Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-04-25


SENT Nro. 268 San Miguel de Tucumán 25 DE ABRIL de 2003.- Y VISTO: La acción de amparo electoral promovida por el letrado Gustavo A. Rojas Alcorta en autos: "Rojas Alcorta, Gustavo s/Amparo electoral"; y C O N S I D E R A N D O :

A fs. 5/10 el letrado Gustavo A. Rojas Alcorta se presenta por derecho propio y expresa que promueve acción de amparo electoral en los términos del art. 68 de la ley 6944 contra el Superior Gobierno de la Provincia con el objeto de que cese la violación a sus derechos electorales de elegir y ser elegido en el Municipio de Yerba Buena, disponiéndose su incorporación en el padrón de electores de esa jurisdicción donde está constituido su domicilio.

Sustancialmente sostiene que con fecha 27/02/2003, antes del dictado del decreto de convocatoria a elecciones generales provinciales modificó su domicilio en el Registro Civil, fijándolo en calle Lamadrid 948, Yerba Buena, para poder ejercitar en plenitud su derecho a elegir y ser elegido en la jurisdicción donde reside con su familia hace más de dos años, y que el decreto 490/1 del PE y la resolución 32/03 de la H. Junta Electoral disponen la convocatoria a elecciones provinciales estableciendo, entre otros aspectos operativos, el cierre del padrón de electores al mes de diciembre de 2002. En ese sentido considera que el plexo jurídico electoral debe ser interpretado y aplicado armónicamente respetando el principio de razonabilidad y da como ejemplo la excepción contemplada en el art. 25 del Código Electoral Nacional ya que la misma dispone que para la impresión de esos padrones se incluirán las novedades registradas hasta 180 días antes de la fecha de elección, y establece la posibilidad de incluir a los ciudadanos que cumplan 18 años hasta el mismo día de los comicios. En esa línea interpreta que corresponde admitir la posibilidad de incorporar electores en el padrón cuando reúnen otros requisitos legales para ser candidatos y cuyos derechos se hayan visto menoscabados por disposiciones de menor rango como son el decreto de convocatoria y la resolución de la H. Junta Electoral Provincial. Además puntualiza que el propio decreto 490/1 dispone en su art. 6 el orden de prelación de las normas aplicables para los comicios provinciales, del que surge la aplicación en primer término de las normas provinciales y supletoriamente del Código Electoral Nacional, y señala que del juego de los art. 4 de la ley 1279 y el art. 23 del Código Electoral Nacional surge la obligación de la Justicia Electoral de tomar razón de los cambios de domicilio de los electores a los efectos de conformar el padrón a la fecha de las elecciones, extremo que no se verifica en el decreto de convocatoria y en la resolución de la H. Junta Electoral Provincial.

Solicita medida de no innovar y plantea la inconstitucionalidad del decreto del PE 490/1 y la resolución 32/03 de la H. Junta Electoral Provincial al afectar su derecho a elegir y ser elegido en la jurisdicción de Yerba Buena. Afirma que el impedimento a incorporarse al padrón de electores lesiona las garantías de los arts. 14, 16 y 37 de la CN y las consagradas en las Convenciones Internacionales suscriptas por el Estado Argentino e incorporadas en el art. 75 inc. 22 de la CN, transformándose en una proscripción electoral que repugna el texto constitucional.

Previo a toda cuestión corresponde determinar si este Tribunal es competente para entender en la presente demanda.

Es principio reiterado por esta Corte, en sus diferentes integraciones, que para determinar la competencia en razón de la materia, debe estarse a los hechos expuestos en el escrito de demanda y alegados en sustento de la acción que se promueve. Lo relevante a tal efecto, pues, será la naturaleza o índole intrínseca del hecho o acto jurídico constitutivo de la pretensión, con prescindencia absoluta del derecho -norma positiva- que invoque el demandante (CSJTuc., "Centro de Alta Complejidad Regional SRL vs. Asociación de prestadores del PAMI (A. Pre. Pa) S/Cobro ordinario" -competencia-).

De los términos de la demanda surge que el actor considera afectado su derecho a elegir y ser elegido en la jurisdicción de Yerba Buena por el decreto 490/1 -por el que el Gobernador de la Provincia convocó las elecciones de Gobernador, Vice Gobernador, Legisladores Provinciales y las Municipales y Comunales para el domingo 29 de Junio de 2003- y por la Resolución de la Junta Electoral Provincial 32/03 -por la que se convocó al electorado de la Provincia a elecciones internas abiertas para el día 25 de mayo de 2003-, peticionando la inconstitucionalidad de ambos instrumentos. Radica su agravio en que ambos (decreto y resolución) disponen la convocatoria a elecciones, estableciendo operativo, entre otros aspectos, el cierre del padrón de electores al mes de diciembre del año 2002, postulando que el plexo jurídico electoral deber ser interpretado y aplicado armónicamente, respetando el principio de razonabilidad, la preeminencia de la ley 1279 y sus modificatorias respecto de la legislación nacional para las elecciones provinciales y añadiendo que del juego armónico de los arts. 4 de la ley 1279 y 23 del Código Electoral Nacional surge la obligación de la Justicia Electoral de tomar razón de los cambios de domicilio de los electores a los efectos de conformar el padrón a la fecha de las elecciones.

Como se advierte el acto principalmente denunciado como lesivo de derechos electorales del actor lo constituye el Decreto del Poder Ejecutivo Nro. 490/14, en tanto haría operativa ciertas disposiciones del Código Electoral Nacional, en mérito a las cuales el padrón electoral se encontraría cerrado al mes de diciembre de 2002. Como consecuencia de ese planteo, impugna también la Resolución 32/2003 de la H. Junta Electoral Provincial de convocatoria a elecciones internas abiertas.

Se colige entonces que el presente juicio de amparo promovido contra la Provincia, sustancialmente fundado en la inconstitucionalidad del decreto del Poder Ejecutivo por el que se convoca a elecciones provinciales, municipales y comunales para el día 29/6/2003, principalmente denuncia como constitutivo de la pretensión esgrimida un instrumento que expresa una actividad ordinaria, en el ámbito del derecho público, del Organo Ejecutivo del Estado Provincial. Dicho acto no resulta aprehendido en el primero de los supuestos previstos en el art. 4, segunda parte del CPCT, correspondiendo a lo, hasta aquí, dicho añadir que la resolución, también atacada, de la H. Junta Electoral Provincial no emana de ninguno de los Poderes ni órganos judiciales indicados en el referido art. 4 del CPTT, por lo que tampoco su impugnación queda comprendida en el ámbito competencial previsto en ese dispositivo legal.

Por lo expuesto resulta competente para conocer en estos autos, en razón de la materia, la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, a tenor de lo dispuesto por el art. 57, primera parte, de la LOPJ A tal efecto es aplicable en el sub examine, en virtud de los fundamentos desarrollados en el precedente contenido en sentencia Nro. 362 del 24/5/99, la declaración de inconstitucionalidad de lo normado por el art. 57, primera parte del CPCT, por resultar incompatible con el principio consagrado por los arts. 4°, primera parte y 15 del referido digesto que establecen, como regla general, la competencia de los tribunales de primera instancia, la que debe atribuirse por razón de la materia, privándolos de validez y eficacia.

Por ello, compartiendo lo aconsejado por el señor Ministro Fiscal a fs. 16/17 y encontrándose excusado el señor vocal doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, se R E S U E L V E :

I.- DECLARAR inconstitucional la aplicación, en la especie, del artículo 57 primera parte de la Ley Nro. 6944.

II.- DECLARAR la incompetencia de esta Corte Suprema de Justicia y determinar que compete a la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo entender en los autos: "Rojas Alcorta Gustavo s/Amparo Electoral".

III.-DISPONER que por Secretaría se remita la presente causa, con intervención de Mesa General de Entradas, a los efectos de la pertinente registración, al Tribunal referido en el punto dispositivo II.

HAGASE SABER.- ANTONIO GANDUR RENE MARIO GOANE ALBERTO JOSE BRITO ALFREDO CARLOS DATO