Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-11-30


En la ciudad de Buenos Aires, a los 30 días del mes de noviembre de 2.009, para dictar sentencia en estos autos: "ALFUZZI, LILIANA ANDREA c/ ASOCIACION FRANCESA FILANTRÓPICA Y DE BENEFICENCIA s/ Despido" se procede a votar en el siguiente orden:

EL DOCTOR NESTOR MIGUEL RODRIGUEZ BRUNENGO DIJO:

I.- Las partes actora y el tercero citado Provincia Servicios de Salud S.A. recurren disconformes con distintos aspectos del fallo de grado que hizo lugar a la demanda por despido incausado entablada con sustento en las normas de la Ley de Contrato de Trabajo.

También recurren el Sr. perito contador y la representación letrada de la demandada porque estima insuficientes sus honorarios.

II.- Argumenta la demandada que en el decisorio atacado se habría incurrido en una errónea interpretación de las circunstancias fácticas y probatorias que surgen del trámite de la causa, en tanto -en su punto de vista- estaría probado que la actora habría sido una trabajadora dependiente suya desde su ingreso y hasta el 31.3.02, fecha en la que habría operado una cesión del contrato de trabajo de la actora entre Provincia Servicios de Salud S.A. y la Asociación Francesa Filantrópica y de Beneficencia (que se materializó el 28.06.02).

Considera que no debió existir una condena que las vincule en forma solidaria, pues al tratarse de una trabajadora cuyo contrato de trabajo fue cedido a la Asociación Francesa, la empresa Provincia Servicios de Salud S.A., no tendría ninguna obligación de responder por los eventuales incumplimientos generados con posterioridad a la transferencia.

Que corresponde, en primer término, analizar la prueba reseñada en la causa, en tanto en el planteo recursivo se controvierte la propia base fáctica, sin cuya adecuada fijación, resulta imposible evaluar si, con la contratación del actor, se ha infringido o no la legislación vigente; un correcto encuadramiento normativo descansa, ineludiblemente, en una adecuada fijación y caracterización de los hechos.

Adelanto mi opinión en el sentido de que el recurrente no logra acreditar la supuesta errónea interpretación de la prueba producida en la causa; tampoco se observa que -lo digo a modo de hipótesis- se hubiesen violado las normas legales específicas que rigen la materia probatoria.

En efecto, la circunstancia de discrepar el recurrente con las decisiones de la sentencia no es base idónea de agravios, puesto que una eventual "anomalía" en la apreciación e la prueba sólo queda configurada cuando media cabal demostración de su existencia, y no basta limitarse a denunciarlo.

III.- Sentado ello, destaco que está fuera de dudas que el actor cumplió servicios en el 10mo. piso del edificio del Grupo Bapro de Carlos Pellegrini 91 de la Ciudad de Buenos Aires, cumpliendo funciones de Gerente de Servicios al Cliente, sector subordinado a la Sub-Gerencia General de la firma.

Relata que hacia fines de noviembre de 2.006 no se le permitió ingresar a prestar servicios. Estos hechos, que fueron esgrimidos al demandar, quedaron abonados con los testimonios de Marina (v. fs. 639), Bonilla (v. fs. 644), quienes fueron conocedores directos de los hechos y son contestes entre sí y con la postura inicial de demanda.

No soslayo que la accionada impugnó la declaración de Marina por tener juicio pendiente con la empresa; sin embargo, adquieren plena validez, pues no se le imputó a la declarante que faltasen a la verdad con su testimonio. Además, en nuestro ordenamiento legal no hay tachas legales absolutas, sino sólo deber de apreciar los testimonios con mayor prudencia y reparo. En todo caso, corresponde a quien pretende descalificarlos, demostrar la sinrazón de sus dichos, lo que la apelante no logra, por lo cual, gozan de plena fuerza convictiva (arts. 90 de la ley 18.345; y 386 y 456 del Código Procesal).

IV.- Con relación a la cuestión de fondo, comparto la opinión del "a quo" en el sentido de que la demandada Asociación Francesa y el tercero citado Provincia Servicios de Salud S.A. son solidaria e ilimitadamente responsables respecto de la obligaciones (incumplidas) que surgieron del contrato de trabajo de la reclamante.

Digo ésto, por cuanto la propia recurrente admite (v. fs. 80/6), en sustento de su defensa, que la Asociación Francesa Filantrópica y de Beneficencia celebró con Provincia Servicios de Salud S.A. un contrato para llevar adelante un proceso de integración en las explotación conjunta de un sistema de medicina prepaga y que -en definitiva- ambos sujetos pasaron a estar integrados en la ejecución de las prestaciones, así como también acordaron la distribución de los ingresos de uno a otro plan de servicios (v. también de esta Sala los autos: "Etchenique, Alejandra Cecilia C/ Asociación Francesa Filantrópica Y De Beneficencia S/ Despido"; S.D. 40.935 del 28.5.08; y "Caiola, Diego Maximiliano C/ Asociación Francesa Filantrópica Y De Beneficencia Hospital Francés y otro s/ Despido", S.D. 41.171 del 29.12.08, oportunidades ambas en las cuales me tocara encabezar el orden de votación).

Tampoco está en discusión a esta altura del proceso que la actora, conjuntamente con otros trabajadores, fue remitida a prestar servicios a la calle Carlos Pellegrini 91, que no es sino el edificio corporativo del "Grupo Bapro", lugar físico, donde prestaban funciones en forma promiscua trabajadores dependientes de las distintas empresas del grupo (v. declaraciones testimoniales citadas y también lo señalado en la pericia contable, que da cuenta de la existencia del "convenio marco" entre las legitimadas pasivas, v. fs. 457/88).

No soslayo que -tal como enseña Fernández Madrid- la solidaridad del transmitente se entiende limitada a las obligaciones existentes al momento de efectuarse la cesión (Tratado Práctico de Derecho del Trabajo", 2da. edición actualizada, Tomo II, pág. 1.015), que es el argumento esencialmente planteado por las recurrente para querer convencer que al momento del distracto no habría tenido mas responsabilidad al haber transferido el contrato de trabajo de la actora.

Pero tal consideración no es aplicable al caso, pues -en el mejor de los supuestos para la recurrente- la eventual "transferencia del contrato de trabajo", se dio entre empresas del mismo grupo, y además, se han demostrado los presupuestos fácticos de los arts. 21 y 26 de la L.C.T.

Ello es así, pues frente a la particular inter-relación de las empresas se conformó una nueva entidad patronal tendiente a la satisfacción de un interés común con los respectivos beneficios y obligaciones, por lo que juzgo que las empresas que intervinieron en las distintas fases de la operatoria son responsables, en forma solidaria e ilimitada, por la falta de cumplimiento adecuado de la contraprestación laboral brindada por Alfuzzi.

Sentado ello, en el caso de autos, está probado y llega firme que la trabajadora fue arrastrada a una cesantía intempestiva e injustificada, invocándose también como defensa un supuesto ligamen previo eventualmente ajeno a la prestación dependiente (finalmente reconocida) a través de una invocada locación de servicios mediante facturación, todo ello en el marco de una crisis generalizada de la firma (hecho de publico y notorio conocimiento del problema suscitado en el Hospital Francés y demás empresas que giraron en torno a su explotación).

En efecto, la titular del contrato de trabajo, en lugar de afrontar la responsabilidad ante la situación crítica, optó por desarrollar conductas que dejan traslucir, por lo notorio que resultaron, su voluntad de desvincularse del trabajador en forma gratuita; a ello se le suma, también, la falta de cumplimiento del adecuado registro de la relación laboral pese al requerimiento de la dependiente en sentido contrario, circunstancias que -por lo que dejo señalado- no llegan puestas en crisis en esta instancia.

En definitiva, la actitud consistente en faltar al primordial deber que la ley pone en su cabeza como empleador (el de dar ocupación efectiva al dependiente), ello agravado ante un cese intempestivo, dejando así a la trabajadora sin la menor asistencia frente a la pérdida subrepticia de la fuente de trabajo y sin ingresos, constituye un claro ejemplo de conducción temeraria, elemento que permite llevar a concluir que ambas deben responder en forma solidaria frente a las incumplidas obligaciones laborales y previsionales relativas al contrato de trabajo del reclamante (v. autos: "Etchenique" y "Caiola" citados supra).

V.- Con relación al planteo recursivo configurado por la parte actora, formulado además en forma subsidaria, en relación a un eventual pedido de asignación de responsabilidad en los términos de la Ley de Sociedades Comerciales de los Presidentes de las personas jurídicas condenadas en autos estimo que no corresponde su tratamiento en esta instancia (art. 263 y 277 del C.P.C.C.N.).

En efecto, tal como se reconoce en el propio escrito en análisis, tal especificidad ha sido efectuada en forma extemporánea: en la lectura del escrito inicial no se observa la menor mención acerca un pedido de extensión de responsabilidad de tal naturaleza ni -menos aún- acerca de cuál sería el sustento de responsabilidad de ambas personas físicas, ya fuese en los "hechos" ni el "derecho", por lo que es improcedente atender tal argumentación en esta instancia (art. 163 y 277 del C.P.C.C.N.).

En efecto, se denomina congruencia a la precisa adecuación entre lo pedido en la demanda y lo otorgado por la sentencia. Responde al principio romano, según el cualiudex iudicare debet secundum allegata et probata partium, mostrando la intrínseca relación entre dos términos específicos del proceso: los escritos constitutivos con sus pretensiones, y la sentencia con sus respuestas puntuales.

El juzgador debe velar para que las sentencias se adecuen al postulado de congruencia, lo que impone lograr que exista una debida correspondencia entre el contenido de aquellas y el objeto de las peticiones -pretensiones y oposiciones- que delimitan el thema decidendum. Y siendo derivación del sistema dispositivo, que los límites de tales decisiones deben quedar demarcados por las peticiones y pretensiones deducidas por las partes (congruencia).

Así como la sentencia que no se pronuncia sobre algunas de las cuestiones propuestas es omisa; la que va más allá de lo pedido se dicta en forma extra-petita, lo que está vedado expresamente y viola elementales principios de congruencia - art. 163 inc. 6 del C.P.C.C.N.

Vale recordar el adagio latino: "non valet sententia lata de re non petita".

Conforme dicha norma, la sentencia debe ser una "decisión expresa, positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio calificadas según correspondiere por ley, declarando el derecho de los litigantes y condenando o absolviendo de la demanda y reconvención, en su caso, en todo o en parte".

También el art. 34 inc. 4 dice que es deber del juez respetar "...el principio de congruencia".- Ambas disposiciones reciben el carácter dispositivo del proceso, exigiendo dicha conformidad entre pretensiones y sentencia definitiva.

En cuanto a los hechos no expuestos en la demanda, sabido es que el art. 163 inc. 6 segunda parte del C.P.C.C.N., permite al juez hacer mérito de los hechos constitutivos, modificativos o extintivos, producidos durante la substanciación del juicio y debidamente probados, aunque no hubiesen sido invocados oportunamente como hechos nuevos.

En conclusión, la regla más importante del juzgamiento, es sin duda, la correspondencia entre lo pretendido y lo juzgado, conocida como "congruencia procesal". Ella indica que la resolución que emite la autoridad acerca del litigio debe guardar estricta conformidad con lo pretendido y resistido por las partes.

La Constitución Nacional impone la jurisdicción de derecho frente a la jurisdicción de equidad (la sentencia debe fundarse en la ley), conforme al art.18 que si bien se refiere al proceso penal, es aplicable, en lo pertinente, a toda clase de proceso.

La ley exige al juez una estricta correspondencia entre el contenido de la sentencia y las cuestiones oportunamente planteadas por las partes, lo que supone, como es obvio, la adecuación del pronunciamiento a los elementos de la pretensión deducida en el juicio (sujetos, objeto y causa).

La Corte Suprema de la Nación tiene dicho que: "...el pronunciamiento sobre un punto que no fue solicitado por ninguna de las partes, y que en momento alguno fue sometido a debate... constituye una patente violación al principio de congruencia y cercena las garantías de la propiedad y de la defensa en juicio reconocidas por los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional, por lo que debe ser dejado sin efecto de conformidad con la conocida doctrina elaborada por esta Corte respecto de la arbitrariedad de sentencias, en los supuestos en los que el a quo se ha excedido de sus facultades decisorias" (Fallos: 250:226; 306:1656; 307:2445, entre otros).

De esta forma, es válido concluir que comportan agravio a la garantía de la defensa en juicio (art. 18 CN), tanto las sentencias que omiten el examen de cuestiones oportunamente propuestas por las partes, que sean conducentes para la decisión del pleito (citra petita); como aquéllas que se pronuncian sobre pretensiones o defensas no articuladas en el proceso (extra petita); y también cuando el juez emite pronunciamientos ultra petita, cuando el fallo excede el límite cuantitativo o cualitativo de las peticiones contenidas en la pretensión o la oposición, concediendo o negando más de lo reclamado por las partes.

En el tema que atañe a autos, es decir, la extensión de la responsabilidad a las personas físicas, comparto la idea de que resulta necesario invocar los "hechos" en que se funda como el derecho en virtud del cual se solicita la condena, pues no pueden admitirse aquellas "omisiones que resultan sustanciales e impiden condenarla, pues al plantear el litigio es cuando debieron especificarse los hechos en forma clara y las normas en virtud de las cuales se pretendía su condena para que aquél pudiera replicar (...) Si se pretende responsabilizar a los socios, controlantes, administradores o directores de una sociedad se deberán indicar los hechos que determinan la imputación de responsabilidad patronal así como las normas jurídicas que sustentan la pretensión teniendo en cuenta el tipo societario y el cargo desempeñado, debe existir un concreto planteo para que la actuación de la sociedad se impute directamente a quien la hiciera posible" (CNAT, Sala III, 29/11/2002, "Oberdan, Ricardo M. c/ Centro de Diagnóstico y Tratamiento Dr. Di Rienzo iS.A. y otro"; y mas recientemente de este Tribunal, v. los autos: "Cabrera, Claudio Ignacio C/ Finelli Instalaciones S.R.L. Y Otros S/ Despido"; S.D. 42.193 del 13.10.09).

Por todo lo dicho, propongo que se confirme el fallo recurrido íntegramente.

VI.- Sobre la base de los trabajos efectivamente realizados por los profesionales intervinientes, opino que -por aplicación de los porcentajes regulados en su favor- sus honorarios son adecuadamente retributivos, por lo que propongo su confirmación (art. 38 de la ley 18.345 -modificada por ley 24.635- y arts. 3 y 6 del D.L. 16.638/57).

VII.- De tener adhesión mi voto, propongo que las costas de alzada sean soportadas de manera solidaria por la demandada Asociación Francesa Filantrópica y de Beneficencia y tercero citado Provincia Servicios de Salud (art. 68 C.P.C.C.N.) Y regular los honorarios de esta instancia en favor de los Sres. profesionales intervinientes por las partes en el 25% (VENTICINCO POR CIENTO), de lo que les corresponda, a cada uno de ellos, por su actuación en la instancia anterior (art. 14 de la ley 21.839 -modif. por ley 24.432-). LA DOCTORA ESTELA MILAGROS FERREIROS DIJO:

Por compartir sus fundamentos, adhiero al voto que antecede.

EL DOCTOR JUAN CARLOS E. MORANDO: No vota (art. 125 de la Ley 18.345 -modificada por ley 24.635-).

Por lo que resulta del acuerdo que precede, el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar el fallo recurrido. 2) Confirmar también los honorarios fijados en favor de los Sres. profesionales intervinientes en la instancia anterior. 3) Imponer las costas de alzada a la demandada Asociación Francesa Filantrópica y de Beneficencia y tercero citado Provincia Servicios de Salud en forma solidaria. 4) Regular los emolumentos de esta instancia en el 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) de lo que le corresponda, a cada de las representaciones y patrocinios letrados de las partes intervinientes, por su actuación en primera instancia.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.