Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-12-07


Causa Nº 29574-00/CC/2006 Caratulada: "MARTINEZ, Héctor Manuel s/Infr. Art. 83 ley 1472 - Apelación En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los7 días del mes de diciembre de 2006, se reúnen los miembros de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Silvina Manes, Marta Paz y Jorge A. Franza, a efectos de resolver la presente causa.

Y VISTOS:

La resolución del 24 de octubre de 2006 que dispuso: "...II- CONVALIDAR la medida cautelar dispuesta.- III- REMITIR presentes actuaciones (sic) a la Unidad Administrativa de Control de Faltas que por turno corresponda. (fs. 7 y vta.).

El recurso de apelación interpuesto por la cotitular de la Defensoría de Primera Instancia en lo Contravencional y de Faltas nº 1 a fs. 8/11 vta.

La presentación de la Fiscalía de Cámara obrante a fs. 20/21vta.

Y CONSIDERANDO:

1. El recurso de apelación ha sido interpuesto por quien se encontraba legitimado para hacerlo, en tiempo y forma, por lo que es formalmente admisible.

2. Las resoluciones impugnables son las declaradas apelables expresamente por la ley n° 12, como así también las previstas por el art. 449 C.P.P.N. -en virtud de lo dispuesto en el art. 6 L.P.C.- entre las que se encuentran todas aquellas que causen un gravamen de insusceptible reparación ulterior.

Considero que la decisión del Juez de grado será capaz de irrogar un gravamen irreparable en los términos exigidos en esta instancia, siendo en consecuencia la resolución cuestionada de aquéllas que han sido indicadas como objeto de impugnación porque la medida cautelar de secuestro afecta, en principio el derecho de propiedad y por ello, la decisión impugnada causa un gravamen irreparable al imputado en los términos exigidos por la normativa citada y la falta de resolución sobre la imputación contravencional.

3. La defensa se agravia: 1) de la falta de dictado de sobreseimiento a su defendido no obstante haberse entendido que su conducta no constituía contravención; 2) la presunta conculcación del principio ne bis in idem y; 3) el mantenimiento del secuestro no obstante el temperamento adoptado.

4. Resulta procedente aclarar la diferenciación entre el derecho administrativo sancionador y el derecho contravencional, en la medida que, si bien ambos responden al derecho de represión, reglan, a su vez, valores distintos; por lo que, al aplicarse ambas especies de sanción en ámbitos y situaciones distintas, nada impide que un mismo hecho pueda constituír una falta, pese a que en sede judicial se haya dispuesto el sobreseimiento o la absolución.

Las sanciones administrativas por infracciones tienen distinta naturaleza, finalidad y esencia que las penas del derecho penal (Cf. Cám. Fed. Cont. Adm., esta Sala, causa 3597/94 "Bassi, Héctor R. (Banco Español y Río de la Plata) c/B.C.R.A. -Rosols. 224/92 y 134/93 (sum. 546 Exp. 100330/82)", del 22/11/94; "Abadía ", del 7/5/97 y "Sandy", del 17/7/97; Sala II, causa 14510/97 "Galanti, Marcos Marcelo c/ Prefectura Naval Arg. -Disp. D.P.S.J. n° 537/96", del 12/2/98 y Sala IV, in re "Mercado, Jorge A. C/ E.N. (M° del Interior - Pol. Fed. Arg.) s/ juicio de conocimiento", del 26/9/94). CNACAF - SALA I. - Buján, Coviello. - Causa: 23.403/2000 - Fecha: 28/12/2000 "Rizzo, Angela María (RQU) y otro c/ M° de Salud y Ac. Sec. Pol. Y Reg. Salud (Resol. 308/98) s/ queja". Por lo tanto, pueden coexistir.

La necesidad de clausurar definitivamente la presente investigación contravencional y continuar una por faltas no afecta el principio ne bis in idem, pues éste tiene dos vertientes, una material que impide mas de una sanción por un mismo hecho, y otra adjetiva que busca asegurar que un hecho no será objeto de dos procesos (MALJAR, Daniel E., "El Derecho Administrativo Sancionador", Ad Hoc, Bs. As. 2004, pág. 245), regla que opera en las siguientes condiciones: cuando hay identidad en la persona imputada, en el objeto (es decir, en los hechos) y en la naturaleza jurídica de la responsabilidad que se examina. Esta última característica -que no se dá en el caso de autos desde que la naturaleza jurídica de la contravención y la falta no es la misma- ha sido llamada causa de persecución (Clariá Olmedo, Jorge A., "Tratado de Derecho Procesal Penal, I, Nociones Fundamentales", Ediar, Bs. As., 1960, T I, pág. 247/253) significado jurídico (Maier, Julio B J., "Derecho Procesal Penal", T I, Fundamentos, Editores del Puerto, Bs. As.1996, pág. 595) o fu ndamento (así lo denomina la doctrina española, basándose en el art. 133 del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, que dice: "No podrá sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad de sujeto y fundamento. (Maljar, Daniel, ob. cit. pág. 246).

Una causa penal y una de faltas no configuran la misma naturaleza de persecución y, por lo tanto, la promoción de esta última no viola el art. 18 de la CN (CSJN Fallos: 273:66).

Teniendo en cuenta la diferencia en su naturaleza jurídica (al haber diferencia con el tipo de control, la gravedad de los efectos y por último con relación a los criterios que la rigen) queda aventada cualquier discusión que pudo haber existido sobre la vigencia de la garantía que prohíbe el doble juzgamiento.

Por lo expuesto, debemos rechazar la pretensión de la defensa oficial, en torno a la revocación de la remisión a la Unidad Administrativa Controladora de Faltas, ordenada por el a quo en el punto tercero de la resolución de fs. 8/11vta.

En su caso, la defensa deberá efectuar aquellos planteos que considere correspondan en el marco del proceso de faltas ante la autoridad competente habilitada para dirimir la pretensión.

Tal como fuera afirmado por este Tribunal (in re Causa Nº 9954-00/CC/2006 "González, Ramón David s/ infr. art. 83, ley 1472 - Apelación", rta. 6 de junio de 2006) el envío de actuaciones a conocimiento de la autoridad administrativa con posterioridad al archivo, como en el presente, debe quedar librado a la discrecionalidad del Juez de Garantías, en atención a la especial naturaleza del proceso de faltas (conf. art. 13 de la ley nº 451 y art. 2º de la ley 1217). Nótese que a diferencia del proceso penal donde las acciones "deberá(n) iniciarse de oficio..." (art. 71 C.P. y art. 5 del C.P.P.N.) las normas de faltas citadas establecen respectivamente que "...corresponde proceder de oficio o por denuncia..." y que "toda falta da lugar a una acción pública que puede ser promovida de oficio o por simple denuncia...". De allí que sea meramente facultativa la promoción de la acción de faltas en los casos que se considere pertinente.

5. Ahora bien, el juez a quo consideró que "el hecho 'prima facie' endilgado al encartado.....debe quedar subsumido en el régimen de faltas (art. 4.1.2. de la ley 451)...ello, toda vez que de la cantidad de los elementos secuestrados....se desprende su insignificante afectación del bien jurídico tutelado en el art. 83 del C.C.: esto es, el uso del espacio público. Siendo así corresponde desechar la existencia de una contravención...".

No obstante ello convalidó el secuestro que tuvo como fundamento la violación de dicha norma (art 83 del C.C.).

Falta entonces uno de los presupuestos de admisibilidad de las medidas cautelares, la verosimilitud o la simple apariencia del derecho invocado. Al haberse resuelto que la conducta reprochada al imputado no constituía una contravención, quedaba vedado convalidar el secuestro, pues las medidas cautelares sólo pueden ser impuestas si se acredita la probabilidad de condena.

De ahí que, habiendo desaparecido las sospechas de responsabilidad en cuanto a la comisión de la contravención -y que motivara en un principio el secuestro de los elementos por parte del personal preventor- la medida cautelar debió ser dejada sin efecto.

En nada empece lo referido en los párrafos precedentes la circunstancia que se haya evaluado que la conducta puede constituir una falta, pues las medidas cautelares al decir del Palacio son, ante todo, "provisionales", es decir, mientras duran las circunstancias que las determinaron y, en cualquier momento en que éstas cesaran, se podrá requerir su levantamiento. Al desaparecer las circunstancias que las determinaron, carece de razón de ser la necesidad de cautela. (Manual de Derecho Procesal Civil, pág. 771/2, Ed. Abeledo - Perrot, Bs. As., 12º edición).

La resolución recurrida es, por lo tanto, autocontradictoria ya que, por un lado, afirma la inexistencia de contravención y, por otro, confirma una medida asegurativa cuyo presupuesto es el hecho tipificado en el art. 83 de la ley 1472.

Según lo dispuesto en los arts. 123 y 404 inc. 2 del C.P.P.N. y conforme lo expuesto, la resolución impugnada exhibe una motivación aparente, pues es contradictoria.

La Corte ha hecho aplicación de la doctrina de la arbitrariedad respecto de sentencias que, entre otros requisitos: a) carecen de los fundamentos necesarios para sustentarlas, o se basan en afirmaciones meramente dogmáticas o en conceptos imprecisos en los cuales no aparecen la norma aplicada ni las circunstancias del caso, b) prescinden de lo expresamente dispuesto por la ley con respecto al caso o incurren en autocontradicción. (Lino Enrique Palacio, "Manual de Derecho Procesal Civil", duodécima edición actualizada, Ed. Abeledo - Perrot, pág. 615).

Tal circunstancia constituye un vicio de carácter esencial, que obliga a nulificar lo resuelto en este aspecto.

6. Toda vez que la medida cautelar va siempre unida a la apariencia de responsabilidad del titular del derecho a afectar, habiendo desaparecido a criterio del Juez de grado aquella sospecha, no sólo no debió convalidar el secuestro; sino que además debió haber cerrado formalmente la persecución contravencional que se cernía sobre el Sr. MARTINEZ (art. 39, inc. 1 de la L.P.C.).

Este último aspecto no importa una violación al principio acusatorio previsto en el art. 13 de la Constitución local, pues el juez debe mantener siempre su principal función garantizadora de derechos fundamentales y del orden constitucional, entendido el poder judicial como contra-poder, como garantía de los ciudadanos frente al poder del Estado.

De ahí que este Tribunal deba subsanar y resolver definitivamente la situación procesal del imputado, máxime cuando el fiscal de grado consintió la resolución desincriminante (fs.13).

Este último aspecto se enlaza, además, con la garantía de la defensa en juicio y de ser juzgado en un plazo razonable (C.A.D.H., 8.1 incorporado a la C.N. en el art. 75, inc. 22), ello así, en razón de que el proceso penal y el contravencional en su conjunto afectan derechos del imputado por su mera realización, aún cuando no se dispongan medidas concretas de restricción al derecho de propiedad del encartado. De esta manera, la amenaza penal no puede quedar suspendida ilimitadamente.

La consecuencia de lo señalado precedentemente es que, cuando no hay contravención, corresponde archivar las actuaciones, sin que ello -como supra se expone- sea un impedimento para que se lleve a cabo una persecución por falta (si es que se denuncia), debiéndose proceder a la devolución de los efectos aquí secuestrados. (En este sentido se resolvió en la causa Nº 15850-00/CC/2006, "MIRANDA VERA, Ramón s/inf. art. 83, ley 1472 - Apelación").

7. Atento al mérito del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE:

I. HACER LUGAR parcialmente al recurso de apelación interpuesto por el Sr. Defensor Oficial.

II. ANULAR el punto II de la resolución de fs. 7vta. en cuanto convalida el secuestro efectuado a fs. 3/vta. (arts. 123 y 168 C.P.P.N. y art. 6 L.P.C.), ordenando la devolución de los efectos secuestrados.

III. ARCHIVAR las presentes actuaciones seguidas contra Héctor Manuel MARTINEZ en orden a la contravención de uso indebido del espacio público (art. 39, inc. 1 de la L.P.C. y art. 83 del Código Contravencional).

Regístrese, notifíquese a la Fiscalía de Cámara y oportunamente devuélvase al Juzgado en lo Contravencional y de Faltas nro.13, a fin de que dé cumplimiento a lo ordenado.

Ante mí:

Ende2006 notifiqué a la Sra. Fiscal de Cámara. Conste.

Endede 2006 notifiqué a Secretaría General de la remisión de las actuaciones a primera instancia. Conste.

Endede 2006 se remitieron las actuaciones al Juzgado de Primera Instancia en lo Contravencional y de Faltas nº 13. Conste.