Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2018-02-26


EXPEDIENTE N° 870: "GOMEZ Sergio Eduardo C/ Provincia de San Juan - Contencioso Administrativo".

PROT.: L. DE SENTENCIAS - T° 1 - F° 5/11 - AÑO 2018.- En la Ciudad de San Juan a los veintiséis (26) días del mes de febrero de 2018, reunido el Tribunal bajo la presidencia del Dr. Juan Jesús Romero y los señores vocales Dra. María Josefina Nacif y Dr. Héctor S. Cabrera, a fin de conocer el recurso de apelación interpuesto a fs. 142 por la parte actora, contra la sentencia de fecha 14 de octubre de 2015, dictada en los presentes AUTOS N° 117.855 (AUTOS N° 870 C.C. SALA IV) DEL JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CARATULADOS "GOMEZ SERGIO EDUARDO C/ PROVINCIA DE SAN JUAN S/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO", por la Sra. Juez titular del Juzgado Contencioso Administrativo a fs. 129/138 vta.. Recurso que fuera concedido con efecto suspensivo por decreto de fs. 143.- Que la integración de este Tribunal se encuentra consentida y firme como consta a fs. 176 de autos; razones por las que se procederá a considerar el recurso traído a estudio.- EL DR. JUAN JESÚS ROMERO, DIJO:

I- Antecedentes del caso.- Por el decisorio apelado la señora Juez a quo rechazó la demanda en todas sus partes e impuso las costas por su orden. Para resolver de este modo, tras efectuar una reseña de los antecedentes que informan la causa, sostuvo que el actor fundó la nulidad de los actos administrativos atacados (Resoluciones de la Jefatura de Policía n° 1242-JP/05 del 06/12/2005 y n° 1415-JP/09 del 24/09/09, y Resolución Ministerial n° 054-MG/10 del 08/02/10 del Ministerio de Gobierno, emitida en el expte. administrativo n° 206-780-09), en la falsedad o manipulación de las actuaciones administrativas sin haber efectuado en su momento la denuncia penal correspondiente, como que tampoco planteó tal cuestión en ocasión de ampliar fundamentos del recurso jerárquico que dedujera contra la Resolución n° 1415-JP/09, a los fines que el superior conociera de ello y tomara las medidas pertinentes.- De igual modo sostuvo que al momento de promover la demanda o en ocasión que fueran recepcionadas las actuaciones administrativas en sede judicial, el actor no dedujo incidente de redargución de falsedad de instrumento público. En función de tales circunstancias concluyó que resultaba imposible tener por cierto el relato del actor, por lo que el recurso administrativo instado contra la Resolución n° 1242/05 dictada en el Sumario n° 154/03 fue deducido en forma extemporánea; de este modo la Resolución Ministerial n° 054-MG/10, que rechaza el recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio por extemporáneo, fue dictada conforme a derecho, por lo que la impugnación que el actor formula mediante esta acción judicial resulta improcedente.- En cuanto al rechazo al pedido de acumulación de actuaciones (información sumaria n° 154/03 con el Sumario Administrativo n° 215/05 -ambos del registro de la Policía de San Juan-) que el actor solicitara en sede administrativa, sostuvo que tal petición fue efectuada con posterioridad a la realizada en el aludido Sumario n° 215/05 y que fuera rechazada mediante Resolución n° 1693-JP/08, la que quedó firme para el impugnante. Así considera que habiéndose agotado la instancia administrativa en el Sumario n° 215/05, con el dictado de la Resolución n° 0121-MG-/11 emitida en el Expediente n° 206-552-07 del registro del Ministerio de Gobierno, por el que se rechazara los recursos interpuestos contra la Resolución n° 1693-JP/08 que no ha sido objeto de impugnación mediante esta vía judicial u otra denunciada por el actor, habiéndose decretado con posterioridad la cesantía del actor a través del Decreto n° 0965-G/11, concluye que el pedido de acumulación formulado resulta improcedente.- Finalmente y con relación al hecho nuevo denunciado por el actor, esto es, el dictado del Decreto n° 0965-G/11 del 12/09/11 que dispusiera su baja de la fuerza, la juez a quo consideró que no habiendo sido cuestionada tal decisión por las vías legales pertinentes, la misma dejó firme y consentida la sanción expulsiva dispuesta por el Poder Ejecutivo y consecuentemente toda discusión inherente a su situación de revista devino en abstracto.- Contra dicho pronunciamiento se alza la parte actora a fs. 142, concediéndose el recurso de apelación interpuesto a fs. 143, el que fuera fundado a fs 144/154 y replicado por la demandada a fs 157/160.- II- Expresión de agravios de la actora.- En su libelo de fs. 144/154 y bajo el primer agravio el apelante plantea la nulidad de la sentencia por arbitrariedad con fundamento en que la juez a quo rechazó la demanda aduciendo que su parte invocó y no probó la existencia de manipulación en la foliatura de la Información Sumaria n° 154/03, considerando que éste no es el meollo del asunto ya que el recurso que dedujera contra la Resolución de la Jefatura de Policía n° 1242-JP/05 es de nulidad y por tanto carece de plazo legal para su interposición. En función de ello considera que la juez a quo debió abordar el fondo de la cuestión a fin de restablecer sin dilaciones el imperio de la juridicidad.

Asimismo objeta que la magistrado a-quo no haya tenido en cuenta que de las actuaciones administrativas incorporadas al proceso consta que el trabajador fue notificado de las Resoluciones n° 1058-JP-05 y n° 1242-JP-05 en fecha 05/01/06, sin otorgarle copia de las mismas. En relación a ello afirma que se encuentra acreditado en autos que su parte en fecha 06/01/06, solicitó copia de las aludidas Resoluciones que le fueran entregadas recién el día 09/01/06, por lo que a partir de tal día quedó notificado formalmente del contenido de las mismas. A tenor de tales consideraciones considera que el recurso deducido en fecha 11/01/06 es temporáneo.- b) Bajo el Segundo agravio el apelante objeta que la juez de grado haya omitido valorar que su parte fundó la nulidad de la Resolución de Jefatura de Policía n° 1242-JP-05 no en las irregularidades producidas en la refoliatura de las actuaciones administrativas, sino en los graves vicios que contiene al no haberse dispuesto la acumulación de sumario administrativo que se seguía contra el actor por presunto abandono de servicio con el trámite de la Información Sumaria n°147/03 iniciada por la enfermedad que le impedía cumplir con el débito laboral.- En relación a ello considera que la acumulación resultaba procedente por existir identidad de sujeto, de causa, de objeto y porque lo que se decidiera en la aludida Información sumaria influiría en forma determinante con lo que se dispusiera en el Sumario Administrativo n° 215/05, siendo éste y no otro el principal fundamento del recurso de nulidad interpuesto. En función de ello le agravia que la juez a quo sólo considerara que el pedido de acumulación formulado en la Información Sumaria n° 154/03 no resultaba procedente porque había sido efectuado con posterioridad al que el actor realizara en el Sumario Administrativo n° 215/05, que fuera rechazado mediante Resolución n° 1693-JP/08 que quedara firme y cuyo trámite concluyera con el dictado del Decreto 0956-G/11 por el que se decidió su cesantía.- Asimismo en relación a la cesantía dispuesta mediante el Decreto 0956-G/11 afirma que el mismo no fue objeto de impugnación por considerar que no hacía falta en la especie el agotamiento de la vía administrativa previsto por el art. 766 del C.P.C., por haber sido dictado por el titular del Poder Ejecutivo, máxima autoridad administrativa citando doctrina y jurisprudencia alusiva.- Por todo lo cual, pide se revoque la resolución en crisis, declarando su nulidad por los graves vicios que contiene, formulando reservas legales.- A fs. 157/160 obra responde del memorial por la accionada quien en función de los argumentos que allí expone, solicita la confirmación de la sentencia apelada.- A fs. 172 obra certificación de pase de autos a estudio.- III- Tratamiento de los agravios.- Ingresando al estudio del recurso concedido estimo oportuno referirme con carácter previo a la disposición contenida por el segundo párrafo del artículo 253 del C.P.C referente a las exigencias que debe cumplir todo memorial de agravios; en efecto tal norma determina que la expresión de agravios deberá contener una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que la recurrente considere equivocadas, debiendo refutar todos y cada uno de los fundamentos independientes que den sustento a la decisión apelada en relación a las cuestiones planteadas. En forma inveterada esta Cámara ha sostenido que: "Expresar agravios significa refutar y poner de manifiesto los errores de hecho o de derecho que pueda contener la sentencia, pero además, consiste en refutarlos hasta que ninguno de los fundamentos esenciales del pronunciamiento quede en pie. Esto supone la carga procesal que implica una exposición jurídicamente calificada, donde queden en evidencia, punto por punto, aquellos errores que tornan injusta o contraria a derecho la resolución tomada por el juez". (Sala I, Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería de San Juan, autos Galván de Cañadas, Elena Ivana c/ Gorviric, Jorge Pablo, D. y P.-" L.S. T° 102 F° 49/56 14-11-08 - Jurisprudencia de San Juan 2007- 2008- 2009- 2010- 2011 - 1° Semestre Pág. 91) (AUTOS N°109361 (C.C. SALA IV Nº577) Juzgado Contencioso Administrativo, caratulados: "MUNICIPALIDAD DE SARMIENTO C/ CASTRO JOSÉ MARÍA- EJECUTIVO", L. de Autos T°II, F° 140/146, de fecha 19/08/2016).- Me permito formular tal observación en cuanto de la simple lectura del libelo de fs. 144/154 se advierte que el apelante no ha refutado en forma cabal y total los argumentos fácticos y jurídicos que sustentan el fallo apelado, habida cuenta que la apelante expresa una disconformidad con lo resuelto en la sentencia efectuando un razonamiento paralelo pero sin rebatir los argumentos del pronunciamiento impugnado.- "La expresión de agravios no debe ser una fundamentación paralela al razonamiento del juez, sino que debe cruzar tal razonamiento, demostrando el error del juez" (Código de Procedimientos Civil, Comercial y Minería, comentado por el Dr. Jaime A. Velert F. y colab., Tomo 2, volumen "A", pág. 144).- También se ha expuesto: "En ausencia de fundamentos específicos referidos a las consideraciones determinantes de la sentencia adversa a las pretensiones del recurrente, no hay agravio que atender en la alzada (LL, 1983-C-221); debiendo reiterarse que resulta imperativo satisfacer la carga procesal de demostrar los agravios respecto de las motivaciones básicas de la sentencia, la cual no puede ser suplida haciendo hincapié en aspectos secundarios y en circunstancias que carecen de relevancia, pues de lo contrario quedan firmes" (LL, 1993-A-404)" (Código de Procedimientos Civil, Comercial y Minería, comentado por el Dr. Jaime A. Velert F. y colab., Tomo 2, volumen "A", pág. 146). (Autos N° 124663/CA - C.C. Sala IV Nº 814 - Juzgado Contencioso Administrativo, caratulados "Arias Dora Mercedes C/ Provincia de San Juan - Amparo por Mora (en cont. adm)" Prot.: L. de Autos T°II F° 58/61 año 2016). Criterio que ya ha sido sostenido por esta Sala en diversos pronunciamientos, como en autos Nº 531, Sala IV, del juzgado Contencioso Administrativo, caratulados "PAEZ JESUS ARIEL RAÚL C/ PROVINCIA DE SAN JUAN - CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO"- PROT.: L. DE SENTENCIAS - T° I - F° 149/156 - AÑO 2016.- Sin perjuicio de ello y en resguardo del derecho de defensa de la apelante, me pronunciaré sobre aquellos aspectos del memorial que estimo relevantes a fin de dar respuesta jurisdiccional al recurso concedido.- Sin lugar a dudas considero que resulta dirimente a los fines de sellar la suerte del recurso determinar si la pretensión impugnaticia planteada en autos por el actor devino en abstracto a consecuencia de su cesantía que fuera dispuesta por la autoridad administrativa mediante la sanción del Decreto n° 0965 del 12/09/11, el que a criterio de la juez a quo, quedó firme y consentido para el actor en cuanto éste no lo impugnó jurídicamente sino que se limitó a denunciarlo como un hecho nuevo.- En tal sentido coincido con la juez a quo en cuanto que la falta de impugnación de tal acto administrativo, que dispusiera nada mas y nada menos que la cesantía del actor importa que haya devenido en abstracto la impugnación de los actos administrativos que le sirven de antecedente.- No resulta ser una cuestión menor que el apelante propone como agravio considerar que resultaba innecesario impugnar jurídicamente su cesantía en la inteligencia que tal acto administrativo (Decreto del Poder Ejecutivo) no requería el agotamiento de la vía administrativa, siendo suficiente su denuncia en carácter de hecho nuevo en este proceso, para así habilitar a la juez aquo a dejarlo sin efecto.- Tal agravio no resiste el mas mínimo análisis en cuanto que la juez de grado en ningún momento reprocha al actor no haber agotado la vía administrativa a los fines de controvertir su cesantía, sino lo que cuestiona es su falta de impugnación judicial, ya sea mediante la ampliación de esta demanda o a través de una acción judicial autónoma que no ha sido denunciada en autos, siendo ésta cuestión y no otra, la que dejó firme y consentida la medida expulsiva dispuesta por el Poder Ejecutivo.- Así las cosas considero que la sanción del referido Decreto de cesantía ha tornando en inoficioso el tratamiento de los actos administrativos impugnados en la demanda. No obstante ello, a mi entender la juez a quo, sin la obligación de hacerlo, analizó y rebatió los argumentos invocados en la demanda tendiente a obtener la nulidad de los actos administrativos impugnados en autos (Resoluciones de Jefatura de Policía n° 1242-JP05; n°1415-JP/09 y Resolución Ministerial n° 00545-MG- tramitada en expediente n°206-780-09).- No corresponde emitir pronunciamiento de mérito alguno cuando las circunstancias sobrevinientes a la iniciación del trámite judicial son determinantes de lo inoficioso de dilucidar la pretensión articulada (Fallos: 276:207; 278:357; 279:30 y 302:721) debiendo declararse también inoficioso pronunciarse respecto de las apelaciones deducidas ya que al tribunal le está vedado expedirse sobre planteos que han devenido abstractos (C.S.J.N., causa B.671. XXXVI "Buenos Aires, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción declarativa", 26/6/2007) (Cons. IV). Auto: "Riera Daniel Carlos C/ E.N.- M° Justicia s/ DDHH- PFA s/Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg". - C.NAC.CONT.ADM.FED. - Sala: Sala III. - Mag.: Argento, Grecco, Fernández. - Fecha: 17/09/2008 - Nro. Exp. : 37.088/03 - En función de los argumentos expuestos, no habiendo rebatido el apelante el argumento central, por el que a mi juicio, la señora juez de grado rechazó la demanda, esto es, la falta de impugnación del Decreto Provincial N°965-G-11 que dispusiera la cesantía del actor, no corresponde que me expida sobre los restantes agravios. Por ello, voto por el rechazo del recurso de apelación deducido por la actora y consecuente confirmación del fallo apelado.- IV- Costas y Honorarios.- En cuanto a las costas de la alzada, entiendo deben ser impuestas en el orden causado por resultar de aplicación al caso el principio general consagrado en el art. 20 de la Ley n° 883-A.- En relación a los honorarios de la letrada de la parte actora, Dra. María Laura Bruna, propongo se regulen en su favor el 30% de los honorarios que le fueran determinados mediante el punto III) de la sentencia de grado (cf. art. 21 inc. a de la Ley n° 56-O); no correspondiendo regular honorarios al letrado de la Fiscalía de Estado en virtud de lo dispuesto por el art. 20 de la Ley n° 319-E.- Así Voto.

LA SEÑORA JUEZ DE CÁMARA MARÍA JOSEFINA NACIF DIJO: Compartiendo el criterio del miembro informante y votando en igual sentido, agregaré que indudablemente el accionante pretendía, mediante la interposición de esta acción, que le fuera reconocido por parte de la accionada que había dejado de concurrir al trabajo como consecuencia de su enfermedad, ya que la administración intentaba atribuir sus ausencias a un "abandono de trabajo", tal como refiere en el memorial (fs. 148/9).- En definitiva la pretensión del apelante era evitar su posible cesantía atacando los actos administrativos dictados en el marco del Sumario Administrativo que se le instruyera, por no haberse presentado a trabajar durante casi dos años; actuaciones que concluyeron con el dictado del Decreto Nº 0965-G-11, por el que se dispone su cesantía, por haber infringido el art. 32 incs. 1 y 5 del Reglamento del Régimen Disciplinario Policial y normas de la ley del Personal Policial, consignadas en dicho acto. Notificado que fuera el accionante éste se limita a acompañar una copia del decreto, denunciándolo como "hecho nuevo" y como prueba de la arbitrariedad y abuso de poder desplegado por la administración (ver fs. 62 a 65 vta.).- En este punto debo destacar que el único alcance que puede darse a esta postulación es la establecida en el art. 297 del CPC, que prevé la posibilidad de que el actor incorpore un documento después de interpuesta la demanda, que sea de fecha posterior y del cual no tuviere conocimiento, a fin de correr vista a la otra parte a fin que lo reconozca o niegue (art. 318 inc. 1 ibídem).- Es ese y no otro el alcance jurídico de su presentación, por ello, como bien señala la juez a quo, debió el accionante ampliar la demanda o iniciar una nueva en resguardo de su derecho solicitando la revocación del acto, toda vez que como es harto sabido, el acto administrativo goza de presunción de legitimidad y su fuerza ejecutoria faculta a la administración a ponerlo en práctica por sus propios medios (art. 14 Ley de Procedimiento Administrativo).- En tal contexto el Decreto Nº 0965-G-11, por el cual se deja cesante de las filas de la Policía de San Juan al apelante, se encuentra firme y consentido, toda vez que como dijera no fue impugnado judicialmente como correspondía, tal como señala la Sra. juez de grado y el Sr. Juez de Cámara que me precede en el voto.- La inexacta interpretación que da el apelante a la sentencia de grado; que como bien dice el miembro informante no achaca al actor la falta de agotamiento de la vía administrativa, sino la falta de impugnación judicial del Decreto de cesantía, mediante los mecanismos antes señalados; produjo como consecuencia la imposibilidad de la revisión en esta sede judicial de un acto firme y consentido que ha adquirido el carácter de cosa juzgada administrativa.- Finalmente señalaré que no se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva como entiende el apelante, toda vez que ha recibido en respuesta a sus peticiones una respuesta debida y acabadamente fundada. ".El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva comprende el de obtener una resolución fundada en derecho, resolución que será de fondo, sea o no favorable a las pretensiones formuladas, siempre que concurran los requisitos procesales para ello. Dicha tutela debe considerarse satisfecha con la obtención de una resolución fundada en derecho, que puede ser de inadmisión o desestimación por algún motivo formal cuando concurra alguna causal legal y así lo acuerde el Tribunal en aplicación razonada de la misma..." (Id. del fallo: 98162552 - Fecha: 17/08/2005 - Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR - Fuero: CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - Tipo de proceso: Sentencia - Carátula: MANZOTTI, NORMA TERESITA C/CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA S/PLENA JURISDICCIÓN - RECURSO DE CASACIÓN - Firmantes: SESIN - TARDITTI - ANDRUET (H) - Referencias normativas: LEY 7182 0 // LEY 0 C.P.C.A. // LEY 6658 0 // LEY N 19549 0 // RESOL 210145 0 // RESOL 215871 0 // LEY 8024).- EL SEÑOR JUEZ DE CÁMARA HÉCTOR S. CABRERA DIJO: Por compartir plenamente los fundamentos vertidos por los miembros preopinantes, adhiero a lo resuelto en el presente recurso.

En mérito de la votación que antecede, el Tribunal por unanimidad, RESUELVE:

I) Rechazar el recurso de apelación deducido por la actora contra la sentencia obrante a fs. 129/138 vta., por los fundamentos expresados en los considerandos precedentes.- II) Imponer las costas en el orden causado (cfr. art. 20 de la Ley n° 883-A).- III) Regular los honorarios profesionales de la apelante, abogada María Laura Bruna, por su actuación en esta instancia, en el 30% de los honorarios que le fueran regulados mediante el punto III) de la sentencia de primera instancia (cf. arts. 21 inciso a y 47 de la Ley n° 56-O). No regular honorarios a favor del apoderado de la accionada en virtud de lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley n° 319-E.- Protocolícese, notifíquese en debida forma y, previa reposición de sellado si correspondiere, bajen los autos al juzgado de origen.-