marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Procedimiento administrativo, revisión judicial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Olivetti Argentina S.A. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-06-30

La competencia revisora en materia contencioso administrativa no se extiende a los procedimientos cumplidos en sede administrativa en tanto sus deficiencias pueden corregirse en las oportunidades que el actor tiene para defenderse, probar y alegar en sede judicial. Ello no implica que ese aspecto de la actividad de la Administración se encuentre exenta de control judicial, sino que el principio reconoce sustento en la idea de que las deficiencias habidas sobre ese aspecto en aquella sede pueden corregirse mediante la sustanciación del proceso administrativo de pleno conocimiento a que el Tribunal se aboca cuando conoce en la causa.
Seguridad jurídica, cosa juzgada, defensa en juicio, crédito laboral, ley laboral
Materia: LABORAL
Carátula: CUERPO  DE  EJECUCION EN AUTOS: VALLES ENRIQUE ALBERTO C/ AUXICORD  S A.  - DEMANDA s/ LEY - CREDITOS LABORALES
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-03-11

La ley 24283 viola expresamente lo dispuesto por el art. 3 del C.

Civil al disponer en definitiva su aplicación retroactiva a situaciones jurídicas no invocadas en la oportunidad procesal pertinente y afecta principios constitucionales tan elementales como el de la seguridad jurídica, el de la cosa juzgada, el de defensa en juicio al alterar la relación jurídico procesal y la litis contestatio ya que en última instancia sólo tiene en cuenta un fin economicista y no contempla de manera alguna los padecimientos de índole no patrimonial que tuvieron que soportar quienes se vieron privados en forma ilegítima de percibir sus créditos de naturaleza alimentaria y asistencia en el modo y tiempo oportuno generando de tal manera una invitación a la mora en el cumplimiento de obligaciones legales, lo que resulta ajeno por los principios generales del derecho y los especiales del Derecho Laboral al carácter protectorio y tuitivo de esta rama del universo jurídico vigente.-
Salario mínimo, vital y móvil, constitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Paez, Nolasco A c/ Industrias Atlántida SA s/ Accidente de trabajo. Art. 1113
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-10-01

Corresponde declarar inaplicable el valor nominal de Australes veinte mil fijado en la resolución 7/89 del Consejo Nacional del Salario Mínimo Vital y Móvil. Para establecer la base de cálculo se actualiza el importe del salario mínimo vital y móvil de Australes veinte mil desde el 1-VIII-89 hasta la fecha de toma de conocimiento de la incapacidad, resultando la aplicación del índice del salario del peón industrial el instrumento adecuado para obtener el fin que se procura.
Accidente de tránsito, eximentes de responsabilidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Giusti, Ignacio c/ Yacopini, Carlos s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-10-31

El quebrantamiento de lo normado por el art. 71 inc. 2º del Código de Tránsito provoca una interrupción -aunque parcial- del nexo causal tendido desde la esfera de la responsabilidad objetiva; entre los daños sufridos por el actor y el vehículo del demandado, sin que ellos pueda ser mudado ni neutralizado por la recurrencia que la actora hace a la presunción "hominis" en contra del vehículo embistente.
Procesos de ejecución, ejecución de honorarios, ejecución de sentencia
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: M., S. s/ Ejecución de Honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-08-12

Cuando se trata de una ejecución de honorarios a la que se le aplican las normas del procedimiento de ejecución de sentencia, se deduce que no puedan oponerse, en principio, otras excepciones que las que establece el artículo 506 C.P.C.C. y siempre que se funden en hechos posteriores al pronunciamiento y también que las excepciones deben probarse por las constancias del juicio o por documentos emanados del ejecutante que corresponde acompañar al deducirlas, con exclusión de todo otro medio probatorio.
Recurso directo, fallos de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL
Carátula: PLANA LAURA MARIANA c/ GCBA s/ REVISION CESANTIAS O EXONERACIONES DE EMP. PUBL.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-02

La razón que habilita la vía consagrada en el artículo 464 del Código Contencioso Administrativo y Tributario en lugar de la ordinaria, es la urgencia de dar respuesta a la incertidumbre de quien se enfrenta a un juicio en el que pretende la nulidad de un acto que lo separa de la administración definitivamente.

En este sentido, la Corte Suprema, refiriéndose al régimen nacional que prevé un recurso directo de similares características, ha sostenido que constituye un procedimiento especial de impugnación de la cesantía que impone un trámite sumario y rápido, cuyo fin es permitir una solución definitiva de la controversia en poco tiempo (conf. CSJN, Fallos 310:2338). (Del voto en disidencia del Dr. Esteban Centanaro).
Falta de acción, inexistencia de delito, prueba
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: NOBLE, Cristina s/ EXCEPCIONES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-27

Corresponde rechazar el planteo de excepción de falta de acción pues no resulta vía idónea para demostrar la inexistencia de delito, a menos que ésta fuera manifiesta, lo que no ocurre cuando median hechos controvertidos sujetos a prueba que deberán ser evaluados en oportunidad de celebrarse el debate respectivo.
Proceso penal, facultades del juez
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: MONTENEGRO, CARLOS Y OTRO s/ COMPETENCI A
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-08

El articulo 354 del Código Procesal Penal de la Nación ha establecido lo que en doctrina se llama "contralor amplio" de las prescripciones de la instrucción y lo ha puesto a cargo de los tribunales de juicio; atribución conferida a los magistrados de toda instancia o fuero, debe ser ejercida con sobriedad y prudencia.
Recurso extraordinario, ejecución de sentencia, caución juratoria, reordenamiento del sistema financiero, acción de amparo
Materia: PROCESAL
Carátula: "Di  Mario  María  Mercedes c/ PEN  Ley  25.561  -Dtos. 1570/01 y214/02 s/ amparo ley 16.986".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-05-14

Tratándose de una sentencia cuyo cumplimiento; en caso de ser revocada, es susceptible de repararse mediante la devolución de lo percibido, el art. 258 del C.P.C.C.N. autoriza la ejecución de aquélla cuando la sentencia de Cámara fuese confirmatoria de la de primera instancia, y hubiese sido concedido el recurso extraordinario, previa fianza. A tal fin, la actora deberá prestar caución juratoria, teniendo en cuenta las particularidades del caso y en tanto la sentencia que admitió la acción de amparo por ella deducida se basó para otorgarle la disponibilidad de las sumas depositadas en que su situación encuadra en uno de los supuestos de excepción previstos por el art. 1 de la ley 25.587. Dicha caución deberá prestarse ante el juzgado de origen, a quien incumbe la ejecución de sentencia.
Costas, pago, embargo preventivo, juicio sumarísimo
Materia: COMERCIAL
Carátula: LERNER, ALEJANDRO c/ ABRAXA PRODUCCIONES  SRL s/ SUMARISIMO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-02-26

Resulta improcedente intentar por la vía sumarísima la promoción de un proceso que tiene por fin obtener la traba de un embargo preventivo para preservar las costas que fueron impuestas a la accionada en un juicio ordinario promovido anteriormente. Ello, por cuanto la vía elegida implica el dictado de sentencia definitiva la que produce los efectos de la cosa juzgada, lo cual se contrapone con la naturaleza de las decisiones sobre medidas cautelares, que no causan instancia, toda vez que se trata en principio, de pronunciamientos sobre la mera probabilidad de la existencia del derecho discutido, siendo el procedimiento previsto en el CPR 165 el adecuado a tal pretensión.
Delitos contra el honor, querellante, delito de acción privada, impulso de parte
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: "CARRIO, E. s/ excepción de falta de acción".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-08

En los delitos contra el honor la acción queda en manos del querellante y se elimina la participación del fiscal en el proceso, salvo que estemos en presencia de cuestiones de orden público, tales como las de incompetencia o de prescripción de la acción penal.
Responsabilidad del Estado, error judicial
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Torres, Juan Antonio c/ Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-07-13

Para hacer efectiva la responsabilidad del Estado es necesario puntualizar que es cuestión prejudicial la previa determinación que el "error judicial" no ha sido consentido por la parte a quien perjudica y que no ha pasado en autoridad de cosa juzgada, pues en tal caso goza de la presunción de verdad ("res iudicata pro veritate habetur").- Además, la existencia del error judicial debe ser verificada en el mismo proceso que se habría cometido, debiéndose agotar para llegar a tal declaración, todos los recursos y las instancias que hacen posible la reposición, la apelación y, excepcionalmente, la nulidad o la revisión y, en definitiva la acción por daños y perjuicios contra el Estado sólo será posible después de declarado el error judicial (arts. 321 y 315 C.P.Penal).
Admisibilidad de la prueba, comodato
Materia: PROCESAL
Carátula: Vallejos, Rodrigo Damián c/ Fernández, Héctor Mario s/ Despido por causales genéricas
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-04-24

Esta Sala, en su anterior composición, tuvo oportunidad de señalar: "Es claro que la existencia de comodato, u otorgamiento de vivienda gratuita al trabajador, no excluye la posibilidad de existencia de un vínculo laboral, pero también lo es que las tareas conservatorias de la cosa a que está obligado el comodatario (arts. 2266 y ctes. Cód. Civil) no pueden dar pie a la presunción del art. 23 LCT, como así tampoco la circunstancia de que el comodante satisfaga a través del otorgamiento del uso de la cosa un interés propio, cual podría ser en el caso el resguardo del inmueble frente al riesgo de depredación...".
Patrocinante, querellante
Materia: PENAL
Carátula: Fernández, Juan Carlos; Oñate, Edith Nora; Fernández, Daniel Leonardo s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-12-19

No puede suplirse la incomparecencia del querellante con la presencia de su letrado patrocinante, ya que su función es la de asesorar al querellante en los actos que participa y le garantiza las formas del proceso, pero no es parte en el litigio ni recibe legitimación y, por ello, salvo en actuación como gestor, carece de facultad de formular peticiones o de efectuar presentaciones.
Responsabilidad extracontractual del Estado, daños y perjuicios, daño material
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: CH., G. D. c/ PROVINCIA DE RIO NEGRO s/ ODINARIO s/ CASACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2014-09-08

La Corte Suprema admitió que la noción de "falta de servicio", fundada en el art. 1112 del Código Civil, es el fundamento jurídico para validar el deber de indemnizar a particulares.

La misma finca en la idea de que "... quien contrae la obligación de prestar un servicio lo debe realizar en condiciones adecuadas para llenar el fin para el que ha sido establecido, siendo responsable de los perjuicios que causare su incumplimiento o irregular ejecución".

En definitiva, la existencia misma de la obligación estatal de resarcir los menoscabos patrimoniales que ocasionan sus actos o sus omisiones deriva de la misma Constitución Nacional (arts. 14, 16, 17, 23 y 19). (Mayoría: Dra. Piccinini, Dr. Apcarián, Dra. Filipuzzi)
Daño moral, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: ABAURRE, JESUS ADRIANO c/ COMPAÑIA ARGENTINA DE TELEFONOS S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1994-03-18

Para probar el daño moral en su existencia y entidad no es necesario aportar prueba directa, sino que el juez debiera apreciar la circunstancias de hecho y las cualidades morales de la víctima para establecer objetiva y presuntivamente el agravio moral en la órbita reservada de la intimidad del sujeto pasivo.
Facultades de la alzada, principio de congruencia, agravio extemporáneo
Materia: PROCESAL
Carátula: CERDERA Graciela Myriam c/ Centro de Suboficiales y Agentes de la Policía de San Juan - (CESAP San Juan) s/ Apelación de Sentencia - Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-11-06

En relación a la interpretación que debe asignarse al artículo 262 del Código de Procedimiento Civil, la Corte tiene dicho que las facultades jurisdiccionales que adquiere el tribunal de alzada con la apertura de la segunda instancia no son plenas, sino que se encuentran limitadas en función del principio de congruencia (art.164 inc. 6º del CPC, por remisión de los artículos 165 y 262 del mismo cuerpo normativo).

En tal virtud, por la vía del recurso de apelación no se lleva a cabo un nuevo juicio, sino una revisión de lo decidido en primera instancia en orden a los agravios propuestos por las partes.

Así, el artículo 262 del CPC veda al tribunal de alzada considerar capítulos no propuestos por las partes a la decisión del juez de primera instancia, aun cuando se trate de un hecho que se encuentra probado en la causa.

Y si bien, en función del principio iura novit curia, la jurisdicción subsume los hechos en el derecho que entiende corresponde aplicar, lo es a condición que se trate de hechos invocados por las partes en las oportunidades procesales adecuadas.
Interés superior del niño, derechos y obligaciones de los padres
Materia: CIVIL
Carátula: C.,V.S. c/ R.,G.D. s/ Medidas Urgentes (Art. 21 Inc. 4 Ley 7676) - Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2014-04-10

Aún cuando el deber de prestar alimentos al hijo menor incumbe a los dos progenitores, esa obligación se compensa por parte del progenitor conviviente con el cuidado y la educación que le prodiga a aquél, siendo merecedora de una apreciación económica. Atento a ello, la circunstancia de poseer ingresos la progenitora incidentista, no atenúa la obligación de contribución que pesa sobre el recurrente, pues ello se traduce en una mejor calidad de vida respecto del niño en pos de la íntegra satisfacción de sus necesidades de formación y desarrollo.
Hostigamiento o maltrato, sentencia, procedencia del recurso, proceso contravencional, cuestiones procesales, incidentes, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Fiscalía de Cámara Oeste de la CABA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Incidente de apelación en autos Di Nieri, Leonardo Salvado s/52 - hostigar, maltratar, intimidar (art.52 según TC Ley 5666 y modif.)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-19

Corresponde revocar la sentencia que sobreseyó al imputado por entender manifiestamente atípica la conducta que se le atribuye. Ello así, en tanto la conclusión a la que llega el tribunal a quo excede el marco que posibilita la excepción de falta de acción por atipicidad, que lleva al análisis de la correspondencia entre tipo penal y descripción de la conducta imputada, ingresando al de la correspondencia entre la norma y la conducta ocurrida, terreno fáctico cuya elucidación requiere el desarrollo de otra etapa del procedimiento. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Recurso de inaplicabilidad de ley, cuestiones procesales, debido proceso, defensa en juicio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Correa, Maria Evarista c/ Peruzzo, Angel Bernardo y/o quienes resulten responsables s/ Sumario por Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-11-01

El debate propuesto por el recurrente,no puede ser constreñido a un supuesto de error "in procedendo "y por ende,ajeno a la vía recursiva intentada,toda vez que,en la interpretación y aplicación de las normas procesales implicadas, se encuentran comprometidas derechos y garantías fundamentales como son el derecho de defensa en juicio y la garantía del debido proceso,lo que habilita el tratamiento de la cuestión por vía de inaplicabilidad de ley .
Honorarios del abogado, recurso de apelación (procesal)
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pedro Pisoni S.A. c/ Héctor y Oscar Fontana s/ Embargo preventivo Rodríguez, José c/ Guazzora, Daniel s/ Daños
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-08-20|1995-03-07

Si por decisión firme quedó establecido cuál sería la base regulatoria, no puede la alzada apartarse de ella.
Tipo penal, homicidio preterintencional, pena privativa de la libertad, reclusión, prescripción
Materia: PENAL
Carátula: R. P., S. c/  s/ prescripción
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-30

La magistrada de la instancia de origen señaló que el tipo penal de homicidio preterintencional (art. 81, inciso 1, "b", del CP) se compone de una pena de prisión y otra de reclusión y que, la pena de reclusión, se encontraba tácitamente derogada por la ley 24.660, tal como la CSJN lo había considerado en el fallo "Méndez, Nancy", entre otros, por lo que la acción penal estaba prescripta.

Fuente del sumario: OFICIAL
Prórroga de la prisión preventiva, homologación judicial, coerción personal
Materia: PENAL
Carátula: GALLARDO, Hugo Antonio c/  s/ Art. 1º Ley 24390
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-17

Corresponde homologar la prórroga de la prisión preventiva del encausado en virtud de hallarse debidamente fundada en datos objetivos de la causa, justificando el plazo de prórroga en las razones especificadas- el tiempo que lleva detenido el nombrado no resulta desproporcionando, a la luz del estado procesal de la caus, la complejidad de las actuaciones, que se ven reflejadas en la magnitud de los hechos, en la multiplicidad de los imputados, en la voluminosidad de la causa, en los distintos planteos de competencia e inhibitoria efectuados y en la cantidad de expedientes conexos-, por lo que el mantenimiento de la medida de coerción personal dispuesta por el plazo comunicado no se presenta incongruente respecto de las causas que justifican la prórroga (art. 1º de la Ley 24.390). Dres. Hornos y Carbajo.
Deducciones impositivas, Impuesto sobre los ingresos brutos
Materia: PROCESAL
Carátula: Banco de Valores SA c/ GCBA s/ Impugnación actos administrativos s/ recurso de apelación ordinario concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-26

La regla general en materia de deducciones es que las previstas sólo pueden efectuarse cuando los conceptos a que se refieren corresponden a operaciones o actividades de las que derivan los ingresos objetos de la imposición. Ese sistema de deducciones tiene naturalmente por objeto evitar que la incidencia del impuesto recaiga en el responsable por deuda propia, y no en el consumidor, esto es, quien manifiesta la capacidad contributiva que el ISIB busca captar. Si el ordenamiento jurídico no permitiera deducir los reseñados conceptos, la base de cálculo del ISIB estaría conformada por importes que no representarían la efectiva contraprestación por la actividad habitual del obligado por deuda propia. Es decir, el tributo pasaría a captar una porción del capital de ese obligado. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Nulidad de sentencia, prisión domiciliaria, salud del imputado, diagnóstico médico
Materia: PENAL
Carátula: Orihuela, Aníbal Antonio c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-09-11

Corresponde anular la resolución que denegó la prisión domiciliaria si el informe médico en el que se sustentó soslayó expedirse acerca si el encausado puede tratar adecuadamente sus dolencias en un establecimiento carcelario, tal como fuera señalado por la defensa, más allá que el art. 33 ley 24.660 exige de informes adicionales para el supuesto del art. 32, inc. a de la ley supra citada.
Honorarios, allanamiento, juicio ejecutivo
Materia: PROCESAL
Carátula: CARTA LOCAL CENTRO S.R.L. c/ MARCELO E. VIDELA Y OTRO s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-06-24

El art, 41 de la ley 8226 (análogo al anterior art. 40 ley 7269) que establece que "en caso de allanamiento... se regula teniendo en cuenta las etapas procesales cumplidas conforme lo establecido en el art. siguiente." sin que exista razón jurídica para apartarse de la misma. El art. 41 citado debe concordarse con lo dispuesto por el art. 42 de la ley arancelaria que establece que por los trabajos de demanda y contestación se remunera el 40% de los honorarios correspondientes a primera instancia.

Habiéndose allanado el demandado a la acción ejecutiva iniciada en su contra,corresponde se efectúe la reducción precedentemente mencionada. Así sobre los 10 jus para toda la instancia que corresponda regular por la actuación del abogado en primera instancia en el juicio ejecutivo debe efectuarse la reducción del 60% por las etapas no cumplidas, en un todo de acuerdo con el art. 42 de la ley 8226.-
Accidente de tránsito, responsabilidad civil
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: CRESPI VDA. DE PIERRE, LIDIA ROSA c/ ADMINISTRACION PROVINCIAL DE RECURSOS HIDRICOS Y/U OTROS s/ INDEMNIZACION DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-06-25

Para que la responsabilidad de un accidente de tránsito sea atribuible exclusivamente a un tercero, es necesario probar que medió una acción suya positiva sobre el involuntario autor directo, de modo que la voluntad de éste resulte ser extraña a la producción del hecho determinante del daño.
Superior Tribunal de Justicia, competencia, competencia contencioso administrativa, sentencia
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: GEPPEL Y PINASCO SACIC c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ DAÑOS Y PERJUICIOS     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD      CSJ EXPTE NRO 203-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-04-19

Es jurisprudencia de este Tribunal rechazar las quejas en aquellos casos en que no se había deducido ni tratado en las instancias ordinarias (ni aun tangencialmente) ninguna cuestión vinculada a la competencia; donde el tema de la materia contencioso administrativa recién aparecía luego de dictada la sentencia que resolvía el fondo del asunto y donde no mediaban razones que permitieran a este Cuerpo, ejerciendo sus facultades, habilitar la instancia para defender su propia competencia.
Derecho laboral, ley de accidentes de trabajo, intereses, cómputo del plazo, monto del juicio, acción civil
Materia: LABORAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Guevara, Eduardo Adolfo c/ Swiss Medical ART SA y otro s/ accidente-acción civil
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-23

No hay motivos que justifiquen un apartamiento del principio general de las obligaciones. El cómputo de los intereses será desde el día del siniestro, hecho que da nacimiento a la obligación de indemnizar en el sentido aproximativo de reposición de las cosas a su estado anterior. Así lo establece el art. 1748 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, es decir "desde que se produce cada perjuicio". Ello en cuanto al monto de condena basado en el derecho civil y también en cuanto a las prestaciones sistémicas atento lo normado por el art. 2. 3 de la ley 26.773