marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Contrato de trabajo, fraude laboral, teoría de la penetración, responsabilidad del administrador de la sociedad, orden público laboral
Materia: LABORAL
Carátula: "Costa Nuñez, Analía c/ G & C Salud SA y otros s/ despido".
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-29

Los casos en los que la ley de sociedades comerciales prevé la responsabilidad directa y personal de los directores o gerentes, no tienen relación directa con la doctrina del "disregard", sino con la comisión de ciertos ilícitos que van más allá del incumplimientos de obligaciones legales o contractuales y para cuya concreción se aprovecha la estructura societaria. En estos casos, el fín constitutivo de la sociedad es lícito, pues su existencia no fue planteada para encubrir una responsabilidad personal (de allí que no resulte viable descorrer el velo); pero si sus directivos, no sólo hacen que la entidad incumpla sus obligaciones sino que, además, incurren en actos o maniobras dirigidas a defraudar a terceros (trabajadores, sistema de seguridad social, etc) o a burlar la ley, quienes ocupan cargos de dirección resultan responsables directamente, más allá de efectuar el depósito de los aportes y contribuciones en tiempo y forma (que son típicos incumplimientos de índole contractual) que urdir maniobras tendiendes a encubrir una relación laboral o a disminuir la antigüedad real o a ocultar parte de la remuneración, más allá del incumplimiento que estos actos suponen, configuran maniobras defraudatorias de las que resultan directa e inmediatamente responsables las personas físicas que las pergeñan porque sus actos, más allá de constituir un ilícito delictual o cuasidelictual en el ámbito civil (art. 1072 y Subs. C. Civil) podrían llegar a encuadrar, incluso, en tipificaciones propias del derechos punitorio (arts. 172, 173 y conc. del C. Penal y ley 23771).(Del voto del Dr. Pirolo, en mayoría).
Inviolabilidad del domicilio, domicilio fiscal, inviolabilidad de los papeles privados, estados contables, inspección impositiva, verificación de impuestos, inspectores de la DGI
Materia: TRIBUTARIO-CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: STEINCO GUSTAVO ALEJANDRO (TF 18283-I) c/ DGI
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-12

El art. 18 de la Constitución Nacional, al declarar que el domicilio y los papeles privados de las personas son "inviolables", se refiere al domicilio como lugar de residencia, morada o habitación; no al domicilio fiscal constituido por exigencia legal impuesta a las personas de existencia ideal ni a los "papeles" que constituyen la documentación contable que las sociedades comerciales deben obligatoriamente llevar para ser debidamente fiscalizadas por las autoridades competentes. En otras palabras, la garantía del art. 18 de la Constitución Nacional no alcanza al domicilio fiscal ni a la contabilidad de una sociedad comercial, y por tal razón es que el art. 35 de la ley 11.683 dispone que los funcionarios de la Dirección General Impositiva tendrán en cualquier momento amplios poderes para "inspeccionar los libros anotaciones papelees y documentos de responsables o terceros que puedan registrar las negociaciones y operaciones sujetas a fiscalización. (del voto del Dr. Alemany - Sumario confeccionado por el SAIJ)
Honorarios, honorarios del abogado, regulación de honorarios, cobro al cliente, medida de no innovar, indisponibilidad de fondos
Materia: PROCESAL
Carátula: SADIA CONCORDIA SA INDUSTRIA E COMERCIO c/ SADIA TRANSPORTES Y SERVICIOS SA s/ CESE DE USO DE NOMBRE COMERCIAL.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-13

El art. 49 de la Ley 21.893, modificada por ley 24.432 establece una prioridad de cobro, en cuanto dispone que el beneficiario de la regulación de honorarios deberá dirigirse primero contra el condenado en costas y si este no paga dentro de los treinta días de notificado el auto regulatorio firme, entonces podrá reclamar a su cliente (cfr. Serantes Peña, O. E.- Palma, J. F.- Serantes Peña, J. M., "Aranceles de Honorarios para Abogados y Procuradores"). Ello así, y la solicitud de indisponibilidad de fondos pertenecientes a la actora resulta improcedente por referir solo a una hipótesis netamente conjetural.
Demanda, prescripción, sentencia, fundamentación de sentencias, recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, omisión de considerar cuestión propuesta
Materia: PROCESAL
Carátula: Cincunegui, Miguel c/ Rossi, Irma y otro s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Cumplimiento de contrato (Expte. CSJ  Nº 1002-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-05-05

No es causal de nulidad de la sentencia la omisión de toda referencia a la defensa de prescripción liberatoria opuesta subsidiariamente por el reconvenido, y cuya consideración resultó innecesaria por no haberse producido el caso para el cual fue planteada.
Transporte aéreo de carga, obligaciones en moneda extranjera, pérdida de la mercadería, responsabilidad solidaria, aplicación de tratados internacionales, fundamentación del recurso
Materia: COMERCIAL
Carátula: Ace Seguros SA c/ Air France y otro s/ faltante y/o avería de carga transporte aéreo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-10-30

Cabe dejar sin efecto la sentencia que hizo lugar a la demanda y condenó a las demandadas- transportistas- a abonar la suma reclamada en moneda extranjera por la compañía aseguradora- subrogada en los derechos de la consignataria de la mercadería perdida en un envío realizado en diciembre del año 2000, en razón de un contrato de transporte aéreo, con más intereses, dado que el a quo no ha resuelto en forma definitiva el recurso de apelación interpuesto por la codemandada contra la decisión de primera instancia, en cuanto nada ha dicho sobre la aplicación al caso del límite de responsabilidad del transportista de mercaderías previsto en el art. 22 inc. 2 b del Convenio de Varsovia - La Haya, con las modificaciones introducidas en el Protocolo n° IV de Montreal, oportunamente introducido por la recurrente, por lo que cabe reenviar la causa al tribunal de Alzada a fin de que se pronuncie sobre el derecho que la recurrente fundara en normas federales (Voto de la jueza Carmen M. Argibay).
Sentencia, nulidad de oficio
Materia: PENAL
Carátula: Lobos, Jesús s/ Privación de la libertad - Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-04-12

No habiéndose interpuesto recurso extraordinario de nulidad sino el de inaplicabilidad de ley, puede la Corte anular de oficio la sentencia cuando ésta no ha resuelto cuestiones esenciales o la ha hecho en forma incompleta, pero sólo en la situación excepcional de que esas deficiencias impidan conocer en forma cabal el recurso interpuesto.
Recurso extraordinario, gravedad institucional
Materia: ELECTORAL
Carátula: Chamatrópulos Pablo s/ apela resolución acta N° 90 de la Junta Electoral Nacional distrito Buenos Aires
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-02-11

La ausencia de requisitos comunes y propios del recurso extraordinario no puede soslayarse mediante la utilización de esa vía -gravedad institucional-, pues ésta sólo permite superar ápices procesales en supuestos en que la causa trasciende el interés de las partes, aspecto cuya valoración correspondería, de todos modos, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y no a este Tribunal (cf. Fallos CNE 3372/04; 3373/04; 3429/05; 3523/05; 3640/05 y 3673/05, entre otros).
Recurso de inconstitucionalidad, Derecho laboral, primacía de la realidad, contrato de aprendizaje, interpretación del contrato, prueba, apreciación de la prueba, contrato de trabajo por tiempo indeterminado
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: GARIONE, LUCAS HUGO c/ PESIRI Y CATTANEO S.H. Y OTROS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- C.P.L. (EXPTE.: C.S.J. NRO. 43 AÑO 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-10-19

Merece reproche constitucional el pronunciamiento de la Sala que encuadró la relación dentro de la figura especial del contrato de aprendizaje, escudándose en la satisfacción de uno de los recaudos legales (su formalización por escrito) pero sin comprobar de manera rigurosa la concurrencia de los restantes presupuestos fácticos impuestos también por la ley 24465 y el decreto 738/65. Máxime considerando que en la controversia estaba seriamente comprometido el principio de primacía de la realidad, que imponía a los Juzgadores el análisis de las circunstancias concretas de cómo se había desarrollado la relación habida entre las partes . A esos fines era necesario que la Sala valorara todos los medios de confirmación, concretamente las testimoniales de acuerdo a las cuales el actor habría prestado servicios para la demandada tiempo antes de la formalización del primer contrato; la posibilidad de aplicar las presunciones derivadas de las omisiones patronales (arts. 52 y 55, L.C.T.); e incluso los contratos mismos en punto a su número y a su contenido más allá de que las formas se hayan satisfecho. Una correcta dilucidación de la cuestión exigía una apreciación crítica de todos esos elementos probatorios, habida cuenta que recién con la calificación de la real actividad desarrollada de hecho por el actor, la Alzada estaba en condiciones de apreciar si las tareas cumplidas configuraban realmente el contrato de aprendizaje que se había instrumentado o, por el contrario, un contrato de trabajo por tiempo indeterminado. En consecuencia, el pronunciamiento incumple con el mandato consagrado por el artículo 95 de la Carta Magna provincial al sustentar la aplicación del precepto legal en juego mediante un razonamiento limitado al aspecto formal, desvinculado de las restantes condiciones normativas y de las específicas modalidades del caso de acuerdo a las constancias de autos.
Recurso extraordinario, recurso de nulidad, falta de notificación
Materia: PROCESAL - PENAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: KING VOX, INDUSTRIAL Y COMERCIAL c/ DE FABRITIS, NICOLAS s/ QUERELLA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-27

Resulta improcedente el recurso impetrado contra el rechazo de un incidente de nulidad relativo a una notificación, dado que ello es materia procesal ajena a la vía extraordinaria.
Mora, constitución en mora
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Libertini, José Luis c/ Eleno, Ricardo y otro s/ Cumplimiento de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-10-24

En el caso de que la obligación debe pagarse en el domicilio del deudor y la mora fuera de constitución automática, para eximirse de ella el deudor debe acreditar que el acreedor no compareció al efecto.-
Competencia ordinaria, competencia por la materia, competencia civil, locación, comerciante, lucro cesante
Materia: PROCESAL - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Marta Harff  S.R.L. c/ El Hogar Obrero Coop. de Cons. Edif. y Credito s/ resolución de contrato.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-20

Es competente la justicia civil para conocer en la resolución de un contrato de locación pactado entre comerciantes, de un ámbito destinado al comercio en el giro habitual de los negocios de la locataria, reclamándose además el lucro cesante derivado de las pérdidas comerciales de la empresa.
Protección de la vivienda, concursos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Grupo Goldaracena Hnos.S.A. s/ S/ Actuaciones con motivo de la Quiebra S/ Incidente de  Desafectación de Bien de Familia Inmueble Propiedad de Hernan  J.Gondaracena Promovido por Sindicatura )
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-09-30

La constitución del Bien de Familia durante el período de sospecha no presume la existencia de créditos insinuados en el universal anteriores a la afectación del inmueble de titularidad del fallido al Régimen de Bien de Familia reguido por la Ley 14.394
Accidente de tránsito, indemnización por accidente de tránsito, incapacidad sobreviniente, lucro cesante
Materia: CIVIL
Carátula: UBOLDI, Leopoldo c/ LINEA 213 DE TRANSPORTES s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-21

Si el resarcimiento otorgado en concepto de incapacidad sobreviniente a raíz de un accidente de tránsito tiene en mira la permanencia de la ineptitud y la pérdida para el futuro, que incide negativamente en la vida laboral y de relación, no puede entenderse como daño autónomo la disminución de ingresos por igual causa, por lo tanto la suma fijada por incapacidad subsumirá el lucro cesante.
Accidente de tránsito, desvalorización del automotor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Montarón Raul Jorge Clemente y ot. c/ Municipalidad de Gral. Sarmiento y ot. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-05-23

El daño a las cosas habilita dos modos de pedir el resarcimiento: la repetición de lo pagado por su reparación más el valor de las secuelas depreciatorias que pudieran quedar o la disminución en su valor intrínseco producida por la destrucción parcial que todo daño implica, que se mide por la diferencia entre el valor de la cosa deteriorada y el que tenía antes de su deterioro (arts. 1083, 1094 Cód. Civil).
Daño moral, privación del uso del automotor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Molina, Neri Alejandro c/ Barraza, Rubén Mario s/ Indemnización daños y perjuicios Caino, Juan Alberto c/ Treviño, Luis Alberto s/ Daños y perjuicios Lamberti, Raúl Antonio c/ Serratore de Cottura, Teresa s/ Indemnización daños y perjuicios Castan, Osvaldo C. c/ Galante, Osvaldo s/ Indemnización por daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-06-26|1986-10-16|1987-02-26|1987-05-21

Quien sufre de repente la destrucción parcial de su automotor por culpa o responsabilidad de un tercero experimenta un "perjuicio anímico" de entidad que esta dado por multitud de motivos; obligado y súbito cambio de planes "modus vivendi", etc., denuncia del hecho ante la autoridad policía, ante la Compañía Aseguradora, obtención de 2 o 3 presupuestos en talleres mecánicos, fotografiar el vehículo colisionado, etc., esa serie de inconvenientes y molestias encuadran en el daño moral que debe ser resarcido en el marco de aplicación del artº 1078 del CCI.
Recusación, recusación por prejuzgamiento
Materia: PROCESAL
Carátula: Telecor Sociedad Anónima Comercial e Industrial c/ Catamarca, Provincia de s/ restitución de inmueble.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-26

Los pronunciamientos respecto a medidas precautorias no justifican el apartamiento de los integrantes de la Corte Suprema que los suscriben.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, proceso penal, suspensión del juicio a prueba, leyes
Materia: PENAL
Carátula: Z, E R s/ Estafa. Incidente de suspensión del juicio a prueba. Cuestión   previa: ¿Corresponde integrar un cargo de Juez de Cámara, vacante en  una sala de una de las Cámaras de Apelación en lo Penal convocadas, para la constitución y funcionamiento válido de éste Tribunal   plenario? Cuestión de fondo: 1) ¿El instituto de la suspensión del   juicio a prueba, incorporado al Código Penal por la Ley 24316 como   artículos 76 bis, 76 ter y 76 quater, resulta aplicable a los   imputados por delito o delitos cuya escala penal en abstracto exceda  los tres años de reclusión o prisión?; 2) En su caso ¿El   consentimiento del Fiscal previsto en el artículo 76 bis, cuarto   párrafo del Código Penal, es exigible para todos los casos de   concesión de tal beneficio? (Expte. Nro. 1021-97) (Tribunal plenario)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-12-22

El artículo 76 bis del Código Penal, en sus párrafos primero y segundo, define cuales son los casos en los cuales -en abstracto- puede suspenderse el juicio a prueba. Además de emplear concretamente el vocablo "casos" en el inicio del segundo párrafo, que ello es así lo demuestra el hecho de que aquí la norma no establece que "ser procedente" la suspensión -o expresión de similar significado-, sino solamente que se "podrá solicitar" la misma por parte del imputado. Estos casos en los cuales -en abstracto- puede suspenderse el juicio a prueba son los de imputaciones por delito -o delitos, pues se contempla también el concurso de ellos- en las cuales la escala penal aplicable no supere los tres años de reclusión o prisión. Al mencionar la pena aplicable la norma refiere a la escala penal en abstracto prevista por los distintos tipos penales y su concurso. (Del Voto del Dr. Jukic). En el caso, la cuestión a resolver es: ¨El instituto de la suspensión del juicio a prueba, incorporado al Código Penal por la ley 24316 como artículos 76 bis, 76 ter y 76 quáter, resulta aplicable a los imputados por delito o delitos cuya escala penal en abstracto exceda los tres años de reclusión o prisión?
Procedimiento administrativo, facultades del Poder Judicial, facultades jurisdiccionales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: B., D. y Otros c/ Municipalidad de Comodoro Rivadavia s/ Recurso Contencioso Administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-07-16

El proceso administrativo es aquella serie de actos intermedios y formalidades, que cumplidos por y ante órganos de la administración tienen por finalidad la preparación, por medio de los cuales se satisfacen, en forma directa e inmediata las necesidades colectivas y el logro de los fines del Estado, todo ello dentro del orden jurídico establecido y con arreglo a él. Conjunto de formas (actos, formalidades y trámites) ligados en forma específica a la que corresponde a la definición de administración pública. Siendo así, no excede de aquella finalidad, ni de la función administrativa quedando a ella constreñido. En tanto, la determinación de las formas en que el control por el Poder Judicial de la actividad administrativa debe ser ejercido, sus condiciones de acceso a ese control, integran el derecho procesal, y su determinación y regulación es privativo de la Ley procesal.
Recurso extraordinario de nulidad, omisión de cuestión esencial, nulidad de sentencia, costas al magistrado
Materia: PROCESAL
Carátula: Musri, Sallih s/ Sucesorio - Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2004-02-11

La omisión de tratamiento de una cuestión en que pueda incurrir la instancia ordinaria únicamente autoriza la interposición del recurso extraordinario de nulidad y no el de inaplicabilidad de ley, que solo tiende a corregir los errores in iudicando. Y aun cuando no se haya deducido el pertinente recurso , la Corte se encuentra habilitada para pronunciar la nulidad del fallo, si advierte omisión de cuestión esencial que torne imposible el tratamiento de la impugnación por inaplicabilidad de ley.

En el caso, la Cámara receptora del reenvío omitió la cuestión sometida a su decisión, concretamente si hacía lugar o no a la queja ante la denegación de la apelación por el Aquo, pues éste es el decisorio declarado nulo por esta Corte.

En consecuencia, corresponde declarar la nulidad de la sentencia interlocutoria dictada por la Cámara de Apelación de Primera Nominación, con reenvío a la Cámara de Apelación de Segunda Nominación la que deberá conformarse con magistrados que no hayan intervenido en el dictado de las sentencias declaradas nulas y resuelvan lo correspondiente en relación al recurso de queja, imponiéndose las costas a los Señores Magistrados causantes de la nulidad-art. 208 de la Constitución Provincial-.
Constitución Nacional, control de constitucionalidad, Poder Judicial, facultades del Poder Judicial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Díaz, Timoteo Filiberto c/ Vaspia S.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-07

El examen jurisdiccional de constitucionalidad para el que están habilitados los jueces de la Nación, incluida la Corte Suprema, aún cuando prescinda de aplicar la ley por razones constitucionales, no debe ir más allá de lo necesario para dar debido fundamento a la solución del pleito existente entre las partes litigantes (Voto de la Dra. Carmen M. Argibay).
Acción, resolución administrativa, consentimiento
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Sabatella, Antonio Ricardo c/ Provincia de Buenos Aires (A.G.O.S.) s/ Demanda contencioso administrativa Soria, Carlos Alberto c/ Provincia de Buenos Aires (A.G.O.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-03-04|1997-04-22

La improcedencia de la acción contencioso administrativa contra resoluciones de una autoridad administrativa que ha sido consentida por el interesado, ha sido declarada desde antiguo por el Tribunal en numerosos pronunciamientos. Como el consentimiento a que refiere el art. 14 del Código de Procedimiento en lo Contencioso Administrativo, puede ser total o parcial, es decir relativo a una resolución íntegra, o a una parte de ella, quien la ha consentido en su totalidad no puede impugnar luego la resolución administrativa en la parte que fue objeto de su expresa aceptación, por carecer de acción conforme lo dispuesto por el art. 14 citado.
Juicio de árbitros, resoluciones recurribles
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Tammone, Roberto A. c/ Figliuolo y Rossi s/ Laudo arbitral
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-03-02

No resulta apelable la decisión arbitral que establece el monto del alquiler que corresponde abonar, no pudiendo tampoco ser objeto de los recursos extraordinarios previstos por los arts. 278 y 296 del Código Procesal Civil y Comercial la sentencia de la Cámara que desestima la nulidad deducida en el caso (arts. 798 y 799, espec. 2º párrafo, Cód. cit.). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario, acción de amparo, carácter excepcional, sentencia arbitraria
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: TENAGLIA, HUGO c/ NUEVO BANCO DE SANTA FE Y OTROS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- AMPARO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 284 AÑO  2005)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2007-08-22

Si bien por vía de principio el examen de las condiciones vinculadas con la admisibilidad y procedencia del amparo constituye materia reservada a los jueces de la causa -y, en cuanto tal, ajena a la revisión por vía del recurso extraordinario-, ello no obsta a que se haga excepción a la misma regla cuando lo resuelto ha supuesto un anómalo ejercicio de las aludidas potestades, extremo que habilita a la descalificación del pronunciamiento con sustento en la doctrina de la arbitrariedad de sentencias.
Accidente de tránsito, culpa concurrente
Materia: CIVIL
Carátula: Carrizo, Claudio Daniel c/ Domínguez, Ricardo Francisco s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-16

Ante la imposibilidad de establecer una mayor proporción de culpa de uno de los intervinientes de un accidente de tránsito con relación al otro, corresponde distribuirla por mitades.
Juicio ejecutivo, ejecución de alquileres, locación
Materia: CIVIL
Carátula: Azar, León Ricardo c/ Serial, María Teresa s/ Ejecutivo Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1999-11-25

La ley acuerda la acción ejecutiva por el cobro de alquileres de un inmueble en atención a la naturaleza del crédito y con prescindencia del hecho de que el deudor permanezca en la finca arrendada. De modo tal, que no es óbice a la procedencia de la vía ejecutiva la circunstancia de que la locación entre las partes haya cesado, desde que el crédito por cobro de alquileres procede, en principio, aún después de haber finalizado aquella y aunque el inquilino no habite la finca arrendada. Consecuentemente, la negativa de la condición actual de locatario no puede ser tenida en cuenta, aún cuando se sostenga que el contrato de locación ha sido rescindido o se halla vencido, dado que para el rechazo de la ejecución debe acreditarse la restitución del inmueble arrendado al locador antes del transcurso de los períodos que este reclama.