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Graduación de la pena, facultades del juez, fundamentación del recurso, agravantes de la pena, atenuantes de la pena, derechos y garantías constitucionales
Materia: PENAL
Carátula: Robles, Gustavo Leonardo c/  s/ Coacción (art. 149 bis)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-11-18

El juicio de determinación de la pena es una facultad propia del juez de la causa y, en esa tarea, debe adecuarse a las pautas objetivas y subjetivas previstas en los arts. 40 y 41, C.P. y contener suficiente fundamentación para permitir su control. En tal inteligencia, para que proceda la impugnación de la pena impuesta es necesario que la parte recurrente demuestre que en la decisión atacada se encuentra presente un vicio o defecto en la determinación fáctica de las circunstancias valoradas en calidad de agravantes o atenuantes, una errónea aplicación de las respectivas normas sustantivas, una vulneración a garantías constitucionales que puedan incidir en la determinación del quantum de la pena, tornándola inusitada o desproporcionada, o en definitiva, una decisiva carencia de motivación que impidiese conocer acabadamente cuáles fueron las razones que llevaron al tribunal de mérito a determinar el monto en concreto (voto del juez Huarte Petite)
Contrato de trabajo, relación de dependencia, leyes
Materia: LABORAL
Carátula: MAKHOUL EDUARDO MIGUEL c/ SIPRECO - COLEGIO DE MEDICOS DE SANTIAGO DEL ESTERO Y/O RESPONSABLE s/ SUELDO INTEGRATIVO MES DESPIDO, ETC. - CASACION LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-06-24

La exigencia de que los servicios a que se refiere el art. 23 de la ley de contrato de trabajo sean prestados en "relación (rectius: situación) de dependencia" es tautológica, ya que siendo tal situación consecuencia de la estructura típica del contrato de trabajo, es obvio que dicha exigencia equivale a eliminar a la presunción que el mismo artículo está destinado a establecer.

La presunción de la existencia del contrato, conforme a esa interpretación el artículo carece de sentido, pues si el trabajador además de probar la prestación de servicios, debe probar que era dependiente -ya sea que se enfatice el aspecto de la dependencia económica o el de la dirección- la norma no le produce ningún beneficio pues, dentro del régimen común derivado de los arts. 21, 22 y 25 de la ley de contrato de trabajo y 377 -ídem 369 CPPSE- del Cód. Procesal no tiene otra cosa que demostrar para conseguir la aplicación de las disposiciones laborales.-
Accidentes de trabajo, cosa riesgosa
Materia: LABORAL
Carátula: Amigorena, Juan C. c/ Pcia. de Bs. As. (Ministerio de Gobierno Policía de la Pcia. de Bs. As.) s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-05-24

La ambulancia cuando funciona como medio de transporte y se encuentra en movimiento -que constituye su finalidad- en las particulares condiciones desfavorables en que lo hacía el accionante al conducir el vehículo por el camino que recorría y que fueron verificadas en autos -nocturnidad, intensa niebla y fangosa banquina - incorpora a la cosa un riesgo que se consuma al ser embestido por otro automotor. (Minoría u opinión personal)
Daños y perjuicios, citación en garantía
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ganduglia, José H. c/ Sirotti, Hugo J. y ot. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-03-17

Si la citación a la compañía aseguradora fue de la parte actora, ante la presentación conjunta del codemandado y la compañía aseguradora, se hacía innecesario, a todo evento, el ejercicio de dicha facultad por parte del asegurado (art. 118, ley 17418).

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario de nulidad, fundamentación de sentencias
Materia: PENAL
Carátula: Aranda, Fabián Alfredo s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-06-13

Incurre en violación del art. 159 -n.a.- de la Constitución provincial el fallo en el que no se relacionó con norma legal alguna el desarrollo sobre el aspecto probatorio del cuerpo del delito y la autoría responsable del procesado, de manera que -en lo que a prueba se refiere- no ha existido fundamentación legal.
Excepción de incompetencia, competencia contencioso administrativa
Materia: PROCESAL
Carátula: INGENIO SAN ISIDRO S.A c/ TRADINAR S.A; PROVINCIA DE SALTA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2001-04-05

Lo determinante para establecer la competencia contencioso administrativa reside en la naturaleza del acto generador de la responsabilidad en el caso, en qué carácter gira la intervención del Estado correspondiendo aquella cuando actúa como pode público. El recurrente comparte la decisión en cuanto determina en el acto generador de responsabilidad del Estado, posible error judicial, obró como poder público, siendo esa cualidad determinante para atribuir la competencia del órgano judicial que deba entender en el caso. Es que cuanto la actuación del Estado resulta del ejercicio del poder público, esto es en el caso de autos pues el daño que se reclama en lademanda como fuente de reparación es resultante de una consecuencia de dicha actuación, y , es el derecho administrativo el que se aplica a los actos realizados con imperium, por lo que derivado como es en este supuesto el eventual daño ocasionado de una decisión judicial se tiene que el Estado es traído a juicio en virtud de la eventual responsabilidad que le compete por ese acto por aplicación del artículo 5 de la Constitución de la Provincia. Y al comprometer al Estado el actuar de su emisor quien actuó al dictar pronunciamiento como poder público, no cabe sino determinar la eventual responsabilidad del ejercicio del Estado como poder público lo que sí determina la competencia contenciosa administrativa, aún cuando el reclamado de daños sea de naturaleza civil aquél encuadra dentro de la materia contencioso administrativa; por lo que no cabe sino compartir la decisión del Juez en grado en cuanto a que la competencia en el caso corresponde al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo.
Instrumentos públicos, boleto de compraventa, certificación de firma, fecha cierta
Materia: CIVIL
Carátula: CARI, SIMON MARCELINO c/ ZOTELO, RUBEN VICTOR; KAPUSTA, SILVINA; CHALUP, JOSE; FERNANDEZ DE CLAUP, SILVIA; TERRONES, ROBERTO s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2000-02-10

La certificación de firmas del boleto por escribano público, al tratarse de un acto cumplido por el citado profesional en ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley, constituye en sí mismo instrumento público en los términos del artículo 979 del Código Civil, y hace plena fe de los hechos que el oficial público anunció como que han pasado en su presencia y otorga fecha cierta al instrumento respectivo.
Sentencia, principio de congruencia
Materia: PENAL
Carátula: Silveyra, Tránsito Aureliano s/ Lesiones Graves
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-05-31

Si se advierte claramente que la imputación se limita exclusivamente a un delito doloso y, por ende, distinto en su estructura objetiva -subjetiva al culposo, por más que el bien jurídico tutelado admite para su protección ambas formas típicas, la consiguiente condena por éste último delito devendrá siempre en estado de indefensión y, por ello, será inadmisible y de imposible confirmación.
Demanda, notificación por cédula, domicilio real
Materia: CIVIL
Carátula: NEIRA, Elvira c/ MARKMAN, Amelia s/ PROCESO DE CONOCIMIENTO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-10

La cédula de notificación de la demanda debe ser recibida personalmente por el accionado en su domicilio real.-
Honorarios del abogado, regulación de honorarios, honorarios del perito
Materia: CIVIL
Carátula: Re c/ Liu Shia Haw s/ Sumario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-07-10

El principio jurisprudencial según el cual los honorarios de los peritos deben guardar relación con los regulados a los profesionales en derecho, puede ser susceptible de restricciones en su aplicación, cuando pueda conducir a resultados manifiestamente ajenos a las finalidades que lo inspiran. Ello resulta así, si la tarea encomendada y llevada a cabo por el profesional tuvo en mira un trabajo cuya entidad económica es distinta a la que se pretende hacer computar mediante una transacción.
Empleados públicos, indemnización, prescindibilidad, daño moral, Municipalidad, personal municipal, empleo público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PICCIONI, CARLOS DAVID c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 227-82
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-08-05

Corresponde la reparación de lo sufrido por el recurrente por el estigma que durante un determinado período debió soportar como consecuencia de su alejamiento de la Administración -inhabilitación para el acceso a cargos públicos durante cinco años subsiguientes a la "baja"- y es razonable que, a la declaración de ilegitimidad del acto de cesantía se sume, para integrar el "resarcimiento constitucional, integral y suficiente" reclamado, una suma fija (causada en situación similar a la regulada por el artículo 522 del Código Civil -Daño moral-).

En el caso y atendiendo a sus especiales circunstancias -dificultad de la prueba, posible pérdida de otro empleo como consecuencia de la medida expulsiva-, tomando en cuenta para moderar ese "quantum" que si bien el ex-agente pudo subsistir aunque no probablemente en su anterior nivel de vida, la entidad recurrida deberá abonarle un importe igual al que resultaría de sumar por dieciocho meses el haber básico actual de un empleado en el cargo o categoría presupuestaria en que revistaba al momento del despido -docente municipal-; con más el interés sobre esa suma del seis por ciento anual calculado desde la fecha de la cesantía hasta la del efectivo pago.
Quiebra, extensión de la quiebra, presentación extemporánea
Materia: COMERCIAL
Carátula: Pérez, Adolfo s/ Quiebra  s/extensión de quiebra
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-31

Si bien el plazo de la lc: 165-2 - prescripción o caducidad - al momento de promoverse la litis (25.11.94), se encontraba formalmente vencido, puesto que, cualquiera fuera la forma de computarlo, habían transcurrido holgadamente los seis meses a que alude la citada norma, contados desde la fecha de presentación por síndico del informe general de la lc: 40 (21.8.92), sin embargo, esta circunstancia no posibilita por sí sola el rechazo liminar de la acción por extemporánea, toda vez que ese modo de proceder supone soslayar una serie de antecedentes fácticos en el devenir procesal del presente trámite falencial, ciertamente relevantes para juzgar la temporaneidad de la acción, que tornan disvaliosa esa solución (en el caso, tramitó un incidente de reposición del auto de quiebra promovido por el fallido (el 27.4.92), que fue resuelto mediante el rechazo del recurso interpuesto a través de la decisión de esta sala y simultáneamente fue debatida la procedencia formal por un incidente de revisión promovido por el único acreedor insinuado al momento de decidir sobre la verificación de los créditos que también fue resuelto definitivamente por este tribunal (31.4.92), que condujeron a una virtual interrupción del plazo para la promoción de las acciones de extensión de quiebra, ya que se estaba ante situaciones que hacían a la subsistencia misma del trámite falencial, a cuya suerte se encontraba condicionada la procedibilidad formal y utilidad de tales acciones, las que habrían devenido en inoficiosas o abstractas, por lo tanto la demanda de extensión aparece articulada antes del vencimiento del plazo legal, contado desde que quedara firme la decisión que puso fin al último aspecto conflictivo a que se encontraba supeditada la utilidad de la acción (25.11.94) y 31.8.94, respectivamente), no correspondiendo decidir la extemporaneidad de ésta última, mucho menos, cuando la sindicatura no evidenció en momento alguno una actitud de la que pudiera inferirse al abandono de la pretensión, sino por el contrario exteriorizó reiteradamente su voluntad de hacer valer los derechos que reconoce el ordenamiento legal).
Resoluciones equiparables a definitiva, sanciones disciplinarias, ejecución de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Díaz, Víctor David s/ robo con armas en tentativa c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-13

Corresponde equiparar a definitiva la decisión confirmatoria de la sanción disciplinaria impuesta por la autoridad penitenciaria si en función de la fecha de comisión del hecho atribuido, había entrado en vigencia de la ley 27.375 que en lo atinente a los requisitos vinculados con la conducta del imputado durante la condena -materia que se encuentra directamente afectada por las sanciones disciplinarias que puedan imponerse a un condenado- contiene exigencias más rigurosas que aquellas que preveía la ley 24.660 en su redacción anterior. En caso de no tratarse la cuestión introducida, se verificaría para el imputado un agravio de imposible o tardía reparación ulterior, pues el registro de la sanción en su legajo tendrá incidencia, más allá de la fecha de su imposición durante todo el curso de la eventual ejecución de la pena, respecto de todos los beneficios que podría obtener, a lo cual cabe agregar que ello también habrá de ser así en orden a la posibilidad de obtener alguno de aquellos beneficios mientras subsista su situación de procesado, por vía de aplicación al caso de lo establecido en el art. 11 de la ley 24.660. Si sólo al momento de resolverse su eventual acceso a alguno de tales beneficios se podría revisar la legalidad de la imposición de la sanción, se demoraría injustificadamente la decisión respectiva, cuando esta última debe atender, además, a la verificación de los demás requisitos necesarios para su concesión, tarea que, por regla general de experiencia, no es de pronta realización (voto del juez Huarte Petite)
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestiones procesales, sentencia arbitraria, honorarios del abogado, regulación de honorarios, base regulatoria, monto del juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: Castillo de Montenegro, Jorge Rolando y otros c/ Tecniser  SRL.  y Gas del Estado - Sociedad del Estado s/ demanda laboral.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-22

No mediando circunstancias excepcionales, son ajenas a la jurisdicción extraordinaria las cuestiones concernientes al valor de los honorarios devengados, al monto del juicio y a las bases computables a tal efecto, a la importancia y complejidad de los juicios, a la interpretación de las normas arancelarias y, en general, a todo lo atinente a los honorarios regulados en las instancias ordinarias.
Delitos cometidos por medio de la prensa, ofensas cometidas por medio de la prensa, libertad de prensa, delitos contra el orden público, rebelión
Materia: PENAL
Carátula: Abad, Manuel, E. s/ Calumnias e Injurias
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-09

1) La acción de los querellados de publicar en un semanario un artículo sobre "473 futuras víctimas" que se aprestaba a producir un "golpe" antidemocrático "impulsado por sectores de la derecha peronista nucleados en una agrupación y que sería preparado mediante acciones terroristas y culminaría con una noche de "San Bartolomé" que llamaría noche "celeste y blanca" en cuyo texto se inserta el nombre del querellante como participante en un seminario en la ciudad de Córdoba, una de cuyas actividades consistió en una visita semanal al G. M. detenido a disposición de las F.F.A.A., es constitutiva del delito de calumnias.

2) El derecho de libertad de prensa radica en el reconocimiento de que todos los hombres gozan de facultad de publicar sus ideas sin censura previa, pero no en la ulterior impunidad de quien utiliza la prensa como medio para cometer delitos, puesto que en la C.N. no existe el propósito de asegurar la impunidad de la prensa, lo cual es coherente con la prohibición del art. 16 C.N. de admitir fueros personales que violen la igualdad de los habitantes ante la ley.

3) Si bien no es necesario verificar en cada supuesto la exactitud de la noticia, es obligatorio adecuar la información a los datos suministrados por la realidad, máxime si se trata de noticias con potencialidad calumniosa o difamatoria.

4) La inclusión del nombre del querellante entre los participantes al seminario, precedida de la noticia de una conspiración, una de cuyas manifestaciones de adoctrinamiento parecían ser los seminarios cordobeses, no significa otra cosa que hacerlo participar de tales ideologías y acciones contra el orden público, constitucional y la vida democrática, previstas y reprimidas en los arts. (209, 210 bis, 211, 213 bis, 226 concordantes y ss. del C.P.).
Encuadramiento sindical, buscadores de Internet, contribuciones patronales
Materia: LABORAL
Carátula: FEDERACION ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO c/ GOOGLE ARGENTINA S.R.L. s/ COBRO DE APOR. O CONTRIB.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-08-09

Es procedente el reclamo por el pago de la contribución prevista en el art. 100 del CCT 130/75 incoado por el sindicato de comercio contra una sociedad dedicada a brindar asesoramiento para el mejor aprovechamiento de Internet y su comercialización en un buscador, pues dicho convenio colectivo alcanza a la actividad de la demandada, ya que se vincula con la comercialización de una plataforma tecnológica a cambio de un precio, lo que constituye un servicio y, por ello, se está ante una típica actividad comercial, máxime considerando que el hecho de que se trate de un servicio referido a búsquedas por Internet no cambia la esencia comercial de la actividad.
Juicio ejecutivo, recurso extraordinario, improcedencia del recurso
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - CIVIL
Carátula: INSTITUTO NACIONAL DE CINEMATOGRAFIA c/ CICOSAT  S.A. s/ EJECUCION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-19

Los pronunciamientos dictados en juicios ejecutivos no son revisables por vía del recurso extraordinario por no constituir, como regla, sentencia definitiva en los términos del art. 14 de la ley 48, exigencia ésta que no se suple con la invocación de cláusulas constitucionales.
Notificación por cédula, notificación tácita
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Abarrategui Pedro Angel c/ Sagarra Norma Beatriz s/ Cobro Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-06-17

Si bien no constituye materia controvertible el que la resolución aprobatoria de una subasta se notifique por cédula o personalmente Art. 135 inc. 5to. CPC) cabe recordar también que la presentación en Secretaría de la cédula por el patrocinante importa la notificación de la parte patrocinada. Ello así, por cuanto el letrado patrocinante, al asumir la responsabilidad en la dirección del pleito, hace que su notificación vincule a la parte como una consecuencia natural emanada de la ley adjetiva, resultando tal trámite un caso contreto de notificación tácita. Su fundamento esencial estriba en el principio de buena fe y lealtad procesal,ya que el profesional redactor y firmante de la cédula ha tomado necesario conocimiento de la resolución, resultando apropiado y ajustado a la realidad considerar extendido a la parte a quién patrocina tal conocimiento de la misma, desde que el letrado se halla facutado para suscribir actos de comunicación productores de plenos efectos respecto de la otra parte.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Prueba testimonial, idoneidad del testigo
Materia: PENAL
Carátula: GONZALEZ Oscar Alfredo y otro s/ ESTAFA
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-05-18

Si no se ha alegado que el damnificado sea persona incapaz, carezca de probidad o no tenga conocimiento del hecho, ni puede afirmarse que sea parcial al prestar declaración, su testimonio no puede descartarse.
Acción de inconstitucionalidad, medidas cautelares
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Verzi, Héctor y otros c/ Provincia de Buenos Aires s/ Inconstit. arts. 1, 3, 21, 25, 55, 56, 57, 59, 67, 71 y 78 Ley  11.761
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-10-13

Los presupuestos de admisibilidad de las medidas cautelares deben examinarse con mayor rigor si lo que se procura a través de ellas es la suspensión de los efectos de una ley, decreto, ordenanza o reglamento, ya que tales actos deben presumirse constitucionales mientras no se produzca una declaración judicial que establezca lo contrario y por reputar también que si se hiciera lugar, sin más, al requerimiento, existiría siempre la posibilidad de desvirtuar sus efectos inmediatos por el mero ejercicio de una acción de inconstitucionalidad. (Minoría u opinión personal)
Tercería de dominio, bienes inmuebles, boleto de compraventa
Materia: CIVIL
Carátula: Galli, José Alfredo c/ Fernández, José Carlos y Cavallo, Miguel Angel. s/ Tercería de Dominio -Sumario- Cavallo, Miguel Angel. s/ Tercería de Dominio -Sumario-
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1986-05-05

El boleto de compraventa con todas sus connotaciones;

protocolización, pago total del precio, posesión, no confieren al tercerista la calidad de titular del dominio del bien embargado, que el art. 97 del Código Procesal requiere inexcusablemente.
Interpretación de la ley, Constitución Nacional
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Trebas  S.A. s/ prohibición de innovar.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-22

La exégesis de las normas, aun con el fin de adecuación a principios y garantías constitucionales, debe practicarse sin violación de su letra o de su espíritu.
Caducidad de instancia, cómputo del plazo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: EL PICAPALO S.R.L. c/ BANCO NACION ARGENTINA Y OTRO s/ TERCERIA DE DOMINIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-06-09

Si bien el artículo 299 del Código Procesal Civil de Entre Ríos establece que los plazos de caducidad se computan desde la fecha de la última actuación del tribunal que tuviere por efecto impulsar el procedimiento, es común doctrina y constante jurisprudencia que, a esos fines, el primer día lo constituye el día siguiente -hábil o no al del último acto impulsorio,o sea, no se cuenta el día de realización del acto de impulso, pues el no integra el tiempo de paralización del proceso, sino, por el contrario, representa el último día en que fue instado su trámite.
Recurso extraordinario, cuestión federal, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Alicia del Carmen García c/ Empresa Parenti - Mai  S.A. s/ Laboral - Accidente de Trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1992-05-22

La deducción, planteamiento o introducción de la cuestión federal es un paso previo o precedente a la interposición del Recurso Extraordinario. La exigencia mencionada es en consecuencia razonable si el Recurso Extraordinario va a versar sobre una cuestión federal, el buen orden de los juicios requiere que ella haya sido articulada en tiempo y forma, tanto para permitir que las partes la hayan debatido, como para que el Juez inferior la haya resuelto.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, discrepancia del recurrente
Materia: LABORAL
Carátula: Artaza, Ramón Rosa c/ Frigorífico Minguillón S.A.C.I.F.I. s/ Accidente de trabajo, incid. de redargución de falsedad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-05-28

La argumentación que sólo trasunta una discrepante apreciación de los elementos probatorios y de las presunciones que de los mismos surgirían no resulta eficaz medio de demostración del error grave, grosero y fundamental configurativo de absurdo.