Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2006-03-09


Posadas, marzo 9 de 2006.

El doctor Rojas dijo:

Por res. 300-STJ-05, se resolvió declarar formalmente admisibles los Recursos Extraordinarios de Inaplicabilidad de Ley e Inconstitucionalidad planteados en autos, contra la sentencia dictada por el Tribunal en lo Penal Nº 2 de la Segunda Circunscripción Judicial, obrante a fs. 161/170 y vta.

La presente causa, se inicia como consecuencia de una acción de amparo, deducida por Abelardo Arnaldo Cuquejo, contra la Cooperativa Eléctrica Limitada de Oberá (C.E.L.O.), a los fines que se deje sin efecto el aumento ilegal y arbitrario de la tasa de alumbrado público fijada en forma unilateral por la demandada, por ser manifiesta y grosera su ilegalidad, y lesionar en forma cierta, actual y real derechos constitucionales y consecuentemente, se le devuelva lo ilegítimamente percibido por la empresa demandada, (confr. punto I objeto del escrito de fs. 1/9 del expte. 17, folio 162/2004, "Cuquejo, Abelardo Arnaldo s/Interpone Acción de Amparo - Urgente despacho").

A fs. 38/52, la Cooperativa Eléctrica Limitada de Oberá (C.E.L.O.), produce el informe circunstanciado, argumentando, entre otras consideraciones, la improcedencia de la vía utilizada, atento a que el acto atacado no lesiona con arbitrariedad o ilegalidad manifiestos derechos constitucionales.

A fs. 112/117 vta., el Juzgado en lo Correccional y de Menores de la Segunda Circunscripción Judicial, resuelve no hacer lugar a la acción de amparo interpuesta por Abelardo Arnaldo Cuquejo, imponiendo las costas en el orden causado. Contra este pronunciamiento se deduce recurso de apelación a fs. 118/124 y vta. lo que motivó el dictado de la sentencia de fs. 161/170 vta. que resuelve revocar la resolución obrante a fs. 112/117 vta. de autos, y en su mérito hace lugar a la acción de amparo interpuesta por Abelardo A. Cuquejo, condenando a la C.E.L.O a abstenerse de aplicar aumentos de las tasas municipales de alumbrado público en las facturaciones correspondientes a éste, y ordena restituirle las sumas ya percibidas en concepto de aumento.

Habiéndose declarado formalmente admisible los recursos extraordinarios interpuestos contra el pronunciamiento del Tribunal en lo Penal mencionado precedentemente, y oído el Procurador General, corresponde entrar a considerar el fondo de las cuestiones propuestas.

En un caso análogo al de autos, adherí a los fundamentos y conclusiones explicitados en su voto por el doctor Dionisi (expte. 367-STJ-2004), en donde sostuvo que: "Previo a todo análisis, corresponde determinar, si la acción de amparo deducida, al tratarse de un medio de impugnación excepcional, constituye la vía adecuada para el tratamiento de los temas que se ventilan. Adelantando opinión, estimo que la vía elegida por el accionante no es la procedente e idónea, ya que no corresponde examinar en el marco de la acción de amparo las cuestiones traídas a estudio (en el caso concreto, el tema referente al aumento de la tasa municipal de alumbrado público), en atención a su complejidad, requiriéndose a tales efectos, que el mismo transite por un proceso con mayor amplitud de debate y de prueba, más aún que en autos no se avizora la arbitrariedad o ilegalidad manifiesta que exige el art. 43 de la Constitución Nacional.

En efecto, el citado art. 43 de la Constitución Federal establece pertinentemente que "Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo. ...". A este respecto la jurisprudencia ha dicho que "La acción de amparo, sigue siendo aún, luego de la reforma constitucional una vía excepcional de la que quedan excluidas aquéllas cuestiones donde no surge con total nitidez la arbitrariedad o ilegalidad que se arguye, siendo inviable la pretensión de utilizarla como un medio susceptible de reemplazar a las vías procedimentales ordinarias para la solución de controversias" (Cámara Nacional Contencioso Administrativa - Fed. Sala V - "Autoflor S.A. c. Sec. de Industria del Ministerio de Economía y Obr. y Serv. Públicos" - Causa 6003/96; cit. por AeDP-4, mayo-agosto-1996), y que "La Tesis mayoritaria y reafirmada en el seno de la Convención Constituyente de 1994 consideró al amparo como un remedio de excepción, residual; e inadmisible si el litigante tiene por vía administrativa o judicial otros medios a su alcance" (C7º CC Córdoba, mayo 9-996, "Chamrne, Pedro R. y otros c. Provincia de Córdoba y otro", LLC, 1996-1065).

En tal sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha expresado que "El amparo es un proceso utilizable en las delicadas y extremas situaciones en las que, por carecer de otras vías idóneas o aptas, peligra la salvaguarda de derechos fundamentales, por esa razón su apertura exige circunstancias muy particulares caracterizadas por la presencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta y la demostración de que el daño concreto y grave ocasionado, sólo puede eventualmente ser reparado acudiendo a esa vía urgente y expedita" (Sum. A 0059355, C.S.J.N., "Hospital Británico de Buenos Aires c. Estado Nacional (Ministerio de Salud y Acción Social)", sentencia del 13 de marzo de 2001, 2000, SAIJ en WWW; ídem Fallos: 310:567 y 2740; 311:612, 1974 y 2319; 314:1686; 317:1128; 323:1825 y 2097, entre otros) y que "La acción de amparo es inadmisible cuando no media arbitrariedad o ilegalidad manifiesta y la determinación de la eventual invalidez del acto requiere una mayor amplitud de debate y prueba..." (Sum. A 0037649; C.S.J.N., "Servotron, SACIFI c. Metrovías S.A. y otros s/Amparo - ley 16.986", sentencia del 10 de diciembre de 1996, 2 000 SAIJ en WWW).

Es que como señala en igual sentido. Patricio Marcelo Sammartino "... La Corte Suprema de Justicia de la Nación, expresa y reiteradamente, luego de la reforma constitucional de 1994, ha sostenido que, por principio, el amparo es una vía o proceso excepcional (entre otros, Fallos: 323: 323: 2536; 323:183, consid. 15, 324:343)" y que "... A su vez, en Fallos: 322:1733, consid. 4º, el más Alto Tribunal calificó al amparo como 'procedimiento extraordinario'; asimismo el citado autor manifiesta que también en 'Villar v. BCRA s/amparo'", 23/2/95 (ED, 162-628, consid. 3º), y en "Sargenti, Amalia y otros v. INOS s/amparo ley 16.986" (Fallos: 322:2222, consid. 7º) consideró al amparo como "remedio excepcional" (aut. cit, "Derecho Administrativo - Principios Constitucionales del Amparo Administrativo", Lexis Nexis, Abeledo Perrot, 2003, p. 411).

En el caso de autos, tal lo señalado precedentemente, teniendo en cuenta el objeto de la pretensión articulada y en atención al su complejidad (que impone que los jueces extremen la prudencia para no resolverlas por la vía del amparo ¿confr. principio análogo expuesto por la C.S.J.N., B. 139. XXXIX considerando 11 del fallo "Bustos, Alberto Roque y otros c. Estado Nacional y otros s/Amparo"), no mediando ¿en mi criterio¿ arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, máxime teniendo presente las constancias de fs. 81 y vta., y documental de fs. 108/109, considero no resulta procedente la vía elegida por el actor, entendiendo por ello, que la presente causa debió promoverse por otro carril, con mayor amplitud de prueba y debate, que garantice adecuadamente el ejercicio del derecho de defensa en juicio y la igualdad en el proceso, dando la debida intervención y participación necesaria y útil a quien puede tener interés en la cuestión que se dirime y que en el caso concreto, teniendo presente la naturaleza y el objeto de la pretensión es la Municipalidad de Oberá, lo cual no ha ocurrido en autos"... .

En conclusión, por los fundamentos precedentes, el recurso extraordinario deducido debe prosperar, por lo que corresponde hacer lugar a la impugnación y en su mérito revocar la sentencia recurrida, rechazando a acción de amparo planteado en autos. Costas por su orden, atento a la diversidad de criterios interpretativos que se han dado en torno al art. 43 de la C. Federal. Así voto.

Los doctores Dionisi y Absi dijeron:

Que adhieren al voto que antecede.

El doctor Márquez Palacios dijo:

Habiéndose declarado formalmente admisible el recurso extraordinario interpuesto en autos y oído el Procurador General, procede resolver sobre el fondo.

Al efecto, en primer lugar me remito a los antecedentes que consigna el doctor Rojas en su voto precedente, los que doy por reproducidos brevitatis causa. En segundo, declaro compartir absolutamente todos los fundamentos dados por el doctor Rojas en su voto, en cuanto a la improcedencia de la vía del amparo, para dilucidar la cuestión propuesta a fs. 1/8. El sendero procesal extraordinario del amparo no puede sustituir así porque sí los procedimientos y recursos normales ordinarios, no habiendo surgido de autos la imposibilidad de su utilización. Especialmente me refiero al procedimiento administrativo previo y obligatorio que establece la ley 3270 en sus arts. 59 y 87 para cualquier caso de controversia, no observado por el amparista ni reclamado por los Jueces ordinarios.

Sin embargo, más allá de esa situación, resulta necesario señalar que las partes consintieron explícitamente el procedimiento del amparo para dirimir sus pretensiones. En efecto: el accionante argumentó largamente sobre la procedencia de la vía del amparo; el Juez de 1º Instancia hizo lo propio en su sentencia; y la demandada, si bien objetó el medio procesal escogido, no sostuvo esa objeción en la Alzada ni en el recurso extraordinario que tenemos a estudio, pese a que el Tribunal de Apelación ratificó de modo muy expreso que el amparo es idóneo para tratar cuestiones como la presente.

Así expuesto el cuadro procesal de autos, con un juicio tramitado y ya resuelto, mediante un procedimiento consentido por las partes, parecería estéril volver sobre la viabilidad del mismo, y no resolver directamente el fondo de la cuestión.

Partiendo de esta premisa y con esa convicción, cuadra recordar, en primer término, que el suministro de energía eléctrica es un servicio público y que, como tal, corresponde originariamente a la Provincia o a los Municipios, debiendo propenderse a que la explotación de los mismos sea efectuada por el Estado, por entes autónomos o autárquicos y cooperativas de usuarios... con arreglo a la ley (art. 59 Const. Prov.).

En ejercicio de esa política, la explotación del servicio público de energía eléctrica se ejecuta por medio de concesiones otorgadas a los entes que menciona la Constitución que, cuando abarcan más de un municipio, son otorgadas por el Poder Ejecutivo Provincial previo dictamen de la Dirección de Electricidad de Misiones (luego E.D.E.M.S.E. y en la actualidad Ente Provincial Regulador de la Electricidad-E.P.R.E., cuyas funciones son desempeñadas transitoriamente por la Secretaría de Hacienda de la Provincia, conforme al dec. 2263/04 - B.O. 17/01/05).

A esta le compete también, fijar por un procedimiento preestablecido, las tarifas de los servicios públicos de electricidad (incluida la tarifa de alumbrado público) de jurisdicción provincial y controlar su cumplimiento; todo lo cual se refleja en un conjunto normativo que ha dado en llamarse "cuadro tarifario", cuyas características y alcances reciben publicidad legal y paralegal (art. 58 in fine - ley 3270), por lo que deben reputarse conocidos.

Las tarifas deben garantizar que se cubran los costos del concesionario, más una rentabilidad razonable. (art. 55 - ley citada).

En el caso de la C.E.L.O. la concesión comprende varios municipios de manera que la misma debía ser otorgada por el Poder Ejecutivo Provincial, y la tarifa, fijada por el E.P.R.E., tal como ha sido admitido en autos.

A su turno, la Comuna, conforme a los antecedentes de la causa, renunció hasta la fecha, a su potestad tributaria de crear una "tasa" expresa y diferenciada por servicio de alumbrado público, delegando ese rubro en la Cooperativa. Esto viene ocurriendo desde hace unos treinta años, hasta el 19 de abril de 2004 en que celebró un nuevo convenio entre la C.E.L.O. y la Municipalidad de Oberá, mediante el cual, entre otras cosas, se estipuló que aquella continuaría con la cobranza del servicio de alumbrado público; que el valor de la tarifa se liquidaría sobre la base de la tarifa provincial; y que la recaudación total sería de propiedad de la Cooperativa.

De estas constancias surge claramente, a mi juicio, que la Comuna renunció, como antes dije, a su potestad tributaria de crear y percibir una "tasa" autónoma de alumbrado público, delegando la facultad de fijar el precio por ese servicio, a los organismos provinciales competentes, y la atribución de prestarlo y percibirlo, "en propiedad", a favor de la C.E.L.O.; a tal punto que ésta ha quedado autorizada a "eximir" del pago de la tasa de alumbrado público a la propia Municipalidad. Utilizo la expresión "tasa" porque es la que se consigna en el convenio de fs. 108/109, y es lo que delegó la Comuna en la Cooperativa.

Desde luego, aunque es posible diferenciar una "tasa" de una "tarifa", es del caso señalar que tal distinción no contiene a mi juicio, un dato relevante para la solución del litigio desde el momento en que el Municipio delegó en la C.E.L.O. (ordenanza 007/99 y luego Convenio del 19 de abril de 2004) tanto el suministro de electricidad, como el cobro de servicio, sea tasa o tarifa, renunciando a establecer precios municipales para el mismo, remitiéndose en cambio a las tarifas que fijara el Estado Provincial que, obviamente, la Cooperativa no podía aumentar y sí solamente ponerlas a la par de las vigentes. Por consiguiente, mal puede la Comuna modificar el monto o precio de una tasa que no existe, por haber renunciado expresamente a su creación.

Que, en cuanto a la afectación de garantías constitucionales por aplicación del cuadro tarifario provincial, entiendo que el actor debió dirigir su demanda contra el o los Entes provinciales que lo confeccionaron y fijaron, toda vez que la Cooperativa sólo se limitó a ejercer su derecho-deber de aplicarlo.

Por todo lo expuesto, considero que la sentencia recurrida ha prescindido de la aplicación de normas legales vigentes e interpretado y aplicado erróneamente el conjunto normativo ya enunciado que rige la prestación de los servicios de electricidad en el Municipio de Oberá, por lo que expido mi voto en el sentido de hacer lugar al recurso extraordinario, y asumiendo competencia positiva, revocar el pronunciamiento recurrido, rechazando la demanda en todas sus partes, con costas al accionante y devolución del depósito art. 286 al recurrente.

El doctor Schiavoni dijo:

Que adhiere al voto que antecede.

Por Secretaría se deja constancia que no suscribe la presente resolución la doctora Poggiese de Oudín por encontrarse en uso de licencia (art. 18 ley 2441) y no emite opinión el doctor Bertolini, por encontrarse en uso de licencia al momento del pase (art. 18 ley 2441). Asimismo, se deja constancia que no se consigna el voto de la Catella por haber dejado de integrar el Tribunal por resolución de la Honorable Cámara de Representantes.

Por ello, oído el Procurador General y siendo concordante la opinión de la mayoría (arts. 15 ley 2441, modif. por ley 2819), el Superior Tribunal de Justicia resuelve: I. Hacer lugar a los recursos extraordinarios planteados en autos y en su mérito, asumiendo competencia positiva, revocar el pronunciamiento recurrido, rechazando la demanda en todas sus partes, con costas al accionante y devolución del depósito efectuado al recurrente. ¿Jorge A. Rojas. ¿ Julio E. Dionisi. ¿ Luis A. Absi. ¿ Manuel A. Márquez Palacios. ¿ Humberto A. Schiavoni.