Tribunal: CAMARA NAC. DE APELAC. EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-08-02


Y VISTOS: Y CONSIDERANDO:

I) Que las presentes actuaciones se elevan a conocimiento y decisión de los suscriptos en virtud del recurso de apelación interpuesto por el letrado defensor de Humberto Jesús Roggero, contra la decisión del Sr. Juez de grado obrante a fs. 12/4 del presente incidente, mediante la cual resuelve rechazar la excepción de falta de acción interpuesta.

II) Que como primera cuestión, y en relación a lo sostenido por el instructor -en cuanto entiende que esta no resulta ser la etapa ni la vía para expedirse respecto de la petición formulada-, deben los suscriptos señalar que, como reiteradamente han sostenido, la excepción de falta de acción se ha admitido por vía pretoriana para los casos de inexistencia de delito en tanto y en cuanto ello luzca manifiesto, habiéndose ya abierto, en otras oportunidades con apoyo en tal línea de razonamiento, la discusión por esta vía en materia de inmunidad de opinión (Conf. causa Nro. 12.922 Cavallo, rta. el 3/4/97, reg. Nro. 14.077).

III) Sentado ello, corresponde al Tribunal expedirse sobre la cuestión planteada.

No se debate en autos la inmunidad funcional que posee Roggero como diputado nacional, que indica que el legislador no puede ser molestado por la emisión de expresiones que tengan alguna conexidad con el desempeño de sus funciones. Es el alcance que debe darse a esa protección la que resulta aquí cuestionada.

En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que ...atendiendo a los fines que se propone la misma Constitución, disponiendo, en su artículo 60 -actual 68- que los miembros del Congreso no pueden ser acusados, interrogados ni molestados por las opiniones o discursos que emitan desempeñando su mandato de legisladores, esta inmunidad debe interpretarse en el sentido más amplio y absoluto; porque si hubiera un medio de violarla impunemente sería empleado con frecuencia por los que intentasen coartar la libertad de los legisladores, dejando burlado su privilegio, y frustrada la Constitución en una de sus más sustanciales disposiciones...(Fallos 1:297, 248:462 y 473).

En el caso de autos, la mera circunstancia de no haberse constatado que los términos se hayan vertido dentro del recinto del Poder Legislativo, no deviene de por sí en obstáculo para que la norma pueda resultar aplicable (Conf. causa Nro. 7934 Albamonte, rta. el 26/3/92, reg. Nro. 8650).

Es con esta perspectiva que habrá de analizarse la cuestión, siendo que sostener este alcance de la inmunidad de opinión de los legisladores no resulta contradictorio con lo sostenido por los suscriptos en la causa 13.720, pues allí no se discutía esta cuestión, sino la aplicación analógica de este tipo de inmunidad a los ministros del Poder Ejecutivo Nacional.

Así las cosas, ponderando los dichos del querellado que se reputan injuriosos, debe tenerse presente que ellos no resultan de una actividad privada totalmente ajena a la función que se encomienda a los legisladores, sino dentro de la gestión política que ejercen los nombrados, y por ello amparados por el artículo 68 de la Constitución Nacional.

Lo expuesto no implica que la conducta quede fuera de toda posibilidad de sanción, pero es la propia Constitución Nacional la que prevé que se reserva a la Cámara respectiva tal eventualidad dentro del ámbito disciplinario -artículo 66 de la C.N.- (Conf. causa Nro. 7934, ya citada).

IV) En punto a las costas, atendiendo a que se dan las circunstancias del artículo 531 del Código Procesal Penal de la Nación, se habrá de confirmar la imposición de ellas en el orden causado.

Es en virtud de lo precedentemente expuesto que este Tribunal RESUELVE:

I) REVOCAR el punto I de la resolución obrante a fs. 12/4, HACER LUGAR a la excepción de falta de acción formulada por el representante legal de Humberto Jesús Roggero y, consecuentemente, DECRETAR el SOBRESEIMIENTO del nombrado en orden a los hechos por los cuales se lo querellara, dejando constancia que la formación del sumario no afecta el buen nombre y honor de que hubiere gozado -artículo 336, inciso 5to. del Código Procesal Penal de la Nación y artículo 68 de la Constitución Nacional-.