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Proceso penal, recurso de casación, interpretación de la ley
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Araoz, Miguel Angel s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Lisandro E. Mendoza en Expte. Nº 171/08: Araoz, Miguel Angel s/ Lesiones Graves Culposas - Capital
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-08-13

En autos, el Juez Correccional de Primera Nominación resolvió no hacer lugar a la suspensión de juicio a prueba que solicitó la defensa del imputado.

Contra dicho pronunciamiento se interpone el presente recurso de casación, denunciando la errónea interpretación y aplicación del art. 76 bis, última parte del Código de fondo.

En relación al tema propuesto, esta Corte de Justicia ya se ha expedido en diversas oportunidades en el sentido de que "no procede la suspensión del juicio a prueba cuando el delito tiene prevista pena de inhabilitación, como principal, conjunta o alternativa" (S. 4/09, S. 17/09, S. 07/10, S 20/10, S 29/10).

Tal interpretación de la prohibición de conceder la suspensión del juicio a prueba en el caso de delitos conminados con pena de inhabilitación no puede reputarse como arbitraria, como lo sostiene en recurrente, porque no excede el marco de posibilidades que brinda la norma (304:1826; 310:896), como en el caso, que además de ajustarse a su letra y espíritu, la resolución impugnada encuentra válido fundamento en la doctrina de la Corte federal, sostenida en el fallo "Gregorchuk" (G.663.XXXVI del 3/12/02), criterio adoptado por esta Corte en los antecedentes mencionados, a los que corresponde necesariamente remitirse en orden a la brevedad.

También allí se dio acabada respuesta a la pretensión de que se revoque la sentencia recurrida por violar el principio de igualdad ante la ley, garantía que es definida como el derecho a que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en iguales circunstancias. De manera que la excepción legal prevista en la última parte del art. 76 bis no se trata de una discriminación irrazonable o arbitraria del legislador, sino de establecer distinciones o diferencias de tratamientos entre distintos supuestos punibles.

Por ello, reiterando una vez más la postura que conforma la doctrina legal de este Superior Tribunal, cabe concluir en el sentido de que el art. 76 bis último párrafo de Código Penal excluye categóricamente la posibilidad de acceder al Instituto de la Suspensión del Juicio a Prueba a quienes se encuentren imputados por delitos que contemplen pena de inhabilitación, por lo que estimo correcta la decisión cuya revisión se pretende.

Por ello, corresponde no hacer lugar al Recurso de Casación interpuesto.
Excepciones procesales, falta de personería
Materia: CIVIL
Carátula: STURMAN, ABRAHAM c/ GARAGE TUCUMAN 3145/53  S.R.L. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-06-28

Si en oportunidad de contestar a la excepción de falta de personería, el mandante ratifica lo actuado por quien compareció invocando su representación, o se salvan las deficiencias de su poder, aquélla debe rechazarse, sin perjuicio de la valoración que corresponda efectuar en lo que se refiere a las costas.-
Contrato de obra, incumplimiento del contrato, prueba
Materia: COMERCIAL
Carátula: PRILLWITZ Y CIA. SRL C/ CELSUR LOGISTICA SA S/ ORDINARIO c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-02-08

En ese marco, en tanto la accionada sufragó el 80% del sistema neumático y no fue discutida la naturaleza jurídica del contrato de locación de obra que unió a las partes, frente al demostrado incumplimiento en que incurrió la actora corresponderá aplicar el dispositivo del CCCN 1268-b). Ello así, pues la retribución por la labor o tarea cumplida no corresponde cuando la causa de la destrucción o deterioro proviniera de la mala calidad o inadecuación de los materiales aportados (cfr. Lorenzetti en "Código Civil y Comercial, comentado", Buenos Aires, 2015, t°. VI, pág. 808, III.2.); criterio éste que armoniza con las normas de responsabilidad por obra en ruina o impropia para su destino (art. 1273 del ordenamiento de fondo).
Ejecución fiscal, inhabilidad de título
Materia: COMERCIAL
Carátula: "CNC  -Resol.  690/04 (Expte. 6705/03) c/ CTI PCS SA s/ Proceso deEjecución".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-08-03

El principio rector en las ejecuciones fiscales es que la excepción de inhabilidad de título sólo puede ser referida a las formas extrínsecas del título y no puede ser la vía para cuestionar la causa de la obligación fiscal (esta Sala "B.C.R.A. c/ González Fischer Carlos M. s/Ejecución Fiscal", 6/7/93). Sin perjuicio de ello, dicha defensa debe ser considerada cuando a través de ella se pone en tela de juicio alguno de los presupuestos esenciales de la vía ejecutiva, como lo es la exigibilidad de la deuda (Fallos: 295:338; 311:1365; 314:1796; 320:1985 y 324:1127) (Cons. IV).
Recurso extraordinario, tribunal de alzada
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: LLamosas, Oscar Francisco s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-06

Resulta imprescindible transitar exhaustivamente las instancias existentes en el orden local como recaudo de admisibilidad del remedio federal.
Recurso de apelación (procesal), facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: Chaar Benito, Jorge A. y Otro c/ Mastorakis, Nicolás s/ Sumario -Daños y Perjuicios-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-02-25

La apelación devuelve al Tribunal Superior la plenitud de la jurisdicción y éste se encuentra frente a la reclamación en la misma posición que el inferior, es decir que le corresponden iguales derechos y deberes. El tribunal ad quem debe ceñirse -sí- a los puntos objetados, pero dentro de ellos tiene amplias facultades, iguales a las que sobre la materia tenía el a quo.
Juicio de apremio, honorarios, costas, depreciación monetaria, recurso contencioso administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: SEBASTIAN MARONESE E HIJOS SA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      CSJ EXPTE NRO 659-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-05-31

Si citada de remate, la demandada no opuso excepción legítima alguna en el apremio que se le iniciara, corresponde llevar adelante la ejecución, por el monto que resulte de deducir de los honorarios actualizados, el importe reajustado de los pagos que realizó la Provincia. El monto resultante deberá actualizarse conforme lo solicita el actor, por aplicación de lo resuelto en el caso "Yrady", ya que atento a la fecha de la regulación actualizada, de la intimación y de la feria judicial, el apremio fue iniciado dentro de los 25 días hábiles posteriores al tiempo en que legalmente podía interponerse, con más intereses y costas.
Principios procesales, doctrina de los actos propios, buena fe
Materia: PROCESAL
Carátula: P. N., B.E. c/ G., C. y/o q. rlte. resp. laboral de la agencia local de la empresa de transportes T. s/ Diferencia de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-09-30

El Tribunal Supremo de España ha enfatizado esta correspondencia entre principio general y doctrina derivada al decir que "el principio de la buena fe, como límite al ejercicio de los derechos subjetivos, precisa la fijación de su significado y alcance, habiendo mantenido la jurisprudencia que se falta a la buena fe cuando ... se realiza un acto equívoco para beneficiarse intencionadamente de su dudosa significación o se crea una apariencia jurídica para contradecirla después en perjuicio de quien puso su confianza en ella...".
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia definitiva, medidas cautelares, sociedad de responsabilidad limitada
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: SALAS, JUAN CARLOS c/ SANTA FE PIEDRAS S.R.L s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -JUICIO  ORDINARIO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 240 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-04-29

Sabido es que las resoluciones en torno al cuestionamiento del levantamiento de medidas cautelares no configuran sentencia definitiva o auto equiparable, lo cual obsta -por sí- a la procedencia del remedio extraordinario intentado.

A la luz de tales directrices, y en tren de dar respuesta a las alegaciones del quejoso en su pretensión de que la medida cautelar se mantenga respecto de los socios -aduciendo que éstos actuaron en fraude suyo al disolver la sociedad sin prever el crédito que a su favor podía surgir-, debe remarcarse que su argumentación resulta insuficiente en orden a sortear el mentado recaudo formal de definitividad, puesto que, en este aspecto, la resolución dispuesta por el Tribunal -en tanto manda levantar el embargo contra aquéllos- carece de proyecciones en sus implicancias y efectos respecto de la medida que fuera originariamente trabada sobre la sociedad y sus bienes, y, eventualmente, de las consecuencias y/o responsabilidades que de ella pudieren derivarse (art. 146, L.S.C.). (Ampliación de fundamentos de la Dra. Gastaldi)
Concesión de servicio público, servicio de agua corriente, incumplimiento del contrato, ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD, sanciones administrativas
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Rodríguez Marrero, Francisco Javier (por Aguas del Valle S.A.) c/ Estado Provincial y Ente Regulador de Servicios Públicos (En.Re.) s/ Acción de Plena Jurisdicción e Ilegitimidad o Anulación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2007-11-06

En el caso, al cuestionarse la aplicación de una multa impuesta por el ENRE a la actora -empresa prestataria del servicio de agua potable- por infracciones o incumplimientos al contrato de concesión del servicio público, luego confirmada por el Decreto del PEP, que rechazó el recurso de Alzada, no resulta de aplicación el principio solve et repete contenido en la norma del art. 8 del CPA, en la medida que la previsión legal está referida a impuestos o multas impositivas, sin que quepa hacerlo extensivo a otros supuestos.

Sin embargo, al encontrase este principio inserto en el contrato de concesión, es ésta la ley a la quedan sometidas las partes, toda vez que la actora ha firmado el contrato sin reservas al tiempo de perfeccionarlo, lo que implica que convalidó expresamente la incorporación de dicha cláusula al régimen de derechos y obligaciones específico que rige la relación jurídica.

En efecto, desconocer la virtualidad de las cláusulas contractuales, ya en plena etapa de ejecución del contrato, sólo puede responder a una actitud de mala fe de la concesionaria, pues no se trata de la interpretación de una cláusula más o menos oscura que pueda dar lugar a valoraciones disímiles de su sentido o alcance, sino de una cláusula de interpretación clara y unívoca con solo apelar a la lectura de su texto.

Por otra parte, el pago previo no justificado por la actora debe ser un pago efectivo, que no puede ser excusado por el embargo trabado en la ejecución fiscal, ni compensado por hipotéticas deudas que mantiene el Estado con la concesionaria.

En consecuencia, siendo el incumplimiento del principio aludido el motivo por el cual el Poder Ejecutivo rechaza el recurso de Alzada mediante el decreto que por esta vía se intenta impugnar, el rechazo de la acción deviene insoslayable, pues el cumplimiento del pago previo de la multa era condicionante para recurrir en sede administrativa conforme lo prevé el contrato.
Medios de prueba, prueba testimonial
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: E.S.B. SA y Otro s/ Incidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-10-17

Nos encontramos frente a una actividad extra procesal llevada a cabo por una sola de las partes, que luego arrima a la instancia judicial un acta notarial pretendiendo su incorporación con los plenos efectos de un testimonio. Como ya he expuesto, el código regula la forma en que se debe ofrecer y sustanciar la prueba de testigos, por lo que, si con tales características pretendía la accionada que los dichos de esas personas sean valorados, pudo, pues no se encontraba imposibilitada para ello, ofrecer su testimonio ante la jurisdicción, para que ésta ordenara su adecuada producción, al paralelo resguardo del derecho de la contraria de control sobre la misma.
Deuda previsional, intereses, declaración de inconstitucionalidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: D.N.R.P. c/ NEGRE S.A.I.C. s/ EJECUCION FISCAL.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-04-12

Los intereses ejecutados establecidos por la resolución 372/79 del ministerio de bienestar social no resultan inconstitucionales, pues ellos corresponden a una deuda que no tiene por finalidad satisfacer prerrogativas individuales, sino allegar fondos para el cumplimiento de las prestaciones previsionales, razón por la cual no concurren en el caso las razones de orden moral que la jurisprudencia ha valorado para reprimir la usura y, además, se ha generado -habida cuenta de su carácter moratorio y punitorio- por la propia conducta discrecional del deudor.
Retiro policial, derecho al beneficio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Moschella, Angela Concepción c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda Contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-11-26

La incorporación del beneficio de pensión para las hijas solteras mayores de 50 años no incapacitadas, a cargo del causante y carentes de recursos, efectuada por la ley 10.739 con relación a la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires -que subsanó de tal modo la omisión en el dec. ley 9538 /80 autorizando incluso su aplicación retroactiva- no resulta suficiente para resolver favorablemente la solicitud del beneficio si, a la fecha del deceso del afiliado, la peticionaria no reunía los años de edad exigidos al efecto.
Acción de amparo, recurso de apelación (procesal), interposición del recurso, plazos procesales, notificación, plazo de gracia
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Aurosur S.A. -RQU- c/ Aduana Nacional s/ Queja.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-06

El art. 15 de la ley 16.986 en cuanto establece que el plazo para interponer el recurso de apelación es de 48 horas se debe entender en el sentido que aquel plazo comienza a correr desde la hora en que se practicó la notificación y se computa hora por hora, es decir, se opera en forma continua (confr. Sagües, Derecho Procesal Constitucional, Acción de Amparo, T.3, pag. 498 y sus citas jurisprudenciales y, en igual sentido, esta Sala, causa nº 10.092/96, del 27/5/96 y nº 30.028/96 del 29/11/96). Dicho de otro modo, salvo que concurran circunstancias como ser que la notificación se hubiera practicado fuera del horario de Tribunales o en días inhábiles o feriados o si el oficial notificador hubiera omitido consignar en la cédula la hora en que se practicó la notificación, no rige el plazo de gracia que legisla el art. 124 del Código Procesal.
Nulidad procesal, sentencia, nulidad de sentencia, cuestiones prejudiciales
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Dorado, Teresa Rosa del Valle c/ Centro Distribuvión S.R.L. y Levy, Reinaldo Roque s/ DAÑOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1997-09-26

No resulta de recibo el reproche del apelante actor que considera que la sentencia dictada por el Inferior es nula por no haberse respetado el art. 1101 del C.C.; en efecto, no se trata de la denuncia de un vicio que se vincule con el documento sentencial en sí mismo, sino por el contrario, resulta evidente que el mismo involucra el procedimiento seguido que culmina en el dictado de una sentencia que no debía haberse emitido cuando en cambio pendía una cuestión de carácter prejudicial. De ello se sigue inexorablemente que la nulidad que eventualmente pudiere decretarse por tal motivo no puede tener otro significado que dejar sin efecto la sentencia hasta tanto recaiga resolución en sede penal.

O sea, la nulidad deviene no por un vicio que le atañe a la sentencia misma, sino nulo el procedimiento que le precedió. En tal caso y contrariamente a lo acontecido en la especie, debió provocarse el incidente de nulidad del procedimiento en la instancia donde se generó el vicio omisivo.
Daños y perjuicios, responsabilidad extracontractual, accidente de tránsito, culpa concurrente, responsabilidad del conductor, responsabilidad de los padres
Materia: CIVIL
Carátula: CARABAJAL, JUAN c/ MARASCO, MARCELO s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-01

En tal situación, el conductor no resulta responsable pues no le es exigible que detenga su rodado, se traslade a la acera, y busque al progenitor que perdió de vista al menor, máxime si aquel -como en el caso- circulaba regularmente y reglamentariamente. Es claro que los conductores de rodados no pueden estar atentos a la conducción de estos, y a la satisfacción de las reglas de tránsito, "si además debieran percibir la existencia de menores impúberes en las aceras, notar que se hallan sin vigilancia, y que esos menores se disponen a correr hacia la calzada". A mas, exigir de los conductores que provean los "recaudos necesarios" para evitar que esos menores se precipiten bajo los rodados, constituye la imposición pretoriana de una prestación de cumplimiento imposible. Cumplirla conduciría a detener el tránsito por las calzadas de todo el país.
Docentes, concursos docentes, igualdad de oportunidades
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: A., R.L. y Otra c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contenciosos Administrativa y de Inconstitucionalidad L., L.A. y Otros c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa y de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-02-06|2006-02-14

La innecesariedad y desproporción de la Ley 4864, en orden a los ensayados propósitos de interés general, el preponente lo ha establecido -y concuerdo- se hace evidente cuando el Estado no ha podido exponer de porqué se acude a esta excepción -por evitar un nuevo concurso- si hay regulado un sistema de interinatos que asegura la prestación del servicio de educación.- Porqué debe acudirse a la afectación de los derechos estatuarios del personal docente y la igualdad de oportunidades -es decir, a favorecer a un sector en detrimento de otro- para mejorar, por esta única vez, la gestión y calidad educativas.- No se ha explicado a la jurisdicción de cómo se propende a este efecto por una "única vez", o se obtiene semejante resultado.- Porqué el sistema de interinatos -que puede mantenerse hasta que el número de vacantes sea "suficiente" (¿cuál sería?) la coarta; porqué no se mantienen interinos -mientras dura la emergencia- para evitar costos.- Y porqué es inútil para aventar el tiempo que insume el concurso.
Competencia, incompetencia, declaración de oficio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BANCO DE PREVISION SOCIAL S.A. c/ CARLOS A MARQUEZ ZAVALIA s/ Ejecutivo (LIBRO: A075 - 129)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-06-21

La facultad del Tribunal para declarar de oficio su incompetencia se limita a aquellos casos en que se basa en la materia, la cuantía o el grado, pero no se extiende a la territorial. Esta es prorrogable y sólo podría ser objetada por la parte accionada por alguna de las formas previstas en el ordenamiento procesal, pero no declararla de oficio. No obsta a esta consideración el hecho de que fuera solicitado por la actora el desplazamiento de la causa, pues ésta ya había ejercido el derecho de plantear la demanda ante el Juzgado que consideró competente.Aún planteada la incompetencia por vía de excepción, la consecuencia que se produce, es el archivo de la causa, pero no su desplazamiento hacia otro Tribunal.
Recurso contencioso administrativo, competencia por la materia, pretensión
Materia: PROCESAL-CIVIL-ADMINISTRATIVO
Carátula: B., E. c/ Municipalidad de Trelew s/ Revocación - Reincorporación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-08-01

Para determinar la competencia habrá de establecerse en todos los casos en que se instaure una pretensión de condena patrimonial si se trata la reclamada de una prestación de naturaleza simplemente obligacional (como puede serlo el pago de haberes -vacacionales o no- adicionales, suplementos y similares), que no habilita la opción del art. 136 mentado; o bien emergente de daño derivado de la aplicación de los arts. 1068, 1069, 072, 1073, 1074, 1077, 1078 y conc. del CC., como ocurre en el caso en que las "diferencias salariales" constituyen el perjuicio derivado de un denunciado ilícito administrativo.
Superior Tribunal de Justicia, competencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MOLINA DE LANCELLE ANGELA c/ JUSTO RAFAEL FALCON Y/O QUIEN SE CONSIDERE CON DERECHO s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1995-10-04

No le compete a este Superior tribunal subsanar la pérdida de las facultades procesales de los justiciables cuando ésta encuentra su causa en la propia inacción, impericia o negligencia.Todo ello se encuentra abonado por el adagio del "propia turpitudinem non alegare potest" o "propia turpitudinem nemo auditur".
Delitos, usurpación, medidas cautelares, contracautela, bienes inmuebles, auto de procesamiento, actos y diligencias procesales
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: S., A. A. s/ Usurpación - Restitución provisional inmueble (Resolución Nro. 96, Tomo  57, Folio 165)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-05-11

El procedimiento de restitución del bien usurpado deviene consecuente con la firmeza del procesamiento, sin que corresponda volver en este interlocutorio sobre los fundamentos del procesamient o y sin que se observe vicio descalificante en la restitución aludida, la que surge fundada normativamente por el art. 231 C.P.P., como cautelar que tiende al cese del estado antijurídico, en el caso, probabilizado en el procesamiento firme. El perjuicio y la posibilidad a la que alude la norma citada no refiere al sujeto activo del delito -respecto del cual obra la cautela- y alude a la posibilidad fáctica de volver al estado anterior al delito. Además, la medida ordenada bajo contracautela, de carácter provisional, habilita la posibilidad de ser dejada sin efecto en el caso de una modificación respecto a la situación procesal de la sindicada.
Robo calificado, robo con armas
Materia: PENAL
Carátula: Godoy, Marcela Adriana s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-02-07

Para dilucidar cuál es el fundamento de la agravante a que se refiere el art. 166 inc. 2 del Código Penal, en definitiva lo que se necesita saber es si la forma de referencia tiene en miras el peligro o riesgo para la víctima (tesis subjetiva). No cabe duda que la razón de esta contundente tipificación, es el poder intimidante.

Téngase en cuenta que el citado ordenamiento habla de armas sin ningún aditamento, además un revólver descargado, o con proyectiles ineptos, puede ser utilizado como arma impropia, lo que sin duda influye en el ánimo del sujeto pasivo, facilitando la comisión del delito al ofrecer menor resistencia. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Leyes, control de razonabilidad, Poder Legislativo, bien jurídico protegido
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: A, J. M. s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Robo calificado de automotor (Expte.  CSJ Nº 187-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-12-15

Una vez sentada la ausencia de racionalidad de una ley, es forzosa su exclusión del ordenamiento jurídico. Resolver lo contrario no sería otra cosa que ignorar la invalidez del precepto en juego, desconociendo que, por definición, "la ley es una ordenación de la razón, tendiente al bien común, promulgada por aquél que tiene a su cargo el cuidado de la comunidad". (Del Voto del Dr. Ulla).