Tribunal: CAMARA FEDERAL DE APELACIONES DE RESISTENCIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Chaco
Fecha: 2008-04-10


2º Instancia. - Resistencia. - abril 10 de 2008.

Considerando: I- Que por resolución de fs. 244, el juez a quo no hizo lugar a la planilla de liquidación practicada por la actora argumentando que dicha parte, debía proceder conforme a lo ordenado por esta Cámara en la sentencia dictada a fs. 206/215, en cuanto estableció: "...el acreedor deberá ocurrir a la sede administrativa que corresponda para la determinación y ulterior reclamo de los intereses que devenguen los bonos de consolidación", agregando que dichos intereses correrán desde el día 10 de marzo de 1.998, y hasta la fecha de efectivo pago.

II- Contra dicho pronunciamiento se interpusieron los recursos de fs. 255/259, por la apoderada del actor, y de fs. 273 por el representante del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados - en adelante I.N.S.S.J.P.

1) Recurso de fs. 255/259.

La accionante dedujo, con pedido de pronto despacho, recurso de reposición con apelación en subsidio en contra de la resolución aludida, planteando a todo evento su nulidad, por la arbitrariedad que evidencia, solicitando en consecuencia la emisión de un nuevo dictamen conforme a derecho, todo ello con expresa reserva de la cuestión federal.

Manifestó que la decisión del juez la agraviaba por cuanto no interpretó correctamente el fallo de Cámara : a- al rechazar la planilla que presentara, poniendo en vilo las Resoluciones Nº 213/2.005 del I.N.S.S.J.P. y Nº 98/2.004 del Ministerio de Economía y Producción de la Nación, Pto. 4 (4.1.b) Anexo, pues en el considerando 9º, no obstante haber transcripto uno de sus párrafos, el a quo lo sacó de contexto, omitiendo analizar lo expresado en la parte resolutiva que aclara en el punto 3) "Declarar que dicha obligación - se refiere a la condena - se encuentra consolidada (art. 91 ley 25.795), y que en consecuencia dichos intereses serán los previstos en los Bonos de Consolidación correspondientes, y se determinarán conforme el procedimiento administrativo referido en la presente sentencia". Y reiteró, que precisamente las normas administrativas que rigen la materia son las resoluciones mencionadas en el apartado anterior, y que la planilla acompañada no es sino una parte del procedimiento administrativo ordenado en la sentencia de Alzada; b- al vulnerar el derecho constitucional de defensa en juicio como debido proceso al no poder la demandada dar cumplimiento a lo ordenado, conduciendo ello a un segundo y no menos importante agravio cual es la violación del derecho de propiedad, traducido en el caso, en un derecho alimentario. Citó abundante jurisprudencia en abono de los puntos de queja vertidos y de la arbitrariedad solicitada, e hizo una breve reseña de la realidad jurídica y fáctica de los hechos y de la legislación aplicable.

2) Recurso de fs. 273 Interpuesto por el apoderado del I.N.S.S.J.P. quien expresó que la resolución lo agravia por cuanto impone a su parte la obligación de practicar planilla cuando la normativa vigente en materia de consolidación de deudas, traslada a los acreedores de este tipo de deudas, la obligación de aportar la copia certificada por el Juzgado correspondiente de la liquidación del crédito a consolidar, practicada en sede judicial.

Explicó que la ley Nº 25.725 en su artículo 91 faculta al Ministerio de Economía de la Nación a aplicar y designar un procedimiento para dicha consolidación, lo que fue instrumentado mediante Resolución Nº 98/2.004. Y que dicha norma, en el punto 4º inciso 1, acápite b) impone a los acreedores el cumplimiento de la carga enunciada en el párrafo anterior.

A su vez puso de manifiesto que el I.N.S.S.J.P., por Resolución Nº 213/05, aprobó el procedimiento para la tramitación de expedientes de consolidación de deudas en el marco de la ley 25.725 y la normativa antes citada, con lo cual concluyó que pesaba sobre la actora la obligación de practicar planilla de liquidación, a efectos de su aprobación judicial.

Las contestaciones a ambos recursos obran a fs. 277 Y 278, adhiriéndose cada parte al deducido por la contraria.

Rechazados los recursos de revocatoria interpuestos y concedidas las apelaciones, fs. 275, vienen los autos a estudio del Tribunal.

III- 1) Recurso de fs. 255/259.

a) Previo al tratamiento en particular de los agravios, cabe aclarar que, si bien el llamamiento al Acuerdo de los presentes autos data de fecha próxima en relación con otros expedientes radicados ante esta Cámara, que aún se encuentran pendientes de Sentencia, se ha decidido resolver el mismo en orden a la edad avanzada del actor y sus precaria condición de salud, reflejada en las historias clínicas acompañadas, cfr. fs. 200 y 201, de acuerdo con lo normado por el art. 36, primera parte del Reglamento para la Justicia Nacional.

b) Que en primer término cabe analizar la arbitrariedad alegada, pues ello podría acarrear la nulidad del decisorio que se impugna.

Al respecto, debe ponerse de manifiesto, según lo tiene dicho el Máximo Tribunal que "la tacha de arbitrariedad no procede por meras discrepancias acerca de la apreciación de la prueba producida o de la inteligencia atribuida a preceptos de derecho común, así se estimen esas discrepancias legítimas y fundadas. Esta tacha atiende sólo a los supuestos de omisiones de gravedad extrema en que, a causa de ellas, las sentencias quedan descalificadas como actos judiciales" (Fallos 244:384). En este sentido, dijo también la Corte que " si el fallo apelado, dictado por los jueces de la causa, es fundado y serio, aún cuando pueda discutirse con base legal la doctrina que consagra o sus consecuencias prácticas, no resulta aplicable la jurisprudencia excepcional establecida en materia de arbitrariedad" (237:69) toda vez que "...la impugnación por arbitrariedad no consiste exclusivamente en la mera disconformidad con la interpretación que hacen los tribunales de justicia de las leyes que aplican, en tanto no exceden las facultades que son propias de su función ... y cuyo acierto o error no incumbe al Tribunal revisar" (237:142).

Dicho lo cual y aún cuando pudieran existir discrepancias con lo resuelto, debe entrarse al tratamiento de los puntos traídos a decisión.

c) Que a fin de resolver la cuestión puesta a estudio, destinada a obtener la aprobación judicial de la planilla de liquidación provisoria del monto de condenaápresentada por la parte actora, cabe poner de resalto que conforme la sentencia de esta Cámara obrante a fs.206/215, la deuda derivada del presente se encuentra consolidada en los términos del artículo 91 de la ley 25.725, debiendo seguirse para su cobro el trámite previsto en la legislación pertinente.

Que dicho dispositivo legal reza - según reproducción textual -: "Consolídanse en el ESTADO NACIONAL, en los términos y con los alcances de la ley Nº 23.982, del capítulo V de la ley 25.344 y normas reglamentarias y complementarias, las obligaciones de título o causa anterior al 30 de junio de 2002, que el INSTITUTO NACIONAL de SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS y PENSIONADOS mantenga con personas físicas y jurídicas del Sector Público o Privado, que consistan en el pago de una suma de dinero o que se resuelvan con el pago de una suma de dinero, en cualquiera de los siguientes casos:

a) Cuando medie o hubiese mediado controversia reclamada judicial o administrativamente conforme a las leyes vigentes acerca de los hechos o derechos aplicables...".

Que, el Ministerio de Economía y Producción, en su condición de autoridad de aplicación de la ley, dictó con fecha 06 de febrero de 2004, la Resolución Nº 98, estableciendo el procedimiento al que deberán ajustarse los trámites de consolidación de deudas en el I.N.S.S.J.P.

Que, dicha Resolución en su ANEXOá al que titula "Procedimiento al que deberán ajustarse los trámites de consolidación de deudas en el ámbito del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados", más precisamente en el punto 4.1 referido al "Trámite de deudas judiciales" consagra que para la consolidación de las mismas, sean éstas principales y/o accesorias, se aplicará en lo pertinente el procedimiento general establecidoá ená el presente Anexo en sus incisos 1, 2, y 3.á A renglón seguido prescribe que sin perjuicio de ello, los acreedores de este tipo de deudas deberáná dar cumplimiento al siguiente aporte documental - se transcribeá sólo el recaudo que diera motivo a la apelación: "...b) Copia certificada en iguales términos al punto anterior -se refiere a la certificación por parte del Juzgado interviniente- de la liquidación practicada en sede judicial del crédito a consolidar, aprobada y firme, expresada a la fecha de corte".

Que además, el propio Instituto dictó la Resolución Nº 213 de fecha 18 de febrero de 2005, aprobando el procedimiento para la tramitación de expedientes de consolidación de deudas que tramitan en el I.N.S.S.J.P., en el marco de lo dispuesto en el art. 91 de la ley 25.725 y Resolución Nº 98/04 ME y P. Que, en virtud de la normativa desarrollada, y conforme al "Detalle de Documentación a presentar por el Acreedor" emitido por el Instituto y que luce glosado a fs. 254, la apoderada del actor presentó en la instancia de grado, la planilla de liquidación a la que alude la norma transcripta en el párrafo anterior, calculada al 30 de junio de 2002, fecha de corte del texto legal en análisis -ley 25.725-,á de acuerdo a lo exigido en el punto 2.d) del formulario aludido.

Que, a la luz de lo expuesto se advierte que el apelante, no hizo más que cumplir con los pasos previstos para obtener la satisfacción de su acreencia, conforme el procedimiento previsto en la reglamentación pertinente, y de acuerdo a las directivas de la sentencia de la Alzada.

Que por lo demás, ambas partes coinciden en la necesidad de practicar planilla de liquidación a efectos del cobro y que dicha obligación recae sobre el demandante, conforme lo manifestaran a fs. 277 y 278, y así corresponde se resuelva.

Que, en virtud de los fundamentos hasta aquí desarrollados corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el actor y revocar, en consecuencia, la resolución de primera instancia que no admite la procedencia de la planilla de liquidación practicada por la parte actora, debiendo pronunciarse el a quo al respecto, ajustándose en un todo a la normativa administrativa dictada como consecuencia de la ley 25.725.

2)Recurso de fs. 273.

Atento la forma en que se resuelve el recurso anterior, declarando la obligación de practicar planilla a cargo del actor, corresponde hacer lugar también al deducido por el Ente demandado.

En cuanto a las costas, no habiendo recaído en ninguna de las partes la calidad de vencido, pues el resultado fue favorable a ambas, se impondrán en el orden causado, a fin de lograr una compensación de los gastos causídicos, ante la situación planteada (art. 68, 2da. parte del C.P.C.C.N.). Los honorarios de los profesionales intervinientes se regularán conforme a las pautas del artículo 14º de la ley arancelaria vigente -21.839, modificada por la 24.432- de acuerdo al mérito extensión y resultado de sus respectivas labores.

Por lo que resulta de Acuerdo que antecede SE RESUELVE: 1) Hacer lugar a los recursos de fs. 255/259 y fs. 273, y en consecuencia revocar la resolución de fs. 244 y vta. 2) Ordenar al "a quo" se pronuncie respecto de la planilla de liquidación practicada por la actora. 3) Imponer las costas en el orden causado (art. 68 2da. parte del C.P.C.C.N.). A tal fin establecer los porcentajes a cobrar en concepto de honorarios, para la Dra. Clarivel Erguy - apoderada del actor -, y para el Dr. Oscar Roberto Cantero - representante del demandado - en un 27% para cada uno de ellos, de lo que en definitiva se les regule por sus actuaciones en primera instancia. - Ana Victoria Order. - José Luis Aguilar.

NOTA: De haberse dictado el Acuerdo precedente por los Sres. Jueces de Cámara que constituyen la mayoría absoluta del Tribunal (art. 26 Dto.Ley 1285/58 y art. 109 del Reg.Jus.Nac.), por encontrarse vacante una vocalía.