marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, temeridad o malicia, culpa
Materia: PENAL
Carátula: GANDUR, HUGO AMADO s/ INCUMPLIMIENTO  DE  LOS  DEBERES DE ASISTENCIA FAMILIAR - RECURSO DE  CASACION E INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1996-11-22

El delito de incumplimiento de deberes de asistencia familiar previsto en el art. 1 de la Ley 13944, consta de un aspecto objetivo y otro subjetivo. El primero consiste en no dar o no contribuir a prestar total o parcialmente los medios indispensables para la subsistencia, es decir, omitir la obligación alimentaria, la que se encuentra supeditada, por cierto, al poder económico del obligado.

El segundo (aspecto subjetivo) requiere que el autor se sustraiga maliciosamente, es decir, con conciencia o intención a la obligación respectiva. En este sentido, no habrá una actitud subjetiva delictuosa cuando la disminución de su poder económico provenga de la conducta negligente despreocupada y hasta disipada o irresponsable del autor, toda vez que la figura no admite un obrar culposo.

Nuestro sistema jurídico penal, sólo declara punibles a título de culpa, ciertos y determinados delitos, cuando expresamente admite alguna o varias formas de la conducta imputable a ese título, a las que enuncia o describe en cada caso. Para que pueda atribuirse este reproche, es necesario que esa forma esté prevista como tal.

Si ha existido un actuar "irresponsable, debido a circunstancias ajenas a su voluntad que lo llevaron a tener que disminuir su patrimonio económico", no encuadra la conducta en figura penal alguna.
Falta de legitimación para obrar, daños y perjuicios, transferencia del automotor
Materia: CIVIL
Carátula: Delgado, Nélida Elena c/ Villafañe, Miguel Y Otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2013-07-31

Corresponde rechazar la demanda de daños y perjuicios interpuesta contra el vendedor de un automotor y el escribano interviniente en la certificación de firmas del formulario de transferencia, ante la imposibilidad del actor de registrar a su nombre el automóvil adquirido por su hijo, toda vez que, no hay elementos que demuestren que la actora sea titular de un derecho sobre el automóvil, ya que si bien invocó una relación jurídica entre su hijo y el vendedor, no ha probado que tenga un derecho para exigir la transferencia de dominio a su favor.
Recurso de queja (procesal), queja por casación denegada, fundamentación del recurso, falta de fundamentación
Materia: PROCESAL
Carátula: Maldonado Balderrama, Wilson y otros s/ recurso extraordinario causa n° 254 -.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-17

El recurso de queja es inconsistente si la cámara de casación denegó el recurso por inexistencia de un requisito que consideró la admisibilidad la falta de fundamentación y refutación de los argumentos del a quo y el recurrente sigue sin demostrar de qué modo se podría haber arribado a una solución distinta mediante su apertura y trámite formal.
Recurso de queja (procesal), acordadas, recurso extraordinario, procedencia del recurso, interposición del recurso, competencia de la Corte Suprema, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación
Materia: PROCESAL
Carátula: Thomas, Juan Carlos c/ Administración Nacional de la Seguridad Social s/ reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-23

Corresponde desestimar la queja deducida por denegación de la apelación federal interpuesta, pues el recurrente no ha dado cumplimiento a lo exigido en los artículos 1° -extensión del escrito de interposición del recurso extraordinario -, y 4° -el recurso de queja por denegación del recurso extraordinario federal deberá interponerse mediante un escrito de extensión no mayor a diez páginas de veintiséis renglones, y con letra de tamaño claramente legible, no menor de 12-, del reglamento aprobado por la acordada 4/2007 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Recurso de inconstitucionalidad, prueba, incapacidad laboral, pericia médica, dictámenes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: LOVERA, SANTIAGO c/ ASOCIART ART S.A. Y OTROS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-04-11

El recurso interpuesto merece favorable acogida, al comprobar que, aun cuando los agravios planteados remitan al examen de cuestiones que -por su naturaleza- resultarían ajenas en principio a la instancia extraordinaria, en definitiva corresponde aquí hacer excepción a dicho canon, toda vez que los argumentos de la Cámara expuestos frente a las tachas de arbitrariedad cuestionando la preferencia que se había acordado a la pericia médica producida en el expediente en cuando no podrían desplazar el Dictamen de la Comisión Médica que había determinado la inexistencia de secuelas incapacitantes, logran trasponer efectivamente el umbral de la mera discrepancia con la valoración de las pruebas efectuada por los magistrados de la instancia anterior, al demostrar la impugnante que éstos omitieron considerar adecuadamente que tal informe médico (ordenado exclusivamente para dirimir la presencia o no de incapacidad, única cuestión que restaba ante la admisión por ambas partes del carácter profesional de la enfermedad) presentaba graves falencias en su desarrollo metodológico, al arribar a la conclusión de que el actor aún padecía de secuelas psíquicas compatibles con cuadro de Reacción Vivencial Anormal Neurótica en Grado II (si bien sin necesidad de tratamiento) que le producían una incapacidad del 12,50%, sin dar cuenta del tipo de procedimiento seguido para arribar a tal conclusión y sin presentar documental respaldatoria válida, al referir sólo a una certificación médica que indica que el actor estuvo bajo tratamiento psicofarmacológico durante el año 2015, omitiendo establecer cuál era su cuadro patológico al tiempo de la demanda en el año 2017, puntos todos éstos que habían sido objeto de un pedido oportuno de aclaración por la demandada, mereciendo una lacónica respuesta de la perito en el sentido de que su valoración clínica resultaba suficiente.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, Estado Provincial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: AVIAZZI, ANALIA GABRIELA c/ FUNDACION UNION EDUCATIVA DEL LITORAL Y OTROS s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-04-13

Cabe desestimar los planteos esgrimidos por el rechazo de la demanda contra la Provincia de Santa Fe, toda vez que, claramente surge del escrito recursivo que la presentante no logró desvirtuar el principal argumento de la Alzada relacionado con que la accionante no había fundado su reclamo en el ámbito de la responsabilidad como ente público, como lo pretende ahora, sino en las normas de solidaridad pasiva propias del derecho laboral que no eran aplicables en los casos en que interviene el Estado.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, proceso penal, imputado, audiencia de conocimiento personal
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: SANCHEZ, PABLO ANDRES s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2011-05-10

No cabe admitir el agravio vinculado a la omisión de la audiencia de conocimiento personal de los imputados contemplada en el artículo 41 in fine del Código Penal, desde que la no realización de dicha audiencia por la Sala -actuando como tribunal de alzada frente a la apelación deducida por la defensa contra la condena emanada en primera instancia- en modo alguno podía sorprender o resultar imprevisible para esa parte; pues le resultaba exigible el planteo oportuno de la cuestión y hacerlo después del dictado de la resolución de segunda instancia supone una reflexión tardía y el incumplimiento del recaudo establecido en el artículo 1 in fine de la ley 7055.

Por otra parte, tampoco la recurrente alcanza a convencer que la referida audiencia deba apreciarse con los mismos parámetros en ambas instancias del proceso -esto es, ante el Tribunal del juicio competente para determinar la pena y el Tribunal limitado a revisar los fundamentos de dicha decisión en un procedimiento de apelación-; todo ello teniendo en cuenta que el juez de primera instancia sí practicó la audiencia de visu y tomó conocimiento personal de los imputados antes de emitir la condena e individualizar la pena (Del voto de la mayoría)
Tenencia de estupefacientes para consumo personal, cantidad de estupefacientes
Materia: PENAL
Carátula: ROMANO, Edgardo Daniel y otro s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-07-13

Corresponde tipificar la conducta como constitutiva del delito de tenencia simple de estupefacientes si no se encuentra satisfecho el requisito de "escasa cantidad" del tipo penal aseignado por el juzgado -art. 14 segundo párrafo ley 23.737- en tanto se halló en poder de los imputados una cantidad equivalente a ciento nueve dosis de estupefaciente, sin que las "circunstancias del hecho" permitan asegurar una mera conducta de consumo. No es aplicable la doctrina CS "Vega Giménez" si no se configura el requisito de "escasa cantidad". La disidencia sostuvo que es exigible contar con un estado de certeza sobre la circunstancia de que la sustancia tenía una finalidad distinta que el propio consumo, que la conducta evasiva registrada pudo vincularse con las eventuales consecuencias disvaliosas para los imputados ante la posibilidad de una requisa y que la trascendencia a terceros no se concretó en el caso -no hubo exhibición pública-, a lo que se suma la forma en que la droga se hallaba acondicionada -compactada-y que fue secuestrada del interior de las pertenencias de los imputados.
Juicio de desalojo, interversión de título, buena fe
Materia: PROCESAL
Carátula: Ibañez, Olga Noemí  c/ Caldas, Raúl Osmar  s/ desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2023-04-13

La interversión del título debe interpretarse con criterio restrictivo porque no es posible avalar el abuso de la buena fe de quien da en préstamo gratuitamente un inmueble o parte de él (aún cuando sea de padre o madre a hijo, de cónyuge a ex cónyuge o de conviviente a ex pareja). Cuando el código habla de actos exteriores quiere significar que su voluntad de intervertir el título no quede en su fuero íntimo, sino que sea entendido como tal por terceros (art. 1915 del C.C.C.).
Proceso penal, doctrina de la arbitrariedad
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Espinosa, Diego Sebastián s/ Recurso Extraordinario deducido en Expte. Corte Nº 72/10 caratulado "Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Luciano Alberto Rojas en contra del Auto Interlocutorio Nº 28/10 en relación con el Expte. "E" 030/10 "Espinosa, Diego Sebastián"
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2011-04-15

La doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir en tercera instancia pronunciamientos que se reputen equivocados (Fallos 310:676; 311 345), sino cubrir defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado (Fallos: 310:234).
Alimentos, obligación alimentaria entre parientes, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: F.R.A.M. c/ H.J.L. s/ Incidente reajuste cuota alimentaria B.E.L. c/ B.A.P. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-05-31|1994-04-28

La mención de la "renta potencial de cierta magnitud", en términos del juzgador, o la referencia a lo expresado por el ministerio pupilar en cuanto a "...tratar que los cuantiosos bienes produzcan la renta que potencialmente están en condiciones de dar...", como las presunciones derivadas de la condición social y profesional del accionado, no conforman un aporte significativo y ni siquiera un cálculo al menos detallado y numéricamente pormenorizado que permitan al Tribunal efectuar una valoración mas generosa que la concretada por el juez de primera instancia. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Procedimiento administrativo, derecho a ofrecer y producir prueba, defensa en juicio, prueba testimonial
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: SOMBRA, Noria René c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles s/ Seguridad Social
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-18

El principio de la debida defensa en juicio consiste radicalmente en que el justiciable disponga de oportunidad suficiente como para participar con utilidad del proceso para lo cual es necesario que se admita su posibilidad de ofrecer y producir prueba sobre los hechos litigiosos (cfr. Bidart Campos, "Manual de Derecho Constitucional Argentino", pág. 397). Por ello, la no sustanciación de la prueba testimonial ofrecida constituye una abierta violación al art. 18 de la C.N. y a las previsiones de la ley 19.549, cuyo art. 1 consagra el derecho de todo administrado a ser oído (inc. f, apart. l), a ofrecer y producir prueba (inc. f, apart. 3).
Recurso extraordinario, monto del juicio
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Britez, Rubén Orlando y Otro - Expte. N° 53-STJ-2012 s/ Recurso Extraordinario por Arbitrariedad en Autos: "Expte. N° 5.246/2008 - Britez, Rubén Orlando y Otro/A c/ California S.A. y/o Q.R.R. s/ Laboral"
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2013-02-22

El requisito del monto mínimo del litigio para habilitar la vía recursiva extraordinaria es una carga procesal que debe surgir en forma explícita del memorial recursivo, no siendo suficiente la mera mención realizada por el recurrente en la cual se expresa que el monto reclamado excede con creces el importe mínimo requerido por la norma (art. 295 del C.P.C.C.de la provincia de Misiones).
Recurso extraordinario, recurso de inconstitucionalidad, sentencia no firme, recurso contencioso administrativo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: NUEVOS EMPRENDIMIENTOS SRL c/ COMUNA DE SAN JOSE DE RINCON s/ MEDIDA  CAUTELAR. RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. RECURSO   EXTRAORDINARIO PARA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA NACIONAL (CSJ   EXPTE N° 1471-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-07-31

Obsta a la admisibilidad del remedio extraordinario intentado la falta de definitividad de la decisión impugnada, quedando incumplido así el requisito formal previsto en el artículo 14 de la ley 48. En efecto: no puede constituirse en objeto procesal del remedio una resolución como la impugnada, mediante la cual el Tribunal rechazó una medida cautelar de las reguladas en el artículo 14, tercer párrafo, ley 11330, toda vez que no asume la calidad de "definitiva" exigida para franquear la instancia federal.
Empleados públicos, asignación de funciones, ius variandi, Administración Pública, control de razonabilidad, acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CUTCHET, MARTA BEATRIZ c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  N. 337-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-03-13

Las garantías que protegen todo tipo de trabajo y el ejercicio del llamado "ius variandi" conoce, en el ámbito administrativo, una limitación relacionada directamente con los fines públicos de la persona jurídica empleadora. Dicho ejercicio puede ser controlado judicialmente mediante el juicio de razonabilidad constitucional; por medio de la pauta o standard jurídico de razonabilidad con la que se supone se resolverá en cada caso concreto del delicado equilibrio entre intereses opuestos y que permite, en suma, conocer si existe adecuación del medio utilizado al fin propuesto.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, recurso de apelación (procesal), denegatoria del recurso, providencia simple, secretario judicial
Materia: PROCESAL - CIVIL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Del Val, Dante Ramón y otra c/ Empresa de Ferrocarriles del Estado (E.F.A.) s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-18

Las evidencias dictadas por los secretarios, obrando dentro del límite de sus funciones o con exorbitancia de ellas, dan lugar a un recurso de reposición ante el Juez y, eventualmente, son susceptibles de ser impugnadas por nulidad, vía susceptible de abrir la instancia recursiva. Contra la providencia suscripta por la Actuaria no se dedujo recurso ante el a quo sino apelación directa ante la Cámara, vía que no es pertinente según así lo ha declarado esta Sala en situaciones análogas. Denegada la mencionada apelación dicho extremo no suscita cuestión federal bastante para la apertura de la vía del artículo 14 de la Ley 48, toda vez que - conforme con reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema - las resoluciones que declaran la improcedencia de un recurso son irreversibles - como principio - en la instancia federal.
Falta de personería, mandato
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: LIMA HUMBERTO c/ OSCAR CODES VALVERDA Y OTRO s/ Sumario (LIBRO: A075 - 315)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-03-04

No se produce la sustitución del mandato otorgado al mandatario cuando éste, por medio de otro instrumento, (del que surge de que no se trata de una sustitución, y que por tanto estamos en presencia de mandatos diferentes, sin conexión entre si), confiere poder a un tercero para que lo represente en juicio. (tesis).-
Leyes, régimen de consolidación de deudas, aportes y contribuciones previsionales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "Verzeñassi,  Oscar  Manuel  -Butta Eduardo E.- Maffeis O. y otro c/ "Estado Nacional- Mº de Justicia- s/ Empleo Público".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-12-16

EL art. 13 de la ley 25.344, al consolidar "las obligaciones previsionales originadas en el régimen general" -vencidas o de causa o título posterior al 31/8/92 y anterior al 1/1/00-, fecha de promulgación de la ley 24.241 (confr. art. 19inc. d) de la norma citada)-, (con lo cual, consiguientemente, excluye de la consolidación a todas las obligaciones previsionales vinculadas con beneficios otorgados bajo el régimen de la ley 24.241, aun cuando fueren de causa o título anterior al 1/1/00), dentro de ese marco temporal dado por la fecha de otorgamiento del beneficio, comprende a la totalidad de las obligaciones previsionales vencidas o de causa o título posterior al 31/8/92 y anterior al /1/00- excepción hecha de aquéllas "cuya cancelación se hubiera pevisto realizar en efectivo en la ley 25.237" (de presupuesto para el año 2000), que fueron expresamente excluidas por el segundo párrafo del citado art. 13 de la ley 25.344-, con independencia del carácter general o especial del régimen previsional bajo el cual fueron otorgados los beneficios (cons. V. 2).
Cláusula penal, modificación de la cláusula penal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cónsul, Luis Marcos y otra c/ Nocetti de Carettoni, Esther s/ Cumplimiento de contrato y rescisión en subsidio Ortega, Mabel c/ Vega, Alicia s/ Cumplimiento de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-12-04|1996-05-14

El art. 656 del Código Civil autoriza a los jueces a reducir las penas cuando su monto, desproporcionado con la gravedad de la falta, traduzca un aprovechamiento abusivo de parte del acreedor, el vicio aparece manifiesto y su comprobación no requiera una previa investigación de hecho.
Prueba, apreciación de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: C. O. E. c/ C. E. J. y/o resp. de kiosko "B." s/ Cobro de haberes e indemnización de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-11-29

Los intentos de identificar el contrato de trabajo exclusivamente desde la constatación de algunas de las características que revelan la situación de dependencia son estériles, ya que esos rasgos no siempre lo define, en cuanto los comparte con otras figuras jurídicas -mandato, locación de servicios; en ciertos caso, locación de obra- que, en la medida en que uno de los sujetos sea una persona física, se presentan exteriormente con la misma fisonomía. Insisto, sólo la inserción del sujeto como medio de una empresa ajena permite distinguir al contrato de trabajo de las figuras análogas.
Honorarios, regulación de honorarios, recurso de reposición (procesal), ley anterior, aplicación de la ley, ley arancelaria, leyes, inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: FORCHETTI, ALICIA GLADYS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-03-02

Asiste razón al impugnante en cuanto a la norma legal aplicable para efectuar la regulación de los estipendios profesionales debiendo hacerse lugar, en consecuencia, a la tacha de inconstitucionalidad del artículo 42 de la ley 12.851.

En tal sentido, siendo la primera vez que este Tribunal ingresa al análisis de un planteo de inconstitucionalidad vinculado a la vigencia temporal de la norma citada, liminarmente amerita recordarse que "...la declaración de inconstitucionalidad de un precepto de jerarquía legal constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como 'ultima ratio' del orden jurídico...", que procede sólo a partir de una reflexión efectuada con sumo grado de prudencia, cuando la repugnancia de la ley inferior con la norma calificada de suprema resulta manifiesta y la incompatibilidad inconciliable, en particular cuando se trata de enjuiciar actos que suponen el ejercicio de facultades que la Ley Fundamental asigna con carácter privativo a los otros poderes, pues como también ha dicho la Corte nacional, "del juicio prudente de los magistrados en torno de los alcances de su jurisdicción es de donde cabe esperar los mejores frutos en orden al buen gobierno de la Nación".

Proyectando dichas pautas al sub júdice, corresponde, tal como se adelantó, emitir un juicio adverso a la validez constitucional de la normativa en cuestión, más precisamente, del artículo 42 de la ley 12.851 en tanto dispone que "esta ley será aplicada en todo proceso en que no hubiere honorarios regulados por resolución firme a la fecha de su publicación" ya que importa, tal como se verá, un efectivo menoscabo del derecho de propiedad cuya inviolabilidad está preservada por el artículo 17 de la Constitución nacional, en tanto que dicha normativa no podía ser aplicada en el sub lite en atención a que la fecha de su entrada en vigencia es claramente posterior a la época de realización de los trabajos profesionales.

Es que en el justiprecio cuestionado, equivocadamente se hizo jugar con efecto retroactivo la nueva normativa en materia de aranceles profesionales de abogados y procuradores, afectando así los legítimos derechos de la parte recurrente.