Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-22


CAUSA N° 12646-01/CC/2006, Caratulada "Incidente de Apelación en autos Xu Yin Hua s/infr. Art. 73 ley 1472 (art. 29 LPC)".

En la Ciudad de Buenos Aires a los 22 días del mes de mayo de 2006 se reúnen en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Silvina Manes, Jorge A. Franza y Marta Paz, para resolver la presente causa.

Y VISTOS:

1º) Motiva la intervención de este estrado el recurso de apelación interpuesto por Xu Yin Hua con el patrocinio letrado de la María Soledad Baigorrotegui a fs. 1/2 del presente incidente contra la resolución glosada a fs.144/5 en cuanto dispone la clausura preventiva -art. 29 L.P.C.- del establecimiento sito en la calle Pumacahua nº 1408/1410, de esta ciudad, hasta tanto desaparezcan las causales que dieron origen a estos actuados - Escuchada en esta sede la Sra. Fiscal de Cámara solicita que se declare inadmisible el recurso interpuesto por extemporáneo, por falta de agravio y/o por falta de fundamentación adecuada, conforme a los argumentos que expone en el dictamen de fs. 181/2.

Cumplidos los plazos procesales pertinentes se encuentran las actuaciones en estado de ser resueltas.

Y CONSIDERANDO:

PRIMERA CUESTION 2º) La apelación fue interpuesta por quien tiene derecho a hacerlo, en tiempo oportuno, por escrito fundado, ante el Magistrado que dictó el auto criticado, el cual es de aquéllos cuya recurribilidad se encuentra expresamente prevista por la ley (art. 29 LPC).

En efecto, el recurso de apelación en subsidio fue interpuesto por escrito (fs.1/2), por la María Soledad Baigorrotegui, letrada patrocinante de la Sra. Xu Yin Hua, con fecha 5 de mayo de 2006, es decir dentro de los tres días de notificada la resolución que dispone la clausura preventiva del establecimiento sito en la calle Pumacahua nº 1408/1410 de esta ciudad.

Es en este entendimiento que no habremos de compartir lo dictaminado por la Guagnino en punto a que el recurso resulta ser extemporáneo.

3º) En efecto, en virtud de lo resuelto recientemente por este Tribunal in re "Corjuera, María s/inf. art.83 CC- Apelación" del 15 de mayo de 2006 "la temporaneidad del recurso de apelación en aquellos casos en que no esté estipulado un término especial, está prevista por el art. 450 del C.P.P.N. -tres días- (art. 6º y 55 de la ley 12).

Generalizar el plazo de cinco días estipulado por el art. 50 LPC constituiría una injustificada prolongación del enjuiciamiento contravencional que pondría en crisis los principios básicos de este proceso especial, que fue concebido para agilizar la administración de justicia, asegurando la convivencia pacífica, respetando el derecho del individuo a ser juzgado dentro de un plazo razonable." Si bien es cierto que el art. 29 LPC no prevee un plazo para interponer el recurso sino que exclusivamente uno para que la Cámara resuelva - cuarenta y ocho horas- no corresponde interpretar dicho silencio del legislador limitando el término de interposición recursiva.

Nótese que el legislador local en oportunidad de regular la medida cautelar más severa como es la prisión preventiva previó expresamente su recurribilidad en el plazo de tres días (art. 57 inc. 5º LPC), no siendo posible, en consecuencia, reducir el término para cuestionar una clausura preventiva, pues se estaría efectuado una interpretación in malam partem.

4º) Y justamente extendiendo armónicamente el criterio delineado por esta Sala en el precedente citado, sumado a la recurribilidad de la prisión preventiva en el término de tres días, consideramos que en materia de clausura preventiva (art. 29 LPC) también corresponde asignar dicho término a los efectos recursivos en función a lo establecido en el Código Procesal Penal de la Nación, de aplicación supletoria en este ámbito (art.450 C.P.P.N.).

Es que una solución en contrario no haría mas que vulnerar la garantía del debido proceso y de la defensa en juicio, máxime teniendo en cuenta la naturaleza de la medida en cuestión, y que la celeridad que requiere el dictado del pronunciamiento en autos no se ve afectado por la fijación en tres días como plazo para interponer el recurso de apelación.

En consecuencia, consideramos que el recurso de apelación impetrado a fs.1/2 ha sido correctamente concedido por el a quo.

SEGUNDA CUESTION 5º) Llegado el momento de emitir pronunciamiento, adelanto que no haré lugar a la solicitud de levantamiento de clausura preventiva (total ni parcial), en virtud de los argumentos que desarrollaremos a continuación.

Corresponde puntualizar que en lo que atañe a la clausura preventiva, el art. 29 LPC dispone que cuando el Juez "verifica que la contravención pone en inminente peligro la salud o seguridad pública puede ordenar la clausura preventiva del lugar, limitándola al ámbito estrictamente necesario, hasta que se reparen las causas que dieron motivo a dicha medida...." Respecto de los términos utilizados por el legislador, corresponde efectuar ciertas precisiones y analizarlos en el caso sub examine.

6º) En primer término es dable determinar si la clausura impuesta sobre el establecimiento sito en Pumacahua nº 1408/10 de esta ciudad, reúne los presupuestos de aplicación de las medidas cautelares exigidos a tal efecto, en concreto si existe fumus boni iuris (verosimilitud en el derecho) y periculum in mora (peligro en la demora), es decir si la medida de marras encuentra su fundamento en el inminente peligro a la salud o seguridad pública, tal como resulta exigido expresamente por el art. 29 de la Ley 12.

Tal como afirma la Sra. Fiscal de Cámara el fumus boni iuris de la denuncia, es decir la existencia de sospecha suficiente de haberse cometido una contravención, se encuentra verificado al dar cuenta de la presunta comisión de la contravención tipificada en el art. 73 de la ley nº 1472.

Como lo ha expresado la CSJN no se exige el examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino un análisis de mera probabilidad acerca de la existencia del derecho discutido (Fallos, 306:2050; 3116:2861).

En efecto, las constancias probatorias incorporadas hasta el momento dan cuenta de la posible comisión de la contravención imputada, - sin perjuicio de lo que en definitiva se resuelva-, circunstancia que aparece corroborada por las declaraciones de los denunciantes: Elsa Bialonczyk (fs. 17/18), Mercedes Rodríguez Torras (fs.19/vta.) y de los preventores Walter Fabián Contreras Porto (fs.9/10) y Mariano Castro (fs. 15/16), así como también del acta policial obrante a fs. 13, del informe de inspección fs. 24 y del acta circunstanciada de fs. 25 y de la ratificación de la clausura obrante a fs. 28.

7º) En relación al cumplimiento del segundo elemento mencionado- existencia de un inminente peligro a la salud o seguridad pública- a nuestro juicio queda claramente verificado, teniendo en cuenta los diversos informes confeccionados por personal especializado.

Es necesario delinear que la protección a la seguridad pública se refiere a la cobertura de los riesgos; el correlativo de la idea de seguridad es la idea de peligro no ya de lesión (conf. Soler, Derecho Penal Argentino, Tomo IV, ED. Tea, 1992, pág.560.).

En este sentido, el informe practicado por personal de la Fiscalía Contravencional a fs. 47 que da cuenta del operativo de allanamiento efectuado sobre la finca sita en Pumacahua 1410, de esta ciudad, donde se pudo observar tres secarropas industriales, 10 mesas cortadoras de telas, que el lugar carecía de limpieza, había ratas y vectores vivos, cables 220 volts que salían del enchufe de un baño donde había pérdida de agua, entre muchas otras irregularidades, con altas probabilidades de que ocurra un siniestro.

En efecto, el informe emanado por la Superintendencia Federal de Bomberos (fs. 108/112) -como resultado de la inspección ocular practicada en el inmueble referido- da cuenta de las diferentes falencias e infracciones detectadas, que también se ilustran a fs.113/122.

A su turno, el informe remitido por la Dirección General de Fiscalización y Control del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires denuncia una serie de irregularidades verificadas en el lugar, entre las que es posible resaltar que tanto en planta baja como en el primer piso existe importante carga de fuego (fs.123/vta.).

A su vez, personal de la Dirección General de Control de Calidad Ambiental del G.C.B.A. se refirió a los elementos que fueran hallados en la finca sita en Pumacahua 1408, de esta ciudad, indicando que ellos aumentaban la posibilidad de riesgo de incendio en dicho establecimiento (fs. 129).

Por su parte, la empresa Metrogas S.A. informó en relación al domicilio sito en la calle Pumacahua 1408 que efectuada la prueba de hermeticidad a las cañerías internas de distribución de gas y prolongación domiciliaria se comprobó pérdidas de las mismas (fs.156).

Por lo expuesto, en este estadio del análisis y luego de la descripción efectuada estamos en condiciones de definir, con relación a la exigencia del inminente peligro para la salud o seguridad públicas, que se encuentran comprometidas las condiciones de salud, seguridad y funcionamiento del establecimiento en cuestión.

8º) Con relación a la petición por parte de la defensa del levantamiento de la clausura preventiva "aunque más no sea en forma parcial" (sic), cabe destacar en primer lugar que si bien del escrito de apelación en subsidio se desprende expresamente que dicha solicitud recae sobre la finca sita en la calle Pumacahua nº 1410, por cuanto, tal como se expresara se trataría de su vivienda familiar, en la presentación de fs.103/6 del 24 de abril pasado a cuyos argumentos se remitiera en el recurso interpuesto, se menciona que su domicilio particular reside en el número catastral 1408, lo que evidencia una clara contradicción, que debilita la motivación de su pretensión.

Asimismo, la Sra. Xu Yin Hua no aportó constancia alguna que acredite residir en la calle Pumacahua nº 1408 o 1410, no menciona específicamente cuáles son las instalaciones destinadas a la vivienda; simplemente la quejosa se limitó a mencionar que las fotografías agregadas en autos daban cuenta de la existencia de ambientes destinados a uso particular y a la vivienda familiar, y a aportar un contrato de locación sobre el inmueble nº 1410 destinado para la confección de prendas y accesorios de vestir y/o vivienda -cláusula quinta- (fs.168/70) Al efecto, llama la atención de los suscriptos la celebración del contrato de locación sobre el establecimiento sito en la calle Pumacahua nº 1410, con fecha 22 de marzo de 2006, en razón de que a dicha fecha la finca se encontraba afectada a la clausura administrativa practicada el 2 de diciembre pasado según surge del acta circunstanciada de fs. 25.

Y es más, en oportunidad de practicarse el allanamiento sobre el establecimiento en cuestión, a fs. 55 y 59 específicamente se menciona que al ingreso del sitio identificado con el número catastral 1410 se verifica del lado izquierdo una puerta, el cual conduce a un ambiente que contiene cuatro máquinas de coser, máquinas de corte y retazos de ropa, con lo cual caben serias dudas sobre el alegado uso exclusivo de vivienda particular.

Frente a ello, la pretensión intentada al carecer de suficiente sustento probatorio no resulta pasible de conmover a este Tribunal; corresponde a la parte que invoca la vulneración de un derecho determinar en qué consiste esa afectación, máxime si se tiene en cuenta el grave peligro para la salud y la seguridad de terceros que ha sido efectivamente acreditado mediante los diferentes informes técnicos detallados ut supra.

Sin perjuicio que no se hará lugar a la pretensión efectuada por la Sra. Xu Yin Hua, cabe aclarar que la clausura preventiva se ciñe a las fajas colocadas según el detalle efectuado por el informe de fs.149, es decir a las tres fajas en la puerta 1408, a las dos fajas en la entrada al garage y a la faja en la puerta que comunica el garage con el pasillo de la finca nº 1410.

Dicha aclaración se efectúa teniendo en cuenta que, tal como surge del acta de allanamiento (fs. 57), del informe de la Superintendencia Federal de Bomberos (fs. 108/112) y de la declaración testimonial del Oficial Maximiliano Jensen (fs.160), por la entrada de la finca sita en Pumacahua nº 1410 se accede a la plata alta donde ha sido localizada la Sra. Patricia Laura Escalera, quien viviría en el lugar y resultaría ser ajena al taller textil.

La clausura deberá limitarse al ámbito estrictamente necesario, de ello se sigue que corresponda arbitrar los medios necesarios a fin de asegurar que en el segundo piso de la finca mencionada no se afecten derechos personalísimos como es la propiedad y en buen uso del inmueble.

9º) Por lo expuesto, siendo que las precautorias son medidas esencialmente transitorias y provisionales y duran hasta que se reparen las causas que dieran lugar a ellas, será la propia diligencia del afectado por la medida la que determine su duración.

La provisoriedad y, en consecuencia, su natural mutabilidad determina que si en algún momento del proceso las circunstancias que se tuvieron en cuenta para otorgarla, cambian o desaparecen, la misma sea levantada o modificada.

10º) En lo referente a la vulneración de garantías constitucionales que la medida pudiera irrogar, alegada por la apelante, es necesario recordar que el uso y goce de tales derechos no es absoluto, conforme las claras disposiciones de los arts. 1071, 2513 y 2611 del Código Civil y del art. 14 del texto constitucional nacional, que fija un límite al establecer que en el ejercicio de los mismos los habitantes de la Nación deben ajustarse a las leyes que lo reglamentan. No existen en consecuencia derechos absolutos; "... la inexistencia de derechos constitucionales absolutos surge de los arts.14 y 28 CN, puesto que su ejercicio se encuentra sujeto a reglamentación. Las limitaciones a la libertad aseguran el efectivo goce de la misma por parte de todos los ciudadanos, siendo éste el fundamento basal sobre el que se asienta el poder de policía inherente a la soberanía de todo Estado" (TSJCBA, causa nº 245/00, 24.10.00).

11º) Por lo expuesto, habiendo concluido el presente Acuerdo, el Tribunal RESUELVE:

I.- CONFIRMAR la resolución de fs. 144/5 en todo cuanto ha sido materia de agravio.

Tómese razón, notifíquese mediante nota a la Sra. Fiscal de Cámara y devuélvase a la Primera Instancia interviniente, la que deberá practicar las notificaciones restantes.

Sirva lo proveído de atenta nota de envío.

Ante mí: