Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-09-12


En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut a los 12 días del mes de septiembre del año dos mil once, reunida en Acuerdo la Sala Civil, Comercial, Laboral, Rural y de Minería del Superior Tribunal de Justicia, con la Presidencia del Dr. Fernando Salvador Luis ROYER y asistencia del Sr. Ministro Dr. Daniel Luis CANEO para dictar sentencia en los autos caratulados "M., M. R. c/ Obra Social SEROS - Instituto de Seguridad Social y Seguros de la Provincia del Chubut s/ Acción de Amparo" (Expte. Nº 22.361-M-2011) y teniendo en cuenta el sorteo practicado a fs. 221, y lo dispuesto en las Acordadas N° 3.202/00 y 3.204/00 correspondió el siguiente orden para la emisión de los respectivos votos: Dres. ROYER, CANEO y PASUTTI.-- Acto seguido, se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es procedente la acción de amparo intentada? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.- A la primera cuestión el Dr. ROYER dijo: -- I.- ANTECEDENTES:

1.- LA DEMANDA: - A fs. 46/51 vta. M. R. M., interpuso una acción de amparo contra la Obra Social S.E.R.O.S., a los efectos de obtener la cobertura total de los gastos de cirugía, internación, honorarios médicos, insumos quirúrgicos y tratamientos necesarios pre y post quirúrgicos, para tratar la patología de obesidad mórbida severa que padecía.- Solicitó la declaración de inconstitucionalidad del art. 4º, Anexo I de la Resolución Nº 892/10 I.S.S. y S. por limitar a 65 años, la edad máxima para autorizar este tipo de intervenciones. Consideró que era facultad del Poder Ejecutivo Provincial y no del Instituto, reglamentar los recaudos para acceder a las diferentes prestaciones. Agregó que si fuera una atribución de este último organismo, no podría ser discriminatorio y debería cumplir con la premisa de dar asistencia integral cuando el caso lo requiriera.-- En los hechos, relató que llevó a cabo infructuosos intentos para bajar de peso y detalló las enfermedades que le ocasionó su obesidad, como HTA, diabetes, artrosis, reflujo gastroesofágico, flebopatía y tromboflebitis. Añadió que sufrió un ACV hace 24 años que le dejó secuelas leves, por el que ahora debía utilizar un bastón para deambular. Refirió padecer apnea del sueño severo, por lo cual empleaba CIPAC y una cama ortopédica.-- Esta situación de salud, apuntó, le ha generado una discapacidad reconocida por la Junta Evaluadora del Ministerio de Salud desde el 29/07/08, y admitida por el I.S.S. y S. como discapacitada en la Afiliación Directa Obligatoria hasta el año 2.018.-- Transcribió el art. 15 de la Ley Nº 24.901 para reforzar su reclamo y trajo a colación la opinión de la neuróloga del Hospital Italiano, Dra. V., quién aconsejó la realización de la cirugía bariátrica con urgencia para mejorar su estado general de salud, cosa que también opinaron otros facultativos ante la posibilidad de mejorar su calidad de vida y prevenir.-- Refirió haber solicitado a S.E.R.O.S. que autorizara la cirugía por vía de excepción, en función de su edad, petición que fue rechazada, con fecha 2/03/11. Pese a esa negativa, la Defensora Pública remitió Oficio a la Obra Social para que autorizara la operación, bajo apercibimiento de iniciar acciones judiciales. Declaró vulnerado su derecho a la salud, conforme los Tratados Internacionales de Derechos Humanos incorporados a la C.N. Citó jurisprudencia que consideró aplicable.- Fundó la procedencia del amparo en los arts. 3 y 5 de la Ley 4572, doctrina y jurisprudencia aplicables. Insistió que no disponía de otro remedio judicial más idóneo para reclamar sus derechos, y detalló las obligaciones que debían asumir tanto el estado provincial como del I.S.S. y S. y la Obra Social. Consideró cumplidos los recaudos formales del art. 3 y 4 de la Ley 4.572. Ofreció prueba, fundó derecho, formuló reserva del caso federal y efectuó petitorio de estilo.

A fs. 57/59 vta. la Jueza de Familia dictó el Auto Interlocutorio N° 140/11, donde declaró la inconstitucionalidad del art. 4° de la Ley V N° 84, declaró la admisibilidad preliminar de la acción de amparo y ordenó, correr traslado de la presentación hecha por la Sra. M. a la Obra Social S.E.R.O.S.- 2.- CONTESTACIÓN DE DEMANDA: -- La demandada contestó a fs. 99/104 vta el traslado conferido. Cuestionó la declaración de inconstitucionalidad efectuada por la juez a-quo toda vez que no fue un requerimiento de la amparista y, además, porque no se había notificado a su parte antes de establecerla, lo que vulneró su derecho de defensa. Formuló reserva del caso federal.- Peticionó que se rechazara la declaración de inconstitucionalidad solicitada por la amparista, con respecto al requisito dispuesto por su mandante para acceder al beneficio de la cirugía bariátrica. Ello así, porque la Ley XVIII N° 12 autorizaba a la accionada a fijar los alcances, proporciones y modalidades de sus prestaciones.

Definió como razonable la limitación de la edad para llevar a cabo la cirugía bariátrica en el caso de autos, por cuanto su determinación fue precedida de informes y documentos emitidos por la Sociedad Española de Cirugía de Obesidad que establece como criterio general con relación a los años, un margen que oscila entre 18 y 55/60 años. Sostuvo que se tuvieron en cuenta, además, distintos aspectos para establecer estas pautas, como el índice de masa corporal, edad correlativa, con evaluación de los procedimientos quirúrgicos más aconsejables en cada caso, entre otros.

Indicó que los límites se fijaban en función de los riesgos y en miras a obtener resultados y objetivos terapéuticos más favorables, en la etapa post operatoria, donde las edades en más o en menos, eran relevantes para garantizar la calidad de vida esperada luego de la cirugía.- Refutó los hechos invocados por la amparista, por cuanto la cobertura integral que reclama le había sido reconocida por la Obra Social en función de su diagnóstico como epiléptica, y no por síndrome de obesidad, por lo cual debía aceptar las reglamentaciones vigentes. Insistió en que la demandada prestaba cobertura integral en función de la primera de dichas patologías.- Refirió que la Sra. M. no acreditó haber llevado a cabo dieta alguna, o haber tomado medicamentos para bajar de peso, ni tampoco haber realizado tratamiento para la obesidad, supervisado por médico competente. También refirió que era necesaria la estabilidad psicológica con carácter previo a la operación bariátrica, cosa que no había demostrado en autos.- Agregó que el exceso de peso y la edad de la amparista representaban riesgos adicionales a la cirugía. Rechazó en forma genérica los hechos no reconocidos en su conteste y especialmente, que fuera arbitraria el Acta de Directorio N° 1.597/11 por la cual no se autorizó la operación requerida. Agregó que hubo un incremento en los pedidos de los afiliados de la obra social para la cobertura de este tipo de cirugías, pero que de ninguna manera podría constituir una prestación obligatoria. Ofreció prueba, fundó derecho y solicitó el rechazo del amparo.-- 3.- SENTENCA DE PRIMERA INSTANCIA.-- 3. a.- La Juez de grado dictó sentencia a fs. 146/158, e hizo lugar al amparo interpuesto. Declaró asimismo, la inconstitucionalidad de la Resolución N° 000892, Acta N° 1.582, dictada por el Directorio del I.S.S. y S. Condenó a la Obra Social S.E.ROS. a solventar la total cobertura del de la operación bariátrica, la cual se llevaría a cabo en el Hospital Italiano de la ciudad de Buenos Aires o en cualquier otro centro especializado que eligiera la actora. Incluiría todos los gastos de cirugía y tratamientos necesarios pre y post quirúrgicos, como así también, el programa preparatorio para tratar la patología de obesidad, medicamentos, etc.-- Autorizó a la demandada, a supervisar las distintas etapas de la operación, tratamientos, y destacó que la decisión última de llevar adelante la cirugía, dependería del equipo que en definitiva, estuviera encomendado a realizarla.

Ordenó el cumplimiento, dentro del plazo de 30 días corridos o uno superior si así lo dispusiera el médico tratante, bajo apercibimiento de embargar las sumas necesarias para tal fin y de girar las actuaciones a la justicia penal por posible comisión del delito de desobediencia. Impuso las costas a la demandada.- Sirvieron de fundamento para su fallo, el derecho a la salud consagrado constitucionalmente, la Ley Nacional N° 23.660 (que obliga la cobertura integral de este tipo de cirugías) y los testimonios médicos producidos en autos, especialmente el emitido por el forense designado.-- 3. b.- Este decisorio fue apelado por el I.S.S. y S. (fs. 161/165 vta.). La demanda cuestionó que la juez de grado se expidiera ultra petita al declarar la inconstitucionalidad de la totalidad del instrumento reglamentario cuando la amparista sólo había peticionado la tacha respecto del punto 4° del Anexo 1.-- Cuestionó también que se confundiera la aplicación de las leyes nacionales con las provinciales; que la actora no hubiera demostrado en autos sus dichos de demanda; la condena del 100% de los gastos en cualquier centro especializado a elección de la amparista, el que podría encontrarse en el país o no. Estas circunstancias, tornaban arbitraria la sentencia ya que no guardaban relación con la obligación de la Obra Social de cubrir en forma integral la enfermedad discapacitante por epilepsia. La obesidad, en su caso, debería ser requerida al Estado Provincial y no a la Obra Social.- 4.- LA SENTENCIA DE CÁMARA: - -- La Cámara de Apelaciones de Puerto Madryn confirmó parcialmente la sentencia de grado. Revocó la declaración de inconstitucionalidad de la Resolución N° 892/10 y confirmó, dicha sanción, solamente con relación al apartado a) inciso 1 del Anexo de la referida reglamentación.

También limitó la elección de los centros asistenciales donde habría de realizarse la prestación, a la institución médica que integrara la red de prestadores de la demandada, los cuales debían ser notificados a la amparista, dentro del plazo de 5 días de quedar firme el pronunciamiento de la Alzada.

- La primer votante tuvo como fundamento el indiscutible valor del derecho a la salud no controvertido en autos y, a la vez, reconocido por la C.P. y los Tratados Internacionales incorporados a la Carta Magna. Este concepto lo vio comprometido en el caso toda vez que el sobrepeso era considerado -conforme la Organización Mundial de la Salud-, perjudicial para la salud por las enfermedades asociadas que presentaba como: patologías hepáticas, cardiológicas, osteoarticulares, metabólicas diabetes, algunas de las cuales ya eran padecidas por la Sra. M..

En el análisis del agravio relativo a la inconstitucionalidad de la norma que restringía la viabilidad de la cirugía por la edad, entendió que la misma podía ser tratada por la jueza de grado como lo hizo, más allá de que la petición fue acotada -por la propia amparista-, al art. 4° del inc. 1 del punto a) del Anexo I. Si bien consideró que las facultades reglamentarias dispuestas por la Obra Social estaban previstas para otorgar las prestaciones según que si el caso así lo justificara, el punto a resolver se circunscribía a la razonabilidad de la limitación por edad. Tuvo muy en cuenta el informe del Dr. N., quien confirmó las declaraciones de los testigos médicos de la Sra. M., en cuanto a que la evaluación definitiva de la pertinencia de la cirugía la definiría el equipo médico interviniente.

Señaló que la legislación provincial en materia de salud no podía resultar ajena a las disposiciones federales sobre el tema, como pretendía la accionada, conforme doctrina y jurisprudencia que transcribió.- Así, consideró arbitrario y sin sustento médico suficiente, limitar la prestación por la edad de la paciente, y por ende los agravios de la accionada sobre este tópico, no alcanzaban para desvirtuar la intervención quirúrgica peticionada en autos ni le demostraban que hubiera error en el resolutorio de origen que la ordenó. Al no ser objetada la cobertura del 100% sino solamente a través de la posibilidad que, al solventar esta prestación, pudiera mermarse los derechos a la salud de los otros afiliados En cuanto al lugar donde habría de llevarse a cabo la cirugía, hizo lugar al agravio de la demandada, no solamente por no haber sido pedido en la acción de amparo algo diferente, sino porque no correspondía imponer un lugar que no fuera prestador de la Obra Social. Pero dispuso que la nómina de dichos centros especializados, le fueran notificados en forma fehaciente a la amparista, dentro de los 5 días de adquirir firmeza el fallo de la Alzada, con costas a la apelante vencida.-- Con similares argumentos, votó el Dr. FIORDELISI coincidiendo en el Acuerdo con el resolutorio dictado.-- 5.- EL RECURSO DE APELACIÓN:

Contra la sentencia de la Alzada, la demandada articuló Recurso de Apelación Ordinaria por ante este Tribunal de Justicia. En primer lugar, efectuó un resumen de los antecedentes del caso.- Explicó luego, cuáles eran los parámetros seguidos en el país para la cirugía bariátrica, conforme la Sociedad Española para la cirugía de la obesidad. Expuso la guía europea para este tipo de intervenciones; las edades sugeridas para operar en el caso de los adolescentes; la de los mayores de 60 años; y los estudios a tener en cuenta antes de la operación.

Sostuvo que la negativa de la Obra Social se basó en la falta de condiciones o estudios previos que garantizaran la excelencia y viabilidad de la práctica.- Equiparó el vocablo "inclusión" a "requisitos" por cuanto sostuvo que la obra social había seguido el criterio de la ley nacional. Remarcó que S.E.R.O.S. no estaba al margen de los derechos constitucionales vinculados a la salud.

Indicó que la ley no había avanzado a la par de las ciencias médicas y que la disponibilidad económica de la accionada, se vería afectada para atender otras emergencias vitales. Agregó que la amparista no demostró haber realizado dietas con anterioridad, bajo estricta supervisión médica y que el informe del forense solamente se basó en lo dicho por los especialistas, y no en un informe pormenorizado de un equipo multidisciplinario.- Solicitó como medida para mejor proveer, el informe emanado de especialistas en la materia o en su defecto de la Facultad de Medica de Buenos Aires (U.B.A.) para que se expidieran sobre la conveniencia de otorgar o no, la cobertura peticionada, a la luz de los antecedentes de la actora.-- Por último, se agravió de tener que soportar las costas, por cuanto la negativa de la Obra Social obedeció a los parámetros internacionales aplicables y no a una decisión caprichosa de la misma, y además, porque no se había demostrado que la cirugía bariátrica fuera la mejor opción para mejorar las condiciones de salud de la Sra. M..-- A fs. 213/216 vta, se presentó el Señor Defensor General, quien resumió los antecedentes desde la acción impetrada hasta el resolutorio de la Alzada, expuso los hechos que consideró controvertidos y resaltó el reconocimiento de la demandada en punto a considerar a la obesidad como una enfermedad crónica. Destacó que dicha patología desencadenaba otros factores de riesgo en la paciente, donde la cirugía bariátrica se presentaba como la alternativa más eficaz para mejorar su salud.- Señaló que las constancias de autos tenidas en cuenta por los sentenciantes, no fueron suficientemente rebatidas por la accionada en su memorial. Calificó la negativa de la obra social como una restricción poco razonable al acceso de un derecho legítimo.- Indicó que el concepto de "inclusión" que preveía la Resolución N° 742/09 del Ministerio de Salud de la Nación, se contraponía con los "requisitos" que disponía la demandada para no cubrir la cirugía reclamada. Se opuso a la medida de mejor proveer requerida para obtener nuevos informe de los especialistas en la materia de la U.B.A., ya que debió la accionada efectuar la consulta antes de la acción judicial y a través de una mera auditoría.

Consideró genéricos los parámetros indicados por la recurrente para justificar la negativa a llevar a cabo la práctica solicitada y definió como hipotético y sin acreditar, el perjuicio económico invocado por la Obra Social. Mantuvo la reserva del caso federal y efectuó petitorio de estilo.-- El Procurador General de la Provincia, doctor Jorge Luis MIQUELARENA, emitió dictamen a fs. 218/219. Allí efectuó un relato de los antecedentes del caso y consideró que la expresión de agravios no lograba conmover los fundamentos del decisorio apelado, por cuanto sus dichos en el memorial, no dejaban de ser meras discrepancias con lo fallado en la Alzada.-- Entendió que el resolutorio atacado no podía ser calificado de arbitrario por sus sólidos fundamentos, incluido el informe pericial, que no fue impugnado, oportunamente, por la recurrente. Sostuvo que el derecho a la salud era de raigambre constitucional y la negación a llevar adelante la cirugía con fundamento en la edad de la paciente, vulneraba dichos principios.

Por último, entendió que la demandada había reconocido en la cirugía, el único remedio viable para mejorar las condiciones de salud de la amparista, motivo que resultaba concluyente para confirmar la sentencia opugnada. Así, concluyó, que el recurso debía ser rechazado.

II.-ANÁLISIS: - Antes de ingresar en el estudio de los planteos recursivos realizados por el Instituto de Seguridad Social y Seguros de la Provincia del Chubut, respetuosamente debo llamar la atención de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Puerto Madryn por haber dejado de lado, en autos, los criterios impuestos por este Superior Tribunal de Justicia para la tramitación de las causas.

A fs. 199 puede leerse que sólo el Presidente de la Cámara, el Dr. Mario Luis VIVAS, fue quien concedió el Recurso Ordinario de Apelación al impugnante del fallo cosido a fs. 170/193 vta. contraviniendo las reglas impuestas por este Tribunal mediante la Sentencia Interlocutoria N° 28/90. Allí se estableció que son las Cámaras quienes examinan y conceden los recursos, no el Presidente del Cuerpo, razón por la cual debían pronunciarse en forma colegiada sobre estas cuestiones.- La naturaleza y urgencia de la cuestión debatida en autos hizo que este Cuerpo se avocara al conocimiento del remedio intentado, salvando el incumplimiento señalado. Pero cabe recordarles a los magistrados que componen la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Puerto Madryn, que en el futuro deberán respetar los criterios procesales impuestos por este Superior Tribunal de Justicia, bajo apercibimiento de devolver las actuaciones a esos efectos.

Luego de leer con detenimiento la presentación cosida a fs. 204/210, no he logrado conocer los agravios que el recurrente considera le habría causado la Sentencia Definitiva N° 03/2011 SDF. El remedio fue construido mediante la reedición de información desplegada y debatida en instancias anteriores, junto a un detalle sobre las condiciones personales que deben reunir los pacientes para someterse a una cirugía bariátrica, y una serie de indicaciones médicas necesarias para efectuar con éxito cierto esa clase de operaciones.

Comprendo la trascendencia del conjunto de conocimientos que exhibieron los recurrentes, en función del respaldo que las instituciones médicas internacionales referidas en la foja 206 vta. le otorgan, pero ningún impulso o estímulo le aportan a la apelación deducida en pos de conmover el pronunciamiento que el Instituto de Seguridad Social y Seguros de la Provincia del Chubut atacó.-- Probablemente, los apelantes entiendan que subyacen los motivos para derribar la solidez que tiene la decisión jurisdiccional impugnada, pero el progreso de su recurso dependía de la claridad expositiva y la precisión con que expresaran los perjuicios que la Sentencia Definitiva N° 03/2011 SDF de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Puerto Madryn les había causado. De esas circunstancias, no hay ninguna evidencia en el memorial de fs. 204/210.-- La reiteración de argumentos iniciales, o la mera repetición de objeciones formuladas en instancias pasadas no puede suplir la omisión de una crítica concreta y razonada sobre las partes del fallo que consideraban equivocadas, tal como lo exige el artículo 268 del C.P.C.C. Por lo tanto, una invectiva genérica que no expresa serias razones de hecho o de derecho, carece de eficacia para abatir el pronunciamiento apelado.

La postura que asumo no debiera sorprender al recurrente, pues he dicho en reiteradas oportunidades que ". criticar es muy distinto a disentir, pues lo primero conlleva un ataque directo y pertinente a la fundamentación, tratando de demostrar los errores fácticos o jurídicos que el fallo pudiera contener, en cambio, disentir no significa otra cosa que la mera exposición de que no se está de acuerdo con la sentencia. Así, no constituye expresión de agravios el disentimiento con la interpretación judicial sin suministrar bases jurídicas a un distinto punto de vista, las generalizaciones o el mero desacuerdo con lo resuelto, las simples consideraciones subjetivas o digresiones inconducentes o carente de debido sustento jurídico (conf. SD N°28/S.R.E./97; SD N° 03/S.R.O.E/09).- Como el artículo 269 del ordenamiento adjetivo, me impone la obligación de apuntar cuáles fueron las motivaciones esenciales del pronunciamiento recurrido que no han sido eficazmente rebatidas, señalo que los recurrentes no lograron acreditar el impacto negativo que tendría la intervención de la Sra. M., sobre los recursos de la obra social.- Arguyeron pero no demostraron, que la realización de estudio prequirúrgico a manos de un equipo interdisciplinario, sustituía la virtud de los informes individuales confeccionados por especialistas para este caso. Además, su análisis sobre la diferencia entre criterios de inclusión y requisitos no pasaron de ser meras disquisiciones.-- En función de lo expuesto, al omitir el recurrente refutar los argumentos dirimentes tenidos en cuenta en el fallo opugnado y toda vez que sus dichos se limitaron a repetir su oposición con la valoración que dio la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Puerto Madryn a la prueba colectada en la causa, no ha logrado conmover los pilares de la sentencia apelada. Sin acreditación cierta de los errores que halló en el pronunciamiento, su ataque carece de sustento fáctico y jurídico lo que impide a este Cuerpo modificar lo resuelto en la instancia anterior.-- Por ello, propongo al Acuerdo declarar desierto el Recurso de Apelación Ordinaria deducido en autos por el Instituto de Seguridad Social y Seguros de la Provincia del Chubut, pues ésta es la consecuencia prevista en el artículo 269 del Código Procesal Civil y Comercial para el supuesto de inobservancia de la regla del artículo 268 del mismo ordenamiento adjetivo.

ASI VOTO. -- A la misma cuestión el Dr. CANEO dijo:

1.- Llegan estos autos a conocimiento de esta Sala en virtud del Recurso de Apelación Ordinaria, articulado por la demandada quien cuestiona la sentencia de la Cámara de Apelaciones de Puerto Madryn que revocara, parcialmente, la sentencia de grado. Esta última, hizo lugar al amparo impetrado por M. R. M. contra la Obra Social S.E.R.O.S. Instituto de Seguridad Social y Seguros de la Provincia del Chubut.- No quisiera analizar los agravios de la recurrente, sin antes remarcar que la vía intentada, no fue concedida por la Alzada como cuerpo colegiado, sino por la sola decisión de su Presidente. Esta exigencia ha llevado a este Cuerpo a devolver los expedientes donde dicha circunstancia no se cumplió a los efectos de subsanar la omisión.

Sin perjuicio de ello, coincido con lo que expresara el Sr. Ministro que me precediera en el voto, respecto de la necesidad de evitar mayores demoras en abordar el tratamiento de los agravios obrantes en el recurso bajo examen, más allá de la falencia apuntada. Ello así, por cuanto es insoslayable la celeridad que impone resolver cuestiones donde está en juego un derecho consagrado constitucionalmente como lo es la salud, máxime las características propias de la acción deducida.-- Dicho esto y al revisar los recaudos exigidos por el ordenamiento legal para admitir la procedencia de la Apelación articulada, corresponde señalar que esta Sala ha sostenido que toda expresión de agravios debe constituir una exposición jurídica y lógica que demuestre que la sentencia es injusta y agraviante, indicándose porqué lo es. Esto es, requiere un estudio crítico, razonado, punto por punto, de los errores del pronunciamiento por la apreciación de los hechos o por la interpretación de las pruebas o la aplicación del derecho. Como dijera al expresar mi voto en la S.D. N° 18/S.R.O.E./11, no basta con efectuar consideraciones generales en torno a la sentencia; es menester hacer mérito de los motivos y razones legales que fundamentan el pedido de revocación.- Sostuve asimismo, que la norma es clara y no admite duda, exige que el debate se mantenga en un plano intelectual y no verbal, debe también seleccionarse del discurso del magistrado aquel argumento que constituya estrictamente la idea dirimente y que forma la base lógica de la decisión. Incumbe al recurrente la tarea de señalar cuál punto del desarrollo argumental mismo constituye una errata en sus referencias fácticas o en su interpretación jurídica, que lleva al desacierto ulterior concretado en el veredicto. Cuando el litigante no formula su expresión de agravios de esa manera, antes de tener éxito en su reclamo, se disipan en una continuada contradicción respecto de todo el desarrollo expresivo del magistrado, haciendo tan fatigoso cuan incompleto su reclamo y por ello cae derrotado por su falta de instrumental lógico de crítica antes que por la solidez de la sentencia todavía no examinada (Conf. Cám. Nac., Sala D, 24/4/84, LL 1.985-B-596, sum. 119) (S.D. Nº 07/S.R.O.E./05; mi voto en S.D. Nº 02/S.R.O.E./09).

Es decir, las consideraciones generales sobre la sentencia, resultan insuficientes para revertir lo allí resuelto si no se ameritan acabadamente los motivos y razones legales que fundamentan el pedido de revocación.- A mayor abundamiento cabe recordar que en la Sentencia Definitiva Nº 05/S.R.O.E./09, este Cuerpo sostuvo que era requisito de toda expresión de agravios, que la crítica que se efectuara al resolutorio considerado adverso, constituyera un cuestionamiento concreto y razonado de los segmentos del fallo que el apelante considerara erróneo. No es suficiente, a los efectos de conmover los fundamentos del decisorio, contraponer a éstos la mera disconformidad, por el contrario, deben arrimarse argumentaciones concretas, serias, que signifiquen un verdadero ataque, directo a la decisión, demostrativo de los errores de hecho y derecho que la misma pudiera contener.

En el análisis de la expresión de agravios de la demandada (fs, 204/210), no se advierte ninguna crítica pormenorizada de los fundamentos del fallo con la debida técnica recursiva sostenida en articulaciones razonadas, fundadas y objetivas, sobre los eventuales yerros de la sentencia. Por el contrario, no se constatan refutaciones de hecho y derecho efectuadas en forma eficiente para conmover lo resuelto en la instancia anterior.-- Así, cuando la Alzada trata la inconstitucionalidad del apartado a) inciso 1 del Anexo I de la Resolución 892/10 dictada por el I.S.S. y S., después de resumir los contenidos de las normas nacionales y provinciales, concluye que la edad de la amparista no podía constituir un impedimento para cubrir la cirugía reclamada. La sentencia tuvo en cuenta lo dictaminado por el médico forense, cuya opinión especializada confirmó lo anteriormente sugerido por los facultativos que trataron a la Sra. M..- Contra este fundamento, no se produjo un cuestionamiento efectivo por parte de la recurrente. Lejos de demostrar lo desacertado de la declaración de inconstitucionalidad, la demandada hace referencia a los votos de ambos Camaristas -en forma conjunta-, pero se limita a discrepar con los parámetros seguidos en punto a la edad, ya que se basa en los parámetros indicados en demanda (seguidos por la Sociedad Española para la Cirugía de la Obesidad) y los publicados por el National Institute of Health de E.E.U.U de 1.991. Pero sus dichos no atacan de manera concreta y contundente, los fundamentos de la sentencia.- Dice en este punto, que la Obra Social no acepta cubrir la cirugía porque no se ha acreditado en autos ni que la amparista hubiera realizado dietas tendientes a reducir su peso ni tampoco los estudios previos que garantizaran el éxito de la cirugía. Así, sólo reitera lo introducido en la instancia de origen, y reeditado en la apelación a la sentencia de grado, pero no ataca en forma eficaz, la calificación de inconstitucional de apartado a) inciso 1 del Anexo I de la Resolución N° 892/10 dictada por el I.S.S. y S.- Es relevante aquí destacar que la Cámara de Apelaciones expuso sustanciales fundamentos que la llevaron a desechar los agravios vertidos contra la sentencia de grado. Estas argumentaciones no han tenido una pertinente y efectiva refutación en el recurso bajo análisis.-- También es dable señalar, que la apelante en ningún momento desconoce la gravedad de la patología de Sra. M. ni demuestra que no deba ser operada. Sus dichos se limitan a cuestionar la falta de pruebas demostrativas que avalen la necesidad de realizar la práctica quirúrgica reclamada. Sus apreciaciones no contradicen adecuadamente los fundamentos seguidos por la Alzada, y por ende, resultan insuficientes para conmover lo resuelto en el pronunciamiento que se opugna.-- En cuanto al perjuicio económico invocado como agravio, donde expresa que "la inclusión de coberturas en forma reiteradas y legisladas que ponen en riesgo la vida de las personas, como es el caso de la práctica solicitada, sin tomar los recaudos técnicos y científicos, pueden impactar negativamente en la disponibilidad de medios para afrontar las cobertura de emergencias vitales o legisladas, teniendo en cuenta que es un sistema basado en la distribución solidaria y equitativa de recursos escasos", tampoco habrá de prosperar. Ello así en tanto no deja de ser una manifestación de la recurrente que se presenta como hipotética o eventual. Ergo, no se constata que el perjuicio sea concreto y actual.

Sobre este requisito quisiera recordar las palabras de Guido Santiago TAWIL, quien considera "improcedente -como lo señaló la Corte en reiteradas ocasiones- la apelación de agravios futuros, meramente hipotéticos o conjeturales. Sólo está habilitado para recurrir quien ha sido vencido en el fallo impugnado y el agravio debe revestir actualidad" (autor citado, "Recurso Ordinario de Apelación ante la Corte Suprema de Justicia", Ed. Depalma, Año: 1.990, pág. 78/79).- Por último, su queja referida a la condena en costas dispuesta por la instancia anterior, tampoco tendrá andamiaje por el principio establecido en el art. 69 del C.P.C.C.-- 2.- No satisfechas entonces, las exigencias establecidas por el art. 268 del C.P.C.C., la falta de refutación adecuada respecto de los pilares fundamentales del fallo opugnado, puedo concluir que la insuficiencia del memorial de agravios torna inaudible la queja del recurrente ante esta Sala del Superior Tribunal. Por ello coincido en proponer al Acuerdo, la aplicación del art. 269 del código adjetivo, y, en consecuencia, se declare la deserción del recurso. ASÍ LO VOTO.- A la segunda cuestión el Dr. ROYER dijo: - Atento como voté la primera cuestión, propongo al Acuerdo declarar desierto el Recurso de Apelación Ordinaria interpuesto por la Obra Social S.E.R.O.S. (Instituto de Seguridad Social y Seguros de la Porvincia del Chubut), contra la Sentencia Definitiva de la Cámara de Apelaciones de Puerto Madryn, registrada bajo el N° 03/2.011.

En cuanto a las costas en mérito a lo resuelto, se cargarán a la demandada vencida (art. 69 del C.P.C.C.). ASÍ LO VOTO.- En relación a los honorarios, corresponde establecerlos teniendo en cuenta la calidad, extensión y eficacia de las labores desarrolladas, y el resultado obtenido en el pleito. Así, propongo REGULAR los honorarios profesionales de la Dra. M. R. C. en el 35% de los que le fueran fijados a su parte en la instancia de origen, y los de los Dres. L. R. F. y G. G., en forma conjunta, en el 25% de los que a favor de la parte que representa, se regularan por la actuación en idéntica instancia (conf. arts. 5, 7 y 13 de la Ley XIII N° 4). Ello, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto por el art. 2 de dicha normativa. Todos con más I.V.A. si correspondiere.-- A la misma cuestión el Dr. CANEO expresó: -- Conforme los términos de mi voto a la primera cuestión acuerdo con la solución que propicia el Dr. ROYER. ASÍ LO VOTO.-- Con lo que se dio por finalizado el acto quedando acordado dictar la siguiente: -- S E N T E N C I A 1º) DECLARAR DESIERTO el Recurso de Apelación Ordinaria interpuesto por la accionada, Obra Social S.E.R.O.S. (Instituto de Seguridad Social y Seguros), contra la S.D. N° 03/11 dictada por la Cámara de Apelaciones de Puerto Madryn.- 2°) IMPONER LAS COSTAS a la demandada vencida (arts. 69 del C.P.C.C.).-- 3°) REGULAR los honorarios por la actuación de la Dra. M. R. C., letrada patrocinante de la Sra. M. R. M., en el 35% de los que le fueran regulados a su parte en la instancia de origen y los de los Dres. L. R. F. y G. G., apoderados de la demandada, en forma conjunta, en el 25% de los que a favor de la parte que representa, se regularan por la actuación en idéntica instancia (conf. arts. 5, 7 y 13 de la Ley XIII N° 4). Ello, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto por el art. 2 de dicha normativa. Todos con más I.V.A. si correspondiere.-- 4°) REGÍSTRESE, notifíquese y devuélvase.-- La presente sentencia se dicta por dos Miembros del Tribunal en virtud de encontrarse ausente, en uso de licencia, el Sr. Ministro Dr. José Luis PASUTTI y haber concordado en la solución del caso sendos votantes (art. 28 Ley V Nº 3).-- Fdo.: Dr. Fernando Salvador Luis ROYER - Dr. José Luis PASUTTI.- RECIBIDA EN SECRETARÍA EL 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2.011 REGISTRADA BAJO EL N° 24 S.R.O.E. CONSTE.