marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Prueba testimonial, adicionales de remuneración
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Stivala, Alejandro Hernán c/ Prometeón Tyre Group de Argentina S.A. y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-05-29

Toda vez que de la prueba testimonial resulta acreditado que el bono que el accionante percibía con periodicidad anual y cuya incidencia en la base salarial este pretende, era un bono por participación de resultados y estructurado en base a objetivos de la compañía y los resultados de performance individual no debe computarse a efectos de determinar la base salarial prevista en el primer párrafo del art. 245 LCT de acuerdo a la doctrina sentada por la CNAT en el acuerdo plenario N° 322 "Tulosai".
Indemnización por despido, adicionales de remuneración, insuficiencia del agravio
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Pizzotti, Verónica Andrea c/ Laboratorios Bernabó SA  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-05-27

La actora se agravia porque la Magistrada de grado no incluyó los rubros: pago de patente del auto y peajes, pago del seguro del auto y pago de combustible como parte de su remuneración y que integran la base del cálculo de la indemnización por despido. Si bien la accionada reconoció que los pagos en cuestión fueron dados en tanto el auto personal de la actora fue ocasionalmente utilizado como herramienta de trabajo, y en ese sentido fueron efectuados a fin de posibilitar el cumplimiento de las tareas a su cargo, la actora no controvierte en sus agravios los fundamentos traídos por la sentenciante, por cuanto el reintegro de gastos contra la entrega de comprobantes de acuerdo a lo expuesto por los testigos no califica como remunerativo los rubros (conf. art. 76 LCT).
Responsabilidad solidaria, falta de prueba, indemnización por despido
Materia: CIVIL-LABORAL-PROCESAL
Carátula: Stivala, Alejandro Hernán c/ Prometeón Tyre Group de Argentina S.A. y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-05-29

La estrecha vinculación entre las empresas o la configuración de un conjunto económico de carácter permanente no implica necesariamente, que corresponda extender la responsabilidad en forma solidaria en los términos del art. 31 de la LCT. Es que, de acuerdo con los términos de la norma, para que se genere tal solidaridad deben mediar "...maniobras fraudulentas o conducción temeraria..." y no se ha acreditado que la integración del grupo económico estuvo orientada a defraudar los intereses de terceros, ni los del actor en particular, puesto que no obran evidencias que comprueben que las codemandadas hayan urdido maniobras de fraude en el registro de la remuneración del accionante, ni tendientes a la fragmentación de su antigüedad. El pago insuficiente de las indemnizaciones por despido, sobre la base del reconocimiento del carácter salarial de algunas prestaciones recibidas en especie por el trabajador, circunstancia que requirió determinación judicial, no configura las maniobras fraudulentas ni la conducción temeraria a las que alude el art. 31 LCT.
Plan de ahorro previo, cláusula penal, daños y perjuicios, falta de entrega del automotor
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Parra, Alejandro Manuel  c/ Volkswagen SA de ahorro para fines determinados y otros  s/ sumarisimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-28

La disposición del artículo mencionado, del contrato de plan de ahorro se trata de una clausula penal, según el Código Civil y Comercial de la Nacion define (art. 790). Su función es la liquidación anticipada de los daños y perjuicios que el incumplimiento causa al acreedor y la compulsión al deudor a cumplir la prestación principal para eludir la pena. Ello así, la cláusula penal reemplaza a la cuantificación por privación de uso, en tanto la función de la multa acordada también es indemnizar el daño por la demora injustificada en la entrega del vehículo. En ese marco, ante la ausencia de explicaciones que justifiquen apartarse de lo pactado; reconocer a la multa otro fundamento; o que permitan formar opinión sobre la hipotética insuficiencia de la pena que la convierta en abusiva, debería dejarse sin efecto las sumas reconocidas en concepto de privación de uso. Disidencia parcial de la Dra. Ballerini:
Despido, ius variandi
Materia: LABORAL
Carátula: López Mozo, Lady Diana c/ MRM Worldwide Argentina SRL  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-05-28

La actora sostiene que medió un ejercicio abusivo del ius variandi por parte de la empleadora, en cuanto sostiene que sufrió la quita de "tareas del proyecto Astra Seneca "Asma O", sin justificativo lógico alguno, a pesar que el proyecto continua y se han realizado labores en el mismo". No está discutida la categoría contractual de la trabajadora dentro de la industria del software y su labor en diversas campañas que se van asignando a lo largo de la relación laboral, en función de los distintos clientes de la empresa. A diferencia de la conclusión de la sentencia atacada respecto de que la actora fue desplazada de las responsabilidades a su cargo, socavando su jerarquía dentro de la empresa, asignándole la empleadora proyectos de menor envergadura que no requerían de mayores competencias y/o personal para su realización, los elementos arrimados a la causa desvirtúan dicho razonamiento, lo que conduce a considerar que la situación de despido indirecto en la que se colocó no resultó ajustada a derecho. La modificación de la campaña impuesta por la empleadora, no constituyó un supuesto de ejercicio abusivo del ius variandi ya que aquélla respondió a la conclusión o terminación del servicio prestado por la actora al laboratorio Astrazeneca.
Contrabando, empleados públicos, despido
Materia: ADMINISTRATIVO-LABORAL-PENAL
Carátula: Escobar, Luis Alberto c/ Administración Federal de Ingresos Públicos s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-23

El actor, quien se desempeñaba en la AFIP, fue exonerado al ser condenado penalmente por la comisión del delito de contrabando. Se le impuso una pena de 3 años de prisión en suspenso y una pena accesoria de inhabilitación por seis años para desempeñarse como funcionario o empleado público. El accionante pretende la nulidad del despido sosteniendo una errada valoración de la jueza "a quo" de la prueba recibida en la causa quien debió interpretar la cuestión de la accesoriedad de la inhabilitación en el sentido más favorable al trabajador. No se trata que el juez laboral analice la calificación que hubiere realizado la demandada a un supuesto delito cometido por el actor en el cual hubiera basado su decisión de exonerarlo o que deba analizar la cuantía de la pena determinada en sede penal para verificar la existencia de una injuria. Determinada la existencia de delito la sentencia dictada en el fuero penal es vinculante para la demandada en los términos del art. 10 de la disposición 185/2010 "Régimen Disciplinario Unificado", art. 33 inc. e de la ley 25.164 y del art. 242 LCT, en tanto prevén como causal de exoneración del agente la comprobación del delito contra la administración pública y/o la imposición como pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para la función pública. No importa el tipo de pena que se haya impuesto sino el resultado de la acción tipificada como delito por el derecho criminal pues ello habilita al empleador a considerar tal delito como injuria grave. Lo importante para la demandada es analizar en sede administrativa si el resultado de la acción que da resultado al procedimiento sumarial fue tipificado como delito por el derecho criminal y no el tipo de pena impuesta. En este sentido de acuerdo con el art. 20 inc. 14. 3 disp. 185/2010 dispone que "la resolución que se dicte en la causa criminal no influirá necesariamente en le decisión que adopte la Repartición y el sobreseimiento definitivo o la absolución no habilita al agente para continuar en la Administración, si el agente fuera sancionado en el sumario administrativo con una medida expulsiva". Se confirma el rechazo de la acción de nulidad dispuesta en grado, pues la exoneración fue justificada en la existencia de un delito.
Denegatoria del recurso, amparo por mora, sentencia ultra petita
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Sindicato de Trabajadores Bibliotecarios de Argentina (SITBA)  c/ Secretaría de Trabajo Empleo y Seguridad Social Ministerio de Capital Humano  s/ acción de amparo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-11

El Estado Nacional, Secretaría de Trabajo Empleo y Seguridad Social (Ministerio de Capital Humano), impugna la resolución adoptada por el Juez de primera instancia que al receptar el recurso de amparo por mora, lo condenó a pronunciarse en un plazo de 20 días con respecto a la inscripción gremial peticionada en los términos del art. 21 de la LAS. La apelante afirma que no incurrió en mora, y que fue la actora quien no dio cumplimiento a la disposición DNAS 36/96 habiendo incurrido el magistrado en un exceso de jurisdicción. El amparo por mora administrativa es un remedio judicial que se concede a los particulares para combatir la inercia estatal cuando el organismo competente tarda en dar un respuesta a sus solicitudes y, en el caso, la entidad accionante inició trámite para lograr la debida inscripción, cumplió con las previsiones del art. 21 de la LGS y pidió pronto despacho, interponiendo acción amparista vencido el plazo. El Ente Estatal señaló deficiencias en las presentaciones de la documental adjuntada por la actora, y ello fue entendido por el Magistrado de grado, como un exceso de rigorismo formal. Toda vez que las previsiones del art. 18 CN son aplicables al debido proceso administrativo, que es la figura idónea para tutelar los derechos y garantías otorgadas a los justiciables entre los cuales figura el derecho a asociarse con fines útiles es la que prevalece, se confirma la decisión de grado, rechazando el recurso interpuesto.
Indemnización por despido, convenios colectivos de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Stivala, Alejandro Hernán c/ Prometeón Tyre Group de Argentina S.A. y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-05-29

El actor, quien se desempeñaba para una empresa dedicada a la fabricación de neumáticos, cuestiona la sentencia de grado en cuanto aplicó el tope previsto en el art. 245 de la LCT a la indemnización que establece dicho precepto. Y toda vez que a la fecha del distracto no se había publicado tope alguno para el CCT N° 636/11 aplicable a la actividad de la demandada (fabricación de neumáticos), teniendo en cuenta la clara desactualización del importe en cuestión, debe entenderse que en la fecha del distracto, no existía tope indemnizatorio publicado por el Ministerio de Trabajo para la actividad de modo que corresponde revocar la decisión de grado y determinar el quantum de la indemnización prevista en el art. 245 LCT con prescindencia de lo dispuesto en el segundo párrafo de la norma. Es que el precepto en cuestión deja librado al Poder Ejecutivo la determinación y publicación de los topes correspondientes a cada convenio colectivo de trabajo de modo que se trata de una esfera de actualización ajena al Poder Judicial y, por tanto, ante la conducta omisiva del Ministerio de Trabajo se debe prescindir del tope indemnizatorio, máxime que el art. 16 LCT veda la posibilidad de aplicación analógica de las convenciones colectivas.
Confirmación de sentencia, violencia de género, despido discriminatorio
Materia: DERECHOS HUMANOS-LABORAL-PROCESAL
Carátula: Flores, Ana Lorena c/ Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores UATRE y otros s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-05-29

El magistrado de grado tuvo por acreditado el supuesto de violencia contra la mujer que fue denunciado y las omisiones en que la empresa empleadora incurrió a efectos de prevenir los actos hostiles de los cuales fue víctima la actora en el transcurso de la relación laboral. La ocurrencia de los hechos de hostigamiento y violencia a los que se vio sometida la trabajadora, con el consecuente despido discriminatorio materializado por la empleadora, denota un obrar negligente del presidente de la sociedad anónima por el cual debe responder por vulnerar el deber de previsión y seguridad personal de la actora contemplado en los art. 14 bis de la Constitución Nacional, 75 de la Ley de Contrato de Trabajo, y en la ley 26.485, en tanto que la trabajadora se vio afectada por la situación de violencia psicológica materializada en su ámbito laboral. Por ello cabe extender la condena a la persona física accionada, en forma solidaria y respeto de los créditos derivados a condena confirmando el decisorio de la anterior instancia. (Del voto de la Dra. Russo. El Dr. Díez Selva expresa que no comparte el criterio sostenido por la Dra. Russo en cuanto a la condena solidaria impuesta al presidente de la persona jurídica accionada respecto de la totalidad de los conceptos diferidos a condena por considerar que la responsabilidad de los socios conforme lo dispuesto en los arts. 54, 59, 157 y 274 de la Ley de Sociedades Comerciales, solo puede hacerse extensiva a los perjuicios que guarden adecuada relación causal con la conducta ilícita que se les atribuye (en el caso la indemnización por daño moral) toda vez que la acción de responsabilidad contra los directores se encuentra sujeta a los presupuestos de la teoría general de la responsabilidad civil entre los que se encuentra la adecuada relación de causalidad entre la inconducta y el daño causado. No obstante, y toda vez que el criterio sustentado por la Dra. Russo representa la postura mayoritaria de la Sala en su integración actual, (conf. SD 58.972 in re "Sporleder, Sebastián c/ Telefónica Móviles Argentina S.A. y otros s/ despido" y SD 58.855, in re "Díaz, Fanny Beatriz c/ Frutas Premium S.A. y otro s/ despido" Expte. N° 32.800/2018), en aras de la economía y celeridad procesal, adhiere a su voto).
Legitimación activa, daño emergente, indemnización
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Alcantara, Silvia Giselle y otro c/ Renault Argentina SA y otros  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-15

Procede reconocer legitimación activa al coactor, concubino de la adquirente, quien utilizaba el rodado defectuoso, para demandar los daños padecidos en base a lo dispuesto por la LDC 1. Ello dado que detenta el carácter de consumidor "material" (por oposición al consumidor "jurídico"), o sea, la persona que de hecho consume bienes, los usa o utiliza servicios, con independencia de que haya sido quien adquirió los bienes o servicios. Se ha establecido que el consumidor puede adquirir un bien o servicio tanto para sí como para el uso de su grupo familiar o social, siendo los integrantes de esta cadena quienes reciben legitimación expresa para reclamar como consumidores o usuarios no contratantes frente a cualquier incumplimiento de la ley por parte del proveedor. Sin embargo, resulta improcedente reconocer legitimación en favor del nombrado para percibir indemnización en concepto de daño emergente, en tanto el monto para resarcir ese perjuicio solo podrá corresponder a la coaccionante, quien como única titular del vehículo puede verse perjudicada por la pérdida del bien.
Embargo preventivo, despido
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Pérez, Ismael Darío c/ Eagle Ottawa Fonseca SA y otros s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-30

La petición del actor, despedido en los términos del art. 247 LCT, de que se decrete embargo preventivo sobre toda suma que la demandada posea depositadas o sean depositadas en el futuro, en cualquier tipo de cuenta en ciertos bancos, fue rechazada por el Juez de grado por no encontrar acreditado el peligro en la demora, enfatizando que la acción fue iniciada dos años después del distracto. Toda vez que deviene pendiente el pago de un crédito reconocido -la liquidación final derivada del despido en los términos del art. 247 LCT-, y sin que ello implique revisar el fondo de las cuestiones debatidas, el derecho habilita al actor, en esta situación, a una medida superadora, esto es, la lisa y llana ejecución parcial en los términos del art. 138 LO. Ello así, más allá de que el actor ha logrado probar la endeble situación económica de la empleadora a través de la prueba documental aportada. Por lo tanto nada obstaculiza la procedencia de la medida preventiva solicitada por el actor.
Restitución de sumas de dinero, boleto de compraventa
Materia: CIVIL
Carátula: Tabak, Carolina Laura  c/ Remadex SA  s/ ordinario - remadex sa c/ Tabak, Carolina Laura s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-15

En ese marco, si bien la mora de la demandada se configuró, al vencimiento del plazo límite pactado para la firma de la escritura o del boleto, en el caso la compradora se negó a recibir el reintegro de las sumas ofrecidas por la corredora, por entender que las cantidades entregadas eran representativas de una seña en los términos del CCCN 1509, pretensión que resultó improcedente. De tal suerte, su omisión en aceptar el reintegro de las sumas puso al descubierto su falta de cooperación como accipiens, comportamiento suficiente para considerarla incursa en propia mora, purgando de ahí en más la precedente de la corredora inmobiliaria (CCCN 886, segundo párrafo).
Abuso del derecho, modificación del contrato de trabajo
Materia: CIVIL-LABORAL
Carátula: Imán, Ramón Santiago c/ The Security SRL s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-30

El supuesto ejercicio abusivo del derecho por parte de la empleadora respecto a las facultades que le otorga el art. 66 de la LCT, generó la denuncia del contrato de trabajo por parte del actor, que la magistrada de grado consideró ajustada a derecho. El trabajador realizaba actividades de vigilancia -las cuales tienen características particulares- que otorgan mayor flexibilidad a las facultades de dirección que legalmente se le reconocen al empleador (arts. 64 y sgtes LCT), especialmente en lo concerniente a horarios y destinos asignados a los trabajadores que se desempeñan en la actividad, y que encuentran una regulación específica en el art. 7 del CCT 507/07. El ejercicio de dichas facultades siempre debe ser dentro del marco de la razonabilidad, es decir que debe existir un motivo real y justificado para el cambio. En tal sentido, el trabajador contrajo Covid 19 e inició una licencia médica extensa, siendo reemplazado por otro agente. Al reincorporarse su puesto de trabajo estaba ocupado por otro dependiente, no obstante lo cual, la empleadora le ofreció una alternativa cercana a su antiguo lugar de trabajo, con idénticas tareas, horario de prestación y sin afectación de su remuneración. Así, no existe prueba alguna que indique el menoscabo sufrido, ni que el accionante haya invocado concretamente cuales son los perjuicios que tal modificatoria le hubiera causado. A mayor abundamiento, cabe destacar que el art 7 inc. c) del CCT 507/07 dispone que "...la rotación de personal que las empresas de seguridad y vigilancia ponen a disposición de sus clientes hace a la efectividad de los sistemas de seguridad adoptados. De este modo, contrariamente a los que sucede en otras actividades ajenas al ámbito de este convenio, la rotación del personal de seguridad y vigilancia que presta servicios en un objetivo, lejos de ser una conducta disvaliosa hace a la esencia del sistema". Por ello, en el marco de una prestación prevista en el CCT 507/07 y los hechos acreditados en la causa, sumado a la falta de acreditación de perjuicios morales ni materiales al accionante a partir de la modificación del objetivo, la empleadora no ha ejercido un uso abusivo del ius variandi. Cabe modificar el decisorio de la anterior instancia.
Confirmación de sentencia, despido, apreciación de la prueba
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: García, Marta Elvira  c/ Xiun SA y otros s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-06-09

La accionada apela la decisión de la Jueza de grado dirigida contra la valoración que mereció el despido de la accionante. La prueba testimonial aportada luce debidamente circunstanciada, toda vez que el deponente fue quien en su carácter de jefe de recursos humanos transmitió a la trabajadora el pedido de renuncia, bajo la promesa de continuidad de manera no documentada siendo no obstante despedida definitivamente un mes después. Así entonces, la voluntad de la actora al momento de la renuncia al empleo se encontraba viciada, pues ha sido demostrado que fue condicionada por los titulares de la empresa, lo cual torna nula dicha renuncia. Por ello, resultan susceptibles de ser anulados los efectos de la figura formal utilizada para finalizar el vínculo (art. 240 LCT) dado que la aceptación de la dependiente estuvo motivada en que era la única alternativa posible para mantener su fuente de ingresos. La presión ejercida sobre la persona de la actora resultó ser el factor determinante que afectó su libertad, lo cual conlleva a anular el acto y en consecuencia se debe inferir que el contrato de trabajo fue ejecutado sin solución de continuidad y que culminó por imperio del art. 246 de la LCT. Cabe confirmar el decisorio de la anterior instancia.
Confirmación de sentencia, responsabilidad solidaria, falta de entrega del automotor
Materia: PROCESAL-CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Parra, Alejandro Manuel  c/ Volkswagen SA de ahorro para fines determinados y otros  s/ sumarisimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-28

Cabe confirmar la resolución que condenó a los codemandados al pago solidario de cierta suma en concepto de multa por demora en la entrega del rodado objeto del contrato, reconoció la reparación por daño moral, impuso daño punitivo y admitió la privación de uso pretendida. En ese marco, cabe señalar que aquella penalidad, establecida en uno de los artículos de las Condiciones Generales de contratación de la solicitud de adhesión, no comprende una cláusula penal en el sentido otorgado por el CCCN 790 y, en consecuencia, resulta inaplicable la normativa emanada del CCCN 793. Es que en los contratos de adhesión como el aquí celebrado, una de las partes -generalmente un empresario mercantil o industrial que realiza contrataciones en masa- establece contenidos prefijados y uniformes para todos aquellos negocios que sean de un determinado "tipo". En estos casos, la celebración de los contratos no va precedida por una negociación entre las partes sobre su posible contenido; antes bien, sus cláusulas deben ser pura y simplemente aceptadas por el cocontratante. Desde esta óptica, no es posible, como pretende la quejosa, que la inclusión de una multa por la falta de entrega, deje al consumidor sin la posibilidad de reclamar los daños derivados del daño que sufrió.
Despido, responsabilidad solidaria
Materia: CIVIL-LABORAL
Carátula: Garro, Omar Darío c/Rapi Estant SA y otros c/  s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-06-13

Debe dejarse sin efecto la extensión de condena dispuesta a la sociedad anónima codemandada pues no se advierte configurado el grupo económico en los términos del art. 31 LCT. Y aún, en el supuesto de que dicha sociedad y la sociedad empleadora configuraran un conjunto económico, la realidad es que no se evidencia la materialización del factor subjetivo exigido por la norma, esto es, la conducción temeraria y las maniobras fraudulentas). (Del voto del Dr. Sudera, en minoría).