Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-02-24


SENT Nro. 68 San Miguel de Tucumán, 24 DE FEBRERO de 2003.- Y VISTO: El recurso extraordinario federal que prevé el art. 14 de la ley 48 por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación deducido por el letrado apoderado del Dr. Jorge R. Belfiore y del Proc. Francisco Luis Coria en autos: "Banco del Tucumán S.A. vs. Miguel Angel Isa s/Cobro ejecutivo de pesos" (Inc. de ejecución de honorarios prom. por Dr. Belfiore y Proc. Coria); y C O N S I D E R A N D O :

1.- A fs. 193/200 el letrado apoderado del Dr. Jorge R. Belfiore y del Proc. Francisco Luis Coria interpone recurso extraordinario federal contra la sentencia dictada por la Sala Civil y Penal de esta Corte Suprema de Justicia del 21/11/2001, que desestimó la impugnación casatoria deducida por sus representados.

Alega que el pronunciamiento cuestionado es arbitrario, y decidió a favor de la validez de normas provinciales que repugnan el derecho federal, en una inteligencia contraria a derechos y garantías constitucionales (art. 14, incs. 2º y 3º, ley 48). Según afirma, el caso asume caracteres de gravedad institucional, que habilita la instancia extraordinaria reclamada, ante la colisión de leyes y decretos locales con normas nacionales de jerarquía superior; invadiendo la legislatura Provincial competencias exclusivas del Congreso de la Nación.

Expresa que en autos se ha planteado tempestivamente la inconstitucionalidad de los arts. 7 y 8 de la ley provincial Nº 6790; y lo resuelto implicó mantener la validez de las normas provinciales en desmedro de las garantías consagradas en los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional, y del art. 3º del Código Civil. Atribuye al pronunciamiento violación de la cosa juzgada, en desmedro de los derechos de propiedad, seguridad jurídica, defensa en juicio y debido proceso garantizados por la Constitución; y con ello, el principio de supremacía consagrado en su art. 31. Invoca además el déficit de arbitrariedad, que resultaría de haberse aplicado una norma provincial derogada (ley 3924), con prescindencia de la que rige el caso (ley 5480).

Relata los antecedentes de la causa, en la que sus conferentes iniciaron ejecución de los honorarios regulados por sentencia firme del 25/3/97 contra el condenado en costas Miguel Angel Isa, en base a lo normado por los arts. 24 y 25 de la ley provincial 5480. El ejecutado opuso defensas de quita y espera, contestadas por sus mandantes, quienes plantearon la inconstitucionalidad de los arts. 7 y 8 de la ley 6790. Tales defensas fueron rechazadas en primera instancia, y luego acogidas por la Cámara del fuero haciendo lugar a la apelación promovida por el demandado; sentencia que fue confirmada por la Sala Civil y Penal de esta Corte, en los términos del fallo que impugna por vía del recurso extraordinario federal.

Al exponer agravios, plantea en primer término la inconstitucionalidad de los arts. 7 y 8 de la ley provincial 6790, en cuanto dispone un plan de cancelación de deudas que afectaría derechos adquiridos por terceros, en desconocimiento del principio de irretroactividad de las leyes emergente del art. 3º, Cód. Civil. Pone de relieve que los honorarios en cuestión se devengaron antes de entrar en vigencia la citada ley; y que el auto regulatorio respectivo gozaba de la autoridad de la cosa juzgada. Señala además que el acogimiento de las excepciones de quita y espera, importa una afectación cuantitativa y cualitativa de los emolumentos, en oposición a lo que prevé la ley arancelaria local. Ello en tanto a más de diferir su percepción, obligaría a los profesionales a recibir pagos parciales; e impone la aceptación de moneda que no cuenta con eficacia cancelatoria.

De otra parte, sostiene que el Tribunal aplicó la ley provincial 3924 no obstante su derogación, y encontrarse ya extinguida la relación que vinculaba a sus representados con el ex Banco de la Provincia de Tucumán. Puntualmente, cuestiona la aplicación de lo normado por el art. 53, inc. b) última parte de esta ley; en tanto dispone que "cuando el banco diere alguna forma de pago, los profesionales ajustarán el cobro de sus honorarios, a la oportunidad y a la proporcionalidad de aquélla". Según afirma, tal ultraactividad no puede ser admitida, por cuanto a) El Banco de la Provincia de Tucumán se ha extinguido como persona jurídica, y fue derogada la ley 3924; b) Son intransmisibles las prerrogativas exorbitantes de derecho público contenidas en el derogado art. 53, inciso b) de dicha ley, que instituía derechos inherentes a la persona jurídica extinguida; c) Falta de legitimación de la Provincia de Tucumán respecto de los créditos del ex Banco de la Provincia de Tucumán, en razón de que una ley o decreto provincial carecen de virtualidad para transmitir una universalidad de bienes al Es tado Provincial; lo que sólo puede ser legislado por el Congreso nacional.

Reclama la vigencia de la ley arancelaria local; en particular su art. 4º, que autoriza a los profesionales en relación de dependencia a cobrar sus honorarios contra la parte contraria condenada en costas.

Finalmente, invoca violación del principio de congruencia, denunciando la pretensa omisión en considerar el planteo de su parte en torno a la improcedencia de las excepciones de quita y espera.

2.- Según emerge de las constancias de autos, los recurrentes se opusieron al progreso de las defensas articuladas por el ejecutado, al amparo de la referida ley 6790, alegando sustancialmente la prevalencia de las normas contenidas en la ley arancelaria local. El Tribunal de alzada rechazó su planteo, sosteniendo que entre los profesionales y el ejecutado no surge otro nexo que el de la Carta orgánica y la ley 6790; y que la desvinculación actual de los profesionales de la actora no determina una mejoría en la situación de aquéllos, por tratarse de una labor desarrollada cuando estaba en vigencia la mencionada relación contractual. Que en consecuencia, les es aplicable la normativa aludida, pues su derecho a cobrar honorarios está subordinado a la existencia o modificación del monto del capital y financiación que resulta de la citada ley 6790.

La Cámara desestimó la tacha de inconstitucionalidad de los arts. 7 y 8 de la ley aludida; por entender que en razón del nexo establecido en la carta orgánica del banco (art. 53, inc. b) y de la ley provincial, el otorgamiento de quitas y formas de pago impone a los profesionales ajustarse a las mismas para percibir sus honorarios; lo que continúa vigente pese a la desvinculación con la empleadora, en razón de que el servicio fue cumplido durante su vigencia. Puso además de relieve que según prevé el art. 53, inc. b) de la carta orgánica, abogados y procuradores no podrán cobrar sus honorarios, aportes, etc., antes que el Banco haya satisfecho totalmente sus intereses; siendo que en el caso la Unidad Ejecutora no percibió íntegramente la deuda reclamada en el juicio principal. Que por otra parte, el decreto 288 del 05/02/97 ha previsto retenciones destinadas a garantizar la puesta a disposición del porcentaje correspondiente a los honorarios profesionales.

Lo así resuelto fue confirmado por la Sala Civil y Penal de esta Corte Suprema de Justicia. Atento al contenido de los agravios esgrimidos en la instancia casatoria, examinó en primer término la naturaleza de la relación jurídica que vinculara originariamente a los recurrentes con el Banco de la Provincia de Tucumán; y la incidencia del régimen legal de privatización de la entidad, en el derecho al cobro de sus emolumentos al condenado en costas. Puso de relieve que conforme a su doctrina, aquel vínculo se caracteriza, en principio, como relación contractual administrativa de empleo público; toda vez que el Banco integró la llamada administración descentralizada o indirecta, regulada orgánica y funcionalmente por normas de derecho público local. Que por consiguiente, esa relación jurídica se encontraba reglada por un estatuto normativo que exorbita el derecho común, y proporciona el marco jurídico desde el cual deben efectuarse las inferencias respecto de los derechos reconocidos. "De allí que la norma establecida por la ley 3924, art. 53 inc. b), ha sido dictada dentro del poder que la Provincia conserva, en tanto no delegado al Gobierno federal, conforme lo establecido en el art. 121 de la Constitución Nacional". Que por ende, los profesionales vinculados con el ex Banco de la Provincia carecían de un derecho subjetivo al cobro preferencial de sus honorarios con respecto al Banco de la Provincia de Tucumán; dado que tal derecho emergió y se conformó dentro de la regulación prevista por la ley 3924. Concluyó que el art. 53, inc. b) de la ley 3924 regla el caso, y tal precepto ha sido establecido en el ejercicio de las facultades legislativas propias y exclusivas de la Provincia.

3.- Como regla, lo atinente a la aplicación de los aranceles de honorarios de abogados y procuradores, en tanto reglamentación del ejercicio de las profesiones, está sujeto a la legislación local y resulta extraño al recurso establecido por el art. 14 de la ley 48. A su vez, la constatación de la existencia de cosa juzgada constituye materia propia de los jueces de la causa, y por tanto ajena a la instancia reclamada, cuando ello depende de la apreciación de circunstancias de hecho y de la aplicación de normas de derecho común y procesal. Como señala el Sr. Ministro Fiscal, es doctrina de la Suprema Corte Nacional, que lo decidido en torno a la validez intertemporal de normas de derecho local constituye materia ajena al recurso extraordinario federal; y que el principio de no retroactividad de las leyes establecido por el art. 3º del Código Civil carece de jerarquía constitucional.

En el caso de autos, no se ve configurada ninguna hipótesis que excepcione estos principios. El recurrente no logra poner en evidencia que en el caso concreto, la resolución impugnada signifique modificar o alterar derechos incorporados al patrimonio de sus representados, al amparo de una legislación anterior, y el consecuente menoscabo al derecho de propiedad garantizado por el art. 17 de la Constitución Nacional invocado por su parte.

El planteo recursivo no controvierte en suficiencia el argumento sentencial, referido a la naturaleza y características de la relación mantenida entre sus mandantes y el ex Banco de la Provincia. Los profesionales reiteran su reclamo en base a la pretendida prevalencia de las disposiciones contenidas en la ley arancelaria provincial; mas omiten rebatir una razón esencial del decisorio que atacan, referida a su situación jurídica al tiempo de la prestación de servicios, en el marco de la ley regulatoria entonces vigente; y que según lo establecido en la sentencia, permaneció incólume con posterioridad al dictado de las leyes y decretos provinciales en virtud de los cuales se produjo la aludida transferencia.

Al respecto, cabe señalar que en oportunidad de introducir la pretensa cuestión federal, los ejecutantes no cuestionaron la legitimación resultante de la sucesión en la titularidad del crédito ejecutado en los autos principales, de acuerdo al régimen normativo reseñado en la sentencia de esta Corte. El Tribunal concluyó que la sucesión legal de créditos y deudas operada, no produjo la pretendida mutación en la relación jurídica alegada por los profesionales ejecutantes. Por lo contrario, al mantenerse incólume la misma luego de la transferencia, aquéllos carecen de un pretendido derecho preferencial de cobro del que nunca fueron titulares.

Las características de la sucesión legal operada, fue destacada por la Sala Civil y Penal de esta Corte a mérito del contenido de los agravios que le fueron propuestos, donde se invocaba un precedente de la misma Sala, y que contrariamente a lo manifestado por la ejecutada, no importó pronunciamiento sobre las consecuencias del régimen legal de transferencia del activo y pasivo, en relación a los derechos de los profesionales al cobro de sus emolumentos. Reiteró entonces que conforme a la doctrina legal de esta Corte Suprema de Justicia, dicha transformación carece de incidencia sobre la relación jurídica que vinculara a los profesionales con aquella entidad; y en cuyo marco desempeñaron su rol profesional.

4.- Según emerge de la reseña precedente, los planteos del impugnante giran en torno a la invocada derogación de la carta orgánica de la institución extinguida; mas soslaya la afirmación contenida en el fallo que impugna, relativa a que sus disposiciones estaban vigentes al tiempo de la prestación de los servicios profesionales. Ello así, permanece incólume un argumento esencial de la sentencia, relativo a la extensión de los derechos que se dicen adquiridos y definitivamente incorporados al patrimonio de los profesionales, y por ende amparados en las garantías constitucionales pretensamente desconocidas.

La excepción fundada en el déficit de arbitrariedad del pronunciamiento no aprecia prima facie en el sublite. El memorial recursivo impide advertir apartamiento del derecho vigente y de las concretas circunstancias del caso; toda vez que no se ha puesto en evidencia la alegada privación de derechos que se dicen definitivamente adquiridos como consecuencia de las tareas realizadas. Ello en tanto los agravios han sido construidos sobre la base de la extinción del ex Banco de la Provincia, y la consecuente derogación de su carta orgánica; mas de ningún modo se controvierte su vigencia al tiempo de cumplirse la labor profesional.

La insuficiencia del memorial en este punto priva de adecuado sustento a la impugnación, y torna inatendible el reclamo fundado en la inaplicabilidad de la ley posterior. En la doctrina emergente del fallo, con ella se configuró un supuesto de hecho ya contemplado en la mencionada carta orgánica de la institución, y que regía al tiempo del desempeño profesional cuya retribución se controvierte en autos.

Es doctrina de la Suprema Corte Nacional, que el escrito de interposición del recurso extraordinario debe contener la enunciación concreta de los hechos de la causa, de la cuestión federal en debate y de la relación que existe entre ésta y aquéllos. La invocación genérica y esquemática de agravios no basta a ese fin, dado el carácter autónomo del recurso extraordinario, siendo insuficiente la aserción de determinada solución jurídica en tanto ella no esté razonada con referencia a dichas circunstancias y a los términos del fallo que la resuelve.

Por las mismas razones, tampoco aparece evidenciada cuestión federal, por pretenso desconocimiento de lo normado en el art. 4 de la ley 5480. Nuevamente en este punto, el recurrente se desentiende de las razones expuestas por la Sala Civil y Penal del Tribunal; conforme a las cuales tal disposición, como las contenidas en dicha ley, no impide atender las previsiones normativas vigentes al tiempo de su desempeño profesional.

Conforme a lo considerado, se concluye que El Tribunal ha dado razones de su decisión en cuestiones no federales, con fundamentos basados en normas locales que bastan para sustentar el fallo como acto jurisdiccional; cuya arbitrariedad no ha sido debidamente demostrada por el recurrente. En consecuencia, procede denegar la concesión del recurso extraordinario en examen, con costas al recurrente por ser de ley expresa.

Por ello, y compartiendo la conclusión a que arribara el Sr. Ministro Fiscal, se R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR a la concesión del recurso extraordinario federal interpuesto por el letrado apoderado del doctor Jorge R. Belfiore y del Proc. Francisco Luis Coria en contra de la sentencia nro. 985 del 21/11/2001, dictada por esta Corte Suprema de Justicia.

II.- COSTAS, como se consideran.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.- HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA RENE MARIO GOANE ALBERTO JOSE BRITO ALFREDO CARLOS DATO ANTONIO GANDUR