Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2016-05-12


Expte. Nº 6648 "INCIDENTE DE SUSPENCIÓN de Juicio a Prueba a favor de Torraga Facundo Martín s/Casación" En la Ciudad de San Juan, a doce días del mes de mayo del año dos mil dieciséis , se reúnen los Miembros de la Sala Segunda de la Corte de Justicia, según ha sido integrada para entender en la presente causa, por los doctores Juan Carlos Caballero Vidal, José Abel Soria Vega y Adolfo Caballero, a fin de redactar la sentencia, conforme lo disponen los arts. 475 y 476 primera parte, en lo pertinente, por remisión del artículo 585 del Código Procesal Penal. No habiendo hecho uso la recurrente de la facultad contemplada por el artículo 583 del C.P.P., el Tribunal - ante la inexistencia de cuestiones incidentales- se planteó como única cuestión a resolver la siguiente: ¿Es procedente el recurso de casación deducido en autos? En su caso: ¿Qué resolución corresponde dictar? EL SEÑOR MINISTRO DR. JUAN CARLOS CABALLERO VIDAL DIJO: Contra la resolución dictada por la Sra. Juez de Ejecución Penal en fecha veintitrés de abril del año 2.015 interpone recurso de casación la defensa técnica de Facundo Martín Torraga.

El fallo resistido (fojas 39/41) dispuso no hacer lugar al recurso de reposición articulado por el letrado defensor Dr. Fernando Luis Rahme contra la decisión de declarar el incumplimiento, por parte de Facundo Martín Torraga, a las reglas de conducta que le fueran impuestas al serle concedido el beneficio de la suspensión del juicio a prueba.

Concretamente el resolutorio que decretó el incumplimiento evaluó que el nombrado Torraga no cumplió su obligación de realizar los trabajos comunitarios, como así también no hizo el depósito de la suma de $ 750, ni se sometió al Patronato de Presos (fojas 29/30). En la reposición incoada (fojas 34/36 vta.) se argumentó que si bien las constancias remitidas por la Dirección del Patronato daban cuenta de la incomparencia del imputado, ya que el mismo manifestó desconocer su deber, desde el momento en que fue advertido por el tribunal cumplió irrestrictamente con su obligación, habiendo regularizado su situación al respecto. Destacó el letrado que el comportamiento más relevante para revocar la resolución dictada radica en que el probado no volvió a delinquir, lo que demuestra un comportamiento ajustado a derecho en tanto no registra nuevas denuncias ni condenas con posterioridad a la concesión del beneficio. En relación al desempeño de las tareas comunitarias, expresó que la Municipalidad de Caucete no se expidió sobre la posibilidad de cobijar a su pupilo para el cumplimiento de funciones, lo cual coloca a éste en una situación de incumplimiento por el hecho del tercero; por ello dejó formalmente peticionado la asignación de tareas en un nuevo destino y la ampliación del plazo de prueba. Finalmente se adjuntó la boleta de depósito en concepto de reparación económica. Frente a ello, la jueza entendió que las justificaciones no eran suficientes para retrotraer lo ya dispuesto. Se estableció en el fallo que la manifestación de desconocimiento de la obligación de comparencia ante la Dirección de Protección al Preso, Liberado y Excarcelado resultaba infundada, dado que tanto el probado como su defensor fueron debidamente notificados del resolutorio dictado por el juzgado sentenciante. Que tampoco Torraga acreditó haber dado cumplimiento con su obligación de realización de tareas comunitarias, como así también del respectivo depósito en tiempo y forma. En definitiva, se dijo que a 19 días del plazo establecido por el Cuarto Juzgado Correccional el probado no había efectivizado ninguna de las condiciones impuestas. En virtud de ello, es que no se hace lugar a la pretensión de la defensa y se dispone la remisión del incidente al juzgado respectivo a fin de que resuelva de conformidad a lo dispuesto por los artículos 27 bis último párrafo del Código Penal y 623 del Código Procesal Penal.

Finalmente, en el recurso de casación articulado (fojas 43/47) se esgrime arbitrariedad de la decisión por omitir el juicio de razonabilidad de la conducta esperada por parte del probado, ya que se sostiene que el tribunal debió verificar, cuando menos, la exactitud de las alegaciones formuladas requiriendo los informes pertinentes a las autoridades públicas (Municipalidad de Caucete y Patronato de Presos) comprometidas para el cumplimiento de las cargas impuestas a Torraga. Que se habría omitido considerar la opinión vertida por el Ministerio Público Fiscal. Se sostiene afectación del derecho de defensa de su asistido y falta de motivación en el decisorio.

A fojas 48 y vta. fue concedido el recurso de casación por el a quo.

Así las cosas, soy de la convicción que la cuestión traída a estos estrados carece del requisito de definitividad como condición necesaria para la admisibilidad formal de la vía intentada.

Entiendo que la decisión de la Sra. Juez de Ejecución Penal al declarar el incumplimiento por parte de Facundo Martín Torraga a las reglas de conducta que le fueran impuestas (en un todo de acuerdo a lo normado por el artículo 49 inciso 5º del C.P.P., en tanto le asigna solamente competencia "de control") de ningún modo condiciona la jurisdicción del tribunal concedente del beneficio (en este caso el Cuarto Juzgado Correccional) que debe hacer aplicación de lo normado por los artículos 27 bis, último párrafo, 76 bis, 76 ter del Código Penal y 623 del Código Procesal Penal. Precisamente en virtud del tal normativa, y del hecho cierto de que al juez de ejecución no le cabría hacer modificaciones a las reglas de conducta fijadas o al régimen de la suspensión acordada (en cuanto tiempo, modo y lugar), es que al tribunal que otorgó el beneficio le corresponde verificar -con todas las connotaciones de naturaleza administrativa que ello implica- y disponer a consecuencia de los incumplimientos que fueran determinados. Esta circunstancia procesal hace inferir que lo decidido en el incidente no reviste carácter definitivo a los fines de ser materia recurrible en casación.

Se tiene dicho que la inobservancia de las reglas de conducta que fueron impuestas al imputado no determina directamente la revocación de la suspensión del proceso que le fue acordada, pues lo que se requiere es una persistencia o reiteración en el incumplimiento advertido (cfr. Andrés José D'alessio, "Código Penal Comentado", La Ley, parte general, página 758). Es que para que se pueda revocar el beneficio debe darse una situación de obstinación, demostrativa de la resistencia al sometimiento a control y vigilancia con la finalidad de lograr la reeducación del imputado, y que antes de llegar a la revocación el tribunal debe intimar al imputado a observar las reglas que se le impusieron, y modificarlas si el incumplimiento se debe a una imposibilidad justificada, sin perjuicio de disponer que no se compute como plazo el tiempo que hubiere transcurrido. Es decir, que la pérdida del beneficio deberá disponerse una vez agotados los medios para hacer efectivas la reglas oportunamente impuestas.

El propio artículo 27 bis del Código Penal, por remisión del 76 ter, da claramente la pauta de que el tribunal concedente del instituto de la probation está facultado para modificar o sustituir la pautas de conducta, aunque dicho ejercicio deberá estar guiado en su aplicación por los principios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad. La normativa permite al juzgador optar por diversas alternativas o modificarlas para posibilitar su cumplimiento.

Con la decisión que se adopte por el juzgado concedente del beneficio quedará habilitada la vía recursiva extraordinaria. En otros términos, sólo procederá la casación de las partes contra el auto que revoca la probation o le da continuidad a la misma a partir de la modificación de las reglas de conducta; pues sólo éstos son susceptibles de ser considerados definitivos.

Conforme todo ello, el recurso de casación interpuesto a fojas 43/47 y acogido formalmente a fojas 48 y vta. ha sido concedido erróneamente por lo que corresponde así declararlo sin pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión.

Tal es mi voto.

LOS SEÑORES MINISTROS DRES. JOSÉ ABEL SORIA VEGA Y ADOLFO CABALLERO DIJERON:

Por sus fundamentos, nos adherimos al voto emitido precedentemente.

En mérito al resultado de la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE: I) Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto a fs. 43/47, sin abordar la cuestión de fondo.

II) Protocolícese, notifíquese y oportunamente bajen los autos. Fdo. Dres. Juan Carlos Caballero Vidal, José Abel Soria Vega y Adolfo Caballero. Ante mí: Héctor Fabián Meló - Secretario Letrado de la Corte de Justicia.

Cp-6648 CS PRE S.2° 2016-I-71.