marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Honorarios del abogado, prescripción, sucesiones
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bautista Lemos, Daniel s/ Testamentaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-06-14

En el juicio sucesorio el plazo de prescripción de los honorarios devengados se computa a partir del momento en queda fijado el haber hereditario.
Proceso contravencional, excusación, violencia moral
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Instituto F. S.A. s/ Artículos 72 y 73
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-08-29

Si bien en el caso no se da ninguna de las causales de excusación que se detallan en el artículo 7 de la Ley de Procedimiento Contravencional, entienden los jueces de esta Sala que no obstante ello deben apartarse del conocimiento de esta causa, toda vez que al existir similares circunstancias de hecho en esta causa y la que bajo el Nro. 869 tramita también en esta Sala, podría de ello deducirse que la resolución a adoptar en estos actuados podría ser equivalente a la que se tomara en aquélla, si bien en distinto estadio procesal y bajo el imperio de disímiles normas.

La circunstancia descripta no puede ser clasificada estrictamente como constitutiva de prejuzgamiento, toda vez que se trata de causas distintas, pero lo cierto es que la íntima relación que existe entre ambos procesos justifica nuestro apartamiento por encontrarnos en situación de violencia moral para decidir en esta causa, causal ésta aceptada en este fuero, pese a no estar descripta en el artículo 7 de la Ley de Procedimiento Contravencional (cfr. causas Nro. 056-CC/99 y 170-CC/99 de esta Sala);

al respecto, se ha dicho que la violencia moral "constituye una circunstancia que debe ser tenida en cuenta por ser manifestación de un estado anímico que persigue, por parte de quien la invoca, la finalidad de asegurar una recta administración de justicia" (CCC, Sala IV, LL, del 28/11797, f.96.400); el precedente describe exactamente la finalidad que tienen en mira los suscriptos al apartarse del conocimiento de esta causa: que no pueda ni mínimamente sospecharse que hemos actuado sin la imparcialidad y la ecuanimidad exigibles a todo magistrado. (Del voto de los Dres. Dessanti y Lucangioli)
Pago, lugar de pago, domicilio del deudor, mora automática
Materia: LABORAL
Carátula: M.L., C. c/ S., H. y Otro s/ Cobro de Pesos - Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-10-08

Valiosa jurisprudencia ha dejado sentado que "el principio de la mora automática no es absoluto. Tratándose de obligaciones que deban cumplirse en el domicilio del deudor (o deuda querable), -que representa la regla supletoria aplicable en defecto de estipulación contraria (arts. 747 y 748, Cód. Civil), - no bastará el simple vencimiento del término fijado, sino que será necesaria la constitución en mora del obligado mediante la interpelación correspondiente a los efectos de que el acreedor acredite la negativa del pago, pues, de lo contrario, le bastaría a éste no concurrir al domicilio del deudor para hacerle incurrir en mora. Lo mismo, en todos los demás casos en que el cumplimiento de la obligación requiera la cooperación del acreedor.

Esta doctrina también regía antes de la reforma al Código Civil, cuando era indispensable para la constitución en mora el requerimiento del acreedor.
Accidentes de trabajo, responsabilidad del asegurador, seguro de responsabilidad civil, citación en garantía
Materia: LABORAL
Carátula: Jaureguibehere, Armando c/ Juan Istilart S.A. y otro s/ Indemnización por enfermedad accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-08-23

Aunque se trate de una acción directa (art. 7, ley 9688) mientras subsista la obligación del asegurado, no cabe que el asegurador sea liberado de la suya en virtud de defensas que no derivan del contrato de seguro, cuya vigencia y cobertura no ha sido cuestionada, ni de aquéllas nacidas con posterioridad al siniestro arts. 118, ley 17.418; 20, ley 9688).
Intervención de terceros, intervención obligada
Materia: PROCESAL
Carátula: Limpiz, Manuel Enrique c/ Empresa de Transporte "El Pampeano" S.A.C.I.I.F.A. s/ Accidente de Trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-12-02

"... el fundamento de la intervención coactiva ... radica en la conveniencia de evitar que, en el proceso que tiene por objeto la pretensión regresiva, el demandado pueda argüir la excepción de negligente defensa -exceptio mali processus-.
Recurso de apelación (procesal), acción de amparo, Salud pública, menores
Materia: PROCESAL
Carátula: TORRES  CARLOS  EMANUEL c/ ESTADO NACIONAL  MINISTERIO  DE  SALUDY OTRO s/ AMPARO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-01-08

Se advierte que los argumentos expuestos por la recurrente comportan expresiones generales e imprecisas, cuando no meras afirmaciones dogmáticas respecto del carácter excepcional que debe revestir el dictado de una cautelar como la ordenada y la conveniencia de sustanciar la acción de amparo desentendiéndose de los riesgos que experimenta la salud y la vida del menor ante su adicción a las drogas, lo cual conduce a considerarlos inhábiles a los fines perseguidos, en los términos del art. 265 del Código Procesal. Ello determina que deba declararse desierto el recurso interpuesto (art. 266 del Código Procesal). La recurrente no se hace cargo de que el mantenimiento de la medida dictada por el señor Juez es la solución provisoria que, de acuerdo con las constancias de la causa, mejor se corresponde con la naturaleza del derecho cuya protección cautelar se pretende -que compromete la salud e integridad física de las personas (Corte Suprema de la Nación, Fallos: 302:1284)-, reconocido por los pactos internacionales (art. 25, inc. 1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el art. 12, inc. 2, ap. d, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), de jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional; cfr. Sala 1, causas 22.354/95 del 2/6/95, 53.078/95 del 18/4/96, 1251/97 del 18/12/97, 436/99 del 8/6/99, 7208/98 del 4/11/99, 53/01 del 15/2/01 y 2038/03 del 10/7/03, entre otras; en igual sentido, C.S. Mendoza, Sala I, del 1/3/93 y C. Fed. La Plata, Sala 3, del 8/5/200, ED del 5/9/2000). Tratándose de un menor de edad, es válido traer a colación que la Convención sobre los Derechos del Niño, encarece su tutela elevando el "interés superior" de los infantes al rango de principio (cfr. Corte Suprema, Fallos 318:1269; 322:2701; 323:2388; 324:112, entre muchos otros).
Abuso de armas, lesiones
Materia: PENAL
Carátula: ORREGO, Mercedes s/ Causa 44.530
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-30

Si bien, para la configuración del delito de abuso de armas se requiere que haya sido dirigida contra la víctima, pues se trata de un delito de peligro cuya punibilidad desaparece si ese riesgo no ha sido corrido; cuando el sujeto pasivo es herido, el peligro materializado desplaza la exigencia de acreditar el hipotético, resultando indiferente que el autor no haya tomado puntería.
Convocatoria a tribunal plenario, prisión domiciliaria
Materia: PENAL
Carátula: Menéndez, Luciano Benjamín s/ atoconvocatoria a plenario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-14

El pedido de autoconvocatoria a deliberación plenaria según el art. 10 de la ley 24.050 realizado por la Sala IV no reposa en la constatación de la existencia actual de interpretaciones divergentes sobre los supuestos de hecho y condiciones para la ejecución de una pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria (art. 32 de la ley 24.660 -texto según ley 26.472-), toda vez que la Sala en cuestión no ha decidido aún el recurso de casación interpuesto y ha suspendido todo pronunciamiento a las resultas de ese pedido de convocatoria. Tampoco se ha identificado la existencia de contradicciones entre decisiones ya dictadas por otras Salas. Si existe un recurso de casación pendiente, no corresponde que la Cámara se reúna por propia iniciativa, para decidir, sin sustanciación, puntos que constituyen el objeto de este recurso. (Voto del Dr. García, al que adhieren los Dres. Yacobucci, Catucci, Ledesma y Riggi). El voto concurrente expresó que corresponde rechazar el planteo efectuado por la Sala IV de promover la reunión plenaria del Tribunal si de la lectura del precedente de la Sala III señalado, se evidencia que no existe una interpretación legal respecto de la normativa aplicable -art. 32 de la ley 24.660, modificado por la ley 26.472- que se contradiga con otros antecedentes de la Sala IV ni de las demás Salas del Tribunal. (Voto del Dr. Madueño, al que adhieren los Dres. Fégoli, Catucci y Riggi). La disidencia expresó que corresponde hacer lugar a la autoconvocatoria propuesta toda vez que la normativa del art. 32 de la ley 24.660 ha merecido interpretaciones diferentes y opuestas por parte de cada una de las Salas de esta Cámara, teniendo en cuenta que el acusado es la misma y única persona , cuyas condiciones psicofísicas y cuya edad -que son los factores a considerar según el artículo señalado- no varían ni pueden ser distintas en cada uno de los procesos que se le siguen. (Voto Dr. Mitchell, al que adhiere Rodríguez Basavilbaso).
Procedimiento laboral, Ley de Concursos, crédito laboral, competencia, desplazamiento de la competencia, fuero de atracción
Materia: LABORAL
Carátula: Paiba, Javier Alejandro c/ Comarcom S.A. s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-26

Solicitado por la demandada se deje sin efecto la resolución que rechazó su pretensión de que las actuaciones fueran remitidas al Juzgado Comercial en el que tramita su acuerdo preconcursal, conjuntamente con el pedido de declaración de nulidad de todo lo actuado. De la nueva L.C.Q., arts. 21, 132 y 133, se desprende con toda claridad que los juicios laborales quedan exceptuados del desplazamiento de competencia que provoca el juicio universal, es decir: el fuero de atracción, con la única excepción de que el actor opte por suspender el procedimiento y verificar su crédito de conformidad con lo dispuesto por los artículos 32 y concordantes (extremo éste último que no se materializa en la especie). Conforme el art. 9 de dicho régimen legal resulta de aplicación inmediata y rige incluso los supuestos en los cuales se hubiese afirmado la aptitud jurisdiccional del Fuero Comercial en resolución pasada en autoridad de cosa juzgada, de manera que en el caso, corresponde matener lo decidido por la Magistrada de grado en torno a su competencia.
Poder Judicial, remuneración, jueces
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Vilela, Julio y otros c/ Estado Nacional (Ministerio de Educación y Justicia) s/ amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-11

La intangibilidad de la remuneración de los jueces ha sido establecida no por razón de la persona de los magistrados, sino en mira de la institución del Poder Judicial de la Nación, a la que los constituyentes han querido liberar de toda presión de parte de los otros poderes, para preservar su absoluta independencia.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia suficientemente fundada, competencia federal, competencia provincial, coronavirus, aislamiento social preventivo y obligatorio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SANCHEZ, MATIAS REINALDO c/  s/ INFRACCION AL ARTICULO 205 CODIGO PENAL-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-09-15

La impugnante insiste con que corresponde intervenir al fuero federal y con que se habría afectado la garantía de juez natural, mas sin lograr rebatir los argumentos del Judicante, quien -en el entendimiento de que lo determinante para asignar la competencia es la naturaleza de los intereses en juego, citando en apoyo de tal criterio precedentes de este Tribunal- efectuó una acabada motivación en orden a sustentar que por las particulares circunstancias del caso -infractor individual que violó las disposiciones de aislamiento obligatorio- no se advertía interés federal para excepcionar la regla de la competencia ordinaria, lo que determinaba que la investigación debía continuar bajo la órbita de la justicia ordinaria. - Jurisprudencia concordante con Acosta, AyS T 300, p 419, sumario J0046654
Transporte aéreo de pasajeros, pérdida del equipaje, indemnización, daño moral
Materia: CIVIL
Carátula: LUNEVA  YULIA c/ IBERIA  LINEAS  AEREAS DE ESPAÑA SA s/ pérdidadaño de equipaje.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-24

La indemnización sea reclamada a título de perjuicio moral o material o de los dos al mismo tiempo, siempre se encuentra limitada a los topes fijados en la Convención de Varsovia, criterio éste que siguió la Corte Suprema de Justicia de la Nación al fallar en la causa "Alvarez Hilda N. v. British Airways", del 10/10/2002, (publicado en J. A. 2003-I, p. 445/447; en el mismo sentido, esta Sala, causa 13.632/02 del 1/3/05; Sala I, causa 5.042/06 del 1/07/08). Dicha solución, se aplica salvo que en forma contemporánea o concomitante el transportador incurra en un acto ilícito extracontractual adicional que resulte civilmente resarcible, situación que no se verifica en la causa, toda vez que no está acreditado que el desvío obedezca a una decisión intencional de la empresa, ni a otra cosa que a simple negligencia (conf. Sala 2, causa 1055/2005 del 10.10.08).
Improcedencia del recurso, rechazo de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: VARGAS MENDEZ, Patricia Mercedes c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-11-15

No puede prosperar el planteo de nulidad de la admisión y posterior rechazo del ofrecimiento de prueba ante la instancia casatoria si en ningún momento del debate el recurrente planteó esta cuestión, y que fue cuestionada en esta oportunidad por primera vez, sin dar sustento ni desarrollo de cuál fue el perjuicio concreto que trae aparejado, ni se advierte que ello se haya apartado de las facultades que el art. 356 CPPN.
Contienda negativa de competencia, relación de dependencia, aplicación de la ley, Derecho laboral, cámara contencioso administrativa, incompetencia
Materia: PROCESAL
Carátula: AGUIAR, CRISTINA c/ DIRECCION PROVINCIAL DE PROMOCION DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL s/ COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-06-30

Corresponde disponer que siga enteniendo en la presente causa el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral, puesto que la misma no puede comprenderse dentro de los supuestos de asignación de competencia de la Cámara de lo Contencioso Administrativo, toda vez que si se encuadrara el vínculo entre la accionante y la Provincia dentro de una relación de empleo público, el artículo 6, inciso d) de la ley 11330 detrae de la competencia contencioso administrativa a las demandas por accidentes de trabajo; y si no pudiera subsumirse a dicho vínculo en una relación de empleo público, tampoco podría admitirse dicha competencia, ya que los actos que se relacionen con derechos o intereses que tutela el derecho privado son atribuidos a la jurisdicción ordinaria. - CITAS: CSJStaFe: AyS T 186, p 69. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 11330, artículo 6, incisos b) y d)
Empleados públicos, cesantía, sanciones administrativas, sanciones disciplinarias administrativas, proceso penal, sobreseimiento
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL - PENAL
Carátula: LUIS OSVALDO CAPUTO s/ EMPLEADOS PUBLICOS. SISTEMA DISCIPLINARIO. CESANTIA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-08-08

Corresponde confirmar la sentencia que rechazó el recurso interpuesto respecto de la resolución administrativa que, sobre la base de lo dispuesto en los arts. 6to.-inciso b- y 37 -inciso h- del decreto-ley 6666-57, declaró cesante al recurrente del cargo que desempeñaba en el Ministerio de Educación y Cultura de la Nación.

Ello es así, pues los hechos que motivaron la medida exteriorizan un comportamiento impropio de un agente de jerarquía que es susceptible de generar objetiva desconfianza de sus superiores respecto de un comportamiento ulterior, aún cuando su juzgamiento en sede penal concluyera con un sobreseimiento en la causa.
Recurso de apelación (procesal), legitimación pasiva, sobreseimiento, archivo del expediente
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: BRONENBERG, Mariano s/ sobreseimiento Causa nro. 27.471
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-27

Atento que no ha sido legitimado pasivamente, no se podrá dictar a su respecto ningún tipo de medida liberatoria. Tampoco se decidirá el archivo de las actuaciones atento que el marco del recurso sólo abarca la situación procesal del nombrado y de ninguna manera amplía la jurisdicción a todo el proceso.
Verificación de créditos, incidente de revisión
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fisco Nacional (D.G.I.) s/ Incidente verificación de créditos en autos:Diez,Ernesto s/concurso  preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-11-28

La sentencia declarando admisible o inadmisible un crédito, puede ser revisado a petición del interesado, formulada dentro del plazo de los treinta días siguientes a la última reunión de la junta.

Vencido el cual sin haber sido cuestionada, queda firme y produce -en principio- los efectos de la cosa juzgada, salvo dolo.-
Recurso por retardo de justicia, situación del imputado, informe del juez
Materia: PENAL
Carátula: BENITEZ PEREIRA, MARCO ANTONIO Y OTRO c/  s/ QUEJA POR RETARDO DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2022-02-16

Debe requerirse nuevo informe al correspondiente juzgado de instrucción y correccional, frente a la queja por retardo de justicia planteada por la defensa particular, a fin de que haga saber a este Tribunal si se ha resuelto la situación procesal de los implicados, dado que el juzgado contestó la petición explicando a la defensa en qué consiste el tipo del art. 273 del CP en lugar de decidir la cuestión planteada; lo que necesita el Superior Tribunal para responder la queja, es saber si se ha resuelto sea positiva o negativamente.
Acción de amparo, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Rica, Ariel Federico y otros c/ Municipalidad de La Plata s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2019-08-28

Esta Corte, por vía de superintendencia, ha establecido que es la Receptoría General de Expedientes de cada departamento judicial la encargada de dar ingreso y asignar, por sorteo, entre todos los organismos de primera o única instancia de todos los fueros, las acciones de amparo que se deduzcan a partir de la entrada en vigencia de esta normativa (art. 1, resol. 1358/2006 -texto según resol. 1794/2006-).
Daño moral, responsabilidad objetiva
Materia: CIVIL
Carátula: Arancibia, Alejandrina c/ Cerro Castillo s/ ACCIDENTE DE TRABAJO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY. -
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1990-01-15

En el caso de responsabilidad objetiva deben indemnizarse todos los daños que tengan una relación causal adecuada con el evento dañoso, y debe indemnizarse tanto el daño material como el moral.
Remuneración, decretos, constitucionalidad, división de poderes
Materia: LABORAL
Carátula: TOJO, JUAN CARLOS Y OTRO c/ CAJA DE SUBSIDIOS FAMILIARES PARA EMPLEADOS DE COMERCIO s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-15

El Poder Judicial no ha sido avasallado por las aclaraciones dispuestas en el decreto 2175/86, razón por la cual no le cabe, a dicho decreto, la tacha de inconstitucionalidad.
Indemnización sustitutiva de preaviso, contrato de trabajo por tiempo indeterminado
Materia: LABORAL
Carátula: SALINAS JESSICA PAMELA c/ MARTINEZ MARIA AGUSTINA s/ COBRO DE HABERES
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-04-17

Si la empleadora reuncia al período de prueba el contrato se convierte en uno de tiempo indeterminado, y en consecuencia, la procede las indemnizaciones sustitutivas de preaviso, el período integración del mes de despido y por antigüedad, aun teniendo en cuenta que sólo trabajó dos meses, conforme a que en la reforma introducida por la Ley 25.877 al art 245 último párrafo de la LCT (B.O. 19-3-2004 Infoleg), se ha dispuesto que "El importe de esta indemnización en ningún caso podrá ser inferior a UN (1) mes de sueldo calculado sobre la base del sistema establecido en el primer párrafo.
Procedimiento contencioso administrativo y tributario, competencia, competencia contencioso administrativa y tributaria, responsabilidad civil, responsabilidad del Estado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: FERNANDEZ MARIA ELENA Y OTROS c/ GCBA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-22

Si ha sido demandada la Ciudad de Buenos Aires la causa es contencioso administrativa en los términos procesales de los artículos 7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 2 del Código Contencioso Administrativo y Tributario.

Tal circunstancia es suficiente para suscitar la competencia de este fuero. Pero lo cierto es que dicha calificación, determinante de la competencia judicial -y, por lo tanto, meramente adjetiva- no impide que la causa pueda, en su aspecto sustancial, ser calificada simultáneamente de distintas formas.

Así, desde el plano sustantivo, puede tratarse de una causa regida por el derecho privado en cuanto se trata de dilucidar la eventual responsabilidad civil de las personas y, paralelamente, en cuanto se refiere a la Ciudad de Buenos Aires, la pretensión puede tender a hacer efectiva la responsabilidad estatal, cuestión regida por el derecho público (causa contencioso administrativa).
Contratos, corretaje, corredor, comisión del corredor, presentación al cobro, procedencia del recurso, autorización de venta, obligaciones de los condóminos, bienes inmuebles, daño emergente
Materia: CIVIL-COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Santos Kenepple, Claudia Mónica c/ Ledesma, José Víctor s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-04

Procede revocar la resolución que rechazó la demanda por cobro de la comisión comprometida, con base en que la autorización de venta otorgada por el accionado, presentaba un óbice insalvable que impedía que la acción resarcitoria tuviera éxito refiriéndose a que éste compartía en copropiedad la finca y ello fue ignorado por la accionante. Específicamente, el decisorio consideró que la falta de conformidad de ambos copropietarios del inmueble en cuestión atentaba contra la eficacia del documento. En ese marco, cabe señalar que la conducta omisiva por parte de la cotitular del inmueble - que tardó tres meses en "desautorizar" la intermediación de la accionante-colisiona con el principio básico con que nuestro sistema jurídico está erigido, el de la buena fe (CCCN 9) y se presta a considerar que la autorización de venta fue convalidada tácitamente por su lado (CCCN 1065-b). No se soslaya que la corredora accionante, como profesional debió requerir en el tiempo oportuno la conformidad expresa de la copropietaria del inmueble, en tanto no puede ignorar los alcances de tal situación. Sin embargo, dicha falencia en modo alguno puede quitarle efectos a la autorización de venta firmado por el otro copropietario en tanto podía ser subsanada al momento de recibir una oferta, la que debía ser considerada indefectiblemente por ambos condominios por ser un acto de disposición. Es decir, que la actora podía recibir las propuestas de manera ad referendum, como es uso y costumbre en la actividad inmobiliaria. En virtud de que la compraventa se perfeccionó aún vigente el contrato a favor de la inmobiliaria la cual se efectuó con exclusividad, debe abonársele una comisión en virtud de lo dispuesto en el CCCN 1352-c, que establece que la comisión se debe, aunque el corredor no concluya el contrato si el comitente lo concluye por sí.