marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Costas, conciliación laboral, inoponibilidad a terceros, asegurador
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: AYALA, JORGE ROLANDO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2006-02-08

Corresponde hacer lugar al recurso interpuesto y en consecuencia modificar el resolutorio atacado en cuanto dispuso que respecto a la imposición de costas por la contestación de la demanda debía estarse a la cláusula Tercera del Convenio firmado entre Actor y la Aseguradora y, en consecuencia imponer las mismas a la Compañía Aseguradora Berkley Internacional.

Al efecto cabe precisar que si bien actor y aseguradora convinieron que sean soportadas en el orden causado, tal acuerdo es res inter alias acta para el demandado. No es ocioso señalar en este punto que el mismo efectuó el correspondiente planteo, del que se corriera traslado a la Compañía Aseguradora sin que ésta lo contestara.

En tales condiciones debe estarse al principio general que rige la materia, en tanto que como lo sostienen doctrina y jurisprudencia, el seguro de responsabilidad civil tiene por finalidad "mantener indemne al asegurado por cuanto deba a un tercero en razón de la responsabilidad prevista en el contrato" (art. 109 Ley de Seguros) y la garantía del asegurador no sólo comprende el monto de la indemnización que el asegurado deba pagar al tercero damnificado, sino también los gastos y costas judiciales a que pueda dar lugar la acción promovida por dicho tercero (artículo 110, inc. a) en la medida que fuesen necesarios (art.111).

La imposición a la compañía de tal obligación accesoria responde a un doble orden de fundamentos: 1) toda vez que el seguro de responsabilidad civil tiene por finalidad mantener "indemne" al asegurado, es obvio que la obligación de la compañía no puede quedar limitada al monto de la indemnización a la víctima; ha de comprender también, las erogaciones efectuadas por el asegurado en defensa de sus derechos; 2) dichas erogaciones, por otra parte, revisten el carácter de gastos de salvamento, en tanto tratase de inversiones que apuntan a evitar o reducir el daño, y como tales deben ser, en principio, soportadas por la aseguradora.
Excarcelación, presunción de inocencia
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: LORENZO, Ernesto s/ EXCARCELACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-10

El límite temporal para otorgar el beneficio no debe juzgarse en modo mecánico, sino atendiendo a un criterio de razonabilidad, debiendo denegarse cuando las características del ilícito que se imputa así como las condiciones del encartado y la pena con que se reprime el hecho guarden directa relación con la posibilidad de que pueda intentar burlar la acción de la justicia, sin que esto importe lesión al principio de inocencia.
Peaje, Canal Mitre, buques
Materia: TRIBUTARIO - COMERCIAL
Carátula: ESTADO  NACIONAL  -  MINISTERIO DE ECONOMIA - SECRETARIA DE ESTADO DE INTERESES MARITIMOS c/ ARENERA "EL LIBERTADOR  S.R.L. " Y/U OTRO BQ. "FORTUNA" s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-05

La ley 22.424 no previó exclusión alguna en favor de los barcos de menor calado, lo cual se adecua al contexto de la norma en cuanto instituyó el peaje como medio de recaudación de fondos para la conservación del canal.

Cualesquiera hayan sido los fundamentos de la exención de pago del peaje, en modo alguno se los puede vincular con la idea de que los trabajos que se solventarían con el tributo serían exclusivamente los necesarios para mantener una profundidad de 8,50 mts., no sólo porque no era ésa la única tarea de mantenimiento, sino porque los dictámenes que proponían la suspensión en tal hipótesis mencionaban como sujetos pasivos del peaje a los barcos de menor calado.

Parece claro entonces que la suspensión fue referida sólo a buques de calado menor que 8,50 mts. y que la resolución 53/82 estableció que todos los barcos de cualquier calado pagarían peaje, considerándolos a todos beneficiarios del canal. Ello concuerda con la ley 22.424 que no contempló exclusión alguna por razón del calado y en cambio vinculó el pago a servicios útiles para cualquier embarcación que usara el canal. En tales condiciones, no es dudoso concluir en que la excepción dispuesta por la resolución 639/83, aunque válida para el futuro, no puede ser erigida en una pauta interpretativa de carácter general.
Automotores, privación del uso de la cosa
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: AHUMADA DE CASTELLANOS SUSANA CARLOTA c/ ORLY S.A. Y OTRO s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO-DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-11-27

La sola privación del vehículo supone por sí un daño, aunque no se acredite perjuicio real y efectivo. Precisamente, la fijación de su monto debe quedar supeditada al prudente arbitrio judicial, tomando como simple referencia las tarifas de los automóviles de alquiler, circunscribiéndonos a pautas de normalidad para conformar la comprensión de la responsabilidad por los actos propios señalada por los arts. 901 y ss. del Código Civil, a las consecuencias inmediatas, vale decir a las que acostumbren suceder según el curso normal y ordinario de las cosas.
Denegatoria del recurso, concesión para la venta de automotores, evasión fiscal, IVA, inhabilitación especial, impuesto a las ganancias, coautoría
Materia: PENAL
Carátula: Krochik, Sebastián y otro c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-12-07

Cabe formular dos precisiones sobre el alcance en lo que concierne a la interpretación de los arts. 1 y 15 de la Ley 24769, ésto es por lo regular, toda cooperación necesaria a la ejecución de un hecho, prestada en el mismo momento de la ejecución, sin la cual el hecho no podría cometerse, será en principio fundamentación de un dominio del hecho según el plan común y por ende, calificada a título de coautoría. La punibilidad de la cooperación a la preparación del hecho, depende de que éste comience a ejecutarse por el autor. La cooperación necesaria en el momento de la ejecución del hecho será excepcional, ya que como regla, el carácter necesario para la ejecución podrá fundar el codominio del hecho y por ende la imputación de coautoría. Excepcionalmente, en los delitos especiales propios, o de infracción al deber, un agente no cualificado puede cooperar a la ejecución como partícipe primario desde el comienzo de ejecución hasta la consumación, pero no puede ser calificado como autor. Esta excepción comprende los casos en los que sólo alguno o algunos de los que cooperan en común durante la ejecución del hecho y la dominan, reúnen las calidades especiales de autoría exigidas como fundamento de la punibilidad -y no meramente como fundamento de la medida de la pena-. Los agentes no calificados no pueden ser autores, sino a lo sumo partícipes necesarios. Se concluye que la pretensión de la defensa de que la eventual cooperación a la preparación de un hecho punible en el estadío anterior a su comienzo de ejecución, carece de relevancia penal, no puede ser de recibo, y no consulta el texto legal del art. 45 CP.

También es necesaria una segunda precisión que refuta de modo definitivo la censura de la defensa en este tópico, el aporte atribuido en la sentencia al contador público imputado ha tenido lugar en la etapa de preparación, y no en la ejecución del delito de evasión del art. 1 de la Ley 24769, sin embargo no propone criterio alguno para afirmar tal aserto. Esta disposición castiga con pena a quien mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o engaño, sea por acción o por omisión, evadiere total o parcialmente el pago de tributos al fisco nacional -siempre que el monto evadido excediere ciertas sumas por cada período fiscal o por cada tributo-; sentado lo anterior, se observa que en la sentencia atacada se han tenido por probados los hechos endilgados.(Del voto por su fundamento del Dr. García)
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, incapacidad
Materia: LABORAL
Carátula: Pisani, Juan c/ Dálmine Siderca S.A.I.C. s/ Enfermedad accidente Ovando, Cándido c/ Fortunato Bonelli y Cía. S.A. s/ Enfermedad-accidente Zandalazini, Clara Teresa c/ Celulosa Argentina S.A. s/ indemnización ley 9688
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-08-02|1996-04-09|1998-03-17

Determinar la fecha en la que el trabajador tomó conocimiento de su incapacidad laborativa y, en consecuencia, la del inicio del cómputo de la prescripción constituye cuestión de hecho, irrevisable en principio en casación.
Honorarios del abogado, convenio de honorarios, pacto de cuota litis
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Almagro, Guillermo c/ Mariñelarena, Gustavo s/ Ejecución de honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-12-07

Corresponde efectuar una diferencia entre los convenios por honorarios, reglado por el art. 3º del decreto ley 8904/77 y los pactos de cuota litis, consagrados por el art. 4º de dicha norma. En los primeros solamente se acuerda, convencionalmente, la retribución del profesional, y en los segundos, éste se hace partícipe del resultado del juicio.
Empleados públicos, nombramiento, prescindibilidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GIRARDINI, MARTA S. DE BROVELLI c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ EMPLEADOS    PUBLICOS-    PRESCINDIBILIDAD-    SUPRESION  DE  CARGOS-  INDEMNIZACION-    RAZONES    DE  SERVICIO-  CONCURSO-  RAZONABILIDAD-  PROCEDENCIA DEL RECURSO EXTRAORDINARIO-
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-10-01

Aún cuando se aceptase la doctrina según la cual la autoridad administrativa está eximida de explicar las razones de la baja cuando ha mediado pago de la respectiva indemnización, cabe hacer una excepción en el caso en que si por razones de un mejor servicio se realizó el concurso que llevó al nombramiento de la actora, no se advierte el motivo para excluirla de la administración a los pocos meses invocado también razones de esa índole, ya que de lo contrario podrían tejerse una serie de conjeturas sobre la real motivación de la prescindibilidad dispuesta, con el resultado -no querido por la ley- de proyectar sombras sobre la reputación del agente.
Ejecución hipotecaria, inhabilidad de título, escritura pública, copias
Materia: CIVIL
Carátula: SMOLARZ, Julio Marcos c/ CREACIONES LEONARDO S.A.C.I.F.E.I. s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-11

Disidencia del Dr. de Mundo: Si se trata de una fotocopia certificada del primer testimonio de la escritura de mutuo con garantía hipotecaria, es decir, de una copia simple de ella, no se le puede otorgar los efectos propios de la copia notarial en forma, puesto que carece de los recaudos que debe contener el primer testimonio, ya que se ha perdido así la inmediación de la intervención del oficial público respecto de tal original firmado por los intervinientes en ese acto y la validez de tal mediata o indirecta copia. Y aún cuando las llamadas copias simples han podido incluirse dentro del tipo de las certificaciones, como instrumento público, para acreditar la existencia, clase y contenido del documento al cual se refieran, no pueden subrogarlos en su eficacia y efectos. Es instrumento público en cuanto autentica un hecho físico, la existencia del original, pero no sustituye a la copia disciplinada por el Código Civil, cuando este es el medio probatorio exigido, como precisamente prevé el artículo 523, inc. 1º del Código Procesal.-
Jurisdicción y competencia, competencia federal, tenencia de estupefacientes, concurso ideal
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Sebastián David FERRITO y otro s/ JURISDICCION  Y  COMPETENCIA - COMPETENCIA FEDERAL - CAUSAS PENALES -  TENENCIA DE ESTUPEFACIENTES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-15

Al resultar privativo de los tribunales nacionales el juzgamiento del delito de tenencia de estupefacientes (art. 11 de la ley 20.771, modificado por ley 21.566), corresponde asignar el conocimiento de la causa a la justicia federal, y no a la provincial, en atención al carácter inescindible que ambos magistrados asignan al accionar de los imputados. En el caso, el juzgado en lo penal de Lomas de Zamora y el juez federal de esa localidad, coincidieron en que las conductas reprochadas a aquéllos constituye un hecho único, que estaría encuadrado en las previsiones de los arts. 166, inc. 2, del Código Penal y 6 de la ley 20.771, que concurren en forma ideal (art. 54 del código citado).
Juicio ejecutivo, falsedad de título, abuso de firma en blanco
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Navarro, Esteban c/ Giusti, Julio s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-12

La falsedad denunciada mediante la excepción de igual nombre no traduce estrictamente una adulteración del documento en términos de raspado o lavado de tintas, o modificaciones de la escritura por corrección -sobre escritura-, la denuncia de la "falsedad" de su incorporación comprende una situación de abuso de la firma en blanco, insusceptible de discutirse con éxito por la vía ejecutiva.
Suspensión del juicio a prueba, condena condicional, interpretación de la ley, pena, escala penal, constitucionalidad, igualdad ante la ley
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: CARCIONE, Norberto R. s/ Causa 44.335
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-26

a) Cabe diferenciar el sistema de la ley 24.316, de la institución de la condena condicional, sin que corresponda parificarlos, pues en el primero, cuando es exitoso, se extingue la acción penal (arts. 4 y 76 bis, C.P.), mientras que por el art. 26, C.P. no sucede lo mismo, pues queda pasada en autoridad de cosa juzgada una condena penal con su necesaria declaración de culpabilidad, y a partir de ello, obviamente, con consecuencias muy distintas que se derivan de uno y otro caso. Tal diferencia impide aplicar la institución de la ley 24.316 a cualquier delito, como también lo impide el límite que resulta del texto expreso del art. 1 de tal disposición, cuyo contenido no puede verse alterado como resultado de una interpretación extensiva del cuarto apartado del artículo citado, pues tal amplitud no armoniza con el sentido general de la ley, ni con la voluntad del legislador evidenciada en los debates parlamentarios.

b) La suspensión del juicio a prueba corresponde cuando se imputan uno o más delitos cuyo máximo de pena no supera los tres años de prisión (art. 3, 1er. párrafo de la ley 24.316); tanto es así que, en su art. 4, 4to. párrafo, la citada disposición menciona, como causa para dejar sin efecto la suspensión del juicio a prueba ya dispuesta, el que se conocieran circunstancias que modifiquen el máximo de la pena aplicable.

c) No se vulnera el principio de igualdad, dentro del ámbito de aplicación de la ley 24.316, pues él supone un tratamiento igualitario dispensado a quienes se encuentran en igual situación, lo cual no sucede cuando se compara la entidad de un delito sancionado con pena máxima de tres años de prisión o de reclusión, con la de otro sancionado con penas más elevadas, distingo que inclusive encuentra su correlato en el trámite que a unos y a otros se les otorga en la ley procesal penal.

d) La suspensión del juicio a prueba es la introducción de una tercera vía de reacción, junto con la pena y la medida de seguridad .

Se está ante una forma distinta de aplicación de la pena privativa de libertad y, sin duda, de otra forma de medición de la pena que, tiene además claros fines de política criminal, como son el buscar la resocialización de aquellas personas que hayan infringido la norma por primera vez, por lo que, si se cumple con las condiciones fijadas, se extinguirá para ello la acción penal (art. 7 de la ley 24.316) sin perjuicio de los problemas que se susciten en orden a sanciones contravencionales, disciplinarias o administrativas. (Del voto en disidencia del Dr. Donna)
Recurso de casación, sentencia arbitraria, inadmisibilidad formal
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: AFIP-DGI c/ EN AUTOS 772/05 Cervera, F.E. s/ Pequeño Concurso Preventivo s/ Incidente de Revisión de Sentencia Interlocutoria Nº 33/05 - s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2008-03-07

Para determinar la viabilidad formal del recurso de casación se debe controlar el cumplimiento de los requisitos establecidos por el art. 292 del CPC, entre ellos la obligación de que el memorial de agravios se baste a sí mismo, de modo tal que su sola lectura sea suficiente para la comprensión del caso, lo que solo se logra a través de un discurso argumental claro y preciso de los antecedentes de la causa, mediante una fundamentación autónoma en la que el recurrente rebata todos y cada uno de los fundamentos del fallo.

En el caso, la actora -AFIP-DGI- recurre en casación la sentencia interlocutoria de la Alzada, que rechazó el recurso de apelación, sosteniendo, por una parte, para así decidir, que además de carecer de fundamentación los agravios, la declaración jurada impositiva no contenía la firma del contribuyente o bien su determinación de oficio firme, y, por otra, que en las liquidaciones no se determinó la conformación de la deuda alegada, no se presentó documentación respaldatoria ni existe ninguna actuación que acredite la debida intimación de pago, como tampoco se ha permitido a la fallida el ejercicio de su derecho de defensa en juicio.

Se alega que el fallo incurre en los vicios de errónea aplicación o interpretación de la ley y arbitrariedad. Varias son las falencias del memorial recursivo.

En primer término, no contiene el relato de los hechos relevantes de la causa, por lo cual fue necesario acudir a la lectura del expediente, especialmente de la sentencia en cuestión.. Tampoco expresa en qué consiste el error o la arbitrariedad que pretende endilgar al fallo, habiéndose limitado a sostener que las declaraciones juradas requeridas como documentos necesarios para acreditar y probar la causa del crédito se encuentran agregadas por ante el señor síndico concursal, sin rebatir los fundamentos del fallo.

La cuestión de peso que exhibe el memorial de agravios está directamente relacionada con la apreciación del material fáctico del litigio, como lo es determinar si el recurso de apelación contaba con fundamentación suficiente para determinar su viabilidad, o si es procedente el incidente de revisión promovido por el recurrente a fin de que se declaren admisibles los créditos reclamados. En conclusión, los agravios remiten al análisis de cuestiones de hecho propia de los jueces de la causa, pues determinar si corresponde la revisión de la sentencia del A-quo a efectos de la verificación del crédito es el resultado de la merituación de las probanzas de la causa, la que es ajena por completo a esta instancia de excepción, salvo el supuesto del absurdo, que en el caso no se ha demostrado. En consecuencia corresponde declarar formalmente inadmisible el recurso intentado.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, fundamentación suficiente, daños y perjuicios, monto de la indemnización, daño estético, daño moral
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: G., L. M. s/ Recurso de Inconstitucionalidad- Lesiones culposas (Expte.: C.S.J.  Nro. 2 año 1996)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-12-11

En lo atinente a los reparos esgrimidos en derredor de los rubros indemnizables que debían contemplarse y al modo en que la Alzada verificara su cómputo, no transponen la valla de admisibilidad aquellos dirigidos hacia la falta de fundamentación que exhibiría el decisorio con relación a los rubros "daño estético" y "daño moral" desde que no resulta atendible la aseveración formulada por el impugnante respecto de que el daño estético no se encuentra suficientemente fundado, toda vez que la Cámara apoyó su decisión en el testimonio de un médico, como así también en las fotografías incorporadas a la causa para concluir que la secuela del accidente resultaba "innegable" y que, por ende, "la razonabilidad de la pretensión ... se corresponde con la importancia del daño". Lo mismo puede decirse del agravio esgrimido en relación a las razones que diera la Cámara para determinar el "daño moral" desde que, no obstante su brevedad, lo cierto es que el Tribunal al afirmar en relación a este tópico que el monto estimado en ese concepto resultaba justo "teniendo en cuenta que el accidente repercutió en el espíritu de los padres del menor causando indudablemente un dolor muy profundo en su ánimo", alcanza a satisfacer las exigencias de fundamentación suficiente emanadas del artículo 95 de la Constitución provincial. (De la Ampliación de Fundamentos del Dr. Falistocco)
Competencia penal, ofensas vertidas en juicio
Materia: PENAL
Carátula: CONTRERAS JOSE A. s/ PROMUEVE QUERELLA POR INJURIAS C/ FRANCISCO RODRIGUEZ S/ CASACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1994-08-25

El art. 115 del C. Penal, los sujetos que pueden ofender por esta norma son los litigantes, apoderados o defensores, admitiéndose la exención sólo si las ofensas son proferidas ante los tribunales. Es decir que, como elemento objetivo, comprende solamente los escritos, discursos o informes producidos ante los tribunales, vocablo al que corresponde ceñirse y sólo refiere a los órganos judiciales.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Pérez, Carlos Francisco s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-02-16

Los recursos extraordinarios previstos en el art. 479 del Código Procesal Penal, sólo proceden contra las sentencias definitivas, entendiendo como tales a las que terminan la causa o hagan imposible su continuación o las que, recayendo sobre una cuestión incidental, producen ese mismo efecto respecto de la causa principal (art. 161 inc. 3 a) y b) de la Constitución de la Provincia, 19, 479 y 482 del Código citado. El pronunciamiento del Tribunal de Casación, que declara inadmisible el recurso que cuestiona el auto de prisión preventiva y plantea la nulidad de las pericias, no encuadra en modo alguno en el supuesto precedentemente indicado. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Contrato de obra pública, daños y perjuicios, responsabilidad del Estado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: J.J. Chediak S.A. c/ Estado Nacional (Fuerza Aérea Argentina) s/ nulidad de resolución.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-27

El art. 39 de la ley 13.064 solamente pone a cargo de la administración la reparación de los perjuicios ocasionados al contratista por actos de la propia comitente o por acontecimientos de origen natural extraordinarios, procurando de tal modo mantener el equilibrio financiero del contrato.
Situación del imputado, libertad provisional
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: G, E s/ LIBERTAD PROVSIONAL DENEGADA      EXPTE NRO 35-90
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-03-02

El estado de libertad previsto por el artículo 497 del Código Procesal Penal tiene sus propias excepciones y no corresponde aplicar en esa situación las normas obstaculizadoras de la libertad provisional que -como la del artículo 338 inciso 3 del Código Procesal Penal- no coinciden con aquélla.
Daños y perjuicios, daño moral, responsabilidad contractual, procedencia del recurso, automotores, error de tipo, teoría de la frustración, personas con discapacidad, responsabilidad del fabricante, responsabilidad del vendedor
Materia: CIVIL-PROCESAL-PENAL-COMERCIAL
Carátula: Montonati, Marcelo Maximiliano  c/ Volkswagen Argentina SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-09

Ello así, en razón de las particularidades que concurren en la especie pues, por una parte, el error en que incurriera la demandada (expresivo de un incumplimiento contractual suyo) ya ha provocado una extensa indisponibilidad que permanecerá, obviamente, hasta que se lo rectifique, y, por otra parte, fue acreditado que el hijo del actor posee certificado de discapacidad, habiéndosele concedido por ello el "símbolo internacional de acceso" que acredita derecho a libre tránsito y estacionamiento vehicular.