Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-10-09


Autos N° 22.048 "GARCIA Nicolás C/ Ángel Carlos Guido Y Otro S/ Incidentes (Actuaciones Para Elevar A Cámara)." En la ciudad de San Juan, a 09 días del mes de octubre del año dos mil quince, reunidos en la SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINERÍA, los Sres. vocales, Dr. GILBERTO A. RIVEROS y Dr. JUAN JOSÉ VICTORIA, a fin de celebrar acuerdo sobre el recurso de apelación que se interpusiera a fojas sub 54, contra la sentencia interlocutoria, recaída en autos Nº 22.048 (N° 142541/1-11°JCC), caratulados: "GARCIA, NICOLAS C/ ANGEL CARLOS GUIDO Y OTRO S/ ORDINARIO (ACTUACIONES PARA ELEVAR A CAMARA)", dictada en fecha 16 del mes de marzo del año dos mil quince, obrante a fs. sub 50/51, de estos autos originarios del Décimo Primer Juzgado en lo Civil, Comercial y Minería, recurso que una vez concedido tuviera debida sustanciación, fijadas ulteriormente las cuestiones a considerar en el orden que sigue:

1ra. CUESTIÓN: ¿Es justa o adecuada a derecho la sentencia venida en recurso? 2da. CUESTIÓN: En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde en definitiva? 1ra. CUESTIÓN: El Dr. GILBERTO AMERICO RIVEROS, dijo:

Mediante la resolución obrante a fs. sub 50/51, de fecha 16 de marzo de 2015, el juez a quo rechazó la oposición formulada por el tercero citado y difirió el tratamiento de la excepción de falta de legitimación pasiva planteada para el momento de resolver en definitiva. Impuso las costas por su orden al no haber controversia y reguló los honorarios a los profesionales intervinientes.

Contra este decisorio se alza a fs. sub 54 el tercero citado, Asociación de Trabajadores del Estado de San Juan (A.T.E.), a través de su apoderado, Dr, Maximiliano Mercado, recurso que fue concedido sin efecto suspensivo .

A fs. sub 55/62 el profesional mencionado expresa agravios por su mandante. Sostiene que la sentencia en crisis es arbitraria, y altera los principios de legalidad y razonabilidad en perjuicio del derecho de defensa y debido proceso.

En primer lugar la resolución se equivoca al no tratar el fondo de la oposición a la citación de tercero. Dice que el resolutivo del a quo es contradictorio en su razonamiento, por cuanto primero sostiene que la comparecencia del tercero a su citación, es una facultad jurídica y no un deber, pero luego advierte la consecuencia nociva que puede tener la incomparecencia a la citación realizada, y los alcances que puede tener la cosa juzgada.

Afirma que el a quo debió resolver la oposición a la citación formulada por su parte, más aún con las pruebas documentales acompañadas.

Destaca que los demandados citan a su parte bajo la figura de un litisconsorcio necesario e inescindible, razón por la cual no se trata de una simple citación de terceros, sino que se pretende crear una obligación solidaria, y en el caso de una sentencia desfavorable a los delegados demandados, trasladar la indemnización sobre A.T.E.

Los demandados pretenden zafarse de la reparación económica pretendida, citando a un tercero que responda solidariamente por ellos.

Que el sentenciante debió rechazar la citación articulada, que no se cumple con la carga procesal que prevé el art. 94 del CPC , ya que de la presente acción no nace una acción regresiva de los demandados contra ATE, ni existe una conexidad alguna entre la supuesta desavenencia suscitada entre el actor y los demandados y el gremio de A.T.E., siendo insuficiente la calidad de delegado como única prueba para la citación de tercero.

En segundo lugar , también califica de arbitrario el fallo respecto del punto 2 de la sentencia impugnada.

Si bien el a quo expresa que no surge en forma manifiesta la falta de legitimación pasiva de los excepcionantes, su parte aportó documental decisiva y excluyente de su responsabilidad.

Dice que A.T.E. ha manifestado el desconocimiento de lo actuado por los delegados demandados, no ratificó su accionar en una evidente violación de la Ley 23.551 y del Estatuto Gremial.

Su parte reconoce la calidad de delegados de los demandados pero no su accionar, no debiendo vincular al gremio por la responsabilidad de cada persona en el ámbito de su autonomía.

El delegado gremial tiene la obligación de comunicar todo tipo de conflictos al órgano competente de la asociación sindical, ATE ha sostenido la inexistencia del mandato gremial sobre el actuar de los delegados, no sólo por no haber autorizado su accionar sino por el desconocimiento del conflicto suscitado.

Por todo ello pide se haga lugar a la oposición de citación de terceros formulada y la excepción opuesta, con costas.

Corrido el traslado, se presentan a fs. sub 64/66 los demandados Carlos Guido Ángel y Raúl Humberto Laspiur, con el patrocinio letrado del Dr. Andrés Bertagna, solicitando la desestimación del recurso.

En relación al primer agravio, afirman que se encuentran acreditados los extremos del art. 94 del C.P.C., que toda la actividad ejercida por su parte fue en cumplimiento del mandato conferido por ATE para actuar en representación de los trabajadores afiliados a la entidad sindical (art. 40 inc.b) Ley 23.551) ante el PAMI, donde el actor cumple funciones como directivo .

Asimismo piden el rechazo del segundo agravio. Dicen que su accionar -como delegados gremiales-, se ajustó a la estricta defensa de los derechos de los trabajadores, ante el accionar arbitrario de la patronal, denunciando cada uno de los hechos de "mobbing" del actor para con los empleados de PAMI, asumiendo de su parte la defensa de dichos trabajadores.

Es la entidad gremial la que tiene personería jurídica para actuar en representación y defensa de sus delegados, en tanto éstos actúan en representación de la misma ante la patronal (art. 40 inc.b) Ley 23.551).

A fs. sub 75 se ordena la elevación de los autos. A fs. sub 82 son adjudicados a estudio.

Tratamiento de los agravios:

Planteado de este modo el recurso traído a estudio, y las posturas de las partes, entiendo que el mismo no puede prosperar, en virtud de los fundamentos que a continuación expongo.

Es que los planteos decididos en la resolución de fecha 16 de marzo de 2015 puesta en crisis: rechazar la oposición a la citación de tercero formulada y diferir el tratamiento de la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta, para resolver en definitiva, resultan en mi opinión irrecurribles.

En relación al primero, es dable recordar que el sentenciante efectuó el juicio de admisibilidad pertinente, respecto a la petición de la citación de tercero formulada por los demandados, previa sustanciación con la actora, plasmando su criterio en la resolución de fecha 22 de octubre de 2014 (fs.sub 13/17), donde se pronunció por su acogimiento y citación.

De este modo, la resolución que admitió la citación de A.T.E. como tercero en el proceso, -a más de resultar inapelable conforme lo prevé el art. 97 del C.P.C. (hoy Ley 988-O)-, quedó consentida por las partes, actora y demandada, no siendo posible volver a tratar lo ya analizado en virtud del principio de preclusión.

En este sentido se ha expresado, "En otro orden de cosas corresponde destacar que una vez consentida la resolución que dispuso la citación del tercero, es inviable el posterior análisis de los argumentos que hacen a su mayor o menor conveniencia, por cuanto importaría regresar a etapas precluídas. Y en la medida en que la estabilidad de aquella citación es presupuesto de la seguridad jurídica, constituye también una exigencia de orden público, que posee jerarquía constitucional" (Cám. nac. federal, sala III, cont.adm., 29-12-80, BCN Fed., diciembre 1980, 172, núm. 416, cfr. Morello y colab., "Código Proc. civil com.", T° II- B, p.413); "Dispuesta la citación no puede admitirse luego un nuevo debate sobre el tema", (CNEspCivCom, Sala IV, 24/3/86, JA, 1986-III-153, secc. síntesis, cfr. Fenochietto Arazi, Cód.Proc.Civ. y Com. de la nación, T° 1, p. 389).

Por lo demás, sólo resta decir que en la resolución de fecha 22 de octubre de 2014, el sentenciante expuso los argumentos que consideró propicios para pronunciarse sobre la admisión de la citación y su alcance, los que doy por reproducidos brevitatis causae.

Por todo ello, considero que lo resuelto respecto al rechazo de la oposición a la citación de tercero, resulta inapelable, debiendo así desestimarse el primer agravio.

En cuanto al segundo agravio, opino debe correr la misma suerte del analizado precedentemente.

Ello es así en virtud de lo previsto por el art. 315 del C.P.C., segundo párrafo, el que expresamente reza: "... La resolución será apelable, salvo cuando se tratare de la excepción prevista en el Inciso 3 del art. 309, y el juez hubiere resuelto que la falta de legitimación no era manifiesta,, en cuyo caso y sin perjuicio de lo establecido en dicho inciso, la decisión será irrecurrible".

Como se colige de la sentencia impugnada, el a quo entiende que la legitimación del tercero citado, (del mismo modo que la resuelta respecto de los demandados en la sentencia de fs. sub 13/17), debe ser evaluada en la sentencia definitiva una vez producida la prueba pertinente.

Se trata en el caso de una excepción de falta de legitimación pasiva no manifiesta, motivo por el cual todo el análisis de hecho y de derecho, se difiere para la sentencia definitiva.

En este sentido, se ha expresado: "El límite objetivo del conocimiento de la Alzada está dado por la existencia del agravio o interés jurídico, razón por la cual la resolución que posterga el tratamiento de la excepción de falta de legitimación para obrar por no resultar manifiesta, no es susceptible de cuestionamiento por cuanto nada decide" (cfr. Morello- Passi Lanza- Sosa- Berizonce, Códigos Procesales, v. IV-B, p. 477 y jurisprudencia citada).

Al respecto, cabe recordar que la Cámara de Apelaciones tiene innegables facultades para revisar si corresponde, y en su caso, como se concedió el recurso de apelación.

En función de ello, propicio desestimar el segundo el agravio y declarar mal concedido el recurso de apelación interpuesto.

Así voto.

El DR.JUAN JOSÉ VICTORIA , dijo Por sus fundamentos, voto en sentido concordante.

2da. CUESTIÓN: El DR. GILBERTO AMERICO RIVEROS, dijo:

En mérito a la votación que antecede corresponde: declarar mal concedido el recurso, por cuanto resulta irrecurrible la decisión adoptada por el a quo. Imponer las costas a la vencida, en virtud del principio objetivo de la derrota (art. 66 del C.P.C.), y proceder a regular los honorarios de los profesionales intervinientes de conformidad a lo dispuesto por el art. 188 de la Ley 2150 (hoy art. 13 de la Ley 56-O).

El DR.JUAN JOSÉ VICTORIA , dijo:

Por las mismas razones, voto en el mismo sentido.

Por ello, y lo acordado precedentemente, SE RESUELVE:

Declarar mal concedido el recurso por cuanto resulta irrecurrible la decisión adoptada por el a quo.

Imponer las costas a la vencida. Regular los honorarios profesionales del Dr. Andrés Bertagna, en carácter simple y como ganancioso en la suma de pesos seiscientos ($600). Regular los honorarios del Dr. Maximiliano Mercado, en doble carácter y como perdidoso en la suma de pesos cuatrocientos ($400) a la fecha de la presente.

Protocolícese, notifíquese en debida forma, y bajen los autos al Juzgado de origen.

PROTOCOLO: L. de A ; T° II-2015; F°125/128; FECHA:09/10/15 DRES. VICTORIA y RIVEROS