Tribunal: CAMARA DE APEL. CONT. ADM. Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-08-31


En la Ciudad de Buenos Aires, a los 31 días del mes de Agosto de dos mil seis, se reúnen en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para conocer en el recurso de apelación judicial interpuesto a fs. 100/19 contra la Disposición nº 6458 DGDyPC-2004 de fecha 18 de octubre de 2004, dictada en los autos caratulados: "PLAN ROMBO S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS contra GCBA sobre OTRAS CAUSAS CON TRAMITE DIRECTO ANTE LA CAMARA DE APELACIONES", expte. RDC-1238/0, y habiéndose practicado el sorteo pertinente resulta que debe observarse el siguiente orden: Dr. Esteban Centanaro, Dra. Nélida Mabel Daniele y Dr. Eduardo Ángel Russo, resolviendo plantear y votar la siguiente cuestión: ¿es justa la disposición apelada? A la cuestión planteada el Dr. Esteban Centanaro dijo: RESULTA: 1. En el presente caso, Plan Rombo S.A. de ahorro para fines de determinados, interpuso recurso de apelación -obrante a fs. 110/19- contra la Disposición nº 6458 DGDyPC-2004, dictada por la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, que resolvió aplicar una multa de dos mil pesos ( $ 2.000 ) al apelante por infracción al artículo 19 de la ley 24.240. Para llegar a dicha decisión, la autoridad administrativa se basó en la denuncia presentada por Dulfredo Castillo Villaroel, en la cual relató que sufrió un aumento en el valor de las cuotas del plan de ahorro por él suscripto, razón por la cual, se le hace imposible cancelar el préstamo solicit ado. Por otro lado, el denunciante señaló que, al comienzo, pagaba una cuota de pesos trescientos veinticuatro ($324) y que a causa del aumento, pasó a pagar pesos quinientos cuarenta y cinco pesos ($545). A raíz de ello, se dirigió a la empresa solicitando una explicación y le informaron que las automotrices habían obtenido una autorización judicial para aumentar las cuotas de los planes de ahorro. 2. La Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, resolvió aplicar una multa a Plan Rombo S.A. por infracción al artículo 19 de ley 24.240. Para así decidir, la autoridad de aplicación entendió que el aumento de la cuota del plan de ahorro, se efectuó en violación a la resolución nº 1/2002 IGJ (B.O. 6/2/02), que establece que el valor de la cuota no podrá tener variaciones respecto del último que hubiere correspondido abonar antes de la entrada en vigencia de la ley nº 25.561. Asimismo, sostuvo que de la documentación obrante en autos, se incumple con lo dispuesto por el art. 2º de la citada ley, toda vez que entre las cuotas anteriores la sanción de la ley 25.562 y las posteriores a la sanción de la referida ley, se refleja una diferencia en el valor de la alícuota, en virtud del valor móvil de la unidad. Sostuvo también que al momento de efectuarse el aumento de la cuota estaba vigente la resolución nº 1/2002 de la IGJ. Concluye, que se violó el art. 19 de la ley 24.240 el cual se refiere a las modalidades que deben observarse en la prestación de servicios de cualquier índole. Posteriormente y conforme el acta de audiencia que luce a fs. 13, se desprende que las partes no han arribado a una amigable composición. A fs. 16/37 la denunciada presenta su descargo y ofrece prueba en tiempo y forma. A fs. 38 se abrió la causa a prueba, se tuvo por agregada la documentación y se hizo lugar a la prueba informativa ofrecida y a la pericial contable. Posteriormente la denunciada acompaña la prueba documental y a fs. 76 se desestima la prueba informativa solicitada atento a que la documentación acompañada suple la prueba informativa. Asimismo, a fs. 78 se tuvo por agregada y presente la prueba pericial contable realizada, sobre la cual la denunciada solicitó aclaración con respecto al punto tres, la cual no fue realizada al exceder el marco propio de la prueba de peritos regulada por el art. 363 de la ley 189.- 3. Plan Rombo S.A., interpuso recurso de apelación a fs. 100/119, del cual se ordenó correr traslado a la contraria por el plazo de 10 días lo cual luce a fs. 137. En el recurso -básicamente- presentó fundamentalmente los siguientes agravios: a) la autoridad de aplicación, para imponer la sanción, se fundó en la resolución nº 1/2002 de la IGJ, la cual ha sido modificada por la resolución conjunta de los Ministerios de Economía y Derechos Humanos nº 85/2002 y nº 366/2002 y por la resolución nº 9/2002 de la IGJ, que permite producir variaciones en el valor de la cuota de acuerdo con el valor móvil. Al respecto, entiende que no existió infracción al art. 19 de la ley 24.240, porque Plan Rombo S.A. cumplió con la re solución nº 9/2002 de la IGJ; b) en virtud de ello y por los vicios que señala (falta de causa, falta de motivación y falta de finalidad) solicita se declare la nulidad de la resolución nº 1/2002; c) que también por esos mismos argumentos indica que se han violado los principios constitucionales de legalidad, de seguridad, de razonabilidad, de igualdad, de propiedad y el derecho de trabajar; d) la sanción impuesta es excesiva y no se dan argumentos para considerar a la empresa reincidente; por otra parte, sostiene que el art. 47 de la ley 24.240 establece distintas categorías de sanciones, comenzando con el apercibimiento. El Gobierno de la Ciudad contestó agravios (fs. 139/142). CONSIDERANDO: Ahora bien, por razones de orden lógico, corresponde expedirse, en primer término, sobre el planteo de nulidad impetrado, pues la conclusión a la que se arribe al respecto condicionará el tratamiento de los restantes agravios. La empresa aduce, en este orden de ideas, que la resolución condenatoria no se sustenta en los hechos de la causa y no ha sido fundada sobre dichos antecedentes ni en una correcta interpretación del derecho aplicable. En relación a ello, cabe recordar que la ley impone ciertos requisitos a la resolución sancionatoria aquí impugnada para ser válida. Así, al igual que todo acto administrativo, debe cumplir con el requisito de motivación. La exigencia de motivación es la contracara de la observancia del principio de legalidad en la actuación de los órganos estatales. De su cumplimiento depende que el administrado pueda conocer de una manera efectiva y expresa los antecedentes y razones que justifiquen el dictado del acto. "[l]a motivación comprende la exposición de las razones que han llevado al órgano a emitirlo y, en especial, la expresión de los antecedentes de hecho y de derecho que preceden y justifican el dictado del acto" (Cassagne, Juan Carlos, Derecho Administrativo, Tomo II, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1994, pág. 139). Ahora bien, de la lectura de los considerandos que componen la d isposición recurrida surge que en ella se han valorado los hechos, la prueba ofrecida y el derecho aplicable. En efecto, el acto cuestionado enmarcó normativamente la conducta analizada, hizo mención de las distintas constancias de la causa decidió respecto de las defensas opuestas por la sancionada y analizó los parámetros fijados por el art. 49 de la ley 24.240 a los fines de graduación de la multa para concluir en la fijación de una sanción pecuniaria a cargo de la empresa. Por ello, la nulidad peticionada por Plan Rombo S.A. con tales endebles argumentos parece más dirigida a expresar su disconformidad con el resultado de la actuación del órgano administrativo que a enmendar la eventual deficiencia que contuviere el decisorio, el planteo de nulidad interpuesto habrá de ser rechazado. 4. En segundo lugar corresponde tratar el agravio de la recurrente referido a que la autoridad de aplicación -para disponer la sanción- se fundó en la resolución nº 1/2002 de la IGJ, la cual, a su entender, habría sido modifi cada por la resolución conjunta de los Ministerios de Economía y Derechos Humanos nº 85/2002 y nº 366/2002 y por la resolución nº 9/2002 de la IGJ, que permite producir variaciones en el valor de la cuota de acuerdo con el valor móvil. Ahora bien, al momento en que se aumentó la cuota del plan de ahorro, contrariamente a lo sostenido por la recurrente, estaba vigente la resolución nº 1/2002 de la IGJ (publicada en el B.O. el 6/2/2002), la cual determinó que no aplicarían las "...condiciones generales de contratación que prevén las variaciones del valor móvil de los bienes objeto de los contratos y el ajuste, en función de dicha variación, de las cuotas de ahorro..." (art. 1). Por otro lado, es cierto que dicha resolución nº 1/2002, que fue concebida con carácter temporal y tuvo vigencia durante noventa días, preveía, a su vez, el dictado de nuevas normas con el objeto de adecuar los planes de ahorro a la situación de emergencia. En los mismos considerandos de la resolución se aclaraba que -de acuerdo a las ci rcunstancias- en breve plazo, la Inspección General de Justicia dicte las normas necesarias para la adaptación del sistema de ahorro bajo las modalidades de círculos cerrados para la adjudicación y entrega de automotores y otros rodados, al nuevo contexto determinado por las normas dictadas como consecuencia de la declaración de Emergencia Pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria. Luego se dictó la resolución conjunta del Ministerio de Economía y Derechos Humanos, nº 366/2002 y nº 85/2002, que entró en vigencia el 15 de junio de 2002 (su artículo 4º, estableció que sería vigente, al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial y fue publicada en el Boletín Oficial el día 14 de junio de 2002), y la resolución nº 9/2002 de la IGJ que entró en vigencia el 6 de julio de 2002 (su artículo 16, estableció que regiría desde el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial, y fue publicada en el Boletín Oficial el día 5 de Julio de 2002). De la misma resolución conju nta de los Ministerios de Justicia y Economía, nº 366/2002 y nº 85/2002, surge que se dictó para "atender a las excepcionales circunstancias de la emergencia existente y contemplar consiguientemente, la situación de las contrataciones en curso" (párrafo 3º de los consids.), y que tuvo por objeto "garantizar la factibilidad técnica de los planes y la equidad de las estipulaciones de los contratos, tanto de los contratos celebrados con anterioridad a la vigencia de la ley nº 25.561, como de aquellas operaciones autorizadas o cuya autorización se solicite en el futuro" (art. 2). 5. Expuesto lo que antecede, resulta oportuno señalar que con la seguridad jurídica, ocurre algo similar a lo que sucede con otros valores: solo es apreciada cuando es perdida; y por supuesto podemos afirmar que con las medidas dictadas en esa época la misma se ha ido perdiendo casi totalmente. En otras palabras, la cadena de negocios contractuales se ha visto desestabilizada por las denominadas "normas jurídicas de emergencia". Podemos agregar que el Estado o sus organismos nos han apabullado, y nos siguen apabullando, con una seguidilla de leyes, decretos y resoluciones que derogan, complementan o modifican otras anteriores, antiguas o -más grave- recientes, apenas dictadas días antes. Efectivamente, consideramos que la causa final es un elemento esencial general de los contratos y en este tema la teleología es el hilo conductor de la justicia contractual. Dicha causa es el elemento que permitiría restablecer el valor de la prestación notablemente alterada de los términos del intercambio podría llegar hasta la aplicación de la teoría de la frustración del fin del contrato. La tutela del mantenimiento de los valores del intercambio indica la preservación razonable de los términos del mismo. Es decir se impone analizar la preservación razonable de los valores en el marco particular de las funciones de cada contrato. Es decir, se aplicará en su caso la función económica y social de la causa fin de obtener un reajuste razonable de los valores de intercambio. La equidad como manifestación funcional del conjunto de principios generales del derecho tiene especial significación en el marco de los derechos patrimoniales, y particularmente en el ámbito de los contratos. Es dable una aplicación en base a la equidad del órgano jurisdiccional, tendiente al mantenimiento de la ecuación real y/o económica del contrato, si las especiales circunstancias de la causa revelan que en el caso concreto, de otro modo aparece clara y nítidamente configurado un ejercicio antifuncional del derecho por parte de uno de los contratantes. No resulta admisible tal aplicación sobre la exclusiva base de una apreciación genérica a priori de equidad. La facultad de adecuar el objeto de obligaciones emergentes de un contrato fundada en equidad, puede operar tanto para reducir como para incrementar la prestación originaria de cualquiera de las partes. Cabe destacar, que ..."Lo cierto es que los hechos económicos y las normas jurídicas han producido un fuerte impacto en los acuerdo s celebrados bajo un estado de la economía sustancialmente diferente del actual. La revisión, pues, es una pieza esencial para el desenvolvimiento del Derecho de los Contratos, que tiende a que aquellas relaciones afectadas pueden adaptarse al nuevo contexto en que tienen que cumplirse. Tales directivas del Derecho Contractual deben abrirse a la realidad actual, adaptando los principios reconocidos a las nuevas condiciones económicas. De cara a la solución de los conflictos que derivan de la emergencia, hay que admitir que se plantean problemas contractuales excepcionales, que deben afrontarse con criterios axiológicos de justicia conmutativa y de preservación del sentido económico de los intercambios." (Ariel Ariza, Revisión judicial de los contratos en la emergencia económica, Revista Lexis Nexis, JA, Número especial, Buenos Aires, 4 de diciembre de 2002). Ahora bien, en el sub lite, la resolución nº 1/2002 de la Inspección General de Justicia integró el contrato de consumo, el cual debe interpretarse siemp re a favor del consumidor, por ello, y de acuerdo con lo analizado, considero que en el caso de autos no se da una situación de inequidad. Así las cosas, y en virtud de lo expuesto estimo que corresponde confirmar la disposición nº 6458 DGDyPC-2004, en cuanto decide aplicar a Plan Rombo S.A. una multa toda vez que conforme surge de autos, la variación producida en el valor móvil de la cuota del plan de ahorro, -con vencimiento al mes de marzo de 2002-, fue aplicada antes de que entrara en vigencia la resolución nº 9/2002, que es la que permite aplicar tal variación. De esta manera, cabe observar, que el aumento producido sobre el valor de la cuota de ahorro, es aplicada sin autorización previa y en consecuencia se trata de una infracción de tipo formal y por lo expuesto se configura una violación del art. 19 de la ley 24.240, que establece con relación a las modalidades que deben observarse en la prestación de servicios de cualquier índole están obligados a respetar los términos, plazos, condiciones, modalida des y circunstancias conforme las cuales hayan sido ofrecidos, publicitados o convenidos. 6. En virtud de las consideraciones vertidas y de la interpretación propuesta en relación a las resoluciones de las Inspección General de Justicia la tacha de inconstitucionalidad alegada por la parte actora no habría de prosperar. 7. Habiendo quedado demostrado que Plan Rombo S.A. cometió la infracción que la autoridad de aplicación le imputó, corresponde tratar el agravio de la recurrente referido a la sanción impuesta. En este sentido, la apelante manifiesta que la falta de antecedentes y lo particular del caso permiten inferir que la sanción impuesta resulta a todas luces excesiva. Así las cosas, para determinar si la multa aplicada por la Administración resulta ajustada a derecho debe tenerse presente que el artículo 47 de la ley 24.240 dispone que "verificada la existencia de la infracción, quienes la hayan cometido se harán pasibles de las siguientes sanciones, las que se podrán aplicar independiente o conjuntamen te, según resulte de las circunstancias del caso: (...) b) Multa de quinientos pesos ($500) a quinientos mil pesos ($500.000), hasta alcanzar el triple de la ganancia o beneficio ilegal obtenido por la infracción..." en tanto que el artículo 49 del mismo cuerpo legal establece que "se tendrá en cuenta el perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o usuario, la posición en el mercado del infractor, la cuantía del beneficio obtenido, el grado de intencionalidad, la gravedad de los riesgos, o de los perjuicios sociales derivados de la infracción y su generalización, la reincidencia y las demás circunstancias relevantes del hecho. Se considerará reincidente a quien, habiendo sido sancionado por una infracción a esta ley incurra en otra de similar naturaleza dentro del término de tres (3) años". En este marco normativo, debo destacar que prima facie el monto de la multa se ajusta a los límites establecidos en el artículo 47 y, por otra parte, la disposición recurrida se refiere expresamente a las pau tas de graduación previstas en el artículo 49. En este sentido lejos de parecer exorbitante el monto de la multa, teniendo en cuenta la gravedad de la infracción cometida, resulta por demás razonable; tampoco excede los claros límites establecidos por el art. 47 inc. b). En virtud de lo anterior, considero que la multa aplicada debe ser reducida a la suma de mil pesos ($2.000). 8. En cuanto a las costas, entiendo que deberán ser impuestas a la recurrente vencida, ya que no encuentro mérito para apartarme del principio objetivo de la derrota contenido en el art. 62 CCAyT. 9. Por las razones expuestas, VOTO por confirmar la disposición recurrida en cuanto impone una multa de dos mil pesos ($ 2.000), hecho que deberá acreditar en este expediente en el plazo de diez días hábiles a contar desde la notificación de la presente. Las costas se imponen a la apelante vencida. A la cuestión planteada la Dra. Nélida Mabel Daniele y el Dr. Eduardo Ángel Russo, por las consideraciones vertidas por el Dr. Centanaro precedent emente, adhieren a su voto. En mérito a la votación que antecede el tribunal, por unanimidad, RESUELVE: Confirmar la disposición recurrida en cuanto impone una multa de dos mil pesos ($2.000) a Plan Rombo S.A. Con costas a la apelante vencida. Regístrese, notifíquese a las parte y, oportunamente, devuélvase.