marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Cuestiones de competencia, competencia por la materia, secuestro extorsivo
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: "ALCARAZ, Arturo C. s/ secuestro extorsivo".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-10-06

Las recientes reformas legislativas adoptadas respecto de los delitos previstos en los artículos 142 bis y 170 del Código Penal, no conducen a que deba dejarse de lado el criterio de atribución de competencia en razón de la materia para hechos de esa especie (ver de esta Sala, causa n° 20.753 "Zidar", reg. n° 21.949 del 08/01/04), según el cual "...si bien en las causas en las que se investiga la comisión de alguno de los delitos previstos en el artículo 3°, inciso 5°, de la Ley 48 -según leyes 20.661 y 23.817- deben tramitarse ante la justicia de excepción, la competencia ordinaria surge en aquellos casos en que lo actuado revele inequívoca y fehacientemente que los hechos tienen estricta motivación particular y que, además, no existe posibilidad de que resulte afectada directa o indirectamente la seguridad del Estado Nacional o de alguna de sus instituciones (Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos 318:2127, 319:2389, 324:911, 324:1677 y 324:2874, entre muchos otros, y de esta Sala, causa n° 19.021 "López", reg. n° 19.883 del 13-06-02 y causa n° 19.510 "Escobar", reg. n° 20.421 del 7-11-02).
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, testigos, apreciación de la prueba, Iglesia Católica, contrato de trabajo
Materia: PROCESAL
Carátula: Rodríguez  Carrillo,  Anacleto  Ramón c/ Arzobispado  de BuenosAires y otro. s/ contrato de trabajo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-10

La sentencia que revocó la decisión que rechazó la demanda por diversos rubros laborales finca su conclusión en una lectura fragmentaria y parcial de los testimonios del sacerdote ex-titular de la parroquia y de otros dos testigos de la demandada y no justifica del modo que es menester las razones por las que, ante los numerosos testimonios recabados, se inclina por dar prevalencia a aquellos, máxime si se atiende a la índole de la persona jurídica demandada, al contexto indiciario puesto de resalto por el juez de grado y a que de lo que se trata es de apreciar si debe juzgarse acreditada la calidad de encargado de mantenimiento invocada por el pretensor.
Defraudación, administración fraudulenta, estafa, perjuicio patrimonial
Materia: PENAL
Carátula: TORRES, Rubén. s/ SOBRESEIMIENTO-ADMINISTRACION FRAUDULENTA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-23

Elemento esencial en la estructura típica de la defraudación por administración fraudulenta es el perjuicio patrimonial. La causación de un perjuicio a la persona cuyos intereses patrimoniales el autor debe atender, es un requisito necesario en ambos subtipos de la defraudación prevista en el inc. 7°, art. 173, C.P.; esta expresión, es decir, el daño, tiene exactamente el mismo significado que el ocasionado en la estafa (*). De ahí que el perjuicio constituya una disminución del valor económico del patrimonio del sujeto pasivo provocado como consecuencia del accionar del autor (**). Para determinar el referido daño, se debe comparar la disminución patrimonial de la víctima antes y después de las maniobras abusivas o quebrantadoras de la fidelidad.
Concursos, seguros, contratos en curso de ejecución, rescisión del contrato
Materia: COMERCIAL
Carátula: MASSUH  SA c/ BRADESCO ARGENTINA DE SEGUROS SA s/ ORDINARIO. (ll26.10.04, fplicacion 108213).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-07-14

La LC art. 20 desplaza la autorización de rescindir los contratos sin causa justificada establecida en la ley 17418 art. 18, toda vez que, siendo la continuidad de la empresa uno de los valores jurídicos tutelados por la ley 24522, resulta coherente que el legislador haya otorgado al concursado la opción de mantener la ejecución de este tipo de contratos.
Demanda, notificación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SADAIC c/ Sunset Boite s/ Cobro
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-09-27

El principio de la notificación tácita, no puede aplicarse al acto procesal de notificación de la demanda, que implica no sólo anoticiamiento del auto que ordena el traslado, sino del contenido exacto de aquélla así como de la documental que se agregue con ella; por lo demás, la actora es quien debe notificar el auto que corre el traslado de la acción pues es ella la "dueña" de la misma hasta que lo haga, y consecuentemente, la presentación espontánea de los demandados no puede suplir esta diligencia fundamental. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Contrato de trabajo, entrega del certificado de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Giménez, Adolfo Rafael  c/ Arnaldo Federovsky S.A. y otro  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-04-04

La magistrada de grado no hizo lugar a la sanción contemplada en el art. 80 LCT. y por ello se agravia la actora. El art. 80 de la LCT otorga al empleador el plazo de dos días hábiles para cumplir el requerimiento. La intimación fehaciente a que hacen referencia tanto la norma originaria como su reglamentación, solo puede surtir efectos (el inicio del cómputo de dos días y posterior derecho a la indemnización) una vez que haya transcurrido el plazo de 30 días acordado al empleador para cumplir con la exigencia legal, plazo este último que constituye -desde el comienzo de la extinción- una oportunidad para que el empleador infractor regularice su situación, pero no puede válidamente constituirse en una condición que imponga al trabajador la necesidad de reiterar sus emplazamientos si estos han sido válidos y fehacientes. Cabe destacar que el accionar de la demandada resulta insuficiente para tener por cumplida la obligación y a su vez, en atención al modo de repeler las pretensiones del actor, cabe entender que se ha abdicado del plazo de gracia previsto por el decreto 146/2001. Corresponde acoger el agravio y hacer lugar a la multa prevista en el art.80 LCT. En consecuencia se modifica la sentencia de la anterior instancia. (Del voto de la Dra. García Vior en mayoría)
Accidente de tránsito, prioridad de paso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Secchi, Juan C. c/ Romero, Luis S. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-05-18

Quien transita por una carretera tiene prioridad de paso cuando intenta el cruce de otra carretera y arriba al mismo por la derecha;

esta preferencia se invierte cuando el cruce es de caminos de distinta importancia, dando prioridad a quienes circulan por el principal (art. 71 incs. 2 y 4 Ley 5800).
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, cuestión de derecho común, rechazo de la demanda, sucesiones, herederos, reconocimiento de herederos, hijo extramatrimonial, exclusión hereditaria
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: ROSA MEZA DE DIAZ c/ OSCAR R. DIAZ s/ IMPUGNACION Y EXCLUSION DE HEREDEROS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-05-15

Es improcedente el recurso extraordinario contra la sentencia que, al rechazar la demanda, no excluyó al demandado como heredero declarado en su carácter de hijo extramatrimonial del causante. Ello así, pues las cuestiones planteadas remiten a la consideración de cuestiones de derecho común, regularmente ajenas a la vía del art. 14 de la ley 48, las que fueron resueltas por el a quo con fundamentos suficientes del mismo carácter que, al margen de su acierto o error, bastan para sustentar el pronunciamiento como acto jurisdiccional válido.
Recurso de apelación (procesal), Superior Tribunal de Justicia, valor de la acción, honorarios del perito, contrato de obra pública
Materia: PROCESAL
Carátula: Servipark SA c/ GCBA s/ contrato de obra pública s/ recurso de apelación ordinario concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-28

Son condiciones de admisibilidad del recurso ordinario de apelación que la Ciudad sea parte, que se dirija contra una sentencia definitiva y que el valor disputado en último término, por cualquier concepto, sea superior a la suma de 1.500.000 unidades fijas (conf. art. 27 de la ley n° 7, texto consolidado 2018 -que incluye la modificación realizada por la ley n° 5.930, que fuera publicada en el B.O. el 03/01/2018-). El valor a considerar es el fijado por la norma que se encontraba vigente al momento de ser planteado. (Del voto de la jueza Marcela De Langhe).
Demanda, objeto de la demanda, daños y perjuicios, prescripción
Materia: PROCESAL
Carátula: RUSAC, JUAN Y RUSAC, ALFREDO c/ ESTADO  NACIONAL  -  MINISTERIO  DE  ECONOMIA  -  BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-10-03

Los daños y perjuicios cuya reparación se persigue no se encuentran definidos concretamente en la exposición que de los hechos se hace en la demanda. Tal circunstancia impida determinar el momento en que se habrían producido los efectos dañosos y el inicio del plazo prescriptivo lo que obliga a preterir la resolución de esta defensa para después de contar con los elementos de juicio necesarios para formar convicción se debe diferir el pronunciamiento de la excepción articulada. hasta la oportunidad de dictarse sentencia definitiva (art. 346, C.Pr.).
Acción de amparo, actos de los poderes públicos, derechos y garantías constitucionales, derecho a la salud, salud mental, responsabilidad del Estado, hospitales públicos, ingresos públicos, destino de los fondos, tratamiento psiquiátrico
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: Saslavsky, Martha Leonor c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Amparo Buenos Aires s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-28

La responsabilidad de atención sanitaria gubernamental en materia de salud mental recae, por expreso mandato constitucional (artículo 21 incisos 12 y 13 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Ley Nro. 448), en los establecimientos estatales. A ello debe agregarse, que se encuentra vedada a priori la transferencia de recursos a entidades privadas con o sin fines de lucro, y que como regla debe tenderse a la externación de los asistidos, por lo que deben extremarse los recaudos para evitar su internación o cualquier otro tipo de tratamiento que conspire contra su reinserción social. (Del voto de los Dres. Daniele, Centanaro y Russo)
Recurso de casación, apreciación de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: FARIZ GUILLERMO OSVALDO c/ ROVETTO LUIS ALBERTO s/ COBRO DE PESOS LABORAL, ETC. - CASACION LABORAL MOCCAGATTA RENE ROBERTO c/ GRAFA GRANDES FABRICAS S.A Y/U OTROS S/ SUELDO INTEGRATIVO MES DE DESPIDO, ETC. s/ CASACION LABORAL FERNANDEZ, VICTOR ALEJANDRO c/ MEDISAN S.R.L. Y/O PROPIETARIOS Y/O RESPONSABLES s/ INDEMNIZACION POR ANTIGUEDAD-CASACION LABORAL GUZMAN SANDRA VIVIANA c/ SUPER ELEFANTE Y/U OTROS S/ DIFERENCIADE SUELDOS s/ CASACION LABORAL SÁNCHEZ JOSÉ ALBERTO c/ SEMILLERO EL CEIBO s/ INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO - CASACIÓN LABORAL MOREIRA MIGUEL ROBERTO c/ INTA TEXTIL S.A. s/ FALTA DE PREAVISO,ETC. CASACION LABORAL PERALTA CARLOS JAVIER c/ AUDIO ROBERTS PRODUCCIONES DE ROBERTO ORLANDO ROJAS Y/U OTROS s/ DIFERENCIA DE SUELDOS, ETC. - CASACION LABORAL TORRES AMBROSIA ADELINA c/ DIAZ CLAUDIA ROXANA Y/U OTROS s/ DIFERENCIA DE SUELDOS, ETC. - CASACION LABORAL GONZALEZ JUAN JERONIMO c/ EMPRESA PEDRO FRANCISCO DE URIARTE s/ DIFERENCIA DE SUELDOS - CASACION LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2006-11-21|2007-04-23|2007-07-12|2008-08-21|2008-11-28|2010-06-30|2010-07-08|2010-08-11|2014-06-27

En materia de prueba la materia se complica más para el recurrente, ya que en relación con la pretendida revisión de su apreciación, las dificultades del impugnante se ven multiplicadas, habida cuenta que los cuestionamientos de esa índole, por vincularse con un tema como es el de la amplitud de las facultades de los jueces de instancia para seleccionar y valorar las pruebas rendidas ante ellos, atañen a aspectos que resultan gobernables por aquellos y -por vía de principio- ajenos al carril extraordinario de la casación. Por consiguiente, las discrepancias del recurrente con el criterio seguido por los jueces en la selección y valoración de las pruebas, no sustenta la tacha de arbitrariedad en que se pretende fundar una casación aún cuando se invoque error en la solución que se impugna.-
Competencia, robo, privación ilegal de la libertad, violencia
Materia: PENAL
Carátula: TOFFUL, Alejandro C. G. y otros. s/ FALSO TESTIMONIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-11

La violencia es el despliegue de energía física para vencer materialmente la resistencia que el sujeto pasivo opone o puede oponer al apoderamiento, violencia sobre la persona empleada como medio para lograr el apoderamiento o consolidarlo, por lo que en tal sentido resulta incompetente el juzgado en lo correccional. "La privación ilegítima de libertad cometida en ocasión del robo constituye parte del hecho único de la violencia del robo cuando tuvo como objeto único lograr la impunidad del hecho, extendiéndose tal privación más allá que a instantes después que se retiraran de la vivienda" (*).
Improcedencia del recurso, prisión domiciliaria, defensor público de menores e incapaces
Materia: PENAL
Carátula: Vega, Elma Valentina s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-06-16

Corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa contra la resolución que denegó la prisión domiciliaria de la encausada toda vez que el tribunal de mérito realizó una interpretación armónica de las normas que rigen la materia a través del debido control de los informes, ejerciendo de dicho modo, la jurisdicción que le es propia. Los votos concurrentes expresaron, por un lado, que si bien en el caso de autos intervino el órgano que se encuentra en condiciones de alegar, esto es, la Defensoría Pública de Menores e Incapaces, sus argumentos se remiten a las conclusiones del informe confeccionado por la Prosecretaria de menores y Asistencia Psicosocial de la Cámara de Apelaciones, por lo que cobran relevancia dichas conclusiones pues han sido sustento de la decisión atacada y cuya arbitrariedad no logra demostrar; y por el otro, que no se advierte la necesidad de conceder la prisión domiciliaria a la imputada, en miras de proteger el interés superior de su hija menor, toda vez que conforme surge de las constancias de la causa la misma tiene las necesidades básicas habitacionales, de salud y económicas cubiertas. Dres. Borinsky, Hornos y Gemignani -según sus votos-.
Jubilación ordinaria, determinación del haber jubilatorio, remuneración
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: MASSERONI, JULIO s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-02-15

El termino 'presupuesto' a que se refiere el artículo 10, inciso a) del decreto 688/76, reglamentario de la ley 21118 al establecer las pautas para la determinación del haber mensual de la jubilación ordinaria, es el que tiene un ente estatal con categorías fijas y no la planilla de salarios de una empresa privada.
Recurso extraordinario de nulidad, apreciación de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Figueroa, Próspero c/ Gómez Torralba S.A. s/ Enfermedad profesional
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-09-20

El recurso extraordinario de nulidad resulta inadmisible, cuando su fundamentación no se vincula con ninguna de las formalidades establecidas en los arts. 156 y 159 de la Constitución de la Provincia, sino que los agravios expresados se basan en la falta de consideración o deficiente examen de la prueba, cuestiones estas ajenas al remedio intentado. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario, Superior Tribunal de Justicia, Constitución Provincial
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Discianni, Antonio y García, Oscar s/ violación Ordenanza Municipal 2316/80.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-31

El tribunal superior de provincia, según el art. 14 de la ley 48, es el órgano judicial erigido como supremo por la constitución de la provincia, salvo que sea incompetente en el caso, circunstancia que no podrá extraerse del carácter constitucional federal de la materia que aquél suscite.
Seguros, daño material, siniestro, dolo, culpa grave, carga de la prueba
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Transporte La Luciernaga SA y otro c/ Liderar Compañía General de Seguros SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-06

1. La prueba de la culpa grave a que alude la ley 17418 recae sobre el asegurador (CNCom, Sala B in re "Arena de Pirata A. c/ La Franco Argentina Cía. de Seguros" del 16/2/73; ídem, esta Sala in re "Gómez M. c/ Cumbre Cooperativa de Seguros", del 22/12/83 entre otros); sin embargo esa carga no es absoluta y debe ser evaluada de conformidad con las circunstancias del caso. 2. El efecto liberatorio sólo se producirá cuando el asegurador acredite que la provocación del siniestro fuera imputable en grado de culpa grave, la que se evidencia cuando la conducta desborda el nivel medio de la negligencia o la imprudencia es rayana con el dolo, y por ende, existirá cuando el asegurado omita la diligencia elemental de las personas menos previsoras y especialmente cuando incurre en ella por estar asegurado. Es en esencia la aplicación del criterio establecido por el CCIV 512 y 902. 3. Por ello cuando la ley de seguros alude a la culpa grave, establece una delimitación subjetiva al riesgo cubierto con el objeto de mantenerlo encauzado dentro de un marco de normalidad, que excluye de la cobertura las alteraciones al comportamiento siniestral previsto, originado en la falta de adopción de las más mínimas diligencias exigibles al asegurado en función de la naturaleza de la obligación y la culpa en estos casos debe apreciarse con criterio restrictivo y con relación a las circunstancias y particularidades de cada situación, configurándose sólo cuando media una manifiesta y grave despreocupación.
Recurso de apelación (procesal), abogados, honorarios, plazo
Materia: PROCESAL
Carátula: NEVADA  S.A.C.I.F.I.A. c/ GRANDE JOSE FRANCISCO s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1995-09-26

La fundamentación de la apelación en materia de honorarios, optativa para el recurrente, ha de realizarse en el específico plazo de cinco días contados desde la notificación de la regulación (art. 245 appdo. 2do. del C.P.C.C.), sin que corresponda poner los autos a disposición del apelante para la presentación de memorial corriendo para ello un plazo ulterior quizá en inadvertir la naturaleza de la cuestión sobre la que el recurso versaba.
Acción, solve et repete
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Spampinato, Atilio Francisco c/ Instituto de Previsión Social s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-09-29

El art 30 del C.C.A. se refiere a la liquidación de cuentas que, a semejanza de la liquidación de impuestos adeudados, requieren su inmediata percepción, en cuanto derivan de la prestación de un servicio público y sirven a costearla como ocurre por ejemplo con los derechos o tasas que se cobran a los particulares por la prestación de ese servicio en su interés individual.
Ley sobre riesgos del trabajo, inconstitucionalidad, retroactividad de la ley, fallos de la Corte Suprema
Materia: LABORAL
Carátula: Acuña, Dora Noemí c/ Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. s/ accidente - ley especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-29

Aun cuando el accidente que costara la vida del trabajador hubiera acaecido con posterioridad a la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 1694/2009, ello no impide que pueda aplicarse el art. 1° de dicho decreto y declararse la inconstitucionalidad planteada contra el tope previsto en el art. 11 4 c) de la L.R.T.. Ello así, conforme lo resuelto por la C.S.J.N. en la causa: "Arcuri Rojas, Elisa c/ ANSES" de fecha 3 de noviembre de 2009, sobre la base de la finalidad protectora de las disposiciones que regulan la seguridad social, y la finalidad del legislador de promover la progresividad de los derechos sociales.
Facultades de la Municipalidad, poder de policía municipal
Materia: PROCESAL
Carátula: Aguas Argentinas S.A. c/ Municipalidad de Tigre s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2016-09-28

No se advierte que la regulación nacional invocada desconozca las atribuciones municipales, en orden a lograr una apropiada protección de los intereses locales: en el caso no se configura una interdicción entre lo reglado por la ordenanza municipal con lo disciplinado por la normativa nacional puesto que tales disposiciones se ocupan de aspectos diversos. En consecuencia, el poder de policía comunal se halla suficientemente justificado.(doctor Pettigiani, sin disidencia)
Inscripción registral, registro de la propiedad inmueble
Materia: CIVIL
Carátula: SILBERGLEIT  FERNANDO MARTIN Y OTRO c/ ESTADO NACIONAL MINISTERIODE JUSTICIA S/ s/ AÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-12

El Registro de la Propiedad Inmueble recibió, con fecha 14/10/97 un oficio, incluido en el expediente administrativo 116/998, cuya copia tengo a la vista en este acto, ordenando la cancelación de la hipoteca que pesaba sobre el inmueble de autos, presuntamente emanado del Juzgado Nacional en lo comercial N° 20, Secretaría N° 39.Como se narra en la sentencia de grado y acuerdan ambas partes en sus presentaciones, se comprobó que dicho oficio era falso, tanto ideológicamente como en cuanto a la firma del Secretario del juzgado. El oficio citado cumple "prima facie" con los requisitos que en la época se exigían para que el Registro anotara el levantamiento de un embargo, conforme la redacción de la Ley 27.801. En la época bastaba con la firma del Secretario del juzgado interviniente, la identificación de Juzgado y Secretaría, y la mención del auto pertinente. Por otra parte, la mencionada ley es clara en diferenciar el acto de la inscripción de su contenido. Su artículo 4 dispone: "La inscripción no convalida el título nulo ni subsana los defectos que adoleciere según las leyes".
Impuestos, extinción de la obligación tributaria, regularización impositiva, remisión de deudas
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: "Camps, Vilma Mercedes (TF 15.870-I) c/ D.G.I.).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-11-29

Si los regímenes de condonación disponen eximir de sanción a quienes regularicen su deuda impositiva con posterioridad a la comisión de la infracción, resultaría un contrasentido mantener la sanción en su monto total si la omisión que la generó ha sido revertida por el sancionado casi en su totalidad. Antes bien, resulta ajustado a los principios que rigen la materia la conclusión contraria; que la condonación debe ser proporcional a la regularización efectuada, por lo que corresponde rechazar la apelación deducida por el Fisco Nacional.
Contrato de trabajo, riesgo empresarial, principio de indemnidad del trabajador
Materia: LABORAL
Carátula: PAZ, EDGARDO c/ MANUFACTURA ALGODONERA ARGENTINA  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-07-23

La ajenidad del trabajador respecto al riesgo empresario que caracteriza al contrato de trabajo, da fundamento al principio de indemnidad. El trabajador no se beneficia con el resultado de la actividad empresaria, y por ello, quien obtiene los beneficios de dicha actividad debe soportar los riesgos inherentes a la organización y marcha de la empresa, y por ningún motivo debe trasladarlos al dependiente que no debe sufrir daño alguno por el ejercicio normal de su labor.