Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL (JUNIN)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2011-03-01


///NIN, a los 1 días del mes de Marzo del año dos mil once, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Junín Doctores JUAN JOSE GUARDIOLA, RICARDO MANUEL CASTRO DURAN Y PATRICIO GUSTAVO ROSAS , en causa Nº 49873 caratulada: "RUBINO LUIS ALBERTO C/ BURANI HERNAN EZEQUIEL Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.-RESP EST.-POR USO DE AUTOMOT.(C/LES.O MUERTE)", a fin de dictar sentencia, en el siguiente orden de votación, Doctores: Guardiola, Castro Durán y Rosas.- La Cámara planteó las siguientes cuestiones:

1a.- ¿ Se ajusta a derecho la sentencia apelada ? 2a.- ¿ Qué pronunciamiento corresponde dictar? A LA MISMA PRIMERA CUESTION, el Sr. Juez Dr. Guardiola dijo:

I.- En la sentencia dictada a fs. 287/295 se rechazó la demanda que por daños y perjuicios promoviera Luis Alberto Rubino contra Ezequiel Hernán Burani, el titular registral Wilfredo Oscar Andrioli - hoy sus herederos- y la citada en garantía La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales.Impone costas a la parte actora vencida y regula los honorarios de los letrados y peritos intervinientes.

Los fundamentos del fallo pueden resumirse en que dados los términos del pronunciamiento penal - sobreseimiento- que transcribe en la parte pertinente, pericia mecánica y confesional de fs. 210 el accionar de Burani ha quedado establecido como desconectado causalmente del resultado dañoso, endilgando al reclamante la conducta determinante de la producción de la colisión toda vez que llegó con su ciclomotor a la intersección avanzando a contramano. De tal suerte el demandado quien circulaba en su automotor reglamentariamente y a escasa velocidad está eximido totalmente de la responsabilidad por el accidente motivo de autos.

Apeló la apoderada del actor Dra. Maria Ines Chacón (fs. 298), fundando su recurso a fs. 324/326vta. Su crítica se apoya en que en la cuadra siguiente de la arteria por la que circulaba habría un cartel que indica doble mano; que el acompañante de Burani declaró que tuvo dificultad para ver el ciclomotor por el reflejo del sol, lo que revela su falta de dominio pleno del vehículo, y la ausencia de marcas de frenado un dato de la falta de atención en la maniobra de trasponer la encrucijada; que el ciclista desaprensivo al igual que el peatón distraido son hechos que por su frecuencia obligan al conductor a estar alerta para sortear esas emergencias, existiendo una notoria diferencia del riesgo creado en relación con los protagonistas del evento; que a los demandados se los tuvo por confesos en rebeldía a fs. 216 y en que el Sr. Juez a quo no valoró adecuadamente los alcances del sobreseimiento provisorio respecto al juzgamiento de la responsabilidad civil. no existiendo en el sublite cosa juzgada que obstaculice la libre apreciación de ella según las reglas objetivas del riesgo creado.

Con la réplica del Dr. Oscar R. Peretti, apoderado de los demandados y la citada en garantía, de fs. 330/331, resistiendo la impugnación con argumentos de refuerzo al criterio del sentenciante, en el sentido de la causal exculpatoria por culpa exclusiva del motociclista al circular de contramano, a lo que se agrega que Burani llegó al cruce desde su derecha y la incidencia del pronunciamiento penal en cuanto al hecho principal y sus circunstancias; firme que quedó el llamado de autos para sentencia de fs. 332, las presentes actuaciones se encuentran en condiciones de ser resueltas ( art. 263 del CPCC).

II.- De inicio estimo útil comenzar recordando lo expresado en mi voto en Expte 42441 LS 49 n° 151 sent. del 1/7/2008: "Dijo el Dr. Pettigiani ( SCBA, C 96945 S 21-5-2008; autos " De León, María Alcira y otros c/ Giménez, Cosme Argentino s/ Daños y perjuicios"): "En mi voto de las causas Ac. 79.389 (sent. del 22VI2000) y 80.630 (sent. del 1IX2004), expuse que la cuestión de derecho debatida, relativa a la interrelación existente entre la sentencia recaída en juicio penal y la posteriormente pronunciada en sede civil, ha generado intensas polémicas tanto dentro del marco doctrinario como en los numerosos fallos que se han dictado al respecto. En mi apreciación el punto álgido de la cuestión estriba en impedir que la solución a que se arribe provoque el tan temido escándalo jurídico "contrario a la razón y a la verdad que debe suponerse en los juicios concluídos", como señala Vélez Sarsfield en su ya clásica anotación de los arts. 1102 y 1103 del Código de su autoría. Lo que en definitiva está en juego es la observancia de los principios lógicos de identidad, que predica que todo objeto es idéntico a sí mismo y de no contradicción, para el cual algo no puede ser y no ser al mismo tiempo." Tanto doctrinaria como jurisprudencialmente se ha reconocido que "La autoridad de la cosa juzgada de la sentencia penal absolutoria se limita a la verificación de la inexistencia del hecho principal en que se funda la acusación o en la ausencia de autoría del demandado acerca de ese hecho. Esto significa que le está vedado a los tribunales civiles aceptar como existentes hechos que según los tribunales represivos no han ocurrido o atribuir al demandado actos con respecto a los cuales estos tribunales decidieron que él no fue su autor. La ley alude al "hecho principal" debiendo considerarse tal el hecho sustancial que fuera atribuido al demandado como delito penal y sobre el cual ha recaído la absolución. La noción de "hecho principal" engloba a las circunstancias que fueron estimadas esenciales para determinar la absolución del imputado. Así, establecido en el juicio criminal que las barreras del tren estaban cerradas no cabe estimar en la causa civil que estaban abiertas..." (Llambias Jorge Joaquin "Límite de la cosa juzgada en materia de responsabilidad civil" en ED 84 ( 1979) p. 775; idem, Borda Obligaciones II nº 1618 p. 462 ). " La autoridad de la cosa juzgada que emana de la sentencia penal firme alcanza no solamente al hecho de la producción del accidente origen de los daños y perjuicios reclamados sino también a las circunstancias en que el ilícito se ha consumado." (SCBA, Ac 36846 S 26-2-1988; Ac 40405 S 4-7-1989; Ac 50373 S 19-10-1993; Ac 57039 S 28-12-1995; Ac 53367 S 6-2-1996 JUBA B11317). Así entre las cuestiones irrevisables en sede civil tenemos las circunstancias referentes al hecho principal como lugar y tiempo en que se produjo (Violini Carlos A. " Derecho de daños. Sentencia absolutoria en sede penal. Su influencia en sede civil" DJ 2000-2-1149; idem Tobias Jose W. " Las causas de justificación en la sentencia penal ..." La Ley 1992-E p. 397: " la expresión legal, incluso, abarca las circunstancias de tiempo y lugar en que se produjo el hecho"). "Es decir, el juez civil debe atenerse a los datos fácticos que dió por verificados el magistrado penal" (Kemelmajer de Carlucci Aida en Código Civil de Belluscio-Zannoni To. 5 p. 311). "En términos generales se ha admitido que no es dable reveer las circunstancias fácticas que integran el delito juzgado y cuya existencia o inexistencia fuera declarada en el fuero penal, pero debe tratarse - según señala un autor- de las circunstancias de hecho que han sido esenciales para la fundamentación de la sentencia absolutoria" (Cazeaux-Trigo Represas "Derecho de las Obligaciones" To. V p. 885) ..... cabe señalar que "La autoridad de cosa juzgada del pronunciamiento penal sobre la instancia civil no depende de su forma - sentencia dictada en plenario o sobreseimiento definitivo- sino de su contenido o sustancia. En principio, no hay cosa juzgada que impida al juez civil admitir la responsabilidad civil del demandado. Pero sí la hay - cualquiera sea la forma del pronunciamiento penal- en los dos supuestos antes especificados" (Llambias Tratado Obligaciones IV.-B nº 2783 p. 97 al tratar el sobreseimiento definitivo). Es que " cuando el juez funda el sobreseimiento definitivo exactamente en tales motivos, parece inconcebible que no se le del valor de una absolución del acusado en juicio plenario al que en esa hipótesis ni siquiera se llegó porque faltaba todo mérito para abrirlo" (idem p. 96). Bien se ha dicho entonces que se requiere diferenciar las razones en virtud de las cuales el sobreseimiento definitivo fuera dictado ( Saux en Código Civil de Bueres-Highton To. 3A p. 334 y autores citados en nota 44). Por ello es que Miguel A. Piedecasas (RDDD 2002-3 " Relaciones entre la responsabilidad civil y la penal" p. 90/91) ha expresado que se trata de "producción de efectos de origen jurisdiccional", ya que los mismos "serán valorados en el caso concreto, sin imposición legal de ninguna clase, por el juez actuante, donde cobra gran importancia la causa en la cual se ha fundado el sobreseimiento", en función de que éste "salvo que estuviere fundado en la no existencia del hecho y falta de autoría, implica un no juzgamiento, aunque la decisión que recayera tiene carácter definitivo". " La influencia de la absolución dictada en sede penal no depende de la forma - sentencia dictada en plenario o sobreseimiento en la etapa instructoria, sino de su contenido o sustancia" ( Kemelmajer de Carlucci idem p. 318) "Sólo en el caso de que la absolución o el sobreseimiento criminal estuviera basado en la inexistencia del hecho o por la no autoría del acusado y no en la falta de responsabilidad de éste, puede ser invocado ese pronunciamiento en sede civil, para impedir una condena que aparecería como escandalosa" (SCBA Ac 33554 S 21-9-1984; Ac 38394 S 26-11-1987;Ac 41239 S 7-7-1989; Ac 48529 S 11-2-1992 ; Ac 55829 S 5- 9-1995; Ac 53367 S 6-2-1996; Ac 60667 S 11-6-1998; Ac 67896 S 21-11-2001, entre otros JUBA B4367, B14459 y B23826).

.....Dijo el Dr. de Lázzari in re "Acosta Lucia c/ Acosta Graciela" SCBA Ac. 65.895, ante un caso que guarda analogía con el presente: "...la autoridad de la cosa juzgada que emana de la sentencia penal firme alcanza no solamente al hecho principal sino también a las circunstancias en que se cometió y que fueron juzgadas por el juez de la causa. Y ello es así, no sólo porque resulta aplicable el art. 1102 del Código Civil, sino porque debe evitarse el escándalo jurídico que se produciría si distintos jueces (cualquiera fuera el fuero) arribaran a pronunciamientos contradictorios al establecer situaciones meramente fácticas (conf. causas Ac. 55.369, sent. del 22VIII95; Ac. 53.367, sent. del 6II96, entre otras). Se ha dicho que el " hecho principal", a que se refiere el art. 1103 del Código Civil , no es el mero hecho del accidente sino también las circunstancias que lo rodearon..... De ahí que si en la sede penal efectuó la descripción de las situaciones fácticas en que se fundó la absolución del imputado, dicha conclusión no puede reverse en sede civil (conf. causas Ac. 61.975, sent. del 31III98, Ac. 56.686, sent. del 27XI96; Ac. 64.363, sent. del 10XI98; etc.). En consecuencia, adviene inmodificable del fuero penal la conclusión sentada en la sentencia que determinó que "...la causa única y excluyente del accidente, fue la invasión por parte del ciclomotor al carril opuesto a aquél por el cual le correspondía circular, atento el sentido que llevaba" (v. fs. 121 vta. de las actuaciones s/lesiones culposas). Y ello hace que deba tenerse por acreditada la situación prevista en la segunda parte del segundo párrafo del art. 1113 del Código Civil, esto es que la conducta de la víctima ha interrumpido totalmente el nexo causal entre el hecho y el daño, excluyendo la responsabilidad que de manera objetiva endilga dicha norma al dueño o guardián de la cosa que presenta riesgo o vicio. A mayor abundamiento, la posición del recurrente en cuanto a la pretendida falta de control en la pericia policial de fs. 118/119 de la causa penal no quita virtualidad a las consideraciones precedentes, a lo que se agrega que la referida causa resultó oportunamente ofrecida como elemento probatorio tanto por la actora como por la demandada (fs. 73 y 88 vta.)." La incidencia del pronunciamiento penal fue también resumida por el Dr. Hitters ( SCBA causa C 96521 del 30/6/2009 -confirmando el fallo de esta Cámara recaído en Expte. Nº 40508 LS 46 nº 209- y también en C. 85.924 del 25/11/2009) de la siguiente forma : "III. Corresponde inicialmente formular las siguientes precisiones sobre los alcances de la vinculación del juzgamiento penal en sede civil (conf. art. 1103 del Código que atiende a esta última materia), en los supuestos en los que el sentenciante que pone fin a la pretensión punitiva se expide más allá de la conducta del imputado y avanza sobre valoraciones jurídicas relativas a la culpabilidad de la víctima.

1) Este Tribunal ha sostenido en líneas generales que el "hecho principal" al que se refiere la norma aludida comprende al hecho del accidente y también a las circunstancias que lo rodearon. De ahí que si en sede criminal se efectuó la descripción de las circunstancias fácticas en que se fundó la absolución del imputado, dicha conclusión no puede reverse en la jurisdicción civil (conf. Ac. 40.405, sent. del 4VII1989; Ac. 42.786, sent. del 21 V1991; Ac. 73.546, sent. del 31V2000, etc.).

Es dable puntualizar asimismo que como también ha sostenido esta Corte lo que se valora en la instancia penal es la conducta del imputado, y cualquiera haya sido la opinión del sentenciante allí respecto de la actuación de la víctima en el evento dañoso, no obliga al juez civil cuya tarea se mueve en una dimensión distinta (conf. Ac. 41.239, sent. del 7VII1989; Ac. 61.410, sent. del 15VII 1997; Ac. 73.290, sent. del 19II2002).

Cabe entonces, realizar una distinción entre las circunstancias fácticas que rodearon al "hecho principal" y la valoración que sobre aquéllas realice el juzgador a los fines de determinar su alcance jurídico en un caso.

Ello, en tanto considero que el strepitus fori que intenta evitar la regla de marras no apunta en sí a la supuesta contradicción de que un sujeto pueda ser absuelto en una jurisdicción y declarado responsable en otra (máxime cuando en cada una de ellas se admite factores de atribución diferenciados), sino que lo que repugnaría a la ley es que, un único hecho haya sucedido de modo diferente para dos magistrados (v. mi voto en Ac. 80.630, sent. del 1IX2004, entre otras).

2) La cuestión puede explicarse más claramente a través de un ejemplo traído por Llambías, por el que se advierte que el juzgador civil no podría afirmar que al pasar un tren estaban levantadas las barreras si, previamente, el juzgador penal había fundado la absolución en que aquéllas se encontraban bajas (autor cit., "Límites de la cosa juzgada penal en materia civil", "El Derecho", t. 84, p. 775).

Ergo, no tengo dudas que en el plano estrictamente fáctico cabe invocar la necesidad de no vulnerar el principio lógico de identidad, pues en ambas sentencias se trata una única y misma cosa (o hecho).

Por contrario, me encuentro convencido que respecto de la determinación de responsabilidades no siempre existe esa identidad lógica que deba salvaguardarse, ya que el ámbito civil y el penal se ha sostenido invariablemente sólo mantienen comunidad algunos de sus elementos.

Un ejemplo de la diferenciación apuntada entre ambas materias lo encontramos en la denominada atribución objetiva del art. 1113 del Código Civil. La norma, prevista para los daños causados por el riesgo o vicio de una cosa, establece que el dueño o guardián sólo se eximen de responsabilidad acreditando la "culpa" de la víctima o de un tercero por el que no deben responder. En tal supuesto, entonces, el juez de la instancia privada no se encuentra condicionado por la valoración que sobre la conducta del acusado se realizó en la sede punitiva, desde que como surge de la norma aquella conducta resulta indiferente a los fines de establecer la obligación civil de reparar.

Es que mientras el magistrado penal sólo se ocupa de juzgar las acciones humanas, el civil debe hacerlo también en algunas oportunidades sobre los hechos de las cosas. Y resulta obvio que no existe "identidad" entre ambas categorías.

Esta distinción, que se vislumbra prístinamente cuando nos referimos al elemento factor de atribución, debe efectuarse también, en mi opinión, al tratarse la relación causal. Máxime cuando nos encontramos frente a un supuesto como el sub examine. Pues insisto la ausencia de causalidad comprobada en la jurisdicción penal sólo puede alcanzar, con validez prejudicial, al vínculo entre la conducta del acusado y las lesiones producidas a la víctima. Cualquier valoración jurídica (no fáctica) que se haga sobre la intervención de la cosa en el accidente, excede la competencia de la sede punitiva, y resulta irrelevante a los fines del art. 1103 del Código Civil, salvo que tal tarea devenga imprescindible a los fines de justificar la absolución.

3) En síntesis, la "calificación del hecho" que hubiera formulado el juez penal, mediando sentencia absolutoria a diferencia del supuesto de condena no hace en principio cosa juzgada y puede ser alterada por el juzgador civil, siempre que aprecie que no obstante ello existe un ilícito del derecho privado que merece un resarcimiento. Algo similar sucede en punto a la declaración de inexistencia de relación causal (conforme Bueres, A.J.Highton, E. I., "Código Civil...", t. 3 A, págs. 324/5).

4) Cabe dejar aclarado que quedan expresamente excluidos de la posibilidad de revisión todos aquellos supuestos, reconocidos casi unánimemente por la doctrina y la jurisprudencia, en los cuales la calificación que se realiza en la sentencia penal absolutoria impone, por su propia naturaleza, que ella sea mantenida en sede civil (entre otros, encontramos el caso en que la absolución recayó por una causal de justificación, como la legítima defensa; conf. Bueres-Highton, ob. y loc. cits., mi voto en causa Ac. 79.389, sent. del 22VI2001).

IV. Las consideraciones realizadas a manera propedéutica en el capítulo anterior permiten adelantar el resultado negativo de la queja traída.

1) En efecto, el a quo comenzó adecuadamente su discurso en este punto, desarrollando su postura en torno a los alcances del art. 1103 del Código Civil en hipótesis como la del sub lite, coincidiendo sustancialmente con las pautas aludidas en el parágrafo anterior.

Formuló así una interpretación correcta del precepto aludido, al entender (en resumidas cuentas) que el sobreseimiento concretado por el magistrado del fuero represivo, no vincula al judicante civil en lo que hace a la definición de la eximente de responsabilidad basada en la culpa de la víctima en atención a las diferencias existentes entre el factor de atribución aplicable en ambos fueros. Aunque aclaró -reitero, con acierto- que ello no implica que el magistrado encargado de la pretensión resarcitoria pueda afirmar que los hechos sucedieron de un modo diverso al relatado en sede penal.

No advierto en ello infracción alguna al art. 1103 ni a la doctrina de esta Corte sobre la materia, a diferencia de lo sostenido por el quejoso. Lo que queda firme es el modo en que los acontecimientos tuvieron lugar según el juez penal y no la calificación que éste desarrolle sobre la conducta de la víctima, que, reitero, puede ser analizada nuevamente en los términos del art. 1113, in fine, del Código Civil.

En síntesis, no asiste razón al impugnante cuando denuncia la violación del art. 1103 del Código Civil, ya que -como he señalado- cuando el juez penal se expide positivamente sobre el modo en que los hechos han acaecido, dichas conclusiones estrictamente fácticas quedan firmes para la determinación de la responsabilidad civil.

2) Es por ello, además, que no cabe atender a las denuncias de desconocimiento de los elementos aportados en la causa civil, de infracción de las reglas que rigen la tarea de valoración probatoria del sentenciante, los efectos de la confesión ficta o la rebeldía del accionado (arts. 384, 421 y 474 del C.P.C.C.; v. fs. 599/604; 614/620 vta.) materia desplazada por la firmeza adquirida en el proceso punitivo en torno la manera en que los hechos se desarrollaron.

3) Tampoco cabe receptar el cuestionamiento de la accionante contra la asimilación (a su juicio incorrecta) entre el sobreseimiento y la absolución (fs. 593/599), conceptos que este Tribunal ha asimilado en reiteradas oportunidades a efectos de la interpretación del art. 1103 del ordenamiento civilístico (Ac. 35.091, sent. del 10-II-1987; Ac. 71.889, sent. del 31-V-2000; Ac. 93.817, sent. del 5-IV-2006), lo que resta acierto al planteo aludido....." Si deliberadamente me he extendido en la transcripción de parte de esos pronunciamientos ello ha sido con el propósito no sólo de rescatar el correcto encuadre formal efectuado por el A-quo del tipo de pronunciamiento recaído en sede penal -sobreseimiento dictado por aplicación del art. 323 inc. 3 CPPC- que siempre es definitivo y equiparable a la sentencia absolutoria de acuerdo a nuestro código procesal penal vigente, art. 322 ley 11.922, v. Hortel "Nuevo Código..." p. 445/6, sino fundamentalmente por lo importante que resulta desde su contenido en cada caso particular efectuar una criteriosa evaluación atendiendo a cuánto se ha avanzado desde la sede penal sobre la esfera propia del juez civil, sin que haya una auténtica intromisión; en que medida al fijarse penalmente las circunstancias fácticas consideradas esenciales para fallar absolutoriamente a favor del imputado es posible concluir civilmente la inexistencia de la relación causal - que se juzga con otros parámetros cuando el factor de atribución es objetivo como en el caso- o si se han vertido consideraciones de valoración incidentales, marginales, supérfluas y hasta improcedentes que al quedar fuera del concepto de "hecho principal" no son vinculantes para el juez civil.

En el caso que nos ocupa - accidente ocurrido en la intersección de las calles Quintana e Ituzaingo de la ciudad de Chacabuco entre la motocicleta Zanella del actor y el automóvil Ford Orion del demandado-, la Sra. Juez de Garantías Dra. Marisa Muñoz Saggese en sentencia de fs. 84/86 de la IPP nº 1452/05 acollarada, entendió que " el riesgo ha sido puesto por la víctima de autos, quien conducía en sentido contrario al reglamentario y el imputado de ninguna manera lo incremento", "se puede llegar a la conclusión a esta altura de la investigación es que el evento se halla producido por un accionar culpable atribuible a la víctima de autos, quien transitaba por la calle Ituzaingo en sentido contrario es embestido por el automóvil conducido por el imputado, el cual circulaba por calle Quintana en sentido permitido y a una velocidad reglamentaria" Fijada de tal suerte la mecánica del accidente considero poco margen quedaba para estimar subsistente como causa eficiente del suceso el accionar riesgoso de la cosa por la que responde el demandado; operándose así la desvinculación noxal determinante del rechazo de la acción (arts. 1113, 1111 901, 906 CCivil).

Es que los datos mencionados, resultado de la objetiva descripción de las circunstancias del hecho, aparecen como incontrovertibles en esta sede y son determinantes al momento de evaluar el hecho de la víctima como factor de fractura de la imputatio facti derivada de la participación del automóvil.

En efecto, "La marcha en sentido contrario al indicado para la circulación constituye, tal vez, la más grave de las infracciones que puede cometer un automovilista y que, cuando provoca un accidente de tránsito, debe ser juzgada esa conducta desaprensiva con el máximo de severidad....resulta censurable la conducción a contramano en cualquier vía de sentido único de circulación. Al atravesar una encrucijada, el otro conductor normalmente no supone que va a interponerse en su línea de marcha un vehículo que se desplaza de contramano, de modo que la colisión puede aparecer como inevitable" ( Areán Beatriz " Juicios por accidente de tránsito" To. 2 p. 319/311). "..la circulación contraria al sentido establecido en las respectivas ordenanzas constituye una gravísima falta que sirve para calificar la culpa de quien participe de un accidente de tránsito" (Lopez Mesa Marcelo "Responsabilidad civil por accidentes de automotores" p. 488). " Debe circularse de conformidad con los sentidos de circulación correspondientes, por eso es de presumir la culpa de quien circulaba de contramano, regla que -según alguna jurisprudencia- sería absoluta. ....(Kemelmajer de Carlucci " Código Civil de Belluscio-Zannoni To. 5 p. 501). "Tampoco destruye esta presunción la marcha a contramano hecha a una velocidad moderada" (Meilij Gustavo "Efectos jurídicos de los accidentes de tránsito" p. 17).

Recordemos que "El principio de confianza obra como un límite entre los deberes de precaución de los actores del tránsito. De tal suerte, a cada uno le incumbe responder por la propia previsión y cuidado, no siendo positivamente exigible que un conductor deba prevenir los comportamientos antinormativos de otros- como lo es, en el caso, circular a contramano" ( Cam Apel Civ y Com Pergamino 18/8/95 Montero Julio c/ Rochi Jorge s/ Daños y perjuicios" el Dial-WE04D). Y esa legítima expectativa por parte de Burani de que la reglamentación será cumplida, no fue respetada por Rubini.

No mejora la valoración de su comportamiento ni siquiera una eventual ignorancia de la reglamentación sobre el sentido de circulación proveniente de fuerza mayor ( v. Kemelmajer de Carlucci ob cit. p. 502), en tanto la misma además de no haber sido acreditada (la existencia no probada de un cartel en la otra cuadra tampoco satisfacería ese requisito), dejaría subsistente el deber por parte del actor de no vulnerar la preferencia de paso del otro vehículo por arribar al cruce desde su derecha (art. 57, 2 de la ley 11.430) y por ende esa adicional confianza del otro usuario .

A ello se suma que aún avizorándose algún resquicio que admitiese sustraerse de los efectos vinculantes del pronunciamiento penal, entendiéndose que -al margen de las consideraciones y términos que empleó- su cabal interpretación posibilitara circunscribir su alcance al tópico de la culpa del ahora emplazado civilmente sin proyectarse a la determinación del hecho y su relación causal, tampoco la prueba rendida en este proceso mejoraría la suerte del recurrente. Así ninguno de los elementos arrimados permite concluir que razonablemente el automovilista tuvo el tiempo y espacio suficiente para detener su vehículo o sortear el obstáculo que se presentaba a su marcha. Por el contrario, el reclamante, tal como apreció el sentenciante de grado su absolución de posiciones en tramo del fallo exento de crítica, vió venir al Sr. Burani y pese a esto, con las mejores condiciones de maniobrabilidad y detención de un biciclo no desistió de su avance. Respecto de la velocidad del Ford, la conclusión de la juzgadora penal tampoco ha sido desvirtuada por la pericia mecánica de fs. 244 , quien sí da cuenta que el ciclomotor fue el que rozó su paragolpes delantero dejándole un rayón de 20 cm. de largo.

De tal forma "La infracción a la ley de tránsito- circular a contramano- no se erige en abstracto en fuente de responsabilidad, sino que en el caso concreto se constituye en elemento de imprevisibilidad para la otra parte que lo excluye como agente causal del hecho". Así, para acreditar que fue el demandado quien generó en alguna medida la causalidad productora del evento, el reclamante debió probar que su irrupción en la encrucijada por el lateral que no le correspondía - y por ello no era esperable- fue advertida por el otro con antelación suficiente para evitar el choque y que éste se produjo por su accionar imprudente o negligente, carga que en autos no ha sido cumplida (Cam. Apel. San Martin Sala II 7/3/96 Guarino Pablo c. Bianchotti Marcos s/ Daños y Perjuicios" el Dial-W125C5).

Tal como dijera Salvat ( Obligaciones To. I p. 58) el onus probandi incumbe a la parte que quiere modificar el estado normal de las cosas o la posición adquirida por la otra parte; habiendo sentado la Casación local que no depende de la función de actor o demandado sino aplicada con arreglo a la situación en que se colocaron cada uno dentro del proceso, de conformidad con los hechos establecidos o reconocidos y la afirmación de que se han dado los supuestos o los hechos obstativos, impeditivos o excluyentes del derecho del adversario (SCBA Ac. 10.376; Ac. 25.443; Ac. 33.539; Ac. 47.610, etc).

La traslación de los principios precedentes a nuestra problemática supone aceptar que el litigante que quiere desvirtuar la eficacia de las determinaciones efectuadas en sede represiva en relación a la idoneidad genética objetiva de su obrar negligente en la producción del suceso, corría con la carga, al pretender modificar la situación jurídica adquirida por la contraparte, de demostrar alguna circunstancia colocada por el otro protagonista que restara al menos parcialmente trascendencia causal a sus infracciones. Sin embargo optó simplemente por desconocer su eficacia causal, aferrándose a la imputación objetiva del régimen ( sin que la absolución en rebeldía o los dichos del acompañante de Burani tengan verdadera entidad para robustecerla arts. 384 y 415 del CPCC) ; la que por imperio de tal acreditación del hecho culposo de la víctima ha quedado desvirtuada.

Por lo que llevo expuesto, doy mi voto POR LA AFIRMATIVA.

Los Señores Jueces Doctores	Castro Durán y Rosas, aduciendo análogas razones dieron sus votos en igual sentido.- A LA SEGUNDA CUESTION el Señor Juez Dr. Guardiola, dijo:

Atento el resultado arribado al tratar la cuestión anterior, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso -artículos 168 de la Constitución Provincial y 272 del CPCC, corresponde:

I.- CONFIRMAR la sentencia apelada, rechazando el recurso actoral. Costas de Alzada a su cargo (art. 68 del CPCC).

II- Se fijan los honorarios de Alzada de los profesionales intervinientes de la siguiente manera: al Doctor OSCAR RODOLFO REPETTI en la suma de $12.600 (PESOS DOCE MIL SEISCIENTOS) y a la Dra. MARIA INES CHACON en la suma de $ 8.400 (PESOS OCHO MIL CUATROCIENTOS), con mas las sumas el 10% que establece el art.12 inc.a) de la Ley 6716 (art.31 del Dec.Ley 8904).-	III- En cuanto a la apelación deducida a fs. 299, teniendo en cuenta la actuación del perito mecánico Mario Degli Esposti SE FIJAN sus honorarios en la suma de $4.500 (PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS), con más sus aportes de Ley.- ASI VOTO.

Los Señores Jueces Dres. Castro Durán y Rosas, aduciendo análogas razones dieron sus votos en igual sentido.

Con lo que se dio por finalizado el presente acuerdo que firman los Señores Jueces por ante mí: FDO. DRES. JUAN JOSE GUARDIOLA, RICARDO MANUEL CASTRO DURAN Y PATRICIO GUSTAVO ROSAS, ante mí, DRA. MARIA V. ZUZA (Secretaria).- //NIN,	1	de Marzo de 2011.- AUTOS Y VISTOS:

Por los fundamentos consignados en el acuerdo que antecede, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso -artículos 168 de la Constitución Provincial y 272 del CPCC, SE RESUELVE:

I.- CONFIRMAR la sentencia apelada, rechazando el recurso actoral. Costas de Alzada a su cargo (art. 68 del CPCC).

II- Se fijan los honorarios de Alzada de los profesionales intervinientes de la siguiente manera: al Doctor OSCAR RODOLFO REPETTI en la suma de $12.600 (PESOS DOCE MIL SEISCIENTOS) y a la Dra. MARIA INES CHACON en la suma de $ 8.400 (PESOS OCHO MIL CUATROCIENTOS), con mas las sumas el 10% que establece el art.12 inc.a) de la Ley 6716 (art.31 del Dec.Ley 8904).-	III- En cuanto a la apelación deducida a fs. 299, teniendo en cuenta la actuación del perito mecánico Mario Degli Esposti SE FIJAN sus honorarios en la suma de $4.500 (PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS), con más sus aportes de Ley.- Regístrese, notifíquese y oportunamente remítanse al Juzgado de origen.- FDO. DRES. JUAN JOSE GUARDIOLA, RICARDO MANUEL CASTRO DURAN Y PATRICIO GUSTAVO ROSAS, ante mí, DRA. MARIA V. ZUZA (Secretaria).-