Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-08-20


SENT Nro. 617 San Miguel de Tucumán, 20 de AGOSTO de 2003.- Y VISTO: El recurso extraordinario federal que prevé el artículo 14 de la ley 48 ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación deducido por la demandada en autos: "Mesurado, José María vs. Instituto Privado Abraham Lincoln y/u otros s/Cobros"; y C O N S I D E R A N D O:

Viene a conocimiento y resolución de este Tribunal, el recurso extraordinario federal deducido por la parte demandada en contra de la sentencia dictada por esta Corte el 28/3/2003 (fs. 261/262), que no hizo lugar al recurso de casación interpuesto por esa misma parte contra el pronunciamiento del 05/9/2002 dictado por la Sala VI de la Excma. Cámara del Trabajo (fs. 233/234).

El fallo advirtió que la impugnación efectuada en casación transcurrió por el régimen legal aplicable, señalando que dicha cuestión fue suficientemente dilucidada por esta Corte en anteriores pronunciamientos, al decir que frente a un despido invocando la existencia de justa causa debía aplicarse el artículo 13 de la ley 13.047, por tratarse de legislación específica dispuesta por el legislador en protección de la estabilidad del trabajador docente de establecimientos privados.

Aquellos precedentes sostuvieron además que el sumario al que se refiere dicho ordenamiento tiene causales, tales como inconducta, mal desempeño de sus deberes o incapacidad física o mental, habiéndose incorporado por ley 20.614 a todos aquellos dependientes de institutos privados, y puntualizan que consagra la estabilidad en el cargo, contemplando la rescisión por justa causa, siempre previo sumario.

La sentencia concluye en que al resultar la cuestión de autos idéntica a los precedentes citados, que incluye un caso de la misma accionada, el recurso debe rechazarse con costas a la vencida.

Denuncia el recurrente que el fallo hizo caso omiso de la argumentación de su parte, reiterando los fundamentos de la Cámara sin agregar otros nuevos, a menos de citar una jurisprudencia anterior que ya se había pronunciado por la vigencia del art. 13 del Estatuto Docente.

Expresa que ninguno de los tres fallos citados trató la problemática de la vigencia del art. 13 del Estatuto Docente y del art. 9° del Decreto reglamentario, luego del traspaso del sistema educativo a la Provincia de Tucumán, en especial la falta de reglamentación en el ámbito provincial y de un organismo competente para la instrucción del sumario respectivo. Postula que la falta de pronunciamiento acerca de las dos únicas cuestiones traídas a decisión del Tribunal, convierte al fallo en arbitrario.

Sostiene que el fallo aplica una norma ya no vigente y prescinde de un texto legal aplicable al caso, como es la LCT, sin dar una razón plausible para ello. Entiende que se aplica al caso el art. 60 del Decreto nº 2191/14 (SE), según el cual las relaciones entre los establecimientos de enseñanza privada y su personal, se rigen exclusivamente por la Ley de Contrato de Trabajo. Afirma que aun cuando dicha norma no fuera aplicable, la solución del juicio no variaría en absoluto, pues se produciría una laguna legal al no ser aplicable el art. 13 Ley 13.047, su decreto reglamentario ni la norma local, y por consiguiente regiría el art. 2° de la LCT.

Destaca que con el criterio del fallo se crearía una estabilidad total y absoluta a favor del personal docente, pues resulta imposible la instrucción del sumario previo por cuanto no hay norma legal ni organismo competente que pueda determinar mediante sumario previo la comisión de la falta.

El actor contestó el traslado corrido del recurso extraordinario, solicitando su rechazo por las razones esgrimidas a fs. 275/276 vta.

Compulsadas las actuaciones, el recurso no cumple con un requisito propio que le es exigible, referido a la existencia de cuestión federal, es decir la que debe emerger de la discusión sobre interpretación de normas o actos federales emanados de las autoridades de la Nación, así como de los conflictos planteados entre la Constitución Nacional y otras normas o actos provenientes de las autoridades nacionales o locales (CSJT., sent. 708, 14/12/95), toda vez que lo decidido refirió a cuestiones de derecho común. En virtud de ello, emerge la carga del recurrente de demostrar que la sentencia cuestionada por la vía extraordinaria federal, ha incurrido en arbitrariedad.

Tendiente a demostrar la arbitrariedad del fallo, el recurrente sostiene que éste habría omitido pronunciarse sobre las cuestiones planteadas por su parte en la casación, en donde esgrimió las razones por las cuales consideró inaplicable el art. 13 de la ley 13.047. Acerca de dicho planteo, surge que la sentencia consideró que la impugnación efectuada transcurría por el régimen legal aplicable, y desde esta perspectiva fue decidida la cuestión, determinándose conforme a anteriores fallos de esta Corte Suprema de Justicia dictados en supuestos similares al que nos ocupa, que debía aplicarse lo dispuesto por el artículo 13 de la ley 13.047. De allí que la crítica efectuada, en realidad encierra una mera discrepancia del recurrente con la solución adoptada por la sentencia, acerca de la normativa aplicable frente al despido de un dependiente de un instituto privado invocando la existencia de justa causa.

Por otro lado, el recurrente le imputa arbitrariedad a la sentencia por cuanto entiende que aplica una norma derogada y prescinde de la normativa aplicable al caso. Su postura se basa sustancialmente en que el art. 60 del Decreto nº 2191/14 (SE) establece que las relaciones entre los establecimientos de enseñanza privada y su personal, se rigen 'exclusivamente' por la Ley de Contrato de Trabajo. Resulta importante destacar en este punto, que aún asumiendo la hipótesis de la aplicabilidad al presente caso del decreto provincial citado por el recurrente, aquél artículo dispone que "Las relaciones entre el propietario y el personal del establecimiento se regirán por la Ley de Contrato de Trabajo", de donde se colige que la sola remisión a la ley de Contrato de Trabajo sin el aditamento de 'exclusivamente', no impide la aplicación del citado estatuto del docente privado, admitido expresamente como fuente de regulación por el art. 1° inc. b) de la LCT. En virtud de ello, cabe concluir que el agravio referido a que la norma aplicada ya no estaría vigente, no cuenta con fundamentos suficientes que lo avalen.

La ausencia de cuestión federal y la falta de demostración de arbitrariedad que afecte a la sentencia, determinan la denegación del recurso extraordinario.

Las costas de esta instancia, conforme al resultado arribado, corresponden a la demandada vencida (arts. 49 CPTT y 105/106 CPCC).

Por ello, y compartiendo parcialmente lo dictaminado por el señor Ministro Fiscal a fs. 278/279, se R E S U E L V E :

I.- DENEGAR la concesión del recurso extraordinario federal interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia de fecha 28/3/2003, dictada por la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo de esta Corte Suprema de Justicia a fs. 261/262.

II.- COSTAS conforme se considera.

III.- DIFERIR regulación de honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR RENE MARIO GOANE ALBERTO JOSE BRITO ALFREDO CARLOS DATO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA