marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Jubilaciones, cargo, MINISTERIO DE TRABAJO, SECRETARÍA DE TRABAJO
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: GAETAN, ANGEL VIRGINIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION  EXPTE NRO  227-86
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-02-26

Advirtiéndose similitud entre las funciones del Director General item 3 (Director Regional del Trabajo) establecidas por el decreto 2634-58-ley 4890 y las asignadas al cargo de Director Regional del Trabajo por el decreto 771 del 31-03-1986, que aprueba la estructura orgánica, misión y funciones de la Secretaría de Trabajo dependiente del Gobernador de la Provincia, ubicándolo en la categoría 23 (anexo D del decreto mencionado) a partir del 01-04-1986, el reconocimiento de la recategorización solicitada no puede exceder de dicha categoría, puesto que a las funciones desempeñadas por el actor no le corresponde el equivalente a nivel 1, categoría 24, por ser inferiores al máximo cargo escalafonado.
Recusación con causa, recusación por prejuzgamiento, deberes del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: MARISTELLA  E.  E  I.S.A. c/ EMPRESA FERROCARRILES ARGENTINOS s/ DEPOSITO JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-12

Puesto que la instrucción y la decisión de la causa constituyen un deber para el juez y, en consecuencia, las resoluciones vertidas en la debida oportunidad procesal configuran el ejercicio de los poderes-deberes impuestos por la ley, corresponde desestimar la recusación con causa articulada por la actora.
Prisión domiciliaria, tratamiento médico
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Patti, Luis Abelardo s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-18

Sin que los defectos advertidos impliquen anticipar juicio alguno respecto de la solicitud y teniendo en cuenta que la decisión respecto de una petición domiciliaria fundada en la salud del peticionante se encuentra inescindiblemente ligada a una situación dinámica, resulta arbitraria la denegatoria que omitió instar la realización de un informe actualizado del Cuerpo Médico Forense sobre las condiciones actuales de salud del encausado y las posibilidades de tratamiento de la patología atendiendo al invocado riesgo en los traslados, sin que tampoco conste un detalle de las condiciones actuales de alojamiento, ni la posibilidad de efectuar el tratamiento en centros cercanos al lugar de detención.
Robo con armas, desistimiento voluntario
Materia: PENAL
Carátula: L., F. E. s/ Procesamiento
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-10-02

Corresponde procesar en orden al delito de robo en grado de tentativa, a quien exigió a la víctima que le entregase un celular amenazándola un arma de utilería y, al no obtener dicho objeto, se alejó por la vía pública, pues no medió un desistimiento voluntario de la acción por parte del imputado, dado que éste no canceló su plan cuando aún no había obstáculos que impidieran continuar el iter criminis, sino que no pudo concretarlo al advertir que la víctima carecía de teléfono celular, objetivo de su ilegal accionar.
Acción popular, control de constitucionalidad, revisión judicial
Materia: PROCESAL
Carátula: Karcher Moreno, Aroldo Gabriel c/  s/ acción popular de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2019-04-12

El cometido de revisar la constitucionalidad de las normas no puede tener la implicancia de sustituir a los legisladores en el juicio de oportunidad, adecuación a la realidad social y conveniencia política que supone la sanción de las leyes, dado que los límites impuestos al ámbito de decisión del Poder Judicial tienen su raíz en el principio de la división de poderes, base del régimen representativo y republicano.
Acción de amparo, medidas cautelares
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Club de Gimnasia de San Francisco c/ Municipalidad de Quilmes s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-06-05

La casación bonaerense ha sostenido que no corresponde, en principio, la suspensión de los actos del poder público, ya que los mismos llevan la presunción de su legitimidad, debiendo tenerse en cuenta el carácter restrictivo de las medidas cautelares cuando estan dirigidas contra actos del mencionado poder (SCBA., DJBA., t.

119, p. 889). Así entonces, si los actos realizados por intermedio de los órganos del Estado, en uso de facultades regladas, gozan de presunción de legalidad, su ejecutoriedad no puede ser detenida por la justicia, sino mediando graves circunstancias, debiendo el peticionante probar la arbitrariedad del acto recurrido o la violación "prima facie" de la ley, para hacer caer la mentada presunción de legalidad del acto administrativo y, por tanto su ejecutoriedad. De tal modo, deviene improcedente la medida cautelar admitida, desde que no se advierte, a la luz del unilateral relato efectuado en el escrito inicial y sin que se aporte elemento alguno que permita apartarse del criterio señalado precedentemente, que en la emergencia se hubiere obrado con injusticia notoria o arbitrariedad manifiesta o que se hayan vulnerado en forma directa, garantías constitucionales, únicos motivos que pueden hacer posible la admisión de una medida cautelar como la solicitada (art. 232 CPCC).
Regulación de honorarios, acción civil en el proceso penal
Materia: PENAL
Carátula: KLASS, R. s/ HONORARIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-31

Si en el proceso no se ejercitó la acción civil, a los efectos de la regulación de honorarios, no resulta de aplicación lo dispuesto por el art. 6, inc. "a" ley 21.839, sino que rige la doctrina del fallo plenario "De la Fuente", así como las demás pautas del artículo citado y art. 45 del mismo ordenamiento legal.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, discrepancia del recurrente
Materia: PENAL
Carátula: Zabala, Carlos s/ Daño - Usurpación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-06-20

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley donde para impugnar la habilidad de los testimonios utilizados por el a quo se oponen al de los del juzgador discrepantes apreciaciones personales, sin acreditar el afecto, odio o interés que haya movido a prestarlos.
Ministerio de Menores, representación procesal
Materia: CIVIL
Carátula: L., N.B. c/ N., H.H. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-10-19

La representación por parte del Ministerio de Menores, prevista por el artículo 59 Código Civil, si bien concebida en términos amplios, no deja de ser promiscua, esto es, que debe ser concurrente con la de quienes tienen primeramente el manejo de las cosas de los incapaces; no se trata, en síntesis, de procuración o delegación sino de asistencia y control.
Recurso extraordinario, gravedad institucional
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Collinao, Rufino y otros c/ Municipalidad de General Roca. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-02-28

La existencia de aspectos de gravedad institucional ha sido tomada en consideración para superar obstáculos de forma a la procedencia del recurso extraordinario federal y no cuestiones sustanciales.
Reforma del Estado, privatizaciones, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Taschowsky, Dionisio E. c/ Empresa Nacional de Telecomunicaciones y otro.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-03-21

La ley 23.696 se presenta como un estatuto para las privatizaciones -con el fin de reubicar al Estado en el lugar que le reserva su competencia subsidiaria- estableciendo, para llevar a cabo tal política de privatizaciones, el procedimiento decisorio y el control de su ejecución, donde resalta la íntima colaboración y responsabilidad compartida entre las ramas ejecutiva y legislativa del gobierno (Disidencia de los Dres. Eduardo Moliné O' Connor y Guillermo A. F. López).
Recurso extraordinario, cuestiones de hecho y prueba, levantamiento de medidas cautelares
Materia: PROCESAL
Carátula: Grupo Clarín S.A. y otros s/ medidas cautelares.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-08-04

La medida cautelar cuyo pedido de levantamiento desestimó la Sala, quedó firme por la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 5 de octubre de 2010. La decisión de la Sala de negar el levantamiento de tal medida, se centró en la falta de modificación de las circunstancias que determinaron el dictado de la decisión cautelar. Por ello, las cuestiones involucradas en los agravios del apelante sobre este tema, no guardan relación directa con la interpretación de la norma federal citada por la recurrente, sino con cuestiones de hecho, lo cual no justifica la apertura del recurso extraordinario federal (cfr. Fallos 289:448; 292:397; 300:92, entre muchos otros).
Amparo por mora, plazo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BANCO EXTERIOR  S.A. c/ ESTADO NACIONAL (MINISTERIO DE ECONOMIA) s/ AMPARO POR MORA - PRESUPUESTOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-03-05

Tal como señaló el a-quo, la demandada no niega en momento alguno la configuración de la mora que dio lugar a la promoción del presente recurso de amparo, extremo que, por otra parte, aparece acreditado por las constancias de autos (el Ministerio recibió las actuaciones el 26 de diciembre de 1983 y la actora amplió los fundamentos del recurso el 2 de enero siguiente, sin que hasta el presente se haya emitido pronunciamiento.- La sustancia de la postura demandada consiste en reiterar la aducida imposibilidad de resolver la cuestión hasta que el Banco Central conteste un informe solicitado en una causa similar sin hacer referencia alguna a la índole de ese informe, y por ende, sin demostrar en forma mínima siquiera el carácter esencial que se le asigna.

Sin embargo corresponde ampliar a 30 días el plazo para que se expida el Ministerio accionado, teniendo en cuenta la complejidad aducida por el requerido.-
Recursos, recurso de apelación (procesal), procedencia del recurso, sucesiones
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PIOTTANTE ALDO s/ Sucesión (LIBRO: A075 - 077)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-05-30

Dentro del marco del proceso sucesorio, resulta apelable el auto que deniega la apertura, la declaratoria de herederos o de reputación de vacancia, el auto que suspende los trámites del juicio en el caso previsto por el art.323, el auto que deniega la apertura de la sucesión en caso de fallecimiento presunto, el auto que fija el día presuntivo de fallecimiento o deniega la petición, el que regula honorarios al administrador, el que resuelve observaciones a las operaciones de inventario y avalúo y partición.
Costas, liquidación
Materia: PROCESAL
Carátula: CREDIPUNTOS S.A. c/ Cáceres, Héctor Raúl s/ Ejecutivo Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2017-03-29

La unilateral decisión de la ejecutante de recurrir a este tipo de servicios comerciales como los enunciados: tramitación de oficios o emisión del resumen bancario, tienen por objeto facilitar y agilizar las tareas que le son propias, por lo que no cabe trasladarlas a la contraparte, menos aún si la actora carece de los recibos que acrediten dichas circunstancias y, por lo tanto, no corresponde la inclusión de tales rubros dentro de la liquidación de gastos causídicos.

Se deberá reformular la liquidación, adicionando únicamente al capital demandado, los intereses compensatorios desde la fecha de creación del título, en el porcentaje pactado en éste y hasta la fecha de su efectivo pago, sellados y aforo de documentación, sin incluir las erogaciones que integraron el rubro Gastos.
Jurisdicción y competencia, competencia federal, competencia por la materia, daños y perjuicios, Municipalidad, obras sociales, diligencias preliminares
Materia: PROCESAL
Carátula: Muiño, Eduardo Alberto s/ medidas preliminares.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-15

La justicia federal es incompetente para conocer en la diligencia preliminar a fin de preparar un juicio por daños y perjuicios contra el Instituto Municipal de Obra Social, por cuanto el art. 26 de la ley 20.382 dispone que estará sometido exclusivamente a la jurisdicción de los tribunales ordinarios de la Capital Federal.
Pensiones, ley provincial, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL - SEGURIDAD SOCIAL - CIVIL
Carátula: MONTIEL DE ESPINDOLA, LAUDELINA L. c/ ESTADO  DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES E INSTITUTOS DE PREVISION SOCIA s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-14

No obsta a la aplicación de la ley 3934, que modifica el art. 71 de la ley 3295 de la Provincia de Corrientes, el hecho de haber sido dictada con posterioridad a la muerte del causante.
Inconstitucionalidad, declaración de oficio
Materia: LABORAL
Carátula: Celaya,Pedro R. c/ Empresa Monte Grande S.A. s/ Enfermedad profesional
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-10-29

La Corte Suprema de Justicia de la Nación introdujo una variante en su criterio en orden a la prohibición de la judicatura para declarar de oficio la inconstitucionalidad de las normas legales.
Contrato de trabajo, transacción, homologación judicial
Materia: LABORAL
Carátula: Monti, Norberto Ricardo y otros c/ Swift Armour  SA.  Argentina s/ laboral.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-27

La circunstancia de que el convenio no fuera homologado por la autoridad competente no es motivo para desconocer sin más sus consecuencias, cuando el principio de irrenunciabilidad establecido con carácter general en el art. 12 de la Ley de Contrato de Trabajo, a cuya protección se dirige el requisito de homologación previsto en el art. 15 del mencionado régimen no se ve afectado en modo alguno.
Beneficio de litigar sin gastos, prueba testimonial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Buceri, Mónica s/ Beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-02-10

En cuestiones de ínsita raigambre familiar resulta razonable estimar los expuesto por las personas más cercanas a las partes, habida cuenta que por motivos de esa amistad han podido, muy bien, conocer la urdimbre material que reclama la parte actora.
Jurisdicción y competencia, leyes
Materia: PROCESAL - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Balle de Marco, Estela c/ Arteaga, Hernando y otro s/ Daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-11

La ley 23.637, como toda norma modificatoria de la jurisdicción y competencia es, salvo precepto expreso en contrario, aplicable de inmediato a las causas pendientes, en tanto no se afecte la estabilidad y validez de los actos procesales ya cumplidos.
Costas, actor civil
Materia: PROCESAL PENAL -CIVIL
Carátula: MUGNAINI, JUAN CARLOS s/ PROCESO PENAL - ACCION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-11-03

La fundamentación de las decisiones, conforme lo dispuesto por el art. 130 C.P.P., exige consignar por escrito las razones que justifican el juicio lógico que ellas contienen (arts. 155 Const.

Pcia. y 18 C.N.).

El fallo carece de fundamento si la imposición de costas al actor civil tiene su base en la sentencia de sobreseimiento, de la que deduce su carácter de vencido, por que tal conclusión es arbitraria En efecto, el acto jurídico procesal de instancia de constitución en parte civil, no constituye una demanda, sino una petición de ser tenido como parte en el proceso, la que recién se concreta en el debate y al momento de formular conclusiones, lo que no ha incurrido en el presente caso.

A partir del sobreseimiento dictado, ya firme, la acción principal se ha extinguido y la acción resarcitoria no podrá ejercitarse en el proceso penal, por aplicación del principio de accesoriedad (art. 16 C.P.P.).

En definitiva, no surgiendo de la resolución atacada que la imposición de costas haya sido impuesta en virtud del recurso de apelación oportunamente planteado por el actor civil -el que no ha sido expresamente resuelto-ni habiendo existido en el sub júdice demanda civil interpuesta, quien no ha sido destinatario del objeto de la materia de la pertinente resolución (sobreseimiento en sede penal), no puede considerarse parte vencida, por lo que la decisión resulta carente de la debida fundamentación.-
Tribunal Fiscal de la Nación, competencia, impuesto sobre los combustibles líquidos y el gas natural
Materia: PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: Colorín IMSSA (TF 24.123-I) c/ D.G.I.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-07-02

Resultan improcedentes los argumentos relativos a la falta de habilitación de la competencia del Tribunal Fiscal si el acto por el cual la AFIP había intimado al pago del impuesto sobre los combustibles líquidos y gas natural constituye, en esencia, una determinación de la obligación tributaria a cargo del contribuyente, por lo que se trata, en principio, de un acto susceptible de ser apelado ante aquél organismo en los términos del art. 159, inc. a, de la ley 11.683, sin que obste a tal conclusión la circunstancia de que en sede administrativa no se haya seguido el trámite establecido por ese ordenamiento para el dictado de esa clase de resoluciones.
Estación de servicio, gas natural, Gas del Estado, responsabilidad del Estado, daños y perjuicios, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: TODO GAS SA c/ GAS DEL ESTADO s/ INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-20

Si Gas del Estado obligó a la actora a construir un gasoducto tres veces más grande de lo que ella necesitaba, debe resarcir parte de ese sobredimensionamiento, en tanto los trabajos se realizaron de conformidad con la normativa establecida por esa Sociedad del Estado, bajo presión de no habilitarlos. (Del voto del Dr. Farrell, al que adhirió el Dr. De Las Carreras). Hay disidencia del Dr. Pérez Delgado y fue citado el precedente (contrario a la solución de la mayoría) "Sidergas SA c/Gas del Estado", sentenciada en primera instancia por el Dr. Wathelet, confirmada por la Sala III, el 5.8.94 (cfr. Causa 9221/92).
Recursos, expresión de agravios
Materia: PROCESAL
Carátula: Pérez, Carlos c/ Michelis, Mateo Vicente s/ Proceso Laboral  (Dif. Salariales)
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1994-11-28

El memorial de agravios debe ser considerado suficiente para sustentar la apelación si exterioriza un minimun de queja y debe permitirse la subsistencia de la instancia de alzada en toda situación de duda o cuando la expresión de agravios contenga fundamentos mínimos, a través de una interpretación restrictiva del art. 263 C.PR.
Locación de inmuebles, juicio de desalojo, causales de desalojo, falta de pago, mora
Materia: CIVIL
Carátula: HOMOVI SELIM c/ TESORIERO VICENTE s/ CONTRATO DE LOCACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-05

Los dos requisitos de fondo que hacen a la viabilidad del desalojo por falta de pago son la existencia de una relación locativa cierta y el atraso moroso en el pago del alquiler.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, sentencia suficientemente fundada, honorarios, base regulatoria
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: SINDICATURA BID COOP. LTDO. c/ BANCO RIO DE LA PLATA S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-10-21

Corresponde rechazar la queja interpuesta, desde que del cotejo de la pieza recursiva con la sentencia impugnada surge claro que la pretendida tacha de arbitrariedad invocada por el Síndico tan sólo arroja la mera discrepancia, sin entidad constitucional, para con el criterio sostenido por los Jueces de la causa en relación a la base adoptada para la regulación atacada, toda vez que el Tribunal a quo brindó las razones a partir de las cuales entendía que los honorarios debían regularse como un juicio completo y en consecuencia, aplicarse el porcentaje previsto en el artículo 6 de la ley de aranceles, materia que resulta en principio insusceptible de revisión por esta instancia.
Facultades del juez, facultades ordenatorias, facultades instructorias
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Orsi, Guillermo José c/ Ministerio de Trabajo y Seguridad Social s/ Recurso de queja - Juicios de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-02-06

Las facultades ordenatorias constituyen un complemento del deber de los jueces de dirección del proceso y tienden, fundamentalmente, a través de la iniciativa del órgano judicial, a facilitar o economizar actividades procesales (entre ellas las que se refieren los artículos 36, incisos 1) y 3); 322, apartado 3, 411 3er.

párrafo) y 489 2do. párrafo) C.P.C.C.N. .

Las facultades instructorias, en cambio, permiten al juez o tribunal - dentro de ciertos límites - complementar o integrar por propia iniciativa el material probatorio incorporado por las partes al proceso (artículo 36, incisos 2), 4), 5) y 6); 415; 438; 448; 452;

461, inciso 2), 473; 475, apartado 1) y 3) y 479 C.P.C.C.N. .
Concursos, reglas procesales, aplicación de la ley, competencia, juez del concurso, acreedores del concurso, ejecución de créditos laborales, sentencia, procedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL-LABORAL
Carátula: Barrow SRL c/  s/ concurso preventivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-24

Sabido es que una vez homologado el acuerdo preventivo, los acreedores privilegiados no comprendidos en él recuperan sus acciones individuales y, por consiguiente, pueden iniciar o proseguir - en el caso- la ejecución de la sentencia ante el juez competente (en igual sentido: CNCom Sala B, 24/5/01, "José Rodríguez Carrera e Hijos SA s/ concurso preventivo s/ incidente de verificación por Soria, Carlos Americe"; Sala C, 19/5/97, "Lacteria Suiza SA s/ concurso preventivo"). En el caso de acreencias laborales, la ejecución de la sentencia de verificación, por su naturaleza, corresponde que sea tramitada, en principio, ante el juez laboral (arg. CNtrab, Sala X, 14/8/06, "Renza, Elda c/ Compañía Misionera de la Construcción SA s/ ejecución de créditos laborales"; Sala X, 5/10/07, "Osti, Egidio c/ Alpargatas Textil SA s/ ejecución de créditos laborales"). Sin embargo, en la especie, existen circunstancias que por su particularidad permiten apartarse de dicho principio y, por razones de economía procesal, cabe admitir, dado que la verificación ha generado el título ejecutivo y siendo que existen fondos embargados líquidos para atender la acreencia, que la misma sea cobrada en el marco de este proceso concursal. En efecto, no puede soslayarse que, por un lado, el juez del concurso, en el pedido de quiebra promovido por el acreedor, lo intimó al acreedor a efectuar las peticiones pertinentes en los autos en donde se generó el crédito, y que, justamente es el juez concursal quien dictó la sentencia verificatoria que reconoció el derecho del acreedor en este proceso principal. Tampoco puede obviarse que los fondos depositados -a embargo- por la concursada, se encuentran a disposición del mismo juez concursal. En ese contexto, razones de economía y celeridad procesal ameritan que, excepcionalmente, se admita la efectivización de la sentencia verificatoria ante el juez del concurso (En igual sentido Sala D in re: "Romano Verónica Beatriz c/ Sebastián Maronese e hijos SA s/ ejecución de sentencia", del 12/9/00).
Falsificación de documentos, instrumentos destinados a la falsificación
Materia: PENAL
Carátula: LAMBERTI, ATILIO E. Y OTROS s/ INV. ART.286 ENCUBRIMIENTO Y ESTAFA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-12-01

No puede considerarse como instrumentos conocidamente destinados a cometer alguna falsificación en los términos exigidos por el artículo 299 del Código Penal el secuestro de una máquina de escribir y una máquina timbradora.