Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-17


2º Instancia. - Buenos Aires, julio 17 de 2007.

El Dr. Kiper dijo:

Contra la sentencia de primera instancia (fs. 736/741), que hizo lugar a la demanda contra el Instituto Almagro de Salud SA, OSDE y Federación Patronal Coop. de Seg. Ltda., que perseguía la indemnización de los daños y perjuicios derivados de una supuesta deficiente atención médica que habría desencadenado en el fallecimiento por suicidio del esposo de la demandante, expresan agravios la actora (fs. 777/779), la codemandada "Instituto" (fs. 784/785) y la citada en garantía (fs. 787/789), contestando los agravios de sus contrarias únicamente la parte actora a fs. 784/785 y fs. 787/789, respectivamente. En consecuencia, las presentes actuaciones se encuentran en condiciones de dictar un pronunciamiento de carácter definitivo.

I. En su presentación ante la Cámara, la actora se agravia pues considera exigua la suma fijada en la anterior instancia para resarcir el rubro "valor vida".

Por su parte, la codemandada "Instituto", se agravia ante la imposición de responsabilidad a su parte, toda vez que considera que el hecho se debió -en forma exclusiva- a la culpa de la víctima. Asimismo, se queja porque considera elevada la suma concedida para resarcir el rubro "valor vida".

La citada en garantía se agravia porque considera elevadas las sumas fijadas para resarcir los rubros "valor vida" y "daño moral", y también las correspondientes a las regulaciones de honorarios de los profesionales intervinientes.

La sentencia de primera instancia determinó la responsabilidad de las demandadas por la muerte del cónyuge de la actora, quien se quitó la vida estando en la Clínica Avril donde había sido internado por padecer un trastorno depresivo crónico con tendencias suicidas. Tuvo en cuenta que el Sr. K. había sido derivado a la institución médica, precisamente, por haber intentado quitarse la vida en oportunidades anteriores, y a fin de evitar que pudiera lograr su objetivo. Que la clínica de propiedad de la codemandada "Instituto" es una entidad especializada en el tratamiento de casos como el que motiva la presente, razón por la cual se deberían haber extremado los recaudos para evitar el trágico desenlace. Finalmente, consideró lo expuesto por el magistrado del fuero correccional, quien tuvo en cuenta que el paciente había burlado las previsiones de la clínica en tres oportunidades: al ingerir cianuro, al obtener el cinturón y al ahorcarse de un gancho con el mismo. El sobreseimiento dispuesto fue luego revocado a fs. 437, aunque finalmente la acción quedó prescripta.

II. Delimitado el panorama fáctico, analizaré en primer término los agravios presentados por la codemandada "Instituto", por referirse a la responsabilidad por el hecho que motiva la presente demanda.

Sostiene la apelante que no se ha logrado demostrar la culpa que pudiera caberle a su parte, toda vez que el Sr. K. no era un insano declarado y que, por lo tanto, fue su voluntad quitarse la vida. Por ello, entiende que resultan de aplicación las disposiciones contenidas en los artículos 1.111 y 1.113, última parte del Código Civil.

Tal como expusiera mi colega en la anterior instancia, los argumentos de la accionada no resisten el menor análisis.

En otro precedente de este Tribunal, tuve oportunidad de analizar la responsabilidad que le cabe a las clínicas y, especialmente, a aquellas que reciben pacientes con problemas psiquiátricos y, específicamente, con tendencias suicidas, como aquí sucede (cfr. mi voto en CNCiv. Sala H, L. nº 276094, "Carrasco, Jorge Manuel y otro c/ Clínica San José de Flores s/ Daños y perjuicios" del 15/10/1999, publ. en elDial.com AA2CB). Allí expuse sobre la existencia de la obligación tácita de seguridad que asumen las clínicas, y las distintas posturas que difieren en considerar esa obligación de los entes asistenciales como de "medios" o de "resultado". Remito a lo allí desarrollado por razones de brevedad.

Ahora bien, cabe destacar que cualquiera sea la postura doctrinaria que se considere, el resultado de la litis será el mismo. En efecto, si partimos de la premisa de que la obligación de seguridad era de fines, basta con destacar el hecho mismo del suicidio para concluir en la responsabilidad de los demandados; y si en cambio, partimos de que la obligación de seguridad era de medios, entonces habrá que hacer hincapié en la inobservancia de una conducta diligente por parte del ente asistencial y su personal, extremos éstos que también se configuran en el caso de autos, si recordamos lo expuesto al tratar los antecedentes del caso.

Entonces, si el paciente (aun si haber sido declarado insano judicialmente) fue internado en la clínica por su afección psíquica con tendencias suicidas, a fin de su custodia y tratamiento y, particularmente, para que no lograra su cometido, el que haya obtenido un cinturón con el cual ahorcarse, habiendo contado con la oportunidad para hacerlo, y recordando que también pudo procurarse una dosis de cianuro que ingirió (aunque no suficiente como para provocarle la muerte), me llevan al convencimiento de que la decisión de grado sobre el punto debe ser confirmada, lo que así propongo.

Corresponde entonces tratar los agravios respecto de los rubros indemnizatorios.

III. "Valor vida" Se agravian las apelantes ante la suma de $70.000 fijada en la anterior instancia para resarcir este aspecto del reclamo. La actora (fs. 777/779) considera reducida la suma determinada, sosteniendo que existen elementos suficientes y objetivos que acreditan que el Sr. K. era de profesión médico, que atendía su consultorio, que trabajaba para algunas empresas y como perito médico en Tribunales y que realizaba cursos de especialización. Cita precedentes de ésta y de otras Salas de esta Exma. Cámara.

La citada en garantía (fs. 788, punto b)/789) por el contrario, sostiene que únicamente se acreditó que el causante tenía 58 años y que era médico, pero que la a quo omitió considerar el informe pericial médico que indicó que resulta impensable que una persona con la afección psíquica del Sr. K. pudiera desarrollar su profesión. Cita normas y jurisprudencia vinculada al tema.

La codemandada "Instituto" (fs. 785 vta., punto III) se limita, en un párrafo, a manifestar que no se encuentra acreditado que el occiso generara ingresos, encontrándose impedido debido a su afección psíquica.

Sobre el tema sub examine Roberto A. Vázquez Ferreyra ("Valor vida y daño moral. Mala praxis y responsabilidad civil de las obras sociales", LA LEY, 1994-E, 1, con cita de Bueres, Alberto J., "Responsabilidad civil de los médicos", Ed. Hammurabi, vol. 122, en cita a pie de p. 523) señala que "...lo que se indemniza a los familiares del difunto no es la propia vida perdida, sino las consecuencias patrimoniales que el deceso ha ocasionado a esos terceros... la indemnización que se conceda debe guardar estrecha relación con el daño efectivamente sufrido... analizado en concreto pues... el perjuicio es la medida de la indemnización". Nociones que comparten Mosset Iturraspe - Kemelmajer de Carlucci - Ghersi - Stiglitz - Parellada - Echevesti, en "Responsabilidad Civil" (Ed. Hammurabi, Bs. As., 1992, p. 265, b).

Con similar encuadre, Matilde Zavala de González ("Resarcimiento de Daños", Daños a las personas, Hammurabi, Bs. As., 1993, p. 27) señala que los sujetos diferentes del extinto, sobre quienes pueda repercutir el fallecimiento de éste, no pueden reclamar "todo" lo que la vida mutilada representaba, pues los valores anexos a ella no eran para goce exclusivo de los demás, sino también para el propio titular antes de morir.

Todas las restantes consecuencias que el deceso puede generar (pérdida de la compañía, del apoyo, de la asistencia, de la enseñanza y del consejo que pueden representar los padres para sus hijos, los esposos mutuamente entre sí, y los hijos para sus padres, etc.) encuentran adecuada reparación mediante la indemnización del daño moral, pues con toda evidencia dichos factores exceden lo puramente material y el menoscabo que su falta provoca radica en el espíritu del damnificado.

Ahora bien, no genera controversia que el causante era médico. Tampoco que padecía de un síndrome depresivo severo con tendencias suicidas y que su última internación, fue precedida por otras por idéntica causa.

La citada en garantía sustenta su agravio en el informe del perito médico designado (fs. 668/671), quien luego de describir detalladamente la enfermedad y sus matices, concluyó en que la misma en su fase aguda imposibilita el desarrollo profesional, familiar y social, los cuales resultan dificultosos durante los períodos de remisión de la enfermedad. No obstante advierto que durante esos períodos, que además se presentan como prolongados en la vida del causante, éste pudo desenvolverse con suma normalidad. Las respuestas de fs. 363/365 y fs. 277 acreditan su capacitación profesional hasta un año antes de su muerte; las de fs. 288, fs. 347 y fs. 358 acreditan su desempeño profesional hasta el año de su fallecimiento, todo lo cual corroboran los testimonios de fs. 260/261, fs. 262/263, fs. 264/265, fs. 270 y fs. 271/272 (que además indican que el Sr. K. atendía un consultorio en su domicilio particular). Las respuestas dadas por los testigos se presentan como espontáneas y veraces y resultan concordantes con la restante prueba reunida. Por ello, y recordando que el juez tiene toda la amplitud de apreciación que le corresponde según el sistema de la sana crítica (cfr. Colombo-Kiper, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, anotado y comentado", Tº IV, pág. 377), considero que las declaraciones brindadas, junto con la prueba informativa rendida, permiten tener por cierto que el Sr. K. desarrollaba su actividad profesional -incluso académica- con normalidad durante los períodos de remisión de su enfermedad, generando ingresos para sí y su familia.

Por otra parte, y pese al tenor de la impugnación de fs. 675/677, nada dijo el experto en su contestación de fs. 684/685 respecto de la contradicción entre la imposibilidad laborativa diagnosticada y las tareas desarrolladas que acreditan las contestaciones de informes ya mencionadas.

A fin de determinar la suma que habría percibido el causante, sólo se cuenta con la estimada por la actora en su demanda ($2.000 mensuales). Claro que el cómputo adecuado para estimar el daño no podría ser nunca el indicado en la liquidación de fs. 31 vta., punto XVI, sino que deben considerarse también los gastos que habría efectuado el causante, los que pudiera demandar su propia enfermedad en el futuro y las consecuencias que ésta podría haber acarreado en el desarrollo de su profesión, entre otros.

En atención a las pautas precedentemente citadas y las características personales y laborales del actor acreditadas en autos, considero que la suma otorgada en la instancia de grado resarce acabadamente este aspecto, por lo que propongo su confirmación en esta Alzada.

IV. Daño moral La citada en garantía reconoce la existencia y procedencia del rubro sub examine, por lo cual toda referencia a los fundamentos de este instituto y su aplicación al caso resultarían redundantes. No obstante, se agravia pues considera que la suma de $50.000 fijada en la anterior instancia para resarcir a la cónyuge del causante resulta excesivo.

A fin de determinar el resarcimiento por este rubro a favor de la actora, la a quo tuvo en consideración la pérdida de quien fuera el compañero de toda su vida, con quien formara una familia y la forma trágica en que falleciera su esposo.

Cuando como en este caso se produce la muerte de un integrante del matrimonio que supuestamente se desenvolvía en forma normal (más allá de los episodios sufridos por el causante no se advierte que ello haya interferido en la relación entre los cónyuges), ello ocasiona por lo común un gravísimo daño moral al cónyuge supérstite. Es que el matrimonio trasunta de ordinario una profunda unión espiritual entre los esposos, con honda compenetración vital. Dentro de regulares aspiraciones, ese vínculo se encuentra destinado a perdurar, con participación en las alegrías y penas que depara la existencia. Las primeras se fomentan en compañía, las segundas se acrecientan en soledad. Así pues, cabe apreciar no sólo el dolor que apareja la muerte del ser querido, sino también la situación espiritualmente disvaliosa que significa la viudez, como ruptura de un plan de vida y frustración de un elenco de expectativas afectivas ("Aponte de López Alfonso, María Balbuena c/Dirección Nacional de Vialidad s/Daños y Perjuicios", R.129.208, del 13-6-97, conf. Zavala de González, Matilde, ob. cit., T. 2b, pág. 338/340).

Debo añadir que, si bien el Sr. K. ya presentaba tendencias suicidas las cuales eran conocidas por su entorno, no menos cierto es que se había procedido a su internación -justamente- para evitar que se quitara la vida y se procediera a su tratamiento.

En consecuencia, considerando además que la suma fijada en la anterior instancia guarda relación con la fijada por este Tribunal en casos similares (cfr. CNCiv., esta Sala, "Proto Elsa Rafaela y otros c/Del Bue Pedro Antonio y otro s/Daños y perjuicios", L. nº 331.683 del 19/6/02, $40.000; íd. "Valdez, Karina Anabella c/Supermercados Norte SA y otros s/daños y perjuicios", L. nº 440.983 del 11/7/06, $60.000; entre otros), propongo que se confirme también este aspecto del fallo.

Por todo lo expuesto, propongo confirmar la sentencia apelada en todo lo que decide y fuera materia de agravios. Propongo imponer las costas de alzada a la codemandada Instituto Almagro de Salud SA y a la citada en garantía por resultar vencidos en lo principal y en virtud del principio de reparación integral (art. 68 del Cód. Procesal).

El Dr. Jorge Alberto Mayo por las consideraciones expuestas por el Dr. Kiper, adhiere al voto que antecede. El Dr. Jorge A. Giardulli no firma por hallarse en uso de licencia (art. 34, inc. c) del Régimen de Licencia para la Justicia Nacional. Acordada 34/77 y 12/04 de la CSJN).

Y VISTO, lo deliberado y conclusiones establecidas en el acuerdo transcripto precedentemente por unanimidad de votos, el Tribunal decide: Confirmar la sentencia apelada en todo lo que decide y fuera materia de agravios. Imponer las costas de alzada a la codemandada Instituto Almagro de Salud SA y a la citada en garantía por resultar vencidos en lo principal y en virtud del principio de reparación integral (art. 68 del Cód. Procesal).

Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase. El Dr. Jorge A. Giardulli no firma por hallarse en uso de licencia (art. 34, inc. c) del Régimen de Licencia para la Justicia Nacional. Acordada 34/77 y 12/04 de la CSJN). -Jorge A. Mayo. -Claudio M. Kiper.