marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Cargos electivos, lista de candidatos, cupo femenino, interpretación de la ley, ley provincial, aplicación de la ley, Constitución Nacional, interpretación de la constitución
Materia: ELECTORAL
Carátula: JUNTA ELECTORAL JUSTICIALISTA s/ ELEVA RECURSOS...
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1995-04-18

De ningún modo puede o debe entenderse que es la Constitución Nacional la que en su art.37(2da.parte) fija pautas de cumplimiento de la buscada igualdad real de oportunidades.En todo caso dicha igualdad es aquella que la mujer obtendrá con su actividad partidaria y la efectiva defensa que ejerza en dicho ámbito, de todos y cada uno de los derechos que como afiliada le corresponda.
Indemnización por muerte del trabajador, legitimación activa, cónyuge separado
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: VALLEJOS, MIGUEL Y OTROS c/ SANTIAGO TARICCO Y CÍA S.A. s/ IND. POR FALLECIMIENTO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-04

En algunas zonas del interior del país la palabra casado significa conviviente, más allá de la presencia de los cónyuges ante el Registro Civil, y cuando tal convivencia termina, el estado civil que corresponde no es soltero sino casado-separado, costumbre que forma parte del imaginario colectivo y que los jueces deben interpretar ahondando en las profundidades de la realidad. Por ello, la demandada no puede alegar la nulidad del matrimonio del causante y la cónyuge supérstite basándose en ese dato cuando, en el caso concreto, pagó en su momento las asignaciones familiares correspondientes sin cuestionar la posible nulidad del matrimonio. (Del voto del Dr. Capón Filas).
Contrato de trabajo, transferencia del contrato de trabajo, obligaciones solidarias
Materia: LABORAL
Carátula: Perroti, Ramón Román y otro c/ Expreso Carraza S.R.L. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-05-14

No configura el supuesto previsto por el art.228, último párrafo de la L.C.T. cuando es un tercero, el Estado, el que interviene otorgando la concesión de un servicio público -que originariamente debía estar a su cargo- a una nueva empresa concesionaria que no tiene vinculación alguna con la anterior y tampoco se contempló, en el llamado a licitación pública, en qué situación quedaban los trabajadores dependientes de los anteriores prestatarios del servicio público referido.
Vehículo embistente, accidente de tránsito
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GONZALEZ CELESTINO c/ JUAN CARLOS FERNANDEZ s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S119 - 114)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1990-05-04

Se trata de la colisión entre dos automotores susceptibles de producir análogos riesgos (aunque no sean de la misma potencia y tamaño), la responsabilidad no puede fundarse en el riesgo creado porque los dos vehículos son idóneos para provocar similares riesgos, de tal modo que este fundamente de la responsabilidad queda neutralizado por lo que la cuestión debe decidirse rigurosamente a la luz de la culpa de los conductores.- El conductor que llegue a una bocacalle o encrucijada debe en todos los casos reducir sensiblemente la velocidad y tiene la obligación de ceder espontaneamente la velocidad y tiene la obligacion de ceder espontaneamente el paso a todo vehículo que se presente por una vía pública situada a su derecha, muchas veces deformada por elucubraciones de difícil sustento en la realidad, pues se trata de un incuestionable precepto imperativo, del que sólo es posible apartarse cuando muy graves razones así lo aconsejen, precepto que recepta el valor seguridad, ínsito en la justicia, debe, entonces hacerse especial incapié en el respeto de la preferencia de paso en las bocacalles, como manera de contribuir a combatir los accidentes de tránsito, ya que de ser estrictamente observada esta valiosa regla de orden, eliminaria en gran medida aquéllos.-
Trabajadores de la construcción, interpretación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: Ojeda, Paulino y otros c/ Empresa Sumermercado SAIC s/ Reclamo laboral Reclamo laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-03-03

Aceptado que los Decretos Nros. 3455/84 y 2175/86 fueron dictados en uso de las atribuciones que el poder ejecutivo nacional confiere a la ley 21037 a través de su articulo 5º lo cual implica que revisten en el carácter de derecho común (Fallos Nros. 304 y 568) y por lo tanto su aplicabilidad a los casos comprendidos en los mismos resulta inexcusable para los jueces. Ello es así por cuanto el decreto nº2175/86 determina que el incremento de las remuneraciones previsto por el art. 2º del Decreto Nº3455/84 solo debió aplicarse sobre los efectivamente percibido el 30 de setiembre de 1984, no incluyendo el ajuste previsto por el art. 3º del mismo. Asimismo califica el ajuste del tercer trimestre de 1985, previsto por los arts. 3º y 4º del decreto nº3455/84 como importe único, pagadero en dos cuotas y determina que no paso a integrar la remuneración nominal normal y habitual de los trabajadores.
Mandato, poder general
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Alvarez Antonio Luis c/ Dumrauf Néstor Eugenio y otro s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-06-03

La extensión del mandato resulta de los propios términos en que está concebido, por lo que al accionar la letrada de la actora con un poder general otorgado por dos personas en el que no se ha limitado o condicionado expresamente su intervención a los casos en que ambos instituyentes actuaran en forma conjunta, se colige sin mayor esfuerzo que está habilitada tanto para ello como para la representación por separado de cada uno de los mandantes (arg. arts. 1.198 y 1.869 del Código Civil). (Minoría u opinión personal)
Jueces, deberes y facultades del juez
Materia: LABORAL
Carátula: ZURITA, MARCELA ANALIA Y OTRA c/ GUARDERIA NIVEL INICIAL "SHISHILO" Y/U OTROS s/ DIFERENCIA DE HABERES, ETC.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2000-06-29

Cuando en un reclamo se utilicen términos que no se adecuen estrictamente a la técnica jurídica, el juzgador, en virtud del principio "iura curia novit" debe receptarlo, calificándolo según correspondiere por ley (arts. 163 inc. 6 primera parte del C.P.C. y C.), siempre que no exceda sus facultades sustituyendo lo que fue la voluntad del requirente al demandar, e introduciendo así en el pleito cuestiones que por no constar en los escritos constitutivos del proceso, no han integrado la Litis.
Telecomunicaciones, facultades del gobierno nacional, facultades delegadas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Telefónica de Argentina S.A. c/ Provincia de Mendoza. s/ recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-11-25

La reglamentación del servicio telefónico es facultad delegada por las provincias a la Nación, que a aquéllas les está vedado ejercer, ni siquiera so pretexto de una supuesta demora en el dictado de normas que pongan en ejercicio cláusulas programáticas de la Constitución, ya que la facultad transitoria de sancionar códigos no se extiende a otras materias de jurisdicción federal (art. 126 de la Constitución Nacional).

-Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Juez de circuito, juicio ordinario, medidas preparatorias, demanda
Materia: PROCESAL
Carátula: MENDOZA, IARA ELIZABETH DANIELA Y OTROS c/ HEIT, MARIA ISABEL s/ COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-04-13

Corresponde ordenar que siga entendiendo en la causa el Juzgado de Primera Instancia de Circuito, toda vez que la competencia por valor debe ser determinada -por exigencia del artículo 3, inciso a) del Código Procesal Civil y Comercial- por el capital debidamente actualizado y los intereses o frutos devengados, hasta la fecha de la demanda, y el monto reclamado al momento de interponerse la misma se encontraba por debajo del límite cuantitativo establecido para los Juzgados de Circuito de Santa Fe en materia extracontractual; sin que constituya obstáculo la circunstancia de que, con posterioridad a la declaración de incompetencia del Tribunal Colegiado, la apoderada de los actores haya manifestado -sin aportar ningún elemento de convicción en este sentido y apoyándose en afirmaciones genéricas-, que la suma a peticionarse en la futura demanda ascendía al triple del monto que fuera consignado en la medida preparatoria iniciada menos de tres meses antes, sin explicar de qué manera aquel monto se elevó tan exponencialmente, invocando para ello, lacónica y vagamente, una supuesta mayor información en relación al siniestro y las lesiones padecidas por los actores, mas sin precisar seria y circunstanciadamente cuál es dicha información y de qué manera podría influir en la asignación de competencia por cuantía. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe, artículo 3, inciso a); CSJStaFe: Acordada del 23.6.2020, Acta nro. 18, punto 11.
Sucesiones, competencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Piceda, Martires Ramón s/ Sucesión Andreu, Antonio s/ Sucesión ab intestato Barbosa, Floriano s/ Sucesión ab intestato Romero de Torres, María Lidia s/ Sucesión ab-intestato Romero de Torres, María Lidia s/ Sucesión ab-intestato Capitanio, María s/ Sucesión ab intestato. Incidente de competencia e/Juzg. Civ. y Com. nº 9 de Mercedes y Juzg. Civil y Com. nº 8 de San Isidro
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-08-23|1994-03-22|2002-05-02|2006-02-22|2006-02-22|2007-07-11

La prórroga de jurisdicción respecto de los juicios sucesorios, es procedente en la medida que exista conformidad de todos los herederos. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal)
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: M., V. G. c/ D., R. O. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Reclamación  de filiación extramatrimonial. Recurso directo (Expte. CSJ Nº   800-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-11-11

Las tachas esgrimidas por el impugnante contra el fallo del inferior han de ponderarse a los solos efectos de juzgar si es inconstitucional el pronunciamiento de la Sala que -en el marco de la apelación extraordinaria- no las consideró idóneas para lograr la apertura de la instancia.
Prueba pericial, médicos
Materia: LABORAL
Carátula: Giorgieri, Carlos Emilio c/ Provincia de Buenos Aires s/ Enfermedad accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-12-03

El dictamen pericial médico no proyecta efectos vinculantes sobre la decisión de los jueces.
Jurisdicción y competencia, competencia federal, competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, juicios en que es parte una provincia, distinta vecindad, causas civiles
Materia: PROCESAL
Carátula: Tucumán,  Provincia  de c/ Monasterio,  Ramón Gerardo y otro s/ desalojo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-21

Para que proceda la competencia originaria de la Corte prevista en el art. 117 de la Constitución Nacional, reglamentado por el art. 24, inc. 1° del decreto-ley 1285/58, no basta que una provincia sea parte en el pleito, sino que es necesario, además, que lo sea en una causa de manifiesto contenido federal o en una de naturaleza civil, en cuyo caso resulta esencial la distinta vecindad de la contraria, quedando excluidas de dicha instancia las que se vinculan con el derecho público local.
Automotores, compraventa, inscripción constitutiva, denuncia de venta, leyes, interpretación de la ley, daños y perjuicios, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa
Materia: CIVIL
Carátula: P., V.; L., M. R. s/ Homicidio culposo y encubrimiento (Expte Nº55-95, Resolución Nº60,  Tomo 61, Folio 459-473)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-10-20

Si ha habido una transferencia efectiva del automotor, deben distinguirse dos etapas: 1) los diez días que van desde la celebración del acto de venta, previstos en el artículo 15 de la ley 22977 para que el adquirente efectúe la inscripción, período en el cual, aunque todavía el vendedor sigue siendo titular registral y ha prestado conformidad expresa o tácita para que el adquirente use el vehículo, funciona la primera causal de exención "hecho de un tercero por quien el propietario no debe responder", 2) vencido ese plazo, el titular registral sólo podrá eximirse probando mediante la comunicación de entrega efectuada al Registro, que el vehiculo se usó contra su voluntad. En el sub júdice, al momento del suceso por el cual se pretende resarcimiento, el tercero civilmente demandado era el titular registral del automotor que conducía el imputado, puesto que la denuncia de venta se realizó con posterioridad, razón por la que debe responder frente a los reclamantes civiles.
Seguridad social, verdad jurídica objetiva
Materia: PROCESAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Villalba, Petrona Acemi c/ ANSES s/ pensiones
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-11-06

Si la actora cuenta en la actualidad con 78 años de edad, se encuentra delicada de salud y hace más de 8 años que intenta coparticipar de la pensión derivada del fallecimiento del de cujus, dichas circunstancias habilitan a utilizar un criterio amplio en el examen del tema a fin de determinar la verdad jurídica objetiva y evitar que el proceso se convierta en una sucesión de actuaciones que desatienden los principios específicos en la materia de seguridad social.
Publicidad de los actos de gobierno, sistema republicano
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Asociación Protección Consumidores del Mercado Común del Sur -Proconsumer- c/ Poder Ejecutivo de la Provincia s/ Acción de Inconstitucionalidad - Medida Cautelar de No Innovar. L.A. N 53 F 305/320 N 94 del Sur -Proconsumer- c/ Poder Ejecutivo de la Provincia s/ Acción de Inconstitucionalidad - Medida Cautelar de No Innovar. L.A. N 53 F 305/320 N 94
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2004-10-29

"...Publicidad de los actos de Gobierno. Este es un requisito esencial de todos los actos emanados de cualquier órgano del Estado. Publicidad, en éste contexto, significa que tales actos deben ser comunicados a la opinión pública, para que los ciudadanos tengan la posibilidad de tomar conocimiento de aquellos, de su contenido, de su gestación y de su concreción, para ejercer el control del poder que les compete. No se puede concebir un régimen republicano en el cual este principio cardinal no sea respetado inexorablemente, ya que los derechos de participación y de control son inviables si no están acompañados de un eficaz derecho a la información." (cfr.: Miguel Ángel Ekmekdjian, Tratado de Derecho Constitucional, Editorial Depalma Buenos Aires, Edición año 2.000, Pág. 148 y ss.)
Contratos, efectos entre partes, incumplimiento del contrato, resoluciones judiciales, prueba
Materia: COMERCIAL
Carátula: ZEMAN, ANDRES JORGE IGOR Y OTROS c/ RIO DE LA PLATA INMOBILIARIA SA Y OTRO s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-02-03

Cabe revocar la decisión mediante la cual la magistrada de grado admitió lo peticionado por la parte actora y tuvo como nueva pretensión de la demanda de autos el pedido de resolución de contrato celebrado con las demandadas y la restitución de las sumas abonadas por la compraventa del inmueble objeto del contrato. Ello por cuanto, en el caso, estas actuaciones, fueron promovidas a fin de que se condene a las accionadas al pago de cierta suma de dinero en concepto de daños y perjuicios derivados del incumplimiento de la oferta contractual plasmada en el contrato de compraventa, con más sus respectivos intereses y costas; así como también al cumplimiento de los términos del boleto de compraventa suscripto. Asi, resulta improcedente que, encontrándose las actuaciones en etapa probatoria, la actora solicite que, en virtud de la facultad que le otorgaría el CCCN 1078-e) se modifique la pretensión contenida en la demanda. En tal sentido, se ha dicho que "la demanda por cumplimiento (tal el planteo primigenio deducido en el sub lite) no obsta a la resolución del contrato: 1. Si se promueve una demanda subsidiaria de resolución (lo que en el caso no ha sucedido); 2. Si antes de trabada la Litis el actor modifica su pretensión de cumplimiento por otra de resolución (en el caso, como se dijo, al momento de la petición de modificación, la litis se encontraba trabada).
Amparo por mora, notificación
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Arrosio, Odilma c/ CJPER s/ Acción de amparo por mora
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2010-01-11

Surge de las tirillas que lucen agregadas -antes de interponer la demanda de amparo por mora-, que la accionante no tuvo acceso a la información, que debe brindar la Administración, sobre el estado del Expediente Administrativo Nº 1051766 pero, además de ello, es la propia Administración quien omite hacerle saber que se habrían elevado las actuaciones al Ministerio de Salud y Acción Social en fecha 09/12/09, situación de la que se entera la actora en virtud de la contestación del informe en los términos del artículo 8 de la Ley 8369 y del escrito de responde de la intimación que se le efectuara a la accionada para que presente el expediente administrativo, por consecuencia, son estas actitudes equívocas y omisivas de la accionada las que inducen a error a la accionante y la impulsan a promover un proceso innecesario, por lo cual, sin perjuicio de la abstracción de su objeto, debe la demandada cargar con las costas del mismo.
Revocación de sentencia, estafa, defensa en juicio, debido proceso
Materia: PROCESAL-PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Zardon Mesones, F. N. c/  s/ estafa (Causa Nº 62.692/2022)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-11-23

Defensa del imputado.

Magistrado que rechazó el planteo interpuesto por la Defensoría Pública Oficial contra la resolución que le había asignado intervención en las actuaciones y no había hecho lugar al pedido de que se notifique a los imputados para que manifiesten su voluntad o no de ser asistidos por la defensa oficial o por una particular, previo a la realización del reconocimiento fotográfico dispuesto.

Derecho constitucional del justiciable de poder defenderse personalmente o a elegir un abogado de confianza desde el primer momento en que es sindicado como tal (arts. 18 y 75 inc. 22 CN; 8.2.d CADH; 14.3.d PIDCyP y 72, 73, 104, 107 y 211 CPPN). Normativa que privilegia la proposición del defensor de confianza, no quedando sin más suplida la directiva por la impuesta al defensor oficial, si así no fue decidido por el imputado ni éste tuvo conocimiento de ello. Imputados que tienen pleno desconocimiento del sumario. Derecho de defensa en juicio y resguardo del debido proceso que deben garantizarse. Resolución DGN 939/11 que recomendó a los Defensores Públicos Oficiales que en aquellos casos en los que exista un imputado individualizado y se hubiera omitido la notificación fehaciente y previa para que ejerza los derechos contemplados en los artículos 104 y 107 CPPN, devuelvan la causa al juzgado o tribunal correspondiente y, eventualmente, agoten las vías recursivas pertinentes para obtener un pronunciamiento favorable.

Revocación.
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, prestación de servicios, servicio telefónico, defensa del consumidor, aplicación de la ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: CALDERARO ALEJANDRO ESTEBAN C/ TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SA S/ ORDINARIO c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-14

Procede revocar la sentencia que rechazó la demanda por daños y perjuicios, incoada a causa del deficiente servicio prestado por la accionada, empresa de telefonía. Ello por cuanto, en el caso el ENACOM, mediante resolución, sancionó a la demandada por haberle brindado al actor un servicio deficiente. Y, pese a las multas impuestas, la defendida no le reembolsó las sumas de dinero que indica la resolución y continuó brindándole un mal servicio. Así pues, probado el incumplimiento contractual de la demandada, y no habiéndose demostrado la interrupción del nexo de causalidad -es decir, el accionar de la víctima o de un tercero o fuerza mayor-, corresponde responsabilizarla por el hecho que motiva la litis de conformidad con las previsiones contempladas en la LDC 19, que expresamente establece que quienes presten servicios de cualquier naturaleza están obligados a respetar los términos, plazos, condiciones, modalidades, reservas y demás circunstancias conforme a las cuales hayan sido ofrecidos, publicitados o convenidos.
Denegatoria del recurso, insuficiencia del agravio, declaración de inconstitucionalidad, debido proceso adjetivo
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: Marcer, Ernesto Alberto  c/ GCBA s/ acción meramente declarativa (art. 277 CCAYT) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-02-08

También la jueza Alicia E. C. Ruiz rechaza el recurso de inconstitucionalidad, con sustento en que el GCBA recurrente no logra rebatir los argumentos dados por la Cámara al declarar la inconstitucionalidad del artículo 5 del Anexo 1 de la ley n° 4040, vinculados con la lesión del principio de gratuidad del procedimiento administrativo y del debido proceso adjetivo.
Acción de amparo, resoluciones inapelables, resoluciones apelables
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en González, Roque Ramón c/GCBA s/amparo (art. 14 CCABA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-23

Una norma prevista para restringir el recurso de apelación en el amparo (art. 20 de la ley 2145) no puede ser interpretada de manera tal que amplíe los supuestos de apelabilidad previstos por el régimen legal (CCAyT) que regula de manera general los procesos contencioso administrativos y tributarios de la Ciudad, y que se aplica supletoriamente a los procesos amparísticos (conf. art. 28 de la ley 2145). (Voto de la Sra. Jueza Ana María Conde).
Perito contador, honorarios, monto de la demanda
Materia: PROCESAL
Carátula: Fernandez Gerardo Andres c/ Empaher SRL y Otro s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-12

La perito contadora sostuvo que la aplicación de los aranceles debe realizarse sobre el monto reclamado y no sobre el conciliado. Sin embargo el monto conciliado se exhibe razonablemente adecuado como valor litigioso a los fines regulatorios. Ello se ve respaldado por el criterio sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Murguía Elena Josefina c/Green Ernesto s/cumplimiento de contrato" del 11 de abril de 2006.
Costas, exención de costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Falótico, Carlos Fernando c/ Falótico, Ricardo Alfredo s/ Cumplimiento de contrato y escrituración
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-07-29

Imponer las costas por su orden o eximir de ellas al vencido importa técnicamente lo mismo, pues significa que cada parte cargará con las expensas que haya causado. Ello no implica por lo demás imponer las costas al vencedor, lo que ocurriría si se le mandase pagar las de su contrario vencido.
Verificación de créditos, verificación tardía, costas
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GUANCA, Fredesvindo s/ INCIDENTE DE VERIFICACION TARDIA EN CONCURSO PREVENTIVO DE MARDONES,  Washington
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1992-06-19

La ausencia de denuncia del crédito por el concursado que luego el acreedor ejercitó por medio de una verificación tardía no es causal de eximente de la oportuna verificación dentro del concurso pues la publicación de los edictos de la apertura del concurso constituye el medio de notificación expresa prevista por la ley específica para "hacer conocer" la resolución de apertura del concurso; trátase de una notificación pública. Frente a ese presupuesto legal las personas que se domicilian y actúan en el medio donde se tramita el concurso no pueden alegar ignorancia del trámite concursal como sucede en autos donde el acreedor se presenta como comerciante domiciliado en esta ciudad, por lo que la imposición de costas a cargo del verificante tardío es correcto. (MINORIA U OPINION PERSONAL)