Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-11-09


Trelew, 09 de noviembre de 2.006.- VISTO: Los recursos de apelación interpuestos a fs. 2765/2766, 2767/2768, 2771, 2772/2775, 2776/2778, 2779/2782, 2783/2785, 2786, 2789, 2790, 2791, 2792 y 2793, contra el decisorio de fs. 2744/2748, concedidos que fueran los mismos a fs. 2795 y vta., fundados mediante las presentaciones de fs. 2824/2825, 2767/2768, 2820/2823, 2815/2819, 2811/2814, 2805/2808, 2848/2850, 2809/2810, 2826/2828, 2829/2841, 2791, 2851/2852 y 2842/2847, respectivamente, corrido traslado a la contraria a fs. 2853 y vta., contestado el traslado conferido a fs. 2856/2857, 2858/2859, 2860/2861, 2862/2888, 2899/2915, 2916/2929, 2930/2942, 2943/2953 y 2954/2957.

Y CONSIDERANDO:

I.- A fs. 2744/2748 resuelve el Sentenciante de Grado: "1) Desestimar la excepción de falta de personería planteada por la actora en relación a la presentación de A. S.A. 2) Declararme incompetente para entender en las presentes actuaciones. Disponer el archivo de la presente causa, una vez firme la presente resolución. 3) Imponer las costas de este incidente a la actora vencida. Regular los honorarios profesionales de la Dra. M. B. G., letrada apoderada de A. S.A., en el 3 % y los del Dr. L. A. N., letrado apoderado de la parte actora, en el 1 % del monto que resulte".

Funda lo resuelto en el planteo de incompetencia formulado por la co-demandada A. S.A., quien no reconviniera, señalando igualmente que la reconvención carece de virtualidad para alterar el objeto del proceso, que se halla exclusivamente fijado por el contenido de la pretensión, no siendo como tal procedente a los fines de la determinación de la competencia. Funda la suficiencia del poder conferido por la co-demandada individualizada en lo dispuesto por la Convención Interamericana sobre el Régimen Legal de Poderes para ser utilizados en el extranjero (ley 22.550), en especial sus arts. 2° y 5°, y en lo dispuesto por los arts. 1.003 y 1.004 del C.C. Resuelve la excepción opuesta teniendo en consideración los hechos y elementos introducidos en la demanda. Tiene por acreditado de los hechos invocados por la actora en cuanto a A. S.A., como de la documental por ella acompañada, que ésta resulta ser una persona jurídica constituída en la República Oriental del Uruguay. Concluye que siendo la demandada una sociedad extranjera, es competente la justicia federal en las causas en las que son partes un argentino y un extranjero (art. 2, inc. 2 de la ley 48 y 116 de la CN), o una sociedad extranjera, no mediando razones para distinguir entre personas físicas y jurídicas.

El estudio de los recursos interpuestos contra la sentencia de fs. 2744/2748 ha de agruparse, teniendo en consideración la vinculación existente entre los cuestionamientos introducidos en cada uno de ellos.

Conferida vista al Sr. Fiscal Jefe, el Dr. Daniel Esteban Baez se pronuncia mediante el dictamen que obra glosado a fs. 2977, considerando competente al Juzgado de 1ra. Instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad de Puerto Madryn por las razones que allí expone.

II.- Análisis de los recursos interpuestos a fs. 2789, 2790, 2792 y 2793:

II.a.- A fs. 2789 el Dr. L. A. N., por su propio derecho, apela la sentencia de fs. 2744/2748. Concedido a fs. 2795vta. el recurso interpuesto, expresa agravios mediante el memorial de fs. 2826/2828. Se agravia de la sentencia dictada en tanto hizo lugar a la incompetencia deducida de manera subsidiaria por la co-demandada A. S.A., pasándose por alto, afirma, la reconvención de la que fue objeto y el efecto que la misma conlleva respecto de la competencia. Invoca que pese a la improponibilidad objetiva y subjetiva, el 'a quo' aceptó la demanda reconvencional incoada por los co-demandados S., R. y J. A., considerándose competente, corriendo traslado de la misma y teniéndola por contestada, quedando de este modo trabada la litis y fijada definitivamente la competencia del juez. Esgrime que la deducción de la demanda reconvencional implica la sumisión del reconviniente a la competencia del juez que entiende en el proceso en el cual se articula. Sostiene que el decisorio recurrido pasa por alto, no solo el definitivo efecto que la reconvención ha tenido en cuanto a la competencia, sino también lo dispuesto por el art. 10 de la ley 48, el que exige para el caso de pluralidad de litigantes, tanto respecto de distinta nacionalidad como de vecindad, que todos los integrantes de la parte múltiple, individualmente, se encuentren aforados para que sea pertinente la competencia de excepción. Plantea caso federal. Corrido traslado a la contraria de los agravios vertidos, responden el traslado conferido a fs. 2862/2888 la Dra. M. B. G. por la co-demandada A. S.A. , a fs. 2899/2915 la Dra. M. B. G. por el co-demandado P. G. D L. C. E., a fs. 2916/2929 por la Dra. M. M. P. D. R. por su propio derecho y en representación del Sr. C. A. R., a fs. 2930/2942 el Dr. J. G. en representación de L. G. y sus hijos J. y B. E..

II.b.- A fs. 2790 el Dr. L. A. N., por la parte actora, apela la sentencia de fs. 2744/2748. Concedido a fs. 2795vta. el recurso interpuesto, expresa agravios mediante el memorial de fs. 2829/2841. Individualiza cuatro agravios. 1) La omisión de pronunciamiento sobre el recurso de revocatoria con apelación en subsidio por la presentación tardía de A. S.A. Señala que el 'a quo' hizo lugar a una de las excepciones deducidas por la demandada A., quien concurrió al proceso fuera de todo plazo procesal. Puntualiza que A. ocurrió al proceso en forma espontánea, sin indicar el momento en el cual habría tomado conocimiento de la existencia de la demanda en su contra. Invoca que la presentación en el proceso de A. antes que se llevara a cabo la notificación procesal por cédula de la demanda promovida en su contra, no pudo haber ocurrido sin antes haber tenido efectivo conocimiento de la misma, lo cual, afirma, surge sin dejar lugar a duda alguna de los términos de su presentación y prueba aportada. Esgrime que si bien la persona jurídica es independiente de los socios que la componen, la totalidad de estos se encuentran demandados en el proceso, habiendo concurrido en tiempo anterior a aquella a contestar la demanda y oponer iguales excepciones. Sostiene que encontrándose actuando en autos los socios de A. y su representante legal, es evidente que la sociedad no podía dejar de conocer la existencia de la demanda y sus términos, surgiendo de su presentación el conocimiento de las alternativas del proceso. Afirma que resulta evidente el conocimiento por A., al menos al 21 de julio de 2.004, de la demanda promovida en su contra, habiendo por lo tanto concurrido tardíamente al proceso. Puntualiza que mediante recurso de revocatoria con apelación en subsidio atacó la providencia de fecha 14/09/04 por la cual el 'a quo' tuvo por notificada a A. en forma espontánea de la demanda y por contestada ésta en tiempo y forma. Señala que si bien el art. 122, LSC no enerva la citación a proceso del demandado conforme lo establece el CPCC, podría tenérselo como un complemento. Invoca que A. no tiene una real sede por ser sólo una sociedad creada en fraude a la ley de nuestro país. Esgrime que la presentación tardía de A. puesta de manifiesto mediante recurso de revocatoria con apelación en subsidio debió ser resuelta por el 'a quo' de manera previa, en tanto importa no solo verificar si ésta opuso la excepción que resuelve y las restantes en tiempo procesal oportuno, sino además si contestó demanda dentro del plazo procesal que se otorgó a tal fin. Puntualiza que idéntica situación se ha planteado respecto de la co-demandada K. S.A., habiéndose deducido recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la providencia de fecha 02/08/04 que tuvo por contestada la demanda en tiempo y forma. Peticiona un pronunciamiento previo al tratamiento de los restantes agravios fundantes de la apelación deducida contra el decisorio recurrido. 2) Excepción de falta de personería. Puntualiza que a la fecha no se conoce cuál es la real sede social de A., habiéndose omitido incluso su denuncia, consecuencia de lo cual se interroga sobre quién le dio poder a la profesional que se presenta en su representación. Señala que dicho dato tampoco consta en el poder conferido y que el domicilio que se le atribuye no pertenece a la misma como tal, sino que es el asiento de la escribanía. Invoca que si bien del poder agregado surge que el escribano actuante expresa que le consta el carácter de persona jurídica de A. y que sus estatutos están inscriptos, advierte que la documental la habría tenido a la vista pero no deja constancia que habría guardado copia para control, tal como corresponde a todo escribano público en virtud del principio de buena fe negocial que no puede eludirse. Invoca que la norma que rige la validez del poder a exhibir en un estado extranjero es la ley del país en que se ha de ejercer el mismo y no donde se otorgó (Convención interamericana sobre régimen legal de poderes para ser utilizados en el extranjero, ley 22.550), por lo que resulta de aplicación lo expresamente dispuesto en el art. 1.003 del Código Civil, norma que exige como condición de validez del instrumento extendido que al redactarlo, si no lo hace en el texto, consigne que agrega a su protocolo copias de las actas de asambleas que designan las autoridades de la sociedad y actas de directorio por la cual resuelven otorgar poder para juicio a un letrado. Puntualiza que surge del texto del instrumento cuestionado que no se llevó a cabo protocolización de documento alguno, que solo se dice se tuvo a la vista. Sostiene que el escribano público uruguayo con la redacción dada a su escritura no exenta de una evidente picardía, no anexó a su protocolo como correspondía legalmente la documentación que dijo se le había exhibido, de lo que concluye la excepción de falta de personería queda perfectamente acreditada y peticiona se revoque en tal sentido el decisorio recurrido. Invoca que no se está en presencia de una sociedad debidamente inscripta conforme la actuación que desplegó (art. 118, LSC), sino que se trata de una persona jurídica creada a los fines de eludir la legislación nacional utilizando los menores requisitos para la inscripción que establece el art. 123, LSC. Esgrime que se está en presencia de una sociedad creada en fraude a la ley argentina (art. 124, LSC). 3) Reconvención y competencia. Invoca que uno de los efectos reconocido unánimemente por doctrina y jurisprudencia respecto de la reconvención es la prórroga de la competencia. Esgrime que la reconvención deducida por los co-demandados S. y R. y admitida por el 'a quo' prorroga en su favor la competencia, quien así por el forum reconventionis es competente para entender en la primera. Pone énfasis en el principio de la perpetuatio jurisdictionis que surge del art. 4°, CPCC, que establece, afirma, que cuando el juez provee la sustanciación, esto es otorga trámite a la demanda reconvencional, queda fijada su competencia la que no puede sufrir modificaciones aún cuando se produzcan cambios en las reglas de la competencia. 4) Competencia del juez 'a quo'. Señala que a los fines de establecer la competencia del juez en razón del territorio y conforme los hechos expuestos en la demanda, se está en presencia de una acumulación subjetiva de pretensiones. Sostiene que el juez al resolver deja de lado la existencia de un evidente litisconsorcio pasivo. Invoca que la extraterritorialidad a la que alude el sentenciante a partir del art. 118, LSC, no es cuestión dirimente a los fines de establecer la competencia del juzgado ante el cual tramitan los presentes autos. Esgrime que la teoría de la extraterritorialidad de la sociedad queda enmarcada en el párrafo primero del art. 118 de la LSC respecto de la existencia y forma del ente, pero no en lo que respecta a su actuación extraterritorial que se rige por las leyes del país en donde se lleva a cabo. Puntualiza que no se ha traído a juicio a A. para ser juzgada en relación a lo que constituye objeto específico de regulación según el país de constitución: existencia y forma, sino en relación a su actuación en nuestro país como instrumento para burlar nuestra legislación. Afirma que haciendo abstracción de los hechos consignados en la demanda y de la existencia de un litisconsorcio pasivo, el 'a quo' resuelve considerarse incompetente por lo dispuesto en la ley 48, art. 2°, inc. 2°, es decir por el fuero de extranjería en relación a uno de los co-demandados integrantes del mismo. Invoca que se ha hecho caso omiso de lo dispuesto por el art. 10 de la ley 48. Puntualiza que surge de autos una acumulación sucesiva de pretensiones: nulidad de contratos, desestimación de personalidad jurídica de A. y otras sociedades, con un centro único de imputación de responsabilidad por daños y perjuicios de manera solidaria por derivar de un hecho ilícito (art. 1081, CC). Esgrime que la responsabilidad económica emergente del hecho ilícito relatado en la demanda cimenta la competencia del 'a quo', en tanto que el art. 5°, inc. 4°, CPCC, establece el denominado forum comissi dilicti al tomar como juez competente a aquel que tenga asiento en el lugar en que se cometieron los hechos o en su caso el forum rei es, tomando como competente al juez del domicilio del demandado siempre por opción exclusiva del actor. Invoca que la responsabilidad solidaria que emerge entre autores y cómplices del hecho ilícito, también lleva a considerar como juez competente el del domicilio de cualquiera de los demandados por aplicación del art. 5°, inc. 5°, CPCC. Recuerda que es principio reconocido unánimemente que nadie puede considerarse agraviado de ser demandado ante los tribunales de su propio domicilio. Señala además que en las acciones personales es principio que debe estarse al lugar de cumplimiento de la obligación (art. 1215, CC). Puntualiza que los contratos tras los cuales se escondió el mutuo celebrado entre A. y la actora son según su letra de cumplimiento en nuestro país. Invoca lo dispuesto por los arts. 37 y 38 del Tratado de Derecho Civil de Montevideo de 1940. Esgrime que los buques se encontraban surtos en puertos argentinos al momento de instrumentación de los contratos, por lo que el derecho que regulará los mismos es el derecho interno argentino. Puntualiza que la CIDIP II es irrelevante, toda vez que dicho instrumento regula la actuación extraterritorial de la persona jurídica pero no los contratos internacionales. Afirma que por expresa remisión del Tratado de Derecho Civil de Montevideo de 1940, toda cuestión relativa a la validez o nulidad de los contratos celebrados con A. queda regulado por el derecho interno argentino. Sostiene que conforme los hechos expuestos en la demanda, el juez competente es el que actualmente interviene en autos, ya que así resulta de lo ordenado en el art. 5, incs. 3, 4 y 5, CPCC. Invoca que tratándose A. de una sociedad extranjera inscripta de acuerdo al art. 118 de la LSC, conforme el párrafo tercero, el domicilio fijado en nuestro país obra como domicilio especial en los términos del art. 90, inc. 4° del C.C., y por lo tanto fija la competencia territorial cuando de ello dependa. Esgrime que en el supuesto de A., sociedad inscripta en los términos del art. 123, LSC, pero cuya actuación en la República Argentina ha sido en fraude a la ley de nuestro país, por disposición del art. 124 de la LSC es considerada como sociedad local y, en tal caso, el domicilio fijado en oportunidad de su inscripción bajo la primera norma surte los efectos de domicilio especial de acuerdo al art. 90, inc. 4° del C.C. Afirma que refuerza dicha interpretación lo establecido por el art. 90, inc. 3°, CC. Considera que la inscripción de A. en fraude a la ley argentina por vía del art. 123 de la LSC permite sostener que sea considerada como una sociedad local irregular de acuerdo al derecho de nuestro país. Sostiene que el domicilio inscripto ante la Inspección General de Justicia debe ser tenido como su domicilio a los fines de promover una demanda ante los tribunales de nuestro país. Finalmente señala que si lo expuesto aún no fuera suficiente para dirimir a favor del 'a quo' la competencia para entender en los presentes autos, es de aplicación una norma de orden público como es el art. 3284 del CC, que impone el fuero de atracción del sucesorio en trámite a la fecha por ante el mismo juzgado a cargo del primero. Señala que la CSJN tiene dicho que tratándose del fuero de atracción opera aún cuando los demandados invoquen el fuero federal, como así también aún frente a procesos en los que correspondiere dicho fuero de excepción y sea cual fuera la causa que determine esa jurisdicción. Plantea caso federal.

Corrido traslado a la contraria de los agravios vertidos, responden el traslado conferido a fs. 2856/2857 la Dra. M. E. F. v. R. por la co-demandada K. S.A., a fs. 2858/2859 la Dra. M. E. F. v. R. por la co-demandada R. S.A., a fs. 2860/2861 la Dra. M. G. G. por el co-demandado Sr. R. Z. C., a fs. 2862/2888 la Dra. M. B. G. por la co-demandada A. S.A., a fs. 2899/2915 la Dra. M. B. G. por el co-demandado P. G. D L. C. E., a fs. 2916/2929 por la Dra. M. M. P. D. R. por su propio derecho y en representación del Sr. C. A. R. , a fs. 2930/2942 el Dr. J. G. en representación de L. G. y sus hijos J. y B. E. , a fs. 2943/2953 el Dr. J. C. M. en representación de G. R. S. .

II.c.- A fs. 2792 el Dr. A. F. v. P., por la representación acreditada del Sr. E. M. E. , quien le confiriera poder por sí y en su carácter de Síndico de C. S.A., apela la sentencia de fs. 2744/2748. Concedido a fs. 2795vta. el recurso interpuesto, expresa agravios mediante el memorial de fs. 2851/2852. Se agravia por cuanto el Sentenciante omite resolver la situación procesal de su mandante, dejando también sin resolver la cuestión atinente a las costas procesales. En lo que refiere a la competencia invoca que tratándose de una acción de nulidad de actos del Directorio y conformándose un litisconsorcio necesario con la sociedad anónima actora, la misma viene dada por el domicilio de la primera. Puntualiza que no habiendo el Juez declarado de oficio su incompetencia, la que fuera aceptada por su parte para entender en el trámite de la reconvención, esta última constituye una derogación de las reglas de la competencia territorial.

Corrido traslado a la contraria de los agravios vertidos, responden el traslado conferido a fs. 2862/2888 la Dra. M. B. G. por la co-demandada A. S.A. , a fs. 2899/2915 la Dra. M. B. G. por el co-demandado P. G. D L. C. E., a fs. 2916/2929 por la Dra. M. M. P. D. R. por su propio derecho y en representación del Sr. C. A. R. , a fs. 2930/2942 el Dr. J. G. en representación de L. G. y sus hijos J. y B. E. .

II.d.- A fs. 2793 el Dr. V. A. F., por la representación acreditada, con el patrocinio de S. F. apela la sentencia de fs. 2744/2748. Concedido a fs. 2795vta. el recurso interpuesto, expresa agravios mediante el memorial de fs. 2842/2847. Puntualiza que el recurso de apelación que sostiene lleva implícito el de nulidad. Invoca que el decisorio cuestionado viola el principio de congruencia. Califica de inadmisible la falta de resolución del fuero de atracción del sucesorio de R. R. E. expresamente planteado por su parte. Afirma que en el caso la violación del orden público significa la nulidad absoluta de la resolución dictada. Sostiene que en el caso estamos frente a la omisión de pronunciamiento de una cuestión esencial. Señala que por el carácter de orden público del fuero de atracción debió aún aplicarlo de oficio. Califica de arbitrario al decisorio en crisis. Puntualiza características del fueron de atracción y su prevalencia por sobre el fuero federal. Destaca que el proceso sucesorio atrae al Juzgado donde tramita, todas las acciones personales que se deduzcan contra el causante, sea cual fuere la causa que determine esa jurisdicción. Sostiene que ninguna duda puede caber respecto de que es competente el juez que está inverviniendo en el caso de autos. Afirma que la interpretación del art. 3284, inc. 4° debe ser amplia y no debe restringirse solo a los acreedores del causante sino a todas las situaciones en que el causante es demandado por una acción personal. Señala que no hay discrepancias en cuanto a la aplicación del mismo aún mediando litisconsorcio. Resalta que el fuero de atracción desplaza la competencia federal y prevalece sobre cualquier convención en contrario establecida por las partes. Esgrime que el Sentenciante ha eludido directamente efectuar una exégesis valorativa de las normas invocadas por su parte, respecto de un planteo que en autos es dirimente para fijar la competencia del tribunal que se encuentra interviniendo. Finalmente se agravia de la falta de regulación de costas a su parte.

Corrido traslado a la contraria de los agravios vertidos, responden el traslado conferido a fs. 2862/2888 la Dra. M. B. G. por la co-demandada A. S.A. , a fs. 2899/2915 la Dra. M. B. G. por el co-demandado P. G. D L. C. E., a fs. 2916/2929 por la Dra. M. M. P. D. R. por su propio derecho y en representación del Sr. C. A. R. , a fs. 2930/2942 el Dr. J. G. en representación de L. G. y sus hijos J. y B. E. .

II.e.1.- Nulidad: Ya en reiteradas anteriores oportunidades esta Cámara, siguiendo unánime doctrina y jurisprudencia, ha desestimado recursos de nulidad cuando el vicio es reparable por vía de la apelación también interpuesta, toda vez que, en ejercicio de la competencia que la concesión de esta última le ha habilitado, la Alzada podrá revisar tanto los tópicos que hacen al fondo del litigio, cuanto las cuestiones formales y, de asistirle razón al quejoso, bastará con rever el pronunciamiento atacado para reestablecer el equilibrio entre el objeto procesal y la sentencia (doct. de los arts. 172, 253 y 278 del C.P.C.C.) (SIC 162/05, Sala B).

La omisión invocada por el apelante de fs. 2793 de tratar planteos dirimentes para fijar la competencia, no es defecto que autorice el remedio extremo de la nulificación del pronunciamiento. Como esta Cámara ha tenido ocasión de señalar, aún en el campo del recurso de nulidad ínsito en el de apelación rige el principio de trascendencia, en virtud del cual no corresponde llegar a la nulidad de la decisión si el vicio que ella presenta es subsanable por la vía de la apelación (arts. 172, 253, CPCC), toda vez que a la Alzada es dado suplirla conforme prevé el art. 278 del CPCC (SIC 11/05, 23/05, 221/04, Sala"B").

II.e.2.- Pronunciamiento previo: Peticiona el apelante de fs. 2790 que este Tribunal se pronuncie con carácter previo respecto de los recursos de revocatoria con apelación en subsidio interpuestos y fundados a fs. 1486/1488 y fs. 1649/1652, contra las providencias de fs. 1461 y fs. 1609, que tienen respectivamente por presentadas, partes, contestadas las demandas y ordenan correr traslado de las excepciones de K. S.A. y A. S.A. El planteo refiere a una nulidad del procedimiento -dictado de resolución pendiente el tratamiento de un recurso de revocatoria con apelación en subsidio previamente interpuesto-. Sin embargo, la nulidad comprendida en el recurso de apelación (art. 253, C.P.C.C.) se circunscribe a los errores de la propia sentencia, de modo que los vicios del procedimiento anterior al acto no constituyen motivos de recurso, debiendo, por el contrario, ser impugnados por la vía incidental en la primera instancia (esta Sala, SIC 20/00, 136/03, entre otras).

Es que, es el incidente de nulidad previsto por el art. 169 y ssgts. del C.P.C.C. el que se encuentra reservado para atacar los vicios o errores "in procedendo", es decir cuando se trata de omisiones o defectos del procedimiento, como lo es la alegada ausente o deficiente sustanciación.

Es jurisprudencia reiterada de este Tribunal que los agravios que fundan la nulidad del procedimiento antecedente al dictado de una sentencia o resolución deben hallar satisfacción en la instancia en que se produjeron (SDC 2/99, entre otras), incidente éste no deducido en la instancia antecedente.

En tal sentido, si el objeto del recurso de nulidad es exclusivamente la reparación de defectos de la sentencia, resulta totalmente ajena a este carril la enmienda de eventuales vicios de trámite, que debieron denunciarse en todo caso en la primera instancia, dentro de los cinco días de conocidos, y subsanados allí si correspondía (esta Sala, SIC 20/00, 136/03, entre otras), a cuyo respecto operó el efecto preclusivo.

II.e.3.- Falta de personería: el Poder General para pleitos que obra glosado a fs. 1548/1549 reza: "En la ciudad de Montevideo, el veinticuatro de Agosto del dos mil cuatro, ante mí Escribano autorizante, comparece M. A. C., mayor de edad titular de la cédula de identidad número ......-.. en su carácter de Presidente del Directorio y en nombre y representación de A. S.A. con sede en esta ciudad y domicilio a estos efectos en al Calle C. ... escritorio ... . Y para que lo consigne en este Protocolo dice que: PRIMERO: A. S.A. confiere poder general para pleitos con las más amplias facultades de derecho y sin limitación alguna a favor de la Doctora M. B. G. ... CUARTO: Este poder se otorga para que surta efectos en la República Argentina. Y yo el suscripto Escribano hago constar que: A) Conozco al compareciente. B) A. S.A. es persona jurídica vigente habiendo sido sus estatutos debidamente aprobados, inscriptos y publicados, resultando de los mismos que la representación de la sociedad es ejercida por el Presidente del Directorio, habiendo sido el compareciente investido en dicho cargo. Todo de acuerdo a la documentación que he tenido a la vista y me remito".

De lo dicho en la escritura cuestionada no surge, tal como lo pretende el apelante, que el escribano actuante haya incumplido con la exigencia establecida por el art. 1.003, C.C. La norma mencionada exige que el notario exprese "que se le han presentado los poderes y documentos habilitantes", exigencia cumplida, estableciendo asimismo que los anexará en el protocolo.

La circunstancia de que dichos antecedente no hubieran sido anexados en el protocolo debió haber sido probada por la parte actora apelante, ya que la omisión que se denuncia es un presupuesto de hecho de la norma invocada en sustento de su pretensión impugnaticia (art. 377, 2° párr. del CPCC). Motivo por el cual resultan insuficientes las fotocopias simples glosadas a fs. 1655/1660, las que aún de ser originales no dan cuenta mas que de una negativa a proveer información, siendo insuficientes para acreditar que el notario solicitado carece de la documental a la que hace referencia. Ello así, la ausencia de prueba que acredite el extremo invocado deja sin sustento la excepción opuesta.

Por otra parte, la formalidad cuya inobservancia se denuncia no origina la nulidad de la escritura otorgada (art. 1.004, C.C.), pudiendo traer en todo caso como consecuencia la aplicación de alguna sanción para el escribano, pero sin afectar el valor de la escritura.

Lo mismo ocurre, con las supuestas irregularidades denunciadas en lo que al domicilio social refiere.

Se ha entendido que si bien es verdad que el art. 1.003 del Código Civil establece que el notario exprese que se le han presentado los poderes habilitantes -manifestación que no se encuentra ausente en el poder cuestionado mediante la excepción de falta de personería opuesta-, la inobservancia de este precepto trae como consecuencia una sanción de multa para el escribano, pero no afecta el valor de la escritura. Tal es lo que resulta del artículo 1.004 del Código Civil en su texto según la ley 15.875, que derogó al anterior que sí conceptualizaba tal omisión como causal de nulidad de la escritura (Julio César Rivera, Graciela Medina, "Código Civil Comentado", Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2.005, pág. 610).

Por lo demás, la excepción de falta de personería incoada presupone que la actora plantee la nulidad del instrumento público cuya invalidez invoca, planteo que no fuera formulado.

II.e.4.- Reconvención y competencia: si bien la reconvención provoca la sumisión al fuero del actor, tal efecto solo puede producirse respecto de los reconvinientes, y en el tal caso, solo con claridad si no se plantea a su vez la excepción de incompetencia.

La limitación de oponer la excepción de incompetencia y la modificación de las reglas que gobiernan la misma a las que hace referencia el actor, sólo son aplicables a su parte y no a los restantes litisconsortes demandados, en especial aún si no son reconvinientes.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un supuesto en el que tanto el demandado al deducir su reconvención, como los actores al contestarla, omitieron todo planteo acerca de la incompetencia del juez Nacional de Primera Instancia en lo Civil interviniente, entendió configurada una prórroga tácita de la competencia en los términos del art. 2° del Cód. Procesal (ADLA, XLI-C, 2975), posible por versar aquel caso sobre un asunto exclusivamente patrimonial (CSJN, 05/06/1984, "Bulo, Juana L. c. Arechavala, Juan M.", laleyonline), situación profundamente diferente a la de autos en la que, conforme lo afirma la propia actora en su memorial de agravios, son aún los mismos reconvinientes los que plantean la excepción de incompetencia.

Pretende el apelante con este agravio, sin perjuicio de la competencia sostenida desde otro ángulo, conferirle a las reconvenciones planteadas el efecto de prorrogar tácitamente la competencia, efecto que pretende extender aún a demandados no reconvinientes, cuando en el particular supuesto bajo examen la totalidad de los demandados, aún los reconvinientes plantearon la incompetencia al contestar el traslado de la demanda.

Cabe destacar que en caso de litisconsorcio la prórroga debe ser acordada o consentida por todos (Roland Arazi, Jorge A. Rojas, "Código Procesal Civil y Comercial de La Nación", Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2.001, pág. 29).

II.e.5.- Incompetencia. Competencia federal: El art. 10 de la ley 48 establece que: "En las sociedades colectivas, y en general en todos los casos en que dos y más personas asignables pretendan ejercer una acción solidaria o sean demandados por una obligación solidaria, para que caigan bajo la jurisdicción nacional, se atenderá a la nacionalidad o vecindad de todos los miembros de la sociedad o comunidad, de tal modo que será preciso que cada uno de ellos individualmente tengan el derecho de demandar, o pueda ser demandado ante los Tribunales Nacionales, con arreglo a lo dispuesto en el inciso 2 del Art. 2", norma ésta última que establece que los jueces nacionales conocerán en "las causas civiles en que sean partes un vecino de la provincia en que se suscite el pleito y un vecino de otra, o en que sean parte un ciudadano argentino y un extranjero".- Dicha norma dispone que la procedencia del fuero federal por distinta vecindad o nacionalidad está supeditada en caso de pluralidad de litigantes, a que cada uno de los actores y demandados tenga respecto de cada una de las personas alineadas en la parte contraria, la condición de vecindad o nacionalidad que le permita invocarlo (CSJN, "Spezzano de Martín, Rosa M. y otra v. Bonardo de Martín, Catalina", JA 1988-IV-462; "Olmedo, Heberto D. y otro v. Giudicate, Silvio G. y otros", Fallos 326:1198, Lexis N° 70017125; "Julián, Elía v. Línea 84 S.A.", Fallos 296:776, Lexis Nº 5/1854; "Muñoz de Morales, Francisca Blanca", Fallos 307:600, Lexis Nº 5/12904; "Central de los Trabajadores Argentinos / C.T.A. y otros v. Provincia de La Rioja s/ medida cautelar", Fallos 323:442, Lexis Nº 4/36367; "Consultora del Sur S.A. y otro v. Instituto Fluvio-Portuario Provincial -Puerto Concepción del Uruguay- y otros s/ daños y perjuicios", Fallos 323:843, Lexis Nº 04_323v1t172; "Cid, Patricia Graciela y otros v. Buenos Aires, Provincia de y otros S/ Daños y perjuicios", Fallos 323:2944, Lexis Nº 70009485; Fallos 307:1426, Lexis Nº 5/12905, entre otros).

Con arreglo a lo dispuesto en el art. 10 de la ley 48, corresponde a la justicia provincial, y no a la federal, conocer de una demanda por daños y perjuicios si no resulta de lo actuado que todos los codemandados sean extranjeros (CSJN, "Di Stilio, Ricardo Ramón y otros v. Hernández, Rafael Carlos y otro", Fallos 286:140, Lexis Nº 5/1839).

El criterio restrictivo que inspiró la sanción de la norma del art. 10 de la ley de jurisdicción y competencia de los tribunales nacionales, se ajusta a la comprobación de que el fuero federal, por distinta vecindad o nacionalidad, resulta -en buena parte- producto de circunstancias históricas muy distintas de las actuales, a la vez que no median en las reiteraciones del art. 2 inc. 2 ley 48, las razones de índole institucional que, en el campo de la jurisdicción originaria, tornan inadecuada la aplicación analógica del art. 10 de dicha ley (CSJN, "Muñoz Morales, Francisca B.", JA 1986-I-21, Citar Lexis Nº 2/34433; Fallos 307:600 Citar Lexis Nº 5/12903). Ello así, para determinar la procedencia del fuero federal por distinto domicilio, nacionalidad o vecindad en supuestos en que pretende ejercer una acción solidaria contra varios demandados, es menester que todos ellos sean personas aforadas (art. 10, ley 48) (CSJN, "Duarte, Juan Bautista v. Empresa Central El Rápido S.A. y/u otros", Fallos 307:75, Lexis Nº 5/12901). Para que proceda el fuero federal por razón de las personas en los casos de pluralidad de actores o demandados es necesario que cada uno de ellos esté individualmente en condiciones de invocarlo, salvo que se tratase de acciones separables, susceptibles por ello de ser tramitadas independientemente ante la justicia federal y la ordinaria según correspondiese en atención a la nacionalidad o vecindad de las partes (CSJN, "Gershanik, Marcos v. Guilera, Ricardo y Gilardi, Ángela F. de", Fallos 202:378, Lexis Nº 6/7154).

Y, en el particular supuesto bajo estudio C. C. A. d. P. S.A. "PROMUEVE DEMANDA ORDINARIA POR NULIDAD DE CONTRATO - DAÑOS Y PERJUICIOS", contra la sociedad de derecho uruguayo A. S.A., demandado la nulidad de los contratos celebrados el día 12/11/93 por la sociedad A. S.A. con las sociedades H. C. A d P S.A. y C. y por efecto de la nulidad la restitución de las sumas de dinero percibidas por A. durante el tiempo de duración de los contratos con más sus intereses y de los buques J. L. A. (Mat. Nac. ....) y J. A. (Mat. Nac. ....). Demanda asimismo la desestimación de la personalidad jurídica de A. y en consecuencia en forma solidaria a R. R. E. F., R. Z. C. E., G. R. S. y C. A. R. . Demanda también la restitución por P. S. I. S.A., en calidad de tercero de mala fe, de los buques J. L. A. y J. A. . Finalmente demanda a E. F., S. , C. E., R. , juntamente con F. J. A. y P. G. D L. C. E., reparar los daños y perjuicios ocasionados por la privación de los buques, constituidos por el valor de reposición de los mismos y el lucro cesante devengado por su privación (ver fs. 9/29). A su vez, a fs. 54/56 amplía los términos de la demanda en relación a las sociedades C. S.A., K. S.A. y R. S.A. y respecto de los co-demandados F. J. A. y P. G. D L. C. E.. Persigue la responsabilidad solidaria de todos aquellos que han tenido participación.

La parte actora afirma que "el hecho generador de la responsabilidad civil es uno e idéntico para todos los demandados, siendo que no podría dictarse una sentencia útil, sino es integrando el litigio con el referido litisconsorcio, pues la sentencia debe ser única y alcanzar a todos los responsables" (ver fs. 2836, 4to. párrafo).

Ello así, la acción promovida de nulidad de los convenios (pretensión principal) importa a su vez, para el caso de que así se declare, la existencia de un litisconsorcio necesario respecto de la pretensión sucesiva condicional de desestimación de la personalidad jurídica de A. S.A. y extensión de la responsabilidad a los socios, R. R. E. F. -sus herederos-, R. Z. C. E., G. R. S. y C. A. R. , conforme los términos del escrito de demanda de fs. 9 y vta. (ver Roland Arazi, "Derecho Procesal Civil y Comercial", Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 1999, t. I, pág. 123 y ssgts.).

Y, la existencia de litisconsorcio necesario comporta, en todos los casos, una derogación de las reglas de competencia. A diferencia del litisconsorcio facultativo, en este caso "la admisibilidad de la competencia federal se halla excluida aunque una o más de las partes pudiera tener individualmente derecho a aquélla, pues este tipo de litisconsorcio sólo admite. la posibilidad de un pronunciamiento judicial de idéntico contenido para todos los litisconsortes (Balbín, Carlos F. (dir), "Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires", Lexis Nº 8003/004329; Palacio, Lino E, "Derecho Procesal Civil", Lexis Nº 2505/003449).

Ello así, dado que el actor como tres de los co-demandados -herederos de R. R. E. F., G. R. S. y C. A. R. - son vecinos de esta Provincia, no se da en el caso las condiciones exigidas por la norma legal citada para que sea procedente la jurisdicción federal.

En tal sentido, la conclusión a la que se arriba respecto de la competencia federal, por imperio de la apelación implícita, exige que se ingrese en la consideración de las restantes cuestiones de competencia que fueran planteadas.

Es que, pudiendo apelar solamente de una resolución la parte que resulta vencida y sufre un gravamen o perjuicio como consecuencia de ella, aquellas defensas o argumentos planteados oportuna y debidamente por el vencedor en primera instancia y que fueron rechazados o no considerados por el juez de primera instancia -y de lo que no podía apelar por resultar vencedor en el litigio-, quedan, mediante el recurso concedido al vencido, implícitamente sometidas al conocimiento del tribunal de alzada, aun cuando tales defensas o argumentos no hayan sido reiterados por el vencedor en oportunidad de contestar la expresión de agravios -supuesto aún distinto al de autos en el que si fueron reiterados-; y si la Cámara revoca la decisión de primera instancia no debe devolver la causa al 'a quo' para que se pronuncie sobre las otras defensas o argumentos no analizados por este último en su sentencia, sino que el tribunal de alzada debe resolver directamente todos los temas que integran la relación procesal, sin que con ese proceder se vulnere la defensa en juicio, ni el principio de igualdad, ni el régimen de la doble instancia (Roberto G. Loutayf Ranea, "El recurso ordinario de apelación en el proceso civil", Ed. Astrea, Buenos Aires, 1989, t. 1, pág. 78 y ssgts.).

II.e.6.- Incompetencia. Competencia uruguaya. Prórroga de jurisdicción. Fuero de atracción: introducen sucesivamente excepciones de incompetencia: el Dr. R. A. S. en representación de P. S. I. S.A. (ver fs. 857/858) y en representación de F. J. A. (ver fs. 909/910), la Dra. M. G. G. , en representación de R. Z. C. (ver fs. 986/999), la Dra. M. B. G., en representación de P. G. D L. C. E. (ver fs. 1049vta./1063), la Dra. M. E. F. v. R. en representación de R. S.A. (ver fs. 1228vta./1239), el Dr. J. G. en representación de la Sra. L. G. y sus hijos menores B. y J. G. (ver fs. 1429 y vta.), la Dra. M. E. F. v. R. en representación de K. S.A. (ver fs. 1438vta./1450), la Dra. M. B. G. en representación de A. S.A. (ver fs. 1557/1588), la Dra. M. M. P. D. R. por su propio derecho (ver fs. 1747/1757) y el Dr. R. A. S. en representación de J. Z. (ver fs. 1846/1863), insistiendo en el planteo del fuero de atracción el apelante de fs. 2793, Dr. V. A. F., por la representación acreditada, conforme los agravios que fueran referenciados en el punto II.d.

Los distintos co-demandados invocan: 1) La cláusula 11 del contrato de venta dice que las partes integrantes del contrato se someten "... de común acuerdo para eventuales diferendos, a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Capital Federal, República Argentina o los Tribunales Ordinarios de la República Oriental del Uruguay, a opción del comprador", quien resulta ser A. S.A. 2) La cláusula 23 del contrato de locación dice que las partes integrantes del contrato se someten "... de común acuerdo para eventuales diferendos, a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Capital Federal, República Argentina o los Tribunales Ordinarios de la República Oriental del Uruguay, a opción del locador", quien resulta ser A. S.A. 3) Los supuestos contratos habrían sido celebrados en la ciudad de Montevideo el día 12/11/93, debiendo plantearse la acción conforme el art. 56 del Tratado de Montevideo en el lugar donde el acto se celebró. Aplicación de la CIDIP II, sobre conflicto de leyes en materia de sociedades mercantiles, en virtud de la cual si la sociedad realiza actos fuera del Estado donde se constituyó queda sometida parcialmente a la normativa del país anfitrión, aunque su existencia, capacidad, funcionamiento, disolución y fusión continúen rigiéndose por la ley del lugar de constitución. Tanto el Tratado de 1889 como la CIDIP II lo que hacen es someter a las sociedades extranjeras a la legislación del país receptor, en base a un criterio cualitativo estricto. 4) A. S.A. como sociedad extranjera no puede ser demandada por la ley de sociedades argentina, de lo que se trata en autos es de actos realizados por una sociedad extranjera (en este caso C. e H.) en el Uruguay con una sociedad anónima Uruguaya. 5) La nulidad articulada se funda exclusivamente en cuestiones jurídicas reguladas por el derecho uruguayo y la extensión de responsabilidad al resto de los codemandados también depende de calificaciones jurídicas del derecho uruguayo, tales como calidad de socios, existencia o no de convenio de sindicación de acciones, o desestimación de la personalidad jurídica de una sociedad extranjera. 6) Inaplicabilidad del art. 5, inc. 5, CPCC, desde que no existe pluralidad de demandados, sino uno solo, A. S.A., y a través de él y en base a planteos que no pueden ni resolverse por un Tribunal nacional, ni tampoco por la legislación argentina, recién se abriría la posibilidad de nexos obligacionales indivisibles y solidarios.

A esta altura del análisis cabe destacar -tal como reiteradamente se ha sostenido- que los jueces no están obligados a hacerse cargo de todos y cada uno de los argumentos expuestos por las partes ni a analizar las pruebas producidas en su totalidad, sino tan sólo aquéllos que sean conducentes para la correcta decisión de la cuestión planteada (conf. arg. art. 386 del Código Procesal y véase C.S. en RED 18-780, sum. 29; CNCiv .Sala "D" en RED 20-B-1040, sum. 74; CNCiv. y Com. Fed. , sala I, E.D. 115-677; CNCom., Sala "C" en RED 20-B-1040, sum. 73; SC, Bs.As. en E.D. 105-173, entre otras).

Es que, los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones sino tan sólo pronunciarse acerca de aquéllas que se estimen conducentes para fundar sus conclusiones y resulten decisivas para la solución de la controversia (CSJN, Fallos 307:2216).

El objeto principal de la demanda, presupuesto de lo demás pretendido, lo constituye "la nulidad de los contratos celebrados el día 12/11/93 por la sociedad A. S.A. con las sociedades H. C. A. de P. S.A. y C." (ver escrito de promoción, fs. 9/29).

Del escrito de inicio surge claramente que dos fueron las pretensiones de la parte actora, a saber: a) una, de nulidad de los contratos individualizados en el párrafo precedente, b) la otra, "por efecto de la nulidad" (ver fs. 9 in fine) de restitución de las sumas de dinero percibidas con más sus intereses, de los buques J. L. A. y J. A. y con más daños y perjuicios, acumulada a la primera en forma condicional y sucesiva, esto es, sujeta a la condición de que antes sea acogida la otra.

Se trata pues, de una acumulación condicional o eventual, subespecie de acumulación objetiva de conexidad ya que se admite la existencia de acciones (pretensiones) de carácter sucesivo, de tipo condicional, donde esas acciones (pretensiones) se proponen sometidas a la eventualidad de que antes se acoja otra causal de la cual tomará vida. Se trata de una "parcial conexión objetiva que da lugar a un vínculo -no recíproco- de subordinación, en virtud del cual una de las acciones (pretensiones) se presenta como principal y la otra como dependiente (conf. Morello, Sosa y Berizonce, "Códigos Procesales .", Librería Editora Platense - Abeledo-Perrot, 1985, T. II-B, págs. 319/320, y cita de pronunciamiento).- En consecuencia, una pretensión es principal y la otra dependiente, pero solo una vez acogida la primera, corresponde el tratamiento de la segunda. La pretensión subordinada ingresa recién luego de la admisión de la pretensión principal.

En ese contexto, y sin ingresar a la discusión si la acumulación es de acciones o de pretensiones (ver J. Guasp Delgado, "La pretensión procesal", Editorial Civitas S.A., Madrid, 1a. ed., 1981), es evidente que se trata de una acumulación objetiva de pretensiones, siendo que la pretensión principal no queda comprendida en el supuesto previsto en el inc. 4°, art. 5°, del C.P.C.C., pues para ello la ilicitud resultaría en caso de acogerse previamente la pretensión principal.

Así, la aplicación de las normas que se citan referidas a actuaciones fraudulentas, inoponibilidad de la personalidad jurídica, prohibición de contratar con la sociedad e interés contrario (arts. 54, 59, 124, 271 y 272, ley 19.550), tiene como presupuesto la declaración previa de nulidad de los contratos involucrados. Lo mismo corresponde señalar de la pretendida aplicación del art. 1.207 del Código Civil, pues hasta tanto no se decrete la nulidad de los convenios no puede afirmarse que los mismos sean violatorios de las leyes de la República.

- En igual sentido, la pretensión principal está excluida del fuero de atracción generado por la sucesión de R. R. E. F.. Y, la pretensión subordinada no puede generar el fuero de atracción del que carece la primera.

En ese mismo direccionamiento, no hay un crédito actual en contra de la sucesión capaz de producir la atracción de la demanda promovida por el fuero denunciado y ni siquiera un crédito eventual o hipotético que permita subsumir el caso de autos en el supuesto previsto por el art. 3.284, inc. 4, C.C. ("... acciones personales de los acreedores del difunto..."), pues de lo que se trata es de una pretensión condicional dependiente del resultado de la principal.

De tal modo, la demanda promovida excede ampliamente el carácter de acción vinculada con la sucesión del Sr. R. R. E. F.. La regla procesal de competencia, consagrada por el art. 3284, inc. 4° del C.C. comprende a todas las acciones personales emergentes de las obligaciones contraídas en vida por el causante, y, en el particular supuesto bajo examen, como ya se ha señalado, se trata de una obligación aún inexistente, actualmente hipotética y dependiente de una declaración previa de nulidad y del descorrimiento del velo de dos personas jurídicas.

A más de ello, y en función a la prórroga de jurisdicción convenida, el fuero de atracción que genera la sucesión no atrae los conflictos societarios (Llambias, Mendez Costa, "Código Civil Anotado", Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1.988, T. V-A, pág. 71). Las cuestiones suscitadas con motivo de conflictos societarios, aun tratándose del acervo sucesorio, configuran un tema netamente comercial en las que no funciona el fuero de atracción dispuesto por el art. 3284, inc. 4 del Cód. (CNCom., sala C, 10/05/2002, "N. P., C. A. y otro c/ F. F. S.", ED 199-55, laleyonline).

En especial con relación al pacto atípico de sindicación de acciones, el mismo no configura sociedad mercantil, mas aparece claro que coloca a los pactantes en la situación de partícipes en una empresa común, por lo cual cabe considerar que el sucesorio de uno de los sindicados no ejerce el fuero de atracción sobre la acción por incumplimiento de dicho contrato, ya que, por argumento del art. 8, inc. 11 del CCom. el juez de la sucesión no es competente para conocer sobre las controversias que se susciten entre los socios del fallecido y los herederos del causante, relacionadas con el funcionamiento o cumplimiento de un contrato asociativo. Ello, pues la demanda contiene reclamos de naturaleza indudablemente comercial, que bajo ningún punto de vista pueden ser decididos por el juez del sucesorio de uno de los sindicados. Es que, no cabe lugar a dudas que el mismo no puede ser declarado competente con el único fundamento de lo dispuesto por el art. 3284, inc. 4 del C.C. (CNCom., Sala D, 8/11/96, "M., M. A. c/ S. de A. de T. A. P. S.A. y otros", E.D., 176-58; en el mismo sentido y con referencia a una demanda por rescisión del Convenio de Sindicación de Acciones, CNCom., Sala E, 29/08/03, "G. B., S. c/ R. S.A. y Otros").

La jurisprudencia ha considerado competente al juez comercial -y no el del sucesorio- en una demanda por simulación de transferencia de capital accionario de una de las demandadas instada por un heredero del socio fallecido contra el resto de los causahabientes, sin perjuicio de la incidencia que la decisión pueda tener sobre el activo de la sucesión del socio fallecido (CNCiv., sala G, 14/12/2001, "P., C. L. c. Herederos de P., O.H. y otro", J.A. 2002-II, 99, L.L, 2002-C-825). Ha entendido que no rige el fuero de atracción de la sucesión respecto de la acción social de responsabilidad (art. 276, ley 19.550), incoada sin determinación del monto contra los herederos del socio administrador fallecido (CNCom., sala A, 05/12/1985, "U., S. R. L. c. R., A. y otros", L.L. 1986-B-194, D.J. 986-II-150).

También se ha sostenido que el fuero de atracción del juicio sucesorio no funciona cuando las controversias que se promuevan entre los socios del fallecido y los herederos del causante, se relacionan con la constitución, funcionamiento y liquidación de sociedades mercantiles, pues estos supuestos no quedan encuadrados dentro de ninguno de los casos previstos en el art. 3284 del Cód. Civil (CN Civ., sala A, 12/09/1985, "G., R. c. D., J.", L.L., 1986-E-695, 37.429-S). El fuero comercial debe entender en las demandas relativas a la constitución, funcionamiento, disolución y liquidación de una sociedad comercial aunque el pleito deba tramitarse con la sucesión o con los herederos de un socio fallecido, o, dicho en otras palabras, el fuero de atracción no rige respecto de las cuestiones que se susciten entre los socios sobrevivientes de una sociedad mercantil y los herederos del socio fallecido, con motivo de la distribución de los bienes sociales (CNCiv., sala B, 31/08/1978, L. I., laleyonline).

Resultan competentes los tribunales ordinarios del lugar convenido por las partes en el contrato de locación que da base a la acción de desalojo, sin que resulte de aplicación el fuero de atracción de la sucesión establecido en el art. 3.284 del C.C., toda vez que la acción referida -sin perjuicio de tratarse de una demanda entre coherederos y que el objeto se relaciones con el acervo hereditario- no posee una causa hereditaria -causa también ausente en el sub examine-, circunstancia necesaria para que funcione la atracción (CACivyCom., Concepción del Uruguay, "P. O., S. P. y Otros c/ D. F. G., LLLitoral 2003 (mayo), 463, laleyonline).

Por otra parte, no puede dejar de señalarse que otro grupo de herederos del Sr. R. R. E. F., el representado por el Dr. G. , asumió la posición opuesta planteando la excepción de incompetencia, posición esta que la Asesoría Civil de Familia e Incapaces entendiera protegía adecuadamente los intereses de los menores involucrados (ver fs. 1420/1431 y vta. y 2742, respectivamente).Como también cabe advertir que el apelante de fs. 2793, principal sostenedor del fuero de atracción denunciado, contestó la demanda incoada contra sus representados a fs. 1284/1287 sin hacer ninguna referencia al mismo ni cuestionar la competencia del Juez interviniente, la que recién introdujo un mes después, a fs. 1356/1357, al solicitar la aplicación del fuero de atracción, adoptando una dualidad de criterios que merece ser ponderada.

Ello así, debiendo la cuestión planteada resolverse en el marco de las reglas generales de competencia establecidas por el Código Procesal Civil y Comercial, el art. 1 del rito admite la prórroga de la misma en asuntos exclusivamente patrimoniales, siendo que los contratos cuya nulidad como base de los restantes reclamos se persiguen, prorrogan expresamente la competencia (art. 2, CPCC) respecto de los tribunales ordinarios de Capital Federal o de la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, a opción de la compradora o locadora, que en ambos casos resulta ser A. S.A.

Tratándose de competencia territorial, la que es de carácter relativo y renunciable, puede ser prorrogada, ya sea en forma expresa o tácita por las partes, se traten de acciones reales o personales pues no se opone a ello ningún principio de orden público (Morello, Sosa, Berizonce, Op. Cit., 1984, T. II-A, pág. 51 y cita de doctrina y pronunciamientos).

Es que, las leyes de la República admiten la prórroga de competencia en cuestiones exclusivamente patrimoniales, por lo que la aplicación del art. 1.209, C.C. (ley argentina que rige al contrato que debe ser ejecutado en territorio argentino), no excluye lo dispuesto por el art. 1° del C.P.C.C.

En tal sentido, nótese que en la cláusula 11 del contrato compraventa acompañado en copia Papel Notarial Bc N° ....... a ......., textualmente expresa: "Las partes se someten de común acuerdo para eventuales diferendos, a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Capital Federal, República Argentina, o los Tribunales Ordinarios de la República Oriental del Uruguay, a opción del COMPRADOR ...", quien resulta ser A. S.A., y la cláusula 23 del contrato de locación acompañado en copia Papel Notarial Bc N° ...... a ......, textualmente expresa, "Las partes se someten de común acuerdo para eventuales diferendos, a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Capital Federal, República Argentina, o a los Tribunales Ordinarios de la República Oriental del Uruguay, a opción del LOCADOR...", quien también resulta ser A. S.A., documental que por otra parte fuera acompañada por la propia actora, reservada y en este acto se tiene a la vista.

Y no fue planteada la nulidad absoluta y manifiesta de dichas cláusulas, a cuyo respecto se observa que las mismas no exhiben en este estadio del análisis un evidente desequilibrio entre los contratantes, fueron suscriptas por la propia actora, sin que surjan de modo manifiesto circunstancias invalidantes, siendo que la pretendida nulidad de los contratos no impide considerar la validez de la cláusula de prórroga de jurisdicción hasta tanto no se decrete la nulidad de los mismos.

Asimismo, las cláusulas 11 y 23 ut supra referenciadas permiten señalar que el art. 1 del CPCC también admite la prórroga a favor de los jueces extranjeros (Arazi - Rojas, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2.001, T. I, pág. 26), sin perjuicio a su vez de la prórroga también establecida a favor de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Buenos Aires ("Capital Federal" como indican los convenios).

Ello, por sí solo, basta para que este Tribunal se declare incompetente, ya que la prórroga expresa pactada en los contratos causantes de la pretensión principal no puede mas que arrastrar a las pretensiones condicionales dependientes de la primera.

Precisamente, dicha circunstancia, cual es el sometimiento de la pretensión sucesiva, de tipo condicional, al previo progreso de la pretensión principal, es lo que obsta a la aplicación del art. 5°, inc. 5°, del rito, pues es presupuesto de la existencia de litisconsorcio la declaración de la nulidad pretendida.

A más de ello, no puede dejar de señalarse que los contratos cuya nulidad se persigue, sin perjuicio de su desconocimiento, desde que esta Alzada debe atenerse en el presente análisis únicamente a los términos vertidos en la demanda, fueron celebrados en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, persiguiéndose asimismo el descorrimiento del velo de una sociedad también uruguaya, sociedad ésta que en virtud de los contratos, celebrados también por la actora, tiene la facultad de elegir la jurisdicción que ha de pronunciarse sobre la cuestión planteada.

A mayor abundamiento, aún cuando no hubiera habido prórroga de competencia, tratándose el planteado de un conflicto societario, rige lo dispuesto por el inc. 11, art. 5, CPCC, el que establece que en las acciones que derivan de las relaciones societarias es juez competente el del lugar del domicilio social inscripto, siendo que la principal demandada, A. S.A., no tiene domicilio social inscripto en esta Circunscripción Judicial y que, como fuera señalado, los conflictos societario rebasan las posibilidades técnicas del sucesorio, por lo que no son atraídos por el mismo.

Ello así, este Tribunal ha de considerarse incompetente para entender en la acción promovida.

III.- Análisis de los recursos interpuestos a fs. 2767/2768 y 2791:- El modo en que se resuelve la cuestión torna abstractas las apelaciones deducidas ya que exige por parte de este Tribunal la adecuación exigida por el art. 279 el C.P.C.C.

IV.- Análisis de los recursos interpuestos a fs. 2765/2766, 2771, 2772/2775, 2776/2778, 2779/2782, 2783/2785 y 2786:

El modo en que se resuelve la cuestión torna abstractas las apelaciones deducidas ya que exigió el ingreso al tratamiento de cuestiones que no habían sido resueltas en la instancia antecedentes (apelación implícita), planteos por los que se reclama la imposición de costas y regulación de honorarios, encontrándose esta Alzada obligada a pronunciarse en virtud de lo normado por el art. 279 del C.P.C.C.

V.- Costas y honorarios: Corresponde a este Tribunal imponer costas y regular honorarios sólo respecto de las excepciones de incompetencia que fueran acogidas, sin que esté abierta la jurisdicción de esta Alzada para pronunciarse sobre la situación de los reconvenidos, costas de la reconvención y regulaciones de honorarios en lo referente a la restante actuación cumplida por los profesionales intervinientes por la porción que fuera cumplida del proceso principal.

Ello así, teniendo en consideración la posición global asumida por la parte actora y las distintas co-demandadas, las costas de primera instancia han de imponerse en su totalidad a la parte actora vencida, de acuerdo al criterio objetivo de la derrota (arts. 68, 69 y concs., CPCC). Es que, no modifica la calidad de vencida de la misma la circunstancia de que haya prosperado alguno de sus planteos. No son los argumentos los que acarrean las costas, sino el litigio en general de acuerdo a las concretas pretensiones deducidas (Roberto G. Loutayf Ranea, "Condena en costas en el proceso civil", Ed. Astrea, Buenos Aires, 1998, pág. 54).

En lo que refiere a las costas de alzada, sostuvieron la competencia del 'a quo' y la de este Tribunal, tanto la parte actora C. S.A., como el Dr. N. por su propio derecho, el Dr. V. F. quien tomó participación en autos en representación de A. M. vda. de E. , M., S. y V. E. M., y el Dr. A. F. v. P. ,quien interviene en autos como letrado apoderado del Sr. E. M. E. , quien le confiere poder por sí y en su carácter de Síndico de C. S.A., por lo que éstas últimas han de imponerse a C. S.A., el Dr. N., y los mandantes de los Dres. F. y v. P., en lo que se refiere a las presentaciones por ante este Tribunal de los Dres. M. B. G. -en representación de A. S.A. y P. G. D L. C. E.-, M. M. P. D. R. -por su propio derecho y en representación de C. A. R. -, R. S. -en representación de F. J. A., J. Z. y P. S. I.- y J. G. (ver fs. 2862/2888, 2889/2915, 2916/2929, 2930/2942, respectivamente), ya que únicamente los mencionados profesionales contestaron asimismo los agravios vertidos por los Dres. N. por su propio derecho, F. y v. P. (arts. 68 y 69, CPCC).

Al existir una sentencia de contenido único para todos los litisconsortes, no puede darse el caso de que se admita la reclamación respecto a unos y que se rechace respecto a otros. Por tal motivo, entonces, no puede separarse ni ser diferente el pronunciamiento sobre las costas en relación a los litisconsortes, sino que en este aspecto el decisorio debe ser único también (Roberto G. Loutayf Ranea, "Condena en costas ...", Op. Cit., pág. 137).

Por no haberse pronunciado respecto de los agravios vertidos por los apelantes de fs. 2789, 2792, 2793, la regulación correspondiente a las presentaciones de fs. 2856/2857, 2858/2859, 2860/2861 y 2943/2953 quedan a cargo exclusivamente de la parte actora vencida.

Cumpliendo la readecuación exigida por el art. 279 del rito, por la actuación de primera instancia han de regularse los honorarios de los distintos profesionales intervinientes valorando la extensión, calidad, eficacia de la actuación cumplida, la distinta situación jurídica de cada uno de los representados y el resultado obtenido en el trámite del incidente en virtud del cual se resolviera la incompetencia planteada. Se regulará en términos porcentales por no contarse con monto del proceso, siendo que todos los porcentajes que ha de establecerse serán de aplicación por sobre el monto que en definitiva resulte el monto del proceso.

Asimismo, debe este Tribunal aplicar a los fines de la regulación el límite establecido por el art. 11 del ordenamiento arancelario, como las restantes pautas que subsumen la cuestión que mediante la presente se resuelve: arts. 6, 7, 9, 14, 33 y 47, ley 2.200 y modif.

La limitación que contiene el art. 11 del ordenamiento arancelario, ha sido instituida con el propósito de establecer un margen justo a la responsabilidad del derrotado en costas, cuando los roles de actor o demandado son asumidos por varios consortes de causa, que actúan a su vez con la asistencia de distintos profesionales. En principio, este temperamento se presenta como razonable, ya que si se aplicaran con libertad y sin cortapisa alguna los porcentuales de los arts. 7° y 9° del arancel para fijar los honorarios de los abogados y procuradores intervinientes, su adición aritmética resultaría decididamente confiscatoria del derecho de propiedad de quien debe cargar con las costas (Carlos E. Ure, Oscar G. Finkelberg, "Honorarios de los profesionales del derecho", Ed. LexisNexis, Buenos Aires, 2.004, pág. 98). Y, a su vez, el art. 33 del arancel remite a lo que correspondiere al proceso principal, no siendo el presente un incidente que posea cuantía propia.

Ello así, han de establecerse los honorarios del Dr. R. A. S., por el planteo efectuado a fs. 857/858 en representación de P. S. I. S.A. en un 0,283 % y a fs. 909/910 en representación de F. J. A. en un 0,283 %, los correspondientes a la Dra. M. G. G. por la actuación de fs. 986/999 en representación de R. Z. C. en un 0,425 %, los debidos a la Dra. M. B. G. por su presentación de fs. 1049vta/1063 en representación de P. G. D L. C. E. en un 0,425 %, los correspondientes a la Dra. M. E. F. v. R. por sus trabajos de fs. 1228vta./1239 en representación de R. S.A. en un 0,425 %, los del Dr. J. G. por su actuación en representación de la Sra. L. G. y sus hijos menores B. y J. G. de fs. 1429 y vta. en un 0,283 %, los de la Dra. M. E. F. v. R. en representación de K. S.A. por las tareas cumplidas fs. 1438vta./1450 en un 0,425 %, los de la Dra. M. B. G. por su actuación de fs. 1557/1558 en representación de A. S.A. en un 0,5 %, los de la Dra. M. M. P. D. R. por su presentación de fs. 1747/1575 por su propio derecho en un 0,5 %, los del Dr. R. A. S. por su actuación de fs. en 1846/1863 representación de J. Z. en un 0,5 %, los correspondientes al Dr. V. A. F., por su actuación de fs. 1356/1357 en un 0,2 % y los correspondientes al Dr. L. A. N., por su actuación en el carácter de letrado apoderado de la parte actora en un 1,5 %, todos porcentajes a aplicar sobre el monto que en definitiva resulte monto del proceso. Por su actuación ante esta Alzada han de regularse los honorarios correspondientes a la respuesta dada al traslado conferido a la apelación de la actora de la Dra. M. E. F. v. R. por la co-demandada K. S.A. (fs. 2856/2857) en un 0,1275 %, de la Dra. M. E. F. v. R. por la co-demandada R. S.A. (fs. 2858/2859) en un 0,1275 %, de la Dra. M. G. G. por el co-demandado Sr. R. Z. C. (fs. 2860/2861) en un 0,1275 %, de la Dra. M. B. G. por la co-demandada A. S.A. (fs. 2862/2888) en un 0,15 %, de la Dra. M. B. G. por el co-demandado P. G. D L. C. E. (2899/2915) en un 0,1275 %, de la Dra. M. M. P. D. R. por su propio derecho y en representación del Sr. C. A. R. (fs. 2916/2929) en un 0,21 %, los del Dr. R. S. en representación de F. J. A., J. Z. y P. S. I. (fs. 2916/2929) en un 0,3198 % del Dr. J. G. en representación de L. G. y sus hijos J. y B. E. (fs. 2930/2942) en un 0,0849 %, y del Dr. J. C. M. en representación de G. R. S. (fs. 2943/2953) en un 0,06 %. Asimismo han de regularse los honorarios correspondientes al Dr. L. A. N., en su carácter de letrado apoderado de la parte actora, en un 0,375 %, los del Dr. V. A. F., por su actuación en representación de herederos del Sr. R. R. E. F., y al Dr. S. F. , su letrado patrocinante, en conjunto, en un 0,303 % y los correspondientes al Dr. A. F. v. P. en representación de E. M. E. en un 0,303 %, todos porcentajes a aplicar sobre el monto que en definitiva resulte monto del proceso.

En su mérito, la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Noreste del Chubut RESUELVE:

Confirmar por los fundamentos expuestos precedentemente la declaración de incompetencia resuelta a fs. 2744/2748, disponiendo el archivo del expediente (art. 354, inc. 1°, CPCC).

Declarar, en consecuencia, abstracto el tratamiento de los recursos de apelación deducidos a fs. 2767/2768, 2791, 2765/2766, 2771, 2772/2775, 2776/2778, 2779/2782, 2783/2785 y 2786.

Imponer las costas de primera instancia en su totalidad a la parte actora vencida (arts. 68, 69 y concs., CPCC).

Regular los honorarios de primera instancia del Dr. R. A. S., por el planteo efectuado a fs. 857/858 en representación de P. S. I. S.A. en un 0,283 % y a fs. 909/910 en representación de F. J. A. en un 0,283 %, los correspondientes a la Dra. M. G. G. por la actuación de fs. 986/999 en representación de R. Z. C. en un 0,425 %, los debidos a la Dra. M. B. G. por su presentación de fs. 1049vta/1063 en representación de P. G. D L. C. E. en un 0,425 %, los correspondientes a la Dra. M. E. F. v. R. por sus trabajos de fs. 1228vta./1239 en representación de R. S.A. en un 0,425 %, los del Dr. J. G. por su actuación en representación de la Sra. L. G. y sus hijos menores B. y J. G. de fs. 1429 y vta. en un 0,283 %, los de la Dra. M. E. F. v. R. en representación de K. S.A. por las tareas cumplidas fs. 1438vta./1450 en un 0,425 %, los de la Dra. M. B. G. por su actuación de fs. 1557/1558 en representación de A. S.A. en un 0,5 %, los de la Dra. M. M. P. D. R. por su presentación de fs. 1747/1575 por su propio derecho en un 0,5 %, los del Dr. R. A. S. por su actuación de fs. en 1846/1863 representación de J. Z. en un 0,5 %, los correspondientes al Dr. V. A. F., por su actuación de fs. 1356/1357 en un 0,2 % y los correspondientes al Dr. L. A. N., por su actuación en el carácter de letrado apoderado de la parte actora en un 1,5 %, todos porcentajes a aplicar sobre el monto que en definitiva resulte monto del proceso.

Imponer las costas de Alzada a C. S.A., el Dr. N., y los mandantes de los Dres. F. y v. P., en lo que se refiere a las presentaciones por ante este Tribunal de los Dres. M. B. G. -en representación de A. S.A. y P. G. D L. C. E.-, M. M. P. D. R. -por su propio derecho y en representación de C. A. R. -, R. S. -en representación de F. J. A., J. Z. y P. S. I.- y J. G. (fs. 2862/2888, 2889/2915, 2916/2929, 2930/2942, respectivamente), quedando a cargo exclusivamente de la parte actora vencida las regulaciones correspondiente a las presentaciones de fs. 2856/2857, 2858/2859, 2860/2861 y 2943/2953.

Regular los honorarios de Alzada correspondientes a la respuesta dada al traslado conferido a la apelación de la actora de la Dra. M. E. F. v. R. por la co-demandada K. S.A. (fs. 2856/2857) en un 0,1275 %, de la Dra. M. E. F. v. R. por la co-demandada R. S.A. (fs. 2858/2859) en un 0,1275 %, de la Dra. M. G. G. por el co-demandado Sr. R. Z. C. (fs. 2860/2861) en un 0,1275 %, de la Dra. M. B. G. por la co-demandada A. S.A. (fs. 2862/2888) en un 0,15 %, de la Dra. M. B. G. por el co-demandado P. G. D L. C. E. (2899/2915) en un 0,1275 %, de la Dra. M. M. P. D. R. por su propio derecho y en representación del Sr. C. A. R. (fs. 2916/2929) en un 0,21 %, los del Dr. R. S. en representación de F. J. A., J. Z. y P. S. I. (fs. 2916/2929) en un 0,3198 % del Dr. J. G. en representación de L. G. y sus hijos J. y B. E. (fs. 2930/2942) en un 0,0849 %, y del Dr. J. C. M. en representación de G. R. S. (fs. 2943/2953) en un 0,06 %. Asimismo han de regularse los honorarios correspondientes al Dr. L. A. N., en su carácter de letrado apoderado de la parte actora, en un 0,375 %, los del Dr. V. A. F., por su actuación en representación de herederos del Sr. R. R. E. F., y al Dr. S. F. , su letrado patrocinante, en conjunto, en un 0,303 % y los correspondientes al Dr. A. F. v. P. en representación de E. M. E. en un 0,303 %, todos porcentajes a aplicar sobre el monto que en definitiva resulte monto del proceso.

Tener presentes las reservas de caso federal.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Edgar DE LA FUENTE Raúl A. VERGARA Juan H. MANINO Juez de Cámara de Refuerzo Presidente Juez de Cámara REGISTRADA BAJO EL Nº 179 DE 2006 - SIC.- CONSTE.-