Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-03-01


SENT Nro. 95 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 01 DE MARZO de dos mil cuatro, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, René Mario Goane y Alfredo Carlos Dato, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la codemandada Interplay S.R.L. en autos: "Barrionuevo, Rafael vs. Diez del Valle Juan Carlos y otros s/Cobros".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores René Mario Goane, Alfredo Carlos Dato y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

I.- A fs. 250/257 vta., la codemandada Interplay S.R.L., plantea recurso de casación contra la sentencia de la Excma. Cámara del Trabajo, Sala VI, de fecha 7 de febrero de 2003 obrante a fs. 237/238 vta. de autos, que es concedido por resolución del mismo tribunal de fecha 21 agosto de 2003 (fs. 272). Ninguna de las partes, según surge del informe actuarial de fs. 281, ha presentado la memoria facultativa prevista en el artículo 137 del CPT.

II.- Siendo inherente a la competencia funcional de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo de esta Corte, como tribunal del recurso casatorio, la de revisar si ha sido correctamente concedido, la primera cuestión a examinar es la relativa a la admisibilidad del acto impugnativo extraordinario local.

El recurso resulta admisible, pues ha sido interpuesto en término (fs. 248 vta. y fs. 257 vta.); el acto judicial impugnado constituye una sentencia definitiva; se dio cumplimiento con el afianzamiento que prevé la ley del rito; el escrito de presentación del recurso se basta a sí mismo en cuanto a sus fundamentos fácticos y jurídicos; y la impugnación recursiva se motiva en la invocación de infracción a normas de derecho.

III.- Sostiene la codemandada, para fundar su recurso de casación, que la sentencia de la Excma Cámara del Trabajo, Sala VI, erróneamente ha aplicado al caso el artículo 92 bis de la LCT , según texto de la Ley Nro. 25.250, publicada en el BO del 02-6-2000, cuando en realidad se juzga una relación laboral celebrada y extinguida con anterioridad, es decir bajo otro régimen legal, conculcando así el derecho de propiedad, el principio de irretroactividad de la ley y generando gravedad institucional.

Alega un análisis parcial del cuadro probatorio y la omisión de considerar las pruebas aportadas por Interplay, decisivas para la resolución del pleito, en particular el recibo de pago de haberes, que debe ser tenido por auténtico ante la ausencia del actor a la audiencia de reconocimiento, donde consta la fecha de inicio y extinción de la relación laboral (24 días), lo que se encuentra corroborado con otras pruebas como los informes de la AFIP, DGI, en particular el obrante a fs. 158/159, donde la DGI informa al juzgado que verificó el Libro de Registro Unico de la codemandada, donde está registrado el contrato a prueba, el recibo de sueldo y el contrato, lo que configura el vicio de arbitrariedad.

Indica las normas constitucionales y legales que reputa conculcadas.

IV.- La sentencia de la Excma. Cámara del Trabajo, Sala VI, objeto del presente recurso, en lo que es motivo de agravio, hace lugar íntegramente a la demanda de Barrionuevo únicamente contra la codemandada Interplay S.R.L. por considerar que es la empleadora conforme surge del responde, donde refiere que ha suscripto un contrato a prueba con el actor.

Sostiene que en el contrato original que tiene a la vista puede leerse que el mismo está regido por el artículo 92 (bis) LCT, que en su inciso 2 expresa que el empleador debe registrar el contrato de trabajo que comienza por el período de prueba. Caso contrario, y sin perjuicio de las consecuencias que se derivan de ese incumplimiento, se entiende que ha renunciado a dicho período (sic).

Afirma que la demandada no ha probado la registración del contrato y por lo tanto considera que ha renunciado a período de prueba, incurriendo en violación a expresas normas legales (artículos 90, 52, 138, 62, 63 y cc. de la LCT).

Agrega que las deposiciones de las testigos Nikler (fs. 98) y Caneda (fs. 98 vta.), son contestes en afirmar que el actor trabajó para la accionada desde 1996 hasta el año 2000, en tareas de limpieza y otras, testimoniales que no fueron objeto de tacha alguna, por lo que las reputa válidas para determinar las fechas de ingreso y egreso del trabajador. A ello coadyuva la instrumental tramitada ante la AFIP (fs. 6/11), con lo actuado en sede administrativa del Trabajo (expte. nº 0981/184-B-2000, fs. 12/17) y los telegramas cursados por el actor fs. 2/3, en especial el que se da por despedido.

V.- De la reseña realizada considero que las cuestiones de derecho centrales en debate, son la determinación del régimen legal aplicable al caso, y la arbitrariedad del pronunciamiento en la valoración del cuadro probatorio.

Sin embargo, de lo que se resuelva con relación a la primera cuestión dependerá o no la necesidad de ingresar al análisis de la segunda.

Respecto a la determinación del régimen legal aplicable en el subiudice, considero que asiste razón a la recurrente cuando afirma que, para la solución del pleito, el fallo aplicó una normativa que no se encontraba vigente al momento del inicio y finalización de la relación laboral.

En efecto, discrepan las partes sobre la fecha de inicio y de finalización de la relación laboral. Mientras el actor sostiene que su ingreso fue el 05-8-96, el demandado afirma que se trató de un contrato a prueba iniciado el 07-3-2000 (ver fs. 46); a su vez el actor aduce que la relación feneció el 10-6-2000, mientras que el demandado sostiene que concluyó el 31-3-2000.

De todos modos, se advierte que en el caso se trataba de una relación laboral iniciada antes de la entrada en vigencia de la Ley Nro. 25.250, publicada en el BO del 02-6-2000 y por lo tanto, celebrada bajo un régimen jurídico distinto.

Desde esta perspectiva, entiendo que el contrato a prueba cuya copia obra a fs. 46, debe ser juzgado a la luz del artículo 92 (bis), bajo el texto del artículo 3º de la Ley Nro. 25.013 (BO 24-9-98 y vigente desde el 03-10-98), que regía al momento de la celebración del mismo y no desde la perspectiva de la Ley Nro. 25.250, que entró a regir con posterioridad.

En mérito a lo expresado, y habiéndose configurado un supuesto de arbitrariedad normativa, considero que el recurso de casación incoado por la co-demandada Interplay S.R.L. contra la sentencia en crisis resulta procedente, y por lo tanto corresponde casar la misma, dejándola sin efecto en todas sus partes, conforme a la siguiente doctrina legal: "Debe descalificarse como acto jurisdiccional válido, el pronunciamiento que resuelve un pleito aplicando erróneamente la norma de derecho aplicable al caso." Habida cuenta la conclusión nulificante a la que se arriba en este primer agravio, resulta inoficioso el tratamiento del restante.

Es del caso resaltar, que la referida conclusión es sin desmedro del juicio prudencial privativo del tribunal de mérito sobre si, en la especie, con arreglo a todas las probanzas producidas y procesalmente válidas, se han configurado o no el supuesto fáctico invocado por la parte demandada. Por ello, conforme a las prolijas razones expresadas in extenso en sentencia nro. 759 del 29-9-97, debe remitirse este proceso a la mencionada Cámara a fin de que, por la Sala que resulte competente, dicte nuevo pronunciamiento.

VI.- Atento a la naturaleza del resultado arribado, las costas de esta instancia casatoria deben imponerse por el orden causado, por provenir el vicio de la actuación del órgano judicial.

Los señores vocales doctores Alfredo Carlos Dato y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación planteado por la codemandada Interplay S.R.L., contra la sentencia de la Excma. Cámara del Trabajo, Sala VI, de fecha 7 de febrero de 2003 obrante a fs. 237/238 vta. de autos. En consecuencia, CASAR la misma conforme a la doctrina legal expuesta en los considerandos y REMITIR estos actuados a la Excma. Cámara del Trabajo, para que por la Sala que corresponda, dicte nuevo pronunciamiento.

II.- COSTAS como se consideran.

III.-DIFERIR pronunciamiento sobre regulación de honorarios.

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR RENE MARIO GOANE ALFREDO CARLOS DATO