marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Despido, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: Álvarez, María del Carmen  c/ Honda Motor de argentina S.A.-5- y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-26

Toda vez que el débito profesional desplegado por la accionante no lució afectado al desarrollo de las operatorias enmarcadas en la contratación comercial celebrada por sus contendientes al no evidenciar rasgos vinculados con la "comercialización" de los rodados producidos por Honda Motor, apareciendo restringidos a la genérica limpieza del sitio donde esas prácticas mercantiles eran efectuadas sin intervenir en modo alguno en ellas, no lucen configurados los presupuestos fácticos habilitantes de la responsabilidad solidaria prevista en el art. 30 de la LCT que la actora procura atribuírsela a dicha firma.
Confirmación de sentencia, apertura del concurso
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Certus SA  c/  s/ concurso preventivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-22

Cabe confirmar el pronunciamiento que rechazó la apertura del concurso preventivo. Es que se aprecia que la pretensa convocataria no solo no cumplió -al momento de solicitar su concursamiento- con varios de los requisitos exigidos por el ordenamiento legal, sino que además, no invocó ninguna causal debidamente fundada para explicar por qué no satisfacía en la instancia debida los recaudos legales. Y si bien no se soslaya que con posterioridad al rechazo de, la interesada cumplió con gran parte de los requisitos señalados; sin embargo, aun así y considerando esta perspectiva particularmente flexible, analizada la totalidad de las constancias agregadas, se advierte que la apelante no dio cumplimiento todavía -pese al tiempo transcurrido- con lo requerido en la LCQ 11-5° in fine y 6°. No se desatiende que una interpretación en exceso rigurosa de los requisitos a satisfacer por quien pretende recurrir a la solución preventiva puede llegar a afectar el principio de "conservación de la empresa" como actividad útil para la comunidad, el cual constituye sin duda el eje central en torno al cual gira todo el instituto del concurso preventivo, desde otro lado, no debe perderse de vista que el cumplimiento de los recaudos en tiempo y en forma constituye una exigencia del ordenamiento legal que hace a la procedencia y seriedad del pedido. Disidencia del Dr. Kolliker Frers
Infraseguro, indemnización
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Municipalidad de Moreno  c/ Provincia Seguros SA  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-15

En ese marco, la actora solamente tiene derecho a que, sin exceder el límite de cobertura contratado y respetando la regla de proporcionalidad de la LS 65 propia del "infraseguro", la aseguradora demandada le indemnice solamente el daño "efectivamente sufrido" (conf. CNCom, Sala E, in re "Ciancio, Gustavo c/ Argos Cía. Arg. de Seg. Grales. SA", del 28/04/08).
Juicio político, remoción de jueces, fiscal de Estado, defensa en juicio, revisión judicial, denegatoria del recurso
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por Joaquín De Rosas, Fiscal de Estado de la Provincia de Mendoza en la causa Gutiérrez Patricia, Valls Gustavo y otros c/  s/ recurso extraordinario de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-27

Corresponde rechazar el recurso interpuesto contra la decisión que destituyó al actor del cargo de Fiscal de Estado, pues no puede ponerse en tela de juicio que el éste fue imputado por cargos definidos, en base a conductas descriptas con suficiente precisión; pudo ejercer su derecho de defensa, efectuando su descargo sobre la base de los hechos concretos que le fueron imputados; su conducta fue evaluada y juzgada dentro de un plazo razonable; y fue destituido -con sustento en los mismos hechos- por el órgano en cuyas manos la constitución provincial puso el ejercicio exclusivo de dicha atribución; y promovido el control judicial de dicho enjuiciamiento, la sentencia dictada dio fundada respuesta a los planteos.
Juicio ejecutivo, honorarios, base regulatoria, dólares
Materia: PROCESAL
Carátula: Elias, Graciela Isabel  c/ Curra, Fabian Domingo y otro  s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-15

Estímase razonable el pedido del abogado de los codemandados, en punto a que éste solicita que la base regulatoria sea calculada según la cotización del dólar oficial, más un 30% en concepto de alícuota del denominado "dólar solidario". Es que atento las restricciones cambiarias existentes y, en procura de evitar producir perjuicios a cualquiera de las dos partes, entre las varias alternativas a disposición, en casos que no son específicos en cuanto a un tipo de cambio legalmente previsto, calcular la base regulatoria, según lo pide el mismo letrado de la demandada, al tipo de cambio oficial al que puede acceder un particular para hacerse de moneda extranjera en el mercado, sin un destino específico, en el régimen legal actualmente vigente, que es el que se conoce como "dólar solidario" (ley 27541: 35 y 39) valor de cotización del dólar oficial de mercado, con más una alícuota del 30% (conf. esta CNCom, esta Sala A, 19/10/20, "Fideicomiso de Recuperación Crediticia c/ Yoma Emir Fuad y otro s/ ejecutivo"). De otro lado, no sólo debe tomarse la pretensión de la actora en forma íntegra, sino que, en un juicio donde se reclamó el cobro de una suma de dinero con más sus intereses, también corresponde computar el monto de tales réditos como integrante de la base regulatoria.
Autonomía provincial, competencia de la Corte Suprema, interpretación de la constitución, caso concreto
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la parte demandada en la causa Iriarte, Luis y otra c/ Provincia de Tucumán s/ inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: 
Fecha: 2024-08-27

El derecho de las provincias a darse sus propias instituciones y a regirse por ellas sin intervención del gobierno federal, consagrado en el artículo 122 de la Constitución, incluye el deber de la Corte de abstenerse de interferir en procesos judiciales estructurados a nivel local que no satisfacen los requisitos constitucionales para suscitar la jurisdicción federal; conclusión que no implica que la Corte resigne su facultad de interpretar la Constitución Nacional con carácter final y de ser custodio de las garantías constitucionales, por cuanto siempre podrá intervenir frente a agravios suficientemente concretos que configuren un caso (Voto del juez Rosenkrantz).
Desistimiento de la acción, confirmación de sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Tuninetti, Walter Guillermo  c/ Caelar SA y otro  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-06

Toda vez que la retractación por parte del actor respecto del desistimiento de la acción y del derecho, se produjo cuando ya había sido admitido por el juez a quo, ello conduce fatalmente a la desestimación de su retractación y a la confirmación de la resolución de primera instancia.
Confirmación de sentencia, indemnización por despido, ley de contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Nigro, Juan Santiago  c/ Banco Saenz S.A. s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-15

El actor cuestiona la valoración realizada en grado respecto al cómputo de la indemnización por antigüedad, que con fundamento en el art. 253 de la LCT, y lo dispuesto en la doctrina "Couto de Capa" desestimó su pretensión y juzgó improcedente su reclamo relativo a que no hay limitación en la antigüedad a tener en cuenta debiendo computarse 32 años y no solo el tiempo de servicios posterior al cese por jubilación. Ello así, toda vez que el hecho de haberse acogido el actor al beneficio jubilatorio y luego continuar trabajando en la entidad bancaria, permite visualizar la existencia dos contratos independientes sin perjuicio de la solución de continuidad de la relación laboral. El primero que cesó al obtenerse el beneficio previsional y el segundo que se inicia con posterioridad. Así entonces el hecho de que el beneficio y la vigencia del nuevo contrato no se encuentren separados temporalmente no implica que no se trate de dos contratos diferentes. Por ello no es posible predicar que alcanzado el goce del beneficio jubilatorio la indemnización por antigüedad por un despido posterior deba computar también el tiempo de servicio que le permitió al trabajador el derecho a alcanzar el haber previsional, porque la causa principal del resarcimiento ha desaparecido por ser la jubilación el hito que según el art. 91 de la LCT marca la finalización del contrato por tiempo indeterminado. Cabe destacar que la circunstancia respecto a que tanto los certificados de trabajo como los recibos de sueldo reflejan la primigenia antigüedad -pues es deber del empleador consignar en los recibos los datos verídicos de la relación de trabajo no implica un apartamiento de los establecido en el art. 254 de la LCT, en lo que respecta puntualmente a las indemnizaciones debidas al trabajador. Cabe confirmar lo decidido en la anterior instancia.
Fertilización asistida, consentimiento, autonomía de la voluntad, derechos personalísimos, voluntad procreacional, interpretación restrictiva
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: L., J. L. c/  s/ autorización
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-21

El respeto por la autonomía de la voluntad, y en definitiva de la libertad personal, implica que nadie puede ser forzado a ser padre o madre, incluso luego de la muerte, tal como se desprende de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su art. 32, inciso 23 (Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, art. 32, inciso 2) y es así que en pos del pleno respeto a la autonomía, la libertad, autodeterminación y la dignidad humana, las normas deben ser interpretadas de forma restrictiva, a fin de salvaguardar la voluntad de la persona fallecida (Voto del juez Lorenzetti).
Obligatoriedad del precedente, sujetos de derecho, tenencia de animales, mascotas, interpretación sistemática, interpretación amplia
Materia: PROCESAL
Carátula: M. R. S. c/ A. J. R. s/ violencia de género
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2024-07-24

Conforme lo estableció la jurisprudencia en temas vinculados a sujetos no humanos (animales), debe aplicarse una interpretación jurídica dinámica que les reconozca su carácter de sujeto de derechos toda vez que se les otorgó la condición de personas no humanas por presentar cierto grado de raciocinio y características emocionales similares a las humanas, siendo en consecuencia dignos de la protección de los derechos básicos fundamentales.
Diferencias salariales, prescripción bienal
Materia: LABORAL
Carátula: Sánchez, Ramón Horacio c/ Correo oficial de la República Argentina SA s/ diferencias de salarios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-05-02

El momento a partir del cual debe contarse el plazo bianual de prescripción, se constituye con la fecha del título de la obligación, es decir, a partir del hecho o del acto que le da nacimiento, pues la exigibilidad del derecho y no sólo su existencia es la que determina el cómputo de aquélla. Asimismo, tratándose de diferencias salariales debe entenderse que "la causa fuente de una obligación de tracto sucesivo no puede valorarse con prescindencia del momento a partir del cual se produce la exigibilidad de la prestación correspondiente a cada período mensual. Por ello, corresponde ubicar el punto de partida de la prescripción de la acción referida a las diferencias que pudieron haberse originado en cada período en el momento que resulta exigible el crédito reclamado que es aquél en el cual el derecho respectivo puede hacerse valer porque, los créditos reclamados se vinculan a diferencias retributivas que se generan a partir de una prestación laboral periódica.
Concurso preventivo, homologación del acuerdo preventivo
Materia: COMERCIAL
Carátula: Establecimientos Faraón SA  c/  s/ concurso preventivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-05

A los fines de retribuir la actuación del síndico que ha intervenido en la etapa relativa al cumplimiento del acuerdo preventivo, cabe señalar que si bien en otros casos, se ha interpretado que resultaba procedente aplicar la regla contenida en la parte final de la LCQ 289, lo cierto es que, no pueden dejar de ponderarse las labores desarrolladas y la decisiva incidencia del paso del tiempo sobre la significación de las sumas involucradas en el cumplimiento del acuerdo homologado, que desvirtúan los valores en juego. En este marco, los porcentuales de retribución legalmente previstos, basados en la suma pagada a los distintos acreedores, redundaría en un monto desproporcionadamente reducido frente a la importancia, eficacia, calidad, y extensión de las labores efectivamente desarrolladas por el órgano sindical entre la homologación del acuerdo preventivo, que data del año 2000 y la resolución que declara cumplido el acuerdo homologado en el año 2023. En tal sentido, en función de la directiva contenida en la LCQ 271 y ponderando las labores desarrolladas en más de veinte años desde que fuera homologado el acuerdo, teniendo en consideración los mínimos arancelarios asignados por la LCQ 266 (conf. Acordada N° 4/24 CSJN), cabe elevar los honorarios regulados a favor del síndico.
Denegatoria del recurso, juicio sumarísimo, interrupción de la prescripción
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Mitre, María del Rosario  c/ Sociedad Anónima La Nación  s/ sumarisimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-23

Procede desestimar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución que no admitió que la demanda fuese interpuesta al solo efecto de interrumpir la prescripción y requirió su adecuación a lo previsto en el CPR 330, no correspondiendo que el Tribunal se expida en torno a si aquella presentación inaugural, resulta o no idónea a los efectos de incidir sobre el plazo previsto en la LGS 251
Facultades del Poder Ejecutivo, facultades legislativas, decreto de necesidad y urgencia, revisión judicial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Confederación de Trabajadores de la Educación de la Rep. Argentina (C.E.T.E.R.A.) c/ Estado Nacional Poder Ejecutivo Nacional s/ acción de amparo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-26

El art. 99, inc. 3°, segundo párrafo, de la Constitución Nacional es elocuente, y las palabras escogidas en su redacción no dejan lugar a dudas de que la admisión del ejercicio de facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo se hace en condiciones de rigurosa excepcionalidad, y con sujeción a exigencias materiales y formales que constituyen una limitación y no una ampliación de la práctica seguida en el país, en tanto para el ejercicio de esta facultad de excepción el constituyente exige, además de la debida consideración por parte del Poder Legislativo, que la norma no regule materia penal, tributaria, electoral o del régimen de partidos políticos, y que exista un estado de necesidad y urgencia. Es improcedente sostener que el Poder Ejecutivo puede sustituir libremente la actividad del Congreso, o que no se halla sujeto al control judicial, y por ello, el Alto Tribunal ha dicho en forma reiterada que es atribución del Poder Judicial evaluar, en el caso concreto, el presupuesto fáctico que justificaría la adopción de decretos que reúnan tan excepcionales presupuestos.
Revisión judicial, división de poderes
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por el Fiscal General en la causa Agüero, Julio César c/  s/ incidente de recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-24

Las limitaciones al control judicial sobre las normas son directa consecuencia de un principio fundamental de nuestro sistema político que es la división del Gobierno en tres departamentos, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, independientes y soberanos en su esfera, de la que se sigue forzosamente que las atribuciones de cada uno le son peculiares y exclusivas, pues el uso concurrente o común harían necesariamente desaparecer la línea de separación entre los tres altos poderes políticos, y destruiría la base de nuestra forma de Gobierno (Voto del juez Lorenzetti).
Despido, empleo no registrado, consorcio de propietarios, indemnización agravada
Materia: LABORAL
Carátula: Cisneros de la Peña, Dalmacio Moner c/ Consorcio de propietarios del Edificio Quirno Costa 1221/23  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-05-08

El actor, laboró como sereno y encargado de limpieza de una obra para la construcción de un edificio desde enero de 2013 y permaneció allí ininterrumpidamente hasta el distracto durante seis años, independientemente de quien cumpliere el rol de empleador. Un fideicomiso se encargó de la construcción del edificio, y posteriormente nació el consorcio de propietarios. Es decir que el trabajador prestó servicios sin solución de continuidad para diferentes personas jurídicas y/o humanas, circunstancia inoponible al actor. Cabe considerar que la relación laboral no fue registrada, que la misma se inició en enero de 2013 cuando el trabajador comenzó a laborar como sereno y encargado de limpieza de la obra. De allí que quepa aplicar la duplicación indemnizatoria prevista en el art. 1 de la ley 25.323
Confirmación de sentencia, despido, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: Accogli, Carlos Alberto c/ Worktv SRL y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-30

La codemandada Telecentro S.A. se agravia toda vez que el juez de grado dispuso la condena solidaria en los términos del art. 30 de la LCT. El actor realizaba tareas de instalación domiciliaria a Telecentro S.A. Las pruebas producidas dan cuenta de la existencia de una vinculación comercial entre las empresas accionadas, mediante la cual la empleadora del accionante le prestaba a Telecentro S.A. servicios propios de su especialidad encargándose de la conexión e instalación domiciliaria del servicio de televisión por cable, internet y telefonía. Telecentro resulta solidariamente responsable en los términos del art. 30 LCT. Las tareas que fueron tercerizadas por la empleadora se aprecian como necesarias e imprescindibles de su actividad principal normal y específica, en tanto hacían posible lograr la finalidad de la empresa, ya sea que respondían a la actividad el núcleo empresario como al cumplimiento de una actividad inescindible de la principal, pues integraban el servicio ofrecido o esperado según las expectativas del mercado, siendo necesarias para la prestación y mejora de los servicios ofrecidos por Telecentro S.A. Por ello, cabe confirmar la sentencia de la anterior instancia.
Daños y perjuicios, obligación de seguridad, reparación de la cosa, culpa de la víctima
Materia: CIVIL
Carátula: S. M. L. c/ T. D. A. S.A. s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-08

Cabe desestimar la demanda por daños y perjuicios entablada por la actora, que cayó en la terraza de su domicilio, tras subirse en una escalera a la medianera con la propiedad lindera, al intentar alcanzar una mochila a un técnico que se encontraba reparando la línea telefónica, habida cuenta que la obligación de indemnidad no rige cuando se traspasa el ámbito físico de incumbencia del proveedor, puesto que el hecho tuvo lugar en un espacio en el que la demandada no podía ejercer ningún tipo de control.
Homicidio simple, dolo eventual, médico cirujano, médico anestesista, intervención quirúrgica, muerte del paciente, actividad riesgosa, deber de obrar con prudencia, procesamiento
Materia: PENAL
Carátula: Olguín, S. y otros c/  s/ procesamientos y embargos - homicidio simple
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-06

Corresponde dictar el procesamiento, en orden al delito de homicidio simple con dolo eventual, de los médicos cirujanos y anestesista, acusados de haber intervenido en una cirugía riesgosa llevada a cabo por otro profesional, que culminó con el fallecimiento del paciente, dado que aceptaron tomar parte en la cirugía, siendo conscientes, dada su condición de médicos, de los riesgos que ese tipo de intervención conllevaba para el paciente. Sin embargo, admitieron no tener certeza acerca de los antecedentes clínicos de la víctima, asumiendo un riesgo para la vida de su paciente, manifiestamente contrario a las normas y principios básicos del arte de curar y a las más elementales reglas de cuidado de los semejantes, contenidas en la legislación.
Mutuo, rechazo de la demanda
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Gallardon, Leonardo  c/ Alg Sports SRL  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-28

Siendo, que en el caso, el actor celebró con un gestor un contrato de negocio en participación, y este último suscribió con una productora un contrato de mutuo, mediante el cual se comprometió a transferir cierta suma a fin de que dicha productora realizara un evento, ante la cancelación del espectáculo, no cupo que el accionante dirigiera la acción contra esta última sino contra aquel gestor. En ese marco, cabe rechazar la demanda contra la productora. A más, la empresa accionada cumplió con su obligación y obtuvo un documento firmado por su mutuante mediante el cual se liberó de todo tipo de responsabilidad; con lo cual no cabe extenderle ningún tipo de responsabilidad.
Despido, daño psíquico, producción de la prueba, relación de causalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Duarte, Ramón c/ Derudder Hnos. Rotamund U.T.E. y otros  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-21

El accionante quien laboraba como chofer en micros para turismo ha logrado acreditar que la patología psíquica que padece y cuya reparación reclama, tuvo su causa en la labor desarrollada bajo dependencia de su empleadora, es decir la vinculación entre el daño y su trabajo, por lo que existe base fáctica para una condena en los términos de la normativa especial prevista por la ley 24.557 contra la aseguradora denunciada. Ello así, toda vez que la prueba producida da cuenta de las jornadas extensas de labor y el maltrato recibido, las cuales constituyeron el factor desencadenante de la afección constatada en el examen pericial psiquiátrico, y a las que la perito atribuye idoneidad para provocar la patología psíquica determinada, cuya vinculación con el trabajo acreditó. Así es pues, los conflictos laborales vividos, conductas de acoso y consecuente desvinculación laboral, han desarrollado en el trabajador una perturbación de su equilibrio emocional. Su cuadro guarda un nexo causal directo con el trabajo, que conforme al Baremo Nacional de la Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales Ley 24.557 decreto 659/96, el trabajador presenta un cuadro de Reacción Vivencial Anormal Neurótica de grado II, lo cual representa un 10% de incapacidad psíquica. (Del voto de la Dra. Craig, en mayoría)
Infraseguro, riesgo asegurable
Materia: COMERCIAL
Carátula: Municipalidad de Moreno  c/ Provincia Seguros SA  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-15

Toda vez que nos encontramos en la presencia de un caso de "infraseguro" originario y no sobreviniente, y en tanto el siniestro no fue de daño total, sino de daño parcial, único supuesto en el que, justamente, puede tener cabida la figura del infraseguro (Stiglitz, R., Infraseguro y daño total, LL 25/11/2008, p. 4, cita online AR/DOC/3371/2008; CNCom, Sala D, in re "Zeromski Cabrejo, Carlos Martín c/ Allianz Argentina Compañía de Seguros SA s/ sumarísimo", del 07/12/21), claro es que la actora no puede reclamar el total de la suma asegurada.