Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-02-29


SENT Nº 74	C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Veintinueve (29) de Febrero de dos mil doce, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán, René Mario Goane y la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel Estofán, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte parte actora en autos: "Giménez Vanina vs. Sanatorio 9 de Julio S.A. s/ Cobro de pesos".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Antonio Daniel Estofán, René Mario Goane y doctora Claudia Beatriz Sbdar, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, dijo:

En contra de la sentencia emitida por la Sala IV de la Excma. Cámara del Trabajo de fecha 21 de setiembre de 2010 glosada a fs. 270/274, la parte actora interpone recurso de casación el que fuera concedido por resolución del referido tribunal de fecha 12 de agosto de 2011 (fs. 292). Del informe actuarial de fs. 302 surge que únicamente la parte actora ha presentado la memoria facultativa prevista en el artículo 137 del CPL.

I.- Por la referida sentencia se dispuso: "1) Admitir parcialmente la demanda promovida por la actora,... condenando a la parte demandada al pago de la suma de $ 28.519,04, por los conceptos de indemnización por antigüedad, indemnización sustitutiva de preaviso, mes de despido integrado, SAC proporcional 2006, indemnización por vacaciones proporcional 2006, indemnización artículo 182 LCT. ...; 2) Absolver a la demandada del pago de los rubros artículos 1 y 2 de la Ley 25.323...; 3) Costas y Honorarios...".

II.- El recurrente, considera que, "...la sentencia que impugna resulta contraria a los preceptos de los artículos 1 y 2 de la ley 25.323 y por ende arbitraria al omitir parcialmente las pruebas aportadas".

Lo precedentemente expuesto por el recurrente, lo hace "sin perjuicio de dejar expresamente reconocido que con las excepciones apuntadas, la sentencia en crisis resulta impecable, ya que la interpretación de los hechos y el derecho en las restantes cuestiones es correcta, ajustada a las normas legales vigentes ... por lo que de casarla no se deberá anularla en forma íntegra, sino solamente en lo que es materia de agravios".

II.a) Sostiene, "...el fallo no hizo lugar a las sanciones previstas en los artículo 1 y 2 de la ley 25.323, sin fundamento al considerar que: h)... Corresponde rechazar la pretensión indemnizatoria reclamada, al no estar probado que el actor haya intimado al pago de las indemnizaciones legales".

Argumenta, "vemos que el A quo trata los dos supuestos de la ley en forma idéntica, cuando ello no es así, se trata de distintos casos y requieren distintas condiciones de viabilidad. En lo que hace al artículo 1º de la ley ... este artículo no requiere intimación solamente se necesita que el trabajador se encuentre deficientemente registrado al momento del despido."(transcribe la norma).

Continúa, "en autos está probado y reconocido por la sentencia que la actora se encontraba deficientemente registrada, por lo que existe una errónea aplicación de la norma jurídica por parte del tribunal de grado, al exigir la necesidad de intimación previa...".

II.b) Considera, "esta parte se agravia de la incorrecta apreciación de la prueba realizada por la sentencia. Especialmente de la omisión de los telegramas de ley remitidos por la actora, lo que genera el erróneo rechazo de la indemnización del artículo 2º de la ley 25.323, ...ya que esta parte ha realizado la referida intimación mediante telegrama de fecha 20 de junio de 2006 ... y reiterado en telegrama de fecha 05 de julio de 2006. ... De esta forma se ha dictado una sentencia arbitraria y susceptible de ser casada en forma parcial como se peticiona" (fs. 38 y 40). Cita jurisprudencia que considera abona su derecho.

III.- El recurso ha sido interpuesto tempestivamente según constancias de fs. 282 vta. y el cargo actuarial de fs. 288, se dirige contra una sentencia definitiva (artículo 130 del CPL), no resultando necesario el afianzamiento previsto en el artículo 133 del CPL por tratarse de la parte actora, en virtud de lo dispuesto por el artículo 13 del CPL, el escrito recursivo se basta a si mismo, y la impugnación se motiva por considerar que no se ha aplicado correctamente el derecho sustantivo al tratar las sanciones previstas en los artículos 1 y 2 de la ley 25.323, incurriendo en arbitrariedad al no hacer un correcto análisis de las normas referidas y las pruebas aportadas.

Respecto a esto último, es del caso aclarar que la ponderación por esta Corte de aquella valoración efectuada por el tribunal de grado, la cual constituye una cuestión de derecho, pues consiste en asignar el sentido jurídico del material fáctico de la causa, resulta objeto propio del recurso extraordinario local por tratarse de una típica cuestión jurídica, cual es la determinación de la existencia de un error in iuris iudicando por parte del A quo.

Por todo ello, el recurso resulta admisible, correspondiendo entrar a analizar su procedencia.

IV.- En primer lugar, corresponde señalar que en el escrito de demanda la accionante reclamó las indemnizaciones previstas en los artículos 1 y 2 de la ley 25.323 (ver fs. 9); por lo que, el agravio del recurrente en relación al escueto e igualitario tratamiento del tribunal de grado para rechazar ambos rubros integra el thema decidendum de la presente litis.

Antes que nada, es preciso tener en cuenta que la ley 25.323 regula dos situaciones distintas, cada una de las cuales -en caso de configurarse- trae como consecuencia que el trabajador tenga derecho a reclamar un incremento de las indemnizaciones que le corresponde percibir, incremento cuya magnitud resulta diferente según el caso de que se trate y que puede ser reclamado individualmente por presentarse sólo una de las dos situaciones, o conjuntamente en caso de que los presupuestos fácticos que prevén los arts. 1 y 2 de la ley 25.323 se configuren simultáneamente.

Ambos supuestos no deben ser confundidos, pues el art. 1° de la ley 25.323 refiere al caso en que la relación laboral no está registrada o lo está de modo deficiente al momento del despido, mientras que el art. 2° tiene que ver con la falta de pago de las indemnizaciones por parte del empleador cuando ha sido previamente intimado para ello.

En relación al artículo 1º de la norma citada debe tenerse presente que su análisis tiene una evidente y necesaria articulación con la ley 24.013 y su interpretación deber hacerse desde la complementariedad.

De la confrontación de las normativas nacionales puede colegirse que ambas tratan de sancionar e impedir los casos particulares que impulsen el trabajo denominado "en negro" a través de la falta de registración como de la registración parcial. Esta lectura posibilita una interpretación adecuada y razonable de la norma por cuanto resultaría excesivo y contrario a la misma la imposición de la sanción del artículo 1 para cualquier falencia registral sin consideración de las condiciones y sus características particulares.

A la luz de lo considerado, cabe concluir que asiste razón al recurrente al considerar infundado y arbitrario el rechazo dispuesto por el tribunal de mérito respecto del artículo 1º de la ley 25.323 por "falta de intimación", toda vez que para hacerse acreedor al mismo solo corresponde haberse acreditado la deficiente registración, lo cual -en el presente caso- el tribunal de grado lo ha reconocido expresamente en la sentencia en crisis.

En lo que respecta a la multa prevista en el artículo 2 de la ley 25.323, debemos decir que tratándose de una sanción para que el empleador moroso en el pago adecue su conducta -como última oportunidad- a las disposiciones legales y dé cumplimiento con su obligación de abonar las indemnizaciones, la intimación exigida por la norma legal debe reunir los siguientes requisitos: debe ser expresa, clara y concreta y debe efectuarse luego de vencido el plazo de cuatro días hábiles determinados por la LCT (arts. 128 y 149) oportunidad en que el empleador recién estará en mora.

En el caso, el A quo, sostuvo dogmáticamente que la intimación no estaba realizada por quien reclama su aplicación, omitiendo analizar las pruebas de autos en especial la correspondencia epistolar cursada entre las partes (fs. 38/43) y si la misma tiene la virtualidad de haber puesto en mora al empleador, ante el pago insuficiente de las indemnizaciones de ley, que es lo que en autos se reclama.

Consecuentemente, corresponde casar parcialmente el pronunciamiento impugnado en cuanto dogmáticamente, sin analizar pruebas pertinentes para la solución del litigio y en contradicción con sus propias afirmaciones en relación al trabajo deficientemente registrado, resuelve rechazar las sanciones previstas en los artículos 1 y 2 de la ley 25.323, conforme a la siguiente doctrina legal: "Debe descalificarse como acto jurisdiccional válido, la sentencia que omite valorar adecuadamente las pruebas de la causa y rechaza sanciones previstas legalmente, en contradicción con sus propias afirmaciones", debiéndose remitir los autos a la Excma. Cámara del Trabajo, para que por intermedio de la Sala que por turno corresponda, dicte nuevo pronunciamiento sobre las sanciones impuestas por los artículos 1 y 2 de la ley 25.323.

Como lógica consecuencia de lo decidido, corresponde dejar sin efecto lo resuelto por la Cámara en relación a cuestiones accesorias tales como las costas (punto III resolutivo) y los honorarios (punto IV resolutivo), dejándose expresamente sentado que el reenvío dispuesto lo es también para que, luego de resolver sobre la procedencia o no del rubro artículos 1 y 2 de la ley 25.323 y determinado el monto actualizado de la condena por todos los conceptos por los que prospera la demanda con más sus intereses (cfr. art. 46 inc. a CPL), el Tribunal imponga las costas teniendo en consideración el éxito o rechazo de la pretensión en relación a todos los rubros reclamados en la demanda y no sólo los que fueron materia de reenvío (cfr. art. 46 -primera parte- CPL, art. 265 inc. 7 CPCC -ex art. 273-) y proceda a regular honorarios de los profesionales intervinientes (cfr. art. 46 inc. b CPL).

V.- Las costas correspondientes a esta instancia casatoria deberán ser soportadas por el orden causado, atento a que el vicio que provoca la casación del fallo proviene de la actuación del órgano jurisdiccional (arts. 49 CPL y 105 inc. 1° -ex 106- CPCC).

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo	Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor Antonio Daniel Estofán, vota en igual sentido.

La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo	Comparto el voto del señor vocal preopinante, doctor Antonio Daniel Estofán, puntos I, II, IV y V.

El recurso de casación queda aprehendido entre los recursos extraordinarios, aquellos cuya admisibilidad se halla supeditada a la concurrencia de motivos o causales específicamente establecidas por la ley, y en los cuales, consecuentemente, las facultades del órgano competente para resolverlos están limitadas al conocimiento de determinados aspectos de la resolución impugnada. En la legislación argentina son recursos extraordinarios, en el orden nacional, el federal previsto por el art. 14 de la ley 48 y el de inaplicabilidad de la ley, y en el orden provincial, los de inconstitucionalidad y casación (este último en sus dos aspectos referidos a los errores de juicio y a los defectos procesales) (cfr. Palacio, Lino, "Derecho Procesal Civil", Tomo V, pág. 36).

En el marco del alcance y finalidad de la vía extraordinaria local de la casación precedentemente recordada, la ley procesal laboral local dispone en su art. 131 que "el recurso de casación sólo podrá ser interpuesto por los siguientes motivos: 1. Por violación, inobservancia o errónea aplicación del derecho sustantivo o adjetivo. 2. Cuando la interpretación de la ley, realizada por la sentencia, resultara contradictoria con anteriores pronunciamientos de las Salas de las Cámaras de Trabajo dictadas en los cinco (5) años precedentes". Asimismo, consolidada jurisprudencia de esta Corte (de sus dos Salas) desde hace varias décadas admite de modo excepcional, como fundamento del recurso de casación, arbitrariedad en la valoración de la plataforma fáctica de la causa, supuesto que afecta las garantías constitucionales de los arts. 18 CN y 30 CP y que remite ineludiblemente a los hechos y pruebas que integran la referida plataforma fáctica (confr. recientes fallos de este Tribunal, "G.N.C. Alberdi S.R.L. vs. García Miguel Rubén s/Pago por consignación", sent. 05 del 14/02/2011; "Platas Robles Miguel Ángel vs. Marino Menéndez Ana Carolina s/Acciones posesorias", sent. 253 del 11/5/2011 y "Orellana Vda. de Caña Ana María vs. Raskovsky Luis Raúl s/Daños y perjuicios", sent. 824 del 28/10/2010, entre muchas otras). En efecto, no es posible para el tribunal que resuelve el recurso de casación, pronunciarse positiva o negativamente sobre el planteo de arbitrariedad en la valoración de la prueba si, a modo de ejemplo, se basa en que el fallo impugnado ha prescindido de una prueba relevante o, contrariamente, en que se funda en prueba irrelevante o bien, que valora irrazonablemente una prueba, y no examinara -en los dos primeros ejemplos- si la omitida o la considerada se trató o no, de una prueba relevante para la decisión del caso y -en el último- si las declaraciones de partes, o de terceros, o los términos del dictamen pericial, o de un documento han sido, o no, razonablemente interpretados por la Cámara.

Tanto cuando el recurso de casación se funda en violación, inobservancia o errónea aplicación del derecho sustantivo o adjetivo, como en el motivo jurisprudencialmente admitido de arbitrariedad en la valoración de la plataforma fáctica de la causa, debe cumplir las exigencias de oportunidad, definitividad del pronunciamiento, suficiencia de la impugnación y afianzamiento, establecidas en los arts. 132 y 133 del CPL. Todos los mencionados requisitos de admisibilidad son primero juzgados por la misma Cámara que dictó la sentencia impugnada (art. 136 del CPL) y, definitivamente por esta Corte en las actuaciones del recurso directo de queja por casación denegada deducido contra el pronunciamiento de la Cámara que declaró inadmisible el recurso de casación (art. 139 del CPL) o bien, cuando los autos principales son elevados porque el recurso ha sido concedido por el Tribunal de grado (art. 136 del CPL).

Efectuadas las precisiones precedentes, cabe señalar que esta Corte coincide con el juicio positivo de admisibilidad del recurso efectuado por la Cámara. Ello así por cuanto fue interpuesto en término, contra una sentencia definitiva, denuncia con argumentos bastantes arbitrariedad en la valoración de las pruebas de la causa e infracciones normativas, y no es necesario cumplir con el afianzamiento por ser la actora la que recurre (arts. 130/133 CPL). Consecuentemente, corresponde abordar la procedencia del recurso interpuesto.

Asimismo comparto y adhiero a los puntos dispositivos y sus fundamentos del referido voto.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo,	R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación incoado por la parte actora en contra de la sentencia emitida por la Sala IV de la Excma. Cámara del Trabajo de fecha 21 de setiembre de 2010 glosada a fs. 270/274, en base a la doctrina legal expresada en los considerandos. En consecuencia, dejar sin efecto el punto II dispositivo de la sentencia (en cuanto absuelve a la demandada de pagar los rubros indemnizatorios de los artículos 1º y 2º de la ley 25.323), la planilla de condena y los puntos resolutivos III (costas) y IV (honorarios); asimismo disponer la remisión de los autos a la Cámara a fin de que, con la composición que por turno corresponda dicte, en lo pertinente, nuevo pronunciamiento.

II.- COSTAS como se consideran	III.- DIFERIR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN RENÉ MARIO GOANE	CLAUDIA BEATRIZ SBDAR	(con su voto) ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA [Dictámen Ministerio Fiscal] Reg: 00030838-01