marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Bancos, responsabilidad del banco, cheque, adulteración de cheque, pago
Materia: COMERCIAL
Carátula: SA DE MANDATOS COADY c/ CITIBANK NA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-05-10

Ante el reclamo efectuado contra un banco por haber abonado un cheque adulterado, la misión del sentenciante no consiste en decidir si existió falsedad -tarea concerniente al perito-, sino en determinar si esta debió resultar manifiesta para el empleado que verifica el cheque, cuya tarea no solo consiste en el control de la apariencia de autenticidad autónoma de las rubricas contenidas en el titulo, sino que ella debe consistir en la verificación de las firmas a partir de su cotejo con las consignadas en registro de la entidad previsto a tales fines, máxime cuando los cheques apócrifos tenían al dorso cierto impreso que no contenían los entregados por el banco, de lo cual se desprende que no existió un examen adecuado, acorde con la especial experiencia de un cajero, que no solo tiene mayor capacidad que el común de la gente para advertir tales anomalías que pueden hacer dudosa la autenticidad del instrumento sino que poseen elementos adecuados y conocimientos como para poder determinar con sencillez la existencia de alguna firma dudosa.
Contratos administrativos, código civil
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Dulcamara  SA . c/ ENTel s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-29

El contrato administrativo queda subsumido en la definición contenida en el art. 1137 del Código Civil y se le aplican, en la medida que no sean incompatibles con sus características propias, las normas del Libro Segundo, Sección III, Título I, de dicho ordenamiento legal.
Transporte, velocidad reglamentaria
Materia: CIVIL
Carátula: D. F. E. c/ A. A. J. y/u otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2012-03-15

No se trata de que el automovilista pueda atrincherarse en cifras permisivas de velocidades máximas admitidas por la ley, pues ellas están circunscriptas por un conjunto de circunstancias que obligan al conductor a manejarse con una cautela, tanto más extrema cuanto lo exijan las peculiaridades del caso, que son las que van a decidir, en definitiva, si la velocidad es no excesiva y a determinar, en consecuencia, la concurrencia de la imprudencia.
Excusación, deberes del juez, deber de imparcialidad
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: GAVILA, JOSE ARTURO s/ INHIBICION. Causa 441
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-26

Aunque la violencia moral o la posible afectación a la garantía de imparcialidad esgrimidas exceden el taxativo enunciado del art. 55 del Código Procesal Penal, lo cierto es que revelan un estado anímico, cuya incidencia en la imparcialidad de los juzgadores no es posible poner de duda por ser magistrados quienes las invocan. Asimismo resulta de suma importancia la transparencia que debe regir todo proceso, no sólo atendiendo a la independencia de criterio e imparcialidad del sentenciante sino también ante la mera posibilidad de duda respecto del juicio que deba emitir.
Sociedades comerciales, facultades de la administración, representación legal, principio de eficacia, principio de apariencia, improcedencia del recurso
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Sojo, Isabel Mercedes c/ Benedit Bursatil SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-30

Para que se configure y sea de aplicación la teoría de la apariencia es menester "...1) que el titular del derecho conozca, o esté en condiciones de conocer, poniendo la debida atención y prudencia, de que alguien está obrando en su nombre; 2) inacción o silencio, no obstante contar con la posibilidad de hacer cesar ese estado de cosas; 3) buena fe de parte de los terceros, vale decir que, aun desplegando la diligencia debida, no pudieron conocer la verdad subyacente" (CNCiv, Sala H, in re "Eisner, Isidoro y otro c/ La Panamericana Cooperativa de Seguros Ltda.", del 22/11/93, LL 1994- D, 320; Colección de Análisis Jurisprudencial Derecho Civil - Parte General Director: José W. Tobías, LL 2003, 530, con nota de José W. Tobías; cita online AR/JUR/2019/1993).
Estafa, ardid, engaño, vicios de la voluntad
Materia: PENAL
Carátula: R., G. s/ Denuncia Estafa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-07-14

El ardid o engaño que el tipo de estafa endilgado exige debe estar dirigido a suscitar un error en la víctima a fin de obtener un acto voluntario. El acto de la víctima es de disposición patrimonial, pero, a pesar de ser voluntario, es antijurídico ya que es producto del error suscitado que origina un perjuicio no querido ni sabido.
Sociedad conyugal, disolución de la sociedad conyugal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Font, Elsa s/ Terceria de dominio en autos "De Antoni viuda de Gatti contra  Pederzoli, Salvador. Danos y perjuicios"
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-03-06

Tras la disolución de la sociedad conyugal por divorcio o separación de bienes cada masa soporta, frente a terceros, su propio pasivo, repartiéndose luego los esposos por mitades (art.1315, C.Civ.) los saldos activos que resten.
Beneficio de litigar sin gastos, costas, monto del juicio, tasa de justicia
Materia: CIVIL - PROCESAL
Carátula: GOMEZ, LUIS c/ ARROZ, ROBERTO ANTONIO Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS ROSON FONTAN, CARLOS MARIANO Y OTROS c/ GARCIA MENDEZ, RAMIRO Y OTRO s/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-11-02|1998-11-02

Si el actor obtiene un beneficio de litigar sin gastos y son impuestas las costas a la contraria, la tasa de justicia debe pagarse de conformidad con el monto resultante en la sentencia o transacción.

No puede reclamarse al accionante el pago de la diferencia existente entre tal cantidad y la peticionada en la demanda.
Dominio público, prescripción adquisitiva
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Novas de Justo, Catalina Nélida y otros c/ Municipalidad de Berazategui s/ Expropiación inversa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-19

El trasvasamiento y afectación al dominio público de un bien de un particular puede producirse tanto a través del instituto de la expropiación, como por medio de la prescripción adquisitiva, si la Municipalidad demandada optó por adquirir el dominio de los bienes afectados al uso público (calle) a través de la usucapión, claro está que no existe una relación expropiatoria entre las partes que nos ubique en la institución de derecho administrativo (expropiación inversa) que rige la ley local 5708 sino que estamos en presencia de una relación de derecho civil regida por el Código de Vélez Sársfield.
Locación de cosas, constitución en mora, interpelación, retención indebida
Materia: CIVIL
Carátula: CICATRADE S.A c/ SANTOS JORGE s/ LOCACION DE COSAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-13

No se aplica tratándose del contrato de locación, el art. 509 del Código Civil, ante la claridad del art. 1622 del mismo, ni tampoco resulta válida una intimación realizada con anterioridad al vencimiento del contrato.
Accidentes de trabajo, subcontratación laboral, empresas de servicios eventuales, responsabilidad solidaria, responsabilidad contractual, responsabilidad extracontractual, cosa riesgosa, daño por el hecho o en ocasión del trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: CASCO, LUIS c/ LINSER  S.A. s/ ACCIDENTE-ACCION CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-31

En principio, la solidaridad impuesta por el art. 30 de la LCT, lo es en relación a las obligaciones contractuales y como tal, no debería entenderse a responsabilidades extracontractuales como las que derivan de los arts. 1109 y 1113 del C.Civil. Sin embargo, tal situación se revierte cuando el daño derivado del accidente sufrido por el trabajador, fue originado por una cosa riesgosa o viciosa propiedad de la principal y de la que se valió la empresa contratada para realizar su labor.
Doctrina de los actos propios, buena fe
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Tarrio, Luis Eduardo c/ Municipalidad de Comodoro Rivadavia s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-11-28

La buena fe, principio cardinal de la doctrina de los actos propios, implica un deber de coherencia del comportamiento, que consiste en la necesidad de observar en el futuro la conducta que los actos anteriores hacían prever. Dicha regla gobierna tanto el ejercicio de los derechos como la ejecución de los contratos, según lo disponen, respectivamente, los artículos 1071 y 1198 del Código Civil y es aplicable por igual en el campo del derecho privado y del derecho administrativo.
Secreto fiscal, renuncia de derechos
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: FIA (expte. 23.330/1581 y otros) y otro c/ EN - M° Economía- AFIP resol. IG 08/06 y otras s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-17

El secreto fiscal se estableció en beneficio del contribuyente o de terceros que podrían verse perjudicados por su revelación y no del Fisco, a quien solo interesa la recaudación cabal del impuesto; por tanto, es un derecho que se le acuerda al contribuyente o responsable y como todo derecho es en principio renunciable y no se le puede impedir que haga uso de esa renuncia en defensa de sus propios derechos.
Medidas cautelares, interés legítimo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PALAZZO CARLOS c/ HEREDEROS DE MORRONI HORACIO s/ Cumplimiento de Contrato (LIBRO: A120 - 149)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1990-06-12

No habiendo probado o demostrado interés jurídico el recurrente, no puede tener andamiento la pretensión impugnativa, la cual, al no exteriorizar finalidad práctica, carece de operatividad.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, resoluciones recurribles, sentencia definitiva
Materia: PENAL
Carátula: Diez, Ramiro s/ Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-12-13

El art. 357 del Código de Procedimiento Penal (según ley 3589 y sus modif.) no amplía el catálogo de casos en que el recurso de inaplicabilidad es formalmente viable sino que sólo tiene por objeto -en su carácter de primera de las "Disposiciones comunes" a que se refiere el Capítulo III- precisar el concepto de "sentencia definitiva" reiteradamente mencionado en los Capítulos I y II dedicados a los recursos extraordinarios. Y esa única condición no basta para que resulte habilitado el recurso de inaplicabilidad de ley; pues deben mediar las restantes, impuestas en el Capítulo II del Título III del Código de Procedimiento Penal. Esta interpretación no es restrictiva sino declarativa de la ley.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Tránsito automotor, régimen de faltas, autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, recurso de inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Línea de Microómnibus S.A.T.C.F. s/ art 6.1.63 y otros ley nº 451 s/ recurso de inconstitucionalidad concedido ley nº 451 s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-08-28

La cuestión relativa al tránsito de la Ciudad de Buenos Aires constituye una materia eminentemente local y, en razón de ello, la determinación acerca de a quién corresponde la verificación de las infracciones en esta materia debe recaer, naturalmente, en cabeza de los Poderes públicos del Estado local. (Voto de la Dra. Ana María Conde).
Accidentes de trabajo, riesgos del trabajo, comisiones médicas, competencia, competencia federal, inconstitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Villalba  Miguel  Angel c/ Provincia  Art. s/ accidente accióncivil.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-14

Tal como estableciera la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Castillo Ángel c/Cerámica Alberdi S.A." (del 07/09/2004), es inconstitucional el art. 46 inc. 1 de la ley 24.557 en cuanto dispone la competencia de la justicia federal para entender en los recursos deducidos contra las resoluciones de las comisiones médicas provinciales, pues no es aceptable que la Nación pueda, al reglamentar materias propias del derecho común -en el caso accidentes laborales- ejercer una potestad distinta de la que específicamente le confiere el art. 75 de la Constitución Nacional. La mencionada ley sólo regula relaciones entre particulares y de sus preceptos no aparece manifiesta la existencia de una específica finalidad federal que sustente una declaración de tal naturaleza. El art. 46 de la ley 24.557 afecta los principios del juez natural y de acceso a la justicia. Al establecer la obligatoriedad de una instancia previa al trámite y duración inciertos, constituída tanto por la intervención de la autoridad de aplicación en materia laboral, como por la esencial actuación de las comisiones médicas, impiden al trabajador ocurrir ante un órgano independiente para exigir la reparación de sus infortunios, restringiendo el acceso a la justicia, excluyendo a la justicia del trabajo y vedando el derecho a reclamar, en consecuencia, ante jueces naturales mediante el debido proceso. Toq. 1233.
Cómputo de la pena, facultades discrecionales del juez, sentencia arbitraria, fundamentación de sentencias, falta de fundamentación
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Bonilla, Rosa Edelmira y otros s/ recurso de casación Causa: 564
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-30

Si bien lo relativo a la aplicación de las reglas de los arts. 40 y 41 del Código Penal es propio de los jueces del mérito, quienes a ese respecto ejercen poderes discrecionales; cabe hacer excepción al principio general en aquellos casos en los que se ha incurrido en una arbitrariedad manifiestamente violatoria de la garantía de defensa en juicio, como sostener la sentencia en afirmaciones abstractas que no condicen con las constancias de la causa; u omitir el tratamiento de circunstancias atenuantes, es decir, cuando el fallo sólo explicó el incremento de la pena sobre la base de pautas objetivas, sin fundar cuales serían las subjetivas que, en conjunta valoración con las anteriores, justificasen el aumento, y omitió considerar la gran cantidad de elementos de juicio favorables respecto del procesado.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, falta de cita legal
Materia: LABORAL
Carátula: Salerno, Constantino y otros c/ A.C.A.(Aut.vil Club Argentino) s/ Diferencia de salarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-05-02

La Suprema Corte no está habilitada para suplir, por inferencia o interpretación la omisión de las citas legales que necesariamente debieron formularse por el apelante (art. 279, C.P.C.C.).
Accidentes de trabajo, acción civil, cosa riesgosa
Materia: LABORAL
Carátula: Cornara  Patricia  de  Jesús c/ Genoni  Carlos  Ruben y otro s/ accidente acción civil.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-11-12

Puede calificarse como "riesgosa" la actividad de movilizar ancianos, levantarlos, bañarlos, acostarlos -con independencia de la movilidad que cada uno puede tener- por tratarse de cuerpos inertes. Resulta aplicable por analogía la doctrina plenaria N° 266 recaída en autos "Pérez Martin c/ Maprico SAICIF", de la que se extrae que "En los límites de la responsabilidad establecida por el art. 1113 del Código Civil, el daño causado por el esfuerzo desplegado por el trabajador para desplazar una cosa inerte, puede imputarse a riesgo de la cosa".
Proceso contravencional, prueba, facultades de la Cámara de Apelaciones, apreciación de la prueba, recurso de apelación (procesal)
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: L, M. A. s/ Ley N° 255
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-05-29

El artículo 51 de la Ley de Procedimiento Contravencional dispone que al declarar la nulidad de la sentencia recurrida, corresponde a esta Alzada dictar nueva sentencia con arreglo a derecho. Sin embargo, de la lectura del fallo en crisis se desprende que el a quo no ha merituado las pruebas producidas durante la audiencia de juicio, por lo que mal podría este Tribunal efectuar tal valoración.

Dado que es función propia del Juez de grado proceder a la ponderación de dichas probanzas, queda reservado en todo caso a la Cámara revisar si el mérito que de ellas ha hecho el Magistrado se ajusta a derecho. Lo contrario importaría actuar con exceso de jurisdicción, vulnerando las garantías constitucionales de doble instancia, derecho de defensa en juicio y debido proceso legal.

Tampoco es posible resolver ordenando el pase de los actuados al Juez que sigue por turno, toda vez que habiendo dictado el a quo sentencia absolutoria, ello supondría tanto como someter a la inculpada a las contingencias de un nuevo juicio con la consiguiente afectación de las garantías constitucionales antes citadas.

Así, en las condiciones en que se encuentra la presente causa, no queda otro camino que absolver a la imputada. (Del voto de la Dra. Robledo)
Acción de amparo, derechos del aborigen, pueblos originarios
Materia: CIVIL
Carátula: GERÓNIMO SEVERINO- COMUNIDAD ABORIGEN PIEDRA NEGRA c/ EJESA s/ AMPARO EJESA s/ AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2011-08-19

Le asiste a la Comunidad Aborigen de Piedra Negra el derecho a exigir la participación que le garantizan tanto los tratados internacionales como la legislación nacional de fondo, a ser consultados y a opinar, con lo cual esta medida de amparo es procedente, como un modo de tutelar judicialmente sus derechos, supliendo la omisión administrativa incurrida.
Administración Pública, medidas cautelares, acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CANCINOS, DARIO EDGARDO c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-09-20

Corresponde rechazar la cautelar de suspensión de la ejecución del acto administrativo que dispuso la cesantía, si la decisión provino de autoridad competente en atribución de facultades constitucionales y se dictó de conformidad al ordenamiento jurídico vigente.-
Responsabilidad extracontractual del Estado, prescripción
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Sein, Horacio E. c/ E.N. s/ Juicio de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-11-18

Cuando no existe contrato que vincule al Estado, la prescripción de la acción del particular para demandarlo por los daños causados por hechos o actos administrativos, es de dos años (art. 4037 C.C ); sin que quepa distinguir a tal fin sobre el carácter legítimo o ilegítimo de la actividad estatal generadora del perjuicio. Dicho plazo corre desde que el evento causante del daño se produce y, por excepción desde que el damnificado hubiera tomado conocimiento del hecho y de sus consecuencias dañosas; pero tal criterio está supeditado a que se encuentre expedida la acción.
Indemnización, privación del uso de la cosa
Materia: CIVIL
Carátula: C., M.A. y Otro c/ D., R.C.A. y/o Qien Resulte Responsable s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-03-24

La sola privación de uso de cualquier cosa que se encuentre en el patrimonio del sujeto, aún cuando sea solo el derecho a usar una cosa ajena, le ocasiona a éste un daño económico, que a veces es "positivo", por los desembolsos que debe efectuar para reemplazar al objeto, y otras veces se hace sentir "negativamente" representándose por las actividades que se deben suspender o dejar de realizar.
Incidentes, prueba, valor probatorio
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: VERGARA, J. s/ INCIDENTE    NULIDAD
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-30

El valor de las piezas probatorias no admite cuestionamiento por vía incidental.
Policía, pautas, constitucionalidad, acto administrativo, incompetencia, nulidad del acto jurídico
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: GONZALEZ, JOSE ERNESTO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ Expte  N. 425-85)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-09-15

Si bien existen precedentes en los cuales se consideró inconstitucional a las "pautas para el funcionamiento de las Juntas de Calificaciones" dictadas por el Jefe de Policía, en razón de la incompetencia del órgano del cual emanaron, existen otros en los cuales se desestimaron dichos planteos de inconstitucionalidad que por no acarrear perjuicios concretos, carecían de decisividad. Por tal razón debe desestimarse el planteo efectuado en el presente caso, cuyas deficiencias alcanzan tanto a la necesaria precisión de las razones que determinarían la inconstitucionalidad, como a su decisividad para la resolución de la litis.
Empleo público, cesantía
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GEREZ CARLOS RENE c/ PROVINCIA DE CORDOBA s/ RECURSO DE REVISION - EMPLEO PUBLICO - CESANTIA - DAÑO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-06-23

La cesantía ilegítima lleva en si misma la prueba del daño causado al agente separado del cargo, porque ese hecho hace perder el derecho a la percepción de los haberes privando al empleado cesante de una causa legitima de incremento patrimonial, es decir, frustrando una ventaja económica que el agente hubiera podido obtener de no haberse interpuesto el hecho ilícito. La existencia del daño queda probada por la sola demostración de la cesantía, de modo que es la otra parte la que debe producir la prueba contraria demostrando que no hubo daño porque el empleado cesante consiguió ocuparse nuevamente en un trabajo remunerado. Esta prueba no puede imponerse al demandante porque el ya ha demostrado el hecho constitutivo del daño que es la cesantía y no tiene por que asumir la prueba de los hechos extintivos porque esta es una carga que corresponde al adversario.
Derechos y garantías constitucionales, derechos personalísimos, derecho a la vida, derecho a la salud, obras sociales, medicina prepaga
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Hospital Británico de Buenos Aires c/ Estado Nacional (Ministerio de Salud y Acción Social).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-13

La ley 24.754 representa un instrumento al que recurre el derecho a fin de equilibrar la medicina y la economía, puesto que pondera los delicados intereses en juego, integridad psicofísica, salud y vida de las personas, así como también que más allá de su constitución como empresas los entes de medicina prepaga tienen a su cargo una trascendental función social que está por encima de toda cuestión comercial (Voto del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Costas, costas al vencido, exención de costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Basabé, Luis Alberto c/ Márquez, José Alberto s/ Daños y perjuicios Santos hermanos S.A. c/ Laninco S.A. s/ Rescisión de contrato y daños y perjuicios Delgado, Emilia G. c/ Reis, Manuel y otra s/ Consignación D.G.I. c/ Belestrero, Juan Carlos. Concurso s/ Incidente de revisión. Ortiz de Franco, Agustina y otros c/ Serrano, Juan Carlos y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-02-28|1988-05-03|1991-06-18|2000-06-28|2001-03-28

El requisito de expresar el mérito de la eximición de costas contenido en la segunda parte del art. 68 del C.P.C.C. exige se proporcionen motivos valederos para adoptar una solución que se aparte de la circunstancia objetiva de la derrota establecida como principio general, facultad que, según se ha resuelto reiteradas veces, debe interpretarse restrictivamente.