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Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, jueces, facultades del juez, leyes, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-LABORAL
Carátula: Piperidis, Christos c/ C.A.P. Argentina s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Accidente   de trabajo (Expte CSJ Nº 267-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-10-19

No resulta irrazonable ni caprichosa como para descalificar la sentencia como acto judicial, la interpretación realizada por el Tribunal a quo -quien entiende que la absoluta inactividad del actor desde la promoción de la demanda hasta su notificación pasados cuatro años, permitían tener por producida la prescripción de la acción al duplicar en exceso el lapso previsto en el artículo 258 de la Ley de Contrato de Trabajo- en cuanto mantiene una hermenéutica de normas de derecho común que, más allá de su grado de acierto o error, aparece suficientemente fundada en la sentencia, por lo que el planteo del recurrente (quien reprocha -como error del sentenciante- el criterio adoptado de equiparar los efectos interruptivos de la demanda judicial a otros actos interruptivos extrajudiciales) resulta insuficiente a los efectos de lograr la apertura de la instancia extraordinaria.
Procedimiento laboral, deberes del juez, verdad jurídica objetiva, orden público laboral
Materia: PROCESAL
Carátula: Calfucura, Elvio c/ Kessen Hnos. S.R.L. y-u Otros s/ Demanda Laboral -Indemnizaciones por Despido-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-11-05

En un proceso laboral, el juez de primera instancia, acorde con el principio fundamental en la materia tiene que indagar sobre la verdad material y no formal. El orden público laboral impone esta conducta al magistrado a los fines que los principios rectores de esta rama autónoma del derecho no se vean alterados.
Daño psíquico, indemnización
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Visgarra, Imeldo c/ Rodríguez, Rodolfo s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-09-05

Debe difererenciarse el padecimiento psíquico reparable a través del daño moral (art.1078 CC.), del supuesto en que se acredita incapacidad psíquica, o la necesidad de incurrir en gastos de medicamentos específicos para ello o terapias propias a la naturaleza de la dolencia o un tratamiento psíquico en tren de detener el deterioro o posibilitar la regresión total o parcial del mismo, tal como la atención con psicólogo, psiquiatra o psicoanalista, que por su entidad, número de sesiones, prácticas complementarias, etc. deba evaluarse como ítem independiente de gastos médicos o farmacéuticos de carácter general. En estos casos, debe admitirse la existencia autónoma de un daño psicológico resarcible.
Prueba, jueces
Materia: PENAL
Carátula: GALVEZ FEDERICO S.D AMENAZAS Y LESIONES LEVES E.P NIEVA FERNANDO GABRIEL. s/ APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-04-17

Es insuficiente la impugnación que implica negar al tribunal de mérito la libertad que legítimamente posee en la selección y valoración de las pruebas en las que ha de fundar su convencimiento y en la determinación de los hechos que con ello se demuestra.
Superior Tribunal de Justicia, recurso de inconstitucionalidad, sentencia definitiva, causales de revocación, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: Brandoni, Héctor Emilio c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Brandoni, Héctor Emilio s/ art. 11179:149 bis parr 1 amenazas - CP (p/L 2303)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-11-04

La decisión que confirmó la revocación de la suspensión del proceso a prueba no constituye una sentencia definitiva (art. 27 de la ley n° 402), y el recurrente no ha logrado argumentar con éxito que el alcance de lo allí resuelto revista tal entidad o le cause un perjuicio irremediable que, excepcionalmente, permita que aquella decisión sea equiparada a una de esa especie. (Del voto del juez Santiago Otamendi).
Demanda, intimación previa
Materia: LABORAL
Carátula: RECALDE, Roxana Carina c/ MANGONE, ERNESTO FELIPE s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-11-21

La intimación previa que requiere el art. 80 de la L.C.T, a los fines de la indemnizacion prevista en dicha norma, no puede considerarse suplida por la intimación que se formule en oportunidad de la instancia administrativa previa ante el SECLO o en el escrito de demanda, pues se trata de un acto que debe necesariamente preceder al reclamo administrativo o judicial." (CNAT, SALA VII, S.D. Nro. 38.622, del 06/07/05, "Vigo, Silvia Soledad c/ Telecom - Personal S.A. s/ despido", entre otros).
Principio de congruencia, debido proceso
Materia: PROCESAL
Carátula: ALI, WALTER ALFREDO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-12-15

La congruencia consiste en aquella exigencia que obliga a establecer una correlación total entre los dos elementos definidores del esquema contencioso: la pretensión y la decisión" El fundamento de dicho principio radica en la garantía del debido proceso, del "due process of law", del juicio previo constitucional como presupuesto de validez de la sentencia, y, sobre todo, de la inviolabilidad de la defensa en el proceso.

De tal suerte, lo que no pudo ser materia de contradictorio, aquello que sobrevino intempestiva y sorpresivamente sin estar en el marco de la enfrentada dialéctica de las partes, eso no puede ser materia de la decisión jurisdiccional pues lesionaría las reglas de una discusión franca, convergente y sin trampas.

Y, concretamente, el proceso penal exige que el núcleo fáctico sometido a juzgamiento sea esencialmente el mismo a lo largo de todo el proceso: desde su intimación en la indagatoria, su descripción en el procesamiento, su formulación en la requisitoria de elevación a juicio y su análisis en la sentencia. (De la Ampliación de Fundamentos del Dr. Netri)
Nombre, uso indebido de nombre, daños y perjuicios, uso malicioso de nombre, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: ORTEGOSA, Berta Elena c/ TELEARTE S.A. EMPRESA DE RADIO Y TELEVISION y otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-04-24

En el caso de la acción prevista por el art. 21 de la ley 18.248, para la protección del nombre, debe entenderse por malicia en el autor, no sólo la intención deliberada de mortificar a la persona o su familia, sino también cuando se lo utiliza para designar un personaje inmoral o ridículo, sin preocuparse ni poco ni mucho por la eventual coincidencia con el nombre de una persona viva.

La norma prevista en el art. 21 de la ley 18.248 no alude al dolo en los términos del art. 1072 del Código Civil, sino a la malicia y aunque los términos son sinónimos, su alcance en la realidad de las cosas ofrece algún matiz diferencial como el elemento "con intención de dañar a la persona o los derechos de otro" que puede estar ausente en la malicia y es inevitable en el dolo.
Superior Tribunal de Justicia, recurso extraordinario
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Dr. A.H.B. y Otros c/ Juez de Primera Instancia de Comodoro Rivadavia s/ Denuncia
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-11-27

"... debe observarse la doctrina sentada a partir del caso publicado en Fallos: 308:490, según el cual el superior tribunal de provincia del que ha de provenir la sentencia definitiva susceptible de recurso extraordinario es, en principio, el 'órgano judicial erigido como supremo por la constitución de la provincia' (considerando 10). Ello en debida consonancia con el principio de conformidad al cual 'las provincias son libres para crear las instancias judiciales que estimen apropiadas, pero no pueden vedar a ninguna de ellas y menos a las más altas, la aplicación preferente de la Constitución Nacional'.
Sanciones disciplinarias, motivación del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Rosso de Steimberg, Alcira c/ Municipalidad de Quilmes s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-05-06

No está viciada la resolución sancionatoria cuestionada, ya que ha sido dictada en el ámbito de un sumario disciplinario y como resultado de un ordenado procedimiento en el que la Administración reunió pruebas suficientes a tal fin, las que no fueron desvirtuadas por la agente en la oportunidad que tuvo de efectuar su descargo y ofrecer las que hacían a su derecho.
Alimentos, cuota alimentaria
Materia: CIVIL
Carátula: C DE R.L.M. Y OTRO c/ R.V.H. s/ ALIMENTOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-06-13

El cálculo de la pensión alimentaria debe efectuarse sobre los ingresos netos del obligado, entendidos por tales aquéllos que resultan de deducir de las entradas brutas las sumas correspondientes a los descuentos obligatorios de la ley y no los que por otras causas pudieran afectar la remuneración de aquél (conf. C.N.Civ. Sala F, c. 1516 del 29-8-84, íd. c.11.975 del 29 4-85; íd. c.10.318 del 7-5-85).

La prestación alimentaria también debe calcularse sobre el sueldo anual complementario, pues forma parte de los haberes ordinarios que percibe el obligado en su relación laboral.
Recurso extraordinario de nulidad, fundamentación de sentencias
Materia: PENAL
Carátula: Avila, José Roberto; Ponce de León, Miguel Angel s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-02-28

Existe transgresión del art. 159 -n.a.- de la Constitución provincial si el sentenciante omitió fundar en ley la forma en que tuvo por acreditada la responsabilidad de los imputados.
Daños y perjuicios, principio de congruencia, lucro cesante
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: CAGLIARI AMELIA ALICIA c/ CIUDAD DE CORDOBA SACIF Y OTRO s/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2011-10-26

Tratándose de una demanda por daños y perjuicios, no resulta admisible la denuncia de incongruencia que se direcciona contra el resarcimiento ordenado en concepto de lucro cesante futuro, considerando que en el pronunciamiento cuestionado dicho rubro se ha fijado por un período de tiempo determinado con base a una incapacidad temporaria, cuando de la demanda impetrada surge claramente que el lucro cesante se solicitó con fundamento en una incapacidad permanente.

Ello, toda vez que no se trata de que la Cámara haya condenado a un rubro diferente al solicitado en demanda (lucro cesante futuro), sino que simplemente ha juzgado que existía verosimilitud que la reputada incapacidad permanente denunciada, no revista tal carácter y, calificándola -aunque momentáneamente- como provisoria, aminoró la condena impuesta por el primer juez, disponiendo que la indemnización ordenada en tal concepto, fuera calculada por un período más corto de tiempo, equivalente al lapso en que la dolencia que presenta la víctima actualmente pueda efectivamente ser remediada.

En tal modo resolutivo y el razonamiento que lo ha precedido no hubo trocamiento de los hechos lesivos invocados en el escrito inicial por el pretensor, sino un reencuadre de la calificación médico-jurídica de las dolencias denunciadas, lo que -per se- alcanza para rechazar la censura traída a consideración.
Daños y perjuicios, accidente en ascensor, legitimación pasiva
Materia: CIVIL
Carátula: FERNÁNDEZ ORDAS, Beatriz c/ CONSORCIO DE PROPIETARIOS TUCUMÁN 1436/1438/40 s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-08-29

1 La empresa de mantenimiento de ascensores demandada y su dependiente resultan a todas luces legitimados pasivos al estar vinculados al consorcio, propietario del ascensor en el que se accidentó el damnificado, por el contrato que comprendía trabajos de reparaciones, etc., efectuados en los ascensores existentes en el edificio.

2 Es que, no bastan para la procedencia de la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la empresa y su empleado el hecho de que al tiempo del siniestro el consorcio era el único dueño y guardián del ascensor ni el sobreseimiento en sede criminal del dependiente, máxime al haber realizado los demandados no sólo tareas de mantenimiento en los ascensores sino al efectuar observaciones, reparaciones y cambios de piezas durante los meses previos a la producción del hecho dañoso.

(Sumario N°18085 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil Boletín N°4/2008).
Contienda negativa de competencia, acción de amparo, jueces, derechos subjetivos, interés legítimo, cámara contencioso administrativa
Materia: PROCESAL
Carátula: Domínguez, Federico José V. c/ I.A.P.O.S. s/ Conflicto negativo de competencia - Amparo (Expte.: C.S.J. Nro. 599  año 2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-09-25

Es sabido que la competencia, salvo casos excepcionales de atribución constitucional, deriva exclusivamente de la ley; y la ley, aun después de la creación de las Cámaras en lo Contencioso Administrativo de la provincia, otorga el conocimiento de las acciones de amparo donde se discutan cuestiones relativas a la lesión de derechos subjetivos o intereses legítimos de carácter administrativo, a los juzgados de primera instancia; y, atribuir la permanencia de ese contexto de distribución de la competencia a un mero error u olvido del legislador resulta una interpretación simplista que obvia la labor históricamente desarrollada en pos de la reforma del Código Contencioso Administrativo. Por lo demás, el error en el Legislador no se presume y, por ende, resulta en mayor medida razonable considerar que éste ha entendido que entre los principios rectores de la distribución de la competencia: diversificación y descentralización, en materia de amparo sigue resultando preponderante el segundo, que tiende a lograr un mayor acceso a la jurisdicción, en relación al primero, que apunta a la mayor especialización de los jueces por medio, entre otras, de lo que se conoce como división material de la competencia. (Del Voto de la Mayoría, en Disidencia el Dr. Netri)
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Pérez Marin, Miguel c/ Pérez Ramón, Sergio Facundo s/ Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1997-10-07

Es requisito de admisibilidad formal del recurso de inconstitucionalidad el carácter de definitiva de la resolución recurrida, quedando incluidos en este concepto los pronunciamientos que imposibiliten la continuación del proceso, provoquen agravios de imposible o insuficiente reparación posterior o cuando lo decidido en ellos revista gravedad institucional.
Seguros, interés asegurado, actos mortis causa, herederos, muerte de las partes
Materia: COMERCIAL
Carátula: ORLANDO  ESPINOZA  CATALINA JUANA Y OTRO c/ ASEGURADORA ARGENTINASA S/ s/ RDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-10

Si bien el artículo 82 LS, establece que en circunstancias determinadas el asegurador puede rescindir el contrato con la restitución de la prima proporcional cuando se modifica el titular del interés asegurado, esta norma no se aplica a la transmisión hereditaria, supuesto en el que -de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 LS- los herederos y legatarios suceden al causante en el contrato de seguro. Ello así, toda vez que en las sucesiones los derechos y las obligaciones se transmiten activa y pasivamente a los herederos y sucesores del acreedor y del deudor, en virtud de lo previsto en los artículos 503 y 1195, Código Civil. En consonancia con lo anterior, el artículo 3279 del mencionado cuerpo legal refiere que la sucesión es la transmisión de los derechos activos y pasivos que componen la herencia de una persona muerta a la persona que sobrevive a la cual la ley o el testador llama para recibirla, añadiendo que el llamado a recibir la sucesión se llama en ese código heredero (repárase que la condición de herederas de las accionantes no fue controvertida por la compañía de seguros demandada). Del mismo modo el artículo 3410 Cciv estipula que cuando -como en el caso- la sucesión tiene lugar entre ascendientes y descendientes, el heredero entra en posesión de la herencia desde el día de la muerte del autor de la sucesión sin ninguna formalidad o intervención de los jueces, aunque ignorase la apertura de la sucesión y su llamamiento a la herencia. Nótese que en el supuesto mencionado en el párrafo anterior, no es necesario notificar al asegurador el cambio de titular o la transferibilidad del interés asegurado, y el contrato de seguro continúa en pleno vigor y eficacia; debiendo el sucesor justificar su carácter ante el asegurador con el testimonio de la declaratoria de herederos (cfr. Sobrino, Waldo A. R., comentario al artículo 83 de la Ley 17418, La Ley online). En suma, los derechos derivados del contrato que corresponden al asegurado primigenio pasan a ser de sus herederos, quienes -de este modo- adquieren un derecho propio contra el asegurador desde que ocurre el evento previsto en la póliza.
Jurisdicción y competencia, competencia federal, gasista
Materia: PROCESAL
Carátula: Baratelli, Alejandro José y otros c/ Camuzzi Gas Pampeano S.A. s/ acción de amparo y medidas cautelares.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-11

Si la pretensión consiste en obtener que se deje sin efecto la exclusión de los actores de la lista oficial de gasistas matriculados que posee la demanda, la cuestión debatida se relaciona con la aplicación de normas de naturaleza federal, como son las que integran el Marco Regulatorio del gas aprobado por la ley 24.076, su decreto reglamentario 1738/92, el Contrato de Transferencia y las Disposiciones y Normas Mínimas para la ejecución de instalaciones domiciliarias de gas (NAG 200-1982), por lo cual deberá tramitar en la justicia federal. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Poder de policía, Estado Nacional, Estado Provincial, facultades no delegadas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: COTO CIC S.A. c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-12-05

La Corte nacional afirma que lo relevante en la distribución del poder de policía no es el territorio sino la materia objeto de la limitación y la extensión de los bienes en custodia; así, unos merecerán una custodia jurídica con extensión nacional y otros, provincial o municipal. La doctrina administrativista, por su parte, mayoritariamente afirma que en principio, el poder de policía corresponde a las provincias, ya que se trata de una potestad que éstas se reservaron al constituir la unión nacional; y excepcionalmente corresponde a la Nación, cuando ésta ejercite atribuciones que la Constitución le otorga expresa o implícitamente, o cuando el ejercicio de idénticas atribuciones por las provincias resulte incompatible con igual ejercicio por parte de la Nación. (De la disidencia del Dr. Falistocco) - DOCTRINA: Marienhoff, Miguel, "Tratado de Derecho Administrativo", 4ta. Edición, Bs. As., Abeledo Perrot, 1987, T. IV, n° 1527. - Jurisprudencia concordante: Castets y Tanino; Foschiatti y Supermercado Reconquista, AyS T 279, p 142/236.
Agotamiento de la instancia administrativa, resoluciones
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Hillairet, Marcelo c/ Municipalidad de San Benito s/ Demanda Contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-06-12

Para que proceda la vía contencioso administrativa establecida por el artículo 167 inciso 3 de la Constitución de la Provincia, es condición indispensable que la resolución administrativa recurrida sea de carácter definitivo.Siendo el Concejo Deliberante, dentro del régimen creado por nuestra Constitución (artículo 195 inciso 1) el organismo habilitado para dictar resoluciones susceptibles de dar lugar a dicho recurso contencioso administrativo, mientras no medie un pronunciamiento del mismo, no puede tenerse por agotada la vía administrativa. No obsta a la conclusión anterior, la facultad que en esta materia confiere el Presidente de la Municipalidad el artículo 112 inciso 13 de la Ley Orgánica Municipal, porque es esencial para el mantenimiento de nuestro régimen institucional, la prioridad en su aplicación de la Constitución de la Provincia respecto de las leyes ordinarias de la misma.
Honorarios, regulación de honorarios, monto del juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: ASOCIACION  PROPIETARIOS  DE FARMACIAS DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ c/ CAJA DE SERVICIOS SOCIALES DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1997-02-11

Para la regulación de honorarios se debe tener en cuenta el capital adeudado con exclusión de los intereses que el mismo haya devengado.
Marcas, interpretación de la ley, aplicación de la ley, deberes del juez
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CHESEBROUGH PON'S INC. c/ WARNER LAMBERT COMPANY. s/ OP. REG. MARCA "PRODENT".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-03-11

No hay razones para proscribir consideraciones de orden valorativo en la interpretación y aplicación de la ley de marcas, pues en este ámbito no queda excluida la adopción de soluciones acordes con la justicia que es función de los jueces privilegiar.
Universidades, estabilidad del empleado público, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: MAGDALENA MARIA ROSA WILDE DE PARRAVICINI c/ UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA "SAN JUAN BOSCO" s/ JUICIO ORDINARIO.    UNIVERSIDAD.    ESTABILIDAD DEL EMPLEADO PUBLICO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-23

La aparente antinomia entre el art. 2do, inc. g, de la ley 22 140, en cuanto excluye de su ámbito al personal "fuera de nivel", y el art. 50 del mismo ordenamiento, que confiere a la actora el derecho a la estabilidad por su reingreso a la función pública, no es tal, ya que los aludidos funcionarios fuera de nivel "son los designados en los organismos centralizados" y la Universidad no lo es (ley 22.207, art. 5to). Ello así, pues las leyes han de interpretarse de manera tal que sus preceptos no se opongan ni destruyan entre sí, sino que ha de armonizárselos para salvar la finalidad del derecho que rige el caso, prefiriendo, sobre todo, la exégesis que mejor se acomode a la preceptiva de la Constitución Nacional, en el SUB LITE la estabilidad consagrada en el art. 14 nuevo.
Defensa y seguridad, armas, portación de armas
Materia: PENAL
Carátula: A., C. R. y Otros s/ Psa Tentativa de Homicidio-Daño-Amenaza y Res. a la Autoridad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-10-27

"Los preceptos de portación y tenencia de armas -previstos en la ley de armas 20.429 y su decreto reglamentario 395/75- no pueden ser utilizados en forma indistinta, pues la portación de armas supone más que un mera tenencia pues implica llevar un arma en un lugar público en condiciones de inmediato uso".
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, nombramiento, representación política
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Sanseverino, Pablo y Otro c/ Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ Acción declarativa de inconstitucionalidad" y sus acumulados: Exptes. nº 8511/11 "Raffo, Julio César y otros c/ Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ acción declarativa de inconstitucionalidad" y nº 8595/11 "Campos, Antonio Rubén y otros c/ GCBA (Legislatura de la CABA) s/ nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-03-19

Asiste razón a los actores en que las reglas que aplicó la Legislatura los privaron de representación a pesar de que el Bloque Proyecto Sur o la unión de ese bloque con el Bloque MST en el Movimiento Proyecto Sur reunían un número de legisladores que podrían haber quedado representados con un sacrificio de los que resultaron de la alianza de los bloques Encuentro Popular para la Victoria, Frente Progresista y Popular, Peronista, Nuevo Encuentro y Solidaridad e Igualdad; pero, esa posible sobre-representación obedece a estándares aplicados en el 2007 que no fueron cuestionados en el lugar apropiado. (Voto del Sr. Juez Luis F. Lozano).