Derecho constitucional, ejercicio profesional, poder de policía, martillero, corredor
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Luciani Hector Eduardo s/ Recurso de Casacion
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2001-09-28

1. La regulación del desempeño de las distintas actividades profesionales o comerciales es una manifestación del poder de policía que, por aplicación del art. 121 de la Const. Nacional, se reconoce en principio reservado a las provincias. En nuestro medio esa potestad ha sido ejercida con amplitud a través de la creación de Colegios Profesionales, con la consecuente reglamentación y fijación de condiciones de admisibilidad de los colegiados, cuya constitucionalidad ha sido reiteradamente admitida aún antes de que, con la reforma de 1987, el art. 37 de la Constitución local se refiriese a ellos en forma expresa.

2. Con relación a los martilleros y corredores, el legislador nacional ha ejercido las facultades aludidas, reglamentando el desempeño de esa actividad comercial. Así las cosas, la reglamentación local de dichas actividades profesionales, debe ajustar su contenido a las disposiciones del Código de Comercio y, en tanto las subvierta, merece la tacha de inconstitucionalidad (art. 31 Const. Nacional).

3. Los arts. 2 y 12 inc. b de la ley 7191, en cuanto requieren para la matriculación de martilleros y corredores públicos título terciario, resultan incompatibles con el art. 88 del Código de Comercio, reformado por ley 23282 y el art. 1 de la ley 20266, que en orden a la capacitación del corredor exigen sólo estudios secundarios (inc. b) y la aprobación de un examen de idoneidad (inc. c). Adviértase que el grado de capacitación que habilita para el ejercicio del corretaje y la profesión de martillero, así como el medio para acreditarla, no es cosa en que el código nacional haya dejado un vacío susceptible de ser llenado por la legislación local, sino que expresamente se ha referido a ella en la ley 20266 y en la reforma producida por la ley 23282, por lo que resulta claro que la voluntad del legislador provincial y la del Congreso de la Nación están enfrentadas, con el resultado que impone el art. 31 de la Constitución: la ley nacional prima por sobre la provincial.

4. No es acertado interpretar que la reglamentación contenida en el Cód. de Comercio sobre la actividad de martilleros y corredores sea aplicable sólo en la Capital Federal y los territorios nacionales. La ley 15, que incorporó a nuestro ordenamiento el Código de Comercio, es expresa en cuanto a su validez nacional, es de cumplimiento y aplicación cotidiana en cualquier jurisdicción provincial, incluída la nuestra, con el sólo cuestionamiento de las disposiciones incompatibles con la ley 7191, cuestionamiento que surge a partir de octubre de 1984, con la sanción de esa ley provincial. Si los arts. 2 y 12 inc. b de la ley 7191 no fuesen inconstitucionales, forzosamente lo serían los arts. 88 del Código de Comercio y 1 de la ley 20266, por invadir la competencia legislativa de las provincias. Si no se descalifican por inconstitucionales el art. 88 del Código de Comercio y el art. 1 de la ley 20266, el art. 31 de la Constitución nos obliga a descalificar los arts. 2 y 12 inc. b de la ley 7191.