Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-09-30


Expte. Nº 5990 caratulado "AGÜERO Juan Carlos y otra c/ Moreno Fernando Gabriel y otros - Daños y perjuicios - S/ Inconstitucionalidad y Casación"	En la Ciudad de San Juan, a treinta días del mes de septiembre del año dos mil catorce, reunidos los señores Miembros de la Sala Primera de la Corte de Justicia según ha sido integrada para entender en esta causa, doctores Adolfo Caballero, Ángel Humberto Medina Palá, Carlos Eduardo Balaguer, a fin de resolver los recursos de inconstitucionalidad y casación interpuestos por la parte actora, contra la sentencia dictada por la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería en fecha veintidós de noviembre de dos mil doce en autos Nº 10901 (45939) caratulados: "Agüero, Juan Carlos y otra c/ Moreno, Fernando Gabriel y otros - Daños y perjuicios-"; procedieron a considerar las siguientes cuestiones: ¿Son procedentes los recursos de inconstitucionalidad y casación deducidos en autos? En su caso: ¿Qué resolución corresponde dictar?.------ --- EL SEÑOR MINISTRO DR. ADOLFO CABALLERO, DIJO:--- --- I. La sentencia y sus fundamentos:-------------- --- En la sentencia impugnada, por voto mayoritario del tribunal, se hizo lugar a la apelación de la compañía aseguradora y, con ello, al incidente de declinación de cobertura opuesto por esa parte. Así, la citada en garantía quedó exonerada de responsabilidad. Esta decisión se adoptó a partir de otorgar validez a la cláusula contractual contenida en la póliza según la cual la compañía aseguradora no debe responder "cuando el tercero sea transportado en lugar no apto a tal fin". A ese efecto, se equiparó la situación del "conductor-autorizado" a la de los "asegurados", estableciendo -además- que dicha cláusula resultaba oponible a los reclamantes, padres del menor fallecido.- --- Para fundar esta decisión, la primera magistrada, cuyo voto vino a conformar luego la decisión mayoritaria del tribunal, partió del análisis de las actuaciones penales. Dijo que de ese expediente surgían las siguientes circunstancias fácticas: a) que el conductor del camión -hijo de uno de los asegurados- conducía sin carné habilitante; b) que la víctima, al momento del accidente, era transportada en la caja del camión; c) que el conductor no había verificado las condiciones de seguridad del vehículo ni circulaba con precaución (art. 39, de la ley 24.449).----------------------------- --- A continuación, la jueza aclaró que había modificado su criterio en relación al alcance de las cláusulas contractuales de exclusión de cobertura a partir de la sentencia dictada en los autos "Aciar c/ Vargas" (10/08/2012). Dijo que en esa resolución admitió la declinación de cobertura en un caso en que el conductor era una persona distinta del asegurado y, además, la consideró oponible al damnificado del siniestro. A continuación, reprodujo algunos de los argumentos en que se fundó para adoptar aquella decisión: a) que todo cuanto tenga que ver con la extensión del "riesgo" y los beneficios otorgados en la póliza debe interpretarse restrictivamente, a fin de evitar el desequilibrio entre las prestaciones del asegurado y de la aseguradora; b) que la resolución 21.999 de la Superintendencia de Seguros de la Nación, mencionada en la póliza, establece que "el asegurador se obliga a mantener indemne al asegurado y/o la persona que con su autorización conduzca el vehículo" . y que . "la inclusión de la cobertura al conductor, queda condicionada a que éste cumpla las cargas y se someta a las cláusulas de la póliza". Sobre la base de esas consideraciones, la camarista concluyó que cuando el conductor es una persona distinta a la del asegurado, asume la misma posición que el titular de la póliza en el contrato de seguro.---------------------------------------------- --- Seguidamente, la magistrada aludió a doctrina que distingue entre "cláusulas de caducidad" y "cláusulas de exclusión" de la cobertura asegurativa. Dijo que las primeras son sanciones que se establecen para el caso de incumplimientos a los deberes impuestos a los asegurados, mientras que las segundas, ya sea que tengan fuente normativa o convencional, describen circunstancias que directamente excluyen la cobertura. Que estas últimas son válidas en tanto no resulten abusivas y que se insertan en las pólizas bajo la supervisión de la Superintendencia de Seguros de la Nación. La jueza dejó a salvo su opinión en el sentido de que no todas las exclusiones de cobertura constituyen el presupuesto de "culpa grave", causal, esta última, que sólo puede ser invocada cuando quien conduce es el asegurado.-------------------------------------------- --- Sentado ello, la sentenciante ingresó al análisis de las dos cláusulas invocadas por la aseguradora: 1) carecer el conductor de la habilitación correspondiente; y 2) transportar a un tercero en lugar no apto a tal fin. En términos generales, dijo que se trataba de cláusulas razonables, claras y que no contradecían ninguna norma de la Ley de Seguros ni de la Ley de Defensa al Consumidor (ley 24.240). Concluyó que ambas disposiciones se encontraban vinculadas con el "riesgo asegurado", que hacían a la función social del seguro y que, por lo demás, respondían a la normativa dictada por la Superintendencia de Seguros de la Nación. A continuación, la jueza pasó a examinar, en particular, cada una de las causales y su incidencia en el caso.-- --- Respecto de la "falta de habilitación del conductor", dijo que no podía sustentar la pretensión de la aseguradora de eximirse de responsabilidad en tanto el siniestro se había producido por las condiciones en que se encontraba el vehículo y por el lugar en que era transportado el sujeto-víctima, mas no por la falta de habilitación de quien conducía el camión. En definitiva, juzgó que esa causal de exclusión no había incidido en la mecánica del accidente.-------------------------- --- En cuanto a la segunda de las causales, vinculada con el lugar en que el menor era transportado -en la caja del camión, apoyado sobre un colchón que a su vez se había colocado sobre bebidas-, entendió que sí resultaba válida para hacer prosperar la exoneración de responsabilidad pretendida por la aseguradora. Para así decidir, partió de la base de que tanto el conductor del camión como la víctima habían asumido el riesgo de esa conducta, proceder que, por otra parte, resultaba violatorio de los artículos 97 a 121 del decreto 2132-G-80, reglamentario de la ley 3879 (no derogado por la ley 7536).----------------------------------------- --- La sentenciante transcribió jurisprudencia según la cual el seguro automotor, pese a su obligatoriedad, no deja de ser un seguro celebrado a favor del asegurado en tanto tiene por finalidad mantener indemne su patrimonio, más allá de que eventualmente el contrato pueda beneficiar a los damnificados. Refirió también que el artículo 68 de la ley 24.449 remite a las disposiciones del seguro de responsabilidad civil (arts. 109 a 120 de la ley 17.418), a lo establecido en la póliza y, en lo pertinente, a las resoluciones de la Superintendencia de Seguro de la Nación; en especial, que le resultaba de aplicación el artículo 118 de la Ley de Seguros, en cuanto dispone que las aseguradoras deben responder frente a terceros "en la medida del seguro".- --- Afirmó, a continuación, que la función social del seguro automotor no autorizaba a desconocer el sistema donde se inserta esta figura jurídica ni las expresas cláusulas pactadas en el contrato (cf. art. 1197 del Código Civil), siendo las mismas oponibles a los terceros. El voto concluye admitiendo la segunda causal contractual de exclusión -haber sido el tercero transportado en lugar no apto-, con la aclaración de que se trataba de un supuesto distinto al de "culpa grave".- --- El magistrado que le siguió en el orden de la votación coincidió con la opinión precedente. En cuanto a que la primera de las causales -falta de habilitación para conducir- dijo no podía sustentar la declinación de cobertura en la medida que esa circunstancia no había incidido en la mecánica del accidente. Respecto de la segunda cláusula de exclusión, esto es, haber sido la víctima transportada en un lugar no habilitado, agregó que sí era oponible a los reclamantes porque ". no hay razón legal para limitar los derechos del asegurador prescindiendo de los términos del contrato de seguro (art. 1199 del Cód. Civil)". En concreto, el segundo magistrado que integró el voto mayoritario juzgó que correspondía eximir de responsabilidad a la aseguradora, en lo que respecta al seguro voluntario de responsabilidad civil. Agregó que la oponibilidad de estas cláusulas contractuales había sido validada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en casos de siniestros que ocurren en contravención a las leyes y reglamentos sobre seguridad e higiene.-------------- --- II. Los recursos de inconstitucionalidad y casación. Fundamentos.---------------------------------------- --- Contra dicha resolución, la actora interpone los recursos extraordinarios de inconstitucionalidad y casación.--------------------------------------------- --- II.1. Al primero de ellos, lo subsume en el artículo 11, inciso 3° de la ley 2275, atribuyéndole arbitrariedad a la sentencia por considerarla violatoria de su derecho de defensa y propiedad.----------------- --- En primer lugar, se agravia de que el voto mayoritario haya omitido pronunciarse respecto de la objeción opuesta por su parte en el sentido de que el plazo para declinar la citación estaba vencido y que la comparencia de la aseguradora al juicio importó asumir la defensa del asegurado. En segundo lugar, sostiene que el voto que encabeza la decisión de la mayoría incurre en un defecto de fundamentación, al interpretar erróneamente la ley y el contrato de seguro. Dice que el pronunciamiento resulta contradictorio cuando, por un lado, se invoca el principio de relatividad de los contratos, según el cual las convenciones hechas entre las partes no pueden perjudicar a terceros, mientras que, en otro pasaje posterior, sienta la premisa contraria. El mismo defecto le endilga a la siguiente opinión que integró la mayoría.------------------------ --- A continuación, la recurrente dice que el fallo resulta arbitrario en cuanto se aparta de doctrina obligatoria fijada por esta Corte en el caso "Godoy, Patricia Beatriz", circunstancia que -a su entender- importa desconocer el artículo 209 de la Constitución de la Provincia y artículo 10 de la ley 2275. Destaca que en ese precedente se estableció que la cláusula de exclusión fundada en la falta de carné para conducir, no resultaba válida ni oponible a los damnificados cuando el "conductor" es un sujeto distinto del "asegurado" (cf. arts. 114 y 158 de la Ley de Seguros). La quejosa afirma que esa doctrina es aplicable al caso puesto que quedó demostrado que el camión era conducido por el hijo del asegurado, no por este último.-------------------- --- II. 2. En lo que al recurso de casación respecta, la actora lo encuadra en ambos incisos del artículo 15 de la ley 2275. Afirma que el a quo ha interpretado erróneamente los artículos 1195 y 1199 del Código Civil y el artículo 114 de la Ley de Seguros.--------------- --- Además, le endilga al voto mayoritario haber dejado de aplicar el artículo 209 de la Constitución Provincial y el artículo 10 de la ley 2275, normas que -a su criterio- imponen la aplicación al caso de la doctrina fijada in re "Godoy". La recurrente destaca que en ese precedente, este Tribunal sostuvo que la cláusula contractual de exclusión de cobertura por falta de carné habilitante no podía oponerse a la parte damnificada puesto que el conductor del vehículo no era el asegurado sino un tercero autorizado (arts. 114 y 158 de la Ley de Seguros). Explica que si bien ese caso versó respecto de una causal de exclusión distinta a la que ha sido determinante en el presente caso, aquella tesis resulta válida para resolver el sub examine ya que en ambas situaciones el vehículo no era conducido por el asegurado. Dice que esta última circunstancia es determinante para rechazar la declinación de cobertura.- --- Sustanciados ambos recursos con la aseguradora, ésta contestó solicitando su rechazo (fs. 122/137). A su turno, el Fiscal General de la Corte dictaminó en el sentido de que el recurso de inconstitucionalidad debía ser denegado (fs. 140/142).-------------------------- --- III. Aclaraciones previas. Circunstancias fácticas:- --- Previo a ingresar al estudio de fondo de las cuestiones traídas, haré una breve reseña de los antecedentes de la causa, según emerge del expediente principal que tengo a la vista.----------------------- --- III.1. Los actores, padres de un menor fallecido como consecuencia de un accidente de tránsito, dirigen su demanda de daños y perjuicios contra el conductor del camión en el que su hijo era transportado y también contra los titulares registrales de dicho vehículo. Reclaman daño material y moral. Al contestar demanda, los propietarios del camión (tomadores del seguro) citan a la compañía aseguradora. La empresa de seguros comparece al proceso pero, en su primera presentación, declina la cobertura asegurativa invocando tres causales: a) que el conductor, hijo de uno de los asegurados, carecía de licencia habilitante al efecto, b) que los asegurados no comunicaron la producción del siniestro en el tiempo estipulado y; c) que al momento del accidente, el menor fallecido era transportado en un lugar no habilitado.----------------------------------- --- La jueza de primera instancia hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios contra el conductor y los propietarios del camión, atribuyéndole un cien por ciento de la culpa a quien conducía el vehículo. En forma concomitante, rechazó el incidente de declinación de cobertura planteado por la aseguradora con sustento en el precedente "Godoy" de esta Corte y, con ello, hizo extensiva la condena a la aseguradora. Dicha sentencia fue apelada por esta última parte, recurso que fue receptado por el tribunal de alzada que terminó por eximir de responsabilidad a la aseguradora al hacer lugar al incidente de declinación de cobertura, según los fundamentos expuestos en el punto I de esta resolución. Los restantes agravios, relacionados con la distribución de la culpa y al monto de los daños, fueron declarados abstractos por el a quo.------------------- --- III.2. Las circunstancias fácticas relevantes del caso, según han sido fijadas por las instancias de mérito y no controvertidas en esta sede, son las siguientes: a) el siniestro ocurrió el 30 de abril de 1999, en oportunidad en que un camión era conducido por el hijo de uno de los titulares registrales, mientras se dirigía junto con otros pasajeros hacia la localidad de Mogna de esta Provincia; b) el conductor carecía de carné habilitante para conducir (en aquel entonces, tenía 18 años); c) el menor, fallecido como consecuencia del accidente, era transportado en la "caja" del camión; a ese efecto, se habían colocado colchones sobre los cajones de bebida ubicados en la carrocería posterior del vehículo; d) las causas determinantes de la muerte del menor fueron las siguientes: el camión no se encontraba en buenas condiciones para circular, el conductor no mantuvo el dominio del rodado y la víctima era transportada en lugar no apto; e) el seguro se encontraba vigente a la época del evento dañoso; f) la póliza que vinculaba a la compañía aseguradora y a los titulares registrales del vehículo, en lo que aquí interesa, contenía las siguientes cláusulas: "El Asegurador no indemnizará a los siguientes siniestros: II-c) Mientras sea conducido por personas que no están habilitadas para el manejo de esa categoría de vehículo por autoridad competente"; ".III-h- 3): los terceros transportados en exceso de la capacidad del vehículos o en lugares no aptos para tal fin.".------------------ --- El tribunal de alzada, por mayoría, resolvió hacer lugar al incidente de declinación de cobertura sobre la base de considerar válida y razonable la cláusula de exclusión contractual vinculada con el lugar donde era transportado el menor-víctima. También estableció que dicha cláusula era oponible a los accionantes, sus padres. Es de destacar que la cláusula vinculada con la "falta de carné para conducir" no es la que el a quo tuvo en cuenta para hacer lugar al incidente de declinación.------------------------------------------ --- IV. Recurso de inconstitucionalidad. Tratamiento de los agravios.---------------------------------------- --- Cabe recordar que los actores enmarcan el recurso de inconstitucionalidad en el inciso 3° del artículo 11 de la ley 2275. Dicho ello, anticipo aquí mi opinión en el sentido de que voy a propiciar su rechazo, conforme las razones que a continuación he de exponer.------------- --- IV.1. En cuanto al primer agravio, relativo a que la alzada habría omitido valorar el contrato de seguro en su integridad, específicamente en la parte que establecía un plazo para declinar la defensa, considero que se trata de una crítica improponible. Ello así, en tanto la extemporaneidad de la declinación no fue una defensa mantenida por la actora ante la alzada, al tiempo de contestar el memorial de agravios de la aseguradora (fs. 54/60 de este expediente). Al no haber sostenido tal objeción ante el tribunal de apelación y su eventual vinculación con los derechos constitucionales que aquí dice vulnerados, esta Corte no puede introducirse en el análisis del tema ya que, a su respecto, no se encuentran cumplidos los recaudos formales previstos en el segundo párrafo del artículo 4 ni en el artículo 12 de la ley 2275.------------------ --- IV.2. En relación a la segunda crítica que plantea la parte accionante, cuando le atribuye al voto mayoritario efectuar una errónea interpretación del contrato y de los artículos 1195 y 1199 del Código Civil, tampoco puede prosperar en tanto la recurrente no alcanza a demostrar el vicio de arbitrariedad, el que tampoco queda en evidencia.------------------------- --- Parto de la tesis reiteradamente expuesta por esta Corte en el sentido de que la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir, a modo de tercera instancia, una decisión equivocada o que se repute tal, sino que se configura cuando el razonamiento del juzgador está construido sobre bases ilógicas que chocan contra las leyes del correcto raciocinio o cuando se basa en la mera voluntad de los jueces. La arbitrariedad, en suma, atiende sólo a los supuestos de gravedad extrema, en los que se verifique un apartamiento inequívoco a la solución normativa o a la absoluta carencia de fundamentación, que en definitiva descalifique el fallo como acto jurisdiccional válido (PRE S.1ª, 2012-I-151; PRE S.2ª 2011-IV-664; PRE S.1ª, 2010-IV-677; PRE S.1ª, 2009-II-221; PRE S.1ª, 2008-III-404; PRE S.2ª, 2007-II-369; PRE S.2ª, 2006-IV-674; PRE S.1ª, 2003-III-474; etc.).--------- --- Sentado ello, juzgo que mediante este agravio la quejosa pretende replantear ante este Tribunal cuestiones que han sido evaluadas de manera razonable por el voto mayoritario de la alzada y decididas con un sinnúmero de fundamentos, válidos para sustentar el decisorio, a saber: a) que cuando se trata de cláusulas que delimitan el riesgo, se encuentra comprometido el equilibrio de las prestaciones que emergen del contrato de seguro; b) que la cláusula que prohíbe transportar a terceros en lugares no habilitados se vincula con el agravamiento del riesgo; que es un supuesto de "no seguro"; c) que, analizada en sí misma, la cláusula no aparece como irrazonable ni abusiva; d) que su previsión en las pólizas responde a la función social del seguro automotor, cuyo control es ejercido por la Superintendencia de Seguros de la Nación:; e) que dicho organismo, mediante resolución 21.999 a la que remite la póliza, ha equiparado la situación del "asegurado" a la del "conductor-autorizado"; f) que transportar a una persona en la carrocería del camión es, por lo demás, una conducta expresamente prohibida (decreto 3132-6-80, arts. 87 a 121, reglamentario de la ley 3879, no derogado por la ley 7536); g) que el seguro automotor (art. 68 de la ley 24.449), remite a las normas del seguro de responsabilidad civil; h) que el seguro de responsabilidad civil es de naturaleza patrimonial, por lo que principalmente tiende a mantener indemne el patrimonio del asegurado mientras cumpla con las cargas y deberes que el contrato le impone; i) que, aún teniendo en cuenta la función social del contrato de seguro automotor, ello no es suficiente para desconocer el sistema según el cual la compañía aseguradora debe responder "en la medida del seguro" (artículo 118 de la Ley de Seguros).------------------------------------ --- Pues bien, tales argumentos pueden compartirse o no, pero su extensión y lógica jurídica excluyen la tacha de arbitrariedad. Es por ello que considero que cuando la actora funda este agravio en la errónea interpretación del contrato y de los artículos 1199 y 1195 del Código Civil, en rigor no propone el control de legalidad del fallo, sino que se revise el mérito con que el a quo ha juzgado las cuestiones que integran la litis. No es esa la función que la ley 2275 otorga a esta Corte en el marco del recurso extraordinario de inconstitucionalidad previsto en el inciso 3° del artículo 11. En efecto, conforme tiene reiteradamente dicho este Tribunal, "el recurso extraordinario no es la vía normal y apelatoria para obtener la revisión en tercera instancia de las decisiones comunes con la mira puesta en la mayor oportunidad para corregir sentencias que se dicen defectuosas pues, de ser así, habría que extenderla para todos los casos y en todos los pleitos como un tribunal más de mérito, en detrimento de la función de la Corte como Tribunal de garantías constitucionales" (PRE 1981-186; 1986-III-466; 1987-424; PRE S.2ª 1989-I-86; PRE. S.1ª.- 2011-II-314; PRE S.2ª 2013-III-455 etc.).- --- IV.3. Como tercer agravio, la actora sostiene que la primera magistrada que conformó el voto mayoritario incurre en el vicio de contradicción. Que el defecto se verifica cuando, por un lado, decide hacer lugar a la declinación de cobertura planteada por la aseguradora y la declara oponible a los damnificados pero, a continuación, afirma: ".cuando se trata de un seguro obligatorio como el de los automotores (art. 68 de la ley 24.449) la aseguradora no está legitimada para oponer a la víctima las cláusulas contractuales de exclusión". Pues bien, juzgo que este agravio tampoco puede prosperar porque la contradicción no es tal en la medida que la quejosa ha descontextualizado los textos que cita.--------------------------------------------- --- En efecto, le asiste razón a la recurrente cuando señala que el primer voto que conformó la mayoría se pronunció por la validez de la cláusula de exclusión de cobertura y su oponibilidad a los terceros damnificados. Es cierto, también, que en un pasaje posterior se transcribió jurisprudencia en sentido contrario. Ahora bien, esto último respondió a la expresa intención de la sentenciante de justificar la razón por la cual correspondía imponer las costas en el orden causado (fs. 83 vta. y 84 de este expediente). Siendo así, y conforme vengo diciendo, la contradicción no es tal y la pretensión de la actora, fundada en un párrafo extraído del contexto en que fue explicitado, pone en evidencia la grosera negligencia en la lectura del fallo por parte de la recurrente. En definitiva, soy de la opinión de que esta queja no puede prosperar.------------------- --- La misma suerte ha de seguir la siguiente crítica, cuando la actora le endilga contradicción al voto del segundo magistrado que integró la mayoría. La queja, en rigor, se apoya en una mera discrepancia con el criterio expuesto por el sentenciante, con sustento en la interpretación que propone de los artículos 1199 y 1195 del Código Civil y en el criterio restrictivo con que deben juzgarse las declinaciones de cobertura. Sin embargo, esa discrepancia sustentada en una cuestión estrictamente normativa -y por tanto, ajena al recurso de inconstitucionalidad previsto en el inciso 3° del artículo 11 de la ley 2275- no alcanza, por lo demás, a demostrar el vicio de arbitrariedad que le achaca al resolutorio. En lo pertinente, me remito a lo que se expusiera al tratar el segundo agravio (punto IV.2).-- --- IV.4. La última de las quejas en que los accionantes fundan este recurso consiste en que la solución de la alzada se apartaría de la sentencia dictada por esta Corte en el precedente "Godoy, Patricia Beatriz" (PRE, S.1ª, 2011-I-182), resolución que -según dicen- es de aplicación obligatoria al caso (arts. 209 de la Constitución de la Provincia y artículo 10 de la ley 2275). Pues bien, este último agravio ha de seguir la misma suerte de los anteriores.--------------------- --- Es que sin perjuicio de lo que diré al tratar el recurso de casación sobre los alcances del precedente "Godoy", en especial, acerca de las claras diferencias que presenta el caso de autos con el supuesto fáctico allí analizado, es necesario destacar que dicha sentencia no fue dictada bajo la modalidad de un pronunciamiento plenario, en los términos del artículo 18 de la ley 5854. Siendo así, y teniendo en cuenta que el artículo 209 de la Constitución de la Provincia establece la fuerza obligatoria de los pronunciamientos de esta Corte, en tanto sean dictados con aquel alcance -fallo plenario-, no se verifica la causal de nulidad que la recurrente invoca, con sustento en la norma constitucional referida y/o el artículo 10 de la ley 2275.------------------------------------------------- --- Conforme lo que llevo dicho hasta aquí, y según anticipara, propongo el rechazo del recurso de inconstitucionalidad.--------------------------------- --- V. Recurso de casación. Tratamiento de los agravios.

--- V.1. Paso a examinar los agravios que la actora denuncia en el marco del recurso de casación. En este esquema, la quejosa controvierte la decisión de la alzada en dos aspectos: a) cuando otorga validez a la cláusula contractual que excluye la cobertura en el caso de que el tercero sea transportado en lugar no habilitado a tal fin, siendo que el automotor era conducido por una persona distinta a la del asegurado y; b) en cuanto resuelve que dicha cláusula resulta oponible a los accionantes, padres de la víctima.----- --- Cabe recordar que la actora, en primer lugar, funda este recurso en la incorrecta interpretación de los artículos 1195 y 1199 del Código Civil y del artículo 114 de la Ley de Seguros. Afinca la queja aludiendo al efecto relativo de los contratos y a la regla según la cual las convenciones hechas entre las partes no pueden perjudicar a terceros, ni pueden ser opuestos a ellos, menos cuando se trata de un contrato de seguros. La recurrente sostiene: Ante la contundencia de los artículos citados (1195 y 1199) y, lo vertido por la mayoría de la doctrina, debo decir que es increíble que los jueces de cámara . hayan entendido que "tanto dicha cláusula, por lo expuesto supra, es oponible a terceros". A continuación, y para cerrar el desarrollo de esta crítica, la actora expresa: "Por todo ello debemos concluir diciendo que es un verdadero error jurídico la sentencia dictada por los jueces de cámara, al interpretar en forma incorrecta los arts. 1195 y 1199 del Código Civil, por lo que se justifica la admisión de este remedio procesal".------------------------------- --- La argumentación supra reseñada me lleva a concluir que este agravio se encuentra insuficientemente fundado. Ello así, en cuanto la quejosa ha dejado de controvertir un sinnúmero de argumentos expuestos en el voto mayoritario de la alzada, suficientes para sustentar el decisorio, tales como: a) que la cláusula de exclusión en cuestión tiene que ver con la delimitación del riesgo y que compromete el equilibrio de las prestaciones del contrato de seguro; b) que se trata de un supuesto de "no seguro", distinto de la "culpa grave", motivo por el cual puede ser invocado por la aseguradora aunque el "conductor" no sea el "asegurado-tomador" ; c) que la cláusula no puede catalogarse como irrazonable ni abusiva, d) que la resolución 21.999 de la Superintendencia de Seguros de la Nación, aludida en la póliza, establece la obligación de la aseguradora de mantener indemne al asegurado y al conductor autorizado, condicionando la cobertura de este último a que cumpla con las mismas cargas del asegurado-tomador; e) que ser transportado en lugar no habilitado para las personas se trata de una conducta expresamente prohibida por la ley, hecho que -por lo demás- incidió directamente en la mecánica del accidente y en el resultado luctuoso del siniestro, f) que más allá de la función social del contrato en cuestión, no puede perderse de vista que el seguro obligatorio automotor (art. 68 de la ley 24.449) se rige por las disposiciones del seguro de responsabilidad civil, normativa según la cual la condena será ejecutable contra la aseguradora "en la medida del seguro" (art. 118 de la ley 17.418); g) que la naturaleza especial del contrato de seguro automotor hace que la cláusula sea oponible a los terceros damnificados.----------------------------------------- --- Tales son los fundamentos de índole normativa sobre cuya base se erige el resolutorio de la alzada. Siendo así, y a tenor de la crítica esbozada por la quejosa, reitero que a mi juicio el recurso de casación se encuentra deficientemente fundado, en cuanto la actora no rebate la totalidad de los argumentos conducentes y relevantes que lo sustentan, muchos de los cuales ni siquiera menciona. En su lugar, y en términos genéricos, se limita a decir que los artículos 1195 y 1199 del Código Civil han sido erróneamente interpretados pero no explica en qué consiste el error y, eventualmente, cómo el yerro incide en lo decisivo del decisorio. En especial, no se hace cargo de las cuestiones vinculadas con la naturaleza y alcances especiales del contrato de seguro automotor, en el marco de la normativa específica que lo rige, a saber: artículo 68 de la ley 24.449, seguro de responsabilidad civil regulado en la ley 17.418 y resolución pertinentes de la Superintendencia de Seguros de la Nación (ej.: resolución N° 21.999, aludida en la póliza). Siendo así, la fundamentación de la actora se torna infructuosa en tanto no cumple con los recaudos exigidos en el artículo 16, incisos 3° y 4° de la ley 2275. Sobre el punto, es reiterada la doctrina de la Corte en el sentido de que la recurrente debe hacerse cargo de todos los fundamentos en que se sustenta el fallo impugnado por cuanto, de lo contrario, en lo que no ha sido materia de impugnación, la resolución adquiere las características de la cosa juzgada (PRE S.1ª, 2011-II-323; PRE S.1ª, 2012-I-15; PRE S.2ª, 2013-II-257).---------------------------------- --- V.2. Por último, la actora pretende que el caso sea resuelto conforme la doctrina que esta Corte estableciera in re "Godoy" (PRE S.1ª, 2011-I-182).---- --- Sobre ello, y sin perjuicio de los fundamentos allí vertidos, es dable destacar que la aseguradora, en ese precedente, fincaba la declinación de cobertura en la causal "falta de carné habilitante" del conductor. Se dijo en "Godoy" que el vicio de arbitrariedad se había configurado cuando el tribunal de alzada había interpretado en sentido amplio la causal de exclusión ya que en aquel caso la conductora tenía el "carné vencido", situación que -según se señaló- no estaba incluida expresamente en la póliza y era distinto al supuesto de "falta de habilitación".------------------ --- Como puede verse, las circunstancias fácticas de aquel precedente resultan absolutamente disímiles a las del caso bajo estudio. En aquél, se trataba de carné vencido, de interpretación arbitraria de la cláusula y la situación fue asimilada a la "culpa grave". Mientras que en el sub examine, la cláusula de exclusión contractual se vincula con el lugar en que el tercero era transportado -lugar no apto- , circunstancia que fue considerada por la alzada como una cláusula limitativa del riesgo cubierto, la cual fue catalogada como razonable y no abusiva. Además, aquí se juzgó que el hecho de que el tercero fuera transportado en lugar no apto "incidió directamente en la mecánica del accidente y en su resultado luctuoso"; en definitiva, que se trató de una situación de "no seguro". Conforme lo expuesto, concluyo que la doctrina "Godoy" no resulta aplicable al sub-examine, con lo que el último argumento desarrollado por la actora para sustentar el recurso de casación resulta absolutamente inconsistente.----------------- --- VI. Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.---------------------------------------- --- A mayor abundamiento, es dable traer a colación que el Máximo Tribunal del país, recientemente, ha hecho lugar a un recurso extraordinario federal y, como consecuencia de ello, ha anulado una resolución en la se había rechazado el incidente de declinación de cobertura con sustento en la cláusula que excluye la responsabilidad de la aseguradora cuando el tercero damnificado es transportado en lugar no apto (in re "B.O.O. c/ C.R.M. s/daños y perjuicios" (B.915.XLVII-RH; ED, 29/05/2014, N° 13.493). A continuación, transcribo las consideraciones más relevantes:------------------ ---". 6º) Que ha sido acreditado, en términos que no son susceptibles de revisión en la vía federal, que los damnificados B. y V. viajaban en la cajuela del vehículo de carga con tres amigos más; que el lugar no estaba habilitado para el transporte de personas; que se habían colocado "tablones de madera" a modo de asientos improvisados y no había cinturones de seguridad ni apoya cabezas; que la póliza del seguro excluía específicamente la reparación de los daños ocasionados a los transportados en dichas condiciones, circunstancias que llevaron a la aseguradora a declinar la cobertura.- --- 7º) Que la Ley Nacional de Tránsito impone la necesidad de contratar un seguro obligatorio de responsabilidad civil frente a terceros -transportados o no- por los eventuales daños que pudiera ocasionar el dueño o guardián del automóvil (art. 68, ley 24.449). Y dispone también que su contratación debe realizarse de acuerdo con las condiciones que fije la Superintendencia de Seguros de la Nación, autoridad en materia aseguradora.---------------------------------------- --- 8º) Que los arts. 109 y 118 de la ley de Seguros 17.418 establecen que el asegurador se obliga a mantener indemne el patrimonio del asegurado o del conductor por él autorizado por cuanto deban a un tercero como consecuencia de daños causados por el vehículo objeto del seguro, por cada acontecimiento ocurrido durante la vigencia del contrato, y "La sentencia que se dicte hará cosa juzgada respecto del asegurador y será ejecutable contra él en la medida del seguro".------------------ --- 9º) Que sin perjuicio de señalar que el acceso a una reparación integral de los daños sufridos por las víctimas de accidentes de tránsito constituye un principio constitucional que debe ser tutelado, y que esta Corte Suprema ha reforzado toda interpretación conducente a su plena satisfacción, ello no implica desconocer que el contrato de seguro rige la relación jurídica entre los otorgantes (arts. 1137 y 1197 del Código Civil) y los damnificados revisten la condición de terceros frente a los mismos porque no participaron de su realización, por lo que si desean invocarlo deben circunscribirse a sus términos (arts. 1195 y 1199 del Código Civil, voto del juez Lorenzetti en la causa "Cuello" y Fallos: 330:3483).------------------------ --- 10) Que la función social que debe cumplir el seguro no implica, empero, que deban repararse todos los daños producidos al tercero víctima sin consideración a las pautas del contrato que se invoca, máxime cuando no podía pasar inadvertido para los damnificados que estaban viajando en un lugar no habilitado para el transporte de personas y que de tal modo podían contribuir, como efectivamente ocurrió, al resultado dañoso cuya reparación reclaman.--------------------- --- 11) Que, por lo demás, la oponibilidad de las cláusulas contractuales ha sido el criterio adoptado por el Tribunal en los supuestos de contratos de seguro del transporte público automotor (Fallos: 329:3054 y 3488; 331:379, y causas O.166.XLIII."Obarrio, María Pía c/ Microómnibus Norte S.A. y otros" y G.327.XLIII. "Gauna, Agustín y su acumulado c/ La Economía Comercial S.A. de Seguros Generales y otro", sentencias del 4 de marzo de 2008).------------------------------------------------ --- 12) Que no obsta a lo dicho la modificación introducida por la ley 26.361 a la Ley de Defensa del Consumidor, pues esta Corte ha considerado que una ley general posterior no deroga ni modifica, implícita o tácitamente, la ley especial anterior, tal como ocurre en el caso de la singularidad del régimen de los contratos de seguro (M.1319.XLIV, "Martínez de Costa, María Esther c/ Vallejos, Hugo Manuel y otros s/ daños y perjuicios", fallada el 9-12-09).-------------------- --- 13) Que, por lo demás, cabe mencionar como pauta interpretativa que la resolución 34.225/09 de la Superintendencia de Seguros de la Nación, que establece las condiciones de la cobertura mínima requerida por el art. 68 de la ley 24.449, aun cuando no resulta aplicable al caso por la fecha de su entrada en vigencia, prevé que el asegurador no indemnizará los daños sufridos por los terceros transportados en exceso de la capacidad del vehículo o en lugares no aptos para tal fin.---------------------------------------------- --- 14) Que, en consecuencia, demostrados los presupuestos fácticos y la existencia de la cláusula de exclusión de cobertura, no hay razón legal para limitar los derechos de la aseguradora, por lo que corresponde revocar la decisión sobre el punto". ----------------- --- En suma, por todo lo dicho, voto por el rechazo de los recursos de inconstitucionalidad y casación.------ --- En cuanto a las costas de esta instancia, voto por imponerlas en el orden causado. Ello así, en tanto existe controversia en doctrina y en jurisprudencia en torno a la extensión y eficacia de las cláusulas contractuales de exclusión de cobertura, circunstancias que pudieron justificar que la actora intentara los recursos cuyo rechazo propicio.----------------------- --- LOS SEÑORES MINISTROS DRES. ÁNGEL HUMBERTO MEDINA PALÁ, CARLOS EDUARDO BALAGUER, DIJERON:--------------- --- Por sus fundamentos, nos adherimos al voto emitido precedentemente.-------------------------------------- ---	En mérito al resultado de la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE:------------------------------- --- I) Rechazar los recursos de inconstitucionalidad y casación interpuestos.------------------------------- --- II) Imponer las costas de esta instancia en el orden causado.---------------------------------------------- --- III) Ordenar que se protocolice la presente, que se agregue copia al expediente y a los autos principales y que estos bajen al Tribunal de origen.----------------- --- Notifíquese y oportunamente archívese. Fdo. Dres. Adolfo Caballero, Ángel Humberto Medina Palá y Carlos Eduardo Balaguer. Ante mí: Andrés de Cara - Secretario Letrado de la Corte de Justicia.

Ef-5990 CS PRE S1° 2014-II-246.