Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-29


SENTENCIA Nª56141 SALA II EXPEDIENTE Nro: 3630/03 (Juzg. Nº 58 ) AUTOS: "PIMIENTA DANIEL ALBERTO C/ KASPARIAN JORGE Y OTRO S/DIFERENCIAS DE SALARIOS" VISTO Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires, 29 FEB. 2008 reunidos los integrantes de la Sala II a los efectos de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación:

LA DRA. GRACIELA A. GONZALEZ dijo:

Apela María Alejandra González, ex cónyuge del demandado, la resolución dictada a fs. 394 -por medio de la cual la Sra. Juez a quo desestimó el levantamiento de la inhibición general de bienes peticionado, basado en la adjudicación del 50% del inmueble, de carácter ganancial, que se habría convenido en el acuerdo homologado el 29 de junio de 2004 en el expediente nro. 17891/2004 en autos " González de Kasparian María Alejandra c/ Kasparian Jorge s/ Divorcio"-, a tenor del memorial que luce anejado a fs. 402/403.

Forzoso resulta puntualizar, que esta Sala reiteradamente ha señalado que el principio establecido en el art. 109 de la L.O. sólo tiene como excepciones las expresamente previstas en dicho dispositivo y también aquellos supuestos en que la providencia objetada exceda el marco de la ejecución de la sentencia que pasó en autoridad de cosa juzgada, o bien aquellos en que lo resuelto- por sus efectos o por el trámite seguido- pudiese implicar una afectación de la garantía de defensa en juicio (art. 105 inc. h de la L.O.), circunstancias que no se verifican en el presente caso, al no encuadrar el mismo en las aludidas excepciones, por lo que en el supuesto sometido a decisión no se logra superar la barrera que constituye el art. 109 de la L.O.

No obstante ello, -aún cuando en el mejor de los supuestos para la apelante- pudiera sostenerse que se trataría de un supuesto previsto por el art. 105 inc. h. de la L.O., ello no conduciría a modificar la decisión cuestionada.

Liminarmente, cabe poner de resalto que la apelante argumentó en su presentación recursiva que "en el mes de diciembre de 2001 inició ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil nro. 10 un juicio de alimentos contra el demandado" ... "que arribaron a un acuerdo, en virtud del cual el demandado abonaba parte de la deuda alimentaria que mantenía con sus hijos menores, con el 50% del inmueble ganancial del cual era titular" ... "se inició entonces el correspondiente juicio de divorcio vincular y disolución de la sociedad conyugal con fecha 18 de abril de 2004" ... "que en el acuerdo de divorcio, homologado el 29 de junio de 2004, se le adjudicó el 100% del inmueble sito en la calle Azcuénaga 388, 392 y 396 piso 4 dto 14 de Capital Federal" .... "que en ocasión de proceder a inscribir el convenio homologado en cuestión, tomó conocimiento de la inhibición general de bienes inscripta en el Registro de la Propiedad Inmueble el 6/10/06, decretada en las presentes actuaciones" ..."que la disolución de la sociedad conyugal se produjo con anterioridad a la fecha de la traba de la inhibición general de bienes ordenada contra el Sr. Jorge Kasparian".

Tal como sostuvo el Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (ver dictámen de fs. 419/vta) en el caso de marras "rige lo dispuesto por el art. 5 de la ley 11.357, y el bien es suceptible de ser afectado en su totalidad " y "la disolución de la sociedad conyugal homologada el 29/6/04 (ver fs. 28/29 del expediente agragado por cuerda) no llegó a su etapa de partición con la correspondiente inscripción registral, que es esencial a lo que hace a la oponibilidad de terceros, sin perjuicio de la denominada cuestión de contribución entre cónyuges".

En consecuencia, adquiere suma trascendencia la inscripción registral que hace a la publicidad y oponibilidad de lo convenido en el marco de la disolución y, por lo tanto, lo acontecido no puede ser invocado para la desafectación del bien, sin perjuicio de las acciones de regreso entre los integrantes de la sociedad conyugal disuelta.

Por todo lo expuesto y compartiendo en su totalidad el dictámen del Dr. Eduardo Alvárez, se propicia rechazar la apelación vertida por la ex cónyuge del demandado y confirmar la decisión cuestionada.

En tal contexto, cabe declarar las costas de Alzada, en el orden causado, atento a la índole del planteo formulado (art. 68 y 71CPCCN).

MIGUEL ÁNGEL PIROLO dijo: Por análogos fundamentos, adhiero a las conclusiones del voto de la Dra. Graciela A. González.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125, segunda parte, ley 18345), el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar la resolución apelada. 2) Declarar las costas de Alzada, en el orden causado.

REGISTRESE, NOTIFIQUESE Y DEVUELVASE Miguel Ángel Pirolo Graciela A. González