marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Salvatore, Cayetano c/ Frigorífico Swift S.A. s/ Enfermedad accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-10-27

El tope máximo de la indemnización por un infortunio de trabajo es el que fija la legislación vigente al tiempo en que el trabajador tuvo conocimiento de su incapacidad derivada de la enfermedad accidente padecida que es su consecuencia y determina la exigibilidad -en la especie art. 8, ley 9688 según ley 20.505- sin que una disposición posterior -en el caso, ley 21.034- pueda modificar el crédito preexistente, ya que el fallo judicial que declara la previa existencia de tal 'consecuencia' y determina sus efectos no equivale a la 'consecuencia' misma.
Honorarios, conciliación en sede administrativa, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: PEREZ, MANUEL c/ IBM ARGENTINA S.A. s/ DESPIDO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-02-08

La Justicia Nacional del Trabajo no posee aptitud jurisdiccional en relación a la regulación de honorarios por la actuación desempeñada ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatorio. Los honorarios que se regulan comprenden las labores llevadas a cabo desde el escrito inaugural hasta el momento de la sentencia o transacción, pero no incluyen las tareas efectuadas en la instancia administrativa previa.
Sanciones procesales, abogados, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: DOMINGUEZ INES c/ OSCAR SILVA Y HALLI BURTON S.A. s/ Ordinario (LIBRO: S063 - 101)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1989-03-20

Siendo reiterada la jurisprudencia de los Tribunales de la Provincia en la imposición de costas al actor en casos en que no prospera la demanda por plus petitio no puede dejarse de señalar que los letrados que asesoran a aquella deben ser más cuidadosos en la preparación de la demanda, aconsejando adecuadamente a su cliente so riesgo de ocasionarle un perjuico cierto, que el monto de los honorarios absorba la mayor parte de la indemnización obtenida. En estos casos procede imponer también las costas en forma solidaria al profesional interviniente.
AFIP DGI, resoluciones, impuesto a las ganancias, contribuyentes, intermediación de servicios, pago, pago a favor de un tercero
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Clínica Modelo SA. s/ apelación. Impuesto a las ganancias.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-05

Corresponde confirmar el pronunciamiento que revocó la resolución de la DGI. por la que se intimaba a una clínica el ingreso de diferencias por retenciones efectuadas, pues - atento lo dispuesto por el art. 11 de la resolución general 2247 de la DGI. - los pagos efectuados por la clínica por cuenta de terceros no importan la novación de las obligaciones originales, ya que a los efectos de las retenciones la actora debía ubicarse en la situación de aquellos terceros.
Cuestión justiciable, Constitución Provincial, Poder Legislativo Provincial, senadores provinciales
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Seco, Luis Armando y otros s/ acción de amparo por falta de jurisdicción y competencia.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-04

No constituye un supuesto de cuestión no justiciable, el mero examen formal sobre régimen de mayorías previstas en la Constitución de Catamarca para que el Senado pudiera considerarse tal.
Sentencia, voto de los jueces, voto mayoritario, nulidad de sentencia, declaración de oficio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: DIAZ COLODRERO,DIOGENES RAMON c/ BONASTRE VALERIO NUMA s/ DEMANDA POR ESCRITURACION"EXPTE. N 10569/95
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1996-10-08

Si bien ambos camaristas concluyen en que debe hacerse lugar a la excepción de prescripción liberatoria, los fundamentos expuestos son disímiles.En efecto, mientras el primero analiza las pruebas y expresa que no se han acreditado los actos interruptivos; el segundo señala que la alegación de los citados actos interruptivos es extemporánea.Faltó, pues la mayoría real que exige el art.30, segundo párrafo de la ley 2990 y, de consiguiente no hay constitucionalmente- la sentencia que demanda la ley, con la voluntad razonada el número e camaristas necesarios para que así lo sea.En tales condiciones se propicia,la invalidación oficiosa del pronunciamiento de la Excma. Cámara de Apelaciones.
Acto administrativo firme, nulidad del acto jurídico
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MECHETTI DE ROMERO ROSA s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1986-04-08

No es procedente el recurso contencioso administrativo cuando la resolución de la autoridad administrativa que se pretende atacar no se encuentra firme y ejecutoriada,ello sucede cuando no han caducado los plazos legales para deducir los recursos administrativos o los jurisdiccionales . Si el acto administrativo cuestionado deviene firme , por haber transcurrido los plazos legales para su impugnación solo podrá ser revisado si se encuentra viciado de nulidad absoluta. ( Ley 7061, artículo 8 y concordantes)
Regímenes jubilatorios especiales, médicos, cómputo de servicios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ganduglia de Casado María M. c/ Caja de Prevision y Seguro Médico de la Pcia de Buenos Aires s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-10-06

El art 45 del dec ley 8999 (ley 6742) no exige en modo alguno una intensidad determinada en el ejercicio de la profesión, bastando que ella sea realizada en forma contínua e ininterrumpida.
Derecho penal, Derecho procesal, imputado, situación del imputado, principios procesales, derechos y garantías constitucionales, excusación, carácter taxativo, trámites judiciales, apreciación del juez afectado
Materia: PENAL
Carátula: QUEVEDO, CARLOS WALTER c/ CERRUDO, SERGIO RAFAEL  Y PASTRANA, JOSE ADOLFO COIMPUTADO VAZQUEZ, ALEJANDRO DANIEL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2008-05-28

Las causales de excusación y recusación previstas en el art. 51 del C.P.P. son previsiones abstractas que efectúa la ley procesal, ya que se presume iuris et de iure que el juez puede, en el caso concreto, incurrir en parcialidad, y específicamente en su inc. 1 establece dicha norma "si en el mismo proceso hubiere pronunciado o concurrido a pronunciar sentencia...".

La imparcialidad del juez es inherente al ejercicio de la función judicial y hace al buen servicio de la administración de justicia.

Por ello todas las causales deben ser valoradas para evitar que la garantía del debido proceso, pueda verse lesionada con el mantenimiento de condiciones adversas para el correcto ejercicio del derecho de defensa. La garantía judicial comprometida aquí busca en definitiva proteger la tranquilidad espiritual del enjuiciado.

Siempre debe prevalecer el criterio de preservación del desempeño imparcial, imperativo impuesto por la propia Constitución Nacional en su art. 75 inc. 22, que incorpora los Pactos Internacionales que receptan esta garantía expresamente.

Asimismo, cabe mencionar como directriz lo establecido en la regla 4 de las "Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el procedimiento penal (Reglas de Mallorca)" para reforzar la imparcialidad del sentenciante, cuando expresa "no podrá formar parte del tribunal quien haya intervenido anteriormente, de cualquier modo, o en otra función o en otra instancia en la misma causa...".

Se entiende que los magistrados deben estar ubicados frente al conflicto, en una posición equidistante, la que únicamente se concibe cuando su conducta y posición frente al objeto de juzgamiento, es totalmente ajena desde el inicio hasta el final del proceso.
Tipo penal, aborto, interpretación de la ley, viabilidad
Materia: PENAL
Carátula: C. P. C. c/  s/ Violación según párrafo 4to art. 119, inc. b, etc
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-06-07

Al interpretar el campo de lo prohibido por el tipo penal de aborto, no es razonable ignorar un dato científicamente establecido, tanto en el estado actual de desarrollo de la biología, como en el de la medicina, el cual, no obstante su particular relevancia, no ha merecido ninguna clase de atención para la sustentación de la interpretación jurídica imperante en nuestro medio acerca del alcance de lo prohibido por el tipo penal de aborto. El punto a considerar, ineludiblemente, radica en la carencia absoluta de toda posibilidad de viabilidad extrauterina que presenta un embrión con un desarrollo aproximado a las nueve semanas de gestación (voto del juez Magariños).
Estupefacientes, comercialización ilegal de estupefacientes, prueba, secuestro de bienes, presunciones
Materia: PENAL - PROCESAL
Carátula: Mora Llopis s/ Inf. Ley 23.737. Causa 9907.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-06-24

La incautación de un total de 511,4 gramos de clorhidrato de cocaína, con un alto porcentaje de concentración, mas el secuestro de una balanza y un rollo de bolsas de nylon en el domicilio del procesado, constituyen un cuadro indiciario de entidad suficiente para tener por configurada la "ultra intención" requerida por la figura prevista en el art. 5° inc."C" de la ley 23737.
Proceso penal, procedimiento administrativo, policía, responsabilidad penal, sobreseimiento, sanciones administrativas
Materia: ADMINISTRATIVO-PENAL-PROCESAL
Carátula: Lizondo, Lázaro c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte CSJ   Nº 516-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-06-01

En términos generales existe independencia entre el procedimiento penal y el administrativo, aunque en algunos casos el primero presenta decisiva influencia sobre el segundo. Respecto a la incidencia del sobreseimiento penal en sede administrativa, el principio general es que ambas sanciones son independientes, autónomas entre sí. La potestad, y respectivamente la jurisdicción disciplinaria, se orientan a una finalidad diversa de la represión penal, cual es la regularidad del servicio.
Procedimiento contencioso administrativo, medida cautelar innovativa, interpretación restrictiva, suspensión provisional de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: CARREFOUR ARGENTINA SA c/ GCBA s/ OTROS PROCESOS INCIDENTALES.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-26

La concesión de medidas cautelares innovativas que ordenan suspender la aplicación de una ley, resultan sumamente excepcionales y, en principio, procederían en aquellos supuestos en que la inconstitucionalidad de la norma debe ser evidente o, al menos, muy probable, tal como ocurre si ella hubiera sido aprobada por mayorías diferentes a las que establece la Constitución o sin respetar el procedimiento legislativo, es decir, la inconstitucionalidad debería tener origen en cuestiones formales.
Cuenta corriente mercantil, cuenta simple o de gestión
Materia: COMERCIAL
Carátula: CEREAL SUR  SRL c/ PEDRO Y ANTONIO LANUSSE s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-02

En la cuenta corriente mercantil el crédito pierde individualidad, compone la masa activa, que al concluir el contrato, debe ser compensada con el pasivo determinándose el saldo y extinguiéndose la relación sustancial que lo genero. En la cuenta simple o de gestión ese efecto no se configura.
Recurso de inconstitucionalidad, quiebra, notificación automática, recusación, trámites judiciales, suspensión del proceso judicial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BUTTO, RAUL BARTOLO c/  s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-05-30

El A quo arriba a una hermenéutica de los preceptos aplicables en confrontación con las actuaciones y diligencias de la causa que no satisface adecuadamente el derecho a la jurisdicción que asiste al impugnante, ya que bajo la apariencia de fundamentación prescinde del texto legal aplicable y se aparta de las constancias de la causa sin justificación alguna, lo que se evidencia al pretender aplicar la regla de notificación automática imponiendo al fallido la carga de comparecer a Secretaría a fin de anoticiarse de las actuaciones cuando el proceso falencial se encontraba suspendido por un incidente de recusación.
Facultades del Poder Ejecutivo, reglamentación de la ley, facultades reglamentarias
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Craviotto, Gerardo Adolfo y otros c/ Estado Nacional - PEN - Mº.de Justicia de la Nación s/ empleo público.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-19

El Poder Ejecutivo, a través del dictado de los decretos reglamentarios, en ejercicio de la potestad que prevé el inc. 2 del art. 99 de la Constitución Nacional, puede fijar los detalles de la ley sancionada por el Congreso pero, en ningún caso, puede alterar su espíritu mediante excepciones reglamentarias, ni menos aún derogar normas legales.
Derecho laboral, conciliación laboral
Materia: CONSTITUCIONAL - LABORAL
Carátula: ABDALA, ROBERTO JALIL c/ COOPERATIVA DE FOMENTO AGROPECUARIO E INDUSTRIAL LTDA s/ RECURSO DE NULIDAD.    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.     CSJ EXPTE NRO 105-84
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-07-08

Debe rechazarse el agravio del recurrente si no se advierte que el decisorio impugnado que dispuso "anular la resolución recurrida, declarando ineficaz el acuerdo de partes glosado a los autos, disponiéndose se siga la causa según su estado", se haya apartado de la materia sometida a su consideración. Y menos aún, si no se vislumbra qué diferencia puede haber para el impugnante en que la Cámara no homologara el acuerdo o declarara su ineficacia, siendo que en ambos casos, la consecuencia era exactamente la misma.
Haber jubilatorio, suplementos del haber jubilatorio, revocación de sentencia, fallos de la Corte Suprema
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: TRAMA, HECTOR OSCAR JUAN c/ Ministerio de Defensa
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-22

Conforme lo decidido por la C.S.J.N. en las causas Bovari de Díaz, Aída y otros y Villegas, Osiris G. y otros (ambas del 04.05.00), a cuyos fundamentos y consideraciones cabe remitirse por razón de brevedad, corresponde revocar la sentencia de primera instancia que se pronunció acerca de la procedencia del pago de los suplementos previstos en el Dec. 2769/93 y la Res.

del Ministerio de Defensa 1459/93.
Aplicación errónea de la ley, robo, tentativa, prueba, homicidio, dolo eventual
Materia: PENAL
Carátula: Badin, Maximiliano Carlos c/  s/ Robo en grado de tentativa
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-05-14

Se hizo una errónea aplicación del art. 42 en conexión con el art. 79 CP, al declarar que el hecho probado -haber intentado sustraer un vehículo dentro del cual se encontraban dos menores, para lo cual abordó y condujo el rodado en huida; y durante el trayecto arrojó a uno de ellos por la ventanilla trasera derecha del vehículo en movimiento, ocasión en que la otra menor se arrojó del rodado en circulación- es punible a título de tentativa de homicidio, puesto que la argumentación formulada por el tribunal de mérito, en cuanto señaló que obró con un "evidente desprecio por la vida" del niño que por sus condiciones no estaba en situación de emprender ninguna medida defensiva, se aproxima a una concepción de dolo eventual y en ese marco, cabe aclarar que el art. 42 CP sólo pena la tentativa cuando se obra con dolo directo o con dolo de consecuencias necesarias, y excluye de la punición a título de tentativa los casos en los que el agente obra con dolo eventual respecto de un hecho que no alcanza la consumación. A fortiori, es también errónea la aplicación del art. 80 inc. 7, CP, cuyo presupuesto es que el agente hubiese cometido un homicidio consumado o un homicidio en grado de tentativa (voto del juez García).
Constitución Nacional, convenios colectivos de trabajo, Administración Pública, empleados públicos
Materia: CONSTITUCIONAL - LABORAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Delmonte, Irma Cristina c/ Dirección General Impositiva s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-19

El legislador ha podido, consultando la razón y el propósito del art. 14 bis de la Constitución Nacional, conciliarlo con otras exigencias del bienestar público emergentes de la Ley Fundamental, apreciando la conveniencia e inconveniencia de extender su régimen al personal de la administración pública.
Ley de tránsito, transporte de pasajeros, carga
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: 70.395 -  CAYETANO CARUSO S.A. c/ Provincia de Mendoza s/ A.P.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2005-10-13

La ley 6082, cumple un doble rol jurídico: es código de tránsito, bajo el cual se rige la función estatal de policía del tránsito por las vías públicas de nuestra provincia; y por otra: marco regulatorio del servicio público de transporte de personas y de cargas.

En consecuencia, posee un doble sistema de infracciones y sanciones, y cuando hablamos de servicio público de pasajeros, las infracciones y sanciones están vinculadas con el derecho administrativo de los contratos en general y de la regulación de los servicios públicos en especial.
Viajantes de comercio, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Carter, Hector Hugo c/ Ubyco S.A.I.C. s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1997-04-28

1)En casos como el de autos donde se presentan elementos concurrentes sobre vinculación como viajante, por la parte actora y como agente de comercio independiente, por la parte demandada, queda a cargo del juzgador establecer en que casos, una u otra relación cae dentro del estatuto de viajante de comercio, artículo 2 ley 14546. 2) A efectos de acreditar la calidad de viajante de comercio se deben analizar con carácter insoslayable dos temas, la subordinación y el trabajo personal, siendo la primera elemento esencial del contrato de trabajo del viajante, aunque por el tipo de tareas adquiera caracteres peculiares, al desempeñar sus funciones fuera del establecimiento del principal, pero que en la causa, se encuentra ampliamente cumplida conforme las pautas establecidas por el artículo 2 ley 14534. Con respecto al desempeño personal de la actividad, resulta ser requisito excluyente conforme al artículo 2 inciso d) de la ley citada, sin que sea lícito para el obligado transferir o delegar su cumplimiento en otras personas, requisito también acreditado en autos. Quedan desvirtuadas las alegaciones de la demandada que se trataba de un empleado autónomo, agente de comercio, no sujeto a control y vigilancia. 3)Corresponde confirmar la nulidad de los contratos acompañados, ya que mediante lo pactado en ellos se pretendió encubrir la verdadera relación laboral que vinculaba a las partes, buscándose eludir la aplicación de la ley laboral que tutela los intereses del trabajador.
Indulto, personas privadas de la libertad, procesado, nulidad procesal, informe de establecimiento penitenciario
Materia: PENAL
Carátula: Romero, José L. y otros s/ Indulto
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-09

Es nulo el decreto de indulto otorgado en consideración a la prolongada privación de libertad con procesos abiertos que exceden el plazo del art. 701 del C.P.M.P., cuando se trataba de condenados con sentencia firme, ya que se halla fundado en un error, consistente en la carencia de relación entre lo argumentado y la realidad, no siendo en consecuencia la decisión corolario de una debida explicación legal, tornándose irrazonable y privada de eficacia.

Se encuentra viciado de nulidad el indulto decretado sin mediar el "previo informe" judicial que como recurso esencial exige la C.N.

(art. 86, inc. 6), no pudiendo su ausencia ser suplida por otro emanado del Servicio Penitenciario Federal.
Accidente de tránsito, relación de causalidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Orellana, María del Jesús y otros c/ Barragán, Norberto Rubén y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2006-05-31

Interrumpe totalmente el nexo causal quien cruza intempestivamente una pista en la que se desarrollaba una carrera.
Partidos políticos, votantes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ventura, Magín s/ Presentación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-07-06

El cuerpo electoral interviene en la formación de los órganos a través de los partidos, que proporcionan el material humano de las futuras candidaturas, que muestra -de iure o de hecho- la extracción partidaria de los candidatos; de este modo el electorado activo vota candidatos y programas de partidos, y el electorado pasivo se reduce -fácticamente y casi con exclusividad- a hombres afiliados a ellos, o, por lo menos, postulados a las candidaturas por ellos. Así es que los partidos pueden calificarse como organizaciones electorales y de propaganda, que encuentran su clientela más favorable en el cuerpo electoral. De tal suerte el electorado vota hombres y programas partidistas.
Derecho procesal, procesos de conocimiento, juicio ordinario, prueba, ley procesal, carga de la prueba
Materia: COMERCIAL
Carátula: ANTAE SA c/ FANEGAS MAURICIO s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-04

Corresponde rechazar la demanda, en tanto la actora no produjo prueba idónea, deviniendo imposible tener por demostrados los hechos invocados. Es que, frente a la conducta asumida por la demandada (desconocimiento de la documental y negativa del hecho que se le atribuyó), correspondió a la accionante acreditar su autenticidad y ocurrencia (CPCC: 377), por lo que habiendo incumplido ello y no habiendo ajustado su conducta a tal previsión, debe ahora soportar las consecuencias de su omisión.

De manera que, ninguna prueba le era exigible al demandado, en tanto la prueba de un hecho negativo, en principio, está vedada en nuestro orden jurídico por contraponerse a las previsiones del artículo citado, y dificultar -por no decir imposibilitar en la práctica la comprobación de la no ocurrencia de un determinado hecho.

Voto del Dr. Heredia, con la adhesión del Dr. Vassallo:.

Resulta erróneo considerar que los hechos negativos no deben probarse. Lo que no es objeto de prueba es la simple negativa de los hechos articulados por el adversario, pero los hechos que exceden la simple negativa deben ser probados por quien los alega. Es que la mayor parte de los hechos negativos no son sino afirmaciones envueltas en forma negativa, o sea, son la inversión de una proposición afirmativa. Por ello, la carga de la prueba está a cargo de quien los ha manifestado (conf.

Palacio, L. y Alvarado Velloso, A., Palacio, L. y Alvarado Velloso, A., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, explicado y anotado jurisprudencial y bibliográficamente, t. 8, p. 103, Santa Fe, 1993). Y con tal alcance, esta Sala en diversos precedentes -sin sujetar la cuestión a ninguna presunción legal o judicial- ha hecho aplicación del principio de que la prueba del hecho negativo incumbe a quien lo alega (conforme CNCom. Sala D, 2 16/2/10, "Del Río Alberto c/ Banco Patagonia S.A. s/ ordinario"; entre otros).
Despido por falta o disminución de trabajo, pérdida de la clientela
Materia: LABORAL
Carátula: FERNANDEZ, OMAR c/ BORGWARD ARGENTINA SAIC. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-02-28

El cese intempestivo de actividad del principal cliente del empleador (IME) constituye un supuesto encuadrable jurídicamente en el artículo 247 de la LCT. (To.), Toda vez que la integración entre dos industrias o la complementación recíproca son hechos impuestos por el mercado y por la practica comercial, y no se encuentra ligada a la diligencia del empresario la ampliación de la cartera de clientes cuando se trata de la fabricación de un producto determinado (en el caso, motores diesel).