Tribunal: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-07-04


A C U E R D O	En la ciudad de La Plata, a 4 de julio de 2007, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Kogan, Genoud, Hitters, Soria, Pettigiani, Negri, Roncoroni, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa C. 93.525, "D. , M. M. . Adopción, acciones vinculadas".

A N T E C E D E N T E S	La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Junín confirmó el pronunciamiento que había rechazado la adopción.

Se interpuso, por el adoptante, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.

Oído el señor Subprocurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente C U E S T I O N	¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley? V O T A C I O N	A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:

I. La Cámara de Apelaciones confirmó la sentencia de primera instancia que había rechazado la adopción promovida por M. O. B. cónyuge de la madre biológica en razón de no contar con la edad mínima para poder adoptar.

Expuso en dicho pronunciamiento que:

En la adopción integrativa, el menor mantiene un vínculo jurídico preexistente con el adoptante y lo que hace la sentencia es convalidar tal situación fáctica, es decir que el menor ya tiene una relación paterno filial con el adoptante que se mantendrá viva y real, aunque se deniegue la adopción (fs. 73/73 vta.).

A diferencia de lo que ocurre con el obstáculo de la diferencia de edad entre adoptante y adoptado, no es posible parificar ambos supuestos para ignorar los recaudos taxativamente fijados por la legislación, puesto que en la diferencia de edad entre adoptante y adoptado tal situación se mantendrá inmutable a través del tiempo, mientras que el requisito de la edad mínima del adoptante que impone el art. 315 inc. a) del Código Civil posibilitará en un lapso razonablemente poco distante que el emplazamiento legal en la familia del adoptado se encuentre suficientemente afianzado, lo que lejos de atentar contra los superiores intereses del menor no hará más que consolidar el vínculo (fs. 74).

II. Contra esta decisión, se alza el señor B. , denunciando la conculcación de los arts. 315 inc. a), 321 inc. i), 337 inc. 2 a) del Código Civil; 14 bis, 75 inc. 22 de la Constitución nacional, 3.1, 4 y 21 de la Convención de los Derechos del Niño ley 23.849 , 19 del Pacto de San José de Costa Rica, 10, 36 incs. 1) y 2) de la Constitución provincial. Aduce la existencia de absurdo en el pronunciamiento; y de la doctrina legal que cita. Hace reserva del caso federal.

Afirma, en suma, que:

1) El fallo se ha apartado de las normas que obligan a fundar las decisiones en el interés superior del niño, priorizando en cambio la aplicación exegética de la ley (fs. 85 vta./86).

2) La decisión resulta arbitraria, fundando su pronunciamiento en normas que ceden frente a la valoración del interés superior del niño con jerarquía constitucional, máxime en el caso, que es una adopción de integración, que no ha sido integralmente tratada en la ley 24.779, sino tangencialmente en alguna de sus normas (fs. 86).

3) El fallo resulta contradictorio e incongruente dado que luego de reconocer que la adopción integrativa no se encuentra legislada en la ley 24.779, termina aplicando dichos preceptos con excesivo rigor formal (fs. 87).

4) La sentencia ha omitido valorar el principio rector de la materia cual es el interés superior del niño y el interés familiar que se halla expresamente reconocido en el art. 36 incs. 1 y 2 de la Constitución provincial, y lejos de amparar a los integrantes de la familia ensamblada se los está condenando a tener que soportar desigualdad en el trato de iure de sus hijas, con el argumento que con el transcurso del tiempo dicha situación va a poder ser consolidada jurídicamente (fs. 87 vta.).

5) El fallo llega al absurdo y deja de lado el instituto de la adopción, cuyo espíritu es velar por el interés superior del niño (fs. 88 vta.).

6) En la decisión se violó la doctrina legal de la Suprema Corte (fs. 89).

7) La circunstancia de que la ley no haga una excepción expresa cuando se adopta al hijo del cónyuge en lo que respecta a la exigencia de la edad mínima del adoptante como lo hace cuando quienes van a adoptar sean cónyuges no resulta óbice para que pueda prosperar la acción intentada si se cumplen los demás requisitos legales, fundamentalmente el del interés superior del Niño (fs. 90).

8) El caso no está regulado expresamente en la ley, mas ésta debe ser interpretada a la luz de los fines que la sustentan y sin que pueda aplicársele a este supuesto la nulidad del art. 337 del Código Civil, pues no ha sido prohibido expresamente (fs. 90).

10) Resulta absurda y arbitraria la decisión, en tanto que si el matrimonio D. B. deseara adoptar a un menor abandonado podría haberlo hecho desde marzo de 2005, pero como se trata del hijo del cónyuge, B. debería esperar al 2009, para que M. en su preadolescencia quede integrada en lo jurídico a su familia, lo que demuestra que por aplicación exégetica de la ley, la Cámara ha arribado a una decisión absurda (fs. 100 vta.).

III. Entiendo que le asiste razón al recurrente.

El fallo analizado ha vulnerado el interés superior del niño y la protección de la familia, desinterpretando la normativa aplicable al caso, y exhibiendo una notoria injusticia que lo descalifica como acto jurisdiccional válido.

1. La menor de autos nació el 7 de setiembre de 1998, habiendo contraído matrimonio el adoptante con su madre biológica, el 8 de marzo de 2002, unión de la cual nace una hija, L. .

A fs. 21 obra el informe del Perito Asistente Social, en el cual se refiere que "La pareja tiene una beba de un año llamada L. sin que existan diferencias afectivas del '... padre a sus hijas...' (sic). Surge que el grupo se desenvuelve dentro de un buen nivel de convivencia y que se cumplen las funciones básicas normativas (pautas, límites, reglas) y nutritivas (afecto, alimentos, cuidados, vestido, higiene, educación...) dentro del seno familiar...".

En su evaluación expresa que "No se perciben al momento de la visita social aspectos señalables como negativos en cuanto a modos y costumbres de vida. No hay conflictos a nivel familiar y el vínculo afectivo es bueno".

A fs. 30 está la experticia de la perito psicóloga, en la que se dice que: "Se sostuvo un diálogo de conjunto, pudiendo observar una conducta familiar normal, organizada y coherente, sin signos de relevancia que hicieran pensar en algún tipo de conflicto en personas o vínculos. Individualmente se entrevistó a la menor M. , la que tanto por su discurso como por la gráfica que realiza, deja entrever una buena relación familiar y la incorporación como imagen paterna a M. B. ...".

Como consecuencia de tal examen, en el fallo se arriba a esta conclusión: "Ningún perjuicio se advierte que ello pueda ocasionarle a la menor pretensa adoptada, efectivamente integrada al núcleo familiar formado, como lo pudo comprobar este tribunal en la audiencia de fs. 66, que no tiene que desaparecer porque se deniegue la adopción en esta oportunidad..." (fs. 74).

He aquí el equívoco incurrido en el fallo: desconoce la diferente situación jurídica en la que la adopción coloca al adoptado. Conceder o denegar la adopción cambia la relación paterno filial con el pretenso adoptante. Al no permitirse el emplazamiento familiar, el perjuicio se constata porque el menor no podrá llevar el apellido del adoptante (identidad del niño, art. 8.1 de la Convención de los Derechos del Niño), con todo lo que ello implica en su entorno familiar, en el círculo de sus amistades y compañeros de colegio. No podrá ejercer derechos alimentarios, ni sucesorios. Tampoco podrá contar con la obra social cuyo titular es el pretenso adoptante, quien se desempeña como empleado rural en relación de dependencia, a su vez, único sostén familiar (arts. 24, 26 y 27 de la Convención de los Derechos del Niño). Incluso, como consecuencia de la sentencia que no acuerda la adopción, no podrá asumir el ejercicio de la patria potestad, por lo que la protección, crianza y educación del menor se verá cercenada (arts. 18 de la Convención de los Derechos del Niño, XXX de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 331 del Cód. Civ.).

También se vería conculcado "el cumplimiento del principio de igualdad jurídica de todos los miembros del grupo familiar, en especial a la no discriminación de los hijos en razón de su origen" (arts. 16 de la Const. nac., 2 de la Convención de los Derechos del Niño; conf. conclusiones de la Comisión N. 1 del X Congreso Internacional de Derecho de Familia del 20 al 24 de setiembre de 1998, punto IV. 5., en "Jurisprudencia Argentina", diario del 6 de enero de 1999, p. 22).

Bajo estas condiciones concluir que la relación paterno filial con el adoptante se mantiene viva y real, aunque se deniegue la adopción es demostrativa del vicio lógico de absurdo (art. 384 y 474 del C.P.C.C.) Corresponde en consecuencia casar el fallo y emitir pronunciamiento con arreglo a las disposiciones vigentes (art. 289 del C.P.C.C.). Incluso, más allá de que el tiempo transcurrido en el proceso sortee los impedimentos en que se sustenta la decisión adversa adoptada por el tribunal a quo, y pudiera hacerse mérito de esta circunstancia sobreviniente, ya que al presente el solicitante cumple con los requisitos exigidos en la ley de adopción, la necesidad de abocarme a resolver el litigio se justifica por dos órdenes de consideraciones. En primer lugar, si de lo que se trata es de dar certeza al emplazamiento legal a quien lo tiene de hecho en la familia a la que pertenece, corresponde aplicar el interés del menor, como función correctora de las normas, integradora de las normas legales, capaz de llenar los vacíos de la ley y neutralizar los preceptos que se juzguen contrarios a los derechos del niño (art. 3 de la Convención de los Derechos del Niño; conf. Grosman, Cecilia, "Los derechos infraconstitucionales y los derechos del niño", libro de ponencias de la persona y el derecho en el fin de siglo, Universidad Nacional del Litoral, p. 237). En segundo lugar, se torna indispensable fijar las bases esenciales que desde la perspectiva procesal cabe exigir a las instancias de juzgamiento ordinario. En este sentido, por la vía de lo dispuesto en los arts. 161 inc. 3 ap. 'a' de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 279 incs. 1 y 2 del Código Procesal Civil y Comercial, los caminos que al respecto diseñe la Suprema Corte son de aplicación obligatoria. Entonces, una definición sobre el tema en tratamiento trasciende el caso concreto y se expande para futuras contiendas similares, en donde los órganos intervinientes sabrán a qué atenerse.

IV. Nos hallamos ante un supuesto de adopción integrativa del hijo extramatrimonial del cónyuge, con solo filiación unilateral conocida, en la que este grupo familiar conformado entre el niño y su mamá jefa de hogar pasa a convertirse en una familia biparental o nuclear.

Ante esta nueva realidad familiar, el cónyuge de la progenitora con quien vive el menor pretende brindarle el status de hijo con el correlato de que el adoptado complete jurídicamente su núcleo familiar, incorporando a su vida la figura paterna al ya existente del progenitor biológico conviviente (ver Gustavo Daniel Moreno, "La adopción integrativa y la necesidad de una nueva reforma del régimen de adopción", en Rev. Derecho de Familia N 17, Abeledo Perrot, p. 50, quien se explaya sobre el fenómeno psicosocial que implica este tipo de adopción).

La pretensión esgrimida por B. tiene el noble objetivo de que la menor vea transformada esa relación de hecho en otra de jure, que incorpore "legalmente" a su vida la figura paterna, asociándola con el vínculo biológico ya existente.

Ha expresado el doctor Pettigiani en otro precedente de esta Corte: "De lo contrario, sólo parece conjugarse con esa pauta de conveniencia minoril la eliminación de todo obstáculo formal que aunque asuma rasgos de requisito legal implique en definitiva la postergación del menor en su aspiración de tener un padre y una madre, como por otra parte impone la mencionada Convención sobre los Derechos del Niño al exigir que 'para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión' (Preámbulo y arts. 18 párrs. 1º y 2º, 5, 7, 9, 10 y 22, que hacen referencia a ambos padres para asegurar la crianza y desarrollo del niño"; conf. Ac. 70.180, sent. del 13 XII 2000 en "D.J.B.A.", 160 35, "El Derecho", 193 62, "La Ley Buenos Aires", 2001 1019).

En mi opinión, conforme expusiera supra, la interpretación de la Cámara sobre el requisito de edad mínima exigido para adoptar (art. 315 inc. a), resulta contraria a los fines tutelados no solo en la ley de adopción (arts. 321 inc. i del Código Civil, 3 primer párrafo y 21 de la Convención de los Derechos del Niño), sino también en los pactos internacionales con jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 de la C. N.), ya que este recaudo está previsto para otro supuesto, la adopción de un niño abandonado por ambos padres.

En este sentido señalan Cecilia Grosman e Irene Martínez Alcorta que "no obstante la ausencia de una norma expresa, el juez tendría la facultad de otorgar la adopción del hijo del cónyuge, pese a no reunir el peticionante las condiciones de edad establecidas, en función del interés superior del niño, parámetro que hoy tiene jerarquía constitucional (art. 3 Convención de los Derechos del Niño, art. 75 inc. 22 Const. Nac.)" ("La adopción de integración y la familia ensamblada", "Jurisprudencia Argentina", 1998.III, p. 1047, "Familias ensambladas", ed. Universidad, Buenos Aires, 2.000,p. 211).

En sentido coincidente esta Corte ha puntualizado que la ley 24.779 no ha sistematizado a las "adopciones integrativas" o de "integración familiar", sino que las ha considerado aisladamente, a modo de excepciones a la regla general así los arts. 311 inc. 1, 312 último párrafo y 316 Cód. Civ. (conf. causa antes citada)	De tal manera, y conforme se decidiera en la citada causa, en doctrina aplicable mutatis mutandi a la presente, los requisitos exigidos sobre la edad tanto la diferencia de ésta entre adoptante y adoptado resuelta en el caso citado, como, agrego, la que aquí nos ocupa de edad mínima del adoptante no resultan aplicables a la adopción integrativa.

Es que este instituto no está orientado a amparar la infancia abandonada, sino a consolidar un vínculo paterno filial preexistente. Quien reclama la adopción quiere ser el progenitor de ese niño, quiere reconocerle idénticos derechos y obligaciones que a un hijo biológico. Desea que ese hijo de uno de ellos sea un hijo común. No basta con que en los hechos el menor conviva con ambos, sino que es necesario para alcanzar tal cometido, el emplazamiento legal en la familia del adoptado. En última instancia, pretende junto a su esposa constituir una familia.

En este sentido, cabe reseñar que la protección integral de la familia, como forma de proteger los derechos humanos del individuo en sus diversos emplazamientos familiares, esta prevista en el art. 14 bis de la Constitución nacional. Con el advenimiento de la reforma constitucional de 1994, que incorporó pactos internacionales con jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22), esta tutela se ve reforzada a través de su reconocimiento en los distintos pactos (arts. VI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 16.1 la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 17 párrafos 2 y 3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 10 párrafo 1, parte 2 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 23 párrafo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).

Es por ello que las reglas referentes al interés del menor y el derecho de fundar una familia, previstas en los acuerdos internacionales antes citados, tienen incidencia sobre materias del derecho de familia como es la ley de adopción (conf. Belluscio, Augusto Cesar, "Incidencia de la reforma constitucional sobre el derecho de familia", "La Ley", 1995 A, p. 936). Enseña Germán Bidart Campos que dicha Convención inviste jerarquía constitucional y de ella se deslizan parámetros interpretativos que no son consejos, ni recomendaciones, sino principios, valores y normas plenamente dotados de juridicidad, obligatoriedad y aplicabilidad por parte de todos los operadores gubernamentales ("La filiación verdadera", "El Derecho", t. 162, p. 246). Precisamente esta interpretación se corresponde con el Derecho de los Tratados que, incorporados a la legislación interna, deben ser aplicados según las pautas que propician y difunden también las Cortes Transnacionales, y en la colisión entre una disposición desfasada y una hermenéutica lesiva de un tratado internacional, en materia de derechos humanos, ha de predominar el Tratado respecto de una norma de derecho interno (C.S.J.N. , causa S. 381 XXXII, "E. J. ", 3 X 1997, voto del doctor Bossert; causa "N. ", 5 XI 1996, voto de los Doctores Fayt, Bossert y Petracchi, citados en mi voto Ac. 78.446, sent 27 VI 2001; ).

A ello cabe agregar que, como el mismo recurrente señala, si se efectúa la dispensa de la edad en los supuestos del art. 315 inc. a), término que se encuentra cumplido en autos, padece de un excesivo rigor formal entender no dispensado al cónyuge de la madre biológica, pues sería un contrasentido que aquellos matrimonios que tengan mas de tres años de casados puedan adoptar aún hallándose por debajo de la edad legal, pero no pueda hacerlo quien, cumpliendo con estos requisitos, pretende alcanzar dicho status jurídico con la integración del hijo de su esposa.

Una reflexión especial merece lo expuesto por quien vota en segundo término al comparar el requisito exigido en la ley de adopción de edad mínima del adoptante con la diferencia de edad entre adoptado y adoptante, para concluir que no se da ninguna laguna normativa axiológica que habilite elastizar el recaudo en examen, ya que éste se cumple o cura valga la expresión con tiempo a contrario de la diferencia de edad que nunca podría subsanarse (fs. 74/79 vta.).

Sobre este aspecto no solo valen, por su propio peso, las consideraciones antes expuestas para alejarnos de la interpretación rígida que hiciera la Cámara, sino que también confluye una interpretación contraria a tenor de la diferente regulación legal sobre las eventuales nulidades que el acto de la adopción puede acarrear, pues cuando el adoptante no satisface el requisito de edad que establece el inc. a del art. 315, la nulidad será relativa en cambio para el supuesto de no alcanzar la diferencia de edad exigida entre adoptante y adoptado art. 312 2do párrafo , la nulidad será absoluta (conf. art. 337 inc. a, b, C. Civ.).

Por último, cuando se sostiene la imposibilidad de elastizar este recaudo legal porque precisamente favorece la reflexión, madurez y estabilidad familiar que la ley persigue (fs. 79 vta.), parte de un razonamiento equivocado: desde la órbita del interés del menor, la falta de conveniencia es lo que evidentemente no justifica otorgar una adopción, mas ello no puede fundarse con tiempos adicionales de reflexión que permitan perpetuar una situación fáctica, en la que la menor no tendrá certeza de cuál será su futura integración familiar.

De tal manera, entiendo que se ha configurado el absurdo en la sentencia recurrida, la que ha inaplicado las normas citadas ut supra, por lo que la misma debe ser revocada, asistiéndole razón al recurrente en su planteo.

Aída Kemelmajer de Carlucci ha expuesto el tema en su justo quicio: "A diferencia de otras figuras jurídicas cuyo norte es la seguridad, la adopción tiene justificación y fundamento en los valores Justicia, Solidaridad, Paz Social...". El interés abstracto del legislador debe ceder, excepcionalmente, ante el interés concreto que se presenta ante los ojos del juzgador. Si bien en abstracto se trata de un tema de elección de medios, en concreto, el conflicto es de valores: el rechazo de la adopción puede, en el caso, dejar un niño marginado o, como mínimo, con graves e intolerables perturbaciones. El juez no puede cerrar los ojos a esa realidad cuando la Convención de los Derechos del Niño, que él, como funcionario público está obligado a respetar, le manda lo contrario ("Jurisprudencia Argentina", 1998 III 972; ver también María Josefa Mendez Costa, "Interpretación y aplicación del derecho Positivo de Familia", quien reflexiona en similar sintonía en un precedente donde también no se reunían los requisitos legales para adoptar el hijo del cónyuge, en "Jurisprudencia Argentina", 1974, T. 24, p. 478)	Si lo que expongo es compartido, corresponde hacer lugar a la impugnación deducida, por lo que debe revocarse el fallo y otorgarse la adopción simple de M. M. D. , nacida el 7 de setiembre de 1998 hija biológica de M. L. D. a su cónyuge M. O. B. con retroactividad al 7 de noviembre de 2002, comprometiéndose el adoptante a hacer conocer a la adoptada su realidad biológica art. 321 inc. h) del Código Civil , con los alcances de los arts. 329, 331, 332, 333, 334, 335 y 336 del Código Civil; debiendo volver los autos al Tribunal de origen para que se dispongan las medidas instrumentales que correspondan (art. 289, C.P.C.C.).

V. Los desarrollos que preceden permiten arribar a la conclusión de que el recurso es procedente, fijando a la par doctrina legal en la materia que se trata.

No puede desconocerse, sin embargo, que el transcurso del tiempo ha venido a superar la valla existente, con lo cual el adoptante cuenta ahora con la edad mínima exigida.

Esta circunstancia sobreviniente, por sí sola, se constituye en argumento sustentativo de la procedencia del recurso en virtud de lo que dispone el art. 163 inc. 6 del Código Procesal Civil y Comercial.

En consecuencia, también desde esta vertiente, es procedente la adopción.

Por todo lo expuesto y lo que en sentido concordante ha dicho el señor Subprocurador General, doy mi voto por la afirmativa.

Los señores jueces doctores Kogan y Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron también por la afirmativa.

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Hitters dijo:

1. Tal como lo dispone el art. 163, inc. 6 del Código Procesal Civil y Comercial, la sentencia puede hacer mérito de los hechos constitutivos, modificativos o extintivos de la pretensión, producidos durante la sustanciación del trámite.

Entiendo que corresponde en la especie aplicar dicha disposición y ejercitar las atribuciones allí previstas, acogiendo así el pedido de adopción formulado.

2. En efecto, el impedimento señalado en las instancias de origen, basado en la ausencia de la edad mínima para adoptar establecido en el art. 315, inc. a) del Código Civil, debe ser analizado a la luz de las circunstancias sobrevinientes que el magistrado no puede desconocer al emitir su pronunciamiento. No obsta a ello por otra parte el efecto retroactivo de la declaración de adopción que regula el art. 322 del referido ordenamiento.

Edicta el art. 315, inc. a) que el recaudo de la edad mínima (30 años) no opera para los cónyuges que lleven más de tres años casados. Entiendo que dicha disposición no sólo juega para los casos en que la adopción se lleva adelante conjuntamente por ambos contrayentes, sino igualmente cuando se da la hipótesis del sub judice, en el que se promueve por el cónyuge de la progenitora, un pedido de adopción "integrativa" de los preexistentes lazos parentales biológicos de la madre con la menor.

Al momento de sentenciar, los judicantes de grado se vieron impedidos de aplicar la excepción contemplada en el art. 315 inc. a) del citado cuerpo normativo, dado que no había transcurrido aún el lapso trienal allí indicado.

Sin embargo, al día de la fecha, teniendo en cuenta la época de celebración del matrimonio entre el adoptante y la progenitora de M. 8 III 2002 (v. certificado de matrimonio, fs. 4), se encuentra verificado el presupuesto de aplicación de la excepción al recaudo legal que impide la adopción a quienes no hayan cumplido 30 años de edad.

3. Por lo que en virtud de las atribuciones establecidas en nuestro ordenamiento adjetivo, a las que me refiriera supra, debe entenderse removido el obstáculo legal que el a quo encontró verificado para denegar la adopción simple (art. 313, 329 y ss., Cód. Civ.), procediendo en consecuencia hacer lugar a la pretensión, con los alcances especificados por mi distinguido colega, el doctor de Lázzari.

Voto por la afirmativa.

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:

Adhiero a la solución propuesta al acuerdo por el doctor Hitters. Ello así, por cuanto a tenor de las circunstancias sobrevinientes señaladas en el voto de mi distinguido colega se logran sortear los impedimentos en que se sustentara la decisión adversa adoptada por el tribunal a quo (art. 163 inc. 6° del C.P.C.C.), resultando lo expuesto suficiente a fin de acoger la pretensión articulada en el sub examine.

Voto por la afirmativa.

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:

Adhiero al voto del doctor de Lázzari. Conforme lo advierte el citado colega, en las presentes actuaciones se aplica mutatis mutandi la doctrina legal emanada de Ac. 70.180 ( sent. del 13/XII/2000 ) y cuyos fundamentos vertiera, los cuales en lo pertinente, es dable reiterar.

En ese sentido cabe señalar que no se trata en el sub judice de incorporar un menor abandonado a la familia, sino de integrar a uno que convive con el pretenso adoptante desde hace años, conformando una relación paterno filial con fuertes vínculos afectivos enraizados en la situación fáctica de la crianza, generándose así una verdadera simbiosis entre ambos.

De tal manera, el pedido tiene como plausible objetivo que la menor vea transformada esa relación de hecho en otra de jure, que incorpore "legalmente" a su vida la figura paterna, asociándola a modo de ensamblaje con el vínculo ya existente del progenitor materno.

La ley no ha sistematizado este tipo de adopciones, sino que las ha considerado aisladamente, a modo de excepciones a la regla general (así los arts. 311 inc. 1, 312 último párrafo y 316, Cód. Civ.). Tal forma de tratamiento deja obviamente al margen otras posibilidades no contempladas, sin que ello implique de modo alguno que las mismas se encuentren proscriptas por nuestra ley. Cabrá en cada caso analizar el marco contextual que prestan las circunstancias que lo acompañan, y si se advierte que los fundamentos que dan sustento a aquellas situaciones se extienden a otras diversas, sin que existan razones de entidad superior que obstaculicen o lisa y llanamente impidan tal extensión, brindarles análoga solución.

En consecuencia, la contingente eventualidad de que la ley no haya excepcionado expresamente en el supuesto de adopción del hijo del cónyuge la exigencia de la edad mínima para adoptar, salvo que se tenga más de tres años de casados o que se acredite la imposibilidad de tener hijos (art. 315 ap. a), Cód. Civ.), no enerva la posibilidad de que aquél pueda prosperar, al menos dadas ciertas condiciones.

Para llegar a la solución del "subanálisis" debo señalar en principio, y sin que ello importe internarme en el árido terreno de una adecuada conceptualización del llamado "orden público", que no advierto que el mismo esté comprometido en todas las hipótesis en que no se dé estrictamente la edad mínima que establece la disposición citada.

Me baso al efecto en el propio texto del artículo, que admite ser soslayado en los supuestos antes señalados, lo que priva al principio del rigor de lo absoluto, y abre la puerta a otras posibles excepciones, cuando exista para las mismas razón suficiente.

Ello lo encuentro en que la naturaleza no es tan estricta, ni establece parámetro tan limitantes.

Parafraseando a Vélez Sársfield en la nota al art. 109 del Código Civil, podríamos señalar también a este respecto que si bien todos los códigos han creado presunciones, las mismas son arbitrarias y sin ningún fundamento positivo, aún cuando pueda concluirse en la necesidad o conveniencia de que existan tales presunciones de derecho.

En nuestro criterio, la exigencia mentada cede en su rigidez frente a razones de orden superior, de lo cual es una cabal muestra como señalamos la excepción que la propia ley consagra expresamente.

2) El principio liminar al que corresponde sujetarse en materia de adopción de menores es el interés de éstos, que la misma ley califica como "superior" en el art. 322 del Código Civil.

Sin pretender incursionar con mayor profundidad en esta pauta, que adquiere un rango aún más elevado, al alcanzar jerarquía constitucional, dada su inclusión en la Convención sobre los Derechos del Niño, ley 23.849, incorporada con tal impronta en virtud de lo dispuesto en el art. 75 inc. 22 de la Constitución nacional, texto reformado en 1994, nos limitaremos a señalar que la constitucionalización de los derechos del niño implica un replanteo de las situaciones que antes sólo estaban regidas por las relaciones civiles de derecho común.

Como expresa Bidart Campos, el principio de supremacía de la Constitución compele a la utilización y aplicación de los principios, valores y derechos que desde la Constitución proyectan su vigencia a todas las situaciones comprensivas de las relaciones familiares "Si las normas civilistas discrepan, hay que declinar su aplicación" (conf. "El derecho de familia desde el derecho de la Constitución" en Prememorias del IX Congreso Mundial sobre Derecho de Familia, Panamá, 22 al 27 IX 1996, págs. 89, 91 y 94).

Máxime cuando otro precepto constitucional dispone que el Congreso debe legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, entre otros y dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo. Estado este último que debe ser interpretado con criterio amplio, y en el que sin duda se encuentra sumido todo menor al que le falten sus progenitores, se trate de ambos o alguno de ellos.

La adopción llamada de "integración" tiende a satisfacer el interés del menor y como tal debe recibir aplicación toda vez que no resulte impedida por circunstancias graves que se contrapongan a ese mismo interés, las que no advertimos que existan en la especie.

Por el contrario, sólo parece conjugarse con esa pauta de conveniencia minoril la eliminación de todo obstáculo formal que aunque asuma rasgos de requisito legal implique en definitiva la postergación del menor en su aspiración de tener un padre y una madre, como por otra parte impone la mencionada Convención sobre los Derechos del Niño al exigir que "para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión" (Preámbulo y arts. 18 párrs. 1º y 2º, 5, 7, 9, 10 y 22, que hacen referencia a ambos padres para asegurar la crianza y desarrollo del niño).

Concluimos en que desde el prisma del orden público el mismo alcanza particular relevancia en lo que hace al principio del interés del menor, en tanto aparece bastante atenuado en lo que respecta a la exigencia de la edad mínima para adoptar, por lo que se impone la primacía de aquél sobre ésta.

A su turno, las normas constitucionales establecen igualmente supremacía sobre las civiles de derecho común.

Entiendo pertinente recordar las pautas trazadas por el más alto Tribunal nacional en un caso donde se encontraba también en juego una adopción integrativa, las que encuentro sumamente valiosas para orientar el sentido que he tratado de imprimir a este voto. Se dijo allí que "... La aplicación de la ley debe efectuarse equitativamente de acuerdo con la valoración y apreciación de los hechos específicos traídos a conocimiento de los magistrados; hacer justicia no importa otra cosa que la recta determinación de lo justo 'in concreto', lo que se logra con la realización del derecho de acuerdo con las situaciones reales que se pretendan. Así, se torna exigible conjugar los principios enunciados en la ley con los elementos fácticos del caso, para que la decisión jurisdiccional resulte jurídicamente valiosa, cuidando especialmente que la inteligencia que se les asigne no pueda llevar a la pérdida de un derecho, o el excesivo rigor de los razonamientos no desnaturalice el espíritu que ha inspirado su sanción..." (C.S.J.N., fallo del 16 X 1986, "Jurisprudencia Argentina", 1987 II 533).

De la audiencia celebrada con la menor, según constancia obrante a fs. 124, surge a mi juicio, teniendo en cuenta sus expresiones, la fortaleza del vínculo establecido con su pretenso padre adoptivo, y la indudable conveniencia de consolidarlo haciendo lugar a la pretensión incoada en autos.

Por todo ello, doy mi voto por la afirmativa.

Los señores jueces doctores Negri y Roncoroni, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Hitters, votaron también por la afirmativa.

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente S E N T E N C I A	Por todo lo expuesto, por mayoría de fundamentos y lo que en sentido concordante ha dicho el señor Subprocurador General, corresponde revocar el fallo y otorgar la adopción simple de M. M. D. , nacida el 7 de setiembre de 1998, hija biológica de M. L. D. , al señor M. O. B. , con retroactividad al 7 de noviembre de 2002, comprometiéndose al adoptante a hacer conocer a la adoptada su realidad biológica -art. 321 inc. "h" del Código Civil-, con los alcances de los arts. 329, 331, 332, 333, 334, 335 y 336 del mismo Código; debiendo volver los autos al tribunal de origen para que se dispongan las medidas instrumentales que correspondan (art. 289, C.P.C.C.).

Notifíquese y devuélvase.

A C U E R D O	En la ciudad de La Plata, a 23 de abril de 2008, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Kogan, Genoud, Hitters, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia en la causa C. 93.525, "D. , M.M. . Adopción, acciones vinculadas".

A N T E C E D E N T E S	A fs. 125/138 esta Suprema Corte hizo lugar al recurso extraordinario interpuesto y dispuso otorgar la adopción simple de la menor de autos.

Se interpuso, por el adoptante, recurso de aclaratoria (v. fs. 150).

Encontrándose la causa en estado de resolverla, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente C U E S T I O N	¿Es fundada la aclaratoria solicitada? V O T A C I O N	A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:

1. Señala el peticionario que no pudo concretar la inscripción de la adopción porque media un error material en la parte dispositiva de la sentencia al consignarse la fecha de nacimiento de la menor (v. fs. 138 vta./139).

Dice que se ha indicado como tal la del 7 de setiembre de 1998, cuando la correcta es 14 de agosto de 1998, según resulta de la partida de fs. 3.

2. El error material incurrido es evidente y cabe encasillarlo como puramente numérico, lo que autoriza a la subsanación aún en el estadio procesal en que se encuentra la causa (arts. 36 inc. 3, 166 incs. 1 y 2, C.P.C.C.).

Y aunque así no sea considerado, debe removerse cualquier obstáculo que pueda frustrar la coronación de lo decidido, con grave afectación de los intereses superiores del niño, frente a los cuales debe ceder cualquier reparo procesal que pueda oponerse (doct. arts. 75 inc. 12, Const. nac.; 3.1, 4 y 21, Conv. Der. del Niño; 36 incs. 1 y 2, Const. prov.).

3. Consecuentemente, corresponde aclarar la parte dispositiva de la sentencia dictada, dejándose establecido que el nacimiento de la menor M. M. D. ocurrió el día 14 de agosto de 1998.

Voto por la afirmativa.

Los señores jueces doctores Kogan, Genoud e Hitters, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron también por la afirmativa.

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente S E N T E N C I A	Por todo lo expuesto, corresponde aclarar la parte dispositiva de la sentencia dictada a fs. 125/139, dejándose establecido que el nacimiento de la menor M. M. D. ocurrió el día 14 de agosto de 1998.

Regístrese, déjese debida constancia en el Registro de Sentencias 283/2007 y devuélvase.