marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Proceso electoral, aplicación de la ley, partidos políticos, junta electoral, tribunal electoral, presentación extemporánea
Materia: PROCESAL
Carátula: Partido Libertario y otros c/  s/ causas electorales - electoral
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-06-24

Las normas aplicables al proceso electoral en curso -que no fueron cuestionadas por el presentante- son claras en cuanto a que: i) uno de los requisitos, previstos en el Código Electoral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que los partidos puedan competir en el proceso electoral consiste en la comunicación al Tribunal Electoral de la integración de la Junta Electoral Partidaria; ii) que esta comunicación debe ocurrir al menos 60 días corridos antes de la fecha de los comicios; y iii) que dicho término, en este proceso electoral (cf. Cronograma Electoral aprobado en la Acordada Electoral 2/2023), se cumplió el día 14 de junio de 2023. Ello así, la comunicación de la integración de la Junta Electoral Partidaria presentada por el partido con posterioridad a dicha fecha, resulta extemporánea. (Del voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz, al que adhieren los jueces Marcela De Langhe y Santiago Otamendi).
Acción de amparo, existencia de otras vías
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ACUÑA NORMA ELENA Y OTROS c/ MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL s/ ACCION DE AMPARO-APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-06-06

Los jueces deben extremar la ponderación y la prudencia a fin de no decidir por el sumarísimo procedimiento de esta garantía constitucional, cuestiones susceptibles de mayor debate y que corresponde resolver de acuerdo a procedimientos ordinarios.
Sucesiones, acciones personales, accidente de tránsito, fuero de atracción
Materia: CIVIL
Carátula: Rodriguez, Daniel Alberto c/ Bianquiman, Mirna Magdalena s/ daños y perjuicios c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-07-03

La sucesión atrae las acciones por deudas personales del difunto mientras subsista la indivisión hereditaria, cuyo cese se produce recién con la partición de bienes debidamente inscripta, no obstando a la operatividad del instituto la circunstancia de que el causante haya fallecido en el accidente pues si los herederos no participaron del hecho dañoso, resulta evidente que la pretensión de la actora -reparación de daños y perjuicios derivados del infortunio protagonizado por el difunto- compromete el patrimonio del de cujus y debe considerarse incluida en los supuestos contemplados en el fuero de atracción. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-.
Inoponibilidad de la personalidad jurídica, responsabilidad del socio, efectos con relación a terceros
Materia: COMERCIAL
Carátula: GOY WIDMER Y CIA. SA C/DISTRISERVICES SA S/ ORDINARIO c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-02-25

La persona jurídica es un "recurso técnico" que permite establecer una organización autónoma con patrimonio propio y capacidad de gestión que se distingue de sus instituyentes, estructurando un esquema de simplificación de relaciones y de impermeabilidad patrimonial (en igual sentido cfr. Junyent Bas, Francisco, "Reflexiones sobre el abuso de la personalidad jurídica", en RDCO, Ed. Lexis Nexis, 2005-A, año 38, p. 256, cit. en CNCom, Sala F, in re, "Libedinsky Viviana Sol y otro c/ Libesa SA y otros s/ ordinario", del 15/11/11). La LGS 54, 3° párr. admite la declaración de inoponibilidad de la personalidad jurídica de la sociedad mercantil en las condiciones allí enunciadas. Esa expresa consagración normativa que superó las veces forzadas interpretaciones conducentes a la eliminación del régimen de imputación diferenciada de responsabilidad con asiento en el CCIV 48 o LGS 19 (Halperín, Isaac, "Sociedades comerciales. Parte General", Ed. Depalma, Buenos Aires, 1964, p. 276), atribuye responsabilidad solidaria e ilimitada por los perjuicios causados al socio o controlante que hicieron posible la actuación de la sociedad que encubra la consecución de fines extrasocietarios, constituya un mero recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe o para frustrar derechos de terceros.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Guerrero, Norma Sara s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-03-25

Es improcedente el agravio en el que se denuncia la violación de los arts. 276 y 277 del Código de Procedimiento Penal si no se demuestra de qué modo el error que contiene el acta acerca de la persona que se menciona como representante del particular damnificado podría ocasionar su quebranto, máxime que no cuestiona la representación que mediante poder se acreditara oportunamente del letrado que anoticia de su concurrencia a la audiencia (art. 355, C.P.P.).
Beneficios previsionales, derecho al beneficio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Laurenzo de Paleo, Amalia c/ Caja de Previsión y Seguro Médico de la Provincia de Buenos Aires. Coadyuvante: Lucero, R.L. s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-08-09

Corresponde otorgar el beneficio pensionario a la cónyuge divorciada del causante por culpa concurrente con anterioridad a la sanción del art. 67 bis de la ley de matrimonio civil, si de la prueba rendida en autos surge que aquél tuvo voluntad de pasarle alimentos.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Acción de amparo, empleo público, recurso de casación, vicios del acto administrativo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ENRÍQUEZ, VERÓNICA ANDREA. c/ MUNICIPALIDAD DE CHOS MALAL. s/ ACCIÓN DE AMPARO.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-12-15

[...] el Decreto N° 8/11 que declara la inexistencia del Decreto N° 608/11 dejando sin efecto la designación de la actora en planta permanente contiene el vicio previsto en el Art. 67, inc. f), de la Ley 1.284, y en consecuencia es nulo, por haber vulnerado la estabilidad e irrevocabilidad que poseía el Decreto 608/11. En este contexto, estimo que asiste razón a la amparista, respecto del planteo anulatorio del Decreto N° 8/11, entendiendo que la vía elegida es la adecuada para resolverlo, al presentarse manifiesta la ilegalidad del acto cuestionado, en los términos del Art. 1° de la Ley 1.981, y por ende, improcedente el recurso de casación deducido por la contraria. Luego, siendo nulo el Decreto N° 8/11, se impone el restablecimiento de los derechos de la accionante retrotrayéndose la situación al momento anterior a su dictado, con lo cual corresponde ordenar su reincorporación en las mismas condiciones que las que hubieran existido de no haberse dejado sin efecto su nombramiento.

Lo considerado no significa pronunciamiento alguno acerca de si la actora se encontraba o no amparada por la garantía de estabilidad en el empleo público, siendo ella -en principio- materia ajena a este tipo de procesos, en tanto conlleva la necesidad de una mayor amplitud de debate y prueba. (del voto del Dr. Massei, en minoría).
Honorarios, acción judicial, leyes
Materia: PROCESAL
Carátula: Banco Mayo Cooperativo Limitado c/ Ramos, Sergio Horacio y otro s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-18

1 - Tratándose de la remuneración correspondiente a las tareas de ejecución de honorarios, no debe aplicarse el arancel mínimo que prevé la ley 27423: 58-b). Es que esa retribución sostén fue prevista para los juicios ejecutivos y, por tanto, no puede predicarse su operatividad en el marco de una ejecución de honorarios.
Proceso penal, prueba testimonial
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: OSVALDO PAEZ s/ LESIONES LEVES AGRAVADAS POR EL VINCULO PREVISTO Y REPRIMIDO POR  ARTICULOS 89-92 (CODIGO PENAL) EN PERJUICIO DE NORMA HERRERA DE PAEZ
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1989-04-06

La prohibición que establece el código para testificar, de los hijos en contra de sus padres, reconoce como fundamento la unidad del grupo familiar.

Pero cuando uno de los propios integrantes del núcleo familiar es quien rompe esa unidad (en este caso el padre) mediante la agresión física y/o moral contra algunos de sus miembros, comprendidos en la prohibición , tal limitación debe desaparecer, transformándose en una mera facultad de abstenerse.

de interpretarse la norma en forma estricta y con la rigidez legalista propuesta por la defensora y receptada en el fallo, podría llegarse al extremo de dejar sin sanción numerosos hechos que a veces reconocen extrema gravedad y que por haber ocurrido en la intimidad del hogar sólo pueden ser conocidos por los cónyuges sus ascendientes y descendientes.

Cuando los hechos cometidos por el procesado revelan una actitud disociante y más aún cuando el inculpado se encuentra alejado del hogar desde hace varios años, no se puede decir que exista respecto a él la unidad y cohesión pacífica de la familia, protegida por la norma, por lo tanto, la fuerza legal del testimonio de los hijos, deberá estimarse conforme a las circunstancias probadas en cada caso, y sus testimonios deben ser tenidos en cuenta a fin de acreditar el hecho objeto de la imputación.
Prueba, prueba documental, grabaciones, valor probatorio
Materia: PROCESAL
Carátula: A.C., L. c/ S., E.G. s/ DIVORCIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-08-11

Si bien no se puede utilizar como prueba la grabación ilegal de una conversación, el hecho de que la parte se limite a vertir una negativa formal sobre su autenticidad y, en rigor, no se oponga a que sea utilizada como medio de comprobación, no permite desechársela sin más. Aunque la falta de una opinión pericial que avale su autenticidad, obligue a adoptar tal probanza con acentuada estrictez.-
Ejecución de la pena, unificación de penas, excesos u omisiones en el pronunciamiento, remisión del expediente, dictamen fiscal, plan para el fortalecimiento del sistema acusatorio, defensa en juicio, recurso de casación
Materia: PROCESAL
Carátula: Castaño, Fernando Fabián c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-12-18

Corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa de Castaño, anular la resolución impugnada y remitir las actuaciones a su origen para que se proceda a realizar un nuevo trámite de unificación en los términos del art. 58 del C.P., en tanto el tribunal no realizó, de manera previa a la unificación de las sanciones, una audiencia de visu, lo que conllevó una vulneración al derecho de audiencia previa a la aplicación de una sanción como la aquí cuestionada. La falta de la fijación de una nueva audiencia de visu antes de disponer la pena única impide a los jueces conocer la situación actual del condenado para poder fundamentarla adecuadamente. En el caso, resultaba imperativo ya que desde el dictado de la sentencia condenatoria hasta la unificación de las penas transcurrió casi un año. Por otra parte, el representante del Ministerio Público Fiscal omitió expedirse sobre el monto de pena que debía aplicarse "dejando a criterio del sentenciante" la determinación de la pena única a imponer. Ello condujo a que el tribunal determinara - de forma unilateral- el monto de pena que impuso, sin que existiera sobre el punto pretensión punitiva en concreto y un previo debate entre las partes. Así, no puede tenerse por válido al acto jurisdiccional impugnado, en atención a las nuevas disposiciones que rigen el proceso penal signado por un modelo de enjuiciamiento de matriz netamente acusatorio y la preservación de los principios de benignidad e igualdad de trato a los justiciables. Obiter dictum, cabe remarcar un yerro del tribunal en tanto la cuestión plantea un supuesto de unificación de condenas, y no de penas. Dado que entre los sucesos juzgados media una relación de concurso material, en tanto todos los hechos se cometieron antes de que quedara firme la primera sentencia, se trata de una hipótesis de unificación de condenas. En consecuencia, el procedimiento de unificación seguido por el tribunal resultó igualmente improcedente. El voto concurrente agregó que el momento procesal oportuno para disponer la unificación de condenas era el dictado de la segunda condena. No obstante, el tribunal difirió la cuestión al momento de la resolución de cómputo de pena, disponiendo la unificación diez meses después. A más de lo expuesto, se tuvo por aprobado el cómputo correspondiente sin que hubiera existido una notificación previa a las partes. Dres. Mahiques, Yacobucci -voto concurrente- y Slokar.
Carga de la prueba, inversión de la carga de la prueba, despido indirecto, interpelación, silencio del empleador, injuria laboral
Materia: LABORAL
Carátula: GIMENEZ MONICA BEATRIZ c/ LESCANO RENE Y/O PROPIETARIO Y/O RESPONSABLE S/FALTA DE PREAVISO, ETC s/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2005-09-19

Es procedente la inversión de la carga probatoria de la causal invocada para justificar despido indirecto, si el empleador guardó silencio frente a la intimación del dependiente que luego se consideró injuriado -art.57, Ley de Contrato de Trabajo 20.744-, resultando toda réplica posterior al distracto extemporánea y carente de virtualidad y sin que la existencia de una relación de trabajo de temporada entre las partes obste a la aplicación de la citada presunción.
Juicio de desalojo, comodato, posesión, adquisición de la posesión
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: ROCHA AURELIA c/ NAVARRO MARIA CRISTINA s/ DESALOJO SIN CONTRATO DE LOCACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2011-07-28

Se encuentra reconocido que el ingreso de la demandada al inmueble tuvo su origen en un comodato cuya autenticidad no pudo ser desvirtuada, en el cual se acordara expresamente en la cláusula tercera "Los gastos de mantenimiento, de provisión de energía y teléfonos están a cargo del Comodatario, así como las tasa municipales, de E.P.A.S y el Impuesto Inmobiliario. Las cargas fiscales serán abonadas por el Comodante y reembolsadas por el Comodatario dentro de los cinco días a cada comunicación fehaciente de cada pago." De este modo y aún teniendo en cuenta que el sólo pago de servicios e impuestos no es suficiente para acreditar la posesión, en el caso específico de autos no sólo que no prueba la posesión, sino que específicamente concurre a comprobar el cumplimiento de una de las cláusulas del convenio por el cual la demandada ocupaba el inmueble.
Juicio ejecutivo, título hipotecario
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: FISCO PROVINCIAL c/ GALLINO DE RICHARD ELENA DOLORES s/ APREMOS s/ RECURSO DE QUEJA -Interp. por Dres. E. Reviriego y A.  Anunziato
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2008-02-13

Si bien las sentencias dictadas en juicio ejecutivo carecen de la nota de definitividad exigida como condición de impugnabilidad por esta vía, cabe excepción a ello cuando -como en el caso- la cuestión central debatida y decidida -habilidad de título hipotecario y concretamente existencia de suma líquida o facilmente liquidable- no podrá ser nuevamente debatida en este proceso u otro juicio en orden a lo expresamente dispuesto en el artículo 539 del Cód. Procesal Civil y Comercial.
Accidentes de trabajo, acción civil por accidente de trabajo, accidente in itinere
Materia: LABORAL
Carátula: VARGAS DE HERRERA, JUANA c/ GOLDBERG, RIWA s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1979-03-29

No es responsable civilmente el empleador por los accidentes ocurridos al trabajador en el trayecto existente entre el lugar de trabajo y su domicilio, ni basta para justificar esa responsabilidad (en el caso de optarse por la acción común, artículo 17 ley 9688) expresar que el infortunio ocurrió en circunstancias que permitirían calificarlo como "in itinere" en el marco de la Ley de Accidentes del Trabajo. En todo caso, debe explicarse por qué ha de ser el empleador responsable ante el accidentado por las consecuencias del infortunio, dentro de la normativa civil.
Contrato de suministros, concurso de precios, plan alimentario nacional, Junta Nacional de Granos, aplicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CHILAR  S.A. c/ JUNTA NACIONAL DE GRANOS s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-30

No son directamente aplicables las normas del dec. 5.720/72 a un concurso de precios regido por el art. 11 inc. c de la ley 23.056, los arts. 9 inc. t y 21 del D.L. 6.698/63, el dec. 909/84 (B.O.

5/4/84) y la reglamentación para compras destinadas al programa alimentario nacional. (res. J.N.G. Nro. 26.079).
Tasa municipal, autonomía municipal
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Gasnor SA c/ Municipalidad de La Banda s/ acción meramente declarativa - medida cautelar
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-07

Dentro del derecho a los medios que garantizan la subsistencia del municipio, se encuentran los recursos provenientes de la potestad tributaria originaria que titularizan, pudiendo generar sus rentas y recaudar para invertir y controlar sus propios recursos que, a su vez, podrán ser manejados independientemente de otro poder, complementando así las facultades de administración que le son propias (Voto de los jueces Rosatti y Maqueda).
Estado de necesidad, hurto, abandono de la cosa, error (penal), in dubio pro reo
Materia: PENAL
Carátula: SUAREZ, RENE. s/ ERROR. HURTO. ESTADO NECESIDAD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-08-04

Si bien la MISERIA atenúa la responsabilidad pero no la excusa, lo cierto es que en el caso de autos -en que el procesado sustrajo material que era de descarte-, la miseria fue el móvil primero, la razón íntima que lo decidió a buscar alguna forma de contrarrestarla; pero lo decisivo fue la creencia de que la cosa era sin valor alguno y abandonada por sus dueños, ignorando que tenía valor como metal.

La duda existente respecto a si el procesado realmente creyó que la cosa era abandonada o si obró con dolo eventual, debe resolverse a favor del imputado y admitirse que obró con ERROR ESENCIAL respecto de uno de los elementos del tipo legal, como es la ajenidad de los efectos sustraídos.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), acción civil en el proceso penal, procedimiento civil, juicio, partes, pretensión
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: GARCIA, MIGUEL ANGEL c/  s/ ASOCIACION ILICITA, ESTAFA PROCESAL (DOS HECHOS) EN CONCURSO IDEAL CON FALSIFICACION DE DOCUMENTO PRIVADO Y USO DE DOCUMENTOS FALSOS Y UN HECHO DE ESTAFA PROCESAL, TODO EN CONCURSO REAL-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-06-11

En cuanto a las postulaciones defensivas criticando la anulación por la Cámara del fallo de grado en cuanto a la cuestión civil -alegando un presunto exceso en la competencia funcional de la Alzada-, la impugnante invoca que la pretensión civil había sido canalizada por los interesados en la respectiva sede y que, atento la identidad de los reclamos, resultaba acertado lo decidido por el Juez de primera instancia; pero del pronunciamiento cuestionado surge que el A quo entendió que las consideraciones de la compareciente no constituían más que meras discrepancias con la solución adoptada por el Tribunal, con base en que los pedidos de restitución del inmueble y/o su equivalente en dinero e indemnización habían sido parte del reclamo civil y tratados a lo largo del proceso penal y en que dicha pretensión había integrado los agravios deducidos por la Actora civil al apelar. Mas lo cierto es que, al no haber logrado demostrar la quejosa la identidad de lo reclamado en cada sede por el Actor civil, no alcanza a persuadir a esta Corte del exceso o la irrazonabilidad de lo decidido, máxime cuando el propio Actor civil al contestar el traslado que se le corriera por el recurso de inconstitucionalidad explica que en el expediente iniciado ante el fuero civil no se peticionaron los daños y perjuicios, sino sólo la declaración de inexistencia del acto jurídico.
IVA, resoluciones inapelables
Materia: PROCESAL - TRIBUTARIO
Carátula: Interhogar  S.A. s/ Recurso de apelación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-02-20

La denegatoria de un pedido de transferencia de un crédito por I V.A. no importa una decisión del organismo recaudador que abra la vía recursiva por ante el Tribunal Fiscal de la Nación en los términos de la Ley 11.683, atento la reforma introducida por la Ley 23.658.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, sentencia definitiva
Materia: LABORAL
Carátula: Mora, Héctor c/ Darre, Carlos s/ Despido Oxagaray, Horacio A. c/ Christensen, Carlos s/ Indemnización por enfermedad accidente de trabajo. Recurso de queja.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-02-11|1996-06-04

Los recursos extraordinarios son admisibles únicamente respecto de las sentencias definitivas, es decir aquellas que, recayendo sobre el asunto principal objeto del litigio o sobre un artículo, produzcan el efecto de finalizar la litis, haciendo imposible su continuación. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Accidentes de trabajo, asegurador por riesgos del trabajo, acción civil por accidente de trabajo, deber de prevención de la aseguradora de riesgos del trabajo, sentencia arbitraria
Materia: CIVIL-LABORAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por Experta ART S.A. en la causa Rondón, Horacio c/ Tecnocam S.A. y otro s/ accidente - acción civil
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-01

Resulta arbitraria la sentencia que había condenado a una ART a indemnizar, con fundamento en el derecho civil, a un trabajador por los perjuicios que padece a raíz de las tareas realizadas para la empleadora en un horno de fundición, dado que la aseguradora denunció numerosos incumplimientos en materia de higiene y seguridad laboral y otros de la más diversa índole, de lo cual se desprende con claridad la intensa y constante actividad desplegada en relación a sus funciones específicas, extremo que impide imputarle omisión del cumplimiento de sus obligaciones.
Daños y perjuicios, responsabilidad del Estado, error judicial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: López, Juan de la Cruz y otros c/ Corrientes, Provincia de s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-11

Si la contienda es dirimida por el juez respetando los hechos y el derecho vigente, la discrecionalidad en la elección de las diversas alternativas posibles, no puede quedar condicionada por la atribución de obligaciones reparatorias para el Estado por los daños que se pudieran causar a las partes en ocasión de la tramitación del juicio (Votos de los Dres. Antonio Boggiano y Guillermo A. F. López y del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Horas extra, prueba, carga de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Lineck Elina y otro c/ Calliera S.A. Litoral y/o José Domingo Calliera S.A. y/o quien resulte responsable s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-04-13

Es doctrina legal sentada por el Excelentísimo Superior Tribunal de Justicia in re 136/88 "Michelini Atilio Fernando s/ Recurso de Inaplicabilidad de Ley", por la cual: "la prueba de las horas extras que se exige debe ser concreta y fehaciente, en otros términos, es probar cada hora extra laborada, como también la naturaleza de los trabajos realizados y su vinculación exacta con los servicios normales...".
Prescripción, enfermedad accidente
Materia: LABORAL
Carátula: Buet Alcides c/ Terracini Manuel y otro s/ Indemnización-Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1992-02-26

La fecha de toma de conocimiento de la minusvalía debe resultar de las constancias obrantes en juicio mediante clara prueba al respecto, no pudiendo concluirse por vía de presunciones exclusivamente que las manifestaciones de las secuelas del accidente debieron producirse con anterioridad, a los fines del cómputo del plazo para la prescripción.