Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-09-14


-- En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut a los 14 días del mes de septiembre del año dos mil diez, reunido en Acuerdo el Superior Tribunal de Justicia, en pleno, con la Presidencia de su titular Dr. Daniel Luis CANEO y asistencia de los Sres. Ministros Dres. Daniel A. REBAGLIATI RUSSELL, José Luis PASUTTI, Fernando S. L. ROYER y Alejandro Javier PANIZZI para dictar sentencia en los autos caratulados "UNION CIVICA RADICAL s/ Acción Declarativa de Inconstitucionalidad - Decreto N° 630/2010" (Expte. N° 22.013-U-2.010) y teniendo en cuenta el sorteo practicado a fs. 226 y lo dispuesto a fs. 228, correspondió el siguiente orden para la emisión de los respectivos votos: Dres. REBAGLIATI RUSSELL, PASUTTI, ROYER, PANIZZI y CANEO.- -- Acto seguido, se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es procedente la demanda declarativa de inconstitucionalidad intentada? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.

- -- A la primera cuestión el Dr. REBAGLIATI RUSSELL dijo:-- -- ANTECEDENTES.

- I.- A fs. 34/64 M. J. C., en representación de la Unión Cívica Radical Distrito Chubut, con patrocinio letrado, promueve contra la Provincia del Chubut, acción declarativa de inconstitucionalidad del Decreto N° 630/10 dictado por el Poder Ejecutivo Provincial el 17 de mayo de 2.010 (B.O. N° 10.989, del 26/05/2.010), por el que se dispone convocar a elecciones de autoridades provinciales para el día 20 de marzo de 2.011. Con base en los arts. 10 y 156 párrafo primero de la Constitución del Chubut solicita que también sea declarado insanablemente nulo de nulidad absoluta.

-- Expone que la Unión Cívica Radical Distrito Chubut es un partido político que, como tal, constituye una persona jurídica, con finalidades y propósitos de derecho público, reconocidos en el art. 38 de la Constitución Nacional y en la Ley N° 23.298.

-- Indica que en ese carácter, tiene legitimación suficiente para procurar los derechos de los que es titular, tales como el de proponer candidatos a cargos públicos electivos, el de efectivizar las postulaciones mediante instancias de democracia interna que prescribe el art. 38 párrafo segundo de la Constitución Nacional, el de gozar de un trato igualitario con los restantes partidos políticos y en especial con el partido oficialista, el de contar con la seguridad jurídica que confiere un calendario electoral previamente dispuesto por ley, y el de disponer de un lapso razonable y suficiente para ejercer el derecho de difundir sus ideas, doctrina y principios, como así también, el de un período adecuado para exponer candidatos a la consideración pública, en particular cuando existe una instancia electoral.- -- Añade que también acciona en defensa de derechos de orden colectivo o derechos públicos subjetivos o derechos de incidencia colectiva, que aún cuando no le pertenecen en exclusividad, se encuentran afectados al ser vulnerados por el acto administrativo atacado. Afirma que esta legitimación se encuadra en los artículos 43 de la Constitución Nacional y 57 de la Carta Magna Provincial, en tanto procuran la protección de derechos de incidencia colectiva contemplados en su Carta Orgánica partidaria. Cita en su apoyo distintos fallos emanados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, así como lo resuelto en la causa "HALABI" (24/02/09). - -- Para finalizar el capítulo dedicado a la legitimación activa, reitera que la Unión Cívica Radical promueve esta acción dotada de legitimación por lesión de derechos de su titularidad y también como gestora de derechos de incidencia colectiva en su doble calidad de asociación y afectada.- -- Refiere luego a la inconstitucionalidad del Decreto N° 630/10, por incompetencia del Gobernador para dictar la legislación electoral. Expone aquí que el art. 256 de la Constitución Provincial atribuye al Poder Legislativo la competencia exclusiva para sancionar la ley electoral de la Provincia, y además impone que la sanción y modificación de leyes de naturaleza electoral sea mediante una mayoría agravada, en tanto la norma requiere el concurso de, al menos, tres cuartas partes del total de los diputados para su aprobación.- -- Colige de lo señalado, que el Gobernador carece de competencia constitucional para incursionar en materia electoral, no pudiendo legislar ni por la vía excepcionalísima de los decretos de necesidad y urgencia (conf. art. 156 C.P.); y que la sanción es la nulidad absoluta e insanable de la disposición emitida.

-- Asevera que, pese a las disposiciones citadas, el Poder Ejecutivo ingresó a regular en materia electoral al dictar el Decreto N° 630/2.010. Señala que de este modo se arrogó el ejercicio de competencias netamente legislativas y trastocó el principio republicano de división de poderes, cuya observancia prescribe el art. 5 de la Constitución Nacional.-- -- Dice que el Decreto va más allá de convocar a elecciones para determinadas categorías de autoridades, pues incursiona en un aspecto central de la lid electoral, cual es el de fijar la fecha en la cual habrá de celebrarse el acto eleccionario. Apunta que esta fijación determina y condiciona el calendario preelectoral como, así también, las fechas en las cuales los partidos políticos habrán de celebrar sus respectivas elecciones internas para seleccionar candidatos y, finalmente, los calendarios de estos procesos internos.- -- Sostiene que la determinación de la fecha de un comicio no es una cuestión menor ni desapegada de la sustancia de una ley electoral, que no puede considerársela de otra forma que integrando una normativa de tal especie y que no es una cuestión meramente administrativa. Afirma que sólo aquélla normativa puede definir el punto, por estar estrechamente vinculado con la vigencia de los principios de igualdad y libertad que informan la competencia electoral y la "pureza de todo el proceso electoral" (art. 257 de la Constitución Provincial).

-- Puntualiza que lo expuesto, puede observarse nítidamente en el Código Electoral Nacional (Ley N° 19.945, t.o. dec. 2.135/83), donde el art. 53 sólo le confiere facultades al Poder Ejecutivo para convocar pero no lo dota de atribuciones para establecer la fecha, que se fija en la misma norma para el cuarto domingo de octubre inmediatamente anterior a la finalización de los mandatos. Además señala que la convocatoria a elecciones debe ser emitida con, al menos, noventa días de anticipación.- -- Agrega que el art. 148 del mismo cuerpo legal nacional acota también la fecha para la convocatoria a elecciones para la categoría Presidente y Vicepresidente, y dispone que debe tener lugar dentro de los dos meses anteriores a la conclusión del mandato, única solución legal posible habida cuenta de lo dispuesto en el art. 95 de la Constitución Federal. Menciona que si bien se alteró dicho mandato en las elecciones para diputados y senadores nacionales de 2.009, se lo hizo mediante la sanción de una ley (Ley N° 26.495), que para ese solo caso suspendió la vigencia del art. 53 del Código Electoral.

-- Acota que invoca el Código Electoral Nacional porque el propio Poder Ejecutivo Provincial lo cita como fuente normativa en el Visto y la parte dispositiva del Decreto N° 630/2.010. Asevera que el Gobernador, en base a sus propios actos, debe sujeción a las pautas y cánones provistos por el aludido código, entre los cuales se cuenta considerar a la convocatoria formal como una potestad del Poder Ejecutivo y a la fijación de la fecha como una atribución del Poder Legislativo, expresada en una ley formal y con carácter abstracto, genérico y desapegado de cada turno electoral, para que tan trascendente acto no quede librado al arbitrio, discrecionalidad y conveniencia de quien ejerce el Poder Ejecutivo.--- -- Afirma que con lo actuado no sólo se quebranta el principio republicano de división del poder, sino también el de legalidad, pues el Gobernador a pesar de tener vedada la facultad de legislar en materia electoral, por decreto incorpora al ordenamiento jurídico de la Provincia un Código Electoral y a la par que lo incorpora lo violenta, arrogándose la potestad de fijar la fecha de elecciones con apartamiento de las propias disposiciones que la norma contiene sobre el particular.-- -- Añade que en la Constitución Federal la materia electoral está informada por el principio de legalidad (genéricamente establecido en el art. 19) con más vigor que en otras, donde exige la sanción con mayoría agravada, como surge de la lectura de los arts. 37, 38, 39, 40 y 77, párrafo segundo. Señala también como sustento normativo el art. 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, incorporado con jerarquía constitucional por el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional.

-- Reconoce que la Provincia carece de un código electoral propio y que siempre ha convocado el Poder Ejecutivo a elecciones fijando la fecha, pero advierte que en tales supuestos la fecha ha coincidido con la que determina la normativa nacional. Apunta que si bien hubo una excepción a lo expuesto en el año 2.007, en ningún caso ha existido semejante anticipación como en el sub-exámine, lo que torna irrazonable el Decreto.- -- Expone que si bien el art. 256 inc. 4 contempla la simultaneidad de las elecciones provinciales y nacionales como una opción y no una obligación, es claro que tal opción está en cabeza de la Legislatura a través del dictado de una ley (conf. último párrafo del art. cit.), con lo cual sostiene que no existiendo una ley electoral provincial y habiendo dispuesto el propio Decreto la sujeción al Código Electoral Nacional, la única opción habilitada al Poder Ejecutivo es la simultaneidad.

-- Afirma que el Poder Ejecutivo Provincial ha obrado una verdadera incongruencia, ya que si se sujeta al Código Electoral Nacional para sustentar su competencia para convocar, no puede tomar de este cuerpo normativo sólo lo que le conviene o agrada, sino al conjunto de la norma y en consecuencia, observar lo que dispone su art. 53.-- -- En el capítulo VI aborda el acuse de inconstitucionalidad del Decreto por vulneración del principio de razonabilidad. Expone aquí que el Decreto N° 630/10 no ofrece una sola razón, motivación o fundamento para su dictado, no enuncia la finalidad o motivo por el cual se lleva a cabo tal anticipación de la fecha de elecciones legalmente establecida. Que, de tal modo, ni siquiera puede acudirse a uno de los estándares para la ponderación de la razonabilidad, cual es la proporción entre los fines perseguidos por la norma y los medios empleados para su obtención.- -- Acusa al Decreto N° 630/10 de adoptar formal y materialmente, una determinación arbitraria y que desde su formulación instrumental hace gala de la más absoluta discrecionalidad. Aduce que la norma no contiene la motivación suficiente exigida por el art. 30 de la Ley de Procedimiento Administrativo (Ley I N° 18 del Digesto Jurídico).-- -- Menciona, entre otros argumentos, que el exorbitante apartamiento de la fecha legal de elecciones dispuesta por el Decreto N° 630/10 frustra los cronogramas internos y generales trazados por las distintas fracciones partidarias, limita la búsqueda de consensos entre los distintos sectores de cada partido, impide eventuales candidaturas y acota el tiempo del que disponen aquellos que no cuentan con medios para la difusión de sus ideas y propuestas. Acusa la afectación grave del derecho a la seguridad jurídica y la lesión de derechos de partidos políticos, de afiliados de partidos políticos y de electores en general. A continuación los detalla:

1.-) Lesión del derecho - deber de asegurar la competencia electoral interna para la postulación de cargos públicos electivos: Afirma aquí que la competencia electoral interna para la postulación de candidatos a cargos públicos electivos constituye un verdadero derecho - deber, ya que las agrupaciones políticas tienen por un lado dicha facultad al momento de organizarse y darse una carta orgánica pero, también, es un deber frente a sus afiliados a los que debe asegurarles, en condiciones de igualdad, la posibilidad de postularse internamente. Cita en su apoyo los arts. 38, párrafo segundo de la Constitución Federal y 261 inc. 4) de la Constitución del Chubut.- -- Señala que el Decreto cuestionado lesiona en forma actual y concreta el derecho invocado, pues la Unión Cívica Radical Distrito Chubut tenía previsto un cronograma eleccionario de acuerdo al art. 53 del Código Electoral, y que en función de ello había previsto ese partido una sucesión de actos preparatorios como la convocatoria a elecciones internas, la discusión y aprobación de la plataforma electoral por su Convención, la proclamación de los ungidos en los comicios internos. Apunta que estas acciones quedan desarticuladas con la sanción del Decreto, y que a nivel nacional la Unión Cívica Radical viene formando parte de un acuerdo programático con otros partidos políticos como la Coalición Cívica y el Partido Socialista, que puede derivar en la conformación de un frente electoral, estructura que requiere aún de más tiempo para su formalización legal.-- -- Menciona en sustento del derecho invocado, el art. 38 párrafo segundo de la Constitución Federal, arts. XX y XXXII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

2.-) Lesión del derecho a designar candidatos y participar en la contienda electoral. Arguye que la convocatoria efectuada para el día 20 de marzo de 2.011 constituye un acto ilegal y arbitrario, pues ha sido dictado a sabiendas de que frustraría estos principios, seguramente, como un modo de desalentar la competencia electoral y dar lugar a una hegemonía aún más marcada de la facción del partido gobernante, que orienta el Gobernador y presidente de ese mismo partido político. Afirma que bien puede hablarse de un derecho adquirido de los partidos políticos y sus afiliados, a desarrollar su cronograma electoral interno con vistas a llegar al plazo fatal y perentorio del art. 60 del Código Electoral.- 3.-) Lesión del derecho constitucional a difundir sus plataformas y propuestas. Sostiene que si bien este derecho excede a la instancia electoral y es una especie del género más abarcativo del derecho de libre expresión de las ideas, lo cierto es que durante el proceso electoral cobra una dimensión mayor y más profunda. Expone que, en tanto la competencia electoral requiere captar la atención del electorado y llevarle sus propuestas, tal faena requiere de tiempo, siendo más intenso este recaudo para aquellos partidos políticos que no ejercen el gobierno.-- 4.-) La frustración del derecho a sufragar de electores que, por el dictado del Decreto N° 630/10 dejaran de serlo. Refiere que de conformidad al art. 25 párrafo segundo del Código Electoral tienen derecho a ser incluidos en el padrón electoral todas aquellas personas que cumplan 18 años hasta el día del comicio. Afirma que cada una de las personas que cumplirán 18 años entre el 21 de marzo y el 31 de octubre de 2.011, ya habían adquirido el derecho de sufragar cuando se dictó el Decreto N° 630/10. Sostiene además, que en materia constitucional y dentro de lo atinente a la vigencia de los derechos y libertades, debe estarse a un criterio amplio y en pos de la libertad, conocido como principio in dubio pro libertate.-- -- Añade que la Unión Cívica Radical se encuentra legitimada para procurar la tutela de ese derecho, por imperio de la legitimación acordada a las asociaciones en el segundo párrafo del art. 43 de la Constitución Nacional, 57 de la Carta Magna Local y doctrina judicial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

-- Refiere luego y desarrolla el fallo dictado por la Cámara Nacional Electoral el 30 de septiembre de 2.004, en autos "Movimiento de Acción Popular (M.A.P.) s/pedido de nulidad", que entiende constituye un precedente favorable a su planteo en estos autos.- -- Solicita el dictado de una medida cautelar innovativa, la que fue desestimada por este Tribunal mediante S.I. N°12/S.R.O.E./2.010, de fs. 59/64 vta.

- -- Ofrece prueba documental, formula reserva del caso Federal, y efectúa petitorio de estilo.--- -- II.- A fs. 59/64 se ordena correr traslado de la acción.-- -- A fs. 158/199 obra la contestación de la demanda efectuada por la Provincia del Chubut.

- Formula negaciones de estilo. En el acápite IV, bajo el título "Acusan Falta de Personería por Carecer de Acción", endilga que el Presidente del Comité Central Provincial de la Unión Cívica Radical Distrito Chubut no posee representación suficiente, o no lo acredita debidamente.

- -- Expone que la certificación de la calidad de Presidente del Comité Central indicado y la respectiva Carta Orgánica partidaria, no lo facultan per se para intervenir como representante legal en una acción de estas características. Asevera que según el artículo 8° de la Carta Orgánica, la "Honorable Convención Provincial" es la autoridad superior de la Unión Cívica Radical. A continuación destaca que no existe constancia documental que exprese la voluntad de la Honorable Convención de la UCR Distrito Chubut, que lo faculte para entablar una acción de estas características, que a tenor del art. 8°, 17° y 18° inc. 1° de la Carta Orgánica resulta ser el órgano máximo de tal partido político y quien representa la manifestación de voluntad de los convencionales. Trae también, en apoyo de su postura, lo establecido por el art. 28 inc. a) de la Ley XII - N° 2 de Partidos Políticos, en tanto establece que las Convenciones, congresos o asambleas generales serán los órganos de jerarquía máxima del partido provincial o municipal.-- -- Entiende que resulta imprescindible el otorgamiento de un mandato expreso del órgano superior de la U.C.R., toda vez que entre las funciones que la Carta Orgánica otorga al Comité Central Provincial en su artículo 18° no surge la facultad de iniciar acciones judiciales en representación de la Unión Cívica Radical Distrito Chubut. Colige que el accionante debió acompañar los instrumentos que acrediten tal mandato expreso del partido político, y no lo hizo.

-- Añade que no existe ningún instrumento que permita inferir o acreditar la voluntad del órgano superior de la Unión Cívica Radical, que se conforma con la expresión en Asamblea de los Convencionales, con las mayorías que impone la Carta Orgánica y que finalmente otorgue mandato concreto y efectivo al Presidente de la Convención. Explica que la falta de personería se configura, además, como falta de acción ya que no ha recibido mandato para actuar como lo hiciera.

-- Opone luego la excepción de falta de legitimación activa. Bajo este rótulo cuestiona la legitimación activa que invoca la accionante con respecto a los derechos de incidencia colectiva. Trae a colación la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo dictado en autos "HALABI", y con sustento en la misma expone cuáles son las condiciones básicas para que un sujeto esté habilitado para articular una "acción de clase", y afirma que la Unión Cívica Radical carece de legitimación para instaurar esta demanda, ya sea por su pretendido derecho propio y tanto más "como asociación política que es, en tanto procura con esta demanda la protección judicial de derechos de incidencia colectiva contemplados en su Carta Orgánica". -- Se interroga: "de qué manera los oponentes habrán de demostrar que la ejecución de una manda que le es y ha sido propia al Gobernador de la Provincia del Chubut, cual es la convocatoria a elecciones provinciales, no simultaneas y la fijación de una fecha para ello, implica una abrogación -comprobable- de su titularidad al derecho de proponer candidatos a cargo públicos electivos, de efectivizar tales postulaciones mediante instancias de democracia interna que prescribe el art. 38 párrafo segundo de la Constitución Nacional, de gozar de un trato igualitario con los restantes partidos políticos y, en especial, con el partido oficialista, de contar con la seguridad jurídica que confiere un calendario electoral previamente dispuesto por ley, y de disponer de un lapso razonable y suficiente para ejercer el derecho de difundir sus ideas, doctrina y principios, como así también de un período adecuado para exponer candidatos a la consideración pública, en particular cuando existe una instancia electoral...". -- Sostiene que la actora expone argumentos genéricos y enunciativos, pero que no aporta ningún elemento fáctico o jurídico como para demostrar y encuadrar su pretensión a los postulados de la legitimación para acciones de intereses difusos.--- -- Señala que no hay técnicamente "caso", porque la Unión Cívica Radical no logra acreditar el acaecimiento de una "lesión actual", un "interés especial" o "directo", "inmediato", "concreto" o "sustancial".

-- Afirma que la contraria no ha probado de qué manera una convocatoria a elecciones de autoridades provinciales para el 20 de marzo de 2.011, podría llegar a abrogar el trato igualitario de los impugnantes con los restantes partidos políticos, de qué manera se ve concretamente alterada la seguridad jurídica de disponer de un plazo "razonable y suficiente" para difundir su doctrina, ideas y principios y exponer sus candidatos a la consideración pública.

-- Entiende que ratifica lo dicho por esa parte, lo expuesto en los diarios que como prueba documental acompaña, donde los propios dirigentes de la Unión Cívica Radical -entre los que se encuentra el Presidente de la Honorable Convención R. B.- han expresado que de no prosperar esta acción, la Unión Cívica Radical puede cumplir acabadamente con los plazos electorales. También advierte que antes del dictado del Decreto N° 630/10 los propios dirigentes del partido, ya había señalado que sus internas estaban previstas para el mes de noviembre. Afirma por ello que la fijación de elecciones para el 20 de marzo de 2.011 no impide que las internas sean en el mes de noviembre de 2.010, por lo que no existe perjuicio alguno, y por ello, tampoco existe "caso".-- -- Se interroga sobre qué es lo razonable y a qué llama suficiente para dichos cometidos la actora, sino los diez meses de anticipación que establece el Decreto y de qué manera piensa acreditar en autos no sólo el carácter inminente sino hipotético o futuro del daño que no atina a precisar. También cuestiona la no identificación por parte de la accionante del objeto colectivo o la incidencia colectiva exigidos para este tipo de acción. Asevera que ante la falta clara de argumentos del tipo jurídico, el único motivo para la promoción de la acción es político y consiste en tratar de lograr la simultaneidad de elecciones, para obtener con la lista sábana, el efecto arrastre de los candidatos nacionales a los provinciales, lo que no puede ser consentido por el Superior Tribunal de Justicia.-- -- De nuevo inquiere sobre qué clase de control podrá efectuar el Tribunal sobre la representatividad de la accionante, causa fáctica en común y comunidad de efectos, si la contraparte intenta acotar el trámite de su pretensión como "de puro derecho".- -- Trae a colación el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos: "T., Enrique c/ E.N.A. s/ Amparo", y entiende que del mismo surge que la actora carece de legitimación.- -- A renglón seguido desarrolla el fallo emitido por la Cámara Nacional Electoral del 30 de septiembre de 2.004, en autos "Movimiento de Acción Popular s/ Pedido de Nulidad". Expone que dicho precedente no es aplicable en el sub-lite por cuanto en el mismo se sustraía la elección de una fecha previamente fijada, lo que no sucede en autos; además, se trataba de modificar una fecha de elecciones para cargos nacionales, cuando en el supuesto del Decreto N° 630/10 se refiere a cargo electivos provinciales, que no tienen fecha prefijada. Puntualiza que en el fallo en análisis el mandato que los electores habían conferido en la última elección sólo llegaba al 50% del tiempo transcurrido, cuando en la presente causa, a la hora de votar los mandatos a elegir, habrá transcurrido más del 85% del plazo; y también, que en aquella la fecha para la elección se fijaba para enero, con el fin de valerse de las vacaciones de verano, en tanto que en la Provincia del Chubut la elección se fija para fines de marzo, en donde toda la actividad se encuentra iniciada, y el año en pleno proceso de ejecución.- -- Asevera, con cita de LINARES QUINTANA, que los actos públicos se presumen constitucionales en tanto y en cuanto, mediante una interpretación razonable de la Constitución, puedan ser armonizados con ésta.--- -- Niega que sea veraz la afirmación de que el Decreto fue arbitrario y violatorio de la fecha legal establecida por el Código Electoral Nacional (art. 53), por resultar dicha norma -y especialmente su modificatoria- propiciadas, específicamente, para elecciones nacionales, extremo que no alcanza el comicio provincial debatido en el presente, de mero carácter local.

-- Insiste en que las circunstancias fácticas entre un caso y otro, son totalmente diferentes, lo que torna inaplicable el precedente analizado.--- -- Encara luego el análisis del régimen de simultaneidad de elecciones de la Ley Nº 15.262, y la Ley Provincial XII N° 1 (antes Ley N° 308), y colige que desde el propio derecho positivo la simultaneidad de elecciones resulta la excepción, no obligatoria, al disponer la ley nacional que las provincias PODRÁN y no que las mismas deberán convocar en forma simultánea a elecciones.

-- Explica que la ley provincial, ratificando que quien convoca y fija las fechas es el titular del poder ejecutivo, le brinda la posibilidad que las mismas sean simultáneas conforme la Ley N° 15.262, y es evidente que esta autorización debía ser legislativa porque así lo preveía la propia legislación nacional, empero, deja claramente sentado que la convocatoria y fijación de fechas corresponde al Poder Ejecutivo.-- -- Afirma que convocar a elecciones provinciales en forma simultánea con las nacionales o no hacerlo, constituye una decisión política de los gobiernos provinciales en orden de oportunidad, mérito y conveniencia, y que es utilizado para evitar el "voto arrastre" en resguardo de nuestro sistema federal y respeto por la autonomía provincial.

-- Remarca que el fallo "Movimiento de Acción Popular..." se funda, centralmente, en que la simultaneidad impuesta por las normas nulidichas era de cumplimiento jurídico imposible, por existir una norma provincial que establecía el período en que las mismas debían realizarse, lo que no ocurre en nuestra provincia.- -- Insiste en que el Decreto N° 630/10 forma parte del orden jurídico y luce perfecto, que supera la prueba de la razonabilidad y que el juez no puede revisar ni sustituir el contenido intrínseco, la libertad de apreciación política de la oportunidad, mérito o conveniencia, ni la posibilidad de elección entre varias opciones válidas dentro de la juridicidad, porque ello implicaría violentar la división de poderes y su zona de reserva.

-- Sostiene que la simultaneidad que implica declinar derechos federales, es la excepción a la regla y, por otro lado, en nuestra provincia no existe norma que imponga una fecha predeterminada para las elecciones provinciales, por lo que no hay en esta litis, violación a norma alguna nacional, ni adelantamiento de fecha electoral. Simplemente, en uso de las facultades propias, el titular del Poder Ejecutivo fijó el cronograma electoral.-- -- Expone luego que no existe "caso" en el planteo de la contraparte, y señala que el primer requisito para hacer posible el control judicial, es acreditar la legitimación pertinente, el agravio concreto, diferenciado al resto de la colectividad. --- -- Afirma que la U.C.R. no tiene demostrado en autos perjuicio con motivo de la convocatoria a elecciones, ni resulta titular de derecho colectivo alguno.

-- Trae a colación doctrina norteamericana y sostiene que concuerda plenamente con los principios liminares de la división de poderes en la Argentina, que garantiza el acceso a la justicia a quien sea parte en una controversia concreta (arts. 116 y conc. C.N.). Afirma que quedó demostrado que la U.C.R. no acreditó el mentado perjuicio con motivo de la convocatoria a elecciones, ni resulta titular de derecho colectivo alguno, de acuerdo a la estricta doctrina de "HALABI..." y "T....".-- -- Señala que de receptar dicho interés simple, cuyos perjuicios no han sido demostrados, en el carácter de habitante o ciudadano u organización con entidad, implicaría la aplicación lisa y llana de la "acción popular", excluida de nuestro ámbito jurídico, aún en la inteligencia del art. 43 de la C.N.. Entiende que no hay "caso" porque no hay daño sobresaliente o asequible.

- -- Encara luego el argumento atinente a que el dictado del Decreto N° 630/10 resulta una cuestión política no judiciable. Con cita de doctrina y jurisprudencia, recuerda que esta última ha ido elaborando una teoría según la cual existen ciertas normas y actos de los órganos de gobierno denominados "políticos" (Ejecutivo y Legislativo), que estarían fuera del alcance del control constitucional, y que, por lo tanto, jamás podrían ser invalidados o revisados por una sentencia que los declarare inconstitucionales.- -- Itera que el Decreto N° 630/10 ha sido dictado por el Poder Ejecutivo Provincial en el marco de las facultades propias y excluyentes para convocar a elecciones de carácter provincial, y no ha producido un adelantamiento del acto eleccionario sino la fijación de la fecha en que se realizará, por la simple razón de que en nuestra provincia no hay norma alguna que la fije.

-- Entiende que en tanto no existe norma alguna que señale la fecha de realización de elecciones para autoridades provinciales, jamás se puede adelantar lo que no está señalado.--- -- Fustiga que la actora entienda que la mera remisión efectuada al Código Electoral Nacional, en cuanto a las formalidades a seguir en el acto eleccionario provincial, implique incorporar íntegramente tal cuerpo legal a la normativa local y ningún párrafo del acto administrativo atacado permite siquiera presumir que así sea.

-- Para concluir esta cuestión razona que al ser la simultaneidad de elecciones para cargos provinciales con cargos nacionales la excepción, y que nuestra provincia no cuenta con una norma que fije la fecha en que deben ser convocadas las elecciones para cargos provinciales, la fijación de una fecha, cualquiera sea el momento en el que se establece, deviene no sólo una atribución del titular del Poder Ejecutivo Provincial, sino, además, una cuestión política no judiciable.--- -- Ingresa luego en el análisis de la constitucionalidad del Decreto N° 630/10. Afirma aquí que las circunstancias fácticas y jurídicas que motivaron el dictado del mismo, surgen claramente de las constancias del Expediente Administrativo N° 1.844/10 M.C.G., que le dio origen y que se adjunta como prueba documental.- -- Apunta que el Decreto resulta ser el último eslabón de la tramitación del expediente, que se encuentra motivado por todos los antecedentes labrados en las actuaciones administrativas. Reseña las actuaciones realizadas en el expediente administrativo y resalta la Nota de fecha 04/05/2.010, de fs. 2/4, afirma que allí se vuelcan las circunstancias de hecho y de derecho que motivaron el acto administrativo atacado, y los transcribe.- -- Afirma que en la causa no existe adelantamiento de comicios, por cuanto no está prefijada la fecha de elecciones, por lo que el titular del Poder Ejecutivo Provincial estableció la fecha de las mismas, y por ende, para efectuar ello, sólo debe fundar sus facultades legales y constitucionales, como surge del propio texto del Decreto N° 630/2.010.-- -- Explica que el Gobernador concretó la convocatoria a elecciones generales provinciales en ejercicio de facultades que le son propias y que han venido ejerciendo sus antecesores, desde la constitución misma del Estado Provincial del Chubut y los titulares de los Poderes Ejecutivos de la totalidad de los Estados provinciales que componen la República, guardando total congruencia con el derecho de representación de los arts. 5° y 122° de la Constitución Nacional.

-- Aclara que con el dictado del Decreto se trató de garantizar un plexo de reglas prístinas y concisas, dentro de los límites de nuestra provincia, para todos los ciudadanos que pretenden formar parte de este proceso electoral. Que se pretendió afianzar una vez más la seguridad jurídica de los propios partidos, de los ciudadanos y de la población toda, a fin que cuenten con la correspondiente antelación temporal, con la garantía inalienable de ejercer su derecho a voto, de elegir y ser electo.- -- Añade que a diferencia de otros Estados Federales, nuestra Provincia no registra la existencia de un cuerpo codificado, ley orgánica o sistema legislativo en materia electoral, que establezca la fecha o los cronogramas definidos, resultando a la sazón, como la tradición en el ejercicio de sus facultades constitucionales lo ha determinado en todo tiempo, el titular del Ejecutivo Provincial, quien se ha reservado la fijación calendaria del comicio, resultando por ende, esta prerrogativa de neto y privativo corte político, que si expresamente hubiera pretendido ser acotada o suprimida por el Constituyente, en manos del Legislativo, así lo hubiere materializado a su debido turno en el texto de la Ley Suprema.

-- Indica que la decisión adoptada, lejos de pretender perjudicar al electorado o el cronograma de los partidos políticos, evita la mixtura entre las plataformas electorales del doble sistema (nacional y provincial), optimizando la aptitud del voto y supliendo la orfandad normativa en materia electoral en la Provincia del Chubut, con el solo objeto supremo de afianzar los derechos políticos de los partidos y de los electores.--- -- Aborda luego el examen de las facultades del titular del Poder Ejecutivo Provincial a los fines de convocar y fijar la fecha electoral. Alude aquí a los arts. 5, 121, 122 y 123 de la Constitución Nacional, y a los arts. 124, 127, 146, 149, 151, 155, 188, 191 y 256 de la Constitución Provincial. - -- De todas ellas destaca el art. 151, en tanto prescribe que "...quien ejerza el Poder Ejecutivo convoca a elecciones...". Aunque reconoce que la norma se refiere al caso de sucesión por impedimento o ausencia, entiende que las normas deben integrarse armónicamente, y que es evidente que en todos los casos es quien detenta el Gobierno Provincial quien convoca. Expone que así se ha realizado en esta Provincia desde el año 1987 a la fecha. Por ello le sorprende que luego de detentar el poder por 12 (doce) años la Unión Cívica Radical cuestione tal facultad.

-- Bajo el acápite "Aplicación de la Doctrina de los Actos Propios", refiere a manifestaciones periodísticas efectuadas por distintas personas a los que califica de "encumbrados dirigentes" de la Unión Cívica Radical, de los que extrae que en dicho partido se encontraba previsto realizar elecciones internas antes de fin de año. Señala, particularmente, declaraciones de P. P., intendente de Rada Tilly, para quien "los plazos se acortan, pero no creo que tenga gran influencia ni gravitación en cuanto a los pasos que en el partido pensamos dar..." y "...evitaría que se genere una campaña "desgastante", por lo cual "el acortamiento sin duda que beneficia...".

-- Del mismo modo, extrae manifestaciones del titular de la Honorable Convención de la Unión Cívica Radical, Arq. R. B., quien indicó que "...los partidos deberán adaptarse a la decisión confirmada por el Gobernador M. DAS NEVES...". Reseña también la opinión del Dr. C. M..

-- Extrae de todo ello que es totalmente falsa la alegada imposibilidad de desarrollar normalmente los procesos internos de selección de candidatos y divulgación de las ideas y eventual concertación de acuerdos, toda vez que los dirigentes de la propia accionante han reconocido, prácticamente y en forma unánime, que el proceso interno de su partido se desarrollará sin problemas en el mes de Noviembre de 2.010, que esto ya lo tenían previsto antes de la publicación del Decreto N° 630/10.

- -- Afirma que la U.C.R. Distrito Chubut nunca objetó, a través de su máxima autoridad partidaria, la convocatoria a elecciones efectuada por el Poder Ejecutivo Provincial y que, muy por el contrario, manifestó que no tendrían inconvenientes en cumplir con el cronograma previsto y hasta se manifestó que, en algún punto, los beneficiaría por evitar un proceso interno desgastante, de modo que la promoción de la presente demanda a través de otra autoridad partidaria (de menor jerarquía según la Carta Orgánica), constituye una manifiesta contradicción con sus propios actos.

-- Efectúa citas de doctrina y jurisprudencia atinente al principio que rige la teoría de los actos propios.

-- Asevera, a posteriori, la inexistencia de perjuicio para la Unión Cívica Radical Distrito Chubut. Con base en los dichos a los que aludiera al requerir la aplicación de la doctrina de los actos propios, expresa que queda claro que la fijación de la fecha para la realización de elecciones provinciales no genera ningún perjuicio directo, real y concreto -actual o inminente- para el partido político accionante, lo que resulta ser un obstáculo infranqueable para la procedencia de la acción.

-- Agrega que tampoco se ha ofrecido un solo medio probatorio que permita la acreditación de tal extremo. Aclara que la inexistencia de perjuicio resulta extensiva a todos los partidos políticos y trae a colación declaraciones del Sr. R. G. (P.A.CH.), quien afirmara que: "Es costumbre que Chubut modifique la fecha de elecciones" y que "está en los usos y costumbres de Chubut, ya se venía haciendo desde hace tiempo atrás". Señala además, entre otras afirmaciones que expusiera la misma persona: "también recuerdo que el mismo L. había corrido las fechas de elecciones en 2.003".-- -- Para concluir, asevera que por la inexistencia de perjuicio concreto y ausencia de afectación de derechos y garantías -extremo reconocido por el Órgano máximo de la U.C.R.- la presente demanda de inconstitucionalidad debe ser íntegramente rechazada.- -- Desarrolla luego la crítica de las manifestaciones de la actora, atinentes a que la atribución discrecional de fijar la fecha de elecciones le ha sido sustraída a los Poderes Ejecutivos Provinciales, por la modificación que en el artículo 53 del Código Electoral operó la Ley N° 25.983.

-- Entiende que semejante afirmación, a más de ser temeraria, avizora un profundo desconocimiento y una peligrosa negación de la autonomía provincial, de nuestro sistema federal de gobierno, y de la delegación de facultades que hicieron las provincias al tiempo de formar la Nación Argentina (Artículos 1°, 5° y 121° de la Constitución Nacional).-- -- Transcribe el artículo 1° de la Constitución Provincial, cita doctrina sobre el hoy art. 121 de la Constitución Nacional en defensa de las facultades propias de las Provincias, y cuestiona que se pretenda pensar que la remisión del Decreto N° 630/10 al Código Electoral Nacional es adhesiva a las normas que delegan facultades.-- -- Sostiene que ante el vacío normativo, el Gobierno Provincial ha realizado la remisión a las normas procedimentales del Código Nacional Electoral, como se ha realizado desde el año 1.987 a la fecha, a los fines de brindar seguridad jurídica a todos aquellos partidos, agrupaciones, individuos, que pretendan formar parte del acto eleccionario, y necesitan un plexo normativo que conocen y que les brinde un respaldo en su actuar.-- -- Añade que en los considerando de cada uno de los Decretos de convocatoria, se hace referencia a la ausencia de legislación electoral en nuestra Provincia en los términos del art. 256 de nuestra Constitución Provincial y han remitido al Código Nacional Electoral en cuanto no se opongan a la Constitución Provincial y a las leyes dictadas en su consecuencia. A título de ejemplo, transcribe los Decretos N° 880/83, 2.136/88, 832/91, 847/93, 138/95, 837/97, 813/99, 950/01, 717/03, 812/05, 457/07, 782/07, 344/09, y 630/10. Trae, también, la Resolución N° 985/07, de la Municipalidad de Rawson, pues entiende que la Unión Cívica Radical, cuando estuvo al frente de dicho Municipio, efectuó idéntica convocatoria a elecciones como la que hoy pretende atacar de inconstitucional.- -- Reitera que desde el retorno de la democracia en el año 1.983, las convocatorias para actos eleccionarios fueron efectuadas por el Poder Ejecutivo Provincial y nunca ningún partido político cuestionó esa facultad.

- -- Alega que no resulta desconocido para el Estado Provincial que si lo que se pretendiera es establecer un régimen electoral propio, facultad no delegada en el Estado Federal, debería ser sancionado por la Legislatura Provincial. Sostiene que jamás ello podría haberse efectuado mediante un Decreto, como pretende hacer ver la actora. Reitera que el espíritu del Decreto ha sido efectuar la remisión al Código Electoral Nacional en cuanto a las cuestiones procedimentales y en cuanto no se oponga a nuestra Constitución Provincial y leyes provinciales (artículo 3° del Decreto 630/10).- -- Para finalizar, entiende que el Decreto N° 630/10 se limitó a remitir (no a adherir) a todas aquellas cuestiones que el Código regula, y en tanto no se contrapongan con las leyes provinciales. Que por ello dice que no surge elemento alguno que permita concluir aún en forma indirecta, que el Decreto N° 630/10 es adhesivo a una ley nacional, que requiere necesariamente de una ley provincial.

-- Funda en derecho, ofrece prueba, formula reserva del caso federal y petitorio de estilo.- -- III.- Corrido traslado de las excepciones y documental de fs. 204 y vta.; el mismo es respondido a fs. 206/214.

-- En relación a la defensa de falta de personería, señala que no se controvierte la calidad de Presidente del Comité Central Provincial de la Unión Cívica Radical, que por ello y lo dispuesto en el art. 58 de la Ley N° 23.298 son elementos suficientes para desestimar la defensa articulada.- -- Indica que en el esquema organizativo dispuesto por la Carta Orgánica partidaria, el Comité Central resulta ser un órgano de administración y, dentro de éste, la Presidencia, el órgano de representación.

-- Sostiene que como se desprende del art. 18 de la Carta Orgánica, se trata de un órgano permanente que tiene entre sus funciones la de "[...] dirigir la marcha del partido de acuerdo con el programa y con las declaraciones que formule la Honorable Convención Provincial u Organismos Nacionales".-- -- Afirma que, por el contrario, la Convención es un órgano deliberativo que no sesiona en forma permanente sino que sólo delibera en forma ordinaria una vez al año, a menos que en forma extraordinaria sea convocada por el Comité Central Provincial.

-- Refiere que la Carta Orgánica traza de este modo un claro distingo entre funciones administrativas, de conducción y representación por un lado, y de deliberación por el otro, sin disponer que sea la Convención la que tenga a su cargo el ejercicio de la representación legal partidaria.

-- Aclara que si bien la demandada invoca la Ley XII N° 2, dicha norma es inaplicable, ya que la Unión Cívica Radical es un partido nacional que, como tal, se encuentra regido por la Ley N° 23.298.

-- Señala que sea que se opte por la teoría de la representación o la del órgano, la cuestión que expone la contraria, ha sido largamente superada. Sostiene que es por demás evidente que toda persona jurídica requiere de un órgano que la represente, y que este órgano en ningún caso es el de gobierno o deliberación.-- -- Relata que tanto ante el Tribunal Electoral Provincial o la Justicia Federal, ha actuado, en todos los casos, el presidente del Comité Central Provincial, sin que se le hubiera cuestionado su personería. Es más, cuando la demandada convocó a principios de 2.009 al diálogo político entre el Poder Ejecutivo Provincial y los distintos partidos políticos, lo hizo en la persona del presidente del Comité Central Provincial.-- -- Alude que la exposición resulta equívoca, cuando se indica que quien a juicio de la demandada debía ejercer la presente acción es el presidente de la Convención, por mandato de esta última, y señala que la persona jurídica que debe ser representada en este proceso es la Unión Cívica Radical Distrito Chubut y no un órgano componente de la misma.

-- Pese a solicitar el rechazo del planteo, por el principio de eventualidad procesal, deja de manifiesto que siendo la cuestión subsanable según lo dispone el art. 357 inc. 4° del Código Procesal, adjunta constancia otorgada por la Justicia Electoral del Chubut que acredita que M. J. C. es apoderado de la Unión Cívica Radical, lo que lo faculta expresamente para estar en juicio.

-- Atinente a la excepción de falta de legitimación activa, reitera que el art. 38 de la Constitución Federal reconoce a los partidos políticos como "instituciones fundamentales del sistema democrático". También hay reconocimiento expreso en los arts. 40, 256 y sigs. de la Constitución Provincial. Expone que en la inteligencia que provee el art. 38 de la Constitución Federal, está por demás claro que un partido político cuenta con plena legitimación para acudir a la jurisdicción cuando una norma electoral ilegítima y viciada de nulidad, como es el caso del decreto N° 630/10, vulnera sus derechos.

-- Expone que el Decreto N° 630/10 ha lesionado derechos subjetivos de la Unión Cívica Radical Distrito Chubut, ya que modifica la fecha de elecciones al incorporar por un lado el Código Electoral Nacional al ordenamiento jurídico provincial y luego poner una fecha de elecciones distinta a la que fija dicho cuerpo legal en su art. 53.--- -- Aclara que no se trata la presente de una acción de inconstitucionalidad motivada por el sólo fin de procurar la sujeción del Poder Ejecutivo a la ley, sino que por el contrario existe "causa" en el sentido que la Corte Suprema ha conferido a la expresión, por cuanto el ilegal Decreto le ha generado perjuicio. Reitera que el Decreto atacado vulnera derechos tales como el de igualdad en el proceso electoral, el de contar con un tiempo razonable para exponer sus propuestas a la comunidad y el de dirimir con tiempo y en el marco de procesos internos a sus candidatos. Agrega que es evidente que los partidos de oposición no cuentan con medios ni espacios para instalar a sus candidatos y propuestas, y que desde esa perspectiva, el factor tiempo que provee la norma electoral para la realización del comicio constituye un elemento de relevancia para garantir la igualdad en la lid electoral, y justamente ha sido la cuestión atacada por el decreto que motiva estas actuaciones.

-- Entiende que el art. 256 inc. 2 de la Constitución Provincial confiere plena legitimación a los partidos políticos para fiscalizar todo proceso electoral, el que ha principiado con el dictado del Decreto N° 630/10, por lo que no puede negársela en este proceso, ya que se desconocería el derecho de acceder a la jurisdicción que a toda persona le reconoce en forma expresa el art. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y también el art. 18 inc. 9 de la Constitución Provincial.-- -- En orden a la invocación de la legitimación de los arts. 43 párrafo segundo de la Constitución Nacional y 57 de la Constitución del Chubut para demandar en representación de derechos de incidencia colectiva, señala que el rechazo que efectúa la contraparte resulta meramente dogmático y mediante la invocación de un caso que ninguna relación guarda con los hechos debatidos en autos, como es el caso "T.".

-- Afirma que se ha impuesto, jurisprudencialmente, desde los casos "MENDOZA" y "HALABI" que la voz "afectado" del segundo párrafo del art. 43 de la Constitución Nacional habilita que cualquiera de los sujetos "concernidos" por el acto ilegal o arbitrario, promuevan la intervención del Poder Judicial en nombre del resto del colectivo de afectados. A ello agrega que el art. 57 de la Constitución del Chubut resulta aún más amplio e inequívoco que el segundo párrafo del art. 43 en orden a conferir la más amplia legitimación activa en materia de lo que denomina "derechos difusos".- -- Sostiene que el Decreto N° 630/10 le ha sustraído el derecho electoral de elegir a todas aquellas personas que cumplían 18 años entre el día 21 de marzo de 2.011 y el 31 de octubre del mismo año. Expone que cada uno de los integrantes de ese colectivo había adquirido su derecho a sufragar por imperio de lo que dispone el Código Electoral. Afirma que el Decreto N° 630/10 les quitó ese derecho a todos ellos, y esa supresión afecta y concierne también a la Unión Cívica Radical Distrito Chubut precisamente por tratarse de un partido político que tiene entre sus propósitos declarados el de ampliar la participación electoral, la realización de comicios libres y la lucha contra el fraude en todas sus formas.

-- Renglón seguido se explaya sobre la aplicación a estos autos de lo fallado en el caso "ROVIRA" (así llamada la causa: "Movimiento de Acción Popular s/ Pedido de Nulidad" ya citada), y contradice las afirmaciones de la contestación de demanda, en tanto remarca que cuando se realicen los comicios habrán transcurrido tres años y tres meses de los mandatos para los cuales se convoca a elecciones.- -- Para finalizar reconoce en forma expresa la autenticidad de la prueba documental aportada por la demandada, por lo que solicita no se provean las pruebas ofrecidas en forma subsidiaria; y reitera que la cuestión debatida es de puro derecho, por lo que entiende que resulta improcedente la confesional ofrecida.

- IV.- A fs. 216/219 vta. se presenta la demandada y refiere contestar el traslado -cosa que no sucedió-, supuestamente conferido con fecha 11 de agosto de 2.010.- - En el punto II-) se opone a la incorporación tardía de documental agregada por la actora, toda vez que las reglas del proceso sumarísimo impiden que se agreguen documentos con posterioridad a la contestación de la demanda, por aplicación de lo dispuesto por el art. 498 y ccs. del código de rito. Dicha normativa prohíbe, asimismo, la reconvención en este tipo de procesos.- -- Indica que el art. 335 del C.P.C.C. sólo admite la incorporación de documentos de fecha posterior a la demanda o anteriores pero bajo juramento de no haber sido conocidos al momento de interponer la acción.--- -- Afirma que la personería debió acreditarse al momento de entablar la litis, por cuanto el planteo a su respecto no resultó un hecho nuevo y por ende, ha precluído la oportunidad para que la actora integre documentos que se refieran a ella.- -- Define lo que significa preclusión. Insiste en su argumento de considerar inviable el agregado de cualquier documento vinculado a hechos volcados en la demanda, ya que esta última sólo se puede ampliar hasta el momento de su notificación, pero no después de transcurrido dicha oportunidad. Aceptar lo contrario, vulneraría el derecho de defensa en juicio.- -- En el punto III) solicita el rechazo de la pretensión de la actora, por cuanto el actor no puede detentar los cargos que invoca a tenor de la propia Carta Orgánica del Partido Radical.- -- Señala que, por aplicación del art. 28 de dicha disposición interna, el Dr. C. no detenta el cargo partidario invocado en demanda, toda vez que este último cesó cuando asumió como Senador de la Nación con fecha 10/12/09. Por este motivo, sólo puede representar a la minoría parlamentaria de la Provincia del Chubut. De lo contrario detentaría en su persona el cargo de Senador, Presidente del Comité Provincial y además, el de apoderado del partido, es decir, "la suma del poder público", pese a la prohibición expresa de su cuerpo normativo.

En cuanto a la certificación expedida por la Secretaría Electoral, no desconoce su autenticidad pero le resta eficacia para acreditar la representación invocada. En este orden de ideas, desconoce sus alcances y la fecha del mandato, como asimismo, si este último es especial o general. Reitera que dicha certificación demuestra la defectuosa presentación del accionante, cuya incorporación posterior no puede ser consentida además de ser contundente para hacer lugar a la excepción de falta de personería articulada al contestar demanda.- -- A continuación ratifica que la modificación de la calidad de parte del actor, quien pretende ahora modificar su mandato, no puede hallar andamiaje, pero si así fuere, no podrá subsanar la defensa de falta de acción teniendo en cuenta que se invocó la calidad colectiva de los afiliados de la Unión Cívica Radical, pero sin acompañar el acta de asamblea que otorgara mandato suficiente para actuar en tal calidad.--- -- Por último peticiona que se tenga presente su oposición y se haga lugar al acuse de falta de personería y a la excepción de falta de legitimación activa interpuestas, rechazando la acción en todas sus partes, con costas.

-- V.- A fs. 221 el Sr. Procurador General emitió dictamen. Se remitió al anterior, obrante a fs. 56/57 vta., por razones de economía y resumió las actuaciones que se sucedieron después de aquella primera intervención.

-- Hace referencia a lo normado por el art. 28 de la Carta Orgánica Partidaria, para tener por fenecido el cargo partidario del presentante desde el momento en que asumió como Senador, hecho que califica "de público y notorio".-- -- No soslaya la presentación de fs. 206/241 donde la constancia de fs. 205 da cuenta del carácter de Apoderado Partidario de la Unión Cívica Radical del Dr. C., y considera improcedente el cambio de carácter de la misma, por cuanto la representación legal del inicio no puede mutarse por otra de carácter convencional, puesto que no queda claro si ese tipo de apoderamiento puede importar la representación judicial del partido político en acciones como la de autos.

-- Si bien esta circunstancia constituye un impedimento formal para seguir adelante con el proceso, no puede omitir considerar la trascendencia que significa en la vida institucional de la Provincia el llamado a elecciones de autoridades democráticas, y considera que el acto atacado se encuentra conteste con el bloque de juridicidad.- -- Hace referencia al respeto del Gobierno Federal hacia la jurisdicción local para resolver cómo habrá de llevar adelante sus elecciones, pero siempre de manera de no contravenir disposiciones de la Carta Magna.-- -- Indica que la Constitución Provincial regula los presupuestos básicos que debe contener la Ley Electoral provincial, que aún sin dictar, resultan operativos en si mismos. Así, las elecciones pueden ser simultáneas con las nacionales o no. Por ello la aplicación de la normativa nacional lo es a modo de un mejor orden de las prácticas eleccionarias pero no puede tener vigencia per se en el ámbito local, circunstancia que torna inaplicable el caso "ROVIRA".

-- Desestima que se trate de una cuestión política no justiciable, tema ampliamente superado por la jurisprudencia y doctrina nacional. Señala que, siempre se podrá controlar la actividad discrecional del estado en la medida que sus actos deben respetar la jurisdicidad, constitucionalidad, legalidad y los principios generales del derecho.

-- Para que dicho control opere, deben darse ciertas circunstancias insoslayables, entre ellas, la existencia de un caso concreto sobre el cual avanzar. La existencia de un perjuicio concreto que habilite la actuación jurisdiccional. Cita la doctrina de "T.", para concluir que en autos no se ha logrado demostrar dicha circunstancia, es decir, que exista un agravio diferenciado que permita conferir al presente, la entidad de un caso.- -- Sostiene que no se acreditó la lesión de la competencia electoral interna, ni el derecho a designar candidatos o a participar en la contienda electoral. Tampoco cuál fue la lesión al derecho constitucional de difundir las plataformas y candidaturas electorales partidarias. Si el cuestionamiento se basó en el tiempo de antelación, debió probarse cómo éste produjo los perjuicios invocados. Concluye que la antelación de las elecciones es razonable, y por lo tanto no resulta arbitraria como se pretende.- -- Culmina su dictamen reiterando que si bien las cuestiones formales no permitirían la admisibilidad de la acción, la gravedad de las acusaciones justifican un pronunciamiento judicial que las disipe, para dar certeza y seguridad jurídica a la institucionalidad democrática.- -- ANÁLISIS.

-- 1.- Aun cuando en la resolución obrante a fs. 59/64vta., el Tribunal en pleno precisó en el primer párrafo de los considerandos (fs. 61), la especialidad de la acción impetrada, y su competencia originaria y exclusiva por mandato constitucional, a modo preliminar no puedo dejar de señalar, que la acción declarativa de inconstitucionalidad es uno de los instrumentos más heterogéneos con los que cuenta el Derecho Procesal Constitucional. Por ello, entiendo que si bien el Superior Tribunal de Justicia ha marcado en la materia importantes lineamientos -incluso desde anteriores composiciones- cada acción de este linaje, que en esencia involucra una problemática sumamente compleja- debe ser objeto de un análisis muy particularizado y profundo, a la luz de la normativa constitucional en juego y los derechos que se dicen afectados o vulnerados; y las circunstancias de tiempo y lugar.-- -- Esta vez, se trae a conocimiento del Cuerpo una acción declarativa de inconstitucionalidad de indudable interés por la trascendencia pública e institucional que implica someter a debate y examen de legalidad, un acto administrativo emitido por el Poder Ejecutivo Provincial, como lo es, el Decreto Nº 630/10 (17/05/2010) en virtud del cual se convoca a elecciones para la renovación del Poder Ejecutivo, de los Diputados locales y la renovación parcial de los representantes del pueblo en el Consejo de la Magistratura para el día 20 de marzo del año próximo.

-- 2.- De conformidad a los términos en que ha quedado trabada la acción, razones de orden metodológico me imponen analizar en primer lugar, el planteo de falta de personería y la excepción de falta de legitimación activa que acusa la demandada.- -- Ello, por cuanto si bien en el marco del proceso sumarísimo no se admite la articulación de excepciones previas (art. 502-Ley XIII N° 5, inciso 1, antes art. 498 inciso 1 del C.P.C.C.), en autos fueron opuestas y sustanciadas (fs. 164/172; 206/213 vta.), y en este estado no encuentro impedimento alguno para su tratamiento; sino que por el contrario, se impone su análisis a los efectos de determinar en la especie los presupuestos de admisibilidad de la acción incoada. Sin embargo, no haré mérito de la presentación de fs. 216/219 vta., por no haberse ordenado traslado alguno de la contestación de fs. 206/214; aún cuando por providencia de fs. 220 (20/08/10) se la tuvo presente para esta oportunidad, si por derecho correspondiere. - -- 2.1.- En el escrito inicial, el Dr. M. J. C., se presentó en el carácter de Presidente del Comité Central de la Unión Cívica Radical (fs. 34), acompañando certificación al respecto, extendida por la Secretaría Electoral Nacional -Distrito Chubut-, e invocó la representación legal de conformidad a los Arts. 21 y 58 de la Ley Nº 23.298. Así se lo tuvo por presentado en tal carácter a fs. 55 (17/06/10) y en la Sentencia Interlocutoria Nº 12/S.R.O.E./10 (primer párrafo del Considerando).

-- A su turno, la Provincia en ocasión de contestar la demanda, cuestionó tal representatividad por considerar que el accionante no acompañó constancia alguna que acredite representar a la Honorable Convención, órgano superior de la U.C.R. o que en su carácter de Presidente del Comité Central, estuviera cumpliendo un mandato brindado por los convencionales (fs. 164/166). En respuesta a esta cuestión, la parte actora a fs. 206/208 se ocupó de hacer una extensa explicación de su calidad de representante del partido al que pertenece, lo que unido a lo dispuesto por el Art. 58 de la Ley 23.298, le permitió sostener por suficientemente acreditada la representatividad que inviste e invoca. En abundamiento, y en virtud del principio de eventualidad procesal, adjuntó a esta presentación una nueva certificación de la Secretaría Electoral que acredita su calidad de apoderado legal del partido, y que ello, lo faculta para estar en juicio (cfr. fs. 205 y 208).-- -- En este contexto, no haré un análisis exhaustivo -por considerarlo innecesario- desde la organización del Partido Político -U.C.R.-, de los órganos que lo integran con sus respectivas atribuciones y facultades, para desentrañar la calidad de representante legal del demandante, toda vez, que el carácter de apoderado legal del partido emerge a mi criterio, de la certificación emitida por la Secretaria Electoral que obra agregada al inicio del proceso (fs. 33), que si bien da cuenta de su calidad de Presidente del Comité Provincial, al mismo tiempo indica de modo expreso que fue a pedido "del Sr. Apoderado partidario.". Esta certificación -como documento público- goza de plena fe y no fue atacada en su autenticidad por la accionada, sólo se negó (Cfr. fs. 163 vta. punto 99 arts. 979, inc. 2 y 993 del Cód.Civil y art. 38 y su doctrina del C.P.C.C.; y Hernando Devis Echandía, "Compendio de la Prueba Judicial", Ed. Rubinzal-Culzoni, Año 2000, págs. 234/235). De hecho, esta circunstancia resulta luego corroborada con una nueva certificación que se incorpora al proceso a fs. 205, en la que se deja constancia de la calidad del Dr. C., como Presidente del Comité Central Provincial y como apoderado partidario, que más allá de su extemporaneidad en la presentación, no puedo desconocer, so pena de incurrir en excesivo rigor formal. Asimismo, en las presentaciones de fs. 34, primer párrafo (libelo inicial) y 206, primer párrafo dice representar legalmente a la U.C.R. y declaró bajo juramento de ley, la vigencia del mandato que le otorgara ese partido y su facultad para estar en juicio (fs. 208, cuarto párrafo). Por ello, aclaro, que las consecuencias jurídicas que de tal representación pudieren surgir eventualmente, quedarán en la esfera propia del mandato que afirma haberle conferido la U.C.R..

-- Por lo expuesto, la excepción de falta de personería alegada por la Provincia, no debe prosperar. ASÍ LO VOTO.- --2.2.- La otra defensa pendiente de tratamiento, es decir, la falta de legitimación activa, la trataré a continuación en el marco de las condiciones de admisibilidad que deben conjugarse en la acción de marras.

-- 2.2.1.- En efecto, la acción originaria de inconstitucionalidad es un medio directo de impugnación por el que se da inicio a un proceso jurisdiccional autónomo destinado a que se declare la invalidación de la norma general cuestionada.

-- Una de las particularidades que presenta esta acción es que según la Provincia en la que se la articule va a estar supeditada a un tratamiento diferenciado. En tal sentido, un grupo de constituciones, directamente, no la han regulado quedando sometido su ejercicio al reconocimiento legal, o a la aplicación directa de la doctrina de la Corte Nacional, con base en el art. 322 del C.P.C.C.N., o en la regulación que al respecto prevén los códigos procesales provinciales en lo que a acciones declarativas del derecho común se refiere (v.gr. Santa Fe, Catamarca, Tucumán). Otro grupo, ha previsto una acción directa, aclarando que la misma se desenvuelve dentro del marco del caso judicial, entendiendo éste fundamentalmente en el sentido de quién acciona tenga un grado de afectación diferenciado y está previsto dentro de las atribuciones de los tribunales superiores, de competencia originaria (v. gr. Buenos Aires, Mendoza, Río Negro). Un tercer grupo, ha consagrado la acción directa, pero sin exigir una afectación diferenciada en quien acciona, ni caso judicial, dejando en manos del legislador o de los tribunales, la admisión de una suerte de acción popular (v.gr. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jujuy, Chaco). Por último, existe un cuarto grupo que ha reconocido la existencia de un control abstracto, sin necesidad de afectación de ninguna naturaleza (v.gr. Salta) (cfr. Toricelli, Maximiliano, "El Sistema de Control Constitucional Argentino", Ed. LexisNexis, Año 2002, pág. 299/328).- -- En el caso de Chubut, esta acción está contemplada en el art. 179 inciso 1º - 1.1. de la Constitución Provincial, que expresa: "El Superior Tribunal de Justicia tiene la siguiente competencia: 1º. Conoce y resuelve originaria y exclusivamente, en pleno: 1.1. De las acciones declarativas de inconstitucionalidad de leyes, decretos, reglamentos, resoluciones, cartas, orgánicas y ordenanzas municipales, que estatuyan sobre materia regida por esta Constitución y se conviertan en caso concreto por parte interesada.".

-- Del texto normativo surgen las siguientes exigencias: a) competencia originaria y exclusiva, y en pleno del Superior Tribunal de Justicia; b) refiere a la inconstitucionalidad de leyes, decretos, reglamentos, resoluciones, cartas orgánicas y ordenanzas municipales; c) materia regida por esta Constitución; d) se debe controvertir en un "caso concreto"; e) la acción debe ser peticionada por "parte interesada". - -- No me queda duda, que esta Provincia se encuentra inmersa en el sistema que rige el segundo de los grupos a los que alude la doctrina que he citado precedentemente. -- -- 2.2.2.-Las dos primeras exigencias legales, se han configurado. La acción ha ingresado ante el Superior Tribunal de Justicia y ha tramitado en su totalidad (fs. 48 vta.); y en segundo lugar, se peticiona al Pleno, la declaración de inconstitucionalidad de un Decreto dictado por el Poder Ejecutivo por el que se dispone convocar a elecciones de autoridades provinciales; tal es la petición que fluye del punto II-Objeto del libelo postulatorio de la acción (fs. 34, punto II).

-- Detendré el análisis en los restantes requisitos.

-- En primer lugar me referiré a la legitimación activa sustancial del presentante, porque de encontrarse ausente este extremo legal, no se podría sostener la existencia de "caso concreto" al que alude la norma constitucional, único supuesto que habilitaría el control jurisdiccional.

-- Destaco además que el propio sistema de control que adopta la Carta Magna Provincial, no habilita una declaración en abstracto de la jurisdicción. Y en este punto coincide, en cierta medida, con lo que la Corte Nacional viene sosteniendo desde antaño - v.gr. en el marco de acciones de amparo-, al decir que no compete a los jueces hacer declaraciones generales o abstractas, porque es de la esencia del Poder Judicial decidir colisiones efectivas de derechos (Cfr. C.S.J.N. Fallos: 2:253; 24:248; 94:444; 243:177; 256:103; entre otros ).- -- La exigencia constitucional de "parte interesada", da cuenta que no estamos frente a una acción popular, ni frente a una petición de control abstracto de constitucionalidad. Se impone el ejercicio de una pretensión de sentencia declarativa que requiere de un caso, pleito o controversia. De hecho, y no mediando normativa procesal que contemple su tramitación, tal como se dejara consignado en el fallo interlocutorio de fs. 61/64 vta., se encausó la acción en el marco procesal de la acción meramente declarativa (art. 325 de la Ley XIII-Nº 5- antes art. 322 del C.P.C.C.). Cuestión, que no es menor, porque de ello aflora la naturaleza eminentemente "preventiva" que en materia constitucional le ha atribuido a la acción de marras, la jurisprudencia de este Superior Tribunal de Justicia, siguiendo los lineamientos que la Corte Nacional ha brindado al respecto.--- -- La legitimación es la situación especial en la que se encuentran las partes respecto del objeto de la pretensión procesal, y que la ley garantiza sólo a quienes están en esa posición, el derecho a obtener una decisión sobre el fondo de la cuestión. En este entendimiento, "parte" es quien tiene un interés controvertido con otro sujeto de derecho, perteneciente a su propia esfera jurídica, quien en definitiva tiene algo que perder o ganar con motivo de la decisión judicial a dictarse (Cfr. Sesin D. -Pérez Corti, "Organismos Electorales", Ed. Advocatus, Año 2006, págs. 60/61).

-- En efecto, donde no hay partes adversarias con un interés personal en el asunto no tenemos caso o controversia. De allí, que la parte deberá demostrar la existencia de un interés específico en la litis; o como lo ha dicho la jurisprudencia del Tribunal Cimero, que los agravios alegados la afecten de forma "substancial" o "suficientemente directa", esto es, que posean "concreción e inmediatez" bastante para poder procurar dicho proceso (Cfr. C.S.J.N., Fallos 311:2104; 326:4774; 304:310; 306:1125; 320:1562; "Policonsultorios de Cabecera S.R.L. c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ acción meramente declarativa", 15/08/2.006; y Fallos: 326:3007; 331:2287 citados en el dictamen del Procurador General de la Nación en la reciente causa in re: " T., Enrique c/ E.N.A. s/ amparo"- 15/06/2010; y Sesin, D.-Pérez Corti en obra y páginas citadas).

-- En síntesis, sobre la legitimación resulta necesario determinar si hay un nexo lógico entre el status afirmado por el litigante y el reclamo que procura satisfacer, el cual "resulta esencial para garantizar que sea una parte propia y apropiada (Cfr. C.S.J.N., Fallos 322:528, cons. 9º citado en el dictamen referenciado).

--En el sub-lite, el peticionante en el escrito inicial, invoca su legitimación activa, en un doble carácter: la Unión Cívica Radical, por derecho propio; y la Unión Cívica Radical como asociación política (vide. fs. 35, quinto párrafo y fs. 36 vta. in fine y fs. 37, primer párrafo).-- --Por derecho propio, la U.C.R. postula los intereses por los que reclama tutela: 1) proponer candidatos a cargos públicos electivos; 2) efectivizar tales postulaciones mediante instancias de democracia interna; 3) gozar de un trato igualitario con los restantes partidos políticos y en especial con el partido oficialista; 4) contar con la seguridad jurídica que confiere un calendario electoral previamente dispuesto por ley; 5) disponer de un lapso razonable y suficiente para difundir sus ideas y doctrina; 6) disponer de un período adecuado para exponer candidatos a la consideración pública cuando existe una instancia electoral (fs. 35, primer párrafo).

-- Luego, recién al referirse en el punto VI- que titula "La inconstitucionalidad del Decreto Nº 630/2010 por vulneración del principio de razonabilidad"; advierto que entre sus argumentos, sostiene que: ". el exorbitante apartamiento de la fecha legal de elecciones dispuesta por el Dto. Nº 630/10 frustra los cronogramas internos y generales trazados por las distintas fracciones partidarias, limita la búsqueda de consensos entre los distintos sectores de cada partido, impide eventuales candidaturas y acota el tiempo del que disponen aquellos que no cuentan con medios para la difusión de sus ideas y propuestas. Se trata de una afectación grave del derecho a la seguridad jurídica." (vide fs. 40 vta.). A posteriori, entrelaza entre sus argumentos, la lesión a los derechos de los partidos políticos en general y al que pertenece, como lo es el derecho-deber de asegurar la competencia electoral interna para la postulación de cargos públicos electivos.(fs. 41 y vta.).- -- Asimismo, la U.C.R. sostiene que tenía previsto un cronograma con vistas a las elecciones que de acuerdo al art. 53 del Cód. Electoral estaban legalmente fijadas para el cuarto domingo de octubre de 2011 (fs. 41 vta., séptimo párrafo). En función de ello, afirma que el partido había previsto una sucesión de actos preparatorios, como la convocatoria a elecciones internas, la discusión y aprobación de la plataforma electoral por su Convención, la proclamación de los ungidos en los comicios internos, entre otros, que con la convocatoria anticipada dispuesta por el Decreto Nº 630/2010 quedan desarticuladas" (fs. 41vta. in fine y fs. 42 primer párrafo) .- -- También, al contestar el traslado de la excepción en análisis, la U.C.R. sostiene que en esta acción existe "causa" en el sentido que la Corte Suprema le ha dado a la expresión, porque el decreto ilegal cuestionado es el que le ha generado el perjuicio (sic). La U.C.R. se encuentra constreñida por el decreto 630/2010 y desde esta perspectiva hay caso (Cfr.fs. 209, quinto párrafo y fs. 210 vta. quinto párrafo).-- -- En este contexto, y visto la gama de derechos invocados y calificados como vulnerados por el decreto provincial que se pretende tachar de inconstitucional, no surge a mi criterio demostrado el perjuicio o los perjuicios que dice padecer con el dictado del decreto. No encuentro a lo largo de todo el trámite de este expediente, ningún elemento probatorio que me permita inferir con un verdadero grado de certeza, la existencia de perjuicios concretos, efectivos y actuales que haya padecido la U.C.R., o que estén próximos a ocurrir.- -- Así, por ejemplo, se ha hecho referencia a la existencia de un cronograma de elecciones que no se ha acompañado a la causa, ni ha demostrado la imposibilidad de desarrollar de modo normal los procesos internos de selección de candidatos, concertación de acuerdos, divulgación de ideas. Por otra parte -destaco- que la situación procesal no podía ser otra desde que en el libelo inicial no se ofreció prueba alguna en miras a constatar sus propios dichos y reclamos.

-- Las afectaciones invocadas -tal como se he plasmado en la demanda- han quedado en el estándar de lo hipotético, general y abstracto. Se detuvo en una etapa de mera enunciación de derechos; y ello no es suficiente para satisfacer el requisito legal al que alude nuestra norma constitucional en cuanto exige "parte interesada"-"caso concreto".

-- Insisto, no bastan, para la particular acción de inconstitucionalidad, las afirmaciones genéricas que pretendan sostener la vulneración de determinados derechos de raíz constitucional sin demostración acabada de su real incidencia en el pleito. De este modo al no mediar agravios directos, hay ausencia de intereses, y por ende, no hay parte en un sentido jurídico estricto. No hay controversia.

- A mi criterio, en este aspecto, le asiste la razón a la Provincia. En definitiva, la peticionante -U.C.R.- no ha demostrado de qué manera, la norma impugnada -Dto. Prov. 630/2010- resulta contraria a la Constitución Provincial, causándole gravamen; o en otros términos, cómo lo ha afectado en forma "suficientemente directa". Esta ha sido, también la visión del Sr. Procurador General cuando en su dictamen adujo que "el control y revisión de la decisión de Poder Ejecutivo es posible, dadas determinadas circunstancias, como ser la existencia de un caso concreto sobre el cual avanzar.en punto a ello .tampoco encuentro que se hubiera verificado la existencia de un perjuicio concreto que habilite en esta instancia la actuación jurisdiccional.no se ha logrado demostrar la existencia de un agravio diferenciado que pueda conferir al presente la entidad de un caso." (cfr. fs. fs. 222 vta., segundo párrafo y 223).- -- Es más, refuerza mi postura, la información que emerge de los distintos artículos periodísticos que obran en autos -documental no objetada por el presentante (fs. 213 vta. punto IV, primer párrafo)- dando cuenta, que importantes referentes políticos de la U.C.R., al mes de haberse dictado el decreto atacado, han formulado declaraciones que denotan una visión partidaria diametralmente opuesta, a la que se alega en esta acción.- -- No puedo hacer una evaluación diferente cuando advierto expresiones tales como:"para el mes de noviembre próximo estarían previstas sus internas"; "la U.C.R. puede cumplir acabadamente con los plazos electorales"; "que las internas se realizarían a fin de año", "que los partidos deberán adaptarse a la decisión confirmada por el gobernador", "los plazos se acortan pero no creo tenga gran influencia ni gravitación en cuanto a los pasos que en el partido pensamos dar.que en el caso del radicalismo, que decidió adelantar su elección interna, evitaría que se genere una campaña desgastante, por lo cual el acortamiento sin duda beneficia"., etc. (cfr. artículos periodísticos de fs. 152, 153, 154, 155, 155 vta.).- -- 3.- Amén, de las consideraciones que hasta aquí expuse y me dan la convicción necesaria para votar por el rechazo de la acción de inconstitucionalidad impetrada, no puedo prescindir de evaluar otros aspectos del libelo inicial, desde los extensos y confusos argumentos que en él se exponen, en miras -sobre todo- a las significativas consecuencias que puede provocar una declaración como la pretendida, y la seriedad y la precisión técnica que se imponen en este tipo acciones a todo justiciable.- -- En efecto, de una lectura detenida de acápite V del escrito introductorio de la acción en el que trata la inconstitucionalidad del decreto por incompetencia del Gobernador para dictar legislación electoral (fs. 37/40 y vta.) advierto que se ponen de manifiesto una serie de fundamentos que no guardan un sentido lógico-jurídico en el ataque que le pretenden dar al decreto en cuestión, sino que al mediar reconocimiento de hechos, y por otra lado, falencias interpretativas en sus argumentos, se incurre en contradicción, dejando -a mi criterio- traslucir la aceptación de la legitimidad del acto que pretenden atacar. A continuación voy a marcar los aspectos que avalan mi conclusión.

- -- Véase, que se parte de la premisa, que el Poder Legislativo es el órgano facultado para reglar materia electoral según reza el Art. 256 de la Constitución Provincial y que para el dictado de ley electoral como sus modificaciones la propia normativa exige una mayoría especial agravada (fs.37). En este contexto, se afirma que el Gobernador no tiene competencia para incursionar en la materia electoral (fs. 37), y que de invadirse aquella esfera, el acto que emitiera resultaría nulo (fs. 37 vta.).

-- Sin embargo, en los párrafos siguientes pone de manifiesto que, en realidad, el Decreto va mas allá de un acto administrativo de convocatoria de elecciones, y enfoca el ataque en la fecha fijada para los comicios provinciales, "la fijación de la fecha constituye sustancia legal y no administrativa "( fs. 38 , séptimo párrafo). -- -- Hasta aquí no puedo interpretar otra cosa de lo que fluye de estas afirmaciones, esto es, que la U.C.R. no objeta la convocatoria en sí que hace el Poder Ejecutivo, sino la sustitución de la fecha del cuarto domingo de octubre que prevé el Código Electoral de Nación. En este aspecto la actora repara el denunciado desvío de poder.

- -- La cuestión no queda aquí. La U.C.R. reconoce que la Provincia carece de un Código Electoral, que hay omisión legislativa en su sanción y que ante tal carencia siempre ha convocado el Poder Ejecutivo a elecciones fijando fecha ( fs.39 y vta. primer y segundo párrafos); y tal fecha en algunos casos han coincidido con la normativa nacional, y cuando, excepcionalmente, no lo ha sido (v.gr. elecciones de 2007) no se le dio la anticipación que marca el decreto de este año (fs. 39 vta.).

-- Esta postura procesal, induce a concluir que sólo se está marcando una opinión dispar o una disconformidad con la fijación de la fecha que se convoca a elecciones, pero no con el llamado que hace el Poder Ejecutivo a elecciones, de lo que dan cuenta incluso algunas de las argumentaciones que lucen a fs. 39, y de hecho trae a colación un actuar idéntico del P. Ejecutivo en el año 2007, que puedo corroborar, porque la Provincia en su responde, acompañó dicho Decreto a fs. 142/143.- -- Empero la disconformidad alegada no puede sustentar -por sí- un ataque de inconstitucionalidad, la conveniencia o el interés políticos de su fijación es una cuestión ajena al control jurisdiccional que pueda efectuar este Tribunal (conf. Fallos 325:28; 326:2004).

-- Me queda entonces, por tratar la legitimación que invoca la U.C.R. como "asociación política" con fundamento en el segundo párrafo del art. 43 de la Const. Nac. y 57 de la Const. Provincial y en la reciente doctrina de la C.S.J.N. en precedentes que cita.

- En mérito a ello, se presenta para proteger derechos de orden colectivo o de incidencia colectiva que se encontrarían contemplados en su carta orgánica partidaria y que habrían resultado lesionados por el decreto atacado. Su legitimidad la encuadran en el segundo párrafo del art. 43 de la C.P. cuando se refiere a "asociaciones"; y también en el art. 57 de la C.P. que contempla los intereses difusos. - -- Encuentro en la petición, una confusión conceptual entre intereses colectivos o de incidencia colectiva con los intereses difusos; e imprecisión por el colectivo que viene. Invoca a los electores en general y, especialmente electores que cumplirían 18 años de edad entre el 21 de marzo y el 31 de octubre de 2011, afiliados a partidos políticos en general, afiliados a la U.C.R., partidos políticos de oposición. (fs. 35, segundo párrafo en adelante y fs. 36, segundo párrafo); luego acota, señalando que posee legitimación por los derechos de los afiliados, porque es una asociación cuyo objeto consiste, precisamente, en la afirmación y defensa de derechos políticos (fs. 42, sexto párrafo); invoca una vez más los electores en general que cumplan 18 años hasta el día del comicio (fs. 43vta./44).

-- Considero que, la U.C.R., como asociación política, en el sub-examine, no se encuentra legitimada para interponer una pretensión como la de marras. No ha logrado acreditar el "interés concreto" que requiere la acción interpuesta de acuerdo a los fundamentos que expusiera al tratar el tema, tampoco -aquí- ha sorteado el vallado de establecer el nexo lógico que debe mediar entre el peticionante -"afectado"- y los derechos del colectivo que señala como perturbados. Ello, aún cuando encuadra su legitimación en la categoría de "asociaciones" del art. 43, segundo párrafo de la C.N., y/o en la legitimación ampliada que podría interpretarse del Art. 57 de la C.P.-- -- A mi criterio, esta calidad no la logró demostrar; y lo que es más grave, nunca pudo justificar la legitimación, bajo el ropaje de una acción de inconstitucionalidad e invocando el Art. 57 de la C.P., como si se tratara de una acción popular, que no tiene recepción constitucional.- -- Los presupuestos legales de la acción de inconstitucionalidad deben invocarse y demostrarse en forma inequívoca por el peticionante. La sola alegación de que una ley o norma de carácter general viola alguno de los contenidos de la Constitución local, no habilita una pronunciamiento en tal sentido del Superior Tribunal de Justicia.-- -- Las falencias de técnica y de fundamentación jurídica en las que se ha incurrido, no puede suplirlas esta Corte; y si de hecho ocurriera, habría trasgresión al principio de congruencia. En este punto quiero traer a colación, que al emitir su dictamen el Procurador General de la Nación, en autos "Bernal de Palacio, Maria Julia c/ Municipalidad de Rauch. Inconstitucionalidad ordenanza impositiva 1991 (promulgada por decreto 454/91)"(causa I-1541,SCBA), quien haciendo suya la opinión de Morello y colaboradores, afirmó que como en todo el sector sometido a la competencia de la Suprema Corte -originaria o por vía recursiva- las cargas de admisibilidad y el rigor técnico exigibles a las partes sufren considerable afinación y que las deficiencias del escrito postulatorio inicial no pueden ser subsanados por la conformidad o falta de oposición del representante estatal, ni siquiera por el Tribunal, considerando que no es de aplicación el principio iura novit curia. ( Cfr. Cherubini, Martín Hernado; Gallo Quintian, Federico José; Quadri, Gabriel Hernán, "La acción autónoma de inconstitucionalidad" ", Un proceso autónomo en pos de la plena vigencia de la Constitución-, Ediciones Jurídicas Cuyo, Año 2005, pág. 85).

-- Este ha sido, en definitiva, el criterio sentado por este Superior Tribunal de Justicia en la materia. Hemos sostenido recientemente: ". que el ataque debe dirigirse con precisión, bajo una clara indicación del modo en que la norma cuestionada violentó los derechos constitucionales cuya tutela se pretende; y en función de las significativas consecuencias que provoca la declaración de inconstitucionalidad, cualquier deficiencia argumental que exhiba la pretensión no puede ser suplida por el Tribunal, por lo que debe rechazarse sin más la acción" ( cfr. v.gr. S.I. N° 10/S.R.O.E./10 entre otras).

-- Por todo lo expuesto, propongo al Pleno no hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por la U.C.R.-Distrito Chubut, lo que así dejo votado.-- -- 3.- En el final, no puedo dejar de hacer alguna consideración, en relación a la simultaneidad de las elecciones provinciales y nacionales, y la opción ejercida en el Decreto atacado. A ello se refiere la demanda- al finalizar la exposición del punto V al que me he referido (fs. 39 vta.). Resulta clara la necesidad del dictado de ley que ejerza la facultad de la que da cuenta el citado inciso 4° y sea sancionada con la mayoría agravada que exige el último párrafo del art. 256.

-- Si bien es cierto, que el mentado art. 256 estatuye que es la Legislatura la que dictará una ley electoral uniforme para toda la provincia, a continuación establece las bases a la que se deberá adecuar dicha ley, y entre ellas, se incorpora el inciso 4°. Al final, se consigna como último párrafo del artículo, la mayoría agravada que se requiere para la sanción y modificación de las leyes de naturaleza electoral (tres cuartas partes del total de los miembros de la Legislatura).

-- A título informativo, es pertinente indicar que la mayoría agravada a la que se está refiriendo la norma, de acuerdo a los antecedentes parlamentarios que tengo a la vista, se introdujo al texto constitucional con la modificación del año 1994, luego de un consenso unánime de los convencionales y de mantener las normas vigentes hasta ese momento. La adecuación que se hizo para incorporar tal párrafo, tuvo en miras evitar que un partido que tenga la mayoría de diputados pueda imponer "un sistema electoral" en particular. Nada se modificó de las bases que impone la Constitución en esta materia. Es decir, el espíritu con el que se incorporó la mayoría agravada no se vincula, en este caso, con el principio o base del inciso 4 del art. 256 C.P.

-- En efecto, de los fundamentos del convencional L., al tratarse el Régimen Electoral se puede leer: ". En este tema que resulta de fundamental importancia para la convivencia democrática del pueblo de la Provincia del Chubut, hemos acordado unánimemente el mantenimiento de las actuales normas previstas por la Constitución Provincial con alguna adecuación. Dada la relevancia de lo tratado, es que hemos creído conveniente agregar un párrafo final al actual artículo 247° - error de tipeo debió decir 237 - de la Constitución.. Entiendo que no deben quedar en el texto constitucional expresados sistemas electorales, pero ratificando nuestra oposición a aquellos que impliquen transferencias de votos, como la denominada "Ley de Lemas", es que hemos previsto que las leyes electorales deben dictarse con el apoyo de las tres cuartas partes de los miembros de la Legislatura, de manera tal que un partido político que detente la mayoría de los diputados no pueda unilateralmente imponer un sistema, que como el mencionado, resultó sumamente perjudicial para el funcionamiento de las instituciones chubutenses." (Cfr. Diario de Sesiones- H. Convención Constituyente; Reunión N° 13, 4 de octubre de 1994, págs. 583/584).--- -- 4.- Por último, y más allá de la suerte adversa que -a mi entender- corre esta acción de inconstitucionalidad, no puedo desconocer -en tanto es una realidad de nuestra Provincia-, que ni bajo la vigencia de la Constitución Provincial del año 1957, y de lo que lleva la actual Constitución, -reformada en el año 1994-, -hablo de más de cincuenta años-, nuestro Poder Legislativo no ha dado cumplimiento a la manda constitucional que contiene el Art. 256, cual es, el dictado de una ley electoral uniforme para toda la Provincia.--- -- Ello, consolidaría nuestro Estado de Derecho. Y si bien, como Juez de esta Corte, no es mi cometido crear normas legislativas ni ejercer el poder político o discrecional e incluso creativo para satisfacer los intereses sociales; -como pretende en este caso la U.C.R. que sea el Poder Judicial el que fije una fecha eleccionaria conforme al Cód. Elec. Nac. (fs. 48, punto 4° del petitorio), considero desde el rol institucional que debe cumplir este Superior Tribunal de Justicia, que es de vital importancia que nuestra provincia cuente con una ley electoral. Hay omisión legislativa y tal pasividad no es buena. Puede entrañar facetas negativas, tales como inseguridad jurídica, desorganización y conflictividad, en aspectos tan esenciales como son los mecanismos fundamentales del sistema democrático.- -- Es por ello que entiendo prudente requerir a nuestra Honorable Legislatura que con la celeridad del caso, se disponga al cumplimiento del mandato constitucional contenido en la norma citada, ello para evitar los sobresaltos institucionales que reclamos como los que nos ocupa concitan y repercuten en la sociedad toda. Así lo dejo propuesto al Acuerdo.

-- Sin el análisis exhaustivo que provoca esta ausencia normativa y su consecuente vacío legal, no pueden interpretarse las demás normas constitucionales en la materia y muy especialmente las limitaciones al Poder Ejecutivo contenidas -en materia electoral- en el Art. 156 de la Constitución Provincial, pues esta última al tiempo que es un conjunto armónico de normas, presupone el cumplimiento por parte del legislador de las mandas que ella misma dispone, bajo las formas y mayorías exigidas. Mayoría que por cierto -en el caso- nos está indicando de una manera muy clara, la preexistencia de un consenso entre todas las fuerzas políticas que componen la representación popular de la provincia.- -- Empero el vacío legal no puede impedir las facultades de convocatoria que le asiste al Poder Ejecutivo a los fines de posibilitar la renovación de autoridades. Su incumplimiento significaría una violación al Art. 1 de la Constitución Provincial e implicaría una causal de intervención federal prevista en el Art. 6 del ordenamiento nacional por no haberse garantizado la forma republicana de gobierno. Para el cumplimiento de este interés superior torna razonable la aplicación de un instrumento legislativo supletorio, que no tendrá más alcance que el cumplimiento de dicho acto eleccionario y nunca como adopción de una legislación para el futuro, pues esto sí le estaría vedado al poder convocante.

-- Si bien la facultad de convocar a elecciones no surge de manera expresa, sí está indicada para los casos previstos en el Art. 151, de manera que ésta disposición que pone en cabeza de quien ejerza el Poder Ejecutivo la convocatoria a elecciones, debe ser conjugada y armonizada con el resto del espectro normativo constitucional, partiendo del Preámbulo de nuestra constitución como fuente interpretativa y de orientación para fijar el alcance de sus disposiciones, como así también lo dispuesto en el Art. 5 y 128 de la Constitución Nacional.- -- Discurro, por ello, en que el Poder Ejecutivo con el dictado del Decreto que convoca a elecciones provinciales indicando una fecha determinada, no hizo más que ejercer una opción prevista constitucionalmente que le permite apartarse de la simultaneidad con la Nación. --- -- El órgano ejecutivo de esta provincia ha dictado un decreto que convoca a elecciones de cargos provinciales haciendo de la Constitución Provincial -ante la ausencia legislativa- una interpretación flexible pero armónica y respetuosa con los principios o bases que ella estatuye en materia electoral, que a mi juicio- tienen plena operatividad.

-- Las bases enunciadas en el Art. 256 de la Const. Provincial son los pilares inmodificables en los que sustenta la provincia su régimen electoral y a las que se deberá ajustar la legislación que en un futuro se dictare. Por lo tanto, se deben aplicar y respetar en el marco de las propias limitaciones que cada uno de ellos impone, siempre en aras de un interés superior como lo es el bien común.

-- En esta inteligencia -agrego para terminar- que aún cuando existiera una ley electoral provincial -redactada a luz de tales principios- siempre va a estar en la esfera propia del poder convocante, la evaluación de la conveniencia de hacerlo en elecciones de forma simultánea o separada con la Nación. ASÍ LO VOTO.

-- A la misma primera cuestión el Dr. PASUTTI dijo: - -- 1.- Previo a analizar las cuestiones debatidas en la presente litis, he de señalar que dado el trámite impreso a la causa, esto es, de proceso sumarísimo, toda la prueba de las que las partes intenten valerse deben ser incorporadas y ofrecidas en la oportunidad prevista por los arts. 502 y 490 de la Ley XIII N° 5 (antes arts. 498 y 486 del C.P.C.C.), inclusive la documental, por remisión efectuada al art. 336 (antes art. 333 del código de rito). Pese a ello, es dable advertir que la documentación agregada a fs. 205 por la actora no resulta extemporánea, pues lo ha sido en el marco del traslado conferido por el Tribunal del planteo de excepciones efectuado por la accionada. Ello, por cuanto el art. 353 de la aludida Ley (antes art. 350 CPCC) prevé que del escrito en que se oponen excepciones y de la prueba instrumental que se agrega se dará traslado al actor, para que cumpla idéntico requisito. La sustanciación deviene del principio de bilateralidad establecido en el artículo, y el actor tiene la carga de contestarlo, acompañar la prueba documental y ofrecer la restante. El marco procesal para la incorporación de la prueba obrante a fs. 205 ha sido el adecuado y temporáneo por lo que no puede ser objeto de algún reproche que involucre o derive en la inadmisibilidad de la misma.- -- Concluyo de lo expuesto que en oportunidad de resolver las cuestiones traídas al proceso por las partes, tendré en cuenta dicha documental, por haber sido agregada en tiempo y forma. --- -- 1.1.- También prevengo que no he de considerar las alegaciones traídas en forma extemporánea por la demandada, en oportunidad de presentar el escrito titulado "CONTESTA TRASLADO. SE OPONE. SOLICITA" (fs. 216/219 vta.), en tanto en el punto III del mismo pretende introducir una cuestión nueva en forma tardía -aunque la invoque en carácter subsidiario-, al ser alegada cuando ya quedó definitivamente establecida, en ocasión de efectivizar la contestación de la acción, la cuestión propuesta a resolución del Tribunal. Fue en aquella etapa procesal -de responde de demanda- en que ha quedado fijado el límite de la jurisdicción. Ergo, una vez realizado el mismo no puede el accionado hacer valer ni en actos procesales posteriores a la contestación ni en la instancia superior (por vía de impugnación) hechos impeditivos, extintivos o modificatorios que no haya hecho valer al momento de esgrimir su defensa. (conf. HIGHTON - AREÁN, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Ed. Hammurabi, Tomo 7, págs. 5/6). - -- 1.2.- Por último, ante la afirmación que hace la accionada relativa a que la cuestión involucrada en la litis se trataría de aquellas políticas no justiciables, creo necesario recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido desde antaño que "la petición de un derecho de contenido político es tan "justiciable" cuanto la de un derecho de cualquier otro contenido cuando están en juego derechos amparados constitucionalmente. La posición contraria, deja sin defensa derechos fundamentales que hacen a la esencia del sistema representativo, republicano y federal, cuya vigencia dispuso la Convención Constituyente como base de la organización del país, y que, por eso mismo, inclusive trascienden categóricamente al interés particular de las agrupaciones políticas para comprender las bases mismas del aludido sistema" (CSJN, Fallos 256:114). También ha dicho que "la pretensión esgrimida en el ámbito electoral, sin tener naturaleza distinta de la que se formula en cualquier otro proceso, goza -por su propia índole- de peculiaridades que exigen un cumplimiento estricto de lo que se podría denominar el "debido proceso electoral", como una garantía innominada de la representación política o de los derechos electorales que sirven de fundamento jurídico de la democracia representativa. (CSJN, Fallos 326:4468). Es por ello que entiendo que el Tribunal se encuentra habilitado para proceder al análisis de la acción entablada, tanto en los aspectos procesales introducidos como en el fondo de la litis, si se sortearan los primeros señalados. --- -- 2.- Abordo ahora las cuestiones propuestas al Pleno. El Señor Gobernador de la Provincia del Chubut emitió el 17 de mayo del corriente año, el Decreto N° 630/2010 (B.O. del 26/05/2010, N° 10.989), por el que convoca a elecciones en el territorio provincial para las categorías de Gobernador y Vicegobernador; Diputados Provinciales y representantes populares ante el Consejo de la Magistratura por las Circunscripciones Judiciales de Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn y Sarmiento (art. 1). En el mismo acto dispone, entre otros, que la elección de las autoridades provinciales se realizará con sujeción al Código Electoral Nacional, Ley N° 19.945 (t.o. Decreto N° 2135/83), con las modificaciones introducidas por las Leyes Nros. 23.247, 23.476, 24.012, 24.444, 25.658 y 25.983, en cuanto no se opongan a la Constitución Provincial y a las leyes provinciales (art. 3).- -- 3.- El acto de convocatoria a elecciones es cuestionado ante esta instancia originaria por la Unión Cívica Radical, Distrito Chubut, que concurre a la jurisdicción tras invocar una doble legitimación activa: en calidad de partido político afectado y como gestor de derechos de incidencia colectiva. - -- Dicho carácter es discutido por la representación letrada de la Provincia del Chubut, ejercida, por imperio constitucional, por la Fiscalía de Estado, en tanto entiende que quien se presenta a la litis en calidad de Presidente del Comité Central Provincial de la Unión Cívica Radical, Distrito Chubut, no cuenta con la representación suficiente que invoca, en tanto no acreditó encontrarse facultado expresamente por la autoridad superior del partido, es decir, según sus términos, la Honorable Convención Provincial de dicho partido político. Razona por lo tanto que existe falta de acción, pues sostiene que no consta mandato partidario para actuar como lo hiciera el Presidente del Comité Central Provincial. Acusa también la inexistencia de "caso" por carecer la actora de una "lesión actual", de un "interés especial" o "directo", "concreto". Cuestiona de igual modo que la accionante se arrogue legitimación para representar derechos de incidencia colectiva.- -- 4.- Para comenzar a desbrozar las cuestiones que en orden preliminar requieren tratamiento, empezaré por atender las expresiones de la demandada en tanto plantea que la falta de personería que acusa en relación al Presidente del Comité Central Provincial de la Unión Cívica Radical, Distrito Chubut se configura, además, como "falta de acción".-- -- La falta de personería contemplada como excepción en el art. 350 inc. 2 de la Ley XII N° 5 (antes 347 inc. 2 del C.P.C.C.), se funda en dos causales, consistentes la primera en la falta de capacidad civil de las partes para estar en juicio; y la segunda en la falta o defecto en la representación invocada por quienes se presentan en el proceso en nombre de aquéllas. En cambio, como se expuso en la SD N° 07/SCA/07, la "falta de acción" refiere a los supuestos en que la insuficiencia del derecho invocado, o la improcedencia de la acción en cuanto al fondo por la falta de correspondencia absoluta de la situación en la relación jurídica controvertida, aparece manifiesta en la demanda, a tal extremo que permite su rechazo, sea "in límine" o en la etapa final del proceso, pero sin entrar a considerar otros argumentos (Conf. MAIRAL - Control Judicial de la Adm. Púb. Tomo I, pág. 141/142).

-- Digo esto, pues ante la evidente confusión entre presupuesto y condición para el ejercicio de la acción que en el planteo trae la accionada, es necesario dejar establecido que la excepción de falta de personería, no debe ser asimilada con la perentoria de falta de acción, que se refiere al fondo del asunto, en tanto aquélla sólo afecta su forma. (Conf. SCJ Mendoza, elDial.com MZ20BA). -- Por lo señalado, la excepción que seguidamente analizo refiere y queda circunscripta, pura y exclusivamente, a la carencia de la representación legal invocada por quien se presenta en tal carácter en este proceso.-- -- La representación del Estado Provincial ha afirmado la ausencia de atribuciones del Presidente del Comité Central de la Unión Cívica Radical Distrito Chubut para incoar la acción, puesto que las atribuye en cabeza del Presidente de la Honorable Convención partidaria y de la Asamblea partidaria. Por otro lado, el Sr. Procurador General de la Provincia, en dictamen N° 69/10 encuentra que por aplicación del artículo 28 de la Carta Orgánica partidaria provincial se ha producido la caducidad del mandato como Presidente del Comité Central provincial otorgado al Sr. M. J. C..

-- Entiendo aquí que el tratamiento de ambos planteos resulta sobreabundante, e ineficaz a los fines impedir que se prosiga con el análisis de las restantes cuestiones introducidas, ya que eventualmente la resolución que se dictare -de hacer lugar a la excepción de falta de personería- no provocaría el rechazo de la demanda sino la fijación de un plazo durante el cual la parte vencida en el incidente debería subsanar el defecto de su personería, bajo apercibimiento de tenérsela por desistida del proceso (art. 357 inc. 4 de la Ley XIII N° V; antes art. 354 inc 4 del C.P.C.C. y último apartado).- -- Así, se ha resuelto "La omisión o la insuficiencia de la personería constituye la inobservancia de una exigencia formal, cuyo incumplimiento no puede ocasionar la devolución del escrito, ni por ende, la caducidad del derecho que se ha pretendido ejercitar con esa deficiente presentación, mientras no medie una intimación destinada a obtener el cumplimiento de ese recaudo procesal sin resultado positivo" (CNFed. Civ. y Com., Sala III, 18-11-97, elDial, AFBB5, Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación, HIGHTON - AREÁN, Tomo 6, Ed. Hammurabi, año 2006, pág. 744).

-- Sin perjuicio de lo expuesto, ninguno de tales planteos habrán de prosperar, pues al instar la jurisdicción el presentante acompañó certificación expedida por la Secretaría Electoral Nacional del Juzgado Federal Electoral de Primera Instancia de Rawson, donde consta que la misma se expide a solicitud del Sr. Apoderado partidario (fs. 33). De ello da cuenta nuevamente la certificación de fs. 205, por lo que tengo por acreditada la calidad de Apoderado Partidario del presentante respecto de la Unión Cívica Radical, Distrito Chubut. Por consiguiente, en dicho carácter entiendo que puede válidamente poner en movimiento la jurisdicción en pos de la preservación de derechos cuya afectación denuncie en representación del partido, ya que la misma no compromete la existencia del partido político, sino que más bien se limita a ejercitar sus eventuales derechos políticos (conf. CS Tucumán, Unión Cívica Radical c. Provincia de Tucumán, ED. T. 136, pág. 309). Así lo ha entendido este Tribunal cuando a fs. 55 se ha dictado providencia teniéndolo por presentado, en el carácter invocado. ASÍ LO VOTO.--- -- 5.- Superado aquél obstáculo corresponde ahora analizar el cuestionamiento referido a la ausencia de legitimación activa en la actora.

- -- 5.1.- En este punto, cabe señalar que la legitimación procesal o legitimación en la causa es la consideración especial en que tiene la ley, dentro de cada proceso, a las personas que se hallan en una determinada relación con el objeto de litigio y, en virtud de la cual exige, para que la pretensión procesal pueda ser examinada en cuanto al fondo, que sean dichas personas las que figuren como partes en el mismo (FASSI-MAURINO, CPCCiv. y Com. anot. y conc. T° 3, pág. 247, comentario al art. 347 inc. 3; SI N° 9/SCA/09 "Griffiths..."; SI 39/SCA/09 "Asociación Provincial de Empleados Legislativos"...).-- -- Como explica Carlos VALLEFIN, con cita de Piero CALAMANDREI, Instituciones de derecho procesal civil, vol. I, trad. de Santiago Sentís Melendo, EJEA, Buenos Aires, 1962, ps. 262 y 263, "el juez, para aceptar la demanda no puede contentarse con adquirir la certeza de la existencia objetiva real de una relación concreta entre el hecho específico afirmado y la norma jurídica invocada, sino que debe, además, exigir que la persona que pide la providencia, y aquella respecto de la cual se pide, se encuentren respecto de aquel hecho específico en una tal situación individual que les haga aparecer como especialmente cualificados para afirmar y contradecir respecto de la materia" (La Legitimación en las Acciones de Interés Público, Ed. LexiNexis, pág. 47).- -- La legitimación para obrar configura un elemento sustancial de la litis, cuya ausencia impide que la sentencia resuelva sobre el fondo de la litis. Se distingue de la falta de personería antes resuelta por cuanto, conforme lo precisó COUTURE la legitimatio ad causam es la condición jurídica en que se halla una persona con relación al derecho que invoca en el juicio, ya sea en razón de su titularidad o de otras circunstancias que justifican su pretensión; legitimatio ad processum es, en cambio, la aptitud o idoneidad para actuar en un proceso, en el ejercicio de un derecho propio o en representación de otro. Aquélla se vincula directamente con la titularidad del derecho sustancial que se pretende ejercitar, la calidad de titular de la pretensión; en esta última, por su parte, está en consideración tan sólo la capacidad del sujeto para actuar en el propio nombre o la aptitud del representante para hacerlo por otro, sin que se controvierta la pertenencia de la pretensión. Concepto que no cabe confundir, por otro lado, con la falta de interés o la llamada "necesidad de tutela jurídica", que no es impedimento o condición de admisibilidad procesal, sino el presupuesto de una sentencia sobre el mérito de la causa que sea favorable al accionante. (Vocabulario jurídico, pp. 391-392. Conf.: COLOMBO, Código procesal..., v. III, p. 233; cit. por Morello y otros, Cód. Proc. en lo Civil y Com. de la Pcia. de Bs. As. y de la Nación, Tomo IV-B, pág. 218).-- -- 5.2.- En este orden, tengo por acreditada la legitimación activa de la actora como partido político nacional con actuación en el ámbito provincial. Ella deviene del reconocimiento que desde el rango constitucional la reforma de la Carta Magna Nacional efectuada en el año 1994 ha otorgado a los partidos políticos, al caracterizarlos como "instituciones fundamentales del sistema democrático" (art. 38).

-- Sobre ellos se ha dicho que revisten la condición de auxiliares del Estado y son organizaciones de derecho público no estatal, necesarias para el desenvolvimiento de la democracia y - por lo tanto- instrumentos de gobierno, cuya institucionalización genera vínculos y efectos jurídicos entre los miembros de la agrupación y entre éstos y la asociación (cf. Fallos 310:819; 312:2192; 315:380; 316:1673; 319:1645, y 326:576 y 1778, entre otros). Condicionan los aspectos más íntimos de la vida política nacional e incluso la acción de los poderes gubernamentales, razón por la cual, al reglamentarlos, el Estado cuida una de las piezas principales y más sensibles de su complejo mecanismo vital (cf. Fallos 310:819; 316:1673; 319:2700 -voto del juez Fayt-; 326:576 y 329:187, del dictamen del Procurador General al que remitió la Corte Suprema) (CNE Fallo Nº 3847/2007, del 25 de septiembre de 2007).

-- Como tales, la propia norma constitucional les garantiza su organización y funcionamiento democráticos, la representación de las minorías, la competencia para la postulación de candidatos a cargos públicos electivos, el acceso a la información pública y la difusión de sus ideas. (art. 38). Por lo señalado, gozan de legitimación suficiente para promover las acciones que entiendan necesarias para el resguardo aquellos derechos consagrados y enunciados supra.--- -- 5.3.- Ya desde el ámbito propio de la acción declarativa, Guillermo ENDERLE refiere que este concepto legitimante se halla estrechamente vinculado al de interés, en orden a la particular naturaleza del objeto de la pretensión. De este modo -señala el autor- posee legitimación activa aquél que afirma ser titular de un interés concreto. (La pretensión meramente declarativa, Ed. Platense, 2da. ed., pág. 112).- -- Lo dicho se vincula con el requisito establecido en el art. 325 de la Ley XIII - N° 5 (antes art. 322 del C.P.C.C.) -marco procesal por el que tramita la acción, conforme se señalara en S.I. N° 12/10, obrante a fs. 59/64 vta.- en tanto se requiere que la falta de certeza pueda producir un perjuicio o lesión actual al actor.- -- Conforme señaló el Tribunal en SD Nº 19/95 "el control de constitucionalidad en la Argentina -de carácter difuso- presenta una variada gama de posibilitadas vías o mecanismos, que parte desde su planteamiento en los procesos ordinarios (como acción o excepción - título o defensa), atravesando por acciones especiales (mandamientos de ejecución y prohibición, réplicas) y recursos también especiales (de inconstitucionalidad en Provincias, Extraordinario Federal), todo lo que ha dado en condenarse bajo la nominación metodológica de "procesos constitucionales". Y glosaba en relación a los caracteres comunes que pueden presentar estas vías, ". cuestión regida por la Constitución, planteada por las partes, en causa concreta, en presencia de daño -fuere éste previsto o acaecido- cada proceso constitucional se encuentra normativamente previsto, aunque no necesariamente regulado..." (Voto del Dr. Martín).

-- En S.D. N° 06/SROE/06 expresé que esto ocurre en nuestra Provincia, con la denominada Acción Declarativa de Inconstitucionalidad prevista como de competencia originaria y exclusiva de este Superior Tribunal en el art. 179° inc. 1.1 de la Constitución desde 1994, ya antes admitida en el art. 32º inc. 2 de la Ley 37º -aunque nunca regulada adjetivamente, que Miguel ORTIZ PELLEGRINI ha definido como aquella que ".tiene por función esencial la de ser el canal a través del cual los habitantes pueden hacer reconocer sus derechos y garantías constitucionales que estiman podrían ser vulnerados por alguna ley, decreto, reglamento, resolución, cartas orgánicas y ordenanzas municipales, sobre materia regida por dicha Carta Magna y se controvierta en caso concreto por parte interesada.- (Conc. "El Control de Constitucionalidad por el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba" - Marcos Lerner Editora Córdoba - pág. 261).-- -- Además, se indicó en la citada S.D. 25/95 que aquella señalada ausencia de regulación, indujo al Cuerpo auxiliado por la hermenéutica de las Cortes -Nacionales y Provinciales- y la doctrina, a discernir su naturaleza (ordinaria, especial, excepcional), sus caracteres, precisar sus alcances y las condiciones de acceso a su ejercicio, estableciendo en ese marco que debe ajustarse a los recaudos procesales previstos en el art. 322º del CPCC para las Acciones Declarativas en general, caracterizándola como un poder autónomo para excitar la jurisdicción de este Superior Tribunal de Justicia, de naturaleza preventiva y subsidiaria, aclarando que no se trata de habilitar un control "puro" de inconstitucionalidad, sino que debe corresponder a un "caso" concreto, con suficiente legitimación activa del pretensor. En cuanto al recaudo de la existencia de un caso concreto, se dijo que este importa la necesidad de que exista una cuestión real, sustancial y actual, que afecte al demandante, descartándose del concepto las cuestiones teóricas o abstractas, o cuando no exista un hecho justificante de la pretensión jurídica incoada, o sin la existencia de un caso concreto que demande tutela judicial. (SD 25/95).

-- El interés consiste en una situación de hecho tal, que el actor, sin la declaración de certeza, sufriría un daño, de modo que la declaración judicial se presenta como el medio necesario para evitar ese daño (Cám. Nac. Cont. Adm. Fed., Sala V, "Compañía Gral. Fabril Financiera S.A. c/ D.G.I. s/ proceso de conocimiento", causa N° 24.993/95, del 14/02/96). La ausencia de este recaudo impide considerar que el sujeto activo posea interés suficiente para deducir la acción, y desde ya que no lo es si se invoca un mero interés moral o científico. -- En SI N° 81/SCA/02 se expresó que "si falta el daño en el que radica el interés presupuesto de cualquier demanda, los jueces no están facultados a intervenir, porque acarrean una verdadera falta de jurisdicción: "la existencia o inexistencia de interés en la actividad jurisdiccional, puede y debe ser examinada por los jueces aunque no se haya suscitado cuestión al respecto, porque en el supuesto de inexistencia de interés del reclamante, la admisión de pretensión importaría una declaración abstracta y los jueces no pueden hacer declaraciones abstractas" (CN Civ., sala D, Oct.6-10-89; LL 1990-B-143). Consecuentemente, el estado de incertidumbre que fundamenta la Acción Declarativa debe derivar de "circunstancias de hecho que, objetivamente apreciadas revistan suficiente aptitud para provocar un daño.- Si falta ello, el sujeto carecería de interés para deducirla" (CN Civ., Sala E, 25-4-85; ED 115-686). Ya que "la incertidumbre sobre la existencia de una relación jurídica no es suficiente para obtener la decisión judicial pretendida, pues deben darse todos los presupuestos de hecho que marca el art. 322 del Código Procesal, lo que no ocurriría si no resultara nítida en el caso la existencia de un perjuicio o lesión actual, atento que en este supuesto, como en cualquier otro la jurisdicción no debe formular declaración abstracta" (CN Civ., sala F, agosto 19-1983-ED 126-146; Ana María MOLAS, "Acción Declarativa de Mera Certeza", ED 128-199).

-- Ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que no es necesario probar en este tipo de acciones los hechos concurrentes a la existencia o no del derecho, sino los que en concreto dan nacimiento al interés para plantear el pedido de declaración de certeza (CS, octubre 20-1983, Bridas, S.A. c. Neuquén, provincia del). Este Tribunal ha expresado que "este requisito de potencialidad dañosa, se constituye en una condición de procedibilidad de la Acción Declarativa -autónoma- de Inconstitucionalidad (S.D. Nº 19/95), de aquéllas que el juez debe verificar aún de oficio, de conformidad con el art. 337 C.P.C.C." (S.I. N°44/SCA/97, 58/SCA/02 , 24/SCA/09).

- -- Este recaudo al que hago referencia ha sido soslayado indebidamente por la actora, que lejos ha estado de acreditar el interés jurídico para accionar, pues sólo ha efectuado alegaciones genéricas referidas a la "lesión al derecho - deber de asegurar la competencia electoral interna para la postulación de cargos públicos electivos", "lesión del derecho a designar candidatos y participar en la contienda electoral", y "lesión del derecho constitucional a difundir sus plataformas y propuestas". Pero lo contundente, a mi criterio, y más comprometedor aún para las eventuales expectativas de la accionante en el resultado del pleito, está dado por la documental adjuntada por la Provincia demandada a fs. 152/156, expresamente reconocida por la actora a fs. 213 vta., la que da cuenta de distintas opiniones de dirigentes de la Unión Cívica Radical que reconocen la existencia de un proceso de elecciones internas partidarias a realizarse en el año en curso. También, y no menos trascendente, son las manifestaciones que constan a fs. 155, formuladas antes de la emisión del Decreto N° 630/2010 por el Sr. Presidente de la Convención Provincial, por las que refiere que el adelantamiento de las elecciones "era una de las alternativas que estaba manejando el partido con anterioridad", y que "Todos los partidos tendrán que adaptarse inevitablemente a la normativa que dicte este Poder Ejecutivo provincial, apretando un poco más la elaboración de las plataformas". Añado también que de las declaraciones del Diputado Provincial por el PACH, R. G. no surge que dicho partido pudiera sentirse afectado con el dictado del acto en cuestión. Digo esto pues, también debo señalar, no advierto que los restantes partidos políticos que actúan en el ámbito provincial hubieran expresado su fundada oposición a la fecha de elecciones establecida por el Poder Ejecutivo Provincial.

-- Concluyo por ello que no sólo que la actora no ha probado perjuicios concretos y directos sino que, de las probanzas descriptas surge que indudablemente dicho perjuicio es inexistente, pues no encuentro que con el dictado del Decreto N° 630/2010, efectuado con nada menos que diez (10) meses de anticipación a la fecha electoral establecida, se le cercene derecho alguno a participar en la contienda electoral, o que se impida la misma. -- Ausente la acreditación del perjuicio que habilitaría el análisis de la cuestión debatida, cualquier pronunciamiento que pudiera dictarse lo sería en un marco meramente teórico, al margen del recaudo que indefectiblemente se exige en cualquier tipo de declaración judicial, esto es, la existencia de un "caso" o "controversia judicial". Así, ha dicho el Alto Tribunal en Fallos 310:2342 que en el caso "se ejerció improcedentemente un control de constitucionalidad sin que se diera el esencial requisito de la existencia de un "caso" o "controversia" judicial... condición imprescindible para su ejercicio" recordando que "el fin y las consecuencias del control encomendado a la justicia sobre las actividades legislativas y ejecutivas, requiere que esta exigencia sea observada rigurosamente para la preservación del principio de división de poderes.- Y así lo mantiene en muchos otros decisorios (Fallos - 316:2855, 322:1253).

-- 5.4.- Por último, en cuanto a la anunciada legitimación para accionar en defensa de derechos de orden colectivo, o de derechos públicos subjetivos o derechos de incidencia colectiva contemplados en la Carta Orgánica de la Unión Cívica Radical, con sustento en los artículos 43 de la Constitución Nacional y 57 de la Constitución Provincial, he de señalar que tampoco corresponde analizar si las normas constitucionales invocadas admiten la legitimación respecto del amplio espectro de personas físicas y jurídicas que, según alega la actora- se habrían visto perjudicadas (electores en general, electores que cumplen 18 años de edad entre el 21 de marzo y el 31 de octubre de 2001, afiliados a partidos políticos en general, afiliados propios, etc...). Vuelvo aquí a reiterar que la particular naturaleza de la acción intentada en este proceso impide al Tribunal prescindir de la exigencia del recaudo de la existencia de un interés "especial" o "directo", "inmediato" "concreto" o "sustancial" que permita tener por configurado un caso contencioso (Fallos: 322:528; 324:2048, causa "T., Enrique c/ E.N.A. s/ amparo" -CSJN- 15/06/2010).

-- Por lo expuesto, soy de opinión que la demanda debe ser rechazada, y ASÍ LO VOTO.

-- 6.- "Obiter dictum", creo necesario señalar, sin que ello implique violar el principio de congruencia -dicho ello en la inteligencia que no procede analizar el fondo de la cuestión por ausencia de los recaudos habilitantes de la acción- que el sub- lite deja al descubierto que el Poder Legislativo provincial luego de dieciséis años de la última reforma constitucional aún le debe a la ciudadanía en general y a las organizaciones políticas el dictado de una ley electoral correspondiente a las características propias de nuestra provincia, y con ello consagrar en forma definitiva un régimen autónomo en dicha materia, tal como lo dispone el art. 256 de la Constitución Provincial, donde deben estar legisladas pormenorizadamente las cuestiones que motivan el litigio.-- -- La Constitución exige una mayoría de ó partes para la sanción de la Ley, lo que requiere un acuerdo entre las fuerzas políticas representadas en la Legislatura. La morosidad es evidente, pero no es imposible hacerlo y de tal forma se evitaría judicializar cuestiones que merecen solución en otro ámbito.

-- A la misma primera cuestión el Dr. ROYER dijo: --- -- I.- Los Ministros que me precedieron en el voto han realizado una adecuada referencia a las constancias de la causa, por lo que me permito remitirme a ellas a fin de no fatigar con reiteraciones innecesarias. Por ello, me adentro en las cuestiones que han sido propuestas al Acuerdo, con la advertencia que, tal como lo afirmó el Ministro PASUTTI, encuentro que la documental agregada a fs. 205 por la actora lo ha sido en debido término pues no debe desconocerse que lo hizo en el marco del ejercicio de su derecho de defensa frente a la oposición de la excepción de falta de personería realizada por la demandada, y con arreglo a la tramitación que de la misma dispuso el Tribunal. Demás está decir que en el proceso sumarísimo no se admiten excepciones de previo y especial pronunciamiento, pero opuestas las mismas, deben ser resueltas por el Tribunal en la sentencia definitiva que se dicte. Así, señala Enrique M. FALCÓN, que opuestas las excepciones, de las mismas se da traslado al actor, quien tiene la carga de contestarlo, acompañando la prueba documental y ofreciendo la restante. (Cód. Proc. Civil y Com. de la Nación, Tomo III, pág. 65). En idéntico sentido, se sostuvo que el traslado de la excepción tiene como objeto garantizar en tiempo oportuno el ejercicio del derecho de defensa posibilitando al actor conocer y argumentar respecto a cuestiones que, introducidas al contestar la demanda, se resuelven en sentencia definitiva sin que medie otra intervención legalmente prevista al efecto; esencialmente cuando esas cuestiones se refieren a la existencia de presupuestos procesales que, juzgados ausentes, impiden el conocimiento y decisión de la pretensión (SCBA, 28/12/87, DJBA, 134-1987-166).

-- II.- Concuerdo también con la aclaración que formula el Ministro que me precede en el voto, en el punto 1.2, relacionado con la procedencia de la revisión y justiciabilidad de los actos políticos de gobierno. Traigo a colación aquí lo acotado por Segundo V. LINARES QUINTANA: "La no justiciabilidad de las cuestiones políticas no debe dar lugar a equívocos. Lo que escapa a la competencia del Poder Judicial, es exclusivamente la revisión del juicio de valor de substancia política, pero en manera alguna las proyecciones del acto político sobre los derechos constitucionales, cuyo amparo es misión específica de los tribunales de Justicia". Y sigue: "Como señala Ghigliani, " si bien esos actos (políticos) están sometidos únicamente al control político, y no existe medio frente a ellos para impulsar la actividad jurisdiccional, si alguien impugna su validez porque lesionan directamente un derecho individual, pueden entonces los jueces examinar su constitucionalidad en la misma medida que con respecto a cualquier otro acto no producido en ejercicio de la función política o de gobierno, y decidir en el caso. (Derecho Constitucional e Instituciones Políticas, Ed. Abeledo - Perrot, año 1970, pág. 632).

-- En S.I. N° 03/SROE/08 la mayoría del Pleno del Tribunal señaló que "La amplia gama de las denominadas cuestiones políticas o no judiciables reconocidas judicialmente desde antaño, van acotando sus ámbitos originarios ante el prudente, lento, pero progresivo avance del control jurisdiccional que, es bueno destacar, no siempre procederá, pues debemos reconocer que existen circunstancias que verdaderamente hacen excepción al control judicial y ante las cuales deberá detener su acción y abstenerse de juzgar por tratarse realmente de cuestiones no judiciables, cuya existencia no puede desconocerse. En esta eminente función moderadora en el sistema político, el Poder Judicial deberá asumir una posición correcta que no le permita resignar su eminente función del control de constitucionalidad, pero tampoco excederse a punto de constituirse en el supremo órgano de control de todas las actividades estatales" (HARO, Ricardo, "El control Constitucional", Ed. Zavalía, año 2.003, pág. 127).- -- Resulta clara entonces, la facultad del Poder Judicial para adentrarse en el análisis de los actos de gobierno que fueren cuestionados por parte interesada, pero siempre requiriendo la presencia del presupuesto de la controversia judicial exigido por la Corte en autos "Polino y otro" (Fallos: 317:335), al decir que "La atribución de declarar la invalidez constitucional de actos de otros poderes reconocida, ha sido equilibrada poniendo como límite infranqueable la necesidad de un caso concreto en el que se persigue la determinación de derechos debatidos entre partes adversas, cuya titularidad alegan quienes los demandan. Esto es así, dado que el fin y las consecuencias del control encomendado a la justicia sobre las actividades ejecutivas y legislativas, requiere que este requisito de "un caso" o controversia judicial sea observado rigurosamente para la preservación del principio de la división de poderes". -- III.1.-)LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONERÍA. Viene a cuestionar ante esta instancia originaria la Unión Cívica Radical, Distrito Chubut el Decreto de convocatoria a elecciones provinciales emanado del Poder Ejecutivo Provincial, N° 630/2010. La acción es articulada por el Sr. M. J. C., quien manifiesta hacerlo en su carácter de Presidente del Comité Central Provincial, Distrito Chubut, del aludido partido, y para acreditar lo expuesto aneja certificado expedido por el Juzgado Federal Electoral de Primera Instancia de Rawson (fs. 33), mediante el cual la Sra. Secretaria Electoral Nacional certifica su calidad de tal. Añade dicha funcionaria judicial que la misma es expedida a solicitud del Sr. Apoderado partidario. A posteriori, a fs. 205, en oportunidad de contestar el traslado de la excepción ordenado a fs. 204, agrega la actora nueva certificación emanada de la misma Secretaría Electoral, por la que consta que el presentante, M. J. C. figura en los registros de dicho juzgado como Apoderado Partidario.

- -- La falta de personería (legitimatio ad processum) constituye una excepción dilatoria, un impedimento procesal que delata la insuficiencia de la representación invocada por quien comparece a juicio por un derecho que no sea propio. Es decir que se cuestiona un requisito subjetivo referente a la postulación procesal. (Morello y otros, Cód. Proc. en lo Civil y Com. de la Pcia. de Bs. As. y de la Nación, Tomo IV-B, pág. 215). A resultas de ello, su prueba es exigida para evitar que se tramite un pleito sin la real intervención de una de las partes, situación ésta que perturbaría la finalidad del proceso y la atribución de responsabilidad por los gastos causídicos (CNCiv. y Com. Fed., Sala III, 8/2/07; DE SANTO, Víctor, Las Excepciones Procesales, Ed. Universidad, año 2008, pág. 69).

Con lo que vengo de decir, teniendo en cuenta que esta excepción es esencialmente subsanable, y conforme las constancias de la causa que he reseñado a este fin precedentemente, entiendo que se ha acreditado que quien se presenta ante la jurisdicción se encuentra investido de representación suficiente -en calidad de Apoderado Partidario- para reclamar la protección de un derecho que no le es propio, sino que, en este supuesto, corresponde al partido político Unión Cívica Radical, Distrito Chubut. Dado que los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático, ante objeciones de carácter ritual en el cumplimiento de su cometido, que susciten dudas acerca del modo en que éste se habría llevado a cabo, debe prevalecer la interpretación que dé por satisfecho el recaudo controvertido (C.S.J.N., Fallos 330:4351; L.L. 18/10/2007). -- Por lo tanto, colijo que resulta improcedente analizar las cuestiones esgrimidas bajo este acápite por la accionada, por carecer de objeto y virtualidad jurídica. ASÍ LO VOTO.- -- III. 2.-) FALTA DE LEGITIMACION ACTIVA. Lo dicho me habilita a ingresar en el análisis de la siguiente cuestión propuesta al Acuerdo, relativa al acuse de falta de legitimación activa, y que por cierto no se presenta como novedosa en el Tribunal, pues, a contrario, ha recibido reiterado tratamiento. Recuerdo en este sentido que en los precedentes "CABRERA" (SD 06/SROE/06) y "SCHULTZ" (SD 04/SROE/07), referí, en orden a la admisibilidad de la pretensión, a mi voto en SD N° 25/SCA/95, cuando citando a PALACIO señalaba ... "a fin de que la pretensión procesal satisfaga el objetivo tenido en mira por quien la deduce, debe reunir dos clases de requisitos: de admisibilidad y de fundabilidad. Los primeros, posibilitan la averiguación de su contenido, y por lo tanto, la emisión de un pronunciamiento sobre el fondo del asunto sometido a la decisión del Tribunal. Los segundos, hacen al contenido de la pretensión y se dice que la misma es fundada cuando resulta apropiada para obtener una decisión favorable de quien la ha planteado. Ergo, el examen de los requisitos de admisibilidad debe ser necesariamente previo al examen de fundabilidad, y un pronunciamiento negativo sobre la existencia de los primeros, excluye, sin más, la necesidad de dictar una sentencia relativa al mérito de la pretensión"....

-- Mencioné en los fallos que vengo citando, que PALACIO despega de las teorías que consideran a la acción uno de los pilares fundamentales de toda la sistemática del proceso, trasladando a la pretensión -objeto del mismo- el estudio de los elementos, requisitos y vicisitudes, de las doctrinas tradicionales que lo aplican a la acción. En este contexto, el objeto inmediato de la pretensión es la clase de pronunciamiento que se reclama: declarativo, de condena, ejecutivo, y el objeto mediato está dado por el bien de la vida sobre el cual la pretensión debe recaer: la relación jurídica cuya existencia o inexistencia debe declararse.- -- Señalé que "... La aptitud de los sujetos referida a la materia sobre la que versa la pretensión en cada caso particular, es la legitimación para obrar o legitimación procesal, distinta y claramente diferenciable -a juicio del autor referido- de la capacidad procesal como recaudo extrínseco, que se da con generalidad.- Esta, la legitimación, se determina en el marco de las relaciones y estados jurídicos que en el proceso se controvierten. Y define este estado como "aquel requisito en cuya virtud debe mediar una coincidencia entre las personas que efectivamente actúan en el proceso y las personas a las cuales la ley habilita especialmente para pretender (legitimación activa) y para contradecir (legitimación pasiva) respecto de la materia sobre la cual el proceso versa, no sin advertir que existen casos de lo que nomina "legitimación anómala o extraordinaria" a los cuales caracteriza el hecho de que resultan habilitadas para intervenir en el proceso, como partes legítimas, personas ajenas a la relación jurídica sustancial (casos de sustitución procesal...), o bien, la legitimación -activa o pasiva- se halla atribuida a una pluralidad de personas. (Derecho Procesal Civil - Tomo I - págs. 404, 405, 413, 414, 415)".

-- Recordé también que trasladé en el fallo referido los conceptos al orden jurídico adjetivo, y siguiendo a BARRIOS de ANGELIS concluí ..."las situaciones jurídicas procesales son aquellas que contempla la ley procesal: las posiciones que frente a la norma ritual asumen los sujetos del proceso: la acción se manifiesta en la pretensión; la pretensión, no puede manifestarse sino por la acción, o por el poder de contradecir; de ese modo sólo cuando la acción se conecta con la contradicción es posible hallar el contacto de la pretensión con el demandado. ...la legitimación es una condición de la acción que consiste en la efectiva pertenencia de la situación jurídica sustancial al sujeto que se la atribuye, o en quien asume como titular".

-- En el contexto jurídico vigente en nuestro país es indiscutible afirmar que el art. 38 de la Constitución Nacional reconoce el rol fundamental que a los partidos políticos accede en el sostenimiento del sistema democrático, y que el mismo alcanza a la posibilidad de promover acciones legales en procura del resguardo de los derechos inherentes a una determinada agrupación política. Se tratan, según interpretación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y gran parte de la doctrina, de "personas de derecho público no estatal o sea, una persona jurídica emplazada en el área del derecho público" (conf. GELLI, María Angélica, Constitución de la Nación Argentina, Ed. La Ley, año 2006, pág. 418/419), naturaleza que adscribo al partido presentante en cuanto constituye ente político que actúa en el ámbito nacional y provincial. En el orden local, la Ley XII - N° 2, art. 3 (antes Ley 2126, art. 3) dispone que los partidos políticos provinciales y municipales que se reconozcan como tales, tendrán personalidad jurídico-política, y que serán además personas de derecho privado. Es por ello que entiendo que el partido político actor posee legitimación activa para actuar en protección de sus derechos que dice vulnerados.-- -- IV.- CONSTITUCIONALIDAD. Pero esta legitimación activa, entendida como facultad de formular la pretensión contenida en la demanda, de conformidad a la ley sustancial, que entiendo presente en el supuesto de autos, no es el único recaudo exigido para la admisión de la acción, tramitada por la vía del art. 179 inc. 1.1.1 de la Constitución Provincial.

-- 1.- Esta vía procesal que se impetra -Acción Declarativa de Inconstitucionalidad- de conocimiento deferido originaria y exclusivamente a este Superior Tribunal de Justicia, carece de regulación específica -como en numerosas oportunidades el Cuerpo lo ha puesto de manifiesto- en la Provincia.- Por esta razón, se ha encausado procesalmente por la senda ritual dada por el art. 322 del CPCC, siguiendo de este modo a la Corte Nacional, que ante la imprevisión normativa en el orden nacional de una vía directa y especial, la vino admitiendo pretorianamente por aquel cauce.- Los criterios del Alto Tribunal, expuestos primeramente en "Provincia de Sgo. del Estero..." - JA 1985-IV-254, "Gómer..." - ED 123/421 y "Colegio San Lucas..." - Fallos 311- 421, se sistematizan en sucesivos y reiterados pronunciamientos posteriores, y siguiendo los mismos, este Tribunal -y otros de Provincias- fueron precisando a través de los precedentes propios, los alcances y las condiciones para el ejercicio de esta acción, delineando su naturaleza, caracteres, y requisitos de acceso a la jurisdicción (Conf. SD Nº 19 y 25/95, SI Nº 14 y 65/SCA/00, 10/SCA/01, 58/SCA/02, 01/SCA/04, entre otras).- -- Se dice -y debe aceptarse- que aquellas pautas dadas por el Alto Tribunal han ido evolucionando en el tiempo.- Así es, hasta el punto que la doctrina especializada hoy llega a estimar, que la evolución jurisprudencial ha llegado al "despegue" de la "acción declarativa de certeza con control constitucional", regida específicamente por el art. 322 citado, de la "acción declarativa de inconstitucionalidad", que desbordaría aquél cauce (BIDART CAMPOS - TORICELLI- BIANCHI).- La diferencia -a juicio de los autores- estaría dada en el objeto, que en el primer caso lo configuraría la cesación de un estado de incertidumbre, y en el segundo, lisa y llanamente la declaración de inconstitucionalidad de una norma.- -- Sin embargo, repasando los sucesivos Fallos, queda claro que la Corte no ha abandonado el andarivel del mencionado art. 322, y con alguna excepción (vg. "Aguas de Formosa SA..." EDA 29/6/01), la exigencia de estos recaudos está presente, en particular la presencia de "caso judicial", causa o controversia, y monocordemente indica, que para habilitar la jurisdicción la cuestión no debe tener "un carácter simplemente consultivo, ni importar una indagación meramente especulativa".-- -- MORELLO expone, que la Acción Declarativa de Inconstitucionalidad es de certeza negativa, y que quien la intenta debe cargar con la acreditación del interés en accionar dado por una situación de hecho tal que sin esa declaración sobre la validez de la norma enjuiciada sufrirá un daño actual e injusto, demostrando además que tal declaración se presenta como el medio necesario, útilmente suficiente y único para evitar ese daño. Dado asimismo su carácter preventivo, ínsito en la finalidad de eliminar la inseguridad, ello supone la potencialidad actual de la amenaza. Y, lo que es esencial, es la falta de certeza la que debe poder producir el perjuicio (Precisiones en torno a la Acción Meramente Declarativa de Constitucional en el orden nacional -ED 123-423). PEYRANO coincide en que para habilitar la misma, debe existir un interés legítimo en promoverla, y no debe ser posible ocurrir a una acción de condena para resolver el asunto litigioso... lo cual alude al "rol subsidiario" de esta acción, pues el interés en la declaración sólo existe, si se puede esperar que el efecto de cosa juzgada prevenga efectivamente el daño. (Confr. Cuestiones de Derecho Procesal.- La acción mere declarativa como medio de la plena realización de la garantía jurisdiccional de certeza jurídica.- Ed. La Ley 1980 STCH -SI Nº 19/95, SI Nº 58/SCA/02, SI N° 81/SCA/02). - -- 2.- La accionante, luego de enumerar la serie de derechos del propio partido político que entiende vulnerados con el Decreto Nº 630/2010, manifiesta que la cuestión debatida es de puro derecho, y peticiona al Tribunal tal declaración, la que se efectiviza con la providencia de fs. 204 y vta.. A resultas entonces de su propia actuación en el proceso, plenamente libre y eficaz para imputarle las consecuencias que de ella derivan, puedo sostener que no acreditó la existencia de los eventuales perjuicios que a través de la instancia judicial busca precaver. Así, no ha siquiera demostrado que con la fijación de fecha de elecciones para el 20 de marzo de 2011, mediante el acto emitido el 15 de mayo de 2010, esto es, con holgados diez (10) meses de anticipación, se le hubiera impedido efectuar las elecciones internas partidarias, ni establecer el cronograma electoral, ni seleccionar candidatos, ni dar a publicidad su plataforma y propuestas. O que de algún otro modo se hubiera afectado de tal manera los derechos del partido que el sostenimiento del Decreto cuestionado implicaría lisa y llanamente impedir su participación en la contienda electoral de marzo de 2011. La generalidad de las afirmaciones formuladas por la actora para sustentar los hipotéticos perjuicios que la norma le irrogaría y la falta de demostración adecuada de los mismos marcan al Tribunal la decisión de la cuestión.-- -- Como señalé en reciente sentencia S.D. 08/SCA/10, con cita de la Corte Nacional, se requiere "no sólo el aserto de que la norma impugnada causa agravio, sino la demostración de tal agravio, que sirve de fundamento a la impugnación en el caso concreto" (Fallos 303:531-790; ED 78:385; 80:716).- ".no les es dado a los jueces pronunciarse sobre la validez constitucional de una norma si no se demuestra con claridad un gravamen concreto, inmediato y directo para los derechos de cuya tutela se trata." (05/05/2009- elDial AA528E).- No se puede pretender una decisión que invalide un acto "sobre la base de agravios conjeturales y sin que las objeciones formuladas demuestren la existencia de una situación real y definida que haga perceptible el interés concreto y actual de los reclamantes" (Fallos 294:315, 300:241, 301:991, 303:893, elDial - AA420F entre otros)." Y esta demostración -lo reitero- está ausente en cada uno de los agravios que se dice impactan en las normas constitucionales que se sostienen agredidas. ASÍ LO VOTO.- -- 3.- A igual conclusión arribo cuando encaro el requisito que señalo desde el ángulo de la invocada legitimación para accionar en representación de "derechos de orden colectivo" o de "derechos de incidencia colectiva", conforme lo expone confusamente la actora, pues no es posible soslayar la existencia de un "caso concreto" o "controversia" como lo exigen, tanto el orden constitucional local como el nacional. Es por ello que tanto cuando la acción tiende al ejercicio de derechos de incidencia colectiva que tiene por objeto un bien colectivo, como cuando se trata de la tutela de derechos individuales o de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos, la comprobación de la existencia de un "caso" es imprescindible (art. 116 de la Constitución nacional; artículo 2 de la ley 27; y Fallos: 310:2342, considerando 7; 311:2580, considerando 3"; y 326:3007, considerandos 70 y 8, entre muchos otros) desde que no compete a los jueces hacer declaraciones generales o abstractas, sino decidir colisiones efectivas de derechos (Fallos: 2:253; 24:248; 94:444; 130:157; 243:176; 256:104; 263:397, entre muchos otros) que deben ser actuales (Fallos 333:570).

-- La existencia de un interés particular del demandante en el derecho que alega, exigido por la invariable interpretación que la jurisprudencia de este Tribunal ha recibido de la doctrina constitucional de los Estados Unidos, no aparece como un requisito tendiente a eludir cuestiones de repercusión pública sino a fin de preservar rigurosamente el principio de la división de poderes, al excluir al Poder Judicial de una atribución que, como la de expedirse en forma general sobre la constitucionalidad de las normas emitidas por los Poderes Legislativo y Ejecutivo, no le ha sido reconocida por el art. 116 de la Constitución Nacional. (CSJN, "La Rioja, Provincia de c/ Consejo de la Magistratura y otro s/ acción declarativa de certeza - ley 18.198 nacional electoral", del 14/06/2005; Fallos 328:2429). -- -- A tenor de lo que he expuesto, concuerdo con los colegas prevotantes en el rechazo de la acción incoada. ASÍ LO VOTO.-- -- Para concluir mi voto no puedo soslayar referirme a la sugerencia que expresara el Dr. REBAGLIATI RUSSELL a la Legislatura Provincial, y aquí hago propias las palabras de la Corte Suprema, en cuanto a que el dictado de la norma contribuiría a dar mayor seguridad jurídica al establecer pautas de aplicación permanente que aseguren el objetivo constitucional (Fallos 330:4866). Esto en razón a la evidente mora atribuible a dicho Poder del Estado, que a la postre perjudica a quienes contribuyen a sostener el sistema democrático de gobierno.- -- A la misma cuestión, el Juez Alejandro Javier PANIZZI dijo:

-- I) La reseña del caso ha sido manifestada minuciosamente en el comienzo de esta sentencia. Allí consta lo que la parte actora consideró una oposición del decreto del Poder Ejecutivo Nº 630/2.010 (por el cual se convoca a elecciones de autoridades provinciales para el 20 de marzo de 2.011) a los preceptos de la Constitución de todos los ciudadanos de la Provincia del Chubut. De modo que omitiré una repetición que pueda llegar a ser aburrida.- -- Con el modesto propósito de componer un voto menos intrincado de lo que soy capaz, seguiré el orden del primer votante.- -- II) PRIMERA Y SEGUNDA CUESTIÓN :-- -- Con respecto a la defensa de falta de personería y a la excepción de falta de legitimación activa opuestas por la parte demandada para que se considere y evite la participación de la contraria, adhiero a los fundamentos que se anotaron en los votos anteriores.

-- Es que don M. J. C., se presentó en el carácter de Presidente del Comité Central de la Unión Cívica Radical (hoja N° 34), y adjuntó la documentación que lo acreditaba -emitida por la Secretaría Electoral Nacional, Distrito Chubut- y en esa condición se lo admitió en la lite (ver la hoja N° 55 y la Sentencia Interlocutoria Nº 12/S.R.O.E./10).- -- La Competencia Constitucional de este Superior Tribunal de Justicia la determina el artículo 179. Con toda claridad surge de allí que las acciones declarativas de inconstitucionalidad pueden ser planteadas por parte interesada (inciso 1.1.1.).

-- El actor cumplió parcialmente las exigencias constitucionales para la presentación ante esta Corte. Pero es claro, que ningún partido puede atribuirse la representación colectiva de la categoría de personas que cumplirán sus dieciocho años luego de la fecha a la que se refiere el decreto censurado.-- -- Sin embargo él, don M. J. C., es nada menos que el apoderado legal y Presidente del Partido demandante, de modo que no aceptar su participación en la lite, sería toda una falta de educación judicial (Ley Nº 23.298).

-- Discrepo entonces, con el dictamen del Ministerio Público Fiscal, sobre este punto, y suscribo los votos anteriores y las defensas con las que la parte demandada amonestó a la contraria, serán rechazadas.

-- III) TERCERA CUESTIÓN:

-- Concuerdo con los ministros que me precedieron en el voto en punto a que, -en la fijación de la fecha de elecciones- lo que en la demanda se concibe como un adelanto-, no hay perjuicio para la parte actora.

-- Y no es que la cuestión traída no sea justiciable, no. Es que la determinación de la fecha electoral importa la adopción de una medida para asegurar los propósitos constitucionales.

-- En el inciso 4º del artículo 256 constitucional se lee que: "Las elecciones (de las autoridades provinciales) pueden ser simultáneas con las nacionales y bajo las mismas autoridades". Es decir, pueden no serlo.- -- Y no es irrazonable hacerlo con siete meses de diferencia si todos los partidos que participen de la política agonal pueden cumplir con todos los actos que se requieren para hacerlo.

-- En este juicio falta la demostración de algún perjuicio material o político al actor, tal como lo dijeron previamente mis colegas -con menos laconismo que yo- a cuyos fundamentos adhiero por completo.--- -- El artículo 256 (ibídem) manda a la Legislatura sancionar una ley electoral uniforme para toda la Provincia, sobre las bases de los principios del juego republicano, que allí se establecen. Esa orden constitucional no se ha cumplido porque esa ley no existe. De modo que hay una dilación en acatar una obligación constitucional de reglamentar el artículo citado. Por eso debemos requerir que esa omisión sea sanada.- -- El Poder Ejecutivo adhirió al régimen electoral de la Nación Argentina, lo cual fue cuestionado por la parte actora. La ley de comicios nacionales establece como momento de elección el cuarto domingo del mes de octubre. Pero este sistema electoral rige únicamente para la provisión de cargos de Presidente y Vicepresidente de la Nación y no puede hacerse extensivo a la elección de autoridades provinciales, ni siquiera si, como en esta situación, se adhiera al régimen comicial federal (artículo 53 de la Ley Nº 25.983). Por lo tanto, la demanda será rechazada.-- -- IV) Por último, quiero provocar o atraer la atención del lector con respecto a la censura acre y violenta cometida por el actor, don M. J. C., contra la persona del titular del Ministerio Público Fiscal de la Provincia, luego de que éste emitiera su dictamen desfavorable a las pretensiones de aquel (difundidas oficialmente y propagadas por los medios de prensa).

-- Tomo esa filípica como una indebida pero ineficaz presión para el Tribunal que debe zanjar esta lite. De hecho, el modo en que ha quedado dirimida la controversia en este concordante cuarto voto, confirman esa ineficacia.

- -- Alguna vez anoté que como respuesta a invectivas como aquella que critico, es natural temer que en las reflexiones e hipótesis que preceden a una sentencia -al acto jurisdiccional por antonomasia-, los jueces elijan aquella que fuera más inaccesible a las críticas. Aún cuando, como es evidente, las decisiones judiciales deben ajustarse al derecho que le es dado aplicar al juez, con prescindencia de los efectos adversos que puedan generar en el ánimo colectivo. La infusión del temor, la provocación de un impulso moral que distraiga de su tarea principal, a las personas que tienen a su cargo la custodia de las garantías constitucionales, enferman la democracia, y, menos que contribuir a que los receptores del servicio judicial comprendan su imagen pública, la desfiguran. ASÍ VOTO.-- -- A la misma cuestión el Dr. CANEO dijo:

-- Todos los Ministros que componen el Pleno de este Cuerpo, en el caso, han emitido su opinión y desarrollaron cabalmente la materia de decisión; sus opiniones coincidentes resuelven la cuestión, dejando poco por decir. Pero ha llegado mi turno y reiterar con detalle los planteos que motivan este fallo, sus antecedentes y los temas a debatir, resultaría una vana tarea que -además- redundaría en perjuicio de los interesados, ante la posibilidad de convertir en tedio su atención.

-- Por otra parte, mi posición concuerda con aquella asumida por mis colegas, de manera que esta exposición será breve y acorde a la exigencia constitucional que impone el artículo 169 de la Carta Magna Provincial.-- -- En oportunidad de contestar la acción de inconstitucionalidad promovida por el partido político accionante, el Señor Fiscal de Estado, Dr. Diego G. CARMONA, representando a la Provincia, bajo el acápite IV de su escrito acusó al interesado de carecer de acción, por no contar con la personería necesaria para promoverla. Y luego, en el párrafo V opuso la excepción de falta de legitimación. -- Este planteo fue contestado en tiempo y forma por quién promovió la demanda, mediante un escrito en el que -además- presentó la certificación que entendía respaldaba su doble carácter de Presidente del Comité Central Provincial y Apoderado Partidario.-- -- La falta de personería denunciada por la Provincia, y el consecuente control de la "legitimatio ad processum" del accionante, implica para este cuerpo un análisis sobre la aptitud o idoneidad del Dr. M. C. para actuar en el proceso, ejerciendo la representación invocada. De prosperar, tal carencia constituiría un impedimento procesal en razón de la insuficiente representación invocada de quien compareció por un derecho que no era exclusivamente propio. En cambio, la "legitimatio ad causam" es la condición jurídica en que se encuentra una persona con relación al derecho que invoca, por su titularidad o cualquier otra circunstancia que justifique su pretensión. -- Con las constancias de la causa ante mi, advierto que la falta de personería denunciada por la Provincia del Chubut no es tal, puesto que quien invocó la representación legal del partido político accionante justificó acabadamente su condición y, además, el instrumento que la respalda, cosido a fs. 205, resulta idóneo. Su alegada condición de Presidente del Comité Central Provincial -órgano ejecutivo del partido político, a nivel local- lo habilita para realizar gestiones en el ámbito externo del partido y su carácter de Apoderado Partidario, lo faculta para estar en juicio. Por ello la falta de personería denunciada, deberá desestimarse.- -- La excepción de falta de legitimación del accionante para promover la acción de inconstitucionalidad contra el Decreto N° 630/10, tampoco tendrá acogida favorable. Sin embargo el ataque merece una replica específica, pues el accionante manifestó encontrarse legitimado para actuar como tutor de los derechos que su personalidad política y su carácter de persona jurídica le otorga, en el marco del artículo 38 de la Constitución Nacional y, al mismo tiempo, como "afectado" por lo que invocó la representación de intereses individuales homogéneos en los términos del artículo 43 de la Carta Magna Nacional.- -- La persona habilitada por la ley para asumir la calidad de accionante, por su estrecha relación con las cuestiones alrededor de las cuales se desarrolla el proceso, es el verdadero titular de la "legitimatio ad causam" activa. Por lo que el ataque de la Provincia apunta a desvirtuar que el interesado sea el titular de la relación jurídica sustancial en que funda su pretensión.

- -- Tal como expuse en SD N° 06/06 ".recordaré con GOZAINI, que la posibilidad jurídica de reclamar la protección jurisdiccional exige una determinada "cualidad" en quien la pide, ello permite poner en marcha el aparato jurisdiccional, y ser parte en el proceso. Pero además se requiere una "calidad" en la pretensión, que es el interés específico en el mismo: la situación que se quiere conseguir, el bien a proteger (derecho subjetivo, interés legítimo, interés simple, interés difuso) (Derecho Procesal Civil - Tomo I - pág. 392), pero es quien acciona el que debe acreditar esa vinculación.--- La legitimación activa apoyada en el artículo 43 de nuestra Máxima Ley Federal, no tendrá acogida favorable en esta instancia, pues el partido político que accionó carece de aptitud suficiente para proteger el amplio espectro de derechos que invoca, y su intento por identificarlos de manera colectiva resulta improductivo, frente a la heterogeneidad de intereses que conllevan.

-- No es posible otorgarle a una sola facción política la representatividad de los electores que cumplirán los 18 años de edad entre el 21 de marzo de 2011 y el 31 de octubre de 2011, los electores en general y de todos los afiliados a partidos políticos con representación local, incluidos los prosélitos del accionante, cuando no surge con claridad el interés jurídico que aúna a estos sectores y la potestad que el denunciante tendría para arrogarse la posibilidad jurídica de reclamar el ataque constitucional que promueve, en representación de todos ellos. De manera que la legitimación colectiva invocada, habrá de rechazarse.-- -- En esta línea de análisis, resta examinar la legitimación del partido que realizó el ataque constitucional, para proteger los derechos políticos que dice lesionados, contra una norma dictada por el Poder Ejecutivo Provincial que encuentra contraria a la carta magna, para lo cual debo traer a colación la clara interpretación del artículo 116 de la Constitución Nacional hecha en diversos fallos de nuestro más alto tribunal federal, señalando que el Poder Judicial sólo interviene en el conocimiento y decisión de "causas" o "controversias", para lo cual la legitimación procesal constituye un presupuesto necesario de su existencia (Fallos 322:528 y 326:3007), esto por cuanto debe pronunciarse siempre sobre casos particulares y no sobre cuestiones abstractas.- -- Específicamente, en las acciones de inconstitucionalidad, la existencia de un interés jurídico suficiente, concreto y directo que configure un "caso contencioso" es el requisito imprescindible para su procedencia. Ese interés se vincula con el objeto de la acción, que sólo siendo jurídicamente relevante abrirá las puertas del proceso, por cuanto la declaración de inconstitucionalidad de una norma, es un acto de altísima gravedad institucional y procede cuando es decididamente necesario, como ultima ratio del ordenamiento jurídico. -- -- La potestad de declarar que determinados preceptos legales contrarían la Carta Magna debe ser ejercida con suma delicadeza y respeto por el sistema republicado de gobierno, debiendo ejercerse únicamente cuando la contradicción entre una cláusula constitucional y los derechos de quien promueve la acción sea palmaria e inconciliable.- De manera que sólo estará legitimado para accionar contra la constitucionalidad de una norma legal, quien invoque un interés jurídicamente relevante dado por la afectación específica y concreta de un derecho subjetivo, cuyo amparo constitucional se ve en riesgo frente al dictado de una norma que lo ataque.

-- Leídas con detenimiento las piezas que componen la causa, el interés que invocó el partido político accionante carece de entidad suficiente para poner en marcha el control constitucional que pretende, pues no resulta claro el perjuicio real que efectivamente le causó el Dec. 630/10 dictado por el Poder Ejecutivo Provincial.-- -- Las razones que motivaron el ataque del accionante, tales como haber trastocado el principio republicano de división de poderes, haber condicionado el calendario preelectoral y consecuentemente las elecciones internas del partido, haber limitado la búsqueda de consensos entre los distintos partidos y dentro de los sectores de cada uno de ellos, haber impedido eventuales candidaturas, haber acotado el tiempo para la difusión de sus ideas y propuestas por un acto de gobierno dictado con diez meses de anticipación a la fecha fijada para las elecciones provinciales, se presentan como hipótesis conjeturales de un daño que no posee la actualidad y precisión que la acción intentada requiere.- -- La situación de hecho que el accionante presentó como el perjuicio causado por la norma atacada, es un conjunto de supuestos de incierta producción sobre los que no ha logrado demostrar cabalmente su efectivo acaecimiento, ni ha dado argumentos sólidos para afirmar que sucederán indefectiblemente.- -- La CSJN tiene dicho que "el ejercicio de la función jurisdiccional requiere que los litigantes demuestren la existencia de un perjuicio -la afectación de un interés jurídicamente protegido-, de orden personal, particularizado, concreto y además susceptible de tratamiento judicial, recaudos que han de ser examinados con particular rigor cuando se pretende debatir la constitucionalidad de un acto celebrado por alguno de los otros poderes del Estado" (Fallo 321:1252). Ante la falta de demostración de ese perjuicio, no queda otra posibilidad que rechazar la acción de inconstitucionalidad impetrada.-- -- Por todo lo dicho hasta aquí, habré de coincidir con mis colegas prevotante, y por ello concuerdo en dar por concluida la presente causa y rechazar la demanda impetrada. Asimismo, hago propia las palabras del Dr. Rebagliati Russell, manifestadas en su voto a manera de obiter dictum, pues sería importante que la Legislatura de la Provincia del Chubut cumpliera, en un plazo razonable, con el mandato constitucional del artículo 256, y dictara una Ley que regule en el orden provincial la materia electoral. ASÍ VOTO.--- -- A la segunda cuestión dijo el Dr. REBAGLIATI RUSSELL:- -- Tal como voté a la primera cuestión, propongo al Acuerdo: 1) Rechazar la demanda declarativa de inconstitucionalidad interpuesta por la UNIÓN CÍVICA RADICAL -Distrito Chubut- contra la Provincia del Chubut; 2) Requerir a la Honorable Legislatura el cumplimiento de la manda constitucional, primera parte del art. 256 de la Constitución Provincial; 3) Imponer las costas a la parte actora vencida, por aplicación del principio general de la derrota (art. 69 de la Ley XIII n° 5, antes art. 68 del C.P.C.C.); 4) Regular los honorarios profesionales, teniendo en cuenta la calidad, eficacia y extensión de los escritos presentados, defensas opuestas y el resultado obtenido, por lo que estimo fijar los estipendios del Sr. Fiscal de Estado, Dr. Diego G. CARMONA y de sus letrados apoderados, Dres. A. L. P., F. A. P.; D. F. R., en forma conjunta y en proporción de ley, en la suma de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS ($ 2.200); y a los Dres. G. M., J. A. G. H., G. A. y M. A. F., letrados patrocinantes del apoderado partidario de la U.C.R., Sr. M. J. C., en forma conjunta en la suma de PESOS MIL QUINIENTOS ($ 1.500) (arts. 5, 6, 8, 38 y 46 de la Ley XIII N° 4, antes arts. 6, 7, 9, 39 y 47 de la Ley N° 2.200), con más IVA si correspondiere.

-- A la misma cuestión dijo el Dr. PASUTTI: - -- Adhiero a la solución que a esta cuestión da mi predecesor. ASÍ LO VOTO. - -- A idéntica cuestión dijo el Dr. ROYER: --- -- Comparto el pronunciamiento de los Dres. REBAGLIATI RUSSELL y PASUTTI. ASÍ LO VOTO. - -- A la misma cuestión dijo el Juez PANIZZI:-- -- Hago mías las palabras de los colegas que me antecedieron, así como la imposición de las costas a la parte actora. ASÍ VOTO.

-- A idéntica cuestión dijo el Dr. CANEO:- Conforme lo resuelto en la litis adhiero a la solución propuesta y a la condena en costas fijada por los colegas que me preceden. ASÍ LO VOTO.--- -- Con lo que se dio por finalizado el acto quedando acordado dictar la siguiente:--- S E N T E N C I A --- -- 1º) RECHAZAR la demanda declarativa de inconstitucionalidad interpuesta por la UNIÓN CÍVICA RADICAL- Distrito Chubut- contra la Provincia del Chubut.

- -- 2°) REQUERIR a la Honorable Legislatura el cumplimiento de la manda constitucional, primera parte del art. 256 de la Constitución Provincial.- -- 3º) COSTAS a la actora vencida (art. 69 de la Ley XIII n° 5 antes art. 68 del C.P.C.C.).- -- 4º) REGULAR los honorarios profesionales por la actuación en autos, fijando los correspondientes al Sr. Fiscal de Estado, Dr. Diego G. CARMONA y a sus letrados apoderados, Dres. A. L. P., F. A. P.; D. F. R., en forma conjunta y en proporción de ley, en la suma de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS ($ 2.200); y a los Dres. G. M., J. A. G. H., G. A. y M. A. F., letrados patrocinantes del apoderado partidario de la U.C.R, Sr. M. J. C., en forma conjunta en la suma de PESOS MIL QUINIENTOS ($ 1.500) (arts. 5, 6, 8, 38 y 46 de la Ley XIII N° 4, antes arts. 6, 7, 9, 39 y 47 de la Ley N° 2.200), con más IVA si correspondiere.

-- 5º) REGÍSTRESE y notifíquese.

-- La presente se dicta con cinco miembros, por encontrarse ausente, en uso de licencia (art. 25 R.I.G.), el Sr. Ministro Dr. J. PFLEGER.-- Fdo.: Dr. Daniel Luis CANEO - Dr. Daniel A. REBAGLIATI RUSSELL - Dr. José Luis PASUTTI - Dr. Fernando S. L. ROYER - Dr. Alejandro Javier PANIZZI.

RECIBIDA EN SECRETARÍA EL 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2.010 REGISTRADA BAJO EL N° 03 S.R.O.E. CONSTE