Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2008-11-03


San Salvador de Jujuy, noviembre 3 de 2008.

El doctor González dijo:

Con la resolución aquí cuestionada, la Sala I de la Cámara en lo Penal desestimó el recurso de reposición articulado por el Dr. J. T. S. S., representante del querellante adhesivo, Fernando Aníbal Calderari y confirmó la decisión adoptada por el Vocal Presidente del trámite en el acto de continuación de la audiencia de vista de la causa (fs. 275) por la que, en mérito a la incomparecencia de aquel, le dio por perdida la calidad de parte.

Los letrados del querellante habían participado de la audiencia en la jornada en que se declaró abierta: 1º de noviembre de 2007 (fs. 265/267) pero comparecieron tarde el día de su continuación cuando el acto ya había terminado. (fs. 275 y 276).

La resolución en crisis asienta sus fundamentos en la norma del art. 11 de la ley 5285, que prevé tal sanción para el caso de ausencia del querellante adhesivo a la audiencia de debate. En el primer voto, se califica a ésta como el "juicio plenario y fase esencial de proceso, que debe llevarse a cabo en forma oral, pública, continua, contradictoria y con la presencia conjunta y permanente de los integrantes del Tribunal, fiscal, imputado, defensor y las demás partes, haciendo realidad las reglas de la inmediación e identidad física del juez". La audiencia es una sola aunque pueda concretarse en distintas jornadas. El querellante ausente pierde la calidad de parte sin importar que no haya comparecido al primer día de su celebración o a alguno posterior, pues mal podrá acusar y ejercer correctamente "la función para la que fue designado" si no está presente en todos. Descarta violación al principio de igualdad.

El segundo voto adhiere a esos fundamentos y descarta que, conforme lo argumentara el reclamante, se hubiera incurrido en aplicación errónea de la norma. Se explaya en consideraciones acerca de lo que debe entenderse por audiencia de debate como parte del proceso legal y previo a la sentencia. Las reglas procesales que gobiernan el caso tienden a establecer una unidad entre el debate y la sentencia, y todas las partes deben encontrarse presentes ininterrumpidamente, salvo autorización expresa y excepcional prevista por la ley. Tratándose de partes no necesarias, accesorias o eventuales, la inconcurrencia no deriva en la invalidez del acto. Si se trata del actor civil, se lo tendrá por desistido de la acción. En el caso de querellante, perderá su calidad de parte. Ello en razón de la necesaria inmediación, concentración y continuidad del debate. Alude a la figura del querellante y concluye que "si se permitiera que un fiscal o un querellante o defensor produjeran alegatos determinando el mérito de sus pretensiones en relación directa a hechos o circunstancias que no conocían personalmente y que se concretaron en la audiencia en que no estuvieron presentes, se atentaría contra la responsabilidad judicial, seriedad de la misma en el proceso y podría llegarse, en muchos casos, a pretender conmover bases y elementos de juicio, que el tribunal y los demás partes pudieron controlar, con afirmaciones dubitativas o vacías de verdad".

El tercer voto, adhiere a los fundamentos de los anteriores.

Se agravia el recurrente diciendo que lo decidido no es derivación razonada del derecho vigente. La interpretación que el Tribunal concreta del art. 11 de la ley 5285 resulta lesiva de sus derechos, pues la ausencia que ésta sanciona con la pérdida de la calidad de parte, debe entenderse a la primera audiencia en la que se procede a la apertura del debate y se concretan actos trascendentales del proceso, pero no si ello ocurre en una posterior. Invoca el art. 2 del C.P.P. en tanto manda interpretar con carácter restrictivo toda disposición que limite el ejercicio de un poder conferido a los sujetos del proceso o establezca sanciones procesales. La aseveración del a quo en cuanto a que el debate es uno sólo, queda desvirtuada con la norma del art. 389 del C.P.P. que, al usar el giro: "abierto por primera vez el debate ...", lleva a suponer la posibilidad de segundas y sucesivas veces.

Mantener su condición de querellante -alega- no irroga perjuicio a la imputada, dilación al proceso ni utilidad alguna.

Aclara que cuando su parte aludió a determinada disposición del Código Procesal de la Provincia de Córdoba, no lo hizo para que se aplicara, sino como ejemplo de la correcta exégesis de la normativa constitucional en relación a las disposiciones procesales locales.

Insiste en el cercenamiento del derecho de igualdad y la garantía de defensa, rebate el alcance que el Tribunal asigna al principio de inmediación y critica que se pueda inferir desistimiento tácito de una facultad, en mérito al principio por el cual la renuncia a los derechos no se presume.

El traslado conferido a la defensa de la imputada, fue contestado por el Dr. R. E. V., quien niega las circunstancias reseñadas por su contraria y afirma que no expone agravios atendibles. Sostiene que las cuestiones de hecho y prueba no son revisables en esta instancia, en la que no cabe disentir o manifestar disconformidad con la sentencia que se dice arbitraria. El Tribunal aplicó la ley y los recurrentes reconocieron el error por el que no se presentaron a la audiencia. Pide por ello el rechazo del recurso, con costas.

Consentida la integración del Tribunal, emitió dictamen la Sra. Fiscal General Adjunto propiciando se admita el recurso. Considera que, en atención al grave perjuicio que provoca en el querellante el apercibimiento contemplado en el art. 11 de la ley 5285, debe éste interpretarse restrictivamente en miras a resguardar el constitucional derecho de defensa en juicio y al debido proceso. La sanción debe entenderse aplicable al caso de ausencia a la primera audiencia. No a las siguientes.

Firme el llamado de los autos para sentencia, adelanto criterio coincidente al de ese dictamen.

Es incuestionable que toda norma que importe la pérdida o restricción de un derecho, debe interpretarse restrictivamente y, ante la duda, debe estarse por su conservación. Esa regla es aún más rígida si el derecho en juego es el de defensa, pues éste, en tanto vehículo para asegurar el ejercicio de todos los demás, merece un resguardo irrestricto y despojado de toda formalidad que la exponga al más mínimo riesgo. (cfr. de este Superior Tribunal "Zimmermman de Angueira" L.A. 39 Fº 458/462 Nº 180).

Privar de la calidad de parte a quien la tenía conferida en el proceso, compromete gravemente el derecho de defensa. De allí la necesaria restricción.

En el particular caso de autos, la aplicación del apercibimiento dispuesto en el art. 11 de la ley 5285, evidencia exceso de rigor formal inconciliable con el derecho de defensa del recurrente. Pondero para ello, particularmente, su participación el día de la apertura del debate (acta de fs. 265/266), ocasión en la que tuvo la intervención que contempla el art. 10 de la ley 5285. Destaco, además, que la segunda jornada prevista para su continuación, no duró más de cuarenta y cinco minutos (así resulta del cotejo de las horas consignadas en las actas de fs. 275 y 276) y en ella sólo se recibieron dos testimoniales, difiriéndose nuevamente la continuación del debate.

Tampoco es posible soslayar -y esto es definitorio para dirimir el presente- que el mantenimiento de la calidad de parte que aquí se discute, no irroga perjuicio alguno a la defensa de la imputada. Tampoco habría importado dilación al proceso -de no ser por la incidencia que aquí analizamos- pues la incomparecencia del querellante no habría menoscabado la validez del acto (ahora sí, merced a lo dispuesto en el art. 379 del C.P.P.). Luego, la mella que a la posición de la querella pudiera irrogar la ausencia de la que es la única responsable, no justifica ponerla en situación tanto más gravosa como resulta de la pérdida de su calidad de tal.

Solución como la que propongo fue adoptada por este Tribunal en L.A. 27 Fº 130/133 Nº 50 y L.A. Nº 48 Fº 1543/1545 Nº 551 que, aunque en relación al proceso del juicio ordinario civil, resulta -mutatis mutandi- predicable al caso de autos. En tales precedentes, advirtiendo el grave perjuicio que ocasionaba al actor el riguroso apercibimiento contemplado en el artículo 363 del C.P.C. -tenerlo por desistido de la acción en caso de incomparecencia a la audiencia de vista de la causa- restringió la interpretación de la norma en salvaguarda del derecho constitucional de defensa en juicio y al debido proceso y estableció que, habiendo asistido al inicio del acto -que es único y que sólo por excepción puede suspenderse- debe entenderse que el apercibimiento pierde, a posteriori, toda justificación.

Voto, en consecuencia, por la admisión de este recurso y la consecuente revocación de la resolución recurrida, la que quedará redactada comos sigue: "Hacer lugar al recurso de reposición promovido por el representante del querellante adhesivo Fernando Aníbal Calderari, Dr. J. T. S. S., para revocar la resolución de presidencia de trámite adoptada en la audiencia del 8 de setiembre de 2007, en cuanto declaró perdida su calidad de parte en el proceso".

Las costas se impondrán a la recurrida en su calidad de vencida (art. 102 del C.P.C.).

Siguiendo las pautas fijadas por este Superior Tribunal en acordada Nº 43 del 25 de abril de 2008, propongo regular los honorarios profesionales de los Dres. J. C. D. y J. T. S. S. en las sumas de cuatrocientos cuarenta pesos ($ 440.-) y doscientos veinte pesos ($ 220.-) respectivamente, por la actuación desarrollada como patrocinante y procurador, respectivamente, de la vencedora en la instancia; y los del Dr. R. E. V. en la de quinientos veintiocho pesos ($ 528.-) por su intervención en el doble carácter, por la vencida. En ambos casos, más el impuesto al valor agregado de corresponder.

Los doctores Tizón, del Campo, Jenefes y Castro adhieren al voto que antecede.

Por lo expuesto, el Superior Tribunal de Justicia, resuelve: 1. Hacer lugar al recurso promovido por el querellante adhesivo Fernando Aníbal Calderari y, en su mérito, revocar la resolución dictada por la Sala Primera de la Cámara en lo Penal el 20 de noviembre de 2007, la que quedará redactada como sigue: "Hacer lugar al recurso de reposición promovido por el representante del querellante adhesivo Fernando Aníbal Calderari, Dr. J. T. S. S. para revocar la resolución de presidencia de trámite adoptada en la audiencia del 8 de setiembre de 2007, en cuanto declaró perdida su calidad de parte en el proceso". 2. Imponer las costas a la recurrida. 3. Regular los honorarios profesionales de los Dres. J. C. D. y J. T. S. S. en las sumas de cuatrocientos cuarenta pesos ($ 440.-) y doscientos veinte pesos ($ 220.-) respectivamente, por la actuación desarrollada como patrocinante y procurador, respectivamente, de la vencedora en la instancia; y los del Dr. R. E. V. en la de quinientos veintiocho pesos ($ 528.-) por su intervención en el doble carácter, por la vencida. En ambos casos, más el impuesto al valor agregado de corresponder. 4. Registrar, agregar copia en autos y notificar por cédula.- Sergio R. González. - Héctor E. Tizón. - José M. del Campo. - Sergio M. Jenefes. - Iris A. Castro.