Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-27


SENTENCIA DEFINITIVA N° 96.248 CAUSA N°35.731/2011 "PIEDROZZI, EDUARDO RAMON C / INDUSTRIAS GASTRONOMICAS EPOCA S.A Y OTRO S/ DESPIDO" JUZGADO N°13 En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 27 DE ABRIL DE 2012, reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el recurso interpuesto contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación:

La doctora Silvia E. Pinto Varela dijo:

I) Contra la sentencia de fs. 59/64, se alzan las demandadas de acuerdo a sus respectivos recursos de fs.74/75 y 76/77, mientras que a fs.89/90 se encuentra la réplica de la parte actora a las expresiones de agravios.

II) Las recurrentes se quejan, en primer lugar porque la Sra. Jueza a quo hace mención a la rebeldía determinada a fs. 22, que para las recurrentes no fue notificada. Destacan que las contestaciones de demanda fueron presentadas en tiempo y forma, pero que fueron traspapeladas en la Mesa General de Entradas de la Calle Diagonal Norte 714, por ello solicitan la nulidad de la notificación. Se quejan, también, porque en la sentencia no se hace mención de la contestación de las cartas documentos que desconocen cualquier tipo de vinculación laboral. Y se consideran agraviadas por no guardar relación los montos esgrimidos con las escalas salariales según la categoría conforme a la ley 14.546 y convenio. Por su parte, el codemandado Santiago Mario Angioletti cuestiona el hecho de que se le haya extendido la condena en forma solidaria, argumentando para ello que hace muchos años que no trabaja en la empresa.

Anticipo que el recurso no merece trato favorable.

Ante todo, cabe puntualizar que, de acuerdo con lo expresamente establecido por el art. 115 de la LO, el recurso de nulidad que se encuentra incorporado a la genérica apelación de la sentencia se limita, en su procedencia, a los defectos de forma de la decisión final, y no es admisible cuando la resolución apelada no presente irregularidades extrínsecas que la descalifiquen como acto procesal (esta Sala, 30/11/11, S.D. 95.927, "Licha, José Eduardo c/ Antonio Esposito S.A y otro s/ Accidente- Acción civil, 13/12/06, S.D. 91.945, "Nikel, Mario Armando c/ Consorcio de Prop. del Edif. Vta. de Obligado 2136/50 s/ despido"; íd., 6/11/07, S.D. 92.734, "Chang, Salvador c/ CIRSA Casino de Buenos Aires s/ despido"; CNAT, Sala VIII, 24/10/90, S.D. 15493, "Alvarez, Ramón c/ Expreso Quilmes S.A. s/ accidente"; íd., Sala II, 14/11/90, S.D. 67.527, "González, Vicente c/ Cervecería y Maltería Quilmes S.A. s/ accidente ley 9688").

Consecuentemente, no puede plantearse el recurso de nulidad contra una sentencia definitiva con fundamento en supuestos vicios del proceso anteriores al fallo; para ello la normativa procesal laboral tiene previsto el "incidente de nulidad" que debe plantearse en el momento oportuno y en la instancia que corresponde (CNAT, Sala I, 14/08/98, S.D. 72.645, "Verdaguer, Jorge c/ENTEL s/diferencias de salarios"; en igual sentido: esta Sala, Sala, 23/06/92, S.D. 67.710, "Fuentes Ninaja, José c/ Banco de Trabajo s/ despido"; CNAT, Sala II, 7/11/88, S.D. 63.527, "Meza, Manuel Daniel c/ Brion, Florentino y otro s/ despido"; íd., Sala III, 30/06/97, "Fermoselle, Beatriz c/ García Maggiore, Mirtha s/ despido"). Además y a mayor abundamiento esta Sala tiene dicho, con criterio que comparto con anterioridad a mi incorporación; que no existe ninguna norma que imponga la notificación por cédula a las demandadas del auto que declara la rebeldía, por lo que este tipo de resoluciones se notifican ministerio legis (esta Sala, 18/11/99, S.I. 37.164, "Barbato, Juan Carlos c/ SA Productora Avícola ICAyG s/ accidente - ley 9688"; íd., 25/11/99, S.D. 84.652, "Vega, Francisco Eladio c/ Pac Seguridad SA s/ despido"; íd., 25/11/08, S.I. 46.498, "Castro, Jorge Enrique c/ Supermercado Día Argentina SA s/ despido").

Sumado a ello, repárese en que las argumentaciones referidas en relación con el hecho de que las contestaciones de demanda fueron presentadas en la mesa de entrada de la calle Diagonal Norte 714 - y que fueron traspapeladas- resultan extemporáneas toda vez que el plazo para cuestionar la resolución que tuvo a las codemandadas incursas en la situación prevista en el art. 71 L.O (fs. 22) se encuentra ampliamente vencido, y recién se introduce en esta etapa por lo que rige el art. 277 CPCC.

Por ello, y dado que en el recurso en examen no se invoca ningún defecto de forma de la sentencia sino en forma harto extemporánea solo supuestos vicios procesales anteriores a ella, corresponde desestimar dicho aspecto del recurso.

III) Ahora bien, dada la situación procesal (rebeldía) de las demandadas, toda vez que las accionadas no articularon ninguna defensa tendiente a demostrar que los hechos descriptos en el escrito inicial resultaban errados, cabe tenerlos por ciertos porque en definitiva no fueron desvirtuados por prueba en contrario (art. 71 L.O). presumiéndose a su respecto como ciertos los hechos lícitos y verosímiles expuestos en la demanda, fundamentalmente aquellos que diseñan el encuadre de la relación habida con las demandadas dentro de la figura del artículo 23 de la LCT y que dicho sea de paso, comparto.

En efecto, como lo ha sostenido reiteradamente esta Sala, el citado art. 71 de la L.O. genera una presunción de veracidad que no necesita ser ratificada por ningún medio probatorio. Y por ello, resulta irrelevante que el actor no haya producido prueba corroborante de los hechos expuestos en el escrito inicial, dado que la rebeldía del demandado produce la inversión de la carga de la prueba sobre esos hechos (esta Sala S.D. 92.790 del 16/11/07, "López, Luis Javier c/ Repicky S.A. s/ despido"). Consecuentemente, el juez laboral está obligado a dispensar al actor de la prueba del hecho presunto; no hay una facultad judicial, sino un deber judicial impuesto por una norma (en el caso: el art. 71 L.O.) de la que sólo se puede apartar si se considera que existe colisión con una norma superior -declaración de inconstitucionalidad del mandato legal- (esta Sala, 13/06/91, S.D. 65608, "Mallorquín, Leonardo c/ Cuezol S.R.L. s/ ley 22250"; íd., 6/3/09, S.D. 93.930, "Godoy, Jorge Luis c/ Oti Alimentos SA s/ despido").

Cuestionan las apelantes que no se haya hecho mención a las cartas documentos enviadas por su parte en las que desconoce el vínculo laboral. Sin embargo por las razones antes expuestas: los efectos de la rebeldía y la orfandad probatoria de autos, carece de relevancia las meras manifestaciones expuestas en la cartas documentos. En consecuencia, corresponde desestimar los agravios deducidos en los puntos II. III y VI de ambos recursos.	IV) Las demandadas, se quejan, también, pues aducen que no guardan relación los montos esgrimidos en la sentencia de grado con las escalas salariales según la categoría conforme la ley 14.546 y convenio. Sin embargo, la mera lectura del recurso justifica su rechazo formal. Digo esto porque no cumple, ni aún mínimamente con la exigencia del art. 116 LO. Repárese en este aspecto que lo argumentado no da cabal cumplimiento a las exigencias normadas por el ordenamiento adjetivo en materia recursiva porque expresar agravios implica efectuar una crítica concreta y razonada de los eventuales errores del juzgador, para lograr de ese modo la modificación del aspecto de la sentencia atacado. Esta exigencia no aparece cumplida con suficiencia en la especie, ya que el cuestionamiento resulta ser una mera afirmación dogmática carente de sustento en la medida en la que ni siquiera se señala cuáles serían los montos correspondientes y cuál es la base normativa que sustenta el planteo.

Por todo lo expresado, sugiero rechazar también este aspecto de la queja.

V) El codemandado Santiago Mario Angioletti se queja de que se le haya hecho extensiva la condena pese a que hace muchos años no trabaja en la empresa. Al respecto, señala que "no actúa como administrador, no controla al personal, ni siquiera se encarga de Bancos". La objeción no puede prosperar, pues el recurrente no se hace cargo, mediante una crítica concreta y razonada, de los sólidos fundamentos expuestos a fs.62/63 para sustentar la extensión de responsabilidad al apelante, con base en los arts. 54, 59 y 274 de la L.S. Esta deficiencia sella la suerte del recurso, pues, como lo ha señalado la doctrina, la ley adjetiva requiere un análisis razonado del fallo y también la demostración de los motivos que se tienen para estimarlo erróneo, de manera que en ausencia de objeciones especialmente dirigidas a las consideraciones determinantes de la decisión adversa al apelante, no puede haber agravio que atender en la alzada, pues no existe cabal expresión de éstos (cfr. Falcón, Enrique M., "Código Procesal", t. II, p. 266).

VI) En el punto 4 de fs. 74 vta. se apela la sentencia anterior porque se aduce que, a fin de regular los honorarios sólo se tuvo en cuenta los trabajos efectuados ante el SECLO. Sin embargo la lectura del fallo no surge tal afirmación. En efecto, en el punto 3 de la resolutiva, luego de fijarse los montos se agrega "Ambas regulaciones se fijan teniendo en cuenta el mérito y extensión de la totalidad de los trabajos realizados, incluidos los del SECLO", lo que torna abstracto el agravio incoado.

Por todo lo expresado propongo desestimar las quejas planteadas.

VII) En definitiva, de compartirse mi voto, corresponderá: 1) Confirmar la sentencia apelada en todo cuanto ha sido de materia de recurso y agravio. 2) Costas en la Alzada a cargo de las demandadas vencidas (art. 68 CPCC) regulando los honorarios de los profesionales intervinientes en el 25% de lo que en definitiva les corresponda por su labor en la anterior instancia.

El doctor Héctor C. Guisado dijo:

Por análogos fundamentos adhiero al voto que antecede.

Por ello, el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia apelada en todo cuanto ha sido de materia de recurso y agravio. 2) Costas en la Alzada a cargo de las demandadas vencidas (art. 68 CPCC) regulando los honorarios de los profesionales intervinientes en el 25% de lo que en definitiva les corresponda por su labor en la anterior instancia.

Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase. HÉCTOR C. GUISADO	SILVIA E. PINTO VARELA	Juez de Cámara	Juez de Cámara ANTE MI:

SILVIA SUSANA SANTOS	Secretaria