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Garantías personales, beneficio de excusión, verificación de créditos
Materia: PENAL
Carátula: PAZ SARAVIA FANNY LILETT c/  s/ QUIEBRA S/ INCIDENTE DE REVISION DE CREDITO (POR FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA LEY 12726/12790 Y OTRO)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-02-10

Cabe recordar que, dentro de las garantías personales, el crédito del acreedor puede ser garantizado mediante la creación de un crédito contra un tercero y que, en tal caso, dicha acreencia puede ser accesoria (v.gr., fianza) o independiente (v.gr., aval, garantía a primera demanda, etc.), pudiendo el acreedor exigir al tercero el cumplimiento de la prestación a cargo del deudor, bajo condiciones diferentes según la modalidad de tal garantía. En la fianza convencional, el fiador goza del beneficio de excusión y, si existen varios fiadores, de división de la deuda entre ellos (CCIV 2024). Pero si el fiador asume su garantía con carácter solidario -como aconteció en la especie-, queda privado de dichos beneficios (CCIV 2004); el acreedor puede dirigirse directamente contra el fiador sin necesidad de ejecutar los bienes del deudor principal y puede demandar por el total a cualquiera de los fiadores. Pero la solidaridad no quita a la fianza su carácter de obligación accesoria y no hace al fiador deudor directo de la obligación principal (CCIV 2004) (conf. Borda, Guillermo, "Tratado de Derecho Civil. Contratos", T° II, Ed. Perrot, Buenos Aires, 1990, pág. 620) (conf. CNCom, Sala A, 17/08/2006, in re: "Peñaflor SA c/ Vottero, Blanca Rosa s/ Ordinario").
Recurso extraordinario, fundamentación de sentencias, aplicación temporal de la ley, Poder Judicial, funcionarios judiciales, médico forense, incompatibilidad de cargos, Corte Suprema de Justicia de la Nación, obligatoriedad del precedente
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MEDICOS FORENSES s/ RECURSO EXTRAORDINARIO - DECLARACION JURADA DE INCOMPATIBILIDAD  (EXPTE.: C.S.J. NRO. 785 AÑO 2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-05-26

No resulta admisible el agravio de los recurrentes (médicos forenses de los Tribunales de la Provincia) en cuanto señalan que no les eran aplicables los cambios introducidos a la Ley 10.160 por la ley 11.144 en las normas que regulaban sus funciones al momento en que ellos fueron designados, atendiendo en particular a que su sujeción a tales modificaciones encuentra aval bastante en la ausencia de normas transitorias en sentido contrario y en diversos principios comprometidos en el caso que determinan la inexistencia de una cuestión constitucional, no sólo porque conforme reiterada jurisprudencia de la Corte nacional el cambio en el régimen jurídico es un recurso legítimo que no vulnera la igualdad constitucional, y la modificación de las normas por otras posteriores no da lugar a cuestión constitucional alguna, pues nadie tiene derecho al mantenimiento de leyes o reglamentos, ni a la inalterabilidad de los mismos, sino además porque no existe afectación de derechos adquiridos cuando la aplicación de la nueva norma tan sólo afecta los efectos en curso de una relación jurídica, aun nacida bajo el imperio de la ley antigua; es decir que la ley derogada sólo rige respecto de los actos o hechos ocurridos durante ese tiempo y hasta la fecha en que entra en vigor la nueva ley, lo que descarta la inconstitucionalidad de una norma por su aplicación inmediata.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, prueba, delitos, autoría
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: D., R.; C., N.; M., J.; T., F., O.; H., CH.; B., O. s/ Queja por denegación del Recurso de inconstitucionalidad -Infracción  art. 89 Código de Faltas (Expte.: C.S.J. Nro. 229 Año 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-09-04

No cabe acoger los cuestionamientos de la recurrente en torno a la falta de acreditación de la autoría de los hechos imputados desde que la Cámara ingresó al análisis de los agravios vertidos en el recurso de apelación y concluyó que las imputaciones efectuadas se basaban en el resultado de la intervención efectuada al teléfono instalado en el domicilio de los imputados, de donde surgía ostensible e indudablemente el ejercicio de la actividad sancionada por la norma en la modalidad de aceptación de apuestas de quiniela no autorizada, y entendiendo que las desgrabaciones de la intervención telefónica resultaban a su vez idóneas para concretar el reproche en carácter de apostadores con distintos grados de habitualidad en el juego de quiniela a los imputados, habiéndose verificado que las apuestas involucradas se acreditaban efectuadas desde las líneas telefónicas que les pertenecían. Vale decir, más allá de que a la recurrente no la satisfaga, se efectuó una evaluación razonada de los elementos de prueba aportados a la causa y se brindaron los motivos por los cuales los imputados debían responder penalmente por los hechos enrostrados.
Corte Europea de Derechos Humanos, convenio europeo de derechos humanos, libertad de cultos, ejercicio de los derechos, control de razonabilidad, derechos humanos en la administración de justicia
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Asunto Francesco Sessa c. Italia - Derecho a manifestar la propia religión - Control de razonabilidad c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: Bajo Rin
Fecha: 2012-04-03

Corresponde destacar que el interesado no demostró haber sido presionado para cambiar sus creencias religiosas -el abogado a quien se le negó el pedido de modificación de dos fechas de audiencias por coincidir con festividades de su credo-, y aun considerando que tal negativa pudiera resultar una injerencia en el ejercicio de su derecho protegido por el artículo 9 del Convenio Europeo de Derechos Humanos -libertad de pensamiento, de conciencia y de religión-, en tanto se encuentra prevista por ley resulta justificada en atención a la protección de los derechos y libertades de los demás, especialmente el de los justiciables a beneficiarse del buen funcionamiento de la administración de justicia.
Propiedad intelectual, reproducción de fonogramas, cobro de aranceles
Materia: CIVIL
Carátula: AADI CAPIF ASOC. RECAUD. c/ PROP. HOTEL ALPINO s/ COBRO DE SUMAS DE DINERO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-01

El aprovechamiento económico de la difusión musical forma parte de la totalidad de la explotación hotelera, según los términos de la normativa (art. 35 del decreto 41.233/34, según el texto que estableciera el decreto N. 1670/74), que alude incluso a un "beneficio indirecto" derivado de la utilización pública, cualquiera sea el medio de comunicación, sea directo o indirecto. La amplitud de la regulación sólo se encuentra limitada, en principio, por el propio texto que excluye la compensación cuando se trate de utilizaciones ocasionales de carácter didáctico, o conmemoraciones patrióticas, en establecimientos que facturan la utilización dentro del concepto de "alojamiento, bar y confitería" en las respectivas habitaciones.
Administración Pública, empleados públicos, cesantía, estabilidad del empleado público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: LUCERO JOSE MARIA c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-06-06

Una medida segregativa (cesantía) respecto de un empleado público que no ha superado el período de prueba que fija el Estatuto del Empleado Público Provincial no afecta su derecho a la estabilidad, ya que el mismo exclusivamente durante el período de prueba, se halla condicionado a que la Administración Pública ejerza la facultad de dejar sin efecto la designación por estrictas razones de mérito oportunidad o conveniencia.
Muerte del trabajador, legitimación activa, competencia, oportunidad procesal, competencia por la materia
Materia: LABORAL
Carátula: Castaño, Elsa Esther c/ Enrique J. Sere S.R.L. s/ Indemnización por muerte
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-10-22

Cuestionada la legitimación activa del accionante con fundamento en la ley 9688 sin objetarse la competencia del Tribunal del Trabajo el que tampoco se inhibió de oficio respecto del reclamo fundado en la ley civil, la competencia para el tribunal y las partes queda definitivamente fijada (art.6 decreto ley 7718/71).
Despido, injuria laboral, obligación de seguridad
Materia: LABORAL
Carátula: Brunacci, Eddie c/ EG3 S.A. s/ Despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-09-26

Carece de andamiaje la pretensión de la accionada de eximirse de la vigencia del deber de seguridad a su cargo respecto de quien pone a su servicio la fuerza de trabajo, bajo la mera invocación de un estado de inseguridad general, frente a la justificada intimación del actor acerca de que adoptara alguna medida- por mínima que fuera- tendiente a conjurar los reiterados asaltos o al menos la posibilidad de agresiones al demandante, tales como la instalación de rejas adicionales, vidrios de seguridad o alguna de los tantos tipos de alarmas existentes en el mercado.
NICARAGUA, Responsabilidad internacional del Estado por actos de particulares, gastos médicos, daño psíquico, reparación integral, modalización del cumplimiento de la sentencia, plazo de cumplimiento, daño moral
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso V.R.P., V.P.C. y Otros Vs. Nicaragua S/ Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2018-03-08

Atento la grave afectación a la integridad personal sufrida por la niña que padeció abusos y violencia sexual a manos de su padre -absuelto en un juicio por jurados que actuó con vicios de parcialidad-, y el sufrimiento de sus familiares que perdura en el tiempo, con cambios significativos en sus vidas y relaciones personales y sociales que concluyeron en la imperiosa necesidad de abandonar el país debido a la violencia institucional sufrida, corresponde que la Corte Interamericana ordene el pago de varias sumas de dinero en dólares estadounidenses, en concepto de gastos por tratamiento médico, gastos conexos y atención adecuada en el lugar donde residan, debiendo Nicaragua cumplir con dicho deber en el término de un año, contado a partir de la notificación de la Sentencia que declara su responsabilidad internacional por violación a la Convención Americana.
Concursos, homologación del acuerdo, rechazo del acuerdo preventivo
Materia: COMERCIAL
Carátula: Ancers SA c/  s/ concurso preventivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-05-24

Procede confirmar la resolución que resolvió no homologar la propuesta de acuerdo preventivo presentada por el concursado por considerarla abusiva, y concedió a la deudora un plazo de treinta (30) días para readecuarla. Ello así, este Tribunal comparte como criterio de carácter general el que la ley debería resguardar la satisfacción de un porcentaje mínimo del crédito, en los acuerdos en los que se ofrece el pago con quita. Ahora bien, aunque la actual solución legal elimina el porcentaje mínimo de repago del pasivo concursal, en el caso, ha mediado una formal oposición a la homologación de la propuesta del deudor por parte del Ministerio Público Fiscal y dicho planteo conduce, inexorablemente, a que esta Sala deba realizar un control de mérito del contenido intrínseco y/o de las condiciones económicas de la propuesta. En ese marco, se estima, que la propuesta no resguarda las exigencias mínimas de integridad patrimonial que cabe requerir, ni se muestra congruente con los principios del orden público, el interés general y las finalidades propias del orden público concursal. Es que debe ponderarse que a una quita del 40% se le agrega una espera de más de un (1) año desde que adquiera firmeza la homologación y un plazo de cumplimiento de cinco (5) años, sin el consecuente pago de intereses compensatorios adecuados, habida cuenta que la concursada ofreció abonar sólo intereses equivalentes a la tasa pasiva que cobra el Banco de la Nación Argentina, los cuales, en el contexto económico actual, no aparecen razonablemente retributivos de la pérdida del valor adquisitivo de la moneda como para resguardar el valor presente de la propuesta realizada, al tiempo de su cumplimiento, en un lapso tan dilatado.
Honorarios del abogado, trabajo inoficioso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Homar de Llense, A.E. s/ Sucesión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-05-24

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires estableció que, no debe considerarse para la regulación de honorarios practicados por la Corte, la memoria agregada por la contraparte de la recurrente que hace referencia a temas absolutamente ajenos a lo que ha sido materia de agravios en la instancia extraordinaria, por ser dicha memoria inoficiosa y distraer su específico destino procesal.
Prueba, carga
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: IBARRA, LILIAN MARGARITA c/ SINGARELLA, RAUL MAURO s/ RESTITUCION DE COSA DADA EN COMODATO RESTITUCION DE COSA DADA EN COMODATO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2001-06-04

Estando controvertido el derecho invocado por las partes, debe aplicarse el principio procesal por el cual corresponde a la parte que invoca el hecho o el derecho discutido, la carga de la prueba de tales circunstancias, debiendo acreditar el presupuesto de hecho o de la norma o normas que invoquen como fundamento de su pretensión, defensa o excepción.
Recurso de inconstitucionalidad, procedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: ESTRELLA, ADRIAN JAVIER s/ QUEJA POR REC. DE INCONST. DENEGADO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2005-02-15

El recurso de inconstitucionalidad solamente procede respecto de pronunciamientos definitivos, siéndoles asimilables los que imposibiliten la continuación del proceso, provoquen agravios de imposible o insuficiente reparación ulterior, o cuando lo decidido en ellos revista gravedad institucional. La ausencia de ese carácter no puede ser suplida por la invocación de garantías constitucionales supuestamente vulneradas, ni por la pretendida arbitrariedad de la decisión.
Recurso de queja (procesal), sentencia condenatoria, juicio abreviado
Materia: PENAL
Carátula: Castro, Gabriel Gustavo s/ recurso de queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-16

Más allá de que en el caso la defensa incluyó voluntariamente en el acuerdo con el fiscal su conformidad con la pena solicitada, pese a que no es requisito de procedencia del instituto, la fundamentación de lo decidido en este aspecto en la sentencia es pasible de ser revisado por esta Cámara por la vía del recurso de casación.
Multa tributaria, prueba
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Toyota S.A. c/ Administración Tributaria Mendoza s/ Acción Procesal Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2023-03-02

Para la configuración de la multa por omisión fiscal, se requiere el dolo o culpa del responsable, no bastando la sola prueba de la realización de la conducta reprimida.
Extradición, tipo penal, Estado requerido
Materia: PENAL
Carátula: Herrero Gallego, Lucas Martín y otros c/  s/ extradición
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-11

La tarea de subsunción en la legislación nacional presenta ciertas características peculiares, específicas de la naturaleza del proceso de extradición; la doble subsunción no se realiza en un mismo plano, pues mientras que el examen de la adecuación a un tipo legal del país requirente se efectúa sobre la base de un hecho hipotético que ese país pretende probar, el examen de su adecuación a un tipo legal del país requerido se efectúa sobre la base de que ese hecho, hipotéticamente, cayese bajo su ley, es decir, mientras que para el país requirente la existencia del hecho es hipotética, para el país requerido lo hipotético es que el hecho caiga bajo su jurisdicción. - Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite -
Proceso penal, sentencia, descripción de los hechos, recurso de casación, improcedencia del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Arnaldo Partia y Labid, Morcos en causa nro. 150/97 Bulacios, Gerónimo Meliton-Homicidio simple s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1998-09-16

La falta de determinación del cómo, el cuándo y el dónde se produjo un hecho delictivo, sirve como argumento casatorio cuando el Tribunal de sentencia cuenta con un plexo probatorio para precisarlos y no los precisa.

De ello se infiere que cuando el fallo, desde el análisis de la base fáctica, llega a conclusiones de certeza aunque no con exactitud, no debe quebrarse.

En el caso se está ante un cadáver totalmente destrozado en el que se utilizó ácido ya sea para matar o para desfigurar. Si se aceptase el criterio del recurrente habría que decir que no hay que matar, pero si matas, hazlo de manera tal que no se sepa dónde, cuándo ni cómo en forma precisa porque si no serás condenado.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, honorarios del abogado
Materia: PENAL
Carátula: Ugalde, Sandra Luciana s/ Denuncia
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-02-22

Si bien contra las decisiones de los tribunales colegiados que regulan honorarios no son admisibles los recursos extraordinarios, tal limitación está referida a la regulación en sí misma, tanto respecto a su monto como a las bases o pautas ponderadas por el tribunal de grado para llegar a su determinación quedando abierta la posibilidad de conocer en esta materia cuando los agravios están dirigidos a otros aspectos que pueden ser abordados a través del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, como en el caso de autos, en que se cuestiona una presunta ilegal actualización de honorarios ya regulados.
Recurso contencioso administrativo, honorarios, base regulatoria, recurso de reposición (procesal), juicio
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Litoral Gas S.A. c/ Municipalidad de Arroyo Seco s/ Recurso contencioso administrativo. Ley 11.330. Regulación de   honorarios- Revocatoria (Expte. C.S.J. Nro. 172 Año 1999)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-03-20

No puede prosperar la revocatoria intentada contra el auto regulatorio de honorarios cuando se equivoca la recurrente al afirmar que la cuantía económica del proceso está dada por el monto de la multa impuesta por la Municipalidad demandada, ya que por el contrario, lo reclamado excedía dicha esfera, ya que la solicitud esgrimida, que tuvo respuesta jurisdiccional negativa, incluía la suspensión de la ejecución de los decretos municipales que, concretamente establecían lo que la actora adeudaba en concepto de Derecho de Ocupación del Dominio Público, con más sus intereses y la aplicación de la multa por defraudación fiscal. En consecuencia, la base económica del presente proceso, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 8 de la ley 6767, será la cantidad reclamada en la demanda o en la reconvención o la que resultare de la sentencia si fuera mayor...", lo constituía la suma de los importes determinados, habiéndose aplicado correctamente la escala del artículo 6 de la ley 6.767 y las limitaciones contempladas por el artículo 7 , inciso 3, ap. b) del digesto citado.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, cuestiones procesales, caducidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PEREZ, PAULINA JOSEFA Y OTROS c/ ALEMANY, PEDRO s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.    QUEJA   POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 125-84
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-12-05

Debe rechazarse la queja interpuesta si los agravios de la recurrente se centran en el debate acerca de cuestiones de hecho e interpretación de normas procesales, cuestiones éstas que escapan al ámbito propio de la excepcional instancia que para ante la Corte prevé la ley 7055.

En el caso, cuestiona si se operó la caducidad, aptitud de la presentación efectuada luego de cumplido el plazo de perención para enervar las facultades del tribunal a quo en orden a la declaración de oficio de la caducidad, etc.
Cláusula penal, disminución de la pena
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ALONSO DE RODRIGUEZ REMEDIOS c/ MARIA FERREYRA DE BLAJEVICH Y OTS. s/ Cobro de Alquileres (LIBRO: S151 - 039)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-09-13

Quien pretende la reducción de la cláusula penal debe dar al Tribunal las pruebas que sean pertinentes para demostrar el carácter excesivo de la misma. Partiendo de que la regla es la inmutabilidad de la pena, la facultad de reducir la misma, que admite el art. 656 CCI, es de carácter excepcional, máxime su finalidad compulsiva por lo que si se reduce la cláusula penal es una facultad judicial que otorga expresamente el art. citado precedentemente. La reducción permitida legalmente, conforme al prudente arbitrio judicial no puede generar una plus petitio, en desmedro de uno de los contratantes.
Indivisión hereditaria, prescripción, prescripción adquisitiva
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Santucho, Rosario de Jesús c/ Arias Clarisa del C. s/ Reivindicación s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-03-31

"El estado de indivisión cesa respecto de cualquiera de lo bienes del acervo, cuando uno de los herederos de hecho y obrando como único propietario comience a poseerlo de una manera exclusiva; manteniéndose aquella indivisión, en cambio, respecto de aquellos bienes que no son objeto de dicha posesión -Arts. 3460 y 3461 del CC-.(C.C.C de San Martín, sala II, E.D. 120-577 en Código Civil Comentado- Sucesiones , Tomo I, Ferrer Francisco A.M y Medina Graciela, Pág. 51, Edit. Rubinzal Culzoni, 2003).

Interpretando el Art. 3460, del C.C la doctrina tiene dicho que: "Se preguntan los autores si se trata de una prescripción extintiva o adquisitiva; es decir, si la acción de partición prescribe en ésta hipótesis a los veinte años o si, por el contrario es el poseedor que tiene la cosa a título de dueño quien adquiere por el transcurso del tiempo e impide que se efectúe la partición.

Creemos que, no obstante el texto del artículo, se trata de una prescripción adquisitiva, pero cabe hacer una distinción: si quien posee es un tercero, el término de veinte años impedirá la partición que soliciten los herederos porque habrá adquirido el dominio; mientras que si quien posee es uno de los herederos, él deberá intervertir el título a los efectos de adquirir el dominio de las cosas porque si como lo expresa el Art. 3449, la posesión de uno aprovecha a los demás, nunca podrá adquirir sólo para él.

Por ello es preciso que este heredero que posee la cosa y que concurre con otros coherederos en el llamamiento a la herencia, exteriorice su voluntad de poseer solo para si e intervierta el título dado que de otra manera siempre su posesión representará la de sus coherederos." (Bueres Highton-Código Civil- Tomo 6A- Pág. 450- Edit. Hammurabi-2001).

En tal sentido, en relación al tema de la interversión del título, la jurisprudencia conteste con la doctrina ha expuesto que: "Si quien pretende usucapir es un condómino con exclusión de los demás, los actos de posesión exclusiva que ejerce el propietario sobre el inmueble común han de ser inequívocos, de modo que deba descartarse la hipótesis de un mero reparto de uso, razón por la cual habrá de demostrarse a partir de qué momento se comenzó a poseerlo para si" (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Capital Federal, Sala E- Dambrosio c/ Freide s/ Sumario- 1996).