Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-10-06


2º Instancia.- Buenos Aires, octubre 6 de 2009.

Considerando: I. Apelaron Serca SRL y Casa Rodríguez SRL la resolución de la Superintendencia de Seguros de la Nación de fs. 228/235 mediante la cual se les impuso el máximo de la sanción prevista en el art. 61 de la ley 20.091, se declaró la nulidad de los contratos celebrados sin autorización y se les hizo saber la voluntad del organismo de que debían cesar con la operatoria que generara la sanción. Sostuvieron sus recursos con las memorias de fs. 240/252 y fs. 277/280.

La Superintendencia de Seguros de la Nación sancionó a los apelantes en función de haber celebrado contratos mediante los cuales se comprometieron a brindar la prestación de sepelio contra el pago de una cuota o cotización, actividad que se consideró comprendida en las previsiones de la ley 20.091.

Los recurrentes plantearon la nulidad de la resolución, afirmaron que carece de suficiente motivación, la Superintendencia debió acreditar que la operatoria se correspondía con la actividad asegurativa y no invertir la carga de la prueba, adujeron que la sanción es excesiva e incongruente.

II. a) En punto a la solicitud de nulidad de la resolución recurrida, la petición no tendrá favorable acogida.

Una interpretación en otro sentido resultaría contradictoria con las facultades de control y de corrección que la ley le atribuye al organismo superintendencial, que resultarían absolutamente desvirtuadas si carecieran de poder coactivo. Normas como, la ley 20.091 y 17.051 respaldan tal interpretación, e imponen entre los deberes del organismo superintendencial, el de imponer las sanciones previstas ante los incumplimientos de disposiciones legales y reglamentarias.

De tal modo, pretender la nulidad de la resolución por que el Organismo no brindó a los apelantes las respuestas que ellos consideraban correctas, carece de asidero en tanto el procedimiento no puede ser regulado por los sancionados.

Por lo demás, no se advierte el invocado exceso de poder desde que la Superintendencia se encuentra autorizada a controlar la actividad relacionada con los seguros, y, en su caso, sancionar las faltas que puedan lesionar el sistema.

No obstan a esta solución las alegaciones referidas a que el órgano superintendencial no atendió un pedido de prórroga de la sancionada, pues el plazo otorgado se encuentra entre los previstos legalmente (cfr. art. 3º ley 20.091). Además de lo dicho, su pedido de prórroga fue contestado mediante el proveído de fs. 189, que se encuentra firme (ver fs. 192).

Agrégase a lo dicho que "Casa Rodríguez SRL" se allanó a la imputación formulada (ver fs. 156 vta.), por lo que mal puede ahora arguir que no conocía en que consistía la acusación.

Por último, si los recurrentes quisieron buscar alguna solución a la situación por medio de intentar alguna regularización, no pueden pretender que ello fuera causa de suspensión de los plazos de este procedimiento.

b) Tampoco son audibles los restantes argumentos de los apelantes.

Ello pues, los fundamentos vertidos por la Fiscalía de Cámara a fs. 307/309, que esta Sala comparte, son suficientes para confirmar la resolución apelada.

Los recurrentes no negaron la existencia de la operatoria que la Superintendencia consideró asimilable a actividad asegurativa, ni explicaron claramente la diferencia que consideran que tendría la aludida actividad con la de seguros contemplada por la ley 20.091.

Desde esa perspectiva se advierte que la resolución recurrida evaluó de manera adecuada la existencia de la operatoria pasible de sanción, aspecto que -como se dijo- no ha sido eficientemente cuestionado por los apelantes.

Por lo demás el dictamen de fs. 286/293 da cuenta de la existencia de elementos de convicción que configuran la conducta susceptible de sanción, en función de la infracción de las normas que regulan la actividad (leyes 20.091 y 22.400).

Como bien fue señalado en el dictamen fiscal las limitaciones establecidas por la ley 22.400 para los sujetos que pueden ejercer la intermediación en seguros tienen en miras preservar la transparencia del mercado de seguros y el interés general, encauzándose la actividad en personas que necesariamente deben estar inscriptas en el Registro de Productores de Seguros.

Desde tal perspectiva, la conducta de las recurrentes constituye una falta que debe ser sancionada.

Respecto de la sanción, teniendo en cuenta la gradulidad y progresividad que debe imperar en la materia, corresponde reducirla a la suma de $ 30.000.

III. Por lo expuesto, confírmase la resolución apelada, modificándose la sanción con los alcances que fluyen de los considerandos que anteceden. Notifíquese por cédula a las partes y a la Sra. Fiscal de Cámara en su despacho. Cumplido, devuélvase.- María L. Gómez Alonso de Díaz Cordero.- Matilde E. Ballerini.- Ana I. Piaggi.