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Sistema acusatorio, suspensión del juicio a prueba, aplicación de la ley, facultades del juez, control de legalidad, derechos y garantías constitucionales
Materia: PROCESAL
Carátula: BERMUDEZ, Francisco Javier s/ Inf. Art. 85 ley 1472 - Apelación Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-01

No debe confundirse la facultad del Ministerio Público Fiscal de iniciar y continuar el proceso- e incluso disponer el archivo de las actuaciones dentro de los márgenes impuestos por el Código Contravencional- con la cuestión debatida en autos, es decir, la facultad de la jueza a quo de rechazar el acuerdo celebrado por el fiscal y el imputado y su defensa, por sostener que no reúne el requisito material para su procedencia, esto es, que al sujeto se le impute una contravención.

La suspensión del juicio a prueba entraña una aplicación del principio de oportunidad perfectamente reglada y acotada.

La Constitución local consagra tanto el principio de legalidad como el sistema acusatorio, lo que exige del intérprete una conjunción armónica de ambos principios, que, en cierto modo se restringen mutuamente (del voto de la Dra. Ruiz en "Pariasca" TSJ). (Del voto en disidencia de la Dra. Paz)
Casa de la Moneda, personal contratado, despido, empresas del Estado
Materia: LABORAL
Carátula: Luque Rolando Baltasar c/ Sociedad Del Estado Casa De Moneda s/ Despido
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-10-27

Debe ser dejada sin efecto la sentencia que, con transcripción parcial del fallo Madorrán (Fallos 330-1989), sostuvo la inconstitucionalidad del art 16 inc c) del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional en cuanto exceptúa de la estabilidad en la relación de empleo al personal que se rige por la LCT y, por esa vía, hizo lugar a la demanda promovida por un empleado de la sociedad del estado Casa de Moneda que perseguía la reinstalación en su puesto de trabajo y el pago de salarios caídos por entender vulnerado su derecho a la estabilidad en el empleo público al haber sido despedido e indemnizado en los términos de la ley de contrato de trabajo y del referido convenio, pues las circunstancias del caso difieren de las examinadas en aquel precedente, en el cual se trató de un empleado público de planta permanente que, como tal, gozaba de la estabilidad garantizada por el art 14 bis de la Constitución Nacional.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Calderín, Juan José c/ Cooperativa Provisión de Obras y Servicios Públicos de San Clemente del Tuyú s/ Indemnización por despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-06-09

Es técnicamente insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que pretendiendo la revisión de una cuestión de hecho -tal es la determinación de la existencia de una relación laboral subordinada- no denuncia infracción al dispositivo legal que autoriza a los jueces a valorar en conciencia la prueba producida.
Competencia, competencia contencioso administrativa
Materia: PROCESAL
Carátula: S. G. S.R.L. c/ Municipalidad de Trelew s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2018-05-15

Dilucidar cuando se aplica uno u otro derecho (administrativo o privado) a veces no resulta tan simple. Este Tribunal ha entendido que en el primer caso "ejerce sus potestades, ya sea para dictar reglas de conducta, para imponer obligaciones o para aplicar su poder coactivo. Sin embargo, estas pautas no resultan suficientes. Ha prevenido que para que un litigio sea contencioso administrativo es preciso que importe el juzgamiento de una operación administrativa, esto es de un acto, conducta, omisión, imputable a la Administración, en cuanto ejerce actividad administrativa. Lo relevante es la cuestión sustancial y en caso de duda, la competencia será del juez ordinario por ser residual.
Recurso de inaplicabilidad de ley, absurdo, apreciación de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Municipalidad de Vicente López c/ Preboste, Beatriz Ana s/ Exclusión de tutela sindical
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-09-26

Las conclusiones establecidas en el fallo de origen son, en principio irrevisibles en casación, salvo el vicio de absurdo, cuya eventual concurrencia debe ser objeto de impugnación suficiente.
Condena penal, recurso de casación, disminución de la pena, escala penal, doctrina de la arbitrariedad, denegatoria del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Jiménez, Jacobo Eliseo s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Orlando del Señor Barrientos en contra de la Sentencia Nº 16/13 referente a Expte. Letra 'J' Nº 127/12 - Jiménez, Jacobo Eliseo p.s.a. Robo simple en grado de tentativa, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-08-29

La Cámara Criminal condenó al imputado como autor penalmente responsable de los delitos de Robo simple en grado de tentativa, previsto y penado por los arts. 164, 42 y 45 del Código Penal (Hecho nominado primero), de Robo en calidad de coautor, previsto y penado por los arts. 164 y 45 del Código Penal (Hecho nominado segundo), de Robo calificado por el uso de armas en calidad de autor, previsto y penado por los arts. 166 inc. 2º y 45 del Código Penal (Hecho nominado tercero) y de Robo en grado de tentativa en calidad de autor previsto y penado por los arts. 164 en función del art. 42 y 45 (Hecho nominado cuarto), todo en Concurso real, art. 55 del Código Penal, condenándolo en consecuencia a sufrir la pena de seis años y ocho meses de prisión de cumplimiento efectivo, con más accesorias de ley (arts. 12, 40 y 41 del Código Penal).

Contra el decisorio aludido, comparece el asistente técnico del imputado, e interpone recurso de casación.

El recurrente plantea como agravio la inobservancia o errónea aplicación de las normas previstas para la individualización de la pena.

No es de recibo la petición de disminución de la pena atribuida, ya que la misma no resulta desproporcionada respecto del contenido del injusto de los diversos hechos atribuidos, considerando que la misma fue aplicada dentro de los márgenes de la escala penal aplicable y contiene fundamento suficiente con base en las constancias de la causa.

Este es el criterio sostenido por este Tribunal en numerosos precedentes (S. nº 14, 31/03/10; S. nº 24; 13/11/09, entre otros), en donde se dijo que "...la arbitrariedad, no consiste en una mera discrepancia con el monto de la pena impuesta dentro de los márgenes de la escala penal aplicable. En efecto, tal desacuerdo, no habilita la excepcional competencia para controlar el ejercicio de una facultad atribuida en principio a otro órgano judicial...".

Por todo lo expresado, corresponde rechazar el recurso interpuesto.
Honorarios del abogado, embargo preventivo
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: EXORTO EN AUTOS: MASSEY FERGUSON ARGENTINA S.A. c/ JUAN VICO MORANTE s/ EJECUCION DE PRENDA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1990-11-27

No procede la regulación de honorarios como medida precautoria independiente por el embargo preventivo dentro del juicio ejecutivo tratado en otra jurisdicción por vía de la Ley 22.172, pero sí correponde otorgar a quienes lo tramitaron un porcentaje del art. 18 del Decreto 623/64.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Costas, recurso de revisión (procesal), verificación de créditos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MONSANTO ARGENTINA SAIC EN J: TECNIAGRO CUYO S.R.L. s/ Concurso Preventivo (LIBRO: A161 - 214)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1997-06-10

El recurso de revisión no es el adecuado para lograr el fin querido por el recurrente sino que debió interponerse aclaratoria. Se imponen costas en el orden causado pués si bien el recurso fue rechazado formalmente se admitió en lo sustancial y por tanto no aparece justo que quién tiene razón en el fondo de la cuestión cargue con las costas.-
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, principio de congruencia, incongruencia, medidas cautelares, medida de no innovar, jubilación de magistrados
Materia: PROCESAL - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Gernaert Willmar, Lucio R. c/ Est. Nac. (CSJN). s/ nulidad de acto administ. y medida cautelar.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-26

Corresponde descalificar la resolución que no hizo lugar a la prohibición de innovar contra la resolución de la Corte Suprema que revocó el beneficio de retiro previsto por el art. 16 de la ley 18 464 (t.o. decreto 2700/83) y ordenó el reintegro de lo percibido por el actor, fundada en que el derecho alegado no aparece como verosímil en los términos del art. 230 del Código Procesal, lo que aparece como contradictorio con la afirmación de que la cuestión planteada es por lo menos discutible.
Improcedencia del recurso, recurso extraordinario federal, inadmisibilidad formal, derechos y garantías constitucionales
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: De Luca, Santo c/ Sotera, Fernando Alfredo s/ Reivindicación - Medida cautelar
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2014-02-19

Deviene improcedente el recurso extraordinario federal planteado por la parte demandada, al no cumplimentarse los requisitos de admisibilidad, ya que de la expresión de agravios no surge conexión de los mismos con la violación a las garantías constitucionales, el recurrente se limita a una simple enunciación de derechos y garantías que se encontrarían lesionados, pero sin demostrar una efectiva vulneración a los mismos, máxime que no se advierte configurada en la especie la arbitrariedad en que se funda el recurso, por cuanto la sentencia impugnada está por demás fundamentada, siendo acorde a lo decidido por este Tribunal en casos similares, que, más allá de su acierto o error, en modo alguno puede pretenderse descalificarla como acto judicial válido.
Carga de la prueba, carga probatoria dinámica
Materia: PROCESAL
Carátula: Páez, Héctor Armando y Otros c/ Empresa Frigorífico Siracusa S.A. s/ Demanda Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-02-02

La carga de la prueba señala a quién corresponde evitar que falte la prueba de cierto hecho para no sufrir sus efectos perjudiciales. La carga no significa obligación de probar, sino que implica estar a las consecuencias que la prueba se produzca o no ya que en virtud del principio de comunidad procesal, el material probatorio incorporado surte todos sus efectos quienquiera que lo haya suministrado.
Competencia laboral, indemnización, gratuidad del procedimiento
Materia: PROCESAL
Carátula: Luyo Jakie, Orlando Diego c/ Inc. SA y otro s/ Daños y perjuicios (accidente de trabajo) s/ conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-21

Corresponde asignar competencia al Juzgado Nacional del Trabajo si la parte actora fundó la responsabilidad de las demandadas, entre otras cosas, en la violación al deber de seguridad que deriva de los arts. 75, 76 y siguientes de la L.C.T. y demás normas de seguridad e higiene en el trabajo. En estas condiciones, la resolución de la pretensión depende de la interpretación de las normas que rigen las relaciones laborales, en tanto la responsabilidad de la parte demandada en el daño cuya reparación se reclama deberá ser establecida, al menos en parte, a la luz de esas normas. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Arresto domiciliario, recurso de casación, sentencia definitiva
Materia: PENAL
Carátula: Schaller, Emilio José
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-04-09

Cabe denegar el recurso de casación interpuesto contra la resolución que otorgó el beneficio de detención domiciliaria al imputado, pues no se trata de sentencia definitiva que con su dictado dirima la controversia, no pone fin a la acción o a la pena, no imposibilita la continuación de las actuaciones, ni versa sobre la extinción, conmutación o suspensión de pena.
Requerimiento de instrucción, acción in incertam personam
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Testimonio de apelación. s/ Auto de procesamiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-22

El momento en que se procede a formular lo prescripto por el artículo 188 del cuerpo adjetivo, resulta uno de aquellos en los cuales suele existir una relativa indeterminación acerca de innumerables aspectos a investigar, ya que estamos ante una hipótesis sobre la existencia de un delito, y "...el objeto (materia o tema) de la relación procesal que se inicia no es una realidad o acontecimiento histórico acaecido sino tan solo una representación conceptual del hecho en que se funda la pretensión punitiva. La obra del Tribunal consiste, precisamente, en verificar si esa hipótesis tiene fundamento fáctico y jurídico, mediante la búsqueda, recepción, selección y valoración de los elementos de prueba pertinentes y útiles...".

Basta la probabilidad o simple posibilidad de la existencia de un encuadramiento típico para que la investigación se inicie.
Prisión preventiva rigurosa, revocación de la prisión preventiva, prisión mayor, condena prácticamente cumplida, justicia militar
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: BRITO, Mundo Enrique s/ LIBERTAD CONDICIONAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-10-13

No corresponde el mantenimiento en prisión preventiva rigurosa de un militar a quien se le imputa el delito de defraudación militar, cuando la causa lleva más de seis años de trámite sin haber superado la etapa del art. 354 del C.J.M. y no se avizore un tiempo para su terminación, máxime cuando ya ha agotado en prisión el máximo de la pena alternativa mayor y más de la mitad del máximo de la pena mayor, lo que hace presuponer que prácticamente ha cumplido la pena que pudiere aplicarle una sentencia condenatoria.
Municipalidad, conflicto de poderes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Figueredo, Elvio Darío c/ Concejo Deliberante de San Miguel s/ Conflicto art. 196 Const. de la Prov. de Bs.As.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-09-15

Corresponde desestimar "in limine" la presentación efectuada si "el impedimento para entrar en el ejercicio de sus funciones", alegado por el peticionario, se fundamenta en violaciones legales y reglamentarias que no guardan relación alguna con las decisiones que actualmente abren la jurisdicción de esta Corte en materia de conflicto ocurrido "en el seno" del Concejo Deliberante. (Minoría u opinión personal)
Acción de amparo, existencia de otras vías, derechos y garantías constitucionales, daño cierto
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: ARENAS, María y LORENZO, Karina s/ recurso de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-21

No es atendible la aducida existencia de vías administrativas aptas para remediar la afección de derechos constitucionales, cuando se está ante un daño concreto y grave que requiere urgente remedio.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, obligatoriedad del fallo plenario
Materia: PROCESAL
Carátula: XX s/ Si después de transcurridos cinco años de su dictado, el fallo pleno que no fuese expresamente modificado continúa siendo obligatorio (Tribunal Pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-05-18

El Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial (ley 2924), a fin de superar el problema de decisiones contradictorias por parte de distintos tribunales de segunda instancia de la Provincia, en cuestiones de derecho, previó en su Art. 672 que se pudiese dictar sentencia por un "Tribunal Pleno"- integrado por magistrados de las dos circunscripciones judiciales existentes entonces- " que unificase así la jurisprudencia ".

La solución adoptada no dio los resultados que se esperaban, principalmente por carecer los fallos de imperatividad en el futuro en cuanto a la interpretación establecida".

De allí que el Código (ley 5.531) en su Art.375, dispusiera que en las mismas circunstancias, la tesis mayoritaria que se aceptase en la sentencia que dictase el "tribunal plenario"-formado por todos los miembros de los tribunales de segunda instancia del mismo fuero de la Provincia-" será obligatoria para los tribunales de segunda instancia que entiendan de procesos que se resuelvan con posterioridad al plenario".

A su vez, estableció que el criterio adoptado " podrá ser sometid o a revisión de oficio o a pedido de parte, después de cinco años de dictado el pronunciamiento". De tal forma salvó la omisión señalada del Código anterior, pero a su vez incurrió en una nueva, al no decir que la interpretación dada también sería obligatoria para los jueces inferiores, tal como lo hace el art. 29 de la ley 10.160.Teniendo en cuenta tales antecedentes, y siendo que la finalidad que los inspirara (al margen de la omisión de la Ley 2.924) es la misma que la de los Arts. 28 y 29 de la LOPJ (ley 10.160), la de dar certeza sobre la interpretación que cabe dar a una cuestión de derecho, atendiendo a la seguridad jurídica, aparece así necesario que se estableciera en la ley 10.160, tanto en lo que hace al "tribunal pleno" como al "tribunal plenario" que tal interpretación sea obligatoria para los integrantes del tribunal que la realizara y para los jueces inferiores que de ellos dependan, y que la misma tenga una cierta perdurabilidad en el tiempo. (De los Fundamentos del Dr. Serralunga).
Expresión de agravios, suficiencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Di Stefano Juan Jose c/ Castro Abel Norberto y otro s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-11-23

La pieza fundante no reune los requisitos exigidos por el artículo 260 del C.P.C., al no rebatirse los fundamentos centrales por los cuales el "a- quo" rechaza las defensas introducidas en el litigio, reiterándose meramente algunos de los débiles argumentos ya expuestos al excepcionarse.
Concurso de delitos, estafa, falsificación de documentos
Materia: PENAL
Carátula: Cairoli, Hernán y De Luca, Enrique s/ defraudación - incidente de incompetencia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-06-23

Si la estafa se produce mediante la falsificación o el uso de documentos que inducen a error a la víctima -provocando un acto de disposición patrimonial perjudicial-, esos movimientos conforman una única conducta en los términos del artículo 54 del Código Penal, que no puede ser escindida, ya que el segundo tipo mencionado se cumple como una forma de agotamiento del primero (Fallos: 327:3219). (Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite)
Caducidad de instancia, inactividad procesal, responsabilidad del funcionario público, aplicación de la ley, improcedencia del recurso, pensiones
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Ribo, María Graciela c/ A.N.Se.S. s/ Pensiones
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-10-03

La aplicación del instituto de la caducidad de instancia debe estimarse como una medida excepcional, y por lo tanto restrictiva, debiendo optarse en casos de disyuntiva o duda por la solución que mantenga vivo el proceso. En consonancia con ese temperamento, el art. 313 del C.P.C.C. enumera una variedad de situaciones que tornan improcedente tal declaración, y cuyo inc. 3º dispone que no se producirá "cuando los procesos estuvieren pendientes de alguna resolución y la demora en dictarla fuere imputable al tribunal, o la prosecución del trámite dependiere de una actividad que este Código o las reglamentaciones de superintendencia imponen al secretario o al oficial primero". Por ello, siendo el supuesto al que alude la norma el que se plantea en autos, y en tanto el art. 251 del C.P.C.C. impone al oficial primero de la secretaría actuaria la responsabilidad de remitir el expediente a la alzada dentro del quinto día de concedido el recurso, debe concluirse que la omisión del funcionario judicial no puede perjudicar al recurrente con el argumento de que la parte interesada en la prosecución del recurso debió suplir la inactividad del responsable directo (cfr. Fenochietto-Arazi, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, T. II, pág. 30). (Del voto del Dr. Fasciolo).
Aplicación temporal de la ley, derechos adquiridos
Materia: CIVIL
Carátula: Terenzi, Edith E. y Otros c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-04-29

..."cuando bajo la vigencia de una ley se han cumplido todos los actos y condiciones sustanciales y los requisitos formales para ser titular de un determinado derecho, debe considerarse que hay derecho adquirido, porque la situación jurídica general creada por esa ley se transforma en una situación jurídica concreta e individual en cabeza del sujeto, que como tal, se hace inalterable y no puede ser suprimida por ley posterior, sin agravio del derecho de propiedad consagrado por el art. 17º de la Constitución Nacional"...
Atenuantes de la pena, agravantes de la pena, edad del procesado
Materia: PENAL
Carátula: BUSTOS Julio Antonio y otros s/ ROBO
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-05-04

La edad de los procesados no puede considerarse atenuante cuando no se trata de la "reducida edad" considerada por la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, ni se alega, ni se advierte,que ella disminuyera el grado de madurez de aquéllos, que condicionara su autodeterminación o que les exigiera mayor esfuerzo para motivarse en las normas de convivencia.
Medidas cautelares, aumento de tarifas, tarifa de gas
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: A.C.U.B.A. y Otro c/ Camuzzi Gas Pampeana S.A. y Otro s/ Ley de defensa del consumidor
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-08-29

Cabe admitir la medida cautelar peticionada por una asociación de consumidores y usuarios interpuesta contra la empresa proveedora del servicio de gas natural y el Estado Nacional a fin de que se suspenda la aplicación de las Resoluciones 226/2014 de la Secretaría de Energía de la Nación y 2844/2014 de ENARGAS que establecen un incremento desproporcionado en la tarifa, pues el peligro en la demora se encuentra acreditado por cuanto dicho aumento se aplica en el período invernal, que es cuando más se utiliza el servicio, lo cual puede llegar a afectar no solo el derecho a la propiedad sino también a la vida y a la salud, cuya protección goza de rango constitucional (arts. 42 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional).
Renuncia al empleo, preaviso al empleador, falta de preaviso, presunciones
Materia: LABORAL
Carátula: CARDOZO, MABEL YOLANDA c/ FORNS DE CASTRO, MARTIN FRANCISCO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-10-31

Si al presentar la renuncia el trabajador, el empleador no lo intima a prestar tareas durante el tiempo que hubiera correspondido al preaviso, debe suponerse, por el principio de la realidad, que la conducta del renunciante no afecta el ritmo de producción y no causa daño alguno que deba ser tarifariamente reparado.
Actualización monetaria, aplicación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: SANTINI RUBEN HERNAN c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION-DCTO.S "B"  Nº4951 DEL 30/11/84.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-02-01

La Ley 24.283 tiende a lograr una reducción equitativa de la obligaciones indexadas en exceso, teniendo como referencia el valor real y actual del objeto.