Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-07-07


BASSI, Omar Alberto contra MUNICIPALIDAD DE VILLA GOBERNADOR GALVEZ Reg.: A y S t 199 p 86-88.

En la ciudad de Santa Fe, a los siete días del mes de julio del año dos mil cuatro, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores María Angélica Gastaldi, Rafael Francisco Gutiérrez y Mario Luis Netri, con la presidencia del señor Ministro decano doctor Rodolfo Luis Vigo, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "BASSI, Omar Alberto contra MUNICIPALIDAD DE VILLA GOBERNADOR GÁLVEZ -Amparo - Medida Innovativa- sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. n 409, año 2000). Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones:

PRIMERA ¿es admisible el recurso interpuesto? SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente? TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar? Asimismo, se emitieron los votos en el orden en que realizaron el estudio de la causa, o sea: doctores Netri, Gastaldi, Vigo y Gutiérrez.

Asimismo, las cuestiones a resolver son: PRIMERA ¿es admisible el recurso interpuesto? SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente? TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar? A la primera cuestión -¿es admisible el recurso interpuesto?- el señor Ministro doctor Netri dijo:

1. Surge de autos -en lo que aquí es de interés- que ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial N 9 de Rosario, Omar Alberto Bassi promovió demanda de amparo por mora contra la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez, pretendiendo que se intime a la demandada a expedirse sobre el pedido de habilitación de un negocio de alquiler de autos con y sin chofer presentado el 12 de agosto de 1997 (fs. 32/38).

Tramitada la causa y luego de que ambas partes pusieran de manifiesto que, a raíz del dictado de la ordenanza 1299/98 (reglamentaria del servicio público de "remisse") y de la resolución 51/98 (que denegó el pedido de habilitación del actor) había desaparecido la causa que motivara el amparo, el Juez de baja instancia dictó sentencia declarando la extinción del proceso por sustracción de materia e impuso las costas en el orden causado (f. 330).

2. Apelado ese decisorio por el accionante, la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario lo confirmó respecto del fondo del asunto, revocándolo en cuanto a la imposición de costas, las que impuso, en su totalidad, a la parte demandada (fs. 341/342).

3. Contra este pronunciamiento, en tanto le impone las costas del proceso, interpuso el Municipio demandado su recurso de inconstitucionalidad con fundamento en el artículo 1, inciso 3) de la ley 7055.

En su presentación sostuvo, en lo esencial, que el A quo efectuó una interpretación errónea e incompleta de las constancias de la causa, traducida en una sentencia arbitraria que impuso injustamente las costas a la Municipalidad.

Ello así, habida cuenta que no hubo mora toda vez que cuanto al expediente iniciado por el actor se le otorgó el trámite correspondiente, respetando los plazos legales, todo lo cual, dice, se desprendía de las actuaciones administrativas que no fueron tenidas en cuenta por la Sala (fs. 345/357).

Corrido traslado y evacuado que fuera el mismo (fs. 360/361), la Sala denegó la concesión del recurso (f. 363), logrando el impugnante la habilitación de esta instancia extraordinaria por vía de queja (A. y S. T. 161, p. 403).

4. En el nuevo examen que prescribe el artículo 11 de la ley 7055 he de propiciar la rectificación del criterio adoptado por este Tribunal -con distinta integración- al declarar admisible el recurso.

En efecto, la temática comprometida en la impugnación extraordinaria incumbe, exclusivamente, a la distribución de las costas generadas en el proceso.

Al respecto cabe señalar liminarmente que conforme reiterada jurisprudencia de este Tribunal, las cuestiones referentes a la imposición de costas constituyen materia reservada a los jueces de la causa y resultan -por vía de principio- insusceptibles de impugnación en la instancia extraordinaria, en atención a la naturaleza procesal (Chiovenda, Giuseppe, "La condena en costas", Librería General de Victoriano Suarez, Madrid, 1928, pág. 381) y accesoria que las mismas exhiben (vide A. y S., T. 26, pág. 2; T. 44, pág. 349; T. 58, pág. 230; T. 112, pág. 107, etc.; C.S.J.N., Fallos, 233:106; 253:33; 279:140; 305:706; 308:1076, etc.).

Este principio se traduce en una particular estrictez a la hora de aplicar aquí la doctrina de la arbitrariedad (cfr., Fallos, 250:432), de suerte tal que la misma sólo funcionará cuando lo resuelto suponga un inequívoco apartamiento de la solución normativa prevista para el caso o cuando medie una decisiva carencia de fundamentos (Fallos, 254:505; 294:459; 297:287; 305:1835; 307:1296).

Y bien, la concurrencia de estos extremos no aparece demostrada en el "sub judice", atento a que el recurrente no aporta argumentos idóneos que persuadan sobre la presencia de tales defectos en una sentencia que, más allá de su mayor o menor grado de acierto, brindó los motivos que justificaron la condena en costas en cabeza de la demandada.

Es que la Sala, frente a la sustracción de materia operada en la especie, consideró que fue la conducta de la Administración la que dio lugar a la promoción del amparo en la inteligencia de que había incurrido en mora en la resolución del pedido de habilitación del amparista, mora que, aclaró, recién culminó más de un año después de la promoción del amparo.

Repárese que el dictado de la ordenanza 1299/98 y de la resolución 51/98 operaron una situación de "ius superveniens" que terminó por quitar materia a la contienda. Sobre el particular, esta Corte ha señalado que en la hipótesis de "ius superveniens" "las costas deben recibir una regulación especial" y que "lo determinante es que, admitida procesalmente la posibilidad de que concurriendo ´ius superveniens´el Juez puede apartarse del sistema objetivo de imposición de costas y no está constreñido a imponer, fatalmente, costas al vencido y que, por otro lado, tratándose de una regulación que no reposa inexorablemente en las previsiones de los artículos 250 y siguientes del Código ritual, es imprescindible que en el pronunciamiento se dé adecuada respuesta jurisdiccional a la condena que se impone" (A. y S. T. 109, p. 208).

Precisamente, la lectura del decisorio impugnado evidencia que el Tribunal ha dado satisfacción al imperativo impuesto por el artículo 95 de la Constitución provincial, toda vez que brindó razones que no se exhiben como irrazonables o absurdas para sustentar su decisión de que, no obstante la desaparición del objeto litigioso, era la accionada la que debía hacerse cargo de los gastos causídicos.

Por ello, y oído el señor Procurador General (fs. 405/407) voto por la negativa.

A la misma cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi, el señor Ministro decano doctor Vigo y el señor Ministro doctor Gutiérrez, expresaron idénticos fundamentos a los expuestos por el señor Ministro doctor Netri y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión -en su caso, ¿es procedente?- el señor Ministro doctor Netri dijo:

Atento el resultado obtenido al tratar la cuestión anterior, no corresponde expedirse sobre ésta.

Así voto.

A la misma cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi, el señor Ministro decano doctor Vigo y el señor Ministro doctor Gutiérrez, expresaron idéntico fundamento al expuesto por el señor Ministro doctor Netri y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión -en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?-, el señor Ministro doctor Netri dijo:

Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde declarar inadmisible el recurso interpuesto, con costas (artículo 12, ley 7.055).

A la misma cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi, el señor Ministro decano doctor Vigo y el señor Ministro doctor Gutiérrez, dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por el señor Ministro doctor Netri y así votaron.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Declarar inadmisible el recurso de inconstitucionalidad, con costas.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

Fdo.:VIGO-GASTALDI-GUTIERREZ-NETRI-Fernández Riestra (Secretaria)