Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-11-26


2a instancia. Buenos Aires, 26/11/2009 El Dr. DANIEL E. STORTINI dijo:

1º) La señora juez que me ha precedido, en una fundada sentencia, hizo lugar al requerimiento indemnizatorio fundado en el derecho común con motivo de un accidente del trabajo y también a los créditos emergentes del despido que dio lugar a la ruptura de la relación laboral.

Disconformes con dicho pronunciamiento apelan en lo sustancial las dos personas físicas condenadas: Mato lo hace a fs. 1019/1023 (con réplica del actor a fs. 1047/1050 y de la ART demandada a fs. 1069/vta), mientras que Bruera lo hace a fs. 1007/1017 (con réplica del actor a fs. 1054/1060 y del codemandado Mato a fs. 1044/1045). También hay apelaciones de honorarios: la ART apela la totalidad de los honorarios por estimarlos elevados (fs. 1006) y por considerarlos bajos apela el perito contador (fs. 1037) y también las doctoras Carracedo y Sivieri (fs. 1018). Incluso ambos demandados, en sus respectivos memoriales, apelan los honorarios regulados.

2º) Considero oportuno dar tratamiento, en primer término, a la apelación del codemandado Mato (fs. 1019/1023).

En la sentencia de origen fue declarada la inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557 por afectar la garantía de igualdad del art. 16 de la Constitución Nacional y el principio protector de las leyes. Este tramo del decisorio es objetado por el recurrente con apoyo en lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia en los autos "Gorosito". Sin embargo, la parte soslaya totalmente lo decidido en época posterior por el mismo alto Tribunal en la causa "Aquino". En este último precedente, la Corte federal fijó claramente doctrina en orden a la inconstitucionalidad de la norma legal referenciada por vulnerar el derecho constitucional de igualdad al imposibilitar al trabajador el acceso a la vía civil en procura de la obtención de una reparación plena e integral y no tarifada como la prevista por la ley especial. Con base en los conocidos fundamentos del mentado fallo "Aquino" -que aquí se dan por reproducidos en razón de brevedad- postulo confirmar la sentencia en el aspecto considerado.

Igual suerte seguirá el agravio respecto de la aducida -y no probada-imprudencia del actor en la ocurrencia del siniestro con la máquina "sobadora" en funcionamiento que le aprisionó la mano izquierda mientras laboraba en el establecimiento de panadería. En este segmento de la queja el codemandado no analiza la totalidad de la prueba como así lo hizo la juez "a quo" al determinar la "cosa" riesgosa en los términos del art. 1113 del Código Civil con base en el peritaje del ingeniero (fs. 884/893) en cuanto hizo saber la ausencia en esa máquina de elementos mínimos de seguridad (inexistencia de un interruptor para que se detenga ante la emergencia, elevar la protección de la madera horizontal, entre otros de los medios puntualizados) como también al evaluar la prueba testifical (declaraciones de Barrios, de Bonetti y Galván), no descalificada en su valor probatorio por el recurrente. Obsérvese asimismo que en el afán revocatorio se agita la declaración del testigo Barrios (fs. 1021), pero de los dichos del deponente no resulta que, al concreto momento del hecho, el aquí actor asumiera un proceder culposo como requiere de modo insoslayable el art. 512 del mencionado Código para atenuar o exonerar de responsabilidad (conf. art. 1113 ya cit.). Lo señalado por el apelante en su "cuarto agravio" (fs. 1022, apartado V) referente a una valoración "subjetiva" -así la califica- de la prueba testimonial no constituye técnicamente "agravio" sino una mera disconformidad de la parte con el tramo de la sentencia en cuanto afirmó -con razón- que los testigos que declararon a su propuesta no acreditaron la alegada impericia del actor porque no estaban presentes al momento del episodio y sólo lo conocen a través de comentarios de terceros. Tal circunstancia evidencia que son testigos meramente referenciales y sin eficacia probatoria en el tema considerado (art. 90, ley orgánica).

En similar situación se encuentra el "agravio" del apelante en cuanto pretende atribuir exclusiva responsabilidad a Asociart ART S.A. porque -según dice- no cumplió sus funciones. Y ello es así al soslayar el recurrente que, en el presente caso, lo relevante es que la responsabilidad con fundamento civil le fue asignada en la sentencia por su calidad de dueño o guardián de la "cosa" riesgosa (art. 1113 ídem).

No media una crítica concreta y razonada, como exige de modo insoslayable el art. 116 de la ley adjetiva, respecto de dos agravios dirigidos a descalificar la sentencia en cuanto tuvo por probada la categoría laboral del actor como "maestro panadero" (y no la de "ayudante panadero" que esgrime el litigante) y en cuanto estima "excesivo" el monto el monto de la reparación integral fijado por la "a quo". Sobre ambos puntos la parte no rebate de manera eficaz todos y cada uno de los fundamentos dados en la sentencia para dar por probada dicha categoría laboral y también para cuantificar prudencialmente la indemnización (ni siquiera dice la parte a cuánto cabe reducir el monto resarcitorio, pese a pretender en su memorial tal reducción). Sugiero entonces que se declare desierto este tramo recursivo (art. 116 cit.).

No obstante la crítica del codemandado, merece ser confirmada la tasa de interés establecida en la sentencia porque es la que adopta esta sala y las restantes del Tribunal a partir del acta 2357 de fecha 7/5/2002. Igual ocurre con las costas en tanto que fueron impuestas con base en el hecho objetivo de la derrota que imprime el art. 68, primer párrafo, del Código Procesal.

Las apelaciones de honorarios que trasunta el memorial en análisis (fs. 1019/1023) serán consideradas al finalizar este voto.

3º) Es momento ahora de dar tratamiento al recurso articulado por el codemandado Bruera (fs. 1007/1017), aclarando desde ya que la apelación de honorarios de dicho litigante (fs. 1016 vta., apartado III) será tratada al expirar el voto.

Es cierto que al tiempo de contestar la acción, este codemandado opuso defensa de falta de acción (y de legitimación pasiva) porque a la época del infortunio del trabajo (4/7/2005) no tenía vinculación alguna con el actor y con el codemandado Mato en virtud de la transferencia del fondo de comercio operada (ver responde de fs. 242/278).

No obstante lo aducido en el memorial de este codemandado, la sentencia en revisión no silenció el tratamiento de dicha defensa. Por el contrario, surge de los considerandos del decisorio (ver fs. 1000, último párrafo en adelante) que la magistrada se hizo cargo de la acreditación en el caso de la transferencia del fondo de comercio de la panadería en la que se desempeñaba el actor y ocurrió el accidente. Así la juez consideró responsable al ahora apelante por "...aplicación (de) las disposiciones contenidas en el art. 225 y 228 (de la L.C.T.) que establecen la solidaridad entre el sucesor y adquirente respecto a las obligaciones emergentes del contrato de trabajo existentes a la época de la transmisión". Luego de ello, la juez en su sentencia dio los argumentos de hecho y de derecho en abono de esta condena solidaria con apoyo en dicha normativa. Lo relevante en el punto es que el recurrente no cuestiona esos fundamentos en su presentación recursiva y, por tanto, este Tribunal no puede más que declarar desierto tal "agravio" ante la ausencia de crítica fáctica que posibilite incursionar válidamente en esta porción del pronunciamiento (art. 116 L.O.).

En lo concerniente a la queja del recurrente sobre el monto del resarcimiento fijado por la "a quo", que califica como una suma dineraria "astronómica" y pide que esta sala lo reduzca "...a sus justos límites..." (fs. 1011), cabe remarcar que lo manifestado por el litigante constituye una mera disconformidad sin conformar técnicamente un "agravio" al no explicitar, de modo circunstanciado, por qué causas estima elevado el monto determinado y cuál sería el que correspondiese según criterio de la parte, aspectos omitidos en el memorial y que consecuentemente impiden expedirse al Tribunal.

Tampoco es viable el agravio del codemandado en orden a la categoría laboral del actor. No obstante lo asentado en los recibos salariales y lo informado por la ANSeS sobre el particular, lo cierto es que tal dato insertado en documentos cede ante la prueba testifical por aplicación del principio de la primacía de la realidad, el cual rige en toda disciplina jurídica y con mayor énfasis en el derecho del trabajo ante el principio protector que lo sustenta (art. 14 bis, Const. Nacional). Nótese que los testimonios dados por Barrios, Bonetti y Galván fueron adecuadamente analizados por la "a quo" (fs. 1003) en tanto que sus dichos permiten formar convicción sobre el tema fáctico en debate, sin que la eficacia de esta prueba pueda válidamente ser revertida por la tesitura recursiva del codemandado (arts. 90 L.O. y 386 Cód. Procesal).

Entiendo asimismo que la situación de despido en que se ubicó el actor con fecha 5 de julio de 2006 resultó ajustada a derecho porque el codemandado incurrió en un incumplimiento contractual grave que importó -en concreto- una negativa de dación de tareas que hizo imposible -por su gravedad- la continuidad de la relación laboral (conf. arts. 10, 78, 242 y 246 L.C.T.). Y así lo digo porque el trabajador se sometió al control médico de la ART contratada por el anterior empleador (Asociart ART S.A.) y ésta le otorgó el alta médica a partir del 28 de junio de dicho año (informe de fs. 413/418 y certificado médico). No obstante que el actor comunicó por vía telegráfica el alta médica referenciada, el empleador le exigió una concurrencia a la Clínica CEMLA Norte S.A. para un nuevo control médico, pese a ese alta médica dada pocos días antes. Ello evidencia una postura no razonable ni acorde con el principio de buena fe que debe regir en todo vínculo contractual, aun a la época de su extinción (art. 63 L.C.T.), ya que el control médico y el certificado de alta que sustentaba el requerimiento del actor provenía de la aseguradora de riegos del trabajo (art. 63 cit.).

No he perdido de vista -como bien precisa el apelante- el informe médico de CEMLA Norte S.A. acerca de que el actor allí concurrió, pero se retiró pocos minutos después. Pero si bien la ley laboral concede la facultad al empleador de ejercitar un control sobre la aptitud psicofísica del trabajador para prestar servicios (art. 210 L.C.T.), tal control ya había sido cumplido -pocos días antes- al presentarse el actor al examen de la aseguradora de riesgos del trabajo, la cual ya se había expedido con la concesión del alta médica, dato éste que ya conocía el codemandado (art. 63, ya cit.).

4º) Resta dar tratamiento a las apelaciones de honorarios: las de la ART (fs. 1006), las de las abogadas Carracedo y Sivieri (fs. 1018), las del perito contador (fs. 1037) y las efectuadas en los escritos recursivos del codemandado Bruera (fs. 1007/1017) y Mato (fs. 1019/1023).

En el punto considero que las regulaciones indicadas en la sentencia de origen resultan razonables por cuanto se revelan acordes con el monto del pleito y el mérito, importancia y extensión de los respectivos trabajos de cada uno de los profesionales (art. 38 L.O. y cctes. ley arancelaria; arts. 3 y 12 decreto ley 16.638/57). Propongo, por tanto, que sean confirmadas.

Las costas de alzada serán impuestas a los codemandados Julio Gaspar Bruera y José Luis Mato por resultar vencidos (art. 68, primer párrafo, Código Procesal).

Voto, en consecuencia, por: 1º) Confirmar la sentencia en todo lo que ha sido materia de apelación y agravios. 2º) Costas de alzada a cargo de los codemandados Bruera y Mato. 3º) Regular los honorarios por los trabajos profesionales cumplidos en esta segunda instancia en el 25 % (de lo que les ha correspondido por la anterior instancia) para los firmantes de fs. 1007/1017 y fs. 1054/1060 y fs. 1044/1045 y fs. 1019/1023 y fs. 1069/vta. y fs. 1047/1050 (art. 14, ley arancelaria).

El Dr. GREGORIO CORACH dijo:

Por compartir los fundamentos, adhiero al voto que antecede.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: 1º) Confirmar la sentencia en todo lo que ha sido materia de apelación y agravios. 2º) Costas de alzada a cargo de los codemandados Bruera y Mato. 3º) Regular los honorarios por los trabajos profesionales cumplidos en esta segunda instancia en el 25 % (de lo que les ha correspondido por la anterior instancia) para los firmantes de fs. 1007/1017 y fs. 1054/1060 y fs. 1044/1045 y fs. 1019/1023 y fs. 1069/vta. y fs. 1047/1050 (art. 14, ley arancelaria).

Se deja constancia que se encuentra vacante la tercera vocalía (art. 109 del R.J.N.).DANIEL E. STORTINI. GREGORIO CORACH .