Competencia, juez de instrucción
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: BAZANO ANTONIO EUSEBIO Y OTROS s/ ROBO CALIFICADO - CUESTION DE COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1995-05-23

La comisión presunta de un ilícito por parte de un menor de edad punible (art. 2do., primer párrafo) determina una doble vertiente de actuación: a) por la comprobación del ilícito atribuido al menor en miras al cumplimiento de los fines del proceso penal al que ha quedado sometido (art. 2do., 2do. párrafo Ley 22278); y b) por la investigación de las circunstancias personales, familiares y ambientales del menor, tendiente a asegurar los fines del Patronato Estatal (art. 4to. Ley 10903 y art. 3ro. inc. a) -en especial- Ley 22278). Dicha actuación en su totalidad será cumplida, según el caso por el Juez de Menores, o -como en el que nos ocupa- por el Juez de Instrucción (actuación a) y de Menores en la actuación tutelar (b) y en la eventual imposición de pena (arts. 7mo. del Estatuto de la Minoridad, 419 del C.P.P. y 4to. de la Ley 22278). En consecuencia, resulta obvio que de no comprobarse la responsabilidad del menor en el delito que se le imputara y que diera motivo al ejercicio del Patronato a su respecto, no existiría base para la adopción de medidas tutelares de naturaleza correctiva pues se habría configurado una causal de cese de aquél por haber desaparecido la situación irregular activa que le diera origen; ni tampoco imposición de pena. No obstante, la ley 22278 es contundente cuando dispone en el art. 2do. último párrafo: "Cualquiera fuese el resultado de la causa, si de los estudios realizados apareciera que el menor se halla abandonado, falto de asistencia, en peligro material moral, o presenta problemas de conducta, el juez dispondrá definitivamente del mismo por auto fundado, previa audiencia de los padres, tutor o guardador". Si, en el caso, el menor fue sobreseído sin que subsistan con relación a su persona medidas tutelares, conforme lo dispuesto por el art. 349 C.P.P. respecto del valor que asume el sobreseimiento en el proceso penal, en el sentido de que "cierra irrevocable y definitivamente el proceso con relación al imputado a cuyo favor se dicta", el juez de menores resulta incompetente, debiendo intervenir el juez de instrucción por aplicación del art. 48 inc. 1ro. del C.P.P.- Aún en el caso de haber existido sobreseimiento con medidas cautelares sustentadas en la irregularidad que motivó la intervención del Tribunal al cesar ésta en virtud de aquél, habría cesado también el ejercicio del Patronato Estatal y la virtualidad de las medidas oportunamente adoptadas. Y en el caso de configurarse el supuesto del art. 2do., último párrafo, de la Ley 22278, es decir, que surgiera subyacente una irregularidad pasiva, la causa también debería acumularse a la existente en el juzgado de menores pues respecto del juez titular, subsistía el ejercicio del Patronato. Una interpretación distinta, adjudicaría a las medidas tutelares una inusitada autonomía que de ninguna manera podría fundarse en la especialidad que el Fuero de Menores asume en la estructura del Poder Judicial, contradiciendo las disposiciones rituales vigentes en materia de conexión subjetiva (art. 48 C.P.P.). La inteligencia que fijamos obsta a que exista una "disposición conjunta" de un mismo menor entre los juzgados de menores, uno con medidas tutelares fundadas en la situación irregular activa y el otro, con base en una irregularidad pasiva; en este supuesto corresponde intervenir al magistrado citado en primer término.-