Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2011-08-02


Libro de Fallos Nº III/11.-	Resolución Nº 71	Fojas: 495/511.-	Registrado:02/08/2.011.- Dra. I. Natalia Saraceni -Secretaria- En la Ciudad de Posadas, Capital de la Provincia de Misiones, a los 02 (dos) días del mes de Agosto del año Dos Mil Once, se reúnen en Acuerdo Definitivo los Señores Miembros de la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Laboral, integrada con los DRES. OMAR MUYAL y CECILIA WDOVIAK DE GUIRLAND, a los fines de considerar los autos caratulados: "EXPTE. Nº 13015/2010 FERREIRA MARIELA MERCEDES C/ SEGURIDAD MISIONES SRL Y OTRO S/ LABORAL" elevados por el Juzgado de Primera Instancia en lo Laboral N° 2 de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Misiones, en virtud de los Recursos de Apelaciones interpuestos a fs. 494/502 por la parte actora y a fs. 510/514 por la demandada, contra la sentencia de fs. 483/490 vta., concedidos libremente y en efecto suspensivo a fs. 519.-	Examinados los autos la Sala se plantea las siguientes cuestiones:

¿ES JUSTA LA SENTENCIA APELADA?	¿QUE PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDE DICTAR?	Efectuado el pertinente sorteo correspondió emitir el voto en primer término al DR. OMAR MUYAL quien dijo:

1. La sentencia hace lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el Banco Macro S.A. Recepta parcialmente la demanda y en consecuencia, condena a la accionada a abonar a la actora la suma de $ 4.628,99 por los rubros y montos discriminados en la planilla de fs. 22/23 (con las excepciones que más abajo se especifican). Sobre dicho importe se aplicará la tasa de interés que allí se consigna, desde que cada suma es debida hasta el oportuno pago. Asimismo se imponen las costas causídicas en un 60% a la demandada y el 40% restante a la actora, a esta última con los alcances del art. 17 del C.P.L.-	2. El fallo es recurrido por las partes, actora y demandada Seguridad Misiones S.R.L.-	Por razones de orden metodológico y contenido de los agravios a continuación pasaré a avocarme al análisis del recurso deducido por la accionada para luego hacerlo con la apelación interpuesta por la actora.-	3. APELACION DE LA PARTE DEMANDADA.

El recurso contiene varios agravios.-	A fs. 525/527 contesta el memorial de la parte actora, quien en base a las consideraciones que allí expone solicita el rechazo del recurso interpuesto, con costas.-	A fs. 545 y vta. luce la contestación de la expresión de agravios por el Banco Macro S.A., institución que en función de los argumentos que allí expone solicita se rechace la apelación, confirmándose la sentencia recurrida en lo que fuera objeto de agravio.-	A continuación paso a analizar los distintos cuestionamientos contenidos en la apelación en análisis.-	3.1. PRIMER AGRAVIO.

Le causa gravamen al recurrente que en la instancia anterior se haya hecho lugar a la demanda, considerando que el despido de la Sra. Ferreira ha sido incausado.-	Afirma que la nombrada fue despedida con justa causa, debido a la pérdida de confianza derivada de inconductas de la misma que se tradujeron en quejas que recibió su mandante de la empresa "objetivo", contratatante del servicio de seguridad, y en la cual la actora prestaba efectivamente su labor.-	Aduce que la Sra. Ferreira debió cumplir con determinados débitos laborales en el lugar donde prestaba servicio, que se trata de una institución crediticia en la que la negligencia de las personas que realizan la seguridad puede implicar perjuicios.-	Indica que ante los incumplimientos y alteraciones que realiza la accionante por si misma de los horarios de trabajo, afectando inclusive el de sus compañeros, se procede a su despido comunicándole esta circunstancia mediante carta documento.-	Refiere que el a-quo ha considerado en el pronunciamiento atacado que no se hallaban acreditados los hechos concretos que su mandante ha invocado como causal de la perdida de confianza, y aquí se halla el primer agravio, acotando que la actora, reconoce tales hechos.-	A continuación transcribe partes del fallo, tal como luce en el memorial.-	Dice que se agravia en este punto porque el a-quo no ha valorado la totalidad de las constancias y pruebas producidas en la presente causa.-	Aduce que, así por ejemplo no ha dado ningún tipo de valoración a la misiva remitida por la actora en la que ésta reconoce expresamente que el cambio de horarios era una práctica habitual consentida por el Banco Macro S.A.-	Apunta que es indistinto e irrelevante si partimos de este reconocimiento las demás alusiones que se hace a la planilla de horarios como prueba documental, cuando ha sido la propia actora quien reconoce, no solo que hacia modificaciones en sus horarios, sino que lo hacía sin consentimiento de su empleador que es la empresa de seguridad.-	Continúa el análisis del a-quo en cuanto sostiene que la documentación referida a la planilla de horarios no existe, diciendo que esto surge por lo declarado por el demandado a fs. 261. Refiere que se equivoca sobre la inexistencia de ciertas documentales porque éstas no pueden sino pertenecer al empleador de la Sra. Ferreira que es Seguridad Misiones S.R.L.-	Transcribe el art. 5 de la Ley 11.544.-	Apunta que tampoco es admisible, pues no ha habido oposición de la actora en este punto, restar valor al reconocimiento que hace el Sr. cañete de su firma en la nota de queja, obrante a fs. 185, pues a mas de que haya sido una copia simple lo cierto es que Cañete lo reconoció admitiendo la realidad del reclamo.-	Alude que la actora en la absolución de posiciones dice que no recibía órdenes de la empresa de seguridad y que ello no se condice con lo dispuesto en sentencia en cuanto ésta sostiene como único empleador de la actora a la empresa de seguridad.-	Formula otras consideraciones en respaldo de su postura a las cuales me remito por razones de economía procesal.-	Paso a expedirme al respecto.-	Avocándome a lo que considero el meollo de la cuestión paso a transcribir las siguientes misivas:

A fs. 3 luce Carta Documento remitida por la Empresa Seguridad Misiones S.R.L. a la Sra. Mariela M. Ferreira de fecha 02/02/2005 que expresa en lo pertinente: "Me dirijo a Usted en mi carácter de Socio Gerente de la Firma Seguridad Misiones S.R.L., según documentación que queda a V/ disposición a fin de un eventual contralor, a los siguientes fines y efectos 1.- Por la presente y en razón de los antecedentes que se detallan a continuación le comunico que se prescinden de sus servicios con invocación de JUSTA CAUSA, ante graves inobservancias de su parte que impiden la prosecución del vínculo laboral, por su exclusiva culpa. 2.- Habiendo tomado conocimiento Seguridad Misiones S.R.L. del hecho ocurrido en las fechas de 26-27-28 de Enero del año 2005, conforme comunicación recibida del Sr. EMILIANO CAÑETE - Encargado Interino Banco Macro Bansud-, como de la Sra. Alejandra Silva Vigiladora; El hecho concreto respecto de la modificación intespectiva de su parte sin autorización alguna de las planillas de horarios del puesto femenino del bunker, es que ha ocasionado trastornos afectando el normal funcionamiento de los servicios, puesto que se produjo cambios de turnos sin tener en cuenta lo que significa éste hecho, más aún cuando que, "todo cambio queda a criterio de la Empresa, y debe presentarse un certificado que avale dicho cambio -según las normas del Banco Macro".

La observación efectuada por la Empresa comitente, como así el perjuicio que pudiera haber ocasionado el servicio resulta harto suficiente para considerar que el perjuicio ha existido, y que por su gravedad no consiente la prosecución de la relación laboral. La actitud desplegada por la destinataria en la fecha indicada, es una clara violación a la buena fe laboral, pero fundamentalmente pérdida de confianza estrechada en el vínculo laboral, en razón de que por el servicio que presta S.M. S.R.L., es de una imposibilidad absoluta contar con personal que no cumple en su débito laboral en debida forma, en virtud de que los operarios representan y dan seguridad a terceras persona que contratan nuestros servicios.-	Demás está decirle que faltas como las suyas ponen en peligro la continuidad del contrato de servicio de SM SRL con terceros, extremos que no admitiremos, en razón de que por el servicio que presta la Empresa, es una imposibilidad absoluta contar con el personal que posee una inconducta contra la patronal sin causa que lo justifique." Fdo. Juan Nazer Socio Gerente -por Seguridad Misiones S.R.L.-	A fs. 4 obra Telegrama Ley 23.789 de fecha 05/02/2005 remitido por la Sra. Ferreira a SM SRL. que en lo pertinente expresa:" 1) Rechazo terminantemente la invocación de justa causa de despido causa que impidan la prosecución del vínculo laboral y/o pérdida subjetiva de confianza..."3)- Es práctica habitual y consentida por el Banco Macro S.A. el cambio de horarios de trabajos entre el personal femenino del bunker por lo que niego terminantemente que la modificación de la planilla de horarios del puesto femenino del bunker haya ocasionado trastorno afectando el normal funcionamiento de los servicios que presta el Banco. Además en la comunicación de despido no se establece cual es el hecho objetivo susceptible de ocasionar la supuesta pérdida subjetiva de confianza. Tampoco se señala la circunstancia de tiempo modo y lugar, que objetivizadas pudieran tipificar injurias graves impedientes de la prosecución de la relación laboral. 4)- La comunicación de despido constituía la única oportunidad que tenía la Empresa de expresar el hecho objetivo de su supuesta lesión subjetiva, o el hecho objetivo causante de injuria. Habiendo omitido hacerlo debe cargar con la consecuencia indemnizatorias de su omisión. 5) Sin perjuicio de ello, ratifico que constituye práctica habitual y consentida por el Banco Macro S.A. el cambio de los horarios de trabajo del personal femenino del bunker, prueba de ello es que cada cambio es asentado por cada personal que modifica su horario. Sería muy ingenuo de mi parte asentar con mi propio puño y letra los cambios realizados si tal práctica no fuera usual y tolerada por el Banco Macro S.A., lugar donde efectivamente presto servicio y bajo cuyas órdenes exclusivamente he prestado servicio durante más de 3 años.". Aclaro que doy por reproducidas en este acto los demás términos contenidos en esta correspondencia epistolar" Fdo. Mariela M. Ferreira.-	Sobre el contenido de esta misiva manifiesto que la causal específica del despido es la modificación intespectiva de la actora de las planillas de horarios del puesto femenino del bunker del Bco. Macro sin autorización alguna, ocasionando trastornos, afectando el normal funcionamiento de los servicios, puesto que se produjo cambios de turnos sin tener en cuenta lo que significa éste hecho. Acotando que el perjuicio que pudiera haber ocasionado al servicio resulta alto suficiente para considerar que el perjuicio ha existido.-	En primer lugar expreso que la imputación formulada aparece como la actora era la única agente de vigilancia que modificaba todos los horarios del personal femenino del bunker sito en el Banco Macro S.A.-	Considero necesario hacer esta aclaración porque la actora reconoce que es de práctica habitual y consentida por esa institución bancaria el cambio de horarios de trabajos entre el personal femenino del bunker, negando terminantemente que la modificación de la planilla de horarios del puesto femenino del bunker haya ocasionado trastorno al normal funcionamiento de los servicios que presta la institución bancaria de mención.-	De manera que existe un reconocimiento de la parte actora que era común el cambio de horario de trabajos en el personal femenino del bunker siendo una práctica habitual consentida por al Banco Macro. Ello significa que, cuando ella -la actora- cambiaba con otra agente de vigilancia su horario, era obvio que modificaba la planilla -del horario que efectivamente laboraba- a su vez la otra agente de vigilancia a su vez modificaba la planilla -dejando constancia que ella laboró en el otro turno-.-	La actora es clara al respecto cuando expresa en la misiva que luce a fs. 4: "Sin perjuicio de ello, ratifico que constituye práctica habitual y consentida por el Banco Macro S.A. el cambio de los horarios de trabajo del personal femenino del bunker, prueba de ello es que cada cambio es asentado por cada personal que modifica su horario.". (lo resaltado en negrilla me pertenece".-	Ello significa lisa y llanamente que la actora no era la única que modificaba los turnos sino que eran varias las agentes que se intercambiaban los horarios, ese es el reconocimiento y la falta que le endilga la demanda SM SRL.-	Ahora bien, el otro tema es cual era el perjuicio que ocasionaba la conducta de la actora. Si las agentes de vigilancia se intercambiaban los turnos de vigilancia del Bunker femenino, el perjuicio podría ocurrir si en virtud de ese intercambio una de las vigilantes no haya estado en el bunker en el momento que, conforme al intercambio de horario, debería estar, ello en realidad seria un verdadero perjuicio porque implica la inexistencia de vigilancia en dicho bunker que hubiese puesto en peligro la seguridad del banco, hecho éste que en momento alguno fue invocado por la demandada.-	En suma, la recurrente se limita a aludir que existió una modificación de los horarios por parte de la actora, sin alegar ningún perjuicio específico.-	En ese sentido lo señalado en la C.D. de fs. 3 -cursada por la demandada- en cuanto expresa que "La observación efectuada por la Empresa comitente que, como así el perjuicio que pudiera haber ocasionado el servicio resulta harto suficiente para considerar que el perjuicio ha existido, y que por su gravedad no consiente la prosecución de la relación laboral" carece a todas luces de andamiento por las razones apuntadas precedentemente.-	Por otra parte, no se ha acompañado en la causa ninguna planilla que supuestamente haya sido adulterada. Aclaro al respecto que la demandada se limitó a acompañar fotocopias de instrumentales que obran a fs. 185/190 las que, conforme a jurisprudencia y doctrina uniforme, por ser precisamente fotocopias, carecen de eficacia probatoria alguna.-	A continuación transcribo jurisprudencia conteste: "En autos se trata de una copia fotostática de un documento privado (telegrama que habría remitido la patronal) y que no se acompañaron los originales. En fallo plenario de la C.N.Civ. de la Capital (JA 1961-VI-48) indicó que la fotocopia puede sustituir fehacientemente al original cuando se encuentra certificada su autenticidad por escribano o secretario de actuación en debida forma a fin de evitar adulteraciones. Lo que ha tenido una recepción general cuando falta certificación del secretario de actuación o del escribano, tratándose de instrumentos privados no puede tenerse por existente el instrumento que la fotocopia trata de suplir" (L.L. 117-479).-	Cabe destacar que la sentencia consigna que las instrumentales acompañadas por la demandada "Seguridad Misiones S.A.", carecen de valor probatorio, habiendo sido impugnadas por la actora en la oportunidad procesal prevista en el art. 65 CPL, acotando que la demandada no produjo prueba destinada a demostrar, no solo su autenticidad, sino además que las supuestas adulteraciones hayan sido efectuadas por la Sra. Ferreira.-	Mas adelante refiere la Inferior al respecto: "Es del caso apuntar que en primer lugar, la documental en cuestión (que rolan a fs. 94/95 y 186/187), solo constan en fotocopias simples y por ende, con nula eficacia probatoria. En segundo lugar, aún cuando se ignorara la precedente conclusión las planillas de marras aparentemente constituyen documentos emanados del Banco Macro S.A., toda vez que lucen suscripta por un funcionario o encargado de esa institución, de nombre Mario Fabián Ott; pero a la luz de lo manifestado a fs. 261, tales documentales NO EXISTEN".-	En tal sentido estoy de acuerdo con el Juez de grado Inferior en el aspecto referenciado y a su vez transcripto del fallo en crisis.-	Además verifico que, efectivamente en la causa se encuentra glosada a fs. 186 fotocopia de planilla del mes de enero de 2.005, suscripta por Carlos Mario Fabian Ott - Encargado de Grupo Macro S.A.-, cuando a fs. 261 luce la presentación del Banco Macro S.A. que, al ser intimada a presentar "el libro de novedades de servicio" y "planillas horarias", expresa que esa documental no obra en poder de esa institución crediticia porque nunca existió.-	De modo que la planilla de fs. 186 carece de eficacia probatoria, no solo por ser una simple copia fotostática, sino también por los motivos indicados en el párrafo anterior.-	La otra cuestión es que el Inferior, quizá por error material, otorga valor probatorio al reconocimiento de firma efectuado por el Sr. Emiliano Cañete inserta en la documental de fs. 185, cuando en el mismo pronunciamiento, sostiene que esa instrumental, entre otras, carece de validez por ser una simple copia o fotocopia.-	El punto es que no se puede reconocer firma cuando la documental que se le exhibe al que supuestamente lo suscribió se trata de una fotocopia sin valor probatorio.-	Por otra parte, como bien dice el sentenciante, resulta sugestivo que Cañete se presente a la audiencia de reconocimiento de firmas y luego no comparezca a la audiencia testimonial que debía realizarse en la misma fecha.-	En otro orden de cosas, no se puede soslayar que en parte de la misiva de despido se consigna al Sr. Emiliano Cañete como - Encargado Interino Banco Macro Bansud-, y luego, en la misma correspondencia telegráfica se alude a la "observación efectuada por la Empresa comitente". Aclaro que cuando se refiere a la empresa comitente se está aludiendo al Banco Macro S.A.-	Sobre este aspecto hay que tener presente que la citada institución bancaria niega que los empleados de la empresa de seguridad cumplan instrucciones del encargado de seguridad del banco; niega que el banco cuente con un encargado de seguridad, entre otras cosas (confrontar escrito de responde obrante a fs. 62/75 vta, y específicamente sobre esta temática, conf. fs. 62 vta).-	Lo que pretendo señalar es que la demandada hace aparecer como que ha existido una queja de la comitente -Bco. Macro- a la empresa de seguridad por la supuesta adulteración de una planilla de horarios de la institución bancaria cuando esta última alude que no llevaba esa planilla ni existía ningún encargado de seguridad del banco. Aclaro además que no se ha acreditado la existencia de planilla de horarios confeccionada por la Empresa de Vigilancia demandada -	De los elementos examinados en autos se desprendería que el Sr. Emiliano Cañete, aunque su cargo se denominara "Encargado Interino del Banco Macro Bansud" no era personal bancario sino que pudo haber sido personal de la firma AM SRL.-	Demás está decir que la pérdida de confianza a la que alude la demandada en la misiva de fs. 3, no es una injuria en si misma, sino que debe existir un conducta efectivizada en un hecho concreto que constituya una injuria que por su gravedad impida la subsistencia del vínculo laboral, y esa conducta sí puede ocasionar la pérdida de confianza de la empleadora con relación al dependiente que ha cometido ese hecho, circunstancia que, como dije, no ha sido demostrado en autos.-	Teniendo en cuenta lo señalado precedentemente, opino que no se ha acreditado en el sub lite la injuria a la que alude la empresa de seguridad para disponer el despido de la Sra. Ferreira.-	En ese sentido sostengo que el hecho reconocido por la actora que las agentes de vigilancia, que cumplían sus funciones en el Bunker femenino del Banco Macro S.A., se intercambiaban los turnos, carece de entidad para constituir causal de despido por las razones explicitadas ut supra, por lo preceptuado en el art. 242 de la LCT y teniendo en cuenta además el principio de conservación del contrato de trabajo contemplado en el art. 10 del citado plexo normativo.-	Por todo ello el agravio en tratamiento debería ser desestimado.-	3.2. SEGUNDO AGRAVIO.-	Este cuestionamiento tiene que ver con la indemnización prevista en el art. 2 de la Ley 25.323 que fuera receptada en sentencia.-	Al respecto manifiesto que, como la misma está deducida en forma subsidiaria, para el caso que prospere el primer agravio y, como propicio en este voto el rechazo de esa queja, este planteo recursivo deviene improcedente.-	3.3. TERCER AGRAVIO.-	Este cuestionamiento tiene que ver con la imposición de costas a la parte demandada en su totalidad.-	Por razones de orden metodológico manifiesto que me expediré sobre esta temática al concluir el análisis de ambas apelaciones.-	4. APELACIÓN DE LA PARTE ACTORA.-	Este recurso comprende varios cuestionamientos.-	A fs. 515/518 contesta los agravios la parte demandada, quien en base a las consideraciones que allí expone solicita el rechazo del recurso interpuesto, con costas.-	A fs. 532/538 luce la contestación del memorial por el Banco Macro S.A., institución que en función e los argumentos que allí expone peticiona se rechace la apelación deducida, confirmándose la sentencia en cuanto recepta la defensa de falta de legitimación pasiva opuesta por su parte.-	A continuación paso a analizar los agravios contenidos en el memorial.-	4.1. PRIMER AGRAVIO.-	Le causa gravamen al recurrente que en el fallo en crisis se haya rechazado la indemnización especial prevista en la Ley 25.561 en función de las consideraciones que esgrime en el memorial y que por razones de brevedad doy por reproducida en este acto.-	Paso a expedirme al respecto.-	Tal como este Tribunal se ha expedido en anteriores pronunciamientos sobre este tópico, sostengo que, de la lectura de dicho precepto legal surge que "quedan suspendidos los despidos sin causa justificada", de modo que no está contenido en la norma ningún otro recaudo para la procedencia de la duplicación de la indemnización que no sea el de efectivizar un despido sin causa -despido directo-, resultando aplicable además al caso de la existencia de denuncia motivada del contrato de trabajo por parte del trabajador -despido indirecto- (Art. 246 LCT).-	Considero que la norma es clara en este aspecto y no necesita mayores explicaciones, resultando improcedente las consideraciones vertidas por el Juez de Grado Inferior en el fallo en crisis.-	Con relación a lo dispuesto en el Decreto 264/02 contempla el supuesto de despidos colectivos, esto es que pueda afectar a cierto número de trabajadores según el art. 98 de la Ley 24.013 y en caso de no alcanzar ese porcentaje, cuando comprendiera a parte o totalidad del personal según el decreto 328/88. En estos supuestos, antes de suspender o despedir al personal por razones de crisis, los empleados deberán seguir el procedimiento preventivo de crisis. Si este procedimiento no es iniciado ante la autoridad administrativa por el empleador, luego no podrá invocar la causal prevista en el art. 247 LCT y los despidos serán considerados sin causa a los fines del art. 16 de la Ley 25.561.-	Sin perjuicio de lo precedentemente expuesto recalco, conforme a lo dispuesto en la mentada normativa, no existe ningún recaudo relativo a la cantidad de trabajadores despedidos, los cuales pueden ser varios o uno solo y en ambos casos resulta aplicable la indemnización contemplada en el art. 16 de la Ley 25.561 por las razones precedentemente expuestas.-	Sobre el particular la doctrina es clara al respecto cuando sostiene: "Reiteramos que las cesantías "sin justa causa" del art. 16 de la Ley 25.561, que pueden ser individuales o colectivas, el decreto 264/02 las somete al trámite previo del "procedimiento de crisis" creado por el art. 98 de la ley 24.013 para ciertos despido "colectivos con causa" (económicos o tecnológicos") .... y el art. 16 no enuncia pautas genéricas, sino que simple y sencillamente "suspende" los despidos sin causa y, de efectivizarse uno de ellos... dispone que la indemnización se "duplique" (HUGO R. CARCAVALLO - Doctrina - Derecho del Trabajo 2002 A, pag. 441-445).-	El art. 98 al 105 de la Ley 24.013 se encuentra contemplado el procedimiento de crisis de la empresa, en el cual se consigna que en los casos indicados en el art. 98 del citado cuerpo legal, previamente deberá sustanciarse el convenio de crisis. Ahora bien, ese procedimiento de crisis se sustanciará por ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a instancia del empleador o de la asociación sindical de los trabajadores.-	El art. 104 de dicha norma establece que desde la notificación y hasta la conclusión del procedimiento de crisis, el empleador no podrá ejecutar las medidas, objetivo de este procedimiento ni los trabajadores ejercer la huelga u otras medidas de acción sindical.-	En suma, lo que surge de la lectura de los preceptos que integran el capitulo 6: Procedimiento de Crisis de la Ley 24.013 es que mientras se encuentre vigente este procedimiento no se podrá suspender o despedir a los trabajadores.-	El punto es que en estos autos no se ha sustanciado tal procedimiento de crisis, motivo por el cual el mismo carece de incidencia en el tema análisis.-	De manera que, tal como lo he señalado mas arriba, el art. 16 de la Ley 25.561 y la normativa que la prorroga dispone la suspensión de los despidos sin causa sin discriminar que éstos sean individuales o pluriindividuales.-	A los fines de cuantificar este ítem debo señalar que el art. 4º de la Ley Nº 25.972 ha prorrogado la suspensión de los despidos, originariamente dispuesta por el art. 16 de la Ley 25.561.-	En ese aspecto señalo que el art. 4 de la mencionada norma consigna: "Prorrógase la suspensión de los despidos sin causa justificada dispuesta por el art. 16 de la Ley 25.561 y sus modificatorias, hasta que la tasa de desocupación elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) resulte inferior a un 10%. En caso de producirse despidos en contravención a dicha suspensión, los empleadores deberán abonar a los trabajadores el porcentaje adicional que fije el Poder Ejecutivo Nacional, por sobre la indemnización que corresponda conforme lo establecido por el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1.976) y sus modificatorias. Esta disposición no será aplicable a los empleadores respecto de los contratos celebrados en relación de dependencia, en los términos de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1.976) y sus modificatorias, a partir del 1º de enero de 2.003, siempre que éstos impliquen un aumento en la plantilla total de trabajadores que el empleador poseía al día 31 de diciembre de 2.002". (lo resaltado en negrilla me pertenece).-	Esta ley fue publicada en el B.O. de fecha 17.12.04 y, conforme lo consigna su art. Nº 5, entró en vigencia el día siguiente al de su publicación, o sea el 18.12.04.-	En uso de estas facultades delegadas el Poder Ejecutivo dictó el Dec. 2.014/04 (B.O. 07.01.05), que resulta de aplicación al caso por estar en vigencia a la data del distracto.-	Este precepto dispone en su art. 1º: "Establécese que a partir del 1º de enero de 2.005 los empleadores, en caso producirse despidos en contravención a la suspensión dispuesta en el art. 16 de la Ley 25.561 y sus modificatorias, deberán abonar a los trabajadores afectados un 80% adicional por sobre los montos indemnizatorios que correspondan". Agrega en su art. 2do. que: "A los efectos del cálculo de las sumas referidas en el artículo precedente, el porcentaje adicional comprende todos los rubros indemnizatorios originados con motivo de la extinción del contrato de trabajo".- (lo resaltado en negrilla me pertenece.-	De lo expuesto y normativa transcripta surge con meridiana claridad, tal como refiriera ut-supra, que a la data del despido se hallaba vigente la Ley 25.972 y su Dec. Reglamentario 2.014/04.-	Como consecuencia de esta diferencia entre la citada ley y su decreto reglamentario, se originó una discusión doctrinaria y jurisprudencial, por cuanto por una parte se sostiene que la única indemnización sobre el cual debe aplicarse dicho porcentaje es la prevista en el art. 245 LCT como consigna la ley y la otra postura sostiene que dicho porcentaje debe aplicarse sobre los rubros indemnizatorios que deben abonarse normal y habitualmente como consecuencia del despido, como consigna el decreto reglamentario de referencia.-	En mi opinión, considero que, si tenemos presente la profusa doctrina y jurisprudencia referida a este tópico, cuando se discutió que implicaba el término indemnización en el art. 16 de la Ley 25.561, de la cual la Ley 25.972 es una prórroga, tal como esta última norma consigna textualmente, se consideró que lo razonable era que dicho término implicaba la duplicación de las indemnizaciones que normal y habitualmente se abonaban como consecuencia del despido, ellas eran la indemnización por despido, sustitutiva de preaviso e integración de mes de despido en la L.C.T. Nº 20.744 (t.o. 1.976) o la indemnización de despido y sustitutiva de preaviso en la Ley 25.013, criterio que sustentó esa Sala en diversos pronunciamientos sobre esta puntual cuestión.-	Demás está decir que en virtud de una facultad delegada por la misma Ley 25.972 el P.E. estaba facultado para fijar el porcentaje adicional y, teniendo presente esa delegación determinó que ese porcentaje debía aplicarse sobre los ítems precedentemente referenciados, que son las indemnizaciones normales y habituales que se abonan en los despidos sin causa.-	Las facultades delegadas por el Poder Legislativo al Poder Ejecutivo en el caso de la referenciada ley están acotadas a ciertas y determinadas materias de administración o de emergencia pública que deben ser explícitamente señaladas por el Poder Legislativo, tanto en lo que hace a las bases de aquello que se delega, cuanto al tiempo durante el cual se lo hace. En el caso de esta normativa en forma expresa contiene limitaciones temporales y determina las materias sobre las cuales debe dictar los reglamentos delegados al poder administrador.-	En suma, según parte de la doctrina que comparto, las únicas limitaciones que el art. 4º de la Ley 25.972 le impone al Poder Ejecutivo Nacional para fijar el incremento en caso de inobservancia de la suspensión de los despidos es la temporal, ya que la suspensión debe cesar cuando el nivel de desocupación baje de un 10% y aquella otra que excluye a los contratos de trabajo posteriores al 1º de enero de 2.003, pero no existe acotamiento, cualitativo o indicativo sobre las forma en que debe ser calculado el incremento como así tampoco los rubros en relación a los cuales debe ser calculada, ni aún el porcentaje de incremento que debe tener el agravamiento indemnizatorio.-	Por otra parte, si bien podría considerarse que no es posible la implícita convalidación de los D.N.U, que prorrogaron la vigencia del art. 16 de la Ley 25.561, el texto del art. 4 de la Ley 25.972 debe ser interpretado en directa vinculación con la intención de legislador que se haya plasmado en la prórroga la vigencia del art. 16 de la Ley 25.561 y no podrá entenderse que esta subsistiere si en el interregno, los D.N.U. mediante los cuales fueron efectuadas las prórrogas de esta última ley, fueran considerados inconstitucionales.-	Transcribo doctrina de aplicación al caso: "Tanto la mal denominada suspensión de los despidos dispuesta por la Ley 25.972, como el agravamiento indemnizatorio ante la inobservancia de la norma, es una continuación de lo que se encontraba legislado a través de los arts. 1º y 16º de la Ley 25.561. Por ello, no debe buscarse en la Ley 25.972, una modificación de aquellos criterios que informaban la legislación prorrogada, sino una compatibilización con los mismos. En consecuencia, de la misma forma que cualquier análisis que pretendiese hacer del art. 16 de la Ley 25.561, debía partir del marco de la emergencia determinada por el art. 4º de la Ley 25.972, que también debe ser entendido en conjunción con el art. 1º de esta última ley" (El agravamiento indemnizatorio de la Ley 25.972 y el decreto 2.014/04, Freidemberg, Lelio A.; DT 2.005 (junio), 747/748).-	Es por lo expuesto que para cuantificar el porcentaje de este ítem indemnizatorio debemos atenernos a lo dispuesto por el Dec. 2.014/04, en cuanto reglamenta la indemnización prevista en la Ley 25.972. Consecuentemente deberán tenerse presente como base de cálculo, a los fines de la aplicación de dicha norma, las indemnizaciones por antigüedad, sustitutiva de preaviso e integración de mes de despido.-	En virtud de lo anterior paso a calcular el presente rubro indemnizatorio: Indemnización por antigüedad: $ 1.843,32 + Indemnización sustitutiva de preaviso: $ 764,44 + Integración mes de despido $ 764,44 = $ 3.372,20 x 80% = $ 2.697,76 importe que deberá adicionarse al monto de condena de primera instancia que en definitiva se determine.-	4.2. SEGUNDO AGRAVIO.-	Le causa gravamen al recurrente que fuera receptado en la instancia a-quo la defensa de falta de legitimación pasiva opuesta por el Banco Macro S.A., en base a los argumentos que pormenorizadamente esgrime en el memorial, los cuales doy por reproducidos en la presente por cuestiones de brevedad.-	Paso a expedirme al respecto.-	Sobre este punto considero necesario señalar que el art. 30 LCT en lo pertinente expresa: "Quienes cedan total o parcialmente a otros el establecimiento o explotación habilitado a su nombre, o contraten o subcontraten, cualquiera sea el acto que le de origen, trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento, dentro o fuera de su ámbito, deberán exigir a sus contratistas o subcontratistas el adecuado cumplimiento de las normas relativas al trabajo y los organismos de seguridad social. Esta responsabilidad principal de ejercer el control sobre el cumplimiento de las obligaciones que tienen los cesionarios o subcontratistas respecto de cada uno de los trabajadores que presten servicios, no podrá delegarse en terceros y deberá ser exhibido cada uno de los comprobantes y constancias a pedido del trabajador y/o de la autoridad administrativa. El incumplimiento de algunos de los requisitos hará responsable solidariamente al principal por las obligaciones de los cesionarios, contratistas o subcontratistas respecto del personal que ocuparen en la prestación de dicho trabajo o servicios y que fueren emergentes de la relación laboral incluyendo su extinción y de las obligaciones de la seguridad social. Las disposiciones insertas en este artículo resultan aplicables al régimen de solidaridad específico previsto en el art. 32 de la Ley 22250" (texto según at. 17 de la Ley 25013.) - (Lo resaltado en negrilla me pertenece).-	Conforme al texto de la norma surge que es deber del comitente, en este caso el Banco Provincia de Misiones, de controlar que los trabajadores de la contratista que se encuentren debidamente registrados y en lo principal que la empleadora cumplimente con las normas laborales y previsionales.-	Este es el primer elemento que determinaría la responsabilidad del comitente.-	El segundo de los recaudos es que las tareas que desempeñen los trabajadores de la contratista tengan que ver con la actividad principal de la empresa comitente.-	En este sentido considero necesario tener presente lo expresado por la doctrina al respecto cuanto dice: ""Para que proceda la sanción legal es menester la concurrencia de los siguientes presupuestos de responsabilidad:

1) Que los contratistas, subcontratistas o cedentes registren deudas de origen laboral o de la seguridad social respecto de sus trabajadores;

2) Que los contratistas o subcontratistas realicen ".trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento.". Como se vio este recaudo no rige en el caso de cesión de establecimiento o explotación;

3) Que dicha deuda se refiera a los trabajadores que se ".ocuparen en la prestación de dichos trabajos o servicios.".-	Cumplidos dichos presupuestos la norma engarza la consecuencia: la responsabilidad solidaria de los cedentes, contratantes o subcontratantes por las mismas, abarcando inclusive las deudas derivadas de la extinción de los contratos de trabajo" (Ley de Contrato de Trabajo comentada, anotada y concordada, Jorge Rodriguez Mancini - director- Ana Alejandra Barilaro -coordinadora- Tomo II, Pág. 374- Editorial La Ley- Edición Febrero del año 2.007) - (lo resaltado en negrilla me pertenece).-	De lo expuesto precedentemente surge que el primer recaudo tiene que ver con el hecho que los trabajadores de la contratista no deben tener deudas laborales ni previsionales.-	El segundo. Como ya lo he referido precedentemente, los trabajadores de la contratista deben prestar servicios en la empresa comitente, relacionados con la actividad normal y específica del establecimiento (Banco Macro S.A.).-	Ahora bien, el cuarto párrafo del art. 30 establece: "El incumplimiento de algunos de los requisitos hará responsable solidariamente al principal por las obligaciones de los cesionarios, contratistas o subcontratistas respecto del personal que ocuparen en la prestación de dicho trabajo o servicios y que fueren emergentes de la relación laboral incluyendo su extinción y de las obligaciones de la seguridad social"-	De modo que cuanto alude a tales requisitos, el primero de ellos, como dije tiene que ve "con el adecuado cumplimiento de las normas relativas al trabajo y los organismos de seguridad social".-	El penúltimo párrafo del citado precepto legal de referencia cuando alude al incumplimiento de estos recaudos, se está refiriendo al incumplimiento de las normas laborales y previsionales del trabajador y además consigna que en este caso su responsabilidad incluye las deudas emergentes incluyendo el pago de la extinción del contrato de trabajo.-	Para ser mas concreto, en el caso que se adeuden deudas laboras o no se cumplimenten con el pago de las deudas previsionales por parte de la empleadora y la dependiente se considere despedida por ese motivo, la comitente será responsables del pago de deudas laborales y previsionales y de las indemnizaciones legales que correspondan en caso que la trabajadora haya denunciado el vínculo laboral por ese motivo.-	Lo que pretendo señalar que en el caso no se ha cumplimentado con el primero de los recaudos establecidos en el art. 30 LCT, por cuanto no se ha alegado en autos la existencia de deudas laborales o previsionales sino que la causa de despido tiene que ver con "la modificación intespectiva de la actora de las planillas de horarios del puesto femenino del bunker del Bco. Macro sin autorización alguna".-	A continuación transcribo doctrina de aplicación al caso. ".Recaudos exigibles: El art. 17 de la ley 25.013 ha sustituido el párr. 2º del art. 30 LCT, incorporando diversos recaudos que los cedentes, contratistas o subcontratistas deben exigir a sus cesionarios o subcontratistas.-	Se trata de las siguientes exigencias: a) el número de código único de identificación (CUIL) de cada uno de los trabajadores que presten servicios para los cesionarios o subcontratistas; b) constancia de pago de las remuneraciones de esos trabajadores; c) copia firmada de los comprobantes de pago mensuales al sistema de la seguridad social; d) una cuenta corriente bancaria de la que sea titular o cesionario o subcontratista, y e) cobertura por riego del trabajo de sus trabajadores.-	El vocablo "además" que incluye el parr. 2º del artículo parece indicar que estos recaudos no son solo una especificación de lo que debe entenderse por "el adecuado cumplimiento de las normas relativas del trabajo y los organismos de seguridad social", que menciona el parr. 1º, sino nuevas exigencias precisas que se agregan a las expresadas genéricamente en el primer tramo del artículo comentado.-	El artículo determina que la responsabilidad del principal de ejercer el control sobre el cumplimento de las obligaciones que tienen los cesionarios o subcontratistas debe ejercitarse directamente, ya que ella "no podrá delegarse en terceros".(Contrato de Trabajo, Ley 20.744 texto ordenado según Decreto 390/76, Comentado, Anotado y Concordado con las leyes de reforma laboral y demás normas complementarias. 5ª edición actualizada y ampliada, impresa en la primera quincena de marzo de 2.005, pág. 162).-	Transcribo jurisprudencia sobre el tema: "El párr. 2º del art. 30 de la LCT, modificado por el art. 17 de la ley 25.013 debe integrarse a la primera parte no modificada. En tal sentido, el empresario que cede, contrata o subcontrata parte de la actividad específica de su explotación, debe requerir todos los controles que la propia normativa establece, a fin de no cargar con la responsabilidad solidaria emergente de la relación laboral" (CNTrab, Sala II, 16/4/01, DT, 2001-A-103).-	En virtud de lo expuesto no resulta aplicable al sub lite el art. 30 LCT y consecuentemente con ello debería rechazarse este cuestionamiento en cuanto fuera materia de agravio.-	Sin perjuicio de ello, paso a referirme si se ha cumplimentado con el segundo de los recaudos contemplados en la ley que tienen con el hecho que "cualquiera sea el acto que le de origen, trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento".-	El punto es que para dilucidar esta cuestión se debe tener presente las circunstancias de cada caso en particular.-	En el caso que nos ocupa la comitente es una entidad bancaria (Banco Macro S.A.) y la contratista es una empresa de vigilancia (Seguridad Misiones S.A.).-	En mi opinión, considerando que toda entidad bancaria no puede funcionar sin un sistema de seguridad por cuanto en los bancos existe un manejo de dinero, aún cuando su actividad principal sea financiera, debe, como dije, ineludiblemente contar con un sistema de seguridad y en función de lo expuesto se contrata a una empresa de vigilancia como ocurrió en el sub lite.-	Es por ello que gran parte de la doctrina y la jurisprudencia sostienen que la actividad de vigilancia resulta inescindible de la actividad normal y específica de toda institución bancaria o financiera.-	A continuación transcribo jurisprudencia conteste: "Aún desde la óptica interpretativa mas restrictiva del art. 30, LCT, que no la considera aplicable en el supuesto de tareas accesorias del giro empresario de quien subcontrata la prestación de determinados servicios, se ha entendido que los bancos responden solidariamente por los créditos laborales de las empresas de vigilancia con quienes subcontraten la seguridad del establecimiento. Así, se sostuvo que el servicio de vigilancia resulta inescindible de la actividad normal y específica propia del establecimiento cuando se trata de un banco, institución destinada preferentemente a la custodia de valores en ella depositados, aparte de la actividad propiamente financiera del establecimiento. Por lo tanto, dicho servicio que, en ciertas empresas resulta accesorio, integra en el caso de las entidades bancarias, parte de la actividad normal y específica propia del establecimiento, deviniendo aplicable la solidaridad aplicada en el art. 30 LCT (Conf SD 57983 del 18/12/89 Mayans Tur, Jaime vs. Agencia Mitre S.R.L. y otro s/ despido" del registro de esta Sala). Jiménez, Hernando vs. Segubank S.R.L. y otro s/ despido ///Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo Sala I; 05-06-2002; Boletín de Jurisprudencia -Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo; RC J 1977/07.-	Aclaro que esto último lo señalo a título ilustrativo, habida cuenta que, como dije anteriormente, este agravio no puede prosperar por no haberse cumplimentado con el primero de los recaudos ya referenciados.-	Atento a lo expuesto correspondería desestimar el planteo recursivo en tratamiento, debiendo confirmarse el fallo en crisis en cuanto fuera motivo de este agravio.-	4.3. TERCER AGRAVIO.-	Le causa gravamen el recurrente que a fs. 488 vta., el Inferior deduce de los rubros acogidos en sentencia que totalizan la suma de ($ 5.512,33) el importe de ($ 883,34) percibidos a cuenta en sede administrativa estaban incluidos los haberes correspondientes al mes de enero/2005, tal como aclara la demandada en el acta (entiendo que se trata del acta de audiencia extendida en dicha sede).-	Apunta que al efectuar los cálculos incurre en un error evidente ya que dentro de esos $ 883,34 percibidos en sede administrativa, estaban incluidos los haberes de enero/2005 y ello implica que se está descontando un dinero ya percibido.-	Formula otras consideraciones a favor de su postura a las que me remito por cuestiones de brevedad.-	Por tales razones solicita se modifique lo resuelto al momento de calcular el monto definitiva de condena.-	Paso a expedirme al respecto.-	De las constancias de la audiencia de fs. 8 surge que la demandada ha abonado la suma $ 1.003,00 y no la de $ 883,34 que es el importe que se efectiviza en realidad en virtud de los descuentos que allí se detallan.-	Ahora bien, además del sueldo de enero/05, reabonaron los siguientes ítems: proporcional de aguinaldo, vacaciones no gozadas, y 2 Sac/2004.-	En la planilla consignada en demanda el vacaciones no gozadas (14 días) asciende a $ 344,08; Vac. prop./05 = $ 27,77.-	Aclaro además que el SAC sobre vacaciones no gozadas no corresponde, este monto asciende a $ 30,98. Ello es así por cuanto el este ítem solo se aplica sobre los salarios percibidos. Acotando que los aguinaldos en la actualidad son abonados semestralmente y como dije, solo teniendo presente los salarios que se abonan en ese semestre.-	La otra cuestión es que el ítem vacaciones no gozadas es de naturaleza indemnizatoria y no remunerativa.-	De manera que debo efectuar el siguiente cálculo: vacaciones no gozadas/04 ($ 344,08) + prop. vac. no gozadas/05 (27,17) + SAC s/vac. no gozadas ($ 30,98) = $ 402,23	Entonces tenemos que al importe de ($ 5.512,33), se debe deducir la suma de $ 402,23, de lo que resulta el monto de $5.110,10.-	De manera que el monto que debió prosperar en la instancia anterior asciende a $5.110,10, dejando constancia que no computo todavía el importe de la duplicación del art. 16 de la Ley 25.561.-	Debería hacerse lugar a este agravio parcialmente en los términos y montos señalados precedentemente.-	MONTO DE CONDENA.-	Teniendo presente el resultado de los agravios el importe cuya recepción propicio surge del siguiente cálculo: $5.110,10 (importe que considero debe receptarse en la instancia anterior) + $ 2.697,76 (indemnización contemplada en el art. 16 de la Ley 25.561 y sus prórrogas) de lo que resulta $ 7.807,86 que es el monto de condena que propongo en ese voto.-	COSTAS.-	Ambas partes se agravian por la distribución de costas consignadas en el fallo en crisis, en virtud de los argumentos que se esgrimen en sendos memoriales, a los que me remito por razones de brevedad.-	Por otra parte se debería adecuar las costas al contenido de este pronunciamiento, de conformidad a lo dispuesto en el art. 279 del C.P.C. y C., de aplicación supletoria.-	Paso a expedirme al respecto.-	He manifestado en pronunciamientos anteriores que son dos los parámetros que deben tenerse presente para la imposición costas: 1) La proporción matemática en que ha progresado la acción y 2) Un porcentaje favorable a la parte actora, cuando ésta se ha visto obligada a litigar ante la actitud renuente de la demandada, como ocurre en el caso que nos ocupa.-	De las constancias de autos surge que se ha reclamado en demanda la suma de $ 9.705,44 (conf. fs. 23) y el monto de condena que propicio en este voto asciende a $ 7.807,86. Aclaro que dichos importes son a valores históricos.-	Efectuando los cálculos pertinentes verifico que la demanda sería acogida 80% aproximadamente -proporción matemática-, correspondiendo agregar el 5% a favor de la actora por el segundo de los referenciados parámetros.-	En virtud de lo anterior las costas de primera instancia deberían imponerse en un 85% a la parte demandada SM SRL y en un 15% a la parte actora (art. 124 de la Ley XIII Nº 1 - antes Ley 2884) y con los alcances del art. 17 del citado plexo normativo.-	En virtud de lo anterior corresponde receptar parcialmente el agravio de la parte actora en los términos explicitados ut supra.-	Por último corresponde dejar constancia que me he limitado en este voto a analizar lo que considere relevante para resolver las cuestiones traídas a la Alzada, dejando de lado el tratamiento de los argumentos utilizados por los recurrentes que a mi juicio no resultan conducentes para la dilucidación de la litis.-	La CSJN en tal sentido dijo: "Los jueces no están obligados a pronunciarse sobre todas las articulaciones de las partes, sino solamente sobre aquellas que estimen conducentes para fundar su decisión" (CSJN -L 169, XXXV - "Lorenzino, Gerardo Augusto c/Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento S.A." 23/08/01 - T. 324, P. 2.460).-	Por ello y si mi voto fuera compartido, propongo: Rechazar la apelación interpuesta por la parte demandada -Seguridad Misiones S.R.L.- Hacer lugar parcialmente al recurso deducido por la parte actora -Mariela Mercedes Ferreira-. En consecuencia MODIFICAR el monto de condena fijado en la instancia anterior, el que se fija en el importe de $7.807,86, que devengará, desde que cada suma y hasta su efectivo pago, los intereses señalados en la instancia a-quo. Modificar la distribución de costas consignadas en el pronunciamiento atacado debiendo imponerse las misma en un 85% a la parte demandada SM SRL y en un 15% a la parte actora (art. 124 de la Ley XIII Nº 1 - antes Ley 2884) y con los alcances del art. 17 del citado plexo normativo. Teniendo en cuenta al resultado de la apelación que propicio correspondería se impongan las costas de Alzada en la misma proporción que las de primera instancia (art. 124 de la Ley XIII Nº 1 - antes Ley 2884) y con los alcances del art. 17 del citado cuerpo legal.-	A las mismas cuestiones la Dra. CECILIA WDOVIAK DE GUIRLAND dijo: que adhiere al voto precedente.-	Por ello la Sala IIda. de la Cámara de Apelaciones en lo Laboral:

RESUELVE:

I) RECHAZAR la apelación interpuesta por la parte demandada, Seguridad Misiones S.R.L.-	II) HACER LUGAR PARCIALMENTE al recurso deducido por la parte actora -Mariela Mercedes Ferreira-. En consecuencia MODIFICAR el monto de condena fijado en la instancia anterior, el que se fija en el importe de SIETE MIL OCHOCIENTOS SIETE CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 7.807,86), que devengará, desde que cada suma es debida y hasta su efectivo pago, los intereses señalados en la instancia a-quo.-	III) IMPONER las costas de ambas instancias 85% a la parte demandada SM SRL y en un 15% a la parte actora (art. 124 de la Ley XIII Nº 1 - antes Ley 2884) y con los alcances del art. 17 del citado plexo normativo.-	IV) CONFIRMAR el fallo recurrido en lo demás que decide y fuera materia de agravios.-	V) TENER PRESENTE la reserva del caso federal formulada por la parte demandada SM SRL y por el Banco Macro S.A.-	VI) DIFERIR la regulación de los honorarios profesionales hasta su oportunidad.-	VII) REGISTRESE, CÓPIESE, NOTIFÍQUESE y oportunamente bajen al Juzgado de origen.- Dra. Cecilia Wdoviak de Guirland	Dr. Omar Muyal	-Vocal-	-Vocal- Dra. I. Natalia Saraceni -Secretaria-