marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Sentencia, fundamentación de sentencias, apreciación de la prueba, reglas de la sana crítica
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Romero de Contreras, Lucía del Carmen s/ Querella por Calumnias e Injurias-Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1999-05-14

Motivar la sentencia importa dar las razones de hecho y de derecho en que se funda el fallo, recaudo impuesto bajo sanción de nulidad (art. 436 inc. 2º y 433 inc. 8º del C.P.P.), a fin de que los interesados -la sociedad entre ellos- y el Superior puedan conocer y en el caso de este último también controlar, si la sentencia es el fruto de la sola voluntad del Juzgador, de su íntima convicción (la sentencia no puede fundarse en ellos) o si los jueces han cumplido el mandato legal de apreciar la prueba conforme a las reglas de la sana critica (art. 432 del C.P.P.)
Recurso de apelación (procesal), interés para recurrir
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pita Piñero c/ Pita Piñero, Felipe s/ Daños y perjuicios.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-03-25

Constituye un presupuesto subjetivo de admisibilidad del recurso de apelación que el legitimado sufra un agravio o perjuicio personal, porque de lo contrario le faltaría un requisito genérico a los actos procesales de parte, cual es el interés. El interés jurídico configura un gravamen que está dado por la diferencia perjudicial entre lo peticionado y lo declarado en la sentencia. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de revisión (procesal), reincidencia, cómputo de la pena, prescripción de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Baldevenito, Valeriano s/ Recurso de revisión
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1985-04-03

Respecto de la declaración de reincidencia, debe ser suprimida de la sentencia por haberse prescripto de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal, en tanto en el se establece que la pena sufrida no se tendrá en cuenta a los efectos de la reincidencia cuando desde su cumplimiento hubiese transcurrido un término igual a aquel por el cual fuera impuesta, que nunca excederá de diez años ni será inferior a cinco años. Las condenas informadas en los dos últimos antecedentes el procesado las cumplió el 20 de agosto de 1973 y el 18 de agosto de 1975 y si bien en el curso de aquella prescripción se interrumpió por la comisión del delito sentenciado en la causa de que informa el último antecedente, donde se lo condena a sufrir la pena de seis meses de prisión con más la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado en forma efectiva, dicha condena según ese antecedente fue cumplida el 18 de agosto de 1975 y habiendo transcurrido los términos establecidos por la nueva normativa legal computados a partir de la extinción de la condena que declaró la reincidencia de la misma ha prescripto con mucha anterioridad a la comisión del delito de autos y en consecuencia corresponde que deje sin efecto la reincidencia impuesta al procesado.
Recurso de apelación (procesal), facultades de la alzada
Materia: PENAL
Carátula: Suñer, Alberto s/ Estafa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-11-21

No estaba la Cámara obligada a tratar la concurrencia de atenuantes al fallar un proceso correccional si la defensa no planteó problema alguno referido al tema.
Responsabilidad objetiva, actividad riesgosa, daños y perjuicios
Materia: CIVIL
Carátula: Cuestas, Aldo Horacio c/ Demarchi, Paulo Víctor Manuel s/ ordinario daños y perjuicios (ap. 8712)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2022-08-08

La responsabilidad objetiva que establece la teoría del riesgo deriva de una condición o presupuesto, que tiene una lectura "social" o derivada de la convivencia comunitaria que el legislador considera de su interés proteger; esto es, si alguien se beneficia -art. 1113 CC, art. 1758 CCC-, mediante el empleo de una cosa riesgosa o por desplegar una actividad de tal tipo y con ello provoca daños a terceros, es justo que los repare.
Competencia, cuestiones de competencia
Materia: PENAL
Carátula: CABRERA FERRAZ, JUAN; CAMPOS ROMERO, CARMEN s/ Contrabando de estupefacientes, cuestión de competencia. CAUSA:  35999.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-30

Al no compartir este Tribunal (por mayoría) la determinación en materia de competencia adoptada por el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 1, corresponde que se remitan las actuaciones a la Cámara Nacional de Casación Penal para que dirima el conflicto planteado (Del voto de los Dres. Hendler y Repetto).
Requerimiento de elevación a juicio, acción de nulidad, declaración indagatoria
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: R.,E.A. s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-10-06

Debe rechazarse el planteo de nulidad si, una vez anulado el primigenio requerimiento de elevación a juicio, se dispuso recibirle al imputado una nueva declaración indagatoria, de conformidad con lo solicitado por el fiscal, y se dictó un nuevo auto de procesamiento sin que tales actos hayan merecido reproche por parte de la defensa en la ocasión procesal oportuna.
Constitución Provincial, Derecho ambiental, aplicación de la ley, política ambiental, Recursos naturales, uso racional de los recursos naturales
Materia: RECURSOS NATURALES
Carátula: CODECI DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-08-16

La legislación referida al tema ambiental es prolífica en la Provincia de Río Negro. Podríamos realizar una primera clasificación de la normativa en tres subgrupos, al solo efecto metodológico: A) la referida a recursos naturales y su protección B) la específica referida al ambiente, y C) las normas de procedimiento ambiental.

Respecto a lo primero, la Constitución Provincial establece en su Sección quinta: Política de Recursos Naturales, en el artículo 70 que "La Provincia tiene la propiedad originaria de los recursos naturales existentes en el territorio, su subsuelo, espacio aéreo y mar adyacente a sus costas, y la ejercita con las particularidades que establece para cada uno. La ley preserva su conservación y aprovechamiento racional e integral...".
Delitos, culpabilidad, pena, graduación de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Avalos, Juan Eusebio s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-08-01

El grado de culpabilidad del autor, que configura pauta para graduar la pena por imponer, sólo puede disminuir el reproche penal si disminuye la posibilidad de comprensión de la antijuridicidad o impide adecuar las acciones a esa comprensión de manera relevante.

Esto, que es valorable en cada caso en relación con la naturaleza y el contenido injusto de la conducta, configura cuestión cuya apreciación resulta privativa de los jueces de grado al tiempo de formar su convicción.
Régimen jubilatorio, asignaciones familiares, aportes a obras sociales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: LABORATORIOS RONTAG S.A. c/ D.G.I. s/ FINANCIACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-14

El subsistema jubilatorio y el de las asignaciones familiares se integra, en lo doctrinario, con el de la protección integral de la salud; no resultando razonable privar a los trabajadores del servicio de una Obra Social relevante o imponer una mayor carga a los empleadores, partiendo de una base ficticia superior a la remuneración real, dado que la suma abonada por la empresa no beneficia al trabajador sino que lo mantiene en un nivel de cobertura adecuado.
Insuficiencia del agravio, concurso real, calificación legal, agravantes de la pena, escala penal
Materia: PENAL
Carátula: Villagra, Yanina Andrea c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-03

Corresponde rechazar el agravio de la defensa en cuanto cuestionó la aplicación del concurso real y que, a la par, se aplique la agravante por la cantidad de víctimas prevista por el art. 145 ter, inc. 4, del C.P., toda vez que el tribunal indicó que no se advertía el perjuicio ocasionado a partir de la precisión del concurso real entre los hechos por los que la encausada fue acusada, pues ello no provocó un estado de indefensión, ni repercutió en la pena y tampoco la defensa se hizo cargo de demostrar -ni se advierte- el perjuicio que le generó dicha circunstancia, sino que se ha limitado a invocar una significación jurídica distinta sin brindar motivos suficientes para ello. Al momento de abordar la significación jurídica de los hechos acreditados, el sentenciante precisó. ".que el caso de cada una de las víctimas, constituyen hechos independientes entre sí. En primer término, pues la afectación del bien jurídico es individual en cada una de las acciones perpetradas a su respecto. No cabe unificar los injustos por el mero hecho de que la imputada percibiera una finalidad de explotación y, por ende, de beneficio -económico en este caso-. La dignidad de la persona humana impone una diferencia sustancial en relación a otros bienes que pueden ser considerados colectivamente para justificar, a partir de la doctrina de la finalidad de la acción que una multiplicidad de acciones configura un único injusto. Entiendo asimismo, que la voluntad criminal se realiza en cada uno de los comportamientos que atañen a cada una de las víctimas, y si bien puede considerarse que el hecho de captar, trasladar, acoger, etc., pueda ser absorbido por la conducta subsiguiente cuando se trate del mismo autor y la misma víctima, ello no justifica la unificación cuando se está frente a distintas personas".

Idéntico déficit de fundamentación se observa en el cuestionamiento a la agravación de la escala punitiva impuesta en la sentencia por la imposición de la agravante prevista en el art. 145 ter, inc. 4°, del C.P. toda vez el monto de pena escogido por el a quo se alejó en 6 meses del mínimo de la escala penal prevista por el delito por el que le encausada fue condenada -y no del doble como argumentó el recurrente -, pues la agravante contenida en el penúltimo párrafo del art. 145 ter del C.P., eleva el mínimo de pena de prisión por el delito de trata de personas a ocho (8) años. La defensa no esgrimió argumentos novedosos que permitan apartarse del temperamento adoptado en este punto por el tribunal, ni se hizo cargo de demostrar en qué consistió su perjuicio. Las críticas efectuadas en el recurso de casación no logran desvirtuar los fundamentos expuestos en la decisión impugnada.
Daño moral, monto de la indemnización, fallos de la Corte Suprema, facultades discrecionales del juez, fundamentación de sentencias
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Urra, Guillermo Audilio y otros c/ Pierangelini, Roberto Tomas y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2018-09-20

Aun cuando en el estado actual del Derecho Argentino la determinación de la cuantía de la indemnización por daño moral constituye un problema de difícil solución, dado evidentemente por la falta de correspondencia entre el perjuicio espiritual y el patrón dinerario con que se resarce y por la inexistencia de un criterio normativo regulador que establezca algunas pautas comunes, en modo alguno ello habilita a determinar el daño moral en base a criterios absolutamente libres y puramente subjetivos del juzgador. La Corte Suprema de Justicia de la Nación sostiene desde hace décadas, que: 'Para la determinación del resarcimiento, las normas aplicables que confieran a la prudencia de los magistrados un significativo cometido, no los autorizan a prescindir de uno de los requisitos de validez de los actos judiciales, cual es la fundamentación" (cf. CSJN, "González, Miguel A. c/Nuevo Federal S.A. y otro" del 4/10/1994, JA, 1995-II-19). El hecho de que se ejercite una facultad discrecional no justifica ni legitima que se obvie el deber de fundar el pronunciamiento. En esta misma línea de razonamiento, también ha dicho el Máximo Tribunal de nuestro país que: 'La motivación no tiene pautas "asépticamente jurídicas", sino que al juzgar prudencialmente sobre la fijación del resarcimiento no deben desatenderse las reglas de la propia experiencia y del conocimiento de la realidad" (cf. CSJN, 'Esquivel, Orlando y otra c. Entel", JA, 1994-I-159). "Se impone al Tribunal el deber de examinar las pretensiones deducidas, prudentemente y verificar si se han producido los perjuicios que se reclaman, evitando cuidadosamente no otorgar reparaciones que puedan derivar en soluciones manifiestamente irrazonable" (cf. CSJN, "Calderas Salcor Caren S.A. c/Comisión Atómica Nacional de Energía", JA, 1997-III-142) - (STJRNS1 - Se. N° 60/14, in re: "HERNANDEZ"). (Voto del Dr. Barotto por la mayoría
Acto administrativo, competencia por conexidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ussher de Romero Zapiola, Sara Cecilia y otros c/ Provincia de Buenos Aires. s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-12-17

A pesar de la conexidad que existe entre dos causas, la sentencia dictada en una no impide el trámite del segundo proceso, si no coinciden los tres elementos exigidos al efecto. (En el caso, si bien ambos procesos se integraron entre las mismas partes, los actos administrativos que en cada uno se impugnan son diferentes).(doctor de Lázzari, sin disidencia)
Instrumentos públicos, oficial notificador, buena fe, buena fe creencia
Materia: CIVIL - PROCESAL
Carátula: DIRECCION NACIONAL DE RECAUDACION PREVISIONAL c/ ORIS  S.R.L. s/ EJECUCION FISCAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-12

Las aseveraciones vertidas por el Oficial Notificador -en el sentido de que el acto se cumplió con la presencia de una persona que pertenecía a la ejecutada-, encuadran en la previsión del artículo 979, inciso 2, del Código Civil y están dotadas -porque comprometen directamente la fe del funcionario- de la fuerza de convicción que les confiere el artículo 993 de ese cuerpo legal ya que no fueron desvirtuadas por las vías legales pertinentes.
Derecho procesal, acción reivindicatoria, prescripción
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: García, José Luis c/ Medina, Sixto Salazar, María Ovidia Medina, Norma Emiliana y Medina, Raúl s/ Recurso de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-08-08

Según el artículo 4.015 del código civil, "Prescríbese también la propiedad de cosas inmuebles y demás derechos reales por la posesión continua de veinte años, con ánimo de tener la cosa para sí, sin necesidad de título y buena fe por parte del poseedor..." El artículo siguiente insiste en que "Al que ha poseído durante veinte años sin interrupción alguna, no puede oponérsele la falta de título, ni su nulidad, ni la mala fe en la posesión".

Cabe analizar entonces si la relación real de la nombrada en el inmueble reúne los recaudos que surgen de las normas procesales transcritas.

Sabido es que la posesión es un hecho que habrá, "cuando alguna persona, por sí o por otro, tenga una cosa bajo su poder, con intención de someterla al ejercicio de un derecho de propiedad" según la expresión del artículo 2351 del código civil.

En otras palabras, el denominado corpus y el llamado ánimus, considerados ambos como elementos indispensables para la adquisición de la posesión. El corpus sin ánimus no configura posesión, sino tenencia. Igualmente el ánimus sin corpus no es posesión, sino un propósito, un intento, o intención de adquirirla.
Derecho procesal, escritos judiciales, firma, falta de firma
Materia: PROCESAL
Carátula: JUAN CARLOS JORDA c/ SILVIA INES COLL DE ARIAS Y MANUEL A. ALDAY s/ INJURIAS Y CALUMNIAS
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-11-06

La firma de los escritos judiciales constituyen una condición esencial para la existencia del acto, por lo que corresponde rechazar el escrito que carece de firma, pese a que argumente el agraviado que la omisión se debió a un error involuntario, pues nadie puede alegar su propia negligencia, aunque posteriormente pretenda subsanar su omisión, salvo que la omisión la hubiese suplido dentro de un plazo para interponer el recurso.
Obras sociales, afiliación a obras sociales, igualdad ante la ley
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Touriñan, Norma Susana y otros c/ GCBA y otros s/ amparo (art. 14 CCABA) s/recurso de inconstitucionalidad concedido amparo (art. 14 CCABA) s/recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-09

El art. 3 de la ley 3021 no resulta violatorio del principio de igualdad, toda vez que regula en forma distinta la situación de los afiliados activos de los pasivos, habida cuenta la diferente situación y necesidades de cada uno de estos grupos ante el sistema de salud, lo que torna razonable diseñarles un sistema de atención sanitaria diferente del previsto para los activos. (Voto en disidencia de la Sra. Jueza Ana María Conde).
Licencia profesional de conducir, personas con discapacidad, revocación del acto administrativo nulo
Materia: CIVIL
Carátula: García, Rodolfo Fabián c/ Gobierno De La Prov. De Mendoza s/ A.P.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2014-03-12

El actor, en tanto persona con discapacidad motriz, tiene derecho a que en su caso particular la Administración otorgante de la licencia de conducir profesional adopte medidas de acción positiva mediante las cuales se materialicen las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que, sin imponer una carga administrativa desproporcionada o indebida, le garanticen el acceso a la evaluación de su idoneidad para conducir y de sus antecedentes psicofísicos con el fin de obtener la licencia para conducir un remis.
Incidentes, caducidad de instancia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Martínez, Héctor R. c/ De La Rosa, Pedro H. y otros s/ Resolución contractual
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-09-13

Los incidentes -que tienen su principio y fin autónomo, aunque con incidencia en el proceso principal, finalizan normal o anómalamente con prescindencia de la instancia principal. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Suspensión del juicio a prueba, juez de ejecución, competencia
Materia: CIVIL
Carátula: Recalde Mario Marcelo s/ Suspensión De Juicio A Prueba
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2013-05-09

El Juez de Ejecución Penal carece de competencia para revocar la suspensión del juicio a prueba del juicio a prueba concedida al imputado en virtud del incumplimiento de las reglas de conducta impuestas , dado que el juez de la causa no se desprende de su jurisdicción con el otorgamiento del beneficio en favor del imputado, por lo que mal puede aquél dictar una resolución dentro de una causa de la cual la competencia es exclusiva y excluyente del juez que tiene a su cargo el proceso penal que, lejos de haber finalizado, se encuentra paralizado a la espera del cumplimiento de alguno de los dos extremos cuya materialización va a obligar a seguir adelante con el proceso o va a imponer la extinción de la acción penal.
Juicio ejecutivo, intereses, pagaré
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Interplat S.A. c/ Spampinato, Antonio s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-03-24

No pueden admitirse los intereses "pactados" reclamados por el ejecutante, porque para que ello ocurra debe mediar acuerdo en tal sentido; careciendo de eficacia el pacto celebrado entre las partes, fuera del texto del pagaré, ya que en materia ejecutiva no puede completarse el título ni hacerse valer, modalidades extracartulares que configuran elementos ajenos a aquél.
Accidente de tránsito, gastos de reparación del automotor, privación del uso del automotor, valor venal, herederos forzosos
Materia: CIVIL
Carátula: Ordinario por daños y perjuicios: Bruno Leonel Lenta, Andrea Josefina Bertolone y Adolfo Gustavo Alberto y Javier Agustín Romano c/ Teodoro Miranda, Sergio Gabriel Miranda y Agrosalta Coop. de Seguros Ltda. s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2023-12-27

En cuanto a los daños en el vehículo de propiedad de la madre de los reclamantes -prácticamente destrucción total-, ha de precisarse que el valor del mismo deberá reconocerse a los hijos de la víctima, pues si bien es cierto que no ostentaban el carácter de titulares registrales a la fecha del fallecimiento de su madre, al resultar sus herederos forzosos en los términos del art. 3410 del CC adquirieron la posesión hereditaria de pleno derecho sin necesidad de formalidad alguna, con lo cual, continuaron la titularidad de todos aquellos bienes de los cuales ella era titular. Por otra parte, la pérdida del valor venal que reclaman no ha de prosperar, dado que el dictamen efectuado no reúne el suficiente respaldo técnico y científico que logre la convicción necesaria para su procedencia. Y en relación a la privación de uso del automotor, habiendo reconocido la perito actuante que el vehículo fue vendido, no resulta procedente dicho rubro; todo daño debe ser probado y el mismo no constituye un supuesto de daño "in re ipsa", por lo que al no haberse aportado parámetros para su determinación, corresponde sin más su rechazo.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, revocación de sentencia, recurso de inconstitucionalidad, recurso de casación, denegatoria del recurso, exceso ritual manifiesto, beneficio de litigar sin gastos, cuestión federal
Materia: PROCESAL
Carátula: Castro, Juana Teresa c/ Jorge Alberto Guevara s/ ordinario s/ inconstitucionalidad y casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-19

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que desestimó los recursos locales de inconstitucionalidad y casación si incurrió en excesivo rigor formal en la exigencia relativa a la concesión del beneficio de litigar sin gastos y al ponderar la conducta de la recurrente en lo referente al mantenimiento de la cuestión constitucional.
Causales de divorcio y separación personal, adulterio, deber de fidelidad
Materia: CIVIL
Carátula: B.G.R. c/ S.C. de B. N.M. s/ Divorcio Vincular
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-10

La conservación de la fidelidad conyugal, que presidía el régimen de la Ley 2.393, según el artículo 50, se mantiene ahora en el artículo 198 del Código Civil, si bien con la limitación temporal de subsistir mientras no se haya dictado sentencia que disponga la separación personal o el divorcio en los términos de los artículos 202 y 204 del Código Civil. Mientras tanto, cualquiera sea el tiempo que transcurriera desde la separación de hecho, la comprobada relación sexual extramatrimonial provoca la configuración de la causal de adulterio.
Sueldo anual complementario, pago
Materia: LABORAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Abayu Gabriel Edgardo y otros c/ Pcia. De Río Negro (P. Ejecutivo) s/ Sumarisimo (Ejec.Sentencia) s/ Inaplicabilidad de ley" Simon Alicia Karina c/ Consejo Provincial de Educación de Río Negro y Prov. De Río Negro s/ Sumarisimo s/ Inaplicabilidad de ley Gentili Marcela Andrea c/ Consejo Provincial de Educación - Provincia de Río Negro s/ Sumarisimo s/ Inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1999-09-06|1999-09-06|1999-09-29

El diferimiento de la cancelación de los aguinaldos mediante la entrega de los certificados previstos por el Decreto Ley 4/97 conlleva ciertas particularidades que impiden considerar que la modalidad pueda infringir agravios de naturaleza constitucional pues: a) respeta la intangibilidad del crédito, a la vez que no importa una privación del derecho inherente al mismo. Ello así, pues se prevé la cancelación del total del capital involucrado, con los intereses correspondientes, por lo que no se avizora un supuesto de confiscatoriedad. Asimismo el carácter "transferible" de los certificados posibilita, en alguna medida, su negociación en los ámbitos respectivos dentro de los alcances del derecho público local. b) La medida tiene antecedentes, dado que el diferimiento temporal que implica no es irrazonable, pues reconoce diversos precedentes r