marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Accidente de tránsito, deber de obrar con prudencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Soler Ponce, Jorge M. y otros c/ Caballero, Hugo C. y otra s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-03-26

Si el conductor, en el caso, comenzó a frenar a los nueve metros, haciéndolo con mayor brusquedad en los últimos seis y, no obstante, no llegó a detener su vehículo en el cruce de las dos rutas, es porque no conservó el pleno dominio de su rodado, como lo exigían las circunstancias propias del lugar al que arribaba.-
Enfermedad accidente, relación de causalidad, carga de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Moyano de Guerrero, María Isabel c/ Gobierno de la Provincia de Mendoza Ministerio de Salud de la Provincia s/ Ordinario (LIBRO: S067 - 000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-02-22

La inexistencia de prueba sobre las tareas y sus características no permiten establecer el nexo de causalidad entre las dolencias y su origen. Siendo a cargo de la víctima, la prueba de la relación entre el trabajo y la enfermedad, las manifestaciones del perito médico no constituyen un medio idóneo para acreditar las tareas realizadas.
Concursos, privilegios (civil)
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Mendez, Marcelo s/ Incidente de verificación y pronto pago en autos: Argenbel S.A. s/  Quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-02-02

Siendo que en materia de concursos los privilegios se rigen exclusivamente por el artº 263 de la ley de concursos, el crédito constituido por honorarios profesionales impuestos en calidad de costas al concursado, en una acción sustanciada en la justicia de trabajo y verificado en sede concursal, goza únicamente del "privilegio general" previsto por el artº 270 inc. 1º ley 19551. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Contratos, cesión de créditos, efectos entre partes, terceros, juicio ordinario
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Vitale, Guillermo Augusto c/ Espasa SA y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-11

2 - De hecho con la calidad que ostenta el cesionario luego de concluirse la transferencia, este queda facultado para, entre otros derechos, demandar el cobro íntegro de la deuda hasta eventualmente hacerlo por vía ejecutiva si tal posibilidad resulta del título transmitido (Llambías J.J., obra citada, T. III, página 46).
Recurso de apelación (procesal), impacto ambiental, obras públicas, suspensión de obra pública, perjuicio económico
Materia: PROCESAL
Carátula: Ronco, Jorge Fabián s/ Amparo s/ Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1997-03-19

Corresponde hacer lugar al recurso de apelación intentado, dando por cumplida la condición establecida en la sentencia recurrida, en cuanto del informe efectuado por el Intendente General de Hidráulica y Riego del Departamento Provincial de Aguas de la Provincia, -surge prima facie- la aprobación del estudio del impacto ambiental presentado ante el Consejo de Ecología y Medio Ambiente de la Provincia. La impugnación planteada por el recurrente referida a que la acción escogida por el actor es inadecuada, proponiendo así una nueva tipificación de la misma, obraría ello en desmedro de la celeridad que el presente caso requiere, y que se enfrenta en contradicción con los agravios en punto a que la orden de paralizar la obra pública acarrea enormes perjuicios económicos tanto para el Estado, como para las empresas privatizadas, y afectación indirecta de los derechos colectivos de usuarios potenciales y de la comunidad toda.
Recurso de apelación (procesal), recursos, fundamentación del recurso, admisibilidad del recurso, situación del imputado, garantías procesales, ejecución de la pena, libertad condicional
Materia: PROCESAL
Carátula: ROYANO, RAMÓN ESTEBAN s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-02-09

Para incorporarse un interno al Régimen de la Semi-libertad, se requiere conforme al art. 17 de la Ley 24.660, tiempos mínimos cumplidos de ejecución; que el interno no tenga causa abierta, que éste observe una conducta ejemplar y que merezca concepto favorable del organismo técnico-criminológico y del Consejo Correccional.

Cabe señalar que de una correcta hermenéutica de la ley, surge que para ingresar al Periodo de Prueba y así poder acceder a los beneficios de salidas y Semilibertad, no basta el mero transcurso del tiempo, sino que los informes del Gabinete Criminológico y del Consejo Correccional sean favorables conforme lo establece el art. 17, y que ya por la evolución sea merecedor de alcanzar las distintas etapas y períodos establecidos por el Reglamento Carcelario y por la ley..

Para obtener el beneficio de la Semilibertad el penado debe encontrarse en el Período de Prueba, tal como lo establece el art. 15 de la ley 24660.

La característica más notable de este período de tratamiento consiste en la posibilidad de fraccionamiento en fases, atenuando las restricciones propias de la pena. Pero tal fraccionamiento, reconoce un límite, cual es de que no se pueden adoptar medidas propias del Período de Prueba.
Daños y perjuicios, accidente de tránsito, indemnización, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Micheloud Nicolás Sebastián c/ Leuze Miguel Ángel Alejandro y Otro s/ ordinario daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-11-13

Para valorar si lo que el testigo dice es fiable, no sólo debe efectuarse el interrogatorio empleado la técnica narrativa, sino además, analizarse su declaración de manera objetiva, examinando su coherencia (sin pretender la perfección), la contextualización, las corroboraciones periféricas y si existen detalles oportunistas del declarante que muestren el interés de beneficiar a una de las opciones del debate.
Fraude a la Administración Pública, crédito fiscal
Materia: PENAL
Carátula: Salgado, Héctor C. s/ Prisión Preventiva
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-06-04

La creación artificial de obligaciones tributarias, creadas con el solo objeto de obtener beneficios económicos derivados de los créditos fiscales originados por el reintegro de sumas supuestamente abonadas en concepto de pago del impuesto al valor agregado aprovechando un régimen promocional, constituye el delito de estafa agravada, puesto que no se elude una obligación tributaria, sino que se la crea para obtener sumas líquidas de dinero.
Despido, despido sin causa, indemnización por despido, indemnización agravada, emergencia económica, ley de emergencia económica, interpretación de la ley, principio protectorio, empresa
Materia: LABORAL
Carátula: Mancilla, Evelyn. c/ Emp. S.A. Imp. y Exp. de la Patagonia. s/ Cobro de haberes.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2009-04-30

En los supuestos de despido sin causa, a efectos de evaluar si procede la excepción al agravamiento indemnizatorio previsto en el art. 16 de la Ley 25.561, de conformidad a lo dispuesto por el decreto 2639/02 - cuando la incorporación del trabajador a la plantilla de personal del empleador como trabajador permanente importe un aumento del plantel existente al 31/12/2002-, resulta necesario distinguir la empresa del establecimiento, pues aún cuando la ley no refiere al supuesto para establecer la excepción, un principio de hermenéutica jurídica debe preferir una interpretación que favorezca y no que dificulte los fines perseguidos por la ley (Fallos 252:262) y sostener lo contrario implicaría llevar adelante distinciones o innovaciones reglamentarias que el texto de la ley sustantiva no contempla, desde que lo que se busca es la creación de nuevos puestos de trabajo genuino (considerandos de los decretos 264/02 y 2639/02).
Queja por apelación denegada, inadmisibilidad del recurso, muerte del trabajador, empresa de servicios eléctricos, certiorari, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación
Materia: PENAL
Carátula: Slobayen , Sofía AnastasiaSLOBAYEN SOFIA ANASTASIA c/ ROTZEN HERMANOS SRL s/ LABORAL c/ Rotzen Hermanos SRL s/ Laboral
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-11-15

Corresponde desestimar el recurso de queja planteado por denegación de la apelación federal -en el caso que se demanda a una compañía eléctrica por la muerte de un operario en un accidente de trabajo-, en tanto se lo considera inadmisible en los términos del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. - Del voto disidente del Señor Presidente Doctor Don Ricardo Luis Lorenzetti y de la Señora Vicepresidenta Doctora Doña Elena Higton de Nolasco-.
Defecto legal, daños y perjuicios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cruz Hugo Juan c/ Aldo Lucentini s/ Rescisión de Contrato - Daños y Perjuicios (LIBRO: A116 - 222)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1989-02-15

No habiéndose en la demanda precisado el monto reclamado, se priva a la demandada de controvertir el daño que dice haber sufrido el actor, ya que no cuenta con los elementos precisos que posibiliten refutar con eficacia el rubro en cuestión. Por ello es procedente la excepción de defecto legal, desde que la demanda no especifica la cantidad reclamada, ni contiene base alguna para su estimación y porque no puede desplazarse tal requisito esencial y -justiprecio- a lo que resulte de la etapa probatoria.
Expropiación, daños y perjuicios, compensación económica, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: GOB. PCIA. SAN LUIS C c/ CHAVEZ EVARISTO ALDO Y OTRA s/ EXPROPIACIÓN DE URGENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2008-03-18

Indemnizar, es en suma, eximir de todo daño y perjuicio mediante un cabal resarcimiento. Y ese cabal resarcimiento no se logra si el daño y perjuicio subsiste en alguna medida y si no se compensa al propietario la privación de su bien, ofreciéndole el equivalente económico que permita, de ser posible, adquirir otro similar al que se pierde en virtud del desapoderamiento.
Rendición de cuentas, prueba, estados contables
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Adolfo Guerrico SA c/ Transporte de la Mata SRL y otro s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-11-14

1. El deber de rendir cuentas no se considera cumplido si la explicación de cada operación es defectuosa, o -como en el caso- no puede ser contrastada con los comprobantes originales por haberse desistido de la prueba pericial ofrecida a ese fin. De ese modo resulta que el documento bajo análisis no alcanza para la aprehensión de la operatoria realizada (En similar sentido: CNCom, Sala B in re "Guerra, Ana María c/ Citibank NA", del 30/6/99). 2. A la luz de lo anterior, el documento anejado por la demandada no constituyó propiamente una rendición de cuentas; pues -si bien detalló conceptualmente lo recibido y su empleo- no justificó todas y cada una de las partidas contrastándolas de modo concreto con asientos y documentos (cf. Satanowsky, Marcos: "Estudio de Derecho Comercial", ed. TEA, Buenos Aires, 1968, T. II, pág. 235 y siguientes; CSJN in re "Cuyum SA c/ Wartski, Peter y otros", del 24/9/87).
Justicia militar, declaración indagatoria, delito imposible
Materia: ADMINISTRATIVO - PENAL
Carátula: LOPEZ, OSVALDO s/ ASOCIACION  ILICITA  (ART.  445  BIS  - INCISO 8, 2DO. PARRAFO CODIGO  JUSTICIA MILITAR)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-11-30

No es inconstitucional el art. 237 del C.J.M., en tanto dispone que la declaración indagatoria se produzca pudiendo exhortarse al deponente a decir la verdad, ya que quien declara no está bajo juramento o promesa de decir la verdad, con lo que se soslaya la efectiva disyuntiva rechazada por nuestro ordenamiento, de que el procesado se encuentre en la necesidad de incriminarse o de caer en falso testimonio.

No es inconstitucional el art. 235 del C.J.M. en cuanto establece que "... la prestación o, en su caso, la negativa del imputado a efectuarla, importa el procesamiento..." pues es una disposición de tipo procesal que precisa una consecuencia relevante del acto de indagatoria y no vulnera la garantía constitucional de la igualdad con relación a los civiles sometidos al régimen castrense.

No resulta violatoria de la garantía de defensa en juicio, la indagatoria tomada al procesado en la cual se le notifica su derecho de designar defensor al final de la actuación, ya que dicho acto procesal constituye un total unitario y en esa oportunidad el imputado puede hacer efectivo su derecho a designar defensor, sin reservas de ninguna naturaleza.

Siempre que no se cometa otro delito, no parece razonable que el mero acto de fuga pueda convertirse en una conducta reprochable en si misma, aunque se diga que este se sustenta en una transgresión a disposiciones que resultan incluidas en las consecuencias del acto que se sostiene no se hallaba prohibido, pues la no exigibilidad de otra conducta autoriza a no reprochar la deserción.

Configura la conducta prevista en los arts. 827 y 828 del C.J.M. y no tentativa de delito imposible, quien coloca seis artefactos explosivos en los tanques de combustible de sendos aviones - Mirage III EA - estacionados en los hangares de una brigada de la Fuerza Aérea, pues aquéllos constituyen un medio apto para consumar el estrago aunque se pretenda señalar que por hallarse los tanques con su carga completa, en algún caso, se ahogó la ignición.

Para que pueda hablarse de delito imposible, resulta necesario que en modo alguno el resultado perseguido pueda llegar a concretarse.
Partidos políticos, personería jurídica
Materia: POLITICO - ELECTORAL
Carátula: Partido Obrero s/ art.  50  inc.  c).  Ley  23.298  (Expte.  N 1661/90 CNE. - Neuquén).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-17

El otorgamiento de la personería política a un partido no obsta a su posterior revisión por los procedimientos tendientes a su cancelación.
Seguros, indemnización, perito liquidador, prueba documental
Materia: PROCESAL
Carátula: GARCIA, EDUARDO c/ LEFA COOP. DE SEGUROS LTDA. s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-05-30

En la determinación del valor de las partes afectadas del vehículo al tiempo del siniestro, no es dable exigir al perito lista de precios pretéritas que, en todo caso, deben ser procuradas por los contendientes mediante la prueba idónea. Ello deviene como consecuencia de la falta de obligación del experto de respaldar instrumentalmente su dictamen.
Delitos de los recursos de la seguridad social, Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, competencia por el territorio, solicitud de afiliación, juez previniente
Materia: PENAL
Carátula: PREVINTER A.F.J.P. s/ Sistema integrado de jubilaciones y pensiones, Incidente de  cuestión de competencia negativa, Causa: 37395.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-19

1 - El conocimiento de las causas criminales - art. 37 del CPP - corresponde al Juez del lugar donde ocurrieron los hechos, por cuanto la jurisdicción para el juzgamiento de los delitos y en su caso la competencia se determina por el sitio en que estos fueron cometidos (CSJN-FALLOS 126:345).- 2 - La determinación de la competencia tiene como fin garantizar la adecuada defensa en juicio y otorgar al Juez que entiende en la causa la facilidad de encontrarse cerca del lugar del hecho, a los fines de permitir una mejor investigación en orden a la producción de medios de prueba.- 3 - No siendo posible determinar en el estado de la causa el lugar exacto donde fueron presentadas las solicitudes de traspaso de afiliación, es conveniente que siga entendiendo el Juez que previno.
Recurso de apelación (procesal), agravio concreto, defensa del consumidor, derechos y garantías constitucionales, contratos
Materia: CIVIL-COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: AMX Argentina SA c/ Secretaría de Defensa del Consumidor s/ Recurso de Apelación Directa
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2012-03-17

La Ley de Defensa del Consumidor el art.42 que expresa que: "Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno" otorgando de tal modo jerarquía constitucional al principio protectorio del usuario o consumidor (LL 1999- B-271 y ss).

Referente a los contratos, la Ley de Defensa del Consumidor en su art.37 establece -en cuanto a la interpretación de los mismos- que se tendrán por no convenidas: las cláusulas que desnaturalicen las obligaciones o limiten la responsabilidad por daños; las cláusulas que importen renuncia o restricción de los derechos del consumidor o amplíen los derechos de la otra parte, las cláusulas que contengan cualquier precepto que imponga la inversión de la carga de la prueba en perjuicio del consumidor, agregando que la interpretación del contrato se hará en el sentido más favorable para el consumidor y cuando existan dudas sobre los alcances de su obligación se estará a la que sea menos gravosa.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), competencia federal, competencia provincial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ACOSTA, FACUNDO SEBASTIAN c/  s/ VIOLACION DE MEDIDAS DISPUESTAS POR LA AUTORIDAD PARA IMPEDIR LA PROPAGACION DE UNA EPIDEMIA Y DESOBEDIENCIA ARTICULOS 205 Y 239 DEL CODIGO PENAL-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-09-15

Con la alegada omisión de tratamiento de cuestiones conducentes a la solución del litigio no logra la interesada delinear una causal de descalificación del pronunciamiento en crisis, en tanto no demuestra la decisividad de su postulación, máxime al no hacerse cargo del comunicado de la Procuración General de la Nación que cita, en la cual se insta a los fiscales federales a evitar los planteos de competencia en los casos en que ya se encuentre interviniendo la justicia provincial.
Ejecución de sentencias contra el Estado, carácter alimentario, plazos procesales
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Arizaga, Jacinta c/ Estado  Nacional  (Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina) s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-05-31

En cuanto al plazo de diez días fijado por el a quo para el cumplimiento de la condena, digo que es el que establece la Sala en casos análogos al presente. Ello por estimar que ese lapso es suficiente para que se adopte los recaudos administrativos necesarios para hacer frente a una contingencia que resulta previsible, ya que una organización administrativa eficiente debe contar con los medios idóneos para satisfacer, en breve plazo, una obligación de naturaleza alimentaria.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, Derecho laboral, relación de dependencia, prueba, empleador, libros, indemnización agravada
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: LOS MADEROS S.R.L. c/ GARINO, MARIANO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-09-14

Corresponde rechazar la queja interpuesta, desde que quedan sin controvertir en forma suficiente las consideraciones expuestas por la Sala para juzgar como determinante la resistencia de la empleadora a acompañar las constancias intimadas a fin de brindar alguna claridad sobre la real fecha de ingreso -marco en el cual consideró que la prueba de que aquélla pretendía valerse no resultaba suficiente para desmerecer la presunción en su contra-; y toda vez que tampoco alcanza a controvertir lo señalado por la Alzada, en relación a la multa de la ley 24013, en el sentido de que la constancia agregada en el expediente resultaba suficiente para considerar como acreditada la comunicación respectiva; a lo que agregó, en oportunidad de denegar el recurso de inconstitucionalidad local, que la contundencia y verosimilitud de dicha misiva venía dada por contar con el sello del Correo Argentino. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dres. Falistocco y Erbetta) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 20744, artículo 55; Ley 24013.
Audiencia de debate, reconocimiento en sede judicial, testigos
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: GARCIA, HECTOR C.; HERRERO, JULIA B.; ROMERO, NELIDA s/ ESTAFA S/ CASACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1991-03-19

No procede el agravio del recurrente al sostener que se ha incorporado prueba ilegalmente obtenida, en concreta alusión a los llamados reconocimientos impropios que se dieron a lo largo del debate, sin precisar cuáles son las normas legales con que colisionan dichos actos procesales. Ello, dado que es común invitar a los testigos para que manifiesten si la persona a la cuál se refieren se encuentra en la sala, o es la que está allí presente, circunstancia que tampoco aparece en claro confronte ante el texto del art. 337 de nuestro Código adjetivo -asistencia y representación del imputado-.
Juez de distrito, juez de circuito
Materia: PROCESAL
Carátula: CHEVROLET S.A. c/ DIAZ, ERNESTO JULIO s/ COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-07-30

Corresponde dirimir el conflicto negativo de competencia en favor de la postura del Juzgado de Primera Instancia de Ejecución Civil de Circuito y en consecuencia, disponer que siga entendiendo en la presente causa el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial, al entenderse que para determinarse la competencia de un tribunal, debe estarse al monto total de la obligación aunque se demandare una cuota, una parte o sólo intereses. REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 10160, artículos 112 y 117; CSJStaFe: Acordada N° 49, punto 9, del 22.11.2016. - Jurisprudencia vinculada: Savino, AyS, T 65, p 230, sumario J0005297; San Cristóbal Caja Mutual, T 265, p 417, sumario J0041301; San Cristóbal Caja Mutual, T 265, p 439, sumario J0041296; Bica Cooperativa de Emprendimientos Mútliples Ltda T 267, p 383, sumario J0041625.
Empleo público, medidas cautelares, verosimilitud del derecho invocado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Mendez Lorena Del Valle c/ Municipalidad De 28 De Noviembre s/ Demanda Contencioso Administrativa - Incidente De Medida Cautelar
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2013-10-29

La materia litigiosa -esto es el derecho de aquellos vinculados laboralmente con la administración pública a través de la suscripción de sucesivos contratos por tiempo determinado que se van renovando al vencimiento, cuando la administración pone punto final a esta relación- constituye una cuestión controvertida tanto en doctrina como en jurisprudencia, sobre la cual existen diversas posturas; que, sintéticamente, van desde las que consideran que se trata de una relación contractual a la que el trabajador se sometió voluntariamente, negándole derecho a la incorporación en planta o indemnización por despido hasta las que, en su antítesis, le reconocen derecho a la reincorporación y/o indemnización en base a la ley de contrato de trabajo, lo que demuestra la imposibilidad de tener por acreditada la verosimilitud en el derecho necesaria a efectos de la procedencia de una medida cautelar.