marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Derechos de autor, propiedad intelectual, reproducción de fonogramas, cobro de aranceles, lugar público
Materia: CIVIL
Carátula: AADI CAPIF ASOCIACION CIVIL RECAUDADORA c/ B., F. s/ SUMARIO s/CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-07-13

Este derecho de los intérpretes y productores de fonogramas a gozar de una remuneración por la utilización o comunicación al público de fonogramas con fines comerciales es también reconocido por varios tratados internacionales, los que han sido incorporados a la legislación de nuestro país. Es evidente que de esas normas emerge el derecho de intérpretes y productores de fonogramas a obtener por intermedio de AADI.- CAPIF., una retribución por la utilización o ejecución pública de interpretaciones musicales y/o fonogramas. Es decir, que una de las primeras condiciones que requiere la norma es que la ejecución sea pública.
Querella, retractación, recurso de apelación (procesal)
Materia: CIVIL
Carátula: Giordani, Adolfo Martín c/ Saadi, Marcos Efraín s/ Reparación de daño moral
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1999-02-11

A pesar de que concretamente no se cuestiona por el presente recurso las razones de fondo que el decisorio apelado exhibe para acoger la demanda, y que la improponibilidad de esta última -según el accionado- deviene solamente por el óbice que representa la inmunidad parlamentaria -carácter de legislador del demandado- para ser objeto de demandas de esta jaez, lo cierto es que el antecedente probatorio invocado en la especie, esto es la causa penal en la cual el querellado se retractó y por ello el Tribunal interviniente dictó su sobreseimiento, no sólo es apto para determinar los extremos de la responsabilidad civil endilgada, sino también, en lo que al planteo presente interesa, la diversidad de conducta asumida por el apelante, es decir, existe una imposibilidad de conciliar la circunstancia por la cual el accionado hubo de concurrir expresamente a la citación del Tribunal tramitante de la querella e incluso formula su retractación y luego aquí, a pesar de tratarse del mismo hecho generador de ambos procesos, invoque inmunidades legislativas. Esto último implica venir contra los propios actos. En consecuencia, se resuelve rechazar el recurso de apelación incoado por la parte demandada.
Sentencia, fundamentación de sentencias
Materia: PROCESAL
Carátula: Benzadon, Héctor C. s/ ley 23.771.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-08-06

La exigencia de que los fallos judiciales tengan fundamentos serios, reconoce raíz constitucional y tiene, como contenido concreto, el imperativo de que la decisión se conforme a la ley y a los principios propios de la doctrina y de la jurisprudencia vinculados con la especie a decidir.
Comodato, restitución del inmueble
Materia: CIVIL
Carátula: P., C. c/ A., M. s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-03-01

"Cuando el comodante pide la restitución de la cosa en los términos del Art. 2285 del Código Civil, la condena de desalojo se equipara al supuesto de vencimiento de plazo, según lo prescribe el Art. 686, inc. 1 del CPCCCh, no siendo procedente extender el plazo de desocupación pues sería tanto como desnaturalizar la norma de fondo".
Competencia, contenido de la demanda, exposición de los hechos
Materia: CIVIL
Carátula: F., J. C.  c/ A. A. S.A. y otro  s/ cumplimiento de contrato
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-09

La determinación de la competencia comprende principalmente el análisis preliminar del contenido y naturaleza de la pretensión deducida, desde un ángulo de mira objetivo, haciendo mérito de la naturaleza de la relación jurídica sustancial esgrimida, en base a los hechos expuestos en la demanda y, en su caso, de acuerdo con el encuadre normativo acordado a la acción por el actor.
Daños y perjuicios, poder de policía, control sanitario
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Friar S.A. c/ Estado Nacional - Ministerio de Economía Obras y Servicios Públicos - Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y S.E.N.A.S.A. s/ daños y perjuicios (ordinario).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-09-26

Corresponde rechazar la demanda de daños y perjuicios que se limita a atribuir responsabilidad a los demandados que -según sostiene- no han ejercido correctamente el poder de policía sanitario que les competía, sin especificar cuáles eran las medidas que, de haber sido adoptadas, hubieran evitado los perjuicios (Disidencia parcial de las Dras. Elena I. Highton de Nolasco y Carmen M. Argibay).
Principios procesales, buena fe, doctrina de los actos propios
Materia: PROCESAL
Carátula: P., E.C. y Otros c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-12-17

"La ausencia de protesta por parte de la Administración frente a una situación dada, prueba solamente que ella quiere tolerar por el momento; no se puede extraer la conclusión de que la acepta para siempre".
Medicina prepaga, daño moral
Materia: CIVIL
Carátula: B. M. O. y Otros c/ OMINT ARGENTINA S.A. DE SERVICIOS s/ Incumplim. de Prest. de Obra Soc./ Med. Prepaga
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-04-11

Entiendo que las molestias que pudiera haber padecido la actora con motivo de verse obligada a interponer dos intimaciones administrativas, no son, en esencia, diferentes a las que debe soportar una de las partes del contrato ante la inejecución de las obligaciones de la otra que llevan a ocurrir ante los tribunales para dirimir un entuerto (conf. esta Sala, causa "Vargas de Braña" del 11.11.99, entre otras). En el ámbito contractual, se ha señalado que la reparación del agravio moral tiene carácter restrictivo, sin que pueda sustentarse en cualquier molestia causada por la insatisfacción de obligaciones contractuales (conf. Cámara Nacional Comercial, Sala B, 14/03/83 "CILAM c/ IKA Renault"). Sobre tales bases, no hallo circunstancias razonablemente idóneas y motivos suficientes para el resarcimiento del daño moral, que superen evidentemente lo que serían las meras molestias, inquietudes o perturbaciones propias de cualquier contingencia provocada por tener que acudir a una vía judicial. En consecuencia, corresponde confirmar lo resuelto por el "a quo" con relación a la desestimación del resarcimiento del daño moral.
Accidente de tránsito, daños y perjuicios, privación del uso del automotor
Materia: CIVIL
Carátula: Espósito, Francisco c/ Pizzuti, Alberto y otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-09-06

El monto en cuestión se ha de calcular "tomando como base el interés que produciría el capital consistente en el valor del automotor, durante el período en que se materializó la privación".
Interpretación de la ley, exceso ritual manifiesto
Materia: CIVIL - PROCESAL
Carátula: DNRP. c/ Laminadora Argentina  SA . s/ Ejecución fiscal
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-03

Debe rastrearse el espíritu que informa las leyes, en procura de una aplicación racional que avente el riesgo de un formulismo disvalioso frente a lo que las normas han querido jurídicamente mandar, más allá del sentido estricto de sus términos.
Interpretación de la ley, cuestión de derecho público local, multa tributaria, Ministerio Público Fiscal, recursos, conflicto de intereses
Materia: COMERCIAL-TRIBUTARIO
Carátula: Valot SA  c/ AGIP - DGR s/ impugnación actos administrativos s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-15

Corresponde rechazar la queja de la parte actora en lo relativo al cuestionamiento de las multas e intereses por omisión de ingresar el impuesto, en tanto los agravios expuestos no logran evidenciar una cuestión constitucional. Sin perjuicio de ello deberá tenerse en cuenta que el cálculo de multas e intereses se hará respecto al impuesto omitido, de conformidad con lo señalado en cuanto a la imposibilidad de discriminar la alícuota según la radicación del establecimiento del contribuyente. (Del voto de la juez Inés M. Weinberg).
Sistema acusatorio, deber de imparcialidad
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Arroyo, Adrián Francisco. c/  s/ Art. 129, parr. 1, exhibiciones obscenas, CP (p/L 2303) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-08-12

Cuando el art. 210 CPP establece, en su segundo párrafo, que el legajo también debe contener las actuaciones que se acordó incorporar al debate, se está refiriendo a aquellas constancias que las partes consintieron de manera expresa sean incluidas en el legajo.

Ésta es la interpretación del art. 210 CPP que resulta más ajustada a un vasto plexo de reglas procesales contenidas en dicho cuerpo y el sentido mismo tanto del principio acusatorio como de la garantía de imparcialidad: dichas normas limitan fuertemente la actuación del juez del debate para reforzar el sistema adversarial y, a la vez, la imparcialidad del juzgador.

En esa línea, el régimen procesal impone a las partes y no al tribunal la notificación de los testigos, peritos, interpretes y demas personas que deban concurrir al juicio (art. 213); impide al juez interrogar al imputado (art. 233), a los peritos o interpretes (art. 235) y a los testigos (art. 236) y, por supuesto, le prohibe reabrir el debate aunque considere que las pruebas reunidas son insuficientes (art. 247).

De admitirse la legitimidad de la remision del legajo tal como lo requiere la jueza de juicio, pierde todo sentido la norma procesal que dispone que el/la Juez/a que entendera en el juicio. sea uno distinto al que intervino durante la etapa de investigacion (art. 210 CPP).

En el subjudice sólo hubo acuerdo de las partes para que se remitieran el requerimiento de juicio y el acta de la audiencia del art. 210 del CPPCABA.

Por lo demás, se evita de ese modo que el juez tenga la posibilidad de conocer por adelantado los elementos incriminantes aportados por los acusadores, quienes podrán hacerlo en el debate, pero en presencia de su contradictor y será recién allí cuando el juez podrá apreciar su valor probatorio (del voto conjunto de las Sras. Juezas Ruiz y Weinberg).
Escritos judiciales, recurso de casación, falta de firma, improcedencia del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Saker, Lidia Griselda s/ recurso de casación". Causa n. : 1344.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-04-13

Debido a que el recurso interpuesto no se encuentra firmado por el pretenso querellante, ni tampoco por persona con la debida representación para hacerlo (arts. 83 y 438 del C.P.P.N.). En tal sentido, la omisión de la firma de quien debía presentar el escrito no puede ser suplida por la del letrado patrocinante que no ejercía su representación, puesto que cabe reputar a dicho acto como inexistente e insusceptible de convalidación posterior.
Leyes, aplicación de la ley, retroactividad de la ley
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Caseras, Freddy y otros c/ Transporte Av. Bernardo Ader s/ Daños y perjuicios García Rey, María del Rosario c/ Galletti, Norberto Oscar y otros s/ Demanda nulidad de testamento y redargución de falsedad Domínguez, Demetrio y otra c/ Balcaza, Claudio Joaquín s/ Daños y perjuicios y beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-02-19|2003-11-18|2004-04-14

El art. 3 del Código Civil establece que las leyes valen a partir de su entrada en vigencia aún para las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, es decir que consagra el principio de la aplicación inmediata de la legislación nueva que rige para los hechos que están "in fieri" o en curso de desarrollo al tiempo de su sanción. No resulta invocable, pues, respecto de hechos consumados con anterioridad a su vigencia.
Terceros, nulidad del acto jurídico, simulación
Materia: CIVIL
Carátula: Sausa, Raúl Osvaldo c/ Arriaga, Darío Alberto y otro s/ Nulidad por simulación
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2012-04-27

Los terceros tienen acción para reclamar la nulidad, cuando el acto aparente vulnera un derecho subjetivo o amenaza su violación, y además "el interés legítimo debe ser actual", y es siempre necesario demostrar la posibilidad concreta y, no una mera probabilidad conjetural o remota, de que el negocio aparente le traerá perjuicios al reclamante.
Honorarios del abogado, litisconsorcio
Materia: PROCESAL
Carátula: Jara, Adelia Carmen c/ Instituto de Asistencia Social s/ Juicio Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-10-04

Cuando se fijan los honorarios de los letrados que actuaron en el caso de existir litisconsorcio, en principio no es necesario que se exprese cuál es el interés de cada litisconsorte, aunque es indispensable tenerlo en mira para determinar el importe que corresponde a cada profesional.
Responsabilidad del Estado, legítima confianza
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Iberargen S.A. c/ Instituto Provincial de Lotería y Casinos s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-12-01

Con respecto a la violación del principio de la legítima confianza cabe precisar que el mismo supone que el Estado ha de cumplir con las obligaciones a su cargo y que no dañará los intereses de sus habitantes. Si bien ello no constituye un derecho subjetivo, sí constituye una expectativa, un interés que genera en el particular una "confianza legítima".
Embargo, buques
Materia: CIVIL
Carátula: "Costa Brava S.R.L. c/ SAGIP Y A -DISP 645/06 (Expte 805624/93)".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-07

La finalidad del embargo es generar la indisponibilidad jurídica de la cosa sobre la cual recae pero en materia de buques dicha medida no constituye una real garantía para el eventual acreedor si no es complementada por la interdicción de salida o detención del buque, medida que determina su indisponibilidad física, substrayéndolo así a los riesgos de la navegación (Montiel, Luis Beltrán "Curso de derecho de la navegación", Ed. Astrea, Bs.As., 1979, pág. 107/108) y a posibles siniestros, evitándose que se contraigan nuevos créditos privilegiados (Cám. Fed. Civ. y Com., Sala I, "Rua Remolcadores Unidos S.A. c/ Chiarpesca S.A. s/ cobro de asistencia y salvamento", 6/9/95) (Cons. 7).
Convenios colectivos de trabajo, interpretación del convenio colectivo
Materia: LABORAL
Carátula: Tursi, Vicente c/ Banco de la Nación Argentina. s/ Recurso extraordinario federal
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-24

En materia de interpretación de los convenios colectivos, debe computarse la totalidad de los preceptos en juego de manera armónica, en procura de una aplicación racional de suerte que no se admitan soluciones injustas que prescindan de las consecuencias que se derivan de cada criterio particular.
Títulos ejecutivos, certificado de deuda
Materia: PROCESAL
Carátula: Obra  Social  para  la  Actividad  Docente  (OSPLAD) c/ San Luis,Provincia de s/ ejecución fiscal.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-11

Las leyes en general incluyen en la categoría de títulos ejecutivos a las certificaciones de deuda; si bien la ley procesal no especifica los recaudos básicos que deben reunir tales instrumentos, resulta necesario que sean expedidos en forma que permitan identificar con nitidez las circunstancias que justifican el reclamo por la vía elegida.
Diligencias preliminares, títulos de deuda pública, astreintes, régimen de consolidación de deudas
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Sanatorio 9 de Julio S.A. y Otros UTE y Otros c/ Poder Ejecutivo Nacional y Otro s/ Diligencia preliminar
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-04-05

La actora inició las diligencias preliminares con el objeto de obtener un informe circunstanciado del estado en que se encontraba el expediente administrativo, si la deuda había sido reconocida y auditada y cuál era su importe exacto, cuándo y cómo se pagaría, con qué título de la deuda pública y si existían bonos suficientes para atenderla en forma inmediata. Sin embargo, una vez producidos los informes y ante la supuesta prolongación indefinida de los trámites tendientes a la cancelación de los créditos, solicitó que se fijara un plazo al INSSJP y al Estado Nacional para que resolvieran definitivamente el expediente de cobro y se procediera a la entrega de los títulos públicos que correspondan según la legislación aplicable y que, vencido el plazo, se aplicara una multa en concepto de astreintes. Y, aun cuando el INSSJP opuso la improcedencia de dichos planteos con fundamento en lo dispuesto por normas de orden público, el tribunal confirmó el plazo de sesenta días así como la imposición de astreintes dispuestos en primera instancia, refiriéndose en forma genérica al prolongado tiempo que insumió la tramitación del expediente administrativo y a la finalidad de las sanciones conminatorias. Al resolver de este modo, el a quo no tuvo en cuenta, en primer lugar que la pretensión constituía un manifiesto apartamiento del objeto originario de las diligencias preliminares, ni que la condena a la demandada a efectuar el pago en el plazo de sesenta días requería el inicio de un proceso de conocimiento (art. 323 y conc. CPCCN). En segundo lugar, omitió considerar que, cuando una obligación queda comprendida en el régimen de consolidación de deudas, se produce la novación de la obligación original y de cualquiera de sus accesorios, razón por la cual sólo subsisten para el acreedor los derechos derivados de la consolidación que la misma ley establece, circunstancia que impone que el interesado se someta a las disposiciones de la ley y a los mecanismos administrativos previstos en ella y su reglamentación, a fin de percibir los créditos que le son reconocidos (Fallos: 322:1341; 329:4309).
Taxistas, relación de dependencia, remuneración, sueldo anual complementario
Materia: LABORAL
Carátula: AHMED, ANGEL c/ FERNANDEZ, CELIA s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-13

Los conductores de taxímetros dependientes son retribuidos con un porcentaje de la recaudación bruta que oscila entre el 30% y el 35%, que retienen diariamente al rendir cuentas. Tal sistema de cobro de la remuneración excluye la posibilidad de que se acumule deuda salarial alguna, como así también el pago separado del aguinaldo. Esta retribución es un típico salario diferido, que se adquiere con cada prestación laboral y que el empleador retiene al pagar la remuneración normal, mecánica que no tiene andamiento en el peculiar modus operandi de la actividad, en la que el propietario del vehículo no paga materialmente el salario, sino que recibe el saldo de la recaudación una vez descontada por el propio conductor de su remuneración. (Del voto del Dr. Morando, en minoría).
Privación ilegal de la libertad con abuso de funciones, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes del funcionario público, concurso ideal, autoridad de prevención, procedimiento policial, extraña jurisdicción, personal policial
Materia: PENAL
Carátula: RABAIA, C. s/ POLICIA    PRIVACION ILEGITIMA LIBERTAD   INCUMPLIMIENTO DEBERES FUNCIONARIO PUBLICO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-19

"Contrariamente a lo que sostienen mis distinguidos colegas entiendo que los elementos que se encuentran allegados al presente proceso permiten considerar por semi plena prueba que H.R.F. y J.R S. resultan responsables del ilícito tipificado en el inc. 1 del art. 144 bis del Código Penal en concurso ideal con el contemplado en el art. 248 del mismo cuerpo legal. En efecto, los mencionados funcionarios policiales detuvieron a C.E.R. fuera de su jurisdicción sin contar con la orden de captura del juez competente que en el caso resultaba ser el Juez de Rogatorias de la Capital Federal. La detención por parte de la autoridad prevencional policial no fue concretada en las circunstancias excepcionales que figuran en el art. 8 de la ley 20.711 en el que se prevé que los funcionarios policiales que persiguieran desde su territorio y sin solución de continuidad a un imputado, condenado o autor flagrante de delito que se internara en territorio de la otra parte podrán continuar la persecución y proceder a su detención cuando la policía local se encontrara materialmente imposibilitada dada la celeridad de los hechos. Por todo lo expuesto propongo se decrete la medida cautelar que prevé el art. 366 del Código de procedimientos en Materia Penal por encontrar reunida la semi plena prueba como para considerar autores a los encartados de los delitos de privación ilegítima de libertad agravada (art. 144 bis del Código Penal) en concurso ideal con el de incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 248 del cuerpo de leyes citado)".
Regulación de honorarios, monto del juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: CANAVERI, GONZALO I. c/ METROPOL COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS  S.A. s/ HONORARIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-17

En los casos en que la pretensión actora progresa sólo en una mínima parte, la regulación de honorarios de los peritos se debe realizar sobre el monto de sentencia, argumento que debe también extenderse a los honorarios fijados a la parte demandada.
Sentencia firme, cosa juzgada, seguridad jurídica
Materia: PROCESAL
Carátula: N., C. c/ C. A. d. A. s/ Ordinario por Nulidad de Proceso
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-06-01

La Corte Federal ha dicho que la cosa juzgada constituye uno de los principios esenciales en que se funda la seguridad jurídica y debe respetarse salvo los supuestos en que no haya existido un auténtico y verdadero proceso judicial, puesto que aquella supone la existencia de un juicio regular donde se ha garantizado el contradictorio y fallado libremente los jueces.
Responsabilidad contractual, cláusula penal, actualización monetaria
Materia: CIVIL
Carátula: PEREZ GRACIELA BEATRIZ c/ FERNANDEZ RAUL Y OTRO s/ RESOLUCION DE CONTRATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-01

Si conforme al boleto de compraventa la adquirente tenía la opción entre pedir el cumplimiento del contrato con más los daños y perjuicios, o resolver el mismo con más la cláusula penal pactada, el derecho a exigir esta última recién nace al hacer uso la parte cumplidora de la opción que le confería el convenio, pues hasta entonces el incumplidor no tenía la posibilidad jurídica de satisfacer los daños conformes a esta última alternativa, ya que era necesaria una manifestación de voluntad en tal sentido, por parte del acreedor. Si bien la mora en el cumplimiento del contrato dio derecho a la compradora a optar entre el cumplimiento o la resolución, en ambos casos, con más los daños y perjuicios, dado que éstos últimos estaban representados por el monto de la pena, que libremente pactaron las partes (art. 1197 del Código Civil) para el caso de la resolución, para que proceda su revalorización por la depreciación monetaria, es preciso constituir en mora al deudor (art. 509, segundo párrafo del Cód. cit. y C.N.Civ. en Pleno "La Amistad S.R.L. c/ Iriarte s/ cobro de pesos", E.D.74-463)
Lucro cesante, accidente de tránsito, privación del uso del automotor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Previsión y Ayuda Mutua Sos.Coop.de Seguros Ltda. c/ Arredondo Raúl A. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-04-28

Cuando para resarcir el lucro cesante se deduce del flete bruto que producía el camión dañado los gastos de explotación del vehículo, la cantidad resultante no significa que se la reconozca como ganancia neta pues con ella deberán cubrirse también los costos fijos de la empresa y propios de ella, deducido los cuales, recién se arribará a la utilidad efectiva.