marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Convenios colectivos de trabajo, jornada de trabajo, jornada máxima, horas extra
Materia: LABORAL
Carátula: FRETES, ELIAS c/ CLUB GIMNASIA Y ESGRIMA s/ DIFERENCIAS SALARIALES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-08-31

La doctrina del plenario "D'Aloi c/Selsa s.a. ", nro. 226 del 25 6.81, no es aplicable cuando el CCT que corresponda, estabeciera una jornada reducida y se trabajara horas extras por encima de dicho tope máximo. En dicho plenario no se contempló este supuesto, pero es conveniente recordar que en los casos en que el CCT fija una jornada máxima, al igual que el tope legal establecido por la ley 11544, nos encontramos ante una norma imperativa que se impone a las partes del contrato de trabajo.
Sentencia, encuadramiento legal de los hechos, acuerdo y voto individual
Materia: LABORAL
Carátula: Ferrapeira c/ Cristalux S.A. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-11-20

En la sentencia del tribunal del trabajo, los hechos establecidos en el veredicto deben ser subsumidos en la normativa legal correspondiente declarando conforme a derecho, también mediante el voto individual de cada uno de los miembros que integran el tribunal del trabajo fundamentando su decisión (art. 156 de la Constitución provincial).
Marcas, daños y perjuicios, relación de causalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: THRIFTY  RENT  A  CAR  SYSTEM  INC c/ GVS SA s/ VARIOS PROPIEDADINDUSTRIAL E INTELECTUAL.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-01

La jurisprudencia de esta Cámara, siguiendo prestigiosos aportes doctrinales, ha puesto de relieve la notoria dificultad que existe para probar la relación causal entre una infracción marcaria y los daños que de ella se derivan, si bien todos son contestes en que la mencionada dificultad no puede favorecer la impunidad de quienes han cometido a sabiendas las conductas ilegítimas (esta Sala, causa n° 1889/97 del 12/10/2000; causa n° 1748/05 del 14/10/2010; Sala III, causa 7698/92 del 16/11/2004; Sala II, causa n° 8749/99 del 15/3/2010, entre otras).
Facultades reglamentarias, decreto reglamentario
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: González Victorica, Matías y otros c/ EN - AFIP DGI - dto. 1313/93 s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-11-21

No vulneran el art. 99, inc. 2° de la Constitución Nacional en su texto actual los reglamentos que mantengan inalterables los fines y el sentido con que la ley haya sido sancionada; aquellos pueden establecer condiciones o requisitos, limitaciones o distinciones que, aun cuando no hayan sido contemplados por el legislador de una manera expresa, si se ajustan al espíritu de la norma reglamentada o sirven, razonablemente a la finalidad esencial que ella persigue, son parte de la ley reglamentada y tienen la misma validez y eficacia que esta (Voto de los jueces Maqueda y Lorenzetti).

Fuente del sumario: SAIJ
Procedencia del recurso, acción meramente declarativa, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Livieri, Jaquelina Alexis s/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad Denegado en Livieri, Jaquelina Alexis  c/ GCBA s/ acción meramente declarativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-11-15

Asiste razón a la parte recurrente en cuanto sostiene que el fallo atacado -que rechazó la demanda con sustento en que la actora no había logrado demostrar una verdadera relación permanente y continuada de empleo con el Teatro Colón-, omite analizar los planteos formulados por su parte relativos a la figura del fraude laboral, y no ha analizado las circunstancias conforme el principio de primacía de la realidad invocado. La hermenéutica de la Sala afecta derechos constitucionales al desconocer que la contratación sucesiva y reiterada de la actora en forma predominantemente continua como solista del Teatro Colón por varios años - además de reconocer la calidad artística de aquella-, transforma la regla particular, de excepción -contratación por tiempo determinado- en la regla general. (Del voto en disidencia de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, proceso penal, imputado, audiencia de conocimiento personal, juicio oral, defensa en juicio, Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: C., J. O. c/  s/ ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL Y OTROS-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-02-27

No resulta idóneo para lograr la concesión de la vía interpuesta el planteo relativo a la nulidad del fallo por ausencia de audiencia de visu, desde que la interesada no se hace cargo de demostrar que la no realización del visu en las circunstancias del caso -debate oral donde el imputado estuvo presente en las audiencias y contó con la posibilidad de expresarse- resulte reñida con la jurisprudencia del Máximo Tribunal nacional que cita, ni con la doctrina que al respecto ha elaborado este Tribunal. - CITAS: CSJStaFe: M., AyS T 245, p 251.
Juicio ejecutivo, títulos ejecutivos, excepciones procesales, inhabilidad de título
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Consorcio Edificio Cirene c/ Spera de Russo Aida Olga s/ Ejecución de Expensas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-07-14

Cuando el reglamento de copropiedad no exige que en el certificado de deuda, al que le atribuyen fuerza ejecutiva, se discrimine cuales son los períodos adeudados o se individualice como se compone el saldo deudor, es suficiente título ejecutivo aquel en el cual se indica el monto total de lo adeudado. En razón de ello, cuando tal cláusula está establecida en el Reglamento de copropiedad (art. 1197 del C.C.) esta vedado a los jueces ingresar al estudio de su composición ya que ello desnaturaliza el ámbito de la excepción de inhabilidad (art. 542 inc. 4 del CPC). (Minoría u opinión personal)
Honorarios, mora, interpelación
Materia: CIVIL
Carátula: M.C.B.A. c/ ALIVERTI Nieves M. s/ EXPROPIACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-06-05

Antes de la vigencia del art. 49 de la ley 21.839 o cuando en la actualidad ella no fuera aplicable, la constitución en mora de la obligación de pagar honorarios regulados en el juicio, cuando la sentencia no ha establecido plazo a ese fin, precisa la interpelación al deudor. No se trata, en esos casos del supuesto del art. 509, 1 parte, del Código Civil, sino de una obligación de exigibilidad inmediata. Mientras no medie interpelación de pago, los honorarios no devengan intereses (art. 622, Cód. Civ.), ni pueden ser incrementados por el deterioro de la moneda (conf. Borda, "Obligaciones", t. 1, p 72 num.55; Llambías, "Obligaciones", t,II, num. 1504/1505; CNCiv. sala C, L.L.1977-B-, p. 552, fallo 74.370; id , E.D., 78.318, fallo 30.769; íd.L.L. 1978-B, p. 514, fallo 75.850, íd. R. 254.510 del 7/5/79, íd. R
Asociaciones profesionales de trabajadores, tutela sindical
Materia: LABORAL
Carátula: JUMBO RETAIL ARGENTINA S.A. c/ QUISPE, NELSON ANIBAL s/ JUICIO SUMARISIMO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-09

El Estado y los particulares deben garantizar que las personas puedan ejercer plenamente los derechos derivados de la libertad sindical sin temor de que serán sujetos a violencia alguna y, no cabe duda, que el despido, cuando carece de licitud, es un acto de violencia, de despojo, que afecta la realización plena del hombre en su dimensión ontológica. La ausencia de aquella protección disminuye la capacidad de las agrupaciones de organizarse para la protección de sus intereses. La protección es particularmente necesaria tratándose de dirigentes sindicales, porque para poder cumplir sus funciones con plena independencia deben tener la garantía de que no serán perjudicados en razón del mandato que detentan en el sindicato.
Estabilidad del delegado gremial, interpretación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: CARRERAS, OMAR c/ BANCO DE LA NACION ARGENTINA s/ JUICIO SUMARISIMO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-18

El ordenamiento jurídico vigente, más allá de su criticable metodología, prescribe que la estabilidad no es un derecho de todos los delegados sino de aquellos que han sido elegidos de conformidad con las pautas precisas de la ley y no cabría confundir esta premisa con la esencia del concepto de "delegado" ni trasladar la polémica hacia la validez o invalidez de la elección, porque podrán existir tipologías diferentes de representación sindical, admisibles, pero no amparadas por la específica tutela. (Del dictamen del PGT 20110 del 24.06.96 al que adhiere la Sala).
Daños y perjuicios, cosa riesgosa, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: López, Alejandro c/ Suc. de Marenco, Amadeo Jacinto s/ Daños y Perjuicios - Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2008-11-10

Todos los daños causados por un automóvil en movimiento, ya sea que provengan de vicios o fallas en su conducción, caen dentro de la órbita del Art.1113, párrafo 2, segunda parte del Código Civil, razón por la cual el dueño o guardián solo podrá eximirse de responsabilidad demostrando que medió causa ajena. La doctrina y la jurisprudencia absolutamente dominantes en nuestro tiempo son pacíficas en tal sentido.

La ley deja librado al prudente criterio judicial el encuadramiento de las diferentes situaciones dentro de la norma legal, de modo que el magistrado, atendiendo a las particularidades del caso y al riesgo de la cosa o de la actividad desplegada, determina cuál es el régimen aplicable.
Medidas cautelares, peligro en la demora
Materia: CIVIL
Carátula: MOSSO JUAN JOSE c/ CARDOZO PATRICIA ALEJANDRA s/ TENENCIA DE MENORES M.A.S. Y OTRO ECT. - CUAD. DE APELACION-  CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-02-20

Con respecto al presupuesto de peligro en la demora, cabe señalar que el mismo debe entenderse como el interés jurídico que justifica el adelanto jurisdiccional a los fines de disipar un temor de daño inminente, que pueda luego transformarse en un daño efectivo, sea que se exija su acreditación prima facie, sea que se presuma por las circunstancias del caso. Es decir que si bien no es necesaria la plena acreditación de su existencia -no se exige que sea concluyente -, se requiere que resulte en forma objetiva, no bastando el simple temor del solicitante, sino que debe derivar de hechos que puedan ser apreciados -en sus posibles consecuencias- aún por terceros.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Demanda, tercero demandado, defensa en juicio
Materia: PENAL
Carátula: VILLAMARIN, A. s/ ACUSACION - DEMANDA CIVIL - IMPRECISION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-18

Es violatoria de la garantía de la defensa en juicio la demanda contra el tercero civilmente responsable que no reúna los recaudos mínimos exigidos por la ley procesal civil.
Acción de amparo, derecho de enseñar y aprender, derechos y garantías constitucionales, derechos subjetivos, derechos de incidencia colectiva, daño actual
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Asesoría Tutelar Justicia Contencioso Administrativo y Tributario de la C.A.B.A. c/ G.C.B.A. s/ Amparo Tributario de la C.A.B.A. c/ G.C.B.A. s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-06-01

En lo que hace específicamente a la tutela de intereses de incidencia colectiva, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que la protección que prevé el nuevo texto del artículo 43 de la Constitución Nacional no impide verificar si éstos han sido lesionados por un acto ilegítimo, o existe amenaza de que lo sean, y para que esto sea así el demandante debe poder expresar un agravio diferenciado respecto de la situación en que se hallan los demás ciudadanos, no siendo suficiente con invocar el interés general en que se cumplan la Constitución y las leyes.

En la especie, el Tribunal entiende que, en la medida en que la falta de cumplimiento de la Ley Nro. 350 afecta a un particular sector de los habitantes de la Ciudad, se encuentra presente en la especie el requisito atinente a la existencia de agravio diferenciado, distinto del perjuicio de cualquier habitante por el solo incumplimiento de la ley.

Así, habiéndose invocado la existencia de un daño diferenciado proveniente de la lesión a un derecho -el derecho a la educación- y estando la pretensión controvertida por la accionada, se presenta en autos una causa entre partes adversas que requiere la determinación de la solución aplicable al caso de conformidad con el derecho vigente.
Honorarios, regulación de honorarios, recurso contencioso administrativo, costas, sentencia condenatoria, mora, intereses moratorios, juicio de apremio
Materia: ADMINISTRATIVO - CIVIL - PROCESAL
Carátula: RAMIREZ, ENRIQUE MELCHOR c/ MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION    INCIDENTE DE APREMIO      CSJ EXPTE NRO 362-89
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-11-14

Producida la mora ipso jure desde el momento en que le es exigible al condenado en costas el pago de los honorarios profesionales, comienzan a devengarse los intereses conforme a la normativa del Código Civil aplicable (artículo 622). Por ello, sólo puede reconocerse como punto de partida para el cómputo de los intereses, la fecha en la que quedó firme la regulación y por ende exigible el pago de los honorarios.
Independencia del Poder Judicial, garantías de los jueces, intangibilidad de la remuneración, adicional por antigüedad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Jáuregui, Hugo René Mario y otros c/ Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-06

El incremento de la bonificación por antiguedad debe ser tenido en cuenta cuanto se efectúe la liquidación del deterioro salarial, significando, a los efectos de la aplicación del artículo 96 de la Constitución Nacional y del artículo 156 de la Constitución de Entre Ríos, un incremento que debe ser considerado y por lo tanto incidir sobre el monto de la condena.
Hábeas data, información crediticia, tarjeta de crédito, interpretación de la ley, reglamentación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-COMERCIAL
Carátula: Magoia, Elda Teresa c/ Tarjeta Provencred y/o Citibank NA - hábeas data. s/ Hábeas Data
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-08

El decreto 1558/01, reglamentario de la nueva ley 25.326 incluyó en forma expresa entre la clase de datos personales que pueden ser tratados en la prestación de servicios de información crediticia, aquellos referentes a tarjetas de crédito, lo que impide la subsistencia de la prohibición de informar establecida en el art. 53 de la ley 25.065, en tanto resulta incompatible con el nuevo sistema legal (Disidencia del Dr. Enrique Santiago Petracchi). -De la disidencia emitida en el precedente "Organización Veraz SA", al que remitió la disidencia--.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, juicio oral
Materia: PENAL
Carátula: Soria, Arturo René s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-02-19

Es insuficiente el planteo de la defensa respecto del art. 276 del C.P.P. si no afirma que en la oportunidad a que se refiere dicho texto legal no le fuera concedida la palabra sino solamente que no hay constancia en el acta. De este modo a pesar de tratarse del propio abogado a que se refiere el art. 276 no denuncia el incumplimiento de dicho trámite procesal.
Recurso contencioso administrativo, instancia administrativa, agotamiento de la instancia administrativa, gobernador
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MASCALI, JULIO CESAR c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.   REVOCATORIA.     CSJ EXPTE NRO 42-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-05-23

La lectura e interpretación congruente de los artículos 4 y 10 de la ley 4106, en obligada conexión con la disposición del artículo 72 inciso 18) de la Constitución Provincial, exige como requisito básico de acceso a la jurisdicción contencioso administrativa que el auto que se impugne sea definitivo y cause estado; decida sobre el fondo del asunto y sea dictado por la más alta autoridad administrativa competente, una vez agotados los medios de impugnación establecidos en las normas que regulan el procedimiento; autoridad que no puede ser otra que la mencionada en la regla (además de sanción posterior) de la más alta grada.
Recurso extraordinario, admisibilidad del recurso, recurso de inaplicabilidad de ley, denegatoria del recurso, sentencia condenatoria, homicidio simple, sentencia arbitraria, defensa en juicio
Materia: PENAL
Carátula: Monzón, Carlos s/ Homicidio
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-06

Es admisible el recurso extraordinario contra la decisión que no hizo lugar al recurso de inaplicabilidad de ley contra la sentencia que condenó por el delito de homicidio simple, con sustento en disposiciones de naturaleza procesal si se ha configurado un caso de arbitrariedad al no admitirse la producción de prueba esencial para la defensa del acusado, con serio menoscabo de la garantía de la defensa en juicio.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, discrepancia del recurrente
Materia: PENAL
Carátula: Feijo, Carlos Alfredo s/ Asociación ilícita - Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-03-30

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que se condiciona la denuncia de absurda interpretación del art. 145 del Código de Procedimiento Penal a una suposición, metodología que vacía el recurso de impugnación concreta a la aplicación de un artículo que, de cualquier modo, no ha sido actuado en el fallo.
Haber jubilatorio, reajuste jubilatorio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: SIROMBRA, Lucia Elvira c/ ANSES s/ REAJUSTE DE HABERES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-09-14

El único índice disponible que permite seguir la evolución de los ingresos de los trabajadores durante el período abril de 1995 y mayo de 2005 es el Promedio de las Remuneraciones Declaradas al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones informado por el Ministerio de Economía -incluido el SAC devengado por ser éste remunerativo y estar sujeto a aportes- que elabora la Secretaría de Política Económica, a través de la Dirección Nacional de Programación Macroeconómica, sobre la base de la información del S.I.J.P. provista por la A.F.I.P. (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia).
Competencia consultiva del tribunal internacional, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, opinión consultiva, Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, derechos de las niñas, niños y adolescentes, interés superior del niño, Pacto de San José de Costa Rica, convenio europeo de derechos humanos, protección a la familia
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Fornerón en Hija vs. Argentina s/ Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2012-04-27

Conforme lo ha establecido la Corte Interamericana en la Opinión Consultiva 17 solicitada por la Comisión -OC-17/2002 Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño- , el niño tiene derecho a vivir con su familia, la que está obligada a satisfacer sus necesidades materiales, afectivas y psicológicas encontrándose protegido contra injerencias arbitrarias o ilegales en su familia, lo que, asimismo, se encuentra expresamente reconocido por los artículos 12.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 11.2 de la Convención Americana y 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos.
Concursos, desapoderamiento, legitimación procesal del fallido
Materia: COMERCIAL
Carátula: TICAFIN  SA s/ QUIEBRA  S/  INCIDENTE  DE REALIZACION DE BIENES-MUEBLES E INMUEBLES-.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-11

Si bien cabe admitir que el fallido exprese opiniones durante el procedimiento liquidatorio en cuestiones vinculadas a bienes desapoderados con fundamento en su vocación remanente (ley 24522: 228-in fine), dicha circunstancia en modo alguno lo convierte en "parte" necesaria en el trámite liquidatorio, ya que ello importaria la desnaturalización del desapoderamiento y de la pérdida de legitimación procesal (cfr. cncom, sala c, 22.11.89, "Sanatorio Liniers s/ Propia Quiebra s/ inc. concurso especial por Recio, Mario"; id. sala b, 15.4.97, "Primotex SA s/ quiebra s/ inc. de realización de bienes"). Es que en tanto el quebrado desapoderado de sus bienes no pierde la propiedad de estos últimos, sino su administración y la facultad de disponer de ellos, una vez liquidados y pagados los acreedores, en caso de existir remanente, este le debe ser entregado por ser su dueño. así, se estima que el fallido tiene legitimación para cuestionar la tasación y la base propuesta por el martillero, derecho que por otra parte fue reconocido por el a quo.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, ejecución de sentencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cambiaso, Marcelo Miguel y ot. c/ Tort, Omar F. J. y ot. s/ Cumplimiento de contrato. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-10-28

La decisión recaída en la etapa de ejecución de sentencia que dispone la suspensión de la ejecución y el levantamiento de una medida cautelar no tiene efectos de sentencia definitiva en los términos de los arts. 278 y 296 del Código Procesal Civil y Comercial, máxime en el caso de autos en que el cumplimiento del contrato que se ejecuta se ha dictado bajo apercibimiento de resolución en daños y perjuicios, por lo que aún existen vías aptas habilitadas para la satisfacción del derecho invocado. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Procesos especiales, excepciones procesales, tutela de la competencia, legitimación procesal, ejecución de sentencia
Materia: COMERCIAL
Carátula: SEMPE OSCAR ERNESTO c/ SOLER ALICIA CRISTINA s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-03-26

Se tiene dicho que, en los casos judiciales, la capitalización de intereses procede siempre y cuando liquidada la deuda, el juez mandase pagar la suma resultante, y el deudor fuese moroso en hacerlo (CCIV 623, in fine). Para ello, una vez aceptada por el juez la cuenta debe ser intimado su pago al deudor, porque recién allí, si éste no lo efectiviza, cae en mora y, entonces, debe intereses sobre el monto total de la liquidación impaga. (CSJN "Jucalan Forestal Agropecuaria SA c/ Provincia de Buenos Aires" in re 24/3/92; autos "Cía. Papelera Sarandi c/ Kusis, Alfredo" in re 10/8/87; CNCom, Sala B, 20/9/07, "Banco Itaú Buen Ayre SA c/ Silva Jordedo, José Manuel s/ ejecutivo"; íd., 26/6/08, "Kenisgberg Benjamín c/ Indegas SA s/ ordinario"). En función de ello, en el caso, visto que la accionada fue intimada al pago de la suma que arrojó la liquidación aprobada y fue morosa en su cancelación, se aprecia que en el caso de autos se ha dado el supuesto expresamente contemplado por el CCCN que replica la solución del CCIV 623 y que habilita la liquidación de intereses sobre el monto total de la liquidación impaga (conf. CNCom, Sala A, 16/11/06, "Estrella Producciones SA s/ pedido de quiebra (promovido por Duarte Hugo Néstor)"; Sala B, 22/3/10, "Banco Sidesa SA s/ quiebra s/ incidente de cobro de honorarios (por Ariel Dasso)"; íd., 20/12/07, "Jorge Karin s/ quiebra s/ inc. de verificación -por Vaquero Gabriel-"). En ese marco, el resultado de la misma no debe exceder una vez y media la tasa activa anual que utiliza el del BNA en sus operaciones de descuento de documentos.