marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Queja por recurso denegado, depósito previo, exención de depósito
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Pizarro, Celia Noemí y otros s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Pizarro, Celia Noemí y otros c/ GCBA s/ medida cautelar
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-06-12

Los recurrentes manifiestan en apoyo de su petición de exención de depósito que se trata de un proceso urgente, dirigido a la tutela inmediata de derechos fundamentales que los jueces decidieron con invocación de la ley de amparo n° 2145, de modo que corresponde admitir, independientemente del nomen iuris, que los recurrentes están alcanzados por la exención prevista en el artículo 3 inciso l) de la ley n° 327, razón por la cual no deben integrar el depósito establecido en el art. 34 de la ley n° 402 para someter a consideración del Tribunal la queja de autos. (Voto del Sr. Juez José O. Casás, al que adhiere la Sra. Jueza Ana María Conde. En sentido concordante ver voto de la Sra. Jueza Alicia E. C. Ruiz).
Quiebra, continuación de la empresa, entidades deportivas
Materia: COMERCIAL
Carátula: CLUB  DEPORTIVO  ESPAÑOL  DE  BUENOS  AIRES s/ QUIEBRA S/ INC. DE APELACION PROMOVIDO POR LA FALLIDA -INAPLICABILIDAD LEY 25284- .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-03

Resulta inaplicable a la quiebra de un club deportivo el régimen legal establecido por la Ley 25284, en razón de la "..ausencia de patrimonio con el cual encarar la continuidad de la explotación.."; pues, pese a la enumeración que la fallida hace de sus bienes a fin de probar la existencia de patrimonio ajustándose, al parecer, al criterio sostenido por el CCIV art.

2312, la orientación dominante sostiene que para su consideración no deben excluirse a las deudas (V.

LLambias-Alterini, "Código Civil Anotado", Bs. As., 1993, p. 16) y, desde esa óptica la escueta referencia que formula la fallida de ciertos activos que componen su patrimonio, resulta insuficiente para tener por satisfecho el recaudo que la ley impone como presupuesto para la aplicación del régimen especial de administración que en ella se instrumenta, ya que no intento demostrar que los gravámenes que pesan sobre sus activos no afectarían la posibilidad de continuación de las actividades.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, Superior Tribunal de Justicia, superintendencia, Poder Judicial, retenciones salariales, leyes
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: A. P., J. I. s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Actuaciones ordenadas por acta   Acuerdo Nro. 19 punto 1 de fecha 24.5.95 que dispone la instrucción  de sumario administrativo al agente de los Tribunales de Rosario   (Expte. CSJ Nro.  199-2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-08-08

Si la Corte local suspendió preventivamente en sus funciones al recurrente, sin goce de haberes, en razón de hallarse incurso en la causal de inhabilidad prevista por el artículo 192, inciso 1 de la ley 10160 -por haberse dictado auto de procesamiento en su contra por delito doloso-, resulta inadmisible para operar la apertura del recurso de inconstitucionalidad el agravio del agente fundado en que con la suspensión preventiva se habrían violado las normas constitucionales y convencionales que consagran la presunción de inocencia, desde que tal planteo persigue en definitiva la declaración de inconstitucionalidad del artículo 192, inciso 1, de la ley 10160 (artículo 208, inciso 1 del t.o. dto. 0046/98) y no se advierten -en el caso- razones suficientes que habiliten a la declaración de inconstitucionalidad de la norma, lo que ha sido visto desde siempre como un acto de suma gravedad institucional, verdadera última ratio del orden jurídico y una de las más delicadas funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia.
Rechazo del querellante, prueba insuficiente
Materia: PENAL
Carátula: N.N. c/  s/ denegatoria a ser querellante
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-08-24

Explicaron que la recurrente no pudo demostrar de qué manera el corte total de tránsito en la intersección de las Avenidas Rivadavia y Entre Ríos de esta ciudad afectó directamente sus intereses, más allá del genérico rol de contralor. Agregaron que, a diferencia de lo que ocurría con otros entes gubernamentales en los que se habilitaba su intervención como parte querellante (por ejemplo la UIF o el BCRA en caso de lavado de activos) no advertían ni tampoco lo habían acreditado- que el presunto corte de calles produjera un perjuicio real y concreto a los intereses de la autoridad local. Concluyeron que por ello, en asuntos como el trataban "el único acusador con legitimación propia y natural, conforme al sistema, es el Estado, por intermedio del órgano predispuesto para ello, sintéticamente expresado, el ministerio público fiscal o la fiscalía" (Julio B. Maier, Derecho Procesal Penal, Del Puerto, Buenos Aires, 2003, tomo II, página 648). Por último destacaron "(...) que llama poderosamente la atención el inicio de estas actuaciones. Es que, por un lado, si la Policía de la Ciudad tomó conocimiento del corte de calles en el momento en que sucedía -de considerar la comisión de un delito de acción pública- debió haber actuado de conformidad con lo establecido en los arts. 183 y 184 del ordenamiento procesal. (...)".
Cobro de sumas de dinero, apreciación de la prueba, voluntad del legislador
Materia: PROCESAL
Carátula: Fernández, Alejandra Stefanía c/ Altuna, Rodrigo Joaquín s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2020-04-30

La expresión literal constituye sólo la primera orientación para el intérprete, y a partir de allí recién comienza el verdadero proceso interpretativo, el cual se deberá profundizar si se constata que la directa aplicación del texto expreso puede violar la finalidad legal y conducir a resultados disvaliosos. Es entonces cuando se buscará precisar cuáles han sido las valoraciones tenidas en cuenta por el legislador, la ratio legis, en fin, los motivos y causas que determinaron la sanción de la ley (Voto Welp, en adhesión a Romero)
FRANCIA, República Democrática del Congo, deportación, Comité contra la tortura, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Comité contra la Tortura - Sr. A. M. Vs Francia - Derecho a no ser deportado a otro Estado ante el peligro de ser sometido a torturas - Evaluación del riesgo c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: Ginebra
Fecha: 2010-05-05

Un ciudadano de la República Democrática del Congo que reside en Francia y se encuentra próximo a ser deportado a su país de origen en base a reiterados rechazos de su solicitud de asilo, plantea ante el órgano de Naciones Unidas que su expulsión constituiría una violación del Estado Francés al artículo 3 de la Convención aplicable, por cuanto él y su familia habrían sido sometidos a padecimientos sicofísicos degradantes por razones políticas, lo que implicaría riesgo cierto de padecer torturas en caso de efectivizarse su devolución.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), salarios caídos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: COMORETTO, CARLOS ALBERTO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-03-16

El agravio introducido en el recurso de inconstitucionalidad en cuanto la sentencia aclarada no brinda justificativo alguno para tratar de explicar la exagerada reducción de lo que la Provincia debe reintegrar, ni de la metodología de cálculo que cercena abismalmente el patrimonio del actor incurriendo en un supuesto de arbitrariedad por falta de debida fundamentación de la sentencia, cuenta -prima facie- con suficiente asidero en las constancias de la J0047434e importa articular con seriedad un planteo que podría configurar una hipótesis de arbitrariedad con idoneidad suficiente como para operar la apertura de esta instancia extraordinaria; dicho esto, en una apreciación mínima y provisoria propia de este estadio, y sin que ello implique adelantar opinión sobre la sustantiva procedencia de la impugnación y de lo que se resuelva nuevamente al juzgar sobre la admisibilidad del recurso de inconstitucionalidad. (De la disidencia parcial de los Dres. Gutiérrez, Spuler y Falistocco) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 7055, artículo 11. - Jurisprudencia concordante con Pinés, AyS T 304, p 362/373, sumario J0047434.
Inimputabilidad, culpabilidad, comprensión de la criminalidad del acto
Materia: PENAL
Carátula: O., A. s/ Auto de procesamiento (Expte Nº136-97, Resolución Nº86, Tomo 3,  Folio 372)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-09-15

Tal como resulta de la fórmula de imputabilidad de nuestro C. Penal, la capacidad de culpabilidad de las personas no resulta de un modo de ser de los mismos ni es consecuencia necesaria de alguna afección que padezcan, sino que se centra sobre su concreta capacidad de comprender la criminalidad de los actos y de dirigir sus acciones en relación a "el momento del hecho" (art. 34 inc. 1 C.P.). Frente a la apreciación de eventuales responsabilidades en orden a un determinado hecho, se impone sin alternativa alguna evaluar si al momento de esa consumación del hecho, y no de otro momento anterior o posterior, el inculpado contaba o carecía de la señalada capacidad, no bastando con comprobar lo que en otros momentos ocurriera.
Divorcio contradictorio, abandono del hogar conyugal, abandono no malicioso, injurias graves, malos tratos
Materia: CIVIL
Carátula: R. de C., L. c/ D. C., L. s/ Divorcio
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-08-02

El proceder injurioso del marido y la repetición de agresiones hacia la esposa justifica su retiro del hogar conyugal con los hijos, para residir en la casa paterna de aquella.
Daño moral, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: GARCIA DE RAMOS MARIA DE c/ E.P.O.S. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1990-10-05

El daño moral no exige prueba directa (lo cual es imposible naturalmente, por vincularse con la integridad espiritual de la persona), sino que es demostrable por vía de inferencia, a partir de determinadas situaciones objetivas y acordes con patrones de regularidad o normalidad de vida.

No puede ponerse en tela de juicio los padecimientos y angustias que deben soportar los damnificados al ver día a día el deterioro de la vivienda en que habitan y desenvuelven sus relaciones familiares, tan cara a sus sentimientos.
Leyes, aplicación de la ley
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ané Miguel A.-Siciliano de Ané A. s/ Conc.Prev. Hoy su quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-08-08

La aplicación de la ley 24522, a los concursos en trámite debe ser analizada en cada caso particular, y para cada instituto concursal, teniendo en cuenta lo expresamente peticionado por el interesado, el estado procesal de la causa, los principios generales sobre aplicación de las leyes en el tiempo y la eventual afectación de derechos adquiridos.
Recurso contencioso administrativo, honorarios, arquitectos, juicio de apremio
Materia: ADMINISTRATIVO - CONSTITUCIONAL - CIVIL
Carátula: CONSEJO DE INGENIEROS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE c/ MUNICIPALIDAD DE VENADO TUERTO s/ APREMIO.    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 372-85 CONSEJO DE INGENIEROS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE c/ MUNICIPALIDAD DE VENADO TUERTO s/ APREMIO.    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.     CSJ EXPTE NRO 373-84
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-04-20|1988-04-20

Si bien es cierto que el artículo 93 inciso 2) de la Constitución Provincial le adjudica a la Corte Suprema de Justicia el conocimiento y resolución de los recursos contenciosos administrativos, ello ocurre "en los casos y modos que establezca la ley" rigiéndose la administración de justicia -conforme al artículo 97- por los Códigos que determinen su modo de proceder. Y el Código de Procedimientos en lo Contencioso Administrativo, tras fijar el alcance de la materia (artículo 4) y los modos de exitar esa jurisdicción (artículo 9 y concordantes), excluye de la misma, entre otros supuestos, los actos susceptibles de acción o recurso ante otra jurisdicción (artículo 12 inciso e).

Se configura tal situación (quedando excluida la jurisdicción contencioso administrativa), en el caso en que se persigue el cobro de honorarios de arquitectos devengados en un contrato de obra pública, donde la ley 4114 faculta al Consejo de Ingenieros a accionar por vía de apremio el cobro de tales honorarios, pero dicha vía no está contemplada autónomamente en la ley 4106, lo que lleva necesariamente a la aplicación del artículo 507 del Código Procesal Civil y Comercial y ante los jueces con competencia para ello, es decir, los de la justicia ordinaria.
Accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: LILLO HUGO O. c/ COMPAÑIA DE PERFORACIONES RIO COLORADO SA s/ ORDINARIO s/INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1994-03-30

Fuese o no realizado y terminado el juicio en que se reclama su cobro, la exigibilidad de la indemnización puso fin al encadenamiento en cuestión; lo demás-demanda, sentencia, ejecución, pago-se refiere exclusivamente al reconocimiento y cobro de lo debido. Por lo demás, a partir del principio establecido en el art.

11, la ley 23643 fija para el cálculo de la indemnización la fecha de toma de conocimiento de la incapacidad.
Indemnización, ley de empleo
Materia: LABORAL
Carátula: López, Susana c/ Geriátrico Nasser y/o Jorge Mamani y/o Siempre Limpio S.H. y/o Graciela Fernández s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1998-11-06

Una vez despedida la actora, recién intima la correspondiente certificación de servicios, bajo apercibimiento de solicitar las multas previstas por los artículos 8 y 15 de la ley 24013, tal intimación además de no reunir los requerimientos establecidos en el artículo 11 de la ley, no es efectiva para dar procedencia a las indemnizaciones pretendidas, por ser posterior a la resolución del vínculo laboral.
Sentencia, acuerdo y voto individual
Materia: PENAL
Carátula: Fernández Daguerre, José Luis s/ Supresión de documento público y otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-03-28

No corresponde anular de oficio el pronunciamiento que decide sobre prescripción de la acción por carecer del voto individual de los mismos del tribunal que lo dictó ya que la resolución recurrida no es una "sentencia" en el sentido del art. 168 de la Constitución de la Provincia y por lo tanto el mismo no pudo ser transgredido.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Cuidado personal compartido, plan de parentalidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: B., R. s/ Tenencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-07-31

Prevaleciendo en realidad los deberes y obligaciones por sobre los derechos acordados (art. 264 cit.), es que el reclamo régimen de visitas en favor del progenitor que no goza de la tenencia provisional (doct. arts. 206, y 264 inc. 5º, Código Civil), debe acompasarse a las prevenciones, desvelos y recaudos que impone la visita a la menor, previo traslado -tras el recorrido de varios kilómetros- hasta la sede del Juzgado, so pena de alterar la alborada de su desarrollo psicofísico y comprender incluso, de modo inmediato, su estado de salud orgánica (CPCC., arts. 34 inc. 5º., 161, 163 inc. 6º., 260 y 261). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Limitación de recursos económicos, diferimiento del pedido, cuestión abstracta
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL
Carátula: LEMOS. AGRISPINO c/ A.N.Se.S
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-21

La excepción de limitación de recursos (art. 16, ley 24.463) se trata de una defensa en la cual el demandado alega una circunstancia extintiva relacionada con el fundamento de la pretensión del actor, y que en la medida en que ella sea probada, quedaría en claro la validez jurídica de las normas legales atacadas y, consiguientemente, la inexistencia del derecho en el cual el demandante fundamenta su pretensión. Por consiguiente, corresponde dejar sin efecto la sentencia que declaró abstracto el tratamiento de la defensa prevista por el referido art. 16 de la ley 24.463. (Disidencia del Dr. Laclau)
Juicio ejecutivo, excepciones procesales, juicio ordinario posterior
Materia: PROCESAL
Carátula: CARMUEGA, HECTOR Y OTRO c/ BANCO DE VALORES  S.A. s/ JUICIO EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-06

La defensa temporaria que consagra el art.553 "in fine" del CPR, admite que la falta de cumplimiento de las condenas impuestas en el juicio ejecutivo sea opuesta como excepción de previo y especial pronunciamiento por el ejecutante.
Notificación por telegrama, dolo del destinatario
Materia: PROCESAL
Carátula: SILVA, HUGO c/ ANFURSA CAYETANO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-22

Si bien es correcto considerar que cuando se utiliza la comunicación telegráfica, el remitente, es en definitiva responsable por el medio elegido, no puede admitirse que dicha comunicación no cumplió con su objetivo cuando el destinatario, en el caso la actora, impidió voluntariamente su recepción. Ello es así, por aplicación del principio elemental de lealtad y buena fe, arts. 62 y 63 de la LCT.
Responsabilidad del Estado, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, derecho a la vivienda digna
Materia: CONSTITUCIONAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Speranza, Rubén Omar c/ GCBA s/ amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-07-17

El artículo 2.1 del PIDESC dispone que "cada uno de los Estados Partes (...) se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que se disponga para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos" (el subrayado me pertenece en este párrafo y en los que siguen).

El artículo 11 establece que "los Estados Partes (...) reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso (...) vivienda adecuad[a] y a una mejora continua de las condiciones de existencia". Los artículos 26 de la CADH y 31 de la CCBA se inscriben en la misma línea.

El Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales opinó -en la Observación General n° 3, "La índole de las obligaciones de los Estados Partes"- lo que sigue: "aunque el Pacto contempla una realización paulatina y tiene en cuenta las restricciones derivadas de la limitación de los recursos con que se cuenta, también impone varias obligaciones con efecto inmediato. De éstas, dos resultan particularmente importantes para comprender la índole exacta de las obligaciones contraídas por los Estados Partes. Una de ellas (...) consiste en que los Estados se 'comprometen a garantizar' que los derechos pertinentes se ejercerán 'sin discriminación...'. La 2 otra consiste en el compromiso contraído en virtud del párrafo 1 del artículo 2 en el sentido de 'adoptar medidas', compromiso que en sí mismo no queda condicionado ni limitado por ninguna otra consideración (.). Así pues, si bien la plena realización de los derechos pertinentes puede lograrse de manera paulatina, las medidas tendentes a lograr este objetivo deben adoptarse dentro de un plazo razonablemente breve tras la entrada en vigor del Pacto para los Estados interesados. Tales medidas deben ser deliberadas, concretas y orientadas lo más claramente posible hacia la satisfacción de las obligaciones reconocidas en el Pacto" (voto en disidencia de la Sra. Jueza Inés M. Weinberg).
Procedimiento administrativo, nulidad del acto administrativo, revisión judicial de actos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Haras Los Cerros SA c/ DNCI -Disp 449/08 (Expte S01:370618/06)".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-03-30

La nulidad planteada en relación a los defectos de procedimiento en sede administrativa, no puede prosperar si no se demuestra fehacientemente que tales falencias -de existir- no sean subsanables en la posterior instancia judicial (Fallos: 292:15) (Cons. V).
Recurso contencioso administrativo, inadmisibilidad del recurso, instancia administrativa, agotamiento de la instancia administrativa, recursos administrativos, pronto despacho, gobernador
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Megias, Zulema Beatriz y otros c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción. Revocatoria  (Expte. CSJ Nro. 348-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-06-27

Si los actores entendían que la tramitación dada al recurso jerárquico era deficiente, y de ese modo la Administración vedaba o demoraba irrazonablemente -en definitiva- el acceso al Tribunal contencioso administrativo, disponían de medios adecuados para evitar tan disvaliosas consecuencias -concretamente, el pedido de pronto despacho ante el Gobernador- pero las alegadas deficiencias no les habilitaba sin más el acceso a la jurisdicción contencioso administrativa, prematuramente, sin que se encontraran reunidos los correspondientes recaudos de admisibilidad.
Prueba, carga
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Larrea, Javier C. c/ Frigoeste S.A. s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-10-14

La admisión del principio dispositivo coloca del lado de las partes la obligación de poner en conocimiento de los jueces todos los elementos que sean conducentes a una correcta solución del tema litigioso.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Beneficios previsionales, situación de vulnerabilidad, impuesto a las ganancias, facultades del Poder Judicial, facultades del Poder Legislativo
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: García, María Isabel c/ AFIP s/ acción meramente declarativa de inconstitucionalidad c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-03-26

Habida cuenta de la relación de colaboración que debe existir entre los departamentos de Estado, corresponde hacer saber a las autoridades que tienen asignadas las atribuciones para efectuar las correcciones generales necesarias, que la omisión de disponer un tratamiento diferenciado para aquellos beneficiarios en situación de mayor vulnerabilidad que se encuentran afectados por el tributo (en especial los más ancianos, enfermos y discapacitados), agravia la Constitución Nacional.
Recurso contencioso administrativo, resoluciones recurribles, contratos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MENSI Y CIA c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ COBRO DE PESOS - RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE N.  602-89) TRUFFER, HECTOR EZEQUIEL c/ MUNICIPALIDAD DE VERA Y-O Q R R s/ JUICIO ORDINARIO POR COBRO DE PESOS - RECURSO DE  INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE N. 480-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-10-23|1991-10-30

En todos los casos de defecto "por escasa extensión" de la regla interpretada, cuando excluyendo una o varias de las especies se llega a un resultado irrazonable, es posible remitirse a una "circunstancia común" a todas ellas y siempre que la misma sea conceptuable, sistematizable, verificable y comunicable; que en el caso de la norma del inciso b) del artículo 10 de la ley 4106, es el género contrato.
Deber de asistencia entre cónyuges, alimentado con recursos económicos
Materia: CIVIL
Carátula: C.M.G. c/ M.J.R. s/ Divorcio vincular y disolución hogar conyugal hogar conyugal
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-04-20

El hecho que la peticionante de alimentos trabaje, no es óbice para el reclamo de los mismos, en tanto se requiera el aporte del otro cónyuge para mantener el nivel de vida acorde con la posición social, economica y cultural de la pareja, debiendo tenerse presente la distribución final de los bienes del acervo societario.