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Recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, sentencia suficientemente fundada, filiación, daño moral
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: DEL FIERRO, MARIA DE LOS ANGELES c/ CHIAPPERO, RUBEN s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-05-21

La compareciente no logra demostrar con sus reproches la existencia de algún vicio descalificante de la resolución atacada, por cuanto los Magistrados dieron justificación suficiente para explicar por qué entendían que no se daba ninguna de las causales de admisibilidad del recurso de apelación extraordinaria invocadas por la impugnante. De este modo, refirieron que la disconformidad de la quejosa se centraba en el rechazo de su pretensión de reparación de daño moral ocasionado por la falta de reconocimiento del vínculo filial en el entendimiento de que esta solución había sido producto de una errónea valoración del material probatorio reunido por parte de los Jueces de la causa, para concluir que no se advertía que en autos apareciera configurado alguno de los supuestos a partir de los cuales la doctrina y la jurisprudencia presumen la existencia de daño moral en estos casos.
Juicio ejecutivo, improcedencia del recurso, pagaré, insuficiencia del agravio, derechos del consumidor, contratos de consumo
Materia: PROCESAL
Carátula: Sanatorio Rivadavia S.A. c/ Alvarez Sergio Ricardo s/ cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2021-05-26

Corresponde no hacer lugar al recurso de apelación deducido por la actora contra la sentencia que rechazó la ejecución por ella incoada, pues conforme bien señala la a quo, el pagaré que se ejecuta responde al llamado "pagaré de consumo", este tipo de documento nace en las operaciones de crédito como la compraventa de bienes o contratación de servicios, y a la vez, la concesión de un crédito por parte del proveedor a la persona que adquiere los aludidos bienes o servicios -situación que se plantea en autos-. Derivado de lo anterior, equivoca la recurrente en sostener que no nos encontramos en presencia de un pagaré de consumo, toda vez que es acertado presumir de acuerdo a la calidad de las partes, que la ejecutante reviste el carácter de una proveedora de la relación jurídica en los términos del art. 2 de la Ley 24240 y art. 1093 del CCCN, al tratarse de una persona jurídica que tiene por objeto la atención y ejecución de prestaciones médico-sanatoriales; dicha actividad permite inferir, que el título que se intenta ejecutar tuvo su causa de emisión en un acto de financiamiento para el consumo de tales prestaciones. Por otro lado, el ejecutado es una persona humana en la categoría de consumidor en los términos del art. 1 de la LDC y art. 1092 del CCCN. En virtud de ello, el argumento de que la actora no es una entidad bancaria, financiera o comercial que se dedica al préstamo de dinero o venta a crédito, no tiene virtualidad suficiente para enervar la solución sentencial.

En suma, no cabe limitar la tutela efectiva de los derechos del consumidor porque la ejecutante no es un banco o una empresa financiera, ni se encuentra inscripta como prestamista. A la luz de lo considerado, no cabe más que concluir que se trata de la ejecución de un pagaré de consumo, y por lo tanto, debió la actora dar cumplimiento con lo dispuesto por el art. 36 de la Ley 24240; lo que no hizo.
Recurso contencioso administrativo, resoluciones recurribles, contratos administrativos, Administración Pública
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MENSI Y CIA c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ COBRO DE PESOS - RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE N.  602-89) TRUFFER, HECTOR EZEQUIEL c/ MUNICIPALIDAD DE VERA Y-O Q R R s/ JUICIO ORDINARIO POR COBRO DE PESOS - RECURSO DE  INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE N. 480-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-10-23|1991-10-30

La redacción de la norma del inciso b) del artículo 10 de la ley 4106 prescinde de fórmulas más amplias utilizadas por algunos antecedentes (por ejemplo "Código de Varela": contratos...celebrados por autoridades administrativas...en su carácter de poder público), por la necesidad de remarcar una competencia que en su hora parecía discutible y a la que refiere Rafael Bielsa (autor del ante-proyecto del Código para la Provincia del año 1934), quien entendía que cuando la Administración Pública compra indistintamente a uno u otro vendedor, o cuando utiliza los servicios de un transportador como pudiera hacerlo un particular, entonces no hay contrato administrativo, sino privado.
Excepción de incompetencia, nulidad del acto administrativo
Materia: PROCESAL
Carátula: A. F. S. R. L. c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-05-23

Dígase una vez más que la doctrina de la Falta de Jurisdicción se funda en la ya nutrida jurisprudencia de este Superior Tribunal, que exige la instancia de parte para resolver sobre la nulidad de actos administrativos -presumidos legítimos por concepto, amén de por normación derivada del juego de las disposiciones del procedimiento administrativo provincial- de tal suerte que, si la nulidad no ha sido peticionada, cuando ésta constituye el presupuesto mismo de la condena pretendida, la acción no puede admitirse en tanto los tribunales están impedidos para disponerla ex oficio.- Sus fundamentos están dados por el principio de la división de poderes, y la presunción de legitimidad que accede a los actos administrativos.
Marcas, Comunicaciones, jurisprudencia aplicable
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ARTE  GRAFICO EDITORIAL ARGENTINO SA c/ RED INTERCABLE SA s/ cesede oposición al registro de marca.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-07-03

La marca cuya registración se persigue, esto es "CRONICAS DE LA HISTORIA ARGENTINA. SUPLEMENTO ESPECIAL DE CLARIN", otorga el suficiente marco de especialidad en cuanto al origen del producto ("CLARIN"), que no hace más que reforzar la inconfundibilidad en el sub lite; dado que la notoriedad de la marca "CLARIN" constituye un factor de distinción de tal relevancia en el campo de los medios de comunicación, que servirá para alejar cualquier relación entre ella y la marca propiedad de la demandada, la que, es de destacar, guarda similar notoriedad con la aquí atacada (ver en el mismo sentido, el antecedente de esta Sala, causa 812/97 del 30.5.00). Tanto "Clarín" como "Crónica" resultan marcas notorias dentro del mundo de los medios de comunicación.
Cuestión abstracta, amparo por mora
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Lucero, Ricardo Oscar  c/ Municipalidad de Rio Cuarto  s/ Amparo por mora
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2023-04-19

Cabe declarar abstracta la cuestión sometida a consideración de este Tribunal mediante la interposición del amparo por mora, dado que la Administración accionada ha resuelto no hacer lugar al reclamo del actor y dicha resolución se le notificó mediante cédula dirigida al domicilio constituido por él en las actuaciones administrativas, todo conforme documentación adjuntada al evacuar el informe del art. 7 de la Ley 8508
Denegatoria del recurso, recurso de inconstitucionalidad, fundamentación insuficiente, Estado Provincial
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Paredes, Karina Silvia Del Pilar c/ Provincia del Chaco s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2015-12-09

Cabe desestimar el recurso de inconstitucionalidad deducido por la Provincia del Chaco -parte demandada-, se advierte que no concurre el supuesto de excepción a la regla general, que autorice la apertura de la instancia extraordinaria, toda vez que en realidad sólo evidencia la personal tesitura de la quejosa, pues no se aprecia que el Tribunal de Apelaciones haya efectuado una valoración arbitraria de los hechos, ni de las pruebas, sino que por el contrario el pronunciamiento se encuentra apoyado en fundamentos jurídicos, fácticos y probatorios que lucen suficientes para sostenerlo como acto jurisdiccional válido, más allá de ser o no compartidos.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, relación de causalidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lotys, Ricardo y otra c/ Colladello, Bruno s/ Daños y perjuicios Vence, Cristóbal c/ Clínica Privada O'Donnel S.R.L. y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-12-29|1990-10-17

Determinar la existencia de la relación causal entre el obrar y el daño es una cuestión eminentemente fáctica, ajena a la función revisora de ésta Corte, salvo la cabal demostración del absurdo.
Admisión del querellante, admisibilidad del recurso, delito de acción pública
Materia: PENAL
Carátula: Bento, Walter Ricardo c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-08-03

El código de procedimientos vigente no sólo admite la vía recursiva aquí intentada al imputado, sino a todas las partes del proceso y, por lo demás, a los efectos de la admisibilidad de los recursos, el código no hace distinción alguna en cuanto al carácter de la persona (física o jurídica); interpretar contrario, como argumento para impedir la vía recursiva en el caso de personas jurídicas, implicaría negar su ejercicio a quienes la ley expresamente habilita para presentarse como querellante y, por ende, a recurrir, lo cual supondría una inconsistencia en el legislador.
Recurso de queja (procesal), depósito previo, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Copia  Timoner,  Fernando Antonio c/ Estado Nacional - Ministeriode Economía y Obras y Servicios Públicos. s/ deposito previo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-11-19

El recurrente, en caso de resultar vencido, está obligado a oblar el depósito previsto en el art. 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, ya que el hecho de prevalerse de una garantía constitucional incondicionada, no puede ser óbice para burlar la ley que lo ha establecido (Disidencia del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Cuestiones de competencia, competencia federal, competencia contencioso administrativa, competencia por el territorio, acción de amparo, ingreso al país, emergencia sanitaria, coronavirus
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Kelmanson, Laura René c/ Poder Ejecutivo Nacional - Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2020-05-08

Debe confirmarse la declaración de incompetencia del juzgado federal provincial y disponer la remisión de las actuaciones a la justicia nacional en lo contencioso administrativo federal para que intervenga en la causa, en el marco de la acción de amparo deducida por la madre de una joven que se encuentra en Estados Unidos debido al cierre de fronteras declarado por la pandemia del Coronavirus, solicitando que se ordene al Ministerio de Relaciones Exteriores garantizar la efectividad del derecho de regresar al país en un plazo razonable, dado que si bien la amparista argumentó que el derecho a ingresar al país no se ejerce en el domicilio particular de la persona sino en el paso internacional habilitado a tal fin (Aeropuerto Internacional de Ezeiza), el acto atacado tiene consecuencias en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lugar donde se encuentra el domicilio, tanto de la actora como el de su hija.
Convenios colectivos de trabajo, Dirección Nacional de Vialidad, Administración Pública
Materia: CONSTITUCIONAL - LABORAL
Carátula: SILVERIO FLORENCIO SORIA c/ DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD s/ CONVENCIONES    COLECTIVAS    DEL  TRABAJO.  ADMINISTRACION  PUBLICA.  GOBIERNO DE FACTO-CONSTITUCION NACIONAL.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-02

La convención colectiva cuya aplicación pretende el recurrente, fue celebrada con arreglo al decreto 3258-73, que autorizó la regulación del régimen del trabajo del personal de la Dirección Nacional de Vialidad mediante convenciones colectivas de trabajo, de acuerdo a las disposiciones de la ley 14.250. Pero ese decreto fue derogado por el art. 1 de la ley 21.418, con exclusión del personal de la administración pública nacional del régimen de la ley 14.250, su inclusión por un decreto posterior pudo legítimamente ser dejada sin efecto por un cuerpo al cual se le ha reconocido fuerza de ley
Acusación de la querella, indemnización, monto de la indemnización, daño material, daño moral
Materia: PENAL
Carátula: VIANO, LUIS ENRIQUE s/ LESIONES- ACCION CIVIL- DAÑO MATERIAL Y MORAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-02

1) Resulta innegable que el querellante, al efectuar el pedido de reparación civil por los daños "material y moral" causados, incluidos en una acusación, incumplió los requisitos mínimos de viabilidad que impone a esta acción privada el art. 330 del Código adjetivo en materia civil y comercial, sobre todo, y fundamentalmente, los del inc. 6to., que reclama una petición en términos claros y positivos, con especificación del monto reclamado, sino que inclusive, y lo que es peor no produce ninguna prueba concreta, siquiera documental, de los gastos que se alegan como efectuados.

2) Tales requisitos no han sido puestos por el legislador para amparar cuestiones formales, sino como derivación directa de las garantías constitucionales del debido proceso y de defensa en juicio, tal y como lo demuestran las imposiciones a la contestación de demanda y los derechos de contralor de la prueba que otorga el mismo cuerpo legal a la contraparte (arts. 356 y ss.).

3) Si se tiene en cuenta que los jueces penales, no tienen la obligación de fallar planteos resarcitorios (art. 29 del Código Penal), mucho menos tienen la facultad para sustituir la inercia procesal de la parte y presumir, así, cantidades ciertas y líquidas que, como tales, no fueron materia de demanda expresa y, mucho menos, de prueba corroborante.
Ejecución de sentencia, expulsión de extranjeros, cómputo de la pena
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Terziev, Todor Dimitrov s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-05-29

El extrañamiento o expulsión previsto en el art. 64 de la Ley de Política Migratoria tiene comienzo de ejecución en la acción de regreso del extranjero a su país de origen, mientras que finaliza la ejecución al momento de cumplirse por completo el tiempo de permanencia en el exterior. (Dres. Gemignani, Hornos y Borinsky).
Mora, interpelación, constitución en mora
Materia: CIVIL - PROCESAL
Carátula: PURICELLI, ATILIO JUAN c/ DEPETRIS, RAFAEL s/ COBRO DE PESOS      EXPTE NRO 293-86
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-10-20

Si la procedencia del reclamo surge en cuanto a plazo, de la naturaleza y circunstancias de la obligación y las intimaciones cursadas (y admitidas) fueron categóricas y ciertas sobre la exigencia del acreedor; en cuanto al objeto, modo y tiempo de pago y transmitieron la exigencia del reclamo de una manera coercitiva, debemos concluir no sólo en la admisión de la aplicación del segundo párrafo del artículo 509 del Código Civil, sino también que la intimación constituyó en mora al demandado.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso, prueba testimonial, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Chara, AmÚrico Lucio y otro s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-12-13

Es improcedente el agravio en el que se denuncia que la valoración de los dichos de los testigos -invocados por el juzgador para acreditar la autoría responsable del procesado- no ha sido adecuada a la luz de la sana crítica y la violación de los arts. 150, 251 a 255 del Código de Procedimiento Penal -según ley 3589 y sus modif.-, alegando que por la circunstancia de tratarse de víctimas del hecho sus percepciones se encuentran afectadas por el temor, si no existe imposibilidad legal de considerar a las víctimas como testigos hábiles puesto que tal incompatibilidad no se halla implícita con el carácter del damnificado ni consagrada con carácter general en los artículos cuya violación se denuncia, y por otra parte, la defensa no intenta demostrar que el supuesto temor que refiere existente en los testigos haya podido descalificar sus declaraciones.
Jurisdicción y competencia, competencia federal, competencia por la persona, terceros, Estado Nacional
Materia: PROCESAL
Carátula: Barbieri, Roberto Rosario y otros c/ Municipalidad de Buenos Aires s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-11-10

Corresponde a la justicia federal seguir conociendo en un juicio a partir del momento en que compareció el Estado Nacional citado como tercero en la causa.
Intereses, tasa pasiva
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Colman, Martina c/ González, Juan Carlos y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-02-04

Vedado el recurso de la actualización monetaria, para que se mantenga incólume el valor de la condena, lo adecuado es la utilización de una herramienta que responda al mismo concepto de lucro cesante, en este caso representado por la tasa bancaria dejada de percibir por el acreedor. Correspondiendo en consecuencia que el capital de condena sea determinado de conformidad con dichas pautas.

Devengará esa suma un interés del 6 (seis) por ciento anual hasta el 1 de abril de 1991 y de allí en más deberá computarse la tasa de interés pasiva promedio mencionada en el art. 10 del decreto 941/91 a fin de mantener incólume el contenido económico de la indemnización.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, entidades financieras, daños y perjuicios, cosa juzgada
Materia: ADMINISTRATIVO - COMERCIAL
Carátula: Balaña, Raúl José y otro c/ Banco Central de la República Argentina. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-09-29

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que rechazó "in limine" la demanda iniciada por los accionistas mayoritarios de una entidad financiera con el fin de obtener el resarcimiento de los daños que les habría irrogado la actuación de los funcionarios del Banco Central relacionada con la intervención y liquidación de la entidad, considerando que los hechos habían sido examinados al rechazar los recursos fundados en los arts. 32 de la ley 22.529 y 42 y 46 de la ley 21.526, pues lo decidido por la vía del recurso de la ley 22.529 no reviste el carácter de cosa juzgada respecto de la pretensión de los actores.
Traslado de detenidos, alcaidías, coronavirus, establecimientos penitenciarios, Servicio Penitenciario Federal, aislamiento social preventivo y obligatorio, transmisión de enfermedades, recurso de casación, denegatoria del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Dirección Legal y Contencioso Penal de la Procuración Penitenciaria de la Nación y otros c/  s/ habeas corpus
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-25

Debe ser rechazado el recurso de casación interpuesto por la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal contra la sentencia que hizo lugar al habeas corpus deducido por la Procuración Penitenciaria de la Nación en favor de detenidos con Covid-19 alojados en las Alcaidías de la Ciudad de Buenos Aires, ordenando el traslado inmediato de los mismos a la Unidad 21 o a los complejos del SPF que tengan plazas para realojarlos, puesto que la afirmación del impugnante respecto de que el traslado de detenidos fuera del área metropolitana resultaría contrario al aislamiento social preventivo y obligatorio y favorecería la propagación del virus, no se encuentra respaldada por una fundamentación que permita advertir de qué modo ello podría ser así, cuando resulta evidente que se trata de personas privadas de su libertad, a disposición de organismos estatales que deberán tomar los recaudos para su tratamiento en lugares aislados.
Indemnización por despido, derechos y garantías constitucionales, prueba, estabilidad laboral
Materia: PROCESAL
Carátula: Cona Sergio Eduardo c/ Provincia del Neuquén s/ Acción procesal administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2017-12-19

Cabe hacer lugar a la demanda interpuesta contra la Provincia por uno de sus agentes con el objeto de que se condene a la demandada a abonar la indemnización por el despido dispuesto, sin indemnización previa, con fundamento en la garantía de protección contra el despido arbitrario dispuesta en el art. 14 de la CN, en tanto de la prueba aportada surge que las tareas prestadas como chofer, la forma en que se desarrolló la relación laboral y el trato dispensado -incluso en el aspecto remuneratorio- participaban de las notas caracterizantes de una relación de empleo estable, vértice que impide considerar que haya existido alguna razón que justificara considerarlo como personal de planta política, y sumado a las circunstancias que rodearon la ruptura del vínculo, torna operativa la cláusula protectoria del "trabajo en todas sus formas". Así las cosas, se impone acordar el requerimiento resarcitorio con fundamento en el art. 14 de la Constitución Nacional, más no con la extensión que se pretende. En este contexto, y ante la falta de una previsión estatutaria que logre compensar adecuadamente tal protección, siguiendo el precedente "Mosqueda", resulta pertinente disponer que la indemnización sea establecida conforme la escala prevista por el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo; esto es, aquella equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de 3 meses, tomando como base la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si éste fuera menor. A todo evento, vale señalar que no corresponde adicionar el "mes de preaviso", dada la ajenidad de dicha figura a los fines de la protección dispensada. (del voto del Dr. Masssei).
Personal policial, retiro policial, interpretación de la ley, antecedentes parlamentarios
Materia: PROCESAL
Carátula: Possenti,  Oscar  Roberto c/ Estado Nacional (Mº del InteriorPolicía  Federal) s/ personal militar y civil de las FF.AA. y deSeguridad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-19

De los antecedentes parlamentarios de la ley 20.598 se sigue que el legislador consideró que la concesión de un grado no cumplía adecuadamente con la finalidad de proteger al personal de las fuerzas de seguridad, pues de todos modos lo hubieran obtenido, por lo que el propósito tuitivo únicamente se concretaba mediante el reconocimiento de dos jerarquías, por lo que se añadió una a la prevista por la ley 16.443
Daños y perjuicios, incapacidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Alonso de Sella, Patricia Graciana y otro c/ Dellepiane Angel Hernán s/ Daños y perjuicios Fantin de Odermat, María c/ Gnass, Héctor s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-07-11|1990-06-19

Incapacidad sobreviniente es la secuela o disminución física o psíquica que pudiera quedar luego de completado el período de recuperación o restablecimiento, lo que no puede confundirse con el lucro cesante.