marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Lucro cesante, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Campos, Amado Ignacio c/ Garayoa, Liliana Beatriz s/ Sucesión - Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-11-29

En cuanto al lucro cesante la indemnización fijada por el Señor Juez "a quo" de ningún modo puede estimarse reducida ya que no se ha acreditado debidamente las ganancias que dejó de percibir la actora;

si pese a su convalecencia siguió o no laborando o si percibió o no su sueldo a pesar de la enfermedad; todos hechos que debió acreditar la demandante (art.375 del Cód.Procesal).
Delitos, portación de armas, denegatoria del recurso, recurso de inconstitucionalidad, incidentes
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Defensoría General de la CABA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Incidente de apelación en autos L., R. E. s/ 189bis 2/4° parr. Portación de arma de guerra sin autorización
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-01

Corresponde rechazar la queja si la recurrente propone una interpretación diferente de las reglas infraconstitucionales que rigen su pretensión -arts. 10, CP, 32 y siguientes, ley n° 24660, Resolución n° 627/2020 del Ministerio de Salud de la Nación, entre otras- y de las circunstancias del caso, asuntos que, en principio, exceden la competencia extraordinaria de este Tribunal, sin demostrar que corresponda hacer una excepción a dicha regla en razón de la alegada arbitrariedad de la resolución. (Del voto de los jueces Inés M. Weinberg, Marcela De Langhe, Santiago Otamendi y Alicia E. C. Ruiz).
Actos y diligencias procesales, formalidades procesales, deberes del juez, valor justicia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: DIRECCION PROVINCIAL DE RENTAS c/ GIROLAMI, JOSE D. Y/U OTROS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- EJECUCION FISCAL (EXPTE.: C.S.J.  NRO. 166 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-03-16

Si bien la custodia de las formas a que deben ajustarse los procesos se halla depositada en los magistrados judiciales, éstos deben atender en todo momento al fin último a que esa actividad se endereza, cual es la realización de la justicia como valor.
Recurso extraordinario, gravamen irreparable
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio de Trabajo c/ Dicon Difusión Contemporánea  S.A. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-03-07

El agravio meramente conjetural es incapaz de sustentar la apelación federal.
Nulidad procesal, notificación, cambio de domicilio
Materia: PENAL
Carátula: GRIFFINI, RESTITUTO M. s/ Contrabando de estupefacientes Causa 31167-
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-27

Si con anterioridad a la realización de la prueba del plenario el defensor constituyó nuevo domicilio, es nula la notificación producida a los fines del art. 490 del Código de Procedimientos en Materia Penal (notificación a las partes para que puedan instruirse de las pruebas producidas) y dirigida al domicilio anterior del letrado debiendo declararse la nulidad de todo lo actuado en su consecuencia.
Beneficio de litigar sin gastos, menores, defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Paez    Balbuena,    Rufina    y   otros c/ Estado   Nacional Argentino  - Gendarmería Nacional - Ministerio del Interior. s/ recurso de reposición
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-02-13

Si los menores se encontraban representados por su madre, quien actuaba por apoderado, y patrocinados por dos letrados de la matrícula,la intervención del defensor oficial, aunque necesaria, no resultaba indispensable para cumplir con la carga procesal de informar sobre el trámite del beneficio de litigar sin gastos.
Fundamentación de sentencias, proceso contravencional
Materia: ADMINISTRATIVO-CONTRAVENCIONAL
Carátula: Ministerio Público -Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas n° 2- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Thompson Tabeni, María de las Mercedes s/infr. art(s) 111, conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes, CC
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-09-19

Resulta cuestionable el escaso fundamento expuesto en la sentencia impugnada para concluir en la invalidez del último párrafo del art. 45 del Código Contravencional que descalificaron por inconstitucional; esto es, el carácter de pena que le han asignado a la notificación al Poder Ejecutivo, tras la suspensión del proceso contravencional a prueba, para que se adopten las medidas administrativas previstas en el Título Undécimo del Código de Tránsito y Transporte, que resultarían aplicables en el caso que recayera condena (art. 45, in fine, CC). (Voto del Sr. Juez José O. Casás).
Medida cautelar innovativa, derecho a la vida, equidad
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: TARQUINI, RAMON c/ D.I.B.A. s/ INCIDENTE DE APELACION ART. 250 CPCCN. (Reg. 13.164)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-06-07

El derecho a la inviolabilidad de la vida es de carácter absoluto, en el sentido de que no es susceptible de excepción y vale para todos los hombres, desde y para siempre.

El derecho a la vida, a una buena calidad de vida y por consiguiente a una adecuada atención médica, tiene un papel central en la sistemática de los derechos humanos.

Ello, debido a que tiene por objeto un bien humano básico, pues resulta ser la condición necesaria, primera y fundamental para la realización de los otros bienes.

La contracara de este derecho consiste en una obligación activamente universal, que no consiste en una abstención y omisión, sino en un dar o en una hacer algo positivo (habilitar las prestaciones a favor de la salud, por ejemplo) y "universal" porque la misma obligación activa existe ante o frente a toda la sociedad, y no frente a uno, a cada uno, o a varios de sus miembros individuales: existe frente al conjunto plural de todos, para disponibilidad y acceso de cualquiera que demande su cumplimiento.

La valoración judicial implica que cada caso reciba la cobertura mas justa posible y tener en cuenta el especial padecimiento del accionante, de allí que no corresponde agravar más aun sus condiciones con el amparo de decisiones que no se adecuan con las delicadas circunstancias de la realidad. (del voto del Dr. Tazza, adhesión Dra. Messina, minoría Dr. Ferro)
Recurso de apelación (procesal), segunda instancia, caducidad de instancia, jueces
Materia: PROCESAL
Carátula: INVERSIONES  Y  SERVICIOS  S.A. c/ ESTADO NACIONAL ARGENTINO s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-12-06

Este Tribunal ha morigerado el criterio de las restantes Salas que integran esta Cámara en materia de caducidad de la segunda instancia, en el entendimiento de que a partir de la reforma introducida por la ley 25.488 -artículo 2-, los magistrados y funcionarios deben tomar las medidas tendientes a evitar la paralización del proceso (art. 36 del Código Procesal, según el texto de la ley citada). Una vez que se ha concedido el recurso y todas las partes interesadas han cumplido con los recaudos necesarios para que el expediente sea elevado al Superior, la demora en que se incurra para materializar dicha elevación no les es imputable a aquéllas (esta Sala, causa n° 2847 del 26.4.01). Ello se entiende si se recuerda que el brocardo Nemo iudex sine actore le confiere el impulso preponderantemente a las partes, sin que ello implique transformar al magistrado en un mero espectador indiferente de la marcha del proceso, máxime cuando la interpretación armónica de la disposiciones que regulan su actuación -concorde con las modernas tendencias doctrinarias- le asignan facultades concurrentes con las de los litigantes para impulsar el trámite de la causa (arts. 34, inciso 5°, 36 y 251 del Código Procesal y esta Sala, causas n° 12.159/02 del 7.3.06 y n° 4425/05 del 22.8.07; ver también Díaz, Clemente "Instituciones de derecho procesal"; Abeledo Perrot; Buenos Aires, 1968, tomo I, pág. 361). Va de suyo que el criterio expuesto, en modo alguno, significa dejar de lado el principio dispositivo ya que él es de carácter general (Díaz, C.; op. cit., pág. 360) y, por ende, ni los magistrados ni los funcionarios pueden suplir la negligencia de los contendientes en el incumplimiento de las cargas procesales que les incumben a éstos, so pena de violar el principio de igualdad (art. 18 de la Constitución Nacional y art. 34, inciso 5, apartado c, del Código Procesal).
Cesantía ilegítima, daño moral
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Fernández, Víctor David c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-04-02

Es al responsable del hecho dañoso declarado ilegítimo, a quien incumbe acreditar la existencia de una situación objetiva que excluya la existencia del daño moral. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Apreciación de la prueba, prueba testimonial, facultades del juez
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: C., M.F. s/ Abuso sexual
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-08-20

Pese a que el testimonio de los menores de edad, en este caso la víctima, ha de apreciarse con prudencia para evitar cualquier posibilidad de error en su interpretación, no menos cierto resulta que son vehículos hábiles a la hora de operar intelectualmente sobre el caso y sólo puede reprocharse a los sentenciantes cuando es palmario el abandono de la cautela exigida.
Doctrina de la arbitrariedad, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL
Carátula: L., S.C. y Otro c/ S. de M., L. y Otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-12-21

La sola opinión discrepante del recurrente en punto a la valoración probatoria de la prueba de testigos, no es medio idóneo para acreditar la fractura de los preceptos que gobiernan la tarea y no es facultad de este Superior Tribunal invadir -recurso mediante- un ámbito reservado a los jueces de mérito, como el de los hechos fijados a causa de pruebas legítimas incorporadas para su discusión en el debate. Las consecuencias jurídicas de su ponderación, si no se advierte un nítido y palmario desvío de las reglas que gobiernan la labor axiológica de los iudicantes no son susceptibles de revisión.
Honorarios del síndico del concurso, incidente de verificación, verificación tardía
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: DGI EN J: DEPOSITO CUYO S.A.C.I.A. s/ Concurso Preventivo Incidente Verificación Tardia (LIBRO: A134 - 214)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-09-12

Corresponde regular honorarios al Síndico cuando se condene en costas al tercero.
Jubilación por invalidez, otorgamiento del beneficio, extinción del contrato de trabajo, ley vigente, derechos adquiridos
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: MADUSSI, RICARDO c/ A.N.Se.S. s/ JUBILACION POR INVALIDEZ
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-20

El Dec. 2433/93-reglamentario del art. 156 de la ley 24.241-al puntualizar que los supuestos contemplados en los párrafos 2 y 3 del art. 43 de la ley 18.037 serían de aplicación hasta la entrada en vigencia del Libro I de la referida ley 24.241 (15.07.94), incurre en un abuso reglamentario y corresponde decretar su ilegalidad por desnaturalizar la voluntad legislativa, constituyéndose en un valladar al reconocimiento de derechos previsionales acordados por la ley. En consecuencia, producido el cese laboral del titular vigente la ley 18.037 y consolidada su incapacidad dentro de los cinco años siguientes, tiene derecho al goce de la jubilación por invalidez y corresponde su otorgamiento, ya que admitir la tesis contraria importaría avasallar un derecho adquirido.
Extinción del contrato de trabajo, sueldo anual complementario, despido, preaviso
Materia: LABORAL
Carátula: GIOLONGO, OSVALDO MARCELO c/ ROSSI BIS SRL s/ CONTRATO DE TRABAJO     COBRO DIFERENCIAS RUBROS LABORALES POR DESPIDO      EXPTE NRO 73-92
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-10-08

Corresponde abonar el Sueldo Anual Complementario sobre la indemnización sustitutiva de preaviso.
Habilitación de día y hora, medidas cautelares, tribunal electoral
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Romero, Diego Alberto c/  s/ medida cautelar
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2023-07-06

Procede no hacer lugar al pedido de habilitación de día y hora para la tramitación de la medida cautelar solicitada -tendiente a resguardar una urna correspondiente a elecciones celebradas-, pues las razones que se esgrimen resultan insuficientes para fundar dicho pedido, en tanto ya se ha realizado un planteo ante el Tribunal Electoral Permanente por la urna referida, el procedimiento previsto en el art. 62, segundo párr. de la Ley Nº 152 que determina la conservación de todas las actuaciones correspondientes y que guarden relación con el planteo formulado.
Intervención de terceros, economía procesal
Materia: CIVIL
Carátula: WATERMANN DE ROZENHOLC, Mirta Silvia c/ DOS MUÑECOS S.A.C.I.F s/ MATERIA PROCESAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-10

No existe ningún impedimento para que se dé intervención a un tercero en el juicio, cuando entre las partes y éste existen relaciones jurídicas comunes y conexas que conviene resolver en un mismo proceso, no sólo por economía procesal sino también para evitar la posibilidad de fallos contradictorios.
Accidente de tránsito, responsabilidad objetiva, eximentes de responsabilidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Loyola Ernesto Higinio c/ Vivaldi Beatriz María y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-08-08

El art.1113 del C.C. rige la responsabilidad extracontractual por el daño causado por riesgo o vicio de las cosas respecto a aquéllos que son ajenos a ellas y que voluntariamente no han asumido ese riesgo.

Por eso, la situación de quién manipula una cosa riesgosa, sabiendo de ello, en ejercicio de una actividad profesional, por un precio en dinero, escapa en principio a la normativa del art.1113 citado, en cuanto a la responsabilidad por daños que aquél sufriera al encarar su cometido.
Acción de amparo, Superior Tribunal de Justicia, incompetencia
Materia: PROCESAL
Carátula: ASOCIACION  FONDO  PROFESIONAL  DE  EMPLEADOS  DE  JUEGO  DEL  CASINO PROVINCIAL DE FORMOSA s/ AMPARO JUEGO  DEL  CASINO PROVINCIAL DE FORMOSA s/ AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1985-01-11

El hecho de que se pida amparo contra la resolución de un Juez o Tribunal no hace nacer sin más la competencia del Superior Tribunal, pués, la misma fluye de la ley -art. 124 Constitución Provincial y Art. 27 D.L. 009/74-. Además, la reglamentación del amparo establece la competencia del Juez de Primera instancia con jurisdicción en el lugar en que el acto se exteriorice o pudiera tener efecto posibilitando la apelación respectivamente ante el Tribunal de Alzada y excluye expresamente a los actos emanados de un órgano del Poder Judicial.
Daños y perjuicios, incapacidad sobreviniente, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: PICHETTO Mario Enrique c/ SANATORIO GUEMES  S.A.  HOSP. PRIV. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-10-20

Para establecer su monto indemnizatorio, no sólo debe atenderse a la naturaleza de las lesiones sufridas, sino también a la edad del damnificado, su estado civil y demás condiciones personales, así como habrán aquéllas de influir negativamente en las posibilidades de vida futura e, igualmente, la específica disminución de las aptitudes para el trabajo (conf. Belluscio, op. y loc. cit., p.220 y citas de la nota 87; Llambías, "Tratado de Derecho Civil - Obligaciones", t.IV-A p.120; C.N.Civ. Sala F, E.D. 105-452; íd., E D. 102-330 y sus citas; C.N.Civ. y Com. Fed. Sala I, E.D. 108-300 y sus citas; íd., E.D. 112-110).

Por incapacidad se entiende cualquier disminución física o psíquica, que afecte la capacidad productiva o que se traduzca en un menoscabo en cualquier tipo de actividad que la víctima de un evento dañoso desarrollaba con la debida amplitud y libertad (conf. Belluscio, "Código Civil Comentado, Anotado y Concordado", t.5 p.219 nro. 13).

La reparación comprende no sólo el aspecto laborativo, sino también todas las consecuencias que afectan la personalidad íntegramente considerada (conf. C.N.Civ. Sala D, E.D. 87-645 y sus citas; Sala E, c.22.169 del 28/7/86.
Legitimación pasiva, falta de legitimación para obrar, Estado Nacional, policía federal, custodia de bienes, falta de prueba, Gendarmería Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: López Casanegra, Antonio y otra c/ Provincia de Santiago del Estero y otro s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-08-15

Debe considerarse acreditada la falta de legitimación pasiva del Estado Nacional si los actores no demostraron por qué razones concretas sus bienes debían ser custodiados por la Policía Federal Argentina o Gendarmería Nacional, si existía una orden para así hacerlo, en su caso cuáles fueron sus fundamentos, como tampoco quién la impartió y recibió, o si fue irregularmente incumplida.
Restricciones a la capacidad, personas con discapacidad
Materia: CIVIL
Carátula: Q. G. M. s/ Insania curatela
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-11-05

La regla general de presunción del ejercicio de la capacidad jurídica se encuentra plasmada en el art. 31 inc a) del CCyCN como consecuencia del impacto de la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, y la ratificación por el Estado argentino de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, mediante la ley 26378, la cual al día de la fecha, goza de jerarquía constitucional (art. 75 inc.

22 C.N.).
Expropiación irregular, indemnización
Materia: CIVIL - ADMINISTRATIVO
Carátula: AGUSTINA GOMEZ DE RAMIREZ c/ PROVINCIA DE SAN JUAN s/ EXPROPIACION INVERSA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1989-06-02

Los intereses de la suma indemnizatoria sólo se deben si ha existido ocupación o desposesión del bien.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, indemnización, prescripción, plazo, toma de conocimiento de la incapacidad, trámite jubilatorio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: FERNANDEZ, FLAVIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE Y OTROS s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-04-06

El impugnante se conformó con insistir a través de postulaciones genéricas respecto al momento en el cual, a su entender, comenzaría a correr en el sub examine el plazo de la prescripción declarada, aunque sin refutar las consideraciones expuestas por la Sentenciante, en cuanto a que conforme a los plazos y al comienzo del cómputo de la prescripción previstos por la ley 24557 aplicable, interpretados por doctrina y jurisprudencia que desarrolló, debe analizarse en cada caso concreto las posibilidades que tuvo el trabajador para conocer su incapacidad y la relación causal con el trabajo; que de los procedimientos administrativos preliminares se desprendía que en dicha oportunidad se había determinado que el actor contaba con secuelas y/o incapacidad laboral con motivo de los accidentes sufridos, por lo que para ese entonces el actor conocía que padecía secuelas incapacitantes y que las mismas eran de carácter profesional y a partir de dicha oportunidad era voluntad del trabajador iniciar el reclamo respectivo de reparación; y que la solicitud de jubilación ante la Caja de Jubilaciones no tiene efectos interruptivos ni suspensivos en razón de que el plazo de prescripción ya había fenecido al iniciarse la misma, además de que el objeto (la jubilación) resulta distinto al pretendido en el presente proceso (la reparación de un daño). - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 24557, artículo 44.1
Traslado de la demanda, notificación por carta documento, resolución denegatoria, emergencia sanitaria, acceso a la justicia
Materia: PROCESAL
Carátula: Aseguradora Federal Argentina S.A. c/ Coronel Pérez, Ruth del Carmen y otros s/ interrupción de prescripción
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-09-16

Debe confirmarse la decisión que rechazó el pedido de la parte actora de notificar el traslado de la demanda por medio de carta documento, puesto que la posibilidad de notificar ese relevante acto procesal por carta documento, se encuentra expresamente vedada por el art. 136, inciso 3, párrafo 2 del CPPN, que solo releva la citación por cédula judicial cuando la diligencias es realizada por acta notarial. Asimismo cabe destacar que las acordadas y resoluciones que tuvieron por finalidad imponer la digitalización de las actuaciones judiciales a fin de facilitar y dar seguridad a la tramitación de las causas durante la pandemia, no autorizaron ni expresa ni implícitamente la modificación del procedimiento establecido para la notificación del traslado de la demanda; y si bien la Sala no desconoce la situación excepcional de emergencia, en virtud de la cual se han flexibilizado los requisitos formales a fin de garantizar a las personas el acceso a la justicia, la interpretación realizada en dichas decisiones no puede aplicarse al caso.
Compatibilidad previsional, empleados públicos, registro de la propiedad automotor, haber jubilatorio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Loza, Sibiardo c/ Estado Nacional y otros s/ contencioso administrativo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-07-02

De la sola lectura del art. 1° del decreto 894/01 surge que no se puede afirmar que el haber jubilatorio del actor -encargado de un Registro Seccional del Registro Nacional de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios-, por provenir de la Caja Notarial de la Provincia de Córdoba, esté excluido del régimen, ya que dicha norma incluye a todos los regímenes previsionales en la incompatibilidad de cobro de un haber por cargo en la función pública porque cuando el legislador quiso excluir alguna situación de las previsiones de su régimen lo hizo expresamente (caso de ex combatientes de Malvinas y pensiones por fallecimiento), resultando aplicable la doctrina referida a que donde la ley no distingue, no cabe hacerlo. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-.