marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Acción de amparo, intervención quirúrgica, menores, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: C. C., F. A. c/ OSDE s/ Amparo de salud
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-03-13

El equipo médico del Instituto Fleni se expidió en el sentido ya señalado informando la posibilidad de realizar la intervención en una fecha a convenir con los padres del menor; y ulteriormente agregó que la Rizotomía es "un procedimiento neuro quirúrgico de técnica convencional ajeno al ámbito de la neuro ortopedia.que no requiere de alta complejidad quirúrgica"; que se "realiza de forma usual desde.hace aproximadamente 20 años con resultados comparables con entidades de prestigio internacional"; y que disponen de "un equipo multidisciplinario para su tratamiento". No son, por cierto, el celo y las buenas intenciones de los padres del menor -importantes y encomiables en otros planos- las pautas orientadoras para dilucidar el conflicto; en todo caso, son los profesionales y especialistas en la materia quienes deben proveer los elementos de juicio que sirvan de fundamento a una providencia cautelar tan excepcional como la que se pide. La mejor atención posible no es, por lo general, susceptible de ser demostrada superficialmente; y aunque lo sea, en el sub lite la peticionaria no ha aportado los fundamentos jurídicos que obligarían a la empresa a cubrirla hasta que el proceso termine.
Cuestiones de competencia, competencia por el territorio, juez previniente, lugar del hecho, prueba, falta de prueba, hurto de automotor, defraudación en perjuicio del asegurador, seguro de automotores, falsa denuncia
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: MARTINEZ, JOSE Y OTRO s/ DEFRAUDACION INFRAC. ART. 289, INC. 3' DEL CODIGO PENAL Y   ENCUBRIMIENTO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-05-17

Teniendo en cuenta que en la causa -presunta estafa cometida contra una compaÑía de seguros de la Capital Federal, mediante la denuncia falsa ante la Policía de la Provincia de Buenos Aires del hurto de un rodado de propiedad del imputado, para el cobro de la indemnización- no obra ninguna constancia, más allá de los dichos de los procesados, de la cual surja que se haya intentado el cobro del seguro del automóvil, la falta de elementos de juicio que permitan establecer el lugar en que se hizo la reclamación, impide conocer el lugar de comisión del delito y determina que continúe en la investigación el magistrado provincial que previno.
Retiro policial, jubilaciones, jubilación extraordinaria, cómputo de servicios
Materia: ADMINISTRATIVO-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Deassis Martín Enrique c/ Caja de Ret. Jub. y Pensiones de la Pol. Fed. Arg. s/ retiro militar y fuerzas de seguridad (A)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-24

En el art. 10 de la ley 19.396, introducido por ley 19.560, se dispone que el personal de la Presidencia de la Nación a quien se lo incorpora al régimen previsional de la Policía Federal, "que en forma voluntaria solicite la jubilación extraordinaria" debe acreditar como mínimo 20 años de servicios computados o computables.
Emergencia económica, ley de emergencia económica
Materia: ECONOMIA
Carátula: Centro de docentes de Nivel Medio y Superior (C.E.D.E.M.S.) c/ Poder Ejecutivo de la Provincia s/ Acción de Inconstitucionalidad - medida innovativa. L.A. N 53 F 25/42 N 12 (C.E.D.E.M.S.) c/ Poder Ejecutivo de la Provincia s/ Acción de Inconstitucionalidad - medida innovativa. L.A. N 53 F 25/42 N 12
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2004-03-05

Las leyes de emergencia económica constituyen un remedio excepcional, que responden a una situación extraordinaria, de peligro colectivo, a las que se puede recurrir (como el mal menor) en tiempos anormales, de graves angustias económicas, de escasez, penuria o indigencia, frente a un estado de necesidad al que hay que ponerle fin. Por ello se dice que la emergencia lleva implícita la sustitución de un derecho "normal" por uno "excepcional", ello como exigencia del propio Estado de Derecho, pues el ordenamiento jurídico debe prever ante situaciones de grave riesgo social, respuestas urgentes no susceptibles de generarse por los procedimientos ordinarios.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, concurso preventivo, crédito verificado, honorarios, regulación de honorarios
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Dirección Provincial de Rentas s/ ¿Cuáles normas se aplican para regular honorarios en la verificación  concursal -tempestiva y tardía- de créditos? ¿En la verificación   concursal -tempestiva y tardía- de créditos, corresponde regular   honorarios al síndico y/o su letrado patrocinante? Auto sprint sobre  quiebra. Incidente verificación crédito. El presente pleno renueva   la cuestiones planteadas en el acuerdo número 30 del 12.6.1989   dictado por la misma cámara en pleno y en los mismos autos publicado  en JA 1989-III-517 Y LL 1989- C-585. (Expte. Nro. 128-87) -Tribunal   pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-12-27

En sentido concursal, el monto del "crédito insinuado" es el importe pretendido por quien solicita verificación de él, mientras que el monto del "crédito verificado" es el importe judicialmente reconocido para concurrir en el concurso o quiebra. En otras palabras, la expresión "insinuado" refiere a lo que se pide, en tanto que "verificado" es lo efectivamente reconocido que, por cierto, no necesariamente ha de coincidir con lo que al fin resulta percibido en el concurso preventivo o en la quiebra. Este último importe -el percibido- es indiferente a los fines regulatorios. (De los Fundamentos del Dr. Rouillon).
Recurso de casación penal, autopsia
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: Sandoval, José M.; Belloso, Avelino (imp.) s/ P.S.A. HOMICIDIO S/ CASACIóN.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1990-05-18

No procede el recurso de casación penal interpuesto por el defensor contra la sentencia que tuvo por probada la muerte de la víctima y la culpabilidad del imputado en base a pruebas periciales realizadas por la policía sin la notificación a las partes. Ello en tanto: 1ro.) La operación técnica realizada por el médico policial constituía la medida urgente que aconsejaba la policía científica en el marco de la investigación preliminar obligatoria que debía llevar a cabo la policía administrativa; 2do.) El juez actuante inmediatamente después de su avocamiento a la causa, notificó a los supuestos autores y a sus defensores, el cúmulo probatorio reunido durante la investigación, sin que los defensores cuestionaran la autopsia ni hicieran uso de la facultad de solicitar que se realizara nuevamente la autopsia; y 3ro.) El trabajo médico científico no mereció reparo o impugnación alguna por parte de la Defensa, todo lo cual convalida su plena validez.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones procesales, quiebra, resoluciones, recurso de apelación (procesal), concurso preventivo, resolución denegatoria, leyes, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: DEUTZ ARGENTINA c/ TOMATTIS HNOS SRL s/ PEDIDO DE QUIEBRA     QUEJA  POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD      EXPTE NRO 229-89
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-08-08

La interpretación y alcance que corresponde otorgar al artículo 296 inciso 3 de la Ley Concursal -inapelabilidad de las resoluciones recaídas en el concurso-, no es pacífica en doctrina y jurisprudencia, como tampoco lo es la inclusión o no en esa regla, del auto que deniega el pedido de quiebra. Se trata de una cuestión opinable, perteneciente a la materia procesal, que sólo excepcionalmente podría dar pie a una tacha de arbitrariedad, en la medida que lograse demostración concreta un planteo serio de violación del derecho a la jurisdicción, cosa que no ocurre en la especie.
Ejecución hipotecaria, resoluciones recurribles
Materia: PROCESAL
Carátula: Gogñiatt, José Celestino c/ Storero, Fernando Antonio y Viglione, Osvaldo Mario José s/ Ejecución hipotecaria (Expte Nro. 79-02, Resolución Nro. 279, Tomo 9,  Folio 254)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-09-27

En la ejecución hipotecaria sólo es apelable la sentencia definitiva -salvo el caso del art.474- y los autos que importen la paralización del proceso (arts.514 y 484 C.P.C.).
Secuela de juicio, proceso penal, etapas del proceso, fallo plenario, leyes, antecedentes legislativos
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: V, M R s/ Doctor Javier Vigo Leguizamón, Defensor de M. R. V. S- Solicita   Formación de Tribunal Pleno (Prescripción de la acción penal Expte.   Nro. 19-98) -Tribunal Pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-10-14

Cabe entender -atento a los claros términos de la Ley Nro. 24316- como "secuela del juicio", los actos del procedimiento que se inician con la requisitoria de elevación a juicio (que constituye la efectivización de la pretensión punitiva por parte del representante del Ministerio Público Fiscal, en todos los delitos de acción pública, perseguibles de oficio. La ley que introdujo estos confusos y equívocos conceptos "secuela del juicio" (Ley Nro. 13569-Año 1949) fue una legislación de neto corte totalitario, destinada no a cohartar la libertad de prensa, sino a lograr anularla, agravar las penas por desacato y negar en este la "exceptio veritatis" y permitir (por la inclusión de los términos de referencia; tomados según numerosos tratadistas del "argot tribunalicio") la persecución indefinida de los delitos. (Del Voto del Dr. Carreras). En la causa la cuestión a resolver es: ¨Qué debe entenderse por secuela del juicio a los fines del artículo 67, cuarto párrafo, del Código Penal?
Policía, reglamentos, Poder Ejecutivo, gobernador
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MENDOZA, FERNANDO SEBASTIAN c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  Nº 466-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-12-30

El artículo 28 de la Ley 7395, Ley Orgánica de la Policía de la Provincia, dispone que el Jefe de Policía le corresponden, entre otras funciones, la de propiciar ante el Poder Ejecutivo la sanción de los decretos pertinentes, para modificar normas de los reglamentos generales, adaptándolos a la evolución institucional (inciso h), y además, la de propiciar también ante el Poder Ejecutivo las reformas de los reglamentos correspondientes a la organización y funcionamiento de los organismos y unidades principales de la Policía provincial (inciso i), pudiendo además, de conformidad con el inciso j, adoptar decisiones y gestionar del Poder Ejecutivo cuando exceda de sus facultades, las medidas tendientes al mejoramiento de los servicios y de la situación del personal.
Obligación tributaria, contribuyentes
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Alvear Palace Hotel S.A. s/ recurso de inconstitucionalidad concedido y su acumulado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-04-16

No cabe considerar extinguida la obligación por el pago efectuado cuando la Administración demuestre que incurrió en error causado por el comportamiento del contribuyente, sea por acciones u omisiones, dolosas o culposas. (Voto del Dr. Julio B. J. Maier).
Tráfico de estupefacientes, transporte de estupefacientes, componente subjetivo distinto del dolo
Materia: PENAL
Carátula: MAZA, Raúl A. s/ inf. ley 23.737 Causa nro. 27.691
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-02

Para que se configure el delito de transporte de estupefacientes, además de acreditar el traslado de la sustancia estupefaciente, debe demostrarse que el portador es un elemento activo en la cadena de tráfico y también debe sustentarse tal reproche en elementos de convicción de los que se carece, tales como el origen y el destino de la droga incautada. Esto significa que se requiere por parte del actor una ultraintención de características especiales, que como elemento subjetivo distinto del dolo exige que sea probada autónomamente, como ya ha sido sostenido por el Tribunal en anteriores oportunidades.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, incongruencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GIUSTAZZO, IDUINO c/ CONTI, CARLOS DANIEL s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.    QUEJA   POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.   CSJ EXPTE NRO 207-83
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-05-16

No se halla configurado, prima facie, el vicio de autocontradicción en la sentencia que no ve comprometida su congruencia -aunque por momentos carezca de cierta univocidad de sentido- y alcanza a ordenarse en un contexto interpretativo, que más allá de las eventuales carencias o deficiencias referidas al lenguaje, permite comprender el conjunto del caso sometido a decisión.
Accidentes de trabajo, incapacidad laboral, incapacidad parcial
Materia: LABORAL
Carátula: BELLO, Guillermo c/ CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-19

Loa baremos del decreto reglamentario de la ley 9688 o los que los distintos organismos internacionales o del derecho comparado han establecido por diferentes métodos, asignan a cada pérdida anatómica o funcional una determinada incidencia en la capacidad laborativa total del trabajador. esta capacidad total es una referencia teórica que da sustento al cálculo, más o manos arbitrario, de los baremos.

Pero las posibilidades humanas no son fácilmente cuantificables y la existencia de una incapacidad parcial en un trabajador no tiene por qué modificar la mencionada referencia teórica para el cálculo de una nueva disminución laborativa. La pérdida de una mano, por ejemplo, no es menos grave en el caso de un trabajador que previamente había sufrido alguna otra disminución. Si se reflexiona bien, habría que pensar lo contrario: la incapacidad anterior potencia la nueva pérdida.
Cómputo del plazo, plazos procesales, plazo judicial, honorarios, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: CAPIDEL  S.A.C.I.F.I. c/ GONZALEZ, Raimundo s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO - PLAZOS PROCESALES Y CIVILES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-11

Cuando la ley o el juez fijan un plazo debe analizarse si está referido al ejercicio de un acto procesal o al cumplimiento de una obligación que no revista ese carácter. Si se trata de un acto procesal, sólo se contarán los días hábiles (art. 152 del código procesal) y, en los demás casos, los días corridos (arts. 27, 28 y 29 del Código Civil). Los plazos judiciales, es decir, los que fija el juez cuando la ley lo autoriza a hacerlo, pueden ser procesales si se refieren al ejercicio de una facultad de esa naturaleza- o civiles, como, por ejemplo, el que señala para el cumplimiento de una obligación de dar o hacer. Igual criterio rige respecto de los legales. El del art. 49, primera parte, de la ley 21.839, para pagar los honorarios regulados judicialmente debe computarse en forma corrida, pues se refiere a una obligación de dar, cuya naturaleza es ajena al derecho procesal. En nada influye el art. 63, apartado segundo, del arancel, que se refiere a cuestiones procesales.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, proceso penal, suspensión del juicio a prueba, Ministerio Público, fiscales, leyes, interpretación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: Z, E R s/ Estafa. Incidente de suspensión del juicio a prueba. Cuestión   previa: ¿Corresponde integrar un cargo de Juez de Cámara, vacante en  una sala de una de las Cámaras de Apelación en lo Penal convocadas, para la constitución y funcionamiento válido de éste Tribunal   plenario? Cuestión de fondo: 1) ¿El instituto de la suspensión del   juicio a prueba, incorporado al Código Penal por la Ley 24316 como   artículos 76 bis, 76 ter y 76 quater, resulta aplicable a los   imputados por delito o delitos cuya escala penal en abstracto exceda  los tres años de reclusión o prisión?; 2) En su caso ¿El   consentimiento del Fiscal previsto en el artículo 76 bis, cuarto   párrafo del Código Penal, es exigible para todos los casos de   concesión de tal beneficio? (Expte. Nro. 1021-97) (Tribunal plenario)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-12-22

El probable error en la redacción de la 24316 -si partimos de la suposición de que la intención del legislador era restrictiva- nos permite afirmar que la ley contempla tres situaciones distintas, siendo la tercera un supuesto autónomo que se refiere a aquellos delitos que teniendo una conminación abstracta con penas superiores a los tres años de reclusión o prisión, pero en los que no obstante ello la condena puede quedar en suspenso en virtud de las circunstancias del caso, mediando el consentimiento fiscal, también el tribunal podrá suspender la realización del juicio. (Del Voto del Dr. Fierro). En el caso, la cuestión a resolver es: ¨El instituto de la suspensión del juicio a prueba, incorporado al Código Penal por la ley 24316 como artículos 76 bis, 76 ter y 76 quáter, resulta aplicable a los imputados por delito o delitos cuya escala penal en abstracto exceda los tres años de reclusión o prisión?; y, ¨es exigible para todos los casos de concesión de tal beneficio el consentimiento del Fiscal previsto en el artículo 76 bis, cuarto párrafo del Código Penal?
Proceso penal, imputado, presunción de inocencia
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: M., G. C. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- HOMICIDIO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 459 AÑO 2005)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-03-08

La Ley exige muy sabiamente para justificar la imposición de pena en las causas criminales que el proceso muestre una prueba tan clara como la luz del mediodía, de manera que 'non venga duda alguna' en el ánimo del Juez acerca de la perpetración del delito y de la persona del delincuente.

No concurriendo contra el acusado sino presunciones tan leves como la que queda refutada, no se le puede imponer pena alguna, por lo prescripto en la Ley octava, Título catorce, Partida tercera, que dando la razón de su disposición dice 'Ca las sospechas muchas vegadas non aciertan con la verdad' y además porque es también un principio de derecho que todo hombre se reputa bueno mientras no se le pruebe lo contrario" (se respeta la redacción original).
Prescripción de la acción penal, extinción de la acción penal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Caserta, Mario Jorge s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-13

Corresponde declarar prescripta la pena de multa, impuesta como sanción conjunta con otra de prisión que quedó cumplida, si se advierte que la denegatoria al pedido de conversión de esa pena de multa en prisión no renueva el término de prescripción, que tuvo lugar con estricta aplicación del art. 65 inc. 4° CP, y sin que el hecho de haber pagado una cuota del régimen de pago parcial acordado permita interpretar las reglas penales y procesales en contra del imputado. La disidencia sostuvo que tratándose de penas paralelas deberá ser tomada para el cómputo de la prescripción la del término mayor, sin que afecte a ello que en el caso la pena de prisión hubiera sido tenida por cumplida. (Dres. Catucci, Riggi -en disidencia- y Mitchell).
Recurso de casación penal, medios de prueba, sentencia definitiva, improcedencia del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Saravia Araujo, Wilson R. s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-06

La resolución que rechazó medidas probatorias ofrecidas por la defensa no constituye, por su naturaleza ni por sus efectos, sentencia definitiva ni a ella equiparable en los términos del art. 457 del C.P.P.N., ya que no pone fin a la acción o a la pena, no hace imposible que continúen las actuaciones ni deniega la extinción, conmutación o suspensión de la pena.
Competencia por el territorio, pago por consignación, celebración del contrato, lugar de celebración, prenda con registro
Materia: PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: ESPONDA DE SILVA c/ WARENYCIA Y ANDRUJOVICH s/ COMPETENCIA - PAGO POR CONSIGNACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-09-15

Es competente para conocer en el juicio de pago por consignación, el juez del lugar donde fue celebrado el contrato de prenda con registro que vinculó a las partes, donde también se encuentra el domicilio del acreedor endosatario demandado, y donde debían efectuarse los pagos a cargo de los actores, jurisdicción que además fue convenida por las partes, que renunciaron al fuero federal.
Adulteración de la numeración de bienes registrables, bien jurídico protegido
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: RAMIREZ Y OTRO s/ AUTOMOTORES - COSA JUZGADA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-30

La numeración del motor y chasis de los automotores están protegidos penalmente, pues la disposición D.N. N. 56 de la Dirección Nacional de Registro de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios del 24 de enero de 1977 ordenó en su art. 1 grabar la codificación de identificación en el motor y en el chasis.

De los fundamentos de esa disposición surge que se buscó la forma de individualizar todo tipo de vehículo constando en su considerando que tendía a proveer a la seguridad registral que, conjugada con la mención alternativa que contiene el art. 33 del decreto - ley 6 582/58 determina que cualquiera de esas conductas se adecua al tipo.

La modificación de uno de los números estampado por el Registro - en el motor -, o en el chasis o en las placas individualizantes -, satisface la figura penal, sin que pueda entenderse la existencia de una reiteración en el caso de ser modificadas las otras numeraciones La alternatividad contenida en la disposición legal, conduce a la unidad de protección penal, vulnerándose el bien jurídico con la sola modificación de uno de los números.
Procedencia del recurso, recurso de inaplicabilidad de ley
Materia: PROCESAL
Carátula: ALFONSO, JOSE ANTONIO C/CANDELA SRL S/ORDINARIO -LEY 23592- RECLAMO LEY DE CONTRATO DETRABAJO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2022-04-29

Corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, sin que por ello se vea afectado el derecho de la parte actora, en la medida que la demandada agregó la documentación en tiempo oportuno al expediente, pero bajo una modalidad no prevista en la Acordada N° 1/21-STJ -carpeta de Google Drive-, que complementó la Ley 1504 con la intención de ajustar las normas procesales a los requerimientos del trámite digital. (Voto del Dr. Apcarian sin disidencia)
Denegatoria del recurso, insuficiencia del agravio
Materia: PROCESAL
Carátula: Frente Cívico de Córdoba c/  s/ control de estado contable - ejercicio 2016
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-07-12

Procede denegar el recurso extraordinario intentado, pues resulta improcedente -cuando como en el caso- el escrito por medio del cual se lo interpone contiene un relato insuficiente y el apelante sólo se limita a llevar a cabo una formulación genérica y esquemática de sus agravios, conteniendo una opinión en abstracto acerca de la arbitrariedad que imputa a la decisión; de esta manera no cumple con el requisito de fundamentación autónoma.
Jubilaciones, facultades de la administración, beneficios previsionales, acto administrativo, presunción de legitimidad, defensa en juicio
Materia: ADMINISTRATIVO-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Arias, Mercedes c/ ANSeS s/ pensiones.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-23

Las atribuciones con que cuentan los organismos previsionales para suspender, revocar o modificar resoluciones que otorguen beneficios jubilatorios cuando la nulidad absoluta resulte de hechos o actos fehacientemente probados (arts. 48 de la ley 18.037 y 15 de la ley 24.241), presupone que se haya dado participación a los interesados en los procedimientos, permitiéndoles alegar y probar sobre los aspectos cuestionados en resguardo de la garantía de la defensa en juicio.