marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Garantías procesales, límites del pronunciamiento, reformatio in pejus, fallos de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: PRANZETTI, ALDO Y OTROS s/ CONTRABANDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-10-24

La doctrina de la Corte Suprema reconoce jerarquía constitucional a la prohibición de la "reformatio in pejus" cuando no media recurso acusatorio, dado que la agravación de la pena cuando aquél falta, afecta de manera ilegítima la situación obtenida por el procesado lesionando, de ese modo, la garantía contemplada por el art. 18 de la Constitución Nacional. No cabe duda que resultaría arbitrario conceder al imputado la facultad de impugnación y al mismo tiempo, exponerlo al riesgo de que por el ejercicio de esa potestad -en ausencia del recurso de la parte acusadora- su situación procesal se vea empeorada, puesto que de esta manera se lo colocaría en la disyuntiva de correr ese riesgo o consentir una sentencia que considera injusta.

Asimismo corresponde añadir que se ha entendido que la garantía mencionada ha sido extendida por la Corte Suprema, no sólo al ámbito estricto de la jurisdicción apelada, sino que aquélla también alcanza al "juicio de reenvío". Como consecuencia, en aquellos casos en el que el imputado provoca por medio de su recurso la nueva realización del juicio, la sentencia que de él resulte, tiene el límite de la reformatio in pejus. De este modo, el dictado de una nueva condena no puede colocarlo en una situación peor que la que ya tenía con anterioridad. (Sumario confeccionado por el SAIJ)
Personal municipal, muerte del agente, ingreso a la función pública, sucesores, parentesco, idoneidad para la función, fallos de la Corte Suprema, derechos y garantías constitucionales, jurisprudencia, igualdad ante la ley, inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: KEAODEELERT, PETCHSAMORN PHOMMACHAN DE c/ MUNICIPALIDAD DE CORONDA. s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 193 AÑO 95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-12-29

La Corte Suprema de Justicia de la Nación tradicionalmente ha sostenido que "el artículo 16 de la Constitución nacional, en cuanto declara que todos los habitantes son admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad, no excluye la facultad de la ley para establecer condiciones de admisibilidad a los empleos, distintas de la competencia de las personas, siempre que ellas por su propia naturaleza no creen un privilegio".El análisis del artículo 130 de la ley 9286 lleva a sostener que la "condición" de admisibilidad que se establece para el ingreso resulta claramente discriminatoria y crea, tal como lo sostiene la Municipalidad demandada, un verdadero privilegio. En efecto, la disposición en cuestión le impone al ente territorial constituir o iniciar una relación de empleo público con un familiar de un agente fallecido, brindando, de tal manera, un tratamiento desigual que se traduce en una discriminación negativa respecto de los demás habitantes que pueden aspirar a ocupar un empleo público y no tengan, a pesar de contar con la idoneidad y los demás requisitos para el ingreso, la cualidad especial constituida por un relación de parentesco en prime r grado -línea descendente- o de matrimonio con un agente fallecido.

Y esa sola circunstancia no puede interpretarse como una distinción que efectúa el legislador con un fin tuitivo que justificaría su creación. Es que la muerte de un empleado municipal no puede generar en nuestro sistema el automático nacimiento de un derecho subjetivo al empleo público en favor de su cónyuge o de alguno de sus hijos.
Derecho laboral, certificado de trabajo, sujetos obligados, reconocimiento en sede judicial
Materia: LABORAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Izaguirre, Lorena Silvana c/ Atento Argentina S.A. y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-08-29

La confección del certificado de trabajo por parte del Juzgado contraría la finalidad perseguida por el art. 80 L.C.T., ya que indicaría que el trabajador ha pasado por un conflicto, violando el principio de identidad que regula su objeto, a la vez que afectaría su derecho a la privacidad y consecuentemente a la contratación en un empleo futuro. Por consiguiente debe disponerse a las demandadas que deberán hacer extensión del certificado previsto en el art. 80 3er párrafo de la LCT bajo apercibimiento de astreintes sin limitación temporal alguna y sin perjuicio de lo que pudiera decidirse al respecto en el marco de la ejecución.
Régimen de garantía de los depósitos, depósito genuino, restitución de sumas de dinero, banco central, Ley de Entidades Financieras
Materia: COMERCIAL
Carátula: EDI JULIO c/ CAJA DE CREDITOS INDEPENDENCIA COOPERATIVA LTDA. Y OTRO s/ DEMANDAS CONTRA EL BCRA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-28

La interpretación que más se compadece con las finalidades de la legislación, era la que asegura a los depositantes -genuinos, se entiende-la devolución de sus imposiciones con más intereses, inclusive los devengados durante el plazo del art. 56, Ley 21.526 (Cfr. Corte Suprema, in re: "Corbo c/Banco Central", LL, 1988-A, 400, y "Fernández c/Banco Central", LL, 1989-B, 381, entre otros), lo cual es así porque los fines de índole macro-económica que pudieran inspirar la sanción del régimen de garantía de los depósitos no podrían alcanzarse, si dicho régimen no aseguraba a los depositantes la real devolución de sus imposiciones, sin exigir más condiciones que las que son habitualmente necesarias para obtener el retiro de los depósitos en condiciones normales, salvo las autorizadas expresamente por la ley (cfr. Corte Suprema, Causas "Cardinali c/Banco Central", del 31.10.89, LL del 26.2.90, Fallo N° 88.257, y "Messina c/B.C.R.A.", del 3.10.89, ED, 3.10.89, Fallo N° 42.565).
Recurso de inconstitucionalidad, doctrina de la arbitrariedad, personal municipal, diferencias salariales
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: BRIZUELA, ALBERTO SANTOS Y OTROS c/ MUNICIPALIDAD DE FRAY LUIS BELTRAN s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-06-23

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad desde que si bien es cierto lo afirmado por la Cámara en su sentencia en cuanto a que el Acta Acuerdo no confirió sin más un aumento salarial, sino que supeditó la suma no remunerativa convenida por las partes a cuenta de un concreto y específico aumento salarial, no acierta la misma cuando entiende que dicho aumento salarial debía efectuarse dentro de un plazo determinado, ya que sobre dicha circunstancia nada impone el Acta Acuerdo y sólo refiere a que será a cuenta del cuarenta y un por ciento, pero sin especificar en qué tiempo se tenía que producir dicho aumento salarial, por lo que la interpretación dada por el a quo al acta acuerdo, en cuanto la Administración municipal estaba obligada a pagar la suma de cien pesos siempre y cuando en un período determinado de tiempo se establezca una nueva política salarial del 41% no se condice con sus términos, situación ésta que transforma en arbitrario el decisorio impugnado.
Acción contencioso administrativa, competencia administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GARCIA DE CHIACCHIO, ELADIA c/ PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA s/ ACCION ADMINISTRATIVA PROVINCIA s/ ACCION ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1988-03-17

Siendo que, la competencia procesal administrativa se establece cuando el litigio encuentra su solución por aplicación de una norma de derecho público, no basta que la administración sea parte o haya obrado el Estado en ejercicio de la función administrativa para determinar dicha competencia. Lo que realmente interesa es que las acciones se deduzcan por violación de un derecho subjetivo o interés legítimo, regido por ley, decreto, reglamento, resolución, contrato, acto o cualquier otra disposición de carácter administrativo.
Modificación de cuota alimentaria, valores referenciales, salario mínimo, vital y móvil
Materia: CIVIL
Carátula: N. N. y N. N. c/  s/ Inc. de Aumento de Cuota Alimentaria - II Cuerpo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2016-06-21

Así las cosas consideramos práctico para el futuro la fijación en concepto de alimentos, de un porcentaje del Salario Mínimo Vital y Móvil. En relación a tal cuestión debemos señalar que, al momento de fijarse los alimentos mediante el decisorio (30/06/2015) el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) estaba fijado en la suma de $ 4.716 ( S/ RESOLUCION N°3 DEL 1° DE SET 2.014. del CONSEJO NACIONAL DEL EMPLEO, LA PRODUCTIVIDAD Y EL SALARIO MINIMO, VITAL Y MOVIL DEL MINISTERIO DEL TRABAJO DE LA NACION), por lo que la cuota alimentaria fijada en autos ($ 2.500), representaba el 53 % del SMVM vigente a dicha época.

En este contexto; y en la convicción que el sistema de modificación de el quantum alimentario resulta razonable a los intereses de los interesado, y que además evitará desgastes jurisdiccionales y de parte innecesarios; es que entendemos que corresponde fijar para el futuro como modalidad de ajustar los alimentos en beneficio del menor en la suma equivalente al 53% del Salario Mínimo, Vital y Móvil, que publica el Consejo Nacional de Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil del Ministerio del Trabajo de la Nación.
Legítima defensa, prueba, presunciones
Materia: PENAL
Carátula: Yanacón, Gabriel Fidelino s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-03-24

La causal de justificación -legítima defensa en el caso- que en definitiva excluye la culpabilidad ante un ilícito penal antijurídico y típico y lo torna insusceptible de reproche penal, requiere una serie de condiciones que deben concurrir en un solo acto, íntimamente unidos, debiendo probarse y no presumirse por ser una excepción, descartándose uno de sus requisitos carece de objeto pronunciarse sobre los demás. Fundamento del Dr. A. Sandoval.
Recurso de queja (procesal), autosuficiencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Izkihata, María Rosa s/ QUEJA  EN:'IZKIHATA,  MARíA  ROSA  C/  CONSTRUCTORA  EMBALSE  CASA DE  PIEDRA S.A. S/ RECLAMO'
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1990-05-11

Corresponde rechazar la queja deducida contra la denegatoria del recurso de inaplicabilidad de ley, interpuesto en relación a la regulación de honorarios, cuando el recurrente no acompaña copia del escrito inicial de interposición de la demanda, ni de las sucesivas actuaciones que a mérito del quejoso han de constituir actividad útil en los términos de la norma cuestionada; deficiencia que impide a este STJ corroborar la existencia de las aseveraciones que el letrado pretende dar por sentadas.
Contrato de trabajo, indemnización por despido, preaviso, integración del mes de despido, vacaciones
Materia: PROCESAL
Carátula: Crauchuk, Roberto Víctor c/ Servicios Especiales San Antonio SA s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-12-05

No existe el criterio de la "normalidad próxima" cuando se trata de analizar la remuneración debida, sobre todo porque esas sumas salariales deben ser equivalentes a lo que hubiese percibido el trabajador de haber seguido prestando servicios para la empleadora. Conforme la norma del art. 9 LCT no puede atribuirse a la palabra "equivalente" criterios interpretativos que actúan en detrimento de los derechos del trabajador. Estos argumentos son extensivos al cálculo por vacaciones, integración del mes de despido, preaviso. (Del voto del Dr. Arias Gibert, en minoría).
Daños y perjuicios, responsabilidad indirecta
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Prieto, Gustavo c/ Manzo, Alfredo s/ Indemnización daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-09-17

La responsabilidad indirecta del principal surge aún cuando el empleado haya obrado sin ordenes del patrón o, abusando de sus funciones, si con motivo de éstas se ha producido el hecho dañoso.

Abarcando no solamente los actos ilícitos que corresponden por su naturaleza a dicha función, sino también los ajenos a ésta, pero que solo han podido ser practicados por el dependiente, en esa calidad y con motivo de sus funciones.
Agravantes de la pena, homicidio, menor procesado
Materia: PENAL
Carátula: Muñoz, Diego Gabriel y P.E.F. s/ Homicidio agravado s/Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2014-12-02

No siempre la intervención de un menor de edad en la comisión de un hecho delictivo responde a la actuación de un mayor que lo induce, lo arrastra, lo utiliza, y ello se debe desentrañar de la dinámica propia del hecho y las circunstancias objetivas y subjetivas que le dieron marco. En concreto, esa inferencia o determinación que el mayor ejerce sobre el menor es una cuestión fáctica y como tal debe probarse, esclareciendo el requerimiento subjetivo para luego agravar el reproche y la punición.
Defensa del consumidor, fecha de vencimiento
Materia: COMERCIAL
Carátula: Camiletti s.a
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2012-07-07

Es obligación del vendedor garantizar al adquirente la vigencia del producto, siendo responsable por culpa conforme al artículo 512 del Código Civil por incumplimiento de la obligación de ser diligente, sumándose la previsión del artículo 902 del Código Civil que establece que cuando sea mayor el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos.
Libertad sindical, Convención Americana sobre Derechos Humanos
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Asoc. Pers. Munic. las Colonias c/ Fed. Sind. Trab. Munic. Festram y otros s/ acción de amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-29

Quienes están bajo la protección de la Convención Americana sobre Derechos Humanos tienen no sólo el derecho y la libertad de asociarse libremente con otras personas, sin intervención de las autoridades públicas que limiten o entorpezcan el ejercicio del respectivo derecho, lo que representa, por lo tanto, un derecho de cada individuo, sino que, además, gozan del derecho y la libertad de buscar la realización común de un fin lícito, sin presiones o intromisiones que puedan alterar o desnaturalizar su finalidad. - Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Obligación alimentaria, declaración de inconstitucionalidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: T. O., N. I. c/ GCBA c/ responsabilidad médica s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-05-04

Dado que en el supuesto de autos, la mayor parte del crédito a percibir por el actor es de carácter alimentario, no resulta aplicable en la especie la jurisprudencia de la CSJN en materia de procedencia de declaración de inconstitucionalidad de oficio. Conforme su pacífica jurisprudencia: "la declaración de inconstitucionalidad constituye la última ratio del orden jurídico, a la que solo cabe acudir cuando no existe otro modo de salvaguardar algún derecho o garantía amparado por la Constitución, si no es a costa de remover el obstáculo que representan normas de inferior jerarquía" (Fallos: 312:2315 entre otros). La situación fáctica de autos no se encuentra dentro de los supuestos que justifique apartarse de lo establecido por las disposiciones previstas en el art. 395 del CCAT. (Del voto en disidencia parcial de la juez Inés M. Weinberg).
Daños y perjuicios, incumplimiento del contrato, medidas cautelares, falta de contestación de la demanda
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Bottega Leonor Maria Delia c/ Correa Leonardo Ezequiel Y Otro/A  s/ Daños Y Perj. Incump. Contractual (Exc. Estado)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2023-09-19

La posterior presentación de las demandadas en el juicio no modifica las medidas cautelares decretadas, toda vez que, tal intervención no retrotrae el estado procesal de la causa y, en tal sentido, la falta de contestación a la demanda y las consecuencias que de ella surgen con arreglo a lo dispuesto por los arts. 212, inc. 2º, y 354, inc. 1º del Código Procesal han adquirido firmeza y no resultan conmovidas por la sola presentación ahora al juicio. No obstante, atento el carácter provisorio de las medidas cautelares, nada impide su revisión en razón de elementos llevados al juez o valorados por este de oficio que resulten suficientes para dejar sin efecto la presunción antes aludida (arts. 202, 203, 204 del C.P.C.C.).
Concurso ideal, prescripción de la acción penal, instigación a cometer delitos
Materia: PENAL
Carátula: D'Elía, Luis Angel c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-11-12

La disidencia parcial sostuvo que en los supuestos de concurso ideal la prescripción se rige por el término correspondiente a la pena mayor, y que toda vez que de acuerdo al ilícito más grave, esto es, instigación a cometer delitos, la pena máxima es de 6 años de prisión y valorando que en ningún momento transcurrió ese lapso sin actos interruptivos, quedan vigente todas las calificaciones legales por las cuales se ha dictado condena, pues la extinción de la acción sólo debe analizarse a la luz de la calificación más severa correspondiente a la unidad de hecho propia del concurso ideal. Dres. Catucci, Riggi -en disidencia parcial- y Mahiques.

Fuente del sumario: OFICIAL
Ministerio de Menores, Cámara de Apelaciones, fiscal de Cámara, Ministerio Público
Materia: PROCESAL
Carátula: MARIA COLLADO. s/ IMPROCEDENCIA  DEL  RECURSO EXTRAORDINARIO - ADOPCION - MINISTERIO DE  MENORES.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-16

Las funciones que ejerce el asesor de menores de cámara lo equiparan jerárquicamente a los procuradores fiscales de cámara.
Aplicación de la ley, sucesiones, irretroactividad de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: EFE s/ SUCESION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-08-19

La atribución de derechos sucesorios derivados del fallecimiento del causante, está referida al momento de apertura de la sucesión.

Por ello, como la muerta, la apertura y la transmisión de la herencia se causan jurídicamente en el mismos instante, art. 3282 C Civil, la vocación hereditaria de sus sucesores queda fijada por la ley vigente al tiempo del deceso del "de cujus". La convención Americana sobre Derechos Humanos, llamada Pacto de San José de Costa Rica, en su art. 2 establece que si el ejercicio de los derechos y libertades garantizados en el art.1, no estuvieren ya protegidos por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados parte se comprometen a adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales las medidas necesarias para hacer efectivos tales derechos, pero la vigencia de ese Tratado Internacional al tiempo del fallecimiento del causante, no es motivo suficiente para pretender que los derechos sucesorios se rijan de un modo distinto ya que ese ordenamiento legal no crea por si mismo un nuevo sistema de transmisión mortis causa en la República, sino que, únicamente, compromete la sanción de normas que se adapten a ese Tratado. La ley 23264 no es retroactiva, y antes de ella tenía vigencia un régimen sucesorio que diferenciaba los derechos de los hijos matrimoniales de los extramatrimoniales.
Municipalidad, concejales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ferreyra, Juan Ignacio c/ Concejo Deliberante de la Municipalidad de Coronel de Marina Leonardo Rosales s/ Conflicto art. 196 Const. prov.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-08-04

Mientras las amonestaciones y multas (art. 254 inc. 1 y 2 de la L.O.M.) serán dispuestas por el Concejo Deliberante de acuerdo con las prescripciones de sus reglamentos internos y no son materia de conflicto interno (arts. 63 inc. 5 y 253 de la citada ley), la cesantía (art. 14 in fine), la "destitución con causa" (arts. 254 inc. 3 Y 263 bis), la "suspensión preventiva" (art. 255 y 263 bis) o la "destitución" (arts. 255 y 263 bis) deben ser impuestas por ese órgano de acuerdo a las disposiciones de esa ley y sí son motivo de tal conflicto (art. 249, 255 y 263 bis). (MINORIA u opinión personal)
Revisión judicial de actos administrativos, control de legalidad, control de razonabilidad, control de legitimidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: B.C.R.A. en autos Banco de Intercambio Regional S.A. (en liquidación) instrucción de sumario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-08

El control judicial comprende, en principio, el control de legalidad, pero no excluye la ponderación del prudente y razonable ejercicio de las facultades regladas del poder administrador, porque no es admisible una actuación discrecional e irrevisable de aquellas potestades. (Consid. 5º).
Responsabilidad del Estado, responsabilidad extracontractual, prescripción bienal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cooperativa de Trabajo La Argentina Ltda. c/ Corporación del Mercado Central s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-09-17

En el caso de la responsabilidad extracontractual del Estado "in omittendo", rigen similares criterios sustanciales y formales que en materia de responsabilidad extracontractual "in comittendo", por lo que la acción analizada en el caso prescribe en igual lapso, es decir a los dos años a que hace referencia el art. 4037 del C.C.). (Del voto de la Dra. Garzón de Conte Grand, consid. VII).
Daños y perjuicios, rechazo de la demanda, sentencia arbitraria, muerte del cónyuge, suicidio, responsabilidad de la provincia, apartamiento de las constancias de la causa, sumario administrativo, falta de servicio público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Rodríguez, Sabrina Pamela c/ Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: 
Fecha: 2023-04-20

Es arbitraria la sentencia que rechazó la demanda de daños y perjuicios iniciada por la cónyuge de quien se suicidó mientras se encontraba en una comisaría, pues el a quo debió analizar las circunstancias acreditadas en el sumario administrativo tramitado ante el Tribunal de Conducta Policial en el cual el oficial que estaba a cargo el día en que ocurrieron los hechos fue sancionado con la pena de arresto por haber incurrido en una falta de naturaleza gravísima por no haber dispuesto las medidas de seguridad necesarias para el resguardo de la integridad física del prevenido que se encontraba alcoholizado, en tanto ello era un punto imprescindible a efectos de determinar si el hecho constituía una falta de servicio atribuible a la provincia demandada y si, de haber mediado diligencia en la custodia de la víctima, hubiese podido ser evitado. -Los jueces Rosatti y Lorenzetti, en disidencia, consideraron inadmisible el recurso extraordinario (art. 280 CPCCN)-
Recurso de inconstitucionalidad, ejecución fiscal
Materia: PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: GCBA c/ Scrum SA s/ ejecución fiscal s/ recurso de inconstitucionalidad concedido inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-09

La percepción de los tributos es necesaria para el funcionamiento del Estado y el cumplimiento de las actividades esenciales que se encuentran a su cargo. En ello finca la existencia de la vía ejecutiva para su cobro y para la de las multas derivadas del incumplimiento en la obligación de pago; pues ella proporciona, dentro de un proceso con defensas acotadas, un trámite más o menos rápido para el ingreso de las sumas adeudadas.

Dentro de ese terreno de debate no se admiten, en principio, las discusiones sobre la causa del título; las que -como lo sostuvo por años la jurisprudencia- deberían ser sostenidas en el marco de un juicio ordinario posterior; pues de lo contrario podrían verse desvirtuadas la celeridad y la efectividad que constituyen el objetivo básico de este tipo de trámites.