Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-09-25


Reg.: A y S t 285 p 342/345. Santa Fe, 25 de setiembre del año 2018. VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la actora contra la resolución dictada en fecha 2 de febrero de 2017 por la Cámara de lo Contencioso Administrativo Nro. 2 de la ciudad de Rosario en autos "MANZANARES, Vilma Margarita contra PROVINCIA DE SANTA FE -Recurso Contencioso Administrativo- (Expte. 206/14)" (Expte. C.S.J. CUIJ Nro. 21-00511264-5); y, CONSIDERANDO: 1. Por decisorio de fecha 02.02.2017 la Cámara de lo Contencioso Administrativo Nro. 2 de la ciudad de Rosario resolvió rechazar el recurso interpuesto por la actora tendente a que se deje sin efecto el decreto nro. 2384/14 dictado por el Poder Ejecutivo provincial, y sus antecedentes, y se declare la inconstitucionalidad de los artículos 61 bis y 65 de la ley 6915. Contra dicho pronunciamiento deduce la sra. Manzanares recurso de inconstitucionalidad expresando que la sentencia vulnera los artículos 14, 14 bis, 17, 19, 28, 33, 75 inc. 12 de la Constitución nacional y artículos 6, 7, 8. 11, 14, 10, 21, 23 de la Carta Magna provincial (artículo 1, incisos 1 y 3, ley 7055). En sustento de su impugnación sostiene, en primer lugar, que el Tribunal incurre en arbitrariedad. Cuestiona que se considere que la Sub-Directora del Organismo previsional puede firmar el despacho o cuestiones de mero trámite y que ello incluya las resoluciones, lo que alega se encuentra en contradicción con la normativa que establece la competencia de la Directora de esa entidad. Argumenta, al respecto, sobre la nulidad del acto administrativo así expedido, agraviándose de lo afirmado en el fallo en cuanto al saneamiento de lo resuelto con el dictado del decreto 2384 del Poder Ejecutivo. Señala que la Cámara no analizó debidamente el planteo de su parte basado en que la incompatibilidad establecida en el artículo 61 bis y 65 de la ley 6915, vulnera los artículos 14 bis y 19 de la Constitución nacional; pues el trabajo en relación de dependencia debe ser objeto de protección de las leyes y no puede ser reglamentado de modo tal que suspenda un derecho previsional también de raigambre constitucional; lo que -dice- no encuentra respuesta en lo afirmado en la sentencia respecto al desarrollo de facultades de la Provincia para dictar la ley de jubilaciones. Observa además, que resulta una discriminación no autorizada por la ley nacional 24782. Por último, manifiesta que en el fallo se configura la causal contemplada en el inciso 1° del artículo 1 de la ley 7055, al reglamentar el ejercicio del trabajo remunerado como un supuesto de incompatibilidad con la percepción de los haberes jubilatorios, y que si bien es cierto que no niega el derecho sino que lo suspende, ello lesiona el artículo 17 de la Constitución nacional. Invoca Convenciones Internacionales en protección de la ancianidad. 2. Por auto del 15.5.2017 el Tribunal denegó la concesión del recurso, por considerar que la recurente no había efectuado la introducción oportuna de la cuestión constitucional según surge del escrito de demanda, y señaló que los agravios esgrimidos en el memorial recursivo no guardan conexión con la realidad del caso. 3. Cabe señalar que el cometido que impone a la quejosa el artículo 8 de la ley 7055 no ha sido idóneamente asumido en autos, toda vez que pese al esfuerzo desarrollado en su presentación directa, no pueden tenerse por debidamente desvirtuados los fundamentos brindados por la Cámara al denegar el recurso (A. y S. T. 42, pág. 365; T. 124, pág. 114; entre otros), por lo que el remedio intentado no ha de prosperar. En primer término, se advierte que aún teniendo por superado el oportuno planteo de la cuestión constitucional, -tal como lo señala el Tribunal-, no cabe subsumir el presente recurso en el inciso 1° del artículo 1 de la ley 7055. Ello es así, atento a que dicho inciso requiere la colisión entre una norma condicionante de la Constitución provincial y otra de jerarquía inferior, siendo la decisión favorable a esta última y en el sub examine no surge que se haya puesto en tela de juicio la congruencia con la Carta Magna de preceptos de la referida jerarquía. Antes bien, toda la sustancia recursiva está enderezada a cuestionar la interpretación y aplicación de la legislación previsional provincial que efectuó la Cámara en el caso concreto, planteando el compareciente la incongruencia de la disposición legal con los Derechos del Trabajo y la Seguridad Social, por lo que lo resuelto resulta arbitrario. Siendo ello así, cabe tener por reducido el ámbito del presente remedio extraordinario a la previsión estatuida por el inciso 3) del citado artículo, esto es: "violación del derecho a la jurisdicción". Aclarado lo precedente, de la confrontación del memorial recursivo con la resolución impugnada surge la mera disconformidad de la impugnante con la interpretación de las cuestiones jurídicas y fácticas del caso, lo que no configura causal de procedencia del remedio extraordinario, atento que tales cuestiones constituyen atribución ordinaria de los jueces de la causa (Fallos:307:23; entre otros), sin que la compareciente logre demostrar la concurrencia de alguna de las limitadas excepciones a esta regla. Específicamente, respecto de la cuestión central que se debate en el sub-examine, la tacha de la recurrente de los artículos 61 bis y 65 de la ley 6915 por lesionar garantías constitucionales, no logra justificar el vicio de omisión de tratamiento que imputa al fallo, pues -tal como afirma la Cámara al denegar el recurso- desestimó en la resolución impugnada de manera expresa tal planteo, considerando, entre otros argumentos, las facultades de las Provincias para establecer los sistemas de Seguridad Social para sus empleados públicos; que los preceptos cuestionados en la norma local "regulan con autonomía las condiciones bajo las cuales otorga y mantiene, mediante un sistema de reparto sus prestaciones..." ; que "cuando se aplica un régimen legal de incompatibilidad que no priva a los pasivos de los beneficios patrimoniales reconocidos ni les niega su propiedad y sólo limita temporalmente la percepción de tales beneficios o restringe el uso que pueda hacerse, de ninguna manera puede considerárselo arbitrario o inconstitucional", y se examina lo valorado por el Cuerpo respecto a la declaración jurada de la actora obrante en las constancias de la causa (f. 8vto.). Frente a tales razones, la impugnante opone el desarrollo de su propia tesitura, más sin superar el plano de la mera discrepancia con la solución adoptada y sin convencer que el criterio seguido por los Sentenciantes no encuentre fundamento en el ordenamiento jurídico o que resulte irrazonable a tenor de las razones expuestas en la resolución recurrida. En relación al agravio basado en la incompetencia de la Sub-Directora de la Caja para dictar la resolución cuestionada, no supera el plano de la mera oposición con el razonamiento efectuado por el Tribunal conforme al cual consideró su legitimidad, estimando además, que aún en la hipótesis esgrimida por la actora, podría haberse operado el saneamiento del mismo, explicitando motivos suficientes del criterio expuesto. Similares consideraciones merecen los restantes reproches de la impugnante, pues en definitiva, se advierte que sus cuestionamientos reflejan una disímil apreciación de la causa, pretendiendo reabrir el debate sobre cuestiones de derecho público provincial, a fines de que esta Corte revea lo decidido por los jueces del caso, en ejercicio de su función jurisdiccional, lo que implica desconocer la naturaleza del remedio extraordinario intentado (A. y S. T. 59, pág. 319; T. 134, pág. 294; T. 141, pág. 330). Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta. Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen. FDO.: GUTIÉRREZ-GASTALDI-NETRI-SPULER-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA) Tribunal de origen: Cámara de lo Contencioso Administrativo Nro. 2.