marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Acción de amparo, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Alarcon, Nelida Beatriz y otros s/ Apelación Alfaro, Julio Alberto y otros s/ Amparo s/ Apelación Bruno, Viviana Luz y otros s/ Amparo s/ Apelación Ameduri, Rosa y otros s/ Amparo s/ Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1998-08-13|1998-08-13|1998-08-13|1998-08-13

En relación al nuevo art. 43 de la Constitución Nacional ..."se dio paso a un amparo distinto, nuevo, liberado de la obligatoriedad de procedimientos administrativos, con la posibilidad de declararse la inconstitucionalidad de normas generales y por sobre todo, libre del proceso ordinario como paso protector prácticamente insoslayable...".

Voto en mayoría del Dr. Romanelli Espil.
Daños y perjuicios, responsabilidad del Estado por actos lícitos, desvalorización del inmueble
Materia: CIVIL
Carátula: LABORDE, RENE JUAN Y OTRO c/ MUNICIPALIDAD CIUDAD DE BUENOS AIRES s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-01

Las restricciones que emergen del poder de policía de la Comuna, son de naturaleza pública; no suscitan los supuestos contemplados por el art. 1068 del Código Civil, que son de índole privada y si desnaturalizan el dominio, encuentran remedio traspasando la cosa al plano público, mediante expropiación directa o inversa.

El concepto de daño civil necesita relaciones privadas, resultante de actos ilícitos, conforme al art. 1066 del Código citado. Siendo ello así existen restricciones administrativas, pero no daños civiles por faltarles la indispensable ilicitud ("prohibidos por las leyes ordinarias" art. 1066 citado), y no constar dolo, culpa o negligencia de sus agentes, asimismo necesario (conf. art. 1067 del Código citado). El concepto según el cual toca al Estado resarcir en caso de daño por actos lícitos, es público o administrativo, y se asienta fundamentalmente en la compensación patrimonial de actitudes políticas o finalistas.

Responsabilizar al Estado en el plano civil y por actos lícitos, sólo por ser Estado, enfrenta la igualdad ante la ley (art. 19 de la Constitución Nacional) y se opone al art. 1071 del Código Civil, en cuya virtud el ejercicio regular de un derecho no constituye como ilícito (se lee "dañoso") ningún acto, con reserva del abuso de derecho. No luce jurídico ni del todo ético, reclamar indemnización mediante alegaciones simples y genéricas, de desvalorización, por lo que, efectivamente, debe acreditarse no sólo la desvalorización ocasionada por actitudes municipales, sino que el precio del inmueble, objetivamente considerado, acompañó los valores de la inflación y de aceptarse contemplar sólo la desvalorización por proximidad a obra pública, deja en la sombra supuestos de extraordinaria valorización (vgr.: la transformación en codiciables de predios vecinos al cementerio de Recoleta, o a la ex Penitenciaría Nacional).

Tal criterio vale como constituir a la Comuna en receptora forzosa y a buen precio de lo que el mercado no concede, pues con la inflación muchos inmuebles (hoy, fuente de responsabilidades más que de derechos) disminuyen su precio o directamente no lo tienen, salvo que el titular logre a la Comuna como indemnizadora o adquirente.

El crear una suerte de expropiación por analogía con el resarcimiento de daños, parece abuso de jurisdicción y como tal inadmisible, por lo que corresponde desestimar la acción de daños y perjuicios con constancia de dejar a salvo los eventuales derechos de la accionante para demandar por expropiación.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Taus, Pedro Agustin y otro c/ Drusiniani, Angel Pedro y otro s/ Daños y perjuicios Rodríguez Borges, Silvia Noemí c/ Pescie y/o Pescie Osacar, Juan Bartolomé s/ División de condominio Bravo, Ricardo R. y otro c/ Pomar, José y otro s/ Daños y perjuicios Giuliano, José y otra c/ Ramírez, Juan Miguel y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-05-27|1995-04-25|1991-12-23|1996-07-16

Para fundar el recurso de inaplicabilidad de ley no basta señalar infracción de la doctrina legal de la Suprema Corte si no se demuestra que las normas legales en que el fallo se sustenta han sido erróneamente aplicadas, desde que el apartamiento de los principios establecidos por la jurisprudencia -por reiterada que ésta sea- no alcanza, por si sólo, para autorizar la casación.
Derecho procesal, terminación del proceso, caducidad de instancia, plazo, juicio ejecutivo, ejecuciones especiales, preparación de la vía ejecutiva
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Créditos Belgrano SA c/ Facio, Mariano s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-04

1 - Corresponde confirmar la resolución de grado que declaró la caducidad de la instancia del trámite de preparación de la vía ejecutiva. Ello así, pues para que la perención de instancia sea procedente, en cuanto a los juicios ejecutivos, no es necesario que haya "juicio" en la acepción estricta del vocablo y, por tanto, resulta aplicable aquél instituto en el marco de la preparación de la vía ejecutiva (conf. Parry, E., "Perención de la instancia", Buenos Aires, 1937, p. 300 y sus citas jurisprudenciales). Desde esa perspectiva, ha sido resuelto que los trámites preparatorios de la vía ejecutiva, a los efectos de calcular el plazo de caducidad, deben ser asimilados al previsto para el juicio ejecutivo, pues sus constancias vienen a integrar o perjudicar el título con base en el cual se despacha la ejecución (conf. CNCom, Sala B, in re "Rotatori, Pedro c/ Bonora, Luis", del 20/11/79, publicado en La Ley online, cita AR/JUR/1121/1979).
Notificación, socio gerente, domicilio especial, estatuto social
Materia: PROCESAL
Carátula: Gonzalez,  Alba  Consuelo c/ Gran3llla    Alimentos  S.R.L. s/ despido,
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-15

La notificación practicada al socio gerente en el domicilio que consta en el estatuto social, debe ser juzgada como válida y eficaz. De acuerdo con lo dispuesto en el art. 157 de la ley 19.550, tercer apartado, "los gerentes tienen los mismos derechos , obligaciones, prohibiciones e incompatibilidades que los directores de la sociedad anónima", debiendo estos últimos según surge del art. 256, segundo apartado de la misma ley "...constituir un domicilio especial en la República, donde serán válidas las notificaciones que se le efecúen con motivo del ejercicio de sus funciones incluyéndose las relativas a la acción de responsabilidad". Así en este domicilio especial se efectúan válidamente las notificacciones extrajudiciales y judiciales, al director o frente con motivo de sus funciones en la sociedad subsistiendo inclusive a los efectos de las acciones de responsabilidad por la sociedad subsitiendo inclusive a los efectos de las acciones de responsabilidad por la sociedad, accionistas o terceros, criterio que concuerda con la preceptiva del art. 101 del Cód. Civil, en cuanto a que las personas en sus contratos pueden elegir un domicilio especial para la ejecución de sus obligaciones. Toq. 1191.
Transporte de carga, transporte por agua, embalaje deficiente
Materia: NAVEGACION - PROCESAL
Carátula: EL SON DE BS. AS. CIA DE SEGUROS  S.A. c/ ARMADORES Y/O PROPIETARIOS DEL BQ. RIO CARCARAÑA s/ RECUPERO - RESPONSABILIDAD
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-12

La transportista debió haber acreditado -como le competía frente a la falta de observaciones en el conocimiento- la excusa de "embalaje deficiente" que opuso en el responde.
Acción meramente declarativa, Constitución Nacional, reforma de la constitución, inamovilidad de los jueces
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Fayt, Carlos Santiago c/ Estado Nacional s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-08-19

En los términos del art. 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, se hace lugar a la demanda y se declara la nulidad de la reforma introducida por la convención reformadora de 1994 en el art. 99, inc 4, párrafo tercero -y en la disposición transitoria undécima- al art. 110 de la Constitución Nacional.
Sentencia, fundamentación de sentencias
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: García de Mancini, Irma del C. y otros c/ Cono Sur S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-12-27

No cumple con la obligación impuesta por el art. 171 de la Constitución provincial el fallo que contiene la sola mención de normas procesales al decidir cuestiones de fondo, desde que las conclusiones fácticas a las que arriba la sentencia deben recibir sobre sí las normas sustanciales correspondientes.
Jurisdicción y competencia, competencia federal, obras sociales
Materia: PROCESAL - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Centro Quirúrgico Cardiovascular c/ OBRA  SOCIAL DEL PERSONAL DE ESTACIONES DE SERVICIO, GARAGES Y PLAYAS DE ETACIONAMIENTO s/ ordinario - cobro de australes.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-15

Debe declararse la competencia del fuero civil y comercial federal para conocer en la demanda que trata sobre las prestaciones de salud previstas en la ley N. 23.661 -también federal- que establece el Sistema Nacional de Seguro de Salud, llamado a sustituir al anterior régimen (arts. 1. y 2x de la citada ley), conclusión a la que no obsta la necesaria existencia de un período de adecuación al nuevo sistema (conf. arts. 33 y 34 de la ley 23.660 y art. 2x, párrafo segundo, de la ley 23.661).
Competencia contencioso administrativa, Administración Pública, facultades de la administración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: QUETGLAS, PATRICIA NANCI c/ BANCO SANTA FE SA y/o responsable jurídico s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -COBRO DE PESOS LABORAL (EXPTE.:C.S.J. NRO. 60 AÑO 2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-02-11

Para que se configure materia contencioso administrativa se requiere un acto de la Administración Pública en ejercicio de potestades públicas, persiguiendo finalidades de satisfacción del interés general que justifican la regulación e interpretación de la relación establecida con terceros en base a los principios y pautas del Derecho Administrativo, que servirán para resolver la controversia judicial concreta.
Sentencia, nulidad de sentencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Zoppi, Adriana c/ Landreani de Lucense s/ Desalojo Koscieluy, G. E. c/ Goldenberg, M. s/ Rendición de cuentas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-07-16|1988-07-28

El recurso de nulidad apunta a los vicios intrínsecos de la sentencia, no entrando a los errores precedentes a ella, que obviamente deben ser atacados por el sendero del incidente de nulidad que editan los arts. 168 y ss. del Código Procesal; más nada tiene que ver con la aplicación del derecho que, si se considera equivocado, debe atacarse por la vía de la apelación.-
Responsabilidad del banco, depósito de títulos valores, mandato especial
Materia: COMERCIAL
Carátula: LA  CONSTRUCCION  CIA.  ARGENTINA  DE  SEGUROS c/ BANCO MERCANTIL ARGENTINO s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-03-07

La entidad bancaria que recibiera títulos en custodia de una empresa, no puede pretender exonerarse de responsabilidad por restituir esos títulos a una persona que carecía de mandato para ello, alegando que la depositante al enviar al banco la tarjeta de registros de firmas de la persona en cuestión y otros de sus funcionarios había comunicado que éstos estaban facultados para efectuar todo tipo de trámites, toda vez que ello estaba exclusivamente relacionado con la futura operatoria de la cuenta corriente cuya apertura había solicitado a esa institución, y no con el depósito de títulos en custodia, para lo cual necesitaba un mandato especial.
Aborto, prueba
Materia: PENAL
Carátula: CAROSIO, Pablo s/ ABORTO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1980-03-14

La preñez de las mujeres que abortaron surge del resultado de los análisis, y de la opinión científicamente fundada de los expertos químicos y forenses; embarazos que por otra parte fueron reconocidos por las tres nombradas y por sus respectivos maridos y novio, como así también por la obstetra y el médico.
Entidades financieras, banco central, régimen de garantía de los depósitos, depósito genuino, fraude
Materia: ADMINISTRATIVO - COMERCIAL
Carátula: Arbuz, Pedro Bruno y otro c/ Banco Central de la República Argentina s/ cobro de australes.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-25

La garantía legal prevista en el art. 56 de la ley 21.526 sólo ampara a los depósitos genuinos y legítimos, y no a aquéllos cuya causa u origen aparece como fraudulento.
Protección contra el despido arbitrario, deberes del juez
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación en la causa Escalona, Martín Reynaldo y otro c/ Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA) y otro s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-13

Las exigencias derivadas del principio protectorio se dirigen primordialmente al legislador, pero su cumplimiento atañe, asimismo, a los restantes poderes públicos, los cuales, dentro de la órbita de sus respectivas competencias, deben hacer prevalecer el espíritu protector que anima a dicho precepto. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-. -El juez Rosenkrantz, en su voto, no adhirió al presente párrafo-
Decreto de necesidad y urgencia, pesca, nulidad del decreto, Poder Legislativo, facultades legislativas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Casime, Carlos Alberto c/ Estado Nacional. s/ recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-02-20

Debe declararse la nulidad del decreto 1285/99 si, habiéndose comunicado al Congreso, no ha existido ninguna intención ratificatoria y, por el contrario, la Cámara de Senadores dio media sanción a un proyecto, originado en la Comisión de Asuntos Constitucionales, por el cual se deroga la norma (Disidencia de los Dres. Carlos S. Fayt y Adolfo Roberto Vázquez).
Relación de dependencia, pautas
Materia: LABORAL
Carátula: LEGUIZAMON MANUEL ANGEL c/ ARENA HORACIO  S.A.C.A.I. s/ LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1995-09-12

Las notas tipificantes de la relación laboral que describe el art. 2 de la Ley 14.546 tienen el valor de guías para orientar al juzgador en su investigación, sin que la presencia de algunos supuestos obliguen sin más, a declarar la relación de dependencia en tal convención. Más cuando se advierte su factible encuadramiento en otras figuras contractuales.
Daños y perjuicios, responsabilidad médica
Materia: CIVIL
Carátula: M., P. y otro c/ Clínica Boedo S.R.L. y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2018-08-08

La obligación principal a prestar por los profesionales del arte de curar consiste en una actividad calificada técnica y científicamente -la actividad médica- en pos de la curación, mejoría o alivio del paciente, pero sin prometer ni obligarse a tal curación o alivio. Lo prometido, el núcleo de su obligación, es desplegar sus buenos oficios profesionales, con toda la diligencia y esmero posible y de conformidad a lo que la ciencia y el arte médico indican, para lograr la cura o mejoría del enfermo. Pero esto, la cura o mejoría, si bien es la finalidad última y el resultado esperado de esos buenos oficios, no es el objeto de su obligación. De allí que la de los médicos es de medios y no de resultado.(doctor Pettigiani, sin disidencia)
Indemnización por accidente de trabajo, actualización monetaria, cómputo de la actualización
Materia: LABORAL
Carátula: SILANES, OSCAR c/ GENERAL MOTORS ARGENTINA SA. s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-08-23

Ante la falta de alta médica, la indemnización por enfermedad - accidente fundada en la ley 9688 debe actualizarse desde la fecha en que el trabajador toma conciencia de su minusvalía, aunque interponga la demanda judicial con posterioridad. (En el caso: se actualizo la deuda desde el distracto, ya que el empleado dias después del egreso al intentar ingresar en otra empresa tomo conciencia de su incapacidad, deduciendo la demanda casi dos años después. En aspecto no recurrido, el juez de primera instancia había dispuesto adecuar el salario diario promedio, por vía del plenario numero 231 de la CNAT., A valores reales vigentes al momento del distracto).
Jubilaciones, haber jubilatorio, actualización monetaria, empleados públicos, remuneración, fiscal de Estado
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: FREYRE, RAFAEL MARCELINO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      CSJ EXPTE NRO 564-86
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-06-07

El suplemento del 15% y del 20% por sobre la asignación de la categoría de revista previsto en el decreto 2050-84 para el personal que revista en el Agrupamiento Profesional de Fiscalía de Estado, integra la "retribución" en sentido amplio que perciben los agentes en actividad y que resulta aprehendida en el artículo 70 de la ley 6915 que caracteriza a la remuneración a los fines jubilatorios como "todo ingreso que percibiere el afiliado en dinero o en especie susceptible de apreciación pecuniaria, con motivo de su actividad personal que revista el carácter de habitual y regular en retribución de servicio", puesto que integra el monto de lo percibido por el agente y tiene los mismos caracteres de regularidad, habitualidad y exigibilidad que tenían los importes a los que se incorpora; porque ese suplemento se acordó a todos los que están en el agrupamiento profesional, sin distinción y sin explicación alguna que justifique otra causa que no sea la prestación de la actividad propia del cargo; estando además sujeto a aportes previsionales, lo que demuestra su carácter integrativo de la remuneración, aunque no haya integrado en su oportunidad el haber base.
Desistimiento del recurso, concursado, costas en el orden causado
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Compañía General de Hacienda S.A. c/  s/ Concurso preventivo - Verificación de crédito N° 50 del banco Galicia y Uruguay s/Incidente de revisión - Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2014-02-19

Atento lo establecido por el art. 59 de la Ley de Concursos y Quiebras, en virtud de que el concurso preventivo se encuentra concluido y no siendo necesaria la conformidad de la Sindicatura para el desistimiento del recurso de inconstitucionalidad formulado por la concursada, corresponde hacer lugar al mismo, y con respecto a la imposición de las costas, el art. 73 del C.P.C. y C. de San Luis expresamente prevé que son a cargo de quien desiste, exceptuándose lo que pudieren acordar las partes en contrario -supuesto que acontece en el caso-, por lo que corresponde imponerlas en el orden causado.
Competencia laboral, mandato
Materia: LABORAL
Carátula: Consorcio de Propietarios S "Posto 20" c/ Cruz, Marcelo; Dakal, Francisco Javier s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1998-04-13

No advirtiéndose en la acción entablada la existencia de los sujetos, empleadores, trabajadores y aprendices; de las prestaciones o contratos de trabajo, empleo de aprendizaje o servicio doméstico, ni normas de derecho común aplicables al contrato de trabajo y estando vinculada al alcance del mandato, resulta dicha cuestión ajena a la competencia laboral, debiendo ser resuelta en sede civil.
Partes del proceso, muerte
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Montenegro, Elsa H. c/ Bustamante, Paulo s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-05-19

La letrada que patrocinaba a la parte del proceso que falleció carece de facultades para realizar actos procesales que importen una disposición de los derechos materiales de los herederos de aquél, ya que únicamente hacia éstos se desplaza la legitimación procesal del causante (arg. arts. 3279, 3282, 3420 y concds. CC.). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Sentencia condenatoria, médico cirujano, lesiones gravísimas, cirugía estética, violencia de género
Materia: PENAL
Carátula: F. J. S. M. y otros  c/  s/ lesiones gravísimas y otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-23

Los hechos reprochados fueron cometidos en un contexto de violencia contra la mujer bajo la modalidad cuando menos psicológica, física y simbólica, cuya comisión forma parte de un contexto social de exigencias sobre las mujeres basadas en estereotipos. Los estudios de género han contribuido a explicar cómo los cánones de belleza impuestos sobre las mujeres (desde las infancias) funcionan como un mecanismo de opresión y control que impacta directamente en el desarrollo de sus vidas. A su vez, cómo este tipo de sucesos forman parte de las consecuencias de esos cánones propios de la sociedad patriarcal.
Pagaré, acción cambiaria, Administración Pública, acto administrativo
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Ingeniero Oscar Diez SA c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Demanda ordinaria (Expte. CSJ Nº   712-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-12-09

Resulta inadmisible pretender que se pueda dejar sin efecto un pagaré -instrumento propio del derecho privado- en virtud del ejercicio de una potestad administrativa que, si bien resulta inherente al ejercicio de la función administrativa y es manifestación -al mismo tiempo- de la patente calidad del poder exorbitante que con relación al referido Derecho Privado se le reconoce a la Administración, se encuentra limitada por definición a los actos administrativos. (Del Voto en Minoría del Dr. Ulla).
Jueces, control de constitucionalidad, facultades no delegadas
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: Quidel, Angela Elena s/ QUEJA  EN:'QUIDEL,  ANGELA  ELENA  Y  OTRA  S/ROBO  EN LUGAR POBLADO'
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1989-12-22

La sentencia del Superior Tribunal de Justicia que deniega un recurso de queja cuando: 1ro.) -el monto de la pena aplicada al procesado no habilita la apertura de la casación penal; y 2do) tampoco se observan en la resolución del mérito signos de arbitrariedad ni errores descalificantes, no viola la doctrina sentada en la Corte en autos "Di Mascio" del 01-12-88. Ello, en tanto la decisión del Superior Tribunal no supone desconocer que ante un caso, causa o controversia, todos los jueces tienen el deber de asumir y resolver la cuestión federal pertinente, siempre que aquélla fuera propuesta oportunamente y consecuentemente mantenida con arreglo a las exigencias de la ley 48, afirmación ésta que no se contrapone sino que se integra armónicamente con el principio según el cual el sistema procesal y régimen de los recursos hace a la competencia privativa de cada Provincia.
Proceso contravencional, aplicación de la ley penal, condena condicional
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: T, J.D. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Artículo 39 Artículo 39
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-03-30

No resulta ajustada a derecho la decisión de aplicar, en esta sede, las prescripciones del Código Penal relativas a la condena de ejecución condicional.

El Código Contravencional estructura, en cuanto a la pena de arresto, un sistema cerrado que no deja intersticio alguno a través del cual pueda introducirse la legislación nacional aplicada, erróneamente, al caso.