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Cuenta corriente bancaria, certificado de saldo deudor, títulos ejecutivos, liquidación de entidades financieras
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: NUEVO BANCO SANTURCE  S.A. c/ GLIKIN  .S.A. s/ CONTRATO DE CUENTA CORRIENTE BANCARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-05

El certificado de saldo deudor resulta título hábil en los términos del cpr:523.

En tanto habiéndose decretado la liquidación del banco accionante, el saldo certificado por quienes resultan reemplazantes naturales de los funcionarios autorizados por la ley al efecto, dentro de la organización jerárquica del banco, confiere suficiencia al título referido.
Prueba, principio de adquisición
Materia: PENAL
Carátula: Salomón, Hugo Alberto s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-02-15

Si al imputado que goza de la garantía constitucional establecida en los arts.18 de la Constitución Nacional y 29 de la Const.

Provincial, se permite su interrogatorio con los alcances expresados, no puede llegarse a sostener, con basamento lógico -jurídico, que el aporte espontáneo de datos por parte de un descendiente del encausado no pueda ser válido a los fines exclusivos de orientar el rumbo investigativo.
Medidas para mejor proveer, resoluciones recurribles, recurso de apelación (procesal), agravio concreto
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: LORENZO, J. C. s/ MEDIDAS PARA MEJOR PROVEER    RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-13

Las medidas para mejor proveer son recurribles por la parte a la que causan gravamen.
Recurso contencioso administrativo, contestación de la demanda
Materia: ADMINISTRATIVO - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: PASINI, LIA ROMANA ROMERO DE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      CSJ EXPTE NRO 159-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-08-16

No integra la litis, la pretensión introducida recién al alegar, por lo que no corresponde que esta Corte se pronuncie al respecto.
Acción, legitimación activa, proyecto de obra pública, subcontratista
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Espinosa de Carriquiriborde, Martha Irene c/ Municipalidad de Chacabuco s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-05-02

En un contrato administrativo relativo a la elaboración de un de un proyecto de obra pública, la renuencia de un contratista en actuar como litisconsorte del comitente principal, no puede ser argumentado por la Administración, para enervar el ejercicio de los derechos de la locadora, pues el vínculo que une a la subcontratista con la proyectista es de naturaleza privada, a diferencia del que une a ésta última con la Municipalidad que es de un contrato administrativo.
Becas, plan para la vivienda, competencia
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: MOSQUERA LUCIANA SOLEDAD c/ ESTADO NACIONAL Y OTROS s/ AMPARO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-21

La parte actora demanda al Estado Nacional - Ministerio de Desarrollo Social - Ministerio de Planificación Federal Ministerio de Educación - Ministerio del Interior con el objeto de que le provean una beca escolar para dos de sus hijos, el otorgamiento de un subsidio para alimentación para su grupo familiar (madre y cuatro hijos), se le conceda una vivienda de los barrios a construirse por el Plan Federal de Vivienda, o en su defecto se le asigne un terreno fiscal apto para la construcción de una vivienda familiar y se le suministren los materiales correpondientes, y por último, se le asigne a su hijo una pensión social. La actora atribuye responsabilidad al Estado Nacional por omisión en el cumplimiento de sus funciones. Sostiene además que tiene derechos insatisfechos -a una vivienda digna y a la provisión de becas y subsidios para alimentacion- y que el Estado Nacional incumple sus obligaciones. Por ello, pretende que los Ministerios demandados cumplan con los deberes propios de la Administración, por lo tanto encuadra su reclamo en principios y normas de derecho administrativo. Es decir que la presente controversia habrá de ser decidida por aplicación preponderante -lo que no equivale a exclusiva- de preceptos de derecho público (confr. esta Sala causas 6.678/02 del 19.09.02, 7.423/02 del 14.11.02, 5.566/02 y 5.087/07 del 4.10.07).
Concursos, recusación y excusación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Carmasur S.R.L. s/ Concurso preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-02-08

La calidad de "proceso universal" no hace por sí inaplicable el instituto de la recusación sin expresión en los concursos, consecuentemente si el propio deudor la pretende hacer valer en su escrito inicial de presentación en concurso, no cabe reparo alguno para admitirla, ni su utilización contraría el principio de celeridad que opera como condicionante de la aplicación de las leyes locales (art. 14 CPC y 278 ley 24522). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Habeas corpus, doctrina legal
Materia: PENAL
Carátula: Blanco, Roberto s/ Habeas Corpus
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-11

El desconocimiento por parte de una Cámara Departamental de lo decidido con relación a casos semejantes al planteado, constituye una situación de gravedad institucional que contribuye a habilitar excepcionalmente la vía prevista por los arts. 405, 408 y correlativos del C.P.P.
Patentes, revalidación de patente, tratados internacionales
Materia: COMERCIAL-INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: Nihon  Bayer  Agrochem K.K. c/ Instituto Nacional de la PropiedadIndustrial s/ denegatoria de patente.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-22

La revalidación de patentes es una institución extraña al funcionamiento del régimen internacional de protección de invenciones que adhiere al sistema de independencia de patentes, según el cual, no se hace depender de la primera todas las demás, sino que cada patente tiene su propia vida jurídica con arreglo a la legislación de cada país (Voto del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Intereses, mora del acreedor
Materia: LABORAL
Carátula: LEGUIZAMON, CESAREO EGIDIO c/ CHISTIK CONSTRUCCIONES  S.A. s/ LEY 22250
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-06-30

Si la empleadora puso los rubros reclamados a disposición del accionante que no produjo prueba de haberse presentado a percibirlos con resultado negativo, no resulta procedente la condena al pago de accesorios. Si bien el deudor tenía a su alcance la facultad de consignar para evitar los efectos perjudiciales de la mora del acreedor, no estaba obligado a ello.
Acción penal, prescripción, interrupción de la prescripción, secuela de juicio, proceso penal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: L., D. G. y A., C. M. s/ Lesiones graves culposas (Expte. Nro. 178-00, Resolución Nro. 44, Tomo 41  Folio 66)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-08-11

Poseen calidad interruptiva de la prescripción de la acción diversos actos de la instrucción y del plenario. La tesis acusatoria no se desmerece por el hecho de interpretar de un modo amplio la ley vigente sobre la interrupción de la prescripción de la acción de modo que también cubra los actos correspondientes a la llamada etapa preparatoria jurisdiccionalmente recepcionada. El legislador puede tomar la totalidad del tiempo del proceso y si así lo ha hecho, no se advierte razón valedera para apartarse del texto legal en base a la aludida congruencia que no parece incidir o modificarse por la entidad interruptiva de la prescripción de concretos actos que dan vida activa al proceso moviendo la acción a través del órgano jurisdiccional o fiscal, existentes tanto en la etapa preparatoria como en la del contradictorio pleno.
Juicio ejecutivo, falta de personería
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Martín Luis Alberto c/ De Piaza Juan Silvestre s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-06-08

El sistema cambiario es cerrado y estricto, ya que en virtud de la especificidad del mismo sólo pueden ser legitimados los que la ley permite que lo sean, estableciendo claras reglas de circulación, de vencimiento, de pago, etc.; todas ellas diferentes al derecho común.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, discrepancia del recurrente
Materia: PENAL
Carátula: Salvaneschy, R.R.López G.A. Clemente S.A. s/ Privación ilegítima de la libertad - Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-04-30

Es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que expone una particular interpretación de los hechos, distinta de la efectuada por la Cámara que los encuadró en el delito de robo agravado descartando que haya quedado en grado de tentativa, sin demostrar que a los hechos que se tuvieron por probados les fuera mal aplicada la ley de fondo.
Regulación de honorarios, monto del juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: D. V. S.R.L c/ Municipalidad de Comodoro Rivdavia s/ Recurso Contencioso Administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-09-02

La Corte Suprema de Justicia de la Nación en diversos casos ha destacado en la materia, que en supuestos en que la aplicación de los porcentuales arancelarios se presenta objetivamente injusto, alejado de la realidad económica, debe ser dejado de lado, en tanto dicha realidad debe prevalecer sobre abstractas fórmula matemáticas. - Y considerado que "frente a sumas de magnitud excepcional del monto del juicio, también debe ser ponderada la índole y extensión de la labor profesional cumplida en la causa, para así acordar una solución justa y mesurada...que tenga en cuenta que la regulación no depende exclusivamente de dicho monto -o, en su caso, de las escalas pertinentes, sino de todo un conjunto de pautas previstas en los regímenes respectivos, que pueden ser evaluadas por los jueces, en situaciones extremas...con un razonable margen de discrecionalidad, entre las que se encuentran la naturaleza y complejidad del asunto, el mérito de la causa, la calidad, eficacia y extensión del trabajo...lo que no importa poner en tela de juicio el derecho de los profesionales a que se fijen sus retribuciones por las tareas cumplidas en el expediente...".
Recurso de apelación (procesal), expresión de agravios, principios procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: Comunidad M. L. F. L. c/ Municipalidad de Epuyen s/ Contencioso Administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2018-10-02

El recurso de apelación, como medio impugnativo permite al justiciable elevar a conocimiento de un tribunal superior la solución que estima injusta para que la modifique o revoque, no está concebido en nuestra legislación como un "novum iudicium", sino como una remisión del material incorporado a la instancia de origen, a fin de reparar los posibles errores, que, expuestos en la expresión de agravios, exhiba la sentencia. Así como el principio dispositivo deja en manos de las partes la fijación del alcance del contenido de la pretensión y oposición en todos sus elementos (sujeto-objeto-causa), el principio de preclusión indica que desde que el proceso se desarrolla en forma sucesiva (progresividad) con la clausura definitiva de cada uno de los estadios que agotan su desarrollo, la determinación de aquellos elementos deba concretarse a las piezas liminares del proceso. A su vez, el principio de consumación impedirá reeditar el ejercicio de tales facultades procesales, salvo en hipótesis excepcionales. El acatamiento de estos principios asegurará la vigencia de aquellos otros que consagran la bilateralidad del contradictorio, la igualdad de las partes y el equilibrio procesal. Habida cuenta de ellos, la expresión de agravios constituye una alegación crítica -de hechos o derecho- que valora la atendibilidad de la pretensión o de la oposición, impugnando las conclusiones del fallo. Aquellos aspectos de la sentencia de Primera Instancia que no fueron materia de expresión de agravios ante la Segunda, fueron consentidos por las partes, y aunque fuere parcialmente, la materia consentida ha pasado en autoridad de cosa juzgada, amén de haber precluído por consumación, la facultad procesal impugnatoria.
Cuestiones de competencia, competencia civil, daños y perjuicios, acoso sexual
Materia: PROCESAL
Carátula: PLAUT, Mónica c/ CIA. DE SERVICIOS HOTELEROS S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - COMPETENCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-07-17

Reclamados daños y perjuicios a consecuencia del acoso sexual que la actora alega haber padecido durante el horario laboral por parte de la persona bajo cuyas órdenes se encontraba, invocando, además, la pasividad de la firma para la que ambos se desempeñaban, dirigiendo también la demanda contra ella, toda vez que el reclamo formulado no remite a la relación laboral, sino, por el contrario, a conductas ilícitas que se atribuyen a los demandados, corresponde intervenir a la Justicia Nacional en lo Civil.-
Daños y perjuicios, eximentes de responsabilidad, responsabilidad indirecta, titularidad del dominio
Materia: CIVIL
Carátula: SAAVEDRA, Miguel Angel c/ SOLIS, Roberto y ESPINOSA, María Elvira s/ Sumario: Daños y Perjuicios - Cobro de Australes
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1993-02-05

La persona que figura en el registro de propiedad del automotor como propietaria, es responsable de los daños ocacionados por el automóvil que figura a su nombre porque es el dueño de la cosa de acuerdo a lo dispuesto en las normas que constituyen el Régimen de Propiedad del Automotor, -salvo que, con anterioridad al hecho, hubiera comunicado el Registro que hizo tradición del automotor.-
Revocación del acto administrativo nulo, acción de lesividad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Korn, Enrique Alejandro c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Nulidad de Decreto 1600-95
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-10-04

El fundamento constitucional de la acción de lesividad -única vía posible para erradicar el acto administrativo del mundo jurídico, cuando se dan las condiciones impeditivas de la revisión de oficio- está apoyado en un trípode constituido por el respeto al debido proceso, al derecho de propiedad, y al principio de división de poderes.
Régimen de consolidación de deudas, accidentes de trabajo, incapacidad laboral, situación de desamparo
Materia: LABORAL
Carátula: Cots, Libia Elda c/ Estado Nacional - Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos - y otros s/ sumario s/ incidente de embargo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-03-12

Contrariamente a lo sostenido por la cámara, el art. 18 de la ley 25.344 prevé una excepción al régimen de consolidación e impone a los jueces la obligación de excluir los créditos cuando sus acreedores se encuentren en las especiales condiciones descriptas por el segundo párrafo de la norma, y dichas circunstancias excepcionales son, precisamente las que se presentan en el caso si, como consecuencia del accidente, a la actora se le amputaron ambos miembros inferiores y su grado de incapacidad laboral es casi total, lo que demuestra no solo su situación de desamparo, sino también el evidente carácter alimentario de su crédito -extensivo por accesoriedad a todos los rubros de la condena-, pues la indemnización no solo tiene como finalidad la reparación integral de los daños causados, sino también permitir a la actora afrontar los gastos que su condición le genera y que no podrá solventar con su trabajo.
Salud del imputado, arresto domiciliario, tratamiento médico, traslado de detenidos
Materia: PROCESAL
Carátula: Alsina, Gustavo Adolfo s/recurso de casación, reg. 79/17 c/ recurso de casación s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-03-08

La disidencia sostuvo que como bien lo señaló el a quo el estado de salud del enjuiciado no encuadra en los supuestos que contempla la ley 24.660 y su modificatoria 24.672 para proceder a la concesión del beneficio del arresto domiciliario, ya que en su situación particular de salud se ha cumplimentado con los lineamientos que estableciera la CSJN in re "Bergés" y no se verifican razones de índole humanitaria que conduzcan a morigerar la detención que viene cumpliendo en un establecimiento carcelario, ya que los incumplimientos por parte del SPF, a los traslados, no pueden conducir al otorgamiento automático del arresto domiciliario, sin comprobar los requisitos legales. Dres. Catucci, Riggi, Figueroa -en disidencia-.
Juzgado de menores, competencia
Materia: PENAL
Carátula: NICHEA, DANIEL HORACIO s/ COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-08-03

La normativa del artículo 56 de la Ley de Menores Nº8490, determina "que el Juzgado de Menores que haya prevenido en el conocimiento de un menor sea por motivos de carácter asistencia, sea por hechos de naturaleza penal, deberá entender en toda nueva causa que se origine a su respecto... En materia penal los distintos hechos cometidos por un menor o los que guarden entre sí una relación objetiva o subjetiva de conexidad, serán juzgados por el Juez que haya prevenido, procediendo la acumulación de tales procesos aún cuando la causa se encuentre cerrada.- A los fines de determinar la competencia de los organismos en conflicto y con el objeto de compatibilizar las normas procedimentales contenidas en el Código Procesal Penal y las de la Ley Nº8490, por tratarse de pluralidad de delitos cometidos por un mismo menor peso en distintas jurisdicciones y ante la existencia de conexidad subjetiva, la solución está dada por el artículo 56 de la citada Ley de Menores al establecer que los hechos cometidos por un menor aún frente a conexidad objetiva o subjetiva, serán juzgados por el Juez que haya prevenido en relación al menor, por ello la norma determina la acumulación subjetiva "aún cuando la causa se encuentre cerrada".- Que el dispositivo legal tiene su fundamento y razón en una motivación similar a la que determinó que un mismo órgano jurisdiccional sea el que deba entender durante todo el proceso: la etapa sumarial, el debate y sentencia, hasta la ejecución de la sanción (artículo 91, Ley Nº8490), a los fines de asegurar la unidad en la consideración del menor.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, sentencia suficientemente fundada, tambero mediero, aplicación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: VAZQUEZ, ALEJO ALBERTO c/ SIEBER, ORLANDO ENRIQUE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -LABORAL- (EXPTE.: C.S.J. NRO. 204 AÑO 2006)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-10-14

Corresponde el rechazo de la queja interpuesta, pues no se advierte que los juzgadores -al considerar que el contrato de explotación tambera regulado por el decreto ley 3750/46, se había extinguido por el acuerdo de partes, habiéndose celebrado uno nuevo, que quedó enmarcado por la ley 25169- hubieran incurrido en las omisiones que el recurrente le endilga; por el contrario, valorando los elementos que consideraron trascendentes para resolver el caso, arribaron a una definición distinta a la propuesta por el quejoso, pero ello no implica que deba ser descalificada bajo la tacha de arbitrariedad.

Al respecto, no debe olvidarse que mediante el recurso de inconstitucionalidad por arbitrariedad, se tiende a resguardar la garantía de defensa en juicio y el debido proceso, exigiendo que las sentencias de los jueces sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias de la causa; y que no tiene por objeto constituir a la Corte Suprema e n una tercera instancia ordinaria que sustituya a los juzgadores en la valoración de los hechos, prueba y derecho ni en la decisión de cuestiones que le son privativas (Del voto de la mayoría).
Contrato de trabajo, deducciones salariales, títulos de deuda pública, aplicación de la ley laboral, derecho de propiedad, derecho a la justa retribución, fallos de la Corte Suprema
Materia: LABORAL
Carátula: POUSA  RODOLFO  ERNESTO c/ SISTEMA NACIONAL DE MEDIOS PUBLICOSS.E. Y OTRO S/ s/ EY 12.908.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-11

Si bien el Poder Ejecutivo Nacional dejó sin efecto los descuentos salariales ordenados por el decreto 896/01 mediante el decreto 1819/02 y dispuso la restitución de las sumas descontadas mediante la entrega de bonos de la deuda pública, al estar regido el vínculo entre las partes por la LCT, ello supone una indebida postergación del pago de aquello que el propio Estado reconoce adeudar y una restitución incierta pues se desconoce cual será la cotización de los bonos en el año 2008.

Hay una indebida e irrazonable afectación del derecho de propiedad y del derecho a una retribución justa (arts. 17 y 14 C.N.). Sin embargo es de destacar que la CSJN avaló la constitucionalidad del decreto en cuestión al decidir en los autos "Colina, René Roberto -Yapura, Sergio Daniel -Vargas, César Eduardo y otros c/Estado Nacional- Ministerio del Interior" (sentencia del 2.12.2004 en la causa C.2530. XXXIX) por lo que las diferencias salariales que derivan de la aplicación de los citados decretos deberán ser percibidos por el actor conforme el procedimiento establecido en el decreto 1819/02, sin perjuicio de dejar a salvo la opinión en contrario ya expresada.
Adjudicación, cláusulas del contrato, ilegitimidad del contrato
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Vicente Robles  SAMCICIF c/ Estado Nacional (Servicio Nacional de Parques Nacionales) s/ nulidad de resoluciones.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-30

La adjudicación que no respeta estrictamente lo establecido en las cláusulas contractuales está viciada de ilegitimidad y nada debe tomarse como concedido sino cuando es dado en términos inequívocos o por una implicancia igualmente clara. La afirmativa necesita ser demostrada, el silencio es negación y la duda fatal para el derecho del concesionario.
Acción de inconstitucionalidad, límite de edad, Constitución Provincial, fallos del Superior Tribunal
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Cáceres, José Ricardo c/ Estado Provincial s/ Acción de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2011-09-13

El actor, Dr. José Ricardo Cáceres, invocando su carácter de Ministro de la Corte de Justicia, promueve acción autónoma de inconstitucionalidad con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad del Art.195 -última parte- de la Constitución de la Provincia, que lesiona el Art.1 CP y los Arts.1, 5, 18 y 110 de la Constitución Nacional que garantiza la inamovilidad de los Jueces de la Corte Suprema y Tribunales Inferiores de la Nación, así como de los miembros del Ministerio Público de la Nación, mientras dure su buena conducta. Justifica la competencia del Tribunal, expone los antecedentes fácticos, doctrinarios y jurisprudenciales de procedencia de la acción. Ofrece prueba documental.

Esta Corte de Justicia debe declarar su jurisdicción y competencia para entender en la acción interpuesta bajo el nomen iuris de acción autónoma de inconstitucionalidad, compartiendo el criterio sustentado por la Sra. Procuradora Subrogante, lo previsto en el Art.203, inc.2, de la Constitución Provincial, doctrina legal de la Corte de Justicia y jurisprudencia de Tribunales de análoga jerarquía.

En efecto, la acción directa de inconstitucionalidad sólo requiere de la existencia de un agravio a un derecho reconocido por el ordenamiento constitucional.

De allí que, atacado un artículo de la Constitución Provincial como violatorio de un derecho de base constitucional regulado en la misma Constitución de la Provincia y en la Constitución Nacional referido a la inamovilidad de los jueces, su tratamiento, por imperio de la norma constitucional citada -Art.203, inc.2, CP-, corresponde a este Superior Tribunal.