Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-09-14


Expte. Nº 6453 "INCIDENTE DE SUSPENSIÓN de juicio a prueba a favor de Raúl Imparado en autos 905/08 c/ Navarro, Juan Carlos y otros por estafa s/ Casación" En la Ciudad de San Juan, a catorce días del mes de setiembre del año dos mil quince, se reúnen los Miembros de la Sala Segunda de la Corte de Justicia, según ha sido integrada para entender en la presente causa, por los doctores José Abel Soria Vega, Juan Carlos Caballero Vidal y Adolfo Caballero, a fin de redactar la sentencia, conforme lo disponen los arts. 475 y 476 primera parte, en lo pertinente, por remisión del artículo 585 del Código Procesal Penal. No habiendo hecho uso la recurrente de la facultad contemplada por el artículo 583 del C.P.P., el Tribunal -ante la inexistencia de cuestiones incidentales- se planteó como única cuestión a resolver la siguiente: ¿Es procedente el recurso de casación deducido en autos? En su caso: ¿Qué resolución corresponde dictar?----------------- --- EL SEÑOR MINISTRO DR. JOSÉ ABEL SORIA VEGA DIJO:---- --- Contra la sentencia dictada en fecha 10 de diciembre de 2.014 por la Sala Tercera de la Cámara en lo Penal y Correccional (fojas sub. 6/8 vta.) deduce recurso de casación el Dr. Miguel A. Dávila Saffe, en su carácter de defensor de Raúl Alejandro Imparado (fojas sub. 10/15 vta.).-------------------------------------------------- --- El fallo impugnado dispuso no hacer lugar al pedido de suspensión de juicio a prueba formulado a favor del nombrado Raúl Alejandro Imparado. Básicamente tal decisión se fundamentó en la oposición fiscal manifestada en la audiencia respectiva, centrada en la circunstancia de que en el hecho investigado habrían participado funcionarios públicos, conjuntamente con personas que no revisten tal calidad, actuando en forma conjunta en detrimento del patrimonio de la Administración Pública. Además la negativa del órgano requirente fue sostenida en atención a la política de persecución penal, establecida por la Fiscalía General, en relación a delitos en los que el Estado resulte damnificado.------------------------------------- --- Por su parte, el recurrente esgrime que dicha resolución constituye una errónea aplicación de la ley sustantiva, además de carecer de la debida motivación para la aplicación de las consecuencias jurídicas que conlleva. Puntualmente, expresa que a su cliente se lo habría asimilado a la calidad de funcionario público para construir el rechazo del beneficio, otorgándosele un rol que no tiene, contrariando así la letra misma de la ley. Por otro lado, sostiene que la oposición efectuada por el señor fiscal constituye un dictamen sin fundamentación y un ejercicio arbitrario de la potestad del órgano acusador en tanto se basa en cuestiones ajenas a los recaudos fijados por la ley sustantiva que hacen a la viabilidad del instituto. Se dice que el señor fiscal -al marcar una calidad impeditiva no prevista en la norma- se valió de una interpretación extensiva y analógica que atenta los principios de legalidad y de igualdad. Finalmente se solicita la casación del fallo.----------------------------------- --- A fojas sub. 17/18 vta. el A-quo concedió el recurso de casación.--------------------------------------------- --- Tramitado que fue el planteo, el Dr. Dávila Saffe reiteró su pretensión a fojas sub. 27.--------------------- --- El Sr. Fiscal General de la Corte se pronunció por el rechazo del remedio intentado (fojas sub. 30/33). ------- --- Así la cuestión, cabe resolver el presente asunto trayendo a colación lo establecido por la Corte de Justicia en el Fallo Plenario Nº 80/10, de aplicación obligatoria en la Provincia por imperio del artículo 209 de la Constitución de San Juan. Allí se sentó que " . la oposición fundada del Acusador Público a la concesión de la suspensión del juicio a prueba sí es vinculante para el tribunal .". Asimismo en tal instrumento se sostuvo que ". cuando el Fiscal se opone a la suspensión del proceso manifiesta su voluntad de continuar con el ejercicio de la acción penal, resultando que tal manifestación de voluntad debe versar sobre una variedad de situaciones de oportunidad político criminal acerca de la conveniencia de continuar o interrumpir la persecución penal en concreto . en donde teniendo en cuenta las modalidades, naturaleza o gravedad del hecho, la peligrosidad de su autor, el aprovechamiento de la vulnerabilidad de la víctima, etc. podrá fundadamente oponerse a la suspensión del juicio .".----------------------------------------------- --- Resulta conveniente recordar que con anterioridad al plenario aludido, en autos Nº 2.397 "c/ Carmona, Raúl Javier y Gerardo Piola... s/ Casación" esta Sala definió con precisión los requerimientos de la actuación del Ministerio Público en la probation estableciendo que ". la conformidad del Ministerio Público es indispensable para la procedencia de la suspensión, resultando así que su oposición es vinculante para el Tribunal. Esto es consecuencia de la vinculación de este instituto con el principio procesal de oportunidad y de razones de política criminal, que determinan que la persecución penal debe quedar en manos exclusivas del órgano acusador, quien por imperio constitucional es el encargado de promover y ejercer la acción penal, y como tal cuando expresa su oposición a la suspensión del proceso, no ejerce jurisdicción sino que manifiesta su voluntad de continuar ejerciendo la acción ." (cfr. PRE S.2ª - 2001-II-213). Con idéntica tónica, luego se sentó que la oposición debe estar fundada y serlo en base a argumentos convincentes que han de circunscribirse en torno al principio procesal de oportunidad y razones de política criminal (PRE S. 2ª - 2.007-III-581).--------------------------------------- --- A partir de tales conceptos, y evaluando lo actuado en la audiencia celebrada el 2 de diciembre de 2.014 -cuya acta se glosa a fojas sub. 4/5 vta.-, soy de la firme convicción que las razones dadas por el titular del ministerio público para oponerse a la concesión de la suspensión del juicio a prueba instada a favor de Raúl Alejandro Imparado resultan válidas como para sustentar su negativa, de carácter vinculante para el tribunal de mérito.-------------------------------------------------- --- Es que independientemente de la disímil interpretación que doctrinalmente pueda dársele al penúltimo párrafo del artículo 76 bis del Código Penal -en tanto unos opinan que la improcedencia de la probatión sólo comprende al propio sujeto funcionario público, mientras que otros extienden la restricción a cualquier otro interviniente del hecho aunque no reúna la condición de funcionario público-, la oposición por sí sola basada en los criterios de conveniencia y de política criminal, establecidos y fijados en las resoluciones Nº 522 y 1240 de la Fiscalía General de la Corte, tendientes a lograr el agotamiento de la acción penal en relación a aquellos delitos en los que el Estado resulte perjudicado o víctima, se erige en motivo por demás suficientes y fundado para continuar con el juicio y llegar a una sentencia definitiva que determine eventuales responsabilidades en relación a conductas llevadas a cabo contra el erario público.------------------------------------------------------ --- Considero entonces que la oposición manifestada por el Ministerio Público Fiscal -al menos en el aspecto referido en la última parte del párrafo precedente-, respecto a la suspensión del juicio a prueba solicitada por Imparado, obsta de manera absoluta a la concesión del pedido sin necesidad de profundizar en mayores disquisiciones; por lo que lo resuelto por el inferior merece plena convalidación.------------------------------------------- --- Este mismo criterio fue plasmado en el Expte. Nº 6.041 "Incidente de suspensión de juicio a prueba a favor de Roque Hugo Bustos - Casación", resuelto por la Sala Segunda de la Corte en PRE año 2.014, tomo IV folio 608.- --- Entontes cabe rechazar el recurso incoado. Tal es mi postura y así lo voto.----------------------------------- --- EL SEÑOR MINISTRO DR. JUAN CARLOS CABALLERO VIDAL DIJO: En el presente caso, atento a los fundamentos dados por el recurrente y el criterio expuesto en el Plenario "Moliní", corresponde hacer lugar a la suspensión del Juicio a Prueba solicitada. Así voto.-------------------- --- EL SEÑOR MINISTRO DR. ADOLFO CABALLERO DIJO: -------- --- Por sus fundamentos, me adhiero al voto emitido en primer término por el Dr. José Abel Soria Vega. --------- --- En mérito al resultado de la votación que antecede, y por mayoría el Tribunal RESUELVE: I) Rechazar el recurso de casación interpuesto por el Dr. Miguel Ángel Dávila Saffe II) Confirmar el fallo que dispuso no hacer lugar al pedido de suspensión del Juicio a Prueba formulado por Raúl Alejandro Imparado. III) Protocolícese, notifíquese y oportunamente bajen los autos. Fdo. Dres. José Abel Soria Vega, Juan Carlos Caballero Vidal y Adolfo Caballero, Ministros; Ante Mí: Héctor Fabián Meló, Secretario Letrado de la Corte de Justicia.------------------------------ CP-6453 AL PRE S2º 2015-III-528.