marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Municipalidad, personal municipal, nombramiento, empleados públicos, vicios, nulidad del acto jurídico, defensa en juicio, Administración Pública, potestad disciplinaria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Peirano, Patricia Silvia c/ Municipalidad de Rosario s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   No. 17-85)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-06-17

Ante especiales circunstancias -nombramiento sin cumplimiento del requisito de concurso previo y por categoría muy superior a la correspondiente- la citación y audiencia de la recurrente con anterioridad al dictado del acto anulatorio de su designación no deviene en una exigencia razonablemente necesaria para asegurar el derecho de defensa; y el así decidirlo por parte del Tribunal no implica soslayar el plausible principio según el cual debe darse participación al particular con anterioridad al dictado del acto que lo perjudica. Esta regla en la actualidad aparece sostenida por la Corte Provincial, principalmente en el ámbito del ejercicio de potestades disciplinarias por parte de la Administración.
Responsabilidad civil, responsabilidad de los directores de establecimientos educacionales, culpa in vigilando
Materia: CIVIL
Carátula: Duarte de Martinez Rosa Zulema c/ Frias Salinas, Eduardo Delfin y otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-13

A fin de determinar la responsabilidad que le cabe a la docente del Establecimiento, se debe tener en cuenta la doble función de los profesores frente a los alumnos, la de enseñar y mantener la disciplina. Sea por aplicación del aspecto de la culpa in vigilando conjugada con la responsabilidad educativa que lleva a la teoría de las culpas acumuladas, debe aquella obligación ecuacionarse con los perjuicios que la omisión de su cumplimiento ocasiona a terceros Cabe agregar que es la transferencia de la custodia de los menores la que impide exonerar de algún grado de responsabilidad -por mínima que sea- al educador; más allá de que cualquiera sea la denominación que pretenda dársele "director", "maestro artesano", "profesor",etc , involucra al educador, en función de la obligación de vigilancia Frente a tales condiciones, si bien es cierto que el profesor no puede ser eximido de su obligación de conservar el orden, tampoco puede pretenderse que ejerza una suerte de vigilancia permanente en forma excluyente, máxime si por encontrarse escribiendo en el pizarrón había quedado de espaldas al curso integrado por alumnos de 5to. año y de 17 años de edad. En razón de lo expresado se la responsabiliza en un 10% del monto total de la condena.-
Recurso de inconstitucionalidad, doctrina de la arbitrariedad, acción de amparo, docentes, negociación colectiva
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BONTEMPI, ELISABET c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-09-04

Las manifestaciones de la amparista no se erigen como suficientes para demostrar la arbitrariedad o ilegalidad manifiesta de la reglamentación atacada, atento que ésta se presenta como una facultad válida que la autoridad administrativa efectuó en el ejercicio de funciones propias; y no resulta menor el dato de que tales cuestiones han sido convenidas en Paritarias celebradas entre las partes (representada la amparista en tales tratativas por el gremio al cual pertenece) y dicha resolución no fue tildada por el sector gremial como manifiestamente inconstitucional y violatoria de los docentes del sector privado, sino que por el contrario, el Sindicato prestó su consentimiento, convirtiéndose en obligatoria para quienes la suscriben y también para todos los trabajadores de esa específica actividad; lo que no importa negar el derecho que pudiera eventualmente asistirle a impugnar la reglamentación en cuestión por los carriles que el ordenamiento legal le confiere. (Del voto del Dr. Erbetta, al que adhieren los Dres. Gastaldi y Netri) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 14250, artículo 3; Resolución 1471/10 del Ministerio de Educación de Santa Fe, artículo 14 del Anexo II. - Jurisprudencia vinculada: Ricci, AyS T 269, p 464/477, sumario J0041872 y Burggi, AyS T 284, p 63/73, sumario J0044289. - Jurisprudencia Concordante con Saez, AyS T 284, p 281/294, sumario J0044227.
Derecho penal, amenazas, calificación legal, competencia criminal y correccional
Materia: PROCESAL
Carátula: Incidente de competencia en autos López, Cristian Leonardo c/  s/ Infr. art. 149 bis, CP s/ conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-05-14

Corresponde atribuir la competencia al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional, en razón de la conducta denunciada; justicia que, por lo demás, resulta competente para juzgar también la comisión del delito de amenazas simples, cf. la sentencia de este Tribunal in re "Incidente de competencia en autos Giordano, Hugo Orlando y otros s/ infr. art. 89, CP, lesiones leves s/ conflicto de competencia I", expte. n° 16368/19, sentencia del 25/10/2019. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Recurso de casación, improcedencia del recurso, revocación del sobreseimiento, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Aguilar, Alicia Emilia s/ recurso de casación. Causa: 473
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-18

La casación resulta improcedente contra la resolución de una Cámara que revoca el auto de sobreseimiento, por cuanto no pone fin a la acción, sino que hace posible su continuación.
Inadmisibilidad del recurso, prescripción de la acción penal, lesiones leves, suspensión del juicio a prueba, insuficiencia del agravio, oportunidad procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Carrizo, Rodrigo Aníbal - Lesiones leves calificadas, etc.- s/ rec. de casación c/ auto interl. nº 24 de expte. nº 244/16 c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2020-09-30

La declaración de no prescripción de la acción penal dictada en el curso de la audiencia única de probation, no ser considerada como sentencia definitiva que admita el recurso de casación para cuestionarla, y aún cuando la recurrente argumente que la resolución que ataca exhibe una fundamentación aparente, las objeciones que opone no son el reflejo de la cuestión propuesta en la instancia, ya que de las constancias del acta no surge solicitud de requerimiento para que el tribunal controle si el proceso se habría desarrollado en un tiempo que, por su excesiva duración, sea irrazonable su continuación; por tanto la pretensión de que el Tribunal se expida sobre una cuestión que no está en el acta de la audiencia para su consideración-, se presenta como una reflexión tardía de la recurrente, quien ciertamente nada alegó para que el juzgador pudiera expedirse al respecto lo que impide a ésta Corte pronunciarse sobre una cuestión que no fue presentada para su análisis en las instancias anteriores, siendo esa la oportunidad procesal para hacerlo. En consecuencia corresponde desestimar por inadmisible el recurso interpuesto.(Del voto del Dr. Cippitelli).
Cláusula penal, opción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Omentari de Lugano, Hebe Angélica c/ Moreno, Luciano Nicanor y otros s/ Cobro de alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-05-21

No obstante haberse establecido expresamente en una de las cláusulas del contrato la aplicación de una multa al deudor para el supuesto de atraso en el pago de los alquileres, nada impide que el acreedor opte por la aplicación de otra pena también prevista en el contrato y que contempla el mismo caso, aunque de manera genérica, puesto que al dejarse de lado la aplicación de la primera multa, no se superponen las penas (arg. art. 659, C. Civil).
Daños y perjuicios, hospitales públicos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: FARINA VDA. DE MARQUEZ ARCELIA c/ JULIO LABRADOR Y GOB. DE MENDOZA s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S083 - 175)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-05-03

La responsabilidad de los hospitales y centros asistenciales públicos, por la falta de pericia y diligencia de sus médicos respecto de los pacientes tratados en ellos, debe ser considerada dentro de la responsabilidad ordinaria o contractual y no en el plano de la extracontractual. En consecuencia, el acreedor que alega el incumplimiento de su obligación por el médico tiene a su cargo la prueba de que los servicios profesionales se prestaron sin esa prudencia y diligencia
Sentencia, fundamentación de sentencias
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Benencia, Raúl Diómedes c/ Martinez de Fiol, Elsa Martha s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-02-03

Las citas legales que el "a quo" formula y la remisión que ensayan a las "consideraciones expuestas por la demandada" aunque pudieran subsumir los hechos materia de decisión, requieren como condición de validez del fallo, la explicitación de los razonamientos por vía de los cuales se enlazan los hechos al derecho considerado aplicables.-
Ley posterior, ley anterior, derogación tácita de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: Estado Nacional (Ministerio de Economía - Secretaría de Industria) c/ Massey - Ferguson Argentina S.A. s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-10

Tratándose de leyes sucesivas, que legislan sobre la misma materia, la omisión en la última, de disposiciones de la primera, importa seguramente dejarlas sin efecto, cuando la nueva ley crea - respecto de la cuestión de que se trata - un sistema completo, más o menos diferente del de la ley antigua.
Concubinato, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Ferreyra, Andréa Blanca. c/ Ulloa, Carlos Darío. s/ Sumario.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-17

Si por lo menos 12 años antes a la muerte de la víctima, éste convivía con otra persona en un mismo hogar, en una relación estable, existiendo entonces entre ellos comunidad de habitación y de vida, sin ocultar tal relación ante terceros, ello en esencia determina la configuración de un concubinato.
Cuestiones de competencia, competencia laboral, competencia civil, acción civil por accidente de trabajo, empleo público, competencia contencioso administrativa y tributaria
Materia: PROCESAL
Carátula: Benítez, Norma Alicia c/ Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otro s/ Accidente - ley especial s/ conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-13

Corresponde declarar la competencia del fuero Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, aun cuando no haya participado en la contienda, si la actora ha demandado al GCBA, atribuyéndole la calidad de empleador. Ello así, conforme lo establecido en los arts. 1° y 2° del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad y en el art. 42 de la ley n° 7 (texto consolidado según ley n° 6017) -Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad-. (Del voto de los jueces Inés M. Weinberg, Marcela De Langhe, Santiago Otamendi y Luis Francisco Lozano).
Caducidad de instancia, pérdida del expediente
Materia: PROCESAL
Carátula: Compañía de Seguros La Franco Argentina S.A. c/ Dionisio Escobar s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1976-02-10

El agravio del apelante basado en que el expediente cuya caducidad se decretara, se encontraba en este Superior Tribunal unido a otro apelado y fuera de la Secretaría ante la cual tramitaba, constituyendo circunstancias obstativas para que el plazo de caducidad siguiera corriendo, e impidiéndole el seguimiento de la causa confiada a su actividad, si bien resulta atendible, estas circunstancias no asumieron una suficiente entidad como para obstruirle al apelante el pedimento de medidas que demostraran una intención cierta acerca de su interés en la continuación del procedimiento, evitando su caducidad.
Nulidad procesal, representación procesal, falta de mandato
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CUADERNILLO DE INCIDENTE DE NULIDAD EN LOPEZ DE BAREA ROSA c/ CRISTINA RIOS DE SARQUIZ Y OTRO. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-03-29

No puede insuflarse existencia dentro del proceso al acto cumplido por quien no es representante, aun cuando la parte ratifica dicha presentación. Ello importaría obviar el vallado del código de rito, al exigir participación provisoria, cuando no se acompaña poder, e importa colocar a quien no cumple con dicha exigencia en mayores condiciones que quien se somete a la exigencia legal y ratifica la gestión después de vencido el término acordado.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, excesos u omisiones en el pronunciamiento, legitimación activa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BAEZA, ANIBAL ROQUE. c/ ESTADO NACIONAL. s/ ACCION DE AMPARO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-08-28

La Corte Suprema está habilitada para pronunciarse sobre la viabilidad del recurso extraordinario denegado con deficiencia formal por el a quo, ya que el actor lo interpuso contra el fallo que consideró arbitrario por haber resuelto una cuestión no planteada, cual era la de su legitimación activa en la causa, revisando materia no incluida en la apelación al decisorio de primera instancia, lo que invalida a la sentencia con arbitrariedad por exceso de los límites de la jurisdicción devuelta (Disidencia del Dr. Augusto César Belluscio).
Estado Provincial, Poder Legislativo Nacional, jerarquía constitucional
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: AMBROS-PALMEGIANI  S.A.  y otro s/ PROFESIONES LIBERALES - PODER DE POLICIA - PROVINCIAS -   ESTABLECIMIENTO  DE UTILIDAD NACIONAL - INTERES NACIONAL - SUPREMACIA  DE LA CONSTITUCION - MUNICIPALIDADES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-01

Cuando una aplicación de un poder deferido choque con una aplicación de un poder conservado, deberá prevalecer el ejercicio del poder deferido, por ser ley de la Nación dictada, en consecuencia de la Constitución por el Congreso y tener entonces el carácter de ley suprema que le confiere el art. 31 de dicho estatuto, al que están obligadas a conformarse las autoridades locales, no obstante cualquier disposición en contrario que contengan las leyes y constituciones respectivas.
Recurso de inconstitucionalidad, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia aplicable, honorarios, aplicación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BANCO UNICOR COOPERATIVO LTDO. c/ UNIGRAN S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-10-05

Esta Corte -con distinta integración- in re "Contreras", frente al supuesto fáctico de letrados que optaron por interponer una demanda (en vez de cuarenta), asistir a una audencia (en lugar de 40), hacer un único ofrecimiento de prueba (en vez de 40), etc., sumado a la ventaja de concentrar esas diligencias en un único juzgado (en lugar de varios), ponderó que no se podía soslayar al momento de retribuir la labor profesional que las circunstancias apuntadas implicaban un cuantioso ahorro de energía tanto en lo material como en lo intelectual; en el sub lite, por su parte, la Cámara por mayoría decidió -con arreglo al artículo 1627 del Código Civil, reformado por ley 24432 (hoy artículo 1255 del Código Civil y Comercial de la Nación) y a los artículos 4 y 5 de la ley 6767- la reducción en un 35% de los honorarios correspondientes a los abogados que actuaron en representación de la parte demandada con fundamento en que, pese a la tramitación separada de las causas, no se podía prescindir de valorar la clara similitud de las actuaciones contenidas en cada una de las doce causas conexas, con incidencia en los estipendios de los profesionales intervinientes toda vez que no puede ponderarse una y otra vez la misma labor, obviando la vinculación de las causas, la contemporaneidad de éstas y el impacto que ello acarrea sobre la retribución de ambas partes, circunstancias que les permitieron a los letrados de la demandada efectuar un menor esfuerzo que si se tratara de doce procesos sustancialmente diferentes; advirtiéndose entonces que, si bien el Tribunal -por mayoría- no fundamentó su decisión en el antecedente de alto nivel orgánico supra mencionado, lo cierto es que arriba a consideraciones que se ajustan -en principio- a la doctrina constitucional contenida en dicho precedente, por cuanto toma en consideración una serie de particularidades que, al igual que en "Contreras", implican para los abogados de la demandada un significativo ahorro de energía tanto en lo material como en lo intelectual, a la vez que adopta una hermenéutica que propicia el acuerdo entre la norma legal con los principios y garantías constitucionales que proscriben regulaciones exorbitantes y que no pueden eludir manifiestamente el mérito de la labor que se retribuye. (Del voto del Dr. Falistocco) - CITAS: CSJStaFe: Contreras, AyS T 108, p 399/413. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Civil, artículo 1627, reformado por Ley 24432; Código Civil y Comercial de la Nación, artículo 1255; Ley 6767, artículos y 5.
Medidas cautelares, medida de no innovar, medida cautelar innovativa, cambio de calificación legal, facultades del juez, energía eléctrica, tarifa de servicios eléctricos
Materia: PROCESAL
Carátula: INCIDENTE DE APELACION EN AUTOS: EDERSA c/ TURBINE POWER CO. S.A. s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (Exp. 004/SCA) s/ APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2004-08-18

Si se trata de "medida innovativa" como creo que sucede en el caso en examen, la misma tenderá a introducir cambios sustanciales en situaciones jurídicas existentes al momento de la pretensión; consecuentemente, no es retroactiva sino a futuro, a partir del cumplimiento de la orden judicial del sujeto pasivo que va a introducir cambios en esa situación jurídica anterior a la pretensión.

Un ejemplo de lo dicho resulta el caso "Bortulé, Néstor c/ Jockey Club Rosario" (JA 1977-3 - 62), en donde un jockey es suspendido en su actividad profesional a raíz de una inconducta laboral por parte de la entidad patronal; el jinete peticiona y obtiene, en tanto se tramita su reclamo judicial tendiente a lograr la nulidad de la sanción disciplinaria, que se le permita actuar como vareador, para poder ganarse su diario sustento y el de su familia.

No hay reposición del estado anterior, porque él no pide ser jockey sino vareador, lo que genera una situación jurídica distinta que no existía al momento de la pretensión; consecuentemente, es a futuro, no es retroactiva.

En tal orden de ideas, considero que en el caso en análisis la medida cautelar dispuesta por el Tribunal "a quo" - medida de no innovar - , con la recalificación jurídica que propicio, sólo podrá tener efectos a partir de la notificación del recipiendario. Ello, en tanto éste sólo podría dar cumplimiento a la modificación de la situación jurídica dispuesta con la medida cautelar (modificación del precio por servicio de generación de energía prestados a Edersa S.A.) a partir de la notificación de la misma.
Entrega del certificado de trabajo, cobro de sumas de dinero, accidentes de trabajo, medios de prueba
Materia: LABORAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Molina Mónica Clarisa c/ Globo Aves  s/ Cobro de pesos y entrega de Certificación Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-05-31

La imposibilidad de otorgar tareas administrativas a la actora debió ser acreditado con medios de prueba distintos a la testimonial; vgr. con un informe socio-laboral y/o un organigrama de la empresa. En doctrina se llama a este principio "de tipicidad de la prueba", y en su sentir implica que no resulta aceptable que en lugar de traer al juicio la fuente probatoria original e inmediata para acreditar los hechos aseverados (vgr. un informe ingenieril y socio-laboral), se intente reconstruir los mismos a partir de una vía indirecta (como podría ser la prueba testifical, como ocurre este caso). Por otro lado, la actora intimó a su empleadora le facilitara someterse a junta médica a tales fines. Y más allá de ello, aun si la trabajadora no lo hubiera reclamado, de así quererlo, la patronal podría haber realizado control médico, conforme art. 210 LCT, estando así legalmente establecido para que la dadora de trabajo pueda verificar el estado de salud de sus empleados (Voto Ronconi. Adhesión Stettler)
Pagaré, aval, firma, endoso, firma extraña
Materia: COMERCIAL
Carátula: COMPAÑIA ARGENTINA DE MANDATOS RURALES SOCIEDAD ANONIMA c/ METALURGICA MAGNANO s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-14

Se considera avalista quien no siendo beneficiario ha puesto su firma en el pagaré como primer endoso, porque nadie pone normalmente la firma en una letra sin tener la intención de asumir una obligación cambiaria.

Si aparece en la cadena de endosos una firma extraña, resulta lógico atribuirle el valor de un aval, quedando el firmante sujeto a la previsión del decreto ley 5965/63: 33 "in fine".
Allanamiento, interpretación de la ley
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Massolo, Juan José y otro s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-02-28

Negar fundamentación al decreto que ordenó el allanamiento por no haberse asentado en él lo que resulta obvio, conduce a una interpretación arbitraria de la letra de la ley. (Voto de la Dra. Catucci).
Responsabilidad del Estado, eximentes de responsabilidad, menores, detención, suicidio, culpa de la víctima, requisa personal
Materia: CIVIL
Carátula: EXPTE. N° 99.565 P.E.E. EN J° 108.593/31.867 P.E.E. C/ G.P.M. Y OT. P/ ORD. S/ APELACIÓN S/ INC.
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2011-03-31

La culpa de la víctima con aptitud para cortar el nexo de causalidad, a que alude el Art. 1113 del C. C., debe revestir las características de imprevisibilidad e inevitabilidad propias del caso fortuito o de la fuerza mayor. En igual sentido se ha afirmado que la culpa de la víctima debe estar demostrada en forma clara y contundente para exonerar de responsabilidad.

Por ello, no puede predicarse esta eximente de responsabilidad en un caso en el que la víctima es detenida por personal policial en la vía pública.

En ese momento se le extrae de su bolsillo una bolsita que contenía droga, siendo trasladado a la Seccional Sexta y acompañado por un profesor de educación física, que trabajaba en el centro deportivo al que el menor asistía encontrándose en rehabilitación.

En la seccional, no fue requisado y permaneció sentado en un banco esperando el resultado del análisis del material secuestrado. Solicitó autorización para ir al baño, fue acompañado por un agente y encontrándose en ese lugar se escuchó una detonación y se comprobó que se había efectuado un disparo en la sien, producto del cual murió cuando era trasladado al hospital, quedando definitivamente establecida en la causa la responsabilidad de Estado y de la agente que debió requisar a la víctima.
Locación de inmuebles, obligaciones del locatario, ejecución de alquileres, falta de restitución de bienes, juicio de desalojo
Materia: PROCESAL
Carátula: ZAFFINO, Isabel c/ LOPEZ GAGO DE IGARZABAL, Olga y otros s/ EJECUCION DE ALQUILERES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-07-08

Mientras la efectiva desocupación y entrega del inmueble no se produce, desanudando "in totum" el contrato locativo, el locatario está obligado al pago de los alquileres, aunque la accionante en el desalojo haya obtenido la tenencia provisoria del bien, desde que tal hecho no tiene eficacia para hacer cesar el curso de los arriendos.