marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación de los fundamentos
Materia: PENAL
Carátula: Gerez, Roberto Agustín s/ Robo y violación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-08-19

Es insuficiente el agravio en el que se denuncia la violación de los arts. 105 y 107 del Código de Procedimiento Penal, alegando la invalidez del acta de secuestro de efectos en poder del procesado por haber sido éste compelido a firmarla, si no cuestiona el recurrente la conclusión del pronunciamiento de Cámara referida a la valoración de dicha acta en razón de que en la causa instruida a raíz de los apremios denunciados recayó sobreseimiento provisorio.
Proceso penal, recurso de apelación (procesal), admisibilidad del recurso, legitimación procesal, Ministerio Público Fiscal, sobreseimiento
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: CARRASCO, Matías Leonel y OSRE, Carlos Gabriel s/ Inf. Art. 189 bis C.P. - Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-09-19

El artículo 61, inciso 1 de la Ley Nro. 1287 (modificada por Ley Nro. 1330) reconoce al Ministerio Público Fiscal la potestad recursiva en caso de absolución; al mismo debe asimilarse al sobreseimiento ya que determina una certeza negativa acerca de la imputación una vez agotada la investigación.
Acción declarativa de inconstitucionalidad, acta de audiencia, control abstracto de constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Asociación por los Derechos Civiles (ADC) c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-15

No aparecen en el debate razones para suponer que las partes tienen vedado requerir estas medidas, o que los jueces se niegan sistemática e infundadamente a acordarlas.

Por el contrario, las partes están dotadas de herramientas procesales aptas para obtener la grabación, la versión taquigráfica, o para asegurar que los elementos relevantes queden adecuadamente fijados en condiciones que posibiliten su evaluación tanto por quien juzgue en primera instancia como por el tribunal al que toque hipotéticamente revisar una decisión.
Juicio ejecutivo, embargo, títulos ejecutivos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Cernadas Carlos c/ Justo Diana s/ Ejecutivo Gestisur SRL. c/ Coop. Vivienda Quilmes s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-08-20|2001-05-28

Toda vez que el artículo 63 de la ley 24452 habilita el ejercicio de acciones civiles en base a la fotocopia certificada por entidad girada, en supuestos como el presente (opasi 2- 128, pto. 1.3.9.2.4) corresponde hacer lugar a una medida cautelar. De allí que no se ajusta a derecho que se exija al accionante que adjunte los orginales de los cheques rechazados, en tanto se dé cumplimiento con los recaudos anteriormente aludidos. Ello no implica en modo alguno, que de suscitarse durante el trámite de las actuaciones posteriores la necesidad de contar con los originales - ante el desconocimiento de la firma o a fin del dictado de la sentencia de trance y remate-, no pueda requerírselos mediante oficio al Juzgado Penal en que los mismos se hallen, posibilidad que queda latente pero que no deriva en el rechazo in límine de las actuaciones o de las medidas.

(Minoría u opinión personal)
Recurso extraordinario, revocación de sentencia, sentencia condenatoria, calumnias, injurias, dolo, prueba, falta de prueba
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Suárez, Facundo Roberto s/ querella s/ Calumnias e injurias.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-04

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que condenó al recurrente como autor de los delitos de calumnias e injurias si sólo alcanzó a acreditar el comportamiento negligente del imputado pero de ninguna manera dio por probado su dolo o la real malicia, que exige el conocimiento de la falsedad o, al menos, la efectiva representación de tal posibilidad y la indiferencia respecto del resultado lesivo al honor que surja de la publicación de la noticia.
Cheque, representación de la sociedad
Materia: COMERCIAL
Carátula: Pedro Moscuzza e hijos S.A. c/ Moliendas del Sur S.A. s/ cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-10-03

Aun cuando el libramiento del cheque se haya efectuado en violación a la representación plural que invisten las personas a cuya orden está abierta la cuenta corriente bancaria, razón por la cual tal cheque sería irregular como orden de pago, la sociedad queda obligada cambiariamente frente a su portador, por aplicación del art. 58 de la Ley 19.550
Daños y perjuicios, intereses
Materia: CIVIL
Carátula: Cobas, Abel Gregorio y Ramón Edimar Marín c/ Carlos A. Mendez y/o V. Morelli y/o A. Silenzi y/o Transporte Modelca y Comolli y/o propietario y/o responsable s/ Daños y Perjuicios. Cobas, Abel Gregorio y Ramón Edimar Marín c/ Carlos A. Mendez y/o V. Morelli y/o A. Silenzi y/o Transporte Modelca y Comolli y/o propietario y/o responsable s/ Daños y Perjuicios.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1996-07-05|1996-07-05

Los intereses correspondientes a indemnizaciones derivadas de delitos o cuasidelitos deben liquidarse desde el día en que se produce el evento dañoso. En tal dirección esta sala tiene dicho que los intereses que corresponden al capital que importa la indemnización, integran la reparación integral del perjuicio causado por el cuasidelito. Son de naturaleza compensatoria y tienen por objeto reparar el perjuicio configurado por falta de pago de la indemnización debida (art. 508 y sgtes. del Cód. Civ.). El responsable se encuentra en culpa desde el momento mismo del accidente respecto a esa falta de pago y que los intereses comienzan a correr desde la aparición de los daños, que es lo que determina el nacimiento de la responsabilidad civil de los autores. Por ello resultan improcedentes los agravios relacionados con la fecha a partir de la cual corren intereses puros del 8 % anual pues la circunstancia de que la suma condenada para reparar el perjuicio haya sido reajustada a la época de la sentencia, no obsta para la procedencia de los correspondientes intereses ya que el derecho a obtenerlos nace con el ilícito.
Falsificación de instrumento público, delito de peligro abstracto
Materia: PENAL
Carátula: IUD, Fernando s/ sobreseimiento Causa 14.663
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-10-08

El Tribunal reitera su doctrina expuesta en los autos "Agrisano, Mirta s/Inf. art. 293 del C.P.", C. 10.134, Reg. 11.353 bis, 28.10.94, en cuanto declara que la norma penal mencionada requiere que pueda resultar perjuicio, siendo la posibilidad del daño y no solo el perjuicio realmente producido lo que da lugar a esta infracción a su consumación".
Principios procesales, recurso de apelación (procesal), honorarios, plazos procesales, aplicación supletoria de la ley
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: "KOLLMAN, Gustavo s/ .
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-24

La aplicación del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación es supletorio de todo aquello que no esté previsto por el ordenamiento procesal penal, no siendo los plazos recursivos materia no reglada por éste último.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación insuficiente
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Colombo, Mauricio Luciano c/ Bank Boston N.A. s/ Cobro de pesos por daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-03-31

Es ineficaz el recurso que no se hace cargo de la línea argumental del fallo, y se dedica a impugnar el mismo con su propia interpretación del tema, dejando incólumes afirmaciones que le dan sustento bastante.
Empleo público, adicional por antigüedad, sentencia, principio de congruencia, costas, rechazo parcial de la demanda
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Nassetta Mirtha María c/ Provincia de Córdoba s/ Plena Jurisdiccion - Recurso de Apelacion
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2001-04-05

La situación del personal perteneciente al CEPROCOR se encuentra reglada, primero, por la Ley 8453 (art. 1).

El artículo 31 ib. establece que, hasta tanto se dicte el Estatuto para el Personal del CEPROCOR, será de aplicación la Ley 7233 y sus modificatorias en todo lo que no se oponga a la presente.

A su turno el Decreto 306/95, conforme la autorización legislativa, procura determinar los haberes del personal perteneciente al CEPROCOR.

Si bien el Decreto 306/95 alude a la bonificación por antigüedad en general, no se hace mención alguna respecto a servicios o tareas desarrolladas en distinta jurisdicción a los fines del reconocimiento del adicional de referencia. Por ello, resulta menester fijar los alcances integradores de la Ley 7233 -Estatuto del Personal de la Administración Pública Provincial- respecto de la Ley 8453 y el Decreto 306/95. Dicho ordenamiento jurídico establece en el artículo 107 la vigencia de los artículos 83 a 97 de la Ley Número 6402.

Por su parte el artículo 85 de la Ley 6402 estipula, al reconocer el adicional por antigüedad que, a solicitud de parte interesada, se reconocerán y computarán los servicios prestados en otros organismos dependientes de la Administración Nacional, Municipal y/o de otras provincias, poniendo como condición la no simultaneidad de prestación.

Si bien la accionante reclama la bonificación por antigüedad por servicios prestados en extraña jurisdicción -U.N.C.- a partir de su ingreso a dependencias del CEPROCOR, lo cierto es que lo hace desde el momento de su respectivo reclamo, no correspondiendo retrotraerlo -como lo hace la Sentenciante- al preciso momento de su ingreso a prestar servicios al centro de referencia -seis de diciembre de mil novecientos noventa y cinco (cfr. fs. 17/17vta.)-.

Lo contrario descalifica el decisorio por un vicio de incongruencia violatorio de las prescripciones del artículo 38 de la Ley 7182.

La cuestión de derecho se dirime integralmente conforme a la pretensión substancial de la actora. Si el rechazo parcial de la demanda se funda en que parte de lo pretendido nunca le fue negado por la demandada, resulta claro que la accionante no asume a su respecto la condición de "vencido", ya que el desenlace del litigio es substancialmente ajustado a su pretensión.

En rigor, respecto del cómputo de antigüedad a los fines vacacionales nunca existió controversia ni, por tanto, puede haber al respecto vencedor ni vencido. Corresponde imponer las costas en un cien por ciento a la demandada, que resulta vencida en lo que fue motivo de controversia.
Prueba, presunciones
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Meller, Luis Alberto s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-05-05

La base fáctica para la prueba indiciaria debe ser probada; de lo contrario, la prueba se apoyaría en un fundamento inseguro. Aún cuando la conclusión como tal posea una fuerza extraordinaria, carecerá de valor si los supuestos fácticos de los cuales parte, no están legal y suficientemente constatados. Cabría pensar que una regla tan clara a todas luces será difícilmente violada. Pero quien haya actuado largamente en la práctica, se inclinará más bien a pensar lo contrario. Los Tribunales Superiores también han señalado en frecuentes oportunidades que no basta que el hecho indiciario sea más o menos verosímil, sino que tiene que estar probado plenamente.
Rebeldía, demanda, falta de contestación de la demanda
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Di Domizio, Gabriel c/ Mendiberry, Antonio y otros s/ Usucapión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-11-14

En los juicios de usucapión ni el allanamiento, ni el reconocimiento ficto de los hechos pueden conducir por sí al acogimiento de la demanda, ya que este especial modo de adquirir el dominio, impide que la sola voluntad de las partes pueda determinar dicho efecto.

Ello impone al usucapiente el deber de transitar en forma inexorable el proceso previsto y acercar al mismo las pruebas de rigor. Mas una vez abastecida esta exigencia, nada impide que se considere la conducta del titular de dominio en el proceso como un elemento de juicio más, integrativo de la ponderación de otros idóneos, especialmente cuando ha sido notificado personalmente de la acción deducida en su contra. En este supuesto, la renuncia de la demandada a comparecer al proceso, puede ser entendida -aunque ello, como en todos los casos, no obliga al juzgador., como una admisión de los hechos en que se funda la demanda y una aceptación de las consecuencias jurídicas que los mismos deben acarrear (arts. 59 y 354 inc. 1 del Cód. Proc.).
Costas
Materia: LABORAL
Carátula: Seoane, Cecilia Esther c/ Italar S.A. s/ Enfermedad accidente Mochetti, Néstor Enrique c/ Wolkswagen Argentina S.A. s/ Indemnización por incapacidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-05-07|1990-04-03

El criterio de imponer al actor las costas que corresponden a los rubros desestimados y al demandado, en cambio, las relativas a los que se declaran procedentes, no sólo no viola el art. 19 del decreto ley 7718/71 sino que se ajusta al principio sobre distribución de costas en los casos en que media acumulación de acciones.
Concursos, protección de la vivienda, desafectación del inmueble (civil)
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Domínguez, Héctor Antonio s/ Pedido de quiebra y beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-07-12

Teniendo en cuenta la naturaleza del instituto del Bien de Familia y la carencia de normas específicas en la ley 24.522, el traslado del pedido de desafectación debe ser notificado personalmente o por cédula (art. 278, ley cit; 135 inc. 12, C.P.C.).
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio, debido proceso, prescripción, acción penal, proceso penal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Barra, Roberto Eugenio Tomás s/ defraudación por administración fraudulenta
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-09

Si la duración del proceso, por la magnitud del tiempo transcurrido resulta, en sí, violatoria de la defensa en juicio y el debido proceso, corresponde declarar prescripta la acción penal, pues esta medida constituye la vía jurídica idónea para determinar la cesación de la potestad punitiva estatal por el transcurso del tiempo y salvaguardar de este modo el derecho constitucional a obtener un pronunciamiento judicial sin dilaciones indebidas. -De la disidencia del precedente "Kipperband", a la que remitió la Corte Suprema-.
Sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Pacheco, Mirta Ester c/ Bais, Luis s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2005-12-21

La duda opera de diversa manera en el fuero penal y el civil. Así, mientras frente a ella y a influjo del in dubio pro reo el juez penal está obligado a absolver, el juez civil, en cambio -y como modo de evitar el non liquet- ha de acudir a las reglas que gobiernan la carga de la prueba y decidirá en contra de la parte que debiendo satisfacerla no lo hizo. Por lo que si la duda actúa de diversa manera en uno u otro ámbito, al trasladarse con la sentencia y desde el fuero penal al civil, no tiene por qué generar un efecto diverso al que de normal provoca en este último. La falta de certeza o el estado de duda del magistrado civil lo conducirá ora a la absolución, ora a la condena según lo dictaminen las reglas de la carga probatoria. Más aún, en algunas franjas del derecho de daños, en especial aquellas dominadas por factores de atribución de responsabilidad objetiva, muchas veces la duda, en vez de apoyar la liberación ha de desembocar en la condena. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Transporte de carga por agua, pérdida parcial de mercaderías, mercadería deteriorada, responsabilidad del transportador
Materia: COMERCIAL-NAVEGACION
Carátula: PASA PETROQUIMICA ARGENTINA c/ CAP. Y/O ARM. Y/O PROP. BQ. MANGURUYU Y OTRO s/ FALTANTE Y/O AVERIA DE CARGA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-04-26

Enuncia la ley de navegación que las disposiciones de la Sección 5 se aplican durante el tiempo transcurrido desde la carga hasta la descarga, art. 268, y prevé como una obligación esencial del transportista, antes y al iniciarse el transporte, ejercer una diligencia razonable para cuidar que sus bodegas, cámaras frías o frigoríficas, y cualquier otro espacio utilizado en el transporte de mercaderías, estén en condiciones apropiadas para recibirlas, conservarlas y transportarlas, art. 270. Esta diligencia exigida en el cuidado de las bodegas está, ciertamente, vinculada con una obligación esencial del transportador, puesto que hace a la naturaleza misma del contrato y a su finalidad: entregar en destino, en el estado en que fueron recibidas, las mercaderías que le confió el cargador.
Accidentes de trabajo, desistimiento
Materia: LABORAL
Carátula: RAMIREZ, ORLANDO c/ CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES  S.A. s/ ACCIDENTE - LEY 9688
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-22

El desistimiento en sede administrativa a posibles daños y perjuicios no implica considerar homologadas renuncias a derechos instituídos en la ley 9688. No resulta factible por ello, aseverar que dicha manifestación se considere opción en los términos del art.

17 de la ley 9688, pues para la procedencia de este supuesto se requiere una alegación tanto expresa como específica.
Situación del imputado, defensa en juicio
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: B.P., M. s/ Violación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-04-29

Si el Juez no abriga una "sospecha de participación" no procede la convocatoria de una persona para que se defienda prestando declaración en carácter de "imputado".
Derecho laboral, despido con causa, abandono de trabajo, apreciación de la prueba
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Sappa, Mayra Ayelen c/ Locales Deportivos S.A. y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-18

El art. 244 de la LCT dispone que el abandono del trabajo, como acto de incumplimiento del trabajador, se configura previa constitución en mora mediante intimación hecha en forma fehaciente a que se reintegre al trabajo por el plazo que impongan las modalidades que resulten en cada caso. En el sub examine, la actora fue constituida en mora correctamente -mediante notificación fehaciente- y la rescisión se produjo días más tarde, lo cual demuestra que, al momento de la ruptura la actora se encontraba ausente durante más de una semana, sin que haya alegado, y menos aún probado, haber tenido la intención de reintegrarse o la voluntad de justificar sus inasistencias, lo cual no ha hecho ni intentado ni siquiera en el marco de este proceso. En tales condiciones, cabe tener por configurado el abandono de trabajo y revocar el decisorio de grado.
Inconstitucionalidad, declaración de inconstitucionalidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bco.Vicente López s/ Incidente de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-02-25

Es doctrina tan antigua como pacífica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que la validez de los actos del Estado se presume, añadiendo que la declaración de inconstitucionalidad es una decisión final y extrema, que los jueces sólo pueden tomar cuando llegan al absoluto convencimiento de que no existe otra vía para evitar la lesión de un derecho, procurando el mismo resultado por la vía de la interpretación y armonización de las normas en juego. Es decir que el magistrado sólo acudirá a este remedio como última "ratio" de su poder o energía constitucional. Reiterando estos conceptos, el máximo Tribunal federal declaró que la declaración de inconstitucionalidad es un acto de suma gravedad institucional, que debe ser considerado como última "ratio" del orden jurídico (CSJN 19 /9/89 J.A. 1990-II, pág.307). Por otra parte, también ha resuelto la Corte Suprema de Justicia que los Tribunales deben ejercer la facultad en cuestión en causas de carácter contencioso (CSJN fallos 306:1125), es decir, aquellas en las que se persigue en concreto la determinación del derecho debatido entre partes adversas. La función del Poder Judicial no es, entonces, la de ejercer un control abstracto de constitucionalidad, sino la de proteger derechos individuales que se encuentran afectados o amenazados (CSJN 18/10 /88, J.A. 1990-II, pág.596/7). Finalmente, cabe recordar que el interesado en la declaración de inconstitucionalidad de una norma, según lo ha decidido el superior Tribunal federal, debe demostrar claramente de qué manera ésta contraría la Constitución Nacional, causándole de ese modo un gravamen (CSJN fallos 307-2:1983).

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Locación de inmuebles, juicio de desalojo, reconvención
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: INNOCENTI, Virginia B. c/ GARROCHO, Carlos s/ DESALOJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-09-07

No procede la reconvención en el juicio de desalojo, si tiene por finalidad la declaración de simulación de la adquisición del inmueble por parte exclusiva de la actora y el reconocimiento de la titularidad de ambas partes; toda vez que la vía reconvencional derivaría de otra relación jurídica (es decir, de la eventual simulación) que responde al trámite ordinario.-
Accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo, actualización monetaria
Materia: LABORAL
Carátula: LUJAN, DOMINGO OMAR c/ CAREN S.A. s/ RECURSO CASACION - ACCIDENTE DE TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-05-31

Producido un accidente de trabajo típico, la actualización por desvalorización monetaria que prevé el art. 276 L.C.T., debe efectuarse a partir de la fecha del infortunio.

Existe diferencia entre el accidente contemplado inicialmente en la ley 9.688, como hecho súbito, violento, que determina de inmediato una disminución en la capacidad del trabajador, aunque su cuantificación pueda ser realizada a posteriori y la enfermedad accidente o enfermedad del trabajo; creación jurisprudencial desarrollada al amparo de la reforma introducida por la ley 18.913 en el art. 1 de la citada ley 9.688. Mientras en este último supuesto, se toma como base a los fines del cálculo indemnizatorio, la fecha de la determinación de la incapacidad, en el accidente de trabajo típico, en cambio, debe estarse al momento en que se produjo el hecho violento, que constituye la génesis de la minusvalía por la que se reclama. A partir de entonces corresponder a la indemnización y el deber de actualizar, de conformidad con lo dispuesto por el mentado art. 276 L.C.T.
Jurisdicción y competencia, competencia federal, competencia por la persona, hábeas data, entes autárquicos
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: González, Juan Carlos c/ B.C.R.A. y otros s/ hábeas data.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-08-28

Corresponde a la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, y no a la Civil y Comercial Federal, conocer en una acción de hábeas data pues, aunque ésta tiene como fundamento y finalidad el resguardo de importantísimos derechos como la igualdad, la intimidad y el honor, no lleva necesariamente a concluir que se esté en presencia de una "causa civil", si la actividad judicial a realizarse se encuentra vinculada con datos o actos administrativos llevados a cabo por autoridades públicas del Estado o que se encuentran bajo la jurisdicción directa de ellas.