Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-03-14


En la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, a los 14 días del mes de marzo del año dos mil siete, reunida en Acuerdo la Sala B de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, con la presidencia de su titular Dra. Graciela Mercedes García Blanco y asistencia de las Sras. Juezas de Cámara Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts y Dra. Nélida Susana Melero, para dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados:

"I, R c/ C, E H y otro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS", expte. nro. 16.053/06, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 2 (expte. nro. 405/05), y atento el resultado del sorteo establecido en el art. 268 del Código de Procedimientos Civil y Comercial (fs. 227), correspondió el siguiente orden para la votación: Nélida Susana Melero, Marta Susana Reynoso de Roberts y Graciela Mercedes García Blanco.

Acto seguido se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida de fs. 183/186? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestión la Dra. Melero dijo:

Vienen las presentes actuaciones por haber sido apelados a fs. 187, 188/189, los honorarios por los letrados apoderados de la parte codemandada y a fs. 190 por la parte actora la sentencia definitiva de fs. 183/186, registrada bajo el nro. 31 del 08/05/06, habiéndose concedido a fs. 199, en relación, los recursos de apelación por honorarios de los letrados apoderados de la parte codemandada y libremente y en efecto suspensivo respecto del recurso interpuesto por la parte actora.

El fallo recurrido dispuso: "1) Rechazando la demanda interpuesta por el Sr. I, R contra los Sres. E H y C A C (expte. nro. 405/05); 2) Haciendo lugar a la demanda, en consecuencia, condenar al Sr. I, R, a abonar dentro del término de diez días de firme o consentida la presente al Sr. C A C, la suma de pesos tres mil setecientos once ($3.711) en concepto de daño material con más el interés fijado en el considerando respectivo y desde la fecha indicada hasta su efectivo pago (expte. nro. 403/05); 3) No hacer extensiva la condena a la C de S S.A. conforme lo establecido en el considerando 11ro., y 4) Las costas del juicio serán soportadas por el Sr. I. Regula los honorarios de los profesionales actuantes...".

I.A) A fs. 213/221 obran glosados los agravios expuestos por el apelante actor, los que fueran contestados por los codemandados a fs. 223/224.

Siendo que es criterio de la suscripta -coincidiendo con la doctrina y jurisprudencia especializada en la temática- que en la estructura de la sentencia los resultandos (aplicable aquí a los agravios) tienen por finalidad la individualización de los sujetos de la pretensión y la relimitación del ámbito objetivo del litigio sobre el que recae el pronunciamiento, incluyéndose así entre los elementos que la sentencia deberá contener "la relación sucinta de las cuestiones que constituyen el objeto del juicio (o de los agravios), siendo el estilo judicial agregar una breve relación de las vicisitudes del proceso, a cuyo efecto basta una mera remisión" (conf. crit. Morello - Sosa - Berizonce en "Códigos Procesales de la Pcia. de Buenos Aires y de la Nación", T.II-C, pág. 64; Cám. Nac. Com. Sala C, 03/11/80, entre otros) y advirtiendo que de las conclusiones en que la apelante sintetiza los argumentos de sus agravios (fs. 220 vta.), son claros y concisos y teniendo presente el principio procesal de concentración, he de realizar la transcripción de los mismos sin perjuicio de tener en cuenta cada línea de pensamiento expuesto en el desarrollo que en cada uno de sus agravios ha realizado la apelante.

Sintéticamente los agravios de la parte apelante actora, se centran en que el a-quo erró en la valoración de las circunstancias de la mecánica del accidente en cuanto:

a) se basa en una mera presunción iuris tantum dejando de lado preceptos contenidos en la Ley nro. 24.449 cuando calificó de embistente al vehículo de propiedad de la recurrente;

b) no tomó en cuenta para resolver cuestiones esenciales que surgen de la pericial mecánica y c) soslayó lo determinado por la ley de tránsito en cuanto a la prioridad de paso.

I.B) El accidente se produce el día 17/12/01, aproximadamente a las 13:45 h, en la intersección de la Avda. Libertador y la Avda. Tehuelche, colisionando un automotor marca Toyota, modelo 1999, dominio *****, que circulaba en dirección Norte-Sur por la Avda. Libertador, con un vehículo, marca Fiat Weekend, modelo 1998, dominio *** *** que circulaba por la Avda. Tehuelche en dirección Oeste-Este. Ambos protagonistas se adjudican recíprocamente la responsabilidad del accidente.

He de principiar el análisis del presente caso precisando que es entendimiento de la suscripta, en concordancia con jurisprudencia generalizada conteste, que a fin de demostrar la culpa ajena, tratándose de un accidente de tránsito que se desenvuelve en una intersección, la determinación de quién es culpable sólo puede decidirse, conociendo cuál de dichos conductores se encontraba habilitado para el cruce, resultando irrelevantes las presunciones de culpabilidad fundadas en la calidad de embistente, ni la derivada de la prioridad de paso ("R C B c/ L D y otro s/ sumario", 90-11-08, sala M).

Es decir que la necesaria relación de causalidad que debe existir entre la acción y el daño se puede ver alcanzada por la presencia de factores extraños, con idoneidad para suprimir o aminorar sus efectos, en cuyo caso se configura la interrupción del nexo causal o la concausa.

Así, la causa material del menoscabo se desplaza hacia otro centro de imputación, exclusivo o concurrente; el hecho de la propia víctima, de un tercero extraño o el caso fortuito.

Estimo que la circunstancia de circular por una ruta y el derecho de prioridad de paso, no excusan al conductor de adoptar razonables medidas de precaución, conservando el dominio del vehículo con la finalidad de prever imprudencia de terceros atento a que el derecho preferencial de paso debe ser interpretado dentro del contexto general del tránsito, sin prescindir de su fluidez y de las modalidades que presenta la encrucijada.

Ha de juzgarse la cuestión sin soslayar las elementales reglas de prudencia y cifrando el criterio en la idea que en todo caso ningún conductor -ni siquiera aquel que cuenta con prioridad de paso- puede arrogarse el derecho de llevarse adelante todo aquello que encuentre en su trayecto, de modo que en este sentido se carece de un bill de indemnidad.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado: "La prioridad de paso acordada por la reglamentación de tránsito no excluye la observancia cuidadosa de una prudencia compatible con la seguridad de la circulación" (CSJN, 23-12-97, "Fernández Kulisek e Hijos SRL c/ Buenos Aires, Provincia de", Fallos: 297:210)".

El Doctor de Lázzari, en la causa Ac. 76.418, "M, V G contra R, J M y/o quien resulte responsable.

Daños y perjuicios" (12/03/03), señaló: "La normativa en vigor consagra una prioridad de paso absoluta, mas veamos en qué circunstancias y para qué supuestos.

Porque esta previsión legal, en mi criterio, no puede entenderse, como ya se ha expresado, en un sentido fatal e irreversible.

No quiero decir que el conductor que se encuentra en tal supuesto posea un salvoconducto habilitante para no detener nunca su marcha y exonerativo de toda responsabilidad.

Como recordará esta Corte (Ac. 63.493, sent. del 1-XII-1998), el conductor que arribe a una bocacalle está obligado a reducir sensiblemente la velocidad, lo que rige tanto para el que se aproxima por la izquierda como para el que lo hace por derecha".

Retomando el estudio de la presente causa, se observa claramente que el Sr. H E C ha reconocido no conducirse con la prudencia debida al aproximarse a la encrucijada, conforme su contestación a la 9na. posición en su absolución posiciones - fs. 101).

Ello es así por haberse dado en el caso la irrupción de un vehículo por la derecha que estaba concluyendo el cruce, razón por la cual debía acelerar y no frenar cediendo el paso, pues de otro modo seguramente se impactará tal como ocurrió en definitiva.

Estos son datos de la experiencia de todo conductor y del propio juez, experiencia que constituye uno de los elementos fundantes del sistema de la sana crítica (art. 384 C.P.C.Ch.).

Sin perjuicio de dicha aseveración, también se ha de ameritar que las distintas hipótesis que en el atravesamiento de una intersección de calles pueden darse se encuentran por principio atrapadas por la premisa de la prioridad de paso.

Mas no pueden ser asimiladas y unificadas mediante un englobamiento que desconozca las particularidades de cada caso.

Son diferentes alternativas del tránsito y por lo tanto, razonablemente pueden recibir soluciones diversas.

Habrán de conjugarse las disposiciones de la Ley Nacional 24.449 y Ley Pcial. Nº 4.165 que en su art. 51 inc. e), 1, consagra un límite especial máximo de velocidad, cuando dice '... en las encrucijadas urbanas sin semáforos, la velocidad precautoria nunca superior a 30 km/h', en este sentido la norma no distingue entre avenidas y calles, abarcando por consiguientes a ambas (coincidente con el informe prestado por la Municipalidad de Comodoro Rivadavia - fs. 89/90, existe. Nro. 405/05 y fs. 66- expte. nro 403/05).

Al respecto, cabe destacar que asume importancia a los efectos de clarificar la cuestión traída a decisión la pericia efectuada por el perito mecánico L A M (fs. 88/91 - expte. nro. 403/05 - la cual valoro por ser más científica y detallada que la realizada a fs. 110/111 - expte. nro. 405/05), ya que se advierte claramente que la estimación efectuada por dicho especialista se basa en la mecánica del accidente, claras fotografías y consideraciones efectuadas por él basadas en su experiencia, conocimientos científicos y apreciaciones técnicas que lucen adecuadamente fundadas y de las que no cabe apartarse más aún cuando el perito en accidentología detenta una experiencia de muchos años de realizar dicho tipo de pericias en cientos de accidentes.

Así, tiene expresado la doctrina en cuanto a que: "Siempre que los peritos nombrados tuvieren título y sus conclusiones fueren terminantemente asertivas, tendrán éstas fuerza de prueba legal" (Dr. Hernando Devis Echandía en "Compendio de la Prueba Judicial", T.II, Edit. Rubinzal - Culzoni, pág. 115).

El perito es claro en que la zona del accidente es compleja, conflictiva y para tránsito de precaución con lo cual trae como resultado que la normal bifurcación vehicular se aleja del supuesto clásico, donde es más fácil distinguir la arteria de mayor jerarquía e interpretarla como un elemento definidor de la prioridad de paso.

Asimismo, observo que son coincidentes los informes de los peritos mecánicos actuantes (fs. 88/91 expte.403/05 y fs. 110/111 - expte.405/05) - que el automotor propiedad y conducido por el actor fue el agente embestidor, carácter que asimismo refleja el lugar dañado que exhiben las fotografías del rodado de los codemandados.

Además la ley de tránsito prescribe velocidades mínimas antes de abordar una bocacalle, límite que en todo caso no debe sobrepasar los 30 kms. por hora y que en el caso puntual que nos ocupa ha mediado un exceso, mucho más gravitante todavía si cada conductor ya había asimilado las dificultades del cruce crítico de ruta y avenida, de allí que al circular a 30 ó 40 kms. por hora, se ha excedido la llamada velocidad precautoria.

En todo caso, incide la circunstancia de haber podido alcanzar una velocidad cercana a los 40 km por hora y no cumplir con la obligación de reducir la velocidad al arribar a una bocacalle, más aún cuando de la informativa prestada por la comuna local, ya individualizada, existe constancia de señalización por la Avda.

Libertador en dirección Norte-Sur, un cartel que dice "Despacio" y que el mismo actor ha reconocido tanto en su demanda (fs. 10) como en su formulación de posiciones (fs. 100, posiciones 3era. y 4ta.) que había advertido la presencia del otro automotor en la intersección cuando expresa que éste último se había detenido antes de reiniciar su marcha girando por la Avda. Libertador.

Teniendo en cuenta que en la distribución de los porcentajes en los casos de culpa concurrente por trasgresión a la regla de prioridad de paso, ha de apreciarse la posición de quien poseía la prioridad de paso en el cruce de la bocacalle atribuyéndole un porcentaje menor en la concurrencia de responsabilidad, son razones por las cuales arribo a la conclusión de distribuir la responsabilidad en un 60% a cargo de la parte codemandada y en un 40% para la parte actora (doct. arts. 704, 795, 1111, 1113,1128, 2091, 2170 C. Civil)".

Por estas consideraciones, entiendo que deben atenderse parcialmente los agravios traídos por la parte actora a fs. 213/221, estableciéndose que corresponde declarar que ha mediado en el accidente sufrido entre las partes causalidad concurrente, distribuyendo la responsabilidad en un 60% a cargo de los codemandados y en un 40% para el actor, correspondiendo, en consecuencia, revocar la sentencia de fs. 113/116 en todas sus partes.

I.B-2) Atento la decisión arribada, corresponde aplicar los porcentuales de responsabilidad de las partes en los conceptos indemnizatorios peticionados por las partes.

Teniendo presente las sumas solicitadas en concepto de daño material y privación de uso efectuada, por el Sr. R I, en el expte. nro. 405/05 (fs.10 y 11vta.) y por el Sr. C A C, expte. nro. 403/05 (fs. 21/vta. y 22), aplicado que fueran a las mismas los porcentuales de responsabilidad decididos, queda como resultado definitivo lo siguiente:

El Sr. R I deberá abonar al Sr. C A C, en concepto de daño material, la suma de pesos mil cuatrocientos ochenta y cuatro con cuarenta centavos ($1.484,40).

El Sr. C A C deberá pagar al Sr. R I, en concepto de daño material y privación de uso del automotor, la suma de pesos dos mil cuatrocientos con sesenta y nueve centavos ($2.400,69), ambas sumas devengarán los intereses en la tasa y por el lapso dispuesto por el a-quo en primera instancia.

Siendo que ha sido condenado el asegurado de la citada en garantía La C de S S.A., se hace extensiva la condena a la misma en forma solidaria al no haber opuesto límite de cobertura.

I.B-3) En cuanto a los recursos de apelación por regulación de honorarios planteados por los apoderados de los codemandados a fs. 187, 188/189, carece de virtualidad jurídica expedirse sobre los mismos atento la conclusión arribada en el presente voto.

I.C) Teniendo en cuenta lo decidido precedentemente, corresponde la aplicación de lo dispuesto por el art. 279 del CPCCh; por ello, las costas de primera y segunda instancia son impuestas en un sesenta por ciento (60%) a la parte demandada y citada en garantía vencidas y en un cuarenta por ciento (40%) a la parte actora (art. 71 del CPCCCh).

Se difiere la regulación de los honorarios profesionales tanto de primera como de segunda instancia para el momento del acuerdo, donde se los regulará teniendo en cuenta la complejidad de la materia traída a debate, la labor profesional desarrollada y el éxito obtenido en un todo de acuerdo a lo prescripto por los arts. 6, 7, 14, 47 y ccdtes. del Dto. Pcial nro. 2200 y su modificatoria Ley Pcial nro. 4335.

A la segunda cuestión la Dra. Melero dijo:

Propongo como fórmula postulatoria para el momento del acuerdo, la siguiente:

1) Hacer lugar parcialmente a los agravios expuestos por el apelante actor a fs. 213/221 y revocar la sentencia de fs. 183/186 en todas sus partes.

2) Hacer lugar parcialmente a la demanda interpuesta por el Sr. R I (expte. nro. 405/05) y, en consecuencia, el Sr. C A C deberá abonar al Sr. R I en concepto de daño material y privación de uso del automotor, dentro del término de diez (10) días de quedar firme o consentida la presente, la suma de pesos dos mil cuatrocientos con sesenta y nueve centavos ($2.400,69).

3) Hacer lugar parcialmente a la demanda interpuesta por el Sr. C A C (expte. Nro. 403/05) y, en consecuencia, condenar al Sr. R I a abonar al Sr. C A C, en concepto de daño material, la suma de pesos un mil cuatrocientos ochenta y cuatro con cuarenta centavos ($1.484,40).

4) Las sumas condenadas devengarán los intereses en la tasa y por el lapso dispuesto por el a-quo en primera instancia.

5) Hacer extensiva la condena dispuesta para el Sr. C A C a la citada en garantía La C de S S.A. en forma solidaria.

6) Imponer las costas de primera y segunda instancia en un sesenta por ciento (60%) a la parte demandada y citada en garantía vencidas y en un cuarenta por ciento (40%) a la parte actora (art. 279 y 71 del CPCCCh).

Diferir la regulación de los honorarios profesionales tanto de primera como de segunda instancia para el momento del acuerdo (arts. 6, 7, 14, 47 y ccdtes del Dto. Pcial nro. 2200 y su modificatoria Ley Pcial nro. 4335).

7) Téngase presente la reserva del caso federal interpuesta a fs. 220 vta. por la parte actora.

A la primera cuestión la Sra Juez de Cámara Marta Susana Reynoso de Roberts dijo:

Que llegan las presentes actuaciones a la Alzada en apelación de la sentencia de fs 183/186, que rechaza la demanda interpuesta por el Sr I, R, contra los Sres E H y C A C (expte 405/05); hace lugar a la demanda y condena al Sr R I a abonar la suma de $3711 (tres mil setecientos once pesos) en concepto de daño material, con más los intereses de acuerdo al considerando respectivo (expte Nº 403/05), desestima la condena a La C S S.A., impone las costas al Sr I y regula los honorarios.

A fs 187, la Dra P, por derecho propio apela los honorarios por bajos, manifestando que el monto de la regulación se integra con el capital y los intereses.

A fs 188/189, los Dres D V y J M G, por la representación acreditada en autos apelan los honorarios regulados por bajos.

Sostienen que la regulación deviene injusta e irrazonable, pues no se ha tenido en cuenta que se ha rechazado la demanda interpuesta por el Sr I, quien reclamaba la suma de cuatro mil un peso con quince centavos, mas los intereses, que se debe tener en cuenta el monto del proceso, el que comprende capital, intereses y accesorios.

Considera que se debió determinar el monto del proceso, en el caso monto rechazado y los intereses y luego proceder a regular los honorarios de acuerdo a tales pautas y el art. 47 de la ley 2200-4335.

Cita jurisprudencia.

A fs 213/221, el Sr I expresa agravios, dice que el a-quo funda el decisorio en el carácter de embistente de su parte, dato relativo del que hace presumir su culpa, existiendo otras presunciones, además de embistente culpable, que se encuentran legisladas en la ley de tránsito, resultando fundamental el artículo 41 de la ley 24449.

Relata que tampoco ha tenido en cuenta la pericia.

Se refiere a la calidad de embistente con cita de jurisprudencia y al punto de impacto, aludiendo que el juez no hace referencia a elemento que lo sustente.

Alude a la absolución de posiciones de C.

Respecto a la prueba pericial, luego de transcribir parcialmente la sentencia y el informe, concluye que la pericia da razón a sus dichos respecto de la ubicación, sentido de circulación, caracteres del lugar y del actuar imprudente y negligente del Sr C.

Agrega que se desplazaba a una velocidad que no superaba a los 40 ó 50 km/h, cumpliendo con la velocidad que informa la Municipalidad local.

Introduce otro tópico "la prioridad de paso", e insiste que en virtud de lo previsto por el art. 65 de la ley Nacional de Tránsito, teniendo prioridad de paso por circular sobre semiautopista y por ende careciendo de ella el Sr C, la presunción de culpa recae en contra de éste último.

A lo que agrega lo que dispone el art.41.

Y si bien no ha sido motivo de agravio he de transcribir lo ya sostenido en otras oportunidades, recordando al Sr Juez de la instancia anterior y siguiendo doctrina del Dr Ghersi en "Responsabilidad Civil", dirección de Jorge Mosset Iturraspe, coordinadora Aída Kemelmajer de Carlucci y coautores Ghersi, Stiglitz y Parellada, "Código Civil, 3 "A", Bueres-Highton, pág 597, y "Accidentes de Tránsito", parte segunda de Carlos Ghersi, págs. 88 y sgtes, que ha habido una evolución jurisprudencial, pues se ha variado el criterio de aplicación de los arts 1109 a 1113 del Código Civil, y aparece hoy como definitivamente superada la discusión sobre el régimen aplicable en materia de colisión de dos o más automotores y ello es así por los fallos jurisprudenciales, y doctrina, Kemelmajer de Carlucci, "Responsabilidad en las colisiones entre dos o más vehículos", en "Temas de responsabilidad civil"; Mosset de Iturraspe "Eximentes verdaderas y falsas en los accidentes de automotores", en estudios de "Responsabilidad por Daños", T.IV, Zavala de González, "Responsabilidad por Riesgo", y la propia Corte Suprema de Justicia, ha señalado que la problemática de los accidentes de tránsito, debe resolverse a través de los lineamientos establecidos por el art. 1113 del Código Civil y, en la oportunidad de la adopción de la teoría del riesgo creado se dijo que si bien esta Corte ha sostenido en caso de accidentes protagonizados por dos o más automotores la inaplicabilidad del art. 1113, párr. 2° del Cód. Civil, sobre la base que el riesgo recíproco creado por los vehículos enerva el fundamento de la responsabilidad asignada por esa norma (Fallos t. 306, pág. 1988) una revisión del problema, conduce a modificar su postura en "E N de T c/ Pcia de Bs As y otro" sentencia del 22-12-87, 1998-D-296.

En igual sentido se ha pronunciado Roberto A. Brebbia, "Problemática jurídica de los automotores", Ed. Astrea 1982, t. 1, págs. 9/11, pts. 4 y 5; Borda, "Tratado. - Obligaciones II", Ed. Perro 1976, nº1 1502; Jorge Orlando Ramírez, "Indemnización de daños y perjuicios", Ed. Hammurabi 1983, t. I, págs. 151 y sigtes., parág. 16, entre otros.

Recordando tales principios y continuando con el análisis de la causa, se ha probado, y no ha sido motivo de oposición, que el día 17 de diciembre de 2000, se produjo una colisión entre los vehículos identificados como FIAT WEEKEND dominio *** ***, conducida por el Sr C y la camioneta TOYOTA HIACE, *** ***, conducida por el Sr I, en la intersección de las avenidas Libertador y Tehuelche.

El actor, entiende que ha sido la culpa del conductor de la Toyota, mientras que este último, da razones por las que sostiene que la responsabilidad es del actor, y es esa la controversia que debe dirimirse, dentro del escaso marco probatorio, apuntando ambos a la prioridad de paso.

En la investigación de los accidentes de vehículos en movimiento, las partes dan sus versiones acerca de la mecánica del mismo, de allí que la prueba pericial, comprobado el accidente y los daños sufridos en los vehículos, y la suma del resto probatorio, permite al sentenciante arribar a un resultado justo, a partir de las presunciones.

En autos no han existido testigos presenciales ni croquis policial y el perito (fs 88 expte Nº 403) se expide conforme los dichos de las partes y la visita del lugar del accidente, dando los fundamentos por los cuales arriba a las conclusiones que emite.

Con estas bases y admitiendo la pericia en todo aquello que entienda concordante su aplicación con los principios de la sana crítica (art. 477), paso a examinar la mecánica de la colisión, en orden a la determinación de la responsabilidad civil emergente de ambos vehículos de riesgo (art. 1113 Cód.Civ.) pues para eximirse de responsabilidad en virtud del citado artículo, no basta demostrar que de su parte no existió culpa sino que debe probar la culpa de la víctima, el caso fortuito o la fuerza mayor, la culpa de un tercero por quien no se debe responder o la ruptura del nexo de causalidad (ver v.gr. C1ª CC San Isidro, sala I, junio 18-2002, ED 200-394).

Ha quedado suficientemente acreditado entonces (fs 10, 12, 82 y 107) que el automóvil Toyota embistió al vehículo Fiat, por el reconocimiento de las partes.

Pero más allá de tal reconocimiento, sabido es que los daños en la parte delantera de un vehículo lo hacen aparecer prima facie como embistente, creando en su contra una presunción de culpa (CNEsp. Civ. y Com., Sala I, "S c/ A", del 10/10/86 cit. por Daray, Hernán "Accidentes de Tránsito", T.1, pág. 218, sum. 13) y agrego que los daños en el lateral izquierdo sitúan a la otra parte como embestido.

El artículo 41 de la ley de tránsito 24.449 establece que "todo conductor debe ceder siempre el paso en las encrucijadas al que cruza desde su derecha" y tal prioridad es absoluta, sólo se pierde, dice la norma, en los casos que enumera.

La violación de esta disposición implica una falta grave, que debe merituarse con el resto de las pruebas y de las disposiciones legales, doctrinales y jurisprudenciales, máxime cuando esta última no es concordante, "La Suprema Corte relativizó el carácter absoluto de la regla de paso preferente (S.C.B.A. Ac. 58668, 11/03/97 "M", L.L. Bs.As. 1998-825 con nota aprobatoria de Miguel Piedecasas; esta Sala, causa Nº42642, 28/8/2001 "C de V F c/ E D H. y otros. Ds. y Pjs.").

Se dijo allí que "la flexibilización de esa jurisprudencia se había insinuado anteriormente al decidir que "si bien es cierto que las reglas de la prioridad de paso fijan rígidos criterios hermenéuticos, tal premisa debe conjugarse con todas las pruebas del juicio (arts. 384, 456 y 474 Del CPC)" (S.C.B.A., Ac.70.193, 3-5-00, "N", D.J.J., Tº 158, p. 217, esta Sala, Causas Nº42502, 29/05/2000, "C"; Nº42805, 17/08/2001, "M de A").

En otro antecedente casacional se reiteró que es obligación de ambos conductores reducir la velocidad al llegar a la bocacalle (Ac. 77508, 08/ll/2000, "M", D.J.J. T.159-295), aunque luego se volvió a lo que se insinuaba como doctrina vigente (Ac.70665, 04/04/2001, "Q" cit. D.J.J. T.160-228).

En distintos fallos se insistió que quien circula por la izquierda sólo puede continuar su marcha "si luego de frenar la misma hasta casi detenerla advierte que no circulan autos con prioridad de paso, lo que no está condicionado al arribo simultáneo" (Ac. 66334, 13/05/97 "F"; Ac. 59835, 14/07/98 "N", D.J.J. 155-201; Ac.71179, 22/12/99 "M"; Ac.76217, 25/10/2000, "C"), y que el principio de paso preferente "no releva la necesidad de verificar en cada caso las circunstancias integrales, en particular la incidencia de otras reglas del tránsito y de los principios generales de la responsabilidad" (S.C.B.A. Ac.66208, 02/03/99, "P R"; Ac.63493, 01/12/98, "C").

"La pauta directriz derecha antes que izquierda no puede predicarse en forma generalizada u omnicomprensiva" (Ac. 64363, del 10/11/58, Voto Dr. De Lázzari; doctrina Ac. 70665, del 04/05/91, D.J.J. T. 160-228; Ac. 70193, "N", D.J.J. T.158-217).

Ulteriores pronunciamientos casacionales, inclusive con otra integración de ese Alto Tribunal, han ratificado esa tendencia jurisprudencial.

Aún cuando en algún pronunciamiento el carácter más flexible de la pauta de la prioridad de paso fue el de la minoría (disidencia del Dr. De Lázzari Ac.79892, 19/2/2002 "G"), discrepándose incluso sobre los alcances interpretativos de la doctrina legal vinculante (Ac. 73936, 19/2/2002 "S", disidencia del Juez de Lázzari), lo cierto es que se repitieron las líneas medulares de la exégesis ahora vigente (Ac. 75528, 30/10/2002 "P").

Si bien luego se ahondaron los parámetros valorativos, siendo auspiciado sólo por un ministro la exégesis que más relativiza la norma del art.57 inc.2 ley 11430 (Ac.78370, 27/11/2002 "M"), el último antecedente registrado afianza, aunque con matices importantes, la tesis mayoritaria (Ac. 76418, 12/3/2003 "M V").

En este caso se advierte una división de opiniones que insinúan tres posturas: una propicia relativizar su aplicación, expresando que la regla dirimente de paso preferente no está condicionada al arribo simultáneo de los vehículos (voto Dr. Pettigiani al que adhirió el Dr. Negri).

La segunda postura acota más rigurosamente el carácter absoluto de la prioridad de paso, la que debe adecuarse a las circunstancias del caso -vgr. quién llegó primero a la bocacalle- en correlación con las restantes normas del Código Civil y las infracciones de tránsito (voto del Dr. De Lázzari, al que adhirió el Dr. Salas). Finalmente se propicia atender a cada caso pero sin desnaturalizar el valor seguridad que, como norma de prevención, establece ese precepto legal (art.57 ley 11430), adecuándose al juego de expectativas mutuas que para ambos conductores genera el encuentro en las bocacalles (voto Dr. Roncoroni, con disidencias parciales a la opinión del Dr. De Lázzari).

En suma, mantiene su vigor la tesis que relativiza el carácter absoluto de la prioridad de paso, aunque habrá de aguardarse su evolución en los futuros pronunciamientos de la nueva integración del Alto Tribunal (C. 46143 - "M., N. L. c/ Z, R R y otros s/ Daños y Perjuicios" - CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE AZUL (Buenos Aires) - SALA II - 04/12/2003).

Asimismo el Superior Tribunal de la Provincia en autos "B c/ M s/ Daños y perjuicios", S.D. registrada bajo el Nº 9 SRE, año 2000, adoptó igual postura con basamento en jurisprudencia anterior y posterior a la ley, y transcribiré esta última, "Es cierto que el actual art. 41 de la Ley Nº 24.449, que sigue el modelo normativo anterior, adjudica al privilegio conferido por esta especie preferencial, la calificación de absoluto.

Pero ello responde a una interpretación fuera de contexto, por cuanto más que sugerir, el ambiguo adjetivo parecería estar declarando que al preferente le estaría acordado un virtual estatuto de inmunidad.

Ello de ningún modo es así.

A más de que conceptualmente ello no es cierto -jamás la preferencia es absoluta, sino esencialmente relativa-.

No puede entenderse que' es lo que pretendieron los sucesivos legisladores con la inclusión de la fórmula, puesto que no resuelve nada práctico sino que se erige en una fuente generadora de emulación y riesgo (Conf. Carlos Tabasso Cammi, "Preferencia del ingreso prioritario, de la derecha-izquierda de facto" en "Revista de Derecho de Daños, Accidentes de Tránsito -III", año 1998, pág. 31 y sgtes).

En autos de acuerdo al informe de la MCR, se trata de dos avenidas, pero no existe duda y lo corrobora el perito, las características del lugar y la prudencia que debe tenerse en la encrucijada entre Avenida del Libertador y Avenida Tehuelche, de allí que la prioridad de paso que alega el Sr C y lo manifestado por I al respecto, resulta intrascendente, toda vez que la norma establece, "Todo conductor debe ceder siempre el paso en las encrucijadas al que cruza por la derecha", pero indudablemente es preciso determinar en qué momento del cruce se encuentra y teniendo presente lo que doctrina y jurisprudencia vienen sosteniendo sobre el tema y que comparto.

Del escaso material probatorio se desprende que el automóvil Fiat, ya había cruzado casi la totalidad de la avenida, cuando es embestido por el vehículo Toyota.

Y a tal aserto arribo al quedar demostrado que el Fiat fue embestido en la parte posterior izquierda.

La referida prioridad absoluta juega en supuestos de convergencia simultánea o casi simultánea de los vehículos, pero ello no rige cuando el vehículo embestido se encontraba más adelantado en el cruce.

De allí que la discusión sobre la prioridad de paso del vehículo Toyota al circular por la avenida, o la del conductor del Fiat al circular por la mano derecha del otro automotor, reitero, no resulta decisivo.

Asimismo del informe de la M C R, y del perito surge la existencia de señalizaciones en dirección Norte-Sur, banquina derecha, elemento que no puede dejar de ponderarse.

"En cuanto a la velocidad excesiva sabido es que no es sólo aquella que se determina matemáticamente en base al estricto kilometraje desarrollado sino que se juzga como la que no permita el control del rodado, según se desprende del precepto general que emana del art.50 de la Ley de Tránsito 24449, y arts 901, 902, 906, 1113 Cod.Civ.).

Así ha sido reconocido por la jurisprudencia que sostuvo que "ha de considerarse inapropiada la velocidad de un vehículo cuando, con independencia de la máxima reglamentaria, no se adapta a las circunstancias de tiempo y lugar y por tal razón vulnera el deber de circular con cuidado y prevención que impone el Código de Tránsito" (C.N.Civ. San N. 9/5/2002 "A E J c/ R N D s/ Ds. y Pjs.").

Y es aquí donde adquieren relevancia las características del lugar de las que da acabada cuenta el perito, y en cuanto interesa, informa que "En el lugar se produce la desembocadura de dos calles laterales semiperpendiculares a la sección de Ruta Nacional Nº 3,... una desde la derecha o desde el oeste coincidente con la bocacalle que llega a la ruta 3 desde el Oeste a modo de ascenso desde un nivel inferior desde Av. Tehuelche hasta desembocar en el borde Oeste de la Ruta 3 ...; lo descripto, "transforma, dice el perito, al sector en un sector con gran perspectiva de accidentes como lo demuestra su experiencia".

Agrega que la Ruta Nacional nro. 3 es la vía de mayor envergadura, pero la precaución para cruzar por el sector debe ser una obligación para todos los usuarios, ya sea para los que se movilizan por la Ruta Nacional nro. 3 o por las calzadas que en ella desembocan.

Estas circunstancias, y los daños, constituyen "presunciones hominis" acerca de la velocidad no adecuada del conductor de vehículo Toyota, ya que si bien el perito da cuenta que la máxima velocidad pudo haber sido entre 40 y 50 km, la Municipalidad informa a fs 66 que la velocidad máxima sobre boulevard Avda del Libertador a metros antes de su intersección con Avda Tehuelches es de 40 Km, lo que indica claramente que en el mejor de los casos venía a la máxima velocidad permitida y aún considerando que la velocidad que desarrollaba se encontraba dentro de lo que dispone la ley de tránsito en zona urbana, las características del lugar obligan a disminuir la velocidad, ya que como bien lo señala el perito y es público y notorio, se trata de una encrucijada peligrosa.

La pauta jurisprudencial más difundida afirma que "la velocidad puede resultar excesiva según las circunstancias del caso, del mismo modo que no será inexorable eximente conducir dentro de los límites máximos" (Conde Héctor-Suárez Roberto "Tratado sobre responsabilidad por accidente de tránsito", T.2, p. 367, notas 12 y 13).

A lo que agrego que el conductor no tuvo el dominio del vehículo, como lo requiere el art. 50 L.T, pues él reconoce que lo vio, trató de evitar la colisión y no pudo.

La doctrina y jurisprudencia tienen dicho, y lo comparto, que quien no ha podido detener a tiempo su vehículo para evitar la colisión es porque marchaba a exceso de velocidad, o porque no actuaba con la debida prudencia, lo que señala, en principio la responsabilidad del agente.

La presunción de culpa de quien embiste con la parte delantera de su rodado, la lateral o trasera de otro, solamente puede ser desvirtuada por prueba de plena convicción" (CNCiv., Sala B, 8/8/96, "Z, O H. c/ C, J s/ daños y perjuicios", extraído de Hernán Daray, "Derecho de daños en accidentes de tránsito", t. 1, pág. 87, ap. 14 y 15, ed. "Astrea", Buenos Aires, año 2001).

Y, respecto de la visión de conjunto del hecho se ha dicho que: "Es menester precisar en qué medida las circunstancias que determinaron el accidente pudieron ser evitadas si se hubiese observado la conducta apropiada, pues la responsabilidad sólo puede surgir de la adecuada valoración del reproche de las conductas en orden a la previsibilidad de sus consecuencias" (CS, abril 2-998 -"Risolía de Ocampo, María J. c. Rojas, Julio C. y otro"- Rev. LA LEY del 26/6/98. SConst., p. 27, fallo 97.370).

Debe tenerse en cuenta que de haber, el embistente, obrado dentro de los límites de la prudencia aconsejada ante las circunstancias antes señaladas y no pudiéndose alegar aparición imprevista, el conductor debió haber tenido el pleno dominio de su vehículo e incluso detenerlo antes del impacto, en consecuencia la atribución de responsabilidad asignada por el sentenciante de la instancia anterior resulta acertada.

En punto a la apelación de los honorarios por parte de la Dra P asiste razón a la apelante, toda vez que siguiendo las pautas de los arts. 6 y 7 de la ley de aranceles, la labor profesional, el resultado obtenido, la posibilidad que las pretensiones prosperaran, etapas cumplidas, la suma regulada aparece exigua, en consecuencia fijaré los honorarios de la Dra M X P en seiscientos pesos ($600).

Corresponde señalar que el recurso de fs 188/189 vta por la parte actora, ha sido mal concedido.

Ello por cuanto al interponerlo el letrado ha invocado "por la representación acreditada en autos".

Reiteradamente hemos señalado que la parte no se encuentra legitimada para recurrir, por bajos los honorarios fijados a sus profesionales, únicos interesados al respecto (Cfme. CNAT Sala X 8/4/99, DJ, 1999-3-718 y DT 1999-B-1840)".

Atento cómo se resuelve, las costas de la Alzada las impongo al apelante vencido.

A fin de regular los honorarios de esta instancia, que los difiero para el momento del acuerdo, valoraré el trabajo profesional, el resultado obtenido y lo que disponen los arts. 6 y 14 de la ley 2200 y su modificatoria.

A la segunda cuestión la Sra Juez de Cámara Marta Susana Reynoso de Roberts dijo:

1) Confirmar los puntos 1º), 2º) y 3º) de la sentencia de fs 183/186.

2) Modificar parcialmente el punto 4º) con relación a los honorarios de la Dra M X P, y fijarlos en la suma de seiscientos pesos ($600).

3) Rechazar los agravios de fs 188/189 vta.

4) Costas de la alzada al apelante vencido.

A la primera y segunda cuestión la Dra. García Blanco dijo:

Viene a mi conocimiento el presente pleito por apelación deducida por las partes y los letrados por sus honorarios, contra la sentencia definitiva nro. 31/2006 del Juzgado Civil nro. 2 de la jurisdicción que rechazó la demanda interpuesta por R I prosperando la acción iniciada por C C y condenó al primero de los nombrados a abonarle la suma de $3711 con más intereses, no extendió la condena a la aseguradora e impuso las costas (fs. 183/6, fs. 187, fs.188, fs. 190).

Encontrándose cumplimentada la disposición procesal (art. 163 CPCCCh) por la descripción de los agravios por parte de quienes me precedieron, y en la convicción que la manda constitucional no está destinada a repeticiones disvaliosas, me abstengo de relatar los respectivos memoriales conteniendo las quejas de los apelantes.

Análisis de las cuestiones.

En oportunidades anteriores y en diversos fallos he mantenido el criterio de aplicación del art. 1113 del Código Civil, y la teoría del riesgo creado, descalificando las pretensiones del recurrente, y a modo de síntesis, recuerdo y transcribo el reciente criterio del máximo tribunal "la sola circunstancia de la existencia de un riesgo recíproco no excluye la aplicación de lo dispuesto en el art. 1113 del CC, que regula lo atinente a la responsabilidad civil por el hecho de las cosas y, de tal suerte, se crean presunciones concurrentes como las que pesan sobre el dueño o guardián, quienes deben afrontar daños causados a los otros salvo que prueben la existencia de circunstancias eximentes (CSJN a partir del fallo "ENCOTEL c/ PCIA. de Bs.As." del 22-12-87 con citas "Radzwil c/ Racco" del 26/3/991 de la CSJN, conf. Belluscio y otros "Cód. Civil Anotado", t.5, comentario art. 1113 y sgte.; Alterini en LL 1988-D-296, sent. "Cía. Azucarera Concepción SA c/ Dirección Provincial de vialidad s/ daños y perjuicios", elDial BBE2C).

Esta jurisprudencia a nivel también nacional tiene concordancia y continuidad; ilustrativamente cito, "que como lo ha dicho esta corte en fallos 310:2804 y lo ha reiterado en numerosos precedentes, la sola circunstancia de la existencia de un riesgo recíproco no excluye la aplicación de lo dispuesto por el art. 1113 de CC, segundo párrafo, que regula lo atinente a la responsabilidad civil por el hecho de las cosas y, de tal suerte, en supuestos como el sometido a la consideración del tribunal se crean presunciones de causalidad concurrentes como los que pesan sobre el dueño o guardián, quienes deben afrontar los daños causados a otros salvo que prueben la existencia de factores eximentes" (ver CS 09-3-2004 "Moreno, Francisca Norberta c/ Bs.As. Pcia. s/ daños y perjuicios" en DJ 2004-2-570).

Por lo cual, y me refiero a la jurisprudencia dominante y concordante, me animo a decir hasta excluyente por su reiteración a lo largo del tiempo, no ha sido atendido por el magistrado de grado, no obstante el seguimiento del criterio por parte de los magistrados que componen esta Cámara en ambas salas, por lo que entiendo corresponde puntualizar esta situación habida cuenta que se evitaría un dispendio jurisdiccional en el futuro, pues si bien no se trata de un plenario - con el carácter de imposición legal que ello implica- debería el Aquo acoger en virtud del principio procesal expuesto.

El recurrente hace hincapié en la prioridad de paso que el Aquo atribuye al vehículo del actor, sin alcanzar a contradecir las conclusiones tanto del sentenciante como las conclusiones de la pericia, que reitero no impugnó y que recoge el Aquo, olvidando la localización de los daños que fueron atendidos en la instancia de grado como otro de los elementos fundantes del fallo venido en crisis, que no descalifica la actora recurrente.

No me escapa la circunstancia del reducido plexo probatorio, pero en este marco existió el reconocimiento de las partes que el rodado Toyota Hiace embistió al Fiat Week End (fs.82/83 y 107).

Emerge de la propia localización de los daños y no puede desconocerse la consabida presunción que pesa sobre aquel que tiene roturas en la parte delantera del vehículo: se lo tiene por embistente.

Como así también las del Fiat impactado que presenta roturas en el lateral izquierdo.

Pero el punto radica en qué se entiende por prioridad de paso y si esta sola circunstancia alcanza para justificar todas las actitudes para que cargue con la culpa el contrario.

A mi modo de ver no es así, lo absoluto debe verse estrictamente ligado a todas las demás circunstancias de la causa y no se trata de una simple regla a aplicar sin más contemplación.

El análisis efectuado por el sentenciante de grado en el considerando 8 no resulta rebatido.

Se ha sostenido que la preferencia se pierde en diversas hipótesis por ejemplo, cuando el otro ya ha traspuesto la mayor parte de la encrucijada, que no es la única y que éste, como todos los derechos, no es absoluto y no puede justificar que se embista al otro en la parte posterior, entendiéndose que ello demostraría una conducción negligente.

Hay una carencia de motivos exculpantes suficientes para que el conductor, Sr. I, del Toyota se exima de responder.

Para mayores precisiones cito, "El tema relativo a la prioridad de paso del conductor que marcha por la derecha, y su carácter de absoluto o no, no puede dar lugar a una unificación doctrinaria de aplicación indiscriminada, ya que en cada caso concreto se deberá dilucidar el grado de responsabilidad en el accidente, conforme a los elementos de prueba, obrantes en la causa" (Sumario Nº 14671 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil - Boletín N° 13/2002 - B, C N c/ L, P G s/ daños y perjuicios" - CNCIV - Sala K - Nro. de Recurso: K326091 - Fecha: 25-06-02 - Citar: elDial - AE18CF).

"En la jurisprudencia Casatoria la regla del carácter absoluto de la prioridad de paso se ha debilitado o flexibilizado.

Se señala ahora que dicho paso preferente de quien circula por la derecha no es absoluto y que debe ser ponderado de acuerdo a todas las pruebas del juicio, correlacionándolo con las restantes infracciones de las normas de tránsito, verificando en cada caso las circunstancias integrales y la incidencia de los principios generales del derecho.

La prioridad de paso de quien circula por la derecha no puede predicarse en forma generalizada u omnicomprensiva" (Causa Nº 42642 - "C de V F c/ E D H. y otros. Daños y Perjuicios" - C.A.Civil y Com.de Azul (Buenos Aires) - SALA II - 28/08/2001 Citar: elDial - AAE1B).

Por estas razones confirmo el fallo venido en crisis.

Con relación a los honorarios de la Dra. M X P, siguiendo las pautas de los arts. 6 y 7 de la ley arancelaria, la labor desarrollada por la misma en el curso del pleito así como el resultado logrado, viabiliza la atención del recurso y modificar la sentencia en este punto, estimando que corresponde elevar a la suma de $600.

Varía la suerte respecto de la apelación de fs. 188/9, que se desestima por mal concedido, en virtud del reiterado criterio de este Tribunal con fundamento en la doctrina y jurisprudencia nacional en interpretación que la parte no se encuentra legitimada para apelar la regulación de los honorarios de sus letrados por bajos y en el caso los letrados hacen saber que vienen en representación, a los fines de ilustrar sin perjuicio de haberse ya expuesto el concepto, cito las causas, "Municipalidad de Com. Rivadavia c/ A, N s/ ejecución fiscal", expte. 13.100/02 sent. Int.114/02, "C, I c/ Instituto Pcial. de Lotería y Casinos de la Pcia. del Chubut s/ embargo preventivo", expte. 15581 sent. int. 70/06, entre otras en que se reiteró la decisión.

Las costas de la alzada, conforme el principio objetivo de la derrota, las impongo al apelante vencido (art. 68 del CPCCCh), difiriendo la regulación de los honorarios de los profesionales actuantes al momento del Acuerdo.

Por coincidir con la Dra. Reynoso de Roberts, doy por reproducida su fórmula postulatoria.

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar, con la disidencia de la Dra. Melero, la siguiente SENTENCIA:

1) Confirmar los puntos 1º), 2º) y 3º) de la sentencia de fs 183/186.

2) Modificar parcialmente el punto 4º) del mencionado fallo con relación a los honorarios de la Dra M X P, los que se fijan en la suma de SEISCIENTOS PESOS ($600).

3) Declarar mal concedido el recurso de fs 188/189 vta.

4) Costas de la alzada al apelante vencido.

Regular los honorarios profesionales del Dr. M D V en la suma de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA ($350) y de los Dres. D A T y D S, conjuntamente, en la suma de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA ($350).

5) Tener presente la reserva del caso federal.

6) Regístrese, notifíquese y devuélvase.

GRACIELA MERCEDES GARCIA BLANCO -PRESIDENTE-; MARTA SUSANA REYNOSO DE ROBERTS -JUEZ DE CAMARA-; NELIDA SUSANA MELERO -JUEZ DE CAMARA-.

REGISTRADA BAJO EL nro. 10DEL AÑO 2007 DELLIBRO DE SENTENCIASDEFINITIVAS