Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-08


Buenos Aires, 8 de febrero de 2012	Vistos: los autos indicados en el epígrafe.	Resulta	1. El Sr. Defensor General de esta Ciudad -en representación de los Sres. Adrián Marcelo Visciglia, Carlos Martín Visciglia y Shahinian Vartan- interpuso recurso de queja (fs. 50/62) contra la resolución de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas (fs. 40/43), en cuanto declaró inadmisible el recurso de inconstitucionalidad (fs. 23/36), deducido, a su vez, contra la sentencia de la Sala II (fs. 21/22) que confirmó la decisión dictada por el juez de primera instancia (fs. 8/9). Mediante esta última se resolvió, en lo que ahora importa, no hacer lugar a la solicitud de la defensa para que se fijase una audiencia de mediación, en la medida en la cual se consideró que la investigación penal preparatoria se encontraba clausurada porque la fiscalía había presentado su "requerimiento de juicio" y, por lo tanto, había precluido, en el caso, la oportunidad procesal para que aquel mecanismo alternativo de resolución del conflicto tuviera lugar.

2. En el recurso de inconstitucionalidad denegado por los jueces de la Sala II, el Ministerio Público de la Defensa señaló que la resolución recurrida resultaba equiparable a definitiva en tanto el sometimiento de los imputados a un juicio veda de forma irremediable la posibilidad de que los involucrados resuelvan su conflicto mediante una mediación. Del mismo modo, indicó que "los señores jueces optaron por la postura más sencilla, consistente en la aplicación estricta de la ley, sin evaluar el caso concreto ni velar por los derechos de mi defendido (sic), vulnerando así la voluntad de las partes y sometiendo la cuestión al caprichoso interés del Sr. Fiscal" (fs. 34) y todo ello importó, en opinión de la defensa, la concreta afectación del derecho de defensa en juicio, la violación del contradictorio y del principio acusatorio.

3. El Sr. Fiscal General, al emitir su dictamen (fs. 66/68), entendió que -a pesar de lo expresado por la Sala II en el auto denegatorio- la decisión cuestionada mediante el recurso de inconstitucionalidad sí resultaba un auto equiparable a definitivo, pero, no obstante ello, este Tribunal debía rechazar la queja, toda vez que el recurrente no había expuesto una crítica concreta, desarrollada y fundada de los argumentos expuestos por el tribunal a quo.

Fundamentos La jueza Ana María Conde dijo:

1. La presente queja, aunque fue interpuesta en tiempo oportuno (art. 33, ley nº 402), no puede prosperar.

2. En primer lugar, el recurso de inconstitucionalidad -que el recurso directo viene a defender- no se interpuso contra una "sentencia definitiva" (art. 27, ley nº 402), ni contra un auto equiparable a ella, en la medida en la cual mediante el pronunciamiento del tribunal a quo solamente se dispuso la continuación del proceso hacia la decisión de mérito acerca de la condena o la absolución de los imputados. Este Tribunal ha dicho que las resoluciones cuya única consecuencia sea la obligación de continuar sometido al proceso no reúnen -por regla- el carácter exigido para habilitar la competencia de esta instancia de excepción.

La defensa, a su turno, no ha fundamentado de manera suficiente que la decisión que no hizo lugar a la fijación de una audiencia de mediación, tal como lo había peticionado aquel Ministerio con posterioridad a que la fiscalía clausurase la investigación penal preparatoria, mediante la presentación del requerimiento de juicio, pueda ser equiparada a una "sentencia definitiva" en razón de los efectos que produce y tampoco ha argumentado que lo resuelto por las instancias inferiores de la causa se vincule de modo directo con una garantía que sólo sea susceptible de tutela inmediata.

Finalmente, tampoco advierto que en autos se verifiquen los extremos excepcionales que fueron valorados por nuestro Tribunal y que justificaron lo resuelto en el precedente "Del Tronco" (27/09/10) que insistentemente cita el quejoso, pues, más allá de que a esta instancia sólo ha acudido el Ministerio Público de la Defensa, no se ha declarado la inconstitucionalidad -de oficio, en perjuicio de los imputados o en abstracto- de la regulación del instituto de la mediación penal, sino que se han expuesto argumentos para sustentar por qué razón en el caso concreto no procede esa vía alternativa de solución del conflicto.

3. En segundo lugar, y aun dejando de lado la cuestión relativa a si en autos se recurre o no una resolución equiparable a definitiva, lo cierto es que los agravios presentados por el recurrente no logran demostrar la presencia de un caso de naturaleza constitucional. En efecto, el quejoso se ha limitado a reiterar los motivos de impugnación que había expuesto en su recurso de inconstitucionalidad y sus fundamentos -tal como lo adelantó la Cámara- resultan insuficientes a los fines de la articulación de un caso constitucional, pues si bien invoca el desconocimiento de varios principios constitucionales, no explica de qué manera lo resuelto por las instancias inferiores los habría lesionado. Al respecto, cabe recordar que este Tribunal también ha dicho, en incontables oportunidades, que la referencia ritual a derechos y principios constitucionales, si no se acredita fundadamente su cercenamiento, es en sí misma insuficiente para provocar nuestra intervención y para dar sustento a una impugnación de esta especie.

Es evidente que el recurrente no está de acuerdo con la interpretación que los jueces de la causa han hecho, con respecto a los arts. 204 y 206 del CPP local, pero -aunque sea perceptible su desacuerdo- lo cierto es que aquella interpretación ha tenido en consideración la totalidad de las normas en juego y la intención del legislador al dictarlas. Me basta con remarcar que cuando el legislador local quiso establecer distinciones en este punto, lo hizo expresamente, por ejemplo, cuando reglamentó el momento hasta el cual es posible proponer una suspensión del juicio a prueba (art. 205, ibídem) que, a diferencia de lo que sucede con la mediación penal, procede "[e]n cualquier momento de la investigación y hasta inmediatamente antes del debate o durante éste cuando se produzca una modificación en la calificación legal que lo admita" (el destacado es propio).

Dicho con otras palabras, el modo en que los jueces han interpretado el instituto de la mediación parece respetar la doctrina de la Corte Suprema de Justicia con arreglo a la cual en la interpretación de las leyes, debe darse pleno efecto a la intención del legislador, computando a la totalidad de sus preceptos de manera que armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de la CN; propósito que no puede ser obviado por los jueces sobre la base de las posibles imperfecciones técnicas de su instrumentación, toda vez que ellos no deben prescindir de la ratio legis y del espíritu de la norma (Fallos: 312:1484, entre otros). Este estándar se vincula íntimamente también con el criterio del mismo Tribunal con arreglo al cual la inconsecuencia o falta de previsión del legislador no se suponen, por lo que la interpretación debe evitar asignar a la ley un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras y adoptando como verdadero el criterio que las concilie y suponga la integral armonización de sus preceptos (Fallos: 307:993, entre otros). La competencia de este Tribunal Superior está limitada al tratamiento de cuestiones estrechamente relacionadas con la interpretación y aplicación de reglas constitucionales; reglas que claramente no entran en juego cuando el caso fue resuelto sobre la base de una aplicación confesadamente "literal" de normas procesales, cuya constitucionalidad no ha sido puesta en tela de juicio. La defensa, de cara a todo ello, no ha logrado exponer cuáles son los argumentos constitucionales por los que entiende que el significado que ella asigna a las normas procesales aplicables debe sustituir al que le ha dado la Cámara de Apelaciones en lo PCyF, es decir, por qué la exégesis efectuada por esta última resulta incompatible con la CCABA o con el texto de la ley o de qué manera constituye un manifiesto avasallamiento de las garantías de los acusados.

En conclusión, la controversia traída a conocimiento del Tribunal por el recurrente no tiene relación con la invocación de un caso constitucional ya que está, en verdad, exclusivamente referida a la interpretación y aplicación que en este caso concreto se ha hecho de las normas locales que regulan la mediación penal, en la órbita de esta Ciudad; y, además, los agravios que el recurrente esgrime a su respecto sólo alcanzan para que deje expuesta su disconformidad con lo resuelto por la Cámara. Ello así, porque la pretensión de que la mediación tenga lugar en cualquier momento del proceso, cuando el imputado la solicite -como quiere interpretarlo la defensa-, más allá de convertir una facultad discrecional del Ministerio Público Fiscal en una suerte de obligación automática -omitiendo todo estudio serio y razonado de las características de cada causa concreta y de los involucrados en particular-, importa consolidar un procedimiento sui generis en detrimento de aquel otro que, con acierto o error, ha sido establecido por los encargados de legislar y reglamentar la resolución alternativa de conflictos, en esta clase de asuntos, y en cada una de las etapas procesales (según mi voto, mutatis mutandi, en "Ministerio Público -Asesoría General Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'R., J. L. s/ inf. art. 189 bis CP'", expte. nº 7287/10, sentencia del 19/10/11).

4. Por lo expuesto, corresponde rechazar la queja interpuesta y tener presente los beneficios de litigar sin gastos concedidos (fs. 44/49).

El juez José Osvaldo Casás dijo:

1. La queja fue interpuesta por escrito, ante el Tribunal y en tiempo oportuno (art. 33, ley nº 402). Sin embargo, tal como lo expone la señora jueza de trámite, doctora Ana María Conde, la presentación no puede prosperar.

2. Este Tribunal repetidamente ha dicho que las resoluciones cuya única consecuencia sea la obligación de continuar sometido a proceso, por regla, no reúnen el carácter de sentencia definitiva a los fines del art. 27, ley nº 402 ("Ministerio Público -Defensoría en lo Contravencional y de Faltas n° 4- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Posta, Felipe y Berbegall, Rodolfo s/ infracción ley 255 -apelación-'", expte. n° 3338/4, resolución del 01/12/04, entre muchos otros).

Además, el recurrente no ha demostrado que la decisión cuestionada -que confirmó la resolución por la que no se hizo lugar a la solicitud de fijación de audiencia de mediación, por considerar que dicha petición fue posterior al requerimiento de juicio- pueda ser equiparada a una sentencia definitiva en razón de sus efectos. En ese sentido, la defensa no ha logrado conectarla con garantías que requieran de una tutela inmediata por parte de este Tribunal (ver, entre otros, mutatis mutandi "Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Contravencional y de Faltas n° 4- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Benitez, Sergio David s/ art. 189 bis del CP'", expte. n° 4994/06, resolución del 23/5/2007).

3. Por lo demás, la defensa centra los motivos de agravio en una discrepancia respecto de la interpretación de los arts. 204 y 206 del CPP realizada por la Cámara. Sus argumentaciones -sin mayor desarrollo- resultan insuficientes para demostrar la existencia de una lesión a los principios constitucionales invocados, toda vez que se indicó -con base en la literalidad del art. 204, CPP- que del juego armónico de las reglas aplicadas surge cuál es la oportunidad procesal para que tenga lugar esta vía alternativa, esto es, "que la propuesta para intentar la solución de conflictos por tales vías alternativas puede formularse únicamente durante la etapa de investigación preparatoria, y es bien sabido que ella se concluye una vez que la fiscalía entiende que se encuentra agotada la pesquisa, con la presentación del formal requerimiento de elevación a juicio del proceso" (foja 22).

De la formulación de una construcción jurídica posible que favorezca en mayor medida los intereses de la persona acusada en este caso no puede derivarse una lesión a los principios constitucionales que rigen la interpretación de la ley penal.

Cabe recordar que "la referencia ritual a derechos constitucionales, si no se acredita precisa y fundadamente su cercenamiento, es insuficiente, ya que si bastara la simple invocación de un derecho o garantía de raigambre constitucional este Tribunal se vería convertido, de ordinario, en tercera instancia obligada de todos los pronunciamientos dictados por el Poder Judicial de la Ciudad" (cf. "Carrefour Argentina SA s/ recurso de queja", en Constitución y Justicia [Fallos del TSJ], Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, t. II, ps. 20 y siguientes). 4. Por las consideraciones expuestas corresponde rechazar el recurso de queja obrante a fs. 50/62.

En cuanto al depósito que reclama la queja vencida (art. 34, segundo párrafo, ley n° 402), no corresponde su integración toda vez que los imputados han obtenido el beneficio de litigar sin gastos en estas actuaciones (cf. "Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Contravencional nº 1- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Feng Chen Chih s/ art. 40 CC -apelación-'", expte. nº 2212, resolución del 11/06/2003, en Constitución y Justicia, [Fallos del TSJ], Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, t. V, ps. 376 y siguientes).

Así lo voto.

El juez Luis Francisco Lozano dijo:

1. La queja debe ser rechazada por cuanto el recurrente no logró demostrar que -acorde con las circunstancias de hecho que fueron valoradas por el a quo- las garantías constitucionales invocadas requieran tutela inmediata.

Al margen del acierto o error de los argumentos brindados, la solución adoptada por la Cámara, en rigor, sólo implica sostener que ante la decisión del fiscal de requerir la elevación de la causa a juicio, extremo no controvertido en autos (ver "resulta" punto 1 y fs. 21), la defensa no está en condiciones de lograr la modificación de tal temperamento para convertirlo, por imposición de los jueces, en un supuesto de mediación obligatoria, en desmedro de la potestad que asiste al fiscal de solicitar la emisión de una sentencia definitiva que se expida en relación con la pretensión del pleito.

2. Sin perjuicio del beneficio de litigar sin gastos concedido, por las razones que di en mi voto in re "Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Contravencional y de Faltas n° 1- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad en: 'Ronchetti, Leonardo s/ art. 47 CC -apelación- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado'", expte. nº 3996/05, resolución del 14/9/05, a las que remito, no corresponde exigir el depósito previsto en el art. 34 de la ley n° 402.

En consecuencia, voto por rechazar el recurso de queja interpuesto.

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

1. La queja interpuesta por el Sr. Defensor General es formalmente admisible, y contiene una crítica suficiente del auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad, circunstancia que autoriza el tratamiento de los agravios allí expresados.

2. La Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas confirmó la sentencia de primera instancia que había rechazado la solicitud de la defensa de acceder al instituto del inc. 2° del art. 204 del CPPCABA, que prevé que: "En cualquier momento de la investigación preparatoria el/la Fiscal podrá: (.) Proponer al/la imputado/a y/o al/la ofendido/a otras alternativas para la solución de conflictos en las acciones dependientes de instancia privada o en los casos de acción pública en que pueda arribarse a una mejor solución para las partes, invitándolos a recurrir a una instancia oficial de mediación o composición".

Los jueces a quo explicaron que la norma transcripta instituye una facultad privativa del representante del Ministerio Público Fiscal quien, además, puede ejercerla únicamente durante la investigación penal preparatoria. Sostuvieron, entonces, que la petición de los imputados era inadmisible porque (i) la habían efectuado una vez clausurada la investigación preparatoria -el Fiscal había requerido la elevación a juicio-, y (ii) la defensa carecía de legitimación a esos efectos.

3. En su recurso de inconstitucionalidad, el Defensor General se limita a mantener, en términos muy amplios, que la interpretación del art. 204 del CPPCABA que impugna no se adecua al principio "pro homine" y que la decisión recurrida afecta el debido proceso legal.

La defensa no logra exponer un auténtico caso constitucional. Ello, porque los argumentos que trae a consideración del Tribunal no alcanzan a sostener que la solución que propone -más allá del alegato que realiza acerca de su conveniencia- sea más favorable, en términos constitucionales, al punto de autorizar la exclusión de la sostenida por la Cámara, que también es constitucionalmente plausible.

Los argumentos vertidos en el recurso, por su generalidad, no consiguen justificar la exclusión de la aplicación de una norma cuya constitucionalidad no fue impugnada por el interesado (el art. 204 del CPPCABA). Destaco que la defensa no invoca la inconstitucionalidad de lo afirmado por la Cámara en cuanto a que la promoción de la aplicación del instituto del inc. 2° del art. 204 es una facultad privativa del Fiscal.

La parte recurrente se limita a disentir con el alcance que los jueces a quo asignaron a una norma de rango infraconstitucional, sin cuestionar su validez ni precisar de qué forma ésta afecta los derechos que le son garantizados por la CN y la CCBA.

4. Corresponde, por lo expuesto, hacer lugar a la queja y rechazar el recurso de inconstitucionalidad. Así lo voto.

Por ello, oído lo dictaminado por el Sr. Fiscal General, por mayoría, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Rechazar el recurso de queja interpuesto.

2. Mandar que se registre, se notifique y oportunamente se remitan las actuaciones a la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas.