Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-10-01


SENT Nº 767 C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Uno (01) de Octubre de dos mil cuatro, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "Spuches, Antonio Manuel vs. Zapata, Beatriz Susana s/ Cobro ejecutivo".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

Viene a conocimiento y decisión del Tribunal el recurso de casación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del 24 de noviembre de 2003 dictada por la Sala II de la Cámara de Documentos y Locaciones (cfr. fs. 130/131), en la que se resolvió no hacer lugar al recurso de apelación presentado contra el decreto de la señora Jueza de Primera Instancia del 22 de mayo de 2003 (fs. 119). El recurso de casación fue concedido por resolución de la misma Sala del 6 de febrero de 2004 (cfr. fs. 143).

El tratamiento del recurso y la decisión a la que se arriba es de estricta aplicación para el caso a estudio, motivo por el cual sólo servirá de referencia en la Provincia únicamente para el caso que guarde sustancial analogía.

I.- Antecedentes:

El actor Antonio Manuel Spuches el día 12 de abril de 1999 promovió juicio ejecutivo contra Beatriz Susana Zapata por el cobro de la suma de U$S16.400 (dólares estadounidenses dieciséis mil cuatrocientos) más intereses punitorios pactados e intereses legales a partir de la mora. Expuso que el 22 de noviembre de 1996 la accionada suscribió 36 pagarés con vencimientos mensuales por la suma de U$S820 cada uno, venciendo el primero en diciembre de 1996, y el último en noviembre de 1999. Explicó que esos pagarés fueron librados a su favor para instrumentar una deuda que estuvo garantizada por una hipoteca que se canceló. Expresó que la demandada no abonó el pagaré n° 17 que venció el 22 de abril de 1998 ni los sucesivos, por lo que promovió la ejecución de todos los documentos impagos con los intereses punitorios del 0,1% diario conforme se pactó. La demandada opuso excepciones, que fueron rechazadas por sentencia del 11 de abril de 2000 (fs. 64), en la que se resolvió llevar adelante la ejecución de U$S16.400, más intereses a tasa pasiva promedio que publica al Banco Central de la República Argentina. La parte actora interpuso recurso de apelación en el que se agravió de la omisión de la sentencia respecto de los intereses punitorios pactados. La sentencia del 28 de mayo de 2002 de la Sala II de la Cámara de Documentos y Locaciones decidió acoger parcialmente el recurso de apelación de la actora, y dispuso que se aplique en concepto de intereses punitorios la tasa del 2% mensual (cfr. fs. 97 vta.).

Devueltos los autos a primera instancia, el apoderado de la parte actora solicitó que se trabe embargo sobre fondos que la demandada tenga a percibir en Invialco S.A., hasta cubrir la suma de U$S 16.400 más acrecidas (cfr. fs. 108). El decreto del Juzgado del 2 de setiembre de 2002 ordenó el embargo por la cantidad numérica pedida expresada en pesos (cfr. fs. 109). El 7 de mayo de 2003 el actor pidió que la suma del embargo se consigne en dólares o su equivalente en pesos, y que se rectifique el oficio librado. En esa oportunidad la señora Jueza dictó el decreto de fecha 22 de mayo de 2003 (fs. 119) en el que denegó el pedido, invocando el cese de convertibilidad de la moneda y la conversión a pesos de todas las obligaciones en dólares dispuesta por las leyes de emergencia económica números 25.561 y 25.563 y decreto reglamentario N° 214/02 (cfr. fs.119).

Contra ese decreto la parte actora planteó revocatoria en la que se agravió de que lo resuelto no respetaba el principio de irretroactividad consagrado en el art. 3 del Código Civil, porque se trataba de una obligación que estaba en mora antes del dictado de la ley 25.561. Expresó que los arts. 8 y 11 de la ley 25.561 rigen desde su sanción, por lo que las únicas obligaciones pesificadas son las que resultan exigibles desde el día 6 de enero de 2002 y no las anteriores a esa fecha. Expuso que la aplicación de las normas sin considerar que el deudor estaba en mora, lesiona el principio de igualdad e implica un tratamiento diferente con respecto a quienes cumplieron sus obligaciones en término. Agregó que el nuevo régimen no puede vulnerar el derecho de propiedad amparado por la Constitución. Planteó la inconstitucionalidad del art. 11 de la ley 25.561 y del art. 11 del decreto 214 por lesionar el derecho de propiedad garantizado por el art. 17 de la Constitución de la Nación. La Sra. Jueza rechazó el recurso de revocatoria y concedió el recurso de apelación interpuesto en subsidio (cfr. fs 122).

II.- La sentencia recurrida La Sala II de la Cámara de Documentos y Locaciones dictó sentencia en fecha 24 de noviembre de 2003 (cfr. fs. 130/131), en la que resolvió rechazar la apelación. El Tribunal expuso que la ley 25.561 declaró la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, y que delegó en el Poder Ejecutivo la facultad de establecer la relación de cambio entre el peso y las divisas extranjeras. Expresó que por decreto 214/2002 (B.O. 4/2/2003), se resolvió que a partir de la fecha del decreto quedaban transformadas en pesos todas las obligaciones de dar sumas de dinero de cualquier causa, expresadas en dólares estadounidenses u otras monedas extranjeras existentes al momento de la sanción de la ley 25.561. Agregó que el decreto 320/02 aclaró que las disposiciones del decreto 214/2002 se aplican a todas las obligaciones en dólares estadounidense convertidas por la ley 25.561 a la relación de un peso igual a un dólar estadounidenses, y que el art. 8 del decreto es de aplicación exclusiva a los contratos y a las relaciones jurídicas existentes al momento de la vigencia de la ley. El Tribunal resaltó el carácter de orden público de la ley. Con respecto al planteo de inconstitucionalidad del art. 11 de la ley 25.561 y art. 8 del decreto 214/02, sostuvo que se trata de normas de emergencia económica y que el derecho de propiedad no es absoluto, citando la doctrina de la Corte de la Nación en "Peralta" (sent. del 27/12/90), en el sentido de que en determinadas circunstancias resulta lícita la aplicación de leyes de carácter retroactivo, aún cuando se limite el derecho de propiedad y el alcance de las sentencias judiciales, en tanto no se elimine el derecho reconocido y no sean irrazonables en relación a las causas que las hicieron necesarias (cfr. fs. 130 vta.). La Cámara expresó que en atención a la grave crisis que soporta el Estado, las disposiciones no son irrazonables, y destacó el remedio que estableció el art. 8 del decreto 214/2002 para los casos en los que el valor de la cosa, bien o prestación fuera superior o inferior al momento del pago.

III.- El recurso de casación En su recurso de casación la parte actora se agravia de que la sentencia no está fundada en los términos del art. 272 del C.P.C.C. Expresa que el antecedente que cita la sentencia corresponde a un supuesto distinto del presente, ya que en este caso la deuda fue constituida en moneda extranjera, y el derecho del acreedor fue reconocido por sentencia dictada antes del régimen de emergencia. Se agravia de que se atenta contra la cosa juzgada y la seguridad jurídica. Considera que la sentencia se incorporó al patrimonio del acreedor y no puede ser desconocida por el decreto del 22 de mayo de 2003. Sostiene que la sentencia vulnera el principio de irretroactividad establecido por el art. 3 del Código Civil. Cita fallo en el que se declaró que la pesificación de las deudas en moneda extranjera sólo incluye a las obligaciones de dinero exigibles desde la fecha de promulgación de la ley, las cuales no quedan alcanzadas por la pesificación. Se agravia de que se beneficia a quien incumple vulnerando el principio de igualdad ante la ley, sin considerar que la deudora estaba en mora. Sostiene que de esa manera se convalida un enriquecimiento sin causa a favor del deudor, al imponer que el acreedor soporte íntegramente la brecha entre $1 y el valor del dólar libre a la cotización del día.

El recurso de casación fue concedido por resolución del 6/2/2004 (cfr. fs. 143).

A fs. 151 se expidió el señor Ministro Fiscal, remitiéndose a una sentencia de la Sala III de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial Común de fecha 22 de diciembre de 2003, en la que se declaró que el decreto 214/02 extiende la pesificación de 1 a 1 a todas las deudas en dólares, cualquiera fuera su monto.

IV.- Cese del régimen de convertibilidad.

Recordando las circunstancias que dieron lugar al caso planteado, debe señalarse que destacados economistas advierten sobre la fragilidad del sistema monetario y su propensión al desastre, poniendo énfasis en la permanente inestabilidad del sistema crediticio. (cfr. Himan Minsky -citado por Charles P. Kindleberger en su obra "Manías, Pánicos y Cracks- Historia de las Crisis Financieras" Editorial Ariel S.A. Buenos Aires pág. 35 y ss).

En el sistema de convertibilidad el papel moneda es provisional, y el tenedor está habilitado a obtener del emisor otra clase de dinero, a tasa legalmente establecida (cfr. Julio Olivera 1980 en "Las categorías monetarias", Revista de la Universidad de Buenos Aires volumen III pág. 218). Existen antecedentes sobre la fijación del valor de una moneda remitiéndose a otra, así como también sobre la suspensión o cese de tal equivalencia, situación sobre la que hubo tres precedentes históricos de gran repercusión.

El primer antecedente se produjo con la crisis bancaria de Gran Bretaña en el año 1797, cuando se suspendieron los pagos en oro de los billetes del Banco de Inglaterra, y se dictó la Restriccion Act, aplicable por un tiempo determinado, y que luego de sucesivas prórrogas se extendió hasta el año 1821, cuando se volvió a la convertibilidad a la misma tasa que había regido hasta el año 1797. (cfr. Manuel Fernández López en "Historia del Pensamiento Económico" edición 1998 págs. 229/230).

Otro caso de gran impacto se produjo con motivo de la crisis bancaria y bursátil de 1929 en Estados Unidos de América, ocasión en la que la Suprema Corte de los Estados Unidos se pronunció en sentencia del 18 de febrero de 1935 a favor de la validez de la Resolución Conjunta del Congreso del 5 de junio de 1933 con respecto a las "cláusulas oro" de los contratos privados y públicos para el pago de dinero (48 Stat. 112) y rechazó el reclamo de mayor daño, por no estar avalado por un efectivo menoscabo respecto de la relación con otros valores distintos del oro ("Perry, John M. v. United States" del 18-2-1935 , 294 U.S. 330). Esa disposición del Congreso establecía que "que toda cláusula contenida o establecida con respecto a una obligación cuyo objeto sea dar al acreedor un derecho de exigir el pago en oro o en una cantidad particular de moneda o papel moneda, o en una cantidad de dinero de los Estados Unidos determinada por ellos, se declara contra el bien público; y ninguna disposición semejante en obligaciones o que en el futuro se contraigan. Toda obligación contraída, previa o posteriormente, ya contenga semejante disposición o se establezca con respecto a ella, se extinguirá con el pago, peso por peso, en cualquier moneda o papel moneda que en el momento de pago tenga fuerza liberatoria para deudas públicas o privadas. Cualquier disposición semejante contenida en cualquier ley que autorice obligaciones emitidas por los Estados Unidos o con su autoridad, se deroga, pero la derogación de toda disposición semejante no ha de anular otras disposiciones o autorizaciones contenidas en dichas leyes". (cfr. Jurisprudencia Argentina tomo 50 sección jurisprudencia extranjera páginas 5/24).

Otro antecedente ocurrió en nuestro país, cuando por decreto nacional del día 29 de mayo de 1876 se autorizó al Directorio del Banco Nacional a suspender la conversión de billetes, dando conocimiento al Honorable Congreso de la decisión que se adoptaba debido a la gravedad de las circunstancias.

Con motivo de la crisis que se desencadenó en el último trimestre del año 2001, en la República Argentina se dictaron leyes y decretos que tuvieron por objeto superarla. No corresponde ingresar en esta oportunidad en las causas que provocaron el dictado del régimen legal de emergencia en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, no obstante lo cual se mencionan las dos principales según algunos estudiosos. La primera consistió en que por su Carta Orgánica, el Banco Central de la República Argentina tenía prohibido efectuar redescuentos, adelantos y otras operaciones de crédito, excepto por iliquidez transitoria que no excediera el plazo de 30 días (art. 17 inc. c ley 24.144 ahora reformado por ley 25.562 ); por ese motivo no podía cumplir la función de prestamista de última instancia de los bancos. La segunda causa que se señala fue que ante la permanente devaluación competitiva de la moneda de países compradores de nuestros productos, los precios de las producciones locales para exportación quedaron descolocados por la equivalencia establecida por la ley 23.928 del valor de un peso igual a un dólar.

Un elemento esencial para resolver este recurso, es el considerar que la legislación de emergencia fue dictada por los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Nación con el propósito de remediar una situación de gravísima crisis. No corresponde al Poder Judicial juzgar la oportunidad o conveniencia de la elección realizada por el legislador, sino que debe interpretar y aplicar la ley, examinando si la mencionada legislación se ajusta a la Constitución Nacional, mediante una interpretación sistemática del ordenamiento jurídico.

V.- Las normas de emergencia referidas al caso a resolver La ley 25.561 (B.O. 7/1/2002) declaró la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria y delegó al Poder Ejecutivo nacional, entre otras, las facultades de reglamentar la reestructuración de las obligaciones en curso de ejecución, afectadas por el nuevo régimen cambiario instituido en el artículo 2°, establecer el sistema que determinaría la relación de cambio entre el peso y las divisas extranjeras, y dictar regulaciones cambiarias.

La ley 25.561 ordenó pesificar a la relación de cambio un peso ($ 1) = un dólar estadounidense (U$S 1) "las prestaciones dinerarias exigibles desde la fecha de promulgación de la presente ley...sometidas a normas de derecho privado, pactados en dólares u otra moneda extranjera" (art.11). Se estableció, textualmente, que "las partes negociarán la reestructuración de sus obligaciones recíprocas, procurando compartir de modo equitativo los efectos de la modificación de la relación de cambio que resulte de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 2° de la presente ley, durante un plazo no mayor a ciento ochenta días. Acordadas las nuevas condiciones, se compensarán las diferencias que, eventualmente, existan entre los pagos dados a cuenta y los valores definitivamente acordados; 3) de no mediar acuerdo entre las partes, las mismas quedan facultadas para seguir los procedimientos de mediación vigentes en las respectivas jurisdicciones y ocurrir ante los tribunales competentes para dirimir sus diferencias. En este caso, la parte deudora no podrá suspender los pagos a cuenta ni la acreedora negarse a recibirlos. El Poder Ejecutivo nacional queda facultado a dictar disposiciones aclaratorias y reglamentarias sobre situaciones específicas, sustentadas en la doctrina del artículo 1198 del Código Civil y el principio del esfuerzo compartido" (art. 11 de la ley 25.561).

El decreto 214 dictado el 3/2/2002 y publicado el 4/2/2002, amplió la pesificación al establecer que "a partir de la fecha del presente quedan transformadas a pesos todas las obligaciones de dar sumas de dinero, de cualquier causa u origen -judiciales o extrajudiciales- expresadas en dólares estadounidenses u otras monedas extranjeras existentes a la sanción de la ley 25.561 y que no se encontrasen ya convertidas a pesos" (art.1º). En su art.8º se dispuso que "las obligaciones exigibles de dar sumas de dinero, expresadas en DOLARES ESTADOUNIDENSES u otra moneda extranjera, no vinculadas al sistema financiero, cualquiera sea su origen o naturaleza, se convertirán a razón de UN DOLAR ESTADOUNIDENSE (U$S 1) = UN PESO ($ 1), aplicándose a ellas lo dispuesto en el Artículo 4° del presente Decreto. Si por aplicación de esta disposición, el valor resultante de la cosa, bien o prestación, fuere superior o inferior al del momento de pago, cualquiera de las partes podrá solicitar un reajuste equitativo del precio. En el caso de obligaciones de tracto sucesivo o de cumplimiento diferido este reajuste podrá ser solicitado anualmente, excepto que la duración del contrato fuere menor o cuando la diferencia de los valores resultare notoriamente desproporcionada. De no mediar acuerdo a este respecto, la justicia decidirá sobre el particular. Este procedimiento no podrá ser requerido por la parte que se hallare en mora y ésta le resultare imputable. Los jueces llamados a entender en los conflictos que pudieran suscitarse por tales motivos, deberán arbitrar medidas tendientes a preservar la continuidad de la relación contractual de modo equitativo para las partes".

El aludido artículo 4 del decreto se refiere al Coeficiente de Estabilización de Referencia a ser publicado por el Banco Central de la República Argentina que debe aplicarse a partir de la fecha de dictado del decreto, y a la aplicación de una tasa de interés mínima para los depósitos y máxima para los préstamos.

Pocos días después, el 15-2-2002 se dictó el decreto 320/2002, en el que se aclaró que el artículo 8° del Decreto Nº 214/02, era de aplicación exclusiva a los contratos y a las relaciones jurídicas existentes a la fecha de entrada en vigencia de la Ley Nº 25.561, y que a los efectos del reajuste equitativo del precio, previsto en dicha disposición, debía tenerse en cuenta el valor de reposición de las cosas, bienes o prestaciones con componentes importados.

Al año siguiente, el día 8 de enero de 2003 se promulgó la ley 25.713 (B.O. 9/01/2003), en la que se dispuso que "a las obligaciones que en origen hubieran sido expresadas en DOLARES ESTADOUNIDENSES u otra moneda extranjera y que hubieren sido transformadas en PESOS a partir de la sanción de la ley 25.561 o bien posteriormente, se les aplicará un coeficiente de estabilización de referencia (C.E.R.) que se compondrá por la tasa de variación diaria obtenido de la evolución mensual del índice de precios al consumidor (IPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos dependiente del Ministerio de Economía de la Nación, cuya metodología se establece en el anexo I de la presente ley. La aplicación del coeficiente de estabilización de referencia (C.E.R) será efectuada a partir del 3 de febrero de 2002".

Finalmente, el día 2 de diciembre de 2003 se promulgó la ley 25.820, publicada el 4/12/2003, en la que se prorrogó la declaración del estado de emergencia hasta el 31 de diciembre de 2004. La nueva ley sustituyó el texto del artículo 11 de la Ley 25.561 por el siguiente: "Las obligaciones de dar sumas de dinero existentes al 6 de enero de 2002, expresadas en dólares estadounidenses u otra moneda extranjera, no vinculadas al sistema financiero, cualquiera sea su origen o naturaleza, haya o no mora del deudor, se convertirán a razón de un dólar estadounidense (U$S 1) = un peso ($ 1), o su equivalente en otra moneda extranjera, resultando aplicable la normativa vigente en cuanto al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) o el Coeficiente de Variación de Salarios (CVS), o el que en el futuro los reemplace, según sea el caso". "Si por aplicación de los coeficientes correspondientes, el valor resultante de la cosa, bien o prestación, fuere superior o inferior al del momento de pago, cualquiera de las partes podrá solicitar un reajuste equitativo del precio. En el caso de obligaciones de tracto sucesivo o de cumplimiento diferido este reajuste podrá ser solicitado anualmente, excepto que la duración del contrato fuere menor o cuando la diferencia de los valores resultare notoriamente desproporcionada. De no mediar acuerdo a este respecto, la justicia decidirá sobre el particular. Este procedimiento no podrá ser requerido por la parte que se hallare en mora y ésta le resultare imputable. Los jueces llamados a entender en los conflictos que pudieran suscitarse por tales motivos, deberán arbitrar medidas tendientes a preservar la continuidad de la relación contractual de modo equitativo para las partes." "De no mediar acuerdo entre las partes, las mismas quedan facultadas para seguir los procedimientos de mediación vigentes en las respectivas jurisdicciones y ocurrir ante los tribunales competentes para dirimir sus diferencias." "En este caso, la parte deudora no podrá suspender los pagos a cuenta ni la acreedora negarse a recibirlos. El Poder Ejecutivo nacional queda facultado a dictar disposiciones aclaratorias y reglamentarias sobre situaciones específicas, sustentadas en la doctrina del artículo 1198 del Código Civil y el principio del esfuerzo compartido." "La presente norma no modifica las situaciones ya resueltas mediante acuerdos privados y/o sentencias judiciales." Por último, la ley declaró su carácter de orden público.

VI.- Inclusión de las obligaciones en dólares en mora ajenas al sistema financiero en el régimen legal de emergencia.

El caso a estudio trata de un proceso de ejecución de un crédito contraído en dólares estadounidenses, en el que recayó sentencia que ordenó llevar adelante la ejecución de U$S16.400 (dieciséis mil cuatrocientos dólares estadounidenses), e intereses de tasa pasiva promedio. La sentencia de primera instancia, de fecha 11 de abril de 2000, es anterior al régimen de emergencia y de pesificación.

La interpretación de este complejo régimen de emergencia, con el objeto de determinar si las obligaciones en mora entre particulares ajenas al sistema financiero existentes a la fecha en que entró en vigencia el régimen legal de emergencia están comprendidas, dio lugar a una abundante doctrina y jurisprudencia, a la cual la Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci, en su voto en juicio "Teruel, Santiago y otros vs. Dalvian S.A." de fecha 24 de noviembre de 2003, sistematizó en tres grandes bloques: 1) La que postula que la pesificación que establece la ley 25.561 y el decreto 214/02 no se aplica a las obligaciones en mora, y que debe pagarse en la moneda extranjera que fue convenida, o con la cantidad de pesos que permita adquirir en el mercado libre de cambios la suma de dólares que el deudor se obligó a pagar. 2) La suma a pagar en dólares se pesifica, pero no a la paridad establecida en los decretos reglamentarios, sino a otra restringida, fijada según las circunstancias del caso. Esta tesis es conocida como doctrina del "esfuerzo compartido". 3) Las deudas en mora se pesifican conforme las pautas de los decretos reglamentarios 214 y 320/2002, salvo que el acreedor pruebe que, en el caso, no se le ha reparado el daño.

Hasta el dictado de la última ley mencionada, la 25.820, la confusa redacción de las normas anteriores dio lugar a interpretaciones opuestas tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, respecto de si la legislación de emergencia dictada a partir de la ley 25.561 disponía o no la pesificación de las obligaciones en mora entre particulares ajenas al sistema financiero. Ejemplo de los debates y análisis de los textos legales es el plenario de la Cámara de Apelaciones de San Isidro en sentencia del 7/11/2002 en "Zanoni, A. c. Villadeamigo, V. y otro", publicado en LLBA 2002 (diciembre), 1517, con nota de Carlos A. Hernández; Mónica J. Graiewski - LA LEY 2003-A, 161, con nota de Leandro Vergara - LA LEY 2003-C, 629, con nota de Lino A. Palacio - Sup.E.Dep. Banc. y Restric. 2002 (noviembre), 190 - Sup. Esp. Rev. del Contrato-ED-JA.

Desde que la ley 25.820 estableció que corresponde pesificar 1 a 1 las deudas pactadas en dólares que se encontraban en mora al 6 de enero de 2002, ninguna duda puede haber de que la legislación de emergencia comprende a esas deudas en divisas. Se cerró así el debate referido al alcance del art. 11 de la ley 25.561, (..."prestaciones dinerarias exigibles desde la fecha de promulgación de la presente ley"), y si el decreto 214/2002 se había excedido del marco legal al abarcar en la pesificación a todas las deudas existentes.

En definitiva, el régimen legal de emergencia sólo distingue dos categorías de obligaciones en moneda extranjera: las concertadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 25.561 -vencieran o no antes de esa fecha- que quedan comprendidas en la legislación de emergencia, y las concertadas con posterioridad al 6.1.2002, que quedan sujetas a lo dispuesto en los arts. 617 y 619 del Código Civil. Por ello, la normativa impugnada por el actor resulta indudablemente aplicable a su crédito.

VII.- Debe desestimarse la impugnación a la constitucionalidad del régimen de emergencia, por las razones que se exponen a continuación. Para ello se examinará si la legislación cuestionada lesiona la garantía de la propiedad que consagra el art.17 de nuestra Constitución, considerando que el caso a resolver trata de un crédito emanado de una condena judicial, que constituye una "propiedad" en el sentido constitucional, como lo declaró reiteradamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 136:59; 144:220; 145: 307). Debe tener presente que, aunque no corresponde juzgar a los jueces la oportunidad, mérito o conveniencia de la legislación de emergencia, sí les compete examinar si resulta o no compatible con las garantías consagradas en la Constitución, pues el poder de policía del Estado no es ilimitado, y debe ser ejercido siempre dentro del marco constitucional y bajo el control judicial (conf. Fallos: 172:21; 200:450; 305:945; 313:1513 y 1618).

El art. 14 de la Constitución Nacional sienta un principio básico sobre esta cuestión, al declarar que ningún derecho es absoluto, porque "todos los habitantes de la Nación gozan de los...derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio". Determinar cuándo una norma es razonable o no en su reglamentación de un derecho, -art. 28 C.N. entre otros-, es una cuestión que debe ser ponderada en cada caso, y con tal propósito se debe tener en cuenta: 1) el fin público de la norma en cuestión; 2) sus circunstancias justificantes; 3) la adecuación entre el medio empleado y el fin propuesto; 4) la ausencia de inequidad manifiesta (cfr. Quiroga Lavié y otros, Derecho Constitucional Argentino, T° II-p. 766, edición 2001).

La Corte Suprema de la Nación fue exponiendo a través de sus fallos una doctrina sobre los estándares que deben cumplir los regímenes legales de emergencia para ajustarse a la Constitución Nacional. En el caso "Peralta" -sentencia del 27 de diciembre de 1990 publicada en La Ley 1991-C 158,- se pronunció sobre la constitucionalidad del decreto 36/90, en el cual se dispuso que la devolución de los depósitos a plazo fijo que excediesen de determinada cantidad fuesen abonados con títulos de la deuda pública, reconociendo que la paridad del medio de pago elegido sea inferior al nominal, no se sigue que exista efectivamente una "quita". El Tribunal se remitió al antecedente del "desagio" fijado por decreto 1.086/85, otro supuesto de "quita", en el que se exigió para el progreso del reclamo, la acreditación del gravamen concretamente sufrido (considerando N° 53, doctrina de las causas: L.376/XX "Provincia de La Pampa c. Albono S. A., Esteban s/consignación", del 28/6/88, y M.549.XXII "Milano, Miguel A. c. Banco Central s/cobro de australes", del 24/8/89, entre varios otros). En ese pronunciamiento la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación expresó que "Cuando una situación de crisis o de necesidad pública exige la adopción de medidas tendientes a salvaguardar los intereses generales, se puede sin violar ni suprimir las garantías que protegen los derechos patrimoniales, postergar, dentro de límites razonables, el cumplimiento de obligaciones emanadas de derechos adquiridos. No se trata de reconocer grados de omnipotencia al legislador ni de excluirlo del control de constitucionalidad, sino de no privar al Estado de las medidas de gobierno que conceptualice útiles para llevar un alivio a la comunidad. En esencia se trata de hacer posible el ejercicio de facultades indispensables para armonizar los derechos y garantías individuales con las conveniencias generales, de manera de impedir que los derechos amparados por esas garantías, además de correr el riesgo de convertirse en ilusorios por un proceso de desarticulación de la economía estatal, puedan alcanzar un grado de perturbación social acumulada, con capacidad suficiente para dañar a la comunidad nacional." "El fundamento de las leyes de emergencia es la necesidad de poner fin o remediar situaciones de gravedad que obligan a intervenir en el orden patrimonial, fijando plazos, concediendo esperas, como una forma de hacer posible el cumplimiento de las obligaciones, a la vez que atenuar su gravitación negativa sobre el orden económico e institucional y la sociedad en su conjunto." "Corresponde reconocer la constitucionalidad de las leyes que suspenden temporalmente tanto los efectos de los contratos como los efectos de las sentencias firmes, siempre que no se altere la sustancia de unos y otras, a fin de proteger el interés público en presencia de desastres o graves perturbaciones de carácter físico, económico o de otra índole".

En la sentencia citada, con letras destacadas en el parágrafo 38, el Supremo Tribunal dijo "Que corresponde a los poderes del Estado proveer todo lo conducente a la prosperidad del país y al bienestar de sus habitantes, lo que significa atender a la conservación del sistema político y del orden económico, sin los cuales no podría subsistir la organización jurídica sobre la que reposan los derechos y garantías individuales. Para que éstas tengan concreta realidad, es esencial la subsistencia del Estado, de su estructura jurídica y su ordenamiento económico y político. Su existencia hace posible el disfrute de los derechos de la libertad y del patrimonio que asegura la Constitución. "Cuando por razones de necesidad, sanciona una norma que no priva a los particulares de los beneficios patrimoniales legítimamente reconocidos ni les niega su propiedad y sólo limita temporalmente la percepción de tales beneficios o restringe el uso que puede hacerse de esa propiedad, no hay violación del art. 17 de la Constitución Nacional, sino una limitación impuesta por la necesidad de atenuar o superar una situación de crisis. En el sistema constitucional argentino, no hay derechos absolutos y todos están subordinados a las leyes que reglamentan su ejercicio".

En el caso "Kot" la Corte de la Nación declaró "que las leyes no pueden ser interpretadas solo históricamente, sin consideración a las nuevas condiciones y necesidades de la comunidad, porque toda ley, por naturaleza, tiene una visión de futuro, está predestinada a recoger y regir hechos posteriores a su sanción." En ese fallo se expresó que "se trata de hacer posible el ejercicio de las facultades indispensables para armonizar los derechos y garantías individuales con la conveniencias generales, de manera de impedir que los derechos amparados por esas garantías, además de correr el riesgo de convertirse en ilusorios por un proceso de desarticulación de la economía estatal, puedan alcanzar un grado de perturbación social acumulada, con capacidad suficiente para dañar a la comunidad nacional" (Fallos 172: 31).

En caso de grave crisis, como lo ha resuelto la Corte Suprema, el Estado se halla autorizado "a restringir el ejercicio de algunos derechos patrimoniales tutelados por la Constitución" (Fallos: 313:1513), pues a pesar de que "la emergencia no crea potestades ajenas a la Constitución,...sí permite ejercer con mayor hondura y vigor las que ésta contempla, llevándolas más allá de los límites que son propios de los tiempos de tranquilidad y sosiego" (Fallos 172:21; 243:449; 313:1638).

La doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró que la constitucionalidad de la legislación de emergencia depende de que sea dictada para remediar una situación de grave crisis y de que la restricción a los derechos individuales sea razonable, limitada en el tiempo y no afecte la sustancia del derecho de que se trate en grado tal que conduzca a su desaparición (conf., Fallos: 172:21; 243:449 y 467; 313: 1638; 318:1154; 323:1566; 325:28; causa "Prov. de San Luis c/ Estado Nacional" del 5.3.2003).

VIII.- No cabe duda de que las recientes circunstancias de índole política, social y económica que motivaron las normas que aquí se interpretan, "encuentran difícil comparación en la historia de la Argentina contemporánea" (voto del Dr. Fayt en la causa "Provincia de San Luis" mencionada). La magnitud de la reciente crisis, que provocó un enorme impacto en todos los aspectos, afectó la contratación, la justicia conmutativa y produjo efectos distributivos de gran envergadura. A la luz de la doctrina antes expuesta, considerando los hechos mencionados, y la aplicación de las obligaciones en mora según se analizó en el parágrafo VIII de la presente, en modo alguno puede concluirse que la legislación de emergencia cuestionada resulte irrazonable, o que conduzca a aniquilar el derecho de propiedad del actor.

Los criterios de la Corte de la Nación al declarar la constitucionalidad de la normativa de emergencia cuestionada en "Peralta" y casos anteriores citados respecto a la restitución de valores inferiores sin que ello implique una quita, son válidos para el presente caso, en el cual es inadmisible la pretensión de que la conversión de la deuda se efectúe a la cotización actual del dólar como si el cese de la convertibilidad no se hubiese producido. Ello sería ignorar que el cese de la convertibilidad es una medida de alcance general, que afecta todas las relaciones jurídicas y que fue fruto de una decisión política impuesta por una gravísima crisis. Por otra parte, debe considerarse que el precio del dólar en el mercado libre está determinado por múltiples factores, entre ellos las operaciones que efectúa el Banco Central para incidir en la cotización, debiendo tenerse presente que la evolución de los precios internos depende de muchísimas causas ajenas al valor del dólar, y que exhibe una variación de valores diferente a la cotización de la divisa extranjera. De ello se deduce que la pesificación impugnada no implica una "quita", si se considera que antes de la ley 25.561 tenían igual valor el peso y el dólar, y que la suba de la cotización de este último representa una variación de valor diferente y muy superior a la de los precios internos, a los cuales el régimen de emergencia busca cubrir con la aplicación del coeficiente de estabilización de referencia.

Las normas cuestionadas, a la par de la "pesificación" a la relación un peso = un dólar estadounidense para obligaciones como las de este caso, también dispusieron que debía aplicárseles el Coeficiente de Estabilización de Referencia -CER- (art.11, ley 25.561 -texto según ley 25.580) y que si el valor resultante de la cosa, bien o prestación fuere superior o inferior al del momento de pago, cualquiera de las partes podrá solicitar a los jueces un reajuste equitativo del precio, inspirado en lo dispuesto en el art.1198 del Código Civil y el principio del esfuerzo compartido, procedimiento que no podrá ser pedido por la parte que estuviera en mora y que ésta le resultare imputable (art.11, ley 25.561, texto original y el modificado por la ley 25.580, y art.8º, dec.214/2002).

Por ello, queda salvaguardada la constitucionalidad del régimen de emergencia que se analiza, en tanto se advierte que el perjuicio del acreedor que cobra en pesos en lugar de los dólares de la deuda original, consiste en la pérdida del poder adquisitivo del peso en el mercado interno: éste es el derecho del acreedor que debe respetarse, y no el derivado de una simple comparación matemática entre el valor de la divisa en el mercado con el peso post-devaluación (conf. Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica, causa "Perry vs. Estados Unidos de Norteamérica", 18.2.35, 294 U.S. 230, de 1935). La pérdida de la capacidad de adquisición del peso post devaluación, es la medida del derecho adquirido que debe salvaguardarse; lo contrario no constituiría el recupero de una pérdida sino un enriquecimiento injustificado. Por ello se ha expresado que "en última instancia, pues, la garantía de la propiedad consagrada en nuestra Carta Magna no sería otra cosa que la preservación de un estado patrimonial respecto de las personas afectadas; no en cuanto a su composición sino respecto de la apreciación económica que tenga" (conf. Carranza Torres, en "La garantía de la propiedad en el derecho constitucional argentino", en ED-196-874, citado por Rosatti, "Soñar con el dólar, despertar con el peso -corralito, pesificación y después...", en Revista de Derecho Público, 2002-1-519, nota 15)".

De este modo, el imperativo de la Constitución de 'afianzar la justicia' y la garantía del derecho de propiedad, se cumplen manteniendo el valor económico real de la cosa o del bien perteneciente a la persona afectada (conf. CSN en 'Aerofalcon S.R.L. c. Provincia de Santiago del Estero', del 13.8.85, en LL-1986-A-19)".

Por aplicación de la doctrina expuesta, debe rechazarse la impugnación del recurrente, pues así como corresponde rechazar la posibilidad de liberarse con el pago de dinero depreciado, del mismo modo corresponde rechazar la posibilidad de que el acreedor obtenga un dinero "valorizado", que es lo que ocurriría si se hiciera lugar íntegramente su pretensión, pues ello significaría que el actor percibiría su capital en moneda sumamente revalorizada dentro del país, logrando un poder de compra muy superior al que poseía con anterioridad, lo que también resulta inadmisible (conf. C.S.N. en Fallos: 172:21).

IX.- De acuerdo a lo expresado, planteos como el del recurrente exigen la demostración del gravamen efectivamente sufrido, o sea, de que el valor adquisitivo de la suma resultante de la"pesificación" más el CER -de conformidad con lo establecido por leyes 25.561, 25.820 y 25.713-, es inferior al que correspondería a la suma a la que tenía originariamente derecho de haberse mantenido el régimen legal anterior (conf. Fallos: 313: 1513)-, estando la prueba de este extremo a cargo de quien invoca la irrazonabilidad o confiscación (Fallos: 247:121). En el caso debe resaltarse que el recurrente no invocó ni acreditó daños irrogados aparte de reclamar la diferencia de valor entre el dólar y el peso, por lo que no puede prosperar su pedido de que se declare la inconstitucionalidad de la aplicación de esa normativa al caso sub examen.

X.- Agravio referido al artículo 3 del Código Civil y afectación de la cosa juzgada.

No es atendible el argumento del recurrente de que las normas de pesificación afectan el principio de la irretroactividad de la ley (art. 3° del CC) por aplicarse a una deuda en mora al 6 de enero de 2002 (ley 25.561), así como a la cosa juzgada. Es improcedente ese planteo porque según el art. 3° del Cód. Civil, "las leyes se aplican aún a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes". Consecuencia de la aplicación de tal principio es la pesificación de las obligaciones en mora, y por eso existentes, sin que ello signifique que se la aplique retroactivamente. Mientras las obligaciones no se extingan, las mismas existen, y por ello son alcanzadas por las leyes posteriores en sus consecuencias o efectos.

Siguiendo al profesor Edgardo I. Saux ("Efectos de la ley con relación al tiempo", publicado en la obra Derecho Privado en Homenaje a Alberto Bueres, p. 79 y 77, edición 2001), expresa Juan J. Casiello, en artículo publicado en LA LEY, 2003-A, 1119, que la primera parte del art. 3° del Código "contiene una referencia concreta a la inmediata operatividad de las nuevas leyes, las cuales, apenas lanzadas al mundo jurídico, y a partir de su vigencia, pasan a regular las relaciones y situaciones jurídicas existentes... obviamente, el precepto legal bajo comentario alude a la circunstancia derivada de que, estando en curso de realización o desenvolvimiento esa relación jurídica, haya efectos ya cumplidos (que son regidos por la ley derogada, por lógica), y efectos a cumplirse, los cuales -en principio- caen bajo la órbita de las nuevas normas". Y da el fundamento, el autor de cita, de este art. 3° del Código: "Siendo que, como principio, la sustitución de una ley vigente por otra más nueva conlleva la presunción de que la última es más justa -o más apta para la regulación de los casos a los que se aplica, dado que por ello se la sanciona- la no aplicación inmediata de la nueva normativa a todos los efectos (cumplidos y a cumplirse) de las relaciones y situaciones jurídicas captadas por la novedosa regulación, sólo halla su límite en el debido respeto a la intangibilidad de las situaciones ya consolidadas al tiempo de vigencia de la ley derogada (para lo cual el Código de Vélez echaba mano a la doctrina de los "derechos adquiridos", Llambías a la del "consumo jurídico", y la ley 17.711 (Adla, XXVIII-B, 1810) a "los derechos amparados en garantías constitucionales" .

Consecuencia de ello es que las situaciones en curso, y los efectos futuros quedan regidos por la nueva ley. Los efectos cumplidos, obviamente, quedan fuera de ella, en tanto que se consolidaron bajo la vigencia de la norma anterior.

En el caso de obligaciones en mora, y aún con sentencia, como es el caso de autos, se trata de obligaciones existentes, vigentes hasta que se extingan por pago u otros medios legales. El pago que debió hacer la deudora y no hizo, es un efecto no cumplido, al que por ello se le aplica la nueva ley que establece que ese pago debe efectuarse en pesos. La mora sólo coloca al deudor en un estado de mayor gravamen, pues además de la prestación aún no cumplida, adeuda los daños y perjuicios que resultaren de su mora (art. 508, Cód. Civil). Pero no extingue la obligación, que sigue en curso, y por eso se le aplican las nuevas leyes que la rigieran. Siguiendo a Casiello, en el artículo mencionado, "la única situación allí consolidada es la mora misma, que una vez producida consolida en ese estado al deudor (sin perjuicio de que éste pueda purgar su mora pagando su deuda con la adición de los daños e intereses). De modo que -por hipótesis- si se dictare con posterioridad al estado de mora en que cayó un deudor, una ley nueva modificatoria de los requisitos o exigencias para producir la mora del deudor, ciertamente esta legislación nueva no alcanzaría a la mora ya producida (se trataría de una situación ya consolidada). Pero esto es muy distinto a decir que la mora consolidada impide la pesificación de la obligación. Desde que las obligaciones en mora, cabalmente por eso mismo, son obligaciones no pagadas, o sea obligaciones vigentes, existentes, la nueva ley que ordena "pesificar" las alcanzará en sus efectos aún no cumplidos, entre ellos, el principal, el pago (último efecto de la obligación), que se deberá hacer en pesos y no en dólares, por la operatividad de la nueva ley".

Tampoco puede receptarse el argumento del recurrente de que la transformación en "pesos" de sus deudas de moneda extranjera, signifique una eximición del deudor de su carga de afrontar los daños e intereses resultantes de su estado de mora, porque éstos se deben igualmente. La "pesificación" dispuesta por ley ante el "estado de emergencia" es una situación ajena a la mora del deudor, que se produjo como consecuencia del estado de necesidad que padece el país, y que afectó a todas las relaciones obligacionales pendientes, en mora o no.

En el caso de obligación en mora, la cuestión se centraría en identificar el daño irrogado por la mora, para lo cual deberá considerarse que en el caso nos encontramos ante una obligación contraída y para ser cumplida en el país, cuyo objeto es dar una suma de dólares. Pero al derogarse la convertibilidad por la ley 25.561, el peso sin la paridad del dólar, pierde valor o poder de compra en el mercado interno en relación con el que tenía cuando estaban las dos monedas a la paridad. Es ésa la pérdida de poder adquisitivo del peso en el mercado interno, y por ende, tal es el daño que sufre el acreedor que cobra pesos en lugar de los dólares que le eran debidos, porque si hubiese cobrado dólares o pesos - lo que era indiferente - durante la vigencia de la convertibilidad, el dólar y el peso tenían la misma aptitud de intercambio en el mercado interno. Por ello, el deudor moroso debe resarcir la pérdida de la capacidad adquisitiva en el mercado interno, que en el caso se pretende enjugar con el C.E.R., dispuesto por la legislación de emergencia para compensar la previsible caída del peso al separárselo del dólar. Pero no puede admitirse que el daño que resulte de la pesificación equivalga a la suba del valor del dólar con relación al peso.

En relación a la aplicación de leyes posteriores a una deuda anterior, la Corte Suprema de Mendoza declaró que "corresponde pesificar la obligación en moneda extranjera en mora desde antes del 6 de enero de 2002, dada una nueva intervención legislativa -a través de la Ley 25.820 (Adla, LXIV-A, 38)-, ya que el juzgador debe resolver el caso a la luz de lo querido por el legislador; sin que ello se trate de aplicar retroactivamente la ley nueva sino de elegir, entre dos interpretaciones posibles de los viejos y confusos textos de los decretos 214/2002 (Adla, LXII-A, 117) y 320/2002 (Adla, LXII-B, 1647), aquella que se adecua mejor al nuevo mandato del legislador". (cfr. Suprema Corte de Mendoza, en sentencia del 15/3/2004 en "Cerutti, Víctor c. De Marchi, Juana" y sentencia del 24/11/2003 en "Teruel, S. y ots. c. Dalvian S.A."). En los referidos fallo, la Corte de Mendoza hizo lugar a un recurso de inconstitucionalidad, y ordenó que se practique una nueva liquidación pesificando el crédito en dólares 1 por 1 más el CER, aplicando a la suma resultante intereses a la tasa que cobra el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de préstamos sometidos a la cláusula coeficiente de estabilización de referencia.

XI.- Por lo expresado, corresponde no hacer lugar al recurso deducido por la parte actora.

Deberá tenerse presente que al practicar la liquidación de la suma de condena, deberá procederse conforme a las normas pertinentes, esto es, convertir el capital en divisas a cuyo pago fue condenada la demandada a la relación de un dólar estadounidense igual a un peso, y aplicar a esa suma el Coeficiente de Estabilización de Referencia -CER- (art.11 ley 25.561 -texto según ley 25.820-, art.4º y 8º, dec.214/2002; ley 25.713). El régimen de intereses a aplicar a la suma resultante será el siguiente: hasta el día en que corresponde computar el inicio de la aplicación del CER, el interés será el dispuesto en la sentencia de primera instancia (tasa pasiva promedio que publica el BCRA). A partir de la aplicación del CER, se computará la tasa de interés establecida para las obligaciones que se reajustan con CER, esto es, la Comunicación A 3.507 o la que la sustituya. Y desde la mora hasta el efectivo pago se aplicará sobre el capital el interés punitorio fijado por el Tribunal de Alzada en la sentencia del 28.5.02 que se encuentra firme.

XII.- En cuanto a las costas, corresponde imponerlas por su orden, considerando las particularidades, complejidad y lo novedoso de la cuestión que se resuelve, que ha dado lugar a jurisprudencia y doctrinas contradictorias (art. 106 inc. 1° CPCC).

Los señores vocales doctores Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de fecha 24-11-2003 dictada por la Sala II de la Cámara en Documentos y Locaciones. Al practicarse la liquidación de la deuda, deberá procederse como se indica en el considerando XI de la presente.

II.- COSTAS por su orden.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSÉ BRITO HÉCTOR EDUARDO ARÉA MAIDANA