marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Daños y perjuicios, responsabilidad del Estado
Materia: CIVIL
Carátula: Establecimientos Americanos Gratry SA c/ Nacion Argentina s/ devolución de derechos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1938-03-18

Procede rechazar la demanda tendiente a obtener la devolución de lo pagado por concepto del adicional del 10 %, sobre materia prima importada para cumplir un contrato de suministro celebrado con anterioridad a la fecha en que aquél fue creado, si ese riesgo no fue previsto en el contrato.
Ejecuciones especiales, prisión domiciliaria, remisión del expediente, dictamen fiscal, debido proceso, defensa en juicio, servicio penitenciario, diagnóstico médico, traslado de internos, faltas relacionadas con la higiene y la salud
Materia: PROCESAL
Carátula: Macagno, Lucas Ignacio c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-28

Corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa, anular la resolución recurrida -por la que se había denegado, por el momento, la detención domiciliaria del nombradoy devolver las actuaciones al a quo para que dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a los lineamientos aquí sentados. Ello así, por cuanto la decisión puesta en crisis se encuentra afectada por un vicio que la descalifica como acto jurisdiccional válido, ya que se incumplió con la vista al representante del Ministerio Público Fiscal ordenada por el art. 491, primer párrafo, del CPPN en el trámite de los incidentes de ejecución. Así, a fin de preservar las garantías del debido proceso y defensa en juicio corresponde declarar la nulidad del pronunciamiento traído a estudio (arts. 166 y 167, inc. 2°, del CPPN). Por otra parte, la resolución cuestionada carece de la fundamentación suficiente como para considerarla un acto judicial válido conforme lo normado por los arts. 123 y 404 inc. 2° del CPPN, al haberse omitido efectuar un análisis fundado de la situación médica de Macagno. A efectos de resolver de manera adecuada el planteo de la defensa, resulta indispensable contar con informes que ilustren de modo suficiente el estado de salud del nombrado, lo que no se avizora que se haya cumplido en el caso y pone de manifiesto que la decisión, en este punto, resulta arbitraria al no estar fundada en las constancias de la incidencia para decidir sobre el caso particular. Por último, teniendo en cuenta que Lucas Ignacio Macagno se encuentra actualmente detenido en la Comisaria Seccional 2da. de Posadas de la Policía de la Provincia de Misiones, corresponde encomendar al tribunal de la instancia anterior, con la urgencia del caso, que arbitre los medios necesarios tendientes al traslado del encartado a un establecimiento penitenciario que cumpla con las regulaciones correspondientes, dando cumplimiento y extremando las medidas de prevención, salud e higiene. Dres. Petrone, Barroetaveña y Figueroa.
Tribunales de familia, deberes del juez, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Torres, Alejandro Daniel s/ adopción.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-15

Queda totalmente desvirtuada la misión específica de los tribunales especializados en asuntos de familia si éstos se limitan a decidir problemas humanos mediante la aplicación de una suerte de fórmulas o modelos prefijados, desentendiéndose de las circunstancias del caso que la ley les manda concretamente valorar (Voto de la mayoría, al que no adhirieron los Dres.

Gustavo A. Bossert y Adolfo Roberto Vázquez).
Prescripción, plazo de gracia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fisco de la Provincia de Entre Ríos c/ S.A. Lusera CIA LTDA s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2005-09-14

La Dirección General de Rentas apela la sentencia que admitió la excepción de prescripción. El A-quo entendió que la demanda presentada en el plazo de gracia del artículo 121 del Cód. Procesal Civil y Comercial luego de vencido el quinquenal durante la feria judicial, carecía de efecto interrumptivo. Si bien sobre la cuestión esta Sala, en anteriores composiciones, sostuvo la posición invocada por el Juez de grado, el criterio debe ser revisado, atento lo resuelto en distintas oportunidades por la CSJN.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, despido
Materia: LABORAL
Carátula: Vazquez, Héctor Julio c/ Transportes Quirno Costa S.A.C.I. s/ Enfermedad accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-09-10

Interpretar la comunicación del despido es facultad privativa -en principio- de los jueces de la instancia ordinaria.
Tasas de interés, sentencia arbitraria, excesos u omisiones en el pronunciamiento, principio de congruencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Cammera de Cabañez, Eva Virginia c/ Multicanal y otros s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-26

Corresponde dejar sin efecto la sentencia si, pese a que la tasa de interés aplicada por el juez de primera instancia fue consentida por los interesados -al no verter agravios sobre el punto en su apelación-, excediendo la capacidad de revisión atribuida en el recurso interpuesto para decidir únicamente sobre la procedencia o no de la tasa pura del 6 % a una parte del período considerado y sin expresar fundamento alguno en tal sentido, aplicó una tasa diferente que la incrementa y que causa gravamen al apelante.

-Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Declaración indagatoria, impugnación de la pericia
Materia: PROCESAL
Carátula: F., P. V. c/  s/ estafa-oposición a peritaje caligráfico
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-22

La imputada se negó a prestar declaración indagatoria y a realizar un cuerpo de escritura, insertando en el acto su huella dactilar.
Amenazas, coacción, cartas misivas, violación de secretos
Materia: PENAL
Carátula: MAIMONE, Cristian A. s/ NULIDAD
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-04-05

La carta enviada para lograr el pago de una deuda advirtiendo que se informará la condición de morosa de la destinataria, a entidades crediticias y en su ambiente laboral, contiene una amenaza coactiva de sufrir un mal inminente e injusto por cuanto la divulgación de esa información constituiría una violación de secretos. Dicha conducta queda comprendida dentro del tipo penal del art. 169 en función del art. 168, C.P., sin importar que la deuda por la que se reclama sea legítima.
Acción reivindicatoria, prueba de la posesión
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Zapatella Elida Agustina c/ Silva Teresa y/o quien resulte ocupante s/ Reivindicación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-12-06

El reivindicante ha de probar también que su derecho a poseer es anterior a la posesión que tiene el demandado, pues de lo contrario su título no es suficiente para fundar la demanda (art.2789 C.C.)
Juicio de apremio, excepción de pago
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Gorrochategui Eduardo Florencio s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-09-03

Suponiéndose que los actos de la administración gozan de autenticidad, veracidad, la articulación del Fisco que tiende a destituir esa suposición al negar autenticidad a la documental aportada por la excepcionante, obligándola a acreditar que los formularios fueron emitidos por aquél y que el sello bancario indica el pago -además de tener los comprobantes de pago- implicaría sumergir al contribuyente en un verdadero desamparo.
Concursos, honorarios del abogado, regulación de honorarios, interpretación de la ley, proceso en trámite
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: NOFAL, JUAN s/ CONCURSO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-10-30

Si bien este tribunal tenía resuelto a traves de reiterados precedentes que, toda vez que la lc 292 prescribe expresamente que las normas sobre regulación de honorarios deben aplicarse a los concursos y quiebras en trámite al momento de la entrada en vigencia de este cuerpo legal, resultaba ineludible que las regulaciones se adecuaran a las directivas de la nueva ley aun cuando los trabajos a remunerar hubiesen sido cumplidos durante la vigencia de la ley anterior. Sin embargo, y en virtud del fallo de la corte suprema in re: "Francisco Costa c/ pcia. de Bs.As. S/ daños", no corresponde aplicar las nuevas disposiciones a trabajos profesionales realizados con anterioridad a su vigencia, pues esa solución traería aparejada una afectación de derechos adquiridos reñidos con la protección constitucional de la propiedad, fundamentos estos que no obstante haberse exteriorizados en consideración a la problemática planteada a raíz de la sanción de la ley 24432, resultan claramente extensibles a la que plantea la solución consagrada en la ley 24522: 292. Por lo tanto, y teniendo en cuenta las razones de seguridad jurídica y economía procesal en torno de la uniformidad de las decisiones judiciales, máxime cuando existe doctrina del mas alto tribunal, corresponde adoptar dicha interpretación, aplicando las disposiciones de la ley 19551 a los trabajos cumplidos con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 24522. (Cambio de criterio, ver: sala c, 30.4.96, "Mendy Brum de Calderos s/ conc.", Ficha nº 27866).
Depósito previo, recurso de queja (procesal), igualdad ante la ley, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Thierbach, Carlos Alberto c/ Macellaro, Jorge Carlos s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-28

La exigencia de depósitos previos como requisito para la viabilidad de recursos no es contraria a la garantía constitucional de la igualdad y de la defensa en juicio.
Concursos, pedido de quiebra, ejecución de sentencia, comienzo de ejecución de sentencia
Materia: COMERCIAL
Carátula: MACRI   DE   ATIA,  ELSA  CATALINA s/ PEDIDO  DE  QUIEBRA  (POR RASCHIMSKY DE TROPP, BERTA).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-07

Resulta improcedente rechazar una solicitud de quiebra cuando, -como en el caso-, surge que: a) la misma fue iniciada por consecuencia de la falta de pago del presunto fallido de una condena recaída en su contra en un proceso sumario, b) a causa del mentado incumplimiento el pretensor inició la ejecución de la sentencia; c) se ordenó trabar embargo respecto de los bienes del defendido, sin que la diligencia cumplida a fin de efectivizar esa medida haya tenido éxito; y d) posteriormente el accionante no impulsó ese procedimiento e inició el pedido falencial. Ello pues, el incumplimiento del presunto falente torna presumible su estado de impotencia patrimonial (L.C. art. 79-2), máxime que no fue desvirtuado al responder la citación cursada a su respecto de acuerdo a lo establecido por la L.C. art. 84. En tal sentido cabe precisar, que el inicio del procedimiento de ejecución de sentencia no constituye óbice a lo expuesto, toda vez que fue abandonado al promoverse el pedido de quiebra, razón por la que no se advierte incompatibilidad alguna entre ambos procedimientos: ninguna norma legal impone agotar la vía de la ejecución de sentencia -actualmente inactiva- para luego solicitar el decreto de falencia.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, enfermedad accidente, stress, relación de causalidad, enfermedades inculpables, carga de la prueba
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: ANDINO, JORGE RAUL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -ACCIDENTE Y ENFERMEDAD DEL TRABAJO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 342 AÑO 2004)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-03-09

Es inadmisible la queja desde que los planteos traducen el mero disenso del compareciente, quien adujo haber probado y fundado su pretensión indemnizatoria en una enfermedad-accidente contraída durante la relación laboral mantenida con la Administración demandada, para con lo resuelto por los jueces de la causa, los que apoyados en las constancias comprobadas de autos, las que apreciaron a la luz de sana crítica y disposiciones legales vigentes (24.028) concluyeron certeramente en que el recurrente no logró acreditar el nexo esencial de causalidad que debe existir entre prestación del débito, patología adquirida y consecuencia incapacitante. Ello atento no sólo la circunstancia de no haber rendido el actor pericial médica, la que al juzgar de los sentenciantes era de vital importancia para consolidar la pretensión jurídica y médica, sino que también hacen hincapié en la contradicción en que incurriera aquél al sostener primeramente que la separación del cargo por prescindibilidad le generó angustias y tensiones con derivaciones depresivas, expresando luego que las tensiones sufridas en el servicio generaron su hipertensión, mas sin acreditar el nexo de causalidad, remarcando que en el medio existió un lapso prolongado de tiempo -pues desde su separación hasta su reingreso transcurrieron siete años- en el que no puede comprobarse qué aconteció con la salud del actor, período que -por extenso- quiebra cualquier posibilidad de causalidad.
Prueba del pago, recibo
Materia: CIVIL
Carátula: L., G.E. c/ C., L.G. s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-11-11

"Constituyen presunciones adversas al deudor que alega haber efectuado el pago, la ausencia del recibo respectivo, así como la subsistencia en poder del acreedor del documento constitutivo del título de la deuda".
Medidas cautelares, verosimilitud del derecho invocado, crédito hipotecario
Materia: PROCESAL
Carátula: FERNANDEZ   FAVARON   GUSTAVO c/ BANCO  HIPOTECARIO  S.A. s/ SUMARISIMO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-12-04

En cuanto se refiere al fumus boni iuris, no es posible descartar la procedencia de la pretensión deducida, ya que en una aproximación liminar a la cuestión planteada, el régimen normativo impugnado parecería premiar a quienes incumplieron en detrimento de quienes han observado y mantenido -tal vez esforzadamente- una conducta correcta, de modo que en el caso podría verse menoscabada la garantía de igualdad consagrada por la Constitución Nacional y pactos internacionales vigentes. La admisión de la medida reclamada impresiona como menos gravosa para la demandada que su rechazo para el actor, pues si en definitiva la pretensión sustancial fuera desestimada, el o los pagos que el accionante pudiera efectuar con arreglo al régimen cuya aplicación pretende cumplirían el objeto de reducir su deuda, sin perjuicio de los reajustes que fueran procedentes. Por el contrario, si se rechazara su petición cautelar -y ante la eventualidad de un incumplimiento de parte suya- podrían producirse consecuencias de muy dificultosa o imposible reparación ulterior.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, libertad de prensa, delitos cometidos por medio de la prensa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Roviralta,  Huberto c/ Editorial  Tres  Puntos  S.A. s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-30

El especial reconocimiento que la Constitución otorga a la prensa no elimina toda responsabilidad que ésta tiene por los delitos y daños cometidos, pues no existe el propósito de asegurar su impunidad (Disidencia del Dr. Carlos S. Fayt).
Caducidad de instancia, recurso de queja (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: Cámara Económica de Tres Arroyos c/ López Berbeito, Manuel y otros. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-19

Sólo el cumplimiento íntegro de la providencia que exige la presentación de diversos recaudos interrumpe el plazo de caducidad de queja.
Costas, medidas cautelares
Materia: LABORAL
Carátula: ABDALA LIDIA E. Y OTROS c/ CEBOLA DE MORTOLA NORA Y OTRO s/ INHIBICION GENERAL DE BIENES
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-08-10

Si las medidas solicitadas fueron acogidas por el Juzgado, limitándose toda la discusión posterior a lo que en definitiva, no constituye otra cosa que la sustitución de las medidas decretadas por el seguro de caución que la demandada mejoró a los fines de lograr ello, ha resultado procedente la traba de las medidas cautelares solicitada y las costas generadas en el trámite respectivo deben ser soportadas por la demandada, por no darse ninguno de los supuestos que determinen el apartamiento del principio general en materia de imposición de las mismas.
Acción de amparo, admisibilidad del recurso, rechazo in límine, pedido de informes
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: Fundación Ciudad c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Amparo Aires s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-12-12

Si no se verifica una inadmisibilidad manifiesta de la acción de amparo, corresponde su sustanciación;más si la característica del objeto pretendido permite una rápida sustanciación en orden a resolver su procedencia sustancial, pudiendo incluso resultar eventualmente satisfecho el requerimiento de la actora con el informe a producir por el Gobierno de la Ciudad al corrérsele traslado de la demanda. (Del voto de los Dres. Daniele, Centanaro y Russo)-
Recurso jerárquico, actuaciones administrativas, traslado, expresión de agravios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SANONER, IDELMA G BAR DE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  N. 549-86)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-12-27

La remisión que el artículo 60 del decreto 10204/58 efectúa a los artículos 49, 50 y 51 en cuanto a la "forma y términos" en que debe correrse traslado al recurrente -si así lo hubiere solicitado- no habilita sin más a declarar la deserción del recurso en el ámbito del jerárquico porque la diferente naturaleza de éste con relación a la apelación, en verdad, no lo autoriza, máxime si se repara en que aquel artículo no establece que el traslado deba ser corrido en todos los casos, sino sólo cuando se hubiese solicitado, lo que revela que se trata en rigor de una opción que se otorga al impugnante y permite concluir en la falta de indispensabilidad del escrito de expresión de agravios.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, Poder Judicial, remuneración, adicionales de remuneración
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Camarasa Lombardi y Cía. (C.L.O.) Sociedad Anónima s/ Quiebra. Cuestión a resolver: En la quiebra liquidativa, a los fines  regulatorios, si el piso que establece el artículo 267 de la ley de  concursos y quiebras supera el 12% del activo realizado ¨Corresponde respetar dicho mínimo o debe prevalecer la pauta del 12%? (Expte.   Nro. 152-2000) -Tribunal Pleno- Quiebra. Cuestión a resolver: En la quiebra liquidativa, a los fines regulatorios, si el piso que establece el artículo 267 de la ley de  concursos y quiebras supera el 12% del activo realizado ¨Corresponde respetar dicho mínimo o debe prevalecer la pauta del 12%? (Expte.   Nro. 152-2000) -Tribunal Pleno- Quiebra. Cuestión a resolver: En la quiebra liquidativa, a los fines regulatorios, si el piso que establece el artículo 267 de la ley de  concursos y quiebras supera el 12% del activo realizado ­Corresponde respetar dicho mínimo o debe prevalecer la pauta del 12%? (Expte.   Nro. 152-2000) -Tribunal Pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-02-09

La conformación del "sueldo del Secretario" a que alude el artículo 267 de la ley 24522, debe inescindiblemente integrarse también con el rubro "bonificación por título" desde que es imprescindible para el ejercicio de esa función judicial contar con título de abogado o de escribano (artículo 170, inciso 1 , Ley Orgánica del Poder Judicial). (Del Voto del Dr. Genesio)
Ley procesal, modificación de la ley, orden público
Materia: PROCESAL
Carátula: Jordán, Antonio Víctor y otro c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y otro s/ accidente - ley 9688.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-30

La facultad de cambiar las leyes procesales es un derecho que atañe a la soberanía, sin que exista derecho adquirido a ser juzgado por determinado procedimiento, puesto que tales previsiones atañen al orden público del Estado.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, doctrina legal
Materia: LABORAL
Carátula: Morez, Héctor J. c/ Fabienne S.A. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-03-22

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que mediante la denuncia de violación a la doctrina de esta Corte que cita, pretende soslayar la impugnación concreta y eficaz a cada uno de los elementos de juicio que, valorados en su conjunto y conforme los parámetros establecidos por el art. 44 inc. "e" del dec.ley 7718/71 dieron suficiente sustento a la decisión controvertida.
Recurso directo, recurso de revisión (procesal)
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: ONTIVERO JUAN L. c/ MARUCA GUZMAN DE DIAZ Y OTROS s/ RECURSO DIRECTO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1986-08-15

La presentación directa ante esta sala es autorizada por la ley unicamente contra la resolución de la cámara a quo denegatoria del recurso de revisión (CPC., Arts. 1328 y 1258), remedio que no ha utilizado el quejoso.
Estupefacientes, allanamiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Contreras, Luis Denis s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-05-30

El inicio de la presente causa no partió de una actuación oficiosa de los preventores ni del juez respecto de la posible configuración de un hecho delictivo, sino del "aviso" recibido en los términos del art. 34 bis la ley 23.737 ("notitia criminis") que originó actuaciones de prevención tendientes a evaluar su verosimilitud, conforme lo establece el art. 195 del CPPN, actividad prevencional que estuvo sujeta al debido control del juez y del fiscal competente. Para disponer el allanamiento cuestionado, el instructor ya contaba con los resultados de las tareas de investigación ordenadas materializadas a través de la comunicación o información dirigida al juez (art. 183 del CPPN), lo que le permitió tener la sospecha fundada para autorizar el allanamiento y el recurrente no ha logrado rebatir los fundamentos a partir de los cuales el a quo concluyó que, en el presente caso, se encuentran acreditadas las razones que habilitan el allanamiento en horario nocturno (art. 225, párrafo segundo del CPPN). El a quo encontró debidamente acreditado el elemento subjetivo previsto en el art. 5, inc. "c" de la ley 23,737, a partir de la cantidad, calidad y modo de acondicionamiento en el que se hallaba el estupefaciente secuestrado. Corresponde rechazar la inconstitucionalidad del art. 12 del CP toda vez que no se aprecia ni logró demostrar la defensa, que las inhabilitaciones que impugna le acarree un perjuicio concreto que afecte garantías constitucionales. (Dres. Borinsky, Gemignani y Hornos).
Honorarios del abogado, regulación de honorarios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ratti, Miguel Angel c/ Mepamar S.A. s/ Ejecución y embargo preventivo Municipalidad de General Pueyrredón c/ Vattimo de Basualdo, Patricia s/ Desalojo Oyarbide, Luis A. c/ Cutrone, Eduardo y otro s/ Ordinario s/ Incidente de embargo Exhorto
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-07-16|1991-05-03|1996-03-19

Siguiendo las pautas de los más altos Tribunales de la Nación y de la Provincia debe existir proporcionalidad entre las retribuciones de los peritos y demás auxiliares de la justicia con la de los letrados intervinientes en el pleito, consecuentemente si no se han practicado las regulaciones de honorarios a la totalidad de éstos últimos, debe postergarse la fijación de los peritos hasta ese momento. (MINORIA U OPINION PERSONAL)