Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-11-30


2º instancia. - Buenos Aires, noviembre 30 de 2007.

El doctor Moroni dijo:

I) La parte demandada apela la sentencia de primera instancia porque: a) se considera injustificado el despido a pesar de que -según dice- se han acreditado los incumplimientos que motivaron la decisión rescisoria; b) se reconoce a la actora una remuneración superior a la que corresponde según su categoría laboral; c) se admite la indemnización del artículo 2º de la ley 25.323 pese a que -según sostiene- corresponde la eximición de su pago; d) se la condena a pagar la indemnización del artículo 16 de la ley 25.561 a pesar de que -argumenta- se ha acreditado que la empresa registró un aumento de la plantilla de personal desde el 31/12/02; e) se hace lugar a los reclamos por horas extras y por feriados pese a que - afirma - no proceden en virtud de las razones que expone y f) se la condena a entregar el certificado del artículo 80 LCT cuando -según refiere- ya entregó el certificado en cuestión al actor.

La expresión de agravios debe consistir en una exposición jurídica que contenga el análisis serio, razonado y crítico de la sentencia que se recurre, que demuestre la errónea aplicación del derecho o la injusta valoración de la prueba producida (art. 116, segundo párrafo, de la ley 18.345).

Estos extremos no se ven satisfechos con las alegaciones contenidas en el recurso interpuesto, ya que en él no se indican en forma precisa y detallada los pretendidos errores y omisiones que se atribuyen al pronunciamiento anterior. En efecto, la recurrente se limita a exponer suscintamente su parecer sobre determinados aspectos del fallo, sin exponer de modo detallado las razones en virtud de las cuales considera que la decisión cuestionada es incorrecta.

En efecto, la simple invocación de que en autos ha quedado establecido que la actora fue despedida por justa causa (esto parece decir la recurrente en la escueta y defectuosa oración que sigue al subtítulo "Cuestión previa") está lejos de constituir una crítica concreta, precisa y detallada de los razonamientos expuestos en la demanda, no sólo porque no está discutido que el vínculo se extinguió por despido directo fundado en justa causa, sino porque aquella breve frase ni siquiera intenta cuestionar los fundamentos expuestos por la Juez de grado que sustentan la conclusión referente a la arbitrariedad de tal despido (ésta parece haber sido la cuestión cuestionada por la quejosa).

Tampoco el pretendido agravio referido al sueldo de la actora reúne los recaudos formales exigibles, pues la demandada se limita a señalar el sueldo que surgiría de la pericia contable para la categoría de moza de salón, cuando la actora expresamente ha invocado haberse desempeñado como cajera y que su sueldo, con inclusión de horas extras, ascendía a una cantidad superior, extremo que se halla alcanzado por la presunción legal del artículo 86 LO, a la que la accionada ni siquiera se refiere.

Lo mismo cabe decir del agravio referente a la indemnización del artículo 2º de la ley 25.323, pues a la falta actividad probatoria por parte de la demandada se suma el reconocimiento tácito de los hechos expuestos en la demanda como consecuencia de la situación procesal en la que aquélla ha quedado incursa (artículo 86 LO, fs. 314).

También la crítica relativa a la indemnización del artículo 16 de la ley 25.561 resulta formalmente improcedente, dado que la defensa que la recurrente invoca en su escrito recursivo respecto de este resarcimiento (ver fs. 598 vta., segundo agravio) ni siquiera fue alegado en el responde, lo que obsta a su consideración en esta etapa procesal (arg. art. 277, CPCCN).

Por lo demás, la queja sobre las horas extras y los feriados tampoco reúne los recaudos exigidos por la ley adjetiva, pues la recurrente se limita a referir vagamente lo que surge de la pericia contable, sin referirse a los efectos de la situación procesal precedentemente referida, que constituyó el fundamento para la admisión de ambos reclamos.

La misma suerte corresponde al agravio referente a la entrega del certificado de trabajo pues, aun cuando se admitiese que el actor recibió el mismo, es claro que su contenido no se habría ajustado a las condiciones reconocidas en el pronunciamiento de grado, extremo que la apelante no considera de modo alguno.

En virtud de lo expuesto, corresponde declarar desierto el recurso interpuesto por la demandada.

II) La parte actora apela porque no se aplica a la demandada una sanción con fundamento en el artículo 275 LCT, pese a que -según sostiene- se ha acreditado su actuar malicioso, consistente en obligar a la actora a transitar el proceso a pesar de que -según afirma- el despido fue arbitrario y sólo persiguió la finalidad de causar perjuicio a la actora y a su grupo familiar. También se queja de que se haya omitido el tratamiento del reclamo referente a las diferencias por vacaciones y porque se rechaza la indemnización por daño moral.

III) Las sanciones procesales fundadas en temeridad, malicia o pluspetición han de juzgarse con criterio penal. En consecuencia, no resulta suficiente que los hechos no sean probados o los derechos aparezcan, en su caso, acogidos o rechazados: es preciso que se pruebe positivamente que la parte imputada no pudo ignorar la sinrazón de su pedido o de su postura, extremo éste que no se verifica en la especie, donde sólo se observa que la causal de despido invocada por la empresa no ha sido probada en el proceso. En consecuencia, corresponde desestimar la queja de la actora en este punto.

IV) Asimismo, es improcedente el agravio referente a las reclamadas diferencias por vacaciones de 2003, pues la demandada pagó $675,49 por este concepto (ver recibos de diciembre de 3003 y de enero de 2004, cuyas copias acompaña la propia actora a fs. 7/8), cantidad superior a la que hubiese correspondido al accionante según el salario reconocido en la sentencia de $1.689,71. En efecto, según tal remuneración y considerando que sólo correspondían 7 días de vacaciones por el año 2003 (no está cuestionado que el actor ingresó a trabajar el 3/06/03), el actor tenía derecho a cobrar $512,54 ($1.689,71 / 25 x 7 días x 1,083333333333). En consecuencia, como no corresponde empeorar la situación del único apelante sobre determinado aspecto de la decisión, corresponde -reitero- desestimar el agravio en consideración.

V) También cabe confirmar el fallo de grado en cuanto desestima la indemnización por daño moral. Tal como lo ha sostenido la Sala III de esta Cámara en términos que comparto (sentencia 42535 del 29/12/81 en autos "Cuello c/ Laboratorios Promeco"), el resarcimiento por daño moral es susceptible de dos enfoques: el contractual y el extracontractual. Si se trata del contractual, es preciso señalar que en el ámbito del contrato de trabajo todo daño moral se encuentra normalmente incluido en el concepto de injuria laboral y da derecho a una indemnización tarifada siempre que sea invocado oportunamente en los términos del art. 242 de la L.C.T.. Desde el punto de vista extracontractual, el daño moral procedería en los casos en que el hecho que lo determina fuese producido por una actitud dolosa del empleador.

El caso que nos ocupa se trata de un despido injustificado que, en principio, resulta resarcido por la indemnización tarifada; la indemnización civil sólo procede en aquellos casos excepcionales donde el despido vaya acompañado de una conducta adicional que resultase civilmente resarcible aun en ausencia de un vínculo contractual, supuesto éste que no se verifica en el caso de autos.

En efecto, aun cuando se considerase que efectivamente la verdadera causa del despido de la actora fue haber sido novia del delegado gremial de apellido Muñoz, que había entrado en conflicto con la empresa tiempo antes, tal circunstancia, si bien es altamente reprochable, no parece por sí sola eficaz para producir un perjuicio de tipo moral que deba ser indemnizado independientemente del vínculo laboral.

VI) Finalmente, dado que los honorarios regulados a la representación letrada de la parte actora no resultan reducidos en relación con la importancia y con la extensión de las tareas por ella cumplidas, así como respecto de las normas arancelarias vigentes, corresponde confirmar tales emolumentos. En cambio, por considerar que los honorarios fijados al perito contador interviniente resultan bajos en relación con tales pautas, propongo elevarlos a 4% del monto de condena con más los intereses.

VII) Por lo expuesto, voto por: 1) Modificar la sentencia de primera instancia y elevar los honorarios del perito contador interviniente a 4% del monto de condena con más los intereses; 2) Confirmar el fallo de grado en todo lo demás que ha sido materia de recurso y agravios; 3) Imponer las costas de la alzada en el orden causado (art. 71, CPCCN); 5) Regular los honorarios de los profesionales firmantes de las presentaciones de fs. 592/596 vta. y 598/599 en 25% de lo que a cada representación letrada corresponda percibir por sus trabajos en la instancia anterior y 6) Hacer saber al obligado al pago del honorario de abogados y procuradores que, en caso de corresponder, deberá adicionar al monto de la regulación el de la contribución prevista en el inc. 2) del art. 62 de la ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que el obligado a afrontar las costas del juicio deberá adicionar, en ocasión de abonar la tasa de justicia, la contribución prevista en el inciso 3 del citado artículo 62, todo bajo apercibimiento de comunicar la situación a CASSABA (artículo 80 ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y punto II Acordada CSJN Nº 6/05).

La doctora Guthmann dijo:

Que adhiere por análogos fundamentos al voto que antecede.

Por ello, el Tribunal RESUELVE: 1) Modificar la sentencia de primera instancia y elevar los honorarios del perito contador interviniente a 4% del monto de condena con más los intereses; 2) Confirmar el fallo de grado en todo lo demás que ha sido materia de recurso y agravios; 3) Imponer las costas de la alzada en el orden causado (art. 71, CPCCN); 5) Regular los honorarios de los profesionales firmantes de las presentaciones de fs. 592/596 vta. y 598/599 en 25% de lo que a cada representación letrada corresponda percibir por sus trabajos en la instancia anterior y 6) Hacer saber al obligado al pago del honorario de abogados y procuradores que, en caso de corresponder, deberá adicionar al monto de la regulación el de la contribución prevista en el inc. 2) del art. 62 de la ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que el obligado a afrontar las costas del juicio deberá adicionar, en ocasión de abonar la tasa de justicia, la contribución prevista en el inciso 3 del citado artículo 62, todo bajo apercibimiento de comunicar la situación a CASSABA (artículo 80 ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y punto II Acordada CSJN Nº 6/05). - Julio César Moroni. - Diana Maria Guthmann.