Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-07-18


2º Instancia.- Buenos Aires, julio 18 de 2008.

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada? La doctora Miguez dijo:

I.- Hechos del caso 1) María del Pilar Ruiz promovió demanda contra SIRO S.A. por resolución de un contrato de compraventa automotor y daños y perjuicios por la suma de pesos sesenta y un mil doscientos cuarenta y seis ($ 61.246), con más sus intereses y costas.

Refirió que el 19.03.04 concurrió al local de la demandada a retirar el vehículo marca Peugeot 206 XR PREMIUM 0 km, que había abonado dos días atrás mediante la entrega de otro rodado en parte de pago y dinero en efectivo por la diferencia.

Destacó que el automóvil se encontraba estacionado contra una de las paredes de la agencia por lo cual resultaba imposible ingresar al mismo por el lado derecho.

Señaló que al llegar a su domicilio percibió que el vehículo tenía un hundimiento en el sector inferior del zócalo derecho, debajo de la puerta del acompañante. Es por ello, narró, que volvió a la agencia, en donde le comunicaron que el rodado sería arreglado.

Adujo que ahí comprendió que la modalidad de estacionamiento constituía una maniobra para que no advirtiera los daños del vehículo. Por lo tanto, intimó a SIRO S.A. a que le entregara un nuevo automóvil de las mismas características, a lo que la empresa contestó que el rodado adquirido ya había sido reparado.

Por otro lado; manifestó haber formulado denuncia penal por defraudación contra la demandada.

2) Corrido el traslado de ley, SIRO S.A. contestó demanda a fs. 111/115, solicitando su rechazo, con costas.

Alegó que el vehículo se encontraba en perfectas condiciones al momento de la entrega. Acotó que la actora no efectuó observación y/o reserva alguna al firmar el remito de recepción del rodado.

Expuso que pese a ello se procedió a su reparación, la cual culminó al día siguiente. Añadió que la accionante nunca concurrió a retirar el vehículo, no obstante los diversos llamados telefónicos realizados al efecto.

Por otra parte, reconvino contra la actora por la suma de $ 1.200 en concepto de valor del depósito del vehículo en sus talleres.

II.- La sentencia recurrida El fallo de primera instancia rechazó la demanda promovida por María del Pilar Ruiz contra SIRO S.A. y la reconvención deducida por esta última contra la primera.

El a quo sostuvo que no se había acreditado la existencia del daño al momento de la entrega del vehículo, que pesaba sobre la parte actora al haber retirado el mismo sin formular reserva alguna (cfr. 2168 CC).

Sin perjuicio de ello, el juez de grado consideró comprobado que el daño invocado resultaba un defecto menor, que había sido reparado y que no hacía a la cosa impropia para su destino o uso normal.

En este sentido, afirmó que la acción resolutoria quedaba excluida cuando el pretendido vicio redhibitorio no resultaba grave.

Por último, desestimó la reconvención incoada.

III.- Los agravios a) Contra dicho pronunciamiento se alzó la parte actora, quien fundó su recurso con la expresión de agravios obrante a fs. 806/813.

Arguyó que se encuentra probado que el daño existía al momento de entregar el vehículo. Enumeró, a tal fin, la pericial técnica efectuada en sede penal, diversas declaraciones testimoniales, como asimismo el contenido de las actuaciones administrativas en trámite ante Defensa del Consumidor OMIC San Isidro. Se agravió que el juez de grado haya omitido considerar y referirse a dichas probanzas.

Adujo que de la pericial técnica de la causa penal se infiere que el daño se produjo antes de la entrega del rodado.

Argumentó que debe respetarse el principio de identidad de las prestaciones; el vehículo debía ser entregado sin uso y libre de daños.

b) Asimismo, se alzó la parte demandada, cuyo recurso fue desestimado a fs. 788, en tanto la resolución que rechazara la reconvención incoada resultaba inapelable por el monto.

IV.- La solución propuesta El thema decidendum de esta Alzada quedó circunscripto a determinar si existía daño al momento de la entrega del rodado en cuestión y, en su caso, si el mismo tenía la entidad suficiente como para hacer lugar al planteo de la actora. 1. Las partes son contestes en cuanto a que la accionante firmó el remito de entrega sin hacer observación alguna respecto del estado del vehículo, por lo que, en principio, se presume que este se encontraba en buen estado.

Sin embargo, la actora sostuvo que dicha presunción ha quedado desvirtuada, ya que juzgó acreditado que el vehículo estaba dañado al momento de su entrega.

Recuérdase que el artículo 377 del CPCCN dispone que cada una de las partes debe probar el presupuesto de hecho de la norma o normas que invocare como fundamento de su pretensión, defensa o excepción. Es decir, pone en cabeza de quien alega un hecho, la carga de su prueba.

Así las cosas, la Sra. María del Pilar Ruiz, en su carácter de accionante en el presente proceso, tenía la carga de acreditar con las probanzas pertinentes que el vehículo ya se encontraba dañado al momento de su recepción.

Como se reseñaba precedentemente, la obligación de afirmar y probar se distribuye, pues, entre las partes, dejando a la iniciativa de cada una de ellas la posibilidad de hacer valer los hechos que pretendan que sean considerados como verdaderos en el proceso (Chiovenda Giusseppe, "Principios de Derecho Procesal Civil", t. II, pág. 253).

La carga, como tal, es siempre subjetiva y recae sobre la parte a quien le es útil la prueba de que se trata (conf. Roland Arazi y Jorge A. Rojas, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Comentado y Anotado, Ed. Rubinzal-Culzoni, 2003, pág. 485).

Es en este marco conceptual, que debemos analizar las probanzas anejadas en autos sobre las cuales basa su pretensión la actora.

Al respecto, se hace especial hincapié en la pericia llevada a cabo en sede penal. Destácase que ésta fue efectuada luego de la reparación del auto, habiéndose materializado recién el 20 de abril de 2004. Dicha pericia estableció, en lo pertinente, "que la carrocería presenta sobre el zócalo del lado derecho... una reparación de 30 cm. de largo por 20cm. de ancho...asimismo posee desde su comienzo...diversos golpes" (v. fs. 142), para luego sostener respecto del mecanismo de los golpes que "no se puede establecer a ciencia cierta el mecanismo", sin perjuicio de lo cual, de acuerdo a su experiencia, podía conjeturar que "quizás hayan sido provocados con algún criquet o palanca, pues así quizás hayan querido levantarlo para sacarlo de algún lugar donde haya quedado trabado o enganchado, porque son cuatro abolladuras similares en cuanto a su deformación dando la impresión que con un objeto duro han querido levantarlo para sacarlo de algún sitio" (v. fs. 149).

Así, de lo expuesto por el perito no surge que el daño existiese al momento de la entrega del vehículo. Simplemente, se presenta una hipótesis respecto de cómo se podría haber efectuado él daño, de la cual se infiere que habría acaecido en la concesionaria de la demandada. Empero, tal como manifestó el idóneo, ello no puede afirmarse a ciencia cierta, siendo sencillamente una conjetura, la cual se encuentra desvirtuada por el resto de las probanzas agregadas en autos.

En este sentido, cabe resaltar que de la pericia técnica del ingeniero mecánico G. R. V. presentada en el marco de las actuaciones en trámite ante la Secretaría de Producción y Defensa del Consumidor de San Isidro, surge que el daño en el rodado "pudo deberse a un roce del mismo contra un elemento duro, no pudiéndose precisar si se produjo antes de la entrega del vehículo o en el trayecto recorrido por la actora desde el lugar de entrega del rodado hasta su domicilio, y posterior recorrido inverso" (v. fs. 562/563).

De otro lado, del peritaje llevado a cabo en autos por el perito ingeniero mecánico R. P., se desprende que no hay forma certera de dar la causa del daño denunciado, "se pudo producir por choque contra objeto duro (cordón de vereda o similar) y pudo ser antes o después que la actora retirara el móvil de la playa de entrega" (v. fs. 722). Destácase que la actora no impugnó dicha pericia.

Es por ello, que de los dictámenes reseñados no surgen elementos de juicio alguno que permita aseverar que el daño se encontraba presente al momento de la entrega del rodado.

Los testimonios aportados por la accionante en nada alteran dicha conclusión. Ello, en tanto en ninguno de los casos se trataba de testigos presenciales al momento de la entrega (v. fs. 632/637). El único testigo presencial fue aportado por un dependiente de la accionada, que manifestó que el vehículo se había transmitido en perfectas condiciones (v. fs. 638/643).

En este orden de ideas, se ha dicho, que quien omite probar, o lo hace de modo insuficiente, no obstante la regla que pone tal actividad a su cargo, se expone al riesgo de no formar la convicción del juez sobre la existencia de los hechos de que se trate y, por consiguiente, a la perspectiva de una sentencia desfavorable. La actividad probatoria constituye, pues, como toda carga procesal, un imperativo del propio interés (Palacio Lino, Manual de Derecho Procesal Civil, Abeledo Perrot, 2004, pág. 399).

En este contexto, será la accionante quien deba soportar las consecuencias por la falta de prueba idónea para sustentar su pretensión.

2. Por otra parte, debemos analizar la incidencia de las actuaciones en trámite ante la Secretaría de Producción y Defensa del Consumidor de San Isidro, invocadas por el apelante. Resáltese que la citada causa se inició por los mismos motivos que el presente expediente.

Es de menester destacar que a fs. 382 luce agregada copia de la opinión del Jefe de Sumarios de dicha dependencia en cuanto sostuvo que correspondía, a su criterio, desestimar la denuncia de la Sra. Ruiz. Manifestó, en esa oportunidad, que "de la denuncia formulada y documentación acompañada, si bien la reclamante expresa que el vehículo le fue entregado con el daño referido, no es menos cierto que el vehículo fue retirado sin observaciones por parte de la consumidora y tampoco existen elementos de prueba que permitan corroborar a ciencia cierta la forma y oportunidad de su producción" (v. fs. 432).

Las conclusiones a las que arribara el Jefe de Sumarios se condicen en todas sus partes con los lineamientos expuestos en la presente ponencia, que han de inclinarme por el rechazo del recurso.

Sin perjuicio de ello, posteriormente, se agregaron en dichas actuaciones administrativas copia de la causa penal en trámite, de donde surge del remito de entrega del vehículo por Peugeot a la agencia, que se encontraba el paragolpes trasero rayado 15 cm. Así las cosas, la mentada Secretaría consideró en su resolución -cuya copia luce agregada a fs. 699/707- que la demandada resultaba culpable por incumplir con el deber de información de dicha circunstancia; por lo que se la condenó al pago de la suma de $ 20.000.

Adviértase que el reproche de la citada condena no se condice con los lineamientos esbozados en la denuncia interpuesta, lo cual motivó el recurso de apelación por parte de la emplazada, no existiendo constancia en autos de que haya sido resuelto.

Es por ello, y tal como lo señalara el a quo, que "las infracciones a la Ley de Defensa del Consumidor que motivan el reproche se fundan en la constancia de una rayadura en el paragolpes trasero del vehículo, esto es, en otro desperfecto que no es el que motiva en presente reclamo" (v. fs. 781 in fine). Y es por esta razón que no puede tener incidencia alguna lo resuelto y acreditado en dichas actuaciones. No puede valorarse para decidir en autos una situación de hecho que no fuera invocada ni traída al pleito por la aquí accionante.

Es sabido, que el principio dispositivo impone la regla de que son las partes, exclusivamente, quienes determinan el thema decidendum, pues el órgano judicial debe limitar su pronunciamiento tan sólo a lo que ha sido pedido por aquéllas.

A las partes incumbe, en otras palabras, fijar el alcance y el contenido de la tutela jurídica (ne eat iudex ultra petita partium; iudex secundum allegata et probata a partibus iudicare debet; sententia debet esse conformis libello), incurriendo en incongruencia el juez que, al fallar, se aparta de las cuestiones incluidas en la pretensión del actor y en la oposición del demandado.

El Código Procesal Civil y Comercial, en el artículo 34, inc. 4º, consagra como regla que los jueces deben de respetar, en el pronunciamiento de las sentencias definitivas o interlocutorias "el principio de congruencia", y en el artículo 163, inc. 6º del mismo Código dispone que la sentencia definitiva debe contener "la decisión expresa, positiva y precisa de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio, declarando el derecho de los litigantes y condenando o absolviendo de la demanda y reconvención, en su caso, en todo o en parte".

Dichas normas prohiben a los jueces, en principio, otorgar algo que no haya sido pedido (extra petita) o más de lo pedido (ultra petita). Tal limitación, además, reviste en nuestro ordenamiento jurídico jerarquía constitucional, habiendo declarado reiteradamente la Corte Suprema de Justicia que afectan las garantías reconocidas por los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional los pronunciamientos judiciales que desconocen o acuerdan derechos que no han sido objeto de litigio entre las partes o exceden el límite cuantitativo fijado en la demanda (conf. Palacio Lino Enrique, Derecho Procesal Civil, T. 1, Ed. Abeledo Perrot, 1990, pág. 258/259).

Las directivas mencionadas se corresponden con lo dispuesto por el artículo 277, CPCC, que prohibe que el tribunal de alzada examine cuestiones no planteadas ante el juez de grado.

Por lo expuesto, la resolución invocada por la apelante tiene por objeto una situación de hecho totalmente disímil a la del presente pleito y, por ende, ha de ser rechazada.

V. La conclusión:

Por todo lo expuesto, propicio a este Acuerdo: i) Rechazar el recurso interpuesto por la parte actora y, en consecuencia; ii) Confirmar la sentencia apelada en todo lo que decide y fue materia de agravio. iii) Imponer las costas de alzada a la actora, dada su condición de vencida (art. 68 CPCCN). Así expido mi voto.

Por análogas razones la doctora Uzal adhiere al voto precedente.

Por los fundamentos del Acuerdo precedente, se resuelve: i) Rechazar el recurso interpuesto por la parte actora y, en consecuencia; ii) Confirmar la sentencia apelada en todo lo que decide y fue materia de agravio. iii) Imponer las costas de alzada a la actora, dada su condición de vencida (art. 68 CPCCN). iv) En autos, las costas han sido impuestas: a Ruiz, María del Pilar Graciela por la demanda rechazada contra SIRO SA, y a esta última por la reconvención que es rechazada contra María del Pilar Ruiz. Dado este modo de imposición de costas han de tomarse como base regulatoria los intereses comprometidos en cada planteo.

En consecuencia y conforme los montos comprometidos en la presente litis, en cada planteo, sobre los que cabe incluir intereses hasta la fecha de la resolución de primera instancia que fija los estipendios, atento las etapas efectivamente cumplidas y merituando la labor profesional desarrollada por su eficacia, extensión y calidad, en lo atinente a las costas que se encuentran a cargo de Ruiz, María del Pilar Graciela: se elevan a veintiún mil quinientos pesos los honorarios regulados a fs. 783/784 a favor de la doctora A. A. B.

Respecto a las costas que debe cargar SIRO SA: se elevan a trescientos pesos los honorarios regulados a fs. 783/784 a favor de la doctora A. A. B. (siempre conf. arts. 6, 7, 9, 19, 37 y 38 de la ley 21.839, modif. por la ley 24.432). El doctor Kölliker Frers no interviene en este acuerdo por encontrarse en uso de licencia (art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional).- María Elsa Uzal.- Isabel Miguez.