Tribunal: TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-12-13


Buenos Aires, diciembre 13 de 2006.

Considerando:

I. Que a fs. 6/12 se presenta, por apoderado, la firma Cosena Seguros S.A., y deduce recurso de apelación contra el fallo de la Aduana de Buenos Aires de fecha 19/11/2004, recaído en el sumario Nº 602.463/99, por el cual se la intima, en su carácter de garante, al pago de la suma de $77.508,43 con más los intereses de ley, en concepto de tributos adeudados por la firma Mubel S.A., por infracción al art. 970 del C.A. Expresa que, mediante el D.I.T. Nº 97 001 IT15 000371 K, se habría documentado una operación de importación temporaria, solicitándole la confección y entrega de una póliza de caución por la cual se habrían garantizado los derechos de importación conforme la habitual práctica de la firma en la materia. Afirma que, sin bien no desconoce su obligación de garantía respecto de los tributos, existen varias razones por las cuales el reclamo de la Aduana resulta improcedente, ya que no se han cumplido ciertos requisitos. Entre ellos, menciona el hecho de que la importadora se encuentra en concurso, razón por la cual la Aduana debió cumplir el procedimiento fijado por la ley 24.552 y verificar su crédito contra la importadora en el proceso concursal. Manifiesta que recién cumplida la verificación del crédito en el concurso de la importadora es, que se acredita la existencia y monto de su crédito que permiten que la acción del Fisco se dirija contra su representada. Señala que no habiendo cumplido con la verificación del crédito, la Aduana exige sin causa a su mandante un importe que de ninguna manera le resulta obligatorio cancelar, ya que no es lisa, llana y principal pagadora, sino que debe responder en forma subsidiaria respecto del importador. A todo evento, deja planteado que las pólizas otorgadas habitualmente por su mandante no incluyen eventuales sanciones pecuniarias, y que la garantía de multas no está contemplada en la legislación aplicable. Señala que ello es así por cuanto en la póliza en cuestión sólo se garantizaron los eventuales tributos por la operación de importación a consumo de la mercadería involucrada, no contemplando el art. 453 del C.A. la posibilidad de garantizar multas. Cita jurisprudencia. Sin perjuicio de lo expuesto, afirma que la aseguradora se comprometería a pagar los tributos ya mencionados, con más la actualización e intereses, solamente. Manifiesta, en relación a ello, que los intereses no deben calcularse desde la fecha de la mora del deudor principal, sino desde la notificación a la aseguradora del cargo formulado, ya que de otra forma se estaría creando un nuevo instituto de mora automática cuya base sería la notificación a una persona distinta de la aseguradora. En relación al alcance de la responsabilidad de su mandante y la naturaleza del seguro de caución, cita jurisprudencia para expresar que la eventual obligación de la aseguradora lo es en forma solidaria y subsidiaria respecto del importador, y siempre hasta el monto de la póliza. Expresa que para el eventual caso de que su mandante tuviera que satisfacer el monto de los tributos, su obligación no puede extenderse más allá del límite máximo establecido en la póliza, no alcanzando dicho monto a los derechos adicionales. Ofrece prueba, efectúa reserva de la cuestión federal y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.

II. Que a fs. 28/35 el representante fiscal contesta el traslado del recurso, solicitando su rechazo, con costas. Manifiesta que las defensas de fondo planteadas por la actora se hallan desvirtuadas por el contrato por ella suscripto -póliza de seguro de caución-, cuya finalidad es la eliminación del riesgo de la mora del deudor principal, configurándose el siniestro con el incumplimiento de la obligación principal, sin que sea necesario demostrar la insolvencia del tomador. Afirma que además, la finalidad de dicho tipo de seguro es la ejecutabilidad inmediata de la garantía, no afectando los derechos del asegurado frente al asegurador los actos, omisiones o declaraciones del tomador del seguro. Cita jurisprudencia. Afirma que en el caso que nos ocupa, el siniestro se ha configurado con el incumplimiento por parte del importador de las obligaciones asumidas a consecuencia del otorgamiento del beneficio del régimen de importación temporaria. Señala que a través de la póliza involucrada, la recurrente aseguró a su mandante por lo que resultara obligada a pagar la importadora como consecuencia de la importación temporaria en trato, previéndose el exceso que pudiere resultar por aplicación del art. 1122 del C.A., quedando constituido el garante en mora de pleno derecho por el mero vencimiento del plazo, sin necesidad de intimación alguna. Afirma que en la propia póliza se establece que ante el incumplimiento del tomador su mandante puede requerir el pago pertinente del importador o del asegurador, en forma indistinta. Señala que en el caso que nos ocupa el servicio aduanero liquidó los tributos como correspondientes a la importación para consumo de la mercadería en infracción, y por ende con aplicación del régimen tributario vigente en la documental en trato, que la recurrente conocía, por lo que debe responder con los mismos alcances y en la misma medida que la obligación tributaria del tomador del seguro. Señala que el argumento de la recurrente acerca de la improcedencia del derecho adicional no tiene sustento alguno, ya que lo que se asegura mediante la póliza en trato es un monto que no es fijo sino meramente estimativo. En relación a los intereses, manifiesta que deben aplicarse los previstos en el art. 794 del C.A. independientemente de los que correspondan en el marco del D.I.T. en cuestión, cuya destinación se ha efectivizado al amparo de un régimen especial. Expresa que son las propias pólizas las que establecen que producido el siniestro el asegurador procederá a hacer efectivo el importe pertinente con más los intereses que resultaren corresponder. En relación a los agravios de la recurrente acerca de la multa, afirma que su mandante nunca requirió a la contraria dicho concepto. Ofrece prueba y solicita se confirme la resolución apelada, con costas.

III. Que a fs. 38 se tienen por acompañadas las actuaciones administrativas, se rechaza la prueba solicitada por la recurrente, por encontrarse producida en el expediente administrativo. A fs. 43 se elevan los autos a la sala F y quedan en estado de dictar sentencia.

IV. Que el expediente EAAA 602.463/99 se inicia con la denuncia formulada por la Aduana de Buenos Aires contra la firma Mubel S.A., por presunta infracción a los arts. 970 y 972, punto 2, del C.A., en relación al D.I.T. Nº 97-001-IT15-000371-K, cuyo vencimiento habría operado con fecha 8/11/98. A fs. 6 se agrega la carpeta contenedora del D.I.T. y demás documentación complementaria. A continuación se agrega la actuación ADGA 438.916/98, por la cual la importadora solicita la autorización de la exportación de la mercadería en cuestión, ya que la operación no fue autorizada por considerar la Aduana de Clorinda que estaba vencido el plazo, cuando la importadora considera que no lo estaba. A fs. 14 la Aduana de Buenos Aires concede una prórroga para regularizar la operación de exportación. A fs. 15 la Aduana de Clorinda informa que el P.E. Nº ECO3 300203-0 no fue embarcado, siendo presentado con fecha 10/12/98 el pedido de desistimiento pertinente, cuyas copias se agregaron a fs. 16/17. A fs. 21 se dispone la instrucción de sumario. A fs. 26 se informan los porcentajes de tributos aplicables a la mercadería en cuestión a la fecha de comisión de la infracción. A fs. 27 se practica liquidación de tributos y multa. A fs. 29 se corre vista de lo actuado a la importadora y a la aseguradora, notificándose la importadora con fecha 30/05/00 y la aseguradora con fecha 29/05/00, según surge de las constancias de fs. 32 vta. y 33 vta. A fs. 39/42 vta. la aseguradora contesta la vista. A fs. 55 se presenta la importadora solicitando que se agregue el expediente por el cual presentara su autodenuncia, el cual se agrega a fs. 56/62. A fs. 76 se agrega copia de la póliza Nº 22031, por la que se garantizara la operación en trato. A fs. 88 se agrega la carpeta contenedora del P.E. Nº 99 001 EC01 016993 D y su documentación complementaria. A fs. 94 la Sección Procedimientos Técnicos informa que el D.I.T. Nº 97 001 IT15 000371 K venció el 8/11/98, y que el mismo no fue descargado en el P.E. Nº 99 001 EC01 016993 D. A fs. 97/99 vta. obra la Res. 4625/04, apelada en estas actuaciones, la cual fue ampliada a fs. 100 mediante Res. 1429/2005 en el sentido de ajustar el importe reclamado en concepto de tributos mediante el Coeficiente de Estabilización de Referencia (C.E.R.) al momento de su efectivo pago. A fs. 106 la aseguradora comunica la interposición del presente recurso.

V. Que la aquí actora no desconoce la emisión de la póliza de seguro de caución Nº 22.031, mediante la cual asumió su calidad de garante de la obligación tributaria respecto del D.I.T. Nº 97-001-IT15-000371-K, registrado con fecha 11/11/97 por Mubel S.A., bajo el régimen del dec. 1439/96, cuyo vencimiento para la reexportación de la mercadería operó el 8/11/98.

Que tampoco resulta materia de controversia entre las partes, que la firma importadora no regularizó la situación de las mercaderías importadas temporariamente, circunstancia que motivó que la Aduana tramitara el sumario contencioso que concluyó con la condena impuesta a la importadora, en los términos del art. 970 del C.A. y la formulación del cargo por los tributos adeudados, los que son reclamados a la misma y al garante. Dicho pronunciamiento sólo fue recurrido por Cosena Seguros S.A., a través del recurso que nos ocupa.

Que alega la recurrente la improcedencia del reclamo en concepto de tributos, efectuado por el servicio aduanero, por cuanto manifiesta que carece de legitimación pasiva para ser demandada, señalando, además que, la obligación de garantía se encuentra condicionada a una serie de circunstancias que entiende que no se han cumplido, por cuanto la Aduana no habría verificado el crédito frente al concurso del importador.

Que, al respecto, cabe destacar que la situación falencial de la importadora es ajena a la responsabilidad de la aseguradora, en tanto no puede desconocerse que la finalidad del seguro de caución es la ejecutabilidad inmediata de la garantía, frente al incumplimiento del tomador (C.N.Com., sala A, nov. 26-981, Indesa S.A. c. Apolo Cía. de Seguros, La Ley, 1982-B-416, E.D. 97-588; C.N.Fed. Civil y Com., sala III, julio 14, 1998, Empresa Ferrocarriles Arg. c. Agencia Abraxas Turismo SRL y otro, La ley 1998-E, 549). El seguro de caución es el seguro concertado con el objeto de garantizar al asegurado hasta la suma máxima estipulada, el pago en efectivo que debe percibir del proponente con quien contrata teniendo por finalidad el pago inmediato por parte de la aseguradora ante el mero incumplimiento del deudor (C.N.Com., sala A, precedente citado).

Que en ese orden de ideas, también cabe recordar que en el seguro de caución, los actos, declaraciones u omisiones del tomador no afectan en ningún caso los derechos del asegurado frente al asegurador (C.N.Com., sala B, julio 8-1996, Alba Cía. de Seguros c. Giorgetti, Alejandro H. y otro, La ley 1997-E-1011) así como que el mismo es requerido por los contratantes justamente para no ser remitidos a una verificación en el concurso del tomador incumplidor (C.N.Com., sala D, junio 17-988, La Franco Arg. de Seguros c. Ferrero Gemma y otro, La Ley 1988-E, 460).

Que, asimismo, surge de la naturaleza del seguro contratado, que en el caso del seguro de caución el asegurador adquiere el carácter de pagador principal y fiador solidario, añadiendo su responsabilidad a la del obligado primigenio, que se supone solvente y fiel cumplidor de sus obligaciones por tratarse de una entidad aseguradora, perteneciendo este "tipo" de seguro a los contratos de garantía, cuyo objeto es la eliminación del riesgo de la mora (CNCom, sala B, oct. 23-1990, E.D. 142,479). Tampoco el asegurador goza del derecho de excusión, con lo que no cabe agotar ningún procedimiento previo contra los bienes del deudor.

Que, en ese orden de ideas, la Aduana, en su carácter de asegurado o acreedor frente al incumplimiento del tomador del seguro -importador- no se encuentra obligada a cumplir con otros requisitos más que la determinación de dicho incumplimiento. Cumplido ello, la Aduana tiene acción directa contra el asegurador, dándose por indiscutible el siniestro.

Que en relación a los argumentos de la recurrente en cuanto a que debe aplicarse al caso la normativa prevista en la ley 24.552, cabe señalar que el concurso preventivo en modo alguno veda al órgano competente la determinación de obligaciones tributarias o la aplicación de sanciones, cuestiones que no resultan atraídas por el mismo.

Que, por lo demás, el crédito fiscal que aquí nos ocupa, nació como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones asumidas por la importadora, al documentar la importación temporaria, mediante el D.I.T. Nº 97-001-IT15-000371-K, y ello se produjo al vencimiento del plazo acordado para la permanencia de la mercadería, es decir en el caso el 8/11/98. A partir de dicha fecha el servicio aduanero quedó habilitado para determinar la existencia o no de infracción al régimen de importación temporaria.

Que recién una vez tramitado el sumario correspondiente, en el caso ante la Aduana de Buenos Aires mediante el expediente EAAA 602.463/99 y recaída condena firme, la misma puede ejecutarse.

Que, en efecto, la carga procesal de la Aduana de presentarse a verificar su crédito, recién nacería cuando la infracción ha quedado firme y, en consecuencia, su monto también determinado. Cabe señalar que no se trata sólo de falta de determinación del crédito para su verificación sino, además y fundamentalmente, porque es necesario determinar mediante el procedimiento correspondiente, como ya se dijo, la existencia de la infracción y que la misma se encuentre firme.

Que ello es así por cuanto el C.A regula el procedimiento para la investigación y juzgamiento de las infracciones, así como la forma de extinción de las obligaciones que nacen de la misma, con exclusión de otras normas de fondo, por lo que su procedimiento no puede verse afectado por lo dispuesto en la ley 24.522, que no posee fuero de atracción en esta materia.

Que tratándose de normas de igual jerarquía, dictadas por el Congreso de la Nación en función de las facultades otorgadas por la Constitución Nacional ante un conflicto normativo debe aplicarse el texto de la norma que regula específicamente el tema.

Que la especialidad de la ley tributaria, con exclusión de otras normas, ya ha sido reconocida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en diversos pronunciamientos, en los que expresó que respecto a la determinación tributaria, la ley ha previsto, de manera específica, un procedimiento y un órgano de decisión y la posibilidad de apelar ante los tribunales federales (conf. "Hilandería Luján S.A., del 30/9/86; "Casa Marroquín S.R.L." del 31/3/87); la ley concursal sólo debe ser entendida con el alcance de impedir que se realicen procesos de ejecución fuera del concurso, pero no el de vedar al organismo competente la determinación de obligaciones tributarias anteriores a la fecha de iniciación de aquél ni la de sanciones pecuniarias que se vinculen con ellas ("Gregorio C. Cosimatti", sentencia del 9/4/87), excluyendo de ese modo la competencia del juez del concurso en la determinación tributaria.

Que, en definitiva, la Aduana ha formulado un cargo, determinando los tributos adeudados como consecuencia de que al vencimiento del plazo de la destinación suspensiva de importación no se reexportó la mercadería así como quienes son los obligados Al pago. Ello así, no se advierte cuál es el agravio de la apelante, cuya responsabilidad por el pago de los tributos adeudados es consecuencia inmediata del incumplimiento del tomador del seguro y la falta de pago por parte del mismo, tal como ha sido convenido expresamente, mediante la póliza Nº 22.031.

Que dicho argumento se ve reforzado por el hecho de que no existen constancias ni en los antecedentes administrativos ni en autos de que la firma importadora se encuentre en concurso, no habiendo aportado la aquí recurrente prueba alguna tendiente a acreditar dicha circunstancia.

Que en dicho entendimiento, la aquí apelante, en virtud de la garantía dada, responde por todos los tributos adeudados por la importadora, que gravaban la importación para consumo de la mercadería al tiempo de producirse el siniestro, esto es al tiempo de la infracción (art. 274 del C.A.).

VI. Que, sentado lo que antecede, corresponde tratar los agravios de la aquí recurrente acerca de la inclusión del derecho adicional establecido por el dec. 1439/96, por considerar que el mismo no se encuentra entre los tributos garantizados por ella mediante la póliza en cuestión.

Que en relación a ello, cabe señalar que el art. 23 del mencionado decreto establece que "Cuando se autorice la importación para consumo de una mercadería ingresada bajo el presente régimen deberá abonarse, además de los tributos correspondientes a esta destinación vigentes a la fecha de registro de la misma, una suma adicional del dos por ciento (2%) mensual calculada sobre el valor en aduana de la mercadería a esa fecha. Dicha suma se calculará a partir del primer mes computado desde el momento de la importación temporaria, cubriendo el período que transcurra hasta tanto se autorice la destinación definitiva de importación, y en ningún caso podrá ser inferior al doce por ciento (12%) del mencionado valor en aduana, salvo que dicho valor resultara inferior al que se hubiese determinado para la mercadería a los efectos de su importación temporaria, en cuyo caso se tomará en cuenta este último valor".

Que con lo dispuesto en la norma transcripta el legislador pretendió desalentar que las mercaderías importadas temporariamente para su perfeccionamiento activo no fueran objeto de reexportación y permanecieran en el país, estableciendo así una consecuencia de naturaleza tributaria, plasmada a través del derecho adicional en trato.

Que, en efecto, resulta procedente aclarar que el adicional en cuestión tiene naturaleza fiscal y no sancionatoria, toda vez que se trata de un instrumento de política económica tributaria tendiente a desalentar la importación para consumo de bienes que han sido introducidos a plaza con la expresa finalidad de ser reexportados, y al que el propio texto de la norma le atribuye el concepto de derecho de importación.

Que no se trata aquí de una norma (la del art. 23 del dec. 1439/96) de naturaleza penal, que habría impuesto el adicional como sanción ante la hipotética infracción de importar para consumo, sino de un especial régimen tributario establecido en ejercicio de facultades legalmente conferidas. No se ha impuesto aquél como consecuencia de la violación de un deber o una prohibición jurídica, sino más bien como un desestímulo a la importación para consumo (que es una de las finalidades posibles de los derechos de importación) y su naturaleza tributaria es independiente de si la nacionalización se produjo como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones del régimen o debidamente autorizada por el servicio aduanero en virtud de una solicitud formal del importador (conf. T.F.N., sala G, in re "Hughes Tool Company S.A.", sent. del 10/10/95; CNACAF, sala 5, in re "SUBPGA S.A.", sent. del 30/8/95, entre otras).

Que, más aún, si bien el dec. 1439/96 establece en su art. 23 una suma adicional del 2% mensual calculado sobre el valor en Aduana de la mercadería, para el supuesto de autorizarse su importación para consumo, es decir, aquellas importaciones consideradas "regulares", sin hacerse referencia alguna al supuesto de importación para consumo "irregular", previsto por el art. 274 del C.A. y que es el caso que nos ocupa, debe entenderse que dicha suma adicional también se aplica a este último, por cuanto de ningún modo el infractor y/o responsable/garante de la obligación tributaria que es su consecuencia, podrá quedar en mejor situación que aquél que cumplió regularmente sus obligaciones.

Que cabe señalar que el régimen especial de perfeccionamiento industrial reglamentado por el dec. 1439/96, fue dictado en los términos del art. 277 del C.A., en cuanto faculta al Poder Ejecutivo a acordar regímenes especiales de importación temporaria, cuidando de no desvirtuar tal destinación aduanera, y cuando mediaren razones de interés público, y ello así, por cuanto resulta de forzosa aplicación al caso dicho artículo, por la aplicación supletoria de las disposiciones del Código Aduanero expresamente determinada por el articulado del Decreto.

Que, por lo demás, corresponde señalar que conforme surge del DIT Nº 97-001-IT15-000371-K el derecho adicional fue garantizado por la aquí actora, y la importadora reconoció expresamente en el expediente administrativo (ver. fs. 9/10 y 54/60 de dicho expediente) que la importación temporaria que nos ocupa se llevó a cabo bajo el régimen del dec. 1439/96.

Que siendo ello así, y tratándose el seguro de caución de un contrato consensual, y en atención a la calidad profesional del asegurador, que lo obliga a un obrar diligente en la evaluación del riesgo o medida del daño que está garantizando, los argumentos expuestos en su defensa, que pretenden desconocer las consecuencias de las obligaciones libremente asumidas al otorgar la garantía, resultan contrarios a la doctrina de los actos propios. Resulta adecuado recordar que uno de los supuestos típicos de aplicabilidad de esta doctrina, y quizás el más frecuente, lo constituye la pretensión dirigida a obtener la ineficacia de los actos jurídicos previamente respetados o convalidados.

Que la firma importadora de la mercadería bajo el régimen de importación temporaria garantizó el pago de los tributos, exigibles como consecuencia de su eventual incumplimiento, conforme a lo previsto en el art. 453, inc. c), del C.A. y utilizó a ese fin el "seguro de caución" contemplado en el art. 455 del C.A.., otorgado por la aquí recurrente, quien se obligó al pago de una suma estipulada ante el mero vencimiento de una obligación del tomador, convirtiéndose en segundo deudor en "paridad de grado". La fianza constituye una relación accesoria de un contrato ya celebrado y no está subordinada a un evento dañoso e incierto, sino a la simple eventualidad de la falta de cumplimiento de la obligación pactada por parte del deudor (Morandi, J.C., "Lecciones Preliminares sobre el Contrato de Seguros", 1963, pág. 28 y sigtes.)" (CN Com, sala B, Oct. 23-1990. Gerlach Campbell Construcciones, S.A. c. Varmacons, S.R.L. y otra, ED-142, 480).

Que, conforme lo establece el art. 453 del C.A., la garantía debe asegurar el importe de los eventuales tributos que gravaren la importación para consumo de la mercadería, debiendo entenderse que el monto de la garantía otorgada lo es por un importe estimativo, considerado éste sobre los tributos que correspondían al momento en que se tomó la garantía.

Que surge de la liquidación efectuada a fs. 27 de los antecedentes administrativos, que el reclamo que realiza el servicio aduanero es abarcativo de los tributos vigentes a la fecha en que se considera cometida la infracción, y que comprende, entre otros rubros, el derecho adicional establecido por el dec. 1439/96, al amparo del cual se documentó la importación temporaria de autos, que en el caso resulta ser del 24% del valor en aduana de la mercadería (en atención al plazo por el que fue otorgada la importación temporaria), rubro éste que fuera garantizado por la aquí recurrente, por lo que en consecuencia cabe desestimar el agravio formulado por la misma al respecto.

VII. Que corresponde a continuación determinar el importe que en concepto de tributos la recurrente debe abonar en su carácter de garante, el que, desde ya se adelanta, se encuentra limitado a la suma máxima asegurada.

Que, tal como fuera señalado, mediante la póliza Nº 22.031 la aquí recurrente aseguró a la Dirección General de Aduanas hasta la suma máxima de U$S 56.000, es decir, otorgó una garantía limitada a los conceptos señalados y hasta un importe determinado, sin perjuicio que la liquidación efectuada por el servicio aduanero y reclamada a la firma importadora sea superior.

Que, no obstante lo declarado en relación a la suma máxima garantizada por la póliza, a la fecha no puede determinarse cuál es la equivalencia en pesos de la suma expresada por ella en dólares, es decir, a cuántos pesos corresponde la suma garantizada por la póliza, por cuanto en virtud del dictado de la ley 25.561 de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario, del dec. 214/02 así como por la aplicación de la Res. 1528/03 (AFIP), el monto de la póliza expresado en dólares estadounidenses quedó convertido a pesos en relación $1 = u$s 1, con más la aplicación del coeficiente de estabilización de referencia (CER), establecido en la ley 25.713, aplicable a la fecha en que se efectúe el pago.

Que, al respecto, el dec. 214/2002 en su art. 8º dispone: "Las obligaciones de dar sumas de dinero, expresadas en dólares estadounidenses u otra moneda extranjera, no vinculadas al sistema financiero, cualquiera sea su origen o naturaleza, se convertirán en razón de un dólar estadounidense (u$s 1) = un peso ($1), aplicándose a ellas lo dispuesto en el art. 4º del presente Decreto". El art. 4º, al que dicha norma remite establece que a dichas deudas "se les aplicará un Coeficiente de Estabilización de Referencia, el que será publicado por el Banco Central de la República Argentina".

Que, asimismo, la Res. 1528/2003 (AFIP) en el art. 4º estableció: "Las garantías expresadas en dólares estadounidenses constituidas con anterioridad a la fecha de sanción del dec. 214/02 y que se hallaban pendientes a dicha fecha, se considerarán convertidas a pesos a razón de un dólar estadounidenses (u$s 1) = un peso ($1). Sobre los montos resultantes se aplicará el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) hasta la extinción de dichas garantías".

Que, en razón de todo lo expuesto, la suma máxima que se le podrá exigir a la aseguradora es la que resulte en el momento de pago, y se conformará de convertir el monto máximo de la garantía en la relación $1 = u$s 1, con más el CER que corresponda aplicar el día de pago, el cual asciende, por lo tanto, a la suma de $56.000, con más el C.E.R. correspondiente.

Que ello es así por cuanto el monto reclamado a la aseguradora fue establecido mediante la Res. 1429/05, ampliatoria de la que aquí se apela, la cual, a pesar de haber sido notificada a la recurrente en conjunto con la resolución que apela, se encuentra firme porque no ha sido objeto de recurso alguno, por lo que dicho monto asciende a la suma de $77.508,43, con más el C.E.R. que corresponda a la fecha de su efectivo pago, superando el monto máximo de la póliza luego de su conversión, tal como ha quedado sentado en el párrafo precedente.

Que, por lo tanto, la responsabilidad de la aseguradora en concepto de tributos queda limitada a la suma de $56.000, con más el C.E.R. aplicable a la fecha de pago, sin perjuicio de que el monto reclamado por el Fisco Nacional es superior.

VIII. Que, por otra parte, la actora se agravia del cómputo de los intereses resarcitorios, los cuales entiende deben calcularse desde que ella fuera notificada del cargo que nos ocupa, y no desde la mora de la importadora.

Que al respecto, cabe señalar que el art. 1997 del Código Civil establece que: "Si la fianza fuese del principal o expresase la suma de la obligación principal, comprenderá no sólo la obligación principal, sino también los intereses que se le hubieren devengado a la obligación principal" que, en el caso, consisten en los accesorios que adeude la firma importadora desde que comenzaron a devengarse.

Que, ello así, los accesorios comprometidos en la póliza son los intereses resarcitorios devengados desde la fecha de vencimiento del plazo de diez (10) días, contado desde la notificación del acto por el cual se liquidaron los tributos, conforme surge de aplicar lo dispuesto por el art. 794 del C.A.

Que, tal como se ha dicho en los apartados precedentes, en atención a la finalidad del seguro de caución, la Aduana puede solicitar en forma indistinta el pago de los tributos adeudados a la importadora o a la aseguradora, por lo que el plazo referido en el párrafo anterior comienza a correr desde la fecha de notificación de la aseguradora o a la importadora, según una u otra haya ocurrido primero.

Que cabe destacar que en el caso particular, conforme surge de las constancias obrantes a fs. 32 vta y 33 vta. de los antecedentes administrativos, se ha notificado primero a la aseguradora y luego a la importadora, por lo que los intereses comenzaron a devengarse para la recurrente desde el vencimiento del plazo de 10 días contado desde que ella -y no la importadora- fuera notificada de la corrida de vista del sumario, es decir desde el 29/05/00, por lo que el plazo comenzó a correr el 12/06/00. Dichos intereses deben adicionarse al monto que en concepto de tributos debe abonar la aseguradora, el cual se encuentra limitado en la forma expuesta en el considerando precedente.

IX. Que en relación al agravio de la recurrente acerca de la inclusión de la multa impuesta a la importadora en el reclamo pecuniario a ella formulado, cabe señalar que de la resolución apelada surge claramente que el importe de la multa sólo se le reclama a la importadora, por lo que no se entiende el motivo del mismo.

Por ello, se resuelve: 1. Confirmar parcialmente la Res. 4625/04 (DE PLA), ampliada mediante Res. 1429/05 (DE PLA), dictada en el expediente EAAA 602.463/99, en lo que se refiere a la aseguradora. 2. Declarar que el importe adeudado por la firma Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. asciende a la suma de cincuenta y seis mil pesos ($56.000.-), al cual deberá adicionarse el CER que corresponda al día de pago, conforme lo expuesto en el considerando VII de la presente. A dicho monto deberán adicionarse los intereses devengados, de conformidad con lo dispuesto en el art. 794 del Código Aduanero, desde el 12/06/00 hasta el momento del efectivo pago, de acuerdo a lo expresado en el considerando VIII de la presente. 3. Costas según los respectivos vencimientos, las que se estiman en un 75% a cargo de la actora, y en un 25% a cargo de la demandada. 4.- Denunciado que sea por los profesionales intervinientes su número de C.U.I.T. y la condición que revisten frente al I.V.A., se regularán sus honorarios.

Suscriben la presente los doctores Silbert y Basaldúa, por encontrarse la doctora Crescia en uso de licencia -art. 1162 del C.A.- Susana L. Silbert. - Ricardo X. Basaldúa.