Excarcelación, circunstancias que impiden la excarcelación, cauciones, monto de la caución
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: VILLAREAL, Raúl Alcides. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-05-02

La viabilidad de la excarcelación no depende de la calificación legal de los hechos sino de las pautas establecidas en los arts. 280 y 319, C.P.P.N. El principio rector para decidir privar a una persona de su libertad durante la tramitación del proceso penal es lograr la efectiva realización del juicio a través de la neutralización de los peligros procesales que atentan contra ese fin, es decir, la posibilidad de fuga del imputado o de entorpecimiento de la investigación.

La prisión preventiva, por su gravedad, sólo debe ser dictada en casos extremos, es decir, cuando no exista una medida de menor intensidad para asegurar la realización del juicio.

"(...) Todo el Código, a lo largo de toda su arquitectura, defiende la libertad, pues la considera el bien más sagrado, y sólo autoriza su restricción en casos muy estrictos y determinados . . . Esta restricción sólo procede cuando se efectúa con arreglo a las normas y condiciones que el mismo Código establece y siempre que respondan a dos condiciones: asegurar el descubrimiento de la verdad y la aplicación de la ley . . .El derecho a la libertad se afirma en el proceso penal, de modo tal que aquélla es la regla y su restricción la excepción, y toda norma que entrañe una limitación de ella, en caso de duda, se debe interpretar en favor del procesado ("favor libertatis"). . . ". Ello es la consecuencia obvia del principio de inocencia, inherente a toda persona.

"En realidad, tan sólo dos razones pueden justificar esa prisión preventiva: una de seguridad, para impedir la fuga de quien se presume que ha cometido el delito; y la otra procesal, inherente a los fines del proceso. . .".

De lo contrario, podría incurrirse en un adelantamiento de pena, extremo que resulta inadmisible y violatorio de la Constitución Nacional.

La expectativa de pena no puede interpretarse como una premisa absoluta de la cual se derive, inevitablemente, la conclusión de que el imputado se dará a la fuga si recuperara su libertad. Es una pauta importante que debe ser tenida en cuenta pero no es la única.

Si bien frente a una presunción juris tantum, son el imputado y su defensa, quienes deben acreditar la ausencia del peligro de fuga, la sola amenaza punitiva no es indicio, por lo que debe estarse a la conducta demostrada y la acusación tiene a su cargo desvirtuarla cuando no existen otros elementos. Si tal hipótesis no puede ser verificada conforme a las constancias de la causa, la prisión preventiva se torna infundada.

Si no se advierte del curso de la investigación, que el imputado, por recuperar su libertad, pueda entorpecerla, sea ocultando pruebas, falseándolas o influyendo en los testigos puesto que, tras todas las diligencias realizadas, es posible afirmar que la prueba, por haberse ya producido e incorporado al legajo, se halla debidamente resguardada y en cuanto al peligro de fuga, no surgen de autos pautas objetivas para sostener que el incuso intentará eludir la acción de la Justicia, debe concederse su excarcelación.

Así, si entre la fecha del hecho y la de su detención, transcurrió un lapso considerable sin que el imputado haya exteriorizado con acciones reales que fuera a sustraerse a la acción de la justicia ni entorpecer la investigación, estas circunstancias, objetivamente valoradas, corroboran su voluntad de continuar ajustando su conducta a derecho.

Por tal motivo, y al contar con arraigo, sin registrar antecedentes es que corresponde revocar el auto que rechazó su excarcelación.

Sentado ello y con relación a las condiciones personales y capacidad económica del imputado, único parámetro para medir el monto de la caución, a efectos de no tornar ilusorio su derecho, debe imponerse una caución personal, con garantía real (art 322, C.P.P.N.).

En este aspecto, la expectativa de pena cobra nuevamente vigencia, ya que no es lo mismo una persona que espera la realización de su juicio frente a una posible condena que puede ser dejada en suspenso, que otra respecto de la cual, de recaer condena, será fatalmente de efectivo cumplimiento.

Aun cuando la lógica indicaría que la caución que se debería imponer fuera de especie real, si en el caso ello no sería eficaz en el sentido de neutralizar el peligro de fuga, atento a que por el monto del embargo ya dispuesto en su contra, es dable inferir que la totalidad de su patrimonio se encuentra comprometido, y a efectos de no convertir la caución en una de imposible cumplimiento, resulta adecuado aplicar la caución personal prevista en el art. 322, C.P.P.N. (del voto de los Dres. Garrigós de Rébori y Bruzzone).

Por ello, corresponde revocar el auto apelado y conceder la excarcelación del inculpado bajo caución personal de treinta mil pesos, junto a la prohibición de salida del país, la obligación de informar al tribunal cualquier alteración en lo que respecta a su residencia habitual o de los lugares donde pueda ser ubicado cuando sea requerido y para el caso que lo estime necesario, el Juez de grado, podrá fijar un régimen de comparecencia al juzgado o comisaría que determine, para realizar el seguimiento de su conducta procesal.