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Recurso de inconstitucionalidad, doctrina de la arbitrariedad, defensa en juicio, derecho de propiedad, reajuste jubilatorio, acto administrativo, notificación, orden público, actuación de oficio
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Ghione, Raúl Miguel c/ Caja de Seguridad Social de Abogados y Procuradores de la Provincia de Santa Fe - Delegación Rosario s/ recursos de casación e inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-04-16

El remedio de inconstitucionalidad interpuesto merece favorable acogida, al comprobar que la Cámara cuando declaró inadmisible el recurso contencioso administrativo por considerarlo extemporáneo, omitió efectuar un análisis correcto de las constancias de la causa a la luz de las normas que debieron aplicarse al caso, lo cual vulnera los derechos a la jurisdicción, de defensa en juicio y de propiedad del justiciable, en tanto al efectuar un examen del expediente administrativo previo ante la Caja de la Seguridad Social de Abogados y Procuradores de Santa Fe, se observa que la notificación donde se anoticia el rechazo del recurso de reconsideración interpuesto contra la resolución del Directorio que le denegaba al actor el reajuste jubilatorio solicitado fue efectuada sin cumplir con lo establecido en el artículo 1 de la ley 12071, exigencias que el A quo soslayó totalmente en su análisis de admisibilidad del recurso contencioso administrativo, siendo que la mencionada ley, conforme ha tenido oportunidad de expresar esta Corte, es una norma de orden público cuya aplicabilidad corresponde sea controlada aún de oficio, en virtud de que ampara al particular en el recorrido de las vías recursivas, al establecer que en las notificaciones de decretos y resoluciones dictados en expedientes o actuaciones administrativas o, en general, de cualquier decisión dictada por autoridad administrativa que niegue un derecho, imponga obligaciones o no haga lugar a un recurso de revocatoria interpuesto, se hará saber el derecho a interponer recursos y el plazo para hacerlo, conforme la normativa vigente. CITAS: CSJStaFe: AyS T 277, p 326. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 12071, artículo 1
Telecomunicaciones, tarifa de servicio de telecomunicaciones, emergencia económica
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Telecom Argentina Stet France Telecom SA c/ E. N. A. Comisión Nacional de Comunicaciones s/ acción declarativa de certeza
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-10-30

La profunda transformación de la realidad económica vigente al momento de la sanción de la ley 25.561 permite concluir que la tarifa del servicio básico de telefonía fija no quedó ceñida con exclusividad a las condiciones del pliego y el contrato de transferencia sino que debió sujetarse también a la renegociación contractual impuesta por la ley citada y sus normas complementarias, debido a las nuevas condiciones económicas y financieras imperantes que surgieron del estado de emergencia pública en materia social, económica, financiera y cambiaria declarada en el art. 1º de la citada ley. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-.
Daños y perjuicios, defensa del consumidor, daño por vicio o riesgo de la cosa, responsabilidad del vendedor, responsabilidad contractual, daño moral
Materia: CIVIL
Carátula: Castañeda, Claudia Soraya. c/ Saturno Hogar S.A. s/ Daños y perjuicios.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2009-02-24

Cabe condenar al vendedor de una pileta de lona en mal estado a resarcir el deterioro producido al inmueble de la actora, pues se ha acreditado la relación de causalidad entre el daño ocasionado y el vicio o defecto de la cosa (art. 40 de la Ley 24240).
Leyes, interpretación de la ley, Corte Suprema de Justicia de la Nación, competencia funcional, recurso contencioso administrativo, resoluciones irrecurribles
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: DI PIETRO, PABLO NICOLAS c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - DEMANDA ORDINARIA (CSJ EXPTE N.  630-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-12-27

La norma del artículo 12 inciso e) de la ley 4106 -que excluye el recurso contencioso administrativo contra "los actos susceptibles de otra acción o recurso ante distinta jurisdicción"- debe interpretarse en su recto sentido, pues la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia Provincial será desplazada sólo en caso de que claramente, aunque se trate de materia que en sustancia sea contencioso administrativa, el legislador haya concedido u otorgado otro remedio (como ocurre con el art 3 de la ley 2803), y ello siempre que no se llegue por esa vía a desnaturalizar la norma constitucional atributiva de competencia. Pero la competencia originaria no será desplazada cuando la presunta acción no es nada más que resultado de un equivocado encuadramiento del caso, entendiendo por cuestión civil la que por su naturaleza es contencioso administrativa, no debiendo olvidarse que, con ser especial y desplazable en determinados casos, dicha competencia constituye, la común para el juzgamiento de las cuestiones que por su índole, encuadren en el precepto del artículo 93, inc 2 de la Constitución Provincial.
Pagaré a la vista, presentación al cobro, intereses
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco Integrado Departamental Cooperativo Limitado (su quiebra) c/ Pasciullo Ernesto Rubén y otra s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-02-10

Admitido por el ejecutante que la presentación al pago del documento se produjo con la intimación mediante el diligenciamiento del mandamiento de estilo, es a partir de allí que deben correr los intereses moratorios y punitorios pactados (art. 321 Código Procesal CIVIL-COMERCIAL).-
Recurso de casación, cuestión abstracta, regulación de honorarios, intereses, monto del juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: S., H. O. c/ BOCCHI HOLDING B.V. y Otro s/ ORDINARIO S/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-08-31

Respecto a la cuestión planteada sobre los intereses y el monto base de la regulación de honorarios, es dable señalar que dicho agravio, atento a lo expresado en la sentencia aclaratoria obrante, que integra la decisión ahora recurrida, ha devenido abstracto.

Ello es así, en tanto más allá de que dicho pronunciamiento rechazara la aclaratoria formulada por los profesionales, en definitiva, siguiendo la doctrina legal de este Superior Tribunal de Justicia, considera - al igual que los mencionados profesionales en el recurso de casación en examen -, que el monto del juicio a los fines de la regulación de honorarios lo constituye, el capital con más los intereses.
Pacto de San José de Costa Rica, estado parte, violación de derechos humanos, derecho al recurso, razonabilidad tributaria
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek c/ Paraguay s/ sentencia de fondo, reparaciones y costas
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2010-08-24

El artículo 25.1 de la Convención Americana exige a los Estados Parte que garanticen a todas las personas bajo su jurisdicción, un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus derechos fundamentales, no resultando suficiente, a los fines de su cumplimiento, la existencia formal de recursos, sino que éstos deben ser efectivos, idóneos para combatir la violación denunciada y aplicado por la autoridad competente.
Jurisdicción y competencia, competencia por la materia, competencia ordinaria, competencia federal, bancos, reordenamiento del sistema financiero, cuestión de derecho común, denuncia, delitos comunes
Materia: PENAL
Carátula: Badaloni, Oscar s/ denuncia art. 173, inc. 2º, Código Penal.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-02-11

Corresponde a la justicia ordinaria entender en la causa en que se imputa a una entidad bancaria privada haber retenido indebidamente fondos de un depositante, sin que las disposiciones de carácter federal, cuya interpretación podría resultar necesaria para evaluar la naturaleza delictiva del hecho motivo de denuncia -decreto 1570/01-, surtan la jurisdicción federal en las instancias ordinarias (arts. 3° de la ley 48 y 33 del Código Procesal Penal de la Nación).
Concursos, funcionarios y empleados del concurso, síndico del concurso, remoción del síndico del concurso, multa, subasta de inmuebles
Materia: COMERCIAL
Carátula: GRIEGUES, BEATRIZ s/ QUIEBRA S/ INC. DE ELEVACION A CAMARA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-11

Del Dictamen Fiscal 95030:

Resulta improcedente remover al sindico concursal e inhabilitarlo por el término de cuatro años cuando, -como en el caso-, si bien se verifica que incurrió en demora en la realización de la subasta de ciertos inmuebles debido a la falta de publicación de edictos (pues no hay constancia que hubiese realizado presentación alguna a los fines de intimar al martillero o bien, para activar por su cuenta los trámites de la mentada liquidación), sin embargo, la conducta del funcionario debe ser apreciada examinando los hechos y omisiones anteriores como antecedente y, no se registra constancia de que el afectado haya sido objeto de sanción. Por ende, pese a la objetiva configuración de una clara negligencia del órgano sindical, las circunstancias señaladas autorizan a sugerir guardar una regla de gradualidad y proporcionalidad en la aplicación de las sanciones; razón por la que procede imponer a la sindicatura una multa adecuada a las omisiones en que incurrió, que obre como correctivo y preventivo de futuras actuaciones insuficientes.
Ley sobre riesgos del trabajo, enfermedades, inconstitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Lencina, Héctor c/ Liberty ART SA s/ Accidente
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-05-19

El art. 6 de la ley 24557 en su redacción original, resulta inconstitucional en cuanto declara "no resarcibles" incapacidades que provienen total o parcialmente de la actividad laboral. El principio "alterum non laedere" que emerge del art. 19 de la CN, impone a toda persona la obligación de no dañar y la consiguiente responsabilidad del causante del daño a repararlo, sea en forma directa o por intermedio de una aseguradora, como en el caso lo prevé la legislación especial.
Atenuantes de la pena, agravantes de la pena, reincidencia
Materia: PENAL
Carátula: Romero, Bernabé Romualdo s/ Atentado y resistencia a la autoridad - Tentativa de robo - Lesiones  graves
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-07-23

La reincidencia constituye una circunstancia agravante expresamente prevista por el art. 41 del C.P..
Contrato de trabajo, presunciones
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: SILVETTI WALTER OMAR Y OTROS c/ COFADESA LTDA. s/ QUIEBRA - INCIDENTE DE REVISIÓN - CASACIÓN CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-03-18

No toda prestación de servicios es de carácter laboral y la presunción establecida en el art. 23 de la LCT, sólo opera en concordancia con los actos o servicios prestados al tercero, que contengan los caracteres que conforman la relación de dependencia.
Denegatoria del recurso, insuficiencia del agravio, cuestiones de hecho y prueba, inexistencia de cuestión federal suficiente
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA  c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en condori cordero, claudia y otros contra gcba sobre empleo público (excepto cesantía o exoneraciones) - empleo público-diferencias salariales
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-04-12

Corresponde rechazar la queja porque no contiene una crítica concreta y desarrollada del auto denegatorio. La Sala denegó el recurso de inconstitucionalidad dirigido contra la sentencia que aplicó el art. 770, inc. b) del Código Civil y Comercial a los intereses de la obligación demandada en autos, por considerar que los agravios introducidos remitían exclusivamente a analizar la interpretación asignada en autos a cuestiones de hecho y prueba, sin plantear un caso constitucional que habilite la competencia del TSJ en los términos previstos en el artículo 113, inciso 3° de la CCABA, y las razones apuntadas no han sido suficientemente rebatidas en la queja. En efecto, los dichos de la parte recurrente carecen de una exposición que los justifique o respalde y no constituyen, por ese motivo, una crítica suficiente en los términos que exige el artículo 33 de la ley n° 402. En estas condiciones, el escrito en análisis exhibe generalidad; sin llegar a articular caso constitucional alguno. (Del voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Honorarios, regulación de honorarios
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Abate de Di Meglio Teresa c/ Oshec S.A. s/ Cobro de Australes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-04-28

Desde el momento que el martillero acepta el cargo en los términos del art. 467 del Código Procesal, es merecedor de la correspondiente retribución profesional, no obstante la suspensión, fracaso o anulación de la subasta. (Minoría u opinión personal)
Doctrina legal, daños y perjuicios
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Dadario, Rubén Oscar y otra / Alvarez Antonio y otros s/ Daños y perjuicios" y su acumulada Chiapero, José Carlos y otros c/ Alvarez, Antonio y otros s/ Indemnización de daños y perjuicios c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2021-02-25

La Suprema Corte cuenta con la facultad de casar las sentencias que se apartan de sus pronunciamientos, y de dictar una nueva que se ajuste a la ley o doctrina que se declare aplicable (art. 289, CPCC).(doctor Pettigiani, sin disidencia)
Indemnización por despido, pago en cuotas, muerte del trabajador, conviviente, legitimación procesal
Materia: LABORAL-CIVIL
Carátula: COLUSSI, Ana c/ COSTA TRANSVIAL S.A. s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-11-30

El conviviente de la actora fallecida, no reviste el carácter de heredero por lo cual no puede reclamar ni percibir las cuotas depositadas en virtud del acuerdo convenido con la trabajadora para la cancelación del crédito por despido incausado, originado en vida de aquella. Esto es así, porque resulta imperioso distinguir entre la legitimidad activa de quien hubiese convivido con el occiso si reclama "iure propio" (en los términos del art 248 LCT), y el que lo hace invocando un derecho sucesorio que le permita continuar la acción iniciada por la causante, pues en este último caso no integra el espectro de derechohabientes incluidos en la legislación civil (art 3410 del C. Civil).
Administración Pública, medidas cautelares
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GAMIETEA DE SAAVEDRA, CLARA MARY c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN GAMIETEA DE SAAVEDRA, CLARA MARY c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN CORIA JUAN CARLOS, MARQUEZ DE STORNIOLO MARIA ANGELICA DEL VALLE Y PALOMO WALTER ERNESTO c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO Y PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2006-04-07|2006-04-07|2008-03-18

A modo de contrarrestar las prerrogativas de la Administración que integran el régimen exorbitante propio del derecho administrativo, el particular está munido de protección jurisdiccional con la posibilidad de interponer medidas cautelares en los procesos en que es parte la Administración Pública, dirigidas a obtener la suspensión de los efectos del acto administrativo emanado de ella. Su finalidad consiste en general, en el aseguramiento de la eficacia práctica de la sentencia definitiva, revistiendo por ende carácter instrumental, en tanto su sentido deviene, en general, de su preordenamiento a la emisión de esta última decisión y a impedir que en el lapso que transcurre entre la iniciación de un proceso y el pronunciamiento de la decisión final, sobrevenga cualquier circunstancia que imposibilite o dificulte la ejecución forzosa o torne inoperantes los efectos de la resolución definitiva.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, agravio concreto
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Barreneche, Mario Osvaldo c/ Byrd Refrigeración S.R.L. y otros s/ Resolución de contrato de compraventa o indemnización por daños y  perjuicios Pesado, Alberto c/ Molinari, Santos y otros s/ Usucapión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-11-30|1984-12-04

Es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que no precisa, en términos claros y concretos, en que consiste la violación que se denuncia.
Daños y perjuicios, publicación periodística, eximentes de responsabilidad, libertad de prensa
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: CHIAPPE, Roberto c/ OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL s/ DERECHOS PERSONALíSIMOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-09-23

El hecho de designar la fuente de la información a los efectos de eximirse de responsabilidad por la difusión de noticias agraviantes, se refiere a las informaciones periodísticas y tiene por objeto asegurar el derecho de prensa y libre expresión reconocido por la Constitución Nacional, sin que pueda extenderse a hipótesis en las que un particular publica datos inexactos.-
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, concurso preventivo, verificación de créditos, trámites judiciales, síndico del concurso, honorarios, regulación de honorarios
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Dirección Provincial de Rentas s/ ¿Cuáles normas se aplican para regular honorarios en la verificación  concursal -tempestiva y tardía- de créditos? ¿En la verificación   concursal -tempestiva y tardía- de créditos, corresponde regular   honorarios al síndico y/o su letrado patrocinante? Auto sprint sobre  quiebra. Incidente verificación crédito. El presente pleno renueva   la cuestiones planteadas en el acuerdo número 30 del 12.6.1989   dictado por la misma cámara en pleno y en los mismos autos publicado  en JA 1989-III-517 Y LL 1989- C-585. (Expte. Nro. 128-87) -Tribunal   pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-12-27

La labor del síndico concursal en las verificaciones de créditos, durante la etapa informativa (en sus fases necesaria y eventual), es tarea "normal" del juicio de concurso; de cualquier concurso. Es cierto que esa tarea puede ser mayor o menor según la cantidad de acreedores, y también será más o menos compleja de acuerdo a la índole de los cuestionamientos que se suscitasen; pero a los fines retributivos, nunca puede considerarse labor "extra" o accesoria o que exceda la tarea sindical que la ley contempla al establecer cuándo, cómo y cuánto se regulan los honorarios "totales" del síndico concursal (artículo 266, Ley 24522). (De los Fundamentos del Dr. Rouillon).
Dictamen fiscal, suspensión del juicio a prueba, decomiso
Materia: PENAL
Carátula: C. L., Eduardo Andrés c/  s/ rechazo de suspensión del juicio aprueba
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-04-20

Es válido el dictamen fiscal que prestó conformidad para la concesión de la suspensión del juicio a prueba solicitada en favor de quien se le imputa el delito previsto en el art. 128, inc. 1º, del Código Penal (según ley 26.388), si la representante del Ministerio Público Fiscal se ocupó de discernir cuál era el material que debía resultar decomisado y por qué razón, además de puntualizar las restantes pautas a aplicar en el caso, resulta forzado afirmar que para esa parte ha pasado desapercibido. No cabe calificarlo de infundado ante la falta de referencia expresa a disposiciones convencionales, que fueron apuntadas someramente por el juez, ni la alusión imprecisa y la falta de contraste con otros preceptos normativos aplicables en la resolución judicial resulta suficiente para descartarlo (voto del juez Niño).
Ley penal, Corte Suprema de Justicia de la Nación, interés superior del niño, razonabilidad, proporcionalidad de la pena
Materia: PENAL
Carátula: C., C. S.Y C., J. C. c/  s/ HOMICIDIO AGRAVADO POR EL USO DE ARMA DE FUEGO (APELACION SENTENCIA CONDENATORIA)-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-06-08

Uno de los principales estándares vigentes en el derecho penal juvenil consiste en que la detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño constituye una medida de último recurso y que debe disponerse por el período más breve que proceda, existiendo en la materia un deber de justificar la imposición de la pena y de explicar los motivos en virtud de los cuales se aplicará o no la escala reducida del artículo 4 de la ley 22278, con fundamento en los principios de subsidiariedad e interés superior del niño que rigen cuando se trata del juzgamiento de personas menores de edad; siendo necesario para alejarse de dicha reducción o, en su defecto, de la absolución -cuando las circunstancias estén dadas- el análisis concreto de los parámetros referidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Maldonado": legalidad, culpabilidad, proporcionalidad, necesidad y mínima intervención. (Del voto del Dr. Erbetta, que hace mayoría. En disidencia: Dres. Falistocco, Netri y Spuler. En disidencia parcial: Dra. Gastaldi) - CITAS: CSJN: Maldonado, Fallos 328:4343; CSJStaFe: AyS T 246, p 409. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Convención de los Derechos del Niño, artículo 37, inciso b; Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores, regla 17.1; Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad, regla 19.1; Ley 22278, artículo 4
Superior Tribunal de Justicia, ley procesal, interpretación de la ley, recusación, recusación con causa, interpretación restrictiva
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: PROCURADOR GENERAL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DR. JORGE BOF c/ JUEZ DE 1RA. INST. EN LO LABORAL 6TA. NOM. DE ROSARIO DR. OSVALDO CINGOLANI s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- PROCURADOR GENERAL CORTE SUPREMA DE  JUSTICIA - DR. JORGE BOF - ELEVA DENUNCIA A TENOR DE LA LEY 7050 CONTRA EL JUEZ DE 1RA. INST. EN LO LABORAL 6TA. NOM. DE ROSARIO DR.  OSVALDO CINGOLANI (EXPTE.: C.S.J. NRO. 78 AÑO 2008)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-05-08

Debe desestimarse de plano el planteo recusatorio con expresión de casua de todos los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, desde que, de admitirse lo pretendido aparecería cuestionada la uniforme doctrina conforme a la cual la interpretación de las normas que establecen las causales de recusación y excusación de los magistrados ha de efectuarse con un criterio estricto, canon éste que se funda, a su vez, en "la necesidad de preservar, en la medida de lo posible, al juez que le corresponda actuar conforme a los criterios de distribución y asignación de competencia", insistiéndos e con relación específica a esta Corte Suprema que "aquella orientación restrictiva resulta particularmente fuerte cuando se trata de integrantes del Máximo Tribunal de la Provincia, según lo contempla el artículo 12 de la ley 10.160. (De los Fundamentos del Dr. Gutiérrez)
Concursos, reglas procesales, aplicación de la ley, principios generales del Derecho, resoluciones inapelables, enajenación de bienes embargados
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Fagas SA c/  s/ quiebra s/incidente de venta s/recurso de queja
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-24

El pronunciamiento vinculado con la modalidad de anoticiamiento de la enajenación constituye claramente un trámite típico dentro del proceso de quiebra y son dispuestas por el juez como director del proceso (cfr. arg. LCQ 274), por lo que las cuestiones no son, en principio, impugnables. El mencionado criterio es aplicable, en la especie, pues la decisión por la cual se justificó la publicación edictal sólo en el Boletín Oficial fue emitida dentro de la secuencia propia de un proceso de quiebra y encuadra en la regla de inapelabilidad de la LCQ 273-3°