marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Incapacidad, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Trinidad José c/ Aerolíneas Argentina S.A. s/ Indemnización por Incapacidad absoluta.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1996-10-14

La Ley 24028 al abandonar la teoría de indiferencia de la concausa, pone en cabeza del trabajador la carga de asumir la prueba de que el daño incapacitante obedece a factores concausales atribuibles al trabajo; prueba ésta que necesariamente ha de ser suministrada por peritos médicos, toda vez que el hecho a probar comporta la necesidad de una apreciación específica de un campo del saber, completamente ajeno al del hombre del derecho.
Libertad condicional, examen de salud, juez de ejecución
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Barrella, Edison Darío s/ recurso de casación. Causa: 370
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-17

Al condenado portador del virus H.I.V., que será beneficiado por la libertad condicional, debe establecerse como cláusula compromisoria el sometimiento a controles periódicos en el Hospital Muñiz, para seguir el tratamiento médico que allí se le indique, lo que será controlado por el señor Juez de Ejecución Penal (confr. art. 13, inc. 2do., C.P.).
Declaración de rebeldía, notificación por cédula
Materia: PROCESAL
Carátula: MONTEMAR SA c/ OSCAR MASCAREÑO s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-10-20

Frente a la declaración de rebeldía se limitan considerablemente las notificaciones por cédula (o personales) que deben practicarse al demandado; y precisamente las más importantes: la que lo declara en rebeldía y la sentencia definitiva, las demás de cualquier entidad se notifican al rebelde por ministerio de la ley. De la correlación de los artículos 58 y 61 del Código de Procedimientos, surge que sólo se notifican por cédula la resolución que declara la rebeldía, así como la sentencia, ya que las sucesivas providencias se tienen por notificadas por ministerio de la ley, hasta tanto cese tal estado.
Personal municipal, supresión del cargo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Bongiovani y sus acumulados c/ Municipalidad de Tres de Febrero s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-11-24

Si a la fecha de cese de los actores se hallaba vigente la Ordenanza General nro. 41, que no preveía indemnización alguna para los agentes públicos separados del empleo por supresión de cargos, resulta inatendible la pretensión de percibir la reparación pecuniaria instituida en la posterior Ordenanza General nro. 207 toda vez que dicha disposición normativa entró a regir luego de producido el cese de los reclamantes.
Tasa de justicia, Tribunal Fiscal de la Nación
Materia: PROCESAL
Carátula: QUEIROZ  S.A. c/ INC. DE TASA DE JUSTICIA s/ APEL.  T.F.N.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-07

Toda vez que la tasa establecida por la ley 22.610 grava las actuaciones cumplidas ante un organismo de naturaleza jurisdiccional administrativa - como lo es Tribunal Fiscal de la Nación -, resulta claro que ella no puede ser calificada como "tasa de justicia", y, por lo tanto, su pago no obsta a la obligación de satisfacer el tributo instituido por la ley 23.898.
Intereses, tasa activa
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Riquelme, Gladys Isabel c/ Sanatorio Materno Infantil S.R.L. y/o quien resulta responsable s/ Adicional categoría impagas, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1996-03-22

En cuanto a la tasa de interés a aplicar sobre los montos de condena, se propicia que lo sea la activa promedio, que no empece a dicha conclusión lo sentado por el Superior Tribunal de Justicia en el recurso de inaplicabilidad de ley o doctrina legal en sentencia Nro.301 del 12-12-94 recaída en autos: Banco del Chaco SEM C /Alcaráz, Susana, Pachecoy de Szymula, Elizabeth y Szymula Claudio s / Ejecutivo, donde se hubo establecido, correspondía aplicar a partir del 1ro. de abril de 1991, la tasa pasiva promedio que suministra el Banco Central de la República Argentina. La actividad casatoria precedentemente aludida, estuvo dada para el caso concreto de deudas con entidades financieras. La deuda originada en el contrato de trabajo, no queda necesariamente comprendida en el alcance interpretativo fijado en el citado fallo.
Sentencia penal, principio de congruencia
Materia: PENAL
Carátula: POLANCO, FRANCISCA LEONOR s/ HOMICIDIO CALIFICADO S/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1993-11-01

La razón legal de la exigencia de congruencia reside en la tutela de la garantía de defensa en juicio, la cual requiere para su satisfacción que el imputado tenga en el curso del proceso el conocimiento y la posibilidad necesarios para defenderse del cargo que se le hace, los que no existen cuando se produce una mutación del hecho intimado, pues en tal caso y en relación con el hecho por el que fuera condenado, el imputado no pudo defenderse, probando y alegando lo que consideraba hacia a su derecho. Concretamente, es indispensable que el imputado sea intimado de la imputación, es decir, que aquella, sea puesta en conocimiento de la persona contra la cual se dirige.-
Excarcelación, condena anterior
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: CEBALLOS, FRANCISCO A. s/ EXCARCELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1973-09-27

Procede otorgar la excarcelación al imputado que registra una condena anterior a pena de multa, no obstante no haya transcurrido el término establecido en el art. 50 del C.P., pues dicha norma es de aplicación -a los fines de la restricción de la excarcelación- únicamente para los delitos reprimidos con pena privativa de la libertad.-
Decreto de necesidad y urgencia, estado de necesidad, crisis económica, gobernador
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Raña, Luis Ángel c/ Poder Ejecutivo Provincial s/ Acción de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 2003-09-15

El Gobernador es competente y puede decretar la emergencia económica financiera dentro del ámbito de su propio poder porque, de conformidad con las prerrogativas que le otorga la Carta Magna Provincial como "Jefe de la Administración del Estado Provincial", se encuentra facultado para "Tomar todas las medidas necesarias para hacer efectivos los derechos, deberes y garantías previstos en esta Constitución y el buen orden de la administración, en cuanto no sean atribuciones de otros poderes o autoridades creados por ella" (art. 135, inc.19 CP). En consecuencia si bien el Poder Ejecutivo no puede declarar el estado de necesidad en el ámbito de los tres poderes del Estado, no existe obstáculo jurídico para que decrete esa situación de excepción, limitándola exclusivamente a la administración.
Honorarios, resoluciones recurribles
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gené, Gustavo c/ Herbin de Oliva Vélez, María s/ Cobro honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-04-12

No cuestionándose en el recurso el derecho a la regulación ni concurriendo ninguno de los supuestos de excepción admitidos a la regla establecida por el art.57 del dec.ley 8904, la decisión de la Cámara de Apelación que determina el monto de los honorarios por trabajos extrajudiciales en el proceso seguido a tal efecto, es irrecurrible.
Ley de contrato de trabajo, interpretación de la ley, trabajo insalubre, declaración de insalubridad
Materia: PROCESAL - LABORAL
Carátula: SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTEAUTOMOTOR. s/ RECURSO DE NULIDAD Y RECONSIDERACION.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-11-24

Si se admitiera que las facultades revisoras del juez con respecto a lo decidido en el campo administrativo encomendadas por el art. 200 del Régimen de Contrato de Trabajo (t.o.), operan exclusivamente cuando se trata de una "declaración de insalubridad o de una que deniega dejar sin efecto otra anterior" se terminaría reduciendo la actividad jurisdiccional de marras, sin ninguna otra razón que no sea una exégesis ad litem, a los únicos casos en los que están afectados valores de sólo una de las partes de la relación de trabajo, el empleador, y en los que estarían en juego derechos de directo contenido patrimonial, los cuales, por mayor que sea la garantía que deban recibir, no pueden igualarse con los relacionados con la salud del hombre trabajador, dada su superior naturaleza, de cuya excelencia deriva que su protección requiera un ejercicio ponderado de la virtud cardinal de la justicia.
Derecho procesal, expresión de agravios, crítica concreta y razonada
Materia: PROCESAL
Carátula: ARCHILLA, HORACIO D. Y OTROS c/ A.D.O.S. s/ APELACION AUTO INTERLOCUTORIO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-03-11

La crítica concreta y razonada que de conformidad a lo establecido en el art. 265 C.P.C. debe contener el memorial de agravios, debe consistir en la indicación detallada de los pretendidos errores y omisiones que se atribuyen al pronunciamiento. Es por ello que la expresión de agravios no puede limitarse a una mera discrepancia con lo decidido por el magistrado en la instancia anterior, sino que debe consistir en una presentación que efectúe una crítica razonada de la sentencia impugnada, demostrando los motivos que se tienen para considerarla equivocada o injusta.
Contratos civiles, leasing, emergencia económica
Materia: COMERCIAL
Carátula: KIT  OFFICE  SA c/ THE  CAPITA  CORPORATION  DE ARGENTINA SA s/ SUMARISIMO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-11-13

Resulta inaplicable la ley 24283 cuando, como en el caso, no se ha ordenado la aplicación de ningún índice de actualización o mecanismo indexatorio, sino que se dispuso una recomposición de las obligaciones emergentes de los contratos de leasing celebrados entre las partes -mismo fin que el perseguido por aquella ley- en el marco de las normas de emergencia que pesificaron las deudas originariamente contraídas en dólares estadounidenses, normas que resultan de orden publico. Resulta también relevante destacar que el planteo resulta improcedente pues la pretensión esta apoyada en una comparación heterogénea desde que se postula confrontar el monto de la liquidación aprobada con el valor residual actual de los bienes objetos de los contratos de leasing, lo cual no resulta admisible, habida cuenta que las cuotas pactadas en ellos no sólo incluyen el valor de amortización de dichos bienes sino también un componente destinado a abonar el precio del canon o alquiler propiamente dicho.
Proceso judicial, declaración de puro derecho
Materia: PROCESAL
Carátula: BATAGLIA GERMAN ARMANDO s/ SEPARACION PERSONAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1991-08-13

La resolución que declara la cuestión de puro derecho alcanza únicamente a la demanda, en el caso de que a la reconvención no se haya dado trámite.
Marcas, presupuesto, carga de la prueba
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: WYETH c/ GADOR S.A. s/ CESE DE OPOSICION AL REGISTRO DE MARCA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-19

El requisito tiene el claro propósito, concordé con la disposición del art. 24, inc. c); de proscribir la práctica consistente en registrar marcas con la finalidad de venderlas, transformándolas en elementos de especulación. Se busca evitar que se lucre con el registro de otras solicitudes marcarias, exigiendo el pago de una suma de dinero para dejar sin efecto una oposición (confr. esta Sala, causa 5257/99, "Fournier Industrie el Sante c/ Laboratorios Bagó S.A. s/ caducidad de marca" del 10.12.03. Efectuada una protesta a una pretensión marcaria por falta de interés legítimo del peticionario, la carga de la prueba recae principalmente en este último por ser quien está en mejor posición para demostrar que tiene aquel interés, desde que el oponente-demandado debería acreditar un hecho negativo, lo que no es por cierto imposible pero sí mucho más complejo (arg. art. 377 del C.P.C.C.N.).
Remoción de jueces, gobierno de facto, salarios caídos, competencia de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: ARAMAYO, DOMINGO RAUL s/ REPOSICION EN EL CARGO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-02-14

La reclamación de retribuciones caídas por quien fuera removido de su cargo de juez por el gobierno de facto, escapa a la competencia de la Corte, a más de requerir la sustanciación del debido proceso contradictorio, lo que hace impropia la vía elegida.
Proceso judicial, beneficio de litigar sin gastos, defensa en juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: "Di  Cio  Jorge  y  Otros -Incidente Bfcio.- c/ Ejército Argentino-ANA Poder Judicial s/ Beneficio de litigar sin gastos".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-05-30

El beneficio de litigar sin gastos encuentra sustento en dos preceptos de raigambre constitucional como es la garantía de la defensa en juicio y la igualdad ante la ley (arts. 18 y 16 de la C.N.).
Administración Pública, relación de dependencia, empleo público
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: RIVERO, HECTOR BENIGNO Y OTROS c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  Nº 389-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-04-02

Respecto del modo en que operan las pautas de "razonabilidad" en el ámbito de los derechos de los agentes públicos, Marienhoff ha sostenido que refieren a una eventual "potestad" de los Ejecutivos que difícilmente puede conciliarse con la actual noción de un "status" del trabajador -así sea de uno ligado por una relación de empleo público- conforme tal "status" comienza a delinearse a partir del artículo 14 bis de la Constitución nacional, en los artículos 7, 20 y concordantes de la Constitución provincial, y culmina en las distintas cláusulas de los convenios reguladores de la relación (en el caso, el del personal de Municipalidades y Comunas de la provincia). En consecuencia, se opta por aludir a derechos de los agentes estatales y no a facultades de su empleador; derechos que como cualesquiera otros deben adecuarse a exigencias mínimas de convivencia y coexistencia y, además, a la significativa circunstancia de que la contraparte de la relación persigue objetivos y cumple cometidos que interesan a todos; persigue objetivos y cumple cometidos ligados al bien común.
Seguros, seguro de vida, seguro colectivo, asegurado, derechos del asegurado, indemnización, tomador del seguro, obligaciones del tomador, denuncia del siniestro, ley de seguros
Materia: COMERCIAL
Carátula: CIPELLI OSVALDO OMAR c/ C.N.A.S. s/ COBRO DE SEGURO C.N.A.S.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-05-27

La conducta omisiva del empleador en formular la denuncia no impide al asegurado accionar por cobro de la indemnización, pues él tiene un derecho propio contra el asegurador, desde que ocurre el evento previsto (art. 153, ley 17.418; causa 7011 del 5.12.89).
Efectos de la sentencia penal en sede civil, cuestiones prejudiciales
Materia: CIVIL
Carátula: SANFELICE JUAN DOMINGO c/ FRANCISCO MUSSO S.R.L. Y/O MIGUEL A. ABRATE Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-02-06

El Art. 1101 del Código Civil regula el ámbito general en el tema de la prejudicialidad, que especifican los Arts. 1102 y 1103 y parte de la tramitación de dos procesos, el uno penal y el otro civil, en sus dos respectivas sedes, situación que demanda suspender el dictado de la sentencia civil, hasta el pronunciamiento penal.-
Proceso penal, recurso de casación, principio de inmediación
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Vizcarra, Marcelo Nicolás s/ Recurso de Casación interpuesto por el Sr. Fiscal de Cámara de Tercera Nominación, Dr. Rubén Omar Carrizo en contra de la Sentencia Nº 53/200, en causa Expte. Letra "V" Nº 74/09 VIZCARRA, Marcelo Nicolás p.s.a. Homicidio Simple - Esquiú - La Paz
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-05-14

Por imperativo de lo dispuesto en la Constitución Nacional y en los instrumentos internacionales con jerarquía constitucional, el tribunal de casación se encuentra facultado para efectuar un examen ex novo de la causa, puesto que el acusado tiene derecho a que se examine íntegramente el fallo, aún en el ámbito de los hechos y de las pruebas producidas, con el único límite de no sacrificar la inmediación, es decir, aquello que exclusivamente ha ingresado en la percepción del tribunal.

Con relación a esto último, recuérdese lo sostenido por esta Corte en numerosos precedentes, en donde se dijo que los principios de inmediación y contradicción imponen que los órganos de prueba que hayan de producirse en el debate deban comparecer personalmente a fin de que, precisamente, tanto el tribunal como las partes tomen conocimiento directo de los mismos, de su impronta, semblante, actitudes, expresiones gestuales, forma de expresarse y demás circunstancias que sirven para evaluar su veracidad y eficacia, y por sobre todo ello, interroguen directa y libremente a los testigos a fin de indagar sobre el verdadero conocimiento que de los hechos puedan tener.

De este modo, se han señalado con claridad los límites que tiene el tribunal de casación en el contralor lógico de la motivación de las sentencias a través del recurso de casación.

En tal sentido, se ha expresado que a la casación llegan los relatos que de la prueba efectúa el tribunal de juicio "pero no le llegan ni las pruebas testimoniales originales, ni las impresiones originales de las inspecciones y comprobaciones realizadas en el curso del debate", por lo cual el contralor no puede ni debe invadir el ámbito que configura la competencia reservada precisamente a los jueces del mérito, porque son quienes tienen la inmediación en la recepción de la prueba y les corresponde apreciar libre y prudencialmente la eficiencia probatoria (Núñez, Ricardo C., "El contralor de las sentencias de los tribunales de juicio por vía de la casación", Opúsculos de Derecho Penal y Criminología, n° 40, Ed. Lerner, p. 30).
Inviolabilidad del domicilio, orden de allanamiento, jueces
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Aruanno, Nicolás; Cepeda, Oscar Alberto s/ Falsificación de sellos en concurso ideal con defraudación a la  administración pública en grado de ttva. (Aruanno); Falsificación de  sellos (Cepeda) s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1997-05-08

El art. 18 de la Constitución Nacional garantiza la inviolabilidad del domicilio, disponiendo que una ley determinará los requisitos y condiciones para que un allanamiento sea considerado legal. La garantía constitucional protege la intimidad del particular, ordenando que sea un juez el que -en primera instancia- realice el allanamiento. Esto es así porque se entiende que es éste quien está en una situación de mayor objetividad para evaluar la necesidad y razonabilidad de tal medida.
Licencia por enfermedad, antigüedad
Materia: LABORAL
Carátula: MARUSEVICH, ROSA c/ FRIGORIFICO PILARO  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-10-26

El trabajador enfermo continúa ganando antiguedad, que es un concepto relativo a la duración del contrato de trabajo. Por lo tanto, a partir del momento en que su prestación laboral por cada accidente o enfermedad inculpable durante seis meses -o un año si pesan sobre él cargas de familia- sin mengua de la subsistencia de juzgarse la situación jurídica que tal suspensión genera al tiempo de vencimiento de cada período de pago, ya que no existe norma alguna que establezca que la extensión del lapso de licencia paga quede determinada definitivamente en el momento de su iniciación.
Procedimiento laboral, honorarios del perito, base regulatoria, monto del juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: MAIDANA, RODOLFO c/ OBRAS SANITARIAS DE LA NACION s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-07-31

El art. 38 de la ley 18345 justifica regular aún proporciones inferiores a las previstas en los aranceles profesionales en consideración a las especiales características del proceso laboral, mediante resolución fundada, lo que aparece en alguna medida justificando en juicios a los que el mismo módulo de desarrollo del trabajo pericial es igualmente aplicable tanto para uno como para la totalidad de los veinte actores demandantes.
Síndico del concurso, deberes y facultades del síndico del concurso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Farmacia Central 12 SCS s/ Quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-11-14

Si bien el nuevo régimen de la ley 24522, ha introducido reformas en lo que a la actuación y poderes de los acreedores se refiere, no ha cambiado las responsabilidades y carácter de la actuación de la Sindicatura. No sólo se mantiene las sanciones de remoción y multa, sino que se agrega la reducción de la remuneración como un elemento más para reprimir la negligente o dolosa actuación del Síndico (art.

255 de le ley 24522).
Honorarios, ejecución de sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: ESPINA JUAN JOSE c/ BURGOS ROBERTO s/ EJECUTIVO - RECURSO DE APELACION - RECURSO DE NULIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1995-06-29

Es imposible conceptuar la pretensión de cancelación de embargo formulada por el deudor como actuación que integra el trámite propio de la ejecución de sentencia y que es retribuida por los honorarios establecidos para esta fase del juicio por el art. 79 de la ley 8226. No sólo porque configura una diligencia excepcional que no integra el procedimiento normal de la ejecución de sentencia, sino además porque la compensación que acuerda el aludido art. 79 para tales actos sólo comprende al abogado del acreedor accionante y difícilmente podrá extenderse al letrado del deudor, quien frente a la ejecución forzada cumple un papel pasivo de sometimiento a la fuerza pública que actúa el Estado. Por eso es evidente que el pedido de cancelación en ninguna otra actividad procesal que tenga conferida por la ley un honorario de carácter general, y antes bien surte el honorario específico que instituye el art. 82, 1º par., de la ley 8226.
Daños y perjuicios, inundación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Del Pupp, Ernesto c/ Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-10-15

Si de acuerdo con lo dictaminado por el perito ingeniero hidráulico -que resulta decisivo en el pleito-, las causas directas de la inundación fueron la pluviometría elevada, un ingreso extraordinario de excedentes hídricos provenientes del Río V y la ejecución por la Dirección de Hidráulica de la Provincia de Buenos Aires de una serie de canales que guiaron, encauzaron y trasvasaron agua de una zona a otra; es decir, que todo se ha visto alterado por la acción del hombre en medio de un ciclo de elevada pluviometría, resulta razonable establecer que la demandada ha sido co-responsable en un cincuenta por ciento (art. 474 CPCC).
Pago, mora, interpelación, acta notarial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: HERVAS, ELENA GLADYS Y OTROS c/ LINEAS AEREAS PARAGUAYAS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-15

El acta notarial agregada contiene un requerimiento de pago que reúne todas las condiciones extrínsecas necesarias para otorgarle virtualidad moratoria, es decir: exigencia categórica e indudable, requerimiento apropiado en cuanto al objeto, modo y tiempo de pago, carácter coercitivo de la interpelación y cumplimiento factible, y tal virtualidad no desaparece por el hecho de que los acreedores hubieran realizado una segunda interpelación, pues ella no debe ser interpretada como la renuncia a los efectos moratorios obtenidos en la primera exigencia.