Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-14


Causa Nº 35.569/06-CC/2006 (int. 74/07) Incidente de apelación en autos: "LES BEJART S.A. s/exceder capacidad máxima otorgada" -FALTAS-.

En la ciudad de Buenos Aires, a los 14 días del mes de septiembre del año 2007, se reúnen los miembros de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Elizabeth A. Marum, José Sáez Capel y Marcelo P. Vázquez, a efectos de resolver el recurso de apelación interpuesto por la Lorena Elizabeth Santos, a cargo de la del que RESULTA:

I.- Que a fs. 268/270 obra la decisión de esta Sala por el que se resuelve declarar admisible el recurso de queja y conceder el recurso de apelación interpuesto por la defensa.

II.- Que a fs. 257/258 luce el recurso de reposición con apelación en subsidio interpuesto por la Lorena Elizabeth Santos -apoderada de la firma Les Bejart S.A.- en el que plantea los siguientes agravios: 1) error en el cómputo del plazo, en atención a que la empresa sufrió una clausura preventiva de cuatro días (4), conforme surge del expediente administrativo correspondiente, desde el 24/9/06 hasta el 27/9/06. Por tales motivos, solicita se le descuente a la pena de clausura de 10 días los 4 producto de la medida cautelar, restando el cumplimiento de 6 días. 2) En cuanto a la multa de $ 40.000 solicita un plan de pago de diez cuotas, iguales y consecutivas de $ 4000 cada una. Finalmente, hace reserva de recurrir y del caso federal..

III.- Que a fs. 259/260 vta. el Sr. Juez de grado, con fecha 8/8/07 resuelve: 1) no hacer lugar al recurso de reposición con apelación en subsidio. 2) No hacer lugar a la solicitud de modificación de la sanción de clausura impuesta como pena mediante la sentencia de fs. 237/243 -firme a la fecha-. 3) Establecer que la sanción de clausura de diez (10) días oportunamente impuesta sobre el local denominado "Moliere" sito en Balcarce 687/682/698 y Chile 269/299 de esta ciudad, se cumpla de la siguiente manera: del jueves 9 de agosto a las 0:00 hasta el viernes 10 de agosto de 2007, a las 24:00 inclusive (dos días). Luego, desde el lunes 13 de agosto a las 0:00 horas hasta el jueves 16 de agosto de 2007 a las 24:00 hs. inclusive (cuatro días). Y por último, desde el lunes 20 de agosto a las 0:00 hs. hasta el jueves 23 de agosto de 2007 a las 24:00 hs. inclusive (cuatro días). 4) Conceder un plan de facilidades para el pago de la multa de cuarenta mil ($ 40.000) impuesta oportunamente, consistente en diez (10) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de cuatro mil ($ 4.000) cada una, debiendo acreditar dicho pago del 1 al 10 de cada mes, venciendo la primera en el mes de septiembre del corriente año.

IV.- Que a fs. 282 vta. obra el Dictamen nº 430/FC2/07 de la Sra. Fiscal de Cámara, Sandra Verónica Guagnino, quien considera que el planteo del recurrente no resulta procedente, pues conforme el art. 7 (Ley 1217) la medida de clausura adoptada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el ejercicio de su poder de policía, fue a los efectos de hacer cesar las faltas. Asimismo, remitidas las actuaciones al Controlador administrativo, éste dispuso levantar la medida ya que habían cesado los motivos por los cuáles había sido adoptada.

Por otro lado, al dictarse la sentencia condenatoria, el Magistrado de grado, condenó a la pena de clausura por diez días, lo que claramente tiene otro fin distinto, ya que se trata de una sanción como consecuencia de haberse comprobado la responsabilidad de la empresa en la comisión de una falta.

Finalmente, aclara que la medida preventiva fue una decisión administrativa y no jurisdiccional.

V.- Que a fs. 286/289 la defensa de la firma Les Bejart S.A., a cargo de la Lorena Elizabeth Santos, amplia los fundamentos, y expresa que, según la jurisprudencia actual de las Salas, el régimen de faltas es un régimen sancionatorio asimilable al penal. Por lo tanto, refiere que no cuadra hacer una distinción entre el acto de clausura en función del poder de policía y el acto de clausura derivado de una sentencia. Asimismo, asimila la prisión preventiva -que persigue fines precautorios- y la pena de prisión como consecuencia de una condena, en donde se dan por compurgadas. Finalmente, considera que si las clausuras preventivas están previstas por la ley 1217, su control, revisión y probable cómputo a los fines de integrar parte de la pena, deben estar necesariamente incluidos en la actividad de los jueces.

Al respecto, sostiene que no hay motivos para darle a la revisión judicial carácter administrativo. Asimismo, alega que la empresa fue absuelta por el único hecho que justificara la clausura preventiva.

Por último, hace reserva de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia y del caso federal.

VI. Que a fs. 290, pasan los autos a resolver;

PRIMERA CUESTIÓN:

En primer término es dable afirmar que este Tribunal ya se ha expedido en relación a la admisibilidad del recurso de apelación en oportunidad de resolver la procedencia del recurso de queja, oportunamente interpuesto por la defensa ante el rechazo del recurso de apelación por parte del Magistrado de grado (fs. 194/195). Ello así, y siendo que en dicha ocasión esta Sala ha resuelto declarar admisible la queja interpuesta, mal denegado y conceder el recurso de apelación, no cabe efectuar consideración alguna respecto al punto en cuestión, remitiéndonos a lo allí expresado.

SEGUNDA CU ESTIÓN:

En primer lugar, cabe dejar sentado que este Tribunal ha resuelto reiteradamente que en materia de faltas la aplicación de algunos de los principios propios del derecho penal, lejos de significar una forma arbitraria de fundar la decisión, representa el correcto camino hermenéutico atento a la particular naturaleza jurídica que posee la materia de Faltas ("GCBA c/ Transporte Automotor Varela SA s/ Ejecución de multa - Apelación", causa 184-00/CC/2004, del 10/08/2004; "GCBA c/ Transporte Automotor Varela SA s/ Ejecución de multas - Apelación", Causa 365-00/CC/2004, del 3/11/2004; "GCBA c/ IMPSAT SA s/ Ejecución de multa - Apelación", Causa 412-00/CC/2004, del 17/02/2005 y "GCBA c/ Expreso Cañuelas SA s/ Ejecución Fiscal - Apelación", Causa 27-00-CC/2005, del 16/03/2005, entre muchas otras).

Sin embargo, de ello no se desprende que se aplique supletoriamente en la materia de faltas la ley penal de fondo ni la de forma como pretende el recurrente. En tal sentido, el Máximo Tribunal local ha afirmado que "No puede decirse, así, sin más, que el régimen material y formal de faltas sea enteramente clasificable como Derecho penal. Existen algunas razones para pensar que se trata de un régimen sancionatorio de la Administración. En principio, las reglas nuevas (leyes nº 451 y 1.217) no conducen a una aplicación supletoria de normas procesales o de fondo de carácter penal, tal como lo hacían las anteriores leyes aplicables (nº 19.690 y nº 19.691) y como lo hacen expresamente las normas contravencionales vigentes (argumentación sólo formal) ... Como se observa, todo el procedimiento judicial se asemeja bastante al procedimiento de impugnación de resoluciones administrativas singulares, por las cuales el Estado, detentador del orden y de la fuerza pública (poder de policía), decide aplicarla (coerción) a una persona determinada quien, como toda la teoría en la legislación administrativa lo supone, cuenta con un recurso judicial para objetar esa decisión" (TSJ, voto del Maier, Expte. nº 4054/05 "Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Contravencional y de Faltas nº 1- s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Leiva Quijano, Lita Elsa s/venta ambulante sin permiso -apelación-", rta. el 21/12/2005); y "(a)ún cuando la jurisprudencia reconozca entidad penal, punitiva o represiva a las multas impuestas por la Administración con el objeto de prevenir o castigar las violaciones a leyes o reglamentos, ello no implica, sin más, que el régi men de faltas sea derecho penal material, y menos aún, que deban acogerse principios que rigen materias diametralmente opuestas en cuanto a sus fines y contenidos ..." (del voto Conde, Expte. Nº 3966 "GCBA s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: "GCBA c/Impsat SA s/ejecución de multa", rta. del 19/10/2005).

Desde esta perspectiva, la cuestión se rige entonces por las leyes 451 y 1217 (y sus modificaciones), sancionadas específicamente para esta materia. La ley de forma ha regulado un procedimiento especial y expedito para los supuestos en que los órganos administrativos adopten medidas cautelares (secuestro o clausura), distinto al trámite establecido para el juzgamiento de las infracciones.

Así, el art. 7 de la Ley Nº 1217 establece que a efectos de hacer cesar la falta o asegurar la prueba, los organismos administrativos que controlan faltas en ejercicio del poder de policía pueden: "a)... b) proceder a la clausura preventiva del/los locales y/u obras en infracción. La imposición de estas medidas no obsta la aplicación de aquellas otras que correspondan en virtud del ejercicio del poder de policía".

En efecto, en relación a las medidas precautorias, la Ley Nº 1217 dispone que en los casos en que los organismos administrativos que controlan faltas adopten alguna de ellas, las actuaciones deberán elevarse a la Unidad Administrativa de Control de Faltas en un plazo de tres días, debiendo dictar el Controlador Administrativo de Faltas la resolución correspondiente en el mismo plazo, la que "... a pedido de parte puede ser revisada judicialmente ..." (art. 8 de la ley citada).

En el caso sub examine, el local de narras estuvo clausurado preventivamente desde el 24/9 hasta el 27/9/2007, y considerando que el día que fuera clausurado era domingo, el 26/9 la Unidad Administrativa de Control de Faltas resolvió ratificar la clausura inmediata y preventivamente impuesta sobre el local sito en la calle Balcarce 678/82 de esta ciudad, y se elevaron las actas de comprobación de faltas a la Dirección General de Administración de infracciones en cumplimiento de lo establecido en el art. 8 de la Ley 1217 (ver fs. 2/3). Asimismo, con fecha 27/9/2007 el controlador administrativo ordenó el levantamiento de la medida de clausura (ver fs. 18).

De ello se desprende que el tiempo que el local permaneció clausurado fue dentro del plazo establecido legalmente.

Por otro lado, la ley 451 (ley de fondo en materia de faltas, modificada por la ley 1921) prescribe que las faltas se sancionan con la multa, inhabilitación, suspensión en el uso de la firma, clausura y decomiso (art. 18). Así, específicamente en el art. 23 se define que la sanción de clausura es la imposición del impedimento para funcionar a un local o establecimiento comercial, industrial o profesional.

En resumen, la medida de clausura adoptada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el ejercicio de su poder de policía, fue a los efectos de hacer cesar la falta. Asimismo, remitidas las actuaciones al Controlador administrativo, éste dispuso levantar la medida ya que habían cesado los motivos por los cuáles había sido adoptada.

Por otro lado, al dictarse la sentencia condenatoria, el Magistrado de grado, condenó a la pena de clausura por diez días, lo que claramente tiene otro fin distinto, ya que se trata de una sanción como consecuencia de haberse comprobado la responsabilidad de la empresa en la comisión de una falta.

Por otro lado, si el legislador hubiera querido que se compute el tiempo sufrido en clausura preventiva al momento de practicar el cómputo de la pena, existiría una norma expresa que lo establezca como es el caso del art. 24 del CP que expresamente lo prevé para el caso de la pena de prisión, en atención al derecho que restringe y a la especial gravedad que reviste.

Por ello, teniendo en cuenta que la clausura como medida cautelar posee objetivos distintos que la clausura que se aplica como pena, y que lo pretendido por el recurrente carece de sustento legal, por lo que no corresponde computar el tiempo de la clausura preventiva ordenado por la Administración en el ejercicio de su poder de policía como parte del cumplimiento de la pena dictada en sede judicial.

Finalmente, cabe destacar que la resolución que se adopta no vulnera el principio de "non bis in idem", como pretende el quejoso, pues no se impuso una doble sanción por el mismo hecho, dado que la medida cautelar administrativa carece de tal carácter y en el caso se impuso -como se dijera- por el tiempo legal establecido para hacer cesar la falta.

Sin perjuicio de lo expresado precedentemente, el Juzgador -en cada caso- al momento de dictar sentencia condenatoria y fijar la pena debe tener en cuenta lo establecido en el art. 28 de la ley 451 (modificado por la ley 2195), es decir, las pautas que deben ser tomadas en cuenta para fijar la sanción aplicable al caso. Dicha norma establece, sobre la base de los principios de racionalidad y proporcionalidad, que debe considerarse para graduar la pena, la extensión del daño causado o el peligro creado, la intensidad de la violación al deber de vigilancia o de elección adecuada, la situación social y económica del infractor y la existencia de sanciones impuestas por infracciones a normas contempladas en una misma Sección en el transcurso de los últimos dos años.

Por las razones expuestas, se confirmara la resolución del Magistrado de grado obrante a fs. 194/195 en cuanto no computa el tiempo de clausura preventiva a la sanción de diez días de clausura sobre el local denominado "Moliere" sito en Balcarce 687/682/698 y Chile 269/299 de esta ciudad, impuesta en la sentencia condenatoria firme de fs. 141/147.

Por los motivos expuestos, este Tribunal, RESUELVE:

I) Confirmar el pronunciamiento recurrido de fecha 8/8/07 obrante a fs. 194/195 en cuanto fuera materia de recurso.

II) Tener presente las reservas efectuadas de recurrir al Tribunal Superior de Justicia y del caso federal.

Regístrese, notifíquese con carácter de urgente y oportunamente remítase al Juzgado de Primera Instancia interviniente, a sus efectos.

Ante mí:

va