Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-09-17


Buenos Aires, 17 de septiembre de 2008 Vistos: los autos indicados en el epígrafe, resulta:

1. Aurelio Candia Figueredo y María Susana Reyes promovieron un incidente sobre medida preliminar tendiente al secuestro de la historia clínica correspondiente a su hijo menor de edad, quien fuera atendido en el Hospital de Niños "Ricardo Gutiérrez", dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fs. 1/3 vuelta; corresponde a expte. n° 25285/1).

2. El juez de primera instancia dispuso, con fecha 15/8/07: "... En atención a los resuelto por la Sala II de la Cámara de Apelaciones del fuero en la causa 'Skiba Juan Andrés c/GCBA s/otros procesos incidentales EXP 19620/2' con respecto a la personería del Sr. Asesor Tutelar nº 2, córrase vista al Sr. Fiscal a los fines que estime corresponder". (fs. 14, corresponde a expte. n° 25285/1) 3. En su dictamen, la Sra. fiscal de primera instancia n° 1 solicitó al a quo que declare "la nulidad de la resolución C.M. n° 963/2005 por inconstitucionalidad" (fs. 4/11 vuelta, corresponde a expte. n° 25285/1).

4. El magistrado interviniente ordenó el 4/9/07 "formar incidente- para no afectar la marcha del proceso principal- con copia de la presente decisión, del escrito de demanda y del dictamen de la Sra. Fiscal y córrase traslado al Dr. Alejandro Petrucci y al Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires..." (fojas 15, corresponde a expte. n° 25285/1). Similar disposición adoptó en el incidente que había ordenado formar (fs. 12, corresponde a expte. n° 25285/3).

5. En el expte. n° 25285/1 el Consejo de la Magistratura (en adelante CM) interpuso recurso de apelación contra las providencias del 15/8/07 y del 4/9/07.

6. El juez de grado no hizo lugar al recurso en razón que en el expte. n° 25285/3 ya se habían apelado tales decisiones (fs. 16).

7. El CM interpuso recurso de queja por apelación denegada (fs. 18/20).

8. La Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario rechazó el recurso de queja interpuesto por el CM por tratarse de una providencia simple "que no irroga al quejoso agravio alguno" (fs. 21, corresponde a expte. 25285/4).

9. El CM dedujo recurso de inconstitucionalidad (fs. 23/26, corresponde a expte. 25285/4).

10. La Sala II declaró inadmisible el recurso por no dirigirse contra una sentencia definitiva. La Cámara sostuvo que "el pronunciamiento recurrido constituye una sentencia interlocutoria que resolvió una cuestión incidental ajena al fondo del proceso" (fs. 27 y vuelta, corresponde a expte. 25285/4).

11. Contra la denegatoria, el CM planteó la queja que tramita en estas actuaciones (fs. 30/35).

12. En su dictamen, el Sr. Fiscal General Adjunto sostuvo que "la cuestión debatida en las presentes actuaciones resulta ser sustancialmente análoga a la suscitada en el expediente TSJ nº 5427/07, 'SKIBA, Juan Andrés c/ GCBA s/ otros procesos incidentales s/ recurso de inconstitucionalidad concedido'..." , y que si bien "la sentencia recurrida no resulta definitiva (...) se halla ajustada a la doctrina de V.E. que ha considerado equiparable a definitiva aquella que ocasiona un perjuicio grave de insuficiente o muy difícil reparación ulterior (doctr. de 'Covimet S.A. c/ GCBA s/ otros procesos incidentales s/ recurso de inconstitucionalidad concedido'; expte. Nº 2570/03, entre otros)". Propició, en definitiva, que el Tribunal "admita la queja, haga lugar al recurso de inconstitucionalidad, revocando la sentencia apelada y, sin más, deje sin efecto todo lo actuado en estos obrados" (fs. 112/114) Fundamentos:

Los jueces José Osvaldo Casás y Ana María Conde dijeron:

1. La queja deducida por el Consejo de la Magistratura local ha sido interpuesta en tiempo y forma.

2. La relación de antecedentes efectuada en las "resultas" de esta sentencia pone de manifiesto que la cuestión ventilada en las instancias anteriores y en el recurso traído a decisión del Tribunal es sustancialmente similar a la que se resolviera en los autos "Skiba, Juán Andrés c/ GCBA s/ otros procesos incidentales s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", expte. nº 5427/07 y su acumulado "Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Skiba, Juan Andrés c/ GCBA s/ otros procesos incidentales' en 'Skiba, Juan Andrés c/ GCBA s/ daños y perjuicios (excepto resp. médica)'", expte. nº 5381/07, sentencia del 12 de marzo de 2008; que es mencionada por el Sr. Fiscal General Adjunto en su dictamen a fs. 113 vuelta y por el CM en su recurso de queja.

En aquella oportunidad el Tribunal, a partir de los argumentos coincidentes de cuatro de sus integrantes, constató la existencia de un caso constitucional susceptible de habilitar la vía recursiva prevista en el art. 113, inc. 3º, CCABA y dejó sin efecto el procedimiento incidental iniciado de manera oficiosa por el juez de la causa para evaluar la validez del acto de designación del Asesor Tutelar Alejandro Gastón Petrucci.

3. En consecuencia, por los fundamentos coincidentes que fueran expresados en el precedente citado -a los que cabe remitirse como parte integrante de este pronunciamiento-, entendemos que corresponde hacer lugar a los recursos de queja y de inconstitucionalidad planteados por el Consejo de la Magistratura local, revocar la sentencia recurrida, dejar sin efecto todo lo actuado en la presente pieza procesal y ordenar su archivo sin más trámite.

4. Por último, una aclaración adicional. A diferencia de lo ocurrido en "Skiba", donde se objetaba la decisión judicial que había declarado la nulidad del acto de designación del Sr. Asesor Tutelar Petrucci, en esta causa el Consejo de la Magistratura de la Ciudad ha dirigido sus cuestionamientos contra dos providencias dictadas por el Sr. juez de grado -la que dispuso la formación del incidente a raíz del planteo de la Sra. Fiscal de primera instancia nº 1 que propicia la declaración de nulidad del mentado acto de designación, y la que ordenó el traslado de la pretensión incidental-.

A pesar de lo señalado, entendemos que en esta ocasión la decisión a dictarse no debe variar respecto de la adoptada en el precedente antes referido, pues cabe prescindir en el caso de la exigencia propia del recurso de inconstitucionalidad consistente en tener como objeto de agravio una sentencia definitiva. Ello se explica por la trascendencia institucional involucrada a partir del exceso jurisdiccional palmario que ya se desprende de las decisiones adoptadas en el expediente, por sí solas susceptibles de afectar en forma inmediata e irremediable el normal desenvolvimiento del servicio de justicia en la Ciudad, asunto que, naturalmente, excede el interés individual de las partes -aunque hablar de partes en este peculiar proceso incidental, en rigor, resulte un contrasentido, como se explicó in extenso al decidir "Skiba"-. Además, al resolver de este modo también se conjura el evidente dispendio jurisdiccional que conllevaría para todos los sujetos involucrados tener que tramitar y verse sometidos a un proceso que, en circunstancias análogas, el Tribunal ya ha descalificado por tratarse de una actuación viciada de ilegitimidad desde su génesis.

Por Secretaría deberá agregarse a este expediente copia de la sentencia dictada en la aludida causa "Skiba".

Así lo votamos.

El juez Luis Francisco Lozano dijo:

Las decisiones que viene recurriendo el CM (esto es, la formación del incidente y el correspondiente traslado a su parte) si bien no constituyen la definitiva a que se refiere el art. 27 de ley 402, resultan equiparables a tal porque le irrogan un perjuicio de imposible reparación ulterior. Al ordenar (i) la formación de un incidente con el objeto de tratar los planteos de la Sra. Fiscal dirigidos a controvertir la legalidad de la Resolución n° 963/2005 del CM y (ii) el traslado de esa pretensión incidental, el juez actuó ultra vires. Ello así, en tanto puso en vilo, sin que existiese una pretensión de parte legitimada, la validez de un acto emitido por la recurrente, esto es, un órgano del estado. Los jueces no cuentan, dentro del ámbito de las atribuciones que les confiere la CCBA, con el poder de restablecer la legalidad en todos los casos en que ella es violentada. Sólo les compete restablecerla en 'casos o causas' instados por sujetos legitimados, y cuando lo hacen a pedido de funcionarios públicos, la legitimación del estado debe ir unida a la competencia de quien obra como órgano por dicho estado -cf. mi voto in re "Skiba, Juán Andrés c/ GCBA s/ otros procesos incidentales s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", expte. nº 5427/07 y su acumulado "Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Skiba, Juan Andrés c/ GCBA s/ otros procesos incidentales' en 'Skiba, Juan Andrés c/ GCBA s/ daños y perjuicios (excepto resp. médica)'", expte. nº 5381/07, sentencia del 12 de marzo de 2008-. A su vez, tampoco, el Ministerio Público Fiscal cuenta con la competencia, tanto para controlar por sí al Asesor Público como para requerir tal control del juez (conf. los fundamentos dados en el punto 6 de mi voto in re Skiba, ya citado, a los que cabe remitirse).

Por ello, corresponde concluir, tal como lo adelanté al comienzo del párrafo que antecede, que las decisiones recurridas configuran un palmario menoscabo a las facultades del CM, no susceptible de ser reparado ulteriormente.

Con relación al tema de fondo, coincido con el juez de trámite, Dr. José Osvaldo Casás, en que la cuestión controvertida en el sub lite resulta análoga a la analizada por este Tribunal en la causa Skiba, ya citada, por lo que a ella corresponde remitirse. A teles fines, a esta sentencia se agregará una copia de dicho precedente.

Por lo expuesto, y lo concordantemente dictaminado por el Fiscal General adjunto, voto por: i) hacer lugar a la queja y al recurso de inconstitucionalidad, ii) revocar las decisiones impugnadas, iii) dejar sin efecto todo lo actuado en las piezas procesales en cuestión, y iv) ordenar su archivo.

El juez Julio B. J. Maier dijo:

1. Coincido con los votos precedentes en señalar que este caso, en sus elementos materiales básicos, es idéntico al que el TSJ decidiera en "Skiba, Juan Andrés." expedientes nos. 5.427/07 y 5.381/07, acumulados, casos que el tribunal decidió por sentencia del 12 de marzo de 2008. Se trata aquí, otra vez, de la decisión inconsulta, de oficio, de un problema institucional mediante el aprovechamiento de un litigio judicial que se suscita entre partes extrañas al llamado "incidente".

En este mismo caso citado señalé que, aunque la resolución impugnada no aparecía procesalmente como una sentencia definitiva, que daba base al recurso interpuesto según lo exige la ley local (nº 402, art. 27), ello se debía a la confusión que, para la fundamentación de un agravio real, incorporaba la formación del -mal llamado- "incidente" (sobre un problema institucional) en un litigio entre partes distintas de aquellas verdaderamente en conflicto y por un objeto también distinto del caso judicial planteado por las partes. Resulta así descabellado ocultar bajo el rótulo de "incidente" una decisión supuestamente "interlocutoria", con protagonistas oficiales ajenos a las partes de un proceso judicial concreto, sobre una disputa de otro nivel acerca de las facultades y limitaciones de un órgano estatal, también ajeno por completo al litigio real trabado y sin reparar en la voluntad del presunto afectado.

2. El caso que aquí se nos presenta, con poseer esos mismos elementos, representa, sin embargo, una verdadera anticipación de la intervención recursiva que eventualmente le corresponde como competencia al TSJ. Aquí se ha recurrido, en verdad, la decisión de la formación del incidente y la concesión del traslado al Consejo de la Magistratura, resoluciones de mero trámite que, más allá de la molestia que puedan ocasionar, no implican decisión material alguna sobre el objeto del llamado "incidente", por tanto, tampoco agravio alguno y, mucho menos, representan a la exigencia de sentencia definitiva impuesta por el art. 27de la ley local nº 402.

3. Por lo tanto, me inclino por rechazar la queja interpuesta.

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

1. El recurso de queja ha sido interpuesto por el Consejo de la Magistratura en tiempo y forma, y logra realizar una crítica del auto interlocutorio que denegó el remedio extraordinario local (fs. 30/35). Habilitado este Tribunal para conocer sobre los agravios constitucionales traídos por el impugnante, entiendo que ninguno de ellos puede prosperar por las razones que expongo a continuación.

2. El CM afirma que "el recurso se interpone contra la sentencia de fecha 06.11.07, dictada por la Sala ll (...) que resulta ser el superior tribunal de la causa, y que respecto al Consejo de la Magistratura resulta definitiva dado que al denegar el recurso de queja interpuesto contra la denegatoria del recurso de apelación planteado contra las providencias del 15.08.07 y 04.09.07, por las que se ordena la vista al Ministerio Público Fiscal, formación de incidente y sustanciación del dictamen fiscal, todo ello para resolver lo atinente a la legitimidad de la Res. CM Nº 963/2005 -cuestión introducida de oficio por el Magistrado de Primera Instancia-, vulnera gravemente sus facultades constitucionalmente otorgadas, y su derecho de defensa en juicio (...) el pronunciamiento cuestionado se encuentra comprendido entre los supuestos que habilitan la intervención del Tribunal Superior (...) pues reviste el carácter de sentencia asimilable a definitiva. // En efecto, de modo arbitrario ordena dar vista al Ministerio Público Fiscal para que se expida sobre la Res. CM Nº 963/05 y la formación de incidente para tratar de oficio la legitimidad de un acto administrativo dictado por este Consejo de la Magistratura y el consiguiente traslado del dictamen fiscal por el que la Dra. Pucciarello entiende que se debería declarar la inconstitucionalidad de dicha resolución, vislumbrándose en forma evidente su cuestionamiento por el Sr. Magistrado de grado, fuera de todo caso o controversia en los términos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (fs. 24 y vta.) La relación de antecedentes efectuada en las "resultas" y la resolución de la Cámara de Apelaciones que declaró inadmisible el recurso de inconstitucionalidad (fs. 27 y vuelta) ponen de manifiesto que más allá de la similitud -que señala Fiscal General Adjunto en su dictamen- que la cuestión ventilada en las instancia anteriores pudiera presentar con la decidida por el Tribunal en los autos "Skiba, Juán Andrés c/ GCBA s/ otros procesos incidentales s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", expte. nº 5427/07 y su acumulado "Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Skiba, Juan Andrés c/ GCBA s/ otros procesos incidentales' en 'Skiba, Juan Andrés c/ GCBA s/ daños y perjuicios (excepto resp. médica)'", expte. nº 5381/07, sentencia del 12 de marzo de 2008, existe una diferencia sustancial que no puede ser obviada: en "Skiba" el incidente referido a la personería del Sr. Asesor Tutelar n° 2 llegó a conocimiento del Tribunal luego de haber sido fallado en las dos instancias de mérito.

Por el contrario, el recurso que el CM trae ahora a consideración del Tribunal se dirige a cuestionar, finalmente, la decisión del juez de primera instancia de disponer, de oficio, la formación de un incidente para dilucidar "el planteo efectuado por la Sra. Fiscal (...) respecto de la intervención del Dr. Alejandro Petrucci, en su calidad de Asesor Tutelar" (fs. 15).

Los agravios que el CM plantea atacan la disposición que da inicio a un incidente y ordena que en él se expresen quienes, a criterio del magistrado, deberían hacerlo: el Dr. Petrucci, y el Consejo de la Magistratura (fs. 15 pto. II). Por su naturaleza, la decisión no es una sentencia definitiva, y los agravios que se invocan no presentan la característica de "irreparables" que permitan autorizar su equiparación con ese tipo de sentencias.

Como ha sido reiteradamente señalado por el Tribunal en relación al recurso de inconstitucionalidad local -en consonancia con el criterio sentado por la CSJN para el recurso extraordinario federal- la ausencia del sentencia definitiva no puede ser suplida mediante la invocación de arbitrariedad o de la violación de garantías constitucionales (Fallos 308:62; entre otros).

Cabe concluir, entonces, que la sentencia que desestimó la queja interpuesta por el CM (fs. 21) y las providencias de primera instancia que dispusieron la vista al Fiscal, y formar el incidente y dar traslado no constituyen sentencia definitiva en los términos del artículo 27 de la ley nº 402.

Por las razones expuestas en los apartados 1 y 2, voto por rechazar la queja planteada por el CM.

Por ello, concordantemente con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General Adjunto, por mayoría, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Hacer lugar a los recursos de queja y de inconstitucionalidad planteados por el Consejo de la Magistratura local, revocar la sentencia recurrida, dejar sin efecto todo lo actuado en la presente pieza procesal y ordenar su archivo.

2. Agregar a este expediente copia de la sentencia dictada por el Tribunal de fecha 12 de marzo de 2008, en los autos "Skiba, Juan Andrés c/ GCBA s/ otros procesos incidentales s/ recurso de inconstitucionalidad concedido" (expte. nº 5427/07).

3. Mandar que se registre, se notifique con copia de la sentencia indicada en el punto anterior y, oportunamente, se devuelva.