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Homicidio, atenuantes de la pena, emoción violenta
Materia: PENAL
Carátula: D., E. s/ Homicidio (Expte Nº113-97, Resolución Nº48, Tomo 4, Folio 440)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-09-03

La figura penal de homicidio cometido en estado de emoción violenta no sólo requiere de la presencia de una alteración anímica sino que exige que la misma sea profunda -"violenta"- en grado tal como para disminuir considerablemente los frenos inhibitorios del autor del homicidio, aconsejando así la disminución del reproche; y esto no está presente en la causa donde lo más que se puede aceptar es un estado de ira no mayor a la que puede padecer cualquier persona insultada.
Recurso extraordinario, admisibilidad del recurso, validez de la ley, aportes previsionales, inconstitucionalidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Harretch, Horacio Jesús s/ su solicitud.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-03

Es admisible el recurso extraordinario si se encuentra en juego la validez de una ley nacional y la decisión ha sido contraria a la constitucionalidad del art. 25 de la ley 18.037 (art. 14 inc. 1 de la ley 48).
Procedimiento administrativo, sanciones conminatorias
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: CUBELLI, HORACIO c/ A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-03

Resulta alejado de toda realidad que el hecho de ser un Organismo Público, conlleve el derecho a que no le sean aplicadas sanciones conminatorias cuando éste incumple con las obligaciones que legalmente le son de su incumbencia.
Prueba, carga de la prueba, juicio, demandado, partes, carga procesal, defensa en juicio, responsabilidad profesional, brucelosis
Materia: PROCESAL
Carátula: TROSSERO, PABLO ANGEL c/ VETERINARIA ATALIVA Y-U OTROS s/ JUICIO ORDINARIO. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº   1145-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-06-04

El tema de prueba lo constituye no sólo los extremos referidos por el quo, sino también aquellos hechos invocados por el demandado en el responde. No se puede desconocer que esos argumentos defensivos conforman el tema de prueba y también es claro que la carga de su demostración -en principio- recaería sobre el demandado. Y es así como la imposibilidad material de acreditarlos -por la venta de los vacunos supuestamente afectados de brucelosis- se vincula directamente con el ejercicio del derecho de defensa constitucionalmente protegido y que le ha sido vulnerado al demandado por el pronunciamiento impugnado. En efecto, tal situación se consolida cuando no se ha dado al demandado, siquiera, la oportunidad de probar la veracidad de sus afirmaciones y ello -exclusivamente- por el obrar en el plano extrajudicial de la misma actora quien, sin dar intervención ni noticia a quien eventualmente sería demandado, procede a la venta para faena de los animales conflictivos y sospechados.
Seguros, seguro de caución
Materia: COMERCIAL
Carátula: Estado  Nacional  (Mrio.  de  Economía - Sec. de Intereses Marítimos) c/ Prudencia Cía. Arg. de Seguros Generales  SA s/ cobro.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-30

Si existió una relación principal en el seguro de caución (beneficiario-tomador-asegurador) con relaciones accesorias y subsidiarias en las que se encuentran vinculadas compa!ías co aseguradoras, ellas no alteraron la obligación única y total asumida por la primera de garantizar el cumplimiento de las obligaciones del tomador frente al beneficiario.
Acusación, interpelación, defensa en juicio
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: NOE JORGE JOSE Y OTRO s/ ACUSACION  -  DEBATE  -  IMPUTADO  -  NULIDAD  -  DERECHO  DE DEFENSA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-09-06

La razón de la acusación obedece a la necesidad de hacer posible mediante la división de los poderes propios del actor penal y del juzgador, una adecuada, oportuna y razonable defensa de la persona sometida a juicio porque nadie podría defenderse si el juicio penal no reposara en una acusación formal que describa el hecho delictuoso que se le atribuye, pues nadie puede defenderse debidamente de algo que ignora.

Pero para que la defensa sea un elemento efectivo del proceso y el imputado pueda contradecir o explicar el hecho que se le atribuye, o afirmar alguna circunstancia que excluya o atenúe su responsabilidad a la imputación , es necesario que esta sea intimada, es decir, puesta en conocimiento de la persona contra la cual se dirige (Vélez Mariconde, Alfredo -Derecho Procesal Penal- Ed. Lerner Bs. As., 1969, II, Pág. 221).-
Jurisdicción y competencia, privación de justicia
Materia: PROCESAL
Carátula: Central  Dock Sud S.A. y otros c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-09-19

Sólo corresponde establecer cuál es el magistrado que debe entender en el pleito cuando es llamado a dirimir un conflicto jurisdiccional trabado de acuerdo con la legislación vigente o cuando existe una efectiva privación de justicia.
Beneficios previsionales, suspensión del beneficio, medidas cautelares, medida de no innovar
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - PROCESAL
Carátula: LINARI, MARIA CRISTINA c/ A.N.Se.S. s/ PRESTACIONES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-30

Aún antes del año 1994, la A.N.Se.S. y los organismos que le precedieron, estuvieron en condiciones de fiscalizar y verificar quienes obtenían beneficios previsionales en el régimen nacional y/o municipal, con lo que la comunicación entre entidades previsionales no estaba vedada y se imponía como un requisito de buen contralor administrativo. En consecuencia, corresponde confirmar la decisión que hizo lugar a la medida de no innovar basándose en la naturaleza alimentaria del beneficio revocado y en el hecho concreto de que no estaba en discusión la validez de los servicios denunciados por la titular, circunstancias que la tornan procedente ya que existiría un derecho legítimo que habría sido afectado y peligrosidad en la demora; siendo ella la única vía válida para la defensa de los derechos e intereses de la peticionante (art. 230 del C.P.C.C.).
Buscadores de Internet, libertad de expresión, responsabilidad por publicaciones en Internet
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: G. C. V. c/ Google Inc. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-09-12

La actividad del buscador de internet importa el ejercicio pleno y regular de la libertad de expresión constitucionalmente protegida y resulta razonable admitir que los motores de búsqueda -que carecen de control sobre el contenido proveniente de un tercero potencialmente dañoso y, por lo tanto, de evitar la consumación de un perjuicio derivado de su difusión- solo responden civilmente por el contenido que les es ajeno cuando toman efectivo conocimiento de la ilicitud de ese contenido y ese conocimiento no es seguido de un actuar diligente (art. 1109 del anterior Código Civil).
Divorcio, reconvención
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PALACIOS LUCIA ZUNILDA c/ BUTHAY MIGUEL ROBERTO s/ DIVORCIO VINCULAR
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1991-03-26

El demandado por divorcio vincular en virtud de la causal de separación de hecho, puede limitarse a invocar y probar la culpa del cónyuge actor, para probar su inocencia como lo autoriza el artículo 204 del Código Civil, con lo cual, pese a que el divorcio se decretará por la causal del artículo 214 inciso segúndo del código citado, se dejarán a salvo sus derechos de cónyuge inocente; pero además, podrá aquél pretender, por vía reconvencional, que el divorcio se decrete por la o las causales culposas que haya aducido y probado, previstas por el artículo 202 del mismo código pués el hecho objetivo de la separación de hecho como causal de divorcio, no ha sido impuesto por el legislador, como impeditivo de la investigación de las causas reales de la ruptura conyugal.
Daños y perjuicios, responsabilidad médica, obligaciones del médico, donación de sangre, responsabilidad de los establecimientos asistenciales, SIDA
Materia: CIVIL
Carátula: C., M.I. c/ RUSS, Carlota s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-09-30

El instrumento mediante el cual la actora prestó su consentimiento para que el establecimiento médico demandado le practicara una prueba en la sangre que donara para una persona conocida, con el objeto de determinar si era portadora del virus que transmite el SIDA (HIV) y asimismo, someterse a las pruebas que fueran necesarias para su confirmación en su caso, de ser positivos aquellos resultados, configura un acto jurídico bilateral, conforme la definición del art. 944 del Código Civil, el que cabe caracterizar como una convención jurídica, toda vez que se trata de un convenio en el que no están en juego intereses patrimoniales. De ahí que, frente a los términos del acuerdo no caben dudas de que si dicha institución se obligó a efectuar tal confirmación, y ante el resultado positivo que arrojó el análisis en cuestión el nosocomio no procedió a realizar las pruebas necesarias para confirmar el diagnóstico, incumplió con la obligación de hacer que debía practicar en tiempo propio (art. 625 del Código Civil), debiendo satisfacer los daños y perjuicios que hubiere causado con su inejecución, máxime cuando la actora concurrió a otra institución para confirmar el diagnóstico, el que arrojó resultado negativo.
Medidas cautelares, cuestión abstracta
Materia: CIVIL
Carátula: TENTI MARIO ROLANDO Y OTROS c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA s/ ACCION DE HABEAS DATA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-12-23

La superposición o coincidencia entre el objeto de la pretensión cautelar y la pretensión material o sustancial implica que el acogimiento de aquélla tornaría abstracta la cuestión a resolver, por haberse consumido el interés jurídico de los peticionantes.
Jurisdicción y competencia, competencia federal, competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, agentes diplomáticos, Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, Estados extranjeros, falsificación de instrumento público
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Secretaría de Industria y Comercio Exterior s/ falsificación de documento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-07-07

Es ajena a la competencia originaria de la Corte la causa en la que se investiga la presunta falsificación de una nota atribuida a la Secretaría de Industria y Comercio Exterior y que se dirigía a las autoridades de la República de Italia, ya que los Estados extranjeros no revisten calidad de aforados en los términos de los artículos 100 y 101 de la Constitución Nacional y 24 , inc. 1, del decreto-ley 1285/58 que los reglamenta.
Recurso de inconstitucionalidad provincial, leyes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PARTIDO  DEMOCRATA  CRISTIANO  PRESENTA IMPUGNACION DE CANDIDATURA AL GOBERNADOR DR. EDUARDO CESAR ANGELOZ s/ RECURSO DE REVISION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-09-05

La Constitución Provincial de 1987 tiene un capítulo de "Disposiciones Transitorias" en que se dan distintas soluciones para los problemas que supone el tránsito de un régimen constitucional a otro. Sin embargo, no existe norma vinculada con el tema analizado, de la reelección del Gobernador. La disposición primera de las normas transitorias preceptúa en su párrafo inicial: "Esta Constitución entra en vigencia al día siguiente de su publicación, la que deberá efectuarse dentro de los cinco días de su sanción". La decimocuarta, a su vez, agrega: "El texto constitucional sancionado por esta Convención Constituyente reemplaza al hasta ahora vigente".

Del tenor de las normas transcriptas fluye que la reforma del año 1987 ha tenido el alcance de sustituir la anterior Constitución por una nueva. La única norma de competencia suprema vigente es la última. Desde que ésta se sancionó y publicó, la anterior dejó de regir; no es más una norma jurídica imperativa, pierde fuerza obligatoria y pertenece a la historia del Derecho.-
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, leyes, retroactividad de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: Marasco, Bernardo Luis y otro c/ Sociedad Anónima Otto Spuler y otro y/o contra quien resulte Jurídicamente responsable s/ LABORAL (Expte. Nro. 126-92) -Tribunal Pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-10-14

En cuanto a la "retroactividad" de la ley, en nuestro país, se ha señalado, con mención de Roubier que las leyes deben ser divididas en tres grupos: 1) leyes retroactivas; 2) leyes de aplicación inmediata; 3) leyes de aplicación diferida; aclar ndose que únicamente merecen el primer calificativo aquellas leyes que vuelven sobre los efectos ya cumplidos bajo el imperio de la ley anterior; asimismo, que las segundas son aquéllas que rigen los efectos posteriores a su sanción, aunque sean derivados de una relación jurídica constituida con anterioridad, mientras que las del tercer tipo señalado son las que rigen solamente para las relaciones jurídicas constituidas con posterioridad a su sanción, dejando entre tanto que los efectos de las relaciones jurídicas anteriores se rijan por la ley anterior (supervivencia de la ley anterior). Al respecto, igual doctrina ha ejemplificado lo expuesto, a partir de una ley nueva que declara prohibido el préstamo a interés, y que entonces ésta última puede especificar: a) que se aplicara únicamente a los préstamos posteriores a su sanción, admitiendo como válidos los anteriores a ella, los que deber n asimismo, seguir devengando interés (ley de aplicación diferida, "efectos" diferidos o futuros); b) que se aplicara no sólo a los préstamos posteriores a la ley, sino también a los anteriores, en el sentido de que estos últimos ya no devengar n interés en el futuro (ley de aplicación inmediata, "efectos" inmediatos); c) que no sólo tendrá los efectos previstos precedentemente, sino que, además, considerar como mal habidos los intereses cobrados bajo el imperio de la ley anterior imponiendo al prestamista la obligación de devolverlos (ley retroactiva, "efectos" propiamente retroactivos). (De los Fundamentos del Dr. Dallo -En Disidencia-). La cuestión a resolver es: ¨Es aplicable la reforma dispuesta por la ley 23643 al artículo 8 de la ley 9688 a los infortunios laborales ocurridos con anterioridad a la fecha de su vigencia?
Quiebra, declaración de quiebra, fallido, calificación de conducta, aplicación de la ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: COSTA DEL SOL SA s/ QUIEBRA S/ INC. DE DENUNCIA DE COMPLICIDAD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-07

Bajo la vigencia de la ley 19.551, podía darse en materia concursal calificación autónoma de complicidad, sin que debiera estimarse como requisito esencial la calificación previa o simultánea de la autoría del fallido (conf. esta sala, 17.6.94, "Flores Aurelio c/ Competrol SA"). De manera que la eliminación del instituto de calificación de conducta del fallido no era óbice para la declaración de complicidad del tercero. A más, esta última se encuentra contemplada en la ley 24.522, art. 173 -2° parr.
Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-09-23


2º Instancia. - Buenos Aires, 23 de septiembre de 2010.

Y Vistos:

1. Apeló el incidentista la resolución de fs. 17 -aclarada a fs. 21-. Sostuvo el recurso con la memoria de fs. 25 contestada a fs. 28.

2. Reconocida la verificación de las multas establecidas en el art. 16 de la ley 25.561 y en el art. 2 de la ley 25.523, cuadra reconocerles el privilegio general de la LCQ 246:1.

Esta Sala participa del criterio ya sostenido en el sentido que aquellos importes deben ser considerados como acreencias derivadas de la relación laboral, al margen del carácter remunerativo o sancionatorio. Cabe precisar que la acreencia tuvo origen en incumplimientos de la quebrada respecto de la relación laboral mantenida con ella con apoyo en lo normado por dicha ley (CNCom., Sala D, in re "Obra Social del Personal de Jaboneros s/ Concurso Preventivo s/ Incidente de verificación de crédito por Aguilar de Aragona, Gladys", 6.11.03).

Así, se encuentran entre los enumerados por el art. 246:1 del citado cuerpo legal, que menciona remuneraciones debidas, indemnizaciones por accidentes, vacaciones, "y cualquier otro derivado de la relación laboral".

Para analizar la frase "cualquier otro derivado de la relación laboral", resulta de aplicación el art. 9 de la LCT, cuyo título dispone "el principio de la norma más favorable al trabajador", y si la duda recayese en la interpretación o alcance de la ley los jueces o encargados de aplicarla se decidirán en el sentido más favorable al trabajador (CNCom., esta Sala inre "Talbano S.A. s/ conc.prev. s/ inc. de verificación tardía por Seifert, Romina Paola" del 23.04.07).

Corresponderá entonces conceder al crédito el privilegio descripto.

3. Con el alcance expuesto estímase el recurso de apelación interpuesto. Sin costas de Alzada por no mediar contradictorio. Devuélvase encomendándose al Sr. Juez a quo las notificaciones. -María L. Gómez Alonso de Díaz Cordero. -Matilde E. Ballerini. -Ana I. Piaggi.
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria, fundamentación de sentencias, costas, expresión de agravios
Materia: PROCESAL
Carátula: Ferrau,  Rubén c/ Cía.  Azucarera  Las  Palmas SAICA y/o EstadoNacional s/ demanda laboral.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-11

Carece de fundamentación el fallo que decide no imponer las costas de la apelación articulada por la demandada, la cual rechaza en su totalidad, si la actora sí contestó la expresión de agravios, solicitando expresamente su imposición. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Embargo, tercería de dominio, bienes no registrables, televisor
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: MARTINEZ CATALAN JUAN CARLOS c/ LAURA H. BALMACEDA s/ TERCERIA DE DOMINIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-10-29

La propiedad de las cosas muebles no registrables, como lo es un televisor se determina en función del juego de presunciones derivadas del señorío físico que las personas detentan sobre ellas.

Carecen de importancia los documentos (facturas, recibos, etc), relativos a su adquisición, y resulta relevante en cambio la titularidad o pertenencia del domicilio donde se sitúan al tiempo del embargo como signo inequívoco de posesión (art. 2412 y concordantes del C.C.).-
Honorarios, base regulatoria
Materia: PROCESAL -CONSTITUCIONAL
Carátula: EXHORTO  JUEZ  PASO  DE  LOS  LIBRES  EN  RODEYRO  TEJERINA  DE B. M. c/ ROUX Y SAN CRISTOBAL S.M.S.G. s/ ORDINARIO    -    EXHORTO  -  RECURSO  EXTRAORDINARIO  -  COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-12-11

En el sistema del código arancelario la base regulatoria es el monto del juicio que está determinado por el valor de los bienes o créditos motivo de la demanda (art. 29). Las partes pueden darle un valor distinto, pero el acuerdo no tiene eficacia frente a los abogados que hubiesen permanecido ajenos a el, para quienes la única prueba es el contenido de la demanda.
Daños y perjuicios, cosa riesgosa, eximentes de responsabilidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Palacios, Juán Marcelo y otros c/ Industrias Baco SA s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-03-01

Frente a los daños sufridos al usar una escalera, cabe excusar de responsabilidad a su propietario, si se probó que aquélla se encontraba en perfecto estado de conservación y en condiciones reglamentarias y el accidente se produjo por el uso que de tal elemento hiciera el damnificado, pues ello conforma la noción de "culpa de la víctima" en los términos que aluden los arts. 512 y 1113 del Código Civil, al reunir la condición de "hechos de la propia víctima", con virtualidad suficiente para liberar de responsabilidad al accionado. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Prescripción adquisitiva, pago de tributos, animus domini
Materia: CIVIL
Carátula: RODRIGUEZ, ALBERTO BALDOMERO Y OTROS c/ PROP.  LLAVALLOL 3775 s/ POSESION VICENAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-05

La ley 14.159 reformada por decreto ley 5786/58, no exige que los pagos de impuestos sean efectuados mes a mes, ni durante dilatados períodos, sino que, al igual que los actos posesorios que enuncia el art. 2384 del Código Civil, lleven al convencimiento del juzgador de la realidad de la posesión invocada por el usucapiente, durante el lapso requerido para la transformación de aquélla en propiedad por prescripción adquisitiva. A ese fin, los pagos efectuados en diversas épocas demuestran, "prima facie", el "animus domini" del usucapiente durante el lapso transcurrido entre aquéllos; no ocurre lo mismo, en cambio, si se realiza el pago simultáneo de impuestos atrasados, pues sólo es útil para demostrar el "animus" y el comienzo del plazo de la usucapión a partir de la fecha en que se haya efectuado, pero nada demuestra en relación con el lapso comprendido en la deuda saldada.
Sentencia arbitraria, graduación de la pena, fundamentación de sentencias, igualdad ante la ley
Materia: PENAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la defensa de Julio Miguel De Vido en la causa De Vido, Julio Miguel y otro c/  s/ incidente de recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-01

En la relación a la graduación de la pena, si bien es cierto que el principio de igualdad no obsta a que se aplique un tratamiento distinto a situaciones que se consideren diferentes, ello no exime a los sentenciantes del deber de fundamentar, en forma adecuada y suficiente, en qué consisten las diferencias que consideran relevantes para justificar un trato disímil entre los consortes en un caso concreto.
Divorcio, causales de divorcio y separación personal, injurias graves, ofensa telefónica
Materia: CIVIL
Carátula: D., S.J. c/ A., M.D.C. s/ DIVORCIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-10-08

La inserción de epítetos claramente injuriosos y humillantes en los mensajes grabados, representan una injuria en los términos del inc.

41 del art. 202 de Código Civil, aún cuando el hecho se produjera con posterioridad a la separación de las partes. Es que a pesar de tratarse de manifestaciones verbales no pueden ser equiparadas a las que se vierten en una conversación entre cónyuges, donde puede entenderse que se produzca un desborde circunstancial como consecuencia del apasionamiento o de la inadvertencia de los interlocutores.-
Expropiación, costas
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: La Catalina S.C.A. c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ Expropiación inversa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-09-26

El art. 37 de la ley de expropiaciones no exige que la estimación reúna determinadas características de manera que, sea parcial o efectiva, no deja de existir a los fines del art. 37, y así debe ser considerada.
Costas, honorarios, excepciones procesales
Materia: CIVIL
Carátula: COOPERATIVA DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD Y AFINES DE GUALEGUAYCHU LTDA c/ UNIÓN BAT S.A. s/ MONITORIO EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2022-02-17

Las discusiones relacionadas con honorarios, por regla, no generan costas, salvo ausencia de razonabilidad del planteo. Esta última circunstancia se configura ante la insistencia de los letrados en sostener que la planilla por su parte practicada lo fue con fines exclusivamente arancelarios y no pretendió ser la liquidación del juicio cuando, conforme los alcances fijados por este tribunal, la pretensión regulatoria se encontraba sujeta a la previa determinación económica del pleito.