Tribunal: CAMARA NAC. DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-05-23


B.L.O. c/ ESTADO NACIONAL EJERCITO ARGENTINO Y OTRO S/PRESCRIPCION ADQUISITIVA Buenos Aires, 23 de mayo de 2014.- HE AUTOS; VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la actora a fs. 317, fundada a fs. 319/320, contra la resolución de fs. 315; y CONSIDERANDO:

1°) En el sub lite, se inició acción por prescripción adquisitiva de dominio de cierto inmueble ubicado en la localidad de Malargüe, provincia de Mendoza. Según las constancias obrantes en la causa, se trataba de un bien estatal que el Ejército Argentino habría transferido al municipio de la mencionada localidad, pactando las partes de esa operación competencia originaria de la Corte Suprema. Corrido el traslado de la demanda, tanto el Estado Nacional como la municipalidad de Malargüe plantearon la incompetencia territorial de la justicia nacional en lo civil y comercial federal, en función del lugar de ubicación del inmueble objeto del pleito. En el primer caso, la cuestión se canalizó mediante excepción de previo y especial pronunciamiento; en el segundo, por vía de inhibitoria ante al Juez Federal de San Rafael -quien hizo lugar al planteo del municipio- (conf. fs. 278/282, 302/306 y 309 y vta.).

2°) En el pronunciamiento de fs. 315, por remisión a los fundamentos del Ministerio Público Fiscal, el señor juez de grado se inhibió "de oficio" (sic) para entender en la causa y atribuyó competencia al Juzgado Federal de Primera Instancia de San Rafael, provincia de Mendoza.

En los dictámenes de fs. 293 y 314, el agente fiscal había opinado que tratándose de una acción real, por aplicación del art. 5, inc. 1°, del Código Procesal, la causa debía tramitar ante el juez del lugar donde se encontraba el bien en disputa.

3°) La actora cuestiona la decisión por estimar que el inmueble siempre fue del dominio privado del Estado y todas las cuestiones que le son inherentes fueron ventiladas, ejecutadas y suscriptas en la Ciudad de Buenos Aires. Entiende que se ha producido una prórroga tácita de la competencia y una prueba de ello es el acuerdo sobre la jurisdicción originaria de la Corte Suprema de Justicia. Y finamente aduce que estando demandado el Estado Nacional corresponde la revocación del fallo cuestionado.

4°) A juicio de la Sala no hay elementos que permitan apartarse de la clara previsión del art. 5, inc. 1°, del Código Procesal, que dispone en materia de acciones por prescripción adquisitiva la competencia territorial del juez del lugar donde esté situada la cosa litigiosa. La norma respeta la regla básica fórum rei sitae y la posibilidad de tener en cuenta el domicilio del demandado sólo procede cuando existan cosas litigiosas en diferentes competencias territoriales (conf. Falcón, Enrique M., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, t. I, Abeledo - Perrot, 1992, págs. 192/193), que no es el supuesto de autos.

No es relevante, en ese orden, que ciertos actos contractuales vinculados con el bien objeto del pleito hayan sido concretados en esta ciudad, pues no se trata aquí de una acción personal, en la cual el lugar de celebración del contrato tiene cierta relevancia para fijar la competencia en razón del territorio (conf. art. 5, inc. 3°, del CPCCN). Y tampoco es óbice que el Ejército Argentino y el la municipalidad de Malargüe hayan pactado la jurisdicción originaria de la Corte. Además de que dicha cláusula estaría referida a conflictos diferentes al que se suscita en autos y sin entrar a considerar su validez -aspecto que no se encuentra disputado-, lo cierto es que la competencia reglada en el art. 117 de la Constitución Nacional puede ser prorrogada por sus beneficiarios a favor de los tribunales inferiores de la Nación (conf. doctrina de Fallos 332:1430, considerando 2°), y sus citas). Y esto, precisamente, es lo que ha ocurrido en autos dado que los interesados en que la causa tramitara en la referida instancia no han invocado la previsión contractual, aceptando litigar ante el juez federal de San Rafael. De modo tal que no ha mediado prórroga de la competencia territorial a favor de los tribunales de este fuero.

Por otro lado, la circunstancia de que el bien pertenezca -o haya pertenecido- al dominio del Estado Nacional no determina necesariamente que la causa deba tramitar ante los tribunales federales de esta jurisdicción. Lo mismo cabe para el lugar de celebración de la compraventa, que el actor invoca para fundar la competencia de este fuero pese a que desconoció la documental en donde estaría instrumentada. No es razonable ni se ajusta a derecho la pretensión de que este juicio o cualquier otro que concierna a la Nación se tramite ante los jueces federales de la ciudad Buenos Aires por la sola circunstancia de que esa sea la sede del Gobierno -lo que determina que buena parte de sus actos se emitan en ese lugar-. Admitir esa posición tornaría superflua la organización de la justicia federal dispuesta por el Congreso de conformidad con el art. 108 de la Constitución Nacional, según la cual existen tribunales federales con asiento en las diferentes provincias que integran la Nación Argentina.

Finalmente, teniendo en cuenta que el a quo ha declarado la competencia de otro juez federal, resulta irrelevante la invocación del memorial al art. 116 de la Constitución Nacional y sus normas reglamentarias. Tales preceptos también rigen, claro está, para los tribunales federales que tienen asiento provincia.

En virtud de lo expuesto, de conformidad con lo dictaminado por el señor Fiscal General, esta Sala RESUELVE: confirmar la resolución apelada, aclarando que tal extremo implica aceptar la inhibitoria solicitada por el señor Juez Federal de Primera Instancia de San Rafael (conf. art. 10 del CPCCN).

Hágase saber a los letrados de las partes que deberán registrar, validar y constituir sus respectivos domicilios electrónicos, bajo apercibimiento de, en su caso, tenerlos por notificados por ministerio de la ley de las sucesivas resoluciones que se dicten en el pleito (conf. acordadas CSJN n° 31/11 y 38/13).

Regístrese, notifíquese -al señor Fiscal de Cámara en su despacho- y devuélvase.

RICARDO VÍCTOR GUARINONI ALFREDO SILVERIO GUSMAN GRACIELA MEDINA