Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-04-10


NEUQUEN, 10 de abril de 2014 Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados "TRIPAÑAN RICARDO DANIEL C/ SANTANDER RIO SEGUROS S.A. S/ D. Y P. RES. CONTRACTUAL PARTICULARES" (Expte. Nº 477120/2013) venidos en apelación del JUZGADO CIVIL 5 - NEUQUEN a esta Sala III integrada por los Dres. Marcelo Juan MEDORI y Fernando Marcelo GHISINI con la presencia de la Secretaria actuante Dra. Audelina TORREZ y, CONSIDERANDO:

I.- Vienen las presentes actuaciones en virtud del recurso de apelación en subsidio interpuesto por la parte actora a fs. 52/56, contra la providencia de fs. 51 que ordena tramitar esta causa por las normas del proceso ordinario.

Expresa, que por aplicación del art. 53 de la Ley de Defensa del Consumidor, el proceso que debe regir en autos es el sumarísimo, ello por ser el más abreviado que rige en la jurisdicción de tribunal ordinario competente.

Afirma, que la propia Ley local N° 2268 de Defensa del Consumidor, al adherir a la Ley Nacional, en su art. 12 dispone: "Las acciones judiciales originadas en las relaciones de consumo se sustanciaran por el procedimiento sumarísimo".

Menciona, que el art. 319 del CPCyC, establece que: "Todas las contiendas judiciales que no tuvieran señalada una tramitación especial, serán ventiladas en juicio ordinario" y que por su parte, el art. 321, inc. 2, del mismo cuerpo legal, prevé que será aplicable el procedimiento sumarísimo "En los demás casos previstos por este Código u otra ley".

En función de ello, considera que corresponde imprimir a este trámite el procedimiento sumarísimo contemplado en la legislación procesal local. Cita Jurisprudencia.

II.- Analizada la cuestión planteada entendemos que corresponde hacer lugar al recurso articulado por la actora y en consecuencia revocar el auto apelado, ordenándose aplicar el procedimiento sumarísimo previsto por el art. 321, 498 y concordantes del Código Procesal.

En efecto: el art. 53 de la Ley Nº 24240 determina que en las causas iniciadas por el ejercicio de los derechos establecidos en dicha ley, regirán las normas de conocimiento más abreviado que rijan en la jurisdicción del tribunal ordinario competente, a menos que a pedido de parte, el Juez por resolución fundada, basado en la complejidad de la pretensión, considere necesario un trámite de conocimiento más adecuado.

De la norma transcripta surge que por regla general el procedimiento que corresponde aplicar a las cuestiones atinentes al reclamo efectuado en el ámbito de la Ley de Defensa al Consumidor, es el "más abreviado" contemplado en la jurisdicción local, y en este caso concreto es el proceso sumarísimo, pues las cuestiones planteadas revisten una complejidad que justifiquen un proceso de conocimiento más amplio.

A su vez, conforme dicho art. 53 para apartarse de tal premisa, el juez a pedido de parte y mediante resolución fundada tiene que fundar su decisión en forma clara y concreta.

Cabe apuntar que en relación al grado de conocimiento, tanto el proceso ordinario como el sumario y el sumarísimo, son los tres de conocimiento pleno; y los dos últimos tienen una estructura diferente respecto del primero porque resultan notoriamente más abreviados. Pero esa estructura rápida nada tiene que ver con el grado de conocimiento que tiene el juez sobre el fondo del litigio.

Como es sabido, el proceso sumarísimo persigue una justicia rápida mediante el cumplimiento de etapas procesales ágiles, que no afectan el conocimiento pleno que el juez debe poseer sobre el fondo del pleito. La estructura de los procesos abreviados ha sido pensada en función de la celeridad pero sin menoscabo del derecho de defensa en juicio.

Si bien estamos de acuerdo con la Jueza de grado en cuanto manifiesta que en la Ley de Defensa al Consumidor no se establece un régimen procesal específico, que difiera de los sistemas implementados en los respectivos códigos de procedimiento nacional o locales, para la tramitación de daños y perjuicios, cuya solución de fondo implicará la aplicación indefectible de las normas previstas en el Código Civil (fs. 57); creemos que sí señala como principio general la aplicación de aquel procedimiento contemplado en dichos códigos de forma que sean más expeditos para la solución particular del conflicto (art. 53), por lo tanto es el procedimiento más abreviado el que debe implementarse, salvo que a pedido de parte y por resolución fundada el juez se aparte de tal regla aplicando otro tipo de proceso atendiendo alguna circunstancia específica de la pretensión.

En el caso, no existen motivos para apartarse del principio general enunciado párrafos más arriba, pues dentro de los "daños y perjuicios" se reclama la suma de $ 14.100 pactada a modo de resarcimiento por la demora en el pago del siniestro, que la aseguradora se había comprometido mediante una orden de compra en Garbarino por dicho importe, gastos por envío de cartas documento (dos), multa del art. 52 bis de la Ley 24240 y daño moral derivado de dicho incumplimiento.

Por lo expuesto, interpretamos que el reclamo de autos, se circunscribe al Régimen de la Ley N° 24.240, y por ello corresponde su aplicación.

Por tratarse de una cuestión suscitada entre una de las partes y el Juzgado, no se determinarán costas.

Por todo lo expuesto, esta SALA III RESUELVE:

1.- Revocar el auto de fs. 51, ordenándose aplicar las normas del proceso sumarísimo (art. 498 y concordantes del Código Procesal).

2.- Sin costas de Alzada.

3.- Regístrese, notifíquese y vuelvan los autos al Juzgado de origen.

Dr. Fernando M. Ghisini - Dr. Marcelo J. Medori Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA.