Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-03-08


Nro. de Sentencia: 013 Comodoro Rivadavia, 8 de marzo de 2006.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Estos autos caratulados: "L., G. M. c/ I. J R s/ EJECUTIVO" Expte. N° 15.479/2005, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Ejecución N° 2,( Expte. N° 1121/2005).

Que vienen las actuaciones a la Alzada por haber interpuesto la parte demandada, con patrocinio letrado, a fs. 50, recurso de apelación contra la sentencia definitiva de fs.45/47, que rechaza la apertura a prueba del proceso, las excepciones interpuestas y manda llevar adelante la ejecución.

A fs.51 se concede el recurso de apelación en relación y con efecto suspensivo.

Se agravia el recurrente a fs. 54/55 vta., con relación al rechazo de las excepciones opuestas por su parte. Entiende que el rechazo de la apertura a prueba es arbitrario. Sostiene que con el planteo de la excepción de prescripción, no se pretende discutir a causa de la obligación, sino si a la fecha la obligación existe al momento de promover la demanda.

Agrega que el juez debe procurar llegar a la verdad objetiva, teniendo para ello amplias facultades previstas por el art. 36 del CPr., incluso en procesos ejecutivos. Insiste que la apertura a prueba no está vedada en este tipo de procesos. Cita jurisprudencia y doctrina que avalan su postura. Hace reserva del caso de federal.

A fs. 57/59 vta., contesta la actora el traslado del memorial de expresión de agravios, solicitando se declare desierto el recurso y subsidiariamente el rechazo del mismo en su totalidad. Hace reserva del caso federal y de recurrir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

De acuerdo a las constancias del presente, surge que el actor promueve demanda ejecutiva por la suma de U$S 18.000 con más intereses, la que surge de la presentación de tres pagarés suscriptos por el deudor. Pesificada la deuda de oficio por el tribunal, se intima al deudor de pago y embargo.

Contesta el traslado el demandado a fs. 23/26 vta., e interpone las excepciones de falsedad de título y de prescripción, alegando un abuso de firma en blanco. Ofrece prueba pericial caligráfica, testimonial e informativa. Hace reserva del caso federal.

La actora a fs.36/40, contesta el traslado de las excepciones, y se opone a la prueba ofrecida por el deudor.

A fs. 45/47, se dicta sentencia definitiva rechazando el juez de grado las excepciones opuestas por el demandado, prueba ofrecida por el mismo y manda llevar adelante la ejecución por la suma de $ 18.000, contraída en dólares y pesificada, con más el C.V.S. e intereses de acuerdo a las pautas establecidas en sus considerandos.

En primer lugar y atento el pedido de la actora con relación a declarar desierto el recurso de apelación, esta Alzada ha optado invariablemente por sostener el criterio morigerador del rigor formal de los recursos en consideración de la consecuencia jurídica disvaliosa que significa para el derecho de la parte la declaración de desierto el recurso. Por ello, se declara la subsistencia del mismo. Del estudio del presente, surge que tanto la excepción de prescripción interpuesta por el demandado, como la prueba ofrecida, tienen una directa relación con el argumento de la parte consistente en la existencia de abuso de la firma en blanco por parte del acreedor y la inexistencia de la relación jurídica que supuestamente uniera a las partes.

La recurrente alega que con la producción de la ofrecida se podrá acreditar que el origen de la obligación es anterior a lo afirmado por la actora, manifestando que los documentos fueron firmados en fecha distinta a la que figura. Con ello pretende demostrar que ha operado el cómputo del plazo de prescripción.

Ahora bien, se destaca que el deudor demandado reconoce al contestar demanda expresamente haber firmado los documentos -pagarés- base de la ejecución, sin perjuicio que declara que lo hizo diez años antes de su presentación, y señala diferencias en el domicilio y número telefónico consignado en ellos. Pero en ningún momento niega la autenticidad de la firma impresa en ellos y atribuida a su autoría.

Dichos pagarés al momento de su presentación se hallaban completos, con todos los datos consignados y por ello, reúnen los requisitos extrínsecos exigidos para su validez, por lo que gozan de la apariencia de autenticidad de los títulos cambiarios.

Es uniforme la doctrina y jurisprudencia en sostener el criterio de que en el supuesto abuso de firma en blanco no puede fundarse excepción alguna en el marco del juicio ejecutivo, puesto que importaría cuestionar la autenticidad ideológica del documento, lo cual escapa al ámbito cognoscitivo de este tipo de procesos. Sin perjuicio de las defensas que pueda esgrimir el recurrente en un juicio ordinario posterior.

Esto es así, por la expresa prohibición del artículo 544 inc. 4º del CPr. y su referencia a las cualidades extrínsecas del documento.

Las pruebas ofrecidas por la parte recurrente como ya se reseñara, tiende a acreditar que los documentos fueron completados con posterioridad a su firma, es decir, que hubo un supuesto abuso de firma en blanco y que fueron firmados en una fecha distinta a la consignada en los mismos - diez años antes-.

Como manifiesta el juez de grado, criterio que este tribunal ha sostenido invariablemente, la apertura a prueba de las excepciones en el juicio ejecutivo es facultad privativa del juzgador, quien puede en consecuencia prescindir válidamente de esta etapa procesal cuando considere que los elementos obrantes en la causa son suficientes para resolverlas sin necesidad de recurrir a ese arbitrio (Sala A, Sent. Def. 64/2005, Expte. n° 15201/05, entre otras).

En el derecho cambiario es lícito la entrega de documentos firmados en blanco otorgándose así al acreedor un mandato tácito para su llenado. En caso de ser cuestionado por la parte, dado la amplitud probatoria que la materia requiere, la misma excede el breve trámite del proceso que nos ocupa resultando en consecuencia inadmisible. Asimismo, como con dicha prueba se pretende discutir la relación causal que vincularía a las partes y el origen de la misma, estando prohibido dentro del proceso ejecutivo la discusión del nexo causal, corresponde su rechazo asistiendo razón al juez de grado. Los agravios contra el fallo en crisis no alcanza a conmover los fundamentos del decisorio, no constituyendo una crítica razonada del mismo, por lo que corresponde el rechazo del recurso de apelación interpuesto por el demandado.

Por como se resuelve la cuestión, las costas se imponen al apelante vencido, por el principio objetivo de la derrota (art. 68 y ss CPr.). Los honorarios de los abogados intervinientes se regularán teniendo en cuenta la labor desarrollada, naturaleza del proceso, etapas cumplidas, monto del juicio y capacidad económica del obligado al pago, y demás pautas orientadoras de la ley de aranceles (arts. 6,7,8, 40, 47 de la ley 4335 t.o). Por ello, la Sala A de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial de Comodoro Rivadavia, RESUELVE:

1º).- Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el demandado a fs. 54/55 vta., y confirmar la sentencia de fs. 45/47.

2º).- Tener presente la reserva del caso federal de fs. 55 vta.

3º).- Costas de la Alzada, al apelante vencido. Regular los honorarios profesionales de los Dres. L. F. M. y P. F.T., en forma conjunta, en el treinta por ciento (30%) de los que se determinen en primera instancia y, de la Dra. V.H., en el veinticinco por ciento (25%) de los que resulten en primera instancia. Todos con más la alícuota del IVA si correspondiera.

4º).- Regístrese, notifíquese y devuélvase. La presente sentencia es firmada por dos vocales de Cámara en virtud de encontrarse inhibida de actuar la Sra. Juez de Cámara, Dra. Silvia N. Alonso de Ariet y concordar en la solución del caso (arts. 1, 2, 3 y 5 de la Ley 4550, modif. de la Ley 1130).

FERNANDO NAHUELANCA - Presidente JULIO ANTONIO ALEXANDRE - Juez de Cámara REGISTRADA BAJO EL N° 13 DEL AÑO 2006 DEL LIBRO DE SENTENCIAS DEFINITIVAS