Tribunal: CAMARA DE APEL. CONT. ADM. Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-20


En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los días del mes de abril de dos mil seis se reúnen en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para conocer en el recurso de revisión interpuesto a fs. 1/10 vta., contra la Resolución nº408/2003 dictada por el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los autos "Urfeig Norberto c/ Consejo de la Magistratura s/ Revisión Cesantías o Exoneraciones de Empleo Público", Expediente nºRDC 617 y habiéndose practicado el sorteo pertinente resulta que debe observarse el siguiente orden: Dr. Esteban Centanaro y Dr. Horacio A. G. Corti, resolviendo plantear y votar la siguiente cuestión: ¿es justa la resolución apelada? A la cuestión planteada el Dr. Esteban Centanaro dijo: I. A fojas 1/10 Norberto Urfeig interpone recurso de revisión ante la Cámara del fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contra la Resolución Nº408/2003, dictada por el Consejo de la Magistratura, por medio de la cual se le aplicó la sanción de cesantía por encontrarlo responsable en los hechos investigados en los sumarios administrativos nº121/03 y nº122/03 (art. 18 de la ley 7; arts. 4.5.6, 4.5.8 y 4.6.5 de l a resolución CM 2/2000; arts. 131.6, 131.8 y 132.5 de la Resolución 301/02; art. 2 incisos "g" y "h" y 4 inciso "c" del Anexo I de la Resolución CM 317/03). II. En el relato de los hechos, el apelante sostiene -sintéticamente- que se desempeñó en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde octubre de 1998, momento en que fue designado por la Legislatura como Secretario Ejecutivo del Organismo Provisorio de Administración Judicial. Señala que, luego, una vez conformado el Consejo de la Magistratura, por Resolución nº3/98 fue designado en el cargo de Director de Ejecución Presupuestaria desde el mes de diciembre del mismo año hasta el 27 de diciembre de 2002 fecha en que el Plenario del Consejo decidió su pase a la Secretaría de Atención Ciudadana, Aprehensión e Identificación de Personas. Agrega que trabajó allí hasta que el Consejo -mediante Res. nº43/2003- decidió su suspensión. Posteriormente, el día 15 de julio de 2003 -mediante Res. nº408/03- el Consejo de la Magistratura res olvió su cesantía aquí apelada. III. Los fundamentos de la apelación contra la Resolución nº408/2003 pueden sintetizarse de la siguiente manera: 1) Inexistencia de infracción: señala que la resolución adolece de un vicio manifiesto que conduce a declarar su nulidad, ya que: (a) los hechos imputados no eran objeto de tipificación sancionatoria al momento de haber sido realizados, (b) como así tampoco existía una norma que reglara la conducta debida al momento de los hechos cuestionados. 2) Infracción de la aplicación retroactiva del nuevo régimen sancionatorio: entiende que corresponde decretar la nulidad del acto cuestionado por cuanto aplica una norma (Res. nº317/03) que no estaba vigente al momento del hecho y que no resulta más benigna, por lo que en todo caso, corresponderá que el actor se reincorpore en sus tareas hasta que se resuelva la causa penal y los sumarios estén en condiciones de ser resueltos. En este sentido, considera inconstitucional la aplicación del nuevo régimen sancionatorio a los hechos que se imputan en infracción. 3) El acto impugnado carece de causa: manifiesta que la Res. nº408/2003 carece de causa y luego rechaza las irregularidades mencionadas por el Consejo de la Magistratura, en virtud de las siguientes razones: (a) señala que es improcedente invocar como omisión la falta de presentación del certificado fiscal referido en la Res. AFIP 135/98 cuyo ámbito de aplicación es ajeno al de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Al respecto, agrega que la obligación establecida en dicha resolución de la AFIP se refiere a los sujetos que contratan con el Estado Nacional y no con la Ciudad; (b) en relación con la imputación referida a la omisión de solicitar la tasación a Banco Ciudad, expresa que no existe norma que disponga dicha obligación; (c) respecto de la imputación referida a que los expedientes -en los que tramitaron las compras de los inmuebles- no se iniciaron en cumplimiento con las formalidades, señala que ellas no resultaban exigibles ni legal ni reglamentariamente; (d) en cuanto a la imputación referida a la delegación, en una persona ajena al Consejo, respecto de la búsqueda y tasación del inmueble, afirma que dicha decisión fue tomada por los propios miembros del Consejo de la Magistratura conforme las actas del plenario de los años 1999 y 2000; (e) con relación a la imputación sobre el pago de una comisión por la intermediación de un tercero en la compra del inmueble, señala que, de existir, ella fue aprobada y efectivizada por el Consejo de la Magistratura; (f) en lo que se refiere a la imputación por el pago del I.V.A. cuando no correspondía, expresa que quien decidió abonar dicho concepto fue el mismo Consejo de la Magistratura y no el actor que carecía de competencia; (g) finalmente señala que, al momento de realizadas las compras, se encontraba vigente la Res. nº29/99 y que quienes decidieron las concreción de las mismas fueron los Consejeros, únicos facultados. 4) Inexistencia de culpa: indica que se limitó a cumplir ordenes de los consejeros, únicos competentes para la celebr ación de los contratos cuestionados. 5) Sanción desproporcionada: finalmente, y en forma subsidiaria, se agravia de la sanción por considerarla desproporcionada. IV. La demandada contestó los agravios de su contraria a fojas 73/85, escrito al que cabe remitirse en honor a la brevedad. V. Seguidamente, cabe recordar que los jueces no están obligados a pronunciarse sobre todos los argumentos esgrimidos por las partes, ni a hacer referencia a la totalidad de las pruebas producidas, bastando que valoren las que sean "conducentes" para la correcta composición del litigio (conf. C.S., Fallos: 272:225; 274:486; 276:132 y 287:230 entre otros). El recurrente se queja por cuanto entiende que la Res. nº408/2003 aplica una norma (Res. nº317/03) no vigente al momento del hecho y que no resulta más benigna, por lo que -señala- debería reincorporarse a sus tareas hasta que se resuelva la causa penal. Además, agrega que la aplicación del nuevo régimen sancionatorio, a los hechos que se imputan en infracción, resulta inconsti tucional y, por ello, solicita que se declare su nulidad de la resolución en cuestión. VI. Llegado este punto, cabe recordar -a modo introductorio- que la ley local de procedimientos administrativos (al igual que la ley federal sobre la materia) exige, como condición de validez de los actos administrativos -entre otros-, la existencia de causa, objeto y de procedimiento. En efecto, de acuerdo al artículo 7 de ambos cuerpos legales, "son requisitos esenciales del acto administrativo: (...) b) Causa. Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de y en el derecho aplicable (...) c) Objeto. El objeto debe ser cierto y física y jurídicamente posible; debe decidir todas las peticiones formuladas, pero puede involucrar otras no propuestas, previa audiencia del interesado y siempre que ello no afecte derechos adquiridos (...) d) Procedimientos. Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos esenciales y sustanciales previstos y los que resulten implícitos del ordenamiento jurídico...". En cu anto a los antecedentes de derecho establecidos en el inciso b), la Procuración del Tesoro de la Nación ha señalado que las reglamentaciones dictadas por la propia Administración integran el bloque de legalidad al que ésta se debe ajustar al emitir los actos individuales de aplicación de aquellas y ha puntualizado, asimismo, que la circunstancia que determina la validez de un acto administrativo individual consiste en la correspondencia de este último con el derecho objetivo vigente al momento de su dictado; ello constituye la esencia del principio de legalidad de la actividad administrativa (conf. Dictámenes: 100:192 [pto. 2], 102:213 [pto. II] y Dictámenes: 221:124; en Comadira, Julio Rodolfo, Procedimientos Administrativos, Tomo I, pág. 197 Ed. La Ley) En este sentido, esta Sala ha señalado que la causa es entendida como los antecedentes de hecho y de derecho que sirven de sustento al acto administrativo. En consecuencia, cuando tales circunstancias fácticas son inexistentes, o bien distintas a las invocad as, entonces el acto se encuentra viciado y corresponde su declaración de nulidad (esta Sala, entre otros, in re "Auto Generali S.A. y otros c/GCBA s/ otras demandas contra la Autoridad Administrativa", expte. nº5740, sentencia del 24 de junio de 2003). Por otro lado, y en lo que respecta al inciso c) del artículo transcripto, cabe señalar que en doctrina no se cuestiona la equiparación nominal del vicio en el objeto como violación de la ley. Y, en este sentido, se refiere a todo tipo de norma que comprenda el bloque de juricidad. Siguiendo dicho concepto, la Procuración del Tesoro de la Nación ha sostenido que la contradicción con la norma condicionante se plantea en todas las etapas o planos de la escala jurídica, de donde la antijuricidad de un acto administrativo puede consistir, según sea la forma preceptiva de la norma violada, en una violación de la constitución, de la ley, de un reglamento, de un tratado, de una resolución, etc. (Dictámenes 196:80). Finalmente, el inciso d) del artículo citado ut supr a, referido al procedimiento, exige que entes de la emisión del acto, se dé cumplimiento a los procedimientos esenciales y sustanciales previstos, y a los que surjan implícitos del ordenamiento jurídico. Al respecto, cabe señalar que la ley no precisa cual es el criterio que en cada caso permitirá establecer el grado de "esencialidad" o "sustancialidad" de los procedimientos exigidos normativamente, cuestión que deberá ser resuelta atendiendo a los bienes jurídicos gravitantes en cada situación. De todos modos -expresa Comadira- aunque la ley no lo mencione expresamente en este inciso, el debido proceso adjetivo, como reglamentación procedimental administrativa de la garantía de defensa consagrada por el artículo 18 de la Constitución Nacional, es, sin duda, una especie de procedimiento insoslayable cuando los derechos particulares puedan resultar afectados (Comadira, Julio Rodolfo, Procedimientos..., ob. cit., pág. 200 Ed. La Ley). VII. Ahora bien, como expresa la Sra. Fiscal de Cámara en su dictamen (fs. 97 ), al inicio de los sumarios administrativos (nº121/03 y nº122/03) se encontraba vigente la Resolución nº301/CM/2002 la cual, en su artículo 2, aprobó el Reglamento Interno del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Dicho Reglamento establecía, en su artículo 147, que "La iniciación previa de un proceso penal no es obstáculo para la transmisión del expediente disciplinario por los mismos hechos, pero la resolución en éste no se dicta hasta tanto no haya recaído sentencia o auto de sobreseimiento firmes en la causa penal". Es decir, dicha norma supeditaba la resolución definitiva del sumario administrativo al dictado de la sentencia penal firme. Luego, a través de la resolución nº317/CM/2003, de fecha 19 de junio de 2003, se modificó el título IV de dicho reglamento y expresando en su considerando "Que después de un pormenorizado estudio de la reglamentación vigente en materia de sumarios administrativos aplicable a los funcionarios y empleados de este Consejo, y de los resultados de su aplic ación en el tiempo, se ha concluido que resulta indispensable e impostergable proceder a su modificación integral". (...) "En lo que respecta a la vinculación entre el ejercicio del poder disciplinario y el trámite de las eventuales causas penales, se abroga la cláusula de "prejudicialidad" contenida en el Art. 147 de la Res. CM N° 301/02 -que supedita la resolución definitiva del sumario administrativo al dictado de sentencia penal firme-, pues impide resolver con celeridad las actuaciones sumariales en trámite en los casos en los que la situación de los funcionarios y empleados sumariados se encuentre sometida a un pronunciamiento jurisdiccional, con serio peligro de afectación de los derechos de defensa y de obtener un pronunciamiento en un plazo razonable, al dejar al imputado sujeto a un sumario sine die a resultas de la causa penal". A su vez, en su artículo 20 dispuso que "El presente reglamento se aplicará a todos los sumarios administrativos en trámite en el ámbito del Consejo de la Magistratura de l a Ciudad de Buenos Aires". De las pruebas aportadas en autos se desprende que los sumarios nº121/03 y nº122/03, que dieron origen a la resolución recurrida, fueron iniciados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Res. nº317/03. En efecto, al encontrarse vigente -al inicio del procedimiento administrativo- la Res. nº301/CM/2002, el Consejo de la Magistratura de la Ciudad no podía dictar ninguna resolución hasta tanto no existiera sentencia firme en sede Penal. Al respecto, el artículo 14 inc. b) de la L.P.A.C.B.A. establece que el acto administrativo es nulo de nulidad absoluta e insanable "Cuando fuere emitido mediando incompetencia en razón de la materia, del territorio, del tiempo o del grado, salvo, en este último supuesto, que la delegación o sustitución estuvieren permitidas; falta de causa por no existir o ser falsos los hechos o el derecho invocados; por violación de la ley aplicable; de las formas esenciales o de la finalidad que inspiró su dictado"(lo subrayado me pertenece). Dicho de otro m odo, y conforme lo desarrollado sobre esta cuestión en el considerando precedente, debo concluir que el acto recurrido posee un vicio en el objeto, pues el mismo no cumplió con lo establecido en la Res. nº301/CM/2002, norma vigente al inicio de los sumarios administrativos. En consecuencia, y en virtud de las consideraciones expuestas, considero que debe revocarse la Res. nº408/2003, por adolecer de un vicio en el objeto y, por ende, resultar nula, de nulidad absoluta e insanable. Finalmente, en atención al modo en que propicio se resuelva el presente, las costas deberán imponerse a la demandada (art. 62 CCAyT). A la cuestión planteada, el Dr. Horacio G. Corti dijo: I. Adhiero al relato de los hechos de mi colega preopinante, no a la solución a que arriba, por los siguientes argumentos. II. Surge de estos autos que el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires -en adelante, el Consejo-, mediante resolución nº 408/2003 (15/7/03), resolvió dejar cesante al Sr. Norberto Urfeig, por encontrarlo respo nsable de los hechos investigados en los sumarios administrativos nº 121/03 -irregularidades en la adquisición por parte del Consejo del inmueble de la calle Tacuarí 138- y 122/03 -irregularidades en la adquisición por parte del Consejo del inmueble de la calle H. Yrigoyen 932. Contra dicha resolución el Sr. Urfeig interpuso recurso de revisión ante la Cámara (fs. 1/10). El recurrente expresó, fundamentalmente, los siguientes agravios: los hechos por los cuales se impuso la cesantía no estaban tipificados al momento de haber sido realizados, el procedimiento que se utilizó para sancionarlo fue posterior al vigente en la época de la ocurrencia de los hechos y más gravoso, y el acto en virtud del cual se impuso la sanción no tiene causa (fs. 4/7 vta.); el sancionado no actuó con dolo o culpa (fs. 7 vta./8); c) la sanción es desproporcionada, pues las contrataciones no han causado ningún perjuicio al Consejo de la Magistratura (fs. 8). III. El Consejo contestó el traslado conferido (fs. 73/85 vta.). La Sra. Fisc al de Cámara dictaminó sobre la causa (fs. 97/98). El Consejo -a través de su presidente- alegó en derecho (fs. 110/117 vta.). IV. Si bien a mi juicio los arts. 464 y 465, CCAyT, le otorgan a los afectados una opción procesal (cfr. mi criterio expuesto en la causa "Carrasco, Raúl c/GCBA s/impugnación de actos administrativos", exp. 9398/0, sentencia del 12/4/04), lo cierto es que en este caso se dedujo un recurso directo ante esta Cámara. En estos casos, es jurisprudencia de esta Sala que tales recursos deben entenderse como genuinas demandas (cfr. "Molinos, Río de la Plata S.A. c/GCBA s/otras causas con trámite directo ante la Cám. de Apelaciones"; exp. RDC 563/0, sentencia del 20/5/05), donde debe asegurarse de forma ordenada y amplia el derecho de defensa del ofendido. Lo dicho muestra que, en rigor, la calificación de los recursos directos como verdaderas acciones -y no como simples recursos-, además de preservar el derecho de defensa de las partes, determina que aquellos deban reunir, mutatis mutandis, l as condiciones exigidas por el art. 269 CCAyT para las demandas contencioso-administrativas. En particular, recordemos que deben individualizar el acto administrativo que impugnan, describir su contenido y precisar los agravios que dicho acto ocasiona en el derecho o interés del actor, como así también contener la petición en términos claros y positivos. En el sub lite, de conformidad con lo expuesto hasta aquí, es evidente que el escrito bajo examen no reúne sino deficientemente los requisitos mencionados, pues contiene planteos genéricos y hasta confusos, que no logran turbar los argumentos expuestos en la resolución sancionatoria. El actor -para que este Tribunal pudiera examinar la cuestión de fondo- debió presentar un desarrollo crítico que pusiera en evidencia qué aspectos concretos de la resolución administrativa recurrida considera equivocados. Sin embargo, para que no que se generen dudas en cuanto al debido resguardo judicial del derecho de defensa de la parte actora, examinaré los aspectos del recu rso deducido que tienen un desarrollo jurídico mínimo como para ser entendidos por este tribunal. V. En el presente caso, el actor menciona resoluciones que aduce no deberían haberse aplicado por no ser las vigentes al momento de los hechos que motivaron el sumario. En particular, refiere las resoluciones CM 301/02, CM 302/02 y CM 317/03 (cfr. fs. 5 vta.). Sostiene entonces que correspondería decretar la nulidad del acto sancionatorio porque aplica la resolución 317/03, la cual -como ya ha sido dicho- no estaba vigente al momento de los hechos y no debería ser aplicada por resultar más gravosa (fs. 5 vta.). Según el actor, la aplicación de dicha resolución demuestra que los sumarios que se le instruyeron fueron el resultado de una persecución en su contra por parte del Consejo de la Magistratura. Además, señala que dicha resolución (e.d., la nro. 317/03), al igual que la 301/02, contiene disposiciones procedimentales y de fondo más gravosas que las que correspondían a la normativa vigente al momento de los he chos. Por ende, afirma que aún si fuera correcta la postura sostenida por el Consejo -según la cual las diferencias de procedimiento no pueden alegarse como violación al derecho de defensa, ver fs. 5-, ella sólo lo sería respecto de las cuestiones procesales, pero no valdría, empero, respecto de las cuestiones sustantivas más gravosas. VI. Cabe señalar -a fin de alcanzar la mayor claridad posible-, en primer lugar, que la resolución Res. 408/03 aquí recurrida aplicó la sanción de cesantía al Sr. Urfeig en virtud de las siguientes normas (art. 1, cfr. fs. 32): art. 18 de la ley 7, arts. 4.5.6, 4.5.8 y 4.6.5. Res. CM 2/02, arts. 131.6, 131.8 y 132.4 de la Res. CM 301/02, arts. 2, incs. "g" y "h", y 4, inc. "b" del Anexo I de la Res. CM 317/03. A continuación, antes de analizar propiamente los planteos del actor, efectuaré una breve reseña de la normativa que ha sido considerada. El artículo 18 de la ley 7 (Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, sancionada el 5/3/1998, promulgada el 12/3/9 8, publicada en el BOCBA el 15/3/98) establece: "El nombramiento y remoción de los funcionarios/as y empleados/as del Poder Judicial de la Ciudad se hace por la autoridad judicial, en la forma que establezcan los reglamentos del Consejo de la Magistratura, con arreglo al inc. 5º del Artículo 116 de la Constitución de la Ciudad. Los funcionarios/as y empleados/as judiciales no pueden ser removidos sino por causa de delito doloso contra la administración, ineptitud o mala conducta, previo sumario administrativo con audiencia del interesado. El reglamento establece lo referente a la decisión de cualquier otra cuestión vinculada con dicho personal". La resolución 2/2000 en su art. 4.5 establece que las faltas disciplinarias cometidas por los funcionarios y empleados son, entre otras, las siguientes: 6) Incumplir reiteradamente las normas procesales o reglamentarias; 8) Incurrir en negligencia en el cumplimiento de sus deberes. A su vez, a través del art. 4.6. establece como sanciones, entre otras, las siguientes:

4) Cesantía: Implica, además de la remoción y pérdida de la relación de empleo con el Poder Judicial; 5) Exoneración: Implica, además de la remoción y pérdida de la relación de empleo con el Poder Judicial, la inhabilitación para su reingreso por un plazo mínimo de 5 años. El art. 131 de la resolución 301/02 establece que las faltas disciplinarias cometidas por funcionarios y empleados son, entre otras, las siguientes: 6) Incumplir reiteradamente las normas procesales o reglamentarias; 8) Incurrir en negligencia en el cumplimiento de sus deberes. El art. 132 de la resolución 301/02 establece que los funcionarios y empleados que incurran en faltas disciplinarias son pasibles de, entre otras, la siguiente sanción: 4) Cesantía: Implica la remoción y pérdida de la relación de empleo con el Poder Judicial. El art. 2 del Anexo I de la resolución 317/03 establece que son faltas graves, entre otras, las siguientes: g) La negligencia grave en el ejercicio de la función; h) El incumplimiento reiterado de las normas pr ocesales o reglamentarias aplicables en el ámbito del Poder Judicial. El art. 4 del Anexo I de la resolución 317/03 establece, entre otras, la siguiente sanción: b) Suspensión: implica la pérdida del derecho a percibir haberes por el tiempo de su duración. No puede exceder de treinta (30) días. La aplicación de suspensión por más de cinco (5) días requiere la instrucción de un sumario administrativo previo. VII. De la breve reseña efectuada surge que la ley 7 -vigente al momento de los hechos- establece con carácter genérico, como causales de remoción, entre otras, las siguientes: ineptitud o mala conducta (artículo 18 de la ley 7). De manera que las resoluciones del Consejo citadas sólo vinieron a especificar el contenido que debe tener esa "ineptitud" o "mala conducta": incumplir reiteradamente las normas procesales o reglamentarias; incurrir en negligencia en el cumplimiento de sus deberes (art. 131, incs. 6 y 8 de la resolución 301/02; art. 4.5..6 de la resolución 2/2000 en su art. 4.5; art. 2, incs. g y h del Anexo I de la resolución 317/03). Como ya señalé, el actor se limita a mencionar genéricamente que habría resoluciones anteriores que serían aplicables y más benignas que las finalmente aplicadas por el Consejo, pero no indica concretamente a qué resoluciones se refiere, ni de qué manera y en qué medida lo beneficiarían. En efecto, tan sólo refiere a fs. 4 que "los hechos imputados no eran objeto de tipificación sancionatoria al momento de haber sido realizados como así tampoco existía una norma que reglara la conducta debida al momento de ellos." Sin embargo, cabe señalar que -teniendo en cuenta la reseña legal y reglamentaria efectuada- la descripción genérica de las conductas tipificadas legalmente y por las distintas resoluciones invocadas por el Consejo para imponer la sanción de cesantía al Sr. Urfeig no sufrió modificaciones sustanciales desde la época en que ocurrieron los hechos (cfr. ley 7 y ley 31, Ley Orgánica del Consejo de la Magistratura, del 28/5/98 y Res. 2/98 del Consejo de la Magistra tura de la Ciudad, Res. 14/99 del 23/2/1999). La ley 7 ya estaba vigente y establecía con carácter genérico que era causal de remoción la ineptitud o mala conducta y las resoluciones del Consejo posteriores a dicha ley sólo vinieron a concretizarla. De manera que el planteo del actor referido a la inexistencia de tipificación al momento de los hechos es rechazado. VIII. Con respecto al planteo según el cual el procedimiento que se utilizó para sancionarlo fue posterior al vigente en la época de la ocurrencia de los hechos y más gravoso (cfr. fs. 5), cabe señalar que las modificaciones en materia procedimental y procesal se aplican de forma inmediata, a partir de la fecha de su vigencia, para todos los actos procedimentales y procesales aún pendientes. Debe tenerse en cuenta que el inicio de un proceso administrativo no significa el "congelamiento" del régimen procedimental vigente en ese momento, que es susceptible de ser modificado. Sería inválida, naturalmente, una reforma del régimen procedimental destinad a exclusivamente a atentar contra la persona del sumariado con el único fin de perjudicarlo, que no es el caso de autos (o, al menos, el recurrente no ha aportado ninguna prueba que verifique tal actitud de la autoridad administrativa). No se trata aquí de una cuestión relativa a la "retroactividad" de las normas de procedimiento (lectura del actor, cfr. fs. 5) sino de la sucesión en el tiempo de diferentes regímenes de procedimientos, que se aplican, claro, de forma sucesiva, para realizar los diferentes actos del procedimiento. De esta manera, se conserva la validez de los actos ya realizados conforme la antigua norma y, a la vez, las nuevas decisiones de trámite se dictan válidamente si lo hacen de acuerdo con las reglas de procedimiento vigente. En ese sentido, ha señalado con claridad el Dr. Maier, en el campo del derecho procesal penal, sector del derecho que plasma con mayor intensidad las garantías de los afectados, que: "Un proceso es una secuencia de actos singulares, determinados por la ley (por ej ., acusación, apertura del juicio, actos varios que integran la preparación del debate, debate, sentencia, recurso, etc.). Es perfectamente posible que la ley nueva rija los actos que, en el procedimiento, sean llevados a cabo con posterioridad a su vigencia y que la ley antigua continúe rigiendo los actos realizados según ella, con anterioridad a su derogación, y que, consecuentemente, cada uno de esos actos sea valorado conforme a la ley vigente a la época de su realización: incluso -se debe decir-, esta sería la situación ideal" (Maier, Julio B. J.: Derecho Procesal Penal, Fundamentos, Del Puerto, Buenos Aires, 1999, 2º edición, pág. 246). En el sub lite, los sumarios en virtud de los cuales finalmente se dejó cesante al actor (121/03 y 122/03) fueron iniciados el 28/1/2003, resultando aplicables a la fecha las resoluciones: 2/2000 (1/2/2000), 301/2002 (8/10/2002), 302/2002 (8/10/2002). La resolución 317/2003 se dictó durante el sumario el 19/6/2003 y la resolución 408/2003 que lo dejó cesante se dictó el 15/7/2003. No se observan en la causa razones para suponer que la resolución 317/2003 se habría dictado con el fin de perjudicar al actor, sino que se hizo con motivo de una modificación integral de la reglamentación de materia de sumarios administrativos aplicables a funcionarios y empleados del Consejo. En razón de lo expuesto queda claro que los planteos del actor referidos a una supuesta ultraactividad de normas procedimentales deben descartarse. IX. Desde ya adelanto que el agravio del actor según el cual afirma que no actuó con dolo o culpa (fs. 7 vta./8) no tendrá recepción favorable. La falta de dolo invocada por el actor carece de relevancia. El Consejo le imputó y lo sancionó por el incumplimiento de normas procedimentales o reglamentarias y por incurrir en negligencia en el cumplimiento de sus deberes. Debo poner de relieve que la realización de dichas conductas no requiere la presencia de dolo, bastando la mera imprudencia. Con respecto a la falta de culpa invocada, cabe señalar que de las constan cias de la causa surge -entre otras circunstancias- que: a) el Sr. Urfeig era Director de Ejecución Presupuestaria; b) estaba encargado -de acuerdo con sus dichos- de "organizar la búsqueda y puesta a consideración de dicho Consejo de, entre otras cosas, los inmuebles en los que funcionaría el Poder Judicial, en los fueros que estaban próximos a iniciar sus actividades" (fs. 2 vta.); c) que se acreditaron numerosas y graves irregularidades en el marco de las contrataciones de compra de los inmuebles de la calle Tacuarí 138 y de Yrigoyen 932 (ver fs. 22 y 50, 39, 196/199, 202/207 del exp. 121/03; fs. 250/2, exp. 122/03), de las que da cuenta la resolución que dispuso su cesantía. Ante tal marco probatorio, resulta palmaria la responsabilidad del actor, quien ocupando cargo semejante no pudo desconocer la gravedad de las faltas cometidas, actuando, por ende, por lo menos con imprudencia, estado mental suficiente para afirmar su responsabilidad del actor y rechazar el planteo que esgrime. X. Señala el actor que en caso de que se desestimen los agravios por él referidos, debe considerase al menos que la sanción de cesantía que le han impuesto es desproporcionada respecto de las infracciones constatadas (cfr. fs. 8). Con relación al agravio basado en la idea "desproporcionalidad" y "exceso de punición", resulta esclarecedor tener en cuenta una distinción conceptual básica que, en el ámbito del derecho administrativo sancionatorio, destaca Comadira: "Si la cuestión es analizada en el marco normativo, el exceso de punición resultará de una abstracta falta de proporcionalidad entre la sanción prevista en la norma y la conducta descripta por ésta, como contenido y causa, respectivamente, del acto administrativo. En cambio, si el tema es estudiado en el plano específico del acto de aplicación, el exceso provendrá de una concreta ausencia de adecuada proporcionalidad entre la sanción impuesta --contenido del acto-- y el comportamiento observado por el agente --causa de la decisión disciplinaria-" (cfr. Comadira, Julio R.: D erecho administrativo. Acto Administrativo. Procedimiento Administrativo. Otros estudios, 2da. edición actualizada y ampliada, Ed. LexisNexis/Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2003, pág. 83). Observo que en estos autos la autoridad administrativa tuvo debidamente en cuenta, en la consideración de las faltas cometidas a fin de determinar el tipo de sanción a aplicar, la importancia económica de los procedimientos de compra que motivaron el presente sumario y el consiguiente perjuicio al erario público. Asimismo, ponderó el cargo que ostentaba el Sr. Urfeig en el momento de los hechos, de Director de Ejecución Presupuestaria, encargado -de acuerdo con sus propios dichos- de "organizar la búsqueda y puesta a consideración de dicho Consejo de, entre otras cosas, los inmuebles en los que funcionaría el Poder Judicial, en los fueros que estaban próximos a iniciar sus actividades" (fs. 2 vta.). Respecto de dicho cargo, señaló la autoridad administrativa que "constituye un agravante de la sanción el hecho de haberse dese mpeñado [el Sr. Urfeig] como la máxima autoridad administrativa del Consejo de la Magistratura cuando ocurrieron los hechos investigados" (cfr. fs. 31). Cabe tener presente, asimismo, que de conformidad con la res. 301/02, art. 50 y ss., al Director General de Ejecución Presupuestaria del Poder Judicial de la Ciudad le corresponden importantes funciones, tales como: propone a la Comisión de Administración y Financiera la ejecución del presupuesto del Poder Judicial de la ciudad y administra la que aquélla disponga; asiste a dicha Comisión en todas sus funciones; organiza los sistemas administrativos y contables; autoriza el pago de haberes al personal; interviene en todos los procedimientos de compras y contrataciones, autorizando o aprobando las mismas, según la normativa vigente. Asimismo, cabe destacar que el art. 50 de dicha resolución menciona expresamente que se considera falta grave el incumplimiento reiterado de sus obligaciones, así como la inasistencia sin causa justificada a las sesiones del Plenar io del Consejo, a las reuniones de la Comisión de Administración y Financiera y a las demás comisiones cuando requieran su presencia. Poca duda cabe, entonces, de la gravedad de las faltas y de la responsabilidad del actor, razón por la cual los argumentos por él vertidos a fs. 8 carecen de la entidad suficiente para conmover la solidez de la resolución administrativa aquí recurrida. XI. El actor plantea, finalmente, que el acto administrativo en virtud del cual se le aplicó una sanción no estuvo motivado. De lo expuesto hasta aquí resulta claro que dicho planteo carece de sustento. He señalado en numerosas oportunidades que todo acto administrativo, debe reunir para su validez los requisitos esenciales enunciados en los arts. 7 y 8 de la LPA (ver en ese sentido "Auto Generali S.A. y otros c/GCBA s/otras demandas contra la autoridad administrativa", exp. nº 5740, sentencia del 24/6/2003; "Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. c/GCBA s/otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apel.", exp. RDC nº 184/0 ; "Viajes Ati S.A. c/GCBA s/otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apel.", exp. RDC nº 101/0, sentencia del 23/9/2003; "Telecom Personal S.A. c/GCBA s/otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apel.", exp. RDC nº 155/0, sentencias del 23/9/2003; "Alfacar S.A. c/GCBA s/otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apel.", exp. RDC nº 224, sentencia del 11/11/2003). La ley local de procedimientos administrativos (al igual que la ley federal sobre la materia) exige, como condición de validez de los actos administrativos, su motivación. De acuerdo al art. 7, "Son requisitos esenciales del acto administrativo los siguientes: ... e) Motivación. Deberá ser motivado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados en el inc. b) del presente artículo". El inciso b) se refiere a la causa, de manera que el acto debe expresar los hechos y antecedentes que le sirven de causa, así como el derecho aplicable. Más allá de los matice s acerca de cómo interpretar esta exigencia, no cabe duda de que los actos administrativos deben estar precedidos por un razonamiento que incluya un análisis fáctico y argumentos de carácter jurídico (ver, por todos, el comentario de Comadira, Julio Rodolfo: Procedimientos administrativos. Ley nacional de procedimientos administrativos, anotada y comentada, t. 1, La Ley, Buenos Aires, 2002, pág. 201 y ss., punto 6.1.5). En sentido concordante, esta Sala ha tenido oportunidad de expresar que "la exigencia legal de fundar el acto administrativo, a través de la motivación, tiene por objeto garantizar los derechos de los particulares y, en especial, la garantía de defensa, al permitirles conocer las razones que indujeron a la administración a dictar el acto. Asimismo, la motivación constituye un elemento de esencial trascendencia para el juez llamado a controlar la actividad administrativa, toda vez que le permite revisar acabadamente su legitimidad" (cfr. "Quiroga Estela Julia c/ G.C.B.A.- Secretaría de Hacienda y Finanzas- Dirección de Medicina del Trabajo s/ Amparo", expte. 3906). En igual sentido, se ha dicho que la motivación, en cuanto importa la exteriorización de las razones que justifican el dictado del acto, "tiende a cumplir tres finalidades: a) que la Administración, sometida al derecho de un régimen republicano, dé cuenta de sus decisiones; b) que éstas puedan ser examinadas en su legitimidad por la justicia en caso de ser impugnadas; y c) que el particular afectado pueda ejercer su defensa" (SCJMendoza, "Aguilar", sentencia del 16/05/84, voto de la Dra. Kemelmajer de Carlucci, cfr. Comadira, Julio R, op. cit., pág. 203). En suma, como ya señaló Bartolomé Fiorini: "el recaudo amplio de la motivación se sustenta en el valor republicano de la publicidad de los actos estatales; en el dato esencial de toda actividad administrativa como es la razonabilidad y la moralidad; coadyuvando para el ejercicio de un derecho humano como es el de la defensa; y colabora con el ordenamiento jurídico al permitir al poder j udicial para que plenamente pueda juzgar los actos administrativos. Esto último es tanto más justificable después de la conquista sobre el control de la finalidad y razonabilidad de los motivos que justifican el acto" (Derecho Administrativo, t. I, segunda edición actualizada, 1995, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, pág. 423). A la luz de este claro marco jurídico, y lo expuesto precedentemente cuando traté los restantes agravios -a los que me remito en mérito a la brevedad- cabe señalar que, como ya había adelantado, no le asiste razón al recurrente respecto de que el acto examinado carece de motivación. Sus argumentos son endebles (ver en particular fs. 6 vta. y 7) y pretenden deslindar su responsabilidad aduciendo falta de tiempo para cumplir con las formalidades correspondientes y obediencia de órdenes directas impartidas por los Sres. Consejeros. Sólo cabe agregar que la posible responsabilidad de sus superiores jerárquicos no lo exculpa, dada la posición que ocupaba en dicho organismo y su rol en el marco d e las contrataciones mencionadas. XII. En razón de todo lo expuesto, legislación, jurisprudencia y doctrina aplicables, y oída la fiscal de cámara, considero que debe rechazarse en todos sus términos el recurso de revisión interpuesto por el recurrente y confirmar la sanción impuesta por el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires al Sr. Norberto Urfeig a través de la resolución nº 408/2003; imponiéndole las costas, en virtud del principio objetivo de la derrota (art. 62, CCAyT). Así dejo expresado mi voto. El Dr. Eduardo A. Russo, por los fundamentos expuestos por el Dr. Horacio A. G. Corti, adhiere al voto que antecedente. En razón de todo lo expuesto, legislación, jurisprudencia y doctrina aplicables, y oída la fiscal de cámara, el Tribunal RESUELVE: 1) Rechazar en todos sus términos el recurso de revisión interpuesto por el recurrente y confirmar la sanción impuesta por el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires al Sr. Norberto Urfeig a través de la resolución nº 408/2003; i mponiéndole las costas, en virtud del principio objetivo de la derrota (art. 62, CCAyT). Regístrese y notifíquese. Esteban Centanaro Horacio A. G. Corti Juez de Cámara Juez de Cámara (en disidencia) Eduardo A. Russo Juez de Cámara