Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-28


Poder Judicial de la Nación TS06D 63829 28-03-12 SALA VI EXPEDIENTE Nº. 3.697/2010 JUZGADO N° 64 AUTOS: "ANDRADE CARLOS ALBERTO C/ SERVICIOS ON LINE S.R.L. Y OTRO S/ ACCIDENTE - ACCION CIVIL" Buenos Aires, de de 2012.

LA DOCTORA GRACIELA L. CRAIG DIJO:

Contra la sentencia de primera instancia que hizo lugar parcialmente a la demanda se agravian ambas partes, actora y codemandada MAPFRE Argentina ART S.A., según los respectivos escritos de fs.230/234 y fs.235/236vta., habiendo este último recibido réplica a fs.242.

En relación con los honorarios se agravia el perito médico, contador y el letrado de la codemandada Servicios On Line SRL, por derecho propio, por considerarlos reducidos (fs.225, fs.222 y fs.220).

Por razones de método trataré seguidamente el agravio de la parte demandada, quien cuestiona la decisión de la Sra. Juez "a quo" quien hizo lugar a las prestaciones de la Ley 24.557 en virtud del accidente "in itinere" denunciado, aún cuando en la demanda el reclamo se fundó en los términos de la legislación civil.	Sostiene el recurrente que, en el caso, se ha modificado el objeto de la pretensión que contenía el escrito de inicio y que excedió los límites del "thema decidendum", al haberse expedido sobre un planteo que no formó parte de la litis.

Estimo que la queja interpuesta tendrá favorable acogida. La parte actora inicia demanda contra Servicios On Line S.R.L. y contra MAPFRE Argentina A.R.T. S.A, procurando el cobro de una suma en concepto de una reparación integral por accidente "in itinere" fundada en el marco del derecho civil.

De la atenta lectura del escrito de demanda surge que el fundamento jurídico del presente reclamo fue sustentado en las normas del Código Civil -arts.1.109, 1.113 y 1.078 C., solicitando a su vez, la inconstitucionalidad de los artículos 1, 8, 14, 21 y 22, 28, 39, 40, 46 y 49 de la ley 24.557, y manifestando expresamente la inconstitucionalidad de la reparación fundada en dicha normativa (cfr. fs.11/22vta.).

En este contexto, cabe agregar que el reclamo por una reparación integral de la incapacidad del actor derivada del accidente "in itinere" sufrido resulta improcedente, por cuanto las normas civiles invocadas como sustento de tal pretensión no prevén tal supuesto específico de responsabilidad, situación que -a mi entender- sella la suerte del presente reclamo.

Al respecto cabe agregar que las consecuencias de un accidente "in itinere" solamente son resarcibles en el marco de las normas de la Ley de Riesgo de Trabajo y no constituyen un supuesto de responsabilidad en el marco del Derecho Civil; por lo que -a mi entender- la habilitación de la vía de acción escogida para obtener de esta sede la reparación pretendida resulta inútil.

En consecuencia, y conforme los términos en que se demandó, corresponde revocar lo decidido en la instancia de grado, ya que de lo contrario se estaría resolviendo cuestiones que no solo no fueron planteadas en el inicio sino que fueron expresamente impugnadas por el accionante para ser aplicadas en el caso.

Por la forma en que se resuelve, deviene abstracto los restantes planteos efectuados por la parte demandada, como así también el agravio de la parte actora.

Conforme lo dispuesto por el art.279, C.P.C.C.N. y los términos en que se resuelve, estimo razonable imponer las costas de ambas instancias en el orden causado ya que el accionante pudo considerarse con derecho a demandar.

En atención a la extensión e importancia del trabajo realizado, valor económico del litigio y pautas arancelarias de aplicación propongo regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora en el 14%, del codemandado Servicios On Line S.R.L. en el 13%, del codemandado MAPFRE Argentina A.R.T. S.A. en el 13%, del perito contador en el 5% y del perito médico en el 5% del capital reclamado.

En relación con los honorarios de alzada, propongo regular a los letrados intervinientes en un 25% de lo que les corresponda percibir por su labor en la anterior instancia.

De prosperar mi voto, propicio: 1- Revocar la sentencia de primera instancia y en su mérito rechazar la demanda entablada contra Servicios On Line SRL y contra MAPFRE Argentina ART S.A. 2- Imponer las costas de ambas instancias en el orden causado. 3- Regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora en el 14%, del codemandado Servicios On Line S.R.L. en el 13%, del codemandado MAPFRE Argentina A.R.T. S.A. en el 13%, del perito contador en el 5% y del perito médico en el 5% del capital reclamado. 4- Fijar los honorarios de alzada, respecto a los letrados intervinientes en un 25% de lo que les corresponda percibir por su labor en la anterior instancia.

EL DOCTOR LUIS A. RAFFAGHELLI DIJO:

Respetuosamente, discrepo con el voto de mi colega la vocal preopinante, Dra. Craig.

Considero que corresponde confirmar lo decidido en la instancia de grado en el punto.

Me explicaré.

En la demanda la parte actora plantea la existencia de un accidente in intinere, que tuvo lugar mientras se dirigía a la parada del colectivo para concurrir a su trabajo, momento en el que se resbaló en la calle, cayendo al piso, lo que le provocó la fractura de la muñeca izquierda. Plantea la inconstitucionalidad de la ley 24.557 y reclama que su daño sea reparado en los términos del art. 1113 de Cód. Civ.

A su vez, la codemandada Mapfre Argentina ART SA expone en la contestación de demanda que resulta plenamente aplicable al caso la Ley de Riesgos del Trabajo (conf. fs. 40/vta.).

Por ello, siendo que fue en estos términos en que se defendió la codemandada, considero, tal como lo sostuvo la sentenciante de grado no se encuentra violado el principio "iura novit curia", ya que si bien es el accionante quien debe relatar los hechos, es al Juez a quien en definitiva le corresponde encuadrar en derecho.

Las prestaciones dinerarias previstas en el régimen de la Ley 24557 tienen carácter irrenunciable y son parte del orden público, en los términos del art.12 de la LCT, 14 bis de la Constitución Nacional y Tratados Internacionales a ella incorporados. Por tanto en mi opinión, y no estando controvertidas las circunstancias fácticas que determinan la procedencia de aquellas, como tampoco desconocido por el Ente encargado de satisfacerlas en este caso la codemandada Mapfre Argentina ART SA corresponde confirmar el fallo que hizo lugar a las mismas.

Esta interpretación se inscribe en el principio de progresividad de los derechos sociales, según ha sido preceptuado en el art. 75, inciso 23, de la Constitución Nacional y en diversos tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional (inc.22). Obligación por otra parte establecida en el art. 11 del Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ("Protocolo de San Salvador"), en cuanto exige que los Estados parte adopten todas las medidas necesarias hasta el máximo de los recursos disponibles para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos sociales.

En este aspecto, tal como lo sostuvo la doctrina del Superior Tribunal el reconocimiento del principio de progresividad en la satisfacción de los derechos sociales es el que ha desterrado definitivamente interpretaciones que conduzcan a resultados regresivos en la materia (arts. 26 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CSJN Causa "Arcuri Rojas, Elsa c/ ANSES" 3.11.2009).

Que, por lo anteriormente expuesto, considero que corresponde confirmar lo decidido en la instancia de grado en el punto.

La codemandada también se agravia por el cálculo de las prestaciones que realizó la Sra. Juez "a quo" y también por la imposición de costas respecto de su parte.

Considero que en cuanto al cálculo de las prestaciones de la Ley de Riesgos no corresponde modificar lo decidido en grado, ya que la misma se encuentra correctamente calculada, teniendo en cuenta lo establecido en el art. 15, inc. 2 a) de la citada.

La parte actora se agravia porque le fueron impuestas las costas respecto de la codemandada Servicios On Line SRL y la codemandada Mapfre, por las impuestas a su cargo.

Entiendo que corresponde confirmar lo decidido en grado, ya que las mismas han sido correctamente impuestas en atención al modo de resolverse la cuestión (conf. art. 68, C.P.C.C.).

En atención al mérito e importancia de las tareas desarrolladas, entiendo que los honorarios regulados en primera instancia resultan adecuados, por lo que propondré se confirmen (conf. art. 38, L.O., ley 21.839 y dec-ley 16.638/57).

Las costas de Alzada serán a cargo de la parte demandada, quien resultó vencida en lo sustancial (conf. art. 68, C.P.C.C.) a cuyo efecto se regulan los honorarios de los letrados intervinientes en el 25% de lo que les corresponda percibir por su actuación en la instancia previa (conf. art. 14, ley 21.839).

Por lo expuesto, de prosperar mi voto, propondré: 1) Confirmar la sentencia de primera instancia en todo lo que fuera materia de recursos y agravios. 2) Imponer las costas de Alzada a cargo de la demandada. 3) Regular los honorarios de los letrados intervinientes en el 25% de lo que les corresponda percibir por su actuación en la instancia previa.

EL DOCTOR JUAN CARLOS FERNANDEZ MADRID DIJO:

En el caso, un accidente "in itinere", se ha reclamado la aplicación de la normativa civil prevista para los riesgos derivados del vicio de la cosa (del emprendimiento o de la actividad) -art. 1109 y 1113 del Código Civil-. Para abrir esta vía se pidió la inconstitucionalidad de diversas posiciones de la ley 24.557 (arts. 1, 8, 14, 21, 22, 28, 39, 40, 46 y 49).

En mi opinión, la reparación de los accidentes "in itinere" en los casos en que se invoca el respaldo de la ley civil es una cuestión opinable, pues el art. 19 de la C.N. obliga a la reparación integral del daño correspondiendo determinar la concurrencia de los presupuestos que permiten atribuir la responsabilidad del sujeto que lo produjo. Y estas podrían quedar comprendidas en el riesgo del emprendimiento considerado con amplitud, pero, en los términos del recurso que corresponde decidir a esta alzada, no es del caso plantear dicho debate.

Lo que la actora busca en definitiva para obtener una indemnización justa y equitativa es escapar del brete puesto por la Ley de Riesgos del Trabajo. En este sentido, considero que puede mantenerse la cuestión en el ámbito de dicha ley, en que lo ha puesto la demandada, y juzgar de acuerdo a sus disposiciones, reconociendo los mejores derechos indemnizatorios a que pueda tener derecho la víctima del infortunio.

Por estas razones, adhiero a la solución propuesta por el Dr. Luis A. Raffaghelli.

En atención al resultado del presente acuerdo, EL TRIBUNAL RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia de primera instancia en todo lo que fuera materia de recursos y agravios. 2) Imponer las costas de Alzada a cargo de la demandada. 3) Regular los honorarios de los letrados intervinientes en el 25% de lo que les corresponda percibir por su actuación en la instancia previa.

Regístrese, notifíquese y vuelvan.

alf.

GRACIELA L. CRAIG	JUEZ DE CAMARA	LUIS A. RAFFAGHELLI	JUEZ DE CAMARA	JUAN CARLOS FERNANDEZ MADRID	JUEZ DE CAMARA