Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-12-18


En la ciudad de Buenos Aires, a los 18 días del mes de diciembre del año 2006, se reúnen los miembros de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, a efectos de resolver el recurso de apelación interpuesto por el Sr. Defensor Oficial, Emilio Antonio Cappuccio, a fs. 59/60 vta. de la presente, de la que:

RESULTA:

I.- Que a fs. 1/9 obran actuaciones policiales labradas al Sr. Eugenio Omar Falcón, por la presunta comisión de la contravención prevista en el art. 81 de la Ley Nº 1472 consistente en ofrecer servicios sexuales en la vía pública, el día 5/5/2006 en la calle Luis Sáenz Peña 934 de esta ciudad.

II.- Que a fs. 16 obra acta circunstanciada labrada a Eugenio Omar Falcón por la presunta comisión de la conducta contravencional prevista y reprimida en el art. 81 Ley 1472, el día 12/6/2006 en la calle Carlos Calvo 1253 de esta ciudad.

III.- Que a fs. 29/30 se agrega el acta de audiencia fiscal llevada a cabo el 4/7/2006, en la que el encartado, junto a su Defensa acuerdan con la Fiscal de Grado, María Valeria Massaglia, suspender el proceso a prueba por el término de cinco meses, bajo las siguientes condiciones: 1) Fijar su residencia y comunicar a la Fiscalía cualquier cambio, que fija en la Av. Entre Ríos nº 1044, habitación nº 1 de esta Ciudad; 2) Cumplir con las citaciones o requerimientos que la Fiscalía o el Juzgado hicieren y 3) Abstenerse de concurrir a las zonas pertenecientes a las jurisdicciones de las Seccionales nº 16 y 18 de esta ciudad. Las partes manifiestan su conformidad con el acuerdo, y solicitan a S.S. aprobarlo prescindiendo de la audiencia del art. 293 CPPN.

IV.- Que a fs. 35 el Sr. Juez de Grado, Santiago Otamendi, resuelve citar al encartado y a su Defensa a la audiencia única prevista en el artículo 293 CPPN, para el día 10/8/2006.

V.- Que a fs. 38 el Sr. Defensor Oficial solicita se fije nueva audiencia atento que el encartado se encontraría fuera de la ciudad, por razones familiares. Atento ello, el a quo fija nueva audiencia para el día 24/8/2006, según consta a fs. 39.

VI.- Que a fs. 45, la Defensa hace saber que ha perdido contacto con su defendido y supone que el mismo podría encontrarse aún en la provincia de Misiones adonde había viajado por el mal estado de salud de su madre. En virtud de ello, el Judicante resuelve fijar nueva audiencia para el día 20/9/2006 (fs. 46).

VII.- Que a fs. 48 la Sra. Fiscal de Primera Instancia solicita se apruebe el acuerdo de conformidad con lo dispuesto en el art. 45 de la Ley 1472, prescindiendo de la audiencia prevista en el art. 293 CPPN por considerar que la misma no resulta aplicable en materia contravencional.

VIII.- Que a fs. 50 consta el decisorio del Magistrado en el que considera conveniente tomar conocimiento personal del encartado, notificando lo dispuesto a la Defensa, quien, a su vez informa que Falcón todavía se encuentra en la provincia de Misiones debido a los problemas de salud de su madre, ignorando la fecha de su regreso, por lo que solicita se homologue el acuerdo arribado por las partes sin más trámite (fs. 51).

IX.- Que a fs. 52/54 vta. el Judicante resuelve, el 21/9/2006, homologar el acuerdo de suspensión de juicio a prueba en los términos esgrimidos por las partes y citar al encartado para que comparezca en la sede del juzgado el día 26/10/2006 bajo apercibimiento de dar por decaído el acuerdo.

X.- Que a fs. 57/58 el Juez de Grado decide, luego de que fuera devuelta sin notificar la cédula librada al domicilio del encartado, revocar el acuerdo de suspensión del proceso a prueba y disponer la continuidad de las actuaciones según su estado.

XI.- Que a fs. 59/60 vta. se agrega el recurso de apelación interpuesto por el Sr. Defensor Oficial, contra el decisorio ut supra mencionado, por entender que: 1) El remedio intentado resulta claramente admisible, puesto que la resolución cuestionada genera a su parte agravio de imposible reparación ulterior, toda vez que determina que el proceso contravencional continúe su curso y que el nombrado se vea sometido en un futuro cercano a la realización de un juicio oral y público, con las consecuencias negativas que provocaría una eventual sentencia condenatoria. 2) El Judicante debió ordenar la realización de una audiencia en los términos del art. 515 CPPN, a efectos de que pudiera resolver con mayor información acerca de la revocatoria o subsistencia del beneficio. 3) La revocación del acuerdo sólo puede ser dispuesta en forma sumamente excepcional, y una vez agotadas todas las vías para lograr el cumplimiento de las condiciones y luego de comprobar una voluntad irrevocable del imputado de no cumplir ninguna regla, debiendo acreditarse su posibilidad real de cumplimiento. A tal efecto, resulta indispensable la celebración de la audi encia del art. 515 CPPN. 4) Hace reserva de caso federal.

XII.- Que la Sra. Fiscal de Cámara, en su Dictamen Nº 225-FC2/06, solicita se declare la nulidad del decisorio apelado. Al respecto, afirma que el resolutorio impugnado vulnera las disposiciones propias del sistema acusatorio previsto constitucionalmente, ello en razón de que el Judicante revocó el acuerdo no sólo omitiendo dar debida intervención al Ministerio Público Fiscal, sino que además se ha excedido en sus facultades puesto que de acuerdo a lo dispuesto por el art. 45 CC únicamente debe limitarse a verificar la legalidad del acuerdo pero en forma alguna puede controlar la ejecución del mismo puesto que dicha función es propia del Fiscal. En cuanto a la vigencia del sistema acusatorio en el procedimiento local y su incidencia respecto de la división de roles en el proceso, cita en sustento de su postura fallos del Tribunal Superior de Justicia y sentencias de la Sala III de esta Cámara.

XIII.- Que a fs. 69/vta., la Defensa contesta la vista conferida, manteniendo y ratificando todo lo expresado en ocasión de interponer el recurso de apelación. Asimismo, expresa que concuerda parcialmente con lo expresado por la Sra. Fiscal de Cámara en cuanto a que la resolución recurrida no fue producto de una previa intervención de la Fiscalía Nº 4 y por ello se han vulnerado las reglas del sistema acusatorio.

XIV.- Que a fs. 70 pasan los autos a resolver, siendo las cuestiones a dilucidar, ¿resulta admisible el recurso de apelación interpuesto, en su caso ¿resulta adecuado a derecho el resolutorio recurrido PRIMERA CUESTIÓN:

En primer término, cabe mencionar que el recurso de apelación interpuesto lo ha sido en las condiciones y plazos establecidos por la Ley Nº 12, y por quien se encuentra legalmente facultado para hacerlo.

Ahora bien, es dable recordar que esta Sala tiene dicho que la norma antes citada prevé expresamente la apelación de la sentencia, pero es de aplicación supletoria lo dispuesto por el artículo 449 in fine CPPN - art. 6 LPC - que establece que pueden ser objeto de impugnación aquellas resoluciones que causen un gravamen irreparable al imputado. El que según se ha afirmado "... no se presta a una definición genérica y debe por lo tanto verificarse su concurrencia en cada caso concreto, puede decirse que aquél se presenta, fundamentalmente, cuando no existe otra oportunidad procesalmente útil para reparar el perjuicio que irroga la resolución ..." (Palacio, Lino Enrique, "Los recursos en el proceso penal", Ed. Abeledo-Perrot, Bs.As. 2001, págs. 60/61).

Ahora bien, y siendo que la resolución impugnada no se trata de una sentencia definitiva, cabe analizar si causa gravamen de imposible o difícil reparación ulterior, en los términos expresados, que habilite su procedencia. Al respecto, y del análisis del caso traído a examen, se desprende que el decisorio impugnado al revocar la suspensión del proceso a prueba generaría un gravamen irreparable al recurrente, puesto que en el supuesto de que la resolución adquiriera firmeza el imputado debería someterse al juicio oral y no a las reglas de conducta que se han acordado el 4/7/2006.

Por tanto, corresponde declarar admisible el recurso de apelación interpuesto por el Sr. Defensor Oficial, obrante a fs. 59/60vta.

SEGUNDA CUESTIÓN:

Ahora bien, en lo relativo a la cuestión de fondo traída a estudio de esta Alzada, es dable analizar si tal como plantean las partes -aunque por motivos diferentes- el decisorio impugnado que resuelve revocar la "probation" resulta inválido o, contrariamente a ello, corresponde su confirmación.

En primer término, el Sr. Defensor Oficial solicita la declaración de nulidad del decisorio cuestionado en razón de que en su opinión el Judicante previo a revocar el acuerdo, debió citar al encartado a la audiencia prevista en el art. 515 CPPN (aplicable supletoriamente). Asimismo, refiere que la revocación de la "probation" sólo puede ser dispuesta en forma excepcional y una vez agotadas las vías estatales para lograr el cumplimiento y luego de comprobar la voluntad irrevocable del imputado de no cumplir las pautas de conducta establecidas.

A su turno, la Sra. Fiscal de Cámara, también plantea la invalidez del resolutorio por considerar que se vulneró el sistema acusatorio previsto constitucionalmente en razón de que el Magistrado de Grado revocó la probation sin que ello fuera solicitado por la titular de la acción, y sin siquiera se le haya conferido una vista antes de resolver al respecto.

Teniendo en cuenta lo expresado por las partes, y conforme se desprende del análisis de la presente es claro que el Judicante ha resuelto revocar el acuerdo de suspensión de juicio a prueba -que fuera homologado el 21/9/2006- por considerar que el encartado, al no concurrir a una citación para comparecer a la sede del juzgado, incumplió la regla de conducta Nº 2 atento que según expresó su inasistencia habría sido injustificada (fs. 57/58).

En primer término, y en forma previa, es dable recordar que la finalidad de la suspensión del proceso a prueba es básicamente, evitar que el imputado cargue con los efectos estigmatizantes de una eventual condena y que se administren en mejor forma los recursos del sistema judicial (Causas Nº 459-00-CC/2006 "Sánchez, Rubén Gerardo s/art. 189 bis CP- Apelación", del 9/3/2006; Nº 70-00-CC/2006 "Schneider, Fernando s/art. 189 bis CP- Apelación", del 12/6/2006; Nº 120-00-CC/2006 "Taboada, Daniel Marcelo s/Infr. art. 84 ley 1472- Apelación", del 10/11/2006; entre otras). Al respecto, se ha afirmado que "La llamada suspensión de la persecución penal para el sometimiento a prueba del imputado ..., método que permite con la conformidad del perseguido, evitar su persecución y la condena eventual, si demuestra -durante un plazo razonable- que se puede comportar conforme a Derecho (fin preventivo especial alcanzado sin sanción formal), bajo la amenaza de retomar su persecución penal si se aparta considerablemente de las instrucciones y advertencias impuestas ..., es otro de los cr iterios que puede servir de auxilio considerable para el descongestionamiento del servicio judicial, con ventajas apreciables para el transgresor (en especial, la omisión de etiquetamiento formal y del ingreso a los registros penales)...." (Maier, Julio B.J.; "Derecho Procesal Penal- Tomo I- Fundamentos", Editores del Puerto SRL, Bs.As. 1999, pág. 839).

Por tanto, y teniendo en cuenta la finalidad del acuerdo al cual arribaron las partes en la presente, y tal como es criterio de esta Sala, que no cualquier incumplimiento de las reglas de conducta resulta suficiente para configurar una causal de revocación de la suspensión del juicio a prueba, sino que el mismo deber ser "... claro y flagrante ... El incumplimiento debe ser de naturaleza tal de dar certeza de la voluntad del imputado de no someterse a las reglas impuestas..." (Luis M. García, "Suspensión del juicio a prueba: Probation", en Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal, Año II, Números 1-2, pág 375, Ed. Ad-Hoc, Bs.As., 1996) (Causas Nº185-00-CC/2004 "Flores, Juan Alberto s/infr. art 68 CC", del 17/02/2005; N° 112-02/CC/2006 "Incidente de Apelación en autos: Mila, Alejandro y Cieri, Cristian s/art. 85 ley 1472", del 18/10/2006).

En el mismo sentido, se ha afirmado que "... el Estado deberá esforzarse plenamente en la búsqueda de alternativas de cumplimiento ... El logro de esta noble finalidad (evitar el tratamiento penal del caso) exige otro presupuesto para la revocación, consistente en que el incumplimiento de las reglas revista, además suficiente gravedad (no bastando con cualquier incumplimiento mínimo) ..." (Vitale, Gustavo L. , "Suspensión del proceso penal a prueba", Ed. Del Puerto, 2004, p.273).

Por lo hasta aquí expresado, y tal como refiere la Defensa, la revocación de la suspensión del proceso a prueba debe ser dispuesta judicialmente pero en forma sumamente excepcional, cuando se hayan agotado las vías para lograr un margen de cumplimiento satisfactorio de las condiciones, y siempre que se haya comprobado la voluntad irrevocable del imputado de no cumplir con ninguna de las reglas acordadas.

Teniendo en cuenta todo lo expuesto, cabe afirmar que no resulta adecuado ni razonable revocar la probation por la sola inasistencia del encartado a una citación, máxime cuando según surge de la misma, Falcón no fue notificado de ésta -según se desprende de la cédula obrante a fs. 56/vta.-. Y, si tal como refiere la Defensa, existiría la posibilidad de que se encontrara aún en la provincia de Misiones por problemas de salud de su madre, ello podría justificar el alegado incumplimiento.

Así, y a efectos de tener por configurada "... si no la certeza, la gran probabilidad de la ocurrencia efectiva del incumplimiento injustificado atribuido, la procedencia legal de la revocación y, además, la exigente necesidad de continuar con la persecución penal en el caso concreto ..." (Bovino, Alberto "La suspensión del procedimiento penal a prueba en el Código Penal argentino", Ed. del Puerto, Bs.As., 2006, pág 233), es que el Magistrado debió celebrar la audiencia prevista en el art. 515 CPPN (aplicable supletoriamente conforme lo dispone el art. 6 LPC), antes de revocar el acuerdo.

Ello en razón de que el art. 45 de la Ley Nº 1472, que regula el instituto en cuestión, únicamente establece que en los casos de incumplimiento "se continuará con el proceso"; por tanto, y siendo que la norma local resulta incompleta en la cuestión que nos ocupa corresponde recurrir a las disposiciones del Código Procesal Penal de la Nación -aplicable supletoriamente, art. 6 LPC-. Así, la ley ritual nacional dispone, específicamente en relación a la ejecución de los acuerdos de suspensión de juicio a prueba, que "... en caso de incumplimiento o inobservancia de las condiciones, imposiciones o instrucciones, el tribunal de ejecución otorgará posibilidad de audiencia al imputado, y resolverá, acerca de la revocatoria o subsistencia del instituto ..." (art. 515 CPPN).

Por tanto, y teniendo en cuenta que en la presente el Magistrado de Grado no ha citado a Falcón a la audiencia prevista en el art. 515 CPPN previo a disponer la revocación de la "probation" y ello a fin de verificar "... la ocurrencia efectiva del incumplimiento de alguno de los deberes impuestos como consecuencia de la suspensión del procedimiento penal a prueba ..." (Bovino, Alberto, ob. cit., pág 233), corresponde declarar la nulidad de la resolución impugnada, conforme lo dispuesto por los arts. 167 inc. 3º y 168 CPPN, atento que la falta de la audiencia implica una violación al derecho de defensa del encartado y a las reglas del debido proceso.

En este punto, y si bien refiriéndose específicamente a la audiencia de juicio, se ha expresado que el derecho a ser oído del imputado -como parte integrante del derecho de defensa en juicio- alcanza su expresión real en la audiencia ante el tribunal tanto que "La falta de audiencia ... o la inobservancia en ella de las reglas ... conducen a la ineficacia absoluta de la resolución judicial en relación a la cual se concede el derecho de audiencia, cuando ella perjudica al imputado; ambos comportamientos lesionan el derecho a ser oído, como elemento fundamental del derecho de defensa ..." (Maier, Julio B.J. "Derecho Procesal Penal- I. Fundamentos", Ed. del Puerto SRL, Bs. As. 1999, pág 567).

Sumado a ello, y tal como refiere la Sra. Fiscal de Cámara en su Dictamen, el decisorio cuestionado también resulta inválido no sólo por vulnerar el derecho de defensa en juicio del encartado sino también el principio acusatorio, atento que el Judicante ha resuelto sin previa intervención de las partes. Es decir, contrariando lo dispuesto por el art. 491 CPPN -aplicable supletoriamente, art. 6 LPC- que establece que "Los incidentes de ejecución podrán ser planteados ante el tribunal de ejecución por el ministerio fiscal, el interesado o su defensor y serán resueltos, previa vista a la parte contraria, en el término de cinco (5) días ..." (el subrayado es propio).

En este mismo sentido, nuestro Máximo Tribunal local ha resuelto, por mayoría, que corresponde anular el procedimiento cuando el juez resuelve de oficio y sin sustanciación respecto de la sustitución de una pena. Así, se ha afirmado que "La LPC (ley nº 12) no ha regulado el proceso de ejecución de la sentencia razón por la cual es aplicable el CPP Nación conforme la delegación del art. 6, LPC. El CPP Nación, con el fin de reglamentar la garantía de defensa para el condenado y la vigencia del principio acusatorio aun en la ejecución -ambos principios recibidos en la CCBA, 13, 3-, prescribe por una parte, la necesidad de que los incidentes de ejecución de la pena sean planteados por el ministerio fiscal o por el condenado (y su defensor), con lo cual regula el principio acusatorio, y, por la otra, la necesidad de oir a quien está situado como parte contraria, para tornar efectivo el derecho a ser oído (incidentes de ejecución de la pena: CPP Nación, arts. 491 y 508, I) ..." (TSJ, voto del Maier, Expte. Nº 1526 "Melillo, Carmen y Viera, Adrián s/art. 72 -Apelación- s/recurso de inconstitucionalidad concedido", rta. el 11/9/2002).

En razón de lo expuesto, cabe afirmar que de acuerdo a lo dispuesto por el art. 13 inc. 3 CCABA y los arts. 167 incs. 2 y 3 y 168 CPPN (aplicables supletoriamente, art. 6 LPC) corresponde declarar la nulidad de la resolución recurrida en cuanto resuelve revocar el acuerdo de suspensión del proceso a prueba pactado en la presente. Ello en virtud de que el decisorio cuestionado, en cuanto revoca la probation sin celebrar la audiencia establecida en el art. 515 CPPN ni conferir previa intervención a las partes, importa una invalidez de carácter absoluto y de orden general habiéndose violado las disposiciones concernientes a la intervención del Fiscal, del imputado y su defensa en actos en las que ella es obligatoria (art. 167 incs. 2 y 3 y 168 CPPN, art. 6 Ley Nº 12); vulnerándose el derecho de defensa del encartado, el debido proceso legal y el principio acusatorio previstos constitucionalmente.

En razón de todo lo expresado, este Tribunal, RESUELVE:

Declarar la nulidad del decisorio de fecha 2/11/2006, obrante a fs. 57/58, en cuanto resuelve revocar el acuerdo de suspensión del proceso a prueba oportunamente pactado entre la Sra. Fiscal Massaglia y el Sr. Eugenio Omar Falcón, y en consecuencia dispone la continuidad de las actuaciones según su estado procesal (arts. 167 incs. 2 y 3 y 168 CPPN, art. 6 LPC, art. 13 inc. 3 CCABA).

Regístrese, notifíquese con carácter de urgente, y oportunamente remítase al Juzgado de Primera Instancia interviniente, a sus efectos.

Ante mi RI-