marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de casación, prueba, apreciación de la prueba, reglas de la sana crítica
Materia: PENAL
Carátula: DIAZ JOSE SIMON s.d. ABUSO DESHONESTO e.p. DE JUGO SONIA ELIZABETH s/ CASACION AGUIRRE MIGUEL ANGEL s.d. VIOLACION e.p. de ROLDAN VERONICA DEL CARMEN s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-09-19|2002-10-25

En el sistema procesal vigente, concordante con su oralidad, se ha impuesto el sistema de la sana crítica para la valoración de la prueba, criterioso marco en el que esta encuentra valor, no en predeterminaciones, fijaciones o tabulaciones. Pretender violar esta premisa significaría desvirtuar la naturaleza misma del recurso de casación en intento de revalorización jurídica del material fáctico establecido en la sentencia, provocando una extralimitación en la competencia funciona que se le atribuye al tribunal de casación, es decir el contralor de la aplicación de la ley sustantiva por los tribunales de mérito.
Facultades del juez, facultades instructorias
Materia: PROCESAL
Carátula: Drexler de Gargos, María c/ Gargos, Enrique José s/ Reivindicación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-12-17

Las facultades instructorias de los jueces se hallan sujetas a limitaciones que se sustentan en el principio dispositivo en aras de mantener la igualdad de las partes en el proceso y la garantía de defensa en juicio.
Pago, efecto extintivo del pago, accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: López, Ramón c/ Dálmine Siderca S.A. s/ Indemnización ley 9688
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-11-05

La suma entregada al operario, imputable a cualquier reclamo resarcitorio fundado en base a la relación laboral, representa un concepto tan amplio genérico de pago, que de suyo resulta contrario a su naturaleza la pretensión de que ese mismo importe percibido por el trabajador, sea en materia laboral, útil para ser imputado a indemnización de derecho común.
Depreciación monetaria, moneda
Materia: CIVIL
Carátula: Pronar SAMI y C. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-02-13

La finalidad perseguida por el cómputo de la actualización monetaria no es otra que mantener el valor económico de la moneda frente a su progresivo envilecimiento, y no hacer a la deuda más onerosa.
Embargo preventivo, verosimilitud del derecho invocado
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: ALVAREZ, César Adrian y Otro c/ POPPERL, Juan Esteban s/ Medidas Cautelares
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-09-19

No corresponde, valorar las declaraciones testimoniales, a los efectos de acreditar la verosimilitud del derecho invocado, toda vez, según reza el art. 212 del Código Procesal Civil y Comercial, en ninguno de sus tres incisos se encuentra previsto que para la admisión del embargo preventivo, la prueba testimonial sea un medio idóneo para ello.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Competencia nacional, medida de no innovar, marca extranjera, solicitud de marca, domicilio especial
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: De Estrada, Martina María s/ medidas cautelares.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-13

Cabe revocar la sentencia que declaró la incompetencia de los tribunales argentinos para conocer en la medida cautelar promovida -en el marco del artículo 9 de la Ley de Marcas nº 22.362- respecto de una marca y de su logo registrados ante el Registro Italiano de Marcas y Patentes como único titular, como medio de precaverse de maniobras abusivas y de mala fe del co-propietario en Argentina en punto al registro y transferencia de dicho bien en el extranjero, pues la legislación nacional, que exige la constitución de un domicilio especial en Capital Federal en la solicitud de registro marcario, privilegia dicho domicilio para establecer la jurisdicción (cf. arts. 10 y 11, ley n° 22.362), y al requerir el dictado de una medida cautelar de no innovar, si bien sobre un registro extranjero, en contra del co-propietario de una marca nacional, por ende, con domicilio especial en el país, dicho extremo torna referible al sublite la solución jurisdiccional del artículo citado.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia arbitraria, apartamiento de las constancias de la causa
Materia: PROCESAL
Carátula: MOVIGLIA, Gustavo c/ Provincia de San Juan (DOS) s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2010-12-29

La sentencia, para ser considerada tal, debe contener los fundamentos y la aplicación de la ley (arts. 168 y 169 del C.P.C./ley 3738, hoy arts. 164 y 165/ley 8037), respetando la jerarquía de las normas vigentes y el principio de congruencia, pues sin tales recaudos la sentencia es nula (art. 33 inc. 4 del C.P.C.), además de violar el derecho de la defensa en juicio, amparado por los arts. 18 de la Constitución Nacional y 33 de la Constitución Provincial.

En el caso, la resolución carece de fundamentación suficiente en la medida que el Tribunal justifica su decisión haciendo referencia a lo dispuesto en fallos precedentes, que aluden a una situación fáctica disímil y regida por normas diferentes.

Así las cosas, para justificar adecuadamente la aplicación al caso de la mentada doctrina, hubiera resultado necesario explicitar con claridad y precisión, de qué modo o conforme qué lógica jurídica, los argumentos dados para declarar la inconstitucionalidad de la ley 7210 pueden justificar la inconstitucionalidad del artículo 20 de la ley 7675 y sus "concordantes".

Este razonamiento, insisto, no ha sido puesto de manifiesto de modo alguno, por lo que el decisorio no cumple con los estándares de fundamentación que habilitan calificarlo como un pronunciamiento válido.
Personas privadas de la libertad, pena
Materia: PENAL - PROCESAL
Carátula: G, F s/ TENTATIVA DE VIOLACION, ETC.      EXPTE NRO 43-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-06-01

Si bien es cierto que la Ley Penitenciaria Nacional ha estatuido la sucesión y progresividad de los períodos de observación, tratamiento y prueba (artículo 5) y ha ubicado la posibilidad de obtener salidas transitorias para trabajar fuera del establecimiento en el último período, condicionándolos al cumplimiento de la mitad de la condena (artículo 8 inciso 27, 9 B, b y 10 A, a); también es cierto que lo ha hecho con la finalidad de conseguir eficazmente la readaptación social del interno (principio básico enunciado por el artículo 1) y evitar privilegios, discriminaciones o diferencias arbitrarias entre los penados (artículo 4). Cuando la discriminación sea la resultante del tratamiento individualizado, la propia letra autoriza la fundada diferencia (ib artículo 4). Nuestro legislador reglamentó la salida transitoria con un carácter de comprobación o valoración del resultado obtenido por el tratamiento penitenciario pero el progreso técnico - psicológico ha demostrado, desde hace tiempo, que la diaria salida laboral puede ser una de las formas más eficientes del mismo tratamiento individualizado.
Concursos, crédito laboral, indemnización agravada, estabilidad del delegado gremial, gastos del concurso, pronto pago, liquidación y distribución
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO LOS PINOS COOP. LTDO. s/ QUIEBRA S/ INC. DE VERIF. CREDITO POR FLORES, HECTOR.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-07-11

Si se dispuso que un crédito causado en la indemnización por estabilidad gremial "no se halla amparado por el pronto pago... por lo que cabe diferir su pago para el momento en que se disponga la distribución para los acreedores de su categoría..." y luego, el liquidador legal de la fallida admitió que dicho crédito reviste el carácter de "gasto del concurso", por lo que el incidentista solicitó que se intime a dicho funcionario a pagar la acreencia de referencia, resulta improcedente que el requerido se oponga a ésta petición con base en que el pago había sido diferido a la distribución. Ello, pues la eventual concurrencia de otros acreedores de similar rango no supone la virtual postergación de la atención del "gasto" hasta formularse una distribución de fondos.

Porque el supuesto en que se configure esa erogación concursal no difiere del que se suscita cada vez que un sujeto "in bonis" sometido a diversas deudas, paga alguna de ellas: podrá suceder que en el futuro no le sea posible cancelarlas "todas", pero debe abonar las que se tornen sucesivamente exigibles.
Responsabilidad internacional del Estado, Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia condenatoria, REPÚBLICA DE SURINAME, pueblos originarios, violación de derechos humanos, desplazamiento forzado de aborígenes, pobreza extrema, daño inmaterial
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso de la Comunidad Moiwana c/ Suriname s/ Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, reparaciones y Costas
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2005-06-15

La Corte Interamericana se ve en la obligación de valorar el daño inmaterial padecido por los miembros de la Comunidad Moiwana -masacrados en 1986 por fuerzas militares nacionales, quedando el resto diezmado en situación de desplazamiento permanente-, pues los sufrimientos, el menoscabo de valores muy significativos para las personas y las alteraciones que no son de carácter pecuniario, deben igualmente ser objeto de compensación -a los fines de cumplir con el mandato de reparación integral a las víctimas-, o bien mediante el pago de una cantidad de dinero o la entrega de bienes o servicios apreciables en dinero, o bien a través de la realización de actos de alcance o repercusión públicos, que tengan como finalidad el reconocimiento de la dignidad de la víctima.
Emergencia económica, obligaciones en moneda extranjera, actualización monetaria, pautas
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Celano c/ Martínez s/ Consignación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-09-21

A fin de determinarse la aplicación del coeficiente de variación de salarios o del coeficiente de estabilización de referencia no puede soslayarse la manifestación efectuada por los deudores en el escrito de inicio de la consignación y cuando oponen excepciones en la ejecución hipotecaria respecto a que la garantía del mutuo hipotecario es su única vivienda familiar y de ocupación permanente, pues ella es formulada ante la autoridad judicial (conf. Art. 3 del dec. 1242/02). Máxime teniendo e cuenta que la acreedora no controvierte dicha declaración ni niega, al contestar la demanda de consignación y la excepción opuesta en la ejecución hipotecaria, que lo afirmado por los ejecutados ante el órgano jurisdiccional sea cierto.
Concesión para la venta de automotores, intervención de terceros
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Jeremias, Stella Maris c/ Volkswagen Argentina SA y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-14

El argumento vinculado a la falta de contestación del oficio por parte de la Inspección General de Justicia tampoco resulta atendible. Pues en definitiva, era carga de la interesada instar las diligencias necesarias a fin de dar cumplimiento con la citación lo que no hizo. Pese a haber transcurrido aproximadamente dos meses desde que se diligenciara el oficio al referido organismo, nada hizo ni peticionó al respecto. No se advierte en la especie un interés concreto por parte de la recurrente, traducido en actos útiles a la citación, en relación a cumplir con la referida manda.
Recurso extraordinario, apreciación de la prueba
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SERACO S.A.C.I. s/ RECURSO  DE APELACION CONCEDIDO RESPECTO DEL DECRETO Nro. 269/81 MAS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1984-09-05

La prescindencia de aplicar el texto de una ley nacional (Ley 20 852) interesada por el actor, es una cuestión asimilable a la valoración de la prueba, que torna improcedente el recurso extraordinario ante la Suprema Corte.
Homicidio, dolo, intención
Materia: PENAL
Carátula: Acosta, Gustavo Adolfo s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-06-02

La falta de móvil, no trae aparejada necesariamente ausencia del dolo, ni mucho menos el dolo implica intención, discernimiento, voluntad y acción, extremos debidamente acreditados en el caso.
Subasta, nulidad de la subasta, precio vil
Materia: CIVIL
Carátula: GUIMERA MARIA c/ VELA SEGOVIA s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-02-26

El eventual retraimiento de postores que se produce justamente por la proliferación de pedidos de nulidad ante la inseguridad que ocasionan en el comercio jurídico, no constituye por si una causal de nulidad del remate.

El hecho de que el precio obtenido en el remate sea inferior al que presumiblemente se hubiera logrado en una venta particular no es causal de nulidad de la subasta.
Allanamiento domiciliario, consentimiento, personal policial, actos y diligencias procesales, validez de los actos procesales, inviolabilidad del domicilio
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Di Génova, Carlos E. s/ c. 26.100
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-09-08

Si la persona que tenía la facultad legal de oponerse y proteger su ámbito de intimidad autorizó el ingreso a su domicilio, de personal policial, ésta ha actuado legitimada, no menoscabando el derecho que merece protección judicial y que establece la Constitución Nacional, que es referido a la persona y no a la cosa.
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, facultades tributarias municipales
Materia: CONSTITUCIONAL - TRIBUTARIO
Carátula: Marítima Key Kar  S.R.L. c/ M.C.B.A. s/ revocatoria.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-10-18

Corresponde reconocer a quienes ejercen autoridad sobre la Capital Federal, la facultad de establecer tributos sobre las cosas que forman parte de su riqueza general, dentro siempre de los principios consagrados por la Constitución Nacional .
Moneda extranjera, cumplimiento de la obligación, subasta judicial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lonegro, Susana Norma Beatriz c/ Artine, José Eduardo s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-12-03

Si se admitió que la ejecución tramite por el reclamo del pago de la deuda en dólares estadounidenses como único medio de extinción de la obligación, resulta lógico y congruente que igualmente la subasta se lleve a cabo a través de ofertas en la misma moneda (arts. 34, inc.

4, in fine, 166 y doc. del 589 del CPCC; arts. 617 y 619 del C.

Civil). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Absolución de posiciones, audiencia, recurso de reposición (procesal), improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Moya, Carlos Armando c/ Municipalidad de Los Varelas - Departamento Ambato s/ Acción contencioso administrativa de plena jurisdicción E  ILEGITIMIDAD O Anulación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1998-04-20

Ante la fijación por este Tribunal de nueva fecha de audiencia para absolución de posiciones y reconocimiento de planilla de liquidación de haberes de la actora, por pedido de la demandada que adujo falta de tiempo para la notificación pertinente, se agravia la actora -revocatoria mediante- por entender que el proveído transgrede las reglas del debido proceso, entendiendo que las audiencias fijadas originariamente sólo pueden modificarse por razones de enfermedad o ausencia del país.

Si de autos surge que la primera fecha fijada para el día 12/2/98 por proveído 19/12/97 fue notificada por nota el 23/12/97, quedando tres días hábiles para la feria judicial debido a que los días 24, 25 y 31 de diciembre fueron declarados inhábiles, y ocho días hábiles posteriores a la misma, dada la exigüidad del plazo que tenía la demandada y teniendo en cuenta la norma del 409 del C.P.C. en cuanto a que la citación debe ser por cédula con la anticipación necesaria -3 días como mínimo según doctrina y jurisprudencia-, no corresponde hacer lugar al recurso, ya que en materia probatoria debe estarse por la amplitud de la misma, que no se desnaturalice la letra y el espíritu de la norma procesal aplicable, tal el caso de autos.
Procedimiento judicial de la seguridad social, ejecución de sentencia, recurso de apelación (procesal)
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: NIEMTZOFF, MARIA c/ A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-22

Conforme lo establecido por los arts. 243 y 509 del C.P.C.C., la Alzada no deberá conocer respecto de recursos de apelación interpuestos en la etapa de ejecución de sentencia, hasta el dictado de la resolución definitiva. En consecuencia, corresponde declarar mal elevadas las actuaciones.
Locación, fianza
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Nielsen, Ricardo Ernesto c/ Aguilar, Héctor Eduardo y Ot. s/ Ejecución de Alquileres Ot. s/ Ejecución de Alquileres Ot. s/ Ejecución de Alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-07-14

Mal puede sostener el recurrente que la sentencia de grado le impone obligaciones pactadas en un instrumento que no firmó toda vez que su responsabilidad no nace del convenio por el que se pactó la conclusión ex nunc de la locación , por falta de pago de los arrendamientos sin alterar los términos del contrato originario, sino de éste último. Expresamente, allí se constituyó en fiador solidario y principal pagador, con expresa renuncia a los beneficios de división y excusión etc., habiéndose pactado asimismo que su garantía subsistía hasta tanto el locatario permaneciera en la propiedad.
Acto administrativo, nulidad del acto jurídico
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GONZALEZ PALICIO, VICTOR ANTONIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  N. 214-84)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-07-03

La invalidez del acto administrativo, que es ilegitimidad, importa la anulación o anulabilidad del mismo, que viene a constituirse así en la consecuencia de aquélla.
Ius variandi, remuneración
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Francisconi, Luis Ernesto c/ Clínica Modelo S.A. s/ Acción de Amparo y Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-06-06

La reducción salarial transitoria adoptada dentro de un marco negocial entre las partes involucradas, aún cuando no haya merecido la adhesión del actor, no se revela como manifiestamente ilegítima no irrazonable, si se tiene en cuenta que sus efectos transitorios procuran dar solución a la situación del conjunto de los trabajadores obstando, la ausencia de esos extremos, la procedencia de la acción intentada, por lo que corresponde admitir el recurso de apelación interpuesto y revocar el fallo, desestimándose la acción deducida. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, juicio sumario en tiempo de paz
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: LAMI DOZO, BASILIO ARTURO. c/  s/ DECRETO 158/83.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-07-31

El recurso extraordinario no es la oportunidad de tratar en profundidad lo atinente a la falta de comprobación de los requisitos de aplicación del art. 502 del Código de Justicia Militar, pues la invocación de arbitrariedad o desconocimiento de garantías constitucionales no autoriza a prescindir de la exigencia de pronunciamiento definitivo.
Sentencia, fundamentación de sentencias, prueba
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: HERNANDEZ, JUAN RAMON s/ RECURSO DE CASACION - Causa: 1268
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-13

La fundamentación de la sentencia requiere, por un lado, que se consigne expresamente el contenido sustancial del material probatorio seleccionado en el que se fundan las conclusiones y, por el otro, que éste sea meritado, demostrándose la ligazón racional con las afirmaciones o negaciones del fallo. Ambos aspectos deben concurrir simultáneamente para que pueda considerarse que la sentencia se encuentre motivada. Cualquiera de ellos que falte, sea el descriptivo o el intelectivo, la priva de la debida fundamentación.
Abuso de autoridad, bien jurídico protegido, delitos, funcionarios públicos, adjudicación, competencia, competencia penal, competencia por el territorio, lugar del hecho
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: F., G. N. s/ Conflicto negativo de competencia. Denuncia (Expte CSJ Nº 123-99)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-05-23

En el presunto delito investigado -adjudicación o preadjudicación de viviendas del Plan FO.NA.VI. a personas vinculadas al Presidente comunal de Virginia, en desmedro de otras que se encontrarían en mejores condiciones para resultar adjudicatarios-, el bien jurídico tutelado es el correcto funcionamiento de la administración pública, desde que la existencia de este delito en el ordenamiento penal, persigue el objetivo de garantizar la regularidad y la legalidad de los actos de los funcionarios, en las actividades propias de su cargo; por ende no resulta imprescindible para su configuración la existencia de un resultado o perjuicio para la administración pública, ni para un particular. De tal forma y advertido que el tipo legal del delito de abuso de autoridad está compuesto por el dictado de una resolución contraria a una ley y caracterizado por el dolo del funcionario público que traicionando la confianza depositada en él por el pueblo o por alguno de los poderes públicos emplea la autoridad recibida como instrumento para violar la constitución o las leyes, la regla "locus commissi delicti" no puede conducir a un lugar distinto de aquél en el que se realizaron las funciones que se dicen hechas con abuso de autoridad.
Sentencia, nulidad de sentencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Silveira de Gianatiempo, Elvira c/ Coconi, Olga s/ Desalojo Martinez, Ricardo c/ Lopez, Analía y otro s/ Desalojo por falta de pago
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-05-23|1995-09-28

Si las constancias obrantes son lo suficientemente idóneas para viabilizar la demanda por una de las causales esgrimidas, descalificar la sentencia que decidió el desalojo disponiendo un nuevo pronunciamiento, sólo provocaría un inútil desgaste jurisdiccional, prolongando, sin ventaja, el derecho de la actora a recuperar su inmueble; máxime si la debilidad fundacional de que adolece el fallo no tiene entidad para impedir a la accionada ejercitar su defensa o, mejor dicho, la posibilidad de atacar los aspectos estructurales del mismo.