marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Proceso penal, fiscales, acusación fiscal, falta de acusación, apreciación de la prueba, requerimiento de sobreseimiento
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: Cáseres, Martín H. s/ tenencia de armas de guerra.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-09-25

Si el fiscal, al momento de valorar las pruebas producidas durante el debate, solicita la absolución del imputado, esa circunstancia no impide la prosecución del proceso hasta la sentencia, donde el tribunal decidirá conforme a derecho sobre las constancias arrimadas al legajo (Disidencia del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Prueba documental, apertura a prueba, declaración de puro derecho
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Milipin, Ricardo c/ Círculo Policial y Mutual de la Provincia del Chubut s/ Resolución de Contrato -Sumario-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-02-08

Si la prueba documental incorporada en los escritos constitutivos de la litis, sobre cuya autenticidad están contestes las partes, constituyen el medio de prueba fundamental a los fines de decidir la cuestión litigiosa, desde que a través de la misma - interpretación de dicha documentación- ha de dilucidarse el pleito, aparece innecesaria la apertura a prueba, por no configurarse estrictamente el supuesto de hecho que aprehende el artículo 360 del ordenamiento procesal.
Servicio penitenciario, constitucionalidad, defensa en juicio
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: MAGNI, VICENTE JUSTO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 177-82
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-09-03

No es inconstitucional el decreto 1091-79 que establece el "procedimiento disciplinario del servicio penitenciario", pues asegura pautas esenciales a todo mecanismo punitivo: la concreta imputación fue suficientemente intimada; oportunamente conocida, consecuencia de una comprobación legítimamente introducida y a partir de una valoración de determinados elementos de hecho; un debate contradictorio, con margen para ampliar -por el acusado-, tales hechos; la facultad de aportar nuevas probanzas, en vinculación a los mismos; una etapa de controversia, tanto respecto de lo fáctico como de lo jurídico; y reconoce explícitamente que nadie está obligado a declarar contra sí mismo ni que su silencio implique presunción en su contra.
Lucro cesante, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sala, Augusto c/ Cian, Francisco Hector Elio s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-03-04

Resulta suficiente para configurar "una cierta probabilidad objetiva" para acordar el lucro cesante durante el lapso de reparación del vehículo, la prueba de la utilización de otros vehículos para realizar entregas y retiro de mercaderías, cuando la no realización de estos transportes ocasiona al reclamante perdidas por falta de comercialización.-
Contrabando, encubrimiento, presunciones, error de hecho (civil), dolo eventual
Materia: PENAL
Carátula: LATIFF, ROQUE ELIAS s/ Averiguación de contrabando
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-07-04

La circunstancia de que la mercadería extranjera hubiera sido adquirida a desconocidos sin que mediara documentación alguna y a un precio inferior al real, está indicando que el encausado debía presumir su origen ilícito y que provenían de contrabando (Art. 874- 1, inc. "d" Cód. Ad.) Ello excluye el error de hecho no imputable (Art. 34, inc.1° del Cód. Penal) reiteradamente invocado por la defensa. (Del voto del Dr. García Quiroga).
Honorarios del abogado, actualización monetaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: A. D., M. c/ M., H. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-11-11

Si en el "sub lite" este Tribunal, en oportunidad de proceder a la labor revisoria respecto de la regulación de honorarios practicada en la instancia de origen, precisó con toda claridad que la ponderación de los mismos se hacía a la fecha de la resolución de primera instancia por entonces apelada, dicha circunstancia denota inequívocamente que esta Alzada dejó sentado con tal decisión que los honorarios fijados podían ser repotenciados desde la fecha de dictado el auto regulatorio de la instancia anterior.
Estafa, retención indebida, tentativa, actos preparatorios, boleto de colectivo, transporte de pasajeros
Materia: PENAL
Carátula: VILAS, ANIBAL s/ DEFRAUDACION.    ESTAFA.  RETENCION  INDEBIDA.  ACTOS  PREPARATORIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-10-08

Configura el delito de estafa ( art. 172 C.P.E.), la antijurídica conducta atribuida al procesado, pues con pleno conocimiento de lo que hacía, usó y vendió a un pasajero un boleto perteneciente a uno de los rellos que encontrara, engañando con su actitud a la empresa para la cual prestaba servicios, para lo último, perjudicaba al beneficiarse con el producto de la venta del boleto en cuestión que lo favoreciera patrimonialmente.
Sentencia, principio de congruencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BOSTON Cía. de Segs.  S.A. c/ CAP. y/o PROP. y/o ARM. Bq. TIERRA DEL FUEGO II s/ COSTAS - DISTRIBUCION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-08

Extender el derecho de la actora al valor de otro bulto del conocimiento 6 importó un inequívoco apartamiento de los términos de la litis, pues la demandante sólo reclamó el resarcimiento de un bulto de dicho conocimiento y no de dos, como se admite en la sentencia. Consecuentemente, la extensión del resarcimiento que dispone el pronunciamiento es improcedente y viola el principio de congruencia.-
Poder Legislativo, derechos y garantías constitucionales
Materia: PENAL -CONSTITUCIONAL
Carátula: ACUÑA CARLOS OMAR s/ ROBO    CALIFICADO    -  ROBO  DE  AUTOMOTOR  -  INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-09-22

Las exigencias políticas funcionan en un derecho penal liberal merced al principio de los derechos y garantías constitucionales, que se traduce en la inviolabilidad de estos por el legislador ordinario y en el remedio judicial para restaurarlos, sea en el caso concreto y sólo para el (nuestro sistema) sea mediante anulación del acto legislativo que se quebranta. En ese orden de ideas, nuestro derecho constitucional establece tres limitaciones frente a la potestad legislativa penal: 1) los pensamientos como tales no son punibles; 2) las acciones pueden ser castigadas sólo si ofenden al orden moral público o terceros y 3) el legislador no puede declarar delictivas las actividades y las inactividades que exteriorizan el ejercicio de los derechos constitucionales.

Las dos primeras limitaciones derivan de la cláusula del art. 19 de la Constitución Nacional que dispone que "las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios u exentas de la autoridad de los magistrados". Por consiguiente,en la tarea de estructuración de los delitos, el legislador está sometido al tradicional principio "cogitationes nemo patitur" Digesto, de poenis, 48, 19, 18-y al principio de la objetividad jurídica como contenido necesario de los tipos delictivos. La tercera limitación no se explica solo por la supremacía de los derechos constitucionales sobre las prohibiciones legales que los desconocen (Constitución Nacional, art. 31) sino también, porque la reglamentación legal de aquéllos no puede alterar su espíritu (Constitución Nacional, art. 28), con lo que resulta inconstitucional incluso la restricción indirecta (Cfr. Nuez, Ricardo C. -Parte general y parte especial del Derecho Penal, Cuaderno del Instituto de Derecho Penal de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, nro. I, pág. 21 a 24). (Voto de la minoría, Dr. Jorge Montero).-
Debido proceso, libertad de circulación
Materia: PENAL
Carátula: Defensoría Oficial Nro. 2 Dra. Claudia Carbajal s/ Planteo de nulidad Planteo de nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1999-02-23

El debido proceso debe ser respetado y el mismo tiende al desencubrimiento de la "verdad real" (hoy llamada más bien "verdad judicial"). Importando aquél, la serie de actos a través de los cuales se practica la investigación, el juzgamiento y la penalización del imputado. Pero esas formas del debido proceso, no significan un extremo de "formalidades" carentes de sentido o utilidad; no se trata de "formas por la formalidad misma", sino las que hagan realidad una garantía individual consagrada constitucionalmente. Pero la misma tiene que ser interpretada en el contexto de todos los deberes, derechos y garantías que consagra nuestra Carta Fundamental. Así, no debemos olvidar que desde el propio Preámbulo de Nuestra Ley Suprema, se pregona el fin de "afianzar la justicia", ante lo cual ciertas garantías como la libertad ambulatoria, deben ceder en un orden de prioridades.
Responsabilidad civil, auto de procesamiento
Materia: CIVIL PENAL
Carátula: C, J D s/ LESIONES CULPOSAS      EXPTE NRO 252-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-09-02

Una cosa es la acción civil, donde rige una responsabilidad sin culpa demostrada y donde se trata de beneficiar con justicia a la víctima del accidente; y otra muy distinta es la reprochabilidad penal donde para el procesamiento se exige la acreditación de la probable responsabilidad por un delito amenazándose al hombre -por su falta- con una pena de derecho criminal y con su consecutiva caracterización como delincuente.
Contrato de comisión, venta de hacienda, cláusulas del contrato, facultades del comisionista, pago, usos y costumbres, interpretación del contrato
Materia: COMERCIAL
Carátula: ESTANCIAS UNIDAS DEL SUD SA c/ SAN MARIANO SA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-22

No puede el vendedor de hacienda reclamar de su comprador él importe de la operación, cuando éste lo abonó al tercero interviniente en la operación -quien, pese a la denominación que le dieran las partes, actúo como comisionista o consignatario -, alegando que este modifico los términos del contrato sin estar facultado para ello;

toda vez que, siendo práctica generalizada en el comercio admitir que el comprador pueda cancelar su obligación de pagar el precio por adelantado beneficiándose con un descuento, y siendo de práctica en el mercado que el propio comisionista asuma el manejo financiero de las operaciones, el descuento concedido -en el caso, de un 6%- se muestra acorde con la costumbre del mercado, sin que ello implique modificación de las condiciones contractuales, por lo que frente a la compradora el comisionista apareció ejecutando un encargo propio de su oficio o modo de vivir, obrando conforme a las prácticas usuales en el comercio, adquiriendo aquí significación especial el principio de apariencia, siendo de aplicación al caso lo previsto por el C.C.O.M.

art. 243; por lo que no puede imputarse responsabilidad alguna al comprador por el abuso de facultades del comisionista, debiendo atribuirse a su pago efectos cancelatorios.
Abogados, honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: LAFERT SILVIO RENE s/ SUCESION  AB-INTESTATO  S/REGULACION DE HONORARIOS DE LA DRA. CLAUDIA  R. MULE (POR LEGITIMO ABONO)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1995-02-24

En el trámite del recurso de apelación por honorarios no se devengan honorarios y las actuaciones se excepcionan de todo gravámen.
Policía, acto administrativo, ascenso laboral, orden de mérito, Poder Ejecutivo, Administración Pública, dictámenes
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MAR, RICARDO ALBERTO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-06-03

La Junta de Calificaciones del personal superior de la Policía de la Provincia emite un acto, que en doctrina se llama "relación informativa", por el que expresa su propia valoración de los aspirantes al ascenso y que debe ser resultado de una rigurosa selección y orden de mérito efectuada con respecto de las exigencias contenidas en la ley y en especial en los artículos 96 y 97 de la Ley del Personal Policial nro 6769, que constituye el "asesoramiento" a que refiere el artículo 87 de la citada ley, a considerar por el Jefe de Policía y por el Poder Ejecutivo al proponer y decidir, respectivamente, acerca de la promoción del personal.
Accidentes de trabajo, diagnóstico médico, asegurador por riesgos del trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL c/ PREVENCIÓN A.R.T. S.A. s/ ACCIDENTE ACCION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2017-10-27

[.] sin perjuicio de que el dictamen de la Comisión Medica expresamente niega el supuesto (calificación de gran invalidez), .corresponde dar mayor preeminencia a la pericia médica judicial, realizada de conformidad a lo previsto en el art. 476 del CPCC, dados sus mayores fundamentos. "[...] es jurisprudencia reiterada de esta Cámara que las pericias médicas efectuadas en el proceso con la explicación detallada de las operaciones técnicas efectuadas y con fundamentos científicos que las sostengan, prevalecen sobre los dictámenes administrativos que carezcan de tales requisitos" (Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería - I Circunscripción Judicial, Sala II, Carátula: "DE LA FUENTE ARSENIO FRANCISCO C/ PREVENCION ART S.A. S/ ACCIDENTE LEY", Nro. Expte: 322.105 - Año 2005).
Sustracción de menores, derecho a la identidad, familia adoptiva
Materia: PENAL
Carátula: Z. V. R. Y OTROS c/  s/ LEGAJO DE CASACIÓN
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-04-19

Si lo que la querella pretende es que se investigue la supuesta retención de la menor por sus padres adoptivos tras haber sido sustraída de su padre biológico (art. 146 CP) no se configura uno de los requisitos del doble juzgamiento prohibido: la identidad de la persona juzgada, ya que en jurisdicción provincial sólo se investigó la conducta de la madre biológica y de quien ofició como intermediario.
División de condominio, temeridad o malicia, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: GALEANO, CECILIA c/ ROZAS, JORGE s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-29

Lo que la ley sanciona con costas es la oposición maliciosa a la división del condominio en sí, ya que el régimen legal no impone un tipo o forma bajo el cual uno o varios condominios están obligados a prestar su conformidad.
Administración Pública, acto administrativo, acto administrativo ilegítimo, nulidad del acto administrativo, declaración de oficio, vicios del acto administrativo, nulidad de oficio, revisión judicial de actos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: EMPRESA INGENIERO PATRICIO VILLEGAS ZINNY c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 175 AÑO 1994)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-04-20

La ausencia de norma que expresamente autorice a la autoridad administrativa a anular de oficio los actos ilegítimos, no puede ser válidamente interpretada, por ende, en un Estado de Derecho, como circunstancia argumental para demostrar su improcedencia, y debe afirmarse, por el contrario, que sólo ante la presencia de una norma específicamente prohibitiva de tal posibilidad podría justificarse una conclusión de tal índole. Máxime si, como se ha indicado, el sistema no se constituye en un obstáculo a la revisión judicial suficiente; especialmente si dicha revisión judicial, como ocurre en nuestra Provincia en relación al recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción, sólo es posible a partir de una reacción del particular ante las conductas carentes de validez de las Administraciones públicas...".
Poder Legislativo, política salarial, remuneración, acto administrativo, revisión judicial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Benítez, Luis c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción. Revocatoria  (Expte. CSJ Nº 621-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-04-05

La procedencia o improcedencia de la política salarial del personal legislativo es de resorte exclusivo del Poder Legislativo (independientemente de los medios que seleccione para hacerlo), ya que integra el catálogo de las potestades del órgano que están, por regla, exentas del control judicial. Además, debe advertirse que la resolución que se tome podría afectar la facultad de autoadministración financiera del Poder Legislativo, desde que la determinación del régimen retributivo de su personal compromete el manejo presupuestario de las Cámaras, y éste constituye una atribución privativa que las mismas tienen acordada constitucionalmente (inciso 24 del artículo 55 de la Constitución provincial).
Recurso de inconstitucionalidad, expediente, juicio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ALVAREZ, MARCELO IGNACIO c/  s/ 1. APELACION DECRETO (DEL 16/09/15 QUE CLAUSURA EL PERIODO PROBATORIO Y DECLARA INADMISIBLE LA PRETENSION DE PRESCRIPCION DE LA ACCION PENAL Y SOBRESEIMIENTO) 2. APELACION DECRETO (DEL  9/10/15 QUE NO HACE LUGAR A LA TRAMITACION DE LA APELACION INTERPUESTA POR LA DEFENSA DEL JUSTICIABLE POR VIA INCIDENTAL)-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-08-01

Encontrándose el proceso en estado avanzado y estando los autos próximos a obtener sentencia definitiva, la tramitación de un incidente de prescripción y los mecanismos recursivos que eventualmente derivarían, en las concretas circunstancias del caso, importaría una mayor dilación de la causa, en claro perjuicio de quienes se encuentran sometidos a proceso penal por los hechos investigados y de su derecho a ser juzgados sin dilaciones indebidas, a la par de la necesidad de resguardar la tutela judicial efectiva de las víctimas; por lo que, razones de celeridad y economía procesal justifican que en el sub judice se resuelva en pos del avance al dictado de una sentencia definitiva en la que el Juez de grado, como primer orden de tratamiento, deba pronunciarse sobre la subsistencia de la acción penal por tratarse de una causal perentoria, y, sólo en caso de considerar que la misma no se encuentra prescripta, fallar sobre el fondo de la cuestión, contando las partes ante una decisión adversa a sus intereses con las vías impugnativas ordinarias y extraordinarias que acuerda el ordenamiento ritual. (Del voto del Dr. Gutierrez)
Improcedencia del recurso, daños y perjuicios, accidente de tránsito, insuficiencia del agravio, presentación extemporánea
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Bestani, Jorge Eduardo c/ Argañaraz, Andrés Humberto y otros s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2021-02-09

Resulta improcedente el recurso de apelación incoado contra la sentencia que hizo lugar a la demanda de cobro por daños y perjuicios, dado que la queja con respecto a la pericia mecánica efectuada en el automóvil dañado -en ocasión del accidente de tránsito ocasionado entre las partes- constituye sólo una mera disidencia de la apelante y no constituye de ninguna manera una crítica razonada de la misma, ni ofrece elementos científicos que la descalifiquen. A mayor abundamiento, la pericial mecánica de la que se corrió traslado a las partes, al no haber sido objeto de observación ni impugnación alguna al ser notificada, la queja al respecto resulta extemporánea en esta instancia.
Regulación de honorarios, responsabilidad del deudor, costas, legitimación pasiva
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: D. N. N. M. c/ V. C. O.  s/ Ejecución de Honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2023-09-12

El art. 505 CC -actual art. 730 CCC, última parte- no significa que en la sentencia de mérito no deban regularse los honorarios correspondientes a cada letrado interviniente, conforme sea su actuación en la causa y de acuerdo a lo que tenga derecho a percibir, por haberlo devengado con su trabajo; el art. 505 CC o el actual art. 730 CCC no levantan una barrera entre el letrado y los honorarios a que tiene derecho, si así fuera sería inconstitucional, porque implicaría un factor de cercenamiento de derechos ya devengados. Por ende, es del todo desatinada la pretensión postrera de la aseguradora recurrente. Lo que el art. 505 CC y su correlativa norma del nuevo código -730 CCC- hacen es declarar que la responsabilidad por el pago de las costas tiene el límite del 25% que allí se establece. Es decir, los honorarios se regulan en la sentencia, como deban ser regulados en función de los trabajos hechos y de las pautas arancelarias en juego y se imponen las costas, de acuerdo al éxito o derrota de una o varias partes. Luego, al momento en que esos honorarios queden firmes y pretendan ser ejecutados, podrá plantear el legitimado pasivo al pago el exceso del tope y allí, en su caso, se prorratearán los honorarios que habrá de afrontar su parte, lo que no implica que el eventual remanente no pueda serle cobrado por el profesional a otro obligado.
Confirmación de sentencia, rechazo de la demanda, daños y perjuicios, contrato de agencia, jugador de fútbol, falta de prueba
Materia: COMERCIAL
Carátula: KOROL, MIGUEL ANGEL C/ CANTEROS, HECTOR MIGUEL S/ ORDINARIO c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-31

Procede confirmar la sentencia de primera instancia que rechazó la demanda por daños y perjuicios entablada por el actor, reclamando al accionado una determinada suma, con base en el contrato de agencia deportiva en virtud del cual se desempeñó como representante del encartado desde que éste era un futbolista amateur y menor de edad -año 2006- hasta septiembre de 2012, pactándose una retribución del 15% de las rentas y retribuciones fijas y/o cualquier beneficio económico neto que perciba el jugador. Ello por cuanto, en el caso, la prueba de la existencia del contrato era esencial, y la actora no lo acompañó a la causa en tiempo propio y, atento que no puede ser probado por testigos -por el monto de su objeto (CCIV 1193) y tratarse de un contrato que es de uso instrumentar (CCCN 1019)-, ni se encuentra registrado en la AFA o FIFA (art. 12 del Reglamento sobre los Agentes de Jugadores de la FIFA). En este contexto, no puede perderse de vista que se trata -tal como lo señaló el juez de grado- de un contrato que es de uso instrumentar y que no podría probarse por testigos y debe ser realizado por escrito (CCIV 1193). No se ha demostrado que los contratos de representación se hubieran realizado por cuadriplicado ni su consecuente inscripción ante la AFA (art. 12.10 del Reglamento sobre los agentes de jugadores de la FIFA). No se cuestiona aquí la validez del mismo por haber omitido este trámite, sino la omisión de un paso que podría haber colaborado con la prueba del contrato: el accionante no acompañó las constancias de sus libros o registros contables, ni ofreció su análisis a través de una pericia contable. Debe tenerse presente que si bien el carácter de abogado del accionado lo exceptúa de requerir la licencia especial que expide la AFA para desempeñarse como "Agente de jugador", ello no lo exime del fiel y leal cumplimiento de las restantes obligaciones que pesan sobre éstos en el ejercicio de su actividad (CNCom, Sala B, 22/10/20. "Jara, Diego Daniel c/ Berendorf, Andrés Marcelo s/ ordinario"). A más, si bien se cuenta con las declaraciones testimoniales, lo cierto es que estas otorgan referencias imprecisas como para que puedan per se tener por acreditadas las prestaciones del accionante en el marco de la orfandad probatoria ya descripta.
Acción de amparo, cuestión abstracta, costas en el orden causado
Materia: PROCESAL
Carátula: SOLA, ROBERTO Y OTROS c/ E.N. s/ E.N. S. AMPARO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-01-18

Declarada por la Cámara abstracta la cuestión, debe revocarse la sentencia de primera instancia que acogió el amparo e imponer las costas por su orden.