marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Acción de amparo, declaración de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Provincia de Misiones y Lewin Arcadio y otros. s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley e  Inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2000-03-22

La pirámide jerárquica, del orden normativo -Art.31 C.N.- obliga a las leyes tanto nacionales como provinciales a conformarse al texto y espíritu de la Constitución Nacional, la que declara la idóneidad de la vía del amparo para declarar la inconstitucionalidad de una ley, siendo irrazonable por ende sostener que con posterioridad a la reforma constitucional de 1.994, el amparo sea inepto para esa declaración, a que la misma Constitución faculta.
Recurso de apelación (procesal), expresión de agravios
Materia: PROCESAL
Carátula: LLAYA, Jorge E. c/ AM, Nallib A. s/ SUMARIO: Cobro de Alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1994-05-11

La expresión de agravios que exige la ley, es la crítica concreta y razonada de los aspectos del fallo que el apelante considere equivocados. Ello quiere decir que la parte debe leer el fallo adverso, examinar los fundamentos de hecho y de derecho que contiene, y señalar cuales son los errores del sentenciante, que ellos provocaron la decisión errada y que su corrección concluirá en una solución distinta, que es lo que se prentende con el recurso.No basta remitirse a escritos anteriores pues no es razonable exigir al magistrado fundamentación adecuada en la sentencia y luego permitir alegaciones anteriores que ya fueran replicadas en el fallo.
Principio de legalidad, debido proceso, ley anterior
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Caso Memoli c/ República Argentina s/ Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2013-08-22

El principio de legalidad constituye uno de los elementos centrales de la persecución penal en una sociedad democrática al establecer que nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable y debe presidir la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respectivas competencias, especialmente cuando se trata del ejercicio del poder punitivo.
Cónsules, reglamento consular argentino
Materia: CIVIL-PROCESAL-INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: Cónsul de Bolivia c/ Uriburo y Cía s/ reinvindicacion de efectos y embargo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1869-10-19

El principio de no tener los cónsules la personería de sus compatriotas, se corrobora por el artículo 31 del reglamento para los cónsules argentinos, de 6 de noviembre de 1862.
Jubilaciones, movilidad del haber jubilatorio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Charles Olaf HENRISCHSEN s/ JUBILACION Y PENSION - MOVILIDAD - DERECHOS ADQUIRIDOS -   ACTUALIZACION DE LOS HABERES JUBILATORIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-06-03

Corresponde hacer lugar a los agravios del recurrente cuando aduce que el monto de su haber jubilatorio sufrió una seria disminución como consecuencia del cambio de sistema de movilidad que estipuló índices de reajuste que no contemplaron la realidad económica y afectaron el carácter sustitutivo de la prestación.
Robo seguido de homicidio, relación de causalidad, suministro de medicamentos
Materia: PENAL
Carátula: García, Eva Leonor s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-04-26

Cuando como consecuencia (directa, indirecta o eventual) de un desapoderamiento ilegítimo y forzado se produce la muerte de una persona (agresor, agredido o un tercero ajeno) por las violencias ejercidas por cualquiera de esos mismos sujetos (más allá de la legitimación con que alguno pudiera actuar) nos encontramos en el supuesto del art. 165 del C.P. por haberse derivado del primitivo designio del robo en un mayor daño jurídico como es la muerte de un ser humano. En el presente caso, se ha comprobado que la imputada suministró clandestinamente a la víctima cierta dosis de "bromazepam" con el objeto de adormecerlo y lograr así el desapoderamiento ilegítimo de sus bienes, y que ha existido una relación de causalidad entre la conducta desplegada por la encausada y el resultado muerte, no hay duda que de conformidad con la doctrina expuesta procedentemente, la calificación legal correcta que cabe otorgarle al suceso es la prevista en el art. 165 del C.P. (Voto del Dr. Tragant, Dr. Riggi según su voto, Dra. Ledesma en disidencia parcial).
Daños y perjuicios, relación de causalidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Núñez, Nelson c/ Sacchi, Miguel Humberto y otra s/ Indemnización por daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-05-19

Nuestro Código Civil adopta el sistema de la causalidad adecuada -arts. 901 a 906- que supone la confrontación entre un hecho y determinadas consecuencias, con el objeto de indagar si aquél ha sido eficiente o idóneo para producirlas. Ante aquél suceso debe ser previsible, verosímil, normal, que las consecuencias acostumbren a suceder. Por tanto la relación causal se infiere a partir de las características del hecho fuente, en el sentido de si es o no idóneo para producir las consecuencias que el actor invoca: el juicio de causalidad adecuada se sustenta siempre en la valoración sobre la congruencia entre un suceso y los resultados que se le atribuyen.
Homicidio culposo, accidente de tránsito, culpa penal, exceso de velocidad
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: BIO DIAGNOSTICO LOPARDO S.R.L. s/ competencia.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-10-30

De los dichos del científico y de los peritos se desprende que la velocidad alcanzada por el vehículo al momento de la colisión sobrepasó el límite impuesto por la Ley de Tránsito que, para el caso de encrucijadas urbanas sin semáforo -como la de autos-, establece una velocidad precautoria que nunca puede ser superior a 30 km/h (art. 51 inciso 'e', punto 1) de la Ley 24.449). Asimismo, aquél no observó las condiciones de adelantamiento de vehículos previstos en la ley de tránsito; ello surge de sus propios dichos, según los cuales una vez que "hubo pasado al colectivo" y al intentar cerrarse nuevamente -recién y no con carácter previo como lo requiere la norma citada- observó el camión que se encontraba estacionado sobre la mano izquierda, ante lo cual, intentó frenar su automotor no logrando el cometido en razón del colectivo que estaba detrás suyo, la lluvia que hizo que el automóvil patinara y la escasa distancia que mediaba entre el camión y el rodado. (Voto del Dr. Fégoli).
Recurso contencioso administrativo, leyes, interpretación de la ley, empleados públicos, remuneración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Lagger, Raquel Bossio de y otros c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo. Ley 11330. Medida cautelar   (Expte. CSJ Nº 237-98)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-03-17

Los planteos que exigen una labor interpretativa del derecho aplicable obstan -en principio- a que se pueda encuadrar el caso en la tutela cautelar contemplada en el artículo 14, primer párrafo de la ley 11330, no justificándose un apartamiento de dicho criterio en materia de interpretación y alcance del artículo 17 de la ley 9282, modificada por su similar 9839 relativo a las bonificaciones por incompatibilidad, por dedicación de tiempo completo y por guardias pasivas. En efecto, en el sistema de la ley 9282, frente a la existencia de, al menos, otra bonificación especial que se calcula sobre "los haberes" -la cual, en principio, no excluye la percepción del adicional por incompatibilidad-, no resulta claro con qué criterio jurídico correspondería seleccionar una u otra bonificación a los fines de la determinación de la base de cálculo. Dilucidar estos aspectos excede el limitado ámbito de discusión de las medidas cautelares, máxime si se considera la incidencia que indudablemente ello puede tener en la definición de toda una política salarial correspondiente a un vasto sector de agentes de la Administración Pública, circunstancia ésta que el Tribunal -obligado a ponderar "debidamente los intereses en juego" (artículo 14, ley 11330)- no podría sin más soslayar.
Sociedad de responsabilidad limitada, trabajador, deber de no concurrencia
Materia: LABORAL
Carátula: Simon, Nicolás y Otros c/ Micro Omnibus 3 de Mayo s/ DESPIDO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1990-11-01

La sociedad constituída por el actor y sus otros dos socios por su objeto significaba sin lugar a dudas de por sí, un acto de concurrencia indebida, pues por la amplitud del mismo la colocaba en un plano competitivo con la accionada en aspecto de las tareas de la misma, con el agravante de que era dentro de los mismos en que el actor y sus socios cumplían funciones en la demandada.
Certificados de obra, intereses
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fiszman, Jorge B. c/ Vicente Cremona y ot. s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-02-11

Si bien la O.G. 165/73 señala que "se abonará sobre los saldos adeudados, un interés no mayor que el autorizado por el Banco Central República para entidades financieras no bancarias", dicha norma no se trata de las tasas que cobran o que pagan dichas entidades, por lo hay ley expresa que obligue a apartarse de la doctrina de nuestros dos penales Superiores. Fuera de ello, es aplicable también el principio en la duda, debe estarse a la interpretación de la norma que resulte m favorable al deudor (art.

16 del Cód. Civil; 218 inc. 7° del CPCC. y 45 inc. 2° de la Ord.

Gral. 165/73).
Locación, depósito en garantía
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Herrera de Fernandez Elba del R. c/ Di constanzo Mario y otros s/ Ejecución de alquileres Herrera de Fernandez Elba del R. c/ Di constanzo Mario y otros s/ Ejecución de alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-14|1996-04-14

Si la única circunstancia que impide considerar exigible la devolución del depósito en garantía pactado en el contrato de locación está dada por la deuda por alquileres en ejecución, debe admitirse la excepción de compensación. Resulta contrario a los principios de probidad y economía procesal interpretar que el ejecutado necesita promover un proceso autónomo posterior para recuperar lo que en éste debe abonar. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Expresión de agravios, fundamentación suficiente
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: GOMEZ, MABEL EMILSE c/ COOPERATIVA DE TRANSPORTES LA UNION LTDA. s/ INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO-DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-11-17

La crítica a la sentencia debe ser concreta, lo cual significa que la parte debe seleccionar del discurso del magistrado aquel argumento que constituye estrictamente la idea dirimente y que forma la base lógica de la decisión. También debe señalar cual punto del desarrollo argumental ha incurrido en una errata en sus referencias fácticas o en su interpretación jurídica, que ha llevado al desacierto ulterior concretado en el veredicto. Cuando el litigante no formula su expresión de esa manera, antes que tener éxito en su reclamo, se disipa en una continuada contradicción respecto de todo el desarrollo expresivo del magistrado, haciendo tan fatigoso cuan incompleto su reclamo y por ello cae derrotado por su falta de instrumental lógico de críticas, antes que por la solidez de la sentencia todavía no examinada. (Minoría u opinión personal)
Compraventa inmobiliaria, escrituración, bienes gananciales
Materia: CIVIL
Carátula: M., E. c/ Q., R.B. s/ INCIDENTE - FAMILIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-27

Dispuesta la escrituración del inmueble ganancial por parte del Banco Hipotecario Nacional en favor del cónyuge adquirente y frente a su ausencia, es el Defensor Oficial, y no el juez, quien deberá suplirlo en tal acto.-
Recurso de apelación (procesal), apelación de honorarios, desindexación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PELLICCIARI ROLANDO c/ MOSAICOS FABRICANTES s/ res - Cont y Daños y Perjuicios (LIBRO: A075 - 116)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-06-13

Se ha sostenido en relación a la ley 24283, que si bien la misma puede alcanzar a etapas preclusas, cuando el interesado reconoce que el pedido impone la producción de prueba para dilucidar la justicia de la desindexación,resulta improcedente la vía elegida para el planteo; por cuanto la misma en la Alzada implica un procedimeinto que no es contradictorio.
Transporte aéreo, transporte de carga, responsabilidad del transportador, pérdida parcial de mercaderías
Materia: AERONAUTICO - CIVIL
Carátula: SAN CRISTOBAL SOC. MUT. DE SEGS. LTDA. c/ AEROLINEAS ARGENTINAS s/ COBRO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-03

El pedido formulado por el apelante en el sentido de que "el límite de responsabilidad... se declare sobre el peso de los bultos con "faltantes" (dos) y no sobre la totalidad de la carga". Resulta no sólo improcedente, sino ininteligible, habida cuenta del texto claro del art. 22 de la Convención de Varsovia, para el cual el límite de responsabilidad está en función del peso del faltante y no depende de la cantidad de bultos.
Recurso de inconstitucionalidad, control de constitucionalidad, voluntad del legislador, leyes, presunción de legitimidad, Estado, Superior Tribunal de Justicia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: H, M. H. s/ Hurto agravado por la utilización de llave falsa y promoción de la   corrupción de menor de edad en concurso real. Queja por Denegación   del Recurso de Inconstitucionalidad (Expte CSJ Nº 792- 97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-02-18

La declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal es un acto de suma gravedad institucional, ya que las leyes debidamente sancionadas y promulgadas, esto es, dictadas de acuerdo con los mecanismos previstos en la Ley Fundamental, gozan de una presunción de legitimidad que opera plenamente, y que obliga a ejercer dicha atribución con sobriedad y prudencia, únicamente cuando la repugnancia de la norma con la cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indudable. De lo contrario, se desequilibraría el sistema constitucional de los tres poderes, que no está fundado en la posibilidad de que cada uno de ellos actúe destruyendo la función de los otros, sino en que lo haga con la armonía que exige el cumplimiento de los fines del Estado, para lo cual se requiere el respeto de las normas constitucionales y del poder encargado de dictar la ley. La Corte Suprema, al ejercer el elevado control de constitucionalidad, debe imponerse la mayor mesura, mostrándose tan celosa en el uso de sus facultades como del respeto que la Carta Fundamental asigna, con carácter privativo, a los otros poderes.
Avocación jurisdiccional, Superior Tribunal de Justicia, competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: VECINOS DE LA CIUDAD DE ROSARIO c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ AVOCACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-05-28

En cuanto a la inexistencia en el caso de un conflicto de competencia como requisito necesario para que proceda la avocación, si bien no puede hablarse con rigor técnico de que se encuentra planteado un "conflicto de competencia", ello es lo que virtualmente puede acontecer en los hechos, a poco que se tenga en cuenta que el juez que ha intervenido se ha considerado competente, pues dio curso al recurso y despacho favorablemente a los actores la medida cautelar solicitada sin hacer ninguna salvedad sobre su carencia de atribuciones materiales para el caso; y ni por vía de hipótesis ha de suponerse la existencia de vallas rituales que impidan la intervención de esta Corte, pues el marco normativo está destinado a asegurar la eficiencia del servicio judicial, y no a conspirar contra ella; por lo que ha de desecharse toda inteligencia que, con base en el estricto apego a las formas, termine produciendo la incompetencia del órgano con idoneidad constitucional para entender. - CITAS: CSJStaFe: AyS T 90, p 241. - Jurisprudencia vinculada: Sánchez Romero, AyS T 141, p 201/206, sumarios J0021759 y J0021760.
Recurso de casación, verificación de créditos
Materia: PROCESAL
Carátula: FAMILIA GENOUD SERVICIO DE AVENTURAS S.R.L. s/ SOLICITA CONCURSO PREVENTIVO S/ VERIFICACI N DE CREDITO LLOYDS BANK
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1997-07-31

Resulta ser la cuestión traída por el recurrente de naturaleza eminentemente incidental, toda vez que aunque vinculada al asunto principal del litigio trae como consecuencia la de no poner fin al proceso concursal y, por ende, a su ulterior ejecución; exteriorizándose en la presentación recurrente la carencia de una base mínima de admisibilidad formal-procesal que la torna inaudible en la presente instancia.
Recurso de inconstitucionalidad, inadmisibilidad del recurso, Municipalidad, personal municipal, cesantía, pase a disponibilidad, gravedad institucional
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: EXPOSITO, HECTOR RUBEN c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 539 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-11-19

Es inadmisible el recurso de inconstitucionalidad sustentado en la omisión de pronunciamiento sobre la "gravedad institucional" invocada, toda vez que ésta no constituye una causal autónoma que habilite la apertura de la instancia excepcional, pues para esta Corte, la admisión de aquélla estuvo siempre vinculada a la concurrencia de alguno de los supuestos del artículo 1 de la ley 7055.

Además, dicha causal requiere que el conflicto exceda el interés individual de los litigantes, para afectar el de la comunidad toda en sus valores más sustanciales y profundos, circunstancia que no sólo debe ser alegada, sino demostrada por la impugnante, lo que no aconteció en el caso concreto, donde no persuade que la inteligencia asignada por el A quo a las normas y principios aplicados, dentro del marco del recurso sometido a su jurisdicción, conlleve una ineludible afectación de los intereses que se dicen comprometidos.
Prueba testimonial, testigos
Materia: PROCESAL
Carátula: Z., A. c/ D., N. O. s/ Diferencia de haberes e indemnización de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-03-08

Se entiende por testigo de oídas o de referencia a aquellas personas físicas distintas de los sujetos legitimados en un proceso, que trasmiten un conocimiento relativo a un hecho al cual han accedido mediante la percepción sensorial de un tercero, verdadero testigo de lo acaecido. Es obvio que la eficacia probatoria de los dichos de estos "testigos de oídas" es sumamente restringida, desde que sólo acreditan haber escuchado un relato de boca ajena.
Empleo público, cambio de tareas, acción de amparo, cuestiones opinables
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Chebel, Lilia Elisa c/ Obra Social de os Empleados Públicos (OSEP) s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-02-24

Comparece la actora, mediante letrado patrocinante, interponiendo acción de amparo en contra de la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP), persiguiendo se declare la nulidad de las mediante las cuales se dispone su desafectación como jefa de la División Tesorería y se le asigna la función de Auxiliar Administrativa en la División Compras y Patrimonio. Peticiona medida de no innovar.

Por imperio de expresas normas constitucionales -Art.204- de la Constitución Provincial, jurisprudencia sentada a partir del caso "Altamirano" y posterior reforma del Art.4 de la Ley de Amparo por Ley 4998, al implicar materia contencioso administrativa la cuestión planteada, corresponde se declare la competencia de este Tribunal para entender en autos.

De la exposición fáctica del amparista se infiere que la acción tiende a que se dejen sin efecto los actos administrativos representados por las Resoluciones Nº9474 y Nº9532, dictadas por la autoridad administrativa de la OSEP y que dispone el cambio de tareas en la prestación de servicios de la agente demandante, por considerar que tal decisión resulta arbitraria e ilegítima.

Es jurisprudencia reiterada que la acción de amparo excluye aquellas cuestiones en las que no surge con total nitidez la arbitrariedad o ilegalidad que se arguye, ya que los temas opinables o aquellos requeridos de mayor debate y aporte probatorio son ajenos a esta acción, que no tiene por finalidad alterar las instituciones vigentes ni las políticas de estado en materia del ejercicio del ius variandi dentro del contrato de empleo público, como da cuenta el acto administrativo cuya anulación se persigue.

Sin duda el Poder Administrador se encuentra facultado para fijar las pautas y condiciones de la prestación de servicios de sus agentes, gozando tales actos administrativos, emitidos en ejercicio de atribuciones legales propias, de la presunción de legitimidad y ejecutoriedad, que entrar a indagar en este proceso excepcionalísimo y dentro del marco estrecho y limitado de la acción de amparo el control de legalidad de las bases normativas y fácticas tenidas en cuenta para su emisión, como cuestión jurídica opinable, resulta materia para la cual existen vías paralelas judiciales donde con mayor amplitud podrá discutirse la legitimidad y legalidad del actuar administrativo, a fin de salvaguardar por los carriles procesales pertinentes los derechos fundamentales que el amparista reputa conculcados.

Conforme a ello y lo previsto por los Arts. 2, incs. "c" y "d", y 3 de la Ley 4642, que resulta de aplicación cuando se presenta alguno de los supuestos de inadmisibilidad mentados en el Art. 2, corresponde declarar inadmisible la acción de amparo interpuesta.
Extradición, fiscales, principio de legalidad
Materia: PENAL
Carátula: Peyrú, Diego Alberto s/ pedido de extradición Embajada de la República de Chile.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-08-27

Por ser el de extradición un proceso de derecho publico y más aún de naturaleza penal, donde el orden público cobra relevancia particular, la actuación del Estado a través de los fiscales estará presidida por el principio de legalidad, es decir inspirada, ante todo, por el propósito de que las disposiciones del ordenamiento jurídico logren cabal realización, aún cuando, en definitiva, ellas arrojen un resultado adverso a la pretensión que originalmente se decidió representar.
Intereses, tasas de interés
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Intertelefilms S.A. c/ Chubut,  Provincia  del (Secretaría de Gobierno - LU 90 TV Canal 7 de Rawson) s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-19

Tratándose de valores actualizados, los intereses deben calcularse a la tasa de 6% anual.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, depósito previo, exigibilidad del depósito
Materia: LABORAL
Carátula: Zamorano Herrera, Amalia c/ Municipalidad de Vicente López s/ Accidente de trabajo. Rec. de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-10-03

El pronunciamiento del tribunal del trabajo que resuelve la inconstitucionalidad de la ley 11.192, si bien es posterior a la sentencia proyecta sus efectos sobre la misma, por lo que el depósito establecido en el art. 57 (decr. ley 7718/71) deviene obligatorio. (MINORIA U OPINION PERSONAL)