Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2016-09-08


Salta, 08 de septiembre de 2016.	(Tomo 207:165/174)-Y VISTOS: Estos autos caratulados "BOOTH, LUIS RICARDO VS. BANCO MACRO S.A. Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE - QUEJA POR REC. DE INCONST. DENEGADO" (Expte. Nº CJS 38.257/16), y	____________________________CONSIDERANDO:	1°) Que a fs. 384/388, el actor interpuso queja contra el pronunciamiento de la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, cuya copia se agregó a fs. 380/381 vta., que le denegó el recurso de inconstitucionalidad presentado contra la sentencia corriente también en copia a fs. 364/368 vta.	Según el quejoso, en el fallo impugnado no se analizaron los planteamientos por él vertidos así como también se omitió la compulsa de la totalidad de la prueba producida en estas actuaciones. Precisó que la Cámara incurrió en arbitrariedad y trasgredió el art. 8.2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, entre otras normas que enumeró.	Luego de reseñar los antecedentes del caso y con cita de precedentes de esta Corte, alegó que la resolución de fs. 388/389 vta. del expediente principal no satisface las exigencias de un acto jurisdiccional válido. A tal efecto cuestionó el razonamiento seguido por el tribunal "a quo" que priorizó consideraciones formales sobre los vicios advertidos por él. Entendió que la alzada incurrió en exceso de rigor formal al denegarle el recurso de inconstitucionalidad interpuesto.	Indicó que la resolución que impugnó vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva y no consideró los errores que precisó en su escrito recursivo, entre ellos, el análisis que efectuó la Cámara sobre la normativa interna del Banco Macro S.A., atribuyéndose -de esa manera- facultades de legislador. Añadió que el tribunal "a quo" prescindió del derecho positivo vigente al no respetar el contrato que para las partes es ley y, de esa manera, se afectó su derecho de defensa en juicio garantizado por el art. 18 de la Constitución Nacional, así como también se vulneró los derechos de propiedad y de igualdad de las partes ante la ley. Entendió que en el análisis de la prueba, la Cámara excedió el sistema de la sana crítica racional (art. 386 del C.P.C.C.).	Cuestionó que se haya evaluado la declaración vertida por el testigo Eduardo Ariel Barbito a pesar de que -afirmó- el apelante no lo mencionó en su recurso, lo que -adujo- implicó pronunciarse sobre una cuestión no sometida a consideración de la Cámara. Sostuvo que las declaraciones testimoniales fueron ponderadas en forma fragmentaria y en algunos casos en forma contraria a lo afirmado en ellas, prescindiendo de manifestaciones que permitirían arribar a una solución distinta del pleito. Estimó que no se efectuó una valoración en conjunto de la prueba producida, lo que vulnera las reglas de la sana crítica.	Por último, adujo defectos de fundamentación en la sentencia cuestionada, reiteró que se afectó el derecho de igualdad al haberse considerado sólo los argumentos de la demandada y expresó que se afectó el principio de seguridad jurídica y el derecho a un debido proceso, ocasionando -a su parecer- gravedad institucional.	2º) Que ante todo, debe recordarse que la doctrina es pacífica en considerar a la queja como una institución necesaria en el sistema procesal vigente, pues la impugnación se deduce ante el tribunal que dictó la sentencia, de lo cual resulta que es indudable que si el recurso se dedujese ante el tribunal superior directamente, carecería de objeto esta categoría. La queja, empero, no constituye propiamente un recurso, ni un medio de impugnación de los actos jurisdiccionales sino sólo un medio para obtener la concesión de un recurso declarado inadmisible (Fenochietto, Carlos Eduardo, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación: comentado, anotado y concordado", Astrea, Bs. As., 1999, Tomo 2, pág. 122)._____________________________________________________________	3º) Que constituye un impedimento para la admisión de la queja el hecho de carecer ésta de la debida fundamentación, por haber omitido el actor demostrar la inexactitud de las razones en que se sustentó la denegatoria del recurso. En el caso, el impugnante no logró conmover los fundamentos de la resolución denegatoria del tribunal "a quo", en torno a que los argumentos formulados en el recurso de inconstitucionalidad refieren a cuestiones ya resueltas y que no planteó una cuestión constitucional. Señaló además que la alegada inconstitucionalidad resultó aparente y que el escrito recursivo evidenció una disconformidad con el resultado adverso a las pretensiones del impugnante.	En efecto, es esencial que la queja contenga claros argumentos convincentes de la insuficiencia de los fundamentos esgrimidos por el "a quo" al clausurar la viabilidad del recurso (CSJN, Fallos, 298:84; 308:724; esta Corte, Tomo 59:317; 60:773; 69:175; 115:655, entre otros). Y la falta de debida fundamentación de la queja, conforme con la constante doctrina de este Tribunal, provoca su desestimación (Tomo 61:423, 949; 68:651; 96:401; 124:199).	4º) Que la alegada violación de la defensa en juicio no es atendible si el interesado no demuestra la eficacia de su queja, esto es, la defensa de que habría sido privado para lograr una solución distinta a la recaída en el pleito (esta Corte, Tomo 66: 867; 88:511; 139:115).	Conforme se advierte de las piezas aquí glosadas, el actor no logró desvirtuar los fundamentos del fallo de la Cámara que revocó la sentencia de la instancia anterior y rechazó la demanda. Para así resolver, consideró la alzada el comportamiento del quejoso, quien siendo responsable operativo de la sucursal, segundo a cargo luego del gerente, se encontraba en condiciones de plantear sus disidencias respecto de las cuestiones con las que no concordaba por no ajustarse a los procedimientos establecidos por el Banco Macro S.A. Para arribar a esa conclusión, el tribunal "a quo" analizó la normativa interna de la entidad demandada y la confrontó con las operaciones autorizadas por el actor mediante los formularios de extracción manual VS-0090 sin que en esos casos se hayan verificado contingencias operativas o la autorización del gerente. Valoró además la prueba testimonial de los señores Eduardo Ariel Barbito, Sergio Fernando Abant y Roxana Carina Navarro y con respecto a ellos adujo que dieron cuenta de la realización de una actividad que debió ser restringida para contingencias, pero que se desarrolló con normalidad para otorgar un trato diferencial a ciertos clientes. Finalmente concluyó el tribunal "a quo" que la nota de alta confianza, propia de la actividad bancaria, moraliza la prestación laboral del empleado bancario no sólo por la naturaleza y carácter de las funciones desempeñadas sino por la confianza que los bancos deben despertar en el público en general. En virtud de ello entendió aplicable al caso los arts. 512 y 902 del anterior Código Civil.	La alzada precisó además que la utilización de los formularios de extracción manual VS-0090, en supuestos diversos a los previstos en la normativa interna de la entidad bancaria demandada, constituyeron hechos objetivos injuriosos por sí mismos, con idoneidad para provocar razonablemente la pérdida de confianza que, según la demanda (v. copia de fs. 4 y vta.), se alegó para fundar el despido. En ese sentido, esta Corte sostuvo que la confianza entre el empleador y sus dependientes es un elemento preponderante en el debido cumplimiento de la relación de trabajo, y el correcto manejo de las cuentas es esencial para la credibilidad y el prestigio de una institución bancaria (Tomo 139:115).	Asimismo, la atribuida arbitrariedad del fallo por basarse en un análisis equivocado de la normativa interna de la entidad demandada así como también por la errónea y fragmentada valoración de la prueba con apartamiento de las reglas de la sana crítica, no encuentra fundamento alguno, en virtud de que el quejoso intenta cuestionar tanto la valoración probatoria como la interpretación asignada por el tribunal a normas de derecho común, sin lograr demostrar que la solución arribada no se sustenta racional ni jurídicamente en los hechos del proceso, las probanzas rendidas y el derecho aplicable.	De ese modo y como ya lo sostuvo este Tribunal en un precedente similar, según lo establece el art. 242 de la L.C.T., constituye justa causa de despido la inobservancia por una de las partes de las obligaciones resultantes del contrato de trabajo que configura una injuria. La injuria justificante, según esta norma, debe ser calificada de tal gravedad que no consienta la prosecución de la relación. La valoración debe ser hecha prudencialmente por los jueces, teniendo en consideración el carácter de las relaciones que resultan de un contrato de trabajo, las modalidades y circunstancias personales en cada caso. Son concretamente los jueces de grado quienes, al resolver las cuestiones en litigio, deben decidir si una inobservancia contractual configura o no una injuria, y esta valoración que les encarga la ley no es susceptible de revisión por la vía extraordinaria (Tomo 199:811, consid. 4º y su cita).	5º) Que en consecuencia, el fallo de la alzada ha analizado la prueba producida conducente a la solución a que arriba, y ha efectuado una razonable interpretación de las normas aplicables. De ese modo, el quejoso podrá o no coincidir con el resultado del pronunciamiento, mas encontrándose lo decidido dentro de adecuados marcos de razonabilidad y coherencia, la sentencia impugnada constituye un acto judicial válido, no susceptible de descalificación con base en la doctrina de la arbitrariedad.	6º) Que así las cosas, cabe precisar que la doctrina de la arbitrariedad es de aplicación excepcional y sólo reservada para aquellos supuestos en los cuales el pronunciamiento impugnado contiene vicios que lo descalifiquen como acto judicial válido y requiere, para su procedencia, que las resoluciones recurridas prescindan inequívocamente de la solución legal prevista para el caso o adolezcan de una manifiesta falta de fundamentación (cfr. esta Corte, Tomo 61:71; 76:151, entre otros), situaciones cuya concurrencia no ha sido demostrada en la especie.	7º) Que por lo demás, la alegación de gravedad institucional no es suficiente por sí sola para habilitar la instancia extraordinaria porque esta vía exige que se halle involucrada en el caso alguna cuestión constitucional, y si bien se ha admitido la gravedad institucional para superar ciertos recaudos formales de procedencia del recurso promovido, tal como la falta de sentencia definitiva, se la ha descartado para suplir la inexistencia de cuestión federal (CSJN, Fallos, 311:120), como se verifica en autos.__	8º) Que en consecuencia, corresponde rechazar la queja interpuesta por el actor.	Por ello,	________________________ LA CORTE DE JUSTICIA,	_____________________________ RESUELVE:	I. RECHAZAR la queja interpuesta a fs. 384/388 de autos.	II. MANDAR que se registre y notifique.	(Fdo.: Dres. Guillermo Alberto Catalano -Presidente-, Ernesto R. Samsón, Guillermo Alberto Posadas, Abel Cornejo, Guillermo Félix Díaz y Susana Graciela Kauffman -Jueces de Corte-. Ante mí: Dr. Mariano H. Ciociano -Secretario de Corte de Actuación Interino-).