Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2017-10-17


AUTOS N°88333 (C.C.Nº22313) DEL Cuarto Juzgado Civil, Caratulados: "PROVINCIA DE SAN JUAN C/ Valerio, Obdulio Omar Y Otra - Ejecutivo".

PROTOCOLIZADO:L. A.-Año 2017- del Tº II - Fº137/141- En la Ciudad de San Juan a Diecisiete (17) días del mes de octubre de 2017, reunida en Acuerdo la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, bajo la presidencia del Dr. Oscar Roberto Otiñano y el Sr. Vocal Dr. Roberto M. Pagés Lloveras, a fin de conocer los recursos concedidos mediante decretos de fs. 172 y 177, contra la sentencia de fecha veintinueve de abril del año dos mil dieciséis, recaída en los presentes autos Nº88333 (C.C. Nº22313) caratulados: "PROVINCIA DE SAN JUAN C/ VALERIO, OBDULIO OMAR Y OTRA - EJECUTIVO -", dictada por el Sr. Juez titular del Cuarto Juzgado Civil, obrante a fs. 164/168.- EL DR. OSCAR ROBERTO OTIÑANO DIJO:

Vienen a resolver los recursos deducidos: a) por la demandada por honorarios, recurso fundado a fs. 174/175 y b) por la actora, respecto de la perención de instancia decretada, expresando agravios a fs. 178/200.

Recurso de la demandada: Se agravia de la regulación efectuada a su favor en el 4% de la liquidación a practicar y en base a lo previsto en los arts. 40 y 41 de la ley 56 - O. Afirma que la misma es baja dado que como resultado del incidente de caducidad se ha aniquilado la causa, decretando la perención de la primera instancia. Pide se aplique el máximo de los porcentuales que establece la ley arancelaria.

Recurso de la actora: Se queja de la admisión de la caducidad de instancia que considera arbitraria por haberse invertido el orden metodológico en el tratamiento de las cuestiones a resolver insinuando que la perención nunca debió tratarse en primer lugar. Indica que primero debió tratarse la validez del acto de fs. 36 y vta conforme incidente de redargución de falsedad, sus efectos y consecuentemente, la caducidad, la nulidad de ejecución, prescripción y por último las costas.

Define la estrategia de la demandada dirigida a invalidar el acto de fs. 36 a través de la redargución de falsedad, que paraliza el proceso principal, pero luego - por supuesto error del juzgador - se continúa; pues de ello depende todo lo posterior. Define el acto procesal como integrante del proceso y su relación con la preclusión y como especie del acto jurídico. Indica que contiene tres elementos a saber: 1) Sujeto: distingue aquí: a) actos del Juez, b) de las partes y c) de terceros; 2) Objeto: materia sobre la que recae y finalidad y 3) Actividad en tres dimensiones: modo o forma, lugar y tiempo; para concluir que el mandamiento de fs. 36 y vta es un acto jurídico procesal válido pues no se ha resuelto que es falso en el incidente de redargución de falsedad y por tanto produce todos los efectos pertinentes.

Imputa arbitrariedad al fallo por no abordar el tema de la eficacia de dicho acto y sus consecuencias jurídicas por lo que la sentencia atacada debe dejarse sin efecto y continuar la ejecución.

En su alegación de arbitrariedad expresa que es errónea la afirmación del fallo -remitiendo a fs. 81- de que la actora no cuestionó el extemporáneo ingreso de la demandada al pleito, dado que su parte a fs. 77/83 rechaza el ingreso, sostiene que no hay caducidad y que el mandamiento es válido y que el llamado de autos para sentencia hace que la caducidad no proceda porque los vicios quedan purgados. Reitera que no consintió la actuación de los demandados, excepto en la redargución de falsedad, y que la caducidad podía plantearse sólo hasta cinco días y dos horas después del 20/9/2.007 y no después de la sentencia. Agrega que nunca consintió la intervención y que además solicitó el desglose, que a fs. 75 sólo se ordenó el traslado de las cuestiones planteadas y no de la caducidad porque ya había sentencia y la Sra. Barroso la interpone extemporáneamente (ver fs. 84). Pide se revoque la sentencia y continúe la ejecución.

Sigue diciendo que también se ha violado la preclusión por cuanto el A - quo decretó la caducidad del incidente mencionado y por tanto, deja firme la existencia del mandamiento de fs. 36 y vta. Cita el art. 449 del C.P.C y jurisprudencia sobre el tema. Sostiene que admitida la caducidad del incidente de redargución de falsedad, deducido por el coejecutado Obdulio Valerio, el mandamiento de fs. 36 quedó firme y por tanto precluída - a los cinco días y dos horas hábiles posteriores al 20/9/2007 - la posibilidad de plantear la caducidad de instancia como su parte lo hizo notar a fs. 77/83 y 146/147 vta. Cita jurisprudencia sobre cosa juzgada y adquisición del derecho por sentencia.

Afirma que lo resuelto es contradictorio, transcribe las partes del resolutorio referidas al diligenciamiento del mandamiento como acto impulsorio y a la carencia de efectos de la sentencia respecto de la Sra. Barroso obviando considerar que los plazos estaban vencidos por haberse operado la preclusión por la firmeza del acto de fs. 36 del que fue notificada. Que lo resuelto viola la defensa en juicio, el principio de legalidad y el de cosa juzgada por lo que pide se deje sin efecto la sentencia de fs. 164/168.

Insiste en que el propio Sentenciante da al acto de fs. 36 carácter de impulsorio y después omite considerar sus efectos lo que marca su arbitrariedad reiterando su petición de que se deje sin efecto, agregando que carece de fundamentación legal, doctrinaria y fáctica por lo que sería nula en los términos del art. 33 del C.P.C. Además, sostiene que es arbitraria por haber invertido el orden en que debió tratar las cuestiones planteadas. Cita jurisprudencia sobre cómo se produce la narración de los hechos y el principio de congruencia solicitando se deje sin efecto la sentencia que admite la caducidad y ordene continuar la causa por todos sus trámites.

Ya en punto a la Caducidad incoada por la Sra. Barroso luego de transcribir la parte pertinente del fallo para reiterar que en su criterio no hay caducidad de instancia y que la sentencia es infundada, contradictoria y arbitraria. Cita doctrina y jurisprudencia al respecto según la cual el instituto debe tratarse con sumo cuidado y profundo análisis, por ser un modo anormal de terminación del proceso de interpretación restrictiva. Incluye fallo de la Sala Primera de esta Cámara en cuanto al orden en que deben resolverse los planteos, la validez del mandamiento, la falta de oposición de excepciones y el pronunciamiento de la sentencia de remate. Infiere que en el caso a pesar de la absoluta eficacia del mandamiento de fs. 36 se ha declarado la perención planteada extemporáneamente. Pide se revoque dicha decisión.

Dice además que es incongruente y acompaña jurisprudencia sobre su afirmación, que en función de ello y del derecho de defensa, no se pueden introducir cuestiones fuera de la oportunidad procesal como en el caso, pues desde las primeras dos horas del sexto día posterior al 20/9/2007 no se podían introducir ni la prescripción, ni la caducidad por su extemporaneidad, lo que invalida el pronunciamiento por incongruente. Considera que no podía tratarse la perención sin hacerlo con los efectos jurídicos del mandamiento de ejecución y embargo y la preclusión. Reitera la extemporaneidad de la pretensión de la Sra. Barroso luego de notificado el mandamiento firme por efecto de la caducidad del incidente de redargución de falsedad y nulidad. Pide nuevamente la revocación del fallo.

Por último, y no obstante su alegación de inexistencia de caducidad de instancia, para el hipotético caso de que se confirmara la sentencia, se agravia por la imposición de costas alegando la vigencia del nuevo código procesal desde febrero de 2.010 según el cual las costas son por su orden en el juicio principal.

LA SENTENCIA: En lo que puntualmente nos interesa en el recurso planteado por la ejecutante, señala que pasó a resolver los planteos de perención de instancia; prescripción y redargución de falsedad (autos nº88333/1 "Provincia de San Juan c/ Valerio, Obdulio Omar y Otra - Incidente de Redargución de Falsedad"), interpuestos sucesivamente por los codemandados. Pero en los considerandos, el a-quo consideró que por motivos metodológicos y lógicas razones de congruencia, era apropiado el tratamiento de los diversos planteos ingresados a despacho, conforme al siguiente orden: I-Perención; II-Nulidad de Ejecución e Incidente de Redargución de Falsedad -planteos vinculados-; III-Excepción de Prescripción.

Tratamiento de los agravios: La ejecutante se agravia porque sostiene que es improcedente, en este caso, alterar el orden de los planteos tratados, considerando que en primer lugar debió ser tratada la redargución de falsedad a fin de determinar en primer lugar la validez del acto jurídico cuestionado, -esto es el mandamiento que obra a fs. 36 y vta-.

Recordemos que en el proceso ejecutivo, como en el caso de autos, el diligenciamiento del mandamiento de intimación de pago y embargo, abre la etapa para que la parte ejecutada oponga las excepciones o defensas que considere. Dictada la sentencia de remate, la perención de la instancia es improcedente si la parte ejecutada no opuso excepciones dentro del plazo procesal correspondiente.

De las constancias de autos, concretamente del decreto de fecha 8 de agosto de 2008, surge que el a- quo ordenó que el incidente de redargución de falsedad y el incidente de nulidad se resolverían conjuntamente, sin perjuicio de su tratamiento por separado. Además, dispuso la suspensión del proceso principal(el subrayado me pertenece) intertanto se sustancien y resuelvan los incidentes de nulidad y redargución de falsedad. Este decreto se encuentra firme al no haber sido atacado por las partes, por lo que primero debe determinarse la validez y eficacia del mandamiento de intimación de pago y embargo (fs. 36 y vta.) a fin de poder analizar la procedencia o no del planteo de perención de instancia. Lo contrario vulneraría la seguridad jurídica y el derecho de defensa, toda vez que el orden ha sido alterado.

En consecuencia, corresponde admitir el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, anulando el fallo de fecha 29 de abril de 2.016 que admite la caducidad de la instancia y por efecto de ésta no resuelve los incidentes de redargución de falsedad y nulidad de la ejecución. Ordenar que bajen los autos a fin de que sean resueltos los incidentes indicados, conforme el decreto de fecha 8 de agosto de 2.008 de autos.

Teniendo en cuenta lo resuelto, las costas en la alzada, se imponen por el orden causado.

La conclusión arribada, me exime del tratamiento del recurso interpuesto por los ejecutados en relación a los honorarios del Dr. Marcelo Valerio.

Por ello, voto que se haga lugar al recurso deducido por la parte ejecutante.

EL DR. ROBERTO M. PAGÉS LLOVERAS DIJO:

Por sus fundamentos adhiero al voto precedente el que doy por reproducido.-	Por el mérito que resulta de la votación de que instruye el acuerdo que antecede SE RESUELVE:

I- Admitir el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutante.

II- Anular el fallo de fecha 29 de abril de 2.016.

III- Ordenar que bajen los autos a fin de que sean resueltos los incidentes de redargución de falsedad y nulidad de la ejecución.

IV- Imponer las costas de la alzada, por su orden.

Protocolícese, hágase saber y bajen previa reposición de sellado si correspondiere.- MAGISTRADOS: DR. OSCAR ROBERTO OTIÑANO;

DR. ROBERTO M. PAGES LLOVERAS;

SECRETARIA DE CAMARA:DRA.ELVA ALVAREZ DE CAIROLI.