marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Menores, bien jurídico protegido
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: C., M. A. s/ Art. 10 ley 10.067 S., C. E.; S., A. S.; S., M. L.; S., M. E.; N.N. o J. M. S. s/ Situación irregular - abandono Mesuro, Roberto R. y otra s/ Divorcio por presentación conjunta. Incidente de suspensión de  tenencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-10-26|2000-04-12|2002-02-19

Hoy se encuentra firmemente arraigada la concepción del menor como sujeto y nunca como objeto de derechos. Sin embargo, en franca oposición con este verdadero apotegma del derecho minoril, en ciertas ocasiones, no se trepida en disponer del niño como si se tratara de un bien mueble que se cambia de lugar y se traslada de acuerdo a los humores de su progenitor o del funcionario de turno, pasándolo de mano en mano, sin reparar en que con cada desarraigo al que se le somete se le cercena irreparablemente una porción de su identidad y se le ocasiona un gravísimo trastorno psicológico en su esfera afectiva. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, igualdad ante la ley, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Hooft, Pedro Cornelio Federico c/ Provincia de Buenos Aires s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-11-16

Si se descalificara una norma provincial tachándola de discriminatoria por establecer diferencias entre los argentinos nativos o por opción y los naturalizados, ello implicaría el absurdo de descalificar a la vez a la propia Constitución Nacional, ya que es esta misma la que establece distingos al excluir a los últimos de la posibilidad de acceder a los cargos de presidente y vicepresidente de la Nación (art. 89) o fijar un requisito de antigüedad en la ciudadanía para ser electos diputados o senadores (arts. 48 y 55). (Disidencia del Dr. Augusto César Belluscio).
Estupefacientes, multa penal, actualización monetaria, ley penal más benigna, retroactividad de la ley penal
Materia: PENAL
Carátula: Benítez, Ramón s/ Inf. Ley 23737. Causa 9980
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-08-24

La aplicación de la ley 23975 retroactivamente, colisiona con lo dispuesto por el art. 2 del Código Penal, por no resultar norma más benigna que la que regía en el momento del hecho.
Juicio ejecutivo, inhabilidad de título, declaración de oficio, cheque, nulidad del acto jurídico
Materia: CIVIL
Carátula: VERTICE MUSICAL S.A. c/ RICARDO A. GORDILLO s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-06-27

El juez debe examinar el cuadro fáctico en su totalidad, a los efectos de verificar si los títulos valores han sido transmitidos legalmente al ejecutante. Dentro de este mismo orden de ideas, si bien el accionado ha opuesto la excepción de "inhabilidad de título", Ramacciotti citando a Podetti considera que en estos casos, no obstante la denominación empleada por el ejecutado, se trata de una excepción de "falsedad", ya que el ámbito de esta excepción, alcanza tanto la nulidad extrínseca del título (falsedad o adulteración instrumental), como la intrínseca (de la obligación que comprueba el título), ya que si bien el título sería auténtico en cuanto a sus formalidades externas, es falso, en cuanto objetiviza un negocio jurídico que no es sincero. Esta discordancia, no basta para descalificar la defensa articulada por el ejecutado (Ramacciotti: "Compendio", tomo 2, p. 371 y ss.).
Juicio ejecutivo, intimación de pago
Materia: PROCESAL
Carátula: Cohon, Abraham c/ Antonio Cesario Acosta y Otro s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1972-03-10

El Código Procesal no exige el recaudo de la intimación de pago previa para la procedencia del embargo preventivo y el pagaré debidamente protestado es título suficiente para solicitarlo, pero debe quien intenta obtener esa medida cautelar cumplir con la contra cautela preceptuada por el artículo 199 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial.
Adopción plena, código civil y comercial
Materia: CIVIL
Carátula: C., C. E. s/ Adopción Plena
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2015-08-12

Debe otorgarse la adopción plena del adolescente a su guardador, toda vez que éste prioriza valores ligados al trabajo y a la familia, es protector y atento a las necesidades del menor, de su cuidado y atención se encarga de manera activa, con sus ingresos puede satisfacer las necesidades básicas del grupo familiar y se advierte en relación a la dinámica familiar, que tanto el peticionante como la familia extensa buscan garantizar su atención, asumiendo con naturalidad y disposición las tareas que esto les demanda; Asimismo debe tenerse en cuenta que el joven ha incorporado hábitos ligados a la idiosincrasia del grupo familiar; que tiene una rutina diaria acorde a su edad y a sus necesidades; y que su padre biológico ha prestado la conformidad a la adopción.
Sentencia, nulidad de sentencia, falta de fundamentación
Materia: PROCESAL
Carátula: FEDERACION PROVINCIAL DE ASOCIACIONES CIVILES DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE RIO NEGRO c/ PROVINCIA DE RIO s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO s/ APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2004-04-20

El fallo de Cámara ha prescindido de efectuar un tratamiento adecuado de la cuestión de acuerdo con las pruebas producidas en la causa y ha omitido considerar argumentos conducentes oportunamente planteados, y sólo satisface de manera aparente la exigencia de constituir una derivación razonada del derecho aplicable con adecuada referencia a los hechos comprobados de la causa y la conducta de las partes, y por ende debe ser descalificado como acto jurisdiccional válido.
Incidentes, impugnación de la liquidación
Materia: PROCESAL
Carátula: Odonto Press SRL c/ Vázquez de Ruiz, Elsa s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1999-09-30

La cuantía del incidente al objeto propuesto está significado por la diferencia entre el monto resultante de la liquidación impugnada y el monto de la aprobada.
Proceso penal, facultades del juez, calificación jurídica
Materia: PROCESAL
Carátula: V., J. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -ABUSO  SEXUAL AGRAVADO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 12 AÑO 2004)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-06-09

En orden a la justicia represiva, el deber de los magistrados, cualesquiera fueren las peticiones de la acusación y la defensa, consiste en precisar las figuras delictivas que juzgan, con plena libertad y exclusiva subordinación a la ley, sin más limitación que la de restringir el pronunciamiento a los hechos que constituyeron la materia del juicio. Por ello, no es violatorio de la defensa en juicio el haberse apartado las sentencias del encuadramiento legal propiciado por el juez instructor en la resolución que decreta la prisión preventiva y por el fiscal en su acusación.
Recurso de inconstitucionalidad, acción de amparo, antigüedad, reglamentación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: KESSLER, DANIELA CRISTINA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-09-04

En orden al recaudo de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta del acto u omisión de que se trate, es menester destacar que la calificación de manifiesta implica que los vicios deben aparecer visibles al examen jurídico más superficial, es decir, cuando el ataque es tan patente que se manifiesta -podría decirse en forma física- visible, ostensible y notoria; y en el sub lite, las alegaciones de la amparista al sostener arbitrariedad por considerar de manera diferencial la antigüedad docente para el concurso como suplente en escuela pública y en escuela privada, otorgándole a esta última la décima parte de la puntuación y no considerar la antigüedad como titular, resultan insuficientes para demostrar la fractura entre dicha reglamentación y el marco de atribuciones que le confiere el ordenamiento legal, toda vez que la disposición cuestionada se inscribe en el marco de legalidad y del derecho positivo vigente, de donde surgen asimismo, los requisitos que deberán reunir los aspirantes al ingreso a la docencia en el sector público además de las exigencias que establezca la reglamentación y la convocatoria a concurso, destacando particularmente que la labor docente no es igual según se desempeñen en el sector público o en el privado, en especial, difieren los sistemas de ingreso. (Del voto del Dr. Netri, al que adhieren los Dres. Gastaldi y Erbetta) - CITAS: CSJStaFe: Bacchetta, AyS T 132, p 67/164. - Jurisprudencia Concordante con Burggi, AyS T 284, p 63/73, sumario J0044287 y Saez, AyS T 284, p 281/294, sumario J0044225.
Despido discriminatorio, indemnización agravada
Materia: LABORAL
Carátula: Duarte Huircan, Rubi Juana c/ Aegis Argentina S.A. y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-03-29

Cabe calificar como discriminatorio el despido de la parte actora, quien fuera víctima de maltratos y actitudes discriminatorias y sin que la demandada hubiese adoptado alguna medida para preservar su salud; máxime si se tiene en cuenta que el art. 75 de la L.C.T. le imponía a aquélla la obligación de tomar las medidas necesarias e idóneas para evitar que la trabajadora bajo su dependencia pudiera quedar expuesta a sufrir situaciones como las descriptas. Los testigos fueron convincentes en señalar las actitudes de maltrato y discriminación por parte de los supervisores hacia la accionante, consistentes en llamarla por el nombre masculino -"Rubén"- o bien en obligarla a presentarse ante los clientes que atendía como tal, a la par de no permitirle utilizar el baño para mujeres, como así también que fue sancionada por tomarse un día para realizar el trámite de cambio de nombre en su DNI. Justifícase así el pago de un resarcimiento adicional a las indemnizaciones por despido.
Jurisdicción y competencia, competencia federal, delitos contra el orden público, delitos contra la seguridad de la Nación, delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional, secuestro extorsivo
Materia: CONSTITUCIONAL - PENAL
Carátula: Combal, Fernando Alberto s/ secuestro extorsivo .
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-27

Las causas en las que se imputa la comisión de alguno de los delitos previstos en el art. 3 , inc. 5 de la ley 48, introducido por la ley 20.661, deben tramitar en primer lugar ante la justicia federal, sin perjuicio de la competencia ordinaria en los casos en que, del conocimiento prioritario de los tribunales federales lo actuado revele inequívoca y fehacientemente que los hechos tienen estricta motivación particular y que, además, no existe posibilidad de que resulte afectada, directa o indirectamente, la seguridad del Estado Nacional o de alguna de sus instituciones.
Viajantes de comercio, comisiones, libros de registro
Materia: LABORAL
Carátula: Fernández, Pedro c/ Alvarez, Luis Modesto s/ Despido y cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-08-18

Habiéndose acreditado la calidad de viajante de comercio, cuya remuneración debe integrarse indefectiblemente con comisiones por ventas (art 7 ley 14.546), con relación a su porcentaje rige la inversión de la carga de la prueba respecto del monto o cobro de la remuneración que establece el art 11 de la ley citada.
Acción de amparo, existencia de otras vías, gravamen irreparable
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: ARENAS, María y LORENZO, Karina s/ recurso de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-21

Si bien la acción de amparo no está destinada a reemplazar los medios ordinarios instituídos para la solución de las controversias, su exclusión por la existencia de otros recursos administrativos y judiciales no puede fundarse en una apreciación meramente ritual, toda vez que la institución tiene por objeto una efectiva protección de los derechos, más que una ordenación o resguardo de competencias.

Sin embargo, tal excepción debe darse en los casos en que la demora ocasione un agravio insalvable al derecho invocado.
Confirmación de sentencia, falta de fundamentación suficiente, proporcionalidad de la pena, improcedencia del recurso, agravio concreto, defensa, insuficiencia del agravio, control de constitucionalidad, sustracción de menores, libertad condicional, delitos contra la humanidad
Materia: PENAL
Carátula: Ricchiuti, Luis José y Hermann, Elida Renée s/ rec. de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-12-27

Si bien la medida de la pena debe guardar proporcionalidad con la magnitud del injusto y de la culpabilidad del autor, resultan insuficientes los planteos de la defensa que pretende la inconstitucionalidad de la sanción impuesta por el a quo -trece años y seis meses de prisión-, a quienes han sido hallados coautores penalmente responsables de delitos de singular gravedad como la retención y ocultamiento de un menor de 10 años por más de treinta años con alteración de su estado civil, los que han sido, adecuadamente, calificados como crímenes de lesa humanidad pues para sustentar tal índole de agravio, no sólo debe precisarse con claridad cuál o cuáles son las normas que se tachan de inconstitucionales -aspecto ausente en el reclamo-, sino que además se requieren aseveraciones concretas y no en abstracto acerca de cómo se encuentra afectado el principio de proporcionalidad de las penas al condenar a un monto que permite la obtención de la libertad condicional.
Licencia de radiodifusión, licencia de televisión, facultades del Poder Ejecutivo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Provenzano Sergio Luis y otro c/ E.N. -Comité Federal de Radiodifusión- y otro s/ juicios de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-31

Por imperativo legal, el Poder Ejecutivo es el único facultado para decidir el llamado de concursos y en su caso adjudicar las licencias respectivas (confr. art. 39 ley 22.285). (Del voto de la Dra. Garzón de Conte Grand, consid. VIII).
Juicio ejecutivo, caducidad de instancia, declaración de oficio, impulso procesal, embargo preventivo, interrupción de la caducidad, facultades del acreedor
Materia: PROCESAL
Carátula: OBRA SOCIAL BANCARIA c/ Banco Mercantil S.A
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-03-31

Procede decretar de oficio la caducidad de la instancia (art. 316 C.P.C.C.), sin que constituya impedimento para ello el hecho de haberse trabado con posterioridad al último acto impulsorio señalado por el a quo. Ello así, por cuanto las diferencias sobre medidas precautorias no impulsan el procedimiento conforme el art. 311 del C.P.C.C., ya que el embargo no constituye un trámite esencial de ejecución, sino sólo una garantía establecida por la ley a favor del acreedor, en razón de la naturaleza del título y de la que el accionante puede prescindir para hacerla efectiva con posterioridad, si es que desea el cumplimiento de la sentencia que dispone que siga la ejecución adelante.
Beneficios previsionales, cómputo de servicios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Bruno, Zulema c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-10-18

La ley 8188 no efectúa distinción en cuanto a que sus normas alcanzan a los cargos con estabilidad y excluyen a otros. Comprende a todos los que hubieran desempeñado cargos públicos e inclusive a quienes estuvieran en cargos de origen electivo.
Recurso extraordinario, resoluciones equiparables a definitiva, juicio ejecutivo
Materia: PROCESAL
Carátula: Banco de la Nación Argentina c/ Figueroa, Eduardo Antonio.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-29

Si bien, como principio, los pronunciamientos dictados en juicios ejecutivos no son revisables por la vía del recurso extraordinario cabe hacer excepción a ello cuando las defensas opuestas por el ejecutado se resuelven de modo definitivo, impidiendo una nueva controversia ulterior en el propio proceso de ejecución o en los términos del art. 553 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (Disidencia del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Incapacidad, representación de incapaces
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: LUCERO ABDON IGNACIO s/ ACCION  PENAL  DEPENDIENTE DE INSTANCIA PRIVADA - GUARDADOR INCAPACES  - CASACION PENAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1988-12-16

En el caso, ha quedado firme, desde que no ha sido discutido por el recurrente, que la hermana de la incapaz de treinta y cuatro años de edad, afectada de oligofrenia profunda e imbecilia- era su guardadora. Así las cosas, es correcto admitir como valida la denuncia formulada por la hermana de la víctima y guardadora de ella, para satisfacer las exigencias del art. 72 del CP desde que la titular de la instancia se encontraba impedida de hacerlo. Si bien es cierto que la guarda tiene relación excluyente con las otras calidades previstas por la ley, solo es incompatible con la patria potestad, tutela o curatela cuando exista la situación de hecho a que la guarda se limita.Es decir que el guardador tiene el poder de instar en nombre del agraviado, cuando éste, siendo incapaz, no tiene padres, tutor o curador,o cuando, teniéndolos, estos no ejerciten de hecho los poderes materiales. La falta de ejercicio puede provenir de razones legales o de imposibilidad de hecho de ejercicio (ausencia) o de delegación (internados) o puede ser voluntaria (abandono). En el caso, frente al abandono de la víctima por sus padres, desde temprana edad y la ausencia de otra representación legal, su hermana era quien tenía el poder de instar la acción, porque fue quien tuvo a su cuidado a la incapaz ''proporcionándole alimentos, ropas y todas las atenciones como si fuera su hija verdadera''. En consecuencia, ante el abandono de la patria potestad, por parte de los padres de la víctima, su hermana que revestía la condición jurídica de guardadora, insto legítimamente la promoción de la acción, por lo que corresponde el rechazo del recurso.
Cobro de retroactivo, interpretación de la ley, medidas cautelares
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: BASSO, ESTELA MARIA CRISTINA c/ A.N.Se.S. s/ HABERES PREVISIONALES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-22

Las manifestaciones que efectúa en su libelo la apelante, en cuanto a que en el futuro podría tener dificultades en cobrar el retroactivo, ya que en la actualidad no se le estarían abonando a los beneficiarios las sumas adeudadas en concepto de retroactividades en virtud del Dto. 332/97, es meramente conjetural y no puede ser interpretado como peligro en la demora requerido por el art. 230 del C.P.C.C. a efectos de la procedencia de la medida cautelar.
Contratos administrativos, locación, bienes del Estado, ejecución de alquileres, aplicación supletoria de la ley, Derecho civil
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ferrocarriles Metropolitanos S.A. (E.L.) c/ Spinelli Jorge O. s/ proceso de ejecución
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-05-14

El art. 1502 del C.C. estatuye que los arrendamientos de bienes nacionales serán juzgados por las disposiciones del derecho administrativo o por las que le sean peculiares, y en subsidio lo serán las disposiciones de dicho Código, y el art. 1578 del mismo Código dice que si la cosa arrendada fuese inmueble, compete al locador, acción ejecutiva para el cobro de los alquileres o rentas. (Consid. 6º).
Legitimación activa, contratos entre cónyuges
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Castro, Irma Ofelia c/ Giordani, Amanzi Juan y Otra s/ Cobro Ejecutivo - Reconstrucción
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-03-27

Resulta improcedente la excepción de falta de legitimación activa interpuesta por un ejecutado, fundado en que siendo la actora esposa del beneficiario del pagaré cuyo pago se pretende, la cesión de dicho instrumento mediante endoso resultaría nula, en virtud de la prohibición de pleno derecho de contratar entre cónyuges, pues habiendo invocado la ejecutante un mandato de administración de la sociedad conyugal con apoyo en el art. 1276, tercer párrafo del Código Civil, correspondía al demandado la acreditación del supuesto negocio jurídico prohibido, lo que no surge de las constancias de la causa.
Régimen para la Caja Nacional de Previsión y Seguridad Social para Profesionales, ley derogada, derechos adquiridos
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Noguera, Oscar Francisco s/ jubilación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-16

El derecho otorgado por el art. 23 del decreto-ley 7825/63, al constituir uno de los componentes del status jubilatorio, no puede ser desconocido por el mero hecho de haberse derogado la norma que lo concedió.
Interdictos posesorios, interdicto de recobrar
Materia: PROCESAL
Carátula: Bornacín, Mauricio c/ Negocios Marinos s/ Interdicto
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-11-27

El interdicto de recobrar la posesión o la tenencia es un remedio policial, urgente y sumario, dado en favor del que se encuentra en la posesión o simple tenencia del bien contra quien por sí la turba con violencia o clandestinidad, que procede también contra los cómplices y ulteriores usufructuarios de la desposesión (arts. 614 y 615 del Código Procesal). Los recaudos de viabilidad son la prueba de que el actor detentaba la tenencia del bien y el despojo a través de la clandestinidad, entendida ésta como todo acto que se realiza en ausencia del poseedor y ocultándole al destinatario los designios encaminados a la desposesión como, por ejemplo, la celebración con un tercero de un contrato de locación no probado.
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria, exceso ritual manifiesto, apreciación de la prueba, reglas de la sana crítica, prueba testimonial, contrato de trabajo, trabajadores rurales, trabajadores algodoneros
Materia: PROCESAL - LABORAL
Carátula: Herrera, Faustino c/ Caja  Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-26

La valoración que realizó el tribunal de la causa debió tener en consideración las condiciones sociales y económicas en que se desenvolvieron los declarantes - "juntadores" de algodón como el recurrente - por lo que desconocer su eficacia probatoria cuando en términos generales son coincidentes respecto del tipo de actividades desarrolladas por éste, forma de pago, ubicación y extensión del predio rural, trasunta un injustificado rigor formal y se enfrenta con el principio de la sana crítica que debe regir la ponderación de las pruebas.
Desindexación, pago parcial, Ley de desindexación, deuda no consolidada
Materia: COMERCIAL
Carátula: FERROCARRILES ARGENTINOS c/ JUAN M. DE VIDO E HIJOS SCA s/ COBRO DE PESOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-18

En el caso, ha existido un pago tan sólo parcial del crédito reclamado, por lo cual no puede ser afirmado que exista una "situación jurídica consolidada" en los términos del art. 1°, Ley 24.283. Al menos, no en lo que hace a la porción de dicho crédito que continúa insoluta, aunque si en relación a la porción que se encuentra cancelada (sobre el alcance de la expresión "situación jurídica consolidada", véase esta Sala, causa 1051, del 11.9.95).
Daños y perjuicios, accidente en espectáculo deportivo, seguridad en espectáculos deportivos, infraestructura deportiva, Asociación de Fútbol Argentino, responsabilidad del organizador
Materia: CIVIL
Carátula: Zacarías, Claudio H. c/ Córdoba, Provincia de y otros s/ sumario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-28

La seguridad y tranquilidad de quienes concurren o participan en un espectáculo público descansa sobremanera en el cabal cumplimiento por parte de la entidad rectora del fútbol argentino de todas y cada una de las obligaciones que le imponen el deber y el poder tutelar que aquélla tiene sobre los partidos oficiales correspondientes al torneo que organiza (Disidencia parcial del Dr. Julio S. Nazareno).