Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-11-10


CAUSA N° 309-00-CC/2005 Benítez, Jorge José, Laudonio, Oscar Armando y otros s/ infracción arts. 94, 99 y 101 ley 1472 - Apelación -Suspensión del juicio a prueba //n la ciudad de Buenos Aires, a los 10 días del mes noviembre de 2006, se reúnen los integrantes de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Marcelo Pablo Vázquez y Elizabeth A. Marum, a efectos de resolver el recurso de apelación interpuesto, a fs. 664/70 vta., por el Sr. Fiscal de Primera Instancia contra la decisión, obrante a fs. 662/63, que suspendió el proceso a prueba con relación a los coimputados: Pablo Hernán Jofré, Oscar Armando Laudonio, Alberto Gustavo Lousteau y Jorge José Benítez.

RESULTA:

I.- Que en el presente expediente se ventilan los hechos acontecidos el día 14 de junio del año 2005, aproximadamente a las 23 hs., en el estadio de fútbol del club Atlético Boca Juniors, Alberto J. Armando, durante un partido entre el club local y el equipo Chivas de Guadalajara, ocasión en que se produjeron una serie de incidentes que el Sr. Fiscal contravencional intentó llevar a juicio oral.

Específicamente, en su requerimiento, el acusador público endilga a los coimputados haber tomado participación, en los aludidos incidentes, de la siguiente forma:

1) a Jorge José Benítez, en ese entonces técnico del equipo local, escupir en el rostro del jugador visitante Adolfo Bautista mientras éste se retiraba del campo de juego por haber sido expulsado. De ese modo, entiende el Sr. Fiscal, Benítez incitó al desorden afectando el normal desarrollo del espectáculo deportivo masivo y coadyuvó, conjuntamente de los restantes hechos que describe, a la suspensión del partido faltando 11 (once) minutos para cumplir el tiempo reglamentario (fs. 125).

Calificó la conducta aludida en los arts. 99 (afectar el normal desarrollo de un espectáculo masivo de carácter deportivo); 101 (incitar al desorden con motivo u ocasión de un espectáculo deportivo masivo) y 102 de la ley 1472 (arrojar sustancias que puedan causar molestia a un tercero en ocasión de un espectáculo deportivo masivo). Todo ello, en concurso ideal.

Para esta persona solicitó la imposición de ocho (8) días de arresto de cumplimiento efectivo más la inhabilitación especial para ejercer el empleo de director técnico, ayudante de campo o similar en el fútbol profesional por el término de un (1) año o, en su defecto, prohibición de concurrencia al campo de juego de cualquier espectáculo deportivo masivo por idéntico término, más las costas del proceso.

2) a Oscar Armando Laudonio, arrojar una patada al jugador visitante Adolfo Bautista mientras éste se retiraba del campo de juego por haber sido expulsado, sin ocasionarle lesiones. De ese modo, entiende el Sr. Fiscal, Laudonio incitó al desorden afectando el normal desarrollo del espectáculo deportivo masivo y coadyuvó, conjuntamente de los restantes hechos que describe, a la suspensión del partido faltando 11 (once) minutos para cumplir el tiempo reglamentario (fs. 126).

Calificó la conducta aludida en los arts. 99 (afectar el normal desarrollo de un espectáculo masivo de carácter deportivo) y 101 de la ley 1472 (incitar al desorden con motivo u ocasión de un espectáculo deportivo masivo). Todo ello, en concurso ideal.

Para esta persona solicitó la imposición de cinco (5) días de arresto de cumplimiento efectivo más la inhabilitación especial para ejercer cualquier empleo que establezca la presencia del nombrado en campos de juego en el fútbol profesional por el término de cuatro (4) meses o, en su defecto, prohibición de concurrencia al campo de juego de cualquier espectáculo deportivo masivo por idéntico término, más las costas del proceso.

3) a Pablo Hernán Jofré, quien al momento de los hechos se habría encontrado observando el espectáculo desde la platea baja del estadio, ingresar al campo de juego, agredir al jugador Adolfo Bautista provocando el primer desorden y volver rápidamente a las plateas subiendo al acrílico de seguridad perseguido por agentes de la Policía. Asimismo, le endilga que, una vez que logró regresar a la platea, provocó una aglomeración y una avalancha. De ese modo, entiende el Sr. Fiscal, Pablo Hernán Jofré incitó al desorden y coadyuvó, conjuntamente de los restantes hechos que describe, a la suspensión del partido faltando 11 (once) minutos para cumplir el tiempo reglamentario (fs. 126).

Calificó la conducta aludida en los arts. 94 (ingresar al campo de juego sin autorización) y 101 de la ley 1472 (incitar al desorden con motivo u ocasión de un espectáculo deportivo masivo). Ello, en concurso ideal.

Para esta persona solicitó la imposición de cinco (5) días de arresto de cumplimiento efectivo más la prohibición de concurrencia al campo de juego de cualquier espectáculo deportivo masivo por el término de un (1) año, más las costas del proceso.

4) a Alberto Gustavo Lousteau, que al momento de los hechos se encontraba dentro del campo de juego, acercarse intempestivamente hacia un lateral y agredir al jugador Adolfo Bautista arrojándole un puntapié sin ocasionarle lesiones y escupirle. De ese modo, entiende el Sr. Fiscal, Alberto Gustavo Lousteau incitó al desorden y afectó el normal desarrollo del espectáculo masivo de carácter deportivo (fs. 383).

Calificó la conducta aludida en los arts. 99 (afectar el normal desarrollo de un espectáculo masivo de carácter deportivo); 101 (incitar al desorden con motivo u ocasión de un espectáculo deportivo masivo) y 102 (arrojar sustancias que puedan causar molestia a un tercero en ocasión de un espectáculo deportivo masivo) de la ley 1472. Todo ello, en concurso ideal.

Para esta persona solicitó la imposición de cinco (5) días de arresto de cumplimiento efectivo más la inhabilitación especial para ejercer cualquier empleo que establezca la presencia del nombrado en campos de juego en el fútbol profesional por el término de cuatro (4) meses o, en su defecto, prohibición de concurrencia al campo de juego de cualquier espectáculo deportivo masivo por idéntico término, más las costas del proceso.

II.- Es menester señalar que si bien la requisitoria de juicio originaria, fs. 125/31 (que luego se completó con la formulada con relación a Alberto Gustavo Lousteau, fs. 383/87) data de julio de 2005, la cuestión atinente a cuál resulta el fuero competente para investigar los hechos referidos se zanjó definitivamente luego de sustanciado el incidente de competencia, toda vez que tanto el Sr. Juez Correccional a cargo del Juzgado de Primera Instancia N° 12 como el Sr. Fiscal Correccional del Distrito de la Boca se consideraban competentes en la materia. Finalmente, la Sala I de la Excma. Cámara del Crimen dio por finalizada dicha cuestión y, por las lúcidas razones que se advierten en la resolución del 7/04/2006 (copias, fs. 538/40 vta.), dispuso que el Sr. Juez Nacional acepte la inhibición formulada por el titular del Juzgado en lo contravencional N° 10 (fs. 50/6, incidente de incompetencia N° 309-01-CC/2005) y confirmada por este Tribunal (fs. 93/6, del incidente referido).

III.- Que la requisitoria de Juicio formulada por el Sr. Fiscal de este fuero provocó que el Sr. Titular del Juzgado en lo Contravencional y de Faltas N° 10 corriese traslado de la misma y proveyera la prueba ofrecida, aspecto acerca del cual también se generaron las controversias propias y resueltas (fs. 433/35, 448/30, 454/55 y 464/65). Finalmente, el Sr. Juez a quo fijó audiencia de juicio oral para los días 9 y 10 de agosto de 2006 a las 10:00 horas (fs. 433/34).

IV.- Que en el marco del cuadro de situación hasta ahora descripto Pablo Hernán Jofré, técnicamente asesorado por su Defensor Oficial, solicitó la suspensión del proceso a prueba (fs. 586/88) que, concedida que fuera la vista de rigor, mereció la objeción del acusador público que, en resumidas cuentas, manifestó que la Unidad Fiscal que codirige no acuerda la aplicación de la suspensión del juicio a prueba cuando se trata de contravenciones graves como las del caso cuyas particularidades describe desde su perspectiva. Asimismo, manifiesta su convicción en cuanto a que la oposición Fiscal impide la aplicación del instituto en cuestión (fs. 590/91).

V.- Que, asimismo, también formuló petición tendiente a obtener la suspensión del Juicio a prueba el coimputado Alberto Gustavo Lousteau, técnicamente asesorado, (fs. 605/06).

VI.- Las peticiones referidas determinaron que el titular del Juzgado CyF N° 10 dejara sin efecto la audiencia de Juicio oral precedentemente aludida (dejando sin efecto las citaciones efectuadas al respecto) y convocara, para el mismo día, una audiencia a fin de que las partes se expresen con relación a la posibilidad de aplicar el instituto de la suspensión del juicio a prueba.

VII.- Que posteriormente también se advierten peticiones tendientes a obtener la suspensión por parte de Jorge José Benítez, con asesoramiento técnico.

VIII.- Que a fs. 654/63 se agrega el acta que documentó la audiencia anteriormente referida; luego de su realización, que contó con la presencia de los coimputados en cuestión, sus defensores letrados y el acusador público, el Magistrado de Grado resolvió:

1) Suspender el proceso a prueba respecto de Pablo Hernán Jofré, en orden a las contravenciones previstas y reprimidas en los artículos 94, 99 y 101, ley 1472, por el término de un (1) año durante el cual dispuso el cumplimiento de las siguientes reglas de conducta: a) Fijar residencia y comunicar a la Fiscalía el cambio de esta; b) Cumplir con las citaciones o requerimientos que la Fiscalía o el Juzgado hiciere; c) Abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas por el término de seis (6) meses; d) Abstenerse de concurrir al club Atlético Boca Juniors a presenciar partidos de fútbol por el término de seis (6) meses.

2) Suspender el proceso a prueba respecto de Oscar Armando Laudonio, en orden a las contravenciones previstas y reprimidas en los artículos 99 y 101, ley 1472, por el término de un (1) año durante el cual dispuso el cumplimiento de las siguientes reglas de conducta: a) Fijar residencia y comunicar a la Fiscalía el cambio de esta; b) Cumplir con las citaciones o requerimientos que la Fiscalía o el Juzgado hiciere; c) Abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas por el término de seis (6) meses; d) Realizar tareas comunitarias por el término de 6 (seis) meses, a razón de dos (2) horas semanales, totalizando la cantidad de cuarenta y ocho (48) horas, en beneficio de una institución de bien público que proponga la parte y apruebe el Tribunal.

3) Suspender el proceso a prueba respecto de Alberto Gustavo Lousteau, en orden a las contravenciones previstas y reprimidas en los artículos 99 y 101 segunda parte y 102, ley 1472, por el término de un (1) año durante el cual dispuso el cumplimiento de las siguientes reglas de conducta: a) Fijar residencia y comunicar a la Fiscalía el cambio de esta; b) Cumplir con las citaciones o requerimientos que la Fiscalía o el Juzgado hiciere; c) Cumplir instrucciones especiales consistentes en una entrega de trescientos (300) litros de leche al comedor comunitario Los Pibes del Playón previa constatación por parte del Juzgado de la situación jurídica de dicho establecimiento.

4) Suspender el proceso a prueba respecto de Jorge José Benítez, en orden a las contravenciones previstas y reprimidas en los artículos 99 y 101 segunda parte y 102, ley 1472, por el término de un (1) año durante el cual dispuso el cumplimiento de las siguientes reglas de conducta: a) Fijar residencia y comunicar a la Fiscalía el cambio de esta; b) Cumplir con las citaciones o requerimientos que la Fiscalía o el Juzgado hiciere y c) Cumplir instrucciones especiales consistentes en una entrega de alimentos no perecederos por un valor de quinientos pesos ($500) a una institución de bien público que proponga la parte y apruebe el Tribunal.

Previo arribar a las resoluciones referidas el Sr. Juez a quo escuchó los alegatos de las partes acerca de la procedencia en el caso de la suspensión del Juicio a prueba a pesar de la expresa oposición del Sr. Fiscal que también se aprecian volcadas en el acta.

Para decidir como lo hizo el Magistrado de Grado manifestó que el instituto de la suspensión del juicio a prueba es un derecho del imputado en tanto se verifiquen los presupuestos legales previstos en el art. 45, ley 1472. Asimismo, con relación al requisito del acuerdo fiscal expuso, con sustento en la doctrina especializada referidas al ámbito de los delitos, que la admisión del derecho no debe depender de mera gracia del poder persecutor y no puede ser dejada en manos del posible rechazo caprichoso del titular del poder persecutorio quien debe respetar las razones de conveniencia legalmente establecidas que demuestran la innecesariedad de continuar, en muchos casos, con la búsqueda de una respuesta punitiva.

Entendió que ésta doctrina, sucintamente expuesta en el párrafo anterior, debe imponerse por resultar del sentido literal de la norma (art. 45, ley 1472) toda vez que expresamente concede dicha posibilidad al imputado de una contravención. Agregó que si bien una primera lectura del texto podría indicar que la anuencia Fiscal constitutiva del acuerdo es un recaudo para la concesión del beneficio, una interpretación integral y sistemática del ordenamiento jurídico conduce a valorar el pedido del imputado como un derecho y no como una gracia que se le concede (alude, en sustento, al principio constitucional de proporcionalidad, a los mecanismos alternativos para la solución del conflicto, a la condenación en suspenso y a la posibilidad de eximir de la sanción previstos en ley 1472).

Asimismo, entendió que no resulta racional, por desproporcionado, tratar con mayor amplitud el beneficio de la suspensión del proceso a prueba en sede penal que en el ámbito contravencional pues de lo contrario podría resultar más beneficioso ser perseguido penalmente que contravencionalmente, lo que resulta absurdo. Añade que en el caso esta disímil circunstancia resulta más patente toda vez que se discutió largamente la competencia del fuero correccional donde la discusión cerca de la procedencia de la probation de los aquí imputados hubiese resultado menos fatigosa.

En lo atinente a la afirmación Fiscal en cuanto a que el disímil tratamiento entre ambos órdenes radica en el imperio del sistema acusatorio constitucionalmente impuesto al proceso punitivo local, afirma el Juez a quo que de dicho principio, a la luz de los alcances que los antecedentes jurisprudenciales del máximo Tribunal Federal que cita le han asignado, no se puede derivar las consecuencias que el Sr. Fiscal pretende (posibilidad de oponerse, incluso discrecionalmente, a la petición de un imputado contravencional tendiente a obtener la suspensión de un juicio a prueba). Por el contrario, entiende el Sr. Juez que el sistema republicano de gobierno impone al Fiscal, el deber de dar razones de sus peticiones así como al Juez de controlarlas.

En torno a la cuestión atinente a las razones sobre la base de las cuales puede reposar la oposición, señala, en primer término, que ellas deben vincularse con los presupuestos legales previstos en el art. 45 ley 1472, aunque no descarta la posibilidad de sustentarse en razones de política contravencional aunque públicamente definida mediante, por ejemplo, la herramienta prevista en el art. 17 inc. 6 de la ley 21 pues, de otro modo, si las razones de política contravencional no revistieran carácter institucional se malogran las garantías ciudadanas y se puede caer en el libre arbitrio de cada Unidad Fiscal en el riesgo del trato desigualitario para casos similares.

Finalmente, en torno a la cuestión atinente a la necesidad de pena en el caso, también señalada por el acusador público, expone el Sr. Magistrado sus dudas acerca de que la respuesta punitiva sea la única herramienta posible para solucionar este tipo de conflictos y añade que desde la perspectiva legal las diversas alternativas para solucionar el conflicto distintas a la imposición de pena confirman, en su opinión, máxime cuando muchas de las reglas de conducta que previó el legislador, como sustitutivas de pena, son casi idénticas a las penas previstas para cada tipo contravencional.

En síntesis, el Sr. Magistrado no halló, en el caso, razones válidas que justificaran la oposición Fiscal para conceder el derecho solicitado por los coimputados de modo tal que ella no podía resultar vinculante.

IX) Que a fs. 664/70 se agrega la impugnación interpuesta por el Sr. Fiscal de Grado. Por su intermedio se agravia al considerar que la decisión supra referida pone fin al ejercicio de la acción contravencional a partir de lo cual provoca un gravamen irreparable a los intereses que representa, cita en sustento de su afirmación opiniones doctrinarias y jurisprudenciales.

En torno al fondo del asunto bajo estudio el recurrente efectúa un relato de los antecedentes de la causa poniendo énfasis en los aspectos fácticos investigados en la presente y advirtiendo que a todos los imputados se les ofreció la posibilidad de finalizar el proceso mediante el procedimiento de Juicio Abreviado que fue rechazado (fs. 112, 114, 115 y 381).

Con relación a la transformación de la audiencia, originariamente prevista como audiencia de Juicio Oral, en audiencia para debatir la procedencia del instituto aplicado, según afirma, le resultó sorpresiva y su impugnación hubiese implicado el riesgo de que prescriba la acción. Por ello se hizo presente en ella a fin de manifestar los motivos por los que se oponía a la procedencia de la suspensión del juicio a prueba.

Posteriormente, reitera en la presente impugnación los motivos que lo llevaron a oponerse, durante la sustanciación de la audiencia aludida, a la suspensión del juicio a prueba en el caso. Es decir, que los graves hechos que pretende llevar a Juicio tuvieron lugar en un espectáculo masivo de fútbol que viene manchado de sangre desde hace años, a la vista de millones de personas y cuya problemática viene obteniendo respuestas titubeantes por parte de la justicia que no alcanzan a satisfacer los reclamos de los Ciudadanos de Buenos Aires. Reitera que la gravedad de los hechos en cuestión merecen ser resueltos mediante sentencia firme toda vez que los acusados eran integrantes del club que hizo las veces de local: el director técnico, un utilero y un asistente de campo, así como un espectador que ingresó al campo de juego, agredió a un jugador y escapó de la policía.

Señala, al pasar, lo que a su criterio resulta una incongruencia que radica en que el Magistrado de Grado impuso condena en el marco de un juicio abreviado a otro de los involucrados en el episodio en cuestión apartándose de la garantía de igualdad ante la ley al negarle el derecho que reconoció a los coimputados (fs. 601/02).

Posteriormente dirige su crítica a intentar conmover los fundamentos que sustentan la decisión en crisis. En primer lugar discrepa con la afirmación acerca de que la suspensión del juicio a prueba se trata de un derecho del imputado, él la considera como una forma alternativa de resolución de conflictos contravencionales para los hechos punibles de menor importancia con la finalidad de concentrar los recursos judiciales en la persecución de ilícitos de mayor magnitud, daño o peligro cierto hacia los bienes jurídicos legalmente tutelados.

Afirma, con sustento en las opiniones que cita, que la falta de anuencia Fiscal impide la conformación del acuerdo legalmente exigido y afirma que no resulta procedente asimilar la regulación del instituto a nivel nacional con la prevista a nivel local, pues ambos ordenamientos resultan tributarios de distintos principios procesales diferentes. Asimismo, para enfatizar su convicción, cita precedentes jurisprudenciales de Tribunales de la Provincia de Buenos Aires y de la Sala II de esta Cámara de Apelaciones en lo contravención al y de Faltas.

En definitiva el recurso propugna por que se revoque el auto en crisis, se aparte al Magistrado interviniente y se ordene la continuación del trámite del presente proceso.

X) Que a fs. 685/87, se aprecia el dictamen producido por la Sra. Fiscal ante esta Cámara a través del cual mantiene el recurso del Fiscal de instancia al cual añade que la posibilidad de suspender el proceso a prueba no es un derecho adquirido e irrevocable del imputado, al que pueda acceder en todos los casos, sino que es el fruto de un acuerdo con el Ministerio Público Fiscal estando vedado al Juez su concesión cuando no exista un acuerdo que lo solicite, de lo que desprende, con sustento en autorizadas opiniones doctrinarias, que el texto legal reconoce cierto grado de discreción para que el Ministerio Público, fundado en razones no estipuladas de conveniencia y oportunidad político-criminales decida sobre el ejercicio de la acción penal en casos particulares. Entiende que la circunstancia de que un Magistrado supla la voluntad Fiscal y suspenda el juicio a prueba resulta lesivo del sistema acusatorio, del principio de imparcialidad y del debido proceso, todos ellos de rango constitucional.

Se agravia la acusadora pública ante esta instancia por considerar que de la interpretación literal de la norma contenida en el art. 45, ley 1472 se advierte que el imputado puede acordar con el Fiscal la suspensión del proceso a prueba por lo que entiende que resulta improcedente lo actuado a partir de que las peticiones al efecto se efectuaron en sede del Juzgado y dicha circunstancia no es menor pues debe ser el Ministerio Público Fiscal el órgano que eventualmente participará acerca del acuerdo sobre las reglas de conducta sustitutivas. En este sendero de su razonamiento, solicita se dicte la nulidad de los actos que no cumplieron con la necesaria intervención del Ministerio Público Fiscal (art. 167, inc. 2 CPPN).

En lo específicamente relativo a las cuestiones fácticas del caso, señala la Sra. Fiscal que es pública y notoria la situación que se vive actualmente en los espectáculos deportivos y cómo fue el propio legislador quien previó penas especialmente graves para estos conflictos (hasta diez días de arresto), por ello resulta especialmente grave la resolución en crisis que veda a la sociedad un debate público acerca de los hechos presuntamente contravencionales y eventual castigo para los autores.

Por los motivos sintéticamente reseñados solicita la Sra. Fiscal ante esta instancia la declaración de nulidad del procedimiento actuado a partir de la solicitud del beneficio por parte del imputado Jofré y subsidiariamente se haga lugar al recurso y se revoque la resolución en crisis.

XI) Que a fs. 693/95, el Sr. Defensor Oficial de Pablo Hernán Jofré contesta los agravios contenidos en la impugnación bajo estudio y sostenidos en el dictamen de la Sra. Fiscal ante esta instancia.

Sin perjuicio de remitirse a su desarrollo argumental desplegado en ocasión de celebrarse la audiencia oral ut supra referida, el Sr. Defensor Oficial cuestiona que la posibilidad del Fiscal de oponerse pueda reposar en razones conservadas en la esfera íntima del titular de la acción pues ello resulta inaceptable en un sistema republicano de gobierno. Asimismo critica los fundamentos fácticos en virtud de los cuales la acusación entiende que es necesario en el caso celebrar un debate oral y público, advierte que en el partido de fútbol bajo estudio no existió ningún episodio de sangre ni tampoco la respuesta judicial ha sido titubeante toda vez que se aplicó la suspensión del juicio a prueba por el máximo legal y se impusieron variadas reglas de conducta acorde con la índole de los hechos. Sostiene que la cantidad de personas que vieron el hecho ilícito puede resultar determinante de su gravedad. En síntesis, afirma que los argumentos no tienen vinculación con el caso concreto o se apartan de la plataforma fáctica propuesta en la acusación resultando, en definitiva, aparentes y encubriendo una oposición infundada.

En conclusión solicita se confirme el decisorio en crisis.

XII) Que a fs. 700/01, el Sr. Defensor Oficial de Oscar Armando Laudonio contesta la vista conferida del recurso acusador y postula que debe confirmarse la decisión en crisis.

Sustenta su decisión remitiéndose a las razones dadas por el Juez a quo, añadiendo, con sustento en la doctrina jurisprudencial del más alto Tribunal Federal, que no deben confundirse las reglas propias del debido proceso de carácter acusatorio, que impone simplemente disociar las funciones requirentes de las decisorias, con el principio dispositivo, sin que resulte el acusador titular de derecho alguno que permita apartar al tribunal del ejercicio de su jurisdicción (Corte Suprema de Justicia de la Nación in re Mostaccio, Julio G del 17/02/2004).

Asimismo, afirma que en el caso no se comprende la negativa del Ministerio Público Fiscal que parece una negativa por la negativa misma.

XIII) Que a fs. 702/03, el Sr. Defensor particular de Jorge José Benítez contesta el traslado de la apelación bajo examen que fuera sostenida por la Sra. Fiscal ante esta Cámara y manifiesta que sus agravios deben rechazarse por las razones de hecho y derecho que expone. Entre ellas se destaca la afirmación acerca de que el instituto que se discute no establece ninguna diferenciación ni discriminación entre los tipos contravencionales sino que en todos ellos, siempre y cuando se cumplan los recaudos legales en rigor únicamente no registrar condena contravencional en los dos años anteriores al hecho- (que a su criterio resulta una expresión legislativa de política criminal), se puede ejercer el derecho en cuestión.

XIV) Que a fs. 705/08 el Sr. Defensor particular de Alberto Gustavo Lousteau contesta los agravios de la acusación destacando que la resolución en crisis cumple con la finalidad legislativa para la cual fue creado el instituto en cuestión. Destaca que este Tribunal recientemente ha fijado su posición en cuanto al carácter no vinculante de la oposición Fiscal en los procesos de juzgamiento por delitos previstos en la legislación penal (cita Sánchez, Rubén Gerardo s/ art. 189 bis CP -Apelación-, Causa N° 459-00/CC/2005 del 9/03/2006) conservando los jueces la facultad de controlar la legalidad y razonabilidad de los dictámenes de la acusación.

En definitiva postula el rechazo de la apelación bajo examen y la confirmación del resolutorio en crisis.

XV) Que a fs. 709 los autos quedaron en estado de ser resueltos resultando necesario dilucidar, como primera cuestión, si el recurso ha sido bien concedido y, en su caso, revisar la decisión en crisis a la luz de los agravios que ha generado.

PRIMERA CUESTION La apelación ha sido correctamente concedida desde el momento en que la resolución impugnada, que suspendió el proceso a prueba respecto de las personas imputadas por los episodios acontecidos el 14/06/2006 en el estadio del Club Atlético Boca Juniors, posee capacidad para irrogar al recurrente, el Sr. Fiscal de Grado, un gravamen de insusceptible reparación ulterior (art. 50, 6 LPC y 449 CPPN).

En efecto, la decisión que concede el beneficio de la suspensión del juicio a prueba es pasible de entrañar el mentado perjuicio, pues implicaría para el titular de la acción la imposibilidad de proseguir con el ejercicio de la misma y lograr, como pretende, un debate en juicio oral y público donde poder comprobar los hechos que afirma sucedidos así como de lograr la imposición de las penas que requirió. No se advierte la existencia de otra oportunidad útil para que el Fiscal logre el cometido que pretende.

SEGUNDA CUESTION 1. Ingresando al fondo del asunto planteado corresponde adelantar que, en virtud de las cuestiones de índole jurídica vinculadas con la finalidad del instituto bajo examen así como por las particularidades fácticas del presente proceso de conocimiento, por intermedio del cual el acusador público pretendió llevar a juicio oral los hechos ocurridos el 14/06/2005 en el estadio del Club Atlético Boca Juniors, corresponde confirmar la decisión en crisis.

2. En efecto, tal como sostiene el Sr. Juez a quo en la resolución impugnada, no resulta razonable, por desproporcionado, tratar con mayor amplitud al beneficio de la suspensión del proceso a prueba en sede penal que en el ámbito contravencional.

Así las cosas, corresponde recordar que en ocasión de que este Tribunal se expidiera acerca de la concesión del beneficio bajo estudio con relación a un imputado en una causa penal (donde se endilgaba a una persona la portación no autorizada de un arma de fuego de uso civil), se afirmó que la falta de consentimiento del representante del Ministerio Público Fiscal, exigido expresamente por el párrafo IV del art. 76 bis CP para los supuestos en que las circunstancias del caso permitieran dejar la pena en suspenso, es decir, su oposición, debe encontrarse debidamente motivada, de modo que, una disconformidad Fiscal infundada no puede, en ningún caso, impedir la suspensión del proceso a prueba.

En definitiva, en cada oportunidad en que este Tribunal abordó la problemática atinente a la procedencia del derecho a la suspensión del juicio a prueba, en virtud de las múltiples discrepancias interpretativas suscitadas alrededor de su regulación para el juzgamiento de delitos que, evidentemente, se reiteran en la esfera local aunque ahora en lo atinente al juzgamiento de conductas presumiblemente menos lesivas (contravenciones), se advirtió la necesidad de recurrir al uso de distintas técnicas hermenéuticas con el objetivo de lograr una aplicación justa y razonable del instituto en cuestión, sin perder de vista su finalidad: básicamente la de evitar que el condenado cargue con los efectos estigmatizantes de una eventual condena y lograr una administración más eficiente de los recursos judiciales.

En la tarea aludida, la de interpretar los lineamientos del instituto de la suspensión del juicio a prueba, se debe tener especial cuidado (como lo hace el Magistrado de Grado) de no caer en interpretaciones que, en definitiva, resulten más gravosas para aquellas personas a quienes eventualmente se pueda endilgar la comisión de un ilícito contravencional que para aquellas otras a quienes se imputa la comisión de un delito tipificado en el Código Penal Nacional; el principio de proporcionalidad, el de razonabilidad así como el de trato igualitario a situaciones semejantes así lo reclama (art. 16, 28 CN y 13 CCBA).

Además, la vigencia del sistema acusatorio impuesto por la Constitución de esta ciudad a los efectos de afianzar el derecho de defensa, en todo caso, debe funcionar como pauta hermenéutica para todos los sistemas punitivos ejercidos en esta jurisdicción o, al menos, si se posee convicción acerca de sus alcances o consecuencias en el sistema penal, no corresponde, por vía interpretativa, restringirlo con relación al sistema contravencional.

3. Ahora bien, el Código Contravencional establece que el imputado de una contravención que no registre condena contravencional en los dos años anteriores al hecho puede acordar con el Ministerio Público Fiscal la suspensión del proceso a prueba (art. 45, ley 1472, el destacado es a los efectos de enfatizar la idea). De este aspecto de la norma, sobre el cual el Juez a quo también puso especial énfasis, se desprende con claridad que el instituto en cuestión consiste en un derecho para el imputado quien posee la facultad acordada por la ley sin que ella pueda ser negada en la práctica mediante una oposición, lisa, llana e incondicionada a la procedencia de dicho acuerdo, si se dan los requisitos legales, tal como ocurre en el caso.

En este punto del razonamiento resulta oportuno adentrarse en el análisis del pedido de declaración de nulidad de todo lo actuado con posterioridad a la presentación efectuada por Pablo Hernán Jofré en sede del Juzgado CyF Nº 10 tendiente a obtener la suspensión del proceso a prueba. El fundamento de dicha petición, introducida por la Sra. Fiscal de Cámara en ocasión de emitir su dictamen ante este Tribunal, reside, sustancialmente, en la circunstancia de que aquella petición escrita ante el juzgado implicó un apartamiento claro de la regulación normativa que establece que es el Ministerio Público Fiscal el que debe participar del acuerdo sobre las reglas de conductas sustantivas por lo que la práctica de efectuar la solicitud en cuestión por ante los estrados del Juzgado implica el incumplimiento de la necesaria intervención del Ministerio Público Fiscal en los términos del art. 167, inc. 2 CPPN.

No obstante, en el presente proceso, el apartamiento aludido no debe determinar el dictado de la nulidad que se pretende, ello a la luz de la doctrina jurisprudencial de este Tribunal en virtud de la cual la declaración de nulidad posee carácter excepcional, debiendo primar los principios de conservación y trascendencia de los actos procesales, resultando procedente únicamente en los supuestos en los que exista afectación a algún derecho constitucional; dicha afectación no se advierte verificada en el caso, toda vez que no se ha incumplido con la necesaria intervención del Minitserio Público Fiscal, quien no se vio, en rigor, impedido de llevar adelante el acuerdo, que es resorte de ese ministerio y del imputado, toda vez que, además de haber recibido el traslado del escrito productor del agravio (fs. 590/91), estuvo presente en la audiencia celebrada a efectos de discutir la procedencia de la suspensión del juicio a prueba en el caso. Allí quedó de manifiesto que, a su criterio, no resultaba procedente dicho instituto, en el caso, bajo ninguna regla de conducta que se fije o se pudiese acordar.

4. Ahora bien, a esta altura del razonamiento es dable concluir que la norma bajo examen, art. 45 ley 1472, contiene una regulación al menos incompleta del instituto bajo análisis.

Ello así toda vez que, en ocasión de reglamentar el derecho en cuestión, se reguló el supuesto en el cual las partes del proceso -Ministerio Público Fiscal e imputado- arriban, en el marco de una negociación, a un acuerdo que contemple las reglas de conducta a imponer como condición para proceder a la suspensión del ejercicio de la acción.

En dicho marco, la tarea que la ley asignó al órgano jurisdiccional se limita a resolver sobre dicho acuerdo reservándose la facultad de no aprobarlo cuando tuviere fundados motivos para estimar que alguno de los intervinientes no estuvo en igualdad de condiciones para negociar o ha actuado bajo coacción o amenaza.

Sin embargo, Toda ley, por el hecho de aplicarse, es interpretada ya que al cotejar su contenido con el hecho real, se produce un proceso de subsunción, al que contribuyen los órganos interpretativos (a veces el legislador y el científico y siempre el juez), por procedimientos gramaticales y teleológicos (...) Parece totalmente superada la opinión de quienes pretenden que el juez no debe tener independencia alguna frente al texto de la ley y que en lugar de interpretarlo, lo que hace es aplicarlo automáticamente (...) (JIMENEZ DE ASÚA, Luís, Tratado de Derecho Penal T II, Filosofía y Ley Penal, Buenos Aires, ed. Losada, 5ª Edición, p. 410 y ss.).

En esta inteligencia se advierte que la ley no previó solución para los supuestos en los cuales la facultad legalmente reconocida al imputado para acordar la suspensión del juicio a prueba no pueda ser ejercicida debido a la existencia de una drástica oposición a la procedencia de dicho derecho, sin embargo dicha omisión no puede resultar equivalente a negar el derecho en tales supuestos.

En efecto, tal como se afirmara ut supra, el ejercicio de la acción por parte del Ministerio Público Fiscal no impide que el Juez, frente a una disconformidad Fiscal infundada conceda la suspensión del proceso a prueba, como así tampoco en el caso que los fundamentos fueran ilegítimos o irrazonables. En tal sentido afirma Bovino que El reconocimiento legal de cierto grado de discreción para que el ministerio público ejerza la acción penal no permite que su juicio pueda estar fundado de cualquier modo, y tampoco impide que su decisión pueda ser sometida a control judicial sobre su legalidad y razonabilidad (ALBERTO BOVINO, La suspensión del procedimiento penal a prueba en el Código Penal Argentino, p. 160, Bs. As., ed. del Puerto, 1º reimp., 2005).

Por otra parte, también se exige que las razones político criminales que el Ministerio Público pueda legítimamente tener en cuenta para tomar su decisión deben estar referidas a la conveniencia de la persecución respecto a ese caso particular y esas razones deben ser razones que, según el ordenamiento jurídico, puedan ser tomadas en cuenta para una decisión de este carácter (Op. Cit. Pág. 161). Si el Fiscal no opone ninguna razón legítima sobre la inconveniencia político criminal de suspender el procedimiento, el Tribunal puede suspender la persecución penal (Op. Cit. Pág. 161).

Así, se advierte que las razones que el Sr. Fiscal de Grado esgrimió en la audiencia celebrada a los efectos de discutir la procedencia del instituto para no prestar conformidad en el caso a la suspensión y reiteró en la apelación a efectos de obtener la revocación de lo decidido, si bien brindan sustento suficiente a una oposición fundada no cumplen con el requisito de razonabilidad.

Ello así por cuanto la oposición Fiscal se apoya sustancialmente en la alegada extrema gravedad de los extremos fácticos que pretenden ser llevados a juicio público (referenciados en el punto I de la presente) que ameritarían que, al menos, se discuta la responsabilidad de los imputados en los mismos y en la convicción acerca de los fines de prevención que, según afirma, cumple la pena. Ahora bien, afirmó el Fiscal que, en el caso, (...) estamos hablando de un espectáculo masivo, situación que fue vista por millones de personas, un espectáculo de fútbol que viene manchado de sangre desde hace años, con respuestas por parte de la justicia de manera titubeante (fs. 657, 667).

Por ello, desde el momento que el recurrente conecta la gravedad de los hechos investigados en el presente legajo con la problemática que en general suele aquejar, con una lamentable frecuencia, a los espectáculos deportivos masivos, si bien por un lado demuestra su legítima inquietud en intentar coadyuvar (en su criterio a partir de la imposición de pena de arresto de efectivo cumplimiento en el caso) a su disminución, no es menos cierto que se aparta de las constancias del caso concreto que, como se manifestó en párrafos anteriores, debe ser uno de los pilares exclusivos en que se pueda motivar válidamente la oposición manifestada.

Por otra parte el Fiscal considera que la gravedad de los hechos ventilados en la presente causa merecen ser sometidos y resueltos mediante una sentencia firme (fs. 657), pues no cree que estas conductas sean redimibles por una suspensión del proceso a prueba por más reglas de conducta que se le quieran imponer (fs. 657 vta.).

Si por redimir el Fiscal apunta a los fines preventivo especiales que cumplen las reglas de conducta, no ha explicado las razones por las cuales anticipa un pronóstico desfavorable en relación a los objetivos que aquellas pretenden cumplir en relación a los imputados.

Tampoco explica el Fiscal por qué, en tanto penas, la imposición de inhabilitación o prohibición de concurrencia sí hubiesen tenido el efecto de prevención que pareciera buscar el acusador público pero, en cambio, no las reglas de conducta análogas que hubiese podido negociar en función de lo dispuesto por el art. 45 ley 1472.

Adviértase que la citada norma permite la posibilidad que el imputado, acuerdo mediante, deba cumplir entre otras reglas con la de abstenerse de concurrir a determinados lugares (inc. 4) (equivalente a prohibición de concurrencia), abstenerse de realizar alguna actividad (inc. 5) (similar a inhabilitación), como asimismo cumplir instrucciones especiales que se le impartan (inc. 7). Obsérvese que el plazo por el cual el Sr. Fiscal pudo haber intentado negociar esas reglas es igual al que pretende como extensión de la pena.

Por otra parte, señálese que a la luz de la norma contenida en el art. 46 de la ley 1472 no cabe presumir que en el hipotético caso de que resultara procedente la condena de arresto ella hubiese sido de efectivo cumplimiento. Con lo cual se disipa aún más la hipótesis de que el único camino para la obtención de los efectos disuasivos de la intervención estatal este representado, en el caso, por la realización de un juicio público y el posterior dictado de una sentencia en detrimento del derecho legalmente reconocido de acordar la suspensión del juicio a prueba.

Finalmente y en relación a la magnitud y trascendencia de los hechos invocados por el Fiscal, no se advierte que el legislador haya tenido la intención de excluir a priori -en base a su gravedad intrínseca-, de la procedencia del beneficio de la suspensión del juicio a prueba, a algunas conductas contravencionales discriminándolas de otras, de modo que por sí solas, no alcanzan para sustentar la negativa a la procedencia del derecho.

En lo atinente a las reglas de conducta seleccionadas señálase que, más allá de su adecuación o no en relación a los hechos imputados, este Tribunal se ve impedido de revisarlas a falta de impugnación Fiscal oportuna, cuanto menos en carácter subsidiario.

Por las razones expuestas, en mérito al acuerdo que antecede, a las normas legales, antecedentes jurisprudenciales y doctrinarios citados, el Tribunal RESUELVE:

I) RECHAZAR el planteo de nulidad introducido por la Sra. Fiscal ante esta Cámara en oportunidad de dictaminar (art. 167 inc. 2º CPPN).

II) CONFIRMAR la resolución impugnada obrante a fs. 662/63 en cuanto fue materia de recurso y dispuso: I) Suspender el proceso a prueba respecto de Pablo Hernán Jofré, en orden a las contravenciones previstas y reprimidas en los artículos 94, 99 y 101, ley 1472, por el término de un (1) año; II) Suspender el proceso a prueba respecto de Oscar Armando Laudonio, en orden a las contravenciones previstas y reprimidas en los artículos 99 y 101, ley 1472, por el término de un (1) año; III) Suspender el proceso a prueba respecto de Alberto Gustavo Lousteau, en orden a las contravenciones previstas y reprimidas en los artículos 99 y 101 segunda parte y 102, ley 1472, por el término de un (1) año; IV) Suspender el proceso a prueba respecto de Jorge José Benítez, en orden a las contravenciones previstas y reprimidas en los artículos 99 y 101 segunda parte y 102, ley 1472, por el término de un (1) año, en las condiciones ahí establecidas para los cuatro imputados (art. 45 CC).

Regístrese, notifíquese con carácter de urgente y devuélvanse los actuados al Juzgado de origen, a sus efectos.

Ante mí:

//jo constancia que el Dr. José Sáez Capel no firma por hallarse en uso de licencia.