marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Reserva de la cuestión federal, oportunidad procesal, arbitrariedad sorpresiva, recurso extraordinario federal, inadmisibilidad del recurso
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: María Laura Arrieta s/ Efectúa presentación- Recurso Extraordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2003-11-24

En el caso no se ha introducido la cuestión federal en tiempo oportuno, habiéndose planteado al momento de interponer el presente recurso sosteniéndose que hubo arbitrariedad sorpresiva, la que no es de recibo por cuanto la circunstancia de que la sentencia de este Tribunal haya rechazado el recurso de apelación por deficiencias técnicas, era una posibilidad fácilmente previsible por la recurrente por lo que el hecho de haber negado el recurso con tales fundamentos no puede considerarse en modo alguno que el sentenciante haya introducido una cuestión federal en esa oportunidad. La jurisprudencia de la C.S.J.N. ha expresado que la cuestión federal no solo debe ser introducida oportuna y completamente en el proceso sino además mantenida en todas las instancias de aquél, sean ordinarias o extraordinarias. En ese orden cabe destacar que el presente recurso también es inviable por no existir cuestión federal sobre la que deba expedirse el Alto Tribunal; en efecto, la recurrente no expresa en ningún momento cuál es la cuestión federal que a su entender se configura en el caso, habiéndose limitado a expresar que la declaración de inadmisibilidad formal del recurso de apelación precedente vulnera su derecho de defensa, lo que no resulta suficiente ya que no concreta cuál es la vinculación de lo expresado con los hechos pertinentes de la causa. En cuanto a ello la C.S.J.N. se ha pronunciado reiteradamente en el sentido de que las cuestiones deben ser invocadas de manera inequívoca y explícita, no pudiendo ser introducidas en la causa por mera implicancia.

En consecuencia, careciendo de cuestión federal, el presente recurso debe rechazarse por falta de materia sobre la que deba expedirse el Alto Tribunal.
Empleo público, indemnización
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "GOMEZ  ORLANDO  MARIO c/ EN  -  M°  JUSTICIA  -  PFA s/ PERSONALMILITAR Y CIVIL DE LAS FFAA Y DE SEG".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-03

La norma que debe regir el cálculo de la indemnización que le corresponde percibir al actor en estos autos no es la misma que la utilizada en el fallo del Alto Tribunal (333:311); ya que en este caso sí existe una norma específica que es el art. 16 del decreto-ley nº 6.581/58 (se reitera que, en cumplimiento de las sucesivas contrataciones, el actor se desempeñó como ordenanza - escalafón "F", según art. 5 del decreto-ley nº 6.581/58), que establece la indemnización a la que tiene derecho el personal -según su antigüedad- que es separado de su cargo por causas distintas a las individualizadas en el art. 14 del citado decreto-ley, tal el supuesto de autos.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, libertad de expresión, sistema republicano
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Spacarstel, Néstor A. c/ El Día S.A.I.C.F. s/ daño moral
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-02-03

Si bien en el régimen republicano la libertad de expresión, en sentido amplio, tiene un lugar eminente que obliga a una particular cautela cuando se trata de deducir responsabilidades por su desenvolvimiento, puede afirmarse sin vacilación que ello no se traduce en el propósito de asegurar la impunidad de la prensa.
Despido con causa, abandono de trabajo, empresas de servicios eventuales, plazo
Materia: LABORAL
Carátula: BALDOMIR, KARINA c/ COMPLEMENTOS EMPRESARIOS S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-29

El art. 6, inc. 71 del decreto 342/92 que regula a las empresas de servicios eventuales posibilita la denuncia del contrato de trabajo por la causal del art. 244 LCT en caso que el trabajador, a quien se hubiese asignado nuevo destino laboral en forma fehaciente, no retome sus tareas en el término de 48 horas, plazo que se computa en días hábiles.
Quiebra, pedido de quiebra, juicio ejecutivo
Materia: COMERCIAL
Carátula: TRANSPORTES  COMBINADOS   S.R.L.  S/PEDIDO DE QUIEBRA POR TRANSRIO  S A. s/ PEDIDO DE QUIEBRA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-19

Ante el pago realizado en el expediente ante el juez en lo civil y comercial federal, no cabe duda que la percepción de fondos de aquel, realizada con posterioridad a la iniciación de un pedido de quiebra, importa la existencia de la vía de ejecución individual, y en tanto se encuentra pendiente esta acción no es posible la petición de juicio universal, circunstancia que conduce a la desestimación de la pretensión recursiva.
Recurso extraordinario de nulidad, cuestión abstracta
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bottaro, Teodoro José y otra c/ Tabano, Félix Antonio s/ Rescición de contrato Macchi, Juan Carlos y Alcorta, Lilia del Carmen s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-02-25|1996-06-04

Los pronunciamientos abstractos son impropios de las decisiones judiciales, por lo que no es función de la judicatura emitirlos.
Quiebra, extensión de la quiebra, grupo económico
Materia: COMERCIAL
Carátula: Banco  Medefin  UNB  SA c/ Socimer International BankLimited y otros s/ ordinario. s/ quiebra
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-30

Cabe admitir la demanda de extensión de quiebra incoada por la sindicatura falencial, contra una de las sociedades que integraban el grupo económico de la entidad bancaria fallida, en los términos del artículo 161, inciso 2, b) de la LCQ. Ello así, pues pese a que la demandada no exhibió calidad de socio o accionista, resulta probado el rol activo que asumió en ciertas operaciones de préstamo y la celebración de un contrato de fideicomiso. Dichas operaciones tuvieron como resultado final sustraer gran parte de los activos que fluían entre las integrantes del grupo de la acción de los acreedores. En apariencia, la accionada comenzó siendo un mero "cliente" del banco ahora en liquidación, al efectuar diversos depósitos, para culminar preservando sus propios créditos y derechos, que originariamente no tenían privilegios, por sobre los de los restantes acreedores. En ese contexto, se verifica la acción concertada como un entrecruzamiento de traspasos de activos o pasivos que se asignaban según conviniera a una u otra de las integrantes del grupo, la cual derivó en el resultado final del quebranto, y conduciría a tener por configurado el supuesto de hecho previsto en el inciso 2, b, del artículo 161 LCQ, respecto de la accionada.
Habeas corpus, desplazamiento de la competencia, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Serafini, Diego Tomas c/  s/ habeas corpus
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2019-01-25

En reiterados precedentes este Tribunal ha señalado la improcedencia del habeas corpus cuando implica desplazar sin más al juez competente ante quien se encuentra a disposición tanto el condenado como el procesado (cf. STJRNS4: Se. 119/11, in re: "LLAMBAY"; Se. 107/13, in re: "CASTRO"; Se. 118/15, in re: "CARRIQUEO"). "...los Magistrados de esta Provincia, a cuya disposición se encuentran las personas privadas de libertad, por condena o cautelarmente, deben velar por la operatividad de las normas constitucionales en la ejecución de la restricción a la libertad de esos internos, en el marco de sus respectivas competencias y en orden a las acciones ante ellos incoadas" (cf STJRNS4: Se. 47/15, in re: "JUZGADO DE EJECUCION N° 10"; Se. 162/15, in re: "RALINQUEO"). Esta competencia definida es la que permite al Poder Judicial alcanzar los objetivos propuestos dentro de la política criminal y respecto de la cual corresponde, Juez por Juez e interno por interno, el control judicial a los fines de asegurar su éxito.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, servicio militar, objeción de conciencia
Materia: ADMINISTRATIVO - CONSTITUCIONAL
Carátula: Portillo, Alfredo s/ infr. art. 44 ley 17.531.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-18

Es irrelevante que la ley 17.531 no prevea expresamente las motivaciones religiosas como causal de excepción al servicio militar, dado que los derechos individuales -esencialmente aquéllos que sólo exigen una abstención de los poderes públicos y no la realización de conductas positivas por parte de aquéllos- deben ser hechos valer obligatoriamente por los jueces en los casos concretos, sin importar que se encuentren incorporados o no a la legislación.
Concursos, recurso de apelación (procesal), regulación de honorarios, base regulatoria
Materia: CIVIL
Carátula: SALEME JOSEPH TANIOS s/ CONCURSO PREVENTIVO - INCIDENTE DE REVISIÓN P.P. A.F.I.P. D.G.I. -  EXPTE  Nº: 626/07 - I 6,
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-06-26

De acuerdo con lo dispuesto en el inciso 3 del art. 65 de la ley 5480, para fijar la base regulatoria debe tomarse el monto cuya insinuación se pidió, - sin intereses posteriores a la presentación en concurso-. Por lo tanto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por el incidentista AFIP DGI por la indebida inclusión de intereses en la base regulatoria, que debe limitarse al monto objeto de la pretensión, sin intereses posteriores a la presentación en concurso.
Empleados públicos, asignación de funciones, ius variandi, consentimiento, remuneración, diferencias salariales, prescripción
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Zamboni, Hugo Mario c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso Contencioso Administrativo de plena jurisdicción (Expte CSJ   Nº 44-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-11-05

El consentimiento, por parte del agente público, de una situación escalafonaria -en el caso, otorgada por una reestructuración orgánico-funcional- no puede, en principio, interpretarse como renuncia al reclamo de diferencias salariales por mayor categoría, y sólo el transcurso del plazo de prescripción -no opuesta en el presente caso- podría operar como óbice del reclamo. Es más, así se entendiera que el acto administrativo que aprobó un organigrama funcional de todo el organismo era susceptible de ser directamente impugnado por el recurrente, la Administración no ha invocado ni, por ende probado que haya sido notificado al recurrente.
Recurso de inconstitucionalidad, control de constitucionalidad, Superior Tribunal de Justicia, competencia, tutela de la competencia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Ingeniero Oscar Diez SA c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Demanda ordinaria (Expte. CSJ Nº   712-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-12-09

Si lo que debe resolver la Corte Provincial es si el Tribunal a quo incurrió en un apartamiento de las reglas constitucionales y legales que rigen la materia al declarar la incompetencia de la Justicia en lo civil y comercial, o si por el contrario, falló con estricta sujeción a tales canones, tutelando por esa vía la competencia atribuida a la Corte en los término del artículo 93, inc. 2 , de la Carta Magna provincial, resulta necesario realizar primero una indagación acerca de la naturaleza de la pretensión en los autos, extremo de insoslayable análisis en atención a que la pretensión no sólo determina el contenido de la sentencia (por el principio de congruencia), sino también, como regla (e incluso en los juicios ejecutivos, como en el caso), la competencia ratione materiae. (Del Voto del Dr. Ulla, en Minoría).
Recurso de apelación (procesal), Superior Tribunal de Justicia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Civil y Criminal c/ Egusquiza, Félix y otro
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1867-02-12

Cuando el apelante desiste de ella, la Suprema Corte no puede seguir conociendo del punto desistido, porque esto sería proceder de oficio, en contravención del artículo 2° de la ley de octubre 16 de 1862.
Sociedad conyugal, calificación de bienes, bienes propios, bienes gananciales, medidas cautelares
Materia: CIVIL
Carátula: T.de N.H. c/ T.J. s/ DIVORCIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-06-24

El embargo de un automóvil constituye suficiente garantía del derecho que sobre él pudiese tener uno de los cónyuges cuando el vehículo está asegurado, por lo que la privación del uso al que lo tiene en su poder mediante el secuestro es exagerada cuando no median circunstancias especiales que lo hagan aconsejable (conf.

Llambías-Alterini, A.A., "Código Civil, Anotado-Doctrina- Jurisprudencia", t. III-A, p. 324, nro. 11; CNCiv. Sala C, E.D. 17 951).

El hecho de que el automóvil se encuentre a nombre de la cónyuge no significa necesariamente que hubiera sido adquirido con el fruto de su trabajo personal. Si de la partida de matrimonio no resulta que aquélla tuviera profesión alguna, y tampoco resulta del escrito de inicio que realizara algún trabajo estando ya casada que le hubiera permitido acumular dinero para realizar la compra, máxime si afirmó que meses antes de iniciar la demanda de divorcio, el marido comenzó a mezquinar la necesaria fluidez monetaria para el sustento del hogar, llegando a privarla de toda asistencia, debiendo atender a su sustento, vestimenta, con el auxilio de sus familiares, esto importa, en principio, desconocer actividad remunerada que le permitiera atender a sus gastos. De ahí que, "prima facie", al sólo efecto de la medida precautoria, y sin perjuicio de lo que en definitiva se resuelva, no hay elementos para considerar que el vehículo sea de los bienes a que hace referencia la primera parte del art. 1276 del Código Civil.
Concursos, convenio de crisis
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: EMPRESA 9 DE JULIO S.R.L. s/ CONCURSO PREVENTIVO-CUADERNILLO DE APELACION-CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-02-19

Si desde la fecha en que el juez concursal dispusiera la reducción de los salarios de los trabajadores, en virtud de la aplicación ipso iure del artículo 20  de la L.C.Q., ha transcurrido en exceso el plazo máximo de tres años previsto por la normativa citada para la vigencia del convenio de crisis, no corresponde extender mas allá del mismo los efectos de la sentencia en cuestión.
Poder Judicial, seguridad jurídica
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Juarez, Vicente Enrique y otros. c/ Poder Ejecutivo de la Provincia. s/ Haberes Adeudados.
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1994-05-18

El servicio de justicia que presta el estado hace a la esencia del mismo; dicho servicio es indelegable e inalienable. En virtud de ello, el estado que tiende a la satisfacción de dicho servicio ve proyectada su actividad en sus agentes, acarreando en consecuencia que todo lo que haga a las leyes, acordadas y toda reglamentación que dicte el estado o las Cortes de Justicia tendientes a cumplir éste rol primordial en lo que hace a sus agentes es de derecho público.
Autoridad de aplicación, poder de policía
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Sanatorio San Jorge S.R.L. c/ Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur s/ Contencioso administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 1996-12-05

En cuanto a la autoridad de aplicación este Cuerpo dijo que por tratarse de una materia propia del poder de policía local, no delegada al Gobierno Federal, debe acudirse a la Ley de Ministerios para desentrañar el órgano facultado para su ejercicio. En tal sentido el art. 10-D-inc. 4 de la Ley 25 dispone que el Ministerio de Salud y Acción Social es el encargado de fiscalizar los servicios y establecimientos privados que brinden asistencia médica en el ámbito provincial. Por su parte el Decreto Reglamentario de dicha ley, Nro. 1675/92 confiere a la Subsecretaría de Salud dicha facultad (art. 10 g] 4). Cabe rechazar entonces el planteamiento de la actora vertido en el punto III de los antecedentes y tener por legítima la actuación de la Subsecretaría de Salud Pública de la Provincia como autoridad de aplicación de la ley 17.132, reemplazando la función que en ese sentido cumplía la Secretaría de Estado de Salud Pública de la Nación antes de la provincialización (del voto del Dr. González Godoy).
Actualización monetaria, intereses, remuneración
Materia: LABORAL
Carátula: Icely, Guillermo c/ Vanguardia S.A. s/ Sueldos impos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-09-26

Devengándose las remuneraciones mes a mes, la depreciación del signo monetario debe calcularse desde que cada suma es debida (arts. 128 y 276, L.C.T.)
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Romero, Miguel Fernando c/ Cámara de Diputados de la Provincia de Catamarca s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2008-12-02

Se deduce acción de amparo en contra del decreto dictado por el presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, mediante el cual se dispuso dejar sin efecto un decreto anterior por el cual se decidió el pase a planta permanente de la actora.

Se impone entonces analizar si, de acuerdo a las características que reviste la demanda instaurada, corresponde que ella transite por la vía de amparo. Al respecto cabe señalar que es aceptado por nuestros Tribunales -siguiendo la jurisprudencia de la CSJN- que la acción de amparo mantiene las características anteriores a la reforma del art. 43 de la Constitución Nacional en cuanto es un procedimiento subsidiario de excepción, criterio que sigue la postura mayoritaria esgrimida en los debates de la Convención Constituyente. Surge como consecuencia de ello y como requisito inexcusable para su viabilidad la inexistencia de otras vías legales (judiciales, conforme a lo dispuesto por el Art. 43 de la C.N.).

En el sub lite el actor no ha demostrado la inhabilidad de las otras vías legales existentes, o que la elegida sea en realidad el medio más idóneo para la protección de los derechos y garantías constitucionales que denuncia como vulnerados.

En efecto, es una cuestión obvia que a través de la acción de amparo no puede pretenderse el sometimiento a consideración judicial de todo acto administrativo que se considere viciado de arbitrariedad o ilegalidad. Ello es así porque el constituyente no buscó sustituir a los remedios jurídicos ordinarios, en la medida que éstos reúnan la aptitud suficiente para dar protección a los derechos debatidos o conculcados.

En consecuencia y en tanto no se destruya la presunción constitucional de eficacia del sistema procesal específico para restablecer los derechos que se denuncian lesionados, el amparo, en las condiciones vistas, deviene improcedente. Del voto del Dr. Cippitelli-en disidencia.
Recurso de apelación (procesal), recurso de nulidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco Crédito Argentino S. A. (Fsa) c/ Helbling, Héctor Enrique s/ Ejecución Hipotecaria Enrique s/ Ejecución Hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1998-02-02

Si bien el recurso de apelación comprende el de nulidad, lo cierto es que la nulidad a que se refiere el art. 253 del Código Procesal es la originada por los vicios extrínsecos de la sentencia, los otros, los intrínsecos, importan vicios de juzgamiento susceptibles de ser corregidos por el recurso de apelación, porque al ser planteadas las cuestiones en el memorial como materia de agravios, de acuerdo al art. 276 del Código Procesal "el tribunal podrá decidir sobre los puntos omitidos en la sentencia de primera instancia, aunque no se hubiese pedido aclaratoria, siempre que se solicitare el respectivo pronunciamiento al expresar agravios", entendiendo que tiene vigencia, tratando de suplir las omisiones tanto en las sentencias definitivas como en las interlocutorias, por otra parte, no puede pretenderse la nulidad del decisorio por no tener adecuada fundamentación o porque fuere breve el desarrollo argumental del fallo. Basta recordar que la exigencia en cuestión queda formalmente cumplida con la mención expresa de los textos o principios que el Juzgador considere aplicables, cualquiera fuere la eficacia o acierto con que los invoca. No puede pretenderse la nulidad del fallo en crisis, so pretexto de carencia del debido proceso, pues las nulidades procesales deben ser discriminadas por el respectivo incidente, de acuerdo con la legislación adjetiva (arts. 169 a 174 del C.P.C.C.), e invocadas por quienes resulten perjudicados.
Administrador de la herencia, simulación
Materia: CIVIL
Carátula: Castello de Molachino, Eva c/ Molachino, Hugo Néstor y otros. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-03-01

Aparece como una ficción reñida con las reglas de la sana crítica el pronunciamiento que estableció que la actora pudo, al asumir formalmente el cargo de administradora de la sucesión, tomar un acabado conocimiento de toda una maniobra económica que habría tenido como fin el vaciamiento de la empresa y el patrimonio de su esposo y el desvío de utilidades hacia terceros mediante la venta simulada.
Amparo por mora, silencio de la administración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Aguirre, José Justino y otra c/ Caja Mutual de Seguros de Supervivencia, Vida e Invalidez s/ Contencioso Administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1999-03-11

El silencio de la administración es la típica violación de un deber de acción, es que el silencio de la administración consiste en la duración de una situación que debe cambiar, la demora en resolver se convierte en silencio cuando vencen los plazos que la administración tiene para resolver. A partir de ese momento queda configurado el incumplimiento.
Acción de inconstitucionalidad, allanamiento
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Cabot, Carlos Antonio s/ Inconstitucionaliad art.2, decreto 12997 y art.1 decreto 203/32
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-06-27

El allanamiento a la demanda por parte del Asesor General no exime a la Corte de pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de las leyes impugnadas.
Recurso extraordinario, sentencia definitiva, petición de herencia, declaratoria de herederos, sucesiones, cosa juzgada
Materia: PROCESAL
Carátula: SOFIA SOBOTIAK DE KORNIAK c/ MARIA TERESA OCHOA s/ ACCION DE NULIDAD DE MATRIMONIO Y PETICION DE HERENCIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-11-22

La sentencia que rechazó la acción de petición de herencia el carácter de definitiva en los términos del art. 14 de la ley 48, ya que si bien literalmente deja sin efecto la declaratoria de herederos hecha en favor de las peticionantes, en realidad no se refiere al auto de declaratoria dictado en el trámite del juicio sucesorio sino al reconocimiento de su calidad de herederas; no se trata, entonces, de una resolución que no cause instancia ni haga cosa juzgada, sino de la sentencia que pone fin a un proceso de conocimiento rechazando definitivamente la pretensión de las actoras, rechazo basado en una deficiencia probatoria que no se puede evitar mediante la reproducción del proceso sin que se afecte la autoridad de cosa juzgada de la sentencia.
Concurso real, robo, privación ilegal de la libertad
Materia: PENAL
Carátula: DIAZ, FABIAN ALBERTO Y OTRO s/ ROBO - EMPLEO DE ARMAS - CONCURSO DE DELITOS: REAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-02-28

No encontrándose relacionada la privación ilegal de la libertad que sufriera la víctima con el robo de su campera, sino más bien con la huida del procesado y no hallándose tal acción inserta en el contexto fáctico del asalto, ambos hechos concurren en forma real (art. 55 del C.P.).