Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2014-02-13


Salta, 13 de febrero de 2.014 Y VISTOS: Estos autos: "CREDIT S.R.L vs. CARRIZO, Hernán Matías, -Ejecutivo -Embargo Preventivo", Expte. Nº 428.866/13 del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial de Procesos Ejecutivos 3ª Nominación, Expte. CAM 444.528/13 de esta Sala V de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial y C O N S I D E R A N D O El Dr. Oscar Gustavo Koehle dijo:

1) A fs. 10 la parte actora, apela la resolución de fs. 9 por la que la Juez que entendía en la causa se declaró incompetente. Funda su recurso a fs. 12/19 y se agravia porque la declaración de incompetencia viola principio elementales del proceso y de la legislación vigente. Señala que en el caso se persigue el cobro de un pagaré a la vista sin protesto firmado y con lugar de pago en el domicilio de la actora. Que el juez en lugar de proveer a la demanda y luego de correr vista al fiscal judicial, se declaró incompetente por considerar que el pagaré fue librado para garantizar un contrato de consumo. Que la arbitrariedad de la decisión es patente porque la competencia territorial es esencialmente prorrogable. Dice que nada de eso tuvo en cuenta el juez y ni siquiera consideró que, esas disposiciones, también tienen raigambre constitucional, lo que originó el fallo que resulta arbitrario y violatorio de las leyes aplicables al caso. Que en la sentencia, con toda razón, se sostuvo que el título que se ejecuta es autónomo e incausado pero luego, infiere que el mismo fue librado a los fines de garantizar un contrato de préstamo para consumo, resultando de aplicación la ley de Defensa del consumidor. Tal afirmación dice, importa una violación a normas y principios que revisten el carácter de orden público. Que el art. 367 de la LDC contempla en su art. 36, a los contratos financieros o de consumo los que resultan diametralmente opuestos al pagaré que aquí se ejecuta. Cita jurisprudencia de las sala I, III y IV de esta Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial y jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación. Pide se haga lugar a su recurso y formula reservas de interponer recurso de inconstitucionalidad por la eventualidad que se rechace.

A fs.28, la Sra. Fiscal Civil ante la Cámara, se pronuncia por la procedencia del recurso.

2) La declaración de incompetencia puede ser dictada de oficio por el juez, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 4 del CPCC que dispone "Toda demanda deberá interponerse ante Juez competente y siempre que de la exposición de los hechos resulte no ser de la competencia del juez ante quien se deduce, deberá dicho juez inhibirse de oficio..." Esa norma no resulta de aplicación en todos los casos, sino que se encuentra delimitada por la clase de competencia de que se trata y el estado procesal en que se encuentre la causa.

Así en cuanto a lo primero, el articulo 1 del CPCC dispone que la competencia atribuida a los tribunales provinciales es improrrogable... exceptuase la competencia territorial que podrá ser prorrogada por conformidad de partes". El art. 2º determina la forma en que se produce la prórroga.

Es decir que como regla general, la competencia territorial es prorrogable en forma expresa o tácita, según lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del código procesal. Lo cual, impide la declaración de incompetencia de oficio prevista en el último párrafo del artículo 4 del mismo. No obstante, no se trata de una regla absoluta, sino que admite excepciones, entre las que se encuentran por ejemplo, las previstas para el juicio sucesorio en el artículo 3284 del código civil, o en el artículo 3 de la ley concursal 24.522. También, en lo que aquí interesa, es la norma del artículo 36 de la Ley 24.240, reformada por la ley 26.361, que establece la jurisdicción del juez del domicilio del consumidor o usuario, declarando nula cualquier convención en contrario.

3) En el caso, la Sra. Juez, inmediatamente después a la interposición de la demanda, se declaró incompetente por considerar que se está ante una operación de consumo, regida por la norma citada en el párrafo precedente, dando los argumentos por los que así lo considera.

La apelante en su memorial de agravios, se limitó a disentir con la conclusión a la que arribó el juez con el solo argumento que se trata de la ejecución de un título ejecutivo y que el domicilio de pago es el del acreedor, sin desvirtuar de manera útil los fundamentos de la sentencia.

En autos son hechos reales y probados que 1) el actor es una persona jurídica que otorgó créditos de consumo conforme surge del pagaré (ver fs. 3) y como tal, se encuentra comprendido en el art. 2 de la ley citada como proveedor de relaciones financieras y de crédito, entre otras, de consumo; 2) por la condición del demandado de ser una persona física, lo que posibilita su encuadramiento como usuario o consumidor, calidad que es atribuida en el art. 1 a toda persona física o jurídica, que adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita u onerosa como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social, 3) la relación financiera es una operación de crédito en atención a los hechos expuestos en la demanda; 4) se reclama un monto relativamente bajo ($2.600), de lo que se infiere que es a beneficio del demandado o de su grupo familiar y 5) el domicilio denunciado por el actor permite suponer que se trata realmente de una relación financiera o de crédito de consumo.

Siendo así, resulta de aplicación el art. 36 citado, no procediendo la prórroga por competencia territorial y consecuentemente se desestiman los agravios (conf. esta sala V, año 2.011, fs, 1545/48). Y en razón que la declaración de incompetencia formulada por la juez de oficio a fs. 9, lo fue en la oportunidad prevista por el art. 4 del CPCC, esto es inmediatamente después de interpuesta la demanda, debe denegarse el recurso.

La Dra. Nelda Villada Valdez dijo:

1) Que comparto el relato de los antecedentes de la causa que efectúa en su voto el Dr. Oscar Gustavo Koehle, pero disiento con la resolución a la que arriba, dando para ello los siguientes fundamentos, tal como se ha sostenido en precedentes de la Sala Tercera de esta Cámara que integro.

2) La competencia territorial es esencialmente prorrogable por conformidad de los interesados (conf. CSJN, Fallos 313:717) y en consecuencia resulta relativa y disponible, en tanto no se encuentra comprometido el orden público (CN Com., Sala A, Doctrina Judicial, t. 1997-1, p.1066) resultando susceptible de ser prorrogada implícitamente cuando el actor promueve la demanda, la que se consolidaría si el demandado no opone oportunamente la excepción de incompetencia.

Corresponde determinar en el presente caso si el sentenciante puede declarar de oficio su incompetencia territorial con fundamento en el art. 36 in fine de la Ley 24.240, cuando se trata de la ejecución de un pagaré que se caracteriza por su abstracción. Al respecto cabe traer a la reflexión lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El máximo tribunal, siguiendo lo dictaminado por la Procuradora ante la Corte en el caso "Cía. Financiera vs. Toledo", sostuvo que no procede declarar de oficio la incompetencia en asuntos exclusivamente patrimoniales cuando ella se funda en razón del territorio, en tanto puede ser prorrogada por las partes (CSJN, 231 L XLVI, 24 de agosto de 2010).

Dicho precedente resulta plenamente aplicable al caso en tanto se trataba de un supuesto similar, en el cual se pretendía ejecutar un pagaré y el magistrado de primera instancia declaró su incompetencia de oficio con sustento en el art. 36 de la Ley 24.240. Así entonces compartiendo lo resuelto por el tribunal cimero, y siendo que el presente criterio fue sustentado por la Suscripta en los autos "Credinea S.A. Campos, Lucía Mercedes -Ejecutivo", Expte. Nº CAM 412.162/12 de fecha 15/02/13, t. 2013, fº. 8/10; "Credit S.R.L. vs. Arancibia, Claudia Alejandra -Ejecutivo", Expte. Nº CAM 422.808/13, de fecha 03/05/13, t. 2013, fº. 246/247; "Carsa S.A. vs. Cintas Tebes, Alberto Miguel -Ejecutivo", Expte. Nº CAM 422.690/13, de fecha 07/05/13, t. 2013, fº. 250/251; "Credit S.R.L. vs. Aparicio, Esperanza -Ejecutivo", Expte.Nº 426.059/13, t. 2013, fº. 381/382; "Carsa S.A. Comercial e Industrial vs. Betancur, Juan Domingo -Ejecutivo", Expte.Nº 433.384/13, de fecha 20/08/13, t. 2013, fº. 424/425; "Credit S.R.L. vs. Liendro, Ricardo -Ejecutivo", Expte. Nº CAM 434.367/13, de fecha 21/08/13, t. 2013, fº. 435; "Credinea S.A. vs. Sosa, Roberto Nerse -Ejecutivo", Expte. Nº 432.058/13, de fecha 21/08/13, t. 2013, fº. 427/428; "Credinea S.A. vs. Gutiérrez, Juan Carlos -Ejecutivo". Expte. Nº 434.006/13, de fecha 21 de agosto de 2013, t. 2013, fº. 426; entre muchos otros, voto por acoger el recurso interpuesto y en consecuencia dejar sin efecto la resolución de fs. 9, mandando continúe la tramitación de la causa en el Juzgado de grado.

El doctor José Gerardo Ruiz dijo: _ I) Este Tribunal se expidió en precedentes similares al de autos (CApelCCSalta, t. XXXV-I, fº 74, 89, 148, 287 entre otros), en el sentido que no resulta procedente la declaración de incompetencia territorial de oficio, ante la existencia, o presunción de existencia, de una relación de consumo, en el marco de una ejecución de un título abstracto.

Como principio general, la competencia atribuida por ley a los tribunales no es prorrogable por acuerdo de partes. La competencia territorial es esencialmente prorrogable por conformidad de los interesados (cf. CSJN, Fallos, 313:717). En efecto; tratándose de competencia en razón del territorio, la misma resulta relativa y por ende, disponible, en tanto no se encuentra comprometido el orden público (CNCom., sala A, Doctrina Judicial, t. 1997-1, p. 1066). En tal circunstancia, es susceptible de ser prorrogada implícitamente cuando el actor promueve la demanda, la que se consolidaría si el demandado no opone oportunamente la excepción de incompetencia (CApelCCSalta, sala IV, t. XXIX, fº 306, entre otros).

En el caso, se promovió la ejecución de un pagaré que fuera suscripto en Salta y pagadero en la ciudad de Salta (cfr. fs. 3). A su vez, la actora denuncia como domicilio real del ejecutado el sito en Las Lajitas (Provincia de Salta) (fs. 4). Posteriormente y previa vista al Fiscal Judicial, se dicta la resolución de fs. 8, objeto del recurso que se analiza.

Tal como lo señaló este Tribunal en los precedentes referidos (t. XXXV-I, fº 74, 89, 148, entre otros) no existe sobre el tema sub júdice, un criterio jurisprudencial uniforme. En efecto, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, en pleno, sentó que "En las ejecuciones de títulos cambiarios dirigidas contra deudores residentes fuera de la jurisdicción del tribunal: 1. Cabe inferir de la sola calidad de las partes que subyace una relación de consumo en los términos previstos en la ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor, prescindiendo de la naturaleza cambiaria del título en ejecución. 2. Corresponde declarar de oficio la incompetencia territorial del tribunal con fundamento en lo dispuesto en el art. 36 de la Ley de Defensa del Consumidor" (29/06/2011, La Ley online AR/JUR/27786/2011). En idéntico sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, dijo que "En la ejecución de un pagaré resulta competente el juez del domicilio del ejecutado y no el del domicilio de pago, si el título ejecutado se originó en una operación financiera de consumo, pues resulta aplicable al caso lo establecido en el art. 36 de la ley 24.240, texto según ley 26.361", (Cuevas, Eduardo Alberto c/Salcedo, Alejandro René, 01/09/2010, La Ley, 2010-E, 226 con nota de Federico M. Alvarez Larrondo; La Ley, 2011-A, 391 con nota de Guillermo E. Falco; María Constanza Garzino; DJ 23/03/2011, 42; La Ley online AR/JUR/47199/2010). Agregó, el Tribunal, que "Si bien impera en el ámbito de las relaciones de financiación para consumo, las limitaciones cognoscitivas propias de los procesos de ejecución, que impiden debatir aspectos ajenos al título, es posible una interpretación de la regla aludida acorde con los principios derivados de la legislación de protección de usuarios y ello impone autorizar a los jueces a declarar de oficio la incompetencia territorial a partir de la efectiva constatación de la existencia de una relación de consumo a las que se refiere el art. 36 de la Ley de Defensa del Consumidor". (SCBA, "Illarietti, Luis Rodrigo c/Aguirre, Christian Oscar", 14/09/2011, La Ley online: AR/JUR/67158/2011).

La Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunció en sentido opuesto, al sostener que "Es improcedente la incompetencia decretada de oficio por el juez que previno en la ejecución de un pagaré, con fundamento en que el juicio correspondería al juez del domicilio del deudor según el art. 36 de la Ley 24.240 -por ser el demandado un "consumidor"-, pues, tratándose de asuntos exclusivamente patrimoniales, la facultad de declinar de oficio la competencia en razón del territorio se encuentra restringida en forma expresa por el art. 4, 3° párrafo del Código Procesal, ya que la jurisdicción puede ser prorrogada por las partes -art. 1, segundo párrafo del Cód. de Rito-. (del dictamen de la Procuradora Fiscal que la Corte hace suyo, "Compañía Financiera Argentina S.A. c/ Toledo, Cristian Alberto", 24/08/2010, La Ley, 2010-E, 180; DJ 23/03/2011, 17 con nota de Federico M. Álvarez Larrondo; Gonzalo M. Rodríguez; JA 2011-II, 51; La Ley online: AR/JUR/45124/2010).

Cabe decir que la Sala IV, la cual integro, adhiere a la doctrina del Máximo Tribunal. Así, en precedente registrado en t. XXVII, fº 156, -en el cual se analizó un supuesto diferente al ventilado en autos, pero sus conclusiones resultan aplicables al caso-, se dijo que "...el juez no puede declararse incompetente por razón del domicilio ya que se trata de la competencia territorial expresa o implícitamente renunciable. Si lo hiciera, su decisión sería prematura, conforme uniformemente lo ha establecido la doctrina judicial (Fenochietto-Arazi, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado y concordado", 1993, 58, n° 4 y citas jurisprudenciales). Además, mientras las reglas atributivas de competencia por razón de la materia, del valor y del grado propenden fundamentalmente a asegurar la eficiencia de la administración de justicia, y se basan por lo tanto en consideraciones de interés general, las reglas que fijan la competencia por razón del territorio atienden ante todo a facilitar la actuación procesal de las partes y se hallan establecidas en el presunto interés individual de éstas. De allí que respecto a la competencia en razón del territorio, el órgano judicial se halla vinculado al poder dispositivo de las partes, quienes pueden renunciar, expresa o tácitamente, a la aplicación de las reglas correspondientes, sometiéndose a la competencia de un juez distinto al previsto por éstas, de allí que sea prorrogable y relativa la incompetencia del órgano judicial al cual las partes voluntariamente se someten (Palacio, Lino Enrique, Derecho Procesal Civil, tomo II, pág. 370 y sgtes.; arts. 1 y 2, Código Procesal)".

La Sala III de este Tribunal al resolver una cuestión similar a la presente, en los autos caratulados "Credinea S.A. c/Campos, Lucía Mercedes s/Ejecutivo", consideró plenamente aplicable el referido criterio de la Corte Suprema, destacando que además no contaba con elementos que permitan determinar que la actora -más allá del nombre de la persona jurídica-, se encuentra comprendida en el art. 2 de la ley 24240 (cf. fallos año 2013, fº 8/10), elementos que tampoco se observan en el presente.

Por todo lo expuesto, voto en el sentido de que se acoja el recurso de apelación deducido a fs. 10, y en consecuencia se revoque la resolución de fs. 9.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede:

LA SALA QUINTA DE LA CAMARA DE APELACIONES C. y C.

HACE LUGAR al recurso de apelación interpuesto a 10 y en su merito REVOCA la resolución de fs. 9 y DISPONE que el titular del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial de Procesos Ejecutivos de Tercera Nominación continúe interviniendo en la causa.- REGISTRESE; Notifíquese y baje.