marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Objeto social, responsabilidad solidaria
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Lo Presti, Martín c/ Atento Argentina SA y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-06-08

La actividad comercial desarrollada por Atento Argentina SA, referida a la comercialización y venta de servicios de Telefónica de Argentina SA, resulta necesaria para la configuración del objeto principal de esta última, quedando conformada en definitiva una unidad técnica de ejecución, por lo que resulta de aplicación la responsabilidad solidaria prevista en el art. 30 LCT.
Acción meramente declarativa, sentencia, recurso de inconstitucionalidad, denegatoria del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Sancor Cooperativas Unidas Limitada c/ GCBA s/ apelación - acción meramente declarativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-19

Si los argumentos brindados por el recurrente logran explicar que la decisión que rechazó el recurso de inconstitucionalidad contra la sentencia que hizo lugar a la reposición in extremis, aumentando los honorarios regulados, le ocasiona un perjuicio que no es susceptible de reparación ulterior en tanto imposibilita cualquier discusión posterior respecto al monto de los honorarios que debe afrontar el recurrente, ello resulta suficiente para atribuirle carácter definitivo. (Del voto de las juezas Alicia E. C. Ruiz, Marcela De Langhe e Inés M. Weinberg).
Abogados, responsabilidad del abogado, temeridad o malicia, depósito judicial, apercibimiento
Materia: COMERCIAL
Carátula: LEMES BACIGALUZ, CARLOS s/ CONCURSO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-14

Cabe sancionar con apercibimiento al abogado que actuando con temeridad se presenta en un expediente manifestando que acompaña comprobante de deposito, por el que expresa que abona a un acreedor su deuda, cuando la citada boleta no acredita deposito alguno, al no encontrarse sellada por el banco, careciendo de fecha e indicación de numero de cuenta.
Prueba confesional, confesión extrajudicial, instrucción
Materia: PENAL
Carátula: Aztorquiza, Roberto L. s/ Homicidio - Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-12-23

La Cámara aplicó indebidamente el art. 256 "in fine" del C.P.P. al utilizar la confesión extrajudicial en la prueba compuesta si el procesado la rectificó denunciando haberla suscripto en razón de golpes y torturas y no se instruyó el sumario de ley (art. 69, siguientes y concs., C.P.P.).
Sociedades comerciales, facultades de la administración, representación legal, principio de eficacia, principio de apariencia, improcedencia del recurso
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Sojo, Isabel Mercedes c/ Benedit Bursatil SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-30

1 - La apariencia parece corresponder a una situación contraria a la realidad: "jurídicamente, ella refleja el conflicto entre un hecho y el derecho. Es que, en nuestro sistema jurídico, el valor concedido al hecho es muy reducido y el triunfo real la mayoría de las veces de la apariencia, se produce so capa de la 'necesidad jurídica elemental' que es la seguridad". "En ocasiones, el choque entre realidad y apariencia es tan violento y la apariencia tiene tales visos de realidad, que se torna moral y jurídicamente irritante el sacrificio de los derechos de quien confió justificadamente en una apariencia verosímil. Para tutelar tales casos se fue consolidando a lo largo del tiempo, la doctrina de la apariencia" (López Mesa, M., "La apariencia como fuente de las obligaciones", LL 2011, C, 739; cita online AR/D0C/1294/2011).
Derecho civil, propiedad intelectual, propiedad intelectual compartida
Materia: PENAL
Carátula: Michard, Diego Fernando s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-18

El artículo 20 de la ley propiedad intelectual establece que cuando se trata de una obra cinematográfica musical, en que haya colaborado un compositor, este tiene iguales derechos que el autor del argumento y el productor de la película. El compositor es coautor como lo son el autor del argumento y el productor. Los aportes creativos del libro y de la música se encuentran en el plano de la coautoría o de la "colaboración". (Voto del Dr. Riggi).
Acción de amparo, Superior Tribunal de Justicia, competencia contencioso administrativa
Materia: CIVIL
Carátula: Modernel de Ozuna, María Elisa en representación de su hijo menor y otros c/ I.P.S. y/o I.N.S.S.E.P. s/ Acción de Amparo Empresa "La Estrella" S.R.L. c/ Municipalidad de Resistencia s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2000-08-08|2000-08-08

El Señor procurador general señala que: Teniendo en consideración que el Alto Cuerpo ha declarado su jurisdicción originaria en las causas que -como la presente- se sustancien por la vía de amparo, en materia contencioso administrativa, estima que le es requerida en ese estadio procesal debe atender dos aspectos. Por un lado, corresponde previamente determinar la validez de todo lo actuado en las instancias ordinarias y, por otro lado, radicadas definitivamente las actuaciones ante el Superior Tribunal de Justicia, deberá efectuarse el pertinente juicio de admisibilidad formal de la demanda sumarísima incoada. En relación a la primera de las cuestiones suscitadas en autos, declarado competente el Cimero Tribunal Local, advierte que las normas de procedimiento a imprimir a las presentes actuaciones están contenidas en la ley vigente 4297, de cuyos arts.9 y 10 surge evidente que, interpuesta la acción de amparo (art.1), debe realizarse oficiosamente un examen liminar de la procedibilidad de la demanda, dependiendo de ello su tramitación futura.

Sentado lo que antecede, se avoca el reclamo que se peticiona mediante la presente vía sumarísima, en orden a resolver sobre la dimisión inicial de la demanda de amparo, concluyendo que no puede inferirse ab initio la improponibilidad de la demanda en término de notariedad, tal como dispone el art.9 de la ley 4297.

En consecuencia, más allá de que no compartamos la tesitura del Superior Tribunal de Justicia, existiendo decisión firme que declara su competencia para resolver el presente amparo, no podemos sino acatar lo resuelto por haber sido dictado en esta misma causa.
Derechos y garantías constitucionales, tratados internacionales, derechos personalísimos, derecho a la vida, derecho a la salud, SIDA, obras sociales, medicina prepaga
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Hospital Británico de Buenos Aires c/ Estado Nacional (Ministerio de Salud y Acción Social).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-13

La necesidad de hacer efectivos los derechos contenidos en los pactos internacionales, concernientes principalmente a la vida, la salud y la dignidad personal, fue lo que impulsó al legislador a dictar la ley 23.798 que declaró de interés nacional la lucha contra el SIDA, y posteriormente las leyes 24.455 y 24.754 que establecieron la cobertura de las prestaciones obligatorias en relación a los riesgos derivados de la drogadicción y del contagio del virus HIV a las obras sociales y empresas de medicina prepaga respectivamente (Voto del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Prueba, carga de la prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Olm, Juan J. c/ Sanatorio Bernal y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-12-23

La parte que invoca un hecho anormal o extraordinario es quien debe acreditar su ocurrencia. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), ejecución hipotecaria, inhabilidad de título, certificado de deuda
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: YPF S.A. c/ VIGNATTI, ORLANDO MARI s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-04-10

El quejoso, con los argumentos que expone, no logra persuadir siquiera mínimamente que la Sala pueda haber rebasado el marco de posibilidades hermenéuticas brindadas por las normas legales en juego al confirmar el rechazo de la excepción de inhabilidad de título, al inferir -mediante una interpretación que cuenta con respaldo doctrinario y jurisprudencial- que estaba perfectamente individualizada la causa fuente de las obligaciones garantizadas -la actividad comercial de compraventa y/o suministro de combustible habida entre la ejecutante y otra empresa, cuya deuda fue garantizada por el ejecutado como deudor hipotecante-, así como el modo de determinar su cuantía -mediante certificación contable de la deuda expedida por la acreedora, de acuerdo a lo convenido en la cláusula cuarta del contrato- y el monto máximo de la cobertura -el cual no lucía excedido en la pretensión de la ejecutante-; de modo que consideraba suficientemente satisfecho el recaudo de especialidad requerido por las normas de fondo, al estar determinados con precisión todos los créditos reconocidos, el importe máximo garantizado, como también la causa por la que se había constituido la garantía y las operaciones cubiertas, los deudores principales y el hipotecante, constituyendo asi la escritura conjuntamente con el certificado de deuda, título suficiente. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Civil, artículos 3109, 3115 y 3108; Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe, artículo 510
Responsabilidad civil, Comunicaciones, derecho a la información, factores atributivos de responsabilidad, abuso del derecho, culpa civil, daño moral
Materia: CIVIL
Carátula: RAMOS JUAN JOSE c/ LR3 RADIO BELGRANO Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS VARIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-10

Tanto el obrar culposo (art. 1109, Código Civil) como el ejercicio abusivo del derecho de informar (art. 1071, C.C.) son factores de atribución que la doctrina admite para viabilizar la responsabilidad civil de los medios por daños causados a las personas en su esfera moral.
Abuso sexual, prueba
Materia: PENAL
Carátula: T., C. E. s/ Abuso Sexual Agravado
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-06-16

Si como dato de la experiencia asumimos que en nuestra civilización el incesto resulta una de las prohibiciones culturalmente más firmes, se encuentra en este dato un elemento de validación útil del relato de la víctima como para pensar, en principio, que este concúbito fue forzado, aunque no sea suficiente para provocar certeza, todavía. (En Disidencia)
Acción de amparo, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: F., M. M. E. c/Ministerio de Salud s/acción de amparo c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2023-08-10

Tanto la Constitución nacional como la Constitución provincial, regulan la acción de amparo, concebida como un instituto procesal, tendiente a garantizar una vía accesible y rápida para la observancia efectiva de derechos y garantías de jerarquía constitucional y cuya esfera de actuación es diferente al de los procesos ordinarios, los cuales por su naturaleza no pueden satisfacer la urgencia en la restauración de los derechos presuntamente conculcados, con la celeridad necesaria para garantizar los derechos burlados, que es lo que en definitiva hace a la esencia del proceso de amparo.
Ejecución de sentencia, excepciones procesales, resolución denegatoria, sentencia arbitraria, exceso ritual manifiesto
Materia: PROCESAL
Carátula: Dirección General de Rentas c/ Minar S.A.P.S.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-27

Corresponde dejar sin efecto la sentencia en la que el a quo, al limitarse a invocar el art. 507 del Código Procesal, incurrió en la aplicación mecánica de un principio procesal fuera del ámbito que le es propio y por esa vía hizo gala de un ciego formalismo incompatible con el debido proceso adjetivo (Voto del Dr. Eduardo Moliné O'Connor).
Recurso extraordinario, cuestión federal
Materia: ELECTORAL
Carátula: Sublemas del Acuerdo Cívico y Social de Formosa s/ protesta
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-04-29

Es un requisito propio del recurso extraordinario (cf. artículo 14 de la ley 48) la existencia de una "resolución contraria".

4313/10
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, falta de cita legal
Materia: PENAL
Carátula: Zelarrayán, Luciano Jorge s/ Privación ilegal de la libertad, violación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-06-07

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que se impugna lo decidido sobre el cuerpo del delito si se incurre en la insalvable omisión de no señalar como violadas las disposiciones legales que en materia probatoria invocó el sentenciante para fundar lo decidido al respecto.
Aduanas, Mercosur, derechos de exportación, inconstitucionalidad, resolución ministerial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: "Dow Química Argentina (TF 28004-A) c/ DGA".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-27

Es inconstitucional la Resolución N° 11/02 del Ministerio de Economía que fijó derechos de exportación para consumo adicionales del 10% para las mercaderías comprendidas en la Nomenclatura Común del Mercosur, detalladas en las seis planillas que como Anexo forman parte integrante de la mentada disposición, y 5% para las mercaderías comprendidas en la misma Nomenclatura, pero no consignadas en el Anexo, pues viola de forma directa lo establecido en el Preámbulo, artículo 1° y 5° del Tratado de Asunción, ya que produce exactamente lo contrario a lo que la norma supralegal dispone. No solo viola el Tratado de Asunción, "sino que hace lo propio respecto a la Convención de Viena Sobre los Derechos de los Tratados, principalmente en cuanto a los artículos 26 y 27, los que prescriben que deben cumplirse de buena fe y que un Estado no puede invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Respecto de la interpretación, la Convención establece claramente en su artículo 31 "Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme el sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto 2. Para los efectos de la interpretación de un tratado el contexto comprenderá, además del texto, incluidos su preámbulo y anexos: (...) 3.a) todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación del tratado o de la aplicación de sus disposiciones (...)". En este sentido, los acuerdos posteriores y los actos de los diferentes Estados, se han orientado hacia la integración económica y el afianzamiento del MERCOSUR, objetivos que -por cierto- constituyen una tarea ardua que no puede hacerse de un día para el otro; y que no podrán jamás lograrse adoptando medidas internas como las que el Estado argentino impone a través de la Resolución N° 11/02. (del voto en disidencia del Dr. Morán).
Explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, presunción de inocencia, prisión, culpabilidad
Materia: PENAL
Carátula: Incidente de cese de prisión presentado por el Defensor de Cámara en favor de R., L. y su acumulado c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 2020-03-12

Los argumentos expuestos en las resoluciones impugnadas valoraron debidamente la configuración de riesgo en autos, tomando en cuenta no sólo la condena a una pena de prisión de efectivo cumplimiento, sino también la gravedad de los hechos, la complejidad y naturaleza de la maniobra desplegada, así como la capacidad operativa del esquema organizacional, al tratarse de vínculos familiares directos, por ser sus propias hijas, en situación de convivencia.
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Talleres Gottert  S.A.I.C. c/ Estado Nacional (Administración Nacional de Aduanas). s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-09

Si en el auto respectivo se señala que se concede el recurso extraordinario por existir cuestión de naturaleza federal, pero se lo deniega respecto de la tacha de arbitrariedad, pero no se distingue de manera concreta por cuáles agravios se adopta una decisión u otra, debe entenderse que se lo ha concedido por el todo.
Decreto de necesidad y urgencia, autonomía municipal
Materia: PROCESAL
Carátula: Cari, Simón Marcelino y otros c/ García Iranzo, José Oscar y/o Municipalidad de Salta s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1996-04-30

El artículo 1º del decreto de necesidad y urgencia Nº 359 del Poder Ejecutivo Provincial al ordenar la suspensión por 120 días a los juicios contra la provincia en los organismos que enumera, no incluye a las Municipalidades como lo hace el decreto 63/95. El artículo 123 de la Constitución Nacional asegura la autonomía municipal y reglando su contenido en el orden institucional, político administrativo y financiero. Por su parte la Constitución Provincial en su artículo 164 establece que el municipio goza de autonomía política, administrativa y financiera. De allí entonces que, la Municipalidad de la Ciudad de Salta, por los poderes atribuidos por la Constitución Nacional y Provincial, no puede equipararse a un simple ente estatal y tratándose de un decreto con jerarquía de ley restrictivo de derechos y no habiéndose establecido que el mismo se aplique expresamente a las Municipalidades, no resulta admisible realizar una interpretación extensiva, siguiendo una elemental regla de hermenéutica.
Martillero, inscripción en la matrícula
Materia: COMERCIAL CONSTITUCIONAL
Carátula: BAS PABLO ALEJANDRO s/ SOLICITA INSCRIPCION EN LA MATRICULA DE MARTILLERO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1988-08-26

Los arts. 2 y 12 inc. b) de la ley 7191, en cuanto exigen título oficial de martillero público, o título de grado universitario en la rama del Derecho y/o de las Ciencias Económicas para lograr la inscripción en la matrícula son inconstitucionales.No sólo por instituir exigencias que van más allá de los requisitos establecidos por el C. de Comercio, sino también - fundamentalmente - por la circunstancia de que resultan palmariamente contradictorias con el art. 1ro inc. "c" de la ley 20266. La colisión normativa es evidente, porque mientras la ley de fondo ha establecido que la idoneidad para ser martillero debe justificarse con la aprobación del exámen del art.1ro inc. "c" de la ley 20266,la norma local instituye que la comprobación de esa idoneidad sólo puede tener lugar mediante título oficial de martillero público, o título universitario en la rama del Derecho y/o Ciencias Económicas.

El art. 1ro inc. "c" de la ley 20266 prescribe que para ser martillero se requieren las siguientes condiciones habilitantes:

inc. c) "Aprobar un exámen de idoneidad para el ejercicio de la actividad,que se rendirá en cualquier Tribunal de Alzada de la República con competencia en materia comercial, ya sea federal, nacional o provincial, el que expedirá el certificado habilitante en todo el territorio del país. A los efectos del exámen de idoneidad se incorporará al tribunal un representante del órgano profesional con personería jurídica de derecho público no estatal, en las jurisdicciones que exista.El exámen deberá versar sobre nociones básicas acerca de la compraventa Civil y Comercial y de derecho procesal en los aspectos pertinentes al ejercicio de la "profesión" Queda claro entonces que se trata de dos sistemas manifiestamente distintos para demostrar la idoneidad profesional. En rigor, si se columbrase que las normas locales impugnadas no son inconstitucionales, el postulante deberá demostrar sus aptitudes aprobando el exámen que ordena la ley nacional, y además, debería contar con título de martillero. Un verdadero despropósito.-
Universidades nacionales, Universidad Nacional del Litoral, cómputo de servicios, período de inactividad, causas políticas y gremiales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "BARSKY, OSVALDO c/ A.N.Se.S.". s/ RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-11

Corresponde rechazar la demanda por la que se persigue el reconocimiento de servicios en los términos de la ley 23.278, cuando la norma que se impugna (en el caso, Res. del Rectorado de la Universidad Nacional del Litoral del 29.10.75) fue dictada conforme a la ley 20.654, art. 58, y aparece como adecuada a las exigencias que prevé la ley 19.549 para conferirle validez. Ello así, máxime teniendo en cuenta que la resolución del Rectorado fue dictada por autoridades que respondían a un sistema democrático y que, pese al clima existente en la época, los derechos de las personas podían ser objeto de defensa, sin que esta circunstancia pudiera asimilarse a la horrenda experiencia ocurrida con posterioridad al 24 de marzo de 1976.
Concurso preventivo, liquidación y distribución, masa concursal
Materia: COMERCIAL
Carátula: Siffredi, Nestor Hugo c/  s/ quiebra
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-09-20

Cuando, como en el caso, la venta del 50% del automotor que pertenece a la recurrente no fallida fue ordenada por pedido de ella misma, procede que los gastos de subasta sean a cargo de la quiebra. Es que entiende este Tribunal que el pedido es razonable y atendible en lo que respecta a la publicación de la subasta y al de depósito del bien, pues los costos que deberán erogarse no varían según se venda el 50% o el 100% de la propiedad. Es decir que lo que se debía pagar por dichos rubros antes de que la condómina ofrezca la venta de su parte indivisa no varía con la decisión de vender la propiedad íntegra del bien a subastar. Además, la propuesta que formuló la recurrente generó una sólida expectativa de que ello beneficiaría a la quiebra; pues no puede obviarse que la venta del 100% del automotor genera la probabilidad de obtener un mejor precio que si se vendiera solo la mitad del dominio. De este modo, los gastos de publicación y depósito quedarán a cargo de la quiebra, no así las obligaciones de índole impositiva que deben ser soportadas solidariamente con la cotitular no fallida.
Sucesiones, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Darricau de Pagani, Inés s/ Sucesión testamentaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-12-03

Son a cargo de la sucesión los gastos que se refieren a la entrega material de la cosa legada; a cargo del legatario los que éste realiza para pedir judicialmente la entrega de la cosa, salvo que medie incidente por negativa injustificada de entrega o por constitución en mora, y se hayan impuesto las costas a la sucesión.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Daños y perjuicios, indemnización por incapacidad, prueba pericial, apreciación del juez
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: LAY DE LOMBARDO ELSA P. c/ BISTOTTO JORGE R. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS TADDEY CARLOS ALBERTO c/ ACOSTA JORGE O. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-06-04|1992-08-20

Si bien la "lesión se ha reparado y consolidado sin dejar secuelas funcionales ni compromiso medular" (dictamen pericial) por lo que no existe en la especie "incapacidad" sobreviniente alguna y la actora en lo que refiere a su "aptitud" para hacer cosas se encuentra en situación semejante a la que exhibía antes de resultar accidentada, es también incuestionable que al ser afectada aquella en su integridad física, resulta lesionada en un bien jurídicamente tutelable y se muestra por ello damnificada. En tal caso, el "cuantum" de la reparación debe hacerse mirando a toda la persona de la víctima y en sus circunstancias, tratando de mirar lo concreto, y conforme razones de prudencia y equidad.