Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-02-11


SENT Nro. 24 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 11 DE FEBRERO de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana, René Mario Goane y Alfredo Carlos Dato, bajo la Presidencia de su titular doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la tercerista Producción S.A. en autos: "Lazarte, Raúl Pablo vs. Longo S.R.L. s/Indemnización.".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores René Mario Goane, Alfredo Carlos Dato y Héctor Eduardo Aréa Maidana, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

1.- La tercerista Producción S.A., a fs. 320/323 vta. del incidente vinculado al embargo preventivo y tercería, plantea recurso de casación en contra de la sentencia Nº 6, del 5 de febrero de 2002, de la Excma. Cámara del Trabajo, Sala VI, obrante a fs. 316 y vta., por la que se resuelve hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el actor en contra de la sentencia del 3-4-2001, del Juzgado de Conciliación y Trámite de la I Nominación (cfr. fs. 287/288).

En cuanto a la admisibilidad de la pretensión impugnativa referida, cabe poner de resalto que por sentencia Nº 757, del 2-9-2002, esta Corte resolvió hacer lugar a la queja por casación denegada incoada por la tercerista dejando, de este modo, expedita la vía extraordinaria local. Ninguna de las partes presentó la memoria facultativa a que alude el artículo 137, primera parte, del CPT, conforme surge del informe actuarial respectivo (cfr. fs. 364 del incidente).

II.- Sostiene la recurrente que el fallo atacado resulta arbitrario e inobserva y aplica erróneamente los artículos 33 y 40 del CPCC; 225 de la LCT; 17, del Decreto Ley Nº 6582/58 -según texto de la Ley Nº 22.977-, y 88 de la Ley Nº 19.550.

Puntualiza que no respeta el principio de razón suficiente, que se encuentra constituido por los hechos del proceso y los elementos reunidos durante su tramitación, y cuya valoración armónica confluye en la fundamentación del acto jurisdiccional.

Con relación a la afirmación sentencial que, por vía del artículo 225 de la LCT, "ambas sociedades son solidariamente responsables ante las obligaciones de cumplir con el actor" (cfr. fs. 321 vta.), estima que la misma viene a considerar que existe continuidad de empresa, lo que carece de sustento fáctico y jurídico porque no se demostró transferencia de establecimiento alguno en los términos de la ley laboral.

En su criterio, aquella afirmación resulta errónea, por cuanto la Ley Nº 19.550, en su artículo 88, establece claramente en qué consiste una escisión, y las posibilidades de los acreedores, previa publicación de la escisión que se intenta, de utilizar el medio de oposición que se prevé en el artículo 88, inciso, 5º, de la Ley de Sociedades. Así, destaca que a fs. 263 vta. corre agregada la respuesta al oficio dirigido al Registro Público de Comercio, la que da cuenta de la correcta inscripción de la escisión, sin informar acerca de la existencia de oposición por parte de acreedor alguno en los términos del precitado artículo.

Manifiesta que el fallo es arbitrario por realizar una valoración ilegítima e irrazonable de las probanzas producidas, apartándose de las reglas de la sana crítica, consagradas en el artículo 40 del CPCC; esta norma, agrega, se presenta ignorada y violentada frente a la ausencia de parámetros objetivos del sentenciante, habida cuenta que no se entiende las razones o argumentos para cuestionar válidamente una sociedad, sobre la que no se hace mención concreta alguna, llevándola al plano de una simple continuidad empresarial en los términos del artículo 225 de la LCT.

Arguye que la sentencia inobserva el artículo 17 del Decreto Ley Nº 6582/58, según texto de la Ley Nº 22.977, en cuanto establece que la caducidad de un embargo sobre un automotor se opera a los tres años.

Desde esta perspectiva resalta que si los embargos ordenados el 12-10-95 han sido registrados el 19-10-95, va de suyo que los mismos caducaron el 19-10-98, por lo que toda reinscripción posterior al vencimiento sobre un automotor ya registrado a nombre de Producción S.A. deviene ilegítima, por tratarse de un bien de propiedad de un tercero ajeno al proceso.

III.- A continuación me haré cargo de una cuestión que, en mi criterio, resulta esencial para la suerte del recurso, cual es la referida a alegada transgresión a las prescripciones del artículo 17 del Decreto Ley Nº 6582/58.

En efecto; de las constancias de autos se desprende que por sentencia del 12-10-95, se resuelve hacer lugar a la sustitución de embargo preventivo solicitada por la parte demandada; consecuentemente se dispone en el mismo acto se trabe embargo preventivo, entre otros, sobre los automotores de propiedad de la firma Longo S.R.L., que son objeto de la presente tercería (dominios nº TBI577 -anterior 120062-; TBI597 -anterior 103377-, y WDJ121 -anterior 101312-) (cfr. fs. 69/70). A fs. 78 vta., 80 vta. y 86 vta. obran los respectivos informes del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, de fecha 19-10-95, que dan cuenta de la toma de razón de los embargos sobre los mencionados automotores.

Por resolución del 30-11-98, el Juzgado de Conciliación y Trámite de la I Nominación dispone se libre oficio al Registro Nacional de Propiedad del Automotor a fin de que proceda a la reinscripción de los embargos oportunamente ordenados en los autos sobre los citados rodados.

A fs. 155 vta. el Registro informa que se ha tomado razón de la medida de embargo con relación al dominio nº TBI597 -anterior 103377-; en cuanto al dominio nº TBI577 -anterior 120062-, se toma razón de la reinscripción del embargo el 30-12-98, destacándose que con fecha 15-7-96 el automotor fue transferido a favor de la razón social Producción S.A. (cfr. fs. 159/161 y 277).

En lo que concierne al dominio nº WDJ121 -anterior 101312-, la aludida repartición oficial, a fs. 165, informa que no se procedió a la toma de razón de la reinscripción del embargo preventivo "DEBIDO A QUE EL DOMINIO WDJ (T101312), CORRESPONDIENTE AL AUTOMOTOR: MARCA FORD TIPO PICK-UP MARCA DE MOTOR FORD Nº DBAD 13012, CHASIS MARCA FORD Nº KB1JDB-02993 SE ENCUENTRA A NOMBRE DE PRODUCCION S.A. DESDE EL 01/06/98. POR LO TANTO LONGO S.R.L. DEJO DE SER TITULAR DE DICHO DOMINIO EL 1/06/98. EN REFERENCIA AL EMBARGO PREVENTIVO TOMADO OPORTUNAMENTE EN FECHA 19/10/95, SE ENCUENTRA CADUCO AL DIA DE LA FECHA". Ante este informe, la parte actora, por escrito de fecha 26-4-99, peticiona se ratifique la medida sobre dicho vehículo (cfr. fs. 166), lo que es rechazado por resolución del 9 de junio de 1999, corriente a fs. 167 y vta., por los motivos que allí se indican.

Expresa Omar Luis Díaz Solimine, refiriéndose a la caducidad en el régimen de la propiedad del automotor, que "...la caducidad extingue el derecho, debiendo ser interpretada en sentido restringido y sólo de un modo indudable cuando está expresamente contemplada. Sobre el particular, el art. 17 del decreto Ley 6582/58, t.o. según decreto 1114/97, dispone que 'la inscripción de un embargo sobre un automotor caducará a los tres años de su anotación en el registro'. De este modo, una vez transcurrido dicho plazo sin haberse asentado la reinscripción por orden expedida por el juez competente, se produce la extinción de pleno derecho (ope legis) de la medida cautelar. Es decir que, sin necesidad de que el magistrado lo ordene, el automotor queda liberado del asiento registral del embargo o de otra medida cautelar ordenada. Si la reinscripción de la medida precautoria se produce una vez vencido el plazo legal señalado (tres años en el caso del embargo y cinco en el de las demás medidas), técnicamente no se produce una 'reinscripción', sino una verdadera -y nueva- 'inscripción'. Prueba de ello es que si antes de la reinscripción y una vez transcurrido el citado plazo se asienta otra medida precautoria (p. ej., otro embargo), esta última desplaza a aquella, accediendo a un grado preferente" ("Medidas cautelares sobre automotores", págs. 32/33).

De lo que antecede se puede concluir que, en la especie, los embargos trabados sobre los automotores de marras el 19-10-95, caducaron de pleno derecho a los tres años, vale decir, el 19-10-98, al no ser reinscritos con anterioridad a esta última fecha.

Ahora bien, con referencia al dominio nº WDJ121 -anterior 101312-, según se lo puso de manifiesto ut supra, el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor no tomó razón de la reinscripción ordenada por resolución del 30-11-98 del Juzgado de Conciliación y Trámite de la I Nominación, habiéndose desestimado también por resolución del 9 de junio de 1999, la solicitud de la parte actora tendiente a que se ratificara la medida. Es que, como se dijo, este vehículo, conforme a las constancias de fs. 165, 230 y vta. y 254/255, pasó a ser propiedad de Producción S.A. el 1-7-98. Por lo tanto, no cabe duda que con relación a este automotor, el recurso de casación incoado deviene procedente.

En cuanto a los otros dos vehículos objeto de la tercería de dominio, viene al caso recordar que a su respecto sí se operó la toma de razón, por parte del Registro, de la reinscripción ordenada por sentencia del 30-11-98. No obstante ello, y tal cual se dejara sentado con anterioridad, los embargos trabados el 19-10-95 caducaron de pleno derecho el 19-10-98, o sea, 42 días antes de que se ordenara su reinscripción por conducto de aquel acto jurisdiccional (el 6-1-99 se toma razón de la misma con relación al dominio nº TBI597 -anterior 103377-, y el 30-12-98 en lo que se refiere al dominio nº TBI577 -anterior 120062-). Por consiguiente, teniendo en cuenta que la "reinscripción" dispuesta por este último acto el 30-11-98 constituye, en puridad, una nueva inscripción, un nuevo embargo, juzgo que la pretensión impugnativa articulada en esta instancia con relación a estos dos automotores debe progresar atento a que, conforme surge de las constancias de autos, los mismos habían dejado de ser propiedad de Longo S.R.L. en Julio de 1996, pasando a ser su titular Producciones S.A. (consúltese en tal sentido las constancias de fs. 159/161, 229 y vta., 231 y vta., 277 y 282), por lo que mal pudo ordenarse la "reinscripción" de un embargo sobre automotores que ya no eran de propiedad de Longo S.R.L. -el que por lo demás, fue el único condenado en el proceso principal- sino de otro sujeto de derecho. Y aquello está, incluso, reconocido por l a misma recurrente a fs. 294 y vta., segundo y tercer párrafo.

En forma coincidente se ha dicho que "La renovación efectuada en término mantiene al acreedor embargante el orden de preferencia que le otorgó la fecha en que se tomó razón originariamente de la medida cautelar; la renovación tardía, en cambio, es una nueva medida cautelar, que sólo procede si el vehículo continúa siendo de propiedad del embargado, y que queda postergada por los actos de disposición, gravámenes u otras medidas cautelares que se hayan tomado antes de su presentación" (Moisset de Espanés, Luis: "Automotores y Motovehículos - Dominio", pág. 415).

.En cuanto a los restantes agravios, juzgo inoficioso su tratamiento atento a lo hasta aquí considerado.

Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la tercerista Producción S.A., en contra de la sentencia Nº 06, del 5 de febrero de 2002, de la Excma. Cámara del Trabajo, Sala VI, obrante a fs. 316 y vta.. En consecuencia, casar la misma, dejando sin efecto los puntos I y II de su parte resolutiva, conforme a la siguiente doctrina legal: "No resulta arreglado a derecho la reinscripción de un embargo ordenada con posterioridad al vencimiento del plazo de caducidad previsto en el artículo 17 del Decreto Ley Nº 6582/58, sobre automotores que a dicho momento ya no eran de propiedad del embargado". Dictar como sustitutiva: "I.- NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por el actor en contra de la sentencia del a quo del 3-4-2001, glosada a fs. 287/288 de autos, por lo considerado"; II.- COSTAS, al recurrente vencido, actor en autos".

IV.- Acorde al resultado a que se arriba, por el principio objetivo de la derrota, las costas de esta instancia casatoria se imponen a la parte vencida, actora en autos (artículos 49, del CPT, y 106, primera parte, del CPCC).

Los señores vocales doctores Alfredo Carlos Dato y Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación planteado por la tercerista Producción S.A., en contra de la sentencia Nº 06, del 5 de febrero de 2002, de la Excma. Cámara del Trabajo, Sala VI, glosada a fs. 316 y vta. En consecuencia, casar la misma, dejando sin efecto los puntos I y II de su parte resolutiva, conforme a la doctrina legal enunciada en los considerandos. Dictar como sustitutiva: "I.- NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por el actor en contra de la sentencia del a quo del 3-4-2001, glosada a fs. 287/288 de autos, por lo considerado"; II.- COSTAS, al recurrente vencido, actor en autos".

II.- COSTAS de esta instancia casatoria, como están consideradas.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios.

HAGASE SABER.- HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA RENE MARIO GOANE ALFREDO CARLOS DATO