marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Intervención de terceros, litisconsorcio facultativo, sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Pacheco, Omar Alfredo c/ Patagonia Argentina S.R.L. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1990-03-27

No se ve vulnerado el principio de congruencia si se incluye en el fallo de la sentencia a quien no fuera demandado por el actor siempre y cuando se haya podido hacer mérito de los hechos constitutivos, modificativos o extintivos que se hayan producido durante la sustanciación del proceso y que los mismos, no sólo hayan podido ser controlados por el llamado a juicio como tercero, sino que es menester tener presente la actitud asumida por el mismo quien -como en el sub-lite- contesta demanda -hecho constitutivo- ofrece prueba y la produce, alega de bien probado, apela y expresa agravios, en síntesis actúa como un verdadero litisconsorte, en consecuencia debe ser tratado como tal en la sentencia.
Inspección General de Justicia, asociaciones civiles, JOCKEY CLUB ARGENTINO, discriminación de la mujer, cupo femenino
Materia: CIVIL
Carátula: Jockey Club Asociación Civil c/ IGJ Expte. 354552/9379 s/ recurso directo a cámara
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-10-14

Corresponde confirmar la Resolución 742/22 de la Inspección General de Justicia que ordenó al Jockey Club la incorporación de mujeres en su Comisión Directiva, puesto que no solo se ajusta a las facultades reglamentarias y legales conferidas al órgano estatal, sino que es coincidente con los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina, que condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas. No es posible soslayar que el reconocimiento por parte de las autoridades de la institución de que, a lo largo de la historia del club, nunca hubo socias mujeres ni tampoco en la actualidad, a pesar de no existir formalmente restricciones al ingreso y contar con seis mil socios, permite suponer que el mecanismo de ingreso al club tiene, en los hechos, una barrera que impide el acceso de mujeres.
Régimen de consolidación de deudas, intereses, tasas de interés, tasa promedio de caja de ahorro, banco central
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Casier, Miguel Angel c/ Corporación del Mercado Central de Bs.As. s/ empleo público.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-03

Al ser los intereses un accesorio del crédito reconocido y encontrarse éste alcanzado por el régimen de consolidación, la tasa de interés aplicable es la tasa promedio de la caja de ahorro común que publique el Banco Central, capitalizable mensualmente.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, sistema acusatorio, principio de congruencia, reformatio in pejus
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ATAMAÑUK, OSCAR EDUARDO c/  s/ HOMICIDIO CULPOSO Y LESIONES CULPOSAS -APELACION DE SENTENCIA CONDENA PRISION CONDICIONAL E INHABILITACION ESPECIAL PARA CONDUCIR-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-12-21

Habiendo omitido fundamentar en la oportunidad procesal pertinente la invocada afectación al sistema acusatorio, al principio de congruencia y a la prohibición de reformatio in pejus, con pretendida finalidad de someter a consideración de esta Corte cuestiones nulificantes, le resulta aplicable la jurisprudencia del Máximo Tribunal de la Nación relativa a que las postulaciones que son fruto de una evidente reflexión tardía de la ocurrente, no pueden tener acogimiento en la medida en que importan la pretensión de someter a la Corte Suprema de Justicia una cuestión que no fue objeto de anterior alegación (ni, con ello, de estudio y decisión por los jueces ordinarios de la causa). (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dr. Ivaldi Artacho y Dra. Depetris) - CITAS: CSJN: Fallos 303:167; 304:509; 322:1926; CSJStaFe: AyS T 179, 432.
Prueba, carga
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Toufar de Rizola, Margarita c/ Muller, Guillermo F. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-07

La carga procesal funciona a doble faz: el litigante tiene la facultad de contestar, de no probar y de no alegar, riesgo consistente en que, si no lo hace oportunamente, se falla el juicio sin escuchar sus defensas, sin recibir sus pruebas o sin saber sus conclusiones.-
Legítima defensa, racionalidad del medio empleado
Materia: PENAL
Carátula: ROCHA RAUL-GONZALEZ MARCELO-LEZCANO AGUSTIN RAMON s/ P/SUPUESTAS LESIONES LEVES. GOYA"EXPTE.N10158/94
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1995-10-19

"Cuando la ley exige como uno de los requisitos indispensables para la legítima defensa,"b)la necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla"quiere significar la existencia de una necesidad racional, de una situación de tal índole y también que el medio empleado sea el necesario de que el autor dispone y que la proporcionalidad se tenga que estimar no de modo abstracto sino con relación a cada caso,.."
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestión de derecho común, procedencia del recurso, sentencia arbitraria, tasa de justicia, concurso preventivo, actos sujetos a autorización judicial
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: El Hogar Obrero Cooperativa de Consumo, Edificación y Crédito Limitada s/ concurso preventivo - incidente de tasa de justicia.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-05-28

Aun cuando lo atinente al rechazo de la autorización solicitada en los términos del art. 17 de la ley 19.551 - venta de inmuebles de la concursada para afrontar el pago de la tasa de justicia - remite a cuestiones de derecho procesal y común, propias de los jueces de la causa y ajenas, como principio, a la vía del art. 14 de la ley 48, procede el recurso extraordinario si se advierten circunstancias excepcionales que conducen a tachar de arbitraria la resolución recurrida por carecer de la fundamentación mínima que es recaudo de su validez y que tiene base constitucional.
Prueba, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: VILLEGAS, RODOLFO c/ JOSE ANTONIO SANTILLAN s/ RESOLUCION DE CONTRATO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-03-03

Si bien el valor de la ficción no puede ser mayor que la realidad, alcanza por sí misma pleno valor probatorio si no media prueba eficaz que la destruya.
Incapacidad, prueba, sentencia, principio de congruencia
Materia: LABORAL
Carátula: Juárez, Ramón c/ La Jirafa Azul s/ Daños y perjuicios Méndez, Hugo Norberto c/ Echeverría y Cía. S.A.C.I.F.I. s/ Indemnización por daños
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-05-10|1990-06-19

No transgrede el principio de congruencia el fallo que ordena resarcir una incapacidad de grado mayor que la invocada en la demanda si en esa oportunidad procesal se dejó librada su determinación definitiva a lo que resulte de la prueba a producir.
Nulidad de sentencia, sentencia arbitraria, ley penal más benigna, evasión fiscal, IVA, agravantes de la pena
Materia: PENAL
Carátula: CESARETTI, Daniel Alejandro c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-24

Resulta fundada y razonable la subsunción del hecho identificado como segundo bajo el régimen contenido en la ley 27.430, por resultar esta nueva ley más benigna que la vigente al momento de los hechos -ley 24.769-. En esta intelección, la conducta que le valió al encausado la imputación por evasión al Impuesto al Valor Agregado debido al cómputo de crédito fiscal improcedente por los períodos enero, febrero, junio y octubre del año 2017 mediante el uso de facturas presuntamente apócrifas, ocasionado un perjuicio fiscal por la suma de pesos seiscientos treinta y dos mil setecientos treinta y uno con veintiséis centavos ($632.731,26.-) devino no punible. Es que la figura básica de evasión tributaria como aquella agravada por el uso de facturas o cualquier otro documento equivalente ideológica o materialmente falsos, debe traducirse en un perjuicio que exceda la suma de un millón quinientos mil de pesos ($ 1.500.000) extremo que en el presente no se verifica. La interpretación que cimenta el decisorio y que equipara el supuesto de cancelación total con el del acogimiento a un plan de pagos propuesto por la Administración Federal de Ingresos Público carece de fundamentación, toda vez que en el presente, no se observa el cumplimiento de los requisitos que requiere la norma en punto a que la totalidad de la deuda sea cancelada en el término de 30 días posteriores al acto procesal en cuestión. De adverso a la manda legal del art. 16 de la ley 27.430, la cancelación de las obligaciones tributarias asumidas por la firma respecto de los hechos aquí investigados e identificados como primero, se instrumentó mediante el acogimiento a un plan de facilidades de 24 cuotas mensuales cuyo cumplimiento al momento de la decisión resultaba parcial pues, de acuerdo con lo informado por el Fisco, restaba a dicha fecha el cumplimiento de 11 cuotas. La nueva vía extintiva deja de lado la exigencia de espontaneidad y demanda lisa y llanamente la cancelación total e incondicional de las obligaciones evadidas en un plazo determinado, a saber, 30 días posteriores a la notificación fehaciente de la imputación. En virtud de ello, los fundamentos brindados por el tribunal de la instancia anterior resultan insuficientes para tener por motivada la resolución impugnada en los términos del art. 123 del C.P.P.N., lo que la torna descalificable como acto jurisdiccional válido.
Expropiación, costas, trámites judiciales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD c/ TANTERA, WALDEMAR ELEODORO Y-O QUIEN RESULTE PROPIESTARIO s/ EXPROPIACION      CSJ EXPTE NRO 277-83
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-06-14

En el juicio expropiatorio, la Provincia no puede eximirse de cargar con las costas, si a ella es imputable el no haber agotado el trámite de avenimiento, resultando aplicable la excepción prevista en el artículo 33 de la ley 7534.
Remuneración, diferencias salariales
Materia: LABORAL
Carátula: RODRÍGUEZ, EDUARDO ALFREDO c/ BOTIQUÍN CABRA CORRAL y/o FARMACIA CABRA CORRAL y/o MARTINEZ, ANA DELIA y/o RESPONSABLE LEGAL s/ remuneracion
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2005-06-28

Reconocido en la absolución de posiciones que el actor cobraba comisiones por ventas, corresponde acoger la demanda en cuanto a la diferencia salarial por convenio colectivo respectivo que no fueron abonadas.

La circunstancia que en dos años no las haya reclamado, no constituye presunción en contra del trabajador y el art. 12 LCT establece la irrenunciabilidad de los derechos.

Además el pago solamente de comisiones debe también acreditarse por recibo (art. 138 L.C.T.).
Cosa juzgada formal, intereses, intereses convencionales, tasas de interés, modificación de la tasa de interés, reducción de oficio
Materia: CIVIL - PROCESAL
Carátula: CONSORCIO CORRIENTES 4815 c/ DOMB s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-24

La cosa juzgada formal, no constituye obstáculo para la reducción de la tasa de interés si en el momento de la liquidación se advierte que el interés pactado es usuario e inexigible en lo que excede el límite admitido por los Tribunales. Se trata de una cuestión de orden público y las normas de la moral y buenas costumbres prevalecen sobre las razones formales, pues las instituciones procesales no se han establecido para amparar pretensiones ilícitas, sino que, por el contrario, se han organizado sobre bases compatibles con los derechos y garantías constitucionales.
Recurso extraordinario, recurso de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Ortiz, Pablo y otros c/ Sociedad Inmobiliaria Schaffhausen s/ Indemnización - Inconstitucionalidad - Recurso Extraordinario  (Libro: A019-370) Corte en pleno
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1952-04-30

La Suprema Corte de la Provincia al rechazar un recurso extraordinario de inconstitucionalidad no se pronuncia como tribunal de última instancia, expidiendo una sentencia definitiva que decida el litigio en su fondo. En consecuencia, contra tal decisión no cabe el recurso extraordinario de la ley nacional Nº 48.
Excepciones procesales, falta de acción, portación de armas, armas de uso civil, recursos, resoluciones apelables
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público -Asesoría General Tutelar de la CABA- c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Incidente de apelación en autos Pereira Rojas, Jorge Miguel s/ 189 bis (2), portación de arma de fuego de uso civil y su acumulado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-26

La sentencia que confirma la de primera instancia que rechazó el planteo de excepción de falta de acción por vencimiento del plazo de la investigación penal preparatoria, por no poner fin al pleito, ni impedir su continuación, no es la definitiva a que se refiere el art. 26 de la n° 402, y la parte recurrente no muestra que corresponda equipararla a una de esa especie. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Honorarios, excepción de incompetencia, base regulatoria
Materia: PROCESAL
Carátula: AHUMADA, Carlos Andrés y Otro c/ Almana S.R.L. s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2013-08-08

Corresponde señalar que la excepción de incompetencia resulta por sus mismos fundamentos una cuestión incidental de neto corte procesal. Su objetivo, es el impedimento temporáneo de la prosecución de la causa ante un juez inadecuado para resolver el conflicto, evitando sujetar a las partes a una relación jurídico procesal inválida.

Es decir, que el incidente que define la incompetencia del a quo, no tiene una relación directa, con el objeto del pleito en su contenido económico. Siendo así la incidencia que la resuelve queda sin sustento económico, versando lo decidido sobre una evidente cuestión procesal.

Lo apuntado, no significa desconocer, la trascendencia económica que para el demandado vencedor puede tener el resultado de la excepción planteada. Así, tomando en consideración las pautas que brinda el art. 188 de la ley 2150, que en su inc. c, refiere a la trascendencia moral y económica que revisten para el interesado la cuestión debatida, por ello el monto demandado servirá de pauta y no de base regulatoria.

Por lo que la queja referida a que no se utilizó el monto del juicio como base cálculo resulta desacertado y tiene que ser rechazado.

Al respecto resulta procedente formular un breve análisis de la situación; conforme al art. 338, inc. 1° del antiguo Código de Procedimientos, correspondía practicar la regulación de honorarios toda vez que el acogimiento de la excepción de incompetencia imponía el archivo del expediente por pertenecer el tribunal competente a jurisdicción que no es de esta provincia.

Sin embargo, la redacción del art. 316 del actual Código de rito, ha suprimido la orden de archivo y solo contempla la continuidad del proceso ante el magistrado competente.

Conforme a lo expuesto, corresponde que sea el Juez que resuelve la excepción de incompetencia el que regule los honorarios profesionales, cuando aquél admite la defensa y el proceso es asumido por otro magistrado de distinta jurisdicción territorial.

Sin embargo, debe ser el juez que dicte la sentencia definitiva, quien al valorar la totalidad de la tarea del profesional fije la retribución correspondiente, ya no en función de lo reclamado, sino de acuerdo al contenido del pronunciamiento.
Fundamentación del recurso, falta de traslado, medidas para mejor proveer
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Cejas, José Luis c/GCBA (Hospital Oftalmológico Santa Lucía- Hospital Carlos Durand) s/daños y perjuicios denegado en Cejas, José Luis c/GCBA (Hospital Oftalmológico Santa Lucía- Hospital Carlos Durand) s/daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-05

El reproche formulado a la Cámara respecto de la omisión de correr el debido traslado del resultado del informe pericial solicitado como medida para mejor proveer, no puede tener acogida favorable, si el accionado no menciona cuáles fueron concretamente las conclusiones del Servicio de Medicina Legal del Poder Judicial que se merituaron en su contra en la sentencia recurrida, ni las defensas que se vio privado de ensayar debido a la falta de traslado que denuncia. (Voto de la Sra. Jueza Alicia E. C. Ruiz. En sentido concordante ver votos de los Sres. Jueces Luis F. Lozano y José Sáez Capel).
Admisibilidad formal, copias, queja por casación denegada
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Aguas de Santiago SA c/ Sánchez Stella s/ Cobro de Pesos - Ejecutivo - Queja p/ Casación Denegada
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2015-02-11

Los recaudos exigidos por los arts. 303 y conc. del C.P.C.C. de la provincia de Santiago del Estero son cargas impuestas por la ley como presupuesto de admisibilidad formal del recurso de queja y el fundamento de la exigencia del acompañamiento de las copias de los antecedentes del expediente, radica en la autosuficiencia técnica del recurso, en tanto ella implica no sólo suministrar las razones por las que estima errónea la denegatoria de la casación, sino que además se requieren los elementos que hacen a la tramitación del recurso denegado.
Delitos, robo calificado, robo de automotor, robo con armas, pena, graduación de la pena, bien jurídico protegido, Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia, leyes, inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: A, J. M. s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Robo calificado de automotor (Expte.  CSJ Nº 187-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-12-15

No logra conmover el juicio contrario a la validez del artículo 38 del decreto ley 6582/58 los argumentos sostenidos por la Corte Nacional en la causa "Pupelis" relativo a que "son numerosos los casos en los que mediante la consideración de bienes jurídicos que son diferentes a la vida humana, el legislador ha establecido un mínimo de la escala penal igual o superior al mínimo de la del homicidio simple, respecto de las figuras delictivas que no comprenden la de aquél, ni el resultado muerte como calificante"; ello así, en primer lugar, porque la propia entidad de los delitos citados evidencia que lo propio de la represión penal "más intensa" es funcionar cuando se trata de acciones delictivas particularmente graves (homicidio, privación ilegal de la libertad calificada, tortura o tormentos; traición, etc.), no asimilables ni siquiera prima facie al robo con armas de automotores, sin perjuicio de la dañosidad que cabe reconocer a este tipo de acciones; y en segundo lugar, porque la misma Corte remitía a las "circunstancias del hecho, los medios empleados, el objeto de la acción, los estados o inclinaciones subjetivas del autor", quedando la influencia eventualmente morigeradora de estos índices limitada en la tarea de evaluación y determinación del castigo que debe realizar el juez (si aceptamos la validez de la norma), extremo que se tornaba particularmente intolerable en el caso, donde la respuesta proveniente del sistema penal a través de la sentencia impugnada ya resultaba a todas luces razonable, suficiente y ajustada a los principios y fines que rigen aquél. (Del Voto del Dr. Ulla).
Responsabilidad médica, negligencia, responsabilidad de los establecimientos asistenciales
Materia: CIVIL
Carátula: ROQUE DE SUBIZA, MARCELA. c/ RAFFO EDGARDO Y OTRO. s/ INC. BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS S-COBRO DE PESOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-29

Demandados daños y perjuicios contra el médico que atendió a la accionante en el parto, como consecuencia de una hemorragia y posterior intervención que hubo que efectuarle debido a abundantes restos placentarios que tuvieron que extraerles, corresponde responsabilizar al médico que intervino en el parto ya que si los restos placentarios eran abundantes y pasaron inadvertidos al profesional, ello acaeció en razón de no haber examinado con detenimiento la placenta o no saber reconocer la integridad placentaria.

Medió culpa del médico que dio origen a la posterior hemorragia y por lo tanto debe responder por los daños producidos (arts. 512, 902 y concords. del Código Civil) y la culpabilidad de éste genera la responsabilidad de la clínica en la cual prestaba servicios ese facultativo.
Instrucción sumaria, facultades del juez, excarcelación, incidente de excarcelación
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: CARRIZO, Marcos s/ INSTRUCCION SUMARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-10-08

Ante un caso de flagrancia, el juez que dispuso la libertad del imputado sin sustanciar incidente excarcelatorio, obró de acuerdo a los términos establecidos en el art. 353 bis, C.P.P., donde no está previsto, ni resulta necesaria la tramitación del mencionado incidente para disponer la libertad del encausado.
Tasa de justicia, exención de tasa de justicia, Banco Nacional de Desarrollo, sentencia firme, cosa juzgada, fallo plenario, contradicción de fallo plenario, obligatoriedad del fallo plenario, efecto retroactivo, derechos adquiridos
Materia: PROCESAL
Carátula: PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE c/ UZAL SA s/ INCIDENTE DE TASA DE JUSTICIA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-03

Esta Sala decidió con fecha 9.11.94 que el Banade patrimonio en liquidación estaba exento del pago de la tasa de justicia, resolución firme y pasada en autoridad de cosa juzgada, por haber sido consentida por ambas partes. Ello así la nueva decisión dictada por el a quo intimando a practicar liquidación de la tasa de justicia, desconoce los efectos de ese acto judicial firme, es arbitraria y violatoria de la cosa juzgada, ya que implicó la reapertura de una cuestión finiquitada (cfr. CSJN, Fallos:

267:61; 296:643, entre otros; esta Sala, Causa 2218/92 del 28.11.95.).

Aun admitiendo el efecto vinculante del Fallo Plenario del 21.12.95 in re "Banade Patrimonio en Liquidación c/Pesquera Diego Primero SA" y su aplicación inmediata a los juicios ya iniciados que se encuentren en trámite y no terminados por sentencia firme, la nueva jurisprudencia plenaria es inaplicable a los hechos anteriores cuando destruya o cambie derechos adquiridos, porque no tiene efecto retroactivo, sino que es obligatoria solo para lo futuro (cfr. Podetti, J. R., "Tratado de los Recursos", ps. 308 y ss.).
Inmunidades parlamentarias, inmunidad de arresto, Parlamento del Mercosur
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Sala, Milagro Amalia Angela Y Otros c/  s/ P.S.A. asociación ilícita, fraude a la administración publica y extorsión
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-12-05

El legislador no estaba constitucionalmente habilitado para otorgarle a los parlamentarios del Parlasur las inmunidades que la Constitución Nacional le confiere a los diputados nacionales.
Beneficios previsionales, régimen de reparto
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: L., T. c/ Instituto de Seguridad Social y Seguros de la Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-07-29

"...en el régimen previsional de reparto, ...su aplicación no puede depender del juego de conveniencias personales de los afiliados, máxime cuando la Ley al determinar los requisitos par su obtención, no regula solamente el derecho de los eventuales beneficiarios, sino también el fondo común con que se los solventa, y permite a la Caja asumir con certeza sus derechos y obligaciones dentro de su mecanismo.- Así lo dice la jurisprudencia, incluida la de este Tribunal "Las disposiciones previsionales correspondientes a regímenes contributivos se hallan estrechamente vinculadas a la financiación del sistema, por lo que no sólo rige el derecho de los afiliados a la obtención de un beneficio o su reajuste, sino también el fondo común con el cual se solventan los haberes correspondientes".