Tribunal: CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-05-12


AUTOS N° 9370 "MINGORANCE, Juan Antonio c/ Carpas Ginestar S.R.L. y Otro S/ Apelación de Sentencia"	En la ciudad de San Juan, a doce días del mes de mayo del año dos mil catorce, reunidos en su sala de acuerdos los miembros titulares de la Sala Segunda de la Excma. Cámara de Apelaciones del Trabajo, doctores Guillermo Baigorrí, Delfor Edgardo Benítez y Susana Raed de Rago Gallo , bajo la Presidencia del primero de los nombrados, a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto en Autos Nº 9370, caratulados "MINGORANCE, JUAN ANTONIO C/ CARPAS GINESTAR S.R.L. Y OTRO S/ APELACIÓN DE SENTENCIA" y atento al resultado obtenido en el sorteo realizado para la emisión de los votos:

LA DOCTORA SUSANA RAED DE RAGO GALLO DIJO:	Contra la sentencia dictada en autos por la Sra. Jueza del 5° Juzgado Laboral, obrante a fs. 241/246 vta., que rechaza la demanda promovida por el Sr. Juan Antonio Mingorance contra CARPAS GINESTAR S.R.L., interpone a fs. 250 recurso de apelación la parte actora, el que es concedido a fs. 251, obrando a fs. 255/259 la expresión de agravios, habiéndose devuelto el responde del mismo presentado por la demandada, por extemporáneo, según surge de fs. 263.-	I.- 1.- Resumidos sucintamente los antecedentes del caso que provoca el acuerdo, vemos que: 1) la parte actora, en la demanda, relató que se desempeña como empleado de la demandada, realizando tareas de operario general, maquinista, en la categoría de oficial calificado y conforme CCT 204/93, desde hace más de 14 años, no obstante que en los recibos de haberes se consigna como fecha de ingreso el día 02-01-96; 2) que en fecha 02-05-06, en el establecimiento de la empresa, mientras se encontraba prestando sus tareas habituales, se resbaló la mecha de la agujereadora y fue víctima de un accidente de trabajo ; 3) que, como consecuencia de dicho siniestro, sufrió una lesión en el dedo medio de la mano izquierda, que lo inhabilitó temporalmente para el trabajo, siendo atendido por la ART QBE S.A., y otorgándole el alta el día 19-05-06, 4) el accidente motivó la intervención de la Comisión 26, ( y dio origen al expediente N° 026 L-00433/06 ) quien dictaminó en fecha 10-07-06, que el accionante tenía una incapacidad parcial y permanente del 4,32 %, dictamen que fue notificado tanto a la ART, como a la patronal.-	I.- 2. Basa el actor su reclamo en que a) en virtud de que la ART, se presenta ante la Comisión Médica N° 26, apelando el dictamen de referencia y argumentando que el contrato de aplicación N° 29144 perteneciente a la empresa Carpas Ginestar S.R.L., se encontraba anulado desde el 14-04-06 por falta de pago de más de dos cuotas; b) de la documental remitida por la aseguradora en respuesta al Oficio ley 22.172, surge efectivamente que ésta rescindió la referida póliza por falta de pago de dos primas de seguro de seguro en virtud del art. 18 del Dec. 334/96, reglamentario del art. 28 de la Ley 24557; c) la demandada guardó silencio frente a la carta documento que le remitiera, en la cual la intimó le abonara la indemnización que por ley le correspondía, por encontrarse anulado el contrato de afiliación suscripto por la patronal y QBE ART S.A. y d), corresponde en consecuencia, considerarse a Carpas Ginestar S.R.L., como empleador no asegurado, responsable directo ante el accionante, por las prestaciones previstas en la LRT, ante la incapacidad parcial y permanente dictaminada por la Comisión Médica N° 26 del 4,32% de la total obrera .-	|I.-3. La demandada, por su parte, niega tener obligación de responder el reclamo instaurado, como así también que el demandante haya ingresado a la empresa, con fecha anterior a la indicada en los recibos de haberes, y adeudarle al Sr. Juan Mingorance suma alguna por cualquier concepto, interponiendo al progreso de la pretensión, excepción de falta de legitimación, en tanto sostiene que la que debe responder es la ART a la que se encontraba afiliada, cual es QBE ART S.A.-	I.- 4. La sentencia de fs. 241/246 vta. se basa en los art. 3, 27 y 28 de la LRT, para rechazar la demanda, fundándose en que, en el caso de autos, no se está ante un empleador autoasegurado, ni tampoco no asegurado.- Que el hecho presuntivo de no pagar las cuotas no lo convierte en autoasegurado o no asegurado y por ende, en responsable directo, en tanto la ART sólo puede rescindir el contrato cuando haya contrato con otra ART, y mientras tanto, debe hacer frente a las obligaciones que impone la Ley 24557.- Que el responsable de la indemnización derivada de la incapacidad que produjo el accidente no es el empleador, sino la ART, como claramente establece el art. 28 ibi dem , cuarto apartado.-	II.- Ahora, adentrándonos en los agravios de la actora, podemos establecer que impugnan la sentencia en cuanto: 1) resuelve que la demandada no es responsable de la indemnización reclamada en autos, basándose sólo en el art. 28 de la Ley 24557; 2) omite aplicar las normas de los art. 57, 62, 63, 79 de la LCT, 919 del CC y, esencialmente, el art. 18 del Dec.334/96, reglamentario del art. 28 de la LRT, 3) omite interpretar dichas normas en conjunto y teniendo en cuenta que pretenden otorgar protección a favor del trabajador, no al empleador; 4) omite asignarle valor al silencio de la empleadora frente a los reclamos extrajudiciales; 5) ignora lo dispuesto por el art. 18 del Dec. 334/96; 4) no tuvo en cuenta la conducta desplegada por la demandada ante la carta documento que le remitiera el actor, conforme art. 62. 63 y 79 LCT , 5) que por no aplicar las normas citadas se torna arbitraria y 4) por la imposición de costas.-	Aclaro, por cuestiones metodológicas, que consideraré los agravios enumerados supra, en forma conjunta.-	II.- 1. En primer término, quiero dejar sentado, que le asiste razón al recurrente respecto a la aplicabilidad, en el caso venido a estudio, del art. 18 del Dec. 334/96, reglamentario del art. 28 de la LRT, el que destaco no ha sido declarado inconstitucional, el que contempla el caso en que la aseguradora rescinde el contrato de seguro de riesgos del trabajo por falta de pago de dos cuotas y establece que el empleador, en tal caso, se considerará como no asegurado.-En consecuencia, debe responder ante el actor, de la indemnización reclamada en autos, por lo que desde ya adelanto que la queja debe tener acogida.-	No puede soslayarse que a la fecha del accidente de trabajo sufrido por el actor, 02-05-06, el contrato de afiliación suscripto con la empleadora, según Póliza de Seguros de Riesgos de Trabajo Nº 29144, ya había sido extinguido por la Aseguradora QBE ART S.A., según Carta Documento, de fecha 15 de marzo del 2006, cuya copia remitida por Correo Argentino, obra a fs. 51, en el cual se le comunica: "En mi carácter de apoderado de QBE Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. le notifico que hemos advertido que vuestra empresa ha omitido el pago de las primas correspondientes a más de dos meses. Por tal razón, intimamos a ustedes a que en el término perentorio de 15 días desde la recepción de la presente, procedan a abonar dicha deuda de $1232,43, más intereses, mantenida con nuestra empresa al 28/02/06. Caso contrario, vencido el plazo indicado, rescindiremos por vuestra exclusiva responsabilidad el contrato de cobertura de inicio de vigencia 13/08/05 que lo vincula con nuestra empresa y notificaremos dicha rescisión a la Superintendencia de Riesgos de Trabajo y a la Dirección General Impositiva..".-	Memoro que el Sistema de Riesgos del Trabajo permite a las ART dar por terminada la cobertura cuando el Empleador adeuda más de dos cuotas equivalentes al más alto devengamiento mensual del último año.-	En ese sentido, resolvió CNAT Sala II Expte n° 23417/02 sent. 93133 10/12/04 "Jablonski, Gregorio c/ Rectificadora Sutil y Cía SCPA y otro s/ despido" (G.- R.-).-	Ello debe ser así por cuanto es el empleador el que incumplió las leyes laborales, por lo que debe hacerse cargo de las prestaciones omitidas y su conducta omisiva resulta análoga a la ausencia de seguro. Sin soslayar las directivas del inciso 2 del art. 28 de la LRT, la interpretación de cualquier artículo debe ser analizado en su integridad y si bien la Aseguradora no puede dejar desamparado al trabajador frente a una contingencia, si la empleadora está asegurada, también el Sistema de Riesgos del Trabajo permite a las ART dar por terminada la cobertura cuando el Empleador adeuda más de dos cuotas equivalentes al más alto devengamiento mensual del último año.-	II.- 2.- Es dable referir que luego del fallo "Aquino, Isacio c/Cargo Servicios Industriales" (C.S., del 21.09.04), se habilitan en favor de la víctima un amplio abanico tanto de pretensiones resarcitorias como de legitimados sustanciales pasivos contra quienes dirigir el reclamo (la A.R.T., el empleador, el tercero causante del daño y su "principal" y su seguro, en ciertas ocasiones los responsables de la organización y control del evento).-	Un primer esclarecimiento en torno a aquellas diferentes posibilidades radica en discernir, en primer término, quien es el deudor de la reparación. En tal sentido, en lo que constituye el rasgo más radical de la L.R.T, dispuso un sistema de afiliación obligatoria de todos los empleadores a una A.R.T habilitada al efecto, quien, a su vez, no puede rechazar esa solicitud. Pero, lo verdaderamente significativo de esta relación es que, a diferencia del seguro tradicional (incluso del también obligatorio para accidentes de tránsito), no se limita a yuxtaponer al dañador o responsable original un codeudor solidario, la aseguradora, sino, que esta última, le sustituye en la obligación de resarcir mediante lo que la ley llama -en clave de seguridad social- las "prestaciones dinerarias y en especie". En palabras más claras, aunque menos ortodoxas, la LRT escamotea al empleador causante del daño del escenario de la reparación especial.-	La única excepción en este diseño la constituye la posibilidad del empleador no asegurado, es decir, aquél que ha incumplido el deber de afiliarse a una A.R.T, hipótesis para la que el art. 28.1 de la ley prevé que "responderá directamente ante los beneficiarios por las prestaciones previstas en esta ley".-	De haber cumplido en cambio con dicho deber, la aseguradora resulta deudora original, exclusiva y directa de la reparación del daño. Aunque, claro está, como su respuesta es de origen contractual, ha de limitarse tanto a las contingencias cubiertas (que en realidad las define la propia ley) y en la medida de la tarifa o prestación en especie asumida para cada caso.-	La excepción, esta dada en los casos en que sea posible incriminarla por hechos u omisiones propias (por lo general, vinculadas a defectos en su misión preventiva y también a la falta de pago de dos primas), no ya del asegurado, en cuyo caso, puede que, además de la respuesta sistémico-tarifada, que es el caso de autos, sea convocada a reparar de modo integral.-	II.- 3.-La vigencia de la elección de la ART, que en algún momento efectúa el empleador mediante la afiliación, está sujeta a la continuidad de dicha elección. Pero el régimen de Riesgos del Trabajo, cuidando el equilibrio económico y técnico del sistema, crea mecanismos para que el mismo sea viable: el empleador que adeuda alícuotas no puede elegir otra ART, y si la deuda alcanza determinado nivel , dos cuotas, se autoriza excepcionalmente a la ART a cancelar la afiliación para que a partir de ese momento, el empleador asuma las obligaciones y cargas de ser su propia ART.-	El hecho que existan sanciones penales por incumplimiento de las prestaciones es una razón más para que se desplace la cobertura de las contingencias hacia quien no contribuye a financiar el sistema. Es claramente absurdo obligar al gestor del sistema a brindar las prestaciones, incluso bajo la amenaza de sanciones penales, si no se le brindan los medios económicos para hacerlo. El sistema devendría inviable.-	El mismo sistema prevé cómo financiar eventuales prestaciones en este caso, por lo que los beneficiarios siempre se encuentran a resguardo. Mario E. Ackerman nos dice en su trabajo. "La cobertura de riesgos del trabajo: un subsistema de la seguridad social.": "En primer lugar, la ART. siempre cubre mientras el contrato está vigente, más allá de que esté incumplida la obligación del empleador de pago del sistema. Vigente la cobertura, la respuesta es automática, sin que quepan suspensiones de la misma, caducidad, etc. * La reglamentación crea un mecanismo que ante un incumplimiento prolongado y reiterado del empleador posibilita que la ART. deje de brindar cobertura y pase a ser el propio empleador el responsable de dar la prestación. En caso de falencia de este último, las prestaciones siempre serán cubiertas por el fondo de garantía del sistema.-	Es decir, que el trabajador en ninguna circunstancia pierde la protección. Lo que la reglamentación establece es quién gestionará y abonará las prestaciones debidas y dadas qué circunstancias: si la ART., el propio empleador, o los fondos de reserva o garantía".-	El mismo autor enseña en su obra "Ley de Riesgos del Trabajo" pág. 284: En tanto no se deroguen las reglas del artículo 18 del Decreto 334/96, éstas deben considerarse vigentes, lo que hace que el empleador pueda quedar en posición de no asegurado por dos vías: omisión (artículo 3, 27 pto . 1 y 28 pto 1, ley 24557) o expulsión (artículo 18, decreto 334/96)-	A su vez una importante jurisprudencia, que comparto, ha resuelto que "El empleador que aun habiendo contratado el seguro respectivo actuó como si no lo estuviera asegurado en los términos del art. 28 LRT, acarrea las consecuencias nacidas de esa conducta omisiva que resultan análogas a las que se producen ante la ausencia de seguro. En realidad, el legislador en dicha norma se refiere al empleador que priva del sistema de seguro al trabajador y, en tal inteligencia, no cabe duda de que la finalidad de amparo de la norma está dirigida a la carencia de protección ante el evento dañoso y ella se produce tanto cuando no se asegura, como cuando se procede de tal forma que el trabajador queda sin la protección que se le pretende dar. (CNAT Sala VII Expte N° 27.3353/02 Sent. Def. N° 38.322 del 11/3/ 05 "Berti, Alfredo Jesús c/Asociación Civil Club Atlético Boca Juniors s/Accidente - ley 9688" (Ferreirós - Rodríguez Brunengo).-	III.- A lo que cabe agregar que también le asiste razón al recurrente en su crítica dirigida a que la sentencia omitió valorar que la conducta observada por empleadora, de silencio, ante las intimaciones que le efectuara tanto el trabajador, como la ART, con apego a los art. 57, 62, 63, 79 de la LCT.-	IV.- Respecto a la queja referida a la arbitrariedad del fallo impugnado, considero oportuno dejar sentado que la arbitrariedad de los fallos ha sido desarrollado suficientemente por la doctrina de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en forma pretoriana admitió la admisión del recurso extraordinario más allá de los casos previstos en el art. 14 y siguientes de la Ley 48, para los casos de sentencias arbitrarias.-La arbitrariedad puede ser: a) referida al tema de la decisión cuando "se omiten resolver cuestiones propuestas o se resuelven cuestiones no planteadas"; b) referidas al fundamento de la decisión: b1) fundamento normativo: "Cuando el juez se arroga el papel de legislador y no se limita al orden jurídico; Cuando prescinde del texto legal sin dar razón alguna; cuando aplican normas no vigentes; y cuando el juez da fundamentos de excesiva amplitud en sustitución de normas positivas aplicables"; y b2) fundamento de hecho: "Cuando prescinde de prueba decisiva; cuando invoca prueba inexistente; o cuando se contradice abiertamente otras constancias de autos"; c) "Cuando la sentencia se funda en afirmaciones dogmáticas o fundamento aparente; cuando incurre en excesos formalistas o ritualistas o cuando son autocontradictorias" y d) referida a los efectos: "Cuando pretenden dejar sin efectos decisiones anteriores firmes".-	Como lógica derivación de las consideraciones precedentes, aplicada al sub-lite, por no haber aplicado el art. 18 del Dec 334/96, el que se encuentra vigente, y no ha sido declarado inconstitucional, la sentencia recurrida deviene en arbitraria.-	V.- En cuanto a las costas de la 1° instancia, atento la solución que propongo, se debe modificar la imposición de costas, imponiéndolas en su totalidad a la demandada vencida, modificando la regulación de honorarios de la siguiente manera: regular los honorarios de los apoderados de la parte actora, en doble carácter, y en forma conjunta, hasta la sentencia, en el veinticuatro por ciento y los de los apoderados de la parte demandada, en forma conjunta y en doble carácter, hasta la sentencia en el sesenta por ciento de los regulados a los apoderados de la actora ( art. 184, 185, 186, 187, 189, 194 y 190 de la Ley 2150),en ambos casos.-	VI.- Como colofón, voto por hacer lugar al recurso de apelación articulado por la parte actora a fs. 250, revocando la sentencia de grado anterior, y hacer lugar al reclamo contenido en la demanda, cuyo monto devengará, a partir de la fecha del accidente los intereses ( la tasa de interés activa fijada por el Banco de la Nación Argentina ), en atención a la doctrina que emerge del Acuerdo Plenario Nº 180.-	VII.- Las costas de la instancia se deben imponer a la demandada vencida ( art. 125 CPL), regulándose los honorarios del apoderados de la parte actora, en doble carácter y en forma conjunta, en el cincuenta por ciento ( 50%)de los regulados en la primera instancia.-	LOS DOCTORES DELFOR EDGARDO BENITEZ Y GUILLERMO BAIGORRÍ DIJERON: Que por compartir los fundamentos del voto del Vocal preopinante adhieren al mismo:

Por todo ello el Tribunal:

RESUELVE:

I) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 250, revocando en todas sus partes la sentencia de fs. 241/246 vta. y, en consecuencia, hacer lugar a la indemnización reclamada en la demanda, conforme a los considerandos precedentes, en concepto de indemnización por incapacidad parcial y permanente, prevista en el art. 14 de la ley 24577, modificado por el artículo sexto del decreto 1278/200, con más sus intereses, los que deben liquidarse desde la fecha del accidente y hasta su efectivo pago (tasa de interés activa del Banco de la Nación Argentina).-	II) Imponer las costas de la 1° Instancia en su totalidad a la demandada vencida, regulando los honorarios de los apoderados de la parte actora, en doble carácter, y en forma conjunta y en doble carácter en el veinticuatro por ciento (24%) y los de los apoderados de la parte demandada, en forma conjunta y en doble carácter, en el sesenta por ciento (70%) de los regulados a los apoderados de la actora ( art. 184, 185, 186, 187, 189, 194 y 190 de la Ley 2150),en ambos casos.- -	III) Imponer las costas de la 2° instancia a la demandada vencida, y regular los honorarios del apoderados de la parte actora, en doble carácter y en forma conjunta, en el cincuenta por ciento ( 50%)de los regulados en la primera instancia.-	IV) Protocolícese, agréguese copia a los autos y hágase saber.-	V) Oportunamente bajen los autos al juzgado de origen.