Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-03-18


SENT Nro. 138 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 18 DE MARZO de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana, René Mario Goane y Alfredo Carlos Dato, bajo la Presidencia de su titular doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "Orellana, Dardo Horacio vs. Municipalidad de San Miguel de Tucumán s/Cobro de pesos ".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores René Mario Goane, Alfredo Carlos Dato y Héctor Eduardo Aréa Maidana, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

I.- La parte actora, a fs. 113/130, deduce recurso de casación en contra de la sentencia Nº 332, del 24 de octubre de 2001, de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala II, corriente a fs. 108/109 vta. de autos, que es concedido mediante resolución del referido tribunal del 10-6-2002 (cfr. fs. 152 y vta.), habiéndose dado cumplimiento con el traslado que prevé el artículo 816, in fine, del CPCC, siendo esta normativa de aplicación supletoria en el fuero por expresa disposición del artículo 89 del Código Procesal Administrativo.

II.- Sostiene el recurrente, en sustento de su pretensión impugnativa, que la sentencia atacada quebranta los artículos 210 y 211, del CPCC, y 17 y 18 de la Constitución nacional; asimismo, la tacha de arbitraria y lesiva al principio de razonabilidad.

Luego de reseñar los antecedentes de la causa y reproducir el escrito de fs. 94/100 vta., por el que contestó el traslado que oportunamente se le corriera, manifiesta que el pronunciamiento en recurso lo agravia debido a que incurre en infracción a la norma de derecho adjetivo, al privar de efecto interruptivo a un acto que ostenta tal característica, cual es la solicitud de audiencia de conciliación de fs. 86.

En esta dirección señala que el mismo autor citado por el fallo (Fornaciari) avalaría su posición, al conferirle carácter impulsivo al mencionado acto; agrega que dicha actuación satisface todos los requisitos enumerados por aquel autor para que un acto procesal pueda ser considerado como impulsivo, ya que resulta adecuado al estado de la causa, pues el artículo 38 del CPCC justamente así lo contempla, quedando a criterio del juzgador y/o de las partes la apreciación de su conveniencia, pertenece al objeto litigioso, tiene por finalidad directa e inmediata arribar a una conciliación, y posee idoneidad suficiente para impulsar el desarrollo del proceso, desde que fue con ese propósito que se solicitó la convocatoria a la audiencia de conciliación, de tal suerte que si la misma se hubiere llevado a cabo, afirma, las partes probablemente hubieran conciliado.

Arguye que, desde un punto de vista genérico y objetivo, una presentación de este tipo reviste entidad para activar el proceso, pues cabe la posibilidad que sea acogida, se convoque a la audiencia y se arribe a un acuerdo que ponga fin al litigio, con lo que no sólo adelantaría el proceso, sino que el avance habría sido de tal magnitud, que conduciría a su extinción. Y desde un análisis subjetivo de la situación, alude a las circunstancias del caso que, en su opinión, otorgan entidad interruptiva al requerimiento, al evidenciar que el mismo fue oportuno porque existía una real y cierta posibilidad conciliatoria (embargo preventivo anterior en su favor; los respectivos respondes de las coaccionadas en el que reconocen los hechos invocados por su parte y sólo niegan formalmente su derecho al cobro de las diferencias salariales, quedando como único tema el determinar quién es el verdadero responsable, y la circunstancia que la dación en pago del dinero depositado no afecta directamente al erario público).

Cuestiona el hecho que la sentencia en crisis aluda a la "falta de motivación suficiente al pedido de audiencia de conciliación" (fs. 108 vta.), como un argumento más para restar eficacia interruptiva al acto, y al tácito consentimiento a la tajante negativa del proveído de fs. 87 vta., siendo que dicho consentimiento obedeció simplemente a que tratándose la referida convocatoria de un acto facultativo del juez, carecía de sentido insistir sobre el particular, a lo que se suma que no existía tampoco vía recursiva idónea para atacar el acto.

Critica, en los términos de fs. 125 vta., el razonamiento del tribunal que sostiene que la petición de una audiencia de conciliación no es uno de los modos normales de finalización del proceso, por lo que la solicitud no estuvo dirigida en forma directa e inmediata al desenvolvimiento de la relación jurídico procesal, hasta la sentencia decisiva del derecho de las partes. Asimismo, por las razones que expone a fs. 128 vta./129 de autos, controvierte el argumento sentencial de fs. 109, cuarto párrafo, formulado por el tribunal a mayor abundamiento.

Analiza también el tema a la luz de las opiniones doctrinarias y jurisprudenciales que cita, e indica que el fallo en recurso realiza un juicio de valor equivocado y parcializado acerca de la eficacia o adecuación del acto susceptible de interrumpir la perención, incurriendo en una infracción a la norma procesal, toda vez que el error en la elección de los medios no autoriza a decretar la caducidad de la instancia ni a negar la jurisdicción, porque el ejercicio de esa vía no está condicionado por la eficacia final de las solicitudes formuladas.

Alega que el pronunciamiento impugnado omitió aplicar las reglas y/o criterios de hermenéutica que rigen en la materia, esto es, que la caducidad es un instituto no valioso, de carácter excepcional y de interpretación restrictiva, y que en caso de duda debe considerarse impulsiva a la diligencia.

Expresa que la sentencia recurrida consagra un criterio que constituye un despropósito, una arbitrariedad intolerable, un grave atentado contra las leyes del raciocinio, y concluye agraviándose de la imposición de costas resuelta en la instancia de grado, fundando tal impugnación en la circunstancia que se prescindió de la razón probable para litigar que asistió a su parte por tratarse, en el peor de los casos, de una cuestión discutible.

III.- Siendo inherente a la competencia funcional de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo de esta Corte, como tribunal del recurso de casación, la de revisar si el mismo ha sido correctamente concedido, la primera cuestión a examinar es la relativa a su admisibilidad.

Así, ha sido interpuesto en término, conforme surge de lo actuado a fs. 110 y del cargo actuarial inserto a fs. 130; el acto judicial impugnado constituye una sentencia definitiva en los términos del artículo 813, inciso a) y 814 a contrario sensu; no corresponde efectuar el depósito exigido por la ley de rito en mérito a que el recurrente actúa con el beneficio de litigar sin gastos conferido por Resolución Nº 429, del 18-12-2001 (cfr. fs. 39 del incidente sobre el beneficio de litigar sin gastos que tengo a la vista); el escrito recursivo se basta a sí mismo en cuanto a sus fundamentos fácticos y jurídicos y propone doctrinas legales, y la impugnación recursiva se motiva en la invocación de infracción a normas de derecho, salvo en lo que se refiere al agravio vinculado a la imposición de costas, ya que dicho planteo debe considerarse inadmisible, conforme se considera infra. En consecuencia, el recurso resulta parcialmente admisible; voto porque así se declare.

IV.- La cuestión a resolver en esta instancia radica en determinar si lo concluido por el pronunciamiento recurrido -en el sentido que la solicitud de audiencia de conciliación de fs. 86 no constituye un acto impulsivo del proceso y, por consiguiente, la instancia se encuentra perimida-, resulta o no arreglado a derecho.

En esta perspectiva, interesa recordar que en el referido escrito la representación letrada del actor, invocando el estado procesal de la causa y las posiciones asumidas por los litigantes, impetró al juzgador que, en uso de las facultades conferidas por el artículo 38 del CPCC, de aplicación supletoria en el fuero merced a lo dispuesto en el artículo 89 del CPA, citara a las partes a una audiencia de conciliación tendiente a poner fin a la presente causa (cfr. fs. 86). Tal pedimento fue rechazado por el tribunal sin haber corrido traslado del mismo a las codemandadas, en estos términos: "Por el modo en que quedó trabada la litis, no resulta oportuno el llamado a una audiencia conciliatoria, la que será convocada por el Proveyente o el Tribunal en los términos del art. 38 del CPCC para el caso de considerarlo conveniente" (cfr. fs. 86 vta.).

Considero que el artículo 38 del CPCC -que conforme se vio, fue tenido presente, tanto por la Presidencia de la Sala como por el recurrente-, se erige en el elemento dirimente de la presente pretensión impugnativa.

En efecto, dicha norma, que forma parte del capítulo IV (que lleva por título "Deberes y facultades del órgano jurisdiccional"), del título I del libro I del CPCC, prescribe en su parte pertinente, refiriéndose a los jueces, que "Podrán procurar en cuanto sea compatible con el ejercicio de su función, que los litigantes pongan término a sus diferencias por medio de avenimientos amigables, a cuyo efecto podrán citarlos en cualquier estado de la causa y proponerles bases de arreglo. La mera proposición de fórmulas conciliatorias no importará prejuzgamiento".

De los expresos términos en que ha sido concebido este dispositivo se desprende que lo relativo a la oportunidad o conveniencia de convocar a una audiencia de conciliación con el propósito que las partes pongan fin a sus diferencias y arriben a avenimientos amigables, constituye una competencia propia y privativa del órgano jurisdiccional que ha sido diferida clara y contundentemente por la ley de forma a su criterio prudencial, sin que a lo dicho constituya el menor obstáculo, la circunstancia que llegue a admitirse la posibilidad que las partes formulen peticiones en idéntica inteligencia, más allá que se haya llegado a sostener que "Recalcando las directrices expuestas, se ha señalado que la facultad de convocar a las partes a la presencia del juez resulta privativa del mismo, en virtud de las potestades instructorias conferidas por el artículo 36, inciso 4º de la ley adjetiva, por lo que no es dable que puedan ser solicitadas, ni sugeridas por las partes al constituir una prerrogativa discrecional de la que está investido el intérprete; deviniendo inapelable la resolución que recae sobre el particular Cám. 1ª, sala II, La Plata, causa 155.165, reg. int. 57/73- Cám. 2ª, sala III, La Plata, causa B-32.237, reg. int. 188/71" (cfr. Morello, Augusto Mario, Sosa, Lucas Gualberto y Berizonce, Roberto Omar: "Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación", II-A, págs. 648/649).

Es así que no puede dejar de advertirse, en orden al adelantamiento del proceso y, por ende, al cumplimento o incumplimiento del plazo de caducidad de la instancia, la sustantiva diferencia que existe entre la mera petición de parte dirigida a que se convoque a una audiencia de conciliación, y la actividad procesal desplegada en esa dirección por el órgano jurisdiccional, en la medida que del texto mismo de la norma sub examine fluye con nitidez que se ha depositado en el magistrado la facultad de apreciar las circunstancias del caso y proceder en consecuencia, sin que sea necesario el estímulo externo o rogación de parte para que la prerrogativa en cuestión pueda ser actualizada.

Por lo tanto, el tópico en examen es una evidente manifestación de la condición de director del proceso que inviste el juez o tribunal, al encontrarse facultado a intervenir activamente en él e impulsarlo mediante la convocatoria de las partes a una audiencia de conciliación en cualquier estado de la causa, referencia esta que, indiscutiblemente, tiene como destinatario al juez y no a las partes, siendo por consiguiente incorrecto pretender argumentar con ello en favor del carácter interruptivo de la aludida solicitud afirmando su adecuación al estado de la causa.

Queda claro que, en la especie, se está en presencia de una facultad de naturaleza ordenatoria del órgano jurisdiccional que, en ciertos casos -como por ejemplo al que hace mención expresamente la segunda parte del precitado artículo 38, tercer parágrafo del CPCC-, se transforma y convierte en una conducta obligada para el magistrado; y ello está expresamente reconocido por el mismo recurrente al manifestar en su escrito casatorio que consintió el proveído de fs. 86 vta. "...porque al tratarse la convocatoria de audiencia de conciliación de un acto facultativo de los jueces, no tenía sentido insistir al respecto, ni existía vía recursiva idónea para atacar el decreto referido" (cfr. fs. 125).

De allí entonces que, en mi criterio, la sola solicitud de audiencia de conciliación formulada por una de las partes, carece de idoneidad para traducirse en un acto procesal que tenga la "virtualidad" de hacer avanzar el proceso, esto es, no posee la dirección apta para comunicar un adelanto al estado del juicio y la fuerza ejecutiva para obtenerlo, aunque de hecho tal finalidad se frustre (CSJTuc., sentencias nº 246, del 25-4-97; 44, del 22-2-99, entre otras). En nuestro ordenamiento de forma, tal entidad impulsiva la posee incuestionablemente el acto proveniente del órgano jurisdiccional que ordena la realización de la audiencia de marras, pero nunca una mera petición, como acontece en el sub lite, de la que ni siquiera se llegó a correr traslado a la otra parte y fue rechazada categóricamente por providencia del 25-8-2000, de fs. 86 vta., en los términos transcriptos precedentemente, y en la que acertadamente se señala el carácter potestativo del juez o tribunal de la prerrogativa en cuestión.

En este orden de ideas se ha dicho que el pedido, por parte de la actora, de designación de una audiencia a los fines del art. 36, inc. 4º, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, no puede considerarse acto que tienda a impulsar el procedimiento y, por ello, no interrumpe el plazo establecido para que se produzca la caducidad de la instancia (CNCom., sala A, 29-3-74, ED, 59-322).

Lo hasta aquí considerado es por demás suficiente para desestimar la presente pretensión impugnativa, tornando inoficioso hacerse cargo de los restantes agravios formulados por el recurrente.

Por lo expuesto, corresponde no hacer lugar al recurso de casación planteado por la parte actora en contra de la sentencia Nº 332, del 24 de octubre de 2001, de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala II, obrante a fs. 108/109 vta. de autos, en cuanto la misma hace lugar al incidente de caducidad de la instancia deducido por la demandada en autos; voto porque así se declare.

En lo referente al agravio por el que se cuestiona la imposición de costas resueltas por el a quo aduciendo que se prescindió de la razón probable para litigar que asistió a su parte, cabe poner de resalto que, en esta materia, es principio general receptado por esta Corte que, el modo de distribución de los gastos causídicos configura una cuestión de hecho librada al prudente arbitrio de los jueces de mérito, insusceptible de revisarse en vía casatoria, salvo supuestos de arbitrariedad manifiesta o violación de los principios de la lógica (CSJTuc., sentencias nº 325, del 14-10-93; 181, del 21-3-96, entre varias otras), los que no concurren en la especie, atento a lo considerado precedentemente.

V.- Atento al resultado a que se arriba, por el principio objetivo de la derrota, las costas de esta instancia casatoria se imponen a la vencida, actora en autos (artículos 106, primera parte, del CPCC, y 89 del CPA).

Los señores vocales doctores Alfredo Carlos Dato y Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijeron:

Estando conforme con los fundamentos dados por el vocal preopinante, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo y habiendo dictaminado el Ministerio Fiscal a fs. 161/162, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, se R E S U E L V E :

I.- DECLARAR INADMISIBLE y, en consecuencia, mal concedido, en lo que respecta al agravio vinculado a la imposición de costas, el recurso de casación planteado por la parte actora en contra de la sentencia Nº 332, del 24 de octubre de 2001, de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala II, glosada a fs. 108/109 vta. de autos; en lo demás, NO HACER LUGAR a la referida pretensión impugnativa, todo conforme a lo considerado.

II.- COSTAS de esta instancia casatoria, como están consideradas.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios.

HAGASE SABER.

HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA RENE MARIO GOANE ALFREDO CARLOS DATO