio de tomar en cuenta la conformación originaria de los partidos o alianzas que hubieran obtenido bancas, pero con los cambios resultantes de la aparición de nuevos bloques, división de los ya conformados, etc., propios de la dinámica de la actividad política con las garantías necesarias para la trasparencia, claridad, publicidad, organización y funcionamiento del cuerpo, con respaldo en los artículos 103 a 105 del Reglamento de la Legislatura, donde se contemplaba que para conformar, adherir o abandonar un bloque existente bastaba con satisfacer mínimas formalidades tendientes a satisfacer dicha exigencia, considerando insuficiente una nota presentada a la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control de la Legislatura, por no satisfacer los recaudos formales exigidos por el apuntado Reglamento para la conformación de los Bloques Parlamentarios.

El criterio allí adoptado por la Legislatura fue el de hacer jugar el principio de proporcionalidad con relación a los bloques -en dicho ámbito- conformados formalmente a tenor de lo dispuesto en el Reglamento del Cuerpo, en el Título VIII: De los Bloques Parlamentarios, artículos 103 a 105, que supedita su constitución a la comunicación cursada a la Presidencia, mediante nota firmada por todos sus integrantes indicando su denominación, composición y autoridades, la que a su vez será formalmente hecha saber a la Legislatura en la primera sesión subsiguiente.

Adviértase aquí que los impugnantes afirmaban la existencia y conformación de un bloque pues entendían que la falta de la notificación a la Presidencia del Cuerpo estaba plenamente suplida por la nota dirigida a la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control de la Legislatura.

En este caso, resulta palpable que al concepto de "alianzas en la Legislatura" se le brindó en ese ámbito un significado más amplio que en la anterior Resolución Nº 52 del año 1999 y se lo hizo coincidir con el de "bloques parlamentarios" formalmente constituidos y reconocidos.

Interesa destacar que el Tribunal en su intervención no brindó una definición cerrada de la regla constitucional recogida por el artículo 136 de la CCABA, ni del concepto de "alianzas en la Legislatura".

En este sentido, en mi breve voto, además de adherir al de mi colega la Jueza Alicia E. C. Ruiz en sus fundamentos y conclusiones, añadí: "Es claro que el Reglamento Interno de la Legislatura no debe vulnerar principios, derechos o garantías reconocidos por la Carta Magna local y el Poder Judicial resulta habilitado para ejercer el control de su constitucionalidad. Sin embargo, en este caso concreto, los accionantes sólo proponen una 'interpretación' posible del conjunto de reglas que rigen la cuestión, sin lograr demostrar la irrazonabilidad del criterio sostenido por la propia Legislatura".

Por su parte, en la misma causa el Doctor Julio B. J. Maier sumó algunas consideraciones particulares sobre la presunta lesión al principio de proporcionalidad, remarcando que ante la interpretación realizada sobre el término "alianza" empleado por el artículo 136 de la CCABA, "El estándar hermenéutico aplicable impone. deferencia hacia la interpretación hecha por la Legislatura, salvo que los actores logren demostrar la lesión evidente de un principio o regla constitucional, o la irracionalidad de esa interpretación según reglas generales del mismo tipo", lo que no tuvo por verificado la especie.

La Magistrada Ana María Conde también en las mismas actuaciones formuló, entre muchas otras, las siguientes reflexiones: "La proporcionalidad que exige la norma -se refiere al artículo 136 de la CCABA- podía ser satisfecha de diversos modos, pues ella no establece un criterio determinado. En la sesión del 1/7/03 se adoptó uno de esos criterios, con el que discreparan -debatiendo la cuestión en el momento- los actores en este proceso. En función de la acción de nulidad interpuesta, lo que cabe determinar es si el criterio elegido vulneró disposiciones constitucionales, resultó irrazonable u obvió algún procedimiento preestablecido por el Cuerpo"; para agregar más adelante: "El criterio que sostienen los legisladores demandantes para conformar la representación prevista en el art. 136 CABA no sólo no encuentra sustento en la norma constitucional sino que contraviene expresamente lo dispuesto en el Reglamento del Cuerpo, cuya inconstitucionalidad no ha sido alegada en estas actuaciones. Se trata de una norma preestablecida que fija un procedimiento para ser aplicado en la generalidad de los casos y no sólo en la oportunidad que motivara el planteo sustentado en este proceso".

Es claro que, a tenor de la doctrina sentada en esta causa, como lo resalta con acierto el Fiscal General Adjunto Luis Jorge Cevasco en su dictamen, el Tribunal afirmó "que era razonable entender que un bloque era una alianza en los términos del artículo 136 de la CCABA, y podía decirse, incluso, que afirmó que ello era hasta preferible a la interpretación que los actores sostenían, pues señaló las ventajas políticas que ello generaba, sobre todo en materia de representación y publicidad", añadiendo que "sería un error concluir que allí el TSJ fijó una interpretación de la norma concluyendo que 'alianza' debía interpretarse necesariamente como bloque"; finalizando que "muy por el contrario, basta recorrer los votos que compone el fallo para advertir en varios de ellos la convicción relativa a que en la materia cabía brindar deferencia a la interpretación que de la norma hiciese la Legislatura, con el límite de que la misma no contuviese el defecto de irrazonabilidad" (conf. fs. 591 y ss., en particular fs. 603 vta.).

Lo cierto es que en el caso la Legislatura había efectuado la distribución proporcional de Auditores en base a la propuesta que distintos bloques, en forma individual, habían realizado, mientras que la demanda de nulidad se había apoyado en que no se había incluido la formulada por uno de los bloques proponentes, el cual un grupo de legisladores habían pretendido integrarlo siguiendo un procedimiento que se apartaba del Reglamento Interno que exigía la comunicación formal a la Presidencia del Cuerpo.

De todos modos, cabe recordar aquí que si bien el Doctor Carlos F. Balbín -conjuez en la ocasión, desinsaculado como Presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario- se alineó conformando la decisión unánime del Tribunal, deslizó alguna consideración particular que no está presente en ninguno de los votos de los magistrados que componen este Estrado. Así sostuvo que: "es evidente que el término 'alianzas' que la norma utiliza para identificar a las fuerzas políticas que, por imperio constitucional, están habilitadas para postular a los integrantes del Colegio de Auditores, es susceptible de diversas interpretaciones"; agregó seguidamente: "a efectos de la elección de los auditores, la demandada optó por equiparar las alianzas con los bloques parlamentarios, cuyo funcionamiento ha sido objeto de expresa regulación en el Reglamento de la Legislatura -artículos 103 a 105-"; teniendo en cuenta que la identificación de las alianzas con los bloques "refleja las evoluciones del mapa político interno del cuerpo con mucha mayor fidelidad y dinamismo que la afiliación formal a partidos políticos", a la vez que las exigencias reclamadas para su constitución "encuentran sentido en la necesidad de comunicar fehacientemente al resto de los integrantes del Poder Legislativo cuál es el agrupamiento político que los diputados han decidido constituir"; concluyendo entonces que, sobre la base de tales circunstancias, ". el criterio adoptado por la Legislatura, dentro de las interpretaciones plausibles que pueden asignarse al término 'alianza' es, sin dudas, el más razonable". Agregó como fundamentos de su conclusión, por un lado, ". porque conforme a la interpretación elegida por la demandada la constitución y posterior modificación de la composición de las alianzas, al estar sujetas al cumplimiento de ciertos requisitos, establece un marco de publicidad mucho mayor que si se adopta la postura que sostienen los demandantes"; y, por otro -y aquí se encuentra la motivación novedosa que podía llegar a condicionar cursos de acción futuros por parte de la Legislatura y ejercer influencia gravitante respecto del caso que hoy nos ocupa-, ".porque, a mi entender, no ha sido intención del legislador constituyente promover la formación transitoria y precaria de grupos de legisladores cuyo único objetivo sea formar una mayoría circunstancial para elegir un mayor número de auditores sino, por el contrario, reflejar en la elección de los referidos funcionarios la real composición política de la Legislatura.".

12.3. A partir de las circunstanciadas reseñas precedentes, resulta manifiesto que el Tribunal no brindó una definición taxativa del concepto "alianzas de la Legislatura", sino tan sólo descalificó en una ocasión a aquella resolución que consideró decisivamente lesiva respecto del principio de proporcionalidad, sin enervar la interpretación que de la cláusula constitucional se hiciera en la instancia parlamentaria, en razón de estar en juego a ese respecto la hermenéutica de las regulaciones que disciplinan su competencia y atribuciones, en homenaje al principio de separación de poderes y, principalmente, por entender que no se había incurrido en irrazonabilidad manifiesta. Por lo demás, la condena a la conformación, si se quiere, de interbloques ad-hoc o circunstanciales, sin mayores formalidades, y al sólo efecto de lograr la designación de un mayor número de Auditores Generales, se exhibe como una consideración obiter dicta contenida en un único voto singular, más precisamente el doctor Carlos F. Balbín, componente circunstancial del Estrado como conjuez.

Por lo anteriormente señalado y con las limitaciones del caso, no observo que el criterio seguido en esta oportunidad por la Legislatura, al computar los votos de los integrantes de los interbloques que avalaron las propuestas de Auditores Generales, se encuentre palmariamente en pugna con las limitadas precisiones que sobre el artículo 136 de la CCABA ha venido delineando el Tribunal mediante la doctrina resultante de los fundamentos comunes vertidos en los votos de los jueces que con carácter estable lo conforman.

13.	En orden a la gravitación que pudieran tener en el caso las regulaciones contenidas en el Reglamento Interno de la Legislatura como sustento para plantear una vulneración por la Resolución Nº 409/2011 de las pautas contenidas en el art. 136 de la CCABA, todo pareciera indicar, a partir de una lectura prolija del mismo, que no se pueden extraer indubitablemente las conclusiones que en tal sentido esgrimen los accionantes, por cuanto sólo puede sostenerse la ausencia de una reglamentación precisa en tal ordenamiento del procedimiento para la designación de los candidatos a integrar el Colegio de Auditores de la Auditoría General de la Ciudad.

En rigor, es posible advertir que el Reglamento Interno de la Legislatura sólo regula la actuación de los "Bloques Parlamentarios" y para supuestos diversos al examinado en este pleito. A título ejemplificador, cabe señalar que:

a) el art. 12 del Reglamento de la Legislatura, al establecer el procedimiento para el caso que se presenten impugnaciones a los títulos de los Diputados electos, fija que "(a)demás de los autores de la impugnación y de las afectadas o de los afectados, sólo puede hacer uso de la palabra una Diputada o un Diputado en representación de cada bloque. Cada oradora u orador dispone de quince (15) minutos improrrogables, por una sola vez";

b) el art. 55 de tal cuerpo normativo también recurre al criterio de "Bloques" al momento de determinar cómo debe estar integrada la Comisión Investigadora que deberá entender en toda denuncia formulada por un ciudadano imputando a uno o a varios Diputados la realización de actos que importen un enriquecimiento indebido, una inconducta grave en el ejercicio de sus funciones o algún delito doloso de acción pública -previamente declarada admisible por la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control-. Puntualmente, el mencionado art. 15 in fine expresa "admitida la denuncia, se gira a la Comisión Investigadora, aprobada por el Cuerpo, e integrada con representantes de todos los bloques";

c) también el art. 64, al definir la integración de la Comisión Investigadora que debe dictaminar, previa intervención de la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control, en todos aquellos casos en los que la Legislatura, en sesión especial, deba decidir la exclusión o la suspensión transitoria de algún Diputado, o la aplicación de una multa, establece "(l)a Comisión Investigadora, debe estar integrada con representantes de todos los bloques que forman el Cuerpo".

d) por su parte, el art. 77 del aludido Reglamento regula el uso de la palabra en toda aquella sesión plenaria en que organizaciones no gubernamentales y personas que resulten autorizadas de acuerdo con la Resolución que reglamente el ejercicio de la Tribuna Popular efectúen planteos sobre temas de especial interés para la Ciudad, estableciendo que "(l)as manifestaciones son de 10 a 15 minutos, con intervención, posteriormente, de cada uno de los Bloques, de 5 (cinco) minutos";

e) en otro orden de ideas, el art. 98 del Reglamento de la Legislatura de la Ciudad, al determinar las obligaciones de los taquígrafos del cuerpo, en su inc. 4 consigna la de entregar "a cada uno de los Bloques que integran la Legislatura la versión taquigráfica de cada sesión, para su revisión y contralor";

f) asimismo, cabe mencionar aquí el art. 105 del Reglamento, contenido en el Título VIII que regula la constitución de los Bloques Parlamentarios. Esta norma establece que "Los Bloques Parlamentarios tienen un Presidente o Presidenta y designan los Secretarios/as y demás empleados que le correspondan en forma equitativa, teniendo en cuenta el número de sus integrantes. // La conformación de nuevos Bloques Parlamentarios, de conformidad con el artículo 103º, en ningún caso afectará la cantidad total de personal transitorio o el monto total de las locaciones de obra o servicio asignado por la Legislatura a este fin, debiendo procederse a la redistribución proporcional del personal existente en los Bloques Parlamentarios que se dividan o fusionen. // El nombramiento y la remoción de los empleados deben ser realizados por el Vicepresidente/a 1º de la Legislatura, a propuesta del Bloque Parlamentario. // Al disolverse un Bloque Parlamentario, su personal transitorio cesa automáticamente en sus funciones";

g) también resulta relevante destacar el art. 106 cuando define que integran la Comisión de Labor Parlamentaria el Presidente, el Vicepresidente 1° y los Vicepresidentes en su orden; los presidentes de cada Bloque Parlamentario, o el Diputado que los reemplace. El Secretario Parlamentario, el Secretario Administrativo y el Secretario de Coordinación asisten a las reuniones pero no intervienen en los debates. Esta misma norma también prescribe que las decisiones que deba tomar la Comisión, relativas a las funciones establecidas en el artículo 108° de la presente, se adoptan preferentemente por consenso y que, de no alcanzarse, quien preside la Comisión dispone la resolución de la cuestión mediante votación de los Presidentes de Bloque, para la cual se considera la cantidad de diputados que integra cada uno de los bloques;

h) por su parte el art. 108 define la función de la aludida Comisión de Labor Parlamentaria como la de "la planificación de las sesiones, y la decisión respecto a los temas atinentes al funcionamiento parlamentario de la Legislatura" y, a tales efectos, consagra dentro de sus atribuciones, entre otras: la de considerar las solicitudes de tratamiento preferencial solicitadas por los bloques, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 199 del Reglamento (inc. 3) y la de "disponer, para cada sesión, la modificación de los tiempos de uso de la palabra y el orden de la misma establecidos en este Reglamento, así como la cantidad de oradores por bloque que hacen uso de la palabra en cada discusión, cuando la optimización de la tarea legislativa así lo demande" (inc. 8);

i) por su parte, en cuanto a las Mociones sobre Tablas, el art. 201 bis establece que el autor de un proyecto cuyo tratamiento sobre tablas no ha sido acordado puede fundamentar su tratamiento por un período de cinco minutos improrrogables. Luego puede hacer uso de la palabra un Diputado en representación de cada bloque político, o dos Diputados si en ese mismo bloque existiere disenso, por el término de cinco minutos, refiriéndose exclusivamente a la procedencia o a la improcedencia del tratamiento sobre tablas. Inmediatamente, se procede a la votación de la moción;

j) más adelante, sobre la discusión en sesión de todo proyecto o asunto que deba ser considerado por la Legislatura, el art. 233 estipula que en la discusión en particular, cada Diputado puede usar de la palabra hasta dos veces, ambas durante cinco minutos, salvo el miembro informante de la Comisión, para quien rige lo dispuesto por el art. 208. El autor del proyecto y el Diputado que asuma la representación de un bloque, disponen en la primera oportunidad de un tiempo de diez minutos;

k) luego, cuando el Reglamento regula diversos aspectos de la sesión informativa del Ministro Coordinador o Jefe de Gabinete de Ministros ante la Legislatura establece que "el Ministro Coordinador o Jefe de Gabinete de Ministros con una anticipación no inferior a siete (7) días hábiles, hará llegar a los presidentes de cada uno de los bloques políticos a través de la Vicepresidencia Primera de la Cámara un escrito con los temas a exponer; a su vez los bloques políticos integrantes del Cuerpo podrán ampliar, requerir y solicitar los informes que consideren oportunos al Ministro Coordinador o Jefe de Gabinete de Ministros, a través de la Vicepresidencia Primera de la Legislatura, en el término de cinco (5) días hábiles contados a partir de la recepción del temario, todos los cuales serán evacuados en la sesión de que se trate";

l) finalmente, de acuerdo con el art. 289, el Ministro Coordinador o Jefe de Gabinete de Ministros dispondrá de una hora para exponer su informe. A continuación los bloques en su conjunto dispondrán de ciento cuarenta minutos para solicitar aclaraciones o ampliaciones. El tiempo acordado a los distintos bloques será distribuido en proporción a la cantidad de sus integrantes, estableciéndose un mínimo de cinco minutos por bloque. El Ministro Coordinador o Jefe de Gabinete de Ministros dispondrá de un máximo de veinte minutos para responder a cada uno de los bloques, estando facultado para solicitar, en cada caso, breves cuartos intermedios a efectos de ordenar las respuestas.

Así pues, ante la falta de regulación expresa sobre el procedimiento para designar candidatos a integrar el Colegio de Auditores y sobre la actuación de los denominados "Interbloques", se abre cierto margen para validar el criterio de la actuación de "Bloques" o "Interbloques", según el caso. Ello es así, más allá de la conveniencia de que se salve la laguna técnica que se comprueba en el Reglamento Interno de la Legislatura a fin de evitar la actuación de algunas fuerzas políticas alternativamente como "Bloques" o "Interbloques" en detrimento de otras; cuestión sobre la que volveré más adelante.

14.	Corresponde ahora abordar el planteo referido a que se ha alterado la práctica seguida por la Rama Legislativa para la designación de Auditores Generales, en integraciones anteriores del Cuerpo, sobre la base de la construcción de una regla de ocasión elaborada al efecto.

14.1. En lo que respecta a esta cuestión comparto lo expuesto por el Juez Luis Francisco Lozano en cuanto a que la designación de Auditores Generales a través de la elección por interbloques constituía ya una práctica de la Legislatura, al menos seguida en ocasión de procederse a elegir los Auditores Generales en el año 2007.

Tal como lo señalara el apuntado magistrado en su voto con relación a dicha práctica: "(n)o tiene la claridad de un reglamento, pero, no es una regla para la ocasión sino una para más de una ocasión y anterior a esta ocasión. No se me escapa que pudo haber tenido el propósito de consagrar una composición en lugar de otra; pero, esto es propio de la discrecionalidad de ese Poder del Estado, con tal de que esté dispuesto a asumir la regla. En aquella ocasión, su decisión fue pacíficamente aceptada, lo cual fortalece su aplicación en esta nueva oportunidad. En verdad, en el 2007, la Legislatura vino a introducir una modificación en su interpretación anterior, que le había sido cuestionada, mientras que esta nueva no lo fue. Lo relevante es que el nuevo estándar quedó adoptado y fue, o pudo ser, conocido por quienes compitieron en esta ocasión".

En efecto, ello surge de los antecedentes reseñados en el voto de mi referido colega. Así, por un lado, es gravitante la meticulosa y precisa intervención en la 5a Sesión Especial del 3 de octubre de 2007 del diputado Juan Manuel Olmos (págs. 14-15 de la versión taquigráfica), en cuanto expresó:

"Señor presidente: quiero dejar todos los aspectos técnicos salvados, para después no volver a intervenir.

Deseo decir que hay dos formas de obtener la representación que le corresponde a cada una de las fuerzas políticas de la Legislatura. La primera, sería dividir la proporcionalidad por bloques. Le pedí a la Secretaría Parlamentaria que me indique -lo hizo hoy- cómo están compuestos los bloques. Esto es porque reconozco, como decía el diputado preopinante, que las fuerzas políticas van cambiando, y los bloques se van constituyendo de acuerdo con las elecciones u otras circunstancias políticas. El mismo diputado preopinante entró con la boleta de Fuerza Porteña y, ahora, no forma, junto con la diputada Moresi, el bloque de esa fuerza.

La primera cuestión, entonces, señor presidente, sería hacer la división por bloques. Ahora, el Bloque del Frente para la Victoria tiene catorce integrantes; el Bloque de Compromiso para el Cambio tiene nueve; el Bloque de Juntos por Buenos Aires tiene nueve integrantes; la Coalición Cívica tiene ocho integrantes; Recrear tiene cuatro, y los demás bloques son más pequeños, por lo que no los voy a mencionar.

Aplicando la proporcionalidad y el procedimiento del 136 diríamos, entonces, que la presidencia de la Auditoría le corresponde al Frente para la Victoria y, luego, también le corresponden tres auditores más: porque catorce es la primera división, la división por dos de catorce da siete, y por tres da 4,66. A CPC le correspondería uno, por tener nueve diputados: nueve dividido dos da 4,5, por lo cual 4,66 le gana. Juntos por Buenos Aires también tiene nueve, por lo que le tocaría uno, y a la Coalición Cívica, que tiene ocho, le tocaría el restante.

Entonces, si aplicamos la lógica por bloques, la Auditoría quedaría integrada por el presidente del Frente para la Victoria, tres miembros más del Frente para la Victoria, uno del CPC, uno de Juntos por Buenos Aires y otro de la Coalición Cívica.

También podemos dividir, por cómo está constituida la Legislatura después de la elección de autoridades locales hecha en la Ciudad de Buenos Aires, previa a la elección presidencial del 28 de octubre, que de alguna manera ha reordenado a la Legislatura en tres grandes interbloques.	Teniendo en cuenta que hemos prorrogado los mandatos al 10 de diciembre, y que por lo tanto asumen el 10 de diciembre, el presidente le corresponde al interbloque de la Concertación Plural, y luego los seis restantes se dividen de la siguiente manera. Por haber 22 integrantes del PRO, deberían tener tres auditores: la mitad de 22 es 11; 22 dividido 3 es 7,33. A la Concertación Plural le corresponderían dos: por tener hoy 18 integrantes le tocaría uno, y el segundo auditor por tener nueve diputados, dividiendo los 18 por 2. A Autonomía Porteña, que tiene catorce diputados, le correspondería un integrante, porque 14 dividido 2 da 7. Con lo cual, los 7,33 del PRO indicarían que le estaría correspondiendo al PRO el tercer auditor.

Ésta es la representación que adopta la resolución que está en Secretaría, y que voy a pedir que se lea cuando termine el tratamiento, o cuando sea el momento de la votación, porque todavía estamos en el tratamiento de la prórroga.

Éste es, señor presidente, el método que mejor respeta la proporcionalidad política y el apego a la Constitución y a la Ley 70.

Por esto, señor presidente, voy a pedir que se vote esta resolución compuesta de la manera que describí en la segunda opción, que es por interbloques, no sin antes reconocer que podría haber existido una tercera interpretación amañada, rebuscada desde nuestro punto de vista y contraria al espíritu de la Constitución. Esa forma hubiese indicado que al PRO le corresponde, por ser de aquí al 10 de diciembre la principal fuerza opositora, con 22 diputados, quedarse con la Presidencia, para de esa manera, lograr 4 auditores sobre 7 y tener asegurada la mayoría en el organismo de control y, de esa manera, ejercer el autocontrol.

Nobleza obliga, señor presidente, y debo hacer un reconocimiento. Para mí, dicho reconocimiento tiene nombre y apellido: se llama Gabriela Michetti, por ser ella quien determinó con autoridad que el proceso se ajusta a la Constitución y que el presidente le corresponde a quien vaya a ser la primera minoría. Quise reconocerlo, para que conste en la versión taquigráfica.

Dicho esto, señor presidente, descripto el procedimiento y ajustándonos a la Constitución, a la Ley 70, a la Ley 6 y al Reglamento de la Legislatura, pido que se vote la resolución que luego se leerá por Secretaría. Muchas gracias. (Aplausos.)".

Por el otro, en la sesión del 7 de diciembre de 2011, en la que se aprobó la Resolución N° 409/2011, cuestionada en el sub lite, el Diputado Helio D. Rebot (págs. 540-541 de la versión taquigráfica) señaló que:

"Constantemente estas cuestiones pueden generar polémicas y deben requerir, en el caso de ser necesario, aclaraciones del Tribunal Superior de Justicia. Aquí la Constitución se refiere a la representación proporcional de partidos y alianzas de la Legislatura. Nuestra jurisprudencia parlamentaria ha habilitado que esta interpretación se extienda a los interbloques, y en la conformación actual de la Auditoría que hoy estamos reemplazando eso no ha sido reclamado ante la Justicia y fue habilitado por todos los bloques políticos que integran la Legislatura. Seguramente, los que no estaban entonces no, pero el mundo no empieza cuando llegamos nosotros. En este caso, esta cuestión esencialmente mutable vinculada con la política de alianzas en la Legislatura habilita que de alguna manera seamos prisioneros de lo que vamos convalidando.

La conformación de interbloques ha sido aceptada, aunque no reglamentariamente, por la jurisprudencia parlamentaria; ha sido utilizada para dirimir la representación, la asignación y la integración de comisiones en el seno de este Cuerpo. En este caso, en muy poco tiempo se han visto modificados en el seno del recinto bloques que antes tenían un número y ahora tienen otro. De hecho, una de las personas que han sido propuestas, diputado actualmente de la Legislatura y que ha opinado previamente, no integraba la fuerza política que lo propuso en el momento que ingresó a la Legislatura. Me refiero al diputado Parrilli. Él no la integraba así como tampoco el diputado Hourest, porque integraba un sector que fue -por decirlo de una manera simple- genéticamente fundadora de esa fuerza política, pero no es el mismo partido político o alianza.

Si nos atenemos a la literalidad de la Constitución, no tenemos cómo resolver estas cuestiones, porque el comportamiento del Cuerpo forma precedentes sobre las resoluciones futuras de éste en la medida en que se van convalidando y la Justicia no va a resolver, salvo en situaciones excepcionales, lo que la política no es capaz de resolver.

En ese contexto, comparto lo que dice el diputado Hourest, en el sentido de que no seamos tan torpes en suponer que la cuestión de la institucionalidad se resuelve solo por interpretaciones literales y formales de la institucionalidad.

Aquí hay un acuerdo político muy amplio que expresa una mayoría muy sólida de un Cuerpo que excede largamente la mayoría que exige la Constitución para designar el Cuerpo de Auditores que, además, se sustenta en una interpretación de la posición constitucional, compatible con la designación de la última conformación de la Auditoría de esta ciudad".

En el mismo sentido, aunque expresando su desacuerdo con ello, el Diputado Campos, en la sesión del 7 de diciembre de 2011, (pág. 529 de la versión taquigráfica) manifestó que en el año 2007 los auditores fueron elegidos por "Interbloques".

Así entonces tengo para mí, en este aspecto, coincidiendo con las atinadas observaciones contenidas en el voto de mi colega, el Juez Luis Francisco Lozano, que la práctica parlamentaria fue discurriendo praeter legem, con anterioridad a esta ocasión, por un cauce no contemplado en el Reglamento Interno de la Legislatura, que sólo recepta y normativiza la actuación de los "Bloques".

14.2.	La debilidad de basarse en prácticas legislativas y la necesidad de que este aspecto deje de constituir una laguna técnica y tenga una regulación explícita en el Reglamento Interno de la Legislatura, se comprueba si se toma en cuenta que para la designación de los Vicepresidentes de la Legislatura se ha seguido un criterio diferente al enunciado en el subpunto anterior. Así sobre la base de la composición de los "Bloques" en la Legislatura para los períodos parlamentarios 2010 y 2011 -siendo esta última integración a la que le correspondió el pronunciamiento del 7 de diciembre de 2011 aprobando la Resolución Nº 409-, se otorgó la Vicepresidencia 2a a "Proyecto Sur" en la persona del diputado Julio César Raffo -en tanto la Vicepresidencia 1a fue deferida al diputado Oscar A. Moscariello de Propuesta Republicana ("PRO") y la Vicepresidencia 3a al diputado Sergio Abrevaya ("Coalición Cívica")-, según la práctica parlamentaria pacífica de distribuir las Vicepresidencias del Cuerpo en función de las bancas de cada partido. Así se resolvió en la 5a Sesión Especial -o Sesión Preparatoria- del 9 de diciembre de 2009 según Resolución Nº 571/2009, para el Año Parlamentario 2010, atendiendo a que el partido Propuesta Republicana contaba con 24 legisladores, el partido Proyecto Sur con 8 legisladores y el partido Coalición Cívica con 6 legisladores (conf. versión taquigráfica Nº 35 del Diario de Sesiones de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ps. 7 y 8). Otro tanto ocurrió en la 30a Sesión Ordinaria (Continuación) del 13 de diciembre de 2010, según Resolución Nº 579/2010, para el Año Parlamentario 2011, atendiendo a que la composición del Cuerpo no había variado por no celebrarse elecciones durante el año 2010 (conf. versión taquigráfica Nº 42 del Diario de Sesiones de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pág. 50 y ss.). Es bueno recordar sobre el particular que la Presidencia de la Legislatura por mandato constitucional le corresponde al Vicejefe de Gobierno o Vicegobernador a tenor de las prescripciones contenidas en la Carta Magna local en los artículos 71 y 99, segundo párrafo.

En tal sentido, en el supuesto descripto en el párrafo precedente, también estamos en presencia de una práctica legislativa que no ha sido objeto de previsión expresa en el Reglamento Interno de la Legislatura, ya que en el mismo sólo se comprueban dos referencias respecto de las Vicepresidencias. La primera, contenida en su artículo 1º, donde se dispone: "Sesiones preparatorias: Las diputadas/os se reúnen en sesiones preparatorias con anterioridad a la sesión constitutiva, presididos por la Presidenta/e de la Legislatura, a los efectos de recibir a los electores que hubieren presentado diploma otorgado por autoridad competente y constituirse, eligiendo, a simple pluralidad de votos, un Vicepresidenta/e 1º, un Vicepresidenta/e 2º y un Vicepresidenta/e 3º". A su vez, en los artículos 86, 86 bis y 87, se registran referencias a la duración de los mandatos de las autoridades que son de un año; a la posibilidad de reelección; a que quien esté reemplazando la Presidenta/e dirige el debate, conforma quórum y vota como diputada/o y en caso de empate, luego de emitido su propio voto, tiene voto de desempate; pero nada establece cómo se adjudican y distribuyen las Vicepresidencias, que como se viera son discernidas a simple pluralidad de votos.

Por lo aquí referido, en mi concepto, nada obsta a la utilización de criterios o prácticas legislativas distintas para el discernimiento de las Vicepresidencias computando los legisladores por partido, con los que puedan ser utilizados a los fines de conformar la integración de la Auditoría General de la Ciudad, a tenor de la referencia específica contenida en el art. 136 de la CCABA. Sin perjuicio de lo cual sería saludable, en homenaje a la transparencia, que así se resolviera a texto expreso en el Reglamento Interno de la Legislatura.

15.	Tomando en cuenta en su conjunto los precedentes del Tribunal en que se debatió la integración de la Auditoría General de la Ciudad, el vacío en las disposiciones contenidas en el Reglamento Interno de la Legislatura para elección del Colegio de Auditores y las prácticas parlamentarias que se invocan, creo que el tema central se focaliza, no ya en precisar el concepto de "alianza opositora" y "alianza de la Legislatura", nociones de por sí extremadamente laxas e inasibles, sino en escrutar si el criterio utilizado en esta última oportunidad por el Departamento Legislativo a tal efecto fue palmariamente irrazonable para reconducirlo en las apuntadas nociones y, por lo tanto, deba ser descalificado.

Sobre el punto, coincido con los argumentos vertidos por el Señor Fiscal General Adjunto, cuando se pronuncia descartando que las restantes disposiciones contenidas en otros preceptos de la Constitución porteña referentes a "partidos políticos" y/o "alianzas" -art. 86 inc. 2º y art. 93- echen luz sobre el asunto o permitan una construcción sistémica indubitable.

También participo con la idea de que el proceso integrativo para definir la cuestión no puede realizarse atendiendo a los términos del artículo 10 de la Ley de Partidos Políticos -norma de alcance nacional-, que se circunscribe a las "alianzas" en los procesos electorales y no en el ámbito colegiado como es un Órgano Legislativo que decide por determinadas mayorías, por cuanto de lo que se trata aquí es de realizar la interpretación de una regla contenida en la Constitución local, que se vale del sustantivo "alianza", adjetivado con la expresión "de la Legislatura", que descarta de plano, en la búsqueda de tal noción, al contar como referencia a las alianzas electorales, que en realidad no aglutinan legisladores, sino partidos políticos que pretenden sumar adhesiones mediante el voto popular y que se agotan luego de cada comicio.

Sentada la premisa precedente, la noción de "alianzas de la Legislatura" expande marcadamente la acepción del término, con lo cual este Tribunal pudo sostener que el concepto de "Bloque Legislativo" no contradecía el texto constitucional. A ello cabe agregar que, a pesar de la falta de previsión en el Reglamento Interno de la Legislatura sobre la forma de computar las adhesiones a los candidatos para la Auditoría, tampoco se encuentra en pugna con el concepto de "alianzas de la Legislatura" la conformación de lo que hoy se da en llamar "Interbloques Legislativos", que no importan otra cosa que la actuación conjunta de legisladores con un mismo propósito, quizás con la intención implícita o explícita de potenciar su voto, insuficiente aisladamente para alcanzar determinados objetivos.

No es esta la oportunidad de discurrir si para impedir tal manera de obrar era menester que el Reglamento Interno de la Legislatura contuviera una previsión expresa de "prohibición"; o si, por el contrario, la posibilidad de conjugar tal tipo de actuación requería, igualmente, de modo expreso, una previsión explícita de "permisión". Y ello es así, ya que no se discute en este caso la competencia de un órgano público y las atribuciones de un Departamento del Estado, sino el modo en que operan los partidos políticos en el campo de la "dinámica legislativa", donde adoptan y generan prácticas y modalidades que flexibilizan su actuación, en este caso de los diputados, sobre todo en un sistema de democracia representativa, en donde quienes ocupan las bancas no obran con un mandato imperativo de los vecinos electores que los restringe, permitiendo fluctuaciones y mutaciones, para adecuar su labor parlamentaria y lograr los imprescindibles acuerdos políticos que permitan la consecución de los objetivos para los cuales, al menos según ellos, han sido elegidos.

La conformación de "alianzas ad-hoc" -utilizando la denominación que los actores atribuyen al "Interbloque Alianza Frente para la Victoria-CABA-", no resultan en sí mismas reprochables, en la medida que tal modalidad extrareglamentaria se convierta en un baremo que, sin ritualismos ni exigencias desnaturalizantes, se extienda y pueda ser aprovechado por todos los sectores de la Legislatura por igual.

Sentadas las anteriores premisas me permito transcribir seguidamente algunas de las consideraciones que hago propias contenidas en el Dictamen del Señor Fiscal General Adjunto. En ellas puede leerse:

"Ligar,., la noción de alianza a la de bloque, no es erróneo -al menos cuando se trata de bloques pluripersonales-, pues indudablemente ello constituye una forma de vinculación de legisladores, pero si es equivocado limitar la unión de éstos a esa modalidad estricta de agrupamiento. Esa restricción no surge de la Constitución, ni de la Reglamentación en cuestión, ni de la práctica legislativa, de asumirlo aparece, por lo expuesto, como una falacia formal. // Por lo demás, tampoco puede desconocerse que la alianza 'ad-hoc' -en términos de los actores- que existió, tuvo lugar de la interacción de bloques, no de legisladores aislados, de manera que tampoco se advierte una violación reglamentaria si se pretendiese -lo que resultaría contrario a los principios básicos de actuación parlamentaria- que los legisladores en forma individual no pueden establecer alianzas con otros a los fines de alcanzar determinados objetivos políticos, sino que deben hacerlo a través de bloques. // . Las consideraciones acerca de si un criterio es preferible o no a otro por satisfacer más o menos determinados valores, es parte de una discusión que queda, por el momento y dado el estado normativo existente, en el terreno político, en la medida que no se afecte el texto constitucional no reglamentado, y entiendo que el camino seguido por la Legislatura puede ser más o menos deseable, según se entiendan las nociones de 'alianza', 'oposición' y distribución 'proporcional' -con la ambigüedad que poseen-, pero parece imposible sostener que la actuación conjunta de bloques que ha existido no sea una alianza opositora (en cierto sentido de la expresión) y que los cargos en cuestión se distribuyeron proporcionalmente en base a ella" (conf. fs. 603/604).

En este aspecto, valga añadir que el cómputo de legisladores sobre la base de los integrantes de los "Interbloques" que se suman a una propuesta a los fines de la elección de los candidatos para integrar la Auditoría General de la Ciudad, si bien, como se señaló, no constituye una práctica recogida en el Reglamento Interno de la Legislatura -que incluso puede conducir a resultados diversos que el cómputo de los legisladores por "Bloques", modalidad ésta sí expresamente pautada en dicha normativa general- constituyó un procedimiento no inaugurado en esta ocasión y que fue utilizado para la elección de los integrantes del Colegio de Auditores en el año 2007, según se refleja en las exposiciones recogidas en el Diario de Sesiones del 3 de octubre de 2007 y del 7 de diciembre de 2011, pronunciadas por los diputados Juan Manuel Olmos, Helio D. Rebot y Antonio Rubén Campos, algunas de las cuales ya se han transcripto parcialmente en este voto.

Consiguientemente sobre el punto, sin perjuicio de advertir las fluctuaciones que en materia de criterios se observan en el obrar de la Legislatura para la elección de los integrantes de la Auditoría General, posiblemente propias de la dinámica de la política y de la puesta a prueba de las prácticas parlamentarias, entiendo que el cómputo de legisladores por "Interbloques", tal cual se ha realizado en ocasión del dictado de la Resolución Nº 409/11 que aquí se cuestiona, se exhibe como una modalidad posible a partir de la expresión "alianza de la Legislatura" utilizada en el artículo 136 de la CCABA, lo que impide su descalificación constitucional por irrazonable y sella la suerte adversa, en este aspecto, de la impugnación en tratamiento.

De todos modos, estoy seguro de que contribuirá a dar mayor transparencia y calidad institucional al obrar de la Legislatura, previniendo futuras controversias -sobre la base de la experiencia de que este Estrado ha debido conocer por impugnaciones en tres de las cuatro oportunidades en que se ha integrado el Órgano de Control Externo- que el procedimiento de designación de Auditores Generales esté contemplado expresamente en el Reglamento Interno.

Ello es así, en la medida que una regulación precisa sobre el particular en el Reglamento Interno, reglamento que hace las veces de "Código de Actuación y de las Prácticas Parlamentarias", conlleva las ventajas propias de: a) "La unidad", con lo que se indica que allí se unifican las reglas que disciplinan la constitución y funcionamiento del Órgano, conformando un todo; b) "La exclusividad", que resalta que contiene a todas las reglas jurídicas existentes sobre la referida materia a la época de su sanción y que cualquier otra ha perdido vigencia; y c) "La sistematización", rasgo científico que determina que esta materia ha sido abordada de un modo orgánico y metódico, con un grado suficiente de especificación que permite el conocimiento de los principios inspiradores y las reglas particulares que se conjugan en cada oportunidad. Es que, la Codificación del Derecho Parlamentario, es un rasgo común de la cultura histórico-jurídica en la mayor parte de los países constituyendo una tendencia universal, como medio de afianzamiento de la seguridad jurídica y de la transparencia en el obrar de los poderes legislativos.

Por ello, en este punto -más allá de que la práctica de que me valgo haya despertado ciertos recelos en algunos publicistas nacionales (conf. Néstor P. Sagüés "Las sentencias constitucionales exhortativas ("apelativas" o "con aviso"), y su recepción en Argentina", en "Revista Jurídica Argentina La Ley", Tomo 205-F, ps. 1461 y ss.)- no puedo dejar de pronunciarme en sentido exhortativo al Poder Legislativo de la Ciudad apelando a que así lo haga (conf. doctrina que dimana de los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re: "Emilio García Mendez y otra" -Fallos: 331:2691- sentencia del 2 de diciembre de 2008; "Carlos Alberto Rosza y otro" -Fallos: 330:2361-, sentencia del 23 de mayo de 2007; "Horacio Verbitsky" -Fallos: 328:1146- sentencia del 3 de mayo de 2005, punto 7 de la parte resolutiva, o voto singular del Ministro doctor Ricardo Levene (h) en la causa "María Cristina Pupelis y Otros" -Fallos: 314:424-, sentencia del 14 de mayo de 1991, considerando 11, precedente este último que inspirara mi decisión in re: "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Villada Saúl Argentino c/ GCBA s/ amparo (art. 14, CCBA)'", sentencia del 12 de noviembre de 2003 (conf. en Constitución y Justicia [Fallos del TSJ], Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, Tomo V, ps. 770 y ss.).

Sobre la base de las consideraciones desarrolladas en este punto me expido por el rechazo de la impugnación de los actores, en cuanto se ciñen a impugnar la Resolución Nº 409/11 de la Legislatura sobre la base del criterio de "alianzas de la Legislatura" que excluye de su cómputo a los efectos de la designación de Auditores a los "Interbloques", y en particular al "Interbloque Alianza Frente para la Victoria-CABA".

16.	Cabe añadir que, en atención a la forma en que se resuelve y en tanto la propuesta de Auditores Generales originariamente efectuada por "Proyecto Sur" no mereció observaciones de parte de la Junta de Ética, Acuerdos, y Organismos de Control (conf. Resolución de fecha 30 de noviembre de 2011 que obra a fs. 854 a 860 del Expediente de la Legislatura Nº 1916-I-2011), la pretensión incoada por la Unión Cívica Radical y los diputados Rubén Antonio Campos y Claudio Daniel Presman --que en ese punto se basó, erróneamente, en que la impugnación a los candidatos propuestos por la fuerza política mencionada en primer término había sido receptada en tal instancia, cosa que efectivamente no ocurriera-- carece de fundamento.

A su vez, por los mismos argumentos, resulta insustancial examinar el planteo esgrimido por Paula Mariana Oliveto Lago a fs. 492/493.

17.	Corresponde ahora abordar el planteo que, de manera subsidiaria, fuera articulado en las presentaciones obrantes a fs. 30/38 y fs. 237/245 vuelta, en el sentido de que la nueva práctica acogida por la Legislatura para la designación de Auditores Generales se aplique igualitariamente. Ello es así, por cuanto la Resolución Nº 409/11, a partir de la noción de "Interbloque", debería incluir a la propuesta realizada por "Proyecto Sur", que sumó en los hechos el concurso de 8 legisladores, con lo cual, en base a la regla de la proporcionalidad por aplicación del sistema D´Hondt, al apuntado sector político le correspondería la asignación de un Auditor General.

Tal como ya quedara reseñado, a partir de la convocatoria efectuada mediante Decreto Nº 069/PSP/2011 del 12 de septiembre de 2011 a los presidentes de los Bloques Parlamentarios, el presidente del "Bloque Proyecto Sur" propuso dos candidatos a designar como miembros de la Auditoría General, los abogados Marcelo Parrilli y Pablo Sanseverino (conf. fs. 569 del Expediente Nº 1916-I-2011).

Ahora bien, aún cuando la propuesta de los candidatos Sanseverino y Parrilli fuera hecha sólo por el "Proyecto Sur", no puede desconocerse que el diputado Marcelo Parrilli -único integrante del "Bloque Movimiento Socialista de los Trabajadores en Movimiento Proyecto Sur"- presentó una nota con fecha 13 de octubre de 2011 dirigida a la Presidenta de la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control ".a fin de acompañar, con relación a la propuesta efectuada el día 29 de septiembre de 2011 como candidato a la Auditoría General de la CABA por el Bloque de Movimiento Proyecto Sur, Constancia de Emisión de Certificado de Antecedentes Penales, expedido por el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de Nación y Certificado expedido por el Registro de Deudores Alimentarios Morosos Ley nro. 269 de la CABA, correspondientes al suscripto." (fs. 625 del Expediente Nº 1916-I-2011).

Luego, en oportunidad de la Audiencia Pública celebrada el 8 de noviembre de 2011 a los efectos de considerar la idoneidad de los candidatos propuestos como Auditores Generales, el doctor Marcelo Parrilli dijo: "[h]e sido propuesto como candidato a la Auditoría de la Ciudad por el Bloque Proyecto Sur. Integro el Bloque del MST en el Movimiento Proyecto Sur. Desde ya, quiero agradecer a los compañeros de bloque y en particular al diputado nacional Fernando 'Pino' Solanas, referente del espacio, esta postulación" (conf. pág. 17 de la versión taquigráfica de la referida Audiencia Pública; obrante a fs. 832 del Expediente de la Legislatura Nº 1916-I-2011).

Así pues, es posible advertir que Marcelo Parrilli dio diversas muestras públicas de que aceptó su candidatura y de que acompañó la postulación del "Bloque Proyecto Sur" respecto del candidato Pablo Sanseverino. Esto último queda claramente exteriorizado en la Sesión de la Legislatura del 7 de diciembre de 2011 en que se debatieron las propuestas para la integración de la Auditoría General de la Ciudad, versión taquigráfica de la cual sería sobreabundante recoger toda la intervención del diputado Parrilli, por lo cual me limitaré a transcribir solamente dos de sus párrafos centrales, donde enfatizó:

"Ahora bien: ¿por qué nosotros debemos defender política y jurídicamente la propuesta de Proyecto Sur? Porque acá no se trata de defender las candidaturas del doctor Pablo Sanseverino y Marcelo Parrilli. No se trata solo de eso; no se trata de defender al partido Proyecto Sur, sino que se trata de defender la Constitución, se trata de defender a los más de 200 mil votantes que en la última elección -en la última (debe entenderse la anteúltima) fueron más de 400 mil- votaron a Proyecto Sur; se trata de defender de conjunto a toda la ciudadanía de la Ciudad de Buenos Aires, porque todos suponen -inclusive más aún en el caso de las instituciones de la ciudad- que ellas van a respetar la Constitución, pero este es un caso transparente y no da para más. // . // Finalmente, quiero decir que desde Proyecto Sur debemos defender estas postulaciones, porque son también una conquista política de decenas de miles de militantes .. A todos ellos les debemos dar respuesta, porque es central demostrarles que, efectivamente, el esfuerzo se cristalizó en lo que es hoy Proyecto Sur, y eso nos da derecho a acceder, por lo que nosotros lo vamos a defender hasta las últimas consecuencias." (el agregado entre paréntesis: "debe entenderse la anteúltima" no obra en el texto original, como tampoco el resaltado en negrita -versión taquigráfica del Acta de la 21ª Sesión Ordinaria de la Legislatura (Continuación) del 7 de diciembre de 2011, VT30, ps. 532 y ss., en particular p. 533-.

A partir de lo expuesto, resulta evidente que el "Bloque Proyecto Sur" y el "Bloque Movimiento Socialista de los Trabajadores en Movimiento Proyecto Sur", más allá de la modalidad que eligieron al momento de presentar las candidaturas, conformaron un "Interbloque". Es que, tratándose el "Bloque Movimiento Socialista de los Trabajadores en Movimiento Proyecto Sur" de un bloque unipersonal que se agotaba en el diputado Marcelo Parrilli, quien a su vez era su Presidente, representante y vocero, no puede desconocerse que había concertado a estos fines una alianza de acción con el "Bloque Proyecto Sur", conformando en los hechos un "Interbloque". Negar tal circunstancia de hecho, de evidente exteriorización, aduciendo el incumplimiento de requisitos formales o la extemporaneidad del planteo -a pesar de que los elementos de juicio que aquí se señalan son todos anteriores al dictado de la Resolución Nº 409/11 de la Legislatura-, sería montar un laberinto plagado de obstáculos o escrutar los hechos con un ritualismo desnaturalizante -indiferente a la verdad objetiva- (aplicación de la doctrina inveteradamente sostenida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y reiterada in re: "Domingo Colalillo v. Compañía de Seguros España y Río de la Plata", Fallos: 238:550, sentencia del 18 de septiembre de 1957).

Además, el hecho de que las presentaciones y manifestaciones sean posteriores a la fecha fijada para la postulación de los candidatos, de todos modos fueron anteriores al dictado de la Resolución Nº 409/11 de la Legislatura, no puede ser, como señala el Señor Fiscal General Adjunto, una objeción que impida válidamente el reconocimiento de una alianza (tal como la Legislatura ha interpretado el concepto) por varios motivos:

a)	La falta de regulación explícita por parte de la Legislatura de un procedimiento para tener por conformada una "alianza de la Legislatura" en los términos del artículo 136 de la CCABA, con notas diferenciales a las de los "Bloques" y extensivas a los "Interbloques", descarta la utilización rigorista de la mecánica. Por tanto, no puede atribuirse a "Proyecto Sur" y al "Bloque Movimiento Socialista de los Trabajadores en Movimiento Proyecto Sur" el incumplimiento de norma alguna que contemple que el vencimiento de ciertos plazos produzca la caducidad de los derechos, en cuanto a su propuesta convergente. En el mismo sentido, resta señalar que del informe acompañado por la Legislatura a fs. 639/646, que puso en conocimiento la conformación de los Bloques existentes al 7 de diciembre de 2011 y a partir del 10 de diciembre de 2012, nada puede predicarse respecto de la inexistencia del Interbloque conformado por el "Bloque Proyecto Sur" y el "Bloque Movimiento Socialista de los Trabajadores en Proyecto Sur", ni de ningún otro, en la medida en que solamente pudo dar razón de los Bloques existentes, única forma integrativa y asociativa de los legisladores según previsión expresa de su Reglamento Interno (conf. arts.103 y 104).

b)	Es indudable que si contemporáneamente con la propuesta de Auditores por "Proyecto Sur" no se produjo la correlativa adhesión del "Bloque Movimiento Socialista de los Trabajadores en Movimiento Proyecto Sur" de modo formal y expreso, ello fue una consecuencia de que en el mencionado sector político existía la convicción de que -conforme al Reglamento Interno de la Legislatura y de la doctrina resultante de los dos casos en que la integración de la Auditoría fue debatida ante los estrados de este Tribunal- no era viable elegir por "Interbloques", lo que recién se definió, en este caso, en el ámbito parlamentario en la sesión del 7 de diciembre del 2011 al votarse la Resolución Nº 409/11 (valga recordarlo, sin apoyo normativo expreso). Por lo tanto, parece desmedido exigir a la apuntada fuerza política que, producida la postulación explícita del único integrante del "Bloque Movimiento Socialista de los Trabajadores en Movimiento Proyecto Sur", conformara formalmente un "Interbloque ad-hoc", poniéndose en contradicción con la propuesta interpretativa realizada de consuno. En síntesis, como lo señala acertadamente en su voto mi colega la Jueza Ana María Conde, "Proyecto Sur" y "MST en Movimiento Proyecto Sur" eligieron inicialmente una interpretación también plausible del artículo 136 de la CCABA, cifrando sus expectativas en que este Tribunal acogiese la totalidad de sus planteos ordenando una nueva votación para cubrir los siete cargos del Colegio de Auditores. De todos modos, atendiendo a la manera en que propongo se decida en esta causa, adquiere pleno vigor el planteo formulado subsidiariamente, conforme al cual sobre la base del principio de proporcionalidad al sumar tal sector 8 legisladores (7+1), le corresponde un cargo en la Auditoría General de la Ciudad.

c)	Que el Decreto Nº 069-PSP-2011 de la Vicepresidencia 1º de la Legislatura (fs. 1 del citado Expediente Nº 1916-I-2011) convocaba a los presidentes de bloque a consignar sus candidatos hasta una determinada fecha, pero nada decía respecto de adhesiones que pudieran formularse con posterioridad a aspirantes ya propuestos tempestivamente.

d)	Respecto de lo señalado en el punto anterior, no parece menor que la propia Legislatura haya reconocido que se ha hecho el cálculo de la proporción correspondiente al Bloque "Coalición Cívica", teniendo en cuenta la adhesión de "Encuentro Porteño" (6+2 diputados, respectivamente), aún cuando esa adhesión se produjo, no sólo después del plazo para presentar candidatos, sino también con posterioridad a la celebración de la audiencia pública del 8 de noviembre de 2011 (conf. fs. 866, en la que surge que con fecha 30 de noviembre de ese año los diputados Kravetz y Fernández, adhieren como integrantes del aludido bloque a la candidatura de Paula Mariana Oliveto Lago).

e)	Que este Tribunal tempranamente entendió en la causa: "Unión del Centro Democrático c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Amparo", Expediente Nº 237/00, sentencia del 16 de marzo de 2000 (conf. en Constitución y Justicia [Fallos del TSJ], Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, Tomo II, ps. 549 y ss.), que las restricciones para ejercitar la representación política pueden ser inconciliables con los principios acogidos en la Constitución local en materia de Régimen Electoral y de Partidos Políticos, descartando la operatividad de los artículos 160 y 161 del Código Electoral Nacional -resultante de la remisión al bloque normativo vigente en este ámbito al momento que se dictó la Carta Magna de los porteños, a tenor de la Ley Nº 24.588, también conocida como "Ley Cafiero"- que establecían un umbral mínimo del 3% del padrón electoral para poder alcanzar representación en la Legislatura, más allá de invocarse concurrentemente el complejo y polifacético proceso hacia la institucionalización de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires.

f)	El sistema de proporcionalidad para la designación de los integrantes del Colegio de Auditores y el otorgamiento de la Presidencia a la primera minoría opositora parte de la base de que, si bien en el gobierno democrático corresponde a la mayoría dirigir los destinos del país -y en este caso de la Ciudad-, ella debe hacerlo con la colaboración y bajo la fiscalización de las minorías -sobre todo de aquellas que poseen un relevante respaldo popular-, de donde es propio de estas últimas una importante función institucional que no puede ser cercenada por las resoluciones que puedan adoptarse mayoritariamente en los órganos colegiados, en cuanto tiendan a imposibilitar el cumplimiento del rol que a aquellas les cabe. Es que el principio democrático, sienta como premisa que la mayoría ejerce el gobierno, pero los derechos de las minorías deben hallarse efectivamente garantizados para que el Gobierno Constitucional sea una realidad. Señalaba, sobre el particular, el gran jurista tucumano e inspirador de muchas de las cláusulas de nuestra Constitución de 1853, Juan Bautista Alberdi: "Si ser libre es tener parte en el poder, síguese de ello que cuando en el poder sólo tienen parte los que gobiernan, puede decirse que sólo el gobierno es libre en el país sin libertad. Donde no hay oposición, sólo hay libertad oficial o gubernamental. Todo el país, menos los que gobiernan, está sin ejercer su libertad, y el Gobierno que la monopoliza vive amenazado de una reivindicación natural incesantemente. // Después de la institución de un Gobierno, no hay condición más elemental de la paz que la oposición; y la razón de ello es que la oposición es el complemento del Gobierno mismo" ("Obras Completas de Juan Bautista Alberdi", Tomo VII: "Peregrinación de Luz del Día, o Viajes y Aventuras de la Verdad en el Nuevo Mundo", Parágrafo XX: "Condiciones esenciales de la paz", ps. 176 y ss., en particular ps. 370 y 371, Imprenta La Tribuna Nacional, Buenos Aires, 1887). De lo que se trata, no es de cuestionar la nueva regla puesta en acción por la Legislatura de computar la conformación de los distintos sectores del Cuerpo a partir de "Interbloques", sino la aplicación no igualitaria que de la apuntada regla no escrita se haga, resultando de ello un menoscabo para un determinado e importante sector político afectando el principio básico de la igualdad consagrado por el artículo 16 de la Constitución Nacional y en el artículo 11 de la CCABA, sobre la base de la invocación de aspectos procedimentales, fórmulas y plazos, tampoco escritos, que deniegue a unos lo que se concede a otros en iguales circunstancias.

En síntesis, lo que está en juego es evitar que los derechos constitucionales de las minorías queden sometidos, no ya a la interpretación que de su alcance hagan las mayorías, sino, fundamentalmente, a que la dual aplicación que de las reglas interpretadas pueda efectuarse, frente a presupuestos fácticos equivalentes, conduzca a diferentes resultados.

Los fundamentos antedichos me llevan a concluir en este punto, al igual que lo hacen el Señor Fiscal General Adjunto en su dictamen y la Jueza Ana María Conde en su voto, que corresponde hacer lugar a la pretensión subsidiaria esgrimida por los actores.

18.	Siguiendo el sendero trazado en la causa "Partido Justicialista y Otros c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Legislatura) s/ nulidad", sentencia del 14 de julio de 1999, que ya ha sido objeto de cita en varias oportunidades en este voto, paso a fijar los pertinentes alcances de la decisión que propongo y las razones que la respaldan como fundamento.

A tenor de la conformación de los "Interbloques", sobre la base de la regla asumida por la Legislatura en su Sesión del 7 de diciembre de 2011, efectuando una aplicación igualitaria de la misma, la integración de la Auditoría General de la Ciudad, mediante la aplicación del Sistema D´Hondt -que, valga reiterarlo, no ha sido cuestionado por los distintos partidos políticos, "alianzas de la Legislatura" o "Interbloques", ni por las partes intervinientes en la presente causa-, debe quedar conformada mediante la siguiente distribución:

Interbloque	Bloque	Diputados	Auditores Propuesta Republicana y adhesión	Propuesta Republicana Unión Federal (adhesión a los candidatos del PRO) Total	24 2 26	3 Alianza Frente para la Victoria - CABA	Encuentro Popular para la Victoria Frente Progresista y Popular Peronista Nuevo Encuentro Solidaridad e Igualdad Total	4 4 3 2 1 14	1 + 1 (2º Auditor como Pte. de la AGC por ser la alianza opositora con más representación numérica en la Legislatura).

Coalición Cívica y adhesión	Coalición Cívica Encuentro Porteño (adhesión a los candidatos de CC) Total	6 2 8	1 Proyecto Sur y Movimiento Socialista de los Trabajadores -MST- en Proyecto Sur	Proyecto Sur Movimiento Socialista de los Trabajadores -MST- en Proyecto Sur (adhesión a los candidatos de Proyecto Sur) Total	7 1 8	1 En suma, corresponde asignar un Auditor menos al "Bloque Alianza Frente para la Victoria-CABA" y un Auditor al "Interbloque Proyecto Sur y Movimiento Socialista de los Trabajadores -MST- en Proyecto Sur".

La sentencia que se dicta tiene como límite la nulidad parcial de la Resolución Nº 409/11 de la Legislatura en su artículo 2º, en los términos del desbalance antes referido, por contravenir el "principio de proporcionalidad".

En consecuencia el pedido de nulidad absoluta del artículo mencionado en el párrafo anterior no puede prosperar, por cuanto tal decisión vulneraría los derechos subjetivos de los Auditores Generales cuyas designaciones quedan firmes por este fallo o no fueron objetadas (Presidenta Auditora Cecilia Segura Rattagán -propuesta por "Alianza Frente para la Victoria-CABA"-; Auditores Santiago de Estrada, Alejandro Fernández y María V. Marcó -en los tres últimos casos propuestos por el "Partido Propuesta Republicana" con la adhesión de la "Unión Federal"-); y la Auditora Paula Mariana Oliveto Lago, propuesta por la "Coalición Cívica", con la adhesión de "Encuentro Porteño".

Los efectos de la anulación decretada -separación del cargo de uno de los Auditores propuestos por el "Interbloque Alianza Frente para la Victoria-CABA"-, se concretará a partir del momento en que se subsane la irregularidad parcial del artículo 2º de la Resolución Nº 409/11. Para ello, el Interbloque "Alianza Frente para la Victoria-CABA", deberá indicar cuál es el Auditor General que declina su cargo y el Bloque "Proyecto Sur" junto con el Bloque "Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) en Movimiento Proyecto Sur" deberán formaliza la propuesta a la Legislatura para la designación del Auditor que, a su criterio, deba cubrir la plaza que se le asigna a dicha fuerza política.

El procedimiento que se arbitra es consecuencia de que la Legislatura que decidió el 7 de diciembre de 2011, no puede ser exhumada en su anterior composición como consecuencia del proceso ordinario de renovación de los cargos de Diputados a través de los comicios que se llevan a cabo cada dos años para elegir nuevos legisladores, y por discurrir el tiempo de modo unidireccional, avanzando del pasado al presente y de este último al futuro.

Las razones que respaldan cómo se decide no son novedosas en este Estrado, y están expresadas en la primera oportunidad en que le tocó al Tribunal pronunciarse sobre la conformidad con el art. 136 de la CCABA de una decisión de la Legislatura integrando el Órgano de Control. Ellas son las siguientes:

a) evitar que la sentencia provoque un daño mayor que el que pretende reparar;

b) preservar el funcionamiento de un Órgano de Control relevante en el diseño institucional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

c) no agravar, ni siquiera transitoriamente, el principio de proporcionalidad, asegurando hasta el cumplimiento definitivo de la sentencia el respeto de las minorías en sentido lato, para favorecer un eficiente control del gobierno en todas sus ramas por parte de la Auditoría;

d) resolver sobre la base del principio de la mínima ingerencia del Poder Judicial respecto de la validez de las resoluciones adoptadas por otro órgano de gobierno, respetando el principio de separación de poderes;

e) ser congruente con los principios generales reiterados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, conforme a los cuales "No debe prescindirse de las consecuencias que naturalmente derivan de un fallo toda vez que constituye uno de los índices más seguros para verificar la razonabilidad de la interpretación y su congruencia con el sistema en que está engarzada la norma" en tanto "la misión judicial no se agota con la remisión a la letra de la ley, toda vez que los jueces, en cuanto servidores del derecho y para la realización de la justicia, no pueden prescindir de la 'ratio legis' y del espíritu de la norma" (Fallos: 302:1284).

Doy por descontado el alto grado de responsabilidad institucional de todos los diputados integrantes de la actual Legislatura, por lo que considero que, por el momento y salvo que medie petición expresa de parte interesada, no resulta necesario fijar un plazo para el cumplimiento efectivo de este fallo.

19.	Habida cuenta de la naturaleza de la cuestión planteada de raíz institucional, las proyecciones jurídicas del diferendo traído por las fuerzas políticas a este Estrado, y que todas las partes pudieron considerarse con razón para estar en juicio, se resuelve que las costas sean soportadas en el orden causado.

20.	En síntesis propicio: 1º) Confirmar la competencia del Tribunal para conocer en la presente causa; 2º) Rechazar la excepción de falta de personería respecto del Presidente del Comité Capital de la UCR; 3º) Rechazar las excepciones de falta de legitimación activa de los bloques políticos, de los diputados presentados en autos con mandato al 7 de diciembre de 2011 y de los candidatos a integrar el Colegio de Auditores Generales de la Ciudad que no resultaron designados por la Legislatura y hacer lugar a tal planteo respecto de los diputados Virgina González Gass, Pablo Bergel, Hugo Alejandro Bodart y Claudia Neira; 4º) Hacer lugar a la defensa de falta de legitimación pasiva de la Procuración General de la Ciudad para entender en la presente causa; 5º) Rechazar la excepción de inadmisibilidad de la instancia; 6º) Rechazar la demanda en cuanto a la pretensión articulada por "Proyecto Sur" y "Movimiento Socialista de los Trabajadores en Movimiento Proyecto Sur" de acceder a la Presidencia de la Auditoría al considerar que el concepto "Interbloques" no colisiona insalvablemente con la referencia contenida en el artículo 136 de la CCABA en cuanto alude a "alianzas de la Legislatura"; 7º) Rechazar las pretensiones articuladas por la Unión Cívica Radical y por sus diputados Rubén Antonio Campos y Claudio Daniel Presman; 8º) Hacer lugar parcialmente a la demanda articulada por "Proyecto Sur" y "Movimiento Socialista de los Trabajadores en Movimiento Proyecto Sur", por los diputados de dichos partidos políticos y por los Auditores propuestos de anular parcialmente, en la forma, con los alcances y efectos previstos en los Fundamentos, el artículo 2º de la Resolución Nº 409/11, en cuanto vulnera el principio de proporcionalidad exigido por el artículo 136 de la CCABA; 9º) Oficiar a la Legislatura de la Ciudad con carácter meramente exhortativo, recomendando que el procedimiento y modo de computar las adhesiones a las propuestas de Auditores Generales esté expresamente recogido en su Reglamento Interno; 10º) Decretar las costas en el orden causado.

Así lo voto.

El Juez Pablo A. Bacigalupo dijo:

1. Liminarmente y para una mejor claridad expositiva, considero necesario efectuar una reseña de las principales circunstancias expuestas y acontecidas en autos, la cual en modo alguno agota la totalidad de las argumentaciones volcadas por todos los intervinientes a lo largo de este voluminoso expediente, que sin embargo han sido debidamente consideradas por este Magistrado para adoptar la decisión final que se propone al Acuerdo.

Este expediente es el resultado de la acumulación de tres presentaciones autónomas que, si bien por distintas vías, buscan un objeto principal común, a saber: la declaración de nulidad de la Resolución Nº 409/LCABA/11, adoptada por la Legislatura porteña el 7 de diciembre de 2011, por la cual se designaron los siete miembros de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires -incluyendo a su Presidente (en el caso, Presidenta)-.

Ello, sustanciadamente, en razón de que no se habría respetado el régimen de mayorías y de proporcionalidad establecido en el art. 136 de la Constitución local.

a) Así, bajo el nº 8501/11 se registró la acción declarativa de inconstitucionalidad que, en los términos de los arts. 113 inc. 2 de la CCABA y 17 de la ley 402, en aras de lograr la invalidez de aquélla decisión, promovieron el 13 de diciembre de 2011 los Sres. Pablo Sanseverino (apoderado del partido "Buenos Aires para Todos" e integrante del bloque "Proyecto Sur" y de la alianza "Proyecto Sur") y Fabio Basteiro (Presidente del Bloque de legisladores "Proyecto Sur").

Los actores afirman que teniendo en cuenta a los bloques o alianzas reglamentariamente inscriptos como bloques al momento de la nominación, al bloque "Proyecto Sur" le correspondía designar al Presidente de la AGCABA (por ser el principal bloque de la oposición parlamentaria) y a un Auditor General (a tenor del principio de proporcionalidad), debiendo recaer tales nominaciones en los dos candidatos legalmente oficializados por dicha agrupación.

Para el supuesto de que el Tribunal declarase la nulidad parcial de la Resolución en cuestión, solicitaron que se condenase a la Legislatura a nombrar un auditor más y que dicha designación recayera en el candidato Pablo Sanseverino (conf. fs. 30/38vta.).

b) En segundo lugar, el expediente 8511/11 tuvo su origen con motivo de la "acción declarativa de inconstitucionalidad" o "acción de nulidad por inconstitucionalidad" -conforme los términos empleados por los accionantes- que, con base en los arts. 113 inc. 2 de la CCABA y 24 de la ley 402, interpusieron los Sres. Julio César Raffo (como diputado y Presidente del bloque "Proyecto Sur"), Adrián Rodolfo Camps, Virginia González Gass (ambos diputados e integrantes del bloque "Proyecto Sur") y Marcelo Parrilli (abogado en causa propia), contra las designaciones del Presidente y los restantes auditores efectuadas por medio de la Resolución Nº 409/LCABA/11,"con excepción de aquéllos propuestos por el partido PRO".

Asimismo, solicitaron que se impusiera a la Legislatura un plazo prudencial para que designe nuevo Presidente y un nuevo integrante del cuerpo de Auditores, teniendo en cuenta la propuesta y el orden de prelación realizado por el bloque "Proyecto Sur" (conf. fs. 237/245).

A esta demanda adhirieron los Sres. Jorge Guillermo Selser (diputado por "Proyecto Sur"), Rafael Amadeo Gentili (diputado por "Proyecto Sur"), Pablo Bergel (diputado por "Proyecto Sur") y Hugo Alejandro Bodart (diputado por el "Movimiento Socialista de los Trabajadores en el bloque Proyecto Sur").

c) Por último, a través del expediente 8595/11, los Sres. Rubén Antonio Campos, Claudio Daniel Presman (como diputados de la Legislatura de la CABA y miembros del bloque legislativo de la Unión Cívica Radical) y Carlos Más Vélez (como Presidente del Comité Capital de la Unión Cívica Radical), promovieron demanda de nulidad contra el GCBA, respecto de la Resolución Nº 409/LCABA/11, en cuanto a la designación de la Sra. Cecilia Segura Rattagan como Presidente de la AGCABA y de los Sres. Adriano Eduardo Jaichenco y Eduardo Ezequiel Epszteyn, como Auditores Generales, por violar lo establecido por el art. 136 de la CCABA y sus normas reglamentarias.

A criterio de los presentantes, el bloque de "Proyecto Sur" presentó dos candidatos pero sin cumplir con todos los requisitos prescriptos en la ley 331; a lo cual aunaron la objeción consistente en que la "Alianza Frente para la Victoria-CABA" (integrada por los bloques "Encuentro Popular para la Victoria", "Peronista", "Frente Progresista y Popular", "Nuevo Encuentro" y "Solidaridad e Igualdad"), no se constituyó como un bloque parlamentario con las formalidades que para ello prevé el Reglamento Interno de la Legislatura Porteña (arts. 103 y 104), ni tampoco existió nunca como una "alianza electoral" en los términos del art. 10 de la ley 23.298, sino que lo hizo de manera informal y "ad hoc" para la elección de aquéllas autoridades; por lo cual correspondería otorgar al bloque de diputados de la "Unión Cívica Radical", al menos un lugar en el cuerpo de auditores generales (conf. fs. 306/319).

2. Cumplidas las vistas del caso, el Sr. Fiscal Gral. se expidió propiciando la inadmisibilidad formal de las dos acciones entabladas en los términos del art. 113.2 de la CCABA, por no hallarse dirigidas contra una norma de alcance general; en tanto en relación a la demanda de nulidad, el Sr. Fiscal Gral. Adjunto opinó que debería dársele curso, conforme lo acontecido en dos precedentes de este TSJ que citó en apoyo (expedientes nros. 50/99 y 2434/03). Por último, propició la acumulación de los tres expedientes, al estimar que se verifica una identidad en el objeto, siempre y cuando las otras dos acciones fuesen admitidas o reencausadas y se encontraran en similar estadio procesal.

3. El 28 de marzo de 2012, el Tribunal dispuso -en lo que aquí interesa-, acumular las causas precedentemente detalladas, por tener similar objeto y hallarse en la misma etapa procesal.

4. El 4 de julio de 2012, el Tribunal resolvió, por mayoría y en lo pertinente: a) declarar inadmisibles las demandas de fs. 30/38vta. y 237/245, en cuanto pretendieron instar una acción declarativa de inconstitucionalidad contra la Resolución Nº 409/LCABA/11 de la Legislatura de la CABA; b) declarar la competencia del Tribunal en relación con la acción de nulidad planteada en las demandas acumuladas en estas actuaciones (art. 113, inc. 6º, CCABA); y correr traslado por el plazo de treinta días a la Procuración General, a la Legislatura y a los auditores generales, en todos los casos de la Ciudad (conf. fs. 653/669vta.).

5. Corridos los apuntados traslados, el apoderado de la legislatura de la CABA, Marcelo Alejandro D'Angelo, interpuso en el marco de los expedientes 8501/11 y 8511/11 las excepciones previas de inadmisibilidad de la instancia (por no haberse presentado reclamo administrativo durante el procedimiento legislativo regulado en el Decreto 69/PSP/11); incompetencia (por no haberse planteado ninguna cuestión electoral o de partidos políticos) y falta de legitimación activa (por no existir derechos conculcados, sino tratarse de una mera "decisión política" (conf. fs. 398/415vta. y 440/457vta., respectivamente).

Los mismos planteos presentó en el marco del expediente 8595/11, con la novedad de que agregó el de falta de personería respecto del Sr. Carlos Más Vélez, invocando que no adjuntó en las copias de traslado la documentación necesaria para acreditar la representación que invocaba (conf. fs. 419/436vta.).

6. Sobre el particular, este Tribunal -en lo que aquí interesa- el 24 de agosto de 2012 decidió diferir el tratamiento de las cuestiones mencionadas en el punto anterior para que fueran debatidas en la audiencia y, en su caso, ser consideradas en la sentencia final.

7. A fs. 484 se presentaron las Sras. María América González, Laura García Tuñón y Claudia Neira, en su carácter de legisladoras de la CABA y adhirieron a la demanda de nulidad deducida contra la Resolución Nº 409/LCABA/11.

8. A fs. 485/493, la Sra. Paula Mariana Oliveto Lago, en su carácter de Auditora General de la Ciudad, entre otras cuestiones, sostuvo la falta de legitimación activa de los representantes de la Unión Cívica Radical, en virtud de que con su número de integrantes no tuvo chance ni expectativa frente al número de los otros bloques, siendo ello así, cualquiera fuera el criterio interpretativo de proporcionalidad en la representación que se quisiera tomar.

9. A fs. 520/533, contestó la demanda el apoderado de la Legislatura de la CABA, Dr. Andrés Gil Domínguez, quien sostuvo la validez de la Resolución nº 409/LCABA/11, basada en que la interpretación del concepto "alianza opositora" aplicada en la misma - que incluye a la categoría de "interbloque"-, es razonable y se ajusta al art. 136 de la CCABA respecto de la garantía de proporcionalidad.

Por último, invocó la falta de legitimación procesal de la Unión Cívica Radical, por carecer de un interés concreto, inmediato y directo en la pretensión, toda vez que aunque la nulidad perseguida por los actores tuviera favorable recepción, a dicha alianza no le correspondería ningún integrante en la Auditoría General.

10. A fs. 570/576, compareció al proceso la Procuración General de la Ciudad, e interpuso las excepciones de falta de legitimación pasiva y activa. La primera, fundada en la circunstancia de que la Legislatura no le efectuó ningún pedido expreso para que esa Procuración ejerciera su representación en juicio, habiendo asumido su defensa en forma directa, a lo cual agregó que la acción únicamente podía dirigirse contra la Legislatura, por ser la única que, eventualmente, estaría en condiciones de cumplir una sentencia de condena. La ausencia de legitimación activa, la sostuvo en relación a los Sres. Sanseverino y Parrilli porque, en su criterio, solamente los partidos políticos, alianzas o bloques parlamentarios están habilitados para demandar a través de una acción como la del presente.

No obstante lo anterior, la Procuración sumó conceptos a favor de la validez de la Resolución de la Legislatura de la CABA puesta en crisis por los actores.

11. El 19 de octubre ppdo., se expidió el Sr. Fiscal Gral. Adjunto, Dr. Luis Jorge Cevasco, mediante un extenso dictamen -al que cabe remitirse por razones de brevedad-.

Sobre las excepciones, sostuvo que correspondería hacer lugar a la de falta de legitimación pasiva interpuesta a fs. 570/576 por la Procuración General de la CABA y rechazar las restantes (con la salvedad de la referente a la de ausencia de personería que la Legislatura invocase respecto del señor Carlos Más Vélez, la que difirió "a lo que surja del debate a efectuarse en la audiencia").

En orden al fondo de la cuestión, solicitó al Tribunal que rechace las demandas interpuestas a fs. 30/39 y 306/319 (expedientes 8501/11 y 8595/11) y haga lugar parcialmente a la de fs. 237/245 (expediente 8511/11), declarando la nulidad parcial del art. 2 de la Resolución Nº 409/11 de la Legislatura, en cuanto designa a dos Auditores Generales propuestos por los Bloques "Encuentro Popular para la Victoria", "Frente Progresista y Popular", "Peronista", "Nuevo Encuentro" y "Solidaridad e Igualdad", en tanto uno de esos cargos debería haber sido cubierto por alguno de los candidatos postulados por el Bloque "Proyecto Sur".

12. Para cerrar esta reseña histórica, resta consignar que el 27 de noviembre de 2012 se celebró la audiencia designada a fs. 620/622, ocasión en la cual las partes tuvieron la oportunidad de ratificar y argumentar en orden a sus planteos, como también de formular las respectivas conclusiones.

13. A partir de lo resuelto por el Tribunal 24 de agosto de 2012, corresponde que me expida, en primer término -coincidiendo con la casuística adoptada por el Dr. Casás en su voto- en orden a las excepciones articuladas como de previo y especial pronunciamiento por la Legislatura a fs. 398/415, 219/436 y 440/457, como también, respecto de la defensa de falta de legitimación pasiva oportunamente interpuesta por la Procuración General de la Ciudad.

a) Sobre la excepción de incompetencia planteada y sin perjuicio de las consideraciones que plasmara al expedirme sobre el particular en la resolución del 4 de julio de 2012, donde hice hincapié en las dudas que me generaba la cuestión relativa a si la decisión de la Legislatura porteña controvertida en las demandas que se han acumulado en autos encuadraba en la materia electoral a que refiere el inciso 6º del art. 113 de la CCABA, que para tales asuntos asigna competencia originaria a este tribunal (hasta tanto sea creado el tribunal electoral a que hace mención la misma norma, supuesto que de verificarse en el futuro, trasladaría esta competencia originaria a una actuación por vía de apelación), lo cierto es que en mi criterio, este tema quedó debidamente sellado en aquélla oportunidad, en virtud de los fundamentos que expuse para proponer al acuerdo que se declarara la competencia del tribunal para conocer con relación a la acción de nulidad planteada en el expediente nº 8595/11, a los que en homenaje a la brevedad me remito y que, para el caso, resultan plenamente aplicables a las hipótesis de todas las demandas que se han acumulado en estas actuaciones, en orden a las cuales la mayoría que conformaba el Tribunal en la resolución citada, decidió declarar la competencia del Tribunal a tenor del art. 113, inc. 6º de la CCABA, esto es, por encuadrar las acciones intentadas dentro de la materia electoral y de partidos políticos prevista en el referido texto constitucional local.

A lo expuesto, no cabe más que recordar una antigua y sostenida regla aplicable a la hora de afirmar o negar la jurisdicción de los Tribunales en los asuntos que se presentan dentro de sus competencias, cual es la de dar prevalencia, ante la duda, al derecho a peticionar o recurrir de los ciudadanos, esto es, lo que se ha dado en llamar la tutela judicial efectiva.

Por ello, habré de rechazar la excepción de incompetencia tratada en los párrafos anteriores.

b) En punto a la falta de personería del señor Carlos Esteban Más Vélez, comparto y hago propias las reflexiones plasmadas por mi colega preopinante José O. Casás, teniendo en cuenta que la Legislatura no ha desconocido que aquél revistiera el carácter de presidente del Comité Capital de la UCR y que la excepción en trato se funda pura y exclusivamente en una pretensa aplicación rigurosa y formal del artículo 40 del Código CAyT, que de tener favorable recepción se vislumbraría como excesiva y desproporcionada para las circunstancias del sub lite que -como dijera- fueron debidamente detalladas por el Dr. Casás en el Considerando 6 de su voto.

Por ello, corresponde desestimar esta defensa.

c) En relación a la excepción que también postula la Legislatura, con eje en la falta de legitimación activa de los demandantes, y que para evitar incongruencias con anteriores opiniones vertidas en la causa, me veo obligado a analizar en orden a todos los actores y acciones entabladas por imperio de lo resuelto por la mayoría del Tribunal en la decisión del 4 de julio de 2012 -a la que ya he hecho alusión en párrafos precedentes-, he de adherir en un todo a los argumentos y consideraciones que formula el Dr. Casás sobre el particular.

En el caso puntual de los actuales legisladores de la Ciudad, Virginia González Gass, Pablo Bergel, Hugo Alejandro Bodart y Claudia Neira, por cuanto no revestían tal carácter a la época en que se votó la resolución que se pretende poner en crisis.

Ello, claro está, como también lo apunta el mencionado Magistrado, "sin perjuicio de que podrán participar en los ulteriores actos preparatorios y en la futura decisión de la Legislatura, en el caso en que prosperen los planteos de nulidad que aquí se han articulado".

d) Sí tendrá favorable recepción la defensa de falta de legitimación pasiva interpuesta por la Procuración General de la Ciudad, por los motivos que a continuación paso a exponer.

En efecto, si bien el artículo 134 de la CCABA dispone que aquélla representa a la Ciudad en todo proceso en que se controviertan sus derechos e intereses, el artículo 1º de la Ley 1218 (BOCBA Nº 1850, del 05/01/2004), establece que esa representación en juicio procede sólo a requerimiento del Poder Legislativo, del Poder Judicial y de otros órganos de gobierno de la Ciudad.

Así las cosas, desde el momento en que la Legislatura designó un representante para el proceso en la contestación de demanda de fs. 520/533, queda claro que no ha requerido la representación de la Procuración General de la CABA en autos.

Por lo demás y conforme advierte el Dr. Casás, las pretensiones de los actores no se dirigen contra el Departamento Ejecutivo de la Ciudad, a lo que cabe aunar que solamente la Legislatura local podría cumplir, en su caso, una sentencia condenatoria.

e) Por último, entiendo que no corresponde hacer lugar a la excepción de inadmisibilidad de la instancia.

Al respecto, la Legislatura invoca que los actores deberían haber presentado un reclamo administrativo y/o judicial encaminado a lograr lo que aquí pretenden, durante el procedimiento legislativo regulado en el Decreto 069/PSP/2011, del 12/9/2011, emitido por el Vicepresidente 1º de la Legislatura, que invitó a la Presidencia de los Bloques Parlamentarios a presentar ante la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control candidatos a miembros de la Auditoría General de la Ciudad.

Ahora bien, acompaño también al Dr. Casás, en cuanto sostiene que no se advierte qué deberían haber cuestionado los demandantes en esa oportunidad, en tanto el decreto de referencia nada establecía en relación a cuál era la fuerza opositora mayoritaria, ni adelantaba la posibilidad de conformar interbloques.

Al desarrollar la misma excepción, la Legislatura, no obstante haber señalado anteriormente que los actores deberían haber presentado un reclamo administrativo y/o judicial previo al dictado de la Resolución Nº 409/2011, contradiciendo sus propias afirmaciones, aseveró luego que la cuestión ventilada en autos no podía ser objeto de revisión judicial, porque el control del mecanismo de selección de los integrantes de la Auditoría General de la CABA no encuentra su cauce procesal en alguna instancia judicial, y que, admitirlo, significaría trasladar el ámbito de debate y toma de decisiones reservadas constitucionalmente al Poder Legislativo, a un Tribunal de Justicia, dando lugar a un indeseable conflicto de poderes.

Al respecto y tal como señala el Sr. Fiscal General Adjunto en su dictamen, la inadmisibilidad de la instancia, pretendida con apoyo en la ausencia de un reclamo previo ante la legislatura, no encuentra receptación positiva en ninguna norma legal.

Finalmente y en torno a la posibilidad o no de someter a revisión judicial decisiones adoptadas en la esfera de la Legislatura local como la que se ha puesto en crisis en estos actuados, me remito a los argumentos que -con las reservas que me ocupé de dejar sentadas-, desarrollé en el voto que suscribiera el 4/7/12 (que luce a fs. 663/669vta) y que me llevaran a declarar la competencia del Tribunal en los términos del inciso 6º del art. 113 de la CCABA y, en el Considerando 13.b) de este voto, a rechazar la excepción de incompetencia interpuesta, en similares términos, por el representante de la Legislatura.

14. Habiéndome expedido respecto de las excepciones previas planteadas, corresponde ingresar en el estudio de la cuestión de fondo.

En primer término, me abocaré a la crítica común expuesta por todos los accionantes, para luego, abordar el planteo subsidiario efectuado en la demanda interpuesta por el Bloque Proyecto Sur.

a)	Los actores ponen en crisis la Resolución Nº 409/11 de la legislatura de la CABA, por medio de la cual se resolvió la integración de la Auditoría General, pues conforme invocan, aquella se habría realizado inobservando las prescripciones contenidas en el art. 136 de la CCABA, el cual establece que los miembros de la Auditoría deben ser designados de acuerdo a las propuestas efectuadas por los "partidos políticos y alianzas de la Legislatura, respetando su proporcionalidad".

Específicamente, cuestionan el alcance dado a la expresión "alianzas de la legislatura", al haberse comprendido en esos términos a los denominados "interbloques", formados por los bloques legislativos constituidos de manera regular de acuerdo con lo previsto en el Reglamento Interno de la Legislatura.

Así, sostienen que se ha violentado el procedimiento fijado en el art. 136 de la CCABA, como también el Reglamento Interno del Cuerpo, que no contempla a los denominados "interbloques". Asimismo, agregan que se ha alterado la práctica seguida por la Legislatura en anteriores oportunidades para la designación de Auditores Generales, creándose una regla novedosa para la ocasión.

Liminarmente, considero necesario dejar sentado que en el supuesto que hoy nos convoca, la decisión del Tribunal se encuentra circunscripta a analizar la legitimidad o no de la interpretación dada por la legislatura local al art. 136 del CCABA, esto es, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la Res. Nº 409/2011, sobre la base de si respeta o no el criterio establecido por el Constituyente local. En efecto, no se trata de juzgar acerca de la facultad de la legislatura porteña para construir acuerdos políticos que permitan avanzar en el proceso de institucionalización de la Ciudad, sino que la intervención del Tribunal es sumamente más acotada: decidir si el producto del acuerdo para la integración de la Auditoría general respeta los lineamientos del Poder Constituyente. La intervención del Poder Judicial en la actuación de otros poderes resulta por demás compleja y requiere estricta prudencia, oportunidad y claridad (conf. en sentido similar, el voto de los Dres. Alicia E. C. Ruíz y Julio B. J. Maier en el Expte. Nº 50/99, "Partido Justicialista y otros c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Legislatura)", del 14/7/99). En prieta síntesis, al tiempo que debe velar por la supremacía de las reglas y principios que la Constitución consagra, también en función de la misma supremacía le está vedado asumir atribuciones que la misma CCABA otorga de manera exclusiva a los otros poderes del Estado, en el caso, la Legislatura, so riesgo de sustituirla dando lugar a una inaceptable alteración del esquema constitucional de división de poderes.

Sucede que las decisiones que adopte la Legislatura bajo una de sus formas, tienen un proceso de formación en el que participan todos sus integrantes.

Bajo tales directrices, desde ya adelanto que a partir del texto del art. 136 de la CCABA y analizando todos los antecedentes agregados al expediente, vinculados con la Resolución Nº 409/11 y que han sido minuciosamente detallados en el voto del señor juez de trámite, Dr. Luis Francisco Lozano, considero que la inteligencia o criterio aplicado por la Legislatura en la sesión del 7 de diciembre de 2011, no resulta irrazonable.

La Constitución porteña asigna competencia exclusiva a la Legislatura para la elección de los miembros de la Auditoría General y prescribe el sistema que debe seguirse a tales efectos. Así, dispone que: "La Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se compone de siete miembros designados por mayoría absoluta de la Legislatura. Su Presidente o Presidenta es designado a propuesta de los legisladores del partido político o alianza opositora con mayor representación numérica en el Cuerpo .Los restantes miembros serán designados a propuesta de los legisladores de los partidos políticos o alianzas de la Legislatura, respetando su proporcionalidad".

En dicho marco, la Presidencia del órgano se coloca en cabeza del partido o alianza opositora con mayor representación numérica y, para las restantes designaciones, rige la proporcionalidad representativa.

Ahora bien, por un lado, el texto constitucional no establece el criterio que debe seguirse para determinar la proporcionalidad y, a la vez, contiene la expresión "alianza de la legislatura", cuya interpretación, a criterio de los actores, no puede traspasar los límites del concepto de "alianza electoral" definido en la ley Nacional Nº 23.298 de Partidos Políticos.

La proporcionalidad en cuestión puede satisfacerse de distintos modos y, en la sesión del 7/12/2011, la Legislatura adoptó uno de los criterios posibles, con el que discreparon los actores.

De los antecedentes a que hiciera mención anteriormente, surge que la proporcionalidad tenida en cuenta para la integración de la Auditoría General mediante la Resolución Nº 409/11 -aprobada en la sesión legislativa del 7/12/11-, se estableció en función de la cantidad de diputados que integraban cada bloque parlamentario constituido de acuerdo con los arts. 103 y 104 del Reglamento Interno del Cuerpo, permitiéndose la unión de bloques -denominados en el seno parlamentario como "interbloques"- con miras a votación para determinar la futura integración del órgano.

La actuación y constitución de los bloques parlamentarios, habitual y propia de los poderes legislativos, se encuentra expresamente contemplada en los arts. 103 y 104 del Reglamento Interno de la Legislatura.

El punto de disputa entre los accionantes y la Legislatura, se encuentra en si frente al silencio del referido Reglamento, la unión de bloques constituidos formalmente (interbloques) y la actuación que les cupo en el escenario ya descripto, violentó o no los parámetros establecidos para la elección de Auditores Generales por el art. 136 de la CCABA.

La respuesta negativa al interrogante expuesto, se edifica a la luz de ciertos principios rectores y circunstancias a las que me referiré a continuación.

La inteligencia a darse a la expresión "alianza de la Legislatura" contenida en el art. 136 de la CCABA corresponde, en primer lugar, al propio Cuerpo y, en el sub lite, adquieren especial y particular relevancia los antecedentes y prácticas que éste ha tenido en su actuación parlamentaria precedente.

Así, de las constancias de autos surge que la Vicepresidencia 1ra. de la Legislatura, convocó por medio del Decreto Nº 069-PSP-2011 a los presidentes de los bloques parlamentarios a proponer candidatos para integrar la Auditoría (conf. fs. 1 del Expte. 1916-2011 de la Legislatura) y que, el 30 de septiembre de 2011, los bloques "Encuentro Popular para la Victoria", "Frente Progresista y Popular", "Peronista", "Nuevo Encuentro" y "Solidaridad e Igualdad", todos constituidos bajo las formas prescriptas, postularon candidatos de manera conjunta y manifestaron que conformaban la "Alianza Frente para la Victoria-CABA" (conf. fs. 378 del expte. citado), entre otros bloques que adoptaron posturas similares; lo cual permite inferir que gran parte de los bloques legislativos aceptaron la postulación de candidatos mediante la actuación conjunta en "interbloques".

A tenor de las propuestas recibidas, la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control y la Comisión de Asesoramiento Permanente de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria resolvió, el 30 de noviembre de 2011, desestimar las impugnaciones presentadas contra los Dres. Parrilli y Sanseverino y declarar que tanto ellos, como el resto de los candidatos propuestos -con la excepción de los Sres. Linares, Olmos y Deluca, que renunciaron a la postulación- no poseían inhabilidades para el cargo de Auditores Generales.

Tal como advierte la Dra. Conde, ni esta resolución, ni las propuestas que le dieron origen, fueron cuestionadas ni impugnadas oportunamente por ninguno de los bloques, ya que la nota del diputado Campos que critica la forma en la que el interbloque "Alianza Frente para la Victoria-CABA" propuso sus candidatos fue presentada a la Presidencia de la Junta de Ética cuando ya se había llevado a cabo la audiencia pública con los candidatos postulados y luego de haberse emitido la resolución de ese organismo que los consideró habilitados para el cargo (conf. fs. 854/859 y fs. 867/868 del expte. 1916-2011).

A todo ello se suma que en la sesión del 7/12/2011, se destacó que para la integración de la Auditoría General de la Ciudad en el año 2007, se votó por el sistema de "interbloques", no habiendo sido objetado ese método por ninguna de las fuerzas políticas que conformaban entonces la Legislatura, ni por las que la integraron luego del mes de diciembre de 2007 a partir del recambio por mitades previsto en la Constitución. Es decir, que anteriormente se aceptó a la unión de bloques parlamentarios en "interbloques" como una "alianza de la Legislatura" en los términos del art. 136 de la CCABA, lo cual echa por tierra el argumento de los actores consistentes en que se trató de una regla novedosa creada para el particular. Al respecto, me remito a las transcripciones de las palabras de los diputados Rebot y Hourest (conforme VT del 7/12/11), realizadas por la Dra. Conde, de las que surge que, como destaca la distinguida colega, la agrupación de los bloques regularmente constituidos en "interbloques", es una práctica aceptada y reconocida por el Parlamento.

La votación por interbloques para la designación de los miembros de la Auditoría General, también fue consensuada y aceptada como criterio de interpretación de la proporcionalidad requerida, y no recibió cuestionamientos en el ámbito legislativo ni el judicial, en la conformación del año 2003 (conf. VT del 3/10/2003, obrante a fs. 495/516).

En suma, las reflexiones precedentes me convencen acerca de que el criterio asumido por la Legislatura en la sesión del 7 de diciembre de 2011, convocada para la integración de la Auditoría General de la Ciudad y que admitió la votación de los candidatos por "interbloques parlamentarios", no resulta irrazonable o inconstitucional, independientemente de la opinión personal del suscripto en orden a su acierto o error, como también, de advertir -en un todo de acuerdo con lo plasmado por el Dr. Casás-, en orden a la conveniencia de salvar la laguna técnica que sobre el punto se verifica en el Reglamento Interno de la Legislatura.

A la luz de todo lo expuesto, habré de rechazar la pretensión de nulidad de la Resolución Nº 409/11 de la legislatura de la CABA, articulada en las demandas acumuladas en autos.

b) Resta entonces dar respuesta al planteo subsidiario contenido en la demanda incoada por el Bloque "Proyecto Sur", en virtud del cual, conforme sostiene, en caso de admitirse el criterio utilizado en la sesión del 7/12/11, debería considerarse como alianza legislativa a la unión de los Bloques "Proyecto Sur y "Movimiento de los Trabajadores Socialistas en Proyecto Sur", que conforman el "interbloque" "Proyecto Sur", de tal suerte que en la distribución proporcional de cargos, le correspondería un (1) Auditor General, por contar con ocho (8) diputados al igual que la alianza "Coalición Cívica".

Teniendo en cuenta que no existe en autos constancia de la comunicación que ambos bloques manifiestan haber efectuado a la Presidencia de la Legislatura para informar la constitución del "interbloque", dado que la prueba pertinente fue ofrecida pero no se realizó (conf. fs. 244), y que el art. 104 del Reglamento Interno de la Legislatura prevé a la comunicación de referencia como condición de validez para la constitución de los bloques parlamentarios, resulta que los peticionantes no han acreditado los extremos en los que fundan su pretensión subsidiaria, por lo que corresponde su rechazo.

15. En función de la naturaleza de la cuestión planteada y de que todas las partes pudieron considerarse con razón para estar en juicio, las costas causídicas lo serán en el orden causado.

16. En suma y habiendo dictaminado el Sr. Fiscal General, propongo al acuerdo: 1º) Rechazar las pretensiones de nulidad interpuestas contra la Resolución Nº 409/2011 de la legislatura de la CABA, aprobada en la sesión de ese Cuerpo del 7 de diciembre de 2011; y 2º) Imponer las costas en el orden causado Así voto.

Por ello, por mayoría, emitido el dictamen del Sr. Fiscal General Adjunto, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. No hacer lugar a las pretensiones de nulidad de la Resolución n° 409/11 de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires formuladas por los actores.

2. Imponer las costas en el orden causado.

3. Mandar que se registre, se notifique y archive.

Firmado: Lozano. Conde. Casás. Ruiz. Bacigalupo