Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-08-23


PROVINCIA DE SANTA FE contra FALCONE, Hugo Luis Reg.: A y S t 215 p 335-343.

En la ciudad de Santa Fe, a los veintitrés días del mes de agosto del año dos mil seis, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Roberto Héctor Falistocco, Eduardo Guillermo Spuler y Rodolfo Luís Vigo, con la presidencia del titular doctor Rafael Francisco Gutiérrez, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "PROVINCIA DE SANTA FE contra FALCONE, Hugo Luis y/o quien en definitiva resulte propietario sobre EXPROPIACIÓN" (Expte. C.S.J. Nro. 480, año 1993).

Se determinó el orden de votación conforme al estudio de los autos: señor Ministro doctor Spuler y en orden sucesivo al señor Presidente doctor Gutiérrez y a los señores Ministros doctores Falistocco y Vigo; y que las cuestiones a resolver son:

PRIMERA: ¿qué indemnización corresponde fijar por el inmueble expropiado? SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde? A la primera cuestión, el señor Ministro doctor Spuler dijo:

1. La Provincia de Santa Fe promueve demanda de expropiación contra Hugo Luis Falcone y/o quien en definitiva resulte propietario de una fracción de terreno ubicada en el Distrito Funes, Departamento Rosario.

Manifiesta que, por ley Nro. 10.206 del 11 de agosto de 1988, se declararon de interés general y sujetos a expropiación los inmuebles afectados para la construcción, conservación, mantenimiento, reconstrucción y limpieza de la "Presa de retención crecida del Arroyo Ludueña", ubicada en los distritos Pérez y Funes del Departamento Rosario.

Señala que la fracción de terreno se encuentra en el Distrito Funes (Zona Rural) - Polígono I - Parcela 14 - Departamento Rosario, y cuyas medidas, dimensiones y linderos son los siguientes: "Una fracción de terreno que se encuentra ubicada en el Distrito de Funes, Departamento Rosario, Provincia de Santa Fe, que es parte del campo conocido como 'Estancia El Palenque', y que en el Plano de División confeccionado por el Ingeniero don Antonio Miqueletti, está designada con el número dieciséis y mide 426 metros con 38 centímetros de frente al Norte por 582 metros de lado.

Encierra una superficie total de veinticuatro hectáreas ochenta y una áreas cincuenta y tres centiáreas. Linda: al Norte, Oeste y Sud respectivamente con los lotes números Doce, Quince y Veinte del mismo plano y por el Este con terrenos adjudicados a Celina A. Grendi Casanueva de Peña en parte y con lo adjudicado a Juana E. Grendi Casanueva de Negrotto, en parte".

El dominio se encuentra inscripto en el Registro General de la Propiedad como sigue: Número 123.029 - Tomo 362 C - Folio 430 - del 20 de marzo de 1975. Partida del Impuesto Inmobiliario Nº 336.725/0000.

Relata que procedió, por medio de la Junta Central de Valuación, a determinar el valor real y actual de la fracción descripta; que a tal fin se obtuvieron valores de informantes calificados sobre fracciones de campos aptos de buena calidad y libres de mejoras, los que fueron analizados y ponderados por la oficina técnica, determinándose como valor real para el inmueble a expropiar la cantidad de $ 28.333,77; y que esa suma fue ofrecida al propietario a los efectos de cumplir el trámite de avenimiento expropiatorio, que no prosperó.

En consecuencia -continúa-, el 11 de junio de 1993 se dictó el decreto Nro. 1342 por el que se dispone la promoción de la acción expropiatoria y el depósito de la suma mencionada en la cuenta judicial Nro. 263.884 de la Agencia Tribunales del Banco de Santa Fe S.A., a la orden de este Tribunal y para estos autos, suma que da en pago.

Solicita que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de la ley 7534, se la ponga en posesión del inmueble, se tenga por consignada y dada en pago la suma depositada, se disponga la anotación de la indisponibilidad en las actuaciones administrativas y, oportunamente, se haga lugar a la demanda declarándose transferido el dominio de la fracción de terreno a su favor, imponiéndose las costas conforme lo determinado en el artículo 49 y concordantes de la ley 7534.

El 16.9.1993 la Provincia toma posesión del inmueble (f. 32).

En fecha 8.11.1993 (f. 46) se libra orden de pago con imputación a la cuenta Nro.

263.884 por la suma de $ 28.333,77, en concepto de capital.

A foja 39 obra la inscripción como litigioso del inmueble expropiado. 2. En fecha 13.12.1993 el expropiado contesta la demanda (fs. 49/51).

Rechaza la indemnización consignada judicialmente, por resultar -a su juicio- insuficiente y, por ende, no respetar el principio constitucional de integralidad.

Niega que la fracción cuya expropiación se persigue tenga un valor objetivo de $ 28.333,77, y que se haya consultado, a los fines de determinarlo, a informantes calificados.

Expresa que, conforme acreditará oportunamente, diversas inmobiliarias de la zona ofrecen en venta predios de similares características -tanto en cuanto a su ubicación cercana a tres ciudades como en lo atinente al tipo de explotación- a precios que oscilan en los $ 2.500/ha., monto en base al cual concluye que la fracción de campo expropiada no puede ser valuada en menos de $ 62.000, incluyendo los alambrados existentes al momento de la desposesión.

Con invocación de los artículos 16 y 17 de la ley 7534, reclama la indemnización de la comisión del corredor inmobiliario y de los honorarios notariales -que estima en un 8% del valor del predio-, gastos en los que deberá incurrir para adquirir un bien de similar valor al expropiado.

En otro orden, relata que, en el año 1989, la Provincia promovió el trámite de avenimiento expropiatorio, procedimiento que se extendió hasta 1993 en que se promueve la acción expropiatoria. Añade que, simultáneamente, los gobernantes de turno prometieron públicamente la iniciación inmediata de las obras de construcción de la represa.

Manifiesta que los hechos expuestos -que oportunamente acreditará-, además de la inscripción registral de la afectación a expropiación, lo colocaron en una situación de indisponibilidad material y jurídica del bien y le impidieron realizar normalmente tareas de explotación.

Reclama, entonces, el pago de intereses resarcitorios a partir de febrero de 1989, oportunidad en que el sujeto expropiante procede a inscribir la afectación a expropiación en el Registro General.

A foja 51 vto. se abre la causa a prueba.

A foja 185 se clausura el período probatorio y se dispone el pase de los autos a la Comisión de Tasaciones, la que presenta su dictamen a foja 222.

Dispuesto el pase de los autos para alegar, se agregan los alegatos de la parte actora (fs. 239/246) y demandada (fs. 247/256).

Llamados autos para sentencia (f. 257) y consentida dicha providencia, queda la causa en estado de ser resuelta.

3. La acción expropiatoria se sustenta en normas constitucionales y legales, y a su procedencia no se opone el expropiado. Corresponde, pues, hacer lugar a la misma.

La cuestión litigiosa se circunscribe al aspecto indemnizatorio, debiéndose resolver, además, los temas vinculados a los intereses y las costas del juicio.

3.a. En relación al primero, la expropiante al demandar ofreció un monto de $ 28.333,77, resultante de valuar en $ 3.000 la hectárea de campos aptos, y aplicar los coeficientes previstos por decreto nro. 5286/74 según la calidad de las tierras, en base a la clasificación efectuada por la Dirección Provincial de Catastro.

Al alegar, aceptó el dictamen de la Comisión de Tasaciones, la que determinó -por mayoría- un valor base para campos aptos de $ 3.330/ha, al que disminuyó en un 30% para las 4 has. de cañada de buen desagüe, y en un 70% para las 20 has. 81 as. 53 cas. de cañada salitrosa o de mal desagüe; ello, al mes de setiembre de 1993 (desposesión), arribando al monto de $ 30.118,48. Por su parte, el expropiado reclamó al contestar la demanda una indemnización de por lo menos $ 62.000, en base a ofertas de venta de predios de características similares al expropiado que ofreció acreditar, reclamando, por ende, la diferencia entre dicho monto y lo consignado judicialmente (v. fs. 221/223).

Mas al alegar (v. fs. 247/255), cuestiona -básicamente- la disminución que, conforme las distintas calidades del suelo, se efectuó respecto del valor base, tanto en el informe de la oficina técnica (fs. 193/194), como por la mayoría de la Comisión de Tasaciones (v. 222), pretendiendo que esta Corte valúe el inmueble objeto de la presente causa "tomando fundamentalmente en cuenta los valores que ha fijado con relación a inmuebles linderos o contiguos" - concretamente, refiere a los precedentes registrados en A. y S. T. 206, págs. 285/294 ("Provincia de Santa Fe c. Pérez, Delia Pascualina Tomassetti de") y 206, págs. 421/430 ("Provincia de Santa Fe c. Di Bernardo, Angel José y otros")-, "y el mismo no podrá ser inferior a los $ 3.300,75/ha".

Al margen de la cuestión relativa a la oportunidad de la discusión de los aspectos vinculados a la calidad del suelo -no podría soslayarse que ya de la valuación efectuada en sede administrativa en fecha 4.8.1989 (v. f. 24, expte. adm. nro. 00601- 0004283/88 del registro del Ministerio de Obras, Servicios Públicos y Vivienda) surge la aplicación de los respectivos coeficientes, lo que se reiteró en las valuaciones de fechas 10.1.1990 (en la que se dejó constancia de que "la Dirección Provincial de Catastro en sus registros de empadronamiento a la fecha, tiene clasificada la superficie afectada a expropiación de la siguiente forma: campo regular 4 has. y cañada salitrosa 24 has. 81 as 53 cas.", (v. f. 33) y 2.3.1993 (v. f. 53)-, resulta decisiva la consideración de que en autos obran elementos de prueba, no desvirtuados por constancia alguna, que brindan suficiente sustento a lo dictaminado por la Comisión de Tasaciones -y, en su momento, la Oficina Técnica- al respecto.

En efecto: a fojas 175/176 corre agregada la pericial producida por el Ingeniero Agrónomo Jorge Postma, en la que dictamina, al punto "clase de tierras en lo que concierne a la aptitud de las mismas para la explotación ganadera, agrícola, etc.; si se trata de terrenos anegadizos, con aguas permanentes, o por lo contrario con alturas suficientes", que el predio "corresponde a un sector de vías de escurrimiento superficial definido, que se hallan entre sectores levemente alomados; la permeabilidad y el escurrimiento superficial son lentos, siendo su drenaje imperfecto; la pendiente es inferior al 1%.

En determinadas épocas del año, estos suelos evidencian sobresaturación hídrica afectada por salinización y/o alcalinización. Otro rasgo característico e importante, es la presencia de un horizonte de alto nivel de arcilla e importante espesor que dificulta el desarrollo radicular y la infiltración"; y en cuanto a la capacidad de uso de la tierra, que se trata de "suelos con graves limitaciones para el uso, resultando ineptos para los cultivos de cosecha; presentan exceso de humedad por la acumulación de agua de escorrendía provenientes de áreas circunvecinas más elevadas y/o con drenaje interno pobre o impedido, que con frecuencia produce anegamiento.

Pueden ser fuertemente alcalinos o estar asociados con suelos salinos". En cuanto al "tipo de agua del arroyo, si las mismas pueden perjudicar a las tierras", informa que "presenta indudables características salino-alcalino, vinculada también a la capa freática superior, por lo tanto esas sales solubles en el agua (cloruros y sulfatos) durante los desbordes o bien en períodos normales, afectan negativamente al suelo aledaño". Por último, al punto "fecha estimativa de la última cosecha agrícola" responde: "por la ausencia de rasgos culturales (no laboreo de la tierra) y la vegetación natural presente adaptada a condiciones de ambiente anegado y salino-alcalino, se puede inferir que no se han realizado cultivos".

Asimismo, a foja 193 obra el informe de la oficina técnica, que en cuanto a las características del suelo señala: "la pendiente es inferior al 0,5%, la permeabilidad y el escurrimiento son muy lentos, la capa freática se halla próxima a los horizontes superficiales, por lo que resultan ser áreas pobremente drenadas. La unidad cartográfica está integrada en porcentajes equivalentes por las series Zavalla y Manantiales, ambas hidromórficas, alcalinos sódicas y salinas.

Se diferencian por la profundidad de aparición y el distinto grado de afección del complejo de intercambio por el ión sódico. Todas las circunstancias señaladas constituyen serias limitaciones para la implantación y crecimiento de forrajeras que no toleran dichas condiciones...".

El testigo Criscenti, por su parte, expresa: "la fracción en cuestión está ubicada en el pozo de los bajos salinos y es la parte más baja, conoce el sitio debido a que hacía instrucción en la zona con un grupo campamentista ... " (v. f. 86); y la testigo Pozzobón señala: "sí, conoce la zona, porque ha pasado, por ser toda la vida de Funes y dedicarse a la actividad inmobiliaria... es campo salitroso, con arsénico en sus aguas, de pastos duros" (v. f. 86 vto.).

Tales constancias desvirtúan, se destaca, las alegaciones vertidas por el expropiado en sede administrativa en cuanto a un posible destino agrícola del predio ("la tierra fue preparada para su sembrado", v. f. 30 expte. adm. cit.; "el total de la superficie es de campo regular, admitiendo que un pequeñísimo porcentaje puede contener algo de salitre, pero este porcentaje es mínimo con relación al total... ha cosechado diversas semillas, y actualmente se está a punto de sembrar", f. 36; "conforme se ha expresado, el inmueble tiene un destino agrícola, habiendo sido explotado por mi poderdante y por contratistas", f. 59). A lo expuesto hasta aquí cabe agregar que ni se ha alegado ni se advierte que la Comisión de Tasaciones se haya apartado de los coeficientes de reducción por calidad de las tierras previstos normativamente; y que el representante de la accionada ante dicha Comisión no explicó las razones en que basó el coeficiente de 0,50 que propuso como corrección del valor correspondiente a la "mejor tierra" (v. f. 214). Consecuencia de todo ello es que corresponde indemnizar 4 has. como cañada de buen desagüe, esto es, a un 70% del valor base, y 20 has. 81 as. 53 cas. como cañada salitrosa o de mal desagüe, a un 30% del valor base.

Ahora bien: como se dijo, al contestar la demanda el expropiado pretendió una indemnización de por lo menos $ 62.000, en base a ofertas de venta de predios de características similares que ofreció acreditar (v. fs. 221/223); mas no logró demostrar tales extremos, ya que ni las inmobiliarias por él propuestas pudieron aportar dato significativo alguno (v. fs. 80, 109 y 151/156), ni las declaraciones testimoniales que ofreció brindan sustento a su pretensión, ya que la única referencia al respecto, brindada por el testigo Criscenti -quien manifiesta haber tenido en venta una fracción de cuatro hectáreas que fue vendida en febrero de 1994 en la suma de quince mil dólares- no fue acompañada de precisión alguna vinculada con las características de la tierra, aspecto al que antes se aludió. Resta destacar que la actuación obrante a foja 88, invocada en el alegato (v. f. 248), no fue reconocida (v. fs. 87, 93 y 97).

Por su parte, conforme puede extraerse del Acta nro. 352 (v. f. 222), la Comisión de Tasaciones adoptó como valor base para campos aptos de buena calidad libres de mejoras, al momento de la desposesión, $ 3.330/ha.

Arribó a dichos montos tras promediar los datos vertidos por la Inmobiliaria Furigo, la Municipalidad de Funes, la Municipalidad de Pérez y la Asesoría Integral (v.

f. 193), quienes informaron $ 3.500 por hectárea de tierra apta para la agricultura los tres primeros, y $ 4.300 por hectárea la última, a cuyo promedio le aplicó un coeficiente de 0.90 por tratarse de valores tentativos.

Por su parte, el representante del expropiado ante la Comisión de Tasaciones, efectuó estimaciones basadas en ofertas publicadas en periódicos y en encuestas verbales a inmobiliarias de la zona (v. fs. 226/228).

Así, refirió a un aviso publicado en el diario "La Capital" el 23.9.1993 por el cual se ofrecían "50 has. en Funes a 3.700 u$s/ha", y a la información dada por una Inmobiliaria de la ciudad de Pérez, según la cual los campos buenos para la agricultura se cotizaban a razón de 200 ó 220 quintales de soja la hectárea, lo que multiplicado por el precio del quintal de soja -conforme información extraída del mismo periódico-, promediado con el valor anterior, y corregido por el coeficiente de "oferta", da el resultado de $ 3.667,50 que propuso.

Mas no obra en autos constancia alguna de dichas publicaciones; y, en cuanto a la "encuesta verbal", este Tribunal ha resuelto reiteradamente que dicho método no garantiza su objetividad y le resta poder de convicción a la información (A. y S. T. 51, pág. 325; T. 56, pág. 49; T. 92, pág. 452; T. 97, pág. 364; T. 107, pág. 384; etc.). Se extrae de las consideraciones que anteceden, pues, que debe estarse al criterio que finalmente obtuvo mayoría en el seno de la Comisión, el que contempla adecuadamente los distintos elementos a tener en cuenta en el caso.

En particular, se advierte que la suma finalmente adoptada como valor base tiene una razonable correlación con la establecida en causas referentes a otros inmuebles radicados en la misma zona y para el mismo destino, por lo que su adopción en el sub judice guarda coherencia con la tradicional doctrina que esta Corte ha elaborado con apoyo en jurisprudencia del Máximo Tribunal de la Nación destacando "la importancia que, para fijar la justa indemnización, tienen las valuaciones sobre inmuebles linderos, debiendo evitarse 'diferencias injustas' y manteniendo en lo posible el principio de igualdad de trato entre los afectados a igual destino..." (Fallos: 222:365; 224:929; 227:186; 232:241; 240:166; 241:354; 242:35 y 165; 243:66; 246:208; 260:175; entre muchos otros; y de este Tribunal: A. y S., T. 46, pág. 423; T. 58, pág. 486; T. 89, pág. 445; T. 93, pág. 13; T. 94, págs.

196 y 204; T. 97, pág. 364; T. 110, pág. 123; T. 119, pág. 312; T. 179, pág. 341, entre otros).

A algunos de tales precedentes refiere el expropiado al alegar, concretamente, a las causas "Provincia de Santa Fe c. Pérez, Delia Pascualina Tomassetti" (A. y S. T. 206, págs. 285/294) y "Provincia de Santa Fe c. Di Bernardo, Angel José y otros" (T. 206, págs.

421/430), en que se adoptó como valor base la suma de $ 3.300,75/ha; debiendo además considerarse las sentencias recaídas in re "Provincia de Santa Fe c. Escobio, Julia Elena Pastore de y otros" (T. 206, págs. 72/80) y "Provincia de Santa Fe c. Gamboa, Martina; Cóccolo y Acciaresi, María Adela y Rossetti S.A.C.I.F.I." (T. 207, pág. 51/62), que refieren a terrenos propiamente linderos al objeto del presente juicio, en que los montos resultantes de aplicar los respectivos valores base (de $ 3.150/ha. y $ 3.667,50/ha.), debieron reducirse -tal como ocurre en el sub júdice- por índices correspondientes a la distinta calidad de la tierra (en el primer caso, 4 has. de tierra regular, y 68 has. de cañada salitrosa; y en el segundo, 42 has. 36 as. 56 cas. 48 dm2 de cañada de buen desagüe, 33 has. de cañada de mal desagüe y 1 ha. de lagunas y canales).

Se extrae de las consideraciones que anteceden, pues, que debe tomarse como valor base $ 3.330/ha., lo que, por aplicación de las pautas sentadas en los párrafos que anteceden, arroja un resultado de $ 30.118,48 (treinta mil ciento dieciocho pesos con cuarenta y ocho centavos) para todo el inmueble.

3. b. A los efectos de establecer el importe que aún resta abonar en autos, corresponderá deducir, de dicha suma, el monto oportunamente retirado por el demandado.

En ese orden, si al importe de $ 30.118,48 fijado por el Tribunal, se le descuenta la suma de $ 28.333,77 retirada por aquél (f. 46), se obtiene un monto de $ 1.784,71 (mil setecientos ochenta y cuatro pesos con setenta y un centavos).

3. c. La demandada reclama además el reintegro de los gastos devengados por la compra de un inmueble de similar valor, a los que estima en una suma equivalente al 8% del valor objetivo del bien, comprensivo de la comisión del corredor inmobiliario y de los honorarios notariales.

La solicitud debe desestimarse.

En efecto, no basta la mera invocación del "perjuicio directo e inmediato" para que éste se reconozca, sino que para ello es, desde luego, necesaria su concreta demostración.

Según tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la procedencia de la indemnización por este concepto "...depende de que esté o no suficientemente probada la existencia de perjuicios cuya causa inmediata y directa sea la expropiación..." (Fallos 221:187) y que "a falta de prueba de los perjuicios que habría irrogado la expropiación no corresponde indemnización alguna por tal concepto" (Fallos 231:271, y los allí citados) (criterio de esta C.S.J. en A. y S. T. 92, pág. 452; T. 110, págs. 98 y 371; T. 123, pág.

308; T. 153, pág. 330, etc.).

En autos, la demandada ni siquiera intentó demostrar que la presente expropiación le impone de manera inexorable la compra de otro inmueble, ni menos aún que -en esa hipótesis- deba incurrir también necesariamente en los gastos que menciona.

Ello basta a los fines del rechazo de esta pretensión.

3. d. De conformidad con las disposiciones pertinentes de la ley 23.928 (artículos 1, 7, 13 y concordantes), y atento a que la valuación refiere a una fecha posterior al 31.3.1991, no corresponde en el caso la actualización por depreciación monetaria del saldo aún adeudado por la Provincia (cf. A. y S. T. 99, pág. 298; T. 102, pág. 369; T. 110, págs. 116 y 123; T. 111, pág. 312; T. 112, pág. 76; etc.).

3. e. Con relación a los intereses, la expropiada los solicita desde febrero de 1989, fecha de inscripción en el Registro de la Propiedad de la afectación a expropiación.

Este Tribunal ha sostenido reiterada e invariablemente que deben reconocerse intereses desde que la expropiada fue efectivamente desposeída del bien (A. y S. T. 37, pág. 307; T. 38, pág. 209; T. 44, pág. 225; T. 45, pág. 342; T. 75, pág. 124).

Asimismo, ha expresado que desde el momento en que la expropiante ocupó el bien de que se trata, debe reconocerse el pago de intereses con fundamento en la privación, desde esa fecha, de la disponibilidad del monto equivalente a su valor objetivo (A. y S. T. 87, pág. 361; T. 99, pág. 482; T. 110, pág. 98; T. 111, pág. 312; T. 126, pág. 281; T. 153, pág. 330).

Pues bien, a la luz de tales premisas, es indudable que el pedido formulado por la demandada, consistente en el reconocimiento de intereses desde febrero de 1989, no puede prosperar.

Es que, como surge de lo anteriormente expuesto, no es criterio de esta Corte que deban reconocerse intereses cuando se opera la desposesión "jurídica" del bien. La reseña de fallos que antecede, en cuanto vinculan inexorablemente el reconocimiento de intereses a la desposesión real (material, efectiva), así lo demuestra.

En consecuencia, y de conformidad con uniformes precedentes de este Tribunal (cf., entre otros, A. y S. T. 185, págs. 120, 125, 138, 143, 157, 162), deberá aplicarse sobre el saldo determinado en el punto 3 "b", la tasa pasiva promedio mencionada en el artículo 10 del decreto nacional 941/91, desde la fecha de la desposesión -setiembre de 1993- hasta la fecha del efectivo pago, si éste se efectúa dentro de los treinta días de aprobada la liquidación respectiva -que se practicará dentro de los veinte días de quedar firme la presente sentencia-, y en caso de incumplimiento correrán incluso sobre los intereses devengados.

3. f. En cuanto a las costas, atento la proporción existente entre las sumas reclamada, ofrecida y fijada, corresponde imponerlas en el orden causado (art. 49, apartado 2, inc. a, ley 7.534).

Así voto.

A la misma cuestión, el señor Presidente doctor Gutiérrez y los señores Ministros doctores Falistocco y Vigo expresaron idénticos fundamentos a los expuestos por el señor Ministro doctor Spuler, y así votaron.

A la segunda cuestión, el señor Ministro doctor Spuler dijo: Atento el resultado obtenido al tratar la cuestión anterior, corresponde hacer lugar a la acción expropiatoria y, en consecuencia, declarar transferido a favor de la Provincia de Santa Fe, previo pago del saldo indemnizatorio, el inmueble descripto en esta sentencia.

Fijar la indemnización total al mes de setiembre de 1993 en $ 30.118,48 y condenar a la Provincia de Santa Fe a pagar a Hugo Luis Falcone el saldo adeudado de $ 1.784,71, con más intereses a la tasa pasiva promedio mencionada en el artículo 10 del decreto nacional 941/91, desde la fecha de la desposesión -setiembre de 1993- hasta la fecha del efectivo pago, si éste se efectúa dentro de los treinta días de aprobada la liquidación respectiva -que se practicará dentro de los veinte días de quedar firme la presente sentencia-, y en caso de incumplimiento correrán incluso sobre los intereses devengados. Costas en el orden causado.

Así voto.

A la misma cuestión, el señor Presidente doctor Gutiérrez y los señores Minstros doctores Falistocco y Vigo dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por el señor Ministro doctor Spuler y así votaron.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Hacer lugar a la acción expropiatoria y, en consecuencia, declarar transferido a favor de la Provincia de Santa Fe, previo pago del saldo indemnizatorio, el inmueble descripto en esta sentencia.

Fijar la indemnización total al mes de setiembre de 1993 en $ 30.118,48 y condenar a la Provincia de Santa Fe a pagar a Hugo Luis Falcone el saldo adeudado de $ 1.784,71, con más intereses a la tasa pasiva promedio mencionada en el artículo 10 del decreto nacional 941/91, desde la fecha de la desposesión -setiembre de 1993- hasta la fecha del efectivo pago, si éste se efectúa dentro de los treinta días de aprobada la liquidación respectiva -que se practicará dentro de los veinte días de quedar firme la presente sentencia-, y en caso de incumplimiento correrán incluso sobre los intereses devengados. Costas en el orden causado.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

FDO.: GUTIÉRREZ-FALISTOCCO-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)