Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-03-04


SENT Nro. 104 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 04 DE MARZO de dos mil cuatro, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Horacio Ricardo Castellanos, Salvador N. Ruiz y Rodolfo N. Novillo, -por excusación de los doctores Antonio Gandur, René Mario Goane y Alfredo Carlos Dato, como así también de los doctores Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana-, bajo la Presidencia del doctor Horacio Ricardo Castellanos, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "Coronel, Juan Francisco y otros vs. Municipalidad de San Miguel de Tucumán y otros s/Daños y perjuicios".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Horacio Ricardo Castellanos, Salvador N. Ruiz y Rodolfo N. Novillo, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Horacio Ricardo Castellanos, dijo:

I.- Vienen los autos a resolución con motivo del recurso de casación planteado por la parte actora en contra de la sentencia dictada por la Sala IIIa. de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo en fecha 28/12/2001, obrante a fs. 97/99, que fuera concedido mediante resolución del referido tribunal del 31/7/2002 (cfr. fs. 122), habiéndose dado cumplimiento en forma previa al trámite previsto en el último párrafo del artículo 816 del CPC y C, normativa ésta de aplicación supletoria por expresa disposición del artículo 89 del Código Procesal Administrativo.

II.- Siendo inherente a la competencia funcional de la Excma. Corte Suprema de Justicia por su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, el pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso de casación incoado, corresponde entrar en su tratamiento.

Sobre el particular, destaco que ha sido interpuesto en término, conforme surge de lo actuado a fs. 100 y del cargo actuarial inserto a fs. 117 vta.; el acto jurisdiccional impugnado constituye una sentencia equiparable a definitiva en los términos del artículo 813, inciso a) del CPCP y C, en cuanto, al acoger la excepción de prescripción planteada por la demandada y disponer el consecuente rechazo de la demanda, tiene por efecto poner fin al pleito, impidiendo su prosecución; se dio cumplimiento con el requisito del depósito que marca la ley del rito (cfr. fs. 102); el escrito recursivo se basta a sí mismo en cuanto a sus fundamentos fácticos y jurídicos y propone doctrina legal, y la impugnación recursiva se motiva en la invocación de infracción a normas de derecho y en arbitrariedad del pronunciamiento atacado. Por ello el recurso resulta admisible; voto porque así se declare.

III.- Manifiesta la parte actora que la sentencia en recurso ha omitido la consideración de elementos probatorios relevantes en orden a la solución del incidente de prescripción planteado por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, en transgresión a la regla de la sana crítica y a la exigencia de fundar las sentencias en los elementos de juicio reunidos en el proceso. Invoca, por tanto, la violación de los artículos 33, 34, 40 y 272 del CPCP y C.

De otra parte, expresa que el planteo de prescripción debió ser materia de decisión en oportunidad del pronunciamiento de sentencia de fondo, habida cuenta la ausencia de configuración en el caso del supuesto previsto en el artículo 41 inciso a) del CPA para el tratamiento de la materia como de previo y especial pronunciamiento. Pone de resalto que la cuestión suscitada no resulta una cuestión de puro derecho, toda vez que en oportunidad de contestar el incidente de marras, su parte invocó la circunstancia de partir de cuya producción entendía operado el desencadenamiento del plazo de la prescripción (a saber, su toma de conocimiento de un informe de la Municipalidad demandada en fecha 06/11/97, por el cual el ente autárquico denunciara en un proceso judicial la ausencia de libramientos de pago pendientes). Tacha en consecuencia al pronunciamiento de irrazonable y conculcatorio del principio del derecho de defensa y del debido proceso legal, por contravenir el artículo 41 del Código Procesal administrativo.

IV.- Entrando al análisis de los agravios, cabe preguntarse preliminarmente si le asiste razón al recurrente cuando afirma que el tribunal, en cuanto analizó y resolvió el incidente de marras, conculcó la expresa dispositiva del Código Procesal Administrativo que cita en su escrito casatorio. Ello así, por cuanto los restantes argumentos expuestos en sustento de la vía impugnativa intentada apuntan a señalar diferentes vicios de contenido del acto sentencial, en un abocamiento sobre la cuestión tachado de prematuro a la luz del régimen jurídico aplicable.

A fin de despejar el interrogante preliminar propuesto, cabe referir a las particulares características de la cuestión suscitada con motivo de la deducción del incidente de prescripción de fs. 77/83, y con su contestación por la parte accionante a fs. 89/96.

Así la demandada aduce que el hecho dañoso cuya reparación persiguen los actores en la causa tuvo lugar en el mes de abril de 1991, cuando se produjo el incumplimiento, de parte de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, de un primer embargo dispuesto en sede judicial sobre los fondos que tuviera a percibir la firma DIAVIL S.R.L. por los servicios prestados a la demandada.

Interpreta que a partir de la producción de tal hecho dañoso comenzó a correr el plazo bienal de la prescripción contemplado en el artículo 4037 de Código Civil, y que la actora no puede alegar su desconocimiento, pues a partir del primer embargo frustrado solicitó sucesivas reiteraciones.

A su turno, en oportunidad de contestar el traslado de la prescripción, la parte accionante argumenta que el término de la prescripción recién comenzó a correr cuando tomó conocimiento, en fecha 06/11/97, de que no existían libramientos pendientes de pago a la citada empresa, con motivo de la respuesta brindada por la Municipalidad a una solicitud judicial de informe requerida mediante oficio. En idéntica oportunidad procesal, peticionó el diferimiento de la cuestión suscitada para definitiva, ante la presencia de hechos controvertidos de justificación necesaria.

Ateniéndome al texto del escrito de interposición de esta defensa, como a su responde, concluyo que el núcleo de la cuestión sometida a la decisión del tribunal a quo excedía la mera controversia sobre las normas jurídicas aplicables al caso. A más de ello, la parte actora no se limitó a admitir en su integridad los hechos aducidos en el planteo de la prescripción, aunque asignándoles una consecuencia jurídica diferente. Por el contrario, discrepó con las circunstancias conducentes, detalladas por la demandada al formular el planteo incidental.

Así los hechos, el pronunciamiento atacado violenta el principio consagrado en la primera parte del artículo 41 del CPA que ordena reservar pronunciamiento sobre la prescripción para definitiva, habida cuenta que no se configura en la especie la excepción prevista en el inciso a) de idéntica preceptiva ritual, habilitante del tratamiento previo de la misma cuando el incidente suscitado se tratare de una cuestión de puro derecho.

En la perspectiva de las consideraciones que anteceden entiendo ajustado a derecho hacer lugar al recurso incoado, e innecesario el tratamiento de los restantes agravios de la parte recurrente, vinculados con la supuesta arbitrariedad fáctica de la sentencia atacada.

V.- Por las razones ut supra explicitadas, corresponde hacer al recurso casatorio incoado por la parte actora, con devolución del depósito de ley, contra la sentencia de la Sala IIIa. de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo de fecha 28/12/2001, obrante a fs. 97/99, y casar la misma dejando sin efecto los puntos I y II de su parte resolutiva, conforme la siguiente doctrina legal: "Debe descalificarse como acto jurisdiccional válido la sentencia que, en transgresión a lo expresamente dispuesto en el artículo 41 primer apartado del Código Procesal Administrativo, resuelve como cuestión de previo y especial pronunciamiento una excepción de prescripción no configurándose el supuesto excepcional previsto en el inciso a) de idéntica dispositiva ritual", y dictar como sustitutiva: I.- "Reservar pronunciamiento sobre la excepción de prescripción deducida por la parte demandada para la oportunidad de dictado de sentencia de fondo.- II.- Costas a la demandada (artículos 106 y 107 del CPC y C)".

VI.- Atento el resultado arribado, voto por la imposición de costas de esta instancia casatoria a la demandada.

Los señores vocales doctores Salvador N. Ruiz y Rodolfo N. Novillo, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación, con devolución del depósito de ley, planteado por la parte actora en contra de la sentencia dictada en fecha 28/12/2001 por la Sala IIIa. de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, obrante a fs. 97/99 de autos. En consecuencia, CASAR la misma, dejando sin efecto los puntos I y II de su parte resolutiva, conforme la doctrina legal expuesta en los considerandos y dictar como sustitutiva: "I.- RESERVAR pronunciamiento para definitiva sobre la excepción de prescripción interpuesta por la parte demandada. II.- Costas a la parte demandada".

II.-COSTAS de esta instancia casatoria a la demandada, conforme se considera.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

IV.-REMITIR estos actuados a la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo para la continuación de la causa según su estado por ante la Sala que corresponda.

HAGASE SABER.

HORACIO RICARDO CASTELLANOS SALVADOR N. RUIZ RODOLFO N. NOVILLO