Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-06-02


B., V. H. Reg.: A y S t 197 p 325-330. Santa Fe, 2 de junio del año 2.004.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la defensa técnica del acusado V. H. B. contra la sentencia 72 del 13 de noviembre de 2003, dictada por la Sala Tercera -integrada- de la Cámara de Apelación en lo Penal de esta ciudad en autos "B., V. H. -Lesiones Culposas- (Expte. 19/03)" (Expte. C.S.J. nro. 58, año 2004); y, CONSIDERANDO:

1. Mediante el pronunciamiento atacado por vía del recurso de inconstitucionalidad local, la Sala Tercera -integrada- de la Cámara de Apelación en lo Penal de esta ciudad rechazó el recurso de nulidad deducido, confirmó la sentencia apelada en su faz penal -en cuanto condenara a V. H. B. como autor penalmente responsable del delito de lesiones culposas a la pena de mil pesos de multa y un año de inhabilitación especial como conductor o timonel yate motor de embarcaciones deportivas, con costas-, con más las costas, y en su faz civil en cuanto hace lugar parcialmente a la demanda civil instaurada en cuanto ha sido materia de recurso, con costas a la vencida (fs. 1/20).

En el memorial introductor del remedio previsto en la ley 7055 (fs. 25/33), la defensa técnica de B. sostuvo que el fallo mediante una interpretación arbitraria agravia su derecho de defensa en juicio, la aplicación del principio "in dubio pro reo", el debido proceso, la jurisdicción y la tutela judicial efectiva.

Afirmó que el Tribunal incurre en arbitrariedad al interpretar la fuente y grado de conocimiento del testigo Martín. En tal sentido, remarcó que del análisis de dicho testimonio se desprende que aquél no pudo aseverar -de acuerdo a lo que viera- quién era el tripulante y cuál era la embarcación embistente, lo que queda evidenciado -dijo- del comportamiento del testigo luego de conversar con el imputado, puesto que si hubiese estado convencido de que B. era el responsable del accidente, mal podría haber continuado en la búsqueda del mismo.

También tachó de autocontradictorio al fallo en relación al testigo M., por cuanto la Sala, pese a conocer la conversación de B. con E. C., D. y V. antes del encuentro entre el testigo M. y B., estima como sugerente que B. esté en conocimiento del accidente. Puso énfasis en que "resulta increíble que el autor del ilícito, tripulante solitario en plena fuga y ocultamiento, minutos después del accidente pasea con su esposa, invisible al momento del accidente por el lugar del hecho, detiene su marcha para que lo reconozcan los testigos, se presta a conversar con los mismos, les exhibe su embarcación y continúa satisfecho su regreso" (f. 28 vto.).

Por lo demás, acusó la falta de prueba objetiva de cargo para fundar la acusación, lo que se patentiza con el desistimiento del Fiscal a la pericial por él propuesta, robusteciéndose así la explicación de la defensa.

Asimismo, alegó la ausencia de verificación de la veracidad de los hechos de la defensa, cuando -al decir de la Sala- los testigos propuestos por dicha parte no dicen la verdad o se equivocan, argumentando que son allegados a B. o que tienen relaciones personales preexistentes con el imputado, lo que resulta a su juicio arbitrario, si al mismo tiempo no se indica y explica la existencia de una relación con entidad tal que llevase a los testigos a mentir.

A su vez, expresó que se utilizó un hecho totalmente desincriminante como son los dichos de Castaño para incriminar al imputado, además, adujo que la Alzada presumió que determinados testigos -D.- son influenciables por el cargo que ostentaba el imputado al momento del accidente, y al mismo tiempo, que el desconocimiento de dicho cargo o función da certeza a los dichos del testigo que incrimina a B. -M.-.

Puso de resalto que son muchos los interrogantes y las dudas que arroja la causa que impiden dar convicción al juzgador acerca de si la condena ha recaído sobre el verdadero autor del ilícito.

Por último, tildó de arbitraria a la decisión al confirmar la condena civil que implica que B. deba indemnizar por daños y perjuicios a P. Al respecto, manifestó que la nulidad o revocación de la condena penal solicitada borra la causa de la obligación de dicho pago, y por ende, de acuerdo a lo normado por el artículo 499 del Código Civil que requiere una causa fuente que dé nacimiento a las obligaciones, la absolución de culpa y cargo del imputado impide la existencia de la obligación de pago de los daños y perjuicios que aquél hubiere ocasionado.

La referida impugnación fue denegada por el A quo (fs. 43/44); motivo por el cual el interesado acudió por vía de queja ante esta Sede (fs. 48/58).

2. La presente impugnación no ha de prosperar, toda vez que al ingresar liminarmente en la sustancia de la imputación r Y bien sabido es que la tacha de arbitrariedad no incluye la discrepancia del recurrente con el criterio utilizado por los jueces de la causa en la valoración de la prueba (Cfr., entre muchos otros, A. y S. T. 99, p. 102; T. 101, p. 408; Fallos C.S.J.N. 297:29; 307:716); ni puede configurarse como un medio de sustituir a los jueces ordinarios en cuestiones que les son privativas (A. y S. T. 95, p. 341; T. 100, p. 251, etc.).

En efecto, del memorial introductor en confrontación con la sentencia impugnada, surge que la defensa técnica de B. discrepa con el alcance otorgad Es que las genéricas alegaciones de la defensa no logran conmover los fundamentos del fallo impugnado, desde que no fueron seguidas del desarrollo argumental indispensable para acreditar que de las pruebas de la causa se desprendía la pretendida desincriminación de B., reiterando -casi simétricamente- los agravios formulados en otras instancias del proceso, y por sí solas, no alcanzan para demostrar que el razonamiento de la Alzada en ese aspecto no constituya una derivación razonada del derecho vigente a los hechos probados del caso (Fallos CSJN 302:579; 303:378 y 210; 307:1858; 312:287).

Antes bien, surge de la lectura del pronunciamiento puesto en tela de juicio que la Alzada efectuó un pormenorizado análisis del material probatorio incorporado legítimamente a la causa a la luz de la sana crítica para luego concluir, sin subsistencia de duda razonable, que "el día 8 de noviembre de 1997 B. se encontraba en la laguna, conduciendo la lancha casco Canestrari, con motor fuera de borda Mercury, de color negro, que fuera secuestrada en autos.

Los testimonios, tanto los de la etapa instructoria -agentes de Prefectura, acompañantes de P. y demás involucrados en el accidente o en la búsqueda posterior de quien lo atropellara-, como los propuestos por la defensa, conocidos del imputado que lo ven camino a "Delfín Náutica", los empleados de esa guardería de lanchas, los de la estación de servicio y varios conocidos o amigos que se encontraban en el Yacht Club o en cercanías de la laguna y, finalmente, las sucesivas declaraciones de V. B. -que lo admite, pese a negar su intervención en el accidente-, así lo demuestran y no puede objetarse" (f. 11).

Asimismo, abordó el Tribunal las diversas inquietudes de la defensa en relación al mérito que se hiciera de las diversas pruebas. Así, frente al reparo esgrimido acerca de que la lancha fue secuestrada porque era la que guiaba B., el A quo, luego de valorar en su conjunto las deposiciones de Martín -quien fuera el que avistara a quien conducía la lancha navegando solo cuando atropella a P. y luego en la misma lancha encuentra a B. con su esposa, y lo reconociera como el autor del accidente- dejó en claro que "cuando se ordena y se procede al secuestro desde "Delfín Náutica" de la lancha con las características de la descripta por los testigos, no se secuestra 'la lancha de B.' sino la única que en esa guardería tenía las características buscadas y que fuera descripta y reconocida por los testigos.

Fundamentalmente, la que fuera sindicada por M. en forma suficientemente precisa como para ser objeto de aquella medida" (f. 12).

Se hizo cargo también la Cámara de la queja del defensor en torno a que se habría alterado el "onus probandi", al haberse exigido la prueba de la inocencia del imputado, remarcando al respecto que se habían ponderado las explicaciones dadas sobre las distintas circunstancias por B. como así también los testimonios aportados por la defensa, mas lo cierto es que las consideró insuficientes frente al cúmulo de pruebas sindicantes de la autoría del justiciable.

Ponderó asimismo el A quo los dichos de A. y C., y sostuvo que "coinciden en líneas generales en que los acompañantes de la prueba de natación, desde el primer momento, sindicaron una lancha de las características de la utilizada por B. y, a su vez, describieron al masculino que la conducía con condiciones físicas similares a las del imputado" (f. 14).

También reputó verosímil que quienes vieran muy de cerca al autor del accidente pasar a gran velocidad no lo reconocieran en el primer momento pero luego al encontrarlo durante la búsqueda confrontar el recuerdo fresco en su memoria con las características físicas del conductor de la lancha, parecido a quien la condujera en el accidente" (f. 15).

Consideró de tal suerte el Tribunal que "El hecho de que se trató de la única lancha con esa descripción, comandada por una persona con idénticas características físicas, incluso con el torso desnudo, bronceado, etc., pese a que en las últimas oportunidades lo acompañara su esposa, sumado al escaso tiempo transcurrido entre el atropellamiento y el encuentro con B. cuando se dirigía hacia la guardería de lanchas, refleja una coincidencia de entidad suficiente para robustecer la acreditación de la intervención del nombrado" (f. 14vto.).

A su vez, valoró los testimonios propuestos por la defensa -varios de los cuales manifestaran haber visto navegar a B. con su esposa, o al menos acompañado de otra persona, dirigiéndose al Norte en horas cercanas al accidente-, tales los de J. C., J. S. y L. J. C. Mas luego de examinarlos, sostuvo que, por resultar erráticos respecto de la hora precisa en que lo hiciera, y por su origen, al provenir predominantemente de allegados, no llegaban a conmover el valor cargoso de los testimonios incriminantes.

Seguidamente, ante el cuestionamiento de la defensa de B. respecto de que no se habían probado las circunstancias de modo, tiempo y lugar, consideró que tal reparo no tenía asidero puesto que había quedado palmariamente acreditado "...que el lugar fue en las cercanías de la playa "Piedras Blancas", a unos 100 metros de la costa y a unos 200 metros aguas arriba de ese balneario.

Los testimonios incriminantes citados coinciden en líneas generales sobre el lugar, sobre la forma en que la lancha guiada por B. circulaba hacia el Norte y la ubicación aproximada de la piragua, del nadador atropellado y el momento y lugar del encontronazo lesivo" (f. 16). Afirmó luego que "cuando se arriba a la conclusión de que los hechos ocurrieron de la manera en que el magistrado lo establece en su sentencia, reconstruyendo la verdad histórica sobre la base de los testimonios de D., M., A., etc., descartando fundadamente los que le son opuestos, este análisis no se aprecia como un razonamiento incongruente o parcial, sino que, por el contrario, luce como la conclusión lógica, luego de evaluar las pruebas en su conjunto a la luz de la sana crítica racional" (f. 16vto.).

Vale decir, las objeciones planteadas por la defensa -respecto de la ausencia de prueba objetiva de cargo, como así los relativos a la irrazonable apreciación que se efectuara de los diversos testimonios, otorgando una arbitraria preeminencia a los incriminantes por sobre los que resultaran favorables al imputado- frente a lo argumentado por la Sala, no encuentran suficiente asidero, y no logran superar el nivel de la mera discrepancia con la valoración que de todos ellos realizaran los sentenciantes, para llegar a poner en cuestión la propia aceptabilidad constitucional del fallo impugnado.

Tampoco puede tener acogida favorable el restante agravio referente a la no aplicación por parte de la Sala del principio "in dubio pro reo".

En primer lugar, conviene recordar que el beneficio que consagra el artículo 5 del Código Penal se encuentra limitado a la duda en el ámbito de la valoración de la prueba, y dirigido con exclusividad al órgano jurisdiccional, y así lo tiene dicho esta Corte en numerosas oportunidades, al afirmar que tal cuestión "...-inexorablemente ligada a la valoración de la prueba- es materia propia de los jueces de la causa" (A. y S. T. 43, p. 73, T. 76, p. 119/121; T. 77, p. 384/387; T. 84, p. 214/216; T. 110, p. 262/265, entre otros).

Y en segundo término, como puede verse de acuerdo a todo lo expuesto en la decisión atacada de arbitrariedad, el Vocal preopinante, en orden a concluir que tenía por suficientemente acreditados los hechos imputados y la intervención de B. en aquéllos, dio argumentos por los cuales no resultaba de aplicación al caso la referida máxima procesal.

Por último, no ha de prosperar tampoco la tacha formulada en relación a la confirmación del acogimiento parcial de la demanda civil instaurada por P., desde que los argumentos que expone -invocando que en virtud de la pretensa absolución de culpa y cargo de su defendido, de En definitiva, más allá de que -como se dijera- la solución alcanzada no satisfaga al recurrente, se efectuó una evaluación razonada de los hechos de la causa y se brindaron los motivos por los cuales se encontraba acreditada la autoría de B. de las lesiones que sufriera P. en el accidente náutico que protagonizaran, por lo que la decisión del Inferior merecía ser confirmada, y sin que su argumentación alcance a persuadir a este Cuerpo acerca de que se hubiese brindado una respuesta jurisdiccional sin suficientes fundamentos que avalen la solución adoptada e incumpliendo de tal modo el mandato que emana del artículo 95 de la Constitución provincial.

Por ello, al no lograr la compareciente persuadir acerca de que los juzgadores incurrieron en un inequívoco apartamiento del derecho aplicable, ni en omisiones, valoraciones o interpretaciones arbitrarias -y aunque lo decidido no la conforme- el remedio intentado queda reducido a una mera disconformidad con lo resuelto por los jueces de la causa en ejercicio de funciones propias, lo que no depara caso constitucional que permita la apertura de esta instancia excepcional, por cuya vía se tiende a reparar agravios que impliquen un grosero desconocimiento del derecho a la jurisdicción, y conviertan al pronunciamiento en una no sentencia, mas no autoriza a sustituir a las instancias ordinarias, en la interpretación del derecho sustantivo o procesal o en la ponderación del material fáctico del litigio.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE:

Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.:VIGO-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)