marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de casación, Constitución Provincial
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Touza Santiago H. y Juan Frias en j: Arenas T. Josefina y otros c/ Sucesión de Agustin Mondini s/ Medidas precautorias - Casación (Libro: S064-325)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1957-05-02

Subsiste la vigencia del recurso de casación introducido en la Constitución Provincial de 1949, no obstante su derogación y actual vigencia de la Constitución de 1916, en razón de que el Decreto Acuerdo Nro. 2158 del año 1956 declaró vigente "la actual organización y jurisdicción del Poder Judicial de la Provincia.
Responsabilidad civil, incumplimiento del contrato, daños y perjuicios, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: SAAVEDRA DE ORTIZ MARTA Y OTRO c/ REINERO PEÑA JOSE Y OTROS s/ POSESION VEINTEÑAL-II CUERPO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-05-27

La responsabilidad Civil está limitada a los daños que fueron una consecuencia directa e inmediata y necesaria de la falta de cumplimiento de la obligación. Se aplica el principio de la causalidad adecuada, es decir que deben examinarse objetivamente los hechos con arreglo al curso ordinario y normal de las cosas.(por aplicación del art. 520 C.C.)
Recurso de casación, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: CHELCO S.A.I.C.A. c/ FRIARSAN S.R.L. Y OTROS s/ COBRO DE AUSTRALES. CASACION.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1990-05-07

Cuando no se ha demostrado la configuración del absurdo en la merituación que realizara el a-quo, pues el mismo, en sus considerandos ha valorado a cada uno de los hechos expresados con una razonable criterio que se aleja en demasía del absurdo, corresponde el rechazo del recurso interpuesto.-
Locación de inmuebles, plazo, fianza, extinción de la fianza
Materia: CIVIL
Carátula: SPAMER, PATRICIA EN J 115.732/37.768 APPES, JOSEFINA CRISTINA c/ MAJOREL, ROBERTO Y OTS. s/ EJECUCIÓN TÍPICA S/ CASACIÓN.
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2006-10-20

En el contrato de locación, el consentimiento a la prórroga del plazo dado por el fiador principal pagador, al momento de la celebración del contrato, no lo obliga al producirse renovaciones tácitas, toda vez que requiere el consentimiento expreso del fiador para obligarse en la renovación o prórroga, siendo nula toda disposición anticipada que extienda la fianza.
Citación en garantía, trámites judiciales
Materia: CIVIL
Carátula: Fabian Bruzosky y Otra. c/ Percasur  S.A. . s/ Daños y Perjuicios.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1992-11-05

No tiene cabida dentro del ordenamiento jurídico procesal, como lo e aseguradora, ya que en este caso rige la ley de fondo, que admite su incorporación hasta el auto de apertura a prueba.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, sentencia arbitraria, apreciación de la prueba, errónea apreciación de la prueba, reglas de la sana crítica
Materia: PROCESAL
Carátula: Rosales, Adrián Fernando c/ Expreso Villa Galicia San José srl. Línea 266. s/ Daños y Perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-07-15

Procede el recurso extraordinario cuando el tribunal se limitó a realizar un examen parcial y aislado de los diversos elementos de convicción obrantes en la causa, sin integrarlos ni armonizarlos debidamente en el conjunto, defecto que lleva a desvirtuar la eficacia que, según las reglas de la sana crítica, corresponde a los distintos medios probatorios y deja al descubierto el fundamento sólo aparente de la sentencia (Disidencia del Dr. Eduardo Moliné O'Connor).
Sociedad anónima, modificación del contrato social, plazo, derecho de receso
Materia: COMERCIAL
Carátula: OKRETICH, R. c/ EDITORIAL ATLANTIDA SOCIEDAD ANONIMA. s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-14

1. A la luz de la previsión de prórroga del contrato social que determina la posibilidad cierta de la extensión del plazo de duración de la sociedad, operada merced a decisión asamblearia, no cabe otra solución que admitir la imposibilidad del accionista de receder, por quedar constreñido no solamente por la norma contractual, sino además, a la ineludible voluntad mayoritaria.

2. El accionista, al incorporarse al ente societario conocía la existencia de la norma contractual que posibilitaba la prórroga de la vida societaria, y frente a tal supuesto, al ingresar al ente por su propia voluntad quedó privado para el futuro del ejercicio del derecho de receder en el supuesto de prórroga, pues si bien es cierto que el receso es considerado como de orden público por buena parte de la doctrina, de donde se derivaría la nulidad de toda renuncia abstracta y genérica previa, no es menos cierto que también puede afirmarse que es válida la previsión estatutaria respecto de una determinada y precisa reforma del estatuto. Si la modificación prevista se concreta, el accionista no podría receder pues habría querido y aceptado de antemano el estatuto que contiene la previsión de la hipótesis de modificación.

3. Admitir lo contrario significaría una actitud dual del accionista que de tal modo actuaría contradictoriamente admitiendo en un principio la posibilidad concreta de prórroga, y ante el acaecimiento del hecho, rechazaría lo que habría admitido a través de su receso.

4. Consecuentemente, la separación del accionista deviene impropia ante la deliberada y primigenia asunción del probable riesgo que insumiría la prolongación de la vida del ente.
Interpretación de la ley, aportes previsionales, obligaciones del trabajador, principio de solidaridad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ACOSTA, RICARDO AMERICO c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-02

La finalidad del art. 25 de la ley 18.037 es que el trabajador se convierta en custodio del cumplimiento de la obligación del empleador de retener los pertinentes aportes. Se trata de una disposición fundada en la solidaridad social, que lejos de tender a coartar los derechos de los afiliados, pretende que ellos sean partícipes del correcto financiamiento del sistema.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, falta de cita legal
Materia: PENAL
Carátula: Valor, Víctor Hugo s/ Violación. Robo calificado. Privación ilegal de la libertad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-06-27

Es insuficiente el agravio en el que se cuestiona la fuerza probatoria de los testimonios invocados por la Cámara si no se relacionan sus críticas con la norma legal pertinente (art. 251 del C.P.P.).
Silencio de la administración, amparo por mora
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Perdigón, Olga Elena c/ Dirección de Medicina Asistencia y/o Ministerio de Salud de la Provincia s/ Acción de Amparo por Mora de la Administración
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2008-09-24

El silencio no es más que una ficción legal que, cuando el ordenamiento jurídico lo prevé, juega como negativa tácita otorgada a favor del administrado, del que nace un derecho subjetivo y correlativamente la obligación de la administración de resolver en forma expresa las peticiones efectuadas por parte interesada en un expediente administrativo. El mecanismo que ha puesto el orden jurídico a disposición del administrado para el ejercicio de este derecho, en cuanto puede solicitar un pronunciamiento expreso de la administración, es el amparo por mora.

En el caso, el administrado no ha optado por asignarle sentido al silencio administrativo para agotar la vía que le habilite la instancia jurisdiccional mediante la articulación de las acciones contencioso administrativas, sino que ha optado por otro procedimiento que le brinda el ordenamiento jurídico, la acción de amparo por mora de la administración.

En tal sentido deben entenderse encaminadas las sucesivas peticiones de la accionante, tendientes a lograr un pronunciamiento expreso de la administración, sin que hasta la fecha de interposición de la demanda - 01/11/07- y presentación de la accionada -23/05/08-, medie decisión alguna.

En consecuencia, configurada una situación objetiva de demora administrativa en cumplir el deber concreto de emitir resolución acerca de lo requerido por parte interesada -solicitud de traslado- debe ordenarse el pronto despacho de las actuaciones administrativas, en el plazo previsto en el art.13, inc.e) de la ley de rito, con imposición de costas a la accionada, todo ello de conformidad a lo establecido por los arts. 2; 10 y concordantes de la Ley 4795.
Juicio político, Estado Provincial, recurso extraordinario, autonomía provincial, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: FISCAL DE ESTADO DR.LUIS MAGIN SUAREZ s/ FORMULA  DENUNCIA  -  SOLICITA  JURADO  DE  ENJUICIAMIENTO  ,  Y  SUS  ACUMULADOS  (JUICIO  POLITICO  A LOS MIEMBROS DE LA CORTE DE JUSTICIA  DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN )
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-29

La intervención de la Corte federal por vía del recurso extraordinario interpuesto contra la decisión de la Sala Juzgadora de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de San Juan que destituyó a los integrantes de la Corte de Justicia de la Provincia y al Procurador General, inhabilitándolos para desempeñar cargos oficiales, no avasalla las autonomías provinciales, sino que procura la perfección de su funcionamiento, asegurando el acatamiento de aquellos principios superiores que las provincias han acordado respetar al concurrir al establecimiento de la Constitución Nacional.
Daño moral, privación del uso del automotor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MARTINEZ AIRALDI JOSE c/ GOMEZ SIERRA ANA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1994-05-31

La sola privación del uso de un automotor constituye de por sí un daño resarcible, sin que obste a ello la falta o insuficiencia de prueba al respecto.
Ejecución de sentencia penal, sentencia firme, deberes del juez, juez de ejecución, nulidad procesal
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: BARRIONUEVO, Rubén s/ nul. del comp. Causa nro. 27.351
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-23

Al encontrarse firme el pronunciamiento el "a quo" debió haber dado intervención al Señor Juez de Ejecución Penal, conforme lo establece el artículo 493 del Código Procesal Penal de la Nación, bajo cuya jurisdicción debió controlarse el cumplimiento de la sentencia condenatoria, en atención a la modificación de competencia allí establecida y cuya aplicación debe ser inmediata. En consecuencia, debió ser ese Tribunal quien resolviera en el sentido que lo hiciera el magistrado de grado, de donde se sigue que la substanciación del presente resulta nulo por violación a las leyes que expresamente regulan la competencia.
Sobreseimiento, defraudación, administración fraudulenta, prueba pendiente
Materia: PENAL
Carátula: PASCUTTI, Miguel Angel. s/ SOBRESEIMIENTO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-06-12

Es prematuro dictar el sobreseimiento del imputado por el delito de defraudación por administración fraudulenta cuando éste conserva en su poder documentación contable que no fue materia de estudio en el peritaje contable, no siendo obstáculo para continuar la investigación que el Ministerio Público haya postulado el sobreseimiento habida cuenta que, previamente, requirió la instrucción del sumario y solicitó la declaración indagatoria del imputado.
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, improcedencia del recurso, valor cuestionado en último término, redargución de falsedad, rendición de cuentas
Materia: PROCESAL
Carátula: José Minetti y Cia. Ltda. S.A.C.E.I. c/ Estado Nacional s/ ordinario - inc. de redargución de falsedad - inc. de apel. art. 250 C.P.C.C.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-12-27

El requisito de que "el valor disputado en último término" o "monto del agravio"- sin sus accesorios- excede el mínimo legal a la fecha de interponer el recurso ordinario de apelación, excluye la competencia apelada de la Corte en los juicios carentes de contenido patrimonial, situación que se configura cuando se trata de un incidente destinado exclusivamente a destruir la eficacia de un instrumento público ofrecido como elemento de prueba, en el marco de un proceso principal por rendición de cuentas.
Cuestiones de competencia, competencia por la materia, establecimientos penitenciarios, competencia federal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: " N. N. s/ .
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-24

En principio- es competente este fuero de excepción para intervenir en la investigación de hechos que han sido cometidos desde establecimientos penitenciarios federales y respecto de los cuales no se puede descartar que hayan afectado el normal desempeño de la institución nacional involucrada (Conf. CSJN; Competencia n° 739, XLI, "HANSELMANN, Eduardo s/ privación ilegal de la libertad", del 29/11/05; Competencia n° 924, XLII, "MANGONE; Gustavo s/ extorsión", del 24/10/06).
Derecho civil, acción reivindicatoria, legitimación pasiva
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: RÍOS, LETICIA MIRTA Y OTRO c/ RAMOS, SILVIO RAMÓN s/ ORDINARIO -ACCIÓN REIVINDICATORIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2022-03-07

En los juicios de reivindicación, el art. 2255 CCC determina las personas que son legitimados pasivos de la acción. A raíz de tal disposición, si el tenedor no indica quién es el poseedor, la sentencia no hace cosa juzgada contra este último. Ello resulta de toda lógica puesto que el eventual poseedor que no ha sido parte en el juicio, no puede ser alcanzado por los efectos de la cosa juzgada.
Despido del delegado gremial, injuria laboral, indemnización por despido
Materia: LABORAL
Carátula: LLAVER, RICARDO O. c/ EMPRESA QUIMICA ESTRELLA SAIC. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-04-26

Si el empleador despidió al delegado gremial invocando la existencia de una injuria laboral sin requerir previamente resolución del tribunal nacional de relaciones profesionales, resulta nula su decisión (artículo 57 ley 20615); por lo que si el trabajador, en una opción convalidante de la eficacia rescisoria de la denuncia, reclama indemnizaciones legales corresponde su pago sin que proceda oír a la patronal sobre la posible existencia de hechos configurativos del despido con causa.
Principio de congruencia, defensa en juicio
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: D., E. E. y otro c/ CONSORCIO DE PROP. EDIF. "L. T." s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-11-02

"La máxima iura novit curia no puede ser entendida como una herramienta que habilite a los jueces a soslayar el relato de los hechos vertidos por cada una de las partes en sus respectivos escritos, ya que de lo contrario se podría en grave riesgo el respeto a la congruencia, con la consecuente afectación al derecho de defensa en juicio de raigambre constitucional, pues las partes no sabrían de qué defenderse".
Infracciones aduaneras, importaciones, exenciones impositivas, IVA, transporte marítimo, reserva de cargas, buque de bandera nacional, flete
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: AGRONORTE  S.A.C.I.F. c/ MINISTERIO DE OBRAS Y SERV. PUB. -SEC. MARINA MERCANTE- s/ RECURSO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-02-14

Las importaciones que gozan de la exención tributaria dispuesta por la ley 20.631, no subordinada a un previo acogimiento voluntario, están comprendidas en la reserva de cargas del art. 4 de la ley 18.250, sin que valga como circunstancia exculpatoria para el infractor que a éste convenga pagar el impuesto en lugar del flete en buque de banndera nacional.'
Obligaciones del empleador, buena fe, obligaciones del trabajador, rendición de cuentas, costumbre
Materia: LABORAL
Carátula: JEREZ, ENRIQUE ORLANDO c/ TRANSPORTE SOL DE MAYO  C.I.S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-08-27

En principio, toda persona que gestiona fondos ajenos está sujeta a la obligación de rendir cuentas. En el caso de los colectiveros, es costumbre generalizada que la rendición de cuentas tenga lugar al fin de cada jornada. A su vez, la habilitación de un rubro especial en el programa de liquidación de haberes para los reintegros faltantes sugiere una cierta tolerancia inspirada en el deseo de facilitar a tales trabajadores, la disposición de dinero en épocas lejanas a las de pago. Tal situación no puede alterarse abruptamente por la empleadora contrariando el deber de buena fe y modificando conductas que sus dependientes podrán razonablemente considerar destinadas a perdurar.
Empleados de banco, aplicación de la ley, ley laboral, retroactividad de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: Anglada, Alfonso c/ Banco Patagónico S.A. (hoy su quiebra) s/ Cobro de indemnizaciones
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-06-28

Transgrede el art. 3 del Código Civil el fallo que aplica disposiciones normativas derogadas (leyes 12.637 y 18.598) a situaciones jurídicas producidas con posterioridad a la vigencia de la ley 22.425.
Indemnización tarifada, actualización monetaria
Materia: LABORAL
Carátula: Escobar, Ignacio c/ Maseris y Cía. S.C.A. s/ Accidente de trabajo Samuel, Pablo Guillermo c/ Pietracatella y Cía. SCC s/ Indem. por accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-12-27|2002-09-18

Para determinar el cálculo del salario promedio diario anual, conforme el art. 11 de la ley 9688, se deben computar los salarios correspondientes al trabajo efectivo debidamente actualizados.
Tarjeta de crédito, preparación de la vía ejecutiva, cuenta corriente bancaria, certificado de saldo deudor, juicio ejecutivo
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Banco Francés S.A. c/ Sotelo, Selva Ofelia s/ Juicio Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2000-08-15

La normativa invocada por la recurrente (art. 42 ley 25065), niega el proceder referido al decir que "los saldos de tarjetas de créditos existentes en cuentas corrientes abierta a ese fin exclusivo, no serán susceptibles de cobro ejecutivo directo. Regirá para su cobro la preparación de la vía ejecutiva prescripta en los arts.38 y 39 de la presente ley (art.42, ley 25065). Esta norma recoge de tal modo la inviabilidad de la ejecución de saldos deudores de cuenta corriente generados por la apertura de la cuenta al único efecto de debitar una deuda del cliente del banco, afirmada por la jurisprudencia y la doctrina. Antecedente que se complementa con la reforma del art.793 del Código de Comercio, mediante la ley 24452
Cuestiones de competencia, facultades del juez
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Yñiguez, Samuel Andrés s/ competencia. Causa: 439
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-15

El órgano jurisdiccional llamado a decidir, se encuentra facultado para declarar la competencia del juez que realmente la tenga aunque el mismo no haya intervenido en la contienda.
Infracciones laborales, facultades del juez, multa procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: ZAPATA, CARLOS ALBERTO c/ BALWINA  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-22

La circunstancia de que el trabajador haya solicitado la entrega de los certificados respectivos al iniciar la demanda, no obliga a imponer la multa por falta de cumplimiento desde dicho momento, en virtud de ser ésta una facultad privativa del judicante, que sólo hace una vez acontecido el incumplimiento a un deber jurídico impuesto en una resolución judicial.
Recurso de inconstitucionalidad, inadmisibilidad del recurso, gravamen actual, regulación de honorarios, sentencia, falta de imposición de costas, ley procesal, interpretación de la ley, costas en el orden causado
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Martín, Raul y otros c/ Molinos Juan Semino S.A. s/ Recurso de Inconstitucionalidad- Demanda Laboral (Expte.: C.S.J. Nro.  104 año 2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-12-11

Corresponde rectificar la oportuna decisión de esta Corte y declarar inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto desde que las regulaciones de honorarios por cuestiones incidentales impugnadas no configuran para el recurrente un agravio concreto, actual y eficaz. En efecto, en ninguno de los tres incidentes, planteados en la etapa probatoria del proceso, los jueces de la causa le impusieron a la actora las costas en tanto, más allá del carácter de ganancioso o perdidoso que pudiera ostentar en esas cuestiones, autónomas de la condena por los gastos del proceso recaída en el principal, siempre operó el silencio como respuesta jurisdiccional a ese extremo. En consecuencia y por aplicación de la consabida regla procesal de que cuando una resolución nada dice sobre la condena en costas, se entiende que aquellas se imponen en el orden causado. En otras palabras, la postulación de la apelante siempre giró sobre el eje de una condena causídica que -como ya se dijo- no le fue impuesta. Y, precisamente, esta última circunstancia es la que resta andamiaje al agravio de la recurrente tendente, en esencia, a lograr la disminución de los emolumentos profesionales -que, a su juicio, debía afrontar- con base en la creación pretoriana de los sub-incidentes.
Excepciones procesales, ejecución de sentencia, defecto legal
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - PROCESAL
Carátula: VON FEHLEISEN, CELESTINO c/ A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-17

No corresponde acoger la excepción previa de defecto legal en un proceso de ejecución de sentencia, por no encontrarse contemplada entre las que enumera el art. 506 del C.P.C.C.
Constitución Provincial, control de constitucionalidad, Superior Tribunal de Justicia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Muñoz, Victor Hugo s/ Acción de Inconstitucionalidad (Ley 2972/96) Arnstedt, Berta Gretchen s/ Acción de Inconstitucionalidad (Ley 2972/96) Tuda, Ana María s/ Acción de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1997-04-09|1997-04-09|1997-09-04

Con arreglo a lo dispuesto en el art. 139 inc. 17 de la Norma Fundamental rionegrina, las normas dictadas por la Legislatura reconocen las limitaciones que resulten de aquella y que "...deben ajustarse necesariamente a la orientación y los principios contenidos en esta Constitución", y el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, en tanto intérprete natural final de esos dispositivos, se encuentra autorizado a examinar la constitucionalidad de las leyes locales (arts. 196 y 207 inc. 1 de la Constitución Provincial).
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio, proceso penal, prescripción, acción penal, equidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Barra, Roberto Eugenio Tomás s/ defraudación por administración fraudulenta
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-09

Si bien es imperativo satisfacer el derecho que tiene toda persona a liberarse del estado de sospecha que importa la acusación de haber cometido un delito, mediante una sentencia que establezca, de una vez para siempre, su situación frente a la ley penal, también lo es el de los integrantes de la sociedad a ver protegidos sus derechos individuales consagrados de igual manera en la Constitución Nacional. Consecuentemente, de la tensión entre tales principios igualmente válidos, corresponde hacer prevalecer aquel que merezca mayor protección, ponderando en cada caso en particular los valores en juego con base a la equidad (Voto del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).