Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-09-09


TS07D41172 SENTENCIA DEFINITIVA Nº: 41172 CAUSA Nº: 544/05 - SALA VII - JUZGADO Nº: 73 En la ciudad de Buenos Aires, a los 9 días del mes de setiembre de 2.008, para dictar sentencia en estos autos: "LAZARTE, PAOLA KARINA y otros c/ SEFAMA S.A. y otro s/ Despido", se procede a votar en el siguiente orden: EL DOCTOR NÉSTOR MIGUEL RODRÍGUEZ BRUNENGO DIJO:

I.- La codemandada Lomito'n Argentina S.A. recurre disconforme con el fallo de primera instancia en el cual fue condenada en forma solidaria e ilimitada, por la falta de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales por parte de la firma Sefama S.A., titular de los contratos de trabajo de los actores reclamantes, ello en virtud de la aplicación de las normas de la Ley de Contrato de Trabajo. También recurre la representación y patrocinio letrado de la parte actora porque estima insuficientes sus honorarios.

II.- La recurrente se agravia por el hecho de que el Sr. juez de primera instancia extendió la condena en forma solidaria, a la recurrente.

Comparto la valoración efectuada por la "a quo", en el sentido de que la apelante debe responder solidaria e ilimitadamente, toda vez que la demandada ni siquiera exhibió en autos, mediante prueba documental idónea, el contrato de franquicia por el cual intenta atenuar su responsabilidad.

De esta forma, debo destacar que no se ha exhibido ninguna prueba acerca de cómo realizaban las operaciones comerciales entre las empresas demandadas, pues -en ausencia de exhibición del contrato aludido- no surge referencia alguna a quién, de qué forma, y cómo se plasmaba el suministro de la mercadería, o si sólo existía un compromiso de comercialización, si éste era o no atinente y exclusivo de los productos elaborados por el franquiciante, etc. (art. 377 y 386 del C.P.C.C.N.).

Para ello, corresponde señalar que la mera referencia abstracta a pruebas producidas en el expediente (en el caso, a declaraciones testimoniales acerca de las cuáles no se indican cuáles serían los dichos relevantes y en qué forma respaldarían su tesitura) es insuficiente como pretendida fundamentación crítica. El recurso debe bastarse a sí mismo (art. 116 de la L.O.).

Ante tal orfandad probatoria, la postura de la quejosa queda muy debilitada, y -a mi juicio- se torna estéril el argumento defensivo ensayado por el cual intentó demostrar cierta ajenidad, a partir de esa supuesta y presumida (lo destaco una vez más, no probada) "venta" de los productos al franquiciado (art. 386 del Código Procesal).

III.- Con relación a la figura contractual de la "franquicia" que con denodado esfuerzo la recurrente intenta oponer, enalteciéndolo como un elemento defensivo determinante, ya que -a su modo de ver- permitiría apartarse del principio general en materia de solidaridad, debo advertir que tal argumento per se no es un eximente de responsabilidad absoluto, dado que debe ser ponderado sobre el análisis de las pruebas y casuística de cada planteo; al respecto, este Tribunal ha expresado, mediante votación que he tenido la oportunidad de encabezar, que: "...no se trata de un empresario que suministra a otro un producto determinado, desligándose expresamente de su ulterior procesamiento, elaboración y distribución..." (como sostuvo nuestra Corte Suprema en el mentado fallo "Rodríguez..." Fallos 316:713) sino que la venta por terceros de los productos que ella elabora (y de los que se reserva también la posibilidad de "comercializar y distribuir") hace a su actividad propia y específica y al cumplimiento de ese objeto social para el cual fue creada (la franquiciante).... está entonces a la vista que ésta no se limita pura y exclusivamente a la fabricación de productos alimenticios sino que se concreta y nutre esencialmente con la comercialización de los mismos, sin los cuales -hasta parece obvio- no tendría ningún sentido producirlos (cfme. arg. art. 30 de la L.C.T.).

"Admitir lo contrario implicaría aceptar que un fraccionamiento artificial del ciclo comercial le permitiría a la apelante desentenderse de obligaciones que la legislación laboral y previsional ponían a su cargo (v. de esta Sala, en: "Escalante, Patricia Susana c/ Grupo Meflur S.A. y otro s/ Despido", S.D. 37.545 del 19.05.04)" (v. autos: "Pereyra, Liliana María Del Milagro C/ Arista, Marcelo Daniel Y Otro S/ Despido", S.D. 38.771 del 21.9.05).

IV.- En consecuencia, llega también firme a esta instancia, por falta de la mayor y absoluta omisión crítica al respecto, el juzgado hecho de que la actividad de Sefama S.A. no difiere de la desarrollada por Lomito'n Argentina S.A., y que ambas utilizan los mismos bienes personales, materiales e inmateriales (logo, know how, indumentaria, alimentos, forma de cocción, presentación, y hasta los mismos trabajadores), es decir que hacían uso común de los medios mencionados en el art. 5 de la L.C.T., por lo que es inevitable concluir que estamos en presencia de un conjunto económico en los términos previstos por el art. 31 de la L.C.T.

Destaco que, si bien el fraude a la ley es un recaudo esencial para que se configure la responsabilidad empresaria solidaria del art. 31 L.C.T., ello no significa que debe probarse el dolo del empleador o un propósito fraudulento del mismo, lo que constituiría una "diabolica probatio". No se requiere intención subjetiva de evasión de normas laborales, tuitivas del trabajador ni la demostración de una intención evasiva, basta que la conducta empresarial se traduzca en una sustracción a esas normas laborales (y este el caso de autos, con la falta de cumplimiento de los deberes que, como empleador, debió cumplir Sefama S.A.). El fraude queda así configurado, con intenciones o sin ellas (esta Sala, en: "Giussani, Juan Pablo c/ Importeca S.A. y otros s/ Despido", S.D. 40.039 del 17.4.07).

Por lo expuesto, propongo que se confirme el fallo recurrido íntegramente.

V.- Sobre la base de los trabajos efectivamente realizados por la representación letrada de la parte actora, opino que -por aplicación de los porcentajes regulados en su favor- sus honorarios son adecuadamente retributivos, por lo que propongo su confirmación (art. 38 de la ley 18.345 -modificada por ley 24.635-).

VI.- De tener adhesión mi voto, propicio que las costas de alzada sean soportadas por su orden ante la ausencia de réplica (art. 68 2da. parte del C.P.C.C.N.), y que se regulen los honorarios de esta instancia en el 25% de lo ya determinado, en favor de la representación y patrocinio letrado de la codemandada Lomito'n Argentina S.A., por su actuación en la instancia anterior (art. 14 ley 21.839 -modificada por ley 24.432-). LA DOCTORA ESTELA MILAGROS FERREIRÓS DIJO:

Por compartir sus fundamentos, adhiero al voto que antecede. EL DOCTOR JUAN CARLOS EUGENIO MORANDO: No vota (art. 125 de la ley 18.345). Por lo que resulta del precedente acuerdo el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar el fallo recurrido. 2) Confirmar también los honorarios fijados en grado a favor de la representación y patrocinio letrado de la parte actora. 3) Imponer las costas de alzada a la codemandada Lomiton'n Arentina S.A. 4) Fijar los emolumentos de alzada en el 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) de lo fijado, en favor de la representación y patrocinio letrado de la codemandada Lomito'n Argentina S.A., por su actuación en primera instancia.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.