Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-06-11


Buenos Aires, 11 de junio de 2008 Vistos: los autos indicados en el epígrafe.

Resulta	1. Surge de las actuaciones agregadas a la queja, que se labró un acta contravencional en contra de Héctor Gutiérrez por la presunta comisión de la contravención prevista en el art. 80, CC, y se procedió al secuestro de 10 carteles de papel (vistos y considerandos de la resolución de fs. 2/4).

La Fiscalía Contravencional y de Faltas de primera instancia dispuso remitir los antecedentes a la Unidad Administrativa de Control de Faltas, por no resultar "posible determinar si los referidos carteles publicitarios tenían entidad suficiente para afectar o poner en peligro cierto el bien jurídico de forma tal que la acción sea contravencionalmente relevante" (fs. 1).

La Sra. jueza interviniente en primera instancia consideró que, atento a lo expresado por la Fiscal respecto de la acción investigada, correspondía a ella resolver la situación del imputado y dispuso el archivo de la causa, con base en el art. 195, CPPN, aplicado supletoriamente de acuerdo a lo dispuesto por el art. 6, ley n° 12. En la misma decisión designó como defensores del Sr. Gutiérrez a los cotitulares de la Defensoría Oficial n° 6 (fs. 2/4).

2. La Fiscalía apeló la resolución. Sostuvo, en lo sustancial, que la posibilidad "de encauzar el procedimiento hacia el previsto en la ley 1217" fue admitida tanto por la Cámara de Apelaciones del fuero como por el Tribunal. Agregó que la decisión judicial vulneraba el principio acusatorio y que la Sra. jueza efectuó un juicio de mérito anticipado sobre la atipicidad de la conducta, ya que previamente debía avanzar "la pesquisa en la sede de faltas" (5/6 vuelta).

La Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas hizo lugar al recurso de apelación y resolvió "REVOCAR el punto IV de la resolución recurrida (...) en cuanto resuelve archivar la presente causa, y DISPONER se remitan las actuaciones a la Unidad Administrativa de Control de Faltas, a sus efectos" (fs. 15/17 vuelta).

3. La Defensoría Contravencional y de Faltas n° 6 dedujo recurso de inconstitucionalidad contra el fallo de Cámara. Sostuvo que "si bien la sentencia no es definitiva, resulta equiparable a tal, toda vez que causa un agravio de imposible o insuficiente reparación ulterior al afectarse la garantía del debido proceso legal y defensa en juicio, pues el imputado tiene derecho a obtener -después de un proceso tramitado en legal forma- un pronunciamiento que ponga término, del modo más rápido posible a la situación de incertidumbre que comporta el enjuiciamiento penal". La Defensa se agravia porque si no existe sospecha de responsabilidad contravencional ni acusación en contra del imputado "la única solución viable es el archivo de las actuaciones, como modo de cerrar la persecución penal contravencional que se cernía sobre Gutiérrez", según la interpretación que postula del art. 39, ley n° 12 (fs. 11/14).

La Cámara consideró que el recurso de inconstitucionalidad no atacaba una sentencia definitiva (o una decisión que pueda equipararse a tal) y que tampoco exponía un caso constitucional.

4. La Defensoría General interpuso, frente a aquella decisión, un recurso de queja ante el Tribunal. Afirmó que el fallo cuestionado era equiparable a un sentencia definitiva, expone los efectos que -a su criterio- conlleva la remisión del legajo a sede administrativa y, además, individualiza los siguientes motivos de agravio constitucional: a) afectación de la garantía de debido proceso; b) desconocimiento del derecho a un pronunciamiento que ponga fin al proceso; c) violación de la garantía de ne bis in idem; d) vulneración del sistema acusatorio; y e) arbitrariedad de sentencia (fs. 19/29 vuelta).

El Fiscal General Adjunto, al momento de emitir su dictamen (fs. 39/41vta.), propició el rechazo de la queja. En primer lugar, objetó la legitimación procesal de la defensa oficial para recurrir debido a que el imputado "no ejerció el derecho personalísimo de designar asistencia letrada de confianza". Seguidamente, sostuvo que la defensa no atacaba una sentencia definitiva o auto que le sea equiparable, ya que no reviste esa calidad la decisión que importa la continuación del proceso. Agregó que tampoco exponía adecuadamente un caso constitucional, ya que la mera invocación de garantías y derechos constitucionales no cumple con tal exigencia cuando no se expresa de qué modo se habría producido su afectación. Por último, desechó que se estuviera frente a un caso de sentencia arbitraria.

Fundamentos El juez Luis Francisco Lozano dijo:

1. Comenzaré por analizar el dictamen del Sr. Fiscal General Adjunto en relación con la intervención de la "defensa oficial" durante todo el proceso y, en particular, la "legitimación" del Sr. Defensor General para interponer la presente queja.

1.1. A fin de dilucidar el punto, conviene distinguir dos objetos de posible análisis para establecer cuál de ellos es el que ahora nos incumbe. Por una lado, aquel en que lo discutido es si el sujeto que se presenta por si o por apoderado (en este último caso, el término "representante" resulta más familiar para el tipo de materia que nos ocupa) es el titular de la relación jurídica invocada, debate acerca de la legitimación. Por el otro, aquel en que no se discute la titularidad de la relación jurídica sino si quien se presente tiene poder suficiente para obrar en nombre del sujeto titular de esa relación, debate acerca de la personería. La objeción que nos ocupa es una de personería. Ello así, en tanto la "defensa oficial" -representada en el sub lite por medio de la defensora cotitular de la Defensoría Oficial N° 6, Dra. Marcela Paz, y el Defensor General- no ha actuado en defensa de un derecho de un tercero ajeno a la causa o uno que le sea propio, sino que lo ha hecho en representación de los del Sr. Héctor Gutierrez, cuya condición de imputado no se discute. El punto controvertido es si la defensa podía serles adjudicada en ausencia del referido imputado.

1.2. El Sr. Fiscal General Adjunto postula, en lo que hace al fondo del planteo, que la designación de oficio de la "defensa oficial" realizada por la jueza de mérito resulta violatoria de las previsiones del arts. 3 de la ley 12 y 29 del Código Procesal Penal de la Ciudad (señala que el citado art. 3 establece la regla según la cual "[e]l imputado o imputada puede hacerse defender por abogado/a inscripto en la matrícula. Si no eligiere defensor o defensora de confianza el juez o Jueza o el fiscal según el caso, deberá dar inmediata intervención al defensor o defensora que por turno corresponda" y que previsiones similares a las transcriptas contiene el art. 29 del CPP de la CABA, por lo que la imposición de oficio de la defensa, a su juicio, deviene violatoria de dicha regla). Lo cierto es que ese planteo por relevante que sea no puede ser traído por el Ministerio Público Fiscal, puesto que dicho órgano ha perdido el interés jurídico que podía asistirle con relación a la cuestión. En este orden de ideas, conforme surge de las copias acompañadas a la queja, el Ministerio Público de la Defensa tomó intervención en la causa con motivo de la resolución adoptada por la jueza de primera instancia. Dicha magistrada sostuvo, en lo que ahora importa, que "[t]oda vez que el presunto contraventor no ha nombrado abogado/a de su confianza hasta el presente, a los fines de no tornar ilusorio el efectivo ejercicio del derecho a la defensa en juicio y de asegurar el debido proceso legal (artículos 18 de la Constitución Naciónal y 13.3 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires), desígnese como abogados defensores de Héctor GUTIERREZ a los Dres. Marcela Paz y Roberto Guinney, cotitulares de la Defensoría Oficial N° 6, con domicilio en la calle Beruti 3345, 2° piso, de esta ciudad" (fs. 3vuelta/4). Más allá del acierto o error de esa decisión, lo cierto es que no fue objetada por la Sra. Fiscal interviniente al deducir el recurso de apelación (ver fs. 5/6vuelta), por lo que no cabe, como principio, sino tener por subsistente la decisión que la instancia de mérito adoptó a ese respecto. A su vez, el art. 36, inc. 1, de la ley 1903 establece que corresponde al Defensor General "[e]jercer ante el Tribunal Superior de Justicia las facultades propias del Ministerio Público de la Defensa, por sí o continuando la intervención de éste en instancias anteriores". Consecuentemente, el Ministerio Público Fiscal al haber consentido lo actuado hasta el momento de intervenir en la causa en las condiciones que prevé el art. 29, inc. 1°, de la ley 1.903 resignó el interés jurídico que podía asistirle con relación a dicha cuestión; y quien detentaría a la fecha ese interés, esto es, el Sr. Gutiérrez, no lo ha impugnado. Por ello, no corresponde al Tribunal apartarse de lo decidido por las instancias de mérito, en torno al recaudo analizado en el dictamen del Sr. Fiscal General Adjunto (legitimación de la defensa).

Por lo demás, no han sido invocadas ni concurren razones para revisar de oficio la personaría reconocida. 2. Sin perjuicio de ello, la queja debe ser rechazada, porque el recurso de inconstitucionalidad no ha sido deducido contra una sentencia definitiva o equiparable a tal (cf. art. 27 de la ley 402).

2.1. Conforme surge del art. 27 de la ley 402 el recurso de inconstitucionalidad "...se interpone contra las sentencias definitivas del tribunal superior de la causa..." (sin resaltar en el original), regla a la que sólo cabe hacer excepción cuando la aplicación literal de dicho artículo frustra el ejercicio útil de la competencia que a este Tribunal le viene encomendada a través del art. 113 inc. 3 de la CCBA, es decir, conocer ".en todos los casos que versen sobre la aplicación de normas contenidas en al Constitución Nacional o en esta Constitución" (cf. mi voto in re "Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Contravencional y de Faltas n° 4- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Díaz, David Domingo s/ inf. art. 189 bis CP -apelación-'", expte. n° (4979), sentencia del 23 de mayo de 2007).

Como lo he sostenido con anterioridad, y en lo que ahora importa, dicho supuesto de excepción tiene lugar cuando se encuentran conculcados derechos consagrados en las fuentes indicadas más arriba sólo susceptibles de tutela inmediata, como lo es, entre otros, la garantía del non bis in idem porque dicha garantía consiste precisamente en evitar la continuación del proceso (cf. mi voto in re "Ministerio Público -Defensoría Contravencional y de Faltas n° 3- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Montero Montero, María Nela s/ infrac. art. 71 -apelación-'", expte. n° 3739, resolución del 9/3/05); situación esta última que, aunque invocada por la defensa, no se encuentra acreditada en autos. En primer lugar, porque los argumentos que el Sr. Defensor Oficial formula bajo el título violación de la garantía del non bis in idem son fruto de una reflexión tardía, atento que fueron desarrollados por vez primera en la queja. En segundo término, porque aún cuando cupiere tener a dicho agravio por formulado en término, lo cierto es que la defensa no muestra que se haya dado alguno de los supuestos que darían lugar a la violación de esa garantía, es decir, que se haya perseguido al imputado dos veces por el mismo hecho, o que el riesgo de ser condenado al que fue sometido, haya sido uno que excede el definido por el legislador (conf. mi voto in re "Montero Montero", ya citado).

La Cámara, en lo que ahora importa, resolvió revocar la decisión de primera instancia en cuanto ordenó archivar las actuaciones y dispuso la remisión de ellas a la Unidad Administrativa de Control de Faltas. Para comprender los alcances de esa decisión resulta necesario repasar las constancias de la causa. Tal como surge de los "resultas", al Sr. Gutiérrez se le labró un acta por la presunta comisión de la contravención prevista en el art. 80 del CC, y le secuestraron 10 carteles de papel. Aunque la fiscal entendió que la conducta imputada podía constituir, en lugar de una contravención, una violación al régimen de faltas, decidió remitir la causa, con carácter previo, a la justicia contravencional y de faltas para que se expidiese con relación a si la forma en que fue llevado el secuestro resultaba adecuado a la luz de las previsiones del art. 21 de la LPC. La jueza de primera instancia declaró la nulidad de dicho secuestró, principalmente, porque, a su juicio, al no haber intervenido el Ministerio Público Fiscal en la medida adoptada se habían conculcado las previsiones del art. 21 de la LPC (señaló la jueza que no había tomado intervención la fiscal en la medida adoptada, lo que a su juicio, conllevaba la nulidad del secuestro practicado) y con ello el debido proceso legal (cf. art. 18 de la CN). Asimismo, y en lo que ahora importa, resolvió archivar las actuaciones. Fundó ésta decisión en la ausencia de una acusación por parte de la fiscal con relación a una contravención, sin que ello significase un pronunciamiento con relación a la falta sino, en todo caso, uno relativo al trámite que debía darse a la investigación de esa falta. En este orden de ideas, la jueza de primera instancia sostuvo que ".de conformidad con lo expuesto por el Sr. Fiscal, la conducta reprochada no constituye una contravención" (fs. 3). Esta última decisión fue apelada por la fiscal, conforme las facultades que le acuerda el art. 50 de la LPC -facultades que no fueron tachadas de inconstitucionales-, en la inteligencia que le dificultaba llevar las presentes actuaciones a la mencionada Unidad Administrativa. A su turno, para arribar a la solución que luce al inició de este párrafo, la Cámara señaló, en lo que al planteo importa, que "...la Ley N° 451 en la sección 3° Capítulo I 'Publicidad Prohibida' sanciona en su art. 3.1.1 a aquel que fije o haga fijar afiches en la vía pública en lugares no habilitados o sin el permiso correspondiente, disposición legal en la que podría subsumirse la conducta endilgada al encartado.// De este modo, en opinión de este Tribunal, corresponde revocar la resolución impugnada en cuanto dispone el archivo de los presentes actuados, y remitirla a la Unidad de Faltas a fin de que dicho organismo determine si Héctor Gutiérrez ha infringido el art. 3.1.1 de la ley 451". Concluyó su razonamiento afirmando que "[d]icha decisión '... sólo implica ordenar el proceso y no ponerle fin. Eventualmente, en caso de presentarse algún recurso, éste tramitará ante el fuero contravencional y de faltas.....'(sic) (TSJ. 'Pantigioso Flores, Armando s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado', expte. n° 2119... " (fs. 16vuelta/17).

2.2. A fin de mostrar la falta de relación directa entre lo resuelto en la causa y la cuestión propuesta por el Defensor General, esto es, si la decisión del a quo de remitir las actuaciones a la Unidad de Faltas resulta violatoria del la garantía del non bis in idem, corresponde efectuar un análisis amplio desde la óptica de la ley, para luego adentrarse a lo ocurrido en autos.

Los mismos jueces han sido investidos tanto de la competencia para resolver en materia de contravenciones como para juzgar, en los términos del art. 24 de la ley 1217, las faltas previstas en la ley 451. Sin perjuicio de que no sea ésta la oportunidad para profundizar en la actividad que desarrollan los Controladores y, en particular, en la relación que existe con la que les corresponde ejercer a los jueces contravencionales y de faltas con arreglo al art. 24 y concordantes de la ley 1217, lo cierto es que los actos emitidos por los Controladores tienen, por su objeto, naturaleza jurisdiccional y, consecuentemente, una vez firmes, gozan de la estabilidad propia de la cosa juzgada judicial, por lo que no pueden ser ni revisados ni modificados. Por lo mismo, el juzgamiento que la ley posibilita requerir de los órganos permanentes del poder judicial es pleno, esto es, no reconoce límites fundados en la necesidad de preservar el ámbito de ejercicio de la función administrativa por el poder administrador, en el marco de la división de poderes.

En virtud de las competencias señaladas al comienzo del párrafo que antecede, los jueces contravencionales podrían verse en situación de resolver acerca de la existencia de una falta en ocasión de estar convocados a hacerlo respecto de una contravención. Ejemplo de ello son los casos en que las razones para decidir que no ha tenido lugar una contravención implican que tampoco pudo haber ocurrido una falta, como sucede cuando el juez considera que no aconteció un hecho cuya presencia es indispensable tanto para uno como para el otro tipo de conducta ilícita. Si en un supuesto de esa especie, el juez debe pronunciarse acerca de la contravención no puede evitar sentar conclusión en calidad de cosa juzgada acerca de la falta, y esa decisión no podría ser revisada por el controlador, ni, una vez firme, por otro juez. Pero ello no fue lo ocurrido en autos.

De la reseña efectuada en el punto 2.1, párrafo tercero, surge que los jueces de mérito, que, a falta de requerimiento fiscal, no se abocaron a establecer si había sido cometida una contravención, entendieron, en cambio, que, tal como lo había solicitado la fiscal, resultaba pertinente remitir las actuaciones a la Unidad de Faltas con el objeto de que se investigase la posible comisión de una falta. Es ésta una resolución razonable, habida cuenta de que el art. 12 de la ley 1217 prevé la posibilidad de que el imputado elija eludir el procedimiento de faltas por medio del pago voluntario y la ley 12 no contiene una previsión para operar igual derecho en sede judicial, a menos que el pronunciamiento consistiera en una absolución cuyo mérito conllevase igual criterio respecto de la posible falta. Esa decisión unida a la forma en que fue adoptada priva de relación directa la garantía del non bis in idem con lo resuelto en autos. En primer lugar, porque, a diferencia de lo que sostiene la defensa, el imputado nunca estuvo sometido al proceso que regula la ley 12. La presentación que efectuó el Ministerio Público Fiscal ante dicho fuero, únicamente, tuvo como el objeto obtener un pronunciamiento con relación a la medida precautoria adoptada y, a su vez, la decisión vertida por los jueces de mérito acerca de la contravención no fue fruto de un debate sino de la falta de una imputación por parte del Ministerio Publico Fiscal con relación a dicha conducta. En tales condiciones, el proceso al que se lo recondujo, -el que tiene por fin dilucidar la existencia o no de una "falta", en particular, la prevista en la sección 3°, Capítulo I, art. 3.1.1, de la ley 451- es el primer proceso al que va a estar sometido el imputado. En segundo término, porque los motivos señalados impiden adentrase al análisis de un posible incrementó del riesgo en el proceso al que estaba sometido, puesto que, por lo expuesto supra, no podríamos hablar de la existencia de proceso en el sub examine.

Lo dicho lleva, asimismo, a desechar la aplicación al caso de la doctrina sentada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH) en la causa Loayza Tamayo vs. Perú (sentencia del 17 de septiembre de 1997), también invocado por el Defensor General en la queja para respaldar el agravio relativo a la vulneración de la garantía del non bis in idem. No obstante que la recurrente sostiene que "[e]n el caso citado[sic, rectus: resuelto] por la CIDH, la decisión asumida por la Cámara vulnera el art. 8.4 de la Convención Americana de Derechos Humanos" (fs. 25), las condiciones relevantes consideradas por la CIDH en dicha oportunidad para arribar a la conclusión de que el Estado de Perú había vulnerado el mencionado artículo de la CADH no presentan analogía con la situación acaecida en autos. La CIDH, en el citado precedente, juzgó vulnerada esa garantía sobre la base de que la Sra. María Elena Loayza Tamayo había sido sometida a un proceso en el fuero militar por el delito de traición a la patria del que resultó absuelta y, con posterioridad, por los mismos hechos, juzgada y condenada en la jurisdicción ordinaria por el delito de terrorismo. En este orden de ideas, la CIDH señaló que "en el presente caso la señora María Elena Loayza Tamayo fue absuelta por el delito de traición a la patria por el fuero militar, no sólo en razón del sentido técnico de la palabra 'absolución', sino también porque el fuero militar, en lugar de declararse incompetente, conoció de los hechos, circunstancias y elementos probatorios del comportamiento atribuido, los valoró y resolvió absolverla" (la negrita me pertenece); situación que difiere, como ya señalé, de la ocurrida en autos. Es preciso reiterar que en estos actuados el primer proceso al que se vería sometido el Sr. Gutiérrez sería aquel que tenga lugar en la Unidad Administrativa de Faltas, sin que haya recaído una decisión acerca de los hechos imputados. Consecuentemente, tampoco a la luz de la interpretación realizada por la CIDH en relación a la garantía involucrada es posible conmover la solución propiciada en los párrafos precedentes.

2.3. Por último, cabe señalar que, el instituto de la cosa juzgada impide que se genere una nueva discusión acerca de cuestiones sobre las que recayó una decisión judicial firme del fuero competente para adoptarla o, lo que es lo mismo, esas cuestiones deberán ser tenidas por ciertas por aquellos órganos que deban expedirse sobre la base de ellas para resolver. Trasladada dicha regla a supuestos en que la Unidad de Faltas recibe las actuaciones luego de que transitaron por el procedimiento que regula la ley 12 -porque resultan coincidentes los hechos imputados tanto para la concreción de una figura contravencional como la de una falta-, el Controlador Administrativo de Faltas, no podrá apartarse, durante la investigación, de los hechos acerca de las cuales se expidieron los jueces. Esto es así, porque, aunque lo atinente a la existencia y alcance de la cosa juzgada es materia reglada por leyes procesales, en los procesos de naturaleza penal esas normas adjetivas se encuentran condicionadas por el mandato de satisfacer las garantías constitucionales del non bis in idem y la de ser juzgado en un plazo razonable. No cabe extenderse acerca del asunto, puesto que no formó parte de los agravios de la defensa un planteo con tal alcance.

3. Igual suerte debe seguir el planteo relativo a la supuesta violación del derecho a tener un juicio razonablemente rápido, por un lado, porque los argumentos que desarrolla la defensa para sustentarlo carecen de relación directa con esa garantía, en tanto no tienen por fin acreditar que los jueces de la causa hayan extendido el proceso contravencional más de lo razonable y; por el otro, porque a diferencia de lo que sostiene la defensa, esto es, que se le haya "...preten[dido] mante[ner] abierto un proceso contravencional.." (fs. 13) al Sr. Gutiérrez, la Cámara resolvió remitir la actuaciones a la Unidad Administrativa de Control de Faltas y el recurrente no muestra que el proceso de las actuaciones haya estado sometido a dilaciones injustificadas ni, menos aún, que el reenvío de las actuaciones a faltas importara retrotraer el proceso a etapas anteriores; situación que priva a esas aseveraciones de relación directa con lo resuelto en la causa.

4. Por la razones apuntadas en mi voto en la causa "Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Contravencional y de Faltas n° 1- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad en: 'Ronchetti, Leonardo s/ art. 47 CC -apelación- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado'", expte. nº 3996/05, resolución del 14/9/05, voto por declarar no exigible el depósito previsto en el art. 34 de la ley n° 402.

Por ello, y lo concordantemente dictaminado por el Fiscal General Adjunto, voto por rechazar la queja deducida a fs. 19/29vuelta.

El juez José Osvaldo Casás dijo:

1. En primer lugar, en cuanto a la denuncia de "falta de legitimación" que, en torno a la actuación del Ministerio Público de la Defensa en estas actuaciones, efectúa el señor Fiscal General Adjunto en su dictamen de fs. 40/42, cabe puntualizar lo que sigue.

Asiste razón al representante del Ministerio Público Fiscal en cuanto a que -según lo disponen las normas específicas que en la materia determinan la forma en que el defensor oficial puede asumir la representación de un imputado- la intervención de los representantes del Ministerio Público de la Defensa no es promiscua ni indiferente a la voluntad del sujeto sometido a proceso contravencional (arts. 1, 3, 37, ley n° 12).

Sin embargo, lo cierto es que, en el caso, más allá de la anomalía en torno a la interpretación que de las normas aplicables al caso realizó la jueza de la causa al disponer la intervención de la Defensoría Oficial en el punto III de la decisión que en copia obra a fs. 2/4, la participación de un defensor oficial en el control de medidas como las allí dispuestas no pone en juego garantía constitucional alguna.

Así las cosas, y ante la incertidumbre en la que este Estrado se encuentra en torno a la situación del imputado en la causa -pues al menos en base a las constancias del expediente con las que este Tribunal cuenta para resolver la cuestión planteada, no puede afirmarse que no se encuentre a derecho ni lo contrario-, negar, sin más, al señor Defensor General la posibilidad de recurrir en queja ante este Tribunal podría en todo caso poner en juego la defensa en juicio de los intereses del imputado.

Lo expuesto me impide, en este caso, atender el planteo de "falta de legitimación" efectuado por el señor Fiscal General Adjunto y expedirme sobre el punto en forma expresa. Más aún, a tenor de la solución a la que arribo en el punto siguiente de mi voto.

2. Sin perjuicio de lo hasta aquí expresado, la queja interpuesta a fs. 19/29 debe ser rechazada pues el recurso de inconstitucionalidad que viene a defender no fue interpuesto contra una sentencia definitiva u otra decisión que pueda serle equiparada (art. 27, ley n° 402).

Al respecto, este Tribunal ha sostenido en reiteradas ocasiones que la decisión que dispone la remisión de las actuaciones a la Unidad Administrativa de Control de Faltas sólo implica ordenar el proceso y no ponerle fin. Tampoco se ha demostrado en el caso que aquella decisión, adoptada cuando el proceso se encuentra recién iniciado, configure un agravio de imposible o ineficaz reparación posterior (cf. "Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Contravencional n° 7- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Cruz Martínez, Eugenia s/ art. 41 CC'", expte. n° 2571, resolución del 5/11/2003; "Pantigioso Flores, Armando s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Pantigioso Flores, Armando s/ art. 41 CC", expte. n° 2119; "Gómez Arismendi, Lina s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Gómez Arismendi, Lina s/ art. 41 CC", expte. n° 2120; "Meza, Matías s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Meza, Matías s/ art. 41 CC", expte. n° 2129 y "Massa, Orlando s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Massa, Orlando s/ art. 41 CC", expte. n° 2130, todas resoluciones del 9/4/2003). Nada en el caso indica que la situación sea distinta a la de los precedentes citados.	Cabe agregar que, además, las argumentaciones que la queja incluye en torno a la supuesta vulneración en el caso de la prohibición del bis in idem son el producto de una reflexión tardía, dado que fueron introducidas por primera vez en la queja en estudio, con lo que la cuestión que se pretende traer ahora a conocimiento de este Tribunal no fue planteada ante los jueces de mérito, quienes, en consecuencia, no la consideraron.

3. Por las razones expuestas en los puntos precedentes, corresponde rechazar la queja interpuesta a fs. 19/29.

Así lo voto.

El juez Julio B. J. Maier dijo:

1. El recurso de queja interpuesto por el defensor, aunque fue presentado por escrito, ante el Tribunal y dentro del plazo que marca la ley, debe ser rechazado.

Independientemente de las razones que sostiene el fiscal ante el Tribunal respecto a la falta de legitimación de la defensa pública y a la incorporación tardía de ciertos motivos de agravio, la simple verificación de que el recurso de inconstitucionalidad fue articulado contra una sentencia que no es la definitiva (art. 27, ley n° 402) basta para fundar el rechazo de la queja (cf. "Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Contravencional n° 7- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Cruz Martínez, Eugenia s/ art. 41 CC", expte. n° 2571, sentencia del 05/11/03 y sus citas).

Por otra parte, advierto que gran parte del trámite de este legajo podría haberse evitado con una simple denuncia del hecho -formulada por la misma fiscalía- ante la autoridad competente en materia de faltas (art. 2, ley n° 1217).

2. Según lo expuse en reiteradas ocasiones (ver, inter alia, mi resolución como juez de trámite en "Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Contravencional y de Faltas n° 3- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Ábalos, Oscar Adrián s/ art. 71 CC -apelación-'", expte. n° 1509/02: interpretación sistemática del art. 34, II, ley local n° 402 y art. 3, inc. a, ley local n° 327), no corresponde intimar para que se acredite el pago del depósito previsto como requisito de admisibilidad de un recurso de queja, relativo a un recurso de inconstitucionalidad denegado, dado que ha sido interpuesto, a favor de su pupilo, por la defensa oficial, órgano del ministerio público según la propia CCBA.

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

1. El recurso de queja fue interpuesto ante este tribunal dentro del plazo que fija el art. 33, ley n° 402, y contiene una descripción de los hechos principales de la causa, sin embargo no puede prosperar.	2. Las decisiones referidas a medidas o provisiones adoptadas durante la tramitación del proceso no constituyen, en principio, sentencia definitiva en el sentido del art. 27 de la ley n° 402 (cf. "Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Contravencional y de Faltas n° 4- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Enríquez, Rafaela s/ infracción art. 68 CC nulidad -apelación-'", expte. nº 3358/04, resolución del 23/02/05 y sus múltiples citas). Por ese motivo, la defensa debía desarrollar en su escrito de queja argumentos sólidos que lograran demostrar que este caso constituye una excepción a la regla.

3. Dado que ya me he manifestado a favor de la exención del pago del depósito cuando el recurso procede de la defensa oficial, a tal respecto remito a mi opinión en "Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Contravencional n° 1- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Feng Chen Chih s/ art. 40 CC -apelación-'", expte. n° 2212, resol. del 11/6/03; "Ministerio Público -Defensoría Oficial nº 6- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Caro, Maximiliano Daniel s/ arts. 61 y 63 CC, apelación'", expte. nº 2197, resol. del 10/9/03; "Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Contravencional n° 6- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Echagüe, Damián s/ violar luz roja y otra'", expte. nº 2279, resol. del 30/09/03; y "Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Contravencional y de Faltas nº 8- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Prescava, David Daniel s/ art. 186 bis CP'".

4. Voto en consecuencia por el rechazo de la queja.	Por ello, concordantemente con lo dictaminado por el Fiscal General Adjunto, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Rechazar el recurso de queja agregado a fs. 19/29.

2. Mandar que se registre, se notifique y, oportunamente, se remita esta queja a la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas.

La jueza Ana María Conde no suscribe esta resolución por estar en uso de licencia.