marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Transacción, costas
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: SALDIVAR, HUGO CESAR c/ DIAZ, ISABEL STELLA M. s/ DISOLUCION DE SOCIEDAD HECHO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-02-11

Al establecerse en la transacción que las costas son el orden causado se debe regular los honorarios tanto de los profesionales del actor como del demandado aplicando la escala sobre dicha mitad, pues quien soporta el pago de las costas es el cliente y no la parte contraria. Las costas en el caso de autos la base regulatoria correcta debe ser la mitad del cincuenta por ciento (50%) del valor de los bienes reclamados en la demanda.
Depreciación monetaria, intereses, tasas de interés
Materia: LABORAL
Carátula: SOSA, ANGELA c/ MUNICIPALIDAD DE RIO COLORADO s/ SUMARIO S/CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1993-12-28

El establecimiento del criterio desarrollado en el fallo "Calfin"-sentencia nro 180 de 1992-, lo fue con la advertencia de que no constituiría un temperamento de vigencia ilimitada, sino-por el contrario-condicionado a la subsistencia de los parámetros que habían sido tenidos en consideración -precisamente para el dictado de ese fallo.-
Divorcio, separación de hecho
Materia: CIVIL
Carátula: V.L.S.C. c/ P.S.C. s/ Divorcio Vincular - Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2006-10-05

Corresponde decretar el divorcio vincular cuando el plazo de tres años sin voluntad de unirse se ha cumplido durante la tramitación del proceso.

Al respecto tiene dicho la jurisprudencia que: "...Degiorgis: Si luego de un dilatado trámite de divorcio, fundado en causales subjetivas, ambas partes reconocen encontrarse separadas de hecho sin voluntad de volver a unirse a lo largo de más de tres años, plazo que se ha cumplido durante la sustanciación del pleito, corresponde evaluar con criterio amplio y prudente a la ley, a fin de poder decidir lo justo sin lesionar el orden público. El límite de razonabilidad que impone el resguardo del principio que hace a la seguridad de la comunidad no puede ser tal que llegue a vulnerar el sentido común..."
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no federal, cuestiones procesales, prueba
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: G., B. L. s/ CONCESION    DEL    RECURSO  EXTRAORDINARIO  (CSJ  EXPTE  Nº  465-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-07-24

Las cuestiones relativas al alcance que ha de atribuirse a las pruebas producidas, a su valoración, y a los requisitos que deben reunir para ser tenidos en cuenta con fundamento de una decisión judicial, remiten al análisis de temas de derecho procesal, ajenos a la instancia extraordinaria.
Recusación, recusación con causa, cuestiones prejudiciales, nulidad procesal, litisconsorcio
Materia: COMERCIAL
Carátula: DIAZ, J. A. c/ OPOERTO, W. s/ INC. DE RECUSACION CON CAUSA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-04

No constituye prejuzgamiento el acogimiento meramente parcial de la nulidad planteada por uno de los litisconsortes, pues el carácter individual de la situación de una y otra parte no permite concluir que las soluciones válidas para una de ellas sean necesariamente aplicables para la otra.
Accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo, fondo de garantía, prueba sumaria del crédito, denuncia de insolvencia, resoluciones
Materia: LABORAL
Carátula: MENDIETA, JOSE c/ MATADERO Y FRIG. ANTARTICO  S.A.I.C. s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-07-26

El art. 4 de la ley 19233 contiene el procedimiento a seguir para obtener la declaración de insolvencia. En ella se dispone en forma expresa que debe correrse vista de tal pedido al Fondo, antes Caja de Garantía, y que éste, al contestar el pedido, puede solicitar medidas de prueba referidas al caudal ejecutable del obligado al pago de la indemnización. La resolución que posteriormente recaiga, es la que obliga al fondo de garantía.
Concursos, conclusión de la quiebra, pago total, efectos entre partes, capital de recomposición, derechos patrimoniales, interpretación de la ley
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Banco General de Negocios SA c/  s/ quiebra s/ incidente de conclusión de la quiebra por pago total (lcq, 228).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-29

La Ley concursal no prevé, de manera expresa, que la conclusión de la quiebra por pago total obste a la prosecución de las acciones de recomposición patrimonial. Es cierto que, en relación a las acciones de responsabilidad, hay cierta doctrina que sostiene que una vez concluida la quiebra esos procesos se extinguen, pero esa opinión es sostenida sobre la idea de que las demandas se tornan abstractas con la finalización del proceso falencial presumiendo que medió cancelación total de los créditos (v. Graziabile, Darío; "Instituciones de Derecho Concursal", tomo V, pág. 273, año 2018). Ahora bien, en el caso, si realmente se tornarían abstractas esas acciones, es una cuestión incierta en esta instancia. Es que bien podría argumentarse que las acciones de recomposición patrimonial (excepto la de extensión de quiebra porque ya no habría proceso falencial que extender) integran un activo que pueda ser objeto de la aptitud persecutoria de los acreedores que pretendan una recomposición total del daño sufrido por la quiebra del banco. Si bien no se elabora un juicio definitivo sobre esta cuestión, no hay duda que resulta polémico postular en esta oportunidad que la eventual conclusión de la quiebra tornaría abstracta la prosecución de las acciones de responsabilidad y la de revocatoria concursal si las eventuales consecuencias dañosas de los hechos que las motivaron, en su caso, no desaparecieran en su totalidad. Este es un asunto opinable en el cual hay diversos intereses en juego, por lo que, en la medida que no sean conciliados por todos los sujetos afectados, el Tribunal no puede imponer una decisión hasta tanto sobrevenga sentencia definitiva en esas acciones y/o se concluya la quiebra por la vías ordinarias.
Daño psíquico, indemnización por accidente de tránsito
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Florentin Silvana Natalia y otro c/ Cuiza Castro Genaro y otro s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-02-27

El reclamo por el daño psíquico derivado de un accidente de tránsito resulta improcedente, pues la patología debe estar acreditada mediante un diagnóstico objetivo, y el actor acompañó un informe pericial basado en entrevistas y en la realización de tests, pero los mismos no se presentaron, y las entrevistas se refieren a los propios dichos de la interesada, por lo que no es posible determinar de modo científico e indiscutible la existencia de la incapacidad alegada.
Declaración de puro derecho, resoluciones inapelables
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Tabuyo de Gaitán, Lidia Norma c/ Bansud SA s/ Sumarísimo s/Recurso de Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-08-07

"La resolución que declara la cuestión de puro derecho es inapelable".
Subrogancia del juez, integración del tribunal, Superior Tribunal de Justicia, doctrina legal
Materia: PROCESAL
Carátula: Rivero de Arroyo, Paulina c/ Estado Provincial s/ Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en expte. Nro. B-98.046/73 Amparo. L.A. N 47 F 23/25 N 14 Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en expte. Nro. B-98.046/73 Amparo. L.A. N 47 F 23/25 N 14
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2004-02-10

En los casos de ausencia o impedimento de los vocales del Superior Tribunal de Justicia, el mismo deberá ser integrado sucesivamente con los señores jueces y, en su caso, abogados de la lista, enunciados en el artículo 44 de la ley 4055.
Recurso de reposición (procesal), apelación en subsidio, llamamiento de autos
Materia: PROCESAL
Carátula: B. D. B. c/ B. M. E. s/ CESACION DE PENSION ALIMENTICIA.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2014-11-04

Mediante la presentación del escrito acompañando documentación y la consecuente providencia, se ha violado la estructura del proceso, por cuanto la providencia de autos para sentencia o para resolver, como fue dictada, adquiere relevancia en el proceso, siendo su efecto primordial que cierra todo debate entre las partes, vedando cualquier tipo de alegaciones," pruebas y escritos". La providencia fue expresa (doctrina del ex- art 399, actual 390 del CPCC) y debidamente notificada; que, ministerio legis, la providencia que dispone el referido llamamiento, cierra el debate, no pudiendo las partes presentar escritos, hacer alegaciones o presentar nuevas pruebas, supone inexcusablemente que se haya dictado expresamente el referido llamamiento, lo que aconteció en la especie, y vedada la posibilidad de que los autos sean extraídos de ese estado por presentaciones de las partes, quedando sólo la facultad del Juez de dictar Medidas para mejor proveer prevista en el art. 39 del CPCC, tratando casualmente de no lesionar el derecho de las partes.

Dicho de otro modo, el plazo para el dictado de la resolución no puede ser suspendido; así lo dispone el art. 391 del código de forma, al encontrarse firme el autos para sentencia, ya comienza a correr el plazo para dictar la sentencia respectiva, porque la causa está cerrada para la partes, y sólo el juez en uso de esa facultad conferida por el artículo 39, puede disponer, cualquier medida considerada necesaria para mejor proveer;( la que debe ser de notificación personal), es decir que solo el cumplimiento de estas medidas suspende el plazo para dictar sentencia. En el caso, el proceso ya no admitía la posibilidad de presentar escritos, ni agregar otros documentos, los autos se encuentran para resolver, y no se puede olvidar, que la imposibilidad es fáctica y jurídica de peticionar; por lo expuesto, y teniendo en cuenta que la parte accionada ha presentado escrito cuando en estos autos ya estaba corriendo el plazo para dictar sentencia, por encontrarse notificado y firme el auto a despacho para resolver, corresponde sea revocada la providencia que así lo admite.
Sociedades mutuales, determinación del monto
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Garro, Lelia y otros c/ Caja de Seguro Mutual s/ Contencioso Administrativo (Libro: S052-162) Corte en pleno
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1952-06-18

El importe del seguro mutual lo constituye la suma de las primas que deben hacerse efectivas al ocurrir la muerte del asegurado.

Siendo así para determinar el monto del seguro correspondiente a los beneficiarios de un jubilado fallecido el 23 de julio de 1948, no corresponde computar los aumentos dispuestos por la ley 1721 promulgada el 1º de setiembre de 1948, que establece que las jubilaciones y pensiones existentes a la fecha de promulgación de la presente ley gozarán de un aumento a partir del 1 de junio de 1948, ya que la jubilación del causante se extinguió, es decir el 23 de julio de 1948.
Delitos, uso de documento adulterado, procesamiento, imputado, seguridad pública
Materia: PENAL
Carátula: BULLONES URRICHER, C. L. S. c/  s/ uso de documento adulterado o falso
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-10-27

- Uso de documento o certificado falso. Procesamiento.

Imputado que, para ingresar como cadete de la Policía de la Ciudad en el Instituto Superior de Seguridad Pública presentó a un funcionario policial destinado a la selección del personal, un instrumento apócrifo -título secundario-.

Instrumento que en su aspecto puede causar un perjuicio a la fe pública, desde que contiene una estructura de las propias de los títulos de estudios oficiales, detalle de materias, calificaciones, sellos, firmas y datos del causante. Documento que no es de aquellos que únicamente están destinados a exhibirse ante sujetos con calidades especiales o habituados a observar este tipo de documentos, sino que puede ser presentado, a distintos efectos, ante otros, como empleadores particulares de prestación diversos servicios. Elementos suficientes para agravar la situación procesal.

Confirmación.
Mora de la administración, amparo por mora, notificación, aplicación analógica de la ley, cómputo del plazo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: COMAFI  FIDUCIARIO  FINANCIERO SA c/ ENTE LIQUIDADOR DE ATC SA s/ AMPARO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-08-23

En orden a la admisibilidad formal de los recursos, que si bien es cierto que no se determinó el trámite que debían seguir las actuaciones, la acción fue iniciada y tramitó como un amparo por mora. Tratándose de esa acción (art. 28 de la ley 19.549), se ha decidido que resultan aplicables analógicamente las disposiciones de la ley 16.986 en lo relacionado con la sustanciación del proceso (cfr. causa 11.820/06 cit.) y su régimen de apelación (art. 15). Se ha admitido la aplicación supletoria al amparo por mora de las normas del procedimiento de la ley 16.986 en cuestiones de neto carácter procesal (cfr. esta Sala, causa 95/01 del 13.3.01). El art. 15 de la ley 16.986 prevé que el recurso de apelación debe ser interpuesto y fundado dentro de las cuarenta y ocho horas de notificada la resolución impugnada. Por ello, tratándose de un plazo en horas, se debe computar hora a hora desde el momento mismo en el cual se practica la notificación, operando su vencimiento al terminar la última de las horas señaladas (cfr. esta Sala, causa 3258/10 del 7.10.10 y sus citas).
Revocación de sentencia, prescripción, reajuste jubilatorio, derecho constitucional a los beneficios de la seguridad social
Materia: PROCESAL-SEGURIDAD SOCIAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Martorano, Mario Francisco s/ jubilación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-27

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que declara prescriptas las sumas correspondientes al reajuste de haberes reclamados por jubilado, por hallarse comprometidas normas sobre seguridad social contenidas en el art. 14 bis de la Constitución Nacional y el rechazo no se compadece con los principios que informan la materia, pues importaría decidir en contra de los intereses de la clase pasiva cuando la falta de la percepción de sus créditos responde a la conducta negligente de la administración.
Defensa del consumidor, etapas del proceso, recurso de apelación (procesal), admisibilidad formal
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Gallione, Verónica Lidia  c/ Federación Patronal Seguros SA y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-09-12

Procede receptar la queja en tanto el juez asignó a las actuaciones el trámite ordinario y consideró ello inapelable en los términos del CPR 319. Ello en tanto la irrecurribilidad que dispone la citada norma lo es solamente para los casos allí señalados, no encontrándose comprendidos los casos en que se encuentra involucrados derechos consumeriles (LDC 53).
Excarcelación, robo calificado
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: GIMENEZ, CARLOS ANTONIO s/ EXCARCELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1990-07-05

Si al acusado se le atribuye el delito de robo calificado (C.P., art. 167, inc. 3ro., en función del art. 163, inc. 1ro.), teniendo en cuenta la naturaleza del hecho atribuido, severa escala penal con que en abstracto se encuentra reprimido el ilícito y demás pautas de mensuración de los arts. 40 y 41 del C.P., se estima que, en caso de sanción, al imputado se le aplicará una pena de cumplimiento efectivo, lo que torna improcedente la excarcelación (C.P.P., art. 315, "a contrario sensu", ley 7904). (Voto en Disidencia, del Dr. Pueyrredón).-
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio, abogados, representación procesal, abogado apoderado, matrícula profesional, Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, jubilaciones, pensiones, negligencia
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL
Carátula: Costa, Ricardo Leopoldo c/ Caja  Nacional  de  Previsión de la Industria, Comercio y Actividades civiles s/ recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-16

La negligencia procesal de la profesional interviniente, que no acreditó dentro del plazo otorgado por la sala la matriculación ante el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal no puede jugar en contra del derecho del jubilado a contar con la revisión judicial suficiente de la resolución administrativa que no hizo lugar a lo peticionado.
Divorcio, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: C., F. c/ F., M. del C. s/ Divorcio vincular
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-11-25

Si bien el nuevo régimen legal (ley 23515) ha omitido una referencia expresa, es decir, no hay declaración de culpabilidad -tampoco de inocencia- en los casos de separación personal o de divorcio por mutuo acuerdo, tratándose de un juicio voluntario, ambas partes asumen su responsabilidad en el planteo y por ende también ambas deben cargar con las costas causídicas que provocan, salvo pacto expreso en contrario.
Cesantía ilegítima, indemnización
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Quilez de Pereyra, María Concepción c/ Municipalidad de Chacabuco s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-12-23

Es necesario el reclamo administrativo previo para acordar la indemnización solicitada como consecuencia del daño por la privación ilegítima de los haberes derivados de la relación de empleo público cuya extinción ilegítima se anula, en tanto tal resarcimiento presupone esa ilegitimidad ya despachada negativamente al resolver el recurso de revocatoria. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Contratos comerciales, cláusula penal, facultades del juez, abuso del derecho
Materia: PROCESAL
Carátula: ERMAR  S.A. c/ SEIDMAN Y BONDER  S.C.A. s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-12-22

El juez puede, aún de oficio, reducir la cláusula penal cuando ella lesione la regla moral y el sentimiento de justicia (conf. CCIV:

656, 2o. párrafo), afectando principios fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico como son los que informan los CCIV: 953, 954, 1069, 1071 y cc.
Nombre, cambio de nombre
Materia: CIVIL
Carátula: SZTAJHCHAMER Miguel Alfredo s/ INFORMACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-07-04

El art. 15 de la ley 18.248 establece el principio de la inmutabilidad del apellido, uno de cuyos fundamentos reside en que su función individualizadora exige que permanezca unido inseparablemente a la persona. La gran masa inmigratoria que ha contribuido a formar nuestra población trajo apellidos de todos los rincones del mundo, y hoy, son numerosos los argentinos de dos, tres o más generaciones que portan apellidos de difícil pronunciación para la gran mayoría de los integrantes de nuestra sociedad. De allí que se los suela simplificar deformándolos en intentos de adecuación fonética a nuestra habla, fenómeno éste, que resta al apellido la necesaria estabilidad destinada a asegurar su función individualizadora (conf. Pliner, "El nombre de las personas", pág.

430 nro. 185). Corresponde dar curso a la información sumaria tendiente a la modificación del apellido Sztajhchamer, debiendo darse cumplimiento a lo dispuesto por el art. 17 de la citada ley.
Detención del menor, revisión judicial, derechos de las niñas, niños y adolescentes
Materia: PENAL-DERECHOS HUMANOS-CONSTITUCIONAL
Carátula: M.V.P. c/  s/ Infracción a la ley N° 23.737 en perjuicio de la Salud Pública - Apelaciones menores Etapa Instr. con preso
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2016-01-29

El encierro del menor en el Centro de Atención de Jóvenes en conflicto con la ley penal debe ser revisado en virtud del derecho del niño a la revisión de su situación de privación de libertad consagrado en la Convención de los Derechos del Niño -art. 40 inciso 2-, a sus derechos constitucionales, en especial derecho al recurso, y al informe de la Asesora de Incapaces que aconseja su libertad y su evaluación integral por un equipo de la Secretaria de Abordaje Integral de la adicciones dada su situación de consumo, todo ello considerando que el lugar de alojamiento donde se encuentra posee régimen cerrado, tratamiento policial y resulta el centro de detención de menores punibles.
Sentencia, sentencia firme
Materia: PROCESAL
Carátula: H., S.E. c/ Sucesores Universales de A., H. H. s/ Ordinario (Filiación)
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-03-16

La sentencia se encuentra firme cuando se halla consentida o ejecutoriada.- Sabido es que una resolución está consentida cuando no se recurre la misma, o se consiente expresamente, o cuando es recurrida pero se declara desierto el recurso por no presentarse memorial o ser los mismos inidóneos técnicamente, o se declara la caducidad de instancia, o se desiste el recurso. (art. 503 C.Pr.).
Separación de hecho, obligación alimentaria, medicina prepaga
Materia: CIVIL
Carátula: S.C., M.T. c/ S., C.A. s/ ALIMENTOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-05-28

Reconocido el derecho alimentario de la cónyuge -separa de hecho- corresponde que el esposo le pague la cuota de un plan de medicina prepaga. Ello en tanto se comprobó las negativas e impedimentos que puso para que la reclamante se atendiera en el centro de salud en el que el alimentante se desempeña como médico.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, sentencia suficientemente fundada, derivación razonada del derecho vigente, acto administrativo, prescripción, plazo, aplicación de la ley, recurso contencioso administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ROSSI, JOSE MARIA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-05-13

La argumentación desarrollada por el impugnante, pese al matiz constitucional que pretende conferirle a sus agravios, no logra en definitiva demostrar que la respuesta del Tribunal sentenciante exhiba una decisiva carencia de fundamentos o haya supuesto un irrazonable apartamiento de la solución normativa prevista para el caso, toda vez que la Cámara -interpretando que el actor cuestionaba la legitimidad del acto impugnado con base en dos órdenes de fundamentos, uno vinculado a que se habría operado la prescripción y otro referido a la violación del debido procedimiento administrativo- rechazó el recurso contencioso administrativo por entender -con relación al primero- que refiere al plazo de prescripción de la acción para el cobro judicial por la vía de apremio, lo que resulta por completo extraño al caso, en el que se dilucida, por la vía ordinaria del recurso contencioso administrativo previsto en la ley 11330, la legitimidad substancial del acto administrativo de determinación del impuesto; y -con relación al segundo- (el cual no fue materia de agravio) que el derecho de defensa fue debidamente respetado durante el procedimiento adjetivo.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, relación de causalidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fernández, José Luis c/ Zanardi, Eduardo Juan y otros s/ Resolución de contrato, indemnizacion por daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-09-24

El análisis de los hechos que enfocan la relación causal no es revisable en casación salvo absurdo.
Estado Provincial, gobierno provincial, poder de policía, jueces, planeamiento urbano
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Mar de Ostende c/ Buenos Aires, Provincia de s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-27

Lo atinente a las facultades reguladoras del desarrollo urbano es tema propio de los poderes específicos del Estado y no puede ser objeto de consideración por los jueces el mero acierto o conveniencia de las disposiciones por ellos adoptadas, siempre que las medidas de que se trate no resulten arbitrarias o irrazonables y aparezcan justificadas por principios de prevención urbanística.