marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Corte Suprema de Justicia de la Nación, Superior Tribunal de Justicia, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PIPPO HECTOR RODOLFO s/ CASACION  PENAL  -  RECURSO  DE INCONSTITUCIONALIDAD  - PRINCIPIO DE  TAXATIVIDAD   -  PODER  JUDICIAL  -  ATRIBUCIONES  -  PRINCIPIO    DE  SUPREMACIA CONSTITUCIONAL - RECURSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-10-21

A la corte suprema compete únicamente efectuar el control constitucional federal y al tribunal superior de Córdoba le es inherente el control constitucional local, cuya materia propia esta integrada exclusivamente por garantías principios y derechos originariamente establecidos por la constitución de la provincia, que no estan referidos o no entroncan, directa o indirectamente, con los que la constitución nacional consagra. Esta inveterada y casi constante manera de concebir e interpretar el sistema no agrede el principio de supremacía, ni la cláusula de garantía consagrados por los arts. 31 y 5 de la Carta Magna, porque los tribunales inferiores de la provincia tienen y ejercitan potestad jurisdiccional para resolver sobre materia federal cuando fuere planteada en caso concreto por parte interesada, quedando siempre inalterada la de la Corte Suprema para la definitividad, cuando le llegue por el carril indirecto del recurso extraordinario que estatuye el art. 14 de la ley nro. 48. En estos supuestos, los decisorios de esos tribunales inferiores de los que no haya recurso por ante este tribunal superior, serán las sentencias definitivas de los 'tribunales superiores de la causa' como casi siempre se entendió. De este modo, el tránsito de un sistema jurisdiccional provincial a otro nacional, por el andarivel del art. 14 de la ley 48, no solamente salva la esfera de las respectivas competencias de la corte y de este tribunal sino que deja indemne, mas aun acelera, el funcionamiento del principio de preeminencia constitucional propio de aquella, que tiene la definitividad sobre la materia. Si bien se observa, el ensamble entre uno y otro sistema es técnicamente adecuado, sobre todo si se piensa en que nuestro ordenamiento local recoge, cuando lo estima necesario, la violación de alguno de esos derechos o garantías fundamentales y los consagra como motivo especifico de los recursos extraordinarios que sus leyes procesales consagran. El principio de supremacía se preserva no pretendiendo que todo tribunal pueda ejercitar la facultad de declarar inconstitucional una ley en sentido material sino cuando la corte lo hace en definitiva, por ser el poder jurisdiccional mas grande operado por el mas alto Tribunal de la Nación.
Derechos y garantías constitucionales, derecho de peticionar, silencio de la administración
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: FERNANDEZ MORAN, MARCELA c/ MINISTERIO DE EDUCACION Y JUSTICIA s/ AMPARO POR MORA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-11-19

Cualquier órgano de la administración ante el cual se interpone una petición está obligado a expedirse porque de lo contrario carecería de sentido el derecho constitucional de peticionar a las autoridades el que no se agota con el hecho de que el ciudadano pueda pedir sino que exige una respuesta. Frente al derecho de petición se encuentra la obligación de resolver.
Mora, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Dolabella, Fileno c/ Ballbe, Leonardo Agustín y otros s/ Cumplimiento de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-08-22

No resulta acreditada la constitución en mora si el informe de autenticidad brindado por Encotesa, sólo alcanza a la carta documento acompañada a la imposición de su texto por el remitente en la sucursal respectiva y a la expedición por ésta repartición de la misiva, mas no a la entrega y recepción de esta última por sus destinatarios, desde que ello no surge del informe referido y el actor no acompañó a los autos la constancia o tarjeta de recepción respectiva que Encotesa entrega como prueba de ellos (arts. 374, 375, 384, 394 y concs. del Cód. Procesal Civil).
Ejecución de sentencia, debido proceso, intereses, tasas
Materia: PROCESAL
Carátula: Pons, María Asunción c/ A.N.Se.S. s/ Amparos y sumarísimos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-08-13

Aun cuando la sentencia que hizo lugar a la demanda no contenga previsión alguna sobre intereses, resulta indiscutible el derecho del acreedor al cobro de interés moratorio sobre su crédito (arts. 508, 622 y concordantes del C.C., ahora arts. 1747, 768 -respectivamente- y concordantes del C.C.C.N.). A ese fin y, por tratarse de un crédito devengado con posterioridad al 01.04.91 habrá de aplicarse la tasa dispuesta por el art. 10 del dto. 941/91, conforme a la doctrina reiterada del Alto Tribunal a partir del pronunciamiento recaído el 14.09.93 en el caso "Varani de Arizzi, Bonafine", oportunidad en que se revocó lo decidido por esta Sala por sent. 26115 del 16.06.92, -con fundamento que, aún hoy sostengo-. Visto que el criterio marcado por la jurisprudencia del superior conserva aún vigencia (ver, entre otras, sent. del 21.5.02 in re A.376.XXXV.R.O. "Aguilar, Froilán contra A.N.Se.S s/Reajustes por Movilidad"), deberá continuar aplicándose la misma tasa aún para las acreencias devengados con posterioridad al 01.01.02. En ese mismo sentido se pronunció la C.S. en el fallo del 18.04.17 recaído en la causa CSJ 928/2005 (41-C)/CS1 R.O. "Cahais, Rubén Osvaldo c/ A.N.Se.S s/ reajustes varios").
Cauciones, caución juratoria, funcionarios judiciales, remuneración del personal judicial
Materia: PROCESAL
Carátula: RIZZO ROMANO, ALFREDO HECTOR Y OTROS c/ ESTADO NACIONAL C.S.J.N. s/ JUICIO CONTRA LA NACION.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-28

Resulta suficiente la caución juratoria en la medida en que, de rechazarse la acción al tiempo de la sentencia definitiva, el Estado Nacional podrá percibir sus créditos de quienes se desempeñan en el Poder Judicial de la Nación.
Proceso judicial, exceso ritual manifiesto
Materia: LABORAL
Carátula: Bentrón, Héctor Mario c/ Club Villa Mitre s/ Indemnización por preaviso
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-04-11

Los recaudos que preceptúan las normas tienen por fin cuidar ciertas exigencias de orden externo, pero no para que los derechos se vean vulnerados sino -por el contrario- para que su realización resulte en todos los casos favorecida. De otro modo ese orden deviene en ritualismo, es decir, en una forma vacía de contenido ético y no debe olvidarse que el derecho no es una forma: es esencialmente un contenido.
Carga de la prueba, relación de causalidad
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: F. S. N. c/ MUNICIPALIDAD DE PUERTO MADRYN y/u otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2012-06-06

La relación de causalidad jamás puede ser presumida. Puede simplificarse, en todo caso, determinados aspectos de la prueba de la causalidad, pero en modo alguno se puede presumir su existencia misma.
Daños y perjuicios, falsa denuncia, factores atributivos de responsabilidad
Materia: CIVIL-PENAL
Carátula: R. M. I. c/ B. S. E. s/ Da¤os y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2018-02-15

La denuncia calumniosa exige para su configuración que se la haya efectuado en sede penal o administrativa, no siendo menester la individualización del sujeto en tanto de los hechos expuestos surja como indudable que ha tenido un indirecto sentido direccional hacia una persona determinada o se hayan presentado pruebas que indefectiblemente se encamine a enlazar o vincular el hecho en sí con la in intervención de una o varias personas implícitamente individualizados en el texto de la denuncia. En la especie sin embargo no surge del texto del acta de que el denunciante haya individualizado a la accionante ni explicita ni implícitamente, lo que descarta toda posibilidad de que haya habido un sentido direccional o conductista hacia su persona como lo sostiene la apelante. Habiendo referido el denunciante, hoy demandado, sólo a la persona que estuvo trabajando los pisos de su casa en el período próximo anterior al hecho, quien fue oportunamente investigado.

La acusación calumniosa prevista en el art. 1090 del código civil no requiere de calificación previa en el ámbito penal, pero requiere la inexactitud de la imputación, el daño sufrido y el factor subjetivo de atribución, lo que se conecta con el dolo o la culpa, debiendo precisarse que no necesariamente la acusación que termine en una sentencia de inocencia o sobreseimiento definitivo debe conducir a la admisión sin más del reclamo indemnizatorio, aún probado el daño.

...Esta sala en anterior integración, en postura que comparto ha expresado "El presunto damnificado por el daño provocado por la interposición de una denuncia en sede penal, a los fines indemnizatorios debe provocar la certeza de que la conducta del denunciante fue calumniosa o, por lo menos, temeraria o precipitada. El hecho de ocurrir ante los tribunales no puede considerarse ilícito, si no se invocan y prueban dichos extremos. Resulta indiscutible la mortificación producida (en el caso de autos) por la diligencia de detención en el lugar de trabajo, a cargo de agentes uniformados, dispuesta en virtud de la denuncia presentada, pero para que estos hechos den lugar a la reparación prevista en el C.C.IV 1109, la conducta que causó la citada mortificación debe ser por lo menos culposa, es decir, debe configurar un ilícito...
Acuerdo de partes, transacción
Materia: LABORAL
Carátula: Casco, Oscar Alfredo c/ Cuero Art. S.C.A. y/o quien resulte responsable s/ Indemnización por accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1997-05-30

La validez de la transacción homologada judicialmente, sólo es susceptible de ser impugnada incidentalmente por las propias partes que la celebraron, bajo alegación de haberse violado las condiciones sustanciales de su validez. De ahí que los abogados, siendo terceros en principio, no pueden oponerse a las transacciones o convenios celebrados por las partes desde que su derecho se limita al cobro de sus honorarios, de manera entonces que el acuerdo concluido por aquellas -aún sin intervención de sus profesionales- homologado por el Juez de la causa, produce plenos efectos, sin perjuicio de reconocimiento de los honorarios que pudieran corresponder.
Retención de tareas, buena fe
Materia: LABORAL
Carátula: BARBELLA GUSTAVO JAVIER c/ GAMA SONIC ARGENTINA SRL s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-08-08

Para que pueda válidamente considerarse una excepción de incumplimiento contractual o suspensión indirecta individual, como eximente del deber que pesa en cabeza del trabajador, es menester, por aplicación del principio de buena fe, que previamente comunique al empleador que hará uso de tal derecho.
Filiación por técnicas de reproducción humana asistida, voluntad procreacional, registro del estado civil y capacidad de las personas
Materia: PROCESAL
Carátula: P. V. N. y otros c/ GCBA y otros s/ Amparo - otros s/ conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-02-28

Si los actores pretenden que la Ciudad de Buenos Aires inscriba la copaternidad igualitaria de ambos respecto de la niña por nacer -quien fuera concebida por el procedimiento de gestación por sustitución en la Federación Rusa- aplicando el instituto de la inscripción supletoria conforme lo dispone el artículo 98 del Código Civil y Comercial de la Nación por aplicación del art. 558 de dicho cuerpo normativo, corresponde atribuir la competencia en las presentes actuaciones al Juzgado Nacional en lo Civil toda vez que para establecer la procedencia de la inscripción registral de copaternidad es necesario decidir acerca del derecho de filiación que alegan los actores, en la medida en que pretenden desplazar la fuente de la filiación consagrada en el artículo 562 del Código Civil y Comercial. (Del voto de los jueces Inés M. Weinberg, Marcela De Langhe y Santiago Otamendi).
Competencia de la Corte Suprema, medida de no innovar, medidas cautelares contra el Estado, bases para la reconstrucción de la economía Argentina
Materia: PROCESAL
Carátula: Provincia de Misiones  c/ Estado de la Nación Argentina  s/ medida cautelar
Jurisdicción: Federal — Provincia: Misiones
Fecha: 2024-01-08

Procede declarar la incompetencia para entender en la medida cautelar de prohibición de innovar instada por Fiscal de Estado en representación del Estado de la Provincia de Misiones tendiente a lograr la suspensión de los efectos introducidos por el DNU 70/2023 en relación al Instituto Nacional de Yerba Mate, ordenar su remisión a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, toda vez que se trata de una cuestión que corresponde a la competencia exclusiva y originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los términos del artículo 117 de la Constitución Nacional, no resultando procedente el dictado de una medida cautelar por juez incompetente o interina, conforme los arts. 2, inc. 2 y 4, inc. 1, párr. 3 de la Ley 26854; al no configurarse los supuestos tenidos en cuenta por la norma.
Tipo penal, violación
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Veira, Héctor R. s/ Violación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-08

La sentencia de la Cámara encuadró el hecho en la figura de la violación, sin apartarse de los lineamientos fijados por el Tribunal, dado que esta Corte únicamente estimó acreditada la lesión anal y dej á la decisión de los magistrados determinar la relevancia de la lesión para la calificación penal del hecho. Esas circunstancis permiten sostener que el A quo, al condenar al imputado, no ha resuelto el punto de modo incompatible con lo decidido en el pronunciamiento anterior de esta Corte.
Jurisdicción y competencia, competencia federal, Administración Nacional de la Seguridad Social, cobro de sumas de dinero
Materia: PROCESAL
Carátula: ANSeS c/ García, Marisa Silvia s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-13

El reclamo -efectuado por la ANSeS a fin de recuperar sumas de dinero por el cobro indebido de un haber previsional, debe ser resuelto por el fuero federal, en virtud de la persona, pues se trata de un órgano descentralizado en jurisdicción del Ministerio de Trabajo, Secretaría de Seguridad Social (decreto 2741/91). -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Derecho procesal, jurisdicción y competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: CARRASCO FIDELIA c/  s/ SUCESION AB-INTESTATO
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-10-14

La contienda negativa de competencia entablada por los Juzgados Civiles Nros. 5 y 3 para entender en el juicio sucesorio de la causante, corresponde sea dirimida en favor del primer organismo nombrado, ya que el sucesorio del esposo -tramitado por el Juzgado Civil N° 3- se encuentra concluido con partición aprobada hace más de 20 años, encontrándose inclusive archivado el expediente, en tanto que el presente sucesorio de la esposa ha sido iniciado recientemente a los fines de liquidar bienes que sólo coinciden parcialmente con los distribuidos en aquél. De esta manera, no se dan los presupuestos fácticos que por razones de economía y práctica procesal viabilicen la original acumulación de procesos propuesta.
Lucro cesante, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Mansilla, Elsa Mabel c/ Bailón, César y otro s/ Indemnización de daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-09-26

En el "lucro cesante" deben distinguirse dos aspectos: una cosa es la demostración de la existencia del daño y otra, diferente, la prueba de su cuantía. Lo primero debe ser fehacientemente acreditado por el actor (art. 375, C.P.C.C.); sobre lo segundo es necesario aún separar dos situaciones; cuando el reclamante justifica la existencia y el "quantum" del daño, la demostración de que este último es exagerado, desproporcionado o no ajustado a la realidad, corresponde al accionado; si en cambio, el actor cumplió con la carga de acreditar realmente la existencia del perjuicio pero incurrió en déficit probatorio acerca del monto, surge la potestad que confiere a los jueces el art. 165, último párrafo, del C.P.C.C..

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Cheque, endoso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Vaccaluzzo, José c/ Barletta, Roberto A. e Inveninato, Daniel s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-03-23

Parece indiscutible que el art. 1ero. del decreto 128/90 se refiere al típico endoso cambiario, y no al contemplado por la ley civil como una forma posible de cesión. Máximo cuando el art. 1466 del Cód. Civil no ha sido derogado, ni excluida su aplicación al supuesto específico.-
Estado Provincial, jueces, remuneración, competencia provincial, sistema federal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Bruno, Raúl Osvaldo s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-12

La intangibilidad de las remuneraciones que consagra el art. 96 de la Constitución Nacional está comprendida entre las condiciones de la administración de justicia exigibles a las provincias a los fines contemplados en el art. 5x de la Ley Fundamental.
Declaración de mercaderías, solicitud de destinación de exportación, responsabilidad del despachante de aduana
Materia: ADUANERO
Carátula: Moscoso Boedo Marcelo P. c/ A.N.A. s/ A.N.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-08-04

La disposición categórica que hace el art. 224 del Código Aduanero obliga al despachante en este caso, a cumplir con la solicitud en la forma que lo disponen las reglamentaciones, es decir, consignando correctamente todos los datos exigidos por las normas, entre ellos indicar la destinación solicitada (art. 234, inc. 1 C.A.) más allá de que el modo en que se documentó el tipo de mercadería de que se trataba pudiera haber inducido a error a la Administración sobre la operación que se debía realizar. (Del voto del juez Mordeglia, consid. 3).
Derecho procesal, partes del proceso, costas, principio objetivo del vencimiento, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Urdiroz, José Manuel  c/ Banco Santander Rio SA y otro  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-09

No corresponde declarar la inconstitucionalidad del CCCN 730 solicitada por el actor sino su inaplicabilidad al caso, pues la pretensión del banco demandado de aplicar el prorrateo previsto en aquella norma sobre la liquidación presentada por el accionante resulta abusiva los términos del CCCN 10, que prohíbe ejercer los derechos -en el caso el vinculado a la limitación prevista en el CCCN 730- contrariando los "fines del ordenamiento jurídico" o excediendo la buena fe.

La intención legislativa de reducir los costos del proceso que inspira la normativa en cuestión, no puede razonablemente ser invocada por una entidad financiera con la pretensión de no pagar los honorarios que fueron regulados en favor de los letrados del actor y que, deben considerarse nimios. Hay, bajo esa pretensión, una desmesura que la torna irrazonable por lo que no es necesario declarar su inconstitucionalidad para desechar su obligación, dado que al mismo resultado -esa inaplicabilidad- se arriba por la vía del citado art. 10, que tras disponer que la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos, establece que "...el juez debe ordenar lo necesario para evitar los efectos de (ese) ejercicio abusivo...".

En ese marco, y dado que el derecho reconocido en esa norma -a limitar la responsabilidad por costas- no tiene ninguna particularidad que impida aplicarle el mismo parámetro corrector del abuso que se aplica a los demás derechos reconocidos en otras, así se procede a efectos de evitar aquel resultado injusto.
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, valor disputado en último término, reajuste de impuestos
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Entertainment Depot SA (TF 21988-I) c/ DGI
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-04-23

El recaudo de demostrar el "valor disputado en último término" a los fines del recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema presupone la existencia de un interés económico sustancial del erario público en el resultado de la causa, que no se verifica cuando no se persigue una sentencia de condena, de contenido patrimonial porque no se pretende el cobro de un tributo ni su devolución, sino el ajuste del resultado impositivo declarado por la empresa actora, parcialmente compensado con saldos a favor y con quebrantos resultantes de los períodos objeto de ajuste, y cuya consecuencia es la reducción del importe de los aludidos conceptos.
Delitos, lesiones leves, convenio de transferencia progresiva de competencias penales, ley vigente, competencia criminal y correccional
Materia: PROCESAL
Carátula: Incidente de competencia en autos Juárez, Lorena Paola y otros c/  s/ Lesiones leves (art.89) s/ Conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-21

Corresponde declarar la competencia del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional si la conducta investigada en el caso se subsume en la figura de lesiones (art. 89 del Código Penal). Ello así porque, si bien esta figura actualmente pertenece a la órbita local -desde el 1° de enero de 2019-, la denuncia del hecho ocurrió con anterioridad a que esta Ciudad asumiese la competencia para el juzgamiento de tal delito. (Del voto de los jueces Marcela De Langhe, Inés M. Weinberg y Santiago Otamendi, y del voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz, por remisión a los fundamentos brindados por el Fiscal General a cargo).
Partida de nacimiento, instrumentos públicos, valor probatorio
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: LLANOS RUBEN TRANSITO P.S.A. CORRUPCION DE MENORES s/ CASACION PENAL- PARTIDA DE NACIMIENTO - VALOR PROBATORIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1986-03-19

La prueba legalmente idónea del nacimiento de una persona, es lo que jurídicamente se denomina 'la partida' porque en relación a ese destino probatorio, tiene la calidad de instrumento público, o sea que da fe 'erga omnes' de lo que contiene en ese sentido y, en consecuencia, se presume su autenticidad, hasta que se pruebe lo contrario, por la vía adecuada (art. 993 Cc.). La partida, no es sino el asiento que consta en los libros respectivos del registro del estado civil y capacidad de las personas o bien el testimonio autentico extraído directamente de esos asientos (art. 80 Cc., Decreto 820463, art. 1) Que satisfaga el resto de los requisitos establecidos por los arts. 5 Y 24 de la ley 18327. El valor probatorio de este testimonio radica -como se puede apreciar-en la presunción de veracidad sobre los hechos de que da cuenta y esto depende, como ocurre con cualquier instrumento público en general, que este expedido en debida forma (art. 986 Cc). La debida forma que otorga presunción de validez a ese testimonio hasta que se prueba lo contrario por los medios legalmente establecidos, exige que sea directamente extraído de los libros del registro del estado civil y capacidad de las personas (art. 24, Ley 18327), que ese instrumento, en el que constan los datos referidos al día del nacimiento, circunstancias del lugar, sexo, nombre, apellido, paternidad y maternidad (art. 79 Cc.), Sea autenticado por el oficial del registro y dicha constancia sea rubricada por el mismo; además, debe portar el sello original de la oficina respectiva (art. 24, Ley 18327).
Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia vinculante
Materia: PENAL
Carátula: Ortega, Manuel Gabriel y otro s/ Asociación ilícita y robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-09-16

La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no tiene calidad de vinculante para los demás Jueces o Tribunales.