Tribunal: 2da CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL,COMERCIAL,MINAS,DE PAZ Y TRIB.
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2012-03-09


MENDOZA, 9 marzo de 2.012 V I S T O S: Estos autos arriba intitulados en estado de resolver a fs. 226 Y C O N S I D E R A N D O:

1. Llegan estos autos a la Alzada en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. 154 por Seguro de Depósitos S.A. y a fs 159 por el abogado Marcelo Salvatore, pa-trocinante de los actores, por los actores, contra el auto definitivo de fecha 15 de febrero de 2011 obrante a fs. 147/149 que dispuso declarar inoponible la escritura de hipoteca constituida a favor del Banco Mendoza S.A. ejecutada como fiduciaria por Seguros de Depósito S.A. (Sedesa) respecto del inmueble sito en calles San Martín y 5 de Abril de Maipú, inscripto bajo el Registro de la Propiedad y Archivo Judicial matrícula 140967/7, Tomo 81 A, fs. 303 de Maipú, Mendoza, respecto de los Sres. Silvia Miriam Dicesare, Luis Alfredo Olivares, José Antonio Torralvo, Servando Francisco Coletti, Roberto Elías Moreno, Cipriano José Cabrera, Hugo Francisco Rodríguez, Eduardo En-rique Santoni, Héctor Rafael Camacho, Irene López Vda. De Carlos Ranaldi, Luis Julio Morales, Estela F. Kairuz y Mario Daniel Ozan, ordenó que sindicatura determinara los saldos adeudados por cada uno de los adjudicatarios mencionados en el resolutivo I, a los fines de ser cancelados con cargo a los presentantes y conforme el resolutivo I de los autos n° 60.126 y cumplimentar con el punto III de la resolución de fs. 162 de los autos n° 60.126 y lo dispuesto por la ley 19.724, impuso las costas en el orden causado y re-guló honorarios 2. La Sra Juez de la instancia precedente -luego de relatar los antecedentes de la causa- razonó del siguiente modo: surge que en los autos n° 66.126, el Tribunal otorgó el derecho de escriturar a los adjudicatarios peticionantes, con la condición de abonar los saldos impagos o constituir hipoteca u otra garantía real a favor de la concursada. Dicha resolución, de fecha 18/10/05 se encuentra firme; mediante sentencia dictada para fecha 17/8/07 es declarada la quiebra de TAC y, frente a estas circunstancias el resolutivo II de los mencionados autos resulta de imposible cumplimiento; el mencionado dispositivo ordenaba a la concursada a cancelar la hipoteca que grava el inmueble o convenir con el acreedor hipotecario la sustitución del bien asiento del privilegio, en caso contrario la garantía hipotecaria se mantendría sobre el inmueble en su totalidad.

Destaca, que de la compulsa de la documentación original acompañada surge que para fecha 12/08/96 se celebra entre la fallida y Genco S.A. un contrato de locación de obra por el cual la empresa constructora se obligó a la realización de un edificio com-puesto por 15 departamentos organizados en tres niveles. El contrato tenía un plazo de ejecución de nueve meses. Se observa también una serie de órdenes de pago de la co-operativa a Genco S.A. en los meses de agosto, octubre y noviembre de 1.996. Se en-cuentra agregado el comunicado n° 97 de TAC a sus asociados por el cual la empresa dispone que ante la aguda crisis económica vigente, no realizará descuento relacionado con el proyecto de construcción de viviendas a sus asociados, con excepción de los que resultaron adjudicatarios de viviendas. El comunicado tiene fecha 10/11/1997. Además, en la Carta Documento de fecha 14/12/1998, enviada por TAC a Genco S.A. por la cual le comunica la existencia de defectos en la construcción de algunas unidades, se encuen-tra plasmado el interés de la ahora fallida por concretar diligentemente la construcción de los departamentos en cuestión. La misiva fue enviada como consecuencia de una nota que habían cursado los adjudicatarios a la fallida. También se encuentra agregada otra Carta Documento de fecha 15/05/1999 mediante la cual la cooperativa emplaza a la constructora a celebrar un contrato por el que esta última se hace cargo de las reparacio-nes de las obras defectuosas. Hay otra Carta Documento de fecha 31/05/1999 (firmada por el entonces gerente de TAC Alfonso Allemand) por la cual se emplaza a la Genco S.A. a suscribir un convenio que prevea la integra reparación de los defectos constructi-vos. También se acompaña certificado expedido (de fecha 13/10/1997) por la Coopera-tiva para presentar a Ecogas a los efectos que provea el medidor de gas correspondiente. Además encontramos un acta que da cuenta del sorteo de las unidades a los diferentes adjudicatarios. Dicha reunión tuvo lugar para fecha 13/09/1997. Por ultimo, hay una copia de la escritura de constitución de hipoteca de donde surge que la misma fue firma-da para fecha 21/12/1998 por los representantes legales de la cooperativa (Covolo y Allemand) y del Banco (Floramo y Massini). La escritura, pasada ante el Escribano Sil-vestre Peña y Lillo, constituye derecho real de hipoteca sobre cuatro inmuebles, uno de los cuales (el denominado "segundo inmueble") es el inmueble en disputa en estos au-tos. Siguiendo con la lectura de la escritura, destacamos que la deudora "declara que se encuentra en posesión de los inmuebles que hipoteca, que éstos no tienen gravámenes, ni embargos, ni restricción alguna a su dominio, que no reconocen contratos de locación, comodato, ni ningún derecho real, y que no adeuda expensas, impuestos y servicios de ninguna naturaleza".

Agrega que el Tribunal ha compulsado la matrícula del inmueble, de la misma sur-ge que el mismo no se encuentra afectado al régimen de la ley 19.724. Esta ley regula el período que se inicia con la existencia del terreno y concluye con el edificio terminado, susceptible de ser dividido en propiedad horizontal. Este régimen incorpora la protec-ción de los adquirentes que solo cuentan con boleto de compra venta de unidades en construcción. Es del caso agregar que la cooperativa adjudicó los 15 departamentos a los asociados, que se comprometieron al pago de cuotas mensuales. Sin embargo, de la lec-tura de la matrícula del inmueble no surge que la cooperativa haya cumplido la obliga-ción de anotar en el Registro de la Propiedad el sometimiento al régimen previsto por la ley 19.724, que consiste en la declaración unilateral de voluntad por el propietario del inmueble (en este caso la cooperativa), formalizada en escritura pública y debidamente registrada, por la cual se obliga a disponerlo a través del sistema de propiedad horizon-tal. Con posterioridad, el mencionado instrumento debe ser inscripto en el Registro de la Propiedad. Dicha inscripción tiene como efecto inhibir al dueño del inmueble para todo acto de disposición sobre el terreno. La ley de prehorizontalidad tiene como finalidad proteger a los adquirentes de las unidades, por ello, tiene dicho la jurisprudencia que, de no cumplirse con la afectación al régimen, un acto jurídico real sobre el inmueble per-manece válido pero es inoponible a los adquirentes. La cooperativa tampoco ha dado cumplimiento a los arts. 19, 20 y 21 de la ley de prehorizontalidad, que admiten la cons-titución de hipotecas pero con ciertos recaudos.

Expresa que, el primero de ellos hace recaer en el constituyente la obligación de de-nunciar al acreedor una serie de datos que la cooperativa omitió. No podría alegar por su parte que desconocía de la existencia de la adjudicación de las unidades, con anteriori-dad a la firma de la escritura hipotecaria, porque toda la prueba documental acompañada demuestra lo contrario. El art. 20 impide la constitución de hipoteca no prevista en el contrato si existe oposición de los adquirentes, salvo autorización judicial. El art. 21 sanciona de inoponibilidad ante los adquirentes y de ineficacia al derecho real de hipote-ca constituido por el propietario de un inmueble en infracción a esta ley. La ley impone la obligación de notificar a todos los adquirentes y la falta de notificación a alguno de ellos, hace inoponible la hipoteca, no solo al omitido sino a todos ("Propiedad horizontal y prehorizontalidad", Elena I. Highton, Ed. Hammurabi, pág. 735). Es de hacer notar que el Banco tampoco cumplió con su obligación de verificar el estado del inmueble. Considera que ha existido una notable negligencia por parte de los directivos del Banco, en virtud de que el inmueble objeto de la hipoteca se encontraba construido bajo el ré-gimen de propiedad horizontal y adjudicado a 15 asociados de la cooperativa otorgante. Por su parte, los directivos de la cooperativa también son responsables por la falsa afir-mación de que sobre los inmuebles no recaía ningún derecho de terceras personas sobre el mismo, cuando fue el propio gerente de la cooperativa, el que enviaba las Cartas Do-cumento a la empresa constructora para que solucionara los problemas de construcción que presentaban los departamentos adjudicados, pero, dice, lo más grave radica en que el acta de sorteo de los departamentos se encuentra ratificada por el propio gerente de aquellos tiempos, el Sr. Ropero. Asimismo el Sr. Covolo y el Sr. Ropero (presidente y gerente respectivamente de la cooperativa) extendieron un certificado por el cual mani-fiestan que adjudicaron los 15 departamentos a asociados de la cooperativa, y que el Sr. Hugo Rodríguez es adjudicatario de una unidad para ser presentado ante Ecogas.

Estima que los representantes de la cooperativa conocían perfectamente la situación del inmueble al momento de firmar la escritura hipotecaria con el Banco y que esta úl-tima fue firmada con posterioridad a la adjudicación de los departamentos. De la atenta lectura de la escritura pública que constituye el gravamen hipotecario, no surge la reali-dad habitacional del inmueble que se estaba hipotecando. En ningún apartado del docu-mento se hace referencia a los 15 departamentos construidos y adjudicados, sino que solamente la hipoteca refiere que recae sobre "el inmueble". Pesa además sobre la co-operativa la responsabilidad por la omisión de la inscripción en el registro al régimen de prehorizontalidad. Cabe hacer mención también a la responsabilidad que recae sobre el Banco por la falta de diligencia en la constatación del inmueble a hipotecar vicia el ins-trumento constitutivo del gravamen (art. 3131 Código Civil).

Aclara que no escapa al Tribunal que el Banco ha obtenido sentencia verificatoria pasada en autoridad de cosa juzgada por la cual le fue reconocido el crédito y el privile-gio. Sin embargo, tiene dicho la Cámara 1a de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Mi-nas, de Paz y Tributaria de Mendoza, en "Corcull, José c. Bco. Credicoop Coop. Ltdo. (Suc. Mza. Centro)" que: "La cosa juzgada en el trámite verificatorio no es absoluta y buena parte de la doctrina restringe la validez de la cosa juzgada a la permanencia de las mismas condiciones concursales. En supuestos que sobrevenga la quiebra indirecta por incumplimiento del concordato o liberación total del deudor por su cumplimiento (o situaciones equiparadas: avenimiento, art. 225 L.C.; pago total; art. 221) pueden apare-cer interesados en rever la decisión negativa o afirmativa adoptada en la verificación. Como conclusión sostiene que si la cosa juzgada tiene su indiscutible límite en casos de inoponibilidad que supone actos estructuralmente válidos, con mayor razón, conforma un límite franqueable a la cosa juzgada, verificatoria la nulidad absoluta, vicio intrínseco en el acto, que debe ser declarado por los jueces, aún de oficio y que no es susceptible de ser confirmado". En el caso de autos, dice el crédito del Banco hipotecante verificado a su favor, en la etapa del concurso preventivo, al declararse la quiebra cambian las cir-cunstancias de este acreedor y de lo ordenado en los autos n° 60.126. También es de hacer notar que los poseedores de los inmuebles adjudicatarios, cuyo título fue estudiado en los expedientes mencionados, también tienen un derecho reconocido y siendo poste-rior la constitución de la hipoteca, la inoponibilidad se impone. Estima que la constitución de la hipoteca sobre el inmueble de calles San Martín y 5 de Abril de Maipú resulta inoponible a los adjudicatarios de las unidades, es decir que el derecho de los adquirentes basado en un instrumento privado como es el boleto de com-pra venta, fue analizado en los autos n° 60.126 mediante sentencia que hizo lugar al de-recho pretendido. De lo expuesto surge que el instrumento tiene fecha cierta y de la do-cumentación acompañada se observa que la posesión la otorgó la actual fallida, con an-terioridad a la firma de la escritura hipotecaria. De la encuesta ambiental acompañada en autos se observa que los peticionantes han permanecido en las unidades habitacionales con ánimo de dueño. Por lo que resulta que el gravamen hipotecario celebrado entre la actual fallida respecto del inmueble, cuya adjudicación se produjo (con anterioridad a la hipoteca) a favor de los accionantes, es inoponible a estos últimos.

Añade que esto es así ya que todos los requisitos exigidos para una garantía fuerte, como es la hipoteca, son de cumplimiento ineludible tanto por el acreedor como por el deudor de este derecho real. Este aspecto es especialmente importante en un concurso preventivo, pues la verificación del crédito como hipoteca autoriza al acreedor a ejecutar inmediatamente un bien que, en cambio, permaneciendo en el patrimonio del deudor, puede ser significativa para que éste pueda pagar al resto. El criterio rígido en materia de hipotecas abiertas ha sido reiterado por nuestro Superior Tribunal, en fallo de fecha 10/11/08, obrante en L.S. 394-64, Expte. n° 92.179, caratulado: "Reconstrucción Petro-bras Energía S.A. en J. n° 10.337/47.129...." . La hipoteca al igual que otros derechos reales, exige para su eficacia el cumplimiento de ciertos requisitos. El acreedor que no los cumple y a quien no se le reconoce la garantía, no se le viola el derecho de propie-dad, sencillamente porque su derecho legítimamente constituido se limita al crédito que, sí se le reconoce. Así, el Banco tendrá un crédito de carácter quirografario y concurrirá a la falencia en ese carácter.

Por último, destaca que los adquirentes de las unidades deberán pagar el saldo de precio que adeuden a la fallida y será sindicatura la encargada de determinar cuántas cuotas adeuda cada adjudicatario y la encargada de llevar a cabo todas las medidas con-ducentes para obtener el cobro de las cuotas. Al momento de ser canceladas, cada uno de los adjudicatarios podrá solicitar la escrituración de la unidad a su favor, siendo los gastos por cuenta de cada uno de ellos. Para ello deberá sindicatura llevar a cabo, con cargo de la quiebra, los actos útiles y necesarios para someter las unidades al régimen previsto por la ley 19.724.

En cuanto a las costas, entiende que, por el modo en que se decide la cuestión y atento a que ambos peticionantes tienen su derecho reconocido en el proceso concursal, las mismas se imponen en el orden causado. Teniendo en cuenta la naturaleza del recla-mo los honorarios se regularán por el art. 10 LA y las pautas que allí se brindan.

3. A fs 181/187 funda su recurso Seguro de Depósitos S.A.

Se agravia de la resolución por cuanto considera que la misma vulnera la cosa juzgada, reabriéndose etapas precluidas en perjuicio sus derechos constitucionales.

Afirma que los incidentantes jamás interpusieron incidente de revisión contra la resolución judicial prevista en el art. 36 LCQ que declaró admisible su crédito con ga-rantía hipotecaria; tampoco interpusieron la acción por dolo prevista por el art. 38 LCQ.

Señala que en la resolución prevista por el art. 36 LCQ se declaró admisible su crédito, habiéndose reconocido la plena validez del gravamen hipotecario, sin efectuarse salvedad alguna respecto a la inoponibilidad del mismo frente a los adquirentes por bo-leto de compra-venta.

Expresa que es agraviante que se sostenga que han cambiado las circunstancias desde que la concursada fue declarada en quiebra, vulnerándose su derecho de defensa al intentar suplir por esta vía la omisión de un planteo oportuno y en legal forma por parte de los incidentantes.

Argumenta que se encuentran firmes y pasadas en autoridad de cosa juzgada la sentencia de admisibilidad dictada en autos nro. 54.448 que declaró admisible el crédito, la de los autos nro. 52.224 -incidente de revisión-; la recaída en autos 60126 por escritu-ración, de tal suerte el Tribunal inferior, en un exceso de jurisdicción ha modificado una sentencia firme que no reconocía originalmente la inoponibilidad de la garantía hipote-caria frente al boleto de compra venta del incidentante.

4. A fs 191/193 contestan los incidentazos a cuyas consideraciones nos remiti-mos en mérito a la brevedad.

5. A fs 201/203 contesta sindicatura a cuyas consideraciones nos remitimos en mérito a la brevedad.

6. A fs. 205; 206; 207; se notifica a todos los interesados la apelación por hono-rarios, absteniéndose todos de alegar razones.

7. A fs. 218/223 dictamina el Sr. Fiscal de Cámaras.

8. A fs. 226 el expediente queda en estado de resolver.

9. Anticipamos nuestra opinión adversa la suerte del recurso intentado.

Recurso de fondo En rigor, el nudo gordiano de la apelación traída a consideración de este Cuerpo es la violación de la cosa juzgada ya que -sostiene el recurrente- el Tribunal que nos precedió en el juzgamiento -haciendo lugar a la inoponibilidad- dejó sin efecto decisio-nes firmes.

En primer lugar, cabe señalar que para que exista inoponibilidad -acto válido y subsistente entre partes, pero no efectivisable frente a determinados terceros, respecto de los cuales es como si nunca se hubiese otorgado- debe existir colisión de derechos, en el sub lite los pronunciamientos recaídos en autos nro 54.448 y 59.422 declaran acreedor hipotecario y el recaído en autos 60126 declara acreedores con derecho a escriturar, desde este sentido no se ha incurrido en violación alguna de la cosa juzgada.

Por otro lado, compartimos el dictamen del Sr. Fiscal de Cámaras cuando expre-sa que el objeto de la pretensión de ese incidente es que se declare la inoponibilidad a los terceros adquirentes de la hipoteca, cuestión ésta que no fue abordada ni directa ni indirectamente en las causas anteriores y que no tenía por qué abordarse dado que, mien-tras la deudora mantuviera la administración de sus bienes podía negociar una sustitu-ción del bien gravado.

Por eso tiene razón el Sr. Fiscal cuando afirma que, se modificaron las circuns-tancias a partir del momento de la declaración de quiebra, lo que tornó imposible el cumplimiento del resolutivo II del auto de fs 161/162vta de la causa nro. 60.126 al ce-rrarse toda posibilidad de negociación entre la deudora y la acreedora hipotecaria para sustituir el bien asiento del privilegio.

Entonces, para esos terceros que han acreditado poseer los departamentos cons-truidos sobre el terreno hipotecado con anterioridad a que las autoridades de la coopera-tiva y el banco concertaran la operación de crédito con garantía sobre los mismos -en la escritura no se hace ninguna referencia a que el inmueble tuviera la más mínima mejora- transitando toda la operatoria fuera del régimen de la prehorizontalidad de la ley 19.724- la hipoteca es inoponible, criterio de esta Cámara en la causa Bittar Julio en J 3232 Ar-mando Cahiza SA p/ CCP s/ Escrituración del 07/05/2010, con voto preopinante del Dr. Horacio Gianella, al que adherimos.

Al respecto Luis Andorno en "Conflicto de intereses sobre el inmueble vendido por boleto: ¿quién tiene un mejor derecho: el comprador por boleto, el primer embargan-te? Tercerías de dominio y de mejor derecho", publicados en RDPyC, 2000-3, Ed. Ru-binzal-Culzoni, 2.001, recordaba que ya en las Primeras Jornadas de Derecho Civil rea-lizadas en Mendoza en el año 1.983, la Comisión respectiva se ocupó del tema Nro. 2. Conflicto entre el adquirente por boleto y los acreedores del embargante" sostuvo, entre sus conclusiones: ".si el adquirente por boleto ha sido puesto en posesión del inmueble frente a los acreedores hipotecarios cuya hipoteca fue constituida después de que el ad-quirente por boleto ha sido puesto en posesión: triunfa el adquirente por boleto.". También la Cámara Nacional, Sala C, que el boleto de compraventa "es oponible a los acreedores privilegiados o quirografarios -aún los hipotecarios- si se ha mediado desplazamiento de la posesión a favor del adquirente (LL 1.990-A-207).

Igual suerte corre el agravio referido a la infracción del art. 12 la ley 19.724 tampoco puede prosperar por dos motivos: por un lado, rige la relación entre contratan-tes y por otro el inmueble no se sometió a la citada ley.

Por último, también compartimos el dictamen del Sr. Fiscal cuando bien señala que "resulta alejada de la toda realidad material y jurídica la pretensión de la recurrente de que los aquí incidentantes como asociados contribuyeron a conformar la voluntad de la cooperativa al momento de tomar el crédito y constituir la garantía sobre sus unidades habitacionales o que por lo menos no impugnaron la resolución pertinente. A ese respec-to cuadra recordar lo que establece el art. 21 de la ley 20.337: los asociados sólo tienen acceso a las constancias del registro de asociados, debiendo requerir la demás informa-ción al síndico societario, por ello se ha dicho que en la cooperativa, dado lo compleja de su organización, la función de fiscalización es cumplida por sindicatura; por tanto el asociado no tiene el control directo de la administración social su derecho de informa-ción lo ejercita en la asamblea al considerar los estados contables, mediante requeri-miento al síndico habiéndose habilitado la vía del amparo en caso de denegatoria infun-dada por parte de los órganos cooperativos; de lo cual se sigue sin hesitación que sien-dos los incidentantes simples asociados ninguna posibilidad tenían de conocer que las autoridades estatutarias gravaron el inmuebles donde residían por el sólo hecho de ser la cooperativa titular registral del bien, sin informar sobre mejoras -para lo cual hubiera sido menester destacar un tasador en el inmueble, lo que hubiera alertado a los ocupan-tes de las intenciones de hipotecar sus viviendas- y a las que al parecer -conforme el testimonio del escribano- al banco otorgante del crédito no le interesaban.

Recurso por honorarios Este Cuerpo ha sostenido -en su composición anterior- que ".Cuando se tra-mita el recurso por el art. 40 del CPC no se puede plantear ni el Tribunal puede entrar a resolver otras cuestiones que no sean estrictamente cuantitativas, es decir, referidas a los montos de las regulaciones practicadas por el juez a-quo y a las normas de la ley arance-laria aplicable al caso. Admitir la posibilidad de discutir dentro del marco reducido del trámite previsto en la citada norma, la modificación del régimen de imposición de cos-tas, implicaría una violación del derecho de defensa del contrario, a quien no se corre traslado de la pretensión del recurrente y por tanto, no ha tenido la posibilidad de ser oído sobre el planteo" (LA 80-269) en igual sentido resolvió la Cámara Primera (LA 155-275).

También en su composición actual ha juzgado: "El apartamiento del principio consagrado en los ya glosados art. 35 y 36, I del CPC -necesario pronunciamiento sobre costas y honorarios- sólo encuentra justificación en los acotados límites del pronuncia-miento previsto en el art. 40 del mismo cuerpo legal, pues la apelación de honorarios -límites cuantitativos, denegatoria de regulación o diferimiento de los honorarios- genera el inmediato llamamiento de los autos para resolver y la posibilidad a los interesados de alegar razones, a favor o en contra, de lo decidido y apelado. Aún en los casos en que ninguno de aquellos exprese sus razones, el Tribunal está compelido a verificar que la regulación o su denegatoria es adecuada a la normativa sobre honorarios. Esta ausencia de contradictorio es el centro de este sistema de apelación y la razón por la cual su trá-mite no devenga costas (LA 109-71).

En síntesis la queja referida a la imposición en costas no es materia para ventilar-se en el ámbito del art. 40 CPC.

Con respecto a la regulación de los honorarios hemos sostenido reiteradamente que "el Artículo 10 de la Ley 3641tenido en cuenta por el a quo resulta acertada y no se advierte en los montos que se establecen arbitrariedad manifiesta que permita a este Tri-bunal modificar aquellos, conforme las amplias facultades revisorias que otorga el Artí-culo 40 del C.P.C.

Este temperamento es sustentado por la Primera Cámara Civil (L.A. 159 - 399) y por la Cuarta Cámara Civil (L.A. 136 - 078).- Sobre el particular debe tenerse presente que en la aplicación del art.10 de la ley 3641 deben ser consideradas las distintas pautas que el referido dispositivo establece a los efectos de las regulaciones de honorarios.

Por lo demás, se ha sostenido idéntica decisión en distintos pronunciamientos habiéndose así dicho que "...En efecto, sabido es que el principio general que domina todo el sistema arancelario, consagrado por la ley 3641, es el de la tarifa, más allá del acierto o no del mismo, régimen que "no puede ser obviado por los jueces, en tanto no está en su poder, el prescindir de la finalidad y objetivos que involucran su contexto" (Conf. S.C.J. Mza. Sala I, T 23-1996 Pons Guillermo p/Quiebra nec. por imp. s/ Cas." T 26 pág. 250 de la Revista del Foro de Cuyo).- Por otra parte sólo excepcionalmente y cuando ningún procedimiento permita valuar el contenido económico del juicio, se debe acudir a la discrecionalidad sobre las pautas contenidas en el artículo 10 de la ley arancelaria, para la fijación de los emolu-mentos.- Se ha dicho además por nuestro más Alto Tribunal en el fallo citado que: "El artículo 10 de la ley 3641 contiene la exigencia de que solo se considera juicio indeter-minado, aquel que su objeto no puede ser valuado por ningún procedimiento. De tal manera que la aplicación de esta norma está limitada a supuestos residuales y excepcio-nales en donde en manera alguna pueda valuarse el objeto del pleito", agregándose que "La calificación de un proceso como susceptible o no de apreciación pecuniaria directa corresponde efectuarla exclusivamente en función del contenido de la demanda, en don-de se patentiza el interés económico perseguido por la pretensión, con total independen-cia de las alternativas o contingencias del iter procesal" (Quinta Cámara de Apelaciones decisión del 28/03/07 autos "Bellene Ramón c/ Abraham Eduardo y otros p/ BSL).

En el sub examine teniendo en cuenta lo novedoso del caso y el éxito del mismo -que permite a los actores conservar sus inmuebles- además del mérito de la labor jurí-dica desarrollada es que consideramos justo elevar los honorarios del Dr. Marcelo Sal-vatore a la suma de $9.000.

11. Las costas se imponen al vencido (conf arts. 35 y 36 ap. I CPC, aplicables por el reenvío dispuesto por el art. 278 LCQ).

La apelación por honorarios sin costas (art. 40 CPC, aplicables por el reenvío dispuesto por el art. 278 LCQ) Por lo expuesto, esta Cámara R E S U E L V E:

1. Rechazar el recurso de apelación interpuesto a fs 154 contra la resolución obrante a fs 147/149, la que se confirma en todas sus partes.

2. Imponer las costas al vencido (arts. 35 y 36 ap. I CPC aplicables por el reen-vío dispuesto por el art. 278 LCQ).

3. Acoger parcialemente el recurso de apelación por honorarios interpuesto a fs. 159 por el Dr. Marcelo Salvatore contra el disposito V de la resolución de fs147/149, la que quedará redactada en su parte pertinente de la siguiente forma:

"V. Regular los honorarios profesionales del Dr. MARCELO SALVATORE en su carácter de patrocinante de la parte actora en la suma de PESOS NUEVE MIL MIL ($ 9.000).

4. Regular los honorarios profesionales del Dr. MARCELO SALVATORE en la suma de $3.600; Dr. WALTER TON en la suma de $1.000, a los Dres. EMILIA AR-MANDO y JOSE MARIA SAYAVEDRA en forma conjunta en la suma de $ 1.440 con mas el 21% IVA en caso de corresponder según situación acreditada en autos (art. 10 y 15 Ley 3641).

5. La apelación por honorarios sin costas (art. 40 CPC, aplicables por el reenvío dispuesto por el art. 278 LCQ) NOTIFIQUESE Y BAJEN.