marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Administración Pública, facultades discrecionales, estado de derecho, bien común, revisión judicial de actos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Boaglio, Carlos J.A. c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-10

Si bien en un estado de derecho no es posible convalidar la existencia de una potestad administrativa ilimitada, que conlleva al dictado de actos que resulten arbitrarios para los administrados, tampoco puede autorizarse una revisión judicial generalizada de aquéllos, que conduzca a desnaturalizar el ejercicio de las facultades discrecionales, que han sido dadas para la concreción del bien común (Disidencia del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Pesificación, verificación de créditos
Materia: CIVIL
Carátula: Banco de la Provincia de Bs.As. c/ Marbella S.A.I.C. s/ Incidente de Revisión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-11-14

Debe confirmarse la sentencia que declaró admisible el crédito insinuado comprensivo éste del capital e intereses con privilegio especial hipotecario con más el CER, y consideró que el supuesto no encuadra dentro de las excepciones de la pesificación normada por el decreto 214/02 y la reglamentación que a su respecto efectuó el BCRA -Comunicación "A" 3507, modif.

por Comunicación "A" 3806- , pues las consideraciones vertidas por el recurrente en dicho libelo no dejan de ser meras alegaciones genéricas, ya que no indica el motivo por el cual la mora influiría en la aplicación de la normativa de emergencia y tampoco argumenta por qué la normativa aplicable dejaría fuera de la pesificación al crédito por él insinuado.
Hipoteca, caducidad, aplicación de la ley, interpretación de la ley, código civil
Materia: CIVIL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Banco de la Nación Argentina c/ Unzain, Henrri Manuel y otra s/ ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-12-03

Para declarar inaplicable el art. 29 de la ley 21.799, no es suficiente la remisión que hace la cámara a los arts. 31 y 75, inc. 12, de la Constitución Nacional, en tanto se trata de una ley del Congreso de la Nación que establece una excepción particular al régimen general del Código Civil en materia de caducidad de la inscripción de hipotecas (Voto del juez Rosenkrantz).
Delito culposo, teoría del delito, antijuridicidad, relación de causalidad
Materia: PENAL
Carátula: M. A., E. A. psa Homicidio culposo - dos hechos - y lesiones culposas - dos hechos - s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-03-26

Zaffaroni, Alagia, Slokar, lo explican con claridad. Así, con "... la afirmación de la causalidad y de la violación del deber de cuidado, no se está aún en condiciones de afirmar la tipicidad culposa de la acción, porque restaría averiguar si el resultado está determinado por la violación normativa, o sea si media una conexión o nexo de determinación entre la antinormatividad y el resultado, también llamado en doctrina conexión de antijuridicidad, expresión esta última que denota claramente su sentido...

"La averiguación de la relación de determinación del resultado por la creación del peligro prohibido obliga a realizar un doble juicio hipotético, en concreto y en abstracto, este último como correctivo del primero. En concreto se imagina la conducta del autor dentro del marco normativo, es decir sin violar el deber de cuidado y, por tanto, sin crear ningún peligro.

No habrá determinación cuando la acción así imaginada hubiese producido igualmente el resultado. En general, se ha denominado a esta hipótesis exclusión de la imputación por falta de la realización del riesgo no permitido, pues en el caso se trataría de sancionar el incumplimiento de los deberes inútiles... En todos estos casos, si bien se introduce un riesgo no permitido, el resultado no es realización de ese riesgo".
Emergencia habitacional, subsidio estatal, determinación del monto
Materia: PROCESAL
Carátula: C. B. N. c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ C. B. N. c/ GCBA s/ amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-05-14

Corresponde rechazar la queja si la amparista recurrente, al cuestionar el método de cálculo del subsidio habitacional acordado, no muestra el origen del que surgiría la extensión que pretende dar al derecho a la vivienda digna. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano). Mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/20, se estableció en nuestro país para todas las personas que lo habitan o se encuentren en él, la obligación de permanecer en "aislamiento social, preventivo y obligatorio"; no obstante lo cual, miles de personas en esta Ciudad viven en las calles y carecen de un lugar donde cumplir ese aislamiento, o se encuentran en tales condiciones de hacinamiento que vuelven fácticamente imposible aquel mandato. Con ello queda claro que la desidia estatal en garantizar el acceso a una vivienda adecuada para la población en su conjunto, atenta contra la vida, la salud y el bienestar no sólo de las personas individualmente consideradas, sino contra la comunidad toda. (Del voto en disidencia de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, Derecho laboral, trabajador, renuncia al empleo, despido indirecto
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: FRIAR S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -CONCURSO PREVENTIVO, INCIDENTE DE RECURSO DE REVISION PROMOVIDO POR ERASMO DE  SESMA, ROSA ANA (EXPTE.: C.S.J. NRO. 233 AÑO 2004)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-12-22

Es inadmisible la queja desde que la impugnante no logra acreditar que el A quo hubiese dado al caso una respuesta jurisdiccional sin suficientes fundamentos que avalen la solución adoptada, incumpliendo de tal modo el mandato constitucional del artículo 95 de la Constitución provincial .Concretamente, los reparos que giran en torno a achacar al Tribunal haber soslayado el texto legal del artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo no pueden ser admitidos desde que sólo demuestran el diferente enfoque de la recurrente en punto a la forma en que había operado el distracto -a su juicio, por renuncia abandono, derivada mas que de la nota, de la conducta de las partes- y, consecuentemente, en punto a la norma a la luz de la cual debía verificarse la concurrencia de los recaudos legales para la validez de la desvinculación sin derecho indemnizatorio. Esta divergencia sobre una cuestión de valoración de la base fáctica y su encuadre normativo, es como se sabe, del resorte exclusivo de los jueces de la causa y en tanto no se haya demostrado arbitrariedad no puede ser revisado por este Tribunal.
Recurso extraordinario, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, concursos, síndico del concurso, recurso de apelación (procesal), patrocinio letrado
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: SINDICATURA DE FIORAMONTI S.A. c/ VOLKSWAGEN S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -RECURSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-03-17

Corresponde denegar la concesión del recurso extraordinario desde que las alegaciones de la impugnante en modo alguno desvirtúan el núcleo central del pronunciamiento de esta Corte, que juzgó que no se habían desmerecido -desde el plano constitucional- los argumentos expuestos por la Cámara en orden a que en el recurso de apelación resultaba necesario el patrocinio letrado (artículo 31, C.P.C.C) en tanto la Síndica no había acreditado que se tratara de un acto expresamente excluido por los incisos de la disposición citada, ni había demostrado que la resolución del Tribunal a quo hubiera importado una renuncia consciente a la verdad jurídica objetiva, o hubiera traspasado el límite de razonabilidad en el cumplimiento de las formas procesales, máxime cuando de ninguna manera se habían variado en el proceso las reglas atinentes a la representación en juicio para la realización de actos esenciales, por lo que mal podría invocarse indefensión.

Dentro de tal marco, se juzgó que su postulación no trasuntaba más que su mero disenso con la labor jurisdiccional cumplida por los Sentenciantes, en ejercicio de funciones propias y sobre materia -en principio- extraña al contenido del recurso de inconstitucionalidad intentado. (Del voto de la mayoría).
Servicios de inteligencia, jubilaciones, ley secreta, conflicto de leyes
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Barreiro, David Alberto y otros c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-07-15

Siendo que la ley "S" 21.705 y su decreto reglamentario no contienen una regulación específica sobre el conflicto que provoca el dictado de una nueva legislación respecto de los pedidos de jubilación en trámite, cabe presumir que la voluntad del legislador ha sido mantener el criterio previsto en el régimen del art. 77, inc. b), del decreto "S" 4639/73, que resolvía el conflicto en favor de la ley vigente al tiempo de la iniciación de las actuaciones.
Seguros, contratos de consumo
Materia: COMERCIAL
Carátula: Federación Patronal Seguros S.A. en j: 100.784/36.550 Barragán, Ricardo Guillermo y ots. c/ Reynaga, Ricardo Ernesto y ots. p/ d. y p. s/ inc. cas.
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2013-12-18

No hay dudas que el contrato de seguro es un contrato de consumo al que le resultan aplicables las normas referidas a los principio in dubio pro consumidor, la garantía de información veraz y suficiente, la garantía de indemnidad, la nulidad de cláusulas abusivas (arts. 2, 3, 4, 5, 8 y 37 Ley 24240
Apropiación de cosa habida por error, cuenta corriente bancaria, depósito bancario
Materia: PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: Osorio, Martha A. s/ Delito contra la propiedad
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-02-28

No se configuró el delito de apropiación de cosa ajena habida por error -art. 175, inc. 2 del C.P.- pues el dinero ajeno equivocadamente ingresado a la cuenta bancaria de la procesada, no estaba realmente bajo su tenencia, pues todo consistía en registros contables en los saldos bancarios y no en la disponibilidad material del dinero.
Seguro de responsabilidad civil, alcance de la cobertura
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Diaz, Leonel de los Santos c/ Beitone, Carlos Lorenzo y otros s/ Daños y perjuicios Meza de Ocampo, Andrea de los Milagros y otros c/ Lobos, Juan Carlos y otro s/ Daños y perjuicios Román, Olga Noemí c/ Isnard, Raúl Alberto y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-12-11|1996-10-01|1991-03-19

Cuando en un seguro de responsabilidad hacia terceros se conviene que la aseguradora mantendrá indemne al asegurado y a quien conduzca autorizado el vehículo objeto del contrato, quedan amparados por la garantía dos sujetos: uno determinado y el otro determinable.
Seguro marítimo, seguro de protección e indemnidad, paid to be paid, aplicación analógica de la ley
Materia: CIVIL Y COMERCIAL
Carátula: IGUAZU CIA. DE SEGUROS SA c/ CAP. Y/O ARM. BQ. SAN LUIS s/ FALTANTE DE CARGA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-06-23

La Corte de Apelaciones de Londres resolvió que la regla "paid to be paid" debía ser dejada de lado basándose en los fundamentos de imposibilidad y futulidad. Por un lado, se admitió que el tercero damnificado ocupara el mismo lugar que el asegurado, en sus derechos y obligaciones y como el presupuesto para reclamar al Club asegurador resultaba de cumplimiento imposible o bien fútil, esa condición contractual debía ser ignorada y, por lo tanto, el club se hallaba obligado a pagar al tercero reclamante. Estos principios son perfectamente aplicables al derecho argentino. Aun admitiendo las diferencias que existen entre el seguro de responsabilidad y el de indemnidad, es adecuado a una armoniosa interpretación del derecho positivo, aplicar las reglas aunque distinta en su configuración jurídica, guarda una analogía sustancial, art. 16 C.Civil. En efecto, resulta apropiado consagrar la aplicación del art. 118 de la ley 17418, pues el seguro de indemnidad no prevé que el asegurador quede liberado en caso de insolvencia, de tal modo que para que la finalidad de garantía quede tutelada, la solución mas valiosa no es exonerar al asegurador, sino reconocer la legitimación del tercero para intentar contra el una acción directa cuando la condición para que nazca su obligación, el pago previo, es de imposible cumplimiento. Y si a ello se añade que el armador ha cargado al tercero el costo del P&I a través del flete, la solución que se propicia también encuentra apoyo en los principios generales que disciplinan la estipulación en favor de un tercero, art. 504 C Civil. Así cabe interpretarlo porque si el seguro ha sido tomado con el objetivo final de trasladar al asegurador las consecuencias del incumplimiento contractual, solo se puede atender a ese objetivo si, excluida la legitimación del asegurado, la asume el consignatario en cuyo interés también se contrato el seguro, viniendo a resultar en tales circunstancias un tercero beneficiario en los términos de la norma mencionada.
Quiebra, pedido de quiebra, honorarios, prueba sumaria del crédito
Materia: COMERCIAL
Carátula: VIDELA,  HERNAN  S/PEDIDO  DE QUIEBRA POR HERMINDA AMILIBIA Y GRANSON s/ PEDIDO DE QUIEBRA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-07-07

Si en los autos testamentarios se regularon honorarios a favor de la peticionante de la quiebra, sin que existan fondos suficientes ni bienes embargados, que permitan continuar la ejecución, obviamente, la iniciación del trámite de ejecución y la efectivización de la medida cautelar carecen de entidad -al menos momentáneamente- para dar satisfacción al crédito pendiente. Por lo expuesto se torna procedente tener por justificado sumariamente el crédito, y los hechos reveladores del estado de cesación de pagos; en los términos de la LC:91, 1er. párrafo.
Estupefacientes, suministro de estupefacientes, tenencia de estupefacientes
Materia: PENAL
Carátula: GUZ, MAURICIO. s/ ESTUPEFACIENTES. SUMINISTRO. TENENCIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-16

Más allá de que los autos no nos dejan ver ningún rastro sobre que al apoyarse para afirmar una conducta activa y positiva de entrega o falsificación a la occisa, del estupefaciente luego secuestrado, no pudo tampoco olvidar que tenemos dicho en casos anteriores que las acciones contempladas en el inc. 2do. de la ley 20.771 allí encuentran ubicación en la medida que puedan demostrarse vinculadas al tráfico de los estupefacientes, esto es, al comercio de la sustancia, no alcanzando el uso conjunto ocasional del material. Sentado ello, sólo el dinero extranjero secuestrado en poder de quien podría inducir a considerarlo vinculado al tráfico de drogas, sumado a la apreciable cantidad que tenía en su poder, pero ello sin las notas de univocidad que darían andamiento a la prueba presuncional, por lo que, como lo concluye la sentencia apelada, lo que si resulta cuestionable y legalmente probado como se lo señala en el Considerando Primero, es que tenía estupefacientes y en cantidad y circunstancias que afectaban la salud pública, esto último gráfica y trágicamente por el final dado, lo que señala la tipicidad y validez en el caso de la norma del art. 6to. de la ley 20.771, aunque nunca se haya invocado un consumo personal privado del estupefaciente, como no sea a través de la rechazada y casi infantil excusa ensayada de haber sido usada como elemento integrante de una pasta, para el tratamiento de la psoriasis.
Jubilaciones, pensiones, movilidad del haber jubilatorio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Muñoz de Roggero, Lilia Berta c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-02-23

A los fines de garantizar la movilidad jubilatoria, la norma preve que los haberes se irán actualizando a medida que aumente lo abonado a los activos (art. 50, dec. ley 9650/80).
Derecho procesal, procesos de ejecución, juicio ejecutivo, títulos ejecutivos, oportunidad procesal, rechazo in límine, improcedencia del recurso, factura, pretensión procesal
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: SBZ SA c/ Club Atlético San Lorenzo de Almagro (CASLA) s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-04

Ello así, pues la ordinarización pretendida se inserta dentro del principio de la disponibilidad de las formas y no encuentra obstáculo insalvable en la secuela regular de los trámites preparatorios hasta ahora cumplidos (conf. CNCom, Sala B in re "Karatex SAIC c/ Bulnes y Calzavia s/ ejecutivo", del 15/02/79; ídem Sala C in re "Eidico SA c/ Tradito, Alejandro s/ ejecutivo", del 04/06/10).
Derecho laboral, conciliación laboral, ley de empleo, leyes, interpretación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: Medrano, Claudia c/ Kischitzky, Marcelo s/ Homologación - Convenio (Expte. Nro. 107-00, Resol. Nro. 82, Tomo 26,  Folio 246)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-08-24

El art. 17 de la ley 24.013 reconoce la posibilidad de dictar resoluciones homologatorias de acuerdos conciliatorios o transaccionales prescribiendo que dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha en que quede firme la resolución deben ponerse en conocimiento de organismos administrativos laborales diversas circunstancias específicas de orden registral. Estas formalidades con las que se rodea a los pagos y acuerdos transaccionales referidos a las indemnizaciones previstas por los arts. 8, 9 y 10, además de pretender garantizar la veracidad y equidad de estos actos, apuntan a un adecuado procedimiento de la información sobre los mismos, especialmente en los organismos de seguridad social, para dar lugar a las acciones correspondientes frente a los casos de evasión". De la disposición aludida se deriva que en la normativa citada no se prohíbe la homologación de acuerdos conciliatorios;

solo se establecen obligaciones comunicacionales a posteriori de los mismos. Si ello es así en supuestos de configuración de vínculo contractual laboral, con mayor razón, no habría impedimento en supuestos en que tal tipo de relación no se encuentre clarificada.
Medidas cautelares, derecho a la salud, elevación de la cobertura
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: RUIZ MARTINA VICTORIA c/ OSPACA s/ OTROS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-08

El Tribunal no advierte en las indicaciones médicas que existan razones profesionales o de inusual especialidad que justifiquen que la intervención quirúrgica y la correspondiente internación sea otorgada por intermedio de profesionales e instituciones que no integran la cartilla de prestadores de la obra social. Sobre todo, teniendo en cuenta que la demandada ofreció que la intervención quirúrgica sea realizada por médicos de la cartilla y la internación en una clínica prestadora de la obra social.
Actos jurídicos, buena fe, abuso del derecho
Materia: LABORAL
Carátula: Benitez Barboza, Carlos y otros c/ Empresa Salomón T.A.P. y/u otros s/ Ejecutivo T.A.P. y/u otros s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-08-02

La buena fe configura un standard de conducta que sirve para decidir acerca de la validez de los actos aparentemente legítimos realizados por las partes, en una conceptualización que guarda afinidad con la teoría del abuso del derecho.
Caducidad de instancia, interrupción de la caducidad, purga de la caducidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: DGI en J: ORM s/ Concurso Recurso Revisión (LIBRO: A140 - 162)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1997-03-24

La diferencia entre la interrupción y purga de la caducidad, no es el acto en sí mismo, pues tanto en uno, como en otro caso debe tratarse de un acto útil, pero, en el primer supuesto se debe haber realizado antes del vencimiento del plazo de caducidad y no necesita ser consentido por la otra parte, mientras que en la purga el acto se ejecuta luego de vencido el término y si necesita el consentimiento del otro litigante
Costas, allanamiento
Materia: CIVIL
Carátula: CARAMEL DE CASPANI, Irma c/ PLAYAMAR S.R.L s/ COSTAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-27

El "allanamiento" no importa alterar el principio de imposición de las costas al vencido, salvo en los excepcionalismos supuestos del art. 70 del Cód. Procesal.-
Acto administrativo, vicios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ALMIRON FOUTEL, JOSE ESTEBAN c/ PODER EJECUTIVO PROVINCIAL s/ RECURSO FACULTATIVO" EXPTE.N 11.865/96.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1997-12-02

Es procedente declarar nulo un Decreto dictado por el Poder Ejecutivo Provincial por existir allanamiento y expreso reconocimiento por parte del Estado Provincial de la existencia de vicios graves que afectan la validez del acto- como la falta de motivación, el incumplimiento del procedimiento y la garantía del debido proceso- consagrados en los artículos 97 y 98 de la ley de procedimientos administrativo y 18 de la Constitución Nacional, y en mérito a lo dispuesto en el art. 175 inc. m y n de la ley N° 3460.-
Cláusula penal, modificación de la cláusula penal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gumbold Aparicio c/ Garzulli Plácido s/ Cobro de alquileres Seri Horacio c/ Varela Luis y otr. s/ Cobro de alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-03-01|1990-03-06

Los intereses punitorios son los acrecidos que corresponden pagar al deudor en el supuesto de estar constituido en mora, los que son asimilados doctrinariamente a la cláusula penal. La facultad de reducción del interés punitorio ha de seguir entonces idénticos criterios que los que regulan la reducción de la cláusula penal (art.656 Cód.Civil). De ahí que se le atribuya a tal reducción un carácter excepcional y que debe ser aplicada con suma prudencia, de modo que las penas convencionales no pierdan su razón de ser. Así, para que resulte justificada la interferencia de los jueces, debe no sólo advertirse una punición desproporcionada con la gravedad de la falta que sancionan, habida cuenta del valor de las prestaciones y de las demás circunstancias del caso, sino que la penalidad debe patentizar "un abusivo aprovechamiento de la situación del deudor" art.656 Cód.Civil). Por tal motivo, aún de aceptarse, en el mejor de los casos, la facultad de los jueces de disminuir de oficio la penabilidad pactada, no puede obviarse de ningún modo que debe haber muy graves y fundados motivos para aceptar tal ingerencia cuando no es planteada por los propios interesados, ni es precedida por un debate que exponga y demuestre las razones de hecho y de derecho que habilitan la reducción. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Régimen de consolidación de deudas, perito contador, honorarios
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PEREYRA VICTOR ISIDRO c/ SERVICIOS PUBLICOS SOCIEDAD DEL ESTADO s/ LABORAL-INCIDENTE  DE EJECUCION DE HONORARIOS DE LA C.P.N. CLAUDIA F.  BORRONI
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1994-11-28

En relación al sostenimiento de violación de garantías individuales por aplicación de la normativa en tratamiento, que la aplicación del sistema de consolidación de deudas no priva al demandante del resarcimiento patrimonial declarado en una sentencia, sino que sólo suspende temporalmente la percepción íntegra de las sumas adeudadas, circunstancia esta que obsta a la declaración de inconstitucionalidad pretendida.
Sentencia, nulidad de oficio
Materia: PENAL
Carátula: Sande, Héctor Omar s/ HOMICIDIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-05-10

Debe anularse de oficio la sentencia que por sus deficiencias en cuanto a la cuestión del cuerpo del delito obstó sustancialmente la formulación del recurso de inaplicabilidad de ley o imposibilitó a la Corte el debido conocimiento del recurso.