Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-06-18


SENTENCIA NÚMERO: VEINTIOCHO En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los dieciocho días del mes de junio de dos mil doce, reunida en acuerdo la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por los señores Ministros doctores Amelia del Valle Sesto de Leiva -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Luis Raúl Cippitelli, para entender en autos Expte. Corte Nº 12/10, caratulado "Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Pedro Justiniano Vélez en contra del Auto Interlocutorio Nº 48!09, de fecha 30 de diciembre de 2009 en causa Letra "V" N' 129/09 "Villafañez, Oscar Rodolfo p.s.a. Encubrimiento agravado", el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1º) ¿Es nulo el fallo impugnado por haber aplicado erróneamente la ley sustantiva? 2º) ¿Qué resolución corresponde dictar? El recurso de casación interpuesto en contra del Auto Nº 48/09 dictado por la Cámara en lo Criminal de 3ª Nominación en los autos principales, reúne los requisitos de admisibilidad formal establecidos por el art. 460 del C.P.P.

De acuerdo al orden de votación sorteado a fs. 14, los Sres. Ministros se pronunciarán en el siguiente orden: primero, el Dr. Luis Raúl Cippitelli; en segundo lugar, el Dr. José Ricardo Cáceres; y en tercer término, la Dra. Amelia del Valle Sesto de Leiva.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

I. Por Auto Nº 48/2009, del 30/12/2009, la Cámara en lo Criminal de Tercera Nominación resolvió no hacer lugar a la suspensión del juicio a prueba solicitada por el defensor técnico del imputado Oscar Rodolfo Villafañez.

II. Contra esa decisión, el Dr. Pedro Justiniano Vélez -en adelante, quien recurre-, en su calidad de asistente técnico del imputado Oscar Rodolfo Villafañez, interpone este recurso de casación, por el motivo formal previsto en el inciso 1º del art. 454 del C.P.P.

II. a. Señala quien recurre que la negativa a la solicitud de suspensión del juicio a prueba traduce una interpretación y aplicación errónea del art. 76 bis del Código Penal que reglamenta el instituto, en tanto se encuentra fundada en la insuficiencia de la reparación ofrecida; en que no sería aplicable al caso una condena condicional debido a que hasta la fecha del hecho no habían transcurrido 10 años desde la fecha de cumplimiento de la pena de 7 años de prisión a la que había sido condenado el imputado el 18 de diciembre de 1995 (arts. 26 y 51 del Código Penal), y en la oposición fiscal, con base en ese impedimento.

Hace reserva del caso federal y del recurso previsto en el art. 2, apartado 3, inc. "b" del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

III. Después de estudiar el planteo efectuado, concluyo que los argumentos que lo sustentan carecen de idoneidad a fin de conmover la decisión cuestionada.

Estimo que la crítica referida a la irrazonabilidad de la reparación ofrecida es insuficiente dado que no logra demostrar el error del fallo, atento a que no tienen vinculación con el caso los conceptos doctrinarios citados en el recurso como único apoyo de la pretensión deducida sobre el tema.

En esa dirección, observo que a la luz de las constancias del principal, son adecuados los fundamentos del a quo vinculados con la insuficiencia de la suma ofrecida como reparación, considerando el daño causado y las condiciones particulares del imputado. Por una parte, como reseña el recurso, al imputado Villafañez le es atribuida la supuesta comisión del delito de encubrimiento por haber requerido y percibido la suma de $1.500 para restituir la motocicleta marca Yamaha Crypton que había sido sustraída dos días antes. Por otra parte, según surge del Informe socio ambiental que luce a fs.73/73vta., el imputado Villafañez declaró que trabaja con sus padres en un comercio de tipo "despensa" y realiza la distribución de distintos productos alimenticios, que gana $2000 (DOS MIL PESOS) mensuales y que no tiene dificultades para ganarse el sustento propio y de los suyos. Así las cosas, considero que la suma de $100 (CIEN PESOS) ofrecida como reparación del daño causado (fs.153/155) es por demás exigua y, por ende, que el juicio del a quo sobre el punto es acertado, en tanto los escasos recursos y la crítica situación económica que el imputado invocó al tiempo del ofrecimiento no se compadecen con los mencionados datos que antes había aportado al Informe socio ambiental. De tal modo, sin que implique apreciar la razonabilidad del ofrecimiento con un criterio civilista de reparación integral o exigir un monto equiparable a la magnitud del menoscabo patrimonial efectivamente sufrido por la parte damnificada, estimo que el monto propuesto está muy por debajo de la capacidad económica del imputado y, de tal modo, no trasunta un esfuerzo significativo de su parte o su voluntad sincera de reparar, en la medida de sus posibilidades de pago, el perjuicio ocasionado como consecuencia del delito; y que, por ello, su ofrecimiento ha sido adecuadamente ponderado en el fallo como exiguo.

Observo asimismo que la denegatoria cuestionada no se encuentra fundada en la oposición a la suspensión del juicio o a la reparación ofrecida, por la parte damnificada; y que, de hecho, no constan objeciones al respecto formalmente manifestadas por ésta que, además, había dejado librado al criterio del Tribunal el juzgamiento de la razonabilidad del ofrecimiento y la estimación de la suma justa en concepto de reparación. Por ende, no tiene vinculación con el caso el sumario de jurisprudencia invocado en el recurso, referido a una pretensión resarcitoria de la damnificada, distinta de la ofrecida; en tanto, en estos autos, esa pretensión no fue precisada en su cantidad y fue dejada al arbitrio judicial. Además, quien recurre no alega la imposibilidad del imputado de ofrecer una reparación, y con el mencionado informe socio ambiental resulta suficientemente acreditado en autos que no se encuentra el mismo imposibilitado de prestar alguna reparación; por ende, tampoco tiene relación con el caso el sumario citado en el recurso que se refiere a esa imposibilidad, como obstáculo para denegar la solicitud.

Por ello, con los escasos argumentos que propone sobre el tema, limitados a la transcripción de los dos sumarios mencionados, sin el mínimo desarrollo que los conecte con la situación juzgada en el caso, quien recurre no demuestra el error que predica del fallo por la errónea aplicación del art. 76 bis del Código Penal.

Por ende, toda vez que la falta de razonabilidad del ofrecimiento, invocada en el fallo como impedimento a la suspensión del juicio, tiene base legal en los claros términos del art. 76 bis del Código Penal y no está discutida la irrazonabilidad del ofrecimiento como causal que autorice a negar la solicitud en ese sentido, y en tanto cuenta con fundamentos que no son desvirtuados en el recurso; estimo que la decisión impugnada hizo una correcta interpretación del referido presupuesto condicionante de la concesión de la suspensión y una adecuada aplicación sobre el punto del precepto referido, por lo que la resolución no presenta el error denunciado en el recurso y, por ende, el agravio sobre la cuestión no es de recibo y debe ser rechazado.

Como consecuencia, deviene inoficioso el tratamiento de la crítica referida a las razones invocadas en el fallo con relación a la improcedencia de la suspensión solicitada con fundamento en lo dispuesto en los arts. 26 y 51 del Código Penal y en la oposición fiscal formulada con base en esos motivos, porque a esa fecha (el 21 de diciembre de 2009, cuando fue resuelto el pedido), no habían transcurrido 10 años (art. 51) desde el cumplimiento efectivo de la condena a 7 años de prisión impuesta al causante el 18 de diciembre de 1995, lo que constituía un obstáculo para tener como primera condena la que eventualmente pudiera recaer en las presentes y, como consecuencia, para dejar en suspenso su ejecución (art. 26) y para suspender el juicio a prueba (art. 76 bis del Código Penal, 4º párrafo).

Opino de tal modo en tanto, aunque a la fecha el planteo sobre la cuestión resultaría procedente, en atención a que el imputado cumplió la totalidad de la referida condena el día 14 de marzo de 2001 -como indica el auto recurrido y según surge del Informe sobre los antecedentes penales del imputado (fs. 51/51vta.) y del Informe del nuevo cómputo efectuado, dirigido al Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal ( fs.93)-, ello no sería suficiente para enervar el fundamento del fallo referido a la irrazonabilidad de la reparación ofrecida por el causante y, por ende, la eventual modificación de lo decidido sobre la base de lo dispuesto en los arts. 51 y 26 del Código Penal, no podría conducir a una conclusión diferente de la impugnada Por ende, estimo que el recurso carece de fundamentos idóneos para conmover lo decidido y, por ello, mi respuesta a la primera cuestión planteada es negativa. Así voto.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello, adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la Primera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cippitelli, por lo que adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

A mérito de lo resuelto al tratar la cuestión precedente y atento la votación que antecede, corresponde: I) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 1/6 vta., por el Dr. Pedro Justiniano Vélez, en su carácter de asistente técnico del imputado Oscar Rodolfo Villafañez. II) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto. III) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.). IV) Téngase presente la reserva del caso federal y del recurso contenido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello, adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la Segunda Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cippitelli, por lo que adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.

Por los resultados del acuerdo que antecede y por unanimidad, la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA, RESUELVE:

1º) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 1/6 vta. por el Dr. Pedro Justiniano Vélez, en su carácter de asistente técnico del imputado Oscar Rodolfo Villafañez.

2º) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto.

3º) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.).

4º) Téngase presente la reserva del caso federal y del recurso contenido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

5º) Protocolícese, hágase saber y oportunamente, bajen estos obrados a origen a sus efectos.

FIRMADO: Dres. Amelia del Valle Sesto de Leiva -Presidente -José Ricardo Cáceres -Luis Raúl Cippitelli. ANTE MI: Dra. María Fernanda Vian -Secretaria- ES COPIA FIEL de la Sentencia original que se protocoliza en la Secretaría a mi cargo. Doy fe.