marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, depósito previo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lieman S.A.F.I.C.I.A. c/ Martinez, José Luis s/ Cobro ejecutivo - Reconstrucción de expedientes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-08-13

No son irrazonables las limitaciones establecidas en los arts. 278 y 280 del actual cuerpo legal, en cuanto al monto del pleito para la concesión del recurso de inaplicabilidad de ley, como la carga económica del depósito previo en la forma y condiciones que se determinan, motivo por el cual no se vulneran derechos o garantías constitucionales, pues la Suprema Corte de Justicia conoce de este recurso -según las prescripciones de la Constitución Provincial- con las restricciones que las leyes procesales establezcan. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de apelación (procesal), resoluciones apelables
Materia: PROCESAL
Carátula: SALIVA A. D. c/ PICASSO A. R. s/ COBRO DE PESOS - QUEJA INTERPUESTA POR A.D. SALIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1991-05-22

Tanto la previa determinación de bienes para ordenar una cautelar, como el diferimiento de lo peticionado hasta que sea sustanciado y resuelto un recurso de apelación otorgado en el principal, son providencias que no causan gravamen y por lo tanto no resultan apelables.
Competencia, competencia por el territorio, estafa
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Castillo, Silvia Liliana c/ Defraudación en su perjuicio s/ Cuestión de Competencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 1996-05-14

La conducta denunciada en el presente caso es de índole positiva, se trata de un tipo comisivo, y por lo tanto, el lugar de perpetración del delito debe situarse en aquél en que tuvo lugar la misma. Por otra parte, la defraudación requiere la producción de un perjuicio apreciable pecuniariamente sobre el patrimonio del sujeto pasivo como resultado de esa actividad del ofensor. Respecto al hecho que se investiga, ambas circunstancias se generaron en la Ciudad de Río Grande conforme surge de los dichos de la denunciante y la documental agregada. Así, el negocio comercial y la disposición patrimonial por parte de la presunta víctima se sucedieron en esa Ciudad.
Automotores, inscripción registral
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pratolongo, Héctor Edgardo s/ Información sumaria s/Inscripción de automotor
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-08-17

La Dirección de Automotores es el Organismo de Aplicación del dec.

ley 6582/58 (art. 7 del mismo y 1 del dec. 335/88). Y si a la oposición de la misma para la inscripción de que se trate se la considera improcedente, el interesado dispone precisamente de la vía recursiva prevista en los artículos nuevos, sin número, que fueron incorporados por la ley 22977 al dec. ley 6582/58 y en el 16 del dec. 335/88. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Modificación de la cosa juzgada, despido, viajantes de comercio
Materia: LABORAL
Carátula: Mattos, Mario Alberto c/ Petronas Lubricantes Argentinas S.A. y otro  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-04

La demandada se agravia porque se le reconoció al accionante la condición de viajante de comercio. El actor tenía a su cargo la "concertación" de las ventas, la visita de clientes importantes y cobraba premios por cumplimiento de objetivos pero no comisiones por ventas. El régimen de viajantes de comercio se aplica a una categoría de trabajadores que tienen como función principal vender en representación de su empleador o, en sentido más amplio, concertar las ventas. Sus notas esenciales son dos: que exista venta por cuenta y orden del principal y que la misma se realice "principalmente" fuera de la empresa. No esta corroborado en la causa que el actor efectivamente concertara operaciones de compraventa de los bienes comercializados y/o producidos por la demandada, ni que lo hiciera como actividad principal. Cabe destacar que no obsta a la aplicación del estatuto la circunstancia de que el trabajador cumpla otras funciones además de la concertación de ventas, siempre y cuando ésta última constituya la tarea prevaleciente y principal respecto de las otras presentaciones asignadas por la empleadora. La ley 14.546 no exige que la actividad de viajante sea predominante o única, y sí solamente que se habitual. Pero cuando aquél cumple varias funciones para un mismo empleador, se aplica el estatuto sólo si la concertación de ventas es la actividad principal, esta individualizada y califica el empleo desempeñado. Las tareas realizadas por el actor -asesoramiento, ofrecimiento, negociación, seguimiento de pedido, atención de reclamos, etc.- no implicaba la concertación de operaciones de venta ni la realización de tareas como vendedor. En consecuencia es una actividad ajena al régimen especial previsto en la ley 14.546. Cabe modificar la sentencia de primera instancia. (Del voto del Dr. Sudera, en minoría).
Acción de amparo, actos u omisiones de particulares, cuestión abstracta
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: MARIO O. GOIJMAN c/ CONFEDERACION ARGENTINA DE VOLEIBOL s/ ACCION DE AMPARO - CUESTION ABSTRACTA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-11

Es inoficioso el pronunciamiento de la Corte en el amparo interpuesto a raíz de la expulsión del actor por el consejo directivo de una entidad deportiva, si tres días antes de dictarse el fallo de segunda instancia, dicha entidad realizó una asamblea con presencia del patrocinante del actor, que confirmó la sanción del Consejo directivo; no obstante, y con el fin de evitar que el pronunciamiento apelado, que hizo lugar al amparo, cause un gravamen no justificado, por la manera en que ha quedado limitada la relación procesal, corresponde revocarlo.
Servidumbre de paso, constitución de servidumbres
Materia: CIVIL
Carátula: ALL FLAGS S.A. c/ G., S. y Otros (ACC/CONFESORIA) s/ ORDINARIO s/CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-03-26

Dentro de este razonamiento normativo, es preciso recordar que el art. 3050 del Código Civil, establece que: "La servidumbre concluye cuando no tiene ningún objeto de utilidad para la heredad dominante.

Un cambio que no quitase a la servidumbre toda especie de utilidad, sería insuficiente para hacerla concluir."; y a su vez el art. 3005 del citado código, dispone que la servidumbre real debe asegurar una ventaja real a la heredad dominante, ya que no se pueden establecer limitaciones al derecho de propiedad que no reporten ventaja para nadie.

Es decir si después de constituída, la utilidad desaparece, la servidumbre se extingue. Entonces, desaparecido el estado de necesidad del predio, la misma ley le permite redimir su derecho desmembrado; es decir en la hipótesis del art. 3068 del Cód. Civil, si concedida la servidumbre de tránsito llega a no ser indispensable al predio encerrado por haberse establecido un camino, o por reunirse el fundo con una heredad que comunique con la vía pública, el dueño del predio sirviente puede pedir que se lo exonere de la servidumbre, porque aquí la constitución de la servidumbre no fue un acto voluntario de él sino forzoso...".
Medidas cautelares, verosimilitud del derecho invocado
Materia: PROCESAL
Carátula: "Medifarm  S.A. c/ E.N.  -AFIP  DGI  (AG  5) s/ Medida Cautelar(Autónoma)".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-28

El Tribunal no tiene la obligación de efectuar un examen jurídico riguroso, sino sólo es menester examinar si el derecho invocado por el peticionario tiene o no apariencia de verdadero;

es más el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar que no es otra que atender aquello que no excede el marco de lo hipotético, dentro del cual, asimismo agota su virtualidad ( Fallos:

306:2060) (Cons.VI).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, fundamentación suficiente, Municipalidad, poder de policía, deber de vigilancia, responsabilidad por omisión
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: MANTARAS, MANUEL IGNACIO c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2012-11-13

La postulación de la impugnante queda enmarcada en el mero disenso conceptual acerca de cuestiones de hecho y de derecho que escapan a la órbita del remedio extraordinario, por cuanto en lo que hace al soporte en que se asienta la responsabilidad atribuida a la demandada la sentencia atacada cuenta con fundamento suficiente en relación a qué deber o mandato expreso establecido por norma especial, o bien, derivado razonablemente de los principios que informan el ordenamiento jurídico, infringió la Administración. Al respecto la Corte nacional señaló la abstención ilegítima del Estado como factor de atribución, en numerosos precedentes; y concluyó que en los casos en que se pretende atribuir responsabilidad al ente estatal por omisión es preciso que se trate de una obligación, de un deber concreto a cuyo cumplimiento pueda ser compelida la Administración, pudiendo sólo existir una omisión antijurídica cuando sea razonable esperar que el Estado actúe en determinado sentido para evitar daños de cualquier tipo (Cassagne, Juan C., "Derecho Administrativo", T. I, pág. 301, Ed. Abeledo Perrot, Bs. As. 2000; Andrada, Alejandro D., "Responsabilidad del Estado y de los Funcionarios Públicos", pág. 196 y ss., Ed. La Ley, Bs. As., 2008) (Citas: CSJN: Vadell, Jorge F. v. Prov. Buenos Aires, LL 1985-B-3) (De los fundamentos del Dr. Netri)
Competencia por el territorio, concursos
Materia: COMERCIAL
Carátula: STAGNOLI, MIGUEL s/ CONCURSO PREV.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-10

En tanto de conformidad con el art. 3 inc. 1 de la ley 24.522, el concurso de una persona de existencia visible debe tramitar ante el juez del lugar donde el peticionario posee la administración de sus negocios, y -según constancias de la causa-, la dirección de los negocios se desarrolla en su domicilio de esta ciudad y gran número de acreedores también se encuentran en esta jurisdicción, un juez de esta ultima es la que debe intervenir. Disidencia del Dr. Monti.
Falta de acción, inexistencia de delito
Materia: PENAL
Carátula: DUPONT, GREGORIO s/ EXCEPCION - FALTA DE ACCION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-12-15

No es admisible la discusión por vía de la excepción de falta de acción, la existencia o inexistencia del delito, salvo en el supuesto que su inexistencia surja con toda notoriedad y ello pueda apreciarse a primera vista, lo que no se da en el caso de autos, por cuanto aún de estimarse por vía de hipótesis que las razones esgrimidas por la defensa aparezcan atendibles dada la naturaleza y características de las causales de inimputabilidad aducidas es innegable que el éxito o no de su pretensión procesal derivará de la lógica observancia de cada uno de los estados por los que debe transitar todo proceso.
Tercerías, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Chatruc, Oscar H. y otros s/ Tercería
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-08-04

Las costas por los actos procesales posteriores a la notificación de la promoción de la tercería -salvo que fueran consecuencia de los anteriores- y, por supuesto, las provocadas en dicho pleito que no concluyera con el allanamiento del embargante, se han de regir por el principio general que en la materia sienta el art. 68 del CPC, sin perjuicio de que el juzgador pueda actuar las facultades eximentes que le confiere el segundo apartado de la misma norma.
Reconocimiento en rueda de personas, declaración autoincriminante
Materia: PENAL
Carátula: AGUIRRE, Héctor Pablo s/ Habeas corpus
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-10-06

Habiendo sido colacionado a estos autos como testigo, lo que importa que sus aportes al proceso lo son bajo las formalidades del juramento de decir verdad (art. 152 párr. 2º del C.P.P.), compelerlo a integrar una rueda de personas tendiente a -en el mejor de los casos- comprobar su desvinculación con el hecho denunciado, importa, en espectativa, una violación a un derecho de raigambre constitucional como el de que nadie será obligado a declarar contra sí mismo (art. 18 de la Constitución Nacional). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Prueba testimonial, declaración de la víctima, víctima menor de edad, testigo único, abuso sexual calificado por acceso carnal
Materia: PROCESAL
Carátula: A.G.A S/ABUSO SEXUAL SIMPLE AGRAVADO Expte. Nº 2665 (A-566/07/T.S.J.). s/ RECURSO DE CASACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2008-08-19

En los hechos de abuso sexual este Alto Cuerpo expresó que el carácter de testigo único que reviste la víctima no descalifica su procedencia como prueba pertinente y útil; por ello, pretender revocar una sentencia condenatoria por el delito de abuso sexual con acceso carnal, alegando que lo único que sustenta la acreditación del mismo es la versión del hecho aportada por la víctima, atenta contra una regla de la experiencia común como es, que los delitos contra la integridad sexual no suelen cometerse frente a testigos presenciales. Los dichos de la menor no deben descalificarse apriorísticamente si el tribunal de juicio los considera dignos de credibilidad -en el caso, se confirmó el abuso sexual denunciado- y más aún cuando el modus operandi implica de suyo la ausencia de testigos.

La verosimilitud de los dichos de la menor se encuentran robustecidos por los informes de los licenciados en Psicología, quienes afirman la ausencia de fabulación en el relato del hecho por la menor, siendo ambos contestes en afirmar la presencia de signos "...compatibles con el síndrome de estrés postraumático, habitual en niños y adolescentes que han sufrido situaciones de abuso sexual...".- Los especialistas sugieren que el tribunal de juicio evite la presencia de la menor en el debate para no provocar una revictimización de la misma, por su exposición ante el imputado abusador.-
Condena penal, recurso de casación, recurso extraordinario federal, doctrina de la arbitrariedad
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: P., D.E. y L., Z.F. s/ Recurso Extraordinario interpuesto por el Dr. René Fernando Contreras c/ Sentencia Corte Nº 36/11 de Expte. Nº 38/11 - Recurso de Casación (...)  P., D.E. y otra - Aborto seguido de muerte, con consentimiento - Recreo - La Paz
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-12-27

La Cámara en lo Criminal condenó a los imputados como autores penalmente responsables del delito de Aborto seguido de muerte.

Contra de esa resolución, los defensores de los imputados habían articulado Recurso de Casación por inobservancia y violación de las reglas de la sana crítica en la apreciación de la prueba, al que esta Corte no hizo lugar.

En contra de la nominada resolución de esta Corte, los nombrados defensores interponen el presente remedio federal.

El recurso sólo exhibe el disenso con el mérito probatorio que sustenta la condena impugnada, pero sin poner en evidencia defectos graves en la sentencia, de fundamentación o de razonamiento, u otro que configure un supuesto de la arbitrariedad atribuida al fallo, con lo que no resulta justificada la pretendida habilitación de la instancia extraordinaria, debido a que ésta no se encuentra prevista para superar las meras discrepancias de las partes con las decisiones de los tribunales. De tal modo, no resulta demostrado el denunciado cercenamiento al debido proceso y a la defensa en juicio ni, por ende, la vinculación directa de lo resuelto con las garantías constituciones invocadas como vulneradas, o que lo resuelto comprometa de modo alguno la supremacía constitucional que por esta vía la Corte Suprema está destinada a garantizar (Fallos 310:676; 311 345).

Con ese déficit, el recurso no puede ser concedido.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, depósito previo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: La Primera Cía. de Arg. de Seguros Grales. S.A. s/ Liquidación ley 20.091 De Maio, Teresa y otra c/ De Maio, Donato y otro s/ Ordinario. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-06-27|1996-11-05

Cuando los recurrentes actúan en interés propio y el depósito exigido por el art. 280 del Código Procesal Civil ha sido realizado en forma conjunta, una vez intimados, deberán manifestar en el término de cinco días a cuál de los firmantes debe imputarse el mismo, debiendo los restantes cumplir cada uno de ellos con la carga procesal del mencionado artículo, bajo apercibimiento de declarar desierto el recurso. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Citación judicial, carta documento
Materia: PROCESAL
Carátula: L., H. O. c/ I., A. s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-02-03

"El contenido de una carta documento no puede asimilarse sin más a una escritura pública, ya que en ésta es un depositario de la fe pública quien vuelca en la misma actos que ocurren en su presencia o son percibidos por él, en tanto en la carta es el propio interesado quién expone los hechos que subjetivamente aprecia sin detentar carácter de fedatario alguno. Por ello, tampoco resulta necesaria la redargución de falsedad de lo sostenido en el despacho postal, pues el silencio observado, en el mejor de los casos, podría ser considerado como un indicio que deberá conjugarse con los demás elementos de prueba".
Honorarios, ejecución de sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: CACERES DE OLGUIN, Severa Regina y Otras c/ ESCUDERO, Rubén Adán y Otro s/ Daños y Perjuicios - II Cuerpo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2007-03-29

Si bien es cierto que el Código de Procedimientos prevé el trámite de ejecución de sentencia para perseguir el cobro de honorarios regulados en calidad de costas (Art. 483 inc. 3) no es menos cierto que a tal trámite no le corresponde la aplicación del Art. 201 inc. c) de la Ley 2150.

Esta norma está prevista para las ejecuciones de sentencia en cuanto hace a lo principal de ésta (al objeto principal del juicio), pero no para cuando se persigue el cobro de honorarios exclusivamente ya que tal supuesto está previsto en el inciso b).

El art. 201 debe armonizarse con la disposición del nuevo código de procedimientos , sin que por su aplicación literal se desnaturalice la justicia y proporción que corresponde por honorarios, que puedan devengarse en el trámite de ejecución de sentencia. La sentencia (justicia) conmutativa así lo impone.
Prueba pericial, pericia contable, remoción del perito, falta de dictamen pericial, suspensión del dictamen pericial, honorarios del perito
Materia: COMERCIAL
Carátula: DINERS  CLUB  ARGENTINA  SA  C  Y  DE T c/ RIZZO, LUIS ALBERTO s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-02

Si a solicitud del pretensor se removió a la perito contadora por no haber practicado la peritación contable oportunamente, designándose a otro experto y, posteriormente, si bien se dejo sin efecto la mentada remoción puesto que aquella presento el pertinente informe, sin embargo, se le dio por perdido el derecho al cobro del 50% de sus honorarios por su tardanza en la presentación de la pericia, procede dejar sin efecto la sanción cuando, -como en el caso-, se verifica que previamente -a solicitud de la perito- se había suspendido el plazo para presentar la pericia hasta que se cuente con cierta información que debía se añejada por las partes, a las cuales se les dio el pertinente traslado. Ello pues, la experta pudo creer razonablemente que la peritación debía ser presentada luego de que las partes respondieran al traslado relativo a lo solicitado, razón por la que no pudo atribuirse dilación en la presentación del informe, y, en consecuencia, tampoco procedió fijar un correctivo disciplinario a su respecto.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), competencia por el territorio, competencia federal, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: VILLALBA, CRISTIAN ALBERTO Y BUSTOS, RUBEN OSCAR c/  s/ INFRACCION AL ARTICULO 205 DEL CODIGO PENAL-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-03-30

La recurrente no alcanza a descalificar lo resuelto con su planteo de que la justicia federal se declaró competente en otros casos, que el Ministerio Público Fiscal de la Nación ejercerá la acción penal en supuestos similares y que el comunicado de la Procuración General de la Nación que insta a los fiscales federales a evitar planteos de competencia en los casos en que ya se encuentra interviniendo la justicia provincial es sólo la expresión de una decisión de política criminal a aplicar desde el órgano que preside, desde que no demuestra la decisividad de su postulación, máxime al no hacerse cargo de desmerecer las razones que lo fundamentan, al considerarse en el mismo comunicado que dichos planteos sólo harían prevalecer los medios -las formas- sobre los fines -la sustancia- en contraposición al criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. - Jurisprudencia vinculada: Ponce, AyS T 302, p 490/494, sumario J0047010; Ortiz, AyS T 304, p 167/170, sumario J0047515; Acosta, T 305, p 241/245, sumario J0047710.
Decreto judicial, recurso de apelación (procesal), improcedencia del recurso, legitimación procesal, querellante
Materia: PENAL
Carátula: CARDIELLO, ENRIQUE s/ QUERELLANTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1977-05-20

Rechazado el recurso de apelación del decreto de separación del querellante, sin que la parte interesada agotara las vías procesales aptas para reparar el agravio, quedó firme y precluida la oportunidad de replanteo de la cuestión por defectos de procedimiento.
Superior Tribunal de Justicia, superintendencia, Cámara de Apelaciones
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: LOPEZ, EDUARDO JOSE s/ AMPARO - RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº  671-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-07-28

Por imperativo constitucional, es deber de esta Corte corregir la actuación de las Cámaras de Apelación cuando aparezca realizada con transgresión de los principios fundamentales inherentes a la mejor y más correcta administración de justicia; inclusive por la razón de que dichos tribunales se hallan bajo la superintendencia de este Cuerpo, entre otros fines, a los del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que regulan su constitución y funcionamiento (Constitución Provincial, artículo 92; en sentido análogo, CS, octubre 27-1994, "Laurent, Cecilia L s- Testamentaria s- Incidente de Protocolización", El Derecho, Bol del 30.3.95).
Prueba hematológica, extracción forzada
Materia: PROCESAL
Carátula: Gualtieri Rugnone de Prieto, Emma Elidia y otros s/ sustracción de menores de 10 años -causa nº 46/85 A-
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-08-11

Cabe confirmar la sentencia que ordenó la extracción compulsiva de sangre del recurrente, pues la medida cuestionada resulta adecuada a los fines indicados en la resolución apelada, puesto que favorece de un modo decisivo a la obtención del resultado pretendido, por cuanto aparece como el medio dotado de mayor idoneidad para arribar a la verdad material, habida cuenta del elevadísimo grado de certeza que brinda, y dicha práctica permitirá arribar a la verdad objetiva de los hechos investigados (Disidencia de la Dra. Elena I. Highton de Nolasco).