Tribunal: CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-06-08


Dictamen del Fiscal General Subrogante:

Excma. Camara:

I.- A fs. 134, se corre vista de las presentes actuaciones a este Representante del Ministerio Público Fiscal.

Surge de autos, que a fs. 110/113, el Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia de Salta nº 1 (Pcia. de Salta), mediante Sentencia Interlocutoria de fecha 18 de octubre de 2007, resolvió rechazar el incidente de caducidad de instancia incoado por el Arzobispado de Salta a fs. 104 y siguientes, con costas; hacer lugar a la defensa de falta de legitimación pasiva opuesta por la demandada y en consecuencia rechazar la presente ejecución promovida en su contra por la Caja Complementaria de Previsión para la Actividad Docente, con costas.

En contra del decisorio de fs. 110/113, deduce recurso de apelación la parte actora, a fs. 116, que fue concedido en relación a fs. 117, fundado a fs. 118/120.

II.- En orden a la cuestión traída a conocimiento de V.E., en primer término debo manifestar siguiendo la doctrina de la C.S.J.N en los autos caratulados "García Inés Rosario c/Caja Complementaria para la Actividad Docente s/ Reintegro de aportes" de fecha 14 de octubre de 1977 y lo manifestado en su oportunidad por el Procurador General de la Nación que "Si bien la Caja Complementaria de Previsión para la Actividad Docente no se encuentra comprendida en los supuestos enumerados en el art. 2º de la ley 24.655, a falta de una norma que determine el tribunal con competencia para conocer en los recursos de apelación interpuestos contra sus decisiones, habida cuenta de que ella administra un régimen de previsión de alcance nacional, considero que resultan de aplicación al sub lite por analogía, los citados preceptos legales que atribuyen jurisdicción a los juzgados de la Seguridad Social dado su especialidad en asuntos similares al presente", en consecuencia, al no contener la nueva legislación las previsiones estipuladas en el art. 23º de la ley 22.804 y art. 8º de la ley 23.473, la justicia federal de primera instancia de la seguridad social resulta competente para conocer en las ejecuciones iniciadas ante esos Juzgados Federales de la Seguridad Social.

Pero la dilucidación sobre la atribución de competencia territorial para el cobro de estos créditos, por indicación del art. 16º de la ley 22.804, se deberá realizar conforme a lo estipulado por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación en el art. 5º inc. 7º, en el presente caso resultaría competente el Juez del lugar donde tiene nacimiento el deber tributario, porque aún cuando el actor hiciese uso de la opción legal que el Código establece en su favor, (el del lugar del bien o actividad gravados o sometidos a inspección, inscripción o fiscalización, el del lugar en que deban pagarse o el del domicilio del deudor) elección que corresponde al ejecutor fiscal, pero en la práctica nunca se exceden los límites territoriales de la jurisdicción tributaria (Clemente A. Díaz, "Instituciones de Derecho Procesal", t. II-B, p. 741 Ed. Abeledo Perrot), siempre resultaría competente para entender en estos autos, el Juzgado Federal de Primera Instancia nº 1 de Salta, Provincia de Salta.

En el mismo sentido y a iguales conclusiones se llegaría por aplicación del art. 5º inc. 3º del CPCCN., si V.E. considerara que no se tratara el presente caso de una acción fiscal por cobro de impuestos, tasas o multas conforme lo menciona el inciso 7mo., del art. 5º del mismo cuerpo normativo.

Los denominados "Fondos Compensadores" o "Cajas Complementarias", en cuanto a su naturaleza, son entidades -autofinanciadas por los sectores interesados- creadas en virtud de lo acordado en convenios de corresponsabilidad gremial, suscriptos al amparo de la facultad establecida por la ley 20.155 o en convenios colectivos de trabajo (ley 14.250). Su objeto es el de imponer un aporte extra a sus dependientes, posibilitando la creación de un patrimonio de afectación, tendiente a cubrir la brecha existente entre el haber de pasividad y el de actividad, a los fines de garantizar los postulados enunciados en el art. 14 de la Constitución Nacional.

Se ha sostenido que su finalidad es la de "...llenar las lagunas del derecho dejadas por los sistemas legales, es decir, complementar las prestaciones otorgando asignaciones distintas o que se adicionan a los beneficios legales" (cfr. Herrera Enrique "Los acuerdos de la corresponsabilidad gremial" citado en "Molina Ramón c/Caja Notarial Complementaria de la Seguridad Social" sent. N. 631 del 27-4-90, de la Sala III de la CNASS: "Algunas notas acerca del Régimen Complementario de Previsión Social para Pilotos Aviadores de Líneas Aéreas Comerciales (ley 19.346), por Gabriel Binstein, DT 1980, pág. 3).

La Jurisprudencia y la doctrina se han pronunciado en torno al carácter previsional de la temática, atento que tanto por su contenido, cuanto por su destinatario se circunscribe al ámbito de la seguridad social.

En tal sentido, atento que la materia en discusión es de naturaleza jubilatoria, cabe inferir que ella se ve comprendida dentro del ámbito de competencia adjudicado a la justicia federal, a partir del dictado de las leyes 24.463 (art. 1º) y 24.655.

Ahora bien, la ley 24.655 crea los juzgados Federales de Primera Instancia de la Seguridad Social estableciendo un nuevo orden normativo competencial que atribuye a los nuevos juzgados y a los juzgados federales con asiento en las provincias el conocimiento pleno de las causas enunciadas en el art. 15 de la ley 24.463 (conf. Art. 2 inc. a) y 3 de la ley 24.655.

Así el cambio operado en virtud de la promulgación de la Ley 24.655 en torno a las causas asignadas a la Justicia Nacional de Primera Instancia del Trabajo por el art. 24 de la Ley 23.660, y que por imperio del art. 2º inc. "f" de la mencionada Ley 24.655 resultan ahora competentes para conocer en ellas los Juzgados Federales de Primera Instancia de la Seguridad Social, esto es solamente para aquellas causas en las cuales resultara competente la Justicia dé la Capital Federal (tal como lo decía el art. 24 segundo párrafo, última parte, de la Ley 23.660).

Lo cual significa que la Ley 24.655 modificó en su art. 2º inciso "f", la competencia que antes le correspondía a la Justicia Nacional del Trabajo, y para el ámbito de la Capital Federal, pero dejó incólume la aptitud jurisdiccional de los Juzgados Federales de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del resto del país para entender en los procesos tendientes al cobro judicial de los aportes, contribuciones, recargos, intereses y actualizaciones adeudados a las obras sociales..., iniciados de conformidad a las prescripciones del art. 24 primer párrafo de la Ley 23.660.

Considerando que la inconsecuencia, falta de previsión o la omisión involuntaria no se suponen en el legislador y por esto se reconoce como principio que las leyes deben interpretarse siempre evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones" (CSJN., 21/04/92 "Parada, Aidée c/ Norambuena, Luis E." J.A.-1995-III-síntesis), opino que la ley 24.463, establece en el art. 26, inc., a, modificado por el art. 4 de la ley 24.655, que la Cámara Federal de la Seguridad Social sólo actúa como tribunal de grado en los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas por los Juzgados Federales de Primera Instancia con asiento en las provincias en los supuestos en que la acción se haya iniciado conforme a lo previsto en el art. 15 de la ley 24.463, modificado por el art. 3 de la ley 24.655.

En autos la cuestión puesta a conocimiento de esta alzada se origina en una apelación deducida contra una sentencia emanada de un Juzgado Federal del interior del país en materia de cobro de aportes y contribuciones, por lo que resulta competente como tribunal de grado la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de Salta (En igual sentido: CFSS, Sala I, autos "O.S. Técnicos De Fútbol c/ Club Olimpo s/ ejecución ley 23.660", Expte. nº 42.236/99, Sentencia Interlocutoria nº 49.278, de fecha 16 de marzo de 2000).En los términos que anteceden tenga V.E. por contestada la vista conferida. - Agosto 12 de 2008. -Eduardo O. Miragaya.

2º Instancia. - Buenos Aires, junio 8 de 2008.

El doctor Martín Laclau dijo:

Nada tengo que agregar al dictamen producido a fs. 134/135 por el Ministerio Público, cuyos términos comparto y a los que me remito en orden a la economía procesal. En consecuencia, en caso de prosperar mi voto correspondería declarar nuestra incompetencia para entender en la cuestión suscitada en autos, remitiendo las actuaciones a la Excma Cámara Federal de Apelaciones de Salta, a los efectos de su posterior tramitación.

El Dr. Juan C. Poclava Lafuente dijo:

La situación suscitada en autos es guarda similitud con la resuelta por este Tribunal el 27/12/02 mediante la sentencia interlocutoria nº 77726 en el expediente nº 2729/2001, autos "Obra Social Personal de la construcción c/ Mas, Carlos".

En razón de ello, adhiero al voto del colega preopinante.

El Dr. Néstor A. Fasciolo dijo:

Por sentencia del 14.10.07 de fs. 110/113, el Juzgado Federal de Primera Instancia nro. 1 de Salta rechazó el incidente de caducidad interpuesto por el Arzobispado de Salta a fs. 104 y ss., con costas, hizo lugar a la defensa de falta de legitimación pasiva opuesta por el mismo Arzobispado y, en consecuencia, rechazó la ejecución promovida en su contra por la parte actora, con costas. Asimismo, reguló los honorarios de la dirección letrada de ambas partes.

Contra lo así resuelto se dirige el recurso de apelación de la parte actora, que fue concedido y sustentado a fs. 118/121, en memorial dirigido a esta Cámara.

Con su dictamen nro. 24352 del 12.8.08 del Sr. Fiscal Subrogante a cargo de la F.G. 2 propicia un nuevo análisis sobre la competencia de esta Cámara para conocer en grado de alzada en la ejecución promovida por la actora ante un juzgado federal con asiento en el interior del país, que en base a los argumentos expuestos sugiere declinar a favor de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, los que comparto y hago míos como fundamento de mi voto, debiéndose acompañar copia del mismo con las notificaciones a librar.

Por lo expuesto, adhiero a la solución arribada por el colega que vota en primer término. Costas por su orden (art. 68 segundo párrafo CPCCN.).

Por ello y de conformidad con lo dictaminado por el Ministerio Público, el Tribunal resuelve: declarar nuestra incompetencia para entender en la cuestión suscitada en autos, remitiendo las actuaciones a la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de Salta, a los efectos de su posterior tramitación. Costas por su orden (art. 68 segundo párrafo CPCCN.).

Cópiese, regístrese, notifíquese y, oportunamente remítase. - Martín Laclau. - Juan C. Poclava Lafuente. - Néstor A. Fasciolo.