Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-21


SENTENCIA DEFINITIVA Nº 73970 SALA V. AUTOS: "SUAREZ FABIO ROBERTO C/ MAPFRE ARGENTINA A.R.T. S.A. S/ ACCIDENTE - LEY ESPECIAL " JDO: 56 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, a los 21 días del mes de marzo de 2012, se reúnen los señores jueces de la Sala V, para dictar sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente; y el DOCTOR ENRIQUE NÉSTOR ARIAS GIBERT dijo:

I) La sentencia de primera instancia (fs. 211/14) resulta apelada por la demandada a tenor del memorial obrante a fs. 226/28. La parte actora contesta agravios a fs. 235/37 vta.. Finalmente el perito médico a fs. 230 apela sus estipendios por considerarlos bajos.

II) Plantea la quejosa que el Sr. juez de grado al establecer el monto de condena por las prestaciones dinerarias a su cargo omitiese aplicar el art. 14 inc. 2) de la ley 24.557 en cuanto establece un tope a dichas prestaciones. Sostiene que la omisión por parte del sentenciante en tal sentido implica la ruptura del sistema por cuanto la aseguradora debía otorgar una cobertura por la cual no cobró alícuota alguna. Sostiene que aún cuando dicho tope indemnizatorio fue aumentado por dos decretos ello no implica que sea inconstitucional.

Arriba firme a esta alzada que el actor sufrió un accidente de trabajo el día 12 de enero de 2009 al bajar del estribo del camión de recolección de residuos en el que cumplía sus labores, y que al pisar sintió un fuerte dolor en la rodilla derecha, lo que le irrogó en definitiva tener que someterse a una plástica ligamentaria del cruzado anterior y cumplir con cincuenta sesiones de fisiokinesioterapia. Adujo que una vez otorgada el alta médica continuó con dolores e inestabilidad para realizar sus tareas por lo que conforme con el dictamen pericial médico de fs. 183/85 se le determina una minusvalía laborativa del orden del 11,54% de la T.O. y que el ingreso base mensual - de conformidad con lo normado por el art. 12 de la ley 24.557 asciende a $3.100.

En consecuencia de conformidad con la fórmula establecida en el art. 14 inc. 2 apartado a) del precitado cuerpo legal, el magistrado anterior procedió a calcular las prestaciones dinerarias adeudadas, que ascienden a la suma de $28.440. Sin embargo, de estarse al tope previsto en el segundo párrafo del apartado 2 inciso a), dicho monto debería ser reducido a la suma de $20.772 ($180.000 x 11,54%).

No obstante, en el escrito de inicio el actor dejó planteada la inconstitucionalidad del tope indemnizatorio establecido en el art. 14 de la LRT al considerar que establece una nueva limitación parcial que desnaturaliza el carácter reparador del resarcimiento tarifado (v. fs. 16).

Considero que debe tenerse en cuenta que si bien el decreto 1694/09 había derogado el tope en cuestión, al momento de efectuarse el reconocimiento del derecho a percibir la prestación dineraria, se encontraba vigente dicha norma.

Así lo afirmo, pues el art. 3 del Código Civil dispone en lo pertinente que: " A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplicarán aún a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. No tiene efecto retroactivo, sean o no de orden público, salvo disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley en ningún caso podrá afectar derechos amparados por garantías constitucionales.".

Es decir que se admite, como principio, la aplicación inmediata de la ley "aún a las consecuencias de las relaciones o situaciones existentes" y, en el caso citado así como en el presente, si bien los accidentes se produjeron con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto en cuestión, lo cierto es que la ART no había abonado prestación dineraria alguna pues le otorgó al trabajador el alta sin incapacidad y, recién a través de las presentes actuaciones se reconoció la existencia de un 11,54% de incapacidad con motivo de dicho infortunio.

Al respecto, Llambías explica que las consecuencias de la relación o situación jurídica "que son gobernadas por las nuevas leyes que se dicten, son las derivaciones de hecho que reconocen su causa eficiente en aquellos antecedentes. Tales consecuencias, aún no ocurridas al tiempo de dictarse la nueva ley, quedan gobernadas por ésta, en cambio, las consecuencias ya producidas están consumadas y no resultan afectadas por las nuevas leyes, pues lo impide la noción de consumo jurídico". Al referirse a esta noción de "consumo jurídico" señala que: "Los hechos pasados que han agotado la virtualidad que les es propia, no pueden ser alcanzados por la nueva ley y si se los afectara se incurriría en retroactividad. En cuanto a los hechos "in fieri" o en curso de desarrollo, pueden ser alcanzados por el nuevo régimen, por no tratarse de hechos cumplidos bajo la legislación anterior, y por tanto cuando se les aplica la nueva ley no se incurre en retroactividad. Finalmente, las consecuencias no consumadas de los hechos pasados, caen bajo la nueva ley, especialmente cuando su eficacia no depende enteramente del hecho que las origina sino concurrentemente de la fecundación obrada por el porvenir. Porque, estando este porvenir sujeto a la acción del legislador, éste puede en cualquier momento interferir en el régimen de aquello que le está sujeto" (Llambías, Jorge Joaquín, Tratado de Derecho Civil, Parte General, Buenos Aires, Abeledo Perrot, novena edición, Tomo I ps. 141/142 y 144/145).

En el sub lite, la consecuencia del hecho jurídico (accidente sufrido por el Sr. Fabio Alberto Juárez) es la indemnización y el derecho al cobro se adquirió con la sentencia que fijó el grado de incapacidad ya que, con anterioridad, no hubo pago alguno por parte de la ART ni declaración de la existencia de incapacidad. Más aún debe tenerse en cuenta que el curso del plazo prescriptivo recién comenzaría a correr desde la determinación de la existencia del daño.

Con estos parámetros y dado que la consolidación jurídica del daño y el reconocimiento del derecho del actor a percibir las prestaciones dinerarias previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo con motivo del accidente "in itinere" sufrido se produjeron estando vigente el decreto mencionado, resulta de aplicación lo normado en el art. 2 del decreto 1694/09 que suprimió los topes previstos en el artículo 14, inciso 2 apartados a) y b), de la Ley Nº 24.557 sin que ello implique una aplicación retroactiva de la norma pues se trata de una consecuencia de una situación jurídica que no se encontraba consumada al momento de su entrada en vigencia.

En base a lo dicho, propicio se confirme lo decidido en origen.

A mayor abundamiento y en atención a que en el escrito inicial se solicitó la inconstitucionalidad del referido tope legal (v. fs. 16 y vta.), el máximo porcentual del art. 14 antes mencionado es irrazonable ya que la finalidad aparente de la ley era limitar las indemnizaciones en caso de ingresos salariales elevados, pero no estaba dirigida a recortar la proyección indemnizatoria de un IBM normal. En síntesis no se advierte causa alguna para mantener un tope indemnizatorio fijado en febrero de 2001 luego que se han modificado radicalmente los salarios y precios al consumidor durante el lapso transcurrido y al momento en que el actor percibió su indemnización. III) El perito médico cuestiona por bajos sus emolumentos, sin embargo en atención al valor del litigio, características del proceso, labor profesional cumplida y demás pautas arancelarias vigentes no se exhiben bajos, por lo que también propugno la confirmación de este aspecto del fallo anterior (arts. 38 LO, 6,7,9,37 y 39 ley 21839).

IV) Las costas en la alzada propicio imponerlas a la demandada vencida (art. 68 CPCCN) y regular a los letrados firmantes de los escritos de fs. 226/28 y fs. 235/37 vta., por su actuación en la alzada, el 25% y 30% respectivamente, de lo que a cada uno le corresponda percibir por su actuación en origen (art. 14 ley arancelaria citada).

LA DOCTORA MARIA C. GARCÍA MARGALEJO manifestó:

Habré de adherir a la solución propuesta en el primer voto en cuanto a no aplicar el tope del art. 14 L.R.T. pero por las siguientes razones.

Ya me he expedido en un caso de similares aristas ("Zalazar, Javier Alejandro c/ Mapfre Argentina ART S.A. s/ Accidente - Acción Civil", sentencia definitiva nº 72.937 del 16-2-2011) en el que me remití a su vez a "Franco, Alberto Martín c/ Montajes M.G.M. S.R.L. y otros" (sentencia definitiva nº 72.863 del 29-12-2010; voto del Dr. Zas al cual adherí) y donde se estimó prudente por analogía, aplicar lo decidido por la Corte Suprema de Justicia in re "Ascua, Luis Ricardo c/ SOMISA s/ cobro de pesos" (A.374.XLIII Recurso de hecho) donde se dispuso declarar inconstitucional el sistema de tope previsto en el art. 8 inc. a segundo párrafo de la ley 9.688, según ley 23.643. Allí sostuvo el Alto Tribunal que: " . las pautas señaladas en el considerando anterior, tan terminantes y precisas como mínimas respecto del alcance de los derechos del trabajador, determinan que para la solución del sub lite no sea de aplicación el criterio seguido en 'Vizzoti', en el cual por falta de aquellas, la 'pauta' estuvo regida por la 'prudencia judicial', lo que condujo a censurar el tope legal del salario computable para el cálculo de la indemnización tarifada por despido injustificado solo cuando imponía una merma superior al 33% de la remuneración del despedido (cit., ps. 3690/3691). Por lo contrario, en la presente causa, ante el carácter de las aludidas referencias normativas, es necesario concluir que la modalidad indemnizatoria que escoja el legislador para cumplir con la protección constitucional del empleado frente a los daños derivados de accidentes o enfermedades laborales bajo un régimen tarifado -al cual apuntan los textos transcriptos- no puede válidamente dejar de satisfacer, al menos, la pérdida de ingresos o de capacidad de ganancia de la víctima. Luego, resulta evidente que si bien el art. 8 de la ley 9688 (según ley 23.643) atendió, como principio, a la mentada pérdida por medio del cómputo de la reducción del salario de la víctima, impidió a la postre, que esta finalidad fuese lograda en los supuestos en los cuales, como el de esta controversia, resultó aplicable el importe indemnizatorio máximo que preveía. Este último arbitrio, en breve, no se adecuó a los fines que la norma debía -y pretendió, aunque solo como principio- consagrar ('Azar¡ Fallos 299:428; 430 y sus citas) .". Concluyó la Corte decidiendo que ". en consecuencia, cabe decidir que el tope legal de la reparación aquí impugnado (art. 8 inc. a, segundo párrafo, de la ley 9688, según ley 23.643) resulta inconstitucional y, por ende, inaplicable para resolver la presente contienda".

En consecuencia, en este caso debería estarse a lo dispuesto a fs. 213 (adviértase que a fs. 16 se solicitó expresamente la declaración de inconstitucionalidad del tope indemnizatorio).

En lo demás (costas, honorarios) por análogos fundamentos a los que lucen en el voto que antecede, a ello me sumo.

EL DOCTOR OSCAR ZAS manifestó: Por análogos fundamentos, adhiero al voto de la Dra. García Margalejo.

En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia definitiva apelada en lo principal que decide y que fue materia de recursos y agravios. 2) Imponer las costas de alzada y regular los estipendios de las representaciones letradas intervinientes, de conformidad con lo decidido en el punto IV) del primer voto del presente acuerdo. 3) Reg, not y dev. Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mí, que doy fe.

MMV Enrique Néstor Arias Gibert María C. García Margalejo Juez de Cámara Juez de Cámara Oscar Zas Juez de Cámara