marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, prueba, sentencia suficientemente fundada, sana crítica racional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MARTINEZ, MARTIN EZEQUIEL c/  s/ HOMICIDIO DOLOSO CALIFICADO-HOMICIDIO CRIMINIS CAUSAE-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-12-07

La quejosa insiste con su crítica sobre el valor que el A quo le otorgó a las declaraciones de las personas que depusieron en el juicio -alegando de manera indeterminada que los Magistrados no habrían leído los dichos de ciertos testigos- mas tales cuestionamientos se refieren genéricamente al grado de convencimiento que las pruebas pueden acarrear y, como tales, no constituyen -por regla- cuestión constitucional alguna, máxime al advertirse que lo resuelto se encuentra suficientemente fundado en las constancias de la causa, y no demostrando la interesada que la Cámara hubiera soslayado las reglas de la sana crítica racional, no apareciendo prima facie el fallo impugnado disociado de las exigencias que el ordenamiento jurídico fundamental impone para el dictado de una sentencia válida.
Cheque sin fondos, interpelación, plazo
Materia: PENAL
Carátula: EL YAR, EDUARDO s/ Cheque sin fondos Causa 28262
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-07

1- La validez de la intimación está vinculada a la aptitud circulatoria del cheque, plazo que debe contarse desde la fecha del libramiento, rigiendo el criterio de la atipicidad cuando la interpelación es entregada fuera de ese plazo (Cf. Sala 2, Regs.

100/87, 111/87, 73/88). Las demoras que pudieren haberse producido, sea a raíz de haber encargado a otro banco el cobro del cheque (Por vía del "clearing") o por haber comisionado a un tercero el diligenciamiento de la intimación, no provocan la extensión del plazo legal a las demoras del llamado "clearing bancario" (VerC.Com.

S.B. "Massei c/Delfino" 30/X/86 pub. en ED 15-7-87).- 2- Respecto al plazo en el que ha de entenderse pertinente la interpelación del inciso 1° del art. 302 del Código Penal, se ha tomado el de cuatro años en el que prescribiría la acción penal, el de un año que es el de vigencia de la acción penal, el de un año que es el de vigencia de la acción cambiaria, el de sesenta días que es el definitivo agotamiento de la aptitud cambiaria del documento.

Esta cámara se ha manifestado reiteradamente, por la doctrina del plenario WALAS (30 días) y existen fallos de otros Tribunales, que siguieron igual postura (Cf. Cámara Penal de Morón, en pleno, 26 de agosto de 1986 in re "Pugliese" publ. en ED -29. 12.1986) y Cámara Penal de San Martín, Sala 2, 17.6.1986 "Sneidermanis" publ. en JPBA-63:72).
Juicio ejecutivo, títulos ejecutivos, inhabilidad de título
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Ambito del Revestimiento S.A. c/ Bellemur Rosa María s/ Ejecución Ambito del Revestimiento S.A. c/ Bellemur Rosa s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-07-16|2000-02-22

Cuando se rechaza un cheque por causa que haya originado denuncia penal de sustracción por parte de la titular libradora, constituye título ejecutivo hábil, a efectos de la procedencia de la vía ejecutiva, la simple copia certificada de los instrumentos base de la acción acompañada con la certificación bancaria de retención de los originales.(art. 63 ley 24.452).- (Minoría u opinión personal)
Plazos procesales, suspensión del plazo, reanudación del plazo, notificación por cédula
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Domínguez, Demetrio y otra c/ Balcaza, Claudio Joaquín s/ Daños y perjuicios y beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-04-14

Tal como se interpreta de los artículos 135 inc. 5 y 311 del C.P.C. y C.  la resolución del juez que tiene por objeto reanudar términos suspendidos requiere una providencia expresa y la misma debe ser notificada a las partes personalmente o por cédula.
Incidente de caducidad, demora en la elevación de los autos
Materia: PROCESAL
Carátula: Sanz, Ricardo c/ Thompson, Alberto s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-05-10

Si el juez de grado ordenó la elevación del expediente a la Alzada y el prosecretario administrativo no cumplió con dicho mandato tal inactividad no es imputable a la parte, por lo no cabe declarar la caducidad del incidente de caducidad (conf. art. 313, inc. 3 del Código Procesal.
Negativa a recibir la cosa, consignación de llave
Materia: CIVIL
Carátula: Carrillo de Maldonado, María Teresa c/ Ríos Subiabre, Sergio Patricio s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-11-23

Si el inquilino realmente realizó la notificación a que alude su fiador y el locador se negó a recibir el inmueble, la responsabilidad del primero sólo pudo cesar desde que este hubiere consignado judicialmente las llaves del mismo, por lo que al no haberlo hecho debe hacerse cargo de la reparación de los daños que hasta su recepción fueran causados aún por terceros.
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, ley de emergencia económica, régimen de consolidación de deudas, expresión de agravios, contestación de la demanda, oportunidad procesal
Materia: BANCARIO
Carátula: Spitale, Josefa Elida c/ ANSeS s/ impugnación de resolución administrativa
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-09-14

Corresponde rechazar la objeción vinculada con la consolidación de deudas prevista por el art. 13 de la ley 25.344, si no fue propuesta en la contestación de la demanda ni al responder el traslado de la expresión de agravios ante la cámara, por lo que su introducción en la instancia ordinaria resulta el fruto de una reflexión tardía.
Estabilidad del empleado público, empleados públicos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: REFFINO LUIS FELIPE c/ ESTADO PROVINCIAL y CONSEJO GRAL. DE EDUCACION s/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-06-21

La estabilidad garantizada constitucionalmente (artículo 21 de la Constitución Provincial) lo es en el empleo y no en la función.-
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, sentencia no firme, proceso penal, imputado, libertad, sobreseimiento, Corte Suprema de Justicia de la Nación, Superior Tribunal de Justicia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BALBUENA, VICTORIA CONSTANZA c/  s/ HOMICIDIO CALIFICADO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-03-10

Atento a su naturaleza, el pronunciamiento sometido a control de constitucionalidad, cuando invalidara el sobreseimiento y la libertad de la imputada, no reúne el carácter de definitividad en los términos del artículo 1 de la ley 7055, pues importa la obligación de la imputada de continuar sometida a proceso penal, sin poner fin al pleito ni impedir su continuación; y la presentante no logra persuadir, en la especie, de la existencia de un gravamen tal que permita sortear la regla general, más allá de sus genéricas alegaciones por afectaciones constitucionales. - CITAS: CSJN: Fallos 180:310; 295:704; 312:577; 314:545; 324:81; 326:4944; 307:1030; 310:1486; 312:575; 316:341; "V., J. R.", del 13.12.2005 y en "S., G.", del 5.06.2007; CSJStaFe: AyS T 172, p 311; T 194, p 218; T 215, p 441; T 93, p 420; T 152, p 9; T 218, p 128. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 7055, artículo 1
Allanamiento domiciliario, homicidio calificado por el vínculo, regla de exclusión
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Villanueva, Alejandro Horacio s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-10-25

Es válido el ingreso sin orden judicial si no se originó con la intención de invadir el domicilio de alguien que podría ser objeto de una persecución penal, sino que se llevó a cabo -a raíz del aviso de una vecina al Comando Radioeléctrico- con noticia y autorización fiscal, e inmediato judicial, para proteger la vida y seguridad de su moradora, comprobando en ese acto que la víctima estaba muerta, y, en tanto la sentencia se sustenta en pruebas que resultan autónomas a las obtenidas en el registro domiciliario, corresponde rechazar la crítica a dicha medida. El voto concurrente agregó que en el momento en que se produjo el ingreso al domicilio no existía un titular del derecho de exclusión pues el imputado -hijo de la víctima- tenía otra vivienda, máxime teniendo en cuenta que el atentado contra la vida de su madre implica la pérdida de sus derechos hereditarios respecto de la fracción indivisa de la víctima. La pluralidad de pruebas conduce a rechazar la crítica de la defensa en punto a la alegada falta de fundamentación respecto de la autoría del imputado, ya que éste se había comunicado en varias oportunidades y con excusas distintas a explicar las ausencias de la madre, se asesoró acerca de la forma de controlar la putrefacción en cadáveres, con distintos elementos trató de disminuir el olor nauseabundo que provenía del interior de la finca, los informes psicológicos dan cuenta de una desafectación -o anestesia- en el encartado, y era la única persona que ingresaba en la vivienda. El homicidio perpetrado constituye una modalidad de violencia y discriminación que en este caso el encartado ejerció sobre su progenitora. La disidencia postuló declarar la nulidad de lo actuado en la causa desde el origen, y la absolución del imputado, al no configurarse ninguno de los supuestos excepcionales previstos en el art. 227 CPPN, ya que no existió ningún motivo de urgencia para entrar presurosamente a la propiedad, sin contar con la debida orden judicial, en tanto dentro del domicilio había muy probablemente, un cadáver en avanzado estado de descomposición. (Dres. Ledesma -en disidencia-, Figueroa y Slokar -voto concurrente-).
Excarcelación, caución real, monto de la caución
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: MOREL, Edgardo Darío s/ INCIDENTE DE EXCARCELACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-29

En caso de haberse concedido la excarcelación al incusado éste permanece detenido sin poder cumplir con la garantía real que el juez le fijó, resulta conveniente reducir su costo a fin de no convertir en ilusoria su libertad.
Recurso extraordinario, sentencia definitiva, acción de amparo
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Cía.  Toddy    S.A.    Comercial,  Industrial  y  Financiera  y otras c/ Estado Nacional (Secretaría de Industria) s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-03-21

En los juicios de amparo resulta particularmente necesario que al interponer el recurso extraordinario se demuestre que el pronunciamiento impugnado posee carácter definitivo, en el sentido de que el agravio alegado es de insuficiente, imposible o tardía reparación ulterior.
Acumulación de procesos, competencia por conexidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Naveira, José María c/ Brandan, Publio Latino y otros s/ Ejecución de alquileres Baliña, Gerardo c/ Trillo, Hugo y otra s/ Desalojo - Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-10-31|1991-09-19

La consecuencia inmediata de la aceptación de la litispendencia por razones de conexidad, es disponer la acumulación de las causas para el dictado de sentencia única, evitando así la posibilidad de sentencias contradictorias; pero cuando las causas a acumular no presentan una identidad de procedimiento, únicamente corresponde ordenar que los expedientes se tramiten en el mismo juzgado, de manera que sean resueltos simultáneamente, si bien en pronunciamientos independientes en razón de la mencionada incompatibilidad de procedimientos. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Reincidencia, prisión preventiva, cómputo de la pena
Materia: PENAL
Carátula: BORGO, JULIO FERNANDO s/ RECURSO DE CASACION Causa 295
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-08

La prisión preventiva es prisión durante el proceso, esto es, antes de la sentencia firme y, por tanto, no puede ser identificada con la pena toda vez que ambas formas de restricción de la libertad se diferencian en las finalidades que persiguen. La privación de la libertad en detención o prisión preventiva computable a los fines de la condena -art. 24 del Código Penal- no importa cumplimiento de pena en los términos del artículo 50 del código de fondo (del voto en disidencia del Dr. Hornos).
Lealtad comercial, identificación de mercaderías, defensa del consumidor, contenido neto, multa
Materia: ADMINISTRATIVO-COMERCIAL
Carátula: Cencosud S.A. s/ apel. de resolución administrativa c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-02-28

Debe confirmarse la multa aplicada por la Dirección Nacional de Comercio Interior a un supermercado, por infracción al art. 9 de la Ley 22.802, debido a las diferencias entre los pesos netos declarados de ciertos productos ofrecidos a la venta en las góndolas y aquellos que surgieron en el pesaje efectuado en la inspección realizada por el organismo, habida cuenta que, en este tipo de infracciones, el daño se concreta en el momento en que la falsa información sobre los pesos de los productos es exhibida en el canal de venta naturalmente destinado a los consumidores.
Contrato de servicios, prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Schereiber, Raúl c/ Tecma S.R.L. s/ Cobro ordinario de australes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-05-13

En la locación de servicios, como así también en la de obra, es admisible toda clase de pruebas para acreditar el trabajo o el "opus" (doctr. arts. 1627 y 1628 Cód. Civil). No se puede prescindir del dato que brindan las máximas de experiencia universal, cual es que en este tipo de actividades resulta muy frecuente que la convención entre el contratista y el subcontratista quede "indocumentada"; práctica deplorable, pero cuya existencia no puede ignorarse al tiempo de analizar la existencia de relación jurídica entre los mencionados y sus alcances.
Acción de amparo, autos, revisión judicial
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Somerville, Harold H. s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1993-03-22

Para que sea declarada la procedencia formal de la acción, es menester dictar resolución bajo la forma de un auto; y, si ello fuera así igualmente resultaría revisable por tratarse de una resolución que no causa estado.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones procesales, honorarios, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: SAFI, JORGE SALVADOR c/ LICHA, AZIZ s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- PAGO EN CONSIGNACION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 252 AÑO 2006)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-10-25

Sabido es que, en principio, las cuestiones referentes a regulación de honorarios, no constituyen materia propia de esta instancia extraordinaria; por tanto, la apertura del recurso, exige que quien recurre, demuestre perfilado con suficiente claridad el agravio constitucional que la decisión sobre ese tema le causa.

En el caso, del fallo del A quo se desprende que- tratándose de derecho personales, debía estarse al contenido económico del contrato sin que deba considerarse a los fines regulatorios el valor del inmueble cuya propiedad o dominio no fue motivo de debate.

Ante ello, los recurrentes insisten en tratar de imponer su postura basada en que a fin de regular los honorarios por la actuación en la reconvención debió tenerse en cuenta el valor del inmueble involucrado pues si su intervención no hubiese sido exitosa en este punto, los actores hubieran perdido el mentado bien; afirmando además que la Sala desconoce que la reconvención tendió a la rescisión contractual que implicó pretender el total del inmueble y que por ello lo reclamado revistió naturaleza de derecho real y no personal.

Sin embargo, los reparos formulados no demuestran la irrazonabilidad del criterio del Tribunal a la luz de la ley o la interpretación que la doctrina o la jurisprudencia sostienen al respecto, sin brindar mínimas precisiones numéricas que permitan a este Cuerpo realizar una evaluación concreta de las críticas a la hora de seleccionar la base sobre la cual se calcularían los estipendios.
Huelga, interpretación de la ley, interpretación restrictiva, servicios esenciales, educación privada
Materia: LABORAL
Carátula: SINDICATO ARGENTINO DE DOCENTES PARTICULARES c/ PODER EJECUTIVO NACIONAL Y OTRO s/ AMPARO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-04-22

El decreto 843/00 dictado en el marco de la ley 25250, en el art. 2, al describir taxativamente los servicios esenciales a los efectos de la huelga, no incluye a la educación, en coherencia con la pauta interpretativa del Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT. No existe razón alguna para interpretar esta norma con carácter amplio, en especial si se tiene en cuenta que en el primer párrafo utiliza al calificar a los servicios esenciales, el adverbio únicamente, que es de por sí bastante enfático y que justifica, obviamente, una hermenéutica muy restrictiva, en particular se se tiene en cuenta lo dispuesto por el art. 14 bis de la C.N. (Del dictamen del Fiscal General ante la CNAT nº 33545 8/4/02, al que adhiere la Sala).
Recurso de queja (procesal), depósito previo, beneficio de litigar sin gastos
Materia: PROCESAL
Carátula: Insaurralde, Jesica Carla c/ Rosemberg, Gustavo Javier y otros.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-29

La obligación que impone el art. 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación sólo cede respecto de quienes se encuentran exentos de pagar sellado o tasa judicial, por lo que para posibilitar el estudio de la queja resulta indispensable que la parte demuestre que le ha sido concedido el beneficio de litigar sin gastos.
Indemnización sustitutiva de preaviso, sueldo anual complementario
Materia: LABORAL
Carátula: FONTANA, CARLOS c/ CLUB ATLETICO DEFENSORES DE BELGRANO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-17

La indemnización sustitutiva del preaviso, debe incrementarse con la parte proporcional del SAC que corresponde a ese lapso simplemente porque se trata de una remuneración que se habría devengado en favor del trabajador si el preaviso se le hubiera otorgado. Obvio es decir que esa adición tiene la misma naturaleza jurídica de la indemnización que integra, porque es indemnización.
Accidentes de trabajo, aplicación de la ley, comisiones médicas, constitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Flores Patricio Daniel c/ Asociart ART S.A. s/ Accidente de trabajo c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-12-14

Al disponer el art. 1 de la Ley 27.348, que la actuación de las Comisiones Médicas jurisdiccionales, creadas por el artículo 51 de la Ley N° 24.241, constituirá una instancia administrativa previa a la que el trabajador afectado por un infortunio laboral deberá recurrir solicitando la determinación de la naturaleza laboral del accidente o profesional de la enfermedad; el carácter y grado de la incapacidad si la hubiere; y el contenido y alcance de las prestaciones, en especie (art. 22 Ley 24.557) y dinerarias (art. 1 Ley 27.348), transforma a aquellos organismos en verdaderos tribunales administrativos erigidos como un valladar prejudicial obligatorio e ineludible para la víctima de un infortunio laboral. Estas competencias, otorgadas a profesionales de la medicina, resultan absurdas (Voto Ronconi)
Enfermedad accidente, examen preocupacional
Materia: LABORAL
Carátula: Pinto Martínez Bartolomé c/ Carlos Santiago s/ Ordinario (LIBRO: S075 - 046)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-11-10

Si se realiza exámen médico preocupacional o de admisión, y en él se advierte la afeccción del actor, no deben asignársele tareas que puedan agravar su patología. En virtud de esto, el empleador responde por la enfermedad accidente reclamada y probada.-
Beneficio de litigar sin gastos, trámites judiciales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pagano, Mario s/ Beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-08-06

En el procedimiento establecido para obtener el beneficio de litigar sin gastos la parte contraria puede aportar pruebas tendientes a desvirtuar los hechos invocados por el solicitante, a condición de que su producción sea compatible con la brevedad del proceso.-
Conflicto interno municipal, medidas cautelares
Materia: PROCESAL
Carátula: Intendente Municipal de Olavarría c/ Concejo Deliberante de Olavarría s/ Conflicto art. 196, Const. provincial y art. 261, L.O.M.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2016-12-21

El peculiar diseño dado por el Legislador (similar a algunos regímenes comparados) contrasta con el adoptado por la mayoría de los sistemas reguladores de la impugnación de la validez de las decisiones administrativas o de la constitucionalidad de normas legales y reglamentarias. Estos últimos se asientan en la fuerza ejecutoria que se atribuye a los actos controvertidos. Ello explica por qué aparece regulada en cada uno de ellos, en modo más o menos directo, la suspensión de los efectos del obrar cuestionado como medida perteneciente al capítulo cautelar (arts. 22, 25 y concs., ley 12.008, texto según ley 13.101; 230, 232 en correlación con el art. 683, del C.P.C.C.; 9, ley 13.928). De tal forma, salvo que el órgano jurisdiccional acoja la tutela suspensiva que le sea requerida, la ejecución de los actos o normas impugnados no ha de ser detenido o enervado. A la inversa, en el conflicto municipal las normas relegan a un plano secundario el cumplimiento de los actos impugnados; parten de -y entonces dan primacía a- la eficacia suspensiva que inicialmente asignan a la promoción del litigio (arts. 261 y concs., L.O.M.), lo cual determina que la denegatoria de esa cualidad y la consecuente admisión de la subsistencia de la efectividad de las ordenanzas municipales que afectarían atribuciones del departamento ejecutivo o las decisiones de éste que menoscabarían las facultades de aquél sólo resultarán, llegado el caso, de una expresa y excepcional decisión judicial, dada en respuesta a la petición que formule en tal sentido el órgano comunal frente al cual se ha planteado la litis y en función de los elementos de convicción incorporados a la causa. La diferencia entre ambos sistemas es relevante y fácilmente perceptible.(del voto del doctor Soria)