Quiebra, subrogación legal
Materia: COMERCIAL
Carátula: CORDERO  MANUEL  MARIO  EN: FRIGORIFICOS MEDITERRANEOS S.A. - QUIEBRA CONSECUENCIAL s/ QUIEBRA CONSECUENCIAL - INCIDENTE DE VERIFICACION TARDIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-07-22

En principio, el acreedor no puede rehusar el pago de un tercero no interesado, en la recta inteligencia del art. 729 C. Civil, como lo sostiene toda la doctrina nacional, excepto Llambías (cfr.: Colombres Garmendia, Ignacio, "El Pago por Tercero", Plus Ultra, pág. 55). Sin embargo ese principio cede, y el derecho al pago del tercero puede ser coartado por el acreedor cuando no reúne los requisitos de identidad, integridad, puntualidad y exactitud del pago. Si en estas hipótesis el acreedor podrá rechazar el pago ofrecido por el propio deudor, es patente que también puede oponerse al tercero. Si en el caso el acreedor resiste el pago del tercero esgrimiendo un interés patrimonial legítimo, que merece tutela jurídica, pues coetáneamente a la iniciación del incidente de verificación, el acreedor promovió acción de responsabilidad en contra de los administradores, síndico, mandatarios y gestores de negocio de la fallida, y acción de extensión de la quiebra frente a los accionistas de la empresa fallida, si bien no se trata de demandas derechamente enderezadas al cobro, ellas persiguen inequívocamente la efectivización del crédito mediante el incremento de los activos destinados a la satisfacción de los acreedores concurrentes. Si para deducir dichas acciones el acreedor se valió del patrocinio letrado, es claro que con la mera presentación de las demandas respectivas -al margen de otras tareas que pudiesen haberse cumplido ulteriormente por su abogado-se generó un crédito por honorarios a favor del curial prementado en contra de su comitente, nacido de la relación contractual de locación de servicios. En tales condiciones, si el actor puso en marcha los aludidos mecanismos judiciales acción de responsabilidad y extensión de quiebra-para acrecentar sus posibilidades de cobro en la falencia, es indudable que disfruta en plenitud del derecho a proseguir esas acciones para obtener una condena en costas contra los demandados, con lo que éstos pasarían a ser los principales obligados al pago de los estipendios de su abogado. Si se aceptara el pago del tercero ese derecho quedaría frustrado, máxime si éste ha desistido de las acciones de responsabilidad y de extensión de quiebra, desistimiento que produciría sus efectos si se declarase operada la subrogación. Además, aún cuando se tuvieran por desistidas las acciones sin imposición de costas al actor, éste debería afrontar el pago de los honorarios de su abogado, y habría que ver si estos estipendios no insumirían una suma mayor que el crédito mismo verificado. Este el punto central en el cual yerra el a-quo: aunque se entendiere que en virtud de la sustitución procesal que la subrogación operaría a favor del tercero, éste pudiera ser reputado beneficiario de los servicios del letrado del actor (art. 14, Ley 8226), ello no desobligaría al actor, que seguiría siendo obligado al pago como comitente; salvo, naturalmente que aquél renunciare a su favor y se allanase a cobrarle solamente a Achával -en cuanto tuviere derecho a ello- o si el tercero desinteresase al letrado interviniente declinando todo reclamo contra el actor. Desde otra perspectiva, la solución no variaría coligiendo aplicable al caso el art. 18, in fine C. A. por vía analógica, ya que en tal caso el actor respondería solidariamente con el tercero por los honorarios del letrado, lo que no es suficiente para liberar del primero, que tiene derecho a que todas las costas sean afrontadas por otro; o al menos tiene derecho a intentarlo, prosiguiendo las acciones entabladas. Si así no se resolviese el problema, se sentaría un precedente que bien podría dar lugar a maniobras abusivas, poco plausibles: cualquier demandado que sabe que va a perder un, pleito, o que existen posibilidades de ser vencido con la consiguiente condenación en costas, podría mandar a un testaferro a pagar por subrogación consignando exclusivamente el valor del crédito reclamado y a desistir una vez efectuado el depósito; si el desistimiento fuese sin costas, el actor debería afrontar los emolumentos de su abogado, que podrían efectuar una parte sustantiva de su acreencia (según las particularidades del juicio); para qué hablar si el desistimiento fuese con costas a la actora. En consecuencia, el pago por subrogación no puede admitirse, porque está pendiente el pago de los honorarios del letrado del actor por sus tareas en la acción de responsabilidad y extensión de la quiebra, y su comitente tiene derecho a obtener un pronunciamiento que imponga las costas a los demandados. La adquisición de la legitimación procesal por parte del tercero aún cuando éste asumiera frente al actor la obligación de pagarle al letrado interviniente- no desobligaría al actor respecto de su abogado, salvo que éste lo consintiese (art. 814 C. Civil). En suma: el tercero pagador no puede estar en mejor situación que el deudor de la obligación. Si durante la pendencia de un juicio el demandado le ofrece al actor sólo el valor del crédito reclamado sin los gastos y honorarios del abogado del acreedor-éste tiene derecho a rehusar el pago y a continuar el juicio para ganar en el fondo y también en el régimen de costas.-