Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2010-07-13


2º Instancia. -Junín, julio 13 de 2010.

La Cámara planteó las siguientes cuestiones: 1º.- ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada? 2º.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestion, el Señor Juez doctor Castro Durán, dijo:

I- A fs. 434/450 el Sr. Juez de primera instancia dicta sentencia, haciendo lugar a la demanda entablada por Fernando Horacio Lincon contra José María Girard, el Club Atlético B.A.P., el Club Atlético Argentino de Rojas y la Asociación del Fútbol Argentino, condenado a estos últimos a pagar a aquel la suma de pesos dieciséis mil ($16.000), con más intereses a la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, desde el 3-11-1999 y hasta el efectivo pago. Impone las costas a los demandados y difiere la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes.

De este modo, recepta la pretensión encaminada a obtener el resarcimiento de los daños que el accionante alega haber sufrido a raíz de las lesiones producidas por el golpe de puño que le propinara el demandado Girard, arquero del equipo de fútbol del Club Argentino de Rojas, cuando actuaba como árbitro en un partido que disputaba dicho club con el Club B.A.P. por el Campeonato Argentino "B", organizado por el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino.

Para resolver de ese modo, y en lo que a los recursos deducidos interesa, el Dr. Rizzo condena a la Asociación del Fútbol Argentino, considerándola responsable en los términos del art. 51 de la ley 23.184, en su condición de organizadora de un espectáculo deportivo, citando en apoyo de su decisión el precedente dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos caratulados "Mosca c/ Provincia de Buenos Aires". Seguidamente, el "a quo" fija las siguientes indemnizaciones: en pesos diez mil ($10.000) por incapacidad sobreviniente; en pesos cinco mil ($5.000) por daño moral; y en pesos mil ($1.000) por gastos terapéuticos.

II- Contra este pronunciamiento, se deducen las siguientes apelaciones: a fs. 452, el Dr. E. H. B. como apoderado de la Asociación del Fútbol Argentino; a fs. 460, el Dr. L. F. G. como apoderado del accionante; a fs. 461, el Dr. M. J. H. como gestor procesal del Club Argentino de Rojas; a fs. 463, la Dra. M. I. P. como defensora oficial en representación del ausente José María Girard; y a fs. 464, el Dr. O. R. como apoderado del Club B.A.P.

III- Concedidos libremente todos esos recursos, el expediente es remitido a esta Cámara, donde a fs. 469 y 493/494vta. el Club Argentino de Rojas, a través de su presidente, ratifica la apelación deducida por el Dr. Huerta y presenta la expresión de agravios, y lo mismo hace la Dra. P. a fs. 502/505vta. . Los cuestionamientos de ambos recurrentes se dirigen contra las indemnizaciones fijadas por incapacidad sobreviniente, daño moral y gastos terapéuticos, a los que tildan de elevados. A la vez, a fs. 495/500vta. luce la expresión de agravios presentada por la parte actora, donde el cuestionamiento recae sobre esas mismas indemnizaciones, pero por considerarlas insuficientes.

IV- A fs. 507/520vta. el Dr. B. presenta la expresión de agravios, donde, en primer lugar, se queja por la falta de tratamiento del planteo basado en que su mandante no fue participante ni organizadora del partido de fútbol en el que se produjo el hecho aquí debatido, ya que si bien es coordinadora de torneos y campeonatos, y también controla la disciplina deportiva, no organiza concretamente cada partido de fútbol.

El segundo agravio se sustenta en que la sentencia no aplicó el derecho positivo para condenar a la AFA, sino que lo hizo mediante una interpretación dogmática del art. 51 de la ley 24.192, basada en la aplicación automática del precedente de la Corte Nacional recaído en el caso "Mosca", en el cual las circunstancias eran distintas, ya que no había evidencia sobre la identidad de los autores del daño, mientras que en este caso sí ha quedado determinado que el autor del daño fue el demandado Girard. También el Dr. B. sostiene que la sentencia viola el principio de congruencia. Finalmente, recuerda que en el citado caso "Mosca" se enfrentaron dos clubes de Primera División "A", a diferencia de lo acontecido en el presente caso, donde el partido se desarrolló entre equipos del Torneo Argentino "B", organizado por los clubes afiliados a las Ligas del Oeste y de Chacabuco, que aunque están asociadas a la AFA, son independientes de ésta, en cuanto mantienen autonomía económica, financiera, jurídica y funcional, lo que denota la falta de legitimación pasiva de la AFA.

V- A fs. 522/vta. se declara desierta la apelación deducida en representación del Club B.A.P., por falta de presentación de la fundamentación recursiva.

VI- Corrido traslado de las expresiones de agravios reseñadas, se agregan las contestaciones de la defensora oficial a fs. 534/vta. y la de la parte actora a fs. 535/540, solicitándose en ambas el rechazo de los agravios de las contrarias; luego de lo cual, después de dar por perdida a los restantes demandados y a la tercera citada la facultad de contestar el traslado, se dicta el llamamiento de autos para sentencia, cuya firmeza deja a las presentes actuaciones en condiciones de resolver.

VII- En tal labor, adelanto que resulta procedente la apelación deducida por la A.F.A.

Así lo entiendo, puesto que, en mi opinión, no quedan enmarcados dentro del régimen de la ley 23.184, cuya finalidad es prevenir hechos de violencia en los espectáculos deportivos, los casos -como el presente- en que el autor del daño es un jugador de uno de los equipos que se enfrentaban en un partido de fútbol, quien agredió físicamente al árbitro del encuentro.

Dicha ley establece un régimen complementario de responsabilidad civil para los riesgos generados por la realización de espectáculos en estadios deportivos, donde se congrega una multitud (conf. C.S.J.N., in re "Mosca c/ Provincia de Buenos Aires s/ Daños y Perjuicios"); quedando excluidos del mismo los daños causados por un protagonista del espectáculo (deportista, técnico, árbitro o participante necesario -art. 45- ) a otro protagonista.

Coincidiendo con este criterio, la Sala 2a. de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Azul, sostuvo que "No es aplicable la ley especial -ley 24.192- sobre responsabilidad en los espectáculos públicos, al caso de daños causados por el director técnico de un equipo de fútbol a un jugador, sino los principios generales que rigen la responsabilidad de los jugadores por el daño causado a otros jugadores o a terceros." (sent. del 2-8-2005, Sumario Juba B-3101169).

Entonces, sometido el caso al régimen común de responsabilidad, resulta claro que no puede condenarse a la A.F.A., ya que no existió ningún hecho -positivo o negativo- suyo, o de un dependiente -Girard no lo era ni siquiera tomando un concepto amplio de dependencia-, o de una cosa de la que se sirve o tiene a su cuidado; que, conectado con algún factor de atribución objetivo o subjetivo, pueda engendrar responsabilidad por el evento aquí debatido (arts. 43 y 1113 del C. Civil).

De cualquier manera, aunque se considerara que este caso queda incluido en la previsión del art. 51 de la ley 23.184 (texto según ley 24.192), tampoco cabría responsabilizar a la Asociación del Fútbol Argentino.

Llego a esta conclusión, puesto que el criterio sentado por el máximo tribunal nacional en la sentencia emitida en la mencionada causa "Mosca", lejos está de establecer una responsabilidad automática de la A.F.A. ante daños causados en espectáculos deportivos, sino que dicha responsabilidad debe juzgarse con un criterio de previsibilidad en cuanto a la extensión de las consecuencias.

Y en este caso, en el que no está discutido que el demandado Girard, durante el desarrollo del partido y en forma imprevisible - según los hechos expuestos en la demanda-, le aplicó al árbitro un golpe de puño en el rostro; resulta indudable que tal daño es inevitable hasta para un organizador prudente y razonable.

Por lo expuesto, debe revocarse la sentencia recurrida en cuanto condena a la Asociación del Fútbol Argentino (arts. 51 ley 23.184 -texto según ley 24.192-), imponiéndose en el orden causado las costas por la citación, atento a que la citante pudo creerse con derecho a la convocatoria realizada (art. 68 C.P.C.).

VIII- Paso seguido, corresponde el tratamiento conjunto de todos los agravios que, con distintos objetivos, cuestionan las indemnizaciones fijadas en la sentencia impugnada.

IX- Comenzando por las impugnaciones dirigidas contra la indemnización fijada por el daño patrimonial derivado de la incapacidad sobreviniente, cabe resaltar que ésta se configura cuando un sujeto, a raíz de una lesión a su integridad personal, queda afectado por algún tipo de inhabilidad.

Esa inhabilidad, entonces, se caracteriza por el aminoramiento de las aptitudes personales, psíquicas o físicas.

Liminarmente, cabe dejar aclarado que la incapacidad no puede concebirse como un género autónomo en relación a los daños patrimonial o moral, puesto que no es en sí misma un perjuicio, sino que es la causa del daño constituido por las proyecciones negativas, económicas o espirituales, que de ella se derivan.

Así, puede afirmarse que la incapacidad sobreviniente puede generar tanto un daño moral como un daño patrimonial.

El detrimento moral normalmente se verifica, ya que todo menoscabo a la integridad personal produce padecimientos que repercuten disvaliosamente en el área espiritual.

Además, como quedó dicho, la incapacidad es susceptible de causar un perjuicio patrimonial mediato, puesto que las aptitudes personales normalmente constituyen un instrumento para la consecución de beneficios materiales.

Esta conclusión se basa en la observación de la realidad, donde, en general, puede establecerse una relación entre las potencialidades del sujeto y su nivel material de vida. Por ello, el menoscabo de estas potencialidades, habitualmente se traduce en la frustración de utilidades económicas, lo que indudablemente constituye un daño patrimonial. Es que la minusvalía física o psíquica usualmente malogra, en mayor o menor medida, posibilidades de progreso económico.

Por ende, el perjuicio material derivado de la incapacidad sobreviniente se configura ante la pérdida de beneficios de esa índole ocasionada por la disminución del caudal productivo de la persona.

En consecuencia, el resarcimiento correspondiente queda delimitado por el modo en que las secuelas incapacitantes afectan concretamente las posibilidades del damnificado de obtener ingresos económicos.

En este caso, deben descartarse secuelas de índole psicológica, atento al claro dictamen de la perito Mirta A. Bruno, quien sostiene que "En la actualidad se observa psicológicamente un sujeto con par metros normales de funcionamiento psíquico, con humos estables, contenido discursivo racional y adaptado y una psicoemotividad sin perturbaciones. Más allá del presente y en el recuerdo del evento dañoso, el actor recapacita que una labor como la de árbitro, implica correr ese tipo de riesgos, no obstante haberlo sorprendido negativamente. No he observado que el referido hecho haya incidido en su personalidad ni carácter." (Ver fs. 379/vta., resp. al punto a).

También debe descartarse el alegado menoscabo estético, ya que el perito médico Luis M. Rosas explica que las lesiones tienen escasa manifestación estética, por lo que el actor no necesita una cirugía reparadora de la cara (ver fs. 393, resp. al punto f); negando luego la existencia de incapacidad por las lesiones en el rostro (ver fs. 393vta., resp. a los puntos 5 y 6).

En cambio, sí se ha acreditado una minusvalía física derivada de las fracturas de órbita y de maxilar, cuya incidencia ha sido estimada por el perito Rosas en el 31,36% de la capacidad total (ver fs. 392vta., resp. al punto e), pese a que el informe médico acompañado por el propio accionante, la estimaba en un 22% (ver fs. 2).

De cualquier modo, y más allá de estos porcentajes de incapacidad, lo que adquiere relevancia a los fines indemnizatorios es la manera en que dicha inhabilidad física afecta concretamente al actor.

Valorando las circunstancias de este caso, no es posible soslayar que el accionante manifestó desempeñarse en tres actividades productivas: productor agropecuario, agente de seguros y árbitro de fútbol.

La secuela detectada, en virtud de sus características (el actor "no ocluye bien la mordida"), no repercute directamente en el desempeño de ninguna de esas actividades, para las cuales resulta indiferente una limitación física de esa índole (ver fs. 393, resp. al punto f).

Entonces, si el actor no padece ninguna inhabilidad psicológica y la inhabilidad física que lo aqueja no repercute negativamente en su actividad como árbitro; la circunstancia de que, una vez superado el periodo terapéutico, la Oficina Arbitral del Consejo Federal de la A.F.A. no lo haya designado con frecuencia como árbitro principal, no se encuentra en relación causal adecuada con el evento de autos, por lo que no puede dar lugar a resarcimiento alguno (art. 905 C.Civil).

No obstante ello, teniendo en cuenta que la genérica inhabilidad detectada pericialmente ocasiona molestias y dificultades en el accionante, generándole un malestar que, al disminuir su calidad de vida, seguramente impide la optimización de su rendimiento productivo; puede darse por acreditada una pérdida de chances en la obtención de beneficios económicos, que merece resarcimiento, el que considero prudente fijar en la suma de pesos cinco mil ($5.000). (Arts. 1086 C.Civil y 165 C.P.C.).

X- Sigo con las impugnaciones dirigidas contra el resarcimiento fijado por daño moral.

Sobre este rubro, cabe decir que el daño moral es una minoración en la subjetividad de la persona ocasionada por la lesión a un interés espiritual.

Este detrimento se configura cuando se causa en el damnificado una alteración disvaliosa del espíritu o, dicho de otro modo, una perturbación anímica.

Como esta perturbación se mantiene en el fuero íntimo de la persona, se tornan dificultosas tanto la prueba del perjuicio como la cuantificación del monto resarcitorio.

En cuanto a la prueba, el accionante debe aportar elementos que convenzan al juez de la existencia de la alteración espiritual, es decir, de los pesares, dolores, amarguras o sufrimientos soportados.

Sin embargo, ante determinados hechos (por ejemplo: fallecimiento de una persona, afectación de la integridad física) esa perturbación anímica puede presumirse, aunque tal presunción admite prueba en contrario.

Con respecto a la cuantía del resarcimiento, su determinación no es tarea sencilla, ya que como el interés lesionado no es susceptible de mensuración económica, no tiene una equivalencia en dinero. Por lo tanto, para fijar la suma reparatoria debe atenderse a los costos que irrogarían determinadas satisfacciones compensatorias (por ejemplo: comodidades, descansos, diversiones, distracciones, etc.) que pueden ayudar a la víctima a sobrellevar ese momento de aflicción.

Si bien el monto reparatorio queda librado al prudente arbitrio del juez, quien deber sopesar las concretas circunstancias de cada caso, no debe fijarse una suma simbólica que no permita a la víctima la obtención de alguna satisfacción compensatoria ni tampoco una suma exagerada que de lugar a su enriquecimiento (conf. Jorge Mosset Iturraspe y Miguel Alberto Piedecasas, "Código Civil Comentado. Doctrina-Jurisprudencia-Bibliografía." vol., "Responsabilidad Civil", págs. 111/114).

De acuerdo a tales lineamientos, teniendo en cuenta: la traumática experiencia que implica ser agredido físicamente, los dolores padecidos por las lesiones sufridas, la necesidad de someterse a una intervención quirúrgica, las incomodidades generadas en el periodo de rehabilitación y las subsistentes luego de culminado el mismo; considero que Fernando Horacio Lincon ha soportado un daño moral, cuya indemnización encuentro justo determinar en la suma de pesos veinte mil ($20.000). (Art 1078 C. Civil).

XI- A continuación, paso a tratar los agravios vertidos contra el resarcimiento de los gastos médicos, adelantando que ninguno puede prosperar.

Para fundar este doble rechazo, creo útil recordar que probado el daño a la integridad física, deben resarcirse los gastos médicos o farmacéuticos que resulten una consecuencia necesaria de aquel.

De allí que proceda el reclamo en tal concepto, aún en defecto de prueba directa, cuando la realización de los gastos resulta verosímil en función de la gravedad de las lesiones sufridas.

Este criterio es especialmente viable cuando se trata de erogaciones que no revisten una significativa entidad económica, ya que en caso de que sí la tengan, es dable exigir su acreditación a través de la prueba documental, informativa o por cualquier otro medio que brinde certeza acerca de los importantes desembolsos alegados.

En consonancia con lo expuesto, valorando el escaso respaldo documental de las erogaciones alegadas (sólo alcanza a $23), y también que la atención médica del accionante se llevó a cabo en establecimientos asistenciales públicos, encuentro justo el resarcimiento fijado prudencialmente por el sentenciante, por lo que propongo su confirmación (arts. 165 C.P.C., 1067, 1068 y 1083 C. Civil).

XIII- En síntesis, por todo lo expuesto, propongo al acuerdo modificar la sentencia impugnada en los siguientes aspectos:

a) Revocar la condena dictada en relación a la Asociación del Fútbol Argentino (arts. 51 ley 23.184 -texto según ley 24.192-), imponiendo en el orden causado las costas generadas por la citación de la misma (art. 68 C.P.C.).

b) Determinar la indemnización correspondiente al daño patrimonial derivado de la incapacidad sobreviniente en la suma de pesos cinco mil ($5.000). (arts. 1083 y 1086 C. Civil).

c) Determinar la indemnización correspondiente al daño moral en la suma de pesos veinte mil ($20.000). (art. 1078 C. Civil).

Las costas de Alzada se imponen en el orden causado. Respecto del recurso de la AFA, por la complejidad de la cuestión a decidir (art. 68 C.P.C.); y respecto de los recursos deducidos por la parte actora, la Defensora Oficial y el Club Argentino de Rojas, por el éxito parcial de cada uno de ellos (art. 71 C.P.C.).

Así lo voto.

El Señor Juez doctor Guardiola, aduciendo análogas razones dio su voto en igual sentido.

A la segunda cuestión, el Señor Juez doctor Castro Durán, dijo:

Atento el resultado arribado al tratar la cuestión anterior, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso -artículos 168 de la Constitución Provincial y 272 del CPCC-, Corresponde:

I)- Modificar la sentencia de fs. 434/450 en los siguientes aspectos:

a) Revocar la condena dictada en relación a la Asociación del Fútbol Argentino (arts. 51 ley 23.184 -texto según ley 24.192-), imponiendo en el orden causado las costas generadas por la citación de la misma (art. 68 C.P.C.).

b) Determinar la indemnización correspondiente al daño patrimonial derivado de la incapacidad sobreviniente en la suma de pesos cinco mil ($5.000). (arts. 1083 y 1086 C.Civil).

c) Determinar la indemnización correspondiente al daño moral en la suma de pesos veinte mil ($20.000). (art. 1078 C.Civil).

II)- Las costas de Alzada se imponen en el orden causado (arts. 68 y 71 C.P.C.), difiriéndose la regulación de honorarios correspondiente para la oportunidad en que estén determinados los de primera instancia (art. 31 Ley 8904).

Así lo voto.

El Señor Juez doctor Guardiola, aduciendo análogas razones dio su voto en igual sentido.- Autos y visto:

Por los fundamentos consignados en el acuerdo que antecede, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso -artículos 168 de la Constitución Provincial y 272 del CPCC-, se resuelve:

I)- Modificar la sentencia de fs. 434/450 en los siguientes aspectos:

a) Revocar la condena dictada en relación a la Asociación del Fútbol Argentino (arts. 51 ley 23.184 -texto según ley 24.192-), imponiendo en el orden causado las costas generadas por la citación de la misma (art. 68 C.P.C.).

b) Determinar la indemnización correspondiente al daño patrimonial derivado de la incapacidad sobreviniente en la suma de pesos cinco mil ($5.000). (arts. 1083 y 1086 C.Civil).

c) Determinar la indemnización correspondiente al daño moral en la suma de pesos veinte mil ($20.000). (art. 1078 C. Civil).

II)- Las costas de Alzada se imponen en el orden causado (arts. 68 y 71 C.P.C.), difiriéndose la regulación de honorarios correspondiente para la oportunidad en que estén determinados los de primera instancia (art. 31 Ley 8904).

Regístrese, notifíquese y oportunamente remítanse al Juzgado de origen. - Ricardo Manuel Castro Duran - Juan José Guardiola.