Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-10-31


SENT Nro. 828 C A S A C I O N San Miguel de Tucumán, 31 de Octubre de 2003.- Y VISTO: Llega a conocimiento y resolución de esta Excma. Corte Suprema de Justicia, Sala en lo Civil y Penal, que integran los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, presidida por su titular doctor Antonio Gandur, el recurso de casación interpuesto por la señora Fiscal de Cámara en lo Penal de la IIIa. Nominación, en contra de la sentencia dictada por la Excma. Cámara Penal, Sala IIIa. del 25/11/2002 obrante a fs. 242/251 vta., el que es concedido por el referido tribunal mediante auto interlocutorio del 17/3/2003 (cfr. fs. 289/291). En esta sede, la defensa de la imputada presenta memoria sobre el recurso casatorio (fs. 297/301), mientras que el señor Ministro Fiscal mantiene la vía impugnativa deducida por la Fiscal de Cámara en lo Penal (cfr. fs. 303/307). Pasada la causa a estudio de los señores vocales, y establecidas las cuestiones a dilucidar, de conformidad con el sorteo practicado el orden de votación será el siguiente: doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana, Alberto José Brito y Antonio Gandur. Luego de la pertinente deliberación, se procede a redactar la sentencia.

Las cuestiones propuestas son las siguientes: ¿Es admisible el recurso?; en su caso, ¿es procedente?.

A las cuestiones propuestas el señor vocal doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijo:

1.- Llega a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia el recurso de casación interpuesto a fs. 265/280 por la Sra. Fiscal de Cámara en lo Penal de la IIIa. Nominación, contra la sentencia de la Excma. Cámara Penal, Sala IIIa. del 25/11/2002 (fs. 242/251 vta.). Por mayoría de votos, el Tribunal hizo lugar a la apelación promovida por la defensa de la imputada Rosa Augier de Rojas, y revocó la resolución del Sr. Juez de Instrucción en lo Penal de la IVa. Nominación, del 26/09/2002. En consecuencia, ordenó excluir la llamada "nueva declaración" de Amelia Alejandra Ducca, remitida al magistrado por el Sr. Fiscal de Instrucción en lo Penal de la VIa. Nominación.

Alega la recurrente que lo resuelto trasciende los intereses de las partes, y se proyecta sobre los de toda la comunidad, al ponerse en cuestión el buen servicio de justicia; lo que hace admisible el recurso por gravedad institucional, conforme a lo previsto por el art. 469, segunda parte del CPP. Como motivo de casación, invoca la errónea aplicación de la prohibición que, bajo pena de nulidad, establece el art. 220 del CPP, que sustenta la exclusión probatoria ordenada en autos.

Expresa que el fallo discurre sobre la exigencia constitucional de legalidad de la prueba, tanto respecto a su obtención como a la incorporación en el proceso. La mayoría del Tribunal a quo definió el thema decidendum, como "la validez legal de la prueba llamada NUEVA DECLARACION de Ducca, que es en realidad copia de la prestada por ella el 25-6-2002, entregada por la abogada Paz Bulacio en el domicilio de Las Heras 128, 10º Piso al Fiscal de Instrucción de la VI Nom., que contiene los mismos dichos de la declarada nula, y por otro lado la validez de la pericia caligráfica realizada por orden del Fiscal para que se cotejen las firmas de Ducca que en fotocopia constan a fs. 1/6 (por no contarse con los originales), con la entregada por la abogada, y con la firma que consta en una denuncia presentada en 1999 por Ducca y sin trámite por ante la Fiscalía VI Nom. Y en razón que la Fiscalía la remite como informe técnico pericial el 16-9-2002, y ya había sido declarada nula el 13-9-2002".

1.1.- En primer término, cuestiona la afirmada ilegalidad en la obtención de esta prueba, por incompetencia del Sr. Fiscal de Instrucción; conclusión que estima violatoria de la normativa contenida en el art. 344 y cc. del CPP. Considera fuera de discusión, que el Sr. Juez de Instrucción es el órgano judicial competente para tramitar la investigación jurisdiccional en la causa del título; mas nada impediría que el Fiscal le arrime elementos probatorios en los cuales fundamenta su requerimiento, aún cuando estuvieren vinculados a hechos que el Sr. Juez investiga en otra causa, como sucediera en las presentes actuaciones.

Señala que el titular del Juzgado de Instrucción de la IVa. Nominación dispuso incorporar a la causa "Bussi, Ricardo A. s/denuncia", la carta-denuncia entregada por la letrada Paz Bulacio al Sr. Fiscal de la VIa. Nominación, y la pericia dispuesta por él. Tales pruebas fueron impuestas, entre otras, a la Sra. Augier de Rojas en oportunidad de declarar como imputada. A su entender, de la misma sentencia en recurso surge que dicha prueba no se obtuvo dentro del ámbito de la investigación jurisdiccional de la causa antes referida, sino en otra causa penal iniciada y radicada ante la Fiscalía. De allí el yerro sentencial, al sostener que el Fiscal obtuvo la prueba cuando no era competente, para concluir que la misma fue ingresada en violación de garantías constitucionales. Esto, sin tener en cuenta que el Juez competente incorporó a dicho proceso, el requerimiento fiscal contra el Sr. Gobernador de la provincia de fecha 16/9/2002, que contenía la prueba cuestionada; la cual, a su vez, fue obtenida por el Fiscal en la causa "Ducca, Amelia A. s/denuncia", radicada en su sede. Por estas razones, estima que el Fiscal actuó dentro del marco legal de las facultades regladas en la última parte del art. 319, CPP, que impone verificar la seriedad del conocimiento tomado o de la noticia del hecho delictivo, y en su caso proceder a la formación del sumario para la investigación p enal preparatoria.

Añade que en oportunidad de deducir recurso de apelación, la defensa limitó su agravio a la invalidez de los dichos de Ducca, por no haber sido impuesta de la prohibición legal contenida en el art. 220 de la ley adjetiva. Al respecto, manifiesta compartir el criterio que sustenta el voto minoritario; ya que conforme a la doctrina, el anoticiamiento por cualquier vía de la posible comisión de un hecho delictivo de acción pública, impone a las autoridades judiciales y policiales el deber de promover la investigación. Cita en tal sentido la sentencia Nº 206 dictada por esta Corte Suprema de Justicia en la causa "Leal, Néstor Daniel y otros s/robo agravado", del 28/3/2001.

Señala que en el proceso penal, el titular de la acción pública regulada por el art. 71 del Código Penal es el Estado; principio que ha sido receptado en el art. 5 y ss. del CPP local, y debe interpretarse en concordancia con dicho cuerpo normativo, en particular sus arts. 319 y 340. Que de acuerdo a estas disposiciones, el Fiscal estaba habilitado para proceder de inmediato, y verificar la seriedad de la carta-denuncia entregada por Paz Bulacio, por vía de constatación de autenticidad mediante el informe técnico pericial. A su entender, no se trata de un acto definitivo sino que puede ser impugnado y reproducido en las etapas procesales oportunas. Reivindica, en tal sentido, las amplias facultades del instructor para realizar actos de comprobación, valiéndose de los auxiliares de Justicia por él designados cuando sean necesarios conocimientos específicos (art. 195, CPP).

Continúa expresando que el voto mayoritario interpretó erróneamente el art. 220 procesal, al sostener la invalidez de los datos probatorios obtenidos en violación al impedimento derivado del vínculo. Estima que esta conclusión es ajena a la línea de razonamiento seguida en el fallo, toda vez que según sus propias manifestaciones, la sentenciante expresó no analizar ni resolver cuestión alguna sobre la declaración de Ducca del 25/6/2002 -ya anulada en otro proceso-; limitando el alcance de su pronunciamiento, a decidir sobre la llamada "nueva declaración" incorporada a esta causa.

1.2.- De otra parte, agravia al Ministerio Público el aserto sentencial, relativo a que la letrada Paz Bulacio carecía de mandato especial para denunciar; dado que la carta-denuncia entregada por ella no podría ser considerada como denuncia de terceros, por no cumplirse el extremo legal previsto en el art. 315 del CPP. En este punto, la Cámara habría soslayado en forma arbitraria que el acto no fue realizado en representación de Ducca, sino que la letrada obró en la condición de testigo; y en tal carácter depuso, previa citación, a fs. 17 y vta. de los autos "Ducca, Amelia A. s/denuncia", por lo que su testimonio constituiría fuente independiente de prueba. Enfatiza que a tenor de lo normado en el art. 314 del CPP, toda persona que tenga noticia de un delito de acción pública puede denunciar, sin limitación alguna. Como doctrina legal, postula que : "El testimonio de la abogada Paz de Bulacio no es presupuesto necesario de la declaración de Ducca del 25/6/2002 sino que constituye fuente independiente de prueba, basada en la propia voluntad de la letrada como así también la entrega de la carta-denuncia en su domicilio particular de calle Las Heras Nº 128, 10º Piso y la verificación de su autenticidad mediante informe técnico caligráfico".

1.3.- También impugna la conclusión relativa a que en el caso se pretendió introducir al proceso, como "nueva declaración", el testimonio nulo de Alejandra Ducca, mediante un tercero no autorizado por ella. A criterio de la sentenciante, la pericia dispuesta por la Fiscalía, de oficio y sin notificación a la defensa, se explicaría porque con fecha 30/7/2002, Ducca ya había rectificado sus dichos. Valoró la mayoría del Tribunal, que si la nombrada hubiera sido advertida de la prohibición impuesta por el art. 220 del CPP, seguramente no testimoniaba en la primera oportunidad; con lo cual Paz Bulacio tampoco habría entregado la llamada "nueva declaración", de contenido idéntico a la anterior anulada.

En este punto, la recurrente adhiere a las citas doctrinarias reproducidas por el Sr. Juez de Instrucción en la sentencia del 26/9/2002, que decidió el rechazo de la exclusión probatoria planteada por la defensa. Tales consideraciones refieren a actos procesales que aún siendo nulos como tales, constituyen de todos modos noticia criminis, en base a la cual el Fiscal podrá requerir la instrucción.

Finalmente, estima improcedente la extensión que el Tribunal a quo ha asignado a la declaración de nulidad del testimonio brindado por Amelia Alejandra Ducca, dispuesta en la sentencia del Sr. Juez de Instrucción en lo Penal de la Ia. Nominación de fecha 13/9/2002, dictada por el en los autos "Ducca, Amelia A. s/falso testimonio", cuya copia obra a fs. 3/7 de este incidente. Al respecto, expresa coincidir con los fundamentos del voto minoritario, donde se puso de relieve que del mismo fallo citado surge su alcance limitado al ámbito del proceso en el que se emitió; y la ausencia de identidad de sujetos y causa entre ambos procesos. Por ende, y a mérito de las razones antes expresadas acerca de las consecuencias de la noticia criminis, postula que puede la misma ser tenida como fuente independiente de prueba.

2.- El recurso ha sido concedido por auto del 17/3/2003 (fs. 289/291). Examinados los requisitos de admisibilidad propios de la vía impugnaticia en análisis, se advierte que aun cuando la sentencia impugnada no es definitiva en los términos del art. 469, CPP, el caso presenta caracteres de gravedad institucional que habilitan la instancia casatoria. Se debate en autos la exclusión anticipada de un medio probatorio, por aplicación del art. 194 del CPP; alegando el Ministerio Público, entre otras razones, la indebida extensión de la nulidad declarada en otro proceso. Tal planteo involucra la existencia y alcances del instituto de la cosa juzgada; lo cual trasciende los intereses de las partes y se proyecta sobre los de la comunidad toda.

Tiene dicho esta Corte Suprema de Justicia, en distintas integraciones, que "la finalidad de la referida institución, de innegable raigambre constitucional, es la de evitar que las controversias judiciales puedan reiterarse en forma indefinida y la de conferir a las sentencias definitividad, de manera tal que la cuestión resuelta no pueda ser discutida de nuevo, no sólo en el mismo proceso sino en ningún otro futuro. En razón de ello, la cosa juzgada es instituto que compromete la seguridad misma de las instituciones judiciales y, como tal, su desconocimiento o violación excede el mero interés particular de la parte, proyectándose negativamente sobre los intereses mismos de la comunidad. La imputación referida configura, entonces, uno de los supuestos de gravedad institucional" (cfr. CSJTuc., sentencia del 13/3/81 en autos "Gobierno de la Pcia. de Tucumán s/expropiación" -Recurso de queja; "Centeno, Víctor Enrique vs. Municipalidad de Concepción s/enfermedad accidente", del 22/4/94; "Góngora de Díaz, Juana Angélica vs. Héctor Hugo Soria y/o s/daños y perjuicios", sentencia enero de 2000). De otra parte, en el sublite la aplicación de esta regla importa la definitiva eliminación de la prueba cuestionada en relación a la incidentista; que no podrá ser considerada en el futuro.

Corrida vista de ley, el Sr. Ministro Fiscal manifiesta compartir y sostener los agravios expuestos por la recurrente.

3.- Este incidente se inicia con motivo del planteo de nulidad y exclusión probatoria deducido por la defensa de la legisladora provincial Rosa Alicia Augier de Rojas. Alegó entonces la indebida introducción de una prueba testimonial obtenida ilegalmente, en violación al citado art. 220 del CPP; cuya nulidad había sido declarada por el Sr. Juez en lo Penal de Instrucción de la Ia. Nominación, en la sentencia del 13/9/2002 dictada en la causa "Ducca, Amelia A. s/falso testimonio".

El Sr. Juez en lo Penal de Instrucción de la IVa. Nominación rechazó la articulación, por los fundamentos expuestos en la resolución del 26/9/2002 (fs. 29/31). Hizo mérito de lo antes decidido por él en los autos "Bussi, Ricardo A. s/denuncia-Requerimiento fiscal en contra del Sr. Vicegobernador de la Provincia, Dr. Sisto Terán Nougués", sentencia del 12/8/2002; donde refirió al valor procesal o subsidiario de los actos declarados nulos, según el fenómeno que la doctrina denomina conversión del acto. Añadió que no se observa cuál es el interés en la declaración de nulidad, ni la garantía constitucional que se pretende conculcada.

Apelado el pronunciamiento, la Sala a quo hizo lugar al recurso deducido por la defensa, disponiendo la exclusión de la llamada "nueva declaración" de Alejandra Ducca, y de la pericial caligráfica que consta en autos, remitidas como prueba por el Sr. Fiscal de Instrucción en lo Penal de la VIa. Nominación.

A criterio del Tribunal a quo, la prueba en cuestión está alcanzada por la tacha de ilegalidad, tanto desde el punto de vista de su obtención como de su introducción al proceso. Lo primero, dado que en el sistema procesal vigente, cuando procede la investigación jurisdiccional la competencia del fiscal se agota cuando hace su requerimiento; por lo que carece de facultades para ordenar y producir pruebas, como ocurrió en el sublite (arg. arts. 344, 36, 75, 329, 340 y cc. del CPP). Sostuvo la mayoría que estas normas garantizan, en conjunto, los principios del Juez natural y del debido proceso, que se han visto conculcados en autos con la actuación del Fiscal. Destacó además que conforme dispone el art. 315 de la ley adjetiva, cuando la denuncia es presentada por mandatario especial deberá acompañarse poder. Puso de relieve que la letrada Paz Bulacio no acompañó tal instrumento, ni se dispuso citación para ratificar la denuncia. Que ha sido en oportunidad de elaborar el informe obrante a fs. 222, cuando el Secretario manifestó que esto último no tuvo lugar "por no considerarlo necesario S.S."; y que esto se explica porque a ese entonces, Ducca ya había negado la declaración anterior (cfr. fs. 247/248).

Entendió la sentenciante que además, dicha prueba fue ilegalmente introducida al proceso; puesto que se trata del mismo testimonio anulado de Ducca, que se pretende incorporar por una vía indirecta no prevista en la ley; mediante un tercero no autorizado por aquélla. En su razonamiento, si Ducca hubiere sido advertida de la prohibición contenida en el art. 220 del CPP, no testimoniaba el 25/6/2002; y de no hacerlo, tampoco la letrada Paz Bulacio hubiera entregado al Fiscal la llamada "nueva declaración". Concluyó que en el sublite procede disponer su exclusión probatoria, y también la del dictamen pericial; aclarando que ello se ordena hacia el futuro, y sin invalidar lo actuado porque no se trata de la única prueba de cargo contra la imputada recurrente.

4.- Obran agregadas en autos:

1) Copia de la sentencia dictada por el Sr. Juez en lo Penal de Instrucción de la Ia. Nominación, recaída en el incidente de nulidad incoado por Amelia Alejandra Ducca, en el marco de las actuaciones iniciadas con motivo de su declaración prestada ante el Sr. Fiscal de Instrucción de la VIa. Nominación (fs. 2/7).

En lo sustancial, el magistrado consideró que el Sr. Fiscal de Instrucción de la VIa. Nominación omitió advertir a la Sra. Ducca, previo a iniciar su declaración, que gozaba de la facultad de abstenerse de testificar en contra del imputado según lo impone el art. 220 del CPP. Valoró que el funcionario recibía la declaración de la nombrada como testigo, es decir, de una persona ajena al proceso; añadiendo que aún considerando el acto como una denuncia, existía un impedimento respecto a su cónyuge que importa prohibición implícita; dada la vinculación con el supuesto del citado art. 220 procesal. Destacó en tal sentido la actitud posterior de Ducca, quien al conocer la prohibición optó por negar la afirmación contenida en la anterior declaración. Puso además de relieve los fundamentos y finalidad perseguidos mediante la prohibición legal; y la irregularidad de lo actuado, por falta de los presupuestos legalmente exigibles. Estimó que la omisión del Sr. Fiscal, en advertir a la deponente que gozaba de la facultad de no testificar en contra de su cónyuge, provoca la nulidad del acta de fecha 25/6/2002 y de todos los actos que sean su consecuencia en dicho proceso (arts. 220, 184 y 190 del CPP).

2) Informe del Actuario del Juzgado en lo Penal de Instrucción de la IVa. Nominación (fs. 222), donde expresa que no se ha recibido ratificación del material aportado por la letrada Amelia Paz Bulacio, por no considerarlo necesario el magistrado. Añade que la Sra. Ducca fue citada a ratificar su primera presentación del 25/6/2002, y al comparecer en fecha 30/7/2002 negó tanto la firma como el contenido; "siendo éste similar a la carta acompañada por la Dra. Bulacio Paz, razón por la cual S.S. consideró innecesario hacerla comparecer para una nueva ratificación".

3) Copia del informe pericial caligráfico elaborado por la profesional que a tal efecto designara el Sr. Fiscal de la VIa. Nominación; y de la documentación para cotejo utilizada y adjunta (fs. 223/241).

4) Actuaciones anexas que corren en copia a fs. 237, de las cuales surge que la Sra. Ducca se apersonó en fecha 25/6/2002 ante el Sr. Fiscal de Instrucción de la VIa. Nominación, manifestando presentar una denuncia por escrito y su deseo de ratificarla. El funcionario proveyó se le reciba declaración testimonial; y según el acta respectiva, en igual fecha fue impuesta bajo juramento a decir la verdad "de cuanto supiere del hecho que viene a poner en conocimiento de esta Fiscalía". En esa oportunidad, manifestó haber presentado "una denuncia en contra de su marido, por las razones que allí expuso, hechos que los ratifica plenamente en su totalidad, excepto lo referido en el tercer párrafo del escrito". Seguidamente, e interrogada al efecto, realizó precisiones sobre los hechos denunciados.

5) Copia del acta que documenta la declaración como imputada de la Sra. Augier de Rojas, de fecha 08/10/2002 (fs. 153/156 vta.). De la misma emerge que le han sido imputados tres hechos: el primero -al que haremos referencia- consiste en "no haber rechazado el ofrecimiento efectuado por parte del Sr. Vicegobernador, Dr. Sisto Terán Nougués y/o Legislador Mariano Poliche Alurralde, con la aprobación del Gobernador Julio A. Miranda, de importantes sumas de dinero en período que corre desde el momento de su asunción Octubre del año 99, hasta el 19-02-02, lo que motivara su voto legislativo a favor de la reforma constitucional". Entre las pruebas obrantes en su contra, se le informó de "copia debidamente certificada de la nueva denuncia de la Sra. Amelia Alejandra Ducca, proporcionada por su letrada Amelia Paz Bulacio y del informe de la perito calígrafa María Angélica Paz, lo cual tuvo ingreso a este juzgado el día 16/9/2002, con motivo de los autos "Requerimiento del Sr. Fiscal Instructor de la VIa. Nom. Formulado contra el Sr. Gobernador de la Provincia Dn. Julio Antonio Miranda" (cfr. fs. 154). Acota la sentencia que a esta fecha, ya se había declarado la nulidad de la primera declaración de Ducca.

A requerimiento del Tribunal, se tiene a la vista los autos caratulados "Ducca, Amelia Alejandra s/denuncia" (agregados al expte. "López, Dante Ricardo y otros s/fraude a la administración pública etc.); "Ducca, Amelia Alejandra s/falso testimonio" y la causa "Bussi, Ricardo A. s/denuncia".

5.- Previo a ingresar en el examen de los agravios planteados por el Ministerio Público, cabe reiterar que la cuestión propuesta en el sublite remite a la validez de lo que en autos se denominara "nueva declaración" de Amelia Alejandra Ducca. Conforme se expresa en la sentencia recurrida, el documento impugnado por la defensa de Augier de Rojas, fue entregado al Sr. Fiscal de Instrucción de la VIa. Nominación por la abogada Paz Bulacio. Según constancia obrante en copia a fs. 21 de los autos "Ducca, Amelia Alejandra s/denuncia", la nombrada profesional requirió la presencia del Sr. Fiscal, para expresarle que debido a las constantes presiones y amenazas dirigidas a ella o su familia, "quería entregar en sus manos un original de la denuncia que presentó en forma personal la Sra. Ducca en la misma Fiscalía, el 25/06/2002"; aclarando que en comparación con ésta, faltaban unos renglones cuyo contenido puntualiza. Señala el Tribunal, que la declaración originalmente prestada había sido devuelta a Ducca, sin dejarse constancia de ello en las actuaciones respectivas.

El Ministerio Público no cuestiona una premisa fáctica esencial establecida por la Cámara; esto es, que el contenido de la "nueva declaración" resulta idéntico al de la "carta-denuncia", presentada por Ducca el día 25/6/2002, ratificada en igual fecha ante el mismo Fiscal, en un acto llevado a cabo como testimonial. Tales actuaciones fueron declaradas nulas por sentencia firme del Sr. Juez en lo Penal de Instrucción de la Ia. Nominación, a mérito de la prohibición contenida en el art. 220 del CPP respecto de los cónyuges.

En primer término, corresponde examinar la posición de la recurrente, en cuanto defiende la validez de lo actuado por tratarse de una "noticia criminis", que impone a los órganos judiciales el deber de investigar.

La reseña precedente muestra que la prueba en cuestión, en ningún momento ha sido valorada como anoticiamiento de un presunto hecho ilícito; toda vez que lo debatido en autos es su validez como elemento de cargo en contra de los acusados. Por ende, los argumentos basados en la pretensa convalidación de los actos procesales nulos, y su posible validez residual, resultan ajenos al sublite. La llamada "nueva declaración" fue remitida como elemento de prueba al Juzgado de Instrucción de la IVa. Nominación, competente en una investigación jurisdiccional ya iniciada y en trámite. Ello excluye de plano el argumento de la Sra. Fiscal de Cámara -en coincidencia con el voto minoritario- acerca del deber de investigar, aún de oficio, cuando se tiene noticia de un presunto delito de acción pública.

En el razonamiento sentencial, resultó determinante la similitud de la prueba cuestionada, con el testimonio de Ducca declarado nulo por sentencia del 13/9/2002. Valoró la mayoría del Tribunal, que con fecha 30/7/2002 la nombrada había rectificado sus dichos; y que de haber sido advertida de la prohibición contenida en el citado art. 220 procesal, seguramente no testimoniaba en la primera oportunidad; con lo cual Paz Bulacio tampoco habría entregado la llamada "nueva declaración", de contenido idéntico a la anterior anulada. Estos argumentos han sido decisivos para hacer lugar a la exclusión probatoria en este incidente; y tampoco fueron rebatidos por la impugnante, con el alcance de evidenciar violación a las reglas de la lógica o de la sana crítica racional.

El memorial casatorio discurre acerca de la noticia criminis resultante de un acto nulo; que autorizaría a requerir la instrucción, no obstante la invalidez declarada. Mas de acuerdo a lo considerado, se debate en autos la exclusión de un elemento de prueba que, en cuanto tal, ha sido remitido al Sr. Juez de Instrucción a cargo de la investigación jurisdiccional en trámite, y fue impuesto a una de las acusadas en oportunidad de prestar declaración indagatoria. Ello así, las consideraciones en torno a la presunta noticia de comisión de un delito resultan ajenas a las circunstancias del sublite; toda vez que esta prueba no dio origen a la investigación jurisdiccional. La existencia de una causa en marcha demuestra que a criterio del juez competente ya existían elementos para iniciar la investigación, distintos de la declaración de Ducca, en relación al ofrecimiento dinerario para votar a favor de la reforma constitucional, denunciado por Ricardo Bussi el 22/02/2002; lo que constituyó la noticia criminis a investigar (cfr. causa "Bussi, Ricardo A. s/denuncia).

Lo expuesto impide legitimar las actuaciones cuestionadas, al amparo de la pretensa validez residual del acto anulado; toda vez que los argumentos y citas contenidos en el memorial recursivo refieren a una hipótesis distinta a la de autos. La pretendida conversión de un acto nulo en "noticia criminis", importa asignar eventual eficacia a un acto inválido como tal, a partir de la situación fáctica resultante del conocimiento de un hecho que podría constituir delito perseguible de oficio. En este punto, se reitera que los antecedentes de la causa excluyen el anoticiamiento de presuntos delitos, como consecuencia de la llamada "nueva declaración" de Ducca; toda vez que no ha sido ésta el desencadenante de esta investigación jurisdiccional.

6.- La cuestión central propuesta por la impugnante remite a los alcances de la declaración de nulidad resuelta en una causa distinta (sentencia del 13/9/2002); pese a que en el mismo fallo había quedado establecido que tal nulidad encuentra límite en el ámbito del proceso en el cual se emitió. En la posición del Ministerio Público, la "nueva declaración" debe tenerse como fuente independiente de prueba, distinta de aquélla.

A más de la contradicción ínsita en sostener, simultáneamente, que se trata de una noticia criminis y de un medio de prueba, cabe reiterar que el Ministerio Público no cuestiona un hecho relevante de esta causa; referido a que la llamada "nueva declaración" -escrita- de Ducca, es similar a la primera declaración anulada (idéntica, según se expresa en la sentencia). Sentada esta premisa fáctica, la mera afirmación de que se trata de una prueba independiente es ineficaz para rebatir la decisión de la Cámara; pues los fundamentos expresados no se ajustan a los hechos de la causa, ni a la naturaleza de la prueba aludida. Por lo contrario, permanece inexplicado de qué modo puede independizarse la actuación de la abogada Paz Bulacio, de su rol profesional en la causa "Ducca, Amelia Alejandra s/denuncia".

La mayoría del Tribunal a quo ha valorado que no existió autorización de Ducca para efectuar dicha presentación; y en tal sentido resulta elocuente el contenido del acta agregada a fs. 21, que da cuenta de lo manifestado por esta letrada en oportunidad de hacer entrega de dicho instrumento. Tampoco desvirtúa la recurrente en esta sede, la presunción de la Cámara en el sentido de que, de haber sido impuesta de la prohibición contenida en el art. 220 procesal, Ducca no testimoniaba en la primera oportunidad; con lo cual tampoco Paz Bulacio pudo haber entregado la "nueva declaración", idéntica a la anterior. Tal presunción cuenta con apoyo en los hechos de la causa, desde que según señala el voto de la mayoría, Ducca rectificó sus dichos el día 30/7/2002; es decir, previo al dictado de la sentencia que declaró nulo lo actuado, y a la ulterior presentación de Paz Bulacio. Cabe señalar que la única fecha cierta atribuible a este documento -dirigido "al juez y medios de prensa"- sería la de su presentación ante el Fiscal; esto es, el 06/9/2002 (cfr. fs. 21 del expte hoy caratulado "López, Dante R. y otros s/fraude a la administración pública) A mi entender, es irrebatible que la prueba incorporada en autos carece de autonomía. A más de tratarse de una reproducción de la declaración anulada por el Juez de Instrucción de la Ia. Nominación, tampoco pueden ignorarse las particulares circunstancias que rodearon el ingreso de este documento, aportado por Paz Bulacio, luego de que la "primera declaración" ante el Fiscal de la VIIa. Nominación fuera desconocida por Ducca, y de su anulación en la instancia de mérito.

No cabe sino concluir que, según se sucedieron los hechos, sólo en su condición de letrada de la entonces denunciante, Paz Bulacio pudo acceder al instrumento entregado al Fiscal de la VIa. Nominación; sin que conste autorización o instrucciones de Ducca en tal sentido, como ha destacado el voto de la mayoría. Por lo contrario, el acta referida da cuenta de que la profesional aludió a "constantes presiones y amenazas psicológicas o físicas", que habrían motivado su decisión de entregar al Sr. Fiscal "un original de la denuncia que presentó en forma personal la Sra. Ducca".

7.- Para la correcta dilucidación del caso es preciso indagar en la naturaleza de la prueba excluida, atendiendo a los aspectos sustanciales de las cuestiones comprometidas de la causa, como a sus implicancias para el debido proceso legal; lo cual excede la mera interpretación de normas adjetivas aisladas 7.1.- No se controvierte en autos que la llamada "carta-denuncia" de Amelia Alejandra Ducca, fue presentada y luego ratificada ante el Sr. Fiscal de Instrucción de la VIa. Nominación, mediante testimonio de la denunciante. En el sistema procesal vigente, el testigo debe estar habilitado a tal efecto, y el acto habrá de realizarse en el marco de un procedimiento regular, ante quien se encuentra legitimado para intervenir. Lo expuesto es relevante desde que bajo todo punto de vista, la actividad estatal dirigida a la obtención de elementos probatorios debe desenvolverse en un marco de legalidad.

Según dispone el art. 218 del CPP, se interrogará a toda persona que conozca los hechos investigados, cuando su declaración pueda ser útil para descubrir la verdad. El art. 219 impone la obligación de testificar, y declarar la verdad de cuanto la persona supiere y le fuere preguntado, salvo las excepciones establecidas por la ley. A su turno, el art. 220 prohibe declarar en contra del imputado, a las personas ligadas por un determinado vínculo de parentesco o afinidad; en tanto que el art. 221 impone el deber de abstención sobre los hechos secretos que hubieran llegado a conocimiento de las personas indicadas en la misma norma, en razón de su propio estado, oficio o profesión, bajo pena de nulidad. El interesado puede liberarlas del deber de guardar secreto, a menos que se trate de ministros de un culto admitido.

No cabe perder de vista la naturaleza oral y pública que caracteriza al proceso penal en la ley vigente, aún cuando la etapa inicial del sumario sigue siendo escrita. En relación a la testimonial recibida en la etapa del sumario, y documentada en un acta escrita, se ha señalado la importancia que reviste su ratificación ante el Tribunal en ocasión del debate; pues no cabe calificarla como escrita e independiente de la persona que la otorga. Va de suyo que en este sistema, como principio la prueba deberá ser reproducida en el debate, pues si no concurre una hipótesis de excepción -testigo fallecido, o que pierde la facultad de expresarse oralmente, etc.-, la regla es que el testigo debiera ser citado e interrogado por el Tribunal.

7.2.- La referida "carta denuncia" entregada por la letrada Paz Bulacio al Sr. Fiscal de Instrucción de la VIa. Nominación, constituye prueba documental atribuida a su firmante Ducca. Sólo como eufemismo cabría denominarla "nueva declaración"; al único efecto de diferenciar este documento del anterior declarado nulo. Conforme surge de los considerandos precedentes, luego de su "primera declaración" Ducca rectificó sus dichos; y finalmente tales actuaciones fueron dejadas sin efecto por el Sr. Juez en lo Penal de Instrucción de la Ia. Nominación, al haberse violado la prohibición de declarar en contra del cónyuge establecida en el art. 220 del CPP.

En estas condiciones, no se presenta contraria las reglas de la lógica y de la sana crítica la conclusión del Tribunal a quo -extraída del informe actuarial obrante a fs. 222-, en el sentido de que Ducca no fue citada a ratificar la denuncia acompañada por Paz Bulacio, porque ya había desconocido la anterior, de idéntico contenido. Y que por la misma razón, el Sr. Fiscal de Instrucción de la VIa. Nominación dispuso la directa realización de una pericia caligráfica, en miras a establecer la autenticidad de la firma inserta en dicho documento. Ello así, resulta cuando menos dudosa la espontaneidad de tales manifestaciones; en el contexto de una denuncia que había tenido a su cónyuge como principal destinatario, ignorando la prohibición legal.

Dados los agravios expuestos por el Ministerio Público, no cabe prescindir de una valoración integral de las circunstancias que precedieron al ingreso de la prueba impugnada; de su naturaleza y contenido. Las cuestiones propuestas por vía del recurso extraordinario local, imponen inexcusablemente la consideración integral de los hechos precedentes, y la ponderación de la realidad de los valores en juego que el legislador ha querido preservar. Con estas precisiones, es una verdad parcial que en autos no se juzga la validez de las declaraciones prestadas por Amelia Alejandra Ducca, anuladas en otro proceso; dada la relación inescindible de conexidad entre dicha testimonial, y el documento ingresado a esta causa con el rótulo de "nueva declaración".

El sentido de la prohibición contenida en el art. 220 del CPP es preservar el vínculo familiar; y también evitar que los enfrentamientos conyugales o entre parientes se trasladen al ámbito judicial. En forma excepcional, la institución familiar prevalece como valor superior por sobre el interés público en la persecución de los delitos. Se ha destacado la finalidad perseguida por el legislador, de mantener la solidaridad, respeto y jerarquía entre los integrantes del grupo familiar; superior al interés en la persecución de los delitos (cfr. D'Albora, Francisco, Curso de Derecho Procesal Penal, Tº I ,pg. 56). En la prueba testimonial, el juramento como tal importa una coacción moral; y quien lo presta en tales condiciones, ignorando la prohibición del art. 220, no expresa su libre voluntad. A su vez, los términos de la indagatoria cuya copia obra a fs. 153/156 de autos, evidencian que los hechos imputados a la acusada en estos autos, involucran al cónyuge de Amelia A. Ducca.

7.3.- De acuerdo a la línea argumental expuesta por el Ministerio Público, la presentación efectuada por la abogada Paz Bulacio no sólo sería válida como noticia criminis", sino que además constituye una fuente independiente de prueba, originada en su condición de testigo, y en la voluntad de entregar el documento atribuido a Ducca. Sin embargo, no rebate ninguna de las razones que el Tribunal a quo ha considerado para sustentar la exclusión probatoria. Por lo contrario, la afirmada voluntad autónoma de aquélla muestra, en todo caso, que no obró en representación de quien fuera su cliente ni autorizada por ella.

En el sistema procesal vigente, el órgano judicial puede disponer la exhibición de prueba documental relacionada con el delito. Los documentos también pueden ser aportados por las partes o por terceros ajenos a ellas; en cuyo caso serán admitidos si se las considera pertinentes y útiles. Mas en tales supuestos, es necesario que además exista el consentimiento de sus dueños, y no encuadren en las exclusiones legales previstas, como sucede cuando media prohibición de declarar, o deber de abstención (cfr. Palacio, Lino E., La prueba en el proceso Penal, pg. 68. Bs. As, Astrea, 2000) A mi entender, la violación del debido proceso legal en relación a Ducca aparece reiterada en autos, al admitirse un escrito presentado por quien la había asistido profesionalmente. Se trata de un documento confiado en razón de la función desempeñada; y como señala el Tribunal a quo, no consta en autos autorización de aquélla. Lo expuesto basta para concluir que desde ningún punto de vista puede entenderse que la "nueva declaración" esté dotada de voluntad autónoma que atenúe la regla de exclusión, como postula la recurrente. Cualquiera sea la posición que se adopte en la interpretación de esta regla, basta recordar que según tiene dicho la Suprema Corte Nacional, el grado de libertad de quien se expresa, no es irrelevante para juzgar sobre la libertad de sus manifestaciones.

En este punto, el método de supresión hipotética empleado por la Sala a quo es por demás elocuente, y tampoco ha sido rebatido por la impugnante. Sostuvo la mayoría que la deponente no habría efectuado la declaración viciada en su origen -de hecho la rectificó-, de haber conocido la prohibición legal; y que su contenido coincide con el presentado por un tercero a título de "nueva declaración". Cobra suma relevancia la concatenación causal de los hechos sucedidos; en especial, el vínculo inescindible entre la prueba aquí impugnada y la primera declaración de Ducca, destacado por la mayoría del Tribunal. Esta apreciación fáctica tampoco ha sido materia de agravio, y elimina de plano el pretendido ingreso autónomo de la prueba a esta investigación jurisdiccional; que es invocado de manera dogmática y sin apoyo en los hechos de la causa.

Cabe recordar que en el caso "Raydford", la Suprema Corte valoró que a partir del acto ilegítimo contra uno de los acusados, se desenvolvieron los distintos pasos que llevaron a la incriminación del recurrente; y la condena fue fruto de todos los antecedentes del sumario. En la doctrina del Alto Tribunal, si la violación de una garantía constitucional de un tercero, se relaciona en forma inmediata con la obtención de prueba de cargo, el acusado tiene interés en la declaración de ilegalidad, y la consecuente exclusión de la prueba así obtenida. Ese interés integraría la garantía del debido proceso del tercero, que se ve afectada por la utilización de medios de prueba obtenidos en violación de los derechos de un tercero (cfr. Midón, Marcelo S., Pruebas Ilícitas. Análisis doctrinario y jurisprudencial. Ed. Jurídicas Cuyo, 2002, pg. 220 y sgtes.).

El origen de la llamada "nueva declaración" no puede ser escindido de la conducta asumida por la denunciante, que trasciende al ámbito de privacidad de quien fuera su asistida; máxime cuando a esa fecha, la presunta autora de tal "declaración" se había retractado. La vida privada, la familia, el domicilio, la correspondencia y papeles privados conforman un status personal y privado que sólo pertenece al individuo, y sobre los cuales no puede tener ingerencia la autoridad pública; salvo las excepciones previstas por la ley, y en tanto resulten necesarias para la investigación de un delito.

El testimonio, como acto libre y espontáneo, debe ser rodeado de las máximas garantías, y su recepción está igualmente sometida al principio de legalidad. Tal principio se extiende, en lo pertinente, a los papeles privados. Basta advertir la limitación contenida en el art. 211 del CPP, en relación a los elementos que puedan servir como prueba de un delito. Dispone la norma que en lugar de su secuestro "se podrá ordenar, cuando fuere oportuno, la presentación de los objetos o documentos a que se refiere el artículo anterior; pero esta orden no podrá dirigirse a las personas que deban abstenerse de declarar como testigos, por razón del parentesco, secreto profesional o de Estado". A fortiori, la presentación "espontánea" de documentos pese a mediar deber de abstención, no puede constituir vía legítima para el acceso de prueba que no pudo ser exigida compulsivamente por la autoridad judicial.

Resulta inadmisible aceptar, a título de "nueva denuncia", un documento que contiene manifestaciones antes negadas por la persona a quien se atribuyen, y luego declaradas nulas por el órgano jurisdiccional, ante la inobservancia de la prohibición contenida en el citado art. 220 procesal. La administración de justicia no puede verse beneficiada por un acto irregular, que se intenta reproducir también irregularmente en otro proceso; pues la protección de la sociedad contra los delitos no justifica procedimientos que desconocen expresas prohibiciones legales.

Desde antiguo, la Corte ha valorado que sean auténticos o falsos, los papeles privados no pueden servir de base a un procedimiento ni de fundamento a un juicio. Lo primero, aunque se haya llevado a cabo con el propósito de descubrir y perseguir un delito, porque la ley, en interés de la moral y de la seguridad y secreto de las relaciones sociales, los declaran inadmisibles; lo segundo, porque su naturaleza misma se opone a darles valor y mérito alguno.

En suma, la regla de exclusión probatoria impide considerar, en contra del acusado, la evidencia obtenida en base a ilícitos o a prohibiciones de tipo probatorio, que afecten garantías constitucionales (arg. art. 194, CPP). No tratándose en el sublite de una noticia criminis, sino de una prueba de cargo incorporada a un proceso en trámite, la exclusión probatoria dispuesta por la Cámara a quo, en modo alguno impide la continuidad de la investigación jurisdiccional radicada ante el Sr. Juez en lo Penal de Instrucción de la IVa. Nominación, como se destaca en el mismo pronunciamiento.

El órgano jurisdiccional debe trabajar con elementos que ingresen legalmente al proceso. No es posible aprovechar las pruebas obtenidas con desconocimiento de garantías constitucionales, aun cuando puedan hipotéticamente prestar utilidad para la investigación, pues ello compromete la administración de justicia, al pretender constituirla en beneficiaria de una actuación irregular, como ha acontecido en el sublite.

8.- Las razones expuestas son suficientes para desestimar el recurso, por cuanto no se advierte violación o errónea aplicación del derecho. La exclusión probatoria ordenada por la Sala a quo encuentra fundamento suficiente en los antecedentes de la causa, prolijamente reseñados en el pronunciamiento. No obstante, es oportuno señalar que la recurrente tampoco logra desvirtuar las conclusiones del Tribunal a quo, referidas a la ilegítima adquisición de la prueba cuestionada.

Se reitera que el caso de autos es ajeno a la hipótesis ensayada por el Ministerio Público; pues no se trata de examinar las facultades concretas del Fiscal Instructor, cuando recibe la noticia de un delito de acción pública; sino de juzgar ex post facto lo actuado, en miras a establecer si el procedimiento defendido por la Sra. Fiscal de Cámara es compatible con el debido proceso legal.

Los fundamentos que sustentan la impugnación no evidencian que el caso de autos quede aprehendido en lo dispuesto por el art. 319 del CPP; normativa que de ningún modo regula un procedimiento de adquisición probatoria, sino que describe el modo de actuar ante la denuncia de un delito perseguible de oficio.

A tenor de lo dispuesto en su segunda parte, si se tratare de un hecho por el que procede investigación jurisdiccional, el Fiscal formulará requerimiento conforme al art. 341, en el plazo de tres días. La excepción prevista en el mismo artículo, in fine, alude al deber de actuar de inmediato cuando la urgencia del caso lo amerite. En el caso, ninguna razón ha expuesto el Sr. Fiscal de Instrucción -ni invoca en esta sede la recurrente-, que justifique la ingerencia del Fiscal de Instrucción, en la recepción y producción de prueba vinculada a una causa ajena a su competencia. Cabe recordar, en tal sentido, que luego de recibida la "nueva declaración", el funcionario dispuso la producción de un informe pericial caligráfico; para luego remitir lo actuado al Sr. Juez de Instrucción como prueba a agregar en la investigación jurisdiccional a su cargo.

Por las mismas razones, devienen inconducentes los argumentos fundados en la amplitud de facultades que la ley confiere al instructor para realizar actos de comprobación; reiterándose en este punto que la instrucción de la causa principal estaba ya asignada al Sr. Juez de la IVa. Nominación, por existir obstáculos fundados en privilegios constitucionales (art. 340, CPP). Ninguna de las circunstancias mencionadas por la Sra. Fiscal de Cámara resulta eficaz para legitimar la actuación de un funcionario incompetente; ya que a todo evento, tales diligencias debieron practicarse por disposición del magistrado a cargo de la instrucción de la causa "Bussi, Ricardo A. s/denuncia". La investigación en su sede, en razón de una competencia de excepción, por existir obstáculos constitucionales, significa que era a este Instructor a quien correspondía disponer las medidas que estime pertinentes en torno a la "prueba" presentada por Paz Bulacio.

En su tarea investigativa, los Fiscales de Instrucción están habilitados para recoger fuentes de prueba útiles para la averiguación de la verdad. Pero tal labor, que es de interés público, encuentra límites en el respeto a los derechos fundamentales de las personas, que prevalecen en resguardo del debido proceso legal. La actividad preventora puede encontrarse frente a casos de urgencia; mas en tanto excepción al principio contenido en el art. 319 procesal, ella debe ser explicitada o resultar de las mismas actuaciones; lo que no aconteció en el sublite. Por lo contrario, sólo en esta instancia extraordinaria el Ministerio Público alega dicho supuesto excepcional, sin fundarlo en las concretas circunstancias de la causa.

Cabe añadir que la ulterior recepción de la prueba por el magistrado a cargo de la investigación jurisdiccional, es ineficaz en el caso concreto para convalidar lo actuado por el Fiscal; desde que concurren otras razones determinantes de la exclusión probatoria ordenada de autos, y que bastan para sustentarla.

A mérito de las razones expresadas, se concluye que el recurso en examen debe ser desestimado. Los planteos del Ministerio Público son insuficientes para rebatir la doctrina que sustenta el decisorio impugnado; dado que a más de desentenderse de su núcleo argumental, ignora antecedentes de la causa decisivos para resolver la exclusión probatoria.

El señor vocal doctor Alberto José Brito, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, en cuanto a las cuestiones propuestas, vota en igual sentido.

El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

1.- Me adhiero en su totalidad al voto del señor vocal preopinante, doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, en cuanto a la cuestión propuesta. Asimismo considero oportuno acompañar su criterio con los siguientes conceptos.

Considero de importancia señalar que un requisito previo e insalvable es la determinación del derecho impugnaticio del recurrente, es decir, determinar la legitimidad del Ministerio Fiscal para interponer este recurso de casación. Referido a esta cuestión el art. 443 del Código de Procedimiento Penal de la Provincia señala: "Las resoluciones judiciales serán recurribles sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos." (impugnabilidad objetiva) y que "El derecho de recurrir corresponderá tan sólo a quien le sea expresamente acordado, siempre que tuviere un interés directo." (impugnabilidad subjetiva). Por ello en el recurso de casación se deben verificar la existencia de estos dos elementos, por un lado la existencia de un derecho impugnaticio, para lo cual es necesario que la ley otorgue la posibilidad de recurrir en casación una sentencia determinada y por otro, que el sujeto se encuentre legitimado, por tener un interés jurídico en la impugnación y capacidad legal para deducirla con relación al gravamen que la decisión le causa.

De la lectura de la causa, se puede afirmar que la señora Fiscal de Cámara de la IIIa. Nominación, no se encuentra legitimada para impugnar la sentencia de la Cámara, en tanto que carece de facultad procesal para ello. En efecto, si bien la impugnabilidad subjetiva se define: "como la facultad procesal concedida a cualquiera de las partes que se considere agraviada por una resolución judicial, en procura de su revocación, modificación o anulación mediante un nuevo examen de lo decidido o contralor del procedimiento seguido". (Norberto Juan Iturralde-Disposiciones Generales sobre los Recursos en el Código Procesal Penal de la Nación-La Ley Tomo 1995-C-pág. 1238) dicha facultad está limitada por lo que el C.P.P.T llama interés directo. Interés que desde un punto de vista subjetivo "...debe surgir de la discrepancia del sujeto con la resolución impugnada, es decir, de la no aquiescencia a los efectos perjudiciales del fallo. La conformidad puede ser expresa, como cuando el sujeto, dentro del término para recurrir manifiesta su aceptación de la sentencia o renuncia a recurrir. Puede también ser tácita, lo que ocurre cuando se realiza un acto procesal claro, inequívoco y necesariamente incompatible con la voluntad de impugnar, como cuando se consienten sus efectos solicitando su ejecución (ver nota 44) con alcance preclusivo. "Fernando de la Rúa Casación Penal"- Editorial Depalma 1994 Lexis Nro. 5301/001286.

En el presente caso, la impugnabilidad subjetiva de la recurrente aparece desdibujada en tanto que no existe discrepancia entre lo resuelto por la Cámara y lo dictaminado precedentemente por el Ministerio Público. De acuerdo a las constancias de autos -fs. 197/198- el señor Fiscal de Cámara doctor Carlos Roberto Castellano se expide en el sentido que: " cabe hacer lugar a la apelación deducida, revocándose la resolución recurrida en la forma impetrada por el apelante. "El apelante es el doctor Nicolás P. Brito defensor de la Legisladora Rosa Alicia Augier de Brito, quien solicitaba la exclusión probatoria de la declaración prestada por la señora Amelia Alejandra Ducca por ante la Fiscalía de Instrucción de la 6a. Nominación como también de actos procesales que sean su directa consecuencia.

En coincidencia con lo dictaminado por el representante del Ministerio Publico, la Cámara Penal Sala IIIa. hizo lugar al recurso de apelación, revocó la resolución del Juez de Instrucción de la IVa. Nominación y excluyó la declaración de la señora Ducca. La Cámara entre sus fundamentos expresa: "...el Fiscal de Cámara de Apelaciones, extrae de todo lo actuado que, con respecto a la declaración de Alejandra Amelia Ducca existe un fallo dictado por un juez de igual clase y grado que se encuentra firme por no haber sido recurrido por las únicas partes habilitadas al efecto, se pronuncia también por la nulidad del fallo del a quo al encontrarlo autocontradictorio atendiendo que recurre al máximo tribunal mediante el Per Saltum y concluye el Fiscal de esta instancia en que debe hacerse lugar a la exclusión probatoria solicitada por la defensa". (fs. 244 ). Esta sentencia es la que hoy es atacada por la señora Fiscal de Cámara de la 3ª Nominación -de igual rango y jerarquía que la del doctor Carlos R. Castellano-.

Resulta inadmisible que la Resolución de un tribunal cuya decisión coincide con lo previamente dictaminado por un Fiscal de Cámara, luego sea impugnada por otro Fiscal de Cámara.

Esta falta de legitimidad impugnaticia se acentúa si tenemos en cuenta que el Ministerio Publico es único e indivisible y es representado por cada uno de sus integrantes en los actos, procesos e instancias en que actúen (art. 67 inc. d, Ley 6238). El principio de unidad significa que resulta indiferente la intervención de uno u otro órgano persona, salvo prohibición específica del ordenamiento jurídico, a diferencia de los jueces, en los que solo puede intervenir el juez natural. El principio de indivisibilidad tiene como consecuencia que la intervención del Ministerio Público quede cubierta con la actividad de un solo funcionario. En suma los principios de unidad e indivisibilidad refieren a la actuación unitaria y no contradictoria de los integrantes del Ministerio Público y que cada uno de los funcionarios cuando actúa en una causa lo representa integramente. (Sentencia Nro. 66 de fecha 16 de febrero de 2003, Ayala Pablo R. s/Robo agravado) Las particulares circunstancias descriptas y en especial la naturaleza indivisible del Ministerio Fiscal, hacen ilegítima la pretensión alegada puesto que la facultad de impugnar precluyó en tanto que la posición asumida por el Ministerio Fiscal en relación a la exclusión probatoria se encuentra firme y no puede ser perturbada por otro representante del Ministerio Público de igual jerarquía. De otro modo, nos enfrentaríamos al absurdo que dos fiscales de cámara sostienen e impugnan simultáneamente una misma decisión judicial.

El autor Norberto Juan Iturralde en el artículo citado más arriba pág. 1242 expresa: "desde un punto de vista técnico y estrictamente procesal tampoco podemos soslayar que si el Ministerio Fiscal impugna a favor del imputado no obstante el dictamen contrario que emitió antes, adoptaría una postura incompatible contra otra anterior, lo que lleva a subsumir el asunto en una hipótesis de preclusión, y por ende la impugnación sería inadmisible".

La jurisprudencia ha dicho: "...habiendo el Ministerio Público Fiscal consentido la aplicación del procedimiento previsto en el art. 348 CPPN, ver al respecto tanto el dictamen de la agente fiscal interviniente en origen, en el que no opuso la invalidez de la mencionada norma procedimental ( fs. 14/16 del incidente ) la designación del subrogante por parte del fiscal ante la Cámara Nacional Apelaciones Criminal y Correccional (fs. 20) y el requerimiento de elevación a juicio formulado por el agente fiscal remplazante -en el que ni siquiera se formula salvedad alguna (fs. 21/24)- resulta inadmisible que otro integrante de ese ministerio -en el caso el fiscal general de juicio- volviendo sobre sus propios actos y en violación flagrante del principio de unidad que gobierna la actuación de ese órgano del Estado hubiese planeado la inconstitucionalidad del mencionado art. 348 del C.P.P.N en la oportunidad que prevé su art. 354. Y tan inadmisible como el planteo resulta su aceptación por el tribunal oral a quo, en transgresión a los principios procesales de progresividad y preclusión así como del de cosa juzgada". (Cámara Nacional de Casación Penal Sala Ia. 12 de febrero de 2001 -Lupi, Juan Carlos s/ Conflicto-) Citar Lexis Nro. 60002960.

Nuestro Código de Procedimiento Penal sostiene la concepción indivisible del Ministerio Publico Fiscal, es por ello y como una situación de excepción permite en el art. 444 del ordenamiento, la posibilidad de recurrir no obstante dictamen contrario emitido previamente, si se encuentra compelido a impugnar en atención a instrucciones impartidas por el superior jerárquico, situación particular que no se configuró en autos.

Por último, se debe destacar que la situación que provocaron las actuaciones de los señores Fiscales de Cámara no solo ocasiona el quiebre de los principios de unidad, legalidad e indivisibilidad que rige al Ministerio Público, sino que, principalmente vulnera la garantía del debido proceso como de la seguridad jurídica en tanto los actos procesales del Ministerio Público forman parte del derecho adquirido por el imputado. Las partes en un proceso penal no pueden soportar la inestabilidad que necesariamente produce la posibilidad de que los actos procesales sean revisables por tantos integrantes del Ministerio Público como son los que revisten en este carácter.

El dictamen representa un derecho adquirido para el imputado y reviste en relación a sus pares autoridad de cosa juzgada, que sólo podría ser modificado por decisión del superior jerárquico.

Nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación expresó que el principio de progresividad, como el de preclusión reconocen sus fundamentos en motivos de seguridad jurídica y en la necesidad de lograr una administración de justicia rápida dentro de lo razonable, evitándose de ese modo que los procesos se prolonguen indefinidamente; pero además, y esto es esencial atento los valores que entran en juego en el juicio penal, obedecen al imperativo de satisfacer una exigencia consustancial con el respeto debido a la dignidad del hombre, cual es el reconocimiento del derecho que tiene toda persona a liberarse del estado de sospecha que importa la acusación de haber cometido un delito, mediante una sentencia que establezca de una vez para siempre su situación ante la ley penal. (Fallos 272-188; 305-913 ).

Igualmente, podemos señalar que se produjo una violación a la estructura esencial del procedimiento al modificar la modalidad de intervención del Ministerio Público en el proceso en razón de que no puede recurrir una decisión jurisdiccional que se ha pronunciado a favor de la exclusión probatoria en forma coincidente con la posición del Fiscal de Cámara, en tanto y en cuanto hay una retrogradación del proceso que afecta al imputado.

Debemos concluir que la señora Fiscal de Cámara de la IIIa Nominación no cuenta con capacidad legal para impugnar la resolución de la Sala Penal IIIa. en razón de que la decisión que recurre coincide con lo dictaminado y solicitado previamente por el señor Fiscal de Cámara de la VIIa. Nominación.

Una actuación en contrario afecta los principios de unidad e indivisibilidad que rige al Ministerio Público como los principios de preclusión y progresividad y las garantías de defensa en juicio y del debido proceso consagrado en la Constitución Nacional a favor de los justiciables.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

NO HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto a fs. 265/280 por la Sra. Fiscal de Cámara en lo Penal de la IIIa. Nominación, contra la sentencia de la Excma. Cámara Penal, Sala IIIa. del 25/11/2002.

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR (con su voto) ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA