Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2013-06-14


C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Catorce (14) de Junio de dos mil trece, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán y Daniel Oscar Posse y René Mario Goane -por encontrarse excusado el señor vocal doctor Antonio Gandur-, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel Estofán, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la demandada en autos: "Gacioppo Francisco Humberto vs. Los Pumas S.R.L. s/ Cobro ejecutivo".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Daniel Oscar Posse, y Antonio Daniel Estofán y René Mario Goane, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Daniel Oscar Posse , dijo:

I.- Viene a conocimiento y resolución del Tribunal el recurso de casación interpuesto por la demandada en contra de la sentencia de la Sala I de la Cámara Civil en Documentos y Locaciones de fecha 07/9/2011 la que revoca la sentencia del 10/11/2009 y hace lugar a la defensa de pago total, rechazando la ejecución.

II.- Sostiene el recurrente que se trata de sentencia definitiva puesto que ha formulado una interpretación legal respecto a la procedencia de los intereses en un seguro de caución (conforme arts. 748 inc. 1 y arts. 749 y 527 cuarto párrafo CPCCT). Que tal interpretación (el pago tiene el carácter de total si comprende el monto asegurado, aunque no incluya los intereses devengados entre la contratación del seguro y el acaecimiento del siniestro) no podrá ser discutida nuevamente por su parte en un hipotético juicio de conocimiento posterior.

Le agravia tal interpretación. Indica que el razonamiento de Cámara es dogmático y no deriva del derecho vigente ni de las constancias obrantes en autos, incurriendo en el vicio de arbitrariedad. Que del texto de las condiciones particulares de la póliza que cita, se previó que la suma asegurada sería ajustada en forma automática durante toda la vigencia de la garantía según la variación del índice de precios al consumidor nivel general fijados por el INDEC o la que fije el juez competente. Que esta cláusula está contemplada en la Resolución General que cita emitida por la Superintendencia de Seguros de la Nación que aprobó con carácter general y uniforme los elementos contractuales y los textos de los seguros de caución para garantías judiciales, con vigencia a partir del 01/12/1987. Que si bien en el año 1991 se dictó la Ley Nº 23.928 que derogó las normas que autorizaban la indexación de precios o actualización monetaria, el Decreto Reglamentario de la misma N° 529/91 modificado por Decreto Nº 941/91 en su art. 8 autorizó a los jueces a indicar la tasa de interés que regirá a partir del 01/4/1991 de modo de mantener incólume el contenido económico de la sentencia. Que esta normativa, tratándose de una póliza de seguro de caución para garantías judiciales (contracautelas) es plenamente aplicable. Que por tanto se mantiene vigente el texto de la póliza que permite al juez indicar los intereses que serán de aplicación para mantener el contenido económico de la sentencia conforme Anexo II de la Resolución citada. Que cuando en las condiciones generales se habla de que el asegurador no "responderá por una suma mayor que la indicada en las condiciones particulares" debe entenderse la expresión como comprensiva de la suma asegurada más el ajuste que fije el juez. De lo contrario, no tendría sentido el texto inserto en el frente de la póliza. Que además, de entenderse que existe una contradicción entre las condiciones particulares y las generales prevalecen las primeras (art. 1 Condiciones Generales, que cita). Que este orden de prelación surge del texto expreso de los Anexos I y II de la Resolución citada. Indica que la sentencia hace caso omiso del contenido completo del contrato y privilegia una cláusula sobre otra sin dar razón alguna, lo que la nulifica como acto jurisdiccional válido. Cita jurisprudencia.

Sostiene que la sentencia ha incurrido en infracción a las normas de derecho, sustantivas -reglamentación establecida por la Superintendencia de Seguros de la Nación sobre el orden de prelación de las cláusulas contenidas en seguros de caución para garantías judiciales- como adjetivas, tales los arts. 34, 265 inc. 6 y 272 CPCCT y art. 30 CP.

Afirma que yerra la sentencia cuando considera que su parte o el juzgado consintieron la cláusula de la póliza que fijó un límite cuantitativo al aseguramiento. Que por escrito de fs. 267 su parte pidió el libramiento de orden de pago a cuenta de liquidación mientras que el juzgado por providencia del 27/12/2007 ordenó la entrega a cuenta de planilla. Que de esta manera siempre se consideró que el depósito efectuado por la Cía. de Seguros era parcial y no comprensivo del monto total asegurado.

Le causa gravamen que se considere que prima en la especie la autonomía de la voluntad de los contratantes que quisieron poner un límite al aseguramiento. Cita el precedente de CSJN "Omega" y otros en su apoyo. Que en ese precedente se parte de la premisa de que, al existir una relación de consumo en caso de duda la interpretación debe ser la más favorable al consumidor. Cita art. 3 Ley Nº 24.240 y doctrina en el tema. Que por ello debe interpretarse que la cláusula comprende la suma asegurada con más los intereses.

Propone doctrina legal; hace reserva del caso federal y solicita se conceda el recurso tentado.

III.- Por auto interlocutorio de fecha 12/12/2011 la Cámara declara admisible el recurso interpuesto, correspondiendo en esta instancia el examen de admisibilidad y procedencia del mismo.

IV.- La sentencia recurrida sostiene que la cuestión de la naturaleza jurídica del seguro de caución no es en realidad materia que asuma real trascendencia en la causa a partir de la jurisprudencia de esta Corte que cita, en la que se definió la cuestión como un contrato de seguros. Cita los párrafos pertinentes en el sentido de que se trata de un contrato de garantía regido por la ley de seguro en tanto no contradiga esta esencia. Que igual criterio ha seguido la Sala II de la Cámara en los autos que cita. Que siendo así, dice, se concentrará en el punto central del agravio relativo al alcance de la cobertura del seguro de caución más que en la habilidad formal del título ejecutado. Resalta que al deducir la incidencia ejecutiva Los Pumas reclamó el pago de una suma de dinero más sus intereses que fije el juez devengados desde el 19/12/1997 lo que fue concedido por la sentencia apelada. Que la Jueza resolvió la cuestión aplicando determinada jurisprudencia sin advertir que existen algunas cuestiones previas. En primer lugar, que el título ejecutivo que sirve de sustento a esta incidencia está constituido por la Póliza de Seguro de Caución para Garantías Judiciales, según la cual Alba Compañía Argentina de Seguros SA garantizó el pago que debía efectuar Gacioppo como consecuencia de la contracautela que le fuera exigida en el juicio ejecutivo principal hasta la suma máxima de $ 24.728,58. Que a ello agrega que la suma asegurada será ajustada en forma automática durante toda la vigencia de esta garantía según la variación del índice de precios al consumidor nivel general fijados por el INDEC o la que fije el Juez competente que no es ajustable según la Ley de convertibilidad. Que bajo el título "Objeto y extensión del seguro" se expresa que éste tiene por objeto la cobertura de la caución ordenada en el auto judicial indicado en las Condiciones Particulares. Que en ningún caso el Asegurador responderá por una suma mayor que la indicada en ellas. Que la particular redacción dada a la póliza debía ser analizada desde la óptica del contrato de seguro y en este marco el asegurador sólo se obliga a pagar lo pactado en aquel y por tanto cuando el contrato fijó un límite cuantitativo a la cobertura el asegurador sólo deberá responder hasta ese monto que podrá o no incluir intereses adeudados por el asegurado pero sólo hasta ese monto y no más allá. Que se está ante un contrato de seguro con un monto máximo determinado que pretende hacerse efectivo en contra del asegurador que oportunamente -y ante el incumplimiento del asegurado que fue vencido en la demanda ordinaria de repetición e indemnización por daños- depositó y dio en pago a la empresa ejecutante Los Pumas SA la suma de $ 24.729. Agrega el tribunal a quo que Gacioppo fue condenado a devolverle a Los Pumas SA la suma de $ 22.000 más un interés mensual computado en base a la tasa pasiva del interés del BCRA y calculado desde que la empresa le pagara dicha suma hasta el efectivo pago. Que además fue condenado a pagarle también los daños y perjuicios, gastos y costas derivados del juicio ejecutivo principal, los que se determinarían en la etapa de ejecución de sentencia. Que lo concreto es que por el cobro ejecutivo que siguiera contra Los Pumas, Gacioppo cobró $ 19.028,58 por capital más $ 5.700 por planilla de intereses y gastos lo que importa un total de $ 24.728,58. Que a su vez, el seguro de caución otorgado como contracautela por ALBA SA a favor de Gacioppo asciende a dicha cifra que fue dada en pago y aceptada por el ahora ejecutante. Que ante ello es claro que la responsabilidad de la aseguradora terminó al pagar el importe por el cual asumió la cobertura según lo convenido en el contrato de seguro donde expresamente se pactó que en ningún caso el asegurador responderá por una suma mayor que la indicada en las condiciones particulares, cláusula que fue aceptada por el Juzgado y la ahora ejecutante en tanto que no formularon observaciones ni impugnaciones al respecto en ocasión de presentársela en la causa. Hace notar que el monto asegurado y pagado oportunamente incluía el capital originalmente reclamado por Gacioppo en el juicio ejecutivo principal como los interese moratorios y gastos cobrados a Los Pumas SA. Lo que sobrepase dicha suma no puede serle reclamado a la aseguradora en tanto excede los alcances de la responsabilidad asumida en base al contrato de aseguramiento y por tanto el ejecutante deberá dirigir su acción por el remanente contra el deudor principal. Que esta limitación viene impuesta no sólo por la naturaleza jurídica del contrato (seguro de caución) sino también por el respeto al principio de autonomía de la voluntad de las partes contratantes que en el caso quisieron imponer un limite al aseguramiento lo que fue consentido como queda dicho. Recuerda la naturaleza consensual del contrato de seguro y el principio de buena fe del art. 1198 CC. que en ese contexto no se puede desconocer el art. 1197 CC. Que la aseguradora solo responderá más allá si media incumplimiento de su parte situación que no se produjo en el caso. Concluye en que, habiendo pagado oportunamente la compañía aseguradora la suma máxima asegurada a la ahora ejecutante, la defensa de pago debió haberse receptado positivamente, rechazando la pretensión ejecutiva de la compañía demandante a quien debieron imponérsele las costas en razón de resultar vencida. Por ello hace lugar al recurso de apelación deducido por Alba Caución Compañía de Seguros Argentina SA contra la sentencia de fecha 10/11/2009 la que revoca y sustituye haciendo lugar a la defensa de pago total y rechazando la ejecución intentada por la acora. Las costas a la actora vencida.

V.- En orden a la admisibilidad de la vía impugnativa intentada, se advierte que el recurso ha sido interpuesto tempestivamente, por quien se encuentra legitimado para ello, se basta a sí mismo conteniendo una crítica razonada de los fundamentos del fallo. Asimismo, la sentencia atacada formula una interpretación legal que no podrá ser discutida en un juicio de conocimiento posterior con lo que el tema adquire visus de definitividad satisfaciendo el art. 748 CPCCT.

Ahora bien, de la confrontación de la sentencia en embate con los términos del escrito recursivo se advierte que el recurso de casación debe prosperar.

En primer lugar, como bien lo indica la sentencia en crisis, el tema de la naturaleza del seguro de caución no es materia que asuma trascendencia en la causa. Cabe considerar, de todos modos, que esta Corte tiene dicho al respecto que "El seguro de caución es, como adecuadamente lo sostuvo la CS, un 'contrato de garantía bajo la forma y las modalidades de un contrato de seguro' (Fallos 315:1406).la finalidad de garantía -común en múltiples figuras jurídicas como la hipoteca, la prenda, el warrants, el pacto de garantía, la cláusula penal a favor del acreedor, el aval o la asunción de solidaridad- no determina la naturaleza de fianza del seguro de caución.. Resulta primordial volver a recalcar que se trata de un contrato de garantía que, más allá de sus particularidades, está regido por la normativa de la ley de seguro en tanto no contradiga esta esencia, es decir, que ´...nos encontramos frente a una póliza de seguro, a la que se le aplica la disciplina de este contrato, este negocio medio (el seguro) persigue una finalidad de garantía, negocio cuyas normas deberán aplicarse al momento de resolver las cuestiones de fondo, siempre que sean compatibles con las primeras´. (cfr. Israilevich, Jorgelina: "El seguro de caución"; La Ley Córdoba, 2000, pag. 359 -www.laleyonline.com.ar). Porque, más allá de las peculiaridades del instituto, existen aspectos fuera de toda discusión como la obligatoriedad de cumplir los recaudos genéricos a todo contrato de seguro. La existencia de una aseguradora, un tomador y un asegurado, es decir, sujetos del seguro; un riesgo asegurable durante un cierto tiempo; un interés asegurable y la prima demuestran que se configuran los elementos de un contrato de seguro. Asimismo, la parte actora es una compañía que cuyo objeto exclusivo es realizar operaciones de seguros y reaseguros.las leyes que rigen los seguros deben ser analizadas en el seguro de caución a la luz del fin y las necesidades particulares de este contrato de garantía, es decir, aceptadas en tanto y en cuanto no obstaculicen este objetivo. Una solución contraria persigue desconocer y avasallar toda la normativa que regula el seguro de caución, es decir, transformar al magistrado en legislador" (CSJT, sentencia N° 155/2005).

Despejada esta cuestión, cabe ahora adentrarse en los argumentos de la sentencia impugnada. El razonamiento parte de la base de que en la Póliza de Seguro de Caución la Cía garantizó el pago ".hasta la suma máxima de pesos veinticuatro mil setecientos veintiocho con 58/100...". Agrega que en esa póliza se dice también que ".La suma asegurada.será ajustada en forma automática durante toda la vigencia de esta garantía." y que bajo el título "Objeto y extensión del seguro" se dice que: "Este seguro tiene por objeto la cobertura de la caución ordenada en el auto judicial indicado en las Condiciones Particulares. En ningún caso el Asegurador responderá por una suma mayor que la indicada en las Condiciones Particulares".

Hasta aquí se advierte que la Cámara ha expuestos los elementos contractuales cuya interpretación serán conducentes al resultado del litigio. Igualmente en tanto afirma que la redacción debe ser analizada desde la óptica del contrato de seguro, conforme lo dicho supra sobre el seguro de caución.

El punto en cuestión radica en determinar qué es lo pactado en el contrato. Ello así, en tanto la Cámara excluye los intereses de la suma asegurada indicando que el monto máximo es la suma arriba detallada ($ 24.728,58) la que fuera ya depositada por la Aseguradora, mientras que el recurrente sostiene que aquellos deben estar comprendidos en la garantía toda vez que esa suma debe ser ajustada según cláusula contractual citada también supra.

En referencia a la naturaleza fáctica de la tarea interpretativa de un acuerdo celebrado por las partes, cabe recordar que esta Corte dijo que "todo lo atinente a la celebración, interpretación, existencia, vigencia, etc. del contrato, es tema de hecho ajeno a la casación, salvo: a) absurdo o arbitrariedad, b) desinterpretación irrazonable de lo convenido (que en suma es una forma de absurdo o arbitrariedad), c) violación de las normas de derecho que gobiernan la interpretación, d) cuando se ha arribado a conclusiones ilegales (lo que en definitiva significa violación de la ley) (CSJTuc., sentencias Nº 422 del 02/12/1992; Nº 164 del 10/5/1993; Nº 153 del 13/3/1996; "Posleman, Alberto Amado vs. Sucesión de José Nicolás Seleme s/ Ejecución hipotecaria", del 12/3/1997; in re "Dorichi, Juan Mauro vs. Cía. Argentina de Levaduras SAIC s/ Diferencias", sentencia Nº 175, 24/3/2000). A la luz de estas consideraciones habrán de juzgarse los cuestionamientos del recurrente.

La Cámara afirma que cuando en el contrato se fijó un límite cuantitativo a la cobertura el asegurador debe responder hasta ese monto -que podrá o no incluir los intereses adeudados por el asegurado-, pero sólo ese monto y no más allá. Interpreta que en el contrato está determinado el monto máximo y que el asegurador hizo efectivo el mismo ante el incumplimiento del asegurado que fue vencido en la demanda ordinaria de repetición e indemnización por daños.

Agrega que Gacioppo fue condenado a devolverle a Los Pumas S.A. la suma de veintidós mil pesos más un interés mensual computado sobre la base de la tasa pasiva de interés del BCRA y calculado desde que esa empresa le pagara dicha suma hasta el efectivo pago. Que, además, fue condenado a pagarle los daños y perjuicios, gastos y costas derivados del juicio ejecutivo principal que se determinarían en la etapa de ejecución de sentencia. Estima que lo concreto es que por el cobro ejecutivo que Gacioppo siguiera contra Los Pumas S.A., aquél cobró un total de $ 24.728,58 por capital y planilla de intereses y gastos y que el seguro de caución asciende a esa cifra que fue dada en pago y aceptada por el ahora ejecutante (recurrente en esta instancia). Hace notar, en efecto, que el monto asegurado y pagado incluía el capital originalmente reclamado por Gacioppo en el juicio ejecutivo principal y los intereses moratorios y gastos cobrados a Los Pumas. Que con ello terminó la responsabilidad de la Aseguradora pues se pactó expresamente que en ningún caso responderá por una suma mayor que la indicada en las Condiciones Particulares, cláusula que, dice el tribunal a quo, fue aceptada por el Juzgado y la ahora ejecutante en tanto no formularon observaciones ni impugnaciones al respecto en ocasión de presentársela en la causa (fs. 211). Que no puede reclamársele suma mayor a lo que exceda de este importe pues ésa fue la responsabilidad asumida en el contrato. Que sólo respondería más allá la Aseguradora si mediase incumplimiento de su parte no pagando en tiempo y forma cuando existe mora del deudor asegurado y es requerida a efectivizar su aseguramiento lo que no se produjo en autos.

De lo expuesto se advierte que la Cámara, al interpretar que se pagó el importe por el cual asumió la Aseguradora la cobertura y que ese importe es el equivalente a la suma de $ 24.728,58 -mencionada en el contrato que glosa a fs. 205/206- deja sin explicar cómo incide y qué efectos tendría -o, en su caso, porqué no los tendría- otra cláusula contractual a la que también hizo referencia explícita el tribunal, pero que luego omite totalmente analizar, cual es la que expresa que: "La suma asegurada arriba indicada será ajustada en forma automática durante toda la vigencia de esta garantía según la variación del índice de precios al consumidor nivel general fijados por el INDEC o la que fije el Juez competente. No ajustable según Ley de Convertibilidad N° 23.928". El tribunal omitió considerar qué quisieron decir las partes al agregar esta cláusula que, además, tiene relación directamente con la suma asegurada en aquella cláusula anterior, ambas situadas dentro de las Condiciones Particulares de la Póliza.

Al respecto, conviene señalar que "las palabras, las frases, deben interpretarse según el contexto en que se articulan. Así lo impone el uso general. El Cód. Com. (art. 218, inc. 1) lo recuerda para las cláusulas que siendo 'equívocas o ambiguas deben interpretarse por medio de los términos claros y precisos empleados en otra parte del mismo escrito, cuidando de darles, no tanto el significado que en general les pudiera convenir, cuanto el que corresponda por el contexto general'. Lo dominante en el inciso que comentamos es la interpretación según el contexto. Al comenzarse la interpretación, todas las palabras, todas las frases, todas las cláusulas son equívocas o ambiguas. Al promediar la misma puede advertirse que una determinada cláusula ya no tiene otro sentido posible y entonces calificársela de clara y precisa, para despejar con ella la incógnita de una ambigüedad en otras, hasta que todo el contexto quede claro" (López de Zavalía, Fernando J., Teoría de los contratos, T. I, Parte general, Zavalía, Bs. As. 1991, pág. 281). En igual sentido, se ha dicho: "Pothier indica como regla sexta: 'se debe interpretar una cláusula por las otras cláusulas contenidas en el acto, ya precedan o sigan a dicha cláusula'. Este criterio aparece reflejado en el inc. 2º del art. 218 del Código de Comercio en donde remite al intérprete a considerar el 'contexto general' del contrato. La norma jurídica determinada y mandada por la razón práctica, y querida por la voluntad, constituye un solo acto, y es por ello que el estudio completo del mismo podrá iluminar sus aspectos confusos. Sólo una lectura completa y armonizadora de las cláusulas permitirá descubrir lo acordado y superar las ambigüedades y obscuridades en que han incurrido las partes" (Müller, Enrique C., "Interpretación literal y contextual; Revista de Derecho privado y Comunitario, T. 2006-3, Interpretación del Contrato, Rubinzal - Culzoni, Santa Fe, 2007, pág. 49) (CSJT, sentencia Nº 1051/2010).

En la interpretación de lo acordado por las partes, el fallo prescindió del texto de una cláusula del acuerdo, omitiendo valorar lo pactado por éstas. Al decidir de esta forma, el Tribunal desconoció que el acuerdo es una unidad que, como tal, debe interpretarse contextualmente, tal como fue señalado en los párrafos que anteceden.

Por lo demás, se advierte que no resulta conforme a las constancias de autos la conclusión de Cámara respecto a que ha sido aceptada por el Juzgado y la ejecutante-recurrente la cláusula que expresa que el Asegurador no responderá en ningún caso por una suma mayor. En efecto (y sin perjuicio de lo que queda dicho respecto a que esa suma mayor debe determinarse sobre la base de una interpretación completa y contextual del contrato), el tribunal deriva tal aceptación de la falta de formulación u observación por el Juzgado o del aquí recurrente al presentarse el contrato en la causa (fs. 211). Sin embargo, a poco que se siga la lectura del expediente se observará que el impugnante ha manifestado que el pago de la suma depositada (que cubre la que figura en el contrato) se recibe "a cuenta de la liquidación que oportunamente se practique" (sic fs. 267) y que al iniciar la ejecución solicita la suma de $ 24.728,58 con más los intereses que fije el Juez devengados desde 1997 hasta el efectivo pago, deducido el pago parcial.(fs. 283). De allí que, posteriormente, rechace la excepción de pago total presentada por la Aseguradora. Asimismo, el Juzgado mediante proveído del 27/12/2007 y consecuentemente con el pedido de fs. 267, ordena la entrega de la suma depositada "a cuenta de planilla" (fs. 268).

Lo expresado, demuestra cómo es arbitraria la conclusión sentencial referida a la "aceptación" de la suma que indica como monto total del contrato por parte del ejecutante aquí recurrente. No sólo porque no puede entenderse razonablemente aceptada según las constancias de autos (específicamente los escritos ya aludidos) como queda dicho, sino por cuanto resulta con igual vicio la consideración sentencial acerca de que tal aceptación proviene por no haber observado (o de alguna manera cuestionado) el contrato (la Póliza) posteriormente a su presentación (fs. 211). Es que no se advierte qué cuestionaría el recurrente si, en la interpretación contractual que sostiene ahora y sostuvo durante todo el proceso, el contrato asegura por la suma expresada con más la cláusula de ajuste. Suponer que debía haberse opuesto a una cláusula contractual con la sola presentación de ese documento (fs. 211) implica juzgar y endilgar al ejecutante-recurrente una conducta (en el caso, omisión) a partir de una inteligencia del contrato que está en la mente de la Cámara (pero que no estuvo en la del aquél) y que es, precisamente, la que se pone en discusión en esta instancia. El razonamiento, por tanto, es incorrecto pues viola las reglas de la lógica y sana crítica racional. Consiste, además, en una petición de principios pues parte de la base de que la interpretación que propugna es la correcta -y sobre cuya base juzga- cuando precisamente esa interpretación es la que está cuestionada.

El Tribunal no realizó una interpretación sistemática de la Póliza citada. Resulta evidente que los principios de la lógica y de la sana crítica indican que algún sentido debe tener la claúsula de ajuste y sea que éste incida o no en definitiva en el fondo de la cuestión de autos lo cierto es que debía habérsela considerado y hacerlo también bajo la luz del principio general de la buena fe que debe regir tanto la celebración, como la ejecución e interpretación de los contratos (art. 1198 C.C.).

En tales condiciones se advierte que la sentencia exhibe fundamentación aparente, pues omitió efectuar una interpretación sistemática del contrato de acuerdo a las reglas de la sana crítica, sin considerar las constancias de la causa, las circunstancias del caso en el marco íntegro del convenio que vinculó a las partes y las conductas de éstas.

Por lo expresado, corresponde casar la sentencia de acuerdo con la siguiente doctrina legal: "Debe ser descalificada como acto jurisdiccional válido la sentencia que infringió los preceptos de los arts. 34, 40, 264 y 272 procesal y 30 de la Constitución de la Provincia, por haber omitido efectuar una interpretación sistemática del contrato de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin haber considerado las constancias de la causa y las circunstancias del caso". Los autos deberán retornar al tribunal para que con otra integración proceda a dictar nueva sentencia con arreglo a lo aquí expresado.

Se aclara que lo considerado precedentemente en modo alguno significa adelantar opinión respecto de la solución que en definitiva corresponda dar al caso. Se trata de determinar ante todo hasta dónde debe responder la Aseguradora según el contrato para recién luego analizar cómo esto se aplica al caso de autos y por qué. De allí que el tema de la mora, intereses, incumplimiento de la tomadora o de las partes del contrato, etc. no han sido objeto de la presente en ningún sentido.

VI.- Las costas, atento al resultado nulificante del recurso que no es imputable a las partes, se imponen por el orden causado (art. 105, inc. 1 procesal).

Los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán y René Mario Goane, dijeron:

I.- Damos por íntegramente reproducida la relación de antecedentes de la causa contenida en el voto del señor vocal preopinante, doctor Antonio Gandur.

II.- En orden al juicio de admisibilidad, se verifica el cumplimiento de los requisitos de presentación tempestiva, depósito de ley y definitividad de la sentencia recurrida, en tanto aquella trata y decide un punto con carácter de definitivo, imposibilitando continuar el debate sobre la cuestión, en los términos que con prolijidad pone de manifiesto el voto del señor vocal preopinante.

En lo concerniente a la existencia de una quaestio juris, el recurrente invoca arbitrariedad, y el suscripto mantiene el criterio reiteradamente sustentado en anteriores pronunciamientos, entre ellos en sentencia Nº 556 de fecha 16/8/2011 recaída in re: "Capozzuco Carlos Ángel vs. Distribuidora Munich s/ Cobro de pesos". Es que, como allí se dijera, se hace necesario dejar debidamente sentado que la determinación sobre la configuración o no del supuesto vicio de arbitrariedad que se denuncia en el escrito de casación constituye una cuestión que en puridad hace, no ya a la admisibilidad del remedio extraordinario local, sino a su procedencia, y , por ende, es a esta Corte a quien de manera exclusiva compete determinar si los agravios que en tal sentido se formulan tiene entidad suficiente como para invalidar el acto jurisdiccional en cuestión (cfr. CSJTuc., 27/4/2010, "Juárez Juan Carlos y otra vs. Provincia de Tucumán y otro s/ Daños y perjuicios", sentencia N° 249; 28/10/2010, "Agudo Juan Ángel y otra vs. I.P.S.S.T. s/ Amparo", sentencia N° 820; 28/10/2010, "Argañaraz, César Mauricio vs. S.A. San Miguel A.G.I.C.I. y F. s/ Despido", sentencia N° 822; 17/12/2010, "Centro Vecinal Marcos Paz vs. Municipalidad de Yerba Buena s/ Amparo", sentencia N° 997).

En efecto, tal como se venía sosteniendo desde la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo de la Corte, la ponderación que el Tribunal de casación hace de la valoración del material fáctico obrante en la causa efectuada por los jueces de grado, resulta objeto propio -ni "ajeno" ni "excepcional"- del recurso extraordinario local, en la medida que se trata de una típica cuestión jurídica, cual es la determinación de la existencia o no de un error in iuris iudicando por parte del órgano a quo (CSJT, 30/6/2010, "Frías Daniel Eduardo vs. Municipalidad de Alderetes s/ Daños y perjuicios", sentencia Nº 487; 03/5/2011, "Serrano Víctor Oscar vs. Minera Codi Conevial S.A. s/ Indemnización por despido", sentencia Nº 223; 03/5/2011, "Maidana Silvia Inés y otra vs. Molina Víctor Hugo, Mothe Fernando y Alderete Alberto s/ Cobro de pesos", sentencia Nº 227; 06/5/2011, "Ismaín Emilio David vs. Tarjeta Naranja S.A. s/ Cobro de pesos", sentencia Nº 237; 11/5/2011, "Soraire Julio Roberto vs. Berkley International ART S.A. s/ Cobro de pesos", sentencia Nº 252).

III.- Con relación al juicio de procedencia, y a la imposición de costas, adherimos al voto del señor vocal preopinante.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación deducido por la demandada en contra de la sentencia de la Sala I de la Cámara Civil en Documentos y Locaciones de fecha 07/9/2011, y en consecuencia se CASA Y ANULA la misma debiendo volver los autos al tribunal interviniente a los efectos de que, por intermedio de quien corresponda, proceda a dictar nuevo pronunciamiento.

II.- COSTAS conforme se consideran.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN (con su voto) DANIEL OSCAR POSSE	RENÉ MARIO GOANE	(con su voto) ANTE MÍ:

CLAUDIA MARÍA FORTÉ.