Tribunal: CAMARA DE APEL. CONT. ADM. Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-02


En la Ciudad de Buenos Aires, a los días del mes de mayo de dos mil seis, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para dictar sentencia en los autos "COTO Centro Integral de Comercialización S.A. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones",- Expediente Nº RDC 724/0, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver: ¿Se ajusta a derecho la disposición apelada? Practicado el sorteo, resultó que la votación debía realizarse en el siguiente orden: Señores Jueces de Cámara Doctores Esteban Centanaro, Nélida Mabel Daniele y Eduardo Ángel Russo. A la cuestión planteada el Dr. Esteban Centanaro dijo: RESULTA: 1. El 24 de enero de 2.002, funcionarios de la Dirección de Lealtad Comercial inspeccionaron uno de los locales de la recurrente, situado en la calle Honduras nro. 3862 de esta ciudad. En esa oportunidad, pudieron constatar que en dicho local no se exhibían los precios de los siguientes productos ofrecidos a la venta: mani Pehuamar pelado por 200 gramos, mani Pepsico Snaks salado por 200 gramos, galletitas Bagley Kesitas por 90 gramos, cerveza El Loco por 350 cm3, papel Ledesma Multicolor por 200h, vino Navarro Correa cabernet sauvignon por 750 ml, jabón Nivea Bath Care 3 por 140 g., códigos de barra 1486, 0038, 0760, 9883, 0314, 0938 y 4647, respectivamente (detallado en el acta Nº 047/DLC/2002 agregada a fs. 1 de los presentes). Asimismo, se labró el acta de infracción Nº 048 (ver fs. 2) constatando que en el es tablecimiento se encontraban a la venta y exhibidos al público los siguientes productos: Copa cristal código 9260, Copa de cristal código 7350, Copa de cristal código 8636, vaso marca Cristalux código 7948, servilletero marca Peltrina código 7928, juego salza código 4203, florero código 3234, cenicero código 3098, los cuales no exhibían precios. En consecuencia, los mentados funcionarios procedieron a labrar las actas ya referidas, en la que se dejó constancia de una presunta infracción al art. 2º de la Resolución Nº 434-SCI-1994. 2. Con posterioridad a la presentación del descargo obrante a fs. 4/7, y luego del dictamen favorable emitido por la Procuración General (ver fs. 102/3), la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante la disposición Nº 1495-DGDYPC.-03 (fs. 105/106vta.), resolvió imponer a Coto Centro Integral de Comercialización S.A., una multa de pesos treinta y dos mil ($ 32.000) por presunta infracción al art. 2º de la Resolución 434-SCI -94 y de acuerdo a lo dispuesto por la ley 24.344. 3. Contra la mencionada disposición, Coto Centro Integral de Comercialización S.A. (en adelante Coto) interpuso recurso de apelación (fundado a fs. 108/15), el que fue concedido a fs. 122. En su memorial, la quejosa señaló: a) que al momento del dictado de la disposición recurrida la norma por la cual se le impuso la sanción se encontraba derogada, violando de ese modo el principio de legalidad consagrado en la Constitución Nacional; b) que la actividad supermercadista (sic) no se incluye entre aquellas enumeradas por el Anexo al que remite el art. 1º de la Resolución 434-SCI-94, y de acuerdo a los principios de legalidad, tipicidad y prohibición de la interpretación analógica, corresponde considerar que Coto, no resulta sujeto pasivo de la obligación consagrada por el art. 2º de la referida resolución; y c) desproporción e inadecuada graduación de la sanción impuesta. 4. A fs. 235/7vta., el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contestó los agravios expuesto s por la sancionada, presentación a la que cabe remitirse en honor a la brevedad. CONSIDERANDO: 5. Liminarmente, estimo necesario analizar el régimen legal aplicable a las presentes actuaciones. El art. 12 de la ley 22.802, de Lealtad Comercial, dispone en su inc. i) que la autoridad administrativa de aplicación tendrá la facultad de [o]bligar a exhibir o publicitar los precios". A su vez, la resolución Nº 7-SCDyDC-02, reglamentaria de la ley 22.802, establece que "quienes ofrezcan directamente al público bienes muebles o servicios deberán exhibir precios con sujeción a lo establecido en la presente resolución". Asimismo, cabe señalar que el art. 3º de la ley 24.240 establece que "[l]as disposiciones de esta ley se integran con las normas generales y especiales aplicables a las relaciones jurídicas antes definidas, en particular las de Defensa y de la Lealtad Comercial. En caso de duda, se estará siempre a la interpretación más favorable para el consumidor". 6. En atención a la situación central aquí plantead a, cabe advertir que el Tribunal no está obligado a seguir a la recurrente en todas y cada una de sus argumentaciones, sino tan sólo en aquellas que fueran conducentes para dirimir el tema en debate. 7. En primer término, y por razones de orden lógico corresponde expedirse sobre el planteo de nulidad impetrado, pues a la conclusión a la que arribe al respecto condicionará el tratamiento de los restantes agravios. La empresa aduce en este orden de ideas, que la conducta imputada ha sido -según los inspectores actuantes- la de infringir el artículo 2° de la Resolución 434-SIC-1994, norma que a la fecha del dictado de la disposición sancionatoria, se encontraba derogada. En relación a ello, cabe recordar que la ley impone ciertos requisitos a la resolución condenatoria aquí impugnada para ser válida. Así, al igual que todo acto administrativo, debe cumplir con el requisito de la motivación. La exigencia de motivación es la contracara de la observancia del principio de legalidad en la actuación de los órganos est atales. De su cumplimiento depende que el administrado pueda conocer de manera efectiva y expresa los antecedentes y razones que justifiquen el dictado del acto. "La motivación comprende la exposición de las razones que han llevado al órgano a emitirlo y, en especial, la expresión de los antecedentes de hecho y de derecho que preceden y justifican el dictado del acto" (Cassagne Juan Carlos, Derecho Administrativo, Tomo II, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1994, pág. 139). Ello establecido y para un mejor estudio de la cuestión en debate resulta ilustrativo transcribir el artículo 2° de la resolución 434-SCI-1994, hoy derogada por la Nº 7-SCDyDC-2002: (e)n el caso de bienes, la exhibición se hará sobre cada objeto, artículo, producto o grupo o conjunto de una misma mercadería que se encuentre expuesto a la vista del público. Cuando por la naturaleza o ubicación de los bienes no sea posible, deberán utilizarse lista de precios". Pues bien, la necesidad del dictado de la Resolución 7-SCDyDC-/2002 obedeció , entre otras cosas, a la circunstancia del derogado régimen de convertibilidad de la moneda a partir de la sanción de la ley 25.561; por otro lado, a la aparición en el mercado de numerosos servicios que al momento de la entrada en vigencia de la derogada resolución eran inexistentes. Pero lo determinante en el caso es que la nueva resolución -que fuera sancionada el día 3 de junio de 2002- en nada alteró lo antes dispuesto -en el Capítulo I, Disposiciones generales, sobre la exhibición del precio de los bienes muebles-, ya que, el artículo 6° dice: (e)n el caso de bienes muebles, la exhibición se hará sobre cada objeto, artículo, producto o grupo o conjunto de una misma mercadería que se encuentre expuesto a la vista del público. Cuando por la naturaleza o ubicación de los bienes no sea posible, deberá utilizarse lista de precios". A su vez, de las constancias de autos surge que las actas de infracción fueron labradas por los inspectores de la Dirección de Lealtad Comercial (ver fs.1/2) con fecha 24 de ener o de 2002, momento en el que todavía se encontraba en vigor la resolución cuestionada. Ahora bien, de la lectura de los considerandos que componen la disposición recurrida -dictada el 30 de mayo de 2003- surge que en ella se han valorado los hechos y la prueba ofrecida, pero respecto del régimen legal aplicable, la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor incurrió, a mi entender, en un evidente error material al encuadrar la conducta de la empresa Coto dentro de lo establecido en el artículo 2° de la resolución por ese entonces recientemente derogada. Máxime, cuando de la lectura de ambos textos legales no surge ninguna alteración sustancial sobre la exhibición de precios de los bienes, que me incline a decidir lo contrario. Por todo lo expuesto, la nulidad peticionada por la empresa Coto, con tales endebles argumentos parece más dirigida a expresar su disconformidad con el resultado de la actuación del órgano administrativo que a enmendar la eventual deficiencia que contuviere el decisorio. 8.

En segundo término, la recurrente se agravia por cuanto el artículo 1° de la Resolución 434-SIC-94 establecía quienes eran los sujetos obligados a su cumplimiento. A su entender, el mencionado artículo no la incluía dentro de los sujetos pasivos de la obligaciones que consagraba la resolución. Antes de arribar a la conclusión de este agravio, que desde ya adelanto, no tendrá favorable acogida, expresaré lo que disponía el artículo 1° de la resolución 434-SIC-1994 (hoy derogada) en el Capitulo I -Disposiciones Generales-: "Quienes ofrezcan directamente al público bienes o los servicios incluídos en el anexo I que en una (1) planilla forma parte integrante de la presente resolución, deberán exhibir precios con sujeción a lo establecido en la presente resolución" (lo remarcado no pertenece al original). A partir de ello, según la recurrente el referido artículo no la alcanzaría como sujeto pasivo de la obligación de exhibir los precios en la forma establecida en la resolución, por cuanto la actividad que desarr olla no sería ninguna de las enunciadas en el Anexo I. Sin embargo, si bien es cierto que dentro de los establecimientos y servicios que se detallan en el citado anexo no se menciona la actividad que desarrolla Coto, lo cierto es que la firma sancionada soslaya el texto completo de la norma; en efecto, la quejosa realiza una interpretación errónea de la norma por la cual no estaría incluida dentro de "quienes ofrezcan al público bienes". En ese caso la norma debería decir, según su objetable parecer "quienes ofrezcan al público bienes y los servicios incluidos...", pero la misma es clara ya que utiliza el vocablo "o", que diferencia en forma más que evidente que dentro de esta disposición por un lado están quienes ofrezcan bienes y, por el otro, quienes ofrezcan al público los servicios incluidos en el Anexo I. En suma, no obstante, no ofrecerse ninguno de los servicios enumerados de la resolución 434-SIC-1994, la recurrente se ve alcanzada por la norma en cuestión en tanto y en cuanto ninguna duda cabe que s í ofrece bienes directamente al público. Sin perjuicio de ello, y teniendo en cuenta la conclusión arribada en el anterior considerando, es necesario resaltar que el artículo 1° de la resolución 7-SCDyDC-2002 dice expresamente: Quienes ofrezcan directamente al público bienes muebles o servicios deberán exhibir precios con sujeción a lo establecido en la presente Resolución". Es decir, la norma que reemplazó a la anteriormente aplicable, además de no hacer diferencia alguna entre el ofrecimiento de bienes y el de servicios, prevé una obligación similar a la contenida en el art. 1º de la Resolución 434-SIC-1994 hoy derogada. En síntesis, tales consideraciones me inclinan por el rechazo del agravio formulado por la recurrente en lo atinente a este punto. 9. Finalmente y en forma subsidiaria la recurrente se agravia por la desproporcionada e inadecuada graduación de la sanción impuesta. Ahora bien, cabe señalar que, aunque la ley 22.802 no contiene criterios para graduar la sanción, esa normativa conforma un sist ema protector en conjunción con las leyes de Defensa de la Competencia (ley 22.262) y de Defensa del Consumidor (ley 24.240). Así debe entenderse el antes citado art. 3º de esta última (ver párrafo cuarto del considerando 5). La referida concepción implica que las tres leyes deben interpretarse de forma conjunta y armónica, a efectos de cumplir con una de las finalidades que tiene en común: defender y proteger los derechos del consumidor. A partir de los expuesto y en concreta referencia al agravio vertido por la accionante, cabe recordar que el art. 18 de la ley 22.802 establece que "[e]l que infringiere las disposiciones de la presente ley, las normas reglamentarias y resoluciones que en su consecuencia se dicten, será sancionado con multa de cien pesos ($100) hasta quinientos mil pesos ($500.000)"; mientras que, por otro lado, el primer párrafo del art. 49 de la ley de Defensa del Consumidor, establece que "[e]n la aplicación y graduación de las sanciones previstas en el art. 47 se tendrá en cuenta el perj uicio resultante de la infracción para el consumidor o usuario, la posición en el mercado del infractor, la cuantía del beneficio obtenido, el grado de intencionalidad, la gravedad de los riesgos, o de los perjuicios sociales derivados de la infracción y su generalización, la reincidencia y las demás circunstancias relevantes del hecho". También debe considerarse el art. 16 de la ley 757 -que regula el procedimiento administrativo para la defensa de los derechos del consumidor y del usuario- que incorporó estas pautas de graduación para aplicarlas a las infracciones previstas, no sólo en la ley de defensa del consumidor, sino también en la ley de lealtad comercial (cfr. Art. 15, ley 757). Pues bien, teniendo en consideración tales premisas, cabe destacar que, más allá de la alegada falta de perjuicio derivada del incumplimiento, lo cierto es que la recurrente no desconoció el carácter de reincidente que reviste en lo atinente a infracciones de este tipo, sino que solo intentó justificarlo. En ese sentido, cab e recordar que la recurrente sostuvo "[m]i representada no cuenta con antecedentes de importante magnitud como para ser pasible de una multa de un monto tal como la impuesta en autos". Más aún, considero que la disposición en crisis, en este sentido, se encuentra motivada en forma precisa, pues la misma dice "[q]ue conforme la disposición D.N.C.I. 52/00 el sumariado es reincidente en los términos de la ley 22.802" (ver fs. 106, sexto párrafo). Entiendo, por ello, que la reducción no es procedente, ya que, en primer lugar, la recurrente ha sido encontrada reincidente en los términos de la ley 22.802 y que, por otra parte, para graduar la multa es necesario considerar la importante posición que Coto Centro Integral de Comercialización S.A. ostenta en el mercado, aspecto que la propia quejosa reconoce al hacer referencia al continuo crecimiento en todo sentido (ver punto b) de fs. 113). En conclusión, estimo que debe confirmarse la suma fijada como consecuencia de la infracción en la que incurriera la accionante . Por las razones expuestas, voto por rechazar el recurso interpuesto y, por ende, confirmar la Disposición Nº 1495-DGDyPC-2003 en cuanto impuso a Coto Centro Integral de Comercialización la sanción de una multa de pesos treinta y dos mil ($32.000). En cuanto a las costas, corresponde imponerlas a la parte vencida (arts. 62, segundo párrafo, CCAyT). La Dra. Nélida Mabel Daniele y el Dr. Eduardo Ángel Russo, en virtud de las consideraciones vertidas precedentemente por el Dr. Centanaro, adhieren a su voto. En virtud de los motivos vertidos, el Tribunal RESUELVE: Rechazar el recurso interpuesto y, por ende, confirmar la Disposición Nº 1495-DGDyPC-2003 en cuanto impuso a Coto Centro Integral de Comercialización la sanción de una multa de pesos treinta y dos mil ($32.000). Con las costas. Regístrese en el libro de recursos directos, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.-