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Locación de inmuebles, convenio de desocupación, homologación judicial
Materia: PROCESAL
Carátula: ROSALES, Jorge Augusto c/ ALBORNOZ DE SENA, Norma Haydée s/ HOMOLOGACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-22

Al promoverse el trámite tendiente a obtener pronunciamiento judicial por el que se homologa un convenio de desocupación en el marco de una relación locativa, se da origen a un proceso que, como regla, es de naturaleza no contradictoria, limitándose la actividad jurisdiccional a comprobar la concurrencia de los recaudos formales de procedencia y a dictar, en su caso, la sentencia homologatoria.

Por lo tanto, la intervención del otro contratante, en el supuesto de haber formulado la petición sólo uno de ellos, se encuentra limitada, no siendo viable la introducción de defensas, atento el particular trámite previsto para la homologación de convenios. Así, tales cuestiones podrán hacerse valer en un juicio ordinario, con amplitud de debate y prueba, mas no dentro del limitado marco cognoscitivo de este tipo de procesos.-
Recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, sentencia suficientemente fundada, cuestiones de hecho y prueba
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: ASOCIACION MEDICA DE LOS DEPARTAMENTOS SAN CRISTOBAL Y 9 DE JULIO c/ POLICLINICO RAFAELA s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-06-15

Cabe rechazar la queja interpuesta, ya que no se advierte que los sentenciantes al desentrañar la voluntad de las partes -que, en principio, es una cuestión de hecho y como tal, ajena a esta instancia de excepción- transgredieran las normas legales y reglas de derecho que regulan lo convenido, lo interpretaran erróneamente o desconocieran la verdad jurídica objetiva, incurriendo en una apariencia de fundamentación.

En efecto, los juzgadores apoyados en las constancias de autos ponderaron las probanzas que, a su juicio resultaban conducentes para la adecuada solución del caso, para concluir que no advertía pactado en los convenios "per cápita" -consensuados por ambas partes- "cláusula de débito" por asistencia sanitaria prestada por los demandados y que no se observa acción sospechosa o mal intencionada de la asociación médica atento la facultad de los beneficiarios de seleccionar la asistencia médica asegurándose, consecuentemente, las prestaciones de salud en todos los departamentos, aún en aquéllos en que por la distancia u otras carencias podrían presentar alguna dificultad.; circunstancias que no excusan a las demandadas de su obligación de cobertura.
Resoluciones judiciales, recurso de apelación (procesal), declaración de incompetencia
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Medina Torres, Edwar Atilio s/ Falsificación documento automotor y encubrimiento de robo automotor y encubrimiento de robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2000-09-13

Por aplicación de la regla general del art. 399 del C.P.P., las resoluciones judiciales serán recurribles solo por los medios y en los casos expresamente establecidos por la ley. Del mismo modo el art. 415 del ritual establece que el Recurso de Apelación procederá en lo pertinente, respecto a esta causa, contra los autos interlocutorios y las resoluciones expresamente declaradas apelables o que causen gravamen irreparable, trátase la cuestión en consecuencia de una resolución judicial que ha declarado la incompetencia territorial para intervenir en la investigación de esta causa, circunstancia que por su naturaleza no tiene carácter de gravamen irreparable y no resulta susceptible de recurso de apelación habida cuenta que se trata de un trámite de determinación de competencia, según las reglas establecidas por los arts. 27 en adelante del C.P.P.. Va de suyo en consecuencia que no se trata de una cuestión resuelta en definitiva que causa gravamen irreparable, habida cuenta de que la determinación de competencia quedará firme si es que el Tribunal remitido admite la competencia y en su caso contrario resuelva el conflicto emergente de la cuestión de competencia ante el Tribunal Superior común de ambos juzgados declarados incompetentes. Consecuentemente no estableciéndose en todo lo referente a la competencia y a las relaciones jurisdiccionales la posibilidad de recurrir en apelación y no teniendo el carácter de resolución que causa gravamen irreparable la declaración de incompetencia dispuesta por el Juez de grado inferior, el recurso aparece mal concedido correspondiendo que éste Tribunal por aplicación de las normas legales de referencia y la facultad emergente del art. 410 del C.P.P. declare concedido erróneamente el Recurso sin pronunciarse sobre el fondo devolviendo las actuaciones a origen para la prosecución correspondiente.
Ministerio de Menores, facultades del Ministerio de Menores
Materia: CIVIL
Carátula: Manuel Ruay y Orfelia Cadagan s/ Homologación
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1992-11-10

El Ministerio Pupilar, cuando actúa en representación promiscua, lo debe hacer teniendo en cuenta que esa promiscuidad solo puede primar sobre la natural que la ley otorga al vínculo biológico de la paternidad o maternidad a través de la patria potestad cuando tal representación natural se utiliza en contra manifiesta, evidente, de los intereses de sus representados promiscuos.

Lo contrario sería interpretar la Ley en contra de toda la estructuración familiar legal, limitar injustificadamente las facultades que la ley otorga a los padres y una inmiscución en la vida familiar que solo puede justificarse en casos graves de peligro para la salud, educación, vivienda y demás aspectos que hacen al aspecto jurídico alimentos de los menores.
Jurisdicción y competencia, competencia federal, competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, juicios en que es parte una provincia, COMFER
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: CAS TV. SA. y otras c/ EN. -Poder Ejecutivo- s/ NULIDAD E INCONSTITUCIONALIDAD DE DECRETOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-02-13

La causa es de la competencia originaria de la Corte si la demanda contra la Nación y una provincia ha sido sustentada, en lo esencial, en una ley de inequívoco carácter federal, como la 22.285, y en actos del Comité Federal de Radiodifusión.
Concursos, deliberación del acuerdo preventivo, votación del acuerdo preventivo, cómputo del plazo, interpretación de la ley
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Panter SRL c/  s/ concurso preventivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-30

El principio general, en lo que atañe a cómo se conforman las mayorías computables para la aprobación de la propuesta de acuerdo, es que la totalidad de los acreedores que se encuentran alcanzados por cualquiera de las fórmulas presentadas por el deudor se hallan revestidos -por el solo hecho de serlo- de un doble orden de atribuciones: la de que su crédito sea incluido dentro de la base computable para la obtención de las mayorías necesarias para la aprobación de la propuesta; y, como consecuencia de ello, que su conformidad -o ausencia de ella tenga incidencia o gravite en la formación de la voluntad colectiva que determina la aprobación o el rechazo de aquella (cfr. precedente "Telearte SA Empresa de Radio y Televisión s/ conc. prev. s/ inc. exclusión de acreedores integrantes del llamado Grupo Telefónica").- Síguese de esta regla, que cualquier acreedor que haya cumplido con la carga de verificar su crédito en el concurso y que, como consecuencia de ello, haya sido admitido para conformar la masa pasiva del deudor concursado, no sólo tiene derecho -como principio- a que su voz sea escuchada, aceptando o no la propuesta, sino también a que su crédito sea computado en la base de cálculo de las mayorías que permiten alcanzar las mayorías necesarias para la aprobación de la propuesta.- Y esto es así porque, si el acuerdo preventivo alcanzado entre el deudor y sus acreedores es oponible a todos éstos, hayan votado -o no- favorablemente la propuesta y/o hayan participado -o nodel procedimiento concursal, parece claro que el mínimo derecho que es dable reconocerles es el de ser tenidos en cuenta entre aquellos que pueden opinar acerca de las bondades de la propuesta y, llegado el caso, decidir si aceptan -o no- sus términos para el cobro de las acreencias concordatarias, más allá de si dicha propuesta involucra, como habitualmente ocurre, quitas, esperas u otras modalidades susceptibles también de afectar la calidad y extensión de sus derechos, con la consiguiente conculcación de garantías de raigambre constitucional, como lo son las de la propiedad y la de la defensa en juicio (CN 17 y 18).
Recurso contencioso administrativo, instancia administrativa, agotamiento de la instancia administrativa, gobernador
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MECONOR SRL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.   RECURSO  DE  REVOCATORIA  CONTRA    EL  AUTO  DE  ADMISIBILIDAD.    CSJ EXPTE NRO 441-85
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-12-03

En el ordenamiento jurídico santafesino, el agotamiento de la vía administrativa previa -exigencia o presupuesto esencial para la admisibilidad del recurso- tiene base constitucional, por imperio de lo que establece el artículo 72, inciso 18 de la Carta Fundamental que atribuye al Gobernador la potestad de resolver "Los recursos administrativos que se deduzcan contra sus propios actos, los de sus inferiores jerárquicos y entidades autárquicas de la Administración Provincial".
Concursos, cesación de pagos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Luque Aníbal y Angulo Marta s/ Pedido de Quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-10-29

Si bien es cierto, que el artículo 78 de la Ley 24522 impone la prueba de la existencia del estado de cesación de pagos, no lo es menos, que el art. 86 de la referida normativa establece expresamente para el caso del deudor que solicita su propia quiebra, que la falta de acreditación de los recaudos establecidos en el art.11 inc.2do no impide su declaración. En este sentido se ha sostenido que la presentación en quiebra del propio deudor implica necesariamente su reconocimiento acerca de la imposibilidad en que se encuentra de hacer frente a sus obligaciones, -pues de lo contrario no se concebiría que la pidiera-, constituyendo el hecho revelador más categórico, la manifestación más típica y directa de tal estado, que importa por ende una declaración expresa de insolvencia. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Personal municipal, tutela sindical, competencia
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO-LABORAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE RAFAELA c/ FERNANDEZ, FELIX MANUEL s/ AVOCACION (ART. 2, LEY 11.330)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2011-03-01

Los órganos judiciales competentes para entender en el proceso de exclusión de la tutela sindical como paso previo al ejercicio de la potestad disciplinaria por parte del Ente público son los jueces o tribunales con competencia laboral en las respectivas jurisdicciones y no las Cámaras con competencia en lo Contencioso Administrativo; atento lo normado por el artículo 63 apartado b) de la Ley de Asociaciones Sindiales.
Daños y perjuicios, daño resarcible
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Diplotti, Jorge Carlos c/ Barberis, Roberto Ignacio s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-10-25

El autor de un acto ilícito responde de todas las consecuencias que eran previsibles, en general (esto es, normales u ordinarias), las haya o no previsto realmente y aunque no haya podido preverlas en concreto, puesto que, establecido que él previó o pudo prever "un" resultado dañoso (culpabilidad), responde de "todos" los demás resultados "normales" de su acto (causalidad), aunque él no los previera ni pudiera preverlos y aunque aquél solo resultado previsto o previsible para él no se haya producido.
Nombre comercial, cese de uso de nombre comercial, marca registrada, marcas de servicio
Materia: COMERCIAL
Carátula: Marriot Corporation c/ Rila  S.A.  y/o quien resultase responsable s/ Cese de uso de nombre comercial
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-04-27

La actora sólo registró en la clase 42 (marcas de servicios) el signo Marriotti para distinguir su servicio de aprovisionamiento de comida para aeronaves, sin intentar registrar esa denominación en el rubro de alojamiento u hotelería que contemple dicha clase. Este es un dato revelador de cierto desinterés de su parte. Si, como dice, la hotelería es una de las principales actividades de la Marriott Corporation y en ella se inició en los años 50, por qué no se preocupó en la primera oportunidad posible de registrar tal marca en la Argentina en la clase correspondiente del Nomenclador?.

Por otra parte, no existe una vinculación tan estrecha entre una marca de dulce elegido para enseña del hotel y el ramo de hotelería, como para inferir que Rila S.A. buscó copiar el nombre de la actora para absorber parte de su clientela. Esta opinión se ve fortalecida si se tiene en cuenta que el hotel de la demandada es un establecimiento modesto, destinado más bien a estudiantes, ya que cuenta con pocas habitaciones y sistema de cuchetas.
Reclamo administrativo previo, agotamiento de la instancia administrativa, recurso de reconsideración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Jalil, José Elías c/ Concejo Deliberante del Municipio de Paclín s/ Acción contenciosa administrativa de plena jurisdicción.
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1994-02-22

Atento al fin de que las decisiones de la administración deben tener certeza y estabilidad, contra una decisión tomada por el demandado -concejo deliberante- es preciso como condición sine quanon para habilitar la jurisdicción judicial interponer en tiempo oportuno ante la autoridad de la que emanó el acto en cuestión el recurso de reconsideración, por quien se considera lesionado en su derecho.
Juicio ejecutivo, excepción de espera
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco Provincia de Buenos Aires c/ Alveza Bernardo Eduardo y otra s/ Cobro Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-07-15

Es requisito esencial para la procedencia de las excepciones de espera y quita, fundada en la aplicación del régimen de emergencia agropecuaria provincial (Leyes 10390 y dec/reg1. 7286/86, 10466 y 10533)la demostración de haber cumplimentado los requisitos de orden administrativo que impone esa normativa, obteniendo el certificado de emergencia o desastre económico expedido por la autoridad de aplicación.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestión de derecho común, lucro cesante, sentencia arbitraria, derecho de propiedad
Materia: CIVIL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Tecniyes  S.A. c/ Balcón  S.A. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-03-14

Procede el recurso extraordinario contra el pronunciamiento que desestimó el resarcimiento del lucro cesante, evidenciando un menoscabo a la integridad del crédito de la actora y al derecho de propiedad tutelado por el art. 17 de la Constitución Nacional.
Propiedad horizontal, obras nuevas y modificaciones, demolición de obra, violación del reglamento de copropiedad
Materia: CIVIL
Carátula: CONSORCIO CALLE MORENO 1155/61 c/ BEDOYA, Carmen s/ PROPIEDAD HORIZONTAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-07

No obstante la antijuridicidad de la obra nueva construida en violación de lo dispuesto por el art. 7 de la ley 13.512, la solución extrema de la demolición de lo construido sin la autorización de los demás copropietarios, no es razonable cuando los intereses lesionados son mínimos frente al perjuicio que ocasionaría al infractor la remoción de la obra, y sobre todo, por la inútil destrucción de valores económicos que sea medida traería aparejada.
Aplicación de la ley, acumulación de acciones, consignación judicial, enfermedad profesional, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Federación Patronal Seguros S.A. c/ Krespien María Anatilde s/ Consignación, Expte. Nº 1427/SL; y Krespien, María Anatilde (por sí y en representación de su hijo) c/ Jorge Barel S.A. y otra s/ Enfermedad profesional, Expte. Nº 1427/SL Bis c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-06-16

El primer supuesto que prevé el art. 3º del CPL es el del trabajador que promueve una demanda, para lo cual la ley procesal le concede la posibilidad de optar por demandar: ante el juez del lugar de ejecución de las tareas, ante el que corresponda al lugar de celebración del contrato de trabajo o ante el que corresponda al lugar que sea domicilio del empleador demandado. En autos, a la promoción de su demanda, los actores no habían sido notificados de la consignación que se había efectuado en Gualeguay, y esa demanda de daños y perjuicios implicó la opción expresa que les habilita el art. 3º del CPL por el Juez del lugar de trabajo (Voto Welp. Adhesión Romero)
Adopción, trámites judiciales, responsabilidad parental
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: R.R.,B.S. y R.R.,A.S.A. s/ Art. 8 de la ley 4.664
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-12-14

La aplicación del procedimiento y recursos establecidos por el Código Procesal Civil y Comercial, para el juicio sumario, así como el requisito del patrocinio letrado, comprende no sólo los casos de adopción reglados en el apartado II inciso "b" del art. 8 de la ley 4.664 (texto según decreto ley 9.794/81) sino también a los supuestos contemplados en el inciso "a" del mismo apartado. Solución ésta que concuerda con el régimen instituído por los arts.10 inc."d", 47, 48 y 49 inc.2 del decreto ley 10.067/83, derogatorio de la ley 4.664.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación de sentencias
Materia: PENAL
Carátula: González, Salvador Alfredo s/ Extorsión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-08-23

Es improcedente el agravio en el que se denuncia la violación de los arts. 149 párrafo 2, 150 y 251 del Código de Procedimiento Penal - según ley 3589 y sus modif.- invocando la existencia de contradicción entre las sucesivas declaraciones testimoniales de la víctima, lo que restaría credibilidad a su contenido, si el recurrente no demuestra que al resolver que no la hubo y que el testigo fue veraz la Cámara incurriera en las transgresiones legales denunciadas.
Nulidad del acto jurídico, principio de trascendencia
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: O., N. P. c/ Dcia. Abuso Sexual r/v hijos Menores s/ Impugnación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2012-06-21

El principio de trascendencia, que de eso se trata, importa considerar que no hay correctivo si la desviación no tiene consecuencias nocivas sobre garantías esenciales protegidas por el orden constitucional, ya que las nulidades no tienen por finalidad satisfacer pruritos formales sino enmendar los perjuicios efectivos que pudieren surgir de la desviación.
Recursos, recurso directo
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: MARCOS BIENVENIDOS c/ SERGIO L. COSTIGLIOLO s/ DESALOJO - RECURSO DIRECTO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-03-31

Denegando el recurso, las partes no pueden volver a interponer nuevos recursos en contra del decreto denegatorio; pudiendo solamente ocurrir directamente ante el Superior pidiendo la concesión del recurso (art. 1.258 C. de P.C.).-
Procesos especiales, interdicto de recobrar
Materia: PROCESAL
Carátula: MASIP, JUAN. c/ SOLLAZO, PERLA SUSANA. s/ INTERDICTO.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2006-04-20

"[...] el interdicto de recobrar tiene por objeto lograr el dictado de una resolución judicial que imponga al autor del despojo de un bien mueble o inmueble su inmediata restitución al poseedor o tenedor, también diremos que los medios de consumación del despojo son la violencia o clandestinidad (art. 614 del CPCyC), en consecuencia, no procede si los actos mediante los cuales se verifico la desposesión no se califican de ocultos o no han sido realizados adoptando precauciones para sustraerlos de la persona que tiene derecho a oponerse (art.

2369 del Cód. Civil)."
Recurso extraordinario, sentencia definitiva
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Viplan S.A c/ Banco Central de la Republica Argentina s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-02-11

Las resoluciones que se refieren a medidas precautorias, ya sea que las ordenen, modifiquen o extingan, no autorizan como principio el otorgamiento del recurso extraordinario; tal doctrina cede en los supuestos en que aquéllas causen un agravio que, por su magnitud y circunstancias de hecho, pueda ser de tardía, insuficiente o imposible reparación ulterior, ya que ello acuerda al fallo el carácter definitivo a los efectos del art. 14 de la ley 48. Así ocurre en el caso en que -con anterioridad al acto administrativo por el que se le revocó la autorización para funcionar y se dispuso su liquidación- una entidad financiera solicitó al Banco Central autorización para proceder a su liquidación, razón por la cual el rechazo de la medida de no innovar solicitada le causaría un gravamen de insuficiente o tardía reparación ulterior.
Sociedad anónima, asamblea de accionistas, nulidad de asamblea de accionistas, impugnación de decisión asamblearia, acciones nominativas
Materia: COMERCIAL
Carátula: CHALA, GUSTAVO c/ RESIDENCIA DE LA ESTANCIA SA s/ SUM.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-19

Resulta improcedente diferir la sustanciación de una demanda en la que se persigue la nulidad de una decisión asamblearia, hasta tanto fuese dilucidada cierta causa habida entre las mismas partes, en la que el actor pretendió la nominativización de sus acciones emitidas al portador, presentadas para acreditar la calidad de socio de la sociedad accionada. Ello así, toda vez que si bien es cierto que -conforme con el art. 7 de la "ley de nominatividad de los títulos valores privados", aprobado por ley 24.587, art. 1, los títulos al portador no presentados para su conversión a nominativos, no posibilitan ejercer los derechos inherentes a los mismos -entre los que se halla el accionar por nulidad de la asamblea de accionistas-, sin embargo, si -como en el caso-, surge que el pretensor informó haber promovido acción judicial por conversión de sus títulos al portador (lo cual significa no solo presentación de esos títulos sino la concreta pretensión de esa conversión) resulta excesiva la decisión liminar de no dar trámite al proceso hasta tanto sea dilucidado y resuelto ese otro pleito.
Partes del proceso, intervención de terceros
Materia: PROCESAL
Carátula: Banco del Interior de Bs. As. (BIBA) s/ apelación Resolución 212/92 del B.C.R.A. -Incidente de intervención de terceros
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-09-30

Lo que justifica la intervención adhesiva de los terceros en el proceso es que la sentencia que en él se vaya a dictar pueda perjudicarlos en sus derechos, y para ello es menester que esos terceros sean titulares de una relación jurídico material que tenga algún elemento de unión con la relación deducida en el proceso por las partes, de tal forma que aquélla pueda ser considerada dependiente de ésta, en el sentido de que la sentencia habrá de ser considerada como hecho jurídico constitutivo, modificativo o extintivo de la relación de los terceros (confr. Montero Aroca, "La Intervención adhesiva simple", Barcelona 1972, pág. 189). (Consid.

V.2).