marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Confirmación de sentencia, despido discriminatorio, igualdad ante la ley
Materia: LABORAL
Carátula: Medina, Juan  c/ Bengolea, Beatriz Lidia y otros s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-22

La demandada se agravia porque en la instancia anterior se admitió el carácter discriminatorio del despido dispuesto por ella. En la causa hay indicios suficientes de la alegada motivación discriminatoria que habría llevado a la accionada a extinguir el vínculo. No cabe duda que resulta aplicable la ley 23.592 a las relaciones laborales. Dicha norma, se encuentra avalada por la Constitución Nacional de 1853 por los arts. 14 y 16, luego por el art. 14 bis CN y además hoy día, a partir de la reforma constitucional de 1994 -art. 75 inc. 22-, encuentra sustento en normas internacionales que garantizan el principio de igualdad (la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas; la Convención Americana sobre Derechos Humanos - Pacto de San José de Costa Rica-; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos); asimismo, la discriminación arbitraria está expresamente vedada por los Convenio N° 87, 98, 111 y 190 de la OIT, y por la Declaración Sociolaboral del Mercosur. A ello se suman los pronunciamientos del Alto Tribunal en esta Materia en las causas "Álvarez, Maximiliano y otros c/ Cenconsud S.A. s/ acción de amparo" -del 7/12/2010- y "Pellicori, Liliana Silvia c/ Colegio Público de Abogados" -del 15/11/2011-; ratificados luego en autos "Varela, José Gilberto c/ Disco S.A. s/ Amparo sindical" -del 4/09/2018- y, en época más reciente, en "Caminos, Graciela Edith c/ Colegio e Instituto Nuestra Señora de Loreto s/despido" -del 10/06/2021- (citados en el fallo de grado, y soslayados por la apelante). En orden a dichas pautas, la decisión extintiva adoptada por la demandada inmediatamente después de haber obtenido el actor el alta médica, evidenció por sí sola una actitud discriminatoria respecto del accionante vinculada a las afecciones por las cuales éste gozó de licencia. En efecto, del relato de los hechos efectuado por la propia demandada quedó evidenciado que el accionante estuvo con licencia, oportunidad en que se le otorgó un alta para que se reintegre a sus labores con indicación de tareas livianas y cinco días después fue despedido. De ello surge, una arbitraria discrecionalidad al desvincular al accionante a los pocos días de haber obtenido el alta. No sólo no se demostró la causal invocada extensión del vínculo por fuerza mayor (art. 247 LCT) sino que, además, el actor fue el único trabajador al que se despidió. Estos aspectos evidencian, por sí solos, la discriminación de la que fue víctima el accionante. Cabe calificar el despido dispuesto por la demandada como "discriminatorio". Debe confirmarse lo decidido en la instancia anterior.
Jurisdicción y competencia, competencia federal, defraudación, Ferrocarriles Argentinos
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Gutiérrez, Andrés Rubén s/ denuncia.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-06-19

Es competente el fuero federal para entender en la presunta comisión del delito de retención indebida, que tendría por autores a miembros del personal de la Empresa de Ferrocarriles Argentinos.
Requerimiento de sobreseimiento, Ministerio Público Fiscal, facultades del querellante, acusación de la querella, requerimiento de pena
Materia: PROCESAL
Carátula: "RUIZ, ARMANDO SECUNDINO; MALACALZA JULIO CESAR S/ ESTRAGO CULPOSO", Expte. Nº 1075 (R-520/06/TSJ . s/ RECURSO DE CASACION E INCONSTITUCIONAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2007-05-02

La interpretación de los artículos 376 (Discusión final) y 385 (absolución. Obligatoriedad) del C.P.P debe ser armónica y sistemática con la totalidad del cuerpo normativo procesal que integra.

El art. 443 (Recurso de la parte querellante) consagra la autonomía de la acción punitiva en cabeza de la parte querellante, no siendo obligatorio para los Sres. Jueces de Cámara el pedido de absolución que formule el Sr. Fiscal de la instancia, cuando -como en el caso de autos- el acusador particular formula su concreta pretensión punitiva.

El Tribunal Oral sólo se encuentra habilitado para dictar sentencia condenatoria cuando el pronunciamiento se encuentra precedido de una concreta acusación formulada en el debate por el Ministerio Fiscal o el Querellante particular y dependiendo de las pruebas aunadas a la causa.
Prueba, libre convicción, valor probatorio
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: PEREYRA ENRIQUE GERMAN s/ PRUEBA  -  PERICIA  JUDICIAL  -  INFORME  TECNICO  POLICIAL - POLICIA  JUDICIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1990-12-19

El C.P.P. recepta el principio de libertad probatoria (C.P.P. 215), según el cual no se exige la utilización de un medio de prueba determinado para probar un objeto específico y si bien se debe recurrir al que ofrezca mayores garantías de eficacia, el no hacerlo carece de sanción procesal alguna y no impide el descubrimiento de la verdad por otros medios (todos los legalmente admisibles al efecto). Por eso es que la pericia judicial y los informes técnicos que la policía puede y debe realizar,de acuerdo a lo dispuesto en el art. 190 inc. 3ro. del C.P.P., poseen igual valor probatorio intrínseco y quedan sujetos a su valoración por el Tribunal conforme a las reglas de la sana crítica, siempre que no haya procedido arbitrariamente, poseyendo idoneidad, para comprobar hechos o circunstancias del proceso, como cualquier otro medio de prueba regulado por el C.P.P.

No empece a lo expuesto el texto del art. 255 del C.P.P., pues la necesidad de un pericia no excluye otro elemento de prueba. El dictamen pericial no obliga al Juez y este debe apreciar el valor probatorio del mismo según su libre convicción (T.S.J. Cba. Sala Penal, Sentencia Nro. 1 del 24/02/89).-
Daños y perjuicios, indemnización por muerte, muerte de un nieto
Materia: CIVIL
Carátula: Frida A. Gómez Orue de Gaete y otra c/ Buenos Aires, Pcia. de y otros. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-09

Si una comprensión objetiva y realista de la situación económico social de la familia permite inferir la cooperación futura del nieto a su cargo, aunque la actora - ascendiente de la víctima no se encuentre beneficiada por la presunción de daño que sienta el art.

1084 del Código Civil, resulta razonable admitir que la muerte del menor importó la frustración de una posible ayuda material.
Recurso de casación, inadmisibilidad formal
Materia: CIVIL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Moreno, Teófilo Fernando c/ Complejo Productivo Mediterráneo S.A. y Rodanoa S.A. s/ Beneficios Laborales s/ RECURSO DE CASACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-06-27

Llegan estos autos a esta Corte de Justicia con motivo de un recurso de casación interpuesto por la parte demandada. Corresponde en esta instancia establecer si el recurso reúne los requisitos de admisibilidad formal a los fines de su viabilidad. Al respecto el Art. 297 del Código Procesal Civil, fija como requisito para la habilitación del recurso de casación que el valor del pleito exceda la suma que corresponde a la remuneración total de un juez de primera instancia.

Analizadas las constancias de autos en ese orden, surge que el valor traído a debate no cumple con el requisito de mención toda vez que el monto expresado en la carátula del recurso es de PESOS NUEVE MIL SETECIENTOS DIEZ CON NOVENTA Y CINCO CTVOS. ($9.710,95), siendo el límite a la fecha de interposición del recurso de PESOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA ($21.850), de lo que surge claramente que la cuantía de lo expuesto por la recurrente es insuficiente para ingresar la causa a conocimiento de este Tribunal.- Demostrar que el valor en cuestión alcanza o supera dicho límite está a cargo del recurrente, debiendo en consecuencia poner de relieve cuáles son los valores que están en juego al momento de la interposición del recurso. "La demostración de que el monto del agravio (art. ...) excede el mínimo legal a la fecha de su interposición, está a cargo del recurrente (DJ año VII, Nº 33 pág. 255-CS octubre 2-990" Chavez,Domingo H y otro c/Estado Nacional y otro).- La jurisprudencia siempre ha sido constante respecto de la exigencia del cumplimiento del requisito en tratamiento, así se dijo: "Corresponde declarar mal concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si el monto cuestionado ante la instancia extraordinaria no excede la suma fijada por el Art. 278 del Código Procesal Civil para su admisibilidad y no se configura ninguno de los supuestos de excepción previstos" (SCBA, L. 35.758, To. 131, pág. 390 DJBA). Que la base mínima del valor económico del proceso para poder deducir este recurso extraordinario de casación se encuentra en un límite razonable y no vulnera las garantías constitucionales (MORELLO "El Recurso Extraordinario", pág. 378). Así también lo tiene dicho esta Corte de Justicia en ( Exptes. Corte Nº 170/92 (A.I. Nº 66/93), Corte Nº 97/92 (A.I. Nº 183/92), Corte Nº 153/98 (A.I. Nº 261/98) y Corte Nº 116/02 (A.I. Nº 143/02 entre muchos otros).

Atento ello, resulta inoficioso ingresar al análisis de los demás requisitos formales que hacen a la viabilidad del remedio extraordinario intentado.

Por lo precedentemente señalado, el recurso deviene formalmente inadmisible.
Fuerzas Armadas, ley de procedimientos administrativos, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Daus,  Oscar  Normando c/ M°  del  Interior  y otros s/ daños yperjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-18

De conformidad con lo previsto en el art. 2°, inc. a, de la ley 19.549 y en el decreto 722/96 -que derogó el decreto 9101/72-, las normas contenidas en la ley nacional de procedimiento administrativo son de aplicación supletoria en los organismos de las Fuerzas Armadas, de Seguridad, Policiales e Inteligencia (Disidencia del Dr. Juan Carlos Maqueda).
Nulidad procesal, confirmación del acto jurídico
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Coop. Ltdo. c/ Nuesch, David Gregorio y otros s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-09-02

En caso de hacer lugar a la nulidad los efectos se proyectan hacia el pasado, se retrotrae -en principio- el procedimiento con anterioridad al acto viciado, el que debe repetirse. Este es el efecto "natural" de la nulidad, volver las cosas al mismo o igual estado en que se hallaban antes del acto anulado (art. 1050 Cód.

Civil).-
Intervención de terceros, accidentes de trabajo
Materia: PROCESAL
Carátula: Grosso Carlos José c/ Merlini Hugo Alberto Y Otro s/ Accidente Acción Civil
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2013-05-22

Resulta improcedente la demanda por los daños y perjuicios derivados de un accidente laboral, ocasionado mientras el actor realizaba tareas de fumigación en un predio rural, entablada contra la empresa arrendataria de dichas tareas, pues la demandada fue citada por el empleador del trabajador, quien adhirió al pedido de citación, pero omitió solicitar la condena del tercero como lo prevé el art. 88, segundo párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de La Pampa, lo que impide que se lo condene en la sentencia.
Recurso de casación, juicio ejecutivo, sentencia definitiva, cosa juzgada, juicio ordinario posterior
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Romano Antonio E. c/ Cantonati Jorge A. s/ Ejecutivo - Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2000-03-21

1- La decisión recaída en el proceso compulsorio sólo hace cosa juzgada formal y admite la promoción de un juicio ordinario para discutir la relación jurídica sustancial que le da origen al título, en el que la decisión que recaiga, hará cosa juzgada material.

Sin embargo, corresponde hacer excepción a este principio en los supuestos en que no resultare apta la vía del juicio ordinario por haberse ya admitido con carácter definitivo las excepciones planteadas por el demandado.

De ello resulta que para determinar si la sentencia dictada en juicio ejecutivo es o no susceptible de casación, es menester establecer si lo resuelto, en cuanto agravia los derechos sustantivos del perdidoso, puede o no ser revisado en el juicio declarativo posterior.

Sin perjuicio de la regla general que entiende irrevisables en casación las sentencias dictadas en juicio ejecutivo, hacen excepción todos los casos en que el agravio sustantivo que aqueja al recurrente no es susceptible de articulación en el juicio ordinario posterior.

2- El Código de Procedimiento Nacional, en su art. 553, dispone expresamente que en el juicio ordinario "tampoco se podrán discutir nuevamente las cuestiones de hecho debatidas y resueltas en el juicio ejecutivo, cuya defensa o prueba no tuviese limitaciones establecidas por la ley". Si bien nuestro Código no contiene esa normativa, pese a ello la regla es la misma. La cosa juzgada, aún puramente formal como se afirma es la que emana de la sentencia dictada en juicio ejecutivo, comprende no sólo lo resuelto (procedencia o improcedencia de la ejecución) sino además los fundamentos de esa resolución, en cuanto constituyan un antecedente lógico absolutamente inseparable de lo dispositivo. El extremo fáctico consistente en la falsedad de la firma del pagaré, que obviamente es presupuesto ineludible de la resolución dictada (acogimiento de la excepción de falsedad) no puede ser discutido en un nuevo proceso.
Recurso de casación, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: A., C. c/ B.N.L. SA y/o Quien Resulte Responsable s/ Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-02-10

Si bien existen circunstancias en las que la fundamentación normativa expresa puede faltar, hay un tope a tales excepciones y el mismo estará dado, según el autor citado, por la posibilidad de que lo argüido permita vincular la solución del caso con el sistema legal vigente, y no simplemente en la libre estimación del juez.
Juicio, llamamiento de autos, consentimiento, nulidad procesal, confirmación del acto jurídico, demanda, traslado, arraigo
Materia: PROCESAL
Carátula: BALLY, NAZARIO (HOY BELLOTTI DE BALLY, MARTA VILMA) c/ SANCHEZ, ENRIQUE s/ DEMANDA ORDINARIA     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE NRO 172-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-12-16

A riesgo de pecar por omisión en innumerables hipótesis, no puede sostenerse casi como un axioma que la ausencia de oportuno cuestionamiento del decreto que llama autos para sentencia produce la convalidación y purga las irregularidades procesales que hubieran podido existir; máxime si, en el caso, tampoco correspondía llamar autos pues no se había corrido el traslado de la demanda que exige el artículo 399 del Código Procesal Civil y Comercial, una vez pasada en autoridad de cosa juzgada la resolución concerniente al incidente que suspendía el juicio. Ello es así, pues el efecto purgatorio del llamamiento de autos consentido tiene su límite no sólo en la naturaleza del proceso dentro del cual se pronuncia, sino también en la lógica que, en última instancia, es la piedra de toque para interpretar rectamente el derecho.
Procedimiento laboral, recurso de apelación (procesal), fundamentación del recurso, presentación extemporánea
Materia: LABORAL
Carátula: Spina, Lionel c/ Yukelson, Esteban Darío y otro s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-09-07

Resultan extemporáneas e improcedentes las aclaraciones que intenta hacer valer una demandante en su recurso de apelación, como ser: quién era su verdadero empleador. Dicho extremo debió ser formulado en el escrito inicial, conforme lo dispuesto en el art. 65 inc. 4 L.O. t.o. dec. 106/98 y no en la apelación (art.

277 C.P.C.C.): es que lo menos que puede exigírsele a quien promueve una demanda basada en la existencia de un contrato de trabajo es que indique acabadamente quién era su empleador y cuál es la razón por la que acciona también contra otra persona...finalmente, nada le hubiera impedido desarrollar en el libelo de inicio, la descripción que, tardíamente, introduce en los agravios.
Menores, tutela, fundamentación de la resolución, falta de fundamentación, subsanación del error
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: S., L. F. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-01-04

Si la resolución que dispuso provisoriamente del menor carece de la debida fundamentación (art. 123, a contrario sensu, del C.P.P.N.), deberá el juez de grado fundarla con el mismo celo que se analiza el encarcelamiento preventivo de un mayor y con la consecuente motivación, tenida en cuenta la Convención de los Derechos del Niño de rango Constitucional, sin la fórmula genérica aplicada y su remisión a la ley 22.278 satisfagan dichos requisitos.

Con ello se aparta el tribunal de la antigua jurisprudencia sentada en cuanto a que , salvo supuestos excepcionales, las decisiones de los jueces de menores relativas a disposición de menores, no pueden ser revisadas ni controladas por la alzada, por lo cual, en el futuro, cada vez que se plantee una apelación sobre el tema, deberá remitirse el expediente tutelar correspondiente (del voto del Dr. Bruzzone al cual se adhirió el Dr. Barbarosch).

Por tanto, deberá ordenarse a la juez de grado que subsane la omisión de motivación del auto apelado, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 123 del C.P.P.N. en el plazo perentorio de 48 horas.
Honorarios, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: Ciadea S.A. (TF 14.782-I y 14.853-I acumulado) c/ D.G.I.). s/ regulacion de honorarios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-10

Si la ley 24.434 -en cuanto permite al juez el apartamiento de las escalas- no ha sido aplicada en la regulación de los honorarios del recurrente, no corresponde el estudio de los agravios relativos a su aplicación.
Mora de la administración, amparo por mora
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: "Ces  Irma Teresa c/ E.N. -Mº Interior- DNM (Expte. AdministraciónM-66) s/ amparo por mora".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-09-01

En el art. 28 de la ley 19.549 se establece que el fue fuera parte en un expediente administrativo podrá iniciar una acción de amparo por mora cuando una autoridad administrativa hubiera dejado vencer los plazos fijados, o los razonables, según el caso, sin emitir el dictamen o la resolución de mero trámite o de fondo que requiera el interesado. En consecuencia, por esta vía se posibilita que quien es parte en el procedimiento administrativo acuda a la vía judicial para que se emplace a la Administración a los fines de que se expida en forma expresa con respecto a su solicitud.
Seguro de responsabilidad civil, culpa grave
Materia: CIVIL
Carátula: LOTO EMETERIO c/ CUPALEN S.R.L. Y/O RESPONSABLE s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-09-30

En el seguro contra la responsabilidad civil "El asegurado no tiene derecho a ser indemnizado cuando provoque, dolosamente o por culpa grave, el hecho del que nace su responsabilidad" (art. 114 LS). La gravedad de la culpa se determina por el grado de incumplimiento del deber objetivo de cuidado, que deberá ser apreciado con rigor y en concreto. La culpa grave, como causal de exoneración de la responsabilidad de la aseguradora, excede la regular graduación de negligencia -que es la que se encuentra amparada en los contratos de seguro- y, por su magnitud, resulta cercana a la intencionalidad en la producción del evento dañoso o, por lo menos, traduce una actitud de grave despreocupación ante el eventual resultado perjudicial, aunque éste no haya sido deliberadamente buscado por el sujeto.-
Sociedad anónima, directorio, remuneración del directorio, participación en las ganancias
Materia: COMERCIAL
Carátula: RIVIERE DE PIETRANERA, LIDIA c/ RIVIERE E HIJOS  SA s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-07

Salvo en el caso que la remuneración de los directores sea fija, por haberlo así establecido el estatuto, o por configurarse el supuesto de la LS: 281-d, su labor debe ser remunerada "a porcentaje de las ganancias obtenidas" por el ente al cual pertenecen, con el alea que ello conlleva. En otras palabras: la forma habitual de la remuneración de los directores es la participación en las utilidades, y si ellas no existen, los directores no tienen derecho a reclamar retribución alguna, pues para ellos sus honorarios no son la contrapartida de la función cumplida, sino el resultado de dicha gestión.
Aduanas, perjuicio fiscal, manifiesto de carga, declaración inexacta de mercaderías
Materia: ADUANERO
Carátula: "FERRY LÍNEAS ARGENTINAS SA (TF 13.922-A) c/ D.G.A.".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-17

La diferencia entre la declaración contendida en el manifiesto general de la carga y el resultado de la descarga que cierta o potencialmente pudiera producir un perjuicio fiscal y no fuera justificada por alguno de los medios que establece el art. 142 del Código Aduanero y su reglamentación en el plazo de dos días desde la finalización de la descarga, dan lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el art. 954 del citado cuerpo legal (Fallos:307:928 y 310:1786) (Cons. IV).
Ejercicio profesional, abogados, derecho fijo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: F.N.  (D.G.I.) c/ ANGEL Y MANUEL FERNANDEZ SOC. DE HECHO s/ EJECUCION FISCAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-12

El pago del derecho fijo constituye una obligación personal de cada profesional matriculado que actúe en la causa en cualquiera de los caracteres que enumera el art. 125 del Reglamento Interno del C P.A.C.F. .
Derecho procesal, gastos del proceso, incidentes, beneficio de litigar sin gastos, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: Jara, Gabriel Alejandro c/  s/ beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2021-03-17

2.- [.] si bien en la causa principal las costas se impusieron a la parte demandada, lo cierto es que el presente incidente tramitó por separado del principal, y conforme el art. 69 del C.P.C. y C. se encuentra prevista una regulación independiente para la imposición de las costas. (del voto del Dr. Jorge Pascuarelli, en minoría).
Embargo, levantamiento del embargo
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Paz Eduardo Alberto c/ Fernández Omar Horacio Ceferino y otro s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-03-25

En principio, no es el ejecutado el legitimado para plantear el desembargo, sino el tercero afectado (artículo 101 del Código Procesal Civil y Comercial).
Deportes, deporte amateur, deporte federado
Materia: CIVIL
Carátula: RAMELLA, Claudia Inés c/ CLUB ATLETICO OBRAS SANITARIAS DE LA NACION s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-14

Del voto de la Mayoría (Dres. Gatzke Reinoso de Gauna y Achával): Si la actora ingresó al club demandado con la categoría de socia deportiva, en atención a sus condiciones especiales para representar a la institución, quedando cada año a juicio de la Comisión Directiva mantenerla en esa condición, y además participaba de los encuentros que organizaba la accionada en campeonatos oficiales, vistiendo el uniforme de la entidad y utilizando sus transportes, se está ante un contrato de características específicas, que supera el simple vínculo asociativo entre un socio y un club, pues se trata de un contrato deportivo, el cual se lleva a cabo no solamente por jugadores profesionales, sino también por los aficionados.-