marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Nulidad del acto administrativo, resolución administrativa, Comisión Nacional de Valores, reunión de directorio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Comisión Nacional de Valores c/ Papel Prensa S.A. s/ verificación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-03-26

Cabe dejar sin efecto la sentencia que declaró la nulidad de la resolución 16.222, dictada por la Comisión Nacional de Valores, mediante la cual se declaró la irregularidad e ineficacia, a los efectos administrativos, de las reuniones del directorio de la demandada, pues dicho acto administrativo fue dictado en ejercicio de las atribuciones que la ley le otorga a aquélla como organismo de fiscalización, sin que se advierta que la declaración de irregularidad e ineficacia a los efectos administrativos de los actos cuestionados revista una naturaleza estrictamente sancionatoria en los términos de la ley 17.811. -Disidencia de los jueces Elena I. Highton de Nolasco y E. Raúl Zaffaroni-. (Ver también causas C.1073.46; C.1051.46; C.1052.46, sentencias de la fecha, expedientes vinculados)
Extinción del contrato de trabajo, extinción por mutuo acuerdo, escritura pública, Impuesto de sellos, exenciones impositivas, gratuidad del procedimiento
Materia: LABORAL-TRIBUTARIO
Carátula: Rueda Alfredo (T.F. 10155-I) c/ D.G.I.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-25

El principio de gratuidad expresamente establecido en la ley 20.744 (art. 20) resulta de aplicación ineludible al caso de autos en virtud de lo dispuesto por el art. 59 de la ley de sellos. Lo expuesto adquiere aún mayor convicción si se considera que el art.

241 de la L.C.T. obliga a formalizar la rescisión del contrato -entre otros medios-, mediante escritura pública, tal como aconteció en autos, y no puede el cumplimiento de esa obligación legal desvirtuar el principio que consagra el art. 20 de esa ley. Teniendo en cuenta que el principio de gratuidad es exclusivamente para el trabajador y sus derechohabientes, corresponde en el caso aplicar el art. 19 de la ley de sellos, estableciendo que la exención sólo alcanzará a la mitad del impuesto porque sólo una de las partes del acuerdo de rescisión está exenta de su pago.
Divorcio, causales de divorcio y separación personal, abandono del hogar conyugal
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Rodríguez, Marcela Patricia c/ Ciarroca, Juan Alberto s/ Divorcio vincular
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-03-24

Quien invoca el abandono material debe acreditar el alejamiento del otro cónyuge correspondiendo a este último una vez acreditado tal extremo probar que tuvo causas legítimas y valederas para tomar tal actitud si pretende probar su inocencia.
Compraventa de mercaderías, remito, reconocimiento de firma
Materia: COMERCIAL
Carátula: COOPERATIVA DE TAMBEROS CATAMARCA LTDA c/ PAEZ, JORGE s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1995-09-29

Debe abonarse la suma que resulta de los remitos que contengan la firma reconocida de la demandada la que al no haber sido desvirtuada por el pago, surge como saldo deudor, debiendo descartarse la que surja de remitos, carentes de la firma o de firma no reconocida o autenticada por pericial caligráfica.
Daños y perjuicios, indemnización, gastos de traslado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Raffo Luciana Emilia c/ Sommer Pablo Heinz s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-04-09

Debe incluirse en la indemnización el gasto del remolque de la unidad siniestrada si el mismo resulta indudable, vista la condición en que el rodado quedó, producido el accidente.
Intereses, determinación judicial, concursos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Roberto Genoud y Cía. S. A. s/ Incidente de revisión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-03-30

Resulta acertada la decisión del a quo, adoptada en ejercicio de facultades que le son propias, que fija la tasa de interés correspondiente a las deudas fiscales declaradas admisibles en el 30% anual por todo concepto, pues los intereses previstos en la ley 11.683 resultan excesivos en atención a las particularidades del caso concreto, y la reducción dispuesta aparece justa y equitativa.
Transporte aéreo, protesta
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: LA ASEGURADORA RIO DE LA PLATA CIA. DE SEG. c/ AVION VUELO 700/17. s/ COBRO DE PESOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-10-28

La protesta es innecesaria cuando media reconocimiento del incumplimiento contractual y no se alega al propio tiempo la concurrencia de alguna eximente de responsabilidad. Mas ese reconocimiento explícito o implícito, sólo releva de formular la protesta cuando ha sido concretado antes del vencimiento del plazo de caducidad. (Sala 2,2281,281083)
Recurso extraordinario de inconstitucionalidad, admisibilidad del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Leroux, Sandra Eleonora y ot. s/ Apremio. Recurso extraordinario de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2017-03-29

De conformidad con lo dispuesto por el art. 299 del Código Procesal Civil y Comercial, el recurso extraordinario de inconstitucionalidad sólo se abre en el supuesto de que en la instancia ordinaria se haya controvertido y decidido la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos provinciales, confrontados con normas de la Constitución local (conf. art. 161 inc. 1 de la Const. Provincial).(doctor Soria, sin disidencia)
Abuso sexual calificado por acceso carnal, agravantes de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Zambrano Toledo, Z. F.  c/  s/ abuso sexual con acceso carnal
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2023-01-06

Atenuante: condiciones personales del imputado. Es una persona trabajadora, y que tenía empleo estable que cumplía con regularidad.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, fallos de la Corte Suprema, nulidad procesal, incidente de nulidad
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Cía. Azucarera Tucumana  SA. c/ Estado Nacional s/ expropiación indirecta.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-02

Resulta inadmisible el incidente de nulidad respecto de las sentencias de la Corte Suprema.
Acto administrativo, revisión judicial, Constitución Provincial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Martín, Mariano Carlos c/ Municipalidad de General Pueyrredon s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-10-09

La fiscalización judicial de los actos administrativos, aún de aquellos que traducen el ejercicio de la autoridad pública en materia de organización administrativa y calificación del personal, no exhibe -en principio- elemento estructural alguno que conlleve a un trato diferencial a la hora de establecer su impugnabilidad en sede procesal administrativa, ni menos todavía, que acote las causales determinantes de una eventual invalidez. Bajo la observancia de la regulación material que les sea aplicable, los actos administrativos también están comprendidos por las normas y principios aplicables informadores de la juridicidad administrativa. Ellos traducen un quehacer sujeto a control y eventual invalidación judicial, al comprobarse no sólo la arbitrariedad, irrazonabilidad o lesión de derechos consagrados en la Constitución provincial, sino también la concurrencia de cualquier otra circunstancia determinante de nulidad prevista en el ordenamiento positivo (arg. arts. 15, Constitución provincial; 103, 108 y conc. dec. ley 7647/1970) (doctor SORIA, sin disidencia).
Acción, solve et repete
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Fernandez Simielli, Norberto c/ Municip. del Partido de Gral. Pueyrredón s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-03-09

La alegación del actor relativa a su incapacidad financiera para afrontar el pago exigido por el art. 30 del C.P.C.A., motivada en lo abultado del monto liquidado, lo que redundaría en la quiebra de su patrimonio, no dispensa su cumplimiento y ello así, sin perjuicio de la veracidad de la situación denunciada. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Tarjeta de crédito, preparación de la vía ejecutiva, título ejecutivo inhábil
Materia: COMERCIAL
Carátula: DINERS CLUB ARGENTINA SAC c/ FOGLIOAZZA, LUIS s/ EJEC.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-12

Constituye un intento de crear un título ejecutivo no autorizado por la ley, la autorización otorgada al estudio contable auditor de una entidad emisora de tarjeta de crédito -inserta como una cláusula más del contrato de adhesión- a efectos de que en el futuro emita reconocimiento de deuda a solicitud de la entidad otorgante de la tarjeta de compras, pues contraria desde todo punto de vista la naturaleza jurídica del título que la ley pertinente reconoce como título ejecutivo.
Regulación de honorarios, base regulatoria, segunda instancia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PEREZ HUALDE ALEJANDRO s/ Estimación Honorarios (LIBRO: A002 - 392)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-05-16

El resguardo del derecho de defensa sí ha sido considerado en la redacción del art. 23 LA y precisamente por la participación previa y directa que ha tenido el deudor en la etapa administrativa se consideró innecesaria su posterior intervención en la regulación de honorarios, quedando resguardada la defensa final de sus derechos con la legitimación que se le acuerda para apelar la resolución regulatoria. Los porcentajes contemplados por el art. 15 de LA para las regulaciones de honorarios correspondientes a los recursos de apelación deben ser aplicados sobre los montos discutidos en segunda instancia y tratándose de apelaciones de incidencias sobre el valor que la incidencia resuelta en primera instancia representaba.
Impulso procesal, caducidad de instancia, interpretación de la ley, inactividad procesal, mutuo hipotecario, convertibilidad, orden público, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: T., M. c/ BANCO HIPOTECARIO S.A. s/ ORDINARIO s/ CASACION" (Expte. NRO.26606/13-STJ).
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2014-04-30

Ese es el análisis que -a mi entender- propone el inciso tercero del art. 313, en el que el recaudo objetivo está cumplido. Resta evaluar si la parte ha perdido interés y abandonado el pleito y si el impulso o la definición estaban en cabeza del juzgador.

Es ahí donde discrepo con los disidentes y entiendo que - aún en caso de duda (que no la tengo) - resultaría imperativo inclinarme a favor de la vida del proceso, el mantenimiento del derecho y en la postura "...más favorable al prestatario, a la subsistencia y conservación de la vivienda y a la protección integral de la familia en los términos del artículo 14 bis de la Constitución Nacional." (art. 6 ley 26313, de orden público).

La actora pudo no haber impulsado el proceso por el plazo signado a fs. , pero la normativa en ciernes -cuando se encontraba en factura la reglamentación - y la completa - luego de reglamentada -, establecían una serie de recaudos y acciones - de orden público - que no fueron atendidas debidamente por la juzgadora de grado. (Mayoria: Dr. Mansilla, Dra. Zaratiegui y Dra. Piccinini).-
Indemnización, lucro cesante, privación del uso del automotor
Materia: CIVIL
Carátula: Felipe Guerrero, Joaquín c/ Daúd Kerbage s/ Demanda por Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1971-05-21

El lucro cesante no puede establecerse en forma automática sobre la relación peso-dólar, o índice de costo de vida, sino que siempre ha de ser una estimación judicial que tenga en cuenta todas las circunstancias obrantes en autos y que prudencialmente fije el monto que se estime equitativo para cumplir con el objeto de asegurar la integralidad de la indemnización.
Cesión del establecimiento, sucesiones
Materia: LABORAL
Carátula: Ruíz Díaz, Sergio Oscar c/ Cochería Sabattini y/o Sabattini Nelly C. y/o Sabattini Hugo C. s/ Apelación de sentencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2005-09-16

La continuación por parte de la viuda de la explotación del negocio atendido por su esposo con posterioridad al fallecimiento de éste, constituye una transferencia -aun cuando ésta sea a título universal - tanto del establecimiento como del personal a cargo del primitivo empleador -artículos 225 y 229 de la Ley de Contrato de Trabajo-.

La continuación del actor sin otra interrupción que la de unos breves días, cumpliendo las mismas labores en la categoría que detentaba, en el mismo domicilio, en una firma dedicada a la actividad de servicios fúnebres, revela que medió una transferencia de establecimiento de acuerdo a la Ley 20744, conservando la antigüedad en su empleo.

La decisión adoptada por quienes asumieron el carácter de empleadores, los hace responsables de la misma al margen de la legislación laboral y, por ende, deben hacerse cargo de los rubros indemnizatorios.
Costas, transacción, costas en el orden causado
Materia: PROCESAL
Carátula: ALFREDO GIRELLI c/ ENRIQUE FRERS s/ COSTAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-30

Si en el acuerdo transaccional las partes difieren a la decisión jurisdiccional lo referente a las costas y honorarios, aquellas deben imponerse en el orden causado pues no existiendo acuerdo en contrario rige el CPR 73, 1ra. parte, que es norma supletoria, consecuencia del principio dispositivo y del campo operativo de la autonomía de la voluntad (CCIV 1197).
Efectos del contrato, resolución del contrato, interpelación
Materia: CIVIL
Carátula: Angulo, Mario Alberto y otro c/ Cooperativa de Consumo y Trabajo Tehuelche Ltda. y otra y-o quien resulte responsable s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-06-27

Para que se opere la resolución contractual, la intimación debe incluir el apercibimiento resolutivo pertinente.
Cobro de sumas de dinero, impugnación de la pericia, insuficiencia del agravio
Materia: CIVIL
Carátula: JAS S. R. L. C/ E.N.S.I. S.E. S/ COBRO ORDINARIO DE PESOS c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2021-02-10

Si un peritaje sólo puede impugnarse mediante la demostración cabal de la incompetencia técnica, la crítica debe sustentarse sobre bases sólidas demostrativas de la equivocación del experto; la objeción debe contener fundamentos válidos que formen la convicción del magistrado sobre su procedencia, debiendo reunir la suficiente fuerza para lograr evidenciar la falta de idoneidad, competencia o principios científicos del dictamen; en definitiva, debe constituir una "contrapericia" y, por ende, contener una adecuada explicación de los principios científicos o técnicos en los que se la funde: por ello no puede ser una mera alegación de los pareceres subjetivos o de razonamiento genéricos del contenido del dictamen.
Procedimiento administrativo, proceso judicial, Superior Tribunal de Justicia, excusación, recursos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: INGENIERO PELL CONSTRUCCIONES SA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ MEDIDA CAUTELAR. RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (CSJ EXPTE Nº   870-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-05-07

La nítida distinción existente entre el procedimiento administrativo y el proceso judicial, autorizan a sostener que haber representado en sede administrativa a quien recién ahora es litigante, no es razón suficiente para entender operada la causal de excusación invocada, la que, además, debe ser restrictivamente interpretada. En el caso, se trataba de una excusación planteada por dos miembros del Tribunal por encontrarse en la situación prevista por el artículo 10, inciso 8, del Código Procesal Civil y Comercial respecto del profesional que interviniera en representación de la firma actora en sede administrativa.
Recurso de casación, admisibilidad formal, doctrina de la arbitrariedad, despido sin causa
Materia: PROCESAL
Carátula: Andrada Castillo, Walter Oscar y Otros c/ Total Servicios S.R.L. y otros s/ Beneficios Laborales - s/ recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2018-03-13

Siendo incumplimientos contractuales, las omisiones registrales de los actores en su correcta categoría, realizados por la sociedad, corresponde hacer lugar al recurso, casando la sentencia en lo que es materia de este agravio sobre la extensión de la responsabilidad a los socios de la condena de los créditos.- (Del voto del Dr. Figueroa Vicario).
Daños y perjuicios, responsabilidad extracontractual, delitos, acción judicial, improcedencia del recurso, excepciones procesales
Materia: CIVIL-PENAL-PROCESAL
Carátula: Clausi, Angel Gabriel  c/ Volkswagen Argentina SA y otros  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-07-13

La responsabilidad por los daños derivados de actuaciones desplegadas en sede judicial puede producirse no sólo con ocasión de la promoción de una demanda o de una ejecución abusiva, sino también durante el proceso, caso este último que debe entenderse comprendido en el ilícito civil más general de ejercicio abusivo de las actuaciones, si aparece una mala fe o negligencia temeraria por parte de quien provoca el daño (conf. Barros Bourie, E., "Tratado de la responsabilidad extracontractual", Santiago de Chile, 2007, p. 645, n° 451, ap. "c"; CNCom, Sala D, in re "De Abajo Mónica Isabel c/ Karasik David s/ sumario", del 29/11/10; ídem, "Scheimberg, Samuel s/ sucesión y otros c/ The First National Bank of Boston s/ ordinario", del 11/05/09, entre otros).
Leyes, retroactividad de la ley, interpretación de la ley
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Amelotti María Isabel c/ Aucci de Standler Teresa Josefa Antonia María y otra s/ Consignación de alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-12-23

Las leyes interpretativas resultan en general retroactivas porque su aplicación se confunde con la de la ley interpretada (art.3º del Cód.Civil). Pero el parecer vertido por el Poder Ejecutivo (en el caso, mediante la resolución 144 del Ministerio de Economía, del 5-2 -93, emitida en consecuencia del art.10 del decreto 529 del P.E.N. dictado el 27/3/91 para la aplicación de la prohibición general de indexación dispuesta en la ley 23.928), no tiene fuerza de ley, porque la interpretación de los contratos no es atribución del Poder Ejecutivo sino del Judicial. Además, si se asigna al vocable "ley" el concepto amplio, material o sustancial -no constitucional-, de "regla social obligatoria emanada de autoridad competente", debiéndose la ley 23.928 al Poder Legislativo, carece de tal fuerza, respecto de dicha ley, la regla emanada del Poder Ejecutivo para suplir la oscuridad o insuficiencia de aquélla, toda vez que, no mediando la sentencia de un juez, la voluntad del legislador solo puede interpretarla -de modo obligatorio- el propio legislador.
Acción de amparo, actos u omisiones de autoridades públicas, interpretación de la ley, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Peralta, Luis Arcenio y otro c/ Estado Nacional (Mrio. de Economía - BCRA.) s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-27

El art. 2 , inc. d) de la ley 16.986 no puede ser entendido en forma absoluta porque ello equivaldría a destruir la esencia misma de la institución que ha sido inspirada en el propósito definido de salvaguardar los derechos sustanciales de la persona reconocidos por la Constitución Nacional, cuando no existe otro remedio eficaz al efecto.
Voto de los jueces, voto de adhesión, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: Rombola de Ortiz Dominga s/ Recurso Contencioso Administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1997-04-04

Si un magistrado se adhiere al voto del Juez Preopinante, "a los fundamentos y al desenlace ", sin efectuar ninguna salvedad, debe entenderse abarcativo de la solución propiciada por el voto adherido respecto de las costas.
Régimen de consolidación de deudas, fecha de corte, ejecución de sentencias contra el Estado, obligaciones de hacer, honorarios del abogado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Orellana Vicenta Jesús c/ Comisión Municipal de la Vivienda s/ juicios de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-20

En la causa M. 333. XXIV "Moschini, José María" del 28 de julio de 1994 el Alto Tribunal señaló -entre otros conceptos- que cuando no hay en el juicio condena ejecutable contra el Estado con base en la pretensión deducida -por haberse como en el caso de autos condenado a la demandada a realizar una obligación de hacer, carece de sentido calificar a los honorarios como un "accesorio" de un capital de condena o de un "Crédito principal", pues en tales hipótesis el crédito por la retribución constituye, por sí mismo, una condena dineraria contra el ente estatal y, por ende, alcanzado por la consolidación en los términos del art. 1º inc. c, de la ley 23.982. En tales condiciones, cabe concluir que se encuentran alcanzados por la consolidación los honorarios regulados por las tareas correspondientes a las tres etapas del proceso, habida cuenta que los trabajos fueron realizados con anterioridad a la fecha de corte y la pretensión principal no constituye un supuesto de deuda consolidable (conf. 5º cuestión del fallo plenario de esta Cámara emitido en la causa "Tudor" el 21 de junio de 1994).
Acción de amparo, recurso de apelación (procesal), falta de traslado, defensa en juicio, recurso de casación
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Díaz, Sergio Alejandro s/ Recurso de Casación interpuesto por los Dres. R.J. Urioste y M. Escribano en autos Expte. Letra A Nº 35/04 caratulados "Acción de Amparo presentada por el Sr. Díaz, Sergio Alejandro c/ Dcto. emanado de la Cámara de Diputados de la Provincia de Catamarca"
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2006-03-22

Los representantes de la Cámara de Diputados de la provincia de Catamarca interpusieron recurso de Casación e Inconstitucionalidad por haber omitido la Cámara de Apelaciones correr traslado a los interesados de la expresión de agravios formulado por el amparista al darle trámite al recurso de apelación oportunamente concedido, procediendo a tramitar el recurso "inaudita pars".

Si bien es cierto que la Ley Provincial de Amparo no contempla el traslado en el caso de interponer un Recurso de Apelación, no es menos cierto que el principio de bilateralidad e igualdad procesal no llega a satisfacerse con el pedido de informe del art. 7 de la mencionada ley.

El no acogimiento a dicho principio implica una cuestión procedimental que en principio acarrearía una nulidad absoluta, por tratarse de una desigualdad procesal entre el apelante y la contraparte, la que quedaría salvada por un breve traslado -aunque sea de horas.

Corresponde, entonces, hacer lugar a la nulidad presentada por el recurrente por la falta de traslado de los respectivos agravios, lo que conlleva la nulidad del decreto de fs. 213, el que, además de conceder el recurso de Apelación deber ordenar el traslado de los fundamentos expresados por el apelante a la otra parte por un plazo breve de horas, garantizando de esta manera el derecho de defensa, con la consecuente nulidad del Auto Interlocutorio Nro. 62/05, y apartamiento de los señores Magistrados que emitieron opinión, debiendo pasar los obrados al Tribunal Subrogante a fin de que, una vez corrido el Traslado por el Juez de Control de Garantías, proceda al dictado de una nueva resolución.-