marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Frigoríficos, garantía horaria
Materia: LABORAL
Carátula: FERREYRA DE SANCHEZ, VICTORIA Y OTROS c/ FRIGORIFICO MACIEL SA s/ RECLAMO SUELDOS IMPAGOS     GARANTIA HORARIA      EXPTE NRO 82-91
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-04-23

En lo atinente al pago de la garantía horaria, el cierre de la planta por parte de la patronal importa para los trabajadores una fuerza mayor en la no prestación de labores, que es inimputable a ellos y por ende no les es oponible, por lo que corresponde el pago (artículo 1 de la ley 18835). Esta norma no es inconstitucional, en la medida que no viola derecho alguno sino que resguarda un orden social, sea general o individual y encuentra su máximo desarrollo en las normas de la Ley de Contrato de Trabajo, máxime dado el tenor de la nota al Poder Ejecutivo al enviarse la ley citada en el sentido que cabe comprender explícitamente todos los supuestos de inactividad no imputables al trabajador aún cuando la no prestación de tareas derive de caso fortuito o fuerza mayor. Resulta irrelevante también para enervar el pago el hecho que el trabajador se hubiese desempeñado en otras tareas durante el lapso de inactividad atento la falta de pago de la garantía horaria y que la exclusividad no es un elemento indispensable para la relación laboral según el Convenio Colectivo 56-75 ni para la Ley de Contrato de Trabajo.

Conforme las disposiciones legales de aplicación, no hay limitación temporal para que los trabajadores perciban la retribución referida, pues ella tiene íntima relación con el tiempo que dure la situación que la origina o hasta el momento que la empresa disponga poner fin a ella o a la relación laboral, teniendo en consideración lo dispuesto por el artículo 5 de la ley 18835.
Recurso extraordinario, justicia municipal de faltas
Materia: PROCESAL
Carátula: Henin,  María  José c/ Justicia Municipal de Faltas - Gobierno dela Ciudad de Buenos Aires 71.799/96. s/ multa
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-10-07

Es admisible el recurso extraordinario deducido contra el pronunciamiento de la Cámara de Apelaciones de la Justicia Municipal de Faltas que clausuró en forma definitiva toda instancia de revisión por parte del Poder Judicial, con respecto a la sanción que había aplicado, pues la decisión impugnada no era susceptible de ser recurrida ante el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires -órgano que no estaba en funcionamiento al momento de interponerse el recurso extraordinario- y un nuevo recurso por ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil configuraba una instancia estéril, en la medida en que dicho tribunal se había inhibido de seguir conociendo en razón de haber sido creada la justicia contravencional local.
Caducidad de la personalidad política, elecciones primarias
Materia: ELECTORAL
Carátula: Nuin Alfredo Miguel (apod. 'Partido Socialista Auténtico') s/ pela resolución de fs. 1649/1650 vta. del Expte. Letra 'P', N° 29, Año 2002 (caducidad art. 50, inc. 'b' ley 23.298)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-05-14

Si bien el artículo 50, inciso "b", de la ley 23.298 no diferencia entre elecciones "primarias" y "generales", de ella no debe sino interpretarse que lo que determina la caducidad que allí se prevé es la no presentación a dos actos eleccionarios nacionales consecutivos, es decir actos aptos para la elección de quienes ocuparán "cargos públicos electivos", pues no puede entenderse, que los precandidatos ?postulados en las elecciones primarias- posean dicho carácter, ya que en tales comicios no se define quienes ocuparán cargos públicos electivos en la esfera del gobierno nacional, sino aquéllos que luego podrán postularse en las elecciones generales a tal efecto.
Docentes, cargos docentes, remuneración, jurisprudencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SCIARROTTA, Isabel María Mónica c/ CONET s/ EMPLEO PÚBLICO PÚBLICO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-09

La relación existente entre los índices atribuidos a los cargos docentes es básicamente una relación de hecho , sin que resulte garantizada en texto legal alguno. Así lo ha decidido para otra situación sustancialmente análoga la Sala I del Fuero, con fecha 31/8/93, in re Bossio, Nicolás Francisco y otros c/ CONET .
Marcas, marcas confundibles, cotejo de marcas
Materia: COMERCIAL
Carátula: THE  SUNRIDER  CORPORATION DBA SUNRIDER INTERNATIONAL c/ UNILEVERNV s/ cese de oposición al registro de marca.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-07-08

Toda vez que, la marca "SUNSMILE" debe ser tratada y comparada en su conjunto, bastando que la parte no coparticipada posea capacidad distintiva, considero que la marca cuestionada posee suficiente originalidad y distinción para impedir toda confusión con la marca oponente (en igual sentido v. esta Sala, causa 6357/2005 del 11.12.07 y sus citas). Adentrándome en el cotejo marcario, importa destacar que es jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que los conflictos marcarios no pueden ser reducidos a una confrontación abstracta de los signos. El juzgador, por el contrario, debe procurar una respuesta justa a un conflicto concreto de intereses, atendiendo con criterio realista a las circunstancias en que se desenvuelve la controversia (Fallos 237:299, esta Sala, causa n°6357/2005 del 11.12.2007 y sus citas).
Contratos administrativos, aplicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Esuco S.A. c/ Conet -Mº de Educación- s/ contrato de obra pública
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-31

En todos los contratos que el Estado celebra los aspectos que hacen a la competencia, a la formación de la voluntad administrativa y a la selección del contratista se rigen por el derecho público.

(Del voto de la Dra. Garzón de Conte Grand, consid. IV).
Imputado, sentencia condenatoria
Materia: PENAL
Carátula: Carlos Segundo Vargas Gallardo s/ Lesiones Culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1991-09-12

Para condenar al imputado, el Juez debe tener la certeza, la convicción de que es responsable de un hecho delictuoso, porque se debe destruir el estado de inocencia en que se sustenta su condición jurídica.
Divorcio, causales de divorcio y separación personal
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: GUATTINI Atilio Gustavo c/ SAN MIGUEL Celia Mariel s/ Divorcio Vincular
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2006-03-31

En el caso, el actor no probó la causal de injurias graves que imputó a la contraria y tampoco se encontraba cumplido el plazo de más de tres años de separación al momento del dictado del fallo de grado para encuadrar el caso en la causal objetiva, razón por la que se confirmó el fallo apelado que rechazó la acción de divorcio vincular.
Recurso de revisión (procesal), asegurador por riesgos del trabajo
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: INCIDENTE   DE  VERIFICACION  DE  CREDITO  DE  BANCO  DE  INTERCAMBIO REGIONAL S.A.  EN  AUTOS:  B.T.B.  SOCIEDAD  DE HECHO - JOSE MERCEDES BAROY MIGUEL ANGEL TONEATTO s/ QUIEBRA PROPIA - PRENDA - CADUCIDAD DE INSCRIPCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1986-06-12

No incurre en incongruencia ni es impugnable por el motivo del inc. 1° del art. 1272 CPC. la sentencia que tiene en cuenta un hecho que los jueces deben conocer de oficio.
Ley arancelaria, derechos patrimoniales, honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: HERNANDEZ, OSCAR MIGUEL s/ SUCESORIO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2007-06-26

No corresponde aplicar la ley arancelaria que entró en vigencia con posterioridad a la aceptación y ejecución de la tarea encomendada, pues no cabe privar al profesional del derecho patrimonial adquirido, al amparo de una legislación anterior, sin que obste a ello la circunstancia de hallarse pendiente la determinación de sus honorarios, toda vez que la regulación judicial sólo agrega el reconocimiento y cuantificación de un derecho preexistente.
Exhortos, facultades del juez
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco Río de La Plata S.A. c/ Insúa de Mooney María D. s/ Ejecución prendaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-12-05

En el 1er párrafo del artículo 4 de la ley 22172 se consignan las facultades del tribunal oficiado, las cuales se limitan a examinar las formas legales del oficio y darle cumplimiento dictando las resoluciones necesarias para su total ejecución, pudiendo remitirlo a la autoridad competente. La única excepción prevista por el citado artículo a los principios apuntados es aquel supuesto que las medidas solicitadas violenten de un modo manifiesto el orden público local; excepción a la que debe sumarse los casos de incumplimiento de su decisión.-
Hurto de automotor, robo de automotor, prueba, prueba pericial, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: BOUZAS, F s/ SOBRE HURT6O AUTOMOTOR - PUENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-25

Si bien al momento de su incautación por personal policial, el rodado presentaba los cables del encendido unidos en forma de "puente" y admitió haberlo hecho el propio imputado, tal circunstancia no es por sí indicadora de que haya ejercido fuerza, máxime que del análisis de las fotografías surge que los cables utilizados para el "puente" se encuentran intactos y presentan los terminales que permiten desprenderlos del mecanismo de encendido, sin necesidad del ejercicio de fuerza como pareciera significar la voz "arrancados" que usara el informe pericial; debiendo en consecuencia el procesado responder por el delito de hurto de automotor.
Recurso extraordinario, costas, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: GEPPEL Y PINASCO SA CONSTRUCTORA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL Y AMBROS PALMEGIANI SA CONSTRUCTORA, INMOBILIARIA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ CONCESION DEL RECURSO EXTRAORDINARIO. RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE Nº 88-77)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-08-19

El juicio de admisibilidad del recurso extraordinario que debe efectuar el tribunal de la causa (en el caso, la Corte Suprema de Justicia local), constituye un único supuesto de excepción al principio antes referido (esto es, que no corresponde a los jueces locales la aplicación del derecho federal). Por tanto, y sólo como consecuencia de la situación excepcional apuntada, resulta congruente aceptar que el régimen de costas -cuestión accesoria con relación a lo decidido en el pleito- ha de estar regido por las mismas normas que el trámite principal (esto es, el recurso extraordinario federal).
Insuficiencia del agravio, disminución de la pena, privación ilegal de la libertad, torturas
Materia: PENAL
Carátula: Nast, Lucio César y otros c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-12-27

La pretensión de la defensa -reeditada en esta instancia- de reconducir las conductas endilgadas a un solo evento, a los efectos de la modificación punitiva que propicia, no puede prosperar, pues la privación ilegal de la libertad apunta al quo de la detención, afectando la libertad ambulatoria, mientras que la imposición de tormentos apunta al cómo de la detención, vulnerante de la dignidad contenida en el ámbito remanente de libertad que asiste a todo detenido, por lo que las descripciones efectuadas exhiben dos situaciones fácticas diferentes sobre las que se apoyan dos imputaciones autónomas, Debe desestimarse también el planteo incoado por las defensas con relación al alegado "estado de necesidad exculpante toda vez que en el derecho internacional penal, en casos que involucran hechos como los que se juzgan en estos autos, se descarta la eximente, partiéndose de la presunción de la antijuricidad manifiesta de la orden, de modo tal que se desvirtúa la posibilidad de un error de prohibición inevitable y permite atribuirle al subordinado el hecho.

Fuente del sumario: OFICIAL
Derecho contravencional y de faltas, competencia, competencia de paz
Materia: PENAL
Carátula: Geber, Mauricio Alberto s/ infracción art. 43 dec. ley 8031/73
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-11-30

El art. 189 bis del Código Penal establece el delito de simple portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización y, también castiga a quien proporcionare un arma de fuego a quien no acredite su condición de legítimo usuario ( t.s. ley nacional 25.086 ), siendo un tema que excede la competencia de la Justicia de Paz Letrada (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Habeas corpus, constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: LA ROZA, NORMA; RODRIGUEZ, ELIANA; TORRES, LEONARDO FIDEL Y FLEYTAS, CLAUDIA c/  s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (RECURSO EXTRAORDINARIO PARA ANTE LA C.S.J.N.)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-04-25

Corresponde denegar el recurso extraordinario deducido por la compareciente, pues si bien vuelve a insistir con sus alegaciones tratando de impetrar una declaración de ilegalidad de la exigua privación de libertad e inconstitucionalidad del artículo 10 bis de la ley 7395 -alegando que la intelección de normas procesales locales que establecen que el Fiscal pueda ordenar la libertad y desestimar el caso obstaculizan el control de legalidad de las detenciones y/o demoras policiales-, no se hace cargo de controvertir idóneamente los fundamentos centrales del decisorio de esta Corte, cuando señaló que el habeas corpus no resultaba la vía idónea al no encuadrar el sub examine en ningún supuesto legal que pudiera habilitarlo, toda vez que no pesaba situación de restricción de libertad alguna respecto de las personas que invocara representación. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dr. Erbetta)
Homologación judicial, ley provincial, Río Negro, aplicación de la ley tributaria, impuestos provinciales, tasa de justicia
Materia: PROCESAL - TRIBUTARIO
Carátula: Consultores Asociados S.A. c/ Municipalidad de Cipolletti. s/ Recurso de Hecho Cipolletti. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-07-28

La petición judicial tendiente a obtener la homologación del convenio al que hace referencia la ley 2438 de la Provincia de Río Negro, y las incidencias que se susciten con motivo de dicha pretensión, no pueden dejar de ser consideradas y resueltas por los jueces con el pretexto de exigencias relativas a gabelas cuya aplicación ha sido suspendida en el caso.
Acción de amparo, control de constitucionalidad, declaración de inconstitucionalidad, carta orgánica de bancos, Banco Hipotecario Nacional, fallos de la Corte Suprema
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: FERREIRO, DANIEL ROQUE c/ B.H.N. s/ AMPARO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-07

En cuanto a la inconstitucionalidad en particular del art. 44 de la Carta Orgánica del B.H.N., corresponde su desestimación, porque el amparista se ha sometido voluntariamente al régimen establecido en esa norma preexistente a la sanción de la ley 24.143, toda vez que ya aparecía en el art. 43 de la ley 22.232 sancionada y promulgada el 29.5.80), extremo que impide luego impugnarlo sobre la base de un agravio constitucional (cfr. Corte Suprema, Fallos 270:26; 271:183;

273:187; 279:350).
Nulidad del acto jurídico, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Olague, Juan c/ I.A.P.S. s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1999-04-08

La afirmación del a-quo que las causales invocadas por la accionada no fueron probadas en autos aparece totalmente infundada ya que no sólo no ha hecho selección de la prueba producida en autos que sustente su decisión sino que no ha analizado ninguna.
Juicio, llamamiento de autos, consentimiento, nulidad procesal
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: RODEO SRL Y OTROS c/ CONSORCIO CORRIENTES Y CORDOBA Y OTROS s/ TERCERIA DE DOMINIO. QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE   INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº 298-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-03-16

El agravio pierde consistencia habida cuenta que la recurrente no logra demostrar la irrazonabilidad del criterio del Tribunal respecto a que, habiéndose consentido la providencia que dispuso el llamamiento de autos, precluyó la oportunidad de impugnar las posibles irregularidades relativas al trámite del proceso.
Instrumentos públicos, valor probatorio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fisco de la Pcia. de Bs. As. c/ Castiglione, Celso s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-12-12

Para analizar la fuerza probatoria del instrumento público, corresponde distinguir adecuadamente entre el instrumento considerado en sí mismo y su contenido. En el primer caso, puede afirmarse que goza de la presunción de autenticidad que preconiza la ley para garantizar la seguridad de los actos en que interviene un oficial público. Esto es referido a los hechos pasados en su presencia o a aquellos en los que el mismo ha tenido una intervención directa (art. 993 del Código civil). En cambio, no es posible predicar los mismos efectos acerca de la verdad real de las enunciaciones vertidas por los intervinientes en el acto, que no son de conocimiento directo del oficial público (doct. arts. 993, 994, 995 del cód. cit.).
Prueba testimonial, apreciación del juez
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: KRACKE DE BARRIONUEVO, ESTHER ELISA c/ MORE, PASTOR s/ INTERDICTO DE RETENER INTERDICTO DE RETENER
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2001-02-07

La valoración o apreciación de un testimonio constituye una operación mental cuya finalidad es conocer el valor de convicción que pueda deducirse de su contenido y Ústa es una actividad esencial del juez para decidir el mÚrito que esta prueba le merece. Carece de relevancia fundamental la cantidad de testigos, lo que vale es la buena calidad de los testimonios en relación a los hechos que se pretende probar.
Responsabilidad objetiva, relación de causalidad
Materia: CIVIL
Carátula: Mazanti S.A s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-07-08

La relación de causalidad es un presupuesto fundamental especialmente en la responsabilidad objetiva, porque justamente en dicha relación se centra el problema de la responsabilidad. No se responde por lo que no se ha causado. El dueño o guardián responde por el daño causado (causalidad física o material) por el riesgo o vicio de la cosa en orden a la teoría de la causalidad adecuada (artículo 901 a 906 del Código Civil). Ello impide dar, a esta responsabilidad, una extensión arbitrariamente ilimitada.
Enfermedad profesional, asegurador por riesgos del trabajo, accidentes de trabajo, comisiones médicas, porcentaje de incapacidad
Materia: LABORAL
Carátula: Adriel Guillermo Patricio c/ La Segunda ART S.A. s/ Enfermedad profesional
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-04-08

En el presente, el accidente denunciado por el actor resultó reconocido en origen por la ART, -aunque no reconoció incapacidad con motivo del mismo-, por lo que en dicho contexto, solo quedaba por determinarse si esto es así o no, siendo cuestiones de estricta incumbencia médica, y en dicho marco fáctico, debía el accionante según mi posición, recurrir a la Comisión Médica pertienente a tales fines, y en caso de no conformarse con el mismo recién ahí recurrir a la justicia siguiendo el trámite de la ley provincial del adhesión para cuestionar solo el porcentaje de incapacidad -art. 5 ley 10532- (Voto Romero)
Medidas cautelares, competencia, diputados, CATAMARCA
Materia: PROCESAL
Carátula: Aguirre, Ramón Arturo c/ Estado Provincial s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-03-22

Dado que la Corte de Justicia de Catamarca resulta incompetente para entender en la acción de amparo incoada por un diputado electo a quien la Cámara de Diputados Provincial no recibió juramento, no cabe a dicho tribunal pronunciarse sobre la cautelar peticionada por el legislador, ya que la situación debatida no resulta de extrema urgencia y el interés individual que podría estar afectado aparece inexcusablemente subordinado al interés general, el cual tampoco se ve vulnerado en razón de que el funcionamiento de la Honorable Cámara no se alteró por ello (del voto en disidencia del Dr. Crook).
Actos de servicio, delitos comunes
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: ARSINOE AVELLANEDA. s/ PROCEDENCIA  DEL  FUERO  FEDERAL- CORTE SUPREMA- COMPETENCIA MILITAR-  ACTOS DE SERVICIO- PRIVACION ILEGITIMA DE LA LIBERTAD.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-12-24

Las acciones típicas que pudieran configurar las órdenes o directivas ilícitas impartidas con motivo del ejercicio regular del mando, caen en la categoría de delitos comunes cometidos con ocasión de actos de servicio.
Remuneración, falta de pago, interposición de la demanda, mora del empleador, despido indirecto
Materia: LABORAL
Carátula: Vito, Marcela Verónica c/ Mariño-Olais Asociados s/ Despido, Diferencia Remuneraciones
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-04-30

En general, la falta de pago de la remuneración en forma oportuna concede al trabajador dos derechos: a: reclamar judicialmente los haberes adeudados: b: a considerarse despedido por falta de pago de ellos. Para formalizar el reclamo judicial de haberes adeudados, directamente se interpondrá la demanda. Pero para reclamar por el despido indirecto no ocurrirá lo mismo, pues este es un acto expreso, derecho que puede ejercer el trabajador luego de constituir en mora al principal bajo apercibimiento de operarse aquella consecuencia.
Uso indebido de estupefacientes, agravantes de la pena, competencia por la materia, nulidad de sentencia
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Pinto-Vega Aciar-Avellaneda en causa 117/94 Luque, Guillermo D. y Tula, Luis R.-Homicidio preterintencional s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1998-05-29

No se hace lugar al planteo de nulidad de la sentencia por haber sido dictada por un Tribunal incompetente en razón de materia ya que condenó por el delito de violación seguida de muerte agravada por el uso de estupefacientes, siendo que, por disposición del art. 34 de la ley 23737 y del art. 394 del CPP, el Tribunal debió haber remitido las actuaciones a la Justicia Federal.

Si bien el art. 34 de la ley 23737 dispone que los delitos previstos y penados por ella son de competencia de la Justicia Federal, el art. 13 de la misma funciona como agravante o calificante de todos los delitos previstos por el ordenamiento penal sustantivo (cuando los estupefacientes se utilizan como medios para ejecutarlos).

El delito de violación seguido de muerte por el uso de estupefacientes no ha sido tipificado como tal por esta ley, de modo que si el designio del autor fue violar y el medio empleado fue el uso de estupefacientes, la acción consistió en violar y el uso de la droga sólo el medio para ejecutar el delito, por lo que no aparece afectado el interés de la Nación ni la seguridad de la misma. El medio empleado para ejecutar el hecho principal es agravante de la figura base, pero de ningún modo determinante de la competencia federal.