Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-12-17


Buenos Aires, 17 de diciembre de 2008 Visto: el expediente indicado en el epígrafe, resulta:

1. El Gobierno de la Ciudad inició una ejecución fiscal contra Jervo S.A. para el cobro del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (en adelante ISIB) correspondiente a las cuotas 06 del año 1992 y 01 a 11 del año 1993 -con intereses calculados al 26/11/1998-, por la suma de $ 17.416,04, más intereses y costas (fs. 50/52).

La demandada opuso excepciones de inhabilidad de título, litispendencia y prescripción (fs. 53/62).

2. La jueza de primera instancia resolvió rechazar las excepciones planteadas y mandó llevar adelante la ejecución contra la demandada por el capital reclamado, con más intereses y costas de la ejecución (fs. 92/95).

3. Dicho pronunciamiento fue apelado por la demandada (fs. 103/110), por vía de un recurso que fue rechazado, por mayoría, por la Sala I de la Cámara, con costas a la vencida (fs. 3/11).	4. La demandada interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra dicha decisión (fs. 12/21).

La Cámara decidió no conceder el recurso interpuesto, por considerar que no se configuraba el caso constitucional requerido para este tipo de recursos, y que la decisión atacada no constituía sentencia definitiva ni equiparable, ya que la demandada no había acreditado que la decisión le causase un perjuicio irreparable (fs. 22).

5. La denegatoria del recurso de inconstitucionalidad motivó la interposición de la presente queja ante el Tribunal (fs. 27/45).

6. El señor Fiscal General Adjunto propició rechazar el recurso de queja interpuesto por no dirigirse el recurso de inconstitucionalidad contra una sentencia definitiva (127/129).

Fundamentos:

La jueza Ana María Conde dijo:

1. La queja ha sido interpuesta en tiempo oportuno (art. 33 LPT), sin perjuicio de lo cual debe ser rechazada.

La Cámara declaró inadmisible el recurso de inconstitucionalidad por considerar (i) que la decisión atacada no constituía una sentencia definitiva ni tampoco se había acreditado el perjuicio irreparable que hubiera permitido equipararla a dicha condición, y (ii) que no se ha había planteado con la claridad, fundamentación y precisión requeridas un caso constitucional.

Si bien las decisiones recaídas en un juicio ejecutivo no constituyen, en principio, sentencias definitivas en los términos del art. 27 de la ley 402, el presente resulta un supuesto de excepción. Y es que la cuestión relativa a la presunta transacción invocada por Jervo S.A., que -según la recurrente- habría extinguido la deuda reclamado en autos, ha sido tratada por la Cámara de manera tal que impide su replanteo en un juicio ordinario posterior.

En efecto, la Cámara, por mayoría, luego de citar y transcribir los arts. 80 inc. 2 ap. a), 81 inc. 9 y 51 CCABA, concluyó que "... en el derecho tributario, rige el principio de legalidad de la tributación conocido también como principio de reserva de ley (...) De acuerdo a lo señalado, el principio mencionado impide que sea el Poder Ejecutivo quien disponga de la renta pública y, por ende, no tiene facultades para llevar a cabo una transacción sobre materia tributaria. Ello así, por transgredir principios y normas constitucionales como las transcriptas (...) de acuerdo a las normas transcriptas -que no pueden ser desconocidas por las partes-, las pretensiones sostenidas por la demandada no resultan ajustadas a derecho ..." (fs. 5). Ello implica desconocer la existencia de un acuerdo transaccional válido en el caso de autos, y rechazar la defensa de inexistencia de deuda fundada en tal motivo, lo que transforma a la sentencia cuestionada en equiparable a definitiva, al menos en este aspecto.

Sin embargo, el recurrente no logra rebatir el otro fundamento en virtud del cual la Cámara declaró inadmisible el recurso de inconstitucionalidad: la inexistencia del caso constitucional exigido por el art. 27 de la ley 402.

2. En los recursos de inconstitucionalidad y queja, la recurrente plantea un caso constitucional que se configuraría, a su entender, (i) por la incorrecta interpretación y aplicación que realiza la Cámara del principio de legalidad en materia tributaria (arts. 51, 80 y 81 CCABA), fundado en el cual desconoce erróneamente la validez del acuerdo transaccional invocado por considerar que el Poder Ejecutivo carece de facultades para celebrarlo; y (ii) por la afectación del derecho de propiedad de la recurrente (art. 17 CN y 12 inc. 5 CCABA), que se produciría al condenarla a pagar una deuda inexistente.

Jervo S.A. manifiesta que en el expte. administrativo n° 26-079/99 se encuentra acreditada la celebración de un acuerdo transaccional en virtud del cual el GCBA liberó a Jervo S.A. de reclamos por períodos anteriores al 06/08/1996 por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Sostiene que el principio de legalidad tributaria implica que la Legislatura es el órgano competente para sancionar leyes de carácter tributario, para la imposición y modificación de tributos, y para la determinación de los principios y garantías que rigen el sistema tributario de la Ciudad; pero que la celebración de un acuerdo transaccional como el de autos, entre la administración pública y un administrado, aún cuando se refiera a materia tributaria, no implica legislar en materia fiscal ni tributaria, ni significa imponer ni modificar tributos de ninguna índole, ni altera el principio de legalidad, ni ningún otro de los principios que rigen el sistema tributario de la Ciudad.

Asimismo, afirma que el acuerdo transaccional de autos solo tuvo alcance particular para las partes intervinientes, resolvió una cuestión hasta ese entonces litigiosa y controvertida, y fue celebrado por el Poder Ejecutivo local en el marco de las atribuciones constitucionalmente conferidas como representante legal y administrador de los bienes y recursos de la Ciudad, en los términos de los arts. 104 inc. 1, 24 y 25 CCABA.

Planteado en dichos términos el caso constitucional de la recurrente, como veremos a continuación existen dos obstáculos que impiden su acogimiento en esta instancia: (i) la inoportuna introducción del planteo y (ii) la inexistencia del invocado acuerdo transaccional.

3. La introducción de un caso constitucional debe realizarse, como regla, en los escritos de demanda, reconvención o contestación de ambas, ya que estos actos constituyen la primera oportunidad posible en el marco de los procedimientos y delimitan las cuestiones que deben ser materia de decisión en la sentencia definitiva. En otras palabras, la alegación debe formularse en oportunidad de trabarse la litis y sólo excepcionalmente en oportunidad posterior, pero siempre en la primera oportunidad que el procedimiento brinda al interesado (conf. Palacio, Lino Enrique, "El recurso extraordinario federal. Teoría y técnica", pág. 295, Ed. Abeledo-Perrot, Bs.As., 1992; lo dicho en esta temática respecto del recurso extraordinario federal también es aplicable al recurso de inconstitucionalidad local, ya que ambos recursos exigen que el tribunal superior de la causa esté en condiciones y emita un pronunciamiento sobre el caso constitucional o la cuestión federal).

En el mismo sentido, este Tribunal ha dicho que "la cuestión constitucional debe introducirse en el juicio en tiempo oportuno, para que los jueces intervinientes tengan ocasión de considerarla y resolverla. Debe haber ocurrido en el litigio una controversia de carácter constitucional y la decisión judicial debe haber recaído sobre ella. De lo contrario, se está en presencia de una reflexión tardía que (...) resulta extemporánea" (in re "Consorcio de propietarios edificio 86 -ex 78- nudo 2 barrio Soldati c/ Comisión Municipal de la Vivienda s/ ejecución de expensas s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", expte. nº 1286/01, sentencia del 20/02/02).

En este supuesto no se cumple tal exigencia, ya que en el escrito mediante el cual la recurrente se presentó en el proceso y opuso excepciones (fs. 53/62), en ningún momento invocó la existencia de un acuerdo transaccional.

Allí, Jervo S.A. opuso excepción de inhabilidad de título, fundada en la inexistencia de la deuda, y se refirió a las actuaciones del expediente administrativo n° 26.079/99 (ver fs. 56 vta./57 vta., ap. III.b), que ofreció como prueba (ver fs, 61 ap. VI.b.1). La recurrente menciona que en ese expediente distintas empresas que realizaban actividades comerciales dentro del complejo Costa Salguero le propusieron al GCBA un arreglo, en el que reconocerían la potestad tributaria del Estado local a partir del mes de agosto de 1996, y que el dictamen del por entonces Procurador General de la Ciudad Dr. Marcer, así como la conformidad prestada por la Dirección General de Rentas, fueron favorables a esa propuesta.

Considera, entonces, que dichas actuaciones importan un "... contundente respaldo a la posición explicitada supra acerca de la carencia de jurisdicción tributaria por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre el complejo Costa Salguero, durante los períodos cuya ejecución se persigue en autos, y la consecuente improcedencia de la pretensión perseguida ..." (fs. 57), y que "... la promoción de la presente ejecución contraría la posición previa del G.C.B.A. puesta de manifiesto en las aludidas actuaciones ..." (fs. 57 vta.). Y en el mismo sentido, la recurrente concluye que "... las actuaciones administrativas aludidas -que quedan ofrecidas como prueba-, configuran la situación que establece el art. 451 C.C.A. y T. al disponer como excepción admisible a los procesos de ejecución fiscal '... cualquier otro modo de extinción de las obligaciones ... cuando se haya expedido, por autoridad competente, una certificación de inexistencia de deuda que comprenda el período reclamado ...' La resolución aludida deberá indefectiblemente ser encuadrada en la hipótesis transcripta, y en mérito a ello corresponderá también el rechazo de la ejecución ..." (fs. 57 vta.).

Como podemos apreciar, las actuaciones administrativas aludidas fueron invocadas por la recurrente como respaldo a su postura que le negaba al Estado porteño potestades de imposición en el Complejo Costa Salguero en la etapa previa a la sanción de la Constitución porteña, pero en ningún momento fue mencionado que Jervo S.A. y el GCBA hayan suscripto finalmente un acuerdo transaccional que haya extinguido la deuda reclamada en autos. Por el contrario, la recurrente menciona que distintas empresas "propusieron un arreglo", y no que hayan "celebrado" un acuerdo.

Ello privó a la jueza de primera instancia de pronunciarse sobre la existencia y validez de la presunta transacción, e impide su consideración en esta instancia, sin que dicha omisión pueda ser subsanada por el tardío esfuerzo realizado al expresar agravios en el marco del recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia (ver fs. 103/110).

4. Pero aún cuando consideráramos que este Tribunal se encuentra habilitado para expedirse sobre el caso constitucional planteado, lo cierto es que el razonamiento desplegado por la recurrente parte de un defecto insalvable: la inexistencia de un acuerdo transaccional.

El art. 832 Cód.Civ. establece que la transacción es un acto jurídico bilateral por el cual las partes, haciéndose concesiones recíprocas, extinguen obligaciones litigiosas y dudosas. Entre sus caracteres, además de ser un acto jurídico bilateral, es de naturaleza indivisible, declarativo y de interpretación restrictiva (Zannoni, Eduardo A. en "Código Civil y leyes complementarias comentado, anotado y concordado", Belluscio -dir-, Zannoni -coord-, tomo 3, comentario a los arts. 834, 835 y 836, pág. 710, Ed. Astrea, Bs.As., 1994).

En el caso que una de las partes sea el Estado local, la aprobación del acuerdo transaccional debe realizarse mediante acto administrativo que cumpla los requisitos previstos en la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires (decreto 1510/97 -LPACABA-). Entre otros recaudos, debe celebrarse por escrito (art. 8), ser suscripto por funcionario competente (art. 7 inc.a) y observar los procedimientos exigidos por el ordenamiento jurídico (art. 7 inc. d).

En los distintos recursos interpuestos por la demandada a lo largo del proceso, se menciona un presunto acuerdo transaccional, pero en ningún momento se lo identifica, ni se lo localiza en el expediente administrativo, no se dice en qué fecha fue celebrado, ni cuál fue el funcionario gubernamental que lo suscribió. Y nada de esto se explicitó por el simple hecho de que no existe el mentado acuerdo, lo que se desprende de la lectura de los expedientes administrativos que obran como prueba documental en la presente causa.

En el expediente administrativo n° 26.079/1999 obran las siguientes actuaciones de relevancia para este caso:

a)	A fs. 4, 9, 10, 20/21 y 46, las empresas Telemetrix S.A., DR S.A., Centro Costa Salguero S.A., Puerto Norte S.A. y Jervo S.A. (respectivamente) propusieron un acuerdo al GCBA, en el que consentirían la potestad impositiva del GCBA a partir de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -06/08/1996-, a cambio de una nueva determinación del impuesto a los ingresos brutos a partir del 06/08/1996 y hasta la fecha de dicha presentación, eliminándose las multas y recargos y otorgándose facilidades de pago. Además, en el marco de dicha propuesta de acuerdo, las empresas Telemetrix S.A., DR S.A., Centro Costa Salguero S.A. y Puerto Norte S.A. desistirían de la acción y el derecho en los juicios en trámite en el fuero civil.

b)	A fs. 52/54 el Interventor de la Dirección General de Rentas presentó un informe en el que analizó la propuesta y la consideró aceptable, salvo en lo referido a la solicitud de no aplicación de intereses resarcitorios por mora a partir del 06/08/1996.

c)	A fs. 84/86, obran copias de los escritos mediante los cuales las empresas DR S.A., Telemetrix S.A. y Puerto Norte S.A. desistieron de las respectivas acciones judiciales interpuestas en el fuero civil.

d)	A fs. 87 consta una copia certificada de la resolución n° 1088-PG-99, mediante la cual el Procurador General de la Ciudad de Buenos Aires dispone la suspensión del trámite de las ejecuciones fiscales en las cuales se reclame el cobro del impuesto sobre los ingresos brutos a Telemetrix S.A., DR S.A., Centro Costa Salguero S.A., Puerto Norte S.A. y Jervo S.A.

e)	A fs. 88/89 emitió dictamen el Sr. Procurador General de la Ciudad de Buenos Aires, en el que consideró que corresponde aceptar las propuestas de acuerdo realizadas por los contribuyentes Telemetrix S.A., DR S.A., Centro Costa Salguero S.A., Puerto Norte S.A. y Jervo S.A.

f)	A fs. 91/92 obra un proyecto de decreto para ser firmado por el Sr. Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el que dispondría (i) la aceptación de las propuestas de acuerdo realizadas por los contribuyentes Telemetrix S.A., DR S.A., Centro Costa Salguero S.A., Puerto Norte S.A. y Jervo S.A., para la resolución del diferendo que mantienen con ese Gobierno en relación al impuesto sobre los ingresos brutos; y (ii) la confirmación de la resolución n° 1088-PG-99, en cuanto dispone la suspensión de los procedimientos judiciales en los casos en que la Ciudad es actora.

Por su parte, a fs. 18/19 del expediente administrativo n° 65.090/1999 obra un dictamen de la Procuradora General de la Ciudad que consideró que no resulta necesario el dictado de un decreto atento la existencia del desistimiento de acciones judiciales.

Por último, en la carpeta interna 99.737 obran las siguientes actuaciones:

a)	A fs. 62/65 figura un dictamen de la Jefa de Departamento Control de Recaudación de Grandes Contribuyentes dependiente de la Dirección Grandes Contribuyentes de la Dirección General de Rentas, en el que indica que Jervo S.A. no registra en su base de datos acogimiento alguno a un plan de facilidades.

Asimismo, considera que el GCBA debería desistir de las acciones judiciales tendientes al cobro de la deuda por el impuesto a los ingresos brutos emergente con anterioridad al 06/08/1996 respecto a las empresas Telemetrix S.A., DR S.A., Centro Costa Salguero S.A. y Puerto Norte S.A., a excepción del contribuyente Jervo S.A. hasta tanto aclare su situación b)	A fs. 67 obra un informe del Subdirector General de Recaudación y Atención al Contribuyente de la Dirección General de Rentas, que indica que Jervo S.A. no tiene anticipos afectados a planes de facilidades y que las posiciones 04 a 12/1991, 01 a 12/1992 y 01 a 11/1993 figuran como deuda en firme Transferida a Mandatario.

c)	A fs. 73/78 figura un informe de la Jefa de Departamento Control de Recaudación de Grandes Contribuyentes dependiente de la Dirección Grandes Contribuyentes de la Dirección General de Rentas, del que surge que Jervo S.A. tiene afectados a planes de facilidades distintos anticipos correspondientes a los períodos 1996 a 2004 inclusive.

d)	A fs. 110 obra en copia simple un informe de la Jefa de Departamento de Gestión de Deuda de la Dirección Administ. y Control de la Recaudación de la Dirección General de Rentas, que indica que Jervo S.A. se acogió a la moratoria de la ley 671, y que los anticipos incluídos son los 07 a 12 de 1997, 02 a 12 de 1999, 03 a 12 de 2000 y 03 a 06 de 2001.

De esta breve síntesis se desprende que ciertas empresas propusieron un acuerdo al GCBA, que nunca fue formalmente aceptado. En otras palabras, si bien fueron emitidos dictámenes -por su naturaleza, sin carácter vinculante- de distintos órganos de la Administración Pública -la Dirección General de Rentas y la Procuración General de la Ciudad- aconsejando aceptar el acuerdo sugerido, y si bien fue elaborado incluso un proyecto de decreto de aprobación de las propuestas de arreglo, lo cierto es que no existió ningún acto administrativo suscripto por funcionario competente que haya aceptado la propuesta transaccional elevada por las empresas.

Al no existir el mentado acuerdo transaccional, toda la construcción del caso constitucional elaborada en torno a él se derrumba, y los principios y derechos constitucionales invocados por la demandada (principio de legalidad tributaria, derecho de propiedad, derecho de defensa en juicio) devienen en alegaciones teóricas sin relación con lo decidido en la causa, lo que impide tener configurado el caso constitucional requerido por el art. 27 de la ley 402.

5. Por los motivos expuestos, voto por rechazar la queja planteada por Jervo S.A.

El juez Julio B. J. Maier dijo:

1. Me adhiero al voto -salvo en lo referente al señalamiento del objeto recurrido como sentencia definitiva- y al resultado del voto dictado por la señora jueza del trámite. Sin perjuicio de ello, entiendo necesario formular algunas precisiones.

2. La demandada, Jervo S.A., insiste, a pesar de las evidencias adversas colectadas en sede administrativa, en sostener que se halla incluida en un régimen de pago en cuotas del Impuesto a los Ingresos Brutos (ISIB) y, por ende, a su respecto, no es procedente el juicio de ejecución fiscal que le inició la Dirección General de Rentas (DGR), razón por la que también insiste en mantener su versión de que habría llegado a un acuerdo de pago (transacción) con la DGR. Todas estas circunstancias, con independencia de que en su mayoría son desmentidas por las constancias administrativas agregadas, imponen el deber de manifestar que la causa se "ancla" en un ámbito eminentemente infraconstitucional, habida cuenta de las características y estructura legal que poseen las normas que rigen un acuerdo transaccional con el fisco local, y las propias normas que disponen y abarcan a los acuerdos de pago de impuestos locales en cuotas. Con ello bastaría para rechazar los recursos interpuestos y hasta se puede recordar el valor de las decisiones en el plano de la ejecución, que, por regla, no constituyen sentencia definitiva (cf. causa nº 1874/02, "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado" en "Correa Luna S. A. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Secretaría de Educación) s/ demanda c/ aut. adm.-otros", sentencia del 20/11/03; mis votos en las causas nº 1888/02, "Inversora Quillén S.A. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado" en "Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Inversora Quillén S.A. s/ ejecución fiscal", sentencia del 5/3/03 [Constitución y Justicia, Fallos TSJ, tomo V, Buenos Aires, 2003, ps. 101 y ss.]; nº 1895/02 "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado" en "Obra Social para la actividad Docente (OSPLAD) c/ GCBA s/ ejecución fiscal - otros", sentencia del 5/3/03 [Constitución y Justicia, Fallos TSJ, tomo V, Buenos Aires, 2003, ps. 110 y ss.]; nº 2133/03, "GCBA c/ Club Mediteranée Argentina SRL s/ ejecución fiscal s/ recurso de inconstitucionalidad requerido", sentencia del 27/5/03, [Constitución y Justicia, Fallos TSJ, Buenos Aires, t. V, 2003, ps. 311 y ss.]; y nº 3107/04 "Terminales Portuarias Argentinas SA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado" en: "GCBA c/ Terminales Portuarias Argentinas SA s/ ejecución fiscal - Plan de facilidades de pago", sentencia del 5/11/04 [Constitución y Justicia, Fallos TSJ, tomo VI b, Buenos Aires, 2004, ps. 1118 y ss.] ). Empero, por lo demás, también se puede destacar de la solución de fondo que reclama la recurrente, los siguientes aspectos.

3. Al no contarse con el acuerdo transaccional que tan vehementemente se invoca, tampoco se pueden confirmar los conceptos y las magnitudes del o de los tributos abarcados. Este hecho, a estar a las inferencias que sugieren las constancias agregadas, tampoco es favorable para la pretensión esgrimida, ya que todo induce a creer que, si existió un intento de acuerdo, éste debía recaer, al menos, sobre el ISIB correspondiente a los períodos 6/92 y 1 a 11/93, por un total de $ 17.416,04 en concepto de impuesto (conceptos por los que se inicia la ejecución fiscal). Basta comparar esta situación con la muy diversa de todas las demás empresas en trance análogo de sufrir la necesidad de paliar una deuda fiscal, que -previo acuerdo con el fisco local- inician simultáneamente el plan de facilidades por pago en cuotas por obligaciones fiscales contraídas desde el 06/08/96 (cf. nota del 28 de febrero de 2002, constancias glosadas a fs. 62/65 de las actuaciones administrativas, carpeta interna nº 42197/2000 agregada, y corroboración de las constancias del exp. nº 26.079/99, también agregado y ya citado en esta sentencia-).

4. Muy distinta es la situación fiscal de la aquí demandada en su cotejo con las demás empresas favorecidas por la moratoria, cuyas circunstancias sirven a modo de contraluz para demostrar la serie de incorrecciones fáctico-jurídicas que constituyen la situación de Jervo S.A. y corroboran la necesidad de rechazar el recurso de queja interpuesto.

El juez José Osvaldo Casás dijo:

1. Adhiero al voto de la señora jueza de trámite, doctora Ana María Conde, en cuanto rechaza recurso de queja, pues ésta, aunque interpuesta en tiempo y forma (cf. art. 33, ley n° 402), no puede tener acogida favorable.

2. Tanto en esta queja como en el recurso de inconstitucionalidad se cuestiona la decisión de la Cámara que, en el marco de una ejecución fiscal promovida por cobro de las cuotas 6/92 y 1 a 11 del año 93 por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, confirmó la sentencia de primera instancia en la cual no se hizo lugar a la excepción de inhabilidad de título opuesta por la demandada.

Si bien la sentencia recaída en juicios ejecutivos, en principio, no reviste el carácter de definitiva en los términos del art. 27 de la ley nº 402, tengo para mi que en estos actuados la recurrente invoca y logra demostrar que procede equiparar el pronunciamiento aquí atacado a uno de tal carácter. Ello así, en tanto, "Jervo S. A." al tratar esta cuestión en el escrito de interposición del recurso de inconstitucionalidad -fundamental para que se habilite la jurisdicción recursiva del Tribunal en el caso, conforme lo establece el art. 27 de la ley n° 402- sostuvo que "la sentencia recurrida debe ser equiparada a una definitiva, puesto que el modo en que la Excma. Cámara resolvió la causa frustra toda posibilidad de replantear la cuestión en una instancia posterior" ya que entiende que las consideraciones efectuadas en el pronunciamiento, relativas al desconocimiento de todo valor a la supuesta transacción celebrada por el Poder Ejecutivo -que traería aparejada la extinción de la obligación tributaria por los períodos reclamados en este proceso- en supuesta contravención a las normas de los arts. 80, inc. 2 y 81 inc. 9 de la CCABA y al principio de legalidad consagrado en el art. 51 de dicho Estatuto Fundamental , implicó adentrarse en el tratamiento de la existencia y causa de la presunta deuda reclamada; lo que impide que dichos aspectos y las interpretaciones legales efectuadas sobre los mismos puedan ser nuevamente discutidos en un juicio ordinario posterior (cfr. fs. 75/77).

Téngase en cuenta que el a quo en oportunidad de resolver la apelación interpuesta sostuvo que el principio de legalidad "impide que sea el Poder Ejecutivo quien disponga de la renta pública y, por ende, no tiene facultades para llevar a cabo una transacción sobre materia tributaria" por lo que "las pretensiones sostenidas por la demandada no resultan ajustadas a derecho. De allí que no puedan ser consideradas, al menos en este tipo de proceso a fin de admitir las excepciones de inhabilidad de título y de inexistencia de deuda incoadas por la recurrente" (cfr. fs. 5 y 6).

3. También coincido con los fundamentos expresados en el voto de la señora jueza de trámite, a los que remito y que me llevan a considerar que no existe caso constitucional en los términos exigidos por el art. 27 de la ley nº 402.

Ello así, en tanto de las constancias de la causa no surge acto administrativo alguno que respalde la existencia del supuesto acuerdo transaccional, ni tampoco la individualización precisa por parte de "Jervo S.A." del mismo, sino tan sólo:

a) que existió una propuesta efectuada por determinadas empresas por la que consentirían la potestad tributaria de la Ciudad a partir del 6/08/1996 sobre la zona de terrenos ganados al Río de la Plata en la cual desarrollan su actividad, con el compromiso por parte de la jurisdicción local de efectuar una nueva determinación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a partir de tal fecha eliminándose las multas y recargos y otorgándoles facilidades de pago, lo que llevaría a que las empresas involucradas procedieran a desistir de las acciones y derechos que habían iniciado e invocado hasta entonces cuestionando la potestad impositiva de la Ciudad. b) la aceptación de lo propuesto podría resultar procedente según opinión preliminar de la Dirección General de Rentas (fs. 52/54) y de la Procuración General de la Ciudad, (cfr. fs. y 88/89 del expediente administrativo nº 26.079/1999) así como se infiere del dictado por dicho organismo de la resolución nº 1088-PG-99, por la que se dispuso la suspensión del trámite de las ejecuciones fiscales iniciadas a las empresas proponentes por el cobro de períodos correspondientes al Impuesto sobre los Ingresos Brutos (cfr. fs. 87), y del proyecto de decreto elevado a consideración del señor Secretario de Gobierno para su refrendo (cfr. fs. 91/92 del citado expediente administrativo).

c) la intervención del Señor Subsecretario de Gobierno por la cual solicita a la Procuración General de la Ciudad que atento el proyecto de decreto elevado, se aclarara, entre otras cuestiones, "si la aceptación, por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de las propuestas formuladas por las contribuyentes en este expediente administrativo implica la transacción que contempla el art. 82, inc. 4, de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, en caso afirmativo, si debe consecuentemente someterse a la aprobación de la Legislatura" (sic - el destacado no obra en el texto original).

d) el dictamen de la señora Procuradora General a/cargo de la Procuración General de la Ciudad, señalando que "en atención a la opinión vertida en mi anterior intervención obrante a fs. 88/89 no resulta necesaria la emisión de un Decreto.// En efecto, en el caso se extingue la controversia judicial mediante el desistimiento de los juicios efectuados por la reclamante y al aceptarse por ella la jurisdicción impositiva de la Ciudad, ello al presentar sus declaraciones juradas ante la Dirección General de Rentas" (cfr. fs. 18 y 19 del expediente nº 65.090/1999 de la Dirección General de Rentas", que corre por cuerda).

4. A esta altura creo oportuno señalar aquí que la discusión traída a esta instancia no puede desentenderse, más allá del camino seguido por la propuesta en la esfera de la Administración -plagado de errores jurídico conceptuales-, de que aún cuando el acuerdo transaccional invocado por "Jervo S.A." hubiera llegado a formalizarse, en la especie se habrían transgredido los límites constitucionales que se imponen al ejercicio de facultades del Ejecutivo en materia tributaria por la adopción del sistema de reserva de ley, consagrado desde antiguo por prácticamente todos los Estados -v. Victor Uckmar: Principios comunes del Derecho Constitucional Tributario, capítulo I: "Principio de legalidad", ps. 9 y ss., Temis, Bogotá, 2002- y consiguientemente receptado en la Constitución Nacional y en la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (cfr. arts. 4, 17, 19, 76 y 99 inc. 3, de la CN y art. 51, 80 inc. 2 ap. a, 81 de la CN).

Obsérvese que el verbo transar -que se deriva de la voz transigir cuyo origen lo hallamos en el latín en la palabra transig?re que significa "terminar" o "concluir"- adquiere en el lenguaje jurídico un contenido específico, recogido y desarrollado en nuestra legislación de fondo (v. art. 832 del Código Civil), que requiere como elementos constitutivos para su configuración que: a) haya acuerdo de voluntades; b) las partes se hagan concesiones recíprocas, es decir, que cedan parte de sus pretensiones a cambio de que se les asegure el carácter definitivo de las restantes o su cumplimiento inmediato o a breve plazo, y c) por estas concesiones se extingan obligaciones litigiosas o dudosas.

Las opiniones doctrinales y la legislación latinoamericana en su conjunto se exhiben contrarias a admitir la transacción en materia tributaria. Es que la mayoría de los autores es coincidente al afirmar el dogma de la indisponibilidad de las obligaciones tributarias teniendo en cuenta que las prestaciones patrimoniales en este ámbito son consecuencia de un mandato establecido por ley formal-material -obligación ex lege-, esto es, de un vínculo jurídico fundado en la ley, a cuyo alumbramiento y conformación es totalmente extraña la voluntad de los sujetos aprehendidos en la esfera de sujeción pasiva y, además, como derivación necesaria, no sólo del principio de legalidad, sino también del de generalidad. En igual sentido, el catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, Rafael Calvo Ortega, señala: "El poder tributario no puede conformarse con asegurar una determinada recaudación como financiación de los servicios públicos. La Constitución le exige a él -al Poder Legislativo-, y lo mismo a las Administraciones Públicas (con personalidad jurídica y como tales acreedores de la obligación), que los tributos sean satisfechos en los términos y por los sujetos establecidos en las leyes. La generalidad y la capacidad... así lo demandan e, igualmente, la justicia del sistema tributario que predica la Constitución. Admitir la disponibilidad... sería tanto como dejar el cumplimiento de los principios y del gran objetivo de justicia en manos de acreedores y deudores" (cfr. Curso de Derecho Financiero, tomo I: "Derecho Tributario -Parte General-", título II: "Derecho Tributario", capítulo II: "Principios", parágrafo 2: "Principios legales", subparágrafo C: "Indisponibilidad de las situaciones subjetivas", ps. 85 y ss., en particular ps. 85, 86 y 87, Civitas, Madrid, 1997).

Ya entre nosotros, el profesor Dino Jarach ha señalado el carácter ex lege de la obligación tributaria, por lo que las consecuencias que se derivan de la relación jurídico-tributaria no nacen de la voluntad de quienes realizan estas actividades, sino exclusivamente de la ley; y no solamente no pueden ellos crear o no el efecto tributario, sino que tampoco pueden influir sobre él, que es únicamente consecuencia de la voluntad de la ley, porque de otra manera escaparían al principio básico de que es la apreciación propia del legislador la que establece cuáles son las consecuencias tributarias de una determinada actividad. Todos los principios constitucionales ... limitan este arbitrio del legislador; pero mientras el legislador actúa dentro del marco constitucional, es la ley y sólo ella la que hace nacer las consecuencias tributarias, y lo hace de acuerdo con el principio y el poder fiscal inherentes a la propia esencia del Estado, como una de sus prerrogativas de soberanía" ( v.Curso Superior de Derecho Tributario, edición nueva actualizada, capítulo VI: "Naturaleza e interpretación de las normas tributarias sustantivas", punto 4: "Relaciones entre derecho tributario material y derecho privado", ps. 283 y ss., en particular p. 286, Cima, Buenos Aires, 1969).

En tal línea de razonamiento, se ha enrolado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, casi sin matices, para sostener, entre muchas causas, en: "Sociedad Anónima Luis Magnasco y Compañía contra la Provincia de Buenos Aires, sobre devolución de sumas pagadas por contribución territorial" (Fallos: 167:5), sentencia del 28 de noviembre de 1932, que: "Los impuestos no son obligaciones que emerjan de los contratos, pues su imposición y la fuerza compulsiva para el cobro son actos de gobierno y de potestad pública", doctrina que también se hizo presente, entre otros muchos pronunciamientos, in re: "S.A. Ford Motor Argentina v. Dirección Nacional de Aduanas" (Fallos: 283:360), sentencia del 15 de septiembre de 1972), concluyéndose in re:"Rosa Campomar de Echavarría v. Dirección General del Impuesto a los Réditos" (Fallos: 218:596), sentencia del 30 de noviembre de 1950, que en principio "no existe acuerdo alguno de voluntades entre el Estado y los individuos sujetos a su jurisdicción con respecto al ejercicio del poder tributario implicado en sus relaciones"; para resumir en "Lamport y Holt Ltd. v. Provincia de Santa Fe" (Fallos: 218:694), sentencia del 7 de diciembre del mismo año, que: "Las diversas formas o modos de imposición son, en verdad, una manifestación de voluntad exclusiva del Estado desde que el contribuyente sólo tiene deberes y obligaciones, pero aquél como órgano de derecho que es, tiene que respetar la supremacía de la Constitución".

5. Así, entonces, por los fundamentos expuestos precedentemente así como por los vertidos en el voto de la señora jueza de trámite, me pronuncio por el rechazo de la queja impetrada.

Así lo voto.

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

1. El recurso de queja fue presentado en tiempo y forma debida (art. 33 de la ley nº 402).

La crítica de la recurrente es suficiente para poner en crisis las afirmaciones de carácter muy general del auto denegatorio.

2. El recurso de inconstitucionalidad satisface las condiciones de admisibilidad. Ha sido interpuesto en tiempo y forma, ante el tribunal superior de la causa y quien recurre goza de legitimación y capacidad procesal.

Aún en el marco de una ejecución fiscal, el modo en que la Cámara consideró los agravios de Jervo permite equiparar el pronunciamiento atacado a definitivo y entrar en el análisis del recurso interpuesto.

3. En su recurso Jervo formula diversos planteos.

Por un lado, la empresa objeta la interpretación efectuada por los magistrados de los artículos 51, 80 inciso 2 y 81 inciso 9 de la CCABA. Expresa (fs. 17 vuelta) que "(...) la celebración de un acuerdo transaccional por parte del ejecutivo local, mediante el cual se resuelve una situación controvertida y litigiosa que solo (sic) alcanza a las partes intervinientes en dicho acuerdo; de ningún modo puede ser considerada una transgresión a las normas de los arts. 80 inc. 2 y 81 inc. 9 de la constitución local, cuando estas normas regulan situaciones muy distintas a las acaecidas en este caso, al imponer el marco aplicable a la sanción de leyes de carácter tributario, lo cual de ningún modo se configuró en el caso." Agrega (fs. 18) que "(...) la interpretación dada en la sentencia recurrida no efectúa una correcta aplicación de la garantía de la reserva de ley; al invocar y utilizar el principio de legalidad en perjuicio del administrado, lo cual lleva a la mayoría de la Cámara a desconocer los efectos del acuerdo transaccional que ha sido celebrado por el poder ejecutivo conforme a derecho y en el marco de sus propias atribuciones." Por otra parte, la impugnante afirma (fs. 20 y vuelta) que "(...) admitir la procedencia de la ejecución significaría violentar derechos adquiridos de mi parte, consolidados al momento de celebrar la transacción; con directa afectación del derecho de propiedad de mi mandante amparado en los arts. 17 de la CN y 12 inc.5 de la constitución local." Los agravios detallados más arriba sólo en apariencia presentan una cuestión constitucional. Una lectura cuidadosa del recurso en examen demuestra que ha sido la propia recurrente quien sellara la suerte adversa de su defensa. Ello, por dos razones que seguidamente explico.	a) Al oponer la excepción de inhabilidad de título, Jervo sostuvo (fs. 53 vuelta) que " l a excepción (...) se encuentra fundamentada en la carencia de facultades del funcionario que suscribe las boletas de deuda con que se pretende sustentar la presente ejecución, atendiendo a la falta de jurisdicción tributaria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para pretender gravar las actividades comerciales desarrolladas por mi mandante, teniendo en consideración el lugar físico donde aquellas fueron llevadas a cabo, el que (...) resultaba ajeno al ámbito territorial de la Ciudad de Buenos Aires y con ello extraño a las facultades jurisdiccionales de la aquí actora, durante los períodos cuya ejecución se persigue en la presente." Luego de un extenso desarrollo vinculado con la supuesta falta de jurisdicción tributaria de la Ciudad, la empresa adujo que dicha situación no era nueva para el Gobierno dado que ella y otras sociedades que realizan actividades dentro del Complejo Costa Salguero, le propusieron a aquél un arreglo para resolver el diferendo sobre el tema, en el que reconocerían la potestad tributaria local a partir de agosto de 1996. En tal contexto, la ejecutada manifestó que las actuaciones administrativas en las que tramitara su propuesta de acuerdo respaldaban su posición dado que la actora había hecho lugar a lo peticionado en base a lo expuesto por el Procurador General y por la Dirección General de Rentas. Afirmó que lo actuado en el indicado expediente administrativo (nº 26079/99) debía ser considerado como una certificación de inexistencia de deuda en los términos del artículo 451 CCAyT.

La jueza de grado entendió (fs. 94 y vuelta) que "(...) analizar la cuestión relativa a la competencia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para ejercer facultades jurisdiccionales respecto de la actividad desarrollada por la ejecutada, implicaría adentrarse en el examen de la causa de la obligación, lo cual excede claramente el limitado marco de conocimiento del proceso de ejecución fiscal. Máxime teniendo en cuenta que la pretendida incompetencia no surge en forma manifiesta del análisis de las constancias del expediente ni de la normativa aplicable al asunto." Al apelar la sentencia de primera instancia, la ejecutada adujo (fs. 105 vuelta) que "(...) mi parte no pretendió del Juzgador que se expidiera en el marco de este proceso acerca de las facultades jurisdiccionales del G.C.B.A. sobre las tierras donde se asienta su local comercial; sino referir a los antecedentes de la cuestión de modo que el a quo contara con los elementos de análisis necesarios para la adecuada solución del caso, advirtiendo así la inexistencia de deuda exigible." Agregó (fs. 105 vuelta/106) que, sin perjuicio de ello "(...) en atención a las particularidades del caso hubiera resultado manifiestamente innecesario adentrarse a analizar la carencia o no de facultades jurisdiccionales del G.C.B.A. durante los períodos en discusión; puesto que lo concreto es que esa cuestión ha sido resuelta entre mi parte y el G.C.B.A. mediante lo actuado en el Expediente C/P 26079/99, en el que las partes acordaron el reconocimiento de jurisdicción pero sólo a partir del período 8/1996, lo que evidencia la inexistencia de deuda exigible por los períodos anteriores, tal como lo son los reclamados en autos." Asimismo, la accionada se agravió de que la decisión de grado no considerara las constancias del expediente C/P 26079/99.

De la anterior reseña surge que al apelar la resolución dictada por la jueza Fabiana Schafrik, Jervo modificó el eje de su defensa. Como señala mi colega Ana María Conde en el punto 3 de su voto, el expediente C/P 26079/99 fue invocado por la empresa al oponer excepciones para fortalecer el argumento de la falta de potestad tributaria del GCBA en el territorio donde desarrolla su actividad comercial, pero no se refirió allí en concreto a la celebración de un acuerdo transaccional.

Esta sola circunstancia justificaría el rechazo del recurso de fs. 12/21 (puesto que la inexistencia de la deuda fundada en el supuesto acuerdo, sería un argumento tardío). Podría agregar que, desde otra perspectiva, se arriba a la misma solución.

b) La Cámara sostuvo al rechazar la excepción de inhabilidad de título y la inexistencia de la deuda que la invocación de un presunto acuerdo no podía ser considerada en el juicio ejecutivo, y a todo evento advirtió acerca de la carencia de facultades del Poder Ejecutivo para llevar a cabo una transacción en materia tributaria, en los términos de los artículos 80, inciso 2 apartado a), 81 inciso 9) y 51 de la CCABA.

Con dicha argumentación la Sala I no admitió la existencia de un acuerdo transaccional como el que Jervo invoca. Y es que, en efecto, no consta en autos ningún acto administrativo mediante el cual se hubiera aceptado la propuesta elevada por la empresa al GCBA.

El cuestionamiento de la recurrente a la interpretación de la Cámara carece de sustento. Fue construido como si Jervo y el GCBA hubieran arribado a una transacción, y ésta hubiera sido reconocida judicialmente, lo que no es cierto.

Así las cosas, como lo destaca la Sra. Jueza de Trámite en el punto 4 de su voto, el supuesto caso constitucional pierde toda entidad.

4. Por lo expuesto, voto por (i) admitir la queja de fs. 27/45 vuelta; y (ii) rechazar el recurso de inconstitucionalidad de fs. 12/21, con costas a la demandada vencida (art. 62, CCAyT).

El juez Luis Francisco Lozano:

1. Tal como señala mi colega, jueza Ana María Conde, la sentencia impugnada, pese a haber sido dictada en un proceso ejecutivo, "al desconocer la existencia de un acuerdo transaccional válido en el caso de autos, y rechazar la defensa de inexistencia de deuda fundada en tal motivo", impide el replanteo del tema en un juicio ordinario posterior, y debe ser equiparada a un pronunciamiento definitivo.

Además, los recursos articulados por Jervo S.A, por un lado, se alzan contra la interpretación y aplicación de diversos artículos de la CCBA (vgr. 51, 80, 81) en los que el a quo buscó apoyo para confirmar la sentencia que mandó llevar adelante la ejecución fiscal. Por otro, postulan que el pronunciamiento impugnado no constituye una derivación razonada del derecho vigente, ni de las constancias de la causa, porque desconoce "la notoria inexistencia de la deuda" que surge del expediente administrativo agregado a estas actuaciones, en desmedro de lo previsto en los arts. 17 de la CN y 12 inc. 5 de la CCBA.

En tal contexto, corresponde admitir la queja y resolver el recurso de inconstitucionalidad por cuanto, según se verá, la decisión cuestionada compromete de modo directo e inmediato derechos amparados por la Constitucional Nacional y la CCBA (art. 27 de la ley 402).

2. En primer término, a fin de facilitar y ordenar el análisis de los agravios traídos a conocimiento del Tribunal, conviene repasar brevemente los antecedentes del pleito.

2.1 A fs. 11 de los autos principales, obra la boleta de deuda mediante la cual el GCBA inició un juicio de apremio, contra Jervo S.A, por la suma de $17.416,04 en concepto de ISIB por los períodos 1992 (anticipo 6) y 1993 (anticipos 1/11). Por su parte, la demandada al comparecer al pleito, articuló excepción de inhabilidad de título (fs. 35, autos principales). Para fundar esa defensa señaló, en lo que ahora importa, que junto con otras empresas propusieron al GCBA "reconocer jurisdicción del gobierno local" para cobrar el impuesto reclamado a partir de 1996. La propuesta, según explica, contó con el dictamen favorable del entonces PGCABA mediante el cual, en definitiva, se propició tomar como fecha de inicio de las actividades gravadas el mes 8/96 (carpeta 26079/99). De todo ello, conforme sostuvo la recurrente, "resulta la falta de atribuciones del funcionario interviniente para la suscripción de la boleta con que se pretende sustentar la ejecución, y la consecuente inhabilidad del título aludido, por lo que corresponderá el rechazo de la presente ejecución, con costas. A todo evento y conforme lo dicho, mi parte niega la existencia de la deuda reclamada, por los fundamentos expuestos" (fs. 38/39, autos principales).

Asimismo, al expresar agravios contra la sentencia de primera instancia que mandó llevar adelante la ejecución, Jervo S.A remarcó que "rechazar la excepción por los fundamentos dados por el a quo referidos a la autorización conferida por el Código Fiscal a la D.G.R y al funcionario interviniente para suscribir boletas de deuda, y mencionar como único sustento de ello las normas de las que derivaría dicha genérica autorización, importa pasar por alto los fundamentos expuestos por mi parte y desconocer el propio núcleo de la defensa" pues por su intermedio se pretendía "demostrar lisa y llanamente la inexistencia de deuda exigible y la consecuente improcedencia de la ejecución" dado que "las partes acordaron el reconocimiento de jurisdicción pero sólo a partir del período 8/1996" tal como surgiría del expediente administrativo 26079/99 (fs. 224/225, autos principales).

Finalmente, al interponer el recurso de inconstitucionalidad de fs. 263/272 (autos principales) la demandada insistió en postular que las propias constancias de la causa (en referencia al expte. administrativo agregado a estas actuaciones) acreditan la inexistencia de la deuda. En tal sentido refirió que existía acuerdo entre Jervo S.A y el GCBA en cuanto a que para "las obligaciones fiscales vinculadas con el Impuesto sobre los Ingresos Brutos" se tomaría "como fecha de inicio de (...) actividades gravadas el mes de agosto de 1996" y, por ello, su mandante y el resto de los ocupantes del Complejo Costa Salguero, "desistieron de las acciones judiciales en curso contra el GCBA tendientes a la declaración de falta de jurisdicción y competencia, y se allanaron a regularizar la deuda por los períodos posteriores al mencionado mes de agosto de 1996, lo cual puede observarse en las constancias del referido expediente" administrativo. En ese marco, el recurrente sostiene que "las normas de los arts. 80 y 81 de la constitución local, invocadas para dar sustento a la sentencia recurrida no han sido violentadas en el caso, por no haber invadido el poder ejecutivo local el ámbito de facultades y atribuciones de la legislatura" (fs 268 vuelta y 270 y vuelta).

2.2 La compulsa de las constancias administrativas agregadas como prueba documental (expte. 26079/99), cuya autenticidad no viene controvertida, acredita que: (i) diversas empresas, entre ellas, Jervo S.A propusieron un acuerdo al GCBA, a partir del cual esos contribuyentes consentirían la potestad impositiva del GCBA desde la sanción de la CCBA, regularizarían su situación frente al ISIB desde agosto de 1996 y desistirían de la acción y el derecho en juicios entablados contra el estado local por ese tema (fs. 4,9,10,20/21 y 46); (ii) el interventor de la DGR consideró que la propuesta, en lo reseñado, era aceptable (fs. 52/54); (iii) mediante la resolución 1088-PG-99 el PGCABA dispuso la suspensión del trámite de las ejecuciones fiscales en las cuales se reclamaba el cobro del ISIB a varias empresas, entre ellas, Jervo S.A por períodos posteriores a agosto de 1996 (fs. 87); (iv) el PGCABA dictamino a favor de aceptar las propuestas de acuerdo, ya aludidas, realizadas entre otros por Jervo S.A y "estimo procedente suspender las acciones judiciales en los casos en que la Ciudad sea actora" (fs. 88/89); (v) se elaboró un proyecto de decreto destinado a aceptar las propuestas antes referidas y a confirmar la también mencionada resolución 1088-PG-99 (fs. 91/92); (vi) la PGCABA dictaminó que en la situación analizada en el expediente administrativo bajo estudio, no resultaba necesaria la emisión de un decreto porque "en el caso se extingue la controversia judicial mediante el desistimiento de los juicios efectuados por la reclamante y al aceptarse por ella la jurisdicción impositiva de la Ciudad" (fs. 18/19, expte. nº 65.090/99); (vii) la Jefe de Control de Recaudación de la DGR informó, conforme los antecedentes supra reseñados y en el marco de la carpeta interna 42197, relativa en lo que aquí importa a "Desistimiento de juicios", que "interpreta de acuerdo a lo actuado, que debiera desistirse de las acciones judiciales tendientes al cobro de la deuda emergente con anterioridad a la fecha acordada: 06-08-1996, pudiendo encuadrarse incluso en los términos de la Resolución Nº 1307-PG-2000". Temperamento que abarcó a Jervo S.A una vez que se rectificó información a su respecto para confirmar que la empresa tiene anticipos afectados en planes de facilidades para regularizar su situación frente al ISIB por el período 1996/2001 (fs. 62/65 y 78/110 carpeta interna 99.737); (viii) en febrero de 2005, el Director Adjunto de la DGR, al resolver un recurso de reconsideración articulado por Jervo S.A contra una determinación del ISIB que entre otros períodos alcanzaba el anticipo 12 del año 1995, relata que el GCBA "desiste de la tramitación de las acciones judiciales con anterioridad al mes de Agosto de 1996" y que entonces en relación con el anticipo correspondiente al año 1995 "no corresponde su reclamo" (fs. 102/104, carpeta interna 79.077 y acumulados).

3. Del relato que antecede se desprende que la contribuyente ha ligado su defensa de inhabilidad de título, entre otras cuestiones, a la invocada inexistencia de deuda que, a su vez, conectó con la ausencia de facultades para emitir la boleta de deuda cuestionada. En tal sentido, Jervo S.A se apoya en las constancias obrantes en las actuaciones administrativas agregadas a la causa que, a su criterio, acreditarían la falta de antecedentes de hecho y derecho esenciales para la validez de la certificación de deuda que motiva el presente apremio. Así, los datos que emergen de la boleta obrante a fs. 11 (autos principales) correspondientes, conforme allí se indica, a la situación que el contribuyente registraba en el mes de noviembre de 1998, aparecen desafiados por la recurrente, a la luz de actuaciones de la Administración de las que, esa constancia, se desentiende. Dicho de otro modo, la recurrente postula que la boleta de deuda que soporta la ejecución intentada en su contra, habría sido emitida con prescindencia de actuaciones de la DGR, relativas a cuándo debía tenerse por iniciada la actividad de la actora a los efectos fiscales que nos ocupan y a la necesidad de la Administración de entablar o proseguir ejecuciones de impuestos anteriores a agosto de 1996.

4. A esta altura, resulta necesario analizar, entonces, si la boleta de deuda padece los vicios que le imputa la recurrente pues, si así fuera, el tratamiento del resto de los agravios postulados podría resultar innecesario.

4.1 En relación con los recaudos que deben observar las boletas de deuda, a las que el Código Fiscal les acuerda el carácter de título ejecutivo, he sostenido in re "Diversas Explotaciones Rurales SA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'GCBA c/ Diversas Explotaciones Rurales SA s/ ejecución fiscal'", (expte. nº 4635/06, sentencia del 20/11/06) que:

"Una constancia supone, conforme la tercera acepción del Diccionario de la Real Academia Española, un 'Escrito en que se ha hecho constar algún acto o hecho, a veces de manera fehaciente'. Es decir, un hecho, no una opinión, constituye el objeto de la constancia o, dicho con categorías de Zanobini, debe ser una declaración de certeza y no una de juicio u opinión . En armonía con ello, la certeza afirmada por el emisor debe ser susceptible de confrontación con una realidad cuyo examen permita corroborarla. Dicho sintéticamente, una constancia no es una nota mediante la cual el Fisco manifiesta, unilateralmente, que se estima acreedor de un administrado, ni aun cuando verdaderamente lo fuere, sino la declaración de certeza acerca de que han ocurrido ciertos hechos o actos que permiten al observador objetivo afirmar que, a condición de que sea verdad lo descripto, existe el derecho a percibir determinada suma.

"En este orden de ideas, para ser tal, la constancia de deuda debe afirmar que han tenido lugar determinados hechos o actos que constituyen, con arreglo a la ley, los elementos suficientes para dar vida al crédito del Fisco; pero, no basta la opinión del órgano emisor de que estos elementos están reunidos, sino que debe dar cuenta de ellos de manera tal que quien lee finalmente la constancia, el juez, pueda establecer por sí que existe la deuda, a condición de que la declaración sea veraz en cuanto a cada hecho o acto cuyo acontecimiento afirma. La constancia puede ser apreciada como verdadera o falsa mediante una confrontación directa con registros, mientras que el examen de un juicio, al que es más natural calificar de correcto o incorrecto que de verdadero o falso, pasa tanto por compulsar registros como por interpretar la norma aplicada. Si no lo fuere o no lo estimaré así, asiste derecho al ejecutado de plantearlo por vía de excepción, omisión cuyas exactas consecuencias discute en el caso.

"Ello no supone que se ha de profundizar en el debate exhaustivo acerca de la existencia de la obligación tributaria sino solamente en el repaso de que han quedado cumplidos ciertos recaudos que permiten al Fisco percibir. Estos recaudos pueden ser, por ejemplo, la existencia de una DDJJ cuyo saldo se encuentre impago, una determinación tributaria de las del art. 111 y cs. de la Ordenanza Fiscal t.o. 1997, o una intimación incumplida a declarar bajo juramento del art. 120 de la Ordenanza Fiscal mencionada. En cada uno de estos supuestos se puede establecer cuáles actuaciones respaldarían la certeza del funcionario, en el supuesto de ser negada por quien sufre la ejecución".

4.2 La boleta de deuda que fundó la ejecución fiscal seguida contra Jervo S.A (fs. 11, autos principales) consigna el nombre del contribuyente al que se refiere la constancia, su número de inscripción frente al ISIB, su domicilio, la cifra correspondiente al importe adeudado, el concepto (ISIB) y los períodos que componen la deuda.

Ello así, el certificado de deuda no contiene una declaración que brinde certeza acerca de que han ocurrido los hechos o actos que permitirían al juez afirmar que existe el derecho a percibir la suma indicada. En realidad, el demandado ha logrado, sobre la base de constancias obrantes en las actuaciones administrativas agregadas a la causa, generar dudas en torno a cuáles fueron los antecedentes de hecho y derecho que originaron la deuda reclamada así como que a partir de 1999, tanto la DGR como la PGCABA, ejercieron potestades relativas a la determinación y percepción del ISIB exigible a la ejecutada.

En efecto, según fue dicho en el punto 2.2, surge de las actuaciones administrativas que: mediante la resolución 1088-PG-99 el PGCABA dispuso la suspensión del trámite de las ejecuciones fiscales en las cuales se reclamaba el cobro del ISIB a varias empresas, entre ellas, Jervo S.A; el PGCABA estimó "procedente suspender las acciones judiciales en los casos en que la Ciudad sea actora"; la Jefe de Control de Recaudación de la DGR informó, conforme los antecedentes supra reseñados y en el marco de la carpeta interna 42197, relativa en lo que aquí importa a "Desistimiento de juicios", que "interpreta de acuerdo a lo actuado, que debiera desistirse de las acciones judiciales tendientes al cobro de la deuda emergente con anterioridad a la fecha acordada: 06-08-1996, pudiendo encuadrarse incluso en los términos de la Resolución Nº 1307-PG-2000"; que Jervo S.A tiene anticipos afectados en planes de facilidades para regularizar su situación frente al ISIB por el período 1996/2001; en febrero de 2005, el Director Adjunto de la DGR, al resolver un recurso de reconsideración articulado por Jervo S.A contra una determinación del ISIB que entre otros períodos alcanzaba el anticipo 12 del año 1995, relata que el GCBA "desiste de la tramitación de las acciones judiciales con anterioridad al mes de Agosto de 1996" y que entonces en relación con el anticipo correspondiente al año 1995 "no corresponde su reclamo".

Frente a ello, resulta indisputable que los datos que figuran en la manifestación administrativa de fs. 11 de los autos principales, emitida en noviembre de 1998, presentada como constancia de deuda, no refieren a ninguno de los supuestos en que una obligación tributaria queda expedita para el cobro, en circunstancias en que los antecedentes que obran en el expte. administrativo y carpetas internas citados a lo largo de este voto, muestran que el Fisco recibió un planteo de la demandada acerca de cuya solución nada certifica el documento de fs. 11 referido. Los datos que consigna la boleta de deuda no muestran cómo se habrían compatibilizado las referidas constancias administrativas de modo que ellas brinden apoyo a lo consignado como deuda hasta agosto de 1996.

Aunque el contexto descripto no permite sostener, automáticamente, la inexistencia de la deuda reclamada, en cambio, resulta suficiente para, frente al cuestionamiento de la contribuyente, exigir que se analice la deuda a la luz de todas las constancias de la causa para determinar el verdadero alcance de las competencias ejercidas por la Administración. Sin embargo, las comprobaciones pendientes, relativas a aspectos de hecho, prueba y derecho infraconstitucional, competen a los jueces de mérito, quienes deberán dilucidar el punto que el a quo soslayó de un modo que impide su tratamiento en un futuro proceso ordinario.

5. En definitiva, no se trata de expandir el ámbito de la excepción de inhabilidad de título opuesta, haciéndola abarcar, como ya dije, un exhaustivo debate en torno a la existencia de la obligación tributaria, sino de dar pleno efecto a la exigencia que impone que la boleta de deuda consigne ciertos datos, de un modo que tanto el contribuyente -para defenderse- como el juez -para dictar sentencia- puedan usar, en orden a corroborar que han tenido lugar los hechos o actos que, según la ley, constituyen los elementos suficientes para dar vida al crédito del Fisco. La solución a la que se arriba, por las razones expuestas, demuestra tanto que la sentencia impugnada provoca una afectación de la propiedad de la recurrente que no proviene de la sentencia fundada en ley a que se refiere la CN y la CCBA, como que resulta innecesario expedirse en relación con el resto de los agravios articulados por Jervo S.A en relación con los arts. 51, 80 y 81 de la CCBA .

Por las razones dadas, voto por admitir la queja, hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad, revocar la sentencia impugnada y devolver las actuaciones para que, jueces distintos de los que intervinieron en autos, dicten un nuevo pronunciamiento con arreglo a derecho. Costas a la vencida.

Por ello, de acuerdo a lo dictaminado por el Sr. Fiscal General Adjunto, por mayoría, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Rechazar la queja interpuesta por Jervo S.A. 2. Dar por perdido el depósito de fs. 26.

3. Mandar que se registre, se notifique y, oportunamente, se devuelva el principal con esta queja.