marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Procedimiento aduanero, sanciones aduaneras, prescripción, aplicación supletoria de la ley, prescripción de la acción penal, orden público, declaración de oficio
Materia: ADUANERO-PROCESAL
Carátula: Cruzeiro Do Sul S.A. y otro (T.F. 4287-A) c/ A.N.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-10-06

El art. 890 del C.A. establece expresamente que "la extinción de las acciones para imponer sanciones y hacer efectivas las penas se rige por las disposiciones del Código Penal". La prescripción en materia penal es una institución jurídica de orden público por lo que puede ser declarada por el juez aún de oficio en cualquier estado del proceso. (Consid. IV).
Sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Latrubesse, A. H. c/ Alvarez, S. C. s/ Indemnización por daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-03-22

Si el magistrado penal señala y fija como hecho probado que la causa del accidente fue aportada exclusivamente por la víctima y además dice del antes imputado y ahora demandado que no violó ninguna norma o deber de cuidado, incurre en contradicción lógica esencial cuando tiene por acreditada la materialidad ilícita y la autoría. En rigor de verdad, si no media conducta imprudente por parte del encausado, corresponde resolver el juicio afirmando que no se ha verificado hecho culposo o, en otras palabras, que no está probado el cuerpo del delito.
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, telefonía celular, batería primaria, incendio, deber de información
Materia: CIVIL
Carátula: Gómez, Alan Nicolás c/ Samsung Electronics Argentina SA y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-04-07

Procede revocar la resolución que rechazó la demanda contra un fabricante de celulares, con base en que el demandante no había aportado a la causa la batería del teléfono celular que había sufrido el incendio productor de los daños reclamados, lo cual había impedido establecer cuáles habían sido las causas del siniestro. Ello por cuanto, en el caso, según se sostuvo en la contestación de la demanda, era indispensable cambiar la batería tras dos años de uso, pues ese era el plazo de su vida útil; alegando que el siniestro se había producido al tercer año, de lo que infirió que esa batería había sido cambiada y que no se había colocado un repuesto original, pues, por entonces, no había en el mercado. Esto conduce a la conclusión de que la demandada no solo violó su obligación de información (LDC 4), sino también su obligación de proporcionar los datos necesarios para cuidar la salud y la seguridad del consumidor (LDC 6). No obsta a ello el hecho de que el fabricante haya acompañado ciertas páginas que corresponderían a aquello que ella identificó como "manual de seguridad". Ese dato, en cambio, ratifica la convicción acerca de que una eventualidad tan peligrosa no podía dejar de ser informada, convicción a la que se arriba a la luz de los propios actos de la defendida que exhiben la evidencia de que ella sabía que tenía una obligación de esa consistencia. Tal obligación no puede entenderse cumplida mediante el aporte de esa documental, pues no hay modo de relacionarla con el celular que motivó el litigio. Esto es así, pues lo único acompañado son páginas que han sido extraídas de algún manual que no puede ser identificado, pues comienza a partir de la página 611 y exhibe que se trata de una parte de un documento mayor, respecto del cual no se sabe nada. Lo expuesto es suficiente para tener por configurada la aludida actuación ilícita de la demandada y su relación de causalidad con los daños alegados, por lo que sobre ella pesa la responsabilidad que le fue imputada.
Derecho procesal, orden de allanamiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Andrada, Antonio A. s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-27

Que es clara la existencia del art. 224 del C.P.P.N. en cuanto a que el auto debe ser fundado, no obstante ello, esa fundamentación debe serle exigible al juez dentro de un marco de razonabilidad adecuada. La razonabilidad es entonces una regla sustancial y que tiene como finalidad preservar el valor justicia en el contenido de todo acto de poder. (Del voto del Dr. David).
Trabajo insalubre, equivalencias, aportes previsionales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Von Diezelski, Alfredo c/ A.N.S.E.S. s/ Reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-28

Conforme lo establecido por el art. 16, inc. c) del Dec. 8525/68 respecto a las equivalencias, y que el ré-gimen diferencial aplicable a las actividades realizadas por el titular (art. 2 del Dec. 1852/75) le permitía obtener el beneficio con 25 años de servicios con aportes, al haber continuado el actor en actividad -en las mismas tareas- durante un tiempo prolongado (más de cinco años) y, además, haber prestado servi-cios comunes (por espacio de cuatro años y ocho meses), corresponde determinar la equivalencia del exceso de años trabajados en tareas insalubres, la que deberá computarse en razón de 1.2 años comu-nes por cada año laborado de más en actividades insalubres, toda vez que dicho cálculo se adecua a la previsiones de la normativa citada. En consecuencia, debe hacerse lugar a la demanda en cuanto pre-tende la equivalencia y el cómputo de los años trabajados en exceso para la determinación de la PBU, PAP y la PC. (Disidencia de la Dra. Pérez Tognola).
Consulta popular, servicios eléctricos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GROSVALD, GUILLERMO JOSE Y OTRO s/ ACCION DE INCONSTITUCIONALDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1996-08-28

La normativa aquí cuestionada violó la soberanía del Pueblo, al desconocer el mandato popular. Se violó el sistema democrático a través de una norma - Decreto 7/95, ratificado por Ley 2902 (Nuevo marco regulatorio provincial energía eléctrica) - que se contrapone a la voluntad popular, expresada libremente en el plebiscito del día 19 - 3 - 95 - . De ello, y a todo evento, derivaría - sin que esta mención signifique la aceptación `a priori` de tal postulación - el inscribir el tema dentro del espectro de ordenamientos de "carácter institucional" a que alude el art. 795 del CPC y C.. Se está pues, frente a una cuestión que reviste claro carácter institucional, pues excede el marco de lo meramente personal o patrimonial, para constituir una temática que se nutre de lo colectivo, que interesa a toda la comunidad, considerada globalmente, en este caso, la Provincia de Río Negro.
Recurso de inconstitucionalidad, energía eléctrica, defensa del consumidor
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: BERRA, JORGE RUBEN c/ EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA (EPE) s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-07-22

Cuestionándose el procedimiento llevado a cabo por la Empresa Provincial de la Energía para determinar una adulteración en el medidor del domicilio de los actores y la existencia de una presunta deuda generada a raíz de energía consumida y no registrada, el marco fáctico de la pretensión tiene su encuadre en derecho en la Ley de Defensa del Consumidor (24240), siendo sus normas de orden público.

En este contexto, no es ocioso establecer que el ámbito personal de aplicación de la mencionada ley tiene entre los sujetos obligados a las empresas prestatarias de servicios públicos domiciliarios como proveedores profesionales de bienes y servicios, mientras que el tutelado es aquel usuario efectivo, que es el habitante o administrado que utiliza un servicio público en funcionamiento.

De manera entonces que no cabe duda alguna de que la controversia planteada en autos debía juzgarse conforme un marco constitucional (art.

42, C.N.) e infraconstitucional ( Del voto del Dr. Netri al que adhieren los Dres. Erbetta y Falistocco).
Coacción calificada, amenaza telefónica, amenaza anónima, inimputabilidad
Materia: PENAL
Carátula: SARNA, FERNANDO s/ Inimputabilidad COACCION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-02-13

Acreditado que el procesado fue el autor de las abominables conversaciones telefónicas que mantuviera con la víctima a lo largo de unos dos meses, a quien le profería palabras soeces y deshonestas proposiciones, debe responder por el delito de coacción calificada, sin que prospere la eximente de inimputabilidad planteada por la defensa, porque la anormalidad padecida por el encausado no fue otra cosa que un lamentable proceso patológico, exigiendo la ley en casos como el presente algo más, o sea que sea de tal grado y entidad que impida al sujeto autor del injusto, que posea la aptitud ordinaria para apreciar los acontecimientos concretos y sencillos que la vida a diario depara; al igual que entender lo ilícito o lícito de las cosas, lo que no ocurrió en el caso.
Improcedencia del recurso, desobediencia a un funcionario público, avenimiento, resoluciones irrecurribles
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Fiscalía de Cámara Norte de la CABA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Domínguez, Raúl Ariel y otros sobre 239 - resistencia o desobediencia a la autoridad c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-12-14

Corresponde rechazar la queja porque la decisión de la Cámara que confirmó el rechazo del avenimiento (art. 278 del Código Procesal Penal) no es definitiva conforme lo dispone el art. 26 de la ley n° 402 ya que las resoluciones cuya única consecuencia sea la obligación de continuar sometido al proceso, en principio no reúnen tal carácter en tanto no ponen fin al proceso, no impiden su continuación, ni se demostró -en el caso- que haya causado un gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior. La fiscalía tampoco logró conectar la decisión finalmente impugnada con preceptos constitucionales que requieran de una tutela inmediata por parte de este Tribunal (CSJN, Fallos: 274:440, 276:130, 288:159, 298:408, 307:1030, 310:195 y 320:2451, entre muchos otros). (Del voto de los jueces Marcela De Langhe, Alicia E. C. Ruiz y Santiago Otamendi).
Responsabilidad del asegurador, alcance de la cobertura
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Seguros Bernardino Rivadavia Coop. Ltda. s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley..
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1998-04-13

La Cámara confirmó el pronunciamiento de Primera Instancia y se constata que pese a entender que la cláusula 22.inc."G" del Contrato de Seguro, era de exoneración de la cobertura, en su análisis, le otorga los efectos contractuales como si se tratara de cláusulas de caducidad, situación que deriva a una decisión errónea en la aplicación del derecho, porque no es posible admitir responsabilidad de la aseguradora sino existe convenido cobertura del siniestro por inobservancia de obligaciones administrativas y legales, como es la no contar con registro habilitante para conducir, extremo que no obsta la suscripción del contrato, sino su operatividad y cobertura ante el incumplimiento de dicho deber.(Dra. Poggiese de Oudín:Según su voto).
Nulidad del acto jurídico, fallos de la Corte Suprema
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Agropecuaria Mistol Ancho S.A. c/ Municipalidad de Santa Rosa s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-06-10

En el caso, las razones esgrimidas por la Administración para dejar sin efecto el acto administrativo que concedió el permiso no habilitaban, en principio, el ejercicio de la facultad revocatoria en sede administrativa, antes bien si las autoridades administrativas consideraban que la resolución que otorgó el derecho al recurrente estaba afectada de algún vicio, podrían haber solicitado judicialmente como medida cautelar la suspensión de sus efectos.

En tal sentido, oportuno es recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha considerado que: " . la revocación del acto administrativo no constituye el principio de derecho administrativo; el principio general está representado por la estabilidad y certidumbre del derecho y la "revocación" del acto administrativo es una excepción al referido principio general. (vid. CSJN Fallos: 175:375/376, "in re": "Elena Carman de Cantón c. Nación s/ pensión"). Con ello se concluye que las nulidades absolutas deben ser declaradas con mucha prudencia y mesura.
Contratos civiles, prueba del contrato
Materia: CIVIL
Carátula: ELEMENTOS METALURGICOS PARA LA INDUSTRIA  S.R.L. c/ PEMA, Alberto s/ ORDINARIO COBRO DE AUSTRALES
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1994-11-09

El contrato puede ser probado por testigos y presunciones cuando la parte que ha recibido la prestación correspondiente se niega a cumplir la suya, porque en tal caso, exigir la prueba instrumental importaría un incentivo a la mala fe. Cuando se trata de acreditar el cumplimiento de una prestación, cualquier medio de prueba es admisible; una vez justificado que tal prestación se realizó, la existencia del contrato puede acreditarse también por cualquier medio de prueba.
Injuria laboral, remuneración, falta de pago
Materia: LABORAL
Carátula: Negri, Raul Osmar Alejandro y otros c/ Yarife S.R.L. y/o Mario Romero y/o Juan Carlos Romero s/ Diferencia de Haberes, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1997-03-11

La falta de pago de la remuneración de un mes de sueldo, sueldo anual complementario -primer semestre- y reintegro descuentos inasistencias, autorizaban a los actores a considerarse injuriados y efectivizar el apercibimiento dándose por despedidos, máxime considerando el carácter alimentario de los salarios y la trascendencia vital que tiene para el sustento del trabajador y su familia.
Juicio ejecutivo, ampliación de la ejecución
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Consorcio de Copropietarios Edificio Caribe c/ Mistorni, Juan s/ ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-08-07

Cuando se da traslado en los términos del art. 538 del Cód. Proc., no pueden deducirse por ejecutado las excepciones que la ley autoriza en la ejecución. La ampliación de la ejecución antes de la sentencia no significa un retroceso de la litis pues se consideran comunes a la misma todos los trámites que le hayan precedido. Cada acto de incumplimiento configura una obligación con vida propia.
Cuestiones de competencia, jueces naturales
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Moliendas del Sur S.A. s/ Inhibitoria
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-11-21

La decisión adoptada en cuestiones de competencia acerca del juez que debe intervenir siempre tiene ligamen constitucional puesto que se encuentra comprometida la garantía del juez natural.
Abuso sexual calificado por parentesco, medidas cautelares, atenuantes de la pena, violencia de género
Materia: PENAL
Carátula: N., E. c/  s/ abuso sexual agravado por el vínculo (víctima menor de edad)
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2023-04-19

No se valorarán como atenuantes. Cumplimiento de las medidas cautelares por parte del acusado: no hizo más que cumplir con su obligación procesal. El acusado está inserto en la sociedad: una persona, por más aplicada que sea en su vida laboral o de convivencia, no está exenta de responsabilidades por la comisión de hechos de violencia. (...) La pena a imponerse debe pensarse desde la perspectiva de las necesidades de resocialización, para que logre internalizar pautas de comportamiento que le permitan comprender que sus hechos constituyeron acciones de violencia (de las más intensas, además) hacia la mujer - niña y evitar a futuro comportamientos de esa índole. (...) El fin resocializador, en su caso, no está mirando internalizar una forma digna de ganarse el sustento, sino más bien, la no repetición de hechos de violencia respecto de la mujer y la infancia.
Cesantía, exoneración, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, denegatoria del recurso, medidas cautelares, resoluciones irrecurribles
Materia: LABORAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Caimo, Gustavo Fabián c/ GCBA y otros s/ recurso directo de revisión por cesantías y exoneraciones de empleados públicos (Art.464 y 465 CAYT) c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-08-11

La sentencia a cuya revisión en última instancia el recurrente aspira, esto es, la de la Cámara que concedió la medida cautelar solicitada por el actor, suspendió su pase a servicio pasivo y ordenó al demandado reincorporarlo a su puesto de trabajo con el pago de los salarios correspondientes, no es la definitiva a la que refiere el art. 26 de la ley n° 402 y el quejoso no da razones por las que corresponda equiparar a definitiva la decisión que recurre. (Del voto de juez Luis Francisco Lozano).
Empleados públicos, nombramiento, Administración Pública, desviación de poder
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Alcácer, Miguel Angel c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte CSJ   Nº 243-85)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-08-03

Al margen de la cuestión relativa a la eficacia de la "abrogación" del nombramiento del recurrente, el comportamiento de la Administración -que aduce un "profundo reordenamiento del Organismo" sin que conste la existencia de actuación alguna en este sentido o la constatación de circunstancias que justificaran la extinción del vínculo laboral- vale como primer elemento objetivo -como indicio- de que la voluntad de las autoridades de la Dirección Provincial de la Energía era la de eliminar a este gerente de la planta del personal, por considerar incompatible su permanencia con el "profundo reordenamiento" que se proponía efectuar.
Robo con armas, tentativa, esfera de custodia, arma impropia, destornillador
Materia: PENAL
Carátula: SORIA, César s/ ROBO CON ARMAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-11

Un destornillador reúne la calidad de arma, art. 166, inc. 2, C.P., en función del poder intimidante o el destino que el autor quiso darle al elemento.

Si los procesados siempre estuvieron junto a la víctima, hasta que fueron detenidos, significa que no sustrajeron la cosa de la esfera de custodia del sujeto pasivo, y no dispusieron efectivamente de ella; así, debe considerarse la comisión en grado de tentativa.
Recurso de casación, prueba, apreciación del juez
Materia: CIVIL
Carátula: FISCO PROVINCIAL c/ REAL COMPAÑIA MARITIMA  S.A. s/ EJECUCION FISCAL-INCIDENTE DE EMBARGO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1993-11-09

Deviene insuficiente el simple señalamiento de circunstancias que a criterio del recurrente implique un vicio en la apreciación de probanzas, si no se acompaña la invocación de la infracción de determinado precepto de aquellos que rigen la tarea axiológica de los magistrados de mérito, porque al constituir la labor casatoria un control de legalidad, únicamente da paso a la misma el error de merituación que haya degerado en violación de la ley, asumiendo el justiciable la carga de denunciar la norma hallada en manera concreta y precisa.
Cosa juzgada, apreciación del juez
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Artagoitia Calabuig, Norberto c/ Municipalidad de Florencio Varela s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-05-28

Los motivos de seguridad jurídica, economía procesal y necesidad de evitar sentencias contradictorias que dan fundamento a la instauración de la cosa juzgada, no son absolutos y de ahí que a los efectos de determinar la existencia o no de la cosa Juzgada, el Juez no se encuentra atado a fórmulas legales que definan sus requisitos.

Previo examen integral de las dos contiendas, está facultado para determinar si por tratarse del mismo asunto, o si por existir conexión, continencia, accesoriedad o subsidiariedad, la jurisdicción corre peligro de ser inducida a contradicción.
Fuero de atracción, juicio de apremio, sucesiones
Materia: CIVIL
Carátula: Estado De La Provincia De Corrientes c/ Morales Venancio Ulpiano Y Titular Del Adrema Q1-00152-3 Y Q.R.R. s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 2013-05-24

La sentencia por la cual el magistrado se declaró incompetente para entender en la acción de apremio incoada, con sustento en que resulta operativo el fuero de atracción del juicio sucesorio, debe ser revocada, pues tiene dicho el máximo tribunal provincial en numerosos pronunciamientos que "los procesos de apremio escapan a los principios que sustentan el fuero de atracción toda vez que la pretensión encuentra fundamento en una obligación propter rem (art. 3266 Código Civil, típica del inmueble más que de quien aparece como titular de él"
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, monto del juicio, subasta judicial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Alvarez de Caprani, María del Transito c/ Castro, Antonia Basilia y otra s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-09-05

Cuando se cuestiona por el comprador la decisión que anuló la subasta, el monto del juicio a los fines del art. 278 del C.P.C.C.

está representado por el precio obtenido actualizado a la fecha de interposición del recurso de inaplicabilidad de ley.
Recusación por amistad, falta de prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Taboada, Edgardo Julio  c/ Massonnat, Mario Alberto y Gutiérrez, Silvestre Martín  s/ reivindicación, daños y perjuicios y daño moral - beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2023-03-11

Corresponde rechazar la recusación promovida en contra del magistrado en base a la causal prevista por el art. 17, inc. 9º del CPCC de la Provincia de Santiago del Estero, dado que se advierte que las circunstancias invocadas en el libelo recusatorio no están acreditadas; la amistad como causal se limita sólo a la relación que pudiese existir entre el juez y algunas de las partes, por lo que se descarta a mandatarios y letrados.
Intereses, jueces
Materia: CIVIL
Carátula: Banco de la Provincia de Santa Cruz c/ Benjamín Martínez Junco y Otra s/ Ejecución Hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1992-09-10

La limitación de los intereses se apoya en los arts. 21, 502, 953 y 1167 del Código Civil y sus concordantes que permiten al juez moderar lo acordado por las partes cuando afectan la moral y las buenas costumbres.
Concurso preventivo, crédito laboral, debido proceso
Materia: COMERCIAL-LABORAL
Carátula: Armando Automotores SA c/  s/ concurso preventivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-28

La reforma de la ley 24522 mediante la sanción de la ley 26684, acentuó significativamente los recaudos legales para asegurar el conocimiento y participación de los trabajadores en los actos celebrados en los procesos de concurso preventivo y quiebra (v. gr. la incorporación de representantes de los trabajadores en los comités de control del proceso universal, la comunicación escrita "a la totalidad de los trabajadores que integren la planta de personal de la empresa" a los efectos de la constitución del comité de acreedores que actuará en la etapa liquidatoria, la notificación de la audiencia informativa prevista en el art. 14-10°, mediante la "publicación por medios visibles en todos los establecimientos"). Esta reforma estuvo dirigida a asegurar que los trabajadores de la empresa insolvente conocieran el trámite que les permitiría preservar su fuente de trabajo o percibir, aunque sea parcialmente, sus créditos alimentarios. De lo que se trata es de colocar al acreedor laboral en la posición de poder ejercer eficazmente su derecho de propiedad y no quedarse en el marco teórico y formal del mero reconocimiento respetando el debido proceso; derechos éstos de raigambre constitucional cuya efectiva vigencia debe ser preservada también en el trámite concursal, adoptando al efecto los temperamentos que sean necesarios para que el proceso pueda servir a esos fines.