marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Personal municipal, diferencias salariales, prescripción, interrupción de la prescripción
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CARRIZO DE FERNANDEZ ELIDA BEATRIZ c/ MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION s/ COBROS (ORDINARIO)
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-10-14

En el sub lite, se está en presencia de un mero dictamen de comisión -siendo por lo demás, ése el título que preside al texto del escrito en cuestión- el que, como tal, y más allá de lo que allí se haya podido expresar acerca de la deuda que reclama la actora, no traduce nada más que el criterio o apreciaciones de una Comisión que no es susceptible de serle atribuido al Concejo mientras no haya pasado el tema por su seno y se haya pronunciado, previo cumplimiento de los procedimientos previstos en el Reglamento Interno, sobre el planteo de la demandante.

De las constancias de la causa no surge, en manera alguna, que eso haya acontecido, por lo que no existe ningún acto o constancia que pueda serle legalmente atribuido al órgano deliberativo del municipio, que venga a demostrar el reconocimiento de la deuda que pretende la actora.

Y hasta que ello no acontezca, va de suyo que lejos está de verificarse la presencia de las exigencias establecidas en el artículo 3989 del Código Civil que requiere, además del hecho que exista un reconocimiento del derecho de la otra parte, que el mismo emane del deudor, el que en el caso no es otro que el Concejo Deliberante y no una de sus comisiones (en el caso, de Relaciones Laborales y Política Ocupacional) respecto de la cual, no existe ninguna norma que confiera a sus dictámenes carácter vinculante, o que permita prescindir de la intervención del Cuerpo en su conjunto para la exteriorización válida de su voluntad en una materia como la presente.	En este sentido, y en concordancia con lo sostenido por la Sala a quo al respecto, no cabe duda que el dictamen de comisión de marras no es nada más que un acto preparatorio de la decisión del Concejo Deliberante, en tanto se trata de una simple manifestación que carece de efectos jurídicos directos e inmediatos con relación a la reclamante, proyectándolos exclusivamente en el ámbito interno del órgano. Por lo tanto, en el sub iudice, sólo la decisión de este último, adoptada en la forma prescripta en el Reglamento Interno, era la única con entidad para exteriorizar la voluntad del órgano Concejo e impactar en la esfera de intereses de la hoy demandante, debido a que del aludido dictamen no surgen efectos directos con relación a esta última, al encontrarse los mismos supeditados a la resolución posterior que el cuerpo colegiado eventualmente adopte.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, sentencia no firme, decomiso, bienes inmuebles, dominio, acción de restitución
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: RUIZ, MARIANO HERNAN c/  s/ ASOCIACION ILICITA -APELA DECOMISO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-11-28

Si bien la compareciente alega que la inapelabilidad de la decisión le provoca un perjuicio de imposible reparación, al disponerse el decomiso de bienes inmuebles ajenos, al ser ambas propiedades de titularidad registral de su hermano quien no fue condenado en la causa, invocando la afectación de los derechos constitucionales de propiedad, legalidad, debido proceso, defensa en juicio y excediendo los Judicantes las atribuciones del artículo 389 de la ley 12734, tales alegaciones resultan asaz insuficientes frente a los argumentos de la Alzada, que concluyó que la resolución no revestía el carácter de definitiva ni auto equiparable, por cuanto la medida de decomiso se sustentó en el artículo 23 del Código Penal que expresamente alude a la acción de restitución -ya sea por vía civil o administrativa- de quien pretenda afectados legítimos derechos. - Jurisprudencia vinculada: Medina, AyS T 278, p 411/415.
Bien jurídico protegido, contravenciones
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: H., M. J. M. s/ Art. 71
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-10-05

Los bienes jurídicos son categorizaciones abstractas de aquellos valores que una sociedad determinada intenta proteger a través de sus estatutos legales; siendo ello así, y conforme las actuales doctrinas penales, el bien jurídico integra la tipicidad penal -en este caso contravencional-, de tal manera que para que una conducta pueda ser considerada típica, además de los requisitos que cada disposición establezca es necesario ineludiblemente acreditar que se ha verificado un ataque o puesta en peligro del bien jurídico respectivo, lo que se ha dado en llamar principio de ofensividad.
Docentes, jubilados, transferencia del régimen de jubilaciones y pensiones
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Matera Durán, Blanca c/ A.N.S.E.S. y otro s/ Reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-11-10

Con los docentes en actividad transferidos por la Nación a la Pcia. de San Luis de conformidad con la ley 24.049, se generó una paradójica situación, años después, con el Convenio de Transferencia del régimen local a la Nación, que produjo el traspaso a esta última -a los fines jubilatorios- de todos los docentes in-volucrados, jubilados o en actividad, y, por tanto, también de aquellos que habían sido cedidos a San Luis, los que, al final de cuentas, venían a recibir el mismo tratamiento que aquellos que continuaron efectuando sus aportes al sistema nacional de previsión de conformidad con el art. 10 de la referida ley 24.049. En ese contexto, el Dec. 137/05 y su reglamentación -entre la que se destaca la Res. A.N.Se.S. 33/05-, refieren como servicios docentes incluidos en la ley 24.016 a: 1) los prestados en el ámbito na-cional, definidos por el Estatuto del Docente -ley 14.473- y su reglamentación de nivel inicial, primario, medio, técnico y superior no universitario de establecimientos públicos o de establecimientos incorpo-rados a la enseñanza oficial; 2) los prestados en el ámbito provincial o municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, definidos en los diferentes estatutos o normas de la respectiva jurisdicción, corres-pondientes a aquellas que hubieran transferido su sistema previsional a la jurisdicción nacional; y 3) los prestados conforme el régimen docente del personal civil de las fuerzas armadas -ley 17.409-. Por lo ex-puesto, no cabe hesitación alguna en reconocer el derecho al cobro del 82% móvil al amparo de la ley 24.016, régimen cuya vigencia no fue alterada y rige a la prestación de autos a partir de su traspaso al ámbito nacional; constituyendo una rémora del pasado (fruto de una conducta procesal signada por la inercia) su rechazo por la A.N.Se.S. Dicha solución resulta compatible con el carácter integral e irrenun-ciable de las prestaciones de la seguridad social y evita injustificados perjuicios patrimoniales, particu-larmente severos si se tiene en cuenta que se encuentran en juego derechos de índole alimentaria (arts. 14 bis y 17 de la C.N.).
Recurso de casación, violación de la ley o doctrina legal, tasas de interés
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Almonacid, Carlos Alberto c/ ALICURA S.A. s-Daños y Perjuicios s/ Recurso de Queja Ganeva Vicheva, Varbina y Otro c/ Fernández, Audelino y Otra s/ Cobro de Pesos Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-07-31|1998-11-17

En lo atinente a la tasa de interés aplicable, debo decir al respecto que no hay apartamiento de la doctrina legal de este Superior Tribunal, cuando oportunamente modificó el criterio que sustentara en los autos "Sifuentes Carlos c-La Pradera S.A. y-u otro s-indemnización por accidente de trabajo", estableciendo como principio el criterio que otorga libertad a los sentenciantes inferiores para resolver las cuestiones que son de derecho común, en particular la de los intereses regida por el art. 622 del C.C., y determinando que no se trata ésta de materia casatoria, por lo que toda vez que la solución adoptada por la alzada se adecua a la que prevé el precedente en la actualidad, en materia de tasa de interés.
Poder de policía, control sanitario, enfermedades, prevención de enfermedades, SIDA, prueba hematológica, interpretación de la ley, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: BRE. c/ Policía Federal Argentina s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-17

La ley de lucha contra el SIDA fue dictada en ejercicio del poder de policía del Estado (art. 67, incs. 16 y 28 de la Constitución anterior, actualmente, art. 75, incs. 18 y 32) el cual se manifiesta en forma de restricciones a los derechos y garantías constitucionales y se impone con prescindencia de la voluntad de los particulares.
Costas, costas en el orden causado
Materia: PROCESAL
Carátula: Aban, Francisca América c/ ANSeS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-08-11

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que impuso las costas por su orden por considerar aplicable el art. 21 de la ley 24.463, prescindiendo de la norma que rige el caso, ya que de los antecedentes parlamentarios de dicha norma no surge que la intención de los legisladores haya sido extender a esta clase de demandas las prescripciones del art. 14 de la ley 16.986 en materia de costas. -Del precedente "De la Horra" (Fallos:322:464) al que remitió la Corte Suprema-.
Embargo, levantamiento del embargo
Materia: PROCESAL
Carátula: Santamaría y Bellora  SRL s/ Medidas Cautelares.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-02

El pedido de levantamiento de la medida cautelar (embargo de los productos que se hace alusión en los mandamientos que obran en autos) se funda exclusivamente en su inicial improcedencia, tornándolo así extemporáneo, puesto que la incidencia planteada sólo resulta admisible con fundamento en la modificación o cesación de las causas que dieron lugar al dictado de aquélla; de tal suerte que, para obtener el levantamiento de la medida con sustento en su original inadmisibilidad era imprescindible interponer temporáneamente los recursos pertinentes.
Transmisión televisiva, antena comunitaria, medidas cautelares, medida cautelar innovativa
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Incidente  Apelac.  medida  cautelar: Rader  S.A.  de Radiodifusión y otro c/ E.N. s/ Juicio de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-10

Se rechazó el pedido de medida cautelar a fin que los servicios de antena comunitaria y/o circuitos cerrados de T.V. cesaran en la distribución de los canales de origen por tratarse de una medida innovativa y como tal de carácter excepcional. Y no haberse acreditado la existencia del peligro de un perjuicio irreparable, ya que en el caso de prosperar la demanda el actor podrá cobrar el riesgo que se le reconozca y no corresponde a esta altura del proceso presumir un perjuicio económico que no aparece claramente individualizado, y menos aún deducido de la inexistencia de un contrato celebrado entre las partes.

Se juzgó además que su objeto coincidiría con el del pleito, no acreditada la urgencia máxime si tiene en cuenta desde qué fecha existía la situación que se pretende modificar, y respecto de la verosimilitud del derecho que según lo informado por el Com.Fe.R.

no se había exigido la presentación de la autorización a los canales de las estaciones televisivas de origen, la que tampoco se exige en el pliego complementario de radiodifusión aprobado por Resolución Nro. 725/91 (B.O. 27/11/91).
Medidas cautelares, contracautela
Materia: PROCESAL
Carátula: Adidas Argentina S.A.-Incidente- y otros c/ E.N. -Mº de E.Y O.S.P.- Dto. 1059
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-11-24

La procedencia de las medidas cautelares, justificadas, en principio, en la necesidad de mantener la igualdad de las partes y evitar que se convierta en ilusoria la sentencia que ponga fin al pleito (Fallos: 247:13; 265:236), queda subordinada a la verificación de los siguientes extremos insoslayables: la verosimilitud del derecho invocado (Fallos 24/8/93, B.682.XXIV, "Bulacio Malmierca"; Sala I, 12/9/95, "Monges" -votos de los Dres.

Licht y Coviello-) y el peligro en la demora (cfr. C.S.J.N., Fallos:

310:977, 24/3/94, "Obra Social de Actividades Docentes (O.S.P.L.A.D.) c/ Prov. Bs.As.") recaudos que aparecen exigidos por el art. 230 del Código Procesal, a los que se une un tercero, establecido de modo genérico para toda clase de medidas cautelares, cual es la contracautela contemplada en el art. 199 del código de rito (Sala I, 19/3/98 "Beviglia Hugo A. -Incidente c/ ANLIS", entre otras).(Del voto del juez Licht).
Per saltum, Superior Tribunal de Justicia
Materia: ELECTORAL
Carátula: CARATULAPROVISORIA-EXPTE.N 1886-RECURSO DE APELACION s/ CONTRA RESOLUCIONES N 105 Y125-EN EXPTE. N426/97 DE S.S.SRA. JUEZ  ELECTORAL"
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1997-09-29

Faltando una ley que posibilite esa modalidad de conocimiento ("per saltum", de actuarla se estaría vulnerando las garantías constitucionales el Juez natural y el debido proceso.(Voto en minoría). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Prueba, hechos nuevos
Materia: LABORAL - PROCESAL
Carátula: DIAZ, MIGUEL A. c/ ALKEN SA s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-15

Si la demandada tomó conocimiento que el actor dependía de otra empresa y articuló la denuncia de hecho nuevo, solicitando la ampliación de la pericia contable, es menester que en el escrito de denuncia se identifique con claridad si el hecho ha ocurrido después de la contestación de demanda o si es anterior y el modo y tiempo en que ha llegado a su conocimiento. La ausencia de indicación concreta de la fecha en que se ha conocido el hecho nuevo, resulta causa suficiente para rechazarlo "in limine", ya que del cumplimiento de este requisito depende la determinación de la oportunidad de presentación (cfr. Allocatti "Ley de Organización y Procedimiento de la Justicia Nacional del Trabajo" T.II pág. 146).
Lesión subjetiva, estado de necesidad, ligereza
Materia: CIVIL
Carátula: PELOSO DELIA c/ LUNA NATALINA LORENA s/ NULIDAD DE BOLETO DE COMPRA VENTA DE INMUEBLE-CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2012-08-03

Caracteriza la existencia del elemento subjetivo para la anulación del acto jurídico la inferioridad de la víctima; cabe recordar el concepto de "ligereza", el cual implica un obrar irreflexivo sin ponderar las ventajas y los inconvenientes de la operación; son personas normales pero que circunstancias determinadas pueden conducirlos a obrar sin la debida reflexión y prudencia. Es una situación patológica de debilidad mental.
Acción contencioso administrativa, inconstitucionalidad, costas al vencido
Materia: PROCESAL
Carátula: Angelina, Mónica Anabel c/ Estado Provincial s/ Acción Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2018-03-16

Sin perjuicio de la declaración de competencia efectuada por éste Tribunal, en los términos del artículo 3º de la Ley Nº 2403, el agotamiento de la vía administrativa, como recaudo de cumplimiento inexorable, tiene su fundamento en la división de poderes, a los efectos, como en este caso, que el Poder Judicial no reemplace a la Administración en su función específica, so pena de ingresar en el ejercicio de competencia que no le corresponde y revisar actos firmes y consentidos, y en el presente, a la luz de los antecedentes que registra la causa, la Resolución del 02 de septiembre de 2014 dictada por este Tribunal, se encuentra firme y consentida conforme lo resuelto por la Resolución Nº 10 de fecha 05 de marzo de 2015, que rechaza el remedio recursivo intentado por la extemporaneidad de su articulación, acto administrativo, que no fuera cuestionado y/o impugnado tanto en aquella sede administrativa como en este proceso, motivo por el cual, dada su firmeza, deviene inconmovible e insusceptible de revisión judicial.
Lesión subjetiva, nulidad del acto jurídico, acción de repetición, actualización monetaria, índices de actualización, índice de precios mayoristas
Materia: CIVIL
Carátula: ROSSI ANA J. c/ VILLALBA JOSE O. Y OTRA s/ NULIDAD DE CONVENIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-05-23

Declarada la nulidad del acto por lesión, se debe devolver el precio oportunamente percibido ( art. 1052 Código Civil), pero no en su valor nominal sino convenientemente revalorizado. Ello en virtud de la aplicación analógica (art. 16 Código Civil) del propio art.

954 del Código citado, en su último párrafo, que al permitir el reajuste equitativo del convenio sienta una regla según la cual la solución a la lesión debe entrañar un restablecimiento de la inequivalencia de las prestaciones.

Así se ha resuelto respecto de la devolución del precio cuando se trató de resolución contractual por la imprevisión, aplicando analógicamente la regla similar del reajuste contenida en el art.

1198 (conf. C.N.Civ. Sala C, E.D. 85-364; E.D. 90-570; Belluscio "Código...." t.V comentario al art. 1198.Dr. Juan E. Lavalle Cobo, p 944 parágrafo 54) y la indexación debe hacerse mediante la aplicación de los índices de los precios al por mayor -nivel general- tomándose la diferencia entre el anterior a la fecha del acto y el anterior al del pago.
Recurso de apelación (procesal), elevación en apelación, fundamentación del recurso, admisibilidad del recurso, principios procesales, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: FERNANDEZ, Betina c/ EUROFRANCIA S.A. s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-06-01

Conforme se ha dicho en reiterados precedentes, el procedimiento de apelación se caracteriza por ser una revisión dentro de los límites ya fijados en la instancia de origen, y no como un replanteo de los trámites que le precedieron.

Por regla, se examina el material de conocimiento acumulado en primera instancia y se decide sobre los errores en que puede haber incurrido el juez de la causa (CApel.CC.Salta, Sala III, año 1999, f° 275).

En otras palabras, tanto la decisión de primera instancia como la de alzada, deben serlo atendiendo a los términos en que quedara trabada la litis, por lo que no puede entender el órgano superior de aquellas cuestiones que no hubiesen sido sometidas a conocimiento de la instancia anterior (CApel. Salta, Sala III, 1982, f° 1069; Fallos año 1981, f° 1219; Fallos año 1985, f° 459/466; íd. íd. año 2004, f° 785; CApel.CC. Salta, Sala III, año 1996, f° 787; íd. íd. año 2004, f° 785; íd. íd. año 2006, f° 27).

Sin embargo, se ha aclarado que así como el Juez no puede apartarse de los hechos alegados ni de las peticiones formuladas, sí tiene amplia libertad en la aplicación del derecho en virtud del principio "iura novit curia".

Como enseña Clemente Díaz, en virtud de este principio, el magistrado aplica el derecho no alegado por las partes o erróneamente invocado, o cambia el punto de vista jurídico, esto es, califica la relación jurídica, siempre partiendo de los hechos presentados por aquéllas ("Instituciones de Derecho Procesal", Bs. As., Abeledo - Perrot, t. II - B, págs. 218/220).

El principio en cuestión autoriza al Juez a aplicar el derecho que se adapta a las impetraciones de los litigantes, aunque éstos denominen o califiquen mal el derecho o las acciones que intentan (CNCiv., Sala B, 28-6-79, E.D. 85-455; Jorge W. Peyrano: "El Proceso Civil", Bs. As., Astrea, 1978, págs. 95 y sigs.; CApelCC Salta, Sala III, año 2003, f° 219).

Y no afecta el principio de congruencia el hecho de que los sentenciantes decidan el pleito con arreglo a razones jurídicas distintas de las invocadas por las partes (CJBs. As., 1-8-78, E.D. 83-190; CNCiv., Sala A, 13-5-75, E.D. 68-159; CApelCC Salta, Sala III, año 1991, f° 741). La aplicación del principio "iura novit curia" no es sólo una atribución propia del juzgador, sino un deber irrenunciable (CNCom., Sala B, 24-9-80, E.D. 91-492). (CApel.CC. Salta, Sala III, 13-10-05, Citibank vs. Escobar, expediente n° 132245, tomo año 2005, pág. 1109/1110).- De modo que a los fines del juzgamiento, es indiferente la calificación jurídica de la acción que hayan hecho las partes, o el derecho que hayan alegado o hayan dejado de alegar, porque es deber irrenunciable de los jueces el saneamiento jurídico de la litis, de acuerdo a su leal saber y entender.-
Recurso de revisión (procesal), improcedencia del recurso, fundamentación del recurso, fundamentación insuficiente
Materia: PROCESAL
Carátula: Córdoba, Juana Esther s/ Recurso de revisión - medida de no innovar
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1995-04-03

Solo la fuerza mayor o la acción de la parte a cuyo favor se dictó el fallo constituyen causales justificativas de la ignorancia, extravío o detención de documentos, y que si el recurrente no afirma y acredita uno de estos dos extremos taxativamente establecidos por la ley, el recurso de Revisión es improcedente.

En la presente causa el recurrente se limita a manifestar que de los documentos que fundamentan el recurso surge la fecha de obtención de los mismos y la imposibilad en consecuencia, de obtención de los mismos. Aunque esta manifestación podría implicar que no se logró ubicarlos con anterioridad, no es suficiente por sí sola para justificar el recurso, máxime en este caso en el que ni siquiera se menciona cuáles fueron las diligencias realizadas tendientes a su obtención, ni se acredita de modo alguno que los mismos hayan sido ignorados, extraviados o retenidos por fuerza mayor o por obra de la parte en cuyo favor aquéllos han sido dictados, o por un tercero. Esta omisión no puede ser cubierta por el tribunal, así como no puede pretenderse por la vía de este recurso de Revisión, cubrir la ignorancia, el error o la negligencia de la parte afectada.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, proceso penal, imputado, prisión preventiva, cómputo privilegiado de la privación de libertad
Materia: PENAL
Carátula: G, M L  Y  E, A M V DE s/ La cuestión a resolver: ¿El cómputo que establece el artículo 7 de  la ley 24390 es aplicable a los condenados por sentencia firme al  tiempo de la vigencia de la ley, que continuan privados de su libertad? (Expte. Nro. 29-95; Expte. Nro. 28-95) (Tribunal pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-09-11

Nuestro país aparece coherente con la asunción político- criminal del problema del "preso sin condena" (resuelta en un plazo razonable) como una ilegitimidad que no debió ni debe ser cargada sobre la espalda del justiciable, atento que la misma obedecía a razones -cuanto menos- ajenas a éste. El estado debe, y debió, asegurar un plazo razonable de solución al debido proceso: al que hoy puede padecer de tal situación, se la evita... al que ya la padeció, se la repara con el cómputo más favorable para compensarle, por lo menos, las consecuencias disvaliosas previstas en el sistema en cuestión.

(Voto del Dr. Mestres). En el caso la cuestión a resolver es ¿El cómputo que establece el artículo 7 de la Ley 24390 es aplicable a los condenados por sentencia firme al tiempo de la vigencia de la ley, que continúan privados de su libertad?
Responsabilidad civil, automotores, accidente de tránsito, responsabilidad del conductor, prioridad de paso, cruce de calles
Materia: CIVIL
Carátula: V., H. L. c/ PROVINCIA DEL CHUBUT s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-10-19

"Todo conductor debe prever no sólo las contingencias extraordinarias del tránsito, sino también la conducta indebida de los otros conductores".