Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2006-02-10


Córdoba, febrero 10 de 2006.

1º ¿Ha sido aplicado erróneamente el art. 42 del CP respecto al art. 168 del CP? 2º En su caso ¿qué resolución corresponde dictar? 1º cuestión.- La doctora Tarditti dijo:

I. Por sentencia número cuarenta y seis, de fecha veintiuno de septiembre de dos mil cuatro, la Cámara en lo Criminal de Segunda Nominación de la ciudad de Río Cuarto resolvió: "I) Declarar a Daniel Alberto Aballi y Héctor Raúl Stefani, ya filiados, coautores material y penalmente responsables de los delitos de encubrimiento y extorsión en grado de tentativa, en los términos de los arts. 277, inc. 1ro. b, en función del 2do. c., 168 y 42 del CP e imponerles para su tratamiento penitenciario la pena de tres años y seis meses de prisión, accesorias de ley y las costas (arts. 5º, 9º, 12, 19, 29, inc. 3º, 40 y 41 y concordantes del CP y 412, 550 y 551 del CPP)..." (fs. 376/398 vta.).

II. Contra la decisión precedente, el Dr. J. M. R. en representación de los encartados Daniel Aballi y Raúl Stefani deduce recurso de casación denunciando la errónea aplicación de los arts. 42 y 168 del CP, considerando que la conducta de sus asistidos debió encuadrarse en las previsiones de tentativa de delito imposible de extorsión (arts. 168 y 44, inc. 4º del CP), pues estamos en presencia de un delito experimental por intervención de la fuerza pública.

Advierte que a partir de los fundamentos a los que arribó el Tribunal de mérito y el tenor de la desgravación de las escuchas telefónicas, el hecho presenta algunas aristas que no pueden ignorarse:

1) Se comete hacia fines del año 2003, lo que motivó la participación de expertos en materia de secuestros extorsivos, como el caso del policía Ferrero, que nada tiene que ver en definitiva con el hecho esclarecido.

2) La intranquilidad espiritual de Federico Stefani, que en cierta medida se ve menguada por la activa colaboración de su familia, sus abogados, la policía de la Carlota y las autoridades judiciales y de inteligencia, que en definitiva colocaron a Stefani ante un indudable dispositivo protector.

3) Los llamados telefónicos que recibe Stefani desde el primero al último, tienen una sola finalidad: le solicitaban dinero a cambio de la entrega o devolución de los cheques. Esto no es lo mismo -afirma-, que recibir un llamado que diga por ej.: "Stefani sabemos y conocemos de todos sus movimientos... de lo que hace su familia, por lo que si no entrega tal o cual cantidad de dinero le matamos a un hijo...".

De los propios dichos de Stefani y del policía Ferrero -repara-, se desprende que si Stefani hacia entrega del dinero, era para recuperar los cheques que le habían robado y no por temor a que le pasara algo.

Ergo -concluye-, no encontramos en el caso -contrariamente a lo sostenido por el Tribunal a quo-, esa disyuntiva o dilema al que se enfrenta el destinatario de la intimidación que es lo que caracteriza el delito de extorsión.

En este delito se castiga al que mediante intimidación obligue a otro a entregar, enviar, depositar o poner a su disposición cosas, dinero o documentos que produzcan efectos jurídicos. La intimidación es la extorsión, lo que la fuerza es al robo.

El sujeto extorsionado -adita-, cualquiera sea la opción que elija, siempre lo será mediante una voluntad viciada, pues no habrá podido actuar libremente. Dilema que no tuvo que sufrir Stefani.

Ponderando los dichos de Federico Stefani y del policía Ferrero, quienes coinciden respecto a la manera en que se instruye al destinatario del llamado telefónico, en orden a cómo seguir la negociación, el suministro de fotocopias que simulan ser fajos de billetes, actuación policial, organismos de inteligencia, etc., concluye que no se está en presencia de una tentativa de extorsión.

Es que -explica-, se montó un dispositivo protector con la colaboración y participación activa de la propia víctima que tornó ilusoria la consumación del delito; simulacro, denominado delito experimental por intervención de la fuerza pública.

Muestra que el delito experimental por intervención de la fuerza pública es una tentativa ya que reúne todas sus características: a) fin de cometer un delito; b) comienzo de ejecución; c) no consumación por circunstancias ajenas a la voluntad del autor, pero inidónea porque apreciada ex-ante, el accionar del autor tiene nula posibilidad de consumación, tornando imposible el resultado.

Es por las razones expuestas que sostiene el error jurídico de la Cámara en orden a la subsunción legal de la conducta de sus asistidos e impetra en consecuencia su corrección por parte del Tribunal de casación, propiciando se encuadre su accionar en las previsiones del tipo penal de la tentativa de delito imposible de extorsión o delito experimental por auxilio o intervención de la fuerza pública (arts. 168 y 44, inc. 4º del CP).

III.1. A los efectos de examinar la procedencia sustancial del recurso de casación, resulta imprescindible extraer las circunstancias fácticas de interés para revisar la corrección de la calificación legal aplicada.

a) El juzgador dio por cierto que Daniel Aballi y Héctor Raúl Stefani, receptaron con conocimiento de su procedencia delictiva y con fines de lucro numerosos cheques que habían sido sustraídos el 5 de diciembre de 2003 por autores no individualizados del domicilio de Federico Stefani, situado en la zona rural de La Carlota, en un momento en que tanto el nombrado como otros familiares no se encontraban, rompiendo y forzando las defensas de esa propiedad para poder ingresar (fs. 377 y vta., 396 vta.).

b) Federico Norberto Stefani recibió a escasos tres días del robo (esto es el 8 de diciembre de 2003), a las 22 hs. aproximadamente, un llamado en su domicilio en el campo de una persona ("masculino") que no se identificó, y le dijo que tenía los cheques pidiéndole $ 50.000 a cambio, diciéndole que si "no conseguía el dinero, así como habían ido cuando ellos no estaban, la próxima vez iban a ir cuando estaban", repitiéndole que no diera aviso a la policía (fs. 386, 387).

La llamada telefónica atemorizó a Federico Stefani y a sus hermanas -con quienes compartía la vivienda en el campo-, por lo cual el nombrado se contactó de inmediato con su sobrino Sergio Stefani, quien vive en la localidad de La Carlota, solicitándole que hiciera la denuncia. Este se comunicó con un abogado de nombre Isoardi, y aconsejaron al damnificado seguir negociando los valores a pesar del temor (fs. 387). El abogado Isoardi, entregó a Stefani un contestador con una cinta para grabar las conversaciones, lo que se hizo a partir del 9/12.

c) Sergio Stefani, puso en conocimiento de personal policial todo lo sucedido (fs. 392 vta.), por lo que se procedió a la intervención del aparato telefónico de Federico Stefani -una de las medidas solicitadas por Sergio en su denuncia-.

d) La denuncia posibilitó la actuación judicial y policial, y en ese tiempo se repitieron las llamadas anónimas y extorsivas: el 9/12; el 10/12, oportunidad en la que le requirieron la suma de $ 10000; el 12/12, a las 21:27 horas, atendida por el sobrino de Stefani, de nombre Sergio y otras, a las 22:23 y 22:25 hs. en las que le advirtieron de la existencia de más autores en el hecho y le solicitaron la cantidad de $ 15.000. El día 14/12 hubo cuatro llamadas no atendidas por Stefani y, finalmente, el día 15/12, los imputados Daniel Aballi y Héctor Stefani a los efectos de lograr la efectiva entrega del dinero reclamado, se constituyen en el telecentro ubicado en calle Santiago del Estero Nº 48, de la localidad de Canals, y mientras Stefani permaneció en el automóvil, Aballi desde una cabina telefónica efectuó el llamado, siendo aprehendido en flagrancia por personal policial.

e) Cooperaron a los fines del esclarecimiento del hecho, la Secretaria de Inteligencia del Estado, Observaciones Judiciales Córdoba, quien trabaja juntamente con Coordinación Jurídica de Telecom Norte de la ciudad de Córdoba (fs. 390). El comisario Ferrero, de la brigada Antisecuestros -comisionado por la Fiscal-, fue autorizado para acceder a las escuchas telefónicas practicadas por la SIDE y conjuntamente con el comisario a cargo de la investigación y la Fiscal, convinieron que el día 12/12, estuviera en el campo de Stefani, su sobrino Sergio, a los fines de atender las llamadas y darle tiempo a la SIDE para localizar su origen. Indicaron, asimismo, a Stefani, que concretara la entrega de dinero, facilitándosele fajos de billetes simulados para hacer la operación (fs. 388).

Finalmente, el día 15/12, durante la última llamada, son aprehendidos los acusados (fs. 391), por Ferrero y personal de la brigada antisecuestro -Cardona y Palou-, quienes se habían comisionado en el lugar, sospechando que los autores podrían efectuar las llamadas de alguno de los telecentros de Canals (fs. 390 vta.).

f) La situación de temor no sólo fue relatada por Federico Stefani. En tal sentido, Gustavo Stefani declaró que "supo que lo llamaban a Federico pero no sabía detalles, sí sabía que la familia estaba mal, que de noche dormían con la escopeta arriba del ropero o de las camas..." (fs. 394 vta.). El comisario Ferrero de la brigada Antisecuestros sostuvo que "el señor Stefani, damnificado en el hecho se encontraba muy asustado" (fs. 392).

g) Si bien el procedimiento judicial, con las valiosas cooperaciones mencionadas, culminó con la aprehensión de los imputados tropezó con diversos inconvenientes. Así, según relata el comisario Ferrero la información relativa a los telecentros desde donde era llamada la víctima el día 12 de diciembre "no llegó a tiempo debido a una caída del sistema..." (fs. 390); mientras que en el momento en que procedió a la aprehensión de Aballi el día 15 de diciembre se dio a la fuga "el vehículo Ford Falcon", precisamente en el que se trasladaban el nombrado con otro sujeto (fs. 391 y vta.). La localización de ese vehículo se produjo por el conocimiento que tenía un policía de Canals acerca de su propietario (testimonio de José Hipelmayer, fs. 393 y vta.), que resultó ser Héctor Raúl Stefani, con vínculos de parentesco con la víctima.

2. El Tribunal de juicio al momento de fundamentar la calificación legal del hecho como tentativa de extorsión, dejó sentado que "las llamadas anónimas, que contenían frases no sólo requiriendo la entrega de sumas de dinero, sino amenazas concretas como la de ser "visitados" por quienes habían ingresado a la vivienda rural, destruyendo medidas de seguridad como puertas de rejas, a personas de avanzada edad, constituyen la típica acción que describe el primer supuesto del art. 168 del C. Penal, cuando requiere de la intimidación para que se configure el delito de extorsión" (fs. 397).

Respecto de la falta de consumación, la centró en "la oportuna y eficaz intervención policial", rechazando que pudiera tratarse de un delito imposible "pues desde la primer llamada el sujeto pasivo se sintió intimidado, máxime que había sido objeto de un robo supuestamente por las mismas personas que ahora lo extorsionaban", la situación se atenuó con la actuación policial lapso en el cual "las llamadas no cesaban", y "sólo consiguió alivio" cuando recibió la noticia "que todo había concluido" y "recién sintió más tranquilidad" cuando supo que el otro autor (su pariente) había sido detenido (fs. 397 vta.).

IV. El impugnante propicia que se modifique el encuadramiento legal de la tentativa de extorsión al delito imposible, pero esta pretensión no es de recibo ya que el tribunal de juicio ha calificado correctamente el hecho.

Repárese en que la extorsión (CP, 168), es un delito de ofensa compleja que lesiona la libertad de determinación de las personas y la propiedad. Conforme a esta pluralidad de bienes afectados, se requiere el empleo de medios compulsivos (intimidación, simulación de autoridad o de falsa orden de ella) para obligar a la víctima a satisfacer una exigencia ilegítima que implica un daño patrimonial.

En el caso, los imputados comenzaron idóneamente la ejecución mediante el primer llamado telefónico en el que exigieron ilegítimamente a la víctima dinero a cambio del rescate de cheques que le fueran robados unos días antes diciéndole que si "no conseguía el dinero, así como habían ido cuando ellos no estaban, la próxima vez iban a ir cuando estaban". Se trata incluso de un comienzo típico de la ejecución, desde que el medio del cual se valieron reunía todos los requisitos de la intimidación y no de una actividad simplemente próxima al tipo. Las circunstancias fácticas de la causa ilustran sobradamente acerca de la potencialidad atemorizante del medio empleado: el llamado telefónico fue anónimo, nocturno, a quien había resultado víctima de un robo en el campo (persona de edad que convivía con sus hermanas también mayores), y se le anunciaba a la par de la exigencia ilegítima de entregar dinero que si no lo conseguía para rescatar los cheques sustraídos iban a volver cuando estuvieran. Que quienes intervinieran en el llamado a través de diferentes roles (Aballi en la comunicación y Héctor Stefani proporcionándole la información) aunque no perpetraron el robo, receptaron casi de inmediato los cheques conociendo de su ilícita procedencia, los que luego fueron secuestrados enterrados en el patio de la casa de uno de ellos (Aballi, fs. 392), da cuenta que la exigencia ilegítima era capaz de aparecer incluso ex post como cumplible. Y que el llamado provocó temor en el destinatario y en sus hermanas tampoco hay duda, pues por ello se comunicó esa misma noche con su sobrino que fue quien hizo la denuncia.

En este tramo no hubo intervención policial ni judicial, de modo que ex ante se encuentran reunidas las exigencias de la tentativa en cuanto al comienzo de ejecución típico y por tanto idóneo. Los argumentos del recurrente tendientes a restarle sentido intimidatorio a la comunicación, implican una clara modificación de los hechos de la causa. Ello así porque la recorta a la sola expresión de la finalidad de obtener dinero a cambio de la devolución de los cheques sustraídos, soslayando el anuncio del mal futuro realizado en esa primer comunicación de volver a la casa situada en el campo en donde convivían personas mayores si no cumplía con la ilegal exigencia. Por lo demás, su opinión acerca de que no se utilizó el anuncio de la muerte de un hijo como medio intimidatorio, traduce un recorte de los bienes jurídicos afectados por la intimidación sin respaldo legal. En tal sentido, la doctrina considera que la idoneidad para atemorizar o intimidar puede lograrse amenazando no sólo con ofensas a la vida sino otros bienes como el patrimonio (vid por todos Soler, Sebastián, "Derecho Penal Argentino", TEA, ed. 1970, T. IV, p. 277). Y de más está decir que anunciar con volver al campo a "visitarlos" nuevamente cuando estuvieran allí no es sólo el anuncio relativo a un mal para el patrimonio.

La falta de consumación por causas ajenas a la voluntad de los autores también se encuentra presente, dado que en razón de la intervención judicial y policial, aquellos fueron individualizados y aprehendidos antes de concluir con la consumación del delito que probablemente hubiera carecido de existencia pues en lugar de dinero se simularía su entrega con fajos de papel. El impugnante procura que esa intervención configuró un dispositivo protector característico del delito experimental. Sin embargo, la doctrina que acepta que hay delito imposible "cuanto ex ante el medio fue idóneo y hubo peligro, pero no obstante ex post... se determina una imposibilidad absoluta de consumarlo" entre otros motivos por "una previa neutralización del peligro" (Zaffaroni-Alagia-Slokar, "Derecho Penal-Parte General, ps. 797, 798, 802 y 803), no resulta de aplicación en el caso. Ello así por cuanto aquí es claro que no hubo consumación de la ofensa en contra de la propiedad porque el proceso ejecutivo se detuvo antes y si hubiera sucedido no era tal porque no se entregaría dinero sino papel; pero igualmente diáfano es que sí se consumó el atentado en contra de la libertad. Ello así ya que la intervención judicial y policial no hizo perder absolutamente potencialidad intimidatoria el anuncio inicial (producido antes) y la consiguiente situación de zozobra vivida por la continuidad de la negociación extorsiva con fines de llegar a los autores. En tal sentido, tanto Gustavo Stefani dio cuenta que "la familia estaba mal" y "de noche dormían con la escopeta arriba del ropero o de las camas", situación de temor que también relató el comisario Ferrero. Por lo demás el operativo protector si bien fue finalmente eficaz, no pudo evitar que se prolongase la negociación extorsiva porque tropezó con inconvenientes tales como la tardanza en conocer la localización desde donde se hacían los llamados posteriores -concretamente los correspondientes al día 12 de diciembre- porque "no llegó a tiempo debido a una caída del sistema" (según el testimonio del comisario Ferrero).

Es decir, cuando se trata de delitos pluriofensivos como es el caso de la extorsión, la neutralización absoluta del peligro ex post debe alcanzar no sólo a la consumación de la ofensa que decide la radicación dogmática del tipo, en este caso en los delitos en contra de la propiedad, sino también a la consumación de la ofensa al otro bien jurídico (libertad). Esta subsistiría incluso en el supuesto de desistimiento voluntario (CP, 43) por los autores de la extorsión pues ya se encontraba consumada y reunía todas las exigencias del delito de coacción agravado (CP, 149 ter), dado que anónimamente se emplearon amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer algo en contra de su voluntad.

Por los fundamentos dados voto, pues, negativamente.

La doctora Cafure de Battistelli dijo:

La señora Vocal preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

La doctora Blanc G. de Arabel dijo:

Estimo correcta la solución que da la doctora Tarditti, por lo que adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.

2º cuestión.- La doctora Tarditti dijo:

Por el resultado de la votación que antecede, corresponde rechazar el recurso de casación planteado, con costas (arts. 550/551, CPP).

Así voto.

La doctora Cafure de Battistelli dijo:

La doctoraTarditti, da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

La doctora Blanc G. de Arabel dijo:

Estimo correcta la solución que da la doctora Tarditti, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.

En este estado, el Tribunal Superior de Justicia, por intermedio de la sala Penal, resuelve: Rechazar el recurso de casación deducido por la defensa de los imputados Daniel Alberto Aballi y Héctor Raúl Stefani, con costas (arts. 550/551 CPP).- Aída L. T. Tarditti.- María E. Cafure de Battistelli.- María de las M. Blanc G. de Arabel.