Tribunal: CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-05-18


Salta, 18 de mayo de 2010.

AUTOS y VISTOS: estos autos caratulados: "ACOSTA, MARTÍN ENRIQUE c. GRAN HOTEL PRESIDENTE S.A. - ORDINARIO", expte. de Cámara nº 17549/09, originario del Juzgado de 1ª Instancia del Trabajo nº 3, expte. nº 17549/07, para resolver las apelaciones interpuestas a fs. 210/12 y 215/22, y C O N S I D E R A N D O Dijo el Dr. Figueroa: la sentencia de primera instancia, que hace lugar parcialmente a la demanda interpuesta, es recurrida por ambas partes de la relación procesal, por las razones que la actora invoca en su escrito de fs. 210 a 212 y por las que la demandada explica de fs. 215 a 222; las que paso a sintetizar. Son dos, los agravios vertidos por la parte accionante, dirigidos en contra del rechazo del rubro art. 2 ley 25323 y de la omisión de liquidar intereses. Respecto del primero, sostiene que el vicio de arbitrariedad o absurdo, se define como el desvío notorio, patente, de las leyes de la lógica, que llevan al juzgador a apreciaciones insostenibles y contradictorias y es el incurrido por S.S., cuando al mismo tiempo que sostiene que el despido del actor fue injustificado, por no encontrarse probada la justa causa que se invoca, rechaza el incremento indemnizatorio previsto por la norma citada, porque la demandada pudo creerse con derecho a no pagar las indemnizaciones por despido atento a los términos de la correspondencia que dio lugar al distracto.

Agrega, que es allí donde se incurre en absurdo, interpretando injustificado el despido y rechazando al mismo tiempo el incremento indemnizatorio; que como surge de los fundamentos de la sentencia y de los hechos probados en autos, no hubo duda alguna que el despido fue injustificado, por lo que no existían cuestiones dudosas que hayan llevado a la sentenciante a aplicar el principio in dubbio pro operario para hacer lugar a la demanda, sino que hubo fundamentos contundentes para establecer que no existió causa para el despido ni para justificar la conducta patronal de no pagar los rubros indemnizatorios cuando fueron reclamados; que sin perjuicio de las dos oportunidades en que el empleador fue intimado a abonar las indemnizaciones, su parte intentó llegar a un acuerdo en sede administrativa, demostrando tener plena vocación conciliatoria, solución que fue rehusada, obligando a la acción judicial; que la sentencia apelada se aparta del espíritu de la ley, claro en cuanto a que la facultad de los jueces (de reducir o eximir el incremento) se limita a situaciones que justifiquen la conducta del empleador y lo sea mediante resolución fundada y que, en el caso de autos, no se da ninguno de los dos requisitos, en tanto no existió causa y no se puede interpretar realmente fundada la decisión, con la frase en que la juzgadora a quo entiende que la demandada pudo creerse con derecho a no pagar las indemnizaciones, atento a los términos de la CD que diera lugar al fin de la relación laboral; conclusión que revela, según sostiene, evidente inconsistencia argumental, siendo arbitrario el rechazo del incremento indemnizatorio solicitado, cuya enmienda ahora solicita.

En cuanto al agravio restante, señala el recurso de la accionante que la sentencia omite incluir los intereses en la liquidación final, generando un daño patrimonial de gran envergadura, atendiendo a los casi tres años transcurridos desde el despido. Argumenta, que de no incluirse los intereses en la suma que la demandada debe pagar a su parte en concepto de indemnización por despido, la sentencia resultaría confiscatoria y violatoria de los derechos del trabajador, arts. 14 bis y 17 de la Constitución Nacional; que del mismo modo, implicaría enriquecimiento indebido de la demandada y perjuicio al actor, a quien se le privaría de una suma de carácter alimentario¸ que la sentencia, al no incluir intereses, restringe inconstitucionalmente la tutela de un crédito laboral, lesionando un derecho social, como el de trabajar, en condiciones equitativas y satisfactorias, art. 14 bis C.N.; que asimismo, debe tenerse presente el principio de intangibilidad de la remuneración laboral y de su carácter alimentario, estando, la protección del salario y de los créditos laborales, consagrada en la LCT a través de numerosas disposiciones. Pide, se revoque la sentencia en el segmento apelado y se incluyan en la suma indemnizatoria los intereses correspondientes, con costas, manteniendo reserva del caso federal por si la instancia le fuera desfavorable.

El recurso de la accionada, comienza sosteniendo que la señora juez a quo, en contra de las constancias de la causa y la realidad de los hechos, llega a la conclusión de que pese a los antecedentes desfavorables (constantes faltas, incumplimientos, ausencias y llegadas tarde) que había acumulado el actor, fue despedido sin una causa actual, contemporánea, que lo justificara. Detalla las ausencias y las faltas de cumplimiento de horarios, y argumenta que en consideración de esta verdad real, las ausencias ocurridas en forma inmediata posterior a todos los incumplimientos del mes de diciembre 2006, enero y comienzos de febrero de 2007, justificaban plenamente la decisión de despedir; que ello se decide de buena fe, al mediodía del 3 de febrero, sin conocimiento de enfermedad alguna, por propia negligencia del empleado; que la señora juez tampoco tuvo en cuenta, que también fue tardía la presencia del actor el día lunes 5 de febrero de '07, cuando llegó recién a las 18 hs., en companía de una escribana, para hacer constar la existencia del certificado médico y que aparentemente Acosta tampoco pensaba trabajar ese día y, (posiblemente enterado informalmente del despido, que sería notificado después de mediodía), no concurre a trabajar y entrega tardíamente el certificado, que queda en manos del portero.

Agrega, que en el marco de la LCT las partes están obligadas a obrar con buena fe y respeto mutuo; que el actor había acumulado suficiente cantidad de antecedentes de incumplimientos, reiterando su total falta de criterio y colaboración con la empresa e incurriendo en faltas sucesivas en ese mes de febrero; que entrega un supuesto certificado de trabajo fuera de horario, no avisa previamente (pese a contar con por lo menos dos líneas de teléfono) su supuesta enfermedad y en vez de concurrir el lunes siguiente a trabajar (por no estar a ese momento formalmente notificado del despido, aunque es obvio que ya lo conocía) lo hace por la tarde, a las 18, al sólo efecto de completar la trama de la supuesta justificación y que este aspecto no ha sido siquiera tratado por la señora juez Inferior, de quien no se comprende que pueda afirmar que no existe incumplimiento contemporáneo al despido, omitiendo considerar el preciso detalle de faltas efectuado. Prosigue, señalando que la juzgadora a quo omitió también considerar la secuencia temporal de lo actuado por la empresa y por el actor; que afirma que el despido se produjo por la ausencia del día 3 de febrero y no por la del 1º de ese mes, lo que puede ser literalmente correcto, pero no quita entidad a la primera falta, para acumular aún más antecedentes negativos del actor; que lo más grave, es que los responsables de la firma demandada obraron de buena fe, enviando la comunicación de despido después del mediodía del 3, sin haber podido prever que el empleado enviaría recién a la tarde una pretendida justificación, tardía por añadidura; que no se puede retrotraer el nuevo incumplimiento del actor, de notificar tardíamente su supuesta enfermedad, cuando la decisión había sido tomada con anterioridad y de buena fe, desconociendo que fuera de tiempo el actor recurriría a la remisión, con mensajería, de un supuesto certificado médico.

Sostiene a continuación, que las reiteradas faltas de puntualidad y asistencia (oportunamente objeto de amonestación y sanción patronal) configuran, ante la reiteración de un hecho preciso de similares características, injuria grave que no consiente la prosecución de la relación; que a más de todos los incumplientos y de la extraña conducta de concurrir el 5/5/07 a horas 18 y no a la habitual de ingreso, se suma que Acosta nunca denunció dónde se encontraba ni posibilitó el control por parte de la empleadora; que las relaciones laborales, y en trámite de conflicto, como en el caso, no deben considerarse como una carrera de obstáculos donde se premie a quien más rápido encubre sus propias faltas, sino cuestiones que se analicen globalmente, considerando la equidad, la bilateralidad, la buena fe y el cumplimiento de cada una de las partes; que debe tenerse presente que el aviso no está sujeto a una forma determinada, pudiendo realizarse por una serie de medios, que estaban al alcance del actor; que el certificado recibido al anochecer del 3 de febrero, no indica imposibilidad material del actor de comunicarse personalmente y esa omisión debe pesar a la hora de valorar la conducta de la patronal, que al despedir no contaba con aviso alguno de pretendida justificación de la nueva ausencia; que se han resuelto con anterioridad, situaciones como la que nos ocupa, donde no cabe reproche a una patronal que de buena fe despide, antes de estar previa y formalmente notificada por el dependiente; que el mismo, luego de presumir (o de enterarse por una infidencia) que estaba siendo despedido, muchas horas después de la remisión de la comunicación de despido, decide enviar de manera irregular un certificado médico incompleto (no indicaba dónde se hallaba el supuesto enfermo) y ratifica su conducta, no presentándose el lunes siguiente sino hasta entrada la tarde, lo que demuestra no una actitud dirigida a preservar derecho alguno sino a pretender justificar artificialmente sus propias inconductas y que por todo ello, no habiendo sido equitativamente valorados algunos hechos, literalmente omitidos otros, corresponde revisar el punto I de la sentencia de primera instancia y rechazar la demanda en todas sus partes, con costas de ambas instancias a la contraria.

Atendiendo a que de hacerse lugar al recurso de la demandada, nada debería resolverse en torno del art. 2 de la ley 25323 ni habría intereses a tasa alguna, comenzaré por la apelación planteada por la parte empleadora a fs. 215 y sgtes.. Ya vimos que la decisión de primera instancia, es la de hacer lugar a las indemnizaciones derivadas de despido, a lo que se opone la patronal, que en el telegrama de distracto alude a que "no habiendo justificado por ningún medio su inasistencia a su puesto de trabajo por el día 03/02/07 y habiendo incurrido en una nueva conducta omisiva por cuanto reitera su inasistencia al lugar de trabajo el día 03/02/07, lo que nos causa serios perjuicios patrimoniales", a que se había manifestado (con fecha 9/10/06) que de reiterarse una conducta igual o un nuevo incumplimiento de sus obligaciones se le aplicaría la sanción laboral correspondiente y a que "por las causales expuestas, con más sus antecedentes laborales", procede a despedir a Martín Acosta`"por su exclusiva culpa".

El exámen de las circunstancias y de la prueba disponible, desfavorece a la empresa demandada. No porque el actor fuera un trabajador ejemplar, sino porque el despido adolece de defectos que lo hacen ineficaz e insusceptible de poner adecuadamente fin al contrato de trabajo. Veamos. En primer lugar, la mención de presuntos "antecedentes laborales", es completamente insuficiente, mientras no se los describa y no configuren "expresión suficientemente clara de los motivos en que se funda la ruptura del contrato", art. 243 LCT. La demostración de que es una frase ambigua, que nada dice respecto de causal de despido, es el hecho de que del mismo modo que para poner fin al contrato, pudo haberse invocado para otorgar un premio o justificar un ascenso, donde también se podría haber dicho que era por los "antecedentes laborales" de Acosta.

Otro defecto, es el de invocar dos veces la misma fecha, del 3 de febrero de 2007, que coincide además con la de la carta documento. Eso es lo que la CD dice, y no se trata de interpretaciones de buena o de mala fe, ni de si se puede faltar dos veces en la misma jornada. Lo concreto, es que si ese es el texto de la pieza que da fin al contrato, no estamos obligados a leer otra cosa, las consecuencias "de un simple error de transcripción" (29, cuarto renglón) sólo a la demandada pueden perjudicarla y no se trata de si el empleado conocía o no la presunta falta del 1º de febrero, sino que de mi parte no estoy autorizado a leer "1", donde dice "3". Mientras tanto, es igualmente ineficaz el supuesto apercibimiento de despido de octubre del año anterior, en la medida en que la mención de una eventual aplicación de la "sanción laboral correspondiente" nada significa y más se parece a un recordatorio de las facultades disciplinarias del art.67 LCT, que de una noticia de que la tolerancia patronal había llegado a determinado límite.

El recurso, hace frecuente referencia a que al momento de enviar la comunicación de despido, la patronal no conocía la existencia del certificado médico que Acosta hace llegar recién a las 18 hs. del lunes 5 de febrero de 2007. Sin embargo y conforme al carácter recepticio de las comunicaciones, el contrato estaba vigente, el certificado y la "moto mensajera" utilizada, (217 vta. in fine) eran un medio válido de comunicación y lo hizo "en el transcurso de la primera jornada de trabajo respecto de la cual estuviera imposibilitado de concurrir", del art. 209 LCT. Sin que la falta de indicación "del lugar en que se encuentra" sea en mi criterio relevante en este caso, porque no se trataba de si el actor tenía o no derecho "a percibir la remuneración correspondiente", sino de si la empleadora estaba legitimada a despedir por falta injustificada.

Por las razones expuestas, opino que corresponde desestimar el recurso de la parte demandada y consecuentemente mantener firme el punto I del fallo de primera instancia. Con costas, atento al responde de fs. 231/33, art. 67 CPCC.

Del recurso de la parte actora, el agravio vinculado a intereses, no puede tener andamiento. Todos los derechos del trabajador, los perjuicios sufridos y hasta el presunto indebido enriquecimiento de la contraria, se solucionaban con haber reclamado el rubro intereses, al formular demanda. En efecto, su lectura da cuenta de que no contiene pedido de condena a intereses, lo que hace incurrir a la parte en un defecto insalvable en este momento, porque aspira a que la alzada haga lugar a un rubro no sometido a consideración del juzgador de primera instancia (art. 271 CPCC) e, igualmente impropio, que condene a un ítem que no forma parte de la litis, lo que afectaría el principio de congruencia, inciso "c" art. 55 CPL.

Acerca de esta materia, la Sala, tiene dicho (siguiendo a Palacio, Derecho Procesal Civil, T.I, p. 462 y a Fassi, Cód. Proc. Civil y Com., T.I, 462) que "sólo procede condenación al pago de intereses, cuando han sido pedidos, ya que de lo contrario no forman parte de la litis y el demandado no ha tenido ocasión de defenderse" (autos Guanca c. Cerámica del Norte, 26/3/87; Carabajal c. Previnter, 14/10/99 y Suárez c. La Veloz del Norte, 25/4/02, entre otros). Lo que me lleva a proponer el rechazo del agravio, con costas, art. 67 CPCC, atento al responde de fs. 224 y sgtes.

En cuanto a la cuestión del art. 2 de la ley 25323, coincido con la señora juez a quo, en que dadas las características que rodearon al distracto "habia causas que pudieron justificar la conducta del empleador" (203 vta., cuarto párrafo), capaces de dejar de lado el agravamiento indemnizatorio previsto por la norma comentada. Cuyo rechazo S.S. decidió fuera con costas por el orden causado, interpretando que del mismo modo que la patronal podía creerse con derecho a no pagar, el empleado podía considerarse habilitado a reclamar. Por la misma razón, propongo que también en esta instancia, el rechazo del planteo sea sin costas; art. 67, segundo párrafo del CPCC. El Dr. Cabrera, adhiere al voto anterior.

Por lo que la Sala I de la Cámara de Apelaciones del Trabajo FALLA I) Rechazando el recurso interpuesto por la parte demandada y en su mérito manteniendo firme el punto I del fallo de fs. 204. Con costas.

II) Rechazando la apelación de la parte accionante: a) en cuanto se refiere a intereses, con costas; b) en lo vinculado al art. 2 de la ley 25323, sin costas.

III Difiriendo la regulación de honorarios hasta que se practique en 1ª Instancia y mandando registrar, notificar, reponer y bajar los autos al Juzgado originario.