Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-06


SENTENCIA DEFINITIVA Nº: 100.619 SALA II Expediente Nro.: 2.899/09 (Juzgado Nº 10) AUTOS: "ÁLVAREZ, CLAUDIO LORENZO C/ TECNODOCK S.R.L. Y OTRO S/ DESPIDO" VISTO Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires, el	06/06/2012 , reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continua-ción.

La Dra. Graciela A. González dijo:

Contra la sentencia de primera instancia que ad-mitió la demanda instaurada se alzan las demandadas, a tenor de los memoriales que lucen a fs. 459/69 -Edesur S.A.- y fs. 471/74 -Tecnodock S.R.L.-, mereciendo réplica de la contraria. Asimismo, la perito contadora apela los honorarios regulados a su fa-vor por estimarlos reducidos y Edesur S.A. cuestiona los emolumentos fijados a la parte actora y a la experta contable, por reputarlos elevados, así como también la im-posición de costas.

La codemandada Edesur se agravia por cuanto se la condenó en forma solidaria, con fundamento en lo dispuesto por el art. 30 de la LCT, y por la admisión de las multas previstas en el art. 80 de la LCT, arts. 1 y 2 de la ley 25.323 y tasa de interés a aplicar. A su turno, Tecnodock se queja porque se con-sideró injustificado el despido dispuesto, y por la condena fijada con fundamento en los arts. 1 y 2 de la ley 25.323.

Delimitados, de este modo, los temas traídos a conocimiento de este Tribunal, razones de orden metodológico imponen tratar, en primer lugar, la queja vertida en orden al despido decidido por Tecnodock.

La parte demandada se agravia porque la senten-ciante de grado concluyó que no se encontraba acreditado el cumplimientos de los re-caudos necesarios para la aplicación del art. 247 de la LCT, en cuyo mérito condenó al pago de la indemnización prevista en el art. 245 de dicho cuerpo legal. Sostiene la apelante que, contrariamente a lo expuesto en el decisorio en crisis, quedaron acredi-tados todos los presupuestos fácticos necesarios para la aplicación de la norma men-cionada.

En forma preliminar, cabe puntualizar que la demandada Tecnodock despidió al actor invocando las previsiones del art. 247 de la LCT "Atento a la falta y disminución de trabajo, que es de su público conocimiento." (fs. 174 y 176).

La norma señalada dispone que "En los casos en que el despido fuese dispuesto por . falta o disminución de trabajo no imputable al empleador fehacientemente justificada, el trabajador tendrá derecho a percibir una indemnización equivalente a la mitad de la prevista en el art. 245 de esta ley. En tales casos el despido deberá comenzar por el personal menos antiguo dentro de cada es-pecialidad. Respecto del personal ingresado en un mismo semestre deberá comenzarse por el que tuviere menos cargas de familia, aunque con ello se alterara el orden de an-tigüedad".

La característica esencial del supuesto bajo aná-lisis radica en la ajenidad de dicha causa respecto del empleador, de modo que la falta o disminución de trabajo trae aparejada una mayor complicación y onerosidad en el cumplimiento de la obligación por parte del empleador de recibir la prestación de ser-vicios del trabajador (conf. arg. art. 1198 del Código Civil). Asimismo, para proceder a extinguir el contrato de trabajo por falta o disminución de trabajo deben reunirse una serie de presupuestos, a saber: 1) la existencia de la causal invocada que, por su entidad, justifique la extinción del vínculo; 2) que dicha causa se deba a circunstancias objetivas ajenas al riesgo empresario; 3) que tenga perdurabilidad en el tiempo; 4) que el empleador haya adoptado las medidas necesarias para evitar tal circunstancia; 5) que se haya respetado el orden de antigüedad en el empleo y 6) que la medida sea contemporánea al hecho que la originó. Finalmente, si en la empresa se emplea a menos de cuatrocientos trabajadores y la medida rescisoria alcanza a más del 15% de aquéllos, o si se emplea a más de cuatrocientos trabajadores y la medida afecta a más del 10%, o si emplea a más de mil y se involucra a más del 5%, previo a la comunica-ción del despido debe sustanciarse el procedimiento preventivo de crisis ante el Mi-nisterio de Trabajo.

A fin de evaluar la inimputabilidad requerida por la norma esta Sala ha sostenido en reiterados pronunciamientos que, ante la situación de falta o disminución de trabajo, el empleador debe acreditar de manera eficaz que recurrió infructuosamente a otras medidas potencialmente adecuadas, tendientes a su-perar la coyuntura desfavorable o bien a corregir o morigerar los negativos efectos de la crisis en el seno de la organización empresaria para tornar aplicable la excepción que prevé el art. 247 de la L.C.T. (ver, entre otros, autos "Verón, L. C/ Tectitex S.A." S.D. del 25/10/78).

En este orden de ideas, y ante la excepcionalidad que importan los supuestos previstos en la norma aludida, el empleador debió demos-trar de manera contundente la legitimidad de la causal invocada, no bastando la sola acreditación del hecho objetivo (en el caso, disminución de obras debido al compor-tamiento de Edesur en la contratación con Tecnodock), sino que se requiere, además y como exigencia insoslayable, la demostración del dato subjetivo (que el hecho le es ajeno e inimputable y que adoptó todas las medidas necesarias tendientes a su supera-ción). Ello por cuanto no basta la demostración de una situación genérica de crisis porque, si bien la misma puede encontrar origen en un hipotético incumplimiento contractual -como alega Tecnodock respecto de Edesur- lo cierto es que el empresario debe asumir los riesgos a que está sujeta su actividad en tanto ello forma parte de lo que se ha dado en denominar "riesgo propio empresario" ya que si se producen ga-nancias las aprovechará y si se producen pérdidas las asumirá (cfr. argumento del art. 1º de la ley 19550 y ésta Sala in re "Maldonado, José c/ Giardulli Hnos. SRL y otro", S.D. Nº 76012 del 06/04/95).

Sentado ello, se aprecia que del informe pericial contable surge que a partir de septiembre/08 las obras de licitación de Edesur fueron disminuidas y que a dicho mes las tareas de obras representaba el 51% de la factura-ción de Tecnodock.

Empero, como sostuvo la Dra. González Burbridge, y contrariamente a lo argüido por la recurrente en el memorial bajo análisis, no se ha acreditado que hubiese arbitrado los medios necesarios o adoptado las medidas pertinentes a fin de contrarrestar la disminución de trabajo. Es decir, la ape-lante parece entender que lo requerido por la norma se refiere a que debió evitar el conflicto con Edesur, del que habría derivado la disminución de tareas. Sin embargo, el deber de diligencia no implica tal imposible menester, sino la adopción de medidas necesarias para paliar la disminución de tareas en sí, hecho que, como se dijo, no quedó acreditado. Por lo demás, tampoco se encuentra probada la imprevisibilidad de la causa imputada pues no resulta lógico suponer que Tecnodock, en su calidad de contratista de Edesur, descartara totalmente un conflicto con la empresa usuaria de los servicios por ella prestados, y que pretendiera que los trabajadores carguen con aquél por el hecho de que fuera su "único cliente".

En cuanto a la referencia a la prueba testimonial, cabe señalar que la misma sobreabunda en el tema de la disminución de trabajo pero no acredita ni la imprevisibilidad ni la inimputabilidad de la causal.

Si bien ello resulta suficiente para confirmar el decisorio de grado en cuanto reputa incumplidos los recaudos de viabilidad del art. 247 de la LCT, cabe mencionar que tampoco se encuentra acreditado el respeto del orden de antigüedad de los trabajadores que requiere la norma. En efecto, de la plani-lla obrante a fs. 291/93 surge que con posterioridad al despido del actor se desvinculó a trabajadores del sector con menos antigüedad que el mismo, no apreciándose deta-lladas las cargas de familia de cada uno ni tampoco, como señaló la sentenciante de grado, la situación de los empleados que continuaron prestando labores.

Por último, arriba firme a esta alzada que la de-mandada no inició el procedimiento preventivo de crisis previsto en el dec. 328/88.

Por todo lo expuesto, propongo confirmar el de-cisorio de grado en cuanto concluye que el despido de marras no encuadra en las pre-visiones del art. 247 de la LCT y admite, por tanto, la acción incoada.

Edesur se queja porque se la condenó en forma solidaria con Tecnodock al entender la sentenciante de grado que resultaba de aplica-ción el art. 30 de la LCT. Sostiene, en apoyo de sus postura adversa al decisorio en crisis, que la tarea desarrollada por el actor como empleado de Tecnodock no formaba parte de la actividad normal y específica propia de Edesur y, a todo evento, arguye que se acreditó el cumplimiento de los controles previstos en la norma.

Analizada la causa, en el marco de las alegacio-nes formuladas, adelanto opinión en sentido adverso a la queja, por las razones que seguidamente expongo.

Sostiene la quejosa que su objeto social es la dis-tribución y comercialización de energía eléctrica y que el contrato comercial entre Edesur y Tecnodock es una "variedad de la locación de servicio" que en nada se rela-ciona con un contrato de naturaleza laboral. Asimismo, afirma que las tareas desarro-lladas por Álvarez para Tecnodock no pueden considerarse propias de Edesur.

Ahora bien, para establecer la responsabilidad que el art. 30 de la L.C.T. le atribuye a quien contrata o subcontrata servicios que ha-cen a la actividad normal, específica y propia de su establecimiento no basta con ana-lizar el objeto descripto en el estatuto de las sociedades comerciales ni con definir el aspecto central o medular del proceso productivo de la contratante principal porque no siempre tales datos permiten discernir qué aspectos o facetas integran el "estable-cimiento" entendido éste en los términos del art. 6 de la L.C.T., es decir como "la unidad técnica o de ejecución destinada al logro de los fines de la empresa".

Cabe precisar que no se trata de un supuesto que presuma la existencia de fraude en la contratación y siempre requiere la participación de por lo menos dos empresas distintas, por lo que queda fuera del dispositivo legal en cuestión, la mera provisión de mano de obra (prevista específicamente en los arts. 14 y 29 de la L.C.T). Desde esta óptica se ha considerado que toda empresa puede adoptar el procedimiento que considere apropiado para realizar sus negocios, pudiendo asumir sólo algunas actividades del proceso productivo, contratando otras con a terceros, lo que queda dentro del legítimo ámbito de su libertad, lo que no la exime de responsabilidad si la tercerización de servicios involucra aspectos o facetas de la misma actividad que desarrolla en su establecimiento, en tanto se trata de una impu-tación objetiva de responsabilidad.

Desde tal perspectiva, para definir el ámbito de aplicación del art. 30 LCT antes mencionado, debe considerarse que una actividad re-sulta inescindible de la principal si integra la definición del producto (bien o servicio) ofrecido o esperado por los destinatarios, según las expectativas del mercado o que se trata de aspectos o facetas de la misma actividad que se desarrolla en el estableci-miento principal (conf. esta Sala in re "Barrios Villalba, Carmen R. c/Sodexho Argen-tina S.A. y otro s/despido", sentencia 95381 del 9/11/07). También cabe reputar acti-vidad normal, específica y propia a aquella que resulta indispensable para la operatoria de la principal en sus aspectos medulares (conf. Rainolter, M.- García Vior, A. en Solidaridad laboral en la tercerización, Ed. Astrea, Bs. As. 2008, págs. 150 y ss). Desde tal directriz, para analizar la atribución de responsabilidad prevista en el art. 30 de la L.C.T., debe tenerse en cuenta no solo el modo en que se estructura la actividad de la prestataria, sino la índole de la actividad por la que se reconoce a la usuaria en el mercado (con igual criterio, esta Sala in re "Francese, Pablo Emmanuel c/Servicemaster y otro s/despido", sent. 94730 del 13/2/07).

A su vez, debe considerarse que para que resulte de aplicación el supuesto atributivo de responsabilidad en cuestión, es necesario determinar que dentro de la actividad subcontratada, el trabajador (no ya la actividad) cumple su tarea en beneficio directo del principal. Esta condición aparece en el cuarto párrafo del artículo 30 de la LCT, donde la solidaridad generada por las condiciones anteriores queda limitada al grupo de beneficiarios conformado por el 'personal que ocuparen en la prestación de dichos trabajos o servicios'. Ergo, aun cuando la subcontratista lleve a cabo una tarea normal y específica propia respecto del contratista principal, la solidaridad no podría ser invocada por un trabajador del subcontratista cuyos servicios no hubieren sido aprovechados exclusivamente por el principal (ver CNAT, Sala I, in re "Biolante, José María c/Grina SA y otros s/despido", SD 84.052 del 27/2/2007).

De las pruebas colectadas en la causa así como de los propios reconocimientos de las partes se extrae que Edesur contrató los servicios de Tecnodock para la realización de tareas concernientes al mantenimiento y re-paración de las líneas aéreas y subterráneas de energía que provee Edesur y que, en tal marco, prestó servicios el actor.

En efecto, la perito contadora informó que Tecnodock fue adjudicataria de la licitación Nº 3484 Contrato CDE Nº 08/03 celebra-do el 01/01/03, y que Álvarez se desempeñaba como capataz en las obras de cons-trucción y mantenimiento de redes eléctricas, que efectuaba Tecnodock para Edesur.

En el caso, la actividad desplegada por la contra-tista se advierte integrativa de la desarrollada por Edesur, en tanto resultan sin lugar a dudas inescindibles del servicio que presta e indispensable para la operatoria de la principal. Asimismo, surge acreditado en la causa que, las tareas desempeñadas por el actor se encontraron destinadas a la satisfacción de los fines empresarios tenidos en miras por esta última, todo lo cual sitúa el caso bajo las reglas del art. 30 LCT.

Ello por cuanto, tal como sostuve al votar en un caso de aristas similares al presente -con la adhesión del Dr. Miguel Ángel Maza-, de acuerdo con la redacción del art. 30 de la L.C.T., es esencial para establecer la exis-tencia de solidaridad entre comitente y contratista, que se ceda total o parcialmente la actividad normal y específica del primero (cfr. autos "Loza, Héctor Luis c/ Edesur S.A. y otros s/ despido", SD 96270 del 12/12/08, y en igual sentido, "Díaz, Adrián Marcelo c/ Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. y otro s/ Despido", SD 96744 del 03/06/09, del protocolo de esta Sala, entre otros).

En el caso, Edesur es una reconocida empresa dedicada a la prestación del servicio público de distribución y comercialización de electricidad, y no cabe duda que cedió la realización de una parte de su actividad normal a Tecnodock.

Párrafo aparte merece la crítica vertida por Edesur en orden al cumplimiento de las exigencias del art. 30 y al respecto considero que no ha quedado cabalmente acreditado el mismo respecto del primer párrafo de la norma. En efecto, éste dispone que quienes contraten los servicios "deberán exigir a sus contratistas o subcontratistas el adecuado cumplimiento de las normas relativas al trabajo y a los organismos de la seguridad social".

En el caso de marras, no puede concluirse que Edesur hubiese exigido el cumplimiento de la normas relativas al trabajo, como refiere en su memorial, pues basta con advertir que el trabajador percibía parte de su remuneración en forma clandestina, asunto que será abordado a continuación.

Desde tal perspectiva, cabe concluir que la ape-lante no efectuó el debido control que alega, por cuanto si bien solicitó la acreditación del pago de cargas sociales y salarios, ello no da cuenta del efectivo cumplimiento de las "obligaciones laborales", teniendo en cuenta las irregularidades descriptas.

Sin perjuicio de lo expuesto, estimo conveniente aclarar que, aún cuando se hubiese verificado en la lid el cumplimiento fehaciente de los controles previstos en el art. 30 de la LCT, modificado por la ley 25.013, considero que el cumplimiento de tales deberes formales no neutraliza la responsabilidad so-lidaria dispuesta en la ley.

En efecto, el art. 17 de dicha ley sustituyó el se-gundo párrafo del art. 30, incorporando la obligación de los empresarios que cedan to-tal o parcialmente su establecimiento a otros empresarios y de aquellos que contraten o subcontraten trabajos o servicios correspondientes a su actividad normal y específica propia -es decir, los afectados por la norma bajo análisis- de exigirle a las empresas cesionarias, contratistas y subcontratistas una serie de controles formales atinentes al cumplimiento de las obligaciones fiscales y laborales en relación al personal ocupado por estas últimas.

Asimismo, dispone la norma en su cuarto párra-fo- que importa en el caso bajo análisis- que "el incumplimiento de algunos de los requisitos hará responsable solidariamente al principal por las obligaciones de los cesionarios, contratistas o subcontratistas respecto del personal que ocuparen en la prestación de dichos trabajos o servicios y que fueren emergentes de la relación la-boral incluyendo su extinción y de las obligaciones de la seguridad social".

Este aspecto de la norma ha dado lugar a debate. Así, para un sector de la doctrina, si el empresario principal (cedente o contratante) ha cumplido con esos requisitos formales del segundo párrafo, no respondería solidaria-mente aunque haya cedido total o parcialmente su establecimiento o aunque haya en-comendado al contratista o subcontratista la realización de tareas o servicios que for-men parte de la actividad normal y específica propia de su establecimiento. De este modo, la reforma habría agregado un elemento más que debería concurrir para que se de la solidaridad: además de los ya mencionados (cesión total o parcial del estableci-miento o encomienda de tareas o servicios que formen parte de la actividad normal y específica propia del establecimiento), tendría que mediar también incumplimiento de los deberes formales. Otro segmento de la doctrina y de la jurisprudencia mayoritaria, en cambio, no le ha concedido a esta nueva reforma la operatividad restrictiva. Quie-nes se postulan en esta línea de pensamiento entienden que la intención del legislador no fue condicionar la solidaridad a que se produzcan estos incumplimientos sino que, meramente, buscó establecer con claridad el rol vigilante que le cabe al empresario principal (cedente y/o contratante), así como a darle derechos para defenderse ante la posible responsabilidad vicaria o en garantía, que podría tener que asumir.

Comparto esta última posición interpretativa, que, además, ha sido seguida por los mis colegas, los Dres. Maza y Pirolo, al expedirse in re "Cevallos, Marcelo Enrique c/ Ener S.R.L. y otros s/ despido" (SD 95398 del 16/11/07), de similares aristas al presente. Ello por cuanto no me parece factible ex-traer del texto legal que se exima de responsabilidad solidaria al empresario que dele-gó tareas atinentes a su objeto propio y específico que cedió su establecimiento, por la mera circunstancia de que haya efectuado controles formales.

En base a todo lo dicho, teniendo en cuenta la cesión parcial de la actividad normal, propia y específica dispuesta por Edesur a favor de Tecknodock apuntada precedentemente, las labores desempeñadas por el recla-mante y el incumplimiento señalado concluyo que, se encuentran reunidos los presu-puestos previstos en por el art. 30 de la LCT declarado aplicable, para decretar la existencia de responsabilidad solidaria entre las codemandadas.

Por último, resta señalar que el argumento vertido por Edesur en orden a la adopción de la medida rescisoria resulta inatendible, por cuanto la solidaridad dispuesta por el citado art. 30 se extiende incluso a las obliga-ciones emergentes de la extinción del vínculo, sin importar si la contratante intervino o no en la misma.

Por lo expuesto, propongo confirmar el decisorio de grado en cuanto en el sentido aludido decide.

Las codemandadas Edesur y Tecnodock se agra-vian por cuanto se admitió el reclamo efectuado con fundamento en el art. 1º de la ley 25.323. Edesur sostiene que no existió deficiente registración "mientras duró la rela-ción laboral con mi mandante" (sic fs. 467). A su turno, Tecnodock cuestiona la valo-ración de la prueba testimonial y sostiene que, a su entender, las declaraciones de los testigos Quijano, Barros y Orgaz no resultan convictivas a los fines de acreditar la percepción de sumas en forma clandestina por parte del actor, calificándolas de conje-turales y contradictorias.

La crítica en este aspecto vertida, tampoco tendrá favorable acogida.

En primer término debe señalarse que, el argu-mento recursivo esgrimido por Edesur, en el sentido de que mientras duró la relación laboral con ella el actor se encontró correctamente registrado, resulta abiertamente contradictorio con la postura que la misma asumió en el litigio en la que enfatizó la ausencia de vinculación con Álvarez.

En cuanto a la crítica de Tecnodock, concuerdo con la Dra. González Burbridge en que se ha demostrado en la lid a través de testigos presenciales y que eran compañeros de trabajo del actor, la percepción de una porción del salario en forma extraregistral.

En efecto, Quijano (fs. 177/78) declaró que fue compañero del actor en Tecnodock, que Álvarez era capataz y lo dirigía al testigo y a la cuadrilla, que al demandante le pagaban como a todos los otros, con recibo, iban todos juntos en una camioneta a la oficina donde les daban los recibos, que el actor y el resto cobraban por cajero porque tenían tarjeta, que además de cobrar por cajero cobraban una suma aparte, los empleados $100 y el actor $400, en negro, Álvarez les daba esa suma a los empleados y "sabe que el actor cobraba esa suma porque se la quejaba delante de ellos cuando repartía dicha plata. Que supuestamente la empresa Tecnodock era quien le daba esa plata al actor para repartir porque dice que los fueron contratados por la misma. Que este hecho de repartir la plata era semanal y. siempre era por la misma suma. Que dicha suma en negro era por el trabajo que hacían. Que cobraron esa plata de esa manera durante el tiempo que el dicente estuvo trabajando, como dos años.".

Barros (fs. 179/80) relató que el accionante era capataz y que la cuadrilla en la que trabajaba el testigo salía junto con la de Alvarez y se juntaban cuando volvían, "que al actor le pagaban en blanco y cree que también un poco en negro, que lo sabe porque a él le pagaban en negro por lo que cree que al actor también, aclarando que está seguro. Que el jefe de la cuadrilla del dicente le daba los sábados $100 en negro. que estos $100 en negro se los daba Tecnodock, que lo dice que si el jefe de cuadrilla le daba dicho dinero era porque tenía que tener relación con esta empresa.".

Orgaz (fs. 248) dijo ser amigo íntimo del de-mandante, que trabajaron juntos en el período 2006/08, que no sabe quién le pagaba al actor supone que era Tecnodock.

Las declaraciones de Quijano y Barros, analiza-das a la luz de las reglas que rigen la sana crítica, dan cuenta de la existencia de una modalidad de pago por parte de la empleadora, consistente en abonar una porción de la remuneración fuera de todo registro. Ello en tanto Quijano dijo percibirla del propio actor y que éste se quedaba con otra parte para él ($400), y si bien no vio cuando esa suma le era entregada a Álvarez, lo cierto es que ningún elemento demuestra que la misma proviniese de una persona distinta del empleador, ni que obedeciera a una causa diferente que el trabajo prestado, máxime cuando era abonada sistemáticamente en forma semanal por idénticos montos. Por lo demás, Barros relató igual situación respecto de su cuadrilla y su jefe, quien le entregaba semanalmente la misma suma que recibía Quijano.	Por todo ello, considero que ha quedado acredi-tado que el actor percibía la suma denunciada en la demanda en forma clandestina, de modo que, configurado de tal modo el presupuesto fáctico requerido para la proce-dencia de la multa prevista en el art. 1º de la ley 25.323, propongo su confirmación.

En cambio, resulta procedente el cuestionamiento efectuado en relación a la procedencia del incremento indemnizatorio previsto en el art. 2 de la ley 25.323 por cuanto, tal como afirma la recurrente, no se advierte satis-fecho el requisito previsto en la norma consistente en que el trabajador intime al em-pleador al pago de las indemnizaciones previstas en los arts. 232/33 y 245 de la LCT (ver fs. 4 y fs. 169/76).

Por ello, propongo modificar este aspecto del decisorio de grado y dejar sin efecto la condena a abonar el rubro analizado.

La crítica vertida en orden al acogimiento de la multa prevista en el art. 80 de la LCT (conf. art. 45 de la ley 25.345) también será re-ceptada por cuanto del decisorio de grado surge que, aún cuando tal concepto resultó integrativo de la liquidación practicada a fs. 444, dicho rubro fue rechazado. En efec-to, del considerando pertinente se desprende que "no procederá el reclamo con fun-damento en el art. 45 de la ley 25.345, toda vez que si la accionada manifestó en su oportunidad que los ponía a disposición del trabajador y acreditó que los mismos fueron confeccionados en legal tiempo y forma y fueron entregados al actor en enero de 2009" (ver fs. 441)	En tal contexto, resulta evidente que se incurrió en un error en la sentencia de grado al incluirlo en la liquidación de los rubros diferi-dos a condena, por lo que propongo modificar este aspecto del decisorio de grado y descontar de la misma el rubro "art. 45 ley 25.345 $11.068,98".

La queja vertida por la codemandada Edesur en orden a la tasa de interés cuya aplicación se decidió en grado será desestimada.

En primer término se impone puntualizar que, de acuerdo a los términos del memorial según los cuales se critica la aplicación de la tasa de interés conf. Acta 2357, el planteo debe ser analizado desde el punto de vista de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda a partir del dictado de la ley 25.561 y en atención a las variables económicas vigentes en el país desde el mes enero del año 2002. Al respecto, reiteradamente he sostenido que tales circunstancias fueron las que justamente justificaron que, para el mismo período involucrado, se decidiera la fija-ción de una tasa de interés diferenciada de conformidad con lo resuelto por esta Cá-mara mediante Resolución de fecha 7/5/02 (Acta 2357), y que es la que cuestiona la recurrente.

Como también he expuesto en numerosas opor-tunidades, debe destacarse que la tasa de interés no sólo se encuentra destinada a sancionar la mora del deudor, sino que también posee naturaleza resarcitoria, pudien-do expresar por tanto la expectativa inflacionaria que en cada momento rija en el mercado.

En tal sentido, la Sala III de esta Cámara ha sos-tenido -con criterio que en términos generales este Tribunal comparte- que "el método de los intereses es una solución aproximada que no mide exactamente la variación de los precios sino el modo en que los actores económicos, en su conjunto, prevén la evolución futura de los precios, desde el momento en que los intereses se pactan. Pero hay que reconocer que tampoco la indexación es una solución precisa, porque de-pende de la evolución de la canasta de artículos seleccionada por el organismo en-cargado de confeccionar la estadística, sin considerar cómo la variación de todos los precios (esos y otros) ha de incidir en la capacidad adquisitva de un individuo de-terminado, habida cuenta de los hábitos de consumo del sujeto concreto" (CNAT Sala III, sent. 84233 del 7/11/02 "Méndez Gerardo c/Black Carvajal y Cía. S.A. s/despido").

En consecuencia, conforme lo precedentemente expuesto y lo dispuesto por esta Cámara, rige en la materia el Acta 2357 de la CNAT (así como de la Res. 8 del 30/05/02) que dispone la aplicación, a partir del 01/01/02, de un interés igual a la tasa activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos, resultando lo resuelto en grado, en mi opinión, conforme a derecho y no advirtiéndose que ello contraríe las disposiciones de la ley 25.561 ni implique la conculcación de norma constitucional alguna. Por ello, propiciaré confir-mar también este aspecto de la resolución recurrida.

Con arreglo a lo expuesto, corresponde fijar el monto definitivo de condena en la suma de $55.999,51 (monto de condena de primera instancia $82.392,48 - $11.068,98 - $15.323,99), que deberá ser abonado dentro del plazo y con los intereses dispuestos en el pronunciamiento de origen, cuya confirmación quedara propuesta.

En virtud de las argumentaciones expuestas y con arreglo a lo establecido por el art. 279 del CPCCN, corresponde adecuar la impo-sición de costas y los honorarios al resultado del pleito que se ha dejado propuesto pa-ra resolver la apelación.

En orden a ello y en función de dicho resultado, de acuerdo con el principio general que emana del art. 68 del C.P.C.C.N., y teniendo en cuenta que esta Sala ha sostenido invariablemente que "las costas no deben valo-rarse con un criterio aritmético sino jurídico" (cfr. SENT. Nº 80.678 del 25.3.97 in re "Ramírez, Víctor c/ ELMA S.A. s/despido"), estimo que las costas de ambas ins-tancias deben ser impuestas en un 10% a la parte actora y un 90% a las demandadas en forma solidaria.

A tal fin, habida cuenta del mérito y extensión de la labor desarrollada por los profesionales que actuaron en estos autos y al nuevo re-sultado del pleito que he dejado propuesto, de acuerdo con las pautas que emergen del art. 6 y subs. de la ley 21.839, de la ley 24.432, del art. 38 de la L.O. y del dec. 16.638/57, estimo que, por las tareas llevadas a cabo en primera instancia, corresponde regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de las partes actora, demandada Edesur S.A. y codemandada Tecnodock en el 15% (14% Dr. Marcelo Pa-ternay, 1% Dr. Fernando Paternay), 11% (Dra. Pracanica 3%, Dr. Maiorano 2%; Dra. Gil 2%, Dr. Ferreyra 1%; Dra. Sepúlveda 3%), y 11% respectivamente, y los de la pe-rito contadora en el 6%, a calcularse sobre el monto de condena con intereses.

Con arreglo a lo establecido en el art. 14 de la ley 21.839, habida cuenta del mérito y extensión de la labor desarrollada en esta instancia por la representación y patrocinio letrado de las partes actora y demandadas propongo que se regulen sus honorarios en el 25%, 25% y 25% respectivamente, de la suma que le corresponda percibir a cada uno por la totalidad de lo actuado en la instancia ante-rior.

El Dr. Miguel Ángel Maza dijo: adhiero a las conclusiones del voto de la Dra. Gra-ciela A. González, por análogos fundamentos.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art.125, 2ª parte de la ley 18.345), el Tribunal RESUELVE: 1°) Modificar la sentencia de grado y reducir el monto de condena a la suma de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS ($55.999,51), importe que deberá ser abonado en los plazos y con los accesorios fijados en el pronunciamiento de origen; 2°) Dejar sin efecto la distribución de las costas y las regulaciones de honorarios efectuadas en la ante-rior instancia; 3°) Imponer las costas de ambas instancias en un diez por ciento (10%) a la parte actora y un noventa por ciento (90%) a las demandadas en forma solidaria; 4º) Regular los honorarios de primera instancia de la represen-tación y patrocinio letrado de las partes actora, demandada Edesur S.A. y code-mandada Tecnodock en el quince por ciento (15%) (14% Dr. Marcelo Paternay, 1% Dr. Fernando Paternay), once por ciento (11%) (Dra. Pracanica 3%, Dr. Maiorano 2%; Dra. Gil 2%, Dr. Ferreyra 1%; Dra. Sepúlveda 3%), y once por ciento (11%) respectivamente, y los de la perito contadora en el seis por ciento (6%), a calcularse sobre el monto de condena con intereses; 5º) Fijar los honora-rios de Alzada de las partes actora y demandadas en el veinticinco por ciento (25%), veinticinco por ciento (25%) y veinticinco por ciento (25%) respectiva-mente, de lo que deba percibir cada una por sus trabajos en la instancia anterior.

Cópiese, regístrese, notifíquese y devuélvase.-	Miguel Ángel Maza	Graciela A. González	Juez de cámara	Juez de cámara