Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-11-03


RODRIGUEZ, María Cristina contra PROVINCIA DE SANTA FE Reg.: A y S t 202 p 294-298.

En la ciudad de Santa Fe, a los tres días del mes de noviembre del año dos mil cuatro, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores María Angélica Gastaldi, Rafael Francisco Gutiérrez, Mario Luis Netri y Eduardo Guillermo Spuler, con la presidencia del señor Ministro decano doctor Rodolfo Luis Vigo, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "RODRIGUEZ, María Cristina contra PROVINCIA DE SANTA FE sobre RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN" (Expte. C.S.J. nro. 432, año 1993), de conformidad con el acuerdo celebrado el día veintisiete del mes de octubre del corriente año.

A la primera cuestión -¿es admisible el recurso interpuesto?-, el señor Ministro doctor Netri dijo:

1. María Cristina Rodríguez promueve recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción contra la Provincia de Santa Fe con el objeto de que se anule el decreto 1.348 de fecha 11 de junio de 1993, por el que se rechazó el recurso jerárquico presentado y, en consecuencia, se ordene su recategorización y/o encasillamiento acorde con las tareas desarrolladas.

Relata que, como empleada en la Empresa Provincial de la Energía, reclamó en sede administrativa -en marzo de 1987- su reencasillamiento de categoría, en igualdad con quienes presten idéntica función en otra repartición de la empresa y, no obstante reiterar su pedido e interponer pronto despacho, no obtuvo respuesta de la Administración, por lo que -en 2.12.1992- presentó recurso jerárquico.

Expresa que luego de interponer nuevo pronto despacho ante el Ministro de Obras y Servicios Públicos, se dictó el decreto 1.348, por el cual se rechazó el recurso jerárquico por no reunir los requisitos de admisibilidad previstos en la reglamentación (art. 57, dto. 10.204/58), en el razonamiento de que el expediente no se encontraba en condiciones de ser resuelto.

Argumenta que no existe la posibilidad legal de aplicar analógicamente el artículo 52 del decreto 10.204/58, cuando justamente el recurso jerárquico es la última posibilidad del administrado de obtener respuesta de la Administración.

Apunta que la interpretación sustentada por la Administración del decreto 10.204/58 viola su derecho de defensa por el estado de indefensión en que deja expuestos a los administrados, por lo que debe anularse el decreto 1.348/93 y, en consecuencia, darse curso a la demanda por estar agotada la vía administrativa mediante la articulación del recurso pertinente.

Sostiene que desempeña tareas como empleada en el Departamento Abastecimiento (Gerencia Zonal Santa Fe) en la Empresa Provincial de la Energía, el cual se encarga de efectuar las compras mediante el procedimiento de licitación pública.

Señala que en el Departamento Abastecimiento Central, ciertos empleados cumplen las mismas e idénticas funciones, con la salvedad que tienen asignadas categorías mayores.

Estima que existe una diferencia, además, en los montos que se manejan en las licitaciones, ya que en la Gerencia Zonal -donde se desempeña-, los valores son un 40% superiores con relación a las compras de Abastecimiento Central, lo cual conlleva una mayor responsabilidad.

Remarca que no hay una razón valedera que justifique que las tareas desempeñadas en el Departamento Compras de la Gerencia Zonal Santa Fe se remuneren con categorías menores a las que ostentan quienes cumplen idénticas tareas en Abastecimiento Central.

Colige que la actitud de la Administración es violatoria de principios y garantías constitucionales (arts. 14 bis, 16 y 17 de la Const. nac.), por privarle de una porción importante de su remuneración.

Solicita, en suma, se haga lugar al recurso, con costas.

2. Declarada por Presidencia la admisibilidad del recurso interpuesto (f. 17), comparece la Provincia (f. 23) y contesta la demanda (fs. 26/30).

Luego de negar diversas postulaciones contenidas en el escrito de demanda, alega que la actora, conjuntamente con otros empleados del sector, solicitó en marzo de 1987 la asignación de mayores categorías reconociendo no haberlo hecho con anterioridad "a fin de no entorpecer el buen funcionamiento del Sector".

Añade que en el trámite que se le dio a su pedido operó la caducidad de la gestión en setiembre de 1989 con la disposición del Gerente de Relaciones Industriales que ordenó el archivo de las actuaciones, por lo que no puede basarse ningún derecho en ese reclamo caduco.

Apunta que debe tenerse como único reclamo válido la presentación de la actora del 28.5.1990, fecha en que fue recepcionado y proveído por el Gerente Zona Santa Fe.

Considera que la pretensión de reencasillamiento o recategorización es improcedente, pues la recurrente no tuvo en cuenta como elementos de análisis la jerarquía de las dependencias en la estructura orgánica del ente -asimilando un departamento con una dirección- y, dentro de ésta, los diferentes rangos asignados a las funciones que se desarrollaban.

Sostiene que no puede tomarse como pauta para graduar las responsabilidades que tienen los agentes, la comparación de los montos autorizados para las contrataciones. Expresa que la Gerencia de Abastecimiento fija cupos de contratación y supervisa a las Gerencias Zonales.

Manifiesta que no se da en el caso la supuesta violación de normativa constitucional (arts. 16 y 14 bis, C.N.).

Expone que el principio de igualdad no impide la formación de categorías o agrupamiento de personas, salvo cuando los criterios respondan a motivos persecutorios y del juego de los preceptos citados, se pueda remunerar en forma distinta a los empleados, en base a causas objetivas y vinculadas al bien común.

Afirma que la materia de organización administrativa es potestad privativa del Estado, quien ordena, conforme a principios propios, los distintos órganos y les asigna competencia. Agrega que tales criterios son aplicables a la Empresa Provincial de la Energía, por lo que sus agentes no están autorizados a cuestionar los criterios en que se basó la organización, por ser un aspecto propio de la discrecionalidad del ente.

Niega que, de probarse, constituya un abuso del Estado el remunerar de distinta manera a los agentes que desempeñan las mismas tareas, pues éstas pueden ser desarrolladas por personal que revista en diferente categoría, sin que ello importe la necesidad de retribuirlos de igual manera.

Finalmente, y en forma subsidiaria, plantea defensa de prescripción.

Solicita, en suma, se rechace la demanda, con costas.

Abierta la causa a prueba (f. 31) y producida la que consta en autos, informan las partes sobre su mérito (fs. 226/230 vto. y 231/235). Dictada (f. 236) y consentida la providencia de autos, queda la presente causa en estado de ser resuelta.

3. Esta Corte ha resuelto invariablemente que el acogimiento del recurso en su aspecto formal hecho en la ocasión prevista por el artículo 25 de la ley 4.106, no impide volver sobre la cuestión en el acuerdo definitivo (A. y S., T. 14, pág. 372; T. 174, pág. 220; T. 191, pág. 284; T. 192, pág. 210; entre otros).

En la presente, la actora ataca el decreto 1.348/93, por el cual se rechazó el recurso jerárquico interpuesto "por inadmisible", por entender que la interpretación y selección de la normativa aplicable desvirtúa los preceptos legales del decreto 10.204/58; a su turno, la demandada niega genéricamente tal extremo.

Cabe precisar que el fundamento esgrimido por la Administración, relativo a que no se encontraba el expediente "en estado de dictarse resolución definitiva", se contrapone con lo resuelto por este Tribunal en la causa "Alarcón" y más recientemente, en "Duarte" (A. y S., T. 151, pág. 293 y T. 186, pág. 119, respectivamente), donde expresó que "en el régimen del decreto acuerdo 10.204, dos son los supuestos de hecho que pueden configurar la 'denegación tácita' que habilita la deducción del recurso jerárquico: la retardación por la autoridad que deba resolver en definitiva y la 'retardación en el trámite'".

Por lo tanto, para fundar un planteo de inadmisibilidad del recurso jerárquico previsto en el decreto acuerdo no basta con alegar que el procedimiento administrativo no se encuentra en estado de dictarse el acto final -o sea, que no haya completado todas las etapas del trámite anteriores a dicho acto-, pues este recurso es igualmente admisible en los supuestos en que existe una demora injustificada en cualquiera de las secuencias anteriores del procedimiento administrativo (criterio de "Alarcón", citado).

Por tal motivo, deben rechazarse los fundamentos de la Administración para declarar inadmisible el recurso jerárquico (atinentes a que el expediente no se encontraba en estado de dictar sentencia por no haberse expedido la Dirección de Asuntos Jurídicos o la Gerencia de Relaciones Industriales), con lo que, luego que la actora reclamó su reencasillamiento, la Administración no dio respuesta alguna a ésta, por lo que la situación descripta encuadra en la referida hipótesis de "retardación del trámite".

El recurso, en consecuencia, es admisible, correspondiendo mi voto sea, a esta primera cuestión, por la afirmativa.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Gastaldi, Gutiérrez y Spuler y el señor Ministro decano doctor Vigo, dijeron que compartían los fundamentos expuestos por el señor Ministro doctor Netri y votaron en idéntico sentido.

A la segunda cuestión -en su caso, ¿es procedente el recurso interpuesto?-, el señor Ministro doctor Netri dijo:

4. La actora pretende el reconocimiento de una categoría superior a aquélla en la cual revistaba, acorde con las tareas desempeñadas; las diferencias de haberes que pudieren resultar desde la fecha que accedió al cargo o se generó la desigualdad, con actualización, intereses y costas. A ello se opone la resistente.

Corresponde, pues, esclarecer si la recurrente tiene o no derecho a una categoría mayor.

La señora Rodríguez extrae su derecho a que se la reencasille, fundamentalmente del principio de igualdad ante la ley, considerando que por el desempeño de las mismas tareas en el Departamento de Abastecimiento de la Gerencia Zonal Santa Fe, los agentes de la Gerencia Central de Abastecimiento de la Empresa Provincial de la Energía tenían asignadas categorías superiores y eran, en consecuencia, remunerados con mayores estipendios.

5. Conforme surge del relato que antecede, las cuestiones planteadas guardan una sustancial analogía con las consideradas y resueltas en autos "Menvielle" (A. y S. T. 201, pág. 410), en el que se descartó la equivalencia en las tareas realizadas entre las dos dependencias que compara la actora.

Ello así, por cuanto la diferencia entre categorías o cargos aparentemente similares estribaba, fundamentalmente, en que la Gerencia Central de Abastecimiento tenía competencia territorial en todo el ámbito provincial y desplegaba mayores funciones (por volúmenes de trabajo, mayor responsabilidad -programación, supervisión, control y ejecución de funciones-, competencia por monto, etc.) a las del Departamento Abastecimiento de la Gerencia Zonal Santa Fe.

Por los fundamentos expuestos en ese antecedente, que en homenaje a la brevedad se dan por reproducidos -mutatis mutandi- corresponde rechazar el recurso interpuesto, con costas (art. 84, ley 4.106).

Voto, pues, por la negativa.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Gastaldi, Gutiérrez y Spuler y el señor Ministro decano doctor Vigo, dijeron que compartían los fundamentos expuestos por el señor Ministro doctor Netri y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión -en consecuencia ¿qué resolución corresponde dictar?-, el señor Ministro doctor Netri dijo:

Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde rechazar el recurso interpuesto, con costas.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Gastaldi, Gutiérrez y Spuler y el señor Ministro decano doctor Vigo, dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por el señor Ministro doctor Netri y así votaron.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Declarar improcedente el recurso interpuesto, con costas.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto firmando el señor Ministro decano y los señores Ministros, por ante mí, doy fe.

Fdo.:VIGO-GASTALDI-GUTIERREZ-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)