marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
División de condominio, subasta de inmuebles, base
Materia: CIVIL
Carátula: CARREGAL CARLOS A. y CARREGAL MARIA ELENA c/ THUY DE CARREGAL J. s/ DIVISION CONDOMINIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-03-04

Declarado disuelto el condominio de un inmueble debe procederse a la enajenación, y no resultando posible la partición en especie ya que los dos hijos del primer matrimonio del causante tienen en conjunto el 50% indiviso del total del bien a título propio, heredado en la sucesión de la madre, y además dos tercios de la mitad que le correspondía a su padre en su carácter de heredero de éste, debe procederse a la subasta pública del bien como lo requieren los herederos que en conjunto son titulares de la mayor porción indivisa de la totalidad del inmueble y no en venta privada como lo solicita el cónyuge supérstite. El juez está facultado para establecer la base de la subasta en una suma que impida que el bien sea malvendido (conforme art. 578 in fine Código Procesal).-
Cláusula penal, intereses punitorios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ Murguiondo, María Elena s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-08-10

El interés punitorio, que tiende a conminar y a la vez a penar o sancionar al deudor incumplidor, no se produce de pleno derecho y por voluntad de la ley, por la tenencia o el uso de una suma dineraria ajena, tampoco es un interés que nacido del acuerdo de las partes apunte a compensar ese uso o a resarcir los perjuicios por la no restitución del capital ajeno. El interés punitorio o punitivo es un recaudo o garantía que se pacta, por lo normal a pedido del acreedor, para asegurar la restitución del capital. Tiene un sentido conminatorio, puesto que actúa psicológicamente sobre el deudor para disuadirlo de toda conducta que importe incumplimiento; empero, tiene también un sentido sancionador, puesto que fracasada la conminación reprime al transgresor. Participa, en consecuencia, de la naturaleza de una pena civil; su particularidad está dada por la índole y el modo de fijarse o determinarse.
Partición de la herencia, cargas de la sucesión, herederos, legitimación pasiva
Materia: CIVIL
Carátula: Limpieza Urbana S.A. c/ Sucesión de Abraham Aref  LLapur s/ Recurso de inconstitucionalidad int. en expte. nº B-57.301/00 Ordinario LLapur s/ Recurso de inconstitucionalidad int. en expte. nº B-57.301/00 Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2001-06-01

La partición -al poner fin al estado de indivisión- asigna, individualiza y concreta los derechos de cada uno de los coherederos, respecto de la porción ideal que tenían durante el estado de indivisión, y se pasa a la determinación concreta de los bienes adjudicados. Es recién en esta etapa procesal que los herederos quedan legitimados para ser personalmente demandados por los acreedores de la sucesión.
Fertilización asistida, consentimiento informado, implantación de embriones, revocación del consentimiento
Materia: CIVIL
Carátula: C., R. C. c/ R., M. F. s/ medidas precautorias
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-20

Cabe concluir que tanto el contrato suscripto por las partes como la ley en materia de reproducción asistida imponen un consentimiento que se forma progresivamente, puesto que, a pesar que desde el primer instante en que los progenitores de deseo al consentir la práctica tienen como único fin iniciar un proceso procreativo que desembocará en un hijo, éstos pueden retractar o revocar ese consentimiento aun cuando el embrión haya sido creado con ese propósito. Asimismo, obliga igualmente a repetir el consentimiento ante una nueva utilización de los embriones crioconservados, es decir, que el consentimiento de las partes debe estar complementado con una renovación del mismo antes de la utilización de aquéllos y es revocable hasta la concepción en el útero materno o hasta la implantación.
Resoluciones recurribles, sentencia definitiva
Materia: PENAL
Carátula: Galiano, Juan Ramón s/ Inf. art. 96 inc. f, dec. ley 8031/73
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-09-13

El art. 357 del Código de Procedimiento Penal -según ley 3589 y sus modif.- define con carácter aclaratorio o ilustrativo, y fundamentalmente complementario, que ha de entenderse por sentencia definitiva a los efectos de la procedencia de los recursos: la que aunque haya recaído sobre un artículo, termine la causa o haga imposible su continuación y de este modo, a los solos fines recursivos queda esclarecido que no solamente es decisión que aborda el núcleo o meollo de la controversia sino que también lo es toda otra clase de providencia, en tanto concluya la cuestión debatida impidiendo su renovación en ulterior oportunidad, sea en el mismo o en otro proceso. (Minoría u opinión personal)
Matrimonio, casamiento religioso, libertad de cultos
Materia: CIVIL
Carátula: Sisto, Verónica Eva y Franzini, Martín Ignacio s/ información sumaria sumarísimo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-05

En lo que se refiere al matrimonio civil la ley resuelve en un ámbito distinto del que corresponde a las convicciones religiosas que constitucionalmente respeta, ya que la ley civil se dirige a una cuestión estrictamente externa, de organización social, ajena a las conciencias de los contrayentes (Voto del Dr.

Adolfo Roberto Vázquez).
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, responsabilidad extracontractual, interpretación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: S., P. V. Y OTROS c/ GCBA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-22

La responsabilidad es calificable como contractual cuando hay un deber preexistente que es específico y determinado, tanto en relación al objeto como al sujeto obligado; en cambio, se la ubica en la órbita extracontractual cuando hay un deber preexistente que es genérico (deber general de no dañar) e indeterminado en relación a los sujetos pasivos.

En otras palabras, la llamada "responsabilidad contractual" no es sólo ni tanto la que surge de la violación de un contrato válido (art. 1137 del Código Civil) sino que comprende todas las hipótesis de deberes reparatorios derivados de la infracción a una obligación preexistente; en este sentido, adviértase que las normas aplicables al campo de la responsabilidad contractual se encuentran contenidas en el Título "De las obligaciones en general" del Código Civil y, como es sabido, no sólo el contrato es fuente de obligaciones.

En resumidas cuentas, lo que ubica la responsabilidad en el ámbito reglado como contractual o fuera de él, en el ámbito extracontractual, delictual o aquiliano, no es la fuente de la obligación sino el carácter de ella. Si el deber es genérico de no dañar, la responsabilidad de reparar el daño que genera su violación queda en este último ámbito que es la regla general de derecho común.

Si el deber violado es específico y determinado en cuanto al objeto y al sujeto obligado, la responsabilidad es contractual y tiene carácter excepcional (Trigo Represas, Félix A. - López Mesa, Marcelo J., op. cit., t. II, Buenos Aires, La Ley, 2004, p. 4; Bustamante Alsina, Jorge, "Responsabilidad civil de las obras sociales por mala praxis en la atención médica de un beneficiario", LL, 1998-A, p. 404; CNCiv., Sala L, 13/12/96, B., M. C. c/ Municipalidad de Buenos Aires, LL, 1997-C, p. 765). (Del voto en disidencia de fundamentos del Dr. Esteban Centanaro).
Atenuantes de la pena, agravantes de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Cabral, Ciriaco s/ Asociación ilícita calificada - Robo calificado - Violación  Calificada
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-08-01

Es infundado el recurso de inaplicabilidad de ley que afirma que el incumplimiento de la audiencia de visu prevista por el art. 41 inc.

2 "in fine" del C.P. no puede sustituirse por vía del art. 8 del C.P.P. pero no demuestra que la diligencia en que el acusado compareció ante el tribunal no satisfizo lo requerido por la norma de fondo.
Hurto con llave o ganzúa, robo con llave o ganzúa
Materia: PENAL
Carátula: Cagliolo, José A. s/ Robo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-11-30

No puede aplicarse la agravante contenida en el inc. 3 del art.

163 del C.P. en función del art. 167 inc. 4 íbidem, porque el baúl de su auto no es lugar al que se pueda penetrar para apoderarse de la cosa objeto de la sustracción.
Indemnización, daño moral, reclamación de la filiación, reconocimiento de hijo extramatrimonial, derechos personalísimos
Materia: CIVIL
Carátula: S., S. R. c/ M., R. A. s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2012-05-03

Esta Cámara tiene dicho que "el reconocimiento del hijo importa un deber jurídico" y que todo ser humano tiene derecho a ser reconocido por su padre extramatrimonial, de manera que su omisión configura un acto ilícito que daña espiritualmente al hijo al sentirse negado y rechazado. También se ha expresado que con las pautas, normas y valores actuales, la falta de reconocimiento paterno provoca en los hijos un daño moral que no requiere demostración concreta, sino apreciación de las circunstancias particulares de cada caso (Exptes. N° 3783/07 y 4521/10 r.C.A. entre varios). El padre biológico que omite reconocer a un hijo extramatrimonial comete un acto ilícito y cabe presumir que dicha omisión, en cuanto hecho lesivo, produce a cualquier persona en similar situación, disvaliosas repercusiones espirituales, y si bien resulta imposible medir de algún modo cómo repercutió negativamente en el espíritu de la víctima, resulta claro que el niño no reconocido por su padre biológico ha sufrido un menoscabo en sus derechos e intereses personalísimos, es decir, el hecho lesivo del no reconocimiento filial ha violado los derechos inherentes a la personalidad del niño, por lo que resulta procedente la indemnización de daño moral (Expte. N° 4526/10 r. C.A.).-
Subasta, crédito fiscal
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fisco de la Provincia de Entre Ríos c/ Ratto de Barón, Marta Elena s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-07-03

La Ley de Pedemonte establece que el comprador en remate se encuentra obligado al pago del impuesto desde la toma de la posesión del inmueble, siendo los anteriores a cargo del titular.
Excepciones procesales, preclusión
Materia: PROCESAL
Carátula: Carlos A. Colque y otros c/ Municipalidad de Santa Clara s/ Recurso de Casación e Inconstitucionalidad int. en Expte. nº A-07731/00 Incidente de Ejecución de Honorarios en el Expte. A-02038/98 Ordinario Clara s/ Recurso de Casación e Inconstitucionalidad int. en Expte. nº A-07731/00 Incidente de Ejecución de Honorarios en el Expte. A-02038/98 Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2001-04-25

La accionada del incidente de ejecución de honorarios profesionales, guardó absoluto silencio, sin haber opuesto excepción alguna, por lo que precluyó la etapa procesal para hacerlo. Recién en la instancia recursiva extraordinaria introduce como cuestión novedosa una prohibición, por lo que resulta totalmente extemporánea por un principio de seguridad jurídica.
Recurso de inconstitucionalidad, tribunal de enjuiciamiento, resoluciones, Superior Tribunal de Justicia, derechos y garantías constitucionales, Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia, pautas orientadoras
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: PROCURADOR GENERAL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DR. JORGE BOF c/ JUEZ DE 1RA. INST. EN LO LABORAL 6TA. NOM. DE ROSARIO DR. OSVALDO CINGOLANI s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- PROCURADOR GENERAL CORTE SUPREMA DE  JUSTICIA - DR. JORGE BOF - ELEVA DENUNCIA A TENOR DE LA LEY 7050 CONTRA EL JUEZ DE 1RA. INST. EN LO LABORAL 6TA. NOM. DE ROSARIO DR.  OSVALDO CINGOLANI (EXPTE.: C.S.J. NRO. 78 AÑO 2008)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-05-08

Existiendo identidad objetiva entre lo decidido por el Tribunal de Enjuiciamiento y el objeto del remedio de inconstitucionalidad impetrado; cuestión que, además, tiene decisiva influencia en la situación del enjuiciado y teniendo en cuenta que el recurso interpuesto cuestiona una decisión del Tribunal de Enjuiciamiento que integro, corresponde apartarme de entender en el análisis del mismo, en tanto se torna necesario dar plena operatividad a la garantía del debido proceso y la necesaria objetividad de la jurisdicción, cuyo ejercicio imparcial se encuentra reconocido implícitamente en el artículo 33 de la Carta Magna y que a su vez, es uno de los elementos que conforman la defensa en juicio, según surge del artículo 18 de la Constitución nacional y de los Tratados Internacionales que la integran.

Es que, a la luz de una interpretación amplia de dicha garantía (imparcialidad objetiva), conforme reiterados pronunciamientos tanto del máximo Tribunal de la Nación como de Tribunales Internacionales de las más alta jerarquía orgánica, no resulta compatible que habiendo participado en el pronunciamiento del Tribunal de Enjuiciamiento y mediando identidad objetiva en la discusión (art. 10, inc. 5 C.P.C. y C.), asuma como miembro del Tribunal revisor el control de constitucionalidad. (De los Fundamentos del Dr. Erbetta)
Recurso extraordinario federal, sentencia arbitraria, inexistencia de cuestión federal suficiente
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Corte Nº 24/09 en Expte. Corte Nº 56/07 - "Lagoria, Inés del R. Tejada de c/ Lila Rosa del Valle Castro Vda. de Aybar y/o Quienes Resulten Poseedores - Reivindicación - Casación s/ Recurso Extraordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-10-19

La parte demandada interpone recurso extraordinario federal en contra del pronunciamiento de este Tribunal que casó la sentencia definitiva dictada por la Cámara de Apelaciones y, consecuentemente, revocó la misma en todas sus partes, haciendo lugar a la acción de reivindicación incoada. La crítica así ensayada contra los argumentos que llevaron a este Tribunal a casar la sentencia no resulta eficaz para habilitar la vía intentada debido a una serie de carencias que exhibe el memorial de agravios, que impiden su viabilidad formal.

Tales defectos están relacionados con el incumplimiento de las disposiciones de la Acordada 4/2007 dictada por la CSJN, ausencia de reserva oportuna de la cuestión federal y falta de fundamentación autónoma. También se observa que los agravios vertidos remiten al examen de cuestiones de derecho común, ajenas al remedio del Art. 14 de la ley 48, en tanto no demuestran la arbitrariedad endilgada. En el caso, en una detenida lectura del libelo recursivo se advierte que los agravios vertidos en relación a la arbitrariedad atribuida al pronunciamiento no suscitan cuestión federal suficiente para su consideración por la vía intentada, pues carecen de una crítica que ponga de manifiesto su existencia, ya que los agravios solo trasuntan una mera discrepancia con los fundamentos sobre los que se apoya el fallo impugnado, careciendo de vínculo con la garantía constitucional que dice comprometida, en razón de que no demuestra claramente en qué consiste esa relación.

En cuanto a ello, la CSJN ha dicho que el objeto del recurso extraordinario es el mantenimiento de la supremacía constitucional y no su sumisión a cualquier causa en que pueda existir agravio o injusticia a juicio del recurrente (F:194:220), igualmente, "que la alegación de la arbitrariedad no autoriza a prescindir de los extremos legales para la procedencia del recurso extraordinario" (247:386).

Por ello, corresponde rechazar el recurso extraordinario deducido por estimarlo formalmente improcedente, con costas al recurrente.
Confirmación de sentencia, concurso preventivo, verificación de créditos, seguros
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Curtiembres Fonseca SA c/  s/ concurso preventivo s/incidente art. 250
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-08-08

Procede confirmar la resolución que denegó el pago de las primas preconcursales adeudadas por la concursada, al no mantenerse el aseguramiento: razón por la cual, el a quo dispuso que la aseguradora recurrente encausara su petición a través de la verificación de su acreencia. Ello por cuanto, en el caso, existió un contrato de seguro con la concursada con riesgo asegurado de incendio de la planta fabril; asimismo, comunicó al Tribunal de grado que dicho contrato de seguro no continuaba en ejecución, por lo que a la fecha no está vigente el aseguramiento. Dicho esto, este Tribunal autorizó el pago de las primas vencidas e impagas supeditado ello al mantenimiento de las contrataciones. Desde tal perspectiva, el hecho de que no exista aseguramiento vigente con la aseguradora recurrente constituye un valladar para que la concursada sufrague la deuda preconcursal invocada por la aseguradora pues, en caso de procederse conforme lo exigido por la recurrente se estaría violentando el principio de la par conditio creditorum al carecer ésta de legitimación -en este marco universal- para reclamar derechamente la satisfacción de las primas preconcursales que invoca en su favor, por los períodos de cobertura. Por ende, la apelante deberá deducir la vía verificatoria por la totalidad del monto que estima adeudado a su respecto.
Expresión de agravios, fundamentación del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: P., C. D. c/ PROVINCIA DEL CHUBUT s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-11-26

La expresión de agravios constituye una verdadera carga procesal..." y debe contener un estudio minucioso y preciso de la sentencia apelada y condensar los argumentos y los motivos que demuestran los errores cometidos por el juez, y ello para que el tribunal, además, pueda apreciar en qué puntos y por qué razones el apelante considera perjudicado su derecho". Esto es, el memorial deficiente o incompleto, lleva indefectiblemente a la deserción del recurso.
Expropiación, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cinturón Ecológico Area Metropolitana c/ Rosenthal de Levi, Ana s/ Expropiación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-08-09

Las costas, en la expropiación, se deciden conforme al art. 37 de la ley 5.708.
Menores, representación procesal
Materia: LABORAL
Carátula: Boris y Cancelier, Luz Andrea y otro c/ Municipalidad de Bragado y otro s/ Indemnización por daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-07-05

Atento la severa enfermedad mental de la viuda del fallecido padre de los menores por la reparación de cuya muerte se acciona - previa al deceso de su esposo y que finalmente culminó con su interdicción definitiva- el poder general otorgado por ella sin que existan evidencias que en él les hubiera encomendado a sus letrados la promoción del pleito en cuestión, carece de virtualidad jurídica para enervar el derecho de sus hijos menores de edad en relación a lo dispuesto por el art. 3966 del Código Civil.
Recusación sin causa, juicio sumario, resoluciones inapelables
Materia: PROCESAL
Carátula: Auxiliar Letrada de la Defensoría General s/ Recurso de Queja por Apelación Denegada
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-08-27

Este Tribunal entiende que la regla de la inapelabilidad establecida para la recusación sin causa en el marco de un proceso sumario no excluye la posibilidad de apelar la providencia que desestima la recusación sin causa, pues de otro modo quedaría afectado el derecho de defensa de la parte que la planteó causando un agravio de carácter irreparable.
Sociedades comerciales, sociedad anónima, actos de administración, representación procesal, directorio, ejecución comercial, asambleas especiales, administración ruinosa
Materia: COMERCIAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Lavorano, María Alejandra  c/ Gonzalo First SA y otros  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-11

Corresponde remover al director de una sociedad anónima por haber incumplido sus deberes de administrador, toda vez que otorgó la ocupación gratuita del único inmueble de la sociedad a su madre hasta el día en que ella falleció. En ese marco, la pérdida locativa debe ser resarcida por el accionado a título de reparación civil con causa en su omisión de convocar a la asamblea de accionistas para autorizar el alquiler correspondiente (cfr. LGS 59, 236 y 274; Verón, A., "Sociedades Comerciales - Ley 19550 comentada, anotada y concordada", Buenos Aires, 1993, t. 3, ps. 715/716, n° 2). Y para que la indemnización sea integral ha de atenderse, entonces, al presumible valor locativo y aplicar el monto correspondiente a la totalidad del tiempo en que, sin derecho, fue ocupado el inmueble.
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, procedencia del recurso, recurso de rescisión, actos unilaterales, indemnización
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: DYG Conecciones SRL c/ Telecentro SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-02

Procede hacer lugar a la demanda por los daños ocasionados al actor por la rescisión intempestiva del contrato de servicios que la unía a la accionada. Ello por cuanto en el caso, existe una circunstancia que permite concluir que la reclamada decidió la resolución del vínculo de manera unilateral e intempestiva. Ésta es la falta de asignación de tareas a la actora a partir de determinada fecha, hecho que ha sido reconocido por la propia demandada, mas lo adjudicó a una merma de abonados que no pudo ni intentó demostrar. Del mismo modo, tampoco reclamó jamás de forma fehaciente ninguno de los incumplimientos contractuales que pretende achacarle a la accionante y que habrían motivado, conforme expuso, esa suspensión total de la solicitud de los servicios que prestaba el reclamante para los clientes del accionado.
Veterinarios, aranceles
Materia: LABORAL
Carátula: Lerena, César Augusto c/ Club Hípico Mar del Plata y otro s/ Indemnización, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-08-21

Si la atención del stud del empleador fue precisamente el objeto del contrato de trabajo celebrado con un médico veterinario, y en él se pactó de común acuerdo y de modo expreso la forma en que serían retribuidos tales servicios, no corresponde que, además, se pague al profesional el arancel establecido para dichos trabajos por el dec.830/81.
Procesamiento, corrupción calificada de menores
Materia: PENAL
Carátula: G. A., H. c/  s/ Procesamiento
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-01-05

El fallo de la Sala de Feria B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal en autos "G. A., H. s/procesamiento" (causa n° 57.779/2017) rta. 5/1/18, donde la Sala interviene con motivo del recurso de apelación interpuesto por el defensor contra la resolución del juez de la instancia de origen que dispuso ampliar el procesamiento del imputado en orden al delito de corrupción agravada en calidad de autor (artículo 125, tercer párrafo, del CP) el cual concurre idealmente con el de abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido en perjuicio de su hermana (artículo 119, párrafos tercero y cuarto inciso "b", del CP) por el cual fuera anteriormente procesado. Los vocales confirmaron la resolución.
Cuestiones de competencia, conflicto de poderes
Materia: PENAL
Carátula: Vera , Adriana Ängela y otro c/ Municipalidad de Merlo (Departamento Ejecutivo) s/ Conflicto art. 196, Const. provincial
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2016-03-09

La competencia para resolver los conflictos que se suscitan en el ámbito de los municipios bonaerenses se abre en todos aquellos casos en los que uno de los departamentos que componen la municipalidad denuncia que el otro ha invadido su esfera de atribuciones.