marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Denegatoria del recurso, confirmación de sentencia, daños y perjuicios, derecho a la información, deber de información, consentimiento del paciente, derechos del paciente
Materia: PROCESAL-CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Babich Daniel Efraín  c/ Sanatorio 9 De Julio S.A. s/ Sumarísimo (Residual)
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2023-06-21

Cabe confirmar la sentencia que condenó por daños y perjuicios al sanatorio demandado, no haciendo lugar en consecuencia a la apelación deducida -en el caso de la acción iniciada por el cónyuge de quien se sometió a una cirugía ambulatoria sin contar con la información debida, recibiéndola en forma verbal apenas unos minutos antes de ingresar al quirófano-, por cuanto se violó el derecho a la información adecuada, integral y oportuna, impidiendo la producción de una decisión consciente que permita emitir un consentimiento esclarecido, informado y plenamente eficaz.
Acción, solve et repete
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: López, Ernesto Francisco c/ Administración de Punta Mogotes s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-09-08

El carácter previo de la regla del solve et repete impide brindarle efectos sobre la misma a un reintegro dispuesto en materia impositiva mucho tiempo después de la promoción de la demanda.
Jurisprudencia, carácter vinculante
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fiscalia de Estado c/ Stabile, Emilio s/ Expropiación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-03-15

Existe por parte de los tribunales ordinarios un deber moral de adecuar sus decisiones a las de la Suprema Corte cuando son estas reiteradas y de sentido unívoco, ya que en virtud de esas notas reviste, precisamente, el carácter de doctrina legal.-
Prórroga de la prisión preventiva, delitos contra la humanidad
Materia: PENAL
Carátula: Muiña, Luis s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-07

Habiéndose descartado la liberación automática de un imputado que se encuentra en prisión preventiva por el mero transcurso de un plazo fijo, cabe acudir a la existencia de riesgo procesal, atendiendo las especiales características de los delitos de lesa humanidad y a su elevada escala penal, razón por la cual si el imputado ha sido detenido en 2007, la duración de la causa no es irrazonable, teniendo en cuenta la doctrina CS en la materia. El voto concurrente agregó que el resguardo al derecho de las víctimas a la verdad y justicia a través de una tutela judicial efectiva, los intereses generales de la sociedad, la comunidad internacional, la necesidad de asegurar los fines propios de proceso afianzando la justicia y la obligación del Estado de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos, constituyen directrices que autorizan a mantener la medida cautelar para asegurar el avance de la causa y la celebración del juicio oral y público. (Dres. Hornos, Gemingani y Borinsky).
Jurisdicción y competencia, competencia federal, entes autárquicos
Materia: PROCESAL
Carátula: Pustilnik, Héctor Ruben c/ Banco Central de la República Argentina s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-11-17

Corresponde a la Justicia Federal entender en las causas en que es parte un organismo autárquico del Estado Nacional (art. 2°, inc.

6° de la ley 48).
Impuesto sobre los ingresos brutos, autonomía de la Ciudad de Buenos Aires
Materia: PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: YPF S.A. c/ DGR s/ s/ recurso apelación judicial c/ decisiones DGR (art. 114 Código Fiscal) s/ recurso de apelación ordinario concedido decisiones DGR (art. 114 Código Fiscal) s/ recurso de apelación ordinario concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-05-11

Cuando el art. 75, inc. 12 (numeración actual), menciona los diferentes códigos de Derecho material, tan sólo ha establecido una pauta de distribución de competencia legislativa entre la Nación y las provincias respecto del Derecho común, pauta que, interpretada racionalmente, no sólo debe obedecer al texto de los actuales arts. 121 y 126 de la CN -legislación local la regla, legislación nacional la excepción-, sino que, en el caso particular de los gobiernos locales, debe respetar las autonomías legislativas reconocidas.
Medidas cautelares, embargo preventivo, caducidad, improcedencia del recurso
Materia: CIVIL
Carátula: ARGUELLO DE LA VEGA ALFREDO M. c/ BOVERO MARINA GRACIELA s/ MEDIDA CAUTELAR EMBARGO PREVENTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2017-02-21

La ratio de la figura estatuída en el 204 C.P.C.C. reside en impedir que, quien obtuvo una medida cautelar previa al proceso ocasione perjuicios innecesarios al presunto deudor, para lo cual se establece un tiempo en que se le impone la carga procesal de deducir el juicio principal que tienda al logro de la pretensión cautelada.

Si la pretensión es proteger los honorarios profesionales que le corresponden por su actuación en juicio -aún cuando su determinación requiera una posterior liquidación- el embargo trabado en tales condiciones debe encuadrarse en el artículo 209 C.P.C.C., no resultando aplicable la caducidad del art. 204 del C.P.C.C.
Legitimación activa, libertad de circulación
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: IBARRA ANIBAL Y OTROS c/ GCBA s/ AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-04-06

De acuerdo con lo dispuesto en el art.

14, 2do. Párrafo de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, corresponde concluir que los legisladores accionantes, en calidad de ciudadanos se encuentran legitimados para promover la acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad a fin de que proceda a demoler un muro que impide la libre circulación por una calle, por cuanto se encuentran en condiciones de invocar la afectación directa, específica y concreta en su derecho o interés -colectivo- de transitar libremente por las calles de la Ciudad.
Recursos, recurso de inaplicabilidad de ley, procedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: MENDIVIL  ROSA  EDITH  y  otro c/ YPF  SA  y  otro s/ daños yperjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-03-18

El recurso de inaplicabilidad de la ley tiene por objeto unificar la doctrina sobre cuestiones de derecho entre las Salas de una misma Cámara, a fin de impedir el dictado de sentencias contradictorias. Es una especie de recurso de casación, tendiente a evitar los errores "in iudicando", pero solamente cuando ellos rompen la armonía entre la solución acogida en la sentencia recurrida y un precedente emanado de otra de las Salas del mismo Tribunal (conf. esta Sala, causas 9368/93 del 13-11-97; 12.466/95 del 28-3-96 y 7447/95 del 9-6-95, entre muchas otras; Fassi, S.C., "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", t. I, p. 745, 2ª. edc., 1980). Es por ello que no cabe realizar una interpretación amplia del instituto que prevé el art. 288 del ritual, sino restrictiva por cuanto constituye un remedio procesal excepcional (conf. Fassi-Yáñez, "Código Procesal Civil y Comercial", t. 2, p. 534; esta Sala, causa 6618/92 del 12-9-00 y Sala I, causa 3612/94 del 14-9-93). La vía del recurso de inaplicabilidad de la ley no constituye una tercera instancia ordinaria y, en consecuencia, no es apropiada para juzgar el acierto o desacierto de la sentencia cuestionada, o por discreparse con la solución que admite, o con el análisis de la justicia del fallo (conf. Sala I, causa 1721/92 del 21-9-95, entre otras).
Régimen penal cambiario, banco central, plazos procesales, cómputo del plazo, vencimiento del plazo, defensa en juicio
Materia: PENAL
Carátula: COOKE, JUAN ALFREDO s/ Régimen penal cambiario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-06

Encontrándose vencidos en causa que se tramita en el Bco. Central, los plazos del CPMP, a fin de garantizar el derecho de defensa en juicio es necesario fijar un plazo (de quince días en el caso) para que la dependencia citada cumplimente totalmente su actuación en el expediente, formulando o no los cargos correspondientes, dando inmediato traslado al sumariado lo decidido al respecto.
Daños y perjuicios, lucro cesante, prueba, presunciones
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: GALBARSANINI, Claudio Víctor c/ E.N.Tel s/ JUICIO DE CONOCIMIENTO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-04-28

Es cierto que el lucro cesante prácticamente no puede probarse de manera directa, sino, en cambio, por medio de presunciones; es decir, poniendo de relieve elementos objetivos e indubitables que autoricen a inferirlo con un cierto grado de aproximación o certeza (confr. Rep. L.L., 1985, A-I, pág. 575).
Contratos, compraventa, modalidades de la compraventa, contrato de comisión, exportaciones, frutas, rendición de cuentas, incumplimiento del contrato, cobro de sumas de dinero, procedencia del recurso
Materia: CIVIL-COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Lyla Productores SA c/ Expofresh SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-09

3 - Resulta claro entonces, que el contrato firmado por las partes expresamente incluyó la obligación de la demandada de rendir cuentas y éstas únicamente podían verse satisfechas si se hacía de manera detallada y precisa, ya que debía informar no solo el precio de venta promedio sino también las deducciones a realizar y los reintegros de exportación. Así, forzoso es concluir que su cumplimiento fue defectuoso en tanto no puso a disposición de su cocontratante aquella información.
Prescripción, honorarios, regulación de honorarios, oportunidad procesal
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Pereyra, Aldo Enerio y otros  c/ Concesionarias Viales Coviares SA y otros s/ incidente de honorarios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-04-26

Procede confirmar la resolución que rechazó el pedido de prescripción de la acción a que se regulen los honorarios pretendidos por el letrado apelante. Ello por cuanto, tal defensa debe ser opuesta en la primera presentación (cfr. CCCN 2553). Por ende, al ser notificadas las sociedades del pedido de regulación formulado por el profesional y al haber guardado silencio, no cabe sino juzgar que ello importó la renuncia a plantear tal defensa en el futuro (cfr. CCCN 2535).
Caducidad de instancia, desistimiento
Materia: PROCESAL
Carátula: ELENA SAUZE DE GOWLAND ACOSTA. c/ PROVINCIA DE CORDOBA Y OTROS. s/ CADUCIDAD  DE  LA  INSTANCIA- PLAZO- TASA DE JUSTICIA- DESISTIMIENTO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-10-29

El desistimiento carece de eficacia para impulsar el procedimiento -tal es la finalidad que, en definitiva, reviste ese pedido- luego de acusada la perención.
Poder Legislativo, derechos y garantías constitucionales, recurso extraordinario federal, pena
Materia: PENAL -CONSTITUCIONAL
Carátula: GONZALEZ JOSE LUIS Y OTRO s/ RECURSO  EXTRAORDINARIO - ROBO CALIFICADO - AUTOMOTOR - CONSTITUCION   NACIONAL - PENA - INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1990-04-06

las exigencias de las valoraciones sociales atañen a la practicabilidad del derecho penal, como instrumento jurídico, vale decir, de orden social, su captación y recepción es signo del funcionamiento m as o menos perfecto del gobierno "por el pueblo y para el pueblo" por parte del legislador. Su observancia por este no tiene remedio judicial ordinario, salvo el enfrentamiento en la decisión judicial del derecho positivo injusto con el ideal social de la justicia.

Las exigencias científicas y técnicas atañen al saber jurídico penal del legislador y a su dominio de los procedimientos para traducir lo normativamente en forma correcta. Su observancia, salvo el caso de legar a la oposición con la justicia, no tiene remedio judicial ordinario ni extraordinario.

Las exigencias políticas funcionan en un derecho penal liberal merced al principio de los derechos y garantías constitucionales, que se traduce en la inviolabilidad de estos por el legislador ordinario y en el remedio judicial para restaurarlos... En este orden de ideas nuestro derecho constitucional establece tres limitaciones frente a la potestad legislativa penal: 1) los pensamientos como tales no son punibles; 2) las acciones pueden ser solamente castigadas sólo si ofenden al orden moral público o a terceros y 3) el legislador no puede declarar delictivas las actividades y las inactividades que exteriorizan el ejercicio de los derechos constitucionales.

Las dos primeras limitaciones surgen de la cláusula del art. 19 de la Constitución Nacional. La tercera, se explica no solo por la supremacía constitucional (C.N. art. 31), sino también por su no alteración del espíritu por medio de la reglamentación legal (C N. art. 28).

La inobservancia de las exigencias políticas tiene el remedio judicial en el recurso extraordinario, por inconstitucionalidad (Nuez Ricardo obra citada pág. 23/24).-
Acción de amparo, facultades de la administración, ley de tránsito, tránsito automotor, velocidad reglamentaria, velocidad máxima, plazo, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, prueba
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ayuda al accidentado Asociación civil. c/ Gobierno de la Cdad. de Bs. As. s/ Amparo la Cdad. de Bs. As. s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-11-05

En la especie, la actora solicita que por la vía de la acción de amparo se ordene al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se abstenga de ejecutar la medida consistente en el aumento de velocidad máxima de 60 a 70 km/h en las Avs. Del Libertador y Figueroa Alcorta de esta Ciudad, y en cualquier otra arteria de esta Ciudad.

La Resolución Nro. 414/01 de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Ciudad dispuso establecer con carácter experimental y por el término de 90 días la velocidad máxima de 70 km/h para automóviles y motocicletas en las avenidas y calles mencionadas en su artículo 1. El fundamento normativo se encuentra en la Ley Nro. 217, que facultó al Jefe de Gobierno o al funcionario que éste disponga a dictar medidas de carácter transitorio o experimental que contemplen situaciones especiales en materia de tránsito o transporte, con las limitaciones establecidas en la misma ley (artículo 1). Entre estas limitaciones se encuentra la referida al plazo de vigencia de las medidas, que no puede exceder de 90 días prorrogables una sola vez por otro término similar (artículo 3). A su vez, por Decreto Nro. 515/00 el Jefe de Gobierno de la Ciudad facultó al Secretario de Obras y Servicios Públicos a disponer la realización de los planes experimentales autorizados por la Ley Nro. 217. Es como consecuencia de dicha delegación que se dictó la resolución cuestionada. La apelante sostiene que la aplicación de la resolución impugnada generará un aumento en la cantidad de accidentes de tránsito que diariamente ocurren en la Ciudad. Sin embargo, esta conclusión no pasa de ser una mera afirmación de la amparista, y no se encuentra avalada por elemento de convicción alguno. En efecto, los elementos de juicio obrantes en la causa no permiten aseverar que el acto administrativo atacado presente ilegalidad o arbitrariedad manifiesta.

Debe tenerse en cuenta que la propia norma, fijando un plazo de 90 días, establece el carácter transitorio y experimental del aumento de la velocidad que dispone, lo que contribuye a sostener su razonabilidad. Frente a ello, correspondía al amparista demostrar que, tal como afirma, el aumento de velocidad acarrearía una mayor siniestralidad, lo cual requería necesariamente la introducción, mediante los medios de prueba correspondientes, de estudios técnicos que permitan validar tales afirmaciones.
Prueba testimonial, testigo único
Materia: LABORAL
Carátula: Bailón, Rubén A. c/ Eila S.A. s/ Indemnización por antiguedad Rodríguez, Diego c/ Empresa Distribuidora Norte SA s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-02-02|2002-10-02

Al no regir en materia laboral el principio "testis unus testis nullus", la regla de apreciación en conciencia adquiere mayor significación porque, dándose la situación de única declaración testimonial, ésta debe valorarse con estrictez, pudiendo contribuir a formar la convicción del juez cuando resulta particularmente prestigiada por las circunstancias del caso y el resto de la prueba.
Recurso contencioso administrativo, costas, Administración Pública, allanamiento
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Zapata, José Luis c/ Municipalidad de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo. Ley 11330. Medida cautelar   (Expte. CSJ Nº 343-2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-04-25

El artículo 26 de la ley 11330, admite la eximición de la condena en costas de la Administración en los supuestos de oportuno allanamiento, excepto si el recurso reprodujera en sustancia lo pedido en la reclamación administrativa denegada y esa denegación fundase el recurso; por ello, atento a que la tutela cautelar no se otorga con el alcance pretendido, las costas se imponen en un 40% al actor y el 60% restante a cargo de la demandada.
Reordenamiento del sistema financiero, daños y perjuicios, reparación integral, inflación, intereses compensatorios, tasas de interés, tasa activa, aplicación temporal de la ley, ley de emergencia pública y de reforma del régimen cambiario
Materia: CIVIL-ECONOMIA
Carátula: Mazza, Aldo Mario c/ Microomnibus La Vecinal de La Matanza SACI s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-18

Estando prohibida la actualización y como la tasa de interés fijada en la sentencia no ha seguido el ritmo de la inflación sufrida durante este período, el Tribunal entiende procedente para asegurar el principio de la reparación integral e impedir que como consecuencia del proceso inflacionario el resarcimiento se vea disminuido que a partir del día de publicación de la ley 25.561 -6 de enero de este año 2.002- hasta la fecha del efectivo pago, sobre el monto del capital de condena se aplique la tasa activa que fija el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de préstamo.
Recurso de queja (procesal), Municipalidad, facultades tributarias
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: LABORDE, MARIA RAQUEL c/ MUNICIPALIDAD DE FUNES s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-06-11

Habida cuenta de la doctrina sentada en los precedentes de la Corte federal "Strada" y "Di Mascio", cabe admitir la queja interpuesta, desde que en autos se cuestiona la inteligencia otorgada al artículo 123 de la Constitución nacional en las instancias ordinarias, en las que se resolvió en contra de los derechos o garantías que la recurrente fundó en tal precepto, vinculado con las facultades tributarias del municipio (De la disidencia de la Dra. Gastaldi) (Citas: CSJN: Strada, Fallos 308:490; Di Mascio, Fallos 311 2478)
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), arrendamiento rural, pago, aplicación de la ley, condominio, mandato
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: DIEZ MORI, GUSTAVO MIGUEL c/ DIEZ MORI, JOSE MARIA s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-12-03

Se advierte que con los planteos sobre apartamiento de los términos de la litis, de las normas aplicables y, fundamentalmente, de las disposiciones y probanzas relativas a la imputación del pago de los arriendos -según los cuales pretende, en esencia, hallar la solución del caso en preceptos referidos a la extinción de la obligación entre arrendador y arrendatario, situados en el plano de las relaciones externas del condominio-, el presentante no logra rebatir eficazmente en esta instancia la fundamentación brindada por los Magistrados con base en las reglas atinentes a las relaciones internas entre los condóminos o comuneros, especialmente en cuanto a la automática división de los frutos de la cosa común a falta de estipulación en contrario y a la no desvirtuada liquidez e inmediata exigibilidad de tal obligación por remisión a las reglas del mandato, con la consiguiente aplicación de intereses moratorios; solución ésta que exhibe un criterio tanto posible como aceptable desde la perspectiva constitucional. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Civil, artículos 2707, 2701 y 1913
Mutuo comercial, juicio ejecutivo, intereses compensatorios
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Banco de la Provincia de Buenos Aires  c/ CO.E.S. Sudamerica SA y otro s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-14

Si en el contrato de mutuo celebrado entre las partes se acordó la aplicación de una tasa de interés compensatoria, la que en caso de mora podría ser capitalizada semestralmente y a este interés compensatorio se adicionó un incremento del 50 % en concepto de interés punitorio; en ese marco debe habilitarse al ejecutante a liquidar los réditos en los términos convenidos por las partes (cfr. CCCN 767 y sgtes.); en tanto los mismos no superen el límite máximo que ha sido admitido por este Tribunal para el cálculo de intereses por todo concepto fijado en hasta dos veces y media el que cobran los bancos públicos (v. "Fideral SA c/ Humanes Daniel y otro s/ ejecución prendaria", del 3/4/96; "Atlantic South City c/ Servicios Argentinos de Seguridad Empresaria SA s/ ejecutivo" del 4/08/11; "Banco de la Ciudad de Buenos Aires c/ Moras y Cia SA y otro s/ ejecutivo", del 15/09/11, entre otros).
Recurso extraordinario, personas con discapacidad mental, educación inclusiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Rivero, Gladys Elizabeth s/ amparo - apelación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-06-09

El recurso extraordinario deducido contra la sentencia que acogió parcialmente la demanda instaurada en la que se persigue la cobertura integral de la escolaridad que viene cursando la hija menor de la actora, que padece de una discapacidad mental asociada a otras dolencias de tipo físico, es inadmisible ( art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) (Disidencia de los Dres. Enrique Santiago `Petracchi y Carmen M. Argibay).
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Chernicoff, Natalio en j: Chernicoff, Natalio s/ Quiebra - Incidente de calificación - Inconstitucionalidad (Libro:   S060-092) Corte en pleno
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1955-12-12

La admisión formal del recurso extraordinario, no obsta a que en el pronunciamiento definitivo se examinen los requisitos establecidos por el art. 151 del Código Procesal Civil.
Recurso de inconstitucionalidad, gravedad institucional, quiebra, crédito fiscal, modificación de la tasa de interés
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (A.F.I.P.) c/ PENSIL STORE S.R.L. s/ QUEJA POR DENEGACIoN DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - PEDIDO DE  QUIEBRA -INCIDENTE DE REVISION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 443 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-04-14

No puede prosperar la invocada gravedad institucional desde que su invocación no constituye una hipótesis susceptible de habilitar per se la apertura de la instancia excepcional, pues la admisión de aquella estuvo siempre vinculada a la concurrencia de alguno de los supuestos del artículo 1 de la ley 7055. Sin perjuicio de lo expuesto, es dable precisar que ella requiere que el conflicto exceda el marco del interés meramente individual para afectar el de la comunidad, circunstancia que la impugnante debe demostrar configurada en la especie. Y en autos, si bien puede entenderse que existiría gravedad institucional en forma genérica -vinculada con el sistema legal tendente a la percepción de la renta pública-, no ocurre lo propio si se la traslada a la litis concreta, en donde no se consigue persuadir que la solución brindada por el A quo dentro del marco del recurso sometido a su jurisdicción, conlleve una ineludible deformación de aquel sistema de modo que perturbe la recaudación fiscal y afecte los intereses que se dicen comprometidos.