Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-08-28


Autos N° 21.928 (87.961 - 9° CIVIL), caratulados: "PÁEZ BRENDA, Elizabeth y Otro c/ Saavedra, Eduardo Mario y Otros - Daños y Perjuicios" Autos acumulados N° 21.994 (81.144 - 9° CIVIL) caratulados "SAAVEDRA, Eduardo Mario c/ Páez Brenda Elizabeth y Otro - Daños y Perjuicios" En la ciudad de San Juan, a 28 días del mes de agosto del año dos mil quince, reunidos en la SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINERÍA, el señor Presidente, Dr. PASCUAL E. ALFERILLO y el señor Vocal, Dr. GILBERTO A. RIVEROS, a fin de celebrar acuerdo sobre los recursos de apelación que se interpusieran, contra la sentencia definitiva, recaída en autos N° 21.928 (87.961 - 9° CIVIL), caratulados: "PÁEZ BRENDA, ELIZABETH Y OTRO C/ SAAVEDRA, EDUARDO MARIO Y OTROS - DAÑOS Y PERJUICIOS" y autos acumulados N° 21.994 (81.144 - 9° CIVIL) caratulados "SAAVEDRA, EDUARDO MARIO C/ PÁEZ BRENDA ELIZABETH Y OTRO - DAÑOS Y PERJUICIOS" , dictada en fecha catorce del mes de marzo del año dos mil catorce, obrante a fs. 317-334 y fs. 223/241 con sus aclaratorias de fecha 28 de marzo de 2014 obrante a fs. 340 y fs. 246 respectivamente, de estos autos originarios del Noveno Juzgado en lo Civil, Comercial y Minería, recurso que una vez concedido tuviera debida sustanciación, fijadas ulteriormente las cuestiones a considerar en el orden que sigue:

1ra. CUESTIÓN: ¿Es justa o adecuada a derecho la sentencia venida en recurso? 2da. CUESTIÓN: En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde en definitiva? 1ra. CUESTIÓN: El Dr. PASCUAL E. ALFERILLO, dijo:

El a quo del Noveno Juzgado en lo Civil, en la sentencia dictada en fecha 14 de marzo de 2014 en estos autos acumulados determinó que el accidente motivo de las pretensiones, se produjo por exclusiva culpa del Sr. Eduardo Mario Saavedra. En consecuencia, se rechaza en todas sus partes la demanda deducida por el Sr. Eduardo Mario Saavedra contra los Sres. Brenda Elizabeth Páez y Gustavo Alejandro Molina Díaz. Costas a la vencida. Regula los honorarios profesionales de los Dres. Rubén Eduardo Lloveras, por su actuación en carácter simple, por tres etapas, como ganador, en el 14% de la base. Regular los honorarios de los Dres. José Luis Carbajal Marín y Juan de la Cruz Córdoba, por su actuación en doble carácter, como vencedores, por dos etapas del proceso, en el 10% de la base. Regúlense los honorarios del perito Lucio Manuel Ángel Gómez, en el 1% de la base firme. Regúlense los honorarios de los Dres. María Belén Aranciva, Rosa Ramírez Masa y Gustavo Federico Sánchez por sus actuaciones en doble carácter, por tres etapas, como perdedores, en el 14,7% de la base firme.

Por su parte en el punto III hacer lugar a la demanda deducida por los Sres. Brenda Elizabeth Páez y Gustavo Alejandro Molina Díaz condenando al Sr. Eduardo Mario Saavedra, a pagar a los accionantes, en el término de diez días de quedar firme o consentida la presente, la suma de Pesos Catorce mil setecientos catorce ($ 14.714) con más los intereses que se devenguen hasta su efectivo pago (ley 4119). Impone las costas a la vencida y regula los honorarios profesionales de los Dres. Rubén Eduardo Lloveras, por su actuación en carácter simple, por tres etapas, como ganador, en el 15% de la base; los honorarios de los peritos Ing. José Ricardo Godoy y Dr. Raúl Iturrieta, en el 1,5% de la base, a cada uno. Y, los honorarios de los Dres. María Belén Aranciva, Rosa Ramírez Masa y Gustavo Federico Sánchez por sus actuaciones en doble carácter, por tres etapas, como perdedores, en el 14,7% de la base firme.

Finalmente en el punto V rechaza la declinación de responsabilidad opuesta por Liderar Compañía Gral. de Seguros S.A. con costas a la vencida. Regulando los honorarios de María Belén Aranciva por su actuación en doble carácter, como vencedora, en el incidente de declinación de cobertura, en la suma de Pesos Cinco mil ($ 5.000). Regúlense honorarios a los Dres. Erica Aguilar y Mohamed Nasser Uzair, por sus actuación en forma conjunta, en doble carácter como vencidos, en la suma de Pesos Tres mil quinientos ($ 3.500).

Contra este decisorio, se interponen los siguientes recursos de apelación:

En autos N° 81.144 "Saavedra Eduardo Mario c/ Páez Brenda Elizabeth y otro - Daños y perjuicios", a fs. 244, por la demandada, el abogado Rubén Eduardo Lloveras, interpone recurso de aclaratoria, apela y apela sus honorarios.

La aclaratoria es resuelta a fs. 246 y corrige el error numérico deslizado consignando que el monto correcto de condena contra el señor Eduardo Mario Saavedra asciende a la suma de $ 16.920.

Gustavo Federico Sánchez, en los mismos autos, por la demandada - reconviniente, solicita que no obstante haber interpuesto recurso de apelación contra la sentencia de fecha 14/03/2014, se haga extensiva la apelación contra la aclaratoria.

A fs. 262 se concede el recurso de apelación contra el auto interlocutorio de fs.246 con efecto suspensivo.

El abogado Gustavo Federico Sánchez, a fs. 280 adjunta memorial de agravios a los autos N° 81.144 (fs. 270/279) y solicita se modifique el proveído.

El pedido de modificación de plazo es desestimado y se le requiere acredite la fecha de la presentación, lo que cumple a fs. 291 al deducir reposición con apelación en subsidio y adjuntar el memorial.

El tribunal, luego de recibir el informe de que el recurso de apelación fue interpuesto en los autos 87.961 caratulados "Páez Brenda y otros c/ Saavedra y otros - Daños y perjuicios" se le desestima el recurso de reposición y la apelación subsidiaria y se le informa que por tratarse de un proceso acumulado con una única sentencia que resuelve los dos procesos, el recurso deducido en los autos N° 87.961 resulta suficiente para ser analizado por la Alzada.

Por su parte, las abogadas María Belén Arancivia y Rosa Verónica Ramírez, no obstante su desvinculación con la causa, se notifican de la sentencia recaída y solicita se eleven los autos al Superior.

Por su parte, en los autos acumulados N° 87.961 (21928 - Sala I) "Paz Brenda Elizabeth y otro c/ Saavedra, Eduardo Mario y otros - daños y perjuicios", se agregó copia de la sentencia dictada en los autos acumulados a fs. 315/333.

Contra el decisorio se introduce por parte del abogado Rubén Eduardo Lloveras, el mismo recurso que el interpuesto en los otros autos a fs. 244, por la demandada, éste interpone recurso de aclaratoria, apela en subsidio y apela sus honorarios.

La aclaratoria se agregó a fs. 340 y se tuvo presente la apelación en subsidio.

Por su parte, el abogado Gustavo Federico Sánchez por la demandada, interpone recurso de apelación a fs. 355 contra la sentencia dictada. El recurso es concedido con efecto suspensivo a fs. 362. De igual modo, el perito José Ricardo Godoy, se presenta por derecho propio e interpone recurso de apelación contra la regulación de sus honorarios por estimar a los mismos bajos. Este recurso es concedido a fs. 362, en los términos del art. 800 inc. 11 de la ley 8037.

En estos autos se agrega el memorial de agravios expresados por el abogado Gustavo Federico Sánchez, por los intereses que representa del señor Saavedra y como agravio sostiene que se debe revocar la sentencia y decretarse que el accidente de tránsito ocurrido el día 13 de diciembre de 2004 en la intersección de calle Colón y Sargento Cabral - Capital se produjo por la exclusiva culpa del señor Gustavo Alejandro Molina Díaz, admitiéndose la demanda deducida por el señor Eduardo Mario Saavedra y desestimando la promovida por la Sra. Brenda Elizabeth Páez y Gustavo Alejandro Molina Díaz, con costas.

Para fundamentar su posición revisionista critica la posición de la sentencia en cuanto estima que el sobreseimiento en sede penal es vinculante para el juez civil cuando se funda en la inexistencia del hecho o en que el hecho no se cometió o no fue cometido por el imputado sosteniendo que la interpretación realizada del art. 1103 del Código Civil no es la adecuada porque al imputado Gustavo Alejandro Molina se decidió en sede penal que no era responsable del delito, para lo cual se tuvo en cuenta únicamente que tenía la prioridad de paso pero no se analizó la velocidad con la cual circulaba que era excesiva.

En ese sentido, estima que el mismo es el responsable porque no pudo dominar su vehículo por la excesiva velocidad a la cual circulaba y atropelló a la camioneta cuando la misma ya había ingresado a la calle Sargento Cabral. En palabras del recurrente, sostiene que la sentencia de sobreseimiento no aparece ni está presente el factor esencial de responsabilidad que es la velocidad excesiva prevista en el art. 64 de la ley 24.449.

Párrafos más adelante cuestiona que se diga en la sentencia que el exceso de velocidad carece de trascendencia por no tener incidencia causal porque no se respetó el principio de la prioridad de paso. Tal aserción es tan grave, sostiene el recurrente, porque desconoce que la prioridad de paso se neutraliza cuando se trata de girar, ello no implica que se traslade o beneficie al que viene por la izquierda, quién debe seguir conduciendo con dominio sobre el rodado y a una velocidad no superior a los 30 km/hs. En otras palabras, entiende que ninguno tiene prioridad de paso.

Agrega que existe acuerdo entre los peritos que la velocidad era de 60km/hs del automóvil Chevrolet razón por la cual ese es el único factor de atribución de responsabilidad.

La prioridad de paso juega cuando el conductor que viene por la derecha se detenga y no doble a la misma velocidad que trae para evitar la colisión con otro rodado que está a su izquierda cuando ambos están en una encrucijada, pero no en el caso de autos, toda vez que la camioneta había ingresado a calle Sargento Cabral y estaba sobre el carril de la misma.

Cuestiona el croquis pericial por sus imprecisiones y reclama que se mensure la escasa velocidad del conductor de la camioneta que giró a no más de 30km/hs.

Por otra parte cuestiona el régimen jurídico aplicable dado que el a quo solo hace referencia a la Ley nacional 24.449 pero ha omitido considerar que en la provincia el día 13 de diciembre de 2004 regía el reglamento N° 1777/2000, este era el derecho positivo vigente.

El segundo agravio, se relaciona nueva y tautológicamente con la interpretación del art. 1103, para lo cual abunda en citas jurisprudenciales, para aseverar que la sentencia absolutoria en el fuero penal no produce el efecto de cosa juzgada en el proceso civil respeto a la culpa del imputado. En consecuencia, entiende que después de la absolución del acusado en el juicio criminal, puede discutirse en sede civil la existencia de culpa y condenárselo como autor de un cuasidelito a pagar la indemnización de los daños y perjuicios por él. Es por ello que cuestiona que la sentencia civil haya interpretado que el sobreseimiento en sede penal del autor del ilícito, se ha fundado en que la culpa de la víctima fue determinante del evento dañoso pero se ha negado analizar la velocidad peligrosa y excesiva del codemandado Gustavo A. Molina Díaz, lo que ha contribuido de manera eficiente y determinante en la ocurrencia del accidente.

El último agravio se relaciona con la procedencia de los montos reclamados.

Formula reserva de la cuestión constitucional.

Corrido traslado a la contraria, se presenta a fs. 384 la actora y en función de los argumentos que expone solicita se declare desierto el recurso y, en subsidio, se disponga su rechazo en todas sus partes.

Planteado en los términos antes descriptos el recurso de apelación interpuesto por la demandada, cabe recordar la base fáctica de la presente litis. En ese sentido, se verifica en autos N° 21994 (original N° 81144 "Saavedra c/ Páez y otro) que se describe que en fecha 13 de diciembre de 2004, aproximadamente a las 18,30 horas, el señor Saavedra, Eduardo Mario, acompañado por su esposa y dos hijos menores circulaba en la camioneta Nissan dominio DHN 394, a velocidad moderada por la calle Colón en dirección Norte a Sur. Al llegar a la intersección con calle Sargento Cabral apareció en dirección este a oeste el automóvil marca Chevrolet Corsa, dominio EMV-770, el cual según la actora impactó en la parte delantera de la camioneta.

El accidente precedentemente descripto, generó la formación de actuaciones penales en Sumario N° 24.745/05 "C/ Molina Díaz Gustavo Alejandro - Lesiones Culposas Art. 94 C.P. en perjuicio de Mario Eduardo Saavedra y Sra. Saavedra", las cuales tenidas a la vista se comprueba que finiquitaron con el sobreseimiento en forma parcial y definitiva de Gustavo A. Molina Díaz, argentino, 37 años chofer del remis del delito de lesiones culposas (art. 94 C.P.) en perjuicio de Mario E. Saavedra y Elsa Beatriz Torres.

En este punto debe considerarse el planteo efectuado por la demandada y que el suscripto expusiera, en tono concordante, en distintos fallos. Así en autos N° 19.530 (77.292 - 4º CIVIL) caratulados "Guevara, Leonidas C/ Aracena, Agustín Ernesto - Daños Y Perjuicios", (/septiembre/2008, L. de S. Tº 101, Fº 98/120) sostuve que "la influencia (prejudicialidad del art. 1103 C.C.) de la absolución dictada en sede penal para realizar en forma autónoma la evaluación de las culpas en sede civil. No se puede discutir el hecho principal sobre el cual hubiere recaído absolución pero si la culpa.

El punto, que ha veces no se comprende acabadamente es la determinación de que debe entenderse por "hecho principal", para lo cual es ineludible discriminar correctamente la definición y contenido de la culpa de nexo de causalidad. En la medida de que no se discrimine correctamente se puede llegar a resoluciones injustas.

En ese sentido transcribo lo expresado en otros fallos y estudios realizados sobre el particular.

En cuanto a la influencia de la sentencia penal absolutoria en sede civil, el suscripto ha emitido opinión bastamente fundada sobre el punto en distintos precedentes, de los cuales y por ser el mas cercano, transcribo el razonamiento efectuado en autos N° 19.240 "Delendatti, Miguel Ángel c/ Correa, Marcial y otro - Daños y perjuicios", 29/02/2008, (L. de S. Tº 99 Fº 152/179), donde se expuso que "el tema que fuere desarrollado en autos N° 18.027 "Gaitan, Carmen Mirtha c/ Castro, Roberto Pedro - Sumario", L. de S. Tº 90, Fº 169/172, 26/4/2005, donde se fijó ab initio que cuando se absuelve al acusado "en sede civil no se puede rediscutir la base fáctica sobre la cual se fundamentó la decisión del juez penal quedando el juez civil liberado para juzgar con criterio civilista la concurrencia de los factores de atribución subjetivo (culpa) del absuelto en la producción del accidente...".

Así fue expuesto, luego de un pormenorizado análisis doctrinal, en los autos Nº 16.454 "Manrique, Enrique Mario y otros c/ Godoy, Luis Amical - Daños y Perjuicios" (L. de S. Tº 81 Fº 20/34 - 2001), cuando se concluyo aseverando que "en función de las razones expuesta sostengo que el Juez civil, no queda limitado para efectuar el análisis de reprochabilidad de la conducta del demandado a la luz de los principios que guían la culpabilidad civil. En este orden de ideas cabe destacar que entre la culpa civil y la penal existen diferencias que en la presente causa quedan perfectamente delineadas dada la absolución dictada a favor del imputado aplicando el principio de la duda. En general, las culpas se diferencian en cuanto a su finalidad dado que ésta última tiende a la imposición de una pena, en cambio, la primera, se formula para imponer la obligación de resarcir. Además de ello la culpa leve resulta suficiente en la responsabilidad civil en cambio, en el ámbito penal se requiere culpa de mayor gravedad. Por otra parte se diferencian en cuanto a la manera de apreciarla, dado que en el fuero resarcitorio se estima de una manera refinada para no dejar sin indemnización, en cambio, se es más benévolo para reprochar la conducta del autor de un delito. Ello es así por cuanto en materia penal prima el principio de inocencia; en cambio, en sede civil, las presunciones de culpabilidad. Además de estas razones expuestas se debe tener en cuenta que en sede penal no existe compensación de las culpas, por lo cual la culpa de la víctima no actúa como factor interruptor del nexo de causalidad en la evaluación de la culpa penal, ello por cuanto no se puede evaluar la culpa de la víctima dado que la misma no es el sujeto imputado. Todos los argumentos señalados tienden a demostrar que el juez civil tiene autonomía para apreciar la culpa de las partes en la producción del daño,..." Con mayor profundidad, el tema fue tratado y publicado en la Revista "La voz del Foro" (Año V Nº 40 - Noviembre 2006" bajo el título "La vinculación del nexo causal con la culpa" donde señale que "en cuanto al factor de atribución el art. 1067 del Código Civil regula, en su parte in fine que no habrá ilícito punible "... sin que a sus agentes se les pueda imputar dolo, culpa o negligencia...". De igual modo, dentro del marco de la responsabilidad aquiliana, en el art. 1109 estatuyó que "todo el que ejecuta un hecho, que por su culpa o negligencia ocasiona un daño a otro, está obligado a la reparación de su perjuicio.." A su vez, en el ámbito contractual reguló en el art. 506 que "el deudor, es responsable al acreedor de los daños e intereses que a éste resulten por dolo suyo en el cumplimiento de la obligación" y en el art. 511 que "es también responsable de los daños e intereses, cuando por culpa propia ha dejado de cumplirla". A estos factores de atribución de carácter subjetivo debe sumarse los que tienen un origen objetivo (art. 1113 y conc.). (Alterini, Atilio Aníbal, "Los factores objetivos de la responsabilidad civil", en el libro "Responsabilidad Civil - Presupuestos" (Avocatus - Córdoba - 1997), pág. 121/134.) Con relación a este presupuesto, Kemelmajer de Carlucci - Parellada ("Los factores subjetivos de atribución" en libro "Responsabilidad Civil" (Hammurabi, Buenos Aires), pág. 141) aseveran que "es la razón suficiente por la cual se justifica que el daño que ha sufrido una persona se traslade económicamente a otro... y de que... los factores subjetivos toman en cuenta la reprochabilidad de la conducta del sujeto ofensor o dañador, sea porque obró descuidadamente (culpa) o porque lo hizo con intención dañina (dolo)...". Por su parte, Pizarro-Vallespinos ("Instituciones de Derecho Privado - Obligaciones", Tº 2 (Ed. Hammurabi- Buenos Aires, 1999), pág. 575) indican que el "factor de atribución constituye el elemento axiológico o valorativo, en virtud del cual el ordenamiento jurídico dispone la imputación de las consecuencias dañosas del incumplimiento obligacional o de un hecho ilícito stricto sensu a una determinada persona.".

Ahora bien, dejando para otra oportunidad el estudio del dolo y de los factores de atribución objetivos, cuando pretendemos acercarnos a la ratio de la culpa resulta necesario bucear en las teorías que han pretendido fundamentar su naturaleza. Esta tarea, nada fácil para la doctrina de los autores nacionales y extranjeros que se pueden consultar, ha tenido mayor desarrollo y profundidad en el ámbito del derecho penal que en el civil.

A modo de ejemplo de la importancia que reviste para la doctrina criminal auscultar sobre la naturaleza de la culpa, basta recordar la síntesis de ellas efectuada por Jiménez de Asúa ("Tratado de Derecho Penal" - Tomo V "La Culpabilidad" (Ed. Losada, S.A. Buenos Aires) pág. 740.), cuando las enumero del siguiente modo: a) opiniones que extrañan la culpa del ámbito de la culpabilidad; b) teoría del defecto de inteligencia; c) la previsibilidad y la prevenibilidad; d) vicios de voluntad y las doctrinas voluntaristas; e) las concepciones de Binding y de Mezger; h) la doctrina de la falta de atención; i) teoría del error; j) doctrinas del sentimiento y del carácter; k) la concepción integral de von Liszt; l) las tesis positivistas, ll) la peligrosidad de la culpa y del culpable; m) las teorías físico-psico-sociológicas; n) la solución psicoanalítica; ñ) otras nociones de la culpa; o) las ideas del finalismo...". A las enunciadas debemos agregarles la tesis que sustenta la naturaleza normativa de la culpa, que es adoptada por este autor.

De estas posiciones doctrinarias, han influido en nuestros autores nacionales, la psicológica y la normativa, sobre las cuales pondremos nuestra atención con la esperanza de vislumbrar algún criterio o pauta que permita posicionarnos a favor de una de las propuestas que pretenden justificar la unidad o separación conceptual de la culpa civil de la penal.

Para concretar esta idea, es oportuno recordar junto a Breglia Arias y Gauna ("Código Penal y Leyes complementarias - Comentado, anotado y concordado" (Ed. Astrea - Bs.As. - 1985), pág. 281.), quienes lo hacen desde la particular óptica de los especialistas en derecho penal, que "la teoría tradicional situó el dolo y la culpa dentro de la culpabilidad; esta era la relación psíquica del autor con su acto. Posteriormente, la culpabilidad aparece como el resultado de un juicio de reprochabilidad. El dolo y la culpa seguían estando dentro de la culpabilidad. Culpabilidad es reprochabilidad". En cambio, "...la teoría finalista que ve en la acción una actividad no ciega sino dirigida, modifica sus conceptos y finalmente sostiene que "en los delitos culposos la acción también tiene fines, pero están dirigidas a un resultado distinto del causado por el autor..." La evolución de las doctrinas penales que investigan la esencia de la culpa criminal, es relatada por Echevesti ("La culpa - Teoría General - Principales supuestos de aplicación"- Colección responsabilidad Civil - volumen 6 (Ed. Hammurabi - Buenos Aires - oct /1997), pág. 47/48) marcando que la primera refería a un aspecto subjetivo, a una experiencia psicológica, así "la culpabilidad se capta en el nexo psicológico que une la voluntad del autor con el acto realizado", a partir de lo cual "el dolo y la culpa configuran especies de culpabilidad, que llenan el contenido de esta".

En cambio, la concepción normativa compleja de la culpabilidad entiende a ésta como un juicio de reproche. La conducta típica y antijurídica sólo constituye delito cuando el juicio de disvalor recaído sobre el acto puede extenderse al autor. Este segundo juicio constituye la culpabilidad; mediante él se reprocha al autor que se ha comportado contra lo que ordena (prohíbe o manda) el Derecho, pudiendo haber actuado de acuerdo con lo que éste dispone. El autor citado, resume esta teoría expresando que la culpabilidad supone estos presupuestos: imputabilidad, forma de culpabilidad y exigibilidad de conducta adecuada a la norma; son ellos los tres grandes pilares sobre los que se apoya el juicio de reprochabilidad que la culpa supone.

Entre los autores civilistas, Orgaz ("La Culpa - Actos Ilícitos", Ed. Marcos Lerner - Córdoba - 1981, pág. 6) señala, marcando su preferencia por la tesis psicológica, que "...la culpabilidad investiga la relación que existe entre el querer del agente y su acto: este querer es culpable cuando el sujeto quiere el acto y sus consecuencias normalmente previsibles (dolo) o desdeña la previsión de éstas o la adopción de las medidas necesarias para prevenirlas (culpa en sentido estricto). Si se estima que medió uno u otra, el autor será responsable del daño, en caso contrario, no. La culpabilidad puede así definirse, en términos muy amplios, comprensivos de todas sus formas como una conducta espiritual del agente, desaprobada por la ley...".

Para completar nuestra ilustración respecto de los buceadores de la naturaleza de la culpa, cabe citar el pensamiento de Bueres ("El acto ilícito" (Ed. Hammurabi - Buenos Aires - Argentina - 1986), pág. 66/67; "Responsabilidad civil del escribano" (Ed. Hammurabi, Buenos Aires, Argentina - 1984), pág. 46 y "Responsabilidad civil de las clínicas y establecimientos médicos" (Ed. Abaco - Buenos Aires - 1979), pág. 229 y 230), quién intenta desde la visión civilista una conciliación entre ambas posiciones. En efecto, en una clara síntesis de sus ideas, manifiesta que "la culpabilidad es un quid comprensivo del dolo y la culpa. Estas dos especies son parcialmente normativas, puesto que el sujeto deudor o victimario incurre en ellas cuando trasgrede la ley pudiendo no hacerlo, o cuando no se motiva en la ley debiendo hacerlo. Precisamente, la faz normativa permite, hablar de una culpa social, contribuyendo, de tal suerte, a disipar toda connotación represiva en orden al fundamento de la responsabilidad civil...". En función de ello "no repudia la culpa -aunque reduzca sensiblemente su ámbito-, sino que repudia la culpa castigo, la que está preñada de matizaciones retributivas..." y "se resiste aceptar una culpa totalmente desprovista de psicologismo, de una cierta faz espiritualista. Pero ello no puede dejar a un lado el aspecto normativo de la culpa, que es vital para que pueda considerarse que hay una verdadera culpa social..." Finalmente cabe acotar las expresiones vertidas por Andorno ("El factor subjetivo de imputación" en el libro "Responsabilidad Civil - Presupuestos" (Avocatus), pág. 156/157; Trigo Represas, Félix, "Teoría general de la responsabilidad civil. Las eximentes", libro cit., pág. 277; Bustamante Alsina, Jorge "Teoría general de la responsabilidad civil", N° 792 pág. 793/794; Alterini, Atilio Aníbal - Ameal, Oscar José - López Cabana, Roberto M., ob. cit., pág. 183) cuando estudia los elementos que integran el concepto jurídico de culpa. Así, para este autor, corresponde tener en cuenta: "... a) Valoración de conducta. La culpa exige una valoración del comportamiento humano, y allí donde puede hacerse un juicio de reproche puede existir una culpa. b) Juicio de reproche. La valoración debe versar sobre la diligencia y la prudencia en el actuar. De este modo, la culpa se presenta en dos versiones: 1º) Como negligencia, caso en el cual el sujeto omite cierta actividad que habría evitado el resultado dañoso. Es decir, hace menos de lo que debe y, 2º) como imprudencia caso en el cual el sujeto obra precipitadamente o sin prever por entero las consecuencias en las que podría desembocar su acción irreflexiva, hace más de lo que debe. Ello significa por lo tanto, que la culpa tiene dos elementos negativos, a saber: 1º) Hay carencia de la diligencia debida, lo cual surge de la propia definición legal del art. 512 C.C. y 2º) Hay carencia de malicia, porque si el sujeto obró con intención de no cumplir una obligación contractual, o de dañar extracontractualmente, tales procederes maliciosos configuran dolo, categoría distinta de la culpa y más grave que ella.". En estas breves reflexiones es de nuestro interés dejar sentado como premisa que "la culpa", es una creación cultural del hombre y no un hecho físico del sistema psíquico. Ello se entiende por cuanto cualquier culpa tiene como presupuesto necesario, además de la capacidad para razonar óptima, que el hombre establezca un parámetro, a partir del cual el proceso volitivo del sujeto pueda evaluar si la conducta a ejecutar es buena o mala, positiva o negativa, conveniente o perjudicial, etc. para sus intereses o los de terceros.

Sin esa medida cultural, se podrá tener capacidad natural para razonar, pero el sujeto no podrá evaluar efectivamente por carecer de un punto de referencia.

En otros términos, hasta este punto se puede asegurar que es común para toda culpa la participación de la psiquis humana que necesita de un punto de referencia cultural para llevar a cabo su proceso evaluativo.

Va de suyo, que el proceso evaluativo no lo efectúa solo el propio sujeto incurso en culpa sino que fundamentalmente lo hace la jurisdicción para reprocharle el accionar y, con ello, imputarle jurídicamente (imputatio iure) los deméritos ocasionados.

Fijado básicamente el concepto de culpa, es imprescindible precisar que debe entenderse por relación de causalidad, tema complejo que le permitió decir a Orgaz que muchos de los que examinan la cuestión lo hacen con marcado empirismo y sin penetración crítica, confundiendo a menudo la noción de causalidad con la de culpabilidad, o recurriendo a criterios diferentes para resolver los distintos supuestos de responsabilidad. Goldenberg ("La relación de causalidad como eje del sistema de responsabilidad civil" en el libro "Responsabilidad Civil - Presupuestos", Avocatus - Córdoba - 1997, pág. 110 y sig; con idéntico pensamiento: Alterini-Ameal-López Cabana, ob. cit., pág. 220; Jorge Mosset Iturraspe, "La relación causal", en el libro "Responsabilidad Civil" (Hammurabi, Buenos Aires,), pág. 105) toma en cuenta esta advertencia y analiza la relación causal afirmando que "...debe tenerse en cuenta que el fenómeno causal constituye un proceso de verificación de la génesis de determinados sucesos y la trama de sus interrelaciones que se da en el plano de la realidad natural. Pero cuando el principio es trasladado a otro dominio del conocimiento como el derecho, que se adscribe a la órbita de las ciencias culturales, adquiere particularidades propias, distinguiéndose por su objeto y metodología. Esta diversa finalidad va a determinar las diferencias de este concepto unívoco de causalidad entre las disciplinas empíricas - fácticas y la concerniente al mundo jurídico. Ello se traduce asimismo en la terminología, ya que lo que puede constituir una "consecuencia" en el mundo físico quizás no lo sea en el plano legal. Así, las consecuencias remotas mentadas en el art. 906 no se consideran tales en el iter causal ya que por su lejanía con el suceso desencadenante quedan fuera de toda estimación previsiva y por lo tanto el derecho no les confiere esa calidad para imputar responsabilidad al agente. En el área del derecho la consecuencia sólo sigue al antecedente cuando le es jurídicamente atribuible..." Como detalle relevante en este tema aparece la opinión de Pizarro-Vallespinos (ob. cit., Tº 3, pág. 94) cuando indican que "la necesaria conexión fáctica que debe existir entre la acción humana y el resultado dañoso producido se denomina relación de causalidad. La relación de causalidad vincula materialmente, de manera directa, al incumplimiento obligacional o al acto ilícito aquiliano con el daño y, en forma sucedánea e indirecta, a éste con el factor de atribución.". Es decir, estos autores entienden que existen las cadenas causales únicamente cuando existe acción humana.

En sentido contrario, Bustamente Alsina ("Teoría General de la Responsabilidad Civil2, Novena edición ampliada y actualizada, (Abeledo Perrot, Buenos Aires, Argentina, 1997), pág. 267) sostiene que "el daño cuya reparación se pretende debe estar en relación causal adecuada con el hecho de la persona o de la cosa a las cuales se atribuye su producción. Es necesaria la existencia de ese nexo de causalidad, pues de otro modo se estaría atribuyendo a una persona el daño causado por otro o por la cosa de otro.". Este criterio más amplio, cuyo postulado compartimos, entiende que en las cadenas causales pueden intervenir, no solo, los hechos humanos sino también las cosas. Con relación a este presupuesto, Trigo Represas - López Mesa ("Tratado de la Responsabilidad Civil - Tº I - La Ley, pág. 582) señalan que de modo uniforme se admite para que deba responderse por un daño es necesario que el mismo haya sido "causado" mediante acción u omisión, por su autor. Como se puede apreciar, en la conceptualización dada por estos autores, la idea de nexo de causalidad contiene un hecho precedente y un resultado consecuente (daño) unidos, justamente, por la relación de causa-efectos.

En este punto corresponde precisar que se debe diferenciar entre la relación de causalidad "fáctica" y la "jurídica". El examen de la primera lleva a conocer exclusivamente como aconteció en la realidad física la cadena de causas y efectos. En cambio, cuando ingresamos al análisis jurídico aparecen otras evaluaciones que tienen que ver con "causalidad adecuada" que vincula a la "previsibilidad" con las consecuencias resarcibles (art. 520,521 y 901 a 906 Cód. Civil) y con el de "autoría". Es por ello que Goldenberg ("La relación de causalidad en la Responsabilidad Civil" - La Ley, págs. 39/40) procede a diferenciar entre causalidad y autoría, expresando que "la investigación de la "conexión causal" apunta al enlace material entre un hecho antecedente y un hecho consecuente, mientras que la idea de "autoría" se centra en la imputación subjetiva de un obrar a un persona determinada. Ello supone, en primer término, una actuación del sujeto que constituye el medio por el cual da existencia al hecho, lo proyecta externamente...".

Este autor precisa su pensamiento sosteniendo que "la relación de causalidad, supone establecer el ligamen existente entre un acto y sus consecuencias. No interesa ya el sustracto psíquico del obrar, sino su repercusión externa. De este modo, puede mediar relación causal adecuada entre el hecho de un inimputable y el daño por él ocasionado...". Este jurista indica que "antes de establecer cuando el individuo debe responder jurídicamente por un resultado, imputatio iuris, es necesario precisar si tal consecuencia ha sido efectivamente producida por su acción u omisión, es decir, hay que examinar la atribución material o imputatio facti. Una cosa es que el efecto pueda ser referido a la actuación de una persona y otra muy diferente el juicio de demérito que suscite ese comportamiento... ". Como se puede colegir, el concepto de autoría implica un análisis evaluativo más amplio que el ver la pura causalidad natural o física, al punto que Binding, citado por Nuñez ("Derecho Penal Argentino", Tº Primero - Parte General (Editorial Bibliográfica Argentina- Buenos Aires- Argentina), Teoría de la imputación jurídica delictiva, pág. 264), hace referencia a distinguir la causalidad natural -que es una causación resultante del poder de las puras fuerzas naturales - de la causalidad humana, fundada en la posibilidad que tiene la voluntad humana, en la persecución de sus fines, de gobernar y poner a su servicio las fuerzas naturales, y en la cual, por consiguiente, el núcleo causal no es una condición cualquiera, sino la actuación voluntaria del hombre en su condición de autor del hecho de que se trata. Ello le permitió al penalista cordobés sostener críticamente que "el problema de la autoría, tal como en este asunto lo plantean Binding, Soler y Antolisei, no atañe a la determinación de la vinculación material entre la conducta del agente y el resultado delictivo, que es el campo propio de la cuestión desenvuelta en el Derecho Penal bajo el título de relación de causalidad. Cuando estos escritores se preocupan por establecer si, en determinadas circunstancias, una persona es autora (o en otros términos, cual es la acción que le es propia), refieren la cuestión al ámbito de la conducta que le es imputable a esa persona en tales circunstancias, a los efectos de saber cuál es la verdadera potencia causal que se debe poner a su cargo en la emergencia, individualizando así el primer término de la relación causal jurídico-penal: la conducta.". Nuñez, sintetiza sus observaciones que el tema de la autoría tiene que mantenerse al margen del juego de los factores psíquicos sobre los cuales se debe estructurar la culpabilidad del autor, pero no la condición de autor.

A modo de ejemplo y sin pretender agotar este tema que merece un amplio debate en la doctrina civilista, cabe referenciar el pensamiento de Gimbernat Ordeig ("Autor y cómplice en Derecho Penal", (Euro Editores S.R.L., Buenos Aires, Argentina, 2006), pág. 266) quién en un reciente estudio sostiene a modo de conclusión que "autor en sentido estricto es el definido en el tipo. Su punición se justifica directamente sobre la base de la figura delictiva de la parte especial" y de que "la conducta del autor en sentido estricto difiere según cual fuere la naturaleza del delito.". Como se puede inferir de lo expuesto que solo es una presentación del tema, el concepto de autoría para el Derecho Penal excede el análisis de la materialidad de los hechos al punto que en algunas teorizaciones se la conjuga con la culpabilidad y en otras se la vincula con la configuración del tipo penal reprimido. Es por ello que el examen de estos conceptos por parte de la doctrina civilista debe ser muy cuidadosa, pues se puede llegar a equívocos conceptuales que desnaturalicen la función reparadora. Como habíamos advertido en la introducción de esta investigación homenaje existen una serie de puntos dignos de ser examinados en la frontera conceptual existente entre la relación de causalidad y la culpa que como factor de atribución subjetivo integran los presupuestos básicos para la procedencia de la responsabilidad resarcitoria.

La prelación en el análisis de cada presupuesto en el razonamiento judicial. El desarrollo del razonamiento judicial debemos recordar las enseñanzas del profesor Luis Moisset de Espanés (trabajo presentado en el Tercer Congreso Nacional de Derecho Registral - Mar del Plata, 1979 que denominó "El principio de especialidad y la determinación de los elementos de la relación jurídica"), aplicadas en un proceso de reclamación de daños, indican que, como paso previos e ineludibles, para llegar a la resolución condenatoria se debe juzgar: primero, la existencia de los presupuestos de la responsabilidad civil y, posteriormente, cuantificación en moneda compensatoria el daño ocasionado.

Este procedimiento ha sido precisado en algunos fallos cuando se dijo que "la obligación de reparar reclamada ante la jurisdicción reconoce dos momentos trascendentes en la elaboración de la condena: el primero, la determinación de que existe la obligación de indemnizar en quienes, por aplicación de los factores de atribución subjetivo u objetivos, resulten responsables de la misma. Y segundo, la fijación de la cuantía indemnizatoria, que para ser mensurada ha menester tener en cuenta los aportes probatorios realizados por las partes al proceso e incluso en algunos casos, cuando estos no sean suficientes a criterio del Juez, se podrá utilizar el mecanismo autorizado por el art. 171 del C.P.C. fijando las bases para su posterior liquidación en la etapa de ejecución de sentencia.".(Cámara Civil, Comercial y Minería San Juan, Sala Primera, autos N° 15.131 "Vargas, Isidro Alberto c/ F.G.H. S.A. - Daños y perjuicios - Sumario", L. de S. Tº 74, Fº 86/96, /03/1999; autos Nº 17.269 "Belert, Fernando Raúl c/ Herrera, José María - Daños y perjuicios - Sumario", L. de S. Tº 85, Fº 155/172, 3/09/2003).

Por cierto que la verificación de la existencia del nexo de causalidad y del factor de atribución, en este caso, la culpa, se presenta en la primera de las etapas mencionadas.

En ese sentido, Cifuente (Comentario art. 901 en "Código Civil y Leyes Complementarias - Comentado, Anotado y Concordado", Belluscio, Augusto C. Director - Zannoni, Eduardo Coordinador, (Astrea, Buenos Aires, 1982) Tº 4, pág. 50; también: Ghersi, Carlos A., "Los Presupuestos del deber de reparar" en el libro "Responsabilidad Civil" (Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 1993), pág. 47.) señala que "...para hacer el análisis de responsabilidad de los sujetos, previamente se debe detectar el aspecto material u objetivo de la causalidad, vale decir, si el hecho o la omisión han producido el resultado. Después en segundo plano, si subjetivamente esa conducta es imputable al sujeto por haber sido acto voluntario - con discernimiento, intención y libertad - y si ha habido dolo o culpa - culpabilidad en general -. Únicamente si los tres elementos confluyen a través de ese orden en la producción del daño, nacerá la obligación de resarcir en la medida o extensión en que el resultado pueda ser atribuido a la conducta del sujeto. Pero no solamente hay en esto una exigencia lógica y de prelación en el referido análisis de los hechos y sus consecuencias, sino también de mucha importancia práctica, tanto para establecer la existencia de la obligación como su mayor o menor extensión..." (Cámara Civil, Comercial y Minería San Juan, Sala Primera, autos Nº 19.841/15.300 "Pisano, Oscar Gerónimo c/ Pedro Vicente Gómez - Sumario - Daños y perjuicios",L. de S. Tº 74, Fº 191/209, 1999).

Es decir, en primer lugar corresponde confirmar que existe el nexo de causalidad, después si el daño proviene del obrar humano y no del riesgo de la cosa que el sujeto es imputable para finalmente formular el análisis de reprochabilidad social que implica determinar si actuó con culpa.

La "previsibilidad" en el nexo causal y en la culpa. Cuando la pura materialidad del nexo de causalidad es observada con visión jurídica habíamos indicado que aparece, entre otras postulaciones, el concepto de causalidad adecuada que como indica casi en forma unánime la doctrina autoral y judicial basa su punto de referencia para realizar la distinción en la "previsibilidad" de las consecuencias.

De igual modo, con relación a la culpa se ha entendido que es la "previsibilidad" de los daños lo que la caracteriza, sea por falta de precaución o descuido del autor que no prevé siquiera como posible el resultado dañoso causado (negligencia) o, porque el autor ha sido temerario frente al resultado dañino previsto como posible pero no querido (imprudencia). Sin embargo, Pizarro - Vallespinos (ob. cit., Tº 3, pág. 98) marcan con claridad la diferencia entre ellas al señalar que "tanto la relación de causalidad como la culpabilidad se asientan sobre la noción de previsibilidad. Sin embargo, median importantes diferencias entre una y otra: en la relación causal la previsibilidad se valora en abstracto, con prescindencia de lo sucedido en el caso concreto, ex post facto, tomando en cuenta lo que regularmente sucede, conforme al curso normal y ordinario de las cosas. En cambio, en la culpabilidad la previsibilidad se pondera principalmente en concreto, desde el punto de vista interior del agente atendiendo al comportamiento exteriorizado frente al hecho producido.".

La importancia de la diferenciación en la prejudicialidad penal. Esta breve selección de puntos de encuentro entre el nexo causal y la culpa, hemos seleccionado para cerrar esta recapitulación la problemática que se genera en la aplicación de todos estos conceptos cuando se trata de precisar el alcance de la prejudicialidad penal en sede civil frente a la hipótesis reglada por el art. 1103 del Código Civil que estatuye que "después de la absolución del acusado, no se podrá alegar en el juicio civil la existencia del hecho principal sobre el cual hubiese recaído la absolución".

Sobre el punto entendemos que la reciente doctrina de la Corte Federal introduce el concepto de "autoría", el cual como se ha desarrollado precedentemente, su contenido jurídico excede el marco de referencia de la materialidad de los hechos (existencia o inexistencia de los mismos) introduciéndose en valoraciones de carácter subjetivo.

El Tribunal Superior ha sostenido que "la autoridad de cosa juzgada reconocida por el art. 1103 del Código Civil a la sentencia penal absolutoria queda limitada a la materialidad de los hechos y a la autoría, sin comprender las valoraciones subjetivas que hacen a la apreciación de la culpa.". Por ello, "la prohibición del art. 1103 del Código Civil no es óbice para que el tribunal al que corresponda intervenir en la causa en sede civil, sin avanzar sobre la resolución absolutoria del juez penal que declaró la ausencia de responsabilidad del imputado por culpa de la víctima, pueda examinar, con base en la materialidad de los hechos y autoría acreditados en la causa penal, la concurrencia de culpas entre los intervinientes del hecho dañoso." (CSJN, L. 48. XXXV. "Ledesma viuda de Hoyos, Analía c/ Giménez, Francisco Rosario y otros", 16/10/01, Tomo 324, pág. 3537; V. 47. XXVIII. "Vega, Miguel Ricardo y otro c/ Policlínica Privada Urday y otro", 13/08/98, Tomo 321, pág. 2127 (disidencia Dres. Eduardo Moliné O'Connor y Guillermo A. F. López).

Como se observa la introducción del concepto de "autoría" obligó a la Corte Suprema a precisar que el art. 1113 no comprende las valoraciones subjetivas que hacen a la apreciación de la culpa, aún cuando entendiera el Juez penal que debe ser absuelto el imputado por la culpa de la víctima dado que deberá examinar si hay concurrencia de culpas en base a la materialidad de los hechos acreditado en la causa penal. Ello es así por cuanto anteriormente había entendido que "la omisión de la referencia de la culpa en el art. 1103 del Código Civil, y que sí fue incluida en el 1102, no ha sido una exclusión involuntaria ni puede entenderse como el fruto de una redacción defectuosa, pues responde al pensamiento efectivo del legislador sobre el modelo de Freitas -Esbozo, arts. 836 y 837- y de los jurisconsultos franceses.". (CSJN, diciembre 9-1993, Morales, Domingo Faustino c. Ibáñez, Juan Carlos y otros, Record Lógico: 220598 El Derecho en Disco Láser - (C) 1998 Albremática S.A.) Resulta de mayor claridad la doctrina de la Corte de Justicia local cuando sostuvo que "sabido es que existe diferencia de grado y naturaleza entre la culpa civil y la culpa penal, y que la declaración de inculpabilidad en sede penal no obliga al juez civil, pero ello es a condición de que éste no altere el hecho principal fijado en la sentencia penal, que goza en este aspecto de la autoridad de cosa juzgada (P.R.E. 1981-I-94).". O que "en virtud de lo prescripto por el art. 1103 C.C., la sentencia absolutoria en sede penal hace cosa juzgada en materia civil respecto de la inexistencia del hecho y de la falta de participación, derivando asimismo de la norma que las circunstancias fácticas esenciales consideradas probadas, que individualizan el hecho principal y sirvieron de apoyo a la decisión del juez penal, también hacen cosa juzgada y no pueden ser revisadas por el juez civil. A ello debe agregarse que el art. 1103 C.C., por imponer una excepción que implica una restricción a la facultad de los jueces que entienden en los procesos civiles, debe interpretarse en forma estricta o rigurosa.". (Corte de Justicia de San Juan, Sala I, 12/09/2001, "Nº 2276/00 "González, José y otro c/ Martínez, Francisco - Daños y Perjuicios - sumario - Inconstitucionalidad", P.R.E. 139/147 2001).

Sobre esta problemática, Creus ("Influencia del proceso penal sobre el proceso civil", (Rubinzal y Culzoni, Santa Fe, Argentina, Agosto 1977), pág. 136), entiende que "los problemas relativos a la relación de autoría, en la terminología del Código Civil refieren a la "culpabilidad" del agente.", si el problema de la relación de autoría, completa, se lo considerase comprendido en el de la existencia o inexistencia del "hecho principal" deberíamos terminar por reconocer que lo que hubiese sostenido el juez penal al absolver no podrá ser revisto por el civil. Si aquel sostuvo que la conducta del absuelto no fue la causa del resultado, éste no podrá sostener que sí lo fue.".

Por ello, entendemos que el art. 1103 del Código Civil impone, cuando se dicta una sentencia absolutoria en sede penal, únicamente la prejudicialidad de la relación de causalidad en cuanto determina la existencia o inexistencia de los hechos es su faceta primera, es decir, en su sentido estrictamente material, pero no el juzgamiento de la imputación subjetiva o el reproche penal que se le puede efectuar a los hechos protagonizados por el sujeto cuya conducta se encuentra bajo examen, entre ellos la determinación de la autoría en sentido jurídico del tipo prevista en la ley criminal.

Este punto a veces de difícil comprensión, inclusive en altos niveles de la decisión judicial, es explicado por Mosset Iturraspe (ponencia presentadas en las antes mencionadas Jornadas Australes de Derecho - Comodoro Rivadavia (Dirección General de Publicaciones de l U. N. Córdoba - Distribuyó Ed. Zavalía, 1984), pág. 208, en igual sentido Salas, pág. 236/7 "La autoría, está referida exclusivamente a la autoría material...".) cuando dice que "el tribunal en lo criminal aprehende una conducta como representativa del "factum" previsto en una norma que impone una "pena". La acción o acto se concibe siempre como una exteriorización de la voluntad que se traduce en el mundo exterior. Todo lo que no es expresión de la voluntad, es decir, todo lo que no es "conducta", no es acción. En lo civil, muy por el contrario, se califica de "autor del hecho" a quién lo ha realizado de un modo involuntario, art. 907, y se lo puede condenar a un resarcimiento como responsable. En un caso semejante, aún "después de la absolución del acusado" se podrá alegar en el juicio civil la existencia del hecho principal, pese a la norma del art. 1103. De ahí la inconveniencia de una comprensión amplia de la expresión "hecho principal" que abarque todo lo que comprende la imputación desde el punto de vista objetivo: La materialidad del hecho, la condición de autor del mismo y el carácter delictuoso del hecho. La cuestión no se plantea si limitamos dicha comprensión, habida cuenta que puede ser "autor civil" quién no es "autor penal", al primero de los aspectos mencionados: La materialidad del hecho, sin abrir juicios de autoría ni de delictuosidad. Esa interpretación, por lo demás, es la que se desprende de la letra de la ley y la que se conforma con su télesis...". Teniendo en cuenta la doctrina antes expuesta debemos considerar, en el presente caso, que la sentencia penal más allá de las apreciaciones relacionadas con la culpabilidad describe que "se afirma en este pronunciamiento la imprudencia del conductor de la camioneta Nissan Sr. Eduardo Mario Saavedra, ya que éste se dirigía por calle Colón de Norte a sur y llegó a una bocacalle. Efectivamente, de acuerdo al croquis y vista aérea se comprueba que calle Colón al llegar a calle Sargento Cabral no tiene continuidad. Saavedra dijo que dobló por esta última. Es decir, que desde la calle por donde venía maniobró para ingresar a la otra. Al ser una bocacalle el conductor sólo podía proseguir ingresando a Sargento Cabral y por lo tanto debió esperar que pasara el Chevrolet y recién hacerlo por cuanto dicha maniobra implicaba entrar al torrente circulatorio de una calle distinta a la que Saavedra transitaba.".

Como se colige la sentencia penal analiza los antecedentes de la causa y procede a examinar como fueron los hechos acaecidos generadores del accidente los cuales no son cuestionados por la recurrente sino la valoración que se hace de los mismos en sede civil, razón por la cual todo el planteo de prejudicialidad es irrelevante por cuanto no tiene capacidad jurídica para modificar el resultado de la sentencia, por cuanto los mismos han quedado firme.

En ese sentido, si es válido que se cuestione la valoración de los hechos en cuanto al factor de atribución de responsabilidad que en el caso se relaciona con la imputación de culpa en sede civil que el señor Saavedra la focaliza, en su recurso, en un supuesto exceso de velocidad de la contraria.

De este modo, el a quo valora, al igual que lo hace el juez penal, como primer punto la prioridad de paso. Analizando a cual de los automotores en circulación le correspondía y al efecto no cabe la menor duda que coinciden en expresar que la Nissan dominio DHN 394 conducido por el señor Eduardo Mario Saavedra por calle Colón en dirección norte a sur no tenía la prioridad de paso porque dicha arteria terminaba en calle Sargento Cabral lo cual implica, de suyo, que para continuar la marcha debía doblar por esta arteria. En otras palabras, el señor Saavedra, conforme es establecido por el art. 41inc. g 3. había perdido la prioridad de paso. En este sentido, el recurrente formula una interpretación inadecuada por cuanto el ordenamiento de tránsito está reglamentado de forma que siempre uno de los protagonistas del tránsito tiene prioridad sobre los otros. Es por ello, que si uno de ellos pierde la prioridad, la pierde a favor del otro actor del tránsito, en este caso a favor del señor Gustavo Alejandro Molina Díaz, que circulaba por calle Sargento Cabral en dirección este a oeste en el automóvil marca Chevrolet Corsa, dominio EMV-770.

En este orden de idea, la recurrente no argumenta válidamente contra la prioridad de paso que este tribunal ha estimado que es absoluta. Así fue expresado, en reiterados pronunciamientos por el suscripto, como es por ejemplo en los autos N° 20.492 "Martín de González, María Magdalena C/ Taborda Daniel - Daños y Perjuicios - Sumario", 19/octubre/2010 (L. de S. T° 108, F° 172/183), donde sostuve que "el punto en discusión esta relacionado con la morigeración de este principio y sobre el tema este tribunal se ha expedido en los autos N° .968 caratulados "Loudeiro González Alcira y otros c/ Porras Miguel Ángel - Daños y perjuicios - Sumario", L. de S. T° 107 F° 15/40, 18/3/2010), sosteniendo para adherir al voto del Dr. Riveros que "con relación a la prioridad de paso, entiendo que la misma es absoluta en favor de quién la detentó como beneficiario, conforme fuere expuesto en "La prioridad de paso en las encrucijadas" publicado en RCyS 2010-II, 23".

Es decir, cuando la ley de tránsito dice "absoluto" está calificando al derecho de preferencia de paso de un modo superlativo, y hasta podría calificarse como exagerado, pero evidentemente trata de resaltar la importancia que tiene el cumplimiento de esa prioridad para mantener el orden en el tránsito vehicular. Por ello, en la valoración de las presunciones y faltas de tránsito, el no respeto de la prioridad de paso es la infracción más grave que se comete.

En la publicación se entendió al realizar el análisis lingüístico de la norma que "sin lugar a duda, el primer paso es examinar las palabras empleadas por el legislador para redactar la norma. En este sentido cabe recordar que la Corte de Justicia Federal ilustra acabadamente sobre el punto cuando sostuvo que "el primer método de interpretación al que debe acudir el juez es el literal, conforme al cual debe atenderse a las palabras de la ley.". Este criterio, ya había sido expuesto con mayor explicación cuando sentenció que "es misión del interprete indagar el verdadero sentido y alcance de la ley, mediante un examen atento y profundo de sus términos que atienda a la realidad del precepto y a la voluntad de legislador" Ello por cuanto, "la primera regla de interpretación de las leyes es dar pleno efecto a la intención del legislador, siendo la primera fuente para determinar esa voluntad la letra de la ley, cuyas palabras deben ser comprendidas en el sentido más obvio del entendimiento común. Así, los jueces deben aplicar la norma tal como aquél la concibió pero no sustituirlo".

Ahora bien, sobresalen por su trascendencia, para definir su sentido, los términos "ceder" utilizado por la Ley 24449, sus adherentes (entre ellos San Juan), Buenos Aires, Córdoba y Mendoza. Y, en igual medida, por la palabra "absoluto" que no es utilizada en la norma de la provincia mediterránea.

En esa dirección "ceder", en su primera acepción, es definida como "dar, transferir, traspasar a otro una cosa, acción o derecho". Y, "absoluto", adj., 1. que excluye toda relación. 2. Independiente, ilimitado, sin restricción alguna.

Como se infiere, las distintas leyes de tránsito no tienen duda alguna sobre el significado y direccionamiento de los términos principales empleados para redactar la norma, fijando con claridad cordillerana que quien no tiene la prioridad de paso debe transferir el derecho de traspasar la encrucijada al otro y, de que esa preferencia, puede ser ejercida de un modo amplio prohibiéndose que sea perturbada.

Esta hermenéutica responde, a aquella directiva que marca que no se debe atribuir a los términos interpretados, sin razones suficientes, un significado distinto de aquel que ellos tienen en el lenguaje natural común.

La doctrina judicial ha sostenido sobre el punto que "la preferencia de paso en las intersecciones del tránsito vial, que no es un derecho, sino una regla imperativa dada en interés general y por tanto irrenunciable, ha adquirido con el nuevo ordenamiento legal, carácter absoluto, y por lo tanto, la ley "presume responsable de un accidente al que carecía de prioridad de paso o cometió una infracción relacionada con la causa del mismo" (conf. arts. 41 y 64 ley 24.449)".

También ha ponderado que "cuando la ley reglamenta que "debe ceder siempre el paso", está claramente ordenando a aquel conductor que aparece por la izquierda que debe frenar y permitir o no interrumpir la circulación del otro conductor con prioridad de paso.

Va de suyo, que conforme a la redacción de la norma, únicamente reconoce los límites impuestos por la misma norma que son de interpretación restrictiva, dado que es intención de la ley priorizar el paso preferente de quien aparece por la derecha.

En ese sentido, de la atenta lectura de las excepciones no aparece enumerada la aparición simultánea de los vehículos" .

Mas adelante al realizar el análisis sistemático se opinó que "sin pretender agotar un análisis sistémico integral de la norma, se puede verificar que el término ceder y absoluto no son contradictorios sino por el contrario, son complementarios y, sin lugar a duda, definen claramente la intencionalidad de la norma cuando la misma se lee en su conjunto.

En ese sentido, a la par de que impone a quién aparece por la izquierda en la encrucijada la obligación de traspasar el derecho de paso, acuerda al de la derecha la facultad para hacerlo sin ser interferido en su accionar. Es decir, no existe contradicción alguna en la redacción de la norma que neutralice la preferencia de paso a favor del vehículo que aparece por la derecha.

Además de ello, en la ley nacional 24.449 se regló en el art. 64 que se presume responsable de un accidente al que carecía de prioridad de paso.

Esta norma es concordante con la concesión de la preferencia de paso dada en el artículo antes mencionado.

Sin perjuicio de ello, y sin ahondar en el tema, adviértase que la norma hace referencia a presunción de responsabilidad y no a presunción de culpa, lo cual es más amplio dado que hace una imputación de responsabilidad implica que se conjeturan como verificados los presupuestos de la misma (daños, nexo de causalidad, factor de atribución y antijuridicidad).

Finalmente, cabe precisar que de la lectura de las leyes de tránsito analizadas surge notorio que esta interpretación se condice con la idea rectora que es ordenar el tránsito y prevenir accidentes.

En este apartado se debe transcribir para su análisis la doctrina judicial la cual entiende que "el carácter absoluto que otorga el art. 41 de la ley N° 24.449, a la prioridad de paso de quien aparece por la derecha en las encrucijadas, tiene un margen interpretativo cuya hermenéutica no puede ir más allá que los derechos constitucionales a los cuales no se les confiere tal carácter (arts. 14 y 28 Const. Nacional)".

En primer término se verifica que es de estilo, casi automáticamente, indicar que por imperio constitucional, ningún derecho es absoluto. Ello es cierto, si duda, pero debe ser interpretado en su justa dimensión y no aplicado, sin más, como una verdad axiomática porque entre los seres integrantes de una sociedad existe una compleja red de derechos y deberes perfectamente sistematizada, lo cual implica decir, ordenada jerárquicamente.

Ello permite asegurar que ningún derecho es absoluto, pero ello es así por cuanto ceden ante otros derechos de mayor jerarquía. Por ejemplo: el interés particular (derecho de propiedad) se somete al interés general que justifica una expropiación o, cuando se prioriza la libertad de prensa por no tener censura previa por encima del derecho a la intimidad, etc.

Cuando el legislador define una determinada jerarquía para una norma (rango constitucional, orden público, absoluta, etc.) está fijando cual es el interés que entiende preeminente para mantener el orden social. Y a su vez, está fijando cual es la ratio legis, cual es la prevención que pretende realizar, cual es la conducta nociva que pretende evitar en la sociedad.

Así, cuando la ley de tránsito dice "absoluto" está calificando al derecho de preferencia de paso de un modo superlativo, y hasta podría calificarse como exagerado, pero evidentemente trata de resaltar la importancia que tiene el cumplimiento de esa prioridad para mantener el orden en el tránsito vehicular.

Por ello, en la valoración de las presunciones y faltas de tránsito, el no respeto de la prioridad de paso es la infracción más grave que se comete, al punto que así lo entiende al mencionarla en primer lugar de las presunciones de responsabilidad, el art. 64 de la ley 24.449".

En el caso, antes de cuestionar la velocidad de la contraparte debió la recurrente acreditar que respetó la prioridad de paso que le impone el deber de ceder voluntariamente el mismo al otro automotor. Es decir, frenar y solo avanzar cuando tenía expedita su vía de circulación.

Para cerrar el análisis que me lleva a la convicción de que debe ser desestimado el recurso, aún en el caso de que el automotor que circulara por calle Sargento Cabral lo hiciera a 60 Km/h, un segundo antes del impacto se encontraba a 16,66 metros del lugar del impacto, dos segundos antes a 33,32 metros, razón por la cual si se hubiera detenido como le ordena la ley y cedido el paso, el accidente no se hubiera producido.

En cuanto al cuestionamiento de los rubros de condena, la presentación no alcanza para ser considerada una expresión de agravios contra los mismos, dado que no cumple con los requisitos exigidos por el segundo párrafo del art. 253 del C.P.C. de aplicación.

En función de ello propongo que se desestime el recurso con costas, confirmándose la sentencia.

En cuanto a la impugnación formulada por el perito José Ricardo Godoy a los honorarios regulados en los autos 87961 "Páez c/ Saavedra" en el 1.5% de la base regulatoria, conforme la actividad realizada y la importancia de la pericia, los mismos están conforme a derecho de acuerdo a la doctrina que informa el contenido normativo del art. 221 de la Ley 2150. Razón por la cual deben ser confirmados.

En cuanto al cuestionamiento de los honorarios formulado por el abogado Rubén Eduardo Lloveras, por considerar bajos los regulados por que no se ha tenido en cuenta que actuó como apoderado en las etapas de prueba y alegato. En ese sentido se verifica que en los autos N° 87961 donde se introduce el recurso se le reguló el 15% de la base como ganador. Examinado el expediente surge que el citado profesional acompaña, a fs. 300/301, poder otorgado por los actores, habiendo actuado en doble carácter en las etapas de prueba y alegatos, por ello considero que el porcentaje regulado debe ser elevado al 19% de la base propuesta. El DR. GILBERTO A. RIVEROS, dijo:

Por los fundamentos expresados por el Magistrado que me precede en el orden de votación, voto en sentido concordante.

2da. CUESTIÓN: El Dr. PASCUAL E. ALFERILLO, dijo:

En mérito a la votación que antecede corresponde: 1-Rechazar el recurso interpuesto por el codemandado señor Eduardo Mario Saavedra, con costas. 2-Rechazar el recurso interpuesto por el perito Ing. Godoy. 3-Hacer lugar al recurso interpuesto por el Dr. Lloveras, y modificar los honorarios regulados en primera instancia los que se elevan a 19%.

El DR. GILBERTO A. RIVEROS, dijo:

Por iguales razones, voto en el mismo sentido.

Por ello, y lo acordado precedentemente, SE RESUELVE:

1- Rechazar el recurso interpuesto por el codemandado señor Eduardo Mario Saavedra, con costas.

2- Rechazar el recurso interpuesto por el perito Ing. Godoy.

3- Hacer lugar al recurso interpuesto por el Dr. Lloveras, y modificar los honorarios regulados en primera instancia los que se elevan a diecinueve por ciento (19%).

Protocolícese, notifíquese en debida forma, y bajen los autos al Juzgado de origen.

PROTOCOLO: L. de S ; T° I-2015; F°152/171; FECHA:28 de agosto de 2015 DRES.ALFERILLO-RIVEROS