marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Prueba, producción de la prueba, carga de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: BLANCO, Eduardo Alberto c/ C.P.A.C.F. s/ CONDUCTA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-03-08

La carga de la prueba no supone ningún derecho del adversario sino un imperativo del propio interés de cada litigante, es una circunstancia de riesgo que determina que la suerte de la litis quede sujeta, en principio, a la comprobación de los extremos que se invocan en sustento del derecho alegado. La carga no significa obligación de probar, ni siquiera necesidad de que la prueba procede de una determinada parte, significa estar a las consecuencias de que la prueba se produzca o no. A una parte le interesa que determinada afirmación quede probada y por interés propio debe cuidar de proponer la prueba y de que se practique. De donde resulta que la producción de la prueba es de interés de ambas partes.
Accidentes de trabajo, responsabilidad del asegurador, seguro por accidente de trabajo, cobertura
Materia: LABORAL
Carátula: SORIANO, JOSE c/ SERRA, SUSANA s/ ACCION CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-28

Cuando la póliza que vinculó a la propietaria de la cosa riesgosa con la aseguradora cubre también las acciones fundadas en la opción prevista en el art. 17 de la ley de accidentes, estableciéndose asimismo una cláusula de cobertura automática, no existe situación de no seguro con respecto a los dependientes no incluidos en la nómina, aún en el caso de que fuera obligación de la principal mantenerla actualizada y no lo hubiera hecho. Tal cobertura automática, en este caso, rige desde el momento de la incorporación del trabajador al servicio del asegurado y, como consecuencia, la aseguradora no puede exonerarse de su responsabilidad.
Nulidad del acto administrativo, ordenanzas municipales, club de campo, sentencia arbitraria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cornacchione, Ana María c/ Municipalidad de Marcos Paz s/ acción contencioso administrativa
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-01

Corresponde descalificar la sentencia que declaró la nulidad de la ordenanza municipal mediante la cual se confirió a un barrio el estatus de club de campo, toda vez que la actora, en su calidad de propietaria, no ha invocado la existencia de un menoscabo cierto y concreto a sus derechos ni ha demostrado la concurrencia de la afectación de un interés jurídicamente protegido susceptible de tratamiento judicial. -El juez Rosatti, en disidencia, consideró inadmisible el recurso extraordinario (Art. 280 CPCCN)-
Contrato de trabajo, despido, comunicación del despido
Materia: LABORAL
Carátula: SANTOS GREGORIO ABALLAY c/ ANCO LIVING S.A. s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1989-04-05

Cuando se notifica el despido por despacho telegráfico, quien lo hace, asume los riesgos, defectos o imposibilidad de transmisión de la comunicación y, no existe carga exigible al empleado de asistir a la oficina postal cercana a su domicilio, toda vez que el acto jurídico se perfecciona cuando dicha manifestación de voluntad recepticia llega a la esfera de conocimiento del destinatario.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, relación de causalidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: López Fernández, Juan c/ Olaverri, Rosa Silvia y otro s/ Daños y perjuicios Martínez, José y otro c/ Sandoval, Alfredo Rolando s/ Daños y perjuicios Olivieri, Néstor Justino c/ Parera, Francisco y otra s/ Daños y perjuicios Carluccio de Praznik, Roxana Myriam y otra c/ Coppolino, Roberto Antonio y otro s/ Daños y perjuicios Monserrat, Aurora D. y Cambareri, Francisco L. c/ Bouza, Manuel José s/ Daños y perjuicios Kistrup, Osvaldo c/ CARGIL S.A.C.I. y otro s/ Da±os y perjuicios Canelo, Juan Alberto c/ Girves, Roberto Raúl y otros s/ Daños y perjuicios Aroca, Daniel Wilson c/ Pérez, Miguel Angel s/ Daños y perjuicios Schell, Julio César y otro c/ Ganeau, Omar Luis y otros s/ Indemnización. Daños y perjuicios Centeno, Carmen Aurora y otros c/ Agüero, Claudio Marcelo y otros s/ Daños y perjuicios Carrizo, Carlos Alberto y otra c/ Tejeda, Gustavo Javier y otra s/ Daños y perjuicios Mallo, Jorge Juan y otros c/ Lozano, Antonio s/ Daños y perjuicios y perjuicios Centeno, Carmen Aurora y otros c/ Agüero, Claudio Marcelo y otros s/ Daños y perjuicios Carrizo, Carlos Alberto y otra c/ Tejeda, Gustavo Javier y otra s/ Daños y perjuicios Mallo, Jorge Juan y otros c/ Lozano, Antonio s/ Daños y perjuicios y perjuicios Centeno, Carmen Aurora y otros c/ Agüero, Claudio Marcelo y otros s/ Daños y perjuicios Carrizo, Carlos Alberto y otra c/ Tejeda, Gustavo Javier y otra s/ Daños y perjuicios Mallo, Jorge Juan y otros c/ Lozano, Antonio s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-08-01|1996-07-10|1994-09-27|1995-05-16|1997-03-18|1999-12-01|2001-07-18|2000-03-22|2003-09-24|2004-12-29|2005-03-30|2006-03-22

Determinar si la conducta de la víctima interrumpió o no el nexo causal entre el hecho y el daño y, en su caso, establecer en qué medida lo ha hecho, constituye una cuestión de hecho que sólo puede ser reexaminada en la instancia extraordinaria en supuestos excepcionales.
Multa administrativa, pago
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: La Estrella S.R.L. c/ Comisión Nac. de Transporte Automotor s/ Res. CNTA. 500/95
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-28

La validez constitucional de la exigencia del pago previo de las multas aplicadas con motivo de infracciones a reglamentos de policía y como requisito de la intervención judicial, ha sido - en principio- admitida por la C.S.J.N. (Fallos: 155:96; 162:363;

195:22; 215:225 y 501), la cual incluso, desde antiguo, ha considerado insustancial su replanteo (Fallos: 219;668; 261:101).

(Recientemente esta Sala, en su actual composición, ha adoptado idéntica postura al fallar en la causa "Empresa de Transporte América S.A.C.I. c/ Comisión Nac. de Transporte Automotor (Resol.

503/94)" -Expte. 43.361/94-, del 18/7/95). No obstante ello, la C.S.J.N. consideró que existen excepciones a dicho principio en aquellos casos en los que el requisito legal del pago previo, por su desproporcionada magnitud en relación con la concreta capacidad económica del apelante, tornara ilusorio el derecho que le acuerda el legislador en razón del importante desapoderamiento de bienes que podría significar el cumplimiento de aquel requisito (Fallos:

247:181).
Cuenta corriente bancaria, cuenta corriente conjunta, cotitular de cuenta corriente, responsabilidad solidaria
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO ARGENTE  S.A. c/ FEDERICO AMADO s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-07-08

Los cotitulares de una cuenta corriente a la orden recíproca quedan solidariamente obligados por el saldo deudor con abstracción de cual de los titulares haya librado efectivamente los cheques que originan el saldo; ello en virtud de la naturaleza de la obligación asumida por el contrato de referencia, y sin perjuicio de las acciones que competan a los cotitulares entre sí.
Derecho procesal, actos y diligencias procesales, resoluciones judiciales, error material
Materia: COMERCIAL
Carátula: PLAN  ROMBO  SA  DE  AHORRO  P/F  DETERMINADOS c/ ESPINOSA WALTERPATRICIO Y OTRO S/ s/ JECUCION PRENDARIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-04

Se coincide con el criterio interpretativo que considera improcedente que frente a errores de orden material, se invoquen principios como el de la preclusión para evitar su reparación, toda vez que el error no puede constituirse en fuente de derechos para las partes, debiendo en tal caso, recurrirse a la directiva del artículo 166, inciso 2, Cpr (esta CNCom., Sala B, 28.02.05, "BBVA Banco Francés SA c/ Guzman Jorge s/ Ejecutivo";

Sala C, 27.12.89, "Complejo Textil Bernalesa SRL s/ inc. de verificación por Siso Neira"; íd., Sala E, 15.07.97, "El Hogar Obrero Coop de Cons., Edif. y Cred. Ltda. s/ pedido de quiebra por Ortiz María"; íd., Sala D, 05.03.01, "Sucesión Okunis Oscar s/ quiebra s/ inc. de revisión promovido por la fallida contra el crédito de barner Investment SA"). Ha dicho la Corte Suprema que el cumplimiento de una sentencia informada por errores aritméticos o de cálculo, lejos de preservar, conspira y destruye la institución de la cosa juzgada, de inequívoca raigambre constitucional (Fallos: 280:22; 284:402; 313:1.024, entre otros). Ello así, si bien -en el caso- no medió un error aritmético o de cálculo, es evidente -y esto no aparece controvertido por la recurrente- que el Juzgado incurrió en un error material de orden tipográfico al consignar, en la parte resolutiva de la sentencia, la letra identificatoria del párrafo que contemplaba las pautas aplicables al caso para la liquidación de los acrecidos de acuerdo a las constancias del proceso y, en orden a ello, ese error -que se estima asimilable por analogía al caso de la equivocación matemática- no puede ser válidamente invocado para obtener un beneficio indebido a costa del perjuicio de la contraparte.
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, juicio de árbitros, laudo arbitral, obras públicas
Materia: PROCESAL
Carátula: Meller   Comunicaciones   S.A.U.T.E. c/ Empresa  Nacional de Telecomunicaciones.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-11-05

De acuerdo a lo prescripto en el art. 7° de la ley 12.910, en los arts. 6°, 7° y 8° del decreto 11.511/47, en su aclaratorio 4517/66 y en el decreto 1098/56, no cabe recurso alguno respecto de las decisiones del Tribunal Arbitral de Obras Públicas.
Emancipación, actos a título oneroso
Materia: CIVIL
Carátula: MARTINEZ, Adriana Erica s/ INCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-30

Cuando el Código Civil se refiere, en el art. 135, a la disposición de bienes adquiridos a título gratuito, debe interpretarse que hace mención a los actos a título oneroso, de lo contrario, ocurriría que luego de sentada en forma terminante una prohibición -art. 134, inc. 2º-, a renglón seguido se la estaría dejando sin efecto -art. 135-.
Fuerzas Armadas, personal civil de inteligencia
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: IGLESIAS, HÉCTOR RICARDO c/ Estado Nacional y otros s/ Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-09-03

Consultada la normativa específica del personal de inteligencia ya de la ex Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) cuanto de los Organismos de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, surge que, anteriormente, fue la ley 19.373, modificada por ley 21.705, quien los rigió; y que luego, fue reemplazada por la ley 25.520 y los Decretos 952/02 y 1088/03, que establecen el Estatuto para el Personal de Inteligencia de la Presidencia de la Nación y para los Agentes Civiles de los Organismos de Inteligencia de las Fuerzas Armadas. De allí que no encontrándose el peticionante inserto en el ámbito de aplicación que los Decretos 757/07 y 727/08 prevén, corresponde confirmar la decisión de la anterior instancia que rechazó la incorporación al beneficio de los aumentos dispuestos por los Decretos 1386/06 y 727/08.
Contrato de trabajo, presunción de contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Segovia, Liliana c/ Vélez de Trulls, Gabriela - Propietarios s/ Cobro de pesos y entrega de certificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-02-19

Se dan los elementos suficientes para presumir la existencia de un contrato de trabajo y por aplicación de la normativa del artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, prevalece éste sobre el carácter de servicio doméstico invocado por la demandada en razón que las tareas que realizaba la actora, son propias del negocio de la demandada, la que tampoco aportó pruebas fehacientes que la vinculación entre las partes lo fuera estrictamente para labores hogareñas.
Prisión domiciliaria, audiencia de debate, tratados internacionales
Materia: PENAL
Carátula: Braga Rafael Mariano s/ Recurso de Casacion
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-02-15

La revocatoria de la prisión domiciliaria encuentra su fundamento en la existencia del riesgo procesal que emergió desde la conducta atribuida al imputado en la audiencia de debate, en la que insultó a una testigo. El a quo ponderó las obligaciones asumidas por el Estado nacional ante la comunidad internacional al suscribir los distintos tratados internacionales referentes a este tipo de crímenes y la capacidad del acusado de entorpecer el normal desarrollo del proceso, merced a su posibilidad de influir sobre las estructuras de poder que integró.
Relación de dependencia, docentes privados, maestras de jardín de infantes, ESTATUTO DEL PERSONAL DE ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PRIVADA, contrato de trabajo por tiempo indeterminado, ley laboral, in dubio pro operario, renuncia al empleo, despido indirecto, injuria laboral, diferencias salariales, indemnización por despido
Materia: LABORAL
Carátula: Boada Aguirre, Mariana y otro. c/ Cohen, Amelia Haydeé. s/ Despido.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2008-06-24

Es conteste la doctrina que en los contratos de temporada, durante el período de receso, se suspenden las principales obligaciones a cargo de las partes (la prestación de tareas y el pago de la remuneración) (Vázquez Vialard, Derecho del trabajo y de la seguridad social, Tomo I, pág. 318; Altamira Gigena, Ley de Contrato de Trabajo, tomo 1, pág. 478; De la Fuente, en Tratado de Derecho del Trabajo, dirigido por Vázquez Vialard, tomo 3, pág. 562), lo que demuestra que el legislador en relación al docente privado dejó claramente establecido que aquél que trabaja todo el periodo lectivo sea en pre-primaria (jardín de infantes) primaria y secundaria, no es un trabajador de temporada ya que la prestación principal del empleador, el pago del sueldo, debe realizarse durante los 12 meses del año (Art. 19 del decreto 13047).

A más, la norma citada obliga a los docentes a tomarse la licencia de vacaciones en el tiempo de receso estival (Decreto 2413/79).

Todo ello lleva al convencimiento de que la naturaleza del contrato docente [...] cuando se prestan servicios durante todo el año lectivo, es un contrato de trabajo permanente y continuo.

En razón de ello cabe hacer lugar al presente agravio, y tener que la relación entre las partes fue un contrato de trabajo por tiempo indeterminado de prestación continua y, por tanto, las actoras debían percibir remuneración durante el periodo de receso (Art. 19 de la Ley 13047). Son por ello inválidos los contratos de trabajo de temporada acompañados, por violar el orden público laboral (arts. 14 LCT, y 19 de la 13047).
Competencia, licitación pública, defensa en juicio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: FRIGORIFICO ARGENTINO  S.A. c/ MUNICIPALIDAD DE CRESPO s/ SUMARIO POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y FIJACION DE PLAZO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1987-02-05

La remisión de un proceso al Tribunal competente cede en la hipótesis de los procedimientos que debe aplicar el Juez tenido por competente impliquen , en razón de su diversidad con relación a los aplicados inicialmente , la afectación del derecho de defensa de alguna de las partes. Por otra parte si la demanda interpuesta ante un Juzgado en lo Civil y Comercial de Primera Instancia, no contiene la alegación de cuestiones que hacen a la admisibilidad de un proceso contencioso administrativo y no se indica que se ataque alguna decisión administrativa definitiva y que cause estado, no es el caso que preve el artículo 11 del Decreto Ley 7061, pues la norma hace referencia a los conflictos positivos o negativos de competencia y una vez operado el conflicto por haberse declarado dos órganos judiciales competentes o incompetentes, sí puede solicitarse del Superior Tribunal tal declaración, lo cual conduce a sustentar la improcedencia de tal remisión y la competencia del Juzgado de Primera InstanciA en lo Civil y Comercial
Importaciones, derechos de importación, franquicias aduaneras, regímenes de promoción, promoción agropecuaria, promoción industrial, tractor
Materia: ADUANERO
Carátula: Deutz Arg. S.A.I.C. y F. c/ A.N.A. s/ Aduana
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-10-08

La imposibilidad de acceder al otorgamiento de las licencias arancelarias que habilitarían al despacho, no puede ser entendido como un conflicto o contradicción con un derecho ya acordado a la actora (decreto 3317/79, prorrogado por decreto 496/87), resultando asimismo aplicable -como sostuvo el sentenciante- la jurisprudencia de la Corte Suprema que ha desechado, en supuestos de regímenes especiales, el rigorismo formal impuesto por el art. 637 del C.A. con respecto a la acreditación del beneficio con la constancia del caso provista por la Administración, toda vez que la licencia arancelaria se había expedido con anterioridad al momento del registro de la operación para consumo (Fallos C.S.: 300:1079, en igual sentido Sala V en causa seguida por las mismas partes de fecha 20/3/96; Salas I y III de fechas 16/11/93 y 10/6/87, respectivamente). (Del voto de la Dra. Garzón de Conte Grand, consid. IV).
Inconstitucionalidad, medidas cautelares
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Asociación Civil sin fines de lucro Foro Medio Ambiental (FOMEA)  c/ Provincia de Buenos Aires - Municipalidad de San Nicolás s/ Inconstitucionalidad Ordenanza municipal N°9949/19, Decreto N°1576/19 y Resolución Ministerial N°1298/19
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2023-09-18

Corresponde intimar en el caso, a la Municipalidad de San Nicolás para que dé inmediato cumplimiento con la medida preventiva dictada por este Tribunal con fecha 12 de mayo de 2023, lo que supone la paralización de las obras o trabajos que se ejecuten como consecuencia de lo previsto en los puntos 8.6.2.5.1, 8.6.2.5.2, 8.6.3.5.1, 8.6.1.2.7 y 8.6.1.7.1 del Código Urbano Ambiental aprobado por la ordenanza 9.949/19, cuya vigencia y aplicación se encuentra cautelarmente suspendida. Se ordena proceder, sin dilaciones, a la clausura de las obras ejecutadas y que se estén ejecutando en los sitios alcanzados por la tutela decretada en los autos. Asimismo, se dispone que se retire del espacio determinado en los artículos cuya vigencia se encuentra suspendida todas las máquinas viales, automóviles, camiones y cualquier clase de equipamiento afectado a las labores interdictas (arts. 34 inc. 5, 135 inc. 5, 198 y 232, CPCC).
Hipoteca, crédito hipotecario, intereses, gastos del proceso, costas
Materia: CIVIL
Carátula: PARMALAT ARGENTINA SA c/ RIVERO, JORGE s/ ORD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-11-19

La garantía hipotecaria no cubre solo el monto efectivo del crédito cierto o determinado, ni el monto estimativo del crédito inicialmente indeterminado y eventual que podría adeudar el coaccionado, también cubre los accesorios de ese principal, esto es:

a) los accesorios civiles, constituidos por los intereses y b) los accesorios procesales, integrados por las costas causídicas. De modo que -tal como aconteció en el caso- si el monto indicado en la escritura de hipoteca como límite máximo de esa garantía real, lo fue respecto del monto estimativo de los futuros creditos "principales" -o creditos por capital- que podría tomar el deudor garantizado, ese límite en modo alguno opera respecto de los accesorios -los intereses del capital y las costas del proceso-, accesorios que siguen el curso del cciv 3111.
Partidos políticos, proceso electoral, candidatos, lista de candidatos
Materia: CONSTITUCIONAL - POLITICO - ELECTORAL
Carátula: U.C.R.  -  C.F.I.  Partido Federal y  FREJUPO s/ presentaciones    sobre  la  forma  de  computar  los  votos  de  las  elecciones del 14-5-89
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-16

Nada hay en la ley orgánica de los partidos políticos que permita suponer que, en el proceso electoral, pueda prevalecer el partido sobre los candidatos o que prohíba que dos o más partidos formulen una alianza transitoria mediante la oficialización en sus respectivas boletas electorales de una misma y única lista de candidatos a los efectos de la suma en el acto del escrutinio.
Demanda, honorarios del abogado, regulación de honorarios, monto de la demanda
Materia: PROCESAL
Carátula: Federación Agraria Argentina Sociedad Cooperativa de Seguros Limitada s/ Recurso de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1991-06-12

Esa reserva o lo que en más o en menos...produce como efecto aceptar que el monto definitivo de la demanda sea establecido por la sentencia; no sólo en cuando condena decisiva, sino en cuanto parámetro para la regulación de honorarios profesionales.
Recurso de inconstitucionalidad, derivación no razonada del derecho vigente, acción de petición de herencia, honorarios, regulación de honorarios, base regulatoria, desaparecidos, indemnización
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: SANCHEZ, MARTA ORFELIA Y OTROS c/ RAINA, LIA LAURA Y OTROS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - PETICION DE HERENCIA (EXPTE.:     C.S.J.. NRO. 191 AÑO 2008)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-03-11

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad desde que no constituye la necesaria derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa la solución adoptada por la Alzada en cuanto consideró que "la acción de petición de herencia instaurada no sólo persiguió la declaración de la calidad de herederas de las actoras sino que inescindiblemente intentó vindicativamente que, probada tal calidad hereditaria, la acción lograra la devolución de las 'cosas hereditarias' provenientes del régimen de la ley 24411", entendiendo por ello que "desde que la apreciación económica susceptible de formularse a que alude la ley 6767 refiere a la posible cuantificación económica pecuniaria del directo interés perseguido como objeto de la causa que no es otra cosa que la importancia económica, apreciada objetivamente, de los bienes controvertidos.

Es que, si bien es cierto que el régimen de la ley 24411 fue reiteradamente citado en la causa, ello no justifica que sin más se tome la indemnización por él acordada como monto del juicio en los términos de los arts. 4 y 8 de la ley 6767, para regular los honorarios profesionales, pues resulta evidente que el objeto inmediato del proceso no fue la percepción de dicha indemnización.
Condena condicional, comisión de nuevo delito
Materia: PENAL
Carátula: WOLOCHWIANSKY, Gustavo Marcelo c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-10-27

Teniendo en cuenta que -en virtud de lo dispuesto por el art. 51 CP- si transcurridos diez años desde el dictado de una condena de ejecución condicional caduca el registro de esa sentencia condenatoria, una decisión que la hiciere valer, en este caso, a los fines de evaluar la improcedencia de una segunda condena de ejecución condicional en los términos del art. 27 segundo párrafo CP, contradice la disposición legal y frustra su razón.
Acto administrativo, motivación del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Clemeno, Nicolás c/ Caja de Previsión Social para Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-12-03

La motivación de la decisión administrativa, comporta un recaudo consubstancial para la vigencia del principio republicano de gobierno, que impone a los órganos administrativos dar cuenta de sus actos (arts.1, Constitución de la Nación y 1 Constitución Provincial), al tiempo que evita que se afecten los derechos de impugnación de los particulares alcanzados por la resolución y se impida la revisión judicial de la legitimidad y razonabilidad de tales actos.