Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-05-28


SENTENCIA NÚMERO: VEINTIUNO En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los veintiocho días del mes de mayo de dos mil doce, reunida en acuerdo la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por los señores Ministros doctores Amelia del Valle Sesto de Leiva -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Luis Raúl Cippitelli, para entender en el Recurso de Casación deducido en autos, Expte. Corte Nº 61/11, caratulados "RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por el Dr. Víctor M. Pinto, en contra de Sentencia Nº 45/11 de Expte. Nº 001/07 -Gutiérrez, Mario M. -Homicidio Culposo", el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resol-ver:

1º) ¿Es nulo el resolutorio en crisis por haber inobservado o aplicado erróneamente las normas previstas para la individualización de la pena? 2º) ¿Qué resolución corresponde dictar? El recurso de casación interpuesto en contra de la Sentencia Nº 45/11, dictada en los autos principales, reúne los requisitos de admisibilidad formal establecidos por el art. 460 del C.P.P. El recurso interpuesto es formal-mente admisible debido a que fue presentado en forma y en tiempo oportuno, por parte legitimada, y se dirige en contra de la sentencia condenatoria que pone fin al proceso y que, por ello, es definitiva.

De acuerdo al orden de votación sorteado a fs. 23 los Sres. Ministros se pronunciarán en el siguiente orden: en primer lugar, el Dr. Luis Raúl Cippitelli; en segundo lugar, la Dra. Amelia del Valle Sesto de Leiva y, en tercer término, el Dr. José Ricardo Cáceres.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

I. Por Sentencia Nº 45/11, dictada el 06/07/2011, el Juzgado Correccional de Segunda Nominación, en lo que aquí concierne, resolvió: 1) Declarar culpable a MARIO MARTÍN GUTIÉRREZ, de condiciones persona-les relacionadas en autos, como autor penalmente responsable del delito de HOMICIDIO CULPOSO CALIFICADO por el que viene incriminado (arts. 84 segundo párrafo, segundo supuesto, 45 y cctes. del CP), condenándolo en con-secuencia a sufrir la pena de dos años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo, y a la inhabilitación especial de ocho años para conducir cualquier tipo de vehículos automotores (arts. 40, 41 y cctes. del CP y art. 407, 409 apartado tercero y correlativos del CPP); ordenándole una vez firme esta sentencia, el retiro del carnet de conductor habilitante del encausado y el libramiento de oficios de rigor y en la forma de estilo a las autoridades administrativas otorgantes y fiscalizantes a esos efectos, con remisión de copia de la presente sentencia. La pena de prisión impuesta se hará efectiva en el momento en que que-de firme esta sentencia.

II. Contra el decisorio aludido, comparece el Dr. Víctor Manuel Pinto, asistente técnico del imputado Mario Martín Gutiérrez, que interpone recurso de casación esgrimiendo los motivos previstos en el inc. 3º del art. 454 del C.P.P., es decir, inobservancia o errónea aplicación de las normas previstas para la individualización de la pena.

II.a. Denuncia arbitrariedad y carencia de motivación en la sentencia. Refiere que el a quo realizó una valoración errónea de la prueba, considerando circunstancias no agravantes y omitiendo las atenuantes. De este modo, refiere que tuvo en cuenta el daño causado, la naturaleza y modalidad delictiva, la negación de responsabilidad y ausencia de arrepentimiento del imputado, el estado de ebriedad, restándole importancia a circunstancias atenuantes como la corta edad de su defendido, a la falta de antecedentes penales, y al buen informe socio ambiental.

Resalta que, por más de que el a quo dice haber tenido en cuenta las atenuantes, esa circunstancia no se ve reflejada en la pena impuesta. Por último, sostiene también, que la sentencia es arbitraria, debido a que omitió expedirse sobre una cuestión planteada al momento del debate, al alegar, referida a ponderación parcial expuesta por el representante del Ministerio Público, respecto a las reglas de los arts. 40 y 41 del C.P., lo que hubiera incidido en el quantum y la modalidad de la pena aplicada. De esa manera, asevera que se han visto afectados los principios constitucionales de defensa en juicio y debido proceso legal. Cita jurisprudencia en sustento de los agravios invocados. Finalmente formula expresa reserva del caso federal y del recurso contenido en Art. 2, apartado 3, inc. "b" del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

III. El eje central de discusión radica, entonces, en determinar si el a quo efectivamente ha inobservado o aplicado erróneamente las normas previstas para la individualización judicial de la pena (arts. 40 y 41 del C.P. y art. 454 inc. 3º del C.P.P.).

Siguiendo el criterio sentado por esta Corte en numerosos precedentes, cabe resaltar que la facultad discrecional de fijar la pena es en principio exclusiva del Tribunal de juicio, y sólo puede ser controlada por el recurso de casación en los supuestos de arbitrariedad de la sentencia (S. nº 16, 14/01/10; S. 18, 21/09/09; S. nº 6, del 25/03/09; S. nº 14, 30/06/08, entre otros).

Bajo este estrecho margen de recurribilidad, relativo al común denominador de las potestades privativas del Tribunal de sentencia, se ha fijado el estándar de revisión en los supuestos de falta de motivación de la sentencia, de motivación ilegítima o de motivación omisiva.

En tal sintonía, también se ha destacado que la arbitrariedad, a su vez, no consiste en una mera discrepancia con el monto de la pena impuesta dentro de los márgenes de la escala penal aplicable, por cuanto tal desacuerdo no habilita la excepcional competencia para controlar el ejercicio de una facultad atribuida en principio a otro órgano judicial.

Igualmente, se ha señalado que "salvo en caso de ejercicio arbitrario, la individualización de la pena resulta ser un poder exclusivo y discrecional del tribunal de juicio, sin embargo, la mera enumeración de los criterios de que se sirvió para graduar la pena, sin expresar cómo esos criterios se tuvieron en cuenta, de qué forma se los hizo operar para actuar a favor o en contra del condenado, no se ha considerado suficiente para dar cumplimiento al art. 41 del Cód. Penal. No habría allí fundamentación de la pena impuesta". (BREGLIA ARIAS, Omar - GAUNA, Omar R., "Código Penal y leyes comlementarias - Comentado, anotado y concordado", Astrea, 4ª edición actualizada, Buenos Aires, 2001, p. 356/357, art. 41 nota 1).

Ahora bien, a efectos de considerar lo que aquí ha sido materia de embate, y en consonancia con lo expresado, se advierte que siempre la graduación de la pena impuesta debe ir precedida de la debida fundamentación, conforme las pautas prescriptas en los artículos 40 y 41 del C.P.

En la presente, considero que la facultad discrecional apuntada ha sido ejercida de manera arbitraria por el tribunal de mérito, ya que ha cometido el yerro consignado en los párrafos precedentes, puesto que se ha limitado únicamente a remitirse o designar las condiciones previstas en los arts. 40 y 41 del C.P., sin especificar de qué modo cada una de ellas repercutieron sobre la mayor o menor peligrosidad del acusado Gutiérrez, aplicándole directamente la pena de dos años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo y la inhabilitación especial de ocho años para conducir cualquier tipo de vehículos automotores, por el delito de Homicidio Culposo (art. 84 apartado segundo y 45 C.P.).

Al tema se refirió esta Corte en sent. nº 23, del 5/12/07- Expte. Corte Nº 31/07, caratulados "RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por el Dr. Luis Alberto Sánchez, en causa 22/07 ac. 96/06 y 170/05, caratuladas: 'JIMÉNEZ, Daniel Edgardo y Otros s/ Robo doblemente calificado, etc.'", oportunidad en la manifestó su adhesión a los siguientes conceptos de la Corte Suprema de Justicia de Buenos Aires en causa "Saravia Scheveret, Diego A." (2001/10/17 - LL. Buenos Aires, 2002, ps. 442/448): "Resulta improcedente que la Suprema Corte gradúe la pena a aplicar al condenado si hizo lugar al recurso de inaplicabilidad de la ley -en el caso se lo absolvió por uno de los hechos por los cuales se lo había condenado- pues no cuenta dicho órgano con la totalidad de elementos que deben tenerse en cuenta acorde a lo establecido por el art. 40 y 41 del Cód. Penal" (del voto del Dr. Negri) y "Si la Corte Suprema fijara "per se" el monto de la pena a imponer al condenado al hacer lugar a un recurso de inaplicabilidad de ley que dedujera -en el caso, se lo absolvió por uno de los hechos por los cuales se lo condenara en la instancia anterior-, no se cumpliría con la garantía constitucional de la doble instancia toda vez que el recurso extraordinario previsto en el art. 14 de la Ley 48 no constituye un remedio eficaz para salvaguarda de aquella garantía que debe observarse dentro del proceso penal como "garantía mínima" para toda persona inculpada de delito" (del voto del Dr. Salas).

Consecuentemente con lo expresado, y manteniendo el criterio sostenido por esta Corte en numerosos precedentes, a fin de salvaguardar la garantía constitucional de la doble instancia y lo sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en consonancia con lo previsto en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos (art. 75 inc. 22 CN, art. 8.2 h) CADH y art. 14.5. PIDCP), entiendo que se deben remitir las presentes actuaciones al Tribunal a quo, a fin de que funde debidamente la pena impuesta al prevenido, teniendo en cuenta lo aquí establecido en lo atinente a las pautas prescriptas en los art. 40 y 41 del Código Penal. Entonces, considero que el planteo es de recibo ya que se ha logrado advertir, a través del presente, que efectivamente el a quo ha omitido fundar debidamente la pena impuesta al imputado Mario Martín Gutiérrez, conforme lo establecido en los arts. 40 y 41 del código de fondo.

Por ello, voto afirmativamente a la presente cuestión.

A la Primera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo: El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:	Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Luis Raúl Cippitelli, por lo que adhiero a la misma en un todo, votando en con-secuencia, de igual forma.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

A mérito de lo resuelto al tratar las cuestiones precedentes y atento la votación que antecede, corresponde: 1) Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el Dr. Víctor M. Pinto, en su carácter de defensor del prevenido Mario Martín Gutiérrez y, en consecuencia, anular parcialmente la sentencia recurrida, en lo relativo a la motivación de la individualización de la pena impuesta al mencionado imputado (art.18 Const. Nac., 208 Const. Prov. y 408 inc. 4° C.P.P.), y remitir las presentes actuaciones al Tribunal de juicio, a fin de que fundamente la graduación de la pena impuesta a Gutiérrez conforme las pautas prescriptas en los arts. 40 y 41 del C. Penal. 2) Sin costas (arts. 536/537 del C.P.P.). 3) Téngase presente la reserva del caso federal y la del recurso contenido en Art. 2, apartado 3, inc. "b" del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Así voto.

A la Segunda Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Luis Raúl Cippitelli, por lo que adhiero a la misma en un todo votando, en con-secuencia, de igual forma.

Por los resultados del acuerdo que antecede y por unanimidad, la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA, RESUELVE:

1) Hacer lugar al Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Víctor M. Pinto y, en consecuencia, anular parcialmente la sentencia recurrida en lo relativo a la motivación de la individualización de la pena impuesta a Mario Martín Gutiérrez (arts.18 Const. Nac., 208 Const. Prov.; 40 y 41 del C.P.; y 454 inc. 3° C.P.P.) y remitir las presentes actuaciones al Tribunal de juicio a fin de que fundamente la graduación de pena impuesta al mencionado imputado conforme las pautas prescriptas en los arts. 40 y 41 del C. Penal.

2) Sin costas (arts. 536/537 del C.P.P.).

3) Téngase presente la reserva del caso federal y la del re-curso contenido en Art. 2, apartado 3, inc. "b" del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

4) Protocolícese, hágase saber y, oportunamente, bajen estos obrados a origen, a sus efectos.

FDO. Dres. Amelia Sesto de Leiva -Presidente-, José Ricardo Cáceres, Luis Raúl Cippitelli. Ante Mí: Dra. María Fernanda Vian -Secretaria-. ES COPIA FIEL de la Sentencia original que se protocoliza en la Secretaría a mi cargo. Doy fe.