marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Inconstitucionalidad, garantía a ser juzgado en un plazo razonable
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Medina, Ariel Teodoro s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-12-14

No puede prosperar el planteo de inconstitucionalidad de los arts. 3° y 4° ley 24.390 -según texto ley 25.430- si no se demostró de que modo el imputado fue afectado o sus derechos amenazados de modo inminente. Para el cómputo del plazo razonable debe tenerse en cuenta exclusivamente el tiempo que requiera necesariamente la realización de los actos del proceso, excluyendo toda demora que, aún originada por el cúmulo de tareas o en la falta de recursos adecuados de los órganos judiciales, libere de toda responsabilidad funcional a sus titulares, ya que dichas falencias no pueden recaer sobre el imputado. La prisión preventiva se justifica si la demora en la realización del juicio oral y público es principalmente atribuible al imputado. El voto concurrente agregó que la severidad de la pena, sumada a la inminencia del dictado de una resolución acerca de los hechos y la responsabilidad del acusado, demuestran la inconveniencia de acordar el beneficio -por los riesgos procesales que se vislumbran en punto a la posibilidad de que intente eludir la acción de la justicia- sin que ello llegue a conmoverse por otros factores que obrarían en auxilio de la pretensión de la defensa -su unión de hecho, que no intentó fugarse, su presunto arraigo-. (Dres. Borinsky, Hornos y Riggi -voto concurrente-).
Homicidio simple, lesiones leves, concurso real, emoción violenta
Materia: PENAL
Carátula: SODANO, MIGUEL ANGEL s/ EMOCION  VIOLENTA.  HOMICIDIO  SIMPLE. LESIONES LEVES. CONCURSO REAL.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-29

Configura el delito de homicidio simple en concurso real con lesiones leves, la conducta del procesado que esperó que la occisa con quien mantenía relaciones sexuales- saliera para el trabajo, ocasión en la que le disparó con un arma, hiriéndola fatalmente, atacando luego a la hija de aquélla, lesionándola; sin que pueda hablarse de un estado de emoción violenta, teniéndose especialmente en cuenta la cautela con que se dedicó a esperar la salida de la damnificada, con el arma cargada y lista para disparar, así como el detallado relato que hiciera de las circunstancias anteriores, posteriores y las del suceso mismo. Por otra parte, ni el hecho de haberse visto despechado como hombre, ni las presiones por reclamo de dinero a que dijo haberse visto sometido por la occisa, aunado a su falta de trabajo podrían ser consideradas excusantes.
Recurso de inconstitucionalidad, doctrina de la arbitrariedad, actos y diligencias procesales, asegurador
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Dichiara, Ada María y otros c/ San Esteban, Manuel Martin y otros s/ recurso de inconstitucionalidad (queja admitida)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-04-16

Es sabido que si la nulidad proviene de la forma o contenido de la resolución, el tribunal de apelación así lo debe declarar y dictar la que corresponda, empero si la nulidad tiene su origen en un vicio en el procedimiento, se declarará nulo lo obrado que se relacione con la actuación nula o que sea su consecuencia y se remitirán los autos al juzgado que corresponda para que tramite la causa y dicte la resolución; y en el caso, es de notar que si bien el A quo identificó el vicio, a saber, la representación unificada, con todo, no declaró explícitamente la nulidad de ningún acto; no lo hizo con la sentencia, ni tampoco con el procedimiento, sino que dispuso modificar la sentencia de baja instancia condenando a la aseguradora por la totalidad del monto asegurado, sin el límite de responsabilidad invocado, solución que revela un defecto grave de fundamentación que obliga a calificar como arbitrario al decisorio en recurso, toda vez que se evidencia que la conclusión a la que el A quo arriba -modificar el decisorio dejando sin efecto la cláusula de limitación de responsabilidad- no se sigue de la premisa previamente establecida. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe, artículo 362
Subasta judicial, notificación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Zago, Rubén Máximo c/ Franco, Oscar Roberto y ot. s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-06-01

El art. 569 del Código Procesal preceptúa la comunicación a los jueces embargantes, no resultando del mismo, ni de ninguna otra norma legal que en forma previa a la subasta deba acreditarse que los jueces embargantes efectivamente cumplimentaron la notificación a los embargantes interesados. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Abandono de trabajo, vicios del acto jurídico
Materia: LABORAL
Carátula: E.G., F. c/ S.I.  LTA. ARG. S.A. s/ Demanda Laboral (Indemnizaciones)
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-05-05

Si bien la doctrina ha sostenido que cuando del comportamiento de las partes se infiere la inequívoca voluntad de abando-nar la relación, los vicios de forma que contuviere la instrumentación quedarían convalidados.
Hurto de automotor, ley penal más benigna, abandono de la cosa, cosas perdidas
Materia: PENAL
Carátula: URRELS, CANDIDO s/ AUTOMOTOR - HURTO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1976-10-15

No siendo cosa abandonada por su dueño el automotor de que se trata, ni pudiéndose presumir, dados su naturaleza y valor, que se trate de cosa perdida, que no es lo mismo que olvidada, siendo cosa mueble registrable, con dueño perfectamente identificable; y concurriendo las presunciones supra mencionadas, demostrativas de que el prevenido tenía conciencia de su obrar ilícito, como así que el dueño a la fecha del hecho no había perdido el dominio, corresponde considerar al acusado autor responsable de hurto en los términos del art. 163, inc. 6 del Código Penal, cn la reforma de la Ley 21.338, por ser de aplicación más benigna al permitir la condena de ejecución en suspenso, a lo que se opondría el decreto ley 6582/58 en caso de aplicarse la reforma de la ley 20.509, vigente a la fecha del hecho.
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, preclusión, cuestión no federal, fallos de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL
Carátula: SIEMENS S.A. c/ DICON DIFUSIÓN CONTEMPORANEA S.A. s/ INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO. INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-06

Lo atinente a la existencia o inexistencia de preclusión -cuya configuración en la especie resultó fundamento para desestimar el agravio referido a la aplicación de la ley 23.982 -no constituye cuestión federal que justifique el otorgamiento de la apelación extraordinaria (Corte Suprema de Justicia; fallos: 289:230; 295:788;

302:417 y 304:388, entre otros).
Accidente de tránsito, desvalorización del automotor
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: De Gregoris, Eduardo Carlos c/ Lugli, Ariel Fabián s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-04-25

Si bien deviene incontrovertible que tratándose de una unidad nueva, el daño originario a un automotor repercute en la disminución de su valor de reventa, no lo es menos, que ello deja de tener virtualidad cuando se trata de una unidad obsoleta, si es que no existe alguna circunstancia particular que patentice una excepción justificada, como podría ser si se tratare de una pieza de museo. Como no se configura ninguna situación excepcional, cuando se está ante una unidad superior a los diez años resulta fundada la oposición formulada al contestar la demanda pues resulta obvio que el transcurso del largo tiempo transcurrido ha amortizado el valor de esa unidad, que ya hace muchos años que dejó de fabricarse. No deviene razonable, por lo tanto, considerar que un daño en la misma importa una desvalorización de una unidad que ha superado con exceso el total de la vida útil, y ha perdido su valor venal, fundado en lo que objetivamente muestra la realidad económica y la opinión técnica de los peritos ingenieros mecánicos sobre el valor puramente residual (art. 1083, 1094, C. Civil).
Sentencia arbitraria, cosa riesgosa, empresa de servicios eléctricos, causales objetivas de divorcio, responsabilidad civil, relación de causalidad, muerte del trabajador
Materia: PENAL
Carátula: Slobayen , Sofía AnastasiaSLOBAYEN SOFIA ANASTASIA c/ ROTZEN HERMANOS SRL s/ LABORAL c/ Rotzen Hermanos SRL s/ Laboral
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-11-15

Configura arbitrariedad de sentencia la que, basada en el principio de congruencia, dejó firme la falta de legitimación pasiva de la compañía eléctrica accionada por la muerte de un operario toda vez que su responsabilidad civil obedece a un factor de atribución objetivo para lo que resulta suficiente acreditar el nexo causal entre el daño sufrido y el contacto con la cosa riesgosa, independientemente de si se invocaron o no la forma y condiciones de la instalación eléctrica realizada. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-.
Daños y perjuicios, indemnización, pérdida de la chance
Materia: CIVIL
Carátula: Mansilla, José Aladino c/ Eslava, Miguel César y Otros s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-06-01

"La pérdida de chance es la posibilidad de un beneficio probable futuro que integra las facultades de actuación del sujeto, constituye una zona gris o limítrofe entre lo cierto y lo incierto, lo hipotético y lo seguro, tratándose de una situación en la que media un comportamiento antijurídico que interfiere en el curso normal de los acontecimientos de forma tal, que ya no se podrá saber si el afectado por el mismo habría o no obtenido una ganancia o evitado una pérdida de no haber mediado aquél; o sea que para un determinado sujeto había probabilidades a favor y en contra de obtener o no cierta ventaja, pero el hecho de un tercero le ha impedido tener la oportunidad de participar en la definición de esas probabilidades".
Graduación de la pena, pena mínima
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: GUALPA, GUILLERMO FELIPE; TOLEDO, JAVIER ORLANDO Y ROMERO, JOSE HERNAN c/  s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CONCEDIDO CAMARA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-04-25

Cabe descartar el cuestionamiento del presentante vinculado con la necesidad previa de declaración de inconstitucionalidad de una norma para habilitar su no aplicación pues -considerando que la declaración de inconstitucionalidad de una norma es un acto de suma gravedad institucional, última ratio del orden jurídico y al que sólo debe recurrirse cuando una estricta necesidad o razón ineludible lo requiera- el Fiscal de Cámaras no ha logrado con sus alegaciones descalificar desde la óptica constitucional la solución a la que arribara la Cámara de apartarse del mínimo legal aplicable al delito en cuestión, admitiéndose como una de las posibles interpretaciones a adoptar atento las particularidades del caso. (De la disidencia del Dr. Erbetta).
Autorización administrativa, leyes, acto administrativo, Salud pública, establecimientos industriales, clausura del establecimiento, actividad industrial, facultades de la administración, indemnización, Contratos
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Santiago, José y Gerónimo Podestá; Guillermo Bertram, Guillermo Anderson, Casimiro Ferrer, Gerónimo Rocca, Constant Santa María, Juan Smith, y Gerónimo Soler s/ Provincia de Buenos Aires
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1887-05-14

Toda vez que las autorizaciones en virtud de las cuales se forman los establecimientos industriales no tienen ni el carácter de una ley que ligue al poder administrativo, ni el carácter de un contrato civil que obligue al Estado para con los industriales, no pueden tales autorizaciones ser opuestas al Estado como un título que otorgue el derecho de mantener sus establecimientos a despecho de los peligros y de los inconvenientes que puedan presentar, o el derecho de ser indemnizados cuando la autoridad administrativa, para poner fin a estos peligros, los manda cesar, o modificar las condiciones de su explotación.
Derecho procesal, juicio ejecutivo, apertura a prueba, medios de prueba electrónicos
Materia: PROCESAL
Carátula: Banco Macro S.A. c/ González, Carmen del Valle s/ Ejecutivo Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2011-06-09

Habiendo el ejecutado intentado acreditar el pago de lo reclamado por el banco, mediante la presentación de constancias expedidas por medios electrónicos que indican la existencia de una subliminal operatoria crediticia y una posibilidad de error de cálculo en el monto, debe decretarse la apertura a prueba para determinar con exactitud la acreencia, sin que ello implique exceder el marco cognoscitivo de la ejecución, sino una respuesta justa de adaptación a las nuevas modalidades operativas y tecnológicas del mercado bancario. Cabe por lo tanto hacer lugar parcialmente al recurso de apelación, debiendo el a quo dictar el auto de apertura a prueba.
Recurso extraordinario, interposición del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Santos, Oscar A. s/ recurso extraordinario. Causa: 325
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-04

El escrito de interposición debe ser suficiente para la comprensión del caso.
Jurisdicción, competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, prórroga de la competencia, juicios en que es parte una provincia, renuncia a la competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Flores, Feliciano Reinaldo y otra c/ Pcia. de Buenos Aires y otra s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-29

Corresponde admitir la prórroga de la competencia originaria de la Corte, en favor de los tribunales inferiores de la Nación, si la única razón de ser de la jurisdicción originaria sólo atiende a una prerrogativa de la provincia a no ser demandada ante dichos tribunales, en tanto se trata de un privilegio personal que es factible, por principio, de renunciarse.
Jurisdicción y competencia, competencia ordinaria, competencia por la materia, concurso de delitos, hurto, documento nacional de identidad
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Federico, Oscar Norberto s/ querella.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-05

Corresponde a la justicia nacional de instrucción entender en el hurto de un documento nacional de identidad, y a la justicia federal la infracción al art. 33, inc. c) de la ley 20.974.
Crédito laboral, desindexación, aplicación de la ley
Materia: LABORAL - PROCESAL
Carátula: NUÑEZ, VENANCIO c/ EFA s/ ACCIDENTE-LEY 9688
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-24

Resulta exigible al deudor que invoca la ley 24283, explicitar su posición y describir concretamente a cuánto ascendería el crédito y cuáles son los parámetros que lo llevan a considerar que el monto de la liquidación lo excede. Estos requisitos, que están en la esencia misma de la norma de excepción, son necesarios para aventar defensas dilatorias en un proceso de ejecución de sentencia de créditos alimentarios que podría llegar a paralizarse por un proceso incidental de conocimiento, y por lo tanto no cabría activar el sistema de la ley mencionada, si en el planteo del deudor se perfilan claras orfandades de fundamento.
Derecho procesal, recusación con causa, interpretación restrictiva
Materia: PROCESAL
Carátula: DOÑA, MIGUEL LORENZO c/ JORDA, JUAN CARLOS Y OTRA s/ SUMARISIMO-DESALOJO-RECUSACION
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-02-27

Dada la trascendencia y gravedad que trasunta el acto por el cual se recusa con causa a un magistrado, es preciso que el escrito en donde se la articula contenga una argumentación sólida y seria respecto a las causales de recusación, que son de interpretación restrictiva.
Jubilación de magistrados, aplicación temporal de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: LEROUX, RICARDO A. s/ JUBILACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-02-11

La ley 20572 al establecer que quienes ejercieren cargos electivos '... quedan comprendidos en el régimen especial de jubilaciones y pensiones para magistrados y funcionarios judiciales, instituído por las llamadas leyes 18464 y 19841...' ninguna referencia hace al régimen transitorio de la ley 20550, que al tiempo de su sanción y promulgación, sí se encontraba vigente y con el período de opción pendiente, el que fuera ampliado por la ley 20919 con posterioridad.
Cuestiones procesales, recurso de apelación (procesal), recurso de reposición (procesal), derechos de las partes
Materia: COMERCIAL
Carátula: JUMBO RETAIL ARGENTINA SA c/ CAROL ANDREA MABEL Y OTROS s/ ORDINARIO S/ RECURSO DE QUEJA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-04-26

Procede admitir la revocatoria planteada contra la resolución de la Sala que dispuso oficiosamente que la demandada debía enviar a los usuarios respecto de los cuales se hubiera desvinculado una nota con información de este juicio, a fin de que los mismos pudieran ejercer la opción prevista por la LDC 54 y se fijó un plazo de 30 días para cumplimentar, en el último domicilio registrado en el banco, esas notificaciones. Es que, en el caso, los motivos esgrimidos por la demandada para solicitar la ampliación del plazo fijado resultan razonables en tanto se trata de una demandada iniciada hace ya muchos años - más de 14-, lo cual podría tornar engorrosa la tarea encomendada a su parte y de difícil realización dentro del plazo fijado. Por tal razón, procede ampliar a 60 días el plazo establecido para cumplimentar las notificaciones dispuestas, computado a partir de la fecha en que la demandada fue notificada de la aludida resolución.
Seguros, falta de pago
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Forciniti, Juan Carlos c/ Ceraldi, Carmelo s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-12-29

Al momento de la ocurrencia del siniestro la prima se encontraba impaga y ello produjo la suspensión de cobertura de pleno derecho (art.36 Ley 17418). Si bien, el pago extemporáneo importó la rehabilitación de la garantía, la misma produce efectos sólo hacia el futuro. El pago no purga retroactivamente la mora, ni tampoco, por ende los efectos ya producidos de la suspensión de cobertura.
Caducidad de instancia, segunda instancia, demora en la elevación de los autos, impulso de parte
Materia: PROCESAL
Carátula: HIJOS DE MANUEL GONZALEZ MOGO S.A. c/ LIN YUH LIN s/ MEDIANERIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-13

1- Independientemente de la responsabilidad que el art. 251 del Código Procesal atribuye al prosecretario administrativo en relación a la elevación del expediente al superior, ante la inminencia del vencimiento del plazo legal, el interesado debe activarla para evitar la caducidad de la segunda instancia.

2- El apelante no puede desentenderse de la suerte del recurso que interpone en su exclusivo interés y beneficio, desde que tal actitud acarrearía la indefinición de la causa por largos períodos de tiempo, o bien eternamente, si el juzgado no elevara el expediente al Superior.
Prueba testimonial, testigos, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: VATTUONE, Juan Ignacio c/ GROCCO, Leonardo Alejandro s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-02

Que los testigos sean conocidos, amigos o hermanos de uno de los litigantes, tal hecho, por sí solo, no sirve como elemento que los descalifique, sobre todo cuando todos ellos son contestes en sus declaraciones, encontrándose ubicados en espacio y tiempo, sin que existan elementos probatorios que permitan, por comparación, desestimarlos. Debe repararse en que cuando las declaraciones de los testigos no son compartidas por las partes, es a cargo de éstas la prueba del error de lo informado. No son suficientes, a tal fin, las meras objeciones o disentir sobre el punto, siendo que es preciso probar fehacientemente, arrimar evidencias suficientemente sólidas para convencer al juez que lo dicho es incorrecto.-
Ejecución de sentencia, defensa en juicio, privilegios (civil), crédito fiscal
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Maccarini, Alicia Raquel c/ Salvarreyes, Carlos Alberto s/ Ejecución de sentencia s/ Ejecución de sentencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-03-06

Si el Fisco o el consorcio procuran cobrar sus créditos, deben presentarse haciendo valer su crédito y su privilegio. Sin esa petición no pueden ordenar pagos o establecer preferencias que nadie ha reclamado. Ello es consecuencia del principio dispositivo, al que se encuentra sujeto el ejercicio de los derechos patrimoniales. Tal regla rige también los créditos del Fisco, y los del consorcio. La violación del principio significa afectar la garantía de defensa en juicio (art. 18 de la Const. Nac.), pues de ese modo el Juez no es un tercero imparcial en el medio de una controversia, sino que pasa a ser una de las partes en disputa, defendiendo él mismo, derechos patrimoniales de un tercero.
Violencia de género, suspensión del juicio a prueba, juicio oral
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: De Pérez, Carlos Guillermo s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-03-04

Para que la opinión del fiscal resulte vinculante debe encontrarse debidamente fundada siendo que, de lo contrario, el tribunal perfectamente podría apartarse de aquélla explicando las razones y defectos existentes en el razonamiento brindado por el MPF. A pesar de verse cumplidos los requisitos objetivos de procedibilidad previstos en el CPPN, el plexo normativo invocado por el fiscal -Convención de Belém do Pará- representa el compromiso internacional asumido por el Estado Argentino de prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer. Por ello es que no resulta viable la probation cuando el delito investigado implica un caso de violencia de género, por tratarse de supuestos en los cuales la normativa involucrada en la cuestión impone la realización del plenario. Si la oposición fiscal cuenta con argumentos suficientes para reputarla como acto procesal válido, pues el juicio de oportunidad y conveniencia presente en ella no reviste carácter conjetural, por el contrario, la necesidad de llevar adelante el debate oral y público encuentra sustento en disposiciones legales aplicables al caso, reviste carácter vinculante y torna improcedente la solicitud de suspensión del juicio a prueba. La disidencia sostuvo que el dictamen fiscal sobre el pedido de suspensión del juicio a prueba no resulta de carácter vinculante para el tribunal, pues el predominio de las características acusatorias de nuestro proceso penal no puede implicar la consagración de una actuación decisoria del fiscal, sino que su potestad debe entenderse limitada a la adopción de una postura frente al caso desde su rol de parte, si bien revestida de cierta ecuanimidad y siempre ceñida a la determinación legal de los criterios de admisibilidad de la suspensión del proceso a prueba. Si bien los procesos en los cuales se investigan hechos de violencia de género no deberían estar excluídos per se de ser suspendidos a prueba, existen razones independientes que, en las particulares circunstancias del caso, respaldan el temperamento adoptado por el a quo de conceder la suspensión con la condición de dar estricto cumplimiento a una serie de reglas de conducta destinadas específicamente a revertir la situación de violencia. (Dres. Hornos -en disidencia-, Gemignani, Borinsky).