marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Prescripción de la acción penal, excepción de prescripción, declaración de oficio
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: MUÑOZ, MARIO s/ PRESCRIPCION DE LA ACCION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-18

Si una excepción -como la de prescripción- es planteada por vía incidental y el Juez de Instrucción la admite, es evidente que firme, tal decisión producirá los efectos de la cosa juzgada e impide toda tramitación ulterior de cualquier cuestión, incluso la prescripción misma.

Pero, cuando el Juez de Instrucción ha rechazado la excepción planteada, su decisión se limita a no admitir los efectos del instituto, sea que se lo entienda como la pérdida del derecho sustancial a la condena, sea que se lo interprete como una causa extintiva de la acción procesal. Pero, de la inevitable continuidad procesal que producirá el rechazo de la cuestión planteada por una parte e instrumentada incidentalmente como excepción, no puede inferirse que otro magistrado, en el momento de dictar sentencia, carezca de facultades para considerar si se ha operado o no la prescripción y deba ignorar el tema.

Si llegado el proceso a la etapa procesal de dictar condena, el juzgado advierta que se ha operado la prescripción -instituto penal de orden público- no solo no tiene impedimento alguno que derive de la decisión dada por otro magistrado en el incidente, sino que tiene la obligación de examinar su procedencia y así declararlo expresamente.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestión de derecho común, cuestiones opinables, Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia aplicable, honorarios, carácter accesorio, régimen de consolidación de deudas
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: MALETTI, INES RAQUEL s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- CONCURSO  PREVENTIVO- INCIDENTE DE REVISION PROMOVIDO POR AFIP (EXPTE.: C.S.J. NRO. 196 AÑO 2005)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-06-01

Corresponde rechazar la queja impetrada desde que la respuesta dada por la Sala esta en sintonía con lo que declaró el Máximo Tribunal nacional in re "Dirección Nacional de Vialidad v. Cervecería y Maltería Quilmes" y con la conclusión de que "los créditos por honorarios de causa o títulos anterior al 1 de abril de 1991 sólo son consolidables si acceden a una obligación principal consolidable , ya que la propia ley ha condicionado la consolidación de las obligaciones accesorias a la circunstancia de que se encuentre consolidada la obligación principal a la que acceden", criterio reafirmado en otros precedentes, donde consideró que se trataba de "una obligación principal no consolidable" por lo que cabía concluir "que los créditos contra el Estado Nacional por los honorarios regulados por esta causa no se encuentran alcanzados por la consolidación".

Consecuentemente, constituye el resultado de unaexégesis posible de las normas en juego, que encuentra suficiente aval autoritativo en los precedentes mencionados, a la luz de los cuales no parece merecedor de reproche desde el plano constitucional.
Responsabilidad objetiva, cosa riesgosa, vehículo en movimiento, daño causado con la cosa, accidente de tránsito, automotores
Materia: CIVIL
Carátula: Lazzari de Milanesi, Nora c/ Messulam, Miguel Angel y otros s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Daños y perjuicios (Expte. CSJ No.   629-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-08-05

La reforma de 1968 del Código Civil ha borrado la distinción entre el hecho del hombre y el de la cosa, en el sentido que el precepto comprende indiscriminadamente ambos supuestos: el elemento decisivo y aglutinante es el riesgo de la cosa,y no el agente (hombre o cosa) que lo ha concretado en daño. Según Matilde Zavala de González, esa interpretación tiene el mérito de adecuarse al espíritu de la reforma, dominada por "el fantasma del automóvil"; y de ser la más satisfactoria axiológicamente, pues con ella los daños derivados de la circulación automotríz ingresan en general en la órbita de la responsabilidad objetiva, con sustento en el riesgo creado, en congruencia con la orientación más moderna y conveniente de responsabilidad civil. (De la Ampliación de Fundamentos del Dr.

Falistocco).
Regulación de honorarios, impugnación del acto administrativo
Materia: PROCESAL
Carátula: Continental Airlines INC contra GCBA y otros sobre impugnación actos administrativos c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-12-28

Si al considerar como regulación hipotética de primera instancia los honorarios máximos que permite la escala porcentual prevista en el artículo 23 de la ley n° 5134 se arriba a un monto inferior al mínimo establecido en el primer párrafo del artículo 31 de dicha norma, corresponde regular el mínimo previsto, equivalente a 20 UMA. (Del voto de las juezas Alicia E. C. Ruiz y Marcela De Langhe. Voto en igual sentido del juez Luis Francisco Lozano).
Prueba testimonial, ratificación de testigos, información de abono
Materia: PENAL
Carátula: Lazagabaster, Juan Pedro; Lazagabaster,Lázaro s/ Defraudación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-08-25

El art. 242 (núm. ant.) del C.P.P. sólo determina que las partes tienen la posibilidad formal de recabar la ratificación de los testimonios sumariales, como así que, al producirse el acto, el fiscal, el procesado y su defensor pueden aportar sus preguntas. El intento de suplir el silencio del art. 243 (núm. ant.) del C.P.P.

sobre si sólo es aplicable a condición de haberse solicitado la ratificación por la parte disconforme o, en su caso, por la conforme ha dificultado el análisis del sistema que tiene por centro ambos arts.. En realidad nada hay que suplir en tanto dicho silencio tiene por razón de ser en que el art. 243 nada debía decir sobre el punto pues no es ése su tema. Ya que cuando el testigo está muerto o ausente carece de sentido determinar si alguna de las partes debe ofrecer su ratificación en plenario.
Acto administrativo, elementos del acto administrativo, motivación del acto administrativo, derechos y garantías constitucionales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Peralta  Carlos Luis c/ E.N. -PJN- C. Magistratura- resol 122/04(Ex 38/03) Concurso 93 s/ amparo ley 16986".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-26

Toda decisión adminsitrativa que afecte derechos de los particulares debe responder a una motivación suficiente y resultar de la derivación razonada de sus antecedentes de modo tal que se encuentren a resguardo las garantías constitucionales en juego. como lo son -entre otras- las tuteladas por los arts. 16, 17 y 18 de la Constitución Nacional (Sala I "Jugos del Sur S.A.", 5/3/98 y Sala IV, "S.A.D.E.S.A.", 7/5/96) (Cons. IV.
Daños y perjuicios, responsabilidad del Estado, responsabilidad solidaria, Gas del Estado, Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PONCE de DI PAOLO, María Elisa c/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES s/ RESPONSABILIDAD  DEL  ESTADO.  RESPONSABILIDAD  SOLIDARIA ENTRE ENTES  ESTATALES.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-30

Gas del Estado y la Municipalidad se atribuyen recíprocamente la responsabilidad en la configuración del hecho dañoso. Señálase que Gas del Estado tiene la elemental obligación de verificar el estado de las cañerías y, en la especie, advertir al organismo que tiene encomendado el mantenimiento de los árboles. La Municipalidad, por su parte, no puede desentenderse del resultado del pleito, desde que fue la presión de las raíces del árbol la que causó la rotura del caño maestro y posibilitó finalmente, el escape de gas que diera origen a la explosión seguida de incendio, según surge del peritaje obrante en la causa penal.

Ahora bien, el damnificado no está obligado a investigar la mecánica del siniestro ni a determinar el grado de culpabilidad de cada uno de los intervinientes, sin perjuicio de las acciones que cada uno de ellos pudieran corresponderles entre sí.

Por lo demás, satisfecha la obligación resarcitoria por cualquiera de los condenados, éstos cuentan, todavía, con la posibilidad que les otorga la ley 19.983 relativa a las reclamaciones por daños y perjuicios entre organismos del Estado, que incluye también a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, para que, en el ámbito administrativo, se determine el grado de responsabilidad.
Empleo público, prescindibilidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GARCIA GOMEZ FERNANDO c/ MUNICIPALIDAD DE CORDOBA s/ CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  -  EMPLEO  PUBLICO  - PRESCINDIBILIDAD -  INTERINO -
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1986-04-08

La baja dispuesta de conformidad con el régimen de prescindibilidad, objetivamente no contiene una imputación de conductas reprochables al agente. La sola referencia a los antecedentes obrantes en el legajo personal no afectan el buen nombre del actor, pues no importan imputación de conductas reprochables, y el acto se motiva en razones atinentes a organización administrativa.
Sumario administrativo, instrucción del sumario administrativo, empleados públicos, suspensión preventiva
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: De Cunto, Silvia Noemí c/ Municipalidad de Azul s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-10-28

Ante la existencia de un procedimiento sumarial en el cual el acto administrativo que resuelva acerca de la responsabilidad del agente no puede ya ser dictado por haberse extinguido el poder disciplinario de la administración, el agente público en tales condiciones no puede hallarse, a los efectos de percibir los haberes de que fue privado con motivo de una suspensión preventiva, en peor situación que aquellos agentes que han sido sobreseidos o absueltos, o suponer que la prescripción equivale a la sanción disciplinaria, único supuesto en que tales salarios se pierden para el agente sometido a sumario.
Accidente de tránsito, muerte de un hijo, menor impúber, pérdida de la chance
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: López, Antonia c/ Romero, César M. y otros y/o quien resulte responsable s/ Daños y perjuicios resulte responsable s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-05-30

Resulta excesiva la fijación de la suma de $60.000 en concepto de pérdida de "chance" (posibilidad de ingresos) de la menor víctima, si la misma provenía de un "hogar de clase media", ya que es en las familias de más bajos recursos, donde los hijos, desde la más temprana edad, se constituyen en aportantes al sostenimiento del núcleo familiar, en tanto que en las de clase media, son los padres los que cargan con toda la responsabilidad de la crianza y educación, como mínimo hasta su egreso de la universidad, sin que esto tampoco signifique generalmente que a partir de tal momento los padres reciban apoyo económico de los hijos; aporte que en lo general, se verifica en el último tramo de la vida de los progenitores, en que, por lo general, dependientes de una jubilación insuficiente, necesitan del apoyo económico de sus hijos.
Obras sociales, AFIP
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA ACTIVIDAD DEL TURF c/ Estado Nacional - A.F.I.P. s/ Acción de nulidad e inconstitucionalidad con medida cautelar adjunta
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-31

El proceso de ejecución delegado en las Obras Sociales importa la percepción y cobro de los recursos emergentes, cuyos créditos se ha ordenado abonarles de acuerdo a lo previsto por el art. 24 de la ley 23.660. Por ello, al disponer la Res. Gral. A.F.I.P. 1648/04 la percepción directa de las sumas ejecutadas, está quitándoles las facultades de ejecución otorgadas por la Res. 890/92 del M.T y S.S., sustituyendo las facultades de su Superior que no le han sido delegadas, ya que las invocadas en la referido Res. 1648/04, se circunscriben al contralor y supervisión de lo actuado por las Obras Sociales.
Recurso extraordinario, reordenamiento del sistema financiero, ejecución de sentencia
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: "Molinatti  Marcelo  Juan c/ PEN Ley 25.561 -Dto. 214/02 s/ amparosobre ley 25.561".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-03-18

En el corralito financiero procede la formación del incidente de ejecución de sentencia cuando concurren los términos del art. 258 del C.P.C.C.N., certificándose por el actuario las copias acompañadas y fijándose caución juratoria, la que deberá ser prestada en la instancia de origen.
Acción de amparo, competencia, carácter excepcional, inexistencia de otras vías, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Gastonjauregui, Jorge Raul c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso Extraordinario para ante la Suprema Corte de Justicia de la   Nación. Avocación (Artículo 2, Ley 11330)(EXPTE CSJ Nº 536-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-12-28

La circunstancia de que la acción de amparo pueda admitirse, de manera general, en los litigios que caen dentro de la competencia originaria del Alto Cuerpo, constituye una lógica consecuencia de las particularidades que ofrece ese especial ámbito jurisdiccional y de la imposibilidad que tendrían esos sujetos, en ese tipo de litigios, de acudir ante un órgano jurisdiccional diferente.
Regulación de honorarios, martillero, subasta, suspensión de la subasta
Materia: CIVIL
Carátula: CONSORCIO  DE  PROPIETARIOS  MÁXIMO PAZ 115 c/ BARCOS, Honesto s/ EJECUCIÓN DE EXPENSAS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-09

En supuestos donde el remate fracasa sin culpa del martillero, éste tiene derecho a una retribución proporcionada a la importancia de la labor desarrollada, a cuyo fin la base establecida para la subasta constituye una pauta indiciaria para determinar la remuneración correspondiente, debiendo fijárselo mediante el prudente arbitrio judicial, atento la naturaleza, eficacia y calidad de dichas tareas. Corresponde proceder a regular honorarios por las labores realizadas por el martillero en la subasta fracasada sin culpa de aquel, no obstante su derecho a percibir la comisión que se determine por la venta del bien que se realice en el nuevo acto de subasta decretado, circunstancia que demuestra la inconveniencia de establecer un monto único. Dicho monto no deberá ser descontado de la comisión que le pudiere corresponder con motivo de la venta que realice en el nuevo acto de subasta ordenado. Ello, toda vez que entre los derechos del martillero, el más importante es el de percibir la retribución; esta es la llamada "comisión" y se trata de un arancel tasado de acuerdo con el servicio o con la obra profesional prestada y fijada "sobre el producido de la venta", de acuerdo con lo estatuido con las normas del territorio donde se efectúa la subasta. (Sumario N°20993 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Sentencia, fundamentación de sentencias, jueces, facultades del juez, daños y perjuicios, indemnización
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: GERBAUDO, JOSE LUIS c/ BANCO PROVINCIAL DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - JUICIO ORDINARIO DE INDEMNIZACION  DE DAÑOS Y PERJUICIOS (CSJ EXPTE N. 150-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-03-06

Aun frente a las posibilidades legales contenidas en el ordenamiento de fondo (Cód. Civil, por ej.) que admite que la determinación del resarcimiento se encuentra reservada a la prudencia de los magistrados, estos no están autorizados a prescindir del requisito básico de validez de los actos judiciales:

el de la fundamentación. Por lo tanto, el ejercicio de la referida prudencia debe hallarse siempre acompañado de la expresión de razones que la sustentan y sin las cuales no hay prudencia ni fallo valido en los términos de la doctrina de la Corte sobre arbitrariedad . No se requiere a los Tribunales una fundamentación minuciosa que sirva de sustento a la suma fijada en concepto de indemnización de daños y perjuicios, pero si una base o sustento mínimo y no aparente, apreciándose prudencialmente circunstancias variables útiles para cuantificar el daño, de forma tal de brindar adecuada respuesta al litigante; por ello cuando la ley remite a criterios de prudencia y equidad para la determinación del resarcimiento, de ningún modo lo deja librado al capricho del juzgador quien, sometido al mandato del ordenamiento jurídico, debe efectuar con una adecuada exposición su juicio de valor.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia, reenvío, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: OLIVA, ANA MARIA Y OTROS c/ OLIVA, FELIPE EDUARDO Y OTROS s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-08-10

Las alegaciones de los quejosos invocando irrazonable apartamiento normativo por haber la Alzada reenviado la causa a primera instancia cuando debía resolver sobre el fondo, hallándose en condiciones de hacerlo, cuentan -prima facie- con suficiente asidero en las constancias de autos y revisten idoneidad, desde el punto de vista constitucional, para franquear el acceso a esta instancia de excepción; asimismo, no puede pasar desapercibida la circunstancia puntualizada en el voto mayoritario en cuanto se considera acreditada, a nivel de admisibilidad, la irreparabilidad del gravamen por la irrazonable extensión del trámite. (Del voto de la Dra. Gastaldi. En disidencia: Dr. Netri)
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia no firme, nulidad procesal
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: BERNARDIN SAIC s/ CONCURSO COMERCIAL PREVENTIVO     INCIDENTE DE REGULACION DE HONORARIOS     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-05-27

No constituye sentencia definitiva, que habilite el recurso de inconstitucionalidad, la resolución de la Sala que anula el decisorio inferior y ordena remitir la causa al Tribunal que correspondiese para que sea nuevamente juzgada, pues se trata de un auto interlocutorio que no pone fin al juicio ni impide su prosecución (artículo 1, ley 7055).
Reclamo administrativo previo, revisión judicial de actos administrativos, recurso de reconsideración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Miguens- Galli- Pérez Cortés- c/ Denti, María Mercedes s/ Congreso de la Nación (H. Senado)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-09

No surge de norma alguna que para habilitar la instancia judicial, con miras a la revisión de actos administrativos dictados de oficio, sea obligatorio interponer el recurso de reconsideración.
Tribunal: CAMARA NAC. DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-06-04


Causa n° 6980/2011 ADDUC c/ BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA s/ SUMAÍSIMO Buenos Aires, 4 de junio de 2014.- HE VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la demandada a fs. 289, fundado a fs. 291/307 y replicado a fs. 309/315, contra la resolución de fs. 280/281; y CONSIDERANDO:

Que la cuestión traída a conocimiento de esta Sala, vinculada con la legitimación activa de la entidad reclamante, encuentra adecuada respuesta en el dictamen del señor Fiscal General obrante a fs. 322/323, cuyos fundamentos son compartidos por el Tribunal y a los que cabe remitir a fin de evitar reiteraciones innecesarias.

Sin perjuicio de ello, teniendo en cuenta lo resuelto por la Corte Suprema en los precedentes "Padec" y "Unión de Usuarios y Consumidores" -citados en la mencionada ponencia-, se le hace saber al señor juez de grado que deberá: a) identificar en forma precisa el colectivo involucrado en el caso; b) supervisar que la idoneidad de quien asumió su representación se mantenga a lo largo del proceso; c) arbitrar un procedimiento apto para garantizar la adecuada notificación de todas aquellas personas que pudieran tener un interés en el resultado del litigio -de manera de asegurarles tanto la alternativa de optar por quedar afuera del pleito como la de comparecer en el él como parte o contraparte-; y d) implementar medidas de publicidad destinadas a evitar la multiplicación o superposición de procesos colectivos con idéntico objeto al presente (conf. además lo resuelto por esta Sala, en la causa n° 10.514/07 del 23.5.14).

En virtud de lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: confirmar la resolución apelada en lo que fue materia de agravio, con el alcance señalado precedentemente.

Las costas de esta instancia quedarán a cargo de la demandada vencida (conf. arts. 68 y 69 del CPCCN).

El doctor Alfredo Silverio Gusman no suscribe por hallarse en uso de licencia (conf. art. 109 del RJN).

Regístrese, notifíquese, al señor Fiscal de Cámara en su despacho y a las partes en los domicilios electrónicos denunciados a fs. 289 y 309 -que se tienen por constituidos en este acto-, y devuélvase.

RICARDO VÍCTOR GUARINONI-GRACIELA MEDINA
Intereses, tasas de interés
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BANCO DE LA RIBERA COOPERATIVO LIMITADO c/ CHIOCCI HORACIO s/ COBRO EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-10-06

Si las partes han convenido las tasas correspondientes de los intereses (arts. 207 y 560 Cód. de Com.; arts. 621 y 1197 C. Civil) y la sentencia las ha reducido atento a la facultad acordada por el art. 656, 2da. parte del C. Civil, para obtener un guarismo menor los agraviados debían demostrar en su memorial que subsistía la condena al pago de intereses abusivos, lo cual no se ha intentado (arts. 260 y 261 Cód. Proc.).
Proceso contravencional, audiencia de juicio contravencional, suspensión del debate, ausencia del imputado
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Incidente de Apelación en autos SABAN, Carlos s/ infr. art. 116 ley 1472 .
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-04-17

El articulo 46 de la Ley de Procedimiento Contravencional, al disponer la suspensión de la audiencia en el caso de no concurrencia del presunto contraventor, refleja una indudable voluntad legislativa de estructurar el acto precisamente a partir de la presencia de quienes han sido citados a la sede del juzgado el día judicialmente fijado -conf art. 45 L.P.C-.

En efecto, con carácter previo a la formal apertura del debate, el Código Procesal Penal de la Nación prevé una serie de actos que también se dan en el marco de la audiencia; es decir, una vez constituido primariamente las personas citadas: la comprobación de la presencia de las partes, defensores y testigos, peritos e intérpretes que deben intervenir, la advertencia al imputado que esté atento a lo que va a oír, la lectura del requerimiento fiscal y, en su caso, la del auto de remisión a juicio -art. 374-.

La diferenciación de ambos momentos -dispuestos en relación de continente a contenido- asoma indubitable en la regla del artículo 365 del mismo cuerpo, en tanto "el debate continuará durante todas las audiencias consecutivas que sean necesarias hasta su terminación...".

En el sentido expuesto, señala D'Albora que "... la sesión única o diversas sesiones del juicio oral - las audiencias - deben desarrollarse - en el sistema nacional- de acuerdo con un esquema cronológico" que se inicia con la "constitución del tribunal con la imprescindible asistencia de las partes necesarias, sus auxiliares y los órganos de prueba (art. 374) y apertura del debate" - D'Albora, Francisco: código Procesal Penal de la Nación. Buenos Aires , Ed. Lexis Nexis, sexta edición, 2003; Tomo II pág. 798. Y más adelante, que el debate "... se conforma con una serie gradual de audiencias mediante las cuales culmina la contradicción del juicio..." - op. cit., pág.809-.