Tribunal: CAMARA EN LO CRIMINAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-07-03


En la ciudad de Trelew, Provincia del Chubut, a los 03 días del mes de julio del año dos mil siete, se reúnen en acuerdo los integrantes de la Cámara Primera en lo Criminal, integrado por los Dres. Daniel A. Rebagliati Russell, Florencio Omar Minatta y la presidencia del Dr. Roberto Rubén Portela, para dictar sentencia en estos autos caratulados: "G, R psa estafa" Expte. 82/06 C.1ª.C.), seguidos contra R G, hijo de M G T, y J F, nacido en Capital Federal el ** de mayo de 19**, instruido, casado, DNI n° ****, domiciliado en Psje.P n° *** de Trelew, en orden al delito de Estafa procesal en concurso ideal con uso de documento privado adulterado (art. 172, 292 y 54 del Código Penal), en relación al siguiente hecho: "R G, que sabiendo lo que hacía y el significado que su conducta poseía, el 21 de febrero de 2000, presentó por intermedio de su representante legal, Dr. J C, en la Cámara de Apelaciones de esta ciudad, una demanda ejecutiva contra el señor O V, adjuntando como título ejecutivo un pagaré firmado por el nombrado V, con fecha de vencimiento 31 de marzo de 1999, por un valor de ciento siete mil seiscientos cuarenta y ocho dólares (U$S 107.648), el cual fue adulterado ya que el documento originario era por la suma de siete mil seiscientos cuarenta y ocho dólares (U$S 7.648), habiéndole añadido a dicho monto las cifras "1" y "0", y en letras la palabra "ciento". Sabiendo sobre esta adulteración promovió la referida acción judicial induciendo a error al Juez Civil, quien desconociendo la adulteración del documento citado dictó sentencia en fecha 21 de noviembre de 2000 en los autos "G, R c/V, O s/ejecutivo" (expte. N° 106f39año 2000Ficha 57.269) en trámite por ante el Juzgado Civil y Comercial n° 1 de Trelew, mandando llevar adelante la ejecución interpuesta sobre el patrimonio del nombrado V." Intervino por la acusación fiscal la Sra. Fiscal Dra. Alicia Susana Vilaseca, por la Defensa técnica del encartado el Dr. N F G, el querellante adhesivo O V y su letrado patrocinante Dr. R A M. Efectuado el sorteo, resultó el siguiente orden de votos: Dr. Omar Florencio Minatta, Dr. Roberto Rubén Portela, y Dr. Daniel A. Rebagliati Russell.

A continuación el Sr. Presidente puso a consideración las siguientes cuestiones: PRIMERO: ¿ los hechos por el que recibiera acusación el imputado son constitutivos de delito y, en su caso, se encuentra subsistente la acción penal respecto de todos ellos? SEGUNDO: Que resolución corresponde adoptar?, TERCERA: como deben imponerse las costas?.

A la primera cuestión el Dr. Omar Florencio Minatta dijo:

I)Postulaciones de las partes: que el Ministerio Público Fiscal acusa al imputado, mediante requisitoria de elevación a juicio que luce a fs. 236/237 vta.: "R G, que sabiendo lo que hacía y el significado que su conducta poseía, el 21 de febrero de 2000, presentó por intermedio de su representante legal, Dr. J C, en la Cámara de Apelaciones de esta ciudad, una demanda ejecutiva contra el señor O V, adjuntando como título ejecutivo un pagaré firmado por el nombrado V, con fecha de vencimiento 31 de marzo de 1999, por un valor de ciento siete mil seiscientos cuarenta y ocho dólares (U$S 107.648), el cual fue adulterado ya que el documento originario era por la suma de siete mil seiscientos cuarenta y ocho dólares (U$S 7.648), habiéndole añadido a dicho monto las cifras "1" y "0", y en letras la palabra "ciento". Sabiendo sobre esta adulteración promovió la referida acción judicial induciendo a error al Juez Civil, quien desconociendo la adulteración del documento citado dictó sentencia en fecha 21 de noviembre de 2000 en los autos "G, R c/V, O s/ejecutivo" (expte. N° 106f39año 2000Ficha 57.269) en trámite por ante el Juzgado Civil y Comercial n° 1 de Trelew, mandando llevar adelante la ejecución interpuesta sobre el patrimonio del nombrado V". Por su parte, el querellante en autos Sr. O V acusa al imputado mediante requisitoria de elevación a juicio que obra a fs. 96/97: "el querellado R G con su propia letra extendió un pagaré, como empleado contable mío, en pago de sus trabajos adeudados, por la suma de 7.648 (siete mil seiscientos cuarenta y ocho) dólares estadounidenses, el día 4 de febrero de 1999, con vencimiento para el día 31 de marzo de ese mismo año 1999, dejando sin embargo maliciosamente margen en la parte izquierda del lugar reservado para consignar tanto en números como en letra de las cantidades de dinero adeudado, para adulterar cifras muy luego superiores a las realmente adeudadas y volcadas en el papel de comercio en cuestión, que yo había firmado con absoluta buena fe., Pues bien, el avivado contable ingenua y puerilmente convirtió la cantidad realmente por mí debida de 7.648 dólares estadounidenses en la exorbitante suma de 107.648 de igual moneda, agregándole en forma apretada visible a simple vista a la cantidad original en número 10 y en letra ciento, dejando la letra c casi fuera del pentagrama por falta de espacio. Luego de esta adulteración parcial del pagaré apoderó a un abogado para que lo ejecutase sin ambages por la suma total de ciento siete mil seiscientos cuarenta y ocho dólares estadounidenses, en el Juzgado Letrado en lo Civil y Comercial n° 1 de Circunscripción Judicial del Noreste del Chubut, con sede en Trelew, iniciándose así en la secretaría n° 1 de ese Juzgado el proceso ejecutivo: "G, R c/V O s/Ejecutivo" Expte. N° 106f. 39 de 2000, letra 57269, el cual se halla en etapa de ejecución de sentencia y en el que he sido embargado en mis bienes".

II)La defensa material y técnica, contestan y niegan cualquier tipo de agregado en el documento ejecutivo, justificando la suma que allí consta en distintas deudas que el Sr. V mantenía con el imputado a raíz de saldos deudores correspondientes a diferentes prestamos de sumas de dinero que éste le efectuara.

II ) Decisión: que antes de entrar a resolver sobre la responsabilidad penal en concreto del imputado, adelantamos que los acontecimientos históricos que los acusadores atribuyen al imputado se encuentran claramente probados en autos, tal como se desprende de la existencia del juicio ejecutivo por parte de G R contra V caratulado "G, R c/V O s/ejecutivo" (Expte. N° 106f. 39letra: 57.269 ) que corre por cuerda y en el que obra la demanda ejecutiva en base al pagaré adulterado y la sentencia de trance y remate que dispuso seguir adelante con la ejecución en cumplimiento del rito ejecutivo. Asimismo, a ello hay que agregar que la adulteración aparece clara en el documento, tal como se deduce del dictamen pericial obrante a fs.50/67, que expresamente establece que la adulteración es de índole rápida aditiva y que el agregado consistió en introducir con la misma mano escritora los números uno y cero a la cifra numérica original y la palabra " ciento" a las letras que identificaban la suma original, contenidos y firmas obrantes en el mismo que fuera, por otra parte, reconocido por el imputado. Va de suyo, entonces, que la probanza de la materialidad constitutiva de la plataforma fáctica que los acusadores estiman delito penal se encuentra sin duda probada con certeza.

Ahora bien, que se encuentre probada la materialidad no significa sin más que ello pueda subsumirse mecánicamente en los tipos penales pretendidos por los persecutores o que la acción penal se encuentre viva. En efecto, adelanto que la interpretación que efectúan los acusadores de que con su conducta el imputado engañó al juez y así logró una sentencia que perjudicó patrimonialmente a la víctima, no es la que corresponde por devenir ella atípica, en tanto que la conducta de adicionar números y letras al título ejecutivo, si bien podría constituir falsificación y/ o uso de documento privado, la persecución penal de la misma se encuentra claramente prescripta a este momento. Tales aseveraciones requieren un tratamiento diferenciado, lo que seguidamente haremos:

1)Estafa Procesal: sabido es que la estafa procesal requiere la existencia de todos los elementos que la doctrina exige para la estafa genérica o común del artículo 172 del Código Penal y que aparecen cronológicamente de forma tal que el anterior es el antecedente necesario del posterior a la manera de una relación causal y que se identifican así: primero un ardid o engaño que produzca en una persona un error que lo lleve a disponer por un acto la posibilidad de perjudicar un patrimonio, sea propio o ajeno. Bien, en la estafa procesal que no sea producto de un proceso aparente en que ambas partes colisionan para engañar al juez en perjuicio de un tercero el engaño debe ser producto de una actividad mínima de ambas partes: el demandante que afirma algo en base a un documento o testigo falso y la demandada que en la oportunidad procesal pertinente en el juicio ejecutivo al dársele la oportunidad de interponer la excepción de falsedad de título, en el caso en estudio debe advertirle de ello al juez, toda vez que si así no lo hace, el juez dará siempre la razón al demandante por un imperativo procesal, por lo que la decisión del juez en el presente caso, sin que la demandada haya hecho saber al juez sobre la falsedad mediante el instrumento legal correspondiente, es la que corresponde a derecho, por lo que mal puede sostenerse que ella sea producto del ardid o engaño del actor y, por lo tanto, producto del error del juez. Aún más y a fuer de ser abundantes, ya que ello no es necesario pues el Juez Civil y Comercial, de oficio, no está obligado a indagar sobre la falsedad o no del título, en este caso, obra una presentación conjunta de ambas partes peticionando al juez una ampliación de plazo para contestar la demanda fundada en que se encontraban en pleno proceso de conciliación, lo que aleja aún más cualquier sospecha sobre la veracidad del título por parte del juez. Es decir, se requiere, entonces, para decir que un juez fue engañado, que el ardid pertinente sea producto de una actitud exclusiva del demandante que se mantenga y supere la primera oportunidad legal del contradictorio en que el demandado niega la legitimidad o veracidad del título en que se apoya la demanda, pero no cuando la misma víctima contribuye con su conducta al supuesto engaño, toda vez que el juez no podría proceder de otra forma en que lo hizo. Es la misma negligencia de la víctima la que contribuyó a ser perjudicada y no puede hacer valer su propia torpeza cuando sabía perfectamente que su falta de advertencia al juez sobre la falsedad del título llevaría a perjudicarlo con su decisión. Para aclarar aún más las cosas establezcamos un parangón con otro caso de responsabilidad de la víctima en la estafa: supongamos que el dueño de un negocio está observando la charla que su empleado mantiene con una persona que se hace pasar por acreedor del dueño y le exige que le pague una deuda y el dueño no hace nada, pudiendo hacerlo, para evitarlo. En fin, tal como lo exige la mejor doctrina sobre el punto, para que se dé la idoneidad del ardid que lleve al error al juez en la etapa procesal, se requiere una conducta diligente de la víctima que advierta, mediante los instrumentos procesales correspondiente, al Juez sobre el ardid del caso y de esta forma evitar el engaño.(Cfr. Cerezo Mir, José en: La estafa Procesal, Revista de Derecho Penal, Rubinzal Culzoni, Santa Fé, pags.111/134. AÑO 20001 y Donna, Edgardo Alberto, Derecho Penal Parte Especial, TIIB, Rubinzal Culzoni, Santa Fé, Pags. 322/328, entre otros). Así, el jurista español citado, textualmente afirma en la citada obra: .." Hay que tener en cuenta..que de acuerdo con el principio de la controversia entre las partes, el juez tiene que aceptar como verdaderos los hechos que no sean objeto de controversia , es decir, que sean aceptados por ambas partes. Si estos hechos son falsos, el juez no yerra, pues él NO cree que sean verdaderos....se limita a considerarlos como tales en virtud de una ficción legal, y no podrá hacer otra cosa aunque estuviera convencido de su falsedad. Lo mismo sucede en los casos en que la afirmación de una parte tiene que ser considerada , en virtud de una ficción legal, como admitida por la otra ". Asimismo, cita el jurista español ( Ob. Cit.pag.127) a los alemanes Schonke Schroeder que observan..." la sentencia en rebeldía y el mandato de ejecución se basan...en una determinada conducta de una parte....y NO en la convicción judicial de la verdad de los hechos aducidos", pudiendo agregarse la opinión del autor español Antón Oneca que trae Donna ( Ob. Cit., pag. 325) quien claramente dice: "...en el proceso de rebeldía y confesión de parte, el tribunal no se forma ninguna idea sobre la verdad de lo propuesto y NO puede errar sobre los hechos." En fin, como se advierte, al faltar uno de los requisitos esenciales como lo es el ardid o engaño que provoque el error consecuente la conducta desplegada por el imputado R G deviene atípica.

2) Falsificación de instrumento privado: no entraremos a analizar la cuestión en detalle, puesto que ello sería inoficioso, ya que de todas maneras el hecho estaría prescripto. Así, si se toma como fecha del hecho el día veintiuno de Febrero del año 2000 día de presentación de la demanda ejecutiva la acción quedó prescripta por el transcurso del término de dos años a partir de tal fecha, pues ése es el tiempo máximo de privación de libertad que como pena establece el artículo 292 del Código Penal, sin que se haya en tal lapso producido algún acto suspensivo o interruptivo de la prescripción. Con tales consideraciones quedan llenos los supuestos de los artículos 59 inc. 3ro., y 65 inc. 3° del Código Penal que harían viables la aplicación del instituto de la prescripción a este caso.

A la primera cuestión el Dr. Roberto Rubén Portela dijo: fue traído a juicio R G, de las demás circunstancias personales ya mencionadas en virtud del requerimiento de elevación a juicio por parte del querellante obrante a fs. 96/97 y del Ministerio Fiscal de fs. 236/237, en los que se le atribuye los hechos que fueron relatados por el colega preopinante, por lo que a los fines de no sobreabundar, me remito a lo allí expresado.

Al momento de alegar la Fiscalía tiene por acreditado el hecho sustentado en la requisitoria, como así también la autoría en cabeza del enjuiciado. Apoya sus conclusiones en el resultado de la pericia caligráfica. Que la actitud del encartado, indujo a error al Juez interviniente en el juicio ejecutivo. Que sin desconocer, el titular de la acción penal, las disposiciones del art. 544 del C.P.Civil, que pudo otorgar otra suerte a la ejecución del título, la no utilización de las defensas allí expuestas, no inciden en el tipo analizado en esta investigación. Tiene por acreditada la relación causal por el informe de fs. 106, concretándose disposiciones patrimoniales para atender intereses y honorarios. Que la relación causal, con la disposición patrimonial se prueba con la sentencia de trance y remate, por lo que tiene por cierto que a través de un documento fraguado se indujo a ejecutar una suma mayor a la debida. Acusa formalmente a R G, como autor material y responsable del delito de Estafa procesal en concurso ideal con uso de instrumento privado adulterado (arts. 172, 292 y 54 del C.Penal), requiriendo una pena de DOS AÑOS Y SEIS MESES DE PRISIÓN EN SUSPENSO y costas del juicio.

La querellante aduce que solo debía 7.648 dólares, cuando este con la ley de convertibilidad se cotizaba 1 a 1 con el peso. Que la demanda la inició por la suma de 107.648 pesos, resultando evidente la adulteración del título ante la agregación en su parte numérica del número "10" y en letra "ciento", que ello es constatado en la pericia caligráfica. Que nunca pudo haberle debido al imputado esa suma de dinero. Que el denunciante reconoció su firma en el instrumento ejecutado, pero por la suma menor. Que realmente la mendacidad de G surge del expediente administrativo que se incorporara como prueba, en el que se hace pasar como profesional contable. Asimismo el representante técnico, entre otras cosas, sostiene que si se hubiere interpuesto en el momento oportuno, la excepción de inhabilidad del título, no se estaría debatiendo esta causa en sede penal. Que el abogado del imputado, en el trámite del juicio ejecutivo cobró honorarios, alrededor de $ 9.000, el primero por $ 7.000 y el segundo de $ 2.000, que se dedujeron en un crédito de la Municipalidad de Trelew. Que se engaña a la jueza civil, quien siguió con la ejecución, provocando un perjuicio real, no potencial. Al igual que la Fiscalía califica la conducta del acusado como autor material y responsable del delito de Estafa procesal en concurso ideal con el uso de documento falso (Arts. 172, 292 y 54 del C.Penal), requiriendo atento el estado de salud y edad del imputado, el mínimo de la pena, a criterio del Tribunal, en suspenso y que las costas sean en el orden causado (arts. 40 y 41 del C.P.

La defensa dijo que su representado se desprendió de bienes inmuebles, en principio bajo alguna finalidad lucrativa, pero terminó perdiendo todo, ante la picardía de algunos. Que el pagaré es real y producto de constantes refinanciaciones de otros títulos similares, ya que no veía dinero, solo lo básico. Que al tiempo de realizar la ejecución, se corre traslado a la hoy querellante para que pueda oponer excepciones, pero ello no ocurre. Posteriormente se presenta la demandada solicitando la suspensión de los plazos con el interés de conciliar. Que el art. 544 del C.P. Civil, establece los mecanismos, sin embargo el demandado nada hizo al respecto a pesar de tener pleno conocimiento. No se puede hablar de estafa procesal, ya que no puede predicarse ardid o engaño para inducir a error al magistrado. En definitiva solicita la absolución de su defendido. Plantea la prescripción por el delito de uso de instrumento privado, atento al tiempo transcurrido.

La Fiscalía no hace uso del derecho a réplica.

La querellante agrega que no hay prescripción.La Defensa ratifica el planteo.

Al efectuar el descargo por la imputación concretada, el acusado a todo evento ratifica la declaración efectuada a fs. 80 /81, realizando una breve narración de la vinculación con el denunciante, y el haber compartido, por algunos años, un espacio físico, donde desarrollaba sus tareas contables. Invoca un complejo estado de salud, que le impide en la actualidad precisar detalles del pasado, pero en lo esencial reconoce el pagaré por el importe de $ 107.648, por el que se iniciara cobro judicial, explicando que esta suma surge como consecuencia de reiterados préstamos que el dicente la hacia a V, y que generalmente como éste casi no le pagaba, se confeccionaban otros y así sucesivamente, hasta arribar al monto descripto. Incluso, sin recordar fechas, su madre falleció heredando el dicente un inmueble, con el que se compró un vehículo nuevo y otra parte se la prestó a V. Niega haber agregado o modificado el monto expresado en el documento que se le exhibe. Hace entrega al Tribunal de un cheque un pagare y una constancia de pago de IVA, como prueba de lo sostenido. Que V no paga a nadie, y todo lo tiene como bien de familia.

Por su lado O V, ratifica lo que expresara en su denuncia, reconoce que firmó un documento, llenado por G, pero luego se encuentra con la sorpresa que su monto fue modificado. Que la cifra original fue de $ 7.648, y apareció en la ejecución con la suma de $ 107.648. Que él firmó el título porque le debía a G por trabajos adicionales. Que el acusado no pagaba alquiler por la oficina, ni luz, gas, ni teléfono. Que nunca éste le prestó dinero. Cuando se entera del monto del juicio, considera que era un disparate. Que habló con su abogado el Dr. K, y también con el profesional del imputado, Dr. C, tratando de arreglar, pero no fue posible porque pretendían que el dicente le pagara todo. Reconoce el escrito de ampliación de plazo obrante a fs. 42 del Expte. Civil de Ejecución. Que si bien la ejecución civil se inicia el 21 de febrero de 2000, la denuncia la efectúa recién el 2442004, ya que al no poder arribar a un acuerdo, tenía que resguardar sus intereses. Niega haber intercambiado documentos con el imputado. Que como no fue posible negociar con la otra parte, tuvo que hacer la denuncia. Respecto a la documentación que se le exhibe y que fuera presentada, en la audiencia, por el imputado, un cheque, un pagaré y una constancia de pago por IVA, el deponente respondió que el pago de IVA, no recuerda quien lo hizo, pero si está a su nombre, es posible que el lo hiciera (el declarante), además no se explica porque lo tiene el acusado. Respecto al pagaré, está seguro que lo dejó en la oficina, ya que el dicente permanentemente salía de viaje, para alguna urgencia y G se lo debe haber sacado y no sabe entonces porque este no lo cobró.

Más allá de la declaración de R O C, la que objetivamente no aporta datos de interés para el hecho que se investiga, me explayaré sobre el testimonio del profesional E K, quien a la época de iniciación de la demanda ejecutiva, asesoraba al denunciante, surgiendo esta actividad de los dichos de Vigas y el propio profesional, siendo a la vez evidente, atento el escrito presentado a fs. 42 del Expte. "G R c/V O s/ejecutivo" n° 106/2000 del Juzgado Civil y Comercial n° 1, agregado por cuerda, de un escrito de ampliación de plazo, firmado por el denunciante, el Dr. K y Dr. C por la actora (el actual imputado). El motivo fue, que ambas partes se encontraban "...tratando de llegar a una conciliación de los intereses involucrados...".

Durante su exposición el Dr. K brinda desde su punto de vista, una explicación por la que no se opuso en esa oportunidad procesal, excepción alguna, considerando de que la misma no iba a obtener el resultado adecuado. Como es lógico concluir y siempre refiriéndome al trámite en sede civil, de la ejecución llevada a cabo por la suma establecida en el pagaré y cuyo monto de $ 107.648 fuera observada por la querellante, aduciendo que fue adulterada, ya que el monto real que obedece a la deuda reconocida asciende a $ 7.648, de modo alguno surge en el proceso ejecutivo en trámite, que esta presunta modificación haya sido indicada por el demandado.

Creo conveniente adentrarme a la significación jurídica del juicio ejecutivo y nada más ilustrativo que consultar al maestro Horacio Bustos Berrondo Juicio ejecutivo, para reflexionar sobre algunas cuestiones esenciales, a fin de resolver el planteo en sede penal. En esa dirección podemos adelantar, someramente, que juicio ejecutivo es un proceso especial establecido con el propósito de que pueda hacerse efectivo el cobro de un crédito que viene ya establecido en el documento que sirve de base a la ejecución, crédito que no hay necesidad de que sea reconocido o declarado por el Juez, porque se supone cierta la existencia del derecho a que se refiere el documento o título. Es un proceso de conocimiento, si bien limitado y puede ser contencioso, la enumeración generosa de excepciones demuestra la amplitud de la defensa.

Este primer avance me lleva a indicar que el día 21 de febrero de 2000, es la fecha de iniciación judicial de la reclamación de la suma ya mencionada y con fecha 25 de febrero de igual año se ordena librar mandamiento de intimación de pago y embargo contra O V, citándose para que este, en el plazo de cinco días, se presente, oponiendo las excepciones legítimas que tuviere, bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución, concretándose la diligencia el 3 de octubre de ese año.

Habiendo tomado debido conocimiento el demandado, el día 7 de octubre presenta con su firma, la de su abogado y el de la contraria, un escrito de ampliación de plazo (fs. 42), solicitando se disponga la suspensión para la contestación de la demanda, por el término de 20 días, en razón de estar abocado en llegar a una conciliación de los intereses invocados, petición que se hace lugar a fs. 43. Luego a fs. 44, se presente el apoderado de la actora (R G), y solicita sentencia de trance y remate, en razón de haberse vencido el término pactado, sin que el ejecutado hiciera una propuesta de pago concreta, materializándose la medida solicitada con fecha 21 de noviembre de 2000, dictándose en la misma fecha (fs. 46), sentencia de trance y remate.

Continuando con las reflexiones que surgen del trámite del juicio ejecutivo, constato que el querellante fue debidamente notificado de la iniciación de la demanda y del plazo que se le otorgaba para oponer las defensas pertinentes, y optó por presentar un escrito donde peticionó la ampliación del plazo ya referido sin que se llevara a cabo la conciliación o acercamiento de los intereses reclamados .

El Código Procesal Civil en el art. 544, el que fuera someramente referenciado por la Fiscalía, establece en forma enunciativa cuales son las defensas que puede esgrimir dentro de los términos legales de la notificación de la iniciación de la demanda, el demandado, no obstante ello dejó transcurrir el término dispuesto y solamente atinó a estar a derecho solicitando una prórroga de los plazos, sin que tampoco en el transcurso de éste, haya habido oposición, invocando alguna de las excepciones autorizadas por la ley de rito, para la continuación de la ejecución. El trámite prosigue con distintas actividades de embargos, notificaciones, presentación de planillas de liquidación, etc., dilatándose en el tiempo hasta que en el mes de mayo de 2004 se solicita al desarchivo de la causa, prosiguiendo trámites que son propios de la reclamación, habiéndose librado, incluso, libramiento de cheques por cobros de honorarios. A fs. 114 con fecha 23 de febrero de 2005 se presenta el demandado O V conjuntamente con el patrocinio profesional del Dr. A M impugnando la liquidación presentada, poniendo de manifiesto en el mismo la presunta irregularidad en cuanto al monto por la que ascendía la ejecución, las constancias de la denuncia realizada sede penal, se remonta al 24 de agosto del año 2004.

Este racconto histórico de la actividad procesal llevada a cabo por el demandado en la causa civil y la fecha de la denuncia en sede penal, persigue como finalidad comprobar fundamentalmente que el hoy querellante pretende a través de la introducción en una esfera distinta, como es la sede penal, frenar o dejar sin efecto la resolución o decisión tomadas en el campo civil, sin haber esgrimido en este último las defensas previstas en el art. 544 del CPPC. En ese aspecto la ley formal establece un plazo para que pueda oponerse y no lo hizo, lo que trae aparejado además, otra consecuencia procesal, como lo es la establecida en el art. 553 del procedimiento civil, la imposibilidad de promover un juicio ordinario posterior, donde se podría haber analizado la causa de la obligación, razón por la cual es improcedente abrir la causa y resolver la misma en un sentido que ataque las decisiones tomadas en sede civil.

Estimo importante destacar que tanto la Fiscalía, como la Querellante, también interesada en la investigación, no arrimaron en sede penal, probanzas que desentonen lo sustentado con los efectos del juicio civil, en donde el denunciante como demandado no se opuso a la ejecución, más aún, presentó un proyecto de tratativas para conciliar, sobre el monto de lo reclamado , no se ha probado ni surge a lo largo de la investigación, la existencia de elementos de prueba que consoliden la pretensión acusatoria del Ministerio Público y Querella, conformándose únicamente con la denuncia y la pericia caligráfica que corre por cuerda, en la que se establece como conclusión: que el titulo cambiario presenta signos de adulteración en forma parcial, siendo que el imputado reconoció que la escritura en su totalidad le pertenece, y como así también el propio querellante lo ratifica. Dejando a salvo la modificación que dice haber observado, reconociendo que la firma al pie del documento le pertenece. Insisto que durante la instrucción no se han solicitado, y por ende no se practicaron actos que pudieran demostrar acabadamente la imposibilidad de disposición de esas sumas por parte del imputado como así también, que efectivamente haya recibido por una sucesión de un departamento que haya pertenecido a su extinta madre, que el tiempo entre el deceso y el derecho sucesorio invocado por el imputado se haya producido en las fechas en que se confeccionó el documento. Todas estas razones me llevan a concluir que teniendo como razón fundamental la seguridad jurídica de los actos judiciales, deba absolver al acusado pues no fue posible obtener la convicción y la prueba necesaria para probar el hecho imputado. Párrafo aparte merece la consideración respecto a la existencia del ardid o engaño, que involucra el tipo de la estafa procesal previsto en el art. 172 del CP., que requiere que la actitud del reclamante haya estado dirigida a inducir en error al Juez, pues es evidente la conducta del demandado de lograr la ampliación de los términos, a fin de tratar de "conciliar intereses". Ante ello descarto la existencia de maniobras engañosas por parte del imputado, para lograr sus fines.

Atento las conclusiones arribadas, estimo innecesario el tratamiento prescriptivo interpuesto por la Defensa .

A la segunda cuestión, el Dr. Omar Florencio Minatta dijo: que conforme se resolviera al tratar la cuestión anterior, corresponde la absolución de R G por el delito de Estafa Procesal en concurso ideal con falsificación de instrumento privado (arts. 172, 292 y 54 del C.P.).

Con lo que se dio por terminado el Acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal por haberse logrado la mayoría, como así también que el tercer vocal sorteado no hace uso de la facultad prevista en el art. 357 2do. párrafo, última parte del CPP (texto art. 7 de la Ley 4550). En su mérito, habiendo escuchado, acusación y defensa damos el siguiente:

F A L L O I) ABSOLVIENDO libremente a R G, de las demás circunstancias personales ya mencionadas al principio, orden al delito de Estafa procesal en concurso ideal con falsificación de instrumento privado (artículos 172, 292 y 54 del Código Penal), por el hecho ocurrido el día 21 de febrero de 2000, en perjuicio de O V, en esta ciudad de Trelew.

II) REGULANDO los honorarios profesionales del defensor particular, Dr. N F G, y del apoderado de la querella, Dr. R A M, por la labor desempeñada en el expediente, en la suma de pesos DOS MIL QUINIENTOS ($ 2.500) a cada uno, con cargo a su defendido R G, y querellante adhesivo O V ( Ley 2.200).

III) DISPONIENDO la remisión al Juzgado Civil y Comercial n° 1 de esta ciudad, del expte. "G R c/V, O s/ejecutivo" n° 106392000, letra 57269, y al Ministerio Fiscal los autos "D, J R s/dcia. En rep. Consejo Profesional Ciencias Económicas (imputado R G) n° 12202004, que oportunamente fueran requeridos.

IV) REGISTRESE, notifíquese por su pública proclamación (Art. 359 del Código Procesal Penal) , firme, comuníquese y posteriormente, archívese.

ROBERTO RUBEN PORTELA OMAR FLORENCIO MINATTA DANIEL A. REBAGLIATI RUSSELL Ante Mi:

SERGIO CESAR PIÑEDA REGISTRADA BAJO EL NRO. 54 DEL AÑO 2007. CONSTE.

SERGIO CESAR PIÑEDA