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Tribunal: CAMARA DE APEL. CONT. ADM. Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-18


Buenos Aires, 18 de julio de 2006. AUTOS Y VISTOS. 1. Que atento a que desde la notificación mediante cédula de la resolución obrante a fs. 61/64 vta.- del 23 de junio de 2003-, que tuvo por efecto impulsar el procedimiento, han transcurrido más de seis meses (artículo 260, inciso 1º, del CCAyT), computados según lo dispone el artículo 261 del código de rito, el Tribunal de conformidad con el artículo 266 del ordenamiento citado RESUELVE: declarar operada la caducidad de la instancia. Regístrese y notifíquese. Fecho, devuélvase.-
Daño psíquico, indemnización
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Morales De Coronel Josefa c/ Diz Sergio s/ Daños y Perjuicios Diepa, Teresa c/ Toledo, Rubén s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-05-02|2001-09-25

Cuando la víctima presenta una sintomatología psíquica incapacitoria que no es de carácter permanente o perpetuo sino escencialmente recuperable y mejorable a tráves del correspondiente tratamiento psicoterapéutico, el resarcimiento indemnizatorio, - sin perjuicio de la afectación moral que pudiere existir - , debe comprender el costo de dicho proceso curativo en concepto de daño emergente.
Garantía a ser juzgado en un plazo razonable, prisión preventiva, prórroga de la prisión preventiva, criterio de razonabilidad
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: BALVERDI, Juan A. s/ Exención de prisión, Causa nro. 14.102
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-05

Lleva dicho la C.S.J.N. citando al Tribunal Europeo de Derechos Humanos que "...está reconocido por todos la imposibilidad de traducir el concepto plazo razonable en un número fijo de días, semanas, de meses o de años, o en variar la duración según la gravedad de la infracción. Por esto, el Tribunal aludido se vio obligado al examinar si se habría cumplido el art. 5to, inc. 3º, a investigar y apreciar el carácter razonable de los motivos que llevaron a las autoridades judiciales a adoptar, en el caso que se le sometió, esa grave derogación de los principios de la libertad individual y de la presunción de inocencia que constituye una detención sin condena...".
Responsabilidad penal, culpabilidad, ebriedad
Materia: PENAL
Carátula: R., M. s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1971-03-19

Hay casos excepcionales, en los que la responsabilidad penal puede descartarse aún totalmente, cuando el estado de ebriedad es voluntario por la maliciosa intervención de terceros o en algún caso especial de adulteración de bebidas; aún en otro, la responsabilidad sólo podría ser a título de culpa: cuando razonablemente no era posible prever la posibilidad de delinquir en ese estado de inconsciencia.
Libertad condicional, observancia de los reglamentos carcelarios
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: AGUIRRE, JOSE LUIS s/ RECURSO DE CASACION Causa 639
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-17

La regularidad de la observancia de las pautas carcelarias no significa cumplimiento absoluto de sus normas, o sea sin infracciones de ninguna especie, sino la observancia regular, es decir sin faltas graves o repetidas y teniendo en cuenta el término de la privación de la libertad y el tiempo en que fueron cometidas (voto del Dr. Fégoli).
Ciudadanía, ciudadanía por naturalización
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: JEUNE, Samuel s/ Naturalización
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-08-23

Debe revocarse la sentencia por la cual se otorgó la ciudadanía argentina por naturalización por cuanto no se cumplio con el informe o certificado de buena conducta del país de origen de la peticionante, siendo un requisito acorde con la naturaleza del acto.
Sentencia, cuestión esencial
Materia: PENAL
Carátula: Cagni, Miguel Angel. Villar, Pablo s/ Asociación ilícita - Robos reiterados
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-08-20

Para determinar cuales son las "cuestiones esenciales a decidir" en el fuero penal, habrá que acudir a lo que establecen las leyes de procedimiento (arts. 10, ley 3560; 333, C.P.P.) que no ha estado en la inteligencia de la Constitución abrogar, sin perjuicio de las "cuestiones esenciales" que le sometan las partes al Tribunal, que revisten tal calidad, según el primer párrafo del art. 156 de la Constitución Provincial.
Revocación de sentencia, sobreseimiento, lesiones culposas
Materia: PENAL
Carátula: P., J. C. c/  s/ lesiones culposas
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-06-28

Indicaron que el damnificado fue trasladado por una ambulancia con diagnóstico "politraumatismos", situación que fue confirmada por el hospital que lo atendió y sobre lo cual el Cuerpo Médico Forense basó su dictamen expresando que según la documentación aportada se verificó "traumatismo de cráneo" y "traumatismo de hombro izquierdo". Agregaron que el traumatismo se traduce como "toda violencia ejercida sobre un organismo humano o animal" (cfr. Bonnet, E.F.P., "Medicina Legal", 1993, segunda edición, página 428) pero que no importa per se una lesión en los términos del 94 del C.P., con lo cual el traumatismo es el mecanismo que podría originar una lesión pero no constituye por sí un menoscabo de la integridad corporal o de la salud física o mental. Finalmente señalaron "(...) que el dolor al que refiere el damnificado en su declaración de fs. 28vta. sólo puede ser comprendido como una lesión en aquellos casos en los que existe la verificación de una alteración de la salud o la integridad corporal en tanto estado de equilibrio, lo que no se determinó en el caso concreto", por lo que revocaron el procesamiento y sobreseyeron al imputado.-
Procedencia del recurso, derecho a la salud, condiciones de detención, habeas corpus
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Flores, Juan Alberto c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-02-11

El voto concurrente agregó que el análisis que se efectuó en autos de los padecimientos de salud que denuncia el encausado ha sido por demás escueto y no se ha hecho cargo de que las demoras y dilaciones en su tratamiento eficiente y pronta resolución pueden constituirse en un agravamiento de las condiciones de su detención, tal como lo ha alegado insistentemente el nombrado. Ello, aun cuando no se encuentren, quizás, en juego funciones corporales esenciales, ni se trate de supuestos de extrema gravedad. Por lo demás, el art. 143 de la ley 24.660 establece que el "interno tiene derecho a la salud. Deberá brindársele oportuna asistencia médica integral, no pudiendo ser interferida su accesibilidad a la consulta y a los tratamientos prescriptos.", en consonancia con la normativa de mayor jerarquía que rige el tema (arts. 18 de la CN, 11 y 18 de la DADDHH, 8 y 25.1 de la DUDDHH y el art. 12 del PIDESC). Por lo tanto, ante una situación en la que se ha invocado que la detención produce un menoscabo en el ejercicio del derecho a la salud a raíz de que los tratamientos requeridos ante la situación del interno habrían sido injustificadamente demorados debe hacerse lugar al recurso incoado. Dres. Ledesma, Carbajo -voto concurrente-
Privación de justicia, recurso de nulidad, recurso de reconsideración, competencia de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: JOSE ANA s/ SU PRESENTACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-05-17

Corresponde desestimar la presentación efectuada por el juez de la Cámara de Apelaciones Civil, Comercial y Laboral de Villa Dolores, Provincia de Córdoba denunciando lo que califica como "un palmario y evidente caso de privación de justicia, al no haberse pronunciado aún el Superior Tribunal de Justicia local acerca de la nulidad y reconsideración planteada, ello así, pues en el caso no media declaración de incompetencia o negativa de los tribunales a conocer de un caso determinado, por lo que no se justifica la intervención de la Corte en los términos del art. 24, inc. 7, in fine, del decreto-ley 1285/58.
Verificación de créditos, incidente de revisión
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: IEPSI S.A. s/ Concurso Preventivo. Incidente de revisión solicitado por Fiscalía  de Estado de la Pcia. de Buenos Aires revisión solicitado por Fiscalía  de Estado de la Pcia. de Buenos Aires revisión solicitado por Fiscalía  de Estado de la Pcia. de Buenos Aires revisión solicitado por Fiscalía  de Estado de la Pcia. de Buenos Aires
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-07-11

Es título suficiente para la verificación del crédito en los Concursos en los términos del art. 40 del Cód. Fiscal, la Liquidación de deuda expedida por funcionario autorizado al efecto, en la que además constan los datos de los períodos, el monto original de la obligación, las pautas de actualización correspondientes y los intereses con su coeficiente de determinación junto con los datos de la tramitación del expediente de rigor en la instancia administrativa -disponible para la evaluación del síndico- por lo que debe eximirse a la actora de las costas del incidente de revisión.
Retención indebida, abogados, mandato, obligaciones del mandatario, asegurador
Materia: PENAL
Carátula: BOLGERI, RICARDO ALBERTO s/ DEFRAUDACION. RETENCION INDEBIDA. Mandato.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-08-29

Encuadra en la figura de defraudación por retención indebida, la conducta del procesado -abogado- que omitió restituir el dinero cobrado a la compaÑía aseguradora, dinero que retuvo hasta que promovió un juicio de consignación por la misma cantidad recibida, so color de haber perdido contacto con sus clientes, en virtud de la persecución que iniciaron sus poderantes.

El mandato es esencialmente una administración y como tal está contenido expresamente en el tipo que prevé la retención indebida, De las mismas obligaciones estrictas que la ley civil impone al mandatario se extrae que la obligación de entregar o devolver es exigible inmediatamente después de la percepción de la cosa, o, a lo más,en un plazo razonable, a graduar conforme la naturaleza de la cosa a entregar o de los impedimentos a la acción del obligado, debidamente acreditados y en el caso de autos se trataba de entregar una suma de dinero en momentos en que la inflación licuaba día a día su poder adquisitivo.
Reclamo administrativo previo, caducidad del procedimiento administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Buschiazzo, Rubén Daniel c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-08-17

En el régimen de procedimientos nacional -de Ley 19.549- se exige la reclamación previa por regla e impone un plazo de caducidad, lo que no ocurre en la norma general de procedimiento administrativo de la Provincia, en la que -en los casos que establece, y sin plazos preclusivos- la ocurrencia directa a la instancia judicial es admisible y aceptable.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Berrocal, Héctor y otros c/ Grippo, Rubén Omar y otros s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-02-24

No basta invocar la infracción a las leyes de la prueba o interpretación absurda de la misma, sino que debe demostrársela, resultando esta exigencia mucho más rigurosa en el fuero laboral donde la valoración del material probatorio no tiene otro límite ,salvo al que impone a los jueces del trabajo sujetarse a la apreciación en conciencia.
Prueba documental, libros de comercio, valor probatorio, factura
Materia: COMERCIAL
Carátula: FLETEMAR  S.A.C. c/ TALENT  S.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-06

Las constancias de los libros de comercio no revisten el carácter de prueba legal e indispensable a los efectos del reclamo del pago de una deuda por el acreedor, si su existencia aparece acreditada por otros medios de prueba: el incumplimiento de la carga de llevar la contabilidad que marca la ley podrá acarrear otro tipo de consecuencias, pero no la de impedir el cobro de créditos debidamente probados por el comerciante. Tampoco la emisión de facturas constituye exigencia "sine qua non" a los mismos efectos y en la misma hipótesis de haberse demostrado la existencia de la deuda por otros medios.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, ejecución fiscal, leyes, competencia contencioso administrativa y tributaria, aplicación de la ley, ley posterior
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: XX s/ Abogados. Honorarios. Ejecuciones fiscales (Tribunal pleno)   En el caso, la cuestión a resolver es si el art. 7 de la ley 11.257, que modifica la ley 6767 (Aranceles Profesionales -   Abogados y Procuradores), agregando el inc. 5) a su art. 7, importa   una vigencia material y temporal limitada sólo a los procesos de   ejecución fiscal instaurados en relaciones especiales comprendidos   en ella -regímenes de regularización impositiva provincial- o bien   debe entenderse de alcance general y permanente para todo tipo de   ejecución fiscal en el territorio provincial.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-11-15

Es de buena técnica interpretativa indagar el alcance y sentido de una ley partiendo, en primer lugar, de su texto o letra ya que no es admisible una hermenéutica que equivalga a la prescindencia del texto legal, desde que el primer elemento de interpretación de la ley es su texto o gramática. Esta regla de fijación de alcances y sentido legal permite tener presente que la ley reformada reza: "en los casos de deudas sometidas e ejecución fiscal, cualquiera fuere el estado en que se encuentre el proceso, la regulación de honorarios profesionales no podrá, en ningún caso (ídem), exceder el cinco por ciento (5%) del capital determinado y no inferior a $34.-".La norma es nítida en punto a abarcar a todas las ejecuciones fiscales, no circunscribe su ámbito a las ejecuciones fiscales de determinada competencia; ni alude al Código Fiscal o ley 5066; etc. ni tampoco reduce su aplicación a deudas sujetas a moratoria o regularización, ya que para ello no era menester la reforma de la ley general de aranceles, bastando la fijación de cierto tope exclusivamente a las contempladas por la moratoria, como sí ocurrió con las leyes 11.022 (art. 15) y 11.160 (art. 5).No corresponde hacer distingos donde la ley no los hace. (Del Voto del Dr. Silvestri)
Contrato de obra pública, certificados de obra, pago, mora, intereses, actualización monetaria, depreciación monetaria
Materia: CIVIL
Carátula: Construcciones Industriales y Civiles S.R.L. c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.:  C.S.J. Nro. 790 Año 1990)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-06-25

La Corte local ha sostenido la procedencia de la actualización de la s sumas pagadas tardíamente en concepto de intereses por mora ya que en realidad la actualización por depreciación monetaria, no significa ni puede significar un aumento del monto adeudado, sino que es la misma suma, expresada en distintos términos numéricos que procuran la no pérdida de su valor adquisitivo.
Recurso de apelación (procesal), fundamentación del recurso, menores
Materia: PENAL
Carátula: ALBINO, Felisa c/ MENDIETA, José Esteban s/ Recurso Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-08-31

Que se suscita la competencia de esta Sala, como consecuencia del recurso de apelación promovido por la señora Fiscal Penal, contra el auto resolutivo dictado en autos, por medio del cual se decide Sobreseer, por inimputabilidad, a quien viene acusado del delito de Hurto, previsto y reprimido por el art. 162 del Código Penal, de conformidad con lo establecido en los arts. 326 inc. 4to. del C.P.P. y 1ro. de la Ley 22.278, Modificada por la Ley 22.803.

Para así decidir, el Tribunal de grado interpretó que correspondía encuadrar la conducta del acusado dentro de las previsiones normativas contenidas en el art. 162 de la Ley Sustantiva, relativa a la figura de Hurto Simple, entendido éste como el apoderamiento ilegítimo de una cosa mueble total o parcialmente ajena, lesionando así el patrimonio de un tercero.

Teniendo en cuenta la edad del menor (17 años) a la fecha de la comisión del ilícito, resulta de aplicación lo normado por el art. 326 inc. 4º de la Ley adjetiva (inimputabilidad) y el art. 1º de la Ley 22.278, Modificada por la Ley 22.803, en cuanto al inexcusable dictado del Sobreseimiento en beneficio del imputado, en un todo de acuerdo con el orden jurídico vigente.

Del análisis de los fundamentos sostenidos a su turno por la señora Juez de Menores Nº 2, surge que está acreditada perfectamente la presencia de una figura penal más grave que la valorada por la Proveyente y que agudiza la responsabilidad penal de su autor, sin que pueda argüirse en su beneficio el régimen de excepción contemplado en las Leyes 22.278 y 22.803, en tanto el ilícito que se le atribuye al entonces menor de edad J. E.M., ha sido perpetrado con el uso de la fuerza física que transforma al hurto en robo, al requerir una actividad en quien se apodera de ella que va más allá del esfuerzo necesario para transportarla o simplemente removerla del lugar donde estaba (arrancarla de la pared), como ocurre cuando forma parte de un todo del cual debe ser separada y que hace aplicable la norma del art. 164 del Código Penal (C. Nac. Crim. y Corr., Sala 1º, 7/5/1997 - Schinider, Jorge R.). Firmado Dres : Edgardo Francisco Albarracín y Adolfo A. Figueroa .
Apreciación de la prueba, sentencia condenatoria, testigos
Materia: PENAL
Carátula: Alvez, Leandro Martín c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-04-26

Corresponde rechazar el recurso de casación que cuestionó la valoración de la prueba efectuada en la sentencia condenatoria, puesto que la defensa reedita en el remedio articulado, de manera genérica, la mera posibilidad de la existencia de otra explicación posible de los hechos investigados criticando al fiscal por no haber agotado el interrogatorio para establecer ciertas circunstancias de los hechos, aunque omitiendo mencionar por qué esa actividad no pudo realizarla ella misma en el debate ni explicar qué le impidió hacerlo, cuestión que permite advertir una confusión en el planteo, entre la carga de la prueba y la actividad que le corresponde a cada parte en el interrogatorio y contra interrogatorio de los testigos (voto del juez Sarrabayrouse al que adhirió el juez Morin).
Tasas de interés, tasa pasiva
Materia: CIVIL
Carátula: Dorallo Romero, Ramón c/ Ministerio de Salud y Buenos Aires, Provincia de s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-12-10

A partir del 1ro. de Abril de 1991, y hasta el efectivo pago, los intereses deben calcularse según la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina.
Proceso penal, imputado, sentencia absolutoria, defensa
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: CH, H. O. s/ Homicidio culposo. Recurso de Queja por Apelación denegada (Expte. Nº  245-2000, Resolución Nº 103, Tomo 56, Folio 265)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-05-09

En el sub examine no se configura ninguna de las hipótesis de excepción que facultarían a la defensa de quien ha sido absuelto ejercer el poder de impugnación, ni tampoco puede ser incluido el caso como resolución contraria al interés en cuanto a que no se estima tal el meramente moral, ni se aprecia que la particular óptica del juez penal en punto a los fundamentos de la absolución condicione el pronunciamiento civil que eventualmente pudiere recaer, en el caso de ejercicio de tal acción.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso, cuerpo del delito, prueba, autoría
Materia: PENAL
Carátula: Almeida, Diego Oscar s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-08-29

Es insuficiente el cuestionamiento relativo a la habilidad de los testigos con cuyas declaraciones la Cámara juzgara acreditados el cuerpo del delito -incluidas la preexistencia de lo sustraido- y la autoría del procesado en tanto se opone a la decisión de la sentenciante sólo conjeturas propias, sin demostrar violación alguna de las leyes de la lógica ni, por ende, de los arts. 150, 251, 252 y 253 -inc. 4- del Código de Procedimiento Penal -según ley 3589 y sus modif.- que se señalan como conculcados.
Retención de aportes sindicales, sindicatos, declaración de inconstitucionalidad, libertad sindical
Materia: LABORAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Asociación del Personal Superior de Autopistas e Infraestructura APSAI c/ Autopistas del Sol S.A. s/ acción de amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-04

El artículo 38 de la ley 23.551, en cuanto excluye en forma arbitraria a las asociaciones simplemente inscriptas del régimen de retención de aportes a sus afiliados, lesiona la libertad sindical, en su faz individual y colectiva, por lo que resulta inconstitucional. - Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite - - El Juez Lorenzetti, en disidencia, consideró inadmisible el recurso extraordinario (art. 280 CPCCN) -
Daños y perjuicios, responsabilidad del conductor, culpa de la víctima, conducta temeraria
Materia: CIVIL
Carátula: Pailahueque, Gilberto c/ Hormiquen S.A. y Otro s/ Daños y perjuicios derivados del uso de automotores (con lesión o muerte)
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2016-02-04

No puede imputarse responsabilidad al conductor del camión, teniendo en cuenta que éste no pudo ver a la ciclista quién solamente llegó a la altura del semi-remolque, y además no tenía por qué prever que alguien podría circular a su derecha, ya que ello se encuentra prohibido. No sólo la víctima circulaba por un espacio prohibido a tal fin, que existía cartelería que indicaba esta prohibición (quizás no en el concreto lugar del accidente, pero si a lo largo de la multitrocha), sino que teniendo a su disposición una ciclovía, donde transitar con seguridad, eligió la banquina de la ruta. Pero no es solamente el hecho de circular por un lugar prohibido lo que determina la existencia de la culpa de la víctima, sino que la conducta tenida por la ciclista momentos previos al accidente, y que en mi opinión resulta causa eficiente del siniestro, puede ser catalogada ciertamente como temeraria.
Recurso extraordinario, admisibilidad del recurso, interpretación de la ley, ley federal, Pacto de San José de Costa Rica
Materia: PROCESAL
Carátula: Horacio Conesa Mones Ruiz c/ Diario Pregón s/ recurso de inconstitucionalidad y casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-23

Es admisible el recurso extraordinario en cuanto cuestiona la interpretación otorgada a una norma federal - art. 14.1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos - y la decisión del a quo ha sido contraria al derecho fundado en dicha norma (art. 14, inc. 3°, ley 48).
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, responsabilidad extracontractual
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Len, Juan Eduardo y otro c/ Malisan, Nilda Angélica y/o propietario s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-05-05

Son los hechos los que determinan, por sí mismos, cuál es el marco jurídico de solución del conflicto, y si esos hechos por los que se demanda revelan que lo que se imputa a la accionada es el quebrantamiento de un deber distinto a toda relación convencional, su régimen es el establecido por el art. 1113 del Cód. Civil, por tratarse de cosas que tiene bajo su cuidado, por más que en otro aspecto, el dominio de la demandada se encuentre sujeto al régimen de propiedad horizontal que implica a su vez el acatamiento para el uso de determinadas cosas, a las disposiciones del Reglamento de Copropiedad.