marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Acción de amparo, actos u omisiones de autoridades públicas, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Calzada, Oscar Hugo c/ Poder Ejecutivo Nacional. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-05

El art. 2x, inc. d) de la ley 16.986 que veda el conocimiento de las inconstitucionalidades planteadas en los procedimientos de amparo, no es óbice para que aquél se realice en circunstancias de excepción.
Daños y perjuicios, conscriptos, actos de servicio, Constitución Nacional, igualdad ante la ley
Materia: ADMINISTRATIVO - CONSTITUCIONAL
Carátula: Cipollone, Hugo Omar c/ E.N.  (E.M.G.A.) s/ Haber Militar
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-02-16

El diferente tratamiento que pueda otorgarse a los conscriptos incapacitados antes y después de la reforma introducida al art. 78 de la ley 19101 por la ley 22511 no implica una violación al art. 16 C.N.
Accidente de tránsito, culpa civil, semáforo
Materia: CIVIL
Carátula: SCHWARTZ, ADRIAN G. c/ LEZICA, ALDO Y OTROS s/ SUMARIO - ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-06-22

Si bien el art. 1, inc. c) de la Ordenanza 15.798/59 establece que las luces amarillas "tienen el carácter de prevención y ante su aparición los conductores deberán acelerar su marcha o suspenderla", dicha norma, que no fija una conducta uniforme, deja precisamente librada la decisión a las circunstancias del tránsito, pero siempre actuando con cuidado y precaución, de modo tal que de decidirse el cruce, ello no provoque una situación de riesgo o peligro para los demás automovilistas.

Es muy riesgoso intentar el cruce de una avenida de tránsito ligero y de considerable ancho, con luz amarilla, que seguramente cambiaba al rojo durante tal maniobra, más aún si, se trataba de un vehículo de transporte público que, por esa circunstancia, debía cuidar con mayor recelo de la seguridad del pasaje. Dicha maniobra es claramente indicativa de que el colectivero omitió las diligencias impuestas por las circunstancias de lugar, que es lo que caracteriza la culpa (art. 512 del Código Civil).-
Estafa, tentativa, tarjeta de crédito, desistimiento voluntario
Materia: PENAL
Carátula: TOYOS, ALEJANDRA s/ DEFRAUDACION.  ESTAFA.  TENTATIVA.  DESISTIMIENTO VOLUNTARIO. TARJETA  DE CREDITO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-09

Constituye el delito de tentativa de estafa, la acción de la procesada que intentó adquirir mercadería en un comercio mediante la utilización de una tarjeta de crédito perteneciente a un tercero, con pleno conocimiento que no se hallaba habilitada para ello.

La circunstancia de que la justiciable, hallándose a la espera de la autorización recabada por el negocio ante la emisora de la tarjeta{ expresara al comerciante que desistía de la operación, puede conceptuarse como un desistimiento voluntario (art. 43 C.P.), sino forzado, ante el temor de ser descubierta.
Medidas cautelares, medida de no innovar
Materia: PROCESAL
Carátula: Flores, Guillermo Enrique c/ Municipalidad de Rivadavia s/ Contencioso Administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1999-03-23

La distinción, entre proceso cautelar conservatorio y proceso cautelar innovativo. En el primero se trata de conservar, inmovilizar, cristalizar, mantener invariable y fijar una determinada situación, para evitar que las modificaciones que pudieran acaecer en el tránsito hacia la sentencia definitiva, lleguen a frustar los efectos de esta ultima.
Leyes, constitucionalidad, multa, solve et repete
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Construcciones Ingeniero Eduardo C. Oliva S.A.I.C.I. s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Recurso directo por apelación   denegada. Secretaría de Estado de Trabajo y Seguridad Social -Contra  la Resolución No. 103/96 del 8.4.1996- (Expte. CSJ No. 22-88) VILLAGE CINEMAS S.A. c/ SECRETARIA DE TRABAJO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- RECURSO DIRECTO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 506 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-08-20|2004-10-13

No quebrantan norma constitucional las leyes que condicionan la concesión de recursos, contra resoluciones que imponen multas, al previo pago de su importe, si no se ha alegado y probado debidamente que aquellas sanciones revisten desproporcionada magnitud en relación con la concreta capacidad económica del impugnante.
Violencia de género, abuso sexual calificado por ultrajes a la víctima, sentencia arbitraria, apreciación de la prueba, Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por E. M. D. G. en la causa Rivero, Alberto y otro c/  s/ abuso sexual - art. 119 3° párrafo y violación según párrafo 4to. art. 119 inc. e
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-03

Los defectos de la sentencia impugnada que rechazó el recurso de casación deducido por la querella contra la sentencia que absolvió a los imputados en orden a los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante reiterado y abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal, adquieren especial significación teniendo en cuenta el compromiso de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer plasmado en la Convención de Belém do Pará (artículo 7°, primer párrafo) tal como ha sido interpretado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también por la Corte en el precedente "Góngora" (Fallos: 336:392), en particular teniendo en cuenta que la violación sexual de una detenida por un agente del Estado es un acto especialmente grave y reprobable, tomando en cuenta la vulnerabilidad de la víctima y el abuso de poder que despliega el agente. (Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite)
Recursos, recurso de apelación (procesal), expresión de agravios, facultades de la alzada
Materia: PROCESAL
Carátula: H., M.E. c/ R., M.L. y Otro s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-03-21

"La mera disconformidad con lo resuelto en la sentencia no basta para poner en marcha la función revisora que encierra la apelación, toda vez que la Alzada necesita saber, en tal sentido, cuáles son las razones jurídicas que, a criterio del recurrente, pueden hacer atendible su pretensión...".
Honorarios, regulación de honorarios, litisconsorcio necesario
Materia: PROCESAL
Carátula: GARCÍA Rodolfo y Otra c/ D'ángelo de Ferreyra Marta Josefina y Otros s/ Escrituración
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-10-16

Cuando el artículo 186 de la ley 2150 habla de partes, se refiere a la parte actora y a la demandada, aún cuando sean plurales como sucede en el supuesto de litisconsorcio. En ese sentido, no puede considerarse que cada litis consorte voluntario o necesario sea una parte, toda vez que se daría el absurdo de que los honorarios superarían el monto del crédito que cada actor tiene.
Daños y perjuicios, responsabilidad médica
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Tau, Rubén M. y otro c/ García Azzarini, Luis D. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-06-03

No cabe imputar responsabilidad al médico si no se acredita la existencia de un error en el diagnóstico y tratamiento del paciente.
Recurso de inconstitucionalidad, fundamentos insuficientes, donación con cargo
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: LOPEZ, MARIA ISABEL (SUCESION) s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-07-30

La finalidad de la constitución en mora requerida por la norma para la revocación de la donación es permitir que el donatario -reconociendo su incumplimiento- cumpla el cargo; pero aún obviando las distintas y expresas intimaciones que el donante efectuara en tal sentido, lo cierto es que la Cámara no se hace cargo de qué relevancia hubiera tenido la intimación que exige, ello atendiendo a las especiales circunstancias del caso, especialmente el largo tiempo transcurrido (casi 30 años) y la postura de la donataria insistiendo en que no cumpliría el cargo pues decía ya haberlo cumplido, situación esta última que no se había juzgado demostrada sino -incluso- admitida. Por ello se advierte que la Cámara incurrió claramente en el vicio de falta de motivación, en tanto desde las formas y con un aislado análisis de las circunstancias de autos, omitió analizar la realidad del caso, apoyándose además en afirmaciones dogmáticas que le dan al fallo un fundamento sólo aparente que no encuentra sustento en las constancias de la causa. (Del voto de la Dra. Gastaldi, al que adhirió el Dr. Gutiérrez)
Salario mínimo, vital y móvil, Administración Pública
Materia: PROCESAL
Carátula: M., J. F. c/ M. d. L. M. s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2016-10-31

Si la Administración hubiera hecho efectivo el programa contemplado en la Ordenanza incumplida, el actor hubiera generado ingresos económicos (en el caso, por la explotación de un kiosco en la vía pública). Estos últimos han de ser cuantificados en términos de supervivencia, pues la finalidad de la Ordenanza en cuestión tenía en mira otorgar un medio de vida básico, por lo cual y en el marco del art. 165 C.P.C.C. debe tomarse en cuenta el salario mínimo, vital y móvil fijado por el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, vital y móvil.(doctor de Lázzari, minoría)
Demanda, culpa concurrente
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BUSTAMANTE SEGUNDA FRANCISCA c/ MANUEL SAAVEDRA Y OT. s/ Sumario (LIBRO: S149 - 083)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1991-12-31

Aún existiendo condena en sede penal es factible en sede civil examinar y llegar a la conclusión que hay concurrencia de culpa, por parte de la víctima. Empero tratándose de accidentes en que son víctimas los peatones, es plenamente aplicable al art.1113 del CCI quedándose establecido que se está en presencia de un daño proveniente de un "riesgo propio del uso de los automotores.

Es carga de la parte accionada haber demostrado que la víctima tuvo incidencia parcial por su culpa. La víctima gozaba de un "bil de Indemunidad" ahora se establece concurrencia de culpa (por ejemplo cuando el peatón víctima atraviesa la calzada fuera del lugar autorizado para ello.)
Juicio, sellado judicial, CÓDIGO FISCAL DE SANTA FE, impuestos, ley tributaria, interpretación restrictiva
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: TRANSPORTE MAXI SA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  Nº 49-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-04-01

La demanda contencioso administrativa constituye el acto inicial de la relación procesal y está gravada con la Tasa Retributiva de Servicios prevista en los artículos 218 y siguientes del Código Fiscal y 35 y 36 de la Ley Impositiva anual. Conforme a ello, la Corte Suprema de Justicia Provincial, en reiterados fallos, ha declarado la improcedencia de la pretensión de eximición del pago de sellados, en el entendimiento que dicha obligación que impone el Código Fiscal, cede sólo en los casos en que el propio Código así lo dispone, exención que debe ser expresa e interpretada con criterio restrictivo, por tratarse de excepción a las reglas generales.
Secreto del sumario, prórroga del secreto del sumario, defensa en juicio
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: CAVIASCA, G.M. y otros s/ procesamiento Causa nro. 28.103
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-11

Es válida la extensión del secreto del sumario mas allá de lo permitido por la norma procesal, si ello ha sido tolerado por los recurrentes en tanto no efectuaran oportunamente cuestionamiento alguno, habiéndose expedido el Tribunal en tal sentido acerca de la validez de tales prórrogas mas allá de las excepciones contempladas por el ordenamiento formal. Además de la tolerancia apuntada, sobre tal extremo esta Cámara, siguiendo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha sostenido que el secreto del sumario no afecta la garantía de la defensa en juicio.
Recurso extraordinario, cuestiones de competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Portofino SAI.y C. s/ concurso preventivo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-02-25

Las resoluciones en materia de competencia no constituyen sentencias recurribles por la vía del art. 14 de la ley 48, salvo cuando media denegación del fuero federal o en otras hipótesis excepcionales que permitan equiparar esos interlocutorios a pronunciamientos definitivos.
Expropiación, expropiación irregular, indemnización expropiatoria, valuación del bien
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Editorial Mayo S.A. c/ E.N. -Sec. de Hacienda s/ proceso de conocimiento"
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-28

En el proceso de expropiación irregular los valores indemnizables se fijan de la misma forma prevista en el art. 10 y siguientes para la expropiación regular (art. 54 de la ley 21.499).
Regulación de honorarios, base regulatoria, pautas
Materia: CIVIL
Carátula: LEDESMA S.A. AGRICOLA IND. c/ E.N. s/ NULIDAD DE RESOLUCION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-21

La conformación de la base regulatoria - siempre a tenor de la cifra reclamada en la demanda - no puede obedecer a la explayación de criterios exclusivamente aritméticos, cuya ciega y mecánica, aplicación hubieran conducido a resultados desproporcionados con relación a la magnitud de la tarea profesional cumplida; lo cual, naturalmente, de ningún modo implica restar importancia a los trabajos cumplidos por los profesionales que han intervenido en defensa de los intereses de la parte vencedora o por los auxiliares de la justicia, sino formular una prudencial valoración de las circunstancias particulares de la causa, para lo cual el Tribunal se encuentra habilitado genéricamente por la previsión contenida en el art. 6to., primer párrafo, de la Ley 21.839.
Ley sobre riesgos del trabajo, aplicación temporal de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: MARTINEZ ORTEGA, LORENZO JAVIER. c/ GUZMAN, ANA HAYDEE y OTRO. s/ ACCIDENTE IN ITINERE.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2016-10-19

En lo que respecta al ámbito temporal de aplicación, la ley 26.773 ha reiterado -como principio el criterio adoptado por las normas jurídicas que anteriormente habían establecido modificaciones sobre el sistema de prestaciones previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo (decreto 1278/2000, B.O. del 3-I-2000 y decreto 1694/2009, B.O. del 6-XI-2009).
Lealtad comercial, leyendas poco visibles
Materia: PENAL
Carátula: NOKIA S.A. s/ Lealtad comercial Causa 28754-
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-02-20

Tratándose de calzado de material vinílico del tipo sandalia para dama, si bien no tiene un tamaño tan reducido como para que resulte ilegible la leyenda "Industria Argentina" íntegra, es de alguna manera comprensible haber utilizado una inscripción de menor extensión, incluso por razones estéticas. Por otra parte, en tanto la comercialización de esos productos tenga lugar dentro del país, no hay duda que la forma abreviada es suficientemente comprensible por los consumidores. En esas condiciones no es posible considerar transgredida la ley que obliga a consignar la indicación de origen.

(Del voto del Dr. Hendler).
Principios procesales, principio de congruencia, hechos controvertidos
Materia: PROCESAL
Carátula: GIUNTINI, NESTOR Y OTROS c/ LOTERIA NACIONAL S.E. s/ LABORAL (Reg. 13.028)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-05-07

Es inadmisible la variación de los hechos, respecto a aquellos en lo que funda su reclamo, en que incurre una parte.

Tal confusión atañe al objeto del proceso, y no ayuda para resolver los conflictos planteados.

Ello importa la pretensión de modificar los términos de la litis una vez que ésta ha sido trabada (arts. 65, inc. 4, 70, 76 y ccds. LO), y opera en detrimento del principio de congruencia y del debido proceso adjetivo, así como del derecho de defensa del demandado, de no debe verse sorprendido por una sentencia que admita un hecho que no tuvo oportunidad de debatir o controvertir (arts. 34 inc. 4 y 163 inc. 6 CPCCN y 155 LO; 18 C.N.).

Cuando se alude a rubros distintos a lo largo del trámite del proceso, sólo puede considerarse como período de reclamo el indicado originalmente en la demanda. Los haberes se cobran mensualmente, por lo tanto la exigibilidad de las supuestas diferencias surge mes a mes.

Los períodos que corrieron hasta marzo de 1991 inclusive se encuentran alcanzados por la caducidad establecida por el art. 25 de la ley 24.447, por ello, se tornan operativas las previsiones de la citada norma, en cuanto establece que a partir de junio de 1995 se producirá de pleno derecho la caducidad de derechos y prescripción de acciones para demandar créditos contra el Estado Nacional o cualquiera de los entes comprendidos en la Ley 23.982 de causa o título anterior al 01/04/91. (del voto del Dr. Slavin, adhesión Dr. París)
Arraigo, cumplimiento de la obligación, caución personal, inversiones extranjeras
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: INFORMATION HANDLING SERVICES INC c/ MANLIBA SA s/ CESE DE OPOSICION AL REGISTRO DE MARCA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-23

Ante la clara definición de política legislativa asumida por el país en los últimos tiempos (mediante la suscripción de tratados bilaterales como el aprobado por la Ley 24.124, o bien participando en procesos de integración regional como el MerCoSur), en orden a facilitar y promover las inversiones extranjeras y el desarrollo de los vínculos económicos internacionales, el ordenamiento jurídico interno debe ser aplicado no sólo sin contradecir esos propósitos (arg. art. 27, Convención de Viena, aprobada por ley 19.856), sino también sin dificultarlos u omitirlos en su implementación práctica (cfr. Corte Suprema, in re "Cocchia, Jorge D. c/Estado Nacional" del 2.12.93, considerando 12., LL, 1994-B, 643). En función de lo expuesto, júzgase que el delicado equilibrio que debe buscarse entre el derecho de la demandada a obtener un arraigo suficiente y la necesidad de que no se obstaculicen los fines tenidos en mira al suscribirse el tratado bilateral aprobado por la ley 24.124, se logra a través de la fianza personal ofrecida por el letrado de la actora, la que resulta adecuada desde que cumple con los requisitos del art.

1998, Código Civil, teniéndose en cuenta que no se encuentra desconocida en autos la solvencia económica de dicho profesional quien, por lo demás, goza de una reconocida trayectoria, que el Tribunal conoce a través de su intervención en diversos juicios sustanciados en el fuero (cfr. CNFed. Civ. Com., Sala I, Causa 7444 del 10.2.78; 1758 del 4.3.83; Sala II, Causas 1897 del 28.8.72; 4618 del 2.12.86; etc.). Concluir de otro modo importaría desconocer, asimismo, las especiales modalidades en que cuestiones como la del sub lite se plantean en la justicia federal, en la que es notoria la lealtad y buena fe con que se desenvuelven los profesionales que actúan en litigios vinculados a la propiedad industrial (cfr. CNFed. Civ. Com., Sala I, Causa 2635 del 23.6.92 y sus citas).
Contrato de trabajo, ley de empleo, indemnización agravada, empresas de servicios eventuales
Materia: LABORAL
Carátula: "Chaves  Avendaño, Elizabeth c/ Banco Privado de Inversiones S.A.y otro s/ Despido".
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-08-28

Si el actor se encontraba registrado por la empresa de servicios eventuales, no resulta procedente el reclamo de las indemnizaciones de la ley 24013 pues carece de trascendencia que aparezca como empleadora ésta y no la usuaria, pues lo relevante es que la relación de trabajo se halle registrada, es decir que no permanezca en la clandestinidad, por lo que puede concluirse que no nos encontramos ante una práctica evasora, cuyo desaliento es una de las finalidades de la ley de empleo (art. 2 inc. j) (JNT Nº 33 sent. del 02/11/04 Vicente c/ American Express Argentina S.A. y otro s/ despido). Tal circunstancia torna inaplicable "in totum" el régimen de regularización de la ley 24013. (del voto del Dr. Guisado, en minoría).
Competencia federal, competencia correccional
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: LENIZ, Reynaldo y otro s/ comp. Causa nro. 27.551
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-18

Respecto al delito tipificado en el artículo 37 del Decreto Ley 6582/58, no cabe la intervención de la Justicia Federal, por lo que, mas allá de la calificación definitiva que correspondiere, debe deslindarse de la investigación de autos, en favor del fuero correccional.- En tal sentido esta Alzada se encuentra imposibilitada de conferir intervención a un tercer tribunal ajeno a la litis aquí planteada.
Recurso contencioso administrativo, personal municipal, exoneración, acto administrativo ilegítimo, deberes del funcionario público, deber de lealtad, derechos y garantías constitucionales, libertad de expresión
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: CUEVA, RAUL JOSE c/ MUNICIPALIDAD DE ESPERANZA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.:  C.S.J. NRO. 521 AÑO 1992)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-07-07

Delimitando el "preciso alcance" del artículo 14, inciso e) de la ley 9286, especialmente en cuanto refiere a la "mesura y circunspección" con que deben ejercerse los derechos políticos en el marco de la relación de empleo público, se puede concluir en que tales límites no han sido violados por el actor en el caso desde que las expresiones por las que fue cesanteado fueron por él vertidas e n su condición de candidato a concejal; ello cualifica a la libertad de expresión otorgándole una aún mayor protección, a la par que atenúa la trascendencia de los deberes funcionariales. Es cierto que algunos deberes, especialmente el de decoro, se extienden a la actuación del agente fuera del servicio. pero en el caso no se ha demostrado que las declaraciones del actor hayan podido producir un daño real a la Administración, obstaculizando de algún modo el normal desenvolvimiento y prestación de las funciones y servicios públicos. Por ello puede afirmarse que el criterio en definitiva adoptado por la demandada acarrea la disvaliosa consecuencia de poner al agente, respecto de los restantes ciudadanos, en condiciones de desigualdad para ser elegido en cargos electivos, sin una excepcional razón que lo justifique. (De La Ampliación De Fundamentos Del Dr Lisa)