Tribunal: CAMARA NAC. DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-08-29


En Buenos Aires, a los 29 días del mes de agosto de dos mil reunidos en acuerdo los señores Jueces de la Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, para conocer en recurso interpuesto en autos: "VAZQUEZ DE RAMADORI, MARIA ESTHER C/ GAS DEL ESTADO Y OTRO S/ RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO Y OTROS", respecto de la sentencia de fs.664/679, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

Se ajusta a derecho la sentencia apelada? Practicado el sorteo resultó que la votación debía ser efectuada en el siguiente orden; señores Jueces de Cámara doctores Marina Mariani de Vidal y Eduardo Vocos Conesa.

A la cuestión planteada, la señora Juez de Cámara doctora MARINA MARIANI DE VIDAL dijo:

I. El día 13 de marzo de 1989, alrededor de las 20 horas se produjo una explosión en el inmueble de la calle Cuenca 5086, de esta ciudad, la que causó la destrucción del edificio, quemaduras en una de sus moradoras que posteriormente falleció y daños en diversas fincas vecinas, entre ellas las de Cuenca 5080 y Cuenca 5094/00.

María Esther Vázquez de Ramadori, Nora Edith Fernández y Lilia Esther Duco de Fernández y Osvaldo Norberto Rodríguez, invocando perjuicios sufridos como consecuencia del siniestro, promovieron sendos juicios hoy acumulados impetrando su reparación. Las acciones fueron dirigidas por María Esther Vázquez de Ramadori (causa 97/91) contra Gas del Estado y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires hoy Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; por Nora Edith Fernández y Lilia Esther Duco de Fernández (causa 4809/92) contra la propietaria del inmueble de Cuenca 5086 y Gas del Estado quien solicitó la citación como tercero del señor Terzo Ramadori y de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (el reclamo contra la propietaria del inmueble de Cuenca 5086 fue desistido a fs.383 y a fs.426 comparecieron los señores Horacio G. Pulido y Roberto G. Rivero, a quienes la actora cediera sus derechos conf. fs. 424/425 vta.); y por Osvaldo N. Rodríguez (causa 6379/93) contra Gas del Estado y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires hoy Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

La sentencia única de fecha 10.12.98, que obra a fs. 664/679 de la causa 97/91 (conf. aclaratoria de fs.685 y 694 de la causa 97/91 y fs.537 de la causa 6379) condenó solidariamente a Gas del Estado (e.l.) y al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a pagarle a María Esther Vázquez de Ramadori la suma de $ 209.800, con intereses al 6% anual desde el 13.3.89 al 1.4.91 y en adelante a la tasa promedio de la caja de ahorro común del Banco Central de la República Argentina, con más las costas del juicio; condenó solidariamente a Gas del Estado (e. l.) y al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a pagarles a Horacio G. Pulido Y Roberto G. Rivero en las proporciones que a cada uno corresponda la suma de $ 66.954, con más intereses a calcular en la misma forma antes indicada y las costas del juicio; y condenó solidariamente a Gas del Estado (e.l.) y al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a pagarle a Rodríguez la suma de $ 24.910, con intereses a calcular en la misma forma ya indicada, con más las costas del juicio. La demanda intentada por Osvaldo N. Rodríguez contra María Esther Vázquez de Ramadori fue rechazada, con costas.

Apelaron todas las partes. Con motivo de lo dispuesto a fs.761 de la causa 97/91, la sustanciación del trámite de alzada se concentró en la causa 97/91. Por ello, los agravios de María Vázquez de Ramadori obran a fs.796/799 vta., los de Horacio G. Pulido Y Roberto G. Rivero a fs.773/775 vta. y los de Osvaldo N. Rodríguez a fs.770/772. La señora María E. Vázquez de Ramadori contestó todos los agravios a fs.809/817 vta.). El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hizo lo mismo a fs.818/823 vta., también el Estado Nacional (continuador de Gas del Estado SE) a fs.824/826 vta. y Osvaldo N. Rodríguez a fs.827/828 vta. Median también recursos por los honorarios regulados, los que serán tratados por la Sala en conjunto al final del acuerdo.

II. En primer término, resulta pertinente considerar el tema sustancial de la responsabilidad, que fuera endilgada por el Juez a Gas del Estado y a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (hoy Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires), a quienes condenó solidariamente a reparar los perjuicios sufridos por las víctimas del siniestro, distribuyendo paritariamente la responsabilidad entre ellas.

Para así decidir el Magistrado se atuvo al peritaje que obra a fs.222/256 de la causa penal que corre por separado, producido por la Dirección Técnico Pericial de Gendarmería Nacional, cuyas conclusiones fueron que la explosión no se originó por la acción de gas de garrafa sino por una pérdida de gas natural, ubicándose el foco de la explosión por debajo del nivel del piso de la finca de Cuenca 5086; que las raíces del árbol ubicado en la vereda llegan a los caños de entrada de gas antes del medidor y se extienden hasta las habitaciones lindantes con la vereda y el pasillo de entrada a la casa, provocando canales subterráneos en el terreno y vereda de la calle Cuenca 5086, por los cuales pudo haberse filtrado el fluido.

Las codemandadas impugnan tal decisión, sosteniendo que debió sustentarse en el peritaje de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal Argentina (conf. fs.130/152 de la causa penal), por haber sido practicado inmediatamente después de producido el siniestro, mientras que el de Gendarmería Nacional lo fue luego de transcurridos 20 meses. Empero, esta sola circunstancia no resulta decisiva, sin más, para preferir una u otra de las experticias, sino que corresponde ponderar el valor convictivo de cada una de ellas (arg. art.386, Código Procesal), lo que habré de hacer empeñándome en seguir los agravios que vierten las quejosas, y adelantando, desde ya, que comparto la decisión del colega de la anterior instancia sobre este tópico.

La Superintendencia de Bomberos informa que "se procedió a realizar diversas comprobaciones... empleando un detector de gases explosivos... en las inmediaciones del área de conexión de la cañería de derivación domiciliaria como también en los medidores de la propia finca... arrojando tal acontecer resultado negativo".

Empero, no se indica la fecha en que se realizaron las comprobaciones. Ahora bien, el testigo Elía que depone a fs.371/372 vta. de la causa 97/91 y que, en su calidad de empleado de Gas del Estado, integraba la guardia de emergencia de la empresa que el día del siniestro concurrió al lugar dice que las comprobaciones y ensayos sobre el terreno, enderezadas a detectar alguna eventual pérdida de gas natural, fueron realizadas con resultado negativo con la presencia de personal policial, de la división de investigaciones de Bomberos y de un escribano (a la 2a.). Y toda vez que el acta levantada por el mencionado notario lo fue el día 14.3.89, a las 13,05 hs. (conf. fs.365/366, causa 97/91) y éste da cuenta de las mediciones llevadas a cabo por el personal de la División de Siniestros de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal Argentina, se impone concluir en que las mediciones aludidas en el peritaje de esta institución tuvieron lugar el 14.3.89. Este punto resulta de importancia pues, según el informe de la Policía Federal transcripto en la citada peritación (acápite "Labor Operativa"), "siendo las 22,49 horas (del día 13.3.89) personal de Gas del Estado procedió al corte del fluido en la vereda de enfrente, ya que dicha red alimenta la finca siniestrada" (conf. fs.131, causa penal); con lo que va dicho que el resultado negativo de las mediciones en cuanto a presencia de gas natural en las inmediaciones del área de conexión de la cañería de derivación domiciliaria y en los medidores de la finca no resulta dirimente, pues pudo obedecer a que el suministro de gas natural había sido cortado unas quince horas antes.

Gendarmería Nacional pone de manifiesto que en la finca de Cuenca 5086 fue posible verificar la existencia de un "cráter de bordes salientes pero aplastados", y que es característico de una detonación producida por una pérdida de gas natural el cráter de bordes salientes. Tal conclusión que no se controvierte específicamente no se ve desvirtuada porque se haya observado que los bordes salientes del cráter hallado en el lugar estaban aplastados, ya que esto pudo deberse al derrumbe del edificio y a los materiales que como consecuencia cayeron sobre él (de "gigantesco apilamiento de escombros" lo califica la Superintendencia de Bomberos a fs.133 de la causa penal).

Es cierto que dentro del área indicada como epicentro de la explosión fueron secuestradas el día 14.3.89, a las 19 hs. dos garrafas, una de 10 kg. y una de 3kg., con las llaves de cierre abiertas y unidas entre sí por en conducto de goma que resultó encontrarse deteriorado, con arrollamiento de alambre en sus extremos (conf. acta de fs.152, de la causa penal, suscripta por Terzo Ramadori, cónyuge de la actora María Esther Vázquez de Ramadori). Mas el secuestro tuvo lugar al día siguiente del suceso, cuando habían pasado casi veinticuatro horas de su producción, cabiendo advertir que en la fotografía nro. 21 (conf. fs.141 vta. de la causa penal) las garrafas no se presentan unidas por el conducto de goma y están caídas sobre el suelo, en tanto que esa interconexión si aparece en la fotografía 22, que presenta a esos artefactos parados sobre el terreno (conf. fs.142, causa citada). Asimismo, habiendo estado ubicadas las garrafas en el área de epicentro de la explosión (adyacencias del sector anterior y medio de la finca), parece natural que debieron sufrir un deterioro en su forma exterior (es lo que pone de manifiesto Gendarmería Nacional a fs. 248, de la causa penal), deterioro que no presentaban las secuestradas. Ello, unido al hecho de que desde el momento mismo del siniestro personal de Gas del Estado se encontraba en el lugar, tratando de ubicar el posible origen de la explosión (conf. fs.131, causa penal), desdibuja a mi entender la hipótesis que sobre ese origen sustenta el peritaje de la Superintendencia de Bomberos.

Desde otro ángulo, resulta por lo menos llamativo que, si el gas que causó el siniestro se evadió "durante tareas de trasvasamiento desde una garrafa de 10 kg. de capacidad a una de 3 kg., a través de grietas y roturas de la manguera de goma que las interconectaba" (conf. fs.144, causa penal), y que, si "la materialización del siniestro fue consecuencia de una expansión de gases liberados en forma prácticamente instantánea, los que reaccionaron ante la presencia de una fuente térmica suficiente" (conf. fs.138 vta., causa penal), digo que resulta llamativo que no se hubiera visto afectado quien realizaba las tareas de trasvasamiento con las garrafas que evidentemente no era la mujer de más de ochenta años que resultó en definitiva víctima fatal del suceso y que era la única que se encontraba en la casa en el momento de la explosión.

A todo lo expuesto, que me inclina a otorgar mayor poder convictivo al peritaje de Gendarmería Nacional, se agrega:

a) que en la causa penal y también en las actuaciones judiciales, declaran testigos domiciliados en el vecindario, los que deponen concordemente acerca del fuerte olor a gas que se percibía desde mucho tiempo antes en la vereda de la finca de Cuenca 5086 y los reclamos realizados a Gas del Estado sin resultado (conf. fs.137 vta./138, 172, 173 y 181, causa penal y fs.189 y vta., 190 y vta. y 307 y vta. de la causa 97/91; no cabe computar al efecto el informe de Gas del Estado relativo a la inexistencia de reclamos en sus registros, atento su evidente interés en el resultado de los litigios), moviendo a reflexionar la narración del testigo Giambroni a fs.181 de la causa penal (relata que tres meses antes del siniestro concurrió al inmueble de Cuenca 5086 y, habiendo el dueño de la finca en presencia del testigo sacado su encendedor, lo colocó "en las cercanías del árbol, a unos veinte centímetros del suelo, surgiendo en ese momento una llama"). Por otra parte, la testigo Angela Lo Pinto, cuya declaración se transcribe en el peritaje de la Superintendencia de Bomberos, dice que, instantes previos a la explosión pudo observar en las proximidades del lugar, "en lo que sería el medio de la calle Cuenca... una inmensa bola de fuego, para luego de ello escuchar un fuerte sonido y posteriormente los propios de un derrumbe" (conf. fs. 138, causa penal). Todas estas declaraciones persuaden aun más acerca de la existencia de una pérdida de gas natural en el sitio.

b) que al proceder a despejar las cañerías de acceso de gas a la finca, el personal de Gendarmería Nacional encontró, al lado del acceso al medidor, un trozo de caño cubierto de brea y en regular estado de conservación, de similares características al usado en la red de gas natural (conf. fs. 250/ 251, causa penal). Y aunque el organismo no pudo precisar el tiempo que llevaba enterrado el caño que se encontró, no resulta irrazonable vincularlo con tareas de reparación de la red llevadas a cabo por Gas del Estado con posterioridad al siniestro.

c) que, finalmente, no puede dejar de tenerse en cuenta que los dos peritos ingenieros que fueron designados de oficio en las causas judiciales acumuladas, se inclinaron por atribuir la explosión a un escape de gas natural (conf. fs.526 y vta. causa 97/91 y fs.151/155 vta. causa 4809/92), y que el Juez que intervino en la causa penal y dictó el sobreseimiento provisorio que luce a fs.272/274 vta. de ella el que fuera confirmado por la alzada (conf. fs.280), se basó para decretarlo exclusivamente en las conclusiones del peritaje de Gendarmería Nacional.

Sintetizando, la responsabilidad de Gas del Estado debe estimarse evidente y le compete como dueña de una cosa riesgosa en alto grado (gas), con cuya explotación económica se beneficiaba y de la que no pudo desentenderse absolutamente, debiendo ejercer vigilancia y control para que su suministro se prestara en forma de no dañar a terceros (arg. art. 1113, Código Civil). Y si no vigiló ni controló apropiadamente porque le resultaba dificultoso o antieconómico no se probó que fuera imposible, en todo caso no podrá quejarse de las consecuencias de su propia conducta discrecional (conf. Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos: 275:218; 280:395; 298:220; 299:373; 302:478 y 1397, etc.).

Esta es la doctrina que informa los precedentes del Alto Tribunal de Fallos: 284:289 especialmente Considerandos 31 y 6 y de la causa "PRILLE DE NICOLINI, G. c/ Segba y otro", del 15.10.87, precedentes en los que se dejó establecido que la responsabilidad de la prestataria del servicio no nace sólo del dominio de las instalaciones sino que es propia de su actividad y cometido, es decir, de la obligación de supervisión que resulta inherente a esa actividad y que le exige ejercer una razonable vigilancia de las condiciones en que el servicio se proporciona, para evitar consecuencias dañosas.

Porque como se puso de relieve en la causa "BALDINI, A. c/Gas del Estado", resuelta el 8.2.57 por la CNFed, Sala Civil y comercial entonces única (LL 87692) y, más recientemente, también por esta Sala (causas 7119 del 20.4.90 y 9094 del 25.8.92) y por la Sala III de esta Excma. Cámara (causa "Pandullo, J.A. y otro c/ Gas del Estado S del EA, del 11.10.95), la responsabilidad de Gas del Estado (en estas hipótesis también se trataba de pérdidas de gas natural por averías en las instalaciones) "no le incumbe por ser dueña de los aparatos sino porque lógicamente su vigilancia no puede sino corresponderle a ella".

Surge de lo dicho que la responsabilidad que pudiera cargarse en la cuenta de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (hoy Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires) de la que me ocuparé luego no excluye la culpa de la empresa Gas del Estado, porque la conducta de aquélla en todo caso no constituyó la única y exclusiva causa del siniestro ya que la empresa debió vigilar el estado de las instalaciones a través de las cuales prestaba sus servicios de suministro de gas y no desentenderse completamente de ellas, confiando en que los demás cumplieran con sus deberes pero descuidando los suyos, desatendiendo el elemental deber de vigilancia que le incumbía, mucho más ante la existencia, en las cercanías del recorrido de los conductos por donde circulaba el fluido, de un árbol cuyas raíces debió prever que podrían resultar elementos aptos para provocar averías en las cañerías (arg. arts.502, 902 y 1109, Código Civil; conf. esta Sala, causa 9404 ya citada).

Consecuentemente, deben ser desestimados los agravios que sobre este aspecto de la sentencia de primera instancia vierten el Estado Nacional (como continuador de la exGas del Estado SE y Gas del Estado (e.l.).

En cuanto a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (hoy Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires), su responsabilidad también resulta evidente por aplicación "mutatis mutandi" de similares argumentos a los que hasta aquí he desgranado (conf. esta Sala, causa 8497/92 del 2.4.93).

En efecto, en su calidad de propietaria del árbol ubicado en la vereda, frente a la finca de Cuenca 5086, debió prever que sus raíces penetrarían en el subsuelo de esa vereda y bajo la edificación del terreno particular, con posibilidad de que produjeran averías en cañerías subterráneas y formaran cavernas por las que el gas viajara libremente hasta el interior de la vivienda (las raíces desnivelaron los pisos de ésta: conf. peritaje de la Gendarmería Nacional, fs.252, causa penal) y era su deber mantenerlas en condiciones adecuadas para que no dañaran bienes de terceros, aun cuando éstos fueran de menor antigüedad (obsérvese que el corte de raíces que realizó esta codemandada tuvo lugar poco tiempo antes de la explosión. Gendarmería Nacional, al descubrir las cañerías de acceso de gas a la finca, halló restos de "raíces cortadas que atraviesan la vereda y penetran en el lote de Cuenca 5086: ...prácticamente desde que el caño deja el pavimento comienza a ser atravesado por raíces hasta el medidor" fs.250/251, causa penal). Ello independientemente de la obligación de control que también pudiera pesar sobre dichos terceros parece claro que hubo de tener en cuenta el comportamiento de las raíces en relación con las cañerías subterráneas cuya existencia debió prever en plena ciudad de Buenos Aires y con las que las aludidas raíces al crecer tenían fatalmente que convivir.

Respecto de las características del ejemplar botánico es elocuente el peritaje del ingeniero agrónomo Ferrero (fs.491 /500 vta., causa 97/91), del cual también resulta que un paraíso como el que aquí se trata pudo mantenerse vivo a pesar de haber estado sometido a la acción del gas y recobrar todo su vigor luego del siniestro, habiendo sido eliminada la presencia del fluido.

En definitiva, tampoco pueden prosperar los agravios que relativamente a su responsabilidad vierte el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

III. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires también se agravia de que en la causa 4809/92 se la condenó, a pesar de que sólo había sido citada como tercero por la demandada Gas del Estado, según lo dispuesto en el art.94, del Código Procesal. Esta queja tampoco puede prosperar.

Recuerdo que en los supuestos de citación de tercero por el demandado (tradicionalmente conocidos como "litis denuntiatio"), ese llamado coactivo tiene, como regla, el objeto de preservar una posible acción de repetición, evitando que en ella el citado pueda argüir la excepción de negligente defensa, sin que la citación produzca el efecto de convertir al tercero en un demandado contra el cual se pueda dictar sentencia de condena, ya que no es posible forzar al actor a dirigir la acción contra quien no quiere pues de conformidad con el principio dispositivo que preside nuestro proceso civil, él está facultado para demandar a quien le parezca y a su solo riesgo (conf. PALACIO, L., Derecho Procesal Civil, Bs.As. 1991, t.III, p.249; YAÑEZ ALVAREZ, C., La intervención de terceros en el proceso civil, JA Doctrina 197917; RAZI, R., La intervención de terceros en el proceso civil, LL152931; CNFed.Civ.y Com. y Contenciosoadministrativo, sentencia plenaria del 30.11.77, in re "Gas del Estado c/ Equimac S.A.").

Empero la Sala por motivos de economía procesal ha atenuado en determinadas hipótesis la rigidez del principio, y estas hipótesis se presentan cuando el citado ha puesto en tela de juicio la responsabilidad que se le atribuía y contado con la oportunidad de ejercer ampliamente su derecho de defensa como aquí ocurre (conf. causas 163 del 2.12.80; 4495 del 1.8. 86; 5262 del 26.2.88; 6562 del 7.6.89; 7636 del 23.4.91; causa "La Meridional Cía. de Seguros c/ buque CATAMARCA II", del 9. 3.2000; Sala I, doctrina de las causas 5331 del 5.8.88; 760 del 30.3.90; 5948 del 26.11.92; causa "Cortesfilms Argentina S.A. c/ Blue Anchor Line", del 24.9.98, etc.).

En el mismo sentido se ha pronunciado, en su actual composición, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Gandolfi de Vanetta, M. c/ Dirección Nacional de ViaLidad", del 16.4.98, en el que cuatro ministros tuvieron el criterio sentado en anteriores precedentes. Díjose en dicho precedente que "resulta un inútil dispendio de actividad jurisdiccional diferir la consideración de la responsabilidad de un tercero citado en los términos del art. 94 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, cuando éste ha ejercido en plenitud el derecho constitucional de defensa en juicio, de modo que no existe óbice para que, como lo dispone el art. 96 del mencionado cuerpo legal, la sentencia dictada después de su citación o intervención, lo afecte como a las partes principales".

IV. Despejado el interrogante de la responsabilidad y el que acabo de examinar en el Considerando inmediato anterior, corresponde ahora abocarse al arduo problema de determinar y justipreciar los daños resarcibles. Lo haré separadamente respecto de cada una de las causas acumuladas, y consideraré aquellos rubros que hayan sido objeto de específico cuestionamiento. No me detendré, en cambio, en las genéricas impugnaciones vertidas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (en adelante CGBA) y por Gas del Estado (e.l.), respecto de "todos los montos indemnizatorios fijados en los distintos expedientes" bajo la sola acusación de que "son exagerados" (conf. fs. 88 vta. y 805 in fine, respectivamente), porque esas manifestaciones no constituyen, desde luego, agravio técnicamente fundado (arg. art.265, Código Procesal).

a) La suma fijada por el Juez en concepto de daños a la vivienda de la actora mueve las críticas del Estado Nacional.

Para determinar el resarcimiento, el a quo se atuvo al dictamen de la perito arquitecta designada en los autos, "que no fue cuestionado ni observado". El Estado Nacional no impugnó el peritaje que luce adecuados fundamentos, ni pidió explicaciones a la profesional que lo confeccionó. Sólo al expresar agravios formula diversas consideraciones relativas a la antigüedad de la edificación y al valor fijado por la perito.

Si el Estado Nacional estimaba poco satisfactorios algunos aspectos de la experticia, debió requerir, en el período procesal adecuado las explicaciones del caso, a fin de permitirle a la perito fundarla más extensamente y aún, eventualmente, rectificarla. Al no haberlo hecho, privó a aquélla de esa oportunidad y al Tribunal del conocimiento de argumentos técnicos que hubieran permitido valorar mejor el dictamen; de tal modo, sus objeciones constituyen reflexión tardía que no se puede atender (arg. art.277, Código Procesal; conf. esta Sala, causas: 1844 del 15.2.83; 1778 del 28.10.83; 5619 del 26.2.88; 6530 del 16.6.89; 7561 del 28.8.90, entre muchas otras).

b) La actora considera equivocado el rechazo de su pedido de reintegro de los "gastos por la vivienda sustituta".

Las diversas argumentaciones que hilvana para fundar su pretensión revocatoria son más aparentes que reales. En efecto, si vecinos o amigos solidarios le permitieron a ella y a su familia ocupar un inmueble para vivir, con el compromiso de pagar una compensación cuando mejorara de fortuna, fácil le hubiera sido a la actora demostrar las circunstancias afirmadas a través del testimonio de quienes le facilitaron la vivienda, no habiendo siquiera sostenido la existencia de dificultades insuperables para traerlas a declarar.

Y como, en circunstancias como las que caracterizan al sub lite, no cabe descartar de plano la posibilidad de que la ocupación haya sido gratuita (de la declaración del testigo Giambroni no pueden extraerse conclusiones sobre el punto), no cabe sino compartir el criterio del Juez, sin que la actora pueda lamentarse de las consecuencias de su propia conducta discrecional (conf. Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos: 275:218; 280:395; 298:220; 299:373; 302:478 y 1397, etc).

c) El GCBA y el Estado Nacional tachan de excesiva la cantidad de u$s 30.000 que se estableciera en la sentencia para enjugar la pérdida de enseres del hogar: muebles, artefactos, bibliotecas, objetos de arte, ropa de vestir, de cama, cortinados, alfombras, joyas y dinero, en ejercicio de la facultad consagrada por el art.165, in fine, del Código Procesal y sobre la base de ponderar el efecto destructivo de la explosión y el núcleo familiar conviviente.

Los recursos han de considerarse desiertos al respecto, en tanto ambos memoriales se limitan a consignar afirmaciones puramente dogmáticas que no demuestran de modo específico a través de cálculos u otros medios concretos el error que se achaca al Magistrado.

d) La actora y el GCBA vierten quejas obviamente de signo contrario en torno a las sumas fijadas para resarcir la pérdida de herramientas y material de plomería que se encontraban en el inmueble afectado por el siniestro.

Es verdad que se halla comprobado en la causa que el esposo de la actora se desempeñaba como plomero. Más, tal como lo advierte el Juez, la peticionaria no se preocupó de formular la más mínima enumeración o descripción de estos enseres; a lo cual cabe añadir que tampoco trajo medios de convicción referidos a la forma en que el señor Ramadori prestaba su actividad de plomero y al volumen de esa actividad.

En tales condiciones, y toda vez que a la actora le incumbía como imperativo de su propio interés realizar los necesarios aportes en sustento de su pretensión, imperativo que no satisfizo, no puede quejarse ahora del monto fijado por el Juez en ejercicio razonable de la facultad concedida por el art. 165, in fine, del Código Procesal, ya que en estas hipótesis de reclamos parcos y prácticamente inexistentes probanzas, el criterio y la prudencia deben ser afinados.

Empero, creo que la suma establecida en la sentencia satisface las indicadas pautas ya que algunas herramientas y materiales de su propiedad es presumible que fueran utilizados por Ramadori en el desempeño de sus labores, luciendo adecuado el justiprecio que se efectúa habida cuenta el valor que normalmente suelen tener dichos elementos. Advierto que no aparece acreditado que el señor Ramadori desempeñara su oficio en forma clandestina.

e) El GCBA y el Estado Nacional también se quejan de que se haya otorgado la cantidad de u$s 6.000 para atender a los gastos de un futuro tratamiento psíquico, al que deberá someterse la actora de conformidad con las peritaciones practicadas en autos (conf. fs.251/256; 286; 298/99; 347; 620/ 621).

En primer término, señalo que la remisión a impugnaciones de los dictámenes periciales que se formulara durante el curso de la etapa probatoria resulta inocua para sostener los agravios (art.265, Código Procesal).

Respecto de los agravios del GCBA digo: a) que el Juez no fijó suma alguna para restañar el daño psíquico, sino solamente para solventar el tratamiento psicológico que deberá proporcionarse a la actora; b) que si la actora ya realizó dicho tratamiento, tal circunstancia para nada obsta a la fijación del resarcimiento, ya que éste obrará como reintegro de las cantidades desembolsadas a ese fin; y si el tratamiento no le fue prestado, ello no excusa a la codemandada de atender un gasto que deriva de un hecho dañoso que le es imputable; y c) que toda vez que la víctima de un acto ilícito puede atenderse donde y con los profesionales que ella elija, ninguna proyección pude tener sobre las obligaciones de la quejosa el hecho de que las obras sociales o los establecimientos asistenciales públicos brinden tratamientos de la naturaleza del requerido por la actora (conf. esta Sala, causas: 565 del 29.9.81; 1844 del 15.2.83; 3381 del 21.5.85; 19.344/96 del 1.7.97, y otras), cabiendo rescatar que aún en estos casos es notorio que las prestaciones no son enteramente gratuitas.

La quejas del Estado Nacional no han de correr mejor suerte, porque: a) la remisión a sus tachas a los dictámenes periciales resultan impertinentes para fundar el agravio (art.265, Código Procesal); b) tampoco satisfacen las exigencias de la norma citada las afirmaciones dogmáticas que se vierte a fs.803 in fine y vta.; y c) aunque la personalidad de la actora presente los rasgos que señala el memorial de esta codemandada, resulta indudable a la luz de aquellos dictámenes la trascendencia del impacto nocivo que sobre ese basamento proyectó la violencia traumática del hecho (conf. fs.299), que desorganizó su personalidad (conf. fs.347 y vta.), originando un síndrome reactivo por el que indudablemente los causantes del perjuicio deben responder.

f) En relación con la indemnización que la sentencia estableciera para enjugar el "daño moral y valor afectivo del inmueble", se quejan todas las partes.

Parece innecesario extenderse acerca del impacto emocional que debió sufrir la actora al perder por obra de un mismo suceso y simultáneamente a su madre (que falleció luego con motivo de las quemaduras que padeciera, pues era la única persona del núcleo familiar que se encontraba en el inmueble al momento de producirse la explosión que derrumbó el edificio sobre ella) y a su vivienda.

La sola mención de tales circunstancias basta para formar cabal idea del sufrimiento espiritual que con motivo de ella hubo de soportar (sobre el punto se explaya el peritaje psicológico rendido en la causa) y seguirá soportando la actora a lo largo de su vida, aun cuando el tratamiento psíquico pudiera contribuir a suavizar tales consecuencias dañosas.

Por cierto que resulta difícil traducir en dinero el padecimiento moral. No obstante, estimo que el justiprecio que efectuara el sentenciante resulta adecuado atento las condiciones personales de la víctima y de la peticionaria, en la medida en que surgen de las constancias del expediente y ponderando también el carácter sustancialmente resarcitorio que, en el criterio de la Sala, reviste la indemnización por daño moral.

Consecuentemente, propondré la confirmación de lo decidido sobre el particular.

g) La tasa de interés escogida por el Juez mueve las críticas de la actora. Sostiene que los réditos deben calcularse desde el día del hecho 13.3.89 a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina en operaciones de descuento de documentos a treinta días.

No tiene razón.

En efecto, el crédito de la actora reconoce su causa o título en el acto ilícito que generó su derecho a ser indemnizada. Y como el siniestro tuvo lugar con anterioridad al 1.4.91 y las codemandadas son personas comprendidas en el art. 2 de la ley 23.982, va con ello dicho que ese crédito integra el pasivo consolidado de las deudoras, quedando por tanto sujeto a las previsiones de la citada ley 23.982.

Así lo entendió el a quo, quien mandó aplicar a partir del 1.4.91 una tasa de interés que coincide con la establecida en el art.6 de aquella ley, dejó a salvo lo dispuesto en su art.10 y no fijó plazo para el cumplimiento de la condena, atendiendo de este modo a lo dispuesto en el art.3 de la ley 23.982 aunque no lo manifestara en forma expresa.

En cuanto al lapso comprendido entre el 13.3.89 y el 1.4.91, la tasa del 6% es la que corresponde, por haber sido el capital establecido a valores actualizados (conf. fallo plenario de esta Excma. Cámara in re "Agrocom S.A. c/ bq. Gabrielle Koëgel" del 26.2.85).

h) Por todo lo expuesto, propongo confirmar la sentencia impugnada relativamente a lo que se resolvió en la causa 97/91 y en todo lo que fue materia de agravios.

Cada una de las partes soportará las costas de su recurso.

IV.2. Causa 4809/92 a) Las suma fijada por el Juez para indemnizar los daños al inmueble de la calle Cuenca 5080 (u$s 25.504, a valores de la fecha de su pronunciamiento) es considerada exigua por la actora, pero no tiene razón.

Para fijar el resarcimiento el sentenciante se atuvo al peritaje de la arquitecta Suárez obrante a fs.671/682, el que no fuera objeto de impugnaciones por parte de las contendientes, resultando aplicables aquí también, entonces, las observaciones vertidas en el apartado a) del Considerando inmediato anterior.

Solicita la actora que se incorpore a la suma otorgada por el a quo cuanto ella invirtiera para realizar reparaciones, las que llevó a cabo antes del peritaje. Empero, se equivoca en este planteo, pues la perito arquitecta ya incluyó esos gastos al valuar los daños al inmueble, tal como resulta de la simple lectura de su dictamen (conf. especialmente fs.678 /680).

Asimismo, es inadecuado su pedido de que se le pague los gastos de la "obra fina", en tanto esos gastos fueron calculados por la perito arquitecta al valuar los daños (conf. fs.681/682. Señalo que con los gastos en concepto de vidrios y tejas se vinculan los informes de fs.564/568 y 576/579, en tanto el de fs.572 niega la autenticidad de las facturas que refiere), cabiendo advertir que la perito dice que "la mayoría de las reparaciones (y no todas) corresponden a obra gruesa" (conf. fs.681) y computa la "obra fina" en la liquidación de fs.682.

En cuanto a la indemnización por pérdida del mobiliario y objetos de adorno de la finca que la perito no computó y por los padecimientos sufridos por no poder habitarla durante la realización de las reparaciones, no fueron capítulos propuestos por la actora al demandar (ni siquiera los incluyó en su alegato), de modo que el requerimiento que efectúa sólo en la alzada no se puede atender (arg. arts.34, inc.4, 163, inc.6 y 277, Código Procesal).

b) El Juez concedió la suma de $ 1.000 en concepto de valor a la fecha de la sentencia de reposición del automóvil Citroen 3CV, de propiedad de la dueña de la finca de Cuenca 5080, cuya única heredera señora Nora Edith Fernández cedió los derechos emergentes de este litigio a los señores Horacio G. Pulido Y Roberto Rivero.

El Juez descartó el presupuesto de reparación del vehículo que acompañara la actora considerando que, como éste había resultado totalmente destruido con motivo de la explosión (conf. informe pericial de fs.89 y vta. de la causa penal, también informe de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal Argentina, a fs.133 vta., de la misma causa), lo que cuadraba era establecer su valor de reposición y no de reparación.

La actora no impugna este criterio, de modo que las críticas que pretende sustentar en el presupuesto por reparaciones que acompañara con la demanda no resultan adecuadas. Y como ella no rindió prueba alguna en punto a dicho valor de reposición, ni tampoco indica en su memoria elementos concretos y específicos que demuestren el error que axiomáticamente imputa al Magistrado quien debió ser muy cauto al fijar el resarcimiento atento la aludida orfandad probatoria, que sólo es consecuencia de la conducta discrecionalmente asumida por la actora, sus agravios no pueden prosperar.

Tampoco los que el GCBA vierte sobre el particular, porque algunas de las características del automóvil averiado surgen del informe del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor obrante a fs.499/500, porque no aporta elemento alguno que convenza acerca de que la muy razonable suma otorgada por el Juez sea excesiva y porque, aunque es verdad que "no todo accidente productor de daños al vehículo implica necesariamente la disminución o pérdida de su valor venal", no parece que tales argumentaciones resulten adecuadas para decidir el sub lite, habida cuenta de que el automóvil quedó destruido, según ya se explicara.

Finalmente, advierto que la solicitud de que se conceda una indemnización en concepto de imposibilidad de uso del rodado es inatendible, pues no integró la litis y ni aun se sometió al conocimiento del Juez de Primera Instancia al alegar (arg. arts.34, inc.4, 163, inc.6 y 277, Código Procesal).

c) Quéjase la actora de que se haya desestimado su pedido de indemnización de lo que denomina "valor locativo del inmueble".

La declaración testimonial de fs.513/14 (conf. fs. 1 vta., 9 y vta. y 94, causa penal) ilustra acerca de que al momento de producirse la explosión la señora Duco de Fernández alquilaba la planta alta del edificio de Cuenca 5080 a la testigo y de que, en aquella oportunidad, se produjo el desalojo de los moradores de la finca por razones de seguridad. La testigo afirma que el vehículo locativo se extinguió por ese motivo.

Asimismo surge del peritaje del ingeniero Malis (fs. 151/155 vta.) el que no fue objeto de observaciones que el valor locativo actualizado de ese sector del inmueble trepa a $ 300.

Apreciando todo ello, y también el peritaje de fs. 677/682, parece indudable que le asiste razón a la actora en su queja (arg. arts.901, 904 y 1069, Código Civil).

Más desde que, con arreglo a las constancias de autos y de la causa penal, no puede establecerse con certeza cuál fue el lapso por el cual el inmueble no pudo ser arrendado otra vez exclusivamente como consecuencia de resultar inapto para ese fin y no por otros motivos (conf. fs.93 y vta. y 94, causa penal), el resarcimiento del lucro cesante debe ser fijado con sujeción a lo dispuesto en el art.165, in fine, del Código Procesal.

En ese sentido, juzgo adecuado otorgar la suma de $ 900, la que llevará intereses calculados en la forma establecida por el a quo para los otros capítulos de la reparación.

d) El recurso del GCBA, en tanto referido a la suma de $ 450 que el Juez concedió en concepto de gastos médicos y farmacéuticos de la señora Duco de Fernández, debe ser considerado desierto.

Y es que no constituye agravio fundado la simple afirmación de que la cantidad fijada es abultada y arbitraria (arg. art.265, Código Procesal); debiéndose rescatar además que, aunque las lesiones de la señora de Fernández fueron de carácter leve (conf. fs.80 y vta., causa penal), es presumible que las escoriaciones y traumatismos varios que sufrió como resultado del siniestro hayan requerido algunos desembolsos, enderezados a investigar y tratar las consecuencias de aquéllos, mucho más delicadas debido a la avanzada edad de la víctima.

En tales condiciones, no impresiona como exagerada la discreta suma de $ 450 fijada por el Juez, de manera que propondré su confirmación.

e) La cantidad establecida para enjugar el daño moral $ 40.000 concita los agravios de la actora, del GCBA y de Gas del Estado (e.l.).

Las quejas de la actora y del GCBA no se sostienen, porque no satisfacen los requisitos del art.265, del Código Procesal.

Efectivamente, en los respectivos memoriales sólo se expone manifestaciones axiomáticas, genéricas o principistas, que para nada se vinculan específicamente con las constancias de la causa. A lo cual cabe añadir que la pretensión de la actora de que se contemple "el daño que se ha ocasionado al resto de las personas que han debido padecer las consecuencias de la explosión, que han tenido que arreglar la casa para poder volver a habitarla", por sobre que no fue planteada en primera instancia, no se comprende, atento lo dispuesto en el art.1078, segundo párrafo, del Código Civil.

En cuanto a la queja de Gas del Estado (e.l.) relativa a este aspecto de la sentencia, tampoco resulta atendible, toda vez que prescinde de considerar que el padecimiento espiritual sufrido por la señora Duco de Fernández (de la cual, en definitiva, los señores Pulido y Rivero hoy actores son cesionarios) no derivó sólo de las lesiones leves que sufriera (conf. declaración de fs.513 vta. de esta causa y fs. 80 vta., causa penal) sino también de las características traumáticas del suceso y del hecho de que su automóvil quedó destruido y su casa en la que moraba resultó con importantes daños que afectaron su habitabilidad e inclusive su seguridad (conf. fs.93 y vta., causa penal), circunstancias que le habrán provocado zozobras e inquietudes dignas de resarcimiento, sobre todo ponderando su avanzada edad.

f) El GCBA impetra la aplicación a la hipótesis de autos de lo dispuesto en los arts.505, del Código Civil y 277, del Código Procesal (texto según ley 24.432) y que su responsabilidad por las costas del juicio quede limitada al 25% del capital de la condena.

Sin perjuicio de señalar que el pedimento no fue sometido al Juez de anterior grado, advierto que las disposiciones de la ley 24.432 han de ser tenidas en cuenta a la hora de considerar las apelaciones deducidas respecto de las regulaciones de honorarios.

g) Por lo expuesto, propongo confirmar la sentencia apelada en lo que decidió respecto de la causa 4809/92, salvo en lo que se refiere al "valor locativo del inmueble"(lucro cesante), punto en el que propicio revocarla y justipreciar el daño en la suma de $ 900; cantidad sobre la cual se calculará intereses en la forma indicada en el apartado f) de en este Considerando. Relativamente a las costas de alzada, en el recurso de la actora las costas deberán ser satisfechas en el 90% por ella y en el 10% restante por las contrarias (art.71, Código Procesal). Gas del Estado (e.l.) y GCBA cargarán con las costas de sus propios recursos (art.68, primer párrafo, Código Procesal).

IV.3. Causa 6379/93 El señor Osvaldo Norberto Rodríguez dueño de la finca de Cuenca 5094, lindera a la de Cuenca 5086, en la que se originó la explosión dirigió su pedimento destinado a obtener la reparación de los perjuicios que afirmó le había significado el siniestro contra Gas del Estado, contra la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, contra la señora Josefa López de Vázquez y/o sus heredera "y/o contra quien resulte propietario de la finca sita en la calle Cuenca s/n, entre los ns. 5080 y 5094".

El reclamo contra Josefa López de Vázquez y/o contra el propietario de la finca cita en la calle Cuenca entre los ns. 5080 y 5094, quedó finalmente precisado y enderezado contra la señora María Esther Vázquez de Ramadori (conf. fs. 156), en su calidad de dueña de la finca individualizada y en los términos del art.1113, del Código Civil.

El Juez de Primera Instancia desestimó la pretensión postulada por Osvaldo Rodríguez contra la señora Vázquez de Ramadori y le impuso a aquél las costas por ese reclamo.

La queja del actor en esta causa 6379/93 procura, precisamente, que se deje sin efecto tal distribución de las costas y se disponga que ellas corran en el orden causado.

Tiene razón.

Pues, en efecto, no ha sido fácil en el sub lite dilucidar la cuestión de la responsabilidad, a cuyo fin fue necesario el meditado estudio de los peritajes rendidos en sede penal y en las causas acumuladas (peritajes de fs.151/155 vta., causa 4809/92; fs.491/500 vta. y 519/530 vta. y explicaciones de fs.566/576, causa 97/91). Cabiendo advertir que los peritajes de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal Argentina y de Gendarmería Nacional lucen conclusiones contrapuestas, habiendo concluido el primero de ellos en que la explosión se había originado en indebidas manipulaciones de dos garrafas de gas envasado que se encontraban en el inmueble de Cuenca 5086, de propiedad de la señora Vázquez de Ramadori.

En tales condiciones, resulta perfectamente explicable que el señor Rodríguez haya apuntado su reclamo indemnizatorio contra dicha propietaria y también contra Gas del Estado y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (indicadas como responsables del siniestro en el peritaje que Gendarmería Nacional rindiera en la causa penal), pues a la fecha en que lo dedujo no estaba a su alcance determinar con certeza quién o quiénes, en definitiva, serían condenados a satisfacerlo.

Y toda vez que aun en la alzada se ha seguido discutiendo el tema de la responsabilidad, no parece que pueda imputarse culpa alguna a Osvaldo Rodríguez por no haber desistido de su acción contra la dueña del inmueble de Cuenca 5086.

Consecuentemente, propicio modificar la sentencia apelada en el tema de las costas de la relación actor María Esther Vázquez de Ramadori, disponiendo que los accesorios tanto en primera como en segunda instancia sean soportados en el orden causado (art.68, segundo párrafo, del Código Procesal). El GCBA, cargará con las costas de su recurso en cuanto concierne a la responsabilidad, solución pertinente también respecto a la apelación del Estado Nacional (art.68, primer párrafo, Código citado).

V. Por todo lo expuesto, propongo modificar la sentencia apelada en lo que fue materia de agravios en el sentido que surge de los Considerandos precedentes.

La costas de alzada serán soportadas como se indica en los Considerandos IV.1., ap. h), IV.2., ap. g) y IV.3.

Es mi voto.

El señor Juez de Cámara doctor Eduardo Vocos Conesa, por razones análogas a las aducidas por la señora Juez de Cámara doctora Marina Mariani de Vidal, adhiere a las conclusiones de su voto. Con lo que terminó el acto.

Buenos Aires, 29 de agosto de 2000.

Y VISTOS: por lo que resulta del acuerdo que antecede, confírmase la sentencia apelada en cuanto fue materia de agravios formalmente fundados, modificándosela sólo en los siguientes aspectos: 1) causa 4809/92: admítese la indemnización del lucro cesante por la suma de NOVECIENTOS PESOS ($ 900), con más los intereses fijados por el a quo para los otros capítulos de la reparación; y 2) causa 6379/93 en la relación procesal entre el actor y la señora Vázquez de Ramadori disponer que las costas de primera instancia sean distribuidas en el orden causado (art.68, segundo párrafo, del Código Procesal). Impónese las costas de alzada del siguiente modo: A) causa 97/91: a cada apelante en su recurso; B) causa 4809/92: a) en el recurso de la parte actora: a dicha parte en un 90% y a las condenadas en primera instancia en el 10% restante; b) en el de Gas del Estado (e.l.): a su cargo; y c) en la apelación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por su cuenta; y C) causa 6379/93: a) en la relación actor Vázquez de Ramadori, por su orden; y b) en los recursos del Estado Nacional y Gas del Estado: a cargo de cada uno de los apelantes.

Teniendo en cuenta la naturaleza de los asuntos, el monto de la sentencia con relación a cada causa (capital más intereses, de acuerdo con la doctrina del fallo plenario "La Territorial de Seguros S.A. c/ STAF", del 7.9.97), y la extensión, calidad e importancia de los trabajos realizados, el Tribunal decide:

I) CAUSA Nro. 97/91: elevar los honorarios del doctor Jorge Luis Giner, patrocinante en la primera etapa y letradoapoderado en la segunda y en el alegato facultativo, a la suma de SESENTA MIL PESOS ($ 60.000) (arts. 6, 7, 9, 19, 37 y 38 la ley 21.839, modificada por la 24.432; con aclaración de que este texto legal sólo se aplica a las tareas realizadas con posterioridad a su entrada en vigencia).

En atención al carácter de las cuestiones sobre las que debieron expedirse los peritos, así como a la entidad y amplitud de sus dictámenes anteriores a la reforma dispuesta por la citada ley 24.432, elevar los honorarios de la doctora Adriana P. Riva, a la suma de SIETE MIL PESOS ($ 7.000), y los del ingeniero agrónomo Alfredo Ferrero, a la de CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS ($ 4.500). Y confirmar, desde que sólo fueron apelados por altos, los correspondientes al ingeniero civil Oscar E. Nielsen (acótase que los emolumentos establecidos en favor de la psicóloga Argemina L. Molina y de la arquitecta Silvia M. Teijeiro quedaron firmes).

Por los trabajos de alzada, ponderando el mérito de los respectivos escritos, regular: 1) en el recurso de la parte actora, computando una cifra estimada prudencialmente por la Sala, en OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS ($ 8.330) los honorarios del doctor Jorge Luis Giner; en NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 9.350) Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS ($ 3.740), los de los doctores Ernesto Alberto Marcer y Cristina Navazo; y en NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ // 9.350) y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS ($ 3.740), los correspondientes a los doctores Julio Alberto José Scarpino y Silvia Beatriz Stéfano, en ese orden; 2) en el recurso del Estado Nacional: en TRECE MIL NOVENTA PESOS ($ 13.090) la retribución del doctor Jorge Luis Giner y en NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 9.350) y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS ($ 3.740) los de los doctores Ernesto Alberto Marcer y Cristina Navazo, respectivamente; y 3) en el recurso del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: en TRECE MIL NOVENTA PESOS ($ 13.090) los estipendios del doctor Jorge Luis Giner, y en NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 9.350) y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS ($ 3.740) los de los doctores Julio Alberto José Scarpino y Silvia Beatriz Stéfano (art.14 del arancel vigente).

II) CAUSA Nro.4809/92: elevar los honorarios de los letrados patrocinantes y apoderados doctores Alejandro J. Dagnino y Pablo Javier Gondar a las cantidades de DIECISÉIS MIL CIEN PESOS ($ 16.100) y UN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS ($ 1.150), en ese orden, y los del doctor Jorge Luis Giner patrocinante en la primera etapa y letradoapoderado en parte de la segunda, sin presentación de alegato a la suma de DIEZ MIL PESOS ($ 10.000) (arts.6, 7, 9, 10, 19, 37 y 39 de la ley 21.839, modificada por la 24.432).

Elevar, asimismo, los honorarios de los peritos, doctor Hernán Sergio González Supery, ingeniera en construcciones María Elena Jorge y arquitecta Marcela Patricia Suárez, a las cantidades de DOS MIL PESOS ($ 2.000), UN MIL PESOS ($1.000) y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS ($ 4.600), respectivamente (para cuya percepción se observará el procedimiento que prevé el art.22 de la ley 23.982 relativo a las deudas no consolidadas). Y confirmar los emolumentos del ingeniero civil Jaime Malis, habida cuenta de que sólo fueron apelados por altos.

Por la labor cumplida en alzada, establecer: 1) en el recurso de la parte actora tomando como base un cálculo estimativo del Tribunal, en UN MIL DIEZ PESOS ($ 1.010) los honorarios del doctor Alejandro J. Dagnino; y en OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ($ 845) y TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS ($ 338) los de los doctores Ernesto Alberto Marcer y Cristina Navazo; 2) en el recurso del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en TRES MIL CIENTO SETENTA PESOS ($ 3.170) y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ($ 1.268) la retribución de los doctores Julio Alberto José Scarpino y Silvia Beatriz Stéfano, en dicho orden; y 3) en el recurso del Estado Nacional: en TRES MIL CIENTO SETENTA PESOS y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ($ 1.268) las regulaciones en favor de los doctores Ernesto Alberto Marcer y Cristina Navazo (art.14 del texto arancelario vigente).

III) CAUSA Nro. 6379/93: en SEIS MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS ($ 6.215) los honorarios del doctor Jorge Luis Giner letradoapoderado de la demandada Vázquez de Ramadori; y en CUATRO MIL TREINTA Y CINCO PESOS ($ 4.035) los del letrado patrocinante del actor, doctor Juan Carlos Buscaglia (normas del arancel citadas).

Confirmar las retribuciones de los peritos, ingeniero civil Oscar E. Nielsen e ingeniera Amelia María Piccone, en tanto sólo fueron cuestionados por altos.

Por las tareas de segunda instancia, determinar: a) en el recurso del demandante: considerando el quantum de las costas por las que progresa el planteamiento, en CUATROCIENTOS PESOS ($ 400) los honorarios del doctor Juan Carlos Buscaglia y en TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 350) los del doctor Jorge Luis Giner; b) en el recurso del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: en UN MIL CIENTO DIEZ PESOS ($ 1.110) los emolumentos del doctor Juan Carlos Buscaglia, y en UN MIL CIENTO DIEZ PESOS ($ 1.110) y CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($ 444) los de los doctores Julio Alberto José Scarpino y Silvia Beatriz Stéfano; y c) en el recurso del Estado Nacional: en UN MIL CIENTO DIEZ PESOS ($ 1.110) los honorarios del doctor Juan Carlos Buscaglia, y en UN MIL CIENTO DIEZ PESOS ($ 1.110) y CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($ 444) los de los doctores Ernesto Alberto Marcer y Cristina Navazo (art.14 antes citado). Déjase constancia de que la tercera vocalía de la Sala se encuentra vacante (art.109 del Reglamento para la Justicia Nacional).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

FDO: MARINA MARIANI DE VIDAL EDUARDO VOCOS CONESA .