Graduación de la pena, recurso de casación, disminución de la pena
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Blasco, Víctor Daniel y Salazar, César Raúl s/ Recurso de Casación interpuesto por la Dra. Cecilia Cúneo en contra de Sentencia Nº 32/2009 dictada en Causa Expte. Nº 229/08 Blasco, Víctor y otro - ss.as. Robo agravado por el uso de arma de fuego - Esquiú - La Paz
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-05-18

Contra el decisorio de la Cámara en lo Criminal de Primera Nominación que, por mayoría, resolvió aplicar a los imputados por robo agravado por el uso de arma de fuego las penas de doce y trece años de prisión con más accesorias de ley (arts. 40, 41 y 12 del C. Penal), respectivamente, comparece la asistente técnica de los coimputados e interpone recurso de casación, invocando el motivo sustancial previsto en el art. 454 inc. 3 del C.P.P.

Corresponde aclarar que la resolución recurrida fue dictada como consecuencia del reenvío que había dispuesto este Tribunal al hacer lugar al recurso de casación de la defensa, por entender que en la sentencia condenatoria se había efectuado una doble valoración del elemento arma -al momento de tipificar el delito enrostrado a los imputados y al individualizar la pena que se estimaba justa imponerles-, a fin de que la Cámara de Juicio fundamente y adecue la graduación de la pena conforme a las pautas del art. 40 y 41 del C.P.

Me permito disentir con los colegas que me preceden en el voto en punto a la pretensión de los condenados de que, por efecto del reenvío dispuesto por la Corte de Justicia al resolver el recurso de casación contra la primera sentencia atacada, se reduzca el monto de la pena impuesta.

Si bien es regla que lo atinente a la individualización de la pena dentro de los límites ofrecidos por la ley de fondo, es facultad de los Jueces de la causa, cabe apartarse de la misma cuando la sentencia, por no hallarse debidamente fundada o no constituir una derivación razonada del derecho vigente, resulta arbitraria, ocasionando un agravio a la garantía de la defensa en juicio y del debido proceso. (Cfr. CSJN, Fallos 306:1669, 320:1463, entre otros.

En el sub examen, los jueces que forman la mayoría justificaron la determinación de la misma sanción impuesta a los imputados brindando la fundamentación de las pautas que anteriormente habían consignado como determinantes de la pena de doce y trece años de prisión impuesta a los coimputados, respectivamente, entre las cuales se anotaba la valoración gravitante del empleo del arma de fuego, elemento que luego fue dejado de lado en el recurso de casación por entender que se había valorado nuevamente una circunstancia que conformaba la estructura del hecho típico atribuido a los imputados.

Es así que advierto que, a pesar de haberse dejado de lado la consideración de la referida circunstancia agravante, tal exclusión no se vio reflejada en el quantum de la pena que en definitiva quedó establecido en doce y trece años de prisión, es decir, en un monto idéntico al fijado tras tener en cuenta la incidencia negativa del uso del arma de fuego en el hecho.

Como consecuencia de ello, entiendo que le asiste razón a la recurrente en cuanto a que la respuesta punitiva fue mayor a la esperada en el caso. Y es así porque el peso de la circunstancia excluida es similar al de las demás agravantes seleccionadas legítimamente por el Tribunal, con lo que alguna incidencia debió tener en el monto final de la pena la no contemplación de la misma.

Lo señalado me lleva a sostener que se incurrió en un defecto en la fundamentación de la cuantificación de la pena, cantidad que fue mantenida luego del reenvío, sin dar adecuadas y convincentes razones.

Las particularidades del caso y razones de celeridad y economía procesal tornan innecesario reenviar la causa para que el Tribunal de origen renueve parcialmente la sentencia, habida cuenta que el nuevo decisorio, por aplicación del principio de la reformatio in peius, no podrá tener en cuenta circunstancias agravantes no contempladas anteriormente y que sólo debe sustituirse la parte dispositiva de la sentencia recurrida.

Por ello, y en orden a que el delito que se atribuye a los prevenidos tiene una escala penal que parte de un mínimo de los seis años y ocho meses y como máximo veinte años de prisión, estimo razonable imponer a B. la pena de diez años de prisión y a S., la pena de once años de prisión, con accesorias de ley (arts. 5, 9, 12, 40 y 41 del C.P.).

(Del voto del Dr. Lilljedahl, en disidencia)