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Honorarios, Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia, pautas orientadoras
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: RENNA, INES FRANCISCA c/ NITRI, BEATRIZ VILMA s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-09-15

Tal como lo ha señalado el Alto Tribunal de la Nación, la determinación justa y constitucionalmente válida de los honorarios no depende exclusivamente del monto en juego ni admite como único medio para satisfacerla el apego a las escalas de los aranceles respectivos, pues la justa retribución que reconoce la Carta Magna en favor de los acreedores debe ser, por un lado, conciliada con la garantía -de igual grado- que asiste a los deudores de no ser privados ilegítimamente de su propiedad al verse obligados a afrontar -con sus patrimonios- honorarios exorbitantes, además de que no puede ser invocada para legitimar una solución que represente un lucro absolutamente irracional, desnaturalizando el principio rector sentado por la Constitución Nacional para la tutela de las garantías reconocidas. (Del voto del Dr. Spuler, al que adhiere el Dr. Gutiérrez) - CITAS: CSJN: Provincia de Santa Cruz v. Estado Nacional, Fallos 253:456; 320:495; 302:534; CSJStaFe: Geuna, AyS T 290, p 1. - Jurisprudencia concordante con Tognini, AyS T 265, p 238/247, sumario J00 1350.
Defensa del consumidor, acción judicial, acciones de clase, seguro de vida obligatorio
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Unión de Usuarios y Consumidores c/ Nuevo Banco del Chaco SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-08

Procede hacer lugar a la demanda incoada por una asociación de consumidores contra el banco demandado y en consecuencia confirmar la decisión de declarar nulas las cláusulas insertas en los contratos de crédito que contemplan la contratación del seguro de vida de deudores. Ello por cuanto, si bien la contratación de un seguro de vida por el saldo deudor junto a los diversos tipos de mutuos ofrecidos por las entidades financieras es una práctica habitual, en principio lícita y beneficiosa tanto para la entidad como para el cliente y sus deudos; sin embargo, al no participar los clientes de la redacción de la póliza, deben ser correctamente anoticiados de sus condiciones y, además, deben ofrecérseles alternativas a fin de garantizar el ejercicio del derecho a la libre elección previsto en la CN 42. Lo cual no ha ocurrido en la especie, en tanto no surge de la documentación acompañada por la entidad bancaria demandada, que les ofrecía opciones entre las cuales elegir.
Honorarios, pago, cómputo del plazo
Materia: CIVIL
Carátula: ARGENFE  SOCIEDAD  ANONIMA  DE  AHORRO  Y  PRESTAMO  PARA LA VIVIENDA c/ LOPEZ ALBERTO DANIEL s/ EJECUCION HIPOTECARIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-11-21

El plazo para el pago de los honorarios debe computarse en forma corrida, pues se refiere al cumplimiento de una obligación de dar, cuya naturaleza es ajena al derecho procesal (conf. C.N.Civ. Sala E, c. 13.758 del 26-3-85 y c. 15.074 del 31-7-85).
Aplicación de la ley, contrato de trabajo, diferencias salariales, plan de pagos
Materia: CIVIL-LABORAL
Carátula: Gudenschwager Pino, Hernan Rodolfo c/ Martini, Julian; Prieto, Jorge y Vena, Daniel S.H. "El Trio Distribuciones" s/ despido por causales genericas
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-10-10

El actor no puede alterar en la demanda los términos del distracto, lo que surge claramente cuando añade al reclamo la pretensión de ser categorizado como viajante de comercio, y reclama diferencia de haberes basada en los mínimos del estatuto, en contraposición a lo peticionado encontrándose vigente la relación laboral, que era el pago de los haberes correspondientes a la categoría que detentaba, pero en jornada completa. (del voto de la Dra. Pamphile, en mayoría).
Sentencia, tribunal colegiado, plazo
Materia: PROCESAL
Carátula: ALONSO, MATEO c/ OCHOA, EDUARDO s/ INDEMNIZACION DE DA#OS Y PERJUICIOS      EXPTE NRO 256-86
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-12-12

La argumentación del quejoso traducida en el excesivo plazo de que dispuso el Tribunal a quo para pronunciarse, en notorio desmedro del principio de inmediación tan caro al procedimiento oral, no puede esgrimirse como argumento para descalificar un pronunciamiento que le resultó desfavorable cuando el interesado consintió que el expediente permaneciera a sentencia, sin hacer uso de los remedios que la ley acuerda y que luego ejercitó. Tal conclusión deriva del principio general de observancia inexcusable, que impone la lealtad y buena fe en el ejercicio de las acciones ante los Tribunales de justicia.
Empleo público, aplicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Funes, Raquel María c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-09-10

La relación de empleo público sin entrar a considerar las teorizaciones que dividen la doctrina por considerar su naturaleza estatutaria o contractual, se encuentra regulada, acotada, predeterminada por un conjunto normativo -de nivel general o especial- que ha dado en nominarse unívocamente como "Estatuto", caracterizado -siempre de acuerdo con Fiorini- por una prodigalidad normativa que procura compendiar las situaciones jurídicas diversas que la vinculación plantea, y responde a un esquema casi general: ingreso, condiciones, obligaciones, prohibiciones, derechos, régimen disciplinario, recursos...
Honorarios, abogados, base, bienes inmuebles
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BATTAGION JORGE c/ MUNICIPALIDAD GODOY CRUZ s/ Reivindicación (LIBRO: A070 - 181)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1992-06-02

Tratándose de un bien inmueble, su valor no puede ser actualizado por índices matemáticos -reservado solo para las obligaciones de dar sumas de dinero-, sino por las fluctuaciones del mercado inmobiliario.
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: INCIDENTE DE RECUSACION DEL DEFENSOR OFICIAL s/ RECURSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-26

La adhesión contenida en la sentencia de Cámara a los fundamentos de la de primera instancia no es, por sí sola, impugnable de arbitrariedad.
Despido, despido con causa
Materia: LABORAL
Carátula: Ferreyra Eusebio Oscar c/ Berisso Rosa M. S.C.A. y/u Otro y/o Responsable s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-10-28

En el caso la justa causa invocada para el despido se resume en su participación en una pelea, que no fue iniciada por el actor. Ello así, la patronal debió haberse informado de las circunstancias antes de tomar la decisión de aplicar solamente al actor la máxima sanción, esto es el despido, existiendo una decisión desproporcionada, toda vez que la riña en sí no constituye objetivamente injuria laboral mientras no se demuestre que el trabajador fue el iniciador.
Derechos humanos en la administración de justicia, garantía a ser juzgado en un plazo razonable
Materia: PROCESAL
Carátula: S.C., I. s/ Abuso Sexual
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-06-06

La Corte Interamericana en varios fallos, compartiendo el criterio de la Corte Europea de Derechos Humanos, ha analizado el concepto de plazo razonable y ha declarado que se deben tomar en cuenta tres elementos para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso: a) la complejidad del asunto, b) la actividad procesal del interesado y, c) la conducta de las autoridades judiciales. En el caso, como se dijo, el procesado ha estado sometido a causa judicial por determinada cantidad de meses sin que concurra ninguno de los elementos en los que podría justificarse la demora.
Acto administrativo, nulidad procesal
Materia: PENAL-PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: PAPELERA MARINUCCI S.A.C.E.I. s/ Régimen Penal Cambiario.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-11

1 - En tanto el informe de formulación de cargos de una dependencia del BCRA, que propició la apertura del sumario, contiene una clara descripción del comportamiento imputado, el encuadre legal del hecho y la individualización de los presuntos responsables, y no siendo requisito la existencia de una total concordancia entre los informes ni resultando vinculante para el sumariante el informe de inspección, las falencias del acto administrativo cuestionado son insuficientes para decretar su nulidad en tanto no resulta menoscabo al derecho de defensa en juicio, pudiendo la imputada contestar los hechos atribuidos y señalar las diligencias en procura de su defensa.- 2 - La nulificación de las actuaciones debe ser entendida como un remedio excepcional oponible a vicios que conduzcan en forma efectiva a la frustración de un derecho, en tanto el Art. 509 del CPMP establece la procedencia de la nulidad en caso de omisión de formas esenciales del procedimiento, es decir, aquellos resguardos procesales que estructuran y ordenan el procedimiento orientándolo hacia la efectiva realización del derecho de fondo, y que se hallan tuteladas por derechos y garantías que consagra la CN, por lo que debe entenderse que la sanción no procede ante cualquier vicio de procedimiento o irregularidad sino solamente cuando éstos entorpezcan o lesionen la dinámica del debido proceso.- 3 - Es necesario limitar la nulidad de los actos procesales a aquellos supuestos en los que la tolerancia del defecto formal resultaría incompatible con la debida protección de los derechos, dado que el exceso ritual implica un uso irregular de las formas que desvirtúa la finalidad para la que las mismas han sido establecidas y conspira contra la pronta solución de las causas judiciales.
Daños y perjuicios, competencia, cuestiones procesales
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Ackermann Ernesto Alberto c/ Zapata Orlando Raúl y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-09-15

Habiéndose ya dictado sentencia de escrituración contra uno de los codemandados en un posterior proceso de daños y perjuicios, no corresponde desplazar la jurisdicción por parte del nuevo magistrado interviniente, limitando su competencia a la pretensión deducida contra los restantes codemandados y remitiendo la causa al magistrado primero para entender en lo concerniente a la demanda resarcitoria promovida contra aquél. Es que ello importaría una desintegración de la cuestión, atentatoria de los principios de celeridad, concentración y esfuerzo a los que tiende la "perpetuatio jurisdiccionis". Máxime cuando en la causa por escrituración no se ha ejecutado la sentencia, se ignora si ella ha de resolverse en el pago de daños y los ahora codemandados no fueron parte en el juicio anterior. Todo ello, con prescindencia del consentimiento dado por las partes a dicho desplazamiento.- (Minoría u opinión personal)
Afiliados previsionales, cómputo del plazo, falta de afiliación, aportes de trabajadores autónomos, muerte
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: FERREYRA DE TUGUES, NORMA GLADYS c/ I.N.P.S. s/ AFILIACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-07

La exigencia de afiliación contemplada en el art. 42, inc. a) de la ley 18.038 no es un requisito ineludible si a la fecha de fallecimiento no habían transcurrido los 60 días de plazo desde la iniciación de las actividades autónomas.
Daños y perjuicios, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: Igor de Carrillo Eva Julia c/ Peltzer, Walter Esteban s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1999-06-01

Están legitimados para reclamar la indemnización del daño causado a las cosas tanto el dueño como el poseedor, el heredero, el usufructuario, el usuario e incluso el mero tenedor aunque cada uno de ellos lo es en la medida en que el detrimento le irrogue perjuicio a sus respectivos intereses lo que será materia susceptible de prueba.
Homicidio, tentativa
Materia: PENAL
Carátula: ANGEL FORTUNATO DEL LUJAN LOZA s/ HOMICIDIO SIMPLE EN GRADO DE TENTATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-11-11

Debe considerarse autor material y responsable del delito de Homicidio Simple en Grado de Tentativa, el imputado cuando se mune de un arma de fuego de puño, apta para efectuar disparos y que funciona normalmente se dirige al lugar del hecho e inicia una discusión con la víctima, le dispara a un metro y medio de distancia, lo impacta en la parte superior del tórax, produciéndole fractura del hueso de la clavícula, una vez caída la víctima que con esfuerzo se incorpora, sin dejar de insultarlo lo acomete nuevamente y con golpe de puño le produce rotura de los huesos propios de la nariz, haciéndolo caer nuevamente, le solicita a su esposa que le alcance el revólver, aquélla se lo alcanza y luego se arrepiente y se lo quita, toma una maza de un kilogramo y medio y cuando aquél intentaba incorporarse por segunda vez le asesta un golpe en el cráneo en zona occipital con pérdida de conocimiento, que luego del hecho no presta ningún tipo de auxilio a su víctima, que no poseía arma alguna ni en ningún momento hizo ademán de tenerla.
Concursos, licitación pública, compraventa inmobiliaria, saldo de precio, vencimiento del plazo
Materia: COMERCIAL
Carátula: EL  HOGAR  OBRERO  COOP.  LTDA. s/ CONC.  PREVENTIVO S/ INC. DERESCISION  DE  VENTA  EDIFICIO  NICOLAS  REPETTO U.F.  243 (JOSEMERLO).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-16

Cabe declarar rescindida la compra de un departamento de propiedad de la concursada y disponer su restitución a ella, atento a que pese a la intimación que le cursara a la adquirente, esta no abonó el saldo de precio, no pudiendo alegar que no se configuraron los recaudos previstos por el CCIV art. 1204 En atención a que la escrituración se frustró por culpa de la concursada que no puso el bien en condiciones, pues de las emergentes del pliego de licitación de los bienes de la concursada surge que la obligación de esta de levantar los gravámenes y liberar de deudas al bien es posterior a la suya de integrar el saldo de precio.

(En el caso la adquirente alego que había abonado parte del precio y gestionado ante una entidad bancaria un préstamo hipotecario para pagar el saldo, más del pliego de licitación no surge cláusula alguna que contemple el otorgamiento de créditos para el pago del saldo de precio, ni otras facilidades que conduzcan al diferimiento del plazo establecido -30 días a partir de la adjudicación- para integrarlo, lo que se haría conjuntamente con la firma del boleto de compraventa, entregándose en ese momento la posesión del inmueble, agregando que la no concurrencia de la adquirente acarrearía la pérdida de la porción de precio ya integrado, y que la escrituración se realizaría dentro de los 30 días siguientes a la firma del boleto, con el inmueble libre de deudas y gravámenes).
Prevaricato, prescripción de la acción penal
Materia: PENAL
Carátula: FRUTTERO, José Luis s/ estafa -Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2013-12-10

Es diferente contabilizar el plazo de prescripción según se trate de un delito tentado o consumado cuando el tipo requiere un resultado material de daño o peligro. Así, el momento para iniciar el cómputo del término para la prescripción de la acción penal se conforma, en caso de consumación con el perjuicio; pero si el despliegue delictivo del agente quedó trunco por razones ajenas a su voluntad conformando una tentativa, dicho término debe contarse del último acto de ejecución.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, representación procesal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Melón Gil, Roberto César s/ Sucesión. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-12-23

En el caso, la decisión de la Cámara que tiene por acreditada la personería no es susceptible de ser recurrida por vía de los arts.

278 y 296 del Cód. Proc. Civil y Com., desde que no reviste el carácter de definitiva. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Extinción de las obligaciones, renuncia de derechos
Materia: CIVIL
Carátula: ANDREI, Ana María c/ DE BARTOLO, Rolando s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-04

La renuncia anticipada a la facultad de utilizar las vías recursivas, encuentra sustento en las prescripciones contenidas en los arts. 872 y 1881, inc. 3º del Código Civil, pudiendo ser pactada entre las partes, tanto por ser un derecho del individuo que no afecta al orden público, como en la consideración de que la doble instancia no configura requisito de la garantía constitucional de la defensa en juicio, siempre que ambas partes igualitariamente abdiquen de tal derecho.
Recurso de inconstitucionalidad, fundamentación del recurso
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Geppel y Pinasco  S.A.I.C.I.  y ambos-Palmegiani Sociedad Anónima Constructora Inmobiliaria, Industrial y Comercial c/ Municipalidad de Santa Fe s/ Recurso de Inconstitucionalidad - Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-10-22

La Corte nacional tiene dicho que es condición de validez de las sentencias que sean fundadas y, por ende, que constituyan una derivación razonada del derecho vigente. En consecuencia, es sentencia arbitraria y por ende inconstitucional, tanto la que carece en absoluto de motivación como la que sólo tiene fundamentación aparente e inhábil. Una sentencia que contiene fundamentos meramente aparentes, en realidad, es un decisorio fundado exclusivamente en la voluntad de los jueces, en afirmaciones dogmáticas de derecho o alejadas de las constancias de la causa, en pautas genéricas o de excesiva latitud o desprovistas de toda razonabilidad.
Recurso de inconstitucionalidad, exceso ritual manifiesto, falta de personería, sociedad de responsabilidad limitada, personas jurídicas, jueces, deberes del juez, verdad jurídica objetiva, leyes, aplicación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Secco de Pérez, Rosa c/ José Bacigalupo s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Cobro de pesos (Expte. CSJ Nº   218-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-08-18

No puede considerarse que el Sentenciante incurra en exceso de rigor formal -por desatender el fondo de la cuestión sometida a su conocimiento- al hace lugar a la defensa de falta de personería por entender que la actora no se encontraba legitimada para actuar en nombre de la persona jurídica -no había probado la titularidad de todas las cuotas sociales, ni ostentaba el carácter de representante de la sociedad-, si la impugnante no demuestra que hubiera intentado alguno de los caminos previstos en la ley de sociedades (como lo son: la reunión de la totalidad de los socios -artículo 159 y conc. L.S. y cláusula 12 del contrato social- o una medida cautelar para proteger el patrimonio social -artículo 113 y conc.

L.S.-, entre otros), a fin de regularizar la situación societaria.
Responsabilidad profesional, obligaciones del abogado, fidelidad al cliente
Materia: PROCESAL
Carátula: CHIRON, Julio A. c/ C.P.A.C.F." s/ SUMARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-12-09

Las imprecisiones del recibo otorgado por el abogado al cliente resultan suficientes para tener por configurada la falta ética al deber de lealtad, probidad y buena fe en el ejercicio profesional que dispone el art. 6, inc. e de la ley 23.187.
Daños y perjuicios, responsabilidad del Estado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Recurso de hecho deducido por el Estado Nacional Argentino en la causa Ceballos, Estefanía Itatí y otro c/ Dirección Nacional de Vialidad y otros s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-09-20

El Estado solo responde si incumplió con un deber legal que le impone obstar el evento lesivo, puesto que una conclusión contraria llevaría al irrazonable extremo de convertirlo en un ente asegurador de todo hecho dañoso que se cometiera.
Sentencia arbitraria, testigos, apreciación del juez, fundamentación insuficiente
Materia: PENAL
Carátula: Tenorio García, María Eugenia y Cuevas Arequpa, Edwin s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-12-23

No se advierte en el fallo impugnado ningún déficit de motivación o atisbo de arbitrariedad que lo descalifique como acto jurisdiccional válido. Las críticas formuladas en cuanto a la deficitaria ponderación de los testimonios señalados por la defensa que, a su juicio, permitiría arribar a una conclusión diferente, se refieren a los dichos de los testigos cuyos relatos aparecen incompatibles con las constancias ponderadas por los jueces. Cabe recordar que los jueces no se encuentran obligados a ponderar toda y cada una de las pruebas reunidas en el debate sino que basta con relevar aquélla que aparece como conducente a la solución del caso. En definitiva, las críticas esbozadas por la defensa no han logrado conmover la fundamentación efectuada en el fallo impugnado respecto de la materialidad ilícita y la participación de los imputados en el evento. La defensa tampoco ha logrado rebatir los argumentos expuestos por el tribunal para afirmar, en el caso, el conocimiento de la antijuridicidad de la conducta por parte de los imputados. (Dres. Borinsky, Hornos, Gemignani).
Procedimiento laboral, sentencia ultra petita
Materia: PROCESAL
Carátula: ALTAMIRANO, NARCISO c/ CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-07-31

El art. 56 de la Ley Orgánica autoriza al juez, para el caso de que los hechos relevantes de la pretensión hayan sido introducidos a tiempo en el litigio, a fallar más allá del quantum del reclamo, si del texto legal surge una mayor extensión del objeto de la demanda, aún supliendo, si fuera necesario, la omisión o error del demandante Esto es así en tanto el juez debe realizar la valoración de los hechos a la luz de la totalidad de las normas y no de parte de ellas.
Ley sobre riesgos del trabajo, asegurador
Materia: LABORAL
Carátula: Schafer, Mario c/ Est. San Pedro s/ Recurso de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2005-10-31

El decreto nro. 334/96, reglamentario de la ley 24557, en su artículo 18 punto 3, exige una determinada formalidad que es la de intimar fehacientemente a la aseguradora y otorgarle un plazo no inferior a quince días corridos para ponerse al día en el pago de su cuota, siendo evidente la motivación de esta norma que procura extremar los recaudos para que el contrato quede vigente y el trabajador no se encuentre desprotegido por cualquier contingencia que pudiera ocurrir, incluso aún despúes de extinguido, la aseguradora debe cumplir con las prestaciones en especies por el término de dos meses.