Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2004-03-25


Nº··44···/ En la ciudad de Resistencia, Capital de la Provincia del Chaco, a los veinticinco días del mes de marzo del año dos mil cuatro, reunidos en Acuerdo los señores Jueces de la Sala Segunda en lo Criminal y Correccional del Superior Tribunal de Justicia EDUARDO OMAR MOLINA y RICARDO FERNANDO FRANCO, quienes emitirán su voto en ese orden, asistidos por el Secretario Autorizante MIGUEL ANGEL LUBARY, tomaron conocimiento del expediente n°54.893, año 2003, caratulado: "GALVAN WALTER CELESTINO; GONZALEZ ANGEL RUBEN; CASAFUS JOSE ELIAS S/DOBLE HOMICIDIO EN OCASION DE ROBO EN GRADO DE CO-AUTORIA", con el objeto de dictar sentencia conforme los artículos 434 y 446, del Código Procesal Penal.- Seguidamente la Sala Segunda plantea las siguientes C U E S T I O N E S 1°) ¿Es procedente el recurso de inaplicabilidad de ley deducido por la querellante particular a fs.705/709? 2º) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A LA PRIMERA CUESTION, EDUARDO OMAR MOLINA dijo:

I- La Cámara Primera en lo Criminal de esta ciudad, mediante sentencia Nº 095 de fecha 12 de septiembre del año 2003, obrante a fs. 649/699 vta., en el pto.I) absolvió de culpa y cargo a José Elías Casafús del delito de doble homicidio en ocasión de robo en grado de co-autoría (arts. 165 y 45 del CP) por el que fuera requerido, haciendo aplicación del beneficio de la duda (art. 4 del CPP); en el pto. II) condenó a Walter Celestino Galván como autor responsable de los delitos de doble homicidio en ocasión de robo y robo agravado por el uso de armas en concurso real (arts. 165, 55 y 166 inc. 2º del CP), a la pena de dieciséis (16) años de prisión efectiva, correspondientes a las causas 154/02 y 031/03; en el punto III) procedió a unificar las penas impuestas en el punto anterior con la dictada por el el Juzgado Correccional Nº 2 del Departamento Judicial de Quilmes, por el delito de portación ilegal de armas de fuego de uso civil (art. 189 bis del CP), dictando la pena única de dieciséis (16) años de prisión efectiva, accesorias legales y costas.- Contra dicho pronunciamiento se alzó la parte querellante particular, por medio de su apoderado Dr. Amilcar Federico Aguirre, con patrocinio letrado, interponiendo el recurso de inaplicabilidad de ley obrante a fs. 705/709, el cual fuera concedido y elevado a esta Sala, donde se encuentra actualmente en condiciones de dictarse pronunciamiento.- En el mismo hace referencia inicialmente a su objeto -mencionando ambos motivos casatorios-, a los aspectos formales, los antecedentes de la causa y se agravia por la sentencia absolutoria dictada en favor de José Elías Casafús, al considerar que existió una errónea interpretación y aplicación de la ley sustantiva respecto a los principios del proceso penal en cuanto a la valoración de la prueba y a la sana crítica racional de los elementos recabados en la causa.- Menciona diversos elementos probatorios y sostiene que la verdad resulta a todas luces de ellas, expresando que los imputados fueron coautores del delito, que los tres iniciaron un raid delictivo que consistió en robar a mano armada a cualquier persona que pareciera tener un botín razonable.- Alega que la interpretación de las pruebas recabadas efectuada en el proceso por los jueces de la causa, carece de logicidad y, en tal sentido, la testigo Avalos le merece la mayor de las consideraciones, agregando que el tribunal valoró negativamente el hecho de ser la única que reconoció a los imputados, circunstancia que considera no puede descalificarla.- Afirma que solo apartándose de la ley y transgrediendo los límites de razonabilidad en la valoración de la prueba se puede sostener que la prueba de testigos no es suficiente para poner en evidencia que un arma ha sido disparada y tiene esa calidad a los fines de la circunstancia agravante que contempla el ordenamiento penal, citando doctrina y jurisprudencia al respecto.- También se agravia por la pena de 16 años de prisión impuesta a Walter Celestino Galván, por dos delitos dolosos, cuando solamente el recurrente había solicitado por este hecho la pena de 25 años de prisión, aduciendo que la fundamentación y procedimiento para la fijación de la pena viola principios legales.- Además, afirma que, sin perjuicio de las causales de casación invocadas, la sentencia recurrida resulta arbitraria, que se aparta de la sana crítica al evaluar las pruebas y que tiene un sustento solo aparente, mencionando variada jurisprudencia.- Finaliza haciendo reserva del caso federal y peticionando que oportunamente se case la sentencia en cuanto absuelve a José Elías Casafús y elevando la pena impuesta a Walter Celestino Galván.- Que a fs.731 y vta. se agrega memorial potestativo presentado por la parte recurrente, ratificando el contenido de su memoria y la reserva del caso federal,agregando jurisprudencia referida a la reformatio in pejus.- II- Planteados los cuestionamientos articulados por el recurrente de la manera que fueran reseñados, cabe adoptar soluciones disímiles en cada uno de los agravios que expone, dadas las particularidades de los casos traídos a conocimiento de esta Sala.- a) En primer lugar, en cuanto al gravamen derivado del monto de la pena impuesta a Walter Celestino Galván, cabe consignar inicialmente que esta Sala, tal como reiteradamente lo ha señalado, como Tribunal llamado a decidir sobre la impugnanción deducida por ser el incuestionable Juez del mismo, ostenta la potestad necesaria para examinar el cumplimiento de las condiciones de otorgamiento, no obstante su concesión por parte del Tribunal de juicio.- Al respecto, para que una presentación de este tipo pueda resultar formalmente procedente, además de cumplimentar las exigencias de tipo objetivo también debe llenar los recaudos de naturaleza subjetiva, los cuales requieren, entre otros, la existencia de un derecho impugnaticio, para lo que es necesario que la ley otorgue la posibilidad de recurrir por el medio elegido y que el sujeto esté legitimado, por tener un concreto interés jurídico en el planteo, y, además, poseer capacidad legal para interponerla en relación al gravamen que la resolución le ocasiona ( Cfr. esta Sala in re: "Saguir...", res.43/96; "Jazmín...", res.85/99).- De acuerdo a lo establecido por el art. 84, inc.d) de la rituaria, el querellante particular se halla autorizado a impugnar todas las decisiones que el Ministerio Público Fiscal hubiere recurrido, pudiendo hacerlo en forma autónoma solamente cuando la resolución que cuestiona fuere la que dispone el archivo de la causa ( art. 189), el sobreseimiento (art. 316) o una sentencia absolutoria (art. 385) (Cfr. esta Sala in re "Almirón", res. 172/03).- Por ello, en el caso examinado, corresponde arribar a una conclusión desestimatoria del remedio articulado, toda vez que resulta evidente que el recurrente, en su carácter de querellante particular, carece de facultades autónomas para atacar una sentencia condenatoria, y, en el sub lite, el Fiscal de Cámara no dedujo impugnación alguna -a través del remedio correspondiente- de dicha decisión, de forma tal que tampoco se encontraba habilitada esta vía recursiva para el acusador privado, razón por la cual corresponde declarar la inadmisibilidad formal del recurso deducido respecto al punto del fallo que alude al condenado Walter Celestino Galván.- b) En cuanto al agravio que cuestiona la absolución dictada en favor de José Elías Casafús, habiéndose producido correctamente la apertura de la vía casatoria, de acuerdo a lo señalado en el punto anterior, se procedió a analizar detenidamente la queja en función del decisorio impugnado, arribando ineludiblemente a una conclusión nulificatoria, toda vez que el aspecto censurado del fallo bajo examen no consigue satisfacer el requisito de motivación exigido por el art.112 del ritual bajo pena de nulidad (art.387 inc.4°).- No obsta que la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas de la sentencia sean, en principio, inatacables en casación, ya que el proceso lógico seguido por el Juez en su razonamiento se encuentra sujeto al control casatorio, debiendo realizarse bajo este aspecto un examen sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por la ley, a fin de custodiar el respeto a las reglas de la sana crítica en la fundamentación de la sentencia, verificando la observancia de las pautas de la lógica, la psicología y la experiencia, ya que cuando éstas son violadas, el razonamiento no existe y la sentencia es nula por falta de motivación (De la Rúa, "El Recurso de Casación", pág. 180 y sgtes.; esta Sala in re: "Carrizo...", sent.29/94).- Coincidentemente, Ricardo Núñez sostiene que al Tribunal de casación no le corresponde examinar la valoración que las Cámaras hacen del material probatorio, salvo que exista vicio lógico en la motivación ("Temas de Dcho.Penal y Dcho.Proc.Penal", pág.83 y sgtes.).- Por lo tanto, la sana crítica racional adoptada por la rituaria tiene como límite indudable la motivación, lo cual implica que la convicción del juez debe tener su demostración lógica en el fallo, razón por la que si una sentencia contiene motivos contradictorios entre sí, equivale a que carezca de motivación, ya que los mismos se neutralizan recíprocamente (Cfr. esta Sala in re "Castellari", sent. 45/97).- En el caso sub examen, el Juez de primer voto -con la adhesión de la magistrada de segundo voto-, al fundamentar su decisión expresó en lo pertinente que "En cuanto a JOSE ELIAS CASAFUZ, tanto a través de sus dichos como de los de su coequipers y de los testigos AVALOS y FIGUEREDO, no se advierte con la certeza que esta etapa requiere su efectiva participación en el evento, salvo en que habría llegado junto a los otros dos, también en bicicleta, al lugar del hecho y a su autoconfesado conocimiento que aquellos poseían en su poder armas de fuego, con las que presuntivamente iban a cometer un ilícito y además lo que podríamos caracterizar un reconocimiento de la testigo AVALOS de haberlo visto en el negocio pero sin que el mismo, a mi entender, tuviera la contundencia necesaria como para tener por probada su efectiva intervención en la emergencia en la consumación de algún hecho penalmente reprochable, por lo que a su respecto estimo que prima una situación de duda que lo beneficia... "( fs. 679 y vta., el resaltado me pertenece).- Lo transcripto conforma la argumentación mayoritaria del a quo, ya que la Juez de tercer voto argumentó vagamente que "...respecto de CASAFUZ, no existen elementos suficientes respaldando su participación, y la calidad que ésta pudo tener, en el evento, por lo que por aplicación del principio de la duda en su favor, considero que debe absolvérsele de culpa y cargo" (fs. 686), sin aportar ningún dato determinante y convincente para justificar dicha solución, no obstante la existencia de variados elementos de juicio que merecían un examen mas riguroso que el efectuado, razón por la cual lo consignado queda absolutamente descalificado para dar sustento a la decisión, ya que el "...estado de duda no puede reposar en una pura subjetividad, sino que debe derivarse racional y objetivamente de la valoración de las constancias del proceso ..." ( Fallos 321:3423).- Debe aquí recordarse que aunque si bien el principio in dubio pro reo es de carácter procesal y su apreciación crítica corresponde al juicio de la libre convicción del Tribunal en la valoración de los elementos probatorios existentes -por lo tanto está excluido del control casatorio-, existe una limitación a las facultades discrecionales de los sentenciantes a la que es posible recurrir cuando se presentan vicios lógicos en la motivación, deviniendo procedente el control del proceso seguido por el Juez en su razonamiento, el cual se encuentra a cargo de la instancia casatoria (Cfr. esta Sala in re "Aguero", sent. N°54/98).- En ese sentido, la CSJN se pronunció respecto a la posibilidad de examinar cuestiones como la tratada en el sub júdice, sosteniendo que "la circunstancia de que la norma prevista por el art.13 del C.P.C. -nuestro art.4° del CPP- haya sido invocada como fundamento de la absolución, no constituye obstáculo para concluir en la arbitrariedad del fallo, pues al no haber surgido la duda como consecuencia de la debida consideración de los elementos de juicio esenciales y conducentes para la solución del litigio, la sentencia no reconoce otra razón más que la voluntad de quienes la pronunciaron" (Fallo 14/4/88, "Yavícoli, Oscar y otros).- Retomando el razonamiento de la fundamentación mayoritaria, se observa que no obstante haber afirmado carecer de certeza respecto a "...la participación en el evento..." por parte de Casafús, simultáneamente reconoce, sin hesitación alguna, que el mismo habría "...llegado junto con los otros dos, también en bicicleta, al lugar del hecho...", resaltando su "...autoconfesado conocimiento que aquellos poseían en su poder armas de fuego, con las que presuntivamente iban a cometer un ilícito...", lo cual constituye, cuanto menos, una manifiesta contradicción, toda vez que evidentemente una afirmación no se compatibiliza con la otra.- En efecto, ello es así por cuanto si se posee la certeza, tal como surge del fallo, acerca de la circunstancia de que el imputado Casafús integraba el grupo de personas que deliberadamente concurrieron a cometer un hecho delictivo, conociendo y aceptando ese propósito como también la modalidad con la que se llevaría a cabo, empleando armas de fuego, ello no concuerda con la conclusión respecto a que "...no se advierte con la certeza que esta etapa requiere su efectiva participación en el evento...", ya que evidentemente una y otra afirmación se repelen desde el punto de vista lógico.- Por otra parte, de la descalificación de la versión de la testigo Avalos, respecto a la presencia de Casafús en el negocio, no deriva que el mismo no integrara el grupo delictivo o que no estuviera en el lugar del hecho, ya que esa es una circunstancia que, como se estableció, se encuentra fuera de toda discusión, y si, en todo caso, se quiso significar que Casafús no intervino en forma directa en el evento, para descartar una posible coautoría, así debió haberse consignado, pero ello no resultaría suficiente para, por sí misma, desestimar su participación en alguno de los grados previstos en la ley sustantiva, salvo que, por otras razones, también ésta deba ser desechada, aunque nada de ello de anotó en el fallo.- Lo expuesto basta para demostrar que el acto sentencial, en el punto cuestionado, no satisface la exigencia de fundamentación, habida cuenta que queda expuesto un severo desajuste en el mismo, violándose el principio formal de contradicción que indica que dos juicios opuestos entre sí no pueden ser ambos verdaderos.- Dicha violación implica que no exista razonamiento, toda vez que "...la fundamentación de la sentencia, aunque aparecerá como acto escrito, no tendrá vida como pensamiento, y desde el punto de vista del sistema procesal vigente, la sentencia será nula por falta de motivación" (De la Rúa, "El Recurso de Casación", Zavalía Editor, Bs.As., 1968, pág.181).- En tales condiciones, el recurso de inaplicabilidad por violación a normas procesales impetrado resulta procedente, toda vez que, al haberse constatado la existencia del defecto señalado, el pronunciamiento atacado se ve privado de todo sustento y, por ello, lo decidido no resulta una derivación razonada del examen de los presupuestos fácticos y normativos en juego.- Finalmente, como corolario de lo expuesto y relacionado con la cuestión aquí debatida, cabe recordar lo pregonado por Augusto M.Morello respecto a la necesidad de un mayor esfuerzo en el análisis de la prueba, ya que "La absolución -como la condena- no pueden navegar en un estado de duda. Una y otra son muy graves para los afectados, para la Sociedad e igualmente para el Derecho. Y no es una sino múltiples las lecturas que demanda al juez ( y al anotador o crítico) desentrañar el alcance y sentido de la prueba. El buen juez es el que de manera serena y severa sabe extraer de ese estudio, de las reglas del pensar, de la experiencia y de los vectores de su tiempo y cultura, el sentido y espesor de las conclusiones" ( Beneficio de la duda y la adecuada evaluación de la prueba", La Ley, Supl.Jurisp.Penal, 30/10/2000, pg. 1/2) Por todo lo expuesto, corresponde que me expida afirmativamente en esta cuestión. ASI VOTO.- A LA PRIMERA CUESTION, RICARDO FERNANDO FRANCO dijo:

Adhiero específicamente a los fundamentos y conclusiones que proporciona el señor Juez de primer voto toda vez que considero que resuelven correctamente la cuestión planteada. ES MI VOTO.- A LA SEGUNDA CUESTION, EDUARDO OMAR MOLINA dijo:

Atento al resultado de la cuestión anterior, corresponde hacer lugar al recurso de inaplicabilidad de ley deducido a fs. fs.705/709, declarando la nulidad del punto I de la parte resolutiva de la sentencia de fs.649/699vta. y de los actos del debate a su respecto, el que deberá efectuarse nuevamente ante la Cámara Segunda en lo Criminal, con comunicación a la Cámara Primera, ambas de esta ciudad, mediante remisión de fotocopias certificadas de la presente. Sin costas, salvo los honorarios de los profesionales intervinientes, Dr. Amilcar Federico Aguirre, como apoderado, y Silvia María Francia Nuñez, como patrocinante, los que se regulan en la suma de Pesos Trescientos ( $ 300,00) y Pesos Cuatrocientos ( $ 400,00), respectivamente, de conformidad con los arts. 4, 11 y 13 del arancel. ASI VOTO.- A LA SEGUNDA CUESTION, RICARDO FERNANDO FRANCO dijo:

Entiendo correcta la solución nulificatoria que se propicia como también el monto de los honorarios profesionales que se regulan, por lo que voto en igual sentido. ES MI VOTO.- Con lo que se dio por finalizado el Acuerdo precedente, firmando los señores Magistrados presentes, todo por ante mí, Secretario que doy fe.- ··S E N T E N C I A Nº··44··/Resistencia, 25 de marzo de 2004.- Y VISTOS:

Los fundamentos del Acuerdo que antecede, la Sala Segunda en lo Criminal y Correccional del Superior Tribunal de Justicia, RESUELVE:

I- Hacer lugar al recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto a fs. 705/709, declarando la nulidad del punto I de la parte resolutiva de la sentencia de fs. 649/699 vta. y de los actos del debate a su respecto, el que deberá efectuarse nuevamente ante la Cámara Segunda en lo Criminal, con comunicación a la Cámara Primera, ambas de esta ciudad, mediante remisión de fotocopias certificadas de la presente. Sin costas, salvo los honorarios de los profesionales actuantes.- II- Regular los honorarios profesionales de los Dres. Amilcar Federico Aguirre, como apoderado, y Silvia María Francia Nuñez, como patrocinante, en la suma de Pesos Trescientos ( $ 300,00) y Pesos Cuatrocientos ( $ 400,00), respectivamente, de conformidad con los arts. 4, 11 y 13 del arancel.- III- Regístrese. Notifíquese. Oportunamente bajen los autos al tribunal correspondiente.-