Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-11-26


AMIUN S.A. contra BUSDRAGO, Noemí Liliana Reg.: A y S t 193 p 361-364.

Santa Fe, 26 de noviembre de 2.003.

VISTA: la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el representante del actor contra la resolución del 30 de abril de 2002, dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de esta ciudad en autos caratulados "AMIUN S.A. contra Busdrago, Noemí Liliana -Ejecución Prendaria- (Expte. 6/02)", (Expte. C.S.J. nro. 256, año 2002), y;

CONSIDERANDO:

1. La Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de la ciudad de Santa Fe, mediante decisorio del 30.4.2002 rechazó los recursos de nulidad y apelación, confirmando de esa manera la sentencia dictada por el Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial N 8 de dicha ciudad que, a su turno, desestimó la pretensión actoral por la cual se perseguía la ejecución prendaria contra la demandada.

Contra dicho pronunciamiento deduce el representante de la parte actora recurso de inconstitucionalidad con fundamento en que el mismo no reúne las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción (fs. 6/13).

Aduce, luego de relatar los hechos que dieron origen a la causa, que el decisorio impugnado le causa un gravamen irreparable al serle desconocidos, negados y privados, derechos constitucionales previstos tanto por la Carta Magna nacional como la provincial.

A continuación endilga a los Sentenciantes incurrir en un excesivo rigorismo formal, en razón de acudir "...a disposiciones legales que no condicen con el proceso en sí y con el fondo del proceso, y que además fueron aplicadas en forma excesiva" (f. 11 vto.).

Indica que si bien con los argumentos del fallo se quiere hacer aparecer que es su parte la que incurre en un rigorismo al sostener que la excepción de falta de legitimación no puede oponerse en la ejecución de prenda con registro, pero en realidad -dice- es el Tribunal quien reconoce que la aludida excepción no está contemplada en el artículo 30 de la ley de prenda con registro.

Con dicho argumento, expone, se demuestra en autos una falta objetiva de ejecutoriedad por entender que el documento no reúne los requisitos que lo tornan hábil como título de ejecución.

Remarca que la óptica desde la cual parte el Vocal preopinante resulta arbitraria en razón de que no garantiza la equidad, cuando con excesivo rigor formalista le exige la inscripción del endoso en el Registro del Automotor para poder ejecutar con ese criterio restrictivo a la parte demandada, como si ella fuera totalmente ajena a toda vinculación con Amiun S.A..

Pone de manifiesto que la posición que viene sosteniendo no le ocasionaba ningún perjuicio a la demandada, como así tampoco se violaba su derecho de defensa, por cuanto lo importante es que la prenda sobre el vehículo estaba debidamente registrada ante el Registro, que se adeudaba por el monto reclamado, como así también que el Banco del Suquía acompañó el cupón de pago en el cual "figura la cuenta donde se efectuó el débito perteneciente a AMIUN, quien canceló la deuda".

Añade en tal sentido, que al cancelar la deuda, se subroga en los derechos del Banco del Suquía, adquiriendo así la legitimación activa necesaria para accionar. De lo contrario, considera que se estaría premiando al deudor incumplidor.

En otro orden, señala que el fallo cuestionado aparece desprovisto de una motivación suficiente, apoyándose solamente en aparentes argumentaciones que no son reales, puesto que no es cierto que el certificado prendario no reúna los requisitos formales para que entre las partes tenga efecto de tal por la simple falta de inscripción en el Registro respectivo.

Apunta que, conforme lo sostiene la doctrina judicial, "la prenda con registro es un contrato accesorio, ya que tiende a garantizar una obligación principal, en el caso, el saldo de precio de una operación de compraventa".

Y en autos, dice, la prenda se constituyó originariamente a favor del Banco del Suquía, el que luego la cedió a favor de la actora con la firma de los funcionarios facultados de dicha entidad crediticia.

Por último, postula que la Sala no da suficiente motivación cuando concluye que se está en presencia de una falta de legitimación activa susceptible a la inhabilidad de título, no solo por la razón procesal de no estar contemplada en la enumeración "limitativa del art. 30 de la Ley de Prenda con Registro", sino porque la demandada no es tercera ajena a la prenda en que se basa esta ejecución.

2. Por resolución del 28.6.2002 el A quo denegó la concesión del remedio intentado (fs. 20/vto.). Contra dicho decisorio deduce el impugnante el recurso directo previsto en la ley 7055 (fs. 22/28).

3. Si bien el recurrente invoca en apoyo de su planteo recursivo la concurrencia del supuesto previsto en el inciso 3 del artículo 1 de la ley 7055, afirmando que la sentencia dictada por la Sala es arbitraria, de la confrontación del memorial introductor del recurso de inconstitucionalidad con el decisorio impugnado surge tan sólo la mera disconformidad de aquél con lo resuelto por los juzgadores en ejercicio de funciones propias sobre cuestiones de hecho, prueba y derecho, lo que escapa en principio a la materia específica del recurso de inconstitucionalidad.

En efecto, una confrontación de los agravios deducidos con los argumentos del decisorio atacado, sólo permiten avizorar una mera discrepancia con el criterio esbozado por los Sentenciantes en orden a confirmar la resolución inferior que -a su turno- no hizo lugar a la ejecución prendaria deducida por Amiun S.A. contra Noemí Busdrago.

Y es que, para ello, el A quo se basó en criterios doctrinarios y jurisprudenciales que pueden ser o no compartidos por el recurrente, pero que en modo alguno adolecen del vicio de ilogicidad o irracionalidad.

En efecto, preguntándose el Vocal de primer voto, acerca de si en la ejecución bajo análisis era factible deducir la excepción de falta de legitimación, consideró que "si bien la ley en su artículo 30 no contempla esta defensa dentro de las admisibles en esta clase de ejecuciones, es de ver que el precepto supone una ejecución basada en un certificado de prenda que se ajusta a la ley y que acredite la existencia de una deuda exigible a cargo del ejecutado".

"Conceptualmente -agregó- la excepción de nulidad a que refiere la norma comentada se aproxima a la defensa de inhabilidad de título en cuanto que sólo puede fundarse en aspectos puramente externos o materiales del título que demuestren su falta objetiva de ejecutoriedad por no reunir en su contenido los requisitos que lo tornan hábil para incoar un juicio de ejecución" (fs. 2/vto.).

Es que según lo sostiene la doctrina "...bajo el rótulo de excepción de nulidad del contrato de prenda debe admitirse la oposición de la defensa de inhabilidad de título porque el precepto se refiere a las excepciones deducibles contra la fuerza ejecutiva del título, es decir que puedan obstar al progreso de la ejecución en el supuesto hábil y procedimiento ajustado a la ley, ya que no se concibe que si por cualquier causa la ejecución se despacha sobre la base de un título inhábil (por no reunir las condiciones de la ley o sencillamente por no tratarse de un certificado de prenda o por no resultar de él un crédito en cabeza del actor contra el demandado) se prive al accionado de la garantía constitucional de la defensa en juicio. Entenderlo de otra forma supondría incurrir en un exceso ritual con seguro menoscabo de los derechos a la jurisdicción, debido proceso y defensa" (f. 2 vto.).

Frente a dicha argumentación, insiste el quejoso con su particular enfoque en el sentido de que, al asimilar la defensa opuesta por el demandado -inhabilidad de título- a la de nulidad del contrato, se estaría resolviendo extra petita, es decir, más allá de las excepciones propuestas, pero lo cierto es que con su desarrollo argumental no consigue demostrar que el Juzgador haya optado por un criterio exegético que desborde las posibilidades interpretativas aceptables desde un punto de vista constitucional.

Por último, debe señalarse que tampoco puede merecer favorable acogida el agravio esgrimido y que se relaciona con la ausencia de motivación del decisorio impugnado, al sostener que la demandada no era una tercera ajena a la relación contractual, y que la inscripción en el Registro, por ende, no resultaría necesaria para conferir aptitud ejecutiva al contrato prendario.

Es que con su postura no alcanza a rebatir el sólido argumento sustentado por la Alzada cuando manifiesta -coincidiendo con el Inferior- que "el endosatario se legitima sin otro requisito que la inscripción del endoso, de conformidad con la letra y el espíritu del artículo 24 de la Ley de Prenda... De allí es que si en el sub examine el endoso en favor del actor no fue debidamente inscripto en el registro pertinente, carecerá este de la legitimación activa requerida para demandar, porque el contrato es oponible ante terceros a partir de su anotación, sin perjuicio de la plena eficacia -aún sin tal recaudo- entre los suscriptores" (f. 2).

Criterio que, por lo demás cabe remarcar, es el sostenido por la doctrina (vid. Domanico, Rubén "Las excepciones en el proceso de ejecución prendaria", Abeledo Perrot, Bs. As., págs. 132 y ss.; Amadeo, José Luis "La prenda con registro", Cooperadora U.B.A., Bs. As., págs. 76 y ss.).

Lo hasta aquí expuesto, permite inferir entonces, que los reproches endilgados por el quejoso, se reducen en definitiva a una mera disconformidad con los argumentos del decisorio impugnado, pero en modo alguno permiten concluir que adolezcan de insuficiente motivación que posibiliten acoger el remedio intentado.

En esa línea argumental, esta Corte tiene dicho que "la tacha de arbitrariedad no incluye la discrepancia de la parte recurrente con el criterio utilizado por los jueces de la causa en la valoración de la prueba" (cfr., entre muchos otros, A. y S., T. 99, pág. 102; T.100, pág. 251; T. 101, pág. 408; en sentido análogo, Fallos: 297:29; 300:1049; 301:1062; 302:1564; 306:143 y 282; 307:234 y 716; etc.); ni puede tampoco configurarse como un medio de sustituir a los jueces ordinarios en la decisión de cuestiones que le son privativas (A. y S., T. 95, pág. 341; T. 100, pág. 251; entre otros).

Por ello y ante esa mera disconformidad, no se configura cuestión constitucional idónea para habilitar esta instancia de excepción cuyo cometido no es corregir posibles errores o soluciones opinables.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE:

Rechazar la queja interpuesta. Declarar perdido el deposito para el recurrente.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.:VIGO-FALISTOCCO-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)