Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2011-05-17


En la Ciudad de Santiago del Estero, a los diecisiete días del mes de mayo de dos mil once, la Sala Criminal, Laboral y Minas del Excmo. Superior Tribunal de Justicia, integrada por el Dr. Agustín Pedro Rímini Olmedo, como Presidente, y los Dres. Raúl Alberto Juárez Carol y Armando Lionel Suárez, como Vocales y, a los efectos del art. 188 de la Constitución Provincial, con los Dres. Eduardo José Ramón Llugdar y Sebastián Diego Argibay, asistidos por la Secretaria Judicial Autorizante, Dra. Isabel M. Sonzini de Vittar, a los efectos de resolver el recurso interpuesto contra la resolución de fs. 32/35 del Expte. Nº 17.216 - Año 2010 - caratulado: "Cejas Santiago Reinaldo c/ Trono Sandro y/u otros s/ Indemnización Art. 76 de la Ley 22.248, etc. - Casación". Establecido el orden de pase a estudio, resultó designado para hacerlo en primer término el Dr. Armando Lionel Suárez, y en segundo y tercer lugar, los Dres. Raúl Alberto Juárez Carol y Agustín Pedro Rímini Olmedo respectivamente; y a los efectos del art. 188 de la Constitución Provincial, los Dres. Eduardo José Ramón Llugdar y Sebastián Diego Argibay.

El Sr. Vocal, Dr. Armando Lionel Suárez dijo:

Y Vistos: Para resolver en los autos del epígrafe el recurso de casación interpuesto a fs. 39/42 por la parte demandada, contra la resolución de la Excma. Cámara de Trabajo y Minas de Segunda Nominación, obrante a fs. 32/35, de fecha diecisiete de noviembre de 2009. Y Considerando: I) Que el recurrente sostiene que de las constancias del expediente, resulta que la sentencia impugnada carece de fundamentación suficiente, que la convierte en un acto jurisdiccional inválido. Alega también que el pronunciamiento vulnera lo dispuesto en los arts. 105 y 106 de la ley 3.603 así como el art.1 de la ley 25.323. Aduce por otro lado, que respecto de la fecha de ingreso del actor, el tribunal ha omitido valorar prueba documental (intercambio telegráfico) agregada de la que se desprenden contradicciones "en los propios actos del demandante" (sic) e inexactitudes en el relato de la demanda. Denuncia asimismo falta de coherencia en la redacción de la sentencia cuestionada. En ese orden señala que en los considerandos de fs. 33 el A-quo sostiene la improcedencia del reclamo de salario familiar y de ayuda escolar pero en el resuelvo, dispone hacer lugar a dichas pretensiones. Destaca además como contradicción que en los considerandos de fs. 33 el sentenciante entiende que corresponde la entrega del certificado de servicios, y sin embargo resuelve hacer lugar a la indemnización prevista en el art. 45 de la ley 25.345. Puntualiza asimismo que la indemnización dispuesta en el art. 1 de la citada ley, no ha sido demandada y que "no existe" (sic). Objeta por otro lado, que el Tribunal haya rechazado el agravante indemnizatorio establecido en el art. 2 de la ley 25.323 por referirse al art. 245 de la LCT, resolviendo luego hacer lugar al incremento dispuesto en el art. 1 de la citada normativa. Afirma que debió rechazarse también este último rubro bajo los mismos fundamentos que el primero. Pide así, la nulidad del pronunciamiento materia de litigio, por considerar que en él se realiza una valoración arbitraria de la prueba y que carece de fundamentación eficaz y conducente. II) A fs. 75/76 el Sr. Fiscal General entiende que el fallo materia de casación debe ser declarado nulo, por considerar que "el sentenciante violó las solemnidades establecidas por la ley de procedimiento para el caso de falta de contestación de demanda, omitiendo abrir la causa a prueba (de autos se observa la presencia de una contradicción la que se desprende de la documental acompañada por el propio actor)" (sic). III) Planteada de ese modo la cuestión, cabe en primer termino señalar que este Alto Cuerpo viene sosteniendo en forma reiterada que esta instancia extraordinaria de revisión se encuentra limitada a las cuestiones de derecho (art. 145 Ley 3603) que no cabe en ella el reexamen de aspectos fácticos de las decisiones impugnadas, con la única excepción de que se invoque y se demuestre la configuración de supuesto de arbitrariedad en la valoración de la prueba y de los hechos por ser tarea privativa y excluyente de los jueces de la causa. (Conf. Expte. Nº 14.909 - Año 2003 Autos: "Morales Jorge Roberto c/ Crisar S.A. y/o Responsable s/ Diferencia de Sueldos, etc. - Casación". STJ Resol del 21/10/2005, entre otros). Los agravios del recurrente consisten en una critica en el sentido antes expuesto. Denuncia violación de los arts. 105 y 106 de la LPL, que el tribunal ha condenado a su parte a abonar indemnizaciones (ley 25.323) no aplicables al contrato de trabajo rural , que ha incurrido en incongruencias y contradicciones entre lo desarrollado en los considerandos y lo consignado en la parte resolutiva del pronunciamiento. Objeta también la no valoración de documental emanada del propio actor en la que el mismo declara o invoca hechos que no guardan coherencia con los expuestos en la demanda: fecha de ingreso. En consecuencia, y si bien este ultimo agravio, representa por principio una cuestión cuya revisión se encuentra vedada en esta esta instancia extraordinaria, cabe hacer la excepción, por cuanto - en el punto de que se trata- la sentencia se sustenta en afirmaciones dogmáticas y pautas de excesiva lasitud, a la vez que omite la debida valoración de elementos relevantes obrantes en la causa, que impide considerarla derivación razonada del derecho vigente con especial aplicación a las circunstancias de la litis (Conf. Expte. Nº 14.909 - Año 2003 Autos: "Morales Jorge Roberto c/ Crisar S.A. y/o Responsable s/ Diferencia de Sueldos, etc. - Casación". STJ Resol del 21/10/2005, "Coronel c. Ruiz"). Sentado ello, y de la lectura del pronunciamiento atacado cabe concluir que no es posible atribuir al tribunal violación del art. 106 de la ley 3.603 por cuanto la apertura a prueba de la causa en los casos de falta de contestación de demanda, únicamente se impone cuando la demanda se basa en hechos imposibles, cuando en ella se presentan indicios manifiestos de simulación, cuando resulte afectado el orden público o cuando la sentencia deba producir efectos con respecto a personas extraña al proceso, o en su caso en supuestos que han sido delineados por este Superior Tribunal en autos "Caceres c. Resto Bar" (voto de la mayoría). Ninguno de estos supuestos se advierte en autos, incluso el de simulación denunciado por el recurrente, atento que no responde a lo dispuesto en el art. 955 del Código Civil: "La simulación tiene lugar cuando se encubre el carácter jurídico de un acto bajo la apariencia de otro, o cuando el acto contiene cláusulas que no son sinceras, o fechas que no son verdaderas, o cuando por él se constituyen o transmiten derechos a personas interpuestas, que no son aquellas para quienes en realidad se constituyen o transmiten." La fecha de ingreso no es un acto jurídico, sino un hecho objetivo que puede ser reconocido o no, susceptible de generar consecuencias jurídicas, pero de modo alguno constituye un supuesto de simulación que obligue al juez a abrir la causa a prueba en los términos del art. 106 de la ley procesal de la materia. Tampoco se trata de un supuesto igual al que motivó la decisión de anular el fallo de primera instancia en autos "Expte. N° 16.783 - Año 2008 Autos: "Cáceres Oscar Rodolfo c/ Restobar Blue y/u Otro s/ Diferencias de Sueldos, etc. - Casación Laboral" Resol. de Abril de 2010, por cuanto éste se fundamenta en la circunstancia de que es el propio tribunal quien resuelve no abrir la causa a prueba y luego rechaza la demanda fundado en ausencia de ella. En autos, se está en cambio en presencia de declaraciones contradictorias del trabajador sobre un determinado hecho: fecha de ingreso y es el juez quien tendrá que inclinarse por una o por otra al momento de expedirse sobre dicha circunstancia, en el marco del art. 105 de la ley procesal laboral. Al respecto este Alto Cuerpo sostiene que la falta de contestación de la demanda no obliga al iudicante, en los términos de la norma citada supra (art. 105 LPL), a acoger los rubros reclamados si no encuentran el sustento fáctico necesario para ser jurídicamente admisibles. Es decir que si bien el art. 105 de la Ley 3.603, le da una pauta de decisión al juez (distinta a la del art. 63 del CPCC) respecto a cada hecho y circunstancia alegada, expresamente establece también que dando por reconocidos los hechos, deberá dictar sentencia sin mas trámite que la de verificar su competencia y la procedencia de la acción con arreglo a derecho. En suma, aun cuando se tenga por reconocidos los hechos invocados en la demanda, el sentenciante no está obligado a hacer lugar a la acción. (STJ "Toloza Claudio Fabián c/ Corralón Anicar de Víctor Ariel Paz y/u Otros s/ Mes Integrativo de Despido, etc. - Casación", Resol del 18/04/2006, entre otros). Ahora bien, para que ello suceda, los hechos invocados en la demanda deben haber sido expuestos con claridad, contundencia y coherencia, para así permitir al sentenciante arribar a una conclusión lógica sobre el modo en que se sucedieron los hechos (circunstancias de tiempo, lugar, etc) y sin la presencia de elementos probatorios que lo desvirtuen. En dicho contexto cabe señalar que el ingreso del trabajador en el año 1991, es un hecho invocado en la demanda, que en principio puede ser dado por cierto por el sentenciante ante la falta de contestación de aquella (art.105 LPL). Sin embargo, en el caso de autos, junto a la demanda, el actor ha acompañado documental emanada del mismo, en la que invoca - declara- una fecha diferente a la consignada en el escrito introductorio, de modo que dichas declaraciones han sido incorporadas a la causa mediante la documental (intercambio epistolar y denuncia ante la Dirección de Trabajo), razón por la cual, no debió ser soslayada por el Tribunal, quien debió al menos considerar dicha circunstancia, a los fines de emitir, al respecto, un pronunciamiento fundado. La contradicción entre lo denunciado en el escrito de demanda y las constancias de la documental que con ella se acompaña, impide al actor beneficiarse sin mas con la presunción de verdad de los hechos lícitos afirmados, en caso de incontestación de demanda. En función de ello, la decisión del A-quo de reconocer sin fundamento, como cierta la fecha de ingreso denunciada en el escrito de demanda resulta arbitraria al desatender - sin fundamento alguno- constancias conducentes a la correcta resolución del litigio. Así, dado la fecha de ingreso invocada en el escrito de demanda, en principio y en función de lo dispuesto por el art. 105 de la lpl, puede ser tenida por cierta. Sin embargo, en la denuncia efectuada ante la Dirección de Trabajo (Expediente 0453-72105/09), acompañada por el propio actor, éste declara (enero de 2001) como fecha de ingreso una diferente a la consignada en el libelo introductorio, la que ademas es coincidente con la que invoca en el telegrama intimatorio obrante a fs.5, de modo que se debe analizar y establecer la aptitud de aquella para desvirtuar la presunción del art. 105. Como ya se dijera, determinar la real fecha de ingreso tiene sin lugar a dudas potencialidad para actuar como fuente de derecho por ser susceptible de provocar la adquisición, modificación, etc. de derechos u obligaciones, entre otros, el reconocimiento de la antigüedad de la trabajadora y en su consecuencia el pago de los rubros reclamados. La denuncia -declaraciones- en el marco de un expediente administrativo, tiene el carácter de confesión -extrajudicial-. ¿Cual es la fuerza probatoria de esa confesión extrajudicial contenida en el expediente administrativo? La declaración del actor en la que afirma por escrito y en forma expresa que ha ingresado a trabajar en enero del 2001 y que perjudica sus intereses - por resultar de ello menos años de antigüedad- tiene el carácter de confesión extrajudicial prestada en sede administrativa, es decir fuera del proceso en el que se pretende hacerla valer. El art. 417 del CPCC de aplicación subsidiaria al proceso laboral por remisión del art. 168 de la ley 3.603, establece que "La confesión hecha fuera de juicio, por escrito o verbalmente, frente a la parte contraria o a quien la represente, obliga en el juicio siempre que esté acreditada por los medios de prueba establecidos por la ley.". La razón de ser de esta puntualización esta en la circunstancia de que, formulada "la confesión en presencia de la contraparte no cabe duda de que quien la emite no ignora las consecuencias jurídicas que su admisión conlleva, es decir no le pasa inadvertido que esta reconociendo la verdad de un hecho susceptible de traerle consecuencias desfavorables." (Aut. y Ob. cit. pag. 133). La declaración realizada por el trabajador en el expediente administrativo ha sido dirigida a la contraparte -empleadora- en el contexto de un conflicto individual de trabajo- ya había remitido intimaciones por medio de telegrama ley-, con la finalidad de que sea conocida y aceptada por ella. Asimismo, tanto la ley cuanto la doctrina requieren que dicha confesión sea acreditada en su materialidad y alcance por otros medios de prueba dentro del proceso, que en el caso venido en recurso, ha sido incorporada bajo la forma de prueba documental, con lo cual se entiende cumplimentados los requisitos impuestos por el citado precepto legal. Conforme lo hasta aquí expuesto, la declaración expresa inserta en el escrito presentado a fs. 11 por la trabajadora, tiene el carácter de confesión extrajudicial realizada frente a la parte razón por la cual su contenido es vinculante para quien la ha emitido y al modificarla, como lo hizo en la demanda, debió invocar y demostrar ".por vía incidental, la existencia, en su formulación, de un vicio de la voluntad que la invalide" ( Aut. y Ob. cit. Pag. -168). A más de ello, y como ya se lo señalara el reconocimiento como fecha de ingreso en enero de 2001 surge además de las constancias del telegrama de intimación obrante a fs.5. Debe recordarse también que tiene fuerza de confesión "la declaración que una de las partes hace contra si misma, o sea en su reconocimiento de la verdad de un hecho susceptible de producir consecuencias jurídicas contra ella" (Mattirolo, Luis Instituciones del Procesal civil, t.1., pág. 210, Trad. Eduardo de Ovejero- Madrid- La España Moderna, s/f) "La confesión puede llegar a ser el resultado de la declaración de la parte en el caso de que, por la misma, se admita la verdad de un hecho que resulte perjudicial para el declarante. Si la parte declara negando la verdad del hecho sometido a reconocimiento, existirá declaración de parte, más no confesión. El hecho sobre el que recae la confesión debe ser "contrario" al interés del que la presta , ya que toda confesión encierra un acto de abnegación , efectuado con sacrificio de los propios intereses."; "El principio general en esta materia es que la confesión prueba en contra , pero no a favor del absolvente (SCJ Bs. As. Acuerdo: L34.208 del 21-5-85) .". En cambio "Las afirmaciones efectuadas por la parte que resulten favorables a sus pretensiones, mas que acto de confesión, configuran actos de alegación o postulación que, como testimonio de parte, no revisten especial garantía de veracidad" ( Teoría y Técnica probatoria en el proceso laboral-Alejandro Babio -pag.113-Ed.1998 -Librería Editora Platense). Por su lado, el art. 81 de la Ley de Procedimiento laboral expresamente dispone que "...las constancias de los expedientes administrativos tendrán fuerza probatoria suficiente, salvo prueba en contrario a cargo de quien las impugna". En el caso, es el propio actor, quien al menos, debió -y no lo hizo- aclarar el motivo de la discordancia entre lo expresado por ante la Autoridad Administrativa del Trabajo y lo relatado en el escrito de demanda. En consecuencia, la afirmación realizada en el escrito de demanda sobre la fecha de ingreso, no puede, a pesar de estar frente a un supuesto del art. 105 de la LPL (no contestación de demanda), ser tenido por verdadero, por encontrarse desvirtuada dicha presunción por las declaraciones -confesión- efectuada por el propio trabajador, por ante la autoridad administrativa del trabajo, en el marco de una contienda laboral, esto es, con plena conciencia de que sus declaraciones están dirigidas al conocimiento de la contraparte -empleadora-, lo cual se refuerza aun mas con las manifestaciones o afirmaciones consignadas en el telegrama remitido también a la empleadora, pidiendo se aclare situación de revista laboral. Es así que dichas declaraciones, que en definitiva perjudican al trabajador, deben ser tenidas por ciertas, sin que ello importe dejar de lado los principios que rigen la materia, en especial el de irrenunciabilidad, toda vez que la fecha de ingreso es un hecho objetivo a ser valorado y reconocido por el juez, y no es susceptible de acuerdos o renuncias. Debe así, acogerse el planteo del recurrente, y modificar en el punto en tratamiento, la fecha de ingreso (enero 1991) tenida por cierta por el A-quo, reconociéndose en su lugar: enero de 2001. IV) Igual suerte corren los agravios esgrimidos por el impugnante por la decisión del tribunal de merito de hacer lugar al agravante indemnizatorio impuesto por el art. 1 de la ley 25.323 por cuanto el mismo únicamente se aplica a las indemnizaciones contempladas en la ley de contrato de trabajo 20.744 de cuya órbita se encuentra expresamente excluido el trabajo rural o agrario. Resulta improcedente hacerla extensiva, en tanto se trata de penalidades cuya interpretación debe ser restringida. En cuanto a la indemnización por falta de entrega del certificado de trabajo o servicios, es preciso señalar que el art. 72 de la ley 22.248 no contempla indemnización alguna como consecuencia del incumplimiento de aquella obligación, debiéndose destacar ademas, que el art. 45 de la ley 25345 cuyo párrafo se incorpora al art. 80 de la ley 20744, es únicamente aplicable al régimen amparado por esta última, la cual expresamente excluye de su ámbito al trabajo agrario. Atento a ello, se impone revocar en este punto el pronunciamiento de mérito y en consecuencia, rechazar la indemnización contemplada en el art. 45 de la ley 25345. No puede en cambio proceder el agravio que cuestiona la condena a pagar una indemnización a la que el recurrente llama "inexistente" -art. 1 ley 25.345-, por cuanto -mas allá de que efectivamente la norma citada no prevé indemnización alguna- de las constancias de la parte resolutiva del pronunciamiento objetado (34 vta./35), no se desprende ni se advierte que el Tribunal haya condenado a abonar la misma. Respecto de la condena a abonar salario familiar y ayuda escolar, debe señalarse que, tal como lo expresa el demandado, dicha decisión no es coherente con lo sostenido por el tribunal en los considerandos al analizar la procedencia del respectivo rubro, atento que en los mismos, el A-quo entendió que no podía hacerse lugar por no estar acreditada la intimación a su pago con la documentación pertinente (fs. 33 vta.). De modo que, en función de dichos argumentos y conclusión a la que arriba el sentenciante en dicho punto del pronunciamiento (fs. 33 vta.), se impone hacer lugar al agravio y revocar la sentencia venida en casación, disponiendo rechazar el salario familiar y la ayuda escolar reclamados. Por lo expuesto, y oído que fuere el Sr. Fiscal General Voto por: I) Hacer lugar al recurso de casación interpuesto a fs. 39/42 por el demandado. En su merito II) Revocar la Resolución de la Excma. Cámara de Trabajo y Minas de Segunda Nominación obrante a fs.32/35. En consecuencia III) Fijar como fecha de ingreso del actor: enero de 2001, debiendo recalcularse en la etapa procesal oportuna los rubros acogidos y firmes en primera instancia cuyos montos dependieran de la antigüedad del trabajador. IV) Rechazar la Indemnización art. 1 de la ley 25.323, Indemnización art. 45 de la ley 25.345, Salario Familiar y Ayuda escolar, reclamados. V) Con costas, eximiendo de su pago al actor por encontrarse comprendido dentro del supuesto previsto en el art. 122 última parte de la ley 3.603.

A estas mismas cuestiones, el Dr. Raúl Alberto Juárez Carol dijo: Que comparte los argumentos esgrimidos por el Vocal preopinante, Dr. Armando Lionel Suárez emitiendo su voto en idéntico sentido.

A estas mismas cuestiones, el Dr. Agustín Pedro Rímini Olmedo dijo: Que comparte los argumentos esgrimidos por el Vocal preopinante, Dr. Armando Lionel Suárez emitiendo su voto en idéntico sentido. Con lo que se dió por terminado el Acto, firmando los Sres. Vocales, por ante mí, que doy fe. Fdo: Armando Lionel Suárez - Raúl Alberto Juárez Carol - Agustín Pedro Rímini Olmedo - Ante mí: Dra. Isabel M. Sonzini de Vittar - Secretaria Judicial Autorizante - Es copia fiel del original, doy fe.

Santiago del Estero, diecisiete de mayo del año dos mil once.- En mérito al resultado de la votación que antecede, la Sala Criminal, Laboral y Minas del Excmo. Superior Tribunal de Justicia, Resuelve: I) Hacer lugar al recurso de casación interpuesto a fs. 39/42 por el demandado. En su merito II) Revocar la Resolución de la Excma. Cámara de Trabajo y Minas de Segunda Nominación obrante a fs.32/35. En consecuencia III) Fijar como fecha de ingreso del actor: enero de 2001, debiendo recalcularse en la etapa procesal oportuna los rubros acogidos y firmes en primera instancia cuyos montos dependieran de la antigüedad del trabajador. IV) Rechazar la Indemnización art. 1 de la ley 25.323, Indemnización art. 45 de la ley 25.345, Salario Familiar y Ayuda escolar, reclamados. V) Con costas, eximiendo de su pago al actor por encontrarse comprendido dentro del supuesto previsto en el art. 122 última parte de la ley 3.603. Protocolícese, expídase copia para agregar a autos, hágase saber y oportunamente archívese. Fdo: Armando Lionel Suárez - Raúl Alberto Juárez Carol - Agustín Pedro Rímini Olmedo - Ante mí: Dra. Isabel M. Sonzini de Vittar - Secretaria Judicial Autorizante - Es copia fiel del original, doy fe.