marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Prescripción, plazo, junta médica, dictámenes
Materia: LABORAL
Carátula: CARDOZA DE SCALZADONNA MARIA c/ HOSPITAL NEUROSIQUIATRICO PROVINCIAL Y OTROS s/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-12-13

Habiéndose otorgado un beneficio de carácter provisorio y con posibilidades de recuperación en el término de ocho meses, cabe concluir que en este caso, la actora recién tomo conocimiento de su incapacidad de carácter definitivo cuando se le comunicó lo resuelto por la Caja y se le hizo saber lo dictaminado por la nueva Junta Médica. Desde entonces hasta que se planteó esta demanda no había transcurrido el término de prescripción, por lo que debe desestimarse la defensa opuesta por la accionada.-
Sociedad conyugal, disolución de la sociedad conyugal
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Marozzi, Susana Edith s/ Proceso de beneficio de litigar sin gasos y división de bienes de la  sociedad conyugal
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-06-01

Si bien el principio general en materia de particiones es que la división debe hacerse en especie, en tanto sea jurídicamente y materialmente posible (art. 3475 bis, Código Civil), si no hay discrepancia entre las partes en cuanto a que el acervo conyugal se halla compuesto por dos bienes inmuebles que poseen distinto valor económico, y no logran ponerse de acuerdo sobre la forma de adjudicárselos, se debe recurrir al sucedáneo de la venta en pública subasta de ambos bienes, como vía para terminar con el estado de indivisión (arts. 3465 y 3475 bis del Código Civil).

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Cesión de cuota social, inscripción registral
Materia: COMERCIAL
Carátula: SAN  SALVADOR    S.R.L.    SOLICITA  INSCRIPCION  REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO s/ CESION DE CUOTAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-02-23

La inhibición del cedente que resulta del informe de Registro Público de Comercio, impide la inscripción de tal cesión, por mas que se llevara esta cesión a cabo con anterioridad a la anotación de esa medida precautoria, ya que -reitérase-la falta de inscripción de aquélla en el Registro Público de Comercio le resto validez ante los terceros, quienes bien pueden oponerse ello así, por cuanto la inscripción registral recién perfecciona el acto de la cesión respecto de terceros.-
Extinción de la acción penal, suspensión del juicio a prueba
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Baldera De La Cruz, Ángel s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-09-02

Si se declaró la extinción de la acción penal por prescripción, no existe obstáculo legal manifiesto para la concesión de la suspensión del juicio a prueba, en los términos de lo normado en el art. 76 ter, sexto párrafo, del CP, ya que esta norma debe ser interpretada en armonía con las restantes del artículo en cita y del art. 76 bis, reglamentarios del instituto en examen, atendiendo a la naturaleza y teleología de la probation, y del modo que mayores derechos acuerde al individuo, razón por la cual su operatividad está subordinada a la existencia de una declaración de extinción de la acción penal motivada en el cumplimiento de las reglas impuestas durante el término por el cual se hubiera fijado la suspensión del juicio a prueba, CP, art. 76 bis, cuarto párrafo, primera parte.
Accidentes de trabajo, inconstitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Gallardo Gabriela Elizabeth c/ Prevención ART SA s/ Accidente-ley especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-06-21

Debe declararse judicialmente y en cada caso la inconstitucionalidad de los arts. 1 y 2 de la ley 27.348 y, eventualmente, la de los arts. 2 y 3 del DNU 54/2017, por los jueces, en tanto lesionan los derechos, garantías y principios de acceso irrestricto a la justicia, progresividad, no discriminación, imperio normativo del ius cogens, juez natural del proceso, lo normado por los arts. 99 y 116 C.N., debido proceso, gratuidad, independencia e imparcialidad, idoneidad, igualdad, de defensa, revisión plena, doble instancia, irrenunciabilidad, tutela del trabajador, razonabilidad, orden de prelación, justificación adecuada, control judicial suficiente, exceso de reglamentación, entre otros. (Del voto del Dr. Pompa).
Prueba, nulidad del acto jurídico, debate, imputado, declaración policial
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: IZQUIERDO, CLELIA AGUEDA s/ PRUEBA - SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1976-12-10

No obstante que no se hizo reclamo ni protesta alguna en su momento,consintiéndose la introducción en el debate de la prueba ilegítima , tratándose de una nulidad absoluta e insanable dicho consentimiento es irrelevante para el progreso de la impugnación.-
Anulabilidad del acto administrativo, acto administrativo irregular
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Irrazabal, Mariano Lucio c/ Poder Ejecutivo de la Provincia s/ Recurso Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1993-03-04

La intangibilidad del acto administrativo, sólo funciona en beneficio de situaciones jurídicas particulares que han sido regularmente creadas. Esta proposición es de evidencia; si la situación jurídica particular no ha sido regularmente creada, no es la expresión concreta del derecho. No hay deber jurídico de respetarla; los gobernantes y los agentes, pueden, jurídicamente, desconocerla. (Bertolini: Según su voto).
Tercera instancia, competencia, cuestiones de hecho y prueba, doctrina de la arbitrariedad
Materia: PROCESAL
Carátula: CASTRO SALAS, FIDEL c/ COOPERATIVA VILLA MARIA LTDA s/ ORDINARIO-INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-08-19

Las cuestiones de hecho y prueba son ajenas a la instancia extraordinaria, por ser materia reservada a los jueces de conocimiento y sólo excepcionalmente puede abrirse la instancia extraordinaria cuando la arbitrariedad resulta notable, palmaria, es decir, cuando el error en la apreciación de la prueba es de tal entidad que implica un atropello a las normas de la lógica.
Asociaciones sindicales, elecciones gremiales
Materia: LABORAL
Carátula: FRASCARELLI, OMAR c/ U.P.C.N. s/ MEDIDA CAUTELAR
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-01-31

Cualesquiera fueren las objeciones que pudieran merecer la fijación de la fecha de elecciones y la del lapso en el cual se debe cumplir la etapa de presentación y oficialización de las listas en el mes de enero, si el propio recurrente no vio obstaculizado su derecho a participar del proceso electoral, ya que presentó lista y ésta fue aprobada por la junta electoral, carece de dificultades que pudieran enfrentar terceros, a raíz de la época del año elegida.
Concursos, efectos de la apertura, fuero de atracción, ejecuciones especiales, ejecución hipotecaria, jueces, competencia, fiador
Materia: COMERCIAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Garantizar SGR c/ Crz Construcciones SA y otros s/ ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-08

Procede revocar la resolución mediante la cual el juez de grado se declaró competente para entender en estas actuaciones. Ello por cuanto, de las disposiciones de la LCQ 21, se sigue que, como lo señala la actora la presente ejecución hipotecaria seguida contra el deudor principal no se encuentra alcanzada por el fuero de atracción, por lo que, en principio, el juez concursal no resulta el competente para entender en autos. Distinto es el caso de la acción seguida contra los coaccionados fiadores, pues frente a ellos no se persigue la ejecución de una garantía real y no nos encontramos frente a un litisconsorcio pasivo necesario, sino facultativo, por lo que pueden escindirse las acciones seguidas contra la sociedad y sus fiadores. Así las cosas, la pretensión seguida contra estos últimos, quienes no otorgaron garantía alguna real a favor de la actora, no puede continuar pues respecto de ellos sí se configura el fuero de atracción y la suspensión establecida por la LCQ 21. Por ende, respecto de los fiadores debe mantenerse la suspensión de la acción seguida en su contra, pues corresponde que la acreedora continúe con el proceso de verificación incoado en cada uno de los concursos.
Recurso de revisión (procesal), ley penal más benigna
Materia: PENAL
Carátula: Palazzo, Julio Oscar s/ Recurso de revisión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-09-01

Es constitucional y conceptualmente imposible equipar una sentencia judicial con una ley. Dicha equiparación implicaría negar el sistema republicano. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Beneficio de litigar sin gastos, prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Mlecnik, Francisco Alberto s/ Beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-05-14

Cuando la naturaleza y magnitud de la actividad desempeñada por quien solicita el beneficio es "prima facie" indiciaria de su solvencia económica, ello conlleva la necesidad de extremar los recaudos probatorios para contrarrestar este elemento presuncional y acreditar los presupuestos necesarios para el otorgamiento del beneficio pretendido, a diferencia de otros casos donde la ocupación del requirente no presupone esa situación patrimonial.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestiones procesales, defensa en juicio, exceso ritual manifiesto, quiebra, notificación automática, notificación por cédula
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: FOGLIA, HECTOR D. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- CONCURSO PREVENTIVO- RECURSO DE REVISION REFERIDO AL CREDITO RECONOCIDO A BASF ARGENTINA S.A. (EXPTE.: C.S.J. NRO. 626 AÑO 1999)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-12-26

La sujeción a los cánones procesales y -más aún- la hermeneútica de las normas rituales, debe efectuarse con estricto apego a pautas de justicia y de respeto a los derechos -en especial, al derecho de defensa-, que constituyen mandatos ineludibles en la labor de adjudicación judicial. En tal cometido, se advierte que en el caso, a la hora de decidir, se presentaba la siguiente alternativa: dar prioridad al artículo 273, inciso 5, de la ley concursal (conforme al cual, el traslado para expresar agravios debería notificarse automáticamente, en defecto de disposición en contrario), o estar al artículo 62, inciso 2, del código de rito (aplicable en virtud de la remisión del artículo 278 la ley 24522) que ordena la notificació n por cédula de "... Todo traslado o vista...".Frente a esa opción, la Sala escogió la regla de la notificación automática, elección ést a que -aunque reconoce argumentos en su favor (al punto que ha sido anteriormente adoptada por la Corte, si bien con distinta integración )-, no puede ser aceptada -en la especie- a la luz de una recta inteligencia de la pauta antes mencionada, en la medida que no optó por la alternativa que mejor resguardaba el derecho de defensa, sino que -por el contrario- apeló a un fundamento teñido de ritualismo (e incompatible, por ello, con un adecuado servicio de justicia), al desentenderse de las particularidades del caso.
Daños y perjuicios, responsabilidad del Estado
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Roldán, Antonio Benjamín c/ Sáez, Rubén Francisco y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-09-26

El fundamento de la responsabilidad extracontractual del Estado no radica en el art. 1113 del Código Civil. En efecto, no se trata de una responsabilidad indirecta como la que postula esa norma, sino de la responsabilidad directa del estado, en tanto la actividad de los órganos o funcionarios del Estado se realice para el desenvolvimiento de los fines que tales entidades persiguen. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso contencioso administrativo, honorarios, base regulatoria, nulidad del acto jurídico
Materia: PROCESAL
Carátula: GENARO GARCIA LIMITADA SA c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ REGULACION DE HONORARIOS. RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE   PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE Nº 126-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-05-07

Debiendo practicar regulación de honorarios profesionales, y para arribar a la conclusión de que se trataba de causas con contenido económico determinable, la Corte consideró la efectiva existencia de consecuencias patrimoniales directas e inmediatas contenidas en las pretensiones declarativas propuestas. Empero, en aquellos casos en que, tratándose de pretensiones meramente declarativas, la existencia de esas consecuencias patrimoniales directas o "utilidades" no podía constatarse inmediatamente, este Cuerpo decidió en el sentido de considerarlos como causas no susceptibles de apreciación pecuniaria. Así, en el caso en que no se reclamaba ninguna pretensión de contenido patrimonial, sino se peticionaba la declaración de nulidad del acto impugnado, así como la nulidad del sumario administrativo con fundamento en la nulidad del procedimiento disciplinario; caso en que se atacó la declaración administrativa de caducidad del reclamo efectuado ante la DPV; en recursos de ilegitimidad en los que se pretendía la anulación de actos administrativos; en incidente de suspensión de medida administrativa por la cual se pretendía que la Administración dispusiese la cesantía de los actores.
Procesamiento, cámara Gesell, corrupción calificada de menores
Materia: PENAL
Carátula: G. A., H. s/procesamiento c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-01-05

Precisaron que los agravios de la defensa no estuvieron dirigidos a cuestionar la figura "corrupción agravada" escogida por el juzgado al ampliar el procesamiento, sino que se limitaron a discutir la entidad probatoria de los informes practicados los cuales ya habían sido valorados al dictarse el anterior procesamiento, el cual no fue recurrido por la defensa. Agregaron que los informes médicos dieron cuenta de que la conducta investigada, dada su cronicidad y por haber sido perpetrada por un familiar consanguíneo, tuvo entidad suficiente como para desviar el normal desarrollo global de la personalidad de la niña, avalando la versión que ella expusiera en cámara gesell y desvirtuando el descargo del imputado quien adujo que su hermana estaría inventando los hechos.
Medidas cautelares, regulación de honorarios, base regulatoria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CORIA JULIO c/ AUTO SAN JUAN S.A. s/ emb - Preventivo (LIBRO: A073 - 161)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-03-04

Procede el embargo preventivo por el crédito de honorarios devengado como consecuencia de trabajos realizados en un expediente judicial, y que pueden asegurarse en base a la resolución que puso fin a un recurso de reposición y condenó en costas. Dicha condena hace surgir el derecho al cobro, no obstante que los honorarios no se encuentre regulados, ya que la suma que guarda proporción con la entidad de la deuda y que limita la medida, es perfectamente determinable tomando en consideración la actividad desarrollada y el objeto perseguido a través de la resolución que se obtuvo.-
Caducidad de instancia, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Poschovski, José c/ Sociedad de Fomento M.M de Guemes s/ Interdicto de retener
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-12-26

La accionante resultó vencida en la incidencia relativa a la caducidad de instancia y no dándose ninguna circunstancia que permita excepcionar al principio objetivo de la derrota corresponde imponer las costas a la parte actora.-
Recurso de queja (procesal), acto administrativo, régimen tributario, seguridad jurídica, defensa en juicio, buena fe procesal
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: Nación AFJP S.A. s/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad denegado en "Nación AFJP S.A. s/ Recurso de Apelación Judicial c/ Decisión DGR (Art. 114 Código Fiscal) Inconstitucionalidad denegado en "Nación AFJP S.A. s/ Recurso de Apelación Judicial c/ Decisión DGR (Art. 114 Código Fiscal)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-06-04

La seguridad jurídica es funcional al derecho constitucional de defensa en juicio, que debe extenderse a la actuación misma de la Administración en el terreno de la sustanciación de los recursos en dicha sede o en el umbral mismo de acceso a los estrados judiciales. Además, la buena fe en la actuación de la administración tributaria, convierte a esta última en titular de distintos deberes, algunos de los cuales se exteriorizan cuando el obligado cumple los puestos a su cargo, ya con relación a la prestación tributaria o a la impugnación de los actos administrativos. (Del voto del Dr. Casás).
Accidente de tránsito, responsabilidad del conductor, carga de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Perales, Marcelo Javier c/ Morteo, Enrique Teodoro s/ Sumario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-05-24

Cuando la colisión se produce entre dos automotores en movimiento, quedan neutralizados los riesgos creados sin que sea óbice la intervención en el hecho de rodados que no generan exactamente el mismo riesgo en razón de su estructura y en tanto y en cuanto no resulte manifiestamente distinta la aptitud generadora de peligrosidad. En consecuencia corresponde resolver la cuestión de conformidad con lo dispuesto en el art. 1109 del Código Civil, y por consiguiente, en cuanto a la carga de la prueba rige el art. 377 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, es decir el principio general de que quien pretende contra otro una indemnización debe probar los elementos constitutivos de la relación jurídica correspondiente. Por su parte, quien contradice la pretensión de la actora debe acreditar los hechos extintivos.
Daños y perjuicios, indemnización, daño material, equidad, rescisión del contrato, locación de obra, locación de servicios
Materia: CIVIL
Carátula: Rosa María Juana MARTINEZ SUAREZ DE TINAYRE c/ ARGENTINA TELEVISORA COLOR L.S. 82 CANAL 7  S.A. s/ ADMINISTRACION  PUBLICA  -  SOCIEDAD ANONIMA - CONTRATO - RESCISION -  LOCACION DE OBRA Y SERVICIOS  -  CONSENTIMIENTO CONTRACTUAL - RECURSO  ORDINARIO DE APELACION - DAÑOS - INDEMNIZACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-05-20

Si no es dudosa la posibilidad cierta de ambos reclamantes de haber obtenido otro trabajo durante el lapso de vigencia del contrato y tampoco se ha justificado que aquéllos hayan declinado alguna oferta por ese mismo medio u otro similar (radio, cine, teatro, etc.) en la expectativa del negocio frustrado, resulta adecuado el uso de la facultad de reducir equitativamente la reparación (art. 1638 del Código Civil).
Responsabilidad médica, médico anestesista, prueba pericial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: NOVARA, Antonio c/ HOSPITAL DE CLINICAS JOSE DE SAN MARTIN s/ DAÑOS Y PERJUICIOS: RESPONSABILIDAD MEDICA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-12

Para definir la culpa atribuida al doctor Abal tiene importancia primaria la prueba pericial. Ni el informe del perito designado de oficio ni los presentados por los consultores técnicos abonan la hipótesis de que haya existido culpa del médico anestesista y las conclusiones médicas vertidas en esta causa - que no fueron impugnadas por el actor, quien tampoco requirió explicaciones a los expertos- encuentran significativa ratificación en las proporcionadas con anterioridad en la causa penal.

Es importante recordar el valioso informe brindado en la causa penal por el doctor Santas quien, tras señalar que "es muy difícil poder establecer si hubo o no un accidente anestésico o si la mala evolución del enfermo se debió a otras causas", añade que "de haber habido alguna falla en la conducción de la anestesia, no es precisamente al doctor Abal a quien debe imputársela", poniendo de relieve que éste "fue el único anestesista que, sin estar de guardia ni ser su obligación aceptó colaborar... para salvar una situación de urgencia", ante la reiterada solicitud que le formularon los cirujanos.

Destaco, finalmente, que la conducta observada por el doctor Abal al aceptar la solicitud formulada por los cirujanos no era disvaliosa ni puede significar su responsabilidad, máxime si se la confronta con la situación contraria, es decir, la negativa a prestar colaboración, teniendo en cuenta también la ausencia de los especialistas que, por corresponderles guardia, debían estar presentes ese día, y la crítica situación que, con respecto a esta especialidad, existía en el Hospital.

En conclusión por no haber demostrado el actor que en este caso haya existido culpa médica del doctor Abal, considero que este profesional no pudo ser alcanzado por responsabilidad civil alguna, ni siquiera en el caso de que hubiera sido demandado por aquél.-
Acción de amparo, recurso de queja (procesal), sentencia definitiva, falta de fundamentación
Materia: CIVIL
Carátula: MONTENEGRO PIO SOBRE RECURSO DIRECTO EN AUTOS: MOUDJOUCKIAN, JUAN CARLOS c/ JUEZ DE FALTAS DE LA PROVINCIA s/ RECURSO DE AMPARO.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1990-09-13

Corresponde el rechazo del recurso de apelación contra la providencia que ordena apertura a prueba, cuando de la naturaleza del mismo resulta que el mismo es acorde a los poderes-deberes que las leyes otorgan a los jueces para esclarecer los hechos sometidos a su decisión, respetando el derecho de las partes, situación no desvirtuada por el memorial de apelación.-
Daños y perjuicios, derecho a la integridad física, daño resarcible
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Quinterno, Arnoldo M. y otro c/ Alderete, Felix Carlos s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-05-09

La integridad física de una persona, la incolumidad corporal y fisiológica tiene importancia decisiva en la vida de producción o trabajo -y en ese sentido la alteración corporal o bien la enfermedad o los desequilibrios acarrean un innegable daño patrimonial-; pero la vida del hombre considerada en plenitud no se extingue en la faceta estricta del trabajo. En el examen complejo de su multiforme actividad, al margen de la laboral, toda persona desarrolla en su casa o fuera de ella, tareas vinculadas con sus facultades culturales, artísticas, deportivas, comunitarias, sociales, religiosas, sexuales, etc. y los deterioros o menoscabos en tales quehaceres pueden acarrear consecuencias de carácter patrimonial.
Recurso de apelación (procesal), resoluciones recurribles
Materia: LABORAL
Carátula: Noguera, Víctor H. c/ Horion S.A. y/o quien resulte responsable s/ Accidente de Trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1999-12-10

Si bien esta Sala, en pronunciamientos anteriores y sobre normas de la ley 24.557 ha admitido el recurso con el efecto mencionado por tratarse de cuestiones de competencia, en estas actuaciones no se presenta tal situación de excepción y, en consecuencia, el resolutorio apelado no constituye sentencia definitiva. Por lo dicho y por aplicación de las normas contenidas en los artículos 123 y 126 del Cód. Procesal Laboral, el recurso interpuesto no tiene el efecto de suspender el procedimiento, por lo que habrá de diferirse para ser considerado, en su caso, juntamente con el recurso contra la sentencia definitiva.
Proceso judicial, conducta de las partes, acumulación de acciones, cuestiones contradictorias, denegatoria del recurso
Materia: CIVIL
Carátula: COLOMBO TABOADA CARLOS Y OTROS c/ RAMOS TABOADA CARLOS J. s/ REIVINDICACION-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-06-05

Las posiciones autocontradictorias constituyen un atentado contra la buena fe que debe primar en todo proceso, siendo no solo atribución sino también deber del órgano jurisdiccional desestimar pretensiones contradictorias con relación a otras anteriores, sirviendo de marco a esta postura un profundo contenido ético.