Tribunal: CAMARA DE APEL. CONT. ADM. Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-18


Buenos Aires, 18 de abril de 2006 VISTO: para decidir acerca de los recursos de apelación interpuestos por la demandada y el actor José Antonio Iglesias, en los autos acumulados "Baltroc Beatriz Margarita y otros c/GCBA s/Amparo (Art. 14 CCABA)" e "Iglesias José Antonio c/GCBA s/Medida Cautelar", contra la sentencia de primera instancia que admitió parcialmente la acción incoada y, CONSIDERANDO: 1. Que José Antonio Iglesias promovió acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con el objeto de hacer cesar la arbitraria y manifiesta omisión consistente en: a) no ejercer en forma debida el poder de policía a su cargo, generando la situación de inseguridad que dio lugar a los hechos del 30 de diciembre 2004; b) no garantizar la aplicación de la reglamentación vigente en materia de habilitaciones y prevención de incendios y catástrofes. Dicha acción fue acumulada a la causa iniciada por Margarita Beatriz Baltroc y otros, quienes invocando su carácter de diputados y vecinos, demandaron al Gobierno de la Ciudad para que cesara en su omisión de arbitrar los medios previstos para garantizar e l efectivo cumplimiento de la reglamentación vigente en materia de habilitaciones y de prevención de incendios y otras catástrofes. 2. Que la señora juez de grado hizo lugar parcialmente a la demanda. En consecuencia, ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que: "a) Previo a resolver acerca de la habilitación y/o inscripción definitiva en el Registro de Locales bailables de todo local ubicado en territorio sometido a jurisdicción federal, UP o clubes, la Procuración General emita un dictamen fundado en la normativa vigente (decretos, leyes y CPU); conforme lo asentado en los ac. X y XI de la presente; b) en el término de seis meses instrumente un sistema que asegure la transparencia de las inspecciones que se lleven a cabo en los locales bailables y de esparcimiento comprendidos en la normativa vigente, el que deberá ceñirse a las siguientes pautas: determinación del modo y frecuencia con el que se realicen, sistema de ingreso de los inspectores por concurso público, garantice la participación ciudada na y la transparencia; en orden a lo dispuesto en los acápites XII y XIII de la presente; c) en un período que no podrá exceder los treinta días implemente medidas tendientes a dar mayor publicidad -y asegurar en el tiempo- la existencia del registro de denuncias y del S.U.D., a través de su publicación en periódicos de circulación masiva, canales de televisión abierta y radio." Impuso las costas en el orden causado (ver fs. 3043/3068). La a quo pormenorizó de modo minucioso las extensas constancias de la causa. Luego admitió la procedencia de la vía intentada así como la legitimación de los actores. Posteriormente ingresó en un doble análisis: por un lado, el carácter del llamado poder de policía en cabeza del Poder Ejecutivo y, por otro, las normas de habilitación y seguridad para locales bailables que funcionen en el ámbito de la Ciudad. Bajo esta doble óptica concluyó que la normativa en la materia, sancionada durante el año 2005, no se encontraba en discusión y que "...el objeto principal de la acción en tablada consiste en controlar el adecuado ejercicio de la actividad de policía desarrollada por el Ejecutivo local." (cf. punto VI, tercer párrafo). En ese contexto manifestó que la actividad de policía durante el año en curso resultó adecuada a las normas vigentes. Concluyó, entonces, que la omisión de control denunciada por los actores devino abstracta debido a la creación de la Secretaría de Seguridad. Señaló que en autos se acreditó la intensificación de los controles, pero que la sola mención al cumplimiento que la Secretaría de Seguridad deberá dar a las nuevas normas dictadas "...no resulta suficiente ya que además del organismo y las normas, se presenta la cuestión vinculada al modo en que dichas reglas deben ser cumplidas." Ello, continuó, en tanto con anterioridad a la tragedia también existía una normativa de aplicación que, más allá de su eficacia, no pudo prevenirla. Afirmó que si bien no se verificaba en autos un agravio actual o inminente, siendo abstracta la omisión denunciada, "...es cierto q ue el perjuicio 'potencial' resulta amparable y es desde esta perspectiva que habré de condenar al GCABA al cumplimiento de ciertas pautas vinculadas al 'cómo' debe aplicarse la normativa vigente a fin de que la omisión no se configure...". Desde esa perspectiva pasó a examinar la omisión en que podría eventualmente incurrir la demandada respecto de los locales emplazados en zonas prohibidas, el modo y frecuencia en que se realizan las inspecciones y el carácter de los integrantes del cuerpo de inspectores. Por último, consideró las cuestiones relativas al tratamiento que reciben las denuncias y el mantenimiento del registro correspondiente. Ordenó el cumplimiento estricto del DNU 01/05 respecto de los locales ubicados en las zonas denominadas Urbanización Parque y en terrenos pertenecientes a clubes. Aclaró que los ubicados en zonas UP no podían escapar a dicha normativa y que las normas en vigor impedían la habilitación de boliches en predios de propiedad de clubes. Aludió a la frecuencia y modalidad de las inspecciones y sostuvo que "...a fin de evitar otro acontecimiento que ponga en peligro la vida de los vecinos de la Ciudad [...] el sistema debe modificarse." Si bien aclaró que carecía de facultades para inmiscuirse en tareas propias del Poder Ejecutivo, "...tales como ir a inspeccionar los locales..." indicó que las inspecciones deben ser periódicas, sorpresivas y llevadas a cabo por funcionarios competentes. Ordenó la presencia simultánea de la DGFyC, DGFOC y DGVyH en las tareas de control, en coordinación "en lo posible" -dijo- con la Superintendencia Federal de Bomberos. Poco después destacó que "...esto se formula tan sólo a modo de referencia ya que es la propia Administración la que deberá determinar cómo llevar a cabo el procedimiento. El Tribunal sólo habrá de especificar que la transparencia del procedimiento deberá estar claramente garantizada." A renglón seguido aconsejó una serie de medidas para facilitar la tarea de los controladores y garantizar la participación ciudadana. Condenó a la deman dada a implementar, en un período no superior a treinta días, el sistema de publicidad del registro de denuncias y del S.U.D. (Sistema Unico de Denuncias) en medios gráficos, radiales y televisivos. Resolvió que los cargos de inspector deberán ser cubiertos mediante concursos públicos, conforme lo prevé la Constitución local. En resumen, la juez ordenó al Gobierno que instrumente un sistema que garantice la trasparencia de las inspecciones y su periodicidad. Asimismo resolvió que el sistema de ingreso de los inspectores debería realizarse por concurso público y que debía garantizarse la participación ciudadana. A tal efecto, ordenó se cumpla con las pautas asentadas en el anteúltimo párrafo del acápite XII. Por último puso de resalto la omisión del Gobierno del deber de garantizar la vida. 3. Que la resolución reseñada fue apelada por la Procuración de la Ciudad (fs. 3076/3091 vta.). Por su parte el coactor Iglesias se limitó a atacar las imposición de costas en el orden causado (fs. 3102/3105). La demandada cuestionó las afirmaciones de la señora juez de grado referidas a las graves falencias en el ejercicio del poder de policía. Aclaró que, pese a su carácter de obiter dictum, no podía admitir tales afirmaciones. Consideró que solicitar a los actores que precisaran el objeto de la demanda luego de corrido el traslado respectivo, importó una violación de las mas elementales reglas del proceso y el principio de defensa en juicio. Se agravió de la obligación impuesta a la Procuración de dictaminar en forma previa a cada trámite de habilitación e inscripción de locales ubicados en territorio de jurisdicción federal, zonas UP o clubes. Rechazó, por considerar de imposible cumplimiento, el plazo de seis meses dispuesto por la a quo a efectos de celebrar los concursos para cubrir los puestos de inspector. Afirmó que la experiencia demuestra que el lapso fijado resulta exiguo. También indicó que el ingreso de inspectores por concurso constituye una política gubernamental que se encuentra iniciada y, en este sentido, re lató que se está reglamentando el régimen de concursos para la cobertura de puestos vacantes. Afirmó que el GCBA se ha impuesto la meta de contar con un sistema de inspecciones transparente. En tal sentido, describió las normas dictadas desde el año 1993 dirigidas a dar curso efectivo a tal pretensión. Argumentó que ordenar la instrumentación de políticas en materia de inspecciones constituye una asunción indebida de competencias, conforme el principio de la división de poderes. Insistió en la falta de actualidad de los planteos, ante la inexistencia de un daño actual o inminente que justifique la acción. En tal sentido, dijo que el objeto de la acción se ha vuelto abstracto. Finalmente cuestionó la publicidad a canales de denuncias ordenada. 4. Que, a fs. 3405/8, el señor Asesor Tutelar, solicita el dictado de una nueva medida cautelar con el objeto de suspender los efectos de la resolución 12-SSCC-06, reglamentaria del artículo 6º del DNU 01/05. Fundó su pretensión en que el procedimiento de renovación de l as inscripciones en el Registro Público de Lugares Bailables establecido por la reglamentación atacada resulta irrazonable pues, a tal efecto, no prevé la realización de nuevas inspecciones, sino la sola emisión de un informe técnico actualizado. 5. Que, a fs. 3416/17, la a quo rechazó la medida cautelar solicitada. Este decisorio fue apelado por el señor Asesor Tutelar (cf. fs. 3470/75). 6. Que, corrida vista, dictaminó en autos el señor Asesor General Tutelar (v. fs. 3529/37). Opinó que el contralor "in totum" de la actuación de la administración no puede ser efectuado por el poder judicial, pero que la actividad de habilitación y control ilegítima o arbitraria debe ser controlada en los casos concretos que se susciten. 7. Que, por su parte, la señora Fiscal de Cámara propició la confirmación de la sentencia apelada, en la inteligencia de que lo decidido no comporta un agravio concreto en cabeza del GCBA. 8. Que corresponde señalar que la protección de la seguridad es un derecho previsto en el artículo 42 d e la Constitución nacional y 46 de la local. Al respecto, no cabe interpretar que los constituyentes introdujeron esas normas con un propósito meramente declarativo, sino que, por el contrario, es correcta la hermenéutica orientada hacia el goce directo y efectivo por parte de sus titulares. La seguridad, que en el caso debería ser entendida como el simple derecho de asistir a un local bailable sin sufrir daño alguno, es un propósito que debe constituir la máxima preocupación por parte de quienes organizan eventos que importan algún riesgo potencial para sus asistentes, así como también de las autoridades públicas encargadas de la respectiva fiscalización. De manera que, al menos como principio general, la Administración no puede desligarse con ligereza de las responsabilidades que conlleva el mencionado deber en materia de seguridad. Ese mandato debe ser armonizado con el cumplimiento de otros objetivos que el legislador ha establecido y con la prudencia que la ponderación de bienes y principios aconsejan, s in que ello se produzca poniendo en riesgo garantías mínimas de los ciudadanos, ni excediendo los límites de las atribuciones de cada órgano de gobierno. Sin perjuicio de lo expuesto, tal como señaló la a quo, los actores no han atacado las normas vigentes en materia de inspección y habilitaciones, sino que la controversia gira principalmente en torno a la omisión que imputan al Poder Ejecutivo en materia de aplicación y ejercicio de tales normas. El caso, entonces, del modo en que fue planteado, perseguiría un pronunciamiento respecto del modo en que las potestades de la Administración en la materia son y han sido ejercidas. 9. Que conforme expresa la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el dictado del régimen legal aplicable a materias de seguridad pública constituye una de las atribuciones privativas de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires (cf. art. 80, p. 2, inc. e). Con el mandato expreso de mantener inalterado el espíritu de las leyes sancionadas por el poder legislador (art. 102), las tare as de aplicación y ejecución de estas normas se ubican, en el texto constitucional, entre las atribuciones y funciones propias del Jefe de Gobierno. Así, el artículo 104 sostiene que este poder "...formula y dirige políticas públicas y ejecuta las leyes..." (inc. 2); "...ejerce el poder de policía, incluso sobre los establecimientos de utilidad nacional que se encuentren en la Ciudad..." (inc. 11); "...establece la política de seguridad, conduce la policía local e imparte órdenes necesarias para resguardar la seguridad y el orden público..." (inc. 14); "...otorga permisos y habilitaciones para el ejercicio de actividades comerciales y para todas las que están sujetas al poder de policía de la Ciudad, conforme las leyes..." (inc. 21). Es evidente que la atribución de estas funciones tampoco, en cuanto tales, son discutidas en la causa, más bien, como se dijo, los actores denuncian el incumplimiento de los deberes que integran la fisonomía del Poder Ejecutivo dentro del esquema constitucional de distribución de tareas. 10. Que ahora bien, el argumento mediante el cual se afirma la existencia de una conducta omisiva se constituye principalmente mediante la remisión a un pasado o, dicho de otro modo, recurriendo a la invocación expresa de la tal vez perenne imagen del hecho acontecido el 30 de diciembre de 2004 en el local bailable "República de Cromañon". Los actores están seguros acerca de las fallas que achacan al gobierno, pero de lo que se trata en esta causa es de establecer si esa certeza, privada de actualidad, puede ser el fundamento del nuevo diseño de políticas públicas en la materia. 11. Que al respecto dos acotaciones resultan necesarias. Por un lado, la juez dejó en claro que las responsabilidades por los trágicos hechos acaecidos el 30 de diciembre de 2004 se debaten actualmente en sede penal. Por otro lado, la a quo sostuvo que las normas aplicables han sufrido modificaciones dirigidas a intensificar los requisitos y los controles y que, desde la tragedia, se han vuelto más rigurosos. Por eso, en este punto, el amparo habría devenido abstracto. Este carácter, en el decisorio recurrido, encuentra fundamento en palabras de la señora juez de grado en que "...hace a la naturaleza del amparo que el agravio de quien lo incoa sea 'actual o inminente', desde esta óptica, la omisión de control ha devenido abstracta." Entonces, para la juez, la omisión denunciada no reuniría los requisitos que califican al daño en la letra del artículo 14 de la Constitución de la Ciudad. No obstante lo expuesto afirmó "...que el perjuicio 'potencial' resulta amparable y es desde esta perspectiva que habré de condenar al GCABA al cumplimiento de ciertas pautas vinculadas al 'cómo' debe aplicarse la normativa vigente a fin de que la omisión no se configure...". La naturaleza del amparo, definida por la a quo en el párrafo antecedente al aquí citado, ha recibido, pocos renglones después, una modificación sustancial. 12. Que es sabido que el amparo es utilizable en las delicadas situaciones en las que, por carencia de otras vías judici ales aptas, peligra la salvaguarda de derechos fundamentales, y exige la configuración de circunstancias muy particulares caracterizadas por la presencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiestas que, ante la ineficacia de los procedimientos ordinarios, originan un daño concreto y grave, sólo eventualmente reparable por esta vía urgente y expedita. La doctrina subraya dos aspectos fundamentales de ese daño. En primer término, destaca que el perjuicio debe ser real, efectivo, tangible, concreto e ineludible. Se excluyen, pues, del amparo, los perjuicios imaginarios o "aquellos que escapan a una captación objetiva", en palabras de Sagüés. El daño que pretende repararse será, por tanto cierto. En segundo término, el daño debe ser actual. El amparo no se da para juzgar hechos pasados sino presentes. Lo pretérito sólo interesa en cuanto se prolongue hasta hoy. En cuanto al futuro, se admite la procedencia del amparo ante la amenaza de una lesión que sea precisa, concreta e inminente. Se procura prevenir una lesión que resulta de indudable cometido (ver, Nestor Pedro Sagüés, "Acción de amparo" , 4º edición ampliada, p. 112 y siguientes y sus citas). Cabe preguntarse qué objeto tendría una sentencia en el marco de este amparo que en forma apresurada, y sin el profundo examen de toda la prueba respectiva -es decir, ajena a estos autos-, realizara afirmaciones sobre los trágicos sucesos acaecidos. El comportamiento estatal que se analiza a través del amparo debe tener vigencia al tramitarse esta acción. Este primer recaudo excluye de la causa el examen de los hechos ocurridos el 30 diciembre de 2004. En un primer punto, la a quo señaló que el amparo devino abstracto. Ello por cuanto habría cesado la omisión con el dictado de la nueva normativa y la nueva distribución orgánica de funciones. Pero, luego de destacar esa falta de omisión actual (tal omisión habría devenido abstracta), aparece la idea del "perjuicio potencial". Entonces la juez ingresa a decidir "cómo" deben aplicarse las normas vigentes a fin de que tal daño no suceda, pues, a su criterio, el "espíritu de la ley no se estaría cumpliendo". 13. Que la razón de la institución del amparo no es la de someter a la supervisión judicial el desempeño de los funcionarios y organismos administrativos, ni el contralor del acierto o error con que ellos cumplen las funciones que la ley les encomienda, sino la de proveer de un remedio contra la arbitrariedad de sus actos que puedan lesionar los derechos y garantías reconocidos por la ley fundamental (del dictamen del Procurador que la Corte Suprema hizo suyo en Fallos: 327:2004). La Corte Suprema ha dicho que el amparo procede únicamente para la tutela inmediata de un derecho constitucional violado en forma manifiesta, y en cambio, es inadmisible cuando el vicio que compromete garantías constitucionales no afecta un derecho diferenciable y no resulta evidente. En el caso, la señora juez de grado luego de afirmar que la cuestión debatida en autos devino abstracta en razón de la nueva reglamentación puesta en marcha en enero de 2 005, pasó a dictar medidas con el objeto de conjurar el daño "potencial" que a su criterio justifica el sistema que implementa. La rapidez del cambio de recaudos sostenido en breves afirmaciones muestra la falta de certezas y la ausencia de un cometido claro. 14. Que como lo ha establecido en reiteradas oportunidades la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la misión más delicada del Poder Judicial consiste en mantenerse dentro de la órbita de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben a los otros poderes del Estado (Fallos 155:248; 311:2580, entre tantos otros). Es incuestionable la facultad de los tribunales de revisar los actos de los otros poderes, pero eso sí, limitada a los casos en que se requiere ineludiblemente su ejercicio para la decisión de los juicios regularmente seguidos ante ellos (Fallos 320:2851). Por lo demás, este tribunal ha afirmado que los jueces no suplen la falta de decisiones políticas ni la oportunidad de las tomadas para conjurar una crisis, sí ejercen el control jurisdiccional destinado a asegurar la fundamental razonabilidad de esos actos e impedir que, por medio de ellos, se frusten derechos cuya salvaguarda es un deber indeclinable (ver CACAyt Sala II, "Montenegro Patricia Alejandra y otros c/ GCBA s/ amparo, exp. 17378/2", 7/10/05). Además, es fundamental señalar que el criterio de conveniencia o eficacia del tribunal no puede sustituir al de los otros departamentos de gobierno para pronunciarse sobre la validez o invalidez constitucional de las normas que regulan trabajos, comercios o industrias con fines de policía (ver doctrina de Fallos: 315, 952). 15. Que durante el tiempo insumido en el trámite de la causa el Señor Asesor Tutelar realizó con inigualable ahínco un infatigable control de la labor de los inspectores en los trámites desarrollados en los boliches bailables de la Ciudad, acompañando a los inspectores en sus tareas, y controlándolos también a ellos. En esa tarea puso en conocimiento -primero del tribunal de grado y luego de esta alzada-, una serie de irregularidades de distinta trascendencia en los "boliches" inspeccionados, tales como, a título ilustrativo, la falta de exhibición de los análisis psicofísicos y los antecedentes penales del personal de bomberos y de seguridad de los locales (fs. 3543/3545/3555, entre otros); diferencias entre planos de uso y la estructura del local (fs. 3587 vta.); existencia de montacargas fuera de servicio (fs. 3591). También puso en conocimiento del tribunal la falta de puntualidad y la rapidez -en tanto ligereza- de las inspecciones (fs. 3603/3605, entre otros). Pero más allá de la grave coyuntura que justificó en alguna medida esta ardua tarea, es evidente que no puede ni debe prolongarse en el tiempo, pues importaría una mutación de las atribuciones constitucionalmente asignadas. 16. Que, como se dijo, el ejercicio del poder de policía compete, en cuanto a su sanción normativa, al poder legislador y, en lo que hace a su puesta en práctica, al Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Esta alzada ha expresado en numerosas oportunidades que esta atribución constitucional de funciones no se encuentra exenta de control judicial. Sin embargo, éste dependerá de controversias concretas, a lo que se suma, en el caso de la acción de amparo, la necesaria existencia de un acto u omisión de la Administración que en forma actual o inminente agreda derechos fundamentales de las personas. La jueza de grado, al alegar la existencia de un perjuicio "potencial", presente en el temor ciudadano pero no en la letra de la Carta Magna local, ha dispuesto políticas públicas sin la presencia de un "caso" que justifique su intervención. La Corte Suprema ha expresado que "...el ejercicio de la función jurisdiccional requiere que los litigantes demuestren la existencia de un perjuicio, la afectación de un interés jurídicamente protegido, de orden personal, particularizado, concreto y susceptible de tratamiento judicial , recaudos que han de ser examinados con particular rigor cuando se pretende debatir la constitucionalidad de un acto celebrado por alguno de los otros dos poderes del Estado." (cf. Fallos 321:1252). Este tribunal ha señalado que para que proceda el amparo el daño invocado debe ser actual e irreparable, siendo el expresado respecto a eventos futuros inadmisible. Y subrayó que la alegación y demostración del peligro inminente de daño corre a cargo del promotor del amparo. Con referencia a doctrina de la Corte se indicó que cuando se alega la inminencia del daño, sólo procede la acción de amparo si dicha inminencia es tal que autorice a considerar ilusoria una reparación ulterior, circunstancia que debe acreditar fehacientemente quien demanda (ver "Giaquinto Maria Beatriz y otros c/ GCBA s/ amparo", sentencia del 8/08/02). Tal como se afirmó en el precedente citado, el futuro incierto no integra el ámbito del amparo. Por lo demás, toda sentencia, además de atender puntualmente un conflicto concreto, se integra a una cadena de significados que a la vez preexiste y se proyecta en la llamada jurisprudencia. En este sentid o, piénsese brevemente en las implicancias de establecer la posibilidad de activar el aparato judicial, ante la presencia de "potenciales" perjuicios, no sucedidos, no de suceso inminente, sino inferidos, supuestos, conjeturados. 17. Que, no obstante lo expuesto, conviene ampliar los fundamentos anteriores, aún cuando estos conducen ya a una favorable admisión del recurso articulado por la demandada. Lo que descalifica el decisorio apelado no es únicamente su contradicción con el orden de funciones y competencias que establece la Constitución de la Ciudad. Cabe también preguntar desde qué lugar o bajo qué fundamento puede afirmarse que el establecimiento de políticas generales en ejercicio del poder de policía, resultará más eficaz cuando es delineado o establecido por un juez. Presumir que el dictado de algunas directivas en la materia será suficiente para evitar la reiteración de hechos como los acaecidos carece de rigor, aun cuando pueda reconocerse su efecto apaciguador ante el reclamo de las partes. El l enguaje de la sentencia atacada, que aconseja, que opina, que sugiere, pone en evidencia lo imposible de su cometido. Tal propósito resulta evidente ante la existencia de adjetivos que se acumulan y se anulan entre sí. A título de ejemplo, a fs. 3065 vta. de la sentencia atacada, se ordena la implementación de un sistema que garantice la transparencia de las inspecciones y se dispone, a tal efecto, que deben cumplirse "...las pautas asentadas en el anteúltimo párrafo del ac. XII." En este punto, sin embargo, se lee una serie de medidas dictadas bajo la égida del verbo "aconsejar". En definitiva, los sucesos que deben enfrentarse "colocan ante los ojos" una realidad que deja anonadado al observador, pero no posibilitan el rediseño institucional perseguido por los actores, el que, más allá de los beneficios coyunturales que haya aportado, no parece suficiente para garantizar la finalidad perseguida. 18. Que para finalizar, y en cuanto a la petición incluida por el señor Asesor Tutelar a fs. 3405/8 referida a qu e las inspecciones que tengan por finalidad la renovación de inscripciones en el Registro Público de Locales Bailable deban efectuarse en forma conjunta por las tres direcciones que menciona el artículo 3º primera parte del DNU 1/05, basta con señalar que lo afirmado no es suficiente para demostrar la inconstitucionalidad de la resolución 12-SSCC-06 sino que traduce, en el mejor de los casos, un juicio sobre la conveniencia de la reglamentación atacada. Sabido es que el interesado en la declaración de inconstitucionalidad de una norma debe demostrar claramente de qué manera ésta contraría la Constitución, causándole de ese modo un gravamen, y para ello es menester que precise y acredite fehacientemente en el expediente el perjuicio que le origina la aplicación de la disposición, resultando insuficiente la invocación de agravios meramente conjeturales (Fallos: 316,687). Por lo demás, aun cuando sea dable imaginar regulaciones legales más adecuadas o convenientes, es indudable que la selección de aquéllas no es de resorte del tribunal. Cabe reiterar, en palabras de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que el acierto o error, el mérito o la conveniencia de las soluciones legislativas no son puntos sobre los que al Poder Judicial quepa pronunciarse (Fallos 313: 410). Sólo casos que trascienden ese ámbito de apreciación para internarse en el campo de lo irrazonable, inicuo o arbitrario habilitan la intervención de los jueces. En ese sentido, no basta con afirmar que un nuevo siniestro implicaría la indiscutida responsabilidad de la Administración por haber minimizado los controles que las normas exigen, ya que tan grave premonición hubiera debido ser sustentada en la demostración precisa de la ilegalidad del sistema implementado. Por otra parte, de la lectura armónica del DNU 1/05, la resolución 3/SSCC/05 y la resolución 12/SSCC/06, en el limitado marco de conocimiento propio de la pretensión articulada, no surgiría que no se deba dar intervención a los tres organismos a que se refiere la primera de estas normas, por lo que la petición del señor Asesor debe ser rechazada. 19. Que, del modo particular en que se resuelve, resulta adecuado fijar las costas de la acción en el orden causado, en ambas instancias y rechazar, en consecuencia el recurso interpuesto por el coactor Iglesias. Por lo expuesto, habiendo dictaminado los representantes del Ministerio Público, el Tribunal RESUELVE: I. Admitir el recurso de apelación interpuesto por la demandada, revocar la sentencia de fs. 3043/3068 y, en consecuencia, rechazar la acción intentada. II. Rechazar el recurso de apelación presentado por el coactor José Antonio Iglesias y distribuir las costas de ambas instancias en el orden causado (art. 62 CCAyT, segundo párrafo). Regístrese, notifíquese -a la Sra. Fiscal de Cámara y al señor Asesor General Tutelar en sus respectivos despachos- y devuélvase.