Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2012-09-20


Salta, 20 de septiembre de 2012.	Y VISTOS: Estos autos caratulados "BURGOS, NÉSTOR RODOLFO VS. MUNICIPALIDAD DE CAMPO QUIJANO - RECURSO DE APELACIÓN" (Expte. Nº CJS 34.796/11), y	____________________________CONSIDERANDO:	Los Dres. Gustavo Adolfo Ferraris, Susana Graciela Kauffman de Martinelli, Guillermo Alberto Posadas, Sergio Fabián Vittar, Guillermo Alberto Catalano y Abel Cornejo, dijeron:	1º) Que contra la sentencia de fs. 183/185 vta. que declaró la incompetencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo para conocer en las presentes actuaciones y ordenó su elevación a esta Corte "a los efectos que pudiera corresponder", interpuso recurso de apelación el actor a fs. 189.	Para así decidir, la juez en grado inferior consideró que la pretensión del accionante, secretario legislativo del Concejo Deliberante de Campo Quijano y "a posteriori" concejal con mandato vencido, de percibir las diferencias reclamadas en concepto de dietas adeudadas por el período 10/12/01 al 31/07/05, traduce un conflicto de poderes entre los órganos deliberativo y ejecutivo del municipio que debe ser encauzado con arreglo a los arts. 153 ap. II inc. b) y 178 de la Constitución Provincial.	Al expresar los agravios (fs. 196 y vta.), el recurrente afirma que luego de cinco años y nueve meses de iniciado el proceso y más de dos años y ocho meses de llamados los autos para sen-tencia, la juez "a quo" decide declarar su incompetencia pese a no haber surgido hechos nuevos o desconocidos al momento de radicarse el juicio que justifiquen tal decisión con sustento en el art. 22 del C.P.C.A. Asimismo, resalta que en el caso se pretende el cobro de remuneraciones no abonadas en su carácter de contraprestación por servicios prestados al municipio, garantizadas por el art. 14 bis de la Constitución Nacional. En tal contexto, aclara que la decisión antijurídica del intendente municipal al negar el pago no implica, sin más, la configuración de un conflicto de poderes con la gravedad institucional que ello conlleva.	A fs. 202 y vta., contesta el traslado del memorial la de-mandada, quien sostiene, al igual que el actor, la ausencia de un conflicto de poderes en la pretensión esgrimida en autos.	A fs. 209/210 se pronuncia el Sr. Fiscal ante la Corte Nº 1 por la revocación de la sentencia apelada por los argumentos que allí explicita.	2º) Que la cuestión planteada exige una revisión de los pa-sos que marcan el presente proceso. En efecto, promovida la demanda (25/8/06), a fs. 57 y vta. se declaró su admisibilidad formal (17 de noviembre de 2006). Tal acto en el proceso contencioso administrativo significa la primera definición del juez en torno a tres puntos sustanciales para el avance del juicio: determinación de la competencia material del fuero contencioso administrativo, agotamiento de la vía administrativa previa y temporaneidad de la demanda.	Bajo tales presupuestos, entonces, el municipio de Campo Quijano contestó la demanda (fs. 63/69), se abrió, produjo y certificó prueba (70/166), se presentaron alegatos (171/173 y 174/ 175), llamándose autos para sentencia el 1 de octubre de 2008 (fs. 180).	Desde tal providencia hasta la declaración de incompetencia de oficio de fs. 183/185 vta. (8 de junio de 2011), que motiva el presente recurso, han transcurrido más de dos años.	La juez en grado inferior demoró ese extenso lapso para concluir en su incompetencia material pese a haber dado trámite a un proceso de modo integral, con todas sus etapas cumplidas y cuando solo restaba su pronunciamiento sobre la cuestión de fondo.	Tal inusitada prolongación del reclamo podría generar una frustración del derecho de defensa. Es que la tutela judicial efectiva, principio rector que debe ser garantizado a todo justiciable por imperativo constitucional, exige no solo la posibilidad de acceder a la instancia judicial sino al desarrollo del proceso en todas sus etapas con el pleno resguardo del derecho de defensa y el dictado de la sentencia en un plazo razonable; recaudos que no han concurrido en autos.	3º) Que la pretensión esgrimida en autos de ningún modo traduce un conflicto de poderes con arreglo al art. 178 de la Constitución Provincial.	En efecto, el conflicto de poderes se configura cuando dos poderes públicos controvierten el ejercicio de atribuciones constitucionales de las que cada uno de ellos se considera investido y pretende ejercer como inherentes a sus propias facultades. Como contienda entre las autoridades públicas se entiende los casos en que una de ellas, extralimitándose en sus facultades, usurpando poderes que no le corresponde mediante fraude o interpretación antojadiza de las leyes, invade la jurisdicción y competencia de otro (esta Corte, Tomo 67:379; 81:903).	Esta circunstancia pone de manifiesto que en autos no existe un conflicto de poderes porque la cuestión suscitada entre el actor y la administración municipal encuentra el marco adecuado para su tratamiento en el proceso contencioso administrativo por tratarse de una demanda por cobro de diferencias salariales debidas por el desempeño de los cargos y de ninguna manera puede traducir un conflicto de aristas institucionales.	En definitiva, las cuestiones de competencia suscitadas entre los órganos ejecutivo y deliberativo de cada municipio, que habilitan la intervención originaria del Tribunal con arreglo a lo previsto en los arts. 153 ap. II inc. b) y 178 segundo párrafo de la Constitución Provincial, han sido definidas como "colisiones de carácter institucional entre poderes" (esta Corte, Tomo 69:525; 74:333), lo que no se configura en virtud de los hechos planteados en la demanda.	Sobre el particular, en pronunciamientos anteriores, conforme a una adecuada hermenéutica del texto constitucional, este Tribunal expresó que su intervención, en casos como los que aluden las normas referidas, no consiste en corregir, prevenir o invalidar todos los abusos y arbitrariedades en que pueden incurrir los gobiernos comunales o algunos de sus integrantes, sino en dirimir aquellas situaciones que verdaderamente constituyen conflictos, ya porque intrínsecamente revistan ese carácter, ya porque el mismo les haya sido atribuido por una disposición expresa de la ley (Tomo 49:783).	4º) Que por lo expuesto, corresponderá hacer lugar al recurso de apelación de fs. 189, revocar la sentencia de fs. 183/185 vta. y mantener la competencia del juzgado contencioso administrativo para conocer en autos. Sin costas atento la naturaleza de la cuestión debatida.	El Dr. Guillermo Félix Díaz, dijo:	1º) Que contra la sentencia de fs. 183/185 vta. que declaró la incompetencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo para conocer en las presentes actuaciones y ordenó su elevación a esta Corte "a los efectos que pudiere corresponder", interpuso recurso de apelación el actor a fs. 189.	Para así decidir, la juez de grado inferior consideró que la pretensión del accionante, secretario legislativo del Concejo Deliberante de Campo Quijano y "a posteriori" concejal con mandato vencido, de percibir las diferencias reclamadas en concepto de dietas adeudadas por el período 10/12/01 al 31/07/05, traduce un conflicto de poderes entre los órganos deliberativo y ejecutivo del municipio que debe ser encauzado con arreglo a los arts. 153 ap. II inc. b) y 178 de la Constitución Provincial.	Al expresar los agravios (fs. 196 y vta.), el recurrente afirma que luego de cinco años y nueve meses de iniciado el proceso y más de dos años y ocho meses de llamados los autos para sentencia, la juez "a quo" decide declarar su incompetencia pese a no haber surgido hechos nuevos o desconocidos al momento de radicarse el juicio que justifiquen tal decisión con sustento en el art. 22 del C.P.C.A. Asimismo, relata que en el caso se pretende el cobro de remuneraciones no abonadas en su carácter de contraprestación por servicios prestados al municipio, garantizados por el art. 14 bis de la Constitución Nacional. En tal contexto, aclara que la decisión antijurídica del intendente municipal al negar el pago no implica, sin más, la configuración de un conflicto de poderes con la gravedad institucional que ello conlleva.	A fs. 202 y vta. contesta el traslado del memorial la demandada, quien igualmente sostiene, al igual que el actor la ausencia de un conflicto de poderes en la pretensión esgrimida en autos.	A fs. 209/210 se pronuncia el Sr. Fiscal ante la Corte Nº 1 por la revocación de la sentencia apelada por los argumentos que allí explicita.	2º) Que con arreglo a lo dispuesto por el art. 178 de la Constitución Provincial, los conflictos de poderes se configuran cuando dos poderes públicos controvierten el ejercicio de atribuciones constitucionales de las que cada uno de ellos se considera investido y pretende ejercer como inherentes a sus propias facultades. Como contienda entre las autoridades públicas se entiende los casos en que una de ellas, extralimitándose en sus facultades, usurpando poderes que no le corresponden, mediante fraude o interpretación antojadiza de las leyes, invade la jurisdicción y competencia de otra (esta Corte, Tomo 67:379; 81:903).	Tales parámetros ponen de manifiesto que en autos no existe un conflicto de poderes, porque la cuestión suscitada entre el ac-tor y la administración municipal encuentra el marco adecuado para su tratamiento en el proceso contencioso administrativo, por tratarse de una demanda por cobro de diferencias salariales supuestamente debidas por el desempeño de los cargos y de ninguna manera puede traducir un conflicto de aristas institucionales.	En definitiva, las cuestiones de competencia suscitadas entre los órganos ejecutivo y deliberativo de cada municipio, que habilitan la intervención originaria de este Tribunal con arreglo a lo previsto en los arts. 153 ap. II inc. b) y 178 segundo párrafo de la Constitución Provincial, han sido definidas como "colisiones de carácter institucional entre poderes" (Tomo 69:525; 74: 333), situación que en el caso bajo análisis no se configura en virtud de los hechos planteados en la demanda.	Sobre el particular, en pronunciamientos anteriores, conforme a una adecuada hermenéutica del texto constitucional, este Tribunal expresó que su intervención, en casos como los que aluden las normas referidas, no consiste en corregir, prevenir o invalidar todos los abusos y arbitrariedades en que pueden incurrir los gobiernos comunales o algunos de sus integrantes, sino en dirimir aquellas situaciones que verdaderamente constituyen conflictos, ya sea porque intrínsecamente revistan ese carácter o, porque éste les haya sido atribuido por una disposición expresa de la ley (Tomo 49:783).	3º) Que por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso de apelación de fs. 189, revocar la sentencia de fs. 183/185 vta. y mantener la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo para conocer en autos. Sin costas atento a la naturaleza de la cuestión debatida.	Por lo que resulta de la votación que antecede,	________________________LA CORTE DE JUSTICIA,	_____________________________RESUELVE:	I. HACER LUGAR al recurso de apelación de fs. 189 y, en su mérito, revocar la sentencia de fs. 183/185 vta. y mantener la competencia del Juzgado en lo Contencioso Administrativo para en-tender en autos. Sin costas.	II. MANDAR que se registre y notifique.	(Fdo.: Dres. Guillermo A. Posadas -Presidente-, Guillermo A. Catalano, Guillermo Félix Díaz, Abel Cornejo, Gustavo A. Ferraris, Susana Graciela Kauffman de Martinelli y Sergio Fabián Vittar -Jueces de Corte-. Ante mí: Dr. Gerardo J. H. Sosa -Secretario de Corte de Actuación-).