Tribunal: TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-12-13


Buenos Aires, diciembre 13 de 2007.

I. Que a fs. 71/93 vta se interpone recurso de apelación contra las resoluciones de fecha 22/12/2004 de la AFIP-DGI, División Determinaciones de Oficio de la Subdirección General de Operaciones Impositivas III, mediante la cual se determinan de oficio la obligación tributaria de la recurrente frente a el Impuesto a las Ganancias - Salidas no documentadas correspondientes a los períodos fiscales abril, mayo y julio de 1999, y el Impuesto al Valor Agregado por los períodos fiscales 04/99, 05/09, 07/99, 08/99, con más intereses resarcitorios, haciendo reserva de la eventual aplicación de sanciones en orden a lo establecido en el art. 20 de la ley 24.769.

Que, la actividad que desarrolla el contribuyente es la de servicios de publicidad.

Que, en primer lugar, resulta preciso señalar que el presente caso reconoce su origen en una fiscalización efectuada por inspectores del Organismo Recaudador en función de información brindada por la División Planificación Penal Tributaria y Aduanera, la cual detectó que la contribuyente en cuestión declaró que le efectuó retenciones a la empresa Romney S.A. (proveedora de facturas apócrifas según fuera observado en la causa Nº 1831/00 radicada en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 3, Secretaría Nº 5) por los períodos fiscales abril, mayo y julio de 1999. Asimismo, en fecha 09/11/2004, la inspección actuante recibe antecedentes de la Dirección Regional Microcentro respecto de dicho proveedor y de la firma Silver Trade S.A., del que concluye que dichas empresas no poseen la capacidad operativa para efectuar las operaciones comerciales que dicen haber realizado y, por lo tanto, que se tratan de entidades funcionales a la emisión de facturación apócrifa. En consecuencia, el ente fiscal determinó los siguientes ajustes: En el Impuesto a las Ganancias, para los períodos fiscales 2000, 2001 y 2002 un total de $796.117,01, por la impugnación de los gastos que fueran computados por Raúl J. Naya Producciones S.A. con relación a las facturas emitidas por los proveedores mencionados, en virtud de lo establecido en el art. 80 de la ley del gravamen. Además, atento a no poder verificarse las operaciones declaradas, aplicó los arts. 37 y 38 del mismo cuerpo legal, es decir, un ajuste por salidas no documentadas, por un total de $963.301,57. Por otro lado, en el IVA, procedió a ajustar los períodos fiscales Abril, Mayo, Julio, Agosto y Diciembre 1999, Enero a Diciembre 2000 y Enero a Abril 2001 por un total de $477.570,20, por la impugnación de créditos fiscales de acuerdo a lo normado en el art. 12 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, correspondientes a dichos gastos observados que fueran computados en las respectivas declaraciones juradas de la contribuyente. Cabe destacar, que la determinación se llevó a cabo solamente respecto de las impugnaciones realizadas en base al proveedor Romney S.A., conforme surge de las vistas otorgadas a la contribuyente obrantes a fs. 129/133 y 135/139 de los antecedentes administrativos.

Que, la apelante solicita que se suspenda la tramitación de las actuaciones hasta tanto se conozca el pronunciamiento del Juez Penal sobre la existencia o inexistencia de las facturas supuestamente apócrifas, por entender que el mismo revistiría el carácter de definitivo, definitorio y necesariamente previo a la sentencia a que pueda arribar este Tribunal, señalando que la Ley Penal Tributaria establece la prevalencia de las declaraciones de hechos contenidas en la sentencia judicial a que se arribe en el proceso penal, conforme lo dispone el art. 20 de la ley 24.769.

Que, dicha petición fue rechazada por este Tribunal a fs. 116, considerando prudente, atento la importancia del tema en cuestión, reproducir en esta oportunidad los argumentos expuestos por esta sala en aquél decisorio, donde se sostuvo que: "Que, cabe resaltar que la resolución penal de un delito común no es obstáculo o cuestión de prejudicialidad para que el Organismo fiscal ejerza sus facultades de verificación y fiscalización y lleve adelante el procedimiento de determinación de oficio, en tanto permita al contribuyente ejercer su derecho de defensa y el acto con el que se culmine dicho procedimiento sea válido por cumplirse a su respecto los requisitos del art. 7 de la ley 19.549 y gozar de la presunción de legitimidad que consagra el art. 12 de ese cuerpo legal, circunstancias que prima facie...se han cumplido como surge de la resolución apelada y de los antecedentes administrativos arrimados a la causa. Así lo ha sostenido esta sala in re "Huara Malen S.A. s. recurso de apelación - I.V.A.", sentencia del 21/8/2001, criterio que resulta igualmente aplicable al procedimiento instado ante este Tribunal como consecuencia del recurso interpuesto..." y, además, que "...con relación a la aplicación de la Ley Penal Tributaria 24.769, cabe resaltar que el art. 20 de dicha ley establece que la formulación de la denuncia penal no impide la sustanciación de los procedimientos administrativos y judiciales tendientes a la determinación y ejecución de las deudas, debiendo la autoridad administrativa de abstenerse de aplicar sanciones hasta que sea dictada la sentencia definitiva en sede penal, circunstancia que se ha verificado en autos...Que, no aplicando sanciones la resolución apelada en autos, el pedido de suspensión del trámite de la causa debe ser rechazado por improcedente".

Que, respecto de la cuestión de fondo traída a decisión de este Tribunal, manifiesta que procedió a regularizar su situación frente al IVA y al Impuesto a las Ganancias con relación a los proveedores observados y que el total rectificado en virtud de la observación del proveedor Romney S.A., asciende a la suma de $119.532,34 y que el total reclamado, como consecuencia de la impugnabilidad de las facturas pertenecientes a esa misma firma, asciende a la suma $110.928,69. Como consecuencia de lo expuesto, solicita se tengan por canceladas las sumas reclamadas por el Fisco Nacional en materia de Impuesto al Valor Agregado -períodos fiscales abril, mayo, julio, y agosto de 1999 y sus respectivos intereses resarcitorios-, practicándose a tal efecto las reliquidaciones y cotejos que fuera necesario producir.

Que, en cuanto al ajuste en concepto de Salidas No Documentadas, afirma que efectivamente realizó los gastos de que dan cuenta las facturas presuntamente apócrifas, que le fueron entregadas por personas pertenecientes a empresas con una larga trayectoria y relación con ella, a las que controlaron adecuadamente y abonaron conforme los medios de pago fiscalmente admisibles.

Que, aduce que si algún reproche correspondiese por esta operatoria o por la presunta falta de declaración fiscal de los ingresos facturados por quienes percibieron efectivamente las comisiones pagadas, se deberá efectuarlo a quienes resultaron beneficiarios de tales pagos, en tanto la empresa efectivamente gastó, retuvo, ingresó y dedujo valores reales de una operación legítima y de su especialidad.

Que, sostiene que simplemente se le ha imputado la existencia de salidas no documentadas sobre la base de incumplimientos fiscales y defectos de estructura serios, pero que no tienen por qué tener impacto sobre él, ya que parecen presentarse en Romney. Además, destaca que los importes facturados por Romney no presentan significación dentro de su giro comercial, lo que refuerza la innecesariedad de haber adoptado cualquier otro parámetro de contralor que no fuera el que emerge de la normativa vigente. Señala, que la responsabilidad solidaria en cabeza del pagador por el impuesto del perceptor se genera no por el mero hecho de el carácter de apócrifas de las facturas sino por, además, no haber efectuado los controles legalmente previstos sobre la condición del proveedor, lo que en su caso fue realizado (constancia de CUIT en base DGI y condición de contribuyente activo, utilización de medios de pago bancarios habilitados, etc.).

Que, respecto del impuesto previsto en el art. 37 de la ley del Impuesto a las Ganancias, plantea que la DGI sólo se limitó a transcribir las normas aplicables al caso, sin siquiera analizar los alcances de la institución en cada caso concreto.

Que, entiende que dicho impuesto, sólo resulta aplicable en la medida que no existan comprobantes o que, aún existiendo, no se hayan emitido de acuerdo a la normativa referida a facturación y registración. En su caso, explica que se dedica a la comercialización de espacios publicitarios y las agencias de publicidad y, a través de ellas, otras personas o empresas vinculadas a los negocios publicitarios, recurren para aprovechar las mejores tarifas de que gozan para la compra de espacios publicitarios, reconociéndoles una comisión o participación en la utilidad que se le genera por esa operación de compraventa de espacios. Con lo cual dice que, al abonar las comisiones que correspondían, sólo podía limitarse a corroborar que las facturas presentadas para el cobro cumplan con las normativas referentes a la emisión y registración.

Que, por último, expresa que una vez que recibía las facturas enviadas por la Agencia o por las diversas empresas que participan en las comisiones, primero se controlaba la validez de las mismas, luego se las registraba y, finalmente, se efectuaban los pagos con cheques que eran depositados en banco, todo lo cual no sólo no es controvertido por el Fisco sino que surge incluso de las propias actuaciones y del relato de los actos administrativos del expediente, de esa forma actuó con Romney y no de otra. En virtud de ello, considera que tales cheques permiten perfectamente individualizar al beneficiario del cobro y tornan inaplicable el art. 37 de la ley del gravamen.

Que, ofrece prueba y hace reserva de la cuestión federal.

II. Que, a fs. 103/114 se presenta el Fisco Nacional, contestando el recurso interpuesto negando los hechos alegados y solicitando la confirmación de la sanción.

Que, destaca que si bien la actora afirma que apela las Res. 131 (IVA) y 132 (Salidas no Documentadas), sólo cuestiona la procedencia del Impuesto a las Ganancias-Salidas no documentadas, por lo que solicita se confirme la determinación de oficio del Impuesto al Valor Agregado, con costas, por el dispendio jurisdiccional ocasionado y por la confusión generada al apelar la resolución y no agraviarse de la misma. Expresa, que la recurrente limita su recurso de apelación en el impuesto al valor agregado a solicitar que se declare que ha cancelado dicho impuesto, lo que no es materia de discusión en autos y no lo acredita. Agrega, que tampoco la actora se agravia de los intereses resarcitorios aplicados, por lo que dicho concepto debe quedar firme.

Que, afirma que las operaciones impugnadas referidas al proveedor Romney S.A. resultan, con claridad, apócrifas y, que debe repararse en que los comprobantes, per se, no poseen valor probatorio adecuado para acreditar fehacientemente la operación supuestamente realizada. Así, manifiesta que la ausencia de soportes probatorios tornan ineficaz la construcción teórica desarrollada en la defensa desde que correspondía al contribuyente aportar los elementos que pusieran de relevancia la impropiedad de la pretensión fiscal.

Que, ofrece prueba y hace reserva del caso federal.

Que, a fs. 136 se abre la causa a prueba, haciéndose lugar a la pericial contable e informativa ofrecida por la actora. A fs. 234/243 alega sobre el mérito de la prueba la parte actora, haciendo uso de su derecho el Fisco Nacional a fs. 247/251.

Que, a fs. 254 pasan los autos a sentencia.

IV. Que, corresponde a este Tribunal entrar a analizar la causa de acuerdo a los términos en que ha quedado trabada la litis.

Que, conforme se desprende de autos, como consecuencia de la verificación del cumplimiento de las obligaciones impositivas de la actora y en uso de las atribuciones que le son propias, el ente fiscalizador realizó tareas relacionadas con el proveedor Romney S.A., entre otros, en función de información brindada por la División Planificación Penal Tributaria y Aduanera, la cual detectó que la contribuyente en cuestión declaró que le efectuó retenciones a la citada empresa (proveedora de facturas apócrifas según fuera observado en la causa Nº 1831/00 radicada en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 3, Secretaría Nº 5) por los períodos fiscales abril, mayo y julio de 1999. Asimismo, en fecha 09/11/2004, la inspección actuante recibe antecedentes de la Dirección Regional Microcentro respecto de los proveedores Romney S.A. y Silver Trade S.A., del que concluye que dichas empresas no poseen la capacidad operativa para efectuar las operaciones comerciales que dicen haber realizado y por lo tanto que se tratan de entidades funcionales a la emisión de facturación apócrifa. En consecuencia, el ente fiscal determinó los siguientes ajustes: En el Impuesto a las Ganancias, para los períodos fiscales 2000, 2001 y 2002 un total de $796.117,01, por la impugnación de los gastos que fueran computados por Raúl J. Naya Producciones S.A. con relación a las facturas emitidas por los proveedores mencionados, en virtud de lo establecido en el art. 80 de la ley del gravamen. Además, atento a no poder verificarse que las operaciones declaradas por proveedores aplicó los arts. 37 y 38 del mismo cuerpo legal, es decir ajuste por salidas no documentadas, por un total de $963.301,57. Por otro lado, en el IVA, procedió a ajustar los períodos fiscales Abril, Mayo, Julio, Agosto y Diciembre 1999, Enero a Diciembre 2000 y Enero a Abril 2001 por un total de $477.570,20, por la impugnación de créditos fiscales de acuerdo a lo normado en el art. 12 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, correspondientes a dichos gastos observados que fueran computados en las respectivas declaraciones juradas de la contribuyente. Cabe destacar, que la determinación se llevó a cabo solamente respecto de las impugnaciones realizadas en base al proveedor Romney S.A., conforme surge de las vistas otorgadas a la contribuyente obrantes a fs. 129/133 y 135/139 de los antecedentes administrativos.

Que, cabe destacar las pruebas recolectadas por el área fiscalizadora para arribar a la antedicha conclusión. En primer lugar, constató en relación al proveedor Romney S.A., que la firma no presentó DDJJ del Impuesto a las Ganancias por los períodos fiscales 1999 a 2002, ni efectuó pagos en ningún concepto respecto de este tributo. Por su parte, con relación al Impuesto al Valor Agregado, presentó declaraciones juradas por los períodos 01/99 a 04/02, no arrojando las mismas saldo a ingresar, observándose que los débitos y créditos exteriorizados son por importes similares. La firma no registra inscripción ni presentaciones del S.U.S.S. y no declaró personal en relación de dependencia ni tiene domicilio alternativo. Se concurrió al domicilio fiscal, donde el encargado del edificio informó que la empresa se había mudado hace tiempo. Se le efectuaron requerimientos notificados en el domicilio fiscal y comercial, los cuales no fueron cumplimentados. A su vez, se citó por carta al director de la empresa que surge de la consulta efectuada al Boletín Oficial Sr. Alberto Urtubey, quien aportó copia de Acta de Asamblea del 24/02/94, según la cual transfiere el paquete accionario siendo el nuevo director el Sr. Reinaldo Carrera, quien manifiesta desconocer la firma Romney S.A.. Ello así, se le consultó al Banco Supervielle Societe Generale sobre la titularidad de la cuenta corriente donde Romney S.A. deposita los cheques que cobra por la supuesta prestación de servicios, informando que el titular es la empresa Romney S.A. y el firmante es el Sr. Carlos Alberto Schulze. Este, manifiesta que su actividad era la de estribador portuario y que se encontraba desocupado y que nunca formó parte de sociedad alguna.

V. Que, respecto de la determinación en el Impuesto al Valor Agregado, cabe destacar que si bien la actora dice apelar la resolución que lo determina, no se advierte de su libelo recursivo agravios concretos sobre el fondo de la cuestión, limitándose a manifestar haber rectificado sus declaraciones juradas y regularizado su situación frente al impuesto mediante el acogimiento a un Régimen de Asistencia Financiera, señalando que ello no importa la renuncia al derecho de repetir las sumas ingresadas al Fisco ni la de perseguir de los terceros prestadores de los servicios en cuestión o quien en definitiva resulte responsable de la restitución de los daños y perjuicios ocasionados, supuestos derechos que deberá hacer valer ante la instancia pertinente en cuanto exceden el ámbito jurisdiccional otorgado a este Tribunal.

Que, en razón de ello, corresponde confirmar la Res. 131/04 (DV DOGR) que determina de oficio la obligación tributaria de la contribuyente frente al Impuesto al Valor Agregado con costas, y proceder a pronunciarse a continuación respecto de la Res. 132/04 (DV DOGR) en cuanto determina el Impuesto a las Ganancias - Salidas no documentadas, correspondiente a los períodos fiscales abril, mayo y julio de 1999.

VI. Que, la impugnación de la empresa proveedora Romney S.A. ha sido adecuadamente ponderada por el organismo fiscal, habiendo demostrado la existencia concomitantemente de una serie de indicios comprobados, graves y precisos, que llevan a presentar un cuadro de serios reparos respecto de la validez de las facturas y la existencia de las operaciones cuestionadas por el Fisco Nacional, habida cuenta lo actuado por la inspección que fuera referenciado en el punto IV precedente.

Que, como corolario, la actitud de la apelante se limita a aseverar dogmáticamente que no le compete el control de la situación fiscal de aquellos con quienes contrata, sin aportar dato adicional alguno (gerentes, domicilios reales, depósitos, seguros, medios de pago, sujetos encargados de la cobranza, etc.) tendiente a profundizar la investigación en terrenos que resultan de su exclusivo interés.

Que, en tales circunstancias, correspondía a la actora, en ejercicio de su derecho de contradicción, acreditar la veracidad de sus dichos, esto es, demostrar la existencia de su proveedor (no de su situación fiscal) y de los servicios que menciona la facturación que supuestamente se emitiera a nombre de la recurrente, debiendo acreditar la sustantividad de las operaciones impugnadas por la inspección actuante, en cuanto tales impugnaciones poseen entidad suficiente para poner seriamente en duda la real existencia de las operaciones que se intentan probar mediante la documentación exhibida. Queda claro que ello no puede realizarse por medio de afirmaciones genéricas o dogmáticas formuladas en abstracto (apelando a la "actividad del apelante" u otros conceptos similares), sino por medio de documentación u otras pruebas fehacientes en tal sentido.

Que, más allá de todas las conjeturas y explicaciones volcadas por el recurrente, lo cierto es que no ha podido aportar detalles fehacientes y relevantes de las supuestas prestaciones de servicios que le fueron facturadas por el proveedor impugnado y, mucho menos, ha logrado producir alguna prueba fehaciente de la real existencia del mismo, cuya relevancia en materia fiscal resulta innegable.

Que, cuando se presentan impugnaciones fundadas, donde han surgido distintos elementos que podrían dar lugar a la existencia de una maniobra fiscal, el contribuyente tiene, inexcusablemente, que recurrir a todos los medios de prueba que estén a su alcance para reconstruir y acreditar fehacientemente distintos aspectos que si bien no obligatorios en principio, pueden concurrir a derrumbar la tesis fiscal dotando a las facturas cuestionadas de un soporte extra fiscal, más propiamente comercial, que les devuelva su verosimilitud. En este sentido, la prueba informativa a la Asociación Argentina de Agencias de Publicidad (AAAP) rendida en autos a fs. 170 es insuficiente, en tanto sólo describe el funcionamiento del mercado publicitario, más no demuestra la supuesta vinculación entre la empresa Romney S.A. y la contribuyente. Por otro lado, las conclusiones a las que arriba la pericial contable obrante a fs. 173/182 carecen de eficacia, toda vez que de la misma surge que no se tomó en cuenta el Libro Inventario y Balances Nº 3, que incluiría al período en cuestión, y que el Libro Diario Nº 14 tomado en consideración tiene fecha de rúbrica posterior al período analizado (fecha de rúbrica 2805-02). En su defensa, la empresa informa que el primero de dichos libros fue extraviado, pero no acredita dicha circunstancia con documentación respaldatoria que avale sus aseveraciones, y por su parte, expresa que, en cuanto a la objeción planteada por el Fisco Nacional vinculada con la fecha de rúbrica del libro diario Nº 14, dicha circunstancia encuentra su explicación en el impedimento de hecho derivado del secuestro dispuesto por el Juzgado Penal Económico Nº 4 sobre el Libro Diario Nº 13 (con rúbrica del 12/08/98), lo que de manera alguna modifica el criterio expuesto anteriormente, ya que lo cierto es que la pericia utiliza un Libro cuya veracidad es objetable. A mayor abundamiento, la prueba informativa que solicitara la actora al Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 3 a fin de que informe si se encontraba bajo investigación la firma Romney S.A. a fin de establecer la efectiva existencia de su giro empresarial, el carácter de apócrifas de las facturas que extendiera, la consumación de fraudes fiscales por su intermedio y él o los sujetos que pudieron haber participado en tales hechos, y si a la fecha se habría arribado a alguna conclusión respecto de esas materias, no se ha producido, no logrando una vez más otorgar veracidad a sus dichos.

Que, en suma, si las facturas aportadas, si bien en varios casos cumplen con los requisitos formales, no alcanzan por ausencias de otros elementos probatorios a acreditar la real existencia de las operaciones y el apelante no aportó dato alguno tendiente a prolongar la fiscalización en un sentido favorable a sus pretensiones, como, por ejemplo, denunciando el domicilio real donde estas empresas tenían sus oficinas, quiénes eran sus gerentes, sus representantes comerciales, sus números telefónicos, corroborar los lugares y forma de prestación de los servicios, empresas de trabajo eventual que estas proveedoras pudieran haber contratado a falta de personal dependiente o, en suma, cualquier otro dato que resulte lógico de una normal y habitual relación comercial, resorte que resultaba de su exclusivo interés y, si más allá de todo lo expuesto, la prueba rendida no puede (ni tampoco fue direccionada para ello) acreditar la efectiva prestación de los servicios facturados por las empresas en controversia, no cabe sino sostener la impugnación del Organismo Recaudador.

VII. Que, en lo atinente al Impuesto sobre Salidas No Documentadas, cabe señalar que existiendo entonces una erogación real sobre la que se desconoce el beneficiario, en principio, se configura el presupuesto previsto en el art. 37 de la ley 20.628, ya que por los motivos antedichos no puede probarse fehacientemente algún caso donde pueda resultar viable la operatividad de la excepción reglamentaria contenida en el art. 55.

Que, en estas condiciones, el encuadramiento de los pagos efectuados en relación al proveedor impugnado en el art. 37 de la ley del gravamen, resulta plenamente procedente en tanto no existe elemento, agravio ni prueba alguna que pueda dar lugar a sostener que se trataban de erogaciones simuladas sin existir un beneficiario real oculto (cfr. sostuviera esta sala in re "Interbaires" sentencia del 31/10/2002).

Que, en apoyo de la tesis aquí esbozada, el Alto Tribunal señaló "Que en tales circunstancias resulta aplicable lo dispuesto por el art. 37 de la Ley del Impuesto a las Ganancias (t.o. en 1986 y sus modif.), ya que debe interpretarse que una salida de dinero carece de documentación -a los fines de esa norma- tanto cuando no hay documento alguno referente a ella, como en el supuesto en que si bien lo hay, el instrumento carece de aptitud para demostrar la causa de la erogación e individualizar -al tratarse de actos carentes de sinceridad- a su verdadero beneficiario. Que lo aseverado se apoya en conocidos criterios, establecidos desde antiguo por el Tribunal, en el sentido de que la proscripción de la aplicación analógica o extensiva de la ley -como ocurre en el campo penal y en el tributario- no excluye la hermenéutica que cumpla el propósito legal, con arreglo a los principios de una razonable y discreta interpretación (Fallos 254:362; 256:277), o, dicho en otras palabras, "las normas impositivas no deben necesariamente entenderse con el alcance más restringido que su texto admite, sino en forma tal que el propósito de la ley se cumpla, de acuerdo con los principios de una razonable y discreta interpretación" (Fallos 243:204 y su cita, entre otros) Que, en ese mismo sentido, debe ponerse de relieve que de acuerdo con lo prescripto por la ley 11.683 (arts. 1º y 2º en el texto ordenado en 1998), en materia de interpretación de las leyes impositivas debe atenderse al fin de ellas y a su significación económica, lo que impide otorgar relevancia a la mera existencia de un instrumento si se demuestra que éste no refleja la realidad económica. 21) Que, sobre la base de tales principios, no puede sino entenderse que tanto en uno como en el otro supuesto mencionado en el considerando 18, la erogación carece de respaldo documental, máxime si se tiene en cuenta -en lo relativo al propósito de la ley- que, como lo ha señalado la Corte en el precedente de Fallos 323:3376, el instituto de las "salidas no documentadas" ha sido adoptado por el legislador para asegurar la íntegra percepción de la renta fiscal en una particular situación en la cual, ante la falta de individualización de los beneficiarios, a cuyo cargo debiera estar el pago del impuesto al rédito percibido, quien hace la erogación queda obligado a abonar sobre ella el tributo y debe hacerlo a título propio (conf., en el mismo sentido, Fallos 275:83, citado en el mencionado precedente)... 23) Que, por lo demás, la doctrina del precedente de Fallos 323:3376 lleva a descartar que el art. 37 de la Ley del Impuesto a las Ganancias revista el carácter de una norma sancionatoria, como parece haberlo entendido el Tribunal Fiscal." Que, sólo cabe reiterar que la valoración de los extremos fácticos del caso efectuada en el acto apelado descartan de plano la presencia de los supuestos previstos en el régimen legal (arts. 38 de la ley citada y 55 de su reglamento) para excluir la obligación de pago impuesta.

Que, por su parte, no habiendo agravios con relación a los intereses resarcitorios, sólo cabe su confirmación.

Que, por ello, se resuelve: Confirmar los actos apelados, con costas. - Agustín Torres. - Juan P. Castro. - Carlos A. Porta.