marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Jueces, control de constitucionalidad, accidentes de trabajo, indemnización, ley de consolidación de la deuda pública, Constitución Provincial, derechos y garantías constitucionales
Materia: LABORAL
Carátula: Deniz, Rolando c/ Provincia de Río Negro s/ Contencioso Administrativo s/Casación. Acosta, María Elde. c/ Consejo Provincial de Salud Pública de la Provincia de Río Negro. s/ Enfermedad accidente de trabajo s/Inaplicabilidad de ley. Incidente de ejecución de sentencia en autos caratulados: Moraga, Jaime B. c/ Provincia de Río Negro. s/ Contencioso Administrativo s/Casación. Ibañez, Ricardo F. c/ Provincia de Río Negro s/ Ejecución s/Casación.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1995-02-09|1995-02-22|1995-02-09|1995-02-09

La Constitución Provincial establece "que los derechos y garantías establecidos por ella expresa o implícitamente no podrán ser alterados por las leyes que reglamentan su ejercicio, ni serán entendidos como negociación de otros derechos y garantías no enumerados" (art. 15).

Esos derechos y garantías tienen plena operatividad, correspondiendo al Estado indemnizaciones originadas en infortunios laborales, introduce una irrazonable limitación a los derechos y garantías supra mencionados (arts. 39, 40 y 59), que son plenamente operativos y directamente amparados por la Constitución Provincial y que, por ello, quedan, en la especie, desvirtuados, privados de contenido y se tornan inoperantes. En el referido aspecto, la aludida preceptiva legal es también contraria al espíritu y a los principios de la Carta Magna local. Cabe señalar que con arreglo a lo dispuesto en el art. 139 inc.

17 de la Norma Fundamental rionegrina, las normas dictadas por la Legislatura reconocen las limitaciones que resulten de aquélla y que "...deben ajustarse necesariamente a la orientación y los principios contenidos en esta Constitución". El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, en tanto intérprete natural final de esos dispositivos, se encuentra autorizado a examinar la constitucionalidad de las leyes locales (arts. 196 y 207 inc. 1 de la Constitución Provincial). (Del Voto del Dr. García Osella).
Prueba pericial, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: Gómez Pañero, Guillermo Luis c/ Molina, Osvaldo y Otros s/ Daños y Perjuicios-Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2004-06-29

Es facultad del Tribunal examinar y aún desechar los dictámenes periciales, aún cuando las partes no los hubieran impugnados. El hecho de que las partes no hayan impugnados un informe pericial, no es razón para que sus conclusiones sean aceptadas por la justicia puesto que ello importaría erigir al perito en Juez. El dictamen pericial constituye un elemento de juicio que el magistrado debe apreciar con prescindencia de toda sugerencia de partes y con sujeción a su propio valor convictivo.-
Fallo plenario, control de razonabilidad
Materia: PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Bevacqua, Juan Cruz s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-11-20

Con relación a que la sanción del art. 15 de la ley 25.087 (B.O. 14/5/99) podría haber contribuido a una interpretación distinta de la que fue analizada en el plenario "Kosuta" y más favorable a los intereses que se pretenden, entiendo que por el contrario la extensión excepcional que hizo el legislador en el párrafo final de dicha norma como una nueva alternativa en el régimen previsto por la ley 24.316 cuando se trate de los delitos previstos en los arts. 119, 1°, 2° y 3° párrafos, 120, 1° párrafo y 130 del Cód. Penal, no alcanza a alterar la exégesis consagrada por esta Cámara Nacional de Casación Penal en el fallo plenario invocado, y ello así por las siguientes razones: a) En primer lugar, y tal como lo sostuvo la Sala I de esta Cámara no se demuestra que la reforma de la ley 25.087 proyecte la propuesta prevista en el art. 132 del Código Penal a otros supuestos no considerados en ella, sobre todo si se repara en que la solución alternativa del conflicto radica, en tales casos, en la aceptación por el tribunal de la proposición de avenimiento efectuada por la víctima y no en la suspensión del juicio a prueba consentida por el Ministerio Fiscal, figura esta última a la que el órgano judicial puede recurrir en defecto de la lisa y llana declaración de extinción de la acción penal en el "supuesto" de mediar y ser aceptado el avenimiento entre víctima e imputado. b) La remisión que hace el art. 132 in fine del Cód. Penal al instituto de la probation es exclusivamente a los arts. 76 ter y 76 quáter incorporados al texto legal de fondo por la ley 24.316. Estos últimos, como se sabe, se dirigen a la instrumentación del beneficio pero no a su procedencia, cuestión a la que sólo se refiere el art. 76 bis, sobre cuya interpretación versó el Acuerdo Plenario n° 5 de este Tribunal. (Voto del Dr. Mitchell).
Contrabando, prisión preventiva, fundamentación insuficiente, prueba
Materia: PENAL
Carátula: CRICORIAN, GREGORIO s/ Contrabando Causa Nro. 34187.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-07

No sustenta suficientemente la prisión preventiva por contrabando la existencia de una escritura de poder (sin aceptación del apoderado) otorgada más de dos años después del despacho a plaza y nacionalización del automotor en cuestión. El solo hecho de haberse otorgado unilateralmente un mandato no es justificación suficiente para considerar que existe una simulación de personas constitutivas del delito de contrabando.
Responsabilidad del banco, daños y perjuicios, ORGANIZACIÓN VERAZ, daño moral
Materia: CIVIL
Carátula: Martinez, Maximiliano Hector c/ Banco Hipotecario S.A. s/ Abreviado
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2013-05-06

El Banco es responsable por el daño moral ocasionado a su cliente debido a la errónea información que brindó al BCRA y a una base de datos sobre el supuesto estado de mora de áquel, ya que en estos casos el daño puede presumirse "in re ipsa" sin que se pueda producir prueba directa sobre los menoscabos de índole espiritual padecidos.
Recurso de inconstitucionalidad, resolución denegatoria, notificación, copias, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: TURANO, CARLOS c/ FLETES Y DISTR. ROSARIO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-08-07

Atento la falta de coincidencia entre el día de entrega que figura en la copia de la cédula de notificación del auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad cursada al compareciente obrante en las constancias de autos y el ejemplar que obraba en su poder, las circunstancias del caso determinan que se debe estar a la fecha más favorable al notificado;

pues si así no se entendiera y considerando las consecuencias disvaliosas de la deficiencia señalada, se incurriría en un excesivo apego a las formas en desmedro del derecho de defensa del quejoso.
Sucesión testamentaria, testador, capacidad para testar, vicios de la voluntad, padecimientos mentales
Materia: CIVIL
Carátula: MELLUSO, Vicente c/ RUSSO, María Elena s/ NULIDAD DE TESTAMENTO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-08-20

Disidencia de la Dra. Highton de Nolasco:

1- La ley exige con respecto al testador algo más que no estar demente: exige una razón perfecta, una razón clara y una voluntad más firme que para obligarse por contrato, aunque si la ley establece con relación a los actos testamentarios que el disponente debe estar en perfecta razón, no es porque exija una voluntad más intensa que en los demás actos jurídicos, sino porque con ello admite la posibilidad de atacar el testamento después de la muerte del testador, a diferencia de lo que prescribe el art. 474 respecto de los actos entre vivos.- 2- La idea de perfecta o completa razón en el testador es más amplia que el concepto de demencia en sentido estricto, pudiendo comprender todos aquellos casos en que, por diversos motivos, quien ordena un testamento no está en condiciones de comprender el alcance del acto:

estados fronterizos o de semialienación, casos de senectud o estados accidentales de pérdida de la razón. Así, no cualquier anormalidad o alteración de las facultades del espíritu es suficiente para viciar la voluntad de quien la padece, mientras no llegue a anular o comprometer gravemente el uso de la razón.- 3- La perfecta razón exigida por el art. 3615 del Código Civil importa la sanidad mental, por cuanto implica muchas más nociones y condiciones que la demencia, y excluye toda enfermedad mental, ya sea permanente o transitoria. No sólo los dementes no pueden testar, sino que no pueden hacerlo aquéllos que en el momento de otorgar el acto no se hallan en plena sanidad mental, lo que significa que ciertas personas que no pueden ser consideradas dementes, sí sean inhábiles para testar, lo cual permite al juez desenvolverse con más libertad para poder invalidar actos de personas fronterizas, evitando el otorgamiento de actos derivados de captaciones de voluntad de enfermos o débiles mentales. Pero no implica que exija una perfecta razón de orden general o perfectísima, sino simplemente la que le corresponda al testador dentro de su personalidad, "su" perfecta razón, adecuada a su cultura y condiciones, es decir, que haya sido capaz de entender o querer en el momento en que otorgó el testamento.-
Medidas cautelares, interventor recaudador
Materia: COMERCIAL
Carátula: F.N.   D.G.I. c/ Tres Anillos Azules  S.A. s/ Ejecución Fiscal
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-19

Corresponde designar como medida complementaria un interventor recaudador, cuya función se limitará exclusivamente a la recaudación de la parte embargada (artículo 223 Cód. Proc.) y desechar el argumento sostenido por el magistrado de primera instancia relativo a la presunta exiguidad del monto en la medida que se omite completamente cualquier diferencia a otro tipo de mecanismo que permita la satisfacción del crédito y, en definitiva, la realización del derecho que la sentencia atribuye toda vez que el embargo trabajo resultó infructuoso.
Daños y perjuicios, daño moral, indemnización, dolo, culpa civil, recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestión de derecho común, cuestiones opinables
Materia: CIVIL
Carátula: PEDRIEL, MARIA D MENDOZA VDA DE Y OTRO c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ DEMANDA ORDINARIA. QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE   INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº 43-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-04-16

La cuestión suscitada en que si para que proceda la indemnización por daño moral que se deriva de incumplimiento contractual, es imprescindible la presencia de dolo -resultando insuficiente la imputación de culpa- es de inminente naturaleza interpretativa, por lo cual la Cámara a quo -que hizo lugar a la reparación solicitada en autos a pesar de la inexistencia de dolo en la conducta de la demandada- no excedió los límites hermenéuticos que posibilita el artículo 522 del Código Civil.
Responsabilidad del organizador, accidentes en el deporte
Materia: CIVIL
Carátula: RAMOS ELEAZAR RAMON Y OTRO c/ ESTEYBAR ELECTROMECANICA S.A.C.I.G E.I. Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1994-09-16

Si la víctima acepto participar en la competencia ciclística, ello importa un riesgo ordinario referido a su desarrollo normal. Todo lo que excede el mismo compromete la responsabilidad de los organizadores y de la Administración Pública que autorizó la carrera en la calle, debido a que tenían el deber de afianzar la seguridad de los participantes en los lugares públicos.
Corte Interamericana de Derechos Humanos, estado parte, obligaciones del Estado miembro, supervisión de cumplimiento de sentencia
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso del Penal Miguel Castro Castro c/ Perú s/ Cumplimiento de Sentencia
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2010-12-21

Los Estados Partes que han reconocido la jurisdicción obligatoria de la Corte Interamericana, no sólo deben acatar lo establecido por el Tribunal sino que deben, asimismo, informar sobre las medidas adoptadas a los fines de dar cumplimiento a lo ordenado en la Sentencia, indicando en tiempo oportuno cómo está cumpliendo cada uno de los puntos ordenados, pues es el modo que tiene el Tribunal de evaluar el efectivo cumplimiento de parte del Estado que ha sido condenado.
Reajuste jubilatorio, medidas cautelares, medida cautelar innovativa, regímenes jubilatorios especiales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL
Carátula: GRAU, ROSENDO JOSÉ c/ A.N.Se.S. s/ HABERES PREVISIONALES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-24

Las medidas cautelares son básicamente "instrumentales" y "subsidiarias", dado que su finalidad consiste en asegurar la eficacia práctica de la sentencia definitiva. En consecuencia, si el titular promovió demanda contra la A.N.Se.S. a fin de que se le restituya el cobro del haber equivalente al 82% por haberse cumplido el plazo de cinco años previsto por la ley 24.019 y, asimismo, solicitó el dictado de una medida innovativa (art. 232 del C.P.C.C.) por la que se suspenda el acto administrativo que redujo el haber de pasividad, corresponde confirmar lo resuelto por el "a quo" que rechazó esta última medida. Ello así dado que existe una evidente superposición entre el objeto de la demanda y la mediada cautelar solicitada -cfr. Sala II, sent. del 27.05.98, "Zambon, Dionisia Angela"; ídem, sent. del 28.04.98, "Montes, Emilio y otros"; ídem, sent. del 15.05.98, Dejean de Chaparro, Angélica Agustina Beatriz"-. (Disidencia del Dr. Fernández).
Ley de defensa del consumidor, prescripción
Materia: CIVIL
Carátula: BANCO DE LA NACION ARGENTINA c/ CABRERA ALFREDO DANIEL Y OTRA s/ SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2012-06-29

Si lo que se encuentra en debate no es una acción destinada a proteger a un consumidor sino la de cumplimiento de una obligación de derecho común emergente de la relación financiera sin que se haya denunciado un vicio en la misma que justifique su descalificación como tal (insuficiencia de información, existencia de cláusulas abusivas que revisar, o de extensión de competencia, o cualquier otra que afecte a los accionados en su condición de sujetos a proteger definidos por el art. 1 ley 24240 según texto ordenado por ley 26361) el término de prescripción establecido en el art. 50 de la ley 24240, previsto para las acciones destinadas a proteger al consumidor, no es aplicable al e caso.
Docentes, educación privada
Materia: LABORAL
Carátula: Alvarez, Francisco José c/ Instituto de Enseñanza Privada Domingo Fidel Sarmiento s/ Nulidad de despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-06-02

Estando firme por falta de impugnación idónea la conclusión fáctica relativa a que la cesantía del dependiente de un establecimiento de enseñanza privada fue despedido sin indicación de causa, es ajustada a derecho la decisión que encuadra la situación en el precepto del art. 14 de la ley 13047 que dispone la aplicación del régimen del contrato de trabajo para supuestos diferentes a los enumerados en el art. 13 de la misma ley citada.
Excusación, excusación por razones de decoro y delicadeza, apreciación del juez afectado
Materia: PROCESAL
Carátula: CONAFER SACIFAC c/ EN -Fuerza Aérea Argentina- s/ Contrato Obra Pública.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-05

Como principio, la situación de extrema gravedad en cuanto al decoro y a la delicadeza en la que se funda una excusación y a los efectos de que ello puede producir en relación a la imparcialidad e independencia con la que deben actuar los magistrados, no son susceptibles de apreciarse sino por quien invoca esas circunstancias, pues denuncian un estado anímico. Desde que tal estado es de apreciación personal y aquello que es motivo para configurarlo, a juicio de un juez, puede no serlo para otro en idéntica situación. Sin embargo se ha destacado que aún cuando es justificable y atendible que un juez se inhiba de conocer por delicadeza, no por ello el tribunal debe necesariamente hacerse eco de ello, puesto que no cabe dejar de lado el principio segùn el cual los juicios deben iniciarse y concluirse ante los jueces naturales, de acuerdo con el ordenamiento legal vigente. Cabe señalar, finalmente, que para que sea procedente la excusación ella debe resultar de efectivas circunstancias que demuestren que la inhibiciòn responde a causas avaladas en serios fundamentos, pues la sola delicadeza personal en modo alguno justifica la excusación del magistrado (confr. Morello-Sosa-Berizonce; "Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Bs. As. y de la Nación. Comentados y Anotados", tomo II-A, pg. 544, año 1992, edit. Abeledo-Perrot" y fallos citados. (cons. III).
Justicia militar, gobierno de facto, pena
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: INVERNIZZI, Hernán césar s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-05-14

El dictado de la ley 23070 constituyó, a criterio del legislador, el ejercicio de un deber constitucional a fin de corregir un agravamiento ex post facto de la ley penal en su aplicación real y no una suerte de benevolente concesión.

Mediante esa ley el Congreso consideró que el modo de cumplimiento de condenas para aquellos que padecieron el régimen carcelario establecido en los decretos 1209/76, 708/79, y 929/80, así como para los demás internos, debido a la severidad general del sistema penitenciario durante el lapso del gobierno militar, se hacía necesario acortar el tiempo de cumplimiento computando doblemente el término durante el cual se sufriera la privación de libertad en tales condiciones.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, fundamentación suficiente, concurso preventivo, verificación de créditos, incidente de revisión
Materia: CONSTITUCIONAL-COMERCIAL
Carátula: POLICLINICO RAFAELA S.A. s/ CONCURSO. PREVENTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-02-18

Los reproches esgrimidos por la AFIP-DGI recurrente -insiste en que la Cámara desestimó su pretensión sobre la base del error material en que su parte incurrió al formular la boleta de deuda, lo que a su criterio evidencia un excesivo rigorismo puesto que omitieron los jueces valorar y analizar todas las restantes constancias del expediente que hacen a la prueba del crédito que intenta verificar (que la misma concursada había accedido a un plan de facilidades de pago de los tributos que se le reclaman, que caducó por falta de pago)- no traducen sino su disenso para con lo decidido por los Juzgadores, que entendieron que aquellas circunstancias no fueron acreditadas oportunamente por el ente fiscal ni en la insinuación del crédito ni al deducir el recurso de revisión, dejando así incumplida la carga establecida por el artículo 32 de la Ley de Concursos y Quiebras (De la disidencia de los Dres. Gutiérrez y Spuler).
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio, sentencia, debido proceso, derecho de propiedad, cosa juzgada
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Almacenajes del Plata  S.A.C. c/ Administración General de Puertos s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-11-24

Si la recurrente expresó agravios sobre la inexistencia de la revocabilidad "ad nutum" y sin obligación de indemnizar propia de la relación a título precario, la decisión de la alzada que adjudica el carácter de precario al derecho de la actora y postula que puede ser extinguido sin consecuencia alguna de tipo resarcitorio, afecta las garantías del debido proceso y de la propiedad.
Moneda, plan austral, obligaciones de dar sumas de dinero, desagio
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: PROPULSORA SIDERURGICA S.A. c/ B.C.R.A. s/ COBRO DE PESOS"
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-11-22

Corresponde hacer lugar a la demanda por el cobro de las diferencias correspondientes en concepto de amortización y renta a raíz de la conversión que los Bonos de Amortización Monetaria (BAM) sufrieron al convertir las sumas expresadas en pesos argentinos a la nueva moneda sobre la base del valor previsto en la escala de conversión del art. 4 del decreto 1.096/85.(Ver Sala IV in re "Lepetit S.A.", del 23-12-88 y Sala II in re "Indoquis S.A.", del 12 7-90 y "Siderca S.A.I.C.", del 7-6-94).
Prescripción, in dubio pro actione
Materia: PROCESAL
Carátula: Arbio de Moncalvillo, María Inés c/ E.N. s/ Cobro de Australes.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-05-11

La prescripción es de interpretación estricta y en caso de duda debe ser preferida la solución que mantenga vivo el derecho.
Acción de amparo, derechos de incidencia colectiva
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Mirasur S.A. c/ Municipalidad de Tandil s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-08-23

En cuanto a la legitimación activa para instar una causa judicial tendiente a reclamar la protección de los llamados intereses colectivos o difusos, toda vez que aparece comprometido de manera exclusiva un interés individual o particular (trátase en el caso del derecho a la salud pública); existe una marcada evolución ante la falta de legislación local o nacional que específicamente contemple la protección de tales derechos propiciándose le sea acordada al Ministerio Público o a las Asociaciones que tengan por finalidad la protección de alguno de los derechos comprendidos en dichos conceptos o en la necesidad de creación para tal fin de un funcionario con similares facultades del "OMBUDSMAN" escandinavo, hasta llegarse a ser admitida por toda persona, como en las nuevas constituciones de San Juan y Salta.
Falta de personería, subsanación del vicio, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL-CIVIL-COMERCIAL
Carátula: FECOVITA  COOPERATIVA  LIMITADA c/ SAENZ BRIONES Y CIA. SAIC s/ cese de oposición al registro de marca.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-09-08

La falta de personería se refiere exclusivamente a la falta de capacidad de los litigantes para estar en juicio y a la carencia o insuficiencia de los poderes de sus representantes; y como todo vicio subsanable, según lo establece el art. 354, inc. 4°, del Código Procesal, en cualquier tiempo debe aceptarse la documentación presentada con ese objeto (conf. Fassi- Maurino, "Código Procesal Civil y Comercial", t. 3, ps.237/238 y jurisprudencia citada en nota 22, Editorial Astrea, 2002). Conforme surge de las constancias obrantes en autos, la Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas Cooperativa Limitada (Fecovita) es la misma persona jurídica que se la conoce con el nombre de fantasía Fecovita Cooperativa Limitada, aunque por error se la denominó en el expediente con el nombre de fantasía al inicio de la demanda, error que fue subsanado. Habida cuenta que el vicio alegado es subsanable en cualquier tiempo, que está acreditado que Fecovita Cooperativa Limitada es el nombre de fantasía de la empresa que se denomina Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas Cooperativa Limitada (Fecovita), y que ambas son la misma persona jurídica, corresponde desestimar la excepción de falta de personería interpuesta y confirmar el decisorio apelado.