marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario federal, cuestión federal
Materia: PROCESAL
Carátula: MUÑOZ, NORMA c/ CEVOLI, OSCAR J. s/ RECLAMO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY'
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1993-03-30

La forma en que ejercitan su ministerio los tribunales locales, según la inteligencia que dan a las leyes que los rigen, no es cuestion revisible en esta instancia.
Concursos, liquidación y distribución, subasta de inmuebles, aplicación de la ley, falta de legitimación para obrar, legitimación activa
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Atach, Sara Mónica c/  s/ quiebra s/ incidente de venta del inmueble calle maure 1744/50/62/72
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-26

Corresponde rechazar el planteo efectuado por la fallida, orientado a suspender la subasta decretada respecto de cierto inmueble, con fundamento en que el síndico carece de legitimidad para solicitar el levantamiento del bien de familia. Ello así, toda vez que no corresponde la aplicación de una nueva y reciente norma (en el caso, el CCCN 249) a situaciones que ya fueron juzgadas bajo el régimen legal por entonces vigente; pues admitir tal proceder implicaría, sin lugar a hesitación, violentar el principio de preclusión de los actos procesales.
Seguridad social, beneficios previsionales, reajuste jubilatorio, fallos de la Corte Suprema
Materia: LABORAL
Carátula: "ASTUDILLO, WENCESLAO c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-06

En el precedente "Sánchez, María del Carmen" (sent. del 17.05.05) la C.S.J.N. dispuso que la ley 18.037 se hallaba plenamente vigente a la fecha de la sanción de la ley 23.982, y sólo fue derogada por la ley 24.241 de creación del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, con el límite fijado en su art. 160 que mantenía las fórmulas de movilidad de las prestaciones reguladas por las leyes anteriores. El referido ajuste por movilidad no constituye indexación ni violenta la referida ley 23.982, puntualiza el Alto Tribunal, pues así como "las remuneraciones de los activos no fueron alcanzadas por la ley de convertibilidad y registraron, en general, variables significativas después de su sanción" no existe fundamento válido para retacear los ajuste que debían ser trasladados a los haberes de los jubilados en cumplimiento de la manda contenida en el art. 14 bis de la C.N. (cfr. Consid. 7º). (Del voto del Dr. Herrero al que adhiere la Dra. Lucas).
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, leyes, constitucionalidad, Poder Legislativo, facultades legislativas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: NN s/ Cuestión a resolver: Constitucionalidad de la facultad otorgada al  Tribunal pleno para expedirse en defecto de caso concreto (Tribunal  pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-08-27

Cuando se adopta la hegemónica interpretación establecida por ciertos Tribunales como obligatoria, lo que se pone en juego es la forma misma de la ley, es el conjunto de garantías que emergen de todo proceso parlamentario, de la discusión pública de las normas, de la doble instancia que significa la revisión del texto por una Cámara de Representantes y otra de Senadores, de la responsabilidad de los legisladores, de la publicidad periodística, de los asesoramientos técnicos y consultas que preceden a la sanción de la ley. Una mala ley con contralor parlamentario y popular, siempre es peligro menor que una ley impuesta a espaldas de la soberanía. (Del Voto del Dr. Ríos). En el caso, la cuestión a resolver era la constitucionalidad de la facultad otorgada al Tribunal pleno para expedirse en defecto de caso concreto.
Defensa del consumidor, contratos de consumo, contratos informáticos, oferta al consumidor, prueba del contrato, consentimiento, interpretación de la ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: AOL ARGENTINA SRL c/ GCBA s/ OTRAS CAUSAS CON TRAMITE DIRECTO ANTE LA CAMARA DE APELACIONES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-11

En el caso, la denunciante afirma que nunca hubo autorización expresa de su parte para que se realizara el cobro -por débito automático- del servicio de Internet brindado por la empresa, sino que ella instaló el CD Rom ofrecido por dicha empresa para navegar en forma gratuita por tres meses y que al instalar dicho CD le solicitaron varios datos personales entre los cuales se incluían los relativos a su tarjeta de crédito.

A fin de analizar si existe un acuerdo contractual entre las partes, se encuentra acreditado en autos que el consumidor instaló un software que le permitió finalmente navegar por la web a través del servicio de Internet brindado por la empresa denunciada.

Del contenido de la prueba aportada por la denunciada es útil destacar que a través de la misma se establece el procedimiento de "instalación y registración" del software y, a su vez se detalla el "acuerdo de los términos del servicio" que conforman los términos y condiciones del acuerdo. De la prueba mencionada, se puede deducir que para acceder al servicio, el consumidor debía cumplir necesariamente con todos los pasos previstos en el procedimiento de instalación y registración.

En consecuencia, y en virtud de lo expuesto, considero que los elementos probatorios aportados en autos son suficientes para acreditar la existencia de un contrato informático entre las partes. (Del voto en disidencia del Dr. Esteban Centanaro).
Aclaratoria (procesal), recurso extraordinario, plazos procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: Scaro F. C. c/ S.M.A.T.A. y Asociación Jujeña de Servicios Sociales s/ Recurso de Inconstitucionalidad  (L.A. Nº 41, Nº 407/410, Nº 147) Servicios Sociales s/ Recurso de Inconstitucionalidad  (L.A. Nº 41, Nº 407/410, Nº 147)
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1998-04-22

El plazo para interponer el recurso extraordinario debe computarse, en principio, a partir de la notificación del auto que hace lugar a la aclaratoria por omisión, pues ésta viene a "integrar" a la definitiva, es parte integrante de aquella, por ello, consideramos ha de computarse el plazo del art. 257 C.P.C.N. a partir de la notificación de la resolución que resuelve la aclaratoria.-
Servicio público, concesión de servicio público, derechos del usuario, rutas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ferreyra,  Víctor  Daniel y Ferreyra, Ramón c/ V.I.C.O.V. S.A. s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-21

Quien accede a una ruta concesionada tiene una confianza fundada en que el organizador se ha ocupado razonablemente de su seguridad, pues la prestación de servicios masivos presenta un grado de complejidad y anonimato que resultan abrumadores para los ciudadanos comunes que los reciben. El funcionamiento regular, el respaldo de las marcas y del Estado genera una apariencia jurídica que simplifica su funcionamiento y lo hace posible, y las pruebas que realiza el consumidor para verificar la seriedad y seguridad son mínimas porque confía en la apariencia creada y respaldada por el derecho (Voto del Dr. Ricardo Luis Lorenzetti).
Derecho laboral, obligaciones, obligaciones solidarias
Materia: LABORAL
Carátula: Flores, Leopoldo y otros c/ Empresa Ricardo F. de Elía y otra s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1999-12-17

Para que nazca la responsabilidad solidaria de una empresa para con las obligaciones laborales de la otra en los términos del art. 30 de la L.C.T., resulta menester que se contrate o subcontrate trabajos o servicios que se relacionen con su actividad normal y específica; debe existir una unidad técnica de ejecución entre la empresa y su contratista, de acuerdo a la implícita remisión que hace la norma en cuestión al art. 6 del régimen de contrato de trabajo, la actividad normal y específica, es la habitual y permanente del establecimiento; o sea, la relacionada con la unidad técnica o de ejecución destinada al logro de los fines de la empresa; pasando a segundo plano lo que pudieran expresar las reglas estatutarias siendo lo primordial la real actividad desarrollada de hecho por la empresa de que se trate.

Con esta distinción es posible adecuar la norma del art. 30 de la L.C.T., de modo de apreciar si ha mediado o no contratación o subcontratación de lo que es la actividad normal y específica que realmente se desarrolla: y desde allí apreciar si corresponde responsabilizar solidariamente respecto de los créditos laborales y de seguridad social.
Recurso de inconstitucionalidad, procedencia del recurso, fundamentos insuficientes, honorarios, regulación de honorarios, aplicación de la ley, competencia contencioso administrativa
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: FISCALIA MUNICIPAL DE FALTAS c/  s/ QUEJA POR APELACION DENEGADA (REGULACION DE HONORARIOS EN AUTOS RELAÑEZ, MAURICIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-10-10

La aclaración final formulada por la Cámara "aun cuando resulte inadmisible la apelación interpuesta", en la cual expresó que la escala del artículo 14, inc. f) de la ley 12851 se aplica a los Juzgados de Faltas siempre que se trate de decisiones de dichos órganos en su función estrictamente jurisdiccional en primera instancia, tampoco satisface la exigencia de fundamentación suficiente derivada del artículo 95 de la Constitución provincial a los fines de permitir un adecuado entendimiento -y eventual cuestionamiento- del razonamiento efectuado; toda vez que la Cámara no expuso las razones de tal observación complementaria, por cuanto, más allá de la consideración de qué norma de la ley arancelaria resulta aplicable -cuestión que no estuvo incluida en los fundamentos medulares del decisorio atacado-, lo cierto es que dicha aseveración luce aislada y desprovista de un hilo argumental, ya que no se advierte siquiera un análisis mínimo de por qué la regulación de honorarios en crisis era la adecuada y mucho menos de cuál era la normativa aplicable al caso a los fines regulatorios, máxime cuando ya se encontraba establecido que la materia era contencioso administrativa. (Del voto del Dr. Falistocco, al que adhieren los Dres. Netri y Gutiérrez).
Concursos, resoluciones inapelables
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Useglio Rene Alejandro c/ Gerardo S. Malano y otra s/ Quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-06-20

Es inapelable el auto desestimatorio de quiebra por solicitud del acreedor, ya que su denegatoria no causa estado y puede el acreedor reiterar el pedido en cualquier momento. Tampoco existe agravio para el acreedor en cuanto a la frustración en el cobro de su crédito, pues el acreedor puede procurar la satisfacción de su acreencia por la vías pertinentes.
Prueba, apreciación del juez
Materia: LABORAL
Carátula: El Molino S.R.L. c/ Peruch, Dante O. s/ Consignación de haberes.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-12-23

Los tribunales del trabajo pueden preferir unos elementos de prueba respecto de otros pues ello hace a sus facultades privativas.
Homologación administrativa, partes, litisconsorcio necesario
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: G., C. J. c/ A. S.A. y/o quien resulte propietario y/o locador y/o armador del Buque "M. S." s/ Demanda Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2012-10-18

En estos casos de resoluciones homologatorias dictadas por la autoridad administrativa del trabajo la actividad desplegada por ésta es esencial.

Es que la facultad que le otorga el art. 15 L.C.T. confluye en el sistema normativo laboral como excepción al principio de irrenunciabilidad consagrado en el art. 12 del mismo cuerpo legal, con particular énfasis en el acotado objeto del acto de disposición, resultando justificada la previsión de mecanismos de control; en suma, se atribuye a esta autoridad una relevante función de garantía en torno a los derechos irrenunciables de los trabajadores.

De allí la indefectibilidad y esencialidad del actuar de la Administración en el acto y, por ende, que ella deba ser escuchada en el proceso judicial en que fuere impugnado.

La pretensión nulitiva deducida por el actor versó sobre la eficacia o no de un acto que fue llevado a cabo no sólo por él y la ex-empleadora, sino que en el mismo también participó de modo esencial, vengo de señalarlo, la autoridad administrativa del trabajo.

Se conformaba así un litisconsorcio necesario en sentido propio, pues los sujetos pasivos se hallarían legitimados sustancialmente de forma inescindible, de manera que la sentencia de mérito habría de pronunciarse indefectiblemente frente a todos ellos (art. 90 CPCC).

Puesta en tela de juicio una relación jurídica común e indivisible para una pluralidad de sujetos, su modificación o extinción no tolera un tratamiento procesal por separado y solamente puede logrársela a través de un pronunciamiento judicial único para todos los interesados.
Contratos civiles, mandato, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Pícaro, Alfonso Alejandro c/ Nicolas, Yanni y Otra s/ Rendición de Cuentas
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-12-10

La prueba del mandato se rige por las reglas generales de acreditación de los contratos, de modo que si, como en la especie, el valor patrimonial del encargo supera el límite del art. 1.193 Código Civil, el mismo sólo puede probarse con el pertinente instrumento escrito.
Obligaciones del empleador, carga de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Becerra de Perona, Leonor Margarita c/ Punto y Banca S.A. s/ Diferencias Salariales e Indemnización por Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-02-02

A un empleador que tenga toda su documentación en regla no puede exigírsele QUE ADEMAS ACREDITE QUE NO ABONABA SUMAS SUPERIORES A LAS DE FIGURACION REGISTRAL, por cuanto de tal manera se le impondría la prueba de un hecho negativo, en contra de las reglas del onus probandi.
Trata de personas, situación de vulnerabilidad, responsabilidad internacional del Estado, protección de la mujer, Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer
Materia: PENAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Favale, Gastón Rubén c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-21

En aquellos delitos en los que se ve involucrada la trata de personas, la situación de sometimiento en la que se encuentran las víctimas de dichas maniobras frente a su agresor, merece una especial atención por parte de la justicia para evitar también que peligre el correcto desarrollo del proceso. Ello debe ser analizado conforme a la obligación asumida internacionalmente por el Estado argentino por cuanto se comprometió a tomar las medidas apropiadas necesarias para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución (cfr. art. 6 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer).
Legítima defensa, racionalidad del medio empleado
Materia: PENAL
Carátula: Rojas, Francisco Lisandro s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-06-22

Debe entenderse cumplida la premisa de que la necesidad -en la legítima defensa- debe resultar de la agresión que pone en peligro un bien jurídico y determina aquella, si el victimario no podía seguir huyendo, como lo estaba haciendo ni tampoco podía exponer al peligro a su concubina. El medio empleado -arma de fuego- ha sido racional, la ley no exige paridad de armas o similitud de ellas entre agresor y agredidos, ni tranquilidad de espíritu para hacer raciocinios, cálculos y comparaciones, aceptar ello sería caer en un tecnicismo inaceptable.
Proceso penal, nulidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: SANDOVAL, ANTONIO EDUARDO; VILTE LAXI, DANIEL OCTAVIO; LASI, GUSTAVO ORLANDO; VERA, SANTOS CLEMENTE; RAMOS, OMAR DARÍO c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2016-10-31

El derecho del imputado de recurrir el fallo ante juez o tribunal superior no supone la realización de un nuevo juicio oral pero si exige la posibilidad que se revise sustancialmente el fallo condenatorio y la pena, en lo relativo a la suficiencia tanto de las pruebas como de la legislación, de modo que el procedimiento permita tomar debidamente en consideración la naturaleza de la causa.

Al encontrarse prevista la causal de "arbitrariedad" como fundamento de procedencia del recurso de inconstitucionalidad (art. 554 del C.P.P.), la que permite revisar cuestiones de hecho y derecho, se encuentran amparados los estándares exigidos por el sistema interamericano de derechos humanos en materia penal, en cuanto posibilita un control amplio de los aspectos impugnados de la sentencia condenatoria.

Para la procedencia del planteo de nulidad, además de la denuncia oportuna, se requiere un perjuicio concreto para alguna de las partes, porque cuando se adopta en el solo interés formal de cumplimiento de la ley, importa un manifiesto exceso ritual no compatible con el buen servicio de justicia. Quien la invoque deberá indicar qué alegaciones fue privado de ejercer y qué pruebas hubiere propuesto si el acto cuestionado no exhibiese el defecto que motiva el cuestionamiento.

Es doctrina reiterada que las normas de naturaleza procesal resultan de aplicación inmediata a los procesos en trámite salvo expresa decisión de la ley sobreviniente, o en los casos en que dicha aplicación afecte la validez de actos procesales cumplidos y firmes bajo la vigencia de la normativa abrogada.

La Ley 7690 expresamente dispone su aplicación a las causas que se inicien a partir de su vigencia, aunque los delitos que se juzguen se hayan cometido con anterioridad (art. 3); es que no existe derecho adquirido a ser juzgado por un determinado régimen procesal pues las leyes sobre procedimiento y jurisdicción son de orden público, especialmente cuando estatuyen acerca de la manera de descubrir y perseguir delitos.

La omisión del imputado de prestar declaración antes del dictado de la condena impuesta por el Tribunal de Impugnación, no viola el principio constitucional de defensa en juicio pues, por el principio de taxatividad en materia recursiva (art. 514 del C.P.P.), la ley adjetiva local no prevé la realización de debate alguno en forma previa a resolver el recurso de casación (art. 549 del C.P.P.).

Además, el derecho a ser oído no necesariamente debe ejercerse en forma oral en todo procedimiento, ya que éste se encuentra debidamente protegido con las distintas presentaciones realizadas por la defensa técnica -vgr. interposición del recurso de casación y ampliación de fundamentos.
Depreciación monetaria, depósito judicial
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: López, Lucio Alfredo c/ Figliozzi Hnos. s/ RECLAMO S/INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1989-08-29

Se deteriora por culpa del trabajador el depósito si no lo retira, pudiendo hacerlo.
Fundamentación de sentencias, allanamiento, estupefacientes, prueba
Materia: PENAL
Carátula: Barakat, Barakat c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-12-05

Está debidamente fundada la condena si en el lugar allanado existía una cocina destinada a la fabricación de estupefacientes, lo que adquiere mayor gravitación si se tiene en consideración que además de secuestrarse precursores químicos y elementos de estiramiento, también se secuestró el producto terminado, es decir, la cocaína y ello adquiere más entidad si se tienen en cuenta otros elementos probatorios valorados, como las declaraciones de los testigos.
Expropiación, valor objetivo del bien, Tribunal de Tasaciones, dictámenes, valor probatorio, contrato de comisión, depósito
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Dirección Provincial de Vialidad c/ Jaime, Manuela; Jaime, Francisca y Arce, Juana y/o quien resulte propietario s/ Expropiación (Expte. CSJ Nº 213-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-09-08

Si, al alegar, la expropiante aceptó como justiprecio los valores fijados por la Comisión de Tasaciones a la fecha de toma de posesión, al no obrar en autos pruebas que desvirtúen esa tasación, corresponde tomarla para fijar el valor del terreno, siendo que se trata de la tasación real más próxima a esta sentencia. Tal cantidad debe ser íntegramente pagada a las demandadas, ya que de acuerdo al criterio sentado por esta Corte a partir del caso "Provincia c- Bobbio", la circunstancia de que aquéllas no hayan retirado la cantidad depositada por la expropiante al demandar, no las perjudica; resolviéndose en ese sentido incluso en casos de demandado contumaz.
Recursos, recurso de apelación (procesal)
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MARQUEZ MARIA Y LLEDA MIGUEL s/ Divorcio Mutuo (LIBRO: A073 - 314)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1991-10-18

"... la deduccion del recurso de reposicion... es suficiente para demostrar el reconocimiento del recurrente, de la inapelabilidad del auto resistido, ya que conforme el art. 131 del C.P.C., procede aquel recurso CONTRA LOS DECRETOS Y AUTOS INAPELABLES, a fin de que el mismo Tribunal los revoque y modifique por contrario imperio".-
Administrador de la herencia, facultades del juez
Materia: CIVIL
Carátula: S., C.A. c/ Sucesores de R.C.S. en la Persona de su Administ. JudicialProvisoria G.S.S. y-o su Administ. Judicial s/ Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-07-24

Administradora de la sucesión no tiene legitimación pasiva al no mediar autorización unánime de los herederos, no pudiendo ésta ser suplida por la autorización supletoria del juez.
Prescripción, suspensión de la prescripción, aplicación de la ley, código de comercio, aplicación supletoria de la ley, código civil
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rocasuru  S.A. c/ Ecomad Construcciones Portuarias  SACIFI s/ Cumplimiento de contrato (Ord.)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-15

Esta Cámara, por sus tres Salas, se ha inclinado por admitir que la prescripción comercial puede ser suspendida en los términos del artículo 3986, 2do. párrafo, del Código Civil. Al votar la causa 4601 del 3/9/76 señalé que la norma del artículo 845 del Código de Comercio contempla el supuesto de causales de suspensión basada en razones de orden subjetivo del acreedor, pero no impide la aplicación del artículo 3986, segundo párrafo del Código Civil que suspende de un modo general, por una sola vez, la prescripción liberatoria por la constitución en mora del deudor en forma auténtica. La vigencia de esta disposición en el ámbito comercial viene impuesta por imperio del principio previsto en el artículo 844 del Código de Comercio, conforme con el cual la prescripción mercantil está sujeta a las reglas establecidas para las prescripciones en el Código Civil, en todo lo que no se oponga a lo que disponen los artículos siguientes y en estos últimos nada hay que desarmonice la integración del régimen de la prescripción mercantil con la norma general del Código Civil a que antes de ha hecho referencia, debiendo entenderse que la aplicación de esta última tanto en el ámbito comercial como en el civil contribuye a afianzar soluciones uniformes para situaciones semejantes.
Seguros, culpa grave, carga de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: LOTO EMETERIO c/ CUPALEN S.R.L. Y/O RESPONSABLE s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-09-30

La prueba de la culpa grave recae sobre el asegurador que es quien la alega. Lo expuesto es aplicación del principio general en materia de distribución de la certeza: recae sobre quien la atribuye que es quien debe acreditar el hecho (culpa grave) que sirva de presupuesto a la norma (art. 114 LS), que consagre el efecto perseguido por ella y que consiste en la exclusión de cobertura (no seguro).-
Alimentos, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: M., P. E. c/ M., A. J. s/ Incidente de alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-06-23

La tarjeta de crédito no constituye -sin la acreditación de los gastos a través de la misma realizados- manifestación evidente de solvencia económica en la persona del usuario.