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Medidas cautelares, asamblea de consorcistas, medida de no innovar
Materia: CIVIL
Carátula: FERRER,  Fabio Daniel y otros c/ TOCCO, Daniel Roberto s/ MEDIDASPRECAUTORIAS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-03-08

Las medidas autosatisfactivas constituyen un requerimiento urgente -no cautelar- formulada al órgano jurisdiccional que se agota en su despacho favorable por lo que no resulta necesaria la iniciación de una ulterior acción principal para evitar su caducidad o decaimiento. Por sus especiales características, tales providencias son susceptibles de ser despachadas "in extremis" y su procedencia no requiere la verosimilitud del derecho, sino la fuerte probabilidad de su existencia, por cuanto su acogimiento torna generalmente abstracta la cuestión a resolver porque se consume el interés jurídico del peticionante.

De ahí que no corresponde la medida cuando a través de ella se intenta impugnar la decisión de una asamblea de un consorcio de copropietarios en la que se renovó al administrador aunque por mínimo margen. En tal contexto, consumada la vía consorcial, las impugnaciones que los copropietarios disidentes y disconformes pretenden realizar, deben encauzarse en un proceso de conocimiento que quede trabado con el consorcio. Proceder de otra manera constituye un flagrante desafío al derecho de defensa en juicio, cuya tutela está llamada a velar la jurisdicción.

Tampoco procede decretar una prohibición de innovar respecto de la decisión asamblearia que puso en revisión las cuentas del removido administrador, porque esa decisión fundada en presuntas irregularidades es un acto propio del consorcio de copropietarios.
Recurso de apelación (procesal), recursos, fundamentación del recurso, expresión de agravios, testigos, denunciante, procesamiento, prisión preventiva
Materia: PROCESAL
Carátula: APARICIO, Valeria del Rosario c/ ARGAÑARAZ, Juan Pedro s/ RECURSOS PROCESALES (PROCESALES)
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-06-22

Así lo sostuvimos en los autos caratulados: "GUAYMAS, Matías Oscar por Robo Simple a SALAS, Gloria Susana", Expte. Nº 20433/10 del Juzgado de Instrucción Formal 7ª Nominación, del Distrito Judicial Centro, causa Nº 29302/11 de la Sala III, en los que, entre otros conceptos, se expresó: " Por otra parte, y en cuanto al valor que debe otorgársele al testimonio de la denunciante, nuestro más Alto Tribunal Provincial sostuvo en fallo del 2 de Noviembre de 2009: "La certeza para condenar puede alcanzarse de manera válida con las declaraciones de la víctima, las cuales...deben ser consideradas como una prueba de capital importancia...La solidez de un testimonio puede por sí dar sustento a un pronunciamiento condenatorio o servir de base a la demostración en grado de certeza sobre un determinado extremo del hecho..." (CJS, causa Nº 32.373/09); con mayor razón si nos encontramos en la etapa instructoria en la que el procesamiento es un juicio de mera probabilidad en cuanto a la comisión del hecho y su autor. Para agregar más adelante: "En idéntico sentido, en cuanto al valor de la testimonial de la víctima y el indiciario de los antecedentes del imputado se ha pronunciado la Sala I de este Tribunal de Alzada en los autos: "Camacho, Diego por Robo Agravado por Lesiones" CAM 38394/09."
Recurso de inconstitucionalidad, derivación no razonada del derecho vigente, Superior Tribunal de Justicia, iura novit curia, BANCO DE SANTA FE SOCIEDAD ANÓNIMA, cuerpo de abogados del Estado, relación de dependencia, honorarios
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: Gianfelici, José Ernesto c/ Banco de Santa Fe SAPEM s/ Recurso de inconstitucionalidad -Apremio (Expte. C.S.J. Nro. 566 Año  2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-05-22

En el estudio del recurso de inconstitucionalidad es tarea de la Corte resolver la cuestión planteada, tarea en la cual la misma no se halla limitada por los argumentos expuestos por las partes o por el iudex a quo, sino que cuenta con las más amplias facultades (en ejercicio de las atribuciones derivadas del principio expresado por el adagio "jura novit curia") a fin de efectuar una declaración sobre el punto en disputa de acuerdo con la inteligencia que ella rectamente le otorgue. Por ello, resulta francamente inaceptable lo sostenido por el Juez de la instancia anterior en el sentido de que la relación entre las partes del juicio (abogado empleado en relación de dependencia del Banco demandado) se encontraba exclusivamente regida por normas de derecho civil y derecho local, deficiencia que también se verifica en el decisorio en el tramo en que afirma que el mandato conferido al actor era un negocio jurídico independiente de la relación laboral, aserto que importa desconocer la relación jurídica que verosímilmente dio base al otorgamiento del poder o procura, acto este último que -como es obvio- resulta compatible con la existencia de una relación de empleo.
Recurso de apelación (procesal), improcedencia del recurso, radicación del expediente, gravamen irreparable
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: BARAMAJO s/ apel. de incomp. Causa nro. 12.218
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-16

Es jurisprudencia reiterada que no causa gravamen a las partes el cambio de radicación de una causa entre juzgados de un mismo fuero, de manera que el decisorio atacado no es susceptible de ser impugnado por vía de apelación.
Derecho procesal, procesos de ejecución, juicio ejecutivo, excepciones procesales, admisibilidad formal, falsedad material, procedencia del recurso
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Banco Santander Rio SA c/ Vázquez Rocha, Marcelo Alexander s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-05

Si bien el ejecutante acompañó la documentación complementaria del pagaré (solicitud del préstamo), y la LDC 36 no establece que una vez integrada tal documentación se debería proceder a su reconocimiento; lo cierto es que al tratarse de un "pagaré de consumo", éste no puede constituirse válidamente en una herramienta para evadir el régimen de tutela preventiva al consumidor. Luego, ordenar la intimación de pago directamente, como pretende el actor para que en todo caso el demandado pueda oponer sus excepciones, ya implicaría comenzar con la ejecución del instrumento, el cual no resulta hábil a tal fin. La vía ejecutiva no puede quedar abierta con ocasión de un posible fraude a la ley.
Banco central, poder de policía, policía bancaria y financiera
Materia: COMERCIAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Cambios Teletour  SA. c/ Banco Central. s/ Ordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-10

El conjunto de normas que otorga facultades al Banco Central en materia cambiaria y que complementa e integra la regulación de la actividad financiera que se desarrolla en el país convierte a esta entidad autárquica en el eje del sistema financiero, concediéndole atribuciones exclusivas e indelegables en lo que se refiere a política monetaria y crediticia, la aplicación de la ley y su reglamentación y la fiscalización de su cumplimiento.
Reformatio in pejus, recurso de apelación (procesal), sentencia condenatoria, sentencia consentida, individualización de la pena, prisión, multa penal
Materia: PENAL
Carátula: DE LA ROCHA. s/ RECURSO APELACION. REFORMATIVO IN PEJUS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1980-08-05

1) Pese a que el acusado consintió el fallo, es viable la modificación si lo beneficia. Ello en razón de que, habilitado el Tribunal a decidir en el caso, su potestad jurisdiccional no reconoce más límites que el fijado para el principio de la prohibición de la reformatio in pejus en contra del imputado o de otros particulares intervinientes.

2) Si bien este principio ha sido receptado legislativamente en el estrecho marco del recurso de consulta estatuido en los arts. 691 y 693 del C.P.C., reiterada jurisprudencia emanada del más Alto Tribunal de la Nación la ha extendido no solo en los casos en que se ha impuesto la pena capital, sino cuando se han aplicado cualquiera de las sanciones previstas en el art. 5 del C.P.

3) Conforme a las facultades otorgadas por el art. 492 del C.P.C.

la Cámara debe abocarse al total examen de las cuestiones alegadas en el fallo, no sólo respecto del juicio de condena, sino también en relación a la pena seleccionada, pues el Tribunal Superior se coloca en idéntica posición que el Juez a-quo cuando dictó el fallo.

4) En virtud de la plena potestad jurisdiccional del Tribunal, el principio de justicia debe prevalecer sobre la voluntad del inculpado, que aceptó la pena de prisión, con todas sus graves implicancias, cuando resulta evidente que debió imponérsele la de multa.
Subasta judicial, nulidad de la subasta
Materia: LABORAL
Carátula: Zapata, Paulino Ventura c/ EG3 Red S.A. s/ Diferencias salariales y otros. Acum.: Argo, Carlos c/ EG3 Red S.A.  -Dif. Sal. y otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-11-19

El Juez no dio cumplimiento a su decreto de subasta ya que no existe constancia que se hubiera ofertado el bien por el monto de la base edictal y que no se presentaron oferentes por tal suma, en cuyo caso correspondía darla por fracasada y convocar nuevamente con la reducción del 25 por ciento. Tampoco hay constancias de que se haya comunicado la subasta a la D.G.R., a la Municipalidad y a los jueces embargantes. Por otra parte, el acta de remate carece de la firma del Secretario, requisito indispensable para su validez -artículo 123, inciso 18 de la Ley 6902. Todas estas actuaciones contrarias a la normativa procesal, que por su caracter de orden público deben provocar decisiones de la Alzada, aunque algunas de las irregularidades no hayan sido motivo de agravio para los interesados, determinan que deba declararse la nulidad de la subasta y de todas las actuaciones posteriores.
Proceso penal, requerimiento de elevación a juicio, fundamentación suficiente
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: PANTANO JORGE AGUSTIN Y OTRO s/ ESTAFA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-05-16

El requerimiento como el auto de elevación realizan un juicio de probabilidad, el cual -sin acusar en forma acabada al imputado- lo considera, en términos de Claus Roxin, (Derecho Procesal Penal, Editores del Puerto, Buenos aires, 2001, pág. 349) suficientemente sospechoso para que la causa pase al plenario. Esta situación hace que la fundamentación de esa duda suficiente sobre la inocencia del acusado no tenga el mismo rigor argumentativo que el de una sentencia condenatoria.

Por lo tanto, debe apreciarse el término fundamentación que establece el artículo 282 CPPT dentro del contexto del momento procesal en el que se realiza el acto.

En este sentido, Jorge A. Clariá Olmedo señala que en el auto de elevación a juicio sólo se encuentran previstos bajo sanción de nulidad los elementos estructurales mínimos entre los cuales concurren la identificación del imputado, la relación del hecho con su calificación penal, la fecha y el dispositivo y por tratarse de un auto, debe ser fundado.

Pareciera entonces que en la etapa instructoria no resulta necesario una exhaustiva fundamentación en tanto sea suficiente que se encuentre evidenciada la existencia de los hechos imputados y la sospecha suficiente de la atribución de esos hechos al acusado.

Situación que se modifica completamente al momento del plenario cuando a partir del artículo 361 CPPT se realiza una verificación completa de las actuaciones con participación de todos los involucrados en el proceso.
Aplicación de la ley, interpretación de la ley, voluntad del legislador
Materia: CIVIL
Carátula: Cuiña,   Rodolfo   y  otros s/ contrabando e infracción a la ley 23.771 (causa n 39.022).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-02-06

No es método recomendable en la interpretación de las leyes el de atenerse estrictamente a sus palabras, ya que el espíritu que las informa es lo que debe rastrearse en procura de una aplicación racional, que avente el riesgo de un formalismo paralizante. En caso contrario, se obtendría un resultado disvalioso que no resulta compatible con el fin común tanto de la tarea legislativa como de la judicial (Disidencia de los Dres. Eduardo Moliné O'Connor y Guillermo A. F. López y del Dr. Antonio Boggiano).
Representación procesal, honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: FERNANDEZ DE MACIAS ANA MARIA c/ TINTO DE PEREZ ALEJANDRA E. s/ SUMARIO-ESCRITURACION
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1995-11-02

Los profesionales que obran en conjunto para una de las partes no son obligados por la actuación de uno de ellos, ya sea para consentir el auto regulatorio, ya sea para apelarlo; porque el derecho a la regulación es un derecho personal resultando el honorario regulado de propiedad exclusiva de cada uno de los profesionales (del voto del Dr. Sánchez, en disidencia).
Despido, despido con causa
Materia: LABORAL
Carátula: PETIT ELIDA GRACIELA Y OTROS c/ CLINICA SANTA MARIA S.R.L. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2000-11-24

En el caso el argumento de que la clínica demandada no demostró haber realizado esfuerzos tendientes a mantenerse en el mercado mediante la oferta a otras obras sociales o al publico de sus servicios, resulto irrelevante en el caso toda vez que el impacto financiero puesto en evidencia en autos por la exclusión de los servicios a una obra social cuya facturación significaba del 75% al 77% de los servicios totales de la institución y cuyo debito impago a esta ultima representaba un pesado lastre en el desenvolvimiento de la empresa constituyo un acontecimiento mas que suficiente para conducir al cierre de la misma creando así una situación de fuerza mayor no imputable a la empresa.
Excarcelación, duración del proceso
Materia: PENAL
Carátula: LONGHI, HUGO s/ EXCARCELACION. PROCEDENCIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-27

La concesión del beneficio excarcelatorio en función de los arts.

379 "in fine" y 701 C.P.C. no es automática ni inexorable, pero en un caso como el de autos en que el dilatado trámite del sumario no se debió a dilaciones de importancia atribuibles al procesado o sus representantes, se impone la concesión de la medida solicitada, con una fuerza que garantice su comparendo cuando sea requerido, en virtud de las particularidades del legajo y los antecedentes del inculpado que subsisten como válidamente registrados.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, fundamentación suficiente, crédito hipotecario, vivienda, bienes inembargables, jurisprudencia, apartamiento de la doctrina de la corte, leyes, aplicación de la ley, equidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Martorell Balague de Cuello, María Mercedes s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad - Quiebra-  Incidente de inembargabilidad y/o inejecutabilidad de bien inmueble  (Expte.: C.S.J. Nro. 531 año 2001) Cuello, Mario Roque s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto  - Quiebra-Inc. de inembargabilidad y/o inejecutabilidad del bien  inmueble (Expte.: C.S.J. Nro. 532 año 2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-11-19|2003-11-19

Es inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto, desde que la lectura del fallo cuestionado revela que la Sala en oportunidad de desestimar el planteo del fallido incidentista, confirmando lo resuelto en Baja Instancia, tuvo en cuenta las previsiones de la ley 22.232, como así también la jurisprudencia que se elaboró a partir de ella, analizándolas a la luz de las particulares circunstancias del caso y concluyendo en la desestimación de los agravios, especialmente por entender que las características del caso tornaban atendibles los argumentos vertidos para apartarse de la doctrina del Alto Tribunal, tornando la decisión adoptada ajustada a derecho para el caso. Frente a dicho decisorio que, como se señalara, es fundado teniendo especialmente en cuenta las circunstancias particulares del caso que lo alejarían de los precedentes que se citan y por ende, de la aplicación automática y sin más trámite de los mismos, el recurrente en su presentación extraordinaria se limita a argumentar en forma genérica, acerca de las características de inembargabilidad e inejecutabilidad de que gozaría, a su entender, el inmueble en cuestión, pero sin aportar argumentos que persuadan que la Sala haya incurrido en las violaciones constitucionales o legales invocadas.
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Instituto de Previsión Social de Neuquén  c/ Municipalidad de la Ciudad de Resistencia s/ cobro de sumas de dinero
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-04-13

La facultad de los particulares para acudir ante los jueces en tutela de los derechos que les asisten, no autoriza a prescindir de las vías que determinan los arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional y sus leyes reglamentarias para el ejercicio de la competencia que aquélla otorga a la Corte; así en tales condiciones, el Tribunal no puede asumir jurisdicción originaria y exclusiva sobre una causa si el asunto no concierne a embajadores, ministros y cónsules extranjeros, no es parte una provincia, o no se dan las circunstancias que legalmente lo habilitan, de conformidad con los arts. 1º de la ley 48, 2º de la ley 4055 y 24, inc. 1º, del decreto-ley 1285/58. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Acto administrativo, validez del acto administrativo, facultades de la administración, revisión judicial de actos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: WORKJET S.A. c/ Dirección de Ingresos Públicos - D.G.I
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-16

La función jurisdiccional es una función de garantía por la que se declaran y deciden situaciones concretas con fuerza de verdad legal.

Por lo tanto, más allá de la posibilidad de revisión judicial de las resoluciones de la administración en ejercicio de esta función, debe propiciarse que aquéllas sean la lógica consecuencia de un razonable y razonado encuadramiento legal y no producto de interpretaciones jurídicas, a menudo unilaterales y parciales, sobre todo en materias no específicamente administrativas, de naturaleza controvertida y cuya definición última corresponderá a los jueces decidir. (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala)
Extinción de la relación funcional, retiro voluntario, empleados de banco
Materia: LABORAL
Carátula: Banco Provincia de Misiones S.E.M. s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1997-04-01

La concesión o denegación del retiro voluntario es potestad -conforme su reglamentación- de la entidad bancaria, que la implementa de acuerdo a sus necesidades y conveniencia, y el derecho del empleado y obligación de la entidad bancaria al respecto, nace el nuevo consenso para la extinción laboral, condicionada a acuerdo sobre el monto indemnizatorio.
Derecho procesal, juicio ejecutivo, apertura a prueba, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: COOPERAGRO LTDA. c/ AGROVITICOLA DOS PINOS COOP. LTDA. s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-10-31

La apertura a prueba de las excepciones en juicio ejecutivo es facultad privativa del juez, quien puede, en consecuencia, prescindir validamente de esa etapa procesal cuando considere que los elementos obrantes en su poder son suficientes sin necesidad de recurrir a ese medio.

La decisión de resolver la cuestión con los únicos elementos obrantes en autos, sin aportes de otros nuevos, de ninguna manera configura indefensión para las partes, que se encuentra facultadas para entablar la pertinente acción ordinaria, cualquiera sea la solución a que se arribe en el proceso sumario ejecutivo. La sola invocación de excepciones enumeradas por la ley no es suficiente para abrir a prueba el juicio ejecutivo, pues la economía procesal exige que el juzgador examine los hechos y razones a que apunta la petición, con ahorro de energía a la jurisdicción.
Cuestiones de competencia, competencia por el territorio, delito a distancia
Materia: PENAL
Carátula: H. O., H. y otros c/  s/ incompetencia e inaplicabilidad ley argentina
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-03-12

La teoría de la ubicuidad sostiene que el hecho se considera cometido tanto en el lugar en donde se produjo la exteriorización de la voluntad criminal como en donde ocurrió el resultado, con lo cual quedan cubiertas ambas alternativas y se desvanece la posibilidad de la impunidad del hecho derivado de un conflicto negativo de competencia. En consecuencia, afirma que en los llamados delitos a distancia, el hecho punible se estima cometido en todas las jurisdicciones a través de las cuales se ha desarrollado acción, y también en el lugar de verificación del resultado.
Sentencia absolutoria, prueba testimonial, homicidio simple, in dubio pro reo
Materia: PENAL
Carátula: Leiva, Félix César s/ Homicidio reiterado - 2 Hechos
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2015-02-12

Por aplicación del beneficio de la duda debe acogerse el recurso de casación y en consecuencia disponer la absolución del imputado en orden al delito de Homicidio Simple Reiterado -dos hechos-, toda vez que la sentencia no se hace cargo de las contradicciones de la prueba testimonial rendida, y no explica por qué se inclina por una versión de las mismas para condenar el imputado, es que, de la suma de los elementos de prueba aportados solo abonan la duda sobre la efectiva intervención del acusado en el hecho que se le atribuye, y en caso de duda, el artículo 4º del Código Procesal Penal de la Provincia de Formosa es tan claro, como imperativo.
Recurso de apelación (procesal), impulso procesal
Materia: CIVIL
Carátula: ROGEL SERGIO Y OTRA c/ I.O.S.E.P. s/ ACCION DE AMPARO-APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-12-11

Promovido un recurso de apelación su resolución, sea para admitirlo o para rechazarlo, no puede quedar prolongada indefinidamente en el tiempo; en tanto su interposición puede afectar la estabilidad de la sentencia dictada con las consecuencias jurídicas que ello acarrea. Siendo ello así, resulta indudable que es el apelante a quien corresponde la carga de instar el procedimiento, por cuanto constituye un imperativo de su propio interés. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de reposición (procesal), apelación en subsidio, jueces
Materia: PENAL
Carátula: LEGUIZAMON DOMINGO Y OTROS S.D ROBO CALIFICADO, PRIVACION ILEGITIMA DE LA LIBERTAD, DESOBEDIENCIA JUDICIAL Y LESIONES LEVES EN CONCURSO REAL E.P GOZAL CARLOS ALBERTO Y OTROS. s/ REVOCATORIA CON APELACION EN SUBSIDIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-04-24

Si el fiscal interpuso los recursos de revocatoria con apelación en subsidio y el A-quo no se ha pronunciado sobre el primero de ellos, concediendo el segundo directamente, es pertinente requerir al juez de instrucción que se pronuncie en primer lugar sobre la procedencia o no de la revocatoria planteada, cuyo eventual resultado es el que determinará la viabilidad de la apelación subsidiaria. (MINORIA U OPINION PERSONAL)