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Sentencia, aclaratoria (procesal), costas, sentencia condenatoria, ley procesal, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: ORTEGA, LUIS GERARDO Y OTROS c/ BANCO DE SANTA FE S.A. s/ Recurso de inconstitucionalidad-Cobro de pesos-Recurso de  aclaratoria (Expte.: C.S.J. Nº. 312 Año 2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-04-02

Es procedente el recurso de aclaratoria si el pronunciamiento de la Corte no contiene decisión expresa en cuanto a los gastos causídicos. Y ante el hecho de que -en el caso- las recurrentes solicitan que las costas se impongan "a quien corresponda", cabe considerar que el artículo 254 de la ley 5531 dispone que, en caso de anulación por causa imputable a una de las partes, serán a su cargo las costas producidas y, en el supuesto de que la nulidad debiera atribuirse a culpa del juez o tribunal, a éste se le cargarán los gastos causídicos. Descartada la primer hipótesis (costas a la contraparte), toda vez que la actora expresamente ha puesto de manifiesto su falta de interés y legitimación en la cuestión de la sanción disciplinaria, debe entenderse que las impugnantes pretenden la imposición de costas al órgano jurisdiccional. Tal petición no puede prosperar desde que, si bien es cierto que la Corte juzgó que la sanción impuesta merecía reproche desde el plano constitucional, también lo es que el ejercicio de la facultad disciplinaria de marras no aparece como una extralimitación de los poderes con que cuenta el órgano jurisdiccional que permita su subsunción dentro de los cánones de la "culpa", elemento requerido por el dispositivo procesal invocado.

Por lo demás, ningún desarrollo argumental han efectuado los peticionantes que justifique tal imposición, siendo que, por las características de excepción y la interpretación restrictiva que rigen la temática en cuestión, resultaba exigible, salvo que se piense, sin dudas con error, que siempre que se anule una resolución las costas se deben imponer a los Magistrados que la dictaron.
Prescripción, cómputo del plazo
Materia: CIVIL
Carátula: Mc Kee del Plata S.A. c/ Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (SEGBA) s/ contrato administrativo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-11-09

La prescripción no puede separarse de la causa de la obligación de que se trate y su curso no corre sino desde que el derecho puede ser ejercitado.
Recurso de queja (procesal), derecho de reunión
Materia: CONTRAVENCIONAL-PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Defensora Oficial Contravencional y de Faltas n° 6 s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Duarte, Daniel Rubén s/ infracción art. 41 CC- apelación y de Faltas nº 6 s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Duarte, Daniel Rubén s/ infracción art. 41 CC- apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-12-16

El agravio referido a si la realización de una manifestación espontánea en el ejercicio del derecho de reunión consagrado en la Constitución nacional puede devenir en una conducta merecedora de reproche fue interpuesto tardíamente, razón por la cual el recurso de queja no puede prosperar.
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Medina, José Rodolfo c/ Poder Ejecutivo Provincial s/ Acción Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-12-30

Comparece el actor, por intermedio de apoderado, interponiendo sendas acciones contencioso administrativas en contra del Poder Ejecutivo Provincial, persiguiendo se declare la ilegitimidad del Decreto del Poder Ejecutivo Nº898, de fecha 27/JUL/2010, que le fuera notificado el 29/SEP/2010, y que se haga efectiva su designación y puesta en posesión en el cargo de Director Interino del Colegio Polimodal Nº4 que le fuera ofrecido formalmente por encontrarse en primer lugar en la lista de orden de mérito el 16/AGO/1995, y cuya aceptación realizó expresamente y que sistemáticamente le ha sido impedida por inacción de los funcionarios del Ministerio y por la desobediencia a una Sentencia de fecha 30/MAR/1998, que dejó sin efecto una medida cautelar que tuvo por efecto suspender la puesta en funciones del actor en el referido cargo. Reseña las sucesivas actuaciones llevadas a cabo hasta la emisión del acto objeto de impugnación.

Analizada la materia que involucra la pretensión se infiere que la misma se trata de una relación regida por normas de derecho administrativo, se impugna un acto emitido por la autoridad administrativa de última instancia que causa estado, conforme documentación que se adjunta - habiéndose interpuesto la acción en tiempo hábil , todo de conformidad a lo previsto en los Arts.1, 5, 7 y 13 del C.C.A., por lo que corresponde declarar la admisibilidad prima facie de la acción en los términos del Art.3 de igual plexo normativo.
Prueba testimonial, declaración testimonial, declaración policial, valor probatorio
Materia: PROCESAL
Carátula: CASANELLI, JOSE s/ PRUEBA - TESTIMONIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-21

No constituye violación al debido proceso la circunstancia de que los testigos no hayan declarado ante el Juez de la causa, toda vez que los artículos 184, inc. 5 y 8, 190, 191, 192 y 195 del código de forma otorgan a la autoridad policial facultades para recibir declaraciones testimoniales, cuya ratificación o ampliación pudo procurarse la defensa en sede judicial.
Contrato de trabajo, obligaciones de las partes, reorganización de la empresa
Materia: LABORAL
Carátula: Lopez,  Oscar  E. y otros c/ Correo Argentino S.A. s/ diferenciasde salarios.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-09-21

Los acuerdos invocados por la demandada, consistentes en la reestructuración, como así también la necesidad de efectuar un ajuste para evitar el despedo del personal, no constituyen un acto juridico válido en tanto el reajuste del sistema integral de remuneraciones y beneficios -supuestamente convenidos- carece de contraprestación. Esta estaría configurada por el compromiso de evitar la reducción de personal circunstancia ajena al contrato de trabajo existente entre los actores y el demandado. La ausencia de contraprestación efectiva convertiría la mengua referida en una donación, la que no es presumible dentro de la esfera del contrato de trabajo. Boletín 252. Toq. 1183.
Allanamiento domiciliario, orden de allanamiento, nulidad procesal, consentimiento del morador, prueba prohibida
Materia: PENAL - PROCESAL
Carátula: PALMISANO, Gabriel A. s/ Causa 27.192
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-28

Es improcedente la declaración de nulidad de todo lo actuado a partir del allanamiento practicado, pues si bien la diligencia fue llevada a cabo en flagrante transgresión a lo estatuido en el art.

188 del C.P.M.P. -dado que nada indica que el policía interventor haya sido invitado a penetrar a la vivienda del encartado, aun cuando se presuma un consentimiento tácito por parte de la persona que lo atendió-. El Juzgado de Instrucción convalidó lo actuado en esa oportunidad, lo cual pese a no tornar válida en modo alguno la actuación, evidencia un conocimiento previo por parte de la autoridad judicial, de la actividad que venía desplegando la policía. Por otra parte, aun cuando aparezca como desprolija y burda la actuación policial puesta de manifiesto al comienzo de la investigación, no puede hacerse caer todo lo que legítimamente se llevara a cabo con posterioridad, dado que no es aplicable la denominada teoría del "fruto del árbol envenenado".
Contratos, compraventa, perfeccionamiento del contrato, consentimiento, venta de pasajes, pasaje aéreo, incidente de retractación, devolución de saldos, error de tipo, improcedencia del recurso
Materia: CIVIL-COMERCIAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: Castagna, Eric Martin  c/ United Airlines INC  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-23

Corresponde condenar a una aerolínea norteamericana a pagar la suma de dinero necesaria para adquirir dos pasajes de similares características a los que el actor adquirió a través de una agencia de viajes, detrayéndose el valor de la "reserva original", toda vez que al día siguiente de la compra la demandada canceló injustificadamente las reservas y reembolsó lo abonado informando un error evidente en la tarifa. En ese marco, resulta improcedente la defensa intentada, consistente en plantear el error de hecho como vicio de la voluntad (CCCN 265) para anular la operación y eximirse del cumplimiento de su obligación, toda vez que no acreditó el requisito de reconocibilidad del error invocado.

Asimismo, la regulación de la Oficina de Ejecución y Procedimientos de Aviación del Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT), citada por la demandada y conforme la cual las empresas no deben honrar las tarifas si demuestran que son erróneas y reintegran a sus adquirentes los gastos, no tiene la incidencia que se le asigna en el país, frente a la normativa vigente en este ámbito (cfr. CNFed. CC., Sala I, in re "Orrequia, Laura Cecilia y otro c/ United Airlines Inc. s/ incumplimiento de contrato", del 28/12/21). Esta es: el Convenio para la Unificación de Ciertas Reglas para el Transporte Aéreo Internacional de Montreal de 1999 (aprobado por la ley 26451), el Código Aeronáutico, la Resolución 1532/98 del Ministerio de Economía de la Nación, el Código Civil y Comercial de la Nación, y la normativa de la Ley de Defensa del Consumidor.

Tampoco resultan aplicables los límites a la responsabilidad establecidos por el Código Aeronáutico, por cuanto éstos refieren a los daños padecidos por los pasajeros (muerte, lesiones, retraso, equipaje y cargas), vale decir, quienes hayan arribado un vuelo; extremo que justamente no pudo concretarse en la especie como consecuencia del incumplimiento de la aerolínea.
Jueces, deberes y facultades del juez, prueba, carga de la prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Expreso Villa Nueva S.A. c/ Stapinatti Ricardo Luis s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-08-18

No debe perderse de vista que quien no se hace presente a estar a derecho renuncia de una facultad disponible y no puede ni necesita ser defendido por el órgano jurisdiccional en lo que se refiere a la situación puramente fáctica de la demanda que se le iniciara;

teniendo siempre en el horizonte esas premisas es que esta Sala tiene resuelto que dentro del principio que campea en el ordenamiento procesal civil, la actividad privativa de los involucrados es la carga que obliga a éstos a la aportación de los hechos en que se fundan sus pretensiones o exigen sus defensas, teniendo vedado el iudicante la facultad de considerar admitidos o probados los hechos no afirmados por ninguno de los contendientes, enseñando Carnelutti que, los hechos no afirmados "no son" para el juez.
Fallos de la Corte Suprema, plazos procesales, recurso extraordinario federal, proceso electoral
Materia: CIVIL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Juntos por el Cambio - Ciudad Autónoma de Buenos Aires Sobre Incidente de Apelación - Causas Electorales - Reconocimiento de Alianza/Oficialización de Candidatos c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-07-21

En el caso, el precedente de la Corte Suprema de Justicia en el que la recurrente intenta apoyar su pretensión de que se abrevien los plazos procesales previstos por el art. 257 del CPCCN para el traslado del recurso extraordinario federal -sentencia dictada a propósito de las elecciones en la Provincia de San Juan, Fallos: 346:543- se refiere a una acción radicada en el Alto Tribunal de modo originario, y no a un recurso extraordinario y en él nada ha dicho respecto del plazo del artículo 257 del CPCCN ni a una eventual potestad de los tribunales locales para abreviarlo en materia electoral. (Del voto de los jueces Marcela De Langhe, Luis Francisco Lozano, Santiago Otamendi e Inés M. Weinberg).
Accidente de tránsito, daños y perjuicios, prioridad de paso, responsabilidad por omisión
Materia: CIVIL
Carátula: PAEZ Romero Diego Emanuel c/ Nesman Yolanda s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-03-19

De acuerdo a las pruebas arrimadas, la causa del daño se encuentra en la conducta del propio perjudicado al violar las normas elementales de tránsito. Él mismo declaró en sede penal que el semáforo de la Av. Ignacio de la Roza estaba en verde por lo que prosiguió con su marcha por calle Salta, y al ser indagado en la absolución de posiciones sobre si al llegar a calle Rivadavia continuó su marcha a la velocidad que venía sin frenar él mismo responde que sí.

Esta Sala se ha expedido en casos anteriores en este sentido manifestando que cuando la violación de reglas como la prioridad de paso, el respeto a los indicadores luminosos, la prohibición de circular a contramano, entre otras, y ésta aparece relacionada causalmente con el resultado dañoso; no cabe duda que hubo culpa del transgresor por producirse un daño que no habría acaecido si no hubiera omitido las diligencias exigidas por las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar.
Derecho procesal, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación insuficiente, inadmisibilidad del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: LOPEZ, SARA s/ RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY EN AUTOS: "EXPTE. Nº 612/05 - BAROVIEZ, ENRIQUE RAÚL c/ SARA LOPEZ p/ MENSURA Y ESCRITURACIÓN".
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2011-05-11

La fundamentación del recurso constituye la cuña con que se busca romper el dispositivo sentencial (Hitters, Motivos que habilitan la casación..., Der., v.101, p.814.), y para que esta tarea sea exitosa, el escrito postulatorio tiene que estar correctamente redactado, debe consistir en una crítica -razonada, meditada, concreta, y precisa- del decisorio que causa los agravios (Juan Carlos Hitters, Recursos Extraordinarios y Casación, 2ª Ed., Librería Editora Platense) presupuestos que no se observan en el recurso interpuesto, por lo que debe declararse inadmisible. (Sumario confeccionado por el SAIJ).
Usurpación, derecho de ocupación del dominio público, obstrucción de la vía pública, Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, competencia
Materia: PENAL
Carátula: AUTOPISTAS URBANAS. s/ USURPACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-21

El art. 41 del Código Contravencional no contiene una limitación temporal de la conducta de impedir u obstaculizar la circulación de personas o vehículos; no obstante, cuando el obstáculo es en verdad una ocupación permanente del terreno y se ha circunscripto un predio cuyos ocupantes detentan excluyendo de su derecho al legítimo titular, permite considerar que la situación descripta por el art. 2369 del C.C. y la posible comisión del delito previsto por el art. 181 del C.P. El citado artículo del Código Penal no distingue la naturaleza del derecho real de dominio a los fines de discriminar la conducta de quien despoja de la posesión o tenencia de un inmueble por uno de los medios comisivos que prevé. Si no ha sido descartado que la conducta denunciada como hipótesis pudiera constituir el delito de usurpación, la declinación de competencia no ha de ser homologada.
Aduanas, infracciones aduaneras, declaración inexacta de mercaderías
Materia: ADUANERO
Carátula: Madosa S.A. -T.F. 8226-A c/ D.G.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-23

En autos se está frente al supuesto previsto por el art. 959 inc. a) del Código Aduanero que dispone que "En cualquiera de las operaciones o de las destinaciones de importación o exportación, no será sancionado el que hubiere presentado una declaración inexacta siempre que mediare alguno de los siguientes supuestos: a) La inexactitud fuere comprobable de la simple lectura de la propia declaración".
Honorarios del perito, perito contador, base regulatoria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: J. J. CHEDIAK  S.A.I.C.A. c/ ESTADO NACIONAL (COMANDO EN JEFE DE LA FUERZA AEREA) s/ COBRO DE HABERES - HONORARIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-06-26

Si el peritaje contable no cubre todos los aspectos de las cuestiones controvertidas y resueltas, limitándose el dictamen a transcribir antecedentes de la causa que no requieren una opinión científica o técnica, no corresponde la aplicación automática e indiscriminada del decreto ley 16638/57 sobre el monto total del juicio.
Arraigo, Convención de la Haya sobre Procedimiento Civil, Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado
Materia: PROCESAL
Carátula: SEBAMAT CHEMIE GMBH c/ CRAVERI SA s/ CESE DE OPOSICION AL REGISTRO DE MARCA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-21

Si la actora tiene su domicilio real en Alemania, (Alemania es firmante de la Convención sobre Procedimiento Civil adoptada el 1.3.54, por la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, aprobada por Ley 23.502 (Adla, XLVII-B, 1987, pág. 1507) está habilitada para litigar en el país en las mismas condiciones que los en él domiciliados; en consecuencia, la excepción de arraigo resulta improcedente.
Competencia de la Corte Suprema, diligencias preliminares, derecho humano al agua, servicio de agua corriente
Materia: CONSTITUCIONAL-MEDIO AMBIENTE
Carátula: López, María Teresa c/ Santa Cruz, provincia de y otros (Estado Nacional) s/amparo ambiental c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-02-26

Corresponde requerir informes al Estado Nacional, a la Provincia de Santa Cruz y a la Provincia del Chubut en el marco de una acción de amparo ambiental colectivo con el objeto de que se asegure el efectivo acceso al agua potable en cantidad y calidad suficiente a toda una población, como medidas preliminares previas a la definición de la competencia de la Corte.
Relación de dependencia, deber de obrar con prudencia, ropa de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Jaime, Ramón Alberto c/ Sucesores de Ignacio Vázquez y otros s/ Laboral.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1994-06-30

Debe rechazarse el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del a-quo que hace lugar al reclamo de ropa de trabajo. Ello así, ya que la carga de la prueba no depende necesariamente de la condición de actor o demandado, sino de la situación en que cada parte se coloca en el proceso laboral, en función de las particulares características que presenta determinada pretensión, como lo es en este caso la de ropa de trabajo, ya que no resulta irrazonable que sea el empleador quién asuma la carga de acreditar la oportuna provisión de ropa de trabajo, puesto que es quién debió haber recabado del trabajador la constancia de su entrega. Esto así, en función del deber de diligencia y de iniciativa que tiene impuesto el empleador por el artículo 79 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Competencia federal, acción de amparo, actos u omisiones de autoridades públicas, frigoríficos, Servicio Nacional de Sanidad Animal, AFIP DGI, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Cané, Bernardo s/ denuncia s/av. infr. leyes 24.051 y 23.771.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-10

Corresponde a la justicia federal conocer en las demandas de amparo que tienen por objeto examinar la validez de actos emanados del gobierno nacional. Así ocurre con el planteo efectuado por un frigorífico contra el Servicio Nacional de Sanidad Animal, la Secretaría de Estado de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y la Dirección General Impositiva, para cuestionar la validez de las resoluciones emanadas de dichos organismos.
Sentencia arbitraria, defectos en la fundamentación normativa, doctrina legal
Materia: PROCESAL
Carátula: QUIROGA CARLOS HUMBERTO c/ S.A. SAN MIGUEL A.G.I.C.I. Y F. s/ COBROS
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-08-11

Es arbitraria la sentencia que exige requisitos previstos en una norma aplicable a una situación ajena a la de la litis, omitiendo examinarla en el marco probatorio indicado en el art. 10 del RNTA.
Multa administrativa, pago, confiscatoriedad
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Lavanchy, Alberto José c/ C.N.T.A. -Resol. C.N.T.A. 556/95
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-19

No corresponde hacer lugar a requerimientos en los cuales, como en el presente, no se ha demostrado que la multa en cuestión resultase confiscatoria o que su aplicación restringiera efectivamente las posibilidades de defensa de la accionante, así como que no cabe apartarse de la exigencia legal del previo pago cuando la sanción no aparezca desproporcionada con los bienes de la empresa (Sala I, "Azucarera Osvaldo Mora", del 29/10/74, y esta Sala, in re "Empresa de Trans. Pedro de Mendoza C.I.S.A. (Línea 29 c/ C.N.T.A. -Resol. 499-", del 18/7/95, entre otros).
Sociedad conyugal, honorarios del perito
Materia: PROCESAL
Carátula: H. DE S.M.S. c/ S.S. s/ MEDIDAS PRECAUTORIAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-23

Si bien en principio sólo los trámites de la liquidación de la sociedad conyugal poseen contenido económico, también lo tienen las medidas cautelares peticionadas en el juicio de divorcio destinadas a asegurar los derechos de la esposa en la sociedad conyugal.

Es por ello que a los fines regulatorios se debe tener en cuenta la actividad profesional desarrollada en las mismas y la magnitud económica de los bienes sobre los que recayó la medida cautelar (conf. C; Sala D, R.22.326 del 20/10/86). Tal criterio pronunciado con relación a la actuación del abogado, corresponde aplicarlo analógicamente respecto de los peritos y demás auxiliares de la justicia partiendo de la base de que los honorarios de los expertos deben guardar relación con los de los profesionales del derecho y, además porque el principio de raigambre constitucional de igualdad ante la ley, se vería transgredido si a los fines regulatorios para unos profesionales se aplica una base patrimonial y para otros otra.

Al desistirse del juicio queda sin determinar el interés económico que se pretendió asegurar pero al escribano inventariador le asiste el derecho a obtener una regulación adecuada a los montos que estuvieron en discusión en función de los porcentuales del arancel notarial, pero dado que dicho arancel no contiene una disposición expresa respecto a la forma de determinar el monto del haber inventariado, no cabe otra alternativa que aplicar analógicamente las reglas del arancel del abogado.
Prueba confesional, carga de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Ferreyra, José Benicio s/ Estafa
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1998-05-29

Habiendo el imputado confesado la comisión de varios hechos;

estafas; la ausencia de otros medios probatorios no puede ser motivo para que se quite validez total a la confesión comentada. Es aquí donde debe verificarse si los requisitos establecidos por la doctrina son aplicables al supuesto entendiendo que ello es así al revestir la calidad de declaración espontánea prestada ante el Juez competente y con ánimo evidente de confesar. Más aún, el imputado justifica y motiva su accionar, demostrando de este modo, su intención confesatoria.