Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2011-07-26


NEUQUEN, 26 de julio de 2011.- Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados: "GOMEZ FROILAN Y OTROS C/ RODRIGUEZ HERIBERTO JUAN S/ACCION DE NULIDAD", (Expte.Nº 381052/8), venidos en apelación del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL Y COMERCIAL Nº 6 a esta Sala II integrada por los Dres. Federico GIGENA BASOMBRIO y Patricia CLERICI, con la presencia del Secretario actuante Dr. Miguel E. BUTELER y, de acuerdo al orden de votación sorteado, el Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO dijo:

I.- A fs. 195/199, se dicta sentencia, rechazando la presente acción interpuesta por los herederos de la Sra. Cristina Gómez, contra el Sr. Heberto Juan Rodríguez, respecto del boleto de compraventa del inmueble ubicado en esta ciudad, con costas a cargo de los actores, y haciendo lugar a la reconvención, condenando a los sucesores mencionados para que en el plazo de 60 días otorguen al reconviniente, escritura traslativa de dominio, imponiendo las costas a los actores perdidosos.

A fs. 201, apelan los actores, expresando agravios a fs. 218/222, cuyo traslado ordenado a fs. 223, es contestado por la contraria a fs. 224/228.

II.- Los apelantes plantean tres agravios: uno, la valoración de los hechos y prueba, segundo, el rechazo supletorio de la prescripción y tercero la imposición de costas.

Con relación al primero, expresan que yerra la a-quo en rechazar la demanda en todas sus partes, cuando la presunción "iure et de iure" sobre la formalidad de realizar un usufructo es incuestionable.

Sostienen la contradicción de rechazarse a fs. 45 la excepción opuesta por el demandado, señalándose que en este proceso la nulidad articulada se basa en la falta de elementos formales del acto y no en el fraude, para luego, desconocer la falta de esos mismos elementos en los considerandos de la sentencia.

Manifiestan que demandaron por nulidad por el incumplimiento de las formas del acto y no por el precio vil, pero, también destacan que las prestaciones fueron desproporcionadas porque el vendedor debía seguir abonando los gastos e impuestos del inmueble vendido y como contrapartida se estipula un uso y usufructo que jamás fue materializado mediante escritura pública y en perjuicio del causante, cuyos actores son los sucesores, quedando en autos demostrado que recién al iniciar la sucesión, los actores se enteran de la supuesta venta del inmueble cuyo boleto carece de fecha cierta.

Se quejan que la a-quo concluya que la afectación al interés de los accionantes, en modo alguno contraría la ley o la moral para nulificar el acto, alegando que además de ello, todas las aristas desarrolladas (precio, mala fé, no percepción de frutos, etc.), hacen presumir y conforman una semi-prueba de todo lo expuesto.

Expresan que la magistrada nada considera suficientemente probado, dejando de lado testimonios de quienes conocieron y compartieron la vida con la causante.

III.- Entrando al estudio de los agravios, adelanto mi opinión en el sentido que el recurso habrá de rechazarse.

Así, con relación al primer agravio, es decir, a la valoración de los hechos y la prueba, advierto que la pieza recursiva, insiste con la reiteración de cuestiones que la jueza misma señala en la sentencia como ya superadas, con el pronunciamiento recaído en la causa sobre simulación (Expte. N° 305.665/4) donde se debatieron el precio, la firma del boleto, su fecha cierta y falta del sellado de rentas, y de que a esta altura resulta una decisión firme.

En torno a la queja referida a la nulidad del usufructo y del acto de compraventa, a la posesión y falta de pago del sellado, observo que en cuanto a la primera, los apelantes manifiestan generalidades acerca del usufructo y formulan apreciaciones subjetivas sin cuestionar concretamente las conclusiones a las que arriba la jueza, que justamente considera (a mi juicio acertadamente), que cesaron los efectos de dicho instituto, declarando abstracta la cuestión. Y sobre el punto, han guardado silencio totalmente los quejosos.

Otro tanto puede decirse con relación a la queja referida a la nulidad relativa que califica la jueza la instrumentación de la venta a través del boleto, ya que respecto a los fundamentos de la a-quo nada dicen los apelantes, sólo transcriben generalidades esgrimidas al demandar (Conf. fs. 13 párrafos 2do. 3ro. y último, fs. 13 vta., primero a sexto párrafo), sin señalar el error en que podría haberse incurrido en la apreciación jurídica.

Lo mismo puede decirse de la queja sobre la acreditación de la posesión, ya que la sentencia fundamenta concretamente el por qué tiene por probada la misma y los apelantes sólo transcriben párrafos de la demanda (fs. 14 vta. último párrafo y fs. 15 primer a tercer párrafo), manifestando una mera disconformidad.

Tampoco se hacen cargo de las apreciaciones vertidas por la magistrada, sobre las declaraciones testimoniales que ha valorado.

En ese orden, advierto, no sólo que se jueza ha apreciado la prueba producida y también la trasladada a este juicio, bajo las pautas de la sana crítica y de conformidad a lo dispuesto por el art. 386 del Código Procesal, sino que además, se ha ido desmenuzando en forma puntual, cada uno de los elementos que han invocado los actores para atacar la venta del inmueble, atribuyéndole afectación de sus intereses, señalándoles la a-quo, los elementos que deberían haber alegado y probado (ej. capacidad de la vendedora o existencia de algún vicio de su voluntad), compartiendo todos los fundamentos y las conclusiones a las que se arriba.

IV.- Con relación a la segunda queja, esto es el rechazo del planteo de prescripción liberatoria, tampoco prosperará.

En efecto, la magistrada desarrolla el tema, explicando por qué la posesión y el pago del precio impiden el progreso de la prescripción y los quejosos, nada dicen al respecto, salvo su disconformidad, con lo decidido, sin una crítica concreta y razonada de lo decidido, además de continuar con la transcripción de lo expresado al demandar (fs. 14 mitad del segundo párrafo a tercero, octavo párrafo, fs. 14 vta, primero a cuarto párrafo).

V.- Asimismo, se impone el rechazo de los agravios respecto de la imposición de costas, ya que no se trata si tuvieron motivo para litigar, y vale aclarar que la fórmula tantas veces repetida que justifica la imposición de costas a la contraria por haber tenido derecho para litigar, en modo alguno justifica que sirva como fundamento para apartarse del principio objetivo de la derrota que rige en la materia.

Así he sostenido que "Si tuvo derecho para litigar ello importa, necesariamente, que el mismo ha sido reconocido en una sentencia y en tal sentido las costas se le imponen a la contraria por revestir el carácter de vencida en la terminología del artículo 68 del Código de rito".

"Si no se tuvo derecho para litigar, trae como consecuencia que la pretensión sea desestimada, en cuyo caso y por aplicación de igual principio que el aludido en el párrafo que antecede, las costas se le imponen a la actora por haber resultado vencida".

"La muletilla entonces, carece de toda relevancia jurídica, salvo si se entiende como una variación en los términos de la fórmula del artículo 68 del Código de rito".

"Tampoco es válido sostener que las costas no deben seguir el principio general por cuanto la parte pudo creerse con derecho a litigar. En efecto y salvo el supuesto de demandas temerarias que debieran ser sancionadas (sin que en la jurisdicción conozca que ello haya ocurrido, lo que habla de la seriedad de los profesionales o la falta de análisis sobre el punto por parte de los jueces) nadie inicia una pretensión creyendo que no tiene derecho, precisamente la promueve por la seguridad de que sí lo respalda una norma jurídica. Por otro lado, si la actora puede ser eximido de costas por haber deducido una demanda creyendo que lo asistía el derecho, qué decir del demandado a quien habría que eximirlo por cuanto su defensa también se basa en la misma convicción, con lo cual estaríamos en que o seguimos el principio general o bien aplicamos las costas de acuerdo a nuestro buen leal saber y entender, que a esta altura, no es una garantía". (PS-2005-TºVII-293-1349/1350, Sala II, 22/12/05).

Más allá de estas aclaraciones, no encuentro ninguna razón jurídica suficiente que autorice a modificar la imposición de costas a los actores, razón por la cual, corresponde rechazar este agravio.

VI.- En consecuencia, propongo al Acuerdo, se confirme la sentencia dictada a fs.195/199 y vta. en todo lo que ha sido materia de recursos y agravios, con costas a los actores, difiriéndose la regulación de honorarios para su oportunidad.

Así lo voto.La Dra. Patricia CLERICI dijo:

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que antecede, adhiero al mismo.

Por ello esta SALA II RESUELVE:

I.- Confirmar la sentencia dictada a fs. 195/199 y vta., en todo lo que ha sido materia de recursos y agravios.

II.- Costas de alzada a los actores en su calidad de vencidos (art. 68 del Código Procesal).

III.- Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad.

IV.- Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al juzgado de origen.

Federico Gigena Basombrío - Dra. Patricia M. Clerici Dr. Miguel E. Buteler -SECRETARIO REGISTRADO AL Nº 158 - Tº IV - Fº 781/784 Protocolo de SENTENCIAS -S A L A II- Año 2011