Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-10-03


En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut, a los tres días del mes de octubre del año dos mil once, se reunieron en Acuerdo los miembros de la Sala en lo Penal del Superior Tribunal de Justicia integrada con los señores Ministros Jorge Pfleger, Alejandro Javier Panizzi y Daniel Alejandro Rebagliati Russell, bajo la presidencia del primero de los nombrados, para dictar sentencia en los autos caratulados "C., J. E. s/ Denuncia s/ Impugnación" (Expediente Nº 21.864 - Tº II - Fº 167 - Letra "C" - Año 2009).

Del sorteo efectuado a fojas 85, resultó el siguiente orden para la emisión de los votos: Panizzi, Rebagliati Russell y Pfleger.

El Juez Javier Alejandro Panizzi dijo:

I. La cuestión traída a esta Sala concierne a la impugnación extraordinaria articulada contra la resolución adoptada por el Juez Penal Hernán Carlos Granda en la audiencia celebrada el 1º de octubre de 2009, en Puerto Madryn (folio 60).

En dicha oportunidad el magistrado actuante hizo lugar al sobreseimiento peticionado por la defensa con respecto al imputado C. F. E., por el hecho ocurrido en aquella ciudad el día 21 de junio de 2008 en perjuicio del señor J. E. C..

II. La Fiscala General Marcela Pérez en su escrito recursivo rememoró los antecedentes del caso.

Expresó que con fecha 21 de noviembre de 2008 el Ministerio Público Fiscal formuló acusación contra C. F. E. en orden al delito de estafa, en carácter de autor (artículo 172 del Código Penal) y contra A. R. M., por el mismo delito en calidad de partícipe necesario.

Indicó que, posteriormente, arribó a un acuerdo de reparación, en los términos del artículo 48 del digesto ritual, con respecto al imputado M.. Apuntó que, en dicha ocasión, el Ministerio Público Fiscal, al prestar el consentimiento, había manifestado que consideraba adecuada la aplicación del instituto en función de las condiciones personales del atribuido, quien no presentaba antecedentes penales, teniendo en cuenta su participación en el hecho.

Aclaró que la acción penal proseguía con respecto al otro imputado, habiéndose fijado la audiencia de debate para el 1º de octubre de 2009.

Continúo diciendo que en aquella fecha el defensor del imputado E. planteó, como cuestión previa, el sobreseimiento de su defendido atento la reparación del perjuicio por parte de M..

Puntualizó que no obstante la oposición del Ministerio Público Fiscal, el Juez Penal dispuso el sobreseimiento de C. F. E..

III. A renglón seguido, expuso los motivos de agravio.

Entendió que la resolución había aplicado erróneamente el artículo 48 del Código Procesal Penal.

Atacó la interpretación que hizo el juez en cuanto a que el instituto de la reparación abarcaba a todos los imputados y que si se había aplicado con respecto a uno de ellos, debía extenderse a todos los demás.

Explicó que de acuerdo a los principios del nuevo sistema adversativo, la persecución penal pública se encontraba en cabeza del Fiscal, resultando prerrogativa exclusiva de ese Ministerio la facultad de declinar de aquélla, conforme las reglas de disponibilidad previstas en el Título II, Capítulo I, del digesto procesal doméstico.

Manifestó que el acusador, en ejercicio de esa atribución podía hacer cesar en forma total o parcial la persecución penal, limitarla a alguna o varias infracciones o personas que hubieran intervenido en el hecho.

En ese sentido, aclaró que sólo en el caso que se aplicara un criterio de disponibilidad fundado en la insignificancia del hecho, sus efectos se extendían a todos los interventores.

Consideró improcedente el sobreseimiento dictado a favor de C. F. E. y explicó que el legislador no había especificado que la reparación ofrecida por uno de los imputados, beneficiaba a los demás.

En el final, expresó que con respecto al imputado sobreseído el Ministerio Público Fiscal tenía interés público en su persecución.

Por último, propuso que se revocara el sobreseimiento dictado respecto de E. y que continuaran las actuaciones según su estado.

IV. El presentante desdeñó de la decisión del a quo de desvincular a E., extendiéndole los alcances del acuerdo de reparación celebrado anteriormente con el atribuido M..

Las reglas de disponibilidad se hallan reguladas en el ordenamiento adjetivo en los artículos 44 a 48.

El primero de ellos faculta al fiscal a plantear al tribunal el cese del ejercicio de la acción penal, total o parcialmente, o su limitación a alguna o varias infracciones, o a algunas de las personas que participaron en el hecho, de acuerdo a los criterios de oportunidad que a continuación enumera.

El artículo 45 expresa que la decisión que prescinda de la persecución penal por aplicación de criterios de oportunidad impedirá una nueva persecución por el Ministerio Público Fiscal por el mismo hecho con relación a la persona en cuyo favor se decide.

A su turno, el artículo 46 prescribe que los criterios de oportunidad pueden aplicarse durante el procedimiento hasta la culminación de la etapa preparatoria.

Por último, el artículo 48 establece que la reparación integral y suficiente ofrecida por el imputado podrá ser aceptada por el juez, cuando la víctima no tenga un motivo razonable para oponerse y el fiscal no invocara razones justificadas de interés público.

El repaso del articulado referido me permite apoyar la postura impugnativa y reprobar la decisión del a quo.

De acuerdo a las constancias de la causa, uno de los incusos -A. R. M.- ofreció abonar la suma de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA ($ 290.-) por el daño causado a J. C.. La víctima aceptó esa reparación y la Fiscala General Marcela Pérez, no formuló oposición, por considerar que con relación a aquél no había razones de interés público para perseguirlo. Por tal motivo, mediante Resolución Nº 103/09 (folio 48 y vuelta) el juez lo sobreseyó.

Con respecto al otro acusado, C. F. E., la causa prosiguió, hasta la audiencia de debate, oportunidad en la que, ante el planteo de la defensa, el magistrado actuante, hizo lugar al sobreseimiento del nombrado.

Advierto que la decisión del a quo de considerar que los efectos del sobreseimiento dictado a favor de M. se extendían a E., implica una interpretación contraria a la normativa reseñada, aplicable al caso.

Es que, los artículos antes transcriptos habilitan al fiscal a limitar el ejercicio de la acción penal a alguna de las personas que participaron en el hecho cuando, como en el caso, no se afectare el interés público y hubiere reparación.

También la normativa es clara cuando señala que los criterios de oportunidad pueden aplicarse hasta la culminación de la etapa preparatoria, no en la audiencia de debate, como ocurrió en los presentes.

En conclusión, como el cese de la persecución penal alcanzó únicamente a M. y no alcanza al otro partícipe en el hecho, el sobreseimiento de C. F. E., dictado en la audiencia de debate de fecha 1º de octubre de 2009 por el juez Hernán Granda, deberá revocarse y las actuaciones, remitirse a la Oficina Judicial a sus efectos.

Así voto.

El Juez Daniel Alejandro Rebagliati Russell dijo:

I. Comenzaré mi voto omitiendo exponer los antecedentes que motivan el recurso, dada la prolija enunciación realizada por el colega emisor del primer voto, a cuyos términos me remito.

II. En cuanto a la solución del caso, habré de coincidir con el doctor Panizzi.

El hecho aquí investigado ha sido adjudicado a C. F. E., en calidad de autor, y a A. R. M., como partícipe necesario.

En la oportunidad de realizarse la audiencia preliminar, la Fiscal interviniente propone la suspensión del juicio a prueba respecto de M., solicitando al Tribunal un plazo para comunicarse con la víctima.

Respecto de E. requiere la elevación a juicio de la causa.

A continuación el juez penal dispone el auto de apertura del juicio oral -v.fs.42/3-.

Inmediatamente después obra acta de la audiencia de reparación, en donde la Fiscalía comunica que la víctima ha aceptado la reparación ofrecida y que, una vez acreditado el pago se disponga el sobreseimiento de A. R. M., lo que finalmente sucedió con fecha 20 de mayo de 2009 -v.fs.48 y vta.- .

El proceso prosiguió respecto de C. F. E., y en la audiencia de debate el defensor particular plantea como cuestión previa el sobreseimiento de su asistido, argumentando que el mismo no podía reparar nada porque su consorte de causa ya lo había hecho en la otra etapa.

En el audio que registró la audiencia de debate surgen los argumentos que utilizó el juez Granda para hacer lugar al sobreseimiento. Sostiene que las reglas de disponibilidad no pueden fraccionarse por personas, y que el fundamento del instituto en cuestión es solucionar el conflicto. Si la víctima ha sido indemnizada, y más en este tipo de delito, el conflicto se extinguió y correspondía en consecuencia sobreseer al imputado E..

III. Esta breve síntesis tiene por finalidad poner de manifiesto el razonamiento errado del magistrado.

La tendencia del ordenamiento adjetivo es ver al delito como un conflicto de intereses entre víctima y victimario.

Sin embargo el sistema acusatorio, que también impregna el espíritu del Código Procesal, otorga al Ministerio Público Fiscal la dirección del proceso, y deja a su criterio decidir sobre la situación procesal de las personas imputadas de delitos.

Asimismo podrá definir las reglas de disponibilidad y plantear ante el tribunal el cese de la acción penal respecto de algunas de las personas que participaron en el hecho -art.44-.

En este contexto normativo, en el presente caso, el Fiscal determinó que respecto de uno de los imputados no había un interés público prevalente para continuar con su persecución y, con el consentimiento de la víctima, decidió considerar procedente la reparación ofrecida por el imputado.

Cabe aclarar que esta medida se dispuso en la etapa preparatoria.

Ahora bien, respecto del otro imputado no se asumió la misma posición y se ordenó la elevación de la causa a juicio.

De hecho hubo un intento de juicio abreviado respecto de E., que se frustró por decisión del imputado en la audiencia respectiva -v.fs.28- Así, una vez iniciada la audiencia de debate oral y público, la defensa introduce como cuestión previa el sobreseimiento de su asistido por los fundamentos expuestos, oponiéndose el Ministerio Público Fiscal por considerar que ha precluido la etapa procesal y porque en relación a E. existe interés público para continuar con su persecución. El juez decide, luego de escuchar a las partes, hacer lugar al sobreseimiento con los argumentos expuestos precedentemente -v.fs.60-.

La decisión del juez penal ha sido errada y por lo tanto ilegal.

El conflicto no se ha extinguido porque la víctima haya sido indemnizada por uno de los imputados en autos.

Este conflicto constituye un delito de acción pública, respecto del cual el Ministerio Público Fiscal formuló acusación.

De esta manera asiste razón a la parte impugnante cuando sostiene que el sobreseimiento es improcedente por inoportuno, pero además es infundado porque se basa en una interpretación errónea del artículo 48 del C.P.P..

Siendo ello así voto por revocar el sobreseimiento dictado respecto de C. F. E..

Así voto.

El Juez Jorge Pfleger dijo:

I. Brevísimo introito.

La cuestión que ha sido traída a consideración de la Sala ha sido suficientemente reproducida por mis distinguidos colegas que ya han emitido su voto.

De manera que, entonces, no haré otra introducción que ésta remitiéndome a lo que ellos de modo prolijo han descrito.

II. La solución del asunto.

Resulta tan palmaria la ilegalidad de la solución dada al caso por el Juez que emitió el sobreseimiento, por cuya abrogación motorizó el recurso del Perseguidor Público, que poco puede agregarse a lo ya expuesto por los Ministros Panizzi y Rebagliati, respectivamente.

Solamente quiero destacar dos cosas.

En primer lugar que, aún los modos alternativos de solución de conflictos que consagra el rito, sigo apegado a la idea de que la base del sistema Argentino es que la oficialidad de la acción pública o dependiente de instancia privada, hace que la contienda que genera el delito lo sea entre el individuo y la ley.

Esta concepción hace que sólo excepcionalmente- y por razones de interés político criminal que no cabe referir- se consagren institutos como el que prevén los artículos 44, 47,48 y 49 del Código Procesal Penal (el último de ellos relacionado con el art. 76 bis del C.P.).

De suerte que otorgarle un efecto extensivo a todos los imputados de la admisión de uno de aquellos, no sólo es contrario a la singularidad con la que el rito describe las hipótesis de procedencia, el trámite y sus efectos, sino que destartala la estabilidad del orden jurídico concebido- en materia penal- como sintonía entre el derecho de fondo (prevalente) y las formas, derivados -ambos- de la Constitución Federal y Provincial.

Vale de ejemplo la parte final del art. 67 del C. Penal que reza: ".La prescripción corre, se suspende o se interrumpe separadamente para cada delito y para cada uno de sus partícipes, con la excepción prevista en el segundo párrafo de este artículo." (Delitos que perjudican a la administración pública en que la suspensión se extiende a todos); y también es útil como criterio interpretativo el art. 69 y su relación con el art. 73 del C.P, pues se trata de expandir los efectos del perdón del ofendido a todos en los supuestos de delitos de acción privada, en los que el Estado carece de interés por la naturaleza de los bienes en juego.

Por consecuencia, propicio la revocación del sobreseimiento y el envío de la causa a la instancia para su debida prosecución.

Así voto.

Con lo que finalizó el Acuerdo, pronunciándose la siguiente:

S E N T E N C I A 1º) Declarar procedente la impugnación extraordinaria obrante a fojas 62/64 y vuelta.

2º) Revocar la resolución de fecha 1º de octubre de 2009 dictada en la audiencia de debate (hoja 60).

3º) Revocar el sobreseimiento de C. F. E..

4º) Remitir las actuaciones a la Oficina Judicial de la ciudad de Puerto Madryn, a sus efectos.

5°) Protocolícese y notifíquese.