Tribunal: CAMARA DE ACUSACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-07-04


Salta, 04 de Julio de 2013.

Y VISTO: Estos Autos caratulados: "SEVERGNINI, JONATHAN EZEQUIEL POR TENTATIVA DE ROBO CALIFICADO, EN PERJUICIO DE ALVARADO, JOSE.- - APELACIONES INSTR. FORMAL CON PRESO", Expte. Nº 75.783/13 del Juzgado de Instrucción Formal de Segunda Nominación, del Distrito Judicial del Norte - Tartagal, causa Nº F01 75.783/13 de la Sala I del Tribunal de Impugnación; y CONSIDERANDO El Dr. Abel Fleming, dijo:

Que arriban los presentes obrados a este Tribunal en virtud del recurso de apelación impetrado a fs. 122/124 por la Sra. Defensora Oficial Penal Nº2 Dra. Alicia del Valle Luna contra la prisión preventiva ordenada en el auto resolutivo de fs. 79/82 mediante el cual procesa a Jonathan Ezequiel Severg-nini por el delito de Robo calificado por el uso de arma en grado de tentativa. El recurso fue promovido en tiempo y forma, en consecuencia resulta formal-mente admisible, por lo que se encuentra expedita la vía recursiva para el tra-tamiento de la cuestión suscitada.

Que el a-quo al momento de resolver acerca de la libertad del procesa-do teniendo en cuenta la entidad del hecho y la calificación jurídica asignada "Robo calificado por el uso de arma en grado de tentativa" efectúa una esti-mación provisoria y anticipada en los términos del art. 300 del C.P.P. y art. 26 del C.P. y concluye que en caso de recaer condena la misma será sin lugar a dudas (SIC) de más de tres años y de cumplimiento efectivo y a fin de enten-der el peligro procesal acude a pautas objetivas que se refieren a la gravedad de la pena, como también subjetivas, relacionadas a la personalidad del impu-tado. Sostiene que el legislador ha presumido iuris et de iure la concurrencia de riesgo cuando media un pronóstico de pena de cumplimiento efectivo, es decir que la amenaza penal es un indicador objetivo que proyecta a presumir seria y fundadamente una voluntad elusiva del encartado que se traducirá en la no aplicación de la ley, supuesto previsto por la legislación adjetiva que habi-lita el apartamiento de la regla general del proceso en libertad (art. 270 C.P.P.). Que la correlación entre el pronóstico punitivo y la procedencia de la prisión preventiva encuentra su razón de ser en el principio de proporcionali-dad que debe existir entre la pena hipotética y las distintas medidas de coer-ción que prevé la legislación. Cita doctrina y jurisprudencia con la que apoya su criterio y concluye que el pronóstico punitivo en relación al hecho atribuido consiste en una apreciación sobre la condicionalidad con grado de probabili-dad y provisionalidad por lo que ordena la prisión preventiva del procesado.

La defensa técnica se agravia solicitando se revoque la prisión preven-tiva y se ordene la libertad inmediata de su asistido. Fundamenta al efecto en que el a-quo se aparta de la norma constitucional y se enrola en la doctrina procesalista. Que el debido proceso reclama el respeto a los derechos del im-putado, las garantías procesales por encima de la historia colectiva o de cual-quier política criminal. Discurre con citas de las Reglas de Mallorca y la opi-nión de autores en torno a la proporcionalidad, y alega que la idea de propor-cionalidad entre el encarcelamiento preventivo y la pena que se espera, en el sentido que no la pueda superar en gravedad. Sostiene que aquí la proporcio-nalidad sería sustantiva, funcionaría razonablemente sólo en la etapa propia-mente del juicio público y contradictorio, de otra manera -afirma al recurren-te- estaríamos prejuzgando la posibilidad de condena del imputado, aún cuan-do todavía no se trata de una persona que haya sido juzgada. Cuestiona la po-testad del a-quo para decir con arreglo al art. 300 C.P.P. y art. 26 C.P. que sin lugar a dudas le corresponderá una pena de más de tres años y efectiva, ya que así prejuzga o más bien adelanta una expectativa a futuro, pero de tal manera que ni siquiera le pertenece esa potestad por no ser el mismo a quien por com-petencia le comprenderá expedirse sobre una hipotética pena. Cita jurispru-dencia y concluye que es inaceptable a la luz de los antecedentes reseñados y la normativa constitucional que se tomara una medida de coerción personal del tenor de la prisión preventiva, por la mecánica aplicación de la ley proce-sal extendiendo su interpretación más allá de toda razonabilidad.

Que así planteada la cuestión a resolver, se advierte que el a-quo ha dispuesto la prisión preventiva del procesado solamente evaluando el monto de la futura pena posible, es decir efectuando un análisis objetivo y la defensa técnica limita su cuestionamiento en ese sentido, poniendo énfasis en la au-sencia de proporcionalidad con la medida de coerción adoptada, como tam-bién en lo que considera que no es en esta etapa donde debe efectuarse la prognosis sobre la futura condena y su condicionalidad o no.

En razón de ello resulta necesario efectuar algunas reflexiones. No pueden ser más presuntos inocentes los acusados de delitos leves que los acu-sados de delitos graves. La presunción de inocencia alcanza por igual a todos e impide que la detención resulte nunca anticipo de pena. Por ello el decisorio que encarcela anticipadamente a la sentencia sólo puede motivarse en razones de peligrosidad procesal, es decir, peligro de fuga o entorpecimiento de la in-vestigación. Tal extremo se encuentra ausente en el decisorio en crisis, en el que el a-quo solamente se limita a mencionar también a las causas subjetivas, pero se queda en esa enunciación reducida a "la personalidad del acusado", sin decir formular al respecto ninguna valoración.

La pregunta que entonces cabe enunciar es, si puede ser motivación la sola consideración de la escala penal del delito en ciernes. ¿Un juez que sólo verifica el monto máximo de la pena del delito de que se trate, ¿puede decirse que motiva el auto que estabiliza el encierro mediante prisión preventiva?. Si exclusivamente es esto lo que hace, entiendo que este punto de la resolución carece de motivación. Ello es así porque los fundamentos enfocaron sólo la ley, y no las circunstancias concretas del caso con las particularidades de los supuestos autores. Si lo que el Juez vio es sólo la escala penal, lo que referen-ció es una categoría legal por la magnitud de la amenaza de pena en abstracto.

Sin dejar de otorgar valor a ese extremo de la amenaza de pena es in-dispensable bajar esta pauta relacionándola con el resto de las circunstancias de contexto que permitan una conclusión de existencia o inexistencia de peli-gro procesal que inexcusablemente manda el interjuego de las dos pautas ge-nerales contenidas en los artículos 3 y 270 del C.P.P.. Esta operación recién satisface el requisito de motivación basado en el análisis del caso.

En el sub-júdice tenemos según constancia de fs.6 que el acusado Se-vergnini no se resistió a la detención y que en el acta labrada al efecto (fs.8) manifiesta estar desocupado y fija domicilio en el inmueble de donde fuera aprehendido. En su declaración indagatoria, dice ser soltero, reitera el domici-lio ya fijado, pero respecto a su ocupación laboral refiere tener trabajo y que lo hace en un aserradero ubicado en calle 24 de Setiembre y que percibe $450 semanales. De la testimonial prestada por su tía Cintia Lorena Baez (fs. 64) surge que nunca trabajó. Tiene también relevancia los datos que nos aporta la planilla prontuarial de fs. 29/30 en torno a su actitud frente al llamado de la justicia, ya que registra numerosos comparendos, detenciones, pedidos de ubi-cación y comparendo, detenciones por pedidos de captura, etc. referencias que dable resulta merituar al momento de decidir sobre si existe o no peligro pro-cesal. Además consta a fs. 63 la actitud agresiva contra el personal policial en tiempo de detención.

No pretendo -lo subrayo con insistencia-, relativizar como pauta el valor de la amenaza penal surgida de la pena prevista para el delito de que se trata. Sólo digo que esta pauta objetiva debe operar como un elemento más, y nunca como elemento único. En este caso, el delito atribuido al acusado tiene una penalidad de entre cinco a quince años, reducida en un tercio a la mitad porque habría sido tentado (aunque discuten entre víctima y acusado que se llevó las llaves de la moto), por lo que la futura condena sería entre tres años y cuatro meses como mínimo y siete años y medio de máximo, el Sr. Juez ins-tructor no alcanzó a decir por qué ello en este caso concreto autoriza a la me-dida de coerción por existencia de peligro procesal. Lo poco que dijo se limitó a la cuestión objetiva, como ya anteriormente se señalara. No hay referencia concreta a circunstancias personales, laborales, familiares, de arraigo, de com-portamiento procesal, de conveniencia del encierro del acusado, y/o en rela-ción al curso posterior de la investigación, que se relacionen con la pauta de la pena amenazada.

Además de las referencias que se hicieran en párrafos precedentes, re-sulta también importante los datos aportados por otros elementos incorporados a la causa, los que si bien se anejaron con posterioridad al procesamiento, tal como los informes Psiquiátrico (fs.104) y Socio-Ambiental (fs.126), éstos dan información conductual que podría estar o no relacionadas con el reconoci-miento o la exclusión del peligro procesal. En efecto se afirma (fs.104) que el acusado es peligroso, que se fugó del hogar a los 9 años y desde esa fecha consume drogas (Paco) debiéndose ahondar sobre el particular a fin de se ilus-tre su afectación con la droga y por tanto qué grado de compromiso tendría sobre su voluntad y por derivación con su sujeción futura a los requerimientos de la justicia. Téngase en cuenta la conducta agresiva (fs.63) en el lugar de detención. Dice el acusado ser jornalero, pero no se aporta corroboración al-guna acerca de si efectivamente trabaja y si lo hace regularmente, antes bien lo poco que sobre este extremo consta en la causa se resume a que lo desmiente el informe Socio-Ambiental y la propia tía (fs.64). Dice ser soltero, pero se ignora si tiene o no familia a cargo. Acerca de su comportamiento procesal ya se reseñaron los antecedentes de su planilla prontuarial.

Ninguno de estos datos han sido tenidos en cuenta por el Juez de grado a fin de evaluar si en el caso concreto existe o no peligro procesal. Nada dijo al respecto, limitándose -como se señalara en párrafos precedentes- a ponderar el monto de la pena y la efectividad de la futura condena posible para justificar la cautelar dispuesta. De allí que cabe afirmar que sobre la cuestión relativa a la libertad ha dado una fundamentación aparente que amerita la sanción de nulidad prevista en el art. 115 del C.P.P..

Y ello es así por cuanto entiendo que el pronunciamiento jurisdiccional en orden a la prisión preventiva no puede ser convalidado por aparente moti-vación, esto es, por ser nulo por deficiencia en su estructura lógica. Según manda el art.115 del CPP., las sentencias y resoluciones judiciales deben ser motivadas bajo pena de nulidad lo cual responde a un principio de orden cons-titucional. La motivación es una operación lógica que responde a leyes supre-mas del pensamiento que se resuelven en la coherencia y la derivación. A su vez, una motivación coherente se caracteriza por ser congruente (las afirma-ciones, las deducciones y las conclusiones deben guardar adecuada correlación y concordancia entre ellas), no contradictoria (no empleo de juicio contrastan-tes entre sí) e inequívoca (no haya lugar a dudas sobre el alcance y significado de las razones expresadas). De la derivación se desprende el principio de ra-zón suficiente que se caracteriza por la concordancia (una conclusión positiva o negativa se infiere convenientemente de un elemento de convicción). No podemos afirmar que el auto en crisis responda a estas reglas de logicidad porque: se formula un juicio negativo basado solamente en una presunción legal con justificativo en el monto de la pena, sin indicar como opera la pre-sunción aplicada al caso, omitiendo apreciación alguna en torno a los antece-dentes de los imputados, si tienen arraigo, grupo familiar a cargo, estabilidad laboral, circunstancias de hecho, informe ambiental. En síntesis, se ha elabo-rado un auto de prisión preventiva sobre un solo elemento puramente objetivo, de modo que en el caso la fundamentación con relación al concreto caso es aparente.

Lo dicho nos lleva a concluir que la resolución en grado en lo que fue-ra materia de apelación, no está motivada o, dicho de otro modo, no está com-pleta, en lo que constituye un aspecto de su elemento lógico, insuficiencia que la convierte en aparente y no da razones válidas que justifiquen la medida de coerción, máxime cuando en el caso se ha determinado cada uno de los aspec-tos que pudo y no consideró el magistrado para formar su decisión. Y es por ello que resulta ajustado a derecho sancionar de nulidad en este punto el deci-sorio impugnado en torno a la prisión preventiva, mandando reformular la mo-tivación del mismo abarcando todos los aspectos necesarios y posibles.

Con todo lo señalado y retomando las consideraciones anteriores, de lo que se trata es que el Juez diga de qué modo cree que opera una pauta objetiva como la que surge de la amenaza de la prisión perpetua con el comportamien-to del acusado "en su caso", de modo que lo valorado no sea solamente la Ley, sino la causa y el sujeto a cuya disposición se encuentra y a quien en definitiva la ley le será aplicable.

La motivación no es insuficiente, la motivación es sólo aparente y en consecuencia le cabe la nulidad como sanción, debiendo así declararse por lo que deberá el a-quo formular un nuevo pronunciamiento.

El Dr. Julio Pancio, dijo:

Que se adhiere al voto del Vocal preopinante por sus fundamentos y conclusiones.

En mérito a ello y el acuerdo que antecede, LA SALA I DEL TRIBUNAL DE IMPUGNACION, RESUELVE:

I) DECLARAR LA NULIDAD DEL PUNTO 2º del auto resolutivo de fs.79/82 vta. debiendo el Juez de grado emitir un nuevo pronunciamiento en base a las consideraciones formuladas en el presente pronunciamiento.

II) REGÍSTRESE, PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, y oportuna-mente BAJEN los autos al Juzgado de origen.