Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-12-29


SENTENCIA DEFINITIVA NRO. 87350 CAUSA NRO. 39.630/2008 AUTOS: "DI MEGLIO MAXIMILIANO LUIS DAMIAN C/MAPEMFI S.A. Y OTROS S/DESPIDO". JUZGADO NRO. 55 SALA I En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 29 días del mes de diciembre de 2.011 , reunida la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y de acuerdo a la correspondiente desinsaculación, se procede a votar en el siguiente orden:

La Dra Gloria M. Pasten de Ishihara dijo:

I.	La sentencia de fs. 614/628 ha sido recurrida por las codemandadas Renault Argentina S.A. y Plan Rombo S.A. de Ahorro para Fines Determinados S.A. a fs. 636/641 y MAPEMFI S.A. a fs. 645/668 y por el actor a fs. 677/681. También apelan los honorarios que se les regularan el perito médico a fs. 629 y la perito contadora a fs. 630.

II.	La coaccionada Mapemfi S.A. cuestiona en primer lugar que en origen no se hubiera expedido acerca de la fecha de ingreso que invocara el actor en su demanda (21/1/2007), señalando al efecto que el actor ha resultado contradictorio sobre el punto y que no existe prueba que acredite que éste hubiera trabajado durante el año 2007.	Considero que asiste razón a la recurrente en este punto por cuanto no sólo es cierto que el accionante ha mencionado diversas fechas de ingreso durante el intercambio epistolar sino que no se produjo prueba concluyente de que hubiera acontecido el 21 de enero de 2007. Al respecto, observo que tanto en los TCL cuyas copias obran a fs. 5/6 y en la actuación cumplida ante el SECLO (fs. 14) el reclamante denunció como fecha de ingreso el 24/01/08, la que concuerda con la indicada por la empleadora y, además no existe prueba alguna que permita establecer que el actor hubiera prestado servicios para la demandada antes de esta última fecha.

Consecuentemente, cabe establecer que el ingreso del Sr. Di Meglio tuvo lugar el 24/1/2008, acogiéndose el agravio en este aspecto.	III.	También se refiere esta codemandada al distracto y las diversas causales que invocara el reclamante para considerarse despedido.	La recurrente alude a la orfandad probatoria acerca de cada uno de los hechos que se invocaran durante el intercambio epistolar.

En lo que respecta a la actividad del actor, la accionada mantiene su postura acerca de que sólo era vendedor de planes de ahorro y que jamás realizó otras actividades como venta de automóviles nuevos y usados, remitiéndose a lo que surge de la documental, informe pericial y testigos de su parte.

En la sentencia apelada se ha considerado acreditado que el demandante se desempeñaba en la categoría de vendedor de automóviles y no en la de vendedor de planes de ahorro como estaba registrado, haciéndose referencia en concreto a los dichos de Córdova (fs. 403/405), López (fs. 406/407), Vera (fs. 413/414) y Ledesma (fs. 457 I/459 I). La Sra. Juez de la instancia anterior expresó que los testigos fueron categóricos al señalar que el actor no sólo vendía planes de ahorro sino también autos 0 km. y usados, lo que se encuentra corroborado con el informe de la perito en sistema y con la pericia contable. Así refiere que la perito en sistemas indicó que en la actualidad la demandada en su página web ofrece además de planes de ahorro, autos nuevos y usados y que de la pericia contable se desprende que la demandada toma en consignación autos usados para lo cual utiliza mandatos de venta como el acompañado en el Anexo VI de la pericia. Estimo que los argumentos expuestos en el memorial recursivo no bastan para descalificar este aspecto del decisorio. No configura elemento relevante que en la documentación aportada por la demandada no obren constancias de ventas de automotores o de liquidación de comisiones por tales ventas dado que la documentación compulsada a través del dictamen pericial es llevada en forma unilateral por la empresa sin intervención del trabajador. Además, cabe tener en cuenta que en la disciplina laboral rige el principio de la primacía de la realidad, por lo que las constancias formales no pueden prevalecer sobre los hechos concretos.

Por otra parte, cabe observar que la accionada efectúa una crítica global a la prueba testimonial por no haber identificado una operación concreta de venta y sobre el punto destaco que resulta insuficiente efectuar una remisión genérica a la prueba testimonial, sino que quien se agravia debe individualizar a los declarantes y examinar con precisión lo que los testigos dijeron (cfe. esta Sala "en re" "Díaz Oscar c/Valeriano Cohen e Hijos S.A.", S.D. 56.978 del 10/4/89) para demostrar que los relatos resultan inconsistentes o para dar bases jurídicas que lleven a un distinto punto de vista. En tal inteligencia, también resulta insuficiente la mención acerca de que los testigos de la demandada son contundentes.

Si bien al final del escrito de expresión de agravios intenta una crítica contra las declaraciones de Ledesma, Córdova y Vera, puede apreciarse que se trata de aspectos secundarios que no invalidan sus dichos. En el caso de Ledesma, se argumenta que ha mentido, pero en base a consideraciones subjetivas e introduciendo explicaciones que no fueron materia del responde (como la existencia de vehículos prestados que se encontraban en exhibición). De igual manera, el intento de descalificar a Córdova resulta infructuoso pues su crítica se basa en la mendacidad del dicente. Por lo demás, el escaso tiempo trabajado no obsta la validez de los dichos en cuestión, debiendo tenerse en cuenta que los sucesos laborales se dan en una comunidad de trabajo y por eso quienes participan de ella son los que pueden aportar datos al respecto y en muchas ocasiones la prueba testimonial constituye el único elemento de convicción del cual depende el magistrado/a para esclarecer la cuestión en debate (arts. 386 y 456 del CPCCN).

Los demás argumentos que esgrime la demandada no fueron introducidos oportunamente al momento de la traba de la litis. En tal sentido, observo que nada dijo en su responde sobre una actividad actual de venta de vehículos ni se brindaron explicaciones oportunas sobre la publicación en Internet y ni siquiera aclaró a partir de cuándo tomó en consignación autos usados.

Por otra parte, no encuentro atendible la petición para que se produzca una prueba informativa como medida para mejor proveer. La producción de prueba ante esta alzada reviste carácter excepcional y, en tal inteligencia, su procedencia debe evaluarse con criterio restringido, a fin de no vulnerar el principio de congruencia (ars. 34, inc, 4, 163 inc. 5 y 277 C.P.C.C.N.), ni el derecho de defensa en juicio de la contraria (art. 18 C.N.) (Confr. esta Sala in re "Cañisales Juan Daniel c/Romani Carlos Cesar y otros s/despido", S.D. 86.038 del 12/7/10).

En cuanto a los demás argumentos esgrimidos en el apartado b) 1), tengo en cuenta que es jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que no resulta necesario seguir a las partes en todas y cada una de sus argumentaciones, bastando hacerse cargo de las que resulten conducentes para la decisión del litigio (Fallos 272:225; 274:113; 276:132; 280:320) y, con tal base, no los encuentro eficaces para rebatir la valoración realizada precedentemente.

Consecuentemente, no puede prosperar el planteo esgrimido en este punto de la queja.	IV.Otro punto al que alude en sus agravios esta codemandada es el referido a la categoría y salario del accionante.	La recurrente hace referencia al salario de los vendedores de planes de ahorro y también invoca argumentos relativos a la falta de profundización de la sentenciante de grado al valorar las categorías de los vendedores de planes de ahorro y de los vendedores de autos, argumentando que no puede considerarse que una sea superior o inferior a otra. Sin embargo, en el responde nada se dijo sobre el punto y, por ende, se trata de un tema ajeno a la litis, por lo que no corresponde su tratamiento por esta alzada (art. 277 del CPCCN).

Por lo demás, la afirmación acerca de que no se analizó ni se aplicó debidamente el CCT 379/2004 también luce inoportuna en tanto no se formularon planteos en este aspecto al momento de la traba de la litis. Asimismo, la crítica se sustenta en apreciaciones subjetivas y una situación fáctica que no se compadece con lo resuelto en el considerando anterior, donde se descartó la defensa de la demandada acerca de que sólo vendía planes de ahorro para automotores y que no realizaba operaciones de ventas de vehículos.

Por ello, lo expresado en el apartado b) 3) tampoco tiene virtualidad para conmover lo decidido en origen.	V.En cuanto a la admisión de las horas extras, considero que debe confirmarse lo resuelto en primera instancia.	La "A- quo" tuvo por acreditada la prestación en horas extraordinarias con las declaraciones de Córdova, López, Vera y Ledesma, señalando que de las mismas se infiere que el actor prestaba servicios desde la 9 hasta las 20 horas, jornada que en varias oportunidades se extendía hasta las 22, sobre todo cuando debía cumplir tareas en el stand de ventas del shopping Alto Avellaneda. Respecto de estos testimonios no se ha formulado una crítica concreta y razonada en el memorial recursivo. Consecuentemente, cabe admitir que a través de ellos se encuentra suficientemente acreditada la realización de las horas extras reclamadas.	No se observa que los dichos de los testigos ofrecidos por la demandada puedan controvertir lo antes expresado. Sin perjuicio de señalar que Romero (fs. 454 I/456 I) y Cabaleiro (fs. 504/505) ostentan cargos jerárquicos en la demandada, lo que impone un análisis riguroso de los mismos, cabe observar que hacen una referencia genérica a la ausencia de realización de horas extras, sin controvertir concretamente lo expresado por los testigos de la otra parte que dan cuenta de la prestación cumplida por el actor en diferentes momentos de la relación laboral y que bastan para otorgar credibilidad a la jornada invocada en el escrito inicial. Sobre el punto, cabe tener en cuenta que los testigos del actor son personas que han compartido la prestación con éste o lo han visto concretamente dentro del horario que refieren, lo que les otorga suficiente eficacia convictiva.

Por lo demás, el cuestionamiento acerca de la cuantía de este reclamo no lo encuentro atendible. Al respecto cabe tener en cuenta que los cálculos realizados en la liquidación de fs. 57vta. han sido efectuados computando como fecha de ingreso el 24/1/08, por lo que no se advierten razones para modificar el cálculo en este punto. Asimismo, aún cuando pueda aceptarse que durante la licencia por accidente no hubo prestación por parte del actor, cabe tener en cuenta que durante este tipo de licencias la remuneración no puede verse reducida y, por ende, el trabajador debe percibir el mismo sueldo o el jornal que cobraba al momento de interrumpirse la prestación y al efecto deben incluirse las horas extras que venía desarrollando en forma habitual.

De igual manera, corresponde adicionar el valor de las horas extras a la base salarial utilizada para liquidar los rubros indemnizatorios y salariales por los que ha prosperado el reclamo. En el caso considero que la fijación de un importe mensual de $ 862 no ha quedado desvirtuada por las afirmaciones genéricas del memorial recursivo, por lo que debe mantenerse lo resuelto sobre el punto.	VI.	De conformidad con lo antes expuesto, cabe tener por configurada la existencia de injuria suficiente para justificar el despido indirecto conforme lo normado por el art. 242 de la L.C.T.

Ello así pues, como lo señala la "A quo", se acreditó la prestación de horas suplementarias (que se encuentran impagas) y la falta de reconocimiento de la verdadera categoría del reclamante, lo que configuran incumplimientos graves por parte de la empleadora que han tornado imposible la continuidad del vínculo.

Consecuentemente, debe mantenerse la condena al pago de las indemnizaciones por despido. También debería confirmarse la condena al pago de diferencias salariales por los meses de junio, julio y agosto de 2008 por cuanto, como se indica en el fallo, las mismas han sido establecidas entre los mínimos garantizados de una categoría a otra. Ello no implica arbitrariedad pues la accionada ha reconocido haber remunerado a su dependiente conforme la categoría de vendedor de planes de ahorro cuando debió hacerlo conforme la de vendedor de automóviles, generándose así las diferencias consignadas en el fallo y que no lucen descalificadas por los términos genéricos de los agravios. VII.	Las codemandadas Renault Argentina S.A. y Plan Rombo S.A. de Ahorro para Fines Determinados S.A. se alzan contra el fallo porque se las ha condenado solidariamente al considerarse acreditados los presupuestos fácticos para la aplicación del art. 30 de la L.C.T.

Las recurrentes argumentan que ellas elaboran productos (Renault Argentina fabrica automóviles y Plan Rombo desarrolla planes de ahorro para fines determinados) y Mapemfi S.A. mantiene con Plan Rombo S.A. de Ahorro Para Fines Determinados un contrato de agente por lo que de trata de un comerciante o industria que vende su producción a otro comerciante quien, a su vez, la coloca en su clientela.	La sentenciante de grado ha considerado que la venta de planes de ahorro desarrollada por Mapemfi S.A. forma parte de la actividad propia y específica de las codemandadas Plan Rombo S.A. y Renault Argentina S.A. ya que resulta inescindible de la actividad realizada por estas últimas e integra sus procesos productivos.

Al respecto estimo que la empresa Mapemfi S.A. intervenía en una de las etapas de comercialización del producto que elaboraba Renault Argentina S.A., consistente en la venta de planes de ahorro de grupos cerrados que administraba Plan Rombo S.A.. En tal sentido, se observa que por la gestión realizada por el Sr. Di Meglio se obtenía la suscripción por parte del eventual comprador del plan de ahorro y de acuerdo a la operatoria establecida, dicha solicitud era enviada a la administradora para su aceptación y posterior agrupación, conformándose así los respectivos grupos del plan de ahorro.

De tal modo, resulta que la administradora contrataba con concesionarios con el fin de llevar al público los planes de ahorro que constituían el objeto social de la empresa. Es decir que la codemandada Plan Rombo, valiéndose de otra empresa y sus agentes, establecían entre todas un circuito comercial cuyo objetivo final es la conformación del grupo que adherentes al plan de ahorro y ello implica un encadenamiento del que no puede escindirse ninguna de las actividades de cada una de las empresas intervinientes en la operatoria.

En tales condiciones, concuerdo con lo decidido en origen acerca de la existencia de responsabilidad solidaria, por lo que este aspecto de la queja deber ser desestimado.

Por otra parte, la responsabilidad solidaria prevista por el art. 30 de la L.C.T. se extiende a todas las obligaciones derivadas del contrato de trabajo, lo que comprende el pago de la multa del arts. 2 de la ley 25.323. (V. mi voto en la causa "Bustamante Matías Gastón c/ Synapsis Argentina SRL y otro s/ daños y perjuicios", SD 86742 del 23/junio/1011 del Registro de esta Sala) ; en cambio con relación a la cuestión referida a la indemnización prevista por el art. 80 de la L.C.T., si bien en casos análogos he sostenido que la responsabilidad solidaria prevista por el art. 30 de la LCT se extiende a todas las obligaciones derivadas del contrato de trabajo, dado que mis distinguidos colegas se han expedido en forma contraria, tal como se puede apreciar en el precedente "Bringas Miriam Beatriz c. Lekryzon S.A. y otro s. Despido", S.D. 86193 del día 8-10-10 (v. mi voto en "Lucero Julio César c/Plataforma Cero S.A. y otros s/ despido" Expte. Nº 2067/04, Sent. Def. Nº 86737 del 23/06/11 del registro de esta Sala) y por ende conforman una opinión mayoritaria que sostiene que la solidaridad crediticia de la norma citada no alcanza a la obligación de hacer instituida por el art. 80 de la L.C.T. porque el responsable solidario no se convierte en empleador y por ende no está en condiciones de extender certificaciones sobre la base de registros que no tenía obligación de llevar ni conservar, de allí que la obligación es de cumplimiento imposible, consecuentemente, corresponde modificar lo resuelto en origen y extender la condena solidariamente a Renault Argentina S.A. y Plan Rombo S.A. de Ahorro para Fines Determinados por la suma de $32.600,23 con más los intereses dispuestos en origen que llegan firmes a la Alzada. Por lo expresado, los agravios expresados por las citadas codemandadas prosperarán en la medida indicada.

VIII.	También se agravia la codemandada Mapemfi S.A. porque se admitió el reclamo por accidente de trabajo.	La recurrente sostiene que si bien es cierto que al notificar el empleado un supuesto traumatismo en el "codo derecho" lo derivó a la ART, no fue admitido por su parte el accidente, la mecánica y la supuesta responsabilidad. Convengo con la sentenciante de grado que la producción del accidente está conformada por el propio autor del hecho, Sr. Moreno (fs. 460 I/463 I) que precisamente se trata de un testigo ofrecido por la propia demandada y respecto del cual no se han formulado objeciones sobre su credibilidad. Además, cabe tener en cuenta que los términos ambiguos empleados a fs. 162 en relación al evento acontecido el día 23 de julio de 2008 no configuran una negativa expresa y concreta de la existencia de un accidente. También se aprecia que no existió un rechazo expreso por parte de la ART en los plazos previstos en el art. 6º del decreto 717/96 acerca de la pretensión por no haber acontecido el accidente.

Sentado ello y aún cuando no se hubiere demostrado concretamente la mecánica del accidente denunciada en la demanda, cabe destacar que, cuando el damnificado es un trabajador dependiente y el hecho que produjo el daño cuya indemnización se demanda ocurrió en ocasión y lugar del servicio laboral que aquél prestaba a su empleadora, no puede prescindirse, a los fines de la apreciación de la responsabilidad, del principio objetivo que emana del artículo 1113, 1° párrafo del Código Civil y en ese marco basta que el damnificado pruebe el daño y el obrar de un dependiente de la demandada para se torne operativa la citada responsabilidad objetiva.

En consecuencia, cabe estar a lo decidido en origen sobre el punto.	Por otra parte, el cuestionamiento efectuado acerca de la incapacidad establecida tampoco puede prosperar por cuanto para apartarse de la valoración del perito médico, debe encontrarse sólidos argumentos, pues se trata de un campo del saber ajeno a las personas de derecho y aunque no son los peritos médicos los que fijan la incapacidad, sino que ella es sugerida por el experto y determinada finalmente por quien juzga, basándose en las pruebas que surgen del expediente y las normas legales de aplicación, su informe resulta el fundamento adecuado para la determinación de la minusvalía que se ordena reparar. En consecuencia, ante las meras manifestaciones de disconformidad de la apelante y en tanto no se aportan baremos referenciales, bibliografía o fundamentos científicos que refuten las sólidas conclusiones de la pericia, debe también mantenerse el grado de incapacidad tenido en cuenta en el fallo de grado.

El agravio acerca del monto de la reparación será tratado conjuntamente con el cuestionamiento de la parte actora expuesto en su segundo agravio.	IX.	El actor, por su parte, en su primer agravio cuestiona el rechazo del daño moral.	En la demanda se denunció hostigamiento de la demandada hacia el actor por intermedio de su gerente Sr. D. R. quien cambiaba los destinos hacia otros más alejados en forma intempestiva y que ejercía maltrato psicológico y ante las protestas del trabajador lo trataba con calificativos verdaderamente agraviantes a su dignidad personal tales como "qué te pasa Borracho", "sos un mediocre" y "te voy a cansar hasta que renuncies", llevando la situación al límite de la tolerancia cuando el Sr. Javier Moreno embistió al actor con una camioneta (ver fs.53vta.).

En tal sentido, observo que el testigo Córdova (fs. 403/404) alude al maltrato por parte del gerente, señalando que éste le dijo al actor "que lo iba a secar como una pasa de uva", lo que sabe por haberlo escuchado y también expresa que en su presencia le dijo a Di Meglio que "lo iba a cansar hasta que renuncie, que era un borracho, que era un mediocre". Dicho aspecto del testimonio en cuestión no fue impugnado expresamente por la accionada. En tanto Vera (fs. 413/414) señaló que el gerente decía a los vendedores que eran "mediocres" y que "los voy a secar como una pasa de uva".

Conforme a lo expuesto y constancias analizadas (arts.386 del CPCCN), tengo debidamente acreditada la existencia de un supuesto de violencia laboral configurado por una conducta persecutoria, abusiva e injuriosa a la que fue sometido el actor en la relación laboral, compatible con lo que se hiciera referencia en el escrito inicial, menoscabándolo en su ámbito laboral y lesionando sus legítimos derechos en violación a derechos humanos fundamentales como la dignidad y el honor y el deber de no dañar (arts. 63, 68 y conc. de la Ley de Contrato de Trabajo, 1º de la Ley 23592 y 14,14 bis, 16, 19 y 75 inc.22 de la Constitución Nacional), derechos que le corresponden en su condición de ser humano y de persona trabajadora (art.4 de la L.C.T.), por lo que se impone receptar el reclamo en concepto de daño moral ( arts.1071,1072 y 1078 del Código Civil), revocando la sentencia en este aspecto y en virtud de lo normado por el art.165 del CPCCN, estimo justo y equitativo fijar la indemnización en la suma de $ 10.000. .

En cuanto a las demás alegaciones del memorial recursivo, tengo en cuenta que es jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que no resulta necesario seguir a las partes en todas y cada una de sus argumentaciones, bastando hacerse cargo de las que resulten conducentes para la decisión del litigio (Fallos 272:225; 274:113; 276:132; 280:320) y, con tal base, no las encuentro eficaces para rebatir la valoración realizada precedentemente.

X.	El segundo agravio del accionante se refiere al rechazo de la reparación por afección psicológica.	La sentenciante de grado consideró que de los términos de la pericia psicológica se desprende que el trastorno depresivo que presenta el actor no ha sido generado ni por acoso psicológico ni por el accidente padecido, sino que es debido a la desvinculación del trabajo, el cual ya ha sido debidamente reparado con la indemnización por antigüedad que cubre la totalidad de los daños padecidos por el trabajador como consecuencia del distracto, destacando que tampoco se acreditó en autos la existencia de intención dolosa del autor del hecho en el evento traumático padecido por el actor.

La pericia de fs. 473/481 no fue impugnada por la parte actora. De la misma resulta que el actor presenta un estado de ánimo francamente depresivo, sensación intensa de malestar, ideación suicida, una exacerbación de hostilidad hacia el entorno, ideas de grandeza con cierta falta de consistencia interna, autoreferencias e ideas persecutorias. Ha valorado la experta que el sujeto ha perdido el trabajo y habría sido maltratado injustamente durante algunos meses y presenta un cuadro de descompensación muy severo, lo que implica pensar en una personalidad premórbida, con rasgos narcisistas y con tendencia al trastorno depresivo y paranoide y que la hostilidad del entorno laboral y el despido han contribuido fuertemente al agravamiento de dichas patologías. Es como que el sujeto es muy vulnerable frente a las adversidades del mundo externo y las hostilidades que habría recibido le sirven para reforzar las hipótesis de su ideación paranoide (en el sentido de sentirse perjudicado por los demás) y exacerban el trastorno (ver fs. 478). En base a ello puede concluirse que, si bien el despido actuó como un agente de colapso narcisista frente a una estructura megalómana y narcisista, no puede descartarse la incidencia de la hostilidad del entorno laboral, por lo que cabe reconocer su incidencia sobre la patología detectada.

Teniendo en cuenta que la concausa del daño es ajena al factor de responsabilidad que aquí se analiza, cabe hacer responsable a la empleadora sólo en la medida que ha actuado el hostigamiento o maltrato laboral sufrido para desencadenar o agravar la personalidad premórbida. Por ello, estimo que deberá responder por el 50% de la incapacidad fijada por la experta (10% de la total obrera), esto es, por un 5%.

Por consiguiente, a los fines indemnizatorios, cabe entender que el actor resulta portador de una incapacidad indemnizable del 8% que surge de adicionarle el porcentaje de incapacidad física (3%) determinado en la sentencia que llega firme a la Alzada , revocándose en este aspecto lo decidido en origen.	XI.	Sentado ello y valorando también el agravio que expusiera la accionada contra el monto de la reparación fijado en origen, señalo que para fijar este tipo de indemnización mediante la cual se pretende la reparación integral del daño causado a la persona trabajadora con sustento en las normas del Derecho Civil, no puede utilizarse únicamente fórmulas matemáticas preestablecidas y por ende, tampoco aplicarlas en su individualidad, sino que es necesario tomarlas como un indicio e incluirlas dentro de un cúmulo de circunstancias como el grado y tipo de incapacidad física y psíquica; las consecuencias derivadas de ésta en la actividad que desarrollaba o que desarrolle, su incidencia en la vida de relación; el trabajo realizado; el sexo, la edad a la época del infortunio, el estado civil, las cargas de familia, la expectativa de vida, sin que se pueda omitir que conforme ha señalado la Corte Suprema de Justicia de la Nación ".no se trata de medir en términos monetarios la exclusiva capacidad económica de las víctimas, lo que vendría a instaurar una suerte de justicia compensatoria de las indemnizaciones según el capital de aquellas o según su capacidad de producir bienes económicos con el trabajo, puesto que las manifestaciones del espíritu también integran el valor vital de los hombres" y "..que los porcentajes de incapacidad estimados por los peritos médicos.no conforman pautas estrictas que quien juzga deba seguir inevitablemente pues que no sólo cabe justipreciar el aspecto laboral sino también las consecuencias que afecten a la víctima, tanto desde el punto de vista individual como desde el social." (CSJN, 21/9/2004 "Aquino Isacio c/Cargo Servicios Industriales SA s/Accidentes Ley 9688" A.2652.XXXVIII y "Recurso de Hecho Arostegui, Pablo Martin c/Omega Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y Pametal Peluso y Compañía S.R.L. A 436 X.L, del 8/4/2008 ).

En orden a tales consideraciones, para fijar el importe del resarcimiento, tendré en cuenta que el damnificado al momento del infortunio contaba con 27 años, las características personales que surgen de las presentes actuaciones, el tipo y grado de afección que presenta, el tiempo de vida útil que le resta permanecer disminuido en el mercado de trabajo y sus perspectivas económicas; que padece una incapacidad laborativa del 8% t.o., su profesión habitual y que su remuneración es de $ 5.642,84 (fs. 622), así como el daño emergente y el lucro cesante en que todo ello se traduce (cfr. CNAT, Sala II, "Alvez Pereyra Ramón c/Servicios Forestales El Bosque SRL s/accidente", SD 94.182 del 27/4/2006, con cita de los fallos de la CSJN, "Audicio de Fernández c/Prov. de Salta" del 4/12/80, "García de Alarcón c/Prov. de Buenos Aires -Fallos 304:125 y "Badiali c/Gobierno Nacional", L.L.24/12/86).

Resta señalar, con respecto a la reparación del daño moral, que resulta procedente de acuerdo a la doctrina emanada del Fallo Plenario Nro. 243 de esta Cámara y a lo normado por el art. 1078 del Código Civil, respecto del cual considero que se halla configurado por toda lesión a los sentimientos o afecciones legitima de una persona o por los padecimientos físicos en que se traducen los perjuicios ocasionados por el evento y en definitiva, por la perturbación que de una manera u otra, incidió en la tranquilidad y el ritmo normal del damnificado (CNCiv. Sala E, diciembre 9-2004 "Mallon, Salvador Tito c/ Diario Electrónico Satelital S.A.s/daños y perjuicios).

Conforme a los parámetros expuestos sugiero que el monto del resarcimiento que corresponde por la vía civil ascienda a $290.000, desglosado en las sumas de $ 250.000 para resarcir el daño material y $ 40.000 en concepto de daño moral.

XII.	Finalmente, el planteo de inconstitucionalidad formulado en el tercer agravio de la actora no lo encuentro atendible.	La declaración de una norma de jerarquía legal constituye la más delicada de las funciones susceptibles de ser encomendada a un tribunal de justicia habida cuenta que se trata de un acto de suma gravedad institucional y debe ser considerada como última ratio del orden jurídico. Asimismo, la declaración de invalidez constitucional no debe proponerse en términos genéricos o teóricos (Fallos, 256:602; 264:53; 264:364) como los que se plantean en el memorial recursivo, requiriéndose no sólo la aserción de que la norma impugnada puede causar agravio constitucional, sino que se haya afirmado y probado que ello ocurre concretamente en el caso (Fallos, 252:328; 256:602), extremo este último que no reputo configurado en la especie.

XIII.	La forma de imposición de costas resulta acorde al resultado del pleito, por lo que deberá ser confirmada.	XIV.	Por último, los porcentajes de honorarios los encuentro acordes al mérito, calidad, eficacia y extensión de los trabajos cumplidos, al resultado del pleito y a lo normado por el art. 38 de la L.O. y disposiciones arancelarias de aplicación (arts.1, 6, 7, 8, 9, 19 y 37 de la Ley 21839 y art.3° inc.b y g del D.16638/57 ), por lo que también deberán ser mantenidos, dejándose aclarado que se calcularán sobre el nuevo monto de condena que propicio (incluyendo intereses).

XV.	En virtud de todo lo expresado, de prosperar mi voto, correspondería; 1º) Confirmar la sentencia apelada en lo principal; 2º) Revocar el fallo en cuanto rechaza el daño moral, el que se fija en la suma indicada en el considerando VIII y que llevará intereses conforme las pautas expuestas en primera instancia a cargo de los codemandados mencionados en el apartado 1) de fs. 627; 3º) elevar el monto de condena dispuesto en el apartado 4) a la suma expresada en el considerando XI, dejando establecido que la ART sólo será responsable solidaria por la suma de $ 5.400 en tanto la incapacidad psicológica no fue producto del accidente laboral; 4º) Fijar las costas de alzada a las demandadas vencidas en sus recursos (art. 68 CPCCN), regulando los honorarios de los profesionales de la actora y de cada codemandada, respectivamente, en el 27% y 25% de los que les correspondan por su actuación en la anterior etapa.

La Dra. Gabriela Alejandra Vázquez dijo:

Que adhiere al voto que antecede.

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, SE RESUELVE: 1º) Confirmar la sentencia apelada en lo principal; 2º) Revocar el fallo en cuanto rechaza el daño moral, el que se fija en la suma indicada en el considerando VIII y que llevará intereses conforme las pautas expuestas en primera instancia a cargo de los codemandados mencionados en el apartado 1) de fs. 627; 3º) elevar el monto de condena dispuesto en el apartado 4) a la suma expresada en el considerando XI, dejando establecido que la ART sólo será responsable solidaria por la suma de $ 5.400 en tanto la incapacidad psicológica no fue producto del accidente laboral; 4º) Fijar las costas de alzada a las demandadas vencidas en sus recursos (art. 68 CPCCN). Regular los honorarios de los profesionales de la actora y de cada codemandada, respectivamente, en el 27% y 25% de los que les correspondan por su actuación en la anterior etapa.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Gloria M. Pasten de Ishihara Gabriela Alejandra Vázquez Jueza de Cámara Jueza de Cámara Mab Ante mí:

Elsa Isabel Rodríguez Prosecretaria Letrada de Cámara En de de 201 se dispone el libramiento de cédulas. Conste.

Elsa Isabel Rodríguez Prosecretaria Letrada de Cámara En de de 201 se notifica al Sr. Fiscal General la Resolución que antecede y firma. Conste.

Elsa Isabel Rodríguez Prosecretaria Letrada de Cámara