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Recurso de queja (procesal), medidas para mejor proveer, resoluciones recurribles
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: BRACCO, Miriam c/ CRACCO, Juan Carlos y Otra s/ Sumario - Expte. Nro. 563 Año 2001 s/ Recurso de Queja por apelación  denegada
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2004-12-03

Las medidas de mejor proveer no son en principio recurribles por estar comprendidas dentro de las facultades de investigación que la ley confiere al juzgador de grado pudiendo ser objeto de revisión todo eventual exceso en su ejercicio al tiempo de pronunciarse el tribunal sobre la decisión definitiva del proceso. Empero, tal principio de irrecurribilidad cede sólo ante excepcionales supuestos en que se pretenda cubrir la negligencia probatoria de alguna de las partes, esto es, si la prueba ordenada tiende a suplir la ofrecida por la parte y no meramente a corroborarla, se quebrante el principio de igualdad de los litigantes, se afecte la garantía de la defensa en juicio o se ocasione un perjuicio grave de imposible reparación ulterior en los términos del art. 239 inc. 3 del texto adjetivo. En el caso se admitió la queja deducida.
Procedimiento contencioso administrativo y tributario, caducidad de instancia, notificación, deberes del juez, radicación del expediente, partes del proceso, carga procesal, impulso procesal, falta de impulso de parte
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gobierno de la Cdad. de Bs. As. c/ Genzamo de Quintela, Osvaldo y otra s/ Ejecución fiscal Osvaldo y otra s/ Ejecución fiscal
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-10-10

El artículo 119 del Código Contencioso Administrativo y Tributario en ninguno de sus incisos establece que el magistrado al recibir el expediente deba notificar al actor "el juez que va a conocer" o -al decir del recurrente "la recepción de la causa". En tal sentido, el inciso 14 de la norma citada está previsto para el supuesto en que haya existido una recusación, una excusación o la admisión de la excepción de incompetencia, situación que no existe en autos, pues luego de haberse presentado la demanda en la Secretaría General del fuero, las actuaciones fueron remitidas al juzgado sorteado.

Si bien la enunciación del artículo no es taxativa, del ordenamiento ritual no surge que el tribunal, al iniciarse el trámite de la causa, deba notificar al actor la radicación del expediente. Ello claro está, por el interés que todo actor ejecutante debe desplegar y por el principio general establecido por el artículo 117 del código ritual.

Es exclusiva carga del mandatario concurrir a interiorizarse sobre la suerte que ha corrido su petición de demanda a efectos de impulsar el proceso hacia su decisión final. No comparecer en el plazo de más de 6 meses a tales fines, hace presumir y es claro demostrativo, del desinterés en la continuación del proceso, si no existe obstáculo alguno que imposibilitara el actuar del interesado, ni se encuentra configurada la imposibilidad dispuesta por el artículo 263 del mencionado código.
Robo con fuerza en las cosas, robo en banda
Materia: PENAL
Carátula: HAEDO, Carlos O. s/ ROBO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-07-18

El robo en donde sólo hubo fuerza en las cosas -sin presencia del sujeto pasivo al tiempo de la comisión del hecho- es configurativo de la agravante banda, pues desde un punto de vista sistemático y teniendo en cuenta el bien protegido, aquélla se ha tipificado, habida cuenta del mayor peligro que suscita el número de personas intervinientes y con ello la menor defensa que tiene la víctima frente a la pluralidad de sujetos. La calificación se aplica tanto al robo con violencia, como con fuerza en las cosas.

No procede hacer tal distinción frente al tipo del art. 164, C.P., es que el propio legislador agravó el delito de daño cuando se comete en banda (art. 184, inc. 4°, C.P.), siendo que el daño para nada exige violencia sobre las personas para su tipificación.
Corrupción, corrupción de menores, delito doloso
Materia: PENAL
Carátula: M., C.A. s/ Abuso Sexual de menor de trece años mediante intimidación con acceso carnal por vía oral en Concurso     Ideal con Promoción   de   la corrupción  de Menor de Trece años, mediante intimidación en concurso Real con Promoción de la corrupción de menor de trece años, mediante intimidación-V., E. S. s/denuncia- Esquel.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-08-28

El delito de promoción de la corrupción de menores, es un delito doloso, y, que "...dada la estructura del tipo, el dolo debe ser directo, que significa saber que la acción que uno lleva a cabo tiende a promover la corrupción de un menor, o tiene la finalidad de allanar los obstáculos para que se cumpla ese objetivo..."; "..se sigue exigiendo dolo directo, de modo que no se admite ningún otro tipo de dolo, y menos aún de culpa.- La acción del sujeto es la de corromper, ya sea por actos prematuros o desviatorios de la sexualidad del menor, lo que es incompatible con el dolo eventual...".
Verificación de créditos, concurso preventivo, crédito laboral
Materia: COMERCIAL
Carátula: OPS SACI S/INCIDENTE DE VERIFICACION DE CREDITO DE GOMEZ, EMILCE ANALIA Y OTROS c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-10

El pronto pago falencial es más amplio que el previsto para el concurso preventivo en cuanto a los créditos comprendidos, ya que en la LCQ 183, 2° párrafo, no se enumera a aquellos alcanzados sino que directamente lo hace aplicable a todos los créditos laborales privilegiados especiales y generales.
Nulidad procesal, nulidad relativa
Materia: PROCESAL
Carátula: OROQUIETA, Jorge Juan s/ Juicio Sucesorio  Incidente Intervención Judicial
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1993-11-15

En nuestro país dada la organización federal, las provincias tienen sus propias normas de procedimientos. Estas formas garantizan la defensa en juicio y la aplicabilidad de la ley sustancial. Su violación, atento el carácter instrumental, genera una nulidad meramente relativa. Alsina entendía por nulidad "la sanción por la cual la ley priva a un acto jurídico de sus efectos normales cuando en su ejecución no se han guardado las formas prescriptas para ello".

Es decir que un acto se encuentra viciado cuando no se observen las formas procesales y la sanción por esa inobservancia es la nulidad.

El acto debe contener los elementos esenciales para ser considerado tal, porque en caso contrario sería la nada jurídica -inexistencia-.

Las partes pueden convalidar cualquier acto procesal, en atención a que todas las nulidades son relativas.
Medidas cautelares, intervención judicial
Materia: PROCESAL-CIVIL-COMERCIAL
Carátula: R. D. E. c/  s/ medida cautelar
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2023-12-04

La intervención judicial como medida precautoria está destinada a tutelar la vida y el patrimonio de la sociedad como fin primario y el interés de sus socios como fin secundario, en aquellos supuestos en que esos valores se encuentren gravemente comprometidos.-
Recurso extraordinario, cuestión federal, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL
Carátula: López Rega, José s/ causa N. 19.765.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-08

Las cuestiones federales pueden hallarse planteadas ante el juzgador, conforme las disposiciones contenidas en el art. 14 de la ley 48, o resultar de la decisión misma de éste de acuerdo a la doctrina de la Corte sobre arbitrariedad de sentencias.
Policía, personal policial, ascenso laboral, antigüedad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MENDOZA, FERNANDO SEBASTIAN c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  Nº 466-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-12-30

El antecedente de la antigüedad, considerado en primer término, en las "Pautas para el funcionamiento de las Juntas de Calificaciones", dictadas por el Jefe de Policía, convertido en Reglamento de Promociones Policiales por el Decreto 3508/87; ha perdido en la actual regulación reglamentaria, que la ubica en el quinto lugar en el orden de prelación, la jerarquía de que gozaba en la anterior, en la cual era prácticamente determinante, pero no estaba en consonancia con las disposiciones legales de la Ley del Personal Policial Nº 6769, dado que éstas, bien claras al respecto, establecen en su artículo 88 que para poder ascender será requisito indispensable que en las funciones del grado, se hayan demostrado aptitudes morales, intelectuales y físicas suficientes y evidenciar condiciones que permitan razonablemente, prever buen desempeño en el grado superior, y (conforme el artículo 96) que los ascensos al grado de Comisario Inspector y superiores al mismo se harán por rigurosa selección y orden de mérito establecido por la Junta de Calificaciones sobre todos lo que hubieran alcanzado la antigüedad mínima en el grado anterior, y no se encontraran afectados por causales de inhabilidad establecidas en la ley, exigiéndose para éstos ascensos, que el personal del grado inferior posea una sólida cultura profesional, que los habilite para encarar con acierto las soluciones que demanden los problemas institucionales trascendentes, como asimismo haber demostrado espíritu crítico, facultad de síntesis, rapidez de concepción y prestigio real, dentro y fuera de la Institución, por su capacidad de corrección en sus procederes.
Municipalidad, personal municipal, escalafón, reescalafonamiento, leyes, interpretación sistemática
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CERUTTI, MARTA ELENA GERBAUDO DE c/ MUNICIPALIDAD DE RAFAELA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 437 AÑO 1992)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-09-15

El análisis sistemático de la ley 9.286 permite concluir que la no inclusión expresa no autoriza a entender que la Administración tenga prohibido trasladar a sus empleados fuera de aquellas situaciones típicamente reguladas, porque si en los supuestos de los artículos 34 y 35 se reconoce a la Administración municipal la facultad de trasladar al personal a un lugar fuera de su asiento habitual, afectando la situación del agente de modo radical como es el cambio de domicilio "por razones de servicio" -si bien abonándole la indemnización por desarraigo y gastos conexos al cambio de domicilio cuando el traslado es con carácter permanente-, no puede negarse la posibilidad de que "si el servicio lo requiere" se disponga el traslado a otras dependencias dentro de la misma sede.
Impuestos, tratados internacionales, acuerdo sobre doble imposición, impuesto especial a la renta, impuesto sobre los capitales
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: Hoechst A.G. c/ D.G.I. s/ repetición -D.G.I.-
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-01

En los tratados en materia tributaria, la intención fundamental es la de impedir, en primer lugar, que se produzca el indeseable efecto de la doble imposición de los hechos y actividades que cumplen las personas de un Estado en el territorio del otro, con el evidente propósito de alcanzar un tratamiento igualitario a los contribuyentes en ambos Estados de manera de impulsar del modo más profundo las relaciones económicas entre ambos y favorecer las inversiones en cada uno de ellos por parte de los residentes del otro.
Sentencia, ejecución de sentencia, cumplimiento imposible, jubilaciones, edad avanzada, Estado Provincial, emergencia previsional, deuda previsional, razonabilidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: VEGA MILESI, FRANCISCO RAFAEL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE   Nº 755-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-04-30

Si bien en el caso es razonable la prescindencia del texto expreso de la ley 11373 de emergencia previsional en razón de las naturales expectativas de vida del actor -que cuenta con 85 años de edad y padece un delicado estado de salud de conformidad a las constancias obrantes en autos, no cuestionadas por la demandada-; tampoco carece de razón la demandada cuando sostiene que "si por vía de hipótesis, se aceptara la postura del actor, se desvirtuaría la razón de ser de la declaración del estado de emergencia previsional en la Provincia, pues existe una imposibilidad financiera temporaria del organismo previsional de afrontar el pago de sumas dinerarias de la envergadura de las que es acreedor el actor, circunstancia ésta que no aparece en el caso 'Iachemet', en el cual, la cantidad adeudada era ínfima en relación a la que resultó de este juicio". Se impone, entonces, la búsqueda de un justo medio que contemple y armonice, en la medida de lo posible, los intereses públicos ínsitos en la declaración de emergencia con las necesidades evidenciadas en la especie por el recurrente pues si, por un lado, la aplicación estricta de la ley conculcaría las posibilidades efectivas de cobro de la acreencia del actor, también la lisa y llana declaración de su inaplicabilidad al caso concreto implicaría obviar, con merma del orden público, los superiores intereses perseguidos por la ley de emergencia, que exigen, razonablemente, el sacrificio de atendibles aspiraciones personales en pos del bien común.
Amparo por mora, acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Domínguez, Oscar Mario c/ A.R.B.A. s/ Amparo por mora
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-03-30

El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de Trenque Lauquen resolvió hacer lugar a la demanda, y ordenar a la Administración Provincial a que dentro del plazo perentorio de 30 días emita el acto administrativo que corresponda y se expida sobre la presentación formulada por el actor respecto del reconocimiento de la deuda reclamada en el expediente administrativo 22.700 - 16.201 - 2012.
Recurso extraordinario de nulidad, aclaratoria (procesal)
Materia: LABORAL
Carátula: Borrelli, Rosa Amalia c/ Organización Vigilancia Integral S.R.L. s/ Indemnización
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-11-17

No puede determinar la nulidad del fallo la falta de tratamiento de un rubro que constituye una petición independiente que carece de vinculación con el resto de los conceptos reclamados y que no tiene ninguna gravitación sobre la suerte de éstos y cuyo remedio debió interponerse en la instancia de origen por medio de aclaratoria (art 156, Const. prov.).
Denegatoria del recurso, insuficiencia del agravio, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, empleo público, cesantía, resoluciones irrecurribles
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Fontana Emilse Mariela y otros contra GCBA sobre empleo público (excepto cesantía o exoneraciones) c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-08

Corresponde rechazar la queja toda vez que el recurrente no rebate el auto denegatorio, en cuanto sostuvo que el pronunciamiento cuestionado -que rechazó la revisión de la liquidación- no era una sentencia definitiva. Las resoluciones posteriores a la sentencia definitiva, dictadas en la etapa de ejecución de sentencia, no revisten el carácter de definitivas, salvo que se aparten de lo decidido en la sentencia de fondo, o cuando ponen fin a una discusión y causan un gravamen de imposible reparación ulterior. (Del voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz, por remisión a los fundamentos brindados in re "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Flores Rubén Máximo Y otros contra GCBA sobre empleo público (no cesantía ni exoneración)", Expte. SACATyRC n° 31474/08-1; 09-02-2022).
Derecho procesal, procesos de conocimiento, diligencias preliminares
Materia: COMERCIAL
Carátula: Silvera, Emanuel c/ Libra Compañia Argentina de Seguros SA s/ diligencia preliminar
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-04

Procede admitir la medida preliminar solicitada por el actor, pues se observa en la especie, que ha formulado la denuncia frente a la aseguradora; que inició una mediación prejudicial a la que asistieron las requeridas mediante apoderado sin resultado alguno y posterior a ello formuló un requerimiento por carta documento a la aseguradora para que se pronuncie al respecto. En este particular contexto, se aprecia que el requerimiento formulado para la obtención de los datos concernientes al siniestro denunciado no resulta irrelevante sino sumamente útil e ilustrativo para la postulación eficaz de la futura acción de cumplimiento contractual y daños y perjuicios anunciada.

Así entonces, la medida aquí requerida no tiende a preconstituir prueba alguna, sino que se torna un recaudo previo para procurar al actor la obtención de la documentación en que basará la acción que anuncia o, en su caso, el conocimiento de datos que no han podido obtenerse sin intervención judicial y que resultan indispensables para que el proceso pueda ser planteado eficazmente (conf. esta Sala, 22/12/09, "M & F Distribuidora SA y otro c/ Banco Patagonia SA s/ diligencia preliminar"; íd. 26/3/15, "Engulian, Gustavo Rubén Pablo c/ Banco Itaú Argentina SA s/ diligencia preliminar", Exp. C0M4410/2015; íd. 19/2/19, "Chavez, Pablo Sebastián y otros c/ Cardif Seguros SA s/ diligencia preliminar", Exp. COM N° 10100/2015).
Extinción del contrato de trabajo, pérdida de confianza, despido con causa, injuria laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Quispe, Belisario Valerio c/ Minera del Altiplano S.A. s/ ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2020-04-23

Configura justa causa de despido la falta grave que determina la pérdida de confianza y grave quebrantamiento de la relación laboral que no puede continuar. Siguiendo a Ojeda, "como la noción pérdida de confianza no constituye más que un elemento subjetivo, para que el despido resulte legítimo hace falta que tal figura se torne operativa en base a un incumplimiento objetivo del trabajador que se traduzca en la imposibilidad de que la relación de trabajo continúe vigente, en tanto frustre las expectativas acerca de una conducta leal y acorde con el deber de fidelidad creadas con el devenir del vínculo, lo que lleva a la convicción de que el trabajador ya no es confiable. Este hecho objetivo que lleva a la pérdida de confianza (reacción subjetiva) debe ser consignado en el despacho rescisorio, a los fines de dar la posibilidad de defensa cierta al despedirlo" (Raúl Ojeda, Ley de Contrato de Trabajo Comentada y Concordada, Tomo III, p. 370/371, Rubinzal Culzoni Editores 26/01/11).
Prueba documental, correspondencia de terceros
Materia: PROCESAL
Carátula: LUJAN DE PIÑA, OSCAR s/ CARTAS. PRUEBA INSTRUMENTAL.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-03-06

Debe revocarse el auto apelado por el cual no se hizo lugar a la impugnación de la agregación de la correspondencia y disponer que la carta que fuera reservada sea devuelta al presentante, pues la misiva cuya incorporación al expediente se cuestiona fue enviada a un tercero ajeno a este proceso y la tenencia de la misma por parte de la querellante no significa que el destinatario de esa carta haya prestado su consentimiento para que sea presentada en esta causa, por lo que no se encuentra cumplido el requisito exigido por el artículo 356 C.P.C.
Falta de legitimación para obrar, legitimación pasiva
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Villn, Ramón Alberto y otro c/ Darío A. Gómez y/o Alberto Pablo Barrios y otros s/ Haberes adeudados.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1997-02-28

No es procedente el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del a-quo que acoge la excepción de falta de legitimación pasiva. Ello así, ya que el Consorcio como ente de Derecho Público tiene personería para actuar y cuenta con un patrimonio propio distinto de los de sus integrantes, siendo el único obligado por las deudas que contrayere. Los miembros de la Comisión Directiva o los consorcistas, siempre que la ley o la convención lo establezca, podrán tener responsabilidad solidaria, pero ello no los convierte en obligados, pues serían responsables solidarios, siendo dicha responsabilidad indirecta o subsidiaria, lo cual implica que su responsabilidad solo se da previa excusión de los bienes del ente, careciendo de legitimación para ser demandados.
Prueba, recibo, remuneración, pericia contable
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: VF JEANSWEAR ARGENTINA S.A. c/ A.F.I.P. - D.G.I. s/ Impugnación de deuda
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-19

La jurisprudencia laboral ha dicho que la carga demostrativa referida a la fecha de in-greso al servicio pesa en cabeza del reclamante y no puede considerársela satisfecha si el informe contable no fue objetado, y los recibos de haberes coinciden con lo afir-mado por el responsable, máxime cuando el accionante toleró pacíficamente a lo largo de toda la relación la atribución de una fecha de acceso al servicio (cfr. C.N.A.T., Sala VIII, 30.06.93, "Zacarías, Miguel A. c/ Frigorífico Morrone S.A.").
Recurso de casación, sentencia definitiva
Materia: LABORAL
Carátula: LLANOS, ROQUE ALEJANDRO c/ CENTRO DE APOSTOLADO DE LA MERCED Y/O RESPONSABLE s/ INDEMNIZACION LEY Nº 22.248-REC. DE QUEJA POR CASACION DENEGADA  INTERPUESTA POR EL DR. OLIVARES
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-07-29

Las resoluciones que no definen el fondo de las cuestiones principales a fin da dirimir el pleito, declarar la voluntad de la ley y terminar la controversia, no revisten carácter de sentencia definitiva. El Superior Tribunal abre el recurso casatorio en aquellos supuestos que, por su índole y efectos el fallo podría llegar a causar gravamen irreparable, interviniendo el Tribunal a los fines de evitar se causen perjuicios, que por su dimensión y las circunstancias de hecho, podrían resultar de insuficiente, tardía o imposible reparación ulterior.
Acto administrativo, presunción de legitimidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: E. R. s/ Homicidio resultó víctima (3883/2003). c/  s/ Recurso de Queja C.J.G c/ I.S.S Y S s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-10-12|2018-05-10

Toda decisión administrativa que afecte derechos de los particulares debe responder a una motivación suficiente y resultar la derivación razonada de sus antecedentes, de modo tal que se encuentren cabalmente a resguardo de las garantías constitucionales en juego. Así lo exigen las normas de procedimiento administrativo - y lo ha establecido reiteradamente la jurisprudencia... Y esta exigencia es establecida como elemento condición para la real vigencia del principio de legalidad en la actuación de los órganos administrativos. Así se considera, en tanto se vincula en forma inseparable con el sistema republicano de gobierno adoptado constitucionalmente... se conecta estrechamente con valores ponderables que aseguran la juridicidad del quehacer de la Administración como certeza, responsabilidad del funcionario, facilidad para hacer efectivo el contralor de legitimidad y oportunidad.