Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-05-15


AUTOS N° 136001 (4° JUZ. CIVIL) (SALA III 11585) "LUCERO Marcial Ángel C/ Cooperativa de Vivienda, Consumo y Crédito Gualcamayo Ltda." San Juan, a los 15 días del mes de Mayo de 2015.

EL SR. JUEZ DE CÁMARA DR. JUAN CARLOS PÉREZ, dijo:

Y VISTO: Estos autos venidos a despacho a los fines de resolver respecto del recurso de apelación interpuesto por la actora a fs. 132 y concedido a fs. 133, contra la sentencia de fecha 25 de junio de 2014 obrante a fs. 129/131, en la cual el Sr. Juez de Primera instancia resolvió:"I) hacer lugar a la excepción de incompetencia planteada por la demandada, Cooperativa de Vivienda, Consumo y Crédito Gualcamayo Ltda. y en consecuencia, ordenar la remisión de los presentes autos al Juzgado Federal a cargo del Dr. Miguel Gálvez. II) Imponer las costas a la incidentada vencida, regulando los honorarios de los profesionales intervinientes en los términos expresados en los "Considerandos" precedentes".(sic.)	Y CONSIDERANDO: Que frente a la acción de escrituración iniciada por la actora en estos Tribunales de jurisdicción local, el Sr. Interventor Judicial de la demandada Cooperativa de Vivienda, Consumo y Crédito Gualcamayo al tomar conocimiento de la demanda, opone excepción de incompetencia de la justicia local para conocer en la presente causa, poniendo de relieve que el Sr. Juez Federal lo designó en carácter de interventor Judicial de la Cooperativa por pedido expreso efectuado por el apoderado de asuntos judiciales del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social a raíz de la resolución INAES N° 122/01, organismo dependiente del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE, disponiendo dicho Magistrado que el interventor cumpliera entre otras las siguientes funciones: administración y gestión de la cooperativa. Asimismo en fecha posterior se formalizó un Acuerdo ( 26/04/2012) entre el Interventor, la empresa constructora y los fideicomisos, donde se dejó aclarado que para corregir las irregularidades decretadas en el funcionamiento cooperativo del ente intervenido ...Primero: Se considera a la Intervención de Gualcamayo Cooperativa Ltda. facultada para percibir los saldos de precios adeudados...Quinta: A fin de proceder a la operatividad de las escrituras traslativas de dominio a favor de los socios adjudicatarios... procederá a suscribir en el mismo acto la escritura traslativa de dominio al socio adjudicatario en cumplimiento de las normas vigentes y, la operación llevada a cabo por la cooperativa", por lo que considera en consecuencia que todo lo que haga al funcionamiento y actuación de la Cooperativa referida: percepción del saldo de precio y, suscripción de las escrituras públicas debe estar dentro de la esfera de la Justicia Federal.-	Lo expresado precedentemente, trajo como consecuencia la resolución que hoy viene en apelación ante este Tribunal, que acoge en consecuencia la excepción de incompetencia planteada por el interventor con fundamento en lo expresado precedentemente y la cual causa agravios al recurrente por cuanto manifiesta:

PRIMER AGRAVIO: Señala que en el fallo recurrido el A-quo declara procedente la excepción de incompetencia señalando "y ello es así por cuanto el interventor Judicial de la demandada, fue designado en virtud de una solicitud de un organismo del Estado Nacional, el INAES dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente", y expresa que existe en tal sentido una grave confusión conceptual del Magistrado ya que confunde la persona jurídica de derecho privado , con el Estado Nacional por la sola circunstancia de que su órgano directivo ha sido intervenido por el INAES al solo efecto de regularizar su funcionamiento. Señala que interpreta el a-quo que una cooperativa se convierte en ente público nacional, porque se la interviene transitoriamente para regularizar a su Consejo de Administración.

Efectúa consideraciones al respecto y agrega que es inadmisible considerar que una empresa privada, que por una circunstancia especial y en forma transitoria está intervenida por un organismo nacional, debe actuar en la justicia nacional cuando es demandada por cumplimiento de contrato o pretenda cobrar sus créditos por la vía ejecutiva u ordinaria. Todas estas cuestiones le corresponden a la justicia ordinaria local en razón de la materia y del domicilio de los litigantes .

SEGUNDO AGRAVIO: Que el Juez agregue como argumento de la incompetencia del Tribunal un presunto pacto convenido de sometimiento a la Justicia Federal lo que es erróneo y se basa en un acto inexistente ya que su parte nunca firmó convenio de esa naturaleza en una cuestión relacionada con su reclamo judicial de cumplimiento de contrato, escrituración y acción declarativa de prescripción.

TERCER AGRAVIO: Referido a las costas a la excepcionante por aplicación del principio general de que la parte vencida debe pagar las costas del proceso o de la excepción, en este caso.

Finalmente efectúa reservas constitucionales de recurrir por ante las instancias Local Ley 2275 y Federal Ley 48. Corrido traslado del recurso lo contesta el Interventor a fs. 140/143 quien deja solicitado en primer término que se rechace los agravios atento que lo efectuado por la apelante no constituye una crítica concreta y razonada de la sentencia dictada en autos (art. 253 del C.P.C.) motivo por el cual solicita se declare desierto el mismo. En subsidio contesta los agravios postulados, solicitando el rechazo de los mismos por los fundamentos que expone a los que me remito por razones de brevedad.-	A fs. 159/160, obra dictamen de la Sra. Agente Fiscal de Cámara Dra. Leticia Ferrón de Rago, quien opina que conforme las pretensiones introducidas en este proceso resulta competente para entender en el mismo el Juez Federal que actuó en el juicio n° 20.239.- TRATAMIENTO DEL RECURSO	Efectuada la reseña pertinente y luego de examinar los agravios vertidos por la recurrente, daré respuesta en primer término a lo peticionado por el demandado respecto del pedido de declaración de deserción del recurso por falta de fundamentación en los agravios	Al respecto este Tribunal ya se ha expresado en numerosos casos diciendo que: "si bien surge con nitidez la orfandad de fundamentos de crítica precisa y objetiva respecto de los posibles errores in judicando que pudiere haber cometido el sentenciante, y, en tal sentido la expresión de agravios no reúne los requisitos formales que determina con claridad el nuevo ordenamiento ritual en su artículo 253 ("La expresión de agravios deberá contener la crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas") el tribunal de alzada se encuentra privado ahora de disponer en forma directa la declaración de deserción del recurso que preveía el antiguo artículo 265 de la ley 3738; aquella grave sanción ha sido excluida en el nuevo ordenamiento (ley 988-O, antes 8037).

Siendo así, y tratándose de una sanción procesal que equivale a la inexistencia del exordio de agravios y por ello obsta su tratamiento, el apelante queda en total estado de indefensión en forma posterior a que se le haya otorgado la concesión y sustanciación del recurso, encontrándose sin dudas involucrado aquí el derecho de defensa en juicio (cfr. Art. 33 de la Const. Prov.) encuentro entonces necesario dejar sentado en forma incólume que, si bien, el Código ha eliminado la sanción de deserción del recurso por falta de fundamentación y cumplimiento en los requisitos formales y sustanciales de la expresión de agravios, la Instancia de Apelación no resulta una instancia de replanteo y revisión ordinaria, (y este es el error conceptual y consuetudinario que advierto). En efecto, el artículo 262 ibid, determina con suma claridad el ámbito de incumbencia propio de la competencia en Cámara; prescribe la norma.El Tribunal examinará y resolverá las cuestiones de hecho y derecho sometidas a la decisión del Juez de primera instancia que hubieren sido materia de agravios.

Por tal razón, concluyo que, si la expresión de agravios que el Código determina en forma expresa en cuanto a sus recaudos formales no ha sido debidamente cumplida por el apelante, quien sólo se ha limitado a solicitar una nueva revisión del fallo debe desestimarse el recurso por tal fundamento.

No obstante ello, y entrando a los postulados expuestos por el apelante advierto que su queja en nada logra conmover los fundamentos otorgados por el Juez de primera instancia a la resolución puesta en crisis, por cuanto, en el caso de autos y si bien es cierto que la intervención de la justicia federal en el ámbito de las provincias es de excepción, ha quedado configurada la causal específica que hace surgir la competencia del Fuero Federal sobre el provincial y es justamente la designación del Interventor Federal de la Cooperativa, quien tiene a su cargo las funciones antes señaladas, entre las cuales se encuentra la específica relacionada con la escrituración que hoy se demanda.

La acción entablada por parte de los accionantes contra la cooperativa constituye una cuestión necesaria, conexa y complementaria de la designación del Interventor por cuanto el mismo mientras se encuentre al frente de la cooperativa deberá entender en todas estas acciones de las cuales a su vez rendirá cuentas oportunamente ante el organismo que lo propuso y el juez que lo designó en tal función, por lo que sería lógico que este último sea quien entienda en todas las cuestiones relacionadas al movimiento de la cooperativa y al accionar del Interventor.

No puede dejar de tenerse presente que en el caso fue un organismo de la administración pública nacional, concretamente el INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social), quien solicitó la intervención y que el designado en tal carácter posee la investidura de interventor federal al haber sido designado por un magistrado federal, mientras dure su cometido, por tanto las acciones iniciadas durante este período deben ser reconducidas por ante dicho Tribunal. Asimismo, las cuestiones vinculadas con la causa tienen íntima vinculación y son conexas con las facultades otorgadas por el Juez Federal al Interventor de la Cooperativa, ya que son vinculantes con el mandato judicial de normalizar el funcionamiento interno e institucional de la Cooperativa Gualcamayo.-	Así lo resolvió la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza el 28/08/2007 al declarar la competencia del Juzgado Federal de San Juan en los autos 20.239, caratulados "Intervención Judicial de la Cooperativa de Vivienda, Consumo y Crédito Gualcamayo Ltda.. s/ Medida Autosatisfactiva", donde sostuvo que le corresponde entender a la Justicia Federal mientras el Interventor revista tal carácter y dure su cometido en la gestión a él encargada. Por ello, corresponde desestimar el agravio vertido por la apelante en el sentido que considera a la demandada como persona jurídica de derecho privado, soslayando el carácter federal del Interventor y las funciones de administración y gestión que le encomendara el Juez Federal N° 1 de San Juan.

Como mayor fundamento y compartiendo el criterio expuesto por la Sra. Fiscal de Cámara, es aplicable a la presente el art. 6 inc. 1° del C.P.C. que dispone la competencia territorial del Juez del proceso principal en todas aquellas acciones accesorias y conexas en general con aquel proceso, por lo que si el Juzgado Federal es el que tomó la competencia en la causa principal vinculada a toda la operatoria de la cooperativa, será en dicha sede donde deberán ventilarse los juicios que se desprendan de su normal funcionamiento.

En cuanto a la imposición de costas también objetada por la apelante, admitida la incompetencia de jurisdicción, resulta triunfante la postura esgrimida por el excepcionante, por lo que no corresponde la modificación de la imposición de costas ordenada por el Juez de primera instancia. En igual sentido son impuestas en esta instancia por el principio objetivo de la derrota (art. 66 del C.P.C.).

En cuanto a los honorarios ellos se fijan para cada una de los letrados intervinientes en el 30% de lo regulado en primera instancia. (art. 196 de la ley arancelaria 2150- hoy 56-O).

El SR. JUEZ DE CÁMARA DR. DANIEL G. OLIVARES YAPUR , dijo: Por sus fundamentos, adhiero al voto del Dr. Juan Carlos Pérez.

Por todo ello, normas legales y jurisprudencia citadas,	SE RESUELVE:

1) Rechazar el recurso de apelación interpuesto a fs. 132 por la actora contra la sentencia de fecha 25 de junio de 2014 la que se confirma por los fundamentos expuestos, con costas a la vencida.

2) Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por su actuación en esta instancia en el 30% de lo regulado en Primera instancia.

Protocolícese, hágase saber, déjase copia autorizada bajen los autos previa reposición de sellado si correspondiere. Déjase constancia que el presente fallo se expide con dos (2) firmas en virtud de lo dispuesto en el art. 257 del C.P.C..FDO: DR. DANIEL OLIVARES YAPUR; DR. JUAN CARLOS PEREZ. ANTE MI DRA. MARIA PATRICIA AUBONE- SECRETARIA- PROT. AUTOS T° I F° 117/121 AÑO 2015.