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Contratos, compraventa de automotores, círculo cerrado, entrega del bien, mora, herederos, incumplimiento del contrato, deber de información, falta de entrega del automotor, responsabilidad solidaria, responsabilidad de la administradora del plan, responsabilidad del fabricante
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Del Leo, Lucía y otros c/ Volkswagen SA de Ahorro p/f determinados y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-21

En ese marco, no caben dudas de que las tres codemandadas resultan solidariamente responsables conforme lo dispone la LDC 40, porque no demostraron que la causa del incumplimiento les ha sido ajena. Por ello, hallándose acreditado el incumplimiento contractual en la etapa de ejecución del contrato que resulta imputable a todas las codemandadas en forma solidaria, corresponde condenarlas a entregar a los actores un vehículo cero kilómetro de la misma marca y modelo. En caso de no ser ello posible por no integrar ya el rodado la línea de fabricación de la marca, la obligación quedará transformada en la de entregar el modelo actual equivalente en calidad a la del elegido.
Inconstitucionalidad, declaración de inconstitucionalidad
Materia: PENAL
Carátula: LLUGDAR ALDO FELIPE; HACHE JOSÉ ALDO S. D. DEFRAUDACIÓN CALIFICADA REITERADA, ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, ETC. E. P. ENTE RESIDUAL BANCO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ CASACIÓN CRIMINAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-07-03

La legalidad constitucional de las normas se presume, lo cual implica que una declaración en contrario ha de tenerse como "última ratio" del órgano jurisdiccional. Esta idea, no implica en absoluto subordinar la tarea judicial a la corrección de las normas inválidas, sino a la necesidad de controlar que la discordancia entre los principios fundamentales de la Carta Magna y las cláusulas normativas atacadas, sea evidente.
Constitución Provincial, facultades del juez, competencia originaria
Materia: LABORAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: HEINZMANN, GERMAN E. c/ LLAO LLAO RESORTS S.A. s/ SUMARIO (l) S/ INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2018-09-04

Antes que la Corte Suprema de Justicia de Nación definiera su posición, la Constitución Provincial en el art. 196, 2da. parte, faculta a los jueces para determinar o declarar de oficio si la ley provincial resulta o no violatoria de las normas constitucionales invocadas, control que de oficio puede ofrecer cualquier Tribunal y el STJ por competencia originaria o por vía de apelación. (Voto de la Dra. Piccinini por la mayoria) Fuente del sumario: OFICIAL
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestiones procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: SAMARDICH, MIGUEL. s/ LIBRAMIENTO DE CHEQUE SIN PROVISION DE FONDOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-07-31

Las decisiones que no admiten recursos deducidos ante tribunales locales mediante fundamentos de orden procesal que bastan para su sustento, no son visables en la instancia del art. 14 de la ley 48, ya que por su índole no exceden el marco de las facultades propias de los jueces de la causa.
Costas, recursos, fundamentación del recurso
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Caponero, Jorge Fernando c/ La Equitativa del Plata SA s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-06-14

En materia de costas corresponde fundar el recurso, ya que no basta la mera referencia a la imposición si no se invocan y fundan debidamente los motivos por los cuales se critica la decisión del a quo sobre el particular.
Revocación de sentencia, incumplimiento del contrato, daños y perjuicios, daño moral, incapacidad parcial, determinación del monto
Materia: CIVIL
Carátula: Correa, Guillermo Hernán c/ Caja de Seguros S.A. s/ Daños y Perj. Incump. Contractual (Exc. Estado)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2020-04-16

Se revoca la sentencia de primera instancia que rechazo la demanda promovida por el actor y se resuelve que debe ser indemnizado, computando el 8% de incapacidad, (artículo tercero del contrato de seguro que otorga ese porcentual a la pérdida del dedo meñique o anular), y la aseguradora según las condiciones de la póliza debe responder ante el siniestro producido abonando el monto asegurable actualizado sobre la base del criterio de la Suprema Corte de Justicia y aplicar por analogía al caso y como herramienta correctora de la inequidad de la cuantía asegurativa del monto asegurado por el paso del tiempo y el aumento de precios. Asimismo procede el reclamo por daño moral, en cambio el daño psicológico y punitivo o multa civil debe ser desestimado por no haberse configurado los elementos subjetivos y objetivos que requiere el art. 52 bis LDC.
Indemnización, depreciación monetaria, actualización monetaria, hiperinflación, fallo plenario, apartamiento del plenario
Materia: COMERCIAL
Carátula: LA MERIDIONAL CIA DE SEGUROS SA Y OTRO c/ BQ DR. JUAN B. ALBERDI s/ FALTANTE DE CARGA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-30

Nos hemos apartado del Fallo Plenario de esta Cámara in re "Agrocom" en situaciones dominadas por la hiperinflación, ya sea porque el mecanismo matemático del plenario perjudica el crédito del acreedor (cfr. esta Sala, Causa 348 del 12.9.89, con voto del Dr.

Farrell) o porque importa adoptar un índice divisor que precede a un período hiperinflacionario que, de no ser valorado, altera la equidad de la corrección monetaria en detrimento del deudor y genera, consecuentemente, un injusto enriquecimiento para el acreedor (ver mi voto en segundo término en la causa 2034 fallada el 11.10.91, ED, 149-488, F. 44.653 y, en fecha más reciente, sentencias de esta Sala de 7.4.93 en la Causa 379/93; de 29.6.93, en la Causa 2469/93, de 24.5.94; en la Causa 2957/94, entre otras).
Medicina prepaga, cobertura médica, fertilización asistida, sanción de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Crova, María Gabriela y otro c/ Organización de Servicios Directos Empres. -O.S.D.E.- s/ sumarísimo (art. 321, inc. 2 CPCCN).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-13

Corresponde declarar abstracta la cuestión relacionada con determinar si la inexistencia de normativa específica que ponga en cabeza de OSDE la cobertura de la terapia de fertilización asistida exime o no a esa entidad de hacerse cargo de este tipo de prestaciones, si recientemente se ha sancionado la ley 14.208 de la Provincia de Buenos Aires que regula la cobertura médico asistencia de dichas técnicas reconocidas por la OMS (art. 1°) y dicha ley resulta aplicable a la situación planteada en autos en tanto los actores viven en jurisdicción de aquella provincia.

-Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Desistimiento de la acción
Materia: PROCESAL LABORAL - PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: DURE, INES GUADALUPE c/ BAGNAROLI, JOSE s/ ACCIDENTE DE TRABAJO      EXPTE NRO 230-91
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-07-01

El desistimiento del proceso es un modo de terminarlo y por ello es un acto procesal unilateral o bilateral que requiere la capacidad necesaria para estar en juicio y la voluntad expresa de las partes que intervengan, hasta será necesaria la autorización judicial y deben ser disponibles los derechos sustanciales que constituyen su objeto. La intervención judicial resulta necesaria por la naturaleza del proceso, por lo que su extinción no puede ser exclusiva decisión de los litigantes. Desistir implica abandonar, abdicar, dejar lo hecho o la posición tomada dentro del procedimiento, debiendo distinguirse el desistimiento del proceso, acto bilateral, del desistimiento del derecho que es unilateral. El desistimiento del proceso debe hacerse por escrito dirigido al Juez de la causa, quien examinará necesariamente la naturaleza del derecho subjetivo controvertido y la legitimación y capacidad de las partes para celebrarlo, lo que halla su fundamento en el principio dispositivo que regula el proceso. El desistimiento no se presume, la declaración de voluntad debe ser inequívoca, cualquier actividad implícita u oscura no puede reputarse desistimiento.
Acción de amparo, rechazo in límine, revocación de sentencia, elecciones, autonomía provincial, autonomía de la Ciudad de Buenos Aires
Materia: CONSTITUCIONAL-ELECTORAL
Carátula: De La Rúa, Fernando c/ E.N. (Poder Ejecutivo Nacional) s/ Amparo Ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-18

Debe revocarse el rechazo "in limine" de la demanda de amparo interpuesta a fin de que se disponga la convocatoria a elecciones para el cargo de Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires durante el curso del año 1995 y se establezca el régimen electoral aplicable y las condiciones para el ejercicio del cargo hasta tanto comience a regir el futuro Estatuto Organizativo de la Ciudad.
Accidente de tránsito, destrucción total del automotor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Villegas, Armando René c/ Ruiz, Felipe Ventura y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-23

Si el costo de las reparaciones de la unidad dañada, es superior al valor del vehículo en buen estado de conservación, la reparación del daño nunca puede superar el valor de la cosa, pues en tal caso cabe considerar que la destrucción es total, en función de lo normado por el art. 1094 del Cód. Civil, no pudo condenarse a pagar lisa y llanamente un monto que excede el principio de la justa reparación.
Trabajadores de la industria de la carne, garantía horaria
Materia: LABORAL
Carátula: CARABALLO, EULOGIA c/ FRIGORIFICO EL CONDOR SAI. Y OTRO s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1978-02-13

Habiendo sido trasladado el trabajador a otro departamento o sección 'en donde se abone menor salario', deberá abonarse la garantía horaria según el jornal que le corresponde por su categoría laboral considerada ésta según el trabajo normalmente cumplido en el departamento de su desempeño habitual.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, honorarios del abogado
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Lloyds Bank Ltda. c/ Establecimiento Malvinas S.R.L. s/ Cobro Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-05-11

Es deber de la Alzada revisar el cumplimiento de los requisitos de admisiblidad; controlando que la sentencia sea definitiva, que el remedio se haya interpuesto en término, y que se observen las demás prescripciones estatuídas en la ley ritual (Conf. arts. 278, 279, 281 y concs. del CPCB). Que en el caso, el valor del litigio - representado por la diferencia entre el monto de honorarios pretendido por el recurrente y lo regulado por la Alzada - no supera el monto mínimo establecido por el art. 278 del Código Citado.

(Minoría u opinión personal)
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, sentencia arbitraria, interpretación del contrato
Materia: PROCESAL-CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Caja Nacional de Ahorro y Seguro c/ N.C.R.  Argentina  S.A.I.C. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-29

Corresponde hacer lugar al recurso extraordinario cuando se ha efectuado una interpretación de las cláusulas integrantes del contrato en un sentido opuesto a la voluntad exteriorizada de modo inequívoco por una de las partes y aceptada libremente por la otra parte.
Colegio Público de Abogados, potestad disciplinaria, tribunal de disciplina, abogados, sanciones disciplinarias, ley penal, leyes
Materia: ADMINISTRATIVO-PENAL
Carátula: R., P. A. s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Reconstrucción de la causa. Sanción  impuesta por el Tribunal de Etica del Colegio de Abogados (Expte.   CSJ Nº 684-98)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-10-20

No puede sostenerse válidamente que el régimen disciplinario (en el caso, de los abogados) constituya un "ámbito totalmente ajeno al Derecho Penal", al punto que no le sean en modo alguno aplicables los principios rectores de éste. Tal afirmación -que se ha traducido en la aplicación al caso de la ley 11295 (modificatoria de la Ley Orgánica del Poder Judicial)- aparece reñida con la naturaleza propia del régimen disciplinario en cuestión, que si bien no integra el ordenamiento penal, comparte su función represiva o punitiva, dando lugar a la aplicación de sanciones -artículos 300 y 311, Ley Orgánica del Poder Judicial, t.o. decreto 0046/98- que por su carácter retributivo constituyen verdaderas penas y que son de tal gravedad que pueden ser sentidas como las penales propiamente dichas, motivando el ejercicio de una "jurisdicción disciplinaria" -cfr.

artículo 311, cit.- que debe necesariamente sujetarse a los criterios que gobiernan el "derecho punitivo" contenidos en el ordenamiento constitucional y en la legislación de fondo.
Recurso extraordinario de nulidad, omisión de cuestión esencial
Materia: LABORAL
Carátula: Reinoso, Fortunato E. c/ Chiaro, Héctor A. s/ Certificados artículo 80 L.C.T.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-03-17

El vicio que por el recurso extraordinario de nulidad se corrige en orden a lo dispuesto por el art. 156 de la Constitución de la Provincia, es la omisión de tratamiento de una cuestión esencial en que incurriera el tribunal sentenciante por descuido o inadvertencia y no cuando la cuestión que se denuncia como preterida ha sido resuelta en el fallo de modo implícito y negativo para la parte, cualquiera sea el grado de acierto que pueda adjudicársele a la decisión ya que el análisis de un eventual error in iudicando es ajeno a este medio extraordinario de impugnación.
Poder de policía municipal, demolición de obra
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Oasis S.R.L. c/ Municipalidad de Quilmes s/ Cobro de pesos por daños y perjuicios y daño moral
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-02-26

Si la aprobación de determinados planos no significó una autorización para construir sino para "empadronar obras ya construidas" en infracción, tal aprobación y el pago de los derechos de construcción no pueden legitimar una situación contraria a la norma general rectora de la actividad municipal, y la resolución del Intendente Municipal por la que "deniega la habilitación" e intima a demoler lo construido antirreglamentariamente, constituye un revocación "por ilegitimidad" del empadronamiento otorgado, en ejercicio de su potestad anulatoria.
Prueba pericial, deberes del juez, dictamen pericial
Materia: PROCESAL
Carátula: RECURSO DE QUEJA s/ PRUEBA - PERICIAL - RECURSOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-30

El art. 377 del C.P.M.P. obliga a los jueces a dar por escrito o de palabra "todos" los datos que tuviere, haciendo mención de ellos, a los peritos, para que puedan realizar su cometido, removiendo cualquier obstáculo que se les presente en el desempeño de su función para evitar impugnaciones o la producción futura de una nueva o ampliatoria pericia.

El Juez debe suministrar el material necesario - los elementos de comprobación o de investigación que se consideren útiles - para que los peritos efectúen su dictamen y no sólo el objeto sobre el cual deben actuar.

El cercenamiento parcial a la recolección de pruebas - con fundamento en el art. 180 del C.P.M.P. - puede ocasionar a quien las sugiere, un gravamen irreparable.
Derechos humanos, ius cogens, obligaciones internacionales
Materia: PENAL
Carátula: Arancibia Clavel, Enrique Lautaro c/  s/ homicidio calificado y asociación ilícita y otros Ccausa n° 259C.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-24

La necesaria protección de los derechos humanos a la que se han comprometido los estados de la comunidad universal no se sustenta en ninguna teoría jurídica excluyente. Sus postulados sostienen que hay principios que determinan la justicia de las instituciones sociales y establecen parámetros de virtud personal que son universalmente válidos independientemente de su reconocimiento efectivo por ciertos órganos o individuos, lo cual no implica optar por excluyentes visiones iusnaturalistas o positivistas. La universalidad de tales derechos no depende de un sistema positivo o de su sustento en un derecho natural fuera del derecho positivo (Voto del Dr. Juan Carlos Maqueda).
Malversación de bienes privados equiparables a públicos, depósito de bienes embargados, depositario infiel, dolo, inhabilitación absoluta
Materia: PENAL
Carátula: MURZI PITTALUGA, EDUARDO s/ MALVERSACION CAUDALES PUBLICOS    INHABILITACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-15

1) En la figura de malversación de caudales públicos, el dolo se configura con el conocimiento de que se es depositario de un bien que debe ser resguardado por orden de la Justicia y con voluntad de hacer o permitir que se haga ilusorio ese resguardo, aceptando que el objeto salga de su esfera de custodia sin conocimiento del poder jurisdiccional.

No habiendo sido el supuesto error inevitable, el comportamiento del acusado queda atrapado por las normas de los arts. 261 y 263 C.P.

2) Corresponde imponer al procesado la inhabilitación absoluta perpetua que contempla el art. 19 C.P.
Abogados, honorarios, regulación de honorarios, ley de orden público
Materia: PROCESAL
Carátula: BECHIS, ARMANDO LUIS c/ MUNICIPALIDAD DE SANTO TOME s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION - RECURSO  DE REVOCATORIA CONTRA LA REGULACION DE HONORARIOS - SE HACE LUGAR Y  SE ORDENA DETERMINAR LA CUANTIA DEL JUICIO (CSJ EXPTE N. 18-84)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-12-27

El trámite de notificación estatuído por la norma del artículo 31 de la ley 6767 -y su remisión al art 24 de la misma ley-, por su propia esencia -resguardo del derecho de defensa- reviste carácter de orden público. Por tanto, no puede soslayarse cuando se trata de una pretensión de cobro de los honorarios al propio cliente, ni de manera alguna puede suplirse por un reclamo administrativo que no llega de manera directa al destinatario de la notificación ni impone las obligaciones y apercibimientos dispuestos por el inciso "a" del citado artículo 24, disposición que -además, y junto con los incisos b y c- debe ser transcripta en la notificación bajo pena de nulidad (art 24 segundo párrafo ley 6767).
Conversión de la quiebra, concurso preventivo, bienes muebles, balance, libros de comercio, acreedor, resolución de apertura
Materia: COMERCIAL
Carátula: CUESTA, LEONOR s/ QUIEBRA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-27

Resulta improcedente rechazar el pedido de conversión de quiebra en concurso preventivo con fundamento en no haberse dado cabal cumplimiento a los requisitos de la LC 11: a) inc. 3, en cuanto no se indico la ubicación de los bienes muebles, ni los criterios seguidos para la valuación del activo y del pasivo, b) incs. 4 Y 6, pues no se acompañaron los balances ni los libros de comercio y c) inc. 5, puesto que no se indicó el domicilio de algunos acreedores, ni el vencimiento de las obligaciones, si -como acontece en el caso -aun cuando el plazo para cumplir los citados requisitos se hallaba al tiempo de dictar la resolución- vencido, sin embargo, en circunstancias particulares, procede admitir la posibilidad de cumplirlos en la alzada. Por tanto, deberá dictarse resolución en los términos de la LC 14.
Liquidación del asegurador, desistimiento de la acción, desistimiento del derecho, intervención de terceros, delegado liquidador
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: MIG SA c/ EL SOL DE BUENOS AIRES CIA. DE SEGUROS SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-04-23

Si en un proceso ordinario seguido contra una aseguradora en liquidación (defendida) el pretensor, con conformidad de las accionadas, desistió de la acción y del derecho, resulta improcedente que el delegado liquidador de la fallida se resista a lo expresado, con base en su carácter de litisconsorte principal con las mismas atribuciones que el accionante. Ello así cuando, -como en el caso-, el carácter de coadyuvante de quien formuló su oposición surge no sólo de los términos de su propia solicitud, sino también del silencio guardado ante cierto requerimiento del juzgado formulado, al que omitió referirse en la contestación de excepciones. De modo pues, que desistido por el reclamante la acción y el derecho, no pueden estos terceros formular oposición, pues nunca podrían continuar por si solos con el régimen del proceso.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, intereses, tasas de interés
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ROZAS, MARIA JOSEFA Y OTROS c/ JELMA IMPELLIZZERI Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS. COBRO DE IMPUESTOS, TASAS Y SERVICIOS. RECURSO   DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº 233-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-05-14

El agravio del impugnante relativo a la tasa de interés aplicable a partir del 1 de abril de 1991, genera cuestión constitucional por la trascendencia macroeconómica incita en la interpretación de la Ley de Convertibilidad del Austral y la situación de "strepitus fori" generada por el tratamiento dispar dado por los tribunales inferiores de la Provincia a cuestiones similares, haciendo aconsejable el acceso de la causa a la instancia del recurso de inconstitucionalidad. (De los Fundamentos del Dr. Vigo).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, costas, derivación razonada del derecho vigente, juicio ejecutivo
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Ingeniero Oscar Diéz SA c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Demanda ordinaria (Expte. CSJ Nº   712-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-12-09

La materia de gastos causídicos no es, en principio, susceptible de impugnación con alcance constitucional. Sin embargo, dicha regla general reconoce excepción en los casos en que tal aspecto procesal ha sido resuelto con arbitrariedad. En la especie, la respuesta jurisdiccional brindada por la Alzada -que haciendo lugar a los agravios de la Provincia, impuso las costas a la actora vencida- no resulta derivación razonada del derecho vigente cuando, con la liviana excusa que no se encontraba acreditada ninguna de las excepciones previstas en el artículo 251 del código de rito, impone los gastos del proceso teniendo en cuenta el principio objetivo del vencimiento, dejando sin analizar -lo cual implica una ostensible ausencia de fundamentación- las circunstancias apuntadas por el Sentenciante en primer grado de conocimiento que lo llevaron a distribuir los gastos del proceso en el orden causado, al tener en cuenta que el dictado del decreto anulatorio (decreto 3199/93) de algunos de los actos antecedentes de la emisión de los pagarés -y que, en definitiva, fue considerado decisivo a los efectos de juzgar la competencia de la Corte-, fue posterior al inicio de la demanda ejecutiva. (Del Voto en Mayoría del Dr. Barraguirre).
Verificación de créditos, causa de las obligaciones
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: PIETROBONI ROBERTO GUILLERMO s/ CONCURSO PREVENTIVO-INC. DE REVISION prom. por DI FRANCESCO NICOLAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-05-11

Descartada la posibilidad de connivencia fraudulenta y con una adecuada justificación del crédito, no existen razones para exigir una prueba puntual y definitiva del negocio pues, a los fines de la verificación, basta con una justificación ajustada a las circunstancias.
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria, cuestión federal, ley federal
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Silva,  Alfonso  Salvador  (TF  15028-I) c/ Dirección  GeneralImpositiva.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-04-25

En los casos en que la apelación prevista por el art. 14 de la ley 48 se aduce una distinta interpretación de una norma federal y se formulan agravios que tienen cabida en la doctrina de la arbitrariedad, éste último planteo debe ser considerado en primer término pues, de existir la arbitrariedad alegada, no habría sentencia válida.