marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Sucesiones, apertura de la sucesión, herederos
Materia: CIVIL
Carátula: Guidi, Guillermo c/ Farini, Juan Angel s/ Posesión vicenal
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-29

El juicio sucesorio solo es ineludible cuando existen bienes inmuebles o muebles registrables a nombre del "de cujus", o cuando se tratara de demandar a un tercero por un crédito divisible, ya que al dividirse estos de pleno derecho (art. 3485 Código Civil), la declaratoria de herederos sirve en estos casos para determinar la cuota del heredero actor, más no en el supuesto donde se trata de la transmisión a los sucesores del derecho de usucapir que como poseedor del bien inmueble le asistía al causante demandante y que precisamente ejerciera en vida.
Contrato de trabajo, viáticos
Materia: LABORAL
Carátula: ZELARAYAN, ROBERTO. c/ EMBOTELLADORA DEL INTERIOR S.A. s/ COBRO DE PESOS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-04-16

El criterio de la Cámara constituye una interpretación irrazonable de la prueba al admitir que es posible suplir los comprobantes por las planillas ("declaraciones juradas", en el lenguaje del fallo recurrido) supuestamente firmadas por el actor.

Pacíficamente se sostiene: "Si los viáticos no contaran con los comprobantes emitidos por quien prestó el servicio (transporte, hotelería, etc.), se los considerará como parte del salario con todas sus consecuencias laborales y previsionales" (cfr. De Diego, Julián Arturo, "Manual de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social", 5ª edición actualizada, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2002, pág. 312).

DRES.: ESTOFAN (CON SU VOTO) -GOANE (CON SU VOTO) - SBDAR.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, accidentes de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Correa, José Luis Oscar c/ José Iogna y Cía. S.R.L. y otros s/ Indemnización accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-24

Determinar las circunstancias previstas en la parte final del segundo párrafo del art. 1113 del Código Civil que conducen a la interrupción del nexo de causalidad y a liberar total o parcialmente de la responsabilidad que la misma norma atribuye al dueño o guardián, constituye una cuestión de hecho que únicamente puede revisarse en la instancia extraordinaria en el supuesto de absurdo que debe ser demostrado.
Recurso directo, leyes
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: STELLARANI SILVIO c/ S.A. = SCHIAVONI I.C. (INRIVILLE) s/ RECURSO DIRECTO - SUPLETORIEDAD (ART III L.P.T.)
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1985-09-18

Si bien la denegatoria del recurso para ante la sala laboral del tribunal superior proviene del presidente del tribunal a quo y no del cuerpo, por lo que en principio deberían devolverse los autos a fin de que el tribunal se expidiera sobre su admisibilidad, en esta caso particular ello implicaría un desgaste jurisdiccional inútil, atento la notoria improcedencia del remedio intentado, lo que justifica decidir pese al vicio que se destaca. Aún cuando formalmente la queja satisfaga las condiciones legales exigidas, es sustancialmente improcedente habida cuenta de que el agravio consiste en la denegatoria de un recurso de revisión en contra de la decisión dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, no contemplado el fuero laboral. No resulta aplicable en este supuesto la supletoriedad del C.P.C. dispuesta por el art. 111 LPT, toda vez que la ley procesal del fuero ha regulado expresamente en materia de recursos (art. 85), No pudiendo en consecuencia invocarse vías impugnativas distintas de las que dicho ordenamiento preve, ni siquiera frente a la remisión contenida en el art. 84 LPT.
Proceso penal, acción civil
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: MONTENEGRO GUILLERMO s/ CASACION PENAL - ACTIVIDAD PROBATORIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1985-03-15

La vigencia del "principio de la investigación judicial autónoma', tendrá algunas limitaciones respecto de la acción civil que pudiera haberse planteado en el proceso, derivada de la naturaleza privada y disponible de la pretensión resarcitoria. A) en la medida en que la existencia y la extensión del daño causado por el delito (extremos propios de la pretensión civil) sean circunstancias también desde la óptica del bien jurídicamente protegido por la norma penal que se pretende actuar en el caso concreto (vgr. Perjuicio en la defraudación; inhabilitación laboral en las lesiones), será correcto admitir, respecto de ellas, la vigencia de la potestad autónoma de investigación, en sus dos proyecciones ya señaladas: la coincidencia entre el interés público y el privado, legitima esta solución. B) pero si se tratara de hechos atinentes exclusivamente a la acción civil, por carecer de toda relevancia jurídico penal, (vgr. quienes son los terceros civilmente damnificados por el homicidio) el tribunal carecerá de atribuciones para producir, de oficio, prueba sobre ellos, tanto si no fueron controvertidos, como si, habiéndolo sido, los interesados omitieron la actividad probatoria necesaria para acreditarlos. La conclusión del sentenciante, en el sentido de no admitir un extremo fáctico vinculado exclusivamente a la acción civil, cuya existencia no fue controvertida por los interesados sino expresamente aceptada por estos, importa desconocer la existencia de su manifestación positiva de voluntad en tal sentido expresada al amparo del art. 917 C.C, que, en virtud de la incidencia puramente civil de la cuestión no discutida, torno innecesario acreditarla a traves de las vías procesales pertinentes. Debe hacerse lugar al recurso deducido en autos y en consecuencia, casar la sentencia en cuanto rechazo la demanda por el rubro daño moral interpuesta por el actor civil.
Deuda pública, obligaciones de dar sumas de dinero, régimen de consolidación de deudas, bonos de consolidación, pago, plazo, Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: LIMA DE LUNA ROSA, JOSEFA Y OTRO c/ MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL Y OTRO s/ RESPONSABILIDAD MEDICA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-10-13

Procede la invocación de la vigencia de la ley 23982 dentro de cuyas prescripciones se encuentra comprendida la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. En lo atinente al plazo otorgado para el cumplimiento de la condena, sabido es que el modo de pago previsto en la norma citada trae aparejado el pertinente trámite administrativo a los efectos de que el acreedor se provea de los bonos en que se consolidó la deuda. Por ello, teniendo en cuenta la demora que implica la tramitación interna en los entes descentralizados, se hace lugar a la queja otorgándose un plazo de 30 días hábiles contados a partir de que quede firme el presente pronunciamiento.
Corte Europea de Derechos Humanos, competencia, jurisprudencia vinculante, principios del derecho internacional de los derechos humanos, sistemas penales, Estado Nacional
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Vinter y otros c/ El Reino Unido - Condena a cadena perpetua permanente - Función de la pena y criterio aplicable s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: Bajo Rin
Fecha: 2013-05-29

Reiteradamente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha establecido que si bien la elección de un sistema penal, incluyendo los mecanismos de revisión de las penas y condiciones de la puesta en libertad, se encuentra como regla general fuera del ámbito de la revisión que la Corte realiza en tanto no contraríen los principios establecidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, los Estados Parte pueden imponer pena a cadena perpetua a delincuentes adultos en caso de delitos especialmente graves, lo que no se encuentra prohibido ni resulta incompatible con el artículo 3 -prohibición de tortura-, de la norma humanitaria.
Juicio ejecutivo, excepción de pago
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Liniers, Osvaldo c/ Molina, Julio s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-10-03

Si no surge con absoluta y total claridad de los instrumentos acompañados por el ejecutado al oponer la excepción de pago, que se hubiera oblado la deuda, ni que dichos documentos estuvieran firmados por el ejecutante -o su apoderado-, no queda otro camino que desestimar la referida excepción (art. 542, inc. 6º, C.P.C.C.).
Proceso contravencional, costas, aplicación de la ley, facultades del juez
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: M. L. D. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Artículo 74 Artículo 74
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-09-04

En lo relativo a la imposición de costas, el a quo debió ejercer su facultad no sólo de conformidad con las disposiciones de la Ley Nro.327, sino también de acuerdo a las previsiones del artículo 14 del Código de Procedimiento Contravencional; circunstancia ésta que ha sido omitida por el Judicante.

En consecuencia corresponde volver los actuados al Juzgado de Primera Instancia a los efectos de la determinación de las costas de conformidad con las previsiones legales ut supra citadas. Del voto en disidencia de la Dra. Robledo.
IVA, inconstitucionalidad, exenciones impositivas, delegación legislativa
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: Festival de Doma y Folklore c/ Estado Nacional s/ acción meramente declarativa de derecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-02-20

Corresponde confirmar la sentencia que declaró la inconstitucionalidad del conjunto normativo integrado por el art. 1°, inc. a, ap. II, de la ley 25.414 en cuanto delegó en el Poder Ejecutivo Nacional la atribución de eliminar exenciones tributarias y la norma dictada en consecuencia, el decreto 493/2001 -art. 1°, inc. f- que modificó la ley del impuesto al valor agregado, eliminando los puntos 10, 11 y 21 del inc. h, del primer párrafo del art. 7°, si ni el Poder Legislativo podía delegar en el Ejecutivo la facultad de eliminar exenciones ni este último podía dictar reglamentos en uso de tal atribución disponiendo la inclusión en el impuesto al valor agregado de sujetos hasta entonces exentos, sin vulnerar el principio constitucional de legalidad en materia tributaria (Disidencia de los Dres. Ricardo Luis Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda).
Designación de jueces, procedimiento de selección
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Bertuzzi, Pablo Daniel y otro c/ EN - PJN y otros s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-11-03

El único sistema de designación de jueces inferiores en el derecho argentino es el que viene precedido de un concurso realizado en el Consejo de la Magistratura y cuenta con la participación del Poder Ejecutivo y el acuerdo del Honorable Senado de la Nación.
Empleados públicos, retiro voluntario, beneficios previsionales, jubilación anticipada
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gullini, Marcelo y otros c/ Municipalidad de San Nicolás de los Arroyos s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-05-27

El derecho a la estabilidad puede perderse, conforme la ley 11.184 sustituyéndose por la correspondiente indemnización en el caso del retiro voluntario o por hallarse el personal en condiciones de jubilarse, tratándose de dos instituciones sustancialmente análogas en punto a la naturaleza sustitutiva de la prestación que se configura en tales supuestos con motivo de la extinción de la relación de empleo. En el caso del retiro voluntario se indemniza al agente conforme las pautas de la Ley de Contrato de Trabajo y, en los supuestos de jubilación, con el pago de los haberes de pasividad en forma periódica.
Concursos, efectos entre partes, acción revocatoria, caducidad
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Prebende, Luis Alberto c/ Gago, Luis Joaquín y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-08-08

El plazo de caducidad previsto en la LCQ 124, esto es, aquel de tres (3) años desde que se decretó la quiebra, recae sobre los actos ineficaces de pleno derecho de la ley concursal (arg. LCQ 118), sobre los actos ineficaces por conocimiento del estado de cesación de pagos (arg. LCQ 119) y, respecto de la acción de los acreedores prevista por la LCQ 120 que alude a la acción revocatoria o pauliana prevista por el CCIV 961. Se ha sostenido que media un supuesto de caducidad cuando existe un plazo acordado por la ley, por la convención o por la autoridad judicial para el ejercicio de la acción o de un derecho; la principal característica de la caducidad es la brevedad de los términos, ya que el legislador ha querido con ella que los actos enunciados se cumplan sin dilaciones, para que la suerte de las situaciones jurídicas y de los derechos de las partes queden prontamente definidos (conf. Salvat, Raymundo, "Tratado de Derecho Civil Argentino", T. IV, Buenos Aires 1947, pág. 637). El instituto se ha caracterizado como "una breve extinción de derechos por transcurso de un plazo legal o convencional" y que no se suspende ante nada, precisamente porque lo breve de su duración está indicando su fatalidad (conf. Colmo, Alfredo, "De las Obligaciones en General", Buenos Aires1944, pág. 627).
Recurso de apelación (procesal), tercera instancia, sentencia definitiva, recurso extraordinario
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Cía Swift de La Plata S.A.F. s/ QUIEBRA INC. VERIF. DE CREDITO CONTINUIDAD DE LA EMPRESA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-17

En el recurso ordinario de apelación, el criterio para calificar de definitiva a una sentencia es más severo que en el supuesto del art. 14 de la ley 48.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, proceso penal, suspensión del juicio a prueba, Ministerio Público, fiscales, condena condicional
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Z, E R s/ Estafa. Incidente de suspensión del juicio a prueba. Cuestión   previa: ¿Corresponde integrar un cargo de Juez de Cámara, vacante en  una sala de una de las Cámaras de Apelación en lo Penal convocadas, para la Constitución y funcionamiento válido de éste Tribunal   Plenario? Cuestión de fondo: 1) ¿El Instituto de la suspensión del   Juicio a prueba, incorporado al Código Penal por la Ley 24316 como   artículos 76 bis, 76 ter Y 76 quater, resulta aplicable a los   imputados por delito o delitos cuya escala penal en abstracto exceda  los tres años de reclusión o prisión?; 2) En su caso ¿El   consentimiento del Fiscal previsto en el artículo 76 bis, cuarto   párrafo del Código Penal, es exigible para todos los casos de   concesión de tal beneficio? (Expte. Nro. 1021-97) (Tribunal plenario)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-12-22

El consentimiento fiscal previsto en el artículo 76 bis, cuarto párrafo, del Código Penal es exigible en todos los casos de concesión de la suspensión del juicio a prueba. Su opinión deber fundarse sólo en aquéllas razones que importando requisitos de la condena condicional, negativamente estimados demuestren la conveniencia de aplicar en el caso efectivamente la pena, situación en la que el titular de la acción vincular al órgano jurisdiccional imponiendo la realización del juicio. (Del Voto del Dr. Suárez). En el caso, la cuestión a resolver es: ¨El instituto de la suspensión del juicio a prueba, incorporado al Código Penal por la ley 24316 como artículos 76 bis, 76 ter y 76 quáter, resulta aplicable a los imputados por delito o delitos cuya escala penal en abstracto exceda los tres años de reclusión o prisión?; y, ¨es exigible para todos los casos de concesión de tal beneficio el consentimiento del Fiscal previsto en el artículo 76 bis, cuarto párrafo del Código Penal?
Quiebra, prescripción, cómputo del plazo, concurso preventivo
Materia: COMERCIAL
Carátula: El Ranchilleño S.R.L. c/  s/ conc.prev. (hoy quiebra s/ incidente de verificación tardía)
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2018-12-13

El plazo de prescripción de dos años contados desde la presentación del concurso preventivo del deudor que consagra el art. 56 LCQ. no resulta aplicable a la quiebra ya que esta norma se refiere exclusivamente al concurso, pues señala comodies a quo para el cómputo del plazo de prescripción el día de la presentación en concurso; que la norma está ubicada sistemáticamente en el Título correspondiente al concurso preventivo, en tanto en el Titulo correspondiente a la quiebra no hay norma semejante; que la disposición normativa se justifica en el régimen concursal en orden a permitir que el deudor sanee su situación patrimonial en un lapso de tiempo más acotado, en tanto en la quiebra la falta de diligencia del acreedor en solicitar el reconocimiento de su crédito sólo le afecta a él mismo, pues solo podrá participar en lo que reste del dividendo concursal; que no pueden crearse términos de prescripción por analogía, en tanto el instituto es de interpretación estricta; y que en caso de duda ha de estarse por la solución más favorable a la subsistencia del derecho.
Denuncia del accidente de trabajo, indemnización, comisiones médicas, apreciación de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Villalba Cristian Roberto c/ Asociart ART S.A. s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-06-16

No se puede predicar que el control judicial posterior previsto mediante la adhesión a la Ley 27348, en las condiciones establecidas en la ley provincial (arts. 1, 5 y 6), asegure en los hechos el control judicial "amplio y suficiente" exigido por la doctrina constitucional. Se prevé (art. 5º ley 10.532) que los recursos ante el fuero laboral deberán formalizarse a través de la acción laboral ordinaria, con arreglo a lo dispuesto en la Ley Nº 5315 (CPL), dentro del plazo de 15 días hábiles judiciales computados desde la notificación de la resolución emanada de la Comisión Médica jurisdiccional, bajo apercibimiento de caducidad. El acotadísimo plazo que el legislador provincial introdujo y la exigencia de que se acompañe un certificado médico con el riguroso contenido impuesto, implica lisa y llanamente una obstrucción al acceso a justicia para quien alega ser víctima de un daño a su integridad psicofísica, todo lo cual torna en una mera declamación el supuesto "control judicial suficiente" (Voto Welp)
Separación de hecho, audiencia preliminar
Materia: CIVIL
Carátula: F., M. c/E., S. s/ DIVORCIO POR CAUSAL OBJETIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2008-07-03

Resulta inoficioso citar a los cónyuges separados de hecho a una audiencia ante la jueza de trámite, en el marco del art. 8 inc. "e" y "g" del Código Procesal del Tribunal de Familia de Formosa, ya que no existen "intereses contrapuestos" ante la ausencia de hechos controvertidos ni posibilidad de conciliar cuestión alguna, pues ambos litigantes manifiestan y expresan conjuntamente, que desean divorciarse, que hace más de tres años que están separados de hecho y que prescinden de la audiencia ante el juez de trámite, solicitando directamente se dicte sentencia.
Demanda, contenido de la demanda, gastos médicos, daño futuro, presentación extemporánea, gastos de traslado, puntos de la pericia
Materia: CIVIL
Carátula: VILLAFAÑE, LORENZO R. c/ MENDEZ CASTAÑO, LUIS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-01

Si en el escrito introductorio de la instancia el demandante sólo pidió la retribución de lo gastado en medicamentos, atención médica y traslados, pero no se solicitó la satisfacción de algún probable daño futuro, no obstante haber sido insertado como punto de pericia, dicha omisión no puede ser suplida mediante la fórmula "lo que en más o en menos resulte de las probanzas de autos", que meramente autoriza al juzgador a fijar en la sentencia, si correspondiere, una cantidad superior que la consignada en la demanda, pero que de ningún modo permite que el damnificado cambie la entidad del daño cuya reparación pide.-
Revocación de sentencia, suspensión del juicio a prueba, sentencia ultra petita
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Ministerio Público - Defensoría General de la CABA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ incidente de apelación en autos niselewicz, ezequiel gonzalo s/ 149 bis - amenazas- cp (p/l 2303)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-11-24

Corresponde revocar la sentencia que, con motivo de la apelación planteada por la querella, revocó la decisión de primera instancia que había concedido al imputado la suspensión del proceso a prueba, con la conformidad de la fiscalía interviniente. Ello así, dado que el alcance que se confirió a la intervención desplegada por la Fiscalía de Cámara -esto es, uno suficiente para considerar configurado, a partir de ella, el obstáculo previsto en el art. 217 del CPP- importó un exceso de jurisdicción por parte del tribunal a quo. Esa extralimitación se configuró cuando la Cámara le asignó a la actuación fiscal en la incidencia recursiva un efecto que se encuentra vedado por la ley adjetiva (art. 288, primer párrafo, CPP), pues la conformidad prestada por la fiscal de primera instancia con la suspensión del proceso a prueba no había sido materia del recurso planteado por la querella. De este modo, los camaristas no se encontraban habilitados para analizar ese punto, cuyo tratamiento había precluido, en perjuicio de los intereses del imputado. (Del voto del juez Santiago Otamendi).
Recurso de casación, inadmisibilidad formal, presentación extemporánea
Materia: PROCESAL
Carátula: Rodríguez y Otros c/ Empresa TAL y/o LAZO y/o Q.R.R. s/ Nulidad Absoluta por Incapacidad de Derecho - Ejecución de Sentencia - Incidente de Nulidad - RECURSO DE CASACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-10-29

Se impugna mediante recurso de casación la Sentencia Interlocutoria dictada por la Cámara de Apelaciones, con competencia en lo Civil, Comercial, del Trabajo y de Minas.

Corrido el traslado de ley es contestado por la contraria solicitando el rechazo del recurso por inadmisibilidad formal atento a la extemporaneidad de la presentación del memorial de agravios.

El Art. 292 del Código Procesal Civil, prescribe como una de las exigencias a verificar cuando se efectúa el examen preliminar de la causa, la interposición del recurso en término, resultando así, como presupuesto ineludible, efectuar el cómputo de los días transcurridos desde la notificación de la sentencia hasta la interposición del recurso, a los fines de comprobar si se dio cumplimiento con lo determinado por el Art. 289 del mismo cuerpo legal, que exige que el planteamiento se realice por escrito, con fundamentación dentro de los diez días siguientes de la notificación.

Según constancias de los autos principales, el apoderado es notificado de la Sentencia Interlocutoria Nº 97 con fecha el 15/08/13 (conforme constancias obrantes en autos) presentando el recurso de casación con fecha 03/09/13 a Horas 09:05 (Nueve y Cinco) según cargo, es decir de modo tardío.

Realizado el conteo correspondiente a los días transcurridos desde la fecha de notificación de la Sentencia en cuestión y la presentación del recurso, surge claramente la extemporaneidad del mismo, por lo que corresponde que así sea declarado. .

Por todo ello, y conforme lo dispuesto por el Art. 289 del C.P.C., corresponde declarar la inadmisibilidad formal del recurso de casación interpuesto por extemporáneo.