Competencia, conflicto intersindical, asociaciones sindicales
Materia: PROCESAL
Carátula: U.P.C.N. San Juan c/ Municipalidad de Santa Lucía y Otro s/ Actuaciones para Elevar a Cámara - III Cuerpo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2011-07-27

El art. 22 de la ley 23.551 dispone: "La representación de los trabajadores en la negociación del convenio colectivo de empresa, estará a cargo del sindicato cuya personería gremial los comprenda...".

El art. 25, referido a los requisitos para que la asociación obtenga la personería gremial, el ámbito de representación personal y territorial..., en su último párrafo prescribe que: "Cuando los ámbitos pretendidos se superpongan con los de otra asociación sindical con personería gremial, no podrá reconocerse a la peticionante la amplitud de representación, sin antes dar intervención a la asociación afectada y proceder al cotejo necesario para determinar cuál es la más representativa conforme al procedimiento del artículo 28. La omisión de los recaudos sindicados determinará la nulidad del acto administrativo o judicial".

El art. 56 de la ley 23.551, regula que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación será la autoridad de aplicación de esa ley que regula todo lo concerniente a las asociaciones sindicales. Como se colige esta autoridad nacional es la única facultada para ejercer el contralor de legalidad en la formación de sindicatos, de representatividad, del normal desenvolvimiento institucional, del control de legalidad externa, de la suspensión o cancelación de la personería gremial, etc.

En tal sentido y conforme a lo dispuesto por el art. 61 de la ley supra indicada: "Todas las resoluciones definitivas de la autoridad administrativa del trabajo en la materia regulada por esta ley, una vez agotada la instancia administrativa, son impugnables ante la justicia, por vía de recurso de apelación o de acción sumaria, según los casos, y en la forma establecida en los artículos 62 y 63 de la presente ley", quedando por esta vía abierta la posibilidad de discutir la resolución de la autoridad de aplicación, por ante la Cámara Nacional del Trabajo, competente en la materia.

Es decir que la ley determina expresamente que es el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación la autoridad administrativa competente para resolver las cuestiones aquí planteadas y que resultan ser el fundamento del objeto de la demanda. Con lo que resulta ser ajena a la competencia de estos tribunales.

La demanda -reiteramos- está limitada a la cuestión del encuadramiento gremial y superposición de intereses entre dos asociaciones sindicales, con reconocimiento de la autoridad competente.

No se trata de una mera acción de declaración de inconstitucionalidad, en la que no se encuentra cuestionada la autonomía municipal, ni su competencia, para celebrar este tipo de convenio con los gremios, (art.247 de la Constitución Provincial);

tampoco de un conflicto individual o sindical con la autoridad municipal, que en virtud de la relación de empleo público, es competencia de la justicia ordinaria civil.

La lesión a los derechos constitucionales que el actor invoca, tiene por la ley, un ámbito específico de discusión dentro del cual podrá hacer valer los mismos. Es el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación quien resuelva sobre la representación gremial, que alega le fue negada en el convenio celebrado por la Municipalidad de Santa Lucía y respecto a la superposición de intereses, con SUOEM.

La resolución o pronunciamiento definitivo que se dicta en el ámbito administrativo, podrá ser apelado por ante la Cámara del Trabajo de la Nación, con competencia en la materia (arts.62 y 63 de la ley 23.551).

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha resuelto: "Es procedente el recurso directo ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo contra los actos administrativos del Ministerio de Trabajo que versen sobre las materias propias de su función de control exclusivo, que sean de carácter "definitivo", o sea, que resuelvan sobre la cuestión de fondo y que no se trate de cuestiones procedimentales, y que agoten la instancia administrativa (Voto del Dr. Augusto César Belluscio).

Rigen al respecto principios doctrinarios y jurisprudenciales y leyes vigentes en el campo del Derecho del Trabajo, por lo que la pretensión de inconstitucionalidad planteada en la demanda es ajena al Derecho Civil Común, lo que por sí habilita la declaración de incompetencia.

Es decir que la controversia debe ser debatida, analizada y resuelta ante otra autoridad. Por lo que corresponde admitir el recurso de la demandada y en consecuencia declarar la incompetencia de la Justicia Civil Ordinaria Provincial, por ser extraña a la misma, la materia en tratamiento.