Tribunal: JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA 6ta NOMINACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-06-12


1º Instancia. - Santa Fe, junio 12 de 2009.

Considerando: Que las presentes actuaciones se hallan a resolución con motivo de la cautelar peticionada por la amparista a fin de que ordene la suspensión de los efectos de la resolución de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria, prohibiéndose concretamente la auditoría sobre la documentación y/o establecimiento de la Empresa, como así también la intercepción de los vehículos que transportan su mercadería en el ámbito provincial como lo venía haciendo hasta el momento, fundada en que por hallarse inscripta ante el SENASA, es a esta autoridad a quien compete -de conformidad al art. 13 del decreto 815/99- registrar productos y establecimientos y ejercer fiscalización higiénico sanitaria en la elaboración, industrialización, procesamiento, almacenamiento en los establecimientos y depósitos de los productos, subproductos y derivados de origen animal de tránsito federal o internacional detallados en el anexo I, como así también registrar y fiscalizar los medios de transportes en el área de su competencia; por tanto, sostiene que la provincia estaría invadiendo con su accionar el ámbito de incumbencia del SENASA en el marco del Sistema Nacional de Control de Alimentos, competencia que por el hecho del tránsito y comercio interjurisdiccional se encuentra regulada por la Nación y reservada exclusivamente a ella.

Corrido el pertinente traslado, la demandada lo contesta solicitando se rechace la medida propiciada, con costas a la peticionante, sosteniendo que resulta inadmisible por carecer de absoluta verosimilitud en el derecho invocado, toda vez que no ha justificado que la ASSAL haya desarrollado acción alguna en el sentido que se pretende cautelar, es decir una auditoría o la intersección de algún vehículo de la empresa. Añade que es equívoca la interpretación que pretende asignar a lo resuelto por la SCJN en el precedente citado "Molinos Río de la Plata", ya que en éste se reprocha la exigencia de una nueva registración de los productos en el ámbito provincial, lo que según el criterio del tribunal elevaría sin justificación los costos comerciales porque ya efectúa dicho control el SENASA, no siendo tal supuesto el de autos desde que, como expresamente lo admite la amparista, las constancias de inscripción poseídas por la firma y expedidas por la ASSAL, son aquellas que ella voluntariamente solicitó y que por alguna razón le son útiles para el desenvolvimiento de su actividad. Afirma que la empresa (Troceadero de cerdos Don Juan SA, ex Troceadero de Cerdos Don Juan SRL) solicitó de manera voluntaria en fecha 01/01/80 la inscripción en el Registro Nacional de Establecimiento (RNE) otorgado por la ASSAL (ex DGBQ) según consta en el expediente Nro. 871/80 orden Nro. 4/1980 de la DGBQ y posteriormente (23/03/05) solicitó también de forma voluntaria el cambio de razón social a la actual denominación: Troceadero de Cerdos Don Juan SA, según expediente Nro. 2313/05, orden Nro. 2138/05. Idéntica registración solicitó y obtuvo ante el Registro Nacional de Productos Alimentarios, por lo que de esta forma la amparista se sometió voluntariamente al control provincial a partir del momento en que pidió su inscripción y la emisión de los certificados de ASSAL. Resalta que no se evidencia una ostensible o manifiesta ilegitimidad en el obrar del ASSAL, mucho menos el "periculum in mora" que habilite el despacho de la cautelar solicitada ante el supuesto hecho consumado y, por ende, no concurre ningún supuesto de daño grave e irreparable, máxime cuando el peligro en la demora se debe combinar con la imposible o difícil reparación del daño, como asimismo con la consideración ineludible de la afectación al interés público comprometido.

Ya en orden a resolver la cuestión, ha de advertirse que de los términos de la demanda, del escrito de la accionada obrante a fs. 115 y ss., y de las constancias acompañadas a ambas actuaciones, se desprende en principio -y sin que ello implique adelantar opinión respecto a lo que eventualmente podría llegar a ponerse a consideración del suscripto en lo que refiere al fondo de la cuestión que motivara la promoción de la presente causa- que las partes se hallan contestes en que la empresa se presenta inscripta -por solicitud voluntaria- tanto en el SENASA como en lo que fuera el Instituto Bromatológico -hoy ASSAL-, pues como ha sido expresamente reconocido por la amparista a fs. 142 de autos, es cierto que existe la mentada inscripción ante la hoy ASSAL aunque explica también que dejó de abonar la tasa por producción Ley 10.745 en el año 1996 atento a que oportunamente sí solicitó dejar sin efecto la inscripción por la integración de la empresa al SENASA hecho que hizo conocer a ASSAL nuevamente mediante nota del 21/12/07, habiendo recibido contestación.

Vale aclarar, no obstante, que esta última circunstancia invocada por la amparista, de haber solicitado dejar sin efecto la inscripción ante hoy ASSAL, no ha sido debidamente acreditada en autos pese a que recala sobre parte la carga de la prueba de tal extremo.

Al punto, cabe tener en cuenta la regla de que "cada litiga debe acreditar los hechos y circunstancias en los cuales apoya sus pretensiones defensas" (Jorge Walter Peyrano, Compendio de reglas procesales en lo comercial, 2º edic., Edit. Zeus, Rosario, 1997, pág. 141, nro. 422). Ello así, desde "la carga de la prueba no determina quién debe llevar la prueba, sino quien asumió riesgo de que no se produzca" (Hernando Devis Echandía, Teoría general de prueba judicial, 2da. Edic., Bs. As. 1972, Editor Victor de Zavalía, tomo 1, pág. 44.

De esa forma resulta obvio que, si quien está obliga suministrar la prueba necesaria que respalde su postura no lo ha hecho, la resolvió no podrá resultar sino desfavorable a sus pretensiones.

De tal manera, se ha de puntualizar que la empresa cuenta una doble habilitación -nacional y provincial-, deviniendo entonces no determinar si con el accionar denunciado, las autoridades provinciales se encuentra invadiendo el ámbito que le es propio a la Nación en la materia respecto a pro de origen animal.

Al respecto, puede apreciarse que la circunstancia de solicitado la amparista habilitación para desarrollar la actividad de transporte intrajurisdiccional como interjuriscliccional ante el RNE y RNPA, conlleva tan obligación de recibir el control por parte de la autoridad local, en concurre competencias con el SENASA, por cuanto tal pretensión voluntaria, implica quedar sometida a los procedimientos administrativos y las auditorías (inspe. para la habilitación y mantenimiento de dicha habilitación.

Por dicha razón, es posible pregonar que, si bien de conformidad al Decreto 815/99 le incumbe a la nación a través del SENASA registrar e inspeccionar los productos de origen animal, previstos en el anexo 1 al decreto 815/99, de tránsito federal o interjurisdiccional, nada obsta que si el interesado solicita voluntariamente la habilitación provincial, las autoridades sanitarias provinciales puedan hacer lo propio con tales productos y establecimientos, dentro de sus límites y atribuciones (conf. arts. 16 y ss. del Decreto 815/99) y con las excepciones dispuestas en el art. 13 del aludido decreto.

En otras palabras, ambos organismos (SENASA y ASSAL) podrían efectuar en el ámbito de sus respectivas incumbencias las inspecciones de rigor.

Lo antes establecido, se presenta además no sólo acorde a la normativa imperante en la materia sino también a la respectiva interpretación de las normas en juego que sistemática y armónicamente ha efectuado nuestro más alto tribunal en el caso citado.

Por otra parte, no puede soslayarse que la cautelar impetrada en el subexamine no procura repeler un requerimiento de registración a nivel local, sino la inspección que pretende realizar ASSAL en el establecimiento (auditoría sobre la documentación y/o establecimiento de la empresa, intercepción de los vehículos que transportan su mercadería).

Y en tal sentido, deviene aplicable el art. 13 del Decreto 815/99 que establece, por la vía de la excepción, el margen para que actúen los Estados locales, estableciendo en forma expresa las facultades exclusivas del SENASA, siendo éste el organismo competente para registrar los productos de origen animal previstos en el anexo I al Decreto 815/99, de tránsito federal o interjurisdiccional; en tanto corresponde a las autoridades sanitarias provinciales hacer lo propio con los productos y establecimientos que solicitan autorización para industrializar, elaborar, almacenar, fraccionar, distribuir y comercializar alimentos, pero siempre con las excepciones dispuestas en el referido art. 13.

Asimismo, ha de resaltarse que el decreto 815/99 persigue entre sus propósitos fortalecer el sistema nacional de control de alimentos en su aspecto sanitario y aclarar el deslinde de competencias entre las jurisdicciones comprometidas en el régimen del CAA.

Y en función de ello, el antes mencionado art. 13 impone al SENASA la obligación de hacer cumplir el CAA en el ámbito de su competencia y sus disposiciones reglamentarias en cualquier parte del país y también le exige hacer cumplir el decreto (815/99), sin perjuicio de que las autoridades sanitarias de cada provincia y municipios sean las responsables de aplicar el CAA dentro de sus respectivas jurisdicciones, para lo cual resultaría viable realizar auditorías conjuntas.

De ello se infiere que en supuestos como los del sublite, en que se presenta una doble registración (ya que como antes se dijera, no consta que la empresa haya solicitado y conseguido dejar sin efecto tal registración a nivel provincial en el marco de lo que era el Instituto Bromatológico), las facultades de verificar las condiciones higiénico-sanitarias a través de inspecciones y demás controles, devienen claramente concurrentes.

A mayor abundamiento, cabe consignar que nuestro más alto Tribunal de Justicia se ha pronunciado en diversos precedentes (entre los que se halla el citado en la presente causa "Molinos Río de la Plata") por la constitucionalidad de toda la normativa vigente en la materia sin perjuicio del deslinde de competencias que corresponda efectuar respecto de las facultades de dichos organismos.

A lo que cabe añadir que, como también tiene dicho la Corte Suprema de Justicia por vía de principio, medidas como las requeridas no proceden respecto de actos administrativos o legislativos habida cuenta de la presunción de validez que éstas ostentan, debiendo ceder tal doctrina sólo cuando se los impugna sobre bases prima facie verosímiles (Fallos: 250:154; 251:336; 307:1702; 314:695).

De consiguiente, por no evidenciarse una ostensible o manifiesta ilegitimidad en el obrar de ASSAL que pudieran llevar a la declaración de ilegitimidad del acto cuestionado, como así tampoco se vislumbra el "periculum in mora" aducido por la amparista, ni la existencia de un daño grave e irreparable que torne procedente el despacho de la cautelar peticionada, corresponde desestimar la cautelar incoada.

Por todo ello y lo dispuesto por los arts. 16 y 17 de la ley 10.456 y 251 y cc. del C.P.C., RESUELVO: Rechazar la medida cautelar incoada, con costas a la accionante. - Norberto Berlanga.