marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Concursos, privilegios (comercial), costas, crédito laboral
Materia: COMERCIAL - LABORAL
Carátula: LA RAZON  S.A.   E.E.F.I.C.A. s/ CONCURSO  PREVENTIVO  S/  INCIDENTE  DE  VERIFICACION DE CRED. SINGER
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-12

La irrenunciabilidad de las prelaciones laborales, consagrada inicialmente en la ley 11719: 33, luego en la LC: 50 y posteriormente en el art.268 de la legislación laboral. Tiene en mira la tutela del acreedor que en la relación se supone padece la situación más débil; mas no ocurre lo mismo respecto del profesional llamado al juicio incoado en sede laboral, por no darse el supuesto indicado y, obviamente no ser el trabajador.

De manera que aún siendo tal acreencia accesoria de un crédito de origen laboral, no procede postular la irrenunciabilidad del privilegio que le accede, siendo menester su concreta y tempestiva invocación: el hecho de que esos créditos -costas judiciales- sean considerados como privilegiados por extensión, no les confiere "per se" el carácter de laborales a los fines de su irrenunciabilidad.

(En el caso el incidentista reclamó privilegio general, cuando ya la litis estaba sustanciada y los traslados al escrito inaugural respondidos).
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestión de derecho común, sentencia arbitraria, comodato, juicio de desalojo
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - CIVIL
Carátula: Jockey Club c/ Club Social y Deportivo de Empleados del Jockey Club. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-07-02

Es inadmisible el recurso extraordinario contra la decisión que rechazó el desalojo de un predio cedido en comodato, efectuando uno de los análisis posibles dentro del marco de discrecionalidad que le es dado a la instancia.
Instrumentos públicos, valor probatorio
Materia: PROCESAL
Carátula: SOSA, OSVALDO c/ COMPAÑIA ARGENTINA DE ELEVADORES, RECEPCIONES Y EMBARQUES SA s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - COBRO DE AUSTRALES (CSJ EXPTE N  344-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-12-06

Las actuaciones judiciales hacen también plena prueba entre las partes, en cuanto a la verdad o realidad de lo que ellas declararon en el documento, tanto en lo dispositivo como en las enunciaciones que tengan relación directa con aquello y lo mismo a favor de terceros. Pero contra éstos, el instrumento público, debe ser apreciado por el juez conforme a las reglas de la sana crítica, teniendo en cuenta las circunstancias y demás pruebas que formen su convencimiento considerando, además, que las simples declaraciones vertidas por las partes en el documento tienen, frente a los terceros, la calidad de testimonios y por lo tanto deben ser ratificadas con las formalidades establecidas para la prueba de testigos y apreciadas por el sentenciante en la misma forma que ésta .
Recurso de apelación (procesal), agravio concreto, delitos contra la integridad sexual, Derecho penal, sujetos del proceso penal, sentencia interlocutoria
Materia: PENAL
Carátula: ILLESCA, VANINA GUADALUPE  - FLORES, ROSA ISABEL c/ FLORES, DANIEL ARMANDO s/ A CARATULAR
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-02-07

El acto jurisdiccional es un acto de razón, no de fe. No puede tener basamento en la mera creencia de lo que dice la supuesta víctima. Ello resulta importante precisar para definir acabadamente la conducta del imputado.
Homicidio calificado, arma de fuego, insuficiencia del agravio, juicio por jurados populares, prueba de cargo
Materia: PENAL
Carátula: ESPINOZA LUIS ALBERTO S/ HOMICIDIO AGRAVADO POR EL EMPLEO DE ARMA DE FUEGO c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2021-02-02

Del visionado del juicio y su confronte con los presuntos déficits argumentativos del tribunal revisor referidos por los letrados defensores, no se aprecia que los jurados hubieren emitido un veredicto contrario a la prueba rendida ante ellos. Tampoco, que se hubieran efectuado afirmaciones dogmáticas por parte del órgano revisor. Por el contrario, el jurado popular contó con prueba de cargo suficiente que le permitió superar la duda razonable y emitir un veredicto de culpabilidad. En suma, la posición mayoritaria del jurado popular y la respuesta dada por el Tribunal de Impugnación (conforme a la cual descartó que se hubieren apartado de la prueba que dicho jurado evaluó en condiciones óptimas de inmediación), se ajustan a las circunstancias concretas y particulares del caso. De las anteriores consideraciones se puede concluir que no se verifica la alegada arbitrariedad de sentencia, y por lo tanto el carril por el que incardina su agravio -el recurrente- deviene inadmisible (artículo 248 inciso 2, a contrario sensu, del CPPN).
Funcionarios públicos, infracciones en el desempeño del cargo
Materia: PENAL
Carátula: Mosqueda, Juan Eduardo y Otros s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-04-09

Los delitos de privaciones ilegales de la libertad agravadas, tormentos agravados y homicidios calificados cometidos por un funcionario público constituyen un hecho funcionarial, no como hecho que reclama la intervención de un funcionario sino como hecho de infracción a la institución funcionarial, sin que ello signifique cualificar especialmente un hecho que hubiere podido ser cometido por un particular transformándolo en una especie de los denominados delicta propia. (del voto del Dr. Juan Carlos Gemignani)
Concursos, reglas procesales, aplicación de la ley, principios procesales, resoluciones inapelables, resoluciones judiciales, quiebra, conclusión de la quiebra
Materia: COMERCIAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Amador, Irma c/  s/ quiebra
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-02-11

Procede hacer lugar a la apelación, por cuanto la resolución que dispone la conclusión de la quiebra en los términos de la LCQ 228 es susceptible de ser revisada por vía de apelación, en tanto escapa de la regla de inapelabilidad establecida en la LCQ 273-3°. Esa regla tiene por objeto evitar dilaciones en un proceso, pero si la resolución no hace a la vida del proceso sino a su extinción, la regla no tiene, en principio, justificativo (SCJ de Mendoza, en autos "Basile y Pino SH y otros", del 20/08/02; citado por Rivera - Roitman - Vítolo, "Ley de concursos y quiebras", T. III, pág. 643, edit. Rubinzal Culzoni).
Estado, régimen de consolidación de deudas, liquidación judicial
Materia: PROCESAL
Carátula: Peralta, Emma Libertad Elía de c/ Municipalidad de Santa Fe s/ Recurso Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción (EXPTE CSJ  Nº 300-87)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-02-15

Una liquidación tiene por objeto determinar la suma que el deudor debe pagarle al acreedor con arreglo a lo resuelto en la sentencia definitiva del juicio y, en definitiva, al ordenamiento jurídico aplicable; por lo que juzgar sobre la aprobación o no de una planilla en nada puede contradecir las normas legales que informan el instituto de la consolidación de deudas, que están destinadas a operar en la etapa de ejecución del crédito, pudiendo, eventualmente, modificar exclusivamente el cómo y el cuándo de la ejecución, más no el quántum crédito.
Pena, agravantes de la pena, armas, homicidio
Materia: PENAL
Carátula: S. Y., J. C.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-05-06

La mera referencia a la modalidad y a las consecuencias de los hechos objeto de condena, sin mayor explicación del significado de tales aspectos, lleva a suponer que se está valorando doblemente un componente constitutivo del tipo penal atribuido, en contravención directa al principio ne bis in idem. (Del voto en disidencia parcial de la Dra. Ledesma) (Sumario confeccionado por el SAIJ)
Delito culposo, responsabilidad concurrente, accidente de tránsito
Materia: PENAL
Carátula: PIERMARIA, Roberto Jorge s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-03-23

A diferencia del fuero civil, es axioma en el penal la no compensación o concurrencia de culpas, salvo en lo que pudiere incidir en la dosificación de la pena. La imputación penal culposa es personal y solo exige que el autor haya obrado con culpa y la culpa ajena no tiene el efecto de borrar la propia.-
Local comercial, robo, obligación de seguridad
Materia: CIVIL
Carátula: DIEZ, MARCELO RAUL c/ ESCOBAR SANTA FE S.A.C.I.F.I. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-03-20

En lo que hace al hecho de un tercero ajeno invocado por la demandada como eximente de responsabilidad, la Alzada entendió que, más allá de que nada ni nadie la obliga a contratar un servicio de seguridad, ello nada tiene que ver con sus deberes frente a los usuarios o consumidores que ingresan a sus instalaciones, toda vez que el hecho que motivó los presentes actuados -robo a mano armada perpetrado a un cliente- era previsible teniendo en cuenta la magnitud de la empresa, la importancia de los bienes existentes en sus instalaciones, el funcionamiento de una caja y la habitual afluencia de gente que circula por el lugar, a lo que debía sumarse el notable crecimiento de los índices de delito que la propia recurrente reconoció.
Educación, docentes, nacionalidad
Materia: LABORAL-ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Asociación por los Derechos Civiles (ADC) c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-31

La educación pública constituye un servicio que se presta desde el Estado, destinado a la formación integral de los educandos. Por su índole y relevancia en la socialización primaria de los individuos que componen la población infanto-juvenil del país, puede afirmarse que los gobiernos locales y el nacional tienen especial interés en establecer una determinada política pública en la materia, así como en determinar quiénes, con qué condiciones y bajo qué modalidades serán los encargados de llevarla adelante con estricta sujeción a los fines que se propone.
Rectificación de documento, título del automotor, competencia por el territorio
Materia: CIVIL
Carátula: P. V. M. s/ Apel. De Res. Denegat. Del Registro Prop. Autom
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-06-30

El recurso judicial directo persigue la rectificación del título de propiedad automotor expedido por el encargado del Registro Seccional, que contiene la declaración del órgano administrativo con efectos jurídicos directos e individuales para el interesado en la inscripción del automotor. Tal circunstancia torna aplicable a la especie el criterio sustentado por la Corte Suprema en la causa "Flotta Verónica Agustina" -sentencia del 5.10.10- y descarta la aplicación del precedente "Gandaria" -del 13.9.11-. En éste último caso, en el que también tuvo intervención la Sala, no constaba la expedición del título con la mentada restricción con lo cual la impugnación judicial de la parte se dirigía únicamente en contra el certificado de importación expedido por un órgano de la DNRPA. De modo tal que por aplicación del art. 37 del Régimen Jurídico del Automotor, que establece que las decisiones de los encargados de registro deben ser recurridas ante la Cámara Federal de Apelaciones con competencia territorial en el lugar donde tenga su asiento el registro sección, corresponde que el recurso sea tratado por la Cámara Federal de Mendoza.
Administración Pública, acción vindicatoria
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Aldrian, Juan Carlos c/ Cadaveira  de  Polognese,  Ida; Bielaszczuk  de  Urquiza,  Raquel  y Bellini, Ivana s/ CALUMNIAS E INJURIAS S/ CASACIóN.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1990-05-17

El art. 56 de la Constitución Provincial -acción vindicatoria, beneficio de litigar sin gastos-, resulta aplicable sólo a aquellos que pertenecen a los cuadros activos de la Administración Pública al momento de promover la acción vindicatoria.
Empleados de banco, estabilidad impropia, constitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: SEN, MARIA c/ BANCO CONTINENTAL SA. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-05-16

La ley 22425, en cuanto constituye el cambio de un sistema de estabilidad impropia por otro de igual caracter (ley 12637, modificada por la ley 18598) no es inconstitucional, toda vez que nadie tiene derecho adquirido al mantenimiento de leyes o reglamentos, ni a la inalterabilidad de los mismos (conforme fallos:

267:247; 268:228) (del dictamen del PGT. Al que adhiere la sala).
Robo simple, consumación del delito, disposición de la cosa
Materia: PENAL
Carátula: Ganduglia, Ricardo y otro s/ Robo Simple
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-14

No puede considerarse consumado el delito de robo sólo por la circunstancia de que el damnificado haya perdido de vista al delincuente, pues para que se cumpla el delito perfecto, la disponibilidad de la cosa debe ser real y no ficta, situación que no se da cuando aquél es apresado en las cercanías, a los pocos minutos de ocurrido el hecho, ejerciendo así sólo un señorío efímero debido a la inmediatez de la detención.
Remuneración, convenios colectivos de trabajo, escala salarial, negociación colectiva, acta acuerdo, homologación del convenio colectivo, contrato de trabajo a prueba, despido, indemnización sustitutiva de preaviso, multa
Materia: LABORAL
Carátula: Matus, Cristian David. c/ Segumar S.R.L. s/ Despido directo por otras causales.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2009-02-10

Resulta correcta la aplicación de las escalas salariales fijadas en el Anexo A del Acta de Acuerdo Salarial y ratificación del CCT 421/05, en orden a la remuneración a tomar en cuenta para el cálculo de las indemnizaciones debidas al trabajador pues, aún cuando de la prueba informativa solicitada por el demandado a la autoridad de aplicación no surja individualizado el número del año y fecha de la resolución homologatoria del instrumento convencional, de la copia remitida por el organismo se evidencia que las nuevas escalas salariales fueron establecidas a partir de los meses de agosto y octubre de 2.006 , de lo cual es posible concluir que, a la fecha que se originara la relación laboral, se habría operado la homologación tácita prevista por el artículo 6 de la ley 23.546.
Querellante, principios procesales, recusación por amistad, recurso de apelación (procesal), escritos judiciales, cuestión abstracta, amicus curiae
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: "REC. DE QUEJA....DR. RECALDE". s/ .
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-11-23

La figura de amicus curiae,en su recepción jurisprudencial (C.C.C. Fed. c. 761 "HECHOS OCURRIDOS...." del 18.5.95 (entre otros antecedentes) o legal (Leyes 24.488 y 25.875) y reglamentaria (C.S.J.N. Ac. 28/04), hace referencia al aporte de una opinión de trascendencia por parte de un tercero ajeno que acredite, amén de un interés inequívoco válido y genuino, reconocida competencia o especialización en el tema a decidir, que ha de ser, además, de interés público. Así las cosas, es evidente que la calidad de "amigo de tribunal" no es asimilable a la de querellante, (el principio de "igualdad de armas" no lo permitiría, v. C.C.C. Fed. Sala II "INCID. DE APEL...SIMON").

Asi, no basta "la relevancia pública altísima" de un hecho determinado y que haya "...conmovido a la sociedad toda y ha afectado en gran forma la imagen de la República Argentina ..." como para constituir como tal a una asociación gremial de empleados judiciales y menos aún cuando el tema a decidir e introducido por el peticionante versa sobre el apartamiento del juez. Además, aún cuando le fuera reconocida la legitimación reclamada, no se le extienden los derechos procesales de los que sí gozan las partes no se le otorgan a sus opiniones un carácter vinculante.Siendo así y careciendo el peticionante de la calidad exigida, corresponde declarar abstracto el recurso de queja deducido contra el auto que ordena la devolución del escrito por la que se solicita el apartamiento del juez.
Resoluciones judiciales, decreto judicial, llamamiento de autos, notificación por cédula
Materia: PROCESAL
Carátula: Romero, Rosa Silvestre s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1994-09-13

Si tenemos presente que con el decreto de llamado de autos a despacho para resolver se cierra una etapa del proceso con la cual concluye la actividad de las partes -sin que ello implique el detenimiento de la causa- puesto que sigue la del juzgador para elaborar su sentencia, cualquier modificación que se disponga, corresponde sea notificada a las partes mediante cédula y no en la oficina, dado la gravedad de la alteración en el estado de la causa.
Daños y perjuicios, accidente de tránsito, indemnización, daño moral, menores, responsabilidad del conductor, vehículo embistente, incapacidad parcial, incapacidad permanente
Materia: CIVIL
Carátula: GOMEZ, MONICA c/ BELA, ALBERTO s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-11-20

La indemnización por daño moral de un menor accidentado deberá fijarse en la suma de $5.000, en consideración no sólo a la atribución total de responsabilidad a la parte embisten, sino también a las circunstancias en que tuvo lugar el accidente -en una noche cerrada, a las 0,20 hs., mientras arreciaba una lluvia torrencial-, la edad de la víctima -9 años-, el hecho de haberse hallado solo en la emergencia y las repercusiones de las consecuencias del hecho en sus sentimientos mas íntimos y sus afecciones legítimas -incapacidad parcial y permanente del 17% de la capacidad total-. Correspondiendo fijar la suma de $3.000 como indemnización por daño moral de la madre del menor. (En el caso, el accidente se produjo el 1.1.92).
Caducidad de la personalidad política, derechos adquiridos
Materia: POLITICO-PROCESAL
Carátula: GEN - Generación para un Encuentro s/ solicita  reconocimiento -Capital Federal-(art. 50 inc. e) de la ley 23.298)-Incidente de caducidad en autos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-04-23

La exigencia prevista en el artículo 50 inc. e de la ley 23.298 respecto de la afiliación mínima que debe mantener un partido político, no vulnera los derechos adquiridos de la agrupación política, pues la personería política no constituye un derecho adquirido, a la vez que su reconocimiento tampoco otorga derechos irrevocables.
Recurso de apelación (procesal), resoluciones inapelables
Materia: PROCESAL
Carátula: Re, Héctor E. c/ Sadeldin, Claudio R. s/ Beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-16

Dado el carácter sumario del trámite del beneficio de litigar sin gastos, no son susceptibles de recurso de apelación más resoluciones que las apelables conforme el art. 476 del Código Procesal. Y esta norma, en lo que hace a las resoluciones sobre producción, denegación y sustanciación de pruebas, remite al art. 379, que las declara inapelables.
Accidente de tránsito, prescripción, cómputo del plazo, acción civil, proceso penal
Materia: CIVIL
Carátula: ZUCCA, Virgilio H. y RENZI, Ricardo c/ DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-06

La acción por resarcimiento de los daños derivados de un hecho ilícito corre desde el día en que se produjo, aunque se ejerza el proceso penal, puesto que la circunstancia de que el mismo haya dado origen a un juicio criminal no influye sobre el cómputo de la prescripción y no resulta necesario que haya recaído sentencia en éste para iniciar la acción civil.
Filiación, reconocimiento de hijo extramatrimonial, allanamiento
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: P., M.A. s/ Filiación extramatrimonial
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-08-04

Cuando la acción se ha promovido por el hijo póstumo, menor de edad, contra los sucesores también menores, del fallecido padre alegado, el allanamiento de los demandados no puede adquirir los alcances de un reconocimiento de paternidad, pues éste es un acto personalísimo del propio progenitor. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Incidentes, costas
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Larrarte Hnos. Soc. de Hecho y otros s/ Concurso Preventivo-Inc. de Revisión prom. por Velazco, H.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2000-02-21

Dado que el incidente de revisión es de naturaleza concursal, el principio de vencimiento debe ser interpretado interrelacionado con lo dispuesto en materia de costas para las distintas etapas del proceso verificatorio. Así las cosas, cuando la verificación es tempestiva, tal procedimiento es sin costas al acreedor verificante, mas cuando la verificación del crédito se produce a través del posterior incidente de revisión, el verificante debe cargar con las costas por haber sido el causante de un nuevo desgaste jurisdicción, máxime cuando -como en el caso de autos- el recurso de revisión se produjo porque los incidentistas no aportaron en tiempo oportuno las pruebas necesarias para acreditar la obligación de verificar.
Conciliación, acción penal
Materia: PENAL
Carátula: Mancini, Fernando Ariel c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-12-10

De ningún modo constituye un requisito normativo contar con el consentimiento de la fiscalía para conciliar un caso. La situación particular de la persona imputada carece de vinculación con el instituto de la conciliación, y en todo caso, es el o la titular de la acción penal pública quien debe dar cuenta de las razones por las cuales las inconductas del pasado de la persona imputada repercuten en detrimento de la solución alternativa al conflicto (voto del juez Sarrabayrouse).
Crédito previsional, juicio de apremio, costas, honorarios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: RISSO PATRON, MARTIN JOSE MARIA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ INCIDENTE DE APREMIO. RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA   JURISDICCION (CSJ EXPTE Nº 136-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-11-03

No son óbice para la procedencia del presente apremio, las disposiciones de las leyes 10798, 10799 relativas a la ejecución de créditos provenientes de reajuste de haberes previsionales, siendo que en autos principales, por sentencia definitiva, esta Corte condenó a la demandada al pago de las diferencias resultantes del haber jubilatorio del actor. En consecuencia, la ejecución de las costas devengadas en juicios por idénticas materias, está excluida del régimen suspensivo (inciso 10, artículo 18, ley 10798), correspondiendo llevar adelante la ejecución hasta el cobro del monto íntegro reclamado en concepto de honorarios profesionales y aportes de ley.