Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-03-22


SENT Nº 177	C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Veintidos (22) de Marzo de dos mil doce, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Daniel Oscar Posse, y la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar -por encontrarse excusado el doctor Antonio Daniel Estofan-, bajo la Presidencia del doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte la apoderada de la ejecutante en autos: "Provincia de Tucumán -DGR- vs. Centro Integral de Atención Perinatal S.R.L. s/ Ejecución fiscal. Incidente".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Antonio Gandur, Daniel Oscar Posse y doctora Claudia Beatriz Sbdar, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

I. Viene a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia, el recurso de casación interpuesto por la apoderada de la ejecutante (fs. 252 a 260) en contra de la sentencia nº 541 de fecha 28 de diciembre de 2010 (fs. 247 a 248 vta.) dictada por la Sala II de la Cámara en Documentos y Locaciones, por la cual se rechaza el recurso de apelación interpuesto por la actora; confirmando, en consecuencia, la resolución nº 2344 del 19/10/2009 (fs. 208 a 210) del Juzgado de Cobros y Apremios de la II Nominación; la que, a su vez, en su punto I absolvió a la demandada -Banco del Tucumán S.A. Grupo Macro- de la imputación de solidaridad por la deuda fiscal reclamada en los autos principales, condenando -en el punto II- a la financiera accionada a abonar la suma resultante de los saldos acreedores de las cuentas nº 10073515/1 y 50100108/8, verificados desde el 28/12/2006 al 05/7/2007. Corrido el traslado previsto en el art. 751 último párrafo de la ley ritual civil (de aplicación supletoria a la especie, conforme art. 129 de la ley nº 5.121) y contestado el mismo (fs. 263 a 270), el recurso fue concedido por sentencia nº 135 del 23/5/2011 (fs. 274) del mencionado tribunal de alzada.

II. El pronunciamiento cuya casación se persigue, preliminarmente, describe la resolución a la que arribó el decisorio atacado a través del recurso de apelación, relatando los agravios en los que la ejecutante basó dicha pretensión impugnativa ordinaria.

Narra el a quo que la apelante comunicó la existencia de un hecho nuevo consistente en la circunstancia que la firma accionada -en el proceso principal- dejó decaer el plan de pagos tipo 914 n° 3866, que había sido formalizado en 48 cuotas mensuales pactadas con la actora en fecha 31-07-09, de las cuales la ejecutada sólo habría abonado una sola de ellas, conforme surgiría de la documentación adjuntada por la denunciante. Con respecto a este ítem, la Cámara entiende que tratándose de un recurso de apelación en relación resulta inadmisible la alegación de un hecho nuevo, con lo cual tal planteo es desestimado por el inferior.

En relación a la temática central explica el pronunciamiento en embate que el art. 185 del Código Tributario Provincial responsabiliza, en su primer párrafo, a las entidades financieras y a cualquier otro oficiado hasta el valor del bien o suma de dinero que se hubiera podido embargar, cuando con conocimiento previo del embargo hubieran permitido su levantamiento, o liberado o permitido la disposición de los bienes embargados. Expone el sentenciante que el segundo párrafo del dispositivo normativo aludido agrega como supuestos concretos de la solidaridad que imputa la norma, haber sido culpables en forma directa de la ocultación de bienes, fondos, valores o hechos del contribuyente u obligado ejecutado o embargado preventivamente y cuando sus dependientes incumplan las órdenes de embargo y otras medidas cautelares. Añade el a quo que la norma citada establece un procedimiento sumarísimo por el cual, previo traslado por cinco días a la entidad o persona denunciada, deberá dictarse resolución mandando hacer efectiva la responsabilidad solidaria allí prevista en caso de corresponder, lo que tendrá que cumplirse dentro de un plazo de 10 días.

Juzga el decisorio en pugna que la responsabilidad por el incumplimiento de una orden de embargo surge del ordenamiento jurídico con independencia de esta disposición normativa específica. Lo que prescribe el art. 185 de la ley 5121, a criterio del a quo, es la regulación de tal responsabilidad de modo específico con respecto a los créditos fiscales, estableciendo un procedimiento abreviado para hacer efectiva la misma. Se considera, en la sentencia impugnada, que esa responsabilidad se extiende "hasta el valor del bien o suma de dinero que se hubiera podido embargar", es decir que el límite de la misma estaría dado por el monto al que asciende el gravamen.

En virtud de ello, confirma lo resuelto por el magistrado de primera instancia en el sentido de limitar la responsabilidad al monto que se "hubiera podido embargar", condenando al Banco del Tucumán S.A. Grupo Macro a abonar la suma resultante de saldos acreedores de las cuentas n° 10073515/1 y 50100108/8, verificados desde el 28/12/2006 al 05/07/07, debiendo practicarse a tal efecto la planilla correspondiente.

III. Contra tal decisión, el Estado ejecutante interpone el presente recurso de casación. Luego de justificar la admisibilidad de la vía extraordinaria local tentada, realiza una descripción del caso. Estima la impugnante que la sentencia atacada ha sido dictada en violación del art. 185 del Código Tributario Provincial, que preceptúa: "Sin perjuicio de las acciones legales que correspondieren, las entidades financieras y cualquier otro oficiado serán responsables solidarios hasta el valor del bien o suma de dinero que se hubiere podido embargar, cuando con conocimiento previo del embargo hubieren permitido su levantamiento, o liberado o permitido la disposición de los bienes embargados, y de manera particular en las siguientes situaciones: a) Sean causantes en forma directa de la ocultación de bienes, fondos, valores o derechos del contribuyente u obligado ejecutado o embargado preventivamente, b) Cuando sus dependientes incumplan las órdenes de embargo u otras medidas cautelares...". Considera la recurrente que, no obstante ser invocado por el tribunal de mérito, dicho dispositivo legal ha sido aplicado arbitrariamente en la sentencia cuestionada, puesto que si bien el juzgador reconoce expresamente la "responsabilidad de las entidades bancarias hasta el valor del bien o suma de dinero que se hubiera podido embargar", concluye confirmando la sentencia de primera instancia y, por ende, absolviendo a la entidad financiera de la responsabilidad dispuesta en la norma mencionada, sin fundamento razonable, según la convicción del quejoso. Por tal motivo, reflexiona la quejosa que la resolución en crisis resulta arbitraria e incongruente, afectando el derecho de defensa, el debido proceso, el derecho a obtener una sentencia fundada, así como el principio de razonabilidad.

Seguidamente describe la actora los principales sucesos acontecidos en el caso de marras. En ese contexto, expresa que interpuso demanda de ejecución fiscal en contra del Centro Integral de Atención Perinatal S.R.L. y solicitó embargo preventivo de cuenta bancaria, librándose oficio al Banco del Tucumán (Grupo Macro), a dicho efecto. Enuncia que la entidad bancaria respondió a la orden judicial, el 05/01/2007, manifestando que el accionado no registraba sumas de dinero ni cuentas activas de ninguna clase en esa institución.

Estima la recurrente que ha quedado demostrado que la información dada al juez de grado era falsa, comprobándose tal aseveración con las declaraciones juradas presentadas por el banco, como agente de recaudación ante la Dirección General de Rentas (comprobante del sistema SIRCREB), correspondientes a la fecha del embargo; de donde surgiría -según el razonamiento de la actora- la existencia de las cuentas activas a nombre del demandado y los movimientos de dinero efectuados, que fueron negados por el banco al responder la orden judicial. Destaca la impugnante que existen movimientos de fondos hasta la fecha del embargo, y con posterioridad los mismos dejan de existir; lo que motivó que la ejecutante solicitara la aplicación del mentado art. 185.

Explica el Fisco que, ante ello, el Banco del Tucumán rectificó la información dada aduciendo un "error de sistema" e informando al juzgado la existencia de cuentas a nombre del accionado en dicha entidad, pero aclarando que no había saldo susceptible de embargo, sin detallar -la entidad financiara- los fondos que habían sido negados de embargar.

Luego de criticar la solución a la que arriba el magistrado de grado, explica la recurrente que el fallo en actual controversia confirma lo resuelto en la instancia inferior, sin dar basamento jurídico alguno, en violación a lo dispuesto en el art. 185 del Código Tributario Provincial, aún cuando -a criterio de la impugnante- se verificaban los supuestos previstos en la norma, pues el banco oficiado, con conocimiento previo del embargo, ocultó los fondos (inc. a) y sus empleados incumplieron la manda judicial (inc. b); ratificando -el pronunciamiento en pugna- el alcance de la responsabilidad, tema que no había sido objeto de debate, según refiere la actora.

Seguidamente sostiene la recurrente que el sentenciante ha efectuado una interpretación caprichosa y antojadiza de la ley tributaria, decidiendo sobre un tema no cuestionado por la impugnante, en la instancia inferior.

Por otro lado, cita precedente de la Corte Federal y doctrina nacional en la que se ha conceptualizado a la sentencia arbitraria; alegando la impugnante que ello se verifica en la especie, en tanto se ha resuelto "contra o con prescindencia" de lo expresamente dispuesto por la ley respecto al caso, a más de haberse prescindido de pruebas fehacientes, regularmente traídas al juicio.

En ese sentido, en primer lugar estima la quejosa que la sentencia en conflicto no aplicó el art. 185 del Código Tributario; considerando absurda la conclusión sentencial de que dicha norma regula únicamente una responsabilidad que se encuentra prevista en el ordenamiento jurídico, puesto que -a criterio de la ejecutante- no aclara el sentenciante a qué ordenamiento se refiere, lo que produciría una situación de inseguridad jurídica, consecuencia de la violación de los arts. 75 inc. 12 y 121 de la Constitución Nacional.

En segundo lugar reputa como arbitrario al decisorio controvertido, no solo porque la interpretación que surge del mismo deviene violatoria de la autonomía provincial, sino porque se introduce indebidamente en el ámbito del derecho tributario, de esencia local, para limitarlo en su especificidad, otorgando a sus relaciones jurídicas un tratamiento idéntico a las del derecho privado, lo que resulta impracticable según la lógica recursiva.

Destaca la impugnante que al establecer la sentencia atacada que la responsabilidad por incumplimiento de una orden de embargo surge del ordenamiento jurídico con independencia del artículo 185 de la ley 5121, el a quo incurre en desconocimiento de la estructura misma del derecho tributario, al equiparar relaciones tan complejas como las emanadas del Estado y el contribuyente, con aquellas otras relaciones del derecho privado.

Entiende el Fisco que el sentenciante ha otorgado idéntico tratamiento a una responsabilidad solidaria fiscal, preceptuada en el ordenamiento jurídico fiscal provincial con los alcances y efectos expresamente detallados en la norma, con la responsabilidad ordinaria por incumplimiento de una orden judicial, y que de tal indebida equiparación es deducible la arbitrariedad de la sentencia reñida, más cuando la misma se limita a expresar que la norma tributaria sucumbe frente a otro ordenamiento jurídico de categoría superior, sin aportar los argumentos que sustenten tal tesitura, provocando un desmembramiento del régimen impositivo vigente; y transcribe precedente de la Corte Nacional en el que se ha resuelto que "el derecho privado ha perdido la preeminencia que en un principio tenía sobre el derecho tributario, por los conceptos, reglas, institutos y métodos suficientemente desarrollados con que éste cuenta (Fallos 297:500). Las normas de Derecho privado y las de derecho público fiscal actúan frecuentemente, en ámbitos diferentes, persiguen objetivos distintos; de esto se deriva que el Estado, con fines impositivos, tiene la facultad de establecer las reglas que estime licitas, eficaces y razonables para el logro de sus fines tributarios, sin atenerse a las categorías o figuras del Derecho privado, siempre que éstas no se vean afectadas en la esfera que les es propia (Fallos 251:379)..." (ello citado en Fallos 314:458). A continuación cita pronunciamiento de esta Corte en el que se ha considerado que debe descalificarse como pronunciamiento judicial válido, la sentencia de segunda instancia que resuelve prescindiendo de la debida valoración de los planteos del apelante y del cuadro fáctico y normativo conducente para la solución de la causa (sentencia nº 717 del 30/8/2005).

En tercer lugar, la ejecutante le imputa arbitrariedad al decisorio en conflicto al no haber efectuado supuestamente un debido análisis de la cuestión planteada en su apelación, realizando -en cambio- una consideración limitada y acotada del caso, violando el principio de congruencia, el derecho de defensa y el derecho a obtener una sentencia fundada en derechos y principios expresamente consagrados constitucionalmente (art. 18 de la Constitución Nacional, 30 de la Carta Magna Provincial y 33, 34, 40 y 272 de la ley ritual civil). Concluye la impugnante que la determinación del alcance de la responsabilidad no es obstáculo para disponer que el banco sea responsable solidario, lo que habría sido alegado por la ejecutante ya en su libelo de expresión de agravios de la vía de apelación. Por tanto, razona la recurrente que al confirmar la sentencia de primera instancia, se volvió a determinar el alcance de la responsabilidad dispuesta por el art. 185 de la ley 5121, tema no cuestionado por la actora.

En cuarto lugar estima la impugnante que el decisorio cuya casación se pretende es arbitrario puesto que, por un lado, se aparta de la norma mencionada y, por el otro, la aplica pero contradictoriamente para determinar el alcance de la responsabilidad. Asimismo, se agravia de que el sentenciante sujeta el Código Tributario Local a lo dispuesto en otro ordenamiento jurídico, con lo que -a criterio del Fisco - se avasalla la autonomía provincial que tiene plena potestad de legislación impositiva local, resultando lógico -según su razonamiento- que al establecer las pautas relativas a la obligación tributaria y sus sujetos, fije este tipo de responsabilidad en cabeza de las entidades bancarias y el modo en que deberá hacerse efectiva, dando al sistema de recaudación la especial significación que tiene dirigida al sostenimiento mismo del Estado; lo que a juicio de la recurrente le otorga al caso ribetes de gravedad institucional.

En quinto lugar, la recurrente juzga que la sentencia en crisis es arbitraria porque al inaplicar el art. 185 de la ley 5121 viola el régimen republicano de gobierno, convirtiéndose el juzgador en legislador, con el cercenamiento de derechos amparados constitucionalmente que ello conlleva.

Respecto de las costas, se agravia la ejecutante de la imposición a ella, solicitando se la exima de las mismas, por aplicación de los arts. 105 inc. 2 y 106 de la ley procesal civil.

Finalmente reitera la impugnante que la cuestión presenta gravedad institucional, puesto que la temática trasciende el mero interés particular afectando el de la comunidad, porque al sujetar el Código Tributario Provincial a reglas provenientes de otros ordenamientos sojuzga la autonomía provincial; y porque el criterio sustentado por el sentenciante afecta de un modo directo el régimen de recaudación del ente; citando doctrina y jurisprudencia de la Corte Federal en supuesto apoyo de su pretensión.

Propone doctrina legal.

IV. Descriptos los agravios en que se sustenta el presente recurso, corresponde tratar la admisibilidad de la impugnación tentada.

La misma ha sido interpuesta en término (cfr. cargo actuarial de fs. 260 vta.) y se ha dado cumplimiento al depósito de ley (fs. 251). El escrito recursivo se basta a sí mismo, haciendo una relación completa de los puntos materia de agravio, adecuándose a las exigencias de los arts. 751 y 752 del digesto procesal civil; se ha propuesto doctrina legal y la impugnación recursiva se motiva en la invocación de infracción de normas de derecho.

En orden a la definitividad del pronunciamiento, la sentencia recurrida no hace lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora; confirmando, en consecuencia, la absolución de la demandada (Banco del Tucumán) de la imputación de solidaridad de la deuda fiscal reclamada en los autos principales a Centro Integral de Atención Perinatal S.R.L.; por lo que constituye un pronunciamiento que pone fin al proceso de ejecución intentado contra el primero, en el marco del presente incidente, impidiendo su continuación, debiendo ser considerada definitiva a los fines del recurso intentado (cfr. CSJTuc., sentencia 403 del 08/6/2010, en "Correa Zeballos Arando Luís Rubén vs. Shell Gas S.A. s/despido"; ídem sentencia nº 26 del 10/02/2004, en "Silva, César O. vs. Juan Tomás Moreno s/despido -incidente promovido por el Dr. Armando Gosen sobre ejecución de honorarios-"). En el marco normativo de los arts. 748 y 749 del Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán (en adelante CPCCT) se advierte que el pronunciamiento impugnado no deja abierta una vía de reparación, quedando aprehendido entre las sentencias equiparables a definitivas previstas en el inc. 1 del referido art. 748 procesal (CSJTuc., sentencia nº 941 del 05/10/2009, en "Tafani Rubén Marino vs. Vizcarra Juan Fernando s/Ejecución prendaria"), al menos respecto de la imputación de responsabilidad solidaria reclamada. Si bien es doctrina pacífica y reiterada de esta Corte Suprema de Justicia que la sentencia emanada del juicio ejecutivo no reviste en principio la calidad de definitiva a los fines del recurso de casación, ello es así en tanto proceda una vía posterior mediante juicio de conocimiento (CSJTuc, sentencia nº 469 del 12/6/2001, en "Banco de la Nación Argentina vs. Seleme, José Nicolás y otro s/Ejecución hipotecaria"; sentencia nº 669 del 22/08/2001 en "HSBC Banco Roberts S.A. vs. Celano S.A. s/Cobro ejecutivo"), lo que no es verificable en la especie como consecuencia de la particular materia resuelta, atento que la específica temática atinente a la tacha de solidaridad al Banco del Tucumán, tramitada por ante esta incidencia, por la deuda fiscal reclamada al demandado originario (Centro Integral de Atención Perinatal S.R.L.) que se ejecuta en el principal, no podrá ser reeditada con posterioridad, con lo cual el pronunciamiento impugnado admite su encuadramiento dentro de la perceptiva del art. 748 inc. 1 de la ley adjetiva; y siendo que "también pueden incluirse entre las equiparadas a definitivas, los pronunciamientos que provocan agravio de imposible o insuficiente reparación posterior en orden al cumplimiento del referido requisito de admisibilidad" (CSJTuc., sentencia nº 522 del 28/7/1999, en "Acevedo Jacinto Manuel vs. José Minetti y Cia. Ltda. s/Cobro"; del voto en disidencia parcial en la sentencia nº 807 del 26/8/2008 en "Díaz Alfredo Rafael y otros vs. Provincia de Tucumán s/Contencioso administrativo incidente de rendición de cuentas promovido por los actores en contra del Dr. Ernesto Padilla") debe tenerse por cumplido el recaudo de definitividad aludido; con lo que el recurso deviene admisible.

V. Corresponde, en consecuencia, examinar la procedencia de la vía impugnativa incoada, confrontándola con la sentencia en crisis y el derecho aplicable al caso, de lo que es dable anticipar la procedencia de la misma.

En primer término, es dable señalar que resulta acertada la afirmación de la recurrente en el sentido que el decisorio en conflicto no efectuó un debido y razonado análisis del principal thema decidendum planteado en la instancia de apelación, cual es la responsabilidad solidaria de la entidad financiera denunciada, en los términos del art. 185 de la ley 5121; limitándose el pronunciamiento impugnado a reiterar la determinación cuantitativa del alcance de la responsabilidad, tema que no había sido objeto de reproche por parte de la actora.

Ciertamente, de la lectura del escrito de fundamentación del recurso de apelación interpuesto por la actora (fs. 229 a 233) se advierte que ésta se agravió de la absolución a la demandada (Banco del Tucumán) de la responsabilidad solidaria reclamada en los términos del dispositivo legal antes citado. El mentado precepto, en su parte pertinente, dispone que "sin perjuicio de las acciones legales que correspondieran, las entidades financieras y cualquier otro oficiado serán responsables solidarios hasta el valor del bien o suma de dinero que se hubiera podido embargar, cuando con conocimiento previo del embargo hubieran permitido su levantamiento, o liberado o permitido la disposición de los bienes embargados, y de manera particular en las siguientes situaciones: 1. Sean causantes en forma directa de la ocultación de bienes, fondos, valores o derechos del contribuyente u obligado ejecutado o embargado preventivamente. 2. Cuando sus dependientes incumplan las órdenes de embargo u otras medidas cautelares. Verificada alguna de las situaciones descriptas, el representante fiscal de la Autoridad de Aplicación la comunicará de inmediato al juez interviniente, acompañando las constancias que así lo acrediten." Efectivamente, la resolución en pugna fundamenta su decisión en cinco párrafos contenidos en el punto 2 de los considerandos de la misma. En los tres de ellos el pronunciamiento en crisis describe el tenor de la norma recién transcripta, en el cuarto párrafo realiza el sentenciante solo una tangencial alusión a la naturaleza de la responsabilidad emergente del art. 185 de la ley 5121 (cuya solidaridad es lo que precisamente reclamara la apelante), estableciendo en el quinto párrafo cuál es la extensión de dicha responsabilidad. Es decir que la única consideración en la que el juzgador basa su rechazo a la pretensión recursiva substancial, radica en el argumento sentencial de que "la responsabilidad por el incumplimiento de una orden de embargo surge del ordenamiento jurídico, con independencia de esta disposición. Lo que hace esta norma es regularla de modo específico con respecto a los créditos fiscales, estableciendo un procedimiento abreviado para hacer efectiva dicha responsabilidad" (sic), sin otra explicación de la que pueda inferirse los motivos que han llevado a la cámara a confirmar la ausencia de responsabilidad solidaria en la especie.

Así las cosas, a poco de examinar el verdadero thema decidendum planteado por la accionante es dable observar que la alzada rechazó el recurso de apelación interpuesto por la ejecutante, confirmando la absolución a la demandada de la imputación de solidaridad por la deuda fiscal reclamada, sin realizar una fundamentación adecuada de las razones jurídicas de esta decisión. En la medida que tal cuestión había sido objeto de expreso agravio por parte de la ejecutante, en segunda instancia, tal pronunciamiento requería de una argumentación adecuada, que no se verifica en la especie; más cuando efectivamente se condenó a la accionada a abonar la suma resultante de los saldos acreedores de las cuentas nº 1073515/1 y 50100108/8, punto que no resulta controvertido en la presente instancia. Es decir que la razón en virtud de la cual, por un lado, se condena a la entidad financiera accionada y, por el otro, se la exime de la responsabilidad solidaria reclamada -respecto de la demandada en el proceso principal- no puede extraerse válidamente de la breve fundamentación esgrimida por el a quo.

No obsta lo dicho, la consideración sentencial por la que se expresa que "esa responsabilidad se extiende hasta el valor del bien o suma de dinero que se hubiera podido embargar, es decir que el límite de la responsabilidad está dado por el monto al que asciende el gravamen", en tanto el límite material de la condena constituye cuestión distinta a la solidaridad requerida por la actora; no habiendo sido lo primero objeto de agravio por parte de la ejecutante. Vale decir que no explica apropiadamente el fallo controvertido la lógica en virtud de la cual se condena al banco demandado, mas tal responsabilidad no es aquella -de naturaleza solidaria- tipificada por el art. 185 de la ley 5121.

La distinción no resulta inoficiosa. Como ya lo describió esta Corte en anterior precedente (sentencia nº 1316 del 22/12/2008, en "José Farias e Hijos S.R.L. vs. Gobierno de la Provincia de Tucumán D.G.R. s/Revocación"), citando la opinión de Héctor B. Villegas, "son sujetos pasivos de la relación jurídica tributaria: a) el contribuyente, que es el destinatario legal tributario a quien el mandato de la norma obliga a pagar el tributo en sí mismo. Como es el realizador del hecho imponible, es un deudor a título propio; b) el sustituto, que es aquel sujeto ajeno al acaecimiento del hecho imponible que, sin embargo, por disposición de la ley, ocupa el lugar del destinatario legal tributario, desplazando a este último de la relación jurídica tributaria. El sustituto es, por lo tanto, quien paga "en lugar de"; c) Responsable solidario es el tercero, también ajeno al acaecimiento del hecho imponible, pero a quien la ley le ordena pagar el tributo derivado de este. A diferencia del anterior, no excluye de la relación jurídica al destinatario legal tributario, que al ser el deudor a título propio y mantener la obligación de pagar el tributo en virtud de la solidaridad, es sujeto pasivo a título de "contribuyente". El responsable solidario es, por tanto, un sujeto pasivo a título ajeno que está "al lado de" (cfr. "Villegas, Héctor B.: "Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario", T. I, págs. 227 y vta.).Más adelante, al abordar el tema de los responsables solidarios, manifiesta que si la ley crea un responsable solidario, el destinatario legal del tributo permanece dentro de la relación jurídica bajo la denominación de contribuyente. Surge entonces un doble vínculo de obligación cuyo objeto (la prestación tributaria) es único. Ambos vínculos (fisco con contribuyente y fisco con responsable solidario) son autónomos pero integran una sola relación jurídica por identidad de objeto. Por eso ambos vínculos, si bien autónomos (en el sentido que el fisco puede exigir indistintamente a ambos sujetos pasivos la totalidad de la prestación tributaria), son interdependientes (en el sentido que extinguida la obligación sustancial para uno de los dos sujetos pasivos, queda también extinguida para el otro (cfr. ob. cit., pág. 231)". Del antecedente jurisprudencial transcripto se deduce que existe una esencial diferencia entre simplemente condenar a la entidad bancaria al pago de una suma determinada o imputarle responsabilidad solidaria -en los términos del art. 185 de la ley 5121- con relación al contribuyente ejecutado, aún cuando ésta última se encuentre limitada al valor del bien o suma de dinero que se hubiera podido embargar.

En razón de ello, el sentenciante debería haber justificado adecuadamente el motivo por el cual decidió confirmar la condena al Banco del Tucumán, pero fuera del marco de la solidaridad regulada en la norma recién referida.

Es decir que, la sala a quo no ha expuesto motivos fácticos y jurídicos idóneos para justificar su decisión; siendo del caso recordar que esta Corte tiene dicho que "es descalificable como acto jurisdiccional válido la sentencia que carece de la debida motivación" (CSJTuc., sentencia nº 1074 del 27/12/2010, en "Juárez Paula Karina y Juárez Roberto Ramón s/Lesiones graves"; ídem sentencia nº 223 del 14/4/2010, en "Emprendimiento Río Grande S.R.L. vs. Robles Benejam Maria Alejandra s/Contratos ordinarios; sentencia nº 161 del 23/3/2010, en "Provincia de Tucumán vs. Mutual de la Asociación Bancaria de San Miguel de Tucumán s/Cobro ejecutivo"; sentencia nº 473 del 30/6/2010, en "Suárez Regino Antonio vs. DistriAr S.R.L. s/Cobro de pesos"; sentencia nº 4 del 03/02/2010 en "Pádula Luís Edgardo vs. Luz Medica S.A. y otro s/Cobro de honorarios"; sentencia nº 1264 del 03/12/2008, en "Terán Juan Carlos s/Sucesión", entre otras).

Así las cosas, la lectura de la sentencia revela que asiste razón a la recurrente, por cuanto la cámara ha omitido el tratamiento de los agravios puntuales esgrimidos por su parte contra la sentencia del inferior en grado. En efecto, el agravio principal de la recurrente centrado en la interpretación y aplicación legal de la responsabilidad solidaria -que se le imputa a la entidad financiera- prevista en el art. 185 de la ley 5121, no ha sido objeto de adecuado tratamiento en el pronunciamiento debatido. Por su parte, la decisión del juzgador de limitar dicha responsabilidad "hasta el valor del bien o suma de dinero que se hubiera podido embargar" no da respuesta eficiente a la problemática planteada por la impugnante. Tampoco constituye justificativo válido de la decisión adoptada, la genérica mención contenida en el decisorio en crisis en el sentido "que la responsabilidad por el incumplimiento de una orden de embargo surge del ordenamiento jurídico, con independencia de esta disposición", puesto que no explica debidamente porqué la resolución limita la responsabilidad de acuerdo a lo preceptuado en el art. 185 de la ley 5181 (hasta el valor del bien o suma de dinero que se hubiera podido embargar), mas se aparta de tal norma en orden a la naturaleza solidaria de la responsabilidad asignada a la demandada.

Así las cosas, las consideraciones vertidas en la sentencia recurrida constituyen solo un fundamento aparente, que como tal acarrea la nulidad de la misma (CSJTuc., sentencia nº 93 del 02/3/2010, en "Gobierno de la Provincia de Tucumán -DGR- vs. Legumbres SACIFIA s/Ejecución fiscal"; sentencia nº 585 del 17/6/2009, en "Banco Hipotecario S.A. vs. Castro Luís Eduardo y otro s/Ejecución hipotecaria"; en similar sentido sentencia nº 627 del 01/7/2009, en "Banco Hipotecario S.A. vs. Andrada María Alejandra del Valle s/Ejecución hipotecaria"; sentencia nº 650 del 03/7/2009, en "Banco Hipotecario S.A. vs. Muro Ángel Manuel y otra s/Ejecución hipotecaria"; sentencia nº 885 del 29/9/2009, en "Banco Hipotecario S.A. vs. Díaz Luís Osvaldo y otra s/Ejecución hipotecaria"; sentencia nº 1047 del 10/11/2009, en "Banco Hipotecario S.A vs. Soverón Adriana Fátima s/Ejecución hipotecaria"; sentencia nº 1077 del 19/11/2009, en "Banco Hipotecario S.A. vs. Chávez Héctor Hugo s/Ejecución hipotecaria"; sentencia nº 1080 del 24/11/2009, en "Banco Hipotecario S.A. vs. López Andrea Enriqueta y otro s/Ejecución hipotecaria"; sentencia nº 81 del 02/3/2010, en "Banco Hipotecario S.A. vs. Díaz Luís Osvaldo y otra s/Ejecución hipotecaria"; sentencia nº 311 del 05/5/2010, en "Banco Hipotecario S.A. vs. Ruiz Roberto Oscar y otra s/Ejecución hipotecaria"; sentencia nº 397 del 08/6/2010, en "Banco Hipotecario S.A. vs. Faciano Luís Ernesto y otro s/Ejecución hipotecaria"; sentencia nº 477 del 30/6/2010, en "Banco Hipotecario S.A. vs. Casavalle Rubén Antonio y otra s/Ejecución hipotecaria -Incidente de ejecución de honorarios promovido por el Dr. Schisterman-"; sentencia nº 851 del 03/11/2010, en "Banco Hipotecario S.A. vs. Morales Román Zenón y otro s/Ejecución hipotecaria"; sentencia nº 562 del 11/06/2009, en "Contrera Julio Ricardo vs. Yubrin Eduardo Jorge s/Cobro de pesos"; sentencia nº 420 del 11/5/2009, en "Alpargatas S.A.I.C. vs. Ruiz Félix Ricardo y otros s/Cobro de pesos"; sentencia nº 1076 del 03/11/2008, en "Ricciutti Sergio Bruno vs. Leiva Alberto Rubén y otra s/Cobro ejecutivo"; sentencia nº 964 del 28/10/2008, en "García Rosa Cristina vs. Catania Carlos Alberto y otro s/Ejecución hipotecaria"; sentencia nº 659 del 08/7/2008, en "Brovia Carlos Alfredo vs. Sergio Tata y Víctor Daniel González s/Daños y perjuicios; sentencia nº 1198 del 17/12/2007, en "Superior Gobierno de la Provincia vs. Tejada Ana del Valle s/Cobro ejecutivo", entre muchas otras).

En síntesis, la sentencia de segunda instancia, incurre en un enfoque parcial de la cuestión a tratar y omite pronunciarse expresamente sobre agravios expuestos en el recurso de apelación. Los jueces se encuentran obligados a pronunciarse sobre los puntos propuestos por las partes pertinentes a la adecuada solución del litigio, ya que la omisión del tratamiento de cuestiones esenciales, expresa y oportunamente planteadas, afecta la garantía de la defensa en juicio consagrada en el art. 18 de la Constitución Nacional, según lo ha declarado reiteradamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos 228:279; 229:260, entre otros). Los agravios y fundamentos propuestos por la recurrente fueron soslayados por el tribunal a quo. Como tiene dicho esta Corte "la omisión de examinar los agravios del apelante, descalifican al pronunciamiento judicial en su validez" (CSJTuc, sentencia nº 573 del 17/08/2010, en "Estévez Juan Carlos s/Sucesión testamentaria incidente de Remoción de Administrador").

VI. Por lo expuesto, se advierte que la sentencia carece de suficiente sostén para confirmar el punto I de la sentencia de primera instancia de fecha 19/10/2009. En consecuencia, corresponde en relación a este tópico -rechazo, con costas, al recurso de apelación deducido por la Provincia y la consecuente confirmación de la absolución a la demandada, Banco del Tucumán S.A. Grupo Macro, de la imputación de solidaridad por la deuda fiscal reclamada en los autos principales- la declaración de invalidez del punto II de la sentencia ahora recurrida, conforme a la siguiente doctrina legal: "Debe descalificarse como acto jurisdiccional válido la sentencia que resuelve sin fundamentación suficiente y prescindiendo de la debida valoración de los planteos del apelante y del cuadro fáctico y normativo conducente para la solución de la causa", debiendo volver los autos al tribunal a quo, para que con la integración que corresponda, dicte nuevo pronunciamiento al respecto, con el alcance recién considerado. Lo así resuelto nada predica acerca del sentido de la sentencia a emitirse.

Atento el modo en que se resuelve la presente vía de impugnación extraordinaria local, no corresponde expedirse sobre los restantes agravios impetrados por el Fisco.

Las costas de este recurso, atento al resultado nulificante del recurso, se imponen por el orden causado (art. 105 inc. 1° procesal).

El señor vocal doctor Daniel Oscar Posse, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor Antonio Gandur, vota en igual sentido.

La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo:

Estando de acuerdo con los fundamentos brindados por el señor vocal doctor Antonio Gandur, vota en idéntico sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal,	R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la apoderada de la actora (fs. 252 a 260) en contra de la sentencia n° 541 de fecha 28 de diciembre de 2010 (fs. 247 a 248 vta.) dictada por la Sala II de la Cámara en Documentos y Locaciones. En consecuencia, CASAR la misma declarando la nulidad parcial de su punto II, conforme a la doctrina legal enunciada precedentemente y con el alcance señalado en el considerando VI de la presente. Vuelvan los autos al mencionado tribunal para que, por intermedio de quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento. Devuélvase el depósito.

II.- COSTAS de la presente instancia como se consideran.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO GANDUR DANIEL OSCAR POSSE	CLAUDIA BEATRIZ SBDAR ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA.