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Admisibilidad de la petición, representante de la víctima, familiares de la víctima, medidas de seguridad y protección, COLOMBIA, desaparecidos, amenaza de sufrir un mal grave e inminente, deber de esclarecimiento, deber de juzgar
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso 19 Comerciantes (Sandra Belinda Montero y familiares, Salomón Florez y familiares, Luis  José Pundor Quintero y familiares, Ana Diva Quintero de Pundor y familiares) S/ Solicitud de medidas provisionales respecto de la República de Colombia c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2006-07-04

Corresponde hacer lugar a la solicitud de medidas provisionales presentada por los representantes de las víctimas y de sus familiares, en el caso que se declaró la responsabilidad internacional de Colombia por violación a la Convención Americana en perjuicio de los 19 comerciantes desaparecidos luego de haber sido arbitrariamente detenidos, pues se encuentra probada la situación de extrema gravedad y urgencia en la que se encuentran por las amenazas a sus vidas e integridad personal, requiriendo asimismo al Estado la urgente investigación de los hechos que motivaron la adopción de tales medidas, la identificación de los responsables y la imposición de las sanciones correspondientes.
Daños y perjuicios, responsabilidad civil, responsabilidad del Estado, Municipalidad, concesión de servicio público, recolección de residuos domiciliarios, pliego de bases y condiciones, relación de causalidad, falta de servicio público
Materia: CIVIL
Carátula: Barrera, Manuel Carlos y otra. c/ Municipalidad de Neuquén y otro. s/ Daños y perjuicios.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2009-02-05

Debe responder en forma solidaria la Municipalidad codemandada por los daños y perjuicios derivados de la muerte del hijo de los reclamantes - embestido por un camión de la contratista en el Centro de Diposición de Residuos, mientras se encontraba realizando actividades de " cirujeo" - , pues del pliego de licitación que enmarcara la prestación del servicio surge que se reservó una facultad fiscalizadora concreta y determinada en orden a la vigilancia acerca del modo en que el servicio se prestaba y que la contratista debía permitir el ingreso de personas al predio para la calificación manual de los residuos por lo que, no pudiendo serle desconocido que tal tarea se desarrollaba en un marco de riesgo, la omisión de las específicas facultades fiscalizadoras, reglamentarias e instructivas que se reservara llevan a responsabilizarla en forma directa y en el marco de la falta de servicio por la muerte del joven.
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria, competencia, competencia federal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: ZABALETT, Dora Esther, s/ rec. extraordinario Causa nro. 27.827
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-17

Lleva dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que si bien a ese tribunal le incumbe exclusivamente juzgar sobre la existencia o no de arbitrariedad, ello no exime a los órganos judiciales de resolver circunstanciadamente si la apelación federal, prima facie valorada, cuenta, respecto de cada uno de los agravios que la originan, con fundamentos suficientes para dar sustento a la invocación de un caso de inequívoco carácter excepcional, como lo es el de la arbitrariedad.
Revocación de sentencia, personal penitenciario, hábeas corpus, televisión digital
Materia: PENAL
Carátula: Coria Juan José c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-04-22

Corresponde dejar sin efecto el decisorio impugnado en cuanto indicó a la Unidad del Servicio Penitenciario se arbitren los recaudos para la contratación (por parte de los internos) del servicio de televisión digital disponible para su instalación en los pabellones, pues se advierte en el decisorio un defecto de fundamentación producto de la falta de intervención de la parte - Directora de la Unidad o de cualquier otra representación del Servicio Penitenciario Federal- en la sustanciación del trámite procesal del habeas corpus, particularmente de la audiencia establecida en el art. 14 de la ley 23.098 y la consecuente afectación del contradictorio, en tanto las cuestiones planteadas por los internos y las Defensoras Públicas Oficiales fueren resueltas sin contemplar las dificultades concretas de instrumentación de la contratación recomendada por el tribunal o, incluso, las implicancias que materializarla habría de tener en diversos aspectos de los proces os de resocialización de los internos, la convivencia en los pabellones, entre otros elementos.Dres. Figueroa, Petrone y Barroetaveña.
Delitos, falsificación de instrumento privado, convenio de transferencia progresiva de competencias penales, competencia criminal y correccional, competencia penal
Materia: PROCESAL
Carátula: Incidente de competencia en autos Pisera, Marcela Paola c/  s/ 29 - falsificación de recetas médicas s/ conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-19

Sin abrir juicio sobre la probabilidad de progreso del encuadre legal de los hechos en el art. 29 de la ley n° 23737 o en el art. 296, en función del 292, del CP, corresponde declarar la competencia del juez Penal, Contravencional y de Faltas para seguir interviniendo en las presentes actuaciones. Ello así toda vez que la figura del artículo 29 de la ley n° 23737 describe de manera más especifica la conducta en la que podrían encuadrar los hechos que dieron origen a las presentes actuaciones, este delito ya había sido transferido a la órbita de la justicia local al momento de trabarse el conflicto de competencia, y no se encuentra ninguna causa pendiente ante el otro fuero (conf. Cláusula transitoria de la Ley Nacional n° 26702). (Del voto en disidencia de la juez Inés M. Weinberg).
Carga de la prueba, hechos nuevos
Materia: LABORAL
Carátula: VAZQUEZ ERNESTO c/ TRANSPORTE GUERRERO Y/O GUERRERO LUIS ASCENCIO s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2000-09-26

Quién alega una defensa, debe demostrar al menos mínimamente, que se observaron las obligaciones derivadas del marco contractual en que se desarrollara la obligación, toda vez que carece de eficacia argumentar con elementos que no han sido probados.
Contratos de tracto sucesivo, resolución del contrato, contratos de ejecución inmediata
Materia: CIVIL
Carátula: Eubeldia, Horacio J. c/ Columbia CompaÑía Financiera  S.A. s/ Resolución de contrato
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-05-13

Cuando la resolución se produce en contratos de ejecución continuada donde, a diferencia del supuesto de ejecución instantánea, como es la naturaleza de la compraventa o la cesión de derechos referidos a una venta, los efectos operan para el futuro.
Administrador del consorcio, derechos del administrador del consorcio
Materia: CIVIL
Carátula: CONS.PROP.BARRIENTOS 1520/22/32 c/ PENJASOFF, Pablo s/ CUMPLIMIENTO DE REGLAMENTO DE COPROPIEDAD
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-13

1- Aún cuando, en principio, el administrador del consorcio sólo tiene funciones netamente administrativas, salvo los casos contemplados por los arts. 6 y 15 de la ley 13.512, posee la atribución de actuar en juicio a nombre del consorcio si tal función le ha sido encomendada por el reglamento de copropiedad.

2- La ampliación de las atribuciones conferidas por el art. 11 de la ley 13.512 al administrador del consorcio no lesiona ni el orden público ni las buenas costumbres, constituyendo un legítimo acto de autonomía de la voluntad.- ***CPC C 013512 0000 00 00 0006 000 0000 000 ***CPC C 013512 0000 00 00 0015 000 0000 000 ***CPC C 013512 0000 00 00 0011 000 0000 000
Indignidad, exclusión hereditaria, investidura de la calidad de heredero
Materia: CIVIL
Carátula: Fernández Arreche, Hugo Enrique/ Barreda Ricardo Alberto s/ Exclusión de herencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-11-27

Encontrándose firme la sentencia que calificó los hechos cometidos por el demandado como homicidio calificado por el vínculo, con relación a la cónyuge e hijas del ofensor, y homicidio simple con relación a su suegra, todos ellos en concurso real, se configura la causal de indignidad del artículo 3291 del Código Civil.
Banco central, policía bancaria y financiera, recursos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: DESSI, ITALO Y OTRO. c/ GINVERSA COMPAÑIA FINANCIERA  S.A. s/ COBRO DE PESOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-02-12

La acción dirigida contra el Banco Central pone en juego el análisis de la garantía establecida en el art. 56 de la ley 21.526 y demás normas reglamentarias, sin que se halle en tela de juicio el poder de policía financiera que aquel ejerce.
Poder Judicial, jueces, remuneración, Estado Provincial, división de poderes, inflación
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Abalos, Benjamín y otros s/ Avocación.Recurso de Amparo (Expte. CSJ Nº 815-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-07-26

El artículo 96 (texto 1853) de la Constitución Nacional establece que la remuneración judicial no podrá ser disminuida en manera alguna, mientras los jueces permanecieren en sus funciones. Este es el principio de intangibilidad de la remuneración judicial, que en una primera lectura del texto constitucional quiere decir, indudablemente, que la remuneración nominal percibida por un juez al momento de asumir su cargo, no puede ser disminuida a posteriori. Este texto tiene otras dos lecturas: Una primera -también inmediata o histórica- es que el juez no puede percibir una remuneración inferior a la de otro juez de su misma jerarquía sin perjuicio de la existencia de determinadas circunstancias personales que puedan incidir sobre la remuneración total percibida, como antigüedad, salario familiar, movilidad, etc. La desigualdad o trato discriminatorio practicado en perjuicio de uno o más jueces en concreto significaría en la práctica un medio de influencia del órgano legislativo sobre los jueces, tanto los perjudicados como los beneficiados, violando la razón de ser del principio constitucional.También debe ser considerada discriminatoria la remuneración, general o particularizada de un juez inferior a la que perciben los miembros de los otros órganos superiores del Estado, aunque en este caso tal conducta resulta más directamente violatoria del principio de la división de poderes y también de las reglas fundamentales de la organización republicana constitucional, que exigen una igualdad integral de jerarquía entre aquellos tres órganos superiores establecidos por la Constitución Nacional y las Constituciones provinciales. La segunda lectura del texto constitucional, se refiere al deterioro o disminución real de la remuneración judicial como consecuencia del proceso de depreciación del valor adquisitivo de la moneda, producto del fenómeno inflacionario. (De la Ampliación de Fundamentos del Dr. Ulla).
Diferencia de haberes jubilatorios, cajas de previsión, cajas provinciales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: VARGAS VANDER SCHRAFT, EMILIO Y OTROS c/ CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA s/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2013-08-26

El planteo de inconstitucionalidad de la ley 9504 de consolidación de deudas e inembargabilidad de fondos de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, debe postergarse para la etapa de ejecución respectiva, luego de practicarse las liquidaciones pues según las resultas de éstas y el devenir del proceso procederá asumir el tratamiento de dicha cuestión constitucional.
Extradición, Ministerio Público
Materia: PENAL - INTERNACIONAL PUBLICO - PROCESAL
Carátula: Medina Jaramillo, Samuel s/ extradición.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-20

Si bien en el procedimiento de extradición el Ministerio Público no está obligado a impugnar decisiones contra las cuales no tiene agravios que expresar, el control del fiel cumplimiento de las leyes y reglas de procedimiento - art. 118, inc. 4° del Código de Procedimientos en Materia Penal - no es facultativo sino que emana de un deber del cargo que no pueden declinar a voluntad.
Exhortos, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: FORD CREDIT COMPAÑIA FINANCIERA S.A. c/ USANDIVARAS VERONICA BEATRIZ s/ OFICIO LEY 22.172 (SECUESTRO PRENDARIO)
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-08-10

El oficio (exhorto) no es un procedimiento con vida propia, independizado del proceso en que se libra. La competencia no puede ser delegada, produciéndose en tales supuestos verdaderos encargos judiciales con delegación de funciones, que no constituyen propiamente una delegación de competencia, sino el respecto a un principio de cooperación o auxilio judicial.

Ese principio se ve reflejado en el art.4 de la Ley 22172 que limita las facultades del Juez oficiado a examinar las formas del oficio y proveer lo necesario para su diligenciamiento. Pero el Juez oficiado no cumple automáticamente la solicitud, porque sería convertirlo en subordinado del Magistrado oficiante y necesariamente efectúa un análisis previo antes de despachar la medida. Dentro de ese análisis se encuadra el de su propia competencia conforme a las leyes que lo establecen en la jurisdicción local.

En este sentido se ha expresado también, que conforme a lo prescripto en el art. 4 del Convenio, según es sabido, las cuestiones de competencia solo pueden deducirse ante el juez oficiante. De ese principio se sigue que no procede plantearle al Juez oficiado su propia inhibición. Ni requerirle una declaración de competencia que excluya la del magistrado oficiante.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, recurso extraordinario, daños y perjuicios
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: INTILE, JOSE MARIO c/ BANCO TORQUIST SA s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD-DAÑOS Y    PERJUICIOS (EXPTE.: C.S.J. NRO. 168 AÑO 2008)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-02-18

Es inadmisible la queja desde que, no obstante la arbitrariedad invocada, lo que el quejoso hace, en realidad, es oponer su propio enfoque al criterio sostenido por los Juzgadores en ejercicio de funciones propias sobre la valoración de los hechos, la prueba aportada y el derecho común aplicable (relativa a la falta de acreditación del daño producido por el embargo mal trabado sobre un inmueble de su propiedad), circunstancia que no habilita la apertura de esta instancia extraordinaria, que sólo debe avocarse al control de la adecuación de los pronunciamientos inferiores al ordenamiento jurídico fundamental.

En el caso, el recurrente no logra hacerse cargo de los fundamentos dados por el A quo que acogió la apelación extraordinaria "...por omitir el fallo la consideración de prueba esencial para la decisión de la causa y, a la par sustentarse en otra a la que se asignara trascendencia al efecto, careciendo de ella, con lo que se ha configurado una arbitrariedad que aunque relacionada al material fáctico, ha hecho se diese una situación encuadrable en la causal contemplada en el inciso 1 del artículo 42 de la ley 10160 (apartamiento de las formas sustanciales estatuidas para la solución del litigio).
Accidentes de trabajo, reagravación, derecho de opción
Materia: LABORAL
Carátula: González, Juan c/ Zotti Hnos. s/ Indemnización por accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-03-07

La opción del trabajador por la acción especial de la ley 9688 al percibir la indemnización por un infortunio del trabajo le clausura la oportunidad de accionar por reagravación de las consecuencias del accidente conforme al derecho común (art. 17, ley 9688).
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, leyes, interpretación sistemática
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: G, M L  y  E, A M V de s/ La cuestión a resolver: ¿El cómputo que establece el artículo 7 de  la ley 24390 es aplicable a los condenados por sentencia firme al  tiempo de la vigencia de la ley, que continuan privados de su libertad? (Expte. Nro. 29-95; Expte. Nro. 28-95) (Tribunal pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-09-11

La inconsecuencia no se presume en el legislador, y por esto se reconoce como principio que las leyes deben interpretarse evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyéndolas unas por las otras, y adoptando como verdadero el criterio que las concilie y deje a todas con valor y efecto. De este modo, uno de los índices más seguros para verificar la razonabilidad de la inteligencia de una norma y su congruencia con el resto del sistema del que forma parte, es la consideración de sus consecuencias. (Voto del Dr. Crippa García -En Disidencia-). En el caso la cuestión a resolver es ¿El cómputo que establece el artículo 7 de la Ley 24390 es aplicable a los condenados por sentencia firme al tiempo de la vigencia de la ley, que continúan privados de su libertad?
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, duda
Materia: PENAL
Carátula: Díaz, Rubén D. y ot. s/ Privación ilegal de la libertad, robo y violación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-12-07

Es innecesario resolver el agravio referido a la aplicación del art.

431 del Código de Procedimiento Penal - según ley 3589 y sus modif.- en tanto el recurrente la supeditó al éxito de su reclamo en materia probatoria, por lo que su fracaso en dicho planteo quita el sustento a la pretensión.
Recurso extraordinario, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: HERMIDA, Leopoldo s/ INCIDENTE DE PRESCRIPCION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-10-02

Las decisiones consentidas por la parte querellante, no pueden ser luego impugnadas por ésta, mediante la interposición del recurso extraordinario por resultar extemporáneo.
Quiebra, escritura pública
Materia: COMERCIAL
Carátula: bdelnabe, Patricia Elizabeth s/ quiebra s/ incidente art. 250 c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-02-27

Más allá de los reparos del letrado, quien estimó suficiente el apoderamiento otorgado por su cliente en la quiebra, lo cierto y determinante es que debe acreditarse la representación pretendida mediante escritura pública conforme al CPR 47, pues esa norma procesal resulta aplicable en el caso, si se repara que la interpretación del CCCN 363 y 1017-d) que remiten a ella. Es decir, la forma en que debe realizarse el apoderamiento estará dada por el acto que el representante deba realizar, de modo que la instrumentación del poder está sujeta a lo prescripto para el acto objeto de representación. Sentado todo ello, no puede obviarse que si bien no está expresamente prevista la escritura pública para la instrumentación de un poder general para actuar en juicio en el código de fondo, como lo hacía el derogado art. 1184-7°, de las normas expuestas se desprende la remisión tendiente a que se aplique aquél dispositivo contenido en el CPR 47, código de rito en la materia de que aquí se trata, que sí requiere, la escritura pública de poder para que los "procuradores o apoderados" acrediten su personalidad desde la primera gestión efectuada en nombre de sus poderdantes.
Recurso extraordinario, admisibilidad del recurso, cuestión federal, ley federal, interpretación de la ley, AFIP DGI, director general de la DGI, empleados públicos
Materia: PROCESAL
Carátula: Gómez, Jorge Miguel c/ Dirección General Impositiva.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-02

Es admisible el recurso extraordinario si se han cuestionado actos emanados de autoridad nacional disposición general 6558/87 y resolución 106/87 dictadas por el director general de la DGI y la decisión ha sido contraria su validez (art. 14, inc. 3°, ley 48).
Recurso de inconstitucionalidad, incongruencia, jubilaciones, prescripción
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ROUILLON, ADOLFO ALEJANDRO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-04-10

La sentencia impugnada incurre en autocontradicción puesto que por un lado, afirma que corresponde otorgar el retroactivo de un año que pretende el actor, empero aclara que el otorgamiento por parte de la Caja del beneficio no será objeto de resolución en la presente causa, por no integrar la litis. En efecto, los Sentenciantes que conformaron la mayoría omitieron dar razones respecto de una cuestión que resultaba decisiva para la resolución del caso: si a la fecha que cumplió la edad requerida faltaba cumplimentar el otro requisito objetivo -acreditación de servicios profesionales-, en relación a la afirmación de que un año antes estaba expédito el derecho al cobro de los haberes pretendidos, puesto que es sólo a partir de la configuración de los recaudos legales años de servicios y edad con la solicitud de acogimiento al beneficio conforme determinado régimen jurídico podía comenzar a nacer algún término en relación a la prescripción y podía configurarse algún devengamiento y no antes.
Extinción del contrato de trabajo, apreciación de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Oro, Carlos Cayetano c/ Terrabusi S.A.I.C. s/ Apelación de Sentencia
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1999-09-06

Si durante largo tiempo no se han realizado reclamaciones por el cobro de horas extras de labor, ello importa una presunción en contra de su efectiva prestación, por lo que su percepción posterior al distracto requiere una severa apreciación de los medios probatorios conducentes a tal fin.
Defraudación, administración fraudulenta
Materia: PENAL
Carátula: R.A.A.-H.J.N.-R.F.A. s/ Defraudación por administración fraudulenta
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-12-02

En lo que hace a la ausencia de dolo específico por parte de los encartados, debe recordarse que el delito imputado requiere objetivamente que el autor viole sus deberes y de esa manera perjudique los intereses que le están confiados u obligue abusivamente a su titular, pero cuando la acción se cumple para el supuesto de "causar daño", no se necesita ningún fin determinado, siendo suficiente el dolo común, aún el eventual, el cual surge del conocimiento de que al actuar como se actúa se están dañando o perjudicando los intereses confiados.