Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-11-27


En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut, a los 27 días del mes de noviembre del año dos mil ocho, se reunió en Acuerdo la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, integrada por los doctores Jorge Pfleger, Alejandro Javier Panizzi y Daniel Alejandro Rebagliati Russell, con la presidencia del primero de los nombrados, para dictar sentencia en los autos caratulados "Provincia del Chubut c/ K. , D. E. (imputado) - Estado Provincial (agraviado) - Lago Puelo" (Expte. 21.165 - Folio 45 - T° II -Año 2007).

El orden para la emisión de los votos resultó del sorteo de fojas 101: Panizzi, Rebagliati Russell y Pfleger.

El Juez Jorge Pfleger dijo:

I. El recurso de casación deducido por la defensa pública ha traído a consideración de esta Sala la sentencia número 44/2007 emitida por el Juez Penal de Comodoro Rivadavia que, el 24 de agosto de 2007, condenó a F. F. S. a la pena de ocho meses de prisión en suspenso, más las costas del proceso, por hallarlo autor penalmente responsable del delito de amenazas simples, por el hecho ocurrido en esa Ciudad el 5 de junio de 2006 en perjuicio de G. A. B. (artículos 26, 29 inc. 3º y 149 bis 1ra. parte del Código Penal). El hecho acogido en la sentencia, declarado así al tratar la llamada "Primera Cuestión, fue el siguiente: "... el día 5 de junio de 2.006 F. F. S. se presentó en el comercio "L. 2.000" ubicado en calle Rawson Nº **** de esta ciudad (Comodoro Rivadavia), propiedad de G. A. B. y luego de mantener una fuerte discusión en la oficina le manifestó "que lo iba a matar...".

II. El doctor E. M. C. , el impugnante, se agravió pues consideró que la prueba reunida para la comprobación del extremo fáctico recreado en la decisión, no estaba bajo el alcance de la conducta típica.

Afirmó que se había acreditado solamente la relación laboral anterior al suceso que existió entre su defendido y B. , los ingresos que había realizado su asistido al local del mencionado Bandeo por desacuerdos relacionados con esa relación laboral, y una fuerte discusión que derivó en la denuncia; pero no la manifestación, en boca del imputado, consistente en que: "... lo iba a matar..."(sic) , pues ésta, sólo encontraba asidero en los dichos del denunciante y en la íntima convicción del Juez de Mérito.

Puso de relieve que el único elemento de cargo fue la versión de la víctima ya que no hubo testigos directos de la discusión, y el testigo P. D. G. no se encontraba presente en su lugar de trabajo, donde se produjo el incidente porque estaba haciendo un curso y se enteró del hecho por comentarios.

Afirmó que los únicos elementos a considerar entonces eran las manifestaciones contrarias vertidas por la víctima y su defendido, y que ese panorama, sin otra prueba que avalara alguna de dichas manifestaciones, resultaba insuficiente (sana crítica racional mediante) para destruir el estado de inocencia de su asistido.

Remarcó que el convencimiento probable sobre el hecho no alcanzaba para tenerlo por "fijado" en la resolución judicial; que tratándose de sentencia condenatoria, quedaría violentado el principio lógico de razón suficiente que exige que se demuestre: "que un enunciado, solo puede ser así y no de otro modo".

Con cita doctrinaria sostuvo que "... el estado de inocencia prevalece sobre el caudal probatorio, que si bien lo puso en tela de juicio, ha carecido de la envergadura legal exigida para su destrucción..." Finalmente, solicitó que se revoque la resolución impugnada y se absuelva al acusado habida cuenta de la ineficacia probatoria y para evitar un dispendio jurisdiccional.

III. Sentado lo que es el nudo de la discusión que se propone, echaré dos palabras sobre algunos puntos que estimo válidos a la solución.

En primer término, reitero lo dicho en punto al modo de examinar la sentencia a tono con los precedentes a cuyo través la Corte Suprema de Justicia de la Nación consagró la teoría del "máximo rendimiento" o de "máxima capacidad de rendimiento" en la revisión impulsada por la defensa, traducida en que el Tribunal posee respecto de los hechos sometidos a su control las más amplias facultades con el solo límite de lo que es propio de la inmediación y, naturalmente, del marco dado por el recurso. (arts. 18 y 75 inc. 22 de la C.N, 8.2. h. de la CADH y 14. 5 del PIDCP, casos "C. ", "M. A. " entre otros).

En segundo término, y en atención a que el agraviado ha sometido a escrutinio cuestiones que envuelven la apreciación de la prueba y la manera de formular el discurso de justificación de una condena, me remitiré a lo que profusamente he tratado en causas en que se plantean similares problemas en los que orbitan los tópicos de la verdad, la certeza y la sana crítica, y, por añadidura, la arbitrariedad por ausencia de motivación.

Esta remisión implica ratificar cada uno de aquellos conceptos y dejar sentada la idea de que la tarea del Juez implica la reconstrucción histórica de un hecho y que sólo puede materializar mediante el ejercicio de la razón crítica, apreciando el todo que las partes le presentan con agudeza, con método, con honestidad intelectual.

Solo así estará "en lo cierto", en la creencia, mas allá de toda duda de poseer la verdad que es aquello "...que la razón reconoce exactamente... un juicio abstracto con razón suficiente...".

Por ello es correcto el proceder de los sentenciantes si, en la decisión, han predicado certeza luego de un proceso de evaluación de la evidencia realizado con apego a las reglas de la sana crítica, fundando debidamente el relato que traduce la opinión.

IV. Bajo estos parámetros, penetraré en el examen del caso y, al respecto, anuncio mi posición proclive a la confirmación del fallo, cuyos argumentos son válidos para justificar la aplicación de la norma penal y por ende la condena.

Veamos.

El Juez "a-quo" ha basado su convicción en los dichos del denunciante, y ha tomado como aporte de verosimilitud la versión brindada por P. D. G. , a la sazón empleado de aquél, quien dio su testimonio sobre las otras oportunidades en las que habría concurrido el imputado a reclamar el pago de una deuda y de su comportamiento conflictivo y demandante, traducido en insultos y amenazas que incluyeron -en una ocasión- la intervención de la fuerza pública y la internación del incuso en un centro asistencial.

Al respecto, el sentenciante expresó: "... desde luego que no es objeto ni materia de tratamiento jurisdiccional la relación contractual, pero a no dudar, ha sido origen del conflicto, incluso reconoce el imputado en la declaración brindada ante el Juez de Instrucción a fs. 29/30, incorporada por lectura, que se presentaba en el comercio en procura del dinero que dice le adeudaba y que siempre obtenía evasivas, tales como que los empleados le decían que no se encontraba Bandeo o éste directamente no lo atendía. Frente a este cuadro, cobra importancia el testimonio de P. D. G. quien en definitiva corrobora que S. reiteradamente se presentaba en el comercio y pedía por Bandeo, no de buena manera, que insultaba, amenazaba y que en varias oportunidades lo hizo en estado de ebriedad. Además aludió a un incidente en el cual tuvo que intervenir la policía, que no es otro del que dan cuenta las actuaciones policiales agregadas a fs. 76/87 correspondientes al preventivo Nº 327/06 de la Seccional Segunda de Policía de fecha 21 de julio de 2006 que culminó con una derivación del imputado a Salud Mental del Hospital Regional local por el estado de excitación psicomotriz y verbal donde se constató además una intoxicación alcohólica aguda lo que encuentra correlato en la Historia Clínica Nº 26.188 de fs. 61/66 y en el informe del Cuerpo Médico Forense de fs. 75. En definitiva corroboradas las causas del conflicto, las inusitadas derivaciones a las que acabo de hacer referencia, el relato del testigo G. , los dichos del denunciante y el reconocimiento del encartado de su concurrencia reiterada al comercio me convencen que el incidente descripto al iniciar la cuestión, existió...".

Se observa que el razonamiento del señor Juez ha considerado dos versiones opuestas acerca del hecho de la condena, la una proveniente del denunciante y la alterna del imputado, y ha optado por una dando razones.

Veremos si acaso dentro del marco del máximo esfuerzo es factible de validar aquella operación intelectual y así justificar el predicado vertido en el prólogo.

Tengo para mí, en ese sendero, que los dichos de B. fueron corroborados por los restantes elementos adunados a la causa, y que, por el contrario, la versión del incuso ha quedado desvirtuada por mendaz en varios de sus pasajes.

Explico.

El acusado negó haber proferido cualquier amenaza a la víctima, también rehusó admitir que poseía un arma o que alguna vez hubiera manipulado una.

Estos extremos, esgrimidos en la oportunidad de realizar su defensa material (declaración de fs. 29/30 incorporada por lectura a la audiencia de debate), fueron desbaratados por los testigos escuchados en el juicio.

En efecto, el testigo Pablo Daniel González, refirió en su testimonio una explicación de los hechos acorde los dichos de la víctima, otorgándole, consecuentemente, visos de verosimilitud. El órgano de prueba expresó que en repetidas oportunidades el encausado se hizo presente en el negocio en cuestión con una actitud agresiva profiriendo insultos y amenazas a los presentes.

Ese modo de conducta, reiterada y con características similares a la que se le endilgó, constituye un elemento indiciario de importancia, que el Juez de Mérito hizo valer a la hora de fiarse de cuanto había dicho la víctima, debilitando la negación de S. .

A más, el incidente en el que tomara parte este último y en el que se requirió la intervención policial para reducirlo, constituyó un evento importante a la hora de determinar el carácter y la forma de conducirse ante el conflicto, en otra ocasión.

En dicha oportunidad, conforme surge del acta policial adunada a la causa (fs. 76/77 vta.), el personal actuante, por una llamada realizada desde el comercio en cuestión, se constituyó en el lugar y verificó la existencia de un incidente protagonizado por el imputado quien, en estado de ebriedad, profería insultos y amenazas a los empleados que se encontraban en el lugar.

A la sazón, pese al esfuerzo para disuadirlo, los que intervinieron no lograron su cometido y, ante la tentativa de agresión a los empleados del local comercial, la policía tuvo que emplear la fuerza para neutralizarlo y, esposado, llevarlo a la seccional.

Estos elementos fueron correctamente ponderados por el Tribunal y cimentaron en su espíritu el estado de certeza que justificó su conclusión condenatoria.

Abandonada la prueba tarifada de los códigos inquisitivos y el antiguo principio de "testigo único, testigo inválido", los modernos han consagrado la sana crítica racional que desata al Juez de todo brete en la apreciación de la prueba legalmente adquirida, siempre que su razonamiento se formule con apego a este sistema de valoración.

De ello se deriva que el carácter único del testimonio no implica desechar la plenitud probatoria, siempre y cuando existan otras evidencias que conduzcan al Juez a optar por la hipótesis prevaleciente.

Esto ha ocurrido en autos adonde se han conjugado indicios de mala justificación, oportunidad, personalidad y de conducta anterior concurrentes a la adquisición de la verdad, que el Magistrado administró de modo correcto en su decisión de él, como ya he referido.

V. No percibo que la calificación legal del caso merezca reparos, si se la descompone siguiendo las categorías que brinda la teoría del delito y se analiza cada uno de sus ingredientes constitutivos.

Tampoco la pena, que el Magistrado ha fundado con total apego por la Ley, dadas las circunstancias del caso.

Por cuanto vengo de decir, estimo que deberá rechazarse la casación y confirmarse la sentencia en crisis.

VI. Asimismo, considero adecuado a la labor realizada regular los honorarios profesionales de la Defensa Pública en la suma de quinientos pesos ($ 500.-) sin I.V.A. (Ley 2.200, artículo 14 y Ley 5920, artículo 59).

Así me expido y voto.

El Juez Alejandro Javier Panizzi dijo:

I) En el voto que precede a éste, elaborado por el doctor Pfleger, fueron expuestos con suficiencia los antecedentes del caso y los agravios vertidos por la defensa del acusado, de modo que me abstendré de hacer una ociosa repetición, en beneficio del lector.

II) Disiento con la apreciación del recurrente al calificar la convicción a la que arribó el Juez en lo Correccional de la ciudad de Comodoro Rivadavia, como sustentada en su íntima convicción puesto que, aun cuando sólo la víctima brindó detalles de lo ocurrido el día del hecho, el resto del material colectado en la causa corroboró la hipótesis acusatoria.

El Juez motivó su credibilidad sobre la denuncia en los dichos del testigo P. D. G. quien, por desempeñarse laboralmente en el comercio propiedad de la víctima, confirmó las numerosas ocasiones en que el imputado se presentó en su lugar de trabajo preguntando, de mala manera, por B. tanto como los insultos y amenazas que solía proferir, estando en ocasiones ebrio.

Detalló un incidente de esas características en el que intervino la policía, suceso que quedó respaldado por las actuaciones policiales agregadas a fs. 76/87 en las que consta que todo terminó con la derivación del imputado a Salud Mental del Hospital Regional local por el estado excitación psicomotriz, verbal y una intoxicación alcohólica aguda. Condición corroborada por la Historia Clínica N° 26.188 cosida a fs. 61/66 y el informe del cuerpo médico forense agregado a fs. 75 de autos.

Estos elementos de prueba, adunados al reconocimiento del imputado durante la instrucción (fs. 29/30) de haberse apersonado en el comercio de Bandeo en procura del dinero adeudado, convencieron al magistrado de que el evento juzgado sucedió tal como se denunció.

Es verdad, como anotó el recurrente, la ausencia de prueba directa sobre el preciso momento en que S. pronunció la frase "te voy a matar" -que éste negó haber enunciado-. Pero el plexo probatorio produjo en el sentenciante una certeza diferente a la declarada por el encartado, y la carencia apuntada por la defensa no logra derribarla. Toda investigación penal va más allá de la acción desplegada en el evento y, eventualmente, esa información puede ser la base desde la cual parte el Juez para tener por acreditados ciertos extremos de la imputación fiscal.

La prueba con la que cuentan los magistrados no siempre revela particularidades del hecho, sino que brindan información sobre otros acontecimientos accesorios, complementarios o no determinantes, pero conectados con lo sucedido, que lo conducen a inferir aspectos de la existencia de otro no percibido directamente en el contexto que juzga. Esos elementos de prueba son los indicios.

No se trató de juzgar la personalidad del autor -de determinar que era particularmente peligroso-, sino de acreditar su actitud frente al conflicto particular que mantenía con su empleador; es decir, que estaba dispuesto o proclive a la contienda en el caso concreto. Quiero decir que el Juez no ha incurrido en un positivismo lombrosiano exacerbado, sino que aquella actitud fue juzgada por el magistrado como lo que movió al imputado a proferir las amenazas.

La certidumbre que produjeron tales vestigios, valorados con el resto del material colectado según las reglas del artículo 357 del Código Procesal Penal, resultó razonable y suficiente para afirmar que el día 5 de junio de 2006 F. F. S. se presentó en el comercio "L. 2000" ubicado en calle Rawson N° **** de la ciudad de Comodoro Rivadavia, propiedad de la víctima, y luego de mantener una fuerte discusión en la oficina de éste le manifestó "te voy a matar".

El desbaratamiento de las explicaciones proporcionadas por el encausado, con el propósito de cohonestar su conducta refuerza el denominado "indicio de mala justificación" y, por lo tanto, debe ser tenido en cuenta como síntoma de cargo.

La incriminación del testigo González, el indicio de autoría que surge de la prueba armónicamente enlazada con el indicio de mala justificación, permitieron al Juez llegar racionalmente a la conclusión a la que se arribó en la sentencia atacada.

En definitiva, juzgo que no hubo malversación de la prueba y que la sentencia bajo examen ha sido fundada, correctamente compuesta y adecuada al derecho, por lo que propicio su confirmación, con costas (artículo 24, inciso 2°, 415, 485 y concordantes del Código Procesal Penal).

III) Adhiero a la regulación de honorarios realizada por mi colega de Sala en el voto que antecede, por ajustarse a las pautas mensurativas de la ley arancelaria (artículo art. 14 y concordantes del Dto. Ley 2200, T.O. 4335; art. 59 y concordantes de la Ley 4920).

Voto así.

El Juez Daniel Alejandro Rebagliati Russell dijo:

Con los sufragios coincidentes de los doctores Jorge Pfleger y Alejandro Javier Panizzi, existe mayoría de votos para conformar la voluntad de la Sala Penal, de modo que haré uso de la facultad que prevé el art. 357 del CPP (texto según ley 4550).

Con lo que culminó el Acuerdo, pronunciándose la siguiente:

--------------- S E N T E N C I A ----------------- 1º) Declarar improcedente el recurso de casación interpuesto a fs. 121/123 vta. por el Defensor Público, doctor Eduardo Marcelo Cerdá, en representación de F. F. S. , con costas (artículo 24, inciso 2, 415, 485 y concordantes del Código Procesal Penal);

2º) Confirmar la sentencia dictada por el Juez en lo Correccional de la ciudad de Comodoro Rivadavia, doctor Guillermo Alberto Müller, el día 24 de agosto de 2007, cosida a fs. 115/119 vta., y protocolizada bajo el número 44 del año 2007;

3º) Regular los honorarios profesionales de la Defensa Pública en la suma de quinientos pesos ($ 500.-), no incluye el importe correspondiente al I.V.A.(Ley 2200, artículo 14 y Ley 4920, artículo 59); 4º) Protocolícese y notifíquese.- Fdo: Pfleger, Panizzi y R. Russell.-