Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2013-03-25


SENT Nº 77	C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Veinticinco (25) de Marzo de dos mil trece, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán, Antonio Gandur y Daniel Oscar Posse, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel Estofán, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la demandada en autos: "Jaluf Nora Ana Lía vs. Club San Jorge S.A. de Capitalización y Ahorro s/ Cumplimiento de obligación".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Antonio Gandur, Daniel Oscar Posse y Antonio Daniel Estofán, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

I. Viene a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia de Tucumán, el recurso de casación interpuesto por la demandada (fs. 402 a 421 vta.) en contra de la sentencia nº 235 de fecha 17 de noviembre de 2011 (fs. 389 a 398 vta.) dictada por la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Común del Centro Judicial Concepción, por la que rechaza la apelación deducida por la accionada en contra de la sentencia nº 520 del 09/12/2010 de la Sra. Jueza en lo Civil y Comercial Común de la I Nominación del mismo centro judicial (fs. 343 a 348) por la que se hizo lugar a la demanda de cumplimiento de obligación, condenando a la demandada a abonar la suma de $ 8.997 con más intereses. Corrido el traslado previsto en el art. 751 último párrafo del Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán (en adelante C.P.C.C.T.) y contestado el mismo (fs. 425 a 428), el recurso de casación fue concedido por sentencia nº 15 del 29/02/2012 (fs. 433 y vta.) del referido Tribunal de Alzada.

II. La sentencia en crisis, luego de describir pormenorizadamente el contenido de la demanda, de la contestación, del decisorio de primera instancia y de los agravios introducidos en el recurso de apelación; se adentra al análisis de la temática llevada a su conocimiento, ciñendo la cuestión litigiosa a la diferente interpretación que las partes hicieron del contrato celebrado entre ellas y del modo en que debía cumplirse el mismo, señalando el a quo la inexistencia de discrepancias respecto de los hechos de la causa. El inferior sintetiza el conflicto indicando que la parte actora reclamó el cumplimiento del contrato de capitalización y ahorro, exigiendo que se le pague la suma de dinero equivalente a la diferencia entre el monto que efectivamente le abonó la demandada y el precio del bien automotor al momento del sorteo en el que la demandante resultó beneficiada.

Estima la Cámara que ambos litigantes coincidieron en calificar al contrato perfeccionado como "de capitalización y ahorro", y que este tipo de contratación está regulada por el Decreto nacional nº 142.277/1943 y la Resolución General 26/2004 de la Inspección General de Justicia que habría reemplazado a numerosas resoluciones anteriores (Res. 366/69; 3/78 y 6/86; 1/81; 8/82; 4/91; 26/91, entre otras).

Describe el decisorio atacado que, de acuerdo con las estipulaciones contractuales, una de las partes (el suscriptor) entrega sumas fijas de dinero periódicas (en este caso mensualmente), con la expectativa de constituir un capital cuyo importe recibe el nombre de "valor nominal del título", que le será restituido a la finalización del contrato. Si está al día en el pago de las cuotas, tiene derecho a participar en sorteos mensuales en los que, si resulta favorecido, se le entrega un premio previamente determinado. Al contratar se designa cuál es el bien que constituye el premio, en este caso un automóvil marca Corsa wind 3 puertas base, y se establece su valor ($12.363,06). El valor del premio coincide con el importe del "valor nominal del título".

Detalla el Tribunal de alzada que el contrato establece que el suscriptor debe pagar 330 cuotas mensuales de $36, que representan cada una el 2,83 por mil del precio del valor nominal suscrito. El plazo del contrato, no se consignó pero puede inferirse que es de 27 años y seis meses. Al finalizar ese plazo, la sociedad abona al suscriptor el valor nominal del título, salvo casos de caducidad o rescate del plan. A partir de los dieciocho meses de suscripción, el titular tiene derecho a solicitar un préstamo según una tabla de rescate. Agrega el decisorio en embate que también se pacta que los títulos vigentes participan del cincuenta por ciento del rendimiento anual de las inversiones de la sociedad, a partir del segundo año de su vigencia. Concluye el inferior que existe un objeto principal del contrato, que es el ahorro y la capitalización de lo que se va pagando mensualmente, que se reintegra cuanto el contrato finaliza; y otro accesorio, que es el sorteo mensual del premio, en este caso un vehículo que se describe en el contrato.

La Cámara caracteriza al contrato celebrado como bilateral, oneroso, con cláusulas predispuestas y de adhesión y de consumo. Añade que en relación al objeto principal del contrato (ahorro y capitalización) es conmutativo, pero en cuanto al sistema de sorteo de premios, existe alea en las prestaciones.

Se concluye en el decisorio en pugna que, de acuerdo a las características de este vínculo contractual, la proclamada finalidad de ahorro y capitalización se desnaturalizó por circunstancias sobrevivientes a la suscripción del contrato y por la incidencia del factor tiempo en una época de inflación, en tanto el acuerdo tiene un prolongadísimo plazo de duración (veintisiete años y medio) que comenzó en febrero de 2001 (cfr. fs. 2), y que en teoría habría finalizado en Septiembre del 2028.

Enfatiza el inferior que el contrato se suscribió el día 6 de febrero de 2001 (cfr. fs. 2), antes de que se produzca la pérdida de la convertibilidad de la moneda, es decir en las postrimerías de una década en la cual la moneda se mantuvo relativamente estable. Entiende la Cámara que en un contrato de tan larga duración, considerar la incidencia del factor tiempo es esencial para poder determinar su objeto real y establecer los derechos y obligaciones de las partes, pues puede producirse un desbalance en la reciprocidad prevista en el objeto o una frustración del mismo. Agrega el decisorio atacado que la cuota es fija y que el contrato no contiene previsiones sobre cambios inflacionarios. Indica que al poco tiempo de iniciarse el contrato, se produjo un desequilibrio en su contenido económico, a causa de la disociación entre el valor nominal del título y el valor del bien que se prometió como premio. El contrato funcionó, como se lo diseñó, en tanto y en cuanto se identificaron ambos valores, pero cuando ello dejó de ocurrir, las prestaciones en relación a la promesa del premio por sorteo, dejaron de cumplirse, pues la sociedad invocó la cláusula sexta de las condiciones generales; lo que impidió que se cumplieran los fines por los cuales el suscriptor se adhirió a la contratación.

Razona la Cámara que, desde la perspectiva del suscriptor, es poco probable que su interés haya sido ahorrar mediante el pago de una cuota fija, con el objetivo de que después de veintisiete años y seis meses, se le devuelva el mismo importe, llamado "valor nominal del título", pues -a criterio del a quo- se tratará de un importe de valor insignificante, aún considerando la rentabilidad de las inversiones que pudiera hacer la sociedad.

De ello deduce el sentenciante que la entrega del premio constituye el verdadero interés del suscriptor, puesto que ni el más optimista análisis financiero pronosticaría que el adherente obtendrá una beneficiosa capitalización mediante el ahorro, considerando la extensísima duración del contrato y que la cuota es fija, en una época en la que no resulta razonable prever que durante un lapso de tiempo de semejante extensión no existirán procesos inflacionarios. En las condiciones analizadas, asevera el judicante que para el suscriptor la causa fin del negocio jurídico es tener derecho al sorteo del automóvil. Agrega que tal interés es fomentado por la propia sociedad demandada, y es el motivo por el cual el valor nominal del título coincide con el precio de venta del automóvil que se promete como premio del sorteo. Este estímulo se incentiva al colocar tanto en la solicitud (fs. 2), como en el título de capitalización (fs. 3), y en los recibos de pago (fs. 4 a 11), en un lugar destacado, el premio prometido. Considera el a quo que el ofrecimiento de ese premio funciona como el gran estímulo para la captación de suscriptores, puesto que el ahorro no implica beneficio trascendente para el adherente.

Seguidamente, transcribe el sentenciante la cláusula sexta de las condiciones generales, que expresa: "el valor nominal es igual a la suma de los valores asignados a cada premio. Cada uno de los premios deberá describirse al momento de la suscripción de forma tal que permita la identificación exacta del precio de lista de venta al público, de contado, del bien o servicio de que se trata. El precio de lista de venta al público del bien es el determinado por el fabricante del mismo. En caso de servicios es la tarifa determinada por el operador o prestador del servicio. La Sociedad mantendrá el Valor Nominal del Título y podrá, cuando lo solicite el suscriptor que hubiere optado por el cobro del premio en bienes y/o servicios, emitir endosos de aplicación al valor nominal, cuando dichos bienes y/o servicios modifiquen su valor originado en el cambio de precios o modelos. La Sociedad se hará cargo de cualquier incremento del precio del bien que se produzca entre la fecha de adjudicación y la entrega del mismo. En dicho caso, estos endosos de ampliación tendrán desde su inicio un valor de rescate igual a su reserva matemática. Los premios tendrán asignado un orden comenzando por el mayor valor y en forma decreciente".

Describe el judicante que, a tenor de la estipulación contractual referida, para optar por recibir el bien cuando sale favorecido en el sorteo, el suscriptor debe solicitar a la sociedad que emita un "endoso de aplicación al valor nominal del título", cuando el bien modifique su valor por cambio de precio o modelo.

Advierte la Cámara que todas las acepciones del verbo "endosar" o del sustantivo "endoso" tienen el mismo sentido: ceder o transmitir a otro un valor o carga. Ninguno de los significados posibles indica un acto de incrementar un valor, como parece interpretarlo la parte demandada. A su turno, en la inteligencia del a quo, la palabra "aplicación" que utiliza la cláusula sexta en su tercer párrafo, tampoco tiene el significado que pareciera atribuirle el accionado, pues el sentido de la palabra "aplicar" sumada a la locución "valor nominal" y ligada a la palabra "endoso", no tiene dentro de la frase un significado coherente. El término endoso "de ampliación" que tiene el último párrafo del artículo sexto de las condiciones generales tampoco arroja luz acerca del sentido de la expresión. De tal análisis concluye el judicante que la terminología utilizada en la cláusula sexta es oscura, inapropiada, confusa, induce a error al cocontratante, y su invocación desnaturaliza el sistema de premios, que constituye la expectativa y el interés del suscriptor, siendo ello reñido con la buena fe que debe primar en toda contratación.

Agrega el decisorio cuestionado que aun aceptando la postura del accionado, en el sentido que dicho "endoso" revestiría la calidad de un pago adicional que debe hacer el adherente, el contrato guarda silencio acerca de si la actora debería haber solicitado un incremento de cuota o pagado la diferencia respecto del precio real del vehículo, y de qué manera debería procederse en este supuesto. A criterio del sentenciante el contrato no permite saber cuándo y cómo debería hacerse tal solicitud, si antes o después del sorteo. En el contrato no está regulada cuál es la oportunidad en la que el suscriptor debe solicitar la emisión del "endoso de aplicación al valor nominal" en el supuesto de que se tratara de un incremento de cuota, o un pago de diferencia de precio; cuestión que resulta relevante, pues en este caso la demandada directamente comunicó a la actora que había salido sorteada, y que le pagaría el valor nominal, sin dar previamente oportunidad a que la suscriptora pudiese conocer la supuesta opción de solicitar el mentado "endoso de aplicación al valor nominal", el plazo para requerirlo, a cuánto ascendería, y cómo debería pagarlo. En la operatoria diseñada en este contrato, el suscriptor tampoco conoce cuándo y a cuánto ascienden los cambios de precios del vehículo, circunstancia esencial para que pueda pedir el aludido "endoso de aplicación al valor nominal". Aclara el sentenciante que de la lectura de las condiciones generales no surge que el adherente tenga información sobre los requisitos que exige la accionada para acceder al premio, pues las cláusulas contractuales y demás documentación aportada en autos, no contienen "información cierta y objetiva, veraz, detallada, eficaz y suficiente" sobre las características esenciales del contrato, como exige el art. 4 de la Ley nº 24.240.

En consonancia con tales principios, el art. 10 del decreto nº 142.277/43, que rige este tipo de operatorias, prescribe que: "los contratos deberán ser de condiciones equitativas y redactados en forma clara, en idioma nacional", y luego establece que en la primera plana del título que se emita deberán consignarse las condiciones básicas del contrato, en forma sintética y clara. En su artículo 14 se dispone que "En el título deberán establecerse con claridad y precisión los derechos y obligaciones del suscriptor y de la empresa, la forma y época de realización de los sorteos, la probabilidad favorable en cada uno de ellos en los casos de sorteos garantizados, el modo de información a los que resulten beneficiados por los mismos". A su turno, la Resolución General 26/2004 prescribe en su art. 1.3.1.e), que "a los fines de la observancia de las condiciones equitativas requeridas por el art. 10 del decreto nº 142.277/43, dentro de las estipulaciones de las Condiciones Generales de Contratación no podrán ser incluidas aquellas que constituyan cláusulas abusivas en los términos del artículo 37 de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor y su reglamentación. En particular y con carácter enunciativo, estará prohibida la inclusión de aquellas que: . e) Carezcan de toda limitación y mecanismos de consulta previa a los suscriptores, frente a situaciones en las que la entidad administradora pretenda un cambio del bien-tipo originariamente previsto en el contrato, que tenga como consecuencia un incremento en el valor real de la cuota a cargo de los suscriptores o una disminución de las prestaciones a favor de estos comprendidas hasta ese momento en la operación". Seguidamente, el Tribunal inferior transcribe lo prescripto en el artículo 16.2.1 de la referida resolución: "las entidades que conforme al tipo de planes con que operen, deban fijar las cuotas a cargo de los suscriptores en referencia al valor de bienes muebles, registrables o no, que constituyan el bien-tipo previsto en los contratos o puedan sustituir al mismo por cambio de modelo en las condiciones contempladas en dichos contratos, deberán presentar a la Inspección General de Justicia con carácter de declaración jurada, dentro de los diez primeros días corridos de cada mes, la información requerida en el siguiente Anexo 16.2.1.1 presentada de acuerdo al modelo que a continuación del mismo se incluye, referida al precio de dichos bienes y sus modificaciones del mes anterior a la fecha de la información. Los precios se acreditarán con las comunicaciones de precios emitidas por el proveedor de los bienes.". Asimismo, cita lo dispuesto en el art 6: "en ningún caso se admitirá el reajuste de las cuotas con efecto retroactivo, entendiéndose por tal toda diferencia por variación de precios de los bienes entre la fecha de emisión de la cuota y la fecha de vencimiento o pago en término de la misma que en cualquier oportunidad se pretendiera percibir mediante complementos, débitos, deducciones, compensaciones o cualquier otro mecanismo que afecte cualquier derecho patrimonial del suscriptor".

Cita el judicante opinión doctrinal en la que se sostiene que la obligación de informar hace al principio de transparencia que debe regir en las relaciones patrimoniales intersubjetivas; agregado que ello es una exigencia para impedir las cláusulas abusivas, puesto que el consumidor no puede advertir, al momento de contratar, las consecuencias perjudiciales para su derecho que se derivan de una cláusula de oscuro entendimiento. Añade que el consumidor debe contar con información necesaria para definir el producto o servicio que conviene a sus necesidades, y poder así decidir. Tal derecho a la información del consumidor, y correlativo deber de parte del proveedor, ha sido previsto como garantía en el art. 42 de la Constitución Nacional, que ha consagrado el deber de informar al consumidor como garantía explícita: "Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo. a una información adecuada y veraz".

Afirma el a quo que, en este caso, la parte actora no tuvo la información necesaria para poder suscribir con conocimiento cabal de las pretendidas exigencias de la demandada para acceder al premio por sorteo, y tampoco se le suministró la información pertinente durante la vigencia del contrato, puesto que las cláusulas contractuales invocadas por la demandadas no son claras, objetivas, detalladas, suficientes y precisas, como exigen los arts. 4 de la Ley 24.240 y los arts. 10 y 14 del decreto nº 142.277/43.

En las condiciones referidas concluye el a quo que en la práctica no se cumple con la finalidad del ahorro y la capitalización, ni con la entrega del premio que funcionaría como estímulo del ahorro. La demandada reconoce e invoca la existencia de una desvalorización del 150% a la fecha del sorteo, cuatro años después de que se suscribiera el plan. Tal porcentaje representa, según el a quo, la depreciación del valor nominal del título en relación con el valor del bien prometido como premio, y es también la depreciación de los aportes efectuados. Siendo fija la cuota, la promesa del premio en el supuesto de sorteo resulta imposible de cumplir prácticamente, excepto quizás en las primeras cuotas; luego la posibilidad de entrega del automóvil desaparece, pese a que sigue figurando destacado en el recibo de cada cuota. El diseño del contrato, del que surge que prácticamente sólo cuando se firma el convenio el suscriptor podría acceder al premio si tuviera la suerte de resultar favorecido en el sorteo, constituye -a criterio de la Cámara- una práctica abusiva, pues hay un ocultamiento grave al consumidor, al que se lo desinforma con cláusulas oscuras e ininteligibles desde la perspectiva de una persona común; no siendo ello dispensable para la sociedad de capitalización y ahorro, a la cual -la Cámara- considera que no puede eximírselas de responsabilidad, pues ésta tiene en el contrato una posición dominante, por cuanto se trata de contratos de adhesión con cláusulas predispuestas en formularios que ésta emite, y porque tiene un conocimiento especializado y profesional de la situación financiera y de todos los aspectos que involucra el sistema, lo que le da supremacía respecto del suscriptor.

De tales consideraciones, concluye el a quo que "si el suscriptor que pagó puntualmente las cuotas sale sorteado, tiene derecho a la entrega del bien, sin que corresponda que integre la diferencia entre lo que pagó y el precio del automóvil vigente al momento del sorteo, o lo que signifique el 'endoso de aplicación al valor nominal del título', si no fue adecuadamente informado en forma clara, sencilla, inteligible, y oportuna de los requisitos para acceder a la entrega del automóvil. Ello es así, pues resulta condenable toda interpretación de los contratos predispuestos que conduzca a la asignación del lucro y la exoneración de todo riesgo a la vez para una misma parte del contrato".

Asimismo cita el pronunciamiento en crisis lo dispuesto en los arts. 5 y 9 de la Ley nº 22.802 de Lealtad Comercial, en tanto protegen a los consumidores prohibiendo toda información o publicidad que, mediante inexactitudes u ocultamientos, induzcan al público a engaño, error o confusión sobre las características, cualidades, usos o resultados de los productos o servicios promocionados. Refiere la sentencia cuya casación se pretende que el art. 36 de la Ley de Defensa del Consumidor, que reglamenta las operaciones de crédito, prescribe que bajo pena de nulidad los contratos deberán contener todo gasto o pago extra o adicional que deba realizarse. De ello deduce que habiéndose incumplido, por parte del demandado, con el deber de informar sobre las condiciones por él exigidas para poder entregar el vehículo prometido como premio del sorteo, resulta acertado el criterio adoptado en la sentencia apelada de declarar nula a la cláusula sexta de las condiciones generales del contrato; pues si la sociedad demandada no informó adecuadamente sobre dichas exigencias, ante la contingencia de variación del precio del vehículo, no puede oponer tales cláusulas para no cumplir con la prestación prometida en el supuesto de que el plan de la suscriptora salga favorecido en el sorteo.

Seguidamente, indica la Cámara que no obsta a lo expresado la circunstancia de que los contratos hayan sido aprobados por la Inspección General de Justicia de la Nación (en adelante I.G.J.N.).

Con tales consideraciones el enjundioso fallo de segunda instancia confirma que la cláusula sexta y concordantes del contrato de capitalización y ahorro que se analiza, son nulas y encuadran en las normas de los artículos 37 de la Ley nº 24.240, y arts. 954 y 1039 del Código Civil.

III. Ante ello, la demandada interpone el presente recurso de casación. En su primer agravio, el recurrente sostiene que el fallo en crisis, ha errado en su consideración de que "la cuota es fija y el contrato no contiene previsiones sobre cambios inflacionarios". Manifiesta el impugnante que consta en el título de capitalización, suscripto por la demandante, que en caso de variación de precios entre el bien de referencia elegido por la suscriptora y el valor nominal suscripto originariamente, la actora debería haber solicitado un endoso de ampliación y, consecuentemente, pagar una cuota mensual que refleje el incremento de precios de dicho bien; razón por la cual estima -el demandado- que su parte no tenía opción de entregarle a la actora el vehículo pretendido, dado que dicho bien había sufrido reiterados aumentos en su valor comercial, no habiendo la suscriptora emitido endosos de ampliación del mismo, conforme lo exigía el artículo sexto del plan aprobado por la I.G.J.N. mediante Resolución n° 1250 de fecha 27/12/1996.

En segundo lugar, agrega el recurrente que en el fallo en crisis se realizó una interpretación arbitraria de la antedicha cláusula sexta, cuando afirma el a quo que "la terminología utilizada en el tercer párrafo de la cláusula sexta es oscura, inapropiada, confusa, induce al error del contratante y su invocación desnaturaliza el sistema de premios, que constituye la expectativa e interés del suscriptor, siendo ello reñido con la buena fe que debe informar toda contratación". Agravia al impugnante que la Cámara haya efectuado una interpretación -a su criterio- carente de razonabilidad sobre cláusulas que han sido motivo de contralor por parte de I.G.J.N, en supuesta conformidad a lo establecido en las Leyes nacionales nº 11.672, 22.315 y Res. I.G.J.N. 26/04. Destaca el demandado que no resulta lógico considerar que cláusulas que han tenido la aprobación de la I.G.J.N. resulten "inapropiadas" o que "induzcan al error" del contratante.

Se destaca en el escrito casatorio que Club San Jorge S.A. de Capitalización y Ahorro posee líneas telefónicas de atención gratuitas al suscriptor, agencias mercantiles a lo largo de todo el país, página web con enlaces de atención de dudas o reclamos y muchos otros canales de comunicación a los cuales la demandante nunca recurrió, pudiendo hacerlo si es que hubiera tenido dudas sobre la operatoria contratada.

El segundo agravio se orienta a demostrar la irrazonabilidad de la condena a la parte demandada, pese a que se encontraría probado que ésta última actuó conforme se lo impone la legislación vigente y el organismo que ejerce el control estatal permanente de la actividad de capitalización y ahorro (I.G.J.N.); de lo que infiere el impugnante que el pronunciamiento en pugna ha vulnerado el art. 19 de la Constitución Nacional.

A través de su tercer agravio, el impugnante alega que la resolución en controversia no efectuó una adecuada valoración de pruebas obrantes en la causa. Seguidamente el quejoso detalla tales probanzas. En primer lugar el informe de la I.G.J.N. de fecha 29/08/2008 (fs. 290) en el que se afirmó que "el título de capitalización se ajusta a lo establecido en la resolución aprobatoria correspondiente.", y que "la postura de la sociedad es correcta en entregar el valor nominal suscripto y no el bien si no se realizó un endoso por ampliación del título (atento la variación de precios ocurrida en relación a los automotores 0 km.)". Subraya el recurrente que a fs. 131 de autos obra glosada contestación de la I.G.J.N., en la cual dicho organismo aseveró que: "...la sociedad Club San Jorge de Capitalización y Ahorro tiene Bases Técnicas aprobadas por este Organismo conforme lo dispone el art. 142.277/43. Planes aprobados por resolución 1250 de fecha 27/12/96, como así también se encuentra aprobado el art. Sexto (Sustitución y/o Cambio) de las Condiciones Generales de Contratación -Título de Capitalización".

En segundo lugar, menciona el impugnante las consideraciones vertidas en el peritaje contable efectuado (fs. 202 a 205), de donde se desprende que: "a.- Del punto 1 (fs. 202): Que la actora suscribió el título de capitalización N° 223.440 Serie AB, cuya vigencia inicial va de marzo de 2001 a agosto de 2028, que la duración del plan es de 330 meses, que la cuota que pagaba mensualmente era de $35,99. b.- Del punto 2 (fs. 203): Que el valor nominal al momento de suscripción equivalía a un automotor Chevrolet Corsa wind 3 puertas base, valuado -en ese entonces- en $ 12.363,06. c- Del punto 3 (fs. 203): Que el valor nominal del título suscripto por la Sra. Jaluf era de $12.363,06. d.- Del punto 4 (fs. 203): Que el valor nominal era igual a la suma del valor asignado al premio establecido". Agrega el impugnante que ante el pedido de aclaraciones formulado por la accionante (fs. 209), el perito explicó (fs. 216 a 219) que "a la fecha de adjudicación por sorteo, el valor del bien de referencia (Chevrolet Corsa Classic, Base, motor 1.6) ascendía a la suma de $21.360, por lo que dicho valor de mercado no era igual al valor nominal suscripto sobre el que se calculaban las cuotas en el año 2001".

En tercer lugar, destaca el recurrente el informe de la Asociación Argentina de Sociedades de Capitalización -A.A.S.CAP- (fs. 250 y 251) en el que se transcribe lo dispuesto en artículo 11 del Decreto nº 142.277/43, y se informa que "de acuerdo a las previsiones de la normativa vigente en materia de capitalización y ahorro, corresponde en casos como el que nos ocupa el pago del valor nominal o del bien de referencias, teniendo en cuenta el desfasaje de precio sufrido por el último y la falta de emisión de endosos de ampliación por parte de la actora"; concluyéndose en el referido documento que "si existió variación de precio del bien de referencias entre la fecha de suscripción y el momento del sorteo, y no se emitieron endosos de ampliación- corresponde entregarle a la suscriptora el valor nominal contratado y no el bien elegido, de acuerdo a lo expresamente previsto en la legislación de Orden Público vigente y aplicable a la materia de capitalización y ahorro en nuestro país (arts. 11, 19 y concordantes del Decreto 142.277/43)".

En cuarto lugar, realiza un detalle de la documental aportada, manifestando que a fs. 3 a 5 de autos se encuentra agregado el título de capitalización n° 223.440 suscripto por la actora; destacando la recurrente que dicho instrumento fue aportado por la propia accionante, lo cual implicaría que estaba en poder de esta última y que, por ende, la actora tenía pleno conocimiento del contrato y de sus alcances, lo que descartaría la supuesta falta de información de la suscriptora al momento de contratar.

Seguidamente cita la parte impugnante doctrina y jurisprudencia nacional en supuesto apoyo de su pretensión.

A través del cuarto agravio se rechaza la interpretación sentencial por la que se juzga que medió violación de los artículos 4, 37, 38, 39 de la Ley de Defensa del Consumidor; reiterando el recurrente que: "las bases técnicas de los planes que administra Club San Jorge S.A. de Capitalización y Ahorro no son confeccionadas unilateralmente por mi mandante, sino que son aprobadas, modificadas, corregidas y autorizadas por la Inspección General de Justicia de la Nación en su rol de Organismo Estatal que ejerce el control permanente de las sociedades que administran planes de capitalización y que actúa en resguardo del interés general y protegiendo el ahorro público (conf. Leyes 11.672, 22.315, Decreto N° 142.277/43, y demás legislación aplicable)". En razón de ello, estima el impugnante que "no resultan de aplicación al caso de marras ni el artículo 37, ni el 38 de la Ley n° 24.240, dado que las bases técnicas de los planes que administra Club San Jorge S.A. de Capitalización y Ahorro no son el producto de la decisión unilateral de la empresa que represento, sino que son autorizadas, controladas y modificadas por la I.G.J.N.".

En consecuencia, estima el recurrente, que solo resultaría de aplicación a la especie lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 24.240. Transcribe jurisprudencia nacional que estima favorables a su pretensión.

Finalmente, consigna cuáles son las normas supuestamente violentadas: art. 1071 del Código Civil, Leyes 11.672 y 22.315, Decreto 142.277/43, inc. 4 del art. 2 de la Ley de Sociedades, y arts. 32, 33 y 34 del Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán (en adelante C.P.C.C.T). Propone doctrina legal.

IV. Descriptos los agravios en que se sustenta el presente recurso, corresponde tratar la admisibilidad de la impugnación tentada.

El recurso ha sido interpuesto en término (cfr. cargo actuarial de fs. 421 vta.), se dio cumplimiento con el depósito que exige el art. 752 de la ley adjetiva (fs. 401), y está dirigido contra sentencia definitiva (art. 748 inc. 1 del C.P.C.C.T.). El escrito recursivo se basta a sí mismo; se ha propuesto doctrina legal y la impugnación recursiva se motiva en la invocación de infracción de normas de derecho; por lo que el recurso deviene admisible.

V. Corresponde, en consecuencia, examinar la procedencia de la vía impugnativa pretendida. De su confrontación con la sentencia en crisis y el derecho aplicable al caso, es dable anticipar su inviabilidad.

1. Preliminarmente, cabe señalar que el contrato celebrado por las partes es del tipo denominado "de capitalización y ahorro", con condiciones generales predispuestas, revistiendo la naturaleza de "contrato de consumo" (cfr. arts. 1 y 2 de la LDC); no siendo tal calificación inocua, puesto que entre los efectos de la particular naturaleza que irroga al acuerdo en análisis, se cuentan la invalidez de las cláusulas que desnaturalicen la esencia del vínculo obligacional, que afecten la libertad contractual o la buena fe, o importen abuso de derecho (cfr. López Cabana, Roberto, "El proyecto de Unificación Legislativa Civil y Comercial, en LL 1987-D-845).

De ello se sigue que la plataforma fáctica debe ser examinada bajo el encuadre normativo de la Ley de Defensa del Consumidor (en adelante LDC) y del plexo legal que regula los planes de capitalización y ahorro ut supra detallado; atendiendo al principio de interpretación más favorable al consumidor conforme los términos del art. 3 segundo párrafo de la LDC. Teniendo en consideración las conclusiones a las que arriba la Cámara, y a los fines de dar recta respuesta al recurso en tratamiento, deviene necesario evaluar dos cuestiones. En primer lugar, si efectivamente medió incumplimiento del deber de información (regulado en el art. 4 y concordantes de la LDC) por parte de la sociedad de capitalización y ahorro, como lo ha ponderado el sentenciante. Y en su caso, si dicha contravención resulta susceptible de generar la declaración de nulidad de la cláusula contractual cuya interpretación se disputa. 2. Con respecto al primero de los tópicos de necesario tratamiento, es del caso señalar que la obligación de informar ha sido conceptualizada como el "deber jurídico obligacional, de causa diversa, que incumbe al poseedor de información vinculada con una relación jurídica o con la cosa involucrada en la prestación. y cuyo contenido es el poner en conocimiento de la otra parte una cantidad de datos suficientes como para evitar los daños o inferioridad negocial que pueda generarse en la otra parte si dicha información no se suministra" (Lorenzetti, Ricardo Luís, "Consumidores", 2da. ed. act., Santa Fe, Rubinzal Culzoni, 2009, p. 205 a 206).

Tal obligación ha sido puesta, por el legislador, a priori en cabeza del empresario, como consecuencia de su condición de experto en el negocio que se celebra.

Revistiendo, la demandada en autos, la calidad de sociedad de capitalización y ahorro, resulta incontrovertible que se encuentra subsumida en la hipótesis legal del art. 2 de la LDC, por lo que el denominado "deber de informar" pesa sobre ella. Paralelamente, es el consumidor el beneficiario de dicho débito (art. 4 de la LDC), gozando tal derecho de raigambre constitucional (art. 42 de la Carta Magna Nacional).

Tiene dicho esta Corte que: "Informar es hacer saber lo que es importante, resultando tal todo dato que pueda alterar la base del negocio, de modo que si se conociera no se contrataría, o se lo haría en otras condiciones. La información es un elemento imprescindible para restablecer el equilibrio entre las partes -tratantes primero y contratantes después-, debiendo considerarse que tal equilibrio es el principio sobre el que se asienta la autonomía de la voluntad, que es elemento esencial del consentimiento eficaz. Por ello resulta fundamental que la información sea veraz, detallada, eficaz, suficiente, cierta e inteligible" (CSJTuc, sentencia nº 921 del 02/10/2009, en "Fontdevilla Pablo vs. HSBC Bank Argentina S.A. s/daños y perjuicios"). En ese mismo antecedente se señaló que el fundamento y la finalidad del deber de información, la naturaleza del comportamiento informativo, el objeto de la obligación (la información a suministrar, su alcance y caracteres conforme el art. 4 de la ley 24.240 y las otras normas que resulten aplicables), la forma que debe observar y la prueba del cumplimiento de esta obligación han sido objeto de un estudio exhaustivo por parte de la doctrina nacional y extranjera, coincidente en sus líneas centrales (Mosset Iturraspe, Jorge, Introducción al Derecho del Consumidor, en Revista de Derecho Privado y Comunitario, T. 5, pág. 7 y sgtes.; Lorenzetti, Ricardo L., Consumidor, pág. 167 y sgtes.; Ossola, Federico-Vallespinos, Carlos Gustavo, La obligación de informar, pág. 95 y sgtes.; Farina, Juan M., Defensa del consumidor y del usuario. Comentario exegético de la ley 24.240 con las reformas de la ley 26.361, pág. 158 y sgtes.; López Cabana, Roberto M., La información en los contratos de consumo, JA 1995-IV-800; Andorno, Luis, "El deber de información en la contratación moderna" en Responsabilidad por daños en el tercer milenio en homenaje al Prof. Atilio A. Alterini, pág. 952 y sgtes.; Stiglitz, Rubén-Stiglitz, Gabriel, "Responsabilidad precontractual. Deberes secundarios de conducta. Incumplimiento del deber de información. Relevancia en los contratos de consumo", en LL 1992-D-750; Ordoqui Castilla, Gustavo, "La responsabilidad del empresario por el deber de informar" en Responsabilidad por daños en el tercer milenio en homenaje al Prof. Atilio A. Alterini, pág. 928; entre muchos otros); lo que, sin descuidar el análisis de las particularidades de cada caso, resulta demostrativo de la tendencia doctrinal y jurisprudencial marcadamente orientada a asegurar la efectividad de tan trascendente derecho.

Despejada, entonces, cualquier duda sobre la obligación de información que pesa concretamente sobre la accionada; puede afirmarse que de la lectura de la cláusula sexta del título de capitalización (fs. 3 a 5) se advierte que no resulta arbitraria la ponderación efectuada por el sentenciante en orden a calificar el lenguaje contractualmente predispuesto por la accionada como "equívoco, confuso y ambiguo".

Por su parte, es del caso recordar que el deber de información al que venimos refiriendo debe cumplirse desde la etapa previa a la contratación y mantenerse durante todo el íter contractual (CSJTuc, sentencia nº 377 del 10/06/2011, en "Matías Adolfo de Jesús vs. HSBC Bank Argentina S.A. s/cumplimiento de contrato"; ídem Ossola, Federico-Vallespinos, Carlos Gustavo, La obligación de informar, pág. 111 y sgtes.).

Esto último se traduce, en el sub lite, en que la empresa de capitalización y ahorro no puede alegar haber cumplimentado acabadamente con el deber impuesto en el art. 4 de la LDC por el solo hecho de que se haya comprobado que el adherente contaba en su poder con el título de capitalización; por lo que el fundamento impugnativo sostenido en la circunstancia de que dicho instrumento fue aportado por la propia accionante (lo cual descartaría -en el razonamiento del recurrente- la falta de información de la suscriptora al momento de contratar) resulta insuficiente para desvirtuar la lógica seguida en el pronunciamiento recurrido. En este mismo sentido se ha dicho que "para que los consumidores obtengan la ejecución satisfactoria con relación a un bien o servicio contratado, el deber de información que de acuerdo a la ley 24.240 recae sobre los proveedores de servicios, debe ser previo, concomitante y posterior a la formalización del contrato, pues ello hace al leal y cabal conocimiento que el consumidor debe tener sobre los alcances de la relación jurídica que lo vincula con quien posee el poder económico de predisponer los términos contractuales" (CApel. Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad autónoma de Bs. As., Sala II, "Direct TV S.A. vs. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/otras causas con trámite directo", del 01/12/2011, en LLCABA 2012 - abril-, 218; mismo tribunal en: "Sociedad Italiana de Beneficencia", sentencia del 1/06/2004; ídem CNCAF, Sala II, in re "Diners Club Argentina", sentencia del 4/11/1997).

En este contexto, y ante la falta de refutación eficiente por parte del recurrente de la comprobada ambigüedad contractual aludida en la sentencia en crisis, puede concluirse que pesaba sobre la demandada la obligación de informar al adherente, entre otras cuestiones, cuando era la oportunidad y la forma en que debían solicitarse los denominados "endosos de aplicación al valor nominal". Asimismo, constituía carga de la sociedad de capitalización y ahorro advertir al adherente la existencia de incrementos en el precio del bien a sortearse que hacían necesaria la instrumentación del mecanismo previsto en la cláusula sexta, y lo más importante: informar cuál era la diferencia económica que debía abonar el adherente (es decir, el monto de los denominados endosos de aplicación al valor nominal) para que este último pudiera gozar de la posibilidad de acceder -efectivamente- al bien que se sorteaba. Todo ello, cuanto menos, representaba el complejo de datos indispensables que, el suscriptor del plan de capitalización y ahorro, debía de disponer para poder manifestar un consentimiento informado acerca de si deseaba o no participar en el sorteo con posibilidades efectivas de obtener el automóvil ofrecido o su valor equivalente al momento de la entrega (artículo sexto), y no tan solo limitar sus expectativas al monto representativo del valor nominal ($ 12.363,06); puesto que, como acertadamente lo aprecia la Cámara, la probabilidad de acceder al bien que se sortea constituye un trascendente estímulo para la celebración de este tipo de contrataciones.

La ausencia de demostración del cumplimiento de los referidos extremos fácticos conduce a la conclusión de que medió incumplimiento del deber de información por parte de la sociedad recurrente; sin que la sola existencia de una página de internet o de una línea telefónica, como lo arguye el impugnante, resulten elementos idóneos para que se tenga por satisfecha la descrita obligación; en tanto la aceptación de tal argumento impugnativo implicaría una indebida inversión de la carga en el cumplimiento del aludido deber de información, imponiéndose indebidamente ese débito en la persona del adherente, sobre quien recaería entonces la obligación de obtener información, por sus medios, referida a si el bien sorteado modificó su valor por cambio de precio o modelo y, en su caso, el impacto que ello representaría en su obligación de pago, y las demás condiciones operativas para la solicitud de los endosos a los que alude la cláusula sexta; lo que a todas luces contraría la teleología perseguida por la LDC y el art. 42 de la Constitución Nacional.

Es oportuno recordar que el sistema tutelar impone al proveedor interesado en acreditar el cumplimiento de la obligación de informar, la carga de aportar la prueba conducente a tal fin (CCont.Adm.yTrib. Ciudad Bs. As., Sala I, 02/3/2005, "Banco de la Nación Argentina-Suc. Pompeya c/Ciudad de Buenos Aires", LL 2005-C-805; CCiv.yCom. Mar del Plata, Sala I, 26/5/2005, "Alfageme, Esteban R. c/Banco Francés BBVA", LLBA 2005 -septiembre-, 980), y que tal carga probatoria resulta justificada en tanto es el proveedor quien se encuentra en mejores condiciones para acreditar el hecho que revela el cumplimiento del deber de información legalmente impuesto (CNCom., Sala C, 05/10/2004, "Asociación Francesa Filantrópica y de Beneficencia c. Adesso, Antonio M.", LL 2005-A-607. Desarrolla este concepto, Arancet, Alejandra, "Daños derivados del incumplimiento al deber de información", en Ghersi, Carlos -Dir.-, Tratado de daños reparables, T. II, La Ley, Buenos Aires, 2008, p. 23; todo ello citado en CSJTuc, sentencia nº 921 del 02/10/2009, en "Fontdevilla Pablo vs. HSBC Bank Argentina S.A. s/daños y perjuicios"; en semejante sentido CSJTuc, sentencia nº 377 del 10/06/2011, en "Matías Adolfo de Jesús vs. HSBC Bank Argentina S.A. s/cumplimiento de contrato"). Por otro lado, y como se anticipara, el deber de buena fe del que deriva la obligación de información (conf. López Cabana, Roberto, "Deber de información al usuario", en Actualidad en Derecho Público, Ad-Hoc, núm. 12, p. 89), no estaría satisfecho por el solo hecho que el predisponente haya entregado una copia del título de capitalización al adherente (fs. 3 a 5), si las condiciones generales contenidas en el mismo presentan notas de ambigüedad o abusividad tal que, en los hechos, impidan al adherente el ejercicio de sus derechos contractuales.

Es que el alcance del deber de información, en los contratos de consumo, es mucho más extenso y amplio, que el que la demandada pretende asignarle tan exiguamente. O sea, la simple entrega del clausulado contractual suscripto, en modo alguno cumplimenta suficientemente los deberes a los que venimos haciendo alusión. Así se ha dicho que "la información para el consumidor . debe ser de una idoneidad tal que le permita a éste comprender con claridad, completitividad y eficacia los mensajes emanados del productor, pues, el aspecto subjetivo de la buena fe resulta relevante en la relación de consumo" (CNApel. Civil, sala C, sentencia del 07/06/2007, "Bisso, Julia c. Braile, Margarita Angela", en La Ley Online); y en el incumplimiento de tal deber, se verifica una contravención al mandato de buena fe, lo que conlleva que la relación de equivalencia contractual aparezca sensiblemente perjudicada, lo que conduce a un peso desigual no tolerable (cfr. Rezzónico, Juan Carlos, "Cláusulas abusivas en condiciones contractuales generales: panorama y soluciones", en LL 1983-B, 998; citado en Jalil, Julián, "La buena fe como causa eficiente de deberes implícitos en las relaciones contractuales", en RCyS 2010-IX , 241). Es que "la circunstancia que el consumidor haya suscripto el contrato . no impide la configuración de un supuesto de incumplimiento del deber de información establecido en el art. 4 de la ley 24.240, pues ello no da cuenta de la calidad de la información que le fue suministrada, máxime cuando la ley no impone un deber de información cualquiera, sino que ésta debe ser calificada, cierta, eficaz y suficiente" (CApel. Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad autónoma de Bs. As., Sala II, "Asociación Civil Hospital Alemán vs. Ciudad de Buenos Aires", del 03/03/2004, en LL 19/08/2004).

Corroborando la tesis sentencial, la jurisprudencia llegó a resolver que: "dado que la emisora no anotició leal y correctamente el alcance de las obligaciones del adherente a pesar de ejercer profesionalmente la prestación de un servicio oneroso de alcance típicamente masivo, incumplió obligaciones a su cargo al no informar sobre el cálculo de las tasas de interés predispuestos en el contrato de modo confuso e impreciso" (CNCom, Sala B, 28/04/1998, "Finvercom SA c/Pierro, Claudia A.", Lexis Nº 1/502510). En el citado precedente, "consideraron ineficaz a la cláusula sobre intereses habida cuenta de que no sólo había sido confusamente predispuesta sino que además no se había otorgado coetáneamente la información necesaria para que el usuario desentrañara el sentido y alcance de la misma" (cfr. comentario de Mosset Iturraspe Jorge y Wajntraub, Javier, "Ley de Defensa del Consumidor", Santa Fe, Rubinzal Culzoni, 2008, p. 68); reflexiones éstas de aplicación al caso que nos ocupa, en tanto nos encontramos frente a una cláusula confusamente predispuesta de la que no puede inferirse ni el método para el cálculo ni el procedimiento para la solicitud de los mentados "endosos"; no habiendo logrado demostrarse, como ya se anticipó, que el demandado haya suministrado al adherente, durante la ejecución del contrato, información complementaria que le permita al consumidor reflexionar y comprender el sentido de la disposición contractual en disputa.

En rigor, el principio de buena fe (art. 1198 del C.C.) exige transparencia y determinación de las pautas contractuales, tanto en su celebración como en su ejecución y extinción; lo que, en definitiva, no se advierte de la conducta desplegada por la demandada, lo que lleva a la convicción que el razonamiento sentencial no luce arbitrario.

3. Comprobado entonces el incumplimiento, por parte de la sociedad de capitalización y ahorro, del deber de información a su cargo; corresponde analizar las consecuencias que la sentencia en crisis hace derivar de dicha infracción.

La sentencia en pugna entiende que la verificada inobservancia acarrea la aplicación del art. 37 de la LDC. Ciertamente, dicho dispositivo legal prescribe en su último párrafo, que "En caso de que el oferente viole el deber de buena fe en la etapa previa a la conclusión del contrato o en su celebración o transgreda el deber de información o la legislación de defensa de la competencia o de lealtad comercial, el consumidor tendrá derecho a demandar la nulidad del contrato o la de una o más cláusulas".

Ante el expreso texto legal y constatada la infracción al deber jurídicamente impuesto a la demandada, sin que resulte necesario indagar si medió efectiva afectación de la voluntad del consumidor como consecuencia del carácter "objetivo" que merece la apreciación de la observada trasgresión (Mosset Iturraspe Jorge y Wajntraub, Javier, "Ley de Defensa del Consumidor", Santa Fe, Rubinzal Culzoni, 2008, p. 68), la solución propuesta en las instancias inferiores de declarar ineficaz el artículo sexto del título de capitalización no luce desacertada.

Un recto entendimiento del pronunciamiento en crisis, permite advertir que se tacha de abusiva la práctica de la sociedad de invocar en su favor, una disposición contractual ambigua, y sin que se verifique el correspondiente cumplimiento del deber de información legalmente impuesto. Tal razonamiento responde a los lineamientos esgrimidos por la doctrina nacional, en orden a lo dispuesto en el dispositivo legal antes referido. Así, Lorenzetti reconoce que puede declararse la nulidad parcial de un contrato de consumo por "violación del deber de buena fe en la etapa previa a la conclusión del contrato o en su celebración (y) trasgresión al deber de información" (Lorenzetti, Ricardo Luís, "Consumidores", 2da. ed. act., Santa Fe, Rubinzal Culzoni, 2009, p. 302). En igual sentido, se ha reconocido que "la falta de información adecuada puede incidir sobre la abusividad de una cláusula" (Santarelli, Fulvio G, en Ley de Defensa del Consumidor comentada y anotada, dir: Sebastián Picasso y Roberto Vázquez Ferreira, 1ra ed., Buenos Aires, La Ley, 2009, p. 72). En esa misma tesitura, se ha admitido que "la abusividad no siempre se presenta, en el ámbito del derecho del consumo, en virtud de cláusulas claramente vejatorias del consumidor y desequilibrantes de la relación negocial. Muchas veces el aprovechamiento por parte del proveedor puede encontrarse en la consagración de previsiones contractuales que, si bien a primera vista no reportan un claro aprovechamiento de su parte, encuentran en su difícil y oscura redacción la posibilidad de ser interpretadas de distinta forma, incluso, en desmedro del consumidor" (Saenz, Luís R. J., en Ley de Defensa del Consumidor comentada y anotada, dir: Sebastián Picasso y Roberto Vázquez Ferreira, 1ra ed., Buenos Aires, La Ley, 2009, p. 444).

Admitido entonces que pesaba sobre la demandada el deber de información, con el alcance señalado, y que el incumplimiento de tal obligación ante una disposición contractual predispuesta ambigua puede generar una hipótesis de abusividad que genere las consecuencias previstas en el art. 37 de la LDC; debe confirmarse la solución emergente del pronunciamiento cuestionado.

A mayor abundamiento, existen antecedentes jurisprudenciales donde se condenó a administradoras de planes de ahorro, cuando ésta exhibió "un comportamiento contrario a la buena fe y violatorio al derecho de información del consumidor establecido en la ley 24.240" (STJ de Corrientes, "Galván Oscar Rafael c. Fiat Uno S.A. s/daños y perjuicios", del 27/05/2009, en LLLitoral 2009 -septiembre-, 865, DJ 18/11/2009, 3286); agregándose en dicho fallo que: "el principio de la buena fe concurre en los casos de desigualdad de fuerza económica y/o técnica entre las partes para alumbrar la conducción de las obligaciones contractuales y el ejercicio de las pretensiones dentro de las pautas de razonabilidad. De modo tal que, si la conducta asumida por la parte más fuerte al ejercer sus atribuciones contractuales no armoniza con la buena fe sea en lo relativo a la celebración y al cumplimiento del contrato como en lo referente al ejercicio de sus facultades, ello provoca una disociación entre el derecho subjetivo y el citado principio, y la norma del art. 1071 C.Civ. permite poner en juicio las prerrogativas individuales"; lo cual genera la convicción que el juicio efectuado en las instancias inferiores es el que mejor efectiviza los principios consagrados en la LDC y en la Carta Magna Federal.

4. Tal esquema de razonamiento, sólidamente fundado en la sentencia impugnada, no logra ser rebatido por los argumentos impugnativos, en tanto la postura explicitada en el escrito recursivo no llega a constituirse sino en una mera discrepancia con la tesis sentencial, que como tal no es idónea para demostrar un déficit de motivación o la violación a las reglas de la lógica y de la sana crítica racional, que amerite la descalificación del pronunciamiento atacado.

Es de observar que el principal fundamento recursivo se centra en cuestionar la interpretación que la Cámara efectúa respecto de la cláusula en disputa, imputándole arbitrariedad a la consideración sentencial en la que se afirma que "la terminología utilizada en el tercer párrafo de la cláusula sexta es oscura, inapropiada, confusa, induce al error del contratante y su invocación desnaturaliza el sistema de premios. que constituye la expectativa y el interés superior del suscriptor."; mas no explica fundadamente el recurrente las razones en las que se sustenta tal tacha de arbitrariedad; confinándose a denunciar que "no resulta lógico considerar que cláusulas que han tenido la aprobación de la Inspección General de Justicia de la Nación resulten inapropiadas o que induzcan a error del contratante"; razonamiento recursivo éste que, por un lado, aparece como insuficiente para desvirtuar la lógica desarrollada en el pronunciamiento en pugna y, por el otro, deviene francamente contradictorio con el sistema de control previsto en los arts. 37 a 39 de la LDC. a.- Efectivamente no resulta atendible el fundamento recursivo orientado a demostrar que no es de aplicación el art. 37 de la Ley n° 24.240, por el solo hecho que las bases técnicas de los planes que administra Club San Jorge S.A. de Capitalización y Ahorro deban someterse a la aprobación de la autoridad de aplicación. Tal entendimiento expuesto por el impugnante es consecuencia de una incorrecta interpretación de los alcances del art. 39 de la LDC.

La regulación establecida en la LDC ha instrumentado un doble sistema de contralor que, a diferencia de lo postulado por el recurrente, no resultan excluyentes entre sí. Por un lado, el control administrativo preventivo reglado en los artículos 38 y 39 de la LDC; y, por el otro, el control judicial corporizado en el artículo 37. En sentido ostensiblemente opuesto al propuesto por el recurrente, la jurisprudencia ha admitido, sin hesitación, que la aprobación administrativa no importa reconocimiento incontrovertible de la razonabilidad de las condiciones generales del contrato de adhesión, la que emergerá o no de la supervisión judicial en cada caso en concreto (SCJ de Mendoza, Sala I, 24/05/1988, LL, 1988-E, 15; CCCom, San Isidro, Sala 2, "Lutterbeck, Nélida A. c/Barreiro, Roberto G.", JA 2003-I-545). En ese mismo sentido, se ha dicho que "la aprobación administrativa de las condiciones generales no obsta a su futura impugnabilidad para el supuesto de calificarse a las mismas como abusivas o ambiguas. Es decir, siempre quedará a salvo la posibilidad de la posterior supervisión judicial, de la cláusula aprobada administrativamente, en cada caso concreto" (cfr. Álvarez Larrando, "Las cláusulas abusivas en el derecho español y argentino. Análisis comparativo.", en RCyS 2010-VII, 253; ídem Saenz, Luís R. J., en "Ley de Defensa del Consumidor Comentada y Anotada", dir: Sebastián Picasso y Roberto Vázquez Ferreira, 1ra ed., Buenos Aires, La Ley, 2009, p. 491; ídem De Castro y Bravo, Federico, "Las condiciones generales de los contratos y la eficacia de las leyes", 2° ed., Civitas, Madrid, 1987, p. 15; entre muchos otros).

Esta Corte ya ha sostenido que "es una incumbencia excluyente del Poder Judicial, sobre la base de la cual le compete aplicar las soluciones de fondo emergentes de la ley 24.240 y de las otras normas que integran el sistema de protección jurídica del consumidor; entre ellas: la reparación de los daños, la nulidad del contrato o de cláusulas abusivas, la interpretación del contrato, etc." (CSJTuc, sentencia nº 369 del 26/05/2003, en "Vidal Juan Nicolás vs. Armería Express s/amparo al consumo").

Por tanto la tesis del impugnante, en el sentido que el contralor administrativo previo del titulo de capitalización obstaría el posterior control judicial (en los términos del art. 37 de la LDC), merece ser rechazada.

b.- Por su parte, igualmente errado es el argumento impugnativo por el que niega la naturaleza "predispuesta" de las condiciones generales que componen el título de capitalización, por la sola circunstancia -alegada por la demandada- que las mismas sean objeto del referido control por parte de las autoridades administrativas pertinentes. En realidad lo que determina la referenciada naturaleza "predispuesta" del clausulado (sin detenernos en las disputas terminológicas que ha ocupado a la doctrina sobre el tópico) viene dada por el hecho que las condiciones hayan sido previamente redactadas por una sola de las partes sin posibilidad de negociación individual por parte del que suscribe a ellas (Diez-Picazo, Luís, "Las condiciones generales de la contratación y cláusulas abusivas", Cívitas, Madrid, 1996, p. 35 y siguientes; en semejante sentido Lorenzetti, Ricardo L, "Tratado de los contratos. Parte General", Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2004, p. 680 y siguientes; Mosset Iturraspe, Jorge, "Contratos", ed. act. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 1998, p. 146); independientemente de los eventuales controles que recaigan sobre dichas clausulas unilateralmente dispuestas. Desde el punto de vista fáctico, tales extremos resultan sencillamente comprobables de las constancias de autos. Nos encontramos ante un típico contrato de adhesión, redactado en base a condiciones generales de contratación predispuestas por la organizadora del plan de ahorro y capitalización, dado que es suscripto en un formulario pre impreso con su membrete (fs. 2 a 5), por lo que debe ser analizado e interpretado, en caso de duda u oscuridad de su redacción, en contra de aquella parte que impuso su texto a la otra (CNCom, Sala C, "Contreras Erin L vs. Dolera Nelly y otros", del 19/06/1998 en LL 1998-E-709; misma sala, 25/6/1987, en "Flehner, Eduardo J. c. Optar S.A. de Prestaciones y Servicios", ver LL, 1987-E, 179; Fargosi, "Sobre los contratos con cláusulas predispuestas", LL, 1976-A, 566). En ese lineamiento los tribunales deben de utilizar los mecanismos legales tendientes a asegurar un sistema que se asiente en el principio de la protección de la parte más débil, buscando tutelar los derechos del adherente, el cual se encuentra frente a un complejo normativo unitario, casi un decálogo unilateralmente predispuesto, respecto del cual debe someterse totalmente.

Así las cosas, refuerza el razonamiento concretado por el inferior, el principio en virtud del cual ante cláusulas ambiguas, la interpretación debe efectuarse contra el estipulante (art. 37, segundo párrafo, de la LDC). La jurisprudencia nacional así lo ha admitido, sin ambages, en diversos precedentes (CNCiv, Sala A, 25/06/1986, ED 120-123; CNCom, Sala C, "IBM Argentina SA c/Editorial La Capital SA", LL 1996-E-654; entre muchos otros). Por tanto, el principio de hermenéutica contra estipulatorem resulta de plena aplicación a la especie.

c.- Por las razones apuntadas en los ítems anteriores, el tercer agravio de la impugnante por el que se cuestiona la supuesta falta de ponderación, por parte del a quo, de pruebas obrantes en la causa, resulta inatendible e irrelevante.

El hecho que Inspección General de Justicia haya informado que el título de capitalización y ahorro se ajusta a lo establecido en la resolución aprobatoria correspondiente, solo encierra un razonamiento circular, esto es una afirmación que supone como premisa esa misma respuesta y que sólo es deducible de ella; y, por tanto, constituye una inválida argumentación (CSJN, Fallos 319:3241, cons. 42).

A más de ello, el solo hecho que una cláusula predispuesta haya sido administrativamente aprobada por la autoridad de aplicación en nada obsta su declaración como abusiva en sede judicial, atendiendo a las particulares del caso concreto, atento lo normado en el art. 37 de la LDC. Igual consideración merece el informe emitido por la Asociación Argentina de Capitalización (A.A.S.C.A.P.). Con relación a éste medio probatorio, la referida asociación expresó que "en caso de que el bien de referencia tenga al momento del sorteo un precio superior en el mercado al valor nominal contratado, el suscriptor únicamente puede recibir el precitado valor nominal"; estimando el impugnante que tal consideración indebidamente valorada se opone al razonamiento sentencial. Ello es inexacto, puesto que no debe confundirse el alcance del pronunciamiento en disputa. En la misma no se juzga lo contrario a lo recién transcripto, sino que expresamente se resuelve: "Si el suscriptor que pagó puntualmente las cuotas sale sorteado, tiene derecho a la entrega del bien, sin que corresponda que integre la diferencia entre lo que pagó y el precio del automóvil vigente al momento del sorteo, o lo que signifique el 'endoso de aplicación al valor nominal del título', si no fue adecuadamente informado en forma clara, sencilla, inteligible, y oportuna de los requisitos para acceder a la entrega del automóvil.". Este último condicionante impuesto en el decisorio en crisis es por demás explicito del verdadero sentido del pronunciamiento en embate. Esto es, no corresponde que la demandada rechace la entrega del bien sorteado o su valor equivalente, alegando la falta de solicitud y pago de endosos de aplicación al valor nominal del título, si el suscriptor no fue adecuada, oportuna y suficientemente informado de los recaudos que debían satisfacerse a tales efectos, mas no por ello tal conclusión se hace necesariamente extensible a supuestos donde el deber de información haya sido eficazmente cumplimentado o a casos donde no se verifique la ambigüedad contractual analizada en el sub examen. Es decir, el decisorio no se encarrila a declarar como abusiva la previsión contractual, simplemente por el hecho que una sociedad de capitalización y ahorro haya dispuesto que ante la modificación del valor de los bienes sorteados, ya sea por cambio de precio o modelo, el suscriptor deba realizar pagos adicionales (en este caso, denominados endosos de aplicación al valor nominal); sino que tales condiciones no pueden ser consagradas por el predisponente con una ambigüedad y falta de transparencia tal, que en los hechos implique una desnaturalización de las obligaciones y derechos de las partes y una frustración de los fines que tuvo en miras el adherente al contratar.

A semejantes conclusiones cabe arribar respecto de lo dicho en la pericia y con relación al título de capitalización, cuya supuesta falta de valoración también se reclama en el escrito casatorio.

d.- Finalmente, resulta errada la aseveración recursiva en orden a que la demandada no tuvo posibilidad de actuar en otro sentido, y que ello "lo reconoce la doctrina y la jurisprudencia" (fs. 415 vta.).

La tendencia jurisprudencial y doctrinal se orienta en un supuesto abiertamente opuesto, al que subyace en la pretensión impugnativa. Tan es así, que el propio autor doctrinal citado por la demandada, luego de trascribir diversos precedentes donde se consagra la regla de interpretación contra el predisponerte en contratos de tipo semejante al que nos ocupa, expresa en la misma publicación referida en el escrito casatorio que: "Este sumario resumen revela en forma elocuente, que la Cámara Comercial ha estructurado en esta última década una firme doctrina fundamentada en los principios generales del derecho y reglas de interpretación de los contratos con cláusulas predispuestas aplicable de modo uniforme al denominado contrato de ahorro previo, reconociéndose, en general, la supremacía de criterios apoyados en la buena fe negocial, el necesario equilibrio que debe existir en esta forma de contratación, el imprescindible cumplimiento de las obligaciones asumidas por las partes intervinientes -en particular, por parte del predisponente del contrato-, la amplia protección del ahorro y la fe pública comprometida -vector que orienta toda la actividad-y, en especial, la prevalencia de las cláusulas particulares sobre las predispuestas y la aceptación pacífica del principio de la interpretatio contra stipulatorem" (Ragazzi, Guillermo Enrique, "La contratación en masa y el ahorro previo -Reflexiones sobre el dictado de una ley específica que regule la actividad de ahorro previo-", en LL 1990-D, 949).

En el mismo sentido descrito, Lorenzetti (analizando los contratos denominados "circulo de ahorro", que presentan, en el tópico en debate, semejanzas con el tipo contractual del presente caso) destaca que se trata de un contrato celebrado por adhesión a cláusulas generales -como ya se anticipara ut supra- "debiéndose interpretar contra el estipulante, y declararse vejatorias las cláusulas que violen la buena fe y el ejercicio regular de los derechos" (Lorenzetti, Ricardo Luís, "Tratado de los Contratos", t. I, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 1999, p. 734, citando a otros autores).

Tampoco es cierto, como lo proclama el recurrente, que la jurisprudencia abone su postura (fs. 417). El antecedente citado por el propio impugnante (CNApel. Comercial, Sala B, del 18/12/1997, "Plan Rombo S.A.", en LL 1998-E, 38) versa sobre una plataforma fáctica absolutamente disímil con el caso que nos ocupa. En dicho precedente la Inspección General de Justicia aplicó una multa a una sociedad de ahorro para fines determinados, por haber incurrido en un cobro excesivo de gastos de entrega. Apelada la decisión, por parte de la sancionada, se resolvió en contra de ésta, en el sentido que las partes pueden pactar los gastos mencionados, pero ello no significaba que hayan quedado sin efecto las potestades de la autoridad de fiscalización. Ante la falta de sometimiento de las bases de dichas modificaciones a los contratos originales para su aprobación, es que la Cámara encontró configurada la infracción. Y es en ese contexto, que se expresó (lo citado por el recurrente): "La libertad contractual en esta materia, como es sabido, se halla fuertemente restringida, en aras del interés público que, además, justifica el poder de policía estatal. En el caso de autos, no puede predicar la administradora la validez de convenciones que se apartan de las aprobadas por la Inspección. O bien no solicitó la venia pertinente, como era su obligación, o bien se apartó de las reglas fijadas por aquélla. En ambos casos queda configurada la infracción a la ley" (En idéntico sentido, del mismo tribunal, "Plan Rombo S.A. s/denuncia por Nardo, Marisa L, del 30/06/1997, en LL 1997-F, 665). A poco de leer tal conclusión, puede derivarse que el sentido del precedente jurisprudencial en modo alguno respalda la postura del impugnante.

De hecho el comentario de Cifuentes al fallo recién referido, autor también citado por el impugnante, concluye sosteniendo que: "el ahorrista para la compra del automotor es, pues, un consumidor y se le deben aplicar los arts. 1º y 3º de la ley. De ahí que la interpretación debe favorecerlo cuando se trata de estos planes de ahorro, por medio de los cuales se lo ha perjudicado, sea por la letra chica del contrato y las cláusulas generales." (Cifuentes, Santos, "La inspección General de justicia y los planes de ahorro para automotores. Control, jurisdicción y defensa del consumidor", en LL 1998-E, 35).

Tampoco resulta de aplicación al sub examen el precedente de la Corte Federal, citado por el recurrente (fs. 417 vta.), en tanto versó sobre una temática también absolutamente ajena al que ocupa a este Tribunal. En dicho antecedente se resolvió que "La facultad sancionatoria de la Inspección General de Justicia sobre las sociedades de capitalización y ahorro no atenta contra el principio constitucional de división de poderes" con fundamento en que "Este sistema tiende a atemperar la gran desigualdad existente entre las entidades administradoras y los sujetos que le han confiado sus ahorros con el fin de adquirir un automotor en pequeñas cuotas pagaderas durante varios años. Difícilmente estos individuos estén en condiciones de contratar un abogado, para obtener la restitución de importes reducidos, al tratarse de una alternativa antieconómica para cualquiera. Si esta situación objetiva y real no fuera atendida por el Estado a la postre, se crearía un beneficio indebido para la parte dominante de la negociación, porque los conflictos patrimoniales se resolverían en un desmedro de los derechos del contratante débil." (Del dictamen del Procurador Fiscal que la Corte hace suyo en "Trípoli Humberto M. c. Plan Rombo S.A., del 18/11/1999, en La Ley online AR/JUR/409/1999).

También resulta sencillo apreciar que el sentido del antecedente jurisprudencial difiere sustancialmente de la tesis impugnativa. Por el contrario, y como se consideró a lo largo del presente, la tendencia jurisprudencial y doctrinaria se muestra favorable al razonamiento vertido en el decisorio atacado; lo que corrobora la improcedencia del presente remedio extraordinario local incoado, por todas las razones esbozadas.

VI. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto. Las costas de la presente instancia extraordinaria local se imponen a la parte recurrente vencida, en virtud del principio objetivo de la derrota (art. 105, primera parte, del C.P.C.C.T.).

El señor vocal doctor Daniel Oscar Posse, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor Antonio Gandur, vota en igual sentido.

El señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, dijo:

I.- Doy por íntegramente reproducida la relación de antecedentes de la causa contenida en el voto del señor vocal preopinante, doctor Antonio Gandur.

II.- En orden al juicio de admisibilidad, se verifica el cumplimiento de los requisitos de presentación tempestiva, definitividad de la sentencia recurrida, depósito de ley y autosuficiencia.

En lo concerniente a la existencia de una quaestio juris, el recurrente invoca arbitrariedad, y propone doctrina legal al respecto. El suscripto mantiene el criterio reiteradamente sustentado en anteriores pronunciamientos, entre ellos en sentencia N° 556 de fecha 16/8/2011 recaída in re: "Capozzuco Carlos Ángel vs. Distribuidora Munich s/ Cobro de pesos". Es que, como allí se dijera, se hace necesario dejar debidamente sentado que la determinación sobre la configuración o no del supuesto vicio de arbitrariedad que se denuncia en el escrito de casación constituye una cuestión que en puridad hace, no ya a la admisibilidad del remedio extraordinario local, sino a su procedencia, y, por ende, es a esta Corte a quien de manera exclusiva compete determinar si los agravios que en tal sentido se formulan tiene entidad suficiente para invalidar el acto jurisdiccional en cuestión (cfr. CSJT, 27/4/2010, "Juárez Juan Carlos y otra vs. Provincia de Tucumán y otro s/ Daños y perjuicios", sentencia N° 249; 28/10/2010, "Agudo Juan Ángel y otra vs. I.P.S.S.T. s/ Amparo", sentencia N° 820; 28/10/2010, "Argañaraz César Mauricio vs. S.A. San Miguel A.G.I.C.I. y F. s/ Despido", sentencia N° 822; 17/12/2010, "Centro Vecinal Marcos Paz vs. Municipalidad de Yerba Buena s/ Amparo", sentencia N° 997).

En efecto, tal como se venía sosteniendo desde la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo de la Corte, la ponderación que el Tribunal de casación hace de la valoración del material fáctico obrante en la causa efectuada por los jueces de grado, resulta objeto propio -ni "ajeno" ni "excepcional"- del recurso extraordinario local, en la medida que se trata de una típica cuestión jurídica, cual es la determinación de la existencia o no de un error in iuris iudicando por parte del órgano a quo (cfr. CSJT, 30/6/2010, "Frías Daniel Eduardo vs. Municipalidad de Alderetes s/ Daños y perjuicios", sentencia N° 487; 03/5/2011, "Serrano Víctor Oscar vs. Minera Codi Conevial S.A. s/ Indemnización por despido", sentencia N° 223; 03/5/2011, "Maidana Silvia Inés y otra vs. Molina Víctor Hugo, Mothe Fernando y Alderete Alberto s/ Cobro de pesos", sentencia N° 227; 06/5/2011, "Ismain Emilio David vs. Tarjeta Naranja S.A. s/ Cobro de pesos", sentencia N° 237; 11/5/2011, "Soraire Julio Roberto vs. Berkley International Art S.A. s/ Cobro de pesos", sentencia N° 252 del 11/5/2011).

III:- Con relación al juicio de procedencia, y a la imposición de costas, adhiero íntegramente al voto del señor vocal preopinante, en particular considerando que basta su lectura para demostrar la ausencia de arbitrariedad en el razonamiento sentencial, invocada por el recurrente.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal,	R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la demandada (fs. 402 a 421 vta.) en contra de la sentencia nº 235 de fecha 17 de noviembre de 2011 (fs. 389 a 398 vta.) dictada por la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Común del Centro Judicial Concepción; con pérdida de depósito.

II.- COSTAS de la presente instancia como se consideran.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN (con su voto) ANTONIO GANDUR	DANIEL OSCAR POSSE ANTE MÍ:

CLAUDIA MARÍA FORTÉ.