marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Ejecución de sentencia, liquidación, plazos procesales, facultades del juez
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL
Carátula: VENEZIALE, LUIS ANGEL c/ ESTADO NACIONAL-MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-05

El código de rito establece que cuando en él no se fijare expresamente el plazo que corresponda para la realización de un acto, lo señalará el juez de conformidad con la naturaleza del proceso y la importancia de la diligencia. En consecuencia, corresponde confirmar la resolución del "a quo" que, luego de conceder al organismo un plazo de 60 días para practicar la liquidación, y renovarlo por 15 días más, denegó un nuevo pedido de ampliación. Ello así porque la prórroga solicitada por la A.N.Se.S. traduce la intención de disponer de los plazos en forma indiscriminada, afectando el interés particular del actor y tornando ilusoria la ejecución pretendida.
Competencia, quiebra fraudulenta, competencia federal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: LAÑIN, Hugo B. y otros...". s/ .
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-11-02

La quiebra fraudulenta lesiona a la masa de acreedores con derecho al cobro de los créditos provenientes del patrimonio del deudor y no a loa acreedores individualmente considerados, por lo que resulta competente para entender en ella la Justicia de Instrucción y no la Federal aún cuando el Estado Nacional haya verificado un crédito a su favor. (Fallos 3304:1265 y 308:1848 y de la C.C.C. Fed. Sala II en autos "Incid. De incompetencia en causa 11.676" del 28.6.2006).
Cesión de créditos, cesión de boleto, cesión de derechos, boleto de compraventa
Materia: CIVIL
Carátula: Sánchez, Edgar Carlos c/ Ledesma, Elisa Argentina s/ Escrituración
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2000-04-11

Cuando lo que se transfiere es un boleto de compraventa, se está frente a una cesión de crédito y no de una compraventa, ya que el cesionario no adquiere el dominio que tampoco lo tenía el cedente sino sólo un derecho creditorio, que es lo que aparecía incorporado en el patrimonio del comprador frente al vendedor originario; derechos y obligaciones eminentemente personales, emergentes de la compraventa
Remuneración, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Sachetti, Santiago c/ Empresa Hotelera Americana S.A. s/ Indemnización por despido y haberes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-03-21

No demostrada la causa jurídica que da origen a las diferencias salariales pretensas, no tiene operatividad la inversión de la carga de la prueba del art. 39 del dec. ley 7718/71.
Robo, dolo
Materia: PENAL
Carátula: Barral, Víctor Andrés s/ Tentativa de robo agravado
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-06-21

La actividad desplegada en este hecho por parte del procesado exterioriza el deseo de violentar la norma jurídica ya que suma su actividad a la del que empuña el arma para forzar el ingreso al local comercial con el fin de desapoderar en forma ilegítima de cosas al propietario, es decir, fue un acto llevado adelante con la voluntad de la realización, libremente decidido, con conocimiento de la ilegalidad.
Constitución Nacional, control de constitucionalidad, interés legítimo, inconstitucionalidad, renuncia de derechos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: JUAN BAUTISTA SEJEAN c/ ANA MARIA ZAKS DE SEJEAN s/ INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 64 DE LA LEY 2393
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-11-27

La doctrina de la renunciabilidad de las garantías constitucionales, sólo se refiere a las que amparan derechos de contenido patrimonial, y no a aquellas instituidas en resguardo de otros derechos vinculados con el estatuto personal de la libertad.
Incidentes, expresión de agravios
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: PRIETO, RICARDO c/ AUGUSTO MARIO, MARTIN Y OTRO s/ DESALOJO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-08-21

Expresión de Agravio (vía incidental); se refiere a una simple petición que se formula cuando el derecho del requirente aparece con tal evidencia que haga innecesario deducir la demanda de tercería, hallándose subordinada a la acreditación efectiva de la propiedad o posesión de los bienes embargados, según la naturaleza de los mismos; debiendo surgir la misma inequívocamente de los elementos acompañados con la petición, o bien de una breve comprobación ulterior.
Atenuantes de la pena, agravantes de la pena, delito reiterado
Materia: PENAL
Carátula: Baez, Julio Raúl y otro s/ Robo reiterado.Tentativa de robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-02-06

Es circunstancia agravante la mayor peligrosidad evidenciada al delinquir hallándose en libertad condicional (art. 41 inc. 2 C.P.).
Recurso de inconstitucionalidad, procedencia del recurso, sentencia, sentencia absolutoria
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: VILLALBA, MAXIMILIANO RAUL Y OTRO c/  s/ HOMICIDIO AGRAVADO POR EL USO DE ARMA DE FUEGO CON EXCESO EN LA LEGITIMA DEFENSA-PORTACION ILEGITIMA DE ARMA DE GUERRA-ROBO CALIFICADO POR USO DE ARMA DE FUEGO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-11-12

Teniendo presente que al declarar la Alzada inadmisible el recurso de apelación interpuesto por el Acusador público contra la absolución, nada se dijo respecto de la admisibilidad de impugnación deducida por éste contra la condena dictada en otra causa, sin explicar los Judicantes cuáles eran los motivos que justificaran tal distinción, corresponde subsanar tal situación y hacer excepción al reenvío de la causa al tribunal subrogante para que sea nuevamente juzgada, utilizando la solución prevista legalmente para los casos de la revocación de la sentencia con reenvío al mismo tribunal para que dicte una nueva conforme a la doctrina constitucional sentada por esta Corte, ordenándose así el reenvío a los mismos Jueces de la causa para que efectúen un análisis completo de la admisibilidad del recurso de apelación interpuesto por la Acusación contra la absolución de los imputados. (Del voto del Dr. Falistocco) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 7055, artículo 12
Reserva de la cuestión federal, recurso extraordinario federal, inadmisibilidad del recurso
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Romero de Rodriguez, Julia c/ Centro Médico Asistencial Sanatorio Paterur s/ Indemnización art. 245 L.C.T - Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2003-11-30

El recurrente introdujo la reserva del caso federal en su casación el que fuera rechazado por esta corte, constituyendo tal proceder extemporáneo en tanto, a criterio de la jurisprudencia y doctrina pacífica sobre la materia, la reserva debe hacerse con la interposición de la demanda o en su caso en la expresión de agravios en la segunda instancia, primero porque ésta es la regla que se deriva de la interpretación dada al art. 15 de la ley 48, segundo porque en tales oportunidades se otorga posibilidad de análisis de la cuestión federal a las instancias ordinarias en sus respectivos fallos y tercero porque resultaba por demás previsible una conclusión adversa a las pretensiones de la ahora agraviada, cuando éstas ya habían sido desestimadas por el Juez de Primera Instancia, lo que por otra parte la indujo a intentar recurso de apelación contra aquella decisión primigenia.

En consecuencia, no presentándose en autos ningún supuesto de excepción al principio de temporaneidad, corresponde rechazar el Recurso Extraordinario Federal interpuesto por ser formalmente inadmisible.
Declaración de insania, Ministerio de Menores
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: C., R. s/ Declaración de Incapacidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-09-09

En este tipo de proceso -juicio de insania-, el Asesor, el Ministerio Pupilar es parte esencial por así disponerlo el artículo 147, parte 2da del CC, la disposición se justifica atendiendo la naturaleza de la cuestión que dilucidará el proceso y la calidad de parte que acumula su legitimación para promover la denuncia. Este Ministerio tiene un doble tipo de actuación: la representación promiscua que le otorga el artículo 59 del CC, que paralelamente supone la existencia de representantes necesarios, y la función de patronato emanada del diversas normas. La facultad de denunciar la insania que le otorga el inc. 3, está dentro de ésta última función de protección de la persona y bienes. Es un derecho propio e independiente del otorgado en los demás incisos.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, ley de contrato de trabajo, Derecho laboral, trabajador, LICENCIA
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ARIAS, PABLO RUBEN c/ QUICKFOOD S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-06-08

La quejosa -ante el rechazo de su pretensión inicial consistente en el pago de indemnizaciones por el despido indirecto que configuró con motivo en que la empleadora demandada habría incumplido con el otorgamiento de los doce meses de licencia con salario que le correspondían por la enfermedad inculpable diagnosticada por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo- se conformó con insistir, a través de postulaciones genéricas, en el mal accionar de ésta al haber desconocido la naturaleza laboral del siniestro, y en la errónea conducta de la empleadora al otorgarle licencia conforme al artículo 208 de la ley de contrato de trabajo, mas sin refutar las consideraciones expuestas por la Sentenciante, esencialmente, en cuanto a la forma conjunta y complementaria en que deben aplicarse los dos regímenes legales (Ley de Riesgos del Trabajo y Ley de Contrato de Trabajo) para casos como el de marras, donde una patología comienza siendo denunciada de naturaleza laboral -y, por tanto, el sistema especial de riesgos del trabajo (ley 24557) obliga a la ART a brindar las prestaciones en especie y dinerarias correspondientes mientras el trabajador damnificado se encuentra con licencia en el trabajo- y, con posterioridad, se produce el traspaso de la situación fáctica al régimen legal de licencias por accidentes y enfermedades inculpables previsto en la ley general de contratos de trabajo (arts. 208 y siguientes, ley 20744), por modificarse eventualmente el origen de la incapacidad padecida por el trabajador a inculpable; remarcando desde ese razonamiento, que de modo alguno podía considerarse que el plazo de licencia del trabajador comenzaba a correr desde cero al evento de haber mutado la naturaleza de la patología y el sujeto obligado al pago del salario, puesto que la incapacitación temporal del trabajador -en cuanto presupuesto de hecho común a ambos sistemas normativos- imponía su aplicación conjunta. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 20744, artículo 208; Ley 24557
Concurso real, recurso extraordinario federal, fundamentación de sentencias, denegatoria del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: C., M.O. s/ RECURSO EXTRAORDINARIO deducido en contra de Sentencia N° 19/11 de Expte. Corte N° 84/10 - RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por el Dr. Víctor M. Pinto en contra de la Sentencia recaída en causa Expte. 127/09, caratulada: C., M.O. s.a. Exhibiciones obscenas agravadas (1er. Hecho), etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2011-12-12

La Cámara Penal condenó al imputado a sufrir la pena de veintiún años de prisión como autor penalmente responsable de los delitos exhibiciones obscenas agravadas, abuso sexual agravado continuado, abuso sexual con acceso carnal agravado, abuso sexual agravado (dos hechos), suministro de material pornográfico, todo en concurso real, en perjuicio de menores de 8 y de 13 o 14 años de edad al tiempo de los hechos.

En contra de esa condena, el defensor del imputado dedujo recurso de casación, al que no hizo lugar esta Corte, mediante sentencia Nº 19, del 11 de julio de 2011.

Contra la nominada resolución, el defensor del imputado interpone el presente remedio federal.

El agravio por la supuesta indeterminación temporal de los hechos de la condena -ocurridos en el año 2005 y en el 2006, los que damnificaron respectivamente a una y a la otra de las menores- tampoco cuenta con fundamentos suficientes.

Por ello, también es inadmisible debido a que no refuta las razones por las que en la instancia anterior fue rechazado por extemporáneo, considerando que en esos términos fueron imputados en la etapa preparatoria, sin que ninguna dificultad al ejercicio de la defensa, directamente vinculado con ese supuesto déficit, hubiera manifestado entonces esa parte, ni durante el desarrollo del proceso ni en el juicio mismo; de lo que se sigue que no tiene sustento el exceso ritual que a la declaración de extemporaneidad del agravio le endilga el recurrente.

Además, de la sentencia condenatoria surge, sin hesitación alguna, que la categórica negativa de su autoría por el imputado, y los motivos señalados por el mismo como demostrativos de su invocada inocencia, se vinculan con las circunstancias del lugar de los hechos -escuela rural- y no con la época de su ocurrencia; con lo que el recurrente no demuestra la vulneración al derecho de defensa que invoca como derivado de esa supuesta indeterminación temporal.

De modo que el recurrente no justifica el control sobre el punto que del Máximo Tribunal requiere, a cuyo fin no basta con la mera invocación de garantías constitucionales.

Por lo expuesto, corresponde no conceder el recurso extraordinario interpuesto.
Empleo público, personal municipal, período de prueba, estabilidad del empleado público, cesantía, acción de amparo
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Rasguido, María Verónica y otros c/ Municipalidad de Santa Rosa s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2008-09-22

Si el Estatuto del Empleado Municipal, en el Art. 13- prevé, que: El nombramiento del personal permanente tendrá carácter provisional durante los seis (6) primeros meses de servicio efectivo...", los amparistas no pueden alegar la vulneración de derechos adquiridos, con el dictado del Decreto que dispuso su cesantía, y que por esta acción pretenden nulificar.

En efecto, durante el período de prueba el agente no goza del derecho a la estabilidad, en consecuencia el derecho nacido del decreto de designación no tiene el carácter de derecho perfecto, de derecho subjetivo, razón por la cual la naturaleza precaria de la relación durante dicho lapso de tiempo, impide al administrado cuestionar la valoración de las condiciones de idoneidad que realiza la administración pública cuando decide-como en el caso- la cancelación de la designación, pues aquélla es, precisamente, la razón de ser de dicho período.

En el sub lite, pese al contenido discrecional de este acto en particular, la revisión de su juridicidad conduce necesariamente a su legitimidad pues ha sido otorgado por autoridad competente en el marco de sus atribuciones legales, respetando la forma que es propia, sin que adolezca de vicios en el objeto, contenido, causa y finalidad, por lo cual la acción de amparo deducida resulta improcedente. Del voto del Dr. Cáceres
Medida cautelar genérica, sentencia definitiva, usurpación
Materia: PENAL
Carátula: Ministerio Público -Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Incidente de apelación en autos: Gómez Cristian s/infr. art. 181, inc. 1, CP
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-02-25

La decisión contra la que se interpuso el recurso de inconstitucionalidad que la queja viene a defender, en tanto dispuso una medida cautelar de lanzamiento preventivo, no constituye sentencia definitiva en el sentido del art. 27 de la ley 402, ni puede ser equiparada a tal, con fundamento en las garantías que se invocan (Voto del Sr. Juez José O. Casás).
Despido, encargados de casas de renta, daño moral
Materia: LABORAL
Carátula: FERNANDEZ MARTINEZ, DANIEL HOMERO c/ CONSORCIO DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO HEREDIA 1443/45 s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-11-30

La demandada despidió al actor invocando un incumplimiento contractual, y no por la imputación de un delito, no pudiendo considerarse como acto del consorcio la decisión de un copropietario de efectuar una denuncia ante la autoridad policial.
Competencia laboral, indemnización, gratuidad del procedimiento
Materia: PROCESAL
Carátula: Luyo Jakie, Orlando Diego c/ Inc. SA y otro s/ Daños y perjuicios (accidente de trabajo) s/ conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-21

Corresponde declarar la competencia del fuero laboral cuando la demanda no se basa exclusivamente en normas civiles, sino que también se invocan normas laborales como fundamento de la pretensión, porque dicho fuero está especializado en la resolución de cuestiones laborales y asegura un piso mínimo de garantías tales como el impulso de oficio y el beneficio de gratuidad que hacen a la especial tutela de los derechos del trabajador. (Del voto de la juez Inés M. Weinberg).
Inimputabilidad, epilepsia
Materia: PENAL
Carátula: Sarapura, Ricardo s/ Tentativa de Homicidio y Lesiones Lesiones
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1991-09-26

Corresponde absolver por inimputable al encartado y atento al informe psiquiátrico -necesidad de contención, ofensividad hacia terceros- ordenar su internación hasta que cesen las condiciones de peligrosidad, toda vez que en las agresiones -tentativa de homicidio y lesiones leves- actuó en un estado epiléptico, agravado por la ingesta alcohólica y en la que pese a conocer lo que hacía le resultaba imposible dirigir sus acciones o controlar la furia que lo ambargaba. Siendo evidente que su reacción fue producto de una descarga que tornó inmanejable su libertad de decisión.
Crítica concreta y razonada, insuficiencia del agravio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: O.S.UNION PERS.DE LA UNION PERSONAL CIVIL DE LA NACION c/ ANSES s/ EJECUCION LEY 23660
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-08-21

La crítica concreta y razonada prevista por el art. 265 del CPCC no se configura con una mera discrepancia ya que debe implicar el estudio de los razonamientos del juzgador, demostrando a la Cámara las equivocaciones, deducciones, inducciones y conjeturas sobre las distintas cuestiones resueltas, ya que la expresión de agravios debe contener un análisis crítico y razonado de la sentencia que la motiva, señalando y demostrando punto por punto, los errores en que se ha incurrido o las causas por las cuales el pronunciamiento se considera injusto o contrario a derecho (cfr. Fenochietto y Arazi "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación" Tomo I pág.837, Edit. Astrea año 1987).
Indulto, procesado, fallos de la Corte Suprema, obligatoriedad del precedente
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Díaz, Claudia F. s/ Ley - Indulto - Corte Suprema de Justicia
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-05-09

Los Tribunales inferiores no pueden apartarse de los criterios interpretativos emanados de las sentencias dictadas por la C.S.J.N.

máxima autoridad para determinar la validez y eficacia de los preceptos legales y su ajuste a la Constitución, por lo que admitido por ésta la facultad del P.E.N. de indultar a procesados - in re "Riveros, Santiago", rta: 11/12/90 - no cabe separarse de dicha doctrina. (Del voto del Dr. Escobar adhiriendo al Dr. Valdovinos).
Emergencia sanitaria, facultades del Poder Judicial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Estado Nacional (Poder Ejecutivo Nacional) s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-04

La evaluación de situación epidemiológica no corresponde a los jueces, porque la magistratura carece de información suficiente para decidir sobre cuestiones vinculadas a la salud pública (Voto del juez Lorenzetti).
Costas, demanda
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Iván Nestor Eduardo c/ Derka y Vargas S.A. s/ Diferencia de Haberes, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2000-07-06

El art.129 de la ley 2383 al consagrar el principio del hecho objetivo de la derrota, establece que las costas deben ser soportadas por la parte vencida, ésta Sala considera aquella que lo es aún en medida inferior a la pretendida por el trabajador, toda vez que dicha normativa no autoriza a parcelar el litigio para establecer una doble imposición de costas, ni tampoco a distribuirlas proporcionalmente, como lo entiende la recurrente y como por cierto lo establece el art.71 del Cód. Proc. Civ. y Com., cuya aplicación supletoria no resulta procedente, desde que aquel dispositivo procesal es autosuficiente para regular la materia en el fuero.
Accidente in itinere, denuncia
Materia: LABORAL
Carátula: Pereira Armando Carlos c/ S.A.M.E.E.P. y/o responsable s/ Indemnización por incapacidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2002-12-05

Debe desestimarse el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, en cuanto se agravia porque la Juez a-quo ha hecho lugar a la indemnización por accidente in itinere, cuando el actor no efectuó la denuncia del mismo a la empleadora. Ello así, ya que, lo relevante es la inmediata comunicación del accidente al empleador, con independencia de la calificación que se haga en la eventualidad, contando incluso con la posibilidad de desconocimiento por parte del trabajador de los alcances jurídicos de un accidente ocurrido no en el lugar de trabajo, pero sí en su trayecto.
Recurso de apelación (procesal), honorarios del abogado, carácter alimentario
Materia: PROCESAL
Carátula: PEREYRA, Claudia de los Ángeles c/ ROMERO, Oscar Rubén s/ RECURSO DE APELACION (PROCESAL)
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-02-03

Se dijo asimismo que la regulación de honorarios por trabajos extrajudiciales comprende necesariamente la retribución de aquellas gestiones que el profesional debe cumplir fuera del juicio en el desempeño de su cometido, labor que a menudo es más ardua, gravosa y dificultosa que la estrictamente judicial (CámNac. Civil, Sala B, 12-10-77, Der. v 75, pág. 648); la labor extrajudicial de un letrado es valorable es función de sus condiciones especiales, de la magnitud e importancia de la gestión, del tiempo empleado en la misma, de la responsabilidad que corresponde a su asesoramiento, al valor económico representativo, a la eficacia de dicha labor, a la intervención del letrado en el finiquito y redacción del precontrato (Cám. Fed. Tucumán, L.L. 137, pág. 232); cuanto que a los efectos de su regulación, los trabajos extrajudiciales del abogado deben valorarse de acuerdo con el beneficio realmente obtenido (Cám. Nac. Civ. Sala F, L.L. 151, pág. 646, 30.399-S); y que, para regular honorarios por trabajos extrajudiciales debe tenerse en cuenta la labor profesional en cuanto a su calidad, eficacia y extensión y en la medida de lo posible, el monto de los bienes comprometidos en la gestión o su repercusión económica en el patrimonio de los beneficiarios de los servicios (CApel.CC. Salta, Sala IV, T IV, f° 111/118).

Ello sentado, cabe reparar que a los fines de poder establecer con justeza sobre quien recae la carga de los honorarios por la labor extrajudicial realizada, resulta ineludible dar cumplimiento al proceso contencioso que asegura la intervención y defensa de la parte a quien se pretende asignarle el carácter de deudora de los honorarios, tanto en el sentido, como en cuanto a la entidad de la regulación (CApel.CC. Salta, Sala I, 1986, pág.

456/457).