Tribunal: CAMARA FEDERAL DE APELACIONES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Salta
Fecha: 2007-10-19


2º Instancia. - Salta, octubre 19 de 2007.

Considerando: I. Que la demandada interpuso recurso de apelación (fs. 128) en contra del fallo de fecha 23 de julio de 2007 por el que el Juez de la instancia anterior hizo lugar a la medida autosatisfactiva deducida por La Veloz Hoteles S.A. y ordenó a la Secretaría de Energía de la Nación se abstenga de aplicar respecto de la actora la Resolución Nº 1281/06 hasta tanto el organismo administrativo establezca pautas equitativas con una base real distinta a cero a partir de la cual el consumo eléctrico se facture con tarifa de energía plus (fs. 67/68 y vta.).

Para así resolver el A Quo tuvo en cuenta: 1) que la actora solicitó expresamente ante la Secretaría de Energía la reconsideración a su respecto de la Resolución Nº 1281/2006 por la que se establecieron pautas asimétricas para clientes mayoristas del servicio de energía eléctrica que comenzaron a operar en el año 2006, debiendo éstos pagar un costo mayor por idénticos servicios en comparación con usuarios que estaban en actividad en años anteriores; 2º) la importancia que tiene para la región el desarrollo de la actividad turística y el costo exorbitante que le significa a la actora el consumo eléctrico que es indispensable para su actividad; 3º) la imposibilidad de que la justicia admita que otros grandes consumidores de energía paguen por igual consumo un costo sensiblemente menor, pues no existe justificación legal que avale tal asimetría; 4º) la necesidad de reconocer la envergadura de la inversión que en materia turística realizó la accionante, como también el impulso que dicha actividad generó en el circuito productivo regional.

Por todo ello, consideró un imperativo de justicia impedir que ante situaciones idénticas cargue la actora con costos disímiles en el consumo de energía eléctrica, dado que todo aquello que no puede justificarse, es lo que debe rectificarse en aras de la equidad.

II. Al momento de presentar el memorial de apelación (fs. 132/141), la demandada se agravió al considerar que la supuesta vulneración al derecho de igualdad alegado por la demandante, se ve refutada por los objetivos de la Administración plasmados en los considerandos de la Resolución atacada, buscando la accionante situarse en una posición de privilegio frente al resto de sus competidores eludiendo obligaciones que legalmente debe afrontar y que coadyuvan al sostenimiento del sistema energético nacional.Seguidamente sostuvo: 1º) que la resolución recurrida debe ser revocada en tanto fue dictada con prescindencia de los presupuestos que exige la suspensión judicial de los efectos de un acto administrativo al dictarse en el marco de una medida autosatisfactiva; 2º) que el decisorio no tuvo en cuenta las concretas razones de interés público que inspiraron el dictado de la Resolución SE Nº 1281/06 emitida en el marco de las atribuciones conferidas por el art. 37 de la ley 15.336, y de los arts. 2º, 35, 36 y 85 de la ley 24.065, que obligan al Estado Nacional a velar adecuadamente por los derechos de los usuarios y promover la competitividad del mercado de producción y demanda eléctrica, garantizando el suministro de energía eléctrica; y 3º) que al impedirse judicialmente el cobro del sobrecargo impuesto se compromete el interés público y el progreso del sistema energético del país.

Manifestó luego que el proceso autosatisfactivo es más exigente que cualquier otra medida cautelar, debiendo evidenciarse la razón del peticionante en cuanto al fondo del planteo, concurriendo en el caso del derecho público, la necesidad de acreditar ilegitimidad de la actuación o inactividad de la autoridad pública demandada, susceptibles de determinar palmariamente la nulidad del acto en cuestión.

En el caso -continuó su exposición- la presunción de constitucionalidad que informa a la ley 24.065 como acto estatal no ha sido puesta en duda por el Tribunal, por lo que no parece razonable que siendo la Resolución 1281/2006 un producto normativo que desarrolla puntualmente una norma de mayor rango jerárquico reconocida como legítima, resulte en definitiva privada de sus efectos, por lo que la resolución apelada deviene contradictoria y arbitraria.

Luego de todo lo precedentemente expuesto, la recurrente ingresa en un pormenorizado análisis de la normativa cuestionada por la actora, lo que será considerado al momento de resolver, por lo que en este punto se lo da por reproducido en homenaje a la brevedad.

Por último, invocó la falta de urgencia que justifique la tutela inmediata concedida por la resolución en crisis, frente a la afectación del interés público y la gravedad institucional que genera el decisorio del A Quo, por avanzar dentro de la zona de reserva del Poder Ejecutivo Nacional referida a la regulación y definición de la política nacional de los servicios públicos, conculcando competencias exclusivas.

Solicitó por todo ello, se revoque en todos sus términos la medida autosatisfactiva, con costas, y dejó planteado caso federal por encontrarse controvertida la interpretación y el alcance de normas federales de raigambre constitucional y el sistema republicano de gobierno.

Corrido el pertinente traslado de ley, la actora lo contestó con el escrito agregado a fs. 143/144, oportunidad en la que expuso: 1º) que su parte no desconoce la crisis en la que se encuentra el sistema energético; 2º) que el hecho de que la norma superior en la pirámide jurídica sea válida, no significa que lo sea la inferior derivada, cuando ésta afecta garantías constitucionales y no respeta el estándar de razonabilidad del art. 31 de la Constitución Nacional.

Expresó que la inequidad de la Resolución SE 1281/06 se produce con respecto a los grandes consumidores de energía que iniciaron su emprendimiento en el año 2006, para los cuales se estableció la base cero para el cálculo de la energía plus, lo que genera una lesión a sus derechos de propiedad y libertad en cuanto se le impide pagar una tarifa normal por su consumo eléctrico y se le quita la posibilidad de evitar de acuerdo a su conveniencia el pagar energía con sobrecostos, en tanto la totalidad de su consumo es energía plus, diferenciándolos arbitrariamente de la opción que sí tienen los grandes consumidores del 2005 y del 2007, por lo que el hecho de que la Secretaría de Energía no haya encontrado otra solución para los grandes consumidores del año 2006, no significa que no existan mecanismos más razonables y equitativos.

Solicitó así, se rechace la apelación y se confirme la sentencia, con costas. Mantuvo reserva del caso federal.

III. Que lo expuesto por la apelante en su memorial de agravios no alcanza para conmover los argumentos tenidos en cuenta por el Juez de la instancia anterior para resolver de la manera que lo hizo, sin perjuicio de lo que se dirá más adelante en relación a la naturaleza del proceso entablado por la parte actora.

Es que resulta prima facie, y con suficiente verosimilitud, que para el caso puntual en que se encuentra la parte actora, la Resolución SE Nº 1281/06 genera una inequidad que debe ser al menos por ahora, morigerada mediante una tutela judicial efectiva frente al silencio de la Administración con respecto a los planteos efectuados en su sede por parte de La Veloz Hoteles S.A., a los que ni siquiera aludió la recurrente en su expresión de agravios (ver fs. 54/55 y 56).

Sobre el punto cabe destacar, que más allá de lo sostenido por la demandada en el sentido de que: a) las atribuciones conferidas por las leyes 15.336 y 24.065 obligan al Estado Nacional a velar adecuadamente por los derechos de los usuarios y promover la competitividad del mercado de producción y demanda eléctrica, garantizando el suministro de energía y priorizando proteger a la demanda cautiva por sobre otras que cuentan con las herramientas necesarias para procurarse el abastecimiento necesario; b) del hecho de que dos veces el costo de la energía no suministrada actual es menor que el costo de la energía no suministrada unitario antes de la devaluación; c) que la Resolución SE Nº 1281/2006 es razonable en la medida que persigue la readaptación del Mercado Eléctrico Mayorista a efectos de no entrar en una situación crítica del sistema junto con el objetivo de no afectar la continuación de la prestación del servicio, intentado incentivar nueva oferta energética privada a fin de que el actual crecimiento excesivo de la demanda no se produzca sin el consecuente aumento de oferta adicional; todo ello no justifica en principio la situación fáctica en la que quedó encuadrada la actora, quien por haber puesto en marcha su emprendimiento en el año 2006 tiene una demanda base fijada en "cero", ubicándola prima facie frente a sus competidores en el grado de desigualdad de tener que pagar todo su consumo como si fuera excedente.

En tal sentido se advierte, que si bien la demandada defendió en su recurso sus facultades legales para la emisión de la norma y los objetivos con ella perseguidos, no se hizo cargo de justificar puntualmente la razonabilidad de la medida en el punto que afecta a la parte actora, al considerarse su demanda base como igual a cero, a los fines del cálculo de la energía plus.

IV. No obstante lo expuesto, también se observa que no puede suspenderse sine die la aplicación de una norma legal, sin que luego de un debido contradictorio donde ambas partes del proceso puedan ejercer su derecho de defensa, se emita un pronunciamiento expreso sobre el asunto, determinándose si en el caso puntual de la accionante su vigencia vulnera derechos constitucionales.

Por ello, resulta necesario que, a fin de que el Juez de la causa pueda zanjar en forma definitiva el conflicto entre las partes, preservando el derecho de defensa de la demandada, la acción aquí entablada quede subsumida dentro de la acción declarativa prevista en el art. 322 del CPr., que otorga efectiva participación a la contraria.

Ello por cuanto, en algunos casos y por aplicación del principio iura novit curia corresponde prescindir del nomen iuris utilizado por el actor para interponer su acción, y atender a la real sustancia de la solicitud mediante el ejercicio de la demanda declarativa que regula el art. 322 del CPr. (doctrina de Fallos 310:1794 y 322:2526).

V. A los fines de concretar la modificación del proceso decidida en el punto anterior, resulta adecuado aplicarle a la acción declarativa el trámite del proceso sumarísimo previsto en el art. 498 del CPCC, para lo que se tiene en cuenta la naturaleza de la cuestión planteada, y la necesidad de su más pronta resolución. Y a esos mismos fines, y no obstante que ya tiene presentada la demanda, deberá la parte actora readecuarla a las exigencias de los arts. 322, 498 y cc. del citado ordenamiento procesal, para lo que corresponde fijarle un plazo de 10 días para hacerlo, el que se computará desde la notificación de la providencia "por recibido cúmplase" a dictarse en primera instancia, bajo apercibimiento, en caso contrario, de estarse solamente a la demanda presentada y sustanciarse con ella el proceso principal. Todo ello, en ejercicio de las facultades ordenatorias y de dirección establecidas en los arts. 34 inc. 5º, 36, 321, 322 y cc. del CPCC.

Mientras tanto, y hasta que se resuelva la acción declarativa, se considera prudente mantener lo dispuesto por el Juez de 1ra. Instancia en el fallo recurrido, aunque con los alcances de una medida cautelar.

VI. Las costas de esta instancia se imponen por el orden causado atento a que si bien se rechaza el recurso interpuesto por la Secretaría de Energía en punto a la medida dictada, sus agravios en cuanto a la vía son atendidos en este decisorio por el que se modifica la naturaleza del proceso iniciado por la parte actora.

Por todo lo dicho, se RESUELVE: I. RECHAZAR el recurso de apelación interpuesto por el Estado Nacional, Secretaría de Energía de la Nación, y CONFIRMAR con los alcances expuestos en los considerandos, la resolución de fecha 23 de julio de 2007 (fs. 67/68 y vta.). II. MODIFICAR la naturaleza de la acción intentada encuadrándola en el artículo 322 del CPr., a cuyo fin se imprime el trámite del proceso sumarísimo previsto en el artículo 498 del CPr., debiendo cumplirse con los recaudos descriptos en los considerandos de la presente. III. IMPONER las costas por el orden causado (art. 68, 2º párrafo del CPr.). -Horacio José Aguilar. - Roberto G. Loutayf Ranea. - José Héctor Pérez.