marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Sucesión ab intestato, vínculo filial, prueba documental
Materia: CIVIL
Carátula: Galindo Juan José, Hernández Vicenta c/ Galindo, María Gabriela s/ sucesorio ab intestato
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2018-12-28

El principio general es que la acreditación del vínculo que se invoca en un juicio sucesorio es mediante las partidas del Registro Civil, y cuando se trata de la filiación, con la partida de nacimiento o instrumento similar como la libreta de familia que pruebe el estado de familia (más allá de la prueba de la filiación matrimonial o extramatrimonial que enuncian los arts. 569 y 570 CCC). Ahora bien, si no fuere posible acreditar el vínculo con el causante con ese medio de prueba, es admisible hacerlo por otros medios probatorios, previo demostrarse la imposibilidad de obtener aquél instrumento, pues el CCC no prevé la prueba supletoria para justificar la filiación, sea matrimonial o extramatrimonial, pero que ello no significa que ante la probada imposibilidad de adjuntar la documentación legalmente requerida, la misma no sea admisible.
Inimputabilidad, ebriedad, medidas de seguridad
Materia: PENAL
Carátula: LEMA GIMENEZ, R. s/ IMPUTABILIDAD. MEDIDAS DE SEGURIDAD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-09-24

Corresponde imponer al procesado absuelto por haber obrado en estado de ebriedad la medida de seguridad estatuída por el art. 34 inc. 1 del Cód. Penal consistente en la disposición de un sistema de atención médico psiquiátrico de carácter ambulatorio y sometido a control de los Médicos Forenses; porque aquél ha demostrado una proclividad llamativa a la comisión de hechos criminosos de parecidas características, siendo condenado por varios de ellos. Si bien no reviste un alto grado de peligrosidad, de allí no se sigue que carezca de ella y es ostensible que existe cierto riesgo de su recaída en conductas como las aquí juzgadas.

El Tribunal tiene facultades para ordenar un tratamiento de carácter ambulatorio hasta tanto el justiciable se encuentre curado de los efectos antisociales que en su persona desata la ingestión de alcohol; puesto que aceptar el criterio restrictivo que se atribuye a las medidas de seguridad, que excluye toda posibilidad diferente a la internación forzada del sujeto, importaría desnaturalizar el sistema creado por el legislador, pues a ese punto de vista que se podría llamar de 'todo o nada', se opone el que toma en cuenta el objetivo final de las medidas de seguridad y relega el encerramiento para los supuestos en que no aparezcan alternativas menos gravosas.

Se citaron: C.N.Crim. Sala III, c. 'Dresti, O.R.' nro. 14.267, 9/12/81; de la misma Sala, in re 'Suinchinsky, E.', c. 15.745, 19/5/83, casos en los que se citaron los fallos de las causas 'Chumba, H.', 6/9/77 y 'Vidal', 23/5/78.
Régimen penal de la minoridad, reclusión perpetua, constitucionalidad, tratados internacionales, disminución de la pena
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: M., C. C. y otro s/ recurso de casación e inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-15

La Constitución Nacional, no prohíbe las penas de prisión o de reclusión perpetuas. En cuanto a su aplicación a un menor de edad, en principio, estaría vedada por el art. 37 de la Convención de los Derechos del Niño incorporada a la Carta Magna en la reforma de 1994. Dicha norma exceptúa a aquellas legislaciones que permiten la excarcelación. A ésta -instituto que en nuestro derecho interno sólo es aplicable durante el trámite del proceso y no una vez dictada la condena- debe equipararse, por vía de interpretación, toda forma de libertad que morigere el rigor de la pena del ergástulo y, en tal sentido, encontramos la salida anticipada del art. 13 del C.P., bajo la denominación de libertad condicional. En consecuencia, habida cuenta que conforme lo ha sostenido invariablemente nuestro más alto tribunal, la declaración de inconstitucionalidad de una ley es tema de suma gravedad y debe estarse, atento a la separación de poderes que es base del sistema democrático, a su validez, salvo que resulten francamente contrarias al espíritu de la Carta Magna, -lo que no se advierte en el caso sub examine- por lo que corresponde rechazar el planteo. Empero, frente al cúmulo de pautas establecidas por el art. 4 de la ley 22.278, siendo la gravedad del hecho sólo una de ellas y considerando que los malos antecedentes del menor así como su deficiente comportamiento durante el lapso de observación tutelar se debieron, fundamentalmente, a su grave adicción a las drogas, la que por tratarse de una severa patología debe ser tratada, aún compulsivamente me inclino a propiciar al acuerdo que se le reduzca la pena en la forma prevista para la tentativa proponiendo la de quince años de prisión, accesorias legales y costas, sin las de esta instancia y la imposición de la medida de seguridad del art. 16 de la ley 23.737, con la modalidad prevista en el último párrafo del art. 19. (Voto del Dr. Mitchell, adhieren los Dres. Fégoli y David).
Jornada de trabajo, horas extra, pago de la remuneración, depreciación monetaria
Materia: LABORAL
Carátula: MENDEZ, EDGARDO c/ SHELL CAPSA s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-07-31

La utilización, para el valor de la hora extraordinaria, de la remuneración correspondiente al mes en que efectivamente se las liquidaba, es una forma adecuada y legítima de compensar las eventuales diferencias que podrían derivarse de la incidencia de la depreciación monetaria sobre el crédito. Esto es así, pues no puede dejarse de advertir que entre la fecha en que debían ser pagadas, 3er. o 4to. día hábil de vencido el período, y la que efectivamente lo eran, por razones prácticas del empleador, no transcurría un mes calendario, lo cual tornaba imposible de aplicar el índice de variación de precios al consumidor, que es mensual.
Juicio ejecutivo, inhabilidad de título
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Degaño, Santos José c/ Gomez, Pablo Rodolfo s/ Ejecución Banco Quilmes c/ Montecchia s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-05-09|1994-12-13

La excepción de inhabilidad de título solo puede fundarse en sus formas extrínsecas, marginándose la discusión en torno a la legitimidad de la causa, sin perjuicio de su eventual replanteamiento en el juicio ordinario que posteriormente se pueda promover. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Libertad condicional, circunstancias que impiden la excarcelación, gravedad y repercusión social del hecho, corrupción del funcionario público
Materia: PENAL
Carátula: López, José Francisco c/  s/ incidente de excarcelación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2021-04-13

Si bien el requisito temporal que requiere el beneficio de la libertad condicional se encuentra cumplido, la excarcelación no puede concederse de forma automática por el mero transcurso del tiempo y del cumplimiento de aquel plazo legal. En tal escenario, los hechos por los cuales el imputado fue condenado resultan de sustancial gravedad y ello de algún modo obstaculiza la posibilidad de otorgar una libertad anticipada, de acuerdo a los compromisos internacionales que el Estado Argentino suscribió para aunar los esfuerzos y poder prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción en el ejercicio de las funciones públicas. (Del voto del Dr. Miguel Ángel Basílico, en disidencia)
Regulación de honorarios, acción civil en el proceso penal, falta de ejercicio, monto del juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: DR. GONZALEZ GARTLAND, C. s/ reg. de honorarios Causa nro. 10.729
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-07

En los juicios penales en donde no se ha ejercido la acción civil paralela no se cuenta con monto fijo a efectos de aplicar las escalas arancelarias previstas por el artículo 7mo. de la ley 21.839.

La ley que regula la materia no posee previsión expresa en relación al acápite sujeto a examen, resultando apropiado tomar como pauta referencial lo establecido por el artículo 14 en total concordancia con los parámetros mensurativos del artículo 6to. y montos mínimos contemplados en la normativa legal supra citada, reformada por la ley 24.432.
Madre del menor, condiciones personales, menores
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Ortiz, Olga s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-08-09

No reúne las condiciones para acceder al arresto domiciliario la madre que no repara en la exposición de sus propios hijos a sustancias altamente nocivas para la salud de los mismos, ni tampoco en la presencia de personas cuyas conductas resultan claramente perjudiciales para el desarrollo de los niños.
Pena, ejecución de la pena, interpretación de la ley
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: S., A. R. s/ Artículo 56
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-10-04

Debe existir igualdad entre la pena impuesta y la forma en que se disponga la ejecución de la misma.

Respecto a la pena de prohibición de concurrencia, establece el artículo 17 del Código Contravencional:"Es la pena impuesta al contraventor/a de concurrir a lugares determinados", por lo tanto, de la interpretación de esta norma, surge que al momento de ejecutarse la pena, el Juez debe determinar el tiempo que durará la misma y el lugar al cual el contraventor no podrá concurrir -en este caso si no hubiera surgido de la homologación del juicio abreviado-, pero de ninguna manera deberá imponerse la obligación de permanecer en un lugar determinado ya que no ha sido establecido por el Legislador en el comentado artículo, lo contrario implicaría, en principio, violentar la voluntad del mismo y más grave aún vulnerar principios de raigambre constitucional.

La obligación de permanecer en la comisaría desde dos horas antes del partido y hasta dos horas después de finalizado el mismo impuesta por el a quo, excede los alcances de la pena impuesta en el artículo 17 de la Ley de Procedimiento Contravencional, cercenando la libertad del condenado a realizar cualquier otra actividad . En este sentido la letra de la ley es clara:la pena consiste en la prohibición de concurrir a determinados lugares, así la responsabilidad se encuentra, por un lado, en el condenado y llegado el caso de que éste violara la pena impuesta y concurriera al estadio durante el tiempo en que le fuera prohibido, estaríamos en presencia de un quebrantamiento de la pena, y como consecuencia de ello el juez/a deberá sustituirla por arresto (art. 11 in fine del Código Contravencional);

asimismo la responsabilidad sobre el control del cumplimiento de la pena, recae en los organismos de seguridad creados para dicho fin .
Competencia, competencia de instrucción
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Comisaría 10 s/ Investigación s/ Robo (Chocolate Disco Pub) s/ Cuestión de competencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 1996-10-22

Del proceso surge con claridad que uno de los intervinientes fue menor de edad, pero aún no ha sido interrogado en la causa, siendo posible que al declarar de datos que permitan aclarar la identidad de los restantes participes. Adviértase que según lo dispuesto por el art. 378 C.P.P. la competencia del Juez de Menores se limita a la instrucción de causas donde todos los participes sean menores de dieciocho años de edad, pero que cuando concurren personas mayores y menores la instrucción compete al Juez de Instrucción de acuerdo con lo dispuesto por el art. 386, sin perjuicio de la intervención del juez penal de menores a los fines señalados en esta última norma. En consecuencia, hasta tanto no se adopten las medidas de instrucción que surgen del proceso y que pueden permitir aclarar si los restantes participes son menores o mayores, la instrucción debe continuar a cargo del Juez de Instrucción remitente.
Caducidad de instancia, plazo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BANCO RIO DE LA PLATA c/ ANDRONA S.A. s/ Ejecución Tipica (LIBRO: A069 - 287)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1991-12-03

Respecto de la interpretación de los actos impulsorios, este Tribunal participa del criterio "objetivo" que consagra la normativa objetiva. De acuerdo al mismo, por "acto útil" debe entenderse aquel que hace avanzar la instancia en forma objetiva y real, importando un impulso concreto de avance del procedimiento. El argumento de que se hizo todo lo posible para evitar que el expediente saliera de la paralización, o los pedidos y diligencias tendientes a obtener la restitución de autos no se compadecen con la carga de instar la instancia según ese criterio.
Falsificación de documentos, falsedad ideológica
Materia: PENAL
Carátula: GUZMAN CANDELONE, Jaime s/ TENENCIA ILEGITIMA DE ARMA DE GUERRA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-13

El perjuicio potencial que el tipo penal reclama en esta clase de falsedad documental (credencial que lo identifica como miembro de la SIDE), se satisface con la posibilidad de engaño a aquel que pone un cuidado normal en la atención de sus cosas. En tal razonamiento la credencial en cuestión tiene entidad para engañar al hombre medio o a cualquier agente de organismos públicos, incluso de seguridad.
Competencia del Superior Tribunal de Justicia, acción, derecho subjetivo vulnerado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Panei, Marcelo Guillermo c/ Municipalidad de Florencio Varela s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-06-18

El derecho de carácter administrativo cuya titularidad habilita, en caso de que se lo considere vulnerado, a iniciar la acción contencioso administrativa, debe haber sido previamente reconocido por una norma local, siendo ajenas a la competencia de la Corte las cuestiones suscitadas por la violación de esos derechos cuando han sido establecidos en disposiciones extrañas a ese ámbito, aún cuando la vulneración se atribuya a alguna de las autoridades que menciona el artículo 1 del CPCA. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario, cuestión no constitucional, cuestiones procesales, costas, legitimación procesal
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Consejo de Ingenieros de la Provincia de Santa Fe; Enrique Arjol; Osvaldo Héctor Redondo; Victorio Cisaruk y José Ramón Orengo c/ Municipalidad de Venado Tuerto s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción. Recurso Extraordinario interpuesto por la demandada para ante la Corte   Suprema de Justicia de la Nación (Expte CSJ Nº 212-84)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-11-02

No habilita la instancia extraordinaria y de excepción ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación el agravio del recurrente basado en la imposición de las costas en el orden causado, no obstante haberse decidido en la sentencia atacada la inadmisibilidad del recurso contencioso administrativo deducido por el Consejo de Ingenieros de la Provincia de Santa Fe por carecer dicha entidad de legitimación para intervenir en la causa por ausencia de un interés institucional a defender, por cuanto el mismo sólo revela su disconformidad con el criterio seguido por el Tribunal a quo en ejercicio de funciones propias, no logrando el recurrente demostrar que carezcan de validez, resulten irrazonables o ilógicos los fundamentos de la decisión, ni tampoco explicar por qué entiende que se resolvió una cuestión no planteada, cuando la imposición de costas no requiere ser peticionada por las partes y el Tribunal las fijó en el momento procesal oportuno, y en la forma señalada, valorando peculiares circunstancias que, a juicio de ésta, se subsumían en el supuesto de excepción previsto en el artículo 84 inciso c) de la ley 4106.
Garantía a ser juzgado en un plazo razonable, duración del proceso, violación de derechos humanos, desaparecidos, Ley de Punto Final, Ley de Obediencia Debida
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Mosqueda, Juan Eduardo y Otros s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-04-09

A fin de determinar la existencia de vulneración de la garantía de ser juzgado en un plazo razonable por los delitos de privaciones ilegales de la libertad agravadas, tormentos agravados y homicidios calificados cometidos durante el último gobierno de facto debe apreciarse que el tiempo transcurrido entre la comisión de los hechos materia de juzgamiento y el momento en que el acusado quedó sometido a investigación y posterior juicio se encuentra ligado a la sanción de la Ley 25.779 que declaró insanablemente nulas las leyes de Punto Final -Ley 23.492- y de Obediencia Debida -Ley 23.521- que se alzaban contra la judicialización y avance de estos procesos. (del voto del Dr. Gustavo M. Hornos)
Proceso judicial, principio de congruencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Agüero Pedro Arnaldo y otros c/ Souto Daniel Gustavo s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-09-24

Con el encuadre jurídico dado por el sentenciante asentado en el artículo 57 inc. 2 de la ley 11430, no ha sido violado al principio de congruencia toda vez que no han sido alterados los hechos, ni la relación procesal, ni la naturaleza de la acción interpuesta, por lo que no le asiste razón a los apelantes al sostener que ese argumento no ha sido esgrimido por los demandados.
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ Ravazzola y Campisi s/ Indemnización de daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-03-11

Para que nazca la responsabilidad prevista por el artº 1646 del CCI no es indispensable la ruina efectiva, basta la amenaza de ruina, un peligro actual que no deje lugar a dudas de que la ruina se producirá y no requiere ser inminente, solo debe verse como un riesgo inmediato, más o menos próximo.
Partes del proceso, legitimación procesal, representación procesal, ratificación del mandato
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MOLINA DE LANCELLE ANGELA c/ JUSTO RAFAEL FALCON Y/O QUIEN SE CONSIDERE CON DERECHO s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1995-10-04

La posterior ratificación del apoderamiento insuficiente no tiene virtualidad jurídica alguna sobre el plazo otorgado para alzarse contra una sentencia, por cuanto, habiendo vencido el mismo, no puede -so peligro de incurrir en la prohibición del art. 76 del C.P.C. y C., que fulmina toda posibilidad de restitución de los plazos vencidos - otorgarse ese beneficio al recurrente. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Contrato de trabajo, extinción por mutuo acuerdo, homologación judicial
Materia: LABORAL
Carátula: Toledo, Jorge Rubén y otros c/ Emece Editores S.A. y otro s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-12-28

Tal como surge con nitidez del texto del art. 241 LCT, no es requisito para la validez del acuerdo rescisorio expreso la homologación por parte de la autoridad judicial o administrativa del trabajo.

El art. 241 LCT sólo puede contener pruritos formales dirigidos a tutelar la plena libertad del trabajador en la formulación de la convención disolutoria. Por ello, si se supeditara la validez de la decisión del dependiente de dar por terminado el vínculo a la aprobación de una autoridad estatal (judicial o administrativa), se trataría de un sistema de esclavitud, dado que no otra cosa resultaría de un régimen en el cual el subordinado no podría desvincularse de su patrono si no mediara la opinión afirmativa del representante estatal.
Honorarios del abogado, actualización monetaria
Materia: PROCESAL
Carátula: COPELLO HORACIO c/ BADER C. s/ ESCRITURACION - ACTUALIZACION DE HONORARIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-30

Los arts. 49 y 61 de la ley 21.839, contemplan como presupuestos para la viabilidad de la actualización de honorarios, la previa constitución en mora del obligado al pago, la que se opera en forma automática una vez transcurridos treinta días desde la notificación del auto regulatorio firme o una vez vencido el plazo menor que se fijare. La pretensión de que se actualicen los honorarios desde el momento de la regulación es inadmisible, pues, no se ajusta a lo expresamente previsto en aquellas normas legales y a la doctrina sentada en el fallo plenario de la Cámara Civil "La Amistad S.R.L.

c/Iriarte R.C.", del 9/9/77.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo, prueba pericial, dictamen pericial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pereyra de Barrionuevo, Ventura del Carmen c/ Empresa General Roca S.A. y otra s/ Daños y perjuicios Gauto, Elvio y otra c/ Vallejo, Mariana y otra s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-03|1997-04-29

Las conclusiones de una pericia no tienen valor vinculante, no obligan al sentenciante, no resultando por ello absurdo el apartamiento de las mismas, cuando las razones alegadas son suficientes para ello.
Alimentos, cuota alimentaria, compensación, pago en especie
Materia: CIVIL
Carátula: W., S. c/ M., L.F. s/ EJECUCION DE ALIMENTOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-11-19

Una vez determinado el monto de la cuota alimentaria -mediante convenio o sentencia- el obligado sólo se libera de su obligación cumpliendo lo debido, no pudiendo alterar unilateralmente este aspecto de su deber y, por ello, no puede compensar con lo que entregó en especie al alimentado, o con servicios que le prestó, o con pagos que hizo a terceros en relación a rubros que integran el contenido de los alimentos.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), gravamen actual, cuestión abstracta, leyes, Ministerio Público, facultades del fiscal, imputado, detención, jueces, control de legalidad
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: QUIROGA, EDGARDO NICOLAS s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-04-14

El caso resulta abstracto ante la ausencia de gravamen actual -y no dándose un supuesto de excepción que permita sortear tal obstáculo-, en razón de que habiéndose cuestionado la constitucionalidad del artículo 214 del Código Procesal Penal -que faculta a los fiscales a ordenar la detención de un imputado y el modo en que ésta fue dispuesta por el actor penal-, surge de las constancias de la causa que en el presente ya se realizó una audiencia donde una Jueza controló la legalidad de la detención del encartado, por lo que a partir de tal momento la privación de libertad no es más consecuencia de la cuestionada facultad del Fiscal, sino de una decisión diferente adoptada por una Magistrada.
Alimentos, fundamentación del recurso, recurso de apelación (procesal)
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: N., M. R. c/ G., R. H. L. s/ s/alimentos s/incidente de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 2013-07-31

El recurso de apelación interpuesto contra la sentencia que fijó el porcentaje de alimentos a cargo del progenitor debe ser rechazado, pues no es suficiente para disponer su aumento el argumento de que no abastece a cubrir las necesidades de la menor, ya que tal agravio no excede de una simple oposición a lo que en definitiva se resuelve, dado que se limita a sostener que el gasto alimentario arriba a suma mensual mayor, sin brindar una descripción concreta de los ítems que permiten llegar a ese monto.