Tribunal: CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2010-09-07


AUTOS Nº 6894: "FERNÁNDEZ, Jorge Antonio C/ Gobierno de la Provincia de San Juan S/ Apelación de Sentencia" ///la ciudad de San Juan, a los siete días del mes de septiembre del año dos mil diez, reunidos en la sala de acuerdos los miembros de la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, Dres. Miguel Ernesto Novoa, Hermes Francisco Carrera y José Dionisio Castro, bajo la presidencia del primero de los nombrados, a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, en autos Nº 6894, caratulados "FERNÁNDEZ, JORGE ANTONIO C/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN S/ APELACIÓN DE SENTENCIA", y de cuyas constancias:

R E S U L T A :

I) Que por sentencia de fs. 223/232 de autos, el Sr. Juez del Cuarto Juzgado del Trabajo, resolvió: 1) Declarar el carácter definitivo de la incapacidad permanente y parcial que afecta el actor, cuantificada en el cincuenta y dos y medio por ciento de su incapacidad laboral; 2) Como consecuencia de ello, admitir parcialmente la demanda (prestación adicional de pago único prevista en el art. 11 apart. 4 inc. a) de la Ley 24.557, como así también indemnización, art. 14, apart. 2 inc. b) de la misma ley, con más los intereses que se señalan; 3) Imponer las costas a la demandada, procediendo a regular los honorarios del apoderado de la actora en el 24% de la suma que prospera la demanda sin los intereses, por ser estos "...".

II) Que contra dicho fallo se alza la actora mediante el pertinente recurso de apelación, expresando agravios a fs. 235/242, los que fueron respondidos a fs. 252/254 de autos.

III) Que a fs. 260 consta la opinión del Ministerio Fiscal y a fs. 263 el llamamiento de autos para sentencia, como el sorteo a fs. 264, para determinar el orden en que serán emitidos los votos, el que arrojó el siguiente resultado: 1) Dr. Carrera, 2) Dr. Castro y 3) Dr. Novoa.

A CONTINUACIÓN El TRIBUNAL PLANTEA LAS SIGUIENTES CUESTIONES A RESOLVER:

Primera cuestión: ¿Es procedente el recurso de apelación deducido por la parte actora?.

Segunda cuestión: ¿Costas?.

SOBRE LA PRIMERA CUESTIÓN EL DR. HERMES FRANCISCO CARRERA, DIJO: I) En la sentencia mencionada, el a-quo: a) admite parcialmente la demanda, ordenando se pague al actor en forma de renta una indemnización, entre otra, prevista en el art. 14 apart. 2, inc. b) de la Ley 24.557, como consecuencia de una incapacidad de carácter definitivo, permanente y parcial que afecta al actor; cuantificándola en el 52,1/2 % de su incapacidad laboral, en base pura y exclusivamente a la prueba pericial médica (fs. 199/200), no cuestionadas en el proceso; b) que sobre la suma admitida los intereses a liquidar, serán en función de la tasa pasiva que aplica el Banco Central de la República Argentina, por estar prevista por la Ley provincial N° 6434 y art. 23 de las Leyes 7875 y 7967; c) por último, determina que las costas del juicio las pague la demandada, procediendo a regular los honorarios del Dr. Antonio V. Mattar, en el importe equivalente al 24% de la suma por la que prospera la demanda sin los intereses, por ser estos una contingencia esencialmente variable y ajena a la actividad profesional (art. 22 de la Ley 7675).

II) Esta solución agravia al presentante, quien deja fundado el recurso de apelación en los términos del escrito de fs. 235/242 de autos. Allí el recurrente se queja, en líneas generales, en cuanto el a-quo decide como: a) parcial el grado de incapacidad del actor; b) en forma de renta el pago de la indemnización; c) tasa pasiva la que debe aplicarse y d) sin interés el porcentaje de los honorarios (24%) de la suma que prospera la demanda.

III) Que expuestos sintéticamente los antecedentes de la sentencia y de los agravios, se impone que el Tribunal se avoque al tratamiento de estos y se dicte la resolución que corresponda.

a) Advirtiendo que planteados los hechos tal cual resultan como quedó trabada la litis en primera instancia, respecto al agravio primero, se hace necesario saber si el actor probó el grado de incapacidad estimada en su escrito de demanda, o si corresponde el dispuesto por el a-quo en su fallo.

Que a los fines de dar respuesta a lo dicho, debo entrar a tratar la queja planteada en lo que respecta al primer agravio (grado de incapacidad) y en este devenir, adelanto opinión en sentido contrario al impugnante, al considerar razonable el decisorio del inferior de declarar el carácter definitivo de la incapacidad permanente y parcial que afecta al actor, cuantificándola en el 52,1/2 % de su capacidad laboral, conforme prueba pericial médica producida en autos a fs. 134/136 y en fotocopia a fs. 199/200, por cuanto no ha sido cuestionada.

Para arribar a esta conclusión, me permito desestimar los certificados médicos del Dr. Campero (fs. 23) y Dra. Gonzalez Moreno (fs. 197), que otorgan al actor una incapacidad del 90% y 80% respectivamente, así como el informe de fs. 173 y documental agregada a fs. 3/46, por entender que en relación a la pericial médica deben ceder, pues ésta: 1) ha sido introducida en forma pacífica al proceso, sin mediar de las partes observación o impugnación alguna. Repárese que la actora a fs. 49 vta., al efectuar la liquidación de la acción instaurada, menciona el 90% de incapacidad (certificado del Dr. Campero), pero al solo fin de cuantificar su cálculo, pues a renglón seguido agrega, sin perjuicio de que este monto se reajustara en más o en menos, conforme prueba de peritos médicos que determinará la incapacidad que sufre el actor, y en base a la cual, el perito contador determinará la indemnización tarifada que prevee la ley. 2) Por adecuarse a las normas del debido proceso y defensa en juicio. 3) Porque la misma se mune de antecedentes al hacer referencias y efectuar un estudio minucioso de los mismos. Para ello, pondero en particular que la pericia ha observado, estudios de toda índole y ha procedido a revisar clínicamente con dichos antecedentes al paciente, lo que no surge de las certificaciones, constancias que hace referencia el apelante en su contexto recursivo. Además, la pericia practicada menciona las lesiones, daños, miedos y síndrome post conmocional que presenta el actor, y en relación al accidente motivo de la litis. También expresa la respuesta que tiene la columna dorso-lumbar; con respecto a la funcionalidad, y dándole un porcentaje de incapacidad a cada uno de los ítems. Repárase asimismo, que los certificados de fs. 23 y 197 no fueron reconocidos en la causa.

Que si bien el sentenciante ha omitido valorar otros elementos de prueba, entiendo, atento a lo expuesto, que la pericia médica de fs. 134/137 es suficiente para acreditar el grado de incapacidad dispuesto por el a-quo en su voto, conforme las reglas de la sana crítica.

Que no debe perderse de vista, que el hecho o la circunstancia de que la opinión del litigante no coincida con el criterio del juzgador, no es suficiente para fundar con pretendido éxito un recurso de apelación, toda vez que es necesario que en forma categórica el recurrente puntualice cuál es el error in iudicando cometido por el inferior, y que constituye un apartamiento de las normas de la sana crítica (art. 19 CPL), con que debe efectuar la valoración de las pruebas.

Que no está de más recordar que nuestra Corte de Justicia ha sostenido en forma reiterada y coincidente: "que los jueces no están obligados a considerar todos los medios de pruebas aportados por las partes, ni analizar todas sus argumentaciones, sino aquellas que a su juicio, sean decisivas para resolver las cuestiones de que se trate". (PRE 1979-1-35/39).

Que haciendo aplicación la jurisprudencia citada al caso de autos, la labor del inferior se ha circunscripto a los criterios apuntados al dictar su pronunciamiento, conforme el principio de la sana crítica, regulada por el art. 19 del CPL. en la presente causa, merituando la pericial médica en forma correcta para la decisión final del agravio.

Que por todo ello, voto porque se confirme el fallo respecto al grado de incapacidad.

b) Rechazado como fue el agravio precedente, deja planteado el recurrente como agravio segundo, el pago de la indemnización en forma de renta, conforme art. 14 apart. 2 inc. b) Ley 24.557. Con fundamento en que la demandada (Estado Provincial), no tenía contratado ningún tipo de seguro. Ni había implementado el procedimiento de auto seguro. Ello conlleva que el actor no tuviera ninguna atención de una ART.

Que expuestos sintéticamente los antecedentes de la queja, entiendo que el agravio debe progresar, conforme fallo emanado de nuestra Corte de Justicia de la Nación, al confirmar la declaración de inconstitucionalidad de la Sala IX de CNAT, a percibir la indemnización mediante un pago único y no en forma periódica, para lo cual declaró la inconstitucionalidad del apart. 2 del art. 14 de la Ley 24.557, con el argumento de que resultaba más beneficioso para el acreedor el pago íntegro del capital indemnizatorio y no a través de una prestación mensual complementaria, según se refiere en el considerando 1 de la sentencia de la Corte, en la causa "Miloni Juan Antonio c/ Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo" del 26/10/2004, que si bien no es de aplicación obligatoria, lo es orientadora a los fines de aplicar la ley.

Por último, me voy a permitir expresar lo siguiente: Ya se han cumplido más de doce años de la sanción de la Ley 24.557 (LRT), y que mucho se ha dicho jurisprudencial como doctrinariamente sobre el tema que nos convoca, y también me aventuro a sostener que mucho más opiniones pueden surgir de la doctrina, como también de las decisiones judiciales. Pero más allá de las provocaciones que todo ello genera, no es un buen camino, y no lo es especialmente en esta materia. Porque cuando se trata de pagar el daño por un accidente, ello no tiene precio, pero peor aún cuando su pago es estirado en el tiempo, sin tener en cuenta la situación de la víctima, por lo que las discrepancias sólo ayudan a agravar la tragedia del perjuicio sufrido. Mientras tanto, seguimos esperando la respuesta Legislativa, inexplicablemente demorada.

Que con respecto al tercer agravio, referidos a los intereses que la sentencia manda a liquidar en función de la tasa pasiva que aplica el BCRA (Ley 6434 y art. 23 de las Leyes 7675 y 7967), propicio sea admitido. Que para arribar a la conclusión precedente, luego de analizar la situación planteada, a la luz de las disposiciones de aplicación, puedo advertir tal como ya lo ha resuelto esta Sala en situaciones similares que: 1) en todas las leyes provinciales, como en la nacional a la que se adhieren y que limita la competencia provincial para legislar sobre las obligaciones, se excluyen las deudas por salarios; 2) la tasa de interés pasiva, tiene justificada su existencia sólo con relación a aquellos créditos comprendidos en la emergencia económica y no respecto a los excluídos, entre los que se encuentran los demandados. (Autos N° 6725: "Aballay Humberto C. y otros c/ Dirección Provincial del Lote Hogar y otras. Apelación de sentencia" - 12/05/06).

La queja comprendida en el cuarto y último agravio está dirigida a que el 24% determinado como porcentaje en la regulación de honorarios del profesional actora se liquide, con los intereses correspondientes, dado que integra la base regulatoria, pues, de no ser así se plasmaría una arbitrariedad. Agrega, si bien el a-quo ha declarado la inconstitucional del art. 20 de la Ley 7675, no ha seguido el mismo criterio con el art. 22 de la ley citada, incumpliendo así el art. 11 de la Constitución Provincial, creando un privilegio a favor del Estado.	Que entrando al estudio del tema que nos convoca, y con el respeto que me merece el juez de grado, propicio la inclusión de los intereses para el cálculo de la base regulatoria, pues mantener la normativa del art. 22 violaría normas de raigambre constitucional, como el derecho de propiedad y una retribución justa (arts. 17 y 14 bis). Por lo que declaro la inconstitucionalidad de dicha normativa.

Tal solución también ha sido receptada por la Sala II de la Cámara de Apel. de Trabajo y cuyos fundamentos hago mío (Exp. N° 7482: "Figueroa Angel Marcelo c/ Prov. de San Juan-Ordinario" - Año 2008). Como así también la doctrina y jurisprudencia del país que el apelante cita en su pieza recursiva. Por ello, propicio se admita este agravio.

Por todo lo expresado, voto porque se admita parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, revocando parcialmente la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se haga lugar a la indemnización en pago único, con más los intereses que se calcularán, conforme la tasa promedio mensual que cobra el Banco de la Nación Argentina, en operaciones comunes de descuentos comerciales - tasa activa. (Autos N° 844: "Huaquinchay c/ Canteras y Caleras El Refugio"), e integrar los intereses a los fines de componer la base regulatoria.

SOBRE LA SEGUNDA CUESTIÓN EL DR. HERMES FRANCISCO CARRERA, DIJO:

Las costas de la alzada, voto porque se impongan a la demandada vencida (art. 125 Ley 5732).

LOS DRES. JOSÉ DIONISIO CASTRO Y MIGUEL ERNESTO NOVOA, DIJERON:

Por sus fundamentos, nos adherimos al voto que antecede.

Por todo ello, el Tribunal R E S U E L V E :

I) Admitir parcialmente el recurso de apelación deducido por la parte actora, conforme los considerandos precedentes.

II) Imponer las costas de esta instancia a la parte demandada.

III) Tener presente las reservas de derechos formuladas.

IV) Protocolícese, agréguese copia autorizada a los autos, notifíquese y oportunamente bajen al juzgado de origen.-