marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Defensa del consumidor, acción judicial, aplicación de la ley, competencia, procedencia del recurso, jueces, domicilio legal
Materia: COMERCIAL
Carátula: Mercado Libre SRL c/ Asociacion Civil De Usuarios Bancarios Argentinos (ACUBA) s/ inhibitori
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-24

Procede admitir la inhibitoria presentada ante la Justicia Nacional en lo Comercial por una empresa administradora de una plataforma digital de compraventa de bienes y servicios, toda vez que fue demandada en el marco de una acción colectiva promovida por una asociación de consumidores, radicada en extraña jurisdicción en la Provincia de Buenos Aires; sin embargo, en tanto el domicilio de la empresa demandada se encuentra en la Ciudad de Buenos Aires, deviene aplicable la regla del CPR 5-3°.

En ese marco carece de suficiente sustento la aplicación del CCCN 2654, a fin de justificar la competencia del magistrado provincial, por cuanto tal dispositivo legal sólo es aplicable en el marco de una acción promovida por el consumidor individual donde esté en juego un contrato de consumo internacional y se accione contra un proveedor que ha actuado a través de una agencia sucursal o representación comercial que ha intervenido en la celebración del contrato o en su negociación, supuestos fácticos que no se replican en el caso y que por ello, no habilitan la aplicación de la citada normativa a un colectivo nacional promovido por una acción de consumidores (conf. CNCom, esta Sala A, 9/10/20, "Volkswagen SA de Ahorro p/f Determinados c/ Fundación Club de Derecho Argentina s/ inhibitoria").
Jueces, jubilación de magistrados, intangibilidad de la remuneración, igualdad ante la ley, independencia del Poder Judicial, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Gaibisso, César A. y otros c/ Estado Nacional, M. de Justicia. s/ amparo ley 16.986.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-10

El fundamento de la protección que el legislador dispensó al régimen de jubilaciones correspondiente a los magistrados es evitar que los otros poderes del Estado -administrativo o legislativo- dominen la voluntad de los jueces con la amenaza de reducir su salario, de hacerlos cesar en sus cargos o de jubilarlos, y ello favorezca un ámbito proclive a componendas contrarias a la independencia de criterio para la función jurisdiccional.
Recurso de casación, daños y perjuicios, cosa riesgosa, cosa inerte, tubo de oxígeno, hospitales públicos, daño por vicio o riesgo de la cosa, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa, eximentes de responsabilidad, culpa concurrente, responsabilidad de los padres, deber de vigilancia
Materia: CIVIL
Carátula: M., M. B. y Otro c/ HOSPITAL AREA PROGRAMATICA DE VILLA REGINA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2004-09-01

Corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el actor contra la sentencia de la Cámara, de conformidad con lo que disponen los arts. 1113 y 1116 del CC, si como en el caso, tanto la presencia de los tubos de oxígenos en un lugar totalmente impropio e inadecuado (pasillo que hacía las veces de sala de espera y de ingreso al hospital con intenso tráfico de personas), como la inobservancia e incumplimiento del deber de cuidado y vigilancia que pesaba sobre el padre del menor han resultado - en el caso en análisis -, los factores concurrentes y necesarios en la producción del daño.

Que asimismo, ante la falta de prueba concreta sobre la incidencia que le cupo a cada uno de los factores de atribución de responsabilidad, corresponde que el resultado dañosos se distribuya por mitades, esto es un 50 -cincuenta- por ciento a la demandada y el otros 50 -cincuenta- por ciento a los accionantes.
Demanda, traslado de la demanda, notificación
Materia: PROCESAL
Carátula: M., L. c/ E., D.J. s/ Incidente de Nulidad de Notificación en autos "E., D.J. c/ M. L. s/Divorcio"
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-04-27

"Las formalidades específicas que exige la ley para la notificación de la demanda, por su especial trascendencia, tienden a brindar adecuada protección al ejercicio del derecho de defensa, por cuyo motivo, aún cuando alguna duda pudiera subsistir con relación a la efectiva recepción de la notificación cuestionada por parte del demandado o sobre la irregularidad atribuida al acto, debe estarse por la solución que evite afectar eventualmente, garantías de raíz constitucional".
Policía Provincial, adicionales de remuneración, digesto jurídico
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: P., P. E. c/ C., O. E. y otro s/ Demanda de Nulidad. M., R. R. y otros c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-07-02|2018-08-21

Para que los preceptos cuya aplicación han perdido vigor por la derogación de la legislación que los dispuso. Pueden recobrar vigencia mediante la sanción de una nueva norma que los consagre. Lo que no se suple, claro está, con la inclusión de la ley derogada en el nuevo compendio legal ordenante (Digesto Jurídico).
Honorarios, gastos del proceso, honorarios del interventor judicial, obligaciones del interventor, rendición de cuentas
Materia: PROCESAL
Carátula: IRISARRI s/ SUCESION/ACCION DE NULIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 1993-03-04

Atento lo expresamente dispuesto por el art. 226 del CPCC la rendición de cuentas por el interventor importa un requisito previo a la estimación y regulación de los honorarios y tal aspecto resulta ineludible para poderse fijar la suma que corresponde, independientemente de cuales sean las normas aplicables para su determinación. La omisión de dicho recaudo constituye una falta insalvable atento tratarse los interventores de mandatarios del magistrado que los designo, actuando en su nombre y representación.

Teniendo en cuenta las facultades y calidad acordadas a los interventores estos tengan la obligación legal de rendir cuentas de su gestión, pues es imposible obviar la valoración de los alcances del cometido cumplido por aquellos. El mencionado requisito - rendición de cuentas- es de la esencia de la función encomendada e indispensable confrontarla para que surja derecho a la posible regulación de honorarios que hubiesen sido devengados por la actuación del interventor.
Prueba testimonial, apreciación de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: ARAUJO ALFONSO y OTRO c/ CORSO HNOS. S.R.L. s/ COBRO DE PESOS-SUELDOS IMPAGOS, S.A.C., VACACIONES IMPAGAS y OTROS  RUBROS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1996-05-08

Las meras referencias de terceros, no confirmadas en el juicio por testigos directos, no resultan idóneas para arribar a un juicio de certeza.
Recurso extraordinario, sentencia definitiva, resoluciones anteriores a la sentencia, prisión preventiva
Materia: PENAL - CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: SELIM SAADEMO s/ SENTENCIA    DEFINITIVA   -  PRISION  PREVENTIVA  -  ARBITRARIEDAD  -  ESCRIBANO - RECURSO EXTRAORDINARIO - REQUISITOS PROPIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-08-07

El auto de prisión preventiva no constituye sentencia definitiva.
Acción de amparo, derecho a la salud, personas con discapacidad, menores, obras sociales, recurso de inaplicabilidad de ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Moretti, Dario y otro c/ I.S.S.N. s/ acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2019-03-15

En el caso que nos ocupa en el que la persona titular de los derechos constitucionales cuya protección se debate en el marco de esta acción constitucional de amparo, es un niño quien padece síndrome de Dravet, trastornos de conducta. epilepsia y síndromes epilépticos idiopáticos generalizados, cabe declarar procedente el recurso de Inaplicabilidad de Ley interpuesto por el actor -padre del niño- y casar la sentencia de Alzada, por infracción al interés superior del niño, (artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, Convención de Derechos del Niño -artículo 3.1- y Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad -artículo 7.2-) y a las disposiciones del Sistema de Prestaciones Básicas de Habilitación y Rehabilitación Integral a favor de las Personas con Discapacidad (Ley 24901 -artículos 2, 6, 16, 17 y 39- y Ley 2644), en tanto fija un tope a la obligación de la obra social de brindar cobertura de las prestaciones de salud del menor, lesionando el mentado interés superior. Y es que la limitación introducida por los jueces de las instancias anteriores pone en riesgo la continuidad de los tratamientos de habilitación y rehabilitación integral que recibe el niño y que se orientan a su desarrollo integral, familiar, inclusión escolar y social, por cuanto el monto dispuesto resulta insuficiente para cubrir el costo de las prestaciones que recibe de la institución que lo asiste desde hace varios años.
Hipoteca, actualización monetaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco de Crédito Argentino S.A. c/ Fazio, Armando María y otros s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-04-23

Si se reclamó el pago del capital originario en su totalidad, ya que los ejecutados no hicieron desembolso alguno, en tal caso particular, la constancia prevista por el art. 4º de la ley 21309 no resulta exigible, más aún si del mismo artículo surge que dicha constancia se otorga con independencia de la acción ejecutiva que confiera el título en que se hubiere instrumentado la obligación originaria (Libro III, Título III del Código Civil).
Incapacidad temporaria, remuneración, incapacidad absoluta
Materia: LABORAL
Carátula: Den Dauw, Elba M c/ Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires (Dirección General de Escuelas) s/ Accidente Nievas, Humberto c/ Goldemberg, Pedro y otros s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-06-20|1988-11-01

Los salarios por incapacidad temporal tienen distinta naturaleza y son independientes de la indemnización por incapacidad permanente en tanto los primeros se devengan por la imposibilidad del trabajador de realizar tareas como consecuencia del accidente hasta el alta médica, con o sin incapacidad permanente, mientras que la indemnización del art. 8 incs. "b" o "c" de la ley 9688 proviene de la minusvalía definitiva, sea ésta total o parcial.
Constitucionalidad, prisión perpetua, ejecución de la pena, pena privativa de la libertad, femicidio, homicidio calificado, violencia de género, código penal, derechos y garantías constitucionales, proporcionalidad de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Cardozo, Francisco c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-10-31

Cabe rechazar el planteo de inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua efectuado por la defensa de quien resulta autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por haber mediado violencia de género -femicidio-, por cuanto no hay vulneración de la Constitución Nacional ni de los instrumentos internaciones de la misma jerarquía normativa, puesto que conforme el sistema establecido por la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena privativa de la libertad, puede obtenerse una liberación anticipada a través de las diversas medidas de morigeración del régimen, según el sistema de progresividad allí establecido.
Medidas autosatisfactivas, contrato de prestaciones médicas, sentencia
Materia: LABORAL
Carátula: Benítez Pablo Adrián c/ Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos s/ Medida autosatisfactiva
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2020-04-20

El actor inició un proceso cautelar y el Juez de grado, al observar que el objeto del mismas no era asegurar el cumplimiento de la sentencia sino obtener prestaciones médicas de importancia, honró el derecho constitucional a "ser oído" de la parte atacada (arg. art. 8 CADH), y bilateralizó el reclamo encauzándolo como medida autosatisfactiva (Voto Ronconi. Adhesión Welp)
Contratos administrativos, licitación pública, Municipalidad, facultades del intendente
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Aguirre, Argentino Pedro c/ Municipalidad de Gral. Villegas s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-08-28

Conforme a la Ley Orgánica de las Municipalidades la elaboración del pliego de bases y condiciones para un llamado a licitación es facultad del Departamento Ejecutivo.
Pretensión procesal, legitimación activa, in dubio pro actione
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Poder Ejecutivo Nacional c/ Universidad de Buenos Aires s/ Resol. 2314/95
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-04

Para decidir la no proponibilidad de una pretensión, por carecer el actor de legitimación activa para demandar, el Tribunal debe ser prudente en atención a que un resultado negativo importa obliterar el acceso a la jurisdicción, máxime cuando el principio hermenéutico en estos casos conduce a sostener la viabilidad de la demanda si es dudosa la satisfacción de los requisitos procesales que habilitan la instancia (conf. principio "in dubio pro actione", Fallos: 312:1017, 1306; 313:83). (Del voto en disidencia del Juez Uslenghi, Consid. I).
Excarcelación, circunstancias que impiden la excarcelación, gravedad y repercusión social del hecho
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Suárez Maldonado, Miguel Angel y otra s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-02

Habida cuenta de la interpretación que el Tribunal Oral da al art. 316 del C.P.P.N. en cuanto al alcance y legalidad de la presunción que establece, así como su razonabilidad dentro del orden constitucional, lo que importa sustentar una tesis sustancialmente opuesta a la argumentada por la Defensa, se torna abstracta, desde tal óptica, la cuestión relativa a la concreta conducta procesal del encausado toda vez que cualquiera fuese ella, atento al monto de la pena prevista para la especie incriminada su soltura sería inviable. Aunque ya decidida la cuestión por los votos que anteceden, he de pronunciarme brevemente sobre el fondo del thema decidendum. No basta para mí, que los límites cuantitativos del art. 316 del C.P.P.N. se encuentren superados por la pena prevista para los delitos atribuidos, sino que, además ellos deben revestir, en el caso concreto una gravedad acorde con tan severas sanciones. El delito imputado y por el que se ha dictado el auto de procesamiento es uno de los que más afectan a la sociedad en su conjunto puesto que no sólo daña concretamente la salud de aquellos a quienes se le suministran estupefacientes sino que se pone en peligro la salud pública en general y es un factor que incide altamente en la comisión de otros delitos ya sea de quienes delinquen para adquirir droga o de quienes se drogan para cometer delitos, por ello y de conformidad con lo dictaminado por el señor Fiscal de esta Cámara voto por que se rechace el recurso de casación deducido por la defensa. (Dr. Mitchell, en disidencia).
Homicidio en ocasión de robo, robo calificado, lesiones
Materia: PENAL
Carátula: N.N. s/ Tentativa de robo - Homicidio Villanueva, Alberto Antonio; González, Gustavo Ariel; Pardo, Jorge Alberto y Casal, Luis Julián s/ Homicidio en ocasión de robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-03-21|1993-12-14

El art. 166 inc. 1 del C.P. restringe su calificante -por el resultado de ciertas lesiones- a las específicas violencias "ejercidas para realizar el robo", en cambio el art. 165 remite, genéricamente, a que "resultare un homicidio" motivado u ocasionado por el robo.
Prueba, apreciación de la prueba, procedimiento laboral
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ríos, Evelio Tadeo c/ Editorial "La Mañana S.A." s/ Reclamo laboral Reclamo laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-04-14

En la apreciación de la prueba el juez laboral no se encuentra sometido a regla legal alguna, bastándole, para emitir su pronunciamiento, su convicción sincera acerca de la verdad de los hechos sobre los que se pronuncia. Esta soberanía axiológica en la apreciación de la prueba, no libera al juez de la exigencia u obligación de fundamentar su convicción en los distintos medios probatorios obrantes en la causa, puesto que libre convicción" no es otra cosa que "convicción razonada" fundamentada y exteriorizada en la sentencia definitiva.
Mutuo comercial, ejecución hipotecaria, tasas de interés, excepciones procesales, liquidación, sentencia de trance y remate, cosa juzgada
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO RIO DE LA PLATA S.A. c/ MUCHNICK ROSENBLUM, JOSE Y OTRO s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-04-27

Cuando lo cuestionado se circunscribe a planteos sobre los intereses y tasa a aplicar, que ya fueron previamente pactados en el contrato de mutuo hipotecario, cabe señalar, que no es el presente el momento adecuado para objetarlos, pues puede hacerse siempre en la liquidación; he aquí entonces, que las cuestiones en torno al monto y tasa de interés no pueden dar lugar a la interposición de excepciones, sin perjuicio que el deudor haga valer sus derechos cuando se practique la liquidación correspondiente.

La sentencia de remate hace cosa juzgada sólo sobre la procedencia de la acción ejercitada a los fines del pago, pero no sobre lo que es materia de liquidación a formularse con el fin de determinar el objeto de la deuda.
Estado Provincial, personería jurídica, responsabilidad del Estado
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CONSTRUCTORA HIDROVIAL SA c/ DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.   RECURSO EXTRAORDINARIO PARTA  ANTE  LA  CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE  LA NACION.     CSJ EXPTE NRO 21-86
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-06-24

La Provincia, posee personalidad jurídica originaria, de orden constitucional, valiéndose de las autarquías institucionales sólo para conseguir sus propios fines, con el único propósito de no complicar innecesariamente su ya compleja estructura. De allí que, frente al Estado unitariamente concebido, todos los entes públicos menores gozan de una personalidad derivada, subordinada, tributaria, integran su estructura y adecuan sus cometidos a sus propósitos esenciales, por lo que es el Estado quien finalmente responde de sus actos.
Acto administrativo, suspensión del acto administrativo, razonabilidad, acto administrativo ilegítimo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: LUCERO, OSMAR JUSTO Y OTROS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.: C.S.J. NRO.  146 AÑO 1993)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-03-17

El decreto 65/91 significó sólo diferir los efectos del decreto 6019/91, que dispuso el ascenso de personal dependiente del Ministerio de Salud, Medio Ambiente y Acción Social. Con el pronunciamiento favorable de la Comisión Central Participativa en el ámbito de la SubSecretaría de la Función Pública al derecho de los recurrentes, no parece razonable que, a la fecha, transcurrido un prolongado lapso desde el dictado del decreto 32/92 y de este reconocimiento de la razón de los agentes, el órgano de administración activa no se haya pronunciado sobre el decreto 6019/91, según surge de la contestación a la medida para mejor proveer que dispuso el Tribunal. En las circunstancias del caso, la suspensión de la eficacia del decreto 6019/91 operada por virtud de las prescripciones del decreto 65/91 fue ilegítima por lo que correspondió la aplicación plena de los efectos de aquel acto.
Prueba testimonial, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Martigano, Edith c/ Novelli, Juan C. s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-04-18

Si bien es cierto que la prueba testimonial es dable analizarla en su conjunto por no ser compartimientos estancos, no es menos cierto que el sentenciante, deba indagar las circunstancias que, en su caso pongan en evidencia que se está en presencia de testigos sospechosos, interesados o falaces, lo que es también insoslayable porque la ineficacia del dicho parte del análisis de las circunstancias en que se encuentra inmerso el testigo aunque, lógicamente, cuando para su dilucidación deba recurrirse a otros testimonios o pruebas, así debe hacérselo por el juzgador (arts.

384, 456 del Cód. Proc.).
Menores, adopción
Materia: CIVIL
Carátula: P. J. F. c/  s/ Incidente de declaración de adoptabilidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2019-09-11

En la práctica la apreciación del interés superior del niño es una cuestión compleja y su contenido debe determinarse caso por caso.(del voto del doctor Pettigiani)
Recurso de casación, improcedencia del recurso, violación de las formas procesales, sentencia arbitraria, fundamentación de sentencias
Materia: PROCESAL
Carátula: Menipal S.A. c/ José Greco s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1990-10-31

La forma en que el a-quo resuelve la cuestión, hace abstracción de los argumentos recursivos que sustentaron la apelación de ambas partes, y el último considerando no es sino sobreabundante, pues ante el tenor del decisorio carece de toda relevancia la alusión a la cuestión procesal que implica. No resta congruencia ello, a la decisión: la sentencia ha de interpretarse en función de los fundamentos que le dan vida, la que en definitiva no deja de compadecerse con las argumentaciones de la ejecutante que viene sosteniendo que el ejecutado no es el obligado, reiterando en la expresión de agravios que se encuentra sumergida en un mar de dudas atinentes a la certeza de si obtuvo la condena del verdadero deudor o de un homónimo. La cuestión relativa a la deserción del recurso, es entonces una demasía expresada en fundamentos, una inatinencia que no afecta la validez del fallo, pues carece de entidad decisoria y no conforma por ello, vicio esencial. Su trascendencia fue desplazada por la solución dada al pleito, desestimando la acción.
Contrato de trabajo, subcontratación laboral, fraude laboral
Materia: LABORAL
Carátula: CORTESE, MUCCI VITO c/ PESQUERA CONO AUSTRAL SAMCI. Y OTRO s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-09-28

El legislador, al reformar el artículo 31 de la LCT. pretendiendo restringir la aplicación de la doctrina de la penetración, no advirtió que para la ley el concepto de empleador juega a nivel de relaciones jurídicas y el de empresario en el campo de la realidad socio - económica; por ello el artículo 26 de la LCT. Permite que varias personas físicas o jurídicas requieran conjuntamente los servicios de un trabajador.
Prueba, peritos, remoción del perito
Materia: PROCESAL
Carátula: Wernicke, Marcos y otra. c/ B.C.R.A. s/ Queja.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-06-10

De removerse del cargo al perito que no presenta el informe cuando se halla ampliamente vencido el plazo previsto por el Juez (confr. art. 470 C.P.C.C.N. toda vez que a pesar de haber sido intimado a realizar la tarea encomendada, no suministró ninguna razón que justifique su inconducta.
Leyes, aplicación de la ley
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Mendy, Luis Manuel s/ Quiebra actuación de distribución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-06-27

La Constitución Nacional no impone una versión reglamentaria en materia de validez intertemporal de leyes, por lo que el legislador o el juez en sus respectivas esferas, podrán establecer o resolver que la ley nueva destruya o modifique un mero interés, una simple facultad o un derecho en expectativa ya existente. Si bien ello es así, no debe olvidarse que ni el legislador ni el juez podrán en virtud de una ley nueva o de su interpretación, arrebatar o alterar un derecho patrimonial adquirido al amparo de la legislación anterior, pues en ese caso el principio de la no retroactividad deja de ser una norma infraconstitucional para confundirse con la garantía de la inviolabilidad de la propiedad reconocida por la Ley Suprema.