Tribunal: TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-09-23


Buenos Aires, septiembre 23 de 2004.

La doctora Gramajo dijo:

I. A fs. 23/30 vta. se interpone recurso de apelación contra el acto dictado por la AFIP-DGI con fecha 10 de octubre de 2003 en virtud del cual se le comunica a la recurrente la caducidad del plan de facilidades de pago del dec. 1384/01, intimándosele en consecuencia el ingreso de los importes relativos a intereses por la declaración jurada agosto y capital e intereses por los correspondientes a septiembre a diciembre 1997; enero a abril y junio a diciembre de 1998 y enero de 1999 del impuesto al valor agregado, liquidados de acuerdo con la res. general 643/99 (AFIP), haciéndole saber que la falta de cumplimiento a lo requerido dará lugar al cobro del total adeudado por la vía judicial.

Se agravia la recurrente de que la AFIP adoptara un comportamiento contra legem aplicando una disposición legal, -el dec. 453/02 que modificara el art. 12 del dec. 1384/01- que no se encontraba vigente al momento de celebrarse entre las partes el convenio transaccional de espera documentada y que reduce las cuotas incumplidas para que opere la caducidad del plan a dos cuotas.

Considera que la declaración de caducidad trae como consecuencia no sólo la pérdida del goce de beneficio otorgado sino la de los "efectos útiles" de los actos (pagos) llevados a cabo durante la vigencia del plan, en tanto la mora se retrotrae y la tasa de interés aplicable pasa a ser notoriamente mayor a la prevista para la vigencia del plan.

También se agravia de la falta de consideración por parte de la AFIP, de los pagos efectuados por la totalidad de las cuotas con más sus intereses a la fecha de decretarse la caducidad, como así también de que no se haya considerado la voluntad del contribuyente de continuar con el pago del plan de facilidades rescindido unilateralmente sin causa, por la administración.

Finalmente sostiene la competencia de este Tribunal para entender en la causa con sustento en la jurisprudencia y doctrina que cita.

Pide la aplicación analógica al caso de varios decretos que enumera, cita jurisprudencia y doctrina y que se haga lugar al recurso interpuesto. Plantea el caso federal.

A fs. 38/45 la representación fiscal contesta el traslado que se le corriera del recurso interpuesto, oponiendo como de previo y especial pronunciamiento la exención de incompetencia prevista en el art. 171, inc. a), de la ley 11.683, t. o. en 1998, la que pide se declare imponiendo las costas a la contraria.

Advierte que la naturaleza del asunto que se cuestiona es ajena al conocimiento de este Tribunal toda vez que el acto que en sí constituye la caducidad del plan de pagos no es una determinación tributaria efectuada en forma cierta o presuntiva o bien la imposición de una pena o sanción en la legislación tributaria, o incluso ambas a la vez.

Cita jurisprudencia que entiende de aplicación al caso, por lo que solicita que el Tribunal se declare incompetente imponiendo las costas a la apelante. Subsidiariamente contesta el fondo de la cuestión y hace reserva del caso federal.

II. A fs. 46, punto 2 se corre traslado a la recurrente de la excepción opuesta por el Fisco Nacional el que fue contestado a fs. 49/50 vta.

A fs. 51 se resuelve tratar la excepción de incompetencia opuesta por el Fisco Nacional como de previo y especial pronunciamiento y se elevaron los autos a consideración de la sala D.

Finalmente a fs. 52 se llaman los autos a sentencia.

III. Que la cuestión sometida a decisión de este Tribunal se centra en determinar si el decaimiento del plan de facilidades de pago declarado en el acto apelado constituye o no decisión del organismo fiscal susceptible de abrir la competencia de este Tribunal por tratarse de alguno de los supuestos contemplados por los arts. 159 y 165 de la ley 11.683 - t. o. en 1998 y sus modificaciones (antes arts. 141 y 147 del texto ordenado en 1978 y modificaciones).

Que la suscripta ya ha tenido oportunidad de votar en causas en las que se debatía una cuestión sustancialmente análoga a la de autos, ocasiones en la que ha compartido la opinión vertida por la Dra. Sirito quien a su vez siguiendo a la sala B al votar la causa "Dopchitz, Alberto" el 11/5/90 y "Márquez, Guillermo César", el 25/8/92 en las que sostuvo: "El decaimiento de un régimen de facilidades de pago constituye una decisión del organismo recaudador que no encuadra en ninguno de los supuestos contemplados por los arts. 141 y 147 de la ley 11.683, como habilitantes de su competencia, circunstancia reafirmada por el hecho de que las llamadas leyes de moratoria no configuran sino especies del género "Medios de extinción de las obligaciones tributarias", materia ésta reiteradamente declarada ajena a su conocimiento".

Que de lo expuesto se desprende y la suscripta comparte el criterio que sienta que de ninguna manera puede encuadrarse como lo pretende la apelante al referido decaimiento como una sanción de las contempladas en las normas citadas. Ello es así toda vez que dicho decaimiento es la consecuencia lógica prescripta en la normativa que establece el régimen de facilidades de pago (y que es conocida y se reputa aceptada por los contribuyentes al momento de acogerse a los mismos), para cuando dejan de pagar e incurren en mora, renaciendo por lo tanto la obligación principal sin que ello implique que no se imputen conforme a la ley los pagos efectuados hasta el momento de cesar el pago de las cuotas.

Que asimismo procede puntualizar que en igual sentido se ha pronunciado la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, sala 1, con fecha 7/10/97 al sentenciar la causa "El Virabe S.C.A."; la sala 2 en fallo del 11/12/98 recaído en autos "Ferrocchio y Cía. S.A. (T.F. 12.832-I c. DGI)"; la sala 3 al dictar sentencia el 10/3/98 en la causa "I.S. Szmelc y Cía. S.A.C.I.F.E.I." y la sala 5 el 25/6/97 al pronunciarse en los autos "Petersen Thiele y Cruz S.A.".

Que atento lo que se dejó expresado precedentemente corresponde hacer lugar a la excepción de incompetencia planteada por el Fisco Nacional, con costas, lo que así se resuelve.

IV. Que en consecuencia, corresponde intimar a la recurrente para que en el término de cinco (5) días ingrese la tasa de actuación en la proporción dispuesta por el art. 5º de la ley 22.610 (modificada por la ley 23.871), por $3.008,76.

V. Que asimismo procede ordenar que, en caso de quedar firme la presente, por Secretaría General de Asuntos Impositivos se remitan las presentes actuaciones a la AFIP-Dirección General Impositiva a fin de que les imprima el trámite que corresponda.

La doctora Sirito dijo:

I. Que comparte el relato de los antecedentes de la causa efectuado en los puntos I. y II. del voto de la Dra. Gramajo.

II. Que corresponde entonces examinar la excepción de incompetencia opuesta por el Fisco Nacional puesto que -como he venido sosteniendo- el pronunciamiento de este Tribunal sobre el alcance de su jurisdicción constituye un presupuesto esencial para otorgar validez a toda otra decisión posterior.

Que el acto impugnado en autos agregado a fs. 3/4 -y sus anexos de fs. 5/13- consiste en la declaración de caducidad del plan de facilidades de pago al que se acogiera la recurrente a tenor de lo previsto por el dec. 1384/01, de lo que resulta que se le intima el ingreso del saldo adeudado en concepto de impuesto al valor agregado correspondiente a los períodos septiembre a diciembre de 1997; enero a abril y junio a diciembre de 1998 y enero de 1999, con más intereses resarcitorios. En el caso del período agosto de 1997 sólo se intiman intereses.

Que, por lo tanto, resulta aplicable al caso la doctrina -que se comparte- sostenida por la sala B en autos "Dopchitz, Alberto" sentencia del 11/5/90, confirmada por la Alzada el 16/10/90 y en "Márquez, Guillermo César", sentencia del 25/8/92, en donde en lo pertinente se estableció:

"El decaimiento de un régimen de facilidades de pago, constituye una decisión del organismo recaudador que no encuadra en ninguno de los supuestos contemplados por los arts. 141 y 147 de la ley 11.683, como habilitantes de su competencia, circunstancia reafirmada por el hecho de que las llamadas leyes de moratoria no configuran sino especies del género "Medios de extinción de las obligaciones tributarias", materia ésta reiteradamente declarada ajena a su conocimiento (Piedra Grande S.A., B-1632 del 14/5/85; más recientemente "Lamponi, Heraldo Hugo" sentencia del 30/10/89)." Que, por otra parte, no puede en modo alguno confundirse la caducidad o el rechazo de un acogimiento a un plan de facilidades de pago con una sanción, porque tal rechazo o caducidad no son "sino la consecuencia de no haberse observado los requisitos establecidos por la norma para la realización de un acto o un hecho (en el caso cumplir con un plan de pagos en el tiempo oportuno), esto es, la consecuencia riesgosa o adversa para quien no cumpla con un imperativo establecido en su propio interés. De este modo, incumplidas las formalidades del plan de pagos, del objeto del vínculo jurídico entre el responsable y la administración fiscal no surge un incremento cuantitativo sino tan sólo las consecuencias ordinarias de la mora como resultado objetivo de aquella inactividad o incumplimiento debido del plan de pagos." (En el mismo sentido, "Fernández, Eduardo Horacio" Expte. Nº 14.569-I, sentencia de la sala B del 5/9/95) Que la sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal ha reafirmado el criterio expuesto, al resolver en la causa "Ferrochio y Cía S.A. s/ apelación" Expte. del T.F.N. Nº 12.832-I, sentencia del 11 de diciembre de 1998, en donde en lo pertinente se sostuvo que "el decaimiento de un plan de facilidades de pago no es una sanción de carácter penal comprendida en el art. 14 de la ley 11.683, sino la consecuencia necesaria del incumplimiento del contribuyente a las condiciones establecidas en el plan al que se acogió voluntariamente, por lo que la caducidad se produce de pleno derecho sin que sea necesario, ni el reconocimiento por parte del contribuyente, ni el dictado por parte de la DGI de una resolución que la declare", y también en la causa "Bellespin, Hebe Carolina s/ apelación" Expte. del Tribunal Fiscal Nº 16.236-I, sentencia del 7 de octubre de 1999.

Por ello y en virtud de que la declaración del decaimiento del régimen de facilidades de pago instrumentado por el dec. 1384/01 no encuadra en ninguno de los supuestos contemplados por el art. 159 de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modif.) para habilitar la competencia del Tribunal Fiscal de la Nación, no resulta susceptible de ser apelada ante este organismo jurisdiccional.

Que, por lo expuesto, corresponde hacer lugar a la excepción de incompetencia planteada por el Fisco Nacional, con costas.

III. Que, asimismo, adhiere a los puntos IV y V del voto de la Dra. Gramajo.

El doctor Brodsky dijo:

I. Que corresponde establecer en primer término si el acto recurrido es de aquellos que abre la competencia asignada a este Tribunal por la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones).

Que para ello debe determinarse si la caducidad dispuesta por el organismo recaudador al plan de facilidades de pago establecido por el dec. 1384/01 participa de la naturaleza jurídica sancionatoria que haría viable la competencia cuestionada conforme a lo establecido por el art. 159 inc. b) de la ley 11.683 citada.

Que al respecto cabe señalar que ya tuve oportunidad de pronunciarme sobre el tema traído a resolver, en ocasión de sentenciar la causa "Silberman y Cía. S.A.C.I.F. s/ recurso de apelación" (Expte. Nº 12.911-I) fallada en la sala B, con fecha 21 de marzo de 1994 y "Tejidos Gulfi S. A. s/ recurso de apelación" (Expte. Nº 14042-I), sala C de fecha 24 de abril de 1995, por haberme desempañado como Vocal Subrogante de las Vocalías de la 6º y 9º Nominación respectivamente, a cuyos fundamentos y conclusiones me remito por razones de brevedad.

Que en dichas ocasiones se trataban de resoluciones emanadas de la DGI en las cuales se había declarado la caducidad de planes de facilidades de pago en los cuales los contribuyentes habían cancelado algunas o la totalidad de las cuotas comprometidas, lo que, en mi opinión resulta equiparable a una sanción.

Que en consecuencia, la sanción es el proceder impuesto a la infracción de un deber jurídico; en este sentido, la caducidad se presenta como la consecuencia de una conducta contraria al derecho objetivo entendido en plenitud. Precisamente, una concepción genérica de ilicitud como lo contrario al orden jurídico, lleva a considerar la caducidad como sanción; en igual sentido se ha pronunciado el Dr. Guillermo P. Galli al resolver la causa "Constructores Asociados S.A. c. DGI", CNFed. Contencioso Administrativo, sala IV, del 29/6/99 (Rev. Impuestos Nº 17 -LVII-B- págs. 57/65).

Debe destacarse que la ley 11.683 en su art. 159 inc. b), expresa que este Tribunal es competente para entender en los recursos de apelación contra las resoluciones de la AFIP que impongan multas o sanciones de otro tipo, salvo la de arresto. Resulta imposible restringir la competencia del Tribunal solamente al conocimiento de aquellas resoluciones que impongan multas, dada la claridad del texto citado, por lo que debe entender en la apelación de cualquier sanción que imponga el organismo fiscal, so pena de introducir una limitación que no resulta del espíritu ni de la letra de la ley, con la excepción que dispone la propia norma aludida.

II. Que, a mayor abundamiento debe puntualizarse que, si bien las resoluciones apeladas no son determinaciones de oficio en los términos previstos en los arts. 16 y 17 de la ley ritual, nada impide que las dictadas por el Fisco Nacional sin observar el procedimiento indicado en los citados artículos puedan ser juzgados por este Tribunal, por lo que debe concluirse que el caso traído a decisión encuadra sin esfuerzo en la previsión del inc. b) del art. 159 dado que el acto que se apela debe considerarse equiparado a una sanción en los términos del art. 165 de la ley 11.683 -t.o. citado-.

Que ya he venido sosteniendo en diversas causas que un exceso de ritualismo en la interpretación de las normas que rigen la competencia de este Tribunal, se encuentra en pugna con una adecuada exégesis, incompatible con los postulados de razonabilidad y justicia, ya que en palabras del Alto Tribunal "... la potestad jurisdiccional no se agota en la aplicación mecánica de la norma sino que exige discriminar los distintos aspectos del litigio a fin de lograr en cada hipótesis la justicia concreta del caso-" (Fallo 304:1919).

Atento las consideraciones que anteceden, estimo que el Tribunal Fiscal de la Nación es competente para entender en la presente causa, debiendo rechazarse la excepción opuesta por el Fisco Nacional, con costas.

Que en virtud de la votación que antecede, por mayoría; se resuelve: 1º) Hacer lugar a la excepción de incompetencia planteada por el Fisco Nacional, con costas.

2º) Intimar a la recurrente a que en el término de cinco (5) días ingrese la suma de $3.008,76 en concepto de tasa de actuación (conf. art. 5º de la ley 22.610 modificado por la ley 23.871).

3º) Ordenar que por Secretaría General de Asuntos Impositivos, en caso de quedar firme la presente, se remitan las presentes actuaciones a la AFIP-Dirección General Impositiva a fin de que les imprima el trámite que corresponda. - María I. Sirito. - Ethel E. Gramajo. - Sergio P. Brodsky.