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Injurias, tipo penal, calificación legal, Corte Interamericana de Derechos Humanos, jurisprudencia internacional
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: C., O. E. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - QUERELLA POR INJURIAS (EXPTE.: C.S.J. NRO. 447 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-11-26

Si respecto del derecho penal mismo se ha dicho que debe ejercerse en la medida estrictamente necesaria y como última ratio; para casos como el delito enrostrado ( injurias) la necesidad de acotar claramente las conductas punibles ha sido precisamente establecido en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: "Kimel vs. Argentina" (C.I.D.H., sentencia del 2/5/2008), donde se señaló que si bien: "no estima contraria a la Convención cualquier medida penal a propósito de la expresión de informaciones u opiniones, pero esta posibilidad se debe analizar con especial cautela" (parágrafo 78), ponderando la extrema gravedad de la conducta desplegada por el emisor, el dolo con que actuó, las características del daño injustamente causado y otros datos que pongan de manifiesto la absoluta necesidad de utilizar en forma verdaderamente excepcional la medida penal.

Es de hacer notar que el referido pronunciamiento de la Corte Interamericana en su aspecto central venía a decidir un conflicto entre la libertad de expresión en temas de interés público y la protección de la honra de los funcionarios públicos, y que subyace en el mismo, la reconstrucción histórica del pasado y la formación de la opinión pública a través de la libertad expresión, esencial al control democrático, frente a la necesidad de controlar la actuación de funcionarios públicos.

Sin embargo, más allá de estas precisiones sobre el alcance de dicho pronunciamiento, lo cierto es que desde el mismo, es dable inferir directamente que se impone -también a los jueces- acotar claramente las conductas punibles en modo tal que permitan deslindarlas de comportamientos no punibles o conductas ilícitas sancionables con medios no penales. (De la Disidencia de la Dra. Gastaldi)
Embargo, bienes gananciales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sacco, Francisco c/ Marino, N. y otros s/ Daños y perjuicios Banco Provincia de Buenos Aires c/ Rost, Osvaldo Enrique s/ Ejecución y embargo preventivo Lorenzo, Noemi Elvira s/ Incidente determinación bien ganancial en autos: "Sgromo c/ Chaves s  / Ejecución"
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-08-17|1991-10-01|1994-12-15

Por la deuda contraída por uno de los cónyuges, éste responde en principio con los bienes propios, pero además, responde frente a los acreedores, con los gananciales de administración reservada, y hasta la efectiva partición de la sociedad conyugal. Por lo tanto cabe admitir el embargo sobre el 100 por ciento del inmueble en cuestión.
Delitos aduaneros, iter criminis, importación de automotores, franquicia para personas con discapacidad
Materia: ADUANERO
Carátula: Vigil, Constancio y otros s/ contrabando.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-11-09

Es admisible que existan distintas conductas desarrolladas a lo largo de un mismo "iter criminis" sujetas a diferentes disposiciones legales y reglamentarias específicas, hipótesis en las que no puede deshecharse, según las particularidades de cada caso, el concierto previo entre sus autores para ejecutar el plan criminal por ellos diseñado, un eventual concurso -bajo cualquiera de sus modalidades- delictivo e infraccional entre el acto de obtención de la autorización para importar al amparo de la franquicia, el acto mismo de importación ante la Aduana y el cumplimiento de las obligaciones emergentes del régimen una vez producido el ingreso a plaza (Voto del Dr. Augusto César Belluscio).
Regulación de honorarios, causa propia, honorarios del procurador, abogado procurador
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: FELDMAN, JACOBO. c/ BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA s/ AMPARO-ABOGADO-PROCURACION JUDICIAL.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-05-20

Aún cuando existiera una norma en la ley 21.839 que expresamente reconociera el derecho al abogado en causa propia a cobrar honorarios de su contraria en su carácter de procurador, por tratarse ella de una norma de carácter local, no podría modificar un instituto jurídico cuya regulación corresponde exclusivamente al Congreso General (art. 67, inc.11 CN).

Si no existe contrato, si no existe mandato, mal pueden existir actos que reúnan los caracteres de una representación.
Incidente de nulidad, caducidad de instancia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sena, Mariano R. y otros c/ Benegas, F.Mariano y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-11-04

Habiéndose acusado la caducidad de las articulaciones o incidentes de nulidad, debía resolverse inevitablemente, con antelación a las nulidades planteadas, desde que en el eventual caso de prosperar la perención, carecería de objeto el pronunciamiento demandado por los nulidicentes (art.318 cód.proc. y su doctrina).- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Trabajadores marítimos, practicaje, Prefectura Naval, ley de contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: FERREYRA, MARIO c/ SERVICIO DE PRACTICAJE Y PILOTAJE PREFECTURA NAVAL ARGENTINA s/ DIFERENCIAS SALARIALES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-19

La Prefectura Naval Argentina asumió la regulación y control del sistema de practicaje -previo al dictado del decreto 2694/91- a través de un cuadro de profesionales que seleccionaba y habilitaba a tal fin, cumpliendo éstos las órdenes que el órgano administrativo de marras les impartía. Por ello, dicho personal queda comprendido en la previsión del art 2º inc a) de la LCT, es decir, en los supuestos excluidos de la proyección del régimen general, excepto que por un acto expreso de la administración de la cual dependen, los incluya en el mismo régimen o en las disposiciones de una negociación colectiva.
Garantías procesales, defensa en juicio, acceso a la justicia, igualdad ante la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ingeniero  Héctor  Francisco  Carrera  S.A. c/ Terrenos Golf SanMartín S.A. y/o quien resulte propietario o poseedor a título dedueño.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-04-11

Ciertos sectores carenciados de la población se encuentran en situación de desigualdad frente a otros de mayores recursos cuando de ocurrir al órgano judicial se trata, y el constitucionalismo argentino moderno tiene expresiones concretas que declaran -como la Constitución de la Provincia de Córdoba- que en ningún caso puede ser limitado el acceso a la justicia por razones económicas, o la de la Provincia de La Rioja que asegura a los indigentes los medios para actuar o defenderse en cualquier jurisdicción o fuero (Disidencia del Dr.

Adolfo Roberto Vázquez).
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: SILVETTI WALTER OMAR Y OTROS c/ COFADESA LTDA. s/ QUIEBRA - INCIDENTE DE REVISIÓN - CASACIÓN CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-03-18

La diferencia de la auditoría interna con la auditoría externa, radica en que en la primera, conforme a la índole de tarea que se desarrolla, existe vínculo laboral entre el auditor y la empresa; en tanto en la auditoría externa, la relación es de tipo civil. En ello tiene relevancia el hecho de que el diagnóstico del auditor interno está destinado para la empresa sometiéndose a sus directivas; mientras que el dictamen del auditor externo es autónomo e independiente, y está destinado por lo general a terceros ajenos a la misma, teniendo la eficacia legal de dar fe pública, siendo su finalidad fiscalizar y determinar la razonabilidad, autenticidad e integridad de los estados expedientes y documentos que conforman los sistemas de la empresa.
Recurso contencioso administrativo, verosimilitud del derecho invocado, jubilaciones, reconocimiento en sede judicial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Aguirre, Justo Germán y otros c/ Municipalidad de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo. Medida cautelar (Expte. CSJ Nº   132-99)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-12-22

La verosimilitud del derecho constituye presupuesto básico para la procedencia de las cautelares en general y, en particular, de las articuladas contra actos administrativos que, como tales, se presumen legítimos. En este sentido, el derecho de los actores al cese de los descuentos que se practican en sus haberes jubilatorios en concepto de "Reintegro Jubilación Anticipada" ("reintegro" conformado "por aportes personales y patronales"), surge verosímilmente de la ordenanza 9459, en base a la cual se jubilaron, porque ni de ella, ni de las otras normas citadas y concordantes, surge -en un examen liminar propio de esta instancia - disposición alguna de la cual siquiera pueda inferirse el sustento de la pretensión municipal relativa a que los aportes patronales estaban a cargo de los actores. Por tanto, corresponde acoger parcialmente el pedido de tutela cautelar, disponiendo la suspensión de la ejecución de los actos impugnados, sólo con relación a los descuentos por aportes patronales; manteniendo los descuentos que pudieran corresponder por aportes personales, por cuanto los vicios denunciados remiten a la interpretación de normas que se dicen violadas, y tales planteos exigen una labor interpretativa del derecho aplicable, lo que obsta la procedencia de la medida cautelar.
Subcontratación laboral, obligaciones solidarias, obligaciones del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: G., C.A. c/ L.R. SRL y Otro s/ Demanda Laboral -Diferencia de Haberes e Indemnizaciones-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-12-22

No resulta difícil para el cedente o contratante, evitar las consecuencias derivadas de esta falta de cumplimiento de las obligaciones a cargo de la contratista. Simplemente debió ejercer los actos de control que le exigía llevar a cabo el art. 30 de la L.C.T..

De haberlo hecho, hubiera podido articular las medidas necesarias para denunciar estos incumplimientos frente a la cesionaria, y en su caso, dejar a salvo su responsabilidad. Fue la exclusiva conducta de la cedente, al omitir dicha supervisión, la que configuró el supuesto alcanzado por la norma y que la obliga a responder frente al actor como codeudor solidario.
Intervención de sociedades, obligaciones del interventor
Materia: PROCESAL
Carátula: SOTELO, ANTONIO s/ SUCESION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-06

La tarea del interventor informante radica esencialmente en la vigilancia de las actividades sociales por lo que se cometido debe entenderse exclusivamente referido a la fiscalización y contralor de aquellas como así también a la comprobación de los ingresos y egresos que se produzcan durante su gestión, informando al juzgado con la periodicidad establecida por el Sr. Juez acerca del resultado de aquélla y de cualquier irregularidad que pudiera advertir en la administración de la empresa.
Excusación, violencia moral
Materia: PROCESAL
Carátula: SRES. JUECES DEL 4º Y 1º JUZGADO CORRECCIONAL s/ CON MOTIVO DEL CONFLICTO DE COMPUTADORA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-07-03

La violencia moral es de apreciación personal, y aquello que es motivo para configurar ese estado a juicio de un magistrado, puede no serlo para otro en idéntica situación. Ella debe resultar de efectivas circunstancias que demuestren que la inhibición corresponde a causales evaluadas en serios fundamentos. No es una cuestión de simple delicadeza, sino que se encuentra vinculada a elementales principios que hacen a una correcta administración de justicia.
Daños y perjuicios, prueba, responsabilidad médica
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Puente de Pucheta, Ema c/ Hospital Vecinal de Lanús s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-09-25

Para la configuración de la responsabilidad médica, se requieren los mismos elementos comunes a cualquier responsabilidad civil (arts.

512, 1109 de la ley 340). Para ello es necesario la demostración de la relación causal entre el acto (acción u omisión) y el daño, es decir la relación efectiva y adecuada entre ellos (cit. art. 901 y arts. 1068, 1074, 1109, 1111, 1112, 1113 del C. Civil) y tal carga le incumbe en el caso a la parte actora, sin perjuicio de que se menciona un deber de colaboración en la actividad probatoria.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, interpretación de normas y actos locales, enjuiciamiento de magistrados, competencia provincial, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: LAMONEGA JORGE ENRIQUE s/ DENUNCIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-03

Lo resuelto por la Suprema Corte de Buenos Aires acerca de su falta de jurisdicción para pronunciarse respecto de la alegada incompatibilidad de una ley local con la Constitución Provincial en los términos de lo dispuesto por el art. 149, inc. 1, de éste último ordenamiento, conduce al examen de cuestiones de derecho público local, propias de los jueces de la causa que no autorizan la apertura de la instancia extraordinaria, máxime cuando dicho fallo cuenta con argumentos suficientes que, aunque resultan opinables, impiden su descalificación en los términos de la doctrina de la arbitrariedad .
Alimentos, cuota alimentaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Aída Esther Alvarado c/ José Teófilo Alvarado s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1991-08-15

La formación de otro hogar o Constitución de una nueva familia no puede oponerse a los menores reclamantes en autos, dado que si asume nuevas obligaciones corre a su exclusivo cargo.
Recurso contencioso administrativo, suspensión de medida administrativa, daño irreparable
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL
Carátula: Fábrica de Baterías Balocco S.H. c/ Comisión de Fomento de San Jerónimo Norte s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción. Incidente   de suspensión de medida administrativa (Expte. CSJ Nº 719- 94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-04-01

Si bien no puede pretenderse que la suspensión de medida administrativa se transforme en la panacea que evite el peligro que para el derecho pueda derivarse de la existencia de un proceso cuya conclusión requiere un tiempo más o menos prolongado, parece claro que debe tenerse especial cuidado para evaluar cuándo se está frente al daño 'irreparable' a que alude la ley, a cuyo efecto es preciso ponderar la naturaleza del bien jurídico que pretende protegerse. En el caso, la actora aduce dificultades económicas para trasladar la fábrica de baterías fuera del radio urbano, razones que permiten "prima facie" considerar que la clausura del actual local conduciría a su cierre, por lo que existen suficientes elementos de juicio que autorizan a sostener la posibilidad de que la demora del proceso le ocasione perjuicios graves o de reparación difícil o imposible si llegase a prosperar el recurso.
Licitación pública, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Mecafer S.A. y Albano S.A. c/ Municipalidad de Villa Gesell s/ Acción de Amparo. Cuestión de competencia artículo 6º el Código de  Procedimiento de lo Contencioso Administrativo Ciccone Calcográfica SA. s/ Medida precautoria autónoma de no innovar -Cuestión de competencia  artículo 6 del Código de Procedimiento de lo Contencioso  Administrativo Cielmec S.A. c/ Municipalidad de Colón s/ Acción de amparo. Cuestión de competencia, art.  6º, Código de  Procedimiento de lo Contencioso Administrativo Humbertmann Soc. Res. Lim. c/ Municipalidad de Colón s/ Demanda contencioso administrativa Ferrere S.C.A. - Farmacia Manes c/ Directorio del I.O.M.A. s/ Amparo. Cuestión de competencia art. 6 C.P.C.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-12-01|1993-07-27|1995-10-24|1999-04-06|1998-05-12

El cuestionamiento de decisiones administrativas dictadas en el marco de un procedimiento de selección de contratistas de la Administración por parte de oferentes desplazados, constituye materia propia de su competencia contencioso administrativa, en tanto aquéllos son titulares de una situación jurídica administrativa exclusiva y excluyente, que se configura al presentarse a un procedimiento reglado y formular su oferta conforme a esas reglas.
Accidente de tránsito, desvalorización del automotor
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Pereyra, Héctor Félix c/ Segnorile, Mauricio, Daniel s/ Daños y perjuicios Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-06-18

Para determinar el valor actual del rodado la comparación no puede hacerse tomando como valor de mercado el que hoy tiene un automóvil del mismo año y modelo que el siniestrado, pues el transcurso del tiempo sumaría un nuevo perjuicio al ya padecido por su dueño: su pérdida de valor por la mayor antigüedad adquirida durante la secuela del juicio. Tampoco parece totalmente justo que se acepte como precio el inmediato al hecho, pues las circunstancias del mercado pueden haber cambiado, abaratando el costo de los automotores; y si esto fuera desatendido, podría consagrarse un enriquecimiento indebido. Tratándose pues de un vehículo fabricado en 1986, por lo que contaba con una antigüedad de poco más de ocho años al momento del accidente ocurrido el 13-01-95 corresponde tomar como límite el valor de un vehículo equivalente, es decir, del mismo tipo y con ocho años de antigüedad al momento del dictado de la presente.
Daños y perjuicios, víctima del accidente, vía pública, responsabilidad del Estado, acumulación de procesos, competencia por la persona, competencia contencioso administrativa y tributaria
Materia: PROCESAL
Carátula: Waldman, Beatriz Raquel c/ Rouge, José Adolfo y otro c/ s/ Daños y perjuicios (acc. tran. c/ les. o muerte) s/ conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-05-14

A fin de sortear el riesgo de fallos eventualmente contradictorios en casos que presentan identidad de hecho y causa e identidad parcial de sujetos, corresponde en el presente juicio declarar la competencia del juzgado en lo contencioso administrativo y tributario ante el cual tramita otra causa, originada en el mismo siniestro y en los que se debate la responsabilidad de accionados y citados que se encuentra, en principio, y una vez cumplida la medida para mejor proveer ordenada, en estado de dictar sentencia. Para evitar demoras cabe negar el pedido de acumulación, y disponer que este litigio menos adelantado quede radicado, sin acumular, ante el fuero local. (Del voto del juez Santiago Otamendi, de conformidad con el dictamen del Procurador General).
Régimen de consolidación de deudas, ley de orden público, novación
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL
Carátula: Eseve Maderas S.A. c/ Dirección Gral. de Fabricaciones Militares
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-01

El art. 16 de la ley 23.982, prevé que sus disposiciones son de orden público, disponiendo el art. 17 la novación de la obligación original.
Personal policial, coautoría, homicidio, privación ilegal de la libertad, responsabilidad penal
Materia: PENAL
Carátula: NERONE, Rolando Oscar y otros c/  s/ Privación de libertad agravada
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-02-27

Los dichos del enjuiciado, en punto a que no ingresó a la vivienda hasta que la víctima fue ultimada, encontrándola muerta allí, no lo exime de responsabilidad por el hecho, toda vez que al ser el personal de mayor cargo, con quince años de experiencia, estaba al frente del operativo, conduciendo la redada, debe responder por lo que ejecutaron en codominio funcional los otros integrantes del grupo operativo, coautores aún no individualizados, quienes ingresaron al inmueble a fin de cumplir el objetivo.Al no surgir de las constancias reunidas en la causa que el procedimiento investigado se produjera por orden escrita de autoridad competente (art. 18 CN) sino que, por el contrario, consistió en una actividad ilegal que culminó con la privación ilegítima de la libertad, los magistrados concluyeron que los imputados deben responder penalmente como coautores, puesto que mediante la división de tareas por codominio funcional, fueron los que lideraron y dieron inicio al procedimiento ilegal que finalizó con la privación ilegítima de la libertad de la víctima.
Estupefacientes, tenencia de estupefacientes, cantidad de estupefacientes, in dubio pro reo, sentencia absolutoria
Materia: PENAL
Carátula: ATIENZA, J.A. s/ ESTUPEFACIENTES - TENENCIA - ESCASA CANTIDAD
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-08

Para poder determinar si es factible incriminar al procesado en orden al delito de tenencia de estupefacientes, hay que precisar si la conducta puede poner en peligro el bien jurídico tutelado por la norma de aplicación en atención a la cantidad, calidad y naturaleza de la droga; por cuya razón, en atención a la escasa cantidad del material secuestrado -un cigarrillo conteniendo 0,5 grs. de marihuana- corresponde absolver al procesado del delito previsto por el art. 6 de la ley 20.771, por aplicación de la norma del art. 13 C P.C.
Recusación con causa, recusación por prejuzgamiento, cita legal errónea
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Compulsa en J: Dalvian S.A. y Ots. c/ Banco Mendoza s/ Ordinario (LIBRO: A144 - 022)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1998-02-05

Y no bien se pondere tanto el texto de la ley Nº 6.453, no sólo en los artículos citados por la Magistrado de la anterior instancia, sino todo su contexto, como las propias manifestaciones del recusante y recusada, surge diáfano que la invocación de la normativa legal es exclusivamente producto de un error.

Mal puede pensarse en la configuración de la causal recusatoria contenida en el art. 14 inc. 3º del C.P.C., por haberse invocado un norma legal inaplicable al objeto de la litis incidental.

No se ha "anticipado opinión sobre el litigio", en tanto la ley citada no contempla ni la oportunidad, ni la forma en que deban regularse los honorarios de los letrados peticionantes.
Medida cautelar innovativa, tutela anticipada, indemnización por accidente de tránsito, gastos médicos
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: ACOSTA HAAB, Gonzalo c/ PUJOL DE EINAUDI, Marcela María s/ ART. 250 C.P.C. - INCIDENTE CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-03-21

En el marco de lo dispuesto por los arts. 230 y 232 del Código Procesal y art. 68 de la ley 24.449, cabe admitir con carácter de tutela anticipada, la medida cautelar solicitada por quien resultó víctima de un accidente de tránsito, consistente en el depósito de una suma de dinero para afrontar los gastos médicos que demanda su recuperación, si de no procederse del modo y con la premura que aconseja la ciencia médica, disminuirán las probabilidades del accionante de recuperarse, aunque sea en alguna medida de las lesiones sufridas.