marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Exacciones ilegales, concusión
Materia: PENAL
Carátula: CHRISTIN, Norma Ruth s/ Inf. artículo. 268 y 293 del Código Penal".  Causa nro. 13.613
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-02

Conviene aclarar que "El artículo 266 del Código Penal incluye dos conductas técnicamente diferentes: la exacción que persigue una contribución o un derecho destinados al Estado, y la concusión en cuanto lo que se persigue es una dádiva en beneficio particular del funcionario o de un tercero" y es por ello que "Si el procesado le hizo insinuaciones al denunciante referidas a la entrega de dinero que debía efectuarle como condición para saldar la deuda, ello configuró una actividad asimilable a la exigencia constitutiva del ilícito básico previsto en el artículo. 266 del Código Penal, razón por la cual es ésta la norma aplicable al caso como tipo autónomo de concusión y no el artículo. 268, por cuanto quién exige la dádiva no puede convertir para si lo que ya había requerido como tal"
Tasas de interés, tasa activa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PANTANO HECTOR GERONIMO c/ ALVES DE ALMEIDA JOSE s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-INCONSTITUCIONALIDAD Y CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1993-08-30

La tasa activa deberá graduársela de acuerdo a la situación económica general y las circunstancias especiales de la negociación respectiva, agregándose que la decisión de la suprema corte de aplicar la tasa pasiva debe verse como una decisión de circunstancias ante la existencia de tasas activas muy altas en el mercado económico financiero.
Pagaré, prueba, carga
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Perez de Ferrari, María del Cármen c/ Libera, Héctor A. s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-11-29

El art. 88 del dec. ley 5965/63 establece una presunción juris tantum cuyo efecto consiste en precisar sobre quien recae la carga de la prueba sobre el momento de efectuarse la alteración - antes o después de la firma- , incumbiendo al portador probar que la alteración es anterior, desde que la ley supone que fue posterior a la firma del librador.
Relaciones de familia, alimentos, obligación alimentaria, mayoría de edad
Materia: CIVIL
Carátula: A., P. C. c/ G., R. A. s/ ALIMENTOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-10-19

El art. 265 del Código Civil, 2do. párrafo, establece que "La obligación de los padres de prestar alimentos a sus hijos, con el alcance establecido en artículo 267, se extiende hasta la edad de veintiún años, salvo que el hijo mayor de edad o el padre, en su caso, acrediten que cuenta con recursos suficientes para proveérselos por sí mismo" (texto seg. Ley 26.579).

Es decir que cuando no quede acreditado que el alimentado cuente con recursos propios para proveerse sus propios recursos, no se advierten razones para modificar la decisión apelada en este aspecto.

Por el contrario, la mayor edad alcanzada por el alimentado hace presumir un incremento de los gastos referidos a alimentación, educación, vestimenta, esparcimiento y vida de relación.
Acción de amparo, Estado Mayor General de la Armada, planes de cobertura médica, personas con discapacidad
Materia: PROCESAL
Carátula: FORT  EDUARDO JOAQUIN c/ DIRECCION DE SALUD Y ACCION SOCIAL DE LAARMADA s/ sumarísimo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-03-05

DIBA es un organismo dependiente del Estado Mayor General de la Armada que otorga cobertura médica y asistencial al personal de esa Fuerza y, por ende, no puede eximirse de las obligaciones que pesan sobre los agentes de salud respecto de la atención integral de los discapacitados impuesta expresamente en la normativa que rige la materia (ley 24.901), y ratificada por la jurisprudencia del Alto Tribunal (doctr. Fallos 323:1339 y 3229, 324:3569), la cual pone énfasis en los compromisos internacionales asumidos por el Estado Nacional en cuestiones concernientes a la salud (cfr. dictamen del Procurador General de la Nación, en la causa "Martín Sergio Gustavo y otros c.

Fuerza Aérea Arg. Direc. Gral. Bienestar Pers. Fuerza Aérea s.

amparo", M.3226.XXXVIII., al que remite la Corte Suprema, voto de la mayoría, en la sentencia del 8-6-2004; en este sentido, ver asimismo, esta Cámara, Sala de Feria, causa 3922/03 del 23.7.2003; Sala 1, causas 2228/02 del 1.4.2004 y 4108/04 del 19-8-2004; Sala 2, causa 2837/03 del 15-4-2005; esta Sala, causas 11.469/01 del 1.4.2004 y 3092/04 del 29.12.2004).
Derecho penal, prostitución, convenio de transferencia progresiva de competencias penales, competencia penal, competencia contravencional y de faltas
Materia: PROCESAL
Carátula: Incidente de competencia en autos Av. Del Libertador 1138 2° depto. C (ocupantes de la finca) y otro c/  s/ Infr. Ley 12.331 s/ conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-05-14

Corresponde asignar la competencia al Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas en las actuaciones originadas por la presunta infracción al art. 145 bis, CP si no es posible afirmar que las actuaciones se hallaran "pendientes ante los Juzgados Nacionales al momento de perfeccionarse la transferencia de competencias" (cf. cláusula transitoria de la ley n° 26702). (Del voto de los jueces Santiago Otamendi, Marcela De Langhe, Luis Francisco Lozano e Inés M. Weinberg).
Accidente de tránsito, vehículo en movimiento, responsabilidad objetiva, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: PERGAMINO. COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA c/ FERNANDEZ, VIECENTE s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-09

Tratándose de un accidente en el que se produce la colisión entre dos rodados en movimiento, no se puede hablar de responsabilidad fundamentada en la teoría del riesgo creado, desde que ambos vehículos la crean, de lo que se desprende que el actor no se encuentra dispensado de probar la culpa del accionado para poder responsabilizarlo de los daños que le ocasionara el hecho, razón por la cual, de conformidad con el art. 377 del C. Procesal encontrándose la demostración de los que configuran la acción a cargo de quien la alega, corresponde el estudio de las pruebas aportadas por el actor, para así comprobar si se ha justificado la culpabilidad del demandado.
Propiedad intelectual, derechos de autor
Materia: PENAL
Carátula: ASTORGA, Tomás Angel s/ Infracción a la ley 11723
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-02-28

Para saber cómo se defraudó la propiedad intelectual, es imprescindible conocer previamente quien es el autor o sus derecho habientes o el autorizado para editar la obra cinematográfica.-
Juicio ejecutivo, nulidad de la ejecución
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Almeida, Oscar J. c/ Aizaga, Edgardo s/ Cobro ejecutivo de alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-06-08

La excepción de nulidad tiene por objeto subsanar las irregularidades cometidas en los trámites preparatorios del juicio ejecutivo, en el despacho de la ejecución o en el diligenciamiento de la intimación de pago (art. 543 Cód. Procesal su doct. y jurisp.). Es decir, resguarda el presupuesto procesal de la regularidad de las formas. Por consiguiente no se refiere a las circunstancias que puedan enervar la eficacia del título, de modo que si no se sustenta en lo expresamente preceptuado en los incs. 1) y 2) del art. 543 del Cód. Procesal, la misma deviene improcedente.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Delitos contra la humanidad, garantía a ser juzgado en un plazo razonable, Ley de Obediencia Debida, Ley de Punto Final
Materia: PENAL
Carátula: NERONE, Rolando Oscar y otros c/  s/ Privación de libertad agravada
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-02-27

No se advierten dilaciones indebidas que hubieran vulnerado el plazo razonable pues si bien fue invocado que el tiempo que transcurrió desde la fecha de los hechos permite considerar afectada la garantía constitucional, los imputados no estuvieron sujetos a proceso desde aquel momento ni desde la vuelta a la democracia, puesto que sólo a partir de la declaración de nulidad (legislativa) y de inconstitucionalidad (judicial) de las leyes de obediencia debida y de punto final se vieron despejados los obstáculos para el juzgamientos de las graves violaciones a los derechos humanos, asimismo, la complejidad que comporta la investigación resulta una circunstancia que conlleva a descartar una violación a la garantía a ser juzgado en un plazo razonable.
Procedencia del recurso, juicio ejecutivo, revocación de sentencia, modificación de la tasa de interés
Materia: PROCESAL
Carátula: CFN S.A.  c/ Viera, Patricia s/ juicio ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2023-07-27

Corresponde hacer lugar al recurso de apelación deducido por la actora, y en consecuencia, revocar la sentencia en cuanto al tope de intereses establecido -45% anual-, dado que al momento de liquidar la deuda deben aplicarse en principio los intereses pactados sin perjuicio de la facultad de morigerar los intereses -de oficio o a petición de parte- de conformidad al precepto contenido en el art. 771 del CCyC, pues es en oportunidad de confeccionar la liquidación donde se aprecia la real conformación de la deuda, surgiendo el equilibrio o la desproporcionalidad en relación a las variables utilizadas por el acreedor -momento en que cabe ejercer la facultad de limitar los intereses-.
Aplicación de la ley, cobro de sumas de dinero, certificado de trabajo, Derecho laboral
Materia: LABORAL
Carátula: "Marin Rosa Elena c/ Pazos Norma Edith s/ Cobro de pesos y entrega de certificación laboral c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-12-14

La apelación exige, para resultar técnicamente suficiente, que el impugnante ataque todos los argumentos decisivos del fallo que combate, pues aun cuando uno de dichos argumentos sea erróneo, si el mismo se funda también en otros que no han sido atacados, éstos bastan por sí para mantener la validez de la sentencia como acto jurisdiccional "fundado en ley" (conf. arts. 17 y 18, CN). Por ello, basta con que se haya omitido la impugnación a uno sólo de los fundamentos decisivos o centrales en que la sentencia se sustenta, para desestimar el recurso articulado por insuficiente, pues aquél sólo fundamento es apto per se para mantenerlo, no pudiendo el tribunal revisar oficiosamente conclusiones no impugnadas y que, por tanto, llegan firmes a esta instancia (Voto Welp. Adhesión Romero)
Cheque, falta de pago, excepciones procesales, excepción de prescripción, aplicación del derecho extranjero
Materia: COMERCIAL
Carátula: ITALTUR  SA c/ GUZZETTI, JOSE Y OTRO s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-20

Es improcedente la excepción de prescripción opuesta, con fundamento en lo normado por el dl 4776/63: 54, cuando -como en el caso- el cheque fue librado contra un banco de nueva york, invocando el accionante la aplicación del derecho extranjero. Ello, pues nuestro derecho de fuente interna regula el problema de la prescripción como cuestión de fondo y, ante el caso de discrepancia entre las calificaciones de los derechos conectados al caso (Derecho Argentino y Neoyorquino) parece razonable, dada la falta de concordancia, inclinarse por aquella calificación que coincide con la que nos proporciona la lex civilis fori a falta de otro argumento decisivo. Debe aplicarse al caso, pues, la calificación según lex fori: el derecho del lugar del domicilio del banco girado (Nueva York), el cual prescribe que el plazo de prescripción es de seis años.
Lesiones en riña, actos de administración, competencia penal, competencia contravencional y de faltas, régimen penal de la minoridad
Materia: CIVIL-PENAL-PROCESAL
Carátula: Bazán, Fernando c/  s/ amenazas s/ conflicto de competencia I en/ Bazán, Fernando s/ amenazas
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-03-11

Debe atribuirse la competencia para intervenir en este proceso al Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas con competencia en materia penal juvenil que corresponda. En la actualidad la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene competencia material para investigar y juzgar los delitos de daño, lesiones en riña y lesiones y cuenta, además, con juzgados especializados en materia penal juvenil. En consecuencia, considero propicio remitir las actuaciones a la Cámara de Apelaciones en lo Penal Contravencional y de Faltas para que determine cuál de los juzgados especializados en materia penal juvenil deberá intervenir, en tanto una de las personas sindicadas como posible autor de las lesiones denunciadas era, al menos al momento del hecho, menor de edad. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano y del voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Multa administrativa, restitución de la multa, actualización monetaria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: FRIGORIFICO ALMAGRO  S.A.I.C. c/ ESTADO  NACIONAL  (SECRETARIA  DE  ESTADO  DE  COMERCIO  Y RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES) s/ ORDINARIO - SANCION DE MULTA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-03-12

La validez constitucional de las normas que supeditan la intervención judicial al depósito previo de las multas impuestas por la autoridad administrativa, impone que su eventual reintegro, al revocarse o dejarse sin efecto las penalidades, deje incólume el patrimonio del imputado como infractor, de otra manera hubiera surtido efecto la sanción revocada, viéndose afectado el derecho de propiedad que consagra el art. 17 C.N. En el caso de autos no se trata estrictamente de un importe abonado en concepto de multa, sino de una suma que dejó de responder a tal carácter por la decisión que en definitiva se adoptó.

El recurrente en la expresión de agravios no se hace cargo de los fundamentos dados por el a-quo, refiriéndose sólo a las circunstancias por las cuales se disminuyó la sanción y al hecho de que no estuvo en mora para merecer que se le actualice el capital que debe devolver, defensas éstas que no importan una crítica concreta y razonada a las partes del fallo que considera equivocadas, en mérito a lo dispuesto por el art. 266 C.P.C.C.

corresponde declarar desierto el recurso.
Trabajador, ausencias injustificadas, facultades disciplinarias del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: Gimenez Estela Marilyn c/ Samela de Zarratea María Cristina y/o quien resulte responsable s/ Despido, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2002-10-29

Solo el incumplimiento de la obligación de dar aviso de la enfermedad genera tanto la pérdida del derecho del salario, sino también eventualmente, lo autoriza al empleador a ejercer la facultad disciplinaria ante las inasistencias injustificadas.
Accidentes de trabajo, relación de causalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Ocampo, Jorge c/ Parafina del Plata S.A. s/ Daños y perjuicios Folmer, Valentín c/ Firestone Arg. S.A.I.C. s/ Enfermedad Gómez Laitano, Juan Carlos c/ Novobra S.A. y otras s/ Enfermedad accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-11-28|1990-05-15|1993-03-30

Reclamado el resarcimiento por un infortunio del trabajo con sustento en las normas de derecho civil, el tribunal del trabajo tiene que valorar la concausa en su real magnitud ya que el empleador sólo debe responder por la parte del daño exclusivamente motivado por el riesgo o vicio de la cosa de su propiedad, o por su actuar negligente.
Daños y perjuicios, cosa riesgosa
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Auligine de Acevedjo María Elisa c/ Trotta Héctor y otros s/ Daños y perjuicios otros s/ Daños y perjuicios otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-02-15

Una excavación de tierra, con un protagonismo causal incontrovertido en el desarrollo de los hechos, constituye una cosa riesgosa porque implica una situación anormal con aptitud más que suficiente para repotenciar, crear o aumentar la posibilidad del acaecimiento dañoso.
Quiebra, sociedad de hecho, extensión de la quiebra, declaración de quiebra, período de sospecha, masas separadas
Materia: COMERCIAL
Carátula: BERRUEZO, JORGE S/ QUIEBRA c/ FLAMARIQUE, LEANDRO s/ ORDINARIO. BERRUEZO, JORGE S/ QUIEBRA C/ FLAMARIQUE, MARIO S/  ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-05-15

Si la quiebra declarada a una persona individual, fue extendida posteriormente a un tercero, con fundamento jurídico en la ley 19551: 164, en razón de haberse comprobado la existencia de una sociedad de hecho entre ambos, conforme al art. 165-101, incorporado por ley 22197 a la ley 19551 y reproducido por la ley 24522: 171, los efectos de la quiebra declarada por extension se producen a partir de la sentencia que la decrete. Ante tal solución, solo en el caso de masa única es posible computar el limite de retracción desde la primera sentencia de quiebra ("principal"), pero cuando como en el caso- se forman masas separadas, se mantiene la independencia de los respectivos períodos de sospecha, lo que supone calcular la retracción máxima de dos años con comienzo en la fecha de cada sentencia de quiebra por extension.
Recurso de inconstitucionalidad, reserva de la cuestión federal, planteo oportuno, sentencia absolutoria, revocación de sentencia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: C., J. R. M. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad  -Robo  calificado (Expte.: C.S.J. Nro. 260 año 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-11-12

Obsta a la admisibilidad de la queja interpuesta la falta de cumplimiento del recaudo que establece el artículo 1 in fine de la ley 7055; por cuanto la cuestión constitucional recién se introdujo en la pieza de interposición del memorial recursivo-, y sin que con su sola alusión al tema al afirmar que "Esta cuestión se articula en este grado e instancia del trámite en razón de la existencia del fallo revocatorio de la sentencia de primera instancia y, recién entonces surgir el planteo de arbitrariedad normativa y fáctica en cuanto apreciación arbitraria de la prueba y conculcación de las expresas garantías constitucionales ", logre el recurrente en modo alguno perfilar la existencia de un supuesto de arbitrariedad sorpresiva. Y es que, habiendo expuesto el Fiscal de Cámaras al expresar agravios, las razones en que luego se basó el Tribunal -concretamente, en que debía revocarse la absolución del imputado con base en que el reconocimiento que de aquél efectuara el taxista víctima del delito no resultaba dudoso como expresara el Sentenciante, sino certero y veraz-, obviamente, el recurrente pudo, al contestarlos, plantear los reparos constitucionales.
Recurso de inconstitucionalidad, procedencia del recurso, exceso ritual manifiesto, accidente de tránsito, denuncia de venta, prueba
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: AGUIRRE, MARIA c/ PEREYRA, JORGE ALBERTO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-10-31

Si bien el artículo 27 del Régimen de la Propiedad Automotor (según reforma de la ley 22977) creó un expeditivo procedimiento para eximir de responsabilidad a aquéllos que formulen la denuncia unilateral de haber hecho tradición del vehículo al adquirente, dicho mecanismo no excluye la posibilidad de acreditar en juicio que el titular registral había perdido la guarda del vehículo con anterioridad al hecho dañoso, debiendo tal extremo ser evaluado en orden a decidir si subsistía o no la responsabilidad que le atribuye la primera parte del art. 27 de la ley 22977, tesis esta que -expresó la Corte- se sustenta en una interpretación de la ley que atiende al propósito que la inspira y asegura su finalidad, pues si la ley exime de responsabilidad a quien efectúa una denuncia unilateral de venta -cuya sinceridad no es objeto de comprobación- no cabe privar del mismo efecto a quien demuestra efectivamente que se encuentra en idéntica situación, es decir que no dispone del vehículo por haberlo enajenado y hallarse el automotor en poder del adquirente o de terceros que de éste hubiesen recibido el uso, tenencia o posesión, criterio que se reafirma al reparar en que la ley no establece una praesumptio iuris et de iure de que el propietario que no denunció haber vendido y entregado el automotor conserva su guarda, por lo que configuraría un exceso ritual privar al titular registral de la posibilidad -jurídicamente relevante- de demostrar si concurre tal extremo. - CITAS: CSJN: Fallos 310:149, 203, 267, 311:143 y 401.
Recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, prueba, administración fraudulenta
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: PIGNOTTI, CARLOS ALBERTO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-05-21

Corresponde rechazar la queja interpuesta, pues más allá del matiz constitucional con que la quejosa intenta revestir sus articulaciones y del esfuerzo por demostrar que éstas no se reducen a una cuestión de valoración probatoria, lo cierto es que su postulación sólo refleja la discrepancia con lo valorado por el A quo en orden a la concurrencia de los presupuestos del tipo penal del artículo 173 inciso 7 del Código Penal, tarea propia de los jueces de la causa en la que los mismos son soberanos, siempre y cuando esa actividad se desarrolle dentro de los límites demarcados por la sana crítica racional, que -por lo demás- no se advierte traspasado ni ello ha sido alegado por el recurrente.
Encubrimiento, elemento subjetivo, dolo, auto de procesamiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: IBARROLA, José M. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-03

Para que se configure el tipo penal de encubrimiento, el agente debe saber que el objeto (dinero, cosas, efecto) proviene de un delito, es decir, que fue obtenido por quien se lo da o por un tercero por medio de una acción típica. A este saber no equivale ni la sospecha ni la duda: tiene que tratarse de un conocimiento positivo (*).

Si no ha quedado acreditado siquiera mínimamente, el conocimiento efectivo por parte del encartado de la procedencia ilícita del rodado hallado en su taller mecánico, debe revocarse el procesamiento decretado.
Tribunal: CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-02-22


REGISTRO N° 89/13 ///nos Aires, 22 de febrero de 2013.

AUTOS Y VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta, provincia homónima, mediante resolución de fecha 14 de noviembre de 2012, prorrogó la prisión preventiva de José Eugenio San Julián, por el plazo de un año, en el marco del expte. nº 3765/12 de su registro.

En atención a la naturaleza de la causa y a lo prescripto por el art. 1º de la ley 24.390 -según ley 25.430- la prórroga deberá limitarse a seis meses, debiendo el Tribunal urgir el trámite y fijar audiencia de debate dentro de ese período.

Por ello, se RESUELVE:

TOMAR NOTA de la prórroga dispuesta respecto de José Eugenio San Julián, REDUCIÉNDOLA A SEIS MESES, debiendo el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta, fijar audiencia de debate dentro de ese lapso.

Regístrese, comuníquese lo resuelto al a quo mediante oficio de estilo y cúmplase con las anotaciones pertinentes.

Fdo: Dres. Eduardo R. Riggi - Liliana E. Catucci - Mariano H. Borinsky. Ante mi: Walter Daniel Magnone. Prosecretario de Cámara.