Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-11-30


En la ciudad de Trelew, a los días de Noviembre del año dos mil diez, se reúne la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones, con la Presidencia del Dr. Marcelo J. López Mesa y presencia de los Sres. Jueces del Cuerpo Dres. Carlos A. Velázquez y Carlos D. Ferrari, para celebrar acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "D. M., B. D. C. c/ MUNICIPALIDAD DE RAWSON s/ COBRO DE HABERES E INDEMNIZACIÓN DE LEY" (Expte. 242 - Año 2010) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es regular, en orden a la competencia, el procedimiento seguido en este pleito? SEGUNDA: Caso afirmativo de lo anterior, ¿se ajusta a derecho la sentencia apelada? TERCERA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en orden al sorteo practicado a fs. 365. A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Sr. Juez Dr. Carlos D. FERRARI dijo: -- I. La sentencia definitiva de primera instancia (fs. 324/328) acogió la demanda laboral por diferencias salariales entablada, condenando a la MUNICIPALIDAD DE RAWSON a abonar a la actora la suma de $ 34.328,01 con más los intereses que cobra el Banco del Chubut S.A. en sus operaciones ordinarias de descuento de documentos comerciales -tasa activa- desde que cada suma fue debida hasta su efectivo pago, imponiendo las costas a la demandada vencida, procediendo a la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes.-- II. Los fundamentos del decisorio, en síntesis, son los siguientes: sostuvo el juez de grado en primer lugar que se encontraba acreditada la relación de empleo invocada por la actora y que, al haberse tratado de un contrato administrativo celebrado entre las partes, el mismo se hallaba excluido de la aplicación a su respecto de la Ley de Contrato de Trabajo en virtud de lo establecido en el artículo 2 inc. a) de dicho ordenamiento, y por disponerlo expresamente el Estatuto del Personal Municipal -artículo 1 de la Ordenanza 2120- . Agregó que no resultaba controvertido que la accionante cumplía funciones en la Secretaría de Hacienda, desempeñando tareas administrativas en el sector control de ingresos conforme surge de la documental obrante a fs. 168, girando la controversia en torno del salario percibido por la actora, que a su entender debió ser superior a su categoría de revista (Agrupamiento Personal Técnico Administrativo categoría 7), dado las funciones que cumplía en la referida Secretaría. Consideró el sentenciante que del análisis de las pruebas colectadas en autos, documental aportada por la actora obrante a fs. 1, 2, 3, 4, 6 7, 77 y 116 y declaraciones testimoniales brindadas por B. C. Q. (fs. 231/232), A. B. C. de L. (fs. 233), M. C. R. (fs. 251) y E. D. C. (fs. 254), resultó que la actora estuvo efectivamente al frente de las tareas pertenecientes al responsable del control de ingresos, Dirección de Contaduría dependiente de la Secretaría de Hacienda del Ejecutivo Municipal, que tenía a su cargo el manejo del personal, dos a tres personas generalmente titulares de algún plan asistencial, provincial o municipal desde junio del 2002, afirmando que durante el período antes mencionado la accionante fue quien se ocupó del control diario de caja y que dependía de la tesorería de dicho municipio, cumpliendo funciones que evidentemente superaban largamente a las que le competían según su categoría de revista. Sostuvo, sin duda alguna, que las tareas desarrolladas por la actora se encuadraban dentro de las correspondientes al Personal de Supervisión de su Agrupamiento y que, no obstante que el cargo cuya retribución se reclamaba no hubiera sido creado durante el tiempo en que la accionante se desempeñó al frente del mismo, consideró que ello no era impedimento para el reconocimiento de las diferencias salariales, en razón de haber cumplido las funciones señaladas. Agregó que, aún cuando presupuestariamente no se hubiera previsto el cargo de la categoría 14, las labores llevadas a cabo por la actora fueron superiores a las correspondientes a su condición de revista, resultando propias de las funciones del Personal de Supervisión del Agrupamiento al que pertenecía. Afirmó que el hecho de no haber abonado un salario a la trabajadora acorde a tales funciones, provocó la trasgresión por el Municipio del principio constitucional de igual remuneración por igual tarea y privó a la actora de la percepción de un salario justo. Y que, habiendo quedado demostrada la efectiva prestación de tareas de mayor responsabilidad e importancia por parte de la actora con prescindencia de su ubicación escalafonaria, ello implicaba que debía reconocerse la diferencia salarial pretendida. Citó jurisprudencia. En cuanto al monto por el cual prosperó la demanda, señaló que tuvo en cuenta la liquidación efectuada por el perito contable designado en autos cuya pericia no fue objeto de observación por las partes, agregada a fs. 301/302.Concluyó el juez de grado acogiendo la demanda en todas sus partes por la suma de $ 34.328,01, con más los intereses que cobra el Banco del Chubut S.A. en sus operaciones ordinarias de descuento -tasa activa- desde que cada suma fue debida hasta su efectivo pago, imponiendo las costas a la demandada vencida. - III. El fallo es apelado a fs. 333 por la representación letrada de la demandada, siendo concedido el recurso a fs. 335 y fundado con la pieza procesal de fs.339/340 vta. En primer lugar denuncia como hecho nuevo que, mediante Resolución 595/08 cuya copia legalizada obra a fs. 338, se asignó a la actora Sra. B. D. C. D. M. una subrogancia (categoría 12) a partir del 1º de marzo del año 2008 en el Concejo Deliberante de la ciudad de Rawson, la que continúa vigente. Manifiesta que el hecho nuevo denunciado resulta pertinente en los términos del entonces art. 365 del C.P.C.C. (hoy art. 369 Anexo A Ley XIII Nº 5), peticionando a esta Alzada decrete la apertura a prueba y declare admisible el mismo. A renglón seguido pasa a fundar el recurso de apelación interpuesto, expresando en síntesis, los siguientes motivos de agravio: En primer lugar se agravia por cuanto el juez de grado consideró que correspondía hacer lugar a las diferencias salariales resultantes desde marzo de 2008 a Febrero de 2009. Destaca que la actora peticionó el pago de diferencias salariales entre la categoría de revista (7) y la número 14, desde Junio de 2002 a la fecha del fallo en crisis. Manifiesta que el sentenciante sostuvo que se encontraba acreditado en la causa la efectiva prestación por parte de la actora de tareas superiores a su cargo de revista y condicionó la cuantificación de la demanda a la pericia contable de fs. 301/302 que no mereció cuestionamiento de las partes, determinando el monto de las diferencias salariales resultantes desde Junio de 2002 hasta Febrero de 2009, en la suma de $ 34.328,01, conforme Anexo IV de dicha pericia. Alega que, conforme se desprende del hecho nuevo denunciado, la actora no está cumpliendo con las funciones que describió en su demanda desde marzo de 2008 a la actualidad, en virtud de encontrarse realizando una subrogancia de la categoría 12 del Escalafón Municipal en el Concejo Deliberante de la ciudad de Rawson, conforme Resolución 595/08. Manifiesta que tal circunstancia obstaba la procedencia de la demanda por dichos períodos, por cuanto el presupuesto de admisibilidad por excelencia de este tipo de pretensiones, es la efectiva prestación del servicio, conforme lo sostuvo el magistrado de grado. Sostiene por lo expuesto, que corresponde modificar el fallo en crisis, debiendo excluirse del cálculo de las diferencias salariales, los períodos comprendidos entre Marzo de 2008 y Febrero de 2009 que asciende a la suma de $ 1.007,51, por lo que la demanda deberá prosperar por la suma de $ 33.320,05. Concluye en definitiva, solicitando se decrete la apertura a prueba en la Alzada, se admita el hecho nuevo denunciado y en consecuencia se revoque la sentencia apelada en cuanto es materia de agravios, modificando el monto por el que se acogió la demanda conforme lo peticionado, con costas.

IV. Corrido traslado a la contraria del memorial de agravios mediante providencia de fs.341, el mismo no es contestado por la demandada.- V. A fs. 347 y vta. obra sentencia interlocutoria dictada por esta Sala, de fecha 29 de junio de 2010, registrada bajo el Nº 24/2010 SIL, por la que se resolvió declarar inadmisible el hecho nuevo invocado, denegando la solicitud de apertura a prueba en esta instancia. Sin perjuicio de lo anterior, en virtud de lo establecido por el art. 36 inc. 2º de la Ley XIII Nº 5 (antes CPCC), en concordancia con el art. 477 párrafo 4º de la misma norma, se ordenó como medida para mejor proveer la ampliación de la pericia de refs. 301/302, por el mismo perito, para que informe las diferencias de remuneraciones de la actora que pudieran existir entre los sueldos efectivamente percibidos y los que le hubieran correspondido en función de la Resolución Nº 595/08 de fs. 242, en el período comprendido desde la fecha operativa que indica el art. 2 de la VI. A fs. 355/359 se agrega la ampliación del informe pericial de refs. 301/302 conforme lo ordenado por esta Alzada, del que se corre traslado a las partes mediante providencia de fs. 360, quedando estos autos a fs. 364 en estado de dictar sentencia. VII. En el umbral de la cuestión traída a juzgamiento de esta alzada y tras el estudio preliminar de las actuaciones, advierto que nos encontramos frente a una situación análoga a la que se ha planteado en otros precedentes, en los que la tramitación del caso fue incorrectamente llevada a cabo por un tribunal incompetente. El examen acerca de la competencia constituye un tópico preliminar, esencial e inexcusable. Según lo ha sostenido el Superior Tribunal de Justicia provincial en las causas "B." (S.D. Nº07/S.R.E./09) y su referencia a la causa "E." (S.D. Nº04/S.R.O.E./09), la Ley de Corporaciones Municipales atribuye a la Cámara de Apelaciones Civil, Comercial y Laboral una competencia material especial, como es la contencioso administrativa municipal, que es de orden público y, por ende, improrrogable (conf. art. 127 y 131, ley 3.098; actuales arts. 132 y 136 de la ley XIV nº 46 del Digesto provincial), debiendo ser declarada de oficio "en cualquier estado del proceso" (con cita de ALSINA, Hugo, "Tratado Teórico-Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial", Ed. Ediar, 2ª ed., Buenos Aires, T. II, ps. 514-518).- En este mismo sentido se ha expedido nuestra sala recientemente al expresar que es deber de los tribunales inferiores conformar sus decisiones a la doctrina sentada por el Superior Tribunal de Justicia en virtud de la economía procesal que ello importa (SIC. Nº 50 de 2007; SCAI. nº 01 y Nº 02 de 2010). En consecuencia, el examen de la competencia de esta alzada y la admisibilidad de la pretensión que se esgrime, no obstante el estado de autos, es ineludible en tanto hace a la posibilidad de dictar una sentencia que determine, o no, la procedencia sustancial del reclamo. Tal la distinción que, desde antiguo, ha hecho la doctrina (ver, por todos, el ejemplo pertinente en: PALACIO, Lino E., "Derecho Procesal Civil", Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1967, T. I, p. 404). Hemos expresado asimismo que para discernir la competencia -como se impone por la invocada causa "B." (S.D. Nº 07/S.R.E./09)- debe estarse al contenido de la demanda, como acto constitutivo de la relación jurídico-procesal, a fin de determinar cuál es la naturaleza de las normas de fondo aplicables según la exposición de los hechos invocados en concreto por la actora. De allí debe derivarse luego, atendiendo la relación instrumental, si corresponde o no aplicar las normas procesales de la ley XVI nº 46 (antes ley 3.098) y, siguiendo esa idea, si están satisfechos o no los presupuestos de admisibilidad de la acción o recurso contencioso administrativo.- Así, pues, de la lectura de la pieza promocional del juicio (fs. 142/150 vta.) se desprende que, en tanto el actor no demandó la nulidad de ningún acto administrativo, sino diferencias salariales encontrándose vigente la relación de empleo público con el Municipio de Rawson, el Juez Ordinario de Primera instancia no era competente para dirimir pretensiones procesales en relación a los actos de la Administración Pública Municipal, sujetos al Derecho Administrativo. A tenor de ello, debe estarse, pues, a la competencia originaria de esta Cámara para entender en el caso contencioso municipal (art. 132 de la ley XVI nº 46; conf. S.T.J. - causas "B.", S.D. Nº 07/S.R.E./09, y su referencia a la causa "E.", S.D. Nº 04/S.R.O.E./09). VIII. La habilitación de la instancia: Sentado ello, se impone luego determinar la concurrencia de los presupuestos de admisibilidad de la acción contencioso administrativa entablada. Para ello cabe tener presente que el art. 135 y ss. de la ley XVI nº 46 (antes ley 3.098) establece que no corresponde sustanciar recursos sin que, previamente, y en lo fundamental, se acredite: 1) el agotamiento de la vía administrativa, 2) la denegación expresa o tácita y 3) la interposición del reclamo en plazo útil, pues esto -en tanto pertinente- hace a la habilitación de la instancia judicial (conf. VALLEFIN, Carlos A., "Proceso administrativo y habilitación de la instancia", Ed. Platense, La Plata, 1994, p. 127 y sig. - en el mismo sentido, esta Sala, Expte. 464/2010). - En este cometido, según surge de la causa bajo examen, puede advertirse que el postulante afirmó haber efectuado el reclamo administrativo previo en los términos de la ley 3.098 (actual ley XIV nº 46; punto III, fs. 27vta.), mediante nota con número de entrada *****/** el día 06/02/2006 (conf. demanda, fs. 144 vta.). Agregó que la misma fue respondida por el Municipio mediante Nota N° **/**-XX de fecha 13/02/2006 y expresó que, hasta la fecha de interposición de la demanda, el reclamo no había sido resuelto. A partir de estos elementos, y con el fin de examinar si está habilitada la instancia judicial, cabe tener presente que no surge de autos haberse dictado resolución administrativa sobre el reclamo dentro del plazo legal que establece el art. 135, ley XVI nº 46. Ahora bien: si el reclamo se dedujo el 06/02/2006, el plazo útil para la administración (30 días hábiles - arts. 135, Ley XVI N° 46 - art. 46 - Ley I N° 18) vencía el día 21/03/2006. Luego, el plazo de 15 días hábiles de caducidad para interponer el recurso contencioso, o para optar por la vía ordinaria, según prevé el art. 136 de la ley XVI nº 46 venció el día 11/04/2006. En consecuencia, resulta claro que la interposición de la demanda con cargo 30/08/2007 (fs. 150vta.) deviene extemporánea y la acción contencioso administrativa municipal ha caducado.- En efecto, según lo establece la jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia provincial, cuando la ley XVI nº 46 (antes ley 3.098) dice que el reclamo debe efectuarse sin éxito "ante el Intendente o el Concejo Deliberante o ante el Organismo Autárquico de quien emane la resolución objetada", armónicamente interpretados los arts. 133, inc. a, y 135, no contiene sino "la exigencia de la reclamación administrativa previa, consagrando el requisito de agotamiento de la vía administrativa", y ello hace a la admisibilidad de esta vía (conf. S.T.J.Ch, S.D. Nº 03/SER/03; VALLEFIN, "Proceso", cit., p. 133 -conf. esta Sala, Expte. 464/2010). El examen de la competencia de esta Alzada y el examen de admisibilidad de la pretensión que se esgrime, no obstante el estado de autos, es ineludible, en tanto hace a la posibilidad de dictar una sentencia que determine, o no, la procedencia sustancial del reclamo. - Por lo expuesto y las consideraciones formuladas, debiendo expedirse esta Alzada sobre la competencia material y el cumplimiento de los recaudos procesales de admisibilidad de la acción contencioso administrativo municipal, corresponde declarar no habilitada la vía judicial para el presente reclamo (art. 135, ley XVI nº 46; conf. esta Sala en las SCAI. nº01 y nº02 de 2010). IX. A consecuencia de ello y siguiendo también en este aspecto la jurisprudencia emanada del Superior Tribunal de Justicia provincial, se impone declarar la nulidad de la sentencia dictada en primera instancia por el juez incompetente (conf. S.T.J. - SD.07/S.R.E./09 - 16/12/2009 - id. S.T.J. - SD. 04/S.R.O.E.- 16/12/2009). X. En vista de cómo se resuelve el recurso, las costas se impondrán al accionante en ambas instancias (art. 69, C.P.C.C.), debiendo adecuarse los honorarios de la instancia de origen a este nuevo resultado (art. 282 -antes 279- del C.P.C.C.: texto seg. Ley XIII N° 5) y regularse los correspondientes a esta alzada.-- Así, por las tareas de primera instancia, atendiendo a la extensión, calidad, eficacia de las tareas, las etapas cumplidas y el resultado que se propicia, propongo fijar los estipendios profesionales -los que deberán ser liquidados sobre el monto de la demanda rechazada con más sus intereses- como sigue: a) para el Dr. J. P. R., en el 9,8%; b) para el Dr. M. B., en el 5,5%; c) para el Dr. M. F. R., en el 5,5%, d) para la Dra. M. F., en el 1,1%; e) para los Dres. M. M. y E. A. C. C., en el 0,55% y 0,55% respectivamente; f) para la perito contadora P. B. R., en el 3% (arts. 5, 6, 7, 8, 9, 18, 38, 46, 60 y conc., Ley XIII N° 4 - antes ley 2.200).

Por las tareas en esta instancia, en consideración a la importancia y extensión de las labores desarrolladas en esta instancia, carácter con que se actuó, y el resultado obtenido, se regulan los honorarios del Dr. M. R. R. en el 3,8% y los del Dr. J. P. R. en el 2,45%, en ambos caso sobre la misma base de cálculo ya mencionada precedentemente (arts. 5, 6, 13, 46 y conc., ley XIII nº 4). Voto entonces a esta cuestión por la NEGATIVA.

A ESA MISMA CUESTIÓN PRIMERA el Dr. Velázquez expuso:-- En acatamiento del principio procesal de celeridad, me remito a la síntesis que de la decisión atacada y las impugnaciones vertidas por la recurrente realizara el Señor Magistrado ponente.- Concuerda mi opinión con la del colega y para fundar este voto individual, cual lo exigen la manda del art. 169 de la Const. Prov., basta con formular las consideraciones siguientes.-- I.- Acerca de esta cuestión que nos convoca existe firme doctrina jurisprudencial sentada por el Exmo. Superior Tribunal de Justicia Provincial, que en dos causas sustancialmente idénticas a esta (S.D. n° 04/S.R.O.E./09 y S.D. n° 07/S.R.O.E./09) concluyó la nulidad de lo actuado en ellas por falta de competencia de los órganos -Juzgado de Primera Instancia y Cámara de Apelaciones- que las tramitaran y decidieran.-- El Alto Cuerpo declaró en esas ocasiones como doctrina legal obligatoria en la Provincia del Chubut que:

A) La competencia es un presupuesto procesal que debió ser discutido "in limine litis" y sobre el cual todo juez requerido debe pronunciarse de oficio (arts. 4 y 340 C.P.C.C., ex art. 337).--B) Cuando se trata de la competencia en razón de materia, de orden público, absoluta e improrrogable, debe ser declarada en cualquier estado de la causa.- C) Para discernirla corresponde analizar el contenido de la demanda como acto constitutivo de la relación jurídico-procesal, así como a la naturaleza de las normas de fondo aplicables a la causa.

A la lumbre de tal doctrina obligatoria hemos de examinar la especie y en ella observamos:-- 1) El actor, agente de la Municipalidad de Rawson, demandó a ésta por diferencias de haberes derivadas de cumplir funciones de jerarquía superior a las correspondientes a su categoría de revista, fundando su demanda en las normas del Estatuto del Empleado Municipal, texto ordenado aprobado por Ord. Mun. n° 4.838/99.- 2) La reclamación entonces es una pretensión procesal materialmente contencioso-administrativa, pues se ha suscitado entre la Administración Pública Municipal y un agente suyo en el ámbito de la relación de empleo público que los vincula, regida por normas de esa misma clase.-- 3) En nuestra esfera provincial los arts. 132 y sgts. de la Ley XVI n° 46 (antes Ley 3.098), atribuyen competencia originaria a la Cámara de Apelaciones para las acciones contencioso-administrativas de plena jurisdicción y de nulidad, reservando a los Juzgados Civiles de Primera Instancia la competencia en las acciones de derecho común que, prescindiendo del contencioso-administrativo, los interesados deduzcan buscando la reparación y protección de derechos por esa vía ordinaria, opción que el art. 136 de la ley citada les ofrece.-- 4) En la especie no ha sido peticionada reparación alguna fundada en el derecho común, sino el cobro de diferencias de haberes generadas en una relación de empleo público, con lo cual es imposible interpretar que la demandante ejercitó la opción que el art. 136 de la Ley XVI n° 46 (antes Ley 3.098) le brindaba.

5) En síntesis, fue planteada una cuestión contencioso-administrativa municipal ante un tribunal incompetente, circunstancia que el Superior Tribunal de Justicia en los precedentes ya mencionados consideró un vicio que conducía a la nulidad de lo actuado.-- En este aspecto, sin apartarme de esa doctrina legal obligatoria, dejaré a salvo mi opinión personal parcialmente diferente. A mi entender, lo actuado por un funcionario no investido de la facultad de juzgar -porque carecía de competencia en la causa-, constituye un supuesto de acto inexistente y no puede adquirir efectos por consentimiento o ratificación (López Mesa, Marcelo, "Ineficacia y nulidad de los actos jurídicos y procesales", ed. Depalma, Bs. As. 1998, pág. 310; en igual sentido, Rodríguez, Luis, "Nulidades Procesales", ed. Universidad, Bs. As., 1987, pág. 63, N° 32).-- Bien decía Francisco Carnelutti que "mientras nulidad e inexistencia significan en el lenguaje común la misma cosa, puesto que ninguno y nada significa un quis o un quid que no existe, en cambio, en el lenguaje jurídico expresan cosas distintas: es nulo el acto que no produce efectos jurídicos, pero que en ciertas condiciones podría producirlos; es inexistente un acto cuando no produce efectos en ningún caso" ("Sistema de derecho procesal civil", UTEHA Argentina, Bs. As., 1944, T. III, pág. 585).-- Eduardo Couture agregó, respecto del acto procesal inexistente, que "no es posible hablar de desviación, ya que se trata de algo que ni siquiera ha tenido la aptitud para estar en el camino (ej. una sentencia dictada por quién no es juez)... No es un acto sino un simple hecho" ( "Fundamentos del Derecho Procesal Civil", ed. Depalma, Bs. As., 1951, § 178, págs. 273/274). Evocó luego el ilustre tratadista rioplatense la fórmula romanista "quod non est confirmare nequit", para afirmar que un acto tal no puede ser convalidado ni merece ser invalidado, no siendo necesario a su respecto un acto posterior que le prive de validez, ni es posible que actos posteriores lo confirmen u homologuen ("Fundamentos del Derecho Procesal Civil", ed. Depalma, Bs. As., 1951, § 178, págs. 273/274).- Con entera claridad ha trazado esta diferencia en diversas sentencias la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, sosteniendo que nulidad e inexistencia atienden a dos niveles distintos de planteo: en el caso de la nulidad, se está ante un acto que tiene existencia pero cuya eficacia, por causas anteriores o coetáneas con el propio acto, está afectada.; en cambio, cuando el acto, por circunstancias relativas a su esencialidad, no puede nacer a la vida del derecho, su ineficacia parte de su no existir y nada puede quedar de él más allá de la constatación de su inexistencia (S.C.B.A., 26/2/85, "Decuzzi, Hugo Horacio c/ Origgi de Decuzzi, Luisa A. y otros s/ Nulidad", Ac. y Sent. 1985-I-141 y J.A. 1986-I, 552; ídem, 17/11/92, "Ramos, Roberto Martín c/ Bagnardi, Martín s/ Acción reivindicatoria"; D.J.B.A. 144, 47 y Ac. y Sent. 1992-IV-257; ídem, 7/11/95, "Firinu, Ángel Alfredo c/ Frigorífico Alca S.R.L. y otros s/ Reivindicación", D.J.B.A. 150-39 y Ac. y Sent. 1995- IV-152, voto de la mayoría; ídem, 31/5/00, "Consorcio Copropietarios Edificio de calle 47 n° 666/70 c/ Contreras, Irma A. s/ Denuncia infracción ley 13512 de propiedad horizontal", en J.U.B.A. sum. B4784).-- En el "sub discussio" nos hallamos, en síntesis, ante una serie de actos con apariencia de resoluciones judiciales, pero sin reunir los presupuestos para la configuración de éstas. Ergo, debe declararse su inexistencia -ello procede incluso de oficio (confr..: T.S.J. Neuquén, J.U.B.A. doc. 0005979; Cám. Apel. C. y C. San Isidro, Sala I, J.U.B.A. doc. B 1700344)-, lo que aniquila cualquier efecto que de ellas pudieron haberse pretendido extraer.

No obstante esta diferencia de concepto que dejo explicitada, como inexistencia y nulidad son en rigor especies de una misma categoría, la de la ineficacia, puedo asentir con la doctrina obligatoria del Superior Tribunal y declarar la nulidad de lo actuado, puesto que los efectos son iguales.- II.- Es igualmente doctrina fijada por el Más Alto Tribunal Provincial en los precedentes de marras, sobre la base de los textos de los arts. 133 a 135 de la Ley XVI n° 46 (antes arts. 128 a 130 de la Ley 3.098), que esa preceptiva establece una serie de condiciones de admisibilidad para las acciones contencioso-administrativas, denominadas globalmente en el Derecho Procesal Administrativo como "habilitación de la instancia", entre ellas la reclamación administrativa previa y la consagración de plazos de caducidad. Dichos recaudos son, así como la competencia, de orden público y la concurrencia de todos ellos debe ser examinada de oficio por el tribunal, doctrina con la que coincide la Corte Suprema Nacional (Fallos 322:73).

Y en la especie es advertible que al momento de incoarla la acción había ya caducado. En efecto, la actora produjo su reclamo administrativo el día 6/2/06 (fs.78), agotándose el día 21/3/06 el plazo de treinta días previsto en el art. 135 de la Ley XVI n° 46 (antes art. 130 de la Ley 3.098), computado de la forma reglada en el art. 46 inc. 1 de la Ley I n° 18, ex ley 920, sin que el Departamento Ejecutivo de la Municipalidad se expidiera. Por tanto, el lapso de quince días hábiles establecido por el art. 136 de la Ley de Municipalidades, calculado de la misma forma, venció el día 11/4/06, de modo que al ser deducida la demanda el 30/8/07 (fs. 150 vta.) el derecho reclamado había caducado.--III.- Por tales motivaciones entiendo que la demanda deducida debe ser desestimada, con costas a la actora (art. 69 de la Ley XIII n° 5, antes art. 68 C.P.C.C.), regulando los honorarios de los profesionales actuantes en las sumas propuestas por el colega antes sufragante, acordes ala extensión, calidad y resultado de las labores cumplidas por ellos (arts. 5, 6, 8, 13, 18 de la Ley XIII n° 4, antes arts. 6, 7, 9, 14, 19 del Dec.-ley 2.200).- Me expido así en esta cuestión por la NEGATIVA.-- POR NO CORRESPONDER EL TRATAMIENTO DE LA SEGUNDA CUESTIÓN, DIJO A LA TERCERA CUESTIÓN el Dr. Carlos D. Ferrari: -- En vista del acuerdo arribado precedentemente, corresponderá por tanto: I) DECLARAR no habilitada la vía judicial para el presente reclamo; II) DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia de primera instancia; III) IMPONER las costas en ambas instancias a la parte actora; IV) ADECUAR los honorarios profesionales de primera instancia como sigue: a) para el Dr. J. P. R., en el 9,8%; b) para el Dr. M. B., en el 5,5%; c) para el Dr. M. F. R., en el 5,5%, d) para la Dra. M. F., en el 1,1%; e) para los Dres. M. M. y E. A. C. C., en el 0,55% y 0,55% respectivamente; f) para la perito contadora P. B. R., en el 3%; V) REGULAR los honorarios profesionales de alzada como sigue: a) los del Dr. M. R. R. en el 3,8% y b) los del Dr. J. P. R. en el 2,45%. Así lo voto.- A DICHA CUESTIÓN TERCERA, por no corresponde el tratamiento de la segunda propuesta, el Dr. Velázquez respondió:-- El pronunciamiento que corresponde dictar es el propiciado por el Dr. Ferrari, reflejo fiel del acuerdo antes alcanzado.- Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal por haberse logrado la mayoría (Art. 7º Ley V Nº 17; antes art. 8 Ley 1130, To. Ley 4550), Trelew, de noviembre de 2.010. En virtud de lo resuelto en el Acuerdo cuya copia antecede, la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Trelew; pronuncia la siguiente: S E N T E N C I A: -- I) DECLARAR no habilitada la vía judicial para el presente reclamo; II) DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia de primera instancia;- III) IMPONER las costas en ambas instancias a la parte actora;-- IV) ADECUAR los honorarios profesionales de primera instancia como sigue: a) para el Dr. J. P. R., en el 9,8%; b) para el Dr. M. B., en el 5,5%; c) para el Dr. M. F. R., en el 5,5%, d) para la Dra. M. F., en el 1,1%; e) para los Dres. M. M. y E. A. C. C., en el 0,55% y 0,55% respectivamente; f) para la perito contadora P. B. R., en el 3%; V) REGULAR los honorarios profesionales de alzada como sigue: a) los del Dr. M. R. R. en el 3,8% y b) los del Dr. J. P. R. en el 2,45%.-- Regístrese, notifíquese y devuélvase.-- REGISTRADA BAJO EL N°____________DE 2.010 - SDL - CONSTE.-