Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-10-12


AIMO, Víctor Hugo contra COOPERATIVA ELECTRICA DE GALVEZ LTDA.

Reg.: A y S t 210 p 117-122.

Santa Fe, 12 de octubre del año 2.005.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la demandada contra la resolución 181 del 28 de setiembre de 2004, dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Laboral de esta ciudad en autos "AIMO, Víctor Hugo contra COOPERATIVA ELÉCTRICA DE GÁLVEZ LTDA. -C.P.L.- (Expte. 32/04)" (Expte. C.S.J. nro. 255, año 2005); y, CONSIDERANDO:

1. Por decisorio de fecha 28 de setiembre de 2004 la Sala Primera -integrada- de la Cámara de Apelación en lo Laboral de esta ciudad desestimó los recursos de nulidad y apelación deducidos por la demandada y, en consecuencia, confirmó la sentencia de baja instancia -que, a su turno, había acogido la pretensión del actor-.

Contra dicho pronunciamiento interpuso la demandada recurso de inconstitucionalidad con fundamento en el artículo 1, inciso 3) de la ley 7055, por considerarlo lesivo de los derechos de propiedad, de debido proceso y defensa en juicio.

En su presentación se queja de que el fallo impugnado se limitó a afirmar dogmáticamente la literalidad del artículo 212 de la Ley de Contrato de Trabajo y omitió analizar cuestiones planteadas por su parte.

Señala que la Sala incurrió en arbitrariedad normativa al no haberse hecho lugar al planteo de inconstitucionalidad de los artículos 212 de la Ley de Contrato de Trabajo y 59 inciso b) de la Convención Colectiva de Trabajo 36/75.

Sostiene que le agravia que no se hayan analizado pormenorizadamente sus argumentos referidos a la inconstitucionalidad del artículo 212 citado, al surgir de éste que la remuneración es el único crédito del trabajador, no diferenciando remuneración de créditos laborales, y que si por remuneración se entiende solamente salario en efectivo, su parte se ve obligada a cancelar dos veces el mismo crédito laboral(en dinero, abonando el adicional por trabajo en semana no calendaria, por un lado; y en crédito por descanso, por el otro), lo que constituye un enriquecimiento sin causa, violando su derecho de propiedad.

Postula que tanto la Sal Afirma que se cometieron en los fallos de primera y segunda instancia "la absoluta arbitrariedad de realizar una comparación de dos esquemas retributivos distintos, eliminando aspectos del nuevo esquema y tomando otros del esquema antiguo para llegar a la errónea conclusión de que existió disminución en la remuneración".

Manifiesta que los Sentenciantes han incurrido en arbitrariedad fáctica derivada de no haber considerado que la situación del actor escapa a los lineamientos jurídicos definidos en el artículo 212 Ley de Contrato de Trabajo, por cuanto la ley no considera el caso de que no haya trabajo disponible para la incapacidad parcial del trabajador y la empresa, en lugar de despedirlo, le crea un puesto de trabajo especial (cadetería).

Expresa que no se analizaron ninguna de las pruebas aportadas al expediente.

Señala que de haberse analizado el planteo referido a la aplicación de los conceptos que surgen del principio de equidad al caso -por falta de la debida adecuación de la norma genérica, art. 212 L.C.T.- no se hubiese "producido el agravio constitucional de la arbitrariedad por falta de análisis de defensa esencial y... evitado la lesión a las garantías constitucionales del derecho de propiedad, igualdad ante la ley, de defensa en juicio y del derecho de trabajar".

Reitera que constituye un agravio constitucional obligar al empleador a abonar dos veces un mismo crédito laboral.

Agrega que la Sala no consideró su planteo de que configura un abuso de derecho tener que abonar salarios por funciones no desempeñadas.

A su turno, la Alzada denegó la impugnación deducida, mediante auto 89 del 21 de junio de 2005 (fs. 60/61 vto.), lo que motivó la presentación directa de la quejosa ante esta sede (fs. 65/90).

2. Aun cuando la impugnante acusa la invalidez de la sentencia por presunta arbitrariedad por lesionar derechos y garantías constitucionales, con las limitaciones propias del estadio que transita la presente impugnación, el desarrollo de los fundamentos vertidos en la pieza recursoria, en su confrontación con la resolución atacada, permite advertir que los planteos que la recurrente intenta encuadrar en hipótesis conculcatorias de garantías constitucionales carecen de consistencia y no alcanzan a demostrar la configuración de los pretendidos vicios imputados, traduciendo tan sólo el cuestionamiento de la impugnante la mera disconformidad con la labor jurisdiccional cumplida por los Sentenciantes en torno al tratamiento de las cuestiones sometidas a su decisión, en ejercicio de funciones propias y sobre materia -en principio- extraña al contenido del recurso de inconstitucionalidad intentado.

En efecto, y en lo atinente a las objeciones vertidas por la quejosa referidas a la pretendida declaración de inconstitucionalidad de la primer parte de artículo 212 de la Ley de Contrato de Trabajo, es de concluir que tales alegaciones no pueden ser atendidas.

Bueno es tener presente el criterio reiteradamente sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto a que la declaración de inconstitucionalidad constituye un acto de suma gravedad que configura la "ultima ratio" del orden jurídico (Fallos: 300:1087) por lo cual no ha de efectuarse en términos generales o teóricos, ya que se trata del ejercicio de la función más delicada de los jueces (Fallos: 252:328), debiendo sólo recurrirse a ella cuando no existe la posibilidad de optar por una interpretación que favorezca la constitucionalidad de la ley (Fallos: 242:73).

En mérito a ello, también se ha establecido que para que la Corte pueda declarar la inconstitucionalidad de una norma, el interesado debe haber demostrado claramente de qué manera ésta contraría la Constitución nacional causándole de ese modo un gravamen.

Para lograr ese objetivo, es menester que precise y acredite fehacientemente en el expediente el perjuicio que le origina la aplicación de la disposición, pues la invocación de agravios meramente conjeturales resulta inhábil para abrir la instancia extraordinaria (Fallos: 307:531).

Y precisamente ese recaudo no puede entenderse cumplido en el "sub lite", toda vez que la compareciente en modo alguno logra acreditar la configuración del gravamen que le irroga el alcance que la Cámara otorgó al artículo 212 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Así, si bien aduce que el texto legal lesiona el derecho de propiedad, no consigue con ello desvirtuar el núcleo del razonamiento del Sentenciante que sostuvo, con cita de principios, normas y tratados de jerarquía constitucional, que dicho artículo "...aparece resguardando y dando la seguridad necesaria al trabajador para la continuidad de él y su familia en el marco posible del desarrollo, previsto con antelación a la contingencia que dicha normativa laboral contempla, sin que pueda por ello considerarse que su imposición resulta ser una violación al derecho de propiedad que tiene la patronal, sino que está inmersa en el riesgo laboral que como tal tiene...", coligiendo que lo explicitado por la demandada "...carece de entidad como para derivar en la declaración de inconstitucionalidad peticionada..." (f. 3 vto.).

Por lo demás, una atenta lectura del memorial recursivo permite concluir que las disconformidades de la impugnante se orientan, con diversas argumentaciones, a demostrar que no correspondería abonarle al actor la "bonificación" prevista en el artículo 50 del Convenio Colectivo de Trabajo 36/75 por no desempeñar la función que habría dado origen a su abono, a contrario de lo sostenido por la Alzada.

Concretamente, los reproches formulados a la sentencia impugnada denotan el mero disenso en torno a la tesis sostenida por la Sala, quien analizó la situación planteada en autos y llegó a la conclusión que del artículo 212 -primer párrafo- del Régimen de Contrato de Trabajo se desprendía el reconocimiento del derecho a las diferencias remuneratorias reclamadas.

Mas, con su argumentación, no logra persuadir a este Cuerpo de que al fallar la causa se hubiese incurrido en arbitrariedad.

Cabe destacar que, no obstante que la recurrente se agravia que la Sala no examinó puntualmente sus argumentaciones, el Vocal de primer voto indicó que "Habiendo analizado la totalidad de las quejas del recurrente he procedido a correlacionar las mismas con el fallo apelado, contestación dada por la parte actora, pruebas producidas y normas legales que resultan de aplicación, cuestiones sobre la que seguidamente me expediré mencionando y refiriendo aquello que a mi criterio resultan fundamentales para dilucidar la cuestión, sin que signifique la omisión del tratamiento de otros su falta de consideración para resolver en definitiva" (fs. 2 vto./3).

Sobre el punto, y como lo señaló la Sala (f. 60 vto.), bueno es recordar que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus alegaciones (A. y S., T. 53, pág. 75; T. 100, pág. 457) ni a tratar todos los planteos de las partes ni analizar los argumentos utilizados por éstas y que a su juicio no sean conducentes; sino los que estimen decisivos para la solución del asunto (cfr. Morello, Augusto M., "El recurso extraordinario", Bs. As., 1987, pág. 211).

Ahora bien, no persuade la quejosa con respecto a la alegada arbitrariedad por falta de tratamiento por la Alzada de agravios esenciales.

Antes bien, de la lectura del decisorio surge con evidencia que se han brindado fundamentos válidos que, más allá de su mayor o menor grado de acierto, no son producto de la voluntad individual del juez.

Y es que, no obstan En tal sentido, el Vocal de segundo voto indicó las particularidades de dicha norma que transita entre el derecho laboral y de la seguridad social y coligió que el pago que se resiste "no constituía un aporte forzoso ni una exacción en el sentido constitucional de la palabra sino una carga derivada del contrato de trabajo, cuyo monto corresponde satisfacer directamente al principal que funciona como responsable social"..."este es el riesgo asumido por los empleadores como titulares pasivos de ciertas cargas económicas y sociales ..." (f. 5 vto.).

De tal manera, pues, se advierte que el fundamento de las alegadas causales de arbitrariedad se circunscribe a una particular óptica de la cuestión, reproches éstos que no hacen más que patentizar la mera disconformidad de la impugnante con el criterio del Judicante pero sin demostrar que aquél constituya el corolario de un razonamiento que colisione con principios básicos de logicidad y razonabilidad de modo tal de merecer ser descalificado desde el plano constitucional.

Los reparos vertidos por la quejosa en modo alguno convencen que la conclusión de la Sala -más allá de su grado de acierto o error- se haya sustentado en una interpretación de la norma que pueda ser tildada de inconstitucional o que hubiera desbordado las posibilidades interpretativas aceptables que desde el punto de vista constitucional ofrecía la normativa en juego.

Esta Corte, con distinta integración, al resolver un similar planteo de las partes por un período anterior, señaló que "la postura del recurrente, relativa a que no correspondería abonarle al actor la mencionada 'bonificación' prevista en el artículo 50 del Convenio Colectivo 36/75, sólo se inscribe en una de las corrientes de interpretación que lo entienden de ese modo" ... "algunos autores se enrolan en la tesitura defendida por el quejoso -respecto de que entre la función y el adicional media una relación directa, por lo que no es exigible por el trabajador sino única y exclusivamente cuando se cumplen esas funciones o se está autorizado para cumplirlas-.

Sin embargo, otro sector de la doctrina y parte de la jurisprudencia no comulgan con el criterio apuntado ut supra y se han pronunciado con criterio análogo al seguido por la Sala, atendiendo a que corresponde abonar, además del básico, los adicionales convencionales que se percibían en razón de las tareas que anteriormente se realizaban, aunque por causa de la reubicación no se cumpla con los extremos a que se subordinaba su otorgamiento (SCBA, 15/5/1990, "Benavídez, José Gabriel c. SOMISA s. diferencias salariales"; 25/2/1997, "Holdstein, Guillermo c. SOMISA s. diferencia de sueldos")"..."Lo apuntado es demostrativo de la eminente naturaleza interpretativa de la cuestión -y, por ello, exenta en principio de revisión en esta sede- sin que el perdidoso logre demostrar que el Tribunal, al confirmar lo resuelto en autos, hubiera excedido los límites hermenéuticos que el artículo 212, primer párrafo, posibilita"(A. y S. T. 157, pág. 497).

La disimilitud de criterios de la recurrente en contra de lo sostenido por los Sentenciantes, no es razón suficiente para franquear esta instancia recursiva de excepción salvo, claro está, que se demostrara arbitrariedad en lo decidido, lo que no se logra en el "sub lite" donde el Tribunal, en ejercicio de funciones propias, analizó las circunstancias fácticas de la litis conforme las traducían las constancias de autos y aplicó las normas pertinentes, ámbito que resulta ajeno a esta instancia extraordinaria ya que -más allá del grado de acierto o error en lo decidido- no se acredita que los Juzgadores hubieran desbordado los límites interpretativos que el artículo 212 concede, ni que hubieran omitido dar suficientes fundamentos para acoger la pretensión actora, de manera tal de configurarse una cuestión constitucional.

Corolario de lo expuesto es que corresponde desestimar el recurso intentado ya que las alegaciones que lo sustentan carecen de substancia constitucional al no alcanzar a demostrar la configuración de los vicios imputados al decisorio, denotando sólo la simple discrepancia con el criterio adoptado por los Juzgadores en ejercicio de funciones propias.

Por todo ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Declarar perdido para la recurrente el depósito efectuado (art. 8, ley 7055).

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.: GUTIÉRREZ-FALISTOCCO-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)