marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Derecho a la vida, derecho a la dignidad, principio de dignidad humana
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Baldivieso César Alejandro
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-04-20

Si las pruebas surgían de la necesaria intervención médica para evitar la propia muerte de quien sufrió el estallido de las cápsulas de estupefacientes en el aparato digestivo, los valores en juego son la vida y el interés del Estado en perseguir los delitos -ponderación que no puede resolverse con otra base que la jerarquía de valores y bienes jurídicos que deriva de la propia Constitución Nacional- y siendo claro que la dignidad de la persona es un valor supremo en nuestro orden constitucional, el principio republicano de gobierno impide que el Estado persiga delitos valiéndose de medios inmorales, como sería aprovecharse del inminente peligro de muerte que pesa sobre el procesado que acude a la atención médica, no existiendo ningún otro interés en juego, en tanto no mediaba peligro alguno ni había ningún proceso lesivo grave en curso que fuese necesario detener para daños a la vida o a la integridad física de terceros.
Honorarios, recurso de apelación (procesal)
Materia: PENAL - CIVIL
Carátula: DELGADO RODOLFO s/ HONORARIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1988-07-22

El art. 111 de la ley 7962 debe ser interpretado con arreglo al sistema que respecto de las vías impugnativas tiene el ejercicio de la acción principal, considerando también el Tribunal del que emana la resolución. De armonizarse la ley arancelaria con el Código de Procedimiento que corresponde aplicar, es decir, en el caso, el Código Procesal Penal (art. 101 de la Ley 7269).

Es formalmente improcedente el recurso de apelación interpuesto en contra de una resolución emanada de un Tribunal de instancia única (Juzgado Correccional), impugnando la regulación de honorarios en ella practicada, por cuanto tal recurso, según lo dispuesto por la ley procesal, sólo puede ser interpuesto contra las resoluciones de los jueces de instrucción (C.P.P., art. 482).-
Confirmación de sentencia, derechos y garantías constitucionales, jerarquía constitucional, Constitución Nacional, tribunal de enjuiciamiento, recurso de queja (procesal), denegatoria del recurso, recurso extraordinario, causales de remoción del juez, remoción de jueces
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la Defensora Oficial de Otilio Ireneo Roque Romano en la causa Otilio Roque Romano c/  s/ pedido de enjuiciamiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-05-20

Cabe desestimar la queja interpuesta por denegación del recurso extraordinario deducido contra la decisión del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación de remover al actor de su cargo de juez por haber incurrido en la causal de mal desempeño, pues el escrito de presentación del remedio federal extraordinario carece de un desarrollo eficiente que permita otorgarle el carácter de autónomo, en la medida que no demuestra cómo se configuraría la relación directa e inmediata entre los dispositivos constitucionales señalados y la materia sentenciada, puesto que las críticas aisladas en torno a la valoración de circunstancias de hecho que el apelante dirige contra la sentencia del a quo son insuficientes para demostrar, con el rigor que es necesario en esta clase de asuntos, que en este proceso eminentemente político de remoción de un magistrado se ha violado la garantía de la defensa en juicio y que esta lesión irrogue un perjuicio a derechos jurídicamente protegidos.
Homicidio simple, emoción violenta, fundamentación de sentencias, excesos u omisiones en el pronunciamiento, apreciación de la prueba, arma blanca, cuchillo, sentencia condenatoria, revocación de sentencia
Materia: PENAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la defensa en la causa Pérez, Yésica Vanesa s/ homicidio simple c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-12-17

Toda vez que la defensa había argumentado con base en diversos testimonios que la imputada llevaba el cuchillo permanentemente consigo, como forma de protección, la portación el día del hecho, no podía ser valorada como prueba de una premeditación incompatible con el estado pasional alegado; planteamiento sobre el que el tribunal omitió pronunciarse y en cambio, afirmó dogmáticamente que la presencia del arma se debía a que pensaba utilizarlo contra la víctima, lo cual demostraba una preparación y una intención manifiesta que descartaba el estado de emoción. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Homicidio con alevosía, finalidad de la pena
Materia: PENAL
Carátula: U., S.M. s/ Homicidio Calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-12-12

La máxima pena para quien mata a otro "con" alevosía atiende a que el sujeto activo incorpora antes o al instante del óbito, o aprovecha para la seguridad del resultado, varias circunstancias favorables y que han sido valoradas mínimamente: el ocultamiento, la traición, la simulación, la doblez de conducta, el acecho, la perfidia, el obrar sin riesgos, etc.
Honorarios, base regulatoria
Materia: PROCESAL
Carátula: PASTOR GENEROSA Y OTROS c/ BARCOSSAT ELIAS Y OTRO s/ NULIDAD Y SIMULACION - HONORARIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1959-11-27

En caso de rechazo total de una demanda que versara sobre sumas de dinero o bienes susceptibles de apreciación pecuniaria, o de desistimiento de la acción y derecho después de trabada la litis, y cualquiera sea la naturaleza del proceso, debe tomarse como monto del juicio, a los efectos de la regulación de los honorarios, la mitad del valor económico reclamado en esa demanda.
Derecho penal, sobreseimiento, prescripción de la acción penal
Materia: PENAL
Carátula: Incidente de recurso de inconstitucionalidad en autos Rowek, Adrián Darío sobre 131 - contactar menor de edad por intermedio de tecnologías para cometer delitos de integridad sexual c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-08-24

Corresponde declarar bien concedidos los recursos de inconstitucionalidad destinados a impugnar la decisión que declaró la prescripción de una serie de hechos atribuidos al imputado y lo sobreseyó a ese respecto, en tanto se dirige contra una decisión definitiva y requiere un pronunciamiento acerca de dos cuestiones federales, una relativa a inteligencia que cabe asignar a los tratados internacionales -en particular, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Americana sobre Derechos Humanos- y otra respecto de la garantía del art. 18 de la CN, a saber, principio de legalidad y de irretroactividad de la ley en materia penal. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Recurso de apelación (procesal), agravio concreto, calidad de parte, gastos del proceso, beneficio provisional, titular del derecho
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: SPEIGHER, Norma Edith c/ QUISPE, Margarita Angélica s/ Recurso de Apelacion
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-02-27

Hasta tanto se resuelva su concesión o nó, el art. 83 prevé el beneficio provisional cuando dispone que "Hasta tanto se dicte resolución, las actuaciones del solicitante estarán exentas del pago de impuestos y sellado de actuación.".

De la compulsa de las actuaciones, surge que el magistrado ha dictado resolución acordando el beneficio a la recurrente, resolución en la cual no se ha incluido éste proceso, y si bien en el fallo se señalan distintos juicios y una nómina de personas contra quienes se deducirían las pretensiones, no se incluye a la demandada en estos autos, por lo que no podría hacerse valer el beneficio de litigar sin gastos, ante el incumplimiento del requisito estatuido en el art. 79 del Código Procesal.
Derecho laboral, honorarios, decretos, Estado Provincial, leyes, jerarquía administrativa, ley posterior
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: INC S.A. c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-12-05

Existiendo contradicción normativa entre las leyes 10787 -que adhirió al decreto 2284/91, que ordenó la supresión de toda restricción de horarios y días de trabajo en la prestación de servicios de venta, empaque, expedición, administración y otras actividades comerciales afines, sin perjuicio de los derechos individuales del trabajador- y 13441 -que dispuso que en el territorio de la Provincia los establecimientos comerciales y/o de servicios deberán permanecer cerrados los días domingos, los feriados nacionales y el día del empleado de comercio, fijando el rango horario de apertura y cierre para los días restantes-, puede recurrirse para su resolución a los criterios de superioridad, especialidad y temporalidad; y encontrándonos frente a dos normas de igual jerarquía y siendo dudosa la proyección de su especialidad normativa, sólo cabe el recurso de la temporalidad, según el cual la ley posterior deroga la ley anterior. (De la disidencia del Dr. Falistocco) - Jurisprudencia vinculada: Solari, AyS T 79, p 91/106, sumario J0008395. - Jurisprudencia concordante: Castets y Tanino; Foschiatti y Supermercado Reconquista, AyS T 279, p 142/236.
Queja por apelación denegada, monto de la demanda, inapelabilidad en razón del monto, suma expresada en dólares, suma expresada en pesos, tipo de cambio
Materia: COMERCIAL
Carátula: SCIAMMARELLA,  EVELINA c/ BORSZCZ,  AURORA  ISABEL s/ EJECUCION PRENDARIA S/ QUEJA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-12

Procede la queja por denegación de la apelación deducida contra la resolución que, -como en el caso-, despachó la ejecución por el capital expresado en pesos, en lugar de los dólares pretendidos en el libelo, con base en que el valor económico comprometido en el recurso se hallaba por debajo del régimen de inapelabilidad previsto por el C.P.C.C. art. 242-3°. Ello así, pues cualquiera fuese el parámetro de apreciación del monto de apelabilidad que rige la cuestión (esto es el capital ejecutado expresado en pesos, o bien la "diferencia" entre ese quantum y el valor de cotización de los dólares estadounidenses en el mercado de cambio), ese guarismo constituye una cantidad superior a la necesaria para la audibilidad de la apelación.
Proceso judicial, Seguridad social, carácter alimentario, beneficios previsionales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: CIAMPAGNA, RODOLFO NICOLAS c/ A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-11

Todo proceso supone una pretensión; toda pretensión origina un proceso; ningún proceso puede ser mayor, menor o distinto que la correspondiente pretensión (cfr. Guasp Delgado, Jaime, "Comentarios a la ley de enjuiciamiento civil", T° I, pág. 13). La pretensión previsional, a la luz de su naturaleza alimentaria, exige una consideración particularmente cuidadosa a fin de que, en los hechos, no se afecten sus caracteres de integrales e irrenunciables, ya que el objetivo de aquellos es la cobertura de los riesgos de subsistencia y ancianidad, momentos en la vida en los que la ayuda es más necesaria. Sus titulares, son ciudadanos y habitantes que al concluir su vida laboral supeditan su sustento, en principio absolutamente, a la efectiva percepción de esas prestaciones que por mandato constitucional les corresponde (cfr. C.S.J.N., sent. del 25.08.88, "Rolón Zappa, Fíctor Francisco"). El diseño procedimental pergeñado por la ley 24.463 -proceso sumario legislado en el C.P.C.C.- no se aviene con la indicada naturaleza alimentaria de la pretensión previsional, ni con la edad, salud física y expectativas de vida de sus titulares. (Del voto del Dr. Herrero).
Multa, competencia, competencia contencioso administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO-CONTRAVENCIONAL
Carátula: RUIZ, HECTOR NORBERTO s/ RECURSO DE QUEJA", Expte. Nº 839/CU.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2015-06-17

La competencia de los órganos judiciales atribuida por el decreto 1351/65 reglamentario de la ley 10.025 de la Provincia de Entre Ríos, -en cuanto regula los recursos judiciales contra la resolución que aplique infracción y en el mismo establece que sería competente el juzgado correccional con sede y competencia en el departamento donde se constató la infracción o en su defecto el juzgado de instrucción o de garantías, competente en dicho lugar para entender- no resulta válida atento que el Poder Ejecutivo no tiene competencia para deslindar las atribuciones específicas a los tribunales en virtud de lo dispuesto en los arts. 206 y 122 inc. 23 de la Constitución Provincial, que expresamente disponen que es facultad del Poder Legislativo la organización de los tribunales ordinarios y que la misma debe ser efectuada mediante ley.
División de poderes, Superior Tribunal de Justicia, designación de jueces
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires c/ Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires s/ conflicto de poderes
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-08-18

Tratándose la designación de un juez del Tribunal Superior de una cuestión privativa de los poderes Ejecutivo y Legislativo, en sus diferentes tramos, y siendo este último el que debía expedirse acerca de la aprobación del pliego de la candidata remitido por el Jefe de Gobierno, es en el seno de dicho poder donde debe efectuarse, en primer término, el control del trámite, mas no se ha dado ocasión a ello por una intervención anticipada de la jurisdicción. (Voto de la Dra. Elizabeth A. Marum).
Daños y perjuicios, monto de la indemnización, fijación judicial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cmor Esther c/ Ibañez Rubén y Garcia Ester s/ Daños y Perjuicios Milesi Julio Daniel c/ Aguero Roberto Alejandro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-09-24|2000-04-17

Si se encuentra debidamente acreditada la existencia de un daño - y esto no fue discutido-, el artículo 165 del ritual permite efectuar al juez una razonable y equitativa estimación del mismo en consonancia con las circunstancias de la causa ante la ausencia justificada del monto. No debe confundirse la existencia del daño cuya prueba resulta indispensable con la tarifación de este, que puede ser suplida por la estimación judicial.
Aplicación de la ley, homicidio simple, abuso de confianza
Materia: PENAL
Carátula: S., S. M. c/  s/ Homicidio simple en tentativa
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-09-06

El ámbito de protección consagrado en el artículo 80 inc. 1º, in fine, del Código Penal, es más amplio que aquel que se establece en función de los deberes especiales derivados de las relaciones institucionales consagradas por la ley civil., Un análisis sistemático de la ley, que a su vez atiende a la voluntad del legislador y al fin de la regla, conduce a considerar que la norma busca abarcar un tipo de relación que, aun cuando no se encuentre definida y consagrada en la ley civil, y por esa razón no suponga la imposición de deberes especiales, implique, sin embargo, un más acentuado contenido disvalioso derivado de una ejecución del comportamiento ilícito, facilitada por aquello que en el ámbito legislativo se denominó como un "abuso de confianza", que es consecuencia de la existencia de esa relación, vigente o no al momento del hecho, entre autor y víctima (voto de juez Magariños al que adhirieron los jueces Mahiques y Jantus).
Concursos, efectos entre partes, homologación del acuerdo, actos de disposición, control de legalidad
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Engrama SA c/  s/ concurso preventivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-28

La figura de la conclusión del concurso por homologación del acuerdo, prevé según lo reglado por la LCQ 59, el mantenimiento de las restricciones en materia de actos de disposición sobre la concursada dado que subsiste la inhibición general de bienes para asegurar el cumplimiento del concordato homologado, aunque cabría la posibilidad de una excepción con la conformidad expresa de los acreedores o que otra cosa resulte de las previsiones del acuerdo. Es que si bien para el concursado cesan las limitaciones previstas en la LCQ 15 y 16, o sea, que la administración del deudor deja de encontrarse sometida a la vigilancia del síndico, subsiste para aquél, en la etapa de cumplimiento del acuerdo, la imposibilidad de realizar actos de disposición referentes a bienes registrales. Va de suyo entonces que, en la economía de la ley para realizar tales actos, la concursada debe formular el pertinente pedido al magistrado concursal, quien previa vista a los controladores del acuerdo, debe resolver lo que corresponda.
Recurso contencioso administrativo, inadmisibilidad del recurso, régimen disciplinario administrativo, denuncia de ilegitimidad, empleados públicos, sanciones disciplinarias administrativas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Retamar, Julio Inocencio c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.:  C.S.J. Nro. 681 año 1994)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-06-11

La materia referida a sanciones disciplinarias a empleado públicos le ha sido sustraída por la ley a la Corte Suprema de la Provincia, salvo que se alegue un vicio de ilegitimidad por incompetencia o violación de formas sustanciales (art. 12, inc. c, ley 4106), sin perjuicio de verificar la presencia en el respectivo caso del presupuesto básico de la acción de la Administración Pública, cual es la realización del interés público. En el caso, si bien la Provincia expone que dichos vicios sólo son argumentos inconsistentes del actor, la invocación de esos aspectos, cuya efectiva configuración será objeto de consideración al analizarse la procedencia sustancial del recurso, torna admisible en este aspecto el recurso contencioso administrativo interpuesto.
Entidades financieras, responsabilidad del banco, mesa de dinero, mutuo, incumplimiento del contrato, responsabilidad del administrador de la sociedad, Ley de Sociedades Comerciales
Materia: COMERCIAL - BANCARIO
Carátula: PIEKAR, JAIME c/ PEÑA, JAIME. s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-18

Si el accionante colocó en mutuo en una "mesa de dinero" que funcionaba en un banco, diversos importes que eran renovados a sus vencimientos hasta que se produjo el incumplimiento que motivó la deducción de una acción judicial por el cobro de determinada suma de dinero, resulta improcedente que el presidente de la entidad bancaria impugne la sentencia condenatoria de primera instancia, si se verifica que la declaración vertida por aquel en sede criminal evidencia como se procedió, inicialmente, en convertir una sociedad de préstamo hipotecario en dificultades, en un banco, mediante el cual se recurrió, luego, a una operatoria reprobada por la reglamentación y por el conocimiento histórico sobre la actividad bancaria. Ello así, toda vez que tal proceder importa un "recurso para violar la ley" (LS: 54); porque "la ley" del banquero se integra con la reglamentación de la autoridad de contralor a la cual esta sometió la constitución y habilitación del banco establecido dentro del territorio Nacional. A la vez, ese proceder constituyó una infracción de la prestación contractual y legal exigible del administrador de una sociedad de objeto bancario, por hallarse desprovisto de la "diligencia de un buen hombre de negocios" impuesta por la LS: 59; pues -en lo general- la experiencia histórica exhibe la falta de perduración de la operatoria riesgosa que en el caso, fue verificada por el accionado-. Ambos aspectos determinan para esta persona la "responsabilidad por los perjuicios causados" prescripta por la LS: 54, en favor del actor.
Suspensión del juicio a prueba, dictamen fiscal, fundamentación de sentencias, fundamentación suficiente, control de legalidad
Materia: PENAL
Carátula: ANDINO, Juan Carlos s/ Suspensión de Juicio a Prueba (Impugnación)
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2011-02-23

En lo que respecta al [requisito del] " consentimiento fiscal", es de hacer notar que si bien el Agente Fiscal se opuso al otorgamiento del beneficio solicitado, el señor Fiscal del Tribunal, consideró que el mismo resulta procedente, aludiendo (a mi criterio razonablemente), que la postura esgrimida por aquel, en relación a que no existe directivas de la Procuración en relación al otorgamiento del beneficio solicitado, resulta ser contradictoria o al menos ambigua. Esta circunstancia, me lleva a la conclusión que el dictamen del señor Agente Fiscal carece de motivación y por ende resulta arbitrario en los términos establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Padula" (Fallos 320:2451), por lo que dicho dictamen no puede ser tomado en cuenta a los fines de la denegatoria del beneficio solicitado.-
Sistema de gobierno, sistema republicano, soberanía, sistema representativo, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Molinas, Ricardo Francisco c/ Poder Ejecutivo Nacional s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-24

En un régimen republicano como el que ha elegido el pueblo, la soberanía reside en ese mismo pueblo, de modo que, atento a que éste no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes, es un deber insoslayable de éstos que den cuenta a aquél de los fundamentos de sus actos: arts. 1 , 22, 33 y concs, de la Constitución Nacional.
Cuestiones de competencia, desechos peligrosos, competencia federal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: N.N. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-17

En materia de residuos peligrosos, el art. 58 de la ley 24.051 determina expresamente el interés federal que el legislador ha querido dar a la norma, sin que dicho criterio fuera modificado por la promulgación de la ley 25.612, ni que ésta importe que los efectos del delito se propaguen o no más allá de los límites de la Ciudad de Bs. As., por lo que debe intervenir la justicia de excepción.
Haber jubilatorio, reajuste jubilatorio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: SIROMBRA, Lucia Elvira c/ ANSES s/ REAJUSTE DE HABERES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-09-14

"La necesidad de mantener una proporción justa y razonable entre el haber de pasividad y la situación de los activos ... que deviene del carácter integral e irrenunciable que reconoce la Ley Suprema a todos los derechos de la seguridad social" (cfr. C.S.J.N., sent. del 17.05.05 in re "Sánchez, María del Carmen"), impone al Tribunal suplir -provisoriamente- la omisión del legislador, mediante la imposición de pautas que, por su claridad y sencillez, faciliten la adecuada gestión de órgano administrativo y su control por los interesados, permitiendo -a la vez- tornar operativo el derecho a la movilidad de las prestaciones. Estas pautas habrán de fijar pretorianamente un criterio de movilidad provisoria que represente un piso que se estima razonable en la materia a la luz de los arts. 14 bis, 16 y 17 de la Ley Suprema, aún dentro de la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria dispuesta por la ley 25.561, sus modificatorias y ampliatorias, que fuera extendida por el art. 1 de la ley 25.972 hasta el 31.12.05, en la convicción de que al sancionar la próxima ley de presupuesto o a la mayor brevedad posible, el Congreso de la Nación habrá de atender a esta cuestión con apego a los principios constitucionales, en cumplimiento de la manda que se impuso a si mismo de conformidad con lo establecido por el ap. 2) del art. 7 de la ley 24.463, y dentro de parámetros de amplitud propios de quien debe compatibilizar adecuadamente múltiples intereses en función de los recursos disponibles. (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia).