marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Proceso contravencional, poder especial, mandato especial, apoderado, representación de personas jurídicas, legitimación procesal, responsabilidad de las personas jurídicas
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Casino Puerto Madero (Responsable) s/ inf. Art. 60 ley 1472. Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-12-19

En el caso el fiscal conforme lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley de Procedimiento Contravencional y el mandatario porque el poder que le fuera otorgado por la empresa resulta apto para esos fines, desde que la responsabilidad que asume es de carácter patrimonial, se encuentran legitimados para celebrar un acuerdo de juicio abreviado.

No resultan aplicables al caso, ni siquiera analógicamente, las exigencias procesales que se imponen a quienes como mandatarios se presentan querellando, las que son de interpretación restrictiva.

Desestimar las facultades del apoderado conllevaría introducir cuestiones que no fueron motivo de agravio ni tratamiento o consideración por la resolución recurrida, e importaría una afectación al derecho a la defensa. Ello así corresponde homologar el acuerdo de juicio abreviado celebrado.
Notificación, citación judicial
Materia: PROCESAL
Carátula: B., J.S. c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-08-24

En cuanto a notificaciones en general, se entiende que si la citación debe hacerse en un domicilio real por medio de la entrega de la cédula de notificación, sólo debe diligenciarse la que corresponda al domicilio previamente individualizado. No es admisible la denuncia de varios domicilios legales, ni el libramiento simultáneo de varias diligencias.
Concursos, proceso de verificación, categorización de acreedores, aumento de capital social, error material
Materia: COMERCIAL
Carátula: S.B. MANDATARIA SA s/ CONCURSO PREV.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-06-02

Procede confirmar la decisión mediante la cual se enmendó un error material contenido en la resolución verificatoria, no obstante ser posterior a la fecha prevista para que la concursada presente la propuesta de categorización (LC art. 41), y con el efecto de aumentar el capital que ha de ser tenido en cuenta para el computo de la mayoría, toda vez que, no existe controversia en punto a que mediante ella se subsanó un error material en relación al monto por el cual fue admitido en definitiva el crédito insinuado; pero, considerando el efecto definitivo de la resolución verificatoria, y a fin de no afectar el derecho de la deudora a ver cristalizado el pasivo a la fecha de la propuesta de categorización, cabe disponer que, a los efectos de la conformación de la base del cómputo para la evaluación de las mayorías que debe tratar la propuesta de acuerdo que formulará el deudor, se tendrá en cuenta el valor nominal del crédito fijado primigeniamente en la resolución general verificatoria.
Despido, comunicación del despido, sumario interno
Materia: LABORAL
Carátula: PELAYES, LAURA E. c/ BANCO DE JUJUY s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-10-28

Si bien en la comunicación del despido con justa causa deben hacerse constar claramente los motivos en que se funda la ruptura, art. 243 LCT, debe tenerse por cumplido ese requisito pese a algunas falencias en la comunicación si el trabajador tuvo conocimiento cierto de las razones motivantes del cese por haber intervenido en el sumario formalizado por la accionada.
Fallos de la Corte Suprema, partidos políticos, lista de candidatos
Materia: ELECTORAL
Carátula: Aptitud Renovadora - CABA s/ electora c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-09-01

Es doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que el partido político con derecho a nominar a los candidatos es el titular de la acción, en tanto serían sus derechos y no los de los candidatos (aplicable a los precandidatos) los presuntamente afectados (cf., mutatis mutandis, Fallos: 324:2299). (Del voto de los jueces Inés M. Weinberg, Marcela De Langhe, Alicia E. C. Ruiz, Santiago Otamendi y Luis Francisco Lozano).
Corte Suprema de Justicia de la Nación, Municipalidad, Constitución Nacional, interpretación de la constitución, ingresos públicos, Estado Provincial, leyes, constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE ESPERANZA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 306 AÑO 1998)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-04-25

Ya desde "Rivademar" el Alto Tribunal nacional se ha pronunciadoacerca del status de los municipios de Provincia en el ordenamiento constitucional argentino, sosteniendo que "las leyes provinciales no pueden privar (a los Municipios) de las atribuciones mínimas necesarias para el desempeño de su cometido".Y en la causa "Municipalidad de Rosario", señaló que "las facultades municipales ... surgen de la Constitución y las leyes provinciales, cuya correlación, interdependencia y conformidad entre sí, no incumbe" en principio "decidir a la Nación".... "La Constitución Nacional se limita a ordenar el establecimiento del régimen municipal ..., pero en manera alguna les ha prefijado un sistema económico-financiero al cual deban ajustar la organización comunal, cuestión que se encuentra dentro de la órbita de las facultades propias locales conforme a los artículos 104, 105 y 106 de la Constitución, añadiendo que "la adecuada aplicación de los principios enunciados precedentemente, exige invocar y demostrar que las normas provinciales cuya constitucionalidad se cuestiona, comprometen efectivamente la exist encia misma del municipio afectado por el accionar de la Provincia en cuyo territorio se halla asentado.

"Estos criterios fueron aplicados en diversos precedentes por la CorteProvincial y aún con posterioridad a la reforma de 1994, fueron ratificados por el Máximo Tribunal Nacional in re "Municipalidad de La Plata c. Provincia de Buenos Aires".
Derecho a la salud, prestaciones básicas para personas con discapacidad, rehabilitación infantil, obras sociales, medicina prepaga, prestaciones de la obra social
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Z., J. E.; C., M. G. por su hijo J.N.Z.C. c/ Instituto Provincial de Salud de Salta s/ amparo - recurso de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-02-05

El derecho a la preservación de la salud es una obligación impostergable que tiene la autoridad pública, quien debe garantizar ese derecho con acciones positivas, sin perjuicio de las obligaciones que deban asumir en su cumplimiento las jurisdicciones locales, las obras sociales o las entidades de la llamada "medicina prepaga".	La Ley 24901 establece en su articulado un sistema de prestaciones básicas de atención integral a las personas con discapacidad, contemplando acciones de prevención, asistencia, promoción y protección, a los fines de brindarles una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos. La Ley provincial 7600 que adhiere al sistema de la ley nacional (sancionada en el año 2009), en el art. 2º establece en forma expresa que el I.P.S.S. está obligado a brindar las prestaciones básicas de atención integral de acuerdo a un nomenclador especial que establezca con sus prestadores, respetando las prestaciones básicas determinadas según Ley 24901.

En relación a los agravios del apelante referidos a los términos del convenio suscripto entre el demandado y la Asociación Odontológica Salteña, en virtud del cual la madre del menor de edad -en cuyo beneficios se instó esta acción- es afiliada del I.P.S.S., cabe señalar que su aplicación no puede ocasionar detrimento a la cobertura integral de la salud de los afiliados y beneficiarios; ello es así sin perjuicio de los derechos que, en orden a las condiciones pactadas con la mencionada Asociación y al nomenclador establecido con sus prestadores, pueda tener la obra social frente a éstos.
Jurisdicción y competencia, cuestiones de competencia, Corte Suprema de Justicia de la Nación, seguridad jurídica
Materia: PROCESAL
Carátula: JUAN CARLOS GUERRERO s/ JURISDICCION  Y  COMPETENCIA - COMPETENCIA CRIMINAL - INTERVENCION DE  LA CORTE SUPREMA - BANCO CENTRAL - LIQUIDACION-
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-09-05

No se encuentra dentro de las facultades que el art.24, inc. 7mo , del decreto-ley 1285-58 confiere a la Corte, la de revisar las decisiones de las Cámaras Nacionales cuando ellas actúan como tribunales dirimentes en los conflictos de competencia, porque ello no sólo conspira contra las reglas de atribución contenidas en aquel cuerpo legal, sino también contra razones de seguridad jurídica y buena administración de justicia.
Enfermedad profesional, póliza, cauciones
Materia: LABORAL
Carátula: Aguiar Héctor Eduardo c/ Experta ART S.A. s/ Enfermedad Profesional
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2020-04-30

La póliza que instrumenta el seguro de caución contratado por la ART para cumplir con la sustitución del depósito que exige el art. 125 inciso a) del CPL, el beneficiario de la estipulación es el propio Juzgado de Primera Instancia, NO EL ACTOR, que es lo que corresponde. De ratificarse la sentencia y no cumplir su obligación la compañía de seguros, el a quo podría convertirse en Juez y parte. El objeto principal de los seguros de caución es garantizar, a favor de un tercero, las consecuencias de los posibles incumplimientos del tomador, vinculado con el beneficiario por un contrato anterior a la caución y del cual esta resulta accesoria (Voto Welp. Adhesión Ronconi)
Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia vinculante, contienda negativa de competencia, concurso preventivo, fuero de atracción
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Balbuena, Ramón c/ Topsa SA s/ Conflicto negativo de competencia (Expte. CSJ Nro. 380-99)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-10-04

Carecen de fundamento las sentencias de los tribunales inferiores que se apartan de los precedentes de la Corte sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición adoptada por el Tribunal en su carácter de intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia. Y habiendo ya decidido ésta, en caso análogo, que la justicia laboral es competente para entender en un reclamo por accidente de trabajo fundado en la ley de la materia, no resulta de aplicación las normas del fuero de atracción, y por lo tanto corresponde dirimir el conflicto negativo de competencia resolviendo que deberá seguir entendiendo en la causa la justicia laboral.
Perito de parte, honorarios
Materia: CIVIL
Carátula: A. P. D J. Y Otros c/ Caja Nacional De Ahorro Y Seguro En Liquidac s/ Cobro De Seguro
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-06-04

El perito es un auxiliar adscripto al órgano judicial, tercero ajeno a las partes, en tanto el consultor técnico, es en el esquema de la ley procesal, simplemente un asesor de parte en materias técnicas, una suerte de "patrocinante técnico" de quien lo propuso, pero no un imparcial auxiliar del Juez como es el perito (confr. Sala I, causa "Galesta, J. J. y otros c/ Alfa Vía Naviera Argentina S.A.", del 3.9.98; esta Sala, causa 8072 del 30.10.92; FINOCHIETTO, C. -ARAZI, R., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Bs. As. 1987, t. 2, p. 489/491; PALACIO, L.E. Estudios de la Reforma Procesal Civil y Comercial. Ley 22.434, Bs. As. 1987, n° 52, ap. E), p. 159).
Competencia por conexidad, acumulación de procesos
Materia: PROCESAL
Carátula: Defensor del Pueblo de la Nación c/ Estado Nacional - Poder Ejecutivo Nacional - s/ amparo ley 16.986.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-05-07

El instituto de la acumulación de procesos sólo procede en los supuestos en que los jueces intervinientes sean de la misma competencia territorial (Voto del Dr. Antonio Boggiano).
Entidades financieras, concursos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rodríguez, José Alberto y Falótico, Daniel s/ Concurso preventivo de acreedores
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-12-26

Si las entidades financieras autorizadas no pueden solicitar la formación de concurso preventivo (art.49, ley 21526), menos puede ser concedido tal instituto a la que desarrolla esa actividad de manera clandestina.
Facultades del juez, principio de congruencia
Materia: PROCESAL
Carátula: D., E. E. y otro c/ CONSORCIO DE PROP. EDIF. "L. T." s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-11-02

La facultad que a los jueces confiere el ordenamiento jurídico para decir el derecho y suplir el encuadramiento erróneo en el que pudiera haber incurrido una de las partes o ambas, no es absoluta y reconoce como límite, entre otros, el respeto del principio de congruencia (arts. 34, inc. 4º y 163, inc. 6º, Cód. Procesal), que entronca directamente con el derecho de defensa en juicio (Art. 18, Constitución Nacional).
Trabajadores de la construcción, locación de obra, albañil, propietario no constructor
Materia: LABORAL
Carátula: FERNANDEZ, PATRICIO c/ FAGALDE, CLAUDIO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-11-28

Constituye un típico contrato de locación de obra, el celebrado por el propietario de un lote que contrata con un albañil la construcción de una vivienda en su propiedad. La relación no tiene amparo en el estatuto de la construcción, ni en la LCT, ya que se establece una relación autónoma, y no se configura la relación de dependencia a la que aluden los arts. 21 y 22 de la LCT.
Pensiones militares, subsidio por fallecimiento, separación de hecho, cónyuge culpable, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: QUIROGA, BEATRIZ LUCIA c/ E.N.  MINISTERIO DEL INTERIOR - POLICIA FEDERAL s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-07-17

No corresponde la exclusión de la cónyuge separada de hecho como beneficiaria del subsidio extraordinario por fallecimiento porque no se ha probado en forma categórica que la separación se produjo como consecuencia de la conducta culpable de la cónyuge supérstite, recordando que la Corte Suprema ha sostenido que aún existiendo sentencia de divorcio por mutuo consentimiento, art. 67 bis de la ley 2393, que presumía la culpa de ambos esposos, ella no traía aparejada la pérdida del derecho previsional.
Contratos civiles, aplicación de la ley, deudas provinciales
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: De La Calle Hector Pablo c/ Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos Registro de Estado Civiol y Capacidad de las Personas s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-09-01

El marco objetivo de la Ley 9235, comprenden todas las deudas contraídas por el Estado Provincial hasta ese momento - vencidas e impagas a diciembre de 1999- sean éstas contraídas como sujeto de derecho público o privado en tanto si la normativa no realiza distinción alguna, ello está vedado a su intérprete a riesgo de desnaturalizar su letra o espíritu, máxime teniendo en cuenta su naturaleza emergencial
Quiebra, quiebra indirecta, honorarios del síndico del concurso, homologación del acuerdo preventivo
Materia: COMERCIAL
Carátula: MADERERA CORRENTINA  S.A. s/ QUIEBRA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-26

Debe rechazarse el pedido de regulación de honorarios del síndico por la labor cumplida con posterioridad a la homologación del concordato, si sobrevino la quiebra de la concursada.

Tal supuesto no es encuadrable en las previsiones de la LC:288 inc.

5, porque el concurso preventivo sólo concluye por desistimiento o por cumplimiento del acuerdo, y no por haberse decretado la quiebra indirecta, en razón de la unidad que vincula a esos procedimientos colectivos.
Recurso extraordinario, prueba, banco central, procurador general de la Nación, concursos, quiebra, verificación de créditos
Materia: PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: Llaver, Santiago Felipe y otra en Banco de los Andes s/ incidente  de  pago. incidente de pago. QUIEBRA - INCIDENTE DE PAGO -  CASACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-01

Corresponde hacer lugar a la oposición efectuada por la recurrida al pedido del Banco Central de que se incorporen en el proceso -pese al llamamiento de "autos" y con posterioridad al dictamen del Procurador General- las constancias instrumentales consistentes en fotocopias del expediente de la quiebra de un banco, y que tendrían por objeto demostrar la insuficiencia de los fondos existentes para hacer frente a los créditos verificado por aquél ante el juez de concurso.
Recurso de queja (procesal), amparo por mora
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: GOMEZ ALBERTO s/ AMPARO POR MORA - RECURSO DE QUEJA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-04-27

Resulta inadmisible el recurso de queja por cuanto no ha rebatido los argumentos dados por el a-quo respecto a la irrecurribilidad de la acción de amparo por mora de la Administración, en orden a su naturaleza y a fin de evitar que se desvirtúe lo preceptuado en el art. 52 de la Constitución Provincial.-
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, doctrina de la arbitrariedad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: AMSLER HNOS Y CIA SAC c/ BANCO PROVINCIAL DE SANTA FE s/ ACCION DECLARATIVA    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE N. 714-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-06-18

Resulta idónea para operar la apertura del recurso de inconstitucionalidad, la tacha de arbitrariedad de la resolución judicial a quo por haber sido dictada por un tribunal distinto al que correspondía, vicio éste que ostenta relación directa e inmediata con la materia del litigio y su decisión resulta decisiva para la resolución de la causa.
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, exceso ritual manifiesto, recurso contencioso administrativo, instancia administrativa, agotamiento de la instancia administrativa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: García, Teresa Eva c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso extraordinario- Recurso contencioso administrativo de plena   jurisdicción (Expte. CSJ N.  235-1991)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-11-21

La sentencia que incurre en "exceso ritual manifiesto" es un pronunciamiento arbitrario, por no constituir derivación razonada del derecho vigente. El ritualismo pasa de tal modo a configurarse como una causa especial de la sentencia arbitraria, consistente en la desnaturalización de las formas y de las regulaciones procesales, incompatible con el debido proceso y con el razonable formalismo jurídico. Desde esa perspectiva, el fallo impugnado no incurre en exceso ritual (tacha que la impugnante sustenta en que el Cuerpo entendió que era menester la interposición de un pronto despacho, contrariando expresas disposiciones de la ley 10290) desde que la recurrente no logra en esta instancia justificar la existencia de violación al debido proceso legal ni demostrar que el fallo de la Corte local importe una renuncia consciente a la verdad jurídica objetiva, o que traspase el límite de razonabilidad en relación al cumplimiento de las formas procesales. En definitiva, no logra convencer acerca de que el Tribunal, al confirmar la inadmisibilidad declarada por la Presidencia del Cuerpo, lo haya hecho de un modo irrazonable.
Excusación, violencia moral
Materia: PROCESAL
Carátula: BADANO, Carlos Horacio s/ RECURSO DE QUEJA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1995-10-30

La violencia moral -como los motivos de decoro y delicadeza- no es susceptible de apreciarse sino por quien la invoca, debiendo acogerse la excusación cuando traduce una situación que impide actuar con imparcialidad.
Ejecución de la pena, trabajo penitenciario, inconstitucionalidad
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Aquino Morán, Eustaquio s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-09-16

La norma establece una quita basada en los gastos ocasionados por la estadía en prisión que resulta contraria a los principios de retribución justa e igual remuneración por igual tarea, contradice el deber genérico del Estado de "alimentar" a las personas privadas de libertad y es ajena a los fines resocializadores de la pena. La disidencia consideró que no se había demostrado la existencia de gravamen.
Recursos, recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: C.R., M. del R. c/ T., A. N. y Otros s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-03-21

El Máximo Tribunal de la Nación, ha sostenido: "Es inadmisible el recurso extraordinario, si la disconformidad del recurrente aparece sustentada en un distinto criterio en aspectos de derecho procesal, aun cuando las normas que gobiernan el procedimiento respectivo sean de naturaleza federal".
Ejecución fiscal, títulos ejecutivos
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: B.C.R.A. c/ Grodnienski, Marcos s/ ejecución fiscal
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-06

Para el cobro de las multas aplicadas por el B.C.R.A. (confr. inciso 3º del art. 41 de la ley 21.526 y art. 42), "...se seguirá el procedimiento de ejecución fiscal previsto en el código Procesal Civil y Comercial" y constituye título suficiente para iniciar dicho procedimiento "...la copia simple de la resolución que aplicó la multa, suscripta por dos firmas autorizadas del B.C.R.A...", por lo que su habilidad ejecutiva no está condicionada -tal como lo pretende equivocadamente el demandado a que la resolución que impuso la multa se encuentre firme (confr. Sala IV, in re: "B.C.R.A. c/ Aguilar, Jorge L. R. s/juicio ejecutivo", del 13/9/94 y "B.C.R.A. c/ Urien, Enrique A. s/ juicio ejecutivo" de la misma fecha).
Obligaciones del empleador, pago de la remuneración
Materia: LABORAL
Carátula: Paredes, Osmar Alberto c/ Jarme Talleres Gráficos SRL s/ Diferencia de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-07-27

No incurre en mora el trabajador que retiene servicios si el empleador no cumplió o se allana a cumplirla obligación respectiva de "satisfacer el pago de la remuneración debida al trabajador en los plazos y condiciones previstas" en la ley.
Abogados, patrocinio letrado, firma del letrado
Materia: PROCESAL
Carátula: OLIVARES, WASHINGTON Y OTRA c/ BARRIOS, CESAR C. Y OTRO s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-08-28

La firma del letrado al pie de los escritos implica la asistencia y dirección jurídica del proceso y el cabal cumplimiento de las obligaciones que ello importa desde el mismo momento en que se realiza la actuación profesional nace el derecho al cobro de honorarios, el cual es propiedad del letrado a favor del cual se devengue y no de las partes. Lo antedicho significa que para su cobro el profesional no se encuentra sujeto a relaciones con sus clientes, de donde deviene que la acción que le corresponde es absolutamente personal.