Tribunal: CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-12-14


En la ciudad de Buenos Aires, a los 14 días del mes de diciembre del año dos mil once, se reúne la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal integrada por la doctora Liliana E. Catucci como Presidente y los doctores Eduardo R.

Riggi y Alejandro W. Slokar como Vocales, asistidos por la Secretaria de Cámara, doctora María de las Mercedes López Alduncin, a los efectos de resolver el recurso de casación interpuesto contra la decisión obrante a fojas 1651/1656 de la presente causa n° 13.575 del registro de esta Sala, caratulada:

"Acero Miranda José Luis s/recurso de casación", representado el Ministerio Público Fiscal por el señor Fiscal General doctor Ricardo Gustavo Weschler y la defensa por el señor Defensor Público Oficial doctor Guillermo Lozano.

Efectuado el sorteo para que los señores jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden sucesivo: Liliana E.

Catucci, Eduardo R. Riggi y Alejandro W. Slokar.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

La señora juez doctora Liliana E. Catucci dijo:

PRIMERO:

El Tribunal Oral en lo Criminal n/ 23 de esta ciudad fijó en veinticuatro años de prisión la pena de José Luis Acero Miranda, por los delitos de homicidio reiterado -dos hechos-, en concurso real con coacción, por los cuales fue declarado autor penalmente responsable en el presente proceso (arts.12, 29 inc. 3/, 40 41, 55, 79, 149 bis segundo párrafo y concordantes del Código Penal y arts. 530, 531 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación) -vid. fs. 1651/1656-.

Contra dicha decisión, el Defensor Público Oficial, doctor Gastón Ezequiel Barreiro, dedujo recurso de casación a Reg.n/1878/11 fs. 1665/1668 vta., el que, concedido por el a quo a fs. 1670, fue mantenido a fs. 1684.

Durante el término de oficina, el Fiscal General, doctor Pedro Narváiz, en virtud de las consideraciones expuestas en su dictamen de fs. 1686/1688, solicitó el rechazo del recurso de casación interpuesto por la defensa.

Habiéndose cumplido con las previsiones del art. 468 del ordenamiento ritual, oportunidad en la que la defensa presentó breves notas, la causa quedó en condiciones de ser resuelta.

SEGUNDO:

Bajo los dos motivos previstos en el art. 456 del CPPN la defensa encauzó su presentación recursiva en la desproporción de la pena de veinticuatro años de prisión impuesta a su asistido, pues a su entender, resulta desproporcionada a la luz de los hechos probados, tornando por ende, arbitrario el pronunciamiento.

Adujo que la fijación de esa pena no sólo afecta los intereses del justiciable sino que también ataca las bases mismas del sistema e incide negativamente en la función de prevención general que conlleva toda sanción penal.

Expresó que el monto punitivo aplicado al encausado se acerca más a un sistema retributivo de las teorías absolutas basado en la gravedad del hecho, perdiéndose de vista los criterios preventivos especiales y generales sin que se indiquen la razones por las cuales se requiere ese monto punitivo en función de una readaptación social.

Señaló que tampoco se anota un valor de prevención general.

En consonancia con sus agravios sostuvo que la pena indicada es excesiva y debe disminuirse.

Finalmente formuló reserva del caso federal y solicitó que se case la sentencia.

TERCERO:

Llegan nuevamente las presentes actuaciones con motivo del recurso de casación incoado por la defensa oficial del imputado contra la pena impuesta por el a quo a fs.

1651/1656.

En la anterior intervención de esta Sala -con otra integración-, los jueces que conformaron la mayoría, resolvieron anular parcialmente la sentencia objetada únicamente en lo relativo a la determinación de la sanción impuesta y se dispuso el reenvío a fin de que se individualice la pena con la debida fundamentación a tenor de la calificación legal atribuid, es decir, por los delitos de homicidio cometidos en forma reiterada -dos hechos- en concurso real con coacción (cfr.fs. 1552/1565).

En esa tarea el juez que votó en primer término -al que adhirieron los restantes-tuvo en cuenta respecto de Acero Miranda que la escala penal correspondiente a los delitos atribuidos, en concurso real parte de un mínimo de ocho años de prisión, y llega hasta un máximo de cincuenta años de prisión (arts. 55 -TO Ley 25928-, 79, 149 bis, segundo párrafo del Código Penal).

Señaló de conformidad con lo establecido en el artículo 40 inciso 1/ del CP la naturaleza de la acción, los medios empleados para ejecutarla y la extensión del daño y peligro causados. En ese sentido puso de manifiesto que los sucesos por los cuales se lo consideró responsable son de extrema gravedad no sólo en atención al resultado ocasionado (dos muertes) sino, especialmente por el modo de ejecución y los medios utilizados para concretarla.

Hizo hincapié en que Acero Miranda aprovechó el conocimiento previo y en su razón de la confianza que tenía con el Sr. Ruiz Mendoza para cometer el crimen. Es así que logró aproximarse a las víctimas, ingresar a su casa, conocer su disposición, así como los movimientos de sus moradores, de modo tal que fue el propio damnificado quien le franqueó el ingreso a la morada y los esperó sin tomar precaución alguna en la habitación donde le dieron muerte .

Situación en la que lo encontraron sin los resguardos habituales que tomaba para precaverse de un ataque como el que finalmente sufrió tales como el comentado por su hija durante el juicio de cambiar permanentemente su número celular, que siempre guardaba un arma cargada, que ocultaba en el sillón de esa habitación.

También se señaló que en el hecho intervinieron varios sujetos lo que incrementó el poder ofensivo de los agresores, a la vez que acentuó la indefensión de la víctima Por último, respecto del homicidio de la Sra. Irma Ruiz Guardapuclla a quienes los autores del hecho le dispararon se remarcó que lo hicieron desde una corta distancia y mientras sostenía en brazos a una criatura de escasos meses de vida, lo que implica un aprovechamiento de la imposibilidad de resistirse , a la vez que la puesta en peligro de otra vida humana al dirigir los disparos a las proximidades corpóreas del cuerpo del bebé .

Además consideraron con incidencia en la sanción el disvalor del delito de coacción, que concurre materialmente con los dos homicidios ya valorados, referido a las dos veces al menos en que el acusado llamó para amenazar a la Sra. Ruiz Ruiz en términos convincentes, con manifestaciones de neto contenido coactivo por haberse aprovechado de la impresión que sobre la víctima habían ocasionado los recientes homicidios de sus dos progenitores.

Sumó a lo expuesto las consideraciones personales del autor, relevadas en el marco del inciso 2/ del artículo 41 del Código Penal.

Cámara Nacional de Casación Penal Causa N/ 13575 "Acero Miranda, José Luis,s/ rec. de casación".

Sala III C.N.C.P.

Se tuvo en cuenta que contaba con 44 años, que se dedicaba al comercio, actividad con la cual solventaba sus gastos y los de su grupo familiar Se agregó que Acero Miranda provenía de una familia humilde, trabajadora, que había logrado insertarse en la clase media, contando con medios económicos suficientes para afrontar las necesidades propias y las de su núcleo familiar, y que a pesar de no haber cursado un ciclo educativo prolongado dentro del sistema formal, tenía un nivel cultural aceptable, incluso superior a la media, con capacidad discursiva y con un modo correcto de presentarse ante el tribunal.

Descartó el preopinante en consecuencia que Acero Miranda se hubiere visto impulsado a delinquir por necesidad o por limitaciones en su formación.

En razón de todos esos parámetros y tras descartar alguna circunstancia atenuante propició la pena de veinticuatro años de prisión, solicitada por el Sr. Fiscal al momento de formular su alegato , monto que compartieron sus colegas junto con las accesoria previstas en el art. 12 del Código Penal y, en función de lo dispuesto por los artículos 29 inc. 3/ del Código Penal, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación, la obligación de solventar las costas del proceso" -vid. fs.

1651/1656- En el control de esa pena ha de establecerse si la decisión del a quo se encuentra debidamente fundada a tenor de los arts. 123 y 404 inc. 2 del CPPN .

En ese marco cabe recordar que esa individualización exige no sólo exige la fundamentación inherente a todo pronunciamiento condenatorio (arts, 123 y 404 inc. 2/ del C.P.P.N) sino su sujeción a los índices de los arts. 40 y 41 del Código Penal. En otros términos, la debida fundamentación de la pena requiere imprescindiblemente que se indique de modo explícito si los factores, pautas y circunstancias establecidos en la normativa arriba mencionada se valoran en favor y en contra, indicando además el por qué de esa valoración (cfr.

Patricia S. Ziffer, "Consideraciones acerca de la problemática de la individualización de la pena", en "Determinación Judicial de la Pena", volumen compilado por Julio B. J. Maier, Editores del Puerto, 1993, pág. 107).

Bajo estas premisas he de examinar la sentencia impugnada.

De la lectura del considerando cuarto que ha sido supra reeditado es dable observar que el a quo ha satisfecho plenamente el deber de fundamentación de la sanción impuesta, a tenor del art. 123 y 404 inc. 2/ del C.P.P.N.. De tal modo, la determinación punitiva llevada a cabo se encuentra a resguardo del embate casatorio, por lo que el remedio intentado no ha de prosperar.

Como epílogo de la revisión argumental de la decisión atacada cabe señalar que el monto de la pena impuesta ha sido aplicado dentro de los límites mínimos y máximos establecidos por el legislador para los delitos por los cuales el enjuiciado fue condenado, con sujeción a la magnitud de los delitos reprochados y al grado de culpabilidad del autor, de donde resulta que se ha fijado un monto inferior a la mitad del máximo que se encuentra en juego (50 años) y menor, también, al tope máximo de la pena individual prevista para el homicidio simple, debiéndose reparar en que se está relacionando el monto con dos homicidios en concurso real con el delito de coacciones.

En razón de lo expuesto entiendo que la sanción discernida aparece precedida de argumentación suficiente, habiéndose formulado en la sentencia impugnada apreciaciones ponderativas particulares con relación a cada una de las circunstancias correctamente relevadas, sin soslayar la Cámara Nacional de Casación Penal Causa N/ 13575 consideración de atenuantes, lo que también fue explicitado con logicidad.

En definitiva, habida cuenta de todo lo expuesto postulo al Acuerdo el rechazo del recurso de casación deducido por la defensa con costas (arts. 470 y 471 a contrario sensu, 530 y 531 del CPPN). Así voto.

El señor juez doctor Eduardo Rafael Riggi dijo:

Llegan nuevamente estas actuaciones a raíz del recurso de casación deducido por la defensa oficial contra la resolución de fs. 1651/1656 mediante la cual el Tribunal Oral en lo Criminal n/ 23 de esta ciudad se pronunció acerca de la fundamentación de la pena impuesta al imputado Acero Miranda.

Cabe memorar que al votar en el caso de autos a fs.

1619/1627 vta. expusimos -en disidencia- que el a quo, al momento de graduar la pena finalmente inflicta, había satisfecho mínimamente el mandato de motivación contenido en el artículo 398 del Código Procesal Penal de la Nación.

Ahora bien, teniendo en cuenta ello y que la resolución ahora impugnada cuenta con sobrados fundamentos (artículos 123 y 404 inciso 2/ del citado cuerpo legal), pues se han valorado en el particular las pautas establecidas en los artículos 40 y 41 del Código Penal, corresponde el rechazo del recurso de casación interpuesto.

Tal es nuestro voto.

El señor juez Alejandro W. Slokar dijo:

Sellada la suerte del recurso en trato, sólo me resta consignar que con base en la escala penal de los delitos imputados, por aplicación en la regla concursal del art. 55 del C.P. -a mi ver- el máximo de la sanción a imponer no puede exceder el límite histórico codificado de veinticinco años de prisión repuesto por la ley n/ 26.200 (cfr. Fallos: 333:866, disidencia del juez Zaffaroni, a cuyos fundamentos y conclusiones corresponde remitir en razón de brevedad).

En definitiva, y en mérito de las pautas ponderadas en el fallo puesto en crisis, cabe un nuevo reenvío para que, con ajuste a la doctrina sentada por el cimero tribunal nacional en el precedente "Niz, Rosa Andrea y otros s/ rec. de casación" N. 132.XLV del 15/6/2010, se fije una nueva pena conforme lo sostenido precedentemente.

De tal suerte que, aún en consideración de otros argumentos, corresponde hacer lugar al recurso deducido por la defensa, sin costas. Es mi voto.

Por ello, en mérito al acuerdo que antecede, por mayoría, el Tribunal RESUELVE: RECHAZAR el recurso de casación deducido por la defensa, con costas (arts. 470 y 471 a contrario sensu, 530 y 531 del C.P.P.N.).

Regístrese, hágase saber, y devuélvanse las presentes actuaciones al tribunal de origen, sirviendo la presente de atenta nota de envío.

Fdo: Liliana Elena Catucci, Eduardo R. Riggi y Alejandro W.

Slokar. Ante mi: María de las Mercedes López Alduncin, Secretaria de Cámara.