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Recurso de inconstitucionalidad, procedencia del recurso, cuestiones procesales, acción penal, prescripción de la acción penal, interrupción de la prescripción de la acción penal, secuela de juicio, proceso penal, citación a juicio, ley procesal penal, interpretación sistemática
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: S., C. E. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -INFRACCION ART. 173, INC. 7MO. DEL  C.P.- INCIDENTE DE PRESCRIPCION DE LA ACCION PENAL (EXPTE.: C.S.J.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-12-07

Si bien la tacha de arbitrariedad no incluye los supuestos que obedecen a una mera disconformidad con la interpretación asignada por los jueces de la causa a disposiciones de derecho común, se configura un supuesto de excepción cuando los Magistrados proponen una hermenéutica del ordenamiento legal aplicable que excede el marco de un alcance posible de los preceptos, arribando a una solución que los desvirtúa, lo que equivale a decidir en contra o con prescindencia de sus términos.

En el caso, el artículo 67, inciso d) del Código Penal reza: "La prescripción se interrumpe solamente por:...d) el auto de citación a juicio o acto procesal equivalente; y...".La "citación a juicio" es propia de los códigos de procedimientos orales, por lo que en nuestro ordenamiento ritual penal escriturario no se encuentra consagrada una disposición al respecto.

Empero, la mención de "...o acto procesal equivalente..." permite integrar la "citación a juicio" no sólo a los códigos procesales bajo un sistema oral de enjuiciamiento, donde la fórmula utilizada no sea idéntica, sino también en aquellos sistemas de procedimientos escriturarios.

Y es que la locución "...o acto procesal equivalente..." empleada por el legislador conduce necesariamente a integrar como causal interruptora de la prescripción de la acción penal al acto procesal que responda a la misma esencia, concepción y génesis de la "citación a juicio", independientemente de los vocablos consignados por los códigos de rito y de la regla técnica del debate procesal adoptada por éstos (oral o escrito).

Pensar lo contrario, configuraría el absurdo de que una disposición inserta en un código de fondo -con vigencia en todo el territorio nacional- pueda ser aplicado en algunas provincias y en otras no.
Acción contencioso administrativa, honorarios, regulación de honorarios, causa no susceptible de apreciación pecuniaria
Materia: PROCESAL
Carátula: GENARO GARCIA LIMITADA SOCIEDAD ANONIMA c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ILEGITIMIDAD (CSJ EXPTE Nº   127-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-05-07

Corresponde se regule el total de honorarios previstos por el artículo 12 de la ley 6767 último párrafo, a los profesionales en la proporción que corresponda por la intervención que cada uno de ellos tuvo en el trámite, si la actuación de los curiales de la demandada fue completa en relación al trámite del recurso de ilegitimidad. En efecto, se presentaron al juicio; desarrollaron actividad procesal adecuada al estado de las actuaciones para, finalmente, informar sobre el mérito de la causa en oportunidad de celebrarse la audiencia de vista de causa.
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, competencia provincial, coparticipación federal
Materia: PROCESAL - TRIBUTARIO
Carátula: Expreso Cañuelas Sociedad Anónima c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa. Lorentor  SAIC. e I. c/ Buenos aires, Provincia de s/ acción meramente declarativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-16|1993-03-16

La ley - convenio de coparticipación impositiva es parte del derecho público provincial, por lo que su alegada violación no abre la instancia originaria.
Sociedad cooperativa, estatuto social
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Cooperativa de Agua Potable y otros Servicios de Verónica c/ Sisti, Tulio Ferruccio y otros s/ Cobro ordinario de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2005-04-13

Si la vigencia de una norma estatutaria está subordinada a los requisitos fijados por el art. 12 de la ley 20.337 hasta tanto ellos no sean satisfechos, no puede formar parte del marco normativo que rige el accionar del ente.

Sea una nueva norma o la modificación de precepto ya contenido en el estatuto, sólo cumplimentando los requerimientos de esa norma la incorporación o sustitución normativa entrará en vigencia. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Daños y perjuicios, prioridad de paso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CIVIT JULIO ALBERTO c/ JUAN HUGO IDELFONSO ZARAGOZA s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S151 - 089)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-09-27

La ley exige que se ceda el paso a quien se presente a la derecha, con lo cual basta que el vehículo sea atisbado para acordarle preferencia de paso, sin que diferencias centimales influyan para quitar la prioridad que la ley acuerda.- Lo reprochable es ingresar primero en lugar de disminuir la velocidad y ceder el paso a quien aparece por la derecha.-
Procedimiento administrativo, debido proceso adjetivo, derecho a ofrecer y producir prueba, admisibilidad de la prueba
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: FRAMACIA RODRIGUEZ de Susana Rodríguez y Cía. S.C.S. c/ Caja de Subsidios Familiares para Empleados de Comercio (CASFEC) s/ Seguridad Social
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-16

Una prueba similar a la ofrecida (en el caso auditoría contable) producida con anterioridad, pero con el objeto de esclarecer la situación de otra persona y por un período distinto, no puede ser invocada por el organismo administrativo como fundamento válido para la denegación de la nueva medida solicitada, ya que ello viola el derecho del peticionante al debido proceso adjetivo, el cual incluye, tal como lo explicita el art. 1 inc. f) de la ley 19.549, el derecho a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión fundada.
Recurso extraordinario, fundamentación del recurso, fundamentación insuficiente, sentencia definitiva, Superior Tribunal de Justicia
Materia: PROCESAL
Carátula: Giménez, Ricardo Omar (Expte. 204 folio  24,  año 1993 de la Junta Electoral provincial) s/ recurso extraordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-30

El recurso extraordinario debe ser dirigido contra las sentencias definitivas pronunciadas por los tribunales superiores de provincias, esto es, por los órganos máximos de las judicaturas locales.
Daños y perjuicios, indemnización
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Soldivier, Lidia M. c/ Azar, Ricardo A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-06-25

Acreditado por el usuario el daño y la relación causal, el que lo provocó debe indemnizarlo, pues si se condicionase la indemnización al previo, pago, se estaría en los hechos alterando la causa que legitima al actor por que ya no sería el ilícito sino el pago, considerándolo así como subrogado en los derechos del otro (arts.

767 y concs. del C. Civil).-
Daños y perjuicios, obligaciones del concesionario (administrativo)
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Gaetán, Héctor Hugo y otros c/ Alvarez Hnos. S.R.L. y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2005-12-14

Sin pretender definirla puede describirse la obligación del concesionario legal como la que lo constriñe a velar porque ni los defectos u omisiones de señalización de la ruta, ni los riesgos o vicios per se de la misma (la carpeta asfáltica y sus banquinas), ni los que surjan o "pongan" en ella las acciones u omisiones, cosas o semovientes de terceros o el obrar de la naturaleza, en determinadas y multivariadas circunstancias, causen daños en las personas o los bienes de quienes las transitan. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Impuestos, régimen penal tributario, obligación tributaria, mora
Materia: PENAL
Carátula: ROITEMBERG, ISRAEL s/ Régimen Penal Tributario Causa 31897
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-17

Debe considerarse prematuro el sobreseimiento dictado si de los informes obrantes de la Dirección General Impositiva (D.G.I.) y de la declaración del funcionario de dicha repartición se desprende que no se habrían realizado los ingresos o compensaciones tributarias dentro de los plazos fijados, resultando en principio una mora en el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte del procesado, prevista en el Art. 8 de la ley 23771 por cuanto la omisión de cumplir la obligación fiscal en tiempo oportuno podría consumar el presunto ilícito investigado.
Honorarios del abogado, base regulatoria
Materia: LABORAL
Carátula: Arambarri, Ignacio c/ Cimientos S.R.L.-Hoy su quiebra y Otra s/ Indemnización por accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-02-24

Es criterio interpretativo de la Sala del Trabajo del S.T.J.

-artículo 255  del Cód. Procesal Civil y Comercial- que: deben fijarse los honorarios de todos los profesionales intervinientes con abstracción del monto reclamado y, en función de los trabajos realizados pero teniendo también en cuenta que tal norma no obsta a la aplicación de la ley local o, lo que es lo mismo, teniendo en cuenta la real y objetiva cuantía económica del juicio, tal como resulta de la sentencia cuando hay condena, de la transacción cuando existe o del monto que razonablemente ha estado en juego cuando se rechaza la demanda.
Legítima defensa, legítima defensa de un tercero, agresión ilegítima, lesiones culposas, pasajero de colectivo
Materia: PENAL
Carátula: CABRERA, Alejandro R. s/ Causa 44.008
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-12-12

a) Si bien es posible la legítima defensa de terceros, mediante el obrar culposo, no pueden alegarse los extremos del art. 34, inc.

6° del C.P., respecto del imputado que produjo lesiones a una persona por su acción descuidada (desviarse al carril contrario), pretendiendo salvar los bienes jurídicos de los pasajeros que llevaba, al evitar así que las personas que salían de un partido de fútbol subieran al ómnibus que conducía, si no se ha podido acreditar en la causa la agresión ilegítima, que haya motivado dicha acción defensiva.

b) No hay legítima defensa si se lesionan bienes jurídicos de terceros inocentes, pues aunque la intención fuera la de evitar la agresión, la acción defensiva debe ser, en el mejor de los casos, en contra de los atacantes y no de una persona totalmente ajena a los hechos.
Recurso de casación penal, recurso extraordinario, cuestiones de hecho y prueba, inadmisibilidad del recurso
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Franco, Alicia s/ Recurso extraordinario. Causa: 2133
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-17

Los agravios del recurrente dirigidos a cuestionar el valor que el a quo otorgó a determinadas pruebas remiten a la apreciación de cuestiones de hecho y prueba, ajenas tanto al remedio excepcional previsto por el art. 456 del C.P.P.N como al recurso extraordinario planteado.
Daños y perjuicios, responsabilidad de la empresa ferroviaria, hechos vandálicos
Materia: CIVIL
Carátula: OTERO, Susana Gloria c/ FERROCARRILES ARGENTINOS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-26

Producida la caída de la víctima desde el ferrocarril, a raíz del empellón propinado por un delincuente en un asalto, es de toda evidencia que tal hecho delictivo reviste el grado de causación adecuada en el resultado dañoso, dado que, de no haber mediado el empellón, nada habría sucedido. En tales condiciones, queda roto el nexo causal en los términos del art. 184 del Código de Comercio, sin que obste a ello que hubiere existido una violación del deber de circular con las puertas de acceso a los vagones cerradas, en tanto se encuentra configurado un supuesto de caso fortuito o de fuerza mayor para la empresa de transportes.-
Accidentes de trabajo, prueba, fundamentación de sentencias
Materia: LABORAL
Carátula: Bayon, José Ignacio c/ Saieva Patagónica S.A. y Otra s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-03-22

Hay casos, en que una dimensión normativa no surge en principio de los hechos dañosos que las partes conocen y que sólo la prueba, durante el proceso llega a develar. El dañado sólo puede someter a la justicia lo que conoce y en la medida en que esos antecedentes sean suficientes para la atribución de responsabilidad. Cuando en función de esos hechos se abre el juicio de reparación, los hechos reinan sobre las normas, subsumen la realidad en la norma individualizada que es la sentencia. Pero la sentencia que desconoce los hechos que procesó con indiferencia de la causa, no es esclava de la ley, está eludiendo parcialmente el deber del juzgador. La congruencia del proceso se mide primero en los hechos procesados, luego en los derechos que constituyen la reparación objetiva del antecedente normativo en que tienen que subsumirse".
Unificación de penas, graduación de la pena, fundamentación de sentencias, nulidad de sentencia
Materia: PENAL
Carátula: FERNANDEZ, E. s/ UNIFICACION DE PENA. NULIDAD DE SENTENCIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-12-05

1) Cuando el hecho por el que se juzga ha sido cometido con posterioridad a la sentencia definitiva dictada por el delito anterior, no tratándose entonces de una unificación de condenas para remediar la falta a las reglas del concurso, nos encontramos ante una unificación de penas en la que la cronológicamente primera ha pasado en autoridad de cosa juzgada, que no puede caer en la parte ya cumplida, pues lo fue correctamente y sin que se hubiera violado norma alguna. Consecuentemente, la sanción unificada sólo puede consistir en la conjunción de lo que al procesado le falta cumplir de su anterior condena con la pena impuesta por el delito por el que se lo juzga ahora, siendo el mínimo legal posible el tiempo que reste de la pena anterior -o el mínimo del delito por el que se lo condena en posterior ocasión- y el máximo lo resultante de la suma de lo que falta cumplir de pena y el máximo previsto para el segundo delito.

2) Debe declararse la nulidad de la sentencia porque en la parte final, luego de fundarse la pertinencia de aplicar pena por el hecho que se juzga y de aplicarla por el decisorio primero del fallo, no se impone pena alguna, por lo que resulta incongruente el resultado de la resolución con los fundamentos de ella.
Accidente de tránsito, culpa concurrente
Materia: CIVIL
Carátula: Cantreras Molina, Facundo c/ Palavecino, Irma; Hilarión, Fabián; Basylkiv, Pedro María s/ Recurso de Inconstitucionalidad  (L.A. Nº 36, Fº 241/248, Nº 108) Hilarión, Fabián; Basylkiv, Pedro María s/ Recurso de Inconstitucionalidad (L.A. Nº 36, Fº 241/248, Nº 108)
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1993-04-20

La omisión a la obligación legal de guarda y cuidado por parte de los padres de un menor, implica la existencia de concurrencia de culpas entre los actores y la demandada.-
Derecho procesal, terminación del proceso, caducidad de instancia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: VIGON PABLO DANIEL c/ BUSCEMI CARLOS ANDRES s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-15

Procede confirmar la resolución que decretó la caducidad de instancia de las actuaciones con sustento en lo dispuesto por el artículo 310, inciso 2º Cpr.- Dicha solución no se ve afectada por el alegado retraso incurrido por la Oficina de Mandamientos y Notificaciones -en el caso, de la Localidad de Merlo, Provincia de Buenos Aires-. Es que siendo el abandono de la instancia la razón de ser y el fundamento principal para la aplicación del instituto de la caducidad de instancia, lo cierto es que se debió dejar constancia en el expediente de la alegada situación a fin de manifestar la voluntad de mantener viva la instancia (CSJN, 316:1708, 29.07.1993, "Hughes Services Company SA c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires"; íd, 323:2498, 14.09.2000, "Astarsa SA y otros c/ Ministerio de Economía"; íd, 323:666, 28.03.2000, "Mata José Horacio c/ Mazza Jorge y otro";

íd, 320:2845, 16.12.1997, "Fisco Nacional (Dirección General Impositiva) c/ La Tropa SA"; íd, 320:1952, 25.09.1997, "Lefmar Cooperativa Farmacéutica Ltda c/ La Buenos Aires Compañía Argentina de Seguros"; íd, 320:38, 06.02.1997, "Pergamino Cooperativa de Seguros Limitada c/ Macchia Carlos Gabriel y otros"). Criterio éste que coincide en su telésis con la postura adoptada por esta Sala respecto de las gestiones extrajudiciales (esta CNCom, esta Sala A, 19.07.2007, "Compañía Crusade SA c/ Cencosud SA s/ Beneficio de litigar sin gastos"; íd, Sala D, 28.9.2000, "Banco Bica SA c/ Diarlan SA y otro s/ Ejecutivo";

íd; 20.03.1995, "Mariotti Enrique c/ Hacendal SA s/ Sum"; íd, 08.03.1993, "Vacetex SRL s/ Quiebra s/ Inc. de verificación de crédito por DNRP").
Proceso penal, deberes del juez
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: BUSSI RICARDO ARGENTINO s/ DENUNCIA  -INCIDENTE FORMADO POR LA PRESENTACION DE ROSA AUGIER DE ROJ
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-10-31

El órgano jurisdiccional debe trabajar con elementos que ingresen legalmente al proceso. No es posible aprovechar las pruebas obtenidas con desconocimiento de garantías constitucionales, aun cuando puedan hipotéticamente prestar utilidad para la investigación, pues ello compromete la administración de justicia, al pretender constituirla en beneficiaria de una actuación irregular. En su tarea investigativa, los Fiscales de Instrucción están habilitados para recoger fuentes de prueba útiles para la averiguación de la verdad. Pero tal labor, que es de interés público, encuentra límites en el respeto a los derechos fundamentales de las personas, que prevalecen en resguardo del debido proceso legal. La actividad preventora puede encontrarse frente a casos de urgencia; mas en tanto excepción al principio contenido en el art. 319 procesal, ella debe ser explicitada o resultar de las mismas actuaciones.
Responsabilidad civil, antijuridicidad
Materia: PENAL-CIVIL
Carátula: S., E. A. y otra c/ E. D. J. y otros y/o director, propietario y/o quien resulte propietario o responsable s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-03-31

Sabido es que, básicamente y en sentido amplio, la antijuridicidad se manifiesta en la contradicción entre una conducta y el derecho positivo considerado como ordenamiento integral. En punto a la responsabilidad civil, constituye uno de los requisitos para su procedencia.

A su respecto, se ha dicho que "Antijuridicidad e ilicitud son términos sinónimos, y es ilícito todo acto contrario al ordenamiento jurídico, considerado éste en su totalidad, aludiéndose al principio de la unidad del ordenamiento jurídico, que hace que cada norma no pueda ser considerada como una individualidad estanca o aislada, sino, muy por el contrario, como un elemento conceptualmente inseparable de un complejo jurídico pleno o integral.

De ahí que sólo sea ilícito lo contrario al ordenamiento jurídico todo y no lo opuesto a una norma aislada, en cuyo supuesto la violación podría estar justificada por otra regla que prevalezca y el del signo de la licitud; así por ejemplo el homicidio no siempre comporta un ilícito, desde que en ciertas circunstancias, como verbigracia la legítima defensa, el propio ordenamiento jurídico lo justifica.

Se trata pues de un proceder que infringe un deber jurídico preestablecido en una norma o regla de derecho y que causa daño a otro, obligando a su reparación a quién resulte responsable en virtud de una imputación o atribución legal del perjuicio.

El comportamiento humano que contraría al ordenamiento jurídico configura el substratum del hecho ilícito, y constituye a la vez el elemento material u objetivo imprescindible para que nazca la responsabilidad civil.
Cosas perdidas, letra de cambio
Materia: CIVIL
Carátula: AROCHA, José Alberto s/ HALLAZGO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-25

Cuando la cosa perdida consiste en letras de cambio, quien las halla no contraría las disposiciones de los artículos 2532 y 2534 si las entrega a sus letrados para que las pongan a disposición de la autoridad judicial a efectos de que se aclare suficientemente el caso y los documentos lleguen a manos de quien legalmente corresponde.-
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, cesación de pagos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Grenoble Automotores S.A. s/ Pedido de quiebra Sucesores de Mario O. Barreneche s/ Pedido de quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-08-29|1997-09-23

El pronunciamiento de la Cámara que tiene por acreditado el estado de cesación de pagos y dispone que en la instancia de origen se dicte la pertinente sentencia de quiebra no reviste carácter de definitivo en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, desde que no pone fin a la litis ni impide su continuación, ya que dictada dicha sentencia que da al recurrente la vía prevista en la Sección IV, Capítulo I, Título III de la ley 19.551 (Sección V, Capítulo I, Título III de la ley 24.522).
Medida cautelar autónoma, entes reguladores, energía eléctrica, agotamiento de la instancia administrativa, contratos, concesión comercial, servicio público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Edenor S.A c/ En- Enre- Expte. 18377813/20 s/ medida cautelar (autónoma)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-09-21

La sala confirmó el rechazo de la medida cautelar autónoma pretendida por la accionante, tendiente a que se suspendieran los efectos de las Notas n° NO-2022-49845132- APNAAYANR#ENRE, NO-2022-53279262-APN- ENRE#MEC y NO-2022-81888625-APN-ENRE#MEC, por medio de las cuales el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) dispuso la apertura de cajas en las oficinas comerciales de la demandante, mientras dure el procedimiento de agotamiento de la vía administrativa.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MANGINI, FREDDI HECTOR Y VALLEJOS, CESAR RUBEN c/  s/ MALVERSACION DE FONDOS, DEFRAUDACION CALIFICADA, ETC.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-03-22

El defensor en su escrito de apelación -y en la audiencia respectiva- expuso concretos agravios contra la condena impuesta en primera instancia por malversación de caudales públicos (segundo hecho), vinculados -en prieta síntesis- con la ausencia de delito por existencia de causa de justificación y por falta de afectación de bien jurídico; y de la lectura de la sentencia recurrida se advierte claramente que tales postulaciones defensivas carecen de respuesta jurisdiccional, lo que torna descalificable al fallo como acto jurisdiccional válido, al no satisfacer las exigencias argumentativas de toda decisión judicial, derivadas en particular del artículo 95 de la Constitución provincial. (Del voto del Dr. Spuler, al que adhieren el Dr. Gutiérrez y la Dra. Gastaldi) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Constitución provincial, artículo 95
Prisión preventiva, denuncia anónima, valor probatorio
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: PALADINO, OTTO CARLOS MEMBRIVES, CARLOS ANTONIO SCHILLIZZI MORENO, RODOLFO LORENZO s/ INCIDENTE DE EXCARCELACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-05-07

Si bien es verdad que algunas de las versiones que se vuelcan en distintos anónimos fueron suministrando pautas que facilitaron la investigación, dichos anónimos mediante los cuales se involucra al procesado como miembro de la organización "Triple A" respecto al auto de prisión preventiva, son de un valor que ninguna ortodoxia procesal puede consentir porque en materia tan delicada como es la de atribuir responsabilidad penal, no es a la voz anónima a la que pueda prestarse el mejor oído.