Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-22


CAUSA N° 13698-00-CC/2006 (int. 43/07) "Perez, José Luis y Taboada, Daniel Marcelo s/infr. art. 60 ley 1472- Apelación" //n la ciudad de Buenos Aires, a los 22 días del mes de junio de 2007, se reúnen los integrantes de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, a efectos de resolver el recurso de apelación interpuesto por el Sr. Fiscal de Grado, Carlos Andrés Gómez Ríos, a fs. 165/168, contra la sentencia obrante a fs. 149/154 dictada por la Titular del Juzgado Contravencional y de Faltas Nº 26, María Cristina Nazar, de la que, RESULTA:

I.- Que a fs. 4 obra acta contravencional labrada el 29/4/2006 a José Luis Perez, por la presunta infracción al art. 60 de la Ley 1472, en el local denominado "Perica" sito en Av. del Libertador Nº 2004 de esta ciudad, ocasión en la que se procedió a la clausura del inmueble, el secuestro de los objetos que habrían servido para cometer la contravención y se le recibió declaración a los menores implicados.

II.- Que a fs. 18 obra escrito presentado por el socio gerente de la firma "Peña 2101 SRL", titular del local en cuestión, solicitando el levantamiento de la clausura impuesta y acompañando copia de la documentación que lo acredita., requerimiento al que hace lugar la Judicante el 4/5/2006 (fs. 19).

III.- Que a fs. 31/vta. obra constancia de la inspección efectuada por personal de la Fiscalía al local de marras, el día 29/4/2006, en la que según se informa se pudo constatar la presencia de menores consumiendo bebidas alcohólicas. Las declaraciones de los mismos rendidas en la sede de la fiscalía obran a fs. 41, 42 y 58.

IV.- Que a fs. 61/62 vta. se agregan las actas de audiencia fiscal (art. 41 LPC), llevadas a cabo el día 19/9/2006, oportunidad en la que tanto José Luis Pérez como Daniel Marcelo Taboada hicieron uso de su derecho de negarse a declarar.

V.- Que a fs. 69/71 vta. consta el requerimiento de elevación a juicio solicitado por la Fiscal, en el que atribuye a Perez -en su carácter de encargado del comercio- haber suministrado a personas menores de edad bebidas alcohólicas y en forma subsididaria no haber adoptado, por negligencia, los recaudos necesarios tendientes a asegurar, verificar y constatar la edad de dichas personas solicitando se imponga la pena de multa de dos mil pesos ($ 2000). A su turno, imputa a Taboada, -en su carácter de socio gerente de la firma titular del local- no haber adoptado, por negligencia, los recaudos necesarios tendientes a asegurar, verificar y constatar la edad de las personas que concurrían al local como así tampoco haber tomado las medidas necesarias para que el personal a su cargo tenga conocimiento de ello, solicitando se le imponga la pena de multa de mil ochocientos pesos ($ 1800).

VI.- Que a fs. 123/124 vta. obra el acta que da cuenta del inicio de la audiencia de debate, solicitando en dicho acto la Sra. Defensora Oficial se designe a la titular de la Defensoría Oficial Nº 8 para que lleve adelante la defensa técnica de Taboada por entender que existen intereses contrapuestos entre los imputados, a lo que la Magistrada de Grado resuelve hacer lugar, disponiendo la suspensión de la audiencia de juicio hasta el 21/3/2007.

VII.- Que a fs. 142/148 vta., el 21/3/2007, se reinicia la audiencia de juicio, a partir de la cual la Sentenciante resolvió absolver a José Luis Perez y Daniel Marcelo Taboada del hecho por el que fueron imputados. Los fundamentos de la sentencia se agregan a fs. 149/154 vta.

VIII.- Que a fs. 165/168 obra el recurso de apelación interpuesto por el Sr. Fiscal de Primera Instancia a cargo de la Fiscalía Nº 5, Carlos Andrés Gómez Ríos, contra la resolución supra mencionada pidiendo se revoque el fallo en cuestión y se condene a los imputados a la pena solicitada oportunamente. Así, se agravia de la sentencia absolutoria por considerar que las motivaciones esgrimidas por la Judicante no se derivan de una argumentación razonada de los sucesos acontecidos en el debate, estando entonces erróneamente fundada. A tal efecto señala: 1) La Magistrada merituó constancias que no fueron incorporadas al debate como son el informe realizado por el Prosecretario de la Fiscalía y la declaración testimonial del preventor Vera, lo que vulnera claramente el sistema acusatorio. 2) En cuanto al horario del hecho y la presunta afectación al principio de congruencia que alegara la Juez a quo, refiere que la misma incurre en un excesivo rigor formal puesto que sin perjuicio del horario que se consignara en el acta contravencional se trata del mismo hecho, el cual fue imputado como llevado a cabo a las "cero horas aproximadamente". 3) El suministro de alcohol a menores de edad fue debidamente acreditado, contrariamente a lo expuesto por la Magistrada, puesto que los testigos expresaron que el día que se llevó a cabo el operativo en la mesa en la que se encontraban sentados había bebidas alcohólicas, por lo que la sentencia impugnada deviene arbitraria en la valoración de las probanzas reunidas en el expediente. 4) En cuanto a la afirmación de la Judicante referida a la falta de certeza de que los menores hayan consumido alcohol, expresa que su parte imputó el suministro -y no, el permitir su consumo- por lo que era suficiente con que se haya proveído las bebidas alcohólicas a una persona indeterminada, lo que se desprende de la redacción del art. 60 Ley 1472. 5) Finalmente, y en cuanto a la calificación legal del hecho y la comprobada responsabilidad de los imputados en torno al evento imputado, se remite al alegato efectuado en la audiencia de juicio.

IX.- Que a fs. 169 la Sra. Juez de Grado concede el recurso interpuesto.

X.- Que a fs. 173/174 el Sr. Fiscal de Cámara, Walter Fernández, en su Dictamen Nº 332/FC2/07, solicita se revoque la sentencia apelada y se condene a los imputados a las penas requeridas por el Fiscal de Grado. Así, hace suyos y da por reproducidos los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

XI.- Que a fs. 178/181 la Sra. Defensora Oficial de Taboada, Marcela Millán, en la vista que le ha sido conferida, solicita no se haga lugar al recurso intentado, y subsidiariamente pide la confirmación de la sentencia recurrida. Al respecto, manifiesta que: 1) El remedio procesal impetrado resulta inadmisible puesto que la garantía de la doble instancia solo ha sido consagrada a favor del condenado, por lo que corresponde su rechazo. 2) El agravio fiscal se basa solo en cuestiones de hecho y prueba, y sus argumentos únicamente constituyen una discrepancia en la valoración efectuada por la Judicante lo que no implica en forma alguna que la sentencia sea arbitraria. 3) El aparente planteo nulificante impetrado por el titular de la acción no es tal, puesto que no concluye su escrito con la solicitud de invalidez de la sentencia sino con una mera discordancia en la valoración probatoria. Dicha disidencia por sí sola no constituye un fundamento válido para revocar el pronunciamiento judicial sobre el caso.

4) De la lectura de la resolución recurrida no se advierte apartamiento alguno a las reglas de la logicidad y sana crítica, puesto que la Judicante a partir de la magra prueba aportada por el titular de la acción entendió que ésta no permitía desvirtuar el principio in dubio pro reo. En razón de ello, refiere que la discordancia del impugnante con la valoración de la prueba no constituye una circunstancia que permita la revisión de la sentencia, cuando como en el caso la conclusión es la absolución por duda. 5) En cuanto a las piezas procesales cuestionadas por la Fiscalía, afirma que el titular de la acción consintió su incorporación puesto que no opuso reparo alguno a su enumeración por parte del actuario ni al momento de alegar. 5) Finalmente, y en caso de que se revoque la sentencia absolutoria reclama el derecho al recurso del encartado.

XII.- Que a fs. 183/186 la Sra. Defensora Oficial de Pérez, Marcela Paz, en la vista que le ha sido conferida, solicita se rechace el recurso de apelación interpuesto por el Fiscal de Grado. Al respecto, refiere que: 1) De lo dispuesto por el art. 50 LPC no se desprende que la apelación esté consagrada bilateralmente, sino que a tal efecto corresponde remitirse a lo dispuesto por el art. 432 CPPN en cuanto establece que donde la ley no distinga todas las partes podrán recurrir. Sin embargo, en su opinión, y siendo que dicha norma es anterior a la reforma constitucional del año 1994 -en la que se les ha otorgado jerarquía constitucional a diversos tratados internacionales- no resultan aplicables sus disposiciones puesto que constitucionalmente el derecho al recurso es únicamente para el condenado.

Por otra parte, expresa que el recurso fiscal vulnera además la prohibición de la doble persecución penal. Finalmente, y en el caso que este Tribunal considere adecuado aplicar las disposiciones del art. 432 CPPN, plantea la inconstitucionalidad de dicha norma. 2) El alcance de la revisión por parte de esta Alzada se encuentra limitado a la logicidad del razonamiento que llevó a la Magistrada a adoptar la resolución, ello en virtud de los principios de oralidad e inmediatez (citando en sustento de su postura el fallo "Casal"). En su opinión los fundamentos esgrimidos por el titular de la acción no constituyen mas que una mera discrepancia con el resultado del proceso, pero no logran demostrar la falta de razonabilidad del fallo.

XIII.- Que a fs. 187 pasan los autos a estudio del Tribunal.

PRIMERA CUESTIÓN:

En primer término, y siendo que el recurso de apelación interpuesto por el Sr. Fiscal, reúne los requisitos de admisibilidad exigidos por el artículo 50 de la Ley Nº 12 -esto es, ha sido interpuesto en escrito fundado, presentado ante la Magistrada cuya resolución se ataca y dentro de los cinco días de notificado- cabe afirmar que el mismo ha sido correctamente concedido.

Ahora bien, las Sras. Defensoras Oficiales de ambos encartados, plantean la falta de legitimación del Fiscal para recurrir la sentencia absolutoria, criterio que no comparte este Tribunal conforme se ha sostenido en numerosos precedentes. Así, en su opinión, el derecho de recurrir -a partir de la reforma constitucional- procede solo para el condenado.

Al respecto, cabe mencionar que la ley de procedimiento local -sancionada con posterioridad a la reforma constitucional del año 1994- al consagrar el recurso de apelación no estableció ninguna limitación en tal sentido -a diferencia de lo que sucede con el recurso de inconstitucionalidad que dicha norma sólo concede al contraventor (art. 53 LPC) el recurso en las causas penales (art. 61 Ley 12 según leyes 1287 y 1330)-; por tanto es dable afirmar que la vía articulada ha sido correctamente concedida (Causas 1569-00-CC-2003 "Ramírez Meza, Luisa s/ art. 41", rta. 19/2/2004; Nº 053-00-CC-2004 "Beatríz, Cristian Alberto s/ art. 189 bis CP Apelación", rta. 24/5/2004, Nº 292-00-CC-2004 "Kim, In Jung s/ infracción art. 74 CC-Apelación, rta. 12/11/2004; Nº 014-00-CC-2005. "Fernandes, Héctor Omar s/ infracción Art. 47. C.C" Apelación, rta. 8/4/2005).

Ello así, y si bien la norma citada -tal como refiere la Defensa de Pérez- no aclara quiénes son los legitimados para interponer el recurso, tal como se ha sostenido en precedentes anteriores, corresponde -por aplicación supletoria, art. 6 LPC- tener presente lo dispuesto en el art. 432 del CPPN establece que "el derecho de recurrir corresponderá tan solo a quien le sea expresamente acordado", y que cuando "... la ley no distinga entre las diversas partes, todas podrán recurrir".

En el mismo sentido se ha pronunciado el Profesor Julio B.J. Maier al sostener que " ... el Código Procesal Penal de la Nación, por remisión expresa del art. 6 de la ley de procedimiento contravencional (ley nº 12), declara que el ministerio fiscal sólo puede recurrir en los casos establecidos expresamente por la ley (art. 433), regla derivada del principio general expresado en el art. 432: "El derecho de recurrir corresponderá tan sólo a quien le sea expresamente acordado..." y que el principio que rige la ley procesal del caso establece con claridad la necesidad de la concesión expresa de la facultad de recurrir, complementado por aquel que concede la facultad de recurrir, cuando la ley declara objetivamente recurrible la decisión, y no menciona especialmente quiénes están facultados para ello (CPP Nación, art. 432, II)" (TSJ Expte. Nº 339/00 "Pariasca, Lucio León Eloy s/ art. 47 s/ recurso de queja por denegación de recurso de inconstitucionalidad", rta. 5/11/2000).

Coincidentemente con ello la Conde ha expresado "... del artículo 50 de la ley 12, que regula el procedimiento contravencional, y consiste en que esa regla no prevé limitación alguna en cuanto a los sujetos del proceso que pueden apelar la sentencia ... el artículo 53, limita al contraventor la posibilidad de plantear ante este Tribunal los recursos previstos en los incisos 4º y 5º del art. 26 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Como se ve, el legislador ha considerado que el Ministerio Público Fiscal se encuentra habilitado para apelar un pronunciamiento de primera instancia contrario a los intereses por los que debe velar; pero cuanto ha entendido que no gozaba de tal facultad, lo ha aclarado expresamente ..." (TSJ, Expte. Nº 1509 "Ministerio Público- Defensoría Oficial en lo Contravencional nº 3- s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Abalos Oscar Adrián s/art. 71 CC- Apelación, rta. 23/10/2002).

Ello así, y en virtud de lo expresado, sumado a que es facultad exclusiva del legislador establecer quiénes se encuentran facultados para recurrir, cabe afirmar que el recurso ha sido interpuesto por quien está legitimado, por lo que no se advierte violación alguna a la garantía invocada, siendo la objeción defensista, una mera discrepancia con el criterio legislativo de política criminal adoptado en la especie.

Por otra parte, y en cuanto al planteo de inconstitucionalidad del art. 432 CPPN impetrado por la Paz, es dable recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que la declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal es un acto de suma gravedad institucional, pues las leyes dictadas de acuerdo con los mecanismos previstos en la Constitución Nacional gozan de una presunción de legitimidad que opera plenamente, y obliga a ejercer dicha atribución con sobriedad y prudencia, únicamente cuando la repugnancia de la norma con la cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indudable (Fallos 226:688, 242:73, 300:241, entre otros).

Asimismo, cabe afirmar que ello sólo puede considerarse autorizado en situaciones muy precisas requiriendo en primer término que la violación de la norma sea de tal entidad que justifique la abrogación en beneficio de la seguridad jurídica, ello en razón de que es reiterada y uniforme la jurisprudencia del máximo tribunal en lo relativo a que "constituyen actos de suma gravedad institucional y deben ser consideradas como la 'última ratio' del orden jurídico" (Fallos 288:325, 290:83, 292:180, 294:383). Por tanto, y tal como se ha afirmado, siendo un acto de tal entidad sólo será procedente cuando la contradicción con la cláusula constitucional sea manifiesta e indubitable y la incompatibilidad inconciliable, y en caso de que no exista la posibilidad de una solución adecuada del juicio por otras razones que las constitucionales comprendidas en la causa.

De lo expresado se desprende que el interesado en la declaración de inconstitucionalidad de una norma debe demostrar claramente de qué manera ésta contraría la Constitución Nacional o en el caso la Constitución local (CSJN Fallos: 307:1983). Ello, en forma alguna se desprende de los argumentos de la Defensa, quien se ha limitado únicamente a mencionar la cláusula constitucional presuntamente vulnerada (derecho al recurso), y sus argumentos solo dejan entrever una mera discrepancia respecto de la conveniencia del criterio adoptado por el legislador, lo que conlleva necesariamente a su rechazo (CSJN Fallos: 253:362; 257:127; 308:1631, entre otros).

En efecto, no resultan suficientes para tachar de inconstitucional una norma, ni su interpretación, las afirmaciones dogmáticas de la Sra. Defensora Oficial, respecto a la inconveniencia de la normativa vigente.

Por tanto, y siendo que el recurso interpuesto se encuentra previsto en el art. 50 LPC, habiéndose impetrado en el término previsto en dicha norma y reuniendo las demás condiciones de forma, ninguna duda cabe acerca de su procedencia.

SEGUNDA CUESTIÓN:

Previo a analizar los argumentos invocados por el Fiscal, y siendo que se han cuestionado las facultades de este Tribunal frente a la valoración de las pruebas rendidas en la audiencia de juicio, cabe dejar constancia del alcance que posee el recurso de apelación en el ámbito contravencional, a los fines de fijar la perspectiva desde la que será abordada la impugnación interpuesta.

En efecto, acorde con lo que esta Sala ha sostenido en anteriores pronunciamientos (Causas Nº 339-00-CC/2005 "González Lobo, Ramón s/art. 72 CC- Apelación", rta. el 22/11/2005; Nº 400-00-CC/2005 "Saenz, Pedro Sergio s/art. 51 CC- Apelación", rta. 26/12/2005; N° 134-00-CC/2006 "Villarreal, Jorge Alberto s/ inf. art. 73 CC -Apelación-", rta. 5/2/2007; entre otras), si bien el art. 50 de la Ley Nº 12 prevé la posibilidad de impugnar la sentencia mediante el recurso de apelación -que por su naturaleza implica un reexamen por parte de un tribunal superior de la situación de hecho y de derecho-, la oralidad y la publicidad propia del procedimiento contravencional impiden una revisión amplia de aquella prueba que requiere de la presencia del juzgador en virtud del principio de inmediación.

Sobre dicha base se sentó el principio consistente en que esta Cámara no puede revisar todo aquello que depende exclusiva y necesariamente de la inmediación. Es decir, un Tribunal que no ve ni oye a los testigos no puede apreciar la adecuación de sus respectivas declaraciones, según las reglas de la sana crítica racional; pero sí puede controlar el aspecto racional del juicio sobre la prueba. Ello significa que respecto de la motivación de la interpretación de la percepción que tuvo lugar en el juicio puede haber en principio, control mediante el recurso de apelación; el juzgador puede creerle a un testigo más que a otro, pero debe decir por qué lo hace y esta fundamentación es pasible de control. También lo relativo a la observancia de las leyes de la lógica, de los principios de la experiencia y de los conocimientos científicos de las deducciones que el Tribunal formula a partir de la prueba - infraestructura racional de la formación de la convicción- es revisable mediante este recurso.

A mayor abundamiento, cabe mencionar que la postura de este Tribunal es conteste con la que sostiene la Corte Suprema de la Nación que ha afirmado "...lo único no revisable es lo que surja directa y únicamente de la inmediación. Esto es así porque se imponen limitaciones de conocimiento en el plano de las posibilidades reales y -en el nivel jurídico- porque la propia Constitución no puede interpretarse en forma contradictoria ... exigen la revisión de todo aquello que no esté exclusivamente reservado a quienes hayan estado presentes como jueces en el juicio oral. Esto es lo único que los jueces de casación no pueden valorar, no sólo porque cancelaría el principio de publicidad, sino también porque directamente no lo conocen, o sea, que a su respecto rige un límite real de conocimiento. Se trata directamente de una limitación fáctica, impuesta por la naturaleza de las cosas, y que debe apreciarse en cada caso ..." (CSJN, C. 1757. XL. Causa Nº 1681 "Casal, Matías Eugenio y otro s/robo simple en grado de tentativa", rta. 20/9/2005).

Por otra parte, y en el mismo sentido, nuestro Máximo Tribunal Local ha afirmado que "... Las reglas que informan al proceso contravencional -entre ellas, su oralidad e inmediación-, impiden a la Alzada valorar ampliamente los extremos probatorios que tienen lugar en el debate (cf. art. 46 LPC) pues no participa de su producción. En su función ordinaria y revisora, sólo puede examinar el aspecto racional del juicio sobre la prueba, y si éste , se ajusta o no a las reglas de la sana crítica para la acreditación del aspecto material de la imputación; siendo claro, que de verificarse vicios inherentes a la sentencia o errores groseros, está facultada para nulificarla y resolver la materia sometida a su jurisdicción con arreglo a derecho (cf. art. 51 LPC). En definitiva, lo dicho es el correlato necesario de la facultad legal de la Cámara para cuestionar racionalmente la exégesis de las reglas -de derecho común- aplicables en materia probatoria y la valoración extraña que de ellas, hacen los tribunales de juicio ..." (TSJ, voto de la Conde, Expte. nº 3943 "Ministerio Público- Defensoría Oficial en lo Contravencional y de Faltas nº 4 s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Fernándes, Mauricio Héctor s/art. 47 del C.C.- apelación", rta. 29/6/2005).

I.- En primer término, de la resolución impugnada se desprende que la Sra. Juez de Grado resolvió absolver a los encartados de las imputaciones formuladas en la presente, en razón de que la prueba rendida durante la audiencia no pudo vencer el principio de inocencia consagrado constitucionalmente. Así, refirió, que las declaraciones testimoniales de las menores en el debate no permiten extraer con certeza que hayan consumido alcohol al momento del hecho, ni que la bebida fuera suministrada a personas menores de dieciocho años. Por otra parte, considera que la falta de certeza respecto del horario del hecho, vulnera el derecho de defensa de los encartados. Finalmente, concluye que las pruebas rendidas en la audiencia no permiten tener certeza acerca de la existencia de un hecho punible atribuible a los encartados, por lo que en virtud del principio de inocencia corresponde su absolución.

Suscintamente, el Fiscal de Grado, en el remedio intentado, refirió que el suministro de alcohol a menores de edad fue debidamente acreditado, puesto que los testigos expresaron claramente que el día que se llevó a cabo el operativo en la mesa en la que se encontraban sentados había bebidas alcohólicas, no siendo necesario para probar la contravención endilgada a los encartados, que se haya probado el consumo de alcohol por parte de una persona determinada, siendo suficiente con la provisión de bebidas alcohólicas a una indeterminada, lo que se desprende de la redacción del art. 60 Ley 1472. Asimismo, y en cuanto a la calificación legal del hecho y la comprobada responsabilidad de los imputados en torno al evento imputado, se remitió al alegato efectuado en la audiencia de juicio. Finalmente, expresó que el horario del hecho se ha acreditado debidamente en la presente, por tanto la presunta afectación al principio de congruencia implica un excesivo rigor formal en el que incurre la sentenciante, puesto que sin perjuicio del horario que se consignara en el acta contravencional es claro que se ha juzgado a los encartados por el mismo hecho por el cual fueron imputados en el requerimiento de elevación a juicio.

Ahora bien, de los presentes actuados surge que el titular de la acción le atribuyó a Perez y a Taboada el suministro de bebidas alcohólicas a personas menores de 18 años que se encontraban en una mesa en el local sito en Av. del Libertador 2004 de esta ciudad, el 29/4/2006 a las 0.00 o 0.30 hs. aproximadamente -según se desprende claramente del alegato efectuado en la audiencia-. A Pérez, le endilgó la conducta en su carácter de encargado del local en forma de dolo eventual; a Taboada, en cambio en la forma culposa atento su carácter de gerente de la empresa por no tomar los recaudos necesarios para evitar el suceso.

Ello así, corresponde en primer término analizar lo afirmado por el titular de la acción en relación al encuadre jurídico de la conducta atribuida a los encartados por parte de la Sra. Juez de Grado en la sentencia absolutoria, quien exigió a tal efecto la acreditación de distintos requisitos que resultan ajenos a la configuración de la conducta típica. Así, de la pieza impugnada se desprende que la magistrada consideró que "... de las declaraciones vertidas por los testigos ofrecidos, los cuales en su mayoría se encontraban en la lista de menores damnificados por la supuesta contravención, no se puede extraer con certeza, que los mismos hayan consumido alcohol esa noche ..." (fs. 153) (el subrayado es propio), requiriendo así la acreditación del consumo de bebida alcohólica por parte de algún menor.

Así, según se desprende claramente del alegato fiscal vertido en la audiencia de juicio y de la réplica, el titular de la acción solo endilgó a los imputados el suministro de alcohol a personas menores de dieciocho años (art. 60 Ley Nº 1472), por lo que resulta errónea la referencia de la Judicante, en la sentencia, como elemento integrante del tipo objetivo y/o acto indispensable para la consumación de la conducta típica imputada.

A la luz de este agravio, corresponde dejar sentado cuáles son las exigencias del tipo objetivo previsto en el art. 60 de la Ley Nº 1472, a fin de verificar si la conducta endilgada a los encartados ha sido acreditada en la presente. En principio, es dable recordar que dicha norma establece que serán sancionados "El propietario/a, gerente/a, empresario/a encargado o responsable de un comercio o establecimiento de cualquier actividad que suministra o permite el consumo de bebidas alcohólicas a personas menores de dieciocho años ....".

De ello se desprende que la disposición legal citada sanciona dos conductas diferentes, una de ellas, el suministro de bebidas alcohólicas a menores de dieciocho años, y la otra, el permitir el consumo de las mismas. Teniendo en cuenta que el legislador utilizó la disyunción "o" para separarlas, ambas acciones pueden configurarse en forma alternativa o conjunta a partir de lo cual cabe inferir que la comisión de uno solo de esos comportamientos alcanza para conformar la tipicidad y que su comisión en forma conjunta no multiplica la imputación. Es decir, uno solo basta para la concurrencia del tipo y ambos en conjunto -dentro de un mismo contexto espacio-temporal- no implica una duplicación de la contravención.

En síntesis, las acciones contempladas en el art. 60 de la Ley 1472 son diferentes y escindibles, y por tanto no resulta necesario acreditar el permiso de consumo -como parece desprenderse de los fundamentos de la sentencia- para que se configure el suministro de alcohol a menores de dieciocho años -conforme la imputación fiscal-.

Aclarado ello, dado que el Fiscal de Grado no ha acusado a los encartados por permitir el consumo, no corresponde efectuar consideración alguna en esta instancia respecto de sus alcances.

Por tanto, es claro que resulta irrrelevante la afirmación de la Magistrada en cuanto a que en la presente no se ha corroborado el consumo de alcohol por parte de menores, puesto que no era dicha conducta la que debía acreditar el titular de la acción sino el suministro, que para su configuración exige únicamente los recaudos antes mencionados.

En cambio, y en cuanto al suministro, es importante mencionar que dicha conducta queda configurada por el solo hecho de que se haya provisto o facilitado a un menor de dieciocho años bebidas alcohólicas, sin importar si éstas fueron o no consumidas por dichas personas, resultando -asimismo- una contravención pasible de ser cometida tanto por acción como por omisión.

Es a la luz de lo expresado, que se analizarán las pruebas rendidas en la audiencia de juicio -siempre dentro de los límites propios de la oralidad y la inmediatez-; las que, cabe adelantar, permiten tener por acreditado con el grado de certeza -requerido por una sentencia condenatoria-, que el 29/4/2006 en el local sito en Av. del Libertador 2004 de esta ciudad, denominado "Perica", se suministró alcohol a personas menores de dieciocho años.

En este sentido, las menores fueron contestes en cuanto a que se encontraban en el local, y si bien ninguna aceptó haber consumido alcohol, todas reconocieron que en la mesa que ocupaban había clericó. Así, S. H. expresó "... éramos compañeras de colegio, eran 9 o 10 chicas tomamos cervezas, clericó y no me acuerdo nada mas, no me pidieron documentos, yo no pedí alcohol ..." (fs. 143). Por su parte, B. fue específica respecto del hecho, así manifestó "... era mi cumpleaños ... fuimos a perica con unos amigos, de la jarra si me acuerdo pero no la pedí ... son mis amigas del colegio, son las que estaban acá, tomamos clericó, cerveza chiquita, yo no tomé nada ... no me pidieron documentos ..." (fs. 144). En el mismo sentido, D. refirió que "... era el cumpleaños de una amiga, fuimos al bar, algunas pedimos algo que no me acuerdo ... recuerda que se llevaron la jarra, no recuerda si le pidieron documentos" (fs. 144).

Es decir, de los dichos de las menores que declararon en la audiencia se desprende claramente que en la mesa que ocupaban había bebidas alcohólicas las que fueron pedidas por alguna de ellas sin que de sus testimonios pueda precisarse por quién pues ninguna reconoció específicamente haberlas solicitado, ni consumido. Sin embargo, y contrariamente a lo afirmado por la sentenciante no se desprende de sus dichos que estuvieran acompañadas, en la mesa que compartían, por personas mayores, a quienes se les podría haber suministrado las bebidas.

En este punto, es dable aclarar que, tal como expresó el Fiscal, el único que refirió que en la mesa se encontraba acompañado por personas mayores fue S. C., quien no se hallaba con las chicas, pues según manifestó "había una mesa con chicas, son amigas mías de mi edad, tengo 17 años, son las chicas que están afuera como testigo ... no sé que tomaban porque no estaba en la mesa con ellas ..." (fs. 142 vtas/143). De allí cabe concluir que las bebidas alcohólicas que se encontraban en la mesa de las menores fueron solicitadas por alguna de ellas, puesto que nadie mencionó que allí hubiera mayores, sino que por el contrario señalaron que eran chicas amigas que estaban celebrando el cumpleaños de una de ellas.

Por otra parte, a las testimoniales aludidas se suman los dichos de Luongo y Piva, testigos del procedimiento. El primero de ellos expresó que "recuerda que el local se había cerrado porque había menores, ... cerraron las puertas y no dejaron salir a nadie, ... firmé un acta, recuerdo que había menores que estaban tomando alcohol ..." (fs. 144 vta.). Asimismo, Piva refirió que "... estaba con Longo en el local ... cerraron el local, había llegado la Fiscalía ... había menores consumiendo bebidas alcohólicas ..." (fs. 144 vta.).

A lo expuesto se suman los dichos del preventor Vera, quien afirmó que clausuró el local porque había menores y "estaba el clericó", que los que estaban en la mesa -en relación a la que ocupaban las menores, a las que identificó- "tenían un vaso con la bebida que se secuestró", agregando además que en la mesa no había otro elemento, y reconociendo haber sido él quien labró el acta. Por tanto, el hecho de que consignara erróneamente el año del hecho o que no pudiera recordar circunstancias específicas, luego del tiempo transcurrido, no resulta suficiente para desvirtuar sus dichos, no siendo acorde a las reglas de la sana crítica la afirmación de la Judicante en relación a que ellos "... solo lograron alejar más la certeza del conocimiento que tenía del hecho; ello por cuanto en su relato, se pudo entrever una cuestión mecánica de confección de actas ..." (fs. 152 vta.).

Al cuadro probatorio analizado se adunan el acta de fs. 4/vta. que da cuenta de las circunstancias del hecho, y que fue reconocida por el preventor, la que demuestra que el 29/4/2006 en el local sito en Av. del Libertador Nº 2004 de nombre "Perica", se pudo comprobar una infracción al art. 60 de la Ley 1472.

A partir de lo expuesto, cabe afirmar que la valoración en forma conjunta de las pruebas testimoniales y documentales incorporadas a la audiencia de juicio, teniendo en cuenta su diversidad, correlación y concordancia conforme las pautas de la sana crítica racional, permite tener por acreditado con el grado de certeza propio de una sentencia condenatoria que el 29/4/2006 en el local sito en Av. del Libertador 2004 de esta ciudad, denominado "Perica", se suministraron bebidas alcohólicas a personas menores de 18 años. Por tanto se concluye que la sentencia impugnada, a partir de incluir una exigencia no contenida en el tipo contravencional que fue objeto de acusación, ha valorado la prueba producida alejándose de los parámetros de interpretación exigidos por la norma en estudio.

II.- Por otra parte, cabe analizar el agravio referido al horario en que se produjo el hecho, pues dicha circunstancia resultó uno de los fundamentos de la Judicante para el dictado de la sentencia absolutoria. A su entender, la falta de precisión en el horario de comisión del hecho vulnera el derecho de defensa de los encartados.

Así, de la sentencia cuestionada se colige que la magistrada considera que no se había precisado debidamente el hecho endilgado puesto que no había exactitud en cuanto a la hora del mismo, lo que en su opinión menoscabaría el derecho de defensa. El fiscal, en cambio, se opone a dicha afirmación refiriendo -sintéticamente- que el hecho por el que se llevó adelante la imputación en el proceso fue el mismo por el que se llevó a cabo el juicio, y la diferencia horaria a la que alude la magistrada se relaciona fundamentalmente con que el acta contravencional fue la consecuencia de un procedimiento que transcurrió en un lapso de tiempo, y no en forma instantánea.

En esta labor, debe señalarse que de los presentes actuados se desprende que, tal como expresa el impugnante, el suceso por el que se requirió juicio y se acusó a Perez y a Taboada fue cometido entre las 0.00 y 0.30 horas aproximadamente del 29 de abril del 2006 en el local denominado Perica (fs. 69 vta. y 145 vta.). Sobre dicho acontecimiento fáctico giró el debate, de cuyas constancias no se advierte que se hubiera generado respecto del imputado y quienes lo presenciaron y atestiguaron en él duda alguna acerca del mismo.

Por otra parte, y en cuanto al horario en que el preventor labró el acta (1.20 hs.), al que la Judicante alude como fundamento de sus dudas acerca de la hora en la que acaeció el hecho, es dable mencionar que, tal como surge del expediente, la diferencia entre los horarios consignados en las distintas actuaciones que lo integran tienen origen en un procedimiento que se llevó a cabo en un lapso de tiempo, y no en un instante específico, lo que explicaría la diferencia horaria puesta en cuestión.

En este punto, los dichos del Fiscal, en el remedio procesal intentado, resultan esclarecedores respecto a que el horario sindicado en el acta por el inspector Vera fue el de la finalización del procedimiento, sin embargo previo a dicho acto -conforme afirmó-se debió identificar a los concurrentes, al encargado del local, y una vez constatada la contravención solicitar la presencia de testigos. Asimismo, y siendo que el titular de la acción no se encontraba presente en el lugar se tuvo que efectuar la consulta previa a clausurar el local, todo lo que demandó un tiempo de actuación que culminó en la hora sindicada en el acta.

De lo expuesto y de la prueba incorporada al debate se colige que hubo un procedimiento el día 29 de abril en el local Perica, situado en Av. Libertador 2004 de esta ciudad, que culminó con el labrado de un acta contravencional a la 1.20 hs.; por tanto, las discrepancias entre lo asentado en dicho documento y el horario consignado por el Fiscal -a saber 0.00 o 0.30 horas aproximadamente-, no implican en forma alguna una discordancia tal que le hubiera impedido conocer o dudar acerca del hecho imputado, por lo que no resulta hábil para fundar una lesión al derecho de defensa de los imputados.

En este sentido, es importante hacer notar que en relación a la cuestión examinada, mas allá de las manifestaciones defensistas propias de su labor, la diferencia horaria no alteró en modo alguno el acontecimiento fáctico imputado por el fiscal. Por tanto la acusación formulada en la presente ha contenido los elementos suficientes para posibilitar el adecuado ejercicio del derecho de defensa de los encartados.

Al respecto, el Tribunal Superior de Justicia expresó que "... tanto la lectura del requerimiento de elevación a juicio como de las actas del debate permite constatar que, en el caso, no existió perjuicio alguno al derecho de defensa..., dado que el hecho histórico imputado fue siempre el mismo. Sí se advierte una diferencia entre la redacción empleada por la Fiscal y la utilizada en la sentencia, aspecto formal que no afectó las posibilidades reales del imputado de defenderse cabalmente ni de su defensa técnica de asistirlo con sobrada solvencia técnica ... no se advierte modificación alguna de la base fáctica de la imputación, contrariamente a lo alegado por el defensor, y, por tanto, tampoco violación alguna del principio de congruencia ...." (voto Ruíz, Expte. Nº 3996/05 "Ministerio Público- Defensoría Oficial en lo Contravencional y de Faltas nº 1 s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Ronchetti, Leonardo s/art. 47 CC -apelación", rta. el 14/9/2005) (el subrayado es propio).

III.- Aclarado ello, e ingresando ahora al análisis de la responsabilidad atribuida por el Fiscal a los encartados, cabe mencionar en primer término que el art. 60 CC, antes citado, constituye una figura contravencional especial, ya que solo puede ser autor un círculo limitado de personas, las que se encuentran allí enumeradas (el propietario, gerente, empresario, encargado o responsable de un comercio o establecimiento).

A partir de ello, es dable afirmar que tanto Pérez como Taboada se encuentran comprendidos en ese círculo, reuniendo los requisitos objetivos de autoría exigidos por la figura en cuestión. En cuanto al primero, de ellos por ser encargado del local, de lo que dan cuenta el acta obrante a fs. 4/vta. donde consta que el día del hecho era quien se encontraba a cargo del comercio, y la declaración del preventor Vera en la audiencia de juicio quien lo identificó como la persona a la que le labró el acta y "quien refirió ser el encargado".

Por su parte, Taboada acreditó ser socio gerente de Peña SRL -empresa titular del local de marras (fs. 17)- según las copias del contrato social obrantes a fs. 12/14. Por tanto, también se encuentra comprendido entre el círculo de autores normativamente establecido.

No obstante ello, no es suficiente a fin de atribuirle la responsabilidad a los imputados el solo hecho que revistan la calidad exigida por el tipo contravencional analizado, es decir que, como en el caso, sean el encargado, empresario o socio gerente de la empresa titular del local, puesto que ello implicaría atribuirle la responsabilidad en forma objetiva (en contradicción al principio de culpabilidad) y por el solo hecho de pertenecer a un determinado grupo.

Aclarado ello, y en primer término, es dable mencionar que el titular de la acción ha endilgado a ambos encartados el tipo previsto en el art. 60 de la Ley Nº 1472 (antes citado) a título omisivo, a Taboada en su forma culposa y a Pérez en carácter doloso, tal como surge del alegato del fiscal vertido en el juicio. Así, y tal como se ha expresado dicha norma, abarca tanto la comisión como la omisión impropia o comisión por omisión.

Así, este Tribunal ya se ha expedido sobre el punto, afirmando que "...existe una equiparación entre la omisión y la acción que viola la norma prohibitiva, pues no evitar el resultado equivale a la producción activa del mismo ... En este sentido, la doctrina sostiene que autor de omisión es sólo aquél que tiene una posición de garante efectiva respecto del bien jurídico quien, en esta posición no evita el resultado típico a pesar de poder hacerlo y que la capacidad para la evitación del resultado dirigido finalmente, presupone en particular entre otras circunstancias el conocimiento de la situación típica, es decir, de la inminente producción del resultado (Welzel, Hans, Derecho Penal Alemán, Jurídica de Chile. 3ra. Edición, 1987, p. 289 y 291) ... para la configuración del aspecto cognoscitivo del dolo típico de omisión es siempre indispensable que el autor conozca la situación típica.

No hay tipo objetivo omisivo que no sea circunstanciado y, por ello, el agente debe estar en conocimiento de las circunstancias que son indispensables para que cobre vigencia el mandato de actuar, con todos los componentes descriptivos y normativos requeridos en cada caso (Zaffaroni, Alagia, Slokar, Derecho Penal, Parte General, Ediar, 2000, p. 555; Maurach, Reinhart, Derecho Penal. Parte General. 2, Astrea, 1995, p. 267; Jescheck, Hans, Tratado de Derecho Penal, vol. Segundo, Bosch, 1981, p. 867) .

.." (Causa Nº 113-00-CC/2005 "Moccia, Emiliano Luis s/infracción al art. 51 C.C.- Apelación", rta. el 7/6/2005; Nº 7084-00-CC/2006 (int. 03/07) "Martínez, Ana María (Local Black Gold) s/ infr. art. 82 Ley 1472 -Apelación.", rta. 3/4/2007).

De este modo, los tipos de omisión impropia requieren que se acredite la posición de garante respecto del bien jurídico protegido, la presencia de la situación típica, la exteriorización de una conducta distinta a la debida y la posibilidad física de realizar la acción debida o la denominada capacidad de acción, como así también el conocimiento de cada uno de dichos elementos (Causas Nº 066-00-CC/2004 "Paravizzini, Juan Felipe José y otro s/art. 72 CC- Apelación, rta. 14/7/2004; Nº 392-00-CC/2005 "Rizo, María s/inf. art. 82 Ley Nº 1472", rta. el 19/12/2005; Nº 400-00-CC/2005 "Saenz, Pedro Sergio s/art. 51 CC- Apelación", rta. 26/12/2005; entre otras).

En cuanto a la posición de garante es dable recordar que ésta implica una especial situación de la persona que genera la obligación de garantizar determinados bienes jurídicos, cuyas fuentes admitidas por la doctrina y la jurisprudencia son la ley, el contrato, ingerencia (o conducta precedente) y una especial relación de lealtad (o estrecha relación vital) (conf. Welzel, Hans, "Derecho Penal alemán", Ed. Jurídica de Chile, 1987, págs. 252/9), posición que en el caso surge del propio art. 60 de la Ley 1472.

Así, y en el suceso examinado el Fiscal, respecto de Taboada, consideró que debido a su calidad de socio gerente de la empresa y titular de la habilitación del local, era quien tenía el dominio decisorio para arbitrar los mecanismos necesarios socialmente para evitar el hecho. Así, el Fiscal refiere que Taboada "... no tomó los recaudos necesarios para evitar el suceso, negligencia que determina una violación al deber de cuidado en su carácter de gerente del local Perica, si bien es cierto que no estaba en el lugar, posee el dominio social y decisorio para arbitrar los mecanismos necesarios para evitar el hecho ..." (fs. 146 vta.).

A juicio del titular de la acción, entonces, el nombrado por su calidad de gerente, debió arbitrar los mecanismos para evitar la contravención, como, de hecho, no lo evitó -porque se produjo- dedujo que violó el deber de cuidado. Sin embargo, no aclara en que se sustenta dicha violación, ni cual era la conducta debida. En otras palabras, la circunstancia apuntada no resulta suficiente para atribuirle el hecho, pues no se ha acreditado que el nombrado hubiera violado un deber de cuidado.

En tal sentido, Taboada ha referido en la audiencia de juicio que la "... sociedad fue formada en el año 1993, en el cual lo nombraron socio gerente y siguió así, nunca se reformó el acta societaria, y que en los hechos los cinco socios manejamos Perica, y que simplemente los cinco socios estamos de acuerdo de no vender alcohol a menores y pedir documentos, no estuve en el momento del procedimiento, somos los cinco socios responsables, soy un socio gerente que terminé el mandato, los cinco estamos de acuerdo y no sé lo que pasó ..." (fs. 142 vta.). A ello se suman que, no se ha incorporado elemento de juicio alguno que indique que el encartado no haya instruido a quien se encontraba a cargo del local -en el caso Pérez- de la prohibición de suministrar alcohol a menores de dieciocho años o la necesidad de solicitar documentos antes de hacerlo.

En atención a lo expuesto, dado que el encartado no se encontraba en el local al momento de los hechos, y que según se desprende de sus dichos -junto con los restantes socios de la firma- habían acordado no vender alcohol a menores y solicitar documentos, no puede considerarse acreditado de modo alguno que haya violado el deber de cuidado, elemento indispensable para sustentar una imputación a título culposo.

Por tanto, corresponde confirmar la sentencia recurrida en cuanto absuelve a Daniel Marcelo Taboada de la imputación formulada por el titular de la acción, por los argumentos antes expuestos.

IV.- Corresponde, ahora analizar la acusación efectuada a José Luis Pérez, a quien el Fiscal le endilgó no haber hecho nada para evitar el suministro de alcohol a menores de dieciocho años, atento la posición de garante en la que se encontraba y el dominio funcional del hecho que tenía, puesto que era quien estaba a cargo del local la noche del hecho, a título doloso -tal como surge del alegato-.

En primer lugar, es importante hacer notar que la sentencia recurrida erróneamente parte de la base de la imputación formulada por el titular de la acción respecto de Pérez, en el requerimiento de elevación a juicio, es decir tanto en su forma dolosa como culposa, pese a que esta última no fue sostenida por el Fiscal al momento de alegar en la audiencia, por lo que debió haber limitado su análisis únicamente a la conducta dolosa.

En este sentido, se ha afirmado que "La acusación no es un acto único sino una actividad que se despliega en una secuencia que sigue las contingencias del proceso ... El proceso oral y público se define, como tal, por el momento del debate. La exigencia legal de que el fiscal en el requerimiento a juicio acuse y determine cuál pena solicita no agota su actuación, la que prosigue hasta la finalización del juicio. Y prosigue, entre otros aspectos, como realización de una condición sine qua non de validez de la sentencia, el sostenimiento expreso o tácito de la acusación.

Si el fiscal no mantiene la imputación formulada por el juez no puede ir más allá. Si lo hiciera, afectaría el marco constitucional que reconoce al sistema acusatorio como parte del plexo de garantías ..." (TSJ, voto de la Ruíz, Expte. 339/00 "Pariasca, Lucio León Eloy s/art. 47 s/recurso de queja por denegación de recurso de inconstitucionalidad", rta. 29/12/2000), Aclarado ello, y siendo que como se ha expuesto anteriormente el suministro de alcohol ha sido debidamente probado en la presente, corresponde analizar la responsabilidad del encartado respecto del hecho.

Ahora bien, y tal como se ha expuesto precedentemente, las contravenciones de omisión impropia, requieren, entre otros recaudos que se acredite la posición de garante del imputado respecto del bien jurídico protegido. Así, en el caso el titular de la acción expresó que dicha posición era revestida por Pérez, puesto que era el encargado del local al momento del hecho y tenía su dominio funcional, a lo que se suma -que según surge del contrato social obrante a fs. 12/14- era socio de "Peña 2001 SRL", titular de la habilitación de "Perica".

De la lectura de los presentes actuados surge que en la noche del hecho José Luis Pérez se desempeñaba como encargado del local, de lo que da cuenta el acta obrante a fs. 4 así como la declaración del preventor Vera -quien lo reconoció y manifestó que se presentó como encargado-, a partir de ello, cabe concluir que el acusado era quien tenía a su cargo las actividades del comercio, y por tanto supervisaba y controlaba su funcionamiento.

Asimismo, es dable inferir que poseía el dominio funcional sobre el hecho, puesto que era el responsable del comercio, y estaba al mando, a lo que se suma que al ser uno de los socios titulares de la empresa tenía el suficiente poder de decisión como para evitar que en el local se suministrara alcohol a menores de dieciocho años. Por tanto, es quien debe responder por los peligros y riesgos creados por su propia actividad.

Al respecto, se ha expuesto que "... todos los ciudadanos son libres de configurar sus propias actividades y tareas personales, con la contrapartida de responder por los daños que ello cause a los demás ..." (Bacigalupo, Enrique, "Derecho Penal- Parte General", Ed. Hammurabi, Bs.As., 1999, pág 555), y que la razón de ello " ... radica en que la gente debe poder confiar en que quien ejerce el poder de disposición en un determinado ámbito o en un espacio delimitado, abierto a otros o desde el que cabe producir efectos sobre otros, controla los riesgos que puedan surgir en ese sector ...." (Jescheck, Hans-Heinrich; "Tratado de Derecho Penal- Parte General"; Ed. Comares; Granada; 1993; pág 570).

Por lo expuesto, cabe afirmar que asiste razón al Fiscal en cuanto imputó a Perez la contravención prevista por el art. 60 CC, por hallarse probado su carácter de encargado del local, como así también que tenía dominio directo y poder de disposición suficiente para evitar que en local a su cargo se suministrara alcohol a menores de 18 años. Asimismo, y toda vez que Perez se encontraba presente en "Perica" al momento del hecho, sabía que en el comercio se encontraban sentadas alrededor de una mesa 9 o 10 personas, y admitiendo la posibilidad de que se tratara de menores, omitió disponer que se verificara dicha calidad previo al suministro de alcohol, asintiendo así la producción del resultado.

Nótese en tal sentido que la cantidad de menores que se encontraban alrededor de la mesa y la circunstancia de hallarse en el comercio, ninguna duda deja acerca del efectivo conocimiento de la situación típica y de la existencia de su deber de actuar, es decir solicitar por sí o a través de personal a su cargo el documento a las menores a fin de evitar el suministro, realizando así una conducta contraria a la debida.

En razón de ello, es dable afirmar que el encartado tuvo dominio directo y control sobre las circunstancias del hecho, puesto que era quien se encontraba al mando del local y en una situación de competencia específica (el control y explotación del local, puesto que además era socio) que le obligaba a controlar los factores de peligro derivados de ella. En particular, como encargado, Perez en su función podía decidir a quien suministrar alcohol, y que exigencias solicitar en forma previa a hacerlo.

Por tanto, y teniendo en cuenta que "autor es quien domina el hecho, retiene en sus manos el curso causal, puede decidir sobre el si y el cómo o -mas brevemente dicho- quien puede decidir la configuración central del acontecimiento" (Zaffaroni, Raúl Eugenio; ob.cit., pág 741), no cabe duda alguna que el encartado tuvo el poder de decisión que le permitía evitar la conducta reprochada, razón por lo cual debe ser considerado autor de la contravención prevista en el art. 60 de la ley 1472.

Por lo hasta aquí expresado, es dable afirmar que se encuentran presentes en el caso los requisitos objetivos y subjetivos exigidos por el tipo aplicable, lo que justifica el reproche contravencional a José Luis Perez en carácter de autor a título doloso.

V.- Finalmente, y en cuanto a la pena, es dable señalar que conforme surge del alegato, el titular de la acción solicitó se imponga a Pérez una multa de dos mil pesos ($ 2000), monto que se encuentran dentro de los parámetros establecidos legalmente (art. 60 Ley Nº 1472).

Ahora bien, en cuanto a la graduación de la sanción, cabe mencionar que dicha tarea no es una cuestión que se encuentra sujeta a la exclusiva discrecionalidad del Juez, sino que debe fundarse en criterios racionales explícitos. Así lo establece el art. 26 del Código Contravencional, el que dispone que la sanción no debe exceder la medida de reproche por el hecho, y para elegirla y graduarla se deberán tener en cuenta "... las circunstancias que rodearon al hecho, la extensión del daño causado ... Deben ser tenidos en cuenta los motivos, la conducta anterior al hecho, las circunstancias económicas, sociales y culturales y el comportamiento posterior, especialmente la disposición para reparar el daño, resolver el conflicto, mitigar sus efectos y los antecedentes contravencionales en los dos (2) años anteriores al hecho del juzgamiento ...".

Al respecto, cabe tener en cuenta como agravante la lesión provocada en relación al bien jurídico tutelado por la norma, teniendo en cuenta la cantidad de menores a las que se les suministró alcohol (entre 7 y 10) y el horario nocturno en que ocurrió el hecho, lo que aumenta la situación de vulnerabilidad de las menores. Por otra parte, y como atenuantes corresponde considerar las condiciones socioeconómicas de Perez que se desprenden del informe socioambiental obrante a fs. 82/83, en cuanto a que sus ingresos no cubrirían las necesidades de un grupo familiar, como así también la falta de antecedentes contravencionales del imputado según se desprende del informe del Registro de Contravenciones (fs. 88).

A partir de lo expresado, cabe imponer a José Luis Perez la pena de un mil pesos ($1000) de multa, con costas (art. 14 LPC). La sanción impuesta resulta proporcional al hecho endilgado, cumpliendo ambos aspectos del principio de proporcionalidad de la pena, los que según ha expresado Santiago Mir Puig son dos "..Por una parte, la necesidad misma de que la pena sea proporcionada al delito. Por otra parte, la exigencia de que la medida de la proporcionalidad se establezca en base a la importancia social del hecho (a su nocividad social)" ("Derecho penal", Ed. Tecfoto, Barcelona, 1996, pág 100).

Ahora bien, cabe tener en cuenta lo dispuesto por el art. 46 de la Ley 1472 en cuanto faculta al juez a dejar en suspenso el cumplimiento de la pena cuando sea la primera condena, y de la valoración de los antecedentes personales, modo de vida, naturaleza, modalidades y móviles de la contravención presume que el condenado no volverá a incurrir en una nueva contravención de la misma especie. Del análisis de los presentes actuados y siendo que el encartado no posee condenas anteriores, sumado a que no surge elemento alguno que impida efectuar dicha presunción, corresponde suspender su cumplimiento (arts. 26 Ley Nº 1472).

Asimismo, y a la luz del art. 45 CC, este Tribunal considera adecuado al caso que el encartado fije residencia y comunique a la Fiscalía el cambio de ésta y cumpla con las citaciones o requerimientos que la Fiscalía o el Juzgado hiciere (incs. 1 y 2) por el plazo de seis (6) meses.

Por lo hasta aquí expresado, el Tribunal:

RESUELVE:

I.- RECHAZAR el planteo de inconstitucionalidad del art. 432 CPPN impetrado por la Paz.

II.- REVOCAR la sentencia recurrida, obrante a fs. 149/154 vta, en cuanto absuelve a José Luis Pérez y CONDENARLO por ser autor de la contravención prevista en el art. 60 de la Ley Nº 1472, en su carácter de encargado del local, conducta que se llevó a cabo en su forma dolosa a la pena de un mil pesos ($ 1000) de multa; cuyo cumplimiento se deja en suspenso; disponiendo que el nombrado cumpla durante el término de seis (6) meses las siguientes reglas de conducta: a) fijar residencia y comunicar a la Fiscalía el cambio de ésta, b) cumplir con las citaciones o requerimientos que la Fiscalía o el Juzgado le hiciere. (arts. 22 inc. 2, 25 inc. 2, 26, 29, 45 incs. 1 y 2, 46 y 60 de la ley 1472). CON COSTAS (art. 14 LPC).

III.- CONFIRMAR la sentencia impugnada, obrante a fs. 149/154 vta, en cuanto ABSUELVE a Daniel Marcelo Taboada, de la contravención prevista en el art. 60 CC -hecho acaecido el 29 de abril de 2006 en Avda. Libertador 2004 de esta ciudad- SIN COSTAS.

Regístrese, notifíquese con carácter de urgente y remítase al Juzgado de Primera Instancia interviniente, a sus efectos.

Ante mí RI