Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-08-24


Salta 24 de agosto de 2.010.

Y VISTOS: Estos autos: "DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE SALTA vs. AUTOMOTORES DE SALTA S.A.- Ejecución Fiscal" Expte 202.766/07 del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial 3ª Nominación, Expte. CAM 296.630/10 de esta Sala V de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial y, C O N S I D E R A N D O 1) A fs. 80/83 la Señora Defensora Oficial Civil N° 8 funda el recurso de apelación en contra del proveído de fs. 35 y lo resuelto a fs. 41. Allí se agravia porque el art. 343 del CPCC resulta inaplicable al caso, en razón que la demandada es un sujeto de derecho con domicilio social conocido y datos de identificación que permiten su individualización. Dice que dada la naturaleza jurídica que presentan las sociedades comerciales, impide que puedan ser consideradas ausentes ya que solo cabe clasificarlas en existentes o inexistentes, sin que ninguna de estas situaciones habiliten la intervención procesal del Ministerio Publico en su representación, ya que su actuación queda reservada a las personas de existencia física ausentes (inciertas o con domicilio desconocido). Dice que del contrato social constitutivo de la sociedad anónima demandada, unido al informe del Registro Público de Comercio, se acredita la condición de sociedad irregular en los términos del art. 21 de la ley de sociedades comerciales y la aplicación obligada del principio de inoponibilidad consagrado por el segundo párrafo del art. 22. Señala, que ante el conocimiento cierto del domicilio legal de la sociedad demandada, ordena su emplazamiento a juicio por edictos, omitiendo aplicar los artículos 5 y 11 de la ley de sociedades comerciales Nº 19.550, que disponen que el domicilio social constituye un dato propio de la sociedad al momento de su constitución al que se le atribuye los efectos del art. 90 del Código Civil en tanto es el lugar que la ley presume sin admitir prueba en contra que es el domicilio de la sociedad. Se agravia además, porque la señora juez no tuvo en cuenta que la diligencia realizada por el oficial de justicia acredita que la intimación fue efectuada en debida forma, en el domicilio fiscal constituido por la sociedad demandada.

Corrido traslado a la contraria, esta manifestó que solicitó la citación por edictos a la demandada en razón de no encontrarse inscripta ante esta jurisdicción.

2) Analizando la cuestión, se advierte que según el informe del Juzgado de Minas y en lo Comercial de Registro de fs. 14, la sociedad demandada no se encuentra inscripta en esta jurisdicción.Asimismo, conforme surge de la cláusula I de la escritura Nº 78 que se encuentra reservada en Secretaria, la sociedad demandada tiene su domicilio legal en la ciudad de Buenos Aires. En la cláusula cuarta se ha constituido ese domicilio en calle Rojas nº 451 de esa ciudad (fs. 25 vta. del expediente administrativo).

Siendo así, no estamos en el caso, en presencia de un demandado ausente o con domicilio incierto, sino que se trata de una sociedad que no se encuentra inscripta en nuestra jurisdicción y que no ha sido notificada en el domicilio legal (art. 90 inc. 3 del Código Civil y art. 11 inc. 1º de la ley de Sociedades Comerciales nº 19.550).

En consecuencia, no se da el supuesto previsto en el art. 25 de la ley nº 6477 que dispone que, los Defensores Públicos de Ausentes sólo representan a aquellas personas que, por ignorar sus domicilios o por no conocer sus nombres, hayan sido emplazados, por edictos, en la forma establecida en las leyes procesales, por lo que corresponde hacer lugar al recurso interpuesto y en su mérito revocar el decreto de fs. 35, segunda parte.

Por ello:

LA SALA V DE LA CAMARA DE APELACIONES C. Y C.

HACE LUGAR al recurso de apelación interpuesto en subsidio a fs. 69 y en su mérito, DEJA sin efecto el punto II del decreto de fs. 35.

REGISTRESE, Notifíquese y baje.