marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Falta de personería, subsanación del vicio
Materia: PROCESAL
Carátula: Dirección Provincial del Trabajo c/ Tapia, Víctor Hugo y Otro s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1996-12-27

La falta de inscripción del poder en el registro respectivo, no es causal para que prospere la falta de personería invocada, si el mandato se encuentra otorgado con los requisitos que al efecto establece el Código Civil, toda vez que se trata de una deficiencia administrativa que puede subsanarse durante el proceso, pero que no afecta la validez del mandato en s¡.
Prueba documental, admisibilidad de la prueba, hipoteca
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: POLANSKI  JUAN  CARLOS c/ BANCO  DE LA NACION Y OTROS s/ JUICIOCONTRA LA NACION.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-04-24

Con el fin de respetar los principios de igualdad y de la inviolabilidad de la defensa en juicio, es claro que la prueba instrumental acompañada por la actora es admisible, en la medida en que con ellas se pretende desvirtuar un argumento de rechazo al sistema de refinanciación hipotecaria que no había sido considerado por la actora en su escrito inicial. Pues, mediante tales documentos -sin que implique ello abrir juicio alguno sobre las cuestiones atinentes al fondo de la pretensión- la actora intenta acreditar que "...el destino del mutuo era para los fines de adquisición, reparación, mejora y ampliación de vivienda...".
Superior Tribunal de Justicia, recusación sin causa
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Grasso, Hugo Raul c/ Banco de Santa Fe S.A. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad -Nulidad  (Expte.: C.S.J. Nro. 221 año 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-09-11

Por imperio del artículo 12 de la ley 10.160, tratándose de los Ministros de la Corte, las recusaciones que no fueren debidamente fundadas pueden ser rechazadas sin darle curso, debiendo existir siempre un primer juzgamiento de la cuestión por parte de estos para decidir si la causal resulta de notoria improcedencia o no. Y si bien es cierto que los miembros naturales del Cuerpo no podrían pasar a decidir lisa y llanamente el fondo de la cuestión, también lo es que ninguna tramitación que suceda puede obstar a esa primer valoración del Tribunal, porque el rechazo de plano deviene de la fundamentación de la causal recusatoria e implica la inoficiosidad de la integración, pero no la inmediatez de la respuesta jurisdiccional. De otra manera, cualquier pedido que se formulase o tramitación administrativo judicial (como en el caso) que fuere menester enervaría la facultad mencionada y haría caer en letra muerta la reforma introducida por la ley 11.427 a la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Transacción, Estado Provincial, personería jurídica, capacidad
Materia: ADMINISTRATIVO - CIVIL
Carátula: SANCHEZ GRANEL INGENIERIA SA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     PEDIDO DE HOMOLOGACION DE CONVENIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-06-24

La Provincia, como persona jurídica que es, tiene capacidad jurídica para celebrar un acuerdo transaccional, toda vez que aquélla es la idoneidad o aptitud de un sujeto jurídico para ser titular de relaciones jurídicas y también tiene capacidad de obrar es decir, la aptitud o idoneidad de un sujeto jurídico para ejercer directamente los derechos y deberes inherentes a tales relaciones (o también, como se afirma por algunos, idoneidad del sujeto para ejercer los poderes inherentes a las posiciones jurídicas de las que es titular).
Daños y perjuicios, delitos contra el honor
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Miranda, Ricardo Oscar c/ Villalba, Osvaldo y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-05-05

La afectación del honor de una persona puede asumir la modalidad de la injuria, de la calumnia o de la acusación calumniosa, mediando entre ellas relaciones de género y especie. Si la injuria es comprensiva de toda ofensa al honor, la calumnia particulariza el agravio en la atribución de un delito de acción pública. De su lado, la acusación calumniosa requiere además, que esa imputación de delito se materialice en una incriminación efectuada ante autoridad competente sea mediante querella criminal o denuncia que origine un proceso penal, que el acto denunciado sea falso y que ello sea conocido por el acusado, esto es, que actúe con dolo. Y si en principio, la afectación del honor ajeno, en cuanto intromisión en la esfera jurídica de terceros, debe reputarse contraria al orden social y por ende antijurídica, no es menos cierto que ello será así, sino mediare causas de justificación que excluya la antijuricidad de los actos lesivos de intereses ajenos. Y tratándose de denuncia concretada por un particular, la causal de justificación cubre sólo los casos en que el hecho denunciado es exacto, pues cuando no lo es, se dará una hipótesis de antijuricidad material, la que, de todos modos no generará responsabilidad, sino cuando concurran el dolo o la culpa como factor de imputación (arts. 1067, 1071, 1072, 1090, 1109 y concs. Código Civil).
Daños y perjuicios, responsabilidad del martillero
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pizarro, Víctor A. c/ Castagnola, Miguel s/ Acción de saneamiento
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-12-11

El martillero y corredor público debe proponer los negocios con exactitud, precisión y claridad (arts. 115 Código Com.; 58 inc. 4º, ley 7021), recabando el pertinente certificado del Registro de la Propiedad (art. 5º ley 7021), por lo que ante la inobservancia de una conducta diligente, lo aprehende la responsabilidad por las deficiencias ciertas en la superficie del inmueble vendido (arts.

512 y 1623 Código Civil).
Proceso penal, denuncia anónima, investigación del hecho
Materia: PENAL
Carátula: E.O.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-11-20

En el amplio marco de la investigación que realiza la autoridad policial en virtud del art. 321 y 324 del CPP, en donde entre otros aspectos se reciben denuncias, las que se suman a otros indicios y presunciones que encuadran en el deber de investigar que tiene esta autoridad como la Judicial ante la noticia criminis, no puede considerarse que la información brindada por personas que por temor no se identifican, constituyan por sí mismas una fuente inconstitucional para la investigación, puesto que no se concibe la inacción policial ante una denuncia anónima, ya que sería gravísima la negligencia en no tratar de averiguar el hecho y se incurriría en violación de los deberes de funcionario público.
Cuenta corriente bancaria, capitalización de intereses
Materia: COMERCIAL
Carátula: B.Ch. SA c/ M., O.M. s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-05-22

El agravio referido a la capitalización de intereses importaría analizar la causa de la emisión del certificado de saldo deudor en cuenta corriente bancaria con violación del artículo 544, inc. 4° del Código Procesal.
Procedimiento administrativo, silencio de la administración, excepciones procesales, inhabilidad de instancia
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: ARAUJO, OMAR RAMON c/ A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-27

Cuando la ley 24.463 se refiere a "resolución", se impone una interpretación que no olvide la actitud silente u omisiva de la administración y el resguardo del derecho de defensa en juicio, una de cuyas facetas comporta la tramitación y finalización del proceso en tiempo propio. Por ello, no cabe sino concluir en el carácter comprensivo de ambas categorías resolutivas (manifestación de voluntad expresa o tácita) y que ellas guardan analogía conceptual en cuanto adquieren similar grado de virtualidad o eficacia jurídica. Una exégesis contraria condenaría al administrado a un estado de indefensión al quedar desprotegido frente a la inactividad administrativa con demoras impredecibles. En consecuencia, corresponde revocar la sentencia que tuvo por no habilitada la instancia no mediando pronunciamiento expreso de la A.N.Se.S.
Intereses, capitalización de intereses, anatocismo
Materia: CIVIL
Carátula: Rolón, Héctor Ernesto c/ Ortíz, María Cristina s/ Ejecución Hipotecaria.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-30

No debe diferirse para la etapa de la liquidación la cuestión relativa al anatocismo, dado que el art. 623 del Código Civil, reformado por la ley 23.928, admite la capitalización de intereses por pacto expreso con anticipación a su vencimiento a diferencia del principio que establecía el anterior texto, derogado por la citada ley.
Trabajadores metalúrgicos, adicionales de remuneración, reintegro de gastos de comida, carácter remuneratorio, viáticos
Materia: CIVIL
Carátula: TILLI, DOMINGO c/ ELECTRODINIE E.N. s/ DIFERENCIA DE SALARIOS - AGUINALDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1962-04-30

Son integrativas de la remuneración las sumas que, en concepto de comidas, menciona la cláusula séptima del convenio del 7 de marzo de 1957, celebrado entre la empresa Electrodinie E.N. y U.O.M. (obreros línea 132 K.V., Santa Fe - Buenos Aires); no así las correspondientes a traslados consignados en la misma cláusula.
Procesado, excarcelación, suspensión del juicio a prueba, caución real, caución personal
Materia: PENAL
Carátula: BERRA, Víctor H. s/ EXCARCELACION-ROBO CALIFICADO-TENTATIVA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-11

Si el delito por el cual el imputado fue procesado, permite, por su penalidad, el acceso a la excarcelación (art. 316, párrafo segundo, 1er. supuesto, C.P.P.N.), no obsta a tal posibilidad, la suspensión del proceso a prueba registrada. Es conveniente asegurar el cumplimiento de las obligaciones y órdenes que se impartan al encartado, con una adecuada caución real o personal, que fijará el juez de la instancia anterior sin perder de vista lo establecido por el art. 320 del C.P.P.N.
Responsabilidad del Estado, daños y perjuicios, indemnización, tipo de cambio, importaciones, obligaciones en moneda extranjera
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Revestek S. A. c/ Banco Central de la República Argentina y otro s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-15

Si la actora realizó determinadas operaciones de importación mediante contratos concluidos en moneda extranjera, la alteración del tipo de cambio determina la procedencia del reclamo de daños y perjuicios a cargo del Estado.
Daños y perjuicios, marcas, registro de marca, uso de marca, exclusividad
Materia: COMERCIAL
Carátula: CARLOS GUTIERREZ SA c/ ASTARTI SACIFA s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-05

Resulta improcedente la acción por la que se persigue que se decrete la nulidad de diversos registros que contienen cierta marca obtenidos por la defendida en las clases que se individualiza; de las solicitudes de registro de ciertas marcas con base en que incluyen cierta expresión, de la oposición de la accionada al registro de la mentada marca, del cese del uso que la reclamada efectúa sobre la marca citada al registro que efectuara su parte de aquella, y se condene a resarcir los daños y perjuicios causados a la pretensora por el uso indebido de esa marca, con base en la titularidad que ostenta sobre esta desde cierta fecha en su país de origen (República Oriental del Uruguay); en la notoriedad y prestigio alcanzados por esa denominación como consecuencia de un ostensible e ininterrumpido uso por parte de la reclamante en ese país, máxime, que fue registrada doce años antes del registro obtenido por la defendida en la República Argentina. Ello así, toda vez que la propiedad de una marca se adquiere a través del registro ante la dirección nacional de la propiedad industrial, ya que nuestro sistema marcario es atributivo, es decir, que el derecho se adquiere una vez registrada la misma y no por su uso. El valor de la marca, el derecho exclusivo que su registro otorga, se circunscribe al ámbito territorial argentino. En síntesis, si bien la accionada admite que no creo ninguna marca, tampoco la pretensora hizo lo propio; por otra parte ni la marca registrada tiene esa exclusividad mas allá de las fronteras de nuestro país, ni las registradas en el extranjero gozan de ese derecho en nuestro país (Jorge Otamendi, "Derecho de Marcas", Pág. 26). La marca registrada confiere el derecho exclusivo de uso, es una propiedad para su titular y como tal puede disponer de ella. La legitimidad debe medirse exclusivamente con relación al titular de la marca en nuestro país. Poco importa si el producto proviene del extranjero y la marca le fue aplicada allí o aquí. De una u otra forma se viola el derecho exclusivo del titular de la marca local (autor y obra citada, pag. 302/303). Máxime, si ninguna prueba produjo el reclamante con respecto al perjuicio alegado, ni acredito haber cumplido con el registro de la marca en la pertinente oficina internacional ni explicito si cuenta con la debida autorización para el registro y uso de su verdadero titular. No demostró por ende, tener un "interés jurídico legitimo" para solicitar que se anule el registro de la marca que oportunamente se concedió a la parte contraria, basada simplemente en ser competidor industrial y por tratarse de marcas idénticas que generan posibilidad de confusión.
Accidentes de trabajo, relación de causalidad, concausa, facultades del juez
Materia: LABORAL
Carátula: ARIAS DE SALAS, FELICIDAD c/ SANATORIO GUEMES  S.A. s/ ACCIDENTE-9688
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-11-11

Sin perjuicio de lo dictaminado por el facultativo y por el CMF en orden a la relación causal y/o concausal entre los trabajos realizados por el dependiente y el padecimiento por el que acciona, tal circunstancia escapa a la órbita médico legal, siendo facultad del juez, en cada caso, la determinación de dicho aspecto.
Lealtad comercial, leyenda engañosa, anuncio publicitario, prueba, facultades de la administración
Materia: PENAL-COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: BANCO FRANCES S.A. s/ Lealtad comercial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-07-10

1 - Comete infracción al art. 9 de la ley de lealtad comercial aquella empresa que publica un aviso donde la información relevante para el consumidor - en el caso, la indicación de las bases del concurso, de los lugares para retirar las bases y el tiempo de vigencia de la promoción - no resulta legible y las condiciones de impresión ubicadas en sentido vertical con relación al resto del texto, obstaculizan que el consumidor pueda acceder fácilmente al conocimiento de datos esenciales de la oferta, bastando con que el error se haya constatado en uno solo de los avisos publicados para que se configure la infracción (Del voto del Dr.

Grabivker).- 2 - Resulta procedente que el Director Nacional de Comercio Interior, en el marco de una causa por presunta vulneración a la ley mencionada, deniegue la producción de prueba ofrecida, pues el art. 17, inc. e) de aquel ordenamiento prevé que las pruebas se admitirán solamente en el caso de existir hechos controvertidos - en el caso, se había estimado que una prueba informativa solicitada sólo tendía a cuestionar la publicidad efectuada en un diario, lo cual resultaba irrelevante - y siempre que no resulten manifiestamente inconducentes (Del voto del Dr.

Grabivker).
Tenencia de estupefacientes, comercialización ilegal de estupefacientes, cantidad de estupefacientes, apreciación de la prueba
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: "FITZMAURICE DELGADA, Lourdes s/ procesamiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-05-11

La tenencia con fines de comercialización requiere, a diferencia de la tenencia del art. 14, primera parte de la Ley 23.737, la acreditación de una ultraintención o elemento subjetivo del tipo. A tal efecto, las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon la detención, sumadas algunas particularidades tales como el acondicionamiento y grado de fraccionamiento de la sustancia, como asimismo la posesión de una significativa suma de dinero, también incautada, son pautas de referencia para calificar en uno o en otro sentido. Así, es calificable como tenencia de estupefacientes para su comercialización, el caso de la detención de una persona, a las 2,45 de la madrugada, quien se encontraba junto a otras dos personas, poseyendo 49 envoltorios de papel conteniendo cocaína, con un peso de 0,08 grs. y con un grado de pureza del 49 por ciento, cada uno de ellos, y cuatro envoltorios conteniendo 0,21 grs. de esa misma sustancia, pero con un grado de 17 por ciento, más la suma de 125 pesos.
Aplicación de la ley, daños y perjuicios, indemnización
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Del Palacio, Alexis Claudio Damián contra Pertini, Esteban Hernán y otro. c/  s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2017-08-29

Tratándose de un reclamo por indemnización de los daños derivados de un hecho ilícito, la cuestión debe ser resuelta de acuerdo a lo normado en la legislación vigente al momento del hecho (conf. art. 7, C.C. y C.N.).(doctor Soria, sin disidencia)
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, prueba pericial
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco comercial de finanzas SA (Miguel García Diez, Presidente del Directorio). s/ Impugnación informe individual en Banco Comercial Finanzas SA  -Quiebra- Hoy revisión.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-03-03

Cuando se ataca la forma en que ha sido apreciada la prueba pericial debe acreditarse la existencia de absurdo.
Daños y perjuicios, responsabilidad civil
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Meza de Ocampo, Andrea de los Milagros y otros c/ Lobos, Juan Carlos y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-10-01

Si bien es cierto que el Código Civil -a partir de la reforma- ha establecido expresamente el régimen de la solidaridad entre los partícipes de un cuasidelito (arts. 1109, 1081), no lo es menos que las obligaciones del causante de un daño y del responsable indirecto, no son solidarias sino de las que en doctrina se llama "in solidum" o, más propiamente, concurrentes, consistiendo en aquéllas que tienen un mismo acreedor e identidad de objeto, aunque diversidad de causa y deudor.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, intereses
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: OLIVERA, ESTELA c/ BRUSELARIO, MARIA SOL ISABEL s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-06-11

Teniendo en cuenta que las cuestiones relativas a la tasa de interés son -en principio- ajenas a esta instancia de excepción, no puede soslayarse la carga reforzada que pesa sobre la quejosa de justificar razonablemente su crítica, demostrando que la misma reviste entidad suficiente para habilitar esta vía de excepción; y es en ese marco que no se aprecia que se haya intentado siquiera acreditar o justificar de una manera concreta la irrazonabilidad a la que supuestamente arribaría la tasa de interés fijada por el Tribunal A quo, más aún si se tienen presentes los argumentos incólumes plasmados por la Alzada, en cuanto a que el monto de la condena fue prudentemente actualizado al momento del allo.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), depósito previo, honorarios, ley arancelaria
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Herederos de Luis P. Buono c/ Distrinea S.A. y otros s/ Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad- Nulidades   actos administrativos- Reparación daños- Auto de presidencia-   Revocatoria (Expte. CSJ N. 212-2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-11-28

Corresponde desestimar el recurso de revocatoria interpuesto contra la providencia que ordena acompañar la boleta de depósito prevista en el artículo 8vo. de la ley 7.055, invocando el contenido del artículo 28 incisos a) y e) de la ley 6767 porque lo discutido, en definitiva, son honorarios cuando, el inciso e) -que prevé que los recursos sobre honorarios no devengan honorarios y se exceptúan de todo gravamen- no comprende supuestos como el de autos, en el que el recurso de inconstitucionalidad no se dirige derechamente a cuestionar el monto de los honorarios.
Sentencia firme, cosa juzgada
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Veloso, José c/ Municipalidad de Florencio Varela s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-10-09

Corresponde realizar un examen integral de lo actuado en ambos procesos y así determinar si la sentencia firme ha resuelto ya lo que constituye la pretensión deducida en los nuevos autos. Lo esencial es determinar si los litigios considerados en su conjunto, son idénticos o no, contradictorios o susceptibles de coexistir. Sin desconocer la importancia de la regla tradicional de la triple identidad: sujeto, objeto y causa, su configuración no es requisito sine qua non para afirmar la existencia de cosa juzgada (doctor SORIA, sin disidencia).
Recurso extraordinario de nulidad, omisión de cuestión esencial
Materia: LABORAL
Carátula: Benítez, Ramón Bartolo c/ Prociv S.A. y otra s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-03-07

No se encuentra cumplida la manda constitucional contenida en el art. 168 de la Constitución provincial si la redacción y estructura del veredicto, no exhibe la formulación de los interrogantes que eran menester para dirimir adecuadamente el diferendo sometido a decisión judicial, sino que anticipa la determinación de los sentenciantes de grado de no abordar en la etapa de la sentencia de mérito, la resolución de la controversia despojada de prejuzgamientos.
Relación de dependencia, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Medina Angel Mario c/ Molinos Río de la Plata S.A. s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-04-20

La negativa de la demandada a reconocer el vínculo laboral cuando se encuentra acreditada la prestación de servicios, debe necesariamente ser acreditada en las actuaciones fehacientemente. El juego armónico de los artículos 76 del Código Procesal Laboral, con el artículo 21 de la Ley de Contrato de Trabajo dan la respuesta. Es evidente, que no basta con negar el vínculo laboral en base a deducciones, menos aún cuando se han probado las prestaciones en favor de la accionada y es allí en donde entra a funcionar ese juego armónico de las leyes de forma y fondo, apuntado.
Recurso de casación, procedencia del recurso, sentencia arbitraria, honorarios del abogado, derecho de propiedad
Materia: Procesal
Carátula: Rotondo de Avila, Nancy del Valle c/ Astrafor S.A.I.C. s/ Embargo Preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1992-04-30

En la resolución recurrida no se ha observado la normativa arancelaria, ni tampoco las pautas prefijadas; lo que unido a la insuficiencia del Memorial, a la estimada falta de motivación suficiente y en consideración a la reducción del monto firmado, por parte de la Excma. Cámara de Apelaciones, hacía necesario fundamentar exhaustivamente el decisorio, ello para no afectar el derecho de la defensa a una justa retribución al amparo del art. 17 de la Constitución Nacional.