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Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, procesamiento, auto de procesamiento
Materia: PENAL
Carátula: GUTIERREZ, PABLO SERGIO s/ Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, Incidente de  apelación del auto de procesamiento CAUSA: 36767.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-20

1 - Corresponde confirmar el auto de procesamiento apelado ya que la fundamentación que lo dispone, aunque imprescindible, basta con que sea somera (art. 308 C.P.P.) y sólo supone una estimación de responsabilidad que no es definitiva ni vinculante y puede ser revocada posteriormente por el mismo Juez que la dictó (Del voto de los Dres. Hendler y Repetto).- 2 - En tanto el imputado reconoce las firmas y los sellos insertos en las solicitudes de afiliación cuestionadas y surge del examen de las actuaciones la forma irregular en que se producían las afiliaciones, estaría acreditado el elemento subjetivo del tipo penal en cuestión, por lo que existen suficientes elementos de convicción que autorizan el dictado del procesamiento; más aún, cuando la figura no requiere un particular conocimiento (dolo directo) sino que también admite la modalidad del dolo eventual (Del voto del Dr. Romero).
Sentencia, reglas de la sana crítica, doctrina de la arbitrariedad, Constitución Nacional
Materia: PENAL
Carátula: DENUNCIA FORMULADA POR REYNA ISABEL SAYAGO S/ ILICITO PENAL EN CONTRA DE PERSONAS A ESTABLECER s/ APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-04-15

Es presupuesto indispensable para la validez de una sentencia, que ésta se encuentre motivada conforme a las reglas de la lógica racional, ya que si la misma faltare o fuera contradictoria en relación a la cuestión planteada será nula puesto que afectará el debido proceso, vulnerando las garantías básicas del sistema que nos rige. La Constitución Nacional repudia las decisiones arbitrarias e inmotivadas, y solo reconoce las que sean derivación razonada y coherente de las pruebas legítimamente incorporadas al proceso, donde las conclusiones se expliquen y tengan sustento lógico de acuerdo a las pautas de la sana crítica racional.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, prueba, prueba testimonial, asociación ilícita
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CHAMORRO, JORGE EMANUEL c/  s/ ASOCIACION ILICITA, ETC.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-03-22

En relación a la alegada insuficiente motivación del proveído que dispuso las intervenciones telefónicas, el Tribunal expuso las razones por las cuales el agravio no podía prosperar, dando cuenta de por qué entendía que en el caso las medidas ordenadas habían sido suficientemente fundadas, recordando que tales cuestionamientos ya habían recibido suficiente respuesta por parte de los Magistrados intervinientes en lo que hace a su desestimación, y que a su vez, lo decidido en ese sentido dio sustento a las condenas dictadas a otros coimputados en procesos abreviados; y en relación al sustento de las intervenciones y requisas, se explicó que las intervenciones telefónicas y los allanamientos ordenados se peticionaron a raíz de la hipótesis introducida por los informes de inteligencia policial, por los exámenes efectuados a los registros del teléfono celular de la víctima del homicidio que fue acercado por sus familiares y por los testimonios recibidos, elementos que daban cuenta de que el homicidio podía ser producto de una decisión tomada en el seno de una asociación ilícita, dando fundamento a su pesquisa. - Jurisprudencia concordante con Machuca, AyS T 316, p 42/57, sumario J0049755.
Apreciación de la prueba, instrumentos públicos, instrumentos privados, recurso de casación
Materia: PROCESAL
Carátula: Cejas, Raimundo Carlos s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1993-11-22

No se produce en modo evidente la equivocación del juzgador (como reza el inciso 3º del art. 257 del C.P.C.), por el simple hecho de no haber otorgado a las pruebas, una significación demostrativa, coincidente con el criterio tasador que propone el recurrente, abarcando también dentro de igual consideración, aquella que señala como omitida, en el examen efectuado por el juzgador.

El único error en el análisis de la prueba que la casación somete a su revisión, es el que surge de instrumentos públicos o privados reconocidos en juicio que exterioricen en forma evidente y sin necesidad de mayores indagaciones el error del a quo, consecuencia casi natural y lógica de que el recurso de casación es una vía excepcional de impugnación que no puede ser confundida con una segunda instancia de tránsito necesario para que se agote el proceso legal que garantiza nuestro orden constitucional.
Intervención de terceros, sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Pichiñan, Samuel c/ La Pradera S.A. y-o Quien Resulte Responsable s/ Indemnización Accidente de Trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-09-28

La sentencia condenatoria pronunciada contra la demandada sólo constituye un antecedente favorable a la fundabilidad de las posteriores pretensiones de regreso que eventualmente llegare a interponerse frente a los citados, pero no es ejecutable contra ellos.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, apreciación de la prueba, Derecho laboral, despido, confesión ficta, prueba testimonial
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: VEGA, VICTOR H. c/ MOLFINO HNOS. S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -LABORAL  (EXPTE.: C.S.J. NRO. 349 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-06-09

Corresponde rechazar la queja interpuesta desde que el acierto o error con que los Juzgadores fallaron la causa y la mera discrepancia que denota el perdidoso en sus planteos, no deparan caso constitucional idóneo para operar la apertura de la instancia extraordinaria ante la Corte, cuya misión es efectuar el control de adecuación de las sentencias al ordenamiento jurídico fundamental, pero de ningún modo sustituir a los tribunales ordinarios en su competencia jurisdiccional. Al respecto, la inteligencia de los aspectos fácticos de la litis no permite vislumbrar su colisión con los alcances que delineados por el Alto Tribunal respecto a la individualización de la causal de despido, su debida comunicación e invariabilidad, y que tienen por norte proteger al trabajador frente al despido arbitrario, garantizando sin cortapisas el ejercicio de su derecho de defensa sin que el recurrente logre demostrar la achacada violación al principio protectorio. Así, si bien el quejoso afirma que el Tribunal omite ponderar prueba esencial para la suerte de la causa, concretamente, la confesión ficta de la demandada conforme a la cual habría quedado acreditado que el despido fue injustificado ante la falta de prueba de la invocada conducta injuriante del trabajador, no logra demostrar que la sentencia fuera el resultado de fallar al margen de las leyes procedimentales que rigen la materia, de acuerdo a las cuales la confesión ficta admite prueba en contrario -art. 66 C.P.L.-Y, como surge de la sentencia, la Cámara valoró los dichos de los testigos ofrecidos por el propio accionante que acreditaban -en su ponderación- que "...lo ocurrido no fue una acción ´en tono de broma´..." y que "...ninguna duda queda de que lo actuado por el actor constituyó una agresión hacia un compañero de trabajo...".
Medicina prepaga, acción de amparo, prestaciones básicas para personas con discapacidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Pérez Bournissen, Daniela Patricia y Otro c/ Omint S.A. de Servicios s/ Amparo s/Incidente de apelación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-03-15

Corresponde hacer lugar a la medida de no innovar tendiente a que la prepaga mantenga y asuma la cobertura total del costo de escolaridad de la hija menor de la demandante, posibilitando así que aquella continúe en el colegio al que asistía, dado que éste brinda los servicios educacionales adecuados para la menor con discapacidad. La ley 24901 establece el sistema de prestaciones básicas a favor de las personas con discapacidad y determina que ellas son de cobertura integral a sus necesidades y requerimientos, incluyendo entre esas prestaciones a las educativas (art. 17), siendo obligación de los sujetos alcanzados por la ley 26682 cubrir el Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad (art. 7). En tales condiciones, sin que lo que aquí se expresa implique adelantar opinión sobre lo que en definitiva corresponda decidir al momento de sentenciar la causa, se advierte que prima facie la prestación reclamada se encuentra a cargo de la demandada.
Suspensión del juicio a prueba, facultades del querellante, derecho al recurso
Materia: PENAL
Carátula: Ali de Violi, Mirta Lilian s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-03-11

El derecho a recurrir en casación del querellante no abarca las decisiones que conceden la probation, pues corresponde exclusivamente a los órganos del Estado Nacional optar por una solución al conflicto no punitiva, cuando ésta es concebida como la más beneficiosa para los objetivos de la comunidad y, en estos casos, se antepone al comprensible interés vindicativo de la víctima el interés social de recuperar, para la comunidad, individuos que aparecen sospechados de un delito, sin afectar eventuales derechos personales resarcitorios. La disidencia consideró que la circunstancia de que la víctima carezca de facultades para impedir que el imputado haga efectivo su derecho de suspensión del juicio a prueba no puede derivar, de algún modo, en quitarle legitimación para recurrir cuando considera aplicado el instituto por fuera de los supuestos establecidos legalmente, afectando el debido proceso. (Dres. Diez Ojeda, González Palazzo, Hornos -en disidencia-).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, sentencia suficientemente fundada, obras sociales, cobertura médica, fertilización asistida, ley de defensa del consumidor
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: M., V. N. c/ OBRA SOCIAL PARA EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES (OSECAC) s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-10-08

En relación al agravio sobre las diferencias existentes entre una obra social prepaga y una obra social sindical como la de autos, y la no aplicación a esta última del artículo 3 de la ley 24240, se advierte que a pesar de los planteos de arbitrariedad de la recurrente, en realidad de la atenta lectura del escrito recursivo y su confrontación con los fundamentos de la sentencia atacada surge que los mismos no logran conmover la razonabilidad de lo sostenido por el A quo, en el sentido de que si bien la relación contractual que vincula a los amparistas con la prestadora de salud es de carácter obligatorio, no deja de ser de consumo y de allí que sus cláusulas deben ser interpretadas en el sentido más favorable para aquellos consumidores (De la disidencia del Dr. Erbetta).
Proceso penal, imputado, detención, jueces, control de legalidad, tratados internacionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: TORRES, PABLO ABEL c/  s/ ROBO CALIFICADO POR ESCALAMIENTO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-07-14

La Convención Americana sobre Derechos Humanos -al interpretar el artículo 7 de la Convención- expresamente entendió que el hecho de que un juez tenga conocimiento de la causa o le sea remitido el informe policial correspondiente no satisface la garantía de control de legalidad de la detención, ya que el detenido debe comparecer personalmente ante el juez o autoridad competente. Asimismo sostuvo que el control judicial sin demora es una medida tendiente a evitar la arbitrariedad o ilegalidad de las detenciones, tomando en cuenta que en un Estado de Derecho corresponde al juzgador garantizar los derechos del detenido, autorizar la adopción de medidas cautelares o de coerción, cuando sea estrictamente necesario, y procurar, en general, que se trate al inculpado de manera consecuente con la presunción de inocencia. (Del voto en disidencia del Dr. Erbetta) - CITAS: CIDH: "Caso Acosta Calderón vs. Ecuador", fallo del 24.06.2005; "Bayarri vs. Argentina", sentencia del 30.10.2008; "Caso Tibi vs. Ecuador", sentencia del 7.09.2004. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 7
Facultades jurisdiccionales, extinción de la acción penal
Materia: PENAL
Carátula: Kruger, Roberto Orlando c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-09-12

No se ha logrado demostrar que el tiempo transcurrido desde que se iniciaron las presentes actuaciones haya implicado una demora tan excesiva que constituyera un retardo injustificado en la administración de justicia, al punto que el único modo de subsanarlo sea por vía de la declaración de la extinción de la acción penal.
Non bis in ídem, prueba
Materia: PENAL
Carátula: Riveros, Santiago Omar c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-05-16

Debe rechazarse la denunciada vulneración del principio de ne bis in idem apoyado en que este pronunciamiento resultaría la séptima condena dictada a su respecto en la marco de la misma causa, pues se trata de diferentes acusaciones endilgadas al imputado por distintos hechos que han sido juzgados en distintos tramos, de acuerdo a su aporte en la hipótesis específica. La declaración de culpabilidad -que exige un estado de certeza apodíctica- puede basarse tanto en las llamadas pruebas directas como en las indirectas, siempre que éstas consistan en indicios que en su conjunto resulten unívocos y no anfibológicos, porque son los primeros los que en definitiva tienen aptitud lógica para sustentar una conclusión cierta.
Aplicación de la ley, cuota alimentaria, derecho internacional privado, moneda extranjera
Materia: CIVIL-INTERNACIONAL PRIVADO
Carátula: F., M.C. c/ K., M. s/ Alimentos Provisorios - Compulsa Compulsa
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2015-08-19

A los fines de pactar la cuota alimentaria en moneda extranjera, la cual es una posibilidad perfectamente válida, corresponde tener presente que dicho mecanismo debe ser utilizado con extrema prudencia y en casos excepcionales, dado el alto riesgo que se corre en nuestra economía de que el valor de la moneda extranjera elegida se incremente en forma superior al aumento real del costo de vida, con lo cual se produciría un incremento más allá de la estabilización perseguida, con el consiguiente perjuicio patrimonial indebido al deudor alimentario.
Tratados internacionales, demanda, traslado, notificación, nulidad procesal, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: París Video Home S.A. c/ Societa Per Azioni Commerciale Iniziative Spettacolo (SACIS). s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-12

La decisión que desestima el pedido de nulidad de la notificación de la demanda resulta contraria a los principios y normas de tratados internacionales que actualmente ostentan jerarquía constitucional mediante los que se garantiza una suficiente y adecuada tutela del derecho de defensa en juicio, si de las constancias de la causa no se puede inferir razonablemente el objetivo conocimiento de la demandada cerca de la promoción de la demanda (Disidencia del Dr. Antonio Boggiano).
Juicio de apremio, inhabilidad de título, resoluciones recurribles
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Municipalidad de Salto c/ Tomaz, Eduardo y/o Cortés, Luis s/ apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-03

El art. 7 de la ley de Apremios impone a la demandada ofrecer prueba de sus dichos en el escrito en que se opongan las excepciones.

Pudiendo el Juzgado rechazar de oficio dichas excepciones en caso contrario, siendo irreparable el pronunciamiento; en el caso en examen no hubo acercamiento de prueba alguna con respecto a lo alegado como defensa, y al negado como deuda - canon locativos -.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Fertilización asistida, derecho a la vida, salud reproductiva y sexualidad, recurso de inaplicabilidad de ley
Materia: CIVIL
Carátula: M. V. M. c/ I.S.S.N. s/ acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-12-21

Si bien el derecho a la salud, como derecho implícito dentro de los clásicos derechos civiles, pudo tener como contenido inicial el derecho personal a que nadie infiera daño a la salud, con lo que el sujeto pasivo cumplía su única obligación omitiendo ese daño; en la actualidad se exige, además de la abstención del daño, variadas prestaciones favorables que implican en determinados sujetos pasivos el deber de dar y hacer. Precisamente, estos sujetos son, en principio, el Estado, pero también las obras sociales y las empresas de medicina prepaga. Y las prestaciones se trasladan concretamente en tratamientos de prevención, asistencia durante la enfermedad, seguimiento en el período de recuperación y rehabilitación, provisión de terapias y medicamentos.
Sentencia, notificación, domicilio, domicilio real, cambio de domicilio, domicilio legal
Materia: PROCESAL
Carátula: Acuña, Cristhian Octavio. c/ Cultrera, Hugo Sergio y otro. s/ Daños y Perjuicios Varios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-12-22

El codemandado nunca fue declarado rebelde porque la actora nunca lo solicitó, no dándose, por tanto, uno de los requisitos que es dable exigir para proceder a dicha declaración. En tales condiciones, corresponde estar a lo dispuesto por el art. 59, 3er. párrafo del Cód. Procesal que remite a las reglas sobre notificaciones establecidas en el primer párrafo del art. 41. Siendo que el presupuesto del artículo examinado es la inexistencia de domicilio constituido de la parte, se impone interpretar que la notificación de la sentencia se debe dirigir al domicilio real. En autos se siguió ese procedimiento, con resultado negativo. Dado que el codemandado al presentarse a absolver posiciones indicó un nuevo domicilio legal se debe librar nueva cédula a dicho domicilio. En caso de no lograrse resultado positivo por el medio indicado, habrá que proceder a la notificación por edictos, puesto que -ignorándose el domicilio real del codemandado (arg. art. 145 del Cód. Procesal)- se trata de la única manera de resguardar debidamente el derecho de defensa del codemandado. Aceptar el criterio propiciario en torno a la subsistencia del domicilio constituido oportunamente, según lo dispuesto por el art. 42 del Cód. Procesal, implica -frente a las concretas manifestaciones del fs. 52 y 170- renunciar concientemente a la realidad de los hechos lo cual es incompatible con el adecuado servicio de la justicia.
Acto administrativo, reglamentos, aplicación temporal de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Rodríguez, María del Carmen c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa Terenzi, Edith E. y Otros c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa Segura, Jorge Oscar y otros c/ Provincia del Chubut s/ Demanda de Nulidad e Inconstitucionalidad  Dif.Salariales
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-12-12|1996-04-29|1996-10-08

...la retroactividad o irretroactividad de los reglamentos, al no surgir en forma expresa de la Constitución -como tampoco surge de ella la retroactividad o irretroactividad de la ley formal- tiene las mismas posibilidades y límites que ésta, a cuyo respecto son elocuentes las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ello se aplica tanto a los reglamentos delegados y de necesidad y urgencia -que para el autor son actos legislativos en su aspecto sustancial- como a los autónomos. Y este límite reconocido, si no se acepta el criterio de que para el derecho público provincial esté dado por el art. 3 del C.C., encuentra su base en la misma Constitución Nacional, en la garantía de la inviolabilidad de la propiedad.
Grabaciones, falta de orden del juez, código penal, funcionarios públicos, investigación a cargo del juez, prueba, garantías procesales, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Flores, M. C. c/  s/ Procesamiento. Hurto
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-12-29

La realización de grabaciones a cargo de partes privadas no se encuentran vedadas por el ordenamiento legal vigente, ni se exige para ello una orden judicial previa dado que no pueden asimilarse -precisamente por la calidad de particulares de quienes intervinieron en las conversaciones-, con las diligencias cumplidas por los funcionarios públicos que intervienen en una investigación criminal, quienes sí se encuentran alcanzados por la prohibición de llevar a cabo medidas que requieren la autorización de un juez sin contar con ésta.
Recusación con causa, interpretación restrictiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Murugarren, Francisco Ignacio c/ Picone, José Américo s/Quiebra s/Pieza separada Recurso de Apelación interpuesto por el síndico s/ Incidente de recusación de la Dra. Laura Patricia Ballester
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1998-09-17

En materia de recusación con causa, el sistema vigente se sustenta en la numeración taxativa de los motivos que la hacen procedente;

debiéndose entender con un criterio restrictivo y requiriéndose una fundamentación seria y precisa por tratarse de un acto grave y trascendental.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, cuestión no federal, sentencia arbitraria, excesos u omisiones en el pronunciamiento, accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo, daños y perjuicios
Materia: CIVIL
Carátula: Sosa, Arturo Aníbal c/ Cartontécnica  SRL s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-13

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que, al fijar el resarcimiento por accidente de trabajo, consideró que se debía indemnizar el da!o psíquico, si en la demanda no se alegó, en forma concreta, la existencia de neurosis reactiva, ni que ella originara una minusvalía indemnizable.
Acción de amparo, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: López, Dalmira Noemí c/ Dirección General de Escuelas y Cultura s/ Acción de amparo -cuestión de competencia art. 6º, C.P.C.A.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-09-08

Si la materia es de la competencia contencioso administrativa -no obstante tratarse de una demanda de amparo- corresponde radicar la causa en la Suprema Corte, siendo aplicable al caso la solución prevista en el art. 352 inc. 1º del Código Procesal Civil y Comercial. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de apelación (procesal), límites del pronunciamiento, circunstancias sobrevinientes, oportunidad procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: "RUBINSTEIN, Axel E. s/ procesamiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-11

Para resolver una cuestión sometida a la Alzada en virtud de un recurso de apelación, ésta debe tener en cuenta las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque sean sobrevinientes a la interposición del recurso.