Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-05-10


--- En la ciudad de Trelew, a los 10 días de mayo del año dos mil seis, se reúne la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Noreste del Chubut, bajo la Presidencia del Dr. Raúl Adrián Vergara y presencia de los Sres. Jueces del Cuerpo Dres. Sergio Rubén Lucero y Edgar María de la Fuente, para celebrar Acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "G., O. E. c/ C. S.A. s/ cobro de pesos - laboral" (Expte. N° 21.151 - año 2006) venidos en apelación a esta Alzada. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia apelada? y, SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en orden al sorteo practicado a fs. 80.------------------ A LA PRIMERA CUESTION el Dr. Lucero dijo: ------------------------------ ---Vienen estos actuados a conocimiento de la Alzada con motivo del recurso de apelación deducido por la parte demandada (fs. 71), en contra de la sentencia definitiva dictada en autos (fs. 65/68), por la cual se hace lugar a la demanda interpuesta por el Sr. O. E. G., condenando a "C. S.A." a que en el plazo que fija, abone al actor la suma de $ 23.695,83, con más intereses que determina y costas.------------------------------------------------------------------------- --El informe previsto por el art. 62 de la Ley 69, luce agregado a fs. 74/77 vta..-------I.- La parte demandada apelante formula los siguientes agravios, a saber: 1) Condena al pago de indemnización por despido-pronunciamiento "extra petita"-: Manifiesta que se reclamó el cobro de una suma que atribuye a la diferencia entre lo percibido por los rubros indemnizatorios derivados de la extinción de la relación laboral por el despido indirecto en el que se colocara el actor y el monto que el actor entendía que debió cobrar por aplicación del fallo de la Corte federal que cita. Refiere que la contestación de la demanda versó sobre la inaplicabilidad directa de ese precedente, más -aclara- en forma retroactiva en tanto es de fecha posterior al despido del actor y del cobro por éste de su liquidación final. Alude a que el actor pidió en sede administrativa el reajuste de su liquidación final al mayor tope indemnizatorio dispuesto por la resolución 384/04 del Ministerio de Trabajo de la Nación. Indica que al contestar la demanda planteó la inconstitucionalidad de los decretos 264/02 y 823/04, por incurrir en un exceso reglamentario respecto a lo dispuesto por el art. 16 de la ley 25561, en cuanto a los rubros alcanzados por el agravamiento indemnizatorio y a su prorroga. Finalmente recuerda que reconvino por las sumas que afirma pagó de más al actor solicitando compensación de los importes de los que eventualmente resulte éste acreedor. Puntualiza que trabada de tal manera la litis la sentencia que ataca se desatiende de las pretensiones planteadas y bajo el brocardo "iuria novit curia" falla extra petita. Señala que si bien el art. 71 de la ley 69 faculta al juzgador a sentenciar "ultra petita", ello no constituye una autorización para introducir cuestiones que no fueron planteadas por las partes y sobre las cuales -expresa- no existió debate. Asevera que debe respetarse el principio de congruencia según cita legal y doctrinaria que efectúa. Destaca que la inaplicabilidad de un tope para el cálculo de la indemnización por despido incausado no ha sido una cuestión traída por el actor en su demanda ni incorporada en la incontestación por lo que -concluye- no constituyó un capítulo sujeto a juzgamiento. Vuelve a precisar que el actor en relación al cálculo de la indemnización por despido fijó su pretensión inmediata en la declaración de inconstitucionalidad del tope previsto en el art. 245 de la L.C.T. pidiendo la aplicación del fallo "V vs. A". Continúa expresando que su parte en su defensa argumentó sobre la improcedencia de tal pedido indicando que los efectos de dicho fallo se limitan al proceso en el que se dictara. Puntualiza que las partes del proceso no han mantenido una divergencia sobre la existencia o no de un tope indemnizatorio, no ha sido una cuestión que integrara la litis, aseverando que tal tope existe conforme la resolución 384/04 del Ministerio de Trabajo de la Nación, en virtud de la cual su parte reajustó la liquidación por el despido según la diferencia que -asegura- reconoció al actor en el expte. Adm. Nro. 04-863/04 Letra G que se encuentra agregado por cuerda. Manifiesta que la resolución aludida establece que los topes que a la fecha de su dictado no hubieran sido reajustados quedan determinados según anexo que forma parte de la misma. Indica que la fecha de su dictado es el 31/05/04, siendo anterior a la finalización de vínculo laboral del actor -14/07/04- motivo por el cual -concluye- es aplicable para la determinación de la indemnización por despido. Fija posición en cuanto dicha resolución ministerial establece el tope de $ 1.457,46, y considerando la antigüedad del actor de 47 meses el importe final por ese concepto es de $ 5.708,38. Termina expresando que abonó incluso en exceso considerando que abonó la suma de $ 5.828,16, sumado el reajuste que fuera reconocido y percibido por el actor en el expte. Adm. que citara. 2) Adicional por rescisión del contrato: Sostiene que a pesar que se resuelve que resulta improcedente computar a los fines del cómputo de dicho rubro la mejor remuneración según lo dispuesto por el art. 12 del C.C.T. Nro. 370/71, concluye en aceptar el importe abonado por su parte por tal concepto por considerar el juzgador a quo que no cuenta con otros datos que permitan una liquidación distinta. Expresa que fue el actor quien incorporó sus recibos de sueldo del último período de la relación laboral, entre ellos el que indica como período de pago el mes de junio de 2004. En el mismo -dice- consta el sueldo básico que de acuerdo a su categoría laboral percibía sin cuestionamiento debiendo ser éste -sostiene- el que debe ser tenido en cuenta para determinar el importe correspondiente a la indemnización tarifada "adicional por rescisión de contrato" que debió percibir y que dada su antigüedad inferior a cinco años es de un mes de ese sueldo. Concluye postulado que se debió, en consecuencia, hacer lugar a la reconvención solicitada al responder la demanda en tanto la accionada abonó ese rubro por encima de esa suma y que no es otra que el último salario básico abonado al actor debidamente mensualizado tomando como base 58 días de navegación. 3) Improcedencia del pago por "integración del mes de despido":

Expresa que la sentencia no dio tratamiento a la cuestión planteada en su responde referida al pago por error de la integración del mes de despido que figura en el recibo de sueldo bajo el rubro "ajuste Indem. Integrativo Art. 233 L.C.T.". Cita el art. 2 de dicho cuerpo legal y el C.C.T. 370/71 para indicar que existe un régimen especial que excluye la aplicación del régimen general y que siendo el preaviso inaplicable a la gente de mar en consecuencia queda excluida la aplicación del art. 233 de la L.C.T.. Agrega que soslayando tal inaplicabilidad a la gente de mar de la integración del mes de despido, quedando comprendido el actor en la ley 25013 tampoco le corresponde. Termina postulado de allí que el pago de su parte por tal concepto no reconoce causa alguna siendo procedente la reconvención que planteara. 4) Omisión de pronunciamiento sobre el planteo de inconstitucionalidad de los Dctos. 264/04 y 823/04: Manifiesta que se omitió pronunciarse sobre el pedido de inconstitucionalidad por violación a los arts. 14, 28 y 99 inc. 2º de la Constitución Nacional. Transcribe parcialmente el inc. 2º del art. 99 de la Const. Nac. Explicando a continuación que la doctrina que cita sostiene que el decreto reglamentario se encuentra subordinado a la legislación afirmando que su exceso es inconstitucional. Puntualiza que su pretensión en tal sentido fue planteada al contestar la demanda sin haber sido tenido en cuenta omitiéndose pronunciarse el Sr. Juez a quo afectándose también -sostiene- el principio de congruencia receptado en los arts. 34, inc. 4º y 163 inc. 6º. Cita en apoyo de su posición jurisprudencia de ésta Cámara de Apelaciones. Efectúa reserva de caso federal.------------------------------------------------------------------------ --II.- En el marco provisto por los agravios reseñados en síntesis precedentemente, ingresaré al tratamiento de los mismos siguiendo el mismo orden en el que fueran estos expuestos e individualizándolos con la misma numeración y nominación de modo de facilitar la ubicación y lectura del examen y propuesta de dirimición que merecieran en mi voto.--------------------------------------------------------------------------- 1) Condena al pago de indemnización por despido-pronunciamiento "extra petita": Claramente se presenta en el presente agravio la cuestión relativa a si el reajuste que constituyera el objeto de lo pretendido debe ser acotado al porcentual que como base de cálculo indemnizatorio propone en su demanda el actor con apoyo en antecedente de la Corte Federal (67% del salario computable) o si éste puede ser materia de la facultad decisoria propia del "iuria novit curia".-----------------Desde un principio descarto que sea pertinente referirse a la viabilidad jurídica de plantear si es de aplicación al caso la declaración de inconstitucionalidad emitida en un antecedente análogo o no, toda vez que ese no fue el sentido en el que se lo trajera a colación al demandar. Esto es, en el entendimiento que se trajo la cita del fallo dictado en el caso "V, c A c/ A S.A. s/ Despido" (14-09-2004) solo como un argumento de autoridad en apoyo de su pretensión de reajuste indemnizatorio con un nuevo monto base de cálculo, parece claro que no fue contenido de la pretensión tal declaración.--------------------------------Y tanto ello es así que se auto limitó efectivamente el actor en su pretensión al indicar un porcentual inferior al monto total de su mejor remuneración mensual, normal y habitual, no obstante que intentando con ello obtener una suma mayor a la que surgiría del tope que implica determinar el equivalente a tres veces el importe mensual de la suma que resulte del promedio de todas las remuneraciones previstas en el convenio colectivo de trabajo aplicable al trabajador al momento del despido, excluida la antigüedad (Conf. art. 245 de la L.C.T., según texto des Art. 5 de la Ley 25.877).------------------------------------------------------------------------ ---------Tampoco tiene relevancia la fecha posterior a la ocurrencia del distracto en el que fuera emitido el fallo de cita, toda vez que, reitero, éste fue traído por el peticionante solo en apoyo de su pretensión de reajuste.------------------------------------Pues bien, despojada de tales cuestiones la materia del agravio centra en determinar si el juzgador del anterior grado incurrió o no en un fallo "extra petita" o si éste solo constituyó un veredicto "ultra petita" desde que lisa y llanamente admitió -sin tope- el reajuste pedido considerando la remuneración real del Sr. G.. El punto es dirimente desde que se encuentra en juego el resguardo de la debida congruencia que debe observar el pronunciamiento.------------------------------ --La regla de la congruencia -consagrada en los arts. 34 inc. 4° y 163, inc. 6 del C.P.C.C., de aplicación al supuesto por vía del art. 76 de la Ley 69- impone la estricta adecuación de la decisión judicial a las cuestiones articuladas en la pretensión del actor y en la oposición del demandado, hallando límite en las cuestiones debatidas por las partes de modo que exista plena conformidad entre lo pretendido y resistido por un lado y lo sentenciado por el otro. Ello delimita el "thema decidendum", el que se integra, insisto, no sólo con las alegaciones del actor sino también con la oposición del demandado. En tal marco hermenéutico, la sentencia no puede otorgar algo distinto a lo pedido modificando la pretensión formulada por la parte (extra petita) ni dejar de resolver pretensiones que deben ser objeto del fallo (citra petita).--------------------------------------------------------------------Ahor a bien, en cuanto que, en principio, tampoco puede el juzgador otorgar más de lo que el actor pidió, cabe efectuar la salvedad que en materia laboral debe recordarse y tenerse presente y es que se faculta explícitamente al juzgador para sentenciar "ultra petita", cuando existiere omisión o error en el actor (Conf. art. 71 de la Ley 69).---------------------------------------------------------------------------- ------Esta norma laboral, configurativa, si se quiere, de una excepción o más bien de una específica morigeración o aligeramiento del principio de congruencia, en tanto habilita a la aplicación extensiva de la facultad que emana del brocardo "iuria novit curia", es propia y connatural al carácter irrenunciable que "prima facie" ostenta todo crédito laboral y que emana del juego armónico y concordado de los arts. 12; 15; 131; 148 entre otros de la L.C.T., en cuanto en vías de resguardar el orden público involucrado prescinde de la posible disponibilidad de derechos del trabajador, que como lo es el vinculado al salario en todas sus proyecciones, puede implicar su conculcación, ora por error ora por omisión, habilitando al juzgador a pronunciarse en más de lo pedido en tanto que haya constituido el objeto de la pretensión.--------------------------------------------------------------------- --------------------Y, adelanto opinión, en cuanto que evidentemente la pretensión deducida en autos consistió en el reajuste del monto indemnizatorio y demás rubros vinculados a él, por encima del tope que se tomara en consideración para su liquidación extrajudicial, por lo que, a todo evento, si el juzgador, advertido que por error u omisión -consistente en la creencia que existía un tope fijado para la actividad- se indica en menos la cuantía de lo que se reclamada en el libelo, considerare que el monto a reconocer es mayor ningún obstáculo tiene para así establecerlo, en materia laboral al menos (conf. Art 71 Ley 69).----------------------------------------------Es que, tengo para mi, no cabe duda alguna que el planteo actoral consistió en que se tenía derecho a un reajuste del monto liquidado por los créditos laborales no controvertidos en autos y, a la par, el planteo de la demandada fue que no solo se cancelaron tales créditos sino que, además, habría abonado de más, en el marco de postular haberse ajustado a los supuestos topes que solo individualiza con remisión al incremento dispuesto sobre los mismo por Resolución 384/2004. Antes bien, solo se alude a la cuantía del referido tope convencional recién al agraviarse cuando se indica que "La remuneración base para la determinación de la indemnización del actor conforme la ley 25.013 art. 7 no debe superar el tope establecido por la resolución ministerial ($ 1.457,46)..."(sic), sin citar la fuente de la cual extrae tal denunciado tope.--------------------------------------------------------------La Sra. Juez a quo, expuso con toda claridad que "...corresponde en primer término dirimir si al actor le es aplicable el tope convencional alguno...", señalando que "...Ninguna de las partes lo identifica...", e indicando seguidamente, luego de inferencias que efectúa en relación al convenio de aplicación a la relación habida entre las partes, que el convenio de aplicación es el Nro. 356/03, el cual no cuenta con tope fijado por la autoridad de aplicación a la que se le delegara su determinación. Dicha porción del fallo no mereció ni un mínimo ataque de parte de la parte demandada recurrente, toda vez que no se concreta cuál habría sido el posible error en el que habría incurrido la juzgadora del anterior grado, insistiendo en postular sobre la existencia de un tope para denunciar que el fallo habría incurrido en un veredicto "extra petita" .--------------- ---Básicamente presentaré el tema a dilucidar de un modo más explícito: si el actor pretendió que se le reconozcan las diferencias entre lo liquidado y percibido y lo que correspondería sin tope alguno; y a su vez, el demandado contestó negando haber pagado en menos los rubros que han integrado la liquidación final y reconvino por la devolución de lo pagado por integración del mes de despido, el adicional por rescisión de contrato, en lo que excede del sueldo de convenio y el incremento del 80% sobre dicho adicional por rescisión invocando haber pagado por error. Eventualmente deja planteada la compensación. La pregunta que se impone responder consiste en la siguiente: ¿es válido que en ejercicio del "iuria novit curia" la juzgadora hiciera lugar al reajuste pedido sin considerar tope alguno?.------------------------------------------------------------------------ --------------------La respuesta a tal interrogante, como vengo de decirlo, en mi opinión, es por la afirmativa.--------------------------------------------------------------------- ---------------------Añado al respecto que el derecho procesal se ha ocupado tradicionalmente del "iuria novit curia" como una circunstancia que exime a las partes de alegar y probar el derecho del caso, por un lado, y que justifica que el juez pueda apartarse de las consideraciones jurídicas que realicen aquellas, por el otro. Respecto a esta última cuestión, la Corte federal ha repetido en numerosos precedentes que, con arreglo a esta regla, el juez no sólo tiene la facultad sino también el deber de discurrir los conflictos y dirimirlos según el derecho aplicable calificando autónomamente la realidad fáctica y subsumiéndola en las normas jurídicas con prescindencia de los fundamentos que enuncian las partes (Conf. S.C.J.N., Fallos: 296:633; 299:78/429; 300:1034; 305:405; 308:778; 310:1536, etc).----------------------El problema es determinar hasta dónde llega la libertad del juez en la selección de la norma ("iuria novit curia") sin traspasar los límites de la "causa petendi" como elemento configurador del objeto del proceso, extralimitación que, de producirse, daría lugar al vicio de incongruencia.--------------------------------------------Este problema, se dijo, es quizás el de más difícil solución de todo el Derecho Procesal Civil, hasta el punto de que probablemente nunca llegue a resolverse satisfactoriamente en la doctrina ni en la jurisprudencia a través de un postulado general (Conf. Marín Castán, Francisco "Capacidad de influencia del juez sobre el objeto de proceso y congruencia de la sentencia", Madrid, Consejo General del Poder Judicial, "Cuaderno de Derecho Judicial", año 1996, N° XXIII, pág. 512).------En tal contexto, pues, estimo que el presente caso pone en el tapete como juegan dos reglas técnicas de la actividad de sentenciar, como lo es el iuria novit curia y la de la congruencia que si bien de ninguna manera da pié a afirmar que resulten incompatibles, lo cierto es que a poco que se ingresa a su análisis da lugar a advertir cierta tensión, una puja entre ambas -y que no es más ni menos que la tensión que existe entre los poderes y los límites del Juez- que torna necesario encontrarle el punto de equilibrio en cada caso a examinar.--------------------------------Antes de entrar al tratamiento de la calificación legal y sus límites, es preciso abrir un paréntesis para precisar el concepto de pretensión por tratarse de un aspecto medular de la cuestión. A tal efecto, considero clarificador en la especie traer a colación la diferenciación que efectúa Adolfo Alvarado Velloso, quien distingue la pretensión a secas de la pretensión procesal. Respecto de la primera, mira la actividad que se cumple en la vida jurídica, sostiene que la pretensión es una declaración de voluntad hecha en el plano de la realidad social mediante la cuál se intenta subordinar a la propia una voluntad ajena (ejemplo: "págame lo que me debes"). Si esa pretensión -por ahora ubicada en el plano de la realidad social- es satisfecha ("te pago"), la cuestión concluye allí. Pero si es insatisfecha por la aparición contemporánea de una resistencia a ella ("te pagué" o "no te debo"), se origina en esa realidad social el conflicto intersubjetivo de intereses. Suscitado el conflicto y obviamente no solucionado el mismo en el plano de la realidad social, como aconteció en el caso bajo tratamiento, la pretensión que lo originó y que se encuentra expuesta, se traslada al plano jurídico del proceso mediante el ejercicio del derecho de acción que se materializa con la demanda judicial. Allí se perfila recién el concepto de pretensión procesal, como aquella declaración de voluntad hecha en una demanda (plano jurídico) mediante la cual el actor (pretendiente) aspira a que el Juez emita -después de tramitado el proceso- una sentencia que resuelva efectiva y favorablemente el litigio que le presenta a su conocimiento (Conf. aut. cit. en "introducción al Estudio del Derecho Procesal", 1ra. parte, reimpresión, Ed. Rubinzal Culzoni, págs. 97 y sgtes.).----------------------------------- ---En esta dirección, queda en claro que toda pretensión procesal implica entonces la afirmación de la existencia de una relación jurídica, es decir de un vínculo que surge entre dos sujetos con motivo de un acontecimiento de trascendencia para el derecho. Y, por lo tanto, en toda pretensión al igual que en toda relación jurídica, puede advertirse la existencia de tres elementos que la integran: sujeto, objeto y causa. Los sujetos de la pretensión serán el actor y el demandado, que son las partes de una relación bipolar. El objeto de la pretensión ("petitum"), es obtener de la jurisdicción una resolución con contenido favorable a la petición hecha en la demanda. Así, Palacio sostiene que el objeto de la pretensión debe ser considerado desde un doble punto de vista: el objeto inmediato, que es el tipo de resolución o pronunciamiento que se reclama (por: ejemplo que se declare la existencia de un crédito por reajuste entre lo pagado y lo debido); y el objeto mediato que es el bien jurídico sobre el cuál debe recaer en forma concreta el pronunciamiento reclamado (por ejemplo: condena al pago de la suma de dinero cuyo cobro se persigue). La causa de la pretensión ("causa petendi"), consiste en la invocación de una concreta situación de hecho a la que se le asigna una determinada consecuencia jurídica (Conf: Palacio Lino Enrique, "Manual de Derecho Procesal Civil", 16ta. ed., Ed. Abeledo Perrot, ed. año 2001, págs. 97 y sgtes.).-----------------------------------A su vez, resulta útil destacar que Alvarado Velloso repensó la mencionada concepción de la "causa petendi" y a modo de innovación propicia distinguir dos sub-elementos dentro de dicha causa: el primero constituido por el hecho o hechos afirmados en la demanda y, eventualmente, reconvención, a los cuales se le asigna por el actor o reconviniente trascendencia jurídica, convirtiéndose así en la base o fuente del derecho pretendido; y el segundo sub-elemento constituido por la imputación jurídica que el actor efectúa al demandado o reconvenido en base a aquel hecho (Aut. y op. cit., pág. 99).----------------------------------------------------------Como se verá tales precisiones conceptuales y distinciones tendrán relevancia para delinear la frontera entre el poder que el juzgador ejerce por vía de la calificación jurídica de la pretensión aplicando el "iuria novit curia", con el límite impuesto por el principio procesal de congruencia.------------------------------------------Antes, es pertinente distinguir entre objeto litigioso o relación jurídica litigiosa y pretensión procesal para determinar a cuales de tales situaciones alude el deber de calificación del Juez al que venimos refiriendo. Puede decirse que objeto litigioso es aquel que en el proceso se contradice entre las partes y que debe ser materia de resolución en la sentencia (simplificadamente se traduce: te debo-no te debo). Esto es, no puede identificarse el mismo ni con la petición, ni con la pretensión, ni con la resolución que se pide al tribunal. Es decir, el objeto litigioso es la controversia efectivamente concretada entre las partes, en el momento o etapa de afirmación y negación respectiva. Es decir, cuando ha quedado trabada la litis (Conf. Falcón, Enrique M., en "Derecho Procesal...", Ed. Rubinzal Culzoni, ed. año 2003, T. I, pág. 147/148).----------------------------------------------------------------------- --------- -----E igualmente, es necesario indicar qué se entiende por calificación jurídica. Ella es subsumir o encuadrar los hechos en una norma jurídica. Esto es, fijados los hechos de la litis (aquellos afirmados y confirmados) deberá determinar el juzgador si existe en el ordenamiento jurídico alguna norma que, como antecedente -supuesto de hecho abstracto normativo- prevea la situación de hecho concreta probada en el supuesto, y, a partir de allí, si el efecto jurídico que la norma prevé para ese supuesto de hecho -consecuencia jurídica- concuerda o no con la perseguida por las partes. Es tal operación intelectual del sentenciante la que constituye la calificación jurídica que es tarea propia de los jueces derivada de la regla "iuria novit curia" e impuesta como deber a los jueces (Arts. 34, inc. 4to. y 163, inc. 6to. del C.P.C.C.).---------------------------------------------------------------------A cordados que fueran tales conceptos y precisiones, tengo para mi que la calificación jurídica delegada como facultad-deber del juez opera solo sobre el objeto litigioso. Esto es, no puede el juez en ejercicio del "iuria novit curia" calificar la pretensión sino el objeto litigioso conformado por lo afirmado y contradicho respectivamente.---------------------------------------------------------------- ----Habida cuenta de ello, el juez deberá merituar la imputación jurídica efectuada por el pretendiente pero con relación a la reacción opuesta por el demandado y, en ese estado, calificar legalmente y aplicar el derecho que corresponda. En consecuencia, así como por la regla de la congruencia no podrá bajo ningún concepto el juzgador variar las condiciones fácticas que son el fundamento de la situación que generó la controversia, tampoco podrá, so pretexto de "calificar legalmente" o "aplicar el derecho" sustituir la pretensión o pretensiones por otra que no fueron articuladas por las partes y, por ende, debatidas en el proceso.-----------Es en este punto del análisis que cabe recordar la concepción del procesalista rosarino, profesor Adolfo Alvarado Velloso que ya citara "supra" en cuanto distinguió dos sub-elementos de la "causa petendi", el primero constituido por el hecho o hechos afirmados en la demanda y contestación-reconvención, a los cuales cada parte les asignan trascendencia jurídica, y el segundo, constituido por la imputación jurídica que cada una de ellas efectúa en base a aquellos hechos. Pues, ninguna de tales elementos puede ser alterados o sustituidos por el juzgador. Y en la especie, queda claro que en particular en relación a la imputación jurídica que efectuaran a los hechos controvertidos cada una de las partes en autos, no ha sido motivo de discusión o diferencia alguna. De allí que la Sra. Juez a quo, en el adecuado ejercicio del "iuria novit curia", sin apartarse de lo debatido en el proceso -la procedencia o improcedencia del reajuste-, o lo que es lo mismo decir, del objeto litigioso que conformó el "thema decidendum" sobre el cual debía expedirse congruentemente, cuantificó el mismo involucrándose en la existencia o no de un tope para la actividad, lo cual como ya señalé "supra" es perfectamente válido en materia laboral por vía de la facultad delegada específicamente en el art. 71 de la Ley 69.----------------------------------------------------------------------------- -- ----De lo expuesto, en síntesis, la respuesta al interrogante que formulara al inicio y que se obtiene de tales razonamientos, en el particular supuesto traído a resolución de la Alzada no es otra que aquella que vengo sugiriendo antes, cual es que la juzgadora del anterior grado efectuó un adecuado ejercicio del "iuria novit curia", por las razones normativas que citara, para establecer la procedencia del reajuste sobre los rubros indemnizatorios liquidados y pagados extra proceso, ajustándose a los límites impuestos por el principio de congruencia en tanto se pronunció -reitero- sobre una pretensión que fue introducida por las partes, esto es, sobre la procedencia o improcedencia del reajuste referido.------------------------------------------La máxima "iuria novit curia" no implica descargar a las partes de la alegación de las normas jurídicas que les son favorables; significa tan solo que es innecesario probar el derecho vigente y alegarlo con completa precisión y total exhaustividad. El límite a las facultades de aplicación del derecho por los jueces viene exactamente determinado por los límites que los litigantes hayan querido establecer respecto a sus derechos subjetivos, su medida y la amplitud de su ejercicio. Y no puede inducirse del evidente yerro de creer que existía un tope, que el actor renunció a porción alguna de su crédito indemnizatorio (Conf. S.D.L., Sala B, Nro. 23/04, c. 19.259; id. S.D.L., Sala A, Nro. 10/04, c. 18.898; id. S.D.L. 21/05, c. 20.269, entre otras CANE).----------------------------------------------------------En definitiva, la habilitación que se reconoce a los órganos jurisdiccionales para examinar la pretensión a la luz de un tratamiento jurídico distinto del que le dota la parte, encuentra el límite infranqueable de la identidad de la propia pretensión, cuya configuración pertenece al ámbito del poder de disposición de los sujetos involucrados en el conflicto y que en el particular caso bajo análisis, por la índole laboral de la materia en juego, solo alcanzaría en principio a los derechos que se encuentren por encima de los mínimos convencionales o legales.-------------------------Concluyo, entonces, en que no le asiste la razón respecto al presente tópico materia del agravio, debiendo rechazar el mismo. Así lo dejo propuesto al acuerdo.------------------------------------------------------------------------ ----------------- ---2) Adicional por rescisión del contrato: Ciertamente la juzgadora del anterior grado estableció que la suma que correspondía admitir por el rubro "rescisión del contrato" previsto por el art. 12 del C.C.T. 370/71 es el monto establecido convencionalmente y no la mejor remuneración considerada a los efectos del cálculo de la indemnización por antigüedad (vide. fs. 67), para lo cual señaló que atento a no contar con otros datos, los liquidaba tomando en consideración los valores consignados en el recibo de fs. 7 del expediente administrativo agregado por cuerda ($ 2.686,30).---------------------------------------------------------------------- ----Ahora bien, la recurrente sostiene que debió tomarse el haber correspondiente al mes de junio de 2004, sosteniendo que en el mismo se consigna el sueldo básico de su categoría laboral.------------------------------------------------------------------------ ------En supuestos análogos he discernido sobre qué debe entenderse por "crítica" y qué por "disenso". Criticar importa un ataque directo y objetivo de la fundamentación, procurando la demostración de los errores cometidos en la misma. En cambio, disentir, es la mera exposición del desacuerdo con lo decidido. Y el agravio así planteado en la especie se asimila claramente a ésta última postura discrepante por cuanto propone una pauta cuantitativa diversa a la esgrimida por la Sra. Juez a quo aunque sin formular ninguna crítica que permita ejercer la facultad revisora de la Alzada (Conf. CNCiv., Sala A, 21-5-90, L.L., 1992-A-269, con nota de Alberto Jorge Gowland; id., L.L., 1990-C-576, jurisp. agrupada y también la citada en Rev. de Derecho Procesal, Ed. Rubinzal Culzoni, Nro. 2 -medios de impugnación. Recursos I-, año 1999, págs. 421 y s.s.).--------------------------------------Como es fácil de ver, entonces, de la sintética alegación impugnaticia efectuada ninguna razón se esgrime para sostener la impugnación respecto al presente tópico desde que postular de tal manera no configura crítica alguna que atender sino que es la expresión de un mero desacuerdo que no satisface el requerimiento técnico exigido por el Código del rito para ejercer la facultad revisora de la Alzada (Arts. 265 y 266 del C.P.C.C.).---------------------------------------------------------------------- ---3) Improcedencia de la integración del mes del despido: En primer lugar descarto que fuera de aplicación al supuesto la Ley 25.013, toda vez que habiendo sido despedido sin justa causa el actor con fecha 14/07/04, al tiempo de ocurrir el distracto ya se encontraba vigente la Ley 25.877 (sancionada el 02/03/04, promulgada el 18/03/04 y publicada en el B.O. el 19/04/04). Cabe resalta que en el art. 4to. de esta última norma de mentas se restituyó en el régimen general la indemnización complementaria de la derivada de la omisión del preaviso denominada integración del mes de despido cuando la extinción se produzca en un día que no coincida con el último día del mes.--------------------------------------------No obstante no es esta la razón por la cual acompañaré con mi voto a la postulación efectuada por la parte demandada recurrente por ante esta Alzada, sino que el fundamento por el cual el agravio ha de prosperar se vincula con la incompatibilidad de la indemnización complementaria por integración del mes de despido con la actividad marítima tal como sucede con el preaviso.--------------- -------Nótese que el instituto del preaviso no es de aplicación a los trabajadores marítimos por las especiales características de la actividad por lo que el C.C.T. 370, en su artículo 12 contempla que todo tripulante despedido sin justa causa percibirá en concepto de adicional por rescisión del contrato de ajuste una suma igual a un mes o dos meses del sueldo establecido en la Convención Colectiva de Trabajo según sea su antigüedad mayor o menor a los cinco años, siendo éste adicional resarcitorio, el que sustituye a la indemnización por preaviso (Conf. CNATr., Sala II, 14-08-91, T. y S. S., T. 1991-993; id., CNATr., Sala VIII, 10-12-97, D.T. 1998-A-318).-------------------------------------------------------------------- -------Pues bien, en la tesitura hermenéutica que entiende que la llamada integración del mes de despido forma parte de la indemnización por falta de preaviso, esto es, no siendo una indemnización distinta (Conf. Centeno, Justo López y Fernández Madrid, en "Ley de Contrato de Trabajo comentada", t. II, pág. 1165), concluyo en que no encontrándose contemplado la integración del mes de despido específicamente para la actividad marítima, cabe considerar igualmente comprendido a tal rubro en el denominado "adicional por rescisión" según la tarifación antes indicada para esta única indemnización, que como dije antes es la equivalente a la sustitutiva de la omisión del preaviso.--------------------------------------En consecuencia, propongo al acuerdo se admita el presente agravio reconociendo, en consecuencia, derecho a compensar la suma que por tal concepto abonara la parte demandada ($ 993,48) debiendo descontarse del monto del crédito que se le reconociera al actor en autos, en tanto éste asciende a una suma mayor (Arts. 818 y conc. del Cód. Civil); como asimismo, eventualmente se deberá deducir de la duplicación indemnizatoria que por aplicación del art. 16 de la ley 25561, pudiera corresponder según sea el resultado al que se arribe del tratamiento del siguiente agravio que seguidamente paso a examinar.----------------------------------4) Omisión de pronunciamiento sobre el planteo de inconstitucionalidad de los Dctos. 264/02 y 823/04: Inicialmente diré que por una razón de orden puramente lógico considero pertinente ingresar primero al tratamiento del planteo de inconstitucionalidad formulado en relación a la prórroga de la duplicación indemnizatoria prevista por el Art. 16 de la ley 25.561, toda vez que de entenderse que dicha prórroga contraría la Carta Magna, vacío de todo contenido devendrá el planteo que en el mismo sentido se efectúa en relación al art. 4to. del Dcto. 264/02, en cuanto se le endilga en sustento de tal pretensión incurrir en un exceso reglamentario de la ley de emergencia antes citada.-------------------------------------- ---Así pues, en relación a la constitucionalidad del decreto de prórroga de mentas (Dcto. 823/04), cabe aseverar "ab initio" que las condiciones excepcionales que imposibilitan seguir con el trámite ordinario para la sanción de las leyes, y que son las que habilitan a dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, no encuentro que estuvieran dadas al momento de dictarse el Dcto. 823/04. Es que no basta para ello aludir a que "...en razón de la urgencia que demanda el dictado del presente, resulta imposible seguir el procedimiento ordinario para la formación y sanción de las leyes"(sic).-------------------------------------------------------------------- ---Sin embargo, debe precisarse que aún cuando se tuviera por ciertas las circunstancias excepcionales que transita nuestro país en materia ocupacional y a cuya solución se intenta seguir proveyendo a través de la prórroga bajo examen, ello no habilita a que se pierda de foco que la excepcionalidad a la cual remite como presupuesto la norma lo es respecto a la imposibilidad de cumplir con el trámite legislativo normal para el dictado de las leyes, lo cual hace precisamente a la necesidad y urgencia de suplirlo mediante un decreto.-------------------------------- ---Y en tal marco motivacional se ha dicho con criterio que comparto plenamente, que "...los dos vocablos "necesidad" y "urgencia" califican una situación que excede al voluntarismo subjetivista del Presidente de la República y descarta cualquier apremio basado en su mero interés o conveniencia", añadiendo a continuación respecto al texto del inc. 3ro. del Art. 99 de la Constitución Nacional, marco normativo que rige restrictivamente la posibilidad de apartarse de la prohibición de emitir disposiciones de carácter legislativo (Conf. Art. 76 y 2do. apart. del inc. 3ro. del citado art. 99 de la C.N.), que "...a la mención de excepcionalidad agrega palabras que no soportan tergiversaciones oportunistas; cuando dice que las "circunstancias excepcionales" hacen "imposible" el seguimiento del procedimiento legislativo, hemos de entender que esta imposibilidad no alcanza a alojar una mera inconveniencia, ni habilita a elegir discrecionalmente, por un puro criterio coyuntural y oportunista, entre la sanción de una ley y la emanación más rápida de un decreto", distinguiéndose seguidamente con elocuencia un aspecto que torna dirimente en esta porción del agravio bajo análisis contestándolo suficientemente, en cuanto se puntualiza que "...entre la emergencia que hace viable la delegación legislativa al ejecutivo, y la que autoriza a éste a dictar por sí sólo un decreto de necesidad y urgencia, se interpone una diferencia: para el decreto es menester que la emergencia haga imposible legislar, en tanto la "emergencia pública" que da fundamento a la delegación legislativa no está sujeta a ese requisito de imposibilidad para seguir el trámite de la ley..." (sic)(Conf. Bidart Campos, Germán J., en "Manual de la constitución Reformada", Ed. Ediar, año 1997, T. III, pág. 252/253, nros. 41 y 43; id. Comadira, Julio R. "Los decretos de necesidad y urgencia en la reforma constitucional", L.L. 1995-B-825/850; ver también en tal sentido: Maccaferri, Patricia "Planteos de inconstitucionalidad en torno a la prórroga de la suspensión de despidos...", LexisNexis, jurisp., Nro. 0003/400645; id. Mark, Mariano H., "Validez constitucional de la prórroga temporal del art. 16 de la ley 25.561", LexisNexis, Nro. 0003/400303; id. Altamira Gigena, Raúl E., "Los decretos de necesidad y urgencia como modalidad de regular las relaciones de trabajo", LexisNexis, Nro. 0003/400284; Ver también: Simón Julio César, "Sobre la emergencia, el despido y las facultades del PEN", en Rev. de Der. Laboral, Ed. Rubinzal Culzoni, T. 2002-2, págs. 71 y s.s.).--------------------------------------------- ---En igual sentido, se ha precisado que los recaudos de fondo de la norma constitucional de mentas, son a) la existencia de circunstancias excepcionales que hagan imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución para la sanción de las leyes; y b) la necesidad y urgencia de suplir dicho trámite mediante decreto. El primer requisito solo puede ser entendido entonces como una falta de respuesta absoluta del Poder Legislativo ante la necesidad imperiosa de su intervención, asimilándose a la parálisis institucional sea por que se encuentra en receso o existiere una imposibilidad de hecho extraordinario e insuperable (fuerza mayor).------------------------------------------------------------------------- --------------------Puede deducirse de lo antedicho, entonces, que no será posible dictar decretos de necesidad y urgencia cuando el Congreso está funcionando sea en sesiones ordinarias o extraordinarias. Y el segundo de los mencionados presupuestos de fondo, no concurre con la sola premura por contar con una ley, sin tener en cuenta el procedimiento congresional que es propio de su formación. Esto es, no puede entenderse que la sola imperiosa necesidad de contar con una ley fuera el factor habilitante y autónomo para que el poder ejecutivo asumiera tal potestad legislativa, máxime cuando se tuvo el tiempo para proveer a tal necesidad con la anticipación necesaria.---------------------------------------------------------------------- -----Pues el Dcto. 823/04 fue emitido el 23/06/04 y publicado en el Boletín Oficial el 28/06/04 (Adla 2004-D-4198). Esto es, atendiendo que el Congreso Nacional, tal como lo establece el art. 63 de la Constitución Nacional, extiende anualmente sus sesiones ordinarias desde el 01 de marzo hasta el 30 de noviembre, sin que existieran en esa época situaciones de fuerza mayor que impidan a alguna de las cámaras sesionar normalmente, impone que se concluya que tal excepcionalidad y urgencia no concurrió en el supuesto bajo análisis.--------------------------------------- ---Es útil tener presente, además, que es doctrina actual de la Corte Suprema de Justicia Nacional una directriz hermenéutica, en lo tocante al control constitucional que incumbe al poder judicial de los decretos de necesidad y urgencia, en tanto señaló que es atribución judicial evaluar el presupuesto fáctico que justificaría la adopción de decretos de necesidad y urgencia, la que impone descartar criterios de mera conveniencia ajenos a circunstancias extremas de necesidad, puesto que la Constitución no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio de un decreto (in re "V, E v. Poder Ejecutivo Nacional, Administración Nacional de Aduanas s/ Acción de Amparo", del 19/08/99, L.L. 1999-E-593, con nota de Midón Mario A.).---------------------------------------------------------------------------- -----De otro lado, a la supuesta ratificación tácita del Congreso Nacional se opone la expresa disposición contenida en el Art. 82 de la Constitución Nacional en tanto expresamente dispone "La voluntad de cada Cámara debe manifestarse expresamente; se excluye, en todos los casos, la sanción tácita o ficta"(sic). De ello no parece haber lugar a dudas que el silencio en esta materia nunca podría significar aprobación tácita del decreto de necesidad y urgencia, por cuanto tal norma trascripta es de aplicación para todos los casos imponiendo que la voluntad legislativa se manifieste expresamente (Conf. Bidar Campos, Germán en "Tratado elemental de derecho constitucional argentino", Ed. Ediar, año 1995, T. VI, pág 431/432).----------------------------------------------------------------------- --------------------Todas estas razones me inclinan decididamente a que ratifique en el supuesto planteado en estos autos el criterio que ya ha sido establecido por ambas salas de ésta Cámara (S.D.L., Sala A, Nro. 13/04, c. 19.312; S.D.L.., Sala B, Nro. 18/05, c. 20.220 y S.D.L., Sala B, Nro. 66/05, c. 20.800).---------------------------------------------De tal manera, corresponde que sea subsanada la omisión en el tratamiento del planteo de inconstitucionalidad opuesto al contestar la demanda en que se incurriera en el anterior grado, en virtud de que fue materia de reiteración al expresar agravios, para declarar la inconstitucionalidad del Dcto. 823/04 (Art. 278 del C.P.C.C.). Así lo dejo propuesto al acuerdo.---------------------------------------------Como consecuencia de lo que vengo de exponer, resumo, corresponderá deducir del monto del capital de condena las sumas correspondientes al agravamiento indemnizatorio previsto por el Dcto. 823/04 (80% de la indem. por antig. + adicional por resc., $ 18.411,20).------------------------------------------------------------ ---Asimismo, efectuados los cálculos respectivos queda como crédito a favor del actor, atendiendo a la norma de aplicación al supuesto (Arts. 5° y 41 de la Ley 25.877), la de Pesos Veinte Mil Setecientos Sesenta ($ 20.760) en concepto de indemnización por antigüedad (3 años y fracción mayor a tres meses), con más el adicional por rescisión de Pesos Dos Mil Seiscientos Ochenta y Seis con Treinta Centavos ($ 2.686,30), por lo cual se arriba a un total de Pesos Veintitrés Mil Cuatrocientos Cuarenta y Seis con Treinta Centavos ($ 23.446,30). Esta última suma, recuerdo, se le deberá debitar lo cobrado por el actor oportunamente por un total de Pesos Diecisiete Mil Setecientos Veintinueve con Diecisiete Centavos ($ 17.729,17). Ello arroja como monto total por el que finalmente prosperará la demanda la suma de Pesos Cinco Mil Setecientos Diecisiete con Trece Centavos ($ 5.717,13).---------------------------------------------------------------------- -----------------Preciso que no será susceptible de ser, a su vez, debitado el monto parcial correspondiente a la compensación por el rubro integración del mes de despido por la que se reconvino, y que también prospera en la propuesta de resolución que efectúo en mi voto, toda vez que inadvertidamente -estimo- la Sra. Juez a quo ya debitó el monto de condena indicado en el fallo del anterior grado. Para ello basta con constatar que de los parciales que incluye en la sumatoria de lo abonado por la demandada y que arroja el total a debitar de $ 17.729,17 contempla la de $ 6.625 que se extrae del recibo de pago obrante a fs. 5 -parte superior-, el cual, a su vez, comprende el parcial por integración mes de despido de mentas.----------------------- ---III.- Conclusión: -------------------------------------------------------------------------------P or las razones expuestas propondré: 1) hacer lugar parcialmente a la reconvención deducida por la demandada "C. S.A." respecto a la improcedencia del pago del rubro indemnizatorio "integración del mes de despido" liquidado y abonado al actor Sr. O. E. G., por la suma de Pesos Novecientos Noventa y Tres con Cuarenta y Ocho Centavos ($. 993,48). 2) Declarar la inconstitucionalidad del decreto 823/04, debiéndose deducir del cálculo del monto del capital de condena las sumas parciales que, en concepto de duplicación indemnizatoria por despido -reducida al 80%- se admitieran. 3) Revocar parcialmente el fallo apelado para disminuir el monto del capital de condena a la suma total de Pesos Cinco Mil Setecientos Diecisiete con Trece Centavos ($ 5.717,13), con más los intereses indicados en el anterior grado. 4) Declarar procedente la compensación de la suma correspondiente a integración de mes de despido que se reconoce a favor de la parte demandada reconviniente ($ 993,48), teniéndosela ya por efectivizada en el monto del crédito reconocido a favor del actor en autos por reajuste.-----------------------------------------------------------Debido a la reducción del monto condenatorio derivado de la admisión parcial de la reconvención por compensación que fuera incoada por la demandada, como así también, de la declaración de inconstitucionalidad de la prorroga de la duplicación indemnizatoria prevista en el art. 16 de la ley 25561, se impone adecuar a esta nueva decisión tanto la imposición de costas como los honorarios regulados en el anterior grado (Art. 59 de la ley 69 y arts. 71 y 279 del C.P.C.C.).-----Habida cuenta de ello, atendiendo que más allá de la posible trascendencia jurídica que pudiere reconocérsele a los tópico que prosperan como también a su proyección económica en el resultado final del pleito, lo cierto es que el núcleo central de la pretensión consistió en el reajuste que prosperó y que se confirma en esta segunda instancia, lo que impone que la readecuación de las costas de primera instancia se justiprecie prudentemente estableciéndose en un 75% a cargo de la parte demandada y en el 25% restante a cargo de la parte actora, por resultar tales guarismos, a mi ver, ajustados a las reales porciones de vencimientos mutuos ocurridos en el presente pleito (Arts. 71 y 279 del C.P.C.C.).------------------------------Desestimados dos de los cuatro agravios vertidos por la demandada, prosperando parcialmente el restante (respecto a la improcedencia del pago de la integración del mes de despido) y totalmente el relativo al planteo de inconstitucionalidad de la prórroga de la duplicación indemnizatoria, se delinea en esta segunda instancia igualmente un vencimiento parcial y mutuo que conduce a distribuir prudencialmente en ella las costas. De tal manera, estimo adecuado imponerlas por el orden causado, por responder tal distribución, a mi juicio, a la medida de los éxitos y fracasos obtenidos en la Alzada (Arts. 71 y 279 del C.P.C.C.).---------------------------------------------------------------------- --------------------Por aplicación de la última norma citada, corresponderá asimismo, adecuar a esta nueva decisión los honorarios regulados en el anterior grado. Atendiendo a la extensión, mérito, eficacia y resultado arrojado por las labores profesionales de primera instancia, opino que deben fijarse los emolumentos del Dr. I C P, letrado apoderado del actor, y al Dr. L A, N, letrado apoderado de la parte demandada, en las sumas equivalentes al 19,6% y 18,2%., del monto final del proceso que surja de la liquidación a practicarse en la etapa de ejecución, con más el I.V.A. correspondiente (Arts. 6, 7, 9, 19, 37, 47 de la Ley 2.200; leyes 23.349 y 23.871).------------------------------------------------------------------Los honorarios del Dr. L A. N, letrado apoderado de la parte demandada recurrente, por sus tareas de Alzada, apreciándolas por su extensión, mérito y eficacia, estimo adecuado regularlos en la suma equivalente al 5,5%, del monto final del proceso que se determine en la etapa de ejecución de sentencia, con más el I.V.A. pertinente (Arts. 6 y 14 de la Ley 2.200; leyes 23.349 y 23.871).---------------Por todo lo expuesto me expido en esta cuestión PARCIALMENTE POR LA NEGATIVA.----------------------------------------------------------------------- ---------- -----A LA PRIMERA CUESTION el Dr. Vergara dijo: ------------------------------------1. Llega a conocimiento de este Tribunal las presentes actuaciones como consecuencia del recurso de apelación interpuesto por la demandada a fs. 71, que fuera concedido a fs. 72, contra la sentencia de la anterior instancia de fs. 65/68 que hizo lugar a la demanda instaurada por O. E. G. y condenó a C. C A DE P S.A. al pago dentro del plazo de cinco días de la suma de $23.695,83.- y sus intereses, en concepto de indemnización por antigüedad, adicional por rescisión, e incremento indemnizatorio previsto por el art. 16 de la ley 25.561, conforme decreto 823/04, con imposición de costas a la sociedad vencida.----------------------------------------------El informe previsto por el art. 62 de la ley 69 luce a fs. 74/77 y vta., y la relación sucinta de las cuestiones planteadas fue desarrollada por el vocal que me precede en la votación, motivo por el cual y atendiendo a razones de brevedad procesal me remito a tales expresiones, sin perjuicio de las precisiones que en cada caso corresponda realizar.----------------------------------------------------------------------- ------2. La lectura del escrito inicial de demanda permite señalar que la pretensión del actor consistió en el pedido de reajuste del monto de la indemnización por antigüedad por encima del tope previsto por el art. 245 de la L.C.T., lo que a su vez incidió en los demás rubros individualizados en dicha presentación (acápites II y VI, fs. 8 y 10, respectivamente).--------------------------------------------------------------A sí, el accionante se consideró con derecho al reajuste de los montos que la sociedad le liquidara conforme recibos que en copia lucen a fs. 5 (agosto 2004) y fs. 6 (julio 2004), y frente a tal pretensión la demandada formuló oposición por considerar que dichos importes se habían abonados, incluso en exceso por lo que dedujo reconvención compensatoria (puntos III y V, fs. 28 y sig. y 30 vta., respectivamente).--------------------------------------------------------------- ------------------En ese contexto, coincido con el Dr. Lucero que para la dilucidación de la causa no tiene incidencia alguna ni el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ("Vizzoti, Carlos c/ AMSA S.A.), ni su fecha, pues en definitiva la cuestión sobre la cual debía pronunciarse el juzgador era la pertinencia o no del reajuste. Esa era la decisión a adoptar, conforme con las pretensiones deducidas en el juicio calificadas según correspondiera por ley (art. 163, inciso 6°, del C.P.C.C.).------------ -En consecuencia, bien señaló la Sra. Juez de la anterior instancia que corresponde en primer término dirimir si al actor le es aplicable (el) tope convencional alguno.------------------------------------------------------------------------- ---Y desde ya que a la fecha de la rescisión laboral se encontraba en vigencia el C.C.T. N° 356/03 que no establece tope, a cuyo respecto la manda impuesta por el art. 245 de la L.C.T. al Ministerio de Trabajo se encuentra manifiestamente incumplida.--------------------------------------------------------------------- -------------------Nótese en tal sentido que, al homologarse el actual C.C.T. 356/03 con vigencia desde el 1 de septiembre de 2001 (art. 3), que sustituye al C.C.T. 307/99, la autoridad de aplicación al dictar la Resolución N° 73/03 en el considerando anuncia su decisión de no elaborar la base promedio y el tope indemnizatorio "en orden a que por la atipicidad del sistema remunerativo . resulta imposible determinar y efectuar el mismo".---------------------------------------------------------------Tamaño reconocimiento en la omisión de los deberes a su cargo, implícito durante la vigencia del C.C.T. 307/99 y explícito para el C.C.T. 356/03, no puede recaer en contra de los intereses del trabajador para así aplicarle un tope que no estaba vigente al momento de la extinción del vínculo.-------------------------------------Y este es el criterio de este Cuerpo, por su sala "A", c. 18.898, S.D.L. 10/2004; y por su sala "B", c. 19.259, S.D.L. 23/2004, c. 19.754, S.D.L. 52/04, c. 21.051, S.D.L. 16/2006.------------------------------------------------------------------------ --------- --Asimismo, cabe destacar que el decreto 384/2004 acompañado en copia por la sociedad a fs. 25/27 no es de aplicación al C.C.T. 356/03, ya que de su considerando se desprende con toda claridad que alude a los convenios que tienen topes establecidos ( ".sólo con relación a aquellos convenios cuyos topes indemnizatorios no hubieren sido actualizados .", octavo párrafo del considerando) para así establecer incrementos acumulativos respecto de topes indemnizatorios no actualizados.---------------------------------------------------------------De tal modo, mal puede aplicarse un mecanismo de incremento a un convenio que no tiene tope, el C.C.T. 356/03.------------------------------------------------------------En tales condiciones, bien precisó el sentenciante que parece claro que el convenio que (es) aplicable a la relación habida es el 356/03 que rige desde el 01/09/01 y que sustituyó al 155/91 y al 307/99. El único de tales convenios en que el Ministerio de Trabajo ha cumplido con la obligación que la ley le impone de fijar el tope previsto por el art. 245 L.C.T. es el primero de ellos (el 155/91). Reiteradamente he decidido que los motivos que en alguna oportunidad ha expuesto el mencionado Ministerio para no fijarlo ni en el c.c.t. 307/99 ni en el 356/03 resultan inatendibles, ya que las mismas pautas salariales son idénticas para todos ellos y no hubo inconveniente alguno para fijarlo en el c.c.t. 155/9(1). Lo cierto es que el tope no existe y evidente para mi resulta que tal insólita circunstancia no puede perjudicar al trabajador, por lo que no puede aplicarse el tope de un convenio que no rige la actividad (me refiero al 155/91). En cambio y por aplicación de los principios básicos de los arts. 9 y 16 L.C.T., corresponde considerar la remuneración real del demandante (el subrayado me pertenece).-------Por ello, y desde que la cuestión a adoptar versaba sobre la pertinencia del reajuste, el juzgador determinó que el C.C.T. 356/03 no establece tope alguno por lo que concluyó que debía considerarse la remuneración real del trabajador.------------De tal modo, dentro del marco de la pretensión calificó la norma a aplicar adoptando una decisión válida en ejercicio del deber impuesto por la regla iura novit curia (art. 163:6 del C.P.C.C.).------------------------------------------------------- ---Para ello es necesario efectuar algunas consideraciones sobre la pretensión, la causa petendi, la regla iura novit curia, y finalmente la facultad de sentenciar ultra petita en el procedimiento laboral.-------------------------------------------------------------La pretensión es concreta y el pretensor aspira a algo, y por ello la pretensión procesal es una declaración de voluntad en cuyo mérito se solicita una actuación del órgano jurisdiccional en miras a la satisfacción de un interés concreto (Peyrano, Jorge W., "El proceso atípico", Editorial Universidad, 1993, pág. 218).- ---En la pretensión procesal se ha de contener el objeto sobre que recae. Tal objeto es bien de la vida. El bien de la vida afectado por la pretensión procesal, y envuelto, en consecuencia, en un litigio, es, por esta misma circunstancia, el bien litigioso sin más. Lo indispensable es, tan sólo contar con un principio de determinación suficiente del objeto reclamado. De otro lado, la pretensión procesal ha de encerrar la indicación de la actividad en que ella se traduce. Esta actividad consiste esencialmente en una petición jurídicamente significativa, es decir, una reclamación de algo, que se pide porque el pretendiente afirma su coincidencia con el ordenamiento jurídico. Tiene que haber en toda pretensión procesal la formulación de una exigencia que se sostiene como fundada en derecho. Este elemento, que, según la tesis del que produce la pretensión, viene a justificarla jurídicamente es el que se denomina fundamento, título o causa de pedir : causa petendi de la misma, y constituye el tercero y último ingrediente básico de la figura estudiada. El fundamento de la pretensión procesal no es su motivación, invocada o no, sino los acaecimientos de la vida en que se apoya, no para justificarla, sino para acotarla, esto es, para delimitar de un modo exacto el trozo concreto de realidad al que la pretensión se refiere. El fundamento de la pretensión no es lo que permite al Juez, caso de ser cierto, pronunciarse a favor de la pretensión, sino lo que permite al Juez conocer qué ámbito particular de la vida es el que la pretensión trata de asignarse. Por ello, la invocación del fundamento no opera como justificante, sino como determinante de la pretensión misma, tal como ahora se estudia. . la petición que comprende la pretensión procesal tiene que ir apoyada en la invocación de tales acaecimientos, los cuales se pueden denominar fundamentos de la misma, siempre que se tenga presente el sentido en que fundan la pretensión procesal: no como cimientos en que se basa, sino como muros que la delimitan (conf. Jaime Guasp, "Derecho Procesal Civil", Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1968, Tomo Primero, págs. 225/227).-----------------------------------La causa, fundamento o título de la pretensión consiste en la invocación de una concreta situación de hecho, de acaecimientos de la vida en la que se apoya.------------Pero con el alcance que a esa invocación de acaecimientos el actor asigna una determinada consecuencia jurídica. Tal invocación no actúa, en rigor como razón justificante de la pretensión, sino que tiene por objeto particularizarla o delimitarla, suministrando al juez el concreto sector de la realidad dentro del cual debe juzgar en el caso. El juez, en efecto, debe decidir si se ha operado o no la consecuencia jurídica afirmada por el actor. No es por lo tanto la norma la que individualiza la pretensión, sino los hechos afirmados en la medida de su idoneidad para producir un determinado efecto jurídico (conf. Lino Enrique Palacio, "Derecho Procesal Civil", Abeledo-Perrot, 1967, T. I, pág. 397) (el subrayado me pertenece).-------------A su vez, conforme al principio iura novit curia el juez ha de realizar la calificación jurídica que corresponda de las pretensiones deducidas en el juicio, pues la misión de la justicia es aplicar el derecho independientemente de los planteos de las partes (Morello, Sosa y Berizonce, "Códigos Procesales .", Librería Editora Platense - Abeledo-Perrot, 1988, T. III, pág. 420, y cita de fallos).

---El iura novit curia consiste en que los jueces letrados aplican el derecho que se adapta a las peticiones efectuadas por las partes, aunque éstas denominen o califiquen mal el derecho y se funda en la presunción lógica sobre el conocimiento del derecho por parte del juez a quien corresponde calificar la esencia del pleito y aplicar la norma jurídica pertinente. Con arreglo a tales pautas, la calificación de la acción y la determinación de la norma o derecho aplicable es materia reservada al juez -iura novit curia-, quien puede y debe corregir cualquier error de las partes en punto a esta calificación o aplicar un precepto distinto al invocado. Conforme a la regla "iura novit curia" los jueces tienen no sólo la facultad sino también el deber de discurrir los conflictos litigiosos y dirimirlos según el derecho vigente, calificando autónomamente la realidad del hecho y subsumiéndola en las normas jurídicas que la rigen, con prescindencia de los fundamentos que enuncian las partes, facultad que deriva de los principios esenciales que organizan la función jurisdiccional de la justicia. Surge así como misión que alcanza el nivel de deber, la de aplicar el derecho objetivo con independencia del invocado por las partes. Es decir, que si el tema planteado remite a consideraciones de orden jurídico inherentes al derecho vigente, su aplicación es deber irrenunciable de los jueces, careciendo de efectos vinculatorios la fundamentación jurídica argüida por los justiciables (Morello, Sosa y Berizonce, ob. cit., Ed. 1984 y 1986, T. II-A, págs. 613/614, y T. II-C, págs. 73/74, y citas de pronunciamientos, respectivamente).

---Por ello, en la presente causa el juzgador no falló extra petita pues decidió sobre el pedido de reajuste.----------------------------------------------------------------------- ------Dictar sentencia "extra petita" comporta decidir sobre lo que no está en el juicio -materia de debate-, conteniendo el fallo algo distinto a lo que fue objeto de la pretensión y de la oposición. Está así vedado a los jueces apartarse de los términos de la relación procesal y decidir en forma distinta a la pedida por las partes, pronunciándose sobre cosas no planteadas en los escritos de demanda y contestación, o resolver sobre capítulos o reclamos no propuestos que en manera alguna integraron la litis, desde que ello importa desviarse de las pretensiones de las mismas deducidas en juicio. Y en lo que hace al principio de congruencia en cuanto a la causa, los elementos de la pretensión son no sólo los sujetos activo y pasivo y los objetos mediato e inmediato, sino también la causa, fundamento o título, es decir, la invocación de una concreta situación de hecho a la cual el actor (o como en el caso el demandado reconviniente) le asigna una determinada consecuencia jurídica, que resulta determinante de aquélla y que salvo supuestos excepcionales no puede ser modificada posteriormente sin desmedro de la afectación de la garantía constitucional de la defensa en juicio. Como corolario de lo expuesto, entre otros casos, se ha declarado que si el reclamo se funda en determinado título, no corresponde acceder a su pretensión por otro diferente del invocado, desde que ello importa violar el principio de congruencia que el juzgador debe observar (conf. (conf. Morello, Sosa y Berizonce, ob. cit, T. II-C, págs. 81/82 y 90/91 y cita de fallos).----------------------------------------------------------Y respecto de la regla "iura novit curia", si bien el sentenciante puede suplir el derecho silenciado por las partes o mal invocado, el deber consagrado en esta norma (art. 163, inc. 6°) reconoce como limitación, la de que los jueces no pueden convertir una acción en otra distinta, que ni virtualmente ha sido invocada por las partes. Es que en salvaguardia del principio de congruencia debe ajustar sus decisiones a las peticiones oportunamente formuladas por los litigantes al trabarse la relación procesal. No cabe arribar a lo que resulta extraño a la acción intentada. No obstante que de acuerdo al referido aforismo "iura novit curia" los jueces pueden apartarse del derecho invocado por las partes, no lo es menos que en preservación del principio de congruencia deben ajustar sus decisiones a las peticiones formuladas al trabarse la litis (conf. Morello, Sosa y Berizonce, obra y tomo citado precedentemente, pág. 75 y cita de pronunciamientos).------------------ ----Así, en cuanto a la regla "iura novit curia" el único límite a respetar está dado en función de que por amplias que sean las potestades de determinar el derecho aplicable, no puede variar los términos de la litis, pues siempre ha de respetar el postulado de congruencia. En conclusión, los jueces pueden decidir el pleito con arreglo a razones jurídicas distintas a las invocadas por las partes, siempre que lo decidido, desde luego, no comporte la introducción de pretensiones o cuestiones no debatidas (conf. Morello, Sosa y Berizonce, ob. cit., Ed. 1982, T. I, págs. 121 y 356, y cita de fallos).------------------------------------------------------------------------ -----Con tales alcances, el juzgador no dictó sentencia extra petita, en todo caso lo que si hizo fue fallar ultra petita, esto es, conceder más de lo pedido, lo que está permitido conforme al art. 71 de la ley 69, pues ante el error del actor al limitar su pretensión a un 67% de su mejor remuneración, en definitiva entendió que debía tomarse lisa y llanamente la mejor remuneración sin acotar la misma en un determinado porcentaje.--------------------------------------------------------------------- -----Sentencia ultra petita consiste en sobrepasar las pretensiones oportunamente planteadas, conceder más de lo peticionado. Y ello suele ocurrir cuando la sentencia excede desde el punto de vista cualitativo o cuantitativo el objeto de la pretensión. Se suele configurar cuando, con exceso de los extremos de la litis, se concede más de lo pedido (Morello, Sosa, y Berizonce, ob. cit., T. II-C, págs. 79/81, y cita de pronunciamientos).------------------------------------------------------------Y como bien lo señala el vocal que me antecede en la votación la ley de procedimiento laboral en su artículo 71 establece una excepción al principio de congruencia teniendo en cuenta que los créditos laborales gozan del carácter de irrenunciables (arts. 12, 15, 131, 148, 260, entre otras normas, L.C.T.).------------------Por tales fundamentos, y desde que el fallo venido en recurso se pronunció ultra petita al conceder dentro de la pretensión deducida por el actor más de lo pedido, salvando así el error del accionante (art. 71 de la ley 69), corresponde desestimar el primer agravio vertido por la recurrente.------------------------------------------------------2. Sostiene la quejosa que el rubro adicional por rescisión debe limitarse al sueldo básico que de acuerdo a su categoría laboral percibía.------------------------------Tal postura es reiteración de la ya expuesta al contestar demanda (acápites III y V, fs. 29, penúltimo párrafo, y fs. 30 vta.), por lo que no hay agravio que atender.

Se ha puesto de relieve de modo coincidente que si el agravio constituye una reproducción casi literal de una anterior presentación, ello no constituye la crítica requerida por el artículo 265 del código procesal. Idéntica conclusión desestimatoria se ha declarado cuando la queja se insinúa con fundamento en lo expresado en presentaciones anteriores a la sentencia; o si se limita a reiterar argumentos esbozados en primera instancia (conf. Morello, Sosa y Berizonce, ob. cit., T. III, págs. 357/358 y cita de fallos).-----------------------------------------------------Por lo demás, ante el fundamento vertido por el juzgador a fs. 67, cual es considerar el monto que abonara la empleadora según recibo de fs. 7 del expediente administrativo agregado por cuerda, la manifestación de la recurrente se revela cono una mera discrepancia que tampoco constituye agravio.------------------En ese direccionamiento, si lo que ocurre es que se prescinde de la argumentación básica que respalda la sentencia, o si el recurrente no refuta las conclusiones del juez de grado sino que desarrolla en forma paralela un análisis propio de la causa para arribar a una personal conclusión, distinta de la del fallo, sin detenerse a puntualizar la crítica del mismo, sino limitándose a manifestar su disidencia, corresponde declarar desierto el recurso interpuesto. Lo mismo ocurre cuando carece de suficiencia técnica, pues la suficiencia se relaciona con la necesidad de articulaciones razonadas, fundadas y objetivas sobre errores de la sentencia (Morello, Sosa, y Berizonce, obra y tomo citado precedentemente, págs. 371 y 373, y cita de fallos).----------------------------------------------------------------------As imismo, la postura sustentada no permite visualizar crítica alguna al fundamento brindado por el juzgador.---------------------------------------------------------De tal modo, el agravio carece de contenido, cuando como en el caso .d) Simplemente disiente o discrepa de la interpretación judicial, sin dar fundamentos a la oposición o formula apreciaciones subjetivas . h) No ataca concreta y frontalmente los verdaderos fundamentos del fallo (Fenochietto-Arazi, "Código Procesal .", Astrea, 1983, T. 1, págs. 838/839). Y no constituye expresión de agravios idónea el disentimiento con la interpretación judicial sin suministrar bases jurídicas a un distinto punto de vista (Palacio, ob. cit., 1975, T. V, pág. 267).------- ----En consecuencia, la apelante en este tramo de la queja incurrió en deserción parcial del recurso por deficiencia técnica de su expresión de agravios (arts. 265 y 266 del C.P.C.C., de aplicación por remisión del art. 76 de la ley 69).--------------------3. En reiterados pronunciamientos consideré que el adicional por rescisión previsto por el art. 12 del C.C.T. 370/71 contempla un derecho para el trabajador que resulta equivalente a la indemnización sustitutiva por falta de preaviso, desde que establece una suma igual a un mes de sueldo si la antigüedad fuera inferior a cinco años y de dos meses si fuera mayor.----------------------------------------------------Y esa evidente asimilación del adicional por rescisión al instituto de la indemnización sustitutiva por falta de preaviso contemplado en la L.C.T., también resulta del laudo de aplicación para el personal embarcado en buques pesqueros de altura -Resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social N° 1057/90, expte. N° 834.231/88 (texto ordenado que se agrega como Anexo I), al establecer en su art. 44 que en lugar del adicional por rescisión se aplicará en su reemplazo lo dispuesto por el art. 231 de L.C.T.-------------------------------------------------------------Es criterio de esta Cámara, por su sala "B", c. 16.380, S.D.L. 67/2000; c. 19.259, S.D.L. 23/04; y c. 20.269, S.D.L. 21/2005.------------------------------------------Sin perjuicio de ello, también debe ponderarse que la vigencia de la LC.T. está condicionada a que la aplicación de sus disposiciones resulten compatibles con la naturaleza y modalidades de la actividad de que se trate y con el específico régimen jurídico a que se halle sujeta (art. 2), o sea, que sus mejoras son aplicables a la "gente de mar" en la medida que se ajusten a las características del trabajo marítimo y al régimen normativo especial (conf. Austerlic, "La estabilidad de la gente de mar", D.T. 1977, 253).----------------------------------------------------------------Y la aplicabilidad "relativa" de la L.C.T. al estatuto pesquero es criterio de esta Cámara, ya en su composición de sala única, c. 10.132, S.D.L. N° 163/94, c. 11.531, S.D.L. N° 56/95, c. 11.906, S.D.L. N° 56/96, entre otros pronunciamientos.--------------------------------------------------------------- -----------------En este último aspecto, considero que por las especiales características del trabajo marítimo y sistema de personal embarcado según mareas, estimo que resulta inaplicable el régimen de integración del mes de despido previsto por el art. 233 de la L.C.T.-------------------------------------------------------------------------- ----- ----De tal modo, y desde que la repetición del pago indebido comprende tanto el error de hecho como el de derecho (art. 784 del Código Civil), se acoge favorablemente el agravio debiendo compensarse la suma de $993,48.- del monto que corresponda reconocer a la parte actora (art. 818 del citado ordenamiento), sin perjuicio de señalar que el pronunciamiento de la anterior instancia lo dedujo al detraer del monto de condena el importe de $6.625,16.-, recibo de fs. 5, parte superior, por $6.625,16.-, que incluye el rubro "Cod.701. Ajuste Indem. Integrativo Art. 233 LCT".--------------------------------------------------------------------------- ---------4. Asiste razón a la recurrente al señalar que el fallo de primera instancia omitió pronunciarse sobre el pedido de declaración de inconstitucionalidad de los decretos 264/2002 y 823/2004, por lo que ante el expreso pedido formulado corresponde decidir sobre tal cuestión (art.278 del C.P.C.C.), con la salvedad de ingresar en primer lugar al análisis de la prórroga dispuesta por el decreto citado en último término.------------------------------------------------------------------------ ---------------------Al respecto, cabe precisar que el decreto 823/2004 -que dispuso en su art. 1 la prórroga desde el 1 de julio de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2004 de la suspensión de los despidos sin causa justificada dispuesta en el art. 16 de la ley 25.561- fue dictado el 23 de junio de 2004 y publicado en el Boletín Oficial el día 28 del mismo mes y año.-------------------------------------------------------------------------En tales condiciones, su dictado se produjo dentro del período de sesiones ordinarias previsto por el art. 63 de la Constitución Nacional, y en atención a la razón de urgencia invocada en su considerando la cuestión se centra en determinar si existió tal razón que hiciera imposible seguir el procedimiento legislativo ordinario para de ese modo dar lugar a la sanción de un decreto de necesidad y urgencia.----------------------------------------------------------------------- ---------------------Y nuestro sistema de gobierno y el consecuente juego de las funciones en las cuales se distribuye el poder, nos impulsan a la búsqueda de una interpretación de carácter restringida de las potestades legislativas del Poder Ejecutivo. Por ende, la interpretación auxiliada por la integración, debe asumir un sentido restringido en lo atinente a la expansión del poder por parte del Ejecutivo (conf. Gil Domínguez, "Potestades legislativas del Poder Ejecutivo: en búsqueda de una interpretación constitucional", La Ley 1996-D, 1651).-------------------------------------------------------En ese marco, con relación al texto constitucional actual, luego de la reforma aparece una habilitación normativa, en el inciso que estamos estudiando (art. 99 inc. 3°), pero ésta es muy limitada, como veremos. Las circunstancias excepcionales, en nuestro criterio, son una especie de emergencia, que no tiene habitualidad. En segundo término, para nosotros, las "circunstancias excepcionales", requieren otra condición implícita: que el Congreso esté en período de receso. Lo que habilita al decreto-ley no es la imposibilidad política del Poder Ejecutivo de conseguir los votos necesarios en el Congreso, a favor de un proyecto suyo, sino la imposibilidad funcional del Congreso. En otras palabras, si el Congreso está funcionando normalmente, en sesiones ordinarias, de prórroga o extraordinarias, desaparece la excepcionalidad y el presidente debe requerir de aquél el tratamiento del proyecto, por las vías normales (conf. Ekmekdjian, "Tratado de Derecho Constitucional", Depalma, 1999, T. V, págs. 87 y 90, respectivamente).--------------------------------------------------------------- ------------------Y es menester destacar que el texto constitucional alude a que las "circunstancias excepcionales" se dan cuando ellas "hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes".

---La norma habla de circunstancias excepcionales que hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución para la sanción de las leyes. Queda como pauta doctrinaria a debatir, establecer que el único caso de imposibilidad legislativa, se da en el caso en que el Congreso esté en receso (Gil Domínguez, comentario citado, La Ley 1996-D, 1651).------------------------------------Así, si el Congreso Nacional está funcionando normalmente en sesiones ordinarias, de prórroga o extraordinarias, no concurre uno de los recaudos impuestos para el dictado del decreto de necesidad y urgencia.----------------------------Pero aun obviando tal circunstancia referida a que el Congreso esté en receso, debe exigirse que se trate de una auténtica imposibilidad y no a la inconveniencia o dificultad de hacerlo. La cláusula del Art. 99 inc. 3° párr. 3° Const. Nac. no habilita al Poder Ejecutivo nacional a elegir discrecionalmente, por puro criterio coyuntural y oportunista, entre la sanción de una ley y la más rápida emisión de un decreto de necesidad y urgencia (del voto del Dr. Velázquez, c. 19.312, sala "A", S.D.L. 13/2004, con cita de Bidart Campos, "Manual de la Constitución reformada", EDIAR, 1997, III-252, n° 41).------------------------------------------------ ---Debe tratarse de "circunstancias excepcionales" que por su urgencia deba obtener remedio en un plazo que resulte incompatible con el tiempo que insume el trámite ordinario para la sanción de las leyes.------------------------------------------------La norma viene, con toda claridad, a establecer que frente a una imposibilidad funcional por parte del Congreso para desempeñarse como tal, es que se puede utilizar el instrumento de excepción (conf. Quiroga Lavié, "Constitución de la Nación Argentina comentada", Zavalía Editor, 3ra. ed., 2000, pág. 621).----------------Y en este aspecto, con referencia a una situación similar planteada respecto al decreto 883/2002, al confirmarse la declaración de inconstitucionalidad del mismo se señaló que fue dictado durante el período de sesiones ordinarias del Congreso Nacional sin que existieran en esa época situaciones de fuerza mayor que impidan a alguna de las Cámaras a sesionar normalmente. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha delimitado en la causa "Verrocchi, Ezio Daniel c. Poder Ejecutivo Nacional s/ Acción de Amparo" (Fallos: 322:1726) las condiciones para el ejercicio válido de funciones legislativas por el Poder Ejecutivo Nacional, que hace modular sobre la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias: 1°) que sea imposible dictar la ley mediante el trámite ordinario previsto por la Constitución, vale decir que las Cámaras del Congreso no puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor que lo impidan, o 2°) que la situación que requiere solución legislativa sea de una urgencia tal que deba ser remediada inmediatamente, en un plazo incompatible con el que demanda el trámite normal de las leyes. Ya fue explicada la inconcurrencia de la primera circunstancia legitimante. La fecha del dictado del decreto (27.05.02 -antes del vencimiento del plazo previsto en el artículo 16 de la Ley 25561) demuestra la inexistencia de la segunda (CNTrab., Sala VIII, 25/10/2004, "A, J M c/ C G de A S.A. s/despido", el dial. com del 10/11/04).------------------------A su vez, debe señalarse que a los fines de la ratificación a posteriori del Congreso la comisión bicameral no existe aún. Tampoco se ha dictado la ley reglamentaria. Es decir que el trámite de los decretos-leyes queda trunco, con el envío del documento al Congreso, por el jefe de gabinete, los que no tienen, siquiera, despacho de la Comisión Bicameral aún inexistente. Entonces ¿qué pasa si el Congreso no se pronuncia ratificando o revocando el decreto-ley?, ¿qué pasa si el Congreso, como es su costumbre, guarda silencio pese a tan imperativas normas?. El texto constitucional nada dice, sino que lo delega a una ley reglamentaria, la que, pese al tiempo transcurrido desde la reforma, aún no ha sido dictada. En otras palabras se deja sin definir un tema clave como es el de los efectos del silencio del Congreso, tema éste que puede ser modificado periódicamente conforme a las mayorías que se tenga en cada Cámara (conf. Ekmekdjian, obra y tomo citado, pág. 93).--------------------------------------- -------------Es más, algunos autores sostienen que hasta tanto funcione el mecanismo previsto en el art. 99, inc. 3° a través del Jefe de Gabinete de Ministros y de la Comisión Bicameral Permanente, el Presidente de la República no puede dictar decretos de necesidad y urgencia, bajo pena de que si los dicta son nulos de nulidad absoluta e insanable (Bidart Campos, "Actualmente, los decretos de necesidad y urgencia están constitucionalmente prohibidos", nota a fallo, E.D. 162-392).----------------------------------------------------------------------- -------------------------Por ello, mientras no se dicte una ley reglamentaria el contralor del cumplimiento de los recaudos constitucionales que tornan procedentes los decretos de necesidad y urgencia continúa como antes de la reforma constitucional de 1994, en manos del Poder Judicial (conf. Bidart Campos, obra y tomo citado, págs. 253/254). Al no haberse dictado la norma legal reglamentaria el Poder Judicial puede ejercer el control de oficio de la constitucionalidad de los decretos-leyes, porque sus requisitos de forma y de fondo surgen de la propia Constitución. Pensamos que es viable que la Corte mantenga el criterio del control de razonabilidad de la existencia de los recaudos de necesidad y urgencia por el Poder Judicial, expresado tímidamente en "Peralta"(conf. Ekmekdjian, obra y tomo citado, pág. 96).---------------------------------------------------------------------------- -------Siempre sostuvimos sí a la medida de excepción dentro de la Constitución, con expreso poder de control por parte de la Justicia (conf. Quiroga Lavié, ob. cit, pág. 620).--------------------------------------------------------------------------- ---------------------En consecuencia, a la época del dictado del decreto 823/2004 se encontraba en sesiones ordinarias el Congreso Nacional sin que pueda advertirse cual es la razón de urgencia invocada en forma genérica para entender que resulta imposible seguir el procedimiento ordinario para la formación y sanción de las leyes que su considerando enuncia, reiterando una expresión ya utilizada al dictarse anteriores decretos, por lo que el incumplimiento de uno de los presupuestos de procedencia exigidos por el art. 99, inc. 3° de la Constitución Nacional para el dictado de los decretos de necesidad y urgencia, permite concluir que ese decreto importó la emisión de una disposición de carácter legislativo por el Poder Ejecutivo cuya sanción es la de nulidad absoluta e insanable, conforme a los términos previstos en dicha normativa constitucional.-------------------------------------------------------- -----En tal sentido, el silencio del Congreso no puede ser entendido como una ratificación tácita ya que, sin adoptar la tesitura de autores como Sagüés y Bidart Campos en torno a la imposibilidad que el presidente dicte decretos-leyes, ante la realidad abrumadora de los mismos es más adecuada la tesis de Quiroga Lavié y Alejandro Pérez Hualde, en el sentido de que si el Congreso mantiene el silencio respecto a un decreto-ley, corresponde la declaración de nulidad de la norma, atento lo dispuesto por el art. 82 de la Constitución Nacional. Esto es, si el silencio persiste más allá del plazo de diez días de haber sido elevado al plenario de cada Cámara el decreto-ley se debería considerar rechazado, por aplicación directa del mencionado art. 82 de la Constitución Nacional. Se trataría de un típico caso de inconstitucionalidad por omisión (conf. Ekmekdjian, obra y tomo citado, pág. 94). ---Esto significa que no basta con que las Cámaras tengan el tema en el orden del día, para luego no resolverlo; debe haber resolución, por la ratificación o por el rechazo, del decreto. De lo contrario la Constitución no habría exigido "expreso tratamiento". El silencio del Congreso o el no tratamiento implican, en consecuencia, rechazo, por directa aplicación del art. 82 (conf. Quiroga Lavié, ob. cit., pág. 624).--------------------------------------------------------------------------- ----------Por tales fundamentos, también propicio la declaración de inconstitucionalidad del decreto 823/04 lo que hace innecesario tratar la inconstitucionalidad del decreto 264/2002.----------------------------------------------------------------------- ----------5. En consecuencia, también propicio al Acuerdo detraer del monto de condena el importe de $18.411,20.- establecido para el rubro art. 16 de la ley 25.661 como consecuencia de la declaración de inconstitucionalidad del decreto 823/04.-------------Asimismo, teniendo en cuenta que a la fecha del distracto se encontraba en vigencia la ley 25.877 (sancionada el 02/03/2004, promulgada el 18/03/2004 y publicada en el Boletín Oficial del 19/03/2004), que en su art. 41, entre otras disposiciones derogó los arts. 4 a 11 y 13 de la ley 25.013, corresponde efectuar un nuevo cálculo de la indemnización por antigüedad.--------------------------------------- ---Así, tomando como base una remuneración de $5.190.- y cuatro períodos anuales (3 años y fracción mayor a tres meses, art. 245 de la L.C.T., sust. por art. 5 de la ley 25.877) su monto asciende a $20.760.-, que sumado al adicional por rescisión de $2.686,30.- el importe total arroja $23.446,30.------------------------------A su vez, en consideración al progreso parcial de la reconvención deducida por el pago por error realizado y resultando procedente la compensación de sus importes, ponderando también que los montos indicados como percibidos y deducidos en el fallo en crisis se ajustan a las constancias que resultan de los recibos obrantes a fs. 5 (parte superior, cod. 700, 701 y 702) y fs. 6 (parte inferior -códigos 684, 1424 y 1428), y ascienden a $17.729,17.- (incluyendo la integración mes de despido, cod. 701 por $993,48.-), y que esa porción de la sentencia adquirió firmeza, corresponde revocar parcialmente la sentencia venida en recurso para fijar el monto del capital de condena en la suma de $5.717,13.-, con más los intereses establecidos en la anterior instancia.-----------------------------------------------------------La revocatoria parcial que se propicia lleva a adecuar las costas de la anterior instancia (art. 279 del C.P.C.C.), para lo cual debe ponderarse el principio establecido por el art. 59 de la ley 69 en un enfoque global del resultado del pleito, mediante un prudente análisis particularizado a la cuestión en debate (conf. S.T.J. en autos caratulados "C L c/ Pcia. del Chubut", S.D. 7/91; y "C de R c/ Chubut C y otro", S.D. 3/93), y también las posturas asumidas por las partes, rubros pretendidos y monto definitivo de condena.-------------Atendiendo a tales pautas, teniendo en cuenta que la pretensión en demanda referida al reajuste progresó, pero también el éxito parcial de la reconvención deducida y la declaración de inconstitucionalidad del decreto 823/2004 y consiguiente disminución del monto de condena, estimo también prudente propiciar al Acuerdo la imposición de las costas de primera instancia en un 75% a la demandada y en un 25% al actor, por ajustarse así en forma proporcional y adecuada al resultado de la litis, en concordancia con el principio antes señalado y los vencimientos recíprocos habidos (arts. 59 de la ley 69 y 71 del C.P.C.C.).-------- --Asimismo, conforme al art. 279 del C.P.C.C. corresponderá adecuar a este decisorio los honorarios de la anterior instancia, por lo que atendiendo a la extensión, mérito, eficacia y resultado que arrojan los trabajos profesionales cumplidos en primera instancia, entiendo que resulta prudente fijar, por adecuación a la presente, los emolumentos de los Dres. I C P y L A N, letrados apoderados de las partes actora y demandada, en las sumas equivalentes al 19,6%, y 18,2%, respectivamente, del importe del proceso que resulte de la liquidación a practicarse en la etapa de ejecución de sentencia (arts. 6, 7, 9, 19, 39, y 47 de la ley 2.200), con más el I.V.A. correspondiente.--------------------En cuanto a las costas de Alzada, la desestimación de dos de los agravios vertidos y el éxito de los dos restantes, uno de ellos en forma parcial, lleva a imponer las mismas en el orden causado por responder así en forma adecuada a las porciones de éxitos y fracasos obtenidos por la apelante (art. 71 del C.P.C.C.).---------Finalmente, conforme a las pautas apreciativas ya indicadas y lo dispuesto por el art. 14 de la ley del arancel, propicio también regular los honorarios del Dr. L A N, por sus trabajos de segunda instancia, en la suma equivalente al 5,5% del ya aludido importe del proceso, con más el I.V.A. pertinente.------------------Cierro mi intervención y a la primera cuestión voto PARCIALMENTE POR LA NEGATIVA.----------------------------------------------------------------------- ------------ ---A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Lucero dijo: -------------------------------------De compartirse mi voto, la propuesta de resolución es la siguiente, a saber: 1) HACER LUGAR PARCIALMENTE a la reconvención deducida por "C. S.A." en relación al pago indebido del rubro indemnizatorio "integración del mes de despido", que fuera liquidado y abonado al actor Sr. O. E. G., por la suma de Pesos Novecientos Noventa y Tres con Cuarenta y Ocho Centavos ($ 993,48). 2) DECLARAR la inconstitucionalidad del decreto Nro. 823/04 y, en consecuencia, deducir del cálculo del monto del capital de condena las sumas parciales que, en concepto de duplicación indemnizatoria reducida al 80% se admitieran. 3) REVOCAR PARCIALMENTE el fallo apelado para disminuir el monto del capital de condena a la suma de Pesos Cinco Mil Setecientos Diecisiete con Trece Centavos ($ 5.717,13), con más los accesorios fijados en el anterior grado. 4) DECLARAR procedente la compensación de la suma reconocida a favor de la demandada reconviniente por el pago indebido de la integración del mes de despido de Pesos Novecientos Noventa y Tres con Cuarenta y Ocho Centavos ($ 993,48), sin perjuicio que ya fue debitada del importe que en concepto de capital se reconoce en el punto precedente al actor en autos. 5) ADECUAR la imposición de costas de primera instancia a esta nueva decisión, imponiéndolas en un 75% a cargo de la parte demandada y en el 25% restante a cargo de la parte actora. 6) FIJAR, por adecuación a la presente, los honorarios de los Dres. I C P y L A. N, por sus labores de primera instancia, en las sumas equivalentes al 19,6% y al 18,2%, respectivamente, del monto del pleito que se determine en la etapa de ejecución de sentencia, con más el I.V.A. pertinente. 7) IMPONER las costas de segunda instancia por el orden causado. 8) REGULAR los honorarios del Dr. L A. N, por sus tareas de Alzada, en la suma equivalente al 5,5% del aludido monto del pleito, con más el I.V.A. pertinente.--------ASI LO VOTO.--------------------------------------------------------------------------- - ---A LA SEGUNDA CUESTION el Dr. Vergara dijo: ------------------------------------El pronunciamiento que corresponde dictar es el propuesto por el Dr. Lucero, expresión de la decisión del Cuerpo que se ha formado con la anterior votación.

---Así lo voto.--------------------------------------------------------------------------- -----------Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del tribunal por haberse logrado la mayoría (arts. 9 de la Ley 1130 y 271 del C.P.C.C., T. de la ley 4550), pasándose a dictar: - ------------------------------------ S E N T E N C I A: -------------------------------------- --- Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Noreste; RESUELVE:

--- HACER LUGAR PARCIALMENTE a la reconvención deducida por "C. S.A." en relación al pago indebido del rubro indemnizatorio "integración del mes de despido", que fuera liquidado y abonado al actor Sr. O. E. G., por la suma de Pesos Novecientos Noventa y Tres con Cuarenta y Ocho Centavos ($ 993,48).-------------------------------------------------------- DECLARAR la inconstitucionalidad del decreto Nro. 823/04 y, en consecuencia, deducir del cálculo del monto del capital de condena las sumas parciales que, en concepto de duplicación indemnizatoria reducida al 80% se admitieran.--------------------------------------------------------------------- -------------------- REVOCAR PARCIALMENTE el fallo apelado para disminuir el monto del capital de condena a la suma de Pesos Cinco Mil Setecientos Diecisiete con Trece Centavos ($ 5.717,13), con más los accesorios fijados en el anterior grado.------------- DECLARAR procedente la compensación de la suma reconocida a favor de la demandada reconviniente por el pago indebido de la integración del mes de despido de Pesos Novecientos Noventa y Tres con Cuarenta y Ocho Centavos ($ 993,48), sin perjuicio que ya fue debitada del importe que en concepto de capital se reconoce en el punto precedente al actor en autos.---------------------------------------- ADECUAR la imposición de costas de primera instancia a esta nueva decisión, imponiéndolas en un 75% a cargo de la parte demandada y en el 25% restante a cargo de la parte actora.------------------------------------------------------------------------- - FIJAR, por adecuación a la presente, los honorarios de los Dres. I C P y L A. N, por sus labores de primera instancia, en las sumas equivalentes al 19,6% y al 18,2%, respectivamente, del monto del pleito que se determine en la etapa de ejecución de sentencia, con más el I.V.A. pertinente. ------ IMPONER las costas de segunda instancia por el orden causado.--------------------- REGULAR los honorarios del Dr. L A. N, por sus tareas de Alzada, en la suma equivalente al 5,5% del aludido monto del pleito, con más el I.V.A. pertinente.--------------------------------------------------------------------- ----------------- --- Regístrese, notifíquese y devuélvase.--------------------------------------------------- Fdo: RAUL ADRIAN VERGARA - SERGIO RUBEN LUCERO REGISTRADA BAJO EL Nº 18 DE 2006 - SDL.- CONSTE.- CECILIA INES CORNEO SECRETARIA DE CAMARA