Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-27


Apecena, Susana c/ Good Flour S.A s/ despido.

Buenos Aires, 27 de marzo de 1991 El Dr. Perugini dijo:

La actora demandó a cinco sociedades y a una persona física afirmando que se trata de "un verdadero conjunto económico", reclamando las indemnizaciones derivadas del despido que Manucar SRL le comunicó el 28/8/1985 y, además, 8 horas extras mensuales correspondientes a cuatro días en que debía permanecer trabajando hasta las 20 para liquidar los sueldos. La señora juez a quo consideró que el despido fue injustificado y condenó a la empleadora Manucar SRL a pagar las indemnizaciones. Al propio tiempo, liberó de responsabilidad a las restantes demandadas y a la propia empleadora por el reclamo de las horas extras y de la parte del salario que la actora denuncia como abonado "en negro".

La decisión provoca la queja de la parte actora que no tiene razón.

La primera parte del memorial está destinada a cuestionar la decisión sobre las horas extras y los términos de la queja indican que el recurrente no ha comprendido qué quiso decir la sentenciante. La actora corría con la carga de probar que realmente cumplió 8 horas extras mensuales, permaneciendo en el lugar de trabajo para liquidar sueldos cuatro días del mes, que ubica a mediados y a fin de mes. Para probar su afirmación trajo a declarar a un solo testigo, que es la persona que tiene juicio contra la demandada porque fue despedida junto con la actora. Esa circunstancia quita de por sí valor probatorio a la testigo o, por lo menos, lo reduce a un mínimo. Para justificar por qué no la convenció, la sentenciante señaló que mientras la actora afirmó en su demanda que trabajaba 2 horas extras cuatro días del mes, la testigo Almada (fs. 190) afirmó "que se quedaba todos los días hasta más tarde, hasta las 20". Si se comparan los dichos de una y otra surge la evidencia señalada por la sentenciante, que hace reducir aun más el valor probatorio del testigo analizado. En cuanto a la falta de libros y planillas de control, no produce una inversión de la carga probatoria como la que pretende el recurrente, sino una presunción simple, según se desprende del artículo 55, TORCT.

Prácticamente los argumentos que anteceden sirven para desechar también la queja que se dirige al problema de la remuneración "en negro".

En cuanto a la solidaridad, ya de por sí existe un contrasentido cuando se demanda a varias empresas invocándose los artículos 29, 30, 31, 228 y 229 TORCT, aunque en la exposición de hechos se mencionan algunos que permiten inferir que se quiso usar el 31 y, en el mejor de los supuestos para la actora, simultáneamente el 29. Es que no todo da lo mismo, porque, o hay interposición y mediación (artículo 29), o subcontratación (artículo 30), o empresas subordinadas o relacionadas (artículo 31), transmisión de un establecimiento (artículo 228) o cesión de personal sin establecimiento (artículo 229). Desde luego, que todas esas figuras legales están asentadas en presupuestos de hecho distintos que deben ser expuestos en la demanda y en el "sub lite" sólo hay alusiones que permitirían intuir que la actora quiso referirse al artículo 29 -cuando habló de la provisión de personal para carga y descarga de mercaderías y otras tareas eventuales -o al artículo 31- cuando se refirió a la existencia de un "verdadero conjunto económico por el modo en que están relacionados".

La segunda figura es descartable "ab initio" porque ni al demandar la parte actora adujo la existencia de maniobras fraudulentas o conducción temeraria. En cuanto a la otra figura, la poca prueba que existe demostraría que la empleadora es una empresa dedicada a prestar otros servicios de carga y descarga a través de personal propio. Eso se desprende del informe de fs. 123 y de fs. 125, que provienen de dos empresas que también utilizaron sus servicios o, inclusive, de la peritación de contabilidad que señala a qué otras empresas además de las otras demandadas se les prestaron servicios (fs. 149). En otras palabras, la actora que se asigna la función de encargada de personal que percibía sus remuneraciones de Manucar SRL no es, de manera alguna, un trabajador contratado por esa empresa para proporcionarla -uso la misma palabra que usa el artículo 29 TORCT- a las otras empresas demandadas.

La imposición de costas efectuada en la sentencia de primera instancia también es correcta porque sin ningún fundamento jurídico la parte actora trajo innecesariamente el juicio a dos sociedades y a una persona física. En cuanto a las regulaciones de honorarios, son equitativas porque se encuentran dentro de los parámetros fijados por el arancel respectivo.

Voto, en definitiva por: 1) confirmar la sentencia en todas sus partes; 2) imponer a la actora las costas de segunda instancia (artículo 68, CPC), y 3) regular los honorarios de los profesionales de las partes por sus trabajos de alzada en el 25% de lo que les ha correspondido por su labor en primera instancia.

El Dr. Lescano, compartiendo los fundamentos del voto precedente, adhiere.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE:

1) Confirmar la sentencia en todas sus partes; 2) Imponer a la actora las costas de segunda instancia, y 3) regular los honorarios de los profesionales de las partes por sus trabajos de alzada en el 25% de lo que les ha correspondido por su labor en primera instancia. Cópiese. regístrese, notifiquese y vuelvan.