Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-04-03


2º Instancia.- Santa Fe, abril 3 de 2008.

1º ¿Es nula la resolución recurrida? 2º ¿Es ella justa? 3º ¿Qué pronunciamiento corresponde dictarse? 1º cuestión.- El doctor Saux dijo:

El recurso de nulidad ha sido erróneamente concedido a fojas 175 por el a quo -en cuanto no había sido interpuesto como tal y autónomamente respecto de la apelación según constancia en diligencia de fojas 172 vta.- por lo que no corresponde que sea tratado, debiendo declararse aquella errónea concesión. Así voto.

El doctor Cordini expresó, a su vez, iguales razones en parecidos términos y votó, por lo tanto, en igual sentido.

El doctor Genesio dijo:

Habiendo tomado conocimiento de estos autos y existiendo votos totalmente concordantes de dos jueces, de conformidad al art. 26 de la ley 10.160 y a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, me abstengo de emitir opinión.

2º cuestión.- El doctor Saux dijo:

A los efectos de una cabal comprensión de los hechos debatidos, como paso previo a la consideración de los agravios que sostienen el recurso de apelación (conforme a los términos del memorial glosado a fojas 187 a 191 vta.), resulta necesario pasar un somero repaso a los antecedentes de la causa hasta su arribo a esta sede revisora.

En tal designio, puede ponerse de resalto que por intermedio de apoderado, Marcela Fernanda Sosa promueve contra Silvia Miguela Latino, tanto a título personal como en su carácter de madre en ejercicio de la patria potestad de su hija menor de edad M. R. C., acción declarativa de simulación respecto de la cesión de derechos y acciones hereditarios aparentemente realizada por Silvia Miguela Latino a favor de M. R. C. en el sucesorio de Ricardo Gerardo Carrillo, inscripta en el Registro General de Propiedades el 19/2/97 bajo el Nº 12581, Fº 107 Tomo 87 de cesión de derechos y acciones de la que fueron objeto los inmuebles sitos en el Departamento La Capital registrados bajos los Nº 46842, Fº 3957, T 400 Impar; 46842 Fº 1039 Tº 107 Par; 46842, Fº 3612, T 427 Impar; 46842 Fº 1320 Tº 261 Impar; 97987 Fº 1664 Tº 352 Par y 2811 Fº 524 Tº 320 Impar. Relata que como consecuencia del accidente protagonizado por el menor M. E. C. L., quien era acompañado por Marcela Fernanda Sosa quien sufrió gravísimas lesiones, su madre -Nora Inés Cativas de Sosa en ejercicio de la patria potestad de su hija, por entonces menor de edad- compareció en autos "Castro Latino Martín Enrique s/Lesiones Culposas" (Expte. 662/93) del Juzgado Correccional Nº 7 de Santa Fe como actora civil, recayendo sentencia confirmada por la Sala 3era. de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, condenando penalmente a Castro Latino y civilmente a él y a su madre, a pagar a la actora en forma solidaria la suma de $ 197.000 más los intereses de la tasa pasiva otorgada por el Banco Central de la República Argentina a partir de la interposición de la demanda. Luego de haber recaído la referida sentencia, y pretendiendo la inhibición general de los condenados, informó el servicio de Catastro que no se individualizaban inmuebles a nombre de Castro Latino, Silvia Latino y/o M. C.. Se continuaron recabando informes, ante la sospecha de que Silvia Latino mediante subterfugios lograba no figurar como titular dominial de los bienes que le correspondieron en el sucesorio de su esposo Ricardo Carrillo cuya ocupación detenta; surgiendo de las constancias registrales obtenidas que los inmuebles fueron inscriptos en su totalidad a favor de su hija menor, M. C. Asimismo sostiene que la referida cesión se torna sugestiva ya que el sucesorio de Carrillo se encontraba en trámite desde el año 1993 y la cesión se efectuó a 8 días de ocurrido el accidente.

Al contestar la demanda sostiene el apoderado de la Sra. Latino quien actúa por sí y en representación de su hija menor M. C., que se trabó embargo sobre seis bienes inmuebles de propiedad de la menor no habiendo prestado fianza suficiente los curiales de la parte actora. Opone conforme lo preceptúa el art. 3962 CC, excepción de prescripción de la acción la cual se configuró atento el transcurso del tiempo previsto por el art. 4030 CC sin que la actora haya ejercitado la misma. Argumenta que la cesión de derechos y acciones hereditarios e inscripción dominial se realizó en fecha 19/2/97 en autos "Carrillo Ricardo Gerardo s/Sucesorio" (Expte. 1031/93) y la prescripción se operó el 19/2/99 y esta demanda se promueve transcurrida dicha fecha, en exceso, es decir el 3/02/03 cuando se había operado la misma. Agrega que la única fecha invocada por la actora es la de la inscripción del dominio en el registro general de propiedades, resaltando que "no existe otra que cambie estas por lo que debemos atenernos a que el conocimiento ha sido el de la misma, según surge de sus propios dichos y de la teoría de los propios actos" (sic).

Abierta la causa a prueba ofrecen la parte actora y la demandada, produciendo posteriormente los alegatos correspondientes.

A fs. 169/172 obra resolución a qua de fecha 25/7/007 por la que se hace lugar a la demanda y se declara simulada la cesión de derechos y acciones realizada por Silvia Miguela Latino en favor de M. R. C. por acta judicial de fecha 18/03/96 e inscripta ante el Registro de la Propiedad con fecha 19/02/97, resultando inoponible a la actora, imponiendo las costas a los accionados. Sostiene que Silvia Latino cedió por acta judicial en favor de su hija los derechos y acciones que le correspondían en el sucesorio de su esposo en fecha 18/3/96, con posterioridad al accidente que tuviera como víctima a la hija de la actora y que diera origen a una causa penal en la cual resultaría condenada civilmente. Seguidamente agrega que cedente y cesionaria resultan ser madre e hija y esto constituye indicio que juega a favor de la simulación, ya que el acto que perjudica a terceros exige confianza entre los que contribuyeron a su formación y esta relación aparece demostrada, no habiéndose expresado tampoco la necesidad de esta cesión siendo esto motivo de sospecha que juega a favor de quien procura la anulación del acto como así también la cuantía de los bienes enajenado. En cuanto a la conducta procesal de los demandados sólo se limitan a esgrimir la prescripción de la acción y sumado a la falta de pruebas aportadas debe ser considerado como un indicio más de la simulación. Establece respecto de la prescripción articulada que el plazo bienal del Código Civil no necesariamente coincide su comienzo con el momento en que el negocio simulado tuvo lugar, sino que si la simulación es alegada por terceros se computa la prescripción desde que el impugnante tuvo conocimiento del carácter ficto del acto. Por esto es que se aclara que la prescripción aludida no ha ocurrido en la causa conforme a las probanzas colectadas por la actora.

Interpuesto recurso de apelación y radicados los presentes en esta sede, expresa agravios la demandada a fs. 187/191 vto. Expresa que la resolución a qua no ha considerado las normas que permiten lícitamente a los herederos renunciar a su porción hereditaria (arts. 3379 a 3381 y 3398 del Código Civil) como tampoco se consideró la legitimidad de la cesión de derechos hereditarios (arts. 1184, inc. 6º, 1444, 1445, 1435/7, 2106/01, 2163 y 3322, CC) como también la formalidad ad probationem de la escritura pública. Asimismo sostiene que la actora tomó conocimiento al publicitarse la cesión al inscribirse la misma en el Registro General de Propiedades, como así también conoció las inscripciones registrales de los bienes dejados por el causante al inscribirse ello, constituyendo un equívoco del a quo atento lo normado por el Código Civil. Tampoco se ponderó que Silvia Latino de Carrillo tiene una sola hija y que ella como heredera declarada puede renunciar lícitamente a su porción hereditaria en favor de su hija y que la cesión fue hecha en los autos sucesorios y a fin de darle publicidad al acto se inscribió en el Registro General, por lo que la actora no puede invocar no tener conocimiento de lo actuado, cuando la cesión y posterior inscripción se realizó en fecha 19/02/97, promoviéndose la demanda en fecha 3/02/03. Agrega que siendo las únicas herederas de Ricardo Carrillo, su mujer Silvia Latino y su hija, la primera al haber cedido sus derechos a favor de su hija formalizándolo por acta judicial y esta cesión formalmente inscripta, implica la publicidad y la posibilidad de que cualquier tercero de acceder a dicha información. La única fecha invocada por la actora en autos es la de la inscripción del dominio en el Registro General por lo tanto hay que atenerse a que el conocimiento de la misma fue en esa fecha.

Al contestar agravios (v. fs. 194/197 vto.) sostiene la actora que en ningún momento se atacó cómo se instrumentó la cesión de derechos hereditarios, sino el propósito al efectuarla que fue crear una apariencia distinta a la realidad con miras a inducir al engaño. Asimismo no se puede traer a consideración a esta instancia revisora cuestiones que quedaron fuera del ámbito del contradictorio. Destaca que los autos sucesorios "Carrillo Ricardo Gerardo s/sucesorio" no pudieron ser examinados, ya que no pudieron localizarse por lo tanto sólo a través del Informe del Servicio de Catastro, el primero de los cuales de fecha 28/3/01 resultó negativo y el de 11/05/01 es donde se constata la cesión realizada por Latino a su hija. Por último sostiene que el plazo de prescripción debe contarse a partir de la fecha de que tuvo conocimiento de la falsa causa no de la fecha de inscripción del acta, citando al efecto jurisprudencia.

Por proveído de fecha 27/12/07 se requirió como medida para mejor proveer al Juzgado de origen la remisión de los autos "Carrillo s/Sucesorio", aportándose como datos el profesional que los inició, fotocopia de la declaratoria de herederos, inscripción de dominio, pero no los autos requeridos.

Así las cosas, debo principiar por poner de resalto que en la consideración de los agravios que sostienen el recurso de apelación, la cuestión nuclear y excluyente a debatir es la relacionada a la existencia o no de la prescripción bienal de la acción de simulación, habida cuenta que como con tino lo menciona la contestación de los agravios, todo lo relacionado a la legitimidad de la cesión de derechos hereditarios y a la forma en la cual ella se instrumente no fue objeto de controversia conforme quedara trabada la litis (ver contestación de la demanda a fojas 31 y ss.), como tampoco lo fue ni siquiera la negativa de la existencia de la cesión o su rol ficticio, toda vez que la única argumentación defensiva fue la prescripción.

Dedicarse a tratar agravios vinculados a temas que excedan tal marco defensivo oportunamente propuesto por la ahora apelante implicaría vulnerar el principio procesal de congruencia.

Partiendo de esta premisa, hay al menos tres cuestiones que quiero analizar liminarmente antes de avocarme al tratamiento de ese agravio sustancial, y que estimo tienen relevancia suficiente como para justificar su mención.

Ante todo, no puedo dejar de hacer alusión a mis serias dudas respecto a si la naturaleza y singularidades del acto jurídico de disposición controvertido en la presente causa -la cesión gratuita de derechos y acciones hereditarias por parte de Silvia Latino a su hija M. C.- no nos ponen frente a un acto realizado en fraude a los acreedores o pauliano más que ante un acto simulado. Los perfiles de la cesión de derechos cuestionada reúnen todos los requisitos del art. 962 del Código Civil (insolvencia del deudor, derivada del acto mismo, y fecha del crédito anterior a la de celebración del acto), integrando asimismo los caracteres de los arts. 964 (renuncia a la mejora de su estado de fortuna) y 967 (carácter gratuito de la disposición, lo cual excusa el requisito de la mala fe del adquirente). Si en cambio -como se postula en la demanda- la cesión implica un acto simulado, es ineludible la "falsa causa" (eje nuclear de toda simulación), y ello nos lleva a la temática del estatuto aparente (el plasmado, visible o externo) y del estatuto oculto (la verdadera voluntad de las partes, disimulada con la apariencia de otra), sea la simulación absoluta (en un acto totalmente insincero) o relativa (en aquel que esconde otro detrás). En el sub lite, aun cuando la intención de Silvia Latino de ceder sus derechos y acciones hereditarios en la sucesión de su fallecido segundo cónyuge, Ricardo Gerardo Carrillo, padre a su vez de su hija M. C., pueda haber sido la de insolventarse a los fines de no tener que responder por la condena ya declarada judicialmente contra ella y su hijo del primer matrimonio (M. C. L., menor de edad al tiempo del accidente que generara el débito resarcitorio en el cual se integrara su madre en los términos del art. 1114 del C. Civil), no se alcanza a avizorar adónde anida realmente lo simulado.

Si tal cesión fuera ficticia -en una hipótesis de simulación absoluta ilícita conforme a las previsiones de los arts. 956 y 957 del C. Civil, toda vez que siendo la disposición gratuita no hay modo de imaginar otro acto encubierto más allá de la pura donación- el supuesto estatuto oculto debiera consistir en la voluntad recíproca de devolver, más adelante, los bienes o derechos objeto de la cesión, y tal voluntad debiera estar plasmada en un contradocumento, hipótesis impensable desde que la donataria era (al momento del acto de disposición) menor de edad, y la cesión se instrumentó mediante acta labrada ante la Defensoría General -ver copia a fojas 95-. En definitiva, lo que digo es que desde mi parecer el acto atacado no resulta nítidamente simulado, sino más bien fraudulento, en tanto lo que busca es mediante una disposición real y no ficticia colocar a la deudora (Silvia Latino) en estado de insolvencia frente al crédito predicable contra su patrimonio por parte de la aquí actora en la causa en la cual resultara aquella condenada solidariamente con su hijo a resarcir los daños derivados de un accidente de tránsito.

Ahora bien, teniendo en consideración que como atinadamente lo ha consignado Eduardo Zannoni ("Ineficacia y nulidad de los actos jurídicos", Editorial Astrea, Buenos Aires, 2004, p. 408) "....en la mayoría de los casos -por no decir en todos-, la simulación que alegan los terceros para impugnar el negocio simulado o para hacer prevalecer su causa real es instrumental y sirve a otra acción principal..." (sea v.g. la de colación, o la de reducción, o la revocatoria o pauliana, etc.), y la función que cumple la simulación es despejar la verdadera naturaleza del acto que causa el perjuicio para poder atacar éste mediante esa otra acción específica; y que además es sabido que a veces desde la óptica de un tercero que no participó del negocio jurídico lesivo a sus intereses ni conoce desde afuera los verdaderos contornos de lo que las partes han querido pergeñar con él, resulta difícil discernir si efectivamente el acto es simulado o fraudulento (en el sentido de saber con certeza que está preordenado a perjudicar su perspectiva de cobro de su acreencia o de efectivización de su derecho en expectativa, pero sin conocer con certidumbre si es un acto real o ficticio) (conf. J. J. Llambías, "Tratado de Derecho Civil - Parte General", Editorial Perrot, Buenos Aires, 1975, T. II, p. 558), sumado al hecho de que esta argumentación sobre la verdadera naturaleza del acto sometido a juzgamiento no ha sido objeto de postulación ni controversia por las partes ni por la sentencia de anterior instancia, la dejo consignada a los fines de evidenciar mi punto de vista sobre las instituciones en juego a la luz de los hechos, pero me abstengo de derivar de ello proyecciones específicas sobre las pretensiones en conflicto.

La segunda cuestión que quiero analizar antes de adentrarme al agravio que sustenta el recurso se vincula con el hecho de que quizás inconcientemente -o no-, tal dualidad institucional (pretensión formulada como acción de simulación, acto típicamente asimilable a los contornos dogmáticos del fraude pauliano) ha generado en la parte resolutiva del fallo a quo un error conceptual que, aún no advertido por la parte apelante ni por la apelada (al menos, nada se ha dicho sobre ello ni en la expresión de agravios ni en la contestación de los mismos). Dicho error consiste en que el juzgador a quo (vide fojas 172) en la parte resolutiva de la sentencia ahora puesta en crisis alude a que se hace lugar a la demanda y se declara simulada la cesión de derechos y acciones hereditarios, pero agregándose que como conclusión de ello tal cesión "...resulta inoponible a la actora". Va de suyo que si se declara al acto simulado, el efecto es la nulidad del mismo, y por ende la consecuencia inmediata es la vuelta de las cosas al "status quo ante", y la perspectiva de que cualquier acreedor aproveche los efectos de tal ineficacia absoluta y del retorno de los bienes al patrimonio de su deudor (o deudora, en este caso).

La inoponibilidad es un efecto propio de la acción revocatoria para el fraude pauliano (art. 965, C. Civil), y por ende resulta insostenible declarar procedente la simulación y limitar sus alcances a una mera inoponibilidad al requirente o proponente de la acción, toda vez que la nulidad es una sanción de carácter absoluto o erga omnes, mientras que el efecto relativo de la inoponibilidad es precisamente uno de sus caracteres diferenciales respecto de aquella (v. María Emilia Lloveras de Resk, "Tratado teórico-práctico de las nulidades", Editorial Depalma, Buenos Aires, 1991, ps. 13 y sigtes.).

En tercer lugar, creo que no puede quedar afuera del bagaje de elementos de juicio a ponderar en la decisión que se tome al fallar esta causa el vinculado a la conducta de las partes, en singular referencia a la del apoderado de las demandadas.

Es un dato objetivo que dolosa o culposamente dicho profesional ha impedido que el sucesorio de Ricardo Gerardo Carrillo haya sido traído como elemento probatorio relevante a este juicio. Dicha causa tramitó por ante el mismo Juzgado de anterior instancia, y fue retirado de él sin constancia ni recibo alguno, no siendo habido en el estudio profesional del curial representante de las únicas herederas declaradas (las aquí codemandadas, madre e hija), ni habiendo sido remitido al Archivo, pese a que el propio abogado promotor de dicho sucesorio reconoce que fue quien inició y concluyó su trámite (ver constancias de fojas 19, 20 vta., 74, 93 y 94 vta., 116, 165, 216 vta. y 221).

Por último -y con ello concluyo estas digresiones introductorias pero indefectibles-, estimo relevante evidenciar que la ausencia de intervención de la Defensoría de Cámara en esta sede revisora se justifica en la medida en que la joven M. C. adquirió su mayoría de edad al cumplir sus veintiún años el 29 de mayo de 2007, con lo cual ha cesado a su respecto tanto la patria potestad de su madre Silvia Latino como la intervención promiscua del Ministerio Público Pupilar.

Dicho esto, vamos entonces al eje de la controversia: si respecto de la acción de simulación promovida por la actora ha operado o no el plazo prescriptivo bienal del art. 4030 segunda fracción del C. Civil.

Ante todo, una salvedad: no se discute en el sub lite ni sobre la eventual imprescriptibilidad de la acción de simulación ejercida por un tercero (tesis sustentada en doctrina nacional por el Dr. Llambías, consecuente con su postulado conforme al cual el acto simulado es inexistente por falta de causa), ni tampoco respecto del supuesto plazo decenal del art. 4023, postulado por quienes entendían que la falta de regulación en el art. 4030 del Código por la reforma de la ley 17.711 en lo relacionado a la acción ejercida por los terceros ponía en juego aquella regla general (Arauz Castex, Mercader, Etkin, Vernengo Prack, Barbero, postura que contó con el aval trascendente de las "VIII Jornadas Nacionales de Derecho Civil", celebradas en la ciudad de La Plata en el año 1981) (ver al respecto de autoría del suscripto "Prescripción de la acción de simulación ejercida por terceros", en la obra "Estudios de Derecho Civil en su Parte General", de Edgardo Ignacio Saux, Editorial de la Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, 2002, ps. 149 y sigtes.).

Se acepta de consuno el criterio que es ya no debatido en doctrina y jurisprudencia a partir de la jurisprudencia plenaria de la Cámara Nacional Civil del 10 de noviembre de 1982 (v. JA 1983-IV-443), según el cual la acción de simulación ejercida por los terceros prescribe bienalmente, igual que la ejercitada por las partes, con la salvedad de que el inicio del plazo prescriptivo no se identifica necesaria o inexorablemente con el de la celebración del acto, sino con aquel en el cual el tercero interesado tomó efectivo conocimiento del carácter insincero del mismo (conf., entre otros, Julio C. Rivera, "Instituciones de Derecho Civil - Parte General", T. II, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1993, p. 877; así como J. Mosset Iturraspe, "Negocios simulados, fraudulentos y fiduciarios", Ediar, Buenos Aires, 1974, T. I, p. 227).

A partir de allí, la discusión se circunscribe a un dato fáctico: si ese conocimiento de la insinceridad del acto (la cesión de los derechos hereditarios) se identifica con la publicidad registral generada al asentarse la misma en fecha 19 de febrero de 1997 (según copia certificada glosada a fojas 94 de autos) -posición sustentada por las demandadas apelantes, quienes derivan de allí el holgado cumplimiento del plazo prescriptivo-; o si, por el contrario, ese "efectivo conocimiento" de la insinceridad de la cesión se corporiza para la actora cuando, luego de informada catastralmente de la inexistencia de bienes a nombre de las demandadas y obtenido con ello su inhibición dentro del proceso penal en el cual se ejercitara la acción civil resarcitoria (en fecha 28 de marzo de 2001,ver fojas 128 y 129 de autos), aparecen recién en fecha 11 de mayo de 2001 informes vinculados con la existencia de bienes a nombre de Ricardo Gerardo Carrillo, causante de las demandadas (ver fojas 54). Esta posición es la postulada por la actora, quien deriva de ello que el plazo bienal no estaba cumplido al promoverse la acción de simulación, en fecha 3 de febrero de 2003 (ver cargo de la demanda a fojas 13 vta. de estos actuados).

Soy de la opinión de que asiste razón a la actora apelada, y que con ello el planteo impugnativo debe ser desestimado, con lo cual a la postre postularé que así se lo declare confirmando con ello la sentencia a qua.

Entiendo que es doctrina judicial consolidada la que predica que en los supuestos de prescripción de la acción de simulación ejercida por terceros no resulta aplicable la regla del art. 3956 del C. Civil (según la cual la prescripción de las acciones personales comienza a correr desde la fecha el título de la obligación), sino que dicho inicio está supeditado al efectivo conocimiento que el accionante haya tenido de la falsa causa del negocio jurídico en cuestión, convencimiento que no deviene únicamente ni de su celebración, ni tan siquiera de su publicidad registral, toda vez que ello no implica necesariamente el anoticiamiento del rol ficticio de la disposición patrimonial (conf. entre otros CSJSFe, 26/11/92, "Jovellano, Eduardo y otros c. Gualini, Silvio y otros s/ordinario - Recurso de inconstitucionalidad"; igual tribunal, 14/12/05, "Cooperativa Agrícola Ganadera Ltda. c. Allasia, Oscar Salvador y otros s/recurso de inconstitucionalidad - Demanda ordinaria"; CApel. Civ. y Com. Concordia, Entre Ríos, Sala 2, 1/9/03, "Molinos Río de la Plata SA c. Rodríguez, Nilda del Luján y otros s/ordinario"; CNCiv., Sala A, 19/6/98, "Costantino de Martínez, Marta c. Costantino Salvador y otros s/nulidad de escritura"; igual Cámara, Sala C, 5/4/84, "Crigna, Domingo y otro c. Pérez de Crigna, Ana M.; Sala L, 26/6/95, "Infanzon, Susana c. Hamra, Simón y otros s/simulación"; igual Cámara, Sala I, 16/4/99, "S. de L., I. c. D. de E., C."; etc.).

En el sub lite tales pautas se corporizan casi paradigmáticamente, más allá de que aun cuando la cesión de derechos haya podido ser inscripta registralmente en el año 1997, el informe catastral del año 2001 que denota la inexistencia de bienes inmuebles en cabeza de las demandadas -lo que permitiera su inhibición general conforme disposición de la justicia penal que conocía en la acción civil resarcitoria-, y la ulterior información de la existencia de bienes de dicha naturaleza en cabeza del fallecido esposo y padre de las mismas (de mayo de ese mismo año) evidencian que aquella cesión estaba dirigida a insolventar a Silvia Latino, habiendo sido materializada pocos días después del accidente de resultas del cual su hijo del primer matrimonio (M. C. L., conductor del vehículo en el cual viajaban la aquí accionante y allá damnificada con lesiones en su cuerpo) y su madre (la aquí codemandada Silvia Latino) terminaran más tarde siendo condenados a resarcir esos detrimentos.

Dadas de tal modo las cosas, deviene entonces indefectible la desestimación del planteo revisor y la consecuente confirmación del decisorio a quo que hiciera lugar a la demanda de simulación, por no haber transcurrido el plazo de dos años desde el conocimiento cabal de la insinceridad de la cesión y aquel en el cual se promovió la demanda en estos obrados, confirmación que, como he postulado supra, deberá dejar a salvo el error contenido en la parte resolutiva de dicha sentencia a qua en tanto declara "inoponible a la actora" tal acto de disposición, el cual, siendo nulo, lo es tanto respecto de ella como de cualquier otro tercero interesado.

Así voto.

El doctor Cordini expresó, a su vez, iguales razones en términos semejantes y votó, por consiguiente, en igual sentido.

El doctor Genesio dijo:

Conforme al criterio sustentado al tratar la cuestión anterior, me abstengo de emitir opinión.

3º cuestión.- Los doctores Saux y Cordini manifestaron, sucesivamente, que de acuerdo a lo que antecede corresponde declarar mal concedido el recurso de nulidad -que no fue opuesto-, y rechazar, con costas a la demandada apelante (art. 251, CPC y C) el de apelación, haciéndose la debida corrección en la parte resolutiva de la sentencia a qua sobre los alcances de la ineficacia del acto de cesión de derechos y acciones hereditarias.

El doctor Genesio dijo:

Por similares razones a las expresadas al tratar la cuestión primera, me abstengo de emitir opinión.

Por los fundamentos del acuerdo precedente, la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Santa Fe, resolvió: 1) Declarar mal concedido el recurso de nulidad. 2) Desestimar, con costas a la demandada recurrente, el de apelación. 3) Corregir la expresión contenida en la parte resolutiva del fallo a quo en el sentido de que la admisión del carácter simulado de la cesión de derechos y acciones hereditarias no es inoponible sino absolutamente ineficaz por vía de nulidad. Insértese, hágase saber, bajen.-