marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Procedimiento contencioso administrativo, ejecución fiscal, interrupción de la prescripción
Materia: PROCESAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA c/ Cavas de Zonda S.A. s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2013-02-07

La apelante no ha tenido en cuenta el recurso administrativo de Revisión por ella interpuesto y que han sido ofrecidos como prueba tramitados ante la misma Municipalidad actora, iniciados con la finalidad de que el Ejido Municipal revoque su decisión de iniciar el juicio ejecutivo para obtener el pago de la deuda.

Estas actuaciones en si mismas implican un acto interruptivo de la prescripción conforme lo establece la norma del art. 3986 del Código civil.

La doctrina y jurisprudencia reiteradamente vienen sosteniendo en torno a la interpretación del mencionado artículo que el termino "demanda" en la citada norma no ha de tomarse en sentido técnico de la expresión, valiendo por tal concepto los actos procesales realizados ante el mismo ente municipal que ostensiblemente tienden a resguardar el crédito contra la prescripción, o que muestren la voluntad inequívoca de lograr el cumplimiento de la obligación manteniendo vivo el derecho de acreedor.
Recurso de apelación (procesal), adhesión al recurso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lucas, Francisco c/ Recchia, Domingo s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-18

Si la resolución que favorece a una parte es apelada por otra, toda la cuestión materia del litigio pasa al superior en la misma extensión y con la misma plenitud con que fue sometida al inferior.

Por la apelación lo único que hace es transportar el derecho de un tribunal a otro. Esta es la figura que los doctrinantes han dado en llamar "adhesión -implícita- a la apelación", o "apelación adhesiva" y que ha sido recogida también por el más Alto Organo de Justicia de la Nación ante el silencio del Código adjetivo.
Contrato de trabajo, indemnización por despido, indemnización agravada, ley de emergencia pública y de reforma del régimen cambiario, aplicación temporal de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: Vergara  Ruben  Dario c/ Cervecería  y  Maltería  Quilmes SA s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-02-19

El decreto 1224/07 constituyó el acto administrativo necesario para declarar la finalización de la emergencia pública a los fines del art. 16 de la ley 25561. Por ello corresponde concluir que la suspensión de los despidos sin causa finalizó el día de la publicación del decreto 1224/07, o sea el 11.09.07, ya que éste se trata de una suerte de "decreto de ejecución", que se agota con la corroboración del hecho.
Derecho de trabajar, escribanos públicos, sanciones disciplinarias administrativas, destitución
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Colegio de Escribanos s/ verificación  de  certificaciones  de  firmas, escribana Marta Susana  Iscla de Pettinari adscripta al registro 1229 de Capital.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-23

La sanción de destitución del cargo a que pueden ser sometidos los escribanos en virtud del art. 52, inc. f), de la ley 12.990, lejos de ser arbitraria o desnaturalizar el derecho constitucional de trabajar, guarda adecuada proporción con la necesidad de tutelar el interés público comprometido.
Jueces, notificación
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: BORRIONE DE VIGANO, ELVIRA c/ BORRIONE DE ROSSO, CLOTILDE Y OTROS s/ DIVISION DE CONDOMINIO - AVOCAMIENTO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1990-06-28

El juez que obra como subrogante no tiene necesidad de avocarse, pues recibe las causas en el estado en que se encuentran y continúa los pasos procesales sin que le sea exigible el avocamiento previo indispensable para dictar sentencia. Lo contrario comportaría una imposibilidad fáctica de dictar sentencia por parte de los jueces subrogantes en tanto la demora en dictarse el avocamiento y tener que notificarlo insumaría tal vez la totalidad del tiempo por el que se ejerce la jurisdicción , lo que obviamente se contrapone con la finalidad perseguida por el legislador al doctar la ley orgánica del poder judicial que es corroborada por las acordadas que la reglamentan y que no es otra cosa que facilitar al normal desarrollo de la labor de los tribunales cuya titularidad no puede ser ejercida por su titular.
Hábeas data, bancos, banco central, competencia, competencia contencioso administrativa, Organización Veraz, poder de policía
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: GONZALEZ JUAN CARLOS c/ BANCO RIO DE LA PLATA Y OTROS s/ HABEAS DATA(ART. 43 C.N.). CAUSA Ní 6739/2000.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-11-02

El actor entabló esta acción con el objeto de recabar la información obrante en los registros del Banco Río de la Plata, el Banco de Mendoza S.A. y el Banco Central de la República Argentina, solicitando también la modificación de los datos falsos o equivocados existentes en los registros de dichas entidades y de la Organización Veraz S.A. la actuación del Banco Central que motiva la pretensión deducida en su contra debe reputarse encuadrada en la esfera correspondiente a su actuación administrativa, función que deriva del Poder de Policía que le ha sido otorgado con relación a la actividad financiera, emergente de las normas que rigen el funcionamiento de tales entidades. Ello determina la competencia de la justicia en lo Contencioso Administrativo Federal para conocer en este proceso (conf. causas 166/00 del 13/4/2000 y 3773/00 del 20/10/2000, CnFed. Cont. Adm, sala I, L.L. 1999-c, 500).

Confirmado por la CS., haciendo suyo el dictamen de la Procuración General, el 28/8/01. competencia n 569. XXXVII.
Competencia laboral, acceso a la justicia
Materia: PROCESAL
Carátula: Cooperativa de Agua y Luz de Pinamar Ltda. Materia a categorizar
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-08-20

Aun cuando no se encuentre expresamente previsto el supuesto en el diseño de la ley 10.149, resulta indudable que -más allá de la denominación que le otorgó la accionante- la pretensión articulada en estas actuaciones contra el acto dictado por el Subsecretario de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires que denegó la impugnación deducida en sede administrativa, debe ser resuelta por el tribunal del trabajo, máxime siendo el órgano competente para entender "en grado de apelación" de las resoluciones dictadas por las autoridades administrativas provinciales del trabajo cuando las leyes así lo dispongan, garantizando el acceso irrestricto a la jurisdicción -art. 15 de la Constitución de la Provincia- que, indudablemente, conforma una de las bases primordiales del Estado de Derecho.(del voto por su fundamento del Dr. Soria).
Acción de amparo, prueba, Municipalidad, permiso de uso
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: BACCHETTA, MARCELO LUIS DARIO Y OTRO c/ MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA s/ RECURSO DE AMPARO. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº   227-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-11-19

No habilita la vía excepcional del amparo la recurrente que nada hizo para demostrar por qué excepcional razón, en las circunstancias del caso, el tránsito por la vía administrativa previa y el posterior acceso a la jurisdicción, podían acarrearle un perjuicio irreparable. Tal demostración era necesaria, salvo que se piense que siempre y en todos los casos, la clausura de un local produce un perjuicio de esta naturaleza y habilita la vía del amparo. Así sostenerlo implicaría excluir apriorísticamente de la justicia administrativa y contencioso administrativa, el control de medidas como la cuestionada en autos, sin norma expresa alguna que lo disponga. (Del voto del Dr. Falistocco).
Sentencia definitiva, Ministerio Público, continuación del proceso judicial, excepción de prescripción, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Defensoría General de la CABA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Incidente de recurso de inconstitucionalidad en autos Pérez, Maximiliano s/ 1 - LN 13944 (incumplimiento de los deberes de asistencia familiar)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-07

La decisión que revocó la de primera instancia en cuanto había declarado la prescripción de la acción penal -sobre la base de entender que, por ser el imputado un delito continuado, no es posible comenzar a computar el plazo sin que se encuentre acreditada la cesación en la conducta que dio origen a la acción- no es la sentencia definitiva a la que refiere el art. 26 de la ley nº 402. (Del voto en disidencia parcial del juez Luis Francisco Lozano).
Recurso de nulidad, costas
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: MALPASSI MONICA c/ GUIRARDI BENITO s/ RECURSO DE NULIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-03-17

El recurso de nulidad carece de entidad autónoma, está ligado en su forma y trámite al recurso de apelación, condicionado a la procedencia y posibilidad de sustanciación de este último, por lo que no puede ser considerado si no es planteado juntamente con aquél.

Cuando el tribunal declara de oficio la improcedencia del recurso de apelación concedido por el a quo, las costas se deben imponer por su orden.-
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, protección contra el despido arbitrario, contrato de trabajo, control de razonabilidad
Materia: LABORAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Grosso, Bartolo c/ San Sebastián  S.A.C.I.F.I.A. s/ Cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-09-04

No resulta irrazonable lo establecido en el art. 245 del Régimen de Contrato de Trabajo, porque corresponde al legislador, en cumplimiento del deber constitucional de garantizar la protección contra el despido arbitrario, establecer las bases jurídicas que reglamentan las relaciones de trabajo y las consecuencias que derivan de la ruptura del contrato laboral, sin que los jueces se hallen facultados para decidir sobre el mérito o conveniencia de la legislación sobre la materia.
Prueba testimonial, caducidad, desistimiento
Materia: PROCESAL
Carátula: Miguel Angel José Velazco c/ Gobierno de la Provincia de Santa Cruz s/ Demanda  Contencioso  -  Administrativa  -  Cuaderno de Pruebas de la  Parte Actora
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1991-05-28

Surgiendo de manera irrefragable que el libelo peticionante de la demandada respecto a la caducidad de la prueba testimonial, debe ser tratado con anterioridad al desistimiento de la actora, y del juego armónico de los arts. 362 y 410 del C.P.C. (por remisión del art. 19 de la Ley 22), en una sumatoria real que debe agregarse al silencio mantenido por la accionante en oportunidad del traslado conferido, prima facie le adjudica una tácita aceptación de la negligencia apuntada, y finalmente, junto al desistimiento que esta fórmula de su propia prueba, conlleva necesariamente a que prospere la caducidad de la prueba testimonial y al rechazo del desistimiento solicitado por improcedente.
Concursos, prueba, deberes y facultades del juez
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Autopartes M.H. S.A s/ Pedido de Quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-11-07

Deviene improcedente la solicitud de prueba requerida en el agravio como así también la documental aportada no ofrecida en la instancia oportuna, siendo atribución exclusiva y discrecional del Juez de Primera Instancia, disponer las medidas sumarias que estime pertinente a la probanza del crédito, los hechos reveladores de la cesación de pagos y los sujetos comprendidos (conforme art. 83 de la ley 24.522). En cuanto a esto último, cabe señalar que la facultad conferida por este artículo al Magistrado tiene carácter instructoria, que de ninguna manera puede suplir la inactividad de la parte bajo pena de romper la igualdad de las partes sometidas al proceso.
Derecho contravencional y de faltas, prescripción
Materia: PENAL
Carátula: D'Amico, Norberto Carmelo s/ Inf. art. 1 inc. 'f' ley 8895 Chiemisa, Oscar César s/ Inf. art. 1 inc. 'f', ley 8895
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-09-15|1987-10-13

Si cuando el juez dictó sentencia y concedió el recurso de inconstitucionalidad ya había prescripto, prima facie, la acción contravencional, corresponde entonces al a quo pronunciarse sobre la cuestión, pues no cabe -como regla- transferir a la Corte la competencia para ello mediante la mera concesión de un recurso extraordinario interpuesto después de operada la supuesta prescripción.
Servicio público, responsabilidad extracontractual del Estado, falta de servicio público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gass Leandro Saul c/ Est. Nac. Mº del Interior - .Subsecretaría de Derechos Humanos s/ Proceso de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-25

En materia de responsabilidad del Estado, deben merituarse las llamadas faltas de servicio, en el sentido de que es responsable la Administración (lato sensu), criterio este seguido desde antiguo por la doctrina nacional y europea (conf. R. Bielsa: "Derecho Administrativo", Tomo I, página 129). (Del voto del juez Gallegos Fedriani, cons. VI).
Reclamo administrativo previo, agotamiento de la instancia administrativa
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Velárdez, Germán Ricardo y otros c/ Ex D.E.C.A. y/o Estado Provincial s/ Acción contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2001-10-18

En el caso de autos nos encontramos ante un reclamo producido contra entidad autárquica que en su ley orgánica no contempla la definitividad de los actos de su máxima autoridad y en consecuencia la posibilidad de que los reclamos directos ante ella puedan agotar la instancia administrativa, condición que necesariamente implica que para tal agotamiento deba instarse la participación y decisión del Poder Ejecutivo Provincial en cabeza de su titular por vía del recurso de Alzada, tal procedimiento de excepción determinado por el carácter organizacional del sujeto pasivo de la relación debió llevarse a cabo mediante la interposición de aquél recurso dentro de los cinco días siguientes al de la fecha de producción presunta por silencio de dicha denegatoria, según lo establece expresamente el art. 123 del C.P.A. Si por vía de absurdo se aceptara como hipótesis general, implícita la posibilidad de la habilitación de la instancia contenciosa por ante el propio ente autárquico de que se trata, el Poder Ejecutivo titular y responsable por antonomasia de la administración estatal, tomaría conocimiento de la cuestión litigiosa recién cuando ésta ya se encontrara desplazada de la instancia administrativa, o sea del campo propio de competencia de sus prerrogativas de actuación y dirección, y en consecuencia imposibilitado de ejercer el control de legitimidad y/o legalidad de los actos u omisiones de sus subordinados que el art. 123 pretende preservar, debiendo, sin embargo, en su caso, asumir las consecuencias jurídico patrimoniales del accionar del ente autárquico, como la propia ley de creación de la ex Empresa de Energía Provincial le impone o por vía de la responsabilidad presupuestaria genérica.

En consecuencia, no existiendo constancia en autos de articulación por la actora del recurso de alzada a fin de obtener en el caso decisión de autoridad de última instancia, la vía administrativa no se agotó regularmente y en consecuencia debe declararse la incompetencia de este Tribunal para entender en la presente causa.
Representación procesal, personería
Materia: PROCESAL
Carátula: D'A. DE G.O. c/ G.R.J. s/ ALIMENTOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-02-21

La falta de presentación del poder o de poder suficiente no puede acarrear la devolución del escrito o la pérdida del derecho que se intentó ejercitar con esa presentación, en tanto no medie una intimación del juzgado destinada a subsanar dicha irregularidad. A la misma conclusión se llega por vía de la excepción de falta de personería si por inadvertencia del juzgado se tuviera por parte a quien no revista tal carácter, pues la ley ritual establece la fijación de un plazo dentro del cual el interesado debe ratificar la gestión o acompañar el instrumento respectivo (art. 347 inc. 4 del Código Procesal).

Si el letrado carece de representación suficiente debe fijarse un plazo para suplir las omisiones ante la trascendencia del acto que se intenta realizar como es la apelación de la sentencia. Ese actuar permite la presentación por la que la parte ratifica la actuación de su apoderado, cumpliendo la finalidad prevista en el art. 347, ya que cubre toda imperfección con que se considere que se ha obrado (art. 1936 del Código Civil).
Daños y perjuicios, responsabilidad del banco, obligaciones concurrentes
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Productores de Semillas Selectas Coop. Ltda. c/ Banco Provincia de Tucumán y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-02-17

Habida cuenta que las obligaciones de los causantes del daño -los empleados del banco- y de los sendos bancos responsables indirectos -uno por haber abierto una cuenta a persona cuyo domicilio e identidad eran inexistentes y el otro por haber pagado un cheque ostensiblemente falsificado- si bien no son estrictamente solidarias sino de las que doctrinariamente se denominan "in sólidum" o concurrentes, consistiendo en aquellas que tienen un mismo acreedor e identidad de objeto, aunque diversidad de causa y deudor, deviene indudable que deben responder ambas instituciones bancarias demandadas en tales términos, haciéndose cargo de la solidaridad que recae sobre sus dependientes, por el total del monto de condena que corresponder dictar (art. 113 y su doct.del C.C.).
Daños y perjuicios, indemnización, daño estético, accidente de tránsito, daño moral
Materia: PROCESAL
Carátula: PEREZ, ISABEL c/ HERMIDA, JOSE s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-09

En una acción en la que se reclama resarcimiento a consecuencia de un accidente de transito, procede otorgar indemnización en concepto de daño estético ($ 5000) cuando, -como en el caso-, se verifica que la pretensora quedo con una cicatriz en su pierna y una limitación anatómica funcional del mismo miembro inferior. Cabe precisar, que este perjuicio no constituye un daño autónomo. Es daño moral si afecta un interés extramatrimonial de la victima; y puede también constituir un daño patrimonial indirecto, si repercute sobre las posibilidades económicas de aquella. Para que proceda la reparación pecuniaria por lesión estética, no es menester que se afecte la belleza del damnificado; es suficiente que se dañe su armonía física, la que no se identifica con aquella, pues esta es subjetiva y depende de quien la evalúa.
Sentencia, nulidad de sentencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Municipalidad de San Nicolás c/ Regina de Monzón S.A. s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-10-19

Si bien la accionante se encuentra incursa en la prevención obstativa emergente del art.171 del C.P.C., ello no obsta, habida cuenta de lo manifiesto del vicio en que se ha incurrido -litis no trabada ante denuncia de fallecimiento de la demandada al momento de diligenciar el mandamiento de pago y embargo- a que se convalide un pronunciamiento que afecta el legítimo derecho de defensa de los sucesores de la ejecutada (art.172 y 543,inc.1º C.P.C.) (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Desaparecidos, dictadura militar, familiares de la víctima, imprescriptibilidad, crímenes de lesa humanidad, principio de dignidad humana, responsabilidad del Estado, centro clandestino de detención, terrorismo de Estado
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Masacre de Napalpí  c/  s/ Juicio por la Verdad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Chaco
Fecha: 2022-05-19

El derecho a la verdad del que gozan los familiares de las personas desaparecidas es un derecho incuestionable e imprescriptible, que va más allá del derecho positivo, que no podrá nunca dejar de reconocerse en función de los principios de dignidad, solidaridad y ética, debiendo el poder judicial dedicar todos sus recursos y capacidad para que quienes aún padecen el dolor también imprescriptible, de contar con un ser querido sin paradero conocido, logren descubrir la verdad real, aún cuando obtenida no logre cicatrizar la herida del dolor provocada por el Estado.
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, apreciación de la prueba, cuestiones procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: Mendoza, Marcelo Adrián s/ atentado y resistencia a la autoridad causa n° 1072-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-13

Tanto la apreciación de las pruebas como la interpretación y aplicación de las normas de derecho procesal constituyen, por vía de principio, facultad de los jueces de la causa y no son susceptibles de revisión en la instancia extraordinaria (Disidencia de los Dres.

Julio S. Nazareno, Eduardo Moliné O'Connor, Carlos S. Fayt y Enrique Santiago Petracchi).
Adopción, filiación, relaciones de familia
Materia: CIVIL
Carátula: Muller, Jorge s/ denuncia.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-13

Lo prohibido por la ley 19.134 son los actos jurídicos o las acciones de emplazamiento familiar incompatibles con los efectos que la sentencia de adopción produce, los que implican el desplazamiento del estado determinado por la filiación consanguínea; en cambio, el derecho a conocer la identidad de origen opera en un nivel superior, de rango constitucional, que trasciende lo concerniente al "estado de familia".
Abordaje de buque, daño cierto, daño actual, pérdida de la chance, daño resarcible, lucro cesante
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: HORAMAR S.R.L c/ CAP.Y/O ARM.Y/O PROP.Y/O RESP. BQ. STAR ENTERPRISE s/ ABORDAJE
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-07

La falta de prueba acerca de la cantidad de viajes realizados por los buques siniestrados en épocas anteriores al abordaje no acredita que, al tiempo de ser embestidas, las barcazas no estaban realmente afectadas a transportes redituables y esto es lo que interesa a fin de juzgar sobre la existencia de ganancias frustradas. La barcaza y el buque normalmente se hallan afectados al transporte de combustible de terceros en forma onerosa, según surge de la informativa rendida y del entendimiento de que nadie posee naves de esa especie para fines deportivos o de holganza. Al sufrir averías y salir de servicio, no recibieron encomienda alguna.

Ninguna razón existe para descartar la probabilidad de que, de haber estado en condiciones, hubieran sido contratadas. No se trata de una "posibilidad" remota, sino de una "probabilidad" nada desdeñable, frustrada como consecuencia directa del abordaje. Resulta claro entonces, que los navíos perdieron la "chance" de su utilización remunerada y que esa frustración comporta un daño actual y cierto, y no una suposición meramente conjetural, por eso, en su propia medida, la perdida de la "chance" debe ser indemnizada (esta sala, causas 5634 del 9.2.88; 9082/92 Del 13.4.93, Entre muchas otras;

confr. A. Orgaz, "El daño resarcible", n1 24, p. 99; J.J. Llambías, "Tratado de derecho civil- obligaciones", t. I, ps. 267/268, Nota 20, etc.) Sin perjuicio de señalar que la valoración de aquella no se identifica con el eventual beneficio frustrado (causas 547 y 1368 del 14.8.81 Y 12.7.82, entre otras).