Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-12-26


SENT Nro. 1059 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 26 DE DICIEMBRE de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, René Mario Goane y Alfredo Carlos Dato, con más la integración del doctor Alberto José Brito -por no existir votos suficientes para dictar sentencia válida- y Héctor Eduardo Aréa Maidana -por subsistir la falta de votos suficientes para emitir pronunciamiento jurisdiccional válido- bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por el letrado Gerardo Stekelberg, por su propio derecho, en autos: "Palacios, Carlos Raúl vs. S.A. Azucarera Argentina -Ing. La Corona- s/Indemnización por enfermedad accidente (Incidente promovido por el Dr. Gerardo Stekelberg s/Ejecución de honorarios y embargo preventivo)".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Alfredo Carlos Dato, René Mario Goane, Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Alfredo Carlos Dato, dijo:

1. Viene a conocimiento y resolución de este Tribunal, Sala Laboral y Contencioso Administrativo, el recurso de casación deducido por el letrado Gerardo L. Stekelberg, por derecho propio, contra la sentencia de la Sala Ia. de la Excma. Cámara del Trabajo de Concepción del 22/5/2003 (fs. 44/48), que rechazó los recursos de nulidad y apelación deducidos contra el pronunciamiento del Juez de Conciliación y Trámite del Trabajo de la Ia. Nominación, de fecha 12/10/2001 (fs. 25/26). Declarado inadmisible el recurso de casación en examen, el incidentista dedujo recurso directo, al que esta Corte hizo lugar mediante sentencia del 11/12/2002 (fs. 132/133).

2. En primer término refiere el recurrente a la descalificación de la sentencia cuando carece de motivación suficiente y afecta el principio de congruencia. Expresa que el fallo dice que el concurso preventivo y la quiebra se diferencian, sin embargo, las consecuencias de la diferencia son idénticas. En ese sentido explica que de acuerdo a la demanda y al primer decreto del Juez estamos en presencia de un concurso preventivo, por lo que si un acreedor postconcursal pretende embargar bienes del fallido, ese embargo seguirá la suerte de toda medida cautelar individual, en cambio, para la sentencia impugnada el acreedor postconcursal no podrá ejecutar los bienes del concurso sino en el caso en que sean adquiridos con posterioridad a una rehabilitación o si son el saldo de una liquidación falencial anterior. En otras palabras, señala que se ha probado que la demandada se encuentra en concurso pero se pretende aplicar las normas sobre quiebra para juzgar el caso, calificando por ello de ilógica a la sentencia.

Asimismo sostiene el recurrente que el pronunciamiento debe descalificarse cuando prescinde de la normativa aplicable al caso como de las constancias obrantes en la causa y se apoya sólo en la voluntad del sentenciante. Expone que el Juez como el Tribunal han aceptado que se trata de un concurso preventivo y que el crédito es postconcursal, por lo que, interpreta, la conclusión es que el acreedor o titular del crédito puede ejecutar los bienes del mismo mediante simple ejecución individual; no siendo necesario que haya rehabilitación y tampoco puede esperarse una liquidación, lo que es ajeno al concurso preventivo y propio de la quiebra.

Por otra parte sostiene el quejoso que también es descalificable el pronunciamiento cuando efectúa una interpretación de las normas que las desvirtúa y torna inoperantes o les da un alcance desmedido. A propósito afirma que la sentencia habría realizado una interpretación irracional de la ley cuando pretenden juzgar la situación del crédito que se ejecuta en autos bajo el imperio de los arts. 104 y 228 de la ley 24.522.

3. La sentencia impugnada confirma la sentencia del 12/10/2001, la que sustancialmente hace lugar a la revocatoria y dispone trabar el embargo preventivo sobre los bienes inmuebles, solicitado por el incidentista, siempre que sean adquiridos después de la rehabilitación o en su caso sobre el eventual saldo de la liquidación falencial anterior. Para su cumplimiento manda oficiar al Registro Inmobiliario para que tome razón de la medida, repartición que una vez cumplida la medida, deberá informar sobre el estado de dominio de los bienes. Por último ordena que se libre oficio al Juzgado Nacional en lo Comercial Nro. 24, Secretaría 28, de la Capital Federal a fin de que tome razón de la medida ordenada e informe si los inmuebles fueron adquiridos después de la rehabilitación y si existe saldo de la liquidación falencial.

Entiende la Cámara, respecto del argumento fundamental del apelante, referido a que los arts. 104 y 228 de la LCQ no resultan aplicables al sub lite porque el proceso de autos se trata de un concurso preventivo y las normas citadas se refieren a la quiebra, que la ley 24.522 se trata un único e inescindible plexo normativo, un todo orgánico de normas imperativas que no juegan aisladamente, por lo que el planteo es improcedente. Prosigue en que desde el momento en que a un sujeto se lo declara en estado concursal, sea por quiebra o procedimiento preventivo se produce ope legis una división trascendental: en el primer caso no se admitirán en el pasivo otros créditos posteriormente contraidos por el fallido y en el segundo caso las deudas posteriores a la presentación se rigen por el sistema normal de la responsabilidad civil regulado en el Código Civil. Considera así que el agravio es mas aparente que real ya que la Jueza no ordenó que el recurrente persiga el cobro de su acreencia ante un tribunal de extraña jurisdicción, sino que lo único que ordena en el punto IV es que el Juez del concurso o quiebra ( no consta en auto s en qué estado procesal se encuentra) tome razón o conocimiento del embargo e informe si los inmuebles embargados fueron adquiridos después de la rehabilitación y si existe saldo de la liquidación falencial. Concluye la Cámara en que la medida es prudente y procedente en virtud de lo normado por los arts. 104 2° párr. y 228 de la ley 24.522, añadiendo que es además ajustada a derecho porque no puede el pretenso embargante obtener cautelares que no pertenezcan o sean de propiedad del rehabilitado, es decir debe tratarse de bienes adquiridos después de la rehabilitación o sobre el eventual saldo o remanente de la liquidación falencial anterior.

4. Confrontada la sentencia con el planteo recursivo se advierte que asiste razón al incidentista.

En primer término corresponde señalar que el fallo impugnado, en cuanto afirma que no consta en qué estado procesal se encuentra la demandada -concurso o quiebra-, prescinde de la información existente en el expediente a fs. 17, proporcionada por el Secretario del Juzgado, inmediatamente después de presentado el escrito por el que el letrado Stekelberg promovía incidente de ejecución de honorarios. Seguidamente el pronunciamiento admite, con cita de Fassi y Gebhardt, regímenes jurídicos distintos respecto de los acreedores del fallido posteriores a la declaración de quiebra y de los acreedores del concursado preventivamente posteriores a la fecha de presentación en concurso y, contradictoriamente con esa distinción, declara aplicable al caso, no mediando constancia del estado falencial de la concursada, la limitación contenida en los arts. 104 y 228, tercer párrafo de la LCQ, concerniente a los acreedores posteriores a la declaración de quiebra y referida a que sólo pueden ejecutar los bienes adquiridos después de la rehabilitación o el eventual saldo que pudiese quedar en la quiebra liquidativa.

Como se advierte el pronunciamiento impugnado está viciado de arbitrariedad. No se ajusta a lo dispuesto por el art. 28 de la CP y los arts. 33, 34 y 280 del CPCC, supletoriamente aplicables en virtud de lo dispuesto por el art. 14 del CPTT y, por ende, debe ser descalificado como acto jurisdiccional válido, toda vez que desconoce los elementos de juicio existentes en este expediente en orden al estadio del proceso universal concursal iniciado por la accionada y, desarrollando razonamientos, en si mismos, autocontradictorios e insuficientes, declara aplicables las disposiciones de los arts. 104, 2° párr., y 228, tercer párr. de la LCQ, no mediando comprobación de que se habría declarado la quiebra del accionado.

Consecuentemente corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el incidentista en base a la siguiente doctrina legal: "Es nula la sentencia que prescinde de las constancias existentes en el expediente, relativas a la condición de concursada preventiva de la accionada y en base a argumentos contradictorios e insustanciales, le aplica el régimen jurídico previsto para los acreedores posteriores a la declaración de quiebra", y remitir los autos a la Excma. Cámara del Trabajo del Centro Judicial de Concepción para que, por intermedio de la Sala que por turno corresponda, dicte nuevo pronunciamiento.

5. Las costas de esta instancia, atento a que la nulidad proviene del órgano jurisdiccional serán soportadas por su orden (arts. 106, inc. 1° del CPCCT y 49 del CPTT).

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, vota en igual sentido.

El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

1.- Manifiesto mi disidencia con el voto del señor vocal doctor Alfredo Carlos Dato, y me pronuncio porque se declare que los créditos objeto de este incidente son anteriores a la presentación en concurso del demandado, y deben verificarse en el concurso del deudor, con la sola excepción de los honorarios regulados en resolución de fecha 24/10/2000, respecto del cual se hace lugar al recurso de casación, por las razones que se exponen.

2.- Tanto el recurrente como las sentencias de primera y segunda instancia coincidieron en la premisa de que los créditos por honorarios que se pretende ejecutar son posteriores a la apertura del concurso del demandado. El planteo recursivo impugnó la aplicación de los arts. 104 y 228 LCQ porque tales disposiciones se refieren a la quiebra y no al concurso, que es el caso de autos.

Los créditos que se pretende ejecutar tienen causa anterior al concurso del demandado. Según puede observarse en autos, las regulaciones se efectuaron en las siguientes fechas: los honorarios del principal el 04/5/2000 (fs. 9 y vta.); honorarios por la aclaratoria de la sentencia principal: 24/10/2000 (fs. 11 y vta.), y honorarios de la primera casación resuelta por la Corte el 16/3/98: resolución del 12/02/2001 (fs. 13 y vta.). En este juicio se dictó sentencia de fondo el 23/12/99 (fs. 5/7), luego de un reenvío dispuesto por sentencia de Corte del 16/3/98 (fs. 1/3) en la que se casó una primera sentencia de fondo del 25/10/95 (ver fs. 1). De ello puede advertirse que todo el trámite del juicio hasta la presentación del primer recurso de casación, se llevó a cabo antes de la apertura del concurso, lo que se produjo el 09/02/98 (cfr. fs. 17). De tal la cronología se observa que las actuaciones profesionales que constituyeron la causa de las regulaciones de honorarios, -con la única excepción de los de la aclaratoria del 24/10/2000-, se efectuaron antes de la apertura del concurso preventivo de la demandada.

3.- Si bien los títulos con los que se promueve la ejecución -las sentencias regulatorias- son posteriores a la apertura del concurso, la causa de los créditos es anterior, y por ese motivo el profesional debió acudir al trámite de la verificación de créditos (art. 33 ley concursos). Ello, por cuanto "la causa de la obligación de pagar los honorarios está dada por el servicio prestado por el profesional en un proceso judicial" (C.S.N. en sent. del 28/07/1994 en "Moschini, J. c. Estado Nacional", publ. L.L. 1994-E p. 217). Atendiendo a la causa con el fin de determinar el régimen legal aplicable, la Corte de la Nación declaró que "no asiste razón al letrado cuando sostiene que su situación es ajena al régimen de consolidación, sobre la base de que la causa del crédito está constituida por la resolución que reguló sus honorarios y ésta fue dictada con posterioridad a la ley...aplicable...lo que...exige indagar el momento o la época en que se cumplió el hecho, acto o relación jurídica que engendró y sirvió de fundamento a la obligación". (cfr. C.S.N. en sent. del 27/10/1994 en "Prov. de Neuquén c. Estado Nacional", publ. en L.L. 1995-C p. 504).

4.- La causa o título anterior a la presentación en concurso, en los términos del art. 32 de la ley 24.522, es interpretada por la doctrina y jurisprudencia de nuestro país como "hecho generador de la obligación" y en consecuencia del crédito que es su contracara. Expone Fassi que "las costas de los juicios seguidos contra el concursado también deben ser verificadas. No sólo las establecidas por sentencia, sino también las que correspondan a los juicios no terminados, pero cuyos créditos son verificados con lo cual se acredita que la acción es procedente. Es que si bien las costas se regulan en la sentencia, se las devenga con anterioridad" (Fassi-Gebhardt, "Concursos", p. 103, 3ª. ed., Ed. Astrea, Buenos Aires, 1986; en igual sentido, C.N.Com. sala B, 16/10/68, E.D. t. 32 p. 458; ídem 04/10/72; E.D. t. 46 p. 514, sala C, E. D, 54 p. 496; cit. por Cámara, Héctor "El concurso preventivo y la quiebra voluntaria", t. I p. 633, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1978).

Analizando un caso de honorarios regulados después de la presentación en concurso por actuación profesional anterior a la presentación concursal, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza declaró que "el "título-negocio" es el negocio jurídico que sirve de causa: en cambio el "título-instrumento" es el documento que lo materializa", de lo que concluyó que la sentencia regulatoria "no hizo sino declararlos", y "siendo el crédito ... anterior a la apertura del concurso..., mientras subsistan los efectos del concurso no tiene acción individual". (Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, sala I, 06/02/1990 en "Nieto, Ernesto y otros c. Bistolfi, L", publicado en L. L. 1990-C p. 165).

5.- Atento a que los honorarios regulados tienen como origen un contrato de mandato y locación de servicios profesionales, la época en que se prestaron tales servicios es la que determina si la causa es anterior o posterior a la apertura del concurso. En consecuencia, el derecho a los honorarios nace cuando los servicios se van prestando, constatándose en el presente caso que todos ellos, con la salvedad señalada, fueron realizados con anterioridad a la apertura del concurso.

6.- Siendo de orden público la ley concursal, su régimen no puede ser soslayado por ejecuciones individuales independientes del concurso, por lo que en el caso, de oficio corresponde que se declare que los créditos que se pretende ejecutar, con la excepción de los honorarios regulados por resolución del 24/10/2000 (correspondientes a un pedido de aclaratoria cfr. fs. 11 y vta.), no pueden ser objeto de ejecución individual, y deben acudir al trámite de la verificación de créditos en el concurso del deudor.

Consecuencia de ello es que de oficio corresponde dejar sin efecto las sentencias de primera instancia de fecha 12/10/2001 (cfr. fs. 25/26), y de segunda instancia del 22/5/2002 (fs. 44/48) en lo que respecta a las regulaciones de honorarios dispuestas por resoluciones de fecha 12/02/2001 (fs. 13 y vta.), y 04/5/2000 (fs. 9 y vta.).

7.- En cuanto al honorario regulado en la resolución del 24/10/2000 (fs. 11 y vta.), el mismo tiene causa posterior al concurso porque la actuación profesional que le dio origen se llevó a cabo después de la presentación en concurso. En consecuencia, asiste razón al recurrente de que se aplicaron erróneamente las disposiciones de los arts. 104 segunda parte y 228 LCQ, por cuanto las mismas no rigen en el concurso preventivo sino que pertenecen al régimen de la quiebra, habiendo sostenido por el contrario la Cámara el errado criterio de que tales normas se aplicaban a ambos supuestos, y que por ello resultaba indiferente que se tratara de concurso o quiebra (cfr. fs. 46 vta. y 47). Ha declarado la jurisprudencia que "la carga de acreditar la causa del crédito comprende a aquellos acreedores cuyo título es de fecha anterior a la apertura del concurso, a los cuales se restringe la aplicación de la doctrina plenaria, estando excluidos los acreedores con crédito posterior a la apertura del deber de concurrencia, así como de toda limitación para ejercitar sus derechos". (Cám. Nac. Com. Sala C en sent. del 28/02/1989 en "Tavobe S.A.").

Por ello, corresponde casar la sentencia en mérito a la siguiente doctrina legal: "Las disposiciones de los arts. 104 segunda parte y 228 de la ley 24.522 no son aplicables a los concursos preventivos". En consecuencia con ello, debe dejarse sin efecto la sentencia recurrida, y dictarse la siguiente sustitutiva de la parte dispositiva de la sentencia de fecha 22/5/2002 (fs. 47 vta. y 48): "I - HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por el letrado Gerardo L. Stekelberg en lo que respecta a los honorarios regulados por sentencia de fecha 24/10/2000 (fs. 11 y vta.), y REVOCAR la sentencia de fecha 12/10/2001 de fs. 25/26 dejando sin efecto las disposiciones que limitan los derechos del ejecutante fundadas en los arts. 104 y 228 LCQ" 8.- En cuanto a las costas, atento a la forma de resolver y sus fundamentos, corresponde imponerlas por su orden (art. 106 inc. 1° CPCC).

El señor vocal doctor Alberto José Brito, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal doctor Alfredo Carlos Dato, vota en el mismo sentido El señor vocal doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal doctor Antonio Gandur, vota en idéntico sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por el incidentista contra la sentencia de la Sala Ia. de la Excma. Cámara del Trabajo del Centro Judicial de Concepción, del 22/5/2002, obrante a (fs. 44/48), en base a la doctrina legal enunciada en los considerandos, y REMITIR los autos a ese Tribunal, para que, por intermedio de la Sala que por turno corresponda, dicte nuevo pronunciamiento.

II.- COSTAS como se consideran.

IV.-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR (en disidencia) RENE MARIO GOANE ALFREDO CARLOS DATO ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA (en disidencia)