Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-12-27


Comodoro Rivadavia, Veintisiete de diciembre de 2005.- VISTOS Y CONSIDERANDO:

Estos autos caratulados: "PAVEZ Oscar Daniel y OTRO c/ SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LIMITADA DE COMODORO RIVADAVIA s/ DEMANDA LABORAL (Dif. salariales Dto. 392/03)", Expte. N° 15.427/2005, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia Laboral,(Expte. Nº 3140/2005).

Llegan los presentes a conocimiento de esta Alzada, por haber interpuesto la actora a fs. 1090 y la demandada a fs. 1095 recursos de apelación, contra la sentencia interlocutoria N° 78/2005, de fs. 1082/1085.

Concedido el recurso de la actora, a fs. 1092/1094 expresa agravios, quejándose de la imposición de costas a su parte por cuanto si bien se hizo lugar a la excepción de falta de personería, se difirió el tratamiento de la excepción de prescripción que fuera planteada como de previo y especial pronunciamiento por la demandada. Entiende que hubo vencimientos parciales y mutuos y que corresponde la imposición de costas por el orden causado.

A fs. 1098/1099 luce la contestación de agravios de la demandada solicitando la confirmación del fallo recurrido en cuanto a la imposición de costas. Ratifica la reserva del caso federal.

A su turno, la demandada se presenta a fs. 1100/1105, agraviándose contra la resolución en crisis en cuanto otorga a los Sres. Alejandro Acosta, Juan Carlos Villafañe, Pedro Martín Coronel y Juan Javier Yañez, un plazo de diez días para que acrediten la personería en los términos establecidos en el art. 8 de la ley 69. Sostiene que la demanda interpuesta debe ser declarada como acto inexistente o en su defecto nulo de nulidad absoluta.

Entiende que la excepción interpuesta no debe considerarse dentro del flexible marco de la falta de personería. Insiste que se trata de un supuesto en que los apoderados no son abogados, violando así la condición esencial del derecho de postulación judicial. Agrega que el vicio denunciado no es subsanable. Ratifica la reserva del caso federal.

A fs. 1108/1113, contesta los agravios la actora, solicitando su rechazo y confirmación de la sentencia de fs. 1082/1085.

I.- Ahora bien, de las constancias del expediente, surge que a fs. 19/29 se presentan los Sres. Oscar Daniel Pavez y Ernesto Ricardo Sandoval por derecho propio y como apoderados -de conformidad al poder general para juicios y actos administrativos obrante a fs. 3/4 -, de los Sres. Alejandro Acosta, Juan Carlos Villafañe, Pedro Martín Coronel, Walter Alfredo Riquelme (que a fs. 39 desiste de la acción y del derecho) y Juan Javier Yañez; con patrocinio letrado e interponen demanda laboral contra la Sociedad Cooperativa Popular Ltda. de Comodoro Rivadavia.

A fs. 42/44 el letrado patrocinante acompaña sustitución de poder para juicios asumiendo la calidad de apoderado en lugar de los Sres. Oscar Daniel Pavez y Ernesto Ricardo Sandoval.

Celebrada la audiencia prevista por los artículos 48 y 52 de la ley 69, se presenta la demandada mediante apoderado, contesta demanda, interpone excepción de falta de personería, excepción de prescripción y ofrece prueba. Solicita se declare el acto como inexistente o en su defecto nulo de nulidad absoluta. Hace reserva del caso federal.

A fs. 1082/1085, se dicta sentencia interlocutoria, y se hace lugar a la excepción de falta de personería de los Sres. Oscar Daniel Pavez y Ernesto Ricardo Sandoval y se fija un plazo de diez días para que sus mandantes acrediten la personería en los términos del artículo 8 de la ley 69 y bajo apercibimiento de tenerlos por desistidos del proceso conforme lo decidido en el Apartado II. En el punto 2º), dispone diferir el tratamiento de la prescripción opuesta hasta el momento de la sentencia definitiva.

A fs. 1086/1089 los actores, ante la intimación realizada por el juez, mediante la resolución en crisis, cumplen con la manda judicial, saneando la personería necesaria para verse representados en juicio.

II.- De los agravios de la parte, surge que el núcleo de la cuestión sometida a revisión reside en determinar si se está ante un supuesto de falta de personería y si el vicio denunciado es subsanable.

En primer lugar, corresponde señalar que el mismo apelante en su presentación inicial ha enmarcado su defensa dentro del marco legal de la excepción de falta de personería. Dicho encuadre legal es coincidente con la doctrina y jurisprudencia predominante en tal excepción para el supuesto de la falta de calidad profesional requerida por la ley ritual en el mandatario(CNCom. Sala C, El Derecho.T. 26 pág 544. CCiv.y Com. 4ª Nom. Córdoba 2004/04/16. Farías Blanca c. Aguas Cordobesas S.A. LLC-2004.851).

En este sentido, la jurisprudencia ha dicho que el planteo de nulidad de actuaciones fundado en la falta de personería pertenece al ámbito del derecho procesal y no al derecho de fondo y es susceptible de ser subsanado expresa o tácitamente del modo y forma como lo postula el ordenamiento ritual vigente (CNCiv. Sala G., 19-2-98. Álvarez Gabriel c. Eduardo E Ribert SA. LL 1999-E-564; Rev Derecho Procesal 2003-1 Defensas y Excepciones Págs 74 y ss. Editorial Rubinzal Culzoni).

Se ha establecido que debe rechazarse la excepción de falta de personería si quien carecía de aptitud para demandar en virtud de la ley de procuración, tenía facultad de sustituir y sustituyó su poder a favor de letrado.( CNCiv Sala B, 25-4-78, ED 80-657).

Conforme lo expuesto, es procedente encuadrar legalmente el supuesto de autos dentro de las disposiciones de la excepción de falta de personería, tal como lo autoriza el código de ritual y lo ha señalado el juez de grado.

A mayor abundamiento, el petitorio acerca de la demanda como acto inexistente, tiene su respuesta en la sentencia apelada. Ésta, concluye que por la forma en que fuera presentada la demanda, con patrocinio letrado, no evidencia un defecto manifiesto de tal entidad que lleve a considerar el acto inexistente, siendo la excepción de falta de personería subsanable.

Corresponde rechazar la afirmación de la excepcionante que se trata de una exigencia de rango esencial. Tal alegación no contempla el contexto integral interpretativo de la sentencia y excede la afirmación en cuanto propone la libre postulación, demostrada por la propia resolución que hace lugar a la excepción de falta de personería, en tanto la posibilidad de regularizar es facultad expresa de la ley procesal. En el caso, siendo un defecto procesal y que no afecta un derecho sustancial, no resulta esencial.

La concepción jurisdiccional consulta la doctrina de uno de los autores que cita, relativa a tal distinción. Enseña el doctrinario Lino Enrique Palacio, que la "cuestión de inexistencia se reduce, en definitiva, a la confrontación del acto respectivo con la posibilidad de un acatamiento...a cuyo fin el órgano de aplicación debe atenerse a la sensibilidad jurídica del medio en que le toca intervenir.

Verificada una efectiva repulsa axiológica de un acto determinado en el medio social de que se trate, la conclusión de su inexistencia se impone al margen del juicio relativo a su validez" ("Derecho Procesal Civil", Lino Enrique Palacio, T.IV - Actos Procesales, pág.152/153. Edit.Abeledo Perrot, año 1972).

En esta línea argumental, no resulta de la defectuosa presentación de la demanda, con patrocinio letrado, que pueda calificarse como acto inexistente, cuando se trata de una irregularidad - de las más subsanables - detectadas en la primera parte del juicio, que no puede definirse como lo hace la recurrente, una demanda firmada por quienes no son abogados, cuando contiene asimismo la firma de patrocinante letrado y otros elementos concurrentes observados por el Juez que no resultan atacados (fs. 1083 vta.).

La decisión recurrida, advierte la existencia de derechos laborales y asume un postura protectoria conforme el art.9 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Es claro, que no puede ceder a la pretensión de la excepcionante por vía de los actos inexistentes o en su defecto por nulidad absoluta y en su consecuencia el archivo de las actuaciones, siendo que el camino legal y procesal previsto en el Art.354 inc.4º del CPCCCh., faculta con previsión expresa que se subsanen los defectos de constitución procesal, lo que huelga predicar, constituye la interpretación más favorable para el trabajador.

Adviértase desde otro punto de vista, que bien pudo el Tribunal de Primera Instancia, de oficio, al momento de interposición de la demanda y antes de dar trámite dictar un despacho saneatorio, conforme con las facultades del art.34 inc.5 CPCCCh., señalando los defectos y "ordenando se subsanen dentro del plazo que fije".

Ello demuestra sencillamente -con la variante que la advertencia del defecto proviene de la contraparte y por lo que se hace lugar a la excepción de falta de personería-, que el sentenciante dicta similar orden de saneamiento y fija plazo, conforme al art.354 inc.4º CPCCCh.

Los conceptos de inexistencia de los actos y nulidad, funcionan en andariveles distintos, pero cabe señalar que en materia procesal, rigen similares resguardos a los fines de la eficacia del proceso, ya que subyace el principio de convalidación de los actos procesales.

La demandada opone la existencia de una nulidad absoluta, insusceptible de saneamiento, al modo que prescribe la última parte del art.1047 C.C., cuando señala que la nulidad absoluta no es factible de confirmación.

La equiparación resulta inadmisible, porque es principio aceptado en nuestro derecho positivo el que todo tipo de irregularidad procesal es susceptible de convalidarse, por el consentimiento expreso o presunto de la parte a quien perjudique.

Ello implica que no cabe hablar, en el ámbito del proceso civil, de nulidades absolutas, aún en el caso que el defecto de que se trate comprometa disposiciones de orden público, como son las relativas a la organización, composición y competencia de los órganos judiciales (Lino Enrique Palacio, ob.cit.pág.147 y ss.).

Responden los conceptos paralelamente a las alegaciones de la parte apelante, que entiende vulnerado el orden público procesal. Las nulidades procesales no se rigen por los principios del derecho civil, adoctrina el autor en la cita precedente y sigue, pero de adoptarse por vía analógica las categorías que reconoce, se definirían actos procesales anulables y de nulidad relativa.

En cualesquiera de estas hipótesis, rigiendo el principio que los actos irregulares se reputan válidos en tanto no recaiga una declaración anulatoria (art.1046 CC.) y por otro, "aquéllos son siempre susceptibles de convalidación (arg. a contrario del art.1047, párr. final del Cód.Civil)".

Por lo expuesto, corresponde rechazar los agravios vertidos y confirmar el punto 1 de la resolución de fs. 1082/1085.

III.- En lo atinente a la apelación respecto de la imposición de las costas a la parte demandante, entiende la actora apelante que en atención a cómo se resolvieron las cuestiones debatidas, corresponde la imposición de costas por el orden causado y así lo solicita.

El artículo 68 del Código Procesal, consagra el criterio objetivo de la derrota, como fundamento de la imposición de las costas. Las mismas, son un corolario del vencimiento y tienden a resarcir al vencedor de los gastos de justicia en que debió incurrir para obtener ante el órgano jurisdiccional, satisfacción de su derecho.

Estas deben ser reembolsadas por el vencido con prescindencia de la buena o mala fe, de su mayor o menor razón para litigar y de todo concepto de culpa, negligencia, imprudencia o riesgo y de la malicia o temeridad de su contrario (Conf. CNCiv, Sala "A", julio 3-1980, ED 90-504; íd. Sala "D", agosto 12-1976, LL 1977-A-433; íd. Sala "F", abril 23-1981, JA-1982-I pag. 433 entre muchos otros).

En este orden de ideas, se advierte que las deficiencias en que incurrieran los actores respecto de la acreditación de personería, dio lugar a la interposición de la defensa que en definitiva fue acogida favorablemente determinando su calidad de vencidos. Siendo así que ha de primar el principio antedicho y no el pretendido vencimiento parcial y mutuo alegado por el apelante.

El actor también se agravia de la imposición de las costas, por cuanto la excepción de prescripción planteada como de previo y especial pronunciamiento, fue diferida para ser tratada como defensa, entendiendo que ello equivale al rechazo del planteo y en consecuencia habría un vencimiento de la demandada.

No resulta admisible tal planteo, en cuanto la prescripción no fue tratada como excepción, sino como defensa cuya dilucidación se difirió para el momento de la sentencia definitiva, donde será considerada y resuelta. Por lo tanto, la misma no ha generado un incidente autónomo que deba tenerse en cuenta a los fines de la imposición de costas en este estadio procesal, sino como parte del pronunciamiento general al dictar la sentencia de mérito según el resultado del litigio.

Por estas razones, corresponde rechazar el recurso deducido por la actora, y confirmar el punto 4 de la resolución de fs. 1082/1085.

IV.- Las costas de la Alzada se imponen en el orden causado en virtud de la forma que se resuelve la presente. (conf. art.68, 69 y cc. del CPr.). Regulando los honorarios de los letrados intervinientes de conformidad con las pautas de la ley arancelaria local.

Por ello, la Sala B de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, R E S U E L V E:

1º).- Confirmar la sentencia interlocutoria N° 78/2005 de fs. 1082/1085.

2º).- Rechazar el recurso de apelación de la demandada interpuesto a fs. 1095 fundado en el memorial de fs. 1100/1106.

3º).- Rechazar el recurso de apelación de la actora interpueto a fs. 1090 y fundado en el memorial de fs. 1092/1094 vta.

4º).- Costas de la Alzada por su orden. Regular los honorarios del Dr. Carlos Jurich en el veinticinco por ciento (25%) de los fijados en la excepción de falta de personería interpuesta en el principal y los honorarios del Dr. Ignacio Ferreira de las Casas en el veinticinco por ciento (25%) de los fijados en la excepción de personería.

5º).- Tener presente la reserva del caso federal de fs. 1098 vta. y 1105.

6°).- Regístrese, notifíquese y devuélvase.- Fdo: Nélida Susana Melero -Presidente-; Graciela Mercedes García Blanco -Juez de Cámara-; Marta Susana Reynoso de Roberts -Juez de Cámara-.- REGISTRADA BAJO EL N° 270 DEL AÑO 2005 DEL LIBRO DE SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS Comodoro Rivadavia, Veintisiete de diciembre de 2005.- VISTOS Y CONSIDERANDO:

Estos autos caratulados: "PAVEZ Oscar Daniel y OTRO c/ SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LIMITADA DE COMODORO RIVADAVIA s/ DEMANDA LABORAL (Dif. salariales Dto. 392/03)", Expte. N° 15.427/2005, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia Laboral,(Expte. Nº 3140/2005).

Llegan los presentes a conocimiento de esta Alzada, por haber interpuesto la actora a fs. 1090 y la demandada a fs. 1095 recursos de apelación, contra la sentencia interlocutoria N° 78/2005, de fs. 1082/1085.

Concedido el recurso de la actora, a fs. 1092/1094 expresa agravios, quejándose de la imposición de costas a su parte por cuanto si bien se hizo lugar a la excepción de falta de personería, se difirió el tratamiento de la excepción de prescripción que fuera planteada como de previo y especial pronunciamiento por la demandada.

Entiende que hubo vencimientos parciales y mutuos y que corresponde la imposición de costas por el orden causado. A fs. 1098/1099 luce la contestación de agravios de la demandada solicitando la confirmación del fallo recurrido en cuanto a la imposición de costas. Ratifica la reserva del caso federal.

A su turno, la demandada se presenta a fs. 1100/1105, agraviándose contra la resolución en crisis en cuanto otorga a los Sres. Alejandro Acosta, Juan Carlos Villafañe, Pedro Martín Coronel y Juan Javier Yañez, un plazo de diez días para que acrediten la personería en los términos establecidos en el art. 8 de la ley 69. Sostiene que la demanda interpuesta debe ser declarada como acto inexistente o en su defecto nulo de nulidad absoluta.

Entiende que la excepción interpuesta no debe considerarse dentro del flexible marco de la falta de personería. Insiste que se trata de un supuesto en que los apoderados no son abogados, violando así la condición esencial del derecho de postulación judicial. Agrega que el vicio denunciado no es subsanable. Ratifica la reserva del caso federal.

A fs. 1108/1113, contesta los agravios la actora, solicitando su rechazo y confirmación de la sentencia de fs. 1082/1085.

I.- Ahora bien, de las constancias del expediente, surge que a fs. 19/29 se presentan los Sres. Oscar Daniel Pavez y Ernesto Ricardo Sandoval por derecho propio y como apoderados -de conformidad al poder general para juicios y actos administrativos obrante a fs. 3/4 -, de los Sres. Alejandro Acosta, Juan Carlos Villafañe, Pedro Martín Coronel, Walter Alfredo Riquelme (que a fs. 39 desiste de la acción y del derecho) y Juan Javier Yañez; con patrocinio letrado e interponen demanda laboral contra la Sociedad Cooperativa Popular Ltda. de Comodoro Rivadavia.

A fs. 42/44 el letrado patrocinante acompaña sustitución de poder para juicios asumiendo la calidad de apoderado en lugar de los Sres. Oscar Daniel Pavez y Ernesto Ricardo Sandoval.

Celebrada la audiencia prevista por los artículos 48 y 52 de la ley 69, se presenta la demandada mediante apoderado, contesta demanda, interpone excepción de falta de personería, excepción de prescripción y ofrece prueba. Solicita se declare el acto como inexistente o en su defecto nulo de nulidad absoluta. Hace reserva del caso federal.

A fs. 1082/1085, se dicta sentencia interlocutoria, y se hace lugar a la excepción de falta de personería de los Sres. Oscar Daniel Pavez y Ernesto Ricardo Sandoval y se fija un plazo de diez días para que sus mandantes acrediten la personería en los términos del artículo 8 de la ley 69 y bajo apercibimiento de tenerlos por desistidos del proceso conforme lo decidido en el Apartado II. En el punto 2º), dispone diferir el tratamiento de la prescripción opuesta hasta el momento de la sentencia definitiva.

A fs. 1086/1089 los actores, ante la intimación realizada por el juez, mediante la resolución en crisis, cumplen con la manda judicial, saneando la personería necesaria para verse representados en juicio.

II.- De los agravios de la parte, surge que el núcleo de la cuestión sometida a revisión reside en determinar si se está ante un supuesto de falta de personería y si el vicio denunciado es subsanable.

En primer lugar, corresponde señalar que el mismo apelante en su presentación inicial ha enmarcado su defensa dentro del marco legal de la excepción de falta de personería. Dicho encuadre legal es coincidente con la doctrina y jurisprudencia predominante en tal excepción para el supuesto de la falta de calidad profesional requerida por la ley ritual en el mandatario(CNCom. Sala C, El Derecho.T. 26 pág 544. CCiv.y Com. 4ª Nom. Córdoba 2004/04/16. Farías Blanca c. Aguas Cordobesas S.A. LLC-2004.851).

En este sentido, la jurisprudencia ha dicho que el planteo de nulidad de actuaciones fundado en la falta de personería pertenece al ámbito del derecho procesal y no al derecho de fondo y es susceptible de ser subsanado expresa o tácitamente del modo y forma como lo postula el ordenamiento ritual vigente (CNCiv. Sala G., 19-2-98. Álvarez Gabriel c. Eduardo E Ribert SA. LL 1999-E-564; Rev Derecho Procesal 2003-1 Defensas y Excepciones Págs 74 y ss. Editorial Rubinzal Culzoni).

Se ha establecido que debe rechazarse la excepción de falta de personería si quien carecía de aptitud para demandar en virtud de la ley de procuración, tenía facultad de sustituir y sustituyó su poder a favor de letrado.( CNCiv Sala B, 25-4-78, ED 80-657).

Conforme lo expuesto, es procedente encuadrar legalmente el supuesto de autos dentro de las disposiciones de la excepción de falta de personería, tal como lo autoriza el código de ritual y lo ha señalado el juez de grado.

A mayor abundamiento, el petitorio acerca de la demanda como acto inexistente, tiene su respuesta en la sentencia apelada. Ésta, concluye que por la forma en que fuera presentada la demanda, con patrocinio letrado, no evidencia un defecto manifiesto de tal entidad que lleve a considerar el acto inexistente, siendo la excepción de falta de personería subsanable.

Corresponde rechazar la afirmación de la excepcionante que se trata de una exigencia de rango esencial. Tal alegación no contempla el contexto integral interpretativo de la sentencia y excede la afirmación en cuanto propone la libre postulación, demostrada por la propia resolución que hace lugar a la excepción de falta de personería, en tanto la posibilidad de regularizar es facultad expresa de la ley procesal. En el caso, siendo un defecto procesal y que no afecta un derecho sustancial, no resulta esencial.

La concepción jurisdiccional consulta la doctrina de uno de los autores que cita, relativa a tal distinción. Enseña el doctrinario Lino Enrique Palacio, que la "cuestión de inexistencia se reduce, en definitiva, a la confrontación del acto respectivo con la posibilidad de un acatamiento...a cuyo fin el órgano de aplicación debe atenerse a la sensibilidad jurídica del medio en que le toca intervenir.

Verificada una efectiva repulsa axiológica de un acto determinado en el medio social de que se trate, la conclusión de su inexistencia se impone al margen del juicio relativo a su validez" ("Derecho Procesal Civil", Lino Enrique Palacio, T.IV - Actos Procesales, pág.152/153. Edit.Abeledo Perrot, año 1972).

En esta línea argumental, no resulta de la defectuosa presentación de la demanda, con patrocinio letrado, que pueda calificarse como acto inexistente, cuando se trata de una irregularidad - de las más subsanables - detectadas en la primera parte del juicio, que no puede definirse como lo hace la recurrente, una demanda firmada por quienes no son abogados, cuando contiene asimismo la firma de patrocinante letrado y otros elementos concurrentes observados por el Juez que no resultan atacados (fs. 1083 vta.).

La decisión recurrida, advierte la existencia de derechos laborales y asume un postura protectoria conforme el art.9 de la Ley de Contrato de Trabajo. Es claro, que no puede ceder a la pretensión de la excepcionante por vía de los actos inexistentes o en su defecto por nulidad absoluta y en su consecuencia el archivo de las actuaciones, siendo que el camino legal y procesal previsto en el Art.354 inc.4º del CPCCCh., faculta con previsión expresa que se subsanen los defectos de constitución procesal, lo que huelga predicar, constituye la interpretación más favorable para el trabajador.

Adviértase desde otro punto de vista, que bien pudo el Tribunal de Primera Instancia, de oficio, al momento de interposición de la demanda y antes de dar trámite dictar un despacho saneatorio, conforme con las facultades del art.34 inc.5 CPCCCh., señalando los defectos y "ordenando se subsanen dentro del plazo que fije".

Ello demuestra sencillamente -con la variante que la advertencia del defecto proviene de la contraparte y por lo que se hace lugar a la excepción de falta de personería-, que el sentenciante dicta similar orden de saneamiento y fija plazo, conforme al art.354 inc.4º CPCCCh.

Los conceptos de inexistencia de los actos y nulidad, funcionan en andariveles distintos, pero cabe señalar que en materia procesal, rigen similares resguardos a los fines de la eficacia del proceso, ya que subyace el principio de convalidación de los actos procesales.

La demandada opone la existencia de una nulidad absoluta, insusceptible de saneamiento, al modo que prescribe la última parte del art.1047 C.C., cuando señala que la nulidad absoluta no es factible de confirmación. La equiparación resulta inadmisible, porque es principio aceptado en nuestro derecho positivo el que todo tipo de irregularidad procesal es susceptible de convalidarse, por el consentimiento expreso o presunto de la parte a quien perjudique.

Ello implica que no cabe hablar, en el ámbito del proceso civil, de nulidades absolutas, aún en el caso que el defecto de que se trate comprometa disposiciones de orden público, como son las relativas a la organización, composición y competencia de los órganos judiciales (Lino Enrique Palacio, ob.cit.pág.147 y ss.).

Responden los conceptos paralelamente a las alegaciones de la parte apelante, que entiende vulnerado el orden público procesal. Las nulidades procesales no se rigen por los principios del derecho civil, adoctrina el autor en la cita precedente y sigue, pero de adoptarse por vía analógica las categorías que reconoce, se definirían actos procesales anulables y de nulidad relativa.

En cualesquiera de estas hipótesis, rigiendo el principio que los actos irregulares se reputan válidos en tanto no recaiga una declaración anulatoria (art.1046 CC.) y por otro, "aquéllos son siempre susceptibles de convalidación (arg. a contrario del art.1047, párr. final del Cód.Civil)".

Por lo expuesto, corresponde rechazar los agravios vertidos y confirmar el punto 1 de la resolución de fs. 1082/1085.

III.- En lo atinente a la apelación respecto de la imposición de las costas a la parte demandante, entiende la actora apelante que en atención a cómo se resolvieron las cuestiones debatidas, corresponde la imposición de costas por el orden causado y así lo solicita.

El artículo 68 del Código Procesal, consagra el criterio objetivo de la derrota, como fundamento de la imposición de las costas. Las mismas, son un corolario del vencimiento y tienden a resarcir al vencedor de los gastos de justicia en que debió incurrir para obtener ante el órgano jurisdiccional, satisfacción de su derecho.

Estas deben ser reembolsadas por el vencido con prescindencia de la buena o mala fe, de su mayor o menor razón para litigar y de todo concepto de culpa, negligencia, imprudencia o riesgo y de la malicia o temeridad de su contrario (Conf. CNCiv, Sala "A", julio 3-1980, ED 90-504; íd. Sala "D", agosto 12-1976, LL 1977-A-433; íd. Sala "F", abril 23-1981, JA-1982-I pag. 433 entre muchos otros).

En este orden de ideas, se advierte que las deficiencias en que incurrieran los actores respecto de la acreditación de personería, dio lugar a la interposición de la defensa que en definitiva fue acogida favorablemente determinando su calidad de vencidos. Siendo así que ha de primar el principio antedicho y no el pretendido vencimiento parcial y mutuo alegado por el apelante.

El actor también se agravia de la imposición de las costas, por cuanto la excepción de prescripción planteada como de previo y especial pronunciamiento, fue diferida para ser tratada como defensa, entendiendo que ello equivale al rechazo del planteo y en consecuencia habría un vencimiento de la demandada.

No resulta admisible tal planteo, en cuanto la prescripción no fue tratada como excepción, sino como defensa cuya dilucidación se difirió para el momento de la sentencia definitiva, donde será considerada y resuelta. Por lo tanto, la misma no ha generado un incidente autónomo que deba tenerse en cuenta a los fines de la imposición de costas en este estadio procesal, sino como parte del pronunciamiento general al dictar la sentencia de mérito según el resultado del litigio.

Por estas razones, corresponde rechazar el recurso deducido por la actora, y confirmar el punto 4 de la resolución de fs. 1082/1085.

IV.- Las costas de la Alzada se imponen en el orden causado en virtud de la forma que se resuelve la presente. (conf. art.68, 69 y cc. del CPr.). Regulando los honorarios de los letrados intervinientes de conformidad con las pautas de la ley arancelaria local.

Por ello, la Sala B de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, R E S U E L V E:

1º).- Confirmar la sentencia interlocutoria N° 78/2005 de fs. 1082/1085.

2º).- Rechazar el recurso de apelación de la demandada interpuesto a fs. 1095 fundado en el memorial de fs. 1100/1106.

3º).- Rechazar el recurso de apelación de la actora interpueto a fs. 1090 y fundado en el memorial de fs. 1092/1094 vta.

4º).- Costas de la Alzada por su orden. Regular los honorarios del Dr. Carlos Jurich en el veinticinco por ciento (25%) de los fijados en la excepción de falta de personería interpuesta en el principal y los honorarios del Dr. Ignacio Ferreira de las Casas en el veinticinco por ciento (25%) de los fijados en la excepción de personería.

5º).- Tener presente la reserva del caso federal de fs. 1098 vta. y 1105.

6°).- Regístrese, notifíquese y devuélvase.- Fdo: Nélida Susana Melero -Presidente-; Graciela Mercedes García Blanco -Juez de Cámara-; Marta Susana Reynoso de Roberts -Juez de Cámara-.- REGISTRADA BAJO EL N° 270 DEL AÑO 2005 DEL LIBRO DE SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS