Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-03-06


Comodoro Rivadavia, seis de marzo de 2007.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Estos autos caratulados: "R, R A c/ N, J H s/ DEMANDA LABORAL (Indemnizaciones de ley), Expte. N° 14.371/2004, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Laboral (Expte. N° 1656/2002).

Que llegan las presentes actuaciones a esta Alzada por haber interpuesto la demandada a fs. 307, recurso de apelación contra la sentencia interlocutoria n° 122/2006, de fs. 299/302 que aprueba la liquidación practicada en autos por la actora e impone las costas por su orden. A fs. 303, los Dres. R C y A G, por propio derecho apelan los honorarios por bajos. Asimismo, la actora a fs. 304 interpone recurso de apelación contra la sentencia dictada respecto de la imposición de costas.

Se agravia la demandada en su memoria de fs. 309/310, con relación al acogimiento ilimitado de la indemnización del artículo 132 bis LCT y su agregación en la liquidación de fs. 286/288 vta. Entiende que ello significa adunar nuevos períodos a los rubros admitidos en la sentencia y a la primera liquidación aprobada en autos.

Sostiene que el acto jurisdiccional ha puesto límite al reclamo, por lo que no procede acrecentar la liquidación mes a mes con la incorporación del rubro previsto por el art. 132 bis de la LCT en forma indefinida en el tiempo.

Alega que ello conculca los derechos de propiedad y debido proceso legal de su parte. Agrega que la sentencia ha hecho cosa juzgada al respecto. Continúa diciendo que el proceso de liquidación adoptado deviene confiscatorio, generando un enriquecimiento sin causa del actor.

Manifiesta que el límite está dado por la acreditación de los aportes retenidos o en su defecto por la intervención de los organismos fiscales e imposición de las multas correspondientes. Sostiene que la interpretación estricta del artículo 132 bis LCT, transforma la situación en perversa e injusta. Reitera la reserva del caso federal.

A fs. 312/313, contesta los agravios la actora solicitando el rechazo del recurso de la contraria. Sostiene que la sentencia dictada en autos de fs. 145/158vta, condenó al demandado a abonar la suma de $ 18.799,17 con más la sanción prevista por el art. 132 bis LCT, intereses y costas, resolución que se encuentra firme. Agrega que el tribunal practicó liquidación dentro de la cual incorporó la sanción conminatoria hasta la fecha de 07/09/04, liquidación que se encuentra firme.

Señala que su parte practicó liquidación - la que resultó aprobada por el juzgador-, actualizando el capital de condena desde el 08/09/04 al 27/09/06, entre ellos el rubro previsto por el art. 132 bis LCT. Destaca que el demandado impugnó en su oportunidad la liquidación de los créditos laborales, intereses, sanción conminatoria y gastos judiciales.

Aclara que resultando perdidoso en la incidencia, el demandado sólo se agravia respecto de la sanción conminatoria. Sostiene que el recurso de la contraria carece de fundamento pues la sanción prevista por el art. 132 bis de la LCT se devenga hasta que el deudor cumpla con la obligación que se le impone. Agrega que la misma cesará cuando el demandado cumpla con el pago de los aportes a los organismos de seguridad social. Sostiene que los argumentos del demandado devienen extemporáneos, pues el mismo consintió la sentencia dictada en autos y la aplicación de la sanción conminatoria que ahora critica por confiscatoria. Destaca que la sanción prevista por la ley es una obligación legal y su aplicación y liquidación surge claramente del texto normativo.

Reitera que la ley habilita a su parte a liquidar los períodos mensuales que se devenguen hasta tanto el deudor cumpla con su obligación de ingresar los aportes retenidos. Hace reserva del caso federal.

De las constancias del presente surge que se ha dictado sentencia condenando al demandado al pago de la suma de $ 18.799,17, más accesorios -fs. 145/158- la que fuera confirmada por la Alzada a fs. 167/169, encontrándose firme y consentida por las partes.

A fs. 176/177, se practicó liquidación de capital, intereses y sanción art. 132 bis LCT, por un total de $ 51.426,34. A fs. 286/288 vta., la actora practicó nueva liquidación de los créditos laborales, indemnización, intereses y sanción conminatoria - art 132 bis LCT-, hasta el 27/09/06. Impugnada la liquidación por la demandada y contestado el traslado, el tribunal dicta la resolución de fs. 299/302 que la aprueba.

De los agravios expuestos y antecedentes señalados, surge que la cuestión venida a estudio consiste en determinar si la liquidación de la sanción prevista por el artículo 132 bis de la LCT se ajusta a derecho.

En primer lugar cabe señalar que la ley 25.345, modificatoria de la LCT (art. 132 bis), ha establecido dos nuevas consecuencias o apercibimientos para el supuesto de incumplimiento de las obligaciones derivadas del deber de diligencia del empleador consagrados en los arts. 79 y 80 de la LCT. Este incumplimiento por parte del empleador produce consecuencias frente al trabajador y frente al Estado y organismos encargados de velar por el cumplimiento de las normas laborales, previsionales y fiscales.

Ahora bien, determinado en autos la obligación a cargo del demandado del pago de la sanción prevista por el art. 132 bis de la LCT, conforme la sentencia dictada en autos, confirmada por Cámara y consentida por las partes, cabe establecer la manera de liquidar la misma.

El propio texto normativo señala las pautas a tener en cuenta. Dice el art. 132 bis de la LCT: "... deberá ( el empleador) a partir de ese momento (extinción del contrato) pagar al trabajador afectado una sanción conminatoria mensual equivalente a la remuneración que se devengaba mensualmente a favor de este último al momento de operarse la extinción del contrato de trabajo, importe que se devengará con igual periodicidad a la del salario hasta que el empleador acreditare de modo fehaciente haber hecho efectivo el ingreso de los fondos retenidos...".

Se trata de una sanción legal pues surge de la expresa imposición de la ley, cuyo fin es evitar la evasión fiscal y previsional.

Con referencia a su naturaleza, la doctrina ha sostenido que las sanciones conminatorias son medios técnicos previstos por las leyes para promover el cumplimiento de determinados deberes. En el caso, la sanción mensual prevista por el art. 132 bis de la LCT, tiene por objeto lograr que el empleador ingrese los fondos retenidos indebidamente a favor de los organismos de la seguridad social o sindicales respectivos.

En razón de ello, su naturaleza jurídica no es remuneratoria (no obedece al trabajo realizado o prometido en virtud del contrato) ni indemnizatoria (es independiente de los daños causados al trabajador).

Se trata pues, de una sanción -conminatoria mensual-, de monto similar al salario, que se devengará con igual periodicidad que el mismo hasta que el empleador acredite el efectivo ingreso de los aportes retenidos- con intereses y multas-, a los organismos correspondientes (En este sentido: SCMendoza Sala II, 12/10/2004 "Szczypski Ramón c. Burini Virginia". LLGran Cuyo 2005 (marzo),185. La Ley On line).

Surge del decreto reglamentario de la ley 25345 que modifica la LCT, dec no. 146/01 art. 1, que el trabajador tendrá derecho a percibir como sanción conminatoria mensual el equivalente a la última remuneración mensual devengada a su favor (art. 105 LCT).

De lo expuesto surge claramente que dicha sanción se liquidará en forma mensual, y hasta tanto acredite el empleador haber ingresado los aportes retenidos al momento de la extinción de la relación laboral. Ello, no implica modificar el pronunciamiento dictado en autos ni la cosa juzgada, pues precisamente en la sentencia de grado se estableció la procedencia de la sanción del art. 132 bis LCT, fallo que fue confirmado por la Cámara.

En este marco, la pretensión del demandado de limitar la aplicación de la sanción conminatoria es improcendente.

Conforme lo señalado, hasta el momento que acredite el empleador haber cumplido con el ingreso de los aportes a los organismos pertinentes, su obligación subsiste y la sanción continuará devengándose en forma mensual. Obligación reiteramos distinta a las derivadas del contrato laboral, como consecuencia de su naturaleza sancionadora.

No habiendo acreditado en autos el demandado haber cumplido con el ingreso de los aportes retenidos correspondientes a la actora, corresponde se continúe devengando la sanción conforme las pautas y mecanismos dispuestos por ley (art. 132 bis LCT y normas concordantes).

Respecto a los demás agravios de la demandada en cuanto a la naturaleza confiscatoria de dicha sanción y lo gravoso de la misma, dicha queja deviene extemporánea ya que debió oponer las objeciones pertinentes en la instancia oportuna.

A continuación, corresponde advertir que la actora en su liquidación de fs. 286/288 vta., adiciona al rubro sanción conminatoria el recargo por intereses. Dicho adición no procede, en virtud de la naturaleza jurídica de la que hemos hecho referencia.

Ante el incumplimiento del empleador a su deber de ingresar los aportes retenidos, será el organismo fiscalizador el que aplicará los intereses y multas que correspondan, importes que ingresarán al circuito de la seguridad social no beneficiando personalmente al trabajador, sino a todo el sistema.

A mayor abundamiento, se destaca que tal fue el modo en que lo realizó el tribunal a-quo la liquidación aprobada de fs. 176 vta., no habiendo merecido objeción de las partes el modo de liquidar dicho rubro, esto es, sin intereses.

En consecuencia, se hace lugar parcialmente al recurso de apelación del demandado y se revoca parcialmente el punto 1º) de la parte dispositiva de la sentencia de fs. 299/302.

Por ello, se concluye que la liquidación de fs. 286/288 vta., debe ser adecuada. A sus efectos, se deberá practicar nueva liquidación en la instancia de grado y deducir del rubro sanción conminatoria del art. 132 bis de la LCT, el importe de las sumas detalladas como intereses por ser improcedente su aplicación.

Con relación al recurso de la parte actora respecto a la imposición de costas por su orden efectuada en la instancia de grado, atento las razones expuestas por la Sra. Juez las que no han sido refutadas por la apelante, que no ha señalado porque es erróneo el criterio adoptado en la imposición de costas (fs. 304), corresponde su rechazo confirmando la resolución impugnada en cuanto al punto.

En cuanto al recurso de los letrados de la actora contra la regulación de honorarios por bajos y no corresponder los mismos a las pautas establecidas por la ley de aranceles, debemos tener en cuenta que estamos ante una cuestión de naturaleza incidental, por lo tanto, a los fines regulatorios se aplican las disposiciones del artículo 33 de la ley de aranceles profesionales para abogados.

La juez de grado al regular los honorarios profesionales a fs. 301 vta., invoca la aplicación de la norma respectiva (art. 33 ley 4335 y ley 2200), pero al determinar los mismos los establece en una suma fija no en porcentajes como lo prevé el artículo citado y aplicable al caso. En consecuencia, corresponde hacer lugar a los agravios de los apelantes y adecuar la regulación de honorarios profesionales conforme las pautas establecidas por la ley de aranceles.

Atento lo señalado, se concluye que corresponde revocar parcialmente el punto 2) de la parte dispositiva de la sentencia de fs. 299/302 y, regular los honorarios profesionales de los Dres. R R C y A E G, en forma conjunta, en el 15% de los que correspondan en el principal.

Atento el modo de resolver la cuestión, las costas de la Alzada se imponen por su orden (art. 68, 69 CPr). Se regulan los honorarios de los profesionales actuantes conforme la naturaleza del proceso, labor desarrollada, éxito obtenido y demás pautas orientadoras de la ley de aranceles (arts. 6, 7, 8, 33, 14, 47, 50 de la ley 4335 t.o).

Por ello, la Sala A de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, RESUELVE:

1º).- Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación de la demandada de fs. 307, conforme los considerandos respectivos.

2º).- Confirmar parcialmente la sentencia interlocutoria n° 122/2006, de fs. 299/302.

3º).- Revocar parcialmente el punto 1) de la parte dispositiva del fallo de fs. 299/302., y aprobar parcialmente la liquidación de fs. 286/288 vta. Ordenar se practique nueva liquidación del rubro sanción conminatoria art. 132 bis LCT, conforme los considerandos precedentes.

4º).- Rechazar el recurso de apelación de la actora de fs. 304.

5º).- Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por propio derecho por los Dres. R R C y A E G de fs. 303.

6º).- Revocar parcialmente el punto 2º) de la parte dispositiva del fallo de fs. 299/302 y regular los honorarios de los Dres. R R C y A E G, por su actuación en el presente incidente, en forma conjunta, en el quince por ciento (15%) de los que correspondan en el principal.

7º).- Costas de la Alzada por su orden. Regular los honorarios de los Dres. R R C y A E G, en forma conjunta, en el treinta por ciento (30%) de los que resulten en el incidente y del Dr. J J E en el veinticinco por ciento (25%) de los que resulten en el presente incidente.

8º).- Tener presente las reservas del caso federal de fs. 309 vta., y 313.

9º).- Regístrese, notifíquese y devuél-vase.

Fdo: Fernando Nahuelanca -Presidente-; Julio Antonio Alexandre -Juez de Cámara-; Silvia N. Alonso de Ariet -Juez de Cámara-.- REGISTRADA BAJO EL N° 026 DEL AÑO 2007 DEL LIBRO DE SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS