Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2011-03-15


SENTENCIA NÚMERO:14 En la ciudad de Córdoba, a los 15 días del mes de marzo de dos mil once, siendo las 10.30hs. , se reúnen en audiencia pública, los Sres. Vocales de la Sala Civil y Comercial del Tribunal Superior de Justicia, Dres. Armando Segundo Andruet (h), Carlos Francisco García Allocco y Domingo Juan Sesin, bajo la presidencia del primero, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados: "ANGELINI DE CARDINALI ADELA o ADELINA - DECLARATORIA DE HEREDEROS - INCIDENTE DE COLACIÓN DEDUCIDO POR ELSA CARDINALI DE MENGONI Y OSVALDO CARDINALI - RECURSO DE CASACIÓN - (EXPTE. A 33/08)" , procediendo en primer lugar a fijar las siguientes cuestiones a resolver:

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es procedente el recurso de casación por el motivo del inc. 1° del art. 383 del C.P.C.?.- SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?. Conforme al sorteo que en este acto se realiza, los Sres. Vocales votan en el siguiente orden: Dres. Armando Segundo Andruet (h), Carlos Francisco García Allocco y Domingo Juan Sesin.

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR VOCAL DOCTOR ARMANDO SEGUNDO ANDRUET (h), DIJO: I. El recurso de casación interpuesto por los Sres. Elsa Cardinali de Mengoni y Osvaldo Cardinali en autos "ANGELINI DE CARDINALI ADELA o ADELINA - DECLARATORIA DE HEREDEROS - INCIDENTE DE COLACIÓN DEDUCIDO POR ELSA CARDINALI DE MENGONI Y OSVALDO CARDINALI - RECURSO DE CASACIÓN - (EXPTE. A 33/08)" contra la Sentencia N° 23 del 16 de abril de 2008, dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Primera Nominación de la ciudad de Río Cuarto. Corrido traslado a la contraria por el término de ley (art. 386 del C.P.C.) lo evacua la parte contraria a fs. 664/665; siendo concedido el recurso por el Tribunal de juicio (Auto Interlocutorio N° 162 del 23 de julio de 2008). Firme y consentido el decreto de autos quedó la causa en condiciones de ser resuelta.- II. Las censuras admiten el siguiente compendio: bajo la alegación del vicio de falta de fundamentación lógica y legal, denuncian los impugnantes que la decisión recurrida incurre en violación de las reglas lógicas del pensar. Exponen que la Cámara a quo se remitió, como pauta dirimente para resolver el caso, a la afirmación de la escribana contenida en la escritura impugnada de haber presenciado la entrega del dinero. Luego de ello, el Tribunal sostuvo que el artículo 993 del Código Civil prescribía que los actos pasados ante el oficial público gozaban de plena fe mientras no se interponga a su respecto o prospere una querella de falsedad, para culminar: "...estando probado que la decisión de los derechos y acciones fue a título oneroso, corresponde rechazar la demanda de colación...".- Observan los recurrentes que el Tribunal no analiza que la simulación entraña una declaración de voluntad real emitida conscientemente y fruto de un acuerdo de partes, que procura producir la apariencia de un negocio jurídico que no existe o es distinto de aquél que se realiza, ya que la naturaleza del acto simulado es mostrar algo que no es veraz y que difiere de la realidad.- Prosigue alegando que el pago existió en apariencia, y no resulta necesariamente nulo lo destacado en la escritura porque es lo que se vio, lo que no significa -dicen- que sea cierto. Continúan en el punto expresando que establecido que la adquisición del inmueble por el demandado fue simulada, no cabe reponer en el patrimonio del causante el bien, porque la obligación de colacionar que se articula conjuntamente no es real, ya que no persigue la cosa, sino la corrección de los cómputos de valores colacionables.- Aducen que el Tribunal no puede pretender declarar falso el contenido o la corporalidad del instrumento, porque lo que vio e hizo constar el escribano no era falso, sino simulado. Impetran que el razonamiento -calificado como dirimente por el Tribunal a quo- no es exacto y resulta insuficiente para revocar el decisorio, ya que no deviene necesario redargüir la falsedad para invalidar la cesión y declarar colacionable el valor del bien cedido.- Puntualizan que las pruebas rendidas, sobre todo la pericia, las presunciones generadas por la renuencia del demandado a aportar elementos para la tarea pericial contable, y sobre todo la ausencia de coherederos que convalidaran la cesión puedan dar fe que el acto es simulado.

Señalan que no resulta cierto que para declarar simulado un acto pasado ante un oficial público, haya que anular el instrumento público donde el mismo se hace constar, ya que lo que vio el oficial es que el hijo le entregaba dinero al padre, y el Tribunal supone que ese pago es auténtico, cuando -dicen- lo que se ha cuestionado no es el "pago", sino el origen de esos fondos. Alegan que el razonamiento vertido por los sentenciantes no es correcto, porque si bien cabe afirmar que los actos pasados ante el oficial público han ocurrido tal como lo percibió con sus sentidos, o sea el demandado pago al causante cedente el importe de la operación, no obstante ello pudo ser aparente o simulado, lo que debió confrontarse con el hecho de si el demandado contaba con ese dinero por haberlo ahorrado con su trabajo o por medio de un préstamo.- Exponen como segunda censura que, el decisorio atacado incurre en una manifiesta violación del principio de congruencia. En aval de su embate crítico señalan que aún cuando se entienda que el recurso de apelación ha sido formulado en forma total por ambas partes y que el Tribunal pudo conocer de todo el litigio sin limitaciones, no puede pasar por alto que no pueden plantearse en apelación cuestiones no debatidas en el proceso o introducidas extemporáneamente, salvo supuesto excepcionales que no ocurren el caso de autos.

Explicitan que si el Tribunal asume la plenitud de la jurisdicción, debió en todo caso declarar la nulidad de la cesión, en orden a que tal aspecto fue requerido y materia de debate, si consideraba -como erróneamente juzga- que es necesaria su declaración para tornar colacionable el valor (y no del bien). Puntualizan que el Tribunal ha introducido una cuestión no planteada en la instancia, aspecto consentido por las partes, lo que lesiona su derecho de defensa en juicio, dado que se han visto impedido de oponer defensa alguna a un tema no debatido. Añaden que se ha incurrido en incongruencia porque se ha resuelto sobre un extremo consentido por partes parte y por el juez, no debatido ni confrontado. III. Ingresando al tratamiento del planteo impugnativo, anticipo criterio favorable a la procedencia del segmento crítico tendiente a descalificar el fundamento sentencial sobre la base del cual el Tribunal de mérito decidió revocar la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la acción de simulación y consiguiente con ello admitió la acción de colación, asentado esencialmente en la entidad probatoria asignada al contenido de la escritura impugnada, de conformidad con lo dispuesto por el art. 993 del C.C. Cabe señalar que al margen de la inmotivación que le achacan los recurrentes a la resolución en crisis, lo cierto es que la discusión en torno a la interpretación y aplicación de la disposición normativa citada, remite a la eventual configuración de un yerro de actividad en el trámite del proceso, materia ésta que habilita la presente articulación recursiva, desde que: "El Tribunal Superior de Justicia, como juez supremo de las formas procesales puede juzgar sobre el cumplimiento adecuado de las mismas y decidir en cada caso, sin son potencialmente aptas para lograr el fin que con ellas no se persigue"(Cfr. Sala C. y C. T.S.J., Sent. N° 14 del 21 de febrero de 2000).- En efecto, las normas contenidas en los arts. 993 y 994 del Código Civil, independientemente de que integren parte de la ley sustantiva civil, establecen directivas de carácter procesal; y en cualquier caso, la actividad jurisdiccional cumplida de manera contraria a la establecida por una norma adjetiva, es censurable en casación a título de violación de las formas del procedimiento o de la sentencia. (Cfr. esta Sala Sentencia N° 29 del 23 de abril de 2000).- Desde esta perspectiva el recurso impetrado admite subsunción en otra de las hipótesis impugnativas que contiene la causal casatoria invocada; concretamente, en la referida a los eventuales errores "in procedendo" que implica la equívoca interpretación de normas procesales. Cuadra aclarar que la circunstancia de que se encuentre comprometido el mérito de cuestiones de orden fáctico no limita la competencia de esta Sala por el motivo aludido, cuando el acabado juzgamiento de aquellas se relaciona con la hermenéutica de normas procesales respecto de las cuales el Tribunal Superior de Justicia es el juez supremo, lo cual lo habilita a controlar el cumplimiento adecuado de las mismas y decidir, en cada caso, sin son potencialmente aptas para lograr el fin que con ellas se persigue (Cfr. Auto Interlocutorio N° 19 bis del 28 de febrero de 2003).

IV. El eje medular del razonamiento vertido por los juzgadores, tal como se consignó precedentemente, se basó en la entidad probatoria que la Cámara a quo le endilgo a la afirmación de la escribana contenida en la escritura impugnada, de haber presenciado la entrega del precio por parte del cesionario al cedente. Así expuso el órgano de alzada: "...en dicho instrumento se expresa textualmente lo siguiente: "Bajo tales conceptos esta cesión se efectúa por el precio único y total de PESOS SETENTA MIL ($ 70.000.-) que el cesionario entrega íntegramente en este acto al cedente por ante mi, que certifico, en dinero efectivo". Ello significa que la entrega del dinero por parte del adquirente se trata de una "hecho pasado en presencia del oficio público", o sea de aquellos percibidos por sus sentidos, que conforme a lo establecido por el art. 993 del Código Civil, gozan de plena fe mientras no se interponga a su respecto -y prospere- una querella de falsedad. Para desconocer el contenido de esa atestación, no basta entonces la mera prueba en contrario".- Continuo expresando: ".... debe considerarse acreditado que la transferencia de los derechos y acciones se hizo con motivo de una venta no de una donación, lo que torna ocioso el tratamiento de los agravios por los que se cuestiona la existencia de los indicios de simulación considerados por el juez, ya que solo declarada la falsedad podrá quedar desvirtuado lo actuado por la escribana".- Concluyó: "De conformidad a lo establecido por los arts. 3476, 1789 y conc. del Código Civil, sólo las liberalidades pueden ser objeto de colación. Entonces, estando probado que la cesión de los derechos y acciones fue a título oneroso, corresponde rechazar la demanda de colación".

En definitiva y tal como se colige de la trascripción de los fundamentos del fallo sub recurso, las reflexiones efectuadas en el fallo apuntan a evidenciar que -a juicio de la Cámara a quo- lucía probado que la cesión de los derechos y acciones fue a título oneroso, inferencia deducida a partir de la manifestación de la escribana de haber presenciado la entrega del dinero, a lo cual el Tribunal le asignó un valor probatorio de plena fe, sólo desvirtuable mediante redargución de falsedad.- Y sobre dicho tópico le asiste razón a los impugnantes cuando denuncian que la sentencia atacada efectuó un erróneo juzgamiento de los hechos litigiosos, a partir de una desacertada interpretación del precepto del art. 993 del C.C..- Este último dispositivo literalmente dispone: "El instrumento público hace plena fe hasta que sea argüido de falso, por acción civil y criminal, de la existencia material de los hechos, que el oficial público hubiese anunciado como cumplidos por él mismo, o que han pasado en su presencia". Por su parte el art. 994 del mismo cuerpo legal reza: "Los instrumentos públicos hacen plena fe, no sólo entre las partes, sino contra terceros, en cuanto al hecho de haberse ejecutado el acto, de las convenciones, disposiciones, pagos, reconocimientos, etc., contenidos en ellos".- De la hermenéutica de ambas disposiciones normativas surgen claras las siguiente conclusiones: a) El C.C. consagra con los efectos de plena fe, la existencia de los hechos que el oficio público hubiese anunciado como cumplidos por él mismo o que han pasado en su presencia: b) Estos hechos gozan de plena fe no sólo respecto de las partes y el oficial público, sino también respectos de los terceros, los sucesores universales y singulares: e) La presunción de verdad de tales circunstancias fácticas son "a priori", "lo que significa que el legislador sustrae del juez la comprobación de la certeza del hecho mientras al documento no se lo impugne por acción de falsedad" (Conf. PELOSI, Carlos, El documento notarial, Astrea, Bs. As., 1980, p. 90; ARMELLA, Cristina, comentario a los arts. 993 y 994 en BUERES-HIGHTON, Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial, Hammurabi, Bs. As., 1999, T 2C, p. 57): d) Estos aspectos amparados por la fe pública no pueden ser desconocidos por simple prueba en contrario, sino que la exactitud material o intelectual de los mismos sólo puede demostrarse mediante redargución de falsedad por acción civil o criminal.- Ahora bien, cabe reparar que en el caso de autos los accionantes no objetaron la autenticidad del instrumento, sino su contenido, y al hacerlo tampoco cuestionaron la verdad material de los hechos cumplidos por el oficial público o pasados en su presencia, ni el hecho de haberse celebrado la convención, sino la sinceridad de la misma.- Todo ello en consonancia con la naturaleza de la pretensión deducida en juicio -acción de simulación- la que se presenta como una mutación de la verdad, pero no del contenido de las declaraciones (falsedad ideológica) o de la corporalidad (falsedad material), sino de la verdad sustancial que manifiestan los otorgantes y que afecta el contenido y los efectos del negocio jurídico (Cfr. BUERES-HIGHTON, obra cit. pag. pág. 61).- Adviértase que la pretensión de simulación fue incoada en los siguientes términos: "En el presente caso, el acto de cesión hecha entre el causante Pascual Cardinali y Nuestro coheredero Oscar Luis Cardinali constituye una liberalidad que entra dentro de las que son susceptibles de ser colacionadas.

Quizás se esgrimida como defensa que el acto cuya nulidad se procura no es una liberalidad. Ello es absolutamente falso, porque esta cesión onerosa entraña una verdadera donación encubierta bajo la apariencia de supuesta onerosidad. Considerado lo manifestado precedentemente, es voluntad de los recurrentes accionar en contra del coheredero -cesionario Oscar Luis Cardinali procurando que V.E. declare la nulidad por simulación de la escritura N° 42..."(ver. Fs. 257/262 vta. II cuerpo de los autos principales). De tal guisa, queda claro que en el presente proceso la discusión se centró en la realidad o ficción del acto jurídico realizado entre las partes, no se cuestionó la veracidad de los asertos efectuados por el notario, ni impugnado las declaraciones de los hechos pasados en su presencia, sino que se puso en tela de juicio la honestidad de los hechos puesto de manifiesto por los contratantes por ante el escribano. En otras palabras la acción de simulación intentada en autos tendía a denunciar la falta de sinceridad del acto jurídico celebrado entre las partes, el que -se adujo- bajo la apariencia de onerosidad encubría una donación. La Cámara para decidir la revocación de la sentencia de primera instancia que declaró que el acto era simulado y por lo tanto sujeto a colación, estimó que la entrega del dinero se trataba de un hecho "pasado en presencia del oficial público", o sea percibidos por sus sentidos, por lo que conforme lo establecido por el art. 993 del Código Civil, gozaba de plena fe mientras no se interponga a su respecto querella de falsedad, con lo cual concluyó que, resultaba acreditado que la transferencia de los derechos y acciones se hizo con motivo de una venta y no de una donación. La conclusión asumida por el Tribunal de mérito no se ajusta a una correcta exégesis del precepto en cuestión, en tanto y en lo que hace a la cuestión considerada, no cupo exigir al accionante redargüir de falsedad la aserción del escribano para demostrar que el acto era simulado.- En efecto, si bien resulta indiscutible que el instrumento público hace "plena fe" hasta que sea argüido de falso por acción civil o criminal (art. 993 del Código Civil) de los hechos cumplidos por el oficial público o pasados en su presencia, pero ello no alcanza su contenido o sinceridad. Es que la autenticidad que tienen dichos hechos, es con referencia a la verdad material de los mismos, pero no así respecto a la realidad de dicha verdad material, pudiendo probarse la insinceridad de su contenido acudiendo a cualquier medio de prueba.- Así enseña la doctrina, en relación a los hechos pasados en presencia del oficial público que: "De ahí que resulte esencial distinguir entre el hecho de la declaración, que como tal es objeto de la autenticación, y su contenido o sinceridad, que no es objeto de la fe pública. Con respecto al contenido (sinceridad) de la declaración es ilustrativa la sistematización realizada por Carminio Castagno, que exige que exista objeto idóneo, existe objeto idóneo cuando es pasible de percepción. Por aplicación de estos conceptos resulta fácil, en cuanto a la declaración, concluir que es objeto idóneo, y por ende autenticado, el hecho de su formulación.

No es objeto idóneo, y por ello queda fuera del ámbito de la fe pública, su contenido (sinceridad)." (Cfr. Besllucio-Zannoni, Código Civil, Editorial Astrea Buenos Aires, 1982, pág. 550).- Tal distinción deviene relevante, ya que lo que no podría ser materia de controversia en la presente causa es el hecho de que el cedente entregó el dinero, por cuanto se trata de una hecho pasado en presencia de un oficial publico, al que corresponde considerar autenticado por haber sido percibido por los sentidos del notario. Pero lo que si puede ser desvirtuado con prueba en contrario y sin necesidad de redargución, es que ese acto pasado en presencia del notario hubiera sido sincero.- En la misma orientación se ha expedido la jurisprudencia "Una cosa es la plena fe que merecen los instrumentos públicos en cuanto a la materialidad de los actos cumplidos en presencia del escribano y otra diferente la sinceridad a que dichos actos correspondieren" (SCBA, 18/9/74, "Cooperativa Agropecuaria Coronel Dorrego Limitada c. Menna, Vicente y otro", Acuerdos y Sentencias, 1974-III-144, Jurisprudencia citada en BUERES-HIGHTON, obra cit. pag. 56).- Por ello no resulta necesario argüir de falsedad cuando se ataque un hecho como simulado, sin poner en duda la veracidad del oficial público. En tal sentido se ha señalado que: "La circunstancia de que el oficial público afirme que el precio se pagó en su presencia, no significa que dicho acto sea real, pues el comprador simulado, puede muy bien haber entregado el precio en presencia del escribano y luego de concluido el acto, el vendedor simulado devolverlo"(Cfr. Borda, Guillermo A. Tratado de Derecho Civil- Parte General -II, La ley, Buenos Aires 2008, pág. 204).- En mérito de lo expuesto, es mi opinión que el recurso de casación debe ser acogido, ya que la entidad probatoria que le acordó el Tribunal de mérito a la manifestación efectuada por el escribano interviniente, para tener por plenamente demostrado que el acto jurídico formalizado por las partes instrumentó una venta y no una donación, ha partido de una incorrecta interpretación de las normas adjetivas que rigen la materia. Ello justifica la declaración de nulidad, sin que importe en modo alguno prejuzgamiento de la Sala acerca del contenido sustancial de la pretensión deducida en autos.- V. En definitiva y atento las razones expresadas, concluyo que el recurso se presenta atendible, lo que me determina responder afirmativamente a la cuestión propuesta, emitiendo en tal sentido mi voto. La decisión a que se arriba en el presente acto sentencial torna abstracto todo pronunciamiento en torno a la restante censura.- Voto por la afirmativa a la primera cuestión planteada. A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR VOCAL DOCTOR CARLOS FRANCISCO GARCÍA ALLOCCO , DIJO:- Coincidiendo con la conclusión a que arriba el Señor Vocal de Primer voto y resultando ajustada a derecho, opino en forma coincidente con el criterio de solución que mi colega propicia.- Así voto.- A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR VOCAL DOCTOR DOMINGO JUAN SESIN, DIJO:- Adhiero a los fundamentos y solución a que arriba el Señor Vocal del primer voto.- Así voto.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR VOCAL DOCTOR ARMANDO SEGUNDO ANDRUET (h), DIJO: A mérito de la respuesta dada al primer interrogante propongo:

1) Hacer lugar al recurso de casación por el motivo del inc. 1° del art. 383 del C.P.C., y en consecuencia, anular la resolución recurrida en todo cuanto decide.

2) Reenviar la causa a la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Segunda Nominación de la ciudad de Río Cuarto para que dicte un nuevo pronunciamiento.

3) Costas en esta sede a cargo del vencido (art. 130 del C.P.C.).

4) Fijar el porcentaje para la oportuna regulación de honorarios a favor del Dr. Roberto Lucas Vollenweider en el treinta y cuatro por ciento (34%) del mínimo de la escala del art. 36, Ley 9459 (arts. 36, 37 y 38 ley cit. ley cit.). No regular honorarios a favor del Jorge Alberto Alonso en esta oportunidad (art. 26 ley 9459). Así voto.- Por ello.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR VOCAL DOCTOR CARLOS FRANCISCO GARCÍA ALLOCCO , DIJO:- Coincidiendo con la conclusión a que arriba el Señor Vocal de Primer voto y resultando ajustada a derecho, opino en forma coincidente con el criterio de solución que mi colega propicia.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR VOCAL DOCTOR DOMINGO JUAN SESIN, DIJO:- Adhiero a los fundamentos y solución a que arriba el Señor Vocal del primer voto.- Así voto.- Por el resultado de los votos emitidos, previo acuerdo, el Tribunal Superior de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Comercial, RESUELVE:- I. Hacer lugar al recurso de casación por el motivo del inc. 1° del art. 383 del C.P.C., y en consecuencia, anular la resolución recurrida en todo cuanto decide.- II. Reenviar la causa a la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Segunda Nominación de la ciudad de Río Cuarto para que dicte un nuevo pronunciamiento.- III. Costas en esta sede a cargo del vencido (art. 130 del C.P.C.).- IV. Fijar el porcentaje para la oportuna regulación de honorarios a favor del Dr. Roberto Lucas Vollenweider en el treinta y cuatro por ciento (34%) del mínimo de la escala del art. 36, Ley 9459 (arts. 36, 37 y 38 ley cit.). No regular honorarios a favor del Jorge Alberto Alonso en esta oportunidad (art. 26 ley 9459). Protocolícese e incorpórese copia.-