Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-26


2º Instancia. -- Buenos Aires, noviembre 26 de 1997.

El doctor Rotman dijo:

I. 1. El demandante inició la acción de amparo prevista en el art. 43 de la Constitución Nacional contra el Banco Central de la República Argentina, con el objeto de obtener "la inmediata rehabilitación como cuentacorrentista" (libelo del 16/5/97).

2. La sentencia de primera instancia de fs. 208/217 desestimó la acción incoada.

Expresó dicho acto jurisdiccional que en el caso sub examine no se hallaban configurados los requisitos de "ilegalidad o arbitrariedad manifiesta" que habilitan el ejercicio de la acción de amparo ensayada por el pretensor.

Esa apreciación dirimente fue fundada en la consideración de que "se encuentra fuera de toda discusión que el demandante incurrió en un número considerable de cheques rechazados, que trajeron como consecuencia al cierre de su cuenta corriente... Ante tales circunstancias, comunicado el hecho al ente rector de la actividad financiera éste incorpora (al accionante) en su base de datos, conforme así lo dispone la OPASI 2, comunicación A 2329, lo que trae aparejada su inhabilitación para operar".

El decisorio subrayó sobre ese particular que el Banco Central de la República Argentina "se encontraba legalmente habilitado para su dictado, no solo en virtud de lo dispuesto en el art. 66 de la ley 24.452, sino de las funciones que se le atribuyen en las leyes 21.526 y 24.144".

El pronunciamiento expuso como argumento concurrente ser ajena (al Banco Central de la República Argentina) la relación entre la entidad financiera que cerró la cuenta y comunicó el hecho, y su cliente, por lo que... el amparo, dirigido a su persona, resulta improcedente.

3. El accionante apeló contra la decisión de primera instancia. Ese recurso fue concedido en relación, y fundado con el memorial obrante en fs. 226/232.

4. Oído el fiscal de esta cámara, hállase la causa en condiciones de ser sentenciada.

II.1. De conformidad con lo establecido por el art. 43 de la Constitución Nacional, toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva.

El acto cuya "arbitrariedad o ilegalidad manifiesta" aparece invocado como fundamento de la acción de amparo, finca en la "inhabilitación" del cuentacorrentista para ser titular de cuentas bancarias, dispuesta por el Banco Central de la República Argentina.

2. El demandante predicó en el curso del escrito de expresión de agravios que "no existe norma alguna que autorice al Banco Central para inhabilitar a cuentacorrentistas"; y adujo concurrentemente no haber mediado en el caso pronunciamiento emanado de autoridad competente.

En la estructura de la impugnación ensayada por el accionante, creo yo que la queja debiera ser fatalmente desestimada.

a) La ley 24.452, de igual modo en que lo hiciera el dec.-ley 4776/63, delegó en el Banco Central de la República Argentina las facultades para regular las condiciones de apertura, funcionamiento y cierre de las cuenta corrientes bancarias.

El art. 66 de la ley 24.452 preceptúa que el Banco Central de la República Argentina, como autoridad de aplicación de la presente ley, "reglamenta las condiciones y requisitos de apertura, funcionamiento y cierre de las cuentas sobre las que se pueden librar cheques comunes y de pagos diferidos, y los certificados a los que alude el art. 58".

b) En ejercicio de dichas potestades delegadas, el Banco Central de la República Argentina dictó la comunicación A 2329 (modificada por la comunicación A 2334), según la cual "sobre la base de la información provista por las entidades, según lo establecido en el punto 1.4.1., las resoluciones que adopte el Banco Central en relación con el tema y las inhabilitaciones de orden judicial... administrará una base de datos de cuentacorrentistas inhabilitados, en la que figurarán la nómina de las personas físicas y jurídicas del sector privado que hayan incurrido en las situaciones que en cada caso se detallan a continuación..." (comunicación A 2329: 1.4.2.).

3. La inclusión del peticionario de amparo en la denominada "base de datos de cuentacorrentistas inhabilitados", constituyó proceder del Banco Central de la República Argentina que se correspondió con lo establecido en la comunicación A 2329. No es perceptible, en consecuencia, que el Banco Central haya incurrido en "arbitrariedad o ilegalidad manifiesta", como alegó el demandante para sustentar el ejercicio de la acción de amparo.

Diversamente de lo propugnado por el apelante, la inhabilitación dispuesta por el Banco Central de la República Argentina por aplicación de la comunicación A 2329, no supuso la imposición de una sanción "penal" carente de una ley especial habilitante de ese proceder.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha pensado reiteradamente que "la descripción del hecho punible por vía de reglamentación en manera alguna supone atribuir a la administración una facultad indelegable del Poder Legislativo. Trátase, por el contrario, del ejercicio legítimo de la potestad reglamentaria, discernida por el art. 86, inc. 2º... de la Constitución Nacional..." (entre otros, Fallos 300:444; CNFed. Contenciosoadministrativo, sala III, 5/7/84, publicado en ED, 112-576).

Por lo demás, la potestad del Banco Central de disponer la inhabilitación del accionante por consecuencia de haber sido informado por el banco girado acerca de la incurrencia del cuentacorrentista en los "hechos" previstos en el marco de la comunicación A 2329, no es objetable por el peticionario. Pues la reglamentación "sancionatoria" cuya ilicitud aparece invocada por el actor, regía en el tiempo en que el demandante celebró el contrato de cuenta corriente; con lo cual, resulta inadmisible el ulterior cuestionamiento de lo actuado por el Banco Central en ejercicio de dichas facultades, en tanto se produjo por parte del cuentacorrentista el sometimiento voluntario al régimen reglamentario cuya ilegitimidad controvirtió en el sub lite (entre otros, Fallos: 312:1892).

4. Las consideraciones formuladas por el apelante con relación a las circunstancias que habría originado en sí propio el cierre de la cuenta bancaria, resultan del todo improponibles, por defección en la estructura de la relación procesal instada por el accionante.

Sea que la situación invocada por el peticionario respecto de la "ilicitud" del cierre de la cuenta fuese subsumible en el régimen de impugnación específico fluyente del art. 64 del anexo I de la ley 24.522 (modificada por la ley 24.760), o bien que dicha situación fuese invocable en el marco de una acción del derecho común, lo cierto es que resulta inexcusable para la indagación de ese tema, la constitución de la relación procesal con el banco girado (Gómez Leo, Osvaldo R., "Cheques", p. 318, Ed. Depalma, 1997).

La omisión en que incurrió el accionante con relación a ese aspecto de la constitución de la relación procesal obsta a la ponderación de los extremos inherentes al cierre de la cuenta dispuesta por el banco girado, cualquiera sea el cauce procedimental en que cuadre dirimir la cuestión.

III. En mérito de lo expuesto, y oído el fiscal de cámara, propongo al acuerdo desestimar el recurso fundado en fs. 226/232, con costas de alzada al recurrente según regla del art. 68 del Cód. Procesal, cuya aplicación al caso para regir el tema (dispuesta en la sentencia apelada) no fue controvertida en el recurso de apelación. Nada más.

Los doctores Cuartero y Alberti adhieren al voto que antecede.

Concluida la deliberación los jueces de cámara acuerdan: a) desestimar el recurso fundado en fs. 226/ 232, b) imponer las costas de alzada al apelante. -- Carlos María Rotman. -- Felipe M. Cuartero. -- Edgardo M. Alberti.