Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-08-09


TECH APPLY S.R.L. contra ROCCHETTI, Ignacio Mario Antonio Reg.: A y S t 215 p 158-162.

Santa Fe, 9 de agosto del año 2.006.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el demandado contra la resolución 421, del 13 de diciembre del año 2005, dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de esta ciudad, en autos "TECH APPLY S.R.L. contra ROCCHETTI, Ignacio Mario Antonio -Demanda Ordinaria por Exclusión de Socio-" (Expte. C.S.J. 84, año 2006); y, CONSIDERANDO: 1. El pronunciamiento impugnado confirmó el fallo de primera instancia que, a su turno, había hecho lugar a la demanda de exclusión de socio incoada por la sociedad actora contra su integrante Ignacio Mario Rocchetti con imposición de costas (fs. 1/5).

Contra dicho decisorio interpone el perdidoso recurso de inconstitucionalidad tachándolo de arbitrario y lesivo de derechos y garantías de rango constitucional. En un extenso libelo recursivo relata los antecedentes de la causa detallando los planteos efectuados por su parte en los distintos escritos presentados así como de la prueba reunida y brindando su propio enfoque relativo al valor que corresponde asignarle a la misma.

Luego de enumerar causales abstractas de arbitrariedad y ya en el capítulo de la procedencia, afirma que el Tribunal vulneró el derecho de defensa en juicio y el debido proceso de su parte al rechazar la incompetencia planteada por no haber sido introducida como defensa; al sostener la validez de las medidas preparatorias fundándose en normas inexistentes; al no resolver el agravio referido a la caducidad de éstas; al resolver en contra del derecho vigente el problema de la caducidad de la acción de exclusión; al ignorar el texto expreso de contestación de demanda sobre la improponibilidad de aquella; al desechar sin fundamentos el procedimiento arbitral al que las partes expresamente se habían sometido; al incurrir en contradicción por sostener dos argumentos centrales antagónicos: por un lado, que la empresa lo envió a España para abrir mercados y, por el otro, afirmar que por estar en España no pudo dedicar todo el tiempo a las operaciones sociales; al prescindir de prueba sustancial presuponiendo incumplimientos que no existieron y actividades en España que no se realizaron soslayando lo probado en autos respecto de los gastos y demás erogaciones que realizó personalmente; al no otorgar tratamiento a los agravios sustanciales referidos a los gastos y todas las erogaciones del viaje y sostenimiento de su vida en aquél país sin ningún aporte de la sociedad y a la inexistencia de competencia desleal; al rechazar en forma dogmática y sin fundamentos el error conceptual determinante entre lo que es la denominación de una sociedad (ley 19550) y lo que es una marca o designación de un producto (ley 22362) y presuponer en forma dogmática y sin pruebas que en España su parte no cumplió con lo que le encomendaron. Consigna que también se violó la garantía constitucional de inviolabilidad de la propiedad privada al excluirlo sin fundamentos de una sociedad en donde el único que contribuyó a mantenerla fue su parte, privándolo de una participación social; y desconociendo que fue con su dinero que realizaron los gastos y erogaciones para llevar adelante una tarea que luego, en forma contradictoria sirve de fundamento para su exclusión social; y también al imponerle las costas en forma infundada y violatoria de su derecho de propiedad.

Alega también violación de las fuentes legales y la escala jerárquica de las normas por ignorar la aplicación del artículo 116 de la Constitución nacional que establece la competencia federal para las cuestiones entre vecinos con domicilio en este país y en el extranjero; por violar los artículos 390 y 393 del Código Procesal Civil y Comercial que limitan las medidas preparatorias a los juicios ordinarios; también del artículo 394 que establece la caducidad de aquellas medidas si no se inicia la demanda en el plazo de quince días corridos; y soslayar el artículo 91 de la ley 19550 y el compromiso arbitral de las partes.

Acusa al pronunciamiento de contrariar normas de orden público; prescindir de prueba sustancial; carecer de fundamento jurídico o lógico y presumir incumplimientos de su parte que no existieron, soslayando la prueba de los gastos y erogaciones realizadas por su parte e imaginando un situación de deslealtad que no se probó; señalar que algunas cuestiones no fueron propuestas como defensa cuando ello surge expresamente del escrito de contestación de demanda (como la incompetencia y la improponibilidad objetiva de la demanda por ignorancia del proceso arbitral).

Reprocha a la Sala el argumento relativo a que la competencia federal no fue planteada por su parte (lo que hace presumir fue prorrogada), en tanto su parte en todo momento sostuvo la incompetencia de la justicia ordinaria por haber sido entablada en contra de quien se domicilia en un país extranjero.

Indica que el fallo resulta contrario a una norma legal expresa (el art. 390 C.P.C.

y C.) que regula las medidas preparatorias para los juicios ordinarios por lo que carecen de validez en este juicio sumario.

Alega que tampoco se dio tratamiento a su planteo de caducidad de aquéllas (si es que fueran válidas) si no se deduce la acción en término legal dispuesto en el artículo 394 del Código Procesal. Tampoco contó con debida respuesta su planteo sobre la improponibilidad de la demanda por haberse dispuesto en el estatuto social de la actora imperativamente que ante cualquier conflicto o discrepancia los socios debían recurrir al arbitraje y no a la justicia.

Aduce que también se resolvió con prescindencia del artículo 91 del "Regimen de Sociedades Comerciales (ley 19550) debido a que planteó la caducidad de la acción de exclusión por no haberse interpuesto dentro del plazo de 90 días corridos a partir del incumplimiento que funda la petición. Cita jurisprudencia en apoyo de su postura.

Sostiene que tampoco se probaron los "graves incumplimientos" en tanto quedó acreditado que fue enviado a España por la sociedad por lo que no se le puede imputar abandono de la gestión societaria ni ningún acto de competencia desleal.

Dice que, contrariamente a lo resuelto en baja instancia respecto a que en las condiciones estatutarias y legales vigentes no existe posibilidad de competencia actual, el Tribunal a quo concluye que lo actuado por su parte en España resulta competencia con la sociedad argentina. Acusa contradicción al pronunciamiento en tanto si fue a España por la sociedad no puede ser excluido por no cumplir con sus obligaciones sociales además de no existir prueba de ningún incumplimiento de su parte.

Pide, por lo expuesto, la concesión del recurso de inconstitucionalidad.

2. A su turno, la Sala denegó la impugnación deducida por entender, esencialmente, que la valoración que hacen los jueces ordinarios del material probatorio no tiene viabilidad -en principio- para franquear el acceso a la instancia de excepción pues es materia reservada a los mismos y no habilita el recurso de inconstitucionalidad (fs.

92/93). Tal decisión motivó la presentación directa del interesado ante esta sede (fs.

98/123).

3. La queja, se adelanta, no puede prosperar.

Ello no obstante las causales descalificantes denunciadas vinculadas a la actividad probatoria y a la normativa procesal que el apelante indica como erróneamente aplicada al presente juicio sumario (artículos 390 y 394 C.P.C. y C. sobre medidas preparatorias) o como soslayada al resolver (artículo 91 R.S.C. sobre caducidad de la acción de exclusión), la sustancia recursiva refleja tan solo su discrepancia para con la decisión adoptada por el A quo en ejercicio de funciones propias, sin lograr perfilar un supuesto idóneo para franquear la instancia ante esta Corte.

En efecto, el quejoso procura hacer prevalecer los elementos de confirmación que, a su juicio, abonan la posición por la que aboga en el pleito, pero a poco que se examine el pronunciamiento impugnado se observa que cuenta con fundamentos que, más allá de su mayor o menor acierto, lo sostienen por sí mismo como una decisión razonable y objetiva y no aparece como una pura afirmación caprichosa y subjetiva de la voluntad judicial, luciendo cumplido, entonces, el mandato contenido en el artículo 95 de la Constitución Provincial.

Ello así toda vez que la Sala, confirmó la decisión que hizo lugar a la demanda de exclusión del socio accionado de la sociedad actora, partiendo del agravio relativo a la incompetencia de la justicia provincial por seguirse el juicio contra un residente en el extranjero, concluyendo que el demandado "...no opuso en la instancia liminar la excepción declinatoria que manda el inciso 4 del art. 12 de la ley 48..." por lo que debía entenderse que la competencia había sido prorrogada a favor de los tribunales provinciales. Seguidamente, y en lo que respecta al cuestionamiento de la validez de las medidas preparatorias en juicio sumario concluyó que todo lo legislado para el juicio ordinario se hace extensivo a los demás juicios declarativos, entre ellos el sumario, en cuanto sea compatible con sus disposiciones, por lo que no advertía que por aplicación del artículo 15 de la ley 19550 se prive a la actora de aquellas, además de no haber intentado el demandado subsanar la irregularidad por el remedio correspondiente.

Sentado ello, el Tribunal se abocó al tratamiento del agravio relativo a la caducidad de la acción de exclusión prevista en el artículo 91 del R.S.C. al no haberse interpuesto la demanda dentro de los 90 días corridos desde el conocimiento del incumplimiento que se le imputa.

Liminarmente señaló que la mención del impugnante de una eventual caducidad del ejercicio del derecho de exclusión no alcanzaba a configurar una verdadera defensa en los términos del inciso 4, artículo 142 del Código Procesal Civil y Comercial, no obstante ello, el hecho con entidad de "grave incumplimiento" de sus obligaciones a que refiere el artículo en análisis habría ocurrido "...a partir del conocimiento que los integrantes de la actora adquieren de lo acontecido en España en el transcurso de la reunión de socios con el accionado que tuvo lugar a su regreso del viejo continente en el mes de diciembre de 2002 y que fue lo que habría derivado en el envío de la pieza postal que en fotocopia obra a fs. 42, recepcionada en el domicilio contractual del demandado en la calle 25 de mayo de esa capital el día 24.12.2001..." (f. 3). Y, compartiendo una postura doctrinaria que no resulta la dominante en la materia señaló que "...entiendo que el derecho de exclusión es ejercido por la sociedad en los términos del art. 91 tercer párrafo de la ley de sociedades cuando el órgano social la decide: es entre el acto reprochado y tal decisión expresada fehacientemente que no puede transcurrir más de noventa días pero, tomada la decisión dentro de ese plazo, la acción judicial por exclusión sólo queda sujeta al término de prescripción general establecido por el art. 848 inc. 1 del Cód. de Comercio, que es de tres años".

Para así resolver, entendió que de esa manera encuentra justificación la brevedad del término de noventa días corridos ya que de otro modo resultaría el plazo por demás de exiguo si en su transcurso debe adoptarse la decisión societaria, reunir pruebas y promoverse la demanda judicial (v. fs. 3vto./4). Los Judicantes también ponderaron el agravio relativo a la improponibilidad de la demanda por no haberse intentado el remedio arbitral previsto en el contrato social (cláusula 16 ), mas sosteniendo que ese procedimiento estaba previsto para "...toda divergencia que se suscite entre socios durante la existencia de la sociedad salvo para las cuestiones que la ley disponga la instancia judicial", poniendo de resalto que, especialmente en este caso, la propia ley de sociedades exigía la promoción de una acción judicial por el procedimiento del artículo 15 para romper aquél vínculo.

Asimismo, el Tribunal ponderó los hechos que configuraron "incumplimientos sociales" que justificaron la promoción de la acción: "...la exhibición en la reunión de diciembre del contrato social unipersonal suscripto por Rocchetti en España 'para cumplir los mismos objetos que Tech Apply S.R.L. y el haber tomado conocimiento de que el accionado nunca había trabajado para el fin para el que se lo envió a Europa'"; poniendo de resalto que el ejercicio del derecho se asienta en el mecanismo de defensa instaurado por la ley a favor de los co-asociados y de la sociedad a efectos de mantener el equilibrio y la igualdad jurídica que debe gobernarla. A ello adunaron los Sentenciantes que si bien en la cláusula 11 del contrato societario se facilitaba a los socios poder dedicarse a otras tareas, consagra la obligación de prestar a la sociedad todo el tiempo necesario para la buena marcha de los negocios sociales prohibiéndole a sus integrantes (en consonancia con el art. 133 R.S.C.) dedicarse a actividades que pudieran competir con las de la sociedad. Y, en el caso, además de encontrar acreditado que el objeto de la sociedad española "Quantic Barcelona S.R.L." era un calco del de la actora concluyó que "...lo que es evidentemente cierto es que el accionado decidió sustraerse de la obligación de prestar a la actora 'todo el tiempo necesario para la buena marcha de los negocios sociales' el que seguramente hubo de destinar a su par española de idéntico objeto" (f. 4vto.).

Frente a esa línea argumental, el recurrente intenta oponer su particular enfoque del caso insistiendo en su propia valoración de los elementos de confirmación y de la solución que hubiera correspondido, pero sin que sus alegaciones tengan entidad suficiente para variar la suerte de la decisión basada en aquellos argumentos y probanzas "supra" reseñados.

Es que, la respuesta jurisdiccional brindada se apoya en suficientes razones que la sustentan por sí misma desde el plano constitucional y no representa otra cosa que la apreciación del material fáctico del caso y su subsunción en la normativa aplicable, en una tarea propia de los jueces de la causa que, si bien no conforma al quejoso, no aparece divorciada de las exigencias que el ordenamiento jurídico fundamental impone para el dictado de una sentencia válida.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, RESUELVE: rechazar la queja interpuesta y declarar perdido para el recurrente el depósito efectuado.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

FDO.: VIGO-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)