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Cuestiones de competencia, acción de amparo, Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, resoluciones, competencia contencioso administrativa, remisión del expediente, competencia previsional
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: BOCCALANDRO, ANALIA DELIA c/ Superintendencia de Administración de Fondos de Jubilaciones y Pensiones
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-19

La Superintendencia de Administración de Fondos de Jubilaciones y Pensiones es una entidad autárquica con autonomía funcional y financiera, que actúa en jurisdicción del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. De tal modo, el cuestionamiento sobre la validez de resoluciones emanadas de ella (en el caso, Res. nº 727/96 y Res.

nº 565/97) conduce al examen de normas y principios del derecho público, antes que a temas vinculados con la competencia de los juzgados del fuero de la seguridad social contemplada en el art.

2 de la ley 24.655; por lo que cabe considerarlo razonablemente comprendido -a la luz de los elementos obrantes en autos al presente- en las causas contencioso administrativas contempladas en el art. 45 inc. a) de la ley 13.998, correspondiendo en consecuencia, remitir las actuaciones a la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal para entender en la acción de amparo intentada. (Del voto del Dr. Fasciolo, al que adhiere el Dr.

Marí Arriaga)
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, asociaciones sindicales, dirigente gremial, contrato de servicios
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL-CIVIL
Carátula: GAGNONE, MIGUEL ANDRES c/ MUTUAL AMSAFE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-08-03

Es inadmisible la queja desde que al confrontar el memorial recursivo con la sentencia impugnada surge el mero disenso del recurrente con la ponderación que de los hechos, pruebas y derecho aplicable realizó la Cámara en ejercicio de atribuciones privativas, lo que en principio y salvo que se demostrara arbitrariedad, escapa al tratamiento en esta instancia excepcional. En el sub lite, se discute la calificación legal atribuida por los jueces de la causa quienes entendieron, a la luz de las constancias de autos y de las disposiciones legales aplicables, que el actor se desempeñó como representante gremial y que la entidad sindical cumplía a través de él tareas emergentes de un contrato de locación de servicios en razón que su actividad aparece como una prestación carente de ánimo de obligarse, como prestaciones benéficas u otras situaciones similares, es decir, se trataba de labores de cooperación entre instituciones, la una que cuenta con personería gremial y la otra inscripta en el registro de mutualidades. En fin, convincentemente juzgó que no medió una relación de naturaleza laboral.

Para así decidir ponderó los presupuestos que tipifican la relación de dependencia que torna operable la presunción del artículo 23 de la ley 20.744, examen del que colige que el accionante, ocupante de un cargo directivo de la asociación sindical, desempeñó el mandato de representación otorgado por los afiliados libre y voluntariamente en pos de la defensa de sus derechos e intereses y que el mismo no probó la existencia de subordinación técnica, jurídica ni económica ni acuerdo alguno de voluntades.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestiones procesales, doble instancia, recursos, jurisdicción y competencia, Constitución Nacional, tribunal de alzada, Suprema Corte de Buenos Aires, acción de amparo, ley provincial
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Laurens, Héctor E. s/ cuestión de competencia, art. 6x C.C.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-28

Las decisiones en materia de competencia no autorizan -en principio- el recurso extraordinario (art. 14, de la ley 48), y cabe la excepción cuando la decisión respectiva, bajo tal apariencia formal, importa clausurar en forma definitiva la vía procesal intentada por el afectado sin dar cumplimiento al requisito de adecuada fundamentación exigible a los pronunciamientos judiciales, lo que traduce un evidente menoscabo del debido proceso del justiciable (art. 18 de la Constitución Nacional). Así ocurre en el caso que rechazada la acción de amparo en la primera instancia ordinaria, la alzada -a raíz del recurso de apelación deducido por la actora- remitió las actuaciones a la Corte bonaerense en virtud de entender que la cuestión planteada pertenecía al ámbito de la competencia del superior tribunal local, y el a quo sostuvo que el derecho invocado era de naturaleza contenciosoadministrativa y, tras declarar la incompetencia de la justicia ordinaria, decretó la nulidad de todo lo actuado y ordenó la remisión al juzgado de origen para su archivo, con cita en el art. 6x, del código Contencioso Administrativo local.
Acción de amparo, excusación
Materia: PENAL
Carátula: Lanfranchi, César s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1995-04-26

Corresponde admitir la acción de amparo intentada contra la decisión que no hace lugar a un planteo de excusación de un Juez de Cámara motivada en la circunstancia de que su cónyuge actúa como Asesora de Menores en una causa que llega a la Cámara en donde integra el Tribunal de Juicio; ello dado que se dan los requisitos mínimos e indispensables para acceder a su estudio. Y ante la necesidad de preservar la imparcialidad de los magistrados, y la garantía del derecho de defensa de las partes en su sentido amplio, constituye éste un remedio eficaz para salvar la eventual violencia moral en que se encontraría el Juez por una grave dificultad de ser imparcial. (En disidencia: Dr. Echarren).
Personal militar, matrimonio contrario a los reglamentos militares, Código de Justicia Militar, sanciones militares, ley penal en blanco
Materia: PENAL - MILITAR
Carátula: Gabrielli, Mario Carlos c/ Estado Nacional s/ contencioso administrativo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-05

La norma de fondo (art. 681 del Código de Justicia Militar) que define la pena remitiéndose a acciones prohibidas en una reglamentación (art. 348 Reglamento para la Justicia Militar), constituye un supuesto de ley penal en blanco (Disidencia del Dr. Gabriel Chausovsky).
Despido sin causa, indemnización por despido, responsabilidad del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: Avellaneda, Hugo Randolfo c/ Cerámica Valle Viejo S.R.L. s/ Indemnización por despido, preaviso, vacaciones, s. a. c etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1996-04-18

La ley de contrato de trabajo ha establecido minuciosamente, la forma en que se indemnizará el distracto, cuando éste sea sin causa o resulte injustificada o no acreditada la que se invoca. Por primar en nuestro derecho laboral el sistema de estabilidad relativa no está vedado al empleador prescindir de su empleado abonando, si es del caso las indemnizaciones legales; en esa inteligencia una parte de la doctrina tradicional señaló que con ésta indemnización se completaba el cuadro resarcitorio en caso de despido; sin embargo el sector mayoritario de la misma, entiende que si bien los daños que emergen del distracto se encuentran comprendidos dentro de la indemnización tarifada ello no es óbice al acogimiento de la indemnización por daño moral; más aún cuando el empleador actuó con dolo o culpa ocasionando un daño que pudo haberse evitado, sea porque se actuó con ligereza o porque tuvo la intención de agraviar; en autos, el empleador obró con esa ligereza arriba mencionada y produjo aparte de los daños resarcibles por la indemnización tarifada, otros que teniendo en cuenta la causa nimia imputada, la antigüedad del trabajador, la abrupta resolución del vínculo cuando no se podía presumir ello y más aún la edad del apelante lo que lo imposibilita o dificulta para reinsertarse en el mercado laboral; se resuelve hacer lugar parcialmente el recurso deducido, estimando el daño moral en un 50% del monto actualizado del resto de los rubros por lo que prospera la acción.
Debido proceso, defensa en juicio
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: P., R.R. s/ Querella
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-11-27

La defensa en juicio se satisface cuando la persona que resiste la acusación estuvo en condiciones legales de contestar, en igualdad de posibilidades, los hechos atribuidos, ofrecer y controlar la prueba que ingresa al proceso, alegar lo que haga a su derecho e impugnar las resoluciones adversas".
Liquidación judicial, errores en la liquidación, facultades del juez, revisión de la liquidación, cosa juzgada
Materia: PROCESAL
Carátula: Valdez Casiano y otros c/ CONET s/ empleo público
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-12

Aún cuando no se hayan formulado objeciones a una liquidación, los jueces están facultados para disponer la corrección de los errores que contiene, pues de otro modo, la sentencia de condena sería tergiversada en una etapa del procedimiento que está destinada precisamente a hacerla cumplir, puesto que los autos aprobatorios de liquidaciones no tienen autoridad de cosa juzgada, correspondiendo su rectificación por el Tribunal, si hubieren mediado errores al practicarla. Lo contrario importaría consagrar un ritualismo literal que no solo lesiona la justicia que sustenta intrínsecamente el fallo, sino que además encierra un formalismo disvalioso que burla la sustancialidad de la cosa juzgada de que gozan los pronunciamientos judiciales y que es lo que se debe salvaguaardar (Fallos 300:777; 301:104 y 1002; 303:1665 y 1669, C.N.Civ. Com. Fed., Sala III, causa 5261 del 8/7/88, 6015 del 11/4/89). (cons. 3).
Facultades del juez, facultades discrecionales del juez, intereses, convertibilidad, interpretación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: Ramos, Sonia Mabel c/ Sanatorio Mitre.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-08-23

La determinación de los accesorios en los términos del art. 622 del Código Civil como consecuencia del régimen establecido por la ley 23.928, queda ubicada en el espacio de la razonable discreción de los jueces de la causa que interpretan dichos ordenamientos en tanto sus normas no imponen una versión reglamentaria única del ámbito en cuestión.
Facultades del Superior Tribunal, competencia nacional, organización de la justicia, seguridad jurídica
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional c/ GCBA s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-11-30

La modificación pretendida por la Ley CABA N° 6452, genera una grave incertidumbre jurídica en torno a la admisión y/o denegación de los recursos interpuestos ante las Cámaras Nacionales de Apelaciones con asiento en la ciudad, entorpeciendo la labor judicial de los integrantes del Poder Judicial de la Nación; a lo que debe sumarse la posibilidad de que adquieran entidad de cosa juzgada aquellos decisorios que se consideren indebidamente recurridos, frustrando derechos y acciones de múltiples justiciables, todo lo cual atenta contra la seguridad jurídica que la Magistratura debe velar y garantizar así un adecuado servicio de justicia.
Carrera hospitalaria, remuneración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cacciatore, José y otros c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-04-10

Las bonificaciones, en el sistema ordenador de la carrera profesional hospitalaria, encuentra su ubicación sistemática en el art. 63 que establece un incremento constante e igual equivalente al diez por ciento del sueldo básico mensual según el grado alcanzado por el profesional, hasta llegar al ochenta por ciento en la jerarquía más importante. Interpretar como una "bonificación" y no como una "remuneración equivalente al "sueldo básico mensual" específicamente asignado a los Directores, Subdirectores y Directores Asociados, significaría la consagración de un sistema ajeno a la intención del legislador y divorciado de lo que sus palabras establecen, desde que la pretensa "bonificación", en el caso del Director del Hospital Interzonal, es el equivalente a la remuneración que percibe el cargo de Director General del dec. ley 8721/77 que resulta el de mayor retribución del personal sin estabilidad, dato -éste solo- que obsta para atribuirle ese carácter.
Protección de la vivienda, aplicación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: Luty, Ricardo José s/ Sucesión Ab-Intestato
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-08-18

En virtud del conocido principio de la unidad y supremacía de la legislación común o de fondo ante las leyes provenientes de legislaturas locales, resultan aplicables al caso los topes resultantes de la Resolución n° 26 del Ministerio de Justicia de la Nación, de fecha 3 de mayo de 1991. Ello así, por cuanto la facultad reglamentaria resultante del art. 34 de la ley 14.394, se encuentra referida al Poder Ejecutivo Nacional, y según el art. 42 de la citada ley, a los poderes locales, sólo se les ha delegado la facultad de determinar la autoridad que tendrá competencia para intervenir en su gestión.
Apelación en subsidio, admisibilidad del recurso, facultades de la alzada, inexistencia del acto jurídico
Materia: PROCESAL
Carátula: BRAVO HERRERA, Lucia Teodora c/ GNARRA, Nicandro y Otros s/ QUEJA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2014-02-12

Las providencias que difieren para una etapa futura un pedido de parte no causan gravamen actual susceptible de reparación en la Alzada, desde que nada se decidió.

La providencia que dispuso "Resérvese" con respecto al pedido de reanudación de plazos para contestar la demanda, no decide nada, por lo que no implica un agravio concreto y actual, que es el requerido para la procedencia del recurso de apelación en subsidio, ya que sólo dispone trasladar para un momento posterior la resolución del pedido.

No produce, en consecuencia, perjuicio irreparable a la parte que deba ser subsanado a través de la instancia apelativa.
Aportes y contribuciones previsionales, deuda previsional, prescripción, cómputo del plazo, prescripción decenal, jurisprudencia
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: O.S.P.E.R. y H.R.A. c/ Consorcio de Propietarios de la Calle Arcos 400
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-08-02

En un principio la jurisprudencia se mostró vacilante en cuanto al plazo a aplicar por la prescripción de las deudas por aportes y contribuciones. Así, se relacionó ese tipo de deudas con lo normado en el art. 256 de la L.C.T., y se fijó el plazo de prescripción en dos años (cfr. C.N.A.T., Sala III, sent. del 20.11.81, D.T. XXX-330; ídem, 30.12.84, L.T. XXX-227); también se dijo que era aplicable -dada la naturaleza de la obligación- el plazo de cinco años establecido por el art. 4027, inc. 3, del Cód. Civil (cfr. C.N.A.T., Sala I, sent. del 23.09.81, D.T. XLII-278). Pero muy pronto se llegó a pronunciamientos uniformes, determinándose que a las obligaciones de la seguridad social les es aplicable la prescripción decenal del art. 4023, 1er. párrafo, del Código Civil (cfr. C.N.A.T., Sala II, sent. del 21.07.81, LT-69; Sala IV, sent. del 30.12.76, LT XXX-VI-269; ídem, sent. del 30.12.76, TSS II-626; Sala V, sent. del 31.10.73, TSS I-301; ídem, sent. del 29.11.74, TSS II-610). (Del dictamen Fiscal, al que adhiere la Sala)
Accidente de tránsito, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Giantomassi c/ Ruiz, Héctor s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-03-19

Si el objeto del contrato que motivara la transferencia de la guarda del automotor y el fin a lograr con él pueden exigir la utilización del mismo por el tallerista para probarlo, asentarlo, afinarlo e, incluso, para trasladarse en la búsqueda de repuestos o en la derivación a otro especialista, no cabe deducir, en cambio, que conlleve la autorización, venia o complacencia para que el tallerista se desplace en horas de la medianoche por una localidad diversa a la del asiento de su negocio y de su domicilio real. Más aún, ni tan siquiera podría decirse que el propietario tenía chance de impedir esta anómala utilización de su vehículo por el mecánico, que de alguna manera se le presenta como imprevisible e inevitable.
Extorsión, intimidación, personas jurídicas
Materia: PENAL
Carátula: Rachi,  Alberto  Silvano;  Casto  Insúa, Eduardo y Parodi, SilviaNora s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-12-20

Si ser intimidado es sentir miedo, es dable colegir que una persona jurídica sea incapaz de esa sensación (o de cualquier otra); pero es claro que no padecen de similar insensibilidad los responsables de las empresas ni quienes en ellas tienen intereses funcionales o patrimoniales y que en tal carácter han podido temer (razonablemente) que una campaña de desprestigio respecto de aquéllas hubiese de perjudicar dichos intereses. La idoneidad de la intimidación, entonces, debe ser analizada desde la óptica de estas personas de carne y hueso -el hombre medio, si se quiere- y, con prescindencia de la desproporción de medios utilizados para lograrlo. Y a contrario de lo que también ha sostenido el fallo recurrido, la disposición y el ejercicio de resortes para repeler la agresión -así, la denuncia que dio inicio a esta causa- no sugiere indiferencia a la intimidación o desprecio por su entidad; antes bien, cual lo ha sostenido esta Cámara, revela objetivamente un indicio cierto de credibilidad en la potencialidad del riesgo.

(Voto del Dr. Rodríguez Basavilbaso, adhiere el Dr. Bisordi, Dra. Catucci, en disidencia).
Extradición, excarcelación
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: GONZLEZ, R. s/ excarcelación Causa nro. 11.870
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-13

La excarcelación en una solicitud de extradición ha de otorgarse en iguales condiciones que si el ilícito fuese cometido en nuestro país
Aplicación de la ley, compraventa, vicios, consentimiento, deber de información
Materia: CIVIL
Carátula: Pizarro, Claudio Marcelo c/ Texey Srl s/  d y p derivados de la responsabilidad contractual de particulares
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-10-10

La frustración a la confianza o a la expectativa que generan las negociaciones, debe ser consecuencia de una conducta imputable a quien se le atribuye esa responsabilidad.
Recurso de casación, recurso de queja (procesal)
Materia: PENAL
Carátula: CARDOSO W. INCA POR RECUSACION CON CAUSA DE LOS VOCALES: DRA. ELIDA S. DE BRAVO, ROBERTO ABALOS, Y RAUL JUAREZ CAROL, EN AUTOS: CARDOSO, W. INCA s.d. LIBRAMIENTO DE CHEQUE SIN PROVISION DE FONDOS e.p. CALUDIO O. LLANOS s/ RECURSO DE QUEJA INTERP. POR DR. CARDOSO W. I. CARDOSO W.I.(H) POR RECUSACION CON CAUSA DE VOCALES E. SUAREZ DE BRAVO, R. ABALOS Y R. JUAREZ CAROL EN AUTOS:"INCIDENTE DE REC. C. C. C/ SRES. VOCALES DE LA CAMARA DE CRIMEN 3º NOM. EN: CARDOSO W.I. s.d. MALVERSACION CAUDALES PUBLICOS e.p. ESTADO PCIAL. s/ RECURSO DE QUEJA INTERPUESTO POR DR. CARDOSO WASHINGTON I. INCIDENTE DE RECUSACION CON CAUSA CONTRA LOS SRES. VOCALES DE LA CAMARA DEL CRIMEN DE TERECERA NOMINACION, en autos: CARDOSO, W. I. s.d. MALVERSACION DE CUADALES PUBLICOS e.p. ESTADO PCIAL s/ QUEJA POR CASACION DENEGADA ESTADO PCIAL. c/ CARDOSO W.I. s/ MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS-QUEJA POR CASACION DENEGADA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-03-03|2003-02-28|2003-02-28|2003-02-28

El recurso de queja por casación denegada posibilita, en esta instancia y como prolongación de la actividad impugnaticia iniciada con la interposición del recurso, revisar la decisión del inferior respecto de la admisibilidad formal del recurso de casación, verificando si se encuentran cumplidos los requisitos exigidos:

plazo de interposición, suficiencia en la fundamentación del recurso, sentencia definitiva, etc., a fin de garantizar al recurrente la revisión del decisorio impugnado, e impedir de tal forma que el Juez o Tribunal inferior sea árbitro exclusivo de la viabilidad de un recurso que procede ante un Tribunal de Alzada.
Competencia contenciosa de la Corte Interamericana, facultades jurisdiccionales, obligaciones del Estado miembro, Pacto de San José de Costa Rica, sentencia condenatoria, deber de información
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Vera Vera y otra c/ Ecuador s/ supervisión de cumplimiento de sentencia
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2012-10-23

Resulta una facultad inherente a las funciones jurisdiccionales de la Corte Interamericana la supervisión del cumplimiento de sus sentencias, las que, conforme lo ordenado por los artículos 67 y 68 de la Convención, deben ser prontamente cumplidas por el Estado y en forma íntegra, obligación que incluye el deber estatal de informar al Tribunal acerca de las medidas adoptadas a los fines de su cabal cumplimiento, pues la obligación estatal de indicar al Tribunal cómo lo está haciendo sobre cada uno de los puntos ordenados, resulta fundamental a la hora de evaluar el estado del cumplimiento de la Sentencia en su totalidad.
Daños y perjuicios, daño moral
Materia: CIVIL
Carátula: BAIGORRIA, JULIO ALDO c/ SOL Y VALLE S.A. s/ Daños y Perjuicios - Accidente de Tránsito
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2005-06-29

Con relación al resarcimiento por daño moral, cabe señalar que si bien no es un daño mensurable con rigor, por lo que es difícil establecer parámetros objetivos para fijar la indemnización, en el caso, teniendo en cuenta los padecimientos propios que indudablemente le produjo el accidente en sí, la intervención quirúrgica, la recuperación que no fue total de acuerdo a lo analizado precedentemente, y las secuelas del mismo, la indemnización otorgada en primera instancia luce insuficiente.

En efecto; el daño moral es la lesión en los sentimientos que determina dolor o sufrimiento físico, inquietud espiritual o agravios a las afecciones legítimas y en general toda clase de padecimientos insusceptibles de apreciación pecuniaria (CNCiv., sala H, La Ley, 2000-D, 882) (42.912-S).

Así, toda minoración de las aptitudes de un sujeto como consecuencia de un hecho dañoso supone la destrucción o alteración de su equilibrio espiritual necesario para hacer frente a la vida, lo cual determina la procedencia de una indemnización por daño moral (CNCiv., sala H, La Ley, 2000-B, 888), para cuya cuantificación no corresponde identificarlo exclusivamente con dolor, pues pueden suceder otras conmociones espirituales como la preocupación intensa o la aguda irritación vivencial, que, por su grado, hieren razonablemente el equilibrio espiritual (CNCiv., sala B, La Ley, 2000-D, 619).

Corresponde por ello, atender parcialmente el agravio y elevar la indemnización por este rubro a la suma de $ 2.000 (en 1 Inst. se habian fijado $1.000).