Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-05-05


000756/2009 --- En la ciudad de Trelew, a los días de mayo del año dos mil diez, se reúne la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de esta ciudad, con la presidencia del Dr. Sergio Rubén Lucero y presencia de los Sres. Jueces del Cuerpo Dres. Raúl Adrián Vergara y Aldo Luis De Cunto, para celebrar Acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "P. S. I. c/ P., H. y otros s/ Daños y Perjuicios" (Expte. 756 - Año 2009 CAT) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?, y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en orden al sorteo practicado a fs. 279. A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Dr. De Cunto dijo:Vienen estas actuaciones a conocimiento de la Alzada con motivo del recurso de apelación interpuesto por la aseguradora y los codemandados a fs. 255 contra la sentencia de fs. 246/250 por la cual se hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por P. S. I. S.A. contra H. P. y C. M. S., condenando a los mismos y a la aseguradora La P. S. S.A., en el límite de la cobertura, a abonar a la actora la suma de $ 22.929,44, con más intereses y costas.-A fs. 266/268 obra la expresión de agravios de la citada en garantía, de la que se confiere traslado a fs. 269, siendo contestado el mismo por la actora a fs. 271/272 vta.. Asimismo a fs. 275 se declara la deserción del recurso de apelación respecto de los codemandados.-I.- Comenzaré por reseñar los agravios de la aseguradora y la respectiva contestación de la actora.-1) La citada en garantía recurrente en su presentación de fs. 266/268 se agravia de que se acogiera el monto de $ 10.000 por pérdida del valor venal del rodado, suma que equivaldría al 10% del valor del bien. Destaca que dicha estimación fue negada al contestar demanda, sin que la contraparte acompañara documental respaldatoria del valor reclamado. Por su parte, agrega, la sentenciante de grado suplió dicha orfandad probatoria, considerando la revista "I." del mes de octubre de 2009, con base legal en el art. 165 del CPCC. Indica que dicha publicación no se encuentra agregada a la causa por lo que no ha tenido oportunidad de revisar la misma, oponerse o simplemente constatarla. Considera que dicho proceder de la "a quo" ha vulnerado su derecho de defensa en juicio pues no le dio oportunidad de revisar el parámetro y cálculos de la valuación efectuada. Añade que la revista citada por la jueza no es la única especializada y que existen otras a las que se puede acceder, citando algunas de ellas. Por otro lado sostiene que no tiene forma de constatar y eventualmente oponerse tanto a la base de cotización como al cálculo al que arribó la jueza. En cuanto a la aplicación del art. 165 del CPCC, señala que si bien el juez tiene facultades discrecionales al momento de fijar indemnizaciones, las mismas no son ilimitadas, amén de que han sido inconvenientemente aplicadas al punto de que han resultado violatorias del derecho de defensa en juicio. Añade que resulta contradictorio o ilógico que la magistrada haya tomado la valuación de un mes anterior al dictado de la sentencia y la retrotraiga al mes de enero de 2007 para realizar la aplicación de intereses. Añade que el dato es actual y en todo caso sólo debería llevar intereses a partir de noviembre de 2009. Cita jurisprudencia.-En segundo lugar se queja del porcentaje concedido como pérdida del valor venal. Indica que se reconoció el 10% del valor del rodado, cuando si se tienen en cuenta las facturas que la sentenciante consideró para determinar el daño emergente se puede observar que se trata de repuestos menores. Entiende que el vehículo no ha sufrido daños estructurales sino simplemente los producidos por un roce, ya que no ha existido colisión entre los automotores, por lo que el porcentaje determinado resulta desproporcionado. Señala que con la suma asignada podría pintarse en su totalidad el rodado de la actora. Destaca que el perito indicó que existe una notoria diferencia en la reparación en cuanto a la calidad de la mano de obra. Al respecto considera que no debe ser imputable a su parte la defectuosa reparación en el rodado de la contraria, ya que esta última fue quien ha elegido el taller para realizar las tareas de arreglo, por lo que no existe nexo causal con el hecho dañoso. Reitera que en varios pasajes del dictamen pericial se resalta el defectuoso trabajo realizado en relación a la reparación de la chapa lo que debe atribuirse a la elección del taller. Agrega que respecto a los repuestos, nunca presentan detalles que permitan notar su sustitución por ser originales. Cita jurisprudencia y efectúa el petitorio de estilo.-2) La actora, al contestar los agravios, respecto del primero manifiesta que en virtud de lo dispuesto por el art. 165 del rito el juzgador tiene una facultad discrecional para fijar un monto si la existencia del perjuicio se encuentra probada. En la especie, la "a quo" tomó una revista de autos de la cual obtuvo el valor de referencia, agregando que carece de importancia de qué revista se trata ya que todas tienen valores iguales o muy similares que incluso pueden obtenerse a través de Internet. Añade que el valor sólo pudo considerarse al momento de dictar sentencia o poco tiempo antes a fin de tener un monto actual del vehículo, de lo contrario la indemnización a recibir estaría totalmente desactualizada. Destaca que considerar el valor del auto al tiempo del siniestro conllevaría un enriquecimiento para la aseguradora, un premio por sus reiterados incumplimientos.- En lo que respecta al porcentaje reconocido, indica que el mismo fue estimado por su parte en la demanda y se ofreció prueba pericial al efecto de su acreditación, concluyendo el experto en dicho porcentual, no siendo impugnado el dictamen en las dos oportunidades que la ley prevé para hacerlo. Por último destaca que la conducta de la aseguradora no importa más que prolongar el dispendio jurisdiccional, ya que con excepción de los daños materiales que son consecuencia del siniestro, el resto de los perjuicios cuyo enjuague se reclaman se originaron en el incumplimiento de la apelante.-II.- Delimitada la materia sobre la cual habrá de ejercer este Cuerpo la facultad revisora, me adentraré en los agravios de la aseguradora que, como resulta de la reseña antecedente, se concentran en cuestionar el monto fijado en concepto de "pérdida de valor venal del vehículo".-Sin perjuicio de ello, y a los meros fines aclaratorios, ya que no fue una cuestión controvertida me referiré a la legitimación de la aseguradora para recurrir la sentencia, dado que los codemandados, dentro de los cuales se encuentra el asegurado, si bien apelaron el decisorio, posteriormente abdicaron de continuar con la vía recursiva de acuerdo a la declaración de deserción de fs. 275. Sobre la cuestión ya he fijado posición oportunamente en los antecedentes de esta Sala "B", SIC Nº 120/07, del 08/10/07, SDC Nº 42/08 del 31/10/08, entre otros. En los mismos, sostuve que la aseguradora debe ser reputada como "parte" en sentido procesal y así como puede verse afectada por la suerte del juicio, debe contar con todos los beneficios que se acuerdan a un litigante para la preservación de su derecho de defensa (contestación de demanda, ofrecimiento y diligenciamiento de prueba, alegato, recursos, etc.). Todo ello con abstracción de la diligencia que pueda o no desplegar el asegurado demandado, o mejor dicho, a despecho de su posible inercia o negligencia en la contradicción de la pretensión del accionante (conf. Zavala de González, Matilde: "Resarcimiento de daños", Ed. Hammurabi, 1997, Tº 3, pág. 482). A ello cabe agregar que la jurisprudencia mayoritaria se ha pronunciado en el sentido de que si la litis se integra con el presunto responsable del daño y con su aseguradora, se configura un litisconsorcio pasivo, pero no necesario, ya que no es menester la citación en garantía para que la sentencia pueda pronunciarse útilmente. La principal consecuencia práctica de la adopción de esta tesis es que si el litisconsorte es considerado como facultativo, algunos sostienen que el éxito de las defensas o recursos de la aseguradora la benefician de modo exclusivo, sin propagación al asegurado omitente (conf. Zavala de González, op. cit., ídem, pág. 489 y sigs).- Es así que la aseguradora puede desplegar una actitud adhesiva o subordinada a la del asegurado, con similitud básica de posturas (inclusive, cabe que exista unidad de representación y de defensas), pero también es factible que actúe de modo totalmente independiente de lo que haga o deje de hacer el asegurado, sin accesoriedad a una previa y determinada conducta de éste. Así ocurrirá cuando, para resistir la pretensión del actor, la aseguradora articula defensas o recursos que el asegurado no dedujo. En esta segunda hipótesis y a la postre, el actuar de la aseguradora podrá perjudicar los intereses del demandado-asegurado, no en relación con el actor sino con la aseguradora misma, porque aquel proceder está orientado a que la eventual condena que se dicte no haga cosa juzgada en contra de ésta (el demandado no podrá descargar su responsabilidad hacia la víctima) (conf. Zavala de González, op. cit., ídem, pág. 492 y sigs.). En sentido concordante con lo que se viene diciendo, la Corte mendocina señaló -refiriéndose a un incidente de caducidad interpuesto por la citada en garantía- que verificándose un litisconsorcio pasivo necesario los actos vinculados a cada uno de los litisconsortes aprovechan o perjudican al resto, lo que no acontece cuando el litisconsorcio es facultativo (conf. SC Mendoza, Sala I, 22/03/07, in re: "Farías, Nicolás c/ Bueno, Rodolfo y otros", laleyonline).-Concretamente con relación a la autonomía recursiva de la citada en garantía, la tesis denegatoria se funda en que no existiría interés ni finalidad que justifique sus recursos, ya que de todos modos, la condena que se dice contra el asegurado hace cosa juzgada en contra de aquélla por vía del art. 118 de la ley 17418 (conf. SCBA, 30/6/92, LL, 1992-E-38), CN. Civ., Sala D, 23/8/77, LL, 1978-C-660, 34.733-S). Mas como he señalado -siguiendo a Zavala de González- , de acuerdo a la orientación prevaleciente el asegurador citado en garantía reviste el carácter de un litisconsorte pasivo autónomo, por lo que goza de autonomía recursiva, con prescindencia de la actitud que adopte el asegurado (conf. aut. cit., op. cuit., ídem, pág. 536). Así lo ha decidido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al considerar que la relación constituida por el demandado y su aseguradora genera a favor de ésta una legitimación procesal que da facultad (con autonomía de la actitud seguida por aquél) para recurrir un pronunciamiento adverso, toda vez que el gravamen que, como presupuesto, requiere dicha vía de impugnación, está dado desde el punto de vista subjetivo para todos aquéllos a quienes alcanzan los efectos de la cosa juzgada en la sentencia (CSJN, 21/4/92, LL, 1992-E-34). En cuanto a los efectos del reconocimiento de esta autonomía recursiva a la aseguradora, se ha considerado que si los mismos son favorables se propagan al asegurado aunque éste no haya recurrido (conf. Rivera: "La citación en garantía en el seguro de responsabilidad civil", JA, 1988-I-846). Otra postura -que comparto- sostenida por Zavala de González entiende que, tratándose de un litisconsorcio facultativo o voluntario, los recursos de uno de los litisconsortes no favorecen a los demás, a lo que cabe añadir que la salvaguarda del derecho de defensa en juicio, que es el nudo justificativo de la solución, debe hacerse efectiva también en la Alzada. Por lo demás la cosa juzgada debe examinarse discriminadamente por cada litigante sino hay litisconsorcio necesario. Y se brinda el ejemplo según el cual la cuestión se desdoblase entre un primer juicio contra el responsable asegurado y otro de repetición contra la aseguradora, pues entonces ésta también podría cuestionar la específica vigencia de la propia responsabilidad, si el asegurado fue negligente al no interponer defensas o recursos de éxito previsible (conf. Zavala de González, op. cit. ídem, págs. 540/541).-Por todas las razones expuestas, entiendo que la citada en garantía cuenta con autonomía recursiva, por lo que corresponderá tratar sus agravios.-1) Dicho lo anterior, reitero a los meros fines aclaratorios, me adentraré en los agravios relativos vertidos por la aseguradora apelante. Como he dicho "ut supra" ambas quejas se refieren al rubro "pérdida del valor venal del rodado". En el primer agravio se cuestiona que la juzgadora hubiera suplido la orfandad probatoria en la que incurrió la actora al tomar como valuación del locomóvil dañado la que surge de la revista "I.". La sentenciante de grado argumentó al efecto lo siguiente: "...como ya viene sosteniendo este Tribunal en numerosos pronunciamientos, para la procedencia de este rubro resulta necesario el diligenciamiento de prueba pericial que corrobore la existencia de secuelas posteriores al arreglo y que inciden en su valor de reventa del rodado. El Perito Mecánico reconoce una desvalorización del 10% derivada de los vestigios de reparación en el rodado que se advierten en la diferencia de tono en las partes reparadas y reemplazadas. No existen en autos elementos de los que se pueda inferir el valor de reventa del automotor, por lo que sobre el monto reclamado y en orden a la facultad del art. 165 del C.P.C.C., y en el límite de la pretensión se admitirá la suma de $ 10.000, teniendo en cuenta los valores consignados en la Revista I., de Octubre 2009 (pág. 98), a la fecha del siniestro con más los intereses que para la tasa activa determina el B. C. S.A. y hasta su efectivo pago" (ver sentencia a fs. 249, 2do. párrafo).- Como se puede apreciar, la juzgadora partió de la base de que con la pericia mecánica (ver fs. 191, pto. 3) se encuentra demostrado el perjuicio, esto es la pérdida de valor venal del rodado, y ello no ha sido cuestionado, sino que lo impugnado es que la jueza suplió la orfandad probatoria de la contraria. Sin embargo, y tal como expresamente lo fundamenta, la "a quo" se limitó a aplicar la norma del art. 167 de la ley XIII Nº 5 Anexo A -antes art. 165 del CPCC- que en su último párrafo establece: "La sentencia fijará el importe del crédito o de los perjuicios reclamados, siempre que su existencia esté legalmente comprobada, aunque no resultare justificado su monto". Al respecto es de recordar que la ley de reformas 14.237 del código adjetivo nacional, en su art. 37, eliminó la figura del juramento estimatorio y encomendó al juez la fijación, en la sentencia, de una cantidad líquida, aunque no resulte justificado su monto, si su existencia estuviera legalmente comprobada (conf. Fenochietto-Arazi: "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Comentado", Ed. Astrea, 1993, Tº 1, pág. 657). Es decir, para fijar el daño es necesario que se haya probado su existencia y su conexión con el hecho, pues la discrecionalidad se refiere al quantum preciso (conf. CN.Fed.Civ.yCom., Sala III, 19/6/91, LL, 1991-D-442). En consecuencia, si el peticionario no ha arrimado al juicio elementos de convicción, no corresponde la aplicación judicial del art. 165 en examen (conf. CN.Civ., Sala B, 3/4/91, LL, 1991-D-556). Esta disposición no se refiere a los accesorios de la condena principal, sino al monto de lo reclamado en el juicio, cualquiera que sea su suma, quedando dicho monto librado a la prudente apreciación y fijación judicial (conf. CN. Civ., Sala B, 30/8/77, ED, 78-177; CN.Esp.Civ.yCom., Sala III, 7/9/79, RepED, 14-310, nº 261). De lo expuesto se desprende que la jueza no suplió la orfandad probatoria del accionante, ya que este último acreditó el daño cuya reparación exigiera, sino que ante la ausencia de elementos que justificaran el monto del daño, hizo aplicación de la norma comentada.-Se agravia, asimismo, la apelante, de que la juzgadora tomara una valuación de la revista "I.", que no se encuentra agregada en autos, por lo que no tuvo oportunidad de revisar la misma, oponerse o constatarla, vulnerándose así su derecho de defensa en juicio. Es cierto que dicha fuente de prueba no se encuentra adjuntada al expediente, sin embargo en la sentencia se precisaron los datos de la publicación a través de los cuales la quejosa podía fácilmente acceder a la misma, ya que se indicó el mes y año de publicación y la página de la revista donde consta el dato pertinente (ver sentencia a fs. 249, 2do. párrafo). En consecuencia no se ha violado el derecho de defensa en juicio de la citada en garantía ya que se trata de un hecho de público y notorio conocimiento. Es que debe recordarse que la doctrina exime de prueba al hecho notorio, aun cuando no lo acepten las partes de común acuerdo e inclusive se discuta, porque lo importante es que su notoriedad le parezca clara al juez y no a la parte contra quien se opone; lo contrario equivaldría a hacer que la prueba de la notoriedad dependa del consentimiento de la parte perjudicada por el hecho. Justificada la notoriedad resulta una exigencia innecesaria su prueba, porque no queda duda sobre su existencia y la parte que la niegue debe suministrar la prueba en contrario (conf. Devis Echandía, Hernando: "Compendio de la prueba judicial", Rubinzal-Culzoni Editores, 2000, Tº I, pág. 109). En cuanto al concepto de notoriedad, la doctrina mayoritaria acepta como suficiente una divulgación o generalización relativa, en un determinado círculo social, siempre que el juez tenga conocimiento de ella desde antes del proceso o pueda conocerla durante el proceso por investigaciones personales o pruebas aportadas con ese propósito, y no le quede duda sobre la verdad del hecho, aun cuando lo discuta alguna de las partes (conf. Devis Echandía, op. cit., ídem, pág. 111). En resumen, hay notoriedad suficiente para eximir de prueba a un hecho, sea permanente o transitorio, cuando en el medio social donde existen o tuvo ocurrencia, y en el momento de su apreciación por el juez, sea conocido generalmente por las personas de cultura media en la rama del saber humano a que corresponda, siempre que el juez pueda conocer esa general o especial divulgación y que por su parte tenga certeza de tal hecho, en forma que no le deje dudas respecto de su existencia presente o pasada (conf. Devis Echandía, op. cit., ídem, págs. 113/114).-En la especie, lo que debe probarse es la valuación del rodado y dicho dato, al no ser acreditado por medio de la actividad probatoria de las partes, fue conocido por la jueza a través de una publicación de general divulgación, accesible al público en forma amplia, por lo que nada impedía a la apelante, más aún tratándose de una aseguradora, constatar la fuente invocada por la sentenciante de grado para corroborar la valuación considerada.-Argumenta la recurrente que la revista considerada por la jueza no es la única que existe en la materia y que la eligió sin haber efectuado una compulsa entre las demás que existen en el mercado del periodismo especializado en automotores. Lo que expresa la apelante es cierto en cuanto a que existen otras revistas sobre la temática en cuestión, mas no alega, y menos aún acredita, que las valuaciones que suministran dichas otras publicaciones difieran de la tomada en cuenta en la sentencia. En puridad, en esta parte del agravio, la quejosa incurre en deserción técnica, ya que no hay crítica al decisorio, por cuanto se limita a manifestar que la jueza tomó en cuenta una publicación sin considerar otras, mas no argumenta que a raíz de dicho proceder la valuación escogida resultara excesiva. Al respecto se ha entendido que carece de suficiencia técnica la expresión de agravios que contiene afirmaciones genéricas sobre las pruebas, sin precisar el yerro o desacierto en que incurrió el sentenciador en sus fundamentos (conf.CN. Civ., sala C, 4/7/85, LL, 1986-A-184; íd., Sala D, 4/7/80, LL, 1980-D-412; íd., Sala G, 29/7/85, LL, 1986-A.-288; CN.Fed. Civ. y Com., Sala III, 6/12/91, LL, 1992-B-12; C.1era. Apel. Mar del Plata, 30/11/67, LL, 131-1198, 18.252-S; C. 1era. Apel. San Nicolás, 4/5/71, LL, 143-421). Es que criticar no es lo mismo que disentir, ya que lo primero importa un ataque directo y pertinente a la fundamentación del fallo apelado, tendiente a demostrar los errores fácticos y jurídicos que éste pueda contener, mientras que lo segundo consiste simplemente en exponer que se está en desacuerdo con la sentencia recurrida (conf. CN. Civ., Sala A, 19/8/91, LL, 1992-A-487, nº 42). La expresión de agravios no es una simple fórmula carente de sentido (conf. CN. Civ., Sala H, 20/6/03, ED, 204-472) que ejercitada, traslada la competencia al tribunal de alzada (conf. C. 1era. Civ. y Com. Bahía Blanca 29/2/68, LL, 131-698), sino que, como lo señala el art. 265 del C. Procesal debe contener una crítica concreta y razonada (conf. CN. Civ., Sala M, 27/9/00, ED, 191-414) de las partes del fallo que el recurrente considere equivocadas (conf. CN. Civ., Sala F, 18/7/96, LL, 1997-D-827, 39.612-S), indicando los supuestos errores u omisiones que la misma contiene así como los fundamentos que le permitan sostener una opinión distinta (conf. CN. Com., Sala A, 21/2/96, ED, 172-92); es decir, debe señalar punto por punto los errores que se atribuyen a la sentencia en grado, por los cuales se considera que el pronunciamiento es injusto o contrario a derecho (conf. CN. Civ., Sala A, 16/12/99, ED, 186-539). En la expresión de agravios deben refutarse las conclusiones de hecho y derecho que motivan la decisión en grado, mediante la exposición de circunstancias jurídicas por las cuales se considera erróneo el pronunciamiento impugnado (conf. CN. Civ., Sala H, 20/6/03, ED, 204-472).-A la luz de lo expuesto en el párrafo precedente queda claro que esta parte del agravio no contiene crítica alguna, ya que expresar que existen otras publicaciones que podían haberse considerado sin explicar cómo dicha circunstancia pudo haber variado la conclusión de la jueza, carece de contenido en cuanto a fundamentar el yerro del decisorio. Por lo demás, y a mayor abundamiento es de señalar que, de acuerdo a la cotización que surge del Boletín Oficial de la Nación de fecha 31/12/09 (página 7), un automotor de similares características al de la actora, BMW X3. 3,01, Todo Terreno modelo 2005 (ver fs. 30), asciende a $ 197.200, por lo que el 10% tenido en cuenta por desvalorización superaría con creces el monto de $ 10.000, al que correctamente se limitó la juzgadora "en el límite de la pretensión".-Ya se ha dicho que la juzgadora no se extralimitó al aplicar la disposición del art. 167 de la ley XIII Nº 5 Anexo A -antes art. 165 del CPCC-, por lo que lo expuesto al respecto a fs. 266 vta. "in fine"/267, 1er. párrafo ya ha quedado suficientemente confutado. Finalmente, siempre en cuanto a este primer agravio, la recurrente indica que la jueza de grado consideró el valor del rodado al momento de la sentencia y lo retrotrajo al mes de enero de 2007 para aplicar intereses, lo cual es contradictorio o al menos ilógico (ver fs. 267, 2do. párrafo). En principio cabe decir que la sentenciante ha considerado correctamente el valor de reventa más cercano a la fecha de la sentencia ya que para apreciar la desvalorización del vehículo deben tenerse en cuenta valores actuales y no a la época del siniestro (conf. CN. Com., Sala D, 39/7/82, LL, 1982-D-465). Es cierto que desde una relevante opinión doctrinaria se ha entendido que este rubro debe determinarse con relación a la fecha del accidente, o en la más aproximada posible, mas también es cierto que en tales casos se considera apropiada la actualización monetaria del monto resultante hasta el pago de la indemnización, a fin de respetar el principio de plenitud del resarcimiento. Es que debe tenerse presente que el daño por depreciación del rodado se consuma a partir del suceso mismo, y que circunstancias ulteriores y causalmente ajenas pueden distorsionar el justo límite de la indemnización (conf. Zavala de González, Matilde: "Resarcimiento de daños", Ed. Hammurabi, 1996, Tº 1, págs. 88/89).-En lo relativo al cómputo de intereses, motivo por el cual se considera contradictoria la decisión, debe recordarse que los mismos, al ser moratorios, no vienen a compensar la desactualización del valor del rodado, sino que los mismos se deben en concepto de indemnización por el perjuicio que experimenta el acreedor por el retardo en que ha incurrido el deudor en la ejecución de su obligación. Y en el ámbito del derecho de daños, los intereses debidos son los moratorios, ya que cubren un perjuicio de esa naturaleza: el daño moratorio, es decir, el derivado de la falta de cumplimiento puntual de la obligación de indemnizar. Es que nos encontramos ante la hipótesis prevista por el art. 508 del C. Civil: "El deudor es igualmente responsable por los daños e intereses que su morosidad causare al acreedor en el cumplimiento de la obligación" (conf. Zavala de González, op. cit., ídem, págs. 229/230). En consecuencia, los intereses moratorios corren desde el día del hecho porque en la mayoría de los casos las consecuencias dañosas son coetáneas con el suceso que las engendra (conf. Cám. 3era. Civ. y Com. Córdoba, 13/3/81, LL, 1982-B-244), si bien hay casos en que el perjuicio es posterior al hecho, y la mora sólo surge cuando él se causa (conf. Zavala de González, op. cit., ídem, pág. 251). Mas no es este el supuesto de la desvalorización venal del rodado, ya que se trata de un perjuicio que se origina en forma concomitante con el accidente, sólo que se acredita una vez constatado el vehículo luego de su reparación. Tal postura fue la sostenida por el suscripto en un reciente antecedente análogo (conf. CANE, Sala "B", SDC Nº 48/09 del 28/12/09). En el mismo se trataba de la concesión del valor actualizado de un vehículo que sufriera destrucción total lo que se asemeja a la reparación "in natura". De hecho según lo previsto por el art. 1094 del C. Civil, si el daño fuese por destrucción de la cosa, la indemnización consistirá en el pago de la cosa destruida, y el art. 1083 del mismo código prevé el resarcimiento en especie, siempre a opción del acreedor (conf. Zavala de González, op. cit., ídem, págs. 20/22). Ahora bien, esta similitud no importa como lógica derivación que no se deban reconocer los intereses pedidos. Es que en la hipótesis de indemnización dineraria, se advierte con claridad que su privación temporal acarrea al damnificado una pérdida de frutos, compensable con los intereses moratorios. Pero también es así cuando la reparación se ordena en especie -hipótesis a la que asimila el valor actualizado la recurrente- (por vía del reemplazo o arreglo del bien patrimonial menoscabado), ya que la correspondiente prestación (por ejemplo, la entrega de un automotor para reponer el destruido, el arreglo asumido "per se" por el obligado) es siempre representativo de un capital pecuniario y, por ello, potencialmente productivo de frutos, cuya privación durante la mora constituye un daño resarcible (conf. Zavala de González, op. cit., idem, pág. 247).

En consecuencia de lo antedicho cabe concluir que no asiste razón a la apelante.-En síntesis, de acuerdo a las razones expuestas, propongo al acuerdo que se desestime este primer agravio analizado.-2) En segundo lugar, la recurrente cuestiona que se haya considerado el 10% del valor del automotor por el rubro examinado. Para ello se basa en que de las facturas que se tomaron en cuenta para determinar el daño emergente, se desprende que se trata de repuestos menores, que el vehículo no experimentó daños estructurales, que no fue colisionado sino que sólo sufrió un roce, que la suma asignada permitiría pintar el vehículo totalmente y que de acuerdo a lo dictaminado por el perito la reparación fue defectuosa lo que constituye un extremo que no es imputable a su parte.-La sentenciante, como surge del párrafo pertinente del decisorio que fue más arriba transcripto (ver sentencia a fs. 249, 2do. párrafo), se atuvo al porcentaje establecido por el perito mecánico. En efecto el experto dictaminó: "Si, este perito considera que el vehículo se ha visto disminuido en su valor, ya que después de haberle realizado la inspección ocular a la que hago referencia en el punto 1 de la presente, y por lo expresado también en ese punto, el mismo presenta vestigios de haber sufrido una reparación importante, coincidente con la descripta en el expediente, notándose diferencia de tono en las partes reparadas y reemplazadas, con las originales de fábrica, por lo que este perito considera que la unidad, al momento de realizar este informe, se encuentra desvalorizada en un 10% de su valor real actual a raíz del choque padecido" (ver fs. 191, pto. 3). Al respecto es de destacar que la ahora apelante no impugnó las conclusiones transcriptas en ninguna de las oportunidades que prevé el art. 477, 3er. párrafo de la ley XIII Nº 5 Anexo A -antes art. 473 del CPCC-. Las partes pueden impugnar, total o parcialmente, el dictamen en dos oportunidades expresamente señaladas por el precepto comentado; primero, dentro del quinto día de correrse el respectivo traslado de la pericia, y a continuación, si no lo han hecho en ese lapso, en la oportunidad de alegar de bien probado. Esto vale como doctrina aplicable a los juicios ordinarios y sumarios, pero no en los sumarísimos, en los cuales deben aceptarse las objeciones a la eficacia del dictamen pericial al expresar agravios contra la sentencia fundada en la opinión del experto (conf. CN. Civ., Sala C, 30/6/88, LL, 1989-A-654, 38.072-S). En los juicios ordinarios y sumarios, con posterioridad a los dos momentos específicos para presentar las impugnaciones que indica la norma analizada, precluye la facultad de hacerlo (conf. CNAT., Sala II, 29/5/89, DT, 1990-B-1381; CN. Com., Sala B, 14/4/87, LL, 1987-D-57 ; CNFed.Civ.yCom., Sala I, 2/2/86, LL, 1989-B-618, nº 6011). Es que la pericia no observada en primera instancia no puede ser impugnada en la alzada; el silencio, en estas circunstancias es más terminante que respecto de los demás medios de prueba, discutibles en cuanto a su valor y eficacia con independencia de la conducta de las partes en el momento de su producción (conf. Fenochietto-Arazi, op. cit., Tº 2, pág. 515).- Queda claro que en este agravio, si bien no se impugna abiertamente la pericia, la recurrente se queja de que se hubiera tomado el 10% por desvalorización venal, ya que se considera al mismo excesivo, entre otras razones por circunstancias expuestas por el mismo experto, como el caso de una defectuosa reparación. Es que todos los extremos en los que la apelante hace radicar su disconformidad con el porcentaje dictaminado ya estaban en su conocimiento al tiempo de notificarse de la experticia y con mayor razón al tiempo de alegar. En consecuencia bien pudo haber efectuado la argumentación que aquí ejercita a fin de objetar el dictamen del experto y de esa manera permitir al mismo ampliar los fundamentos de su dictamen o bien rectificar el mismo. Al no hacerlo, mal puede ahora objetar las conclusiones del perito, so capa de atacar la sentencia.-Resulta explícito que el decisorio, en este punto, se atuvo a pie juntillas al informe del perito. Y si bien es cierto que el juez es soberano al sentenciar en la apreciación de los hechos, dentro de los cuales se encuentra el dictamen, no lo es menos que deberá "aducir razones de entidad suficiente" (conf. CN. Civ., Sala F, 6/11/91, LL, 1992-D-327) para apartarse de las conclusiones, "razones muy fundadas" para desvirtuarlo, pues el conocimiento del perito es ajeno al hombre de derecho (conf. CN. Civ., Sala B, 19/7/79, ED, 85-709; .d., Sala D, 14/2/80, LL, 1980-B-143; entre otros). En esta orientación, el magistrado no puede desvincularse arbitrariamente de la opinión del experto (conf. CN. Civ., Sala F, 10/9/82, LL, 1983-B-204); en todos los supuestos fundará su discrepancia en elementos de juicio que permitan desvirtuar el informe (conf. CN. Civ., Sala L, 31/10/90, LL, 1992-D-601), concluyendo fehacientemente en el error o el inadecuado uso que el experto hubiere hecho de los conocimientos científicos de que su profesión o título habilitante necesariamente ha de suponérselo dotado (conf. CN. Civ., Sala D, 28/9/78, BCN Civil, 1978-VI-245, sum. 388).-En definitiva, dado que, en este segundo agravio, la apelante finca sus motivos de queja en extremos que debió esgrimir en la oportunidad procesal para impugnar el dictamen pericial pertinente, postulo al acuerdo la deserción parcial del recurso en lo que a este extremo respecta.-III.- En consecuencia de lo expuesto y razonado, corresponderá propiciar al acuerdo que se confirme el fallo apelado en todo cuanto ha sido materia de agravios, con costas a la apelante vencida (conf. art. 69 de la ley XIII Nº 5 Anexo A -antes art. 68 del CPCC-).- Por los trabajos efectuados ante la Alzada, y considerando el resultado del pleito, mérito y extensión de las tareas desarrolladas, regulo los honorarios al letrado apoderado de la recurrente, Dr. M. Á. G., en un 25% de lo establecido para la dirección letrada de dicha parte en la sentencia de primera instancia; y los del letrado apoderado de la actora, Dr. R. A. S., en un 30% de lo determinado para los letrados de la misma parte en la instancia de origen; en ambos casos con adición del I.V.A. correspondiente (arts. 5, 8, 13 y 46 y concs. de la ley XIII Nº 4 -antes arts. 6, 9, 14, 47 y concs. de la ley 2200-).- Voto entonces a esta cuestión por la AFIRMATIVA.-A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Lucero dijo:Han interpuesto recurso de apelación los co-demandados Sres. C. M. S. e H. I. P.; y, la tercera citada en garantía "L. P. S. S.A." (fs. 255) en contra del pronunciamiento definitivo dictado en autos (fs. 246/250) por el cual se hace lugar a la demanda entablada por la parte actora "P. S. I. S.A." condenando a los demandados "in solidum" a que, en el plazo que fija, abonen a la actora la suma de $ 22.929,44 con más los intereses fijados y costas.------- Que, a fs. 275, luce agregada la sentencia interlocutoria registrada bajo Nº 019/2010 del protocolo respectivo de éste Tribunal, resolución por la cual se declara desierto el recurso impetrado por los Sres. C. M. S. e H. I. P..------ El escrito de expresión de agravios se encuentra agregado a fs. 266/268.--------Ordenado su traslado a la parte contraria (fs. 269), este fue evacuado por escrito glosado a fs. 271/272 vta.. -------I.- La reseña de los agravios y de su contestación ha sido realizada con suficiencia por el magistrado que me precede en la votación, Dr. De Cunto, por lo que a ella me atendré a efectos de evitar repeticiones estériles.En primer lugar encuentro imprescindible ingresar derechamente a la cuestión traída a colación por el Dr. De Cunto en su análisis, cual es, la situación planteada en el presente caso donde la aseguradora que fuera demandada, de modo directo y conjuntamente con el asegurado, por el damnificado que pretende ser indemnizado por los daños sufridos.En primer lugar, debo decir que de ningún modo he asumido posición en contrario a reconocer la calidad de "parte" a la aseguradora que es traída al proceso, sea de modo directo por la parte demandante, por la vía prevista legalmente por el art. 118, 1er. párrafo de la Ley de Seguros (Ley 17.418); o, por su citación en garantía, a instancias del demandado. Asimismo, tampoco he negado la indudable legitimación o autonomía impugnativa que, como tal, cuenta la aseguradora citada en garantía en un pleito en el que fuera desfavorable a la parte co-demandada el fallo dictado, con la cual conforma un litisconsorcio pasivo facultativo independientemente de la oportunidad, modo o a instancias de quién concurriera ha integrar el polo pasivo de la relación jurídico procesal (Conf. Morello, Augusto Mario y Stiglitz, Rubén A. "Naturaleza del litisconsorcio conformado por asegurado y asegurador en la pretensión deducida por el damnificado" en J.A. 1991-III-711).-En lo que me distancio de la postura del colega preopinante es en cuanto a los efectos derivados de la posible impugnación deducida por la aseguradora, cuando el asegurado no impugno o, como en el supuesto bajo análisis, impugnó pero no sostuvo su recurso declarándoselo desierto. Es que, tengo para mi, que no funge en el supuesto la extensión al asegurado de los beneficios que pudieren derivar del posible éxito que pudiera obtener la aseguradora por ante la alzada, toda vez que de obtener el reconocimiento de su planteo impugnativo, no exime de la cualidad de la cosa juzgada que adquiriera el fallo dictado y que operó respecto a su asegurado con motivo de la firmeza que adquiriera a su respecto. Es que, a todo evento y allende del resultado que pudiera obtener por intermedio del recurso de apelación deducido, igualmente tendrá la aseguradora que responder por la garantía de indemnidad patrimonial, prestación de fuente contractual, por la que se comprometiera con el asegurado co-contratante, ante el supuesto de que acaezca el riesgo previsto (que el asegurado deba responder patrimonialmente por responsabilidad civil respecto a un tercero damnificado) y que se halla incólume. Al respecto he dicho y lo reitero, en cuanto que nunca puse en dudas en que cabe reconocer legitimación a la aseguradora para impugnar autónomamente la sentencia cuando el asegurado, también demandado, hubiere consentido la condena "in solidum". Es que, participo del entendimiento de que tal legitimación resulta indiscutible si se atiende que la aseguradora es parte en el proceso y, como tal, debe reconocérsele que cuenta con todas las facultades que son propias de la parte. Por lo demás, tal tesitura ha sido seguida desde siempre por la Corte Federal (Conf., entre otros, C.S.J.N., 27-11-90, in re "Lanza Peñaranda, Ruth A. C/ Transportes Quirno Costa S.A. y otros", en J.A. 1991-II-312; en igual sentido, CN.Civ., en pleno 23-9-91, in re: "Flores, Oscar J. C/ Robazza, Mario O.", en J.A. 1991-IV-464; ídem., CSJMendoza, Sala I, 1-4-92, "Cía. de Seguros del Interior S.A en J: 94.086 Patricio Palmero S.A. c/ Cía. de Seguros del Interior S.A.", E.D. 147-171). ------- --- Ahora bien, ello no obsta a que, tal como lo he puesto de resalto en supuestos análogos al presente, deba ponerse también el acento en otro de los presupuestos que viabilizan no ya su admisibilidad sino el buen éxito del ejercicio de la facultad impugnativa; cual es, la concurrencia de un interés o concreta existencia de un agravio postulable en la alzada ante tal situación procesal la que se encuentra íntimamente ligada o bien, dicho de otro modo, no se encuentra desvinculada de la relación sustancial subyacente en virtud de la cual la aseguradora citada en garantía fuera llamada al proceso. Es en tal porción en donde se ubican aquellos antecedentes en los cuales esta sala B de esta Cámara de Apelaciones se vio dividida en sus opiniones, en las distintas integraciones que se vinieron dando en estos últimos años.---- En los referidos antecedentes, se desestimó la existencia de tal interés por las consideraciones que paso a rememorar. Desde la óptica presentada preliminarmente "supra", es por lo que estimo que el presupuesto de que concurra un interés en recurrir es en extremo relevante y que, como se adelantara, motiva esta cuanto menos, interesante y particular situación jurídica. Es que la carencia de un interés concreto que puede derivar, para la empresa aseguradora recurrente, de la posibilidad de obtener con buen éxito el acogimiento de los agravios veda lisa y llanamente su atendibilidad o procedencia de sus planteos que desorbiten las defensas personales que pudieran hacer declinar su obligación contractual de cobertura de los daños patrimoniales que debe afrontar con motivo de la garantía de indemnidad asumida por ella. Paso a explicarme. ---Ya Alsina nos recordaba que sin interés no hay acción y que el interés es la medida de la acción. El interés como requisito de la acción exige, en primer lugar, que la finalidad que el solicitante se propone lograr mediante el ejercicio de la acción no pueda ser alcanzada sino por medio de la sentencia judicial. Y en segundo lugar, que la decisión judicial, en el caso de acceder a la pretensión, no mantenga a la parte que la ejerce en la misma situación en la que se encontraba antes del interponerla (Conf. Alsina, Hugo, "Tratado teórico práctico de derecho procesal civil y comercial", Ed. Ediar, año 19565, T. I., pág. 393 y sgtes.). - Evidentemente el interés que como presupuesto de la acción se ha indicado precedentemente es también presupuesto no ya de ejercicio sino de viabilidad del recurso. Se ha dicho que como no hay acción sin interés, tampoco hay recurso sin agravio (interés). En verdad, la noción de interés reposa sobre dos pautas: utilidad, más necesidad; esto significa que el recurso debe ser útil y, además necesario. Es útil si el quejoso obtiene una situación más ventajosa; y es necesario, si el remedio es indispensable para alcanzar dicho éxito. Es que la verdadera causa del objeto de la apelación es el simple interés del pretendiente, entendido, en todo caso, como interés personal, objetivo y directo. Para apelar, pues, hace falta tan solo un interés por parte del recurrente. Si se da ese interés y es personal, objetivo y directamente admisible, la causa de la apelación debe considerarse existente, y, a la inversa, inexistente en el caso contrario (Conf. Guasp, op. Cit., T. 2, págs 742/743; Hitters, Juan C., "Técnica de los Recursos Ordinarios", Ed. Platense, año 1988, págs 45/46; Ibáñez Frocham, Manuel, "Tratado de los recursos en el proceso civil", Ed. Omeba, 3ra. Ed., año 1963, págs. 103/104).--Ahora bien, el punto a indagar en la especie, tal como ya se lo ha presentado "ab initio", es el provecho o beneficio que pudiera obtener la aseguradora de prosperar su pretensión impugnaticia, a los efectos de dar contenido o restárselo al interés en lograr una morigeración del monto de condena que por vía del seguro contratado deberá hacer frente para cumplir con su prestación de indemnidad debida al asegurado (Art. 109 de la L.S.), sobre el cual -insisto- pesa una condena cuantitativamente firme a su respecto en concepto de pérdida del valor venal del automotor del damnificado actor en autos. Es que el vínculo en virtud del cual fue traído y participó en este pleito es el derivado del seguro de responsabilidad civil, contrato mediante el cual el asegurador se obliga a mantener indemne al asegurado de cuanto éste debe satisfacer a un tercero como consecuencia de la responsabilidad prevista en el contrato y derivada de un hecho ocurrido durante la vigencia de la relación aseguradora. O dicho de otro modo, es el seguro contra el riesgo de quedar gravado el patrimonio de la persona asegurada por la obligación de indemnizar a un tercero y que pudiera derivar de la responsabilidad que se le atribuya en relación a un accidente. No es, pues, la prestación asumida por la aseguradora recurrente asumir los daños causados a la víctima, sino los que producirían al patrimonio del asegurado el tener que afrontar de su peculio los causados por él -y por los que debe responder- al tercero damnificado. Adviértase desde otra óptica pero con idéntica conclusión que, magüer de lo antedicho desde la perspectiva procesal y en tanto se vincula con el objeto mismo de la obligación convencional asumida por la aseguradora apelante (Arts. 109, 116, 118 de la L.S.); corresponde tener presente que respecto a la aseguradora la condena opera "in solidum", habida cuenta que su obligación de indemnizar por el daño al actor "concurre" por distinta causa (causa de naturaleza obligacional o de fuente contractual) respecto a los partícipes del accidente (causa extra-contractual o de fuente legal), merced de lo cual, a efectos de hacer frente a su obligación convencional "in totum" y desobligarse honrando su débito de "indemnidad" del patrimonio comprometido de su asegurado, deberá hacer frente a la totalidad de la condena consentida y firme de la sentencia que pesa sobre los Sres. H. P. y C. M. S.. Ello, sin perjuicio de que eventualmente pudieren prosperar algunos de los puntos que integraren los agravios con los que sustentara su apelación (Conf.: mi voto en S.D.C., Sala B, Nº 03/05, c. 19.027; id. S.D.C., Nro. 34/07, c. 22.213; id., S.D.C., Nro. 42/08, c. 22.607, CANE).-------Por lo demás, puntualizo que nunca disentí tampoco en relación a que el litisconsorcio pasivo conformado por el asegurado demandado y su aseguradora citada en garantía -sea de modo directo por el damnificado actor, sea por citación en garantía del asegurado demandado-, se trata de un litisconsorcio facultativo (efectivamente es la postura en la que se enrola la C.S.J.N -ver: fallo ya citado "Lanza Peñaranda c/Transporte Quirno Costa S.A.", J.A. 1991-II-312; y también la C.S.Mendoza, sala 1°, en fallo del 11/5/1992, en "Perez Cassul c/Ovidio Peletay y otros p/ daños y perjuicios s/inconstitucionalidad", E.D. T. 153-568. Ver nota de Lino Palacio y las réplicas de Wetzler Malbrán, Ricardo, en E.D. 154-1031 y Chiappini, Julio, en Ed. T. 154-1035).-------- Ello importa, traducido en términos procesales, en que opera en tal supuesto plenamente el principio de personalidad de la apelación. Es decir, el recurso sólo beneficia a la parte que lo interpuso rigiendo en relación a los consortes facultativos que consintieron el principio de la disponibilidad del derecho. La excepción al mencionado principio de personalidad de la apelación, cual es, el efecto expansivo del resultado positivo o negativo del recurso, queda solo relegada al litisconsorcio necesario pues éste, por su propia naturaleza, no admite soluciones disímiles para los litisconsortes. Ahora bien, tal caracterización compartida no hace mella sino que, por el contrario, es la que da pábulo a la tesitura que reseñara con citas de antecedentes análogos precedentemente (Ver: C.S.J.N., 27-12-96, in re: "Flores de Carrizo, Zulema Noemí c/Paulino Armando Carrizo y otro s/ Sumario", Fallos: 319:3363; id. C.S.J.N., in re: "Avila, Lila c/Rodríguez Carlos e", Lexis N° 35000847). Y traigo a colación todo lo dicho, por cuanto soy de la opinión que la tercera citada en garantía apelante, de obtener en la alzada su exculpación no podría beneficiar a sus asegurados co-demandados, sin afectar el principio de congruencia ni los efectos derivados de la cosa juzgada y la consiguiente proyección en cuanto a la afectación del debido resguardo de los derechos constitucionales de defensa y de propiedad (arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional)(Conf. C.S.J.N. 21-10-76, L.L. 1977-B-397). En tal marco hermenéutico, entonces, los agravios relativos a la cuantía fijada por pérdida del valor venal, no dan contenido a un interés postulable válidamente (desde el punto de vista de su potencial eficacia o utilidad que provee el contenido o significación de un interés) en esta alzada en el presente caso. --- En consecuencia, propiciaré al acuerdo la desestimación del recurso por carecer de interés postulable la aseguradora co-demandada de un modo directo no autónomo "L. P. S. S.A.". Así lo voto.-----En virtud de lo concluido me eximo de pronunciarme respecto a las razones en las cuales se sustenta la pretensión impugnativa.------II.- Conclusión:

--- Por lo expuesto, propongo al acuerdo se confirme el fallo venido en apelación en todo lo que fue materia de agravios, con costas de segunda instancia a cargo de la co-demandada apelante vencida en ella (Conf. arts. 68 y 279 del C.P.C.C. -actuales arts. 69 y 282 de la Ley XIII Nº 5 Anexo A-).Los honorarios de los Dres. M. A. G. y R. A. S., letrados apoderados de la aseguradora recurrente y de la parte actora, respectivamente, por sus tareas de alzada, apreciándolos por su extensión, calidad y eficacia, estimo adecuado regularlos en las sumas equivalentes al 25% al primero y al 30%, al segundo, en ambos casos a computar sobre los que les fueran fijados en el anterior grado, con más el I.V.A. pertinente (Conf. arts. 6, 9, 14, 47 de la ley 2.200 -actuales arts. 5, 8, 13 y 46 de la Ley XIII Nº 4-).------Termino mi intervención en la presente cuestión, entonces, pronunciándome por la AFIRMATIVA. A LA PRIMERA CUESTION el Dr. Vergara dijo:1. Llegan a conocimiento de este Tribunal las presentes actuaciones como consecuencia del recurso de apelación interpuesto por la aseguradora a fs. 255, que fuera concedido a fs. 256, contra la sentencia de la anterior instancia de fs. 246/250 que hizo lugar parcialmente a la demanda instaurada por P. S. I. S.A. y condenó a H. P. y C. M. S., y asimismo a la aseguradora L. P. S: S.A. en el límite de la cobertura, al pago de la suma de $22.929,44.-, con más sus intereses, dentro del plazo de diez días, con imposición de costas a los vencidos.

Los agravios de la apelante lucen a fs. 266/268, el traslado conferido a fs. 269 fue evacuado por su contraria a fs. 271/272 y vta., a fs. 275 se declaró la deserción del recurso de apelación interpuesto a fs. 255 por los codemandados S. y P., y la relación sucinta de las cuestiones planteadas fue desarrollada por el Dr. De Cunto, motivo por el cual y atendiendo a razones de brevedad procesal me remito a tales expresiones, sin perjuicio de las precisiones que en cada caso corresponda realizar.En tales condiciones, toca al suscripto dirimir la disidencia existente en cuanto a fundamentos entre los vocales que me preceden en la votación a fin de formar la mayoría requerida para el Acuerdo (art. 274 de la Ley XIII Nº 5, Anexo A, y arts. 7 y 8 de la Ley V Nº 17 (art. 271 del C.P.C.C., y arts. 8 y 9 de la ley 1130, modificados por los arts. 1 y 4 de la ley 4.550), pues en lo que hace a la legitimación de la aseguradora para recurrir la sentencia el Dr. De Cunto se inclina por la afirmativa, en tanto que el Dr. Lucero si bien admite tal legitimación sostiene que carece de interés al haberse declarado la deserción del recurso de apelación interpuesto por el asegurado.2. Al respecto, ya en c. 22.431, S.D.C. 15/2008 -y con la salvedad expuesta en c. 22.916, S.I.C. 120/2007 en materia de indivisibilidad de la instancia-, como también en c. 103/08, S.D.C. 18/2009, y más recientemente en c. 387/09, S.D.C. 48/09, en aquellos casos en los que el asegurado consintiera la decisión de la anterior instancia y posibilidad de recurrir la aseguradora con independencia del asegurado, y en caso afirmativo, si el eventual éxito del recurso alcanza o no a este codemandado, hice referencia a que sobre tal cuestión existen tres posturas, a saber: a) Tesis que niega la autonomía de la aseguradora para recurrir. b) Tesis que afirma la autonomía recursiva de la aseguradora y que propaga al asegurado el efecto favorable de los recursos de aquélla. c) Tesis que afirma la autonomía recursiva de la aseguradora, pero niega esa propagación de efectos beneficiosos (Zavala de González, Matilde, "Resarcimiento de daños", Editorial Hammurabi S.R.L., 2da. ed., 1997, T. 3, par. 70, págs. 534/535).Tales posturas caben hacerse extensiva al presente caso en el que se declarara la deserción del recurso de apelación interpuesto por el asegurado.Así, en este proceso, al igual que en las ya citadas causas 22.431, 22.916 y 103/08, cabe otorgar a la aseguradora la calidad de litisconsorte pasivo autónomo, ya que dicha postura le permite intervenir con total independencia procesal y por esa autonomía goza también del derecho a recurrir de la sentencia aun cuando no lo hiciere el asegurado o de hacerlo no sostuviera el recurso de apelación deducido.Entiendo que esa es la solución más justa pues la inactividad procesal del codemandado Pacheco al no sostener el recurso de apelación interpuesto ante la sentencia definitiva dictada no puede recaer en perjuicio de su aseguradora que fue diligente en la preservación de sus derechos al recurrir el fallo de la anterior instancia.También cabe destacar que entre ambas partes existe un litisconsorcio pasivo facultativo toda vez no es presupuesto para el dictado de sentencia la citación en garantía, pues el art. 118, segundo párrafo, de la L.S. establece la posibilidad del damnificado de emplazar al asegurador a que concurra al pleito, lo que lleva a analizar si el recurso de apelación de la aseguradora beneficia o no al asegurado que consintió la sentencia de primera instancia.

Así, se sostiene que por tratarse de un litisconsorcio facultativo, si uno solo de los litisconsortes apela la sentencia, su revocación por el tribunal de alzada no beneficiará a los restantes, aun cuando las pretensiones se originen en una misma relación sustancial. Quien consintió la sentencia debe someterse a la decisión judicial aunque otro tribunal decida que aquella es injusta (Aréan, Beatriz A., "Juicio por accidentes de tránsito", Editorial Hammurabi, 2006, T. 3, págs. 1013/1014).Dejo a salvo, pues este no es el caso de autos, la interesante cuestión que se presenta en el caso de una sentencia absolutoria.Al respecto, suponiendo que la sentencia de la alzada resulte absolutoria: ¿podría el damnificado ejecutar la sentencia condenatoria de 1a. instancia contra el que consintió? ... De todos modos no pueden dejarse de advertir los problemas que plantea la cuestión, particularmente desde el punto de vista procesal habida cuenta la admisión de que las partes son autónomas procesalmente hablando, y que existe cosa juzgada respecto de una de ellas, lo que integra el derecho de propiedad de quien la obtuvo según la jurisprudencia de la Corte Suprema Nacional bastamente conocida (Rivera, Julio César, "La citación en garantía en el seguro de responsabilidad civil", J.A. 1988-I, 846.Sin perjuicio de lo cual, se señala que: si el asegurado consintió un sentencia desfavorable que la aseguradora recurrió con éxito, este beneficio no se propaga a aquél; es decir se afirma la exclusividad para la aseguradora del beneficio de sus recursos, de modo que la condena dictada en Primera Instancia contra el asegurado hace cosa juzgada sólo contra este mismo. Es la posición que compartimos. Lo expuesto constituye simple aplicación de los principios sobre litisconsorcio voluntario, en cuya virtud los recursos de uno de los litisconsortes no favorecen a los demás. Cabe agregar que la salvaguarda del derecho de defensa en juicio, que es el nudo justificativo de la solución debe hacerse efectiva también en la Alzada. Por otra parte, no cabe invocar que los recursos de la aseguradora violentarían la cosa juzgada ya obtenida por la víctima con la condena que el asegurado dejó firme. En efecto, de tal modo se olvida que la cosa juzgada debe examinarse discriminadamente para cada litigante, si no hay litisconsorcio necesario. Así pues, para que haya cosa juzgada contra la aseguradora es menester que la resolución esté firme en contra de ella (Zavala de González, obra y tomo citado, par. 70, pág. 540).Con tales alcances, la aseguradora tiene legitimación para interponer recurso de apelación contra la sentencia condenatoria aun cuando el asegurado abdicara la vía recursiva abierta con motivo de haberse declarado la deserción del recurso de apelación que interpusiera, y desde ya que tiene un interés propio que tutelar.En tales condiciones, corresponde ingresar al análisis de los agravios vertidos por esa parte.

3. Formula agravio la apelante por el monto establecido por pérdida de valor venal del rodado. Señala que la actora no acompañó cotizaciones que permitan determinar cual era el valor del vehículo y que la sentenciante de grado suplió esa carencia al tomar como base para establecer la valuación de la revista I..Al respecto, el fallo en crisis a fs. 249, segundo párrafo, tuvo por acreditado el perjuicio referido a ese rubro con fundamento en el dictamen pericial, concretamente con lo expuesto por el experto al punto 3 de fs. 191, y ese aspecto de la pericia no fue objeto de impugnación por la recurrente pues el cuestionamiento se centra en la circunstancia de que la sentencia suplió la carencia probatoria de la actora.En tal sentido, no le asiste razón a la parte ya que el daño invocado se acreditó por lo que el juzgador, ante la falta de datos que permitan establecer su monto, fijó el mismo de acuerdo la facultad prevista por el art. 167, tercer párrafo, de la Ley XIII Nº 5, Anexo A (art. 165 del C.P.C.C.).El crédito se fija por el juez, no siendo necesario el juramento estimatorio, como se exigía anteriormente (suprimido, art. 37, ley 14.237) (Falcón, Enrique M., "Código Procesal ...", Abeledo-Perrot, 1984, T. II, par. 165.9.4, pág. 160).Si el crédito de que se trate está comprobado, el juez puede y debe, aunque no medie prueba directa, establecer su cuantía (Highton-Aréan, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", Editorial Hammurabi, 2005, T. 3, pág. 503).En varios ordenamientos procesales, se confiere al magistrado la atribución para fijar el importe de la indemnización, aunque no resulte de la prueba, si el perjuicio mismo es real e inequívoco. Los magistrados han efectuado aplicación reiterada de dicho resorte jurisdiccional, supletorio de la falta de acreditación del monto indemnizatorio por el actor (Zavala de González, obra y tomo citado, págs. 306 y 307). Tocante al agravio referido a la utilización de una revista especializada que no se agregó a autos, por lo que no tuvo su parte oportunidad de revisar la misma, oponerse si lo consideraba pertinente, o simplemente constatarla, lo cierto es que la sentencia individualizó claramente la publicación con indicación de mes, año, y página, por lo que no se advierte que se violara el derecho de defensa en juicio.Desde esta perspectiva, se trata de un hecho público y notorio que por tanto se encuentra excluido de prueba.Datos que están excluidos de prueba por tratarse de hechos notorios de acuerdo con la regla notoria non egen probatione, cuyo origen se remonta hasta el derecho canónico. Se entiende por hecho notorio aquel cuyo conocimiento forma parte de la cultura normal propia de un determinado círculo social en el momento en que la decisión se pronuncia. No pueden darse a su respecto reglas precisas pero su característica es el dominio público, es decir, que nadie lo pone en duda, de tal manera que la convicción que de ella surge es tan firme como la que emana de una prueba directa y por ello puede el juez tenerlo por cierto en su sentencia aun cuando las partes no lo hubieran invocado (Alsina, "Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial", EDIAR, 2da. ed., 1958, T. III, págs. 247/249).

"Hechos notorios" son aquellos conocidos y tenidos como ciertos por un determinado círculo de personas de cultura media, en un momento histórico determinado (Morello, Passi Lanza, Sosa y Berizonce, "Códigos Procesales .", Librería Editora Platense - Abeledo-Perrot, 1973, T. V, pág. 10).En tales condiciones, a los fines de establecer el rubro resultó necesario determinar el valor del vehículo para lo cual el conocimiento de ese dato fáctico fue adquirido por la Sra. Juez de la anterior instancia por medio de una revista especializada cuya publicación es de amplia divulgación, por lo que no se observa que la recurrente tuviera dificultad al acceso de la misma, máxime por tratarse de una compañía de seguros.En cuanto a que la revista "I." no es la única publicación especializada ya que puede citarse también "Parabrisas", "Auto Test", "Auto Plus", lo cierto es que tal manifestación no brinda pauta alguna como para permitir cerciorarse donde está el error del fallo, por lo que no hay agravio que atender.Al respecto, no existe una crítica razonada de los fundamentos que demuestren el error del fallo, si respecto de cada manifestación falta el necesario desarrollo argumental capaz de cerciorar sobre la pertinencia de lo aseverado. El mismo déficit se ofrece si sólo se exteriorizan generalizaciones subjetivas sobre la prueba, sin indicar de modo concreto dónde existe el error invocado y cuáles son los hechos y circunstancias acreditados en el proceso con virtualidad suficiente para destruir los argumentos desarrollados por el juzgador (Morello, Sosa y Berizonce, "Códigos Procesales ...", Librería Editora Platense - Abeledo-Perrot, 1988, T. III, pág. 355 y cita de fallos).La ley procesal requiere así, con la finalidad de mantener el debate en un plano intelectual antes que verbal, que la crítica dirigida a la sentencia sea concreta, lo cual significa que la parte debe seleccionar del discurso del magistrado aquel argumento que constituye estrictamente la idea dirimente y que forme la base lógica de la decisión. Cuando el litigante no formula su expresión de agravios de esa manera, cae derrotado por su falta de instrumental lógico de crítica (CNCom., sala "D", abril 24-984, "Persiani e Hijos, José c. Productos Pulpa Moldeada S.A.", L.L. 1985-A, 309).En ausencia de fundamentos específicamente referidos a las consideraciones determinantes de la sentencia adversa a las pretensiones del recurrente, no hay agravio que atender en la alzada. Para tener por satisfechos los fines legales de la expresión de agravios, deben concretarse punto por punto, los errores fundamentales que se atribuyen en la aplicación del derecho, o en su caso en la apreciación de los hechos y su prueba, bajo riesgo de que se tenga por consentida toda decisión no objetada (Morello, Sosa y Berizonce, obra y tomo citado, págs. 360, punto e, y 370, respectivamente, y cita de pronunciamientos).Y sin perjuicio de que esta porción de la queja carece de crítica concreta, agregaré que de acuerdo a la consulta del Boletín Oficial de la República Argentina Nº 31.812, del 31/12/2009, página 7, resulta que para un automotor de características similares al rodado siniestrado (ver fs. 30), marca BMW X3 3,01, Todo Terreno, modelo 2005, su valor asciende a $197.200.-, incluso si se considera el de menor valor BMW X3 2,5 I del citado año su monto es de $178.600.- (Disposición 832/2009, Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios, Tabla de valuación de automotores).Por ello, de tomarse en consideración un porcentaje del 10% por pérdida de valor su importe excede largamente la suma fijada de $10.000.-, al que se adecuó el sentenciante en función del límite impuesto por la pretensión actoral (ver p. VI.3., fs. 76 vta.).A renglón seguido la quejosa sostiene que resulta contradictorio tomar un valor a octubre de 2009 y retrotraerlo a enero de 2007 para aplicar intereses. Al respecto, no le asiste razón en el planteo ya que la estimación de valores a la fecha del pronunciamiento no impide considerar favorablemente el reclamo por los intereses peticionados.Para ello destaco en primer lugar que no existe duda alguna en el sentido de que la sentencia debe tomar los valores existentes al momento del pronunciamiento.La indemnización de daños y perjuicios derivados tanto de hechos ilícitos (responsabilidad aquiliana) como del incumplimiento de las obligaciones contractuales, debe fijarse en función de los valores vigentes a la fecha de la sentencia, pues de lo contrario se desvirtuaría el principio según el cual se debe a la víctima una indemnización plena o integral, conforme a las pautas del derecho común (SCBA, Ac. y Sent., 1971, v. II, p. 205; 1973, v. I, p. 48).A su vez, la circunstancia de fijar el monto de la indemnización conforme a valores actualizados no crea incompatibilidad con la condena al pago de intereses toda vez que en un caso se atiende al capital, y en el otro a sus accesorios para permitir así reparar el perjuicio ocasionado por la imposibilidad de su uso. Se contempla entonces la integridad del resarcimiento debido y también la obligación accesoria del pago de intereses por la privación del capital adeudado.Con tales alcances, corresponde en primer lugar distinguir la estimación y liquidación de los valores (aestimatio y taxatio) y el momento en que la víctima adquiere el derecho de ser resarcida.Cuando el juez liquida en dinero el quantum de los daños debe partir de la base, como dice Puig Brutau, que "el dinero es el sustitutivo de la prestación dirigida a proporcionar bienes con valor intrínseco". Salta a la vista, entonces, que ese quantum, la suma de dinero, es la medida del valor a reparar. Como tal medida, debe responder a una estimación de valores al momento en que se hace su liquidación. No interesa el precio que tenía mi automóvil en el momento en que fue destruido, pues ese "precio" es un "valor histórico". Interesa -descartada obviamente la reparación en especie, in natura- cual es el precio actual, pues éste representa el valor patrimonial destruido. Parafraseando a Puig Brutau, recién citado, decimos, pues, que el precio actual es el sustitutivo del automóvil destruido (bien con valor intrínseco). Desde esta perspectiva cobra todo su sentido la afirmación reiterada en muchos fallos de que en los casos en que la determinación del monto indemnizatorio tiene lugar por vía de un pronunciamiento judicial, el daño resarcible debe ser valuado, en principio, al tiempo de la sentencia definitiva, lo cual impone efectuar los reajustes que sean del caso teniendo en cuenta incluso la depreciación monetaria operada. El momento de la sentencia liquidadora -se ha dicho- es relevante en orden a la medida del daño, en cuanto tiene en consideración el valor que en tal momento subsistiría en el patrimonio del perjudicado si el daño no se hubiese producido, por lo que se pretende crear, por mediación del resarcimiento a favor del perjudicado, una situación correspondiente a aquella que existiría de faltar el daño ocasionado. Debe distinguirse, sin embargo, entre la valoración de la medida del daño y la, propiamente, liquidación del mismo. Lo que Ascarelli denomina, respectivamente, la aestimatio y la taxatio (Zannoni, Eduardo A., "El daño en la responsabilidad civil", Astrea, 1982, par. 63 y 64, págs. 204/205).Y una vez estimados y liquidados los daños, los intereses correspondientes a indemnizaciones derivadas de delitos o cuasidelitos, se liquidarán desde el día en que se produce cada perjuicio objeto de la reparación. Esa solución implica aceptar que en todos los supuestos de hechos ilícitos se produce la mora de pleno derecho, sin necesidad de interpelación. La confusión surge de que en el caso de responsabilidad por actos ilícitos, el responsable , además de los daños y perjuicios compensatorios, debe los intereses -daños y perjuicios- por el retardo en abonar la indemnización originada en el daño producido (Belluscio, Director, "Código Civil y leyes complementarias", Astrea, 1979, T. 2, par. 13, pág. 603 y citas de jurisprudencia y doctrina).La doctrina dominante entiende que en materia de responsabilidad extracontractual, la mora opera automáticamente desde el mismo momento en que se produce el daño, vale decir cuando la víctima adquiere derecho al resarcimiento (arg. art. 509 y su nota) (Pizarro, Ramón Daniel, "Daño Moral", Editorial Hammurabi, 1996, par. 68, pág. 392).O sea, en materia indemnizatoria la mora opera automáticamente por lo que los intereses deben computarse desde la fecha del acaecimiento del hecho dañoso, que es cuando la víctima adquiere derecho al resarcimiento (doct. art. 509 del Código Civil y nota del codificador; art. 1109, 1er. apartado, 2do. párrafo).Es criterio uniforme de esta Cámara, ya en su composición de Sala única, S.D.C. 69/93, 84/93, 09/94, 24/94, 40/94, entre otros pronunciamientos.Esto es, los daños estimados y liquidados permiten establecer una indemnización dineraria que como tal es un capital cuya privación temporaria genera a su vez una pérdida de frutos que resulta compensable con los intereses moratorios. Por eso, si la indemnización (capital) no resulta satisfecha al momento en que se produjo el daño, su demora acarrea una pérdida que debe ser resarcida mediante el pago de intereses (accesorios).Es criterio de esta sala "B", en reiterados pronunciamientos, el más reciente c. 387/09, S.D.C. 48/09.

Además, como lo señala el Dr. De Cunto esta solución incluso debe hacerse extensiva cuando la reparación se ordena en especie ya que la correspondiente prestación es siempre representativo de un capital pecuniario y, por ello, potencialmente productivo de frutos, cuya privación durante la mora constituye un daño resarcible (Zavala de González, ob. cit., 1996, T. 1, par. 76, pág. 247).Por tales fundamentos se rechaza el agravio.4. Seguidamente la apelante se agravia del porcentaje concedido por pérdida de valor venal al asignar la a quo el diez por ciento (10%) para el rubro. Manifiesta que si se tiene en cuenta las facturas que se tomaron para determinar el monto puede observarse que se trata de repuestos menores (espejo retrovisor, manijas, juntas), por lo que surge que el vehículo no sufrió daños estructurales sino los producidos por un roce ya que no fue colisionado. Agrega que con el monto de $10.000 podría pintarse en su totalidad el rodado, y también que el perito expuso que la reparación fue defectuosa en cuanto a la calidad de la mano de obra y ello no es imputable a su parte. Al respecto, el juzgador a fs. 249, segundo párrafo, tomó en consideración el porcentaje establecido por el perito mecánico al señalar expresamente que: El Perito Mecánico reconoce una desvalorización del 10% ... Y en ese direccionamiento, el experto al producir informe respondió en sentido afirmativo y precisó que el vehículo se ha visto disminuido en su valor, y luego del razonamiento seguido dictaminó en forma categórica que la unidad, al momento de realizar este informe, se encuentra desvalorizada en un 10% de su valor real actual a raíz del choque padecido (punto 3, fs. 191).Sin embargo, ese dictamen no fue objeto de impugnación ni por los codemandados ni por la aseguradora (ver providencia de fs. 192 y notificaciones de fs. 193/195) y tampoco fue cuestionado el mismo en la oportunidad de alegar ya que sólo presentó alegato la parte actora (providencia de fs. 215 y escrito de fs. 217/220 y vta.).Y en ese aspecto, el ordenamiento procesal establece: "La falta de impugnaciones o pedidos de explicaciones u observaciones a las explicaciones que diere el perito, no es óbice para que la eficacia probatoria del dictamen pueda ser cuestionada por los letrados hasta la oportunidad de alegar con arreglo a lo dispuesto por el artículo 481" (art. 477, segundo apartado del tercer párrafo, Ley XIII Nº 5, Anexo A; art. 477, del C.P.C.C.).O sea, la impugnación del contenido del peritaje se puede hacer en dos oportunidades: en primer lugar dentro del quinto día a contar desde que se notificó el traslado del peritaje y, en segundo lugar, si no se ha hecho en dicho plazo, en la oportunidad de presentar el alegato (Arazi, "La prueba en el proceso civil", Ediciones La Rocca, 1991, pág. 287).Con posterioridad a esos momentos previstos por la ley, para presentar impugnaciones o pedidos de explicaciones u observaciones a las explicaciones que diere el perito, habrá precluido la facultad para hacerlo (Highton-Areán, ob. cit., 2007, T.

8, pág. 503, cita de fallo nº 13).Es criterio de esta sala "B", c. 15.001, S.D.L. 126/99, c. 15.940, S.D.L. 44/00, y c. 16.471, S.I.C. 101/00).En ese direccionamiento, si la pericia fue agregada a los autos y se dio traslado a las partes, pero no se utilizó el pedido de explicaciones (art. 473, Cód. Procesal), resultan improcedentes los cuestionamientos planteados en sede de agravios, ya que aquella oportunidad no es recuperable, pues implicaría una tardía verificación probatoria en etapa ya clausurada, instalando una peculiar situación en la que ya no se podría oír al experto (Cám. 1ª Apel. Civ. y Com. La Plata, Sala II, 9/4/91; ídem, 29/10/92; ídem, 4/7/96; ídem, 6/5/93; ídem, 11/8/94; ídem, 5/9/96; elDial-W3BB8) (Highton-Areán, obra y tomo citado precedentemente, pág. 501 y cita de fallos).Y como bien lo señalara el vocal que me precede en la votación aún cuando la impugnación no se dirige en forma directa a la pericia, lo cierto es que las razones brindadas por la recurrente se apoyaron en las consideraciones efectuadas por el propio perito, por lo que eran conocidas por esa parte al quedar notificada del traslado de la pericia y por ende al momento de alegar, por lo que debió introducir dichos cuestionamientos en forma oportuna en la anterior instancia.No efectuadas tales impugnaciones en tiempo procesal oportuno resulta improcedente introducir tales cuestionamientos recién al expresar agravios toda vez que la crítica al fallo en definitiva traduce objeciones al dictamen pericial, pues resulta con toda claridad que la sentencia en este aspecto se limitó a considerar el porcentaje establecido por el experto.Y sabido es que el apartamiento de las conclusiones establecidas en el dictamen pericial debe encontrar apoyo en razones serias, es decir, en fundamentos objetivamente demostrativos de que la opinión de los expertos se halla reñida con principios lógicos o máximas de experiencia, o de que existen en el proceso elementos probatorios provistos de mayor eficacia para provocar la convicción acerca de la verdad de los hechos controvertidos. Cuando el peritaje aparece fundado en principios técnicos inobjetables y no existe otra prueba que lo desvirtúe, la sana crítica aconseja, frente a la imposibilidad de oponer argumentos científicos de mayor valor, aceptar las conclusiones de aquél (Falcón, ob. cit., 1984, T. III, págs. 416/417, y cita de pronunciamientos).De tal modo, desde que la quejosa funda su crítica en circunstancias que le eran conocidas al quedar notificada del dictamen pericial, al no haber formulado impugnación alguna en la anterior instancia, la cuestión fue alcanzada por el principio de preclusión y ello determina que el agravio resulta inaudible y conduce a la deserción parcial del recurso.5. En consecuencia, también propicio al Acuerdo confirmar la sentencia venida en apelación en todo cuanto fuera materia de agravios, con costas de Alzada a la apelante vencida, conforme al criterio objetivo de la derrota (art. 69 de la Ley XIII Nº 5, Anexo A;

art. 68 del C.P.C.C.), de acuerdo a los fundamentos brindados por el Dr. De Cunto.Asimismo, atendiendo a la extensión, mérito, eficacia y resultado que arrojan los trabajos profesionales cumplidos en esta instancia, estimo prudentes los honorarios que propicia regular ese distinguido vocal a favor de los letrados apoderados de la parte actora y de la citada en garantía, en un 30% y 25%, respectivamente, de las cantidades establecidas para los emolumentos de primera instancia (arts. 5, 8, 13, y 46 de la Ley XIII Nº 4; arts. 6, 9, 14, y 47 de la ley 2.200), con más el I.V.A. pertinente.Finalizo el tratamiento y a la primera cuestión voto POR LA AFIRMATIVA. A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Dr. De Cunto expresó:En vista del acuerdo arribado acerca de la cuestión precedente, corresponde por tanto: I.- Confirmar el fallo apelado en todo cuanto ha sido materia de agravios.-II.- Imponer las costas de esta sede a la apelante perdidosa.-III.- Regular, por los trabajos realizados ante la Alzada, los honorarios del letrado apoderado de la actora, Dr. R. A. S., en un 30%, y los del letrado apoderado de la citada en garantía, Dr. M. Á. G., en un 25%, en ambos casos sobre lo establecido para los letrados de cada una de dichas partes en la sentencia de primera instancia, con adición del I.V.A. correspondiente.-Así lo voto.- --- A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Lucero dijo: Aunque por distintos argumentos, el pronunciamiento que corresponde dictar es el propuesto por el Dr. De Cunto, por resultar éste fiel reflejo de las razones argüidas en sustento de mi posición. ASI LO VOTO.- A LA SEGUNDA CUESTION el Dr. Vergara dijo:El pronunciamiento que corresponde dictar es el propuesto por el Dr. De Cunto, expresión de la decisión del Cuerpo que se ha formado con la anterior votación.Así lo voto.

--- Con lo que se dio por terminado el acuerdo, pasándose a dictar: ----- S E N T E N C I A: --- Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Trelew; RESUELVE:----CONFIRMAR el fallo apelado en todo cuanto ha sido materia de agravios.-IMPONER las costas de esta sede a la apelante perdidosa.-REGULAR, por los trabajos realizados ante la Alzada, los honorarios del letrado apoderado de la actora, Dr. R. A. S., en un 30%, y los del letrado apoderado de la citada en garantía, Dr. M. Á. G., en un 25%, en ambos casos sobre lo establecido para los letrados de cada una de dichas partes en la sentencia de primera instancia, con adición del I.V.A. correspondiente.-Regístrese, notifíquese y devuélvase. - POR SUS FUNDAMENTOS REGISTRADA BAJO EL N°_________DEL AÑO 2010 - SDC - CONSTE.- VILMA NOEMÍ BIRRI SECRETARIA.