marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Conciliación laboral, crédito laboral, principio de irrenunciabilidad, resoluciones judiciales, resolución administrativa, acuerdo de partes
Materia: PROCESAL
Carátula: VARGAS, MARCELO c/ TELEFONICA DE ARGENTINA  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-02-15

A través de su art. 15, la LCT, que implementa expresamente la irrenunciabilidad de los derechos, art. 12 LCT, reglamenta, de algún modo la excepción, cuando se cumplimentan los recaudos por ella previstos y que se circunscriben a la intervención de la autoridad judicial o administrativa la cual dictará una resolución fundada que acredite que mediante el acuerdo potencial o implícitamente liberatorio se ha alcanzado una justa composición de derechos e intereses de las partes, atribuyéndole a esta autoridad una función de garantía en torno a los derechos irrenunciables de los trabajadores.
Fraude laboral, orden público laboral, reformatio in pejus, comodato
Materia: PROCESAL
Carátula: Ferreyra, Rito Teófilo c/ Vega, Alberto y/o Sucesorio de Alberto Vega y/o Rosa Vega s/ Haberes impagos
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1997-03-26

Configura fraude laboral, y por consiguiente un típico intento de evasión de normas imperativas, la conducta desplegada por los demandados al desconocer la existencia de la relación laboral, pretendiendo disfrazarla bajo la forma de un comodato gratuito - en el caso de autos, los demandados adujeron que por razones de caridad y buena vecindad, facilitaron al actor tierra para que éste la trabajase por cuenta propia-. En atención a ello y teniendo en cuenta que la situación fraudulenta, constatada en la causa, no puede quedar en la simple admisión, se impone en esta circunstancia, condenar a los demandados solidariamente a una multa, que puede ser perfectamente aplicada de oficio por el Tribunal, sin que ello implique en modo alguno violar la prohibición de la reformatio in peius, en virtud de la naturaleza imperativa y de inexorable cumplimiento de las normas que se trató de violar.
Impugnación del acto administrativo, plazos procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: Prol Antonio c/ Mº del Interior s/ personal militar y civil de las FFAA. y de Seg.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-09-23

En la vía impugnatoria, cualquiera fuese el vicio del acto que se alegue, el acto expreso debe ser impugnado dentro del plazo previsto por el art. 25 de la ley 19.549 (confr. Sala III del fuero, causa 17.314/94, in re "Salinas, Angel Darío c/ E.N. (E.M.G.E.) s/ retiro militar", del 22/8/96, y, asimismo esta Sala en la causa nº 1040/93, "Urien, Julio C. c/ E.N. (E.M.G.E.) s/ retiro militar", del 30/5/93).
Médicos, trabajador autónomo
Materia: LABORAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Zechner, Evelina Margarita c/ Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas Norberto Quirno s/ despido
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-11-05

La sentencia recurrida califica como jurídicamente subordinada una relación que no es dependiente en ese sentido, confundiéndola con el control de la prestación, el cual está presente en una serie de contratos de colaboración, porque quien no puede hacer algo por sí mismo, lo delega en otro y lo controla (Voto del juez Lorenzetti).
Acción, solve et repete
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Compañía Arenera del Río de Lujan S.A. c/ Municipalidad de Tigre (Nulidad Dec.) s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-03-12

El art. 4 de la C.C.A., al declarar acción contencioso administrativa a la repetición de lo indebidamente pagado como tributo, ha reafirmado la regla que expresamente contenía el art. 30 CPCA y ambas consagran el principio universalmente admitido en el sentido de que el pago de un gravamen debe necesariamente ser previo a toda acción contencioso administrativa. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario, Corte Suprema de Justicia de la Nación, debido proceso, patrocinio letrado
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Gutiérrez, Walter Rogelio s/ Amparo. Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad   (Expte. CSJ Nº 416-98)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-09-08

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dejado sentado que es de equidad y aun de justicia apartarse del rigor del derecho para reparar los efectos de la ignorancia de las leyes por parte del acusado o del descuido de su defensor, por lo que cabe considerar bien establecidas las peticiones informales presentadas por personas detenidas como recursos extraordinarios in forma pauperis cuya debida tramitación, con la pertinente asistencia letrada, debe realizarse por los tribunales de la causa.
Prisión perpetua, constitucionalidad
Materia: PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Mosqueda, Juan Eduardo y Otros s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-04-09

La pena de prisión perpetua resulta constitucional pues la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad -Ley 24.660- asegura al interno asistencia espiritual y médica integral, derecho a comunicarse con su familia y allegados, derecho a aprender y explicitando que la ejecución de la pena estará exenta de tratos crueles inhumanos y degradantes, previendo sanciones establecidas en el Código Penal para quien ordene, realice o tolere tales excesos. (del voto del Dr. Gustavo M. Hornos)
Acción de amparo, medidas cautelares
Materia: PENAL
Carátula: DRA. ANA MARIA PECORA c/ H.C.D. DE CLODOMIRA s/ ACCION DE AMPARO DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2001-03-23

La ley adjetiva no ha dejado librado al solo arbitrio judicial la concesión de la protección cautelar, sino que ha destacado con precisión los recaudos que deben concurrir para su procedencia, básicamente: la verosimilitud del derecho invocado; el peligro en la demora; y en la especie - tratándose de un acto administrativo emanado por una comisión legislativa en ejercicio de una competencia propia- el daño irreparable que produciría, junto a los demás recaudos que fluyen de los arts. 195 y s.s. del Código Procesal Civil y Comercial de nuestra Provincia.
Concursos, legitimación procesal
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Molina, Julio Avelino-Hoy su Quiebra c/ Molina,Julio Avelino y Otros s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-12-28

Esta Sala Juzga acertada la conclusión el a-quo en cuanto afirma que en el caso en examen la cuestión es de legitimación y no de personería,toda vez que la autorización previa de la mayoría simple del capital quirografario verificado y declarado admisible exigida por el artículo 119 de la Ley Concurso y Quiebra, condiciona la admisibilidad de la acción.
Cesantía ilegítima, indemnización
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Mendoza, José D. c/ Municip. de San Isidro s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-09-21

El pronunciamiento referido a la indemnización de los daños producidos por la cesantía ilegítima, pendiente a consecuencia de haberse diferido en sentencia a resultas del ejercicio de la potestad disciplinaria encomendado nuevamente a la autoridad demandada en el marco de la normativa aplicable, no pierde razón de ser por la circunstancia de que el fallecimiento del actor haya extinguido la posibilidad de aquel ejercicio. Ello así, en tanto la ilicitud del acto que provocó la privación de percepción de haberes como daño esencial, se configuró por la declaración judicial operada en la causa (art. 1056 C.C.). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Proceso judicial, sentencia, nulidad de sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: "Waiman,  Roberto c/ Estado Nacional (M de Econ. y Obras y Serv.Públicos) s/ empleo público".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-05

No corresponde hacer lugar al planteo de nulidad de la sentencia cuando la parte no ha demostrado de manera fehaciente una lesión concreta, como así tampoco el perjuicio sufrido ni las defensas que se ha visto privada de oponer (art. 172 del C.P.C.C.N. y Fallos: 324:151 y 318:1788), sólo invocó -de manera genérica- que se violó su derecho de defensa pero tal alegación ni suple ni satisface la exigencia legal (Del voto de la juez Garzón de Conte Grand, cons. IV).
Prueba testimonial, querella
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: N DE M, R B s/ QUERELLA POR INJURIAS. APELACION AUTO FECHA 15-9-87.     CAP EXPTE NRO 275-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-03-03

Es inadmisible la pretensión de una parte en una querella por delito de acción privada de que se valore como prueba documental, un acta notarial en la cual se han volcado las respuestas proporcionadas por un testigo ofrecido por la contraparte, respondiendo a preguntas dirigidas por el abogado de aquélla sobre los hechos, en el curso de una conversación privada.

La testimonial no puede ser convertida en documental al margen de los procedimientos previstos por la ley para recibir y documentar aquéllos.
Revocación del auto de procesamiento, participación criminal, participación necesaria, contrabando, contrabando con intervención de funcionario aduanero o de fuerzas de seguridad, despachante de aduana, gestor, buques, elemento subjetivo
Materia: PROCESAL-PENAL-ADUANERO
Carátula: PASSARELLA, DANIEL A. s/ Contrabando, incidente de apelación del procesamiento de Germano Rodrigues Crespo.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-12-27

1 - Corresponde revocar el procesamiento del imputado por su intervención, en carácter de partícipe necesario, en el contrabando de una embarcación puesto que, si bien los elementos colectados permiten concluir que el imputado intervino en el hecho presuntamente ilícito (en el caso, el imputado aceptó haber presentado - como gestor del despachante de aduana - el despacho de importación de la embarcación junto con el documento que acreditaba la venta de aquella, así como también haber firmado el conforme del retiro de la embarcación y el retiro de aquel documento luego de tramitada la importación - con el fin que al importador efectuará el patentamiento de la embarcación ante la Prefectura Naval Argentina -, y está acreditado que es suya la firma obrante en la boleta de depósito del pago de los tributos correspondientes a la importación), por el momento no se ha podido acreditar el conocimiento del nombrado con respecto a la falsedad de los valores declarados por la documentación presentada ante el servicio aduanero, lo cual impide concluir en la participación criminal del nombrado en aquel hecho, ya que su intervención en los trámites de importación, como gestor del despachante de aduana, no implican "per se" el conocimiento que se le imputa, y no se ha arrimado algún otro elemento que permita suponer la existencia de aquel conocimiento.

2 - La participación es el delito doloso cometido por vía de un injusto doloso ajeno, consistente en un aporte al mismo, de modo tal que la falta de acreditación del conocimiento del imputado (en el caso, como participe necesario del delito de contrabando) con respecto a la falsedad del precio declarado implica que, al menos por el momento, no se cuenta con elementos de convicción suficientes para concluir que éste, como gestor del despachante de aduana, sabía que las labores que desarrolló en el trámite de importación de la embarcación significaron un aporte a un injusto doloso ajeno, lo cual supone la falta del elemento subjetivo exigido por el delito de participación que se imputó.
Recurso extraordinario, boleta de depósito
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Carrizo, Carlos Alberto c/ S.A. Talleres Metalúrgicos San Martín (TAMET) y/o quien resulte responsable s/ Diferencia de haberes, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1995-10-20

Es procedente el recurso extraordinario de inconstitucionalidad, ya que se encuentran reunidos los requisitos formales que habiliten la concesión del recurso, ha sido anunciado e interpuesto en término, contra sentencia definitiva y, prima facie se consideran fundados en derecho, encuadrando así en las previsiones de los arts.26, inc.2, Art. 27 y 28 del Decreto Ley 1407/62 (Ley 2383, de facto, art.139) que rigen la materia. Respecto a la carga económica impuesta por el art.140 de la mencionada ley, se considera cumplimentada la misma con la boleta de depósito, por un monto que cubriría el monto de condena, quedando así aseguradas las acreencias del actor.
Resoluciones judiciales, sentencia, principios procesales, principio de congruencia
Materia: PROCESAL
Carátula: GALDEANO, José Carlos c/ SABAIRES S.R.L. s/ Escrituración - Cumplimiento de Contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2008-12-17

Hace al principio de congruencia que el juez respete los hechos donde están fundadas las pretensiones de las partes. Pretensión, en sentido amplio, no solo comprende la demanda sino también la oposición del demandado. Es decir que las posiciones adoptadas por las partes en los escritos "postulatorios" o de alegación, vinculan al juez en una forma total. El particular interés que reviste el principio de congruencia en su incidencia sobre el marco de referencia de la labor decisoria de los jueces, en cuanto éstos, por razón de este principio técnico que es también un corsette ahora legal, no pueden incurrir por exceso, defecto o incongruencia mixta, en un déficit cualificado de correspondencia con las pretensiones y oposiciones a ellas. La sentencia debe dar respuesta a las cuestiones propuestas por las partes que tengan carácter trascendente y sean conducentes para la justa composición del objeto litigioso.
Concursos, síndico del concurso, remoción del síndico del concurso, abandono de funciones, aplicación de la ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: RIVERO BARTOLA s/ CONCURSO  CIVIL  LIQ.  S/ INC. DE CONC. ESPECIAL POR LIBERMAN, JOSE Y  OTRA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-06

Atento a lo preceptuado por el cpr:159, aplicable conforme a lo establecido por la LC:301, el síndico como funcionario del concurso (LC:275) debe expedirse dentro de los plazos fijados por la ley.
Concursos, reglas procesales, costas
Materia: COMERCIAL
Carátula: SANATORIO  MORANO  SA s/ QUIEBRA  S/ INCIDENTE DE REVISION -PORCONDE, MARCELO AL CTO. DE ANIDO DE LOUREDA, MARIA ESTHER-.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-15

Procede imponer las costas en el orden causado cuando -como en el caso- de las constancias habidas en la causa resulta que: i) Los accionantes, como acreedores condicionales, incoaron esta revisión a fin de impugnar la admisibilidad de acreencias insinuadas en el concurso preventivo de la hoy fallida; ii) A resultas de la transacción homologada en un expediente en trámite por ante un juzgado federal, los recurrentes percibieron allí la indemnización acordada, desistiendo de cualquier reclamo contra la fallida; iii) Como consecuencia de ello, los incidentistas perdieron legitimación para sostener esta revisión. Así, el acuerdo transaccional al que se arribo en un expediente distinto al presente no es oponible a los aquí demandados, y que en función de aquel, los accionantes perdieron legitimación para proseguir esta revisión. Síguese de ello que los recurrentes no desistieron del proceso sino que se vieron imposibilitados de continuarlo al verse privados de legitimación en virtud de una causal sobreviniente ocurrida en el expediente radicado por ante otro tribunal. En este marco, visto que en autos se pretendía revisar el pedido de otros acreedores declarados admisibles, y ponderando que la masa concursal, representada por la sindicatura no tuvo interés en continuar con su secuencia procedimental, esta particular situación que se ha dado en el caso, debe ser merituada al tiempo de imponer las costas del proceso. En efecto, no hay duda que la revisión fue iniciada por decisión propia de sus promotores, pero ello no puede llevar a que soporten los gastos causídicos en tanto no se han desligado voluntariamente de su suerte sino por la mentada transacción.
Capacidad, inhabilitación (civil)
Materia: CIVIL
Carátula: A.J.C. s/ Declaración de inhabilitación
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2015-08-13

Dado que en la duda debe estarse en favor de la capacidad, el juzgador puede apartarse conforme a los principios imperantes del dictamen que se pronuncia por la enfermedad, si se encontrara persuadido de lo contrario en base a otras pruebas del juicio, o bien porque teniendo en cuenta la regla general sobre la excepcionalidad prevista en el art. 31 inc.b) CCyC, la limitación a la capacidad peticionada, no resultara en beneficio de la persona.
Medidas cautelares, honorarios del abogado
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Midulla, Laura Paola s/ Medida cautelar
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-12

Si la medida cautelar realizada en autos tramitó como una acción autónoma, para determinar los honorarios de los profesionales intervinientes, es menester contar con la valuación de los bienes involucrados en la pretensión de aseguramiento correlativamente inventariados por el perito -escribano-, sin perjuicio de que en la efectiva cuantificación del arancel habrá de ponderarse la labor principal de los letrados y la auxiliar de los peritos que intervengan autos. (Minoría u opinión personal)
Contratos, locación, contrato de obra, construcción de gasoducto, subcontratación de servicios, sociedades comerciales, aplicación de la ley, tratados internacionales, derecho extranjero
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Vitale, Guillermo Augusto c/ Espasa SA y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-11

2 - Asimismo corresponde reconocer los trabajos a cargo de la actora realizados por terceros en concepto de "prueba de estanqueidad con aire a presión", tareas previstas contractualmente que la actora debía realizar y que ante la negativa de esta última debió ser ejecutada por un tercero, las cuales también fueron reconocidas como carga de la actora por el dictamen pericial.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestión de derecho común, contadores públicos, honorarios, base regulatoria
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Silva, Emilio Horacio c/ López, Eduardo José s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad - Regulación  de honorarios a perito contador (Expte.: C.S.J. Nro. 984 Año 2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-10-29

Los jueces tiene margen propio para motivar sus decisiones y en ese amplio registro, empero, la elección de la norma aplicable podría significar fractura constitucional en el caso si el resultado no fuera acorde con las normas y principios que informan la materia regulatoria de honorarios profesionales; más, en el sub judice no se ha demostrado que ello haya acontecido, pues el A quo -con criterio que podrá compartirse o no- juzgó colocando en armonía las leyes 6854, la 6767, la 10160 y demás disposiciones propias de la actividad de los contadores. En el caso, no existe en este aspecto, reproche constitucional alguno, desde que la analogía buscada no fue caprichosa porque se la hace reposar en la esencia misma del trabajo del experto contable, de allí que los vicios que como estimuladores de una instancia extraordinaria se vierten respecto del decisorio impugnado, solo trasuntan la disconformidad del recurrente con el criterio de la Sala, pero no entrañan cuestión constitucional que autoricen la apertura de la instancia de excepción.
Sentencia, nulidad de sentencia, declaración de oficio
Materia: LABORAL
Carátula: Vera, Tito Gerónimo c/ Lidia I. Mandojana e Hija Sociedad de hecho y otro s/ Indemnizaciones
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-08-18

Corresponde anular de oficio el fallo del tribunal del trabajo que no es el resultado del necesario análisis de los planteos formulados, lo que se traduce en la falta de examen detenido del tema sometido a juzgamiento, al punto de impedir el conocimiento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido.
Orden de captura, gravamen irreparable
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Leiva Medina, Freddy Martín y Otros c/  s/ Art. 181, inc. 1° del C.P.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-10-15

El recurso de apelación interpuesto contra la sentencia que dispone la averiguación de paradero y la captura de los imputados de usurpación resulta procedente pues el mismo ha sido presentado en tiempo y forma -art. 279 del Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires- y la orden de captura recurrida ocasiona, en principio, un gravamen irreparable toda vez que causa un menoscabo al libre goce del derecho a la libertad ambulatoria de los encartados que no tendrá otra oportunidad de subsanación ulterior, más allá que la resolución recurrida no haya sido declarada expresamente apelable y no se hubiera cuestionado la delcración de rebeldía que la motiva.
Accidente de tránsito, indemnización por accidente de tránsito, índices de actualización, índice de precios mayoristas
Materia: CIVIL
Carátula: LA AFRICANA S.A c/ LIBERATORE RAFAEL s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-07

Los elementos integrantes de los porcentuales que mayor parecido guardan con los diversos daños derivados de accidentes de tránsito son los de precios mayoristas no agropecuarios.
Gastos del proceso, costas, carácter resarcitorio
Materia: PROCESAL
Carátula: FACCIUTO GUSTAVO CESAR c/ HSBC BANK ARGENTINA SA s/ Habeas Data"
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-12-07

Cabe recordar que las costas importan sólo el resarcimiento de las erogaciones que la parte realizó a fin de lograr el reconocimiento de su derecho, de manera que es la actuación con derecho la que da verdadera objetividad a su imposición. La finalidad del instituto es la de impedir que el proceso instaurado para la defensa de un derecho se convierta en un daño para quien se ve constreñido a pedir justicia.
Beneficio de litigar sin gastos, prueba
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Ferreyra Vda. de Ayala Leonilda (por sí y por sus hijos menores) c/ Pedro Arnoldo Gsell s/ Beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-03-03

Si bien el art. 70 inc. 2 del C.P.C. establece la exigencia de ofrecer prueba tendiente a demostrar la imposibilidad de obtener recursos debe interpretarse que tal recaudo es necesario cuando se manifiesta carecer de ellos, ya que la sola afirmación es insuficiente para conceder el beneficio de litigar sin gastos, debiendo corroborarse con pruebas que demuestren la imposibilidad de obtenerlos, ya que de lo contrario sería tolerar la desidia.
Orden de detención
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Sr. Agente Fiscal de Ministerio Público Dr. Emilio Canavesio s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1999-12-01

La orden de detención es el mandato que el Juez extiende al ejecutor de la medida, comunicándole la resolución adoptada, donde se individualiza al afectado, confiriendo poderes para privarlo de la libertad y ponerlo a disposición del magistrado. Este mandato debe reunir ciertas formalidades: de ser escrito, contener indicación precisa del libertador y destinatario, los datos que permitan identificar al afectado, el hecho atribuido, el lugar de conducción del afectado, fecha y firma.

Básicamente, lo exigido es la condición de escrita de tal mandato la emanación de Tribunal o Juez competente. Esta orden procede o debe librarse cuando una persona sea sospechada de participar en un ilícito. La consecuencia del cumplimiento de esa orden es la privación transitoria de la libertad de una persona, de proceder los extremos señalados. Para expedirla, el Juez debe contar con un serio fundamento de participación delictual, reposando esta facultad en la actividad urgida por el interés público de la justicia.