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Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestión de derecho común, pago sin reserva, leyes, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: Javil, Jorge Antonio c/ Tata Rápido S.R.L. s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Demanda cobro de pesos. Cautelar  (Expte. CSJ Nro. 147-2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-02-21

No ha de merecer favorable acogida en la instancia extraordinaria el planteo destacado por el impugnante en torno a la concreta operatividad del artículo 474 del Código Civil, cuya omisión -a su juicio- tiñe de dogmatismo la conclusión de la Alzada en cuanto entendió que en el caso no había existido mora, toda vez que la pretendida arbitrariedad no responde sino a la particular apreciació n que efectúa el impugnante con respecto a la aplicabilidad de dicho artículo, norma ésta que no brinda una inequívoca solución para el pleito, atento a que la misma se refiere al vencimiento de facturas "no reclamadas por el comprador dentro de los diez días siguientes a la entrega y recibo", y en el caso se trata de facturas que la demandada rechazó en su momento (entre otras razones, "porque los valores consignados en ellas no guardaban relación alguna con los precios de plaza") y que en definitiva sólo aceptó al realizar los pagos, en una cadena de sucesos que habilitaba prudencialmente a entender -como lo hizo la Alzada, ante la ausencia de indicios en sentido contrario- que la recepción de tales pagos sin reservas tenía eficacia liberatoria para la empresa accionada. Así verificada la razonabilidad de la respuesta de la Sala cuando descartó la existencia de mora en el pago, pierde virtualidad el agravio vinculado con la "desinterpretación del artículo 624 del Código Civil", el cual debe ser desestimado por carecer de decisividad para la suerte de la presente causa -ya que la actualización pretendida tenía por base la existencia de mora del deudor- tornando aplicable la regla contenida en el artículo 1, última parte, de la ley 7055 ("el recurso no procederá si la decisión del litigio no dependiere de la cuestión constitucional planteada").
Competencia, prevención
Materia: PENAL
Carátula: Juzgado Criminal nº5 en causa 22.790 s/ Incid. de compet.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-05-21

Lo que se debe tener en cuenta, a los fines de la aplicación de los arts. 12 y 14 del C.P.P., es la primera de las causas abiertas y no el primero de los delitos cometidos. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Sentencia absolutoria, excarcelación, in dubio pro reo, falsificación o adulteración de la identificación de armas, transporte de estupefacientes, control de razonabilidad
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Galian, Matías Marcelo y otros c/  s/ infracción Ley 23.737
Jurisdicción: Federal — Provincia: Mendoza
Fecha: 2021-05-26

Corresponde absolver por falta de acusación fiscal a Juan Carlos Silva Morales respecto de los otros delitos que le fueron imputados en esta causa y por los que oportunamente también fuera requerida su elevación a juicio -adulteración de la numeración del arma de fuego, previsto y reprimido en el art. 189 bis inc. 5to, últ. párr. del CP y del delito previsto en el art. 7 en función del art. 5to inc. c) de la Ley 23737 en la modalidad de transporte de estupefaciente agravado por el art. 11 inc. c) del mismo cuerpo legal-. Asimismo, disponer la inmediata libertad, cesando las obligaciones impuestas en su excarcelación. Así las cosas, ante la falta de acusación y pedido de pena por parte del Ministerio Público Fiscal y en ausencia de un acusador extraño a éste, el Tribunal se encuentra obligado a pronunciarse por la absolución, más allá del control de razonabilidad propio de todos los actos públicos, derivado de la forma republicana de gobierno. Lo contrario implicaría la asunción de funciones distintas a la jurisdicción que violaría la garantía de imparcialidad y lesionaría la garantía del debido proceso, entendido éste como compuesto por acusación, prueba, defensa y sentencia.

En cuanto al control de razonabilidad, se ve satisfecho en autos, ello así toda vez que la Señora Fiscal expuso fundadamente las razones por las cuales consideraba que no se encontraba suficientemente acreditada la responsabilidad penal y valoró al respecto las pruebas rendidas durante el debate, fundando su falta de acusación en el beneficio de la duda -art. 3 del CPPN-.
Indemnización por despido, base indemnizatoria del despido, última remuneración, inflación
Materia: LABORAL
Carátula: BRE, JACINTO ENRIQUE c/ SCHCOLNIK  S.A. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-17

Cuando el despido se produce luego de un lapso prolongado en que el trabajador no percibió haberes, no corresponde degradar la reparación tomando como base la última retribución efectivamente percibida, en especial cuando, en procesos de alta inflación, el envilecimiento del signo monetario determina que tal retribución resulte absolutamente desproporcionada con la que el dependiente hubiera percibido en forma 'normal y habitual' en la época del cese del vínculo.
Demanda, notificación, caducidad de instancia
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Levang, Juan c/ Morales, José s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-11-14

"La notificación de la demanda, acto impulsorio e interruptivo por excelencia, queda consentida, y por ende expurgada, redimida o rehabilitada la instancia si luego del vencimiento del plazo legal de caducidad, pero dentro del plazo de 5 días "de practicada la diligencia", no se la acusa".
Ofensas vertidas en juicio, abogados, defensa en juicio, jurisdicción administrativa, tribunal administrativo
Materia: PENAL
Carátula: OTAEGUI, Joaquín y otro s/ Causa 44.254
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-17

Las expresiones vertidas por los abogados de una de las partes dentro del marco del proceso judicial o las actuaciones administrativas y que forman parte de las habituales réplicas y contrarréplicas, por más duras que se muestren, si se ha utilizado para ello el lenguaje y hecho referencia a disposiciones vigentes, no pueden constituir un ilícito penal, máxime cuando no aparecen empleadas desmedidamente ni en forma grosera o arbitraria, ni fuera del entorno jurídico y procesal tribunalicio apropiado para el debate, pues tal proceder por parte de los letrados está amparado por el derecho de defensa en juicio, y debe convenirse que el art. 18 de la C.N. legitima este tipo de conducta.
Jubilaciones, aplicación temporal de la ley, adicionales de remuneración
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Morales, Luis s/ Recurso de Apelación contra Resoluciones n° 1889-95 y 2842-96  delI.S.S. y S.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-07-14

La Ley 3923 no deroga "expresamente" a la Ley 3672. Si ésta debe considerarse derogada, ha de serlo tácitamente, por la incompatibilidad entre la norma anterior y la posterior.
Tributos, declaración de inconstitucionalidad, declaración de oficio, agotamiento de la instancia administrativa
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: S.R.L. COLOMBRES HNOS. c/ PROVINCIA DE TUCUMAN -DIRECCION GENERAL DE CATASTRO- s/ NULIDAD/REVOCACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2011-10-19

De la confrontación de los textos transcriptos surge patente la incompatibilidad entre el artículo 3º de la norma reglamentaria (Decreto Nº 557/3 (SH)) y el 19 de la Ley reglamentada (Nº 5.522). Ello es así por cuanto esta última disposición sólo establece que si el contribuyente no interpone reclamo por ante el Jurado de Reclamos dentro de los 30 días hábiles posteriores a la notificación de la valuación general, los valores unitarios quedarán firmes; mientras que el precitado artículo 3º del Decreto, en un manifiesto exceso reglamentario, tiene por irrecurrible administrativamente a la sentencia del aludido Jurado una vez notificada, cuando la no recurribilidad en sede administrativa de dicho pronunciamiento no había sido consagrada en la Ley Nº 5.522. Por consiguiente, al no existir ningún obstáculo legal a la posibilidad de cuestionar en dicha sede lo decidido por el Jurado de Reclamos, la interposición del demandante de un recurso jerárquico contra dicho acto y la consecuente resolución desfavorable de éste por parte del Ministro de Economía (Nº 157/3 (ME), del 03-12-2007 ), no parece que pueda ser cuestionada con razón ni mucho menos conferi r sustento jurídico a la pretensión de caducidad de la acción formulada por la Provincia de Tucumán sobre la base de que la vía administrativa se había agotado con la decisión del Jurado de Reclamos, a la que le asignó indebidamente la condición de "acto que causa estado".
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, impulso procesal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SARAVIA, JORGE A. c/ DELAVALLE, VILMA M. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-02-23

La pasividad procesal que pretende convalidar la recurrente excusándose en que no le era exigible a su parte actividad procesal alguna carece de sentido lógico, puesto que es sabido que son las partes las que cargan con el impulso del proceso y que quedan relevadas de dicha carga procesal únicamente cuando al Tribunal le concierne dictar una resolución o pronunciamiento específico, instado por las partes; y en el caso, el expediente no se encontraba pendiente de pronunciamiento alguno de exclusivo resorte de los juzgadores, razón que impide considerar que la situación se subsuma en caso constitucional alguno. - CITAS: CSJN: Fallos 317:369 y 324:160; CSJStaFe: AyS T 256, p. 103.
Bienes de la sociedad conyugal, separación de hecho
Materia: CIVIL
Carátula: HINCKELMANN MARCELA BEATRIZ c/ GUTIERREZ GUIDO SPANO MIGUEL RAUL s/ LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-10-01

Si bien la sociedad conyugal persiste tras la separación de hecho, ello no impide que la calificación de los bienes adquiridos con posterioridad a ella se realice de una manera diferenciada. En otras palabras, entre la celebración del matrimonio y la disolución de la sociedad conyugal acontecida con la notificación de la demanda de divorcio, no todos los bienes gananciales adquiridos durante dicho período merecerán la misma categoría o calificación; los bienes adquiridos desde la celebración del matrimonio y hasta la separación de hecho, serán bienes gananciales puros o bienes gananciales propiamente dichosa. En consecuencia, estarán alcanzados por la regla del Art. 1315 del CC., que obligará en su hora a la división por partes iguales entre marido y mujer. En cambio, desde la ruptura de la unión fáctica y hasta la disolución de la sociedad conyugal, los bienes que aumentaron el patrimonio de cada cónyuge serán gananciales anómalos o no sujetos a división. (Sumario confeccionado por el Saij)
Subasta, servicios eléctricos, pronto pago
Materia: COMERCIAL
Carátula: Banco Francés S.A. c/ Hermitton Céspedes Jorge Víctor y otros s/ Ejecución Hipotecaria s/ apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2001-11-26

No resulta viable la utilización de la vía sumarísima de pronto pago para que se efectivice el crédito reclamado por consumo de energía eléctrica con la sola presentación de la liquidación de deuda sobre el precio de la subasta, cuando no surge que exista un remanente del precio obtenido en la subasta del inmueble con relación al monto del crédito que se reclamó en la ejecución hipotecaria y previa realización de los créditos con mejor privilegio en los términos del Art. 570 del Código de Procedimiento Civil y Comercial (pago de las costas de ejecución o acreedor preferente o privilegiado) o de la transferencia de embargos sobre el precio previsto en el último apartado del Art. 568 del citado código; y por otro lado tampoco se está en presencia de un título ejecutorio (testimonios de sentencia por ejemplo) por lo que ni siquiera es admisible la vía incidental.
Recurso de inconstitucionalidad, defensa en juicio
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Laguens, Mabel c/ Proyecto Agroforestal GTZ s/ Recurso de Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1998-05-22

La falta de empleo de los remedios procesales aptos para subsanar el perjuicio invocado en el recurso extraordinario torna improcedente a este. La garantía de la defensa en juicio no tutela la negligencia de los justiciables; el que ha tenido oportunidad de ejercer sus derechos y no lo ha hecho, responde por la omisión que le es imputable.-
Apreciación de la prueba, registros laborales
Materia: LABORAL
Carátula: R., C.R. c/ P.H. SA y Otro s/ Cobro de Pesos -Laboral-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-04-15

Cabe determinar que el valor probatorio del libro laboral del empleador debe apreciarse con sentido restrictivo cuando sus constancias se esgrimen contra el trabajador, ya que éste no intervino en el manejo de ellos y las registraciones que se practican.
Recurso extraordinario, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Gregorchuk, Ricardo s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-03

Corresponde rechazar el recurso extraordinario que no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal (art. 14 de la ley 48) (Voto del Dr. Augusto César Belluscio).
Concursos, sociedad constituida en el extranjero, sujetos de derecho
Materia: COMERCIAL
Carátula: GREAT BRANDS INC. s/ CONCURSO PREVENTIVO. (ED 19.5.03, Fº 52030).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-27

Si dentro del amplísimo objeto social de una empresa constituida en el extranjero, de conformidad con la normativa de su país de origen -según constancias de la causa-, cabe la aptitud de ser titular de acciones de otras compañías, incluso de ejercer un absoluto control sobre ellas, de tal carácter gravitante o posición de control que ejerce sobre una sociedad instalada en el país, por ser titular de la casi totalidad de sus acciones, no cabe derivar que, por ese solo hecho, quede "per se" configurado el supuesto descripto en la L.S. Art. 124, máxime cuando en razón de ello se inscribió en la inspección general de justicia, de conformidad con la Ley 22315 art. 8, según lo exigido por la L.S. art.

123; no se vislumbra, además, en la secuencia del "iter" constitutivo de dicha sociedad un proceder que, al menos "prima facie", induzca a suponer un obrar fraudulento, una afectación de terceros o afectación al orden público societario que de sustento suficiente a una actuación oficiosa del tribunal con miras a impedir su acceso al concurso preventivo; y aún de resultar encuadrable en las disposiciones de la L.S. art. 124, ello no implicaría la negación de su carácter de sujeto de derecho o supresión de la personalidad, pues en tanto no se advierte que en el caso se configura en los supuestos previstos por la L.S. art. 18 a 20, una inteligencia apropiada de aquella norma concordé con las restantes disposiciones de la misma sección y coherente con su "ratio legis", habría de conducir a la exigencia de una adecuación o adaptación de la sociedad extranjera a los requerimientos del tipo societario correspondiente, y de no haber tal correspondencia, cabría proceder según lo previsto por la L.S. art. 119 y 121 in fine
Derecho procesal, embargo, improcedencia del recurso, demandado, juicio ejecutivo
Materia: PROCESAL
Carátula: Garantizar SGR c/ Chernitsky, Andres Normando y otro s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-28

Procede confirmar la resolución que, a pedido de la ex cónyuge del demandado, prohibió llevar adelante la ejecución de la vivienda familiar que la peticionante ocupa con su hijo discapacitado, que en un 50% corresponde al deudor ejecutado; ello con base en lo dispuesto en el CCCN 456, último párrafo, a cuyo fin estimó que, aunque esa disposición no existía al tiempo en que la deuda había sido contraída, el supuesto quedaba atrapado por el efecto inmediato atribuido a las normas por el art. 7 del código citado. En ese marco, cabe señalar que no es necesario, a estos efectos, pronunciarse acerca de si el referido art. 7 fue o no bien aplicado; pues, aun si no se compartieran los fundamentos que condujeron al magistrado a resolver del modo en que lo hizo con tal sustento, la aplicación de esa norma al caso vendría de todos modos impuesta por razones constitucionales que impiden aceptar que la actora haya adquirido bajo aquella otra ley el derecho a ejecutar el bien. A fin de fundar tal aserto, cabe recordar que el derecho a la vivienda reconoce fuente constitucional, no solo porque se halla previsto en la CN 14 bis, sino porque también se encuentra reconocido en los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos incorporados a la referida Carta Magna (art. 75-22°). Esa incorporación de tales Tratados a la Constitución importó agregar a la garantía interna que ya contemplaba el citado art. 14 bis, la obligación internacional de nuestro país de respetarla (v. gr. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 11: 1; Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 25 inciso 1, entre otros); que, en lo que se vincula con el caso, se encuentra reforzada por las disposiciones de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (art. 28) y por la necesidad de velar en todo momento por el interés superior del niño. Así reconocido el derecho de marras, lo que interesa de las normas que lo regulan no es si son anteriores o posteriores a las que se ocupan de otras situaciones jurídicas, sino el mayor o menor rango que entre sí guarden las disposiciones enfrentadas, pues, si a las normas reglamentarias de ese derecho constitucional -que por definición tienen su misma jerarquía- se le opusieran otras de grado inferior, aquéllas deberían prevalecer por aplicación de lo dispuesto en el art. 31 de la misma Constitución.
Superior Tribunal de Justicia, competencia, tutela de la competencia, actuación de oficio, consentimiento
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Gastonjauregui, Jorge Raul c/ Provincia de Santa Fe s/ Amparo. Avocación (Artículo 2, Ley 11330) (Expte. CSJ Nº 536- 97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-03-11

Si la materia debatida corresponde a la competencia contencioso administrativa de la Corte, el control de esa competencia constituye una potestad cuyo ejercicio puede ser aun de oficio, y no se paraliza con el consentimiento que las partes hayan podido dar respecto de la competencia de otros jueces.
Personas jurídicas, domicilio
Materia: CIVIL
Carátula: Carlos Lorenzo Egüez c/ Tacita de Plata S.R.L. s/ Recurso de Inconstitucionalidad int. en Expte. B-62644/I/01.Incidente de nulidad de notificación en expte. Nº B-62644/00.L.A. N 44 F 1231/1233 N 538 Recurso de Inconstitucionalidad int. en Expte. B-62644/I/01.Incidente de nulidad de notificación en expte. Nº B-62644/00.L.A. N 44 F 1231/1233 N 538
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2001-11-14

El organismo adecuado para proporcionar en principio el informe acerca de los domicilios de las personas jurídicas es el Registro Público de Comercio. Y ello no constituye una mera afirmación caprichosa o arbitraria de la sentencia sino que, por el contrario, lo ha dispuesto la ley, es decir, al establecerlo en el art. 90 inc. 3º del Código Civil, y determinar una presunción que no admite prueba en contrario, y en concordancia con ello, los arts. 11 y 12 de la ley 19550. Es entonces, una carga que pesa sobre la empresa, la de dar a conocer o publicar su domicilio actual. Y no pretender que quien deba accionar contra una persona jurídica registrable deba agotarse previamente en exhaustivos, arduos y prolijos trámites de pesquisa en procura de dar con el domicilio de aquél que pretenda eludir la acción de la justicia. Y su incumplimiento, o mejor aún las consecuencias de la omisión, no pueden trasladarse a la parte contraria colocándola en una posición de imposible, improbable o tardío ejercicio de su acción, so color luego de vulneración a su derecho de defensa en juicio, cuando ella misma no lo resguardó asumiendo no dar a publicidad el lugar a donde se trasladó.
Beneficios previsionales, cómputo de servicios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Aubert, Celia c/ Prov. de Bs. As. (IPS) s/ Demanda contencioso administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-02-19

Es ilegítima la resolución del Instituto de Previsión Social que deniega un beneficio pensionario por entender que los servicios reconocidos por la Caja de Trabajadores Autónomos, durante cuyo desempeño el causante ha fallecido, no pueden computarse por no haber existido previa y formal afiliación al régimen citado por parte del causante.
Contratos aleatorios, loterías, contratos de adhesión
Materia: CIVIL
Carátula: AHUMADA HORACIO OSCAR c/ INST. PREV. SOCIAL Y ASISTENCIA DE LA RIOJA s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-09-07

Si el accionante adquirió cuatro billetes de la lotería de la Rioja bajo el sistema denominado "Ta-Te-Ti tapado" y en el extracto se ve que el premio -automóvil- corresponde al ta-te-ti formado en diagonal, estableciéndose los demás premios correspondientes a los formados en línea vertical y horizontal, normas que se compatibilizan con la cláusula 6.4.c. existente en el dorso de los billetes que dispone que "se establecerán premios en cada programa en beneficio del jugador que gane un TA-TE-TI", se está en presencia de un contrato de derecho privado, bilateral, consensual, aleatorio y de adhesión, celebrado entre la entidad organizadora y el adquirente del billete. Tratándose de un contrato aleatorio, las partes asumen deliberadamente el riesgo del resultado que puedan obtener; en tanto que al configurar un contrato de adhesión, las cláusulas son estipuladas por el organizador limitándose el adquirente a aceptar o rechazar lo estipulado comprando o no el billete. En los contratos aleatorios, la relación que puede existir entre las prestaciones que debe cumplir una y otra parte es ignorada en el momento de su celebración, porque éstas dependen de un acontecimiento incierto.

La incertidumbre definitoria que conllevan los contratos aleatorios (art. 2051 del Código Civil) debe inclinar al juzgador a limitar la recepción de peticiones, que son susceptibles de revertir la tipificación contractual aproximándola a una prestación conmutativa.
Concursos, acción de nulidad, homologación del acuerdo, procedencia del recurso, interés legítimo
Materia: COMERCIAL
Carátula: CELU SERVICE SRL S/ CONCURSO PREVENTIVO c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-04-04

El derecho concursal resulta permeable al sistema jurídico general, donde aplica el bloque constitucional -como en todo el derecho privado- y donde, además, el juez debe "construir la solución" atendiendo las normas, los principios e, incluso, valores (cfr. Barreiro, Marcelo G. "Facultades del juez del concurso y medidas cautelares", LL2022-C, 182; RDCO 314, 37, cita on line: LL AR/D0C/1451/2022; Lorenzetti, Ricardo, Teoría de la decisión judicial. Fundamentos del Derecho, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2006 y CCCN 1, 2 y 3).
Daños y perjuicios, prueba, comodato, incumplimiento del contrato
Materia: COMERCIAL
Carátula: GRANJA MACRIS SA c/ ARATA, LUIS s/ SUM.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-05-31

Si la pretensión de daños y perjuicios responde al incumplimiento contractual del comodatario (falta de restitución de la cosa dada en comodato), resulta aplicable el cciv 519 y ss. 2.

Los "daños e intereses" del cciv 519 comprenden tanto el daño emergente como el lucro cesante causado por el incumplimiento del comodatario, originado en la finalización del contrato; lo que presupone que el comodante demuestre el perjuicio sufrido, y el nexo de causalidad entre el incumplimiento y el monto del daño.