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Justicia militar, juicio sumario en tiempo de paz, delitos cometidos durante actividades antisubversivas, competencia federal, recurso militar ante la justicia federal, avocación jurisdiccional, Cámara de Apelaciones, Superior Tribunal de la Causa, recurso extraordinario, procedencia del recurso
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: LUCIANO BENJAMIN MENENDEZ. s/ CUESTION    MILITAR-    SENTENCIA    DEFINITIVA-  TRIBUNAL  SUPERIOR-  IMPROCEDENCIA   DEL  RECURSO  EXTRARDONARIO-    DELITOS    MILITARES.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-08-27

Cuando la justicia militar actúa con arreglo a lo dispuesto en el art. 10 de la ley 23.049, reconoce en principio su alzada natural en la Cámara Federal de Apelaciones con competencia en el lugar del hecho que originó el proceso -regla que concuerda con la facultad de avocación que también se le asigna-, de modo que ésta vendría a constituir en tales supuestos el superior tribunal de la causa en los términos del art. 14 de la ley 48, porque sería el órgano habilitado para decidir en última instancia sobre las cuestiones federales que se planteen. En el caso, el apelante debió intentar la impugnación ante la Cámara Federal correspondiente en lugar de traerla de modo directo a la Corte, sin requerir antes el pronunciamiento del superior tribunal de la causa; o, cuando menos, hubiera sido imprescindible que demostrase de manera acabada la inhabilidad de aquella vía para examinar su agravio.
Competencia, expediente, radicación del expediente
Materia: PROCESAL
Carátula: CAMECIAR c/ COMUNA DE ALVEAR s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-10-23

La decisión sobre la caducidad -en el caso, de segunda instancia- le compete al tribunal ante el cual se encuentra la causa al tiempo de la articulación; de manera que si los autos no han sido elevados, no obstante mediar notificación de la sentencia y concesión del recurso, corresponde que la cuestión sea resuelta por el juzgado ante el cual tramitan. (Del voto del Dr. Netri, al que adhieren los Dres. Gastaldi, Falistocco y Erbetta) - CITAS: S.T.S.F., Sala 2°, 21.10.1947, J.T.S.F. 26-435 y R.S.F. 18-44. - DOCTRINA: Cabal, Justo I. y Atienza, Antonio, "Anotaciones interpretativas al Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe Ley 2924. Concordadas con la Ley 5531", Zeus, 1975, pág. 201; Alvarado Velloso, Adolfo, "Estudio del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe", actualizado por Angelomé, Nelson E., Ed. Fundación para el desarrollo de las Ciencias Jurídicas, 2014, Tomo 3, págs. 1840/1841.
Medidas autosatisfactivas, derecho a la vivienda digna, menores, situación de calle
Materia: PROCESAL
Carátula: B. G. A.  c/ M. D. V. L. A.  s/ medida autosatisfactiva
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2023-05-24

La Municipalidad deberá brindarle a la actora y a sus hijos menores de edad una solución concreta que le permita salir de inmediato de la situación de calle, toda vez que, ante una petición de una persona vulnerable en múltiples aspectos, sustentada en un derecho fundamental reconocido por todos los órdenes normativos, el Estado municipal accionado no ha ejercido política concreta. Ante este panorama, en las particulares circunstancias de este caso, la medida autosatisfactiva se presenta como el medio idóneo para paliar los efectos agraviantes de esta omisión estatal (cfr. art. 52 ley 2302). Cierto es que la parte actora no ha denunciado la falta de realización de un acto concreto (vgr. inclusión en algún programa municipal, otorgamiento de un subsidio o ayuda económica, etc.) pero ello no es óbice para acoger el remedio interpuesto.
Contrato de trabajo, encargados de casas de renta, extinción del contrato de trabajo, indemnización agravada
Materia: LABORAL
Carátula: "Castro,  Andrés c/ Cons. Prop. Edif. Torre 7 Barrio Gral . Savio s/ Despido".
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-12

No resulta procedente el incremento previsto en el art. 2 de la ley 25323 pues la norma sólo está referida a las indemnizaciones por despido que emergen de la ley general, y no a las consecuencias indemnizatorias que derivan de un estatuto particular. No se deja de apreciar que la intención del legislador ha sido agravar ciertas obligaciones indemnizatorias cuando el trabajador se viere obligado a promover una acción judicial o administrativa; pero tampoco se puede dejar de observar que ambos artículos de la ley 25323 han circunscripto expresamente la operatividad de la norma a las indemnizaciones derivadas de la ley general a diferencia de lo que ocurrió, por ejemplo, al sancionarse el art. 15 de la LNE en el que se hizo referencia expresa a las indemnizaciones que pudieran corresponder al trabajador "como consecuencia del despido". Desde esa perspectiva y dado que en autos las indemnizaciones por despido no derivan de ninguna de las leyes generales mencionadas en la ley 25323, se concluye que la demanda por el incremento previsto en el art. 2 de esa ley no puede recibir favorable acogida (art. 499 C. Civil).
Período fiscal de liquidación, impuestos
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Generación 2010 SA c/ GCBA s/ impugnación actos administrativos s/ recurso de apelación ordinario concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-03

No basta, a fin de demostrar que en determinado período fiscal no se ha tenido actividad, con sostener que se la está obligando a demostrar un hecho negativo, en tanto no hizo esfuerzo alguno en poner al Fisco, ni aun a la Cámara, en situación de examinar, por ejemplo, una contabilidad completa y consistente de la que surgiera que no operó en el lapso que interesa, o bien libros laborales consistentes con su postulación, o haber carecido de instalaciones a ese fin o haberlas incorporado en época posterior, etc. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Recurso de casación, inadmisibilidad formal, contrato de trabajo, transferencia del contrato de trabajo
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: REYNOSO CARLOS c/ BODEGAS Y VIÑEDOS GIOL  E.E.I.C. s/ RECURSO  DE  ACLARATORIA  -  RECURSO  DE CASACION - RECURSO DIRECTO -  CREDDITOS LABORALES - INTERESES
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-06-10

La queja por la inobservancia del "principio de la sana crítica racional (art. 99 inc. 2do. en función del 65 inc. 2do. de la Ley 7987) no puede ser admitida formalmente desde que no demuestra el vicio denunciado, sino solamente una discrepancia con la solución de la a quo. Esta se amparó en una presunción que deriva de la ley ante la injustificada omisión de la agraviada en realizar los exámenes preocupacionales, omisión que -a criterio del Tribunal de Mérito-le acarrea una presunción en su contra que arrastra las otras circunstancias supuestamente eximitorias de responsabilidad planteadas por la accionada y tenidas en cuenta por la a quo. El Juzgador concluye que cuando se operó la transferencia del contrato de trabajo la adquirente tomó la totalidad de las obligaciones emergentes del mismo sin haber dado cumplimiento a la cláusula tercera de la oferta de compra que prescribía la realización de exámenes médicos a efectos de deslindar la responsabilidad de la anterior empleadora. La conclusión se vió abonada por la falta de exhibición de los exámenes médicos de control establecidos por la Ley 19587 y decretos reglamentarios. Todo lo cual ocasionó "la falta de limitación de la responsabilidad de la demandada". Esta valoración probatoria no puede ser revisada en esta instancia.-
Juicio de apremio, intimación de pago
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Campodónico, Juan Tomás c/ Municipalidad de Tres Lomas s/ Incidente de nulidad de notificación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-11-19

Siendo que el lugar de cumplimiento de los gravámenes que se ejecutan es la Tesorería Municipal de la Municipalidad de Tres Lomas, se ajusta a derecho la intimación diligenciada en el mismo inmueble sobre el que pesan los tributos reclamados, sito en la zona rural del mismo Partido. Es obvio que mal podría la Municipalidad intimar al pago al contribuyente demandado en las oficinas de la misma comuna.-
Derecho a la identidad, negación de la paternidad
Materia: CIVIL
Carátula: DIAZ JUAN CRUZ c/ BEHERAN JUAN PABLO s/ ORDINARIO FILIACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2017-12-28

El objetivo fundamental de encontrar la verdad objetiva respecto a su identidad personal con las connotaciones y proyecciones que ello conlleva, no puede considerarse plenamente cumplido o satisfecho si la exclusión de la paternidad del demandado en aquella oportunidad se sustentó pura y exclusivamente en una prueba pericial cuyos resultados no pueden indicarse como terminantes o concluyentes considerando los avances científicos y la mayor precisión que al respecto arrojan los estudios de ADN.
Interdictos posesorios, cuestiones contradictorias
Materia: PROCESAL
Carátula: ABALLAY, Alejandro c/ Agüero, Mario R. s/ Sumario - Cobro de Medianería
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2016-02-24

El a quo se basó también en la contradicción puesta de manifiesto en los propios actos realizados por el actor, tales como sus afirmaciones expuestas en la demanda y los actos intimatorios previos (cartas documento).

En su libelo inicial, la parte actora manifiesta que el demandado había plantado en la línea divisoria del inmueble una hilera de árboles que dificultaba la construcción de un alambrado para delimitar convenientemente los inmuebles, posteriormente afirma que por resultar oneroso el presupuesto de costos para ello, sólo procedió a la construcción del alambrado divisorio o medianero.

Confirma tal afirmación, la reserva que efectúa el actor para demandar oportunamente "el corte y erradicación de los árboles que dificultan y entorpecen el límite medianero". Se concluye que la línea divisoria de árboles -que se presume medianera, no fue erradicada y continuaba delimitando las propiedades.
Honorarios del abogado, cosa juzgada
Materia: LABORAL
Carátula: Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ Tercería de dominio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-05-29

Firme la regulación de honorarios profesionales comprensiva de todos los trabajos realizados en el juicio, no puede efectuarse una nueva regulación por la misma causa sin violar los principios de preclusión y cosa juzgada (arts. 163 inc. 8 y 166, C.P.C.C. 43 y 47 del dec.ley 8904/77).
Jubilaciones, haber jubilatorio, razonabilidad, docentes, recurso contencioso administrativo, intereses, tasa pasiva
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: TRUJILLO, EMILIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION LOPEZ JORDAN, MARIA MERCEDES c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION PRIDA, NELDA ELIDA PERREN DE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION MANZANO MORENO, ELENA AMALIA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION GAFFURI, MARIA TERESA ESTELA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-05-06|1992-05-14|1992-05-20|1992-05-27|1992-05-27

Corresponde recomponer el haber jubilatorio del recurrente docente-, (leyes 8312, 8593, 9226 y 9360 y sucesivas), determinándolo de modo que refleje las modificaciones de la remuneración del personal activo que reviste en el cargo desempeñado por el pasivo, debiendo computarse a tal efecto los incrementos en la cantidad de puntos asignados al cargo y el aumento del valor del punto. Las diferencias resultantes serán actualizadas, con más intereses hasta el efectivo pago.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, robo, agravantes de la pena, robo con armas, intimidación, graduación de la pena, leyes, interpretación sistemática
Materia: PENAL
Carátula: V, M y OTRO s/ Recurso de Inaplicabilidad de la doctrina legal - Robo (Expte.: Nro.  149 año 2003) (Tribunal Pleno) En el caso la cuestión a resolver es: El   empleo de un arma de fuego inhábil para el disparo por defecto, ¿conforma    la circunstancia agravante prevista en el art. 166, inc. 2º del Código Penal?
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-05-27

El estudio sistemático de la figura del robo permite detectar tres niveles de afectación que merecen -al representar distintos grados de intensidad en el resultado vulnerante de defensas- tratamiento y sanciones diferentes. Así, en un primer nivel genérico y en el tipo básico del art. 164, el Código Penal aglutina cualquier tipo de intimidación, sin especificar, constituyéndose por tanto en un nivel residual por defecto de verificación de los niveles superiores, a la que se le dedica la sanción de menor gravedad: un mes a seis años. El segundo nivel se ve en los incisos 1 y 2 del art. 167 -robos en despoblado, o en poblado y banda- supuestos en los cuales no es posible cuestionar que se está contemplando también el mayor estado de indefensión que el lugar o las circunstancias previstas provocan para la víctima, quien sabiendo de la absoluta improbabilidad de contar con algún tipo de ayuda en tales supuestos se siente presa de un mayor temor.

La intimidación que se ejerce mediante estas modalidades comisivas del robo es, evidentemente, reputada por la ley como de mayor intensidad, y por ello les dedica una sanción sustancialmente mayor a la anterior: prisión de tres a diez años.

Finalmente, y en el tercer nivel, prevé otras dos formas comisivas del robo en las que estima se produce una mayor afectación de los medios de defensa de la víctima: el robo con armas, o en despoblado y en banda, modalidades en las cuales el efecto intimidante hacia el sujeto pasivo puede estimarse total y absoluto, a excepción de eventuales actitudes temerarias que -por infrecuentes- no hacen más que confirmar la regla, para las cuales prevé una pena de cinco a quince años.

Estas figuras de agravamiento progresivo del robo, son inequívocamente demostrativas de que se está cuantificando la intensidad de la intimidación y su efecto vulnerador de las defensas. No se aprecian en cambio, figuras progresivas que fragmenten y diferencien distintas intensidades del peligro para la víctima que todo robo con violencia física hacia las personas contiene en la figura básica. (Del Voto Del Dr. Jukic)
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, emergencia económica, reordenamiento del sistema financiero, límite a la extracción de fondos, competencia federal, leyes, inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: MARTOCCHIA, JUAN RUBEN Y OTRA c/ B.B.V.A- BANCO FRANCES s/ Cuestión a resolver ¿son competentes los tribunales ordinarios para  entender en las acciones contra instituciones financieras por  cumplimiento de contratos bancarios relacionados con las  disposiciones contenidas en la ley 25561/02, sus reglamentaciones y  complementarias? (Expte.: nro. 108, año 2002) (Tribunal Pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-08-04

Son inconstitucionales los arts. 1 y  6 de la Ley 25.587, en cuanto disponen que corresponde a la justicia federal la tramitación de los procesos judiciales "de cualquier naturaleza" en los que se "demande" a algunos sujetos de derecho (o sea, cuando los beneficiados actúen como demandados pero no cuando lo hagan como actores) entre los que se encuentran las entidades integrantes del sistema financiero.

Ello así, porque lo que se pretende es sacar a ciertos justiciables -los depositantes- de sus jueces naturales, que son los designados por ley antes del hecho de la causa (art.18 C.N.), trasladando la competencia a otro fuero; aún en caso donde la principal materia debatida es un contrato de la legislación común entre particulares -donde desde siempre interviene la justicia provincial cuando actúa como actor un banco que demanda a un particular-, por lo que -en apariencia- su finalidad no es preservar la materia comprometida, sino otras extrañas al adecuado servicio de justicia, produciendo la concentración de causas el efecto de retrasar o imposibilitar materialmente el atendimiento de los reclamos de los particulares, a raíz del abarrotamiento de juicios en una justicia federal sobrepasada en su estructura funcional por las miles de demandas generadas en el llamado corralito, ya puesta de manifiesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las acordadas Nro. 11-22/marzo/02- y 15-11/abril/02- , adoptando paliativos para superar la situación de privación de justicia, pero que obviamente no alcanzan al no cubrir la posibilidad de decisión. (Del Voto del Dr. Drago).
Jerarquía constitucional, interpretación de tratados internacionales, jerarquía de las leyes, derechos políticos, Pacto de San José de Costa Rica
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Alianza   "Frente   para   la  Unidad"  (elecciones  provinciales gobernador  y vicegobernador, diputados y senadores provinciales) s/ oficialización listas de candidatos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-27

Cuando un criterio discriminatorio está expresamente vedado -como resulta del art. 23 in fine del Pacto de San José de Costa Rica- no existe margen de apreciación alguna para el legislador de rango inferior, el que debe limitarse a respetar la prohibición constitucional (Voto del Dr. Enrique Santiago Petracchi).
Concurso de delitos, concurso aparente de leyes, falsificación de documentos, falsificación de instrumento privado, falsificación de instrumento privado equiparable al público, uso de documento falso, concurso ideal, estafa, tentativa
Materia: PENAL
Carátula: Fernández, Horacio V. s/ c. 26.169
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-09-08

Si bien existe entre las figuras de los arts. 292 y 296 del C.P., un concurso aparente de leyes, la acción del reprochado quien, participó como mínimo en la confección de un documento de identidad apócrifo, utilizándolo con miras a producir un perjuicio ya latente, queda subsumida por el uso de dicho documento en la figura del art.

292 mencionado, la que concurre materialmente con el de uso de documento privado falso - tal el caso del certificado de ingresos engañosamente obtenido - e idealmente con la estafa en grado de tentativa que corresponde a toda la maniobra llevada a cabo con otro fin determinado, no compartiendo por ello que se considere la acción desplegada como un mero acto preparatorio, sino dirigido a la perpetración de un ilícito, sin que en nada influya la falta de perjuicio que hubiera originado su concreción.
Contratos, resoluciones
Materia: CIVIL
Carátula: Montemerlo,Osmar José. c/ Miguel Cotich. s/ Resolución de Contrato.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1994-02-25

Si bien es cierto que el actor no delinea el caso con la precisión que la postulación merece, no puede ser otra la determinación y encuadre legal del mismo, dado el vicio que denuncia: adulteración de la numeración del motor. Ello así pues si bien se plantea un presunto incumplimiento por falta de entrega de la cosa vendida, de las constancia de la causa surge evidente que no es éste el supuesto, toda vez que la cosa fue entregada, aunque el comprador aduce que la misma contiene un vicio que imposibilita su inscripción, cual es la mencionada en el párrafo anterior. Bajo esa perspectiva entiendo, en virtud del principio iura novit curia, que el actor ha ejecutado la acción autónoma surgente del art.2174 del Código Civil, en concordancia con lo dispuesto por el art.1414 del mismo cuerpo legal. Se trata pues de una garantía que la ley reconoce a todo adquirente a título oneroso para ponerlo a cubierto de sorpresas desagradables y brindar seguridad en los negocios jurídicos, acordándose aún contra el enajenante de buena fe.
Prueba pericial, daño psíquico, peritos
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: Rada Enrique Fernando y otros c/ Banco de Río Negro S.A. s/ Reclamo s/ Inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2000-11-16

La prueba pericial será procedente cuando la demostración de los hechos litigiosos requiera conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, industria o actividad técnica especializada. La determinación del estado anímico de una persona y la posibilidad de la existencia del daño psicológico, así como su intensidad y pronóstico, exceden el marco de la competencia de la abogacía, siendo de incumbencia de los profesionales del campo de la salud mental, autorizados por ley". Agregaba que "... la forma en que se vaya concretando la relación jurídico procesal será determinante de la calidad y cantidad de ítems sobre los que versará el peritaje. Ello es así, pues las pretensiones esgrimidas en el reclamo de la parte actora y las negaciones de su adversaria, constituirán la materia a decidir con respecto al daño psicológico".(Mayoría de los Dres. Lutz y Sodero Nievas).
Recurso de inconstitucionalidad, denegatoria del recurso, aplicación de la ley, acción de amparo
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Subelza, Marcelo Gustavo c/ GCBA s/ amparo - otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-11-04

Si bien el recurrente postula que, al determinar que la jornada laboral del actor no debía exceder las 6 horas diarias, la Cámara invadió facultades que le correspondían exclusivamente al poder ejecutivo local, no se hace cargo de que la solución cuestionada se sostiene sobre la base de la interpretación de una norma que emana de ese poder. En efecto, la Cámara resolvió la cuestión sobre la base del art. 3, inciso (a) del decreto n° 937/07 y del art. 29 de la ordenanza n° 40403. Frente a ello, el GCBA no indica cuál sería la potestad o la norma de él emanada que el a quo omite atender. En suma, el GCBA no logra conectar adecuadamente sus agravios con las normas constitucionales que aduce conculcadas (arts. 1, 80 y 102 de la CCABA y arts. 17 y 18 de la CN). (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Robo con intimidación en las personas, tentativa
Materia: PENAL
Carátula: KOSAC, Jorge A. y otros s/ sobreseimiento prov. Causa nro. 26992
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-08

La intimidación tuvo el grado de gravedad exigido y su fracaso habría tenido lugar como consecuencia de causas ajenas a la voluntad del agente, por lo que estaríamos ante la figura de tentativa -art. 42 del Código Penal -.El delito de intimidación se consuma cuando el sujeto pasivo se ha desapoderado de la cosa, mientras que "la tentativa se determina por la formulación intimidatoria de la exigencia a través del comienzo de la formulación de la amenaza o de la falsa invocación de autoridad u orden de ella".
Proceso penal, defensa en juicio, imputado, situación del imputado, facultad de interponer recursos, designación de defensor
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Godoy, Eduardo Luis s/ causa Nº 37.016.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-12-04

Los reclamos de quienes se encuentran privados de su libertad, más allá de los reparos formales que pudieran merecer, deben ser considerados como una manifestación de voluntad de interponer los recursos de ley, y es obligación de los tribunales suministrar la debida asistencia letrada que permita ejercer la defensa sustancial que corresponda. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Silva, Marcos Alejandro s/ Robo con armas - Privación ilegal de la libertad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-08-20

Es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que respecto a la aptitud ofensiva del arma no intenta demostrar que la prueba testimonial utilizada no la acredita.