marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Competencia federal, ley federal
Materia: PROCESAL
Carátula: Comisión Municipal de la Vivienda c/ Acuña, Hernán s/ nulidad de acto jurídico.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-16

Compete a la justicia federal de la Capital Federal conocer en los casos regidos especialmente por las leyes nacionales, entendidas éstas en su acepción de derecho federal (arg. art. 111, inc. 1°, de la ley 1893).
Constitución Nacional, constitucionalidad, inconstitucionalidad, ley nacional, obediencia debida, tratados internacionales
Materia: CONSTITUCIONAL - INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: MUNILLA s/ TESTIMONIOS  DE APELACIONES ORDINARIAS INTERPUESTOS POR EL Dr.MUNILLA  EN CAUSA NUMERO 85
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-12

El art. 1 de la ley 23.521 es contrario a los arts. 1, 18, 94, 95 y 100 de la Constitución Nacional y al art. 2, "in fine" de la "Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Disidencia del Dr. Jorge Antonio Bacqué).
Municipalidad, personal municipal, cesantía, enfermedades inculpables, indemnización, jubilación por invalidez, jubilación ordinaria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Soria, Eufemio Gumersindo c/ Municipalidad de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.:  C.S.J. Nro. 476 año 1994)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-02-19

Corresponde rechazar la pretensión del recurrente que sostiene tener derecho a la indemnización por cesantía por incapacidad inculposa, por cuanto si bien el acto administrativo que acepta su renuncia es "a los fines de acogerse a la jubilación por invalidez", lo cierto es que el agente pasa a retiro gozando de una jubilación ordinaria con lo cual se configura la excepción que la Corte local -con distinta integración- estableció cuando entendió que el derecho a percibir la indemnización pretendida no procede cuando el agente esté en condiciones de ser beneficiario de una jubilación ordinaria, circunstancia ésta que se ha producido en el caso, no ya como una expectativa sino en concreto pues el actor es beneficiario de una jubilación ordinaria otorgada por la Caja Municipal.
Honorarios del abogado, pacto de cuota litis
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Polacchini, Enza c/ Capano, Orlanda s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-11-20

No puede sostenerse que la adhesión al régimen de desregulación del decreto nacional 2284/91, dispuesta por decreto provincial 3492/91, importe derechamente la derogación o modificación de las normas de la legislación provincial que pudieran colisionar con el régimen de desregulación, ya que ello implica subvertir el orden constitucional local atribuyendo facultades legislativas al Poder Ejecutivo. La referida norma invita al Poder Legislativo a proyectar preceptos para modificar o derogar las disposiciones que considere incompatibles con la desregulación, pero hasta tanto ello no ocurra y las nuevas normas estén sancionadas, promulgadas y publicadas, las actuales gozan de toda su operatividad (conf. arts. 104, 108, 144 incs. 2° y 3° y conds. de la Const. de la Pcia.).
Filiación, daño moral, filiación extramatrimonial
Materia: CIVIL
Carátula: Z., F. N. c/ B., J. M. s/ reclamación de filiación
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2019-03-21

Ante la omisión de reconocimiento oportuna de la paternidad que configura la violación de un deber jurídico (antijuridicidad), me he expedido en forma favorable a reconocer la procedencia del daño moral del descendiente afectado, considerando que el perjuicio surge in re ipsa -por ser el propio hecho generador el que permite inferir el vejamen- al tratarse de una conducta ilícita cuando concurre el requisito subjetivo de la culpa o dolo en el requerido (conf. "RAABE MARIA ELENA C/ URRUTIA PASCUAL ENRIQUE S/ FILIACION" (Expte. Nº 18294/4, del 27/12/2007), y he adherido a su procedencia en supuestos de hijos que han adquirido la mayoría de edad donde fue cuantificado el perjuicio en $20.000 (conf. "FUENTES IRENE ESTHER C/ GUZMAN MARTA LIDIA Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS" (EXP Nº 15681/4 Sent. del 13/11/2007).
Juicio de desalojo, legitimación pasiva
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SOMISA c/ MUTTI SUSANA B. s/ DESALOJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-08-27

Procede el desalojo de la cónyuge de quién recibiera el uso de la vivienda de parte de la empresa propietaria y posteriormente como precarista, se ha alejado de ella -allanándose al reclamo de devolución correspondiente- dado que su derecho al disfrute del bien no puede tener un ámbito distinto y mayor, incluso temporal, que el propio de su esposo, único titular de los beneficios dimanentes del convenio celebrado con la actora, negocio frente al cual aquélla no puede exigir rol participativo alguno.
Beneficio de litigar sin gastos, defensa en juicio, igualdad ante la ley
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: LEYLEY  SA c/ FEDERATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION YOTROS S/ s/ ENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-12-06

El instituto en análisis tiene como finalidad la de evitar que la parte que se encuentra en una situación económica dificil como para asumir los gastos derivados de un proceso judicial, se vea impedida de hacer valer sus derechos. Por ello, se ha reconocido que encuentra sustento en preceptos de raigambre constitucional como la garantía de la defensa en juicio y la de la igualdad ante la ley, ya que por su intermedio se asegura la prestación del servicio de justicia, no ya en términos formales, sino con adecuación a la situación economica de los contendientes (cfr. Corte Suprema de Justicia, doctr. Fallos: 311:1372, 313:1015, in re "Patagonian Rainbow S.A. c. Neuquén, Provincia del y otro s/ cumplimiento de contratos - incidente sobre beneficio de litigar sin gastos", P.505.XXIX, del 28-5-98; esta Sala, causas 1196 del 1.11.94, 7257 del 10.11.94, 15.858 del 28.5.96, 129 del 30.5.96, 13.999 del 20.5.97 y 7531 de l4.11.97, entre otras). La concesión del beneficio de litigar sin gastos queda librada a la prudente apreciación judicial, en tanto los medios probatorios incorporados al incidente reúnan los requisitos suficientes para llevar al ánimo del juzgador la verosimilitud de las condiciones de pobreza alegadas (confr. Corte Suprema de Justicia, Fallos 313:1015).
Medidas cautelares, embargo, sustitución de medidas cautelares, caución juratoria
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: " ORENTRAJCH LARROQUE, J. s/ devolución de efectos".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-04-29

El Código Procesal Penal de la Nación no prevé la posibilidad de reemplazar el embargo por la aplicación de una caución juratoria (arts. 518 y siguientes del C.P.P.N.).
Prisión domiciliaria, interés superior del niño
Materia: PENAL
Carátula: F. C., G. R. s/prisión domiciliaria c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-12

Precisaron que de los informes incorporados se determinó que a partir del hecho investigado, la familia se desmembró, los menores se mudaron con su abuela quien tuvo que dejar de trabajar, destacándose actitudes agresivas en uno de ellos y afecciones respiratorias que derivaron en diversas internaciones. Reiteraron "(...) aquí no se cuestiona la necesidad de una medida cautelar, sino la manera de conciliarla con el mejor interés del niño (tal como lo consagra la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la Ley 26.061), cabe poner de resalto también el informe obrante a fs. 22/23 en tanto allí se consignó que, de la evaluación psicosocial realizada, estarían dadas las condiciones esenciales y ambientales para que F.C. sea ingresada a la Dirección de Asistencia a Personas bajo Vigilancia Electrónica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Además, la prueba de rango de monitoreo de cobertura realizada por profesionales de esa dependencia en el domicilio en el que se alojaría la imputada junto a sus hijos, ha arrojado resultado satisfactorio (fs. ...). De tal manera, la medida de sujeción en ese sitio se revela de una intensidad tal que logra, en el caso, un adecuado equilibrio entre la neutralización de los riesgos procesales (analizados en el incidente de excarcelación por esta Sala) y la protección a los derechos del niño que aquí se solicita (CNCCC, Sala 1, causa n° 61307/2015/2/CNC1 "Fernández", rta. 16/2/2016, Reg. 78/2016). (...)". Finalmente, mencionaron la opinión favorable tanto del Defensor de Menores e Incapaces como del representante del Ministerio Público Fiscal para el arresto domiciliario bajo la modalidad señalada.
Acción de amparo, cosa juzgada
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: ALLUB, ROSENDO c/ COLEGIO DE MEDICOS s/ INDEMNIZACION DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-09-21

Ningún sentido tendría conferir solo cosa juzgada formal al amparo si el agraviado se limitase a reeditar en el juicio posterior, alegaciones o defensas repetidas de lo dicho y plenamente tramitadas en la acción de amparo.
Pena, individualización de la pena, graduación de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Simón, Julio Héctor s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-15

Si bien asiste razón a la defensa en relación a la errónea consideración de la falta de arrepentimiento como agravante en la individualización de la pena, de la lectura del resto de los fundamentos que, para fijar el monto punitivo, tuvo en consideración la mayoría del tribunal sentenciante, y de acuerdo a los delitos que se le imputaron al encausado -privación ilegal de la libertad doblemente agravada por su condición de funcionario público y por haber durado más de un mes, en forma reiterada; imposición de tormentos agravado por ejecutarse en perjuicio de perseguidos políticos y ocultación de un menor de 10 años de edad-, cabe concluir en que si dicho yerro se lo suprime mental e hipotéticamente, el monto de la pena -de 25 años de prisión- de acuerdo al resto de los argumentos resulta aún razonable y se ajusta a derecho. (Voto de la Dra. Catucci, adhieren los Dres. Madueño y Berraz de Vidal -parcialmente-).
Contrato de trabajo, socio empleado
Materia: LABORAL
Carátula: Rodriguez Vagaría Ricardo Aníbal Oscar c/ Cayucurá S.A. y/o responsable s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-04-30

En el caso en estudio las tareas desarrolladas por el actor para la demandada estuvieron fuera del campo específico de su condición de socio accionista de la empresa demandada, las que se cumplieron de conformidad a las directivas emanadas del Directorio de ésta o de su presidente, lo que permite establecer que la prestación del accionante no era libre, autónoma, ya que debía atender las órdenes, resoluciones y/o instrucciones del Directorio, las que recibía periódicamente en la Capital Federal y al que debía rendir cuentas de su actuación, siendo ello demostrativo de la subordinación, nota que se exige para la aplicación de las disposiciones del Derecho del Trabajo y que ha permitido ensanchar el ámbito de aplicación de éstas, a toda clase de asalariados y empleados.
Despido, abandono de trabajo, enfermedades inculpables, facultades de control, examen de salud
Materia: LABORAL
Carátula: DODINO, MARTHA MARIA c/ ASOCIACION CIVIL MATER DEI s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-06-16

Si bien el dependiente esta obligado a someterse al control médico del empleador, no puede imponérsele que siga las indicaciones terapéuticas que se le indican por esa vía, sino que tiene derecho a acudir a otros profesionales; por ello no resulta ajustada a derecho la decisión patronal de rescindir el vínculo laboral dando primacía a lo informado por su servicio médico y acusando al empleado de abandono de trabajo.
Divorcio, separación personal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Z.A. c/ B.I. s/ Divorcio vincular
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-06-18

La causal de separación personal de hecho es un asunto objetivo reconocido en la ley como motivación suficiente para la admisión del divorcio vincular, siempre que haya transcurrido un plazo de tres años, y sólo requiere que una de las partes no haya tenido voluntad de unirse, aunque la otra sí la tuviera y no fuera causa de la desunión, pues la ley solo da posibilidad de alegar y probar la inocencia del cónyuge para obtener los beneficios que ésa situación le confiere.
Contrato de trabajo, subcontratación laboral, responsabilidad solidaria, traslado del paciente
Materia: LABORAL
Carátula: RODRIGUEZ, JUAN ALFREDO C/ STP CARS S.R.L. Y OTRO S/DESPIDO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-04-16

La actividad de traslado de paciente mediante sevicio de transporte, desde sus domicilios particulares a los centros de atención médico para luego reintegrarlos a sus domicilios, constituye parte de la actividad normal y específica que le es propia a una A.R.T. En este sentido el art. 20 de la ley 24.557 establece que: "1. Las ART otorgarán a los trabajadores que sufran algunas de las contigencias previstas en esta ley las siguientes prestaciones en especie: a) Asistencia médica y farmacéutica; b) Prótesis y otorpedia; c) Rehabilitación; d) Recalificación profesional; y e) Servicio funerario". A su vez, el art. 26 inc. 7: "Las ART deberán disponer, con carácter de servicio propio o contratado, de la infraestrutura necesaria para proveer adecuadamente las prestaciones en especie previstas en esta ley..." Entre estas prestaciones en especie se encuentra el traslado de los pacientes desde su domicilio hasta los centros de atención médica y de regreso a sus hogares.
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, obligación de seguridad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fernández, Fernando c/ Roll S.R.L. y/o Soul Train s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-04-14

La relación entre un cliente de una confitería bailable y la sociedad propietaria de la misma es de naturaleza contractual, surgiendo en forma accesoria para ésta última la obligación de brindar seguridad a todos los concurrentes. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Aportes a obras sociales, empleados públicos
Materia: LABORAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Martínez, Domigo Juan c/ Estado de la Pcia. de Corrientes e Instituto de Obra Social de Corrientes s/ Acción contenciosa administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 2014-06-30

Es improcedente el pedido de reintegro de los aportes efectuados en concepto de obra social, realizado por un funcionario judicial al que se le negó cobertura por no haber completado los trámites para darse de alta, pues tales aportes revisten el carácter de forzosos y, ni el trabajador, ni el empleador pueden eximirse de efectuarlos, habida cuenta que derivan de una obligación establecida por ley - 3341 de la Pcia. De Corrientes- y porque tampoco son propiedad de uno (trabajador) ni de otro (empleador) sino que pertenecen a la comunidad de beneficiarios del sistema de obra social y están destinados al cumplimiento de una finalidad social legalmente definida.
Accidentes de trabajo, deber de obrar con prudencia, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: SUAREZ, JULIO DANIEL c/ DOMVIL S.A.I.C.A. s/ Indemnización por accidente de trabajo-RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE  LEY Armelin Luis Adrián c/ I.A.P.S. de E.R. y Domvil SAICA s/ Cobro de Pesos-RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2010-12-13|2010-04-27

La empladora y la A.R.T. son solidariamente responsables por las consecuencias dañosas ocasionadas al trabajador, en el caso de incumplimiento de las obligaciones prevencionales impuestas por la ley en relación a los riesgos del trabajo.
Divorcio, exclusión del hogar, trámites judiciales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GUZMAN DE SAIN, EMILIA s/ MEDIDA CAUTELAR DE EXCLUSION DE HOGAR
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1991-02-11

El pedido de exclusión del hogar no está sujeto a trámite especial, siendo suficiente que se oiga a las partes interesadas, y, si pese a no haberse corrido formal traslado de la petición, el cónyuge cuyo deshaucio se pretende, tomó conocimiento del escrito donde se efectuó el reclamo, y se señaló audiencia para oirlo, no cabe duda que tuvo un adecuado conocimiento de lo solicitado, y precisamente la audiencia fijada, le daría la oportunidad para contestar y ejercer el derecho de defensa.
Recurso extraordinario, interpretación de la ley, ley federal, Código de Justicia Militar, obediencia debida
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Hagelin, Ragnar c/ Tte. de Navío Alfredo Ignacio Astiz. s/ DENUNCIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-25

El art. 514 del Código de Justicia Militar es una norma federal
Juicio, tasa de justicia, recurso contencioso administrativo, trámites judiciales, multa, Transporte, administración de vialidad provincial, leyes, interpretación restrictiva, ley provincial, costas, proceso penal, sentencia condenatoria, sentencia firme
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL - PENAL - TRIBUTARIO
Carátula: TRANSPORTE MAXI SA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO   CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     REVOCATORIA TRANSPORTE MAXI SA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     REVOCATORIA DELSSIN, ALFREDO ANTONIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     REVOCATORIA TRANSPORTE MAXI SA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     REVOCATORIA TRANSPORTE MAXI SA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     REVOCATORIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-05-14|1992-05-14|1992-06-17|1992-08-26|1992-08-26

La obligación que impone el Código Fiscal en su Título Cuarto, Capítulo Primero "Tasas Retributivas de Servicios", artículos 218, 221, 222, 233 y artículo 35 y 36 de la Ley Impositiva, sólo cede respecto de las exenciones contempladas en los artículos 228 y 229 del Código Fiscal; inclusión que debe ser expresa e interpretada con criterio restrictivo por tratarse de excepción a reglas generales.

Por lo tanto, la pretensión del recurrente, que sostiene que la multa cuya nulidad propugna, es una sanción de naturaleza sustancialmente penal, y que conforme al artículo 29 inciso 3ro del Código Penal, no es exigible la reposición hasta no mediar sentencia firme, no se encuentra amparada por ninguna de las exenciones previstas por disposiciones que son de estricta competencia local, tornando improcedente la revocatoria interpuesta.
Caducidad de instancia, interpretación restrictiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Re, Héctor E. c/ Sadeldin, Claudio R. s/ Beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-16

El principio según el cual en materia de caducidad de la instancia priva un criterio estricto, es de aplicación en los casos en que existen dudas acerca de si ha transcurrido o no el término legal, en cuyo caso debe tenderse a mantener viva la instancia, pero no cuando resulta claro que se ha producido la perención.
Convenios colectivos de trabajo, aplicación temporal de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: L.T. 85-T.V. CANAL 12-POSADAS MISIONES s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-03-23

El Código Civil consagra el principio de la aplicación inmediata de las leyes, a partir de sus entradas en vigencia, salvo excepciones provenientes de la misma ley, debe aplicarse de inmediato a las relaciones jurídicas preexistentes, con la mayor extensión posible. El artículo 1° de la ley 23.126 se restableció la vigencia de los Convenios Colectivos de Trabajo; en consecuencia, debían recomenzar de inmediato a regir las relaciones laborales de las partes, sobre todo, no habiendo manifestación en contrario de ninguna de ellas y, por el principio del art. 31 de la Constitución Federal, "no obstante cualquier disposición local".
Regímenes jubilatorios especiales, funcionarios judiciales, cómputo de servicios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Massone, Héctor Antonio c/ Provincia de Buenos Aires (Instituto de Previsión Social) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-09-30

Si bien no cabe negar el carácter especial del régimen establecido por la ley 7918, no por ello se puede seguir un criterio de interpretación tan estricto de sus previsiones y requisitos que desconozca circunstancias excepcionales, como fueron las cesantías motivadas por causas políticas, reconocidas expresamente por el legislador -ley 8118 y ley 10.559, permitiendo en el caso el cómputo de los "servicios fictos".
Ejecución fiscal, recurso de apelación (procesal), inhabilidad de título
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Ingaser S.R.L c/ Orellana, José Domingo y/o Q.R.R s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2001-04-06

En el caso se inicia demanda ejecutiva en base a un Certificado de contribución por Mejoras expedido por la Municipalidad, lo cual coloca la cuestión dentro del marco del art. 57 de la ley 4640 -Orgánica Municipal, ello es, que se trata de una ejecución fiscal.

El instrumento base de la acción tiene su origen en la Ordenanza Municipal 565/97 y en ella se dispone que luego de una serie de pasos de cumplimiento ineludibles, la Municipalidad aprobará y entregará al ente ejecutor de la obra contratada -gas natural- el original del Certificado, que será su único título de cobro. Dicha Ordenanza no otorga al Certificado el carácter de título ejecutivo, por lo que carece de fuerza ejecutiva.

En efecto, de una interpretación armónica de los arts. 979 del CC y 523 inc. 1 del CPC, surge sin dificultad que la norma de fondo no le otorga carácter de título ejecutivo a todo instrumento público, sino que ello queda supeditado a la condición de que el funcionario extienda el instrumento "en la forma que las leyes hayan determinado", ello conduce directamente al art. 41 de la ley 4640 que impone bajo sanción de invalidez que el Secretario refrende con su firma los actos del Intendente. Así lo sostienen autores como Novellino, quien al analizar el art. 979 del CC relacionado con los títulos ejecutivos aclara que no todos los instrumentos públicos señalados en los incisos pertinentes tienen fuerza ejecutiva, pues para ello deben estar adecuados a las pautas fijadas por los arts.

520 y 523 del CPC. De allí se extrae como primera conclusión que los instrumentos públicos del art. 979 CC, no son per se títulos ejecutivos, necesitan estar adecuados a las pautas y exigencias de los artículos citados. Conforme la ley 4640 art. 57 estaríamos en presencia de una ejecución fiscal, por lo cual- siguiendo a Novellino, se trata de títulos de origen administrativo, en los cuales la certificación de una deuda por los funcionarios autorizados da lugar a la ejecución, de acuerdo con lo que determinan las leyes especiales de la materia. De allí que debamos remitirnos a diversos cuerpos legales que configuran el derecho tributario.

Esa remisión a las leyes correspondientes se impone además por imperio del art. 604 del CPC, el que establece que la "forma del título y su fuerza ejecutiva serán determinadas por la legislación fiscal". De este modo se cierra el círculo de coherencia normativa dentro del cual se debe analizar el título con el cual se intenta esta ejecución, puesto que no basta que exista un instrumento público, sino que debe tener fuerza ejecutiva.

En conclusión, la Ordenanza Municipal mencionada supra no otorga carácter ejecutivo al título, por lo que el caso queda fuera de las previsiones del art. 523 C.P.C, en consecuencia corresponde desestimar la apelación intentada y confirmar el decisorio del A quo que rechazó la ejecución por inhabilidad de título. (Del voto de la Dra. Chayep. En disidencia).