Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-03-09


SENTENCIA NUMERO: SIETE En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los nueve días del mes de marzo de dos mil doce, reunida en acuerdo la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por los señores Ministros doctores Amelia del Valle Sesto de Leiva -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Luis Raúl Cippitelli, para entender en el Recurso de Casación deducido en autos, Expte. Corte Nº 72/09, caratulados: "Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Pedro Justiniano Vélez en contra de la Sentencia Nº 44/2009 en causa Expte. Letra B-C-V y S -Nº 25/08 caratulado Bazán, Fernando Exequiel; Contreras, Roberto Carlos; Vildoza, Cristian Gabriel y Strada Gaibiso, Agustín Aquiles p.s.a. Incendio", el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1º) ¿Es nulo el resolutorio en crisis por haber efectuado una errónea aplicación de la ley sustantiva o material? 2º) ¿Es nula la sentencia por haber inobservado o aplicado erróneamente las reglas de la sana crítica de la apreciación de las pruebas? 3º) ¿Qué resolución corresponde dictar? El recurso de casación interpuesto en contra de la SENTENCIA NÚMERO CUARENTA Y CUATRO/2009, dictada en los autos principales, reúne los requisitos de admisibilidad formal establecidos por el art. 460 del C.P.P.

De acuerdo al orden de votación sorteado a fs. 27 los Sres. Ministros se pronunciarán en el siguiente orden: en primer lugar, el Dr. Luis Raúl Cippitelli; en segundo lugar, la Dra. Amelia del Valle Sesto de Leiva y, en tercer término, el Dr. José Ricardo Cáceres.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

I. Por Sentencia Nº 44/09, dictada el 01/09/2009, el Juzgado Correccional de Segunda Nominación, en lo que aquí concierne, resolvió: ".I) Declarar culpable a Roberto Carlos Contreras, de condiciones personales relacionadas en la causa, como coautor penalmente responsable del delito de Incendio, previsto y penado por los arts. 186 incs. 1º y 45 del Código Penal, condenándolo en consecuencia a sufrir la pena de tres años de prisión en suspenso (arts. 26, 40, 41 y concordantes del Código Penal), imponiéndole por el término de dos años, conforme a las prescripciones del art. 27 bis del Código Penal, las siguientes reglas de conducta: a) Fijar residencia y someterse al cuidado de la Dirección de Justicia (ex Patronato de Liberados) ante quien deberá presentarse todos los meses, organismo éste que tendrá a su cargo verificar el cumplimiento de las condiciones impuestas en el presente resolutorio; b) Abstenerse de concurrir a lugares de dudosa moralidad, de usar estupefacientes y de abusar de bebidas alcohólicas, todo bajo los apercibimientos previstos en la última parte del art. 27 bis del Código Penal. Debiendo una vez firme la presente Sentencia, labrarse la pertinente acta de compromiso por Secretaría. Con Costas (Arts. 407, 536 y 537 del Código Procesal Penal). Disponer que Roberto Carlos Contreras realice un tratamiento de desintoxicación por su adicción a los estupefacientes..." II. Contra el decisorio aludido, comparece el Dr. Pedro J. Vélez, en su calidad de asistente técnico del imputado Roberto Carlos Contreras, e interpone recurso de casación esgrimiendo los motivos previstos en los incs. 1 y 2 del art. 454 del C.P.P.

II.a. El recurrente plantea, como primer agravio, la errónea aplicación de la ley sustantiva o material (art. 454 inc. 1 del CPP).

Sostiene que la sentencia casada, entre otras irregularidades, aplica la figura del art. 186 inc. 1º del C.P. que exige, como mínimo, el dolo eventual como requisito para la comisión del delito, y que el Tribunal consideró como probado en la causa, aunque de la prueba colectada no surge su existencia. Manifiesta que, en el caso de que se probase la participación de su defendido en el hecho investigado, sólo podría hablarse de un accionar negligente o imprudente ya que, según lo que surge de la causa -especialmente del testimonio de Vergara-, sólo una persona que conociera el lugar podría saber de la existencia de bienes en la cercanía. Por lo tanto, los imputados, en el caso de haber iniciado el incendio, no podrían haber previsto el riesgo o peligro en que se estaba poniendo a los bienes, al desconocer su existencia.

Agrega, además, que tanto su cliente como los demás imputados ignoraban la naturaleza combustible de la maleza del lugar, el carácter ventoso de la zona y las sequías existentes en la época estival, lo que sumado a su corta edad y a los escasos estudios cursados, excluiría una conducta dolosa por parte de aquéllos.

Hace referencia al "principio de intangibilidad" como presupuesto de la casación por la causal en análisis -el que tiene como finalidad coordinar la interpretación unitaria de la ley de fondo, tarea que le corresponde a la Corte de Justicia en este caso-, y manifiesta que no se pretende una revalorización de los hechos contenidos en la sentencia, sino una correcta aplicación a esos hechos intangibles de las disposiciones del Código Penal.

Realiza consideraciones con respecto al sistema actual de casación y cita doctrina.

Solicita la casación de la sentencia con respecto a este tema, y pide la aplicación de la figura prevista por el art. 189 del C.P., en el caso de que la Corte considere probado que algún accionar del imputado produjo el incendio investigado.

II.b) Como segundo agravio, plantea la inobservancia y errónea aplicación de las reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas (art. 454 inc. 2 del C.P.P.).

Manifiesta que no existe certeza sobre quiénes habrían iniciado el fuego en la zona en cuestión, ni siquiera con los testimonios vertidos tanto por Vergara -quien afirmó que habrían sido dos personas las que encendían los matorrales, sin individualizar cuál de los imputados serían, sumado a que nunca se realizó una rueda de reconocimiento-, como por Blanca E. Olmos -quien sólo dijo haber visto a cuatro personas frente al fuego, aclarando que no vio el momento en que éstos habrían iniciado el foco ígneo-.

Considera que, de acuerdo a las constancias de autos y ante la especificidad de la figura imputada -que para la participación requiere tomar parte de alguna forma y no la mera aceptación del ilícito-, debe aplicarse el principio del in dubio pro reo, correspondiendo la absolución de los cuatro imputados.

Advierte que el a quo careció de elementos conviccionales que le permitieran llegar a la certeza absoluta sobre la consumación del hecho por los imputados. Dice que no existen pruebas que acrediten que éstos hayan iniciado el fuego o tomado parte de alguna forma en la producción del mismo y que, en el caso de que se pretenda que alguno de ellos sí participó de la conducta mencionada, no se acreditó cuál de ellos sería.

Cita doctrina y jurisprudencia.

Menciona que si el Tribunal hubiera analizado la prueba colectada a la luz de la sana crítica racional, hubiese llegado a la conclusión de que su defendido no inició el incendio o, en su caso, lo inició de manera culpable, sin prever las posibles consecuencias de su accionar.

Concluye diciendo que la sentencia casada es arbitraria, ya que no se basa en las pruebas, sino en conjeturas sin sustento fáctico en la causa, llegando a violar, incluso, el principio de inocencia al omitir toda consideración fundada en el testimonio brindado por el supuesto único testigo presencial, quien dijo -reitera- que para alguien que desconocía la zona era imposible prever la existencia de bienes del otro lado de la montaña.

Solicita que la sentencia sea casada y que se declare su nulidad, ordenándose el dictado de una nueva conforme a derecho, absolviendo a su defendido por el beneficio de la duda, o bien, condenándolo por el delito previsto en el art. 189 del C.P.

Hace reserva del caso federal y del recurso contenido en el Art. 2, apartado 3, inc. b del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

III) Después de estudiar los planteos formulados -los que por su relación trataré conjuntamente para evitar repeticiones-, concluyo que los agravios que expone el recurrente carecen de fundamento y que, por ende, no son susceptibles de conmover la sentencia impugnada.

III.a.) Así, el agravio vinculado con la calificación legal del hecho -por considerar el recurrente que, en su caso, el delito que se habría consumado es el culposo previsto en el art. 189, y no el tenido por ocurrido por el a quo, descrito en el art. 186 inc. 1º del Código Penal- no es admisible habida cuenta que el recurrente no refuta los fundamentos del fallo en sentido contrario, los que descansan en consideraciones adecuadas de la prueba allegada y cuentan con el relevante apoyo doctrinario citado en la sentencia, que echa irremediablemente por tierra la pretensión esgrimida.

De modo que, contrariamente a lo que postula el recurrente, el a quo dio razones acertadas y suficientes para tener por probado que el incendio ocasionado era en el caso reprochable al imputado a título de dolo eventual habida cuenta que, no obstante su juventud, escasa educación y ser ajeno a la zona, el resultado de su acto era ciertamente previsible y, sin embargo, obró con desprecio o al menos con indiferencia respecto de su producción.

La existencia material del incendio ocurrido y su calificación técnica como provocado, no se encuentra en discusión sino la intervención del imputado en el evento y el título de dolo eventual con que le fue atribuida su comisión.

Observo que la participación de Contreras en los hechos de la causa fue tenida, en parte, como admitida por éste en la declaración debidamente incorporada al plenario que con la asistencia letrada del Dr. Pablo Vega había prestado en la primera etapa del proceso.

En esa oportunidad, siempre hablando en plural, el imputado reconoció que hicieron fuego, pero antes de la Gruta de la Virgen del Valle, y que lo apagaron; dijo que se detuvieron en El Rodeo y compraron fiambre y bebidas; y que, después, sólo se detuvieron al finalizar el camino, en el balneario de Las Juntas donde fueron detenidos.

Sin embargo, el uso de ese plural no tiene la indeterminación que pretende el actual defensor del imputado y, contrariamente a lo que él sugiere, ninguna duda deja de la inclusión del dicente en los comportamientos descritos.

Por otra parte, la declaración de imputado es el medio previsto por el rito para su defensa material y personal, para que ejerza el derecho que tiene de defenderse y ofrecer las explicaciones que estime pertinentes respecto de la conducta que se le anoticia y recrimina como desarrollada por él o con relación a los hechos que a él, y no a otras personas, se le atribuyen; y el sentido y alcance del acto es informado al imputado antes de su iniciación y en presencia de su abogado defensor, y no constato ni indica el recurrente razón alguna que autorice sospechar que en el caso no ha ocurrido de tal modo.

Por ello, no cabe admitir la interpretación que propone el recurrente según la cual cuando Contreras dijo "hicimos fuego" no dijo haberlo hecho él sino que lo hizo otro u otros de sus ocasionales compañeros, en tanto si así hubiera ocurrido o si eso es lo que él quería decir, su asesor letrado lo habría instruido para que precisara sus dichos y negara categóricamente su intervención.

Además, en el inicio de su relato, Contreras sólo nombró a Bazán y recién después de admitir que encendieron fuego antes de la Gruta y de aclarar que lo apagaron y cómo lo hicieron, a preguntas formuladas respondió que también estaban con ellos otros dos muchachos (absueltos por falta de acusación fiscal).

Por ende, considero acertada y arreglada a la sana crítica racional la valoración que el a quo hizo de la declaración del imputado Contreras para concluir que ese plural lo comprendía y comprendía al co-imputado Bazán, en tanto éste, al ofrecer su descargo, en términos similares a Contreras, también admitió haber encendido fuego cerca de la Gruta de la Virgen del Valle.

En esa oportunidad, en la que Contreras reconoció haber encendido fuego cuando se dirigía a Las Juntas, dijo haberlo hecho antes de llegar a El Rodeo y haberlo apagado luego. Sin embargo, Carlos Vergara, que en la ocasión transitaba por la ruta con la misma dirección, como chofer del colectivo de la empresa "Vergara", dijo en el juicio que al pasar por la zona conocida como el Faldeo del Ambato, pasando El Rodeo, observó que dos muchachos, de un grupo de cuatro de ellos, estaban encendiendo fuego en unos pastizales secos; que los mismos muchachos lo pasaron luego en las dos motos en las que andaban; y que, más adelante, un poco antes de la entrada a Las Juntas, los volvió a ver detenidos a la vera de la ruta.

También quedó acreditado en el juicio que seguidamente el testigo anotició el hecho al personal policial de la Comisaría de Las Juntas que un rato más tarde, al finalizar el camino, en el balneario de esa localidad, aprendió al imputado y a sus tres acompañantes, los que se conducían en dos motocicletas de la marca y color indicado por el testigo, con lo que la sospecha inicial sobre la intervención del imputado en el inicio del incendio se encontraba suficientemente fundada y fue debidamente confirmada en el juicio.

Así las cosas, también resulta acertado el juicio del a quo sobre el valor otorgado a dicho testimonio como relevante prueba de cargo en contra del imputado en tanto ningún interés, vinculación con las partes ni motivo alguno es denunciado ni observo, que justifique dudar de los dichos del nombrado testigo, de cuarenta años de edad, cuya declaración, circunstanciada y sin fisuras, tuvieron la oportunidad de confrontar el imputado y su defensor, y que impresiona como creíble por haber dado el testigo razón de cada una de sus categóricas afirmaciones, sin contradicciones y con arreglo al detalle que lógicamente le permitía la hora del evento -entre 09:00 y las 10:30hs., aproximadamente- y el hecho de encontrarse entonces en tránsito, conduciendo el colectivo.

Además, otra razón concurre para valorar de tal modo el testimonio de Vergara y es que, en lo esencial, sus dichos fueron corroborados por Blanca Estela Olmos, en la ocasión pasajera del colectivo mencionado, cuya declaración fue debidamente incorporada al juicio y respecto de la cual tampoco constato, ni señala el recurrente, razón alguna para dudar de su sinceridad ni de la fiabilidad de sus percepciones.

Por ello, la decisión de rechazar la defensa invocada por el imputado se encuentra debidamente fundada en tanto, al menos en parte, la prueba testimonial no permite acoger la justificación ensayada por Contreras debido a que, con la referida prueba quedó categóricamente acreditado que el fuego iniciado en el Faldeo del Ambato no fue sofocado por sus iniciadores, como declara haberlo hecho Contreras con el fuego que, dice, habían prendido antes de llegar a la Gruta de la Virgen.

Así, aunque Contreras dijo que sofocó ese fuego pisándolo y orinando sobre él, Olmos señaló que cuando desde el colectivo vio a esas cuatro personas en dos motocicletas a la altura del Faldeo del Ambato, el pasto comenzaba a arder y esas personas, al ver el colectivo, emprendieron la marcha hacia Las Juntas, dichos de los que se sigue, sin hesitación alguna, que al menos después de iniciar ese fuego, Contreras simplemente se retiró del lugar con sus amigos, dejando ardiendo o en llamas el lugar como consecuencia del fuego que él había iniciado intencionalmente, según quedó demostrado con los contundentes dichos de Vergara y Olmos.

Además, según Contreras, después de comprar comida y bebidas en un negocio ubicado en la calle Las Hortensias de la Localidad de Rodeo, siguieron directamente hasta el río Las Trancas, en Las Juntas, donde fueron aprehendidos, sin hacer otras paradas. Sin embargo, los testimonios coincidentes de Vergara y de Olmos lo desmienten en tanto ambos testigos son contestes en afirmar que, pasando el poblado de El Rodeo, los vieron detenidos al costado de la ruta, primero en el Faldeo del Ambato y luego a la entrada de las Juntas, a cinco metros al norte del arco, según precisó Olmos.

De modo que el pretexto de calentarse las manos invocado por Contreras respecto del fuego que reconoce haber iniciado en las inmediaciones de la gruta, ciertamente resulta inaceptable con relación al iniciado en el Faldeo del Ambato, oportunidad en la que, como quedó establecido con el testimonio de Vergara, los muchachos no estaban agachados, de lo que se sigue que no estaban en posición típica de los que se están calentando las manos en una pequeña fogata susceptible de ser apagada con pisotones u orinando sobre ella; y, según declaró la pasajera Olmos, al ver el colectivo los muchachos simplemente se retiraron dejando atrás el pasto que había comenzado a arder.

Por otra parte, no es relevante, contrariamente a lo que pretende el recurrente, que el testigo Vergara no haya podido distinguir con qué elemento fue encendido el fuego, menos aún considerando que poco rato después, al tiempo de la detención del imputado y sus compañeros, fueron secuestrados tres encendedores (acta de fs. 2/3), por lo que la afirmación del a quo respecto del uso en la ocasión de dicho elemento cuenta con suficiente fundamento probatorio.

Con respecto al dolo eventual del imputado tenido por acreditado en la sentencia, estimo que las objeciones opuestas no pueden proceder en tanto los argumentos propuestos en contra de las conclusiones en ese sentido carecen de la eficacia conviccional que el recurrente le atribuye.

Por una parte, en rigor, tratándose el delito imputado de un delito de peligro, no se trata en el caso de si el imputado sabía que atrás de la loma donde encendió fuego había nogales sembrados, o si no conocía esa existencia; en tanto el daño ocasionado y su extensión no integran el delito de la condena, el que se perfeccionó en la especie antes de que la mencionada plantación fuera alcanzada por el fuego y destruida, con la acción del imputado de encender fuego en pastizales secos sabiendo que, por esa condición del pasto, el fuego era susceptible de propagarse rápida y descontroladamente, alcanzando eventualmente bienes ajenos. Por otra, esa aptitud de los pastizales secos de propagar rápidamente el fuego en distintas direcciones y a distancias incalculables es una circunstancia de conocimiento común, no restringida a los vecinos de la zona.

Por ello, la supuesta ignorancia que invoca el recurrente, pretendiendo que el imputado no conocía de la existencia del sembradío afectado, carece de eficacia a los fines de hacer variar lo decidido en tanto no es casual ni extraordinaria sino cierta la posibilidad de que, si no es sofocado tempranamente, el fuego iniciado en pastizales secos de un campo alcance bienes de sus propietarios o de los linderos.

Por ende, cabe admitir que el conocimiento de ese riesgo era también del dominio del imputado, un muchacho de 18 años de edad al tiempo de los hechos y que había completado entonces su educación primaria, en tanto el conocimiento de la dinámica del fuego en las condiciones mencionadas no requiere de estudios superiores ni especiales sobre el tema; con lo que el rechazo del desconocimiento alegado como excluyente del dolo en la acción endilgada se encuentra adecuadamente fundado en la sentencia apelada en tanto, aunque no haya encaminado directamente su conducta a dañar bienes ajenos, indudablemente, con arreglo a las circunstancias reseñadas, cabe concluir que en la ocasión Contreras actuó con desprecio, o al menos con indiferencia, frente a esa posibilidad cierta de que el fuego se propagara y alcanzara bienes ajenos.

Por las razones expuestas, en contra de la postura del recurrente, considero que la sentencia apelada no ha efectuado una errónea aplicación de la ley sustantiva o material. Por ello, mi respuesta a la primera cuestión planteada es negativa. Así Voto.

A la Primera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello, adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cippitelli, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cippitelli:

Con arreglo a los fundamentos precedentemente expresados, al tratar la cuestión conjuntamente con la primera cuestión planteada, concluyo que el a quo no ha inobservado o aplicado erróneamente las reglas de la sana crítica de la apreciación de las pruebas. Por ello, mi respuesta a la segunda cuestión planteada es negativa. Así Voto.

A la Segunda Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro preopinante, por lo que adhiero a la misma en un todo votando, en consecuencia, en igual sentido.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

El señor Ministro Dr. Cippitelli da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello, adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la Tercera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

Por el modo en que quedaron resueltas las cuestiones anteriores, soy de la opinión que corresponde dictar la siguiente resolución: 1º) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto por el Dr. Pedro Justiniano Vélez, en su carácter de asistente técnico del imputado Roberto Carlos Contreras. 2º) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto. 3º) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.). 4º) Téngase presente la reserva del caso federal.

A la Tercera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro preopinante, por lo que adhiero a la misma en un todo votando, en consecuencia, en igual sentido.

A la Tercera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo: El señor Ministro Dr. Cippitelli da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello, adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

Por los resultados del acuerdo que antecede y por unanimidad, la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA, RESUELVE:

1º) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto por el Dr. Pedro Justiniano Vélez, en su carácter de asistente técnico del imputado Roberto Carlos Contreras.

2º) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto.

3º) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.).

4º) Téngase presente la reserva del caso federal.

5º) Protocolícese, hágase saber y, oportunamente, bajen estos obrados a origen, a sus efectos.

FIRMADO: Dres. Amelia del V. Sesto de Leiva -Presidente- José Ricardo Cáceres y Luis Raúl Cippitelli. ANTE MI: Dra. María Fernanda Vian -Secretaria- ES COPIA FIEL de la sentencia original que se protocoliza en la Secretaría a mi cargo. Doy fe.