Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2008-02-14


San Luis, febrero 14 de 2008.

I) ¿Es formalmente procedente el Recurso de Casación? II) ¿Existe en el fallo recurrido alguna de las causales enumeradas en el Art. 428 de la Ley Nº VI-0152-2004 (5724)? III) ¿En caso afirmativo la cuestión anterior, ¿Cuál es la ley a aplicarse o la interpretación que debe hacerse del caso en estudio? IV) ¿Qué resolución corresponde dar al caso en estudio? V) ¿Cuál sobre las costas? Primera Cuestión. - El Dr. Omar Esteban Uria dijo:

1. Que a fs. 1 la defensa del condenado Ramón Ambrosio Mequere con fecha 5 de Febrero de 2007, comparece y manifiesta que viene a interponer formal Recurso de Casación contra la sentencia definitiva "caída en juicio oral cuyos fundamentos obran glosados a fs. 258/263 de los que fuera notificado el 28-12-06".

Afirma que con respecto a la atribución de la autoría, se han omitido probanzas esenciales sosteniéndose que "... en cuanto a la existencia en el lugar del suceso de una tercera persona llamada el "morocho" González, solo se trata de una versión, que el testigo Genes expresa que habría sido vertida por una vecina, respecto de la cual, no tiene conocimiento. La existencia del tal "Morocho", como de la vecina no surge verificado en el proceso, no siendo aportado por las partes alguna prueba conducente a verificar la real existencia de tales personas".

Expresa asimismo que se ha efectuado una valoración errónea de la prueba, que se ha omitido la producción de prueba indispensable para la acreditación de la causalidad en el deceso de la víctima, y que ha existido errónea interpretación de la prueba.

Que a los efectos de la admisibilidad del recurso, esto es, la aptitud formal del acto impugnaticio derivada de la concurrencia de los requisitos necesarios para provocar el juicio de casación y la sentencia del Tribunal de recurso, se observa que se ataca una sentencia definitiva de Tribunal competente, encontrándose exento del depósito establecido conforme al art. 431 de la Ley Nº VI-0152-2004 (5724 "R"), y fundado en una de las causales del art. 428 ibid., lo que conlleva la admisibilidad formal del recurso incoado.

Por ello, a esta primera cuestion voto por la afirmativa.

Los Señores Ministros Dres. Oscar Eduardo Gatica, Florencio Damián Rubio y Horacio G. Zavala Rodríguez, comparten los fundamentos expuestos por el Dr. Omar Esteban Uria, adhieren a lo por el expresado y votan en igual sentido a esta primera cuestion.

Segunda cuestión. - El Dr. Omar Esteban Uria dijo:

1. Que la finalidad de carácter general que reviste el recurso de casación, es conseguir la uniformidad de la jurisprudencia y la finalidad específica es la de obtener la nulidad de una sentencia por errónea aplicación o interpretación de la norma legal sustantiva en el caso concreto fijado en sentencia definitiva por el Tribunal de mérito. Calamandrei, en su obra "Estudio sobre el Proceso Civil", Ed. Bibliográfica Argentina, B.A. 1961, afirma que: "el recurso de casación es una acción de impugnación que se propone ante el órgano jurisdiccional supremo para obtener la anulación de una sentencia de un juez inferior que contenga un error de derecho en la decisión de mérito".

Sin perjuicio de ello, ahora con el alcance del nuevo recurso de casación surgido de la sentencia de la Corte Suprema en "Casal Matías Eugenio", del 29/9/2005, según la cual, después de la reforma constitucional de 1994 (Cfr. Art. 75 inc. 22) y teniendo en cuenta la jurisprudencia internacional (en particular "Herrera Ulloa", 1994, de La Corte Interamericana de Derechos Humanos), todo condenado tiene derecho a recurrir la sentencia para que un tribunal superior revise integralmente los fundamentos del fallo, incluidos los que hacen a la prueba del hecho con el único límite de los que están íntimamente ligados a la inmediación real.

La Corte remarcó que la norma procesal que regula el recurso de casación (arts. 456 en la Nación, 428/429 entre nosotros), no restringe el alcance de la casación entendida de este modo sino que había sido interpretada restrictivamente -y por ende de modo inconstitucional-, y por ello no declaró su inconstitucionalidad sino que estableció cual era el criterio con que debe ser interpretada.

Los hechos investigados en la presente causa son encuadrados legalmente por el Tribunal Oral en la previsión del art. 79 del Código Penal homicidio simple, en el veredicto de fs. 237/238, de fecha 22 de noviembre de 2006, y se condena al encartado a cumplir la pena de ocho años de prisión, accesorias legales y costas procesales.

2. Que conforme ya se vio, la defensa recurrente funda su primer agravio en que era "deber del tribunal llamar a prestar declaración a quien aparece como único testigo directo del hecho por el que posteriormente mi pupilo resultara condenado".

Refiere que la vecina aludida vive contigua a la casa del extinto y le contó a todos los vecinos incluido Ramón Eugenio GENEZ y al hijo de la víctima, que vio la pelea en la que fuera herido Rosalio González.

Afirma que "extrañamente, porque es la única que vio el hecho, nunca fue llamada a testimoniar, si se tratara solo de una versión, como expresa el Tribunal de juicio, es deber del tribunal llamar a prestar declaración a quien aparece como único testigo directo del hecho...". Agrega que el Tribunal ha interpretado arbitrariamente el testimonio de Genez quien vio en la casa del extinto a un morocho al que se lo conoce por González . Este sería Ramón Crispín González domiciliado en Dársena Norte de la ciudad, "pero nadie lo buscó".

En síntesis se trata de establecer si el Tribunal administró procesalmente de manera ajustada los órganos de prueba: a) vecina Gabriela Allende b) testigo Eulogio Genez y c) hijo de la víctima Mario Roberto González, respecto a la presunta importancia que revestían en orden al aporte de la identidad de un sospechoso: Ramón Crispín González.

En punto a ello se advierte que a fs. 1 el oficial Christian Ariel Garay parece tener aclarado el hecho en la primera diligencia prevencional ya hace constar en el acta inicial que la víctima manifestó que el agresor fue Ramón Mequere. En el debate declara que únicamente entrevistó al testigo Genez, pero que "el resto de los vecinos no había visto nada".

Ramón Eulogio Genez presta declaración en sede policial a fs. 17 y manifiesta, en lo pertinente, que la víctima le dijo que el autor de la lesión era "el flaco", y que ese era el apodo de Ramón Mequere.

A su vez Mario Roberto González (fs. 18), hijo del occiso declara que tomó conocimiento por parte de un vecino de su padre, Ramón Genez, que el autor del hecho era Ramón Mequere. Ello le fue ratificado, dice, por el lesionado en ocasión de visitarlo en el hospital.

A fs. 106 y en sede judicial manifiesta que "después que le pasa esto a mi padre fui a la casa donde el vivía ya que yo no vivía con él y charlando con una vecina me dijo que en el momento del hecho el que había estado con mi papá era el Sr. Miguel González, su señora y los hijos y también estaba Ramón en la casa. Que ésta señora me dio a entender que podría haber sido otra la persona y no necesariamente Mequere el que le había pegado, pero no entiendo como puede ser porque él estaba tomado...".

Ramón Eulogio Genez depone a fs. 113, y en lo atinente, expresa que. "el día de los hechos unos momentos antes de que González fuera a mi casa herido y veo hacia la casa de él porque queda al frente de mi casa y veo un morocho al que se lo conoce como González, una mujer que decía que era concubina de este González con unos chicos menores. Agrega que la vecina del lado de la casa de la víctima, cuyo nombre desconoce, de que el que pegó los puntazos es el morocho González..." En este punto cabe recordar que el examen que efectuamos no tiene otra finalidad que, como ya dijimos, establecer si el Tribunal administró ajustadamente los órganos de prueba.

Ello así de las constancias colectadas surgen claramente una circunstancia capital para la investigación, a saber: la posible existencia de un segundo agresor (calificando severamente el tipo), si no alternativo (exculpando un detenido). En razón de ello, no cabía otra actividad instructoria, como no fuera empeñar todo el esfuerzo investigativo hasta aclararla de manera total.

Importaba esto, ya en la instrucción: a) investigar exhaustivamente y establecer qué personas se encontraban presentes en el lugar del hecho al momento del suceso, b) identificar e interrogar a la vecina lindera del lugar del hecho, c) identificar e interrogar a "Morocho" González, d) identificar e interrogar a la esposa o concubina de "Morocho" González e) corroborar la presencia de niños o jóvenes del barrio y en su caso, identificarlos e interrogarlos.

Y ya en el plenario oral, el Tribunal contaba para hacerlo con la oportunidad que refiere el art. 314 y el 317, antes del debate, facultado como está para ordenar actos instructorios indispensables que se hubieren omitido, dentro de lo que ha llamado instrucción suplementaria, esta vez con la ventaja de ser contradictoria. A tales efectos, el Tribunal hasta podría haber comisionado a uno de sus vocales.

En su defecto también podía hacerlo al comienzo del debate en la ocasión del planteo de las cuestiones preliminares (art. 335), en el capítulo referido a la admisibilidad o incomparencia de testigos.

En el debate, durante la recepción de la prueba, el Tribunal pudo ordenar, aún de oficio, la recepción de medios de prueba manifiestamente relevantes, en los términos del art. 346 ibid., condición que evidentemente revestían los que estamos analizando.

Huelga decir que el Tribunal Oral observó pasividad e inercia frente a las alternativas que la ley le ofrecía.

Es dable destacar, en lo que respecta a la citación (en realidad no se lo notificó por ignorarse su domicilio) de Genez, que el art. 351 del rito impone que las declaraciones testimoniales no pueden ser suplidas, bajo pena de nulidad, por lectura de las recibidas en el sumario. El Tribunal lo hace a fs.231, bien que con el acuerdo de defensa y acusación e ignorándose su residencia, más, soslayando la investigación del paradero y de emitir orden de captura, y sin que quedara suficientemente acreditada una real imposibilidad de comparencia, aún a costa de consumir todas las audiencias que fueran necesarias (y sus suspensiones, art. 325); el juicio que nos ocupa solo insumió dos jornadas.

La regla para los actos del debate es la oralidad, y al introducirse por lectura una declaración testimonial se cercena la inmediación y el principio contradictorio pleno ya que se interfiere en la posibilidad de un estricto control en punto a los dichos del órgano de prueba (cfr. D'Albora Francisco, "Cod. Proc. Pen. de la Nac.", p. 686).

En los fundamentos de la sentencia no se dirá nada al respecto.

"Cuando se prepara las audiencias del debate, el presidente del tribunal y sus colaboradores deben prestar especial atención a la nómina de testigos citados a declarar, particularmente los que tienen importancia primordial para la dilucidación del caso, y en especial, no alcanza con confeccionar una simple cédula de notificación; es preciso comisionar primero a un funcionario para que verifique el paradero de esos testigos y, ante la menor dificultad, hay que procurar el auxilio policial con igual fin. A los testigos que podrían catalogarse como importantes se les debe ampliar el interrogatorio de identificación para facilitar su búsqueda, asentar su domicilio anterior y el del trabajo (como se hace con los imputados), el nombre de su conyuge, padres, hijos, empleados, etc" (LL Suplemento de Jurisprudencia Penal, 22/12/2000, p. 15, fallo 101.407).

Con relación a "Morocho" González se afirma que "solo se trata de una versión, que el testigo Genez expresa que ha sido vertida por una vecina, respecto de la cual, no tiene conocimiento. La existencia del tal Morocho, como de la vecina, no surge verificado en el proceso, no siendo aportado por las partes...".

En efecto tales circunstancias no surgen verificadas en el proceso. Precisamente por inacción judicial, como hemos expuesto. Se ha errado en la identificación, práctica y valoración de los elementos de convicción, respecto de un hecho ilícito de sangre de ostensible gravedad, lo que condujo a la irrazonable conclusión que transcribimos.

Es mediante las formas establecidas por la ley procesal, idóneamente administradas, como se aseguran los derechos de las partes y la rectitud del Juicio. El Tribunal oral erró en la identificación, selección, valoración y práctica de la prueba. Es decir, ab initio al receptar la causa, y en los fundamentos del fallo definitivo, en el que se desestima una línea de investigación con el argumento de que se trató solo de versiones, cuando esta expresión sólo puede caber como conclusión de una exhaustiva indagación instructoria que así lo demostrara.

Esto plantea una problemática que solo tendrá resolución en el marco de las garantías y principios constitucionales del debido proceso penal y defensa en juicio, vehiculizados por el instituto de la nulidad.

Consecuentemente, acogiendo el recurso de casación deducido por la defensa, declarando la nulidad del plenario oral y ordenando la realización de uno nuevo atendiendo a las pautas establecidas en esta, en orden a la investigación diligente para determinar en lo posible la existencia de otros eventuales autores o partícipes.

Ello es posible en tanto hemos alcanzado en la Casación con nuestro control y crítica la total realidad del proceso como hecho histórico y concreto, en función del nuevo concepto derivado de "Casal".

Los Señores Ministros Dres. Oscar Eduardo Gatica, Florencio Damián Rubio y Horacio G. Zavala Rodríguez, comparten los fundamentos expuestos por el Dr. Omar Esteban Uria, adhieren a lo por el expresado y votan en igual sentido a esta segunda cuestión.

Tercera y cuarta cuestión. - El Dr. Omar Esteban Uria dijo:

Que conforme como se ha votado la cuestión anterior corresponde acoger el Recurso de Casación interpuesto por la defensa y declarar la nulidad del plenario oral en la presente causa, disponiéndose la realización de uno nuevo por tribunal hábil, que atenderá las pautas establecidas en ésta, en particular referidas a la efectivización de una investigación diligente para determinar en lo posible la existencia de otros eventuales autores o partícipes. Así lo voto.

Los Señores Ministros Dres. Oscar Eduardo Gatica, Florencio Damián Rubio y Horacio G. Zavala Rodríguez, comparten los fundamentos expuestos por el Dr. Omar Esteban Uria, adhieren a lo por el expresado y votan en igual sentido a esta tercera y cuarta cuestión.

Quinta cuestión. - El Dr. Omar Esteban Uria dijo:

Sin costas. Así lo voto.

Los Señores Ministros Dres. Oscar Eduardo Gatica, Florencio Damián Rubio y Horacio G. Zavala Rodríguez, comparten los fundamentos expuestos por el Dr. Omar Esteban Uria, adhieren a lo por el expresado y votan en igual sentido a esta quinta cuestión.

En mérito al resultado obtenido en la votación del Acuerdo que antecede, se resuelve: 1) Hacer lugar al Recurso de Casación interpuesto por la defensa y declarar la nulidad del plenario oral en la presente causa, disponiéndose la realización de uno nuevo por tribunal hábil, que atenderá las pautas establecidas en ésta, en particular referidas a la efectivización de una investigación diligente para determinar en lo posible la existencia de otros eventuales autores o partícipes..

2) Sin costas. - Horacio G. Zavala Rodríguez. - Florencio Damián Rubio. - Omar Esteban Uria. - Oscar Eduardo Gatica.