marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Prescripción, facultades delegadas, códigos de fondo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Alpha Shipping S.A. c/ Provincia de T.D.F. A. e I.A.S. s/ contencioso administrativo - medida cautelar
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-07

La prescripción no es un instituto propio del derecho público local, sino un instituto general del derecho, lo que justifica que, en ejercicio de la habilitación conferida al legislador nacional por el art. 75, inc. 12, de la Constitución Nacional, aquel establezca un régimen destinado a comprender la generalidad de las acciones susceptibles de extinguirse por esa vía y, en consecuencia, las legislaturas locales no se hallan habilitadas para dictar leyes incompatibles con las previsiones que al respecto contienen los códigos de fondo.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, seguros
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ortellano, Néstor Omar c/ Suárez, Alberto Ricardo y ot. s/ Daños y perjuicios Acuña, Humberto Alejandro c/ Villafañe, Julio César s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-03-17|1993-05-04

Interpretar el contrato de seguro y su vigencia es una cuestión de hecho.
Daño resarcible, daño moral
Materia: LABORAL
Carátula: Onnis, Aníbal Mariano c/ Cubecorp Argentina SA y otro
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-28

Las pruebas aportadas por el actor resultan suficientes para demostrar la incómoda situación sufrida a raíz del proceder de la demandada, consistente en no asignarle funciones durante un prolongado período de tiempo, dejándolo de lado y menoscabándolo en su ámbito laboral con lesión a su integridad, en violación a derechos humanos fundamentales como el principio de igualdad, el de no discriminación y el deber de no dañar, derechos que le corresponden por su condición de ser humano y de persona trabajadora, lo que impone confirmar la decisión adoptada en grado con relación a la procedencia del rubro daño moral.
Mandamiento de ejecución, coparticipación federal, coparticipación de impuestos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE VIEDMA Y OTRAS s/ MANDAMUS
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1991-08-13

El pedido de libramiento de mandamiento de ejecución dirigido al Poder Ejecutivo Provincial, Contaduría General y Banco de la Provincia de Río Negro, para que en el futuro se abstengan de realizar actos contrarios al cumplimiento de lo dispuesto en la ley 1946 -Ley de Coparticipación Provincial de Impuestos- constituye una suerte de "prohibimus" preventivo, no contemplado en la Constitución Provincial. Ello en tanto, debe existir una ejecución real y cierta de actos prohibidos por las normas señaladas en el art.45 Constitución Provincial, para que conjuntamente con el concurso de los demás requisitos propios de este tipo de acción, se configure la hipótesis que lo torne admisible.
Sociedades comerciales, sociedad de hecho, prueba del contrato, prueba testimonial, principio de prueba por escrito, admisibilidad de la prueba
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: MATZNER, ENRIQUE JULIO c/ BURSTEIN, EDUARDO s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-02-26

Si bien la ley 19550: 25 reza que "la existencia de la sociedad puede acreditarse por cualquier medio de prueba", tampoco puede negarse la existencia de otras normas de envergadura que requieren el principio de prueba por escrito para probar los contratos (cciv: 1193; ccom: 209). De manera que el hecho de que la ley societaria admita la posibilidad de que la sociedad de hecho pueda ser probada por testigos, ello no necesariamente implica que ese medio, en el contexto del caso en particular, deba ser idóneo para dar por probada su existencia, "ya que en cada caso se impone analizar las aportaciones acreditativas pertinentes a fin de apreciar si de su conjunto surge un serio poder de convicción que autorice a admitir la existencia de la sociedad que se alega" (CF. ESTA SALA, 7.10.1980, "AMODEO, RICARDO N. C/ OTERO, FRANCISCO", ED 92-332).
Obligaciones concurrentes, recurso de apelación (procesal)
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Retondini, Rubén A. c/ Club Atlético Independiente s/ Daños y perjuicios Gómez, Eugenio y otros c/ Villalba, Raúl y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-31|1999-06-15

Por aplicación del principio de personalidad de la apelación, debe reputarse firme la condena impuesta a un obligado in solidum, sea cual fuere la suerte de la apelación de otro obligado de igual tipo.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Caducidad, interrupción de la caducidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: BENITEZ, PASTOR JUAN Y OTRA c/ PUTIGNANO, DIEGO Y/U OTROS s/ INTERDICTO DE RETENER
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-09-20

El pedido de libramiento de oficio para que se corra traslado de la demanda efectuada por el actor resulta adecuado para impulsar el procedimiento y tiene como efecto interrumpir la caducidad y determinar la iniciación del curso de un nuevo plazo de igual dimensión, quedando de tal suerte neutralizado el tiempo transcurrido con anterioridad.
Despido, falta de contestación de la demanda, rebeldía, confesión ficta, indemnización, certificado de servicios
Materia: LABORAL
Carátula: Collomb, Lucía y Otros c/ Lergas S.R.L. s/ Ordinario Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2014-06-27

En el proceso, la falta de contestación a la demanda, activa la presunción de veracidad de los hechos relatados en ella. Pero tal presunción cede ante prueba en contrario y, además, no implica sin más el reconocimiento de la legitimidad de los reclamos por cuanto algunas pretensiones reconocen sustento en distintos institutos de naturaleza sustancial, los que condicionan su procedencia al cumplimiento de los requisitos que en cada caso se determinan. En función a ello, y lo acontecido durante el debate, atento a encontrarse la demandada en contumaz rebeldía, se tiene a dicha parte por fictamente confesa. En su mérito, tiene por cierto que los actores fueron contratados y laboraron para la empleadora conforme la modalidad descripta en la demanda y por los períodos allí referenciados, que realizaron las tareas descriptas, revistaron en la categoría alegada, percibieron las remuneraciones señaladas y cumplieron las jornadas en exceso de la legal que denuncian, como así también que les fue impedido el ingreso a prestar tareas el 17/2/2012, que el vínculo extinguió por despido incausado dispuesto por la patronal para los reclamantes nombrados y por despido indirecto, respecto al tercer reclamante y que, tras ello, no les fueron abonadas las indemnizaciones ni la liquidación -como así tampoco se le hizo entrega de la certificación de haberes y servicios- pese a la intimación que cursaran en tal sentido; todo así en tanto la prueba, no ha desvirtuado la presunción legal.- Agrega que la demandada no asistió a las audiencias fijadas para que reconociera documentación y exhibiera libro (art.

52, LCT) y demás documentación laboral, razón por la cual resultan de aplicación al caso las presunciones legales derivadas de tal ausencia y omisión. Con lo que resuelve hacer lugar a la demanda promovida por los rubros y montos consignados en su oportunidad.
Obligaciones, obligaciones de dar sumas de dinero, cancelación de deudas, oportunidad procesal, interpretación de la ley
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Banco de la Ciudad de Buenos Aires  c/ Guzman Llamas, Adriana Carolina  s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-09-21

Para el caso de las deudas de valor, el CCCN 772, establece que el valor debe cuantificarse al ".momento que corresponda tomar en cuenta para la evaluación de la deuda.". Si bien el legislador no definió concretamente la oportunidad en la que, a falta de convención entre las partes, debe hacerse la transformación de la deuda de valor en obligación dineraria y, por tanto, podría válidamente argumentarse que ello queda supeditado a las especiales características de cada obligación (conf. Sánchez Herrero, A., "Tratado de derecho civil y comercial", Buenos Aires, 2018, t. II, p. 186), la regla general más aceptada en la materia (en el caso un contrato de mutuo bancario expresado en UVAs en el cual no se pactó la fecha de conversión en caso de mora del deudor) es que la "evaluación" debe tener lugar al tiempo del dictado de la sentencia judicial.

En tal sentido, la doctrina interpretativa del CCCN 772, estima mayoritariamente que, en efecto, en sede judicial, es más ajustado a la regla de la reparación integral del daño y a la equidad, tener en cuenta el valor de la deuda al tiempo de su liquidación por sentencia (conf. Rivera, J. y Medina, G., "Código Civil y Comercial de la Nación comentado", Buenos Aires, 2014, t. III, p. 105; entre otros autores), solución que es también aceptada en el derecho comparado (conf. Bianca, C., "Diritto Civile", Giuffré Editore, Milano, 1993, t. IV, p. 151, n° 84; entre otros), y la que ganó mayor predicamento en nuestro medio con anterioridad a la unificación del derecho civil y comercial de 2015 (conf. Alterini, A., Ameal, O. y López Cabana, R., "Derecho de obligaciones civiles y comerciales", Buenos Aires, 1998, p. 277, n° 614 y p. 486, n° 1124; entre otros), considerándosela especialmente aplicable en materia de responsabilidad contractual por entender que, de otra forma, el damnificado no recibe una reparación integral de los perjuicios realmente sufridos (conf. Banchio, E., "Obligaciones de valor", Buenos Aires, 1965, p. 140, n° 39; entre otros).

En suma, la cuantificación debe hacerse en la oportunidad de la última sentencia, entendida como tal la de segunda o ulterior instancia si ha mediado revisión de la de primera o anterior instancia (conf. Morello, A., "Indemnización del daño contractual", Buenos Aires - La Plata, 1974, p. 277, entre otros).
Control migratorio, transporte internacional, transporte de pasajeros, pasaporte, sanciones administrativas, declaración de inconstitucionalidad, multa administrativa, responsabilidad del transportador, igualdad ante la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Lufthansa Lineas Aereas Alemanas c/ Dirección Nacional de Migraciones -Disp. DNM. 4783/96.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-04

Esta Sala en la causa "Cie Nationale Air France c/ Dirección Nacional de Migraciones -DISP. DNM 2375", del 10 de julio de 1997, dijo: "Conforme reiterada y pacífica jurisprudencia la declaración de inconstitucionalidad de una norma es la última ratio de todo sistema jurídico, por lo que solo en principio el criterio para su determinación es el de estar por la conformidad de la norma con el sistema constitucional". "Por lo demás, la igualdad ante la ley implica igual tratamiento ante iguales circunstancias (Fallos 311:1451; 310:1080; 310:849), lo que no se da en el sub-lite en la medida que si bien la infracción es la misma (embarcar y transportar personas sin la documentación correspondiente) las infracciones respecto de esas personas son tratadas igual cuando son embarcadas y transportadas desde y hasta igual lugar y lo son en forma diferente cuando son embarcadas y transportadas desde lugares dispares". "En efecto, de seguir el criterio de la actora ella debería cobrar igual precio a toda persona que viaje hasta la Argentina sin importar dónde la embarcó y desde donde la transportó". "Por tanto, si ella trata distinto a esos pasajeros en distintas circunstancias no resulta impropio que la norma distinga en cuanto al monto de las multas a imponer cuando los montos en juego para el pasajero y para la compañía transportadora son diferentes". (Cons. IV).
Excarcelación, reincidencia, libertad condicional, constitucionalidad
Materia: PENAL
Carátula: Ramos, Silvio Alberto s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-09-03

El art. 14 del Código Penal en cuanto prohíbe la concesión de la libertad condicional a los reincidentes es constitucional toda vez que la incidencia de una condenación previa en la modalidad del cumplimiento de la pena actual no importa volver a juzgar el hecho anterior por cuanto el delito precedente en virtud del cual el condenado fue declarado reincidente, ya fue materia de juzgamiento y mereció una pena, mientras que en lo que aquí respecta se pretende resolver acerca de la libertad condicional con relación a la sanción impuesta con motivo de otro hecho. (Dres. González Palazzo, Diez Ojeda -en disidencia- y Hornos).
Sentencia, prueba, competencia funcional, despido
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: CENTONI ARTURO MIGUEL c/ METALURGICA SAN MARTIN S.A. s/ DEMANDA  -  CASACION  LABORAL  - REGLAS DE LA SANA CRITICA RACIONAL -  PRINCIPIO LOGICO DE NO CONTRADICCION -
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-10-16

Corresponde casar el pronunciamiento (art. 94 LPT) si ordena el pago de vacaciones sin tomar en consideración que del recibo acompañado se desprende una percepción de dinero imputado a ese rubro por la llamada que así lo indica; y además, obra en autos confesión acerca de que se recibió una suma en tal concepto estimada insuficiente por el accionante (demanda-alegato). Debe considerarse 'abierto' el recurso de casación en cuanto al agravio relacionado con el preaviso no tratado expresamente en la interlocutoria respectiva, si en su parte dispositiva se declaro 'formalmente admisible el recurso concedido a la demandada', sin limitación alguna y la cámara a quo lo concedió en este punto. Corresponde rechazar el recurso de casación fundado en violación de las reglas de la sana critica racional (principio lógico de no contradicción) en cuanto al rubro preaviso, si la cámara a quo lo admitió por no haber prosperado la defensa patronal en el sentido de que existió despido por fuerza mayor, fijando su monto según la pretensión actora. Esta pretensión no fue objeto de controversia alguna, ya que la accionada se mantuvo en la tesitura de que la única indemnización que correspondía en el caso, era la establecida por el art. 247 LCT, ya abonada, pero no se coloco en el supuesto subsidiario de que el tribunal entendiera que no existió fuerza mayor, cuestionando el monto reclamado. No obsta a esa conclusión la circunstancia de que el fallo haya admitido otro modo distinto para la indemnización por despido. En ese caso, mediaba falta de reconocimiento de firmas del actor en el respectivo recibo. De allí que la cámara aplicase los apercibimientos de ley; existiendo otra razón para el acogimiento del preaviso, tal como fue pedido.
Extinción de la acción penal por pago de multa, sobreseimiento definitivo
Materia: PENAL
Carátula: Añon, José A. s/ Acción Penal
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-30

La extinción de la acción penal por obligación voluntaria del máximo de la pena de multa, no debe desembocar en un sobreseimiento definitivo, por ser ajeno a sus hipótesis.
Ofrecimiento de la prueba, litisconsorcio, integración de la litis
Materia: PROCESAL
Carátula: L., M. D. c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2018-06-08

Si bien la norma indica que la integración de la litis se ordenará ".antes de dictar la providencia de apertura a prueba.", este Superior Tribunal ha juzgado que aquella ". representa una directiva de orden que, en presencia del objetivo a que responde el litisconsorcio necesario y de los principios que informan los ordenamientos vigentes, no puede considerarse infranqueable. Por lo que aún dictada la providencia de apertura a prueba. es admisible excepcionalmente disponer la integración de la litis.
Excepción de cosa juzgada, litispendencia, jueces, actuación de oficio
Materia: PROCESAL
Carátula: GENARO GARCIA LIMITADA SA c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-11-29

En nuestro derecho la cosa juzgada y la litispendencia, además de poder ser alegadas por las partes en cualquier estado y grado del proceso "deben también ser suplidas de oficio". Siendo la ley imperativa al respecto, imponiendo esa declaración como deber, nada impide que el Alto Cuerpo se pronuncie de oficio -dando cumplimiento al mandato legal- sobre la existencia de la litispendencia durante todo el proceso, quedando de ese modo subsanada la duplicación de causas promovidas por la parte actora y como única sentencia válida la dictada en jurisdicción federal.
Contrato de trabajo, empleados de comercio, retiro complementario
Materia: LABORAL
Carátula: DELGADO,  MARCOS  HEBER c/ DISTRIBUIDORA  ALBERTO LUONGO S.A YOTRO                  s                 /
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-31

El Sistema de Retiro Complementario establecido mediante Acta 21/6/91 se haya destinado a reforzar el régimen de previsión social vigente mediante el otorgamiento de un beneficio adicional. El art. 9° del Acta 21/6/91 faculta al trabajador desvinculado del sector a solicitar el rescate de los aportes personales, sin requerirle el requisito de la edad, reduciendo el rescate al 50% del total de los aportes referidos y si tales aportes no fueron realizados por la empleadora, es ésta la que debe soportarlos de su propio peculio, cualquiera haya sido la causa de la extinción del contrato de trabajo.
Defectos en la fundamentación normativa, iura novit curia
Materia: LABORAL
Carátula: S., M. A. c/ Policía Bonaerense s/ Enfermedad profesional
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2005-04-13

Es la invocación de un conflicto el presupuesto de la acción que pone en marcha la jurisdicción, sin perjuicio de la calificación brindada o del tipo de reparación requerida. El error en la invocación de la norma que tutela el interés no exime al Juez o Tribunal de verificar si el mismo no se encuentra bajo el paraguas directo o por analogía de otra norma legal o supra legal o de los principios generales del derecho, conforme el principio iura novit curia (arts. 171 de la Constitución provincial, 15 y 16 del Código Civil y 34 inc. 4 del C.P.C.C). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Principio de legalidad, delitos contra la humanidad, ley penal más benigna, pena privativa de la libertad
Materia: PENAL
Carátula: Villanueva, Carlos Enrique c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-09-29

Si el objeto procesal está compuesto por hechos perpetrados durante la última dictadura y el recurrente se encuentra privado de su libertad desde el año 2005, mientras que el art. 7º ley 24.390 estuvo vigente desde su publicación en el B.O. el 22/11/94, y hasta su modificación por ley 25.430 -B.O. 1/6/01-, que dejó sin efecto el régimen de cómputo privilegiado, razón por la cual no se encuentra involucrado aquí el principio constitucional de legalidad -en su derivación de prohibición de retroactividad de la ley penal- sino un principio distinto, con fundamentos distintos: el principio de aplicación de ley penal más benigna.
Reclusión accesoria por tiempo indeterminado, ley penal más benigna
Materia: PENAL
Carátula: López, Jorge Omar; Almada, Miguel Angel s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-05-03

Corresponde aplicar la ley 23.057 que eliminó del art. 52 del C.P.

la imposición de la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado para el caso de concurso de delitos por ser más benigna para el procesado que la vigente al tiempo de los hechos.
Trabajadores marítimos, premio por presentismo, horas extra
Materia: LABORAL
Carátula: DAPELO, NELSON ROBERTO c/ EMPRESA FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO ARGENTINO s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-06-26

El Acta - Acuerdo suscripto entre la Empresa Flota Fluvial del Estado Argentino y la Asociación Argentina de Empleados de la Marina Mercante, por la cual se acordó carácter salarial al rubro "presentismo" y se convino sin inclusión en el cálculo del valor de la hora extra a partir del 1 de julio de 1984 pero no en forma retroactiva, no puede valer como renuncia de derechos individuales del trabajador, ya que no puede éste ser privado de su remuneración por una interpretación que se da al C.C.T. 106/75 (cláusula tercera, apartado 3) y en la cual no tuvo oportunidad de manifestar su consentimiento.
Allanamiento, secuestro de bienes
Materia: PENAL - PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Fabro, Pedro Hugo y otro. s/ falsificación documento público.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-02-26

Corresponde desechar el agravio contra el procedimiento policial que culminó con el secuestro de una cédula de identificación del automotor hallada en el rodado, en tanto no se ha demostrado que las reglas procesales referentes al registro domiciliario y a la requisa personal, tanto locales como nacionales, sean aplicables a la inspección del automóvil.
Delito de acción pública, presentación extemporánea, defensa en juicio, requerimiento de elevación a juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: G. A. SRL c/  s/ nulidad
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-27

Explicaron los vocales que sin perjuicio de que el artículo 346 del ritual efectivamente prevé una única prórroga, el término otorgado a la fiscalía para contestar la vista es meramente ordenatorio. Agregaron que ".Efectivamente, para la fiscalía "el término será siempre ordenador, pues no puede prescindirse de su opinión. De allí la eficacia de la requisitoria fuera de término" (op. cit., tomo 2, p. 1030), pues su dictamen constituye un acto indispensable en el desarrollo del proceso y un presupuesto inevitable para el avance a la siguiente, por lo que su presentación fuera de término no acarrea la nulidad del acto. En ese sentido esta Sala ha sostenido que "el Ministerio Público Fiscal es un sujeto necesario de la relación procesal en los delitos de acción pública y . por tanto no es posible prescindir de su opinión en este estadio, a tal punto que no sufre las consecuencias que sí corresponde aplicar a la querella cuando no se concreta la requisitoria o ésta resulta extemporánea" (causas números 3585/2013, "V., M.", del 30 de diciembre de 2013 y 36623/2012, "H., K.", del 18 de marzo de 2016)..". Finalmente destacaron que la demora no afectó el derecho de defensa, debiéndose considerar que la instrucción se desarrolló durante siete años, en función de la complejidad del asunto y que desde la recepción del sumario hasta la efectiva presentación de la requisitoria fiscal transcurrieron menos de dos meses.
Servicio telefónico, empresa telefónica, facturación excesiva, medidas cautelares, facturación promedio, interrupción del servicio
Materia: PROCESAL
Carátula: Barragán, María A. c/ Telefónica de Argentina  SA s/ Amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-12-10

La medida cautelar dispuesta en la instancia anterior se adecua, en lo sustancial, a la alternativa prevista en el art. 18, inc. d), del Reglamento General de Servicio Básico Telefónico, aprobado mediante el decreto 1420-92 ( B.O. 12-8-92), en cuyo marco se prevé expresamente que el servicio no podrá ser suspendido durante el tiempo que demande la investigación del reclamo (art. 18, in fine), va de suyo que a los fines de lograr que aquélla fuera dejada sin efecto, la apelante debió haber aclarado en su recurso lo relativo a la exactitud entro de las máximas posibilidades técnicas de cada central- el cliente tiene derecho a que el prestador le exhiba la información sobre la que está basada su facturación, e incluso, cuando ello fuere posible, el detalle impuesto imponible (art. 27).

En consecuencia, corresponde mantener la medida cautelar decretada con la salvedad de que la prestadora podrá percibir el abono correspondiente y el promedio de consumo de pulsos de los últimos seis bimestres anteriores al primero que fue materia del reclamo e incluso en lo relativo a la peticionante, por cuanto aquélla no excede en términos generales de la que hubiera estado autorizada a solicitar en el marco del reglamento citado.