marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Municipalidad, concejo deliberante
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: SAUCEDO, OSCAR MARTIR Y VERA, ANTONIO RAMON c/ RESOLUCION N. 13/90 DEL H.C.D. DE ESTANISLAO DEL CAMPO s/ CONFLICTO DE PODERES Y PEDIDO DE NULIDAD RESOLUCION N. 13/90 DEL H.C.D. DE ESTANISLAO DEL CAMPO s/ CONFLICTO DE PODERES Y PEDIDO DE NULIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1991-05-30

El Concejal procesado se encontraba suspendido en sus funciones y consecuentemente no detenta los atibutos y derechos que el cargo electoral confiere sometiéndose su destitución o su reincorporación a las resultas de la causa, pero no puede conformarse con su voluntad acto válido alguno.
Daños y perjuicios, indemnización, responsabilidad contractual, seguros, asegurador, cobertura, alcance de la cobertura
Materia: COMERCIAL
Carátula: VEGA, RAUL c/ CAJA DE SEGUROS DE VIDA SA s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-27

Procede la acción por la que un asegurado persigue de la compañía de seguros defendida el cobro de una indemnización, con base en encontrarse amparado por un contrato de seguros que cubría riesgo de muerte e invalidez total o parcial (como consecuencia de haber sufrido una herida de bala en el abdomen, razón por la cual le extirparon parte del intestino); resulta improcedente que la accionada postule una supuesta falta de cobertura de la incapacidad psíquica, cuando -como en el caso se verifica que la noción de incapacidad expresada en la pertinente póliza aparece comprensiva tanto de la física como de la psíquica. Máxime, si en el ítem de que se trata la mentada incapacidad, ni siquiera aparece mencionada donde se regulan los riesgos excluidos, por lo que dado el carácter obviamente restrictivo de estas exclusiones, es forzoso concluir que la referida afectación con incidencia invalidarte integra la incapacidad indemnizable.
Sanciones disciplinarias, non bis in ídem, sentencia arbitraria
Materia: PENAL
Carátula: Matus, José Eduardo c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-19

La disidencia sostuvo que la resolución recurrida que declara la nulidad de la sanción impuesta y; ordena el reinicio del trámite disciplinario, transgrede la garantía de ne bis in idem, toda vez que implica para el encausado un doble riesgo de continuar sometido a un proceso sancionatorio, respecto del que ya había sido desvinculado. (Art. 75 inc. 22 de la CN y Art. 14.7 PIDCyP y 8.4 CADH). La decisión del Tribunal, de requerir a las autoridades del Complejo Penitenciario Federal que reinicien el trámite disciplinario, conduce a otorgarle al Estado, a través de la administración penitenciaria, una nueva chance para que, con todos sus recursos y poder, subsane los errores ocasionados y someta al condenado a un nuevo procedimiento disciplinario, lo que a todas luces transgrede la garantía de mención. Dres. Carbajo, Borinsky y Ledesma -en disidencia-.
Concursos, actos perjudiciales a los acreedores, actos ineficaces de pleno derecho, pago, hechos jurídicos, AFIP, Municipalidad, conclusión de la quiebra, improcedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Felicidad SA c/  s/ quiebra
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-02

Procede confirmar la resolución mediante la cual la jueza de grado, en los términos de la LCQ 109, declaró ineficaz ciertos pagos hechos por la fallida a favor de AFIP y cierta municipalidad. Ello por cuanto, una sociedad comercial en quiebra no puede disponer pagos por fuera del expediente del juicio universal. Aun cuando la erogación dineraria haya tenido por objeto gestionar la conclusión de la quiebra. En efecto, el mecanismo que prevé la ley para la cancelación del crédito de los acreedores que no prestaron conformidad con el avenimiento es a través del depósito de las sumas necesarias en una cuenta bancaria judicial a nombre del expediente de quiebra (conf. LCQ 226). Sucede que la inhabilitación de las personas jurídicas en quiebra es definitiva mientras no se revierta dicho estado con la conversión del proceso falencial en concurso preventivo o con la efectiva conclusión de la quiebra (conf. LCQ 237). Por ello es indudable que todos los bienes de la fallida se encuentran afectados por el desapoderamiento (LCQ 107), y el acto de disposición durante el trámite de la quiebra no autorizado por el juez interviniente en dicho proceso universal es inoponible (LCQ 109). Y esa declaración de ineficacia se produce de pleno derecho pues esta Sala tiene dicho, frente a situaciones análogas y en la interpretación de la LCQ 109, que en esta norma existe una equivocada remisión al art. 119, la cual debiera ser al 118 de la LCQ (v. "Cía de Insumos SRL s/quiebra s/incidente de art. 250 de Uretec SRL" del 29/12/16; "Ríos Francisco Alberto s/quiebra" del 26/04/17, entre otros).
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia no firme, proceso penal, auto de falta de mérito, recurso de reposición (procesal)
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: T., N. A. F. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -RETENCIONINDEBIDA- RECURSO APELACION FALTA DE MERITO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 465 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-02-20

Corresponde rechazar la queja sustentada en que la Cámara al fallar como lo hizo abandona su lugar de tercero imparcial, para colaborar con el órgano acusador en la búsqueda de elementos incriminantes que vinculen al imputado desde que el decisorio que se recurre -, revocación del auto de falta de mérito- no reviste el carácter de definitividad que requiere la ley 7055, siendo insusceptible de ser revisado en esta instancia excepcional, lo que implica la prosecusión del juicio.

Por lo demás, no se advierte que el razonamiento del Sentenciante haya excedido los límites de su funció n jurisdiccional para inmiscuirse en atribuciones propias del órgano acusador, desde que se limitó a considerar que los elementos recolectados durante el desarrollo de la etapa investigativa no habrían sido evaluados adecuadamente por el A quo si se tiene en cuenta el tipo penal en que encuadraría la conducta descripta (art. 173, inc. 2 del Código Penal), exigiendo asimismo al magistrado instructor "una mayor dinámica en la investigación"
Recurso contencioso administrativo, instancia administrativa, agotamiento de la instancia administrativa, recursos administrativos, pronto despacho, gobernador
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Megias, Zulema Beatriz y otros c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción. Revocatoria  (Expte. CSJ Nro. 348-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-06-27

Aún cuando los actores afirman haber interpuesto pronto despacho, como dichas presentaciones fueron dirigidas al Ministro de Salud y Acción Social, las mismas no resultan suficientes -según el actual criterio de la Corte- para cumplir con la exigencia de que dichos escritos, en caso de excesiva e injustificada demora en la tramitación de recursos administrativos, deben ser presentados ante el Poder Ejecutivo a los fines de considerar configurado el supuesto de denegatoria tácita previsto por el artículo 6, segundo párrafo, de la ley 4106.
Resoluciones judiciales, resoluciones equiparables a definitiva, Ministerio Público, límites jurisdiccionales, sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Fiscalía de Cámara Oeste de la CABA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Monteagudo, Adán Inti y otros s/ 239 - resistencia o desobediencia a la autoridad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-21

Corresponde equiparar a definitiva (en los términos del art. 26 de la ley n° 402) la decisión que declaró la incompetencia de los tribunales Penales, Contravencionales y de Faltas para juzgar el delito de desobediencia a órdenes impartidas por un juez Civil con asiento en la CABA (cf. el art. 239 del CP); y ordenó remitir las actuaciones a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. Ello así, en tanto le el fiscal recurrente instituido por el pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para ejercer la acción penal, se vería afectado por un perjuicio de imposible reparación ulterior, la sustracción de las actuaciones del conocimiento de las autoridades de la ciudad. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Recurso de casación, plazo, razonabilidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Rodríguez, Jorge Omar s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1999-09-30

La ley 24.390 no efectúa precisiones concernientes a su ámbito de aplicación. Las prescripciones en ella contenidas son de naturaleza procesal y como tales, abarcan materia reservada por las provincias, no delegada al gobierno federal; en consecuencia, no son aplicables en el ámbito provincial. La declaración de inaplicabilidad de la Ley 24.390 en jurisdicción provincial, no empece a la aplicación en dicha jurisdicción de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en el artículo 7, párrafo 5 dispone, toda persona detenida..., tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso, disposición directamente operativa, que no necesita de reglamento adicional alguno para funcionar. La razonabilidad del plazo a que refiere el artículo 7, párrafo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, debe medirse en consideración de las circunstancias propias del caso y de la complejidad de las causas de que se trate.
Delitos contra el honor, consorcio de propietarios, administrador del consorcio
Materia: PENAL
Carátula: LUNA, JUAN. s/ CALUMNIAS. INJURIAS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-10-24

Por pertenecer el honor a la valoración subjetiva de su apreciación en todos los casos, debe meritarse el agravio infringido con sumo cuidado y supeditado a la apreciación particular que cada caso presenta y el presente constituye un hecho típico de polémicas y controvertidas disidencias que mantienen algunos consorcios de copropietarios, que llevan a veces a posiciones irreconciliables que rozan el agravio, pero que no ingresan en el campo de la punición que las figuras demandan, máxime que las supuestas ofensas se profirieron sin haberse previamente individualizado a su destinatario, toda vez que se dirigieron al grupo que integrara la querellante, pero sin aportar nombres concretos.

Si bien se demostró que no existió en el desempeño de la querellante como administradora la irregularidad delictuosa que le achacaran, ello no basta para poder reprochar al imputado un proceder delictuoso en orden a los delitos contra el honor, pues debió quedar plasmado de modo terminante que el querellado difundió los boletines incriminados con el propósito de desacreditar o deshonrar a la querellante y con conocimiento y voluntad de atribuirle falsamente delitos que dieran lugar a la acción pública.

La querella pecó por defecto en tal acreditación (art. 462 C.P.P.) debiéndose absolver al acusado por aplicación de la norma contemplada en el art. 13 C.P.P., por cuyo motivo las costas se imponen en el orden causado.
Honorarios, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL COMERCIAL
Carátula: ELIO A. GROSSO s/ CONCURSO PREVENTIVO - RECURSO DE REVISION - HONORARIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-05-29

En los procesos concursales el régimen procesal de la Apelación, se rige exclusivamente por las reglas de la ley 19.551, atento a lo dispuesto por el art. 301 de la misma, de modo que por imperio del art. 296 inc. 4to. L.C. las Apelaciones se conceden "en relación", lo que remite a lo dispuesto por el C.P.C.; vale decir, interposición en Primera Instancia y fundamentación en la Alzada, de modo que no es aplicable el art. 112, Ley 7269 (hoy el 115 de la Ley 8226).-
Asignaciones familiares, declaración jurada
Materia: LABORAL
Carátula: GARCIA MARIO VICTOR c/ ALIAS JOSE MARIA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1989-12-15

Siendo obligación de la patronal recabar de su personal las declaraciones juradas tendientes a esclarecer su estado familiar, la falta de acreditación de este recaudo autoriza a presumir que el personal cumplió con la presentación de los documentos demostrativos del derecho a percibir asignaciones familiares.
Tenencia ilegítima de armas de guerra, fundamentación de sentencias, pluralidad de intervinientes
Materia: PENAL
Carátula: Herrera, Jonathan Joel y Otros s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-09-25

Está debidamente fundada la sentencia que consideró que los imputados detentaban ilegítimamente el arma hallada en el automóvil que los transportaba, pues se hallaba en la parte trasera del vehículo, apoyada en el suelo, los cuatro imputados se encontraban en el auto, el arma se divisaba a simple vista y, al acercarse la policía, el conductor dirigió su mano hacia el arma, todo ello da cuenta que los cuatro tripulantes tenían la posibilidad de disponer del objeto sin intermediación de un tercero, por lo que debe concluirse que el arma se encontraba en un ámbito de custodia compartida.
Divorcio, responsabilidad parental, honorarios
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: C. L. S. C. y otro c/  s/ divorcio
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2023-06-28

En relación al presente trámite -cuidado personal de los hijos-, el inc. 6) el art. 9, apartado I de la ley 1594 dispone que el honorario mínimo es el equivalente a 15 jus. y por lo tanto constituye el piso insoslayable para regular honorarios a los profesionales por las tareas llevadas a cabo con su cliente - asesoramiento, negociaciones, conversaciones, reuniones, etc.-.
Filiación, prueba de histocompatibilidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: P., A. L. y otra c/ B., L. P. s/ Acción de reclamación de estado de hijo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-04-15

En el estado actual de las investigaciones genéticas y de conformidad con nuestra legislación vigente, corresponde interpretar que la negativa del demandado -sin justificación atendible- a permitir realizar la prueba pericial de compatibilidad inmunogenética, se constituye en una decisiva presunción en su contra, pues -dado su grado de certeza- configura un elemento que obra en beneficio de ambos interesados y tiende a proteger un bien precipuo del hombre cual es conocer su verdadera identidad. Y tal presunción sólo podría ceder ante prueba muy sólida que la contradiga, lo que lejos está de darse en el "sub lite" (arts. 31, 33 Const. Nac.; 7, 8, Convención sobre los Derechos del Niño año 1989, ley 23849; arts. 253, 919 Cód. Civil; art. 4 ley 23511).
Robo calificado, robo con perforación o fractura
Materia: PENAL
Carátula: Cousiño, Roberto Adrián s/ Robo calificado. Violación. Homicidio calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-07-15

A los fines de la calificante prevista en el art. 167 inc. 3° del Código Penal resulta indiferente discurrir acerca de la pretendida distinción del recurrente en cuanto a si se trata de "vidrios comunes" o de los especiales que se denominan blindados.
Acción de amparo, recurso de apelación (procesal), reclamo administrativo previo
Materia: CIVIL
Carátula: LARA DE OLMOS, MARTA INES c/ MINISTERIO DE SALUD PUBLICA DE LA PROVINCIA s/ RECURSO DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1993-05-18

La sola circunstancia de que se haya planteado un recurso en sede administrativa que se encuentre pendiente de decisión, es suficiente para decidir la improcedencia del amparo, pues una demanda de esa naturaleza no puede ser utilizada para sustraer la cuestión debatida del conocimiento de la autoridad que interviene en ella por recurso propio del interesado.-
Accidentes de trabajo, relación de causalidad, prueba, carga de la prueba, empleador
Materia: LABORAL
Carátula: Carello, Ramón c/ Transporte automotor Las Delicias S.R.L. s/ Cobro de australes (Expte. Nro. 263-96, Resolución Nro. 204, Tomo 24, Folio 419)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-11-01

Si bien es cierto que la ley 9688 responsabiliza al empleador por los accidentes ocurridos en ocasión del trabajo, la inclusión no exime al reclamante de demostrar la vinculación causal o concausal entre el siniestro y el trabajo realizado. Una vez acreditado ese nexo que constituye un presupuesto fundamental para que juegue la responsabilidad del empleador, ésta se presume.
AMIA, responsabilidad extracontractual del Estado, doctrina de los actos propios, buena fe procesal
Materia: DERECHOS HUMANOS-PROCESAL
Carátula: Faifman, Ruth Myriam y otros c/ Estado Nacional s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-03-10

Ante el reclamo de víctimas del atentado a la AMIA que continúan sin reparación, la invocación de la prescripción por parte del Estado Nacional resulta incoherente con las expectativas que él mismo generó con sus actos anteriores -acta suscripta con organizaciones no gubernamentales que denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y posterior decreto 812/2005- y contraria al principio de buena fe que debe regir muy especialmente el obrar estatal, y una de cuyas derivaciones es la doctrina de los actos propios, según la cual no es lícito hacer valer un derecho en contradicción con la anterior conducta.
Amenazas, competencia criminal y correccional, violencia de género
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: INCIDENTE DE INCOMPETENCIA EN AUTOS GÓMEZ, AGUSTIN MARCIAL Y OTROS c/  s/ 149 BIS - AMENAZAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-31

Corresponde declarar la competencia de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional, con apoyo en el artículo 3 de la ley n° 26702 y el artículo 42 inciso 1 del CPPN, ya que los hechos que motivaron este incidente de competencia se encuadran dentro de un mismo contexto de violencia de género, doméstica o intrafamiliar. Este tipo de ilícitos presentan características específicas en tanto se prolongan a lo largo del tiempo, en el marco de una situación conflictiva continua, muchas veces cíclica, por lo cual resulta ineludible conocer las circunstancias que rodean las conductas típicas. En consecuencia, razones de mejor y más eficiente administración de justicia y la importancia de asegurar el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, tornan necesario que sea un único tribunal el que intervenga en todas las actuaciones (cf. CSJN "Competencia n° 475, L. XL VIII, Cazón, Adella, s/ art. 149 bis", resuelta el 27/12/12 y "Comp. CCC 666/2015/1/CS1 G. C. L. s/ lesiones agravadas, Dam: G. M. S.", resuelta el 17/05/2016). (Del voto en disidencia de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
División de poderes, conflicto de poderes, distribución de competencias, formación y sanción de la ley, competencia por el territorio, extraña jurisdicción
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Cámara de Prestadores Postales Rep. Argentina c/ Cámara de Diputados y otros s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-12

Cuando se controvierte la forma en que han sido ejercidas atribuciones privativas de otros poderes, los jueces deben abstenerse de resolver el punto (Fallos 114:425; 179:150; 193:267), para evitar convertirse en revisores de decisiones que competen a otras autoridades. En la mecánica de nuestro sistema constitucional los jueces carecen de jurisdicción para interferir en el proceso de formación de las leyes, en tanto se trata del ejercicio de potestades que la C.N. otorga privativamente a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, los que están revestidos de amplias facultades para la sanción y promulgación de las normas (confr. esta Sala, in re "Terzian", del 9/3/95). Tal la correcta interpretación a fin de preservar el principio de división de poderes.
Sustracción de menores, dictadura militar, delitos contra la humanidad, imprescriptibilidad
Materia: DERECHOS HUMANOS-PENAL
Carátula: Francisco Gomez, Jorge Luis Magnacco y Teodora Jofre s/ Sustracción Menor de 10 años
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-04-22

Es imprescriptible el delito de sustracción, retención y ocultación de un menor de 10 años llevado a cabo durante el Proceso militar mediante la sustracción del niño nacido durante el cautiverio de su madre en la Escuela de Mecánica de la Armada y luego entregado a una familia allegada a miembros de las Fuerzas Armadas, pues a dichos delitos corresponde asignarles el carácter de delitos de lesa humanidad, en virtud de que tal calidad conferida por la legislación internacional al delito de desaparición forzada de personas debe transferirse a la sustracción de menores nacidos en ocasión de tal ilícito.
Daños y perjuicios, prescripción
Materia: CIVIL
Carátula: Guastavino, Diana Estela c/ Estado  Nacional  (Poder  Ejecutivo  de  la  Nación  - Ministerio del Interior) s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-27

Para comenzar el cómputo del plazo de prescripción de la acción por los daños y perjuicios es necesario que éstos se hayan producido.
Daño calificado, daño en bienes de uso público, colectivo de línea
Materia: PENAL
Carátula: Causa 145 s/ DAÑO CALIFICADO SOBRE UN BIEN DE USO PUBLICO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-12

Encuadra en el delito de daño calificado el accionar del chofer de un taxi, que como consecuencia de una incidencia en el manejo de su vehículo, produce, con un matafuegos, diferentes destrozos en un colectivo de transporte público de pasajeros, debido a su enfurecimiento momentáneo por tal circunstancia; dado que se trata de un bien de uso público. (art. 184, inc. 5.), motivando la concurrencia de la agravante la merma que, en el goce general del bien, produce el daño inferido.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, concurso preventivo, verificación de créditos, incidente de revisión, deudas impositivas, intereses moratorios
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-CIVIL-COMERCIAL
Carátula: LA REINA S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -CONCURSO PREVENTIVO-RECURSO DE REVISION DE A.P.I. (EXPTE.: C.S.J. NRO. 490 AÑO 2006)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-04-03

Corresponde declarar inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la concursada contra el decisorio que admitió el recurso de revisión promovido por la Administración Provincial de Impuestos desde que no demuestra la invocada extralimitación en que habría incurrido el Tribunal a quo, ni que éste -en orden a la entidad de los intereses liquidados- hubiera evitado considerar constancias relevantes de la causa o exigido una prueba innecesaria o redundante. Es que la recurrente no logra rebatir los argumentos de la Sala, en cuanto aseveró que los accesorios efectivamente aplicados respondían a la normativa fiscal vigente, y que de los cálculos efectuados por la Juez de baja instancia -en base a las liquidaciones acompañadas - no surgía que las tasas aplicadas superaran el 36% anual. En punto a lo anterior, ha de notarse que a partir del 1.10.1993 comenzó a regir en la Provincia de Santa Fe la Resolución 277/93 emanada del Ministerio de Hacienda y Finanzas -que fijó un interés del 3% mensual por pagos fuera de término-, a lo que cabe agregar el precedente "Arcana" de la Corte nacional, L.L. 1986 D22- .donde se sostuvo que la consecución del bien general y de los fines esenciales del Estado justificaban la admisión de tasas mayores a las de los restantes acreedores.