marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Asignaciones familiares, empleados públicos
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: SUAREZ DE RETA, MARGARITA ANGÉLICA C c/ SUPERIOR GOBIERNO DE SAN LUIS Y/O ESTADO PROVINCIAL s/ ACCIDENTE DE TRABAJO. APLELACION - LEY IV-0103-2004 (5762 -R-)
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2008-02-28

El Régimen Nacional de Asignaciones Familiares, la Ley 24.714 -como bien lo indico el actor en su escrito- establece un régimen con alcance nacional y obligatorio, pero el mismo se encuentra basado (art. 1 inc. a) en un subsistema contributivo fundado en los principios de reparto de aplicación a los trabajadores que presten servicios remunerados en relación de dependencia en la actividad privada cualquiera sea la modalidad de contratación laboral.

En igual sentido el art. 24, respetando las atribuciones reservadas por las provincias en materia del art. 125, establece que se ajustará al presente régimen, las asignaciones familiares de los trabajadores del sector público, en cuanto -únicamente- al monto y topes; pero no respecto de las prestaciones que lo deja librado al régimen que regirá en cada caso a sus empleados del sector publico.-
Derechos y garantías constitucionales, ley de emergencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Fernández, Encarnación Pilar c/ Secretaría de Seguridad Social. s/ Recurso de Hecho.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-05-04

Atento a que los derechos declarados por la Constitución no son absolutos y están sujetos, en tanto no se los altere sustancialmente, a las leyes que reglamentan su ejercicio, las limitaciones impuestas para superar o atenuar una solución de crisis, pueden ser mayores en épocas de emergencia, pues la obligación de afrontar sus consecuencias justifica ampliar dentro del marco constitucional las facultades atribuidas al legislador, al punto de que la dilación en el pago de créditos y retroactividades puede diferirse con la razonabilidad que surge de los temas en examen.
Procedencia del recurso, cesión de derechos hereditarios, cónyuge supérstite
Materia: CIVIL
Carátula: ARRIOLA, MARTIRE c/  s/ SUCESION AB-INTESTATO
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 2016-03-11

Cabe receptar el recurso de apelación y, en su mérito, revocar la resolución en cuanto ordenó la adjudicación a los cesionarios -aquí recurrentes- del 50% del bien inmueble inventariado en el proceso sucesorio, adjudicando la totalidad del mismo, pues no hay dudas que la intención de la cónyuge supérstite del causante -declarada única heredera- al ceder todos sus derechos a favor de éstos, fue la de ceder -vender- el 100% del inmueble, por tanto la verdadera naturaleza jurídica del acto es la de una venta celebrada por la cedente con los cesionarios, que debe comprender no sólo el 50% que pertenecía al causante y que corresponde adjudicar, sino también el restante 50% que le corresponde por su calidad de socia de la sociedad conyugal.
Depósito judicial, Poder Judicial, razonabilidad tributaria, emergencia económica, derechos patrimoniales, control de constitucionalidad, derechos y garantías constitucionales
Materia: ECONOMIA
Carátula: S., C. s/ Sucesión s/Incidente s/Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2003-11-06

Alejandro M. Andino sostiene que el manejo de los fondos judiciales es propio y privativo del poder judicial y afectaría la división de poderes, cualquier norma del Poder Legislativo; disposición del Poder Ejecutivo por Decreto, Resoluciones del Ministerio de Economía o Comunicaciones del Banco Central de la República Argentina, que limite, condicione o restrinja dicha facultad con ilegítima injerencia de un poder en la esfera exclusiva del otro, en contra del sistema constitucional de división de poderes. En tal sentido, argumenta que el principio de legalidad impide que el estado se escape al plexo de normas, y altere el marco de convivencia en un estado de derecho; no siendo ajeno a dicha limitación el sistema financiero y la actividad de regulación del mismo en cabeza del B.C.R.A.

.Resulta también relacionado el principio de la razonabilidad teniendo en cuenta que las garantías, principios y derechos constitucionales no pueden alterarse por las leyes que reglamentan su ejercicio. Se debe asimilar y comprender que lo irrazonable, es arbitrario e inconstitucional;

recordando que aún en situación de emergencia debe limitarse cualquier restricción al ejercicio de derechos patrimonial es, siendo en cualquier caso suficientemente razonable, limitada en el tiempo, y, fundamentalmente debe tratarse de un remedio y no de una mutación de la sustancia o esencia del derecho adquirido por sentencia o contrato, estando en cualquier caso sometida a control jurisdiccional de constitucionalidad atento a que no se pueden suspender por dicha emergencia las garantías de rango constitucional.
Sucesión testamentaria, capacidad para testar, nulidad de testamento
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Le Clech, Amada s/ Nulidad de testamento
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-05-18

El juicioso criterio legal del art. 3613 y su nota del Cód. Civil no se refiere al preciso momento del acto para apreciar la "completa razón" del testador, sino al "tiempo" en que se realizó, lo cual permite una cierta elasticidad interpretativa, pero siempre ubicándose en un época próxima a la redacción del testamento. Por ello, que nada tiene que ver con la validez del testamento el hecho de que el causante haya podido caer en incapacidad años después de suscribir sus disposiciones de última voluntad.
Violencia de género, falta de prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Doroñuc, Clara Graciela y Brignole, Mario c/  s/ querella criminal por delitos de acción privada
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2024-03-18

La sola circunstancia de que se encuentre involucrada en el evento una mujer, como la receptora y víctima de las expresiones ofensivas, no torna al hecho por sí solo, como violencia de género, cuando de las pruebas no surge que haya existido tal tipo de violencia. La categoría "violencia contra la mujer" debe ser determinada con los parámetros dados en la Ley N° 26.485 -Protección Integral de la Mujer- y la Convención de Belém do Pará; no siendo dable adjudicar a la expresión aislada "chorra como tu marido", pese a la reprochable vulgaridad, no deseable por parte de quienes ejercen cargos públicos, una relación desigual de poder de la mujer con respecto al varón o que se haya dejado a la señora en desventaja respecto de sus pares hombres, mucho menos, que se haya tratado de vilipendiarla como esposa del Intendente, forzando interpretaciones rebuscadas bajo la bandera de una protección especial a la mujer, correspondiendo, en consecuencia, que se rechace el agravio relativo a la omisión de tratamiento de violencia de género.
Competencia contencioso administrativa, apertura de la instancia, ley de orden público
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Diaz, Roberto c/ Estado Provincial (Poder Ejecutivo Provincial) s/ Acción de Plena Jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2011-04-15

En innúmeras causas se ha señalado que tanto el agotamiento de la vía administrativa como paso previo a la actuación judicial cuanto la promoción de ésta dentro de los plazos breves de caducidad responden a razones de interés público, objetiva e imperativamente aprehendidas por el legislador.

El instituto de la habilitación de la instancia resulta un mecanismo establecido y fundado en una ley de orden público, a través del cual se le otorga a un Poder del Estado el deber y no la facultad de constatar el cumplimiento de los requisitos y exigencias que la misma ley prescribe para que pueda juzgar a otro Poder del Estado.

De no encontrarse cumplidos los requisitos, el juez sencillamente se encuentra incapacitado para decir el derecho, le falta la iuris dictio para pronunciarse en esa causa, y esta situación en modo alguno puede ser modificada por el Poder Administrador, ya que sus prerrogativas no le permiten disponer sobre lo dispuesto en una norma de orden público.
Protesto, protesto por falta de pago
Materia: COMERCIAL
Carátula: Banco Ban-Sud SA c/ Pagano, Horacio s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-02-07

"El protesto sólo establece el requerimiento de pago y la constancia de su negativa y toda vez que implica dar noticia cierta al deudor del emplazamiento exigido por la ley y su consiguiente constitución en mora, produce el efecto de la intimación de pago, que autoriza al acreedor a exigir el cobro de las costas e intereses devengados en la ejecución...".
Recurso de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso, carga procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Fisco de la Provincia de Buenos Aires  c/ Matadero y Frigorífico El Mercedino S.A. y otros s/ Apremio. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2023-05-15

El recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley debe ser autosuficiente para que de su lectura pueda advertirse el error o la transgresión en la aplicación de la ley, carga procesal que sólo se cumple si se concreta una impugnación eficaz de las motivaciones del fallo y se demuestra la violación de los preceptos que lo sustentan.
Prescripción, secuela de juicio
Materia: PENAL
Carátula: Nogues, Guillermo y Peña, Jaime s/ Recurso de Hábeas Corpus
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-01-06

No puede operarse la secuela de juicio como causal interruptiva, cuando el juicio propiamente dicho no ha tenido aún su comienzo.

Cuando todo lo actuado pertenece a la etapa sumarial y, aunque ésta haya concluido, el juicio en sí no ha tenido aún inicio pues éste sólo comienza con el ejercicio de la acción; tratándose de un delito de acción pública, es la acusación fiscal la llave que abre el plenario, o sea el verdadero juicio. Corresponde restringir del modo que antecede el concepto de "juicio", desde que, conforme a nuestro sistema procesal, tal denominación está reservada exclusivamente al plenario que justamente comienza con la acusación. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario, cuestión no federal, indemnización, obligaciones solidarias, directores de SA, contrato de trabajo, derechos y garantías constitucionales, derecho de propiedad, defensa en juicio, prueba, carga de la prueba
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Carballo, Atilano c/ Kanmar S.A. (en liquidación) y otros. s/ indeminizacion
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-31

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que condenó a los demandados al pago de una indemnización laboral, en forma solidaria, toda vez que ha vulnerado las garantías constitucionales invocadas por el recurrente, relativas al derecho de propiedad y de defensa en juicio, en cuanto se ha extendido al director de una sociedad anónima la condena dictada contra la empresa, subvirtiendo las reglas sobre carga probatoria aplicables a la materia.
Privación ilegal de la libertad, violación de derechos humanos, juicios contra el Estado, responsabilidad del Estado, régimen de consolidación de deudas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Hagelin, Ragnar c/ Poder Ejecutivo Nacional s/ juicio de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-22

El art. 7. de la ley 23.982, al incluir dentro del orden de prelación para el pago a los créditos por daños a la vida en el cuerpo o en la salud o por privación ilegal de la libertad indica claramente que fue voluntad del legislador extender el sistema de consolidación de deudas a esas obligaciones.
Responsabilidad civil, sentencia absolutoria, autoría, desaparecidos
Materia: CIVIL-PENAL
Carátula: Tarnopolsky, Daniel c/ E.N. y Otros
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-09

Conforme lo previsto por el art. 1103 del C.C., la ausencia de autoría o participación declarada en la causa penal citada sobre estos hechos, impide asignar responsabilidad civil al codemandado Lambruschini en los términos del art. 1113 del C.C. de la cual derive su obligación de reparar (conf. Llambías, "Código Civil Anotado", T.II-B, pág. 408, 458 y sgtes.).
Transferencia del contrato de trabajo, obligaciones solidarias
Materia: LABORAL
Carátula: Pilotto, Enzo L.A. y otro c/ Canela Hnos S.A. y otros s/ Laboral (Expte Nro. 458-01, Resolución Nro. 134, Tomo 21, Folio 140/145
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-08-28

El responsable solidario de una obligación laboral no se convierte en empleador ni sustituye a éste; la solidaridad establecida por la ley no quita el carácter de obligación accesoria y no hace al obligado solidario deudor directo de la obligación principal, por lo que en el supuesto de haberse desistido la acción contra el empleador debe rechazarse la acción instaurada contra un tercero, habiendo expresado la doctrina al respecto, que cuando el trabajador omite demandar al empleador -ya sea porque lo considera insolvente o por alguna otra razón- desistimiento por ej. y pretende que su responsabilidad sea imputada a otros posibles codeudores solidarios, en los términos que lo han hecho los actores, la pretensión será -normalmente- desestimada porque no habrá posibilidad de establecer la existencia de la deuda con relación al deudor principal.
Seguro de responsabilidad civil, tercero damnificado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Molinari de Lakatos, Dora Elsa y otros c/ Guevara, Adolfo Alberto s/ Indemnizacion de daños y perjuicios Giménez, Fidelia c/ Cendon, Ricardo Alberto s/ Daños y perjuicios Marello, Carlos R. c/ Bellante, Ignacio F. s/ Daños y perjuicios. Decesero, Agustín y otro c/ Parent, Rubén Gilberto y otros s/ Indemnización daños y perjuicios Cisneros, Oscar Miguel y otros c/ Ottone, Juan Carlos y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-11-05|1988-03-01|1985-11-05|1988-09-06|1989-09-19

Al prescribir el art. 118 de la ley 17.418 que "...la sentencia que se dicte hará cosa juzgada respecto del asegurado y será ejecutable contra él en la medida del seguro", quiere significar que el tercero esta subordinado, le son oponibles, lo afectan, o se encuentra enmarcado por determinadas estipulaciones contractuales, aún cuando haya sido ajeno a la celebración del pacto.
Efectos de la sentencia penal en sede civil, peculado, billete de pasaje, tribunal de cuentas, juicio administrativo de responsabilidad, responsabilidad civil, daños y perjuicios, competencia funcional
Materia: PROCESAL
Carátula: SEFEPA s/ RECLAMO ORDENES DE PASAJES A VIALIDAD PROVINCIAL (Expte. N* 266/96 - FISCALIA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS) s/ APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2004-10-06

Si bien es cierto que la sentencia de la Cámara Criminal, que absolviera al recurrente de los delitos de "peculado de servicio en concurso ideal con estafa", no descarta la existencia de otro tipo de responsabilidad por parte del ahora recurrente, como podría ser la responsabilidad administrativa patrimonial ahora analizada, en orden a lo establecido por el citado art. 1103 del Código Civil, no es correcto lo dicho por el Tribunal de Cuentas de que lo decidido en la causa penal no tenga incidencia sobre la decisión a adoptar en esta sede. En efecto, si como advirtiéramos precedentemente, más allá de que se encuentre probada la solicitud de los pasajes en cuestión por parte del ahora apelante, que el mismo era funcionario público (Director Provincial de Vialidad), también se encuentra acreditado en autos que las notas - pedido eran redactadas en papel simple, sin membrete y sin surgir de su tenor asunción alguna del gasto por parte de Vialidad Provincial, que Vialidad no tenía cuenta corriente en SEFEPA para la extensión de pasajes, consecuentemente que el pedido debía ser cursado por el responsable del Organismo, y lo que es más importante, que el apelante no estaba facultado para emitir ordenes de pasajes, esto es, no tenía competencia funcional para ello, circunstancia de la cual-además - tenían conocimiento los Jefes de Estación como las demás autoridades de SEFEPA.

En tal orden de ideas y de hechos probados, no se advierte cual podría ser la responsabilidad administrativa patrimonial del apelante. Ello es así, en tanto si bien en el caso se ha determinado el daño en los bienes del Estado, no se ha demostrado cual es la conducta dolosa, culposa o negligente del agente en gestión conforme prevé el art. 44 de la Ley 2747
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, administrador nacional de aduanas, facultades de la DGA, resoluciones aduaneras
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Usauru, Juan B. c/ Administración Nacional de Aduanas s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-14

Procede el recurso extraordinario si la decisión ha sido contraria al derecho que el recurrente fundó en el art. 6x, inc. b) de la ley 22.091.
Acción de amparo, proceso judicial, acceso a la justicia
Materia: PROCESAL
Carátula: "Gonzalez  María  de  la Concepción c/ E.N. -Ley 24.241 y ley 1181GCBA- y otro s/ amparo ley 16.986".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-05-15

Si bien el derecho conculcado en el caso podría encontrar debida tutela mediante otro proceso diferente a la excepcional vía elegida, no puede dejar de advertirse que el presente amparo fue iniciado en marzo de 2005 y recién obtuvo pronunciamiento de primera instancia en octubre de 2007, sin que la demora pueda ser imputada a la inactividad o falta de diligencia de la demandante. Por ello, habiendo transcurrido a la fecha más de 3 años desde su iniciación, diferir en estas especialísimas circunstancias, el tratamiento de la cuestión en debate a otro proceso con fundamento en el carácter "expedito" y "rápido" del presente, no parece compatible con la garantía de razonabilidad que debe regir en las decisiones judiciales ni con el derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en tratados internacionales con jerarquía constitucional, importando una quasi denegatoria de justicia.
Concursos, medida cautelar innovativa, certificado fiscal para contratar, AFIP
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: LINDBERG ARGENTINA SA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-21

Corresponde rechazar la medida cautelar innovativa solicitada, para que la AFIP otorgue un "Certificado Fiscal para Contratar", por cuanto el citado organismo emitió un informe dando cuenta de la inhabilitación de la concursada, y ésta ha soslayado haber recurrido administrativamente la denegatoria en cuestión. Sucede que como toda medida cautelar requiere como condición previa e ineludible que el interesado haya interpuesto el correspondiente recurso (v gr, Decreto 1397/79: 74, reglamentario de la ley 11683) y que esa apelación se encuentre pendiente de resolución.
Diligencias preliminares, tribunal oral, resoluciones judiciales
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Urquiza, Mario Clemente s/ conflicto. Causa: 699
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-22

Las decisiones de los tribunales orales deben ser acatadas por los jueces instructores, aún cuando discrepen con lo resuelto en el caso de que aquéllas hubiesen sido dictadas en el marco de sus facultades.
Acción, prueba
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: José Antonio Piazza Construcciones c/ Municipalidad de San Antonio de Areco s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-03-20

Ante las afirmaciones efectuadas por la demandada -al interponer una excepción de defecto legal -acerca de la supuesta negligencia de la actora en acompañar con la demanda los documentos que acrediten su vínculo contractual con la comuna, cabe considerar que las omisiones probatorias de la parte actora tendrán por virtud limitar en todo caso, los alcances de la decisión final del tribunal, determinando de algún modo la suerte de su pretensión. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Demanda, monto de la demanda, facultades del juez, principio de congruencia
Materia: PROCESAL
Carátula: ROBERTO ARTURO DEL CARRIL c/ AUXILIO FAMILIAR COOP. DE SEGUROS LIMITADA s/ SUCESION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-27

1.La expresión "o lo que en más o en menos", a pesar de no descargar o liberar al actor de practicar la estimación del monto de la demanda, autoriza al juez a condenar al pago de una suma mayor, sea que se trate de acciones que persigan la satisfacción de perjuicios ocasionados por incumplimiento de obligaciones contractuales, o el nacimientode débitos extracontractuales.

2.La congruencia consiste en aquella exigencia que obliga a establecer una correlación total entre los dos elementos definidores del esquema contencioso (pretensión y decisión), existiendo una necesidad de correspondencia entre ambos extremos que funciona como condicionante de un verdadero proceso, no se advierte razón para considerar incumplida ésta exigencia cuando la actora ha manifestado expresamente reclamar no sólo el monto nominal que la ley obliga a estimar (CPR.330, parr.2) sino aquella cantidad superior que manifiestamente aparezca como debida a la luz de la prueba rendida.
Sociedades comerciales, responsabilidad solidaria, administración de la sociedad
Materia: LABORAL
Carátula: Díaz, Hugo Diego Alberto c/ Pan Fresh S.A. y otro s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-12-15

En tanto no se ha probado a través de medios idóneos, el carácter de administradores o representantes legales de la sociedad o de presidente del Directorio de alguna de las personas físicas demandadas, como tampoco el carácter de socios de los mismos, corresponde desestimar la acción contra las personas físicas demandadas. Más allá de ello, es preciso destacar que la circunstancia de la carencia de tales cargos por sí sola tampoco amerita una condena personal. (del voto del Dr. Zas en mayoría)
Suspensión del trabajador, suspensión preventiva
Materia: LABORAL
Carátula: Carabajal, Octavio Juan c/ Nati Soc. Colec. y/o prop. y/o resp. s/ Sueldos impagos, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-02-12

La suspensión preventiva es una facultad del empleador pero no es una obligación. La comisión de un delito por parte de un dependiente no obliga al principal a adoptarla, porque el delito puede violar ya la buena fe que ambas partes se deben y ese caso de deslealtad puede significar la pérdida de la confianza que el empleador deposita en su subordinado, presupuesto esencial del contrato de trabajo, justificándose entonces la denuncia directa del mismo.
Medidas cautelares, protección de consumidores y usuarios, contracautela, actos anulables
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: ERRECART, ROSA NATALIA c/ FCA S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS s/ INCIDENTE LEGAJO APELACIÓN EFECTO DEVOLUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2022-03-15

El consumidor goza del beneficio de la justicia gratuita, por lo que en caso de requerir una medida cautelar, no corresponde requerir contracautela. La situación se asemeja a quien obtuvo un beneficio de litigar sin gastos.
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Eiben, Rodolfo Guido y otro c/ Compa$ia Azucarera Concepción  S.A. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-23

Tratándose de una sentencia arbitraria, la cuestión federal sólo puede nacer en la sentencia misma que se ataca y no antes de ella.