Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2011-08-25


NEUQUEN, 25 de Agosto de 2011.

Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados: "BUSTAMANTE LORENA ANDREA C/ S.A. IMPORT. Y EXPORT. DE LA PATAGONIA S/ COBRO DE HABERES", (Expte. Nº 383335/8), venidos en apelación del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO LABORAL NRO. 3 a esta Sala III integrada por el Dr. Marcelo Juan MEDORI y el Dr. Fernando Marcelo GHISINI, con la presencia de la Secretaria actuante Dra. Audelina TORREZ y, de acuerdo al orden de votación sorteado, el Dr. Ghisini dijo:

I.- Vienen estos autos a consideración de la Alzada para el tratamiento del recurso de apelación interpuesto por la demandada, contra la sentencia que luce a fs. 164/168 y vta., a tenor de los agravios vertidos a fs. 171/175 vta. y cuyo traslado fuera contestado por la contraria a fs. 180/182.

II.- Se agravia la recurrente por considerar que la sentencia no ha tenido en cuenta que el contrato de la actora novó objetivamente a uno de jornada reducida de conformidad con lo dispuesto por el artículo 92 de la Ley 20.744.

Dice que, a pesar de haberle reducido a la accionante la jornada laboral en un 44,45%, igual se le mantuvo el salario como si trabajara la jornada completa.

Afirma que al tener el contrato una jornada reducida pero abonado como uno de tiempo completo, la trabajadora percibió por encima de los montos correspondientes.

Por otra parte, sostiene que el Juez no tuvo en cuenta que la accionante consintió (y no sólo porque expresamente lo solicitó) el cambio de modalidad contractual con una jornada parcial.

Además considera que, a los fines de comparar lo que ganaba la actora en relación a sus otros compañeros, no se tuvo en consideración la jornada reducida que cumplía ésta última.

Menciona que la sentencia debió comparar, lo que habría percibido la reclamante de seguir trabajando en jornada normal como jerárquica con los aumentos pertinentes, y reducirla al 66% para observar si hubo perjuicio al Orden Público Laboral.

En función de ello, efectúa los cálculos pertinentes y señala que el 66% de $45.981,99 es igual a: $30.348,12, y la suma total abonada por su parte es de $39.855,31.

Concluye que su representada abonó sumas superiores a las correspondientes, no generando a la demandante ni agravio ni perjuicio alguno, más aún, beneficiándola. Cita jurisprudencia.

A fs. 180/182 la actora contesta el traslado de los agravios, solicitando su rechazo con costas.

III.- Ingresando al tratamiento de la cuestión planteada, corresponde verificar sí efectivamente a la actora le corresponde percibir las diferencias que pudieran surgir con motivo de los aumentos que se fueron otorgando durante el transcurso de la relación con jornada laboral reducida; o si por el contrario, al no verse afectado el orden público laboral y al encontrarse la accionante fuera de convenio, el pago de dichos incrementos no resultaba obligatorio, y por ende, exigible a la empresa demandada.

Al respecto, el art. 92 ter de la Ley de Contrato de Trabajo establece: "El contrato de trabajo a tiempo parcial es aquel en virtud del cual el trabajador se obliga a prestar servicios durante un determinado número de horas al día o a la semana o al mes, inferiores a las dos terceras partes de la jornada habitual de la actividad. En este caso la remuneración no podrá ser inferior a la proporcional que le corresponda a un trabajador a tiempo completo, establecida por ley, convenio colectivo, de la misma categoría o puesto de trabajo.." Es decir, si la base salarial ha superado el piso fijado en la norma: "remuneración no inferior a la proporcional por las horas reducidas", dicha remuneración es válida a los fines de ser computada como pago de la jornada reducida.

Por ello, independientemente que la actora haya cumplido una jornada reducida de 5 horas diarias y se le haya mantenido el salario como si tal reducción no hubiera ocurrido, dicha circunstancia constituye un hecho que al haber sido consentido en su oportunidad por la propia empleadora, impide su revisión en ésta instancia.

De allí, que la pretendida compensación o falta de perjuicio económico de la señora Bustamante, invocado en la apelación, -en función de lo mencionado en relación al salario percibido durante la reducción de la jornada- resulta a mi entender improcedente.

Por otra parte, y en relación al silencio de la trabajadora en reclamar durante la relación laboral las diferencias pretendidas, diré que su valor en las relaciones laborales fue claramente explicado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través de la doctrina fijada en el precedente: "Padín Capella", la cual es seguida en forma mayoritaria por los Tribunales nacionales y provinciales, en donde, entre otras cosas, dice:

"..el argumento que medió en el caso una novación objetiva de cláusulas contractuales con apoyo en el silencio del trabajador por el lapso anterior a la prescripción, conduce a admitir la presunción de renuncias a derechos derivados del contrato de trabajo, en abierta contradicción con el principio de irrenunciabilidad que emana de los arts. 12, 58 y concordantes de la LCT. A ello no obsta la circunstancia de que el empleado haya esperado a la finalización de la relación laboral para efectuar su reclamo, puesto que atento a lo preceptuado por los arts. 256, 259 y 260 del mismo cuerpo legal, no estaba obligado a hacerlo hasta el agotamiento del plazo establecido en la citada normativa, máxime cuando el pago insuficiente de obligaciones originadas en las relaciones de trabajo debe ser considerado como entrega a cuenta del total adeudado aunque se reciba sin reserva".

Así entonces, las consideraciones expuestas en el recurso sobre el consentimiento de su dependiente, en cuanto a la falta de reclamo durante la vigencia de la relación laboral, resulta improcedente para modificar lo decidido en la instancia de grado, por lo que corresponde su rechazo.

Interpreto que, el hecho que la trabajadora haya cumplido una jornada laboral reducida no resulta suficiente para que, por ese sólo hecho, se la excluya de los demás beneficios otorgados a los empleados de igual categoría (ej. aumento de sueldos), salvo que el empleador demuestre que los beneficios contemplados responden a causas particulares que justifican un trato diferenciado.

En todo caso, la firma demandada -como consecuencia de la reducción de la carga horaria- hubiera podido oportunamente aplicar las prerrogativas contenidas en el art. 92 ter de la LCT, a fin de bajar el salario en proporción a la jornada reducida y así dichos aumentos también hubieran sido alcanzados por tal reducción.

Pero, al no haber justificado el trato diferencial, sobre una base distinta que el de la reducción de la carga horaria operada, tal circunstancia junto a lo anterior, resultan a mi entender motivo suficiente para propiciar la confirmación de la sentencia.

En ese orden, resultan elocuentes los dichos de la Sra. María Esther Mendoza, (fs. 119) quien expresó:

"Sé que durante los años 2005/2007 el personal de la Anónima hubo aumentos de sueldo, en principio se otorgaban por actas acuerdos que se incorporaban como no remunerativos y posteriormente al básico. Todos los empleados de la Anónima estaban comprendidos, soy delegada gremial y se quienes están comprendidos dentro de los aumentos otorgados. Al personal jerárquico también les otorgaban esos aumentos, estos aumentos eran exactamente iguales a los del resto del personal.." "Sé que específicamente personas no lo recibieron, se que eran personas que tenían certificados psicológicos o con algún tipo de licencia, no se les otorgo a modo de castigo..".

Dicha declaración, se encuentra avalada con la prueba pericial contable, en donde se da cuenta que en comparación con los trabajadores amparados bajo el CCT 130/75, a la actora se le abonó en menos un 46,43% (fs. 31); y en relación con el personal Jerárquico (Yampay, Leal y Contreras) el porcentaje en menos es similar (fs. 29).

Por todo lo expuesto, propondré al Acuerdo la confirmación del fallo apelado, en todo lo que ha sido motivo de recurso y agravios, con costas de Alzada a cargo de la demandada vencida (art. 68 del CPCyC).

Tal mi voto.

El Dr. Medori dijo:

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que antecede adhiero al mismo, expidiéndome de igual modo.

Por lo expuesto, esta Sala III RESUELVE:

1.- Confirmar la sentencia de fecha 1 de Febrero de 2011 (fs. 164/168 y vta.) en todo lo que ha sido motivo de recurso y agravios.

2.- Costas de Alzada a cargo de la demandada perdidosa.

3.- Regular los honorarios de los letrados intervinientes en esta instancia, en el 30% de lo fijado a los mismos en el pronunciamiento de grado.

4.- Regístrese, notifíquese y, oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen.	Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA REGISTRADO AL Nº 150 - Tº III - Fº 575 / 577 Protocolo de SENTENCIAS -S A L A III- Año 2011