Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2005-04-25


San Miguel de Tucumán, 25 de Abril de 2005.- Y VISTO: Las excepciones de incompetencia, defecto legal y prescripción deducidas por el letrado apoderado del Superior Gobierno de la Provincia en los autos caratulados:"Muñoz, Jorge Agustín y otros vs. Kohn Joaquín Isidoro y otras s/Daños y perjuicios"; y C O N S I D E R A N D O :

1.- A fs. 514/518, el letrado apoderado del Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán deduce excepciones de incompetencia, defecto legal y prescripción.

2.- Funda la defensa de Incompetencia de Jurisdicción en la afirmación de que en autos se demanda el resarcimiento de los supuestos daños ocasionados a raíz de un uso abusivo y antifuncional de los ascensores del edificio por parte de los empleados y funcionarios, y del público que concurría en los horarios en que funcionaban las oficinas del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Tucumán, instalado en los pisos 6, 7 y 8 del inmueble. De ello deduce que la pretensión articulada se basa en la imputación de responsabilidad al Estado provincial por su actividad lícita, ya que se demandan daños supuestamente originados por la propia actividad funcional de los empleados y funcionarios del Tribunal de Cuentas, es decir, en el ámbito del Derecho Público. Estima que dicho extremo se ve corroborado por lo resuelto por la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, del 28/5/2001, en autos "Muñoz, Jorge Agustín y otros vs. Consorcio de Propietarios Edificio Khon y otros s/Nulidad de Resolución de Asamblea y Prohibición de contratar", que condenó al Superior Gobierno de la Provincia a adoptar, en un plazo de 4 meses, las medidas conducentes para que el Tribunal de Cuentas adecue el desenvolvimiento de sus actividades y el movimiento de personal y público en general; es decir, que conminó al Tribunal de Cuentas para que modifique su actividad funcional como órgano estatal.

2.1.- En orden a la Excepción de Defecto Legal, sostiene que el actor no determina en forma clara el monto o cuantía del reclamo; ni expresa las pautas que tuvieron presente para arribar al monto reclamado. Afirma que no resulta posible establecer, a partir de los términos de la demanda, cómo se arriba al importe pretendido, ya que el actor se limita a sustentar la procedencia del monto demandado sobre la base de afirmaciones confusas y generales, y de un dictamen pericial en una causa anterior, que no se acompaña por haberse eximido al actor de la presentación de copias. Añade que no se han detallado a los ítem o pautas de las sumas pretendidas, lo que coloca a su conferente en un estado de indefensión total. Estima que el debido proceso legal se ve vulnerado por la remisión a un dictamen pericial para la fijación del daño, sin mencionar en forma concreta, específica y detallada ni su monto, ni las pautas para arribar al mismo. Cita jurisprudencia.

Señala que otro hecho que genera indefensión en su mandante es que los actores demandan al Sr. Khon como consorcista y al Tribunal de Cuentas, pero sin establecer o discriminar el grado y proporción de la responsabilidad, lo que resulta de imposible realización, ya que en el edificio funcionan numerosos estudios jurídicos y contables, escribanías, una cooperadora de un hospital, e incluso, en una época, una AFJP; por lo que el cuadro imputacional de sobreuso de instalaciones comunes no se encuentra determinado y su comprobación se torna abstracta.

Advierte, por último, que los actores omitieron efectuar el encuadre legal o normativo de su pretensión, lo que vulnera el derecho de defensa, ya que las numerosas normas aplicables en materia de responsabilidad civil, poseen diversos matices, desde el factor de atribución hasta los alcances o límites de la responsabilidad, circunstancias que el demandado no puede estar "adivinando" ante la omisión voluntaria de la actora (cfr. fs. 517).

2.3.- Con relación a la Excepción de Prescripción sustenta su defensa en que en el reclamo indemnizatorio por daños derivados del sobreuso o uso antifuncional de los ascensores del edificio de Maipú N 41 de San Miguel de Tucumán, se toman en cuenta las erogaciones llevadas a cabo en los últimos diez años; y que la contraparte no hace mención expresa ni detallada de cada uno de los períodos aludidos, los que se hallan prescriptos, a tenor de lo dispuesto por el art. 4019 CC, que establece un plazo de prescripción de dos años para la acción de responsabilidad extracontractual, aplicable en razón de la relación que une a la demandada con los actores.

Sostiene que en autos se reclaman los daños generados por el actuar de los empleados y funcionarios, y del público que concurría al Tribunal de Cuentas a desarrollar sus tareas, resultando evidente la ausencia de relación contractual entre las partes, y la naturaleza extracontractual de la responsabilidad que se atribuye a la demandada. Añade que la circunstancia de que Khon haya arrendado la oficina al Tribunal de Cuentas aparta la cuestión del régimen de propiedad horizontal, puesto que el inquilino no es continuador de las obligaciones propias del consorcista.

Sobre esa base solicita que se declaren prescriptos los períodos no detallados de los últimos diez años reclamados por los actores y en base al art. 4037 CC.

3.- Por sentencia del 17/11/2003 (fs. 490), esta Corte Suprema de Justicia se declaró competente para entender en el presente proceso. Refirió a la demanda promovida en autos en contra del Sr. Joaquín Isidoro Kohn y el Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán reclamando daños y perjuicios derivados de las transgresiones al reglamento de Copropiedad del Consorcio del Edificio Kohn -sito en calle Maipú n° 41- en que habría incurrido el demandado, en tanto procedió a instalar en el edificio, hace más de 10 años, al Superior Tribunal de Cuentas de la Provincia, vendiéndole el 7° piso y arrendándole el piso 8° y parte del 6°; y además otras violaciones al reglamento que señala.

Partiendo del principio de que la competencia jurisdiccional de los órganos judiciales debe determinarse con arreglo a la naturaleza de la acción y sus elementos, dejó establecido que el presente caso queda aprehendido en la competencia asignada a la Corte Suprema de Justicia, a tenor de lo normado por el art. 18 de la Constitución Provincial y el art. 50 apartado I°, inc. a) de la LOPJ, ley n° 6238.

En esta oportunidad no cabe sino reiterar el criterio expuesto en la sentencia del 17/11/2003, toda vez que las pretensiones articuladas se vinculan a las alegadas transgresiones del reglamento de Copropiedad del Consorcio de un edificio, cuyas cláusulas han sido invocadas por la actora al fundar la acción promovida (cfr. fs. 7/12). De ello se sigue que la pretensión incoada se origina en una relación jurídica privada, cuya naturaleza no se ve modificada porque el sujeto eventualmente obligado sea la Provincia de Tucumán. De allí que, en el sub examine, al no configurarse el requisito previsto por el art. 57 primera parte de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sino el supuesto que sienta el art. 18 de la Constitución provincial y art. 50, ap. I, inc. a), primera parte LOPJ, compete entender en este pleito a esta Excma. Corte Suprema de Justicia.

Por los fundamentos expuestos, se desestima la defensa de incompetencia de jurisdicción articulada por el letrado apoderado del Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán.

3.1.- En orden a la excepción de defecto legal, cabe señalar, de modo liminar, que la defensa prevista en el art. 297 inc. 4° CPCC constituye el medio acordado para denunciar la omisión o la formulación imprecisa o ambigua de las enunciaciones legalmente exigibles al escrito de interposición de la demanda o de la reconvención. Esta excepción dilatoria, encuentra su fundamento en la necesidad de preservar adecuadamente el derecho de defensa en juicio, de raigambre constitucional, que se vería conculcado si el demandado no conociera elementos esenciales de la contraria, que le impidieran desplegar con amplitud las oposiciones que tuviera contra tales pretensiones. Refiere a falencias de tal magnitud, que efectivamente afecten el derecho de defensa. De allí que, en general, la jurisprudencia haya rechazado, en forma reiterada, los planteos donde no surge en forma evidente que el accionado se ha visto imposibilitado de ejercer la debida defensa en juicio (CSJTuc., "Chenaut, José Ignacio y otros vs. Gobierno de la Provincia de Tucumán s/Reivindicación", sentencia del 13/12/2002).

Con relación a la alegada falta de determinación clara del monto o cuantía del reclamo, el liminar examen de las constancias de autos (cfr. fs. 1/12 y 482/484) demuestra que el actor ha cumplido con el requisito de cuantificar el alcance de su reclamación resarcitoria. En esas condiciones, no se advierte infracción al principio de congruencia, ni violación al derecho de defensa del excepcionante, cuyo ejercicio aparece debidamente resguardado, y, en consecuencia, corresponde desestimar la excepción opuesta.

Por otra parte, el argumento centrado en la pretensa indefensión que generaría la circunstancia de que la actora no haya discriminado el grado y proporción de la responsabilidad que atribuye a los codemandados, no puede compartirse. La excepción de defecto legal tiene por función tanto oponerse al oscuro libelo, como impedir el progreso de una acción que no está fácticamente configurada, o que carece del grado de determinación compatible con la exigencia impuesta al juez al resolverla; siendo necesario que las oscuridades y omisiones sean de una gravedad suficiente como para impedir o dificultar la refutación o la producción de pruebas. Y tales déficit no se advierten en la demanda promovida en estos autos, donde el origen del reclamo aparece suficientemente determinado, como asimismo el objeto del debate y los sujetos comprometidos. La defensa en examen no está referida al fondo de la pretensión incoada, sino que se limita al escrito de demanda cuando no satisface las exigencias y solemnidades legales para permitirle un eficaz ejercicio del derecho de defensa del demandado. En rigor, el planteo del excepcionante se vincula a la procedencia de lo reclamado por la actora; cuestión que habrá de ser resuelta en la sentencia definitiva a dictarse, sobre la base de los elementos que las partes puedan aportar en la etapa procesal pertinente.

Por fin, resulta también inadmisible la queja fundada en que los actores omitieron efectuar el encuadre legal o normativo de su pretensión, vulnerando así el derecho de defensa del excepcionante. Ello así por cuanto el hecho de que no consten los artículos en los que el accionante basa su demanda, en el caso no coloca a los accionados en estado de indefensión, toda vez que de la lectura de la demanda surge con claridad el objeto perseguido en la litis. A lo que cabe añadir que tal requisito formal no resulta indispensable, dado que por aplicación del principio "iura novit curia" el juez suple ese tipo de deficiencias.

3.2.- En torno a la defensa de prescripción opuesta, cabe advertir que en el sistema de la propiedad horizontal, organizado por la ley 13.512, el denominado Reglamento de Copropiedad y Administración, es un conjunto de normas que obliga a los propietarios como la ley misma (art. 1197, Cód. Civil). Estos reglamentos tienen naturaleza "estatutaria"; y forman parte del título de dominio de cada uno de los copropietarios, y constituyen la Ley a la que deben ajustar sus derechos y obligaciones.

En materia de litigios suscitados en torno a cuestiones de naturaleza consorcial, el Reglamento de Copropiedad y Administración de un consorcio constituido en los términos de la ley 13.512, constituye la ley a la que deben ajustar sus derechos y obligaciones. La persona que compra dentro de ese régimen tiene la obligación de someterse a sus disposiciones, pues su acatamiento es fundamental en el sistema organizado por la ley mencionada, como medio de propender al normal desarrollo de las relaciones entre los copropietarios y al buen funcionamiento del régimen comunitario establecido por la ley (arts. 1° y 2°). Atento a ello es razonable concluir que el reglamento de copropiedad es el verdadero estatuto del consorcio, llamado a ordenar las relaciones de los copropietarios entre sí y con respecto a terceros. Con independencia de cómo sea redactado, el reglamento de copropiedad tiene naturaleza contractual, constituyendo un verdadero convenio al que los copropietarios deben someterse como a la ley misma, en los términos y alcances del art. 1197 del Cód. Civil. Es pacíficamente aceptado que el Reglamento de Copropiedad y Administración tiene naturaleza contractual, por lo que la voluntad libremente expresada y adecuada a las normas que rigen la materia no puede ser alterada sino por los procedimientos y según las mayorías previstas por la ley para su modificación (art. 9°, ley 13.512).

Dispone el art. 4023: "Toda acción personal por deuda exigible se prescribe por diez años, salvo disposición especial. Igual plazo regirá para interponer la acción de nulidad, trátese de actos nulos o anulables, si no estuviere previsto un plazo menor" Toda vez que el plazo ordinario de diez años se aplica a toda acción a la que la ley no atribuya un plazo menor (art. 4023, Cód. Civil), cabe concluir que las normas relativas a prescripciones cortas son de interpretación restrictiva. (Borda, Guillermo, "Tratado de Derecho Civil - Obligaciones", t. II, N° 1076, p. 59: Salas Trigo Represas, "Código Civil Anotado", t. 3, p. 288, ap. art. 3°).

Si bien el excepcionante discute que la sentencia se valga del art. 4023 del Cód. Civil, no funda adecuadamente la eventual inaplicabilidad de la norma que es justamente la genérica para casos contractuales. Dada la naturaleza contractual del reglamento de copropiedad y administración, la prescripción decenal del art. 4023 del Cód. Civil se aplica a la acción por violación de cualquiera de sus cláusulas, como las referidas a las obras nuevas o al uso indebido de la unidad.

No existiendo disposición legal específica que establezca un plazo distinto del previsto por el art. 4023 del Cód. Civil, el término de la prescripción de la acción correspondiente al derecho a exigir el cese de las transgresiones al art. 6º y cláusulas reglamentarias concordantes debe ser el decenal allí prescripto (cfr. Highton, Elena, "Derechos Reales" vol. IV Propiedad horizontal y prehorizontalidad, Ariel, Buenos Aires, 1979, p. 186; Racciatti, "Propiedad por pisos o por departamentos", p. 434; Depalma, Buenos Aires, 1975; Gabás, "Derecho práctico de propiedad horizontal", t. 2, p. 330, Hammurabi, Buenos Aires, 1994). En sentido similar, la jurisprudencia se ha inclinado por la aplicación del plazo de prescripción de 10 años para las acciones del consorcio contra los propietarios por transgresiones al reglamento; entre ellas las obras nuevas o el uso indebido de la unidad.

Conforme a lo expuesto, y surgiendo de los términos de la demanda, que lo que se reclama son los daños derivados de "las erogaciones de los últimos diez años" (cfr. fs. 10 vta.), originadas en la necesidad de afrontar expensas superiores, los egresos que originó el mayor consumo de energía eléctrica, y la designación y mantenimiento de dos ascensoristas; resulta aplicable al caso el plazo de prescripción decenal (art. 4023 CC), por lo que corresponde desestimar la defensa de prescripción liberatoria opuesta por la demandada.

4.- Por los fundamentos expuestos, se desestiman las excepciones de incompetencia, defecto legal y prescripción deducidas a fs. 514/518 por el letrado apoderado del Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán, con costas, por aplicación del principio general en la materia (art. 106 y conc. CPCC).

Por ello, oído el Sr. Ministro Fiscal (584/586) y encontrándose recusado sin causa el señor vocal doctor Antonio Gandur, se R E S U E L V E :

I.- DESESTIMAR las excepciones de incompetencia, defecto legal y prescripción deducidas a fs. 514/518 por el letrado apoderado del Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán.

II.- COSTAS, conforme a lo considerado (art. 106 y conc. CPCC).

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER ALFREDO CARLOS DATO RENÉ MARIO GOANE ALBERTO JOSÉ BRITO	HÉCTOR EDUARDO ARÉA MAIDANA ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA