Personal militar, Fuerzas Armadas, insuficiencia del agravio, confirmación de sentencia, mobbing, verdad jurídica objetiva, debido proceso
Materia: LABORAL
Carátula: R., C. C. c/ EN- Mº Seguridad- PNA  s/ personal militar y civil de las FFAA y de Seg
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-11-15

Se desestima, por mayoría, los agravios ofrecidos por la parte demandada y se confirma la sentencia apelada. La sala considera que la Prefectura Naval Argentina al tomar conocimiento del diagnóstico psicológico de la actora y del tenor de las denuncias de acoso laboral formuladas -circunstancias que inescindiblemente se hallan anudadas con su ausentismo a su puesto de trabajo- se comportó de una manera que no puede ser soslayada: No consultó con la licenciada en psicología de la PNA acerca de los motivos que propiciaron el diagnóstico de "angustia y desgano laboral", no investigó la denuncia de abuso sexual que la actora afirmó que fue cometido por un oficial de rango superior, desestimó el ofrecimiento de prueba informativa y de prueba testimonial formulado por la actora en su descargo, y afirmó que no existía ninguna prueba justificante de la ausencia de la actora a su puesto de trabajo. El tribunal indica que ese comportamiento presenta, claramente, una primera deficiencia ilegítima pues la PNA no indagó, ni siquiera mínimamente, sobre los motivos en que se fundó el diagnóstico de "angustia y desgano laboral" que fue emitido por una licenciada en psicología de esa institución. Y sostiene que la administración exhibió un criterio puramente formalista que prescindió de la búsqueda de la verdad jurídica objetiva. Por otro lado, el tribunal considera que el comportamiento de la PNA, al mismo tiempo, presenta una segunda deficiencia ilegítima en tanto revela un ostensible desapego a la perspectiva de género. La actitud asumida por la PNA exhibe una "falta de voluntad, sensibilidad y capacidad en varios de los servidores públicos que intervinieron [luego de] la denuncia realizada por la [actora]". En efecto, no cumplió con su obligación convencional, constitucional, legal y moral que tiene, en términos generales, la administración, como una parte del Estado, relativamente a: i. Actuar con la debida diligencia para investigar los hechos y, eventualmente, de comprobarse, promover las sanciones a quien o quienes hubieran cometido el acoso sexual contra la actora, y ii. Instrumentar los mecanismos de prevención, de protección, de contención y de asistencia integral a la actora una vez efectuada la denuncia. La sala concluye en que la PNA, por un lado redujo el trámite de la cesantía a una pura formalidad, dejando de lado la búsqueda de la verdad jurídica objetiva, en un trámite que no tiene partes contendientes, con una grave afectación al derecho constitucional y convencional a la tutela administrativa efectiva, inescindible de la garantía, que exhibe la misma naturaleza, del debido proceso adjetivo, y, por otro lado, desconoció los principios y las reglas que presiden, en el ordenamiento jurídico de los derechos humanos, tanto nacional cuanto internacional, la protección en favor de las mujeres. Por tanto, la disposición que ordenó la cesantía de la actora es nula de nulidad absoluta e insanable.