Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2018-02-26


AUTOS N° 22.450 (153462 - 11° J.C.), CARATULADOS: "ALÉS, Maria Elvira C/ Herederos de Gines García Balastegui- Escrituración" En la ciudad de San Juan, a 26 días del mes de febrero del año dos mil dieciocho, reunidos en la SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINERÍA, el señor Presidente Dr. GILBERTO AMERICO RIVEROS y el señor vocal PASCUAL EDUARDO ALFERILLO, a fin de celebrar acuerdo sobre el recurso de apelación interpuesto a fojas 67, por la demandada, contra la sentencia recaída en autos N° 22.450 (153462 - 11° J.C.), caratulados: "ALÉS, MARIA ELVIRA c/ HEREDEROS DE GINES GARCIA BALASTEGUI- ESCRITURACIÓN", dictada en fecha veinticuatro del mes de agosto del año dos mil diecisiete, obrante a fs. 63/65, de estos autos originarios del Décimo Primer Juzgado en lo Civil, Comercial y Minería, recurso que una vez concedido tuviera debida sustanciación, fijadas ulteriormente las cuestiones a considerar en el orden que sigue:

1ra. CUESTIÓN: ¿Es justa o adecuada a derecho la sentencia venida en recurso? 2da.CUESTIÓN: En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde en definitiva? 1ra. CUESTIÓN: El Dr. PASCUAL EDUARDO ALFERILLO, dijo:

Los autos del rubro vienen por apelación que deduce la demandada, contra la sentencia que dispuso rechazar el incidente de perención por ella deducido, impuso las costas a la vencida y reguló honorarios a los profesionales intervinientes.

Fundamentos del fallo:

El juez a-quo luego de formular una reseña de lo acontecido en el sublite, rechazó el planteo de perención de instancia, fundado en que el actor no dejó de presentar escritos de impulso tendientes a lograr el avance de las actuaciones.

De esta manera afirma que no existe abandono del proceso -en el plazo de seis meses estipulado por el art. 274 inc.1° del C.P.C.-, que justifique la declaración de perención de la instancia, la que debe analizarse con criterio restrictivo.

Contra este decisorio, se alza los demandados -Sres. Gines Germán García, María del Carmen García, Roque Javier García, a través de su apoderado, Julio Iván Daroni Moral, recurso que fue concedido con efecto suspensivo, y cuya fundamentación fue agregada a fs. 69/70.

Primer agravio: El recurrente se agravia de la sentencia, en cuanto el a quo ha invocado la interpretación restrictiva del instituto de la perención, colocándolo por encima del derecho de defensa de sus mandantes, de jerarquía constitucional.

Segundo agravio: En segundo lugar cuestiona que el sentenciante haya otorgado la calidad de actos impulsorios del proceso, a actos procesales que la actora realizó por negligencia y desconocimiento del derecho.

Señala así distintas actuaciones y afirma que los actos realizados con anterioridad al traslado de la acción no tienen tal entidad de impulso, siendo sólo actos que han dilatado el proceso, no pudiendo valerse la actora de los mismos para notificar el traslado de la acción a casi dos años de su interposición, en violación con el plazo de seis meses otorgado a la perención.

Pide se revoque la resolución dictada, con costas.

El traslado de la fundamentación es evacuado por la actora, con el patrocinio letrado de Darío Passadore, quien solicita se rechace el recurso interpuesto (fs. 72/77).

Ordenada la elevación de los autos, son adjudicados a estudio a fs. 103.

Tratamiento de los agravios:

Los agravios expresados por la actora no van a conmover los fundamentos dados por el sentenciante para rechazar la perención pretendida.

En relación al primer agravio, por cuanto la interpretación restrictiva del instituto por parte de la doctrina y jurisprudencia es indiscutida. Se trata así de una medida excepcional, en cuya aplicación debe primar el criterio de razonabilidad, privilegiándose siempre la interpretación que preserve la subsistencia del proceso.

Es que la finalidad de la perención de instancia no radica en la necesidad de sancionar al litigante moroso, sino en la conveniencia de facilitar el eficaz y dinámico desarrollo de la actividad jurisdiccional.

En este sentido nuestros tribunales han expresado que: "la perención es un instituto procesal que no debe funcionar con prodigalidad: en ese sentido la jurisprudencia es rica en precedentes acerca de la interpretación restrictiva que rige para su otorgamiento, debiendo optarse en caso de disyuntiva o de duda por la solución que mantenga vivo el litigio", (Cám.Nac.Civil, sala A, 28-10-81, La Ley, 1982, v. A, p.475 , ídem, sala B, 27-5-77, Der. V. 115, p. 322; ídem, sala C, 20-9-82, La Ley, 1983, v.C, p. 178; 27-11-84, La Ley 1985, v.A, p. 507, DJ 1985-41-330; Der., v.112, p. 657; 16-8-85, Der., v.117, p. 519), (cfr. Morello-Sosa-Berizonce, "Cód.Proc.Civ.Com. T° IV-A; Ed. Librería Editora Platense - Abeledo Perrot, 2da. edición reelaborada y ampliada; La Plata, Buenos Aires, Argentina; 1989; p. 110).

Por todo ello propicio el rechazo de este agravio.

Segundo agravio:

El segundo agravio también deberá desestimarse conforme a las razones que a continuación se exponen.

En efecto, analizando las constancias de los autos, surge que efectivamente luego de interpuesta la demanda (14-12-2015), se sucedieron una serie de actos por parte de la actora y del tribunal tendientes a determinar el sellado por impuesto, tasa de justicia y aforo de documentación requeridos por aquél, todos ellos con carácter previo a dar curso al trámite, tal como surge del decreto de fecha 18 de diciembre de 2015, y por tanto de carácter interruptivo, los que en ningún caso alcanzaron el término de seis meses que se requiere como presupuesto de inactividad para que opere la perención (cfr. art. 274 inc.1° del C.P.C.).

Si bien reiterada jurisprudencia ha expresado que las cuestiones que se originen con motivo del pago de impuestos y tasas fiscales , no tienen efecto suspensivo ni interruptivo, dicho principio no es absoluto y "reconoce una excepción en el supuesto que el juzgado imponga como requisito previo a una providencia impulsora -ya sea en forma expresa o tácita- la integración de aquéllos. En tal caso, las actuaciones tendientes a ese fin interrumpen el curso de la caducidad, ya que son las únicas que la actora puede realizar para poner los autos en condiciones de proseguir el trámite." (CNCiv. E, 5/8/82, "E.D", 102-421).

En tal calidad referencio las actuaciones de fechas: 2/3/2016 en la cual la actora consiente el juzgado y solicita se entregue la documentación original a los fines del aforo requerido; el decreto de fecha 8/3/2016 dictado en consecuencia y que remite la disposición anterior; la aclaración formulada por la actora en relación al objeto y monto de la demanda de fecha 19/8/2016; el decreto de fecha 23/8/2016 que ordena una vista a la Auditoría del Poder Judicial en atención a lo manifestado por la actora; el dictamen de la jefa del Departamento de Auditoría Interna del Poder Judicial de fecha 30/8/2016; la reposición del sellado en fecha 8/11/2016; el decreto de fecha 15/11/2016 que da curso a la acción interpuesta; la modificación de la demanda y ampliación de prueba de fecha 22/3/2017; el decreto que así lo ordena del 28/3/2017, hasta finalmente la notificación el traslado de la demanda efectuado en fecha 26/5/2017.

Considero así los actos señalados como impulsorios, en tanto estuvieron encaminados a procurar el avance del proceso, es decir útiles y proporcionados a las circunstancias y ajustados al estado procesal del juicio o de la causa (art. 275 inc.1° del C.P.C.). Así se ha expresado, "Los actos interruptivos de la caducidad de instancia deben ser actos procesales que causen el efecto de impulsar el proceso. Quedan excluidos aquellos actos que no han alcanzado relevancia en el proceso y que no signifiquen una conducta de las partes destinada a que el proceso siga su curso" (CNCiv.,Sala D, 19/11/81, LL, 1982-C-270).	Por último es dable señalar, que este tribunal ya se ha expedido en ocasiones anteriores respecto al carácter interruptivo de la modificación y ampliación de demanda (L.A. 188, F°116/118), no obstante destaco que aún sin considerar dicha actuación en autos (fs.35), ni el decreto dictado por el tribunal en respuesta a esa petición (fs. 36), de fechas 22/3/2017 y 28/3/2017, el plazo de seis meses tampoco se hallaba cumplido. Por todo ello, propicio rechazar el recurso, con costas. Regular los honorarios de los profesionales intervinientes en el 30% de lo regulado en primera instancia (art. 21 a) de la Ley 56-O).- Así voto.

El DR. GILBERTO A. RIVEROS, dijo:

Por los fundamentos expresados por el Magistrado que me precede en el orden de votación, voto en sentido concordante.

2da. CUESTIÓN: El DR. PASCUAL EDUARDO ALFERILLO, dijo:

En mérito a la votación que antecede corresponde: rechazar el recurso, con costas. Regular los honorarios de los profesionales intervinientes en el 30% de lo regulado en primera instancia (art. de la Ley 56-O).- El DR. GILBERTO A. RIVEROS, dijo:

Por iguales razones, voto en el mismo sentido.

Por ello, y lo acordado precedentemente, SE RESUELVE:

Rechazar el recurso, con costas. Regular los honorarios de los profesionales intervinientes en el treinta por ciento (30%) de lo regulado en primera instancia (art. de la Ley 56-O).- Protocolícese, notifíquese en debida forma, y bajen los autos al Juzgado de origen.

PROTOCOLO: L. de A . T° I-2018; F°27/30; FECHA:26 de febrero de 2018 DRES.RIVEROS-ALFERILLO