Tribunal: CAMARA DE ACUSACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-06-11


Salta, 11 de Junio de 2013.

Y VISTO: Estos Autos caratulados: "INCIDENTE DE RECURSO DE APELACION PRESENTADO POR LA SRA. DEFENSORA OFICIAL PENAL Nº 9 DRA. HORTENCIA MARIA SALAS - APELACIONES GARANTIAS SIN PRESO", Expte. NºG01 100774/12 del Juzgado Correc-cional y de Garantías de Cuarta Nominación, del Distrito Judicial del Centro, causa Nº G01 100774/12 de la Sala I del Tribunal de Impugnación; y CONSIDERANDO Que arriban los presentes obrados a este Tribunal en virtud del recurso de apelación impetrado a fs. 182/184 vta. por la Sra. Defensora Oficial Penal Nº9 contra el auto resolutivo de fs. 180/181 vta. que concede una prórroga por seis meses para que el Sr. Fiscal concluya la Investigación Penal Preparatoria y no hace lugar al sobreseimiento de sus asistidos por no encontrarse reunidos los extremos de los arts. 426, 428 inc. h en función del art. 256 último párrafo del C.P.P.. El recurso fue promovido en tiempo y forma, en consecuencia re-sulta formalmente admisible, por lo que se encuentra expedita la vía recursiva para el tratamiento de la cuestión suscitada.

Que la Sra. Juez de grado, ante el pedido del Sr. Fiscal de prórroga del plazo de la I.P.P., como de la solicitud de sobreseimiento de la Sra. Defensora Oficial a favor de sus asistidos, se expide en los términos señalados con fun-damento en que en el caso, excepcionalmente corresponde hacer lugar a la prórroga solicitada por la Fiscalía, en razón de que del cotejo del Legajo del representante del Ministerio Público Fiscal se verifica que luego del decreto de apertura de la I.P.P. se han realizado una serie de diligencias las que no re-sultan suficientes para dar base a la acusación como tampoco para determinar el sobreseimiento de los incoados, por lo que se debe proseguir con la investi-gación dado que aún existen medidas pendientes de realización, sumado a que se pretende descubrir a los autores de la sustracción de una gran suma de dine-ro. Asimismo y en razón de la prórroga acordada rechaza el pedido de sobre-seimiento de la defensa toda vez que el cómputo que esa parte realiza del pla-zo de la I.P.P. resulta errado ya que la presente causa no fue habilitada a feria, situación que impide contabilizar el mes de enero, de allí que el plazo de seis meses del art. 256 del C.P.P. iniciado en fecha 06/08/2012 con la emisión del decreto de apertura, expiraba en fecha posterior al que contabiliza la defensa y en el ínterin la Fiscalía solicitó la prorroga que por las razones alegadas y comprobadas, se concede.

Se agravia la defensa y en su exordio de rito solicita se revoque el auto apelado y en su reemplazo se dicte el sobreseimiento de sus defendidos por vencimiento del plazo previsto por el art. 256 del C.P.P. último párrafo. Fun-damenta su planteo impugnaticio en que no es erróneo el cómputo efectuado por esa defensa ya que el decreto de apertura es de fecha 06/08/12, venciéndo-se el plazo para investigar el día 06/02/2013, toda vez que el artículo referido no prevé el receso tribunalicio como causal de interrupción de los plazos por lo que el a-quo se encuentra imposibilitado para darle a la norma una interpre-tación extensiva, ya que la misma es de interpretación restrictiva tratándose de una circunstancia que no fue legislada como causal de suspensión del plazo allí acordado ni constituye excepción reglada, de modo tal que rige el princi-pio de perentoriedad establecido por el art. 216 del C.P.P. por lo que "cuando la ley no distingue nosotros no podemos distinguir". Aceptar que la feria judi-cial suspende el plazo de la I.P.P. pone en evidencia que se ha creado un su-puesto no previsto por la ley, lo que en Derecho Penal de fondo es inaceptable, conduciendo esta comprensión al desafortunado pensamiento que cualquier contingencia que pueda suscitarse en la investigación pueda ser causal de inte-rrupción del plazo de la IPP, generando de este modo y en la práctica judicial que sinfines de situaciones sean consideradas como causales de paralización del plazo de seis meses, originando así inseguridad jurídica, vulnerando el principio del plazo razonable y de la legalidad dispuesto por el art. 18 C.N.. Cuestiona asimismo la prórroga otorgada al Sr. Fiscal, cuando la última medi-da practicada fue el 09/10/12 sin que a posteriori solicite la realización de nin-gún elemento de prueba a los fines de llegar a la verdad de los hechos, lo que denota una inactividad por parte del encargado de la investigación, pasividad que no puede trasladarse a sus asistidos quienes tienen el derecho de ser some-tidos a juicio dentro de un plazo razonable. Contrariamente a lo evaluado por la Sra. Juez de grado, estima inconducentes y de imposible producción las pruebas que el Fiscal "espera" practicar, como también que aún en el caso de realizarse tengan valor suficiente para acreditar la autoría de sus defendidos. Destaca que cuando solicitó el sobreseimiento de fs. 92/93 demostró de mane-ra categórica que su asistido no tuvo participación en el hecho que se investi-ga. Que el hecho imputado encuadra en la figura del hurto simple, tipo delicti-vo que no reviste complejidad, siendo indiferente para la ley si la sustracción fue de un peso o de un millón de pesos, la cuantía del dinero no califica el hecho ni le otorga la calidad de complejo o no complejo. Pone de resalto que hace 8 meses que el Fiscal no realiza ninguna medida de prueba, como tam-bién que en Averiguación Preliminar nº 274/12 por Robo la Sra. Juez aún no se pronunció por el pedido efectuado por la defensa, no siendo un dato menor que tal antecedente se registrara en la planilla prontuarial (fs.67) de su defen-dido Asch, sumado a que aún no se cuenta con decreto de apertura y por ende ni pedido de prórroga cuando ya ha transcurrido aproximadamente ocho meses desde la fecha del hecho, por lo que entiende que el pedido de sobreseimiento se encuentra más que fundamentado.

Que así planteada la cuestión a resolver, creo que resulta necesario primero recordar que nos encontramos en el proceso de transición de un régi-men Procesal Penal Mixto hacia uno de carácter Acusatorio. En el sistema que estamos abandonando, quienes tenemos ya algunos años de desempeño en la actividad judicial, no podemos dejar de recordar que la regulación de los pla-zos procesales conforme la regla general del art. 155 del C.P.P. otorgaba ca-rácter perentorio e improrrogable a los términos dispuestos a favor del Minis-terio Fiscal y de las partes, no estableciéndose plazo máximo de duración del proceso, el que sólo estaba indirectamente ligado de modo relativo a los pla-zos de extinción de la acción penal por prescripción previstos en el código de fondo.

Esta regulación, justificada en la excesiva carga de trabajo, no impe-día que los porcentajes mayoritarios de las acciones penales promovidas ter-minaran de ese modo, con el dictado de sobreseimiento por prescripción. Al-gunos quizás recordarán también aquella discusión en torno a si, bajo el repe-tido intento de impulso de un proceso penal atrapado bajo la vieja fórmula de la "secuela de juicio", podía incluso llevarse la extensión temporal de un pro-ceso más allá del máximo de la pena prevista para el delito que lo justificaba. En el caso que tramitó ante la Justicia del Distrito Judicial Sur contra Cecilia Amadeo de Roth, tuvo la Corte Suprema de Justicia de la Nación que poner límite a la duración de un proceso penal señalando que el tope del máximo de la escala penal, era el tiempo que no podía ser, por otra parte, exorbitado en el proceso, y menos mediante la repetición de actos inoficiosos respecto del efectivo impulso de la causa.

Sabemos también que la aplicación del concepto de "plazo razonable" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos como garantía judicial establecida en el art. 8.1, fue todavía poco utilizado en la jurisprudencia salte-ña para cancelar persecuciones penales cuyo plazo de tramitación procesal se extienda en demasía en el tiempo. Los pocos pronunciamientos que se dicta-ron al respecto tienen una generosa concepción respecto de los excedentes de demora comparados con los plazos previstos en el plan establecido por el C.P.P..Lo dicho pretende ser un recordatorio de contexto que permita una mi-rada dialógica con el texto legal vigente en este caso.

No podemos olvidar desde qué punto de partida venimos en la mora judicial. Tampoco podemos olvidar que nos encontramos en un momento de cambio, en donde abandonamos progresivamente prácticas y regulaciones le-gales claramente enfrentadas con la regulación de los Derechos Humanos y Fundamentales, a partir de la incorporación de los instrumentos internaciona-les y de la jurisprudencia que estos instrumentos irradiaron a nivel regional y nacional. El legislador salteño, con encomiable coraje, sancionó en la nueva ley procesal plazos fatales para el proceso, señalando también la duración máxima de las etapas y fulminando la violación de las previsiones temporales con la muerte de la acción penal. Considerados los plazos con efectos cancela-torio de acciones y derechos en caso de incumplimiento, hay sin embargo, previsiones de suspensión, exclusión de periodos de cómputo y prórrogas que pretenden hacer sustentable, es decir compatibilizar los señalamientos genera-les con las particularidades del caso, de modo que la conclusión fatal del cierre del proceso con sobreseimiento del acusado no se aplique indebidamente a situaciones en donde la extensión temporal tenga justificación.

Entrando ya en la controvertida cuestión de si la Feria Judicial debe o no computarse, el primer reconocimiento que corresponde realizar es respecto del efecto que genera el vencimiento del plazo. En el agotamiento de los seis meses previstos como plazo ordinario para el desarrollo de la Investigación Penal Preparatoria, su efecto es el del sobreseimiento del acusado, que a su favor cierra definitiva e irrevocablemente el proceso e inhibe la posibilidad de nueva persecución penal por el mismo hecho. Visto desde la perspectiva del acusado el plazo aparece como una expresión reglamentaria del derecho a ser juzgado en plazo razonable. Esta garantía en la concepción del legislador sal-teño, se desagrega por etapas, con lo que el plazo razonable de un proceso que progresa regularmente en camino a la sentencia firme, será el resultante de la sumatoria de los plazos previstos para las distintas etapas.

Pero precisando aún más la reglamentación de ese plazo razonable, el legislador salteño ha querido también señalarlo respecto de aquellos procesos que no progresen regularmente conforme el plan previsto en el ordenamiento. Allí, de modo desagregado, el nuevo régimen calibra con precisión qué debe entenderse por plazo razonable respecto de cada etapa, previendo también para su violación la cancelación de la acción penal.

Por ello, visto el plazo desde la parte al que su vencimiento le arrebata el derecho o el ejercicio de la potestad, la violación del plazo aparece como sanción procesal, cuyo efecto va a ser equiparable en sus consecuencias con la prescripción de la acción penal prevista en la ley de fondo.

Es como si el Código dialogando con el Fiscal, y eventualmente con el Acusador Particular interviniente, les dijera: les otorgo un limitado tiempo pa-ra preparar la acusación a ser sostenida en juicio. Si lo exorbitan, no sólo per-derán la acción, o la instancia, sino también perderán el derecho (acusador particular) o la potestad (pretensión punitiva del Estado).

En una concepción bilateral sobre las garantías judiciales, la sola com-probación de los efectos cancelatorios que apareja el vencimiento del plazo, como sanción a la parte que no concluyó su tarea en el tiempo previsto, debi-era orientar tendencialmente la solución, enderezándola a un razonamiento que podría expresarse en estos términos: sólo puede serle a alguien reprochada una inactividad cuando simultáneamente se le reconozca la posibilidad de haberla desplegado. Lo que equivale a decir que nunca puede computarse un plazo no disponible para aquél en cuyo perjuicio este se levanta.

El art. 256 C.P.P., -entiendo que expresándose en esta línea- otorga las señas que avalan interpretación anunciada, cuando la norma de modo expreso señala que no se computará en estos casos el tiempo transcurrido durante el trámite de incidentes o cualquier clase de articulaciones que determinasen que el expediente no estuviere en poder del Fiscal. Luego agrega que la fuga, re-beldía o falta de individualización del imputado en hechos graves, suspenderá igualmente los plazos fijados por este artículo.

Es imaginable pensar que la Jurisprudencia local encontrará en la in-terpretación de esta norma dos caminos posibles. Habrá quienes se orienten a considerar la previsión como taxativa, y quienes desentrañen de su texto como núcleo interpretativo el que ya fuera esbozado. Sólo es relevante el plazo efec-tivamente disponible, sin que importe en demasía el motivo de la indisponibi-lidad y su adecuación a la literalidad del texto de la norma.

Los que se inclinen por la primera posición seguramente edificarán una "pedagogía judicial" de alto costo. Se irán notificando los Fiscales que en el plazo que ellos entendían que debían realizar la labor, que no era otro que aquel en que efectivamente podían hacerla, expost les fue recortado.

La dañosidad jurídica real que apareje este tipo de soluciones no se anotará en la cuenta del Fiscal, sino en la de la víctima y en el de la Sociedad, que podrán ver estupefactos consolidada la impunidad en aquel caso en donde había voluntad de generar una respuesta penal.

Adentrándome en el análisis de la normativa vigente, las dos reglas que enmarcan nuestra cuestión son las de los artículos 213 y 256 del C.P.P. El primero establece que los plazos "se contarán en la forma establecida por el Código Civil" lo que implica que el plazo de la Investigación Penal Preparato-ria establecido por el artículo 256, al estar fijado en meses, corresponde ser contados con el calendario Gregoriano (artículo 23 C.C.) y cuando principie un día determinado de un mes, vencerá en el mismo día determinado del mes que corresponda al vencimiento (artículo 25 del C.C.).

El artículo 256 C.P.P. regulando el modo del cómputo de los plazos y su posibilidad de suspensión, enuncia supuestos que aluden todos a la imposi-bilidad de desarrollo de la tarea investigativa, algunos ligados a la falta de dis-ponibilidad del expediente, otros a que el imputado no esté a derecho por fuga o rebeldía, o falta de individualización. El fundamento conectivo de los su-puestos que la norma enuncia es la comprobada imposibilidad para el Fiscal de desarrollar la tarea para la que se le asignó tiempo limitado. Pero está claro para mí, que el tiempo debe ser útil, sino sería un contrasentido hablar de tiempo asignado, o en el lenguaje del artículo "tiempo insuficiente", cuando lo asignado o "lo suficiente" es inutilizable.

La correlación de las normas ya citadas, nos dice que por el 213 y el 256 C.P.P. la forma de mensurar el plazo de la IPP es por meses calendario, sin atender a la extensión que en concreto tenga cada uno de ellos en particu-lar. Sin embargo, el mismo artículo 256 prevé supuestos en los que el plazo no se computa o se suspende (usando dicha norma ambas expresiones para tipos de supuestos distinguibles). Obviamente que el "no cómputo", o "la suspen-sión", se ligan en la previsión de la ley a supuestos de hecho que no necesa-riamente se corresponderán en la casuística con la unidad temporal "mes". Por ejemplo, la rebeldía de un imputado puede extenderse por unos pocos días o por meses y días. Al momento de no computar este interregno, algo habrá que hacer con la fracción, que no será otra cosa que provocar con los días no utili-zados, el corrimiento de la unidad "mes".

La feria judicial, en tanto no se habilite el caso a feria, o se trate de la privación de libertad (artículo 215 C.P.P.), no se trata de tiempo disponible, o de parte del "tiempo suficiente" el que remite al tiempo utilizable, por lo que decididamente creo que integra los supuestos de no cómputo alcanzados por el artículo 256 del C.P.P.

Esta solución se ve tambien reforzada por la compatibilidad que apare-ja con la concreta regulación de la organización judicial. Teniendo en cuenta las especiales características de la función que debe ser cumplida, tanto el Po-der Judicial, como el Ministerio Público de la Provincia, organizaron el des-canso al que habilita el derecho a vacaciones ordinarias anuales pagas de todo trabajador, previendo dos períodos anuales de vacaciones prefijados de ante-mano en el calendario. Así se lo hizo para evitar que fueran tomadas las vaca-ciones conforme a las preferencias individuales con afectación del servicio, lo que provocaría desorden generalizado, sobre todo por el desacompasamiento que podría en cada caso provocarse teniendo en cuenta que se trata de un tra-bajo colectivo, en el que tienen que reunirse en un simultaneo tiempo, Fiscal, Defensores públicos y privados, Asesores de menores, Secretarios fedatarios y Jueces. Si la concomitancia de todas estas funciones y actividades se librara al azar, o dependiese de la articulación de los intereses y deseos de cada quien, es fácil suponer el caos que ello aparejaría en la función y en la organización de la Justicia y del Ministerio Público.

Si la conclusión fuera desfavorable a la exclusión en el cómputo del tiempo de feria judicial en causas no habilitadas, el inmediato efecto sería la habilitación de todas las I.P.P., ya sea que cursen con imputado detenido o sin él. El resultado no podría ser adecuadamente atendido con la reducida dota-ción que queda en funciones en feria. Conspiraría también con el derecho a vacaciones de los abogados particulares, y en definitiva ordinarizaría la feria al punto de convertirla en período corriente. Frente a ese efecto no cabría otra consecuencia que convertirla en los hechos en inoficiosa, por la desproporción del número de asuntos a trabajar en relación a la dotación, y obligaría senci-llamente a eliminarla.

La imposibilidad de actuación en etapa e Feria Judicial también deriva de que en la IPP no nos encontramos frente a una mera etapa sumarial de tinte policial. Nótese que habiendo Decreto de Apertura de Investigación existe un proceso, toda vez que el art. 245 ritual prevé la comunicación del mismo al Juez de Garantías e impone el deber de notificar al imputado sobre el Fiscal y Juez interviniente, a fin de que haga uso de su derecho a declarar en los tér-minos y con los alcances de los arts. 89 y 369 del CPP. De igual modo los arts. 247 y 249 habilitan la participación de las partes en la investigación, y el 253 la proposición de diligencias probatorias. Estas circunstancias distinguen cla-ramente el carácter o naturaleza que tiene la IPP que, insisto, ya está inscripta dentro de un proceso y no es simple actividad aislada del Fiscal (menos aún policial). De allí que a partir del Decreto de Apertura de la Investigación el Ministerio Público Fiscal no pueda avanzar en la investigación sin el debido anoticiamiento al imputado y posterior control de la Defensa, los principios de contradicción, igualdad de armas y juez imparcial que -entre otros- caracteri-zan el Sistema Acusatorio regulado por la ley 7690, así lo imponen.

Esta es la solución que está indicada por otra parte en el artículo 45 de la Ley 5642 Orgánica del Poder Judicial, y que en lo que nos interesa no sufrió modificación, la que al regular los términos dice bajo el título Suspen-sión de Termino que, "Durante el mes de enero de cada año se suspenderá el funcionamiento de los tribunales y juzgados y plazos procesales.También podrá disponer feria a mitad del año o en circunstancias excepcionales".

De suerte entonces que si el Fiscal pretende continuar investigando en la eta-pa de Feria Judicial, corresponde habilite la causa y notifique al resto de las partes, en cuyo caso el período de Feria será computado dentro del plazo de seis meses contemplado por el art. 256 del CPP. Si la causa no fue habilitada el Fiscal está imposibilitado para actuar pues no será posible el contralor nece-sario por parte de la Defensa (y Querella en su caso), por lo que al ser un pe-ríodo sin actividad, no debe contarse en los plazos del 256 ritual.

Concluyo entonces en que dicho tiempo debe en el caso ser descontado por lo que el pedido de prorroga ingresó en tiempo oportuno. Sobre la razona-bilidad de esta, no se me escapa que el Fiscal actuante no tiene a su cargo este único caso. El pedido de prorroga fue debidamente fundado como lo exige la norma, su concesión encontró justificada su causa en la naturaleza compleja de esta investigación, la que ilustró citando la actuación de la Fiscalía de lo que dan cuenta entre otros -v fs. 57/58, 76/77, 80/81, 66/69-. La apreciación de la justificación del pedido de prórroga no puede ser hecho en el vacío. Es necesario contextualizar la necesidad con la ponderación de un balance , que tomando en cuenta las aristas concretas del caso, no se desentienda tambien de la ecuación económica: Necesidades ilimitadas de investigación a ser enfren-tadas con recursos escasos. Recursos escasos no sólo humanos, sino logísticos y de apoyo auxiliar.

Pero esto no debiera ser necesario subrayar a quienes saben de modo testimonial las condiciones en las que debe ser afrontada la investigación de los delitos y su juzgamiento en nuestro medio, que se remontan, por otra parte, a una constante histórica de carencias e insuficiencias. Tampoco debería ser destacado con mayor desarrollo lo que implica un cambio procesal, con el ne-cesario calibrado del recurso humano, el que progresivamente se capacita en nuevos conocimientos y entrena en nuevas prácticas. Este es el contexto en que los pedidos de prórroga debieran ser analizados, para que la justificación o injustificación de su procedencia no se convierta en una merituación ficcional.

Demasiado ganamos con la nueva normativa en los estándares de pla-zo razonable en la justicia penal salteña, ministerio legis, por imperio de los efectos de los plazos legislados, como para en la administración de sus su-puestos de justificada extensión (tambien limitada) perder lo logrado por la insustentabilidad del sistema, con interpretaciones que conviertan al proceso en dispositivo ineficaz. El proceso penal no es solo un conjunto de dispositi-vos para garantizar derechos al imputado, mediante la limitación del poder penal. Si bien este es el cometido destacado, debe servir también para una per-secución eficaz del delito y castigo de sus responsables. El proceso debe tener la posibilidad de rendir un resultado que en la línea del Preámbulo de la Cons-titución Nacional: herramienta válida para "afianzar la Justicia" mientras se asegura al mismo tiempo "los beneficios de la libertad".

Por lo expuesto el auto atacado debe ser confirmado.

En mérito a ello, EL VOCAL Nº3 DR. ABEL FLEMING DE LA SALA I DEL TRIBUNAL DE IMPUGNACION, RESUELVE:

I) NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto a fs. 182/184 y en su mérito confirmar en todos sus términos el Auto Resolutivo de fs. 180/181. II) REGÍSTRESE, PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, y oportu-namente BAJEN los autos al Juzgado de origen.