Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-06-26


TS07D41012 PODER JUDICIAL DE LA NACION SENTENCIA DEFINITIVA Nº 41012 CAUSA Nº 4.866-06 -SALA VII- JUZGADO Nº 18 En la ciudad de Buenos Aires, a los 26 días del mes de junio de 2008, para dictar sentencias en los autos: "MIRABALLES, CARLOS DIONISIO c/ TELEFÓNICA de ARGENTINA S.A. Y OTROS s/ despido", se procede a votar en el siguiente orden:

LA DOCTORA ESTELA MILAGROS FERREIRÓS DIJO:

I.- A fs. 3/19vta., se presenta el Sr. Miraballes e inician demanda contra TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A. y contra CASEROS S.A., en procura del cobro de	unas sumas e indemnizaciones a las que se considera acreedor con invocación de las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo.

Manifiesta que el 25 de enero del 2005 fue contratado por la co-demandada "CASEROS S.A.", para realizar la venta de las líneas telefónicas de la empresa "TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A.".

Describe que la actividad habitual de la demandada "TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A." era la venta de líneas telefónicas, para lo cual tenía formularios impresos que entregaba a los vendedores y en los programas de computación que utilizaba para facturar, también tenía incorporado un campo para el nombre del vendedor.

Señala que el lugar de trabajo era la vía pública y los domicilios de los clientes, la jornada de labor se desarrollaba de 09:00 a 20:00 horas de lunes a lunes y en muchos casos la entrevista con los clientes sólo podía realizarse el día sábado o domingo. Percibía un sueldo básico de $230 mensuales más $17 en concepto de comisión por cada línea vendida.

Relata que los demandados no le abonaban en término, sólo le habían abonado $118, en concepto de comisiones de las primeras ventas que había realizado, pero no le pagaban el resto de las mismas ni los haberes convenidos.

Remarca que numerosas veces reclamaba los créditos a sus empleadores, los cuales se lo iban postergando con diversas excusas.

En el mes de mayo de 2005, ante los reiterados reclamos, la co-demandada "CASEROS S.A." le comunica que si seguía reclamando y no le servía el modo de abonar que utilizaba la empresa, se quedaría sin trabajo en ese mismo acto, también le pidieron que devolviera a la empresa el material de trabajo -talonarios de pedidos-.

Aduce que -a su entender- de esa manera le estaban negando el trabajo, como una forma de presión, sin llegar a despedirlo, por tal motivo el 23 de mayo del 2005, les envía un TCL. -transcripto a fs. 5/5vta.-, por medio del cual los intima a que aclaren situación laboral bajo apercibimiento de considerarse injuriado y despedido.

Sostiene que el TCL., dirigido a la co-demandada "CASEROS S.A." fue devuelto, por haber sido rechazado por el destinatario, ante esta situación le envía un nuevo TCL., el cual tampoco fue recibido.

En cambio la demandada "TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A.", contesta dicha misiva, desconociendo que le constara que el actor haya sido empleado de "CASEROS S.A." y niega su responsabilidad solidaria.

Ante esta situación y al no obtener ningún tipo de cumplimiento por parte de sus empleadores, el Sr. Miraballes, se coloca en situación de despido indirecto -mediante TCL. de fecha 25 de octubre de 2005, ver fs. 8vta.-.

Pide la extensión de responsabilidad para la demandada "TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A.", en base a lo establecido en los arts. 29 y cctes. de la ley de Contrato de Trabajo. Viene a reclamar las indemnizaciones correspondientes al despido incausado, salarios, multas e incrementos previstos en la legislación laboral.

A fs. 47/77vta., contesta demanda la demandada "TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A.".

Niega todos los hechos expresados por el actor en su escrito de inicio.

Narra, que en ningún momento contrató al accionante para la realización de tareas.

Señala que tampoco mantenía algún tipo de relación con la co-demandada "CASEROS S.A.".

Indica, que mantenía relación comercial con la Empresa ETCHEVERRY Y DA SILVA SH, en la localidad en la cual dice haberse desempeñado el actor.

Manifiesta que la empresa se dedicaba al servicio público de telecomunicaciones, es decir que prestaba parte de los servicios que la empresa estatal "ENTEL" antes realizaba y su actividad era la prestación del servicio de telefonía en sí.

Describe que además tenía vinculación con otras empresas prestatarias de servicios de ventas y telemarketing.

Solicita la citación como tercero de la empresa "ETCHEVERRY Y DA SILVA S.H..

Pide el rechazo de la demanda e impugna liquidación.

A fs. 129, se la tiene a la co-demandada "CASEROS S.A.", por incursa en la situación prevista en el art. 71, tercer párrafo de la L.O..

A fs. 130/131, se desestima la citación del tercero "ETCHEVERRY Y DA SILVA S.H.", conforme art. 94 del C.P.C.C.N..

A fs. 145, dicha resolución fue confirmada por la alzada. A fs. 209/214, obra la sentencia de primera instancia.

Tras el análisis de los elementos de juicio aportados a la causa el "a-quo" decide en sentido favorable a la pretensión del actor.

Los recursos a tratar llegan interpuestos: por la demandada "TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A.", quien además del fondo de la cuestión apela los honorarios regulados a la representación letrada de la parte actora y del perito contador por estimarlos elevados (fs. 221/228). También la perito contadora cuestiona sus honorarios por estimarlos reducidos (fs. 813). II.- RECURSO DE LA DEMANDADA "TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A.".

Con relación al fondo, son varios los planteos de la reclamante.

a.- Se agravia de que en la primera instancia se la haya declarado solidariamente responsable en aplicación del art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, pero no encuentro razones para apartarme de lo resuelto en el punto.

En relación a este tema recientemente he publicado un nuevo trabajo, en el que realicé algunas consideraciones a las que aludiré a continuación.

La mencionada norma, en el primer apartado se refiere a quienes ceden total o parcialmente a otro el establecimiento o explotación, habilitado a su nombre, contraten o subcontraten, cualquiera sea el acto que le de origen, trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento, dentro o fuera de su ámbito, y dice que deberán exigir a sus contratistas o subcontratistas el adecuado cumplimiento de las normas relativas al trabajo y los organismos de seguridad social.

Hasta allí se marca, por parte del legislador, el ámbito de aplicación territorial y personal de la norma, y, por tanto, corresponde desentrañar, el verdadero alcance de la cuestión planteada.

Y en ese andarivel, es bueno tener presente que no estamos en presencia de una posibilidad de fraude por la interposición de seudoempleadores u hombres de paja, ya que ese supuesto se encuentra contemplado en el artículo 29 de la ley.

En este caso, se encara la responsabilidad como "respuesta" que debe dar el empresario que ceda total o parcialmente a otro al explotación a su nombre, contrate o subcontrate, por los daños contractuales o extracontractuales, que puedan producirse, con motivo del desarrollo integral de su actividad.

Existe una normal estructura empresaria que obtiene un beneficio por la tareas ajenas y que, según la ley manda, debe responder ante la insolvencia del contratista o subcontratista.

No nos encontramos en el caso, ante una situación ilícita, sino por el contrario ante un accionar lícito que exige a quien se beneficia con el accionar de otro, que responda por los riesgos que originen daños y que se le impone asumir.

En esa tesitura, es del caso recordar que la empresa, como organización piramidal y jerárquica, que organiza instrumentalmente medios personales, materiales e inmateriales, ordenados bajo una dirección para el logro de fines económicos o benéficos, está facultada para llevar adelante su proceso productivo de manera concentrada, o encarando un proceso de fragmentación del mismo.

En este último caso, existe una distribución de funciones propias, es decir que son parte de su actividad normal y específica; que no son llevadas a cabo por ella misma, sino por contratistas o subcontratistas que asumen contratos de trabajo, con dependientes, en los términos del artículo 21 de la LCT.

Para enfocar el tema con claridad, debe tenerse presente, que existe una relación entre la empresa principal y el contratista; son contratos entre empresas, que se obligan recíprocamente, en los términos de su convenio.

Empero, pareciera que el eje central del asunto, radica en qué se entiende por "actividad normal y específica propia del establecimiento".

Lo primero que hay que comprender es que estamos en presencia de un supuesto especial de responsabilidad, no ante un efecto expansivo del contrato de trabajo.

Alguna doctrina minoritaria, ha sostenido que no puede haber acción directa de los empleados de una segunda empresa respecto de la primera, porque las múltiples contrataciones que puede realizar una empresa con terceros, están sujetos a la responsabilidad limitada que deriva de lo pactado entre ellos y de la circunstancia de que ningún acuerdo que celebre una de ellas con terceros puede perjudicarla. Se basa lo expuesto en el artículo 1195 del Código Civil.

Sin embargo, aceptar tal posición significaría anular el artículo 30 de la LCT, ya que siempre existe una relación contractual comercial entre dos empresas cuando se ceden total o parcialmente a otro el establecimiento o la explotación habilitado a su nombre; se contrate o se subcontrate.

Esa relación de cesión, contratación o subcontratación, produce efecto entre esas dos empresas, en la medida de su intercambio comercial y se referirá, sin dudas a esa contratación, cesión o subcontratación. La imposición de solidaridad a los efectos de los incumplimientos de los cedentes, contratistas o subcontratistas, no emerge del contrato comercial citado, sino de un tipo de responsabilidad, ajeno a ese contrato, cuya causa no es contractual, sino legal y que encuentra su fuente en el artículo 30 de la LCT.

Ese es el motivo por el cual la responsabilidad del cedente y del cesionario simultáneamente, como marca la LCT, no encuentra obstáculo alguno, nunca en el artículo 1195 del CC. Este último refiere a una cuestión contractual ajena al Derecho del Trabajo, que no impide la vigencia de la solidaridad que marca la ley especial y protectoria.

Si bien es cierto que los contratos sólo producen efectos entre las partes, nada impide que, como en este caso, el legislador imponga la solidaridad pasiva de ambos (cedente y cesionario), frente a incumplimientos que perjudican a terceros; sobre todo, si ese tercero, tal como dijo el año pasado la CSJN, es un sujeto especialmente protegido, y esa tutela especial, emerge de una ley de orden público.

De tal forma, la relación del contratante y el contratista, no produce efectos, por lo expuesto, con respecto al trabajador; y tampoco la relación o contrato de trabajo habido entre el contratista el empresario principal empece a la responsabilidad solidaria que impone la ley, y que no debe confundirse con un efecto contractual.

Dejada de lado entonces la hipótesis, de que el artículo 30 de la LCT, pueda encontrar obstáculo alguno en la norma de referencia, es del caso analizar el debido funcionamiento del instituto.

Lo expuesto, no significa responsabilizar a la empresa cedente de deudas de cualquier naturaleza que pueda contraer el cedido, sino que la ley se refiere exclusivamente a las deudas laborales, las cuales, son, obviamente, consecuencia del incumplimiento de obligaciones que impone el propio artículo 30, ya que sus párrafos siguientes, señalan, sin ambajes, las exigencias que el cedente debe tener para con el cedido, en el ejercicio de un control que la norma le impone, justamente, bajo apercibimiento de solidaridad, a los efectos de la satisfacción de los derechos involucrados.

Esta concepción ha llevado a la doctrina, a ser bastante poco vacilante en la delimitación del territorio del artículo 30.

Para Fernández Madrid, la actividad normal y específica es la que haga posible el cumplimiento de la finalidad de la empresa y que puede ser relativa tanto al núcleo del giro empresario (por ejemplo fabricación de cubiertas en una fábrica de cubiertas), como a los trabajos que coadyuvan al cumplimiento del objetivo correspondiente, pues la empresa es un todo y no puede ser fraccionada en partes a efectos de establecer la posible existencia de responsabilidad solidaria. (Conf. Fernández Madrid, Juan Carlos, Tratado Práctico de Derecho del Trabajo, t. ll, pag 1041, LL, Bs As 2007).

Fernández Gianoti, hizo referencia, a la comprensión no sólo de las actividades necesarias, sino también a las que coadyuven, sean secundarias o colaterales.

Justo López, señala que la solidaridad también se hace extensiva a esas actividades accesorias con tal de que estén integradas permanentemente al establecimiento, y agrega que quedaría afuera, lo extraordinario, en el sentido excepcional y lo eventual.

Comentando, justamente a Justo López, Fernández Madrid, aclara que ese es el motivo por el cual se ha considerado que se trata de las actividades requeridas por la norma, las desarrolladas por las concesionarias de comedores o buffet, y el club donde éste funciona, por el supermercado y la empresa de vigilancia; por la empresa de telefonía y el cableado necesario para su funcionamiento; el servicio de hotelería y el de salud de un sanatorio; el expendio de combustible y los servicios del ACA; el servicio de coche comedor y el brindado por ferrocarriles; los servicios gastronómicos y las exposiciones rurales, etc..

Por su parte Grisolía, sigue en el tema a Hierrezuelo y Nuñez y señala que los términos "específica y propia" que utiliza la ley para calificar la actividad contratada, aluden sólo a los servicios o trabajos permanentemente integrados o inseparables relacionados con la actividad que se desarrolla en el establecimiento (sea dentro o fuera de su ámbito). (Grisolía, Julio A. Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, T l, pág 370, Lexis Nexis, Bs As.2006).

A su vez Maza, comparte la postura amplia y estima que el vocablo "específica", usado por el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, no da pie a excluir aquellas actividades que, siendo normales, confluyen en forma secundaria o indirecta para lograr el objeto de la empresa. (Maza, Miguel, Casos de solidaridad por contratación o subcontratación en el artículo 30 de la LCT, D.T. t Vlll, págs. 913/25).

Vázquez Vialard, ha señalado que en cuanto al elemento que establece la ley como "específica", debe distinguirse, en el proceso de elaboración de un bien o servicio, aquello que es principal de lo que no lo es. Al efecto, no sólo corresponderán, dice, a la primera calificación aquellas labores que atañen directamente al cumplimiento del fin perseguido, sino también aquellas que resultan coadyuvantes y necesarias (aunque secundarias), de manera que no obstante ser auxiliares o de apoyo, resultan imprescindibles para que se puedan cumplir las otras (ya que normalmente integran como auxiliares, la actividad) (Vázquez Vialard, Antonio, Tratado de derecho del trabajo, Ed. Astrea, Bs As, 1982 t. 2, Cap. IV, pág. 358).

Personalmente he tenido ocasión de señalar antes de ahora, que la observación de la realidad que el analista debe hacer respecto al tema de la actividad normal y específica, no puede dejar de ser prudente y cautelosa; no se pueden comprometer patrimonios ajenos con motivo de la garantía precisa marcada por la ley; lo que sí se observa es la razonabilidad de la consideración legal, que no es caprichosa, sino que encuadra en el derecho más antiguo, recogido por el derecho más moderno, que es la importante consideración hecha por el legislador, que ha advertido una realidad que requiere un interés asociativo que justifica, en el supuesto previsto, una estructura obligacional comunitaria, impuesta por la naturaleza misma de la obligación.

Es bueno recordar, en ese sentido, que la solidaridad, según Vélez, nace de cuatro fuentes (arts. 699 y 700 del CC), es decir, puede pactarse, nacer de una decisión testamentaria o de la ley o decisión judicial que tenga fuerza de cosa juzgada.

A ello debe agregarse, que si bien la decisión judicial suele discutirse, hoy por hoy, es aceptada sin mayores reparos en interpretación que considero correcta.

Con respecto a la solidaridad legal (como la del artículo 30 de la LCT), se añade al fundamento general del instituto que es el interés común que conduce al aglutinamiento de vínculos personales, para el mejor servicio de ese interés, la imposición del legislador, de llevar a cabo dicho aglutinamiento de manera imperativa y generalmente sancionatoria, coadyuvando, en el Derecho del trabajo, al principio protectorio, piedra angular y fundamento constitucional de la disciplina.

Por eso, es interesante, a fin de desentrañar el verdadero sentido de la ley, que nos encontramos, en el caso, no ante una extensión contractual que estaría contrariando el artículo 1195 del CC, sino ante una garantía legal, como factor de atribución de responsabilidad generador de una pluralidad de vínculos coaligados, en el decir de Busso.

En varias ocasiones me he referido a los recaudos exigidos pro el legislador y a los alcances de la responsabilidad solidaria, a su vigencia, su violación y las consecuencias de la misma.

En ese andarivel, la norma en estudio requiere de los titulares de los establecimientos, exigir a los contratistas o subcontratistas, el adecuado cumplimiento de las normas relativas al trabajo y los organismos de la seguridad social.

Acompaño el pensamiento de Fernández Madrid, Caubet y otros estudiosos del Derecho del Trabajo, que consideran que la empresa es un todo y que su segmentación no puede ser llevada a cabo en desmedro de los derechos del trabajador y de los organismos de la seguridad social.

No se podría, a la sombra de tales consideraciones, legitimar incumplimientos fraudulentos, objetivamente considerados (Caubet, Amanda Beatriz, citada por Fernández Madrid, Otra vez la responsabilidad del empresario principal que contrata o subcontrata, DEL, marzo 2000, Errepar).

La norma posee, en el párrafo segundo, recaudos que los cedentes contratistas o subcontratistas deberán exigir a sus cesionarios o contratistas.

Así, el código único de identificación laboral de cada uno de los trabajadores que presten servicios y las constancias de pago de las remuneraciones, también copia firmada de los comprobantes de pago mensuales al sistema de seguridad social, una cuenta corriente bancaria de la cual sea titular y una cobertura por riesgos del trabajo, no son más que un anexo de las exigencias previstas en el párrafo primero.

Se trata de una obligación de control, que no puede delegarse en terceros, de cumplimiento personal y continuo, impuesta a favor de cada uno de los trabajadores. Lo dicho no empece que el trabajador y la autoridad administrativa puedan pedir la exhibición de los comprobantes.

A mi modo de ver la negativa de exhibición denota la existencia del incumplimiento y la consecuente violación de la ley que genera la responsabilidad, según surge del propio párrafo siguiente.

La enunciación de la ley, en cuanto a los requisitos expuestos, es meramente enunciativa; aparece brindando ejemplos y deja en claro que la violación de las normas del derecho del trabajo y de la seguridad, incluyendo, obviamente, lo relativo a la extinción del contrato y las obligaciones de seguridad social, son, genéricamente expuestas, la violación de la obligación de garantía que crea la ley.

Es más, la norma expresa la garantía legal y sus consecuencias, generando una obligación "ex lege", cuando expresa: "El incumplimiento de alguno de los requisitos...," párrafo que completa la obligación expuesta, cuando señala: ".y deberá ser exhibido cada uno de los comprobantes.".

Es que son obligaciones ex lege, aquellas cuya causa eficiente reside en el arbitrio del legislador, como por ejemplo la exhibición de libros de los comerciantes, en algunos casos, la exhibición de cosas, etc. (ver, Ferreirós Estela Milagros, "El artículo 30 de la L.C.T.", publicado en revista Nova Tesis, Año 1, nº 4, sept./oct. 2007; ver también Karpiuk Héctor Horacio, "La solidaridad del art. 30 LCT. Naturaleza y Efectos", comentario a fallo, publicado en Revista de Derecho Laboral y Seguridad Social, Lexis Nexis, feb./2008, pág. 239).

En el caso en análisis los testigos que han declarado a propuesta del actor, han dado cuenta de que las tareas de Miraballes consistían en la venta de líneas telefónicas de la demandada "TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A." y el importe por dicha compra venía en la primera factura que era emitida por dicha empresa (ver las declaraciones de: Galeano, fs. 161 y de Díaz, fs. 170). Es más, no me caben dudas entonces, que dichas tareas cumplidas por el actor integran en modo directo la función de comercialización de los productos de la empresa "TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A." y forman parte de su actividad normal y específica.

En tales condiciones propongo se confirme el fallo en cuanto declara la responsabilidad solidaria de "TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A.".

b-. Respecto a la multa contemplada en el art. 15 de la Ley Nacional de Empleo, la misma es procedente, ya que la aplicación de dicha norma -y en consecuencia, el incremento de las indemnizaciones allí prevista- no se encuentra alcanzado por la obligación de comunicar a la A.F.I.P. dentro de las 24 horas hábiles siguientes de impuesta la intimación del art. 11 de la Ley 24.013 (cfme. Art. 47 de la Ley 25.345; ver, autos: "Delgadino, Gustavo c/ Socorro Médico Privado S.A. s/ despido"; S.D. 37.452 del 16.04.04).

c-. En relación a la duplicación que prevé el art. 16 de la ley 25.561, el apelante sostiene que la ley 25.972 -BO 17.12.04-, limitaría la duplicación a la indemnización del art. 245 de la L.C.T., lo que debe ser desechado.

Al respecto debo recordar que esta Sala ha decidido en numerosos precedentes que el espíritu de dicha normativa no fue el de circunscribir el incremento indemnizatorio exclusivamente al rubro "antigüedad" (de hecho, de la propia redacción puede leerse que la remisión al porcentaje adicional que fijase el Poder Ejecutivo Nacional "por sobre la indemnización" no implica limitarla a la indemnización misma) sino que se orientó a prorrogar la suspensión de los despidos sin causa justificada y demás disposiciones contenidas en la última parte del art. 16 de la ley 25.561 (cfme. Dec. 264/02); máxime, cuando aún regía el Decreto 2.014/04 que disponía en su art. 2º que a los efectos del cálculo de las sumas referidas en el art. 1ro., el porcentaje adicional comprende todos los rubros indemnizatorios originados con motivo de la extinción del contrato de trabajo, y no sólo la indemnización del art. 245 de la L.C.T. (en igual sentido, ver de esta Sala los autos "Leguizamón, Miguel Angel c/ S.K.F. Argentina S.A. s/ Despido"; S.D. 39.745 del 21.11.06).

En tales condiciones corresponde se confirme el fallo también en este punto. d.- El apelante también cuestiona que el sentenciante lo haya condenado a pagar al actor la indemnización prevista en el art. 2 de la Ley 25.323.

En el caso, debe tenerse presente que el accionante se vio obligado a iniciar acciones judiciales para obtener la indemnización de los arts. 232 y 245 de la L.C.T. y que se cumplió con el requisito formal que prevé el art. 2 de la Ley ya citada.

Al respecto, deseo señalar que el art. 2 de la Ley 25.323 deviene aplicable a las consecuencias jurídicas o efectos contractuales que no hayan sido cumplidos por el empleador debidamente intimado -como en autos-.

Por otra parte esta norma tiende a reparar el daño que se produce al trabajador cuando no se cumple con lo debido, y a poner un marco diferencial entre el empleador que cumple con las indemnizaciones previstas en la Ley y aquel que no cumple, aun sabiendo que debe pagar (ver: Ferreirós Estela M. "Nuevo régimen de las indemnizaciones laborales establecidos por la Ley 25.323", Errepar-Del-Nº 185-ENERO/01-T.XV). El actor intimó fehacientemente (ver TCL transcripto a fs. 6vta., por medio del cual le reclama que regularice su situación laboral y las indemnizaciones correspondientes) y debió iniciar el presente juicio para obtener el cobro. Por tal motivo, propicio confirmar también este aspecto del fallo.

III.- Respecto a los intereses dispuestos por el sentenciante.

Alega que -a su entender- no corresponde la tasa de interés del 33%.

Al respecto considero que le asiste razón.

En efecto, la Excma. Cámara de Apelaciones del Trabajo, que esta Sala integra, ha dispuesto que sobre el capital de condena determinado en la sentencia deberán calcularse intereses desde que cada suma fue debida y hasta el momento de su efectivo pago a la tasa de interés prevista en el Acta Nº 2.357 únicamente, conf. Resolución de Cámara Nº 8 del 30 de mayo de 2002 (en igual sentido esta Sala en "Rivas, Roberto C. c/ Taym S.A.", sent. 36.178 del 31.5.02; "Rocca, Héctor Adolfo c/ Casa Julio S.A.", sent. 36.891 del 5.08.03, entre muchos otros). A más de ello, no encuentro motivo, por el momento, para utilizar los intereses con función sancionatoria especial en el caso en exámen.

La utilización de los medios legales a los que pueden acudir los jueces y, obviamente, requerir las partes, debe, a mi modo de ver, seguir los caminos que abundantemente nos ofrece el derecho común.

Tanto los incumplimientos obligatorios ajenos al conflicto judicial previos a él, como aquellos que se suscitan como consecuencia de la sentencia me han preocupado de larga data. Así lo expuse en mi obra: "Incumplimiento obligacional", Ediciones La Rocca, Bs. As., mayo de 1998.

En los tiempos que corren, la decisión de la Cámara que esta Sala integra, aparece, a mi modo de ver, ajustada a derecho y a la realidad que nos circunda. La necesidad, por el momento, de un justo equilibrio, deviene de tal forma apropiada, con miras al cumplimiento del contenido de las condenas y del futuro de las mismas.

Es que no advierto en la actualidad económica que nos circunda, la posibilidad de un enriquecimiento sin causa (ver en igual sentido esta Sala en los autos "Guerra, Norberto O. c/ Chulca Impresora S.A. y otros s/ despido", SD. Nº 39713 del 9.11.2006). Por ello, propicio revocar este aspecto del fallo y fijar los intereses únicamente con los alcances establecidos en el Acta señalada precedentemente. IV.- Respecto a las costas, considero que no le asiste razón a la recurrente.

El principio general que consagra el art. 68 del C.P.C.C.N. encuentra su razón de ser en el hecho objetivo de la derrota; quien resulta vencido debe cargar con los gastos que debió realizar la contraria para obtener el reconocimiento de su derecho (CSJN, nov. 91 en "Confederación General de Empleados de Comercio y Otros c/ E. Nacional - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social"), Rev. Doc. Judicial, año VII, Nº 55 del 16.12.92. Ahora bien, en este caso, la parte actora ha obtenido condena favorable en lo sustancial -Arts. 245 y 232 de la L.C.T., art. 16 de la Ley 25.561 y art. 2 de la Ley 25.323-. Por ello, propongo confirmar el fallo también en este punto.

V.- Sobre la base de los trabajos realizados por los profesionales intervinientes, opino que sus honorarios resultan ser adecuadamente remunerativos, por lo que propongo su confirmación (art. 38 de la Ley 18.345 -modificada por ley 24.635- y arts. 3 y 6 del D.L. 16.638/57). VI.- De compartirse mi tesitura, propicio que las costas de alzada sean declaradas a cargo de las demandadas vencidas (art. 68 del Código Procesal) y se regulen honorarios a la representación letrada de fs. 221/228 y a la del actor en el 25%, para cada uno de ellos, de los determinados para la primera instancia (art. 14 del arancel de abogados y procuradores).

EL DOCTOR NÉSTOR MIGUEL RODRÍGUEZ BRUNENGO DIJO:

Por compartir sus fundamentos adhiero al voto que antecede.

EL DOCTOR JUAN CARLOS EUGENIO MORANDO: No vota (art. 125 de la Ley 18.345).

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo el Tribunal RESUELVE: 1) Modificar parcialmente el fallo apelado y disponer que sobre el monto de condena se liquiden intereses de acuerdo a las pautas que se indican en el considerando III. del compartido primer voto. 2) Confirmar el fallo apelado en todo lo demás que decide. 3) Confirmar los honorarios regulados. 4) Costas de alzada a cargo de las demandadas vencidas. 5) Regular honorarios a la representación letrada de la demandada "TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A." y a la del actor en el 25%, para cada uno de ellos, de los determinados para la primera instancia. 6) Se hace saber al obligado al pago del honorario de abogados y procuradores que, en caso de corresponder, deberá adicionar al monto de la regulación el de la contribución prevista en el inc. 2) del art. 62 de la ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se hace saber también que el obligado a afrontar las costas del juicio deberá adicionar en ocasión de abonar la tasa de justicia, la contribución prevista en el inciso 3 del citado artículo 62, todo bajo apercibimiento de comunicar la situación a CASSABA (artículo 80 ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y punto II Acordada CSJN No. 6/05).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.