Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2005-03-07


C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Siete (07) de Marzo de dos mil cinco, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "Castillo S.A.C.I.F.I.A. vs. Roldán de Menéndez, Patricia Fátima y otra s/ Cobros".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Alberto José Brito, Héctor Eduardo Aréa Maidana y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Alberto José Brito, dijo:

I.-Viene a conocimiento y decisión del Tribunal el recurso de casación interpuesto por la parte actora, contra la sentencia de la Sala IIIa. de la Cámara Civil y Comercial Común del 15/9/2004 que revoca la sentencia del 21/8/2003 y en consecuencia hace lugar a la defensa de prescripción opuesta por la demandada, con costas a la actora vencida.

II.- Le agravia al recurrente la aplicación que la sentencia hace del art. 7 del Cód. de Comercio, determinando que la compraventa del caso tiene naturaleza comercial y por ende aplica el art. 847 inc. 1° de dicho digesto de fondo. Considera el impugnante que, aún siendo comercial por ser una de las partes comerciante, ello sólo no remite automáticamente al inc. 1° del art. 847 sino al art. 844 que expresa que la prescripción mercantil está sujeta a la del CC en lo que no se oponga a los artículos siguientes. Que debe determinarse la naturaleza jurídica de la documentación probatoria que sustenta su pretensión para establecer los plazos específicos de prescripción en autos. Se pregunta si el fallo considera que se trata de una cuenta corriente mercantil o factura conformada. Cita el art. 847 inc. 1° y luego el art. 474 que remite a lo dispuesto en el decreto ley 6601/63 para estos últimos documentos. Sostiene que no se trata de factura conformada puesto que no está suscripta por el deudor y no cumple los demás requisitos del decreto ley mencionado. En cuanto a la cuenta corriente mercantil, cita el art. 771 Cód. de Comercio, e indica que no surge ninguna de las condiciones enunciadas por dicha norma en la factura y remito de autos. Que la Cámara incurrió en error por la inserción equívoca en el texto de la factura y remito: "condición de venta: cuenta corriente" y que para interpretar la verdadera naturaleza de la relación contractual debe recurrirse al Cód. de Comercio y sus normas sobre interpretación de contratos. Cita el Título Preliminar sobre las costumbres; señala que actualmente las costumbres en este ámbito territorial no utilizan las facturas como la que se encuentra en autos en el sentido dado por la sentencia en crisis sino como una prueba de que existió entre las partes un contrato por el cual una de ellas adquirió en un comercio una mercadería y por la que se pactó un pago en cuotas con vencimientos mensuales. Transcribe lo dispuesto en el art. 218 del mismo digesto comercial y reitera que se trata de una factura que prueba que se pactó la compra de una impresora con la modalidad del plazo para el pago en cuotas mensuales y de un remito que prueba la entrega de la cosa adquirida al comprador y que ambos documentos sirven: para probar la realización de un contrato, el primero y, el segundo, el cumplimiento de la obligación por parte del vendedor. Que por ello es de aplicación el CC en su art. 4023.

Se agravia asimismo por lo estipulado respecto al momento en que comienza a contarse el plazo de prescripción sosteniendo que la aplicación errónea del art. 874 inc. 1° hace decir a la Cámara que la prescripción comienza a partir de la fecha de la factura y no desde el vencimiento de las cuotas pactadas como correspondería. Responde a la cita de Llambías que efectúa el tribunal a quo para sostener que dichas consideraciones no tienen en cuenta que el término para la prescripción debe correr desde que la prestación sea exigible y que lo contrario sería ilógico toda vez que en autos quedan quince cuotas de plazos de exigibilidades diversos por lo que, de aplicar la tesis sentencial, el plazo de prescripción comenzaría a correr a las cuotas antes de que éstas sean exigibles. Indica el absurdo de tal tesitura sosteniendo que si el deudor se compromete a pagar su deuda en plazos mayores a los de la prescripción entonces su obligación de pago luego del vencimiento de aquél se tornaría de cumplimiento voluntario y que podría oponer en juicio la prescripción de todas esas cuotas lo que generaría un enriquecimiento ilícito a favor de la incumplidora.

Cita doctrina y jurisprudencia que considera aplicable al caso y sostiene, en conclusión, que tomando como base que la primera cuota venció en 22/3/97 y desde la fecha del vencimiento de la última cuota en 22/4/98, el plazo de prescripción comenzó a correr en esa fecha y hasta el momento en que se recibe la carta documento la demandada en 19/10/01 ha transcurrido tres años cinco meses y veintisiete días, la tercera parte del plazo decenal establecido por la legislación civil residual aplicable.

III.- Por auto interlocutorio del 05/11/2004 la alzada concede el recurso de casación, correspondiendo en esta instancia el análisis de su admisibilidad y procedencia.

IV.- La sentencia del 15/9/2004 relata los agravios del apelante y, analizándolos, advierte que el art. 4023 del CC no rige en la especie, toda vez que, si bien para la demandada se trata de una compraventa de naturaleza civil, para la actora es una operación comercial, lo que torna de aplicación la normativa del art. 7 del Código de Comercio, en cuya virtud "si un acto es comercial para una sola de las partes, todos los contrayentes quedan por razón de él sujetos a la ley mercantil". Señala que tratándose de una compraventa mixta, civil para una de las partes y comercial para la otra, se rige por el Código de Comercio. De allí que, dice, el plazo de prescripción aplicable a la especie es el establecido en el art. 847 inc. 1° del Cód. de Comercio. Explicita que este artículo no rige si entre las partes existe un contrato de cuenta corriente a la cual se incorpora el crédito que pierde así su individualidad y se convierte en una partida de aquélla, en cuyo caso corresponde la prescripción de 5 años que fija el art. 790 Cód. de Comercio. Que si bien de las copias de la factura y remito que se acompañan se menciona como "condición de venta: cuenta corriente" en la especie no se demanda un saldo de una cuenta corriente, ni se acompaña copia del contrato respectivo, sino que lo que se demanda es el precio de la compraventa instrumentada en la mencionada factura, el crédito individualizado y no una partida de una cuenta corriente, por lo que el plazo de prescripción que rige es el del art. 847 inc. 1° y no el del art. 790 Cód. de Comercio.

De otra parte, sostiene que el plazo de prescripción correrá desde la presentación de la cuenta respectiva, conforme lo dispone el art. 847 inc. 1° que no hace diferencia entre las cuentas de venta aceptada y las que se presumen liquidadas, a la vez que conforme al art. 474 si el comprador no observa la factura dentro de los diez días, se presumen cuentas liquidadas, como acontece en autos. Y esto aun cuando el precio fuera pagadero en quince cuotas pues el plazo comienza desde la fecha de la cuenta respectiva y no desde el vencimiento de la última cuota o de cada una de ellas o desde que cada prestación se haga exigible como sería el supuesto del inc. 2° del art. 847, puesto que conforme se ha expresado el inciso 2 del art. 847 se refiere a las prestaciones periódicas, retribución de servicios, etc., cada una de las cuales se considera una obligación distinta, pero no a la prestación única como el precio de una cosa o el capital del mutuo que deben pagarse o restituirse en cuotas periódicas. Indica que la doctrina y jurisprudencia es acorde en este sentido, tanto en la interpretación de este precepto como del análogo contenido en el inc. 3 del art. 4027 CC. Manifiesta que se trata de una "deuda única fraccionada", en la que el tiempo habrá de influir en la exigibilidad de las cuotas en que se haya dividido la deuda, pero no en su existencia, pues la obligación ya existe en su totalidad desde que aconteció su causa, aunque por entonces no fuese exigible. Cita a Llambías quien señala que en cuanto a las cuotas fraccionadas de una deuda única, una abundante jurisprudencia establece que están al margen del art. 4027 inc. 3° CC y solo se rigen por el término de prescripción que corresponda según sea la causa de la obligación. Que falta en esta hipótesis el carácter fluyente del crédito y que nace por entero sin posibilidad de aumento desde que se lo constituyó. Que el tiempo habrá de influir en la exigibilidad de las cuotas pero no en su existencia, que la exigibilidad aparece recién a medida que van venciendo escalonadamente los períodos determinados para el pago de cada cuota. Por ello, entiende la Cámara que el plazo de prescripción comienza a correr desde la fecha de la factura del 17/02/97.

Estima que las cartas documentos de fecha 19/10/01 provocan la suspensión del término de prescripción por el término de un año (art. 3986 CC) mas a dicha fecha el plazo cuatrienal de prescripción ya había vencido. Cita jurisprudencia en apoyo de la solución que propugna.

En consecuencia, revoca la sentencia de primera instancia de fecha 21/8/2003 y hace lugar a la defensa de prescripción liberatoria declarando prescripta la acción con costas de ambas instancias al actor vencido (art. 106 y 108 procesal).

V.- De la confrotación de los términos del memorial casatorio, puestos en relación con los motivos sentenciales, se advierte que el recurso debe prosperar.

Liminarmente cabe expresar que el recurrente admite, y en esto no hay cuestión litigiosa, que el Cód. de Comercio debe aplicarse como regla. En lo que discrepa es en qué normas de dicho Código -o en su defecto del CC- es aplicable a autos, toda vez que no está de acuerdo con la aplicación del art. 847 inc. 1° que efectúa la Cámara; a la par que le causa gravamen el comienzo del plazo de prescripción que se establece en la sentencia.

Ahora bien, el primero de los agravios mentados no puede prosperar. En primer lugar, se advierte una manifiesta insuficiencia recursiva en el fin de lograr el embate sentencial en el punto. En efecto, el impugnante recurre a argumentos que no se adecuan a las constancias de autos. Así, sostiene que la documentación respaldatoria de la operación de autos no consiste en una factura conformada ni en una cuenta corriente mercantil e indica que la Cámara pudo incurrir en este error por las palabras insertas en la documentación. Sin embargo, de la lectura atenta de los párrafos sentenciales no emerge que el tribunal de alzada haya fallado como lo hizo en atención a estas circunstancias reseñadas por el recurrente. Antes bien, la Cámara señala precisamente que el art. 847 del Cód. de Comercio no se aplica a la cuenta corriente y que en el caso, a pesar de ciertas palabras insertas en el documento que presenta la actora, no se trata de este tipo de contrato. Con lo cual, el agravio a ello referido es infundado. Por lo demás, el recurrente sobre la base de la alusión genérica a las costumbres y a las reglas interpretativas en materia comercial, propone una interpretación distinta de la que ofrece la Cámara respecto a la factura presentada en el sub examine. Así, sostiene de su parte que de ella no surge una cuenta de venta aceptada o liquidada sino que, por la costumbre comercial, ella sólo es prueba del contrato celebrado.

Este pretenso agravio no puede receptarse. Y es que resulta correcta la aplicación del art. 847 inc. 1° del Cód. de Comercio a la hipótesis de autos. Esta norma se refiere al cobro del precio de mercaderías; supone que no se haya pagado en todo o en parte este precio (el art. habla de "deuda"); que esta "deuda" esté "justificada" por "cuentas de ventas conformadas, liquidadas o que se presumen tales" por el transcurso de los términos de los arts. 73 y 474 Cód. de Comercio. Es decir que el inc. 1° comentado contempla la hipótesis en que el vendedor, con motivo de la entrega de la mercadería, haya librado un documento en el cual conste la cantidad y el precio y que ese documento haya sido conformado, aceptado o liquidado expresa o presuntivamente. La factura es el principal documento de la compraventa y ella, si no es observada dentro de los diez días, se presume cuenta liquidada (art. 73, 474 y 847 inc. 1° Cód. Comercio) -que es precisamente lo que la Cámara dice en su fallo y que no ha sido suficientemente atacado por el recurrente pues no basta para ello la mera alusión a las costumbres comerciales ni su discrepante interpretación respecto de la de aquélla. Por ello, no puede aceptarse la aplicación en autos del art. 4023 del CC bajo la razón de que la hipótesis del caso no está prevista expresamente en el Cód. de Comercio.

Lo expuesto hasta aquí ha sido ya señalado por esta Corte Suprema en otra oportunidad en que expresara que "el supuesto contemplado en la norma (art. 847 inc. 1° del Cód. de Comercio) es el relativo al cobro de una deuda justificada en una cuenta de venta, por lo que lo tipificado es la acción para el cobro del crédito instrumentado en un documento comercial... Las acciones emergentes del contrato de compraventa se rigen por los términos de prescripción común del art.846 del Cód. Comercio, en tanto que si el precio de la compraventa ha sido instrumentado en un documento comercial como por ejemplo, cuenta de venta aceptada, la acción emergente para el cobro de la deuda documentada se rige por el art.847 inc.1° del Cód. de Comercio. Adviértase incluso, que si el precio se hubiera instrumentado en un cheque, el término de prescripcioón para el cobro del mismo sería también distinto (CSJT, sent.100 del 07/4/92).

Ahora bien, debe receptarse el segundo agravio del recurrente que refiere al comienzo del cómputo de la prescripción. En efecto, si bien el art. 847 inc. 1° expresamente dispone que el plazo de prescripción comenzará a correr desde la presentación de la cuenta respectiva y que en caso de duda se presumirá presentada en el día de su fecha -solución que adopta la Cámara-, lo cierto es que ello no es absoluto y que es posible jurídicamente el apartamiento de tal solución cuando, por las modalidades que asume la venta, se hace necesario, bien la aplicación de los principios generales en la materia, bien una distinta solución. Es lo que ocurre, por ejemplo, en el caso de que la venta sea al fiado y esté documentada: el comienzo del cómputo de prescripción lo será desde la última entrega (conf. Zavala Rodríguez, Cód. de Comercio Comentado, T. VI, n° 107). En el presente caso, en que se pactó el pago en cuotas periódicas, si bien es correcto que no puede aplicarse el art. 847 inc. 2° del Cód. de Comercio ni siquiera el art. 4027 inc. 3° del CC como lo expresa el tribunal en su fallo, y por los motivos que él mismo señala, tampoco puede sostenerse que la prescripción de cuatro años que establece el artículo 847 comience a correr desde la presentación de la cuenta -léase en la especie, el día de su fecha-. Y ello por las especiales circunstancias del caso en que el pago del precio se ha pactado en quince cuotas iguales y consecutivas, con lo cual, por aplicación de los principios generales en la materia, la exigibildad de ellas no comienza, ni puede hacerlo, "el día de su fecha" (847 inc. 1° in fine) esto es: a la fecha de la factura o de la operación.

En efecto, el art. 3957 CC establece que la prescripción de los créditos que son a término cierto no principia sino desde el vencimiento del término. Ocurre que la prescripción se vincula a la acción y no a la relación jurídica en sí, por ello, cuando excepcionalmente ellas están disociadas (como en la operación de autos en que se ha establecido un plazo de cumplimiento), no coincide el comienzo del cómputo de la prescripción con el día de la fecha de la obligación. Es que la relación jurídica existe desde su constitución pero no así la acción, ya que ésta no puede tener existencia mientras el titular de la primera carece de la posibilidad de actuar eficientemente, o sea, hasta el vencimiento del plazo (conf. Bueres-Highton, Cód. Civil y Normas Complem., comentario art. 3956). En estos casos, la prescripción está ligada a la exigibilidad y ésta determina la acción por ende, si no se puede demandar hasta que la cuota no esté impaga -al vencimiento del plazo de la misma-, no se puede iniciar el cómputo de la prescripción.

Determinado entonces que el comienzo del cómputo de la prescripción no puede ser el del día de la fecha de la factura, toda vez que en ese momento no tenía el acreedor expedita su acción para el cobro del precio de venta, cabe indagar cuándo corresponde su inicio.

A tales efectos, bien indica la Cámara que no se trata de deudas independientes entre sí toda vez que responden a una deuda única fraccionada en cuotas (y por ello excluye la aplicación del art 4027 inc. 3° CC u 847 inc. 2° Cód. Comercio) y cita a Llambías para encontrar la solución al caso. Mas, de una lectura de los considerandos del pronunciamiento en crisis emerge que la cita que de Llambías hace la Cámara es objeto de una interpretación incorrecta por parte de ella. En el texto que reproduce la Cámara advierte este autor la diferencia entre la existencia y la exigibilidad de la deuda e indica claramente que "no cabe confundir la existencia de la deuda con su exigibilidad, que recién aparece a medida que van venciendo, escalonadamente los períodos determinados para el pago de cada cuota". Aclara que esto hace que estando destinado a agotarse el monto total de la deuda única de capital, no juegue acá la idea de acumulación indefinida que es la que explica la prescripción quinquenal del artículo que analiza (art. 4027 inc. 3 CC). Y más adelante añade que "con respecto a la deuda única, de vencimiento escalonado, la prescripción corre para cada cuota desde que ellas son exigibles". Por eso no se comprende el motivo por el que la Cámara, habiendo comenzado bien su razonamiento, llega a una conclusión que no se desprende del mismo, incurriendo en un grave vicio de lógica.

Por tanto, conforme a lo expuesto, se aplica en la materia el principio comprendido en el art. 3957 CC: Si el crédito está sujeto a plazo cierto, es exigible recién con el vencimiento del plazo. Y esto no varía cuando se trata de plazos periódicos de una deuda única fraccionada. Lo expuesto no es otra cosa que la observancia del principio romanista "actio non data non praescriptio" pues la prescripción comienza a correr desde el momento en que el acreedor tiene expedita su acción.

Esta línea no es sino aplicación de los principios generales en la materia destacándose que el texto del inc. 1° del art. 847 -en tanto entiende que el cómputo de la prescripción comienza desde la presentación de la cuenta- no deroga aquéllos toda vez que la norma parte de que pueda presentarse la cuenta y exigirse la deuda, lo que no acontece cuando se han establecido plazos para el pago en cuotas. Al haber acordado las partes el fraccionamiento del precio en cuotas, la exigibilidad de la deuda no se opera a la fecha de presentación de la cuenta, por así haberlo pactado (art. 1197 CC).

En definitiva, fundado el reclamo de cobro de saldo de precio de una compraventa en la existencia de facturas y remitos, como base instrumental de la operación, corresponde aplicar la prescripción de cuatro años establecida por el art. 847, inc. 1° del Cód. de Comercio, por tratarse de deudas justificadas por cuentas aceptadas, liquidadas o que se presumen liquidadas, de conformidad a las disposiciones de los arts. 73 y 474, párr. 3° del citado cuerpo normativo. Y, no habiéndose pactado la caducidad automática de todos los plazos -hipótesis que no se alegó ni probó en autos-, el término de prescripción de una deuda única con vencimientos escalonados recién comienza a correr para las cuotas vencidas desde cada vencimiento.

Por lo expuesto, corresponde casar la sentencia en crisis, conforme a la siguiente doctrina legal: "En las compraventas previstas en el art. 847 inc. 1° del Cód. de Comercio, en que se hubiere pactado el pago en cuotas, el término de la prescripción prevista en dicha norma comienza a correr para las cuotas vencidas, desde cada vencimiento".

En consecuencia, y en atención a la suspensión de la prescripción provocada por el envío de la Carta Documento de fecha 18/10/2001 conforme la aplicación al caso del art. 3986 CC (doctrina de fallo Gigena vs. Chierzi s/ Cobro, sent. n° 932 del 18/11/2004), corresponde dictar como sustitutiva, la siguiente: "I.- REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia de fecha 21/8/2003 corriente a fs. 42 y, en consecuencia, HACER LUGAR parcialmente a la prescripción liberatoria deducida por la demandada, declarando prescriptas las cuotas correspondientes a los períodos 22/3/97 a 22/9/97 inclusive. II.- COSTAS a cargo de la demandada por lo que prospera la demanda y a cargo de la actora en lo que prospera la defensa de prescripción".

VI.- Las costas del recurso casatorio se imponen por su orden atento al resultado parcialmente exitoso del mismo.

Los señores vocales doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR PARCIALMENTE al recurso de casación deducido por la la parte actora, contra la sentencia de la Sala IIIa. de la Cámara Civil y Comercial Común del 15/9/2004, conforme a la doctrina legal enunciada y, en consecuencia, se CASA la misma dictándose como sustitutiva, la siguiente: "I.- REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia de fecha 21/8/2003 corriente a fs. 42 y, en consecuencia, HACER LUGAR parcialmente a la prescripción liberatoria deducida por la demandada, declarando prescriptas las cuotas correspondientes a los períodos 22/3/97 a 22/9/97 inclusive. II.- COSTAS a cargo de la demandada por lo que prospera la demanda y a cargo de la actora en lo que prospera la defensa de prescripción". Devuélvase el depósito.

II.- COSTAS del recurso de casación como se consideran.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSÉ BRITO HÉCTOR EDUARDO ARÉA MAIDANA ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA