Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2011-06-07


SALA PRIMERA Expte. N° 4937/09 "PROVINCIA DE SAN JUAN c/ Zenitran S.A. Agric. y Com. - Ejecutivo - Inconstitucionalidad y casación" En la Ciudad de San Juan, a siete ( 07 ) días del mes de junio del año dos mil once, reunidos los señores Miembros de la Sala Primera de la Corte de Justicia, que entienden en esta causa, doctores Carlos Eduardo Balaguer, Ángel Humberto Medina Palá y José Abel Soria Vega, a fin de resolver el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte actora, contra la sentencia dictada por la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, en fecha seis de agosto del año dos mil nueve, en autos Nº 9582 - 65224 caratulados: "Provincia de San Juan c/ Zenitran S.A. Agric. y Com. - Ejecutivo"; procedieron a considerar como única cuestión, la siguiente: ¿Es procedente el recurso de inconstitucionalidad deducido en autos? En su caso: ¿Qué resolución corresponde dictar? EL SEÑOR MINISTRO DR. CARLOS EDUARDO BALAGUER, DIJO:

La sentencia impugnada rechaza el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, confirmando así la resolución de primera instancia que previo declarar la inconstitucionalidad del artículo 102 del Código Tributario Provincial, declaró perimida la instancia. Para así decidir el a quo tuvo en consideración que el artículo 8 de la Constitución Provincial dispone que cuando el Estado sea parte en un juicio, actuará desprovisto de privilegios y que el artículo 102 del Código Tributario al establecer que en las ejecuciones fiscales la perención de instancia se opera por el transcurso del doble del término fijado por las leyes comunes, consagra un patente privilegio a favor del Estado, tendiente a evitar la caducidad de la instancia debida a la inactividad de los abogados del Estado.

El recurso de inconstitucionalidad es encuadrado en el artículo 11 incisos 1° y 3° de la ley 2275.

Sostiene la quejosa que la inconstitucionalidad ha quedado configurada al desconocer el a quo la autonomía que tiene el Estado Provincial para legislar en todo aquello que concierne a la materia tributaria, por no ser materia delegada a la Nación y que es errónea la interpretación asignada por el a quo al artículo 8 de la Constitución Provincial, cuya finalidad fue eliminar el requisito de la previa autorización para demandar al Estado Provincial existente en la anterior Constitución vigente hasta el año 1986.

Agrega que si bien en algunos casos el juez de oficio puede declarar la inconstitucionalidad de una norma, no puede hacerlo sin oír a las partes. Que concretamente en lo que hace a nuestro régimen constitucional provincial, el artículo 11 establece la posibilidad de la declaración de inconstitucionalidad aun cuando no hubiere sido requerido por las partes, pero previo conocimiento a las mismas. Que por ello, al declarar la inconstitucionalidad del art. 102 del Código Tributario como se lo ha hecho en el sub lite, se ha violado el derecho de defensa de la actora.

Como se ve, son dos las cuestiones constitucionales que plantea la recurrente: 1) la declaración de inconstitucionalidad del art. 102 del Código Tributario; 2) la violación a su derecho de defensa que -según afirma- se ha producido al pronunciarse los jueces en tal sentido sin haber previamente oído a las partes.

He de abordar en primer lugar el agravio referido a la violación al derecho de defensa, pues de prosperar, ello implicaría la nulidad de la resolución recurrida y en tal supuesto devendría abstracto el agravio encuadrado en el inciso 1° del artículo 11 de la ley 2275.

Entrando en materia, he de comenzar analizando aquel requisito del "previo conocimiento" de las partes que el artículo 11 de la Constitución Provincial impone como recaudo para que un magistrado pueda declarar de oficio la inconstitucionalidad de una norma jurídica. En tal sentido, de examinar el debate que sobre el punto tuvo lugar en la Convención Constituyente, surge que los distintos bloques -mayoritario y minoritarios- coincidían en que cuando un juez efectúa el control de constitucionalidad de cualquier disposición, no hace sino ejercer la facultad de declarar el derecho que rige el caso, lo que en doctrina se designa con el aforismo iura novit curia. Así, el convencional Figueroa -dando razones acerca del despacho de mayoría- sostuvo ". la principal función del Poder Judicial es la aplicación de la Constitución o lo que nosotros conocemos como la declaración de inconstitucionalidad. (.) . está en el deber ínsito de los jueces aplicar las leyes y de aplicar la Constitución, y especialmente aplicarla de acuerdo a la jerarquía que las normas tienen. Los artículos, tanto de la Constitución Nacional como de la Constitución que ahora se proyecta, establecen respectivamente el principio de supremacía de la Constitución. Entonces, por tanto, entendemos que cuando un juez declara la inconstitucionalidad de una norma, simplemente lo que hace es aplicar esa norma y aplicar la Constitución, porque esa norma resulta incongruente o chocante a una norma de mayor jerarquía o rango constitucional (.) . es norma viejísima, del tiempo de los romanos aquella que decía: abogado a los hechos, que el juez es el que dice el derecho. Señores, cuando un juez declara la inconstitucionalidad y no está variando la sustancia o la materia fáctica o la sustancia jurídica del litigio, está aplicando el principio de que el juez es el que declara entonces la ley y el derecho; y para eso, para aplicar la ley tiene toda la libertad científica y de conciencia libre y libre convicción de hacerlo" (Diario de Sesiones, pág. 269).

Por su parte, el convencional por la primera minoría Dr. Pablo Ramella, al intervenir, expresó ". la doctrina moderna en su gran mayoría acepta plenamente que los jueces pueden declarar la inconstitucionalidad de una ley, decreto o acto del poder administrador de oficio (.) si el juez debe aplicar la Constitución, es obvio que si considera que la norma que se quiere aplicar es inconstitucional debe declararla inconstitucional" (Diario de Sesiones, pág. 270).

De los párrafos transcriptos surge que en relación a este punto no hubo opiniones discordantes entre los convencionales, concluyéndose en que, cuando ejerce las facultades relativas al control de constitucionalidad, el juez "declara el derecho", tal como lo hace en cualquier pleito, determinando la norma jurídica que rige el caso.

En sentido coincidente al que imperó en la Convención Constituyente Provincial del año 1986, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a partir del caso "Mill de Pereyra" del 27 de septiembre de 2001, con remisión al voto de los doctores Fayt y Belluscio en el caso de Fallos: 306:303, modificando criterio anterior del Alto Tribunal, admitió la posibilidad de la declaración de oficio de la inconstitucionalidad de una norma. Tal línea jurisprudencial fue reiterada en el caso "Banco Comercial de Finanzas" (Fallos, 327:3117).

En el voto que -por remisión- integra la doctrina sentada en "Mill de Pereyra", concretamente en el considerando "4°" se dice que "Es exacto que los tribunales judiciales no pueden efectuar declaraciones de inconstitucionalidad de las leyes en abstracto, es decir, fuera de una causa concreta en la cual deba o pueda efectuarse la aplicación de las normas supuestamente en pugna con la Constitución.

Más de ello no se sigue la necesidad de petición expresa de la parte interesada, pues como el control de constitucionalidad versa sobre una cuestión de derecho y no de hecho, la potestad de los jueces de suplir el derecho que las partes no invocan o invocan erradamente -trasuntado en el viejo adagio iura novit curia- incluye el deber de mantener la supremacía de la Constitución (art. 31 de la Carta Magna) aplicando, en caso de colisión de normas, la de mayor rango, vale decir, la constitucional, y desechando la de rango inferior", y en el considerando 5° del mismo voto, se dijo que tampoco puede sostenerse que la declaración de inconstitucionalidad de oficio constituya una violación al derecho de defensa de las partes, ". pues si así fuese debería también descalificarse toda aplicación de oficio de cualquier norma legal no invocada por ellas so pretexto de no haber podido los interesados expedirse sobre su aplicación en el caso".

Creo a esta altura conveniente recalcar que las directivas plasmadas en los párrafos precedentemente citadas surgen de un pronunciamiento del Alto Tribunal Nacional en su carácter de intérprete supremo de la Constitución Nacional, debiendo en consecuencia esta Corte de Justicia seguir los criterios allí sentados en cuanto a la inteligencia que debe atribuirse en el caso a las cláusulas de la Carta Magna relativas al principio de supremacía de la Constitución Nacional (art. 31) y al derecho de defensa (art. 18).

Partiendo de tal base no cabe sino concluir en que en el sub lite no se verifica la violación al derecho de defensa de la demandada que ésta alega y que derivaría del hecho que los jueces de grado declararon la inconstitucionalidad del artículo 102 del Código Tributario Provincial sin haber previamente corrido traslado a las partes ni otorgado intervención al Ministerio Fiscal en segunda instancia. Ello es así pues, si como dejó sentado la Corte Suprema, los jueces -por virtud del art. 31 de la Constitución Nacional- tienen el deber de aplicar la norma de mayor rango y desechar la de rango inferior, como así también dijo que el aforismo iura novit curia rige incluso en materia de control de constitucionalidad, no cabe sino concluir que no hay lesión al derecho de defensa de la demandada pues en el caso prevalece el deber de control de constitucionalidad de oficio que surge de la Constitución Nacional -conforme ha dejado sentado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precitado fallo- por sobre el condicionante del "previo conocimiento" a las partes que prescribe el art. 11 de la Constitución Provincial.

Quedando así establecido que en el caso no se configura violación al derecho de defensa que invoca la recurrente, paso a examinar el segundo agravio traído como motivo del recurso de inconstitucionalidad, es decir, el encuadrado en el art. 11 inc. 1° de la ley 2275.

En la resolución de primera instancia el sentenciante declaró la inconstitucionalidad del art. 102 del Código Tributario en base a considerar que en tanto dicha norma duplica el plazo para que opere la caducidad de instancia en las ejecuciones fiscales, ello torna al precepto inconstitucional "por cuanto se encuentra en flagrante contraposición con lo dispuesto por el art. 8 de nuestra Constitución Provincial, el que dispone que cuando el Estado sea parte en un juicio actuará desprovisto de privilegios y en un plano de igualdad", y que aquel artículo del Código Tributario establece un privilegio que "contraría la pauta de igualdad que ha previsto el constituyente".

El juez de primera instancia agregó como fundamento, que el criterio que adoptaba era el mismo sustentado en un fallo por la Cámara Civil, añadiendo que esta última en el mismo fallo también consideró que la cuestionada disposición del Código Tributario vulnera el principio de igualdad consagrado en el artículo 16 de la Constitución Nacional en tanto "implicaría aceptar un trato desigual entre los sujetos procesales iguales".

Siendo apelada por la accionante la resolución de primera instancia, el tribunal a quo rechaza el recurso confirmando así la sentencia apelada en función de considerar, también remitiendo a un fallo de otra Sala de la misma Cámara Civil, que el artículo 8 de la Constitución Provincial "dispone que cuando el Estado sea parte en un juicio actuará desprovisto de privilegios y en un plano de igualdad. Siguiendo el mandato de nuestra Constitución no es admisible juzgar en mérito a la ley inferior que, al establecer un privilegio a favor de una de las partes, contraría la pauta de igualdad que ha previsto el constituyente".

Pues bien, confrontando las precitadas consideraciones que respectivamente exponen como fundamentos las resoluciones de primera y segunda instancia, con el artículo 8 de la Constitución Provincial, se advierte con nitidez que los jueces de mérito atribuyen a esta cláusula constitucional una significación que no se corresponde con su texto. En efecto, el artículo 8 no se refiere al caso que "el Estado sea parte en un juicio".

En rigor, lo que prescribe dicho artículo es que "La Provincia como persona jurídica de carácter público estatal, puede ser demandada ante la justicia ordinaria, sin necesidad de autorización previa y sin privilegio alguno".

En la transcripción efectuada he recalcado la parte que me interesa enfatizar: la norma constitucional sólo hace referencia al supuesto en que la Provincia es demandada. Nada dice de la hipótesis más general de "ser parte en un juicio" al que las instancias de grado han extendido sus efectos.

La declaración de inconstitucionalidad de una norma debe necesariamente sustentarse en una manifiesta oposición entre la norma cuestionada con el texto constitucional implicado. Ello no ocurre en el presente caso, pues el artículo 102 del Código Tributario, al disponer que "En las ejecuciones fiscales la perención de instancia se operará por el transcurso del doble del término fijado por las leyes comunes", en nada contradice al artículo 8 de la Constitución de la Provincia, desde que -obviamente- en las ejecuciones fiscales la Provincia no interviene en calidad de parte demandada.

Así entonces, por lo que vengo diciendo concluyo en que el artículo 102 del Código Tributario no colisiona con el art. 8 de la Constitución de la Provincia de San Juan como ha considerado el tribunal a quo, razón por la cual corresponde hacer lugar en lo pertinente al recurso de inconstitucionalidad y revocar también en lo pertinente la resolución recurrida.

Cabe también señalar que en la sentencia de primera instancia el juez de dicho grado declaró la inconstitucionalidad no sólo por la supuesta colisión con el artículo 8 de la Constitución Provincial, sino también por interpretar que el art. 102 del Código Tributario violaría el principio de igualdad consagrado en el art. 16 de la Constitución Nacional. Siendo que la sentencia recurrida no se sustenta en tal consideración, la cuestión excede el ámbito material del pronunciamiento de este Tribunal; no obstante creo conveniente señalar la ligereza de aquel fundamento sin mayor consideración de circunstancias que resulta imprescindible examinar para determinar si realmente existe violación a la garantía constitucional en cuestión. En tal sentido basta con recordar que conforme tiene reiteradamente dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación, "La garantía de igualdad no obsta a que el legislador contemple en forma distinta situaciones que considera diferentes, con tal que la discriminación no sea arbitraria ni comporte ilegítima persecución o indebido privilegio de personas o de grupo de personas, aunque su fundamento sea opinable" (Fallos, 322:2346 y sus citas).

Concluyo propiciando el acogimiento parcial del recurso de inconstitucionalidad en los términos de las consideraciones precedentes y en función de ello, voto por revocar la resolución recurrida.

En consecuencia, teniendo en cuenta que existen cuestiones fácticas pendientes de resolución, deberá remitirse el expediente principal a un nuevo Juzgado de primera instancia, quien deberá fallar sobre la caducidad, con arreglo a lo aquí resuelto, y eventualmente, sobre el resto de las defensas opuestas por la parte ejecutada.

En función del resultado del recurso, propongo que las costas se impongan en un cincuenta por ciento a la parte recurrida y en el cincuenta por ciento restante por su orden.

LOS SEÑORES MINISTROS DRES. ANGEL HUMBERTO MEDINA PALA Y JOSE ABEL SORIA VEGA, DIJERON:

Por sus fundamentos, nos adherimos al voto emitido precedentemente.

En mérito al resultado de la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE: I) Hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad en los términos de las consideraciones precedentes y en consecuencia, revocar la resolución recurrida.

II) Devolver el expediente principal al a quo para que la remita al Juzgado de origen, quien -a su vez- deberá enviarla a la Oficina Receptora de Causas del Fuero Civil para nueva adjudicación.

III) Imponer las costas en un cincuenta por ciento a la parte recurrida y el cincuenta por ciento restante por su orden.

IV) Agregar la presente al expediente y copias autorizadas a los protocolos respectivos. Notifíquese y oportunamente archívese.- Fdo. Dres.: Carlos Eduardo Balaguer, Ángel Humberto Medina Palá y José Abel Soria Vega. Ante mí: Jorge Daniel de Oro, Secretario Letrado.- Ef-4937 E.B.T.

P.R.E. S.1ª.- 2011-I-175.