marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Régimen jubilatorio, pensiones, beneficios previsionales, reciprocidad jubilatoria
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: BASTOS, Antonio Manuel c/ Instituto de Seguridad Social s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2007-09-28

Se debe resaltar que la finalidad de la instauración del sistema de reciprocidad fue evitar situaciones de desamparo ante la frustración de derechos previsionales.

Así, se previó la posibilidad de la computabilidad de todos los servicios prestados durante la vida laboral de una persona, aún en distintos regímenes que, en forma individual, resultaban insuficientes para obtener beneficios jubilatorios o sus derivados. Sin perjuicio de lo expresado, se advierte que no en todo beneficio jubilatorio o pensionario, se aplica el convenio.- El art. 1 de la Resolución nro. 363/81, determina que las Cajas o institutos nacionales, provinciales o municipales adheridos, computarán recíprocamente y al sólo efecto de la determinación de antigüedad, los servicios no simultáneos reconocidos por cada uno de ellos, a fin de que sus afiliados y derechohabientes, accedan a los beneficios de jubilación ordinaria, invalidez o su equivalente, o pensión derivada de las mismas.- Ahora bien, con relación a los beneficios de pensión, deviene imprescindible indagar el origen del mismo, pues el precepto indicado prevé que corresponde a la "pensión derivada de una jubilación ordinaria o por invalidez".- Se debe hacer hincapié, precisamente, en el concepto "derivada de una jubilación ".- En tal sentido, la pensión puede ser directa, por fallecimiento del "afiliado" o derivada, por fallecimiento del "beneficiario". Esta última, supone un derecho jubilatorio anterior otorgado o en condiciones de serlo, más no encuadra situaciones derivadas del fallecimiento de una persona en actividad, que por esa sola circunstancia genera un derecho pensionario.

Aquí no resulta necesaria la aplicación del convenio de reciprocidad, de conformidad al fin perseguido con la sanción del sistema, pues el mismo fue estructurado para aquellas personas que para poder jubilarse necesitaban sumar los aportes realizados en diferentes regímenes, por insuficiencia individual en cada uno de ellos, pero no encuadra cuando el derecho nace por un hecho concreto, como es la muerte del afiliado en actividad, pues ese hecho es el que determina el derecho de pensión "iure proprio" "con la sola acreditación del vínculo- en cabeza de sus causahabientes, siendo irrelevante la cuantía de los aportes que poseía.-
Caducidad de instancia, recurso extraordinario, falta de impulso de parte
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Vargas, María Alejandra  y Otra c/ Marega, Yannice W. y/u Otros s/ Demanda Laboral - Recurso de Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2014-04-16

Procede declarar la caducidad de la instancia recursiva con los efectos conferidos por el art. 318 del C.P.C. y C. de San Luis, puesto que desde el último acto impulsorio efectuado por la recurrente ha transcurrido el plazo previsto por el art. 310 inc. 2° del mismo código, y como principal interesada, tenía la obligación de instar el proceso, lo que no ha hecho desde que fundó el recurso extraordinario interpuesto.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, denegatoria del recurso, Colegio Público de Abogados
Materia: PROCESAL
Carátula: NUÑEZ, GUSTAVO LUIS c/ VICENTE ROBLES  S.A. s/ LESION O MUERTE DE PASAJEROS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-10-07

La resolución citada no constituye la sentencia definitiva a que se refiere como requisito de procedencia del recurso extraordinario, el art. 14 de la ley 48, por cuanto se limita a desestimar la pretendida intervención del Colegio Público de Abogados en autos, tendiente a cuestionar las sanciones impuestas a los letrados de la actora, las cuales no revisten carácter firme a tenor del recurso deducido por ellos, y toda vez que una eventual revocatoria resuelta por este tribunal de la multa impuesta por el a quo tornaría inoficiosa la consideración del planteo articulado por la recurrente, el recurso interpuesto resulta prematuro en este estadio procesal, por lo que corresponde desestimarlo in limine.
Recurso de apelación (procesal), facultades de la alzada
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Kujman Mauricio c/ Roldan Juana y otro s/ Ejecución Hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-08-12

La alzada sólo revisa la sentencia en la medida de los agravios, no pudiendo suplir con su actuación oficiosa el análisis de cuestiones o puntos que no fueron expresamente señalados por el recurrente.

(Minoría u opinión personal)
Acción de amparo, insuficiencia del agravio, asistencia médica, obras sociales, personas con discapacidad
Materia: SALUD PUBLICA
Carátula: AAI c/ FACOEP SE s/ amparo - salud-medicamentos y tratamientos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-06

Corresponde descartar los planteos de la recurrente dirigidos a cuestionar que "Incluir Salud" es un programa federal de asistencia médica que no detenta las funciones, estructura y obligaciones reguladas por la ley n° 23660 de obras sociales, por lo que no estaría alcanzado por la ley n° 24901. El GCBA recurrente no explica qué quiere decir cuando señala que ese programa no "detenta" ciertas cuestiones reguladas en la ley n° 23660, ni aclara por qué no estaría alcanzado por el esquema que la ley n° 24901 establece; y asume como verdadero el primer enunciado. En definitiva, el GCBA no enseña mínimamente cómo, en su visión, vendría a operar el programa en el que se encontrarían las prestaciones de salud discutidas en el caso y cuyo cumplimiento la actora reclama. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Recurso de apelación (procesal), admisibilidad del recurso, acción autónoma de nulidad
Materia: PROCESAL
Carátula: FLORES, EVA LASTENIA c/ ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE LA PCIA DE SALTA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-06-09

La presentación apelativa lejos de refutar en los términos del art. 255 del C.P.C.YC. los fundamentos de la resolución dictada, se limita a reiterar los argumentos ya expuestos al iniciar la acción, insistiendo en cuestiones procedimentales y actos procesales que considera nulos.

La acción autónoma de nulidad, tiene un carácter eminentemente restrictivo y excepcional, y, si bien ha sido admitida mayoritariamente en doctrina y jurisprudencia, su admisibilidad en todos los casos se circunscribe a supuestos muy específicos y excepcionalísimos, esto es, respecto de sentencias intolerablemente injustas o cuanto estas padecen de vicios sustanciales.- Se ha sostenido que "la acción autónoma de nulidad, tiene como uno de los presupuestos fundamentales para su procedencia, el que no exista otra vía apta de impugnación de la sentencia cuestionada.

Procede en supuestos en que se comprueben vicios esenciales y graves en la sentencia atacada, por ende, no procede si la sentencia dictada fue precedida de un proceso contradictorio en el que los impugnantes tuvieron adecuada y sustancial oportunidad de audiencia y prueba". (Superior Tribunal de Justicia San Salvador de Jujuy, Sentencia del 20/12/02 L.A. Nro. 51 F. 299/302. 2008 SAIJ en WWW v 1.9).-
Recurso de apelación (procesal), corporaciones municipales, honorarios del abogado, aplicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Charpentier, Alberto Luis c/ Municipalidad de Esquel s/ Contencioso Administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1992-05-09

Sin perjuicio de aclararse que la norma arancelaria de aplicación es el Dec. Ley 2200, desde que así lo impone su art. 1, siendo ésta el fundamento del fallo recurrido, tratándose el recurso contencioso administrativo intentado con sustento en Ley 3098 de una verdadera acción, tal como lo señala el Sr. Procurador General le asiste razón al reclamante, ya que atendiendo al monto del proceso calculado como lo determina el a-quo -valor económico de la litis que es el reclamado en la demanda...- la suma regulada es inferior al porcentual mínimo previsto en el art. 7° del citado Decreto Ley. Así como que la cita del art. 14 es improcedente en aquella instancia -originaria-.
Contrato de trabajo a prueba, vencimiento del plazo, relación de dependencia, reducción salarial, remuneración, carácter alimentario
Materia: LABORAL
Carátula: SEBULEVSKY, ELENA c/ EXTEL S.A. s/ COBRO DE SALARIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-02-28

Finalizado el período de prueba regulado por el art. 92 bis de la LCT sin que ninguna de las partes haya manifestado su voluntad de rescindir, la relación jurídica se mantiene conforme lo pactado al inicio. En consecuencia, no puede la demandada reducir el salario convenido toda vez que estaría alterando una condición esencial del vínculo jurídico y afectaría los derechos salariales de la trabajadora que, por su naturaleza alimentaria son irrenunciables (art. 12 de la LCT).
Honorarios del perito, exhortos, deberes del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: HELPORT S.A. c/ COLOMBO Y MAGLIANO S.A. s/ EXHORTO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-12

El juez exhortado no puede diferir la fijación de la regulación de honorarios del perito por las tareas cumplidas en su jurisdicción para el momento de la sentencia definitiva, pues ello implicaría una suerte de delegación de competencia contraria al principio de improrrogabilidad que gobierna este instituto (art. 12 de la ley 22.172).
Escritos judiciales, falta de firma, nulidad procesal, inexistencia del acto jurídico
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GONZALEZ ROBERTO c/ MIRIAN FLACA DE LASPINA s/ Ejecución Cambiaria (LIBRO: A076 - 027)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-08-14

Corresponde distinguir entre los actos jurídicos anulables, que en principio pueden ser confirmados, sujetos a la preclusión y la cosa juzgada, y actos inexistentes que pueden ser declarados de oficio en todos los casos, no son susceptibles de convalidación expresa o presunta, no precluyen ni prescriben y la cosa juzgada no obsta a su planteamiento. Así, mientras que la nulidad supone un acto que adolece de deficiencia en alguno de sus elementos esenciales, la inexistencia es un concepto aplicable a determinados hechos que presentan la apariencia de actos jurídicos, pero en realidad no revisten el carácter de tales por carecer de alguno de aquellos elementos. La falta de firma del juez cuando se trata de un órgano unipersonal,configura un motivo de inexistencia y no de nulidad.
Daños y perjuicios, responsabilidad del Estado, escritura pública, prenda comercial, certificados de obra, jueces, funcionarios públicos
Materia: PROCESAL - CIVIL - COMERCIAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: COMPAÑIA FINANCIERA SIC S.A. c/ PROVINCIA DE SANTA CRUZ. s/ RESPONSABILIDAD   DEL  ESTADO  POR  LOS  ACTOS  DE  SUS  FUNCIONARIOS  PUBLICOS-  DERECHO    REAL    DE  GARANTIA  -  PRENDA  COMERCIAL.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-09-10

La comprobada preexistencia de un derecho real de garantía instrumentado mediante escritura pública y debidamente notificado al deudor del crédito, de todo lo cual tuvo conocimiento, debió mover al magistrado interviniente; como resultado de un elemental recaudo procesal, a dar intervención a su titular en el trámite del juicio y no disponer la entrega de los valores provenientes de los certificados afectados por esa garantía, máxime si se tienen en cuenta los alcances de la prelación que le acuerda el art. 582 del Código de comercio. Al no hacerlo, frustró el derecho de los actores y su conducta compromete la responsabilidad del Estado provincial, sustentada en el art. 1112 del Código Civil.
Recurso contencioso administrativo, suspensión de medida administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: DALLA  FONTANA,  HECTOR  DANIEL;  MENINI,  VICENTA DANIELA BRANDO DE; PAGANI, MARIA CRISTINA MENINI DE Y ARRASCAETA,  STELLA  MARIS  MENINI DE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA JURISDICCION     INCIDENTE DE SUSPENSION DE MEDIDA ADMINISTRATIVA      CSJ EXPTE NRO 145-89
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-09-27

No aparece configurado el vicio que se le imputa al acto violación de la ley- con el grado de evidencia requerida para privarlo de sus efectos normales, ante la situación fáctica que "prima facie" surge del simple examen de las actuaciones administrativas -superposición de inscripciones registrales-; y frente al contenido de la ley provincial nro 6435 de Organización del Registro General (y sus modificatorias), que en sus artículos 45, 75, 76 y 87 prevé como facultades del Director la expedición de certificaciones con constancia de invalidez, para actos que constituyan, transmitan, modifiquen o extinguen derechos reales. En consecuencia, la adecuación o no de la medida administrativa al ordenamiento jurídico, recién podrá quedar dilucidada al tratarse de la legitimidad del acto en la sentencia final.
Beneficios previsionales, docentes, regímenes jubilatorios especiales, movilidad del haber jubilatorio, transferencia del régimen de jubilaciones y pensiones
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Guzmán, Cristina c/ ANSeS s/ Amparo-ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-03-02

Las jubilaciones por servicios docentes prestados en jurisdicción adherida al sistema nacional de previsión social deben considerarse incorporadas al régimen especial de la ley 24.016, en las mismas condiciones que aquellas de los docentes nacionales, según resulta del decreto 137/2005 y sus resoluciones reglamentarias 33/2005 y 98/2006 de la Secretaría de Seguridad Social, sin que tal derecho resulte mermado por la circunstancia de que alguna cláusula ambigua del régimen de transferencia pudiera generar dudas sobre su alcance habida cuenta de que en este supuesto, la solución legal debe estimarse que apunta a los mayores niveles de bienestar posible y no a la restricción de beneficios adquiridos en el marco de la normativa local que el Estado se obligó a respetar.
Deber de imparcialidad, resoluciones equiparables a definitiva, facultades del querellante
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Acosta, Jorge Rafael y otros s/ ley 24.390
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-03-20

Corresponde rechazar la recusación si no se advierte cuál es el indicio objetivo en el que el recusante sustenta el alegado temor de parcialidad, al referirse a los jueces recusados como magistrados probos e independientes. Resulta procedente el RE en la medida en que se ha cuestionado la validez de la ley 24.390, de carácter nacional, por ser contraria a un tratado internacional y la decisión ha sido contraria al derecho fundado en éste, y lo resuelto es equiparable a sentencia definitiva pues se trata de una cuestión de gravedad institucional, al comprometer la administración de justicia en tanto se afecta la aplicación de la ley procesal penal. El querellante no tiene legitimación para recurrir las decisiones que conceden la excarcelación, o que revocan o hacen cesar la prisión preventiva. Es inadmisible el RE contra la decisión de sujetar la libertad a la satisfacción de una caución personal, la no acarrear un agravio insusceptible de reparación ulterior. (Dres. Yacobucci, García, Mitchell).
Empleados públicos, adicionales de remuneración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Enrique, Miguel Angel c/ E.N.   (Ministerio de Obras y Servicios Públicos, D.N. de C.P. y V.N ) s/ Ordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-07

La enunciación taxativa del anexo 34 del Decreto 2.262/83 supone que todo aquel personal no incluido en el listado no puede ser acreedor del adicional que dicha norma le concede.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, resolución administrativa
Materia: LABORAL
Carátula: Amarillo, Angel Eduardo c/ Franz y Cía. S.A. s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-04-13

Reviste carácter de definitiva en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, la decisión del tribunal del trabajo que en la ejecución de la resolución administrativa hace lugar a la excepción de inhabilidad de título.
Jubilaciones, derecho constitucional a los beneficios de la seguridad social, igualdad ante la ley, derecho de propiedad, derechos adquiridos
Materia: CONSTITUCIONAL - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Leverone, Atilio Francisco c/ Instituto Municipal de Previsión Social. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-04

Con posterioridad al acto administrativo que otorgó el beneficio e incorporó al patrimonio del interesado el derecho a la jubilación con determinada categoría, no puede aceptarse que, so color de efectuar reestructuraciones internas, se alteren los elementos integrantes de estado del jubilado, pues ello importaría una retrogradación de la condición de pasividad incompatible con las garantías de los arts. 14 bis, 16 y 17 de la Constitución Nacional.
Juicio sumario, resoluciones inapelables
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gamarra, Zoilo Ramón c/ Esteche, Alicia s/ Desalojo Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-11-14

Si se hubiera considerado que están fuera del principio de inapelabilidad que rige en los juicios sumarios, las resoluciones que podían afectar el derecho a defensa, tales como la que declara la rebeldía, o la que da por decaído el derecho de contestar demanda, se hubieran incluido en la taxativa enumeración del art.

493 C.P.C.C.
Delito de acción pública, denuncia
Materia: PENAL
Carátula: I.H.B.- I.A.M.- V.H.M. s/ Fraude a la administración pública
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-09-17

Habiéndose fundado el instructor solamente en la denuncia e innumerable prueba que como se adelantara precedentemente sólo se trata de fotocopias, especialmente las referidas a los actos que se habrían realizado en el municipio de San Jaime de la Frontera, para arribar al auto de procesamiento de los imputados denunciados por la F.I.A. le ha otorgado a la denuncia una eficiencia procesal directa que no posee, porque como ya expresáramos, sólo se trata de una noticia criminis, cuyos extremos deben verificarse judicialmente, aún cuando la misma provenga de un órgano facultado para investigar con carácter reservado, hechos y actos ilícitos y sobre el que pesa la obligación de denunciar -arts. 1º, 2º, 6º inc. d) y conc. Ley 9245-, todo lo que debe compatibilizarse con la finalidad de la instrucción cual es la de "comprobar" si existe un hecho delictuoso -art. 201 inc. 1º C.P.P.-.
Asamblea de trabajadores, inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-05-14

Cabe declarar la inconstitucionalidad de la Disposición 40/2012 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que regula las condiciones de celebración de asambleas sindicales que se realicen en dependencias estatales, requiriendo de una autorización para su realización y su celebración fuera del horario laboral, entre otras, pues el dictado de normas regulatorias vinculadas a las garantías laborales de los trabajadores estatales y a cualquier tipo de reglamentación sobre el derecho de reunión u otros derechos relacionados con las asambleas sindicales, excede la competencia del Poder Ejecutivo para resguardar el orden público en sus dependencias y garantizar la prestación de los servicios públicos que tiene a su cargo.
Gestor judicial, nulidad procesal, vencimiento del plazo
Materia: CIVIL
Carátula: LOTO RENE DAVID c/ MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL s/ RECURSO DE AMPARO-RECURSO DE QUEJA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2004-08-09

La nulidad decretada en virtud de la falta de ratificación o acreditación de la personalidad en los casos de participación provisoria, no pueden considerarse dentro del régimen general de nulidades, en el sentido de que actuaciones posteriores puedan subsanar el vicio contenido, sino que el cumplimiento objetivo del plazo señalado produce la causal de ineficacia de las actuaciones posteriores, por lo que la ley establece una causal provisoria de habilitación jurisdiccional para actuar, la cual vence de pleno derecho una vez agotado el tiempo para refrendar la precariedad.
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, excarcelación, resolución denegatoria
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Opatija s/ contrabando de armas arts. 863, 864 inc. a y 867 del  Código de Aduana - causa nº 8830/97 - .
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-01

Es inadmisible el recurso extraordinario contra la decisión que denegó la excarcelación (art. 280 del Código Procesal Civil Y Comercial de la Nación).
Nulidad de matrimonio, deber de cohabitación, acción de nulidad, presunciones
Materia: CIVIL
Carátula: S., M.E.C. c/ E., G. s/ Nulidad de Matrimonio
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-15

Media extinción de la acción de nulidad de matrimonio en virtud de lo dispuesto en el art. 85, inc. 3, de la ley 2.393, si los cónyuges continuaron conviviendo después de que la esposa tuvo cabal conocimiento de la causal de nulidad. La cohabitación de ambos cónyuges, crea la presunción de que hayan mantenido relaciones sexuales.
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, juicios en que es parte una provincia, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, cuestión federal, cuestión de derecho público local
Materia: ELECTORAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Biasi, Vanina Natalia c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ acción declarativa de certeza
Jurisdicción: Federal — Provincia: 
Fecha: 2023-07-11

La apertura de su jurisdicción originaria en razón de la materia -cuando es parte una provincia o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- solo procede cuando la acción entablada se funda directa y exclusivamente en prescripciones constitucionales de carácter nacional, leyes del Congreso, o tratados, de tal suerte que la cuestión federal sea la predominante en la causa, quedando excluidos de dicha instancia aquellos procesos en los que se debatan cuestiones de índole local que traigan aparejada la necesidad de hacer mérito de estas o que requieran para su solución la aplicación de normas de esa naturaleza, o el examen o revisión en sentido estricto de actos administrativos, legislativos o judiciales de las autoridades locales.
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, contratos bancarios, tarjeta de crédito, improcedencia del recurso
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Olivera, Mario César c/ Banco Patagonia SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-30

Corresponde rechazar la acción de daños e incumplimiento contractual incoada por el usuario de una tarjeta de crédito contra la entidad bancaria emisora, en tanto la responsabiliza por el error cometido al entregar una tarjeta de diferente categoría a la solicitada. Ello así, en tanto la tarjeta pretendida (Platinum) contaría con un servicio de asistencia al viajero para él y su madre, mientras que la tarjeta otorgada (Gold), sólo cubría servicios médicos para el titular, cónyuge e hijos, pero no para su madre. En ese marco, reclamó una indemnización con motivo de la falta de cobertura del accidente sufrido por la progenitora mientras estaba de viaje en Suiza. Sin embargo, surge acreditado en autos que la misma había contratado un seguro con una firma europea, la cual gestionó la admisión y la operación inmediata de la señora, en el mismo día que había sufrido la caída con fractura de fémur. Asimismo, los servicios de traslado fueron abonados por la hermana del reclamante. En consecuencia, el actor no probó que hubiera tenido que contratar otro seguro o solventado los gastos derivados del accidente sufrido, y tampoco acompañó prueba para mostrar el daño moral alegado.