Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COM. Y CONTENC. ADM. 1RA. NOM.
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2012-09-12


SENTENCIA DEFINITIVA NÚMERO: NOVENTA Y UNO En la ciudad de Río Cuarto a los doce días del mes de Septiembre del año dos mil doce, se reúnen los Sres. Vocales de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Familia y Contencioso Administrativo de Segunda Nominación de esta ciudad, ante mí, Secretaria autorizante, a efectos de dictar resolución en estos autos caratulados "BRINGAS, ROBERTO HUGO C/ ROCA, MARÍA EUGENIA - ABREVIADO" (Expte. Nº 393334), venidos en apelación del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota, a cargo del Dr. Raúl Oscar Arrázola, quien mediante Sentencia Número Ciento dieciocho, de fecha diez de junio del año dos mil once, resolvió: "1) Hacer lugar a la demanda interpuesta por el Sr. Roberto Hugo BRINGAS en contra de María Eugenia ROCA, condenando a la demandada a abonar al actor en el plazo de diez días la suma de pesos SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS con CINCUENTA Y CINCO centavos ($ 6.836,55), con más los intereses determinados en los considerandos de la presente resolución.- 2) Imponer las costas del juicio a la demandada, a cuyo fin se regulan los honorarios de la Dra. Lucía DINATALE en la suma de pesos CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO ($ 4.178).- En el cálculo de los honorarios se han tenido en cuenta los intereses sobre el capital, calculados hasta la fecha de la presente resolución.- PROTOCOLÍCESE...".

El Tribunal se planteó las siguientes cuestiones a resolver:

1era.) ¿Es procedente el recurso de apelación deducido por la parte demandada? 2da.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? De conformidad con el resultado del Acuerdo, se estableció que el orden de emisión de los votos sería el siguiente: señores Vocales José María Ordoñez, Daniel Gaspar Mola y Horacio Taddei.

A LA PRIMERA CUESTION, el señor Vocal José María Ordoñez, dijo:

I) Relación de lo actuado.

Que contra la resolución dictada por el juez de la instancia inferior que luce a fs. 188/192, y cuya parte resolutiva fuera objeto de trascripción en el encabezamiento, se levantó el apoderado de la parte demandada, interponiendo a fs. 193 el recurso de apelación que nos convoca, el que fue concedido por decreto de fs. 197. Elevados que fueron los autos, y radicados ante este tribunal de alzada, la apelante expresó agravios a fs. 205/213, pretendiendo se revoque la sentencia, como consecuencia de la declaración de nulidad peticionada y que fuera rechazada por el Auto Interlocutorio Número Ciento dos, de fecha ocho de abril de dos mil diez (fs. 137/143), que resolvió: "1) Rechazar el incidente de nulidad interpuesto por la parte demandada. 2) Costas a su cargo, a cuyo fin se regulan los honorarios profesionales de la abogada Lucía Dinatali en la suma de pesos Trescientos cincuenta ($ 350.-). Protocolícese.". Pide costas.

Corrido traslado a la contraria para refutar agravios, lo contesta su apoderada por escrito de fs. 216/217, solicitando el rechazo de la apelación deducida, con costas.

Dictado el decreto de autos a estudio (fs. 220), firme y consentido el mismo, quedó la causa en condiciones de ser fallada.

II) Agravios.

Admiten el siguiente compendio:

Luego de referir a los antecedentes de la causa, cuestiona la sentencia aduciendo que el a quo no ha procedido a fundar lógicamente la misma, incurriendo en arbitrariedad, no habiendo aplicado la ley frente al planteo de nulidad interpuesto oportunamente, pasando a centrar sus agravios respecto del citado y supra transcripto Auto Interlocutorio.

Entiende que el a quo privilegió sólo algunas de las pruebas, desvirtuando sin razón suficiente aquellas que la contrastaban, o al menos le indicaban duda acerca de su postulado, haciendo notar la extrema relevancia otorgada al testimonio del Sr. Juez de Paz, siendo que de la lectura del mismo no surge una seguridad tal que permita inferir sin hesitar que efectivamente la demandada vive o vivía en el domicilio en que se dejó la cédula de notificación cuya nulidad pretende, esto es en calle Bartolomé Mitre. Alude a que en algún pasaje de su testimonio, parece derrochar seguridad y un amplio conocimiento del pueblo, y por otro lado afirma que recién se entera del cambio de domicilio de la demandada y que lo sabe en oportunidad de alguna notificación.

Denuncia contradicción en el razonamiento del a quo, ya que sostiene su decisión del informe del padrón electoral, aunque a renglón seguido de asignarle trascendencia aclara que es normal que las personas no realicen cambios de domicilio.

Considera que el a quo ha fallado en la construcción lógica, pues ha elaborado el razonamiento a partir de un concepto prefijado como solución, tomando solo las piezas que lo llevaran a esa conclusión. De otro modo no se explica el motivo por el cual se desecha la prueba aportada por su parte.

En ese sentido, alude a los dichos de los testigos Zulkolski y Ávila al deponer en autos, los que tiene por válidos al no haber sido descalificados, ni desvirtúa de manera razonada el informe socio ambiental practicado por la Asistente social de la Municipalidad de Canals, cuando de todo ello surge que su representada se domicilia en calle Santa Rosa 141.

Transcribiendo un párrafo del resolutorio pareciera que para definir el conflicto el a quo liga la prueba a la fecha de la notificación, pero ello no resulta ser así, ya que omite mencionar que el primero de los testigos nombrados manifestó que la demandada vive en calle Santa Rosa junto con su madre desde hace tres años, de donde si dicha declaración se rindió el 21/08/2009, se debe interpretar que se domiciliaba allí desde el año 2006. Lo mismo sucede con el testigo Ávila, a cuyos dichos alude.

Añade que en igual sentido se ha expresado la Asistente Social de la Municipalidad de Canals, al relevar el domicilio en donde se practicó la notificación (Mitre 116), quien informó que esa vivienda es ocupada por María Daniela Roca, hermana de su representada, y que la funcionaria recabó información vecinal que corrobora los datos. También se indica en dicho informe practicado en el domicilio de calle Santa Rosa 141, recabando información vecinal que en este domicilio vive la madre de su mandante junto con la misma y con una hija desde hace aproximadamente 4 años. Se sigue de allí, teniendo en cuenta que esos informes se practicaron en el mes de setiembre de 2009, que queda claro, en coincidencia con lo manifestado por los testigos, que en el último domicilio vivía su mandante al tiempo de realizarse la notificación, mientras que su hermana lo hacía en el primero, quien recibió la cédula.

Sostiene la arbitrariedad del pronunciamiento ya que no se han tenido en cuenta estas pruebas al momento de resolver el incidente de nulidad planteado por su parte, las cuales considera dirimentes para la solución de la causa, violando el principio de falta de fundamentación.

Refiere luego a que de tal modo se han violado principios de raigambre constitucional, como los del debido proceso, del contradictorio y defensa en juicio, y fundamentalmente de razonabilidad de las resoluciones (arg. arts. 14, 17, 18, 26 y 31 C.N.). Estos perjuicios resultan irreparables en otra instancia, que no la hay, a la par que advierte que tampoco se han tenido en cuenta los postulados que rigen en materia de las nulidades (arg. art. 76, CPCC), y la importancia y trascendencia que la ley asigna a la primera comunicación a fin de notificar el escrito de demanda para que el demandado comparezca y la conteste, como garantía constitucional de la inviolabilidad de la defensa en juicio, bilateralidad y el derecho a ser oído por el órgano jurisdiccional, abonando ello con citas de doctrina y jurisprudencia, a la cual cabe remitir.

Invoca que el contralor de esos extremos debe ser riguroso, pues la indefensión es el mayor vicio de que es susceptible un proceso, que la irregularidad es medular ya que ha impedido a su parte el conocimiento de la demanda en su contra, contestarla y ofrecer prueba suficiente al no haberse recibido la notificación, la que se dejó en un domicilio que no es el real y a otra persona que no se ha identificado correctamente, ya que manifestar simplemente que fue recibida por la hermana sin indagar si la demandada se domicilia allí no resulta suficiente. La nulidad se justifica por no haber logrado el acto la finalidad a la que estaba destinado (arg. arts. 76 y 157, CPCC).

Cita jurisprudencia y destaca que no cuestiona los hechos aludidos por el Oficial, sino que controvierte el incumplimiento formal del procedimiento en el que aquel incurrió, por lo que el planteo de nulidad resulta el modo procesal adecuado, por cuanto las circunstancias apuntadas han generado un agravio específico e irreparable, solicitando a este tribunal resuelva declarando la nulidad peticionada.

En otro punto de sus agravios, enfatiza sobre el perjuicio sufrido por su representada y el interés que se procura subsanar con dicha declaración, trayendo a colación conceptos elaborados por la jurisprudencia de la Corte y otros tribunales que reproduce en lo pertinente.

Concluye su presentación en que ellos no han sido tenidos en cuenta por el a quo, en tanto para dirimir la cuestión de un planteo de nulidad de la cedula de notificación del traslado de la demanda, se debe interpretar de modo restrictivo, siendo evidentes que las pruebas colectadas ponen al menos en duda el real domicilio de la demandada al tiempo de practicarse la notificación.

III) Contestación.

Que al contestar el traslado, la parte actora solicita en primer término se rechace in límine el recurso por no haberse levantado agravios contra la sentencia que se apela sino contra lo resuelto en el incidente, citando el art. 515, 1ª. parte, CPCC, no obstante, procede a continuación a refutar los agravios vertidos por la contraria y, defendiendo el fallo por los motivos que esgrime - a los que cabe remitir -, solicita en definitiva la confirmación de la resolución impugnada, con costas.

IV) La solución.

El rechazo liminar del recurso, planteado por la apoderada del actor al contestar el traslado de los agravios expresados por la demandada, no puede tener cabida.

En efecto, el mismo precepto legal que cita (art. 515, CPCC), y que rige el régimen de la apelación en los juicios abreviados como el que aquí nos ocupa, trata precisamente el tema de manera contraria a como lo propone la parte recurrida, permitiendo al apelante de la sentencia expresar agravios referidos a las resoluciones anteriores a la misma y que, por el sistema de la ley procesal vigente, resultaban inapelables en el decurso del proceso, como de manera genérica se alude a un incidente de nulidad (conf. VENICA, Oscar Hugo, "Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba.", T. IV, p. 560 y sgtes., notas 22 y 25; ídem T. III, p. 421, y todas sus citas.).

A tal punto ello es así, que la Cámara colega de la Circunscripción, declaró mal concedido el recurso de apelación por el Juez de la instancia anterior contra el auto que rechazó el incidente de nulidad.

Ello sentado, y abordando la cuestión principal, finca el asunto venido a revisión, según puede extraerse de la relación de la causa efectuada, en analizar si, efectivamente, como lo sostiene el demandado apelante al fundar el recurso, el Juez del grado inferior valoró errónea o inadecuadamente la prueba rendida en la causa o no, para que, en su caso, y de acuerdo con el resultado que surja de dicho análisis, se revoque la resolución impugnada y se declare la nulidad por vicios de la citación inicial de la notificación de la demanda, y por consecuencia de la sentencia dictada a posteriori, o bien que se preste confirmación a la sentencia en función de que el decisorio que resolvió el incidente de nulidad articulado resulta ajustado a derecho.

Puesto en dicho cometido, estoy en decir, anticipadamente, que los agravios expresados deben prosperar y que corresponde revocar la resolución impugnada, pues ante la duda que ha logrado instalar el quejoso respecto del verdadero domicilio real de su defendida (la demandada en autos), ella debe beneficiarla y ha de estarse por la invalidez de la notificación practicada en salvaguarda del derecho de defensa comprometido en la especie.

En primer lugar, no está demás recordar la trascendencia del acto de notificación del traslado de la demanda, el que se halla investido de formalidades específicas por ello, en nuestro régimen procesal conforme a los arts. 147 y 148 del CPCC.

Según conceptos vertidos por la Corte Suprema y demás tribunales inferiores, avalados por autorizada doctrina, se ha sostenido que la notificación de la demanda reviste particular significación en tanto de su regularidad depende la válida constitución de la relación procesal y la efectiva vigencia del principio de bilateralidad. Por ello, el solo incumplimiento de los recaudos legales permite inferir la existencia de un perjuicio, solución que se compadece con la tutela de la garantía constitucional de la defensa en juicio, cuya vigencia requiere que se configura al litigante la oportunidad de ser oído y de ejercer sus derechos en la forma y con las solemnidades que establecen las leyes procesales (conf. CSJN, 20/08/1997, in re: "Esquivel, Mabel A. c. Santaya, Ilda", LL 1997-E-849, con nota de Alberto TESSONE; DT 1997-A- 494, con nota de Carlos POSE; y DJ 1998-1-989, cita Online: AR/JUR/4017/1997; véase además: MAURINO, Alberto L., "Nulidades Procesales", Ed. Astrea, Bs. As. 1982, p. 47/51, 111/112 n° 38, 39 y 89; del mismo autor: "Nulidad en las notificaciones procesales", en Revista de Derecho Procesal 2007-1 (Nulidades), Rubinzal Culzoni, Sta. Fe, abril 2007, p. 49 y sgtes. y toda la jurisprudencia citada en notas 20 a 22; "El valor seguridad en el régimen de las notificaciones", Revista de JA n° 6192 del 3/5/2000; PALACIO, Lino E., "Derecho Procesal Civil", Ed. Abeledo Perrot, Bs. As. T. V p. 389/390; ALSINA, Hugo, "Tratado de Derecho Procesal", Ed. Ediar, Bs. As., 2ª. Ed. T. I, p. 658; VENICA, ob. cit., T. I, p. 217, entre otros).

Surge de los autos que, efectivamente, y tal como lo postula el apelante, el Juez a quo ha otorgado prevalencia a algunas pruebas sobre otras, sin descalificar aquellas que favorecen la postura por su parte sustentada, como las declaraciones de los testigos Zulkolski y Ávila (fs. 115 y 116) y el informe de la Asistente Social de Canals (fs. 117/129), cuales dan cuenta que la demandada vive en calle Santa Rosa 141 de dicha localidad, y no en el domicilio de calle Mitre 116 al que se libró y diligenció la cédula inicial. Asimismo, se corrobora otra de las falencias apuntadas en la valoración probatoria, toda vez que pese a reconocer el juzgador que no es habitual que las personas realicen el cambio de domicilio en el registro pertinente, le acuerda preponderancia al que figura en el padrón electoral y a lo declarado por otros testigos propuestos por la parte actora (el mismo Juez de Paz, Lehmann, a fs. 106/vta., y Labori, a fs. 108).

Respecto de estos, cabe señalar que sus declaraciones se encuentran controvertidas por las de los antes nombrados Zulkolski y Ávila, y concuerdo también con el recurrente cuando, a diferencia de lo sostenido en la resolución -que transcribe lo declarado por el Juez de Paz- pareciera asignarle una seguridad a sus dichos que ellos no tienen.

Con relación al domicilio fijado en el padrón de electores, pese a la cita de doctrina que se efectúa en la resolución, la jurisprudencia no parece ser pacífica, ya que algunos tribunales han decidido que "la inscripción en los registros cívicos no es prueba concluyente del domicilio, pues para nuestra legislación civil lo único que tiene validez para determinar el domicilio de una persona es el lugar donde ella reside habitualmente, haciendo de él el centro de sus actividades" (CCC San Martín, Sala II, 26/12/2002, in re: "Orona, Carlos R. c/ Orona, Raúl I.", LLBA 2003-1187, cita Online: AR/JUR/6312/2002, entre otros).

Considero dirimente para definir la situación las constancias de la propia cédula de notificación, más allá de las creencias que cada uno de los declarantes pudieron llegar a tener respecto del domicilio en que residía la demandada, y que, al menos en mi opinión, ameritaban que -por los intereses en juego- no existiera la certeza necesaria requerida acerca del domicilio real de la persona a quien iba dirigida aquella.

En efecto, el aludido instrumento -que luce a fs. 43- ilustra que el Sr. Juez de Paz encargado de diligenciar la cédula no inquirió a la ocupante de la finca en el que practicó la notificación, ni la presencia de la demandada ni si la misma vivía allí, como se extrae de lo dispuesto por los arts. 147 y 148 del CPCC, sino que, como surge de la lectura de lo actuado, procuró notificarla bajo apercibimiento de ley. en el domicilio de calle Bartolomé Mitre 116. y siendo atendido por la hermana procedió a entregarle la cédula con las copias que recibió y firmó ésta última.

Lo delicado del asunto, por los principios de raigambre constitucional involucrados (derecho de defensa, garantía del debido proceso legal, etc.), conduce a interpretar que para que el acto de la notificación cumpla su cometido (o sea, su finalidad) se haga saber realmente al interesado su contenido, es decir que llegue al conocimiento directo de la parte a quien va dirigida la cédula, por la importancia que la misma tiene para que se constituya válidamente la relación procesal, según ya lo adelanté.

A mi ver, en el caso, y según lo expuesto precedentemente, ello no se cumplió de manera idónea y constituye, por lo tanto, razón suficiente para invalidar el acto pues, como se ha sostenido, la omisión en el cumplimiento de los recaudos establecidos por la ley para la notificación del traslado de la demanda ocasiona la nulidad de dicha notificación, pues se halla en juego la garantía constitucional de la defensa en juicio (conf. CNCiv., Sala A, 17/09/2002, in re: "De Caro, Daniel A. y otros c/ Arko Tekton SL y otro", DJ 2002-3-876, cita Online: AR/JUR/614/2002, entre otros).

Coadyuva a esa conclusión otro dato objetivo de la causa, para nada menor según mi punto de vista, cual es que con anterioridad a la promoción de la demanda, y conforme en la misma se expresara, el actor despachó sendas cartas documento a los dos domicilios en cuestión -Mitre 116- y ".a casa de su mamá donde los vecinos me dicen que estaba viviendo." -Santa Rosa 141- (ver fs. 4/5 y fs. 6/7, respectivamente), motivo que se erige también en determinante, porque dudando en cuál de ellos se domiciliaba realmente, ya que esa es la idea que denota remitirla a ambos, al interponer la acción denuncia sin embargo únicamente al primero -como "domicilio en el que vive según el Padrón de Electores"- (lo entrecomillado es textual, el destacado me pertenece), todo lo cual deja entrever la posibilidad de que aquel al que fuera dirigida la cédula de notificación no hubiese sido el correcto. Tal actitud, incoherente y contradictoria si se quiere, implica un "venire contra factum proprio non valet", la cual supone que nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos, ejerciendo una conducta incompatible con una anterior conducta deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz (conf. CSJN, 11/3/1976, ED 67-335; LL 1976-C-435; CNCiv., sala A, 17/06/1980; ídem, sala C, 19/10/1978, ED 81-611 y LL 1979-B-28; entre muchos otros; véase además: "Doctrina sobre los Propios Actos", en "Manuales de Jurisprudencia LA LEY", que trata específicamente conductas desplegadas en el proceso -nros. 128 y 141- a más de toda la doctrina desarrollada sobre el punto y que ratifica la necesidad de coherencia en la conducta de las partes en el proceso, entre ellos: BORDA: "La Teoría de los Actos Propios", Abeledo-Perrot, 2da. Edic., aspecto que, además, se ha interpretado como receptado por el art. 316, segundo párrafo, CPCC, en cuanto al valor convictivo que se le asigna a la conducta de las partes -conf. MOLINA SANDOVAL: "La teoría de los actos propios en el nuevo Código Procesal Civil y Comercial de Córdoba", Foro de Córdoba, Advocatus, Nro. 43, págs. 41 y sig.).

Por todo ello, que sirve de fundamento jurídico idóneo y suficiente para brindar respuesta integral a lo que ha venido a revisión, siguiendo la doctrina por la cual los jueces no están obligados a seguir y ponderar uno por uno y exhaustivamente todos los argumentos propuestos por las partes, o expresar en la sentencia la valoración todas las pruebas producidas, bastando para la validez de su pronunciamiento que lo sea y se detenga sobre aquellas cuestiones que sean conducentes, decisivas y gravitantes para fallar la contienda (arg. art. 327 -2do. párrafo- del CPCC; CSJN, Fallos 294-427, 297-140, 308-950, entre otros; TSJ Cba. 6.03.96, BJC III-158, y A.I. nro. 100 del 5.9.98, sala C.A. "Ojeda de Scarpacci c/ Caja de Jubilac., Pensiones y Retiros de Cba. - CA"; AZPELICUETA-TESSONE, "La Alzada. Poderes y Deberes", Ed. LEP, La Plata, p. 202/203; VÉNICA, ob. cit., T. III, p. 201), según lo ha expuesto esta Cámara en reiterados pronunciamientos, me pronuncio por la afirmativa a esta cuestión y así lo dejo votado.

A LA PRIMERA CUESTIÓN los señores Vocales Daniel Gaspar Mola y Horacio Taddei dijeron:

Que adherían al voto que antecede.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN el señor Vocal José María Ordoñez dijo:

I) Que de conformidad con el resultado de la votación a la anterior cuestión, corresponde que se sentencie esta causa acogiéndose favorablemente el recurso de apelación deducido por la parte demandada, y que se revoque en todas sus partes el Auto Interlocutorio Número Ciento dos, dictado el ocho de abril de dos mil diez (fs. 137/143), disponiéndose en su lugar que se admita el incidente de nulidad articulado por la parte demandada, declarándose la nulidad de la notificación practicada a fs. 43, y de todo lo actuado en su consecuencia, incluso la Sentencia Número Ciento dieciocho, de fecha diez de junio del año dos mil once (fs. 188/192), ordenándose una nueva notificación al domicilio real de la demandada.

II) Que las costas de ambas instancias se impongan por el orden causado, por cuanto conforme se desprende del tratamiento dado a la cuestión, surgen de las constancias objetivas de la causa que ambas partes pudieron creerse con derecho a defender su posición como lo hicieron, autorizando de tal modo a que se eche mano a lo dispuesto por el párrafo final del art. 130, CPCC, en virtud de la remisión del art. 133, ibídem, haciendo excepción a la regla general sentada en la primera parte de dicha norma.

Que se difiera la regulación de los honorarios de los letrados intervinientes, Dra. Lucía Dinatale por la parte actora, y Dr. José María Bonino por la demandada, para cuando ello sea solicitado (arg. art. 26 "a contrario sensu", del CAAP, ley 9459).

Así voto.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN los señores Vocales Daniel Gaspar Mola y Horacio Taddei dijeron:

Que haciendo suya la propuesta de resolución brindada por el señor Vocal de primer voto, adherían a la misma.

Por el resultado del Acuerdo que antecede, y por unanimidad del tribunal;

SE RESUELVE:

I) Acoger favorablemente el recurso de apelación deducido por la parte demandada, revocando en todas sus partes el Auto Interlocutorio N° 102, del 08/04/2010 (fs. 137/143), disponiéndose en su lugar que se admita el incidente de nulidad articulado por la parte demandada, declarándose la nulidad de la notificación practicada a fs. 43, y de todo lo actuado en su consecuencia, incluso la Sentencia N° 118 de fecha 10/06/2011 (fs. 188/192), ordenándose una nueva notificación al domicilio real de la demandada.

II) Imponer las costas de ambas instancias por el orden causado, difiriéndose la regulación de honorarios de la Dra. Lucía Dinatale y del Dr. José María Bonino, para cuando ello sea solicitado.

PROTOCOLICESE Y BAJEN.