Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-06-30


G., V. y otro Reg.: A y S t 198 p 201-210.

En la ciudad de Santa Fe, a los treinta días del mes de junio del año dos mil cuatro se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores María Angélica Gastaldi, Mario Luis Netri y Eduardo Guillermo Spuler, con la presidencia del señor Ministro doctor Rafael Francisco Gutiérrez, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "G., V. y otro -Homicidio y otro- sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. Nro. 345, Año 2002).

Se resolvió someter a decisión las cuestiones siguientes: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto?; SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente?, y TERCERA: en consecuencia, qué resolución corresponde dictar.

Asimismo se emitieron los votos en el orden en que efectuaron el estudio de la causa, o sea, doctores Spuler, Gutiérrez, Netri y Gastaldi.

A la primera cuestión -¿es admisible el recurso interpuesto?- el señor Ministro doctor Spuler dijo: 1.

En el caso el El iudex sustentó su juicio en que "suena lógico que los policías fueran agredidos por la muchedumbre enardecida, ya que no se escapa al entendimiento común el resentimiento que este grupo social tiene hacia el personal policial", que "en una fiesta de esta naturaleza -refiriéndose a la que tenía lugar al momento de los hechos, cerca del fin del año- (...) se había ingerido abundante alcohol; este ingrediente potenció una gresaca no sólo con la agente Canarelli, sino también con G. y su compañero.

No puedo tener como creíbles los testigos que refieren que G. bajó el volumen de la música y al ser increpado por S. le efectuó un disparo en la cabeza que le produjo la muerte.

Es evidente que siempre ocurren incidentes entre la policía y habitantes de barrios como éste, estos últimos se solidarizan no con la policía, sino con uno de los miembros del barrio, sin importarles quién tenía la razón (...) ¿por qué no dar valor a los dichos de G.?", agregando que "coadyuva a sostener su extremo (sic) el acta de inspección ocular que refiere que se observan restos de una damajuana, procediéndose al secuestro de la misma".

Si bien -prosiguió- la acción de G. ha sido típica, no existió dolo en el mismo, toda vez que la muerte fue el resultado de que, teniendo el arma en su mano En su presentación se agravia de que la Alzada ha resuelto la causa en contradicción con las pruebas aportadas al expediente y sin otro fundamento que la sola opinión de los sentenciantes, vulnerando la garantía del debido proceso, la presunción de inocencia y el beneficio de la duda.

En particular observa que no es verdad que exista un plexo probatorio grave, preciso y coherente que acredite la responsabilidad penal de G., sino que en realidad se trata de una conclusión reñida con la sana crítica, que invierte Asevera que el decisorio entiende que no hay nada que acredite que los vecinos del lugar tengan resentimiento hacia el personal policial, cuando en realidad: a) no se obtuvo el testimonio de todos los vecinos ni de todos los asistentes a las fiestas, b) los que testificaron no son contestes e incluso su versión favorece a G., y c) el resentimiento y actividad delictiva del grupo social son de público conocimiento, y resultan de las propias resoluciones obrantes en la causa y de los prontuarios agregados.

Cuestiona asimismo que se hayan dado por ciertas las declaraciones de los policías Giménez Claverol y Aquino en el sentido de que estuvieron en la calle Bruno -lugar donde luego se produjeron los hechos- y al mismo tiempo se presuma sin prueba alguna que Canarelli y G. han mentido, a pesar de que aquéllos declararon haber recorrido los pasillos del "FONAVI" sin encontrar personas reunidas en ese momento y sin que tampoco se escuchase música, contradiciéndose con lo manifestado en el libro de guardia de la repartición.

Observa que el Tribunal ha exhibido una predisposición contraria a G., ajena a toda prueba objetiva, cuando lo considera como el "primer descalificado", a pesar de que su defendido carece de antecedentes (a diferencia de los testigos cuyas declaraciones se cuestionan), y también cuando entiende -en una sospecha propia de una "caza de brujas"-, que G. y su compañero concurrieron al lugar "con otra intención", armándose para ello de manera mayor a la normal, acogiendo a tal fin la sola versión del testigo Cipolloni, e ignorando las constancias que demostraban que ambos policías llevaban el armamento reglamentario.

Con relación a que, según la Alzada, S. no habría atacado a los policías, expresa que tal aserto no se compadece con la realidad demostrada a partir de los testigos que individualiza (todos los cuales refieren que S. discutió e intercambió golpes de puño con el policía G.), ni con la existencia de un objeto de vidrio que confirma la versión del encartado.

Agrega que la conclusión de que "la situación que describe para justificarse G. no ha existido" omite considerar a aquellos testigos "que no han declarado en la forma en que el Acuerdo en crisis ha querido 'dibujar' (sic)" (en particular, los testimonios de Carina Gutiérrez y Gabriel Nuñez) (fs. 1/25).

Evacuado que fuera el traslado que prescribe el artículo 4 de la ley 7.055 (fs. 30/v.), la Sala concedió el recurso interpuesto por auto de fs. 37/41 v..

4. En el examen de admisibilidad que prescribe el artículo 11 de la ley 7.055 he de propiciar una rectificación del criterio sustentado por la Alzada al conceder el recurso, toda vez que una detenida reflexión sobre todas las constancias traídas a consideración de este Cuerpo me convence de que la impugnación planteada -no obstante el matiz constitucional que reiteradamente le pretende conferir la defensa- permanece en el plano de la mera discrepancia con la apreciación de circunstancias de hecho y prueba que efectuaron los jueces de la causa, extremo que no depara materia idónea en orden al acceso de la instancia excepcional (así, Fallos, 311:1950; 313:1222, entre otros), la cual -como se ha destacado en reiteradas oportunidades- no procura sustituir a los juzgadores en el ejercicio de funciones privativas ni tiende a revisar el acierto con el que ellos merituaron las constancias de autos (cfr. R. A. y S., T. 54, pág. 382; T. 55, pág. 212; T. 59, pág. 319; T. 62, pág. 386; T. 64, pág. 259, etc.; en sent Muy por el contrario: en su presentación aquél se ha limitado a explicitar su disconformidad con las afirmaciones efectuadas por el Tribunal a quo cuando, al revisar el juicio del Magistrado de baja instancia, -y luego de mencionar diversos elementos probatorios obrantes en autos- entendió que existían elementos suficientes para arribar a un juicio de certeza en punto a la responsabilidad penal de G., condenándolo en consecuencia.

Para así resolver -cabe recordarlo-la Alzada consideró que un análisis de las constancias del expediente a la luz de la sana crítica racional determinaba que correspondía hacer lugar a la apelación fiscal en cuanto sostenía que el sentenciante de baja instancia había "equivocado la reconstrucción histórica de los hechos" al dar crédito a una versión de la defensa que "no encuentra sustento preciso o irrefutable".

En tal sentido la Sala restó valor a los dichos de G. y M., por no poder "referirse a los (hechos) anteriores que dieran eventual origen al pedido de ayuda de la agente Canarelli", agregando que la versión de ésta última no contaría "de manera alguna con pruebas idóneas que conduzcan y respondan a un concepto integral, donde el proceso debe ser considerado como un 'todo'".

Sostuvo que "gran parte del error" del sentenciante derivaba de restar valor a los testimonios de los testigos del lugar, que fueron descalificados "por una supuesta animadversión contra la policía (...) aspecto conjetural que si bien puede eventualmente tener algún fundamento en alguna de las personas que en la emergencia declaran, no puede atrapar a todos sin prueba en tal sentido", so pena de arbitrariedad.

"Me pregunto -prosiguió el señor Vocal de primer voto- cómo es posible que se pretenda fundar todo en una presunta confabulación de tantas personas, por el solo hecho de vivir en un Fonavi, como si ello 'per se' implicara una capitis diminutio (...) o si esa confabulación sea de tal entidad que involucre a otro policía -Cipolloni-,que controvierte varios aspectos de la versión del imputado, como también de la Agente Canarelli; y lo que es más, que involucre, como de alguna manera pretende tácitamente la Defensa, a los policías Giménez Claverol y Aquino (...); o la falta de consideración que respecto a las diferencias de circunstancias de tiempo y modo surgen y se evidencian en autos, y que el sentenciante no ha tenido en cuenta debidamente".

Sentado ello, consideró que el episodio que pretendidamente motivó la Agregó que G. y su compañero sabían de la disputa previa cuando se dirigieron al lugar de los hechos con la intención del "apoyo a la Canarelli, en su discusión o situación personal con sus vecinos, para lo cual se armaron deliberadamente en forma mayor que la normal, ya que G. portaba dos armas, de puño, y M. una escopeta al margen del arma de puño", aspecto negado por G. "pero frente a esa negativa existen testimonios de vecinos que señalan lo contrario, y fundamentalmente, existe un testimonio -el del policía Cipolloni", quien en la prevención había señalado "haber visto a G. con dos armas en sus manos (vide fs. 39/40)".

Más adelante añadió que "cabe colegir que la situación es nueva y se produce a partir de la llegada de G. y M. al lugar, presuntamente acompañados por la Agente Canarelli, quizás en busca de imponer criterios de comportamiento, con cierta prepotencia, contra los vecinos que antes habían discutido con la mujer policía, lo que comienzan a hacer bajando el volumen o sonido de la música del aparato de S., el que ante ello pidió explicaciones, enfrentándose ambos por ello. (...) Varios testigos, casi sin diferencia, dicen que ese enfrentamiento implicó insultos y réplicas, eventual forcejeo y culminación en la aplicación de un 'pechazo' sobre el cuerpo de S. por parte del imputado y casi de inmediato, seguidamente, que G. apuntara de cerca a la cabeza de S. y le disparara, produciendo la herida luego moral y la inmediata caída al suelo de éste.

Así lo indican Gonzalo (sic) Núñez (vide fs. 35 y 126), Carina Alejandra Gutiérrez (fs. 36 y 124), Ana Laura Gutiérrez (vide fs. 37 y 87), Sabrina Noelia de Paul (vide fs. 41 y 122), Gabriel Alberto Núñez (fs. 43), Nora Beatriz García (vide fs. 44 y 127), Vanesa Edit García (vide fs. 46 y 123), testimonios que no solamente pertenecen a ciudadanos con igual grado de credibilidad -en tanto no se demuestre lo contrario- que el imputado (...) además, esos testimonios se valorizan con los datos que aporta Cipolloni (...)", arribando así el juzgador a un juicio favorable a su credibilidad, "que debe dárseles por ser contemporáneos, por tener similitudes y coincidencias, (...) pero además, porque surge evidente que esos testigos son trasladados de inmediato por la prevención hasta el lugar donde se comienzan las actuaciones, de manera tal que puede presumirse que no se han podido poner de acuerdo en datos y circunstancias en las que coinciden".

También consideró el Tribunal a quo i) que "la famosa damajuana no es negada por los testigos, pero ninguno menciona que la haya tenido en su poder S., sino que estaba en el lugar y se rompió (...); no hay explicación ante la falta de ataque de S. para que se dispare contra éste No cabe duda que emerge en plenitud su plena y total responsabilidad penal, en un suceso desgraciado, con una consecuencia inaceptable sin sanción, dado que aún (si) a título hipotético admitiéramos insultos o reclamos, y hasta eventual empujón o forcejeo, ya que no hay prueba alguna de agresión, nada puede justificar la conducta de G.. Esta reconstrucción -concluyó- a la luz de las constancias de autos, encuadra además plenamente coherente con el resultado del informe de la autopsia, a la vista de que en el mismo consta la existencia de tatuaje y ahumamiento, producto de la escasa o casi nula distancia del disparo, siendo también coherente con la mecánica del suceso vertida por los testigos la trayectoria del proyectil, lo que permite contar con un plexo grave, firme, preciso y coherente que nos lleva (...) a tener por acreditada la total y plena responsabilidad penal" 5. La aceptabilidad de tales conclusiones es cuestionada por el impugnante, quien opone a la reconstrucción fáctica que efectuara el Oficio su propia versión de los hechos, partiendo de una particular hermenéutica de las constancias del expediente, mas lo cierto es que sus argumentos no logran demostrar ni siquiera en grado liminar que en autos nos encontremos ante una decisión judicial que merezca ser descalificada por no constituir "la necesaria derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas del caso".

En efecto, un repaso a sus planteos permite verificar que el recurrente se limita: i) a agraviarse de que no se requiriera el testimonio de "todos los vecinos" y de "todos los asistentes a la fiesta", ii) a insistir en la existencia de una situación social de agresividad respecto de la policía, iii) a denunciar una suerte de "inversión de la carga de la prueba" en tanto se "presume sin prueba (...) que Canarelli y G. han mentido" y al mismo El acusado no puedo ser asaltado por otro sentimiento que el miedo (...) que seguramente ha impedido que G. pudiera obrar de otro modo".

La prudente ponderación de tales a La impugnante, frente a tal aserto, se limita a esbozar planteos que explicitan su fuerte discrepancia con la solución a que se arribara, pero que carecen de virtualidad -reitero- pa En ese mismo orden, y atendiendo de manera particular a lo expuesto por la Alzada al conceder el recurso en cuanto a la eventual incidencia que sobre la suerte de la causa podrían tener los expedientes nº 297/00, acumulado 2, y 35/01, corresponde señalar finalmente que del examen de tales expedientes -requeridos oportunamente ad effectum videndi- tampoco surge elemento alguno que pueda conmover la validez de lo resuelto.

Así, su breve repaso permite constatar: i) que en el expediente 295/2000, y con relación a un hecho cometido en la madrugada del 27 de octubre de 1997, se dictó auto de procesamiento contra Karina Alejandra Gutiérrez "por la probable comisión del delito previsto en el art Por lo expuesto arribo al convencimiento de que, no obstante los dichos del recurrente (quien en definitiva no logra demostrar la prescindencia de pruebas decisivas, ni la ausencia de la necesaria visión de conjunto y de correlación de los testimonios entre sí y de los demás elementos indiciarios -vide Fallos, 311:948-), nos encontramos aquí ante la inequívoca e inadmisible pretensión de reanudar bajo el matiz de "impugnación constitucional" un debate ya agotado en las instancias ordinarias, intentá Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General a fs. 65/66 v., voto por la negativa.

A la misma cuestión los señores Ministros doctores Gutiérrez, Netri y Gastaldi expresaron idénticos fundamentos a los expuestos por el señor Ministro doctor Spuler y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión -en su caso, ¿es procedente? el señor Ministro doctor Spuler dijo: Atento al resultado obtenido al tratar la cuestión anterior no corresponde pronunciarse sobre ésta.

Así voto. A la misma cuestión los señores Ministros doctores Gutiérrez, Netri y Gastaldi expresaron idéntica razón a la expuesta por el señor Ministro doctor Spuler y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión -en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?- el señor Ministro doctor Spuler dijo: Atento al resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores corresponde declarar inadmisible el recurso interpuesto, con costas (artículo 12, ley 7.055).

Así voto. A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Gutiérrez, Netri y Gastaldi dijeron que la resolución que correspondía dictar era la propuesta por el señor Ministro doctor Spuler y así votaron.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Declarar inadmisible el recurso interpuesto, con costas.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando los señores Ministros por ante mí, doy fe.

Fdo.:GUTIERREZ-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)