Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-05-03


Salta, 03 de mayo de 2018.

Y VISTOS: Estos autos caratulados: "VALLE FERTIL S.A. vs. MONTEROS, LUCRECIA NOEMÍ POR PREPARACIÓN VÍA EJECUTIVA" - Expediente Nº 20567/17 del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial 2ª Nominación del Distrito Judicial del Sur - Metán (EXP - 611486/17 de Sala II) y, C O N S I D E R A N D O:

1º) Vienen los autos a la Alzada con motivo del recurso de apelación interpuesto a fojas 35 por la parte actora, en contra de la sentencia interlocutoria dictada a fojas 32/33, que rechazó la demanda impetrada y ordena ajustarla bajo los términos y normativa del procedimiento sumario.

Para así decidir, el señor Juez a quo consideró que de los documentos presentados por la peticionaria surge que el crédito proviene de saldos impagos por resúmenes de tarjeta de crédito (contrato de tarjeta de crédito, certificado del artículo 39 de la ley 25.065 y de saldo deudor), pero que fallos recientes (Cámara de apelación de Mar del Plata del 10/11/1998) se resolvió que no es admisible la preparación de vía ejecutiva con la solicitud de afiliación al sistema de tarjeta de crédito. Señaló que dicho fallo vino a plasmar una solución razonable de contenido social, con respecto al ejercicio abusivo que vienen haciendo las entidades bancarias operadoras de tarjetas de crédito. Agregó que de la lectura de las cláusulas del contrato que se pretende ejecutar surgen obligaciones e imposiciones al usuario que lo enmarcan dentro del contrato de adhesión. Mencionó que, desde el punto de vista procesal, el contrato de solicitud de tarjeta de crédito no se encuentra dentro de los contemplados en el artículo 533 del Código Procesal Civil y Comercial y que no surge de éste una deuda de dinero líquida y exigible. Refirió que en la práctica las instituciones cediticias no cumplen con el deber de información, por lo que no se adecuan a las pautas de la ley de defensa al consumidor y de lo establecido por los artículos 1099 y 100 del Código Civil y Comercial.

En su memorial de agravios obrante a fojas 37/40, la apelante solicita la revocación del fallo por omitir la aplicación de normas de orden público como es la Ley de Tarjeta de Crédito. Aduce que la sentencia constituye una aberración jurídica debido a que se funda en jurisprudencia arcaica y obsoleta, ya que el precedente citado es anterior a la entrada en vigencia de la ley Nº 25.065 que rige la materia en la actualidad, con lo que demuestra el a quo desconocer la ley vigente, la doctrina y la jurisprudencia unánime de las Salas de nuestra Cámara. De tal manera, se agravia del apartamiento por el juez de lo previsto por el artículo 34 inciso 4º del Código Procesal Civil y Comercial, al fundar su decisión en jurisprudencia anterior al dictado de la ley vigente.

Afirma que en materia de seguridad jurídica en las relaciones emergentes de los contratos con tarjetas de crédito, la ley citada importó un avance legislativo al instrumentar un proceso ágil para efectivizar su cobro judicial, privilegiando la celeridad y la seguridad del crédito y resultando favorable también para el usuario ya que la disparidad de criterios sobre el tema atentaba el derecho de defensa de éste.

Añade que el título traído a ejecución cumple los requisitos exigidos por el artículo 39 de la Ley de Tarjeta de Crédito, quedando comprendido por el artículo 535 inciso 1º del Código Procesal Civil y Comercial gozando ab initio de la habilidad requerida para abrir la instancia ejecutiva invocando, a su vez, un precedente de ésta Sala que ha reconocido la habilidad del título emitido con arreglo a lo establecido en la ley 25065.

A fojas 49/50 emite dictamen el señor Fiscal en la Cámara en lo Civil, Comercial y Laboral.

A fojas 51 se llama autos para resolver, providencia que se encuentra firme.

2º) Con el dictado de la ley 25.065 sancionada el 7 de diciembre de 1998 y promulgada parcialmente el 9 de enero de 1999 se intentó, mediante normas que regulan diversos aspectos vinculados con el sistema de tarjetas de crédito, compra y débito, dar una reglamentación íntegra y sistemática al instituto de la tarjeta de crédito, trayendo soluciones expresas a los problemas planteados por la doctrina y la jurisprudencia, en particular en cuanto a la vía de recupero por el emisor de los cargos impagos por el titular (cfr. Militello Sergio A., "Tarjeta de Crédito - Tarjetas de Compras y de Dédito-, Ed. Abeledo Perrot, pág. 11, Buenos Aires, 1999).

En esa inteligencia, el artículo 39 de la ley citada dispone que: "El emisor podrá preparar la vía ejecutiva contra el titular, de conformidad con lo prescripto por las leyes procesales vigentes en el lugar en que se acciona, pidiendo el reconocimiento judicial de: a) El contrato de emisión de Tarjeta de Crédito instrumentado en legal forma b) El resumen de cuenta que reúna la totalidad de los requisitos legales. Por su parte el emisor deberá acompañar a) Declaración jurada sobre la inexistencia de denuncia fundada y válida, previa a la mora, por parte del titular o del adicional por extravío o sustracción de la respectiva Tarjeta de Crédito, b) Declaración jurada sobre la inexistencia de cuestionamiento fundado y válido, previo a la mora, por parte del titular, de conformidad con lo prescripto por los artículos 27 y 28 de esta ley.

Dicha norma es de orden público y en consecuencia imperativa, así lo dispone textualmente su artículo 57, por lo que resulta errada la sentencia en crisis que omite su aplicación sobre la base de un precedente previo a su entrada en vigencia y a consideraciones valorativas personales del juzgador en relación con la actividad que desarrollan las entidades bancarias, lo cual en modo alguno puede sustentar un fallo válido ajustado a derecho.

Siendo ello así, en el sub examine se advierte que la actora pretende preparar la vía ejecutiva dispuesta por el artículo 535 del Código de rito para ejecutar un saldo deudor derivado del uso de la tarjeta de crédito Sucredito Nº 1537463, cuya titularidad pertenece a la demandada Lucía Noemí Monteros. A tales efectos acompañó, según constancias que en fotocopias certificadas se incorporan a fojas 3/7, el resumen impago con los diversos ítems formalmente requeridos por el artículo 23 de la ley 25065, la declaración jurada sobre la inexistencia de denuncia fundada y válida, previo a la mora por parte del titular y el contrato de emisión de tarjeta de crédito, todo de acuerdo a lo ordenado por el 39 de la citada ley.

Cabe agregar que la mentada ley especial, con el objeto de la preparación de la vía ejecutiva no establece el cumplimiento de ningún otro recaudo adicional a los cumplimentados en autos, resultando el cobro ejecutivo del saldo deudor perfectamente viable, no advirtiéndose razones para denegarla de oficio. (CNApel. Com., Sala F, "HSBC Bank Argentina SA c. Lipszyc, Marcelo Javier s/ejecutivo", 07/02/2013, L.L. Cita Online: AR/JUR/5746/2013).

En consecuencia el recurso debe prosperar y, en su mérito, revocarse la resolución de fojas 32/33, mandando se dé curso al trámite instituido por el artículo 535 del Código Procesal Civil y Comercial.

3º) Con relación a las costas no corresponde su imposición en este estadio procesal al no haber mediado sustanciación del recurso.

Por ello, LA SALA SEGUNDA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL, I.- HACE LUGAR al recurso de apelación interpuesto a fojas 35, REVOCA la resolución de fojas 32/33 y en su mérito, ORDENA se dé curso al trámite instituido por el artículo 535 del Código Procesal Civil y Comercial. Sin costas.II.- ORDENA que se registre, notifique y baje.- SALA SEGUNDA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA PROVINCIA DE SALTA. VOCALES: VERÓNICA GÓMEZ NAAR - HEBE A. SAMSÓN. SECRETARIA: DR. RICARDO C. LÓPEZ ARIAS. SALA II T. 2018 1ª PARTE INTERLOC. Fº 211/212. 03/05/18.