Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 2007-04-20


Corrientes, abril 20 de 2007.

¿Qué pronunciamiento corresponde dictar en autos? El doctor Rubin dijo:

I. A fs. 165/169vta. la Jueza de la instancia inferior dictó sentencia "haciendo lugar a la acción de amparo incoada y en su mérito ordenando al Instituto de Viviendas de la Provincia de Corrientes (IN.VI.CO.) adecue la ejecución del "Proyecto de Urbanización (25 + 10) Viv. Barrio San Roque - Capital" a lo planificado como "Segunda Propuesta - Programa 25 Viviendas" y en consecuencia deberá construir sólo 25 viviendas en el predio individualizado como lote 12 de la Mensura 16.466-U, planificar la reserva municipal de 3537,67 m2 y construir las 10 restantes en otro terreno, debiendo materializar un "espacio de uso comunitario" con "áreas verdes recreativas y deportivas, con los alcances establecidos en el considerando XI. Sin costas". Contra esta decisión el Instituto de Viviendas de Corrientes interpuso el recurso de apelación en tratamiento (fs. 170/174).

II. Para arribar a esta decisión, en primer término la a quo reconoce legitimación ad causam a los actores vecinos del Barrio de San Roque esta ciudad y a la Asociación de Usuarios y Consumidores de la Provincia de Corrientes.

Expresa que el IN.VI.CO. fue creado por ley 3411 cuyo objeto es la promoción, construcción y financiación de viviendas de acuerdo a las políticas generales fijadas en materia habitacional y en ese sentido debe propender a la mejora de la vivienda y su entorno, difundiendo y haciendo docencia acerca de los elementos básicos del confort. La ley 24.464 de creación del FO.NA.VI., también tiene por objeto facilitar las condiciones necesarias para posibilitar a la población de recursos insuficientes en forma rápida y eficiente el acceso a la vivienda digna que prevé el art. 14 de la Constitución Nacional.

Asimismo la ley 25.675 -relata- tiene como política ambiental el mejoramiento de la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras y la obligación de los responsables de la protección ambiental de velar por el uso y goce apropiado del ambiente por parte de las generaciones presentes y futuras.

A su vez -señala- que la ley provincial 5067 prevé que los proyectos públicos o privados consistentes en la realización de obras, instalaciones, o que fundadamente permita suponer que pueda afectar el medio ambiente, deben someterse a una evaluación de impacto ambiental. Y dada la trascendencia de la cuestión, la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Corrientes mediante resolución- 50/03 requirió al IN.VI.CO. la realización de un estudio de impacto ambiental.

Otorga a los informes técnicos producidos por el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA) y por el Cuerpo Interdisciplinario de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) plena eficacia probatoria, al primero por su asimilación a los dictámenes periciales (art. 33, ley 25.675); y al segundo por no contar con argumentos científicos de mayor peso, basado en métodos y conocimientos de alta especialización volcados en un trabajo global abarcativo de aspectos ambientales, jurídicos y urbanísticos.

Sostiene que la cuestión a resolver refiere al impacto ambiental que la tala del pinar provocaría en el barrio al efectuarse el proyecto original del IN.VI.CO. teniendo en cuenta las condiciones de trazado, urbanización y acondicionamiento del mismo y la afectación del derecho de los actores a un medio ambiente sano para una digna calidad de vida.

De los informes técnicos del ICAA y de la UNNE -colige- que el monte de pinos no constituye en principio una especie que deba ser preservada por razones ecológicas, sino que más bien son plantados con destino a ser forestados, además de ser peligrosos para la seguridad e integridad de las personas que habitan en zonas cercanas. Empero, estima que la preservación del pinar adquiere relevancia en virtud de constituir el único espacio verde apto para las actividades de recreación de los actores y sus vecinos, situación reconocida por la accionada; y no obstante ello no se ha demostrado la existencia de otro sector que cumpla esas funciones.

El derecho a un ambiente sano, es un derecho que el Estado tiene la obligación de proteger en defensa de la calidad de vida de la población, y concluye que ese derecho se vería afectado o amenazado por el proyecto original del IN.VI.CO. de construir 35 viviendas. Luego, el Instituto modificó el proyecto originario para lograr una alternativa solución al conflicto, proponiendo construir sólo 25 viviendas a fin de evitar el corte de mayor número de árboles, y las 10 viviendas restantes, en otro terreno cercano, alegando imposibilidad en la traslación total del proyecto a otro terreno por razones técnicas y económicas.

Predica la labor preventiva de los Jueces en materia ambiental, y atiende el reclamo de los actores respecto de la necesidad de preservar el medio ambiente en beneficio de los actuales habitantes y futuras generaciones del barrio en cuestión, estimando viable adecuar el proyecto original a la propuesta formulada por la UNNE en el informe técnico (2º Propuesta) de construir sólo 25 viviendas y las 10 restantes en otro terreno, además de materializar un "espacio de uso comunitario" con áreas verdes recreativas y deportivas que responda a todas las necesidades y edades, con la colaboración de la Municipalidad de Corrientes. Asimismo ordena al Instituto efectuar en el pinar raleos, eliminar tacones de árboles ya talados, trazado de caminos, respetando las distancias respecto de las viviendas a construirse, fundado en el art. 32 de la ley 25.675.

III. Se agravia el Instituto accionado por la incongruencia existente entre la parte resolutiva de la sentencia apelada y los considerandos de la misma.

La presente acción -sostiene- tuvo por objeto imposibilitar al IN.VI.CO. edificar viviendas en un predio de su propiedad, debido a que con ello se violarían normas de rango constitucional sobre protección del medio ambiente y desarrollo sustentable. En ese sentido, los actores obtuvieron una medida cautelar de no innovar, que al ser notificados de la misma en fecha 17/07/03, ya se encontraba construyendo el proyecto reformulado o segunda propuesta y no el proyecto original.

Expresa que el thema decidendum no reside en cual de las propuestas debe ser ejecutada por el IN.VI.CO. Cuando el sentenciante hace lugar a la acción de amparo ordena al Instituto a adecuar la ejecución del proyecto de urbanización a lo planificado como segunda propuesta, no advirtiendo que el IN.VI.CO. ya se encontraba cumpliendo como única alternativa válida para resolver el conflicto planteado con lo vecinos del Barrio de San Roque la segunda propuesta.

Agrega que de los informes técnicos agregados a éstas actuaciones surge que la construcción de viviendas en dicho predio, con la consecuente tala de los pinos elliotis no produce ni producirá impacto ambiental alguno.

Agravia al recurrente que se haya hecho lugar a la acción de amparo, cuando el IN.VI.CO. no ocasionó daño ambiental alguno, además que la cuestión al momento de sentenciar se había tornado abstracta, aún antes al requerírsele el informe circunstanciado, toda vez que como fuera expuesto en ese momento se encontraba ejecutando la segunda propuesta.

El a quo en la parte resolutiva del punto 1) del fallo en crisis, lo obliga a materializar un espacio de uso comunitario con áreas recreativas y deportivas, efectuando a su juicio una copia parcial e inexacta de las sugerencias realizadas por el equipo técnico de la UNNE, ya que en él se sugiere que sean las distintas partes en conflicto y la misma Universidad que planifique en el espacio de reserva un "espacio de uso comunitario", y de ninguna manera se puede interpretar como lo hizo el juzgador que sea el IN.VI.CO. quien debe materializar ese espacio comunitario.

Ello es así -agrega- porque el Instituto puede participar en la planificación y/o proyecto del espacio de uso comunitario, pero no puede materializarlo o ejecutarlo, de acuerdo a lo establecido en el art. 5º inc. c) de la ley 3411.

La sentencia los obliga a realizar algo que no están legalmente habilitados para hacerlo, por ser de competencia exclusiva de la Municipalidad de la ciudad de Corrientes la ejecución de plazas, paseos y espacios verdes. Además ese terreno fue donado a la Municipalidad para reserva de áreas verdes y otros usos públicos. Repara, asimismo que las tareas que se pretende que realice el Instituto, tales como raleos, eliminación de tacones de árboles ya talados, trazado de caminos, respetando las distancias respecto de las viviendas, son trabajos normalmente ejecutados por el personal de limpieza del Municipio. Ello surge del informe técnico del ICAA, omitido por la sentenciante al valorar esta prueba.

Y precisamente la autoridad de aplicación (ICAA) en el informe técnico agregado a la causa, indica cual de los organismos del Estado es el que debe velar por los derechos a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano.

Considera que el a quo de conformidad con el art. 32 de la ley 25.675 debió incorporar a este proceso a la Municipalidad de Corrientes como co-demandado o tercero, a efectos de poder conminarlo a cumplir con sus fines específicos. Y si bien dicha norma otorga al Juez facultades extraordinarias, pudiendo inclusive extender su fallo más allá de las cuestiones sometidas a su consideración, dichas potestades se le otorgan previo cumplimiento de un presupuesto, esto es que exista daño ambiental o que el mismo sea inminente.

Insiste en que la ejecución de un espacio comunitario por parte del Instituto no fue debatido en el presente proceso judicial, sólo fue una mera sugerencia realizada por la comisión interdisciplinaria de la UNNE y dentro de un contexto diametralmente opuesto al otorgado por el a quo.

El juzgador yerra -sostiene- cuando considera que es obligación del Instituto acondicionar áreas verdes en los barrios por él construidos, ya que de acuerdo a la normativa vigente es su deber en la planificación la cesión a título gratuito de un porcentaje de terreno bajo el concepto espacio de "reserva municipal" que no podrá ser inferior al 12% del mismo, 10% para espacios verdes (plazas, paseos) y el 2% para reserva de otros usos de públicos. El Código de planeamiento urbano de la Municipalidad de la ciudad de Corrientes así lo prevé expresamente en el punto 2.1.3. Ambas propuestas (primera y segunda) tenían previsto el espacio de reserva municipal, que en el segundo caso supera ampliamente dicho porcentaje acercándose al 50%.

Se agravia de las consideraciones efectuadas por el a quo, contrarias a los informes técnicos agregados a la causa, en el sentido de conservar el pinar. Tanto en el informe de la UNNE como en el del ICAA concluyen que el pino elliotis no debe ser conservado por razones ecológicas ya que implican múltiples peligros para la seguridad e integridad de las personas que habitan en zonas cercanas, además, los pinos elliotis fueron plantados para forestación; y alega confusión en el sentenciante en el hecho de "conservar el pino" con "reservar un espacio verde" apto para las actividades de recreación de los actores y sus vecinos.

Afirma, finalmente, que no son ciertas las afirmaciones del a-quo en el sentido que el terreno donde se encuentra el pinar sea el único espacio verde del barrio, toda vez que surge de plano de localización FONAVI oportunamente acompañado a la causa, que existen cuatro espacios verdes en el barrio.

IV. Avocado al análisis de los agravios expuestos, debe tratarse en primer término aquél atinente a la supuesta violación del principio de congruencia en que habría incurrido la jueza de grado.

El principio de congruencia veda a los magistrados introducir en el proceso hechos o pretensiones que no hayan sido articulados en los escritos de demanda y contestación. Como lo señala Palacio, "el principio de congruencia requiere que el juez emita pronunciamiento, total o parcialmente positivo o negativo, sobre todas las pretensiones y oposiciones formuladas por las partes y sólo sobre ellas, respetando sus límites cualitativos y cuantitativos [...] se encuentra afectado de incongruencia el fallo que se pronuncia sobre materia extraña a la que fue objeto de la pretensión y de la oposición (...), concediendo o negando lo que ninguna de las partes reclamó" ("Derecho Procesal Civil", Ed. Abeledo-Perrot, Bs. As., 1993, t. V, ps. 431/432).

En el mismo sentido, dice Alsina que "producida la demanda y la contestación, sobre ellas debe recaer el pronunciamiento, sin que el juez ni las partes puedan modificarla" ("Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial", Bs. As., 1941, t. I, p. 252).

El objeto de la demanda constituye un límite de naturaleza objetiva para el juez que por aplicación del principio de congruencia, no puede fallar sobre capítulos no propuestos a su conocimiento y decisión.

La incongruencia en una falta de adecuación lógica entre las pretensiones y defensas de las partes, por un lado, y la parte dispositiva de la sentencia, por el otro (Fenochietto, Carlos E., "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación comentado, anotado y concordado", Ed. Astrea, Bs. As., 1999, t. I, ps. 134/135). Ello ocurre cuando se juzga más allá de lo pedido (ultra petita), o fuera de lo solicitado (extra petita), o bien cuando se omite resolver cuestiones planteadas (citra petita).

Peyrano señala que la congruencia es la exigencia que medie identidad entre la materia, partes y hechos de una litis incidental o sustantiva y lo resuelto por la decisión jurisdiccional que la dirima ("El proceso civil - principios y fundamentos", Ed. Astrea, p. 64).

También este Superior Tribunal tiene dicho que el pronunciamiento que sobrepasa la pretensión, es incongruente y como tal desajustado a las circunstancias comprobadas de la causa (in re "Marasco de Pomares Marta Lidia y Oliva de Piatti, Norma Aída c. Estado de la Provincia de Ctes. s/Amparo" expte. 23.281/04. Sent. 43/05. Doctores Niz-Farizano-Rubín).

Sostiene Couture que "el juez no puede fallar más allá de lo pedido por las partes ni puede omitir pronunciamiento respecto de lo pedido por las partes. La sentencia que no se pronuncia sobre algunos de los puntos propuestos, es omisa; la que se pronuncia más allá de lo pedido, es ultrapetita ("Fundamentos del Derecho Procesal Civil", Ed. Depalma, Bs. As., 1997, p. 188).

Para obtener una decisión acorde a las reglas jurídicas es necesario analizar los reclamos de la demanda y los puntos de litis arribados, así como su congruencia con lo resuelto en la sentencia.

Es sabido -enseña GUASP- que la congruencia consiste en aquella exigencia que obliga a establecer una correlación total entre los dos grandes elementos definidores del esquema contencioso: la pretensión y la decisión. Hay una necesidad de correspondencia entre ambos extremos que funciona como condición del proceso verdadero. Aunque no sea un auténtico requisito de fondo, sino previo al mérito, se incorpora a la decisión misma (Morello M. M., "Prueba, Incongruencia, Defensa en juicio", Ed. Abeledo-Perrot, p. 37).

En el caso, los actores inician acción de amparo contra el Instituto de Viviendas de la Provincia de Corrientes "a efectos de que se garantice la vigencia de los derechos de rango constitucional sobre protección del medio ambiente y desarrollo sustentable, no habilitándose a edificar en el predio ubicado en el Barrio San Roque con una extensión de cincuenta metros por doscientos metros aproximadamente Mensura 1621 conocida como el Pinar"; solicitan, asimismo, medida cautelar de no innovar a fin de que se ordene a la administración se abstenga de realizar obras de construcción de viviendas o de cualquier otra naturaleza sobre el espacio conocido como el pinar (fs. 5 - I. Objeto).

Se basan en el hecho de que en el barrio donde habitan no cuenta con ningún espacio verde en condiciones para la recreación y deporte, ni siquiera con algún centro deportivo destinado a esas actividades. En dicho lugar cuentan con inmenso pinar en un terreno de propiedad del IN.VI.CO., único en su especie, por la superficie, riqueza vegetal y que superarían los 30 años de antigüedad, que lo coloca como pulmón del barrio y como uno de los espacios verdes más valiosos de la ciudad.

Cautelarmente solicitan medida de no innovar tendiente a que se ordene al Estado Provincial y al IN.VI.CO. se abstengan de dictar administrativo y realizar hecho alguno que dañe el pinar, cortándolo o derribándolo, ni siquiera a uno de los pinos, absteniéndose de llevar a cabo toda actividad que de modo alguno afecte el espacio verde en cuestión, evitando también cualquier edificación en el predio (fs. 11).

La Asociación de Usuarios y Consumidores de la Provincia de Corrientes se presentan como litisconsortes, adhiriendo a la demanda incoada contra el Instituto accionado y señalan que "fácil es advertir S.S., el interés concreto de mi parte, esto es, impedir que se viole el principio de legalidad y el orden constitucional, específicamente, hacer cesar el talado de árboles cuya amenaza ya fuera puesta de manifiesto por la actora y que en la actualidad se ha hecho efectiva, a partir de la continuación de las obras correspondiente a la construcción de nuevas viviendas, ilegitimidad que amenaza con proyectarse en el tiempo, afectando a todos los usuarios y/o consumidores del referido barrio. El mencionado talado, efectuado en forma unilateral, inconsulta sin seguir los procedimientos legales y constitucionales preestablecidos, viola las prescripciones contempladas en la Ley Provincial Nº 5.429, y fundamentalmente los derechos de los usuarios y consumidores previsto en el art. 42 de la Constitución Nacional (...)" (fs. 19vta.).

La parte actora al contestar el traslado de sustitución de la medida cautelar decretada [peticionado por el IN.VI.CO a fs. 39/41], manifiesta su aposición, y pide que se mantenga la medida dictada ordenando al IN.VI.CO. se abstenga de talar los pinos y de construir en el predio, así como introducir modificaciones de cualquier naturaleza (fs. 48/53).

La sentencia como puede observarse va más allá de lo peticionado por los accionante, disponiendo que el Instituto de Viviendas de Corrientes adecue la ejecución de su proyecto de urbanización a lo planificado como segunda propuesta, 25 viviendas en el predio individualizado como lote 12 de la mensura 16.466-U, y construir las 10 restantes en otro terreno, sino que además le impone el deber de materializar un espacio de uso comunitario con áreas verdes recreativas y deportivas, así como tareas de limpieza tales como raleos, eliminar tacones de árboles ya talados, trazado de caminos, respetando las distancias respecto de las viviendas a construir para evitar daños por caídas de árboles o ramas, con el fin de que el mismo constituya un espacio deseable y seguro.

De lo dicho hasta aquí surge que el órgano judicial excedió las facultades que le son propias, al ordenar al IN.VI.CO. la realización de tareas ajenas al debate.

Si bien es cierto, que el art. 32 de la ley 25.675 acuerda al juez la facultad de que en la sentencia y de acuerdo a las reglas de la sana crítica, extienda su fallo a cuestiones no sometidas expresamente su consideración por las partes. Esta excepcional situación que viene a alterar uno de los pilares básicos del principio dispositivo, debe interpretarse con criterio restrictivo, y para casos en los que al sentenciante no le quede otra alternativa para evitar la producción de un daño ambiental en ciernes o impedir que se siga produciendo el evento dañoso.

Le está vedado a los magistrados alterar los términos esenciales de la litis contestatio. Los extremos a considerar por el tribunal al sentenciar la causa, deben ceñirse a las pretensiones deducidas en el juicio, calificándolas según correspondiere por ley y declarando el derecho de los litigantes.

En ese sentido se ha fallado "ultra petita", correspondiendo, en consecuencia, declarar la nulidad de la sentencia sub examine.

V. Declarada la nulidad iudicium rescindem, por defectos inherentes a la sentencia corresponde que este Tribunal se avoque al dictado de una nueva sentencia iudicium rescissorium.

Este Superior Tribunal tiene dicho en reiterados pronunciamientos, que para que proceda el amparo como eficaz protección contra el acto de una autoridad, la conducta lesiva debe ser manifiestamente arbitraria e ilegal. La arbitrariedad significa que la conducta sea injusta, manifestación abierta y caprichosa sin principios jurídicos.

Tratase de una nota subjetiva por el mero voluntarismo apuntando a la violación del derecho. Luego, se entiende por ilegalidad el proceder que se encuentra en franca contradicción con el ordenamiento jurídico vigente.

Esto ocurre cuando una norma inferior no se conforma a las prescripciones de la norma que le es superior. El amparo cumple la función de combatir la ilegalidad, es decir cuando hay derecho contrario a derecho, cuando se omite aplicar o se interpreta mal.

V. Más allá de que la legitimación de los accionantes en ningún momento fue cuestionada. Creo conveniente mencionar que el art. 43 de la Constitución Nacional reglamenta la acción de amparo disponiendo que: "(...) toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución Nacional, un tratado o una ley (...)".

La legitimación en los procesos donde se persigue la tutela de derechos de incidencia colectiva, se complementa con lo dispuesto por el art. 30 último párrafo de la ley 24.675, que admite la interposición de la acción de amparo para el cese de actividades generadoras de daño ambiental colectivo, legitimación que debe entenderse extendida en la hipótesis de amenaza de daños al ambiente. Del mismo modo el art. 32 de la norma legal citada establece que el acceso a la jurisdicción por cuestiones ambientales no admitirá restricciones de ningún tipo o especie.

Asimismo, el art. 7º de la ley 4731 prevé que cualquier habitante de la Provincia que se considere afectado en sus intereses, actividades y/o propiedades, por obras contaminantes del medio ambiente y/o que puedan perjudicar la salud de la población y/o afecten a la flora, fauna o recursos naturales, podrá recurrir por la vía de la acción de amparo a cualquier Juez Provincial a efectos de solicitar se ordene la suspensión de las obras, hasta tanto se de cumplimiento a lo preceptuado en la presente Ley.

VI. Tal como quedó trabada la litis, la cuestión estriba en determinar si la tala de la especie de árboles "pinos elliotis" ubicada en el barrio San Roque de ésta ciudad, para la construcción de viviendas habitacionales conforme el proyecto de urbanización del IN.VI.CO. (Programa original 35 viviendas, posteriormente modificado (25+10) viviendas Barrio San Roque) afecta el medio ambiente en el que habitan los actores y en general a los habitantes del barrio y zonas adyacentes.

El art. 33 de la ley 25.675 asimila a los informes técnicos emitidos por el Estado la misma fuerza probatoria que los informes periciales, sin perjuicio de que puedan ser impugnados.

El art. 3º de la ley 3471 crea el Instituto Correntino del Agua y el Ambiente como organismo autárquico, dependiente del Poder Ejecutivo de la Provincia, con personalidad jurídica propia del Derecho Público y competencia para actuar en el campo del Derecho Público y Privado.

Ergo, el informe producido por este Instituto adquiere plena eficacia probatoria, máxime cuando el mismo no ha sido impugnado.

El informe del ICAA es categórico señalando que no puede producir impacto ambiental significativo la tala de 17 ejemplares de pino, particularmente por tratarse de una especie exótica, en un ámbito completamente transformado desde el punto de vista biológico.

También es concluyente el informe producido por el Equipo Interdisciplinario de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), que expresa que el Pinus Elliotis es una especie originaria del hemisferio norte, que fue introducido para su cultivo como maderable. Y de acuerdo a la densidad en que se encuentra en ese lugar, plantada para sacar rollizos, que impide el desarrollo de otras especies y cambia las condiciones de suelo, produce acidificación del sustrato por el constante desprendimiento de acículas y hojas. No se puede hablar de una comunidad biótica ni de ecosistema. Y agrega que dadas las características de especie exótica no nativa del pino implantado en la zona en cuestión, teniendo en cuenta además que fueron plantados con destino a forestación, son múltiples los peligros que implican para la seguridad e integridad de las personas que habitan en zonas cercanas.

De acuerdo con éstos informes y demás pruebas producidas en autos, la tala de los pinos de la especie elliotis situados en el lugar, en modo alguno afecta el medio ambiente; por el contrario el pinus elliotis constituye un serio riesgo para los habitantes del Barrio San roque y zonas adyacentes.

El IN.VI.CO. modificó el proyecto originario de construcción de 35 viviendas, por otra denomina segunda propuesta: "Proyecto de Urbanización (25+10) viviendas del Barrio de San Roque de esta ciudad".

Del informe técnico producido por el Equipo Interdisciplinario de la UNNE, se desprende "Actualmente el IN.VI.CO. ya ha modificado el proyecto original y se denomina: Proyecto Urbanización (25+10) Vivi. Bº San Roque - Capital, disminuyendo en el predio en conflicto el número de viviendas a 25 lo que permite preservar un sector de la forestación y al mismo tiempo amplía el proyecto con la planificación e implementación de un espacio verde de aproximadamente 1,5 hectáreas (...)" (fs. 3).

Esta "segunda propuesta" permite preservar un sector del pinar "pinus elliotis", y además cumple con la implementación de un espacio verde en el lugar. La construcción de estas 25 viviendas, según informe de la UNNE, no significa una degradación del ambiente, tampoco afecta la calidad de vida de la población en forma significa y de ninguna manera constituye una alteración relevante de ecosistemas o los bienes o valores colectivos, no requiere evaluación de impacto ambiental y de ningún modo significa daño ambiental en los términos de la normativa vigente.

Tales circunstancias, unidas al hecho que tanto en el primero como en el segundo proyecto el IN.VI.CO. Había destinado un porcentaje de terreno para espacios verdes y recreativos, me llevan a sostener la improcedencia de la acción incoada.

Así lo pienso, desde que lejos estuvo de acreditarse el supuesto daño ambiental que la tala de los pinus elliotis produciría en el medio ambiente, de tal envergadura que inhabilite la construcción de 35 viviendas sociales, por el contrario ha quedado en evidencia el riesgo serio que implica mantener esa especie de árboles en ese lugar.

Tampoco ha existido en el accionar del Instituto demandado arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, para la procedencia de ésta excepcional y extraordinaria vía del amparo, quién cumplió con la normativa vigente para la construcción de las viviendas, donando parte del terreno para espacio verdes y recreativos; en consecuencia, deberá rechazarse la acción de amparo promovida en todas sus partes.

En este sentido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha dicho en la causa: "Intendente de Ituzaingó y otro c. Entidad Binacional Yacyretá" (LA LEY, 2005-B, 725), que el amparo es un proceso excepcional, utilizable en delicadas y extremas situaciones en las que, por carencia de otras vías aptas, peligra la salvaguarda de derechos fundamentales, y exige circunstancias muy particulares caracterizadas por la presencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiestas que, ante la ineficacia de los procedimientos ordinarios, originan un daño concreto y grave, sólo eventualmente reparable por esta vía urgente y expeditiva (Fallos: 310:576 y 2740; 311:612, 1974 y 2319; 314:1686; 317:1128; 323:1825 y 2097, entre muchos otros).

Las costas en ésta instancia se impondrán en el orden causado, atento a como se resuelve la presente cuestión.

Por ello, corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto para así declarar la nulidad de la sentencia 05 por haber fallado "ultra petita" y en su mérito, por los fundamentos que sustentan el presente decisorio, no hacer lugar a la acción de amparo interpuesta en causa, al no demostrarse la ilegalidad o arbitrariedad manifiesta, con costas en ésta instancia por su orden, y en la instancia de origen a la parte actora vencida. Emplazar a los profesionales intervinientes que deberán acreditar su condición frente al IVA, en el término de cinco días, bajo apercibimiento de regularse los honorarios como monotributistas (S.T.J., Ctes., Acdo. 18/06, pto. vigésimo).

El doctor Niz dijo:

Que adhiere al voto del doctor Rubín, por compartir sus fundamentos.

El doctor Semhan dijo:

Que adhiere al voto del doctor Rubín, por compartir sus fundamentos.

En mérito del precedente Acuerdo el Superior Tribunal de Justicia dicta la siguiente sentencia: 1) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto para así declarar la nulidad de la sentencia 05 por haber fallado "ultra petita" y en su mérito, por los fundamentos que sustentan el presente decisorio, no hacer lugar a la acción de amparo interpuesta en causa, al no demostrarse la ilegalidad o arbitrariedad manifiesta, con costas en esta instancia por su orden, y en la instancia de origen a la parte actora vencida. 2) Emplazar a los profesionales intervinientes que deberán acreditar su condición frente al IVA, en el término de cinco días, bajo apercibimiento de regularse los honorarios como monotributistas (S.T.J., Ctes., Acdo. 18/06, pto. vigésimo). -Carlos Rubín. - Fernando A. Niz. - Guillermo H. Semhan.