Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-09-25


--- En la ciudad de Trelew, a los 25 días de septiembre del año dos mil siete, se reúne la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de esta ciudad, bajo la Presidencia del Dr. Sergio Rubén Lucero y presencia de los Sres. Jueces del Cuerpo Dres. Raúl Adrián Vergara y Aldo Luis De Cunto, para celebrar Acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "O. , M. F. c/ P. A. S.A. s/ cobro de pesos - Laboral" (Expte. N° 22.297 año 2007) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en el orden resultante del sorteo practicado a fs. 133.

A LA PRIMERA CUESTION el Dr. De Cunto dijo: Vienen estas actuaciones a conocimiento de la Alzada con motivo de los recursos de apelación interpuestos por la parte actora a fs. 120 vta. y por la parte demandada a fs. 124 en contra del pronunciamiento definitivo dictado en autos a fs. 117/120, por el cual se hace lugar a la demanda promovida por M. F. O. contra P. A. S.A., condenando a la misma a que en el plazo del quinto día abone al actor la suma de $ 14.964,80 con más intereses, previo los descuentos legales, imponiendo las costas a la demandada.-------------------------------- A fs. 125 se conceden ambos recursos. A fs. 126/vta. obra el informe del art. 62 de la ley 69 presentado por la actora y a fs. 127/128 el de la demandada, de los que se confiere traslado a fs. 129, el que no es contestado de acuerdo a lo proveído a fs. 131.-------------------------------- ----------------------------------------- I.- Comenzaré por reseñar los agravios vertidos por ambas partes.-------------------- 1) El actor centra su primer agravio en que la Sra. Jueza "a quo" determinó que los salarios adeudados corrían a partir de diciembre de 2004 hasta la ruptura laboral, cuando su parte reclamó a partir de la segunda quincena de octubre, habiendo corroborado el perito que a partir de esa fecha se dejó de abonarle los estipendios. Agrega que la contraria entendió que a partir de dicha quincena se iniciaba la reserva del puesto prevista en el art. 211 de la LCT, mas como se decidió en la sentencia no existían razones para negarle tareas. Es por ello que solicita que se revoque el punto objetado y se ordene pagar las tres quincenas faltantes.---------------------------------------------------------------------- ---------------------- Se agravia además el accionante, de que la magistrada de la anterior instancia tomó como fecha del distracto el 19/01/05 y no el 04/02/05. Al respecto manifiesta que si bien su representado envió telegrama donde se consideraba indirectamente desvinculado con motivo del silencio de la contraria, también es cierto que recibió 18 días después una carta documento por la cual la empleadora no daba por extinguido en vínculo, sino que reiteraba que no estaba en condiciones de trabajar. Es así que priorizó la continuidad de la relación y decidió esperar la concreción de la Junta Médica en la Subsecretaría de Trabajo para poner fin a la negativa de tareas y comenzar a percibir sus salarios; pero fue sorprendido cuando tomó conocimiento de que la empresa había expresado su supuesta negativa a presentarse a trabajar. Es así que señala que ésa fue la injuria que justificó la ruptura de modo indirecto del vínculo laboral.----------------------------------------------- 2) En lo que se refiere a los agravios de la demandada, la misma considera que la decisión de grado padece un serio déficit de motivación y una inadecuada fundamentación. Indica que la conclusión de la magistrada se contradice con la declaración del Dr. R. quien señaló que no convalidó el alta médica ya que la dolencia no le permitía al trabajador reinsertarse en el perfil de tareas generales que debía desempeñar en la planta de la demandada y que al volver al consultorio en enero de 2005 no había variado la situación. Entiende que este testimonio convalida la posición de la empresa de no convalidar el alta del empleado. Es por ello que expresa su desacuerdo con la consideración de la sentenciante en cuanto a que su parte mantuvo una actitud desaprensiva y que no tenía razones para negarse a otorgar tareas al actor, cuando las razones consistían en la preservación de su salud.-------------------------------------------------------------------------- ---------------------- En segundo lugar, respecto a la afirmación de la "a quo" en cuanto a que del hecho de que el accidente del 12/04/04 no haya sido aceptado como tal no implicó responsabilidad para el actor y que los salarios por incapacidad temporaria se encontraban a cargo de la aseguradora sin desembolsos para la empleadora, entiende que ello es falso. La razón de dicha falsedad radica en que si el siniestro es rechazado, las prestaciones así pagadas sólo pueden ser compensadas por la empresa con los debidos salarios por enfermedad, es así que la empleadora abonó salarios por sobre la exigencia legal. Todo ello, concluye que demuestra la actitud desaprensiva del actor y su voluntad de considerarse despedido, así como la falta de probanza de la actitud injuriosa de la empresa. Por tales razones requiere la revocación total de la sentencia.---------------------------------------------------------------- II.- Delimitada la materia sobre la cual habrá de ejercer este Cuerpo la facultad revisora, me adentraré en el tratamiento de los agravios reseñados, comenzando por los de la demandada, ya que de prosperar los mismos se concluiría en la desestimación total de la demanda.------------------------------------------------------------- 1) Amén de la consideración genérica que efectúa la quejosa en cuanto al déficit de motivación y la inadecuada fundamentación de la sentencia (ver fs. 127, anteúltimo párrafo), que de por sí no importa un agravio sino la "introducción" al primer agravio que expresa, la apelante se queja en concreto de la afirmación de la sentenciante en cuanto a que no tenía razones para no otorgar las tareas (livianas) que el actor reclamaba, sentando su disconformidad con lo razonado por la magistrada solamente en el testimonio del Dr. R. (ver fs. 127 último párrafo y fs. 127 vta., 1er. a 4to. párrafos). La Sra. Jueza "a quo" desgranó su razonamiento al respecto de la siguiente manera: "...no se advierten ni han resultado acreditadas cuáles habrían sido las razones de la empresa no sólo para reincorporarlo a tareas livianas como lo recomendaba su médico tratante sino para demorar, sin razón alguna la petición de Junta Médica...Para más de las conclusiones de la Comisión Médica...si bien se hace referencia a una enfermedad inculpable no deja siquiera entrever que la misma incapacite al actor para trabajar, y/o para un reingreso en tareas livianas..." (ver fs. 118 vta., 2do. y 3er. párrafos).---------------------------------------------------------------------- ---------------- ----- La única probanza en la que basa su agravio la recurrente es la declaración testimonial de fs. 108/vta., de quien era su médico, el que señala que revisó al actor el 30/11/04 (ver respuesta segunda), que no convalidó el alta del Dr. P. (ver respuesta cuarta) y que O. volvió al consultorio en enero de 2005 no variando su situación (ver respuesta quinta). Ahora bien dicha única opinión médica se contradice abiertamente con la del otro galeno tratante (ver declaración de fs. 90) quien reconoció el certificado del 10/11/04 de fs. 05 y explicó en qué consistían las referidas tareas livianas indicadas (ver respuestas primera y segunda). Si a ello se añade el dictamen de la Comisión Médica Nº 19 del 17/11/04 (ver fs. 18/19 del legajo reservado), que concluye en que la dificultad para desarrollar es leve y que por el accidente en cuestión el trabajador quedó sin incapacidad laboral, la conclusión a la que arribara la jueza de grado no alcanzó a ser eficazmente refutada por la apelante, más aún cuando la misma invocó expresamente dicho dictamen en la posición primera de fs. 83 (conf. art. 411, 2do. párrafo del CPCC) como bien lo notara la sentenciante. Es así que al momento en que el actor requirió la asignación de tareas livianas (ver fs. 06), la demandada no contaba con motivos serios para negarlas como lo hiciera en la carta documento de fs. 07 del 07/12/04, habiendo demorado -como también lo notara la "a quo"- el pedido de junta médica -entró el 27/01/05 (ver fs. 01 vta. del expediente administrativo 04-144-05)-, persistiendo en dicha negativa infundada con las comunicaciones de fs. 10 y 12. Sentado entonces que el actor solicitó su reintegro a tareas livianas, de acuerdo a lo dispuesto por los arts. 78 y 212 de la LCT, que la demandada se negó a hacerlo sin motivos suficientes por no estar de acuerdo con el alta médica, asumiendo incluso posturas contradictorias en el sentido de invocar que el actor no quería reintegrarse a sus anteriores tareas (ver pedido de junta médica arriba citado), correcta fue la decisión de la sentenciante de grado en considerar acreditada la injuria. Al respecto se ha entendido que cuando la empresa desoye el pedido del trabajador referido a la garantía que le permita seguir prestando servicios, éste podrá válidamente considerarse despedido ante la imposibilidad de seguir trabajando (conf. SCBA, 29/10/74, LL 1975-A-317). En consecuencia no habiéndose desvirtuado el razonamiento expuesto en la decisión en crisis se rechaza el agravio tratado.----------- 2) En lo que se refiere al segundo agravio, la apelante invoca que la magistrada de la anterior instancia se equivoca cuando afirma que los salarios por incapacidad temporaria se encontraban a cargo de la aseguradora y que no generó un desembolso extra a la empleadora, ya que la misma posee un sistema de pago de prestaciones por el cual si el siniestro es rechazado, las prestaciones así pagadas sólo pueden ser compensadas por la empleadora con los debidos salarios por enfermedad, por lo que si el actor demora en comunicar la denegatoria, la empresa abona salarios por sobre la exigencia legal (ver fs. 127 vta., anteúltimo párrafo). En realidad la afirmación en la sentencia que se ataca con este agravio (ver fs. 118, último párrafo/vta., primer párrafo) no deja de ser un "obiter dictum" ya que los argumentos dirimentes de la Sra. Jueza "a quo" para tener por configurada la injuria radicaron en lo expuesto al tratar el primer agravio, esto es, en la negativa de la demandada en consentir el reintegro del actor a su puesto de trabajo o a otras tareas de acuerdo a su capacidad física. En consecuencia, amén de que nada se acreditó respecto al sistema de pago de prestaciones que se invoca, no consistiendo el agravio en una crítica razonada de la argumentación dirimente de la sentencia (conf. art. 265 del ritual), corresponde declarar desierto este aspecto parcial del recurso.------------------------------------------------------------------------ ---------- ----------- III.- Entraré ahora en el análisis de los agravios desarrollados por la actora.-------- -1) La primera queja se centra en que la sentencia apelada determinó como punto de inicio de los salarios adeudados el mes de diciembre de 2004, cuando se reclamó desde la segunda quincena de octubre de 2004, y que a partir de esa fecha corroboró la pericia que se dejaron de abonar los estipendios. También a partir de esa fecha entendió la demandada que comenzaba la reserva del puesto de acuerdo a lo normado por el art. 211 de la LCT. Le asiste razón a la quejosa en cuanto a que su reclamo tomó como fecha de inicio la segunda quincena de octubre de 2004 (ver fs. 16, pto. V) y que la empleadora abonó salarios hasta el 16/10/04 (ver fs. 23, 4to. párrafo). A ello se suma que el perito también determinó a partir de esa fecha el cese de pago de salarios (ver fs. 67). Sin embargo es de hacer notar que la demandada comunicó al actor el 20/10/04 que a partir del 16/10/04 comenzaba a regir el plazo de conservación del empleo del art. 211 de la LCT (ver fs. 04) y que recién el 30/11/04 Oro solicitó que se le otorgue ocupación efectiva en virtud del certificado médico del 10/11/04 (ver fs. 06), por lo cual no antes del 30/11/04 la empleadora estuvo anoticiada del reclamo y de la circunstancia que interrumpía el plazo del art. 211. En consecuencia, la Sra. Jueza de la primera instancia tomó en forma correcta la fecha del 01/12/04 para computar los salarios adeudados, ya que entre el 16/10/04 y el 01/12/04 tuvo vigencia la reserva de puesto del art. 211 precitado. Por tales motivos se desestima el agravio examinado.-------------------------- 2) El segundo agravio del accionante también se focaliza en una materia de fechas, esta vez, en la que se produjo el distracto, ya que el actor entiende que el mismo se produjo el 04/02/05 y no el 19/01/05 como tomó la "a quo". Al respecto es cierto, como dijo la Sra. Jueza de la anterior instancia, que el actor se dio por despedido en la comunicación del 19/01/05 (ver fs. 09), y luego ante la carta documento de la empleadora de fs. 10, Oro remite el telegrama de fs. 11 con fecha 04/02/05. Del texto de este último no se desprende que el trabajador se hubiera retractado de su voluntad rescisoria plasmada en el telegrama de fs. 09, por el contrario reitera que la nueva injuria de la empleadora operada con la petición de junta médica hace imposible la prosecución del vínculo por lo que intima el pago de haberes adeudados e indemnizaciones correspondientes. Pero con ello no hizo más que reiterar la voluntad de distracto e intimación de fs. 09. Al respecto es sabido que la denuncia del contrato de trabajo en los términos del art. 242 de la LCT -por cualquiera de ambas partes- es el acto jurídico unilateral que pone fin a la relación de trabajo (conf. Etala, Carlos Alberto: "Contrato de trabajo", Ed. Astrea, pág. 611), y que en virtud de lo dispuesto por el art. 243 del mismo texto legal el acto formal de comunicación del despido es de naturaleza recepticia, por lo que recién se consuma cuando es recibida por el destinatario (CNAT, Sala VII, 9/12/99, DT 2000-A-612). En consecuencia habiendo la demandada tomado conocimiento de la primera manifestación de voluntad de distracto por parte del actor a través del telegrama de fs. 09, la presunción alegada del art. 10 de la LCT pierde virtualidad. En efecto, la norma antedicha reza: "En caso de duda las situaciones deben resolverse a favor de la continuidad o subsistencia del contrato". Se ha considerado que de este principio se derivan diversas aplicaciones prácticas, tales como la preferencia del Derecho del Trabajo por los contratos de duración indefinida en relación con aquellos de término determinado; la interpretación de todas sus interrupciones como simples suspensiones y no como una terminación del contrato, y finalmente la resistencia a admitir su rescisión unilateral por el simple capricho arbitrario patronal (conf. Sardegna: "Ley de Contrato de Trabajo Comentada", Ed. Universidad, pág. 83). Como se puede apreciar, en primer lugar el texto de la norma establece la solución en caso de duda. A ello debe añadirse que la télesis de la misma está dirigida a proteger al trabajador de la voluntad rescisoria unilateral del empleador a fin de evitar abusos en el ejercicio de la misma. Como se aprecia no se trata de la hipótesis de autos, en la cual el trabajador expresó libremente su intención de distracto el 19/01/05 y luego no hizo más que ratificarla el 04/02/05. En consecuencia deviene acertada la fecha de extinción del contrato establecida en la sentencia recurrida, rechazándose el agravio examinado.- --- IV.- En consecuencia de lo expuesto y razonado, corresponderá propiciar al acuerdo que se confirme el fallo en todo cuanto ha sido materia de agravios, con costas en la Alzada en el orden causado (conf. art. 68 del CPCC). Propongo asimismo regular los honorarios en esta sede, atendiendo a la regulación efectuada en la primera instancia, y a la extensión y eficacia de las tareas, así como al resultado obtenido, en un 4,75% del monto de condena, tanto para el letrado de la actora, como para los letrados de la demandada en conjunto, con adición del I.V.A. correspondiente (arts. 6, 9, 14, 47 y concs. de la ley 2200).------------------------------- Voto entonces a esta cuestión por la AFIRMATIVA.--------------------------------- nA LA PRIMERA CUESTION el Dr. Vergara dijo:----------------------------------- 1. Llega a conocimiento de este Tribunal las presentes actuaciones como consecuencia de los recursos de apelación interpuestos por ambas partes a fs. 120 vta. y 124, que fueran concedidos a fs. 125, contra la sentencia de la anterior instancia de fs. 117/119 y vta. que hizo lugar a la demanda instaurada por M. F. O. y condenó a P. A. S.A. al pago dentro del plazo de cinco días de la suma de $14.964,80.-, con más sus intereses, en concepto de salarios adeudados, integración mes de despido, sueldo anual complementario, vacaciones, indemnizaciones por antigüedad y sustitutiva por falta de preaviso, e incrementos contemplados por el art. 2 de la ley 25.323 y art. 16 de la ley 25.561, con imposición de costas a la sociedad vencida.---------------------------------------------- Los informes previstos por el art. 62 de la ley 69 lucen presentados por la actora a fs. 126/vta. y por la demandada a fs. 127/128, el traslado conferido a fs. 129 no fue evacuado por las respectivas contrarias, y la relación sucinta de las cuestiones planteadas fue desarrollada por el vocal que me precede en la votación, motivo por el cual y atendiendo a razones de brevedad procesal me remito a tales expresiones, sin perjuicio de las precisiones que en cada caso corresponda realizar.------------------- 2. Considera la sociedad apelante que la afirmación del juzgador en el sentido que su parte "no tenía razones para otorgar las tareas que el actor reclamaba" (sic) se contradice con la declaración prestada por el Dr. R. quien señaló que no convalidó el alta otorgada por el médico del actor en tanto que su dolencia no le permitía reinsertarse en el perfil de tareas generales que debía desempeñar en la planta, indicando asimismo que debía volver al consultorio, lo que hizo en enero de 2005 no variando la situación, y que después jamás retornó. Entiende que ese testimonio da cuenta de la conducta adoptada por la empresa y de las razones que tenía para no convalidar el alta del actor, como también que se continuaba controlando la evolución de la enfermedad, por lo que no puede decirse que mantuvo una conducta desaprensiva y que no tenía razones para negarse a otorgar tareas al actor.-------------------------------------------------------------------------- ----------- Desde ya que fue razonamiento dirimente del fallo en crisis precisar a fs. 118 vta. que no se advierten ni han resultado acreditadas cuales habrían sido las razones de la empresa no solo para no reincorporarlo a tareas livianas como lo recomendaba su médico tratante sino para demorar, sin razón alguna la petición de la Junta Médica . Como también que: Para más de las conclusiones de la Comisión Médica nro. 19 (ver fs. 18/9 del legajo reservado en Secretaría) a la que parece apelar la demandada para negar el reingreso (ver términos del conteste y posición nro. 1 de fs. 83) si bien se hace referencia a una enfermedad inculpable no deja siquiera entrever que la misma incapacite al actor para trabajar, y/o para un reingreso en tareas livianas . -------------------------------------- En tales condiciones, evidente resulta que el testimonio del Dr. Víctor Emilio R. -que oficiaba de médico laboralista de la demandada (por las generales de la ley, fs. 108)- resulta manifiestamente insuficiente a la luz de las reglas de la sana crítica (arts. 386 y 456 del C.P.C.C.) pues sus dichos en el sentido de no haber convalidado el alta médica dispuesta por el Dr. P. ya que su dolencia no le permitía retomar tareas generales (contestación a la 4a. pregunta, fs. 108 vta.) se contraponen con la declaración del Dr. M. R. P. al reconocer que extendió el certificado médico de fecha 10/11/04 que luce a fs. 5 por el cual le dio el alta para tareas livianas, indicando asimismo cuales eran las limitantes (contestación a la 1a. y 2a. pregunta, fs. 90).------------------------------------------------- -A ello cabe agregar que, como bien señalara la Sra. Juez de la anterior instancia, el dictamen de la comisión médica N° 19 del 17 de noviembre de 2004 fue contundente al indicar que la dificultad para desarrollar la tarea es leve y concluir que el trabajador quedó "sin incapacidad laboral referida al accidente en cuestión" (fs. 19 del legajo reservado que en este acto se tiene a la vista), por lo que de ese dictamen no resulta que se encontrara impedido de retomar tareas, al menos livianas.----------------------------------------------------------------------- ---------------------- De tal modo, cuando el trabajador intimó el otorgamiento de tareas livianas (telegrama del 30/11/2004, fs. 6) la empresa no tenía razones para negarlas como lo hiciera (carta documento del 07/12/2004, fs. 7), motivos que por otra parte no indicó, y menos aun acreditó en la causa, como también lo puntualizara con acierto el juzgador.----------------------------------------------------------------------- ----------------- Y el trabajador ajustó su conducta al principio de buena fe (arts. 63 de la L.C.T.) al intimar nuevamente la asignación de tareas (telegrama del 10/01/2005, fs. 8), motivo por el cual el silencio guardado por la empleadora importó un clara violación del deber de ocupación (art. 78 del citado ordenamiento).---------------------- La obligación del trabajador es presentarse al trabajo tan pronto como se le dé el alta o se halle en condiciones de trabajar. Por su parte el empleador debe reintegrar a su dependiente cuando el estado de salud de éste se lo permita (Altamira Gigena (coordinador), "Ley de contrato de trabajo", Astrea, 1981, T. 2, pág. 278). Por ello, vigente el período de conservación del empleo, hasta tanto cualquiera de las partes decida rescindir el contrato, el trabajador podrá requerir el reintegro de sus tareas; y el empleador estará sometido al cumplimiento del deber de asignar tareas bajo pena de indemnizar si así no lo hace (Meilij, "Contrato de trabajo", Depalma. 1981, T. II, pág. 341).----------------------------------------------------- De tal modo, la conducta silente de la empresa permitió que el dependiente se colocara justificadamente en situación de despido indirecto (telegrama del 19/01/2005, fs. 9) ya que la falta de respuesta constituyó injuria que por su gravedad no permitió la prosecución de la relación laboral, lo que así considero (arts. 242 y 246 de la L.C.T.).------------------------------------------------------------------- Por tales razones, se rechaza el agravio.--------------------------------------------------- 3. Los fundamentos expuestos al punto 2 que antecede permite señalar que la consideración efectuada en el fallo de la anterior instancia a fs. 118 y vta., en el sentido que la no aceptación del accidente no implica responsabilidad alguna para el demandante y que la empresa ningún desembolso extra de remuneraciones efectuó, no resultó dirimente para la dilucidación de la causa, pues tal circunstancia ninguna trascendencia tiene respecto de la denuncia del contrato de trabajo efectuada por el trabajador fundada en justa causa (art. 246 de la L.C.T.).------ De tal modo, el desarrollo expositivo realizado por el juzgador lo fue "obiter dicta", motivo por el cual el despliegue argumental de la recurrente acerca de la responsabilidad de la empleadora en materia de salarios en virtud del sistema de pago de prestaciones por accidente con reembolso, y compensación de la empresa en caso de rechazo del siniestro, resultó estéril.-------------------------------------------- ---No representó el embate preciso y fundado contra la conclusión basal del fallo en que el agravio debe consistir (esta Cámara, en su composición de sala única, c. 9780, S.D.L. 82/92, c. 11.828 S.I.L. 43/95, c. 11.886 S.D.L. 40/96; sala "A", c. 12.823 S.D.L. 11/98, c. 12.193, S.D.L. 20/98).----------------------------------------------- Tales consideraciones llevan a considerar que la apelante en este tramo de la queja incurrió en deserción parcial del recurso por deficiencia técnica de su expresión de agravios (arts. 265 y 266 del C.P.C.C., de aplicación por remisión del art. 76 de la ley 69). ------------------------------------------------------------------------------ 4. Entiende el actor apelante que los salarios adeudados deben correr a partir de la segunda quincena de octubre de 2004, fecha en la que la demandada dejó de abonarle los salarios tal como lo corroborara el perito contador a fs. 67.----------------- No le asiste razón pues la reserva del puesto (art. 211 de la L.C.T.) se inició a partir del 16 de octubre de 2004 según comunicación que resulta de la carta documento obrante a fs. 4, y ello fue consentido por el trabajador ya que recién por telegrama del 30 de noviembre de 2004 que luce a fs. 6 intimó para que en el plazo de dos días le otorguen tareas efectivas.------------------------------------------------------- Por ello, no habiendo el trabajador puesto a disposición del empleador su fuerza de trabajo con anterioridad a esa fecha, no existe obligación de abonar salarios durante el período de conservación del empleo, ya que en ese lapso el trabajador no presta servicios, pero tampoco percibe retribución (Vázquez Vialard, Director, "Tratado de derecho del trabajo", Astrea, 1983, T. 4, pág. 899). La protección legal de la enfermedad se completa con un período no pago de un año contado a partir del vencimiento de la licencia paga, durante el cual el empleador tiene la obligación de reservar el puesto de trabajo, quedando en suspenso las restantes prestaciones (Fernández Madrid, "Tratado Práctico de Derecho del Trabajo", La Ley, 2001, T. II, págs. 1965/1966).------------------------------------------------------------- Como consecuencia de ello, bien dispuso el fallo al condenar al pago de salarios adeudados a partir del mes de diciembre de 2004.------------------------------------------- También estima el apelante que la fecha del distracto se produjo 04/02/05 para lo cual argumenta que dio prioridad a la continuidad del vínculo laboral (art. 10 de la L.C.T.).------------------------------------------------------------------------ ------------------ Tal planteo resulta inadmisible toda vez que la denuncia del contrato de trabajo por cualquiera de las partes es un acto unilateral recepticio que adquiere eficacia a partir del momento en que entra en la esfera del conocimiento del destinatario, cesando para el futuro los efectos del contrato.----------------------------------------------- Una vez que la comunicación llega a destino, la denuncia se perfecciona, extinguiéndose ex nunc el contrato de trabajo, dando origen a una serie de nuevas obligaciones vinculadas con el hecho de la extinción. Una vez perfeccionada la denuncia, el contrato se extingue de pleno derecho . quedó sin efecto ex nunc, es decir para el futuro, con carácter definitivo (Vázquez Vialard, Director, ob. cit.,1984, T. 5, págs. 269/270).--------------------------------------------------- ---------------- En tal sentido, el actor se dio por despedido el 19 de enero de 2005 mediante pieza postal que luce a fs. 9 que llegó a conocimiento de la empleadora en atención a los términos vertidos por ésta en la carta documento agregada a fs. 10.---------------- Y esa decisión rescisoria fue mantenida posteriormente por el trabajador pues no se desprende del telegrama obrante a fs. 11 que modificara su anterior actitud haciendo prevalecer la subsistencia del vínculo como ahora pretende señalar.---------- Asimismo, aun cuando indicara en esa pieza la grave injuria que le causaba el accionar de la empresa, con ello no hizo más que reiterar una voluntad extintiva ya manifestada y que por tanto surtió efectos con anterioridad hacia el futuro. ------------- Con tales alcances se desestiman los agravios.-------------------------------------------- 5. En consecuencia, también propicio al Acuerdo confirmar la sentencia venida en apelación en todo cuanto fuera materia de agravios, con costas de Alzada en el orden causado en atención al fracaso de las quejas vertidas por ambos apelantes (art. 68 del C.P.C.C.).---------------------------------------------------------------------- ------ Asimismo, atendiendo a la extensión, mérito, eficacia y resultado que arrojan los trabajos profesionales cumplidos, entiendo prudente los emolumentos que propicia regular el vocal que me precede en la votación a favor de los Dres. J. C. M. , D. G. L. y D. F. P. , estos dos últimos profesionales en forma conjunta, en el 4,75% del monto del proceso establecido en la anterior instancia en ambos casos (arts. 6, 14, y 47 de la ley 2.200), con más el I.V.A. correspondiente.---------------------------------------------------------------- ---------- Cierro mi intervención y a la primera cuestión voto POR LA AFIRMATIVA.------} - A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Dr. De Cunto expresó:---------------------------- En vista del acuerdo arribado acerca de la cuestión precedente, corresponde por tanto:-------------------------------------------------------------------------- ---------------------- I) CONFIRMAR el fallo en todo cuanto ha sido materia de agravios.- II) Imponer las costas en la Alzada en el orden causado.- III.- Regular los honorarios profesionales del letrado de la actora actuante en esta sede, Dr. J. C. M. en un 4,75% del total de condena; y los de los letrados de la demandada también intervinientes ante este Alzada, Dres. D. R. G. L. y D. F. P. , en conjunto, en un 4,75% del total de condena; en todos los casos con más el IVA correspondiente.-Así lo voto.----------------------------------------- A LA SEGUNDA CUESTION el Dr. Vergara dijo:------------------------------------ El pronunciamiento que corresponde dictar es el propuesto por el Dr. De Cunto, expresión de la decisión del Cuerpo que se ha formado con la anterior votación..-Así lo voto.--------------------------------------------------------------------------- -------------- Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal por haberse logrado la mayoría (art. 9 de la ley 1130, textos de la ley 4550), pasándose a dictar: ---------------------- ------------------------------------ S E N T E N C I A: -------------------------------------- --- Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Trelew; RESUELVE:------------------------ --- CONFIRMAR el fallo en todo cuanto ha sido materia de agravios.------------------- IMPONER las costas en la Alzada en el orden causado.------------------------------- REGULAR los honorarios profesionales del letrado de la actora actuante en esta sede, Dr. J. C. M. en un 4,75% del total de condena; y los de los letrados de la demandada también intervinientes ante este Alzada, Dres. D. R. G. L. y D. F. P. , en conjunto, en un 4,75% del total de condena; en todos los casos con más el IVA correspondiente. ---------------- --- Regístrese, notifíquese y devuélvase.--------------------------------------------------- Fdo: RAUL ADRIAN VERGARA - ALDO LUIS DE CUNTO REGISTRADA BAJO EL N° 56 DE 2007 - SDL.- Conste.-