Tribunal: CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-03-06


Salta, 6 de marzo de 2013.- AUTOS Y VISTOS: Estos autos caratulados: "YARVI GARCIA, DORA POR SI Y EN REP DE SUS HIJOS MENORES: GONZALEZ, CAROLINA ELIZABETH Y/O GONZALEZ, MAXIMILIANO ENRIQUE c. GUIZZO, CARLOS MARCELO Y/O SALTA REFRESCOS S.A. Y/O CALDERON MAMANI, GUILLERMO Y/O REDONDO OJEDA, MARIO ENRIQUE ORDINARIO POR ORDINARIO" , EXP - 18883 / 7; originario del Juzgado de 1ª Instancia del Trabajo Nº 1, para resolver las apelaciones interpuestas a fs. 337/345 y 361/363 vta., en contra de la sentencia de primera instancia, obrante a fs. 304/317 vta., y C O N S I D E R A N D O El Dr. Cabrera dijo: Vienen estos autos a fin de resolver las apelaciones interpuestas a fs. 337/345 y 361/363, por los codemandados Carlos Marcelo Güizzo y Salta Refrescos SA, respectivamente.

Apelación de fs. 337/345: El codemandado Carlos Marcelo Güizzo se agravia por cuanto la sentencia hace lugar a la demanda, declara la inconstitucionalidad de normas de la ley 24.557 y condena al pago de indemnizaciones por daños y perjuicios, entendiendo que existió un accidente de trabajo por el que su parte debe responder.

Expresa que no existió en la demanda, ni tampoco en la sentencia en crisis, una comparación concreta y específica que permita demostrar la inconstitucionalidad de la aplicabilidad del art. 39 inc. 1 de la LRT al caso subexamine, lo que evidencia la invalidez de la condena que es resultado de una declaración abstracta. Expone consideraciones al respecto, cita jurisprudencia y afirma que la declamación en abstracto acerca de la inconstitucionalidad de la ley 24.557, constituye una manifiesta arbitrariedad que debe ser revocada y que, como corolario, deberá también dejarse sin efecto la condena civil dispuesta en el punto III) de la parte resolutiva, habida cuenta que sin inconstitucionalidad cobra vigencia el régimen de la LRT como único sistema reparatorio de lo que se considere un siniestro laboral, régimen en el cual la actora debió basar su reclamo.

Considera que el fallo que impugna, de manera inexplicable, tiene por configurada la existencia de un accidente de trabajo y que tal conclusión - a su entender- se basa en una forzada, ilógica, injustificada, ilegal e improcedente interpretación que resulta equivocada.

Expresa que el fallo considera que el art. 6 de la LRT resulta aplicable por cuanto el evento ocurrió "en ocasión del trabajo" y, a cuyo fin, se concatenan los hechos determinando presuncionalmente que no existen elementos que le permiten considerar lo contrario. Refiere a la valoración de las testimoniales efectuada por el sentenciante y expone apreciaciones sobre las mismas, afirmando que importante material probatorio -tanto manifestaciones de los testigos como circunstancias de la causa que señala-, fue soslayado en el fallo el que arriba a una conclusión que lo agravia al estimar configurado el evento dañoso en ocasión de trabajo.

Agrega que la muerte de González ocurrida por su deliberada conducta, incluso contraria a las instrucciones, no puede concatenarse con el hecho o la ocasión del trabajo, pues justamente allí no debía presentarse. Cita jurisprudencia de esta Sala y concluye que la falta de responsabilidad de su parte es palmaria, pues no existe configuración de infortunio laboral por el que deba responder por cuanto el fallecimiento ocurrió sin relación inmediata ni remota con el débito laboral, ni con las ocupaciones asignadas.

Cita y comenta doctrina referida a la interpretación del art. 6 de la LRT y expresa que resulta decisivo para la configuración de un accidente de trabajo, que el hecho tenga vinculación con las tareas desempeñadas por el dependiente, esto es que su prestación haya influido en forma directa o inmediata con el acaecimiento del infortunio a los efectos de la responsabilidad del empleador. Que no existiendo, en el caso, el nexo causal que concatena el fallo, debe revocarse la condena indemnizatoria civil dispuesta.

El recurrente se agravia también por la imposición de costas sólo a su parte en su condición de perdedora, pero omitiendo establecerlas a cargo de la actora por la diferencia resultante entre las sumas reclamadas ($462.000, más intereses) y las que en definitiva progresa ($98.050,68, más el 50% por daño moral). Peticiona, para el supuesto de confirmación de la condena, se disponga imponer costas a la actora por la diferencia resultante entre la suma reclamada y la condenada.

En el apartado VI), y sólo para el supuesto que no se acogiera la revocación del fallo, se agravia por los intereses establecidos, el que -dice- se tornaría abstracto en caso de procedencia del fundamento principal del recurso.

Expresa que lo agravia el punto III) de la parte resolutiva del decisorio en cuanto dispone aplicar "...interés a la tasa activa del BNA...", desde el 19-08-07 y hasta el efectivo pago, solicitando se haga lugar al recurso y se ordene la aplicación de la tasa pasiva hasta el 20-08-07 y luego recién la activa hasta su efectivo pago, señalando seguidamente los fundamentos de su reclamo. Dice al respecto que la sentencia dispone aplicar la tasa de interés activa por todo el período que transcurre entre la fecha del fallecimiento y el pago, soslayando antecedentes jurisprudenciales de los tribunales superiores, los que deben ser acatados por los inferiores. Cita los correspondientes a esta Sala y argumenta que es confiscatoria e inaceptale la tasa del 264% dispuesta.

Sostiene que, resultando que el crédito condenado se devenga a partir de agosto de 1998 en adelante, corresponde la aplicabilidad de intereses conforme tasa pasiva hasta el 20-08-07 y en adelante la activa, sin incurrir en el anatocismo vedado por el art. 623 del CC. Cita jurisprudencia.

En el apartado VIII) plantea la cuestión constitucional, formulando expresa reserva de los recursos extraordinarios.

A fs. 352/358 vta. obra responde de la contraria solicitando el rechazo, con costas, de los agravios tratados en los puntos 1, 2 y 3 del título III) de su escrito de responde y que se resuelva conforme a derecho los del punto 4 del mismo título, eximiendo de costas a su parte. En el apartado IV) formula reserva de los recursos extraordinarios.

Apelación de fs. 361/363: La codemandada Salta Refrescos SA se agravia por cuanto la sentencia de primera instancia hace lugar a la demanda, declara la inconstitucionalidad de normas de la ley 24.557 y la condena al pago de indemnizaciones por daños y perjuicios interpretando que existió un accidente de trabajo. Se agravia también por los intereses que se condena a pagar.

Expresa que no correspondía tal declaración de inconstitucionalidad dado el carácter general del planteo ya que se basaba en consideraciones abstractas y universales. Refiere, transcribe y comenta jurisprudencia concluyendo que el fallo señala la violación de una serie de artículos de la CN, pero no indica concretamente cuál sería la aplicabilidad de la LRT y su comparación con el régimen pretendido.

Afirma que en autos no existen pruebas de la existencia de un accidente de trabajo ni tampoco en la causa penal pero que, por el contrario, surge con claridad y de modo contundente que no corresponde la aplicación del art. 6 de la LRT para considerar que el accidente ocurrió "en ocasión del trabajo" y que, además, de las declaraciones en la causa penal se infiere que la víctima fue la única responsable del accidente..

El recurrente se agravia también por cuanto en la sentencia se establecieron los intereses a tasa activa del BNA, omitiendo aplicar precedentes jurisprudenciales de los tribunales superiores en los que se determinó, con precisión, la aplicabilidad en principio de la tasa pasiva y luego la activa. Cita precedentes de esta Sala en los que se ordenó aplicar la tasa pasiva hasta el 20-08-07 y la activa desde el 21-08-07 hasta la fecha de efectivo pago, los que -dice- deben ser acatados conforme lo dispone el art. 40 de la Ley Orgánica Nº 5642 y que lo contrario resulta confiscatorio e inaceptable y le ocasiona daño patrimonial.

El último agravio lo constituye al falta de imposición de costas a la actora por la diferencia resultante entre el importe que prospera la demanda y el que fuera solicitado en ella.

A fs. 371/377 contesta la actora, solicitando el rechazo del recurso con costas respecto de los agravios tratados en los puntos 1, 2 y 4 de su responde y que se resuelva conforme a derecho los correspondientes al punto 3, eximiendo a su parte de costas en caso de acogimiento del mismo. Formula también reserva de los recursos extraordinarios.

Entrando al análisis de las apelaciones formuladas por los codemandados Carlos Marcelo Güizzo y Salta Refrescos SA, se advierte la similitud de los agravios contenidos en ambos recursos por lo que efectuaremos su análisis de modo conjunto.

La primera cuestión que nos ocupa, es el agravio referente a la declaración de inconstitucionalidad de normas de la ley 24.557 que efectúa el Juez A-quo y que es calificada por ambos apelantes como una declaración en abstracto. Si bien les asiste razón en cuanto a que el fallo no se detiene a efectuar un puntual análisis del caso concreto, no es menos cierto que el sentenciante ha efectuado un adecuado examen de la cuestión en el apartado V) de su sentencia, citando jurisprudencia, comentándola y haciendo suyos tales fundamentos, lo que no puede asimilarse a ausencia de fundamentación. Tampoco puede exigírsele al Juez, como lo pretende el recurrente, que indique cuál sería la aplicabilidad de la LRT y su comparación con el régimen pretendido para que resulte válida su fundamentación. El agravio debe ser rechazado, confirmándose la sentencia en este aspecto.

En relación a los agravios formulados por los codemandados, referidos tanto a la existencia del accidente de trabajo en los términos y las consecuencias previstas en el art. 6º, 1º párrafo de la ley 24.557 como así a su responsabilidad, de las constancias y pruebas de la causa -y en especial del expediente penal Nº 244/05, reservado y que tengo a la vista- surgen sobrados elementos que demuestran la procedencia de lo decidido en 1ª. instancia.

Como se comprueba en la demanda, a esta acción de Indemnización por Daños y Perjuicios la promueven los derechohabientes del occiso Orlando Onofre González, en aras de alcanzar una reparación integral en el marco de la normativa civil. En el tema que nos ocupa, sabido es que la parte actora debe probar el hecho y su relación de causalidad con el daño y la demandada, la culpa de la víctima o la de un tercero a los fines de eximir su responsabilidad.

En autos, la carga probatoria de la parte accionante fue cumplida ya que la vinculación del accidente fatal con el hecho o con la ocasión del trabajo se encuentra demostrada y ello pese a lo argumentado por la contraria. El hecho dañoso y sus consecuencias fatales en el sublite no se encuentran discutidas pero sí su calificación de acaecido "en ocasión del trabajo" y en el entendimiento de que en esta conceptualización está ínsita la idea de causalidad entendida como que "el trabajo ha debido poner en la cadena causal algo más que la mera condición irrelevante y neutral de contemporaneidad con la jornada o su concurrencia en el establecimiento", como lo afirma el codemandado Güizzo en su responde de demanda.

Si bien ello es cierto en abstracto, en el caso que nos ocupa esa vinculación con el hecho u ocasión del trabajo ha quedado demostrada, como bien lo explicita el A-quo cuando describe la costumbre de los empleados de guardar las herramientas frente al temor de que, ante su pérdida, les sean descontadas del salario y al lugar destinado por ellos mismos para tal fin en la planta alta, en las proximidades del andamio y por el que también se llevaban materiales a la planta superior, de modo que no sólo González transitaba por él. (ver declaraciones de Romero, Córdoba y Aguirre a fs. 222, 201 y 201 vta. y 84). Y si bien la demandada siempre aseveró en este proceso que esa era una zona por la que no debían transitar, dada la cercanía de los cables de alta tensión (razón cierta y de entidad pues existía un poste de alta tensión: 13.000 voltios) metidos en la medianera como lo ratifica el propio supervisor Redondo Ojeda en su declaración a fs. 82 del citado expediente penal; y que la patronal había cursado notas a Edesa para su remoción del lugar y que tal prohibición se encontraba estipulada en el libro de la guardia, (fs. 76 del expediente penal que tengo a la vista), ésta no logró demostrar que haya concretado medidas de seguridad para tal fin, evitando el acaecimiento de cualquier suceso dañoso para el personal que trabajaba en la obra.

Sostienen los recurrentes que el infortunio laboral se debió a la culpa exclusiva de la víctima por su deliberada conducta y que por ello carecen de responsabilidad, pero no lo demostraron. Asimismo guardan silencio respecto del deber de control y de la verificación del cumplimiento de normas de seguridad en el ámbito de la empresa que permitan concluir que el trabajador fue imprudente y que actuó en contra de la voluntad de sus empleadores.

En este supuesto, sabido es que tal voluntad no puede surgir sino de actos exteriores verbales o escritos o de otros signos inequívocos con referencia a determinados objetos, o de aquellos actos por los cuales se puede conocer con certidumbre la existencia de la voluntad, es decir que ella debe ir corroborada por una actividad que implique evitar la desobediencia. (Cf. Rodríguez Saiach "Acción Civil en Accidentes de Trabajo", pág. 362 y cc.), lo que no ocurrió en el presente por lo que cabe desestimar los agravios confirmando lo decidido en la sentencia, puesto que los recurrentes no lograron demostrar la eximición de responsabilidad que exige la norma del art. 1113 del CC.

El agravio relacionado con la imposición de costas contenida en el apartado III) de la parte resolutiva del fallo de la instancia inferior, pone de manifiesto la queja de los codemandados ahora recurrentes por cuanto consideran que erróneamente se las impuso sólo a su cargo y en su condición de perdedores, omitiendo establecerlas a cargo de la actora por la diferencia resultante entre las sumas reclamadas y las que en definitiva progresa, debe ser también rechazado. Como lo hemos expuesto en el precedente "Gómez c. Laboratorios Phoenix S.A.C.I.F", Expte Nº 12022/05, tratándose de una acción de daños y perjuicios en el marco del derecho civil, en la que se decide la procedencia o no de una reparación en tal ámbito, la que se traduce en una cuantificación que surge de la apreciación del sentenciante como consecuencia de su valoración del caso en su integralidad (y que no se trata de la procedencia o no de diferentes rubros, como generalmente ocurre en el proceso laboral), no corresponde imposición de costas al accionante por la diferencia entre lo pretendido por él en su demanda y lo resuelto en menos por la sentenciante. Por ello, corresponde rechazar este agravio, confirmando imposición de costas decidida por el A-quo en la instancia anterior .

Resta por último el tratamiento del agravio formulado en subsidio por ambos codemandados y para el supuesto acaecido, es decir que no se acogiera la pretendida revocación del fallo.

Pretenden los recurrentes se ordene la aplicación de la tasa pasiva hasta el 20-08-07 y luego recién la activa hasta su efectivo pago. Al respecto, y siguiendo la postura de esta Sala que los mismos apelantes referencian, este agravio resulta procedente de modo parcial. Ello es así, pues hemos venido sosteniendo la procedencia de la tasa pasiva hasta el 31-12-01; tasa activa entre el 1-01-02 y el 7-07-04; tasa pasiva entre el 8-07-04 y el 20-08-07 (autos "Yapura") y tasa activa desde el 21-08-07 hasta el efectivo pago (por cambio de criterio en autos "García Bes"), en todos los casos promedio mensual del Banco de la Nación Argentina, por lo que por aplicación de nuestra jurisprudencia, corresponde hacer lugar parcialmente a este agravio formulado por ambos recurrentes y, en consecuencia, revocar la sentencia ordenando dejar sin efecto la aplicación de la tasa activa de interés por los períodos comprendidos entre el 19-08-98 (fecha del fallecimiento del trabajador) y el 31-12-01 como así entre el 8-07-04 y el 20-08-07, estableciendo la aplicación de la tasa pasiva para ellos, manteniendo la activa por los restantes y hasta su efectivo pago. Sin costas, en atención a que se decide por aplicación de jurisprudencia de este Tribunal. (art. 67, 2º párr. del CPCC).

Reformulada la planilla conforme a lo indicado, el monto de los intereses es de $ 177.187,37, el que sumado al capital de $ 98.050,68, da un resultado de $ 275.238,05, más $ 137.619,02, por daño moral (50% del monto anterior), tenemos un monto de condena de $ 412.857,07, al 31-01-11, según modo y condiciones especificadas en la sentencia de primera instancia.

Por todo lo expuesto, cabe hacer lugar parcialmente a las apelaciones intentadas por ambos recurrentes y sólo por la cuestión del tipo de tasa de interés aplicable y revocar en este sentido la sentencia, sin costas como se indica supra y rechazar el resto de los recursos con costas (art. 67 del CPCC), confirmando la sentencia de la instancia. Corresponde asimismo tener presente la reserva de los recursos extraordinarios, formulada por ambas partes. En tal sentido, voto.

La Dra. Domecq dijo: Disiento con el voto que antecede sólo respecto a lo resuelto en torno a la tasa de interés aplicable, puesto que es criterio de esta Sala que al crédito laboral debe agregarse la tasa activa de interés del Banco de la Nación Argentina para operaciones corrientes de documentos comerciales, el que es un remedio sólo precario en orden a proteger la real intangibilidad de un crédito de naturaleza alimentaria.

Luego de derogada la indexación, la tasa de interés debió satisfacer la compensación por la eventual pérdida del poder adquisitivo de la moneda y la privación del uso del capital, ponderada ésta última desde la función social que tiene la remuneración. Si la tasa de inflación se mantuviera en niveles razonables, la aplicación de intereses debería satisfacer solamente la finalidad moratoria, pero como su permanente incremento es un fenómeno de incuestionable existencia que no dejó de advertirse en mayor o menor medida durante los períodos respecto de los cuales el Señor Vocal propone la aplicación de la pasiva, propongo que se rechace este aspecto del agravio de los dos codemandados (ver al respecto la doctrina de Nicolás Salvador Roberto Zullo en "Los intereses de los créditos laborales", artículo publicado en el Suplemento especial de la revista jurídica La Ley "Intereses", de julio de 2044). Con costas (art. 67 del C.P.C.C.).

La Dra. Ana María Guadalupe Varela, dijo: Comenzando el análisis de la cuestión objeto de disidencia, la cual se encuentra acotada a la tasa de interés, estimo necesario efectuar unas consideraciones con carácter previo.

En el sub examine los recurrentes impetran en sus memoriales se aplique la tasa pasiva de interés desde el 19/08/98 hasta el 20/08/07 y luego la activa hasta su efectivo pago, puesto que en el año en que aconteció el evento dañoso, ni con posterioridad, jamás se estableció esta última para el cálculo de los créditos laborales, sino que la misma fue sentada por ciertos tribunales, a partir de la crisis del año 2002. Citan como precedente, la doctrina plasmada en los fallos: "Yapura", "Insaurralde" y "García Bes" de la Sala I de éste Tribunal, la cual, sostienen que debe ser acatada por los Tribunales inferiores de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Provincia de Salta.

Al contestar agravios la accionante al respecto, resalta que debe tenerse en cuenta al resolver que su parte no postuló una tasa determinada, limitándose a reclamar los intereses compensatorios a criterio judicial.

El fallo en crisis omite el tratamiento de la tasa de interés en los considerandos, solo los menciona la planilla de fs. 304 que la determina en un 264 % , estableciendo en consecuencia su importe, y en el punto III) de la parte dispositiva de acuerdo surge de fs. 317.

Ahora bien, en relación al tema en cuestión, ésta Cámara de Apelación, mantiene criterios diferentes, el de la Sala I, debidamente expresado en el primer voto, y el de la Sala II. Esta última mantenía el criterio de la tasa pasiva promedio mensual del banco de la Nación Argentina, y que la aplicación de tasa activa debía ser planteada desde la demanda, pero a raíz del criterio sustentado por la Corte de Justicia Local, in re: "Acosta vs. Municipalidad de General Güemes", de conformidad a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, confirma la tasa activa de interés. (En los autos caratulados: "Ordinario - Alderete, Walter René vs. Servicios Sociales Pieve S.A.", Expte. Nº 1926/01 - copiado al folio 713/715 - T. II de Sentencias - 26/10/01); "Esta Sala ya había sentado el criterio de la aplicación de la tasa de interés activa en el proceso laboral en los autos: "Vázquez vs. Provincia de Salta", lo que fuera receptado luego por la Corte de Justicia Local, que reiteró la doctrina adoptada ene. Caso "Acosta" en "Marinaro de Viñal, Ana Z. Vs. Caja de Previsión de Salta", Expte. Nº 23.294/01, el 20/06/02 donde aplicó a los créditos reclamados la tasa activa en base a considerar que tiene contenido alimentario, lo que resulta aplicable a los créditos laborales" ("Ordinario-Gómez, Ricardo Salvador vs. Casino de las Nubes S.A.", Expte. Nº 16.940/06 - copiado al folio 87/90 - T. I Sentencias - 07/03/07").

El argumento que esgrime el apelante, basado en la obligatoriedad de la doctrina de los fallos de la Sala I de éste Tribunal que invoca, es improcedente puesto que la norma que cita como aplicable al respecto - artículo 40 de la Ley Orgánica del Poder Judicial - establece que la interpretación que la Corte de Justicia haga de los textos de la Constitución y de las leyes, será obligatoria para todos los tribunales.

La pretensión ejercida en autos, que fue acogida por el señor juez de grado en la sentencia, y confirmada por el voto de los señores Camaristas que me preceden, constituye una acción por daños y perjuicios de naturaleza resarcitoria, basada en el derecho civil, lo cual me lleva a pensar que si tal es la naturaleza de su objeto, en materia de intereses debería observarse una pauta similar a la que utilizan en ese fuero. Digo esto por cuanto, el fundamento de la declaración de inconstitucionalidad del artículo 39-1 de la Ley de Riesgos de Trabajo, obedece en el razonamiento efectuado por la Corte de Justicia de la Nación, en el caso "Aquino", de afectar entre otros, el principio de igualdad establecido en el artículo 16 de la Constitución Nacional en detrimento del trabajador al vedarle el ejercicio a la reparación integral del daño -alterum non loedere- piedra esencial en el derecho de daños, que impone la obligación de reparar el perjuicio plenamente y su operatividad se potencia cuando se lo relaciona con derechos esenciales, como el derecho a la vida, derecho éste conferido a toda persona por su sola condición de tal. En base a la manda constitucional precitada, me parece que también atenta contra el principio de igualdad, en detrimento del condenado, la imposición de una tasa de interés que tiene en mira créditos alimentarios. Para ser gráfica voy a realizar el siguiente ejemplo: si el señor orlando Onofre González hubiera fallecido en un accidente de tránsito, la acción por daños y perjuicios hubiera tramitado en el fuero civil, y tras la determinación del daño emergente (en el cual se suele aplicar las mismas pautas que las utilizadas por el juez de grado para su determinación) y en su caso el daño moral, se habría aplicado una tasa de interés distinta a la propuesta en los votos que anteceden, motivo por el cual me parece justo, razonable y equitativo, tener en cuenta ese parámetro.

Resulta ilustrativo, en relación a la tasa de interés aplicable: "Que la jurisprudencia de las distintas Salas de éste Tribunal, han dejado establecido que en esta materia no cabe fijar criterios generales, debiendo atenderse en cada período en discusión, ya que la variación de la situación económica en el tiempo impide que se puedan establecer parámetros de carácter general" (Cámara de Apelación C. Y C. Salta - Sala II - año 1994, folio 292, id. Año 2002, folio 905 - Sala IV - octubre 2003).

En conclusión, si bien para dirimir la disidencia me encuentro limitada por los parámetros establecidos en los votos anteriores, por los fundamentos expuestos, adhiero a la postura del Dr. Jorge Daniel Cabrera al respecto, por cuanto es la que contempla una mayor proximidad respecto del criterio que rige en el fuero civil. Dejando aclarado, que dejo a salvo mi opinión respecto de los demás créditos laborales, ya que para aquellos sostengo la aplicación de la tasa activa de interés, continuando el criterio de la Sala II que integro.

Por ello, la CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO SALA I F A L L A I) Haciendo lugar parcialmente a las apelaciones planteadas por ambos recurrentes, en la tasa de interés, revocando el punto III del fallo de primera instancia, estableciendo el monto de condena en $ 412.857.07 (Pesos cuatrocientos doce mil, ochocientos cincuenta y siete c/07 ctvos). Sin costas.

II) Rechazando el resto de los recursos. Con costas. Teniendo presente la reserva de los recursos formuladas por ambas partes.

III) Difiriendo la regulación de honorarios hasta que se practique la de primera instancia.

IV) Ordenando se copie, registre, notifique y bajar los autos al Juzgado de origen.-