marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Sanciones procesales, conducta procesal, temeridad o malicia, multa
Materia: CIVIL
Carátula: LIZARRO,  Julio  Roberto c/ BLASCO,  Osvaldo  Juan s/ EJECUCIÓNHIPOTECARIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-05-06

Las multas previstas por los arts. 45  y 551 del Código Procesal deben ser aplicadas con prudencia a fin de no proyectar un menoscabo del derecho constitucional de la defensa en juicio, ni tampoco deben llevarse a extremos que prácticamente impliquen la no aplicación. Es que, quien articula su defensa con temeridad y malicia debe ser sancionado, no sólo por un principio de justicia hacia la otra parte, sino también como medio para evitar el inútil uso de la actividad jurisdiccional. La multa se aplicará sobre el capital reclamado y que se condena a pagar en la sentencia de trance y remate, con exclusión de los intereses y las costas.

Desde esta perspectiva es equitativa la multa que establece una valoración de entre el diez y el cincuenta por ciento del monto (según el art. 45 del Código Procesal)y entre el cinco y el treinta por ciento del importe de la deuda (art. 551 del Código Procesal)en este caso aplicado analógicamente en tanto no es la etapa procesal contenida en esta última norma sino que se está en la aprobación de la subasta.
Superior Tribunal de Justicia, sentencia, recurso de reposición (procesal), recurso de inconstitucionalidad, interposición del recurso, reposición in extremis, plazo, jueces, competencia, jurisdicción
Materia: PROCESAL
Carátula: PARRILLA, ANGEL D. Y OTROS c/ MUBILLA, JUAN C. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- DAÑOS Y  PERJUICIOS (EXPTE.: C.S.J. NRO. 424 AÑO 2004)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-03-16

Corresponde revocar por contrario imperio el auto que rechazó la queja interpuesta por juzgar insatisfecha la exigencia legal que prescribe el artículo 2 de la ley 7055 al valorar que la interposición del recurso de inconstitucionalidad por ante el a quo no había sido en tiempo útil, desde que, sin perjuicio de advertir que resulta una carga para el recurrente cumplimentar con los recaudos de admisibilidad del recurso directo, lo que no ha ocurrido en la especie dado que fue él mismo quien indujo a la Corte a error al no haber acompañado las copias del escrito de suspensión de términos presentado por ante el inferior y la posterior notificación de la reanudación de los mismos, el caso encuadra en una de las hipótesis que este Tribunal considera como paradigmáticas para la aplicación de la doctrina de creación pretoriana que se ha dado en llamar "revocatoria in extremis".

Ello importa que "sin perjuicio del principio de pérdida de la jurisdicción con posterioridad al dictado de la sentencia (exteriorizado, en nuestro sistema, en el art. 248 del C.P.C. y C.), se justifica la admisión de un planteo recursivo -de efecto no devolutivo- por ante el mismo Tribunal (cuya jurisdicción sobre el pleito, conforme lo expuesto, habría concluido) por cuanto, en tales situaciones, no cabe lugar a la más mínima duda que, de haber sido oportunamente advertida por el oficio la circunstancia que recién percibe con la interposición del recurso, habría resuelto en sentido contrario a aquél en que, efectivamente, lo hizo".
Responsabilidad de la concesionaria, incumplimiento del contrato, prueba, ley de defensa del consumidor, defectos de fabricación
Materia: PROCESAL
Carátula: Necxus Negocios Informáticos SA c/ Cigliutti Guerini SA y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-23

Corresponde sin embargo, rechazar la imputación de responsabilidad en cuanto fue dirigida también contra el fabricante automotriz, toda vez que el régimen establecido en la LDC 40 no resulta aplicable cuando se trata del incumplimiento de la o las obligaciones principales a cargo del proveedor. En efecto, no se trata en el caso de un defecto de fabricación del automotor que fue entregado a la adquirente, sino que se encontró afectada la calidad del rodado que fue enajenado a la demandante, pues lo que a ella fue provisto (un automóvil con caja de siete marchas, en lugar de nueve) vino a ser así, en cierta medida, algo diverso de lo debido.
Falta de prueba, indemnización, declaración de quiebra, despido
Materia: PROCESAL-CIVIL-COMERCIAL-LABORAL
Carátula: Transportes Rodríguez Cozar y Cía. Sociedad Anónima c/  s/ quiebra s/ incidente de revisión de crédito por fino, lucas ezequiel
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-29

Cabe rechazar la aplicación al caso de la LCT 247 ante la falta de acreditación de los extremos que la harían aplicable. En ese marco, corresponderá entonces estimar la indemnización del incidentista conforme las pautas de la LCT 245 y del DNU 528/20. Ello por cuanto, el magistrado de grado desestimó la aplicación del decreto por considerar que la relación laboral se extinguió por el decreto de quiebra del empleador y no por la voluntad de las partes. La quiebra del empleador provoca el despido del trabajador, quien tiene derecho a solicitar la admisión de su crédito en la quiebra por la vía que estime pertinente (pronto pago, verificación de créditos), con el rango preferencial que corresponda. Interpretar -como lo hizo el magistrado de grado- que la extinción del vínculo producto del decreto de quiebra del empleador conllevaría la improcedencia de la aplicación del DNU 34/19 (prorrogado por el DNU 528/20) - vigente al momento del despido-, importaría cercenar los derechos de los trabajadores. Ello en un contexto en el que, ni la fallida ni la sindicatura han acreditado fehacientemente que el despido no le fuera imputable a su parte, por lo que no correspondería cercenar la integridad del crédito del incidentista. Es que para exonerarse del pago de la reparación, el empleador estaba obligado a demostrar que actuó asistido de derecho al disponer el despido o bien que tuvo una razón al omitir el pago de las indemnizaciones lo que no ocurrió en autos, debiendo la buena fe (CCCN 729, 961, 991 y 1061) regir el contrato laboral (LCT 63), y también su extinción. Este principio debe ser tenido en cuenta para la determinación de los derechos y obligaciones que las partes adquieren como consecuencia del contrato de trabajo. Del Dictamen Fiscal N° 201/23
Tasas, tasa municipal, constitucionalidad, facultades concurrentes, control de productos alimenticios, control sanitario
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: Granja Tres Arroyos SACAFEI  c/ Municipalidad de Río Cuarto  s/ acción meramente declarativa de Derecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-03

Los artículos 175 y 270 a 275 del Código Tributario del Municipio de Río Cuarto que regulan la contribución que incide sobre los servicios de protección sanitaria no entran en conflicto de competencias con el artículo 75, inciso 13 de la Constitución Nacional, toda vez que en el plano legislativo nacional y provincial se ha estructurado un sistema de atribuciones concurrentes; así las normas nacionales que regulan el control de alimentos se han encargado de dirimir el ámbito de fiscalización que corresponde a los diversos estamentos del estado federal, permitiendo la actuación coordinada de sus tres sujetos necesarios: los municipios, las provincias y la Nación (Voto de los jueces Rosatti y Maqueda). -El juez Lorenzetti, en disidencia, consideró inadmisible el recurso extraordinario (art. 280 CPCCN)-
Falta de acción, legitimación procesal
Materia: LABORAL
Carátula: Nievas de Pereyra, Juana Rosa c/ Aguilera y Cía. S.R.L. y otros s/ Contrato de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1997-09-02

La excepción de falta de acción se vincula a la legitimación para obrar. Tener legitimación para obrar consiste en ser la persona que de conformidad con la ley sustancial puede formular una pretensión.

No se trata de la titularidad del derecho sustancial, porque puede que éste no exista, basta con que se pretenda su existencia. Puede mediar legitimación para obrar y, sin embargo, declararse en la sentencia que el derecho que se invoca no existe. Así es fácil advertir que la excepción de falta de acción debe ser rechazada, pues la pretensión hecha valer en juicio supone una relación laboral que la actora alega haberla vinculado a los demandados, en el marco de la Ley de Contrato de Trabajo (Ley 20744) y el Convenio Colectivo del Trabajo para empleados de comercio.
Obras sociales, mala praxis, responsabilidad de la obra social
Materia: CIVIL
Carátula: MORENO FERNANDEZ, MARTIN c/ OBRA  SOCIAL PERSONAL ESTACIONES DE SERVICIOS, DE GARAGES Y PLAYAS Y OTROS s/ CUMPLIMIENTO DE PRESTACION OBRA SOCIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-03-09

La Obra Social tenía a su cargo la selección y vigilancia de las clínicas prestadoras directas del servicio médico. Por otro lado, por la índole de su trabajo, el actor estaba obligado a afiliarse a la demandada, por lo que tratase de una responsabilidad que nace de la ley o del contrato. La obra social debe hacerse cargo de los daños ocasionados al afiliado derivados de la actuación culposa de los facultativos intervinientes. Ello es así, pues aquella, como seleccionadora y contratante de los prestadores es garante, frente a sus afiliados de la correcta prestación de los servicios médico asistenciales que esta obligada por ley a proporcionales. Enfocado de otro modo, cabe decir con las palabras empleadas por mi estimado colega que la Obra Social asume la responsabilidad directa de brindar una entidad asistencial que a su vez de la necesaria cobertura médica lleva implícita una obligación tácita de seguridad de carácter general que requiere la preservación de la salud de las personas contra los daños que puedan originarse en la defectuosa prestación obligacional. En contra de la posición de la recurrente, cabe añadir que Bueres sostiene con firmeza que la responsabilidad de los mencionados entes sociales no puede limitarse a los supuestos de falta de suministro del servicio, sino que se extiende también al caso de prestación médica ineficiente por razón de la culpa de los profesionales.
Recurso de inconstitucionalidad, intereses moratorios
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: De Feo, Matías David y otros c/ Transporte General Belgrano S.A. s/ recurso de inconstitucionalidad (queja admitida)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-12-05

En lo tocante a los intereses moratorios dispuestos por el Juzgado de origen (fijados en el equivalente al promedio entre las tasas activa y pasiva del Nuevo Banco de Santa Fe desde la fecha del hecho hasta la notificación del mencionado decisorio y al doble de lo anterior de allí en adelante y hasta el efectivo pago), la Sala se atuvo al criterio jurisprudencial según el cual, cuando la indemnización ha sido valuada a una fecha posterior al hecho dañoso, el interés a aplicar entre ambos momentos debe ser fijado en una tasa pura -sin componentes inflacionarios- pues la utilización de una tasa bancaria consagraría un enriquecimiento indebido; en esa inteligencia, redujo al 8% anual el interés a computar desde la fecha del hecho hasta la fecha de la sentencia de baja instancia -a cuyo tiempo se cuantificaban los daños en el pronunciamiento de Alzada ahora impugnado-; con respecto a los intereses devengados desde la sentencia de primera instancia hasta el efectivo pago, el Tribunal no formuló revisión alguna, señalando por un lado el carácter no excesivo de los mismos y atendiendo por otro lado a la ausencia de agravios de parte interesada sobre el particular. (De la disidencia del Dr. Netri y de la Dra. Gastaldi)
Extradición, opción de juicio oral
Materia: PENAL
Carátula: MEDINA JARAMILLO, Samuel s/ extradición Causa 10.538
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-08

La opción prevista por el Art. 12 de la Ley 24.121 para que el procesado elija entre el procedimiento previsto por la Ley 2372 y el proceso oral introducido por la Ley 23.984 no resulta aplicable a las extradiciones, ya que para el trámite de tales procesos esta última remite al régimen previsto por el art. 538 de la Ley 2372 y sus modificatorias en todo lo que no se oponga a aquella Ley. Del voto del Dr. Cattani, adhiriendo al voto del Dr. Luraschi a los que se adhirió el Dr. Irurzun).
Daños y perjuicios, daño resarcible
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lobadino, Ruben Oscar c/ Alfaro, Juan Carlos y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-10-26

El distingo fundamental para la resarcibilidad o no de un daño futuro, sea utilidad, ganancia o lucro cesante, pérdida de chance u oportunidad, y se trate de un daño patrimonial o no patrimonial, finca en la posibilidad de certeza y que "la pérdida de posibilidades o 'chances' como consecuencia de un hecho ilícito es, dentro de ciertas pautas, un daño indemnizable. Si la posibilidad frustrada era muy vaga o dudosa, el daño sería eventual o hipotético, pero si esa posibilidad, en cambio, era bastante fundada, casi una probabilidad, el daño aparece como cierto, teniendo en cuenta que la indemnización es de la chance misma, que el juez apreciará en concreto".-
Falta de reglamentación de la ley, deberes de la administración, facultades discrecionales, administración judicial, recurso de inconstitucionalidad, empleo público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Tabacco, Romina Marcela c/ GCBA s/ empleo público (excepto cesantía o exoneraciones) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-05

Corresponde declarar mal concedido el recurso de inconstitucionalidad si la sentencia cuestionada, en lo que aquí interesa destacar, resolvió ordenar al GCBA que en el plazo de 90 días adoptara las medidas necesarias para cumplir con la obligación impuesta por el art. 11 de la ley n° 3623. Ello así, toda vez que no se presenta en la causa un caso constitucional fundado en la afectación del principio de división de poderes, sino la imposición de un plazo para que el Poder Ejecutivo cumpla con un mandato legal expreso que requiere complementación operativa mediante el ejercicio de su competencia reglamentaria. (Del voto de la juez Inés M. Weinberg).
Juicio de desalojo, restitución del inmueble
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Coporaal, Eldifonso c/ Díaz, Enrique Alberto y otros s/ Condena de futuro
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-12-03

Habiendo entregado el inquilino las llaves del inmueble arrendado el día en que expiraba el plazo locativo, aún cuando lo haya hecho en la persona de la nieta del actor -que se encontraba internado-, cabe concluir que el locatario procedió con buena fe y previsión, más aún si quien recibió el bien le entregó una constancia en donde expresaba conformidad con el hecho.
Régimen de consolidación de deudas, cosa juzgada
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Terreri S.A. s/ Incidente de ejecución de obligaciones
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-10-03

Resulta improcedente la pretensión fiscal de alterar el procedimiento reglado para practicar la liquidación acudiendo al trámite contemplado en la ley de consolidación de deudas 11.192, procurando con ello practicar la misma en contravención de los alcances expresamente ya ordenados y, por lo demás, expresamente consentidos por la Provincia cuando hacía ya varios años aquella ley ya se encontraba vigente. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Aplicación de la ley, apreciación de la prueba, bienes litigiosos
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Solay, Juan Ramón y ots. c/ Municipalidad de La Plata s/ Pretensión restablecimiento o reconcimiento de derechos. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2017-09-06

La fijación de los hechos litigiosos y su valoración en función de las pruebas rendidas, constituye una labor privativa de los jueces de la causa; y su examen, en principio, no integra el objeto del recurso de inaplicabilidad de ley, salvo cuando se violen las reglas que gobiernan la prueba o se incurra en decisiones absurdas.(doctor Genoud, sin disidencia)
Derecho a la salud, relación de consumo, competencia contencioso administrativa y tributaria, Derecho constitucional, facultades concurrentes
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: GCBA s/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO en ASN c/ GCBA Y OTROS s/ AMPARO - SALUD-OTROS
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-15

Corresponde hacer lugar a la queja articulada por el GCBA, dado que ha sido interpuesta en tiempo y forma ante este Tribunal y logra exponer un caso constitucional que involucra la discriminación de competencias entre el Estado Nacional y el local en materia de salud, a la luz de lo dispuesto por la Constitución Nacional, los tratados internacionales de Derechos Humanos y la Constitución de la Ciudad. (Del voto en disidencia parcial de la jueza Marcela De Langhe).
Acción declarativa de inconstitucionalidad, cuestión justiciable
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MENDEZ ANDRES PELAYO s/ DECLARACION DE CERTEZA DE LA INTERPRETACION DEL ART. 80 C.P.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-03-14

De ello se desprende que, en el sub iudice, para que exista cuestión judiciable o, de otra forma, pueda hacerse efectiva la jurisdicción con respecto a la acción mentada en el aludido dispositivo art. 89 y concordantes, que integra el capítulo II del Título III del CPC, que refiere al "Control jurisdiccional de constitucionalidad", es menester que se verifique nítidamente la presencia de una relación jurídica ya que, precisamente, lo que mediante la interposición de aquella acción se persigue es obtener una declaración de inconstitucionalidad que haga cesar un estado de incertidumbre acerca de la constitucionalidad de la relación misma.

En esta misma dirección, el segundo párrafo del inciso 5 del artículo 90 del CPC precisa el concepto y refiere al "caso contencioso" que da lugar a la acción declarativa de inconstitucionalidad.

Por lo tanto, es requisito ineludible para el ejercicio de la jurisdicción que exista una relación jurídica, causa o caso. De allí entonces que resulte claro que no se satisface adecuadamente el recaudo en examen cuando la cuestión que se somete a consideración del órgano jurisdiccional resulta genérica o se propone bajo la forma de consulta.
Conflicto de poderes, gobierno municipal, legitimación procesal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Bloque de Concejales de la Unión Cívica Radical del Conc. Delib. de Morón s/ Conflicto interno munic. -art. 187 de la Const. de la Prov. de Bs.  As.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-03-09

Unicamente se hallan legitimados para promover los conflictos municipales los respectivos departamentos (ejecutivo y deliberativo), cuando se trata de una efectiva contienda acerca de sus respectivas competencias: o el intendente o los concejales que se encuentran en alguna de las situaciones descriptas por la Ley orgánica de las Municipalidades como constitutivas de un conflicto interno municipal. Desde la vigencia de la ley 11024 ha quedado circunscripta a los casos de suspensión o destitución del Intendente municipal o de cualquier concejal por lo que no se admite la legitimación de los denominados "bloques" para cuestionar por esta vía la validez de ordenanzas que no afecten la investidura de sus miembros individualmente considerados. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Seguros, prescripción, cómputo del plazo, seguro de crédito a la exportación
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Arcor SAIC  c/ Cesce Argentina de Seguros de Créditos y Garantías SA  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-29

1 - Corresponde admitir la defensa de prescripción opuesta por la aseguradora demandada, en tanto se le reclama la cobertura pactada en virtud de un seguro de crédito a la exportación que cubría las pérdidas netas del cliente, producidas por la falta de pago de las obligaciones dinerarias de ciertos clientes. Ello así, pues si bien la actora denunció la falta de pago de ciertas facturas por ventas de mercaderías realizadas en el exterior, y estaba pactado que el siniestro se tendría configurado a los cinco meses de la denuncia; sin embargo, se verifica que en la especie las partes dejaron de lado aquel modo de constitución del siniestro.
Convenios colectivos de trabajo, aplicación de la ley, aplicación analógica de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: SANCHEZ   MOSQUERA   MAURO  AUGUSTO c/ VANGENT  ARGENTINA  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-11-16

La llamada "analogía externa", consistente en la aplicación de un convenio en exceso de la representatividad de las partes firmantes, se encuentra prohibida. Sin embargo no está vedado un procedimiento de "analogía interna", consistente en interpretar extensivamente la norma dentro de lo que razonablemente puede entenderse fue la intención de los contrayentes. De modo que, siempre dentro del mismo convenio, se puede salvar el vacío de regulación respecto de determinadas tareas que no coinciden con la descripta en el convenio, con la aplicación de la cláusula que se refiere a una categoría o tarea similar (Art. 16 L.C.T.).
Pago por consignación, mora
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Battistella Aldo Héctor y otra c/ Marcos Carlos s/ Pago por consignación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-05-21

El acreedor está obligado a practicar una conducta que permita el cumplimiento de la obligación. En consecuencia, toda vez que el comportamiento del acreedor impida la realización del pago que quiera hacer el deudor, aquél incurrirá en mora.
Prueba testimonial, presunciones, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Franco, Carlos A. - Donati, Carlos J. s/ Robo Calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-09-22

Resulta vicio recurrente el no exigir a los instructores policiales una relación circunstanciada de sus tareas, con mención expresa de las fuentes de conocimiento de las que se han valido. No se puede consentir que sus informantes no puedan ser examinados judicialmente en razón de que se los designa eufemísticamente como "fuentes confiables", pues no debe olvidarse que los empleados policiales no están incluidos entre aquellos que pueden rehusarse a testimoniar amparados en el secreto profesional.
Educación superior, inversión de la carga de la prueba
Materia: LABORAL-ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Asociación por los Derechos Civiles (ADC) c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-31

Es el Estado quien debe demostrar que la distinción consagrada legislativamente, por el art. 1, inc. a de la Ley nº 668, que impone como condición para ingresar a la docencia el ser argentino nativo, por opción o naturalizado y que las personas extranjeras sólo pueden ingresar al área de Educación Superior, siempre y cuando razones de idoneidad así lo requieran, no es una de aquellas que la doctrina ha calificado como sospechosa.
Contrato de obra pública, juicio de árbitros
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Meller   Comunicaciones   S.A.U.T.E. c/ Empresa  Nacional de Telecomunicaciones.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-11-05

Si bien el sometimiento al régimen establecido por la ley 12.910 y sus decretos reglamentarios es voluntario para el contratista (art. 7° de la ley), no lo es en cambio para el Estado Nacional, quien se ve compelido al arbitraje por su contraparte. En tales condiciones, se trataría de un verdadero arbitraje obligatorio o forzoso, toda vez que una de las partes no puede eludirlo (Disidencia de los Dres. Carlos S. Fayt y Enrique Santiago Petracchi).