Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-17


En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 17 del mes de septiembre del año 2007, se reúnen los miembros de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas Dres. Elizabeth Marum, José Sáez Capel y Marcelo Pablo Vázquez, a efectos de resolver el recurso de apelación interpuesto, a fs. 42/7 por el Sr. Defensor Oficial de Diego Lorenzo Sanoguera contra la resolución del Sr. Juez a quo, obrante a fs. 35/40, en cuanto decretó la prisión preventiva del nombrado en orden a la presunta portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización.

RESULTA:

1. Que a fs. 36/40 se agrega la resolución dictada por el titular del Juzgado CyF Nº 27 que, en lo que aquí interesa, decretó, a pedido del Fiscal (fs. 33/4), la prisión preventiva de Diego Lorenzo Sanoguera en orden a la presunta comisión del delito previsto y reprimido en el artículo 189 bis, inc. 2 CPN Tal cómo se desprende de las actuaciones prevencionales el hecho que dio origen a la presente causa ocurrió el 7/05/2007 a las 22:40 hs., ocasión en que personal de la comisaría 43ª, que transitaba por la calle San Nicolás en su intersección con la Av. Avellaneda, advirtió que un vehículo azul marca Nissan (dominio SKV-967) cruzaba un semáforo en rojo. Atento a ello se procedió a su persecución hasta que lo interceptaron, solicitada que fue al conductor la documentación correspondiente se pudo advertir la existencia de un arma de fuego en el interior del rodado con un cartucho de bala percutido en su cañón hallándose, otro, también percutido en el interior del auto (fs. 1/9).

La decisión en crisis hizo mérito de los elementos de prueba colectados hasta el momento entre los que merece ser destacado, además de las declaraciones de los preventores, el informe pericial preliminar del arma que da cuenta que se trata de un pistolón marca "Forastero", calibre 14 mm, con numeración 1772; y que, si bien su estado de conservación es regular, al accionarse dispara (fs. 12/13). Sobre la base de ellos consideró verosímil, estando aún pendientes la producción informes y medidas de prueba, la hipótesis de que Sanoguera portaba el arma de uso civil en cuestión en atención a la disponibilidad inmediata de la misma, conducta que encuadró jurídicamente en el art. 189 bis (2), párrafo tercero CPN.

Asimismo, consideró acreditado el peligro de fuga; ello sobre la base de considerar que en caso de recaer condena en el presente proceso la misma será indefectiblemente de efectivo cumplimiento de acuerdo a lo normado por el art. 27 CP toda vez que Sanoguera registra en su haber: a) sentencia del TOC Nº 17, en el marco de la causa nro. 358, por robo agravado en poblado y en banda en concurso real con robo, en la que fue condenado el 30/10/1997 a la pena única de un año de prisión y costas y a la pena única de un año y un mes de prisión, comprensiva de la anterior y de la de tres meses de prisión en suspenso dictada por el TOC Nº 22 en la causa nro. 88; b) sentencia del TOC Nº 18, en el marco de la causa 946, por robo en grado de tentativa en la que fue condenado con fecha 18/04/2001 a la pena de ocho meses de prisión y a la pena única de un año y seis meses de prisión, comprensiva de la referida y a la pena de un año y un mes de prisión en suspenso, impuesta el 30/10/1997 por el TOC Nº 17; y c) sentencia del TOC Nº 2, en el marco de la causa 1786, por hurto simple en grado de tentativa en la que fue condenado el 12/06/2003 a la pena de cuatro meses de prisión de efectivo cumplimiento y costas, la que se tiene por compurgada en virtud del tiempo sufrido por el condenado en detención.

Sumado a lo expuesto entendió que también contribuía a configurar la hipótesis de que Sanoguera no se sometería voluntariamente al presente proceso la falta de arraigo constatada en autos.

2. Que a fs. 42/7 se agrega el recurso de apelación interpuesto por el Sr. Defensor oficial de Sanoguera quien se agravia por considerar que a pesar de que el art. 57 LPP requiere para el dictado de una prisión preventiva que al delito investigado corresponda pena privativa de libertad, exista peligro de fuga y/o de entorpecimiento de la investigación "el legislador nada ha dicho sobre cuáles son específicamente las causas para la restricción de la libertad" (fs. 43), de allí deduce el recurrente que la existencia de una condena anterior que imposibilitaría la ejecución condicional de una eventual condena que podría recaer en este proceso no puede esgrimirse en contra de Sanoguera para negarle la libertad durante el proceso a una persona inocente siendo suficiente para garantizar su presencia otras medidas menos gravosas. Añade que la ausencia de certeza acerca del resultado final del presente proceso demuestra la sinrazón de la restricción actual de libertad.

Señala que no existen pautas objetivas que permitan presumir que Sanoguera habrá de entorpecer la investigación ya que la prueba se encuentra asegurada y él, según los dichos de los testigos, colaboró con el procedimiento. Se agravia por entender que no puede esgrimirse la carencia de domicilio fijo como fundamento de la detención cautelar pues implica una discriminación en razón de clase social.

Asimismo, señala el recurrente que no se encuentra suficientemente acreditada la materialidad del hecho, en tal sentido señala que no existe pericia alguna que establezca la aptitud para el disparo del arma secuestrada y del informe preliminar, que a su criterio ha sido valorado en forma parcial, se desprende que no es posible determinar su aptitud para disparar lo que a su vez impide afirmar que se trata de un arma de fuego y que la "convicción provisoria" puesta de manifiesto por el Juez de grado no puede sustentar el dictado de una resolución restrictiva de libertad.

3. Que en ocasión de dictaminar el Sr. Fiscal ante esta Cámara postuló la confirmación de la decisión en crisis. Consideró adecuado el juicio de mérito efectuado por el Magistrado para afirmar prima facie la existencia del hecho delictivo y la participación en el mismo del imputado y compartió el criterio de que existen motivos que permiten inferir que intentará eludir el accionar de la justicia (la imposibilidad de que la pena a imponer en los presentes actuados sea de ejecución condicional y el comportamiento del imputado al momento de ser detenido).

4. Que a fs. 58 los presentes actuados quedaron en condiciones de ser resueltos siendo pertinente dilucidar en primer término si el recurso ha sido bien concedido y, en su caso, si la decisión en crisis resiste los agravios que ha generado.

PRIMERA CUESTION El recurso de apelación bajo examen es temporáneo y se encuentra dirigido contra una resolución cuya impugnabilidad se encuentra expresamente reconocida por el régimen procesal aplicable, luego el recurso fue correctamente concedido (art. 57 inc. 5º LPP).

SEGUNDA CUESTION Encontrándose habilitada la competencia revisora del Tribunal se procederá al análisis de la decisión en crisis confrontándola con los agravios que ha generado, ello así, toda vez que si bien el principio general que rige el procedimiento penal y se deriva del estado de inocencia de que goza todo imputado (art. 18 CN) consiste en la permanencia en libertad del imputado antes del dictado de la sentencia, ello no impide el empleo excepcional de medios de coerción procesal, que no se encuentran vinculados a los fines que persigue el uso de la fuerza pública en el derecho material (es decir no son de carácter punitivo), sino a otros como lo son la correcta averiguación de la verdad y actuación de la ley penal; es decir, se basan en el peligro de que el imputado obstaculice la averiguación de la verdad o para conjurar un verosimilmente acreditado peligro de fuga (Maier, Julio B. J., "Derecho Procesal Penal, tomo I", Ed. Del Puerto S.R.L., 2004, págs. 514/516). Nótese en tal sentido que la propia Constitución Nacional -art. 18 CN- autoriza la privación de libertad durante el procedimiento penal, bajo ciertas formas y en ciertos casos. Asimismo, del inciso 11 art. 13 CCBA se advierte la ausencia de objeciones constitucionales expresas a la detención preventiva en materia penal.

Así, el legislador local estableció en qué supuestos resulta procedente el arresto cautelar en un proceso penal. En primer término resulta pertinente establecer verosímilmente la existencia de un hecho delictivo y poder afirmar seriamente la hipótesis de que el imputado es autor o partícipe del mismo (art. 57 inc. 3 LPP). Ello fue satisfactoriamente hecho por el a quo.

En efecto, como se dijo, el a quo tuvo por acreditado que Diego Lorenzo Sanoguera, el 7 de mayo de 2007 a las 22:40 hs., fue interceptado por personal de la Comisaría 43º en la Av. Avellaneda luego de una persecución motivada en que el nombrado cruzó un semáforo en rojo con su vehículo azul marca Nissan. Al producirse la detención se habría comprobado que en el interior del vehículo se hallaba un arma de fuego con un cartucho percutido en su cañón y otro cartucho en una gaveta cercana a la palanca de cambios. La base probatoria valorada para arribar a la conclusión consistió en la declaración del sargento Hugo Villagra (fs. 1/1 vta.), las declaraciones testimoniales de Rubén Simón Ferrero (fs. 7/7 vta.) y Oscar Domingo Rodas (fs. 8/8 vta.), actas de detención (fs. 3), acta de secuestro (fs. 4), vista fotográfica del arma y sus municiones (fs. 12).

Asimismo, tuvo en cuenta el informe pericial preliminar obrante a fs. 13/2. En esta pieza resulta necesario detenerse desde el momento que parte de los agravios del Defensor de Sanoguera se dirigen a cuestionar las conclusiones que de la misma extrajo el a quo.

El Juez de grado concluyó del informe preliminar que el arma en cuestión se trataba de un pistolón marca "Forastero", calibre 14 mm, con numeración 1772, con cachas de madera, y si bien su estado de conservación es regular, al accionarse la cola del disparador el mismo se acciona. Se agravia el Defensor por entender que el informe valorado es provisorio y no es capaz de brindar conocimientos certeros para fundar la decisión adoptada. Sin embargo, el agravio no permite desvirtuar la verosimilitud del hecho ocurrido el 7/5 a las 22:40. En efecto, una de las finalidades del proceso de conocimiento penal es averiguar si un suceso ocurrió en la realidad, por ello las afirmaciones fácticas que se van sucediendo durante su transcurso van adquiriendo mayor grado de certeza -sobre la base de las pruebas que se van colectando- hasta arribar a la audiencia de juicio donde la producción de las mismas permitirán, o no, predicar con el grado de certeza necesario la ocurrencia del suceso histórico en cuestión. Es por ello que todas las afirmaciones que se puedan efectua r en esta etapa del proceso resultan naturalmente provisorias aunque no por ello infundadas. Asimismo, resulta razonable que ante el secuestro de un objeto que tiene toda la apariencia de ser un arma de fuego y que posee cartuchos en su interior se practiquen las "pericias preliminares" necesarias ya sea para descartar de plano que se trata un arma de fuego o para seguir afirmando la hipótesis del hecho que luego, claro esta, deberá contrastarse con la producción probatoria ulterior. Por lo expuesto hizo lo correcto el a quo al afirmar la hipótesis provisoria de que Sanoguera llevaba consigo un arma de uso civil apta para disparar y que los cartuchos se encuentran percutidos pero sin disparar, sobre la base del informe pericial obrante a fs. 13. Como se explicó dicha hipótesis es provisoria y ya se ha solicitado la pericia definitiva (fs. 1 vta.).

Ahora bien, afirmada como fue la hipótesis de la existencia del hecho delictivo y la presunta participación del encartado en el mismo resta indagar acerca de la verificación de los restantes requisitos legales, específicamente el que aquí nos interesa es la acreditación de la hipótesis de peligro de fuga exigida por el inc. 3 inc. 57 LPP.

Es necesario señalar en este punto, tal como lo hace el recurrente, que la ley procesal local vigente a la fecha no precisó los elementos sobre la base de los cuales resulta procedente verificar la hipótesis en cuestión, pero tampoco excluyó a ninguno; por ello aunque no haya aludido expresamente a los antecedentes del imputado (cosa que si realiza el art. 170 ley 2.303) ellos pueden ser tenidos en cuenta como un elemento más a fin de afirmar la hipótesis del peligro de fuga (este Tribunal en las causas David Domingo Díaz s/ Infracción art. 189 bis CP, N º 05-00-CC/2005 del 10/02/2005, Kurilj o Kuril o Kurilj Anchorot, Gonzalo Néstor s/ Infracción art. 189 bis CP, N º 215-00-CC/2004 del 2/08/2004).

En el caso, los antecedentes penales del imputado ut supra reseñados (punto 1, párr 4º) y que se aprecian de las constancias de fs. 19 y 30 permiten tener por acreditado que en caso de recaer sentencia condenatoria en los presentes actuados la misma sería indefectiblemente de efectivo cumplimiento (art. 26 y 27 CP contrario sensu), y ello es uno de los elementos que permiten afirmar la hipótesis que existe el riesgo de que el imputado no se presente voluntariamente al proceso para evitar el cumplimiento de un eventual arresto de efectivo cumplimiento.

Otra de las circunstancias que, sumada a la anterior, tuvo en cuenta el a quo para afirmar la existencia de un riesgo de fuga es la falta de arraigo del imputado. Ello agravia también al recurrente pues entiende que se trata de una base discriminatoria para restringir la libertad durante el proceso pues de ello se derivaría la regla que sólo quienes son propietarios pueden transitar un proceso penal en libertad. En este punto el agravio tampoco posee entidad suficiente para demostrar la sinrazón de lo decidido, ello así por dos razones: a) por un lado, la circunstancia de que el último domicilio de Sanoguera haya sido el hotel Floresta (que abandonó sin cumplir el compromiso de pagar dos días de habitación, fs. 14), no se valoró aisladamente sino en conjunto con los motivos mencionados anteriormente; b) por otro, el arraigo no se refiere a la condición de propietario, sino al aporte de un domicilio real donde pueda ser hallado a los fines del presunto proceso. Nótese en tal sentido, que el día de la detención brindó como domicilio un hotel del que ya se había retirado (ver fs. 14 y 22), actitud que no puede dejar de valorarse a los fines de la presente resolución, tal como lo hizo el "a quo".

En síntesis, de acuerdo con los fundamentos expuestos los agravios del recurrente no resultan hábiles para conmover la decisión en crisis.

Por las razones expuestas, en mérito al acuerdo que antecede, a las normas legales, antecedentes jurisprudenciales y doctrinarios citados, el Tribunal RESUELVE:

CONFIRMAR el punto resolutivo I de la resolución en crisis en cuanto resolvió DECRETAR LA PRISIÓN PREVENTIVA de Diego Lorenzo Sanoguera, en orden a la presunta comisión en carácter de autor del delito previsto y reprimido en el artículo 189 bis, inc. 2 del CPN (arts. 57 inc. 3 leyes 1287, 1330) y el punto resolutivo II en cuanto decidió TRABAR EMBARGO sobre los bienes y/o dinero del imputado hasta cubrir el monto de doscientos pesos ($200) conforme lo dispuesto en el art. 57, inc. 3º, último párrafo de la ley 1330 y el art. 518 del CPPN.

Regístrese, notifíquese con carácter de urgente y remítase al Juzgado de Primera instancia, a sus efectos.

Ante mí: