marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Exceso ritual manifiesto, prueba
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Chaves, José Mario c/ Municipalidad de Comodoro Rivadavia s/ Demanda Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-06-29

"Es contrario a la sana crítica y comporta el sometimiento a un rigorismo formal inadmisible que encierra una negativa consciente a la verdad jurídica objetiva, el cerrar los ojos a la evidencia que aparece en una causa, cuando ésta -traída por quien la trajese-, fue adquirida en la causa, no en favor ni en contra de una de las partes en particular, sino para el proceso".
Excusación, recusación, instancia administrativa, acción de amparo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Oyola, Hector Antonio y Otros s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1999-03-04

La materia de inhibiciones y recusaciones constituye una instancia administrativa, lo que deja a la cuestión sin recursos judiciales para poder plantear el conflicto, lo que justifica la pertinencia de la acción de amparo. Por lo que es procedente formalmente la acción de amparo intentado.
Delitos contra la humanidad, prisión preventiva
Materia: PENAL-PROCESAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Camarelli, Antonio Alberto y Otros c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-10-11

A los fines de evaluar los motivos que pueden fundamentar el riesgo procesal no debe soslayarse que los delitos investigados habrían sido cometidos en el marco de la última dictadura que sufrió nuestro país.

En tanto el plazo de detención de los imputados no deviene irrazonable (detenidos para las actuaciones desde el 10 de marzo de 2014), se impone la restitución de la medida cautelar, sobre la base del art. 1º ley 24.390. (Dres. Gemignani, Hornos, Borinsky).
Accidente de tránsito, prioridad de paso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: RODRIGUEZ JOSE RAMON c/ CRISTINA ROSSI s/ ORDINARIO - NULIDAD - APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-11-04

La prioridad de paso del conductor que en un cruce aparece por la derecha, es una regla de oro, que si fuera observada como corresponde, evitaría muchos choques y accidentes trágicos. La especulación de que si el otro conductor llegó primero al centro de la bocacalle o si ya estaba cruzando cuando llegó el de la derecha, la regla no se aplica, contribuye a generar confusión y a aumentar la irresponsabilidad de los conductores. Con esta especulación se logra que los más audaces intenten ganar el paso y luego pretenden escudarse en esa prioridad que no surge de la ley sino de la equivocada jurisprudencia que fomenta la ley de la selva. Esto no quiere decir que el que tiene prioridad de paso tenga derecho para arrasar con todo....La regla no es de prioridad para el que llegue primero, sino para el que se presente por la derecha. El art. 9, inc. 2do de la ordenanza municipal 4550/59, expresamente destaca que también se aplica en las avenidas, por lo que no puede considerarse que no tiene vigencia si uno de los vehículos ya había transpuesto la mitad del cruce, lo que necesariamente se produce cuando se trata de dos calles de doble circulación. La ley es clara y sabia (para nada habla de llegadas simultáneas, o posteriores), y todas las interpretaciones extensivas que ha sufrido van en detrimento del orden del tránsito. Toda esa hermenéutica policromática propició una serie de debates a través de procesos en donde presunciones, pruebas y conjeturas llegaron a inaceptables niveles casuísticos y hasta adivinatorios, con la secuela de dispendio de todo tipo. Así, la prioridad de paso desde la derecha fue padeciendo un manoseo probatorio e interpretativo en donde discutibles ingredientes tomaron cartas conspirando contra lo simple y efectivo; que es ceder el paso a quien se nos presenta espontáneamente por la derecha. Del voto del Dr. Griffi.-
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, delitos, coautoría, robo, homicidio
Materia: PENAL
Carátula: M, R. A.  y  M, C. F. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Homicidio   culposo y robo calificado, etc. (Expte. CSJ Nº 18-99)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-03-01

No merece reproche constitucional la decisión de la Sala que al analizar la conexión ideológica existente entre los ilícitos cometidos (robo y homicidio), consideró que poco importaba determina r si el encausado se encontraba presente o no al momento de ejecutarse la acción típica del homicidio, toda vez que el aporte necesario ya se había producido -el propio del delito fin-, y para eximirse de reproche penal debió haber permanecido en el lugar desplegando una acción positiva, es decir resistiendo activamente la agresión armada contra la víctima que, debió representarse, podía ejecutar el copartícipe.
Competencia, documento nacional de identidad
Materia: CIVIL
Carátula: ROJAS, Román Ramón s/ su denuncia, INCIDENTE DE COMPETENCIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-02-28

Resultó prematura la declinación de competencia efectuada por la Justicia Federal de Bahía Blanca a favor de la de Lomas de Zamora, para entender en la denuncia efectuada por una persona debido a que otra podría estar actuando con su nombre y número de DNI, toda vez que de la investigación practicada hasta el momento no ha sido posible siquiera precisar el encuadre legal de los hechos objeto del proceso, ni determinar la concreta existencia de la causa que se habría iniciado ante la jurisdicción de Lomas de Zamora -ante el rechazo de un pedido de renovación de DNI hecha en nombre del denunciante- circunstancia esta última que debió ser certificada por el Juez local en forma previa a declinar su intervención en autos y remitir la causa al magistrado de aquella sede (del voto del Dr. Candisano Mera).
Contrato de trabajo, certificado de trabajo, multa laboral
Materia: LABORAL-PENAL
Carátula: Robledo, Jorge Hugo c/ Elefour SA s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-30

En el caso se probó que el actor estaba registrado incorrectamente en cuanto a su jornada, y por ende su remuneración, a la par que se le reconociera carácter salarial a las sumas resultantes de los acuerdos colectivos pactados, de modo que los datos vertidos en el certificado de trabajo y la certificación de servicios y remuneraciones no reflejó la realidad del vínculo laboral, por lo cual no podía válidamente tenerse por cumplida la obligación prevista en el art. 80 LCT. En consecuencia, resulta procedente la sanción prevista en el art. 80 LCT modificado por el art. 45 de la ley 25.345, y la condena a confeccionar nuevamente los certificados allí previstos. (Del voto de la Dra. Pinto Varela, en mayoría).
Superior Tribunal de Justicia, sentencia, nulidad procesal, recurso de nulidad, prueba pericial, perito contador, sorteo de peritos y síndicos
Materia: PROCESAL
Carátula: CARMELE, JORGE JAVIER Y OTROS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción - Aclaratoria-Revocatoria in extremis- nulidad(Expte.: C.S.J. Nº. 692 Año 1994)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-05-21

El recurso de nulidad se encuentra destinado a proceder cuando en la tramitación del juicio se hubiesen omitido procedimientos substanciales, o incurrido en algún defecto de los que por expresa disposición de derecho, anulan las actuaciones. En la especie, corresponde su rechazo desde que la denegación del pedido de nuevo sorteo de perito contador no implicó la omisión de un procedimiento substancial ni menos aún se encuentra expresamente contemplado como causal de nulidad.
Personal municipal, adicionales de remuneración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cano, Luis Alberto y otros c/ Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca s/ Acción contencioso administrativa de plena jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1999-03-23

Debe rechazarse el pedido de reconocimiento del derecho a cobrar adicional por tareas de obras y servicios públicos, formulado por los accionantes en su carácter de empleados municipales en el departamento Cementerio, porque no se dan en autos dos condiciones de ineludible cumplimiento en quien reclama tales adicionales: a) la pertenencia funcional a determinado ente de la administración a cuyos miembros la legislación reconoce la retribución caracterizada como adicional y b) la prestación efectiva de las tareas descriptas por la norma que establece el beneficio.

En efecto, si la Ordenanza sobre adicionales monetarios requiere: 1) cumplir funciones en la Secretaría de Obras y Servicios Públicos del Municipio o en organismo dependiente de ésta y 2) habérsele asignado y cumplir concretamente el agente como propias de su jerarquía y/o status funcional tareas de conservación y mantenimiento, maestranza, mayordomía o ejecución de obras y prestación de servicios, no son equiparables a aquellas tareas las genéricas y comunes funciones administrativas de los agentes reclamantes, ni ellas pueden asimilarse a las que la norma define como prestación de servicios, pues la referencia normativa remite a aquellas actividades que en forma directa, material y específica ejecutan o cumplen los servicios -públicos, se entiende-. (Del voto del Dr. Díaz)
Recurso extraordinario, honorarios del abogado, regulación de honorarios, monto del juicio, sentencia arbitraria, fundamentación de sentencias, fundamentación insuficiente, defectos en la fundamentación normativa
Materia: PROCESAL
Carátula: Tapia Mina, Mario c/ Artes Gráficas Varela Hnos. S.A. y otros s/ accidente -acción civil.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-25

Si bien lo atinente a los honorarios regulados en las instancias ordinarias constituye materia ajena al recurso extraordinario, toda vez que determinar el monto del litigio, apreciar los trabajos profesionales cumplidos y la interpretación y aplicación de las normas arancelarias son, como principio, en virtud del carácter fáctico y procesal de tales cuestiones, insusceptibles de tratamiento en esa instancia, corresponde hacer excepción a dicha regla cuando la decisión exhibe una evidente falta de fundamentación y no toma en consideración las previsiones legales vigentes que fijan pautas específicas para determinar los emolumentos.
Jubilación por invalidez, diagnóstico médico
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Buenavida, Julia c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-08-04

El estado de salud como requisito sine qua non de admisibilidad a los empleos se comprueba mediante el pertinente examen médico previo pero de ello no ha de seguirse que su no realización por causas ajenas a la voluntad del empleado genere una presunción en su contra. Si el Estado ingresó al agente sin someterlo a la revisación médica previa no puede luego valerse de su propia omisión para presumir una incapacidad preexistente y en virtud de ello denegar el beneficio previsional.
Despido, prueba, confesión ficta
Materia: LABORAL
Carátula: Gómez, Lorena Soledad c/ Segovia Gladis Noemí y otro s/ Diferencia de haberes, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1999-12-21

Debe tenerse por probado lo alegado por la parte actora, quien afirma que hubo despido verbal en contraposición a lo afirmado por la demandada en el sentido que hubo retiro voluntario. Ello así, ya que ninguna de las partes ha probado fehacientemente sus afirmaciones, de despido verbal la una, y de retiro voluntario la otra, sin embargo la actora cuenta a su favor con la presunción derivada de la confesión ficta de los demandados. Asimismo, por la línea de la mejor y más adecuada defensa de los propios intereses y la buena fe contractual, en situaciones vinculadas al fenecimiento laboral, el mero silencio ante la decisión de la dependiente de retirarse voluntariamente del trabajo no se compadece con el obrar del buen empleador que exige telegrama de renuncia o, en su defecto, quizás frente a la negativa a cursarlo por parte de la actora, telegrama intimatorio en tal dirección, bajo apercibimiento de tenerla por configurada (a la renuncia) ante su inobservancia, o presentación ante autoridad policial o administrativa dejando en claro la situación ocurrida en los hechos.
Competencia por la materia, competencia civil, honorarios del abogado, consignación judicial
Materia: PROCESAL
Carátula: LOSADA, José c/ RODRIGUEZ, Enrique y otros s/ CONSIGNACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-06-09

Si la controversia planteada entre las partes en el juicio por consignación de honorarios se circunscribe a si la regulación de aquéllos practicada por la Excma. Cámara Federal de la Seguridad Social en favor de los profesionales que actuaron en representación del actor, abarca la actuación judicial y la administrativa, en tanto no corresponde al juez interpretar las decisiones de otro tribunal judicial, el fuero civil es incompetente para entender en dicha controversia
Inspección General de Justicia, funciones ejecutivas, poder de policía, sociedades comerciales
Materia: ADMINISTRATIVO-COMERCIAL
Carátula: Inspección General de Justicia c/ Midas Hotel Management SA s/ organismos externos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-31

La LGS 300 establece que la fiscalización por la autoridad de contralor de las sociedades anónimas no incluidas en el art. 299, se limitará al contrato constitutivo, sus reformas y variación de capital a los efectos de la LGS 53 y 167. La LGS 301 agrega, que la autoridad de contralor podrá ejercer funciones de vigilancia en las sociedades anónimas no incluidas en el art. 299, en cualquiera de los siguientes casos: 1) Cuando lo soliciten accionistas que representen el diez por ciento del capital suscripto o lo requiera cualquier síndico. En ese caso se limitará a los hechos que funden la presentación; 2) Cuando lo considere necesario, según resolución fundada, en resguardo del interés público. Es claro que esas atribuciones, en lo que respecta a las sociedades anónimas, deben ser ejercidas en el marco de lo establecido por la LGS 299, 300 y 301 y dentro del límite de razonabilidad.
Contrato de trabajo, ex empresas del Estado, bonos de goce y de participación, prescripción, cómputo del plazo
Materia: LABORAL
Carátula: "Pezzino,  Carlos y otros c/ Ministerio de Economía y otro s/ art.29 ley 23696".
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-10

La entrega de bonos de participación en las ganancias (art. 29 de la ley 23696) que reclaman los actores está vinculada directamente al contrato de trabajo, que constituye la causa fuente de su derecho a ellos. Es indudable entonces que el presupuesto de hecho necesario para el nacimiento del crédito cuyo cobro se persigue es que exista una relación de dependencia y si los actores tienen derecho a ese beneficio, tal derecho sólo puede haberse originado durante la relación laboral. Por ello, no cabe duda que la acción que corresponde a un hipotético crédito proveniente de esa causa fuente (arg. Art. 110 LCT) se encuentra sujeta al plazo especialmente previsto en el art. 256 LCT. Dicha prescripción corre a partir del momento en que la obligación se hizo exigible, es decir, cuando el acreedor pudo reclamar su cumplimiento a la empleadora. (Del voto del Dr.

Pirolo).
Relación de causalidad, causalidad adecuada
Materia: CIVIL
Carátula: G., J.G. c/ P.G. SA y/o quien resulte responsable. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-06-20

La teoría de la equivalencia de las condiciones, la de la causalidad adecuada considera que no todas las condiciones concurrentes pueden ser equiparadas, debiendo distinguirse entre la "causa" y la "mera condición".
Prueba, competencia penal
Materia: PENAL
Carátula: A, M R Y G, I s/ TENTATIVA DE HOMICIDIO Y HOMICIDIO CALIFICADO EN CONCURSO IDEAL.   QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE   Nº 1286-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-04-23

Si en el proceso existe un solo cauce de investigación y éste estuvo viciado de ilegalidad, tal circunstancia contamina de nulidad todas las pruebas que se hubieran originado a partir de aquél, no siendo suficiente para aceptar la existencia de un curso de prueba independiente, que -a través de un juicio meramente hipotético o conjetural- se pueda imaginar la existencia de otras actividades de la autoridad de prevención que hubiesen llevado al mismo resultado probatorio; es necesario que en el expediente conste en forma expresa la existencia de esa actividad "independiente" que habría llevado inevitablemente al mismo resultado. Esta doctrina es reiteración de casos anteriores de la Corte Suprema de la Nación, en el sentido de que la exclusión debe proyectarse a todas las pruebas obtenidas a partir de la que se tiene por legítima, salvo que existiera en el caso concreto la posibilidad de su adquisición por una fuente o vía independiente. (De la Ampliación de Fundamentos de los Dres. Alvarez y Falistocco).
Vencimiento del pagaré, pagaré a la vista, constitución en mora
Materia: CIVIL
Carátula: Garbarino Saicei c/ Borracchia, Erica Soledad s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2013-04-15

Ante la falta de prueba en contrario en relación a lo manifestado en la demanda acerca de la fecha de presentación del pagaré librado a la vista, debe tomarse esa fecha como la de constitución en mora e inicio del cómputo de los intereses.
Contratos administrativos, empleo público, excepción de incumplimiento contractual, buena fe
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: EXPTE. Nro. 74283 OBREDOR, ROBERTO ENRIQUE c/ PROVINCIA DE MENDOZA (PODER JUDICIAL) s/ ACCIÓN PROCESAL ACLARATORIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2006-04-21

La naturaleza pública del contrato de empleo público, su compromiso estrecho con el cumplimiento de funciones propias del Estado en general, y en particular, la función judicial, impone a la exceptio non adimpleti contractus, mayores exigencias.

Este mayor rigor encuentra asidero no sólo en la naturaleza y dignidad de la función, sino también en los correlativos privilegios, como el derecho a la estabilidad.

Por ello, un retraso de dieciséis días en el pago del salario, en una situación de emergencia económica, pública y notoria en la mayoría de las administraciones públicas provinciales, carece de la proporcionalidad imprescindible para el ejercicio, por parte del empleado público, de la "exceptio non adimpleti contractus", que lo habilite a suspender el cumplimiento de sus obligaciones de concurrir a cumplir sus tareas vinculadas directamente con la función judicial que presta el Estado.
Posesión, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CARRERA DE DARGOLTZ, MARIA c/ HECTOR PAZ s/ INTERDICTO DE RETENER LA POSESION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-03-26

La prueba sobre el derecho de poseer, no está permitida en los juicios posesorios donde solo se discute el hecho mismo de la posesión; tal prueba es procedente cuando resulta dudoso el último estado de la posesión.
Fuerzas Armadas, obediencia debida, responsabilidad militar
Materia: PENAL
Carátula: Ramón Juan Alberto Camps y otros c/  s/ #TIPO_TRIBUNAL: CS c/  s/ #TIPO_TRIBUNAL: CS c/  s/ PODER EJECUTIVO NACIONAL s/ RECURSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-22

Desde un simple examen gramatical del art. 514 del Código de Justicia Militar, se desprende, sin lugar a dudas, que así como la irresponsabilidad del ejecutor no cubre en ningún caso la responsabilidad de quien emitió la orden, la responsabilidad de éste no excluye, en todos los supuestos, el reproche de aquél.
Prescripción, compraventa mercantil, vicios redhibitorios, plazo
Materia: COMERCIAL
Carátula: HEINRICHSDORFF, FRANCO c/ ESTANCIAS AGUAS DULCES s/ PRESCRIPCION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-07-31

El plazo del CCOM.473 no es un término de prescripción porque no versa sobre la oportunidad para demandar; el término está destinado a comprobar la existencia del vicio. Como la posibilidad de demandar nace al percibirse no debe suponerse corriente durante el plazo destinado a advertir el vicio intrínseco, porque si tal cosa fuera sostenida, resultaría que la acción para reclamar responsabilidad del vendedor por ese defecto estaría prescribiendo antes de que su accionante pudiese notar que existe; estaríamos presenciando la extinción por prescripción de una acción no nacida aún.

La prescripción de una acción fundada en la existencia de vicio redhibitorio debe necesariamente ser juzgada como corriente a partir del período en que la ley impone percibir que tal vicio existe;

transcurre después del plazo legal del CCOM.473, durante el cuál el vicio debió ser percibido.

El término de prescripción es el de cuatro años previsto para la acción de rescisión de un acto jurídico comercial mencionado por el CCOM.847.

Es sólo aparente el riesgo derivado para el vendedor de la circunstancia de ser tan extenso el período durante el cuál cabe demandarlo para devolverle la cosa y repetir el precio; pués la denuncia o protesta del defecto ha debido ocurrir en un semestre inmediato a la tradición, como conditio iuris para que el vendedor quede sujeto a tal responsabilidad; mientras que la reducción de la prescripción a un trimestre en materia civil sigue a un período de extensión indefinida para apercibirse de la existencia del vicio.

El vendedor en el acto de naturaleza comercial tiene una solución para no aguardar durante ese cuatrienio la eventual llegada de un emplazamiento a juicio luego de recibida la protesta relativa al vicio; puede exigir el reconocimiento de la cosa por peritos arbitradores, para determinar si ella "es de recibo".
Secuestro de estupefacientes, hechos nuevos, recurso de revisión (procesal)
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Moray, José Mario s/ recurso de revisión.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-06-20

La toma de conocimiento posterior al acto sentencial, por parte de la señora Defensora Oficial del resultado positivo de la información aportada por el causante -secuestro de sustancia estupefaciente y consecuente procesamiento de una persona- puede considerarse un "hecho nuevo" en los términos del inciso 4°) del artículo 479 del ordenamiento de rito con aptitud de remover la calidad de cosa juzgada con el alcance del artículo 29 ter. de la ley 23.737. (Voto del Dr. Hornos).
Cosa juzgada, Constitución Nacional, sentencia
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Causa originariamente instruida por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas en cumplimiento del decreto 158/83 del Poder Ejecutivo Nacional c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-30

Los loables motivos que inspiran el principio de la inmutabilidad de las sentencias no son absolutos, y deben ceder frente a la necesidad de afirmar otros valores jurídicos de raigambre constitucional.
Improcedencia del recurso, queja por casación denegada, insuficiencia del agravio
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Expte. Nº 113-STJ-2010 - Dr. Bagliani, Gustavo Adolfo P/ Ladislao Chomyn S/ Recurso de Queja por Casación Denegada en "Expte. Nº 258(A)09 . S/ Rec. de Casación en Expte. Nº 218(A)09 . S/ Solicita Inhibición . Y Recusa con Causa en Autos: 43/09 - Chomyn, Ladislao S/ Delito contra la Integridad Sexual" c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2011-04-25

Procede no hacer lugar al recurso de queja por casación denegada solicitado por la defensa del procesado, dado que -remitiéndose a la sentencia de Primera Instancia- se advierte que la queja carece del requisito de autosuficiencia, desde que no logra menoscabar los sólidos fundamentos dados en la resolución atacada.