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Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), resolución denegatoria, coronavirus, apercibimiento, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia aplicable
Materia: PROCESAL
Carátula: ROJAS, MARIO ALBERTO c/ MUNICIPALIDAD DE VILLA GOBERNADOR GALVEZ s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-05-11

Teniendo presente que, por definición, el apercibimiento es la prevención especial o anuncio formal hecho a una persona citada, emplazada o requerida, de las consecuencias que se seguirán de determinados actos y omisiones suyos, y que no basta para exonerarse de responsabilidad la alusión a que por los motivos de público conocimiento (pandemia) se desalentó la presencialidad -puesto que si bien dicho incentivo a la digitalización fue y es cierto, no se vislumbra que en el caso haya existido una imposibilidad de acompañar las copias certificadas solicitadas; siendo prueba de ello, la inmensidad de casos que tramitaron por ante esta Corte que (en igual período) no se vieron impedidos de continuar su sustanciación por el requerimiento de las copias certificadas correspondientes-, habiéndose verificado que la parte recurrente se encontraba específicamente prevenida con la notificación de lo dispuesto en el decreto pertinente de las consecuencias que se seguirían automáticamente en caso de no cumplirse con lo requerido, y de conformidad con lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 8 de la ley 7055 y al criterio expuesto en precedentes donde se resolvieron cuestiones sustancialmente análogas a la que se presenta, corresponde hacer efectivos los apercibimientos a su turno decretados y tener por no presentada la queja. - CITAS: CSJN: Fallos 328:4078; 323:2191; CSJStaFe: AyS T 180, p 128; T 221, p 472; T 295, p 214. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 7055, artículo 8
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, omisión de considerar cuestión propuesta, daños y perjuicios, daño al proyecto de vida, daño material, indemnización, falta de prueba, salario mínimo, vital y móvil, daño moral, aplicación analógica de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: CAFARELLA, MIGUEL A. c/ MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-04-05

En lo atinente a la endilgada falta de recepción en la condena del rubro indemnizatorio daño al proyecto de vida, en el caso no se ha omitido la consideración de las consecuencias que el hecho produjo a la víctima, respetando la integralidad de la indemnización determinada, y no obstante que el daño al proyecto de vida tiene entidad propia y autonomía conceptual, se ha establecido que no puede ser considerado estrictamente un rubro autónomo, independizado de los dos troncales -material y moral-, sobre los que además generalmente incide de manera simultánea y en distinta medida según el caso; destacando el Tribunal que en la determinación del rubro de daño patrimonial por incapacidad sobreviniente, se ponderaron no sólo la incapacidad del actor, sino también sus condiciones personales, entre éstas la edad y la actividad lucrativa que se tuvo por acreditada; que respecto de la acreditación de ingresos del actor a partir de dicha actividad, se estableció que, no resultaba suficiente la Certificación de Ingresos acompañada por el actor, desconocida por el demandado, en tanto este documento de parte no suple los alcances de una prueba pericial contable, siendo ésta una probanza a completa disposición de la parte que hubiera podido confrontar con documentación fiscal fehaciente, los reales ingresos del accionante; y que, atento la falta de producción de pruebas asertivas sobre los reales ingresos del actor, se ha acudido al parámetro objetivo del Salario Mínimo Vital y Móvil, siendo esta la pauta normal adoptada por esta Sala; y asimismo señalando el A quo que tampoco reviste ninguna trascendencia constitucional la cuantificación que la Sala realizó del rubro indemnizatorio de daño moral, desde que la determinación de dicho rubro responde a la razonable ponderación del Tribunal sustentada en la grave incapacidad padecida por el reclamante, y resulta acorde a los valores indemnizatorios fijados en otros casos análogos.
Jueces, facultades del juez, potestad disciplinaria
Materia: PROCESAL
Carátula: NIZZO, ALDO RAUL c/ TROSERO, ANDRES s/ DAÑOS - QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ  EXPTE Nº 284-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-03-24

La reconceptualización de las potestades sancionadoras de los jueces, no sólo desde el ángulo constitucional, sino también procesal, impone buscar el justo equilibrio entre la necesidad de mantener el orden, decoro y respeto de la justicia y el vital ejercicio del derecho de defensa, ya que la serenidad y templanza que exige la augusta misión de juzgar ser verían deplorablemente empalidecidas por exacerbada susceptibilidad o exagerados escrúpulos.
Presunciones, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Ereria, Adolfo Oscar s/ Robo agravado Naya, Darío Alberto; Olmos, Angel Luis; Olmos, José Luis s/ Privación ilegal de la libertad calificada en concurso ideal con  robo simple
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-07-05|1995-09-12

Las pruebas directas -(las más cercanas al objeto a probar porque contienen su descripción)- pueden originar presunciones -(las más lejanas del objeto)- a las que se les atribuye naturaleza indirecta.
Lanzamiento preventivo, presunción de inocencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público -Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Incidente de apelación en autos: Gómez Cristian s/infr. art. 181, inc. 1, CP
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-02-25

La medida de reintegro, por sus efectos, es constitutiva de un estado de imputabilidad hacia quien se encuentra habitando u ocupando un inmueble, y el art. 335 in fine del CPPCABA permite anticipar un desalojo en un proceso penal que se lleva a cabo previo al dictado de una sentencia condenatoria y trata como "imputado/a" a quien pudiera no serlo, cuestión que entra en colisión con lo preceptuado por el art. 18 de la CN. (Voto en disidencia de la Sra. Jueza Alicia E. C. Ruiz).
Procedimiento administrativo, prueba
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Soria, Domingo Leonardo c/ Provincia de Buenos Aires (Instituto de Previsión Social) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-10-15

Si el actor no ha logrado acreditar el cumplimiento de un régimen horario mayor que el resto de la Administración ni que en virtud de ese horario hubiera percibido una mayor remuneración, no cumple con la carga de probar los hechos justificativos de su pretensión, lo que por su posición en el proceso le corresponde.
Empresa telefónica, tasas, restitución de sumas de dinero, asociaciones de consumidores, legitimación procesal, interpretación de la constitución
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Unión de Usuarios y Consumidores c/ Telefónica Comunicaciones Personales S.A. -ley 24.240- y otro s/ amp. proc. sumarísimo (art. 321, inc. 2°, C.P.C. y C.)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-03-06

Cabe dejar sin efecto la sentencia que rechazó la demanda deducida por la Unión de Usuarios y Consumidores contra la empresa de servicio telefónico, con el objeto de que se ordene a dicha prestataria el cese de la imposición a los usuarios del servicio del pago de la "Tasa de control, fiscalización y verificación" y del "Aporte al fondo fiduciario del servicio universal" y asimismo, el reintegro de las sumas ya percibidas, pues de la lectura de las normas constitucionales en cuestión se desprende que la interpretación que el tribunal a quo hizo de ellas, podría conducir a vaciar de contenido la protección que el art. 43 de la Constitución Nacional otorgó a los consumidores, al legitimar a las asociaciones para la defensa de sus derechos, y la Cámara no tuvo en cuenta que la diversidad en materia de intereses económicos es una característica que necesariamente se da entre los consumidores de cualquier producto o servicio, omitiendo considerar que toda afectación de los intereses del grupo repercutirá de manera distinta en sus integrantes, de acuerdo con la situación económica individual de cada uno de ellos. -Voto del juez Enrique S. Petracchi-. Del precedente "PADEC c/ Swiss Medical S.A s/ nulidad de cláusulas contractuales", del 21/08/2013, a cuyo voto remite-.
Procedimiento laboral, representación procesal
Materia: LABORAL
Carátula: PISANTI, DIEGO LEON c/ TELESERVICIOS Y PROMOCIONES S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-29

El compromiso de un hacer personal e infungible por parte del trabajador, sólo está previsto en la ley laboral de fondo respecto a la prestación de servicios siendo que, para el ejercicio de sus derechos, nada impide que otorgue mandato como puede hacerlo cualquier ciudadano en su condición de tal. El art. 1879 del C.C. cuando habla del poder especial como para "ciertos actos determinados", incluye, en el caso, no sólo "la representación en juicio" sino los actos preparatorios para el mismo.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, sentencia definitiva, ejecución de sentencia, improcedencia del recurso
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Almeida Hansen, Jorge A. y otros c/ Estado Nacional - Ministeriode Educación y Justicia.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-09-25

Si bien las resoluciones recaídas en los procesos de ejecución de sentencia no revisten, como principio, el carácter de definitivas en los términos del art. 14 de la ley 48, cabe hacer excepción a dicha regla en los supuestos en que lo resuelto importe un apartamiento palmario de lo decidido en la sentencia definitiva.
Infracciones aduaneras, prescripción, costas en el orden causado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BARRIONUEVO, BALTAZAR. s/ COSTAS - PRINCIPIO GENERAL.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-29

Los dictámenes e informes internos del organismo aduanero en los cuales fundamentó el tribunal a-quo su decisión de distribuir las costas por su orden, en modo alguno traducen en estos autos una complejidad que autorice apartarse de la pauta objetiva instituida por el legislador cuando -como en el caso de autos- precedió el temperamento propuesto oportunamente por los actores, esto es, la prescripción de la acción fiscal.
Contrato de trabajo, subcontratación laboral, responsabilidad solidaria, distribuidores, plan de ahorro previo
Materia: LABORAL
Carátula: LAGRAÑA, ALEJANDRA c/ VERTIN  S.R.L. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-30

La solidaridad expresada en el art. 30 de la ley de contrato de trabajo implica que entre la empresa principal y la contratista medie una relación jurídica por la cual la primera delega una actividad o parte de ella, inherente a su función propia y específica. Tal supuesto no se da entre una empresa que fabrica electrodomésticos y la que los distribuye a través de planes de ahorro previo, ya que ambas explotaciones son independientes y tienen objetos distintos.
Contratos, tarjeta de crédito, certificado de saldo deudor, ley de seguros, seguro de vida
Materia: COMERCIAL
Carátula: Banco Hipotecario SA c/ Bouzas, Jose Luis s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-31

Cabe revocar la resolución que rechazó el pedido del demandado de que fuera citada la compañía de seguros a fin de que cubriera el saldo deudor reclamado en autos. En el caso, no es hecho controvertido que el banco actor contrató un seguro destinado a cubrir el saldo deudor que se generara en la tarjeta de crédito del demandado, ni lo es que la cobertura respectiva debía cubrir tanto el riesgo de fallecimiento como el de invalidez total y permanente del titular de la tarjeta. Ahora bien, el demandado pagó las primas que fueron puestas a su cargo (el demandado padece una enfermedad que lo invalida). Y si bien la contratación de ese seguro no releva de la deuda al asegurado, las particularidades que presenta la causa revelan en grado de notoriedad que el banco no podía actuar como si ese seguro no hubiera existido, resistiendo así la defensa de su ex cliente fundada en la existencia de una cobertura con la que había tenido que contar porque, precisamente, era una exigencia que le había sido impuesta.
Interrupción de la prescripción, SECLO
Materia: LABORAL
Carátula: Salas Raúl Leonardo c/ Swiss Medical ART SA s/ Accidente-ley especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-09-14

Conforme al criterio sentado por la C.S.J.N. en el caso "Sallent, Adrián c/Banco Itaú Buen Ayre SA s/despido", el reclamo ante el SECLO interrumpe la prescripción. La interrupción de la prescripción resulta más beneficiosa que la suspensión, puesto que finalizado el plazo interruptivo, recomienza el cómputo del plazo de dos años.
Procedimiento laboral, desistimiento de la acción, rebeldía, carga de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: GHISOLFI, WALTER LUJAN c/ ZEN, DEZIO MIGUEL Y OTRO s/ Despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-08-23

En caso de haberse desistido de la acción respecto de la sociedad anónima demandada y pretenderse la condena contra el presidente de dicha sociedad, el actor debe reactivar su obligación probatoria con relación a éste último, puesto que la rebeldía de la empresa desistida ya no surte los efectos que tenía hasta el momento del desistimiento (art. 71 L.O.).
Enriquecimiento ilícito de funcionario público, principio de congruencia
Materia: PENAL
Carátula: L., C. y otro c/  s/ nulidad-enriquecimiento ilícito
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-03-05

La defensa se agravió en el entendimiento de que el delito de enriquecimiento ilícito atribuido no se había verificado porque no pudo comprobarse la existencia de una supuesta concusión precedente, suceso respecto del cual se había dispuesto que no había mérito para procesar o sobreseer a los imputados, afectándose con ello el principio de congruencia.
Recurso de inconstitucionalidad, trámites judiciales, falta de agravio concreto
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: HERRERA, OSCAR R c/ CAPOULAT - CELIS s/ COBRO DE PESOS.   QUEJA   POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 306-84
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-12-23

Constatar si los vicios esgrimidos guardan alguna mínima y elemental conexión con las constancias de autos, queda comprendido en el examen de admisibilidad que debe realizar el Tribunal a quo, y la circunstancia de que en el auto denegatorio no se mencionaran los requisitos estrictamente formales -aun cuando no se ajusta cabalmente a lo dispuesto en el artículo 6 de la ley 7055- no invalida dicho auto desde que de cualquier modo, la verificación de su existencia estaría siempre a cargo de esta Corte y no depararía perjuicio alguno a quien interpuso el recurso.
Competencia federal, competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, juicios en que es parte una provincia, Administración Pública Provincial, causas civiles, distinta vecindad, demanda, ejecución del contrato, televisión, exhibición de película
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Cintelba  S.A. c/ Canal 9 - Paraná - Entre Ríos s/ ordinario-cobro de australes.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-13

Es la competencia originaria de la Corte -por distinta vecindad- la causa en que se demanda por cumplimiento de la obligación de pago emergente de los contratos por exhibición de material fílmico, a un órgano "desconcentrado" o "descentralizado jerárquica o burocráticamente" de una provincia, sin personalidad jurídica propia y con dependencia jerárquica del Poder Ejecutivo.
Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-28


JURISPRUDENCIA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION RECURSO DE HECHO Veleiro, Emilio c/ Desplats, Armando Gustavo y otro.

Buenos Aires, 28 de marzo de 1995.

Autos y Vistos; Considerando:

1°) Que el tribunal ha resuelto reiteradamente que la exigencia de depósitos previos como requisito para la viabilidad de recursos no es contraria a la garantía constitucional de la igualdad y de la defensa en juicio (Fallos: 267:427; 270:259; 296:511, entre muchos otros).

2°) Que, en consecuencia, la cuestión planteada en términos genéricos y sin decir nada concreto acerca de la situación del apelante, no justifica un nuevo examen del tema referente a la inconstitucionalidad del art. 285 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, por lo que la cuestión federal propuesta resulta insustancial.

3°) Que no altera dicha solución la mera referencia al art. 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos (ley 23.054), ya que la parte no demuestra en términos claros y precisos de qué manera dicha norma se opondría al establecimiento del depósito en los recursos de hecho por denegación del remedio federal, máxime cuando la ley contempla que están exentos de ese recaudo de admisibilidad aquellos que demuestren oportunamente carecer de recursos para solventarlo (art. 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Por ello se desestima la inconstitucionalidad planteada-y se intima a la parte para que dentro del plazo de cinco días haga efectivo el depósito, bajo apercibimiento de resolver la queja sin más tramite. Notifíquese.

JULIO S. NAZARENO - EDUARDO MOLINE O'CONNOR - AUGUSTO CESAR BELLUSCIO - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - RICARDO LEVENE (h) - GUILLERMO A. F. LOPEZ - GUSTAVO A. BOSSERT.
Acción, reglamentos, impugnación del reglamento
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cadegua Sociedad Anónima c/ Municipalidad de Junín. Tercero: Sociedad Belgrano para la Protección de la Niñez s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-03-21

La doctrina del Tribunal que sostenía que en el supuesto de que por una medida de carácter general la autoridad administrativa perjudicase derechos privados o de otra administración pública, cabe acudir individualmente a aquella que la dictó reclamando de ella y solicitando se deje sin efecto en cuanto al interés perjudicado o al derecho que vulnera y, en el caso que la decisión final de la autoridad fuera contraria al reclamante, puede promoverse el juicio contencioso administrativo en contra de esa decisión (cf. arts. 2 , C.C.P.A. y 95 del dec. ley 7647/1970), ha cedido frente a la pauta interpretativa contraria seguida por la Corte Suprema de Justicia Nacional en materia de impugnación directa de disposiciones reglamentarias, pues el criterio aludido "... obligaría a los particulares a la permanente impugnación de la actividad reglamentaria de la administración, con el único fin de evitar que, por el transcurso del tiempo, queden firmes los actos dictados como consecuencia de aquella", circunstancia atentatoria del principio de la seguridad jurídica -de jerarquía constitucional y constitutivo de las bases principales de sustentación de nuestro ordenamiento cuya tutela innegable compete a los jueces-, culminó con el valioso criterio que "la regla in dubio pro actione comporta un principio rector en materia contencioso administrativa".
Recurso de inconstitucionalidad, prueba, cuestión no constitucional, tercera instancia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Administración Nacional de la Seguridad Social c/ González, Amalia Alicia s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Acción de   exclusión de protección sindical (Expte. CSJ Nº 75-99)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-03-14

El acierto o error con que los juzgadores valoraron la prueba y la mera oposición que denota en su planteo la perdidosa, no depara caso constitucional idóneo para operar la apertura de la instancia extraordinaria ante la Corte provincial, cuya misión es efectuar el control de la adecuación de la sentencia al ordenamiento jurídico fundamental, pero de ningún modo sustituir a los tribunales ordinarios en su cometido jurisdiccional. Sabido es que la tacha de arbitrariedad no incluye la discrepancia de la recurrente con el criterio utilizado por los jueces de la causa en la valoración de la prueba. Por lo que pretender invadir esa esfera significaría que el Alto Cuerpo sustituyera a aquellos, distorsionando de tal modo el restringido ámbito que sobre el control de constitucionalidad de los pronunciamientos judiciales le confiere la Carta Magna local.
Ejercicio profesional, contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: D.S., H. c/ A. SRL s/ Cobro de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-07-26

Un profesional universitario, puede comprometer sus servicios personales tanto por un contrato de trabajo como por otra vinculación contractual. Por lo que, en el an lisis de la relación de un profesional, no podemos partir de premisas determinadas, dado el car cter particular que siempre va a revestir cada supuesto. Donde deber estarse a las alternativas del caso y de lo que se acredite en el litigio que pueda existir.
Subcontratación laboral, tareas de limpieza, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: BRITO, ILDA c/ EDELIN  S.A.  Y OTRO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-02-21

Las tareas de limpieza que realiza un trabajador en un banco, no compromete la responsabilidad solidaria de la entidad bancaria, art.

30 LCT, ya que no hace a la actividad normal y específica de la misma.
Recurso de apelación (procesal), notificación
Materia: PROCESAL
Carátula: MARTEARENA, Héctor Pablo c/ JUAREZ, María de los Ángeles s/ DIVORCIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2014-02-26

Es inviable el pedido de nulidad de la notificación dirigida al actor de la sentencia definitiva con fundamento en que no se ha diligenciado en el domicilio real denunciado si no se ha alegado ni probado la existencia de un agravio naturaleza tal que haga procedente el recurso de apelación interpuesto.

Si bien la notificación cuestionada de la sentencia definitiva no está dirigida al domicilio real correcto, nada obsta a que ella se concrete, pues la que es relevante para computar el plazo de apelación es la efectuada en el domicilio procesal constituido.

Habiéndose notificado la sentencia en el domicilio constituido por el demandado, tal como lo dispone el art. 40, última parte del CPCyC, sin que se trate de un supuesto excepcional en que la notificación deba practicarse en el domicilio real, no constituye un agravio que además, se haya dirigido otra cédula a un domicilio real incorrecto.
Medidas cautelares, medicina prepaga, planes de cobertura médica, personas con discapacidad
Materia: PROCESAL
Carátula: BAMGBOYE JOHN AYODELE Y OTROS c/ OSDE s/ SUMARISIMO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-28

La cobertura integral del tratamiento prescrito al menor debe ajustarse a las premisas y normas referidas, en virtud de que el contrato firmado por las partes no puede dejar sin efecto el régimen legal estatutario (art. 21 del Código Civil), que por su carácter predomina sobre la voluntad de las partes (conf. esta Cámara, esta Sala, causa n° 5898/04 del 2-5-06, Sala II, doctrina de la causa 11.472/2001 del 16-9-2005, "Chiari, Jonathan Marcelo c/Soc. Italiana de Beneficencia en Bs. As.

s/amparo"). Por lo demás, no está suficientemente acreditado el perjuicio económico irreparable derivado de la medida cautelar que aquí se ordena, ni que se vea afectado el estado financiero de la demandada. Las prescripciones efectuadas al menor, realizadas por especialistas (pediatra, psicólogo y psicopedagogo), no permiten descartar, en orden al peligro en la demora invocado, los eventuales riesgos perjudiciales que acarrearía para su salud si no se cumpliera con la medida cautelar ordenada en forma integral (cfr. certificados e informes médicos).