Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-09-05


ALCONCHEL, Enrique contra MUNICIPALIDAD DE SANTA FE Reg.: A y S t 215 p 426-428. Santa Fe, 5 de setiembre del año 2006.

VISTOS: los autos "ALCONCHEL, Enrique contra MUNICIPALIDAD DE SANTA FE -R.C.A.P.J.- (Expte. 538/95) sobre INCIDENTE DE APREMIO" (Expte. C.S.J. nro. 729, año 1998); y, CONSIDERANDO: 1. Sucintamente expresados los hechos que motivan la presente incidencia resultan los siguientes.

Dictada resolución que hizo lugar al apremio (f. 38) y habiéndose aprobado la liquidación del pleito (f. 48), la ejecutante solicitó se trabe embargo por la suma de la planilla referida (f. 51), lo que se proveyó de conformidad a foja 52 y se efectivizó posteriormente (f. 57).

Anoticiada la demandada de la medida dispuesta, interpuso recurso de revocatoria (fs. 63/64), cuyo trámite quedó suspendido atento haber celebrado las partes un convenio de pago a fojas 66/68.

A foja 78 la actora denunció que la ejecutada no cumplimentó con lo acordado.

Por su parte, a fojas 110/113 la demandada formuló extensas consideraciones referidas a la situación económica-financiera del Municipio y a las disposiciones legales de emergencia, acompañando copia de los respectivos decretos municipales e informando que la deuda reclamada en autos se encuentra presupuestada en el orden de pago número 45 y para ser cancelada en cuotas entre el año 2002 y 2004.

A foja 120 la actora aceptó el plan de pago propuesto, haciendo sólo reserva de practicar nueva liquidación de capital e intereses y peticionó se la intime a depositar las cuotas ya devengadas.

Hecho saber a la demandada (f. 121) no formuló manifestación alguna, pese a estar debidamente notificada (f. 122), por lo que fue intimada al cumplimiento de lo adeudado en autos (f. 123).

Ante ello, la Municipalidad expresó que la aceptación del actor fue remitida a la Secretaría de Hacienda, encontrándose en ese ámbito (f. 125).

Requerida que informe la fecha de depósito del importe reclamado en dos oportunidades (f. 127 y 130) la accionada omitió evacuarlos, por lo que la actora solicitó se libre orden de pago por el monto del embargo trabado en autos al considerar que no resulta aplicable ni la legislación de emergencia invocada ni la ley 12036, tomando además en consideración el contumaz incumplimiento de su contraparte; y peticionó, por último, la aplicación de lo normado por los artículos 622 y siguientes del Código Civil.

Notificada la accionada (f. 135), no se expresó al respecto, por lo que se pasaron los autos a resolución.

A fojas 140/152 la demandada acompañó copias del decreto 0187/04 referido a la forma de cumplimiento de sentencias condenatorias y procedió a depositar el importe de $ 700 para esta causa.

Hecho saber ese evento a la actora como así también restantes depósitos efectuados por la ejecutada, solicitó se resuelva la incidencia relativa al libramiento de la orden de pago (f. 167 vta.).

Fracasadas las tratativas en la audiencia de conciliación fijada al efecto, el accionante peticionó el pase a resolución de las cuestiones planteadas (f. 222).

2. La entrada en vigencia de la ley 12036 genera una particular situación de "jus superveniens" que, por una cuestión metodológica, debe ser abordada con prioridad ante la posibilidad de tornar inoficioso el tratamiento de los argumentos originalmente articulados por las partes.

Tras los reiterados incumplimientos a los acuerdos de pago celebrados en autos, debe valorarse que la Municipalidad de Santa Fe, según se desprende de las constancias acompañadas, se ha adherido a las disposiciones de la ley 12036 instrumentando un sistema de pago para atender los pronunciamientos judiciales que la condenaren a pagar sumas de dinero.

Empero, en el caso, no resulta necesario ponderar la razonabilidad de la mantención de un embargo frente a ese "sistema de pago" toda vez que resulta decisivo lo dispuesto en el último párrafo del artículo 8 de la ley 7234 (t.o. ley 12036) al establecer que "En aquellas causas judiciales donde el Tribunal, al momento de entrada en vigencia de la presente, hubiere ordenado la traba de medidas comprendidas en las disposiciones precedentes, y los recursos afectados hubieren sido transferidos a cuentas judiciales, los representantes de los sujetos indicados en el primer párrafo que actúen en las causas respectivas, solicitarán la restitución de dichas transferencias a las cuentas y registros de origen, salvo que se trate de ejecuciones válidas, firmes y consentidas con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley" (el destacado pertenece a este decisorio).

Así, en el precedente "Santana" (A. y S., T. 193, pág. 51), esta Corte sostuvo que esa norma consagra una excepción respecto de la restitución de los recursos afectados por medidas ya ordenadas por los Jueces o Tribunales, pero no contempla una autorización para embargar.

Por lo tanto, presentándose en autos los extremos referidos, corresponde desestimar el pedido de levantamiento de embargo formulado por la accionada y, en consecuencia, disponer que, por Presidencia, se proceda al libramiento de la orden de pago sobre los fondos embargados en autos, monto que se imputará a la liquidación aprobada en la causa. Solución que, como se aclaró, se mantiene dentro del sistema de ley citada y, por lo demás, redunda en provecho del erario público por cuanto la cancelación inmediata del capital adeudado impacta directamente en el cómputo de los intereses que el mismo genera.

Así decidirlo, como se anticipara, torna inoficioso el tratamiento de los restantes argumentos planteados, a excepción del referido a la aplicación de lo dispuesto por el artículo 622 del Código Civil.

En este sentido, como se expresara en la causa "Ortega" (A. y S., T. 184, pág. 249), con cita del precedente "Suárez" (A. y S. T. 99, pág. 228), "ha de tenerse en cuenta que la declaración de inconducta procesal maliciosa debe reservarse para casos de real gravedad, donde exista una verdadera obstrucción al curso de la justicia.

Los jueces deben ser parcos en la aplicación de tales sanciones, pues si bien es necesario arbitrar los medios que permitan salvaguardar los deberes de lealtad, probidad y buena fe, ello no puede significar que el solo hecho de oponer defensas lleve indefectiblemente a merecer las sanciones reclamadas, porque de ser así podría vulnerarse la garantía de la defensa en juicio que reviste jerarquía constitucional".

Con esa inteligencia, la parte actora no lograr persuadir al Tribunal que, en una tarea que le es propia como la ponderación de la conducta de los litigantes, la demandada haya empleado articulaciones o mecanismos que excedan el marco del legítimo ejercicio de la defensa de los intereses municipales en un claro escenario de constantes modificaciones que, en materia de ejecución de sentencias contra el Estado, ha experimentado la legislación provincial.

Por todo lo expuesto, y lo dispuesto en el artículo 84 de la ley 4106, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Desestimar, con costas, el pedido de levantamiento de embargo. Disponer que, por Presidencia, se libre la orden de pago solicitada por el ejecutante, que se imputará a la cancelación de la liquidación aprobada a foja 48. Rechazar la solicitud de aplicación de sanciones pecuniarias a la demandada.

Regístrese y hágase saber.

FDO.: GUTIÉRREZ-FALISTOCCO-NETRI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)