marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Excarcelación, circunstancias que impiden la excarcelación
Materia: PENAL
Carátula: Granada, Jorge Horacio y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-12-22

Corresponde anular la resolución que concedió la excarcelación si no puede dejar de ponderarse, sin incurrir en arbitrariedad, que el imputado sería un militar entrenado y capacitado para desempeñarse como agente de inteligencia de un aparato de represión ilegítima que operó en la clandestinidad y que demostró gran eficacia para no dejar rastros de los crímenes cometidos, como lo revela que aún hoy existen arduas dificultades para conocer la verdad de lo ocurrido, y que esta circunstancia también se debe a la actuación corporativa posterior de los responsables de tales crímenes y de quienes les prestaron apoyo desde dentro y fuera de sus estructuras de acción.
Daños y perjuicios, valor vida
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Rasetti, María Cristina c/ De La Canal, Hugo s/ Daños y perjuicios Visgarra, Imeldo c/ Rodríguez, Rodolfo s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-04-18|2000-09-05

La vida humana no tiene un valor económico en sí misma: es una derecho a la personalidad de valor absoluto carente de intrínseco valor pecuniario porque no está, no puede ni debe estar en el comercio ni es suceptible de cotización en dinero. No es un bien en el sentido del art. 2.312 del Código Civil, y si puede merituarse un valor económicamente expresado en consideración a lo que produce o puede producir, o existe como espectativa cierta de poder producir y la fijación de su monto es privativa de los Jueces de grado e irrevisible en casación, salvo absurdo.
Constitución Provincial, garantías procesales, prueba prohibida, nulidad del acto jurídico, sentencia, recurso de casación
Materia: PROCESAL -PENAL -CONSTITUCIONAL
Carátula: SUAREZ, SERGIO DANIEL s/ GARANTIAS  PROCESALES - DEFENSA EN JUICIO - DECLARACION DEL IMPUTADO    PRUEBA ILEGAL - RECURSO DE CASACION - SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-10-30

Los efectos procesales que la norma contenida en el art. 41 de la Constitución de la pcia. le atribuye a la violación de garantías constitucionales, no son ilimitados, sino que circunscribe la ineficacia probatoria a los actos que sean una "consecuencia necesaria" del quebrantamiento constitucional".

La disposición requiere, que entre el acto que entraña el menoscabo de la garantía constitucional y los que de el deriven, medie una relación de causa y efecto. Esto es, que el acto posterior tenga su origen, exclusivamente, en el acto espúreo, porque éste sea su necesario presupuesto lógico y fáctico o su única razón determinante.

Pero no basta, para comunicar el efecto anulador del acto declarado nulo respecto de actos posteriores, que en sí mismos, no tienen vicios que los anulen, que sean una consecuencia de aquél, sino que la norma constitucional exige, además, que "de acuerdo a las circunstancias del caso, no hubiesen podido ser obtenidas sin violación de la garantía reconocida por la Constitución (Const.

Pcia., art. 41 tercera disposición).

La propia norma nos suministra las pautas para determinar el nexo de causalidad entre el acto que contraviene normas constitucionales en su realización y los que de él se deriven, como una consecuencia material.

El nexo de dependencia sólo puede inferirse sin perder de vista el contexto (las circunstancias de hecho) en que se produjeron las pruebas cuya nulidad se examina.

Para ello se deber a recurrir al procedimiento de supresión mental hipotética, el que permitir a determinar que la prueba sólo pudo ser obtenida a través de un procedimiento tachado de inconstitucionalidad. Ello ocurre cuando suprimido mentalmente el acto que menoscaba la garantía constitucional, no existiere, dentro de las circunstancias que rodearon la producción de los datos probatorios incriminantes, otro acto, legítimo e independiente, que les hubiere servido de causa.
Materia: PENAL
Carátula: GARNICA EVARISTO S.D. DOBLE HOMICIDIO CALIFICADO POR ALEVOSIA E.P. DE ENRIQUE SANCHEZ, GUILLERMO JESUS SANCHEZ s/ CASACION PENAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2005-08-05

Tenida por probada la existencia de la alteración del ánimo del imputado provocada por una causa extraña (agresión de las víctimas) a la traición o perfidia, lo mínimo que tal estado de alteración puede provocar es un estado de duda acerca de las intenciones alevosas del agente, lo cual hace perder la certeza indispensable para afirmar la existencia de tal agravante, jugando, en el peor de los casos para el reo, la duda a su favor. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Letra de cambio, acción causal, acción cambiaria, prescripción, cancelación de la letra de cambio
Materia: COMERCIAL
Carátula: DI CARLO DE TOTH CRISTINA c/ SCAFFINO BEATRIZ s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-21

El decreto ley 5965-63: 61 dispone que la acción causal no puede ejercitarse sino "restituyendo la letra de cambio".

En caso de no ser ello posible, parece necesario el previo procedimiento de cancelación previsto por el art. 89, Pero si la acción cambiaria contra el deudor demandado se hallare prescripta no será necesario adjuntar el documento, atento a que no podría ser nuevamente condenado a pagar el importe del título valor.

Si las acciones cambiarias están prescriptas, es del todo inútil el procedimiento de cancelación cambiaria.
Empleados públicos, personal contratado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Rieffolo Basilotta, Fausto. s/ Recurso judicial arts. 40 a 42, Ley 22.140
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-05

Las tareas del personal no permanente no requieren que imprescindiblemente difieran en naturaleza de las del resto sino que basta la transitoriedad del requerimiento, que obligue a reforzar durante un período de tiempo la plantilla básica de agentes. De ello cabe deducir que el legislador ha otorgado a la autoridad administrativa un suficiente margen de discrecionalidad para hacer frente a las exigencias estacionales o excepcionales, en cantidad o cualidad, incorporando agentes que no integran los cuadros estables de la organización.
Recurso extraordinario federal, gravedad institucional, potestad tarifaria, concesión de servicio público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CONIFERAL S.A.C.I.F. c/ MUNICIPALIDAD DE CORDOBA s/ PLENA  JURISDICCION - RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2010-12-30

En orden a la alegación de gravedad institucional, si bien en principio podría llegar a admitirse que en el marco de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación las cuestiones tarifarias exhibirían trascendencia social y económica, pues se relacionan con intereses que afectan a amplios sectores de la sociedad, el incumplimiento por parte de la Municipalidad apelante de los recaudos de admisibilidad formal necesarios para la concesión del recurso extraordinario federal, previstos en el reglamento aprobado por la Acordada Número 4/2007, obsta a la apertura de la jurisdicción extraordinaria del Máximo Tribunal, pues la sola invocación de la causal de gravedad institucional no subsana en particular, la ausencia de cuestión federal trascendente de la cual deba conocer la Corte Suprema.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia, pautas orientadoras, juicio, partes, legitimación procesal, debido proceso, proceso penal, doble instancia
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: M., A. R. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- HOMICIDIO EN ESTADO DE EMOCION VIOLENTA AGRAVADO POR EL USO DE ARMA DE FUEGO Y  PORTACION ILEGÍTIMA DE ARMA DE FUEGO DE USO CIVIL EN CONCURSO REAL (EXPTE.: C.S.J. NRO. 364 AÑO 2005)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-08-09

La Corte Nacional se ha expedido en reiterados pronunciamientos, considerando que "todo aquél a quien la ley reconoce personería para actuar en juicio en defensa de sus derechos, será amparado por la garantía del debido proceso legal, consagrado en el artículo 18 de la Constitución nacional, sea que actúe como acusador o acusado, como demandado o demandante; ya que en todo caso media interés institucional en reparar el agravio si éste existe y tiene fundamento en la Constitución, puesto que ella garantiza a todos los litigantes por igual el derecho a obtener una sentencia fundada en un previo juicio llevado en legal forma, cualquiera sea la naturaleza del procedimiento -civil o criminal- de que se trate".

Así, interpretando el texto de los Tratados Internacionales con jerarquía constitucional, si bien remarcó que la garantía de recurrir estaba instituida en favor del inculpado de un delito, ello no significaba "per se" impedir la posibilidad de impugnar el decisorio a las otras partes que eventualmente intervinieran en el proceso (vgr. querellante particular, acusador público), ratificando incluso, por otra parte, la potestad de que si el órgano del Estado facultado a tales efectos lo regulara en la normativa de forma, ello no resultaría atentatorio del debido proceso regulado en la Constitución nacional.
Hurto, tentativa
Materia: PENAL
Carátula: SANTAMARÍA PULIDO, Ever Flavio c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-02-19

No se advierten elementos que permitan afirmar que la conducta del imputado encuadre en el desistimiento voluntario previsto en el art. 43, CP, puesto que el razonamiento del a quo, que radicó en que la reacción de aquél no fue libre ni motivada únicamente en su voluntad y en que él mismo había reconocido el hecho materia de acusación como fue descripto en el requerimiento, luce correcto y los argumentos del recurso no logran conmoverlo (voto del juez Sarrabayrouse)
Daños y perjuicios, monto de la indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: Palmas Moneo, Federico Norberto c/ Sacella, Miguel Angel y Otro/a s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2023-07-11

Recurrir a fórmulas de matemática financiera o actuarial ofrece, como ventajas, algún criterio rector más o menos confiable, cierto piso de marcha al formular o contestar reclamos, o el aventamiento de la inequidad, la inseguridad o la incerteza (SCBA, C. 117.926, 11/2/2015), esas ventajas no deben llevarnos a olvidar que tales fórmulas juegan, por un lado, como un elemento más a considerar -cuando de mensurar un daño y su reparación se trata- junto a un haz de pautas fundamentales ajenas al mundo de las matemáticas y con todas las cuales el juzgador ha de trabajar para aquella determinación. Y, por otro lado, que su aplicación desprovista de prudencia puede llevar a verdaderos despropósitos, como en el caso de la muerte de un recién nacido (tal como se juzgó en la causa Ac. 83.961, 1/4/2004) o como ocurriría de tratarse de un trabajador de 66 años donde, según la fórmula "Vuoto" se arribaría a un resultado negativo (SCBA, C. 117.926, 11/2/2015).
Tarjeta de crédito, títulos ejecutivos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco de Entre Ríos S.A. c/ Morales Roberto José s/ Preparación de la Vía Ejecutiva - Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-02-24

Iniciado el presente bajo el regimen estatuído por la ley 25.065 - en especial artículo 39 - la acción está prescripta y bajo elemental principio de eventualidad, si como luego lo pretende la actora, "bajo el régimen legal anterior de la tarjeta de crédito" no consideramos procedente con la documental adjunta (resúmenes) ni la vía ejecutiva, ni la preparación de la vía ejecutiva.
Sentencia arbitraria, defectos en la fundamentación normativa, demanda, nulidad del acto administrativo, demolición de obra, daños y perjuicios
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Osella de García, Juana María Selvia c/ Diners Club Argentina SAC. y T. y otros. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-26

Aun cuando la demanda por nulidad de acto administrativo, destrucción de obra y daños y perjuicios versa sobre cuestiones de derecho público local, corresponde declarar arbitrario el pronunciamiento si el a quo ha basado su decisión en una disposición inaplicable a la concreta situación que plantea el caso (Disidencia de los Dres.

Eduardo Moliné O'Connor, Guillermo A.F. López y Adolfo Roberto Vázquez).
Revocación del auto de procesamiento, hurto, secuestro de bienes, damnificado directo, falta de prueba
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: SALCEDO JONATHAN OSCAR s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-19

Corresponde revocar el procesamiento en orden al delito de hurto de quien fuera detenido por personal policial y habiéndosele secuestrado de su poder tres frente metálicos de portero eléctrico; ya que si bien el imputado no justificó de modo alguno la tenencia de tales objetos, la imputación carece de fundamentación ante la falta de individualización de los presuntos damnificados por cuanto se desconoce el modo en que aquél tomó posesión de los elementos secuestrados.
Responsabilidad solidaria, servicios de vigilancia, contrato de trabajo, distribución de gas
Materia: LABORAL
Carátula: Aquino Carlos Javier c/ Cazadores Cooperativa de Trabajo Ltda. y otros s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-31

Para determinar la existencia de responsabilidad en los términos del art. 30 L.C.T., en el caso, debe analizarse si la seguridad llevada a cabo por la cooperativa demandada formaba parte del giro normal y habitual de Metrogas S.A.. No se encuentran reunidos los presupuestos aludidos, dado que la actividad principal consiste en la distribución de gas y prestación de ese servicio público en las regiones que le fueron asignadas a esa firma, por lo que las tareas que realizaba el actor como vigilador o custodio de sus empleados complementan la tarea de estos últimos, pero no se erige en un accionar indispensable o inescindible de giro sustancial de la distribuidora de gas por lo que no encuadran en su actividad "normal y específica", determinada según el criterio de unidad técnica o de ejecución -art. 6 L.C.T.-.
Competencia del Superior Tribunal de Justicia, doble instancia, per saltum
Materia: PROCESAL
Carátula: S. S.A.C.I. c/ Provincia del Chubut s/ Acción Declarativa de Certeza
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-06-29

Si el Superior Tribunal de Justicia asumiera la competencia para conocer en esta lite, se vulneraría el principio de doble instancia -el doble tránsito procesal- que consiste en que las partes podrán acudir ante un tribunal de apelación cuando la petición sea rechazada por un tribunal de grado.

Por otro lado, este Superior Tribunal de Justicia repudió su propia avocación per saltum de resoluciones o sentencias, soslayando instancias intermedias por razón de haberse erradicado ese instituto de la legislación procesal chubutense.
Apreciación de la prueba, descripción de los hechos, facultades del juez
Materia: CIVIL
Carátula: Sudamérica Compañía de Seguros y Patrimoniales S.A. s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1996-11-04

El Tribunal de mérito es soberano en la valoración de la prueba y en la determinación de los hechos, no estando obligados a valorar toda la producida ni a expresar porqué razón da más crédito a unas pruebas que a otras.
Recurso de inconstitucionalidad, gravedad institucional, Ministerio Público, legitimación procesal, proceso penal, acción civil
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: R, R F s/ DEPOSITARIO JUDICIAL     QUEJA  POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE  NRO 158-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-08-21

Corresponde admitir la queja contra la resolución de Alzada que declaró la nulidad de los agravios civiles articulados por el Defensor General de Cámaras, negándole legitimación a dicho funcionario para obrar en la litis civil, por cuanto su designación de oficio lo es al sólo efecto de actuar en materia penal, por cuanto, desde una apreciación mínima y provisional, dicho planteo posee jerarquía constitucional y cuenta con suficiente asidero fáctico como para habilitar la instancia extraordinaria.
Sentencia arbitraria, tercera instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: Arquitrabe S.R.L. y Giudice S.A s/ Recurso de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1991-07-31

Con respecto a la arbitrariedad, a su vez, se tiene sentado por este cuerpo que "Partiendo de la admitida premisa de que el recurso que nos ocupa no implica la apertura de una tercera instancia ordinaria en la que pueden discutirse y plantearse hechos y pruebas, o receptarse denuncias del o los fallos de los jueces de grado, ya que el contenido del recurso está vinculado al análisis de la "legalidad" del pronunciamiento del Juez de la causa y no a su mayor o menor justicia".
Daño moral, monto de la indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: A.,M.L. c/ S.,C. y Otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-08-25

La cuantificación del daño moral queda sujeto al prudente arbitrio judicial pues el juzgador debe sortear la dificultad de imaginar o predecir el dolor que el hecho dañoso produjo en la esfera íntima del reclamante para luego establecer una indemnización en dinero que supla o compense el desmedro injustamente sufrido, entendiendo que la determinación del monto no depende de la existencia o extensión de los perjuicios patrimoniales dado que no media interdependencia entre tales rubros, ya que cada uno tiene su propia configuración al tratarse de daños que afectan a esferas distintas.
Remuneración del juez, aportes previsionales, adicional por dedicación exclusiva, carácter no remuneratorio, intangibilidad de la remuneración
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: FERNANDEZ PREGO, JORGE s/ JUBILACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-09-19

El dec. 2474/85, al atribuir carácter no remunerativo a la asignación que él estableció, se aparta de la normativa de la ley 18464. Pero de admitirse tales asignaciones no remunerativas, no contempladas en el art. 14 de la citada ley, que luego no integrarían el haber jubilatorio del magistrado, se violaría lo expresamente establecido por el art. 15 de la ley 18464 y la garantía de intangibilidad de la remuneración y del haber jubilatorio o pensión que establece el art. 96 de la Constitución Nacional.
Entidades financieras, quiebra
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Banco del Interior y Buenos Aires S.A. s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Quiebra, incidente de nulidad,   fraude procesal y reposición (Expte. CSJ Nº 930-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-10-14

Si bien puede admitirse que en el campo de la doctrina autoral y jurisprudencial predomina la tesis favorable a hacer extensiva a la quiebra de entidades financieras la intimación prevista en la ley concursal (artículo 91), la tesis contraria tiene su justificación en el texto del artículo 50 inciso d) y en la circunstancia de no tratarse de quiebra pedida por acreedor. Aún admitiendo que debe procederse al cumplimiento de tal intimación, su omisión no tiene entidad suficiente para proceder sin más a la nulidad de lo actuado, en virtud de la vigencia del principio de trascendencia -artículo 126 del Código Procesal Civil y Comercial-, que excluye la posibilidad de la declaración de aquélla con ese solo fundamento.

(Del Voto del Dr. Ulla).
Aclaratoria (procesal), denegatoria del recurso, fallos de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL
Carátula: Pepe,  Lorenzo s/ suspensión convocatoria Congreso Nacional Justicialista del 17/7/98.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-04-13

Corresponde rechazar el recurso de aclaratoria cuando la sentencia de la Corte es suficientemente clara.
Cuestiones de competencia, Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social, competencia derivada, agotamiento de la instancia administrativa, resolución administrativa
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: LONETTO, HUGO c/ Caja Nacional de Previsión del Personal de Estado y Servicios Públicos s/ SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-29

Según el art. 8 de la ley 23.473 la competencia de la C.N.A.S.S. es esencialmente recursiva, motivo por el cual no procede la aplicación del art. 10 de la ley 19.549 por no encontrarse agotada la vía administrativa. Así lo ha entendido reiterada jurisprudencia al sostener que los organismos administrativos deben dictar resolución expresa en cada caso a los fines que luego, si correspondiere, el tribunal actúe como instancia revisora de lo allí decidido (cfr.

C.N.A.S.S., sent. int. 3223, del 31.8.90; Sala I, int. 3553, del 7.8.90). (Del voto de la mayoría -argumento del Dr. Fasciolo-. El Dr.

Wassner votó en disidencia).
Resolución del contrato, apreciación de la prueba, falta de pago
Materia: LABORAL-CIVIL
Carátula: BURDILES DURAN EFRAIN LOE c/ ESTAR S.R.L. s/ RESOLUCION DE CONTRATO
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2017-11-02

Más allá del esfuerzo recursivo, resultan sin acreditación las defensas de la demandada pretendiendo articular la falta de pago con la discordancia con el precio pactado, invocando que era menor, y la existencia de defectos constructivos, todo ello con el fin de sostener que su omisión fue consecuencia del incumplimiento del actor, así como, insuficientemente lo evidenciado en los agravios, invocando una errónea valoración de la prueba, que no se concreta en el caso a tenor de la argumentación expuesta.
Prueba, sentencia condenatoria, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONTRAVENCIONAL-CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Defensor Oficial en lo Contravencional nro. 1 s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en `Oniszczuk, Carlos Alberto s/ ley 255 - apelación Contravencional nro. 1 s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en `Oniszczuk, Carlos Alberto s/ ley 255 - apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-04-13

Si en un caso, la prueba que da sustento a la condena es consecuencia de la vulneración de una garantía individual, debe declararse su ineficacia. El juicio acerca de la proyección de la ilegitimidad de un procedimientos sobre cada elemento probatorio es función de los jueces, quienes deben efectuar tal valoración en cada caso en concreto.
Seguros, denuncia del siniestro, plazo, interpretación de la ley, presentación extemporánea, prescripción, deber de juzgar
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Román Bogado, Guido Ramón c/ Nación Seguros SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-23

2 - La difusión de un criterio doctrinal que sostiene que en razón de la ausencia de un rechazo inmediato por parte de la aseguradora no podría juzgarse producida la caducidad del derecho del asegurado prevista por la LS 47 se debe a Isaac Halperín. Este autor cita en su apoyo un fallo de la Cámara Comercial de la Capital, del 19/12/47, "Juan, Guillermo c/ La Equitativa del Plata Cía. de Seguros", publicado in extenso en La Ley t. 50, p. 127 (conf. Halperín, I., "Seguros - exposición crítica de la ley 17.418", Buenos Aires, 1972, p. 292, n° 60, texto y nota n° 265).
Derecho laboral, trabajador, lealtad laboral, concurrencia desleal
Materia: LABORAL
Carátula: Maldonado, Leonardo Antonio c/ Pedro y Antonio Lanusse S.A. s/ Cobro laboral (Expte. Nro. 218-97, Resolución Nro. 142, Tomo 24, Folio  178)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-08-30

En cuanto al sobreseimiento del actor en sede penal, sin ingresar a considerar los motivos del mismo, carece de relevancia por cuanto la concurrencia desleal es un incumplimiento grave a los deberes del trabajador, que para que sea tal no tiene por qué implicar la comisión de un delito.