Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2013-03-13


SENT Nº 71 San Miguel de Tucumán, 13 de Marzo de 2013.- Y VISTO: La declaración de incompetencia de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo en los autos caratulados: "Romero Lascano Eduardo Antonio vs. Provincia de Tucumán s/ Acción declarativa de Inconstitucionalidad", y	C O N S I D E R A N D O :

I.- Que vienen los autos a conocimiento y resolución del éste Tribunal a los fines de su competencia para entender en la causa.

Que por Resolución N° 40 del 21 de febrero de 2013 (fs. 132/133), la Sala IIª de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo declaró su incompetencia material para entender en el caso, disponiendo asimismo que los autos sean elevados a la Excma. Corte Suprema de Justicia.

Que recibidos y remitidos a vista del Sr. Ministro Fiscal para dictaminar sobre la competencia de la Corte para entender en la causa, éste se pronunció a fs. 146 sobre la competencia del Tribunal con fundamento en el artículo 4° segundo párrafo del CPC.

Que la primera cuestión a elucidar refiere a la competencia de la Corte Suprema de Justicia para conocer en este proceso, poniendo de resalto que es principio reiterado por ella, en sus diferentes integraciones, que para determinar la competencia en razón de la materia debe estarse a los hechos expuestos en el escrito de demanda y alegados en sustento de la acción que se promueve. Lo relevante a tal efecto será, pues, la naturaleza intrínseca del hecho o acto jurídico constitutivo de la pretensión, con prescindencia absoluta del derecho -norma positiva- que invoque el demandante (CSJT: "Centro de Alta Complejidad Regional S.R.L. vs. Asociación de Prestadores del PAMI (A.Pre.Pa) s/ cobro ordinario. Competencia"; "Freidenberg, Alicia vs. Estado Provincial (Honorable Legislatura) s/ Amparo"; "López, Carlos Eduardo vs. Provincia de Tucumán s amparo", entre muchas otras).

Que en los presentes autos el actor promueve acción declarativa de inconstitucionalidad en los términos de los artículos 89 y siguientes del CPC, respecto de las Acordadas N° 1.410 de fecha 17/12/2012 y N° 1.437 del 27/12/2012, dictadas por Excma. Corte Suprema de Justicia y del Dcto. N° 3.384/14-2012 del Poder Ejecutivo, cuestionando además la constitucionalidad de los artículos 126 y 130 de la Constitución de la Provincia.

Que a fin de pronunciarnos sobre la competencia del Tribunal, como bien lo señala el Sr. Ministro Fiscal, debe tenerse presente que los actos atacados refieren a la designación de los representantes del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo en el Jurado de Enjuiciamiento.

Que la Corte Suprema se ha pronunciado en el sentido de que la competencia "exclusiva" que prevé el precitado artículo 4° segundo parágrafo del CPC, es de alcance restrictivo dado que su configuración impone atender, no sólo al órgano emisor del acto sino también a la naturaleza jurídica de éste, vale decir, a aquél al que se imputa la virtualidad de causar el vicio de inconstitucionalidad cuya declaración se pretende (cfr. CSJT, sentencia N° 01/2003, punto III del considerando, autos "Municipalidad de Yerba Buena s/ Acción de inconstitucionalidad"; en idéntico sentido, sentencia Nº 221/2006, in re "Freidenberg, Alicia vs. Estado Provincial (Honorable Legislatura) s/ Amparo", considerando II.3 y sentencia N° 415/2012, in re: "López, Carlos Eduardo vs. Provincia de Tucumán s/ Amparo", considerando 5).

Que en lo que refiere a la naturaleza del Jurado de Enjuiciamiento en sentencia N° 888/2008 recaída en la causa "Colegio de Abogados de Tucumán vs. Honorable Convención Constituyente de Tucumán s/ Inconstitucionalidad", se sentó la subsistencia en el instituto de ostensibles caracteres netamente políticos, lo que se advierte respecto al acto mismo de destitución -que culmina el proceso jurisdiccional no judicial de enjuiciamiento- que reviste naturaleza político constitucional.

En dicho pronunciamiento, siguiendo al precedente "Freidenberg, Alicia vs. Estado Provincial (Honorable Legislatura) s/ Amparo", sentencia N° 221 del 29-3-2006, se señaló que el proceso ante el Jury que no es un juicio penal; en él no se persigue castigar, sino separar del cargo; no juzgar un hecho como delictuoso, sino una situación de gobierno como inconveniente para el Estado. O sea, alejar del ejercicio del poder a quien es portador del mismo. Por eso, el juicio político termina y agota su objetivo cuando el funcionario se separa o ya no está en el cargo (Bidart Campos, Germán J., Derecho Constitucional del Poder, Ediar, S.A., Bs. As. 1967, T. I, Lº 2º, Parte Iª, Título 5, Cap. XIII, pág. 380). Es político, entonces, en razón de su esencial y directa vinculación con la organización de uno de los tres departamentos supremos del estado provincial -integración del Poder Judicial- y el acto que eventualmente culmine su faena genéricamente es estatal, por ende propio del derecho público local y específicamente, por su contenido o materia, de naturaleza político constitucional y no de índole administrativa ni tributaria.

Allí se dijo además que otra manifestación del carácter político aparece con la dosis de discrecionalidad de esa índole respecto a que, en el juzgamiento de la conducta del magistrado, juega la apreciación de la conveniencia o inconveniencia de la continuidad de aquél en el ejercicio de la función jurisdiccional judicial (cfr. Armagnague, Juan Fernando: Juicio Político y Jurado de Enjuiciamiento, págs. 297/298), sin perjuicio de que, como con acierto lo destaca Adrián Ventura, el margen de discrecionalidad del Jurado es menor que el del Congreso al tener que darle mayor importancia a los elementos técnicos relativos a la idoneidad del magistrado cuya conducta está sujeta a revisión (cfr. Consejo de la Magistratura-Jurado de Enjuiciamiento, pág. 248).

Por último, en dicho fallo también se sentó que el carácter político del procedimiento previsto para la remoción de magistrados del Poder Judicial a cargo del Jurado de Enjuiciamiento, viene dado por la identidad en principio de las causales de remoción (cfr. artículo 125 de la Constitución provincial).

Que con atención a tales parámetros, y si bien la acción se dirige contra e actos emanados de diferentes poderes del Estado, la materia de éstos, en cuanto refiere -como se adelantara- a la designación de quienes integran un órgano político del Estado Provincial, sobrepasa la índole administrativa o tributaria, y por ello, la pretensión deducida por el actor queda contenida en el segundo párrafo del artículo 4° del CPC y por tanto, su conocimiento es de competencia exclusiva de la Corte Suprema de Justicia.

II.- Que sentada en el apartado precedente la competencia de la Corte Suprema de Justicia, corresponde indagar sobre la medida cautelar solicitada en la causa, la que se encamina a obtener la suspensión del proceso de destitución iniciado en contra del demandante.

Que en el estado actual de situación, y estando al alcance de la pretensión ejercida por la que se cuestiona la constitucionalidad de las normas y actos administrativos que disponen la integración del Jurado de Enjuiciamiento; aparece pertinente reservar el pronunciamiento sobre tal cuestión hasta tanto se expida la comisión Permanente de Juicio Político de la Honorable Legislatura de la Provincia sobre la denuncia efectuada en contra del actor.

Por ello, este Tribunal,	R E S U E L V E :

I°).- DECLARAR la competencia de la Corte Suprema de Justicia para intervenir en la presente litis, acorde lo considerado.

II.- RESERVAR el pronunciamiento acerca de la medida cautelar solicitada hasta tanto se expida la comisión Permanente de Juicio Político de la Honorable Legislatura de la Provincia sobre la denuncia efectuada en contra del actor.	HÁGASE SABER.

SALVADOR NORBERTO RUIZ HORACIO RICARDO CASTELLANOS EBE LÓPEZ PIOSSEK ANTE MÍ: CLAUDIA MARÍA FORTÉ.