Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-16


Expte. nº 7128/10 "Zurich Internacional Life Limited Sucursal Argentina s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en ´Zurich Internacional Life Limited Sucursal Argentina c/ GCBA s/ otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones'" Buenos Aires, 16 de marzo de 2011 Vistos: los autos indicados en el epígrafe, resulta:

El Sr. Ernesto Santamaría radicó una denuncia ante la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra Eagle Star International Life Limited Sucursal Argentina -actualmente, Zurich Internacional Life Limited Sucursal Argentina (en adelante, "Zurich")- en su carácter de cesionario de los derechos y acciones litigiosas derivadas de un contrato de seguro de vida celebrado entre la mencionada empresa y el Sr. Adrián Giménez Hutton (fs. 1/14 vuelta; salvo indicación en contrario, todas las fojas mencionadas corresponden a las actuaciones principales).

La cesión fue realizada por la Sra. Bárbara Sandor, quien fuera la beneficiaria de la póliza nº 141377/0.

Ante el fallecimiento del Sr. Giménez Hutton, la aseguradora rechazó la procedencia del siniestro (fs. 53) invocando una cláusula de las condiciones particulares del contrato (en adelante, la "Cláusula") que preveía lo siguiente: "(p(ara los fines de esta póliza, ningún beneficio será pagadero si en la opinión del médico de la compañía un reclamo surge directa o indirectamente como resultado de: Aviación o aeronáutica en cualquier modalidad salvo como pasajero de línea regular." Agotada sin éxito la instancia conciliatoria del artículo 7 de la ley nº 757 (fs. 64), la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor (en adelante, la "Dirección") imputó a la denunciada la infracción de los artículos 37 inciso b) y 19 de la ley nº 24.240 (fs. 65).

En cuanto al artículo 37 inciso b) de la ley nº 24.240, la Dirección consideró que la Cláusula resultaba abusiva por ampliar los derechos de la parte predisponente.

Ello, al reservarse Zurich la facultad de determinar la viabilidad o no de la cobertura en aquellos casos no incluidos en los denominados vuelos regulares por la sola 'opinión del médico de la compañía', sin establecer parámetros en base a los cuales se fundamentaría esa decisión de la empresa.

Con relación al artículo 19 de la referida norma, la Administración entendió que la denunciada no cumplió con los términos y condiciones pactados con el consumidor al rechazar la cobertura del seguro de vida haciendo sólo referencia a parte de la Cláusula, sin acompañar constancia de la opinión del médico de la compañía.

Presentado el correspondiente descargo, mediante disposición nº 4237/DGDYPC/2006 la Dirección le impuso a Zurich una multa de cincuenta mil pesos ($ 50.000) por violación a los artículos 37 inciso b) y 19 de la ley nº 24.240 y le ordenó la publicación de la sanción en el diario "Clarín" (fs. 114/121 vuelta).

2. El 05/01/2007 Zurich dedujo recurso de apelación en los términos del artículo 11 de la ley nº 757 para cuestionar la disposición nº 4237/DGDYPC/2006 (fs. 130/139 vuelta).

En primer término, la actora sostuvo que el denunciante carecía de legitimación activa.

Expresó:

que (fs. 121 vuelta) "(s(i el legislador hubiera tenido la intención de ampliar el concepto de consumidores a terceros y/o terceros interesados, como lo es el cesionario de un beneficio derivado de un contrato de seguro, es decir, a un sujeto no contratante, lo hubiera previsto expresamente"; ii) que aún asumiendo que el beneficiario también estuviera comprendido dentro del artículo 1 de la ley de defensa del consumidor, el Sr. Santamaría no era el beneficiario de la póliza sino el cesionario a título oneroso del beneficio; iii) que el Sr. Santamaría adquirió por cesión a título oneroso el derecho litigioso de la Sra. Sandor (beneficiaria del contrato de seguro, esposa del Sr. Giménez Hutton) en compensación por servicios profesionales oportunamente realizados; iv) que según el artículo 2 de la ley nº 24.240 no son consumidores quienes adquieran bienes o servicios para integrarlos en procesos de producción; y v) que la situación del Sr. Santamaría encuadraba en el artículo 2 de la ley nº 24.240 dado que, en definitiva, "(...) el eventual producido del seguro por el que reclama a ZILLSA será el fruto de su actividad profesional" (fs. 133 vuelta).

En cuanto a la infracción al artículo 37 inciso b) de la ley nº 24.240, la accionante dijo:

(i) que la aseguradora solicita la opinión de un médico cuando las circunstancias de la muerte son dudosas, lo que no sucedió en el caso de autos en el que " (...) la causa de la muerte fue claramente el accidente aéreo en un avión de línea no regular..." (fs. 135 vuelta/136);

(ii) que el fundamento de la sanción recurrida "(...) llevaría al absurdo de sostener que todos los contratos de seguro serían abusivos ya que, las compañías aseguradoras, siempre deben pronunciarse unilateralmente sobre la procedencia de la denuncia de siniestro realizada por el asegurado o por el beneficiario del seguro" (fs. 136);

(iii) que (fs. 136) "(l(a referencia a la 'opinión del médico' es de uso corriente en la práctica aseguradora, tanto es así que surge de las condiciones generales uniformes para los seguros de accidentes personales aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación mediante la resolución Nº 20.610 (cláusula 2, segundo párrafo)";

(iv) que (fs. 136 vuelta) "(...) la muerte del tomador del seguro de vida, Sr. Giménez Hutton, fue el resultado de un accidente aéreo en un vuelo charter, circunstancia que es reconocida por el Sr. Santamaría en su denuncia y que además, (...) es de público y notorio, toda vez que en dicho accidente perdió la vida un directivo de 'Techint' y un periodista del diario 'La Nación', lo cual fue ampliamente cubierto por los medios de comunicación escrita, radial y televisiva"; y (v) que (fs. 136 vuelta) "(...) la opinión del médico es irrelevante, toda vez que es evidente que el Sr. Giménez Hutton murió como consecuencia de un accidente aéreo en línea no regular".

Por fin, en lo relativo a la inobservancia del artículo 19 de la ley nº 24.240, la empresa manifestó:

i) que (fs. 137) "(h(abiendo el asegurado fallecido en un accidente en un vuelo charter, tal como es reconocido por el propio denunciante, y como fue de público y notorio, resulta más que evidente que la opinión del médico era absolutamente innecesaria";

ii) que la aseguradora no tiene obligación de dar a conocer al beneficiario el contenido del dictamen médico, ni de transcribir íntegramente la cláusula por la cual se rechaza la procedencia del reclamo por un siniestro, ni de fundamentar su decisión de denegar la indemnización; y iii) que "(l(a falta de transcripción íntegra de la cláusula contractual que motiva el rechazo no puede ser calificada de incumplimiento contractual" (fs. 138 vuelta).

3. A fs. 157/160 vuelta el Gobierno contestó el traslado del recurso judicial de apelación de su contraria.

4. A fs. 235/253 la accionante acompañó copia simple de la sentencia dictada el 19/09/2008 por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial en la causa "Santamaría, Ernesto c/ Zurich International Limited Sucursal Argentina s/ ordinario", en la que se rechazó la demanda iniciada por el Sr. Santamaría contra la nombrada aseguradora. A fs. 255/272 la empresa presentó copia certificada de ese decisorio.

Asimismo, en su alegato (fs.285/290 vuelta), la actora invocó la sentencia dictada en el fuero comercial y se refirió a los fundamentos de ese pronunciamiento.

5. El 29/09/2009 la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad confirmó la sanción impuesta a Zurich (fs. 293/307).

Como aclaración preliminar, los jueces destacaron que la ley nº 26.361 "(...) en nada afectó la valoración de los hechos" que llevaron a la Administración a imponer la sanción recurrida (fs. 302).

Seguidamente los sentenciantes desestimaron el planteo vinculado con la falta de legitimación activa del denunciante. Ello, pues entendieron que (fs. 302 vuelta) "(...) la beneficiaria del seguro de vida integra la relación de consumo a partir del momento en que ocurre el siniestro" y que como aquélla cedió a título oneroso los derechos emergentes del contrato de seguro celebrado con Zurich, el cesionario tomó su lugar en esa contratación.

Agregaron:

i) que el artículo 1 de la ley nº 26.361 adoptó una interpretación amplia del concepto de consumidor al incluir en esa noción "a quien, sin ser parte de una relación de consumo, como consecuencia o en ocasión de ella adquiere o utiliza bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social, y a quien de cualquier manera está expuesto a una relación de consumo"; y ii) que, como lo indicó la Fiscal de Cámara, el beneficiario de un contrato de seguro de vida "'... vendría a ser un usuario del servicio, que tiene un vínculo jurídico con la aseguradora, que se configura una vez producido el siniestro'" (fs. 303).

A continuación, los camaristas rechazaron los agravios de la recurrente relacionados con el artículo 37 inciso b) de la ley nº 24.240 porque concluyeron que la Cláusula era abusiva en los términos de esa norma. También descartaron la existencia de cosa juzgada. Explicaron:

i) que el artículo 46 de la ley de seguros nº 17.418 prohíbe al asegurador supeditar su prestación a una condición y que ello, justamente, es lo que sucedía en el caso, dado que "(...) la cláusula en análisis deja librado a la sola opinión del médico el reconocimiento del siniestro" (fs. 305);

ii) que la Cláusula establecía una condición meramente potestativa;

iii) que, como con acierto lo había advertido la Fiscal de Cámara, la sentencia dictada en el fuero comercial no se refería "'(...) al aspecto tenido en cuenta por la Dirección de Defensa del Consumidor al momento de imponer la sanción recurrida, sino a la facultad de la aseguradora de excluir determinados supuestos de la cobertura del seguro, como en el caso, los siniestros ocurridos como resultado de la aviación o aeronáutica en cualquier modalidad salvo como pasajero de línea regular'" (fs. 305 vuelta);

iv) que si bien la accionante había acompañado la sentencia dictada en el fuero comercial para "(...) demostrar que la facultad de la aseguradora de excluir determinados supuestos de la cobertura de seguro resulta práctica habitual en el mercado asegurador de vida", esa potestad no estaba cuestionada en autos (fs. 305 vuelta); y v) que lo que se discutía en la causa era si la cláusula de exclusión de cobertura impugnada resultaba "(...) abusiva de acuerdo a los principios establecidos a la luz de la ley 24.240" (fs. 305 vuelta).

Por fin, los planteos vinculados con el artículo 19 de la ley nº 24.240 tampoco tuvieron acogida favorable. Los magistrados entendieron que Zurich infringió esa norma al no prestar el servicio según lo convenido. Afirmaron:

i) que (fs. 306 vuelta) la empresa no acompañó "(...) prueba fehaciente alguna que demuestre que requirió la opinión de un médico tal cual lo estipula la cláusula"; y ii) que de los dichos de Zurich surgía que la firma "(...) consideró ese requisito (el dictamen médico( improcedente e innecesario por su sola voluntad (...), sin ni siquiera reparar que dicha exigencia provenía de una cláusula expresamente estipulada en el contrato, aún cuando estas sean declaradas abusivas (sic) por otras razones..." (fs. 306 vuelta).

6. Contra la sentencia de fs. 297/307, la accionante interpuso recurso de inconstitucionalidad basado en la afectación de su derecho de propiedad, la defensa en juicio y la garantía del debido proceso (fs. 312/323).

7. Contestado el pertinente traslado por el GCBA (fs. 335/351), la Sala II declaró inadmisible el recurso de inconstitucionalidad de la actora (fs. 353/354). Señaló:

i) que la recurrente sólo disentía con la interpretación efectuada de normas infraconstitucionales;

ii) que los temas debatidos en la decisión atacada "(...) versaron sobre el hecho denunciado, su prueba, la interpretación y aplicación de la ley 24.240, así como extremos procesales vinculadas (sic) con su ejercicio" (fs. 354);

iii) que Zurich únicamente discutía "(...) el acierto de las conclusiones a que ha arribado el tribunal sobre la base del contexto fáctico y jurídico, cuya existencia no fue controvertida" (fs. 354);

iv) que el recurso abundaba "(...) en discrepancias respecto de la manera en que el tribunal valoró la prueba y la realidad judicial verificada, bajo el prisma del derecho sancionador del consumidor..." (fs. 354);

v) que no se había planteado adecuadamente un caso constitucional ni se habían vinculado las normas constitucionales citadas con el fallo recurrido; y vi) que el pronunciamiento impugnado estaba debidamente fundado y se trataba de "(...) un acto jurisdiccional válido" (fs. 354).

8. Contra la resolución de fs. 353/354, Zurich dedujo la queja que tramita en autos (fs. 83/98).

9. En su dictamen, el Sr. Fiscal General propició el rechazo del recurso directo (fs. 106/109 del expediente nº 7128/10).

10. A fs. 112 se solicitó a la Cámara la remisión de los autos principales caratulados "Zurich Internacional Life Limited Sucursal Argentina c/ GCBA s/ otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones" -que tramitan bajo el número 1885/0- y a fs. 116 se los tuvo por recibidos en el Tribunal.

Fundamentos:

La jueza Alicia E.C. Ruiz dijo:

Recurso de queja:

El recurso directo fue presentado en tiempo y forma por Zurich, y contiene una crítica adecuada de la resolución de fs. 353/354, vistos los términos en que la Sala II denegó el recurso de inconstitucionalidad.

La Cámara señaló que no se había planteado un caso constitucional ni se estaba frente a una sentencia arbitraria.

En consecuencia, para rebatir el auto denegatorio la quejosa sólo podía volver -como lo hace- sobre los argumentos del recurso de inconstitucionalidad, lo que es suficiente para admitir la queja (conf. mis votos en "Banco Macro Bansud S.A. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Banco Bansud Grupo Macro c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ otras causas con trámite directo ante la Cámara de apelaciones'", expte. nº 4512/05, resolución del 19 de julio de 2006; "Volkswagen S.A. de ahorro para fines determinados s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en ´Volkswagen S.A. de ahorro para fines determinados c/ GCBA s/ recurso Apel. Jud. c/ Decis. DGR (art. 114 Cod. Fisc.)´", expte. n° 4723/06, resolución del 15 de noviembre de 2006; "Compañía Papelera Sarandí S.A.C.I.I.A. c/ GCBA s/ impugnación de actos administrativos s/ recurso de inconstitucionalidad concedido" (expte. nº 5335/07) y su acumulado "Compañía Papelera Sarandí S.A.C.I.I.A. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Compañía Papelera Sarandí S.A.C.I.I.A. c/ GCBA s/ impugnación de actos administrativos'" (expediente nº 5331/07), resolución del 6 de noviembre de 2007, entre otros).

Recurso de inconstitucionalidad:

1. El recurso de inconstitucionalidad de la empresa, aunque formalmente admisible, debe ser rechazado porque no logra proponer una cuestión constitucional.

2. Zurich aduce que el aquo lesionó su derecho de propiedad, la defensa en juicio y el debido proceso. Sostiene que se violó la cosa juzgada y se realizó "(...) una valoración irrazonable de las circunstancias del caso" (fs. 315 vuelta). Manifesta:

(i) que la jurisdicción local no pudo resolver válidamente que la Cláusula era abusiva cuando un año antes, por sentencia firme, la Cámara de Apelaciones en lo Comercial había decidido lo contrario;

(ii) que la interpretación adoptada en el pronunciamiento atacado respecto del artículo 19 de la ley de defensa del consumidor contradice lo decidido en el fuero comercial pues "(s(i para la Cámara Comercial el rechazo del siniestro se realizó conforme a derecho, es inaceptable que la sentencia que se apela vuelva a analizar el mismo tema y llegue a una conclusión diametralmente distinta, sólo por el hecho de que se omitió comunicar una opinión médica inexistente que (...) la propia Cámara de la Ciudad había calificado como un trámite potestativo y abusivo" (fs. 317);

(iii) que en ambas jurisdicciones "(...) la pretensión del denunciante fue exactamente la misma: la declaración de nulidad de la cláusula de exclusión de la cobertura por abusiva a la luz de la LDC" (fs. 317 y vuelta);

(iv) que la sentencia impugnada resulta arbitraria ya que "(d(ice, por un lado, que la cláusula es abusiva porque estaría condicionando en todos los casos el pago del siniestro al dictamen de un médico de la compañía y, por otro, sostiene que en el rechazo del siniestro se omitió informar esa opinión médica que antes había descalificado por insuficiente" (fs. 318);

(v) que (fs. 318 y vuelta) "(...) una opinión médica resultaba manifiestamente irrelevante, pues lo que constituyó el meollo de la cuestión fue que el Sr. Giménez Hutton murió como consecuencia de un accidente aéreo en línea no regular, que es precisamente lo que fue excluido de la cobertura";

(vi) que un médico no hubiera tenido nada que dictaminar porque no estaba discutido que el asegurado había muerto en un accidente en un vuelo no regular;

(vii) que la Cláusula no establece que el dictamen médico debe existir en todos los casos;

(viii) que la aseguradora solicita la opinión de un médico cuando las circunstancias de la muerte son dudosas, lo que no sucedió en el caso de autos en el que " (...) la causa de la muerte fue claramente el accidente aéreo en un avión de línea no regular..." (fs. 319 vuelta); y (ix) que (fs. 319 vuelta) "(l(a referencia a la 'opinión del médico' es de uso corriente en la práctica aseguradora y tanto es así que surge de las condiciones generales uniformes para los seguros de accidentes personales aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la nación mediante la resolución Nº 20.610 (cláusula 2, segundo párrafo)".

3. Por un lado, la empresa cuestiona la interpretación de la Cámara respecto de la relevancia del dictamen médico y, por otro, insiste en la existencia de cosa juzgada.

3.1 En cuanto a lo primero, los jueces expusieron los motivos por los cuales consideraban abusiva la exclusión de cobertura por la sola opinión del médico de la aseguradora. También explicaron por qué entendían que Zurich había violado el artículo 19 de la ley de defensa del consumidor al no requerir el dictamen médico.

3.2 En relación con lo segundo, los magistrados también dieron argumentos suficientes para rechazar el planteo basado en la supuesta contradicción entre la sentencia dictada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial y aquella emitida por la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad. Sin perjuicio de ello, ese agravio no puede prosperar en virtud de los límites subjetivos que tiene la cosa juzgada.

En efecto, como lo expresa Isidoro Eisner, "[e]l art. 18 de la Constitución Nacional declara inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos; de donde se deduce -al menos como norma- que la cosa juzgada no puede oponerse al que no ha sido parte en el juicio si no se ha encontrado en condiciones de defenderse" (EISNER, ISIDORO. "Contenido y límites de la cosa juzgada.", LL: 1981-A, 35).

Y, en el caso, Zurich no invocó ni probó que la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor hubiera sido parte en el proceso que tramitara en sede comercial (por ejemplo, como tercero citado). Por lo tanto, los efectos de la sentencia dictada en ese juicio no podrían proyectarse a la Administración sin lesionar el derecho de defensa de ésta.

Por fin, quiero destacar que, tal como lo advierte el Fiscal General en su dictamen, la actora citó parcialmente el pronunciamiento recaído en el fuero comercial, pues omitió referirse al considerando 9 de dicha sentencia, en el que los jueces señalaron (fs. 270) que "(e(l trámite administrativo por infracción a los arts. 19 y 37 de la ley 24.240 no es vinculante para el sentenciante atento a que no se encuentra firme y versa sobre cuestiones distintas a las aquí ventiladas" (resaltado propio).

En ese considerando los magistrados explicaron que "(...) mientras que la autoridad de aplicación de la normativa de Defensa del Consumidor consideró la existencia de una infracción de la aseguradora a la ley 24.240, por el cual - a su criterio- corresponde sancionar con el fin de velar por los derechos de los consumidores, el objeto de las presentes actuaciones fue cumplimiento del contrato de seguro, basado en la nulidad de la cláusula de exclusión" (fs. 270).

4. En suma: el aquo dio fundada respuesta a cada uno de los agravios ensayados por la accionante en su recurso judicial de apelación. Y, la recurrente no aporta ninguna razón -más allá de su comprensible discrepancia con una resolución desfavorable a su posición- que demuestre que el fallo atacado afecte algún principio o garantía constitucional de los que enumera en su presentación.

El recurso en análisis, pues, no expone caso constitucional alguno y debe ser rechazado.

Por lo expuesto, voto por: a) admitir la queja de fs. 83/98; y b) rechazar el recurso de inconstitucionalidad de fs. 312/323, con costas a la vencida (artículo 62 CCAyT).

Los jueces Ana María Conde, José Osvaldo Casás y Luis Francisco Lozano dijeron:

1. El recurso de queja deducido a fs. 83/98 por Zurich International Life Limited Sucursal Argentina (en adelante "Zurich") muestra que los planteos formulados en el recurso de inconstitucionalidad, vinculados a la alegada afectación del derecho de defensa en juicio de la recurrente (art. 18 CN) -con apoyo en que, para arribar a la solución impugnada, el a quo ".realizó una valoración irrazonable de las circunstancias del caso" (fs. 315 vuelta)-, comprometen de modo directo la cláusula constitucional invocada y, como se verá, justifican hacer lugar a la queja así como al recurso de inconstitucionalidad interpuesto y revocar la sentencia de fs. 297/307, que resolvió "[c]onfirmar la disposición recurrida en cuanto impone una multa de Pesos Cincuenta Mil ($50.000)", por encontrarla incursa en las infracciones previstas en los arts. 37 inc. b y 19 de la ley nº 24.240 (en adelante "LDC").

2. En primer término, conviene comenzar por distinguir la materia controvertida en la presente litis de aquella que motivó el proceso tramitado bajo los autos "Santamaría, Ernesto c/ Zurich International Limited Sucursal Argentina s/ ordinario" (Expte. n° 52.332/03) en el que se arribó a la sentencia recaída con fecha 19/09/2008 dictada por la Sala B de la Cámara Nacional en lo Comercial, invocada por la recurrente para demostrar la ilegitimidad de la multa impugnada, a fin de establecer las condiciones en que pueden convivir ambos pronunciamientos.

Si bien las cuestiones ventiladas en uno y otro proceso difieren -en tanto las involucradas en los autos "Santamaría" giraron en torno a la validez, interpretación y aplicabilidad al caso de una de las cláusulas del contrato de seguro de vida celebrado entre Adrián Gimenez Hutton y Zurich; y, en cambio, las suscitadas en estas actuaciones se vinculan al supuesto carácter abusivo de dicha cláusula en el marco de contratos públicamente ofertados así como al control en torno a la apropiada prestación del servicio comprometido (arts. 37 inc. b y 19 de la LDC-, ellas no resultan independientes.

Frente a esa falta de independencia, deben preferirse las interpretaciones en las que no quede espacio para situaciones de incoherencia tales como que un órgano castigue por hacer lo que otro estima arreglado a derecho.

En especial cuando está en juego un contrato como el de seguro en que hay una autoridad administrativa nacional que supervisa los contratos, y cuya competencia queda interferida por la circunstancia de que un órgano local veda ofrecer en su jurisdicción -que es solamente una porción pequeñísima del territorio y una algo mayor, pero, siempre parte menor, del mercado total- condiciones no objetadas por la autoridad nacional mencionada.

Además, para que los seguros no sean puramente aleatorios para las partes, el universo de asegurados de cada clase de seguro debe estar expuesto a un riesgo similar o compatible, cosa que evalúa el asegurador y la Superintendencia de Seguros al momento de controlar las pólizas ofertadas. Los seguros, casi huelga decirlo, pueden comprender riesgos de personas que contratan en la CABA y otras que lo hacen en el conurbano.

La decisión recurrida obligaría a parcelar el territorio haciendo posible que los riesgos en una y otra jurisdicción difirieran en virtud de la autoridad de aplicación de la LDC, no especializada, a despecho del criterio opuesto de la Superintendencia, ente especializado.

Todo ello, sin embargo, no implica sostener que en los contratos no sujetos al contralor de organismos administrativos especializados las previsiones de la LDC habilitan a la autoridad de aplicación a arrogarse competencias que, por regla, son propias de los jueces; circunstancia que queda reflejada en las competencias atribuidas por la LDC a la referida autoridad de aplicación (arts. 41 a 47).

3. Aclarado lo anterior corresponde abordar el resto de los planteos formulados por la recurrente. A tal fin, vale la pena transcribir los términos de la cláusula que originó la sanción aquí recurrida: "Para los fines de esta Póliza, ningún beneficio será pagadero si en la opinión del médico de la Compañía un reclamo surge directa o indirectamente como resultado de: Aviación o aeronáutica en cualquier modalidad salvo como pasajero de línea regular" (fs. 21 de los autos principales).

A su respecto, la Cámara a quo sostuvo que esa cláusula deja librado a la sola opinión del médico el reconocimiento del siniestro e impone una condición meramente potestativa carente de validez porque sujetaría el cumplimiento de la obligación a su sola discrecionalidad (fs. 305).

4. La conclusión del la Sala II en lo CAyT fue hecha sin explicar por qué la lectura propuesta sería la única posible a la luz de la normativa aplicable, en función de la infracción imputada consistente en incluir una cláusula que importa renuncia o restricción de los derechos del consumidor (art. 37, inc. b, de la LCD).

En este orden de ideas, si bien la Cámara transcribió el art. 56 de la ley de Seguros[1], omitió considerar cómo se proyectaría la referencia a la opinión del médico frente al deber de pronunciarse acerca del derecho del asegurado que ese precepto impone a la aseguradora.

La intervención que la disposición en comentario prevé respecto del "médico de la compañía" guarda relevantes puntos de contacto, que no pueden pasar inadvertidos, con la función que corresponde a liquidadores, en el marco de la actividad regulada por la ley de seguros, consistente en informar a la aseguradora acerca de las circunstancias en que ocurrieron los hechos que originaron la pretensión de pago de seguro y sus consecuencias.

Ello conduce a examinar el margen de actuación que la participación de los mencionados profesionales deja librada a las partes.

En ese terreno, doctrina y jurisprudencia ocupada de la materia coinciden en que la actuación de liquidadores redunda en emitir informes sin valor vinculante para las partes[2].

Dicha postura viene sustentada normativamente en la prohibición de incluir cláusulas compromisorias en los contratos regidos por la ley de Seguros (art. 57).

Desde esta perspectiva, la participación de liquidadores en la determinación del siniestro o cálculo de daños no podría adoptar naturaleza arbitral, y, en cambio, los ubicaría en un rol de abastecedores de opinión técnica. A la vez, esa opinión obra como sustento de la decisión de aceptar o rechazar una pretensión de pago de seguro, aunque carecería de virtualidad para condicionar de modo final a la aseguradora o al asegurado.

También con respecto a la actuación que cabe a peritos[3] , cabe tener presente que, de acuerdo a lo establecido por el art. 78 de la ley de Seguros, "el peritaje es anulable si se aparta evidentemente del real estado de cosas, o del procedimiento pactado", por ejemplo, "si se funda en datos falsos, o no examina todas las probanzas, o incurre en sensibles errores de cálculo; o asimismo, respecto de los vicios procesales, cuando la ausencia de seriedad o la incorrección compromete garantías fundamentales" [4] .

En línea con todo ello, más allá de los reparos que los términos en que ha sido redactada la cláusula pudieran generar, la decisión recurrida carece de sustento suficiente para sancionar a la recurrente por infracción al art. 37 inc. b LDC, por cuanto la falta de abordaje de los aspectos mencionados la torna dogmática y desvinculada del contexto normativo que la propia Cámara estimó aplicable, toda vez que no se han brindado elementos de juicio que permitan afirmar que la cláusula objetada importe "renuncia o restricción de los derechos del consumidor o amplíen los derechos de la otra parte" (cfr. art. 37 inc. b de la LDC).

Es relevante destacar que la autoridad local de aplicación de la LDC no fundó la sanción cuestionada en el incumplimiento del deber de informar ni, por tanto, brindó explicación alguna tendiente a mostrar que la cláusula bajo estudio, más allá del significado técnico ya analizado, pudiera generar confusión en el consumidor con capacidad para distorsionar su apreciación en torno al alcance de sus derechos al momento de exigir el cumplimiento del contrato.

Hay una diferencia relevante entre resguardar el derecho a la información en las relaciones de consumo y expedirse en torno a la validez de los términos de un contrato como el que nos ocupa.

A este último respecto, la LDC -en línea con lo apuntado en el punto 2 de este voto- ha buscado de modo expreso articular la actuación de los diferentes órganos que tienen encomendado el control de ciertas actividades, por eso su art. 39 dispone que "[c]uando los contratos a los que se refiere el artículo anterior requieran la aprobación de otra autoridad nacional o provincial, ésta tomará las medidas necesarias para la modificación del contrato tipo a pedido de la autoridad de aplicación".

5. También asiste razón a la recurrente en cuanto postula que la sanción impuesta con sustento en la alegada infracción al art. 19 de la LDC por no haber cumplido Zurich el servicio prestado según lo convenido, en tanto ".no acompaña prueba fehaciente alguna que demuestre que requirió la opinión de un médico tal cual lo estipula la cláusula" (fs. 306 vuelta), no resulta una derivación razonable del derecho aplicable al caso.

Al examinar el planteo propuesto por la recurrente, los jueces de mérito hicieron una aplicación mecánica del precepto en cuestión, sin atender a las circunstancias concretas del caso, en cuyo marco no fue controvertido que el fallecimiento del tomador fue resultado de un accidente aéreo de un vuelo de línea no regular (v. fs 51 y 257).

En esas condiciones, no constituye un fundamento idóneo para respaldar la decisión de sancionar a Zurich el postulado por el a quo y, en cambio, se tradujo en una exigencia ritual insostenible.

El criterio empleado por la Cámara a quo implica exigir indiscriminadamente a la aseguradora que requiera la opinión de un médico, soslayando arbitrariamente el amplio espectro de supuestos en los que ella no resultaría procedente.

En definitiva, ese criterio la conduciría a sancionar a la aseguradora, por ejemplo, aún si se hubiera pronunciado favorablemente acerca de la procedencia del pago del seguro al beneficiario por estimar suficientemente acreditado que el fallecimiento se produjo como consecuencia de un accidente de un vuelo de línea regular. Ese criterio omite efectuar un examen de razonabilidad entre el recaudo exigido y el fin para el que ha sido contemplado.

En otras palabras, no quedó demostrado en autos que la prestación del servicio brindado por Zurich no haya respetado ".los términos, plazos, condiciones, modalidades, reservas y demás circunstancias conforme a las cuales hayan sido ofrecidos, publicitados o convenidos" según la exigencia del art. 19 de la LDC, puesto que ni la autoridad de aplicación de la LDC ni la Cámara al revisar su decisión expresaron razón alguna que avalase que, no obstante las circunstancias en que se produjo el fallecimiento del tomador -extremo no controvertido-, la mentada opinión de un profesional resultaba atinente para que la aseguradora se pronunciase acerca de la procedencia de la pretensión del beneficiario, es decir, para que brindase el servicio contratado.

Por todo lo dicho, oído el Sr. Fiscal General, votamos por hacer lugar a la queja así como al recurso de inconstitucionalidad, revocar la sentencia de fs. 297/307 y hacer lugar al recurso directo interpuesto a fs. 130/139 vuelta y revocar la sanción impuesta a la recurrente.

Por ello, oído el Fiscal General Adjunto, por mayoría, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Hacer lugar a la queja y al recurso de inconstitucionalidad planteado por Zurich Internacional Life Limited Sucursal Argentina a fs. 297/307 vuelta, revocar la sentencia de fs. 297/307, hacer lugar al recurso directo interpuesto a fs. 130/139 vuelta y revocar la sanción impuesta a la recurrente.

2. Mandar que se registre, se notifique, se agregue la queja al expediente principal y, oportunamente, se devuelva al tribunal remitente.

------------------------------------ [1] Art. 56: "[e]l asegurador debe pronunciarse acerca del derecho del asegurado dentro de los treinta días de recibida la información complementaria prevista en los párrafos segundo y tercero del art. 46. la omisión de pronunciarse importa aceptación".

[2] Así, se ha afirmado que "[l]a función del liquidador es de naturaleza técnica e informativa, poniendo en conocimiento del asegurador la característica de los hechos, las circunstancias en que se verificó, evaluando sus consecuencias. Lo expuesto no significa que el informe del liquidador sea vinculante para el asegurador ni que lo sea para el asegurado y con mayor razón para el juez ya que sólo constituye un elemento de apreciación para el primero.

Recién la conformidad de ambas partes con la liquidación, operará irrevocablemente para ellas, como reconocimiento de la valuación efectuada" (Stiglitz, Rubén S., Derecho de Seguros, 2º ed. actualizada, 1998, Abeledo Perrot, Buenos Aires, T. II, p. 434/436; en sentido concordante Halperin, Isaac, Seguros -exposición crítica de las leyes 17418, 20091 y 22400-, 3º ed. actualizada y ampliada por Nicolás H. Barbato, 2001, Depalma, Buenos Aires, p. 660; CNCom., Sala B, 16-09-1988, "Flametic S.A. c/ El Sol de Buenos Aires Cía. de Seg.", L.L., 1989-A-461).

[3] En relación al valor del dictamen pericial, se postula que ".[n]o constituye entonces una forma de arbitraje, ya que su operatividad no supone la existencia de litigio, que es presupuesto ineludible de toda función jurisdiccional", y que [p]or lo demás, el artículo 57, Ley de Seguros, prohíbe pactar cláusulas compromisoria en la póliza, para evitar la sustracción del contrato al control judicial, de modo que mal se puede interpretar que la misma norma admita una figura que asuma naturaleza arbitral"(Stiglitz, Rubén S., Derecho . op. cit., T. II, pp. 435/436; concordantemente, Halperin para quién ".se trata de una pericia similar a otras dispuestas por la ley para determinar un elemento integrante del contrato (precio omitido en la compraventa, por ejemplo); ya que para considerarla arbitraje falta realmente una cuestión controvertida, en la cual las partes hayan adoptado posiciones contradictorias e inconciliables; es decir, 'falta el litigio, que es el presupuesto indispensable para toda función jurisdiccional, sea pública o privada', y su decisión versa sobre una cuestión técnica, como es el valor de la cosa o el daño sufrido por ésta o la existencia de las cosas por los restos del siniestro. De ahí que la ley, en el art. 57, lo califique con acierto de juicio de peritos, y consagre la posibilidad de impugnar el procedimiento cuando se aparta notablemente de la verdad de las cosas", Halperin, Isaac, Seguros -exposición crítica., op. cit., pp. 662/663; en sentido coincidente, V. también CCom., Cap., 29-09-1943, "Konstantinovsky, Adolfo c/ El Sol Argentino (Cia. De seguros), LL, 33-316; CCom., Cap., 11- 04- 1923, "Pupello c/ El Fomento Agrícola", J.A., 10-351.

[4] Stiglitz, Rubén S., Derecho., op. cit., T. II, p. 436/437.