Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-11-26


000512/2010 --- En la ciudad de Trelew, a los días de noviembre del año dos mil diez, se reúne la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de esta ciudad, con la presidencia del Dr. Sergio Rubén Lucero y presencia del Sr. Juez del Cuerpo Dr. Aldo Luis De Cunto, para celebrar Acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "F., G. R. c/ E. N. - N. SH s/ Cobro de haberes" (Expte. 512 - Año 2010 CAT) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?, y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en orden al sorteo practicado a fs. 283.- --- A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Lucero dijo:

--- Vienen estos actuados a conocimiento del Tribunal con motivo del recurso de apelación interpuesto por los co-demandados P. D. N. y E. T. N. (fs. 260) en contra de la sentencia definitiva dictada en autos (fs. 250/254 vta.) por la cual se rechaza la petición de que se declare inconstitucional la cláusula quinta del acta complementaria del Convenio Colectivo 65/00 y se hace lugar la demanda promovida por el Sr. G. R. F., condenando a los mencionados co-demandados recurrentes a que, en el plazo que indica, le abonen al actor la suma de $ 117.662,35 con más los intereses a calcular en la forma dispuesta en el último considerando, con costas.-El escrito de expresión de agravios luce agregado a fs. 267/272.Ordenado el traslado a la parte actora (fs. 274) éste fue evacuado por escrito obrante a fs. 276/279.--I.- Los recurrentes advierten que previo al análisis de los erróneos argumentos jurídicos del fallo que atacan que independientemente de la incontestación de la demanda el principio de seguridad jurídica exige que se controle que las reclamaciones sean ajustadas a derecho y a los convenios colectivos de trabajo pues se trata de una materia donde se encuentra comprometido el orden público. Aseveran que no basta con la situación de rebeldía o de confesión ficta de la parte demandada para tener por acreditadas las afirmaciones de la parte actora y mucho menos hacerse eco de una pericia totalmente abstracta, sin sustento legal, convencional o lógico alguno. Citan jurisprudencia en apoyo de su posición. A continuación exponen, a partir de cada afirmación de la sentencia, los agravios que les provoca el fallo. Así dicen respecto a la afirmación de que el actor fue maquinista que el C.C.T. 65/2000 en el que se funda la demanda, la sentencia y la pericia no es aplicable a los maquinistas. Cita el art. 3º del citado convenio para afirmar que queda claro del mismo que no es de aplicación a los maquinistas de los buques pesqueros de rada o ría costeros o costeros lejanos como el M.. En relación a la pericia contable en la cual se basa el decisorio exponen que la misma resulta totalmente desajustada a derecho y contraria al orden público laboral equivocándose del régimen jurídico aplicable a los buques de la flota amarilla y a la ganancia de los mismos. Pasan a fundar tal afirmación reiterando que el C.C.T. aprobado por resolución Nº 65/2000 no es de aplicación a los maquinistas. Expresan que si es el acta complementaria de precios de fecha 10 de noviembre de 2004 que es anexa al mencionado convenio establece nuevos precios de las especies y fue firmada por el S. de O. M. U. (S.) y la A. A. de C. y P. de P., destacando que en la cláusula sexta de dicha acta complementaria se estableció claramente que se dejaba constancia que participaron de las negociaciones los trabajadores nucleados en el S. los cuales se abstuvieron de firmarla por carecer de mandato. Aclara que el S. es el Sindicato de Conductores Navales de la Republica Argentina, el que nuclea a los maquinistas como el actor con lo cual se concluye irremediablemente -dicen- que jamás puede aplicarse el C.C.T. de marineros (S.) y mucho menos un acuerdo salarial que ellos mismos se negaron a suscribir. Aludiendo a las partes de pesca señalan que independientemente de que no sea de aplicación el convenio de los marineros del puerto de Rawson y tampoco su acuerdo de precios del mes de noviembre del año 2004, expresan que también es grosero el error de interpretación respecto a cómo liquidar la parte de un buque pesquero, pasando a explicar a continuación el sistema que afirman es el que se utiliza. Citan la ley provincia Nº 2.409, sus modificatorias y decretos reglamentarios, por la que se fijó el valor del precio a pagar por los recursos que se obtienen del mar y que deben abonar las personas físicas y jurídicas dedicadas a la captura, extracción y/o recolección de los mismos con fines industriales y/o de comercialización, es decir - interpretan- los permisionarios de permisos de pesca. Estos precios a pagar son fijados de acuerdo a la normativa vigente por la Dirección de Intereses Marítimos y Pesca Continental y desde siempre, en las distintas disposiciones por las que se los fijaron se precisa que son establecidos al solo efecto de abonar los valores establecidos por la ley 2.409 y su modificatoria 2.549. Estos valores o cánones establecidos, repiten, son a ese único efecto sin realizar ningún tipo de diferencia respecto de la calidad, tamaño, estado o rendimiento de las especies capturadas. Es más, continúan diciendo, se debe abonar a la Dirección de Rentas de la provincia dicho precio aún para el caso de capturas de especies que no sirvan para el consumo por su mala calidad o estado. Sabido es, manifiestan, que es práctica normal, habitual y prácticamente diaria que las capturas realizadas por los buques que operan en el Puerto de Rawson, al ser entregadas a las plantas procesadoras, los productos sean tomados y abonados en porcentajes muy inferiores a la entrega como consecuencia de la selección de las capturas que consiste básicamente en rotos, descarte de productos manchados, selección de piezas grandes o chicas, etc... Dichas selecciones que son realizadas por las plantas procesadoras que son exclusivas compradoras del producto y la hacen sin excepción no dándose ningún caso en el que se hubiera tomado el 100% de la captura entregada, siendo los porcentajes muy lejos de dicha cifra indicando que se llegó a percibir, como mejor toma, el 70% de la captura realizada siendo lo común o habitual el pago del 50% o el 60% de las entregas realizadas y diferenciando la calidad y el tamaño de los productos. Añaden que ante la falta de balanzas en el puerto de Rawson la Dirección General de Intereses Marítimos y Pesca de la provincia desde la creación del canon toma para determinar el pago del mismo como si todos los cajones en los que se trae la captura estuvieran repletos o con su carga máxima de 32 kilogramos por cajón, según lo establecido por el art. 9º de la Resolución Nº 065/2000 de la SAGPYA. Expresan que en la realidad los cajones de langostino no pueden cargarse con más de 14 kilos y de los cuales jamás se abonó por las empresas compradoras y procesadoras a los dueños o armadores más de 10 u 11 kilos. Indican también que el valor a pagar es fijado en un porcentaje del 2% de un valor o cifra fijada exclusivamente por la Dirección provincial que en nada se conduce con el valor de los productos extraídos o capturados en el mercado. Este precio fijado a los efectos de determinar el 2% puede ser menor o mayor al de los precios del mercado. Añaden que el sistema laboral que rige a la flota amarilla es "a la parte" abarcando también a los maquinistas. Es decir que para la liquidación de los salarios se toma como base el 81% de la captura y a este porcentaje se le descuenta determinados gastos de las expediciones (gas oil, comida, aceite, ropa, cánones y gravámenes de la actividad del buque), gastos administrativos y descontados estos rubros surge la producción para determinar los salarios. Recalcan que cualquiera sea el convenio aplicable si lo salarios se determinan a la parte se calculan con las ganancias del buque, insistiendo en que los valores convencionales no tienen nada que ver con los precios fijados por la Dirección General de Intereses Marítimos y Pesca Continental que son los que surgen de los partes de pesca y que increíblemente -dicen- tomó el perito e hizo suyos el juzgador a quo. Continúan relatando como se diferencias las especies capturadas y los precios de las mismas señalando que los convenios, además, determinan que el peso de las especies capturadas será fijado teniendo en cuenta los remitos confeccionados por la planta procesadora, que implica que se computan solo las especies que son aptas para el consumo o procesamiento siendo ello por lo que le pagan al buque. Explican que resulta materialmente imposible la clasificación del langostino en banquina por tratarse el Puerto de Rawson solo operable durante las mareas altas, lo cual torna irrealizable dicha clasificación por cuanto la descarga de todos los barcos y su salida con la misma marea sería imposible. Explican también que siempre que se pesca langostino existen "grandes", "chicos", "cola" y "roto", y que la especie determinante es el langostino siendo de aplicación al resto de las especies. En cuanto al precio del langostino que el perito fijara en $ 10,40, expresan que ello se debe a que interpretó erróneamente los partes de pesca porque según éstos todos los langostinos son grandes, no existió ni un gramo de langostino chico, ni roto, ni de cola y que de haberse tenido que aplicar el C.C.T. 65/2000, que todo el langostino se abonó al precio de U$S 7,80 + I.V.A., siendo ello -concluyen- tan irracional e irreal que le impide realizar mayores consideraciones. Advierten también que en la demanda sin explicación o argumento alguno se realizó la liquidación de las diferencias reclamadas tomando dos partes, lo cual fue también sin explicación ni argumento alguno tomado por el perito, cuando es de público y notorio -afirman- que no existe convenio colectivo de trabajo en el país que otorgue dos partes a los maquinistas sino que, por el contrario, no existe C.C.T. en el país que no otorgue dos partes a los patrones o capitanes, una parte y media a los maquinistas y una parte a los marineros. De ello, postulan que del propio cotejo de la liquidación de la demanda y aplicando la legislación, no existe diferencia salarial alguna entre lo percibido y devengado y que la diferencia existente que erróneamente se reclama surge de la mala interpretación legal o convencional que realizó el actor al momento de interponer la demanda. Indican finalmente que la mejor remuneración bruta de R. F. en los semestres de junio/diciembre de 2006 y enero/junio de 2007 no es la informada por el perito ($ 50.078,98) sino como surge de los recibos acompañados por la actora, la del mes de diciembre ($ 21.887,00) y lo mismo sucedió, aseguran, en el período de enero/junio de 2007. Efectúan reserva de caso federal.-----Al responder a los agravios la parte actora plantea de manera preliminar que se decrete desierto el recurso de apelación. Fundamenta tal planteo en que además de la carencia técnica jurídica en tanto que no satisface los parámetros de admisibilidad del art. 268 del ritual, no ataca la sentencia sino a la pericia contable, la que tuvo oportunidad de impugnar y no lo hizo, por lo cual mal puede ahora hacerlo por la vía del recurso interpuesto en contra de la sentencia. Alude al principio de preclusión de los actos procesales el que , sostiene, campea en todo el pleito. Por último, la tercer arista que provoca la deserción del recurso se refiere a la que califica como agobiante cita de jurisprudencia de lo que debieran haber argumentado en el momento procesal oportuno, esto es, al corrérsele el traslado de la demanda y al traslado del dictamen pericial. Pone de resalto que los demandados comparecieron a las audiencias confesionales por lo cual de la simple vista del expediente se advierte que la pericia contable fue realizada y presentada posteriormente a la intervención de los accionados, motivo por el cual podrían haber impugnado o pedido explicaciones al perito, pero su actitud procesal pasiva determinó lo contrario, por lo que -reitera- con el contemporáneo escrito recursito lo que vienen a realizar es una impugnación de la pericia contable y no del fallo como debieran haber hecho. Subsidiariamente pasa a responder los agravios formulados. Rememora que en la demanda reclamó el pago por liquidación errónea del sueldo anual complementario y diferencias salariales por el precio del langostino chico y grande por desempeño como maquinista en el buque "E. M." perteneciente a la flota amarilla del Puerto de Rawson. Reitera que los quejosos no critican ni recurren nada de lo resuelto por el a quo y menos aún de la errónea y maliciosa liquidación del sueldo anual complementario, por lo que concluye, que no habiendo sido impugnada dicha parte de la sentencia, la misma ha quedado firme. Refiere a los argumentos expuestos por el a quo en cuanto haciendo efectivas las presunciones derivadas de la incontestación de la demanda tuvo por ciertos los hechos expuestos en la demanda pasando a transcribir la porción respectiva del considerando, a lo cual me remito. Insiste en destacar la actitud de los demandados que habiendo cesado en su rebeldía omitieron cuestionar la pericia contable. Expresan que agotan los recurrentes con explicaciones de lo que es para ellos el sistema a la parte de la pesca y el pago de cánones, en postura parcial e irreal, que sin perjuicio de su improcedencia en nada se conduce con parte alguna de la sentencia. Interpreta que los demandados quieren ganar tiempo dilatando el revés judicial insistiendo en poner de resalto la omisión de impugnar la pericial oportunamente apoyándose con citas legales y jurisprudenciales a las que igualmente me remito. Expresa que en la propia documental aportada como prueba y que emana de la contraria y de la obtenida por el perito, surge que como miembro integrante y necesario de la tripulación le fue abonado su salario como dependiente de los accionados conforme a la liquidación de partes que prescribe el acta acuerdo homologada mediante resolución Nº 65/2000 de la cual en su complementaria quedan plasmados los valores que se le abonarán a los tripulantes que es de $ 10,40 y 8,06, más calidad (10%) el langostino grande y chico respectivamente, sin distinción de categoría alguna. Explica que la liquidación a la parte se determina según la capacidad de cajones del buque y de allí su división en partes, de las cuales un buque de la flota amarilla posee siete tripulantes, cinco marineros, un maquinista y un patrón de buque, en donde cada marinero deducido el 19% que queda al armador, más los gastos administrativos (4%) y gastos del buque (víveres, aceites, ropa y comestibles) le pagan una parte a cada uno, dos partes se abonan al maquinista y tres le corresponde al patrón, de allí se obtiene el número de partes que consigna el acta acuerdo de conformidad a la capacidad de cajones del buque pesquero "E. M.", entelequia realizada por el iudicante de grado al fallar con ejemplar criterio. Mal puede decirse que en el acta complementaria al no ser firmada por el SICONARA no es aplicable a su parte, cuando por el conocido principio de los actos propios si al momento de liquidarle el valor del pescado y langostino lo igualaron con el valor que les pagan a los marineros, mal pueden alegar ahora lo contrario. Repite que si le pagaron al mismo precio del langostino que a los marineros es por que lo asemejan por una razón de equidad, no pudiendo ahora pretender no equipararlo cuando el valor que se les paga a la tripulación siempre fue el mismo (claramente -dice- siempre debajo y violando pautas del convenio). Arguye que si por haberse abstenido de firmar por falta de representación suficiente la referida acta complementaria, debieron haber pagado en la práctica valores disímiles, circunstancia que no fue así según lo consignado en los partes de pesca e informes de producción que lucen agregados como prueba. Invocan la aplicación de los arts. 8 y 9 de la L.C.T., normas de las cuales apunta que los trabajadores de la pesca no están excluidos. Destaca que los demandados recurrentes sostiene la inaplicabilidad del acta acuerdo Nº 65/2000 para la flota amarilla del Puerto de Rawson a los maquinistas, pero en ningún pasaje de su recurso mencionan el convenio que a su juicio sería el aplicable. Encuentra una sola razón, dice, no existe otro régimen legal para los maquinistas de la flota amarilla del Puerto de Rawson. Termina solicitando que se declare desierto el recurso planteado por los demandados.----- II.- En el marco delimitado por el contenido de los agravios y del respectivo escrito de responde que acabo de reseñar ingresaré, en primer lugar, ha elucidar si el fundamento esgrimido por los recurrentes para sustentar la apelación satisface la exigencia técnica contemplada por el Código del rito toda vez que fue planteado por la parte actora que no lo logran.-Asimismo, aún cuando no lo hubiere planteado así la parte actora igualmente hubiera sido indispensable comenzar por establecer si concurre tal presupuesto, puesto que la simple lectura del escrito de expresión de agravios pone en el tapete si hay en la especie materia de agravio que atender. Ello así, merced a que no habiendo contestado la demanda los ahora impugnantes muchos de los argumentos empleados en sustento del recurso"prima facie" desorbitan de modo evidente el "thema decidendum" que tuvo a su conocimiento el juzgador a quo y sobre el cual hubo de expedirse al emitir su veredicto, no siendo viable de tal manera que este tribunal de alzada ingrese siquiera al tratamiento de los mismos so riesgo de incurrir en incongruencia (Cont. Arts. 34, inc. 4to., 163, inc. 6to., 164, 271 "in fine" y 277 del C.P.C.C. -actuales arts. 34, inc. 4to.; 165, inc. 6to., 166, 274 y 280 de la Ley XIII Nº 5 Anexo A-).---- El primer cuestionamiento centra en postular que no sería de aplicación a los maquinistas categoría ésta, que como se admitiera en la confesional (vide: respuesta a la posición 2da. de fs. 181 y 181 vta.) y se corroborara con la informativa (fs. 191 y 193), es la que detentara el actor, el convenio colectivo de trabajo que regula las relaciones laborales de la flota que opera en el Puerto de Rawson y que fuera homologado por Resolución Nº 65/2000 de la, por entonces, Subsecretaría de Trabajo de la provincia; y, por ende, tampoco el acta complementaria de dicho convenio, por la cual se fijan los precios de las especies que se individualizan y que operan como valores mínimos a computar por la captura de la flota amarilla. En tal dirección se argumenta que dicha acta fue firmada por el S. -que representa a los marineros y maestranza- y por la A. A. de C. y P. de P. y que, por la cláusula sexta de dicha acta complementaria, se dejó constancia de que participaron en las negociaciones los trabajadores nucleados en el S. absteniéndose de firma por carecer de mandato.-Al respecto diré que, si bien es cierto que la cláusula 6ta., 2do. párrafo del acta complementaria deja expresa constancia que la misma no es suscripta por los delegados del S. de C. N. de la R. A., debo añadir de mi cuño que también se deja expresa constancia en ella que estos participaron de las negociaciones aún cuando no suscribiendo el acuerdo "...por carecer de mandato..."(sic). Ello pone en la palestra, en primer lugar, la verdad que cabría reconocer al aserto consistente en que el C.C.T. homologado por Res. Nº 65/2000 no sea de aplicación a los maquinistas tal como lo aseveran los impugnantes. Ello, toda vez que no encuentro, de otro modo, ninguna razón que justifique que los delegados del Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina hubieran siquiera "participado" y menos aún, "negociado" en las conversaciones relativas a aspectos regulados por un convenio que no los abarca, tal como lo postulan los recurrentes. Y, en segundo lugar, es pertinente poner de resalto que dicha acta acuerdo, de manera indudable abarca a todas las empresas de la flota amarilla, incluida la sociedad de hecho que integran los co-demandados N., de lo cual podría pregonarse que, si bien lo acordado y suscripto no vincula a quienes se abstuvieran de firmarla, puede serle opuesto lo acordado a quienes, en cambio, si la suscribieran. Ello máxime cuando estimen que los favorece en algún aspecto del vínculo laboral que los une con las empresas patronales firmantes.-Señalaré solo a título "obiter dicta" que no hallo vinculación alguna entre la Ley 2.409 -actual Ley XXIV Nº 17- por la cual se fija un valor del canon a pagar sobre el recurso que se obtiene del mar el que debe ser abonado por quienes se dediquen a la captura, extracción y/o recolección de los mismos con fines industriales y/o de comercialización; y, los precios fijados por el acta complementaria del convenio para los barcos que operan en el Puerto de Rawson homologado por resolución Nº 65/2000, la cual fue suscripta con el fin expresamente anunciado en ella, cual fue: "...al solo efecto de destrabar el conflicto a fin de preservar la fuente laboral y asegurar la productividad de las empresas..." (sic) el que es ratificado si se quiere en la cláusula sexta por la cual las partes se comprometen a garantizar la paz social durante dos años significando ello el compromiso de no realizar medidas de fuerza o retención de servicios. Es decir, de la lectura de la mentada acta complementaria y de la norma citada por los recurrentes no hallo en verdad vinculo alguno y menos aún el que es relacionado por los pretensos impugnantes al argumentar a su respecto.---Y no se trata de que, como lo propugnan los apelantes a título de ejemplo, una empleada doméstica pueda invocar el convenio que rige para los trabajadores de luz y fuerza y con la incontestación de la demanda se aplique sin más dicho convenio, por cuanto tal hipotética y extrema situación que se trae a título de ejemplo a colación se encuentra en la antípodas del presente caso. Basta con advertir que el actor fue un tripulante más del buque "E. M.", el que integra la flota amarilla del Puerto de Rawson, por lo cual, allende de su función de maquinista, formaba parte de la aventura marítima y de los resultados de la misma, siéndole aplicable el mismo método de determinación de su remuneración "a la parte" que le era aplicable al capitán, a los marineros y al personal de maestranza de dicho buque; y, es precisamente para la liquidación de las partes respectivas que debían fijarse precios mínimos de las especies capturadas, los que fueron negociados y acordados precisamente por el acta complementaria de mentas que fuera homologada por Resolución Nº 73/2005 S.S.T. Con tales señalamientos queda en evidencia el desajuste de la hipótesis planteada por los recurrentes con lo que acontece en el presente supuesto bajo análisis.----Desde otra perspectiva es de advertir en igual dirección, que los demandados recurrentes al sostener su agravio relativo a la inaplicabilidad del convenio aprobado para la flota que opera con base o asiento habitual en el Puerto de Rawson aluden a que el actor se encontraría representado por el S. de C. N. de la R. A. sin individualizar ningún convenio específico de aplicación en la especie, tal como lo exige el art. 8º "in fine" de la L.C.T., por lo cual mal pueden ahora los recurrentes remitirse a postular sin más que el invocado en el escrito de demanda, la que es válido reiterar, no respondiera, no rige en el supuesto o que no es de aplicación (Conf. art. 356 inc. 1º del C.P.C.C., de aplicación en la especie por vía del art. 76 de la ley 69 -actuales arts. 360, inc. 1º de la Ley XIII Nº 5 Anexo A; y, 73 de la Ley XIV Nº 1-).----Desde otra perspectiva, añadiré, que a partir del Laudo 1/69 del Ministerio de Trabajo el sector sindical y el empresario involucrados en el sector pesquero suscribieron una serie de convenios colectivos de trabajo. En el año 1975 la Cámara de armadores de buques pesqueros congeladores suscribió con el sector sindicar representado por la Federación Argentina Marítima (en representación del Centro de patrones de cabotaje de ríos y puertos, el Centro de jefes y oficiales maquinistas navales, el Centros de jefes y oficiales navales de radiocomunicaciones, el Sindicato de electricistas, electronicistas navales y el Sindicato de obreros marítimos Unidos), el C.C.T. 175/75. Este convenio no fue suscripto originariamente por el entidad sindical que nuclea a los capitanes y oficiales de la marina mercante, pero posteriormente ésta adhirió expresamente al texto original del convenio mediante acta labrada en el Ministerio de Trabajo en julio 1983. Ahora bien, el decreto 817/92 (D.T., 1992-B, 1235) de desregulación del sector portuario derogó la ley 21.429 (D.T., 1976-723); los arts. 142 y 143 de la ley 20.094 y suspendió la vigencia de una serie de convenios colectivos, entre ellos el C.C.T. 175/75. El personal de marinería y maestranza continuó con la concertación de convenciones colectivas de trabajo y suscribió los C.C.T. 307/99 y 356/2003.----En cambio, es de ver que la entidad gremial que representa al personal jerárquico esto es, el Centro de jefes y oficiales maquinistas navales no ha vuelto a formalizar acuerdo alguno, al menos que pudiera ser identificado por el suscripto luego de realizar una exhaustiva búsqueda.----- Al respecto es sabido que conforme a la regla iuria novit curia, el juzgador tiene la facultad y el deber de discutir los conflictos litigiosos y dirimirlos según el Derecho vigente, calificando automáticamente la realidad fáctica y subsumiéndola en las normas que las rigen, con prescindencia de los fundamentos o argumentos jurídicos que enuncien las partes. No obstante, el aludido principio sólo alcanza a las normas de origen estatal, que se presumen conocidas, y no a las que, como los convenios colectivos de trabajo, son de génesis contractual. Es por ello que en la especie torna relevante traer a colación aquello que indicara la parte actora al responder a los agravios, con invocación a la teoría de los actos propios, y que consiste en el hecho de que, según se encuentra acreditado con la documental que se denuncia como emanada de la patronal y que fuera aportada por el actor (fs. 4/14) la que se encuentra además, en consonancia con la obtenida por el perito contador dictaminante en autos (vide: fs. 222/231), que la liquidación de las partes correspondientes a F. como miembro de la tripulación del buque donde prestara tareas fue realizada conforme al acta acuerdo homologada por Res. 65/2000.De otro lado, señalaré en relación al cuestionamiento dirigido al dictamen pericial que en principio el eventual apartamiento que pudiera pregonarse respecto de las conclusiones establecidas en el dictamen pericial debe encontrar apoyo en razones serias, es decir, en fundamentos objetivamente demostrativos de que la opinión de los expertos se halla reñida con principios lógicos o máximas de experiencia, o de que existen en el proceso elementos probatorios provistos de mayor eficacia para provocar la convicción acerca de la verdad de los hechos controvertidos. Cuando el peritaje aparece fundado en principios técnicos inobjetables y no existe otra prueba que lo desvirtúe, la sana crítica aconseja, frente a la imposibilidad de oponer argumentos científicos de mayor valor, aceptar las conclusiones de aquél (Falcón, "Código Procesal ...", Abeledo-Perrot, 1984, T. III, págs. 416/417, y cita de pronunciamientos).-Y en ese aspecto, el ordenamiento procesal establece: "La falta de impugnaciones o pedidos de explicaciones u observaciones a las explicaciones que diere el perito, no es óbice para que la eficacia probatoria del dictamen pueda ser cuestionada por los letrados hasta la oportunidad de alegar con arreglo a lo dispuesto por el artículo 481" (art. 477, segundo apartado del tercer párrafo, Ley XIII Nº 5, Anexo A; art. 473, del C.P.C.C.).-Si la pericia fue agregada a los autos y se dio traslado a las partes, pero no se la impugnó ni tampoco se utilizó el pedido de explicaciones (art. 473, Cód. Procesal), resultan improcedentes los cuestionamientos planteados en sede de agravios, ya que aquella oportunidad no es recuperable, pues implicaría una tardía verificación probatoria en etapa ya clausurada, instalando una peculiar situación en la que ya no se podría oír al experto. Con posterioridad a esos momentos previstos por la ley, para presentar impugnaciones o pedidos de explicaciones u observaciones a las explicaciones que diere el perito, habrá precluido la facultad para hacerlo (Cám. 1ª Apel. Civ. y Com. La Plata, Sala II, 9/4/91; ídem, 29/10/92; ídem, 4/7/96; ídem, 6/5/93; ídem, 11/8/94; ídem, 5/9/96; elDial-W3BB8) (Conf: Highton-Areán, "Código Procesal ...", Ed. Hammurabi, ed. año 2007, T. 8, págs. 501 y 503, y cita de fallos).-O sea, la impugnación del contenido del peritaje se puede hacer en dos oportunidades: en primer lugar dentro del quinto día a contar desde que se notificó el traslado del peritaje y, en segundo lugar, si no se ha hecho en dicho plazo, en la oportunidad de presentar el alegato (Arazi, ob. cit., pág. 287).----Es criterio de esta sala "B", c. 15.001, S.D.L. 126/99, c. 15.940, S.D.L. 44/00, c. 16.471, S.I.C. 101/00, y más recientemente en c. 756/09, S.D.C. 15/10.-En consecuencia, si la parte no impugnó la pericia al ser notificada del pertinente traslado (ver providencia de fs. 232) y tampoco presentó el alegato de bien probado haciéndolo solo la parte actora tal como fuera informado por el secretario del tribunal del anterior grado (fs. 246), es evidente que no corresponde en esta instancia volver a tratar dicha cuestión por haber sido alcanzada por el principio de preclusión.---De acuerdo a dicho sistema preclusivo, el proceso se encuentra articulado en diversos períodos o fases dentro de cada uno de los cuales deben cumplirse uno o más actos, siendo ineficaces aquéllos que se ejecutan fuera del período que les es asignado (Palacio, ob. cit., 2da. ed., 6ta. reimpresión, T. I, par. 53, pág. 279). Sabemos que las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, concatenada. Mediante la clausura definitiva de cada una de ellas y el pase a la siguiente el proceso avanza, lo que impide el regreso a etapas o estadios consumados. Como consecuencia, los actos que las partes dejen de cumplir o produzcan con posterioridad resultan ineficaces (Morello, Sosa y Berizonce, ob. cit., 1982, T. I, págs. 621/622).---En tal entendimiento, entonces, toda vez que la parte demandada ahora recurrente no impugnó oportunamente las conclusiones de la experticia ni tampoco ejerció su derecho de alegar sobre el mérito de la misma, ha precluido para ella toda posibilidad de cuestionar el dictamen del perito contador. A la par, en tal inteligencia es indisputable que en esta instancia revisora el objeto de crítica y de revisión es la sentencia y no la pericia contable producida en autos. De allí, reitero, que no resulten atendibles las manifestaciones que vertiera en la expresión de agravios a su respecto.--En esta misma línea de análisis destaco también que todas las referencias fácticas que bajo el marco de ser prácticas habituales o propias de la actividad según los usos y costumbres de la pesca, se efectuarían en relación a cómo se selecciona, pesa y liquida el producto de la captura realizada por los buques que operan en el Puerto de Rawson, o bien las relativas a como se distribuyen los resultados de la explotación pesquera "a la parte" entre los integrantes de la tripulación son afirmaciones que no realizadas oportunamente resultan ahora tardías en esta instancia ya que, cabe insistir en resaltar, es exclusivamente de revisión de lo decidido en el anterior grado y atenida a lo que constituyera capítulos propuestos al decisor que intervino en ella. De allí que devienen en totalmente extemporáneas y, en consecuencia, inaudibles.- Asimismo, la afirmación de que del cotejo de la liquidación realizada en demanda y aplicando la legislación no existiría diferencia salarial alguna entre lo percibido y devengado surgiendo la diferencia existente de una errónea interpretación legal o convencional, no es más que una postulación genérica y desprovista de contenido crítico alguno que evaluar desde que no concreta de modo puntual y razonado cuál es el supuesto error que se postula. E, igual ocurre con la diferente base económica que, se sostiene, sería la que corresponde adoptar para el cálculo del S.A.C., aseverando que corresponde tomar la remuneración bruta del mes de diciembre de 2006 consignada en el recibo respectivo ($ 21.887,00) y no la que adoptara el perito contador ($ 50.078,98), sin reparar que el Sr. Juez a quo consideró lo informado por el perito a partir de que éste liquidó las diferencias resultantes de computar lo percibido respecto de lo devengado según los precios mínimos acordados por el acta complementaria del convenio homologado por resolución 65/2000 (ver: planilla del anexo -fs. 225-).--Es por ello que, en tales porciones argumentales del pretenso agravio, el recurso deviene en desierto por no contener un verdadero contenido crítico que pudiera ser evaluado por este tribunal de alzada (conf. arts. 265 y 266 del C.P.C.C. -actuales arts. 268 y 269 de la Ley XIII Nº 5 Anexo A-).-En resumen, pues, para concluir, propondré al acuerdo que se desestime el recurso impetrado por los Sres. N. por las razones que vengo de exponer. Así lo voto.---II.- Conclusión:Por todo lo expuesto propongo al acuerdo se confirme el fallo venido en apelación en todo lo que fuera materia de agravios, con costas de segunda instancia a cargo de la parte demandada vencida en ella (Conf. arts. 59 de la Ley 69 y 279 del C.P.C.C. -actuales arts. 57 de la Ley XI Nº 1; y, art. 282 de la Ley XIII Nº 5 Anexo A-).--Los honorarios de los Dres. L. C. B. y P. S., letrados apoderados de la parte demandada apelante, en conjunto; y, los correspondientes a los Dres. G. M., letrada apoderada del actor, por sus tareas de alzada, apreciándolas por su extensión, calidad y eficacia, estimo adecuado fijarlos en las sumas respectivas equivalentes al 25% a los dos primeros; y, en la suma equivalente al 30% a la última abogada de mención. Ambos porcentuales a aplicar sobre la regulación que merecieran por su actuación en el anterior grado, con más el I.V.A. correspondiente (Arts. 6, 14 y 47 de la ley 2.200 -actuales arts. 5, 13 y 46 de la Ley XIII Nº 4; y, leyes 23.349 y 23.871).-----Culmino mi intervención en la presente cuestión pronunciándome en ella por la AFIRMATIVA.A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. De Cunto manifestó:Dada la claridad de la reseña que efectuara el Sr. Magistrado antes sufragante, tanto de la sentencia de fs. 250/254 vta., como de la expresión de agravios de fs. 267/272 y su contestación de fs. 276/279, ello me autoriza a remitirme a la misma en homenaje a la brevedad.- I.- Sentado lo anterior, pasaré a examinar directamente los agravios.-1) De manera liminar, la apelante indica que, sin perjuicio de la incontestación de demanda, en la sentencia se presentan circunstancias de orden público que hacen caer la misma en todas sus partes, dado que la misma es totalmente desajustada a derecho (ver fs. 67/268, pto. II). Sentado ello, señala como primer agravio, que dado que el actor es maquinista no le resulta aplicable el CCT 65/2000 y por ende tampoco lo es al caso de autos lo que hace caer irremediablemente todos los argumentos de la demanda, de la pericia practicada en autos y de la sentencia (ver fs. 268 "in fine"). Al respecto, y como bien lo precisara el Dr. Lucero, está fuera de discusión que el actor se desempeñaba como maquinista. Así fue denunciado en la demanda (ver fs. 17 vta., 2do. párrafo), admitido por los demandados en la absolución de posiciones (ver fs. 181/vta., respuestas segundas), y corroborado con la prueba informativa de fs. 191/193.-El Convenio Colectivo aprobado por Resolución Nº 065/2000 por la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia del Chubut regla las relaciones laborales de la flota que opera en el puerto de Rawson. En su art. 1 establece como partes intervinientes al S. de O. M. U. (S.) y las empresas individualizadas en el Anexo I y consideradas como Pequeñas y Medianas Empresas. Asimismo el Acta Complementaria de dicho convenio del 10/11/04, en su cláusula sexta, 2do. párrafo establece que: "Se deja constancia que participaron en las presentes negociaciones trabajadores nucleados en el S. los cuales se abstienen de firmar el presente por carecer de mandato". Es así que los maquinistas nucleados en el sindicato referido, S. de C. N. de la R. A. (S.), no suscribieron la mentada acta, mas la cláusula indicada refleja que los mismos participaron de las negociaciones. Es de agregar, por su parte, que en cuanto a la parte empresaria intervinieron S. S.A., S. S.A. y R. I. en calidad de gestor del resto de las empresas de la F. A., con lo cual quedan abarcadas todas las empresas del sector. De esta circunstancia se deriva, y coincido en ello con el colega preopinante, en que si bien el sector de los trabajadores al cual pertenece el accionante no suscribió el acuerdo, al haberlo efectuado el sector empresarial, en el cual sí está incluida la demandada, el acuerdo puede serle opuesto a la misma, más aún cuando se estime que resulta más favorable para el trabajador.-En otra porción de los agravios, la recurrente señala que se presume conocido que los precios a pagar por los permisionarios de pesca sobre los recursos que se obtienen del mar, es al sólo efecto de abonar los valores establecidos por la ley 2409 y su modificatoria ley 2549, de allí que no realice ningún tipo de diferencia respecto a la calidad, tamaño y rendimiento de las especies capturadas (ver fs. 269 vta.). Con relación a ello, también habré de concordar con el Dr. Lucero en que no se aprecia la vinculación entre la citada normativa -actual ley XXIV Nº 17- que establece los valores que las empresas pesqueras deben abonar a rentas generales sobre el precio del recurso marino, y los precios pactados en el acta complementaria al CCT aprobado por la Resolución 065/2000 ST, acta que se suscribiera en el marco de un conflicto laboral. Tampoco resulta atinada la comparación efectuada por la apelante respecto a que la aplicación de las normas en cuestión al actor maquinista resulta equivalente a que una empleada doméstica inicie una demanda judicial y encuadre su pretensión bajo el régimen del CCT de los trabajadores de Luz y Fuerza (ver fs. 268 vta., 1er. párrafo). La diferencia es ostensible ya que en el ejemplo brindado se mencionan dos actividades laborales completamente ajenas entre sí. Por el contrario, en la especie la actividad desarrollada por el actor era llevada a cabo junto a los demás trabajadores que sí resultan alcanzados por el convenio y acta referidos, mediante la cual se fijan los precios de las especies capturadas a fin de liquidar las partes respectivas.-A lo dicho hasta aquí, es de añadir que la quejosa no identifica cuál es el convenio dentro del cual resultaría comprendido el accionante, tal como lo exige el art. 8 "in fine" de la LCT. Sobre este punto cabe señalar que al haber identificado expresamente el actor, en su demanda, que el convenio aplicable resulta el homologado por la resolución Nº 065/2000 ST (ver fs. 19 vta. "in fine"/20, 1er. párrafo; y fs. 24, pto. V), debía, al menos haberse negado su aplicabilidad al contestarse la demanda, lo cual no se hizo. Podría argumentarse que se trata de una cuestión de derecho aplicable y que la incontestación de la demanda no releva de la correcta aplicación por parte del juzgador. Es cierto, mas ni siquiera en esta instancia la recurrente trae a colación o identifica la normativa que rige la actividad del sindicato en el que se encuentra nucleado el demandante.-No abundaré en el derrotero normativo que prolijamente enumerara el Dr. Lucero. Sólo diré que del mismo se desprende que el CCT 175/75 que comprendía a jefes y oficiales maquinistas navales, entre otros trabajadores, fue suspendido en su vigencia por el decreto 817/92 (art. 37). Con posterioridad a ello el personal de marinería y maestranza suscribió los CCT 307/99 y 356/03, sin que hiciera lo propio el sindicato que nuclea al actor. Reitero que la demandada no sólo no contestó la demanda, lo cual, en principio genera la presunción que emana del art. 360, inc. 1 de la ley XIII Nº 5 Anexo A -conforme art. 73 de la ley XIV Nº 1-, sino que no identificó en esta instancia recursiva el convenio aplicable al actor. En comentario a esta norma se ha sostenido que las partes no están obligadas a probar la existencia y el contenido de los convenios colectivos, pero deben individualizarlos con precisión (conf. CNAT., en pleno, 31/10/66, DT, 1967-28). De allí que ante la falta de identificación del convenio aplicable adquiere trascendencia lo indicado por la actora en cuanto a que de acuerdo a la documental de fs. 04/14, emanada de la accionada, se desprende que la liquidación de las partes correspondientes se efectuaba de acuerdo al acta complementaria del CCT homologado por la Resolución Nº 065/2000 ST, ya que al no identificarse otro convenio de aplicación no queda alguna otra explicación para la liquidación en cuestión.-Por todo lo expuesto, concluyo en que corresponde desestimar el agravio referido a la no aplicabilidad del CCT homologado por la Resolución Nº 065/2000 ST y su Acta Complementaria.- 2) En lo que puede considerarse como un segundo agravio, la apelante critica la pericia contable por cuanto se basa en el Acta Complementaria referida "ut supra" (ver fs. 268 vta., pto. 2.a). En primer lugar cabe decir que de acuerdo a lo arriba concluido la aplicación de la mentada acta resulta procedente. Amén de ello, la recurrente continúa su crítica a la pericia, y por ende a la sentencia que se ajustó a la misma, por carriles relativos a que se cometió en la misma un grosero error de interpretación en cuanto a cómo liquidarse la parte, sin considerar la selección de las capturas por lo que las plantas procesadoras no toman el total de las mismas, así como que los cajones de langostinos no pueden cargarse con más de catorce kilos, o que para la liquidación del salario a la parte se toma como base el 81% de la captura a lo que debe descontarse determinados gastos (ver fs. 269/270 vta., pto. 2.b). Al respecto cabe señalar que se trata de cuestiones que la ahora quejosa debió haber invocado en la instancia anterior, no siendo, en consecuencia capítulo propuesto al conocimiento del juez "a quo". Y sabido es que, en virtud de lo dispuesto por los arts. 271 y 277 del CPCC, la Cámara no puede conocer sino de las cuestiones planteadas previamente a la primera instancia, a consecuencia de obrar como controladora de las decisiones del juez recurrido (conf. Fenochietto-Arazi: "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Comentado", Ed. Astrea, 1993, Tº 1, pág. 951). Es que el tribunal no podrá fallar sobre capítulos no propuestos a la decisión del juez de primera instancia (art. 277, párr. 1º), quedando vedado a la Alzada tratar argumentos no propuestos en los escritos introductivos de la demanda, contestación, o reconvención en su caso (conf. CSJN, 12/2/87, JA, 1988-I-246; SCBA, 5/5/77, DJBA, 113-41 CN. Civ., Sala A, 14/6/80, ED, 87-178; íd., Sala E, 20/11/81, LL, 1982-A-550; íd., Sala F, 1/12/81, LL, 1982-B-198; entre muchos otros). De allí que la expresión de agravios no sea la vía pertinente para introducir nuevos planteamientos o defensas que debieron deducirse en el correspondiente estadio procesal (conf. CN. Fed. ContAdm., Sala III, 10/5/88, JA, 9189-III-321; C. Apel. Civ. y Com. San Martín, Sala I, 31/3/78, LL, 1978-C-441). Es así que no cabe considerar tales argumentos de acuerdo a lo dispuesto por los arts. 274 y 280 de la ley XIII Nº 5 Anexo A -antes arts. 271 y 277 del CPCC-.-A ello cabe añadir, con relación a que en la sentencia se siguió lo dictaminado por el perito, que aún cuando es sabido que si bien el juez es soberano al sentenciar en la apreciación de los hechos, dentro de los cuales se encuentra el dictamen, se le ha señalado una valla, pues deberá "aducir razones de entidad suficiente" (conf. CN. Civ., Sala F, 6/11/91, LL, 1992-D-327) para apartarse de las conclusiones; razones muy fundadas para desvirtuarlo, pues el conocimiento del perito es ajeno al hombre de derecho (conf. CN. Civ., Sala B, 19/7/79, ED, 85-709; íd., Sala D, 14/2/80, LL, 1980-B-143; íd., Sala E, 19/8/82, LL, 1983-A-472; íd., Sala F, 14/3/80, LL, 1980-C-41; CN. Com., Sala B, 4/9/79, LL, 1980-A-94; entre otros). En esta orientación, el magistrado no puede desvincularse arbitrariamente de la opinión del experto (conf. CN. Civ., Sala F, 10/9/82, LL, 1983-B-204). En todos los supuestos fundará su discrepancia en elementos de juicio que permitan desvirtuar el informe (conf. CN. Civ., Sala L, 31/10/90, LL, 1992-D-601), concluyendo fehacientemente en el error o el inadecuado uso que el experto hubiere hecho de los conocimientos científicos de que su profesión o título habilitante necesariamente ha de suponérselo dotado (conf. CN. Civ., Sala D, 28/9/78, BCNCivil, 1978-VI-245, sum. 388).-Por lo demás es de precisar que la apelante no cuestionó la experticia en la oportunidad de impugnar la misma ni en la de alegar sobre la prueba, derechos que no ejerció, por lo que deviene tardío lo indicado con relación al precio del langostino y a la consideración de las partes a liquidar (ver fs. 270 vta./271vta., ptos. 2.c). Sobre este aspecto ha de recordarse que el art. 477 de la ley XIII Nº 5 Anexo A -antes art. 473 del CPCC- en su 3er. párrafo establece que "Si las explicaciones debieran presentarse por escrito, las observaciones a las dadas por el perito podrán ser formuladas por los consultores técnicos o, en su defecto, por las partes dentro del quinto día de notificadas por ministerio de la ley. La falta de impugnaciones o pedidos de explicaciones u observaciones a las explicaciones que diere el perito, no es óbice para que la eficacia probatoria del dictamen pueda ser cuestionada por los letrados hasta la oportunidad de alegar con arreglo a lo dispuesto por el artículo 481". En consecuencia las partes pueden impugnar, total o parcialmente, el dictamen en dos oportunidades expresamente señaladas por la norma examinada. Primero, dentro del quinto día de correrse el respectivo traslado de la pericia y a continuación, si no lo han hecho en ese lapso, en la oportunidad de alegar de bien probado. Cabe concluir que la ley procesal marca dos momentos específicos para presentar "impugnaciones o pedidos de explicaciones u observaciones a las explicaciones que diere el perito", es decir, en oportunidad del traslado mentado en el art. 473, o bien al alegar. Con posterioridad, en el ordinario y en el sumario habrá precluido la facultad de hacerlo (conf. CNAT, Sala II, 29/5/89, DT, 1990-B-1381; íd., Sala I, 30/6/89, DT, 1990-B-1747). Así se ha sostenido que al no impugnarse la pericia en primera instancia, la misma se encuentra firme y consentida y no puede posteriormente ser atacada en la alzada, sin perjuicio de que sea valorada por el juez en el momento de dictar sentencia (conf. CNAT, Sala VII, 12/6/89, DT, 1989-B-1536 ; en igual orientación CN. Com., Sala B, 14/4/87, LL, 1987-D-57; CNFed. Civ. y Com., Sala I, 2/2/86, LL, 1989-B-618, nº 6011; C. 2da. Civ. y Com. La Plata, Sala III, 4/12/90, en "Jurisprudencia", Colegio de Abogados del Departamento Judicial de La Plata, dic. 1991, nº 2, p. 52). Así lo ha interpretado la jurisprudencia al decidir que la pericia no observada en primera instancia no puede ser impugnada en la alzada. El silencio, en estas circunstancias, es más terminante que respecto de los demás medios de prueba, discutibles en cuanto a su valor y eficacia con independencia de la conducta de las partes en el momento de su producción (conf. Fenochietto-Arazi, op. cit., Tº 2, pág. 515). Es criterio de esta Sala "B" en reciente antecedente (conf. CANE, Sala "B", SDL Nº 34/2010, del 17/08/10).- Por último, la recurrente entiende que el perito cometió un equívoco al considerar como mejor remuneración bruta de diciembre de 2006 la suma de $ 50.078,98, cuando del cotejo de los recibos surge que la misma ascendió a $21.887 (ver fs. 271 vta., pto. 2, d). Sin embargo dicho cuestionamiento pasa por alto que lo considerado por el juzgador, siguiendo a la pericia practicada, fue la remuneración bruta devengada de acuerdo a las diferencias resultantes de la aplicación de los precios mínimos acordados en el Acta Complementaria del CCT homologado por la Resolución Nº 65/2000, tal como se desprende de la planilla de fs. 225, por lo que la supuesta crítica deviene inaudible.-En síntesis, todo lo argumentado en este segundo agravio resulta improponible como crítica a la sentencia atacada, por lo que habré de coincidir con el colega prevotante en declarar la deserción parcial del recurso en lo que a ello respecta (conf. arts 268 y 269 de la ley XIII Nº 5 Anexo A -antes arts. 265 y 266 del CPCC-).-II.- En virtud de todo lo razonado, concordaré con el Dr. Lucero en que corresponde propiciar la desestimación del recurso examinado, y en consecuencia, la confirmación de la sentencia apelada en todo cuanto fuera materia de agravios, con costas en la Alzada a la quejosa perdidosa (conf. art. 57 de la ley XIV Nº 1 -antes art. 59 de la ley 69-).-En cuanto a la regulación de honorarios en esta sede, dado el resultado del pleito, extensión y entidad de los trabajos realizados en esta instancia de apelación, deviene razonable fijar los mismos a los letrados apoderados de la demandada, Dres. L. C. B. y P. S., en conjunto, en un 25%; y los de la letrada apoderada del actor, Dra. G. M., en un 30%; en ambos casos sobre lo establecido en la primera instancia y con más el IVA respectivo (conf. arts. 5, 8, 13 y 46 de la ley XIII Nº 4 -antes arts. 6, 9, 14 y 47 de la ley 2200- y leyes 233414 del arancel).- A la luz de todo lo expuesto, a la primera cuestión voto POR LA AFIRMATIVA.-A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Lucero dijo:

--- El pronunciamiento que corresponde dictar es el siguiente, a saber: 1) CONFIRMAR el fallo apelado en todo lo que fuera materia de agravios. 2) IMPONER las costas de segunda instancia a los apelantes vencidos en ella. 3) REGULAR los honorarios de segunda instancia del siguiente modo: a los Dres. L. C. B. y P. A. S., en la suma equivalente al 25% de los que le fueran regulados por su actuación en la anterior instancia; y, a la Dra. G. M., en la suma equivalente al 30% de los que mereciera por su actuación en la anterior instancia, en ambos casos con más el I.V.A. correspondiente.-- ASI LO VOTO.-----A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Dr. De Cunto dijo:----- En atención al acuerdo arribado, el pronunciamiento que corresponde dictar es el propuesto por el Dr. Lucero, fiel expresión del mismo.--- --- Así lo voto.---- --- Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal por no encontrarse presente al momento del Sorteo el Sr. Juez de Cámara, Dr. Raul Adrian Vergara (Art. 7º Ley V Nº 17), pasándose a dictar: -- S E N T E N C I A: -- --- Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Trelew; RESUELVE:-----CONFIRMAR el fallo apelado en todo lo que fuera materia de agravios.IMPONER las costas de segunda instancia a los apelantes vencidos en ella.REGULAR los honorarios de segunda instancia del siguiente modo: a los Dres. L. C. B. y P. A. S., en la suma equivalente al 25% de los que le fueran regulados por su actuación en la anterior instancia; y, a la Dra. G. M., en la suma equivalente al 30% de los que mereciera por su actuación en la anterior instancia, en ambos casos con más el I.V.A. correspondiente.Regístrese, notifíquese y devuélvase.- ALDO LUIS DE CUNTO SERGIO RUBEN LUCERO JUEZ DE CAMARA PRESIDENTE REGISTRADA BAJO EL N°_________DEL AÑO 2010 - SDL - CONSTE.- VILMA NOEMÍ BIRRI SECRETARIA