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Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, procedencia del recurso, contratos, suministro de combustibles, incumplimiento del contrato, abastecimiento de combustibles
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Estaciones de Servicios Asociadas SRL c/ Petrolera del Cono Sur SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-31

Procede confirmar la resolución que hizo lugar a la demanda deducida por los daños y perjuicios sufridos por el actor, a consecuencia del incumplimiento de las obligaciones emergentes del Contrato de Abastecimiento celebrado entre las partes. Ello por cuanto, en el caso, si bien de la lectura del contrato no se advierte que se hayan pactado volúmenes específicos de entrega los elementos de prueba adjuntados al sub examine, generan suficiente convicción en punto a que en diversas oportunidades, la estación de servicio del accionante no contó con un abastecimiento acorde al nivel de su actividad. Y esa inobservancia del mencionado deber de abastecimiento, lógicamente fue apta para que la estación de servicio no pudiera funcionar surtiendo con normalidad combustible a sus clientes, ocasionando no sólo reducción de ventas, sino también, previsiblemente, pérdida de clientes y desprestigio de su imagen comercial. Es que la alegada fuerza mayor fundada en una serie de conflictos gremiales tanto de transporte como de empresas petroleras no constituyeron elementos que permitan eximir a la demandada de responsabilidad en cuanto al debido suministro de combustible.
Sentencia, fundamentación de sentencias, incongruencia
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: BOBADILLA, JORGE S. Y OTROS s/ HOMICIDIO EN AGRESION (CUATRO HECHOS) S/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1994-09-22

El artículo 367 C.P.P ordena que los señores Jueces, una vez finalizado el debate, pasarán inmediatamente a deliberar, y el artículo 369 C.P.P indica cuáles han de ser las normas que deben tener en cuenta para la deliberación (entre ellas, fijar la existencia del hecho delictuoso, la participación del imputado, la calificación legal, la sanción aplicable, etc.). Es decir que, cumplido el acto de deliberación, los señores jueces determinaron que a un procesado era aplicable la condena de ejecución condicional (art. 26 C.P.) en el caso de que se lo sancionare, por cuanto si no era así no se le habría concedido la excarcelación, conforme a las constancias del expediente. Sin embargo al dictar el fallo se le aplica una condena de tres años y seis meses de prisión, lo que imposibilita la aplicación del artículo 26 del Código Penal-condena de ejecución condicional-. En conclusión, o bien los señores jueces no deliberaron, o bien, si lo hicieron cumpliendo con la normativa procesal, posteriormente se desdijeron de lo resuelto en el acto deliberativo. No existe otra explicación a la luz de las constancias de autos. Todo ello nos muestra una marcada incongruencia entre el resultado de la deliberación y la decisión tomada en la sentencia, lo que es una clara manifestación de la inobservancia de un principio de no contradicción y del cual deriva el de razón suficiente.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, excusación, violencia moral, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia, pautas orientadoras, interpretación restrictiva
Materia: PROCESAL
Carátula: T, A S Y D C, V M s/ EXCUSACION DE LA DRA. ELENA RAMON EN EXPTES. 661/03 "T., A.S. S/ DESOBEDIENCIA Y NRO. 1581/02" D.C., V.M. S/ FALSIFICACION DE INSTRUMENTO PRIVADO Y ESTAFA EN GRADO DE TENTATIVA" (EXPTE: N 6 Año 2003) (TRIBUNAL PLENO)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-08-11

Extender las limitaciones que se derivan de algunos de los supuestos del art. 50 a la violencia moral prevista por el art. 51, implica una suerte de interpretación extensiva que, si bien sería admisible si de ella resultara fortalecido el derecho a la jurisdicción, no puede aceptarse cuando conduce a su eventual desmedro. Sobre el punto parece útil recordar que la separación de los jueces no está prevista en beneficio de éstos sino de los propios justiciables, a quienes debe asegurarse una justicia insospechada: se está frente a mecanismos en alusión a la recusación y excusación- que guardan íntima vinculación con la garantía del debido proceso. (De la disidencia del Dr. Giménez) En el caso la cuestión a resolver es: Extensión de la causal de excusación por violencia moral.
Accidente de tránsito, titular del automotor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GARCIA ANDRES HILARIO c/ LUIS ALBERTO ALTUNA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-09-16

Este Tribunal ya se ha pronunciado en diversas oportunidades aún antes de la reforma que introduce la Ley 22977 al Decreto Ley 6582/58. El mencionado decreto ley impone el carácter constitivo de dominio a la inscripción registral de un automotor, y ello tiene su incidencia en la responsabilidad civil de su titular. Se trata de una ley de orden público. Al no haberse, procedido a la inscripción ordenada por la ley,el titular del dominio ha obrado con culpa, pues el interés jurídico que tiende a proteger el art. 27 del decreto ley precitado no es otro que reforzar el carácter constitutivo de la inscripción registral de un automotor,precisando que produce incluso efectos en materia de responsabilidad civil. Que por otra parte al haber el titular del dominio vendido el bien mediante documento privado y entregado la posesión o tenencia, ha autorizado expresamente al guardián al uso de la cosa, por cuya razón existe la dependencia civil a que se refiere el art. 1113 del Código Civil.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, tribunal colegiado, sentencia, vocal del Tribunal, sufragio, ley orgánica del Poder Judicial
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Nocelli, Luciano Mariano c/  s/ homicidio agravado por uso de arma de fuego-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-02-14

El cuestionamiento relacionado con la conformación de los votos del Tribunal de Alzada carece de idoneidad para operar la apertura de esta instancia de excepción, toda vez que la compareciente, a pesar de sus críticas al respecto, no logra demostrar que el A quo haya dejado de lado las formas previstas en la ley ritual para el dictado de una resolución válida, ya que en autos existe una expresa adhesión de la Vocal que votó en segundo lugar a los considerandos y a la decisión que había propuesto quien le precediera en el orden de votación y el Camarista que estudió la causa en tercer término hizo uso de la facultad de abstenerse de emitir su voto, conforme lo normado por el artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 10160, artículo 26.
Accidente de tránsito, responsabilidad civil, indemnización
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: VEGA, HUMBERTO ATILIO c/ ROBLEDO WALTER Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-11-12

El hecho de la muerte por accidente abre, por supuesto, la responsabilidad civil del que resulte culpable, pero la medida de la indemnización debe ser establecida teniendo en cuenta, principalmente, la situación que le originó al reclamante la pérdida del aporte espiritual, moral y económico que en la vida concretaba la esposa, desde luego valorando ese aporte en función de las necesidades exclusivamente personales del accionante.
Procedimiento laboral, excepciones procesales, competencia por la materia, Instituto Nacional de Estadística y Censo, personal de planta permanente, competencia laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Di Muro Sergio Andrés c/ Instituto Nacional de Estadística y Censos y otro s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-03-28

Cabe declarar la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo para entender tanto en la medida cautelar interpuesta como en el caso por su despido, del accionante que alega haberse desempeñado durante veinte años en el INDEC desarrollando tareas de encuestador y vinculándoselo a través de sucesivos contratos, es decir, recibiendo trato de transitorio, y en la reclamación solicita se declare la nulidad de su despido y la reinstalación a su puesto de trabajo. El art. 9 de la ley 25.164, dispone que el régimen de contrataciones de personal por tiempo determinado comprenderá la prestación de servicios de carácter transitorio o estacionales, no incluidos en las funciones propias de la carrera y que no pueden ser cubiertos por personal de planta permanente. Dicha circunstancia no se daría en la contratación del actor, por haber efectuado tareas durante veinte años inherentes a la planta permanente. Si bien la decisión de recurrir a la contratación de personal constituye una facultad discrecional del Estado, es deber de los jueces controlar los actos de los otros poderes a los fines de velar por el respeto de los derechos y garantías previstos en la C.N. y en los tratados internacionales con jerarquía internacional.(Del voto de la Dra. Cañal, en minoría).
Sentencia, nulidad de oficio
Materia: PENAL
Carátula: GARCIA Carlos Alberto s/ HURTO CALIFICADO
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-06-29

La sentencia que no resuelve las cuestiones relativas a la prueba del cuerpo del delito materia de acusación fiscal y a la persona del autor del mismo, sin condenar o absolver por ese delito, debe ser declarada nula de oficio.
Avocación jurisdiccional, recurso de reposición (procesal), Ministerio Público, responsabilidad civil, Superior Tribunal de Justicia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: LESCANO, GABRIELA c/  s/ AVOCACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-09-15

Corresponde rechazar el recurso de revocatoria interpuesto contra el decreto de Presidencia que dispuso no hacer lugar a la avocación solicitada -atento no encontrarse configurado el supuesto contemplado en el artículo 93, inciso 7 de la Constitución provincial, que dispone la competencia de este Cuerpo para entender en los juicios de responsabilidad civil contra los magistrados, categoría que no reviste la Fiscal del Ministerio Público que requirió la avocación-, pues si bien la interesada alega que el cargo de Fiscal se equipara al de un Juez (especialmente a partir de la entrada en vigencia del Nuevo Sistema Penal), cabe recordar que la competencia asignada a este Tribunal por la norma constitucional mencionada es de carácter taxativa y no puede ser ampliada por normas infraconstitucionales o vías de hecho -como la aquí intentada-, a excepción de aquellos casos en que la propia Ley Fundamental lo autoriza. - CITAS: CSJStaFe: AyS T 275, p 363; T 272, p 343; T 263, p 86. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Constitución provincial, artículo 93, inciso 7
Sentencias contradictorias, conciliación obligatoria
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Asociación Trabajadores del Estado c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ Acción declarativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-03-11

La contradicción atribuida al pronunciamiento que reconoció, por un lado, que el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires carecía de la imparcialidad prevista en el art. 39 inc. 4 de la Constitución provincial , y exhortó al Poder Ejecutivo a elaborar el proyecto de ley tendiente a regular dicho órgano imparcial y, por el otro, tendió a asegurar la subsistencia de aquel mecanismo de solución de conflictos colectivos ante la falta momentánea de otra mejor solución, no reviste el carácter de tal, pues no desconoce los lineamientos que emergen de la recomendación formulada por el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo en el caso número 2369.
Sociedades comerciales, sociedad cooperativa, socio empleado, relación de dependencia
Materia: LABORAL - COMERCIAL
Carátula: Viorels Julio c/ C.O.T.T.A. Norte s/ Recurso de Inconstitucionalidad en Expte. Nº A-61411/92.  (L.A. Nº 40, Fº 340/342, Nº 124).- Inconstitucionalidad en Expte. Nº A-61411/92.  (L.A. Nº 40, Fº 340/342, Nº 124).-
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1997-05-16

Atento la naturaleza jurídica de la demandada -cooperativa-, la prestación e trabajo de los socios entra en lo que podríamos decir una prestación natural.Es que la cooperativa aparece prestando los servicios a los terceros mediante la utilización del trabajo de sus asociados, pero no dentro de un esquema de subordinación laboral, sino por medio de reglamentos de trabajo creados por los mismos socios, que son los destinatarios finales de los fondos recaudados con el servicio prestado. Desconocer esto, importaría tanto como destruir un tipo societario que se enraíza en las tendencias mas profundas del hombre, a traves del esfuerzo compartido en asociación libre y voluntaria.

El hecho de que los pagos mensuales hayan sido denominados sueldos y de que al actor se le haya abonado sueldo anual complementario sobre lo percibido y vacaciones, no decide el punto para cambiar una relación jurídica de sociedad en un contrato de trabajo, ya que esa pudo ser una de las formas que se pudieron adoptar para distribuir utilidades. La participación en el "beneficio" de la empresa cooperativa no constituye una contraprestación de carácter salarial, sino debida al trabajador a título distinto, es decir, como "socio" y participa en las ganancias sociales en proporción a su trabajo.
Confirmación de sentencia, sobreseimiento, coautoría
Materia: PROCESAL
Carátula: R. S., J. A. s/sobreseimiento c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-04-17

Carlos Alberto González, en disidencia, votó en pos de confirmar el sobreseimiento apelado precisando que la circunstancia de que el arma fuera utilizada tan sólo por el acompañante de la motocicleta obstaba a reprochar esa misma conducta al conductor (Sala IV, causa n° 432/10, B. C., rta.19/4/10, entre otras).-
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, costas, resoluciones apelables
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: FINI, GRACIELA ESTER c/ FINI, SUSANA ROSA s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-05-05

La argumentación de la recurrente pasa por criticar la imposición de costas a su parte con sustento en que la medida preparatoria se inició por el comportamiento de la demandada, mas omite hacerse cargo del fundamento esgrimido por los Sentenciantes al considerar que como la cuestión era de índole procesal resultaba inapelable y que dicho carácter también ostentaba la accesoria condenación en costas.
Prisión domiciliaria, interés superior del niño, derecho del menor a ser oído
Materia: PENAL
Carátula: Rojas, Miguel Angel c/  s/ Incidente de prisión domiciliaria
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-05-03

A los fines de la aplicación del instituto de la prisión domiciliaria previsto en el art. 32, inc. f), de la ley 24.660, sin perjuicio de la edad de los menores, hay dos parámetros que deben evaluarse para determinar correctamente qué es lo que resulta mejor para aquellos, independientemente de tratarse del padre o de la madre detenidos. Ellos surgen de las Observaciones Generales nro. 12 y 14 del Comité de los Derechos del Niño y aluden -en la primera- a establecer el derecho del niño a ser oído y a que el menor comprenda cuál es la situación para que, de esa manera, se pueda tomar en cuenta su opinión. La segunda establece que el interés superior del niño es un principio jurídico y una norma de procedimiento, especialmente en el apartado 97, en cuanto señala que "si excepcionalmente la solución elegida no atiende el interés superior del niño, se deben indicar los motivos a los que obedece, para demostrar que el interés superior del niño fue una consideración primordial a pesar del resultado, no basta con afirmar en términos generales que hubo otras consideraciones que prevalecieron frente al interés superior del niño. Se deben detallar en forma explícita, todas las consideraciones relacionadas con el caso en cuestión y se deben explicar los motivos por los que tuvieron más peso en ese caso en particular. En la fundamentación, también, se debe explicar de forma verosímil el motivo por el que el interés superior del niño no era suficientemente importante como para imponerse a otras consideraciones. Es preciso tener en cuenta las circunstancias en que el interés superior del niño debe ser la consideración primordial" (voto del juez Jantus).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), delitos, pena, graduación de la pena, unificación de penas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: RODRIGUEZ, PABLO SEBASTIAN c/  s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-05-12

La recurrente cuestiona el monto de la pena impuesta al encartado, en el entendimiento de que la ley 26200 -reglamentaria del Estatuto de Roma- veda la aplicación de una pena temporal superior a los veinticinco años de prisión y agrega, además, que la referida normativa posee un carácter estructural para nuestro Código Penal y que una pena superior a este monto es contraria a la finalidad de reinserción social; sin embargo, pese al matiz constitucional que la compareciente intenta otorgarle a sus postulaciones, lo cierto es que sólo traslucen su mero disenso con la interpretación de normas de derecho común que con arreglo a las circunstancias comprobadas del caso, efectuaron los Jueces de la causa en el ejercicio de atribuciones propias, materia que, por regla, no resulta susceptible de revisión en esta instancia extraordinaria, máxime cuando la interesada no logra persuadir a este Tribunal de que la Cámara ni el Juez de grado, al realizar la unificación de penas cuestionada, hubieran efectuado una exégesis irrazonable de las normas en juego o lesionado mandas constitucionales (De la disidencia de los Dres. Gutiérrez y Spuler) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 26200.
Contrato de suministros, hoteles
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Hotel Corrientes (Domingo Martín - Antonio Edgardo Messia) c/ GCBA (Subsecretaría de Acción Social) s/ cobro de pesos s/ recurso de apelación ordinario concedido" y su acumulado expte. n° 2565/03 "Hotel Corrientes (Domingo Martín - Antonio Edgardo Messia) c/ GCBA (Sub-secretaría de Acción Social) s/ cobro de pesos s/ recurso de apelación ordinario concedido Messia) c/ GCBA (Subsecretaría de Acción Social) s/ cobro de pesos s/ recurso de apelación ordinario concedido" y su acumulado expte. nº 2565/03 "Hotel Corrientes (Domingo Martín - Antonio Edgardo Messia) c/ GCBA (Sub-secretaría de Acción Social) s/ cobro de pesos s/ recurso de apelación ordinario concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-05-26

El tipo de prestaciones proporcionadas por los establecimientos hoteleros encuadra en la noción del contrato administrativo típico de "suministro" que, por las razones de urgencia establecidas en la norma aplicable, podían ser objeto de contratación directa por la autoridad administrativa. En el caso, el Gobierno ha reconocido que los servicios prestados por la actora han sido brindados satisfactoriamente, destacando, además, que el único hotel que recibía grupos familiares con mas de cuatro hijos.
Proceso judicial, etapas del proceso, declaración de puro derecho
Materia: PROCESAL
Carátula: "Bankboston  NA c/ Banco  Central  de la República Argentina s/ proceso de conocimiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-12-02

Conforme al art. 359 del C.P.C.C.N. la causa sólo podrá ser declarada de puro derecho en aquellos casos en los que la existencia de un período probatorio resulte inútil, sea porque ambas partes carezcan de la posibilidad de ofrecer medios de prueba o porque ésta surja o se encuentre agregada al expediente y no medie objeción con respecto a su admisibilidad o pertinencia.
Contrato de obra pública, multa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: TECSA SA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 122-80 NORSBE IESA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 186-81
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-09-11|1985-12-27

En el ejercicio de la atribución de multar ante el incumplimiento por parte del contratista en la ejecución de una obra pública, la comitente no puede desatender esa finalidad (acorde con su naturaleza), por lo que debe valorar la oportunidad de su aplicación, y las circunstancias en que se desenvuelve el contrato, tanto para decidir si corresponde o no imponerlas y como para graduar su monto; y, al hacerlo, no podrá desatenderse de la eficacia que sea dable esperar de la medida no sólo en atención de tales aspectos sino también, según se trate de multar por incumplimientos pasados o subsistentes.
Contrato de trabajo, obligaciones del empleador, igualdad de trato
Materia: LABORAL
Carátula: RIBOTTA, GERALDINA ELENA c/ LA SUPERIORA VIÑEDOS, BODEGAS Y OLIVARES SA. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-06-30

El empleador, al excluir solo a un trabajador del aumento concedido, ha violado la obligación contractual de dispensar a todos los trabajadores igual trato en igualdad de situaciones (artículo 81 del RCT. To.) (Conforme sala 6, sentencia del 22 de septiembre de 1980, en autos: 'Dos Santos de López c/ Adams SAIC. E I.', TSS., Noviembre 1980, página 680).
Municipalidad, facultades de la Municipalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: QUIROGA  LUIS  ALBERTO (INTENDENTE DE MINA CLAVERO) PLANTEA CONFLICTO MUNICIPAL s/ CONFLICTO MUNICIPAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-02-27

La resolución cuestionada no es una ordenanza dictada en función legisferante por el Concejo Deliberante en donde se haya seguido el proceso de formación de una "ley formal" para que, como tal, pueda ser vetada por el Sr. Intendente en uso de sus facultadas (art. 130 Ley Orgánica Municipal).

El Departamento Ejecutivo Municipal, en "función administrativa", debe desarrollar una actividad, sublegal, dentro del marco de las "ordenanzas" y demás leyes que legitimen el ejercicio de su mandato.

En tanto sólo una ordenanza deroga a otra de conformidad a los principios que informan el sistema de vigencia y validez de las normas, la resolución en cuestión , carece de fuerza operativa. Su eventual ejecutoriedad en los términos en que ha sido dictada conspira contra los principios que informan la separación de los poderes, reconocidos a los municipios por la Constitución Provincial, y no se adecua a derecho al conminar al Sr. Intendente a no obrar conforme al art. 128 incs. "b" y "n" de la Ley Orgánica Municipal vigente. Tampoco observa la mencionada resolución las disposiciones del art. 108 inc. 2do. de la Ley Orgánica Municipal Al no tener vinculante la decisión en los términos en que el acto fue realizado, de hecho, el conflicto municipal interno es insubsistente (Voto de la minoría Dr. Cortés Olmedo).-
Filiación extramatrimonial, cuestiones de hecho y prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Ruberto, María Julia c/ Nervi, Edgardo s/ Demanda Filiación Extramatrimonial
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1994-05-13

...la existencia del nexo biológico en una demanda de filiación extramatrimonial es una típica cuestión de hecho, privativa de los jueces de la instancia ordinaria, e irrevisable en casación, salvo que se denuncie y demuestre la existencia de absurdo, lo que no ocurre en el sub-exámine.