Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-28


Causa N° 459-01-CC/2005 Recurso de inconstitucionalidad en autos: Sanchez, Ruben Gerardo s/ inf. art. 189 bis, CP.

///n la ciudad de Buenos Aires, a los 28 días del mes de abril de 2006, se reúnen los miembros de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, a efectos de resolver el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Sr. Fiscal de Cámara a fs. 139/153, contra la sentencia dictada por esta Sala, obrante a fs. 126/129 vta. de la presente, de la que, RESULTA:

I.- Que a fs. 126/129 vta. obra copia de la sentencia dictada por esta Sala, con fecha 9 de marzo de 2005, por la que se revoca lo resuelto por la Sra. Juez a quo, en cuanto rechazó el pedido de suspensión de juicio a prueba solicitado por la defensa.

II.-Que a fs. 139/153, el Sr. Fiscal de Cámara interpone recurso de inconstitucionalidad contra la decisión mencionada supra. Al respecto, menciona que la resolución recurrida se trata de una sentencia definitiva, emitida por el tribunal superior de la causa; circunstancia que, de conformidad con jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que cita en su escrito, le impide la tutela de sus derechos en un pronunciamiento posterior y ante otro órgano. De este modo, con cita del precedente Di Nunzio de la C.S.J.N. entiende que corresponde la intervención del Tribunal Superior de Justicia en virtud de lo normado por el art. 27 de la ley 402.

Entiende que se encuentran reunidos los requisitos de admisibilidad de la vía intentada, señalando que el recurso se interpuso ante la Cámara, por escrito y con su pertinente fundamentación, dentro del plazo previsto en el art. 28 de la ley 402.

En cuanto a la impugnabilidad subjetiva, refiere que si bien no desconoce la doctrina del Tribunal Superior de Justicia, la legitimación del Ministerio Público que representa surge de los arts. 120 CN y 125 de la CCBA. Además, considera que se encuentra legitimado para interponer el recurso de inconstitucionalidad, dado que el art. 28 de la ley 402 no prescribe límite alguno al recurso y en todo momento alude a las partes. Así, alega que no se presenta óbice alguno para que el Fiscal tenga legitimación activa en el recurso de inconstitucionalidad por cuanto aquí se trata de un recurso extraordinario de casación constitucional Asimismo, estima -con cita de jurisprudencia- que las limitaciones al recurso impuestas por el art. 61 de la ley 12 no resultan aplicables al presente juicio de admisibilidad, debiéndose admitir la legitimidad procesal de la parte que representa en tanto se encuentran en juego las atribuciones de los jueces y de los fiscales en el proceso contravencional diseñado por las normas locales. Por otra parte, entiende que la cuestión federal suficiente (art. 14, ley 48) no puede ser cercenada por reglamentaciones de carácter local, so pena de invertir el principio de jerarquía de las leyes del art. 31 de la CN.

Como agravios concretos sostiene que: a) la decisión impugnada resulta arbitraria por prescindir del texto legal, incurriendo en un caso de exceso ritual manifiesto respecto de la interpretación del art. 76 bis, CP; b) la sentencia recurrida desconoce los derechos establecidos en los arts. 120, 18 y 75 inc. 22 CN; arts. 10, 11, 13 inc. 3 y 125 de la CCBA; art. 61 de la ley 12; art. 28 de la ley 402 y 1 de la ley 21; c) la resolución de esta Alzada le irroga un gravamen actual e irreparable, pues genera un perjuicio al interés general (art. 125 de la CCBA y art. 1, ley 21); d) esta Cámara interpreta subjetiva y equivocadamente el alcance del art. 76 bis, CP, cercenando garantías constitucionales (art. 18 CN y arts. 10 y 13 de la CCBA) y; e) la sentencia dictada por esta Sala se sustenta en afirmaciones dogmáticas e incurre en autocontradicciones.

III.- Que a fs. 158/160 vta., el Sr. Defensor Oficial, entiende que corresponde declarar inadmisible el recurso impetrado por el representante del Ministerio Público Fiscal.

En primer lugar, entiende que el remedio procesal intentado por la Fiscalía deviene inadmisible. Al respecto, refiere que el art. 61, inc. 1º LPC es claro en admitir el recurso fiscal sólo contra la sentencia absolutoria y que la lectura de la ley 402, que es posterior a las leyes 1287 y 1330, no puede desvincularse de los recursos que cada código adjetivo prevé para cada tipo de materia legislativa. Además, destaca que el derecho al recurso, a partir de la constitucionalización de diversos pactos y tratados de derechos humanos (art. 75, inc. 22, CN) es un derecho del imputado y no del Ministerio Público Fiscal.

En segundo término, indica que pretender extender las facultades del Fiscal más allá de lo que la ley permite, implicaría una clara afectación al principio de legalidad.

Por otra parte, considera que los agravios introducidos por el Ministerio Público Fiscal no han sido correctamente explicados y que sólo consisten en una mera enunciación abstracta de los principios, derechos y garantías que habrían sido lesionados por la sentencia recurrida.

Finalmente, afirma que el recurso intentado carece de una debida motivación, por cuanto de la lectura del escrito de fs. 139/153 resulta imposible saber cuáles son las cuestiones concretas planteadas por el recurrente, sobre la base de qué normas y precedentes jurisprudenciales aplicables al caso y, en definitiva, cuál es la cuestión constitucional en juego. Ello, más allá de destacar la seria confusión generada por la forma en que el recurso fue presentado, con numerosos problemas de redacción y mezcla de hojas y párrafos.

IV.-Que a fs. 161 pasan los autos a resolver, siendo la cuestión a dilucidar si el recurso de inconstitucionalidad interpuesto debe ser considerado admisible.

ADMISIBILIDAD DEL RECURSO:

En primer término, con respecto al juicio de admisibilidad del recurso de inconstitucionalidad, cabe mencionar, tal como lo ha establecido el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, que corresponde a esta Alzada constatar que el mismo cumpla con los recaudos formales establecidos en la ley para su procedencia y que se encuentre fundado en agravios constitucionales reales y no aparentes..., diferenciando si se trata de una concreta impugnación constitucional del fallo o de la invocación genérica de preceptos o reiteración de argumentos previamente tratados (expte. nº 2212, del Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Contravencional nº 1- s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Feng Chen Chi s/art. 40 CC- Apelación, rto. el 11/6/03).

Así, el recurso debe ser concedido si ha sido interpuesto en la forma y término prescriptos, por quien puede recurrir y si la resolución impugnada da lugar a él. Éstos son los aspectos sobre los que debe recaer aquel examen...en consecuencia, se debe verificar si concurren los siguientes elementos: a) la existencia de un derecho impugnaticio, para lo cual es necesario que la ley otorgue la posibilidad de recurrir...una resolución determinada -impugnabilidad objetiva- y que el sujeto esté legitimado para impugnar por tener un interés jurídico en la impugnación y capacidad legal para interponerla con relación al gravamen que la resolución le ocasiona -impugnabilidad subjetiva- y b) la concurrencia de los requisitos formales de modo, lugar y tiempo que deben rodear a la interposición del recurso como acto procesal (Tribunal Superior de Justicia, expte. nº 38/99, Benegas, Miguel M. s/ recurso de queja, rto. el 11/8/99) A partir de lo expuesto, es dable mencionar que si bien el recurso ha sido presentado por escrito y en debido tiempo, no ha sido interpuesto por quien se encuentra legitimado para hacerlo, dado que el art. 61, inc. 3º LPC no concede al representante del Ministerio Público Fiscal posibilidad alguna de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia a través de la vía intentada en perjuicio del imputado.

En efecto, dicha normativa, al igual que el art. 53, LPC sólo faculta al imputado a interponer contra la sentencia definitiva los recursos previstos en los incisos cuarto y quinto del art. 26 de la ley Orgánica del Poder Judicial, entre los que se encuentra, justamente, el recurso de inconstitucionalidad, en todos aquellos casos que versen sobre la interpretación o aplicación de normas contenidas en la Constitución Nacional o en la Ciudad. En consecuencia, la vía recursiva para acceder al máximo Tribunal local se encuentra acotada para la parte acusadora.

Tampoco puede sostenerse, como pretende el Sr. Fiscal de Cámara, que se encuentre legitimado para interponer el recurso de inconstitucionalidad, dado que el art. 28 de la ley 402 no prescribe límite alguno al recurso y en todo momento alude a las partes; máxime cuando su pretensión consistió en interponer un recurso extraordinario de casación constitucional.

Al respecto, cabe destacar que si bien nuestro máximo Tribunal local, in re Benegas, Miguel M., ha establecido que el recurso contemplado en el inc. 4º del art. 26 de la ley 7 comprende tanto un recurso de inconstitucionalidad stricto sensu, -orientado a obtener la declaración de inconstitucionalidad de una norma-, como un recurso de casación constitucional, -destinado a impugnar la forma en que el tribunal a quo interpreta o aplica un determinado precepto constitucional-, no puede interpretarse que aunque los arts. 27 y 28 de la ley 402 nada digan acerca de la parte que puede acceder al Tribunal Superior de Justicia por vía del remedio procesal en cuestión, pueda hacerlo el Fiscal.

Sobre el punto, corresponde efectuar dos consideraciones. En primer lugar, el art. 61 inc. 3º, incorporado a la LPC en virtud de la ley 1287 (BOCBA del 27/4/04) y modificado posteriormente -sólo en cuanto al plazo de interposición del recurso- por la ley 1330 (BOCBA del 18/6/04), únicamente faculta al imputado a interponer los remedios procesales previstos en los incs. 4º y 5º del art. 26 la ley 7; dichas normas son posteriores a la ley 402 (BOCBA del 17/7/00).

En segundo término, es de hacer notar que al ser analizada la cuestión con relación al alcance del art. 53 LPC, -cuya redacción resulta idéntica al inc. 3º del art. 61 ya citado, a excepción del plazo y a la persona del recurrente, dado que alude al contraventor-, que regía con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 402, el Tribunal Superior de Justicia sostuvo que la derogación implícita producida por el dictado de la ley 402 afectaba los aspectos generales del recurso que contenía ley 12 (vgr. el plazo para interponer el recurso, que la última normativa fijó en 10 días), pero ello no significaba que el texto referido al recurso de inconstitucionalidad de la ley 402 (que no señala claramente al recurrente) autorizara a la bilateralidad del recurso, debiendo regir, como principio hermenéutico, el criterio consistente en que lo particular se impone sobre lo general. De este modo, se estableció que la ley 402 es una norma procesal general que regula las pautas a las que deben ceñirse los distintos procedimientos ante el Tribunal Superior de Justicia. En supuestos en los que no existía reglamentaci ón legal previa establece cuáles son los sujetos legitimados para la interposición; pero no adopta similar temperamento en materia de recurso de inconstitucionalidad, pues en ese caso, la regulación se encuentra establecida por las normas que fijan los procedimientos a observar en cada área en la que aquél puede plantearse. (expte. nº 1560, Ministerio Público -Fiscalía ante la Cámara de apelaciones en lo Contravencional- s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Prodan, Eduardo Emilio s/ art. 38 CC, rto. el 16/7/02).

Por otra parte, las distintas posiciones expuestas por el alto Tribunal local al resolver la causa nº 339/00 Pariasca, Lucio Léon Eloy, s/ art. 47 s/ recurso de queja por denegación de recurso de inconstitucionalidad de fecha 5/0/00, que fue expresamente citado por el Sr. Fiscal de Cámara, no pueden incidir en la presente, dado que allí el Ministerio Público Fiscal recurrió en favor del condenado; circunstancia que no se verifica en el caso de autos.

Asimismo, el hecho de que la parte acusadora no pueda acceder al Tribunal Superior de Justicia a través del recurso de inconstitucionalidad no es óbice para el ejercicio de su ministerio; máxime cuando las limitaciones recursivas de la parte acusadora resultan constitucionales (CSJN, Fallos 320:2145).

En efecto, más allá de los múltiples defectos que adolece la presentación del Sr. Fiscal de Cámara, con serios problemas de redacción, citas incompletas, repetición de párrafos y varias páginas sin la continuidad lógica que debe acompañar a todos los escritos judiciales, no logra explicar correctamente el agravio constitucional que habilitaría la competencia del máximo Tribunal local.

En este orden de ideas, se ha dicho que la referencia ritual a derechos constitucionales, si no se acredita precisa y fundadamente su cercenamiento, es insuficiente, ya que si bastara la simple invocación de un derecho o garantía de raigambre constitucional este Tribunal se vería convertido, de ordinario, en tercera instancia obligada de todos los pronunciamientos dictados por el Poder Judicial de la Ciudad (TSJ, Expte. N° 131/99 Carrefour Argentina S.A. s/ recurso de queja, rta. el 23/02/2000).

Como se advierte, el Sr. Fiscal de Cámara alega reiteradamente que la sentencia dictada por esta Sala resulta arbitraria y desconoce los derechos establecidos en los arts. 120, 18 y 75 inc. 22 CN; arts. 10, 11, 13 inc. 3 y 125 de la CCBA; art. 61 de la ley 12; art. 28 de la ley 402 y 1 de la ley 21. Sin embargo, no explica cómo la decisión cuestionada lesiona dichos principios y derechos, requisito indispensable para determinar si los actos cuestionados resultan contrarios a ellos o los vulneran (TSJ, expte. Nº 2940/04 Ministerio Público -Defensora Oficial en lo Contravencional nº 6- s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Salvador, Ana María s/ art. 38 CC- apelación, del 16/6/2004), como así tampoco en qué se sustenta la cuestión federal suficiente que amerite la apertura del remedio procesal intentado.

Por todo ello, el Tribunal, RESUELVE:

I.-Declarar inadmisible el recurso de inconstitucionalidad impetrado por el Sr. Fiscal de Cámara a fs. 139/153 de la presente (arts. 27 y 28, Ley Nº 402).

Regístrese, notifíquese con carácter de urgente y remítase al Juzgado de Primera Instancia a sus efectos.

Ante mí:

Nota: se deja constancia que el Dr. José Saez Capel no firma la presente por encontrarse en uso de licencia. Buenos Aires, 28 de abril de 2006.