marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Interpretación de la ley, aplicación de la ley tributaria
Materia: TRIBUTARIO - CIVIL
Carátula: Santa Cruz, Provincia de c/ Yacimientos Petrolíferos Fiscales (Sociedad del Estado) s/ ejecución fiscal.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-02-02

En materia de leyes tributarias el método interpretativo que tiene primordialmente en cuenta la finalidad perseguida por la disposición cuestionada ofrece innegable conveniencia.
Instrumentos privados, firma
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ABRAHAM ALEJANDRO c/ AGUSTIN ALTAMIRA s/ Ejecución Cambiaria (LIBRO: S081 - 427)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1992-08-31

... Todo aquél contra quien se presente en juicio un instrumento privado firmado por él, está obligado a declarar si la firma es o no suya. El recurrente en momento alguno la desconoció, lo que implica reconocer también el cuerpo del instrumento.-
Prueba, apreciación del juez
Materia: LABORAL
Carátula: Iglesias, Julio c/ CAP La Negra s/ Indemnización. art. 212 Cejas, Luis Alberto c/ Sudamtex S.A.T.S. y ot. s/ Cobro de haberes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-11-09|1991-04-30

Dentro de las amplias facultades de investigación que tienen los tribunales del trabajo debe computarse la de compulsar elementos de convicción de otro juicio con evidente conexión con el que se decide.
Tenencia de hijos menores, menor adulto, derecho del menor a ser oído
Materia: CIVIL
Carátula: K., E.S. Y OTROS c/ P.B., H.J. s/ TENENCIA DE HIJOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-02-27

Demandada la tenencia de los menores por parte de la madre, no obstante haberse divorciado por el procedimiento de presentación conjunta - art. 67 bis de la derogada Ley 2.393 - convirtiendo luego, su divorcio en vincular, conviviendo las hijas con el padre y retirándose del domicilio conyugal la madre, manifestando ésta que las menores le hicieron saber que habían sido objeto de agresión física y psíquica por parte de su padre y por considerar que la situación se tornaba insostenible corresponde otorgar la tenencia a la madre.

Para ello debe tenerse en cuenta que a la madre se le otorgó la guarda judicialmente ante circunstancias de urgencia y mantener la situación existente en la medida en que no haya elementos para variarlos es una solución que se adecua al objetivo de perseguir el bienestar de las menores.

Las culpas de uno y otro cónyuge, que condujeron al divorcio, no pueden resultar decisivas para resolver sobre la tenencia, pues es independiente el interés de los hijos de los agravios sucedidos en la relación de la pareja; pues tan es así, que la desdichada reforma del art. 76 de la ley 2.393, hecha por la Ley 2.711, que incluyó como una de las pautas para resolver sobre tenencia la culpabilidad o inocencia en el divorcio, fue criticada prácticamente en forma unánime, por jueces y autores, y derogada en la reforma de la Ley 23 515, por lo que ya no aparece en el art. 206 del Código Civil.

Si bien no es decisivo el criterio y los deseos de los menores de convivir con su madre, el juez debe evaluar el conjunto de circunstancias que rodean la causa, de ningún modo puede desechar ese deseo y esa opinión, máxime cuando se trata de menores adultos, de 18 y 15 años respectivamente.

Debe tenerse en cuenta también que se trata de mujeres menores, lo que puede tornar más adecuado, en esta etapa de su formación, con las nuevas expectativas de vida que empiezan a aparecer a la edad que ellas tienen, la convivencia con la madre, máxime si las mismas partes están de acuerdo en que las niñas están bien, lo que implica que es adecuada la convivencia con la progenitora.
Derecho procesal, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: BIDOLFI, HORACIO L. c/ VARGAS, RUBEN s/ COBRO DE ALQUILERES
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-11-20

Una facultad de la cámara aun de oficio, que se ejercita con prioridad al tratamiento de las cuestiones de fondo. Es examinar de oficio si el apelante tiene calidad de parte, si tiene interés en la interposición recurso, si este ha sido deducido en tiempo hábil y si ha sido bien otorgado, pues las reglas que gobiernan la materia son de orden público. Como el tribunal esta habilitado para examinar de oficio la forma de concesión del recurso, debe estarlo también para considerar si se han presentado en termino los memoriales.
Juicio ejecutivo, títulos ejecutivos, factura
Materia: COMERCIAL
Carátula: MUÑIZ, VICTOR CARLOS c/ CLUB SAN LORENZO DE ALMAGRO s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-11-08

Procede rechazar in limine una acción ejecutiva cuando, -como en el caso-, se verifica que se procura sustentar la ejecución de ciertas facturas emitidas con motivo de una operación de venta de mercaderías habida entre las partes. Así las cosas, la base documental del ejecutante carece de vocación de titulo ejecutivo continente de un reconocimiento autosuficiente de deuda -liquida y exigible-, aun cuando se verificase el iter preparatorio previsto por el C.P.C.C. art. 520-Párr. 2° y 525-1°. En tal sentido cabe precisar, que se trata el aportado de un instrumento con eficacia simplemente probatoria, sin aptitud constitutiva de derecho alguno, dado que no es menester debatir en juicio ejecutivo la existencia de contraprestaciones entre las partes, características del contrato de compraventa -que es esencialmente bilateral-.
Robo calificado, automotores
Materia: PENAL
Carátula: Núñez, Marcelo Daniel s/ Robo agravado de aut.tor, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-04-14

El agravamiento penal por el objeto previsto en el art. 38 dec. ley 6582/58 no resulta injusto o incompatible con el régimen de igualdad contenido en el art. 16 de la Carta Magna por cuanto la ley determina las penas correspondientes a cada delito en relación a complejas combinaciones de factores aún cuando en primer plano sólo aparezca uno de ellos, como ocurre en este caso con el objeto. La comparación de la escala penal cuestionada con la del homicidio -que debe realizarse teniendo en cuenta los mínimos y los máximos- no exhibe transgresión alguna del principio de igualdad en el preciso sentido constitucional del mismo.
Prisión domiciliaria, resolución denegatoria, inadmisibilidad del recurso, crímenes de lesa humanidad, acordadas, emergencia sanitaria, coronavirus
Materia: PENAL
Carátula: Guglielminetti, Raúl Antonio c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-04-28

Corresponde declarar inadmisible la solicitud de arresto del condenado por delitos de lesa humanidad, fundamentada en motivos de salud por la pandemia del virus COVID-19, puesto que en la reciente recomendación efectuada mediante la Acordada 9/2020 CFCP, se aconsejó a los tribunales avaluar con extrema prudencia y carácter sumamente restrictivo la aplicabilidad sus disposiciones en supuestos de delitos graves, conforme normas constitucionales, convencionales y de derecho interno, situación que considera aplicable al caso porque el detenido fue condenado en los autos tras ser hallado culpable por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada y aplicación de tormentos, considerados como crímenes contra la humanidad. Además, más allá de las patologías que padece, el recurrente no ha logrado demostrar que su particular estado de salud no pueda ser debidamente tratado en la Unidad del Servicio Penitenciario Federal donde se encuentra alojado, como así tampoco que carezca de atención médica adecuada y suficiente en el contexto de la emergencia sanitaria.
Nulidad procesal, exceso ritual manifiesto, juicio, defensa en juicio, derecho a ser oído
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: ZARATE, OSCAR ALEJANDRO c/ MOYANO, VICTOR HUGO s/ DEMANDA ORDINARIA. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº   1054-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-05-07

En materia de nulidades procesales, aferrarse monolíticamente al criterio de la imprescindible demostración del concreto perjuicio (obviamente, cuando no están en juego paralelamente circunstancias obstativas a la declaración de nulidad, como los principios de convalidación, protección o conservación), en los especiales supuestos de vulneración de la audiencia y prueba, no sólo conduce a un rigorismo formal incompatible con la garantía constitucionalmente protegida sino que, además, se corre el riesgo de incurrir en una igualmente disvaliosa preterición de instancia.

(De los Fundamentos del Dr. Falistocco).
Deudor, acción subrogatoria, sociedad de hecho
Materia: CIVIL
Carátula: WAISBBORD CLAUDIO c/ WALTER BENIAMINO ZANCHETTA s/ EJECUTIVO - OBLIGACIONES SOLIDARIAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-12-04

Según el art. 716 del código civil, el deudor solidario que paga la totalidad del crédito se subroga en los derechos del acreedor respecto de los demás obligados, que como consecuencia de esto último, el apelante no sufre ningún gravamen injustificado, puesto que puede hacer su reclamo a la sociedad de hecho que invoca, o a su socio o consocios.
Seguro por accidente de trabajo, asistencia médica, responsabilidad del asegurador
Materia: LABORAL
Carátula: GALVAN, JUAN c/ BETELLA HERMANOS s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-30

El hecho de que la aseguradora haya prestado asistencia médica al actor, surte el efecto de un acto de ejecución de una obligación contractual que pugna con la caducidad automática de la póliza que invocó para declinar su responsabilidad.
Liquidación judicial, aprobación de la liquidación, revisión de la liquidación
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Omoldi Goñi, Carlos A. -Incidente de Ejecución de Sentencia- s/ apelación resolución Nº 81/90
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-21

Aprobada la liquidación "en cuanto hubiera lugar por derecho", la misma no puede revisarse por cualquier causa, sino solamente en la medida que las cuentas ya aprobadas no reflejen aritméticamente el monto de la condena judicial. Tal revisión, por lo tanto, se limita a los errores de cálculo, pero no a los aspectos de fondo que no fueron planteados al momento de sustanciarse la liquidación (conf.

C.N.Civ., Sala B, in re "Consorcio de Propietarios Cangallo 2285 c/Wedovot, Enrique y Otros", del 23/11/95; C.N.Fed. Civ. y Com., Sala I, causa 1362, del 28/9/90, entre otros).
Escribanos públicos, sanciones disciplinarias
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Lagos, Enrique Ricardo s/ X
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-06-11

Que la apreciación integral de la actuación profesional del notario conduce a la convicción de que ha incurrido en una serie de omisiones o inobservancia de recaudos legales, desconceptos jurídicos o errores, tardanzas, tipificantes de irregularidades, configurativas de una torpe actuación y grave negligencia en el cumplimiento de los deberes profesionales, que lo descalifican de modo absoluto para cumplir con las responsabilidades inherente a la función notarial, como oficial público, con el carácter de fedatario resulta procedente la sanción de destitución del cargo.
Recurso de apelación (procesal), recurso de casación, sentencia definitiva, garantías procesales
Materia: PENAL
Carátula: COPA, Erlinda Beatriz c/ COPA, Alejandro César s/ Recurso apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-09-06

Al respecto dispone el art. 467 del C.P.P. que el remedio casatorio procede, "....además de los casos especialmente previstos por la ley, contra las sentencias definitivas y los autos que pongan fin a la acción o la pena, o hagan imposible que continúen, o denieguen la extinción, conmutación o suspensión de la pena y los que concedan o denieguen la extradición." Con ello, la ley limita taxativamente el ámbito de aplicación material de la actividad impugnativa.

Sentencia definitiva, a los efectos de la casación, es la que decide el litigio en su fondo, en sus cuestiones principales, la que termina la controversia sin que sea posible renovarla. (Suprema Corte de Mendoza, 31/8/71, L.L. 110-97). La doctrina señala que por tal debe entenderse a la última que se pueda dictar en la causa sobre el fondo del asunto (Conf. Núñez R. Cod. Proc. Penal anotado Córdoba - pág. 484) o la resolución que pone término a un proceso (Conf. De la Rúa F. Recurso de Casación, pág. 193); a su vez nuestra ley de forma establece que sentencia es la decisión que después del debate pone término al proceso (art. 114 del C.P.P.).

Cuando la resolución casada, no constituye una decisión judicial de las previstas por la ley como susceptibles de ser recurrida en casación, por no tener carácter de definitiva, ni tratarse de un auto que ponga fin a la acción o a la pena, el recurso interpuesto resulta improcedente.

Si bien la resolución que se impugna dispone la prisión preventiva del imputado, tampoco puede considerarse de las resoluciones que la Corte de Justicia de Salta equipara a definitivas en razón de la imposible reparación ulterior del gravamen que pudieran irrogar, habiendo señalado el alto Tribunal que: "La resolución que dispone la prisión preventiva tiene previstos mecanismos procesales ordinarios destinados a hacer cesar la afectación del derecho a la libertad, porque el acusado dispone de la posibilidad de efectuar, oportunamente, con la debida caución de ser necesario, el planteo excarcelatorio y, por lo tanto, no se le causa un perjuicio insusceptible de reparación ulterior que permita se la equipare a sentencia definitiva." ( C/c Quispe, Juan Carlos- Queja por Rec. de Casación Denegado -Expte. CJS Nº 33.412/10- Tomo 147:597/604- 17/agosto/2010).

Firmado Dres. Edgardo Albarracín y Adolfo Figueroa .
Apreciación de la prueba, resoluciones recurribles, usurpación
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público -Fiscalía de Cámara Sur de la CABA- c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'de los Santos, Eduardo s/ infr. art(s) 181, inc. 3, usurpación (turbación de la posesión) CP (p/ L 2303)'
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-07

Corresponde revocar la sentencia que, al revocar la condena dictada por el juez de grado, absolvió al imputado en orden al delito de usurpación (art. 181, inc. 1, CP), en tanto omite refutar fundadamente las consideraciones del juez de grado en relación con la aplicación a los hechos del caso y la valoración de las pruebas que fundaron su decisión, de los principios establecidos por la legislación local, por la Convención Interamericana para Erradicar, Prevenir y Sancionar la Violencia contra las Mujeres "Convención de Belém do Pará" y por último, la aplicación de los criterios establecidos por este Tribunal en el caso "Taranco". (Del voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Despido, sanciones laborales, prueba, admisibilidad de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: BARROS JUAN PABLO c/ ARONA S.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2011-08-11

Se rechaza el replanteo de la prueba ya que no ha existido ni arbitraria, ni errónea o absurda valoración del material probatorio por parte de la a quo, ni menos aún existe equivocación sobre la causa del distracto. Si bien es cierto que la conducta del trabajador actor no fue la que se espera de un buen empleado, conforme surge de las constancias de autos, la empleadora se encontraba impedida de utilizar incumplimientos ya sancionados disciplinariamente a efectos de justificar la ruptura del vínculo laboral, los que únicamente podrían ser considerados como antecedentes desfavorables para la evaluación de un nuevo hecho de incumplimiento como injuria grave. El mal concepto que se forje el trabajador, en abstracto, no puede servir como justificación del despido.
Recurso de casación, fundamentación del recurso
Materia: (PROCESAL CIVIL)
Carátula: CAMUZ ANGEL ARISTOBULO c/ RIACHI Y/O CUALQUIER OCUPANTE s/ DESALOJO-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-04-11

Para que el escrito de interposición y fundamentación del recurso de casación pueda demostrar la existencia de violación o error en la aplicación de la ley, los argumentos que en él se formulen deben referirse directa y concretamente a los conceptos que estructuran la construcción jurídica en que se sustenta la sentencia.
Abastecimiento de combustibles, gas oil, multa, sentencia arbitraria
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Shell Compañia Argentina de Petróleo S.A. s/ infracción ley 20.680 -causa n° 12.809-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-23

Cabe revocar por arbitraria la sentencia que multó a la actora por infracción a la ley 20.680 al no cubrir la demanda de gasoil, pues el magistrado equiparó "cubrir constantemente el abastecimiento" y "cubrir de forma razonablemente justificada el total de la demanda de gasoil ", diciendo que si la cobertura constante es una cobertura razonablemente justificada ambas conceptos significan lo mismo, pero sin reparar en la relación inversa de esos términos, que se vincula con el argumento que expuso la empresa en cuanto sostuvo que una cobertura razonablemente justificada no necesariamente es, según las prácticas usuales del mercado, una cobertura sin interrupción, en la que ninguna estación se quede, en algún momento, sin combustible.

-Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Intereses, tasas de interés
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CLAPIER LIDIA L. c/ BIANCHI JUSTO A. Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-12-12

La Ley 23928 vigente con antelación al dictado de la sentencia de primera instancia ha circunscripto sus efectos a abortar todo tipo de mecanismos indexatorios, sin legislar sobre el monto de las tasas de interés, en tanto las mismas son variables económicas ajustables diariamente según las circunstancias económico -financieras cuyo cambio influye en la situación general del crédito, de tal modo que se ha tornado prácticamente imposible determinar con exactitud la tasa que puede ser catalogada como contraria a la moral y las buenas costumbres. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, proceso penal, suspensión del juicio a prueba, Ministerio Público, fiscales, leyes, interpretación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: Z, E R s/ Estafa. Incidente de suspensión del juicio a prueba. Cuestión   previa: ¿Corresponde integrar un cargo de Juez de Cámara, vacante en  una sala de una de las Cámaras de Apelación en lo Penal convocadas, para la constitución y funcionamiento válido de éste Tribunal   plenario? Cuestión de fondo: 1) ¿El instituto de la suspensión del   juicio a prueba, incorporado al Código Penal por la Ley 24316 como   artículos 76 bis, 76 ter y 76 quater, resulta aplicable a los   imputados por delito o delitos cuya escala penal en abstracto exceda  los tres años de reclusión o prisión?; 2) En su caso ¿El   consentimiento del Fiscal previsto en el artículo 76 bis, cuarto   párrafo del Código Penal, es exigible para todos los casos de   concesión de tal beneficio? (Expte. Nro. 1021-97) (Tribunal plenario)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-12-22

La ley sobre la probation regula dos hipótesis distintas de procedencia: una, respecto de delitos cuya pena máxima -en abstracto - no exceda de tres años; la otra para aquellos casos que, pese a no encuadrar en la situación precedente, sus circunstancias particulares autoricen en concreto a predecir una futura condena condicional. En la primera de las hipótesis transcriptas, el Fiscal interviene en su carácter de parte (al menos formal) y de eventual contradictor, ejercitando, en su caso, el poder impugnativo que la ley le otorgue (el artículo 420, inciso 3 del Código Procesal Penal de Santa Fe faculta a deducir apelación contra el auto que suspende el juicio a prueba). Cuando se trate de la segunda hipótesis, en cambio, el consenso del órgano del Ministerio Público es condición para que pueda acogerse el pedido de la defensa; aunque, a la inversa, el dictamen favorable del fiscal no le obliga al tribunal a conceder el beneficio. (Del Voto del Dr. Ríos -En Disidencia-). En el caso, la cuestión a resolver es: ¨El instituto de la suspensión del juicio a prueba, incorporado al Código Penal por la ley 24316 como artículos 76 bis, 76 ter y 76 quáter, resulta aplicable a los imputados por delito o delitos cuya escala penal en abstracto exceda los tres años de reclusión o prisión?; y, ¨es exigible para todos los casos de concesión de tal beneficio el consentimiento del Fiscal previsto en el artículo 76 bis, cuarto párrafo del Código Penal?
Consignación judicial, pago por consignación
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Raso, José c/ Campos, Orlando s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1972-10-02

La boleta de depósito expedida por el Banco no importa por sí sola la consignación judicial y no es suficiente el depósito judicial para que el pago se considere cumplido, ya que es necesario que los fondos se encuentren disponibles, esto es, que se pueda librar la pertinente orden judicial.
Injuria laboral, apreciación del juez
Materia: LABORAL
Carátula: Gorostiaga, Leopoldo y otros c/ Tuma Hnos. Construcciones y/o Calzados Takos S.R.L. y/o responsable s/ Pago de haberes, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-09-03

La valoración de la Injuria como causal rescisoria es una cuestión de hecho, y debe realizarse teniendo en cuenta los parámetros de causalidad, proporcionalidad y oportunidad.
Competencia originaria, cuestiones de competencia, juicios contra el Estado, Estado Provincial, propiedad comunitaria de la tierra, competencia federal, derechos de los pueblos indígenas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat  c/ Salta, Provincia de y otro  s/ acción declarativa de certeza
Jurisdicción: Federal — Provincia: 
Fecha: 2005-12-27

Cuando se demanda al Estado Nacional y a otro provincial, la única forma de conciliar lo preceptuado por el art. 117 de la Constitución Nacional respecto de las provincias a quienes les concierne la competencia originaria del Tribunal, con las prerrogativas que le asisten a la Nación al fuero federal, sobre la base de lo dispuesto por el art. 116 de la Ley Fundamental, es sustanciando la acción en la instancia originaria de la Corte Suprema (Disidencia del Dr. E. Raúl Zaffaroni).
Autoría, prueba, prueba compuesta, integración de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Puglia, Rodolfo Hugo s/ Robos reiterados
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-02-27

Aún cuando prospere la impugnación del recurrente respecto de la prueba compuesta integrada por el a quo con la indebida inclusión de la confesión extrajudicial, debe rechazarse el recurso y mantenerse el fallo si, al asumirse la competencia prevista en el art. 356 (n.a.) del C.P.P. en cuanto a la prueba de la autoría responsable del procesado en relación a los delitos a que se refiere el recurso interpuesto, dicha autoría queda acreditada por vía de prueba presuncional (art. 255 y 256 -n.a.- C.P.P.).