Tribunal: CAMARA FEDERAL DE APELACIONES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Córdoba
Fecha: 2005-10-19


2º Instancia. - Córdoba, octubre 19 de 2005.

Y Considerando:

I. Llegan las presentes actuaciones a este Tribunal de Grado en virtud del recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica de la imputada en cuestión, en contra de la resolución cuya parte resolutiva fuera transcripta. En la Instancia sólo el apelante ha informado de conformidad a lo previsto por el art. 454 del C.P.P.N., conforme surge del certificado obrante a fs. 494.

II. Se inicia la presente causa a raíz de la denuncia (fs. 1/3) formulada por Miguel Angel Peyrano, Jefe a cargo de la Región Córdoba de la Dirección General Impositiva dependiente de la Administración Federal de Ingresos Públicos, en la que se manifiesta que la firma "Daniela Borgogno Ferias S.R.L." habría llevado a cabo conductas fraudulentas que se traducen, en la imputación de crédito fiscal inexistente, disminuyendo así el monto que le corresponde ingresar a las arcas fiscales por I.V.A.. A continuación expresa que la firma no pudo acreditar la real existencia de las compras supuestamente efectuadas por lo que resulta ilegítimo el crédito fiscal computado, inherente a las mismas. Tal accionar habría causado un perjuicio fiscal, en concepto de Impuesto al Valor Agregado, equivalente a la suma de Pesos Doscientos Veinticuatro Mil Ciento Cincuenta y Ocho con Veinte Centavos ($ 224.158,20) discriminado de la siguiente manera: período fiscal del año 1997 (8/97, 9/97, 10/97, 11/97 y 12/97) por un importe de Pesos Ciento Doce Mil Cuarenta y Uno con Veintinueve Centavos ($ 112.041,29) período fiscal del año 1998 (1/98, 2/98, 3/98 y 6/98) por un importe de Pesos Ciento Doce Mil Ciento Dieciséis con Noventa y Un Centavos ($ 112.116,91).

III. En la oportunidad prevista en el art. 454 del Código Adjetivo (ver fs. 486/493), la defensa técnica de la encartada Daniela Mercedes Borgogno reitera sus argumentos vertidos en anterior oportunidad a fs. 245/254 vta. en orden a los antecedentes administrativos, la promoción defectuosa de la acción penal y la afectación al derecho de defensa de su defendida.

Posteriormente desarrolla su agravio referido a la prueba pericial, la demostración del monto económico supuestamente evadido y su relación con la condición objetiva de punibilidad, indicando que los importes supuestamente evadidos no superarían los Pesos Cien Mil ($ 100.000), por ello solicita que se dicte el sobreseimiento de su defendida y subsidiariamente su falta de mérito.

Finalmente, efectúa la reserva del caso federal ante una resolución adversa a su pretensión.

IV. Planteada de esta manera la cuestión a resolver, y teniendo en cuenta los principios fundamentales de la lógica y del razonamiento judicial, adquiere especial relevancia el denominado "silogismo judicial forense" entendido como un "tipo de razonamiento mediato que está conformado al menos por dos premisas que posibilitan la conclusión, pero para que ella pueda existir, entre ambas premisas existe un término que hace las veces de suficiente enlace entre algunas otras partes de las nombradas. Esto es, que sin término medio no existe conclusión; luego, el término medio es el que se repite en ambas premisas y permite que la conclusión relacione los otros dos términos que existen en cada una de las premisas anteriores. De allí resulta que la ley o la norma, que como tal constituye la premisa mayor, es a la vez el término medio, y por lo tanto, lo que no aparece en manera alguna en la conclusión del nombrado silogismo" (cfme. Armando S. Andruet (h), La Sentencia Judicial, en El Razonamiento Judicial, Olsen A. Ghirardi Director, Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba - Instituto de Filosofía del Derecho, Córdoba, 2001, pág. 77).

Efectuada esta aclaración metodológica, es que pasaremos a analizar la normativa legal presuntamente violada por la conducta llevada a cabo por la imputada Daniela Mercedes Borgogno, posteriormente examinaremos los hechos y pruebas arrimados al presente proceso penal, en especial su valor convictivo, para luego efectuar una subsunción lógica de los hechos y el derecho y arribar de esta manera a una conclusión coherente con las premisas ya citadas, lo que permitirá una resolución justa al conflicto legal de marras.

a) Conforme se desprende de la declaración indagatoria obrante a fs. 37/39 vta., se le imputa a Daniela Mercedes Borgogno la supuesta comisión del delito de evasión simple, previsto y contemplado en el art. 1º de la ley 24.769.

Dicha normativa legal establece que: "Será reprimido con prisión de dos a seis años el obligado que mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o engaño, sea por acción o por omisión, evadiere total o parcialmente el pago de tributos al fisco nacional, siempre que el monto evadido excediere la suma de cien mil pesos por cada tributo y por cada ejercicio anual, aun cuando se tratare de un tributo instantáneo o de período fiscal inferior a un año".

De ello se colige que el "obligado" es todo aquel sujeto pasivo tributario indicado en la ley 11.683 o en las leyes que regulan tributos nacionales en particular.

La acción típica prevista consiste en evitar, eludir o sustraer el pago que legítimamente se adeuda, ya sea de manera total o parcial, mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas y empleando cualquier otro ardid o engaño.

En lo que a la culpabilidad se refiere el tipo penal analizado requiere el dolo directo, es decir el conocimiento de las circunstancias y de sus consecuencias dañosas.

Finalmente, en lo que a este aspecto se refiere, para que exista punibilidad, el monto evadido debe exceder la suma de Pesos Cien Mil ($ 100.000) -fijada como condición objetiva de punibilidad- por cada tributo y por cada ejercicio anual, es decir que si se diera el supuesto de que se configuran todos los elementos que integran la figura pero no se supera el monto indicado, el ilícito deja de ser tal y pasa a ser castigado por el art. 46 de la ley 11.683, que establece penas de dos (2) a diez (10) veces el importe del tributo evadido (Cfme. Héctor B. Villegas, Régimen Penal Tributario Argentino, 2º edición, Ed. Depalma, Bs.As., 1998, pág. 280).

b) El material probatorio colectado en autos consiste en: 1) Documental: Cuerpo Principal Nº 1 y 2 (actuación Nº OI 26483/0); Cuerpo Información Agencia y Declaraciones Juradas Originales (actuación Nº OI 26483/0); Cuerpo Informe Ley Penal Tributaria (actuación Nº OI 26483/0); Cuerpo sin foliar para Determinación de Oficio (actuación Nº OI 26483/0); Cuerpo Medidas Cautelares (actuación Nº OI 26483/0); Cuerpo Visitas a Proveedores (actuación Nº OI 26483/0); Cuerpo Consultas RAEA Clientes (actuación Nº OI 26483/0); Cuerpo Informes a Jefatura (actuación Nº OI 26483/0) y Cuerpo Contrato Social y Datos Responsables Solidarios (actuación Nº OI 26483/0); todos ellos obrantes en Secretaría, y se tienen a la vista; 2) Informativa: Oficio de la AFIP (fs. 18); Oficio de la AFIP (fs. 162); Informe del Registro Nacional de Reincidencias y Estadística Criminal (fs. 316/327 y 330/341); Oficio de la AFIP (fs. 388); Oficio de la AFIP (fs. 449); c) Pericial: Pericia Contable (fs. 401/416).

c) Ahora bien, teniendo en cuenta que los "conflictos merecedores de nuestra atención no deberán desalojar nuestra preocupación filosófica: la especulación interpretativa será solo la vía (método) por la cual buscaremos las explicaciones justificantes para la interpretación de la ley penal, y por su intermedio, del acontecer real, entendido éste como un sistema ideológico -penal, en función de lo justo en el campo penal-. El punto de equilibrio pertenecerá en definitiva al juzgador, en tanto sujeto actuante como criterioso observador de las diversas situaciones de hecho merecedoras de la consideración del derecho a través del multifacético prisma por el que lo interpreta" (cfme. Luis Roberto Rueda, La interpretación y la ley penal, en El Razonamiento Judicial..., pág. 145).

Así, y en afán del descubrimiento de la "verdad o acontecer real" de los hechos, adquiere especial valor convictivo la pericia ordenada por el Magistrado instructor. En este sentido, el art. 253 del C.P.P.N. establece que: "el juez podrá ordenar pericias siempre que para conocer o apreciar algún hecho o circunstancia pertinente a la causa, sean necesarios o convenientes conocimientos especiales en alguna ciencia, arte o técnica".

Siendo evidente que en la presente circunscripción judicial se carece de un fuero especializado en la materia penal económica, la labor efectuada por los peritos contables en temas como los analizados en la presente causa, resultan de vital importancia.

Cabe reparar que la defensa técnica de la imputada Daniela Mercedes Borgogno a fs. 349 propuso la realización de esta medida probatoria, siendo la misma denegada a fs. 356. Ante ello, la Fiscalía Federal interviniente interpuso recurso de reposición y apelación en subsidio, adhiriéndose la defensa técnica de la imputada en cuestión a fs. 366/369. Finalmente a fs. 370/vta. el Juez interviniente hizo lugar a la reposición interpuesta y ordenó la realización de una pericia contable limitada a los puntos periciales propuestos por la defensa.

Notificada y realizada en legal forma la pericia ordenada, obran el desarrollo y las conclusiones de la misma a fs. 411/416. De ella se desprende, como dato principal, que el total del "perjuicio fiscal incurrido por la empresa fiscalizada "Daniela Borgogno Ferias S.R.L." asciende a la suma de $ 63.762,56" (ver fs. 416) en los períodos fiscales 08/97 a 06/98. Es decir, como bien lo destacan los abogados defensores de Borgogno a fs. 420/424, no se ha superado la condición objetiva de punibilidad.

Asimismo, hay que destacar que el representante legal de la Fiscalía Federal interviniente, al ser notificado de los resultados periciales a fs. 419 vta. nada ha expresado al respecto ni la ha cuestionado.

Al respecto se ha expresado que: "...si bien en principio, las opiniones periciales no obligan al Juez y pueden ser valoradas según la sana crítica racional... los tribunales carecen de la atribución de apartarse del dictamen del perito acudiendo solamente a los conocimientos privados, técnicos o científicos que sus integrantes pueden poseer, ya que este saber íntimo revelado a la hora de sentenciar, escapa al control de las partes y vulnera así el principio del contradictorio, básico en todo proceso contencioso..." (cfme., José I. Cafferata Nores, La prueba en el proceso penal, pág. 88), y que "...sería pueril afirmar que la libertad del Juez ante la pericia es absoluta, como que el Proceso Penal no puede ser el imperio de la arbitrariedad y el reino del capricho. El Juez que ordenó la prueba pericial para determinada comprobación, no podrá despreciar sus resultados o rechazarlos simple y llanamente. Caería en evidente contradicción, y su proceder sería absurdo y perjudicial para los fines de la verdad que impulsan el proceso..." (cfme. Florián, citado por Raúl W. Ábalos, Derecho Procesal Penal, tomo II, Ed. Jurídicas de Cuyo, 1993, pág. 521).

De esta manera y teniendo en cuenta que en el caso de autos, los funcionarios de la AFIP efectuaron la denuncia penal que dio inicio a esta causa en base a una "Determinación de Oficio", es que el examen pericial resulta de vital importancia. Así, siendo el mismo coherente con las pruebas arrimadas a la presente causa, es que corresponde dictar el sobreseimiento de Daniela Mercedes Borgogno por los hechos imputados ya que no se habrían superado los márgenes legales que han sido establecidos como condición objetiva de punibilidad.

Por todo ello; se resuelve: I. Revocar la resolución apelada, en consecuencia ordenar el sobreseimiento de la imputada Daniela Mercedes Borgogno por los hechos investigados en la presente causa, conforme lo establece el art. 336 inc. 5 del C.P.P.N., debiendo efectuarse la expresa mención que el presente proceso no ha afectado el buen nombre y honor del que pudiera haber gozado la imputada en cuestión. - Luis R. Rueda. - José A. Mosquera. - Luis R. Martínez.