Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2006-06-05


SENT Nº 478 San Miguel de Tucumán, 05 de Junio de 2006.- Y VISTO: Los presentes autos caratulados: "Acuerdo Social para la Inclusión (A.S.I.) vs. Provincia de Tucumán s/ Amparo"; y C O N S I D E R A N D O:

En fecha 29 de Noviembre de 2005 se presenta el señor Luis Alberto Tejeda invocando el carácter de apoderado del ACUERDO SOCIAL PARA LA INCLUSIÓN -(A.S.I.)- Alianza Electoral integrada por los Partidos Políticos siguientes: Partido Demócrata Cristiano, Partido Socialista y Partido Afirmación para una República Igualitaria, inscripta en la Junta Electoral para participar en la elecciones a Convencionales Constituyentes a realizarse el día 19 de febrero de 2005 y previamente en Elecciones Primarias Abiertas el día 18 de diciembre de 2005, deduciendo Acción de Amparo en contra de la Provincia de Tucumán pidiendo se declare la Inconstitucionalidad del art. 42 inc. a de la Ley 5454, como asimismo la Inconstitucionalidad del art. 14 inc. F del Decreto del Poder Ejecutivo de la Provincia, N° 850/5 ( MGE) y del art. 10 inc. 8 de la Reglamentación dictada por la Junta Electoral.

A los fines de acreditar su carácter de apoderado de la Alianza Electoral ASI acompaña copia del Acta Constitutiva de fecha 8 de noviembre de 2005, que corre agregada en autos a fs. 4/5.

I.- Al referirse al pedido de declaración de Inconstitucionalidad del art. 42 inc. a de la Ley de la Provincia 5.454, se detiene específicamente en el párrafo que textualmente expresa: "Para la determinación de la participación exigida se computarán los votos emitidos para la lista única..." Continúa expresando que la Alianza Electoral -ASI- ha presentado en fecha 18 de noviembre de 2005 la Lista Verde de Candidatos a Convencionales Constituyentes para participar en las Elecciones Primarias Abiertas a llevarse a cabo el día 18 de Diciembre de 2005, habiendo sido recibida por la Junta Electoral una sola lista, por lo que de acuerdo con los principios generales al haberse oficializado una única lista, la misma debe ser proclamada sin más tramite.

Que en contra de lo que establece el derecho nacional e internacional la Ley Provincial 7.536 al modificar la Ley de Partidos Políticos -5.454- expresa en su art. 42 inc. a ) la obligatoriedad de que participen por los menos el 10% de los afiliados del partido o de la suma del padrón de afiliados de los partidos integrantes del frente, alianza o confederación. Que ello significa que la Alianza Electoral que representa debe afrontar una elección que desvirtúa el sentido del voto y además obligada a realizar gastos, como por ejemplo, impresión de boletas, traslado de votantes, comidas de fiscales etc.

lo que impedirán a la Alianza a participar o a disminuir los exiguos recursos con que cuenta para la elección general del día 18 de Febrero de 2006.

II. Remitiéndose al art. 14 inc. F del Decreto del Poder Ejecutivo de la Provincia N° 850/05, referido a las elecciones primarias abiertas, plantea la inconstitucionalidad en cuanto su texto expresa: "...Las autoridades de mesa, antes de que el elector perteneciente a un Partido Político ingrese al cuarto oscuro, le harán entrega del sobre con el sello del partido a que pertenece el votante, a los efectos de evitar que un afiliado a un partido sufrage en la primaria de otro. El voto que se efectúe en violación a lo dispuesto en este inciso, será nulo..." Como fundamento de su pedido señala que la exigencia de sellar cada uno de los sobres significa desnaturalizar el instituto del sufragio, sosteniendo que al abrirse el sobre se comprobará que votó por la lista única del partido o alianza al que pertenece, lo que priva el carácter de secreto, que ha sido dispuesto por la reforma electoral del año 1912, normativa consagrada por la Constitución Nacional en su art. 37.

III.- Al solicitar se declare Inconstitucional el art. 10 inc. 8 del Reglamento dictado por la Junta Electoral, transcribe el precepto, que dice: " Art. 10.- La Junta Electoral entregará por la vía y forma que ésta determine con destino al presidente de cada mesa los siguientes documentos y útiles:... 8) Sellos de identificación partidaria, los que deberán, ser redondos con una diámetro de dos centímetros y medio...", sostiene que tal exigencia profundiza la inconstitucionalidad formulada en el Decreto del Poder Ejecutivo en cuanto instituye la exigencia de proveer un sello por cada mesa, lo que serán puestos a disposición de las autoridades de mesa.

Que en definitiva los Partidos o las Alianzas al cumplir con las exigencias referidas contribuyen a la identificación del sufragio.

IV.- Bajo el subtítulo de Legitimación Sustancial Activa, el peticionante expresa que cuenta el Acuerdo Para la Inclusión Social con legitimación suficiente que le es atribuida por el art. 17 de la Ley 5.454.

Que el ASI ha sido reconocido para participar en las elecciones provinciales de Convencionales Constituyentes, por la Junta Electoral.

Que por ello y lo dispuesto por el art. 43 de la Constitución de la Nación se desprende la legitimación sustancial del frente político electoral que representa para promover la acción de amparo actuando en representación de las fuerzas políticas que lo integran y de los ciudadanos afiliados.

A continuación hace mención las normas jurídicas que entiende afectadas, ofrece pruebas y solicita una medida cautelar tendiente a la suspensión de la ejecutoriedad de las medidas administrativas que rigen la realización de las elecciones internas abiertas, en especial la exigencia de presentar un sello por cada mesa electoral, como la exigencia de presentar modelos de boletas, votos testigos y mazo de votos hasta tanto se resuelva el amparo pedido.

Concluyendo solicita se acoja con habilitación de horas la medida cautelar, plantea la inconstitucionalidad del art. 57 de la Ley 6.944 y que en su momento se haga lugar a la petición declarando la inconstitucionalidad de los preceptos citados.

Posteriormente el día 30 de Noviembre de 2005, presenta un nuevo escrito ampliando los fundamentos de la acción de amparo.

V.- En fecha 16 de diciembre de 2005 este Tribunal dicta sentencia declarando su competencia para conocer en la causa y no haciendo lugar a la medida cautelar de suspensión de ejecutoriedad solicitada.

El día 13 de febrero de 2006 se requiere de la parte demandada el informe que establece el art. 21 de la ley 6.944, corriendo traslado y que se expida en el término de 3 días.

VI.- Se apersona el apoderado del Superior Gobierno de la Provincia presentando el informe del art. 21 de la ley 6.944.

Acto seguido, se opone la Excepción de Falta de Personería del actor para intervenir en el juicio en nombre y representación de la Alianza de Partidos Políticos Acuerdo Social para la Inclusión.

Que el Dr. Luis Alberto Tejeda expresa que comparece como apoderado del Partido acompañando Acta Interna de la Alianza. Que la copia de tal instrumento no permite inferir que el Dr. Tejeda represente a la Junta Ejecutiva y que su presentación exige adjuntar documentos que lo habiliten para presentarse en juicio en nombre ajeno.

Que los apoderados de los partidos tienen facultades de índole política, no judicial y que para actuar en juicio necesitan estar facultados con Escrituras de Poder conforme lo dice el Código Civil.

Luego de mencionar la Ley 5.454 de la Provincia de Tucumán que señala que los partidos políticos que se reconozcan cuenta con personalidad jurídico política y son personas de derecho privado, se remite a la ley 23.928 ( debe decir 23.298 de Partidos Políticos ) concluyendo que en definitiva el Partido Político reconocido e inscripto es una persona jurídica y como tal requiere un representante que manifieste su voluntad frente a terceros.

Que en el caso, no se acompaña documentación habilitante para iniciar una acción judicial que importa comprometer la voluntad no solo de los órganos partidarios que forman la Alianza, sino también la propia Alianza, además la de los afiliados y en alguna medida al patrimonio de los partidos integrantes del frente. Agrega que resultaba necesaria una Resolución de los Órganos Partidarios correspondientes en ejercicio de sus atribuciones, avale y legitime la acción que su representante necesario interponga.

Que la decisión de promover acciones judiciales es una atribución que corresponde a la Convención, por lo que no puede ser adoptada unilateralmente por el Presidente sino que debe ser manifestación del órgano que se encuentre legitimado para comprometer judicial y patrimonialmente a la Alianza.

Luego de citar artículos de la Ley de Partidos Políticos 23.298 señala que se desprende la falta de representación suficiente respecto del partido demandante, puesto que si bien invoca la calidad de apoderado, no acompaña documentación alguna compatible con la ley 23.298 que permita acreditar esta condición en juicio.

Bajo el subtítulo de Improcedencia de la vía, sostiene el apoderado de la Provincia que la utilizada resulta incorrecta, ya que existen procedimientos especialmente establecidos por la ley ritual a tales efectos. Hace mención al planteo de nulidad del acto administrativo, a la acción de inconstitucionalidad.

Plantea la caducidad del pedido de inconstitucionalidad de las Leyes 5.454 y 7.536, por haber excedido el plazo de 90 días habilitados por el Código Procesal Constitucional para promoverlo.

A continuación niega en particular que la Ley 7.536 establezca todo lo contrario al derecho comparado nacional e internacional; que el art.

14 inc. F del Decreto 850/5 desvirtúe el instituto del sufragio; que al momento del escrutinio por el hecho de abrir el sobre que contiene un voto se prive el carácter de secreto del mismo; que se hayan vulnerado disposiciones constitucionales y que se vulnere el art. 37 de la Constitución de la Nación.

Agrega que el actor luego de deducido este juicio ha participado en las elecciones internas abiertas del día 18 de diciembre y ha presentado lista de candidatos para las elecciones del 19 de febrero de 2006, por lo que estos actos propios tornan abstracto su planteo y no subsiste el interés en la anulación pedida. Que es notable la inexistencia de un caso judicial y que los dichos del actor son meras expresiones de disconformismo. Que se debe rechazar la pretensión.

Introduce el caso federal.

VII.- a.- La acción deducida exhibe un vicio substancial que obstaculiza a su tratamiento y resulta insubsanable en esta etapa del procedimiento.

En efecto el Acta Constitutiva que suscriben los Partidos Políticos Demócrata Cristiano; Socialista y Afirmación para una República Igualitaria, que corre agregada en copia a fs. 4 y 5, por la que deciden constituir la Alianza Electoral llamada Acuerdo Social para la Inclusión, reconoce el carácter de un Estatuto de la persona jurídica, en este caso la Alianza Electoral, admitida por el artículo 10 de la Ley 23.298 que dice: "Queda garantizado a los partidos políticos el derecho a constituir confederaciones nacionales o de distrito, fusiones y alianzas transitorias en los términos y condiciones establecidos en las respectivas cartas orgánicas, debiendo respetarse en la materia la disposición contenida en el art. 3 inc. c) y de un modo análogo los dispuesto por los arts. 7 y 8. El reconocimiento de las alianzas deberá ser solicitado por los partidos políticos que la integran al juez federal con competencia electoral del lugar del domicilio de cualquiera de ellos, por los menos dos meses antes de la elección. Al solicitar su reconocimiento, las alianzas deberán presentar un acuerdo suscripto por los partidos que la integran, en el que se establezca la forma en que se distribuirán, entre ellos, los aportes públicos para el financiamiento de los partidos y de las campañas. La falta de presentación del acuerdo implicará previa intimación el rechazo de la solicitud de reconocimiento. El juez federal con competencia registrará el acuerdo y remitirá copia certificada del mismo al Ministerio del Interior".

En sentido similar se legisla en la Provincia de Tucumán, arts 17 a 20 de la Ley 5.454, diferenciándose en que la presentación debe ser efectuada ante la Junta Electoral de la Provincia y no ante el Juez Federal.

Reconocido este carácter al acta constitutiva de la Alianza, su artículo 6 expresa: "Se toma conocimiento y acata, a los efectos de las elecciones provinciales de Convencionales Constituyentes, del régimen que prescribe la ley 5.454 y sus modificatorias, en relación a la elección en internas abiertas obligatorias".

No se necesita sobreabundar que la fecha del acta fundacional es del día 8 del mes de noviembre de 2005 y la Ley 7.535 que sustituye el Capítulo XII de la Ley 5.454 estableciendo para la nominación de candidatos a cargos públicos provinciales, municipales o comunales la obligación de celebrar elecciones internas abiertas, simultánea y obligatoria adquiriendo la misma el carácter de elección primaria, es de fecha 18 de Abril de 2005, por lo que al momento de suscribir el acta constitutiva los Partidos Políticos que integran la Alianza, conocían la norma, que más tarde -el día 29 de noviembre de 2005- indebidamente la objeta deduciendo esta acción.

De ello se desprende que bajo ningún concepto el apoderado de la Alianza se encontraba facultado para deducir acción alguna desconociendo la ley 5.454 y sus modificatorias sobre las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, sin que previamente todos los partidos integrantes de la Alianza, pronunciándose los Órganos Directivos de cada uno de ellos, se expidan modificando el art. 6 del acta constitutiva.

En este sentido adquiere relevancia citar la doctrina de la Cámara Nacional Electoral que se desprende de la sentencia dictada en la causa Alianza Frente Justicialista de Liberación de fecha 23 de septiembre de 1985. Dice: "En las alianzas el acuerdo-convenio no puede ser alterado unilateralmente por ninguna de las partes ni por terceros "res inter alios acta" debiendo garantizarse el cumplimiento de la voluntad de los partidos que componen esta alianza reconocida con plataforma electoral común". Aunque la sentencia trata del desplazamiento del candidato de un partido por otro, el principio expresado es general.

Cabe concluir que este Tribunal no reconoce valor alguno a la alteración del acta acuerdo de una Alianza Electoral en forma unilateral por un tercero, en este caso el apoderado de la Alianza.

a .- Por otra parte cabe destacar que en el caso a estudio no se advierte que exista un interés directo o sustancial, tampoco que se haya producido avasallamiento alguno a derechos fundamentales. Además corresponde agregar que el planteo se ha tornado abstracto, por cuanto la elección a convencionales constituyentes se ha llevado a cabo, la Alianza actora se encuentra representada en la misma y la Convención Constituyente se ha constituido y se encuentra en pleno ejercicio de sus obligaciones.

Es necesario tener presente la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto expresa: "En tal sentido, cabe recordar que las sentencias de la Corte Suprema han de ceñirse a las circunstancias dadas cuando se dictan, aunque sean sobrevinientes al recurso extraordinario (Fallos 311: 787); pues la subsistencia de los requisitos jurisdiccionales es comprobable de oficio y su desaparición importa la de poder juzgar (Fallos 315: 466) Entre tales extremos se halla el de inexistencia de gravamen cuando de hecho ha desaparecido por falta de interés económico o jurídico, circunstancia que cancela la competencia extraordinario de este Tribunal ( Fallos 316:310).

Juicio Avelín, Alfredo de fecha 15 de noviembre de 2005.

Por lo expresado e imponiendo las costas en el orden causado en atención a lo novedoso de la cuestión planteada, y encontrándose excusado el doctor Alfredo Carlos Dato, se R E S U E L V E :

I.- RECHAZAR la acción de amparo deducido por la Alianza Acuerdo para la Inclusión Social (A.S.I.).

II.- COSTAS como se expresan.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su Página: 66 PODER JUDICIAL DE TUCUMAN Dirección de Informática Jurídica oportunidad.

H ÁGASE SABER.

RENÉ MARIO GOANE ALBERTO JOSÉ BRITO HÉCTOR EDUARDO ARÉA MAIDANA ANTONIO GANDUR ANTE MÍ:

M ARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA.