marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Daño moral, muerte del padre, muerte de un hijo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ROLETER DE BRANCA, ELSA Y OTROS c/ RUBEN FRANCISCO DURANDO Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-03-17

El daño moral es de carácter extrapatrimonial, toda vez que la ofensa o la lesión no produce una disminución pecuniaria; distinguiéndose, de tal modo, del daño patrimonial o material.

Esta característica es la que lo hace inconmensurable, ya que escapa a toda medida o apreciación económica.

Se plantea de esta manera el problema de reparación del daño moral que se manifiesta en el sufrimiento, el pesar, la congoja, el dolor que embarga la intimidad de la persona y que resulta imposible de medir.

Sin duda alguna,esa alteración del estado del espíritu al que se ha hecho alusión,se produce al acontecer la muerte violenta, imprevista e intempestiva del esposo, del hijo, del padre y del hermano, las que han padecido, respectivamente, las accionantes.

Sabido es que intentar reemplazar con dinero la pérdida de una vida humana es superfluo, puesto que cualquier monto que se determine siempre resultará exiguo. "Pero no es esa la finalidad de la reparación del daño moral, con la cual se procura solamente, en función de los recursos humanamente asequibles, proporcionar al damnificado un medio de obtener otras satisfacciones, no para borrar el agravio, que en estos casos es indelegable, sino para mitigar el dolor y hacer más soportable la existencia. Para realizar este propósito no es menester cambiar la condición socio-económica de los actores".

Con esta limitación, y atendiendo a la edad de las víctimas, la edad de las damnificadas, su posición social, la conformación del grupo familiar y las circunstancias del hecho del que derivaron las muertes que nos ocupan, estimamos justo fijar en la suma de cuarenta mil pesos ($40.000) y de veinticinco mil pesos ($25.000), la indemnización que por este concepto le corresponde a cada una de las accionantes, madre e hija, respectivamente.

Ello es así, en virtud de que en el primero de los casos, la ley ordena la reparación por el daño causado por la muerte de dos personas: el esposo y el hijo, mientras que en el segundo sólo debe indemnizarse por el daño causado por el fallecimiento del padre, (art. 1078 C. Civil).-
Excusación, subrogancia del juez
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: DIAZ JOSE RAMON s/ ROBO CALIFICADO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1995-07-07

Resulta irrito a los mas elementales principios de garantías procesales de raigambre constitucional que el mismo magistrado que ayer, por los avatares de las subrogancias, condenó a la prisión perpetua a una persona, hoy aparezca siendo su defensor aunque se en otra causa.
Costas, costas en el orden causado, declaración de inconstitucionalidad, beneficios previsionales, carácter alimentario, igualdad ante la ley
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: VITALI, DULCELINA ELIDA c/ A.N.Se.S
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-04-25

El art. 21 de la ley 24.463 resulta violatorio de normas y garantías de rango constitucional, toda vez que afecta las previsiones del art. 14 bis de la Constitución Nacional al obligar que el jubilado victorioso deba soportar los gastos causídicos que afectan su crédito de naturaleza alimentaria; lesiona el art. 16 al imponer una resolución discriminatoria en perjuicio del afiliado.
Delitos militares, delitos contra la disciplina
Materia: PENAL
Carátula: Presunta  comisión  de  infracciones  militares  (arts. 702 y 704 del Código de Justicia Militar) s/ Competencia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-13

Si bien puede afirmarse que los delitos esencialmente militares siempre afectan la disciplina, no puede sostenerse que cualquier delito que afecta la disciplina es un delito militar.
Estado Provincial, facultades jurisdiccionales, facultades no delegadas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Romero, Hugo Fernando c/ Misiones, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-25

Conforme al diseño de la Constitución Nacional, es facultad no delegada por las provincias al Gobierno Nacional la de organizar su administración de justicia. - Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite -
Acción de amparo, cuestiones de competencia, seguridad jurídica, economía procesal, ofrecimiento de la prueba
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Asociación para la Conservación del Parque Miguel Lillo Necochea y Sra. Fonalleras, María del Carmen  c/ Municipalidad de Necochea  s/ Acción de amparo. Cuestión de competencia art. 7, ley 12.008
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2023-09-18

La incompetencia del órgano judicial no puede ser decretada en cualquier momento, debiendo proponerse -por regla- en la etapa procesal oportuna y, una vez precluida, tanto las partes como el órgano se encuentran limitados para volver sobre la materia ya resuelta, porque lo contrario supone retrotraer el proceso con el consecuente dispendio jurisdiccional y agravio a los principios de seguridad jurídica y economía procesal. (En el caso, en el cual el tribunal de origen corrió traslado de la demanda incoada por las actoras y su ampliación, dio vista de la documentación acompañada por el municipio y proveyó los distintos medios probatorios ofrecidos oportunamente por las partes, y recién cuando las demandantes confeccionaron los oficios ordenados en el auto de apertura a prueba es que el órgano resolvió desprenderse de manera oficiosa de la causa, se resolvió que sea el Tribunal en lo Criminal quien continúe conociendo en el litigio).
Recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, sentencia, fundamentos suficientes, viajantes de comercio, carga de la prueba, principios laborales, primacía de la realidad
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: STIVADA, ALBERTO JOSE c/ CAFE GUATEMALA S.A.C..F. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-08-03

Corresponde rechazar la queja desde que los planteos del recurrente, no obstante el tinte constitucional que aspira otorgarles, en realidad, se enderezan a aseverar que su actividad enmarca en el convenio que regula el régimen del viajante de comercio (y, consecuentemente, le alcanzan las disposiciones de la ley 11.456, artículo 11), pues, a su criterio, sostiene haber demostrado suficientemente que aquélla era su labor principal y no la de "chofer repartidor" como equívocamente, aduce, lo encasilla la Alzada (al igual que el juez de grado). Es que la solución propuesta por los jueces de la causa, se sustenta en la manifestación más amplia del principio protectorio, in dubio pro operario, el que engloba y constituye uno de los basamentos generales del derecho del trabajo (artículos 9 y ss. de la L.C.T., conc. Art. 14 bis, Carta Magna nacional), al afirmar que el actor no demostró dedicarse a la promoción y captación de nuevos clientes y que aún, si pudiera acreditarse que en casos aislados actuó como agente de ventas de la empresa, ello no lo transforma en viajante de comercio al no ser ésta su función principal sino la de entrega y cobranzas de mercaderías. Conforme la decisión adoptada la Sala juzgó abstracto el agravio relativo a la prescindencia de la declaración jurada (art. 11, ley 11.456) al igual que la pretendida aplicación de la C.C.T. 97/90, disposiciones que no le resultan aplicables, respetando el principio de primacía de la realidad, expresas constancias de autos y su plexo probatorio.-
Salario básico, personal militar, adicionales de remuneración, haber jubilatorio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Canessini, Luis Alberto y otros c/ Estado Nacional - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos s/ Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-10

Si bien el Dec. 215/89 regula la liquidación del "suplemento por antigüedad en el servicio", la determinación del haber mensual que corresponde tomar en cuenta a tales fines se encuentra regulada en el Dec. 213/90, que reza en su art. 1 "Fíjase a partir del 01.01.1990 el haber mensual del personal de Seguridad y Defensa del Servicio Penitenciario Federal, en los importes que para todas y cada una de las jerarquías, se detallan en el Anexo I del presente decreto"; siendo menester destacar que en dicho anexo se indica que el haber mensual se encuentra compuesto por la suma del sueldo básico y la bonificación complementaria, eliminando así el cómputo de los suplementos generales a tales fines. En consecuencia, debido a la elemental regla que consagra que la ley especial posterior deroga a la ley general anterior, corresponde confirmar la sentencia de la anterior instancia que rechazó la pretensión de que la liquidación del suplemento de referencia tomando como base de cálculo el haber de coeficiente (código 1 - Sueldo Básico) más el suplemento creado por el Dec. 2807/93 (código 227). Similar temperamento adoptó la Sala III del fuero en autos "Ferro, Oscar Marcelo y otros (sent. del 08.03.06).
Recurso extraordinario, interposición del recurso, fundamentación insuficiente, cuestión no constitucional, cuestión de derecho común, cuestiones opinables, concurso preventivo, crédito verificado, intereses
Materia: CONSTITUCIONAL-COMERCIAL-CIVIL
Carátula: PANICCIA, MARCELO EGIDIO -CONCURSO PREVENTIVO- s/ RECURSO EXTRAORDINARIO -CONCURSO PREVENTIVO-INCIDENTE DE REVISION  PLANTEADO POR LA ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS -D.G.I-  (EXPTE.: C.S.J. NRO. 140 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-05-26

Corresponde denegar la concesión del recurso extraordinario planteado por la D.G.I., desde que la impugnante no logra perfilar con eficacia los vicios de arbitrariedad en que supuestamente habría incurrido el fallo de la Corte local, incumpliendo de tal suerte con el recaudo de debida fundamentación que imponen las normas pertinentes. En efecto, frente a la supuesta "prescindencia de la normativa aplicable", el error imputado al Tribunal, consistente en haber utilizado una causal neutralizante de una especie de arbitrariedad que no fue alegada, no guarda una mínima relación con las constancias de la causa. Al respecto, en oportunidad de rechazar el recurso directo local, el Órgano sostuvo que "... la quejosa no logra demostrar que la tesis seguida por el A quo implique la elección de una alternativa irrazonable o ajena al derecho en vigor..." y que "...Dicha decisión se enrola en una de las principales corrientes jurisprudenciales relativas al tema bajo examen, e importa la adopción de una solución posible, basada en razones suficientes, desde que el Juzgador brindó una respuesta viable de conformidad con el ordenamiento jurídico y con el cuadro fáctico esclarecido, la cual -según su criterio prudencial- era la que mejor se ajustaba al imperativo axiológico de administrar justicia...". De tal argumentación se desprende claramente que la Corte se limitó a convalidar el criterio morigerador de la Sala, más sin aludir a la concreta interpretación del texto legal que la recurrente considera preterido.
Juicio de desalojo, falta de pago, alquileres, legitimación procesal
Materia: CIVIL
Carátula: GUTIERREZ ROCIO DAIANA c/ CENTENO RAMONA s/ DESALOJO SIN EXISTENCIA DE CONTRATO DE LOCACION (COMODATO, OCUPACION, ETC)
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2017-10-12

Corresponde hacer lugar al desalojo por falta de pago de alquileres iniciado por la hija de los adjudicatarios -ya fallecidos- de una vivienda institucional en donde la acción es dirigida contra la inquilina quien ocupa la vivienda en virtud de un contrato de locación que en su momento suscribiera con sus progenitores, por cuanto es errado el planteo consistente en resistir el desalojo en base a la situación de la actora frente al IPVU -toda vez que dentro de los alcances del juicio en cuestión, la relación con la adjudicadora es "res inter alios" con respecto a las partes y lo dirimente para acceder el desahucio es determinar la calidad en que el demandado ocupa la cosa, como así también si en función de la causa de la detentación, éste estaba obligado a restituirla a instancia del co-contratante- entiendo, a diferencia de los sostenido por el Sr. Juez A quo que la accionante, (.), posee legitimación suficiente para pretender, como lo hace, el desalojo de los incoados. En la referida línea argumental, la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia en la causa "Arcangioletti" -Ac. 30/2016 de fecha 14-12-2016- sostuvo: "En idéntico sentido, es erróneo resistir la acción de desalojo en base a un planteo acerca de la situación del actor frente al I.P.V.U., por cuanto la relación de este con la adjudicataria es res inter alios de cara a las partes. Por el contrario, la cuestión a dirimir en un proceso de estas características es determinar la calidad en que el demandado ocupaba la cosa y si, en función de la causa detentada, estaba obligado a restituirla" (del voto del Dr. Ricardo T. Kohon, al cual prestó su adhesión el Dr. Oscar E. Massei).
Seguros, seguro de transporte, responsabilidad del asegurador, servicios de vigilancia, robo con armas, riesgo asegurable, indemnización
Materia: COMERCIAL
Carátula: TEXTIL COLONIA SA c/ LA PATAGONIA CIA. ARG. DE SEGUROS SA s/ SUM
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-06

Si bien en un contrato de seguro de transporte de mercaderías, la asegurada se comprometió a proveer de guarda al rodado que transportaba la mercadería asegurada, tal obligación asumida no puede extenderse a considerar que la asegurada garantizaba la permanencia y efectividad de esa custodia frente a cualquier avatar que ocurriese, durante el transporte, porque ello implicaría eliminar el alea propia del seguro, contrariando así, el principio fundamental del contrato en el sentido que no puede haber seguro si no hay riesgo asegurable, por lo que la aseguradora no puede eximirse del pago de la indemnización, alegando que, al momento del asalto a mano armada, la custodia -a causa del reventón de un neumático- se había distanciado del camión transportador.
Contrato de obra pública, rescisión del contrato, Administración Pública, acto administrativo, interés público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ARRASCAETA, RAFAEL CARLOS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  N. 2-80)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-04-08

El alcance del control de legitimidad previsto por la ley 4106, autoriza solamente la comprobación de la presencia del grado de interés público determinado por la ley en el acto de atribución de la potestad de actuación de la Administración que ejerció el derecho de rescindir el contrato de obra pública que le otorga la ley, a raíz de que sus órganos competentes constataron la sucesión de incumplimientos e infracciones caracterizantes de la conducta contractual del actor, encuadrados en los incisos a), c) y e) del artículo 88, ley 5188. Es decir, se controla la legitimidad en sentido estricto, pero no se dirige a controlar el ajuste de la actuación administrativa al interés público concreto desde el punto de vista de la conveniencia práctica y de oportunidad.
Hábeas corpus, orden de autoridad competente, extradición, tratados internacionales
Materia: PROCESAL-PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: LARA, Juan H. s/ HABEAS CORPUS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-10

Habrá de rechazarse la acción de habeas corpus por cuanto, tanto la orden de detención como la privación de libertad que sufre el interesado ha emanado de autoridad competente -Juzgado Federal de la Provincia de Mendoza- con respaldo legal en lo establecido en el art. 19 del tratado de extradición vigente con la República de Italia aprobado por ley 23.719.
Excepciones procesales, sentencia definitiva, regulación de honorarios
Materia: LABORAL
Carátula: Muller, Andrea Mabel c/ Haiek Juan Carlos y otros s/ laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2012-05-24

Cuando las excepciones son tratadas con la sentencia definitiva, como defensa de fondo, carecen de autonomía arancelaria y la regulación queda englobada con la de toda la instancia.
Beneficios previsionales, derecho al beneficio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Garcia de Gimenez, Elsa c/ Caja de Retiros, Jub. y Pensiones de la Policía de la Prov. de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-05-09

En materia de pensión lo que legalmente interesa es la situación existente a la fecha de la muerte del causante, pues en ese momento se produce la contingencia que el beneficio procura paliar.
Accidentes de trabajo, superintendencia de riesgos del trabajo
Materia: COMERCIAL
Carátula: Superintendencia De Riesgos Del Trabajo c/ Mapfre Argentina A.R.T. S.A. s/ Organismos Externos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-05-21

Cabe confirmar la sanción de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo impuesta a una empresa aseguradora, en razón del incumplimiento a lo dispuesto en el párrafo tercero del punto 1 del art. 13 de la Ley nº 24.557, pues la demandada realizó el pago de la prestación dineraria en concepto de incapacidad laboral temporaria fuera de los términos legales.
Trabajadores de la salud, médicos, remuneración forfataria, relación de dependencia
Materia: LABORAL
Carátula: TUNY, BRONISLAW c/ COMPAÑIA ARGENTINA DE CAUCHO  I.C.S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-07-28

El pago mensual forfatario es una modalidad usual de contratación de profesionales liberales o aún de empresas prestatarias de servicios, no presentándose las notas tipificantes de la subordinación en la relación entre un profesional médico y una empresa cuando el primero efectúa revisaciones médicas preocupacionales en su propio consultorio (conforme Sala III, sentencia del 31 de octubre de 1985, 'Michelin Argentina S.A. ').
Accidente de tránsito, incapacidad sobreviniente, monto de la indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: UBOLDI, Leopoldo c/ LINEA 213 DE TRANSPORTES s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-21

Si bien es cierto que para fijar el quantum resarcitorio por incapacidad sobreviniente debe analizarse los aspectos de la vida en relación de la víctima, no corresponde evaluar la posición económica que la misma tiene ya que en definitiva quien ha sido víctima de un hecho ilícito en cuya producción no ha sido declarado culpable, tiene derecho a recibir una justa y equitativa indemnización, independientemente de que se trate de una persona de altos recursos económicos, de un obrero o de un jubilado. Lo que sí se tendrá en cuenta, evidentemente, el de la edad, sexo, estado civil, etc., y serán esos parámetros los que harán variar la suma otorgada en concepto de resarcimiento.
Recurso de casación, acción, acusación, dictamen fiscal, requisitoria fiscal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: FERREYRA, JULIO s/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-04-14

El concepto de acción, pues, no debe confundirse con el de acusación; la acusación es un medio de ejercitar la acción penal, pero no debe confundirse con ese ejercicio, ya que la acción se ejercita por medio de otras actividades aún de contenido desincriminatorio, sea afirmando, sea negando el sentido primitivo, originalmente dado a la pretensión penal. La acusación es la aplicación de la regla "ne procedat iudex ex officio" en el período del juicio. Así se afirma que no hay juico sin acusación. Se trata de "un acto del titular del ejercicio de la acción penal en el cual se concreta objetiva y subjetivamente la imputación, individualizando lo más posible al imputado y relatándose los hechos en forma clara, completa y circunstanciada". Consiste, entonces, en la evaluación del mérito del sumario a fin de establecer si se dan las condiciones necesarias para que se sustancie o no el juicio plenario. En esa oportunidad de crítica de la instrucción, el fiscal puede pedir -en el caso de que la instrucción esté completa- el sobreseimiento o la elevación a juicio, supuesto este último en el cual su dictamen, llamado requisitoria, debe contener los requisitos establecidos en la última parte del artículo 347 del Código Procesal Penal. Como elemento subjetivo está prevista la individualización del imputado; como objetivo material la relación clara, completa, circunstanciada y específica de los hechos sobre los cuales versa; como objetivo jurídico la calificación legal; como elemento lógico la motivación, o sea el fundamento por el cual sostiene que la causa debe ingresar en la segunda etapa del proceso; y por último, como elemento volitivo, el pedido de elevación a juicio. Se advierte que se ha omitido el pedido de sanción, pues su monto y calidad deben obtenerse del debate, oportunidad en la cual el ministerio fiscal puede pedir una absolución, lo que no significará una contradicción con su anterior posición pues ésta se sustentó en averiguaciones y pruebas no definitivas. Es así que en el procedimiento mixto que nos rige el requerimiento punitivo deja de ser exigible en el contenido de la acusación. Ello se aviene con el significado que del término acusar da el Diccionario de la Real Academia en su vigésima edición, 1984, donde se lee, acusar: Imputar a alguno algún delito, culpa, vicio o cualquiera cosa vituperable.
Recurso extraordinario, admisibilidad del recurso, competencia
Materia: PENAL
Carátula: CHAVEZ JORGE DANIEL c/ ALVAREZ NESTOR HUGO s/ HOMICIDIO-RECURSO EXTRAORDINARIO INTERPUESTO POR DR. VERGOTTINI SRA.JUEZ DE INST. EN LO CRIM. Y CORREC. 4TA. NOM. DRA. MARIA L.CARDENAS DE INFANTE s/ DENUNCIA DE ENJUICIAMIENTO:CAUSALES COM. DE DELITO FORMULADA POR  DRES. GUILLERMO F. RUIZ ALVELDA Y LUIS E. LUGONES Y CAUSALES: MAL  DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES E IGNORANCIA REITERADA DEL DERECHO  FORMULADA POR DR. HUGO C. FROLA S/REC. EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-10-28|2003-03-19

La Corte Suprema de Justicia de la Nación es el juez definitivo sobre la concurrencia de los requisitos de admisibilidad del recurso extraordinario. Empero, el Art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación impone al Superior Tribunal de Justicia la obligación de resolver si la actividad recursiva extraordinaria, prima facie valorada, cuenta, respecto de cada uno de los agravios que la originan, con fundamentos suficientes para habilitar su concesión. En ese respecto se verifica, entre los requisitos comunes de los recursos en general: si el mismo ha sido interpuesto dentro del plazo legal, impugnando además una sentencia definitiva, emanada del Superior Tribunal -máxima instancia de la justicia provincial- si la misma resultó adversa al recurrente.
Presunciones, facultades del juez
Materia: LABORAL
Carátula: BARRERA MARTIN GIL c/ ATILIO DON Y ALBERTO DON s/ INDEMNIZACION POR DESPIDO Y ACCIDENTE DE TRABAJO-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2001-09-11

Es facultad del juzgador recurrir al sistema de presunciones al momento de evaluar prueba, cuando de la misma no surge en forma directa lo manifestado por quien lo alega. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, discrepancia del recurrente
Materia: PENAL
Carátula: Bertoncelo, Margarita Irene; Chiri, Julio Santiago; Andino, Aldo Alberto s/ Homicidio agravado, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-03-10

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que denuncia violación del art. 259 inc. 1 del Código de Procedimiento Penal si el recurrente sólo opone a lo resuelto por la Cámara su opinión personal sin aditarle fundamento alguno. (MINORIA U OPINION PERSONAL)