Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-14


Causa Nº 1792-00-CC/2006 caratulada "Aldao, Mauricio Ángel s/ inf. art. 189 bis CP - Apelación" En la ciudad de Buenos Aires, a los 14 días del mes de marzo de 2006, se reúnen en Acuerdo los Señores Jueces integrantes de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Marcela De Langhe, Pablo Bacigalupo y Fernando Bosch, para resolver en las presentes actuaciones.

Y VISTOS:

En su presentación de fs. 66/77, el Sr. Defensor Oficial, Javier E. de la Fuente, interpuso recurso de apelación contra la decisión de fs. 59/61, mediante la cual el Juez a quo resolvió convertir en prisión preventiva la detención de Mauricio Ángel Aldao, en orden al delito de tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil (art. 57, inc. 3º, LPC y art. 189 bis, inc. 2º, párr. 1, CP) y ordenó trabar embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de quinientos pesos.

En primer lugar, el recurrente cuestionó la tipicidad del comportamiento atribuido a su asistido, pues dada la circunstancia de que el arma que llevaba Aldao, según se afirma en el resolutorio, se hallaba descargada, la conducta endilgada resultaría atípica de acuerdo a razones de diversa índole que expuso el letrado.

En segundo lugar, consideró que la mera constatación de que la pena que pudiere imponerse en este proceso, como consecuencia de los antecedentes del imputado, fuera a resultar de efectivo cumplimiento, no constituye fundamento suficiente para justificar la presunción del riesgo procesal que habilita el dictado de la prisión preventiva.

Tras la exposición de esa doble línea de argumentación el defensor finalizó su presentación solicitando que se revoque la resolución apelada.

El Sr. Fiscal de Cámara, Walter Fernández, por su parte, en virtud de los motivos que desarrolló en su dictamen de fs. 84/86 estimó que correspondía confirmar el auto recurrido.

De este modo, cumplidos los pasos procesales pertinentes, se encuentran las actuaciones en condiciones de ser resueltas.

Y CONSIDERANDO:

I.

Ante todo corresponde verificar si se presentan en el caso los requisitos de admisibilidad, tanto objetivos como subjetivos, necesarios para habilitar la vía intentada, así como las exigencias formales relativas al tiempo, modo y lugar de interposición del recurso.

Sobre tales aspectos es posible afirmar que la presentación del de la Fuente, en cuanto se refiere al cuestionamiento del punto dispositivo primero del auto de fs. 59/61, mediante el cual se decreta la prisión preventiva del imputado, reúne en su totalidad los recaudos formales aludidos y cumple también las demandas subjetivas y objetivas contempladas en la legislación procesal local para la apertura de esta vía de impugnación.

Sin embargo, no ocurre lo mismo con la pretensión de la defensa, expresada en el apartado I de su escrito, de recurrir el punto dispositivo segundo de aquella decisión, a través del cual se ordena trabar embargo sobre los bienes de Aldao hasta cubrir la suma de quinientos pesos. Sobre este aspecto, el recurso no presenta siquiera una fundamentación mínima que permita considerarlo admisible, ya que más allá de su consignación en el título, ninguna manifestación se hace en el desarrollo de la pieza respecto de tal temática, por lo que en esas condiciones no debió haber sido admitido por el Juez de primera instancia.

En consecuencia, atento a los términos amplios en que se formuló el decreto de fs. 78, habrá de declararse mal concedida la impugnación intentada por la defensa en lo que a ese aspecto atañe.

II.

La descripción de los hechos que constituyen el objeto de este proceso efectuada en el auto recurrido, y a la que se referirá esta decisión, no ha sido materia de discusión por parte de la defensa.

En este sentido, se tuvo por acreditado con el grado de provisionalidad propio de ese interlocutorio, que el día 20 de enero de 2006, a las 18:15 horas aproximadamente, en la Plaza Fuerza Aérea de esta ciudad -Barrio de Retiro-, Mauricio Ángel Aldao llevaba consigo un revólver descargado calibre .22, marca "BAGUAL", modelo "PASPER", con numeración limada, sin poseer autorización legal para hacerlo.

Precisamente sobre la base de esa plataforma fáctica se desarrolla el primer cuestionamiento de la defensa, centrado en la afirmación de que la conducta imputada resultaría atípica en virtud de hallarse descargada el arma que Aldao habría portado en las circunstancias en que se produjo su detención.

Esta Sala considera adecuada la subsunción legal efectuada por el Juez a quo en la decisión cuestionada, pues ella se corresponde con el criterio expuesto en numerosos precedentes con el objeto de deslindar los alcances de las figuras de tenencia y portación de armas.

En efecto, tal como lo sostuvimos in re "Pomponio José Matías y Pomponio Diego Martín s/ infracción art. 189 bis CP" (causa Nº 172-00-CC/2004, rta. 8/7/2004), existe acuerdo unánime en que "...la portación de un arma define la acción de disponer en un lugar público o de uso público, de un arma de fuego cargada o en condiciones de uso inmediato...", distinguiéndose de la tenencia al importar un riesgo mayor para la seguridad pública (cfr. CCC, Sala VI, c. 18.040, "Sánchez, Arturo", rta. 19/04/02; c. 107.152, "Bay, Facundo y otro", rta. 12/09/03).

Desde aquel precedente este Tribunal ha compartido, además, lo expresado por el Director de Asuntos Jurídicos del Registro Nacional de Armas -Carlos A. Sívori-, en cuanto enseña -tal como lo afirma la jurisprudencia citada en el párrafo anterior- que el concepto de "portación" remite al hecho de disponer en un lugar público o de acceso público de un arma de fuego cargada o en condiciones de uso inmediato. Así, esta conducta típica exige para su configuración dos elementos característicos: el primero, hace a las condiciones de uso inmediato, lo que implica que el arma debe estar cargada o en condiciones para ser utilizada; el segundo, alude al lugar público o de acceso público en el que debe desarrollarse el comportamiento.

Por otra parte, con relación al puntual objeto de agravio de la defensa, es decir, acerca de la cuestión de la idoneidad de un arma descargada para integrar el tipo penal del delito de tenencia, Ricardo C. Núñez expresa que el hecho reúne las exigencias típicas "aunque el tenedor carezca de los elementos necesarios para utilizar las armas..." y deslinda los casos de atipicidad como supuestos en los cuales "la inutilización de las armas [...] excluye la posibilidad de todo peligro y de este modo, la adecuación de su tenencia al tipo legal, cuya existencia es incompatible con una tenencia frente a la que no exista razón para que se resguarde la seguridad común", indicando a este respecto que "no basta cualquier defecto que sólo disminuya la aptitud del arma o del material, o que la elimine en forma circunstancial, sin estar destruidas su estructura, su composición o sus propiedades" (cfr. Tratado de Derecho Penal, tomo V, volumen I, ed. Lerner, Córdoba, 1992, p. 71 -refiriéndose a la regulación legal vigente según Ley 17567-).

En idéntico sentido, en el marco de la descripción de los supuestos de hecho abarcados por esta figura legal, Carlos Creus afirma que "tampoco se marginan del tipo los objetos que no pueden ser utilizados por el agente por carecer él mismo de un elemento necesario para hacerlo (p. ej. carecer de detonadores para hacer estallar los explosivos), pero que pueden ser idóneamente empleados por terceros o por el mismo autor si se procura tal elemento" (cfr. Derecho Penal, Parte Especial, Tomo II, 6ª ed, 2ª reimpr., ed. Astrea, Buenos Aires, 1999, p. 30).

A criterio de esta Alzada, entonces, es claro que el transporte en la vía pública o en lugares de acceso público de un arma apta para el tiro -extremo no controvertido-que no se encuentra en condiciones de uso inmediato por no hallarse cargada y por no llevar el sujeto consigo las municiones requeridas para hacerlo, si bien conduce a descartar la adecuación del caso al tipo penal más grave del delito de portación (art. 189 bis, inc. 2º, párr. 3, CP), configura la hipótesis residual de tenencia (art. 189 bis, inc. 2º, párr. 1, CP) en la medida en que el actuante, por supuesto, no resulte un legítimo tenedor de tales elementos.

La exégesis normativa elaborada, expuesta en un orden de gravedad progresivo, conduce a afirmar lo siguiente: A.- resulta atípica la tenencia o portación de armas de fuego que no sean estructuralmente aptas para sus fines específicos; B.- el transporte en lugar público o de acceso público de un arma descargada y en condiciones tales que no sea admisible la posibilidad de su uso inmediato constituye el delito de tenencia; ilícito éste que también se configura, incluso cuando el arma estuviere cargada o en condiciones de uso inmediato, si el comportamiento del autor se desenvuelve en un ámbito privado; C.- el campo propio de aplicación del delito de portación se circunscribe a aquellos supuestos en los que el sujeto lleve consigo, en lugar público o de acceso público, un arma cargada o en condiciones de uso inmediato, lo que se deberá evaluar de acuerdo a las circunstancias de cada caso en particular.

Sentado ello, se hace evidente entonces que resulta correcto el criterio seguido por el a quo, en cuanto subsumió el comportamiento de Aldao en el tipo penal previsto en el art. 189 bis, inc. 2º, párr. 1, CP, por lo que habrán de rechazarse los agravios de la defensa relativos a este aspecto.

III.

La restante crítica formulada por el de la Fuente se centra, como se reseñó en los primeros párrafos de esta resolución, en el hecho de la insuficiente fundamentación del riesgo procesal requerido para justificar la adopción de una medida coercitiva de gravedad tal como la prisión preventiva, pues el auto recurrido se basaría en la mera afirmación relativa a los antecedentes condenatorios del imputado y la consecuente imposibilidad de que la eventual condena que se dictara en este proceso sea de ejecución condicional.

A efectos de resolver este planteo de la defensa es necesario formular algunas consideraciones previas a través de las cuales se explicite el marco teórico que orientará la decisión de esta Sala.

El principio rector de la interpretación en este ámbito ha de ser, naturalmente, el de garantizar el pleno goce del derecho del imputado a permanecer en libertad durante la tramitación del proceso, como consecuencia estricta del estado de inocencia que caracteriza a todo ciudadano en tanto no adquiera firmeza una sentencia condenatoria dictada en su contra.

La necesidad de conciliar dicha garantía con el cumplimiento de los fines propios del proceso (averiguación de la verdad y aplicación de la ley material) conduce a admitir limitaciones razonables a aquel derecho en la medida en que su ejercicio irrestricto obste la realización de tales fines. Consecuentemente la legislación procesal establece como presupuesto necesario para restringir la libertad ambulatoria del imputado la existencia de "peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación" (art. 57, inc. 3, LPC), lo que deberá considerarse con criterio restrictivo (art. 2 CPPN).

Tales pautas exigen al juzgador un examen detenido de las particulares circunstancias que caracterizan cada caso sometido a su conocimiento, para justificar que a partir de ellas pueda presumirse el riesgo procesal requerido en el régimen ritual local para habilitar la procedencia de la prisión preventiva.

Como correctamente lo expresa la defensa, la mera comprobación de que, en virtud de los antecedentes que registra Aldao, en caso de recaer condena en el proceso ésta será de cumplimiento efectivo (arts. 26, 27, CP), resultaría insuficiente para privar de su libertad al imputado. Tras la evaluación relativa a la modalidad de ejecución de una eventual condena, la norma exige verificar en qué medida la magnitud de la pena en expectativa puede conducir a aseverar aquella presunción, ya que si el monto de la sanción esperable fuere de escasa o ínfima gravedad corresponderá favorecer el goce de libertad en forma irrestricta, puesto que no obstante la efectividad del cumplimiento de la pena, dicho extremo no genera per se el riesgo aludido en la norma.

Naturalmente, otras circunstancias tales como el comportamiento procesal previo, podrían justificar la adopción de una medida coercitiva de estas características. Sin embargo, dado que factores de esa índole no se presentan en el caso, habrá de evaluarse la corrección de la decisión sólo en función de los parámetros mencionados en el párrafo anterior.

Los hechos descriptos en el auto recurrido permiten afirmar que se trata éste de un caso que presenta escasos rasgos determinantes de gravedad, por lo que es admisible proyectar que el monto de sanción que eventualmente se imponga, si bien podría superar la pena mínima legal, difícilmente llegaría a alcanzar el punto máximo de la escala prevista para el delito de tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil al que se subsume el comportamiento.

Ahora bien, dado que el ilícito atribuido prevé ya como sanción mínima la pena de seis meses de prisión, contrariamente a lo pretendido por la defensa, resulta correcta la valoración efectuada por el Juez a quo en el sentido de que la magnitud de la pena en expectativa reviste entidad suficiente para hacer presumir el riesgo referido en la norma y justificar así el dictado del auto de prisión preventiva.

Por este motivo, habrá de confirmarse la resolución recurrida también en este punto.

Sin perjuicio de ello, resulta prudente expresar que esta decisión de ningún modo importa descartar en términos absolutos la posibilidad de que el imputado goce de libertad durante el proceso.

Por el contrario, tanto el principio constitucional de proporcionalidad (art. 28 CN), como el mandato de optimización del goce de los derechos fundamentales impuesto por las normas internacionales que integran nuestra Constitución Nacional (art. 1.1 CADH, entre otros instrumentos que prevén idéntica regulación), imponen el deber de analizar si es posible resguardar la sujeción personal al proceso a través de medios de coerción menos lesivos.

El ámbito propio para realizar esa evaluación, dadas las normas procesales vigentes, será la decisión relativa a la procedencia de la excarcelación de Aldao, pues al resolver a ese respecto se faculta el juzgador, conforme a lo dispuesto en el art. 320 CPPN -de aplicación supletoria-, a imponer las medidas de coerción personal que pudieren ser requeridas de acuerdo a las características de cada caso.

Por lo demás, el dictado de la prisión preventiva, en tanto se presenten -como ya se ha expuesto- los motivos que la justifican, resulta imperativo más allá de la eventual procedencia de la excarcelación del imputado, ya que aquél se constituye en la decisión judicial que, o bien legitima la privación de libertad mientras no se satisfagan las medidas de aseguramiento que para hacer viable esa excarcelación le pudieren ser requeridas, o bien mantiene en vigencia la necesidad de aquellas cauciones cuando hubieren sido cumplidas en forma previa (cfr. arts. 325, 327 inc. 2º, CPPN).

En consecuencia, habiendo concluido el Acuerdo, el Tribunal:

RESUELVE:

I.- DECLARAR MAL CONCEDIDO el recurso de apelación interpuesto contra el punto dispositivo segundo del auto de fs. 59/61, en cuanto ordena trabar embargo sobre los bienes del imputado hasta cubrir la suma de quinientos pesos ($ 500).

II.- CONFIRMAR la prisión preventiva de Mauricio Ángel Aldao ordenada en el punto dispositivo primero del auto de fs. 59/61.

III.- TENER PRESENTE las reservas formuladas a fs. 66/77.

Tómese razón, notifíquese por nota al Sr. Fiscal de Cámara y, oportunamente, devuélvase a la primera instancia interviniente, la que deberá practicar las notificaciones correspondientes. Sirva lo proveído de atenta nota de envío.

Fdo: Marcela De Langhe, Fernando Bosch, Pablo A. Bacigalupo. Jueces de Cámara.

Ante mí: Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara.

Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas Causa Nº 1792-00-CC/2006. Sala II.

Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas