Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-06-26


Reg.: A y S t 283 p 295/299.

En la ciudad de Santa Fe, a los veintiseis días del mes de junio del año dos mil dieciocho se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Daniel Aníbal Erbetta, Roberto Héctor Falistocco, Mario Luis Netri y Eduardo Guillermo Spuler con la Presidencia de su titular doctor Rafael Francisco Gutiérrez a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados "ALONSO, MARCELO HERNAN CONTRE TREVI S.R.L. Y OTROS -SENT. COBRO DE PESOS-RUBROS LABORALES- (CUIJ N° 21-04621685-4) sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. CUIJ NRO. 21-04621685-4). Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto?; SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente?; y TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?. Asimismo, se emitieron los votos en el orden que realizaron el estudio de la causa, o sea, doctores Spuler, Gutiérrez, Falistocco, Netri y Erbetta.

A la primera cuestión -¿es admisible el recurso interpuesto?- el señor Ministro doctor Spuler dijo:

Mediante pronunciamiento registrado en A. y S. T. 278, págs. 148/150 esta Corte admitió la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la demandada contra el fallo de fecha 17 de octubre de 2017, dictado por la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Laboral de la ciudad de Santa Fe, al verificar -desde el análisis mínimo y provisorio que correspondía a ese estadio- que la postulación de la recurrente contaba, prima facie, con asidero en las constancias de la causa y suponía articular con seriedad un planteo idóneo para franquear el acceso a esta instancia de excepción.

El nuevo examen de admisibilidad que impone el artículo 11 de la ley 7055, efectuado con los autos principales a la vista, me conduce a ratificar la conclusión arribada por el Cuerpo en aquella oportunidad, de conformidad a lo dictaminado por el señor Procurador General (fs. 691/694).

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, el señor Presidente doctor Gutiérrez y los señores Ministros doctores Falistocco, Netri y Erbetta expresaron idéntico fundamento al vertido por el señor Ministro doctor Spuler y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión -en su caso, ¿es procedente?-, el señor Ministro doctor Spuler dijo:

1. Surge de las constancias de autos que el señor Marcelo Hernán Alonso inició demanda contra la firma TREVI S.R.L., Esteban Miguel Oliver y Miguel Angel Oliver tendente al cobro de rubros laborales. Relató que ingresó a trabajar para la demandada en el establecimiento que gira bajo el nombre de fantasía "Heladería TREVI S.R.L." realizando tareas generales, desde el día 1 de marzo de 2009 hasta el día 25 de junio de 2013 en que se dio por despedido indirectamente, ante la no dación de tareas por parte de la empleadora, la negativa a permitirle el ingreso a su lugar de trabajo, la falta de pago de diferencias salariales, SAC primero y segundo semestre año 2012 y la omisión de registración en debida forma. Estas cuestiones a su entender no consentían la prosecución del vínculo, por lo que se consideró gravemente injuriado y despedido por exclusiva culpa de la demandada. Reclamó rubros remuneratorios e indemnizatorios y la entrega de certificación de servicios y remuneraciones.

Contestada la demanda por los accionados, se celebró la audiencia del art. 51, ley 7945 sin lograr un avenimiento. Producidas las pruebas aportadas y agregados los alegatos, en fecha 31 de agosto de 2016 el Juez de Primera Instancia en lo Laboral de la Segunda Nominación de Santa Fe, resolvió hacer lugar parcialmente a la demanda y, en consecuencia, condenó a "TREVI S.R.L." , Miguel Angel Oliver y Esteban Miguel Oliver, a pagar al actor, dentro del plazo de 10 días, la suma que por los rubros acogidos según el considerando II del fallo, deberán liquidar las partes, con arreglo a las pautas e intereses allí fijados. Ordenó asimismo que en el término de treinta días la demandada haga entrega al actor de las certificaciones de servicios, bajo apercibimiento de astreintes en caso de renuencia. Impuso las costas del pleito a la accionada.

Deducido recurso de apelación parcial por la parte demandada -agraviándose respecto de la imposición de costas y e interés dispuesto-, la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Laboral de la ciudad de Santa Fe, en fecha 27 de marzo de 2017, resolvió "declarar mal concedido el recurso de apelación parcial de la parte demandada y, por lo tanto, tener al mismo por no interpuesto (art. 109 CPL)"; con costas a la accionada.

2. Contra dicho pronunciamiento interpone la compareciente recurso de inconstitucionalidad con fundamento en el supuesto previsto en el artículo 1ro., inciso 3ro., de la ley 7055.

Ante todo, la recurrente le achaca a los sentenciantes haber incurrido en excesivo rigorismo formal en la aplicación de la consecuencia prevista en el segundo párrafo del artículo 109 del Código Procesal Laboral -de tener por no interpuesto el recurso de apelación parcial-, haciendo incapié en que no obstante no cumplimentar dicha parte la carga de precisar los rubros recurridos, no se ordenó la intimación por el plazo de dos días para subsanar la omisión a la que alude la citada normativa.

A su criterio dicha omisión se purgó al concederse el recurso, al elevarse las actuaciones a la Sala, al correr traslado para expresar agravios y al contestarlos la contraparte. Considera además que la falta de precisión de los rubros no causa perjuicio a ninguna parte. Agrega que la resolución atacada no resulta de una interpretación armónica de las constancias incorporadas a los autos, lo que atenta contra su derecho de defensa.

Por otra parte, se agravia del criterio de la Sala en relación a las costas, considerando que ésta minimiza el éxito de la causa para convalidar la decisión de baja instancia. A esos efectos argumenta que el juez inferior rechazó la multa prevista en el artículo 8 de la ley 24013, la indemnización del artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo y que las cantidades reclamadas por el actor -en particular las horas extras- se vieron notoriamente reducidas al determinarse la aplicación del convenio colectivo nro. 343/02, en lugar del invocado por el accionante. Considera que otra solución violaría lo establecido en el artículo 102 del código de forma laboral, que prescribe la condenación total en costas en los casos en que reducción de las pretensiones no supera el 20%.

Finalmente sostiene la arbitrariedad del pronunciamiento por apartarse de las normas aplicables al establecer un índice que incrementa en un 15% la tasa de interés máxima nominal anual. Y considera que el resultado al que se arriba es irrazonable y confiscatorio, al ser totalmente excesivo y carente de fundamentación normativa y fáctica, lo que lesiona derechos y garantías constitucionales.

Añade que el fallo carece de argumentación en relación a los índices por cuanto aplica en forma directa y sin limitación alguna lo resuelto en el precedente "Ibarra", sin adaptar o efectuar referencia al caso concreto.

3. Encontrándose objetada la validez constitucional del fallo dictado por la Alzada, el detenido estudio de las cuestiones trascendentes involucradas en la litis, a la luz del derecho que rige el caso, me conduce a la conclusión de que el recurso excepcional interpuesto merece favorable acogida. Ello así, al comprobar que el Tribunal ha conferido un tratamiento irrazonable al caso, adoptando una solución que connota arbitrariedad al apartarse de los cánones de motivación y fundamentación exigibles, puesto que no constituye una derivación razonada del derecho vigente aplicado a los hechos de la causa, resultando tal deficiencia decisiva para la suerte de lo fallado en el "sub lite".

En efecto, la Alzada incurre en arbitrariedad al declarar mal concedido el recurso de apelación parcial interpuesto por la demandada con sustento en el artículo 109 del CPL, pues tal conclusión se basa en una interpretación normativa teñida de rigorismo y apartada de las constancias relevantes de autos.

Dice la Sala que el actor interpuso apelación parcial omitiendo indicar los rubros recurridos y que, no obstante ello, el Juez a quo concedió el recurso, afirmando a continución, sin más, que el apelante incumplió con la carga del art. 109 del C.P.L., por lo que debía tenerse al mismo por no interpuesto.

Sin embargo, olvidó la Alzada que la norma en cuestión también prevé que "ante el incumplimiento de este recaudo, el juez intimará al apelante para que en el plazo de dos días subsane la insuficiencia, bajo apercibimiento implícito de tener por no interpuesto el recurso". Y según las constancias de autos, tal intimación nunca fue cursada, sino que se dispuso directamente la elevación de los autos a la Cámara. Radicados los autos en la Alzada, se dio curso al trámite de la impugnación sin que nadie manifestara oposición al mismo o a las deficiencias del recurso deducido (ver fs. 248, 252, 256, 262, 268 y ss.).

Por ello, ante la omisión incurrida por el juzgador, al no cumplir con la exigencia legal de intimar al apelante para que subsane la insuficiencia incurrida, no correspondía aplicar sin más el apercibimiento previsto en la norma, dado que sin dicho requerimiento no se le puede imputar al apelante renuencia alguna en precisar los puntos o rubros atacados.

La manera rigurosa en que aplicó la Sala el artículo 109 del C.P.L. al caso, con claro apartamiento de los antecedentes relevantes de autos, produce una lesión insalvable al derecho a la jurisdicción que asiste al justiciable, no satisfaciendo adecuadamente los cánones de motivación suficiente exigidos por la Constitución provincial.

Por otra parte, cabe señalar que igualmente resulta arbitrario lo dicho por la Sala "en observancia al derecho de defensa en juicio del demandado" en torno al tema costas e intereses, dado que efectúa afirmaciones dogmáticas, sin la debida referencia al caso concreto, por lo que lo manifestado al respecto carece de debido sustento desde una óptica constitucional.

Es que si bien es sabido que la temática vinculada a las costas del juicio, en principio, no ingresa en la esfera propia del remedio excepcional intentado, ello no es óbice para lograr la revisión de lo resuelto a través de la vía prevista en la ley 7055 cuando lo decidido resulta claramente arbitrario, afectando de manera insalvable el derecho del compareciente a obtener una sentencia fundada en ley. En el caso concreto, la Sala desestimó el agravio que al respecto efectuara la apelante sin siquiera considerar mínimamente los serios argumentos expuestos para demostrar el apartamiento del artículo 102 del C.P.L. al haber obtenido satisfacción parcial a sus pretensiones (rechazo de la indemnización del artículo 80 LCT y de la multa del art. 8 de la ley 24013, aplicación de un convenio distinto al solicitado por el actor con incidencia en las diferencias salariales y reducción de las horas extras semanales). Por el contrario, la Sala se limitó a sostener de manera dogmática que "el criterio del vencimiento recíproco de las partes no funciona en la forma aritmética que propone la demandada, cuantificando rubros y montos, sino que depende de la importancia de ellos" sin especificar con referencia al caso concreto cual sería el criterio cualitativo que a su juicio correspondía aplicar para no vulnerar -como invoca el compareciente- el artículo 102 del C.P.L.

El mismo déficit de fundamentación presenta el rechazo del agravio vinculado a los intereses, dado que sin aludir al supuesto de autos y con la sola invocación del antecedente "Ibarra" desestima los serios planteos llevados a su consideración por la recurrente. Máxime si tenemos en cuenta que esta Corte a partir del caso "Olivera", de fecha 31.10.2017, anuló las pautas fijadas en "Ibarra" por apartarse de la ley y la Constitución.

Las razones expuestas determinan la procedencia del recurso excepcional, por cuanto se advierte en la sentencia impugnada la concurrencia de vicios que autorizan la anulación del pronunciamiento como acto jurisdiccional válido.

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión el señor Presidente doctor Gutiérrez y los señores Ministros doctores Falistocco, Netri y Erbetta expresaron idénticos fundamentos a los expuestos por el señor Ministro doctor Spuler y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión -en consecuencia, ¿qué resolución corresponde adoptar?- el señor Ministro doctor Spuler dijo:

Atento al resultado obtenido al tratar la cuestión anterior corresponde declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto y, en consecuencia, anular el fallo impugnado, con costas al vencido (art. 12, ley 7055). Remitir los autos al Tribunal que corresponda para dicte nuevo pronunciamiento.

Así voto.

A la misma cuestión el señor Presidente doctor Gutiérrez y los señores Ministros doctores Falistocco, Netri y Erbetta dijeron que la resolución que correspondía dictar era la propuesta por el señor Ministro doctor Gutiérrez y así votaron.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto y, en consecuencia, anular el fallo impugnado, con costas al vencido. Remitir los autos al Tribunal que corresponda para dicte nuevo pronunciamiento.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

FDO.: GUTIÉRREZ-ERBETTA-FALISTOCCO-NETRI-SPULER-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA)