Tribunal: CAMARA DE ACUSACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-07-29


Salta, 29 de Julio de 2013.

Y VISTO: Estos Autos caratulados: "BILBAO, Raúl Alfredo por Abuso Sexual con Acceso Carnal Agravado por la Convivencia, en perjuicio de RUIZ, Anabel Mercedes", Expte. Nº 26278/13 del ex Juzgado de Instrucción Formal de 8ª Nominación, del Distrito Judicial del Centro, causa Nº F01 26278/13 de la Sala II del Tribunal de Impugnación y, ______________________CONSIDERANDO El Dr. Edgardo Francisco Albarracín dijo:

Que vienen en revisión estos autos al Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. 256/262 vta. por el Dr. Matías Sebastián Adet Figueroa, a cargo de la defensa de Raúl Alfredo Bilbao, contra auto de Procesamiento dictado a fs. 228/236.

Mediante la resolución impugnada el Sr. Juez de Instrucción decide el procesamiento y la prisión preventiva del imputado Bilbao por considerarlo autor penalmente responsable del delito de Abuso Sexual con Acceso Carnal, Agravado por la situación de convivencia preexistente con la víctima, en número indeterminado de hechos en concurso real, previsto y penado por el art. 119, 3º y 4º párrafo inc. f), y 55 del Código Penal.

Luego de reseñar la prueba rendida en autos, el resolvente concluye que existen suficientes indicios por los que arriba a dicha conclusión. Expresa que si bien el acusado niega terminantemente la imputación, la misma en la forma descripta por Anabel Mercedes Ruiz, en sede policial y en Cámara Gesell, es concordante con los demás indicios probatorios que procede a analizar._____________________ No conforme con lo resuelto, el apelante plantea como primer agravio la nulidad del proceso por falta de acción, por considerar insuficiente para instar legalmente la causa la denuncia de fs. 01, formulada por la abuela de la menor víctima y no por su representante legal.

En segundo término y en forma subsidiaria, cuestiona la valoración de la prueba, afirmando que ésta ha sido merituada desde la íntima convicción, sin acudir a las pautas valorativas correspondientes a ella o la sana critica racional.

Sostiene que además el A-quo excluyó una prueba determinante en términos de convicción, incumpliendo con obligación de evacuación de citas prevista en el art. 293 del C.P.P., ya que el imputado expresó en su declaración indagatoria que padece de impotencia sexual desde hace aproximadamente cinco o seis años al tiempo de los hechos que se le endilgan. Señala al respecto que el Magistrado hizo revisar a su defendido por el Servicio de Urología del Hospital San Bernardo, informando a fs.203/204, que a sus efectos no cuentan con elementos para realizar el estudio pertinente y que debería derivarse el paciente a Córdoba o Buenos Aires. Agrega que sin embargo allí concluyó la investigación del resolvente, descartando una prueba imprescindible por aparente complejidad en su adquisición, no obstante la obligación prevista en el inc. 1º del art. 189 del C.P.P..

Destaca que el acusado en todo momento negó rotundamente haber cometido el abuso sexual que se pretende adjudicarle, dando explicaciones claras y acordes a la realidad de los hechos y diciendo cuáles fueron los motivos por los que se lo denuncia falsamente, lo que coincide con lo declarado por la madre de la menor a fs. 99/100, al señalar que ésta le dijo posteriormente que había mentido.

Concluye afirmando que el procesamiento que impugna no ha sido construido en base a probanzas objetivas, como tampoco sobre lineamientos vigentes de la sana crítica racional, y que ello colisiona con el principio constitucional de inocencia, por lo que solicita que se revoque la resolución apelada y se dicte en su reemplazo auto de falta de mérito a favor del imputado, de conformidad a lo previsto por el art. 298 del C.P.P..

El recurso ha sido interpuesto en legal tiempo y forma, por lo que resulta formalmente admisible, encontrándose en consecuencia habilitada la vía para el tratamiento de la cuestión suscitada.

Analizando en primer orden el planteo de nulidad por falta de acción puede afirmarse que no le asiste razón al apelante, toda vez que si bien la denuncia de fs. 01 fue formulada por la abuela materna de la menor (con la cual no convivía a la fecha de los hechos), haciendo conocer un delito de acción pública dependiente de instancia privada, en el caso correspondía actuar aún de oficio, ya que es evidente que existen intereses contrapuestos entre la menor y su progenitora (representante legal), por ser ésta la concubina del acusado con quien tiene dos hijos en común, según surge del informe Socio ambiental obrante a fs. 223 y vta. Además el acusado también ejercía de hecho la guarda de la víctima, quien en Cámara Gessel lo menciona como su padre, señalando que éste la controlaba y limitaba las salidas con sus amigos._ Tales circunstancias nos sitúan en las excepciones que prevé el mismo art. 72 del C.P., respecto a los facultados por dicha norma para denunciar o formular acusación por delitos dependientes de instancia privada. El artículo citado en el párrafo tercero dice: ".En los casos de este artículo, no se procederá a formar causa sino por acusación o denuncia del agraviado, de su tutor, guardador o representante legales. Sin embargo, se procederá de oficio cuando el delito fuere cometido contra un menor que no tenga padres, tutor ni guardador, o que lo fuere por uno de sus ascendientes, tutor o guardador". El párrafo siguiente del mismo artículo establece otra excepción al señalar que: "Cuando existiera intereses gravemente contrapuestos entre algunos de éstos y el menor, el Fiscal podrá actuar de oficio cuando así resultare más conveniente para el interés superior de aquél.".

A más de ello, cabe agregar si bien el legislador condicionó la apertura de la instancia judicial a la formulación de una denuncia por las personas que expresamente legitima, se admite sin esfuerzo alguno que ello fue consagrado en beneficio de la víctima y no del procesado, tal como en autos pretende hacer valer el nulidicente, criterio que así fue entendido por la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires en fecha 10/4/79, D.J.B.A. 116-465, citado por Donna en Código Penal y su interpretación en la jurisprudencia, T.I., pág. 586.

En ese sentido la Corte de Justicia de Salta ha señalado que: "La sanción de nulidad por violación de disposiciones relativas a la facultad de denunciar delitos de acción pública dependientes de instancia privada debe hallarse siempre vinculada a un interés concreto, pues no existe posibilidad de invalidar lo actuado con el solo fin de satisfacer formalidades legales sino únicamente en función de la reparación de un gravamen específico, sufrido por algún sujeto procesal. La Exclusión de la acción de oficio tiende a evitar que el "strepitus fori" agrave, al margen de la voluntad del ofendido o de quienes están facultados a instar, la lesión causada por el delito, incluyéndose también la defensa de la intimidad o de la familia; se pretende, en beneficio del ofendido, evitar escándalo que se suma a la ofensa del delito, por su publicidad; por ello, si el proceso se ha ventilado, ha trascendido lo que puede evitar una decisión contraria, y declarar nulo el procedimiento sólo provocaría la impunidad y en modo alguno beneficiaría al interesado. (C.J.S. C/c Rodríguez. Tomo 95:917).

Acorde a dichos conceptos, se advierte que en el caso el nulidicente omite consignar el interés que persigue, vale decir, qué derecho se le privó ejercitar por el simple hecho que no fue la progenitora quien formulara la denuncia sino la abuela materna, debiendo recordarse que en materia de nulidades aún las consideradas absolutas, exigen de quien las invoca la alegación de tal interés. (Conf. Carlos Creus en su obra "Invalidez de los Actos Procesales", en pág. 56 dice que "en los regímenes que requieren, como presupuesto de la declaración de nulidad, que el vicio del acto le haya impedido lograr su finalidad, ni la nulidad relativa ni la absoluta pueden ser declaradas cuando ello no ha ocurrido.... La exigencia del interés cubre también la posibilidad de declarar la nulidad absoluta; tampoco cuando de ella se trata es admisible declarar la nulidad por la nulidad misma, para hacerlo el vicio del acto tiene que haber interferido en los fines del proceso y en el penal radica allí -básicamente- el interés para producir la declaración".

A todo evento, en el supuesto que nos ocupa, de las expresiones de la madre de la menor en su declaración testimonial a fs. 99/100, se infiere su voluntad de hacer conocer el hecho, al señalar que: "Le decían que cómo no le iba a creer a su hija, y la declarante respondía sí le creo lo que dice ella, que la violó pero no entiendo en qué momento sucedió." , agregando que al día siguiente de la denuncia formulada por su madre, abuela de la menor, ".acompañó a su hija, junto a su madre Margarita y sus dos hermanas, para que le hicieran la revisación médica.", y también ella procedió a entregar al personal policial la ropa íntima que llevaba la menor. Al respecto la Corte de Justicia Local ha señalado que: "La instancia puede formularse en el curso de un testimonio, siempre, claro está, que la voluntad de remover el obstáculo a la acción pública surja de manera inequívoca. "CJS Expte. 32626/09, tomo 149:273/288- 04/10/10).

A manera de conclusión, puede afirmarse, con los fundamentos indicados, que no se advierte vicio alguno, con el alcance que le da el nulidicente, produzca tal efecto en el proceso.

Pasando a analizar los restantes agravios, que en términos generales sostienen la insuficiencia probatoria y tienden a desmerecer el procesamiento dictado, cabe adelantar que no se comparte la apreciación del apelante, toda vez que la decisión a la que arriba el A-quo se sustenta en suficientes elementos objetivos incorporados a la causa, que corroboran los dichos de la menor víctima, analizados conforme a las reglas de la sana critica racional, y además se ha cumplido con el instituto de Evacuación de Citas previsto en el art. 293 del CPP..

Basta la simple lectura del auto puesto en crisis para alcanzar una convicción contraria a lo afirmado por el apelante, ya que si bien y en gran medida el auto incriminatorio está sustentado en el relato de la damnificada Anabel Ruiz en su declaración informativa a fs. 05 y en Cámara Gesell a fs. 190 y vta., ello se encuentra corroborado por otros elementos relevantes. Tales como el informe médico ginecológico obrante a fs. 23, que da cuenta sobre un himen desgarrado de larga data; el Informe de fs. 128/129, sobre el análisis químico practicado en prendas íntimas de la víctima, el cual dio como resultado la presencia de fosfatasa ácida prostática, sustancia generada por el órgano masculino, y la pericia psicológica de la menor (fs. 225/225), donde la profesional indica que no surgen indicadores de mendacidad y que tampoco es fantasiosa. Además dicho informe en la parte conclusiva señala puntualmente que ".el relato de la niña es verosímil, el mismo carece de contradicciones", y que "los sentimientos, emociones, conflictos subjetivos que se evidencian son compatibles con el hecho que se investiga".

La circunstancia que Brenda haya manifestado que no quería volver a vivir a Salta, sino quedarse con su abuela en la ciudad de Metán, no puede descalificar su relato, interpretándose como un motivo por el que pudo faltar a la verdad adjudicando los hechos abusivos de contenido sexual al imputado. Por el contrario, tal deseo bien puede responder a lo señalado por la misma a fs. 05, quien luego de expresar que desde que tenía once años era abusada por su padrastro dice: ".estaba cansada de tal acción, no quería que le suceda nuevamente lo mismo.", y que por eso dio aviso del hecho a su abuela materna con quien estaba en esa oportunidad.

En cuanto al instituto de Evacuación de Citas, contrariamente a lo afirmado por el apelante, el mismo ha sido cumplido, ya que consta en las actuaciones se dispuso la realización de un examen del imputado a efectos de determinar si padece de impotencia sexual, tal como aduce en su descargo, habiendo informado a fs. 204 el Jefe de Servicio de Urología del Hospital San Bernardo que ese nosocomio no cuenta con elementos para tal estudio y por lo tanto debe ser derivado a Buenos Aires o a la Provincia de Córdoba. Ello no implica que el A-quo haya descartado por su complejidad la prueba referida, como afirma el recurrente en sus agravios, ya que la instrucción no se encuentra concluida. Por ende, nada impide, y así se deberá proceder, que se prosigan con los trámites pertinentes para la concreción del referido examen médico. Pero ello no obsta el dictado del auto de procesamiento, si como ocurre en el caso, existen suficientes elementos que acreditan, en grado de probabilidad, la existencia del hecho que se le incrimina al imputado.

En igual sentido, cabe recomendar al A-quo que disponga un examen de ADN en la sustancia Fosfatasa Prostática constatada en la prenda de la menor, ya que conforme se solicitó en el oficio obrante a fs. 127, el referido Informe (fs.128/129) señala que: ".los secuestros se encuentran aptos para realizar futuros estudios comparativos de ADN.".

Puede sostenerse que, conforme a los elementos incorporados y valorados, no otra podía ser la conclusión a la que arribó el A-quo, toda vez que aquéllos resultan bastantes para demostrar en el grado de probabilidad que exige el art. 295 del C.P.P., la existencia de los actos abusivos con acceso carnal que la menor Anabel Ruiz endilga al imputado, en tanto que no tienen entidad los agravios del apelante para hacer caer el procesamiento impugnado.

Por todo ello, se impone rechazar en todos sus términos el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Raúl Alfredo Bilbao, y en su mérito corresponde confirmar el procesamiento dictado en el punto I) de la Resolución de fs. 228/236, que fuera materia de agravio. Así voto.

El Dr. Adolfo A. Figueroa dijo:

Que se adhiere al voto del Vocal preopinante por sus fundamentos y conclusiones.

En mérito a ello y al acuerdo que antecede, _________LA SALA II DEL TRIBUNAL DE IMPUGNACION, en Feria, ________________________RESUELVE:

I) NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto a fs. 256/262 vta. por el Dr. Matías Adet Figueroa y, en su mérito, CONFIRMAR el auto resolutivo dictado fs. 228/236, en lo que fuera materia de agravio. Sin perjuicio de ello, se recomienda al A-quo la realización de las diligencias pertinentes para la producción del estudio médico tendiente a determinar si el imputado es impotente, como también la prueba de ADN, conforme lo señalado en los considerandos.

II) REGÍSTRESE, PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE y bajen, oportunamente, los autos al Juzgado de Transición Nº 4, ex Juzgado de Instrucción Formal 8ª Nominación.