Tribunal: CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-06-01


2º Instancia. - Buenos Aires, junio 1 de 2009.

El doctor Martín Laclau dijo:

Llegan las presentes actuaciones a este Tribunal a raíz de la apelación deducida, a fs. 96, por doña Florentina Rafaela Seco, contra la sentencia de fs. 92/93, en virtud de la cual no se hizo lugar al reajuste del haber de su prestación en base a la ley 22.955.

Estimo que el fallo cuestionado se ajusta a derecho y a las constancias de la causa. Cabe destacar que el beneficio de la accionante fue obtenido dentro del régimen de la ley 18.037 y que su pedido de reajuste, según la misma interesada manifiesta a fs. 10 vta., fue efectuado el 3 de marzo de 2000. Ahora bien, para esa fecha el régimen de la ley 22.955 ya había sido derogado por imperio de la ley 23.966, con lo cual lo peticionado resulta, en mi opinión, improcedente.

Por consiguiente, de prosperar mi voto, correspondería confirmar el pronunciamiento judicial materia del presente recurso, devolviendo los actuados al juzgado de origen, a sus efectos.

El doctor Juan C. Poclava Lafuente dijo:

Si bien, en el caso el beneficio fue otorgado en el marco de la ley 18.037, y el recurrente pretende se le aplique el régimen de la ley 22.955, apreciando con carácter amplio la expresión de agravios de fs. 101/102, cabe admitir el planteo tendiente a la obtención del reajuste.

Ello así, por cuanto en atención a que la recurrente tuvo oportunidad de ser oída y de oponer las defensas a su alcance, compete a los jueces, en virtud de la regla del "iura novit curia" decidir la controversia suscitada en autos de acuerdo al ordenamiento jurídico adecuado al caso, con prescindencia del invocado por las partes (Cfr. G.92.XXXVII. "García, Ana Esther c. ANSeS s/reajustes varios", C.S.J.N. 28/7/05, entre otras).

Así las cosas, el reajuste habrá de ceñirse a las pautas sentadas por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación en las causas precedentes "Sánchez María del Carmen" del 17/5/05 y "Badaro, Adolfo Valentín" del 8/8/06 y 26/11/07, según se trate de haberes devengados hasta el 30/3/95 y a partir del 1/4/95, respectivamente.

A las sumas que devenguen a favor de la accionante se les adicionará un interés equivalente a la tasa pasiva promedio mensual que publica el B.C.R.A., (art. 10 del dto. 941/91) por tratarse de créditos originados con posterioridad al 1/4/91, de acuerdo a la doctrina reiterada del Alto Tribunal a partir del pronunciamiento recaído el 14/9/93 en el caso "Varani de Arizzi, Bonafine".

Asimismo, corresponde hacer lugar a la excepción de prescripción por los reclamos anteriores a los dos años previos a la solicitud del reajuste; ello por aplicación del art. 82 de la ley 18.037, vigente en razón del art. 168 de la ley 24.241.

Por otra parte, propicio sujetar el cumplimiento de la sentencia a lo normado por el 22 de la ley 24.463, modificado por la ley 26.153.

Respecto a las restantes cuestiones alegadas, que no fueron expresamente mencionadas, omito pronunciarme por considerarlas inconducentes para la solución del conflicto suscitado en autos. En tal sentido el Alto Tribunal ha señalado que "los jueces no están obligados a seguir y decidir todas las alegaciones de las partes, sino sólo aquellas que se estimen decisivas para la correcta solución del litigio y el fundamento de sus conclusiones" (CS, nov. 4/97 "Wiater c. Min. de Economía", LA LEY, 1998-A, 281). De esta suerte se reitera una doctrina expuesta en múltiples ocasiones, merced a la cual se exime al juzgador de tratar todas las cuestiones expuestas por los litigantes y de analizar los argumentos que a su juicio, no sean decisivos (Fallos: 272:225; entre otros).

Por lo expuesto propicio: 1) declarar formalmente admisible el recurso deducido; 2) hacer lugar parcialmente al mismo y, en consecuencia, admitir la demanda en los términos expuestos en los considerandos; 3) costas en la Alzada por su orden (art. 21 de la ley 24.463).

El doctor Néstor A. Fasciolo dijo:

I. La parte actora promovió demanda el 19/9/00 contra la resolución denegatoria del reajuste pretendido. En su presentación, afirmó que la prestación de la que es titular fue acordada por la ley 22.955. Sin embargo, de las constancias que obran en el administrativo acollarado surge que obtuvo su jubilación por invalidez en 1981 bajo la vigencia de la ley 18.037.

Que por sentencia nro. 15886 del 27/3/08 de fs. 92/93, el Juzgado nro. 9 del fuero se pronunció por su rechazo, teniendo en cuenta que según las actuaciones administrativas 74/0000491/1/1/1que corren por cuerda, su jubilación ordinaria fue otorgada bajo el régimen general. Asimismo, impuso las costas por su orden y reguló honorarios.

Contra lo así resuelto se dirige la apelación de la parte actora, sustentada en el memorial de fs. 101/102, por la que su presentante pretende obtener el reajuste de su haber -en base al iura novit curia- mediante la aplicación de las pautas de movilidad de los precedentes "Sánchez" y "Badaro"..

II. A mi juicio, ha de tener acogida favorable el planteo de la parte actora, habida cuenta que la demandada ha tenido oportunidad de ser oída y de oponer las defensas a su alcance, compete a los jueces, en virtud de la regla del "iura novit curia" decidir la controversia suscitada en autos de acuerdo al ordenamiento jurídico adecuado al caso, con prescindencia del invocado por las partes. (Cfr. G.92.XXXVII. "García, Ana Esther c. ANSeS s/reajustes varios", C.S.J.N. 28/7/05, entre otras).

III. Ello sentado, juzgo vigente para el sub examine la doctrina fijada por la C.S.J.N. en materia de movilidad de las prestaciones del régimen general en los precedentes "Sánchez María del Carmen" del 17/5/05 y "Badaro, Adolfo Valentín" del 8/8/06 y 26/11/07, según se trate de haberes devengados hasta el 30/3/95 y a partir del 1/4/95, respectivamente.

IV. En atención a la excepción oportunamente opuesta por la demandada a fs. 34, la parte actora será acreedora a las diferencias devengadas no alcanzadas por la prescripción con más la tasa de interés dispuesta por el art. 10 del dto. 941/91, de acuerdo a la doctrina reiterada del Alto Tribunal a partir del pronunciamiento recaído el 14/9/93 en el caso "Varani de Arizzi, Bonafine", oportunidad en que se revocó lo decidido por esta Sala por Sentencia nro. 26115 del 16/6/92, -con fundamento que, aún hoy sostengo-; ello así, visto que el criterio marcado por la jurisprudencia del superior conserva aún vigencia (ver, entre otras, sent. del 21/5/02 in re A.376.XXXV.R.O. "Aguilar, Froilán contra Anses s/ Reajustes por Movilidad"). En este orden, entonces, deberá estarse a lo establecido por el mentado decreto para el período posterior al 6/1/02.

El cumplimiento de la presente habrá de ceñirse a lo establecido por el art. 22 de la ley 24.463 modificado por la ley 26.153.

Encuentro suficiente para la correcta solución de las cuestiones litigiosas sometidas consideración de esta alzada lo hasta aquí expuesto, porque "los jueces no están obligados a seguir y decidir todas las alegaciones de las partes, sino sólo a tomar en cuenta lo que estiman pertinente para la correcta solución del litigio", (cfr. "Tolosa, Juan C. c. Compañía Argentina de Televisión S.A.", fallado el 30/4/74, pub. LA LEY, 155-750, nro. 385). Ello es así en el marco de la conocida doctrina en virtud de la cual se exime al juzgador de tratar todas las cuestiones expuestas por los litigantes y de analizar los argumentos que, a su juicio, no sean decisivos para decisión de la causa (Fallos 272:225; 274:113; y causa "Wiater c. Ministerio de Economía", LA LEY, 1998-A, 281, entre otros).

Por todo lo expuesto, propongo: 1) declarar formalmente admisible el recurso de la parte actora; 2) hacer lugar al mismo revocando -por ello- la sentencia de grado y dando acogida favorable a la demanda con el fundamento y los alcances indicados precedentemente, por remisión a la doctrina sentada por la C.S.J.N. in re "Sánchez, María del Carmen" y "Badaro, Adolfo Valentín" para la movilidad de los haberes. Costas de alzada por su orden (Arts. 68 CPCCN y 21 ley 24.463).

Por lo que resulta del acuerdo de la mayoría, el Tribunal resuelve: 1) declarar formalmente admisible el recurso de la parte actora; 2) hacer lugar al mismo revocando -por ello- la sentencia de grado y dando acogida favorable a la demanda con el fundamento y los alcances indicados precedentemente, por remisión a la doctrina sentada por la C.S.J.N. in re "Sánchez, María del Carmen" y "Badaro, Adolfo Valentín" para la movilidad de los haberes. Costas de alzada por su orden (Arts. 68 CPCCN. y 21 ley 24.463). - Martín Laclau. - Juan C. Poclava Lafuente. - Néstor A. Fasciolo.