Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-10-22


Comodoro Rivadavia, veintidós de octubre de 2004.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Estos autos caratulados: "O. S.A. en autos: "C. O. C. R. c/ O. S.A. S/ Convocatoria a Asamblea" Expte. N° 426/04 S/ INCIDENTE DE NULIDAD (Incidente Art.250 Inc.2 Cód.Proc)", Expte. N° 14.620/2004, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Rural y de Minería N° 3, (Expte. N° 480/2004).

I.- Vienen las presentes actuaciones a conocimiento de esta Alzada por haber interpuesto el incidentista P. E. A. a fs. 12 recurso de apelación contra la resolución de fs.11, en cuanto rechaza el pedido de nulidad de la notificación por edictos.

Se agravia a fs. 14/18, sosteniendo en principio que con fecha 14 de septiembre de 2004 solicitó la nulidad de la notificación de la Asamblea que peticionara el C. O., por no cumplir con los requisitos del art.147 que determina la forma de los edictos, y el art.136 referido al contenido de la cédula al que remite el artículo precedente. Señala que el edicto publicado el día 08 de septiembre no cumple con los requisitos mínimos que establece el código. No se indicó la carátula del juicio, cuando la Asamblea estaba siendo convocada por un modo extraordinario como es el judicial. Que además todo accionista tiene derecho a conocer el expediente y los motivos de la convocatoria judicial para obrar en consecuencia sea en la Asamblea o en el mismo expediente. Que de lo contrario se atenta contra el derecho de defensa de los directores y de los accionistas.

Añade que tampoco se transcribió la parte pertinente de la Resolución judicial que hizo lugar al pedido de convocatoria.

Que el art.149 del CPr. establece la nulidad de la notificación que se hiciere en contravención a lo dispuesto en los artículos anteriores siempre que la irregularidad impidiere al interesado cumplir oportunamente los actos procesales vinculados a la resolución que se notifica. Que en el caso las omisiones son deliberadas y en un diminuto edicto tachan de nula la notificación que lejos de notificar parece que se pretende esconder la notificación, y que lejos de intentar que los accionistas concurran evidencia un modo de tratar que no se enteren.

Que la providencia del 17 de septiembre del corriente año rechazó la revocatoria con apelación en subsidio por considerar que su decisorio en los autos principales era irrecurrible, transcribe la misma y enuncia a continuación los agravios.

Como primer agravio señala que en el caso lo resuelto en los autos principales sea irrecurrible no obsta que el edicto adolezca de alguna nulidad.

Como segundo agravio, enuncia que el art.781 del CPr. habla solamente del examen de los libros por el socio y no existe analogía como pretende aplicar el juez.

Resalta que en el expediente si existe un demandado y hay contradictorio, no se trata de un proceso voluntario y que por ende si la sociedad es la demandada tiene derecho a contestar o resistir una decisión tomada sobre imputaciones que considera falsas.

Relata los hechos suscitados en autos y concluye que los derechos de los Directores y de los accionistas de O. SA están siendo vulnerados por la convocatoria judicial.

Por último se agravia por considerar el a-quo que existió una correcta publicidad del acto, señalando que la misma fue incompleta y adolece de vicios, como ser la identificación de la carátula del juicio en que se tomó la decisión.

Hace reserva del caso federal.

II.- Que en principio los defectos de publicidad deben ser apreciados en relación con el contenido de los edictos, por lo que no cabe considerarlos si se refieren a aspectos meramente formales, si pueden ser suplidos con la consulta del expediente. (conf. "R. C. S.A. c/ P., E. y otro s/EJECUCION HIPOTECARIA"CNCIV - Sala L - Nro. de Recurso: L047998 - Fecha: 19-9-1996).

Tal como lo ha venido sosteniendo este Tribunal, las nulidades procesales deben interpretarse restrictivamente, reservándoselas como última "ratio" frente a la existencia de una efectiva indefensión. Ello por cuanto, el derecho procesal está dominado por ciertas exigencias de firmeza y efectividad en los actos, superiores a las de las otras ramas del orden jurídico, de donde se sigue que frente a la necesidad de obtener actos procesales válidos y no nulos, se halla la necesidad de obtener actos procesales firmes, sobre los cuales pueda consolidarse el derecho (Cám. Nac. Civ., Sala A, 31-7-79, La Ley, 1979 v.D, p. 502; 21-3-80, La Ley, 1980, v. C, p. 435; ídem, Sala B, 26-10-83, la Ley, 1984, v. B, p. 254).

Ahora bien, quien alega la nulidad procesal debe mencionar expresamente las defensas que se ha visto privado de oponer, o que no ha podido ejercitar con la amplitud debida, pues toda sanción nulificatoria debe tener un fin práctico y no meramente teórico, no bastando una invocación genérica, sino que el interesado debe indicar cuál es el agravio que le causa el acto irregularmente cumplido, es decir debe acreditar la existencia de un perjuicio cierto e irre-parable, debiendo asimismo el impugnante individualizar y probar cuál es el interés jurídico que se pretende satisfacer con la invalidez que propugna.

En tal sentido la jurisprudencia y la doctrina coinciden (Maurino, "Nulidades Procesales", Ed. Astrea 1982, pág. 45/47; Rodríguez "Nulidades Pro-cesales", pág. 113/117), "...es que la materia de las nulidades debe manejarse cuidadosamente y aplicándose a los casos en que sea estrictamente indispensable. Es misión de la jurisprudencia la de refrenar los impulsos de los litigantes, siempre proclives a encontrar moti-vos de nulidad, declarándose éstos únicamente en los casos en que se los haya señalado como una solución expresa del derecho positivo." (Epifanio J.L. Condorelli en "Presupuestos de la Nulidad Procesal" en "Estudios de Nulidades Procesales", Morello-Berizonce y Otros, Ed. Hammurabi, 1980, pág. 95).

En este contexto, se advierte que el re-currente no ha cumplido con la carga del art. 172 del CPr. ya que no ha mencionado con claridad el perjuicio sufrido, por cuanto las irregularidades aducidas del Edicto no impidieron a los interesados cumplir con los actos que se desprenden del mismo.

Téngase presente que además de la publicación de edictos referida se realizó la pertinente publicación de Edictos en el Boletin Oficial, cuyas copias obran a fs.129/135 de los autos "C. O. D. C. R. c/ O. S.A. s/ Convocatoria a Asamblea s/ Recurso de Queja" Expte.14596/2004, en que este Tribunal tuvo a la vista para resolver el recurso de queja, dejando a salvo las opiniones contrarias respecto a la aplicación analógica del art.781 del Código Procesal y el carácter contradictorio del presente proceso.

Lo concreto es que las publicaciones son por demás legibles y de ellas surge el Juzgado y Secretaría requeridos y si bien no se consigna la carátula, ello no ha impedido ejercer sus derechos.

Esta última circunstancia diluye aún más el necesario perjuicio que debe invocarse para considerar el planteo de nulidad.

Es por todo lo expuesto que se rechaza el recurso de apelación interpuesto.

III.- Las costas de esta instancia se imponen en el orden causado, por no existir contradictorio (arts. 68 y 69 del CPr.). A los fines de la regulación de honorarios por los trabajos realizados en ambas instancias se tendrá en cuenta el resultado ob-tenido y la relación entre la gestión profesional y la probabilidad de efectiva satisfacción de la pretensión reclamada, de conformidad a lo previsto en el Dto. Ley 2200 modificado por Ley 4.335 (arts. 6, 7, 14, 27, 33, 38 y ccs.).

Por ello, la Sala B de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en Comodoro Rivadavia, R E S U E L V E:

1).- Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el incidentista P. E. A. a fs.12, confirmando en consecuencia la providencia de fs.11.- 2).- Costas de esta Instancia en el orden causado (arts. 68 y 69 del CPr.). Por sus trabajos en esta instancia, regulanse honorarios a favor de la Dra. M. E. F. V. R. en la suma de CINCUENTA PESOS ($50,00).- 3).- Regístrese, notifíquese, devuélvase.- La presente sentencia es firmada por dos vocales de Cámara en virtud de encontrarse en uso de licencia la Sra. Juez de Cámara Dra. Mercedes García Blanco y concordar en la solución del caso (arts. 1, 2, 3 y 5 de la Ley 4550, modif. de la Ley 1130).

Fdo: Marta Susana Reynoso de Roberts -Presidente-; Nélida Susana Melero -Juez de Cámara-.

REGISTRADA BAJO EL Nº 233 DEL AÑO 2004 DEL LIBRO DE SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS