Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-09-18


SENT Nro. 677 C A S A C I O N San Miguel de Tucumán, 18 de SEPTIEMBRE de 2003.- Y VISTO: Llega a conocimiento y resolución de esta Excma. Corte Suprema de Justicia, Sala en lo Civil y Penal, que integran los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, presidida por su titular doctor Antonio Gandur, el recurso de casación interpuesto por la Defensora Oficial en lo Penal de la IIa. Nominación, en contra de la sentencia dictada por la Cámara Penal, Sala VIa. del 17/02/2003 (fs. 38/39), que es concedido por el referido tribunal mediante auto interlocutorio del 16/5/2003 (cfr. fs. 44 y vta.). En esta sede, no se presentó memoria sobre el recurso intentado, mientras que el señor Ministro Fiscal se expide por el rechazo del recurso casatorio (cfr. fs. 49/50). Pasada la causa a estudio de los señores vocales, y establecidas las cuestiones a dilucidar, de conformidad con el sorteo practicado el orden de votación será el siguiente: doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana, Alberto José Brito y Antonio Gandur. Luego de la pertinente deliberación, se procede a redactar la sentencia.

Las cuestiones propuestas son las siguientes: ¿Es admisible el recurso?; en su caso, ¿es procedente?.

A las cuestiones propuestas el señor vocal doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijo:

1.- Llega a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia el recurso de casación interpuesto a fs. 42/43 por la defensa de Cristian Gustavo Sandoval, contra la sentencia de la Excma. Cámara Penal, Sala VIa. del 17/02/2003, que dispuso la unificación de las condenas impuestas a su asistido, imponiéndole la pena única de once años de prisión.

Solicita la revocación del pronunciamiento, y se haga lugar a su pedido de libertad condicional, ante la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, y ausencia de razonabilidad en la valoración del caso.

Pone de relieve que en oportunidad de dictar la segunda condena (17/8/99), la Excma. Cámara Penal, Sala VIa. nada dijo respecto de la condena condicional de tres años impuesta por la Sala Va.; y que ésta se ha cumplido por el solo transcurso del tiempo. A su entender, la mora judicial no puede causar perjuicio al imputado, y en caso de dudas debe estarse a la ley más favorable al reo. Que tal criterio es el sustentado en el voto minoritario, donde se valoró que transcurrieron más de cuatro años desde la segunda sentencia, hasta la fecha en que se dictó la resolución cuestionada. Según afirma, admitir lo contrario significaría violar las disposiciones contenidas en los arts. 27, 55 y 58 del CP, al disponer la acumulación de una pena que ya habría sido cumplida por su asistido, sin cometer nuevo delito. Pone de relieve que tal indebida ampliación de condena le impedirá gozar del beneficio de libertad condicional, por lo que el recurso resulta procedente.

La impugnación casatoria ha sido concedida por auto del 16/5/2003. Corrida vista de ley, el Sr. Ministro Fiscal se pronuncia por el rechazo del recurso, dado que de acuerdo al plazo del art. 27, CP, el acusado cometió nuevo delito, lo que torna procedente la aplicación de las reglas contenidas en los arts. 56, 58 y cc del mismo cuerpo legal. Considera que no existe obstáculo para la unificación, el que una sanción se encuentre agotada.

2.- Estas actuaciones incidentales se inician con la solicitud de libertad condicional presentada por el imputado Cristian Gustavo Sandoval ante la Sala VIa. de la Excma. Cámara Penal; que lo condenó a la pena de ocho años de prisión, accesorias legales y costas del proceso, por ser autor voluntario responsable del delito de violación agravada en perjuicio de Cecilia Rodríguez; hecho sucedido el 29/01/97 (cfr. sentencia del 17/8/99). A requerimiento de la Sra. Fiscal de Cámara, el Actuario de la Sala Va. informa que por resolución del 13/11/98, Sandoval fue declarado penalmente responsable como autor del delito previsto en el art. 167, inc. 2º del CP en perjuicio de Isaac Becerro (hecho ocurrido el 08/08/96); imponiéndosele la pena de tres años de prisión, de ejecución condicional.

Con estos antecedentes, el Ministerio Público solicitó la acumulación de ambas penas, a mérito de lo normado por los arts. 27, 55, 58 y cc. del CP. Por mayoría de sus miembros, la Sala a quo hizo lugar al planteo, que estimó de resolución previa al pronunciamiento sobre la libertad condicional requerida (cfr. sentencia del 17/02/2003, impugnada por la defensa). El voto minoritario rechazó el pedido de acumulación, poniendo de relieve que la pena condicional de tres años fue impuesta con fecha 13/11/98, y el segundo delito se cometió el 29/01/97; es decir, con anterioridad al dictado de aquella sentencia. De ello concluyó que no se han violado las reglas de condicionalidad, pues no se cometió delito después de la sentencia condenatoria; con lo que la pena debe considerarse cumplida.

3.- La cuestión a resolver consiste en la procedencia de la unificación de penas (art. 58, CP) cuando la anterior impuesta es condicional; pese a faltar el requisito del art. 27, CP, porque durante los 4 años posteriores a la sentencia el imputado no cometió nuevo delito. En el sublite, el segundo hecho juzgado por la Sala VIa. fue cometido con anterioridad a la primera condena.

A mi entender, la normativa contenida en el art. 27 del CP no constituye obstáculo para proceder a la unificación de penas prevista en el art. 58 y cc. del mismo cuerpo legal; aun cuando el acusado no se encuentre en la situación descripta en el primer párrafo, segunda parte del citado art. 27. Ello en tanto la unificación de la condena condicional, con la segunda de cumplimiento efectivo, no implica revocar la condicionalidad de la primera, sino establecer una pena única que sustituye a ambas y elimina su individualidad. Tampoco se trata de una suma aritmética, sino de fijar una nueva pena por vía de composición.

El sublite involucra un concurso real de delitos, que no fueron juzgados en un único pronunciamiento. Desde el momento en que se cometió el segundo hecho, tal concurso real existe; y ello impone una única condenación comprensiva de todos los delitos, aun cuando por diversas circunstancias el concurso se haya visto desdoblando en sendos procesos y pronunciamientos. En estos casos, la exigencia de unidad penal impone una condena única, que procede en tanto haya mediado petición de parte; como aconteciera en el sublite. Si el juez que dictó el último fallo condenatorio, no aplicó el art. 58, primera parte del Código Penal, el caso debe resolverse de acuerdo con lo previsto en la segunda parte del primer párrafo de dicha norma, por lo que la pena única será impuesta por el tribunal que haya dictado la pena mayor (en el caso, la Sala VIa. de la Cámara Penal).

El art. 58 de la ley sustantiva constituye una norma general, de cuya sistemática no emergen excepciones; y como tal prevalece sobre las disposiciones específicas que regulan su modo de cumplimiento (en el caso, art. 27). El principio legal es que quien comete varios delitos independientes que configuran concurso real, deben sufrir una pena única, aun cuando el sujeto haya sido juzgado en procesos diferentes. El propósito legal es establecer la unidad penal en la República (arts. 55, 56, 57,58 y cc. del CP), eliminando la posibilidad de sanciones múltiples. Se instituye un sistema de pena única por vía de acumulación jurídica, que no permite la subsistencia de dos o más pronunciamientos independientes en los casos de concurso real; cuando debía dictarse una única sentencia.

Tal acumulación procede aun cuando su resultado sea la revocación de la condicionalidad de la primera condena impuesta; toda vez que la misma desaparece por mandato legal (art. 58, CP), para quedar subsumida en la pena única. Cabe tener presente que el art. 27 del Cód. Penal dispone acerca de la inejecutabilidad de las condenas dictadas en forma condicional; complementando de este modo las reglas de la condena en suspenso. La condena de ejecución condicional contemplada en el art. 26 de la ley sustantiva importa, por esencia, un juicio provisional, que no elimina la posibilidad de quedar sin efecto cuando el acusado cometiere otros delitos no juzgados.

Desde este punto de vista, tampoco habría afectación de la cosa juzgada, porque no cabe dar ese alcance a la condicionalidad ejecutiva prevista por el art. 26 del CP. El art. 58 y cc. del Cód. Penal fija reglas atinentes a la determinación de penas; en tanto que los arts. 26 y 27 disponen sobre la etapa ejecutiva, previendo la suspensión y su eventual revocación. Se ha señalado en tal sentido, que desde el punto de vista lógico jurídico esto último es posterior; por lo que el régimen del citado art. 58 no puede depender de previas modificaciones a realizarse sobre la suspensión de la ejecución de penas; que al integrar la unificación perderán su individualidad no sólo aritmética sino jurídica y, entonces, también ejecutiva. (cfr. SCBuenosAires, sentencia del 10/3/92, causa "García, Jorge D.", LL 1992-D, 127).

Conforme a lo considerado, no se advierte error de derecho en la decisión adoptada por la mayoría del Tribunal a quo, en cuanto consideró procedente la unificación de ambas condenas, requerida por el Ministerio Público.

4.- La conclusión a que se arriba en el acápite precedente no impide al Tribunal advertir que en el sublite, el pronunciamiento impugnado se ha dictado en inobservancia del debido proceso legal y de la garantía de defensa en juicio; por lo que debe ser declarado nulo (arg. arts. 185, inc. 3º y 186, CPP). La sentencia en recurso se dictó sin audiencia ni intervención del imputado; quien no ha sido oído en lo atinente a la cuestión resuelta. El acusado tiene derecho a alegar lo que estime conveniente, acerca del monto o graduación de la pena única a imponer; tarea que por otra parte exige una mínima valoración de las circunstancias particulares del caso.

Desde esta perspectiva, se verifica además que la sentencia carece de motivación, en tanto se limita a acceder al pedido de unificación "conforme artículos citados por la Sra. Fiscal de Cámara, 27, 55, 58 y cc. del C.P. y vistas las actuaciones por los hechos condenados, la unificación de pena corresponde a este Tribunal resultando con lo del primer delito la pena única de once años de prisión". El razonamiento sentencial no cuenta con la debida fundamentación, pues nada expresa en sustento de la pena única aplicada; cuyo monto coincide con la suma de ambas condenas. Al respecto, cabe tener presente que el sistema legal es el de composición de las penas; y si bien ello no excluye que el resultado final coincida con la suma aritmética de ambas, en todo caso resulta menester una valoración del caso particular y de los antecedentes del imputado, respetando las circunstancias de hecho establecidas en ambos pronunciamientos.

Tal apreciación está ausente en el fallo impugnado; reiterándose que la unificación de penas importa una tarea valorativa del Tribunal , teniendo en cuenta las cuestiones de hecho, las circunstancias atenuantes y agravantes de las condenas impuestas; toda vez que no se trata de una mera suma matemática o directa de sanciones. Tampoco consta en autos que se haya tenido a la vista la causa tramitada ante la Sala Va., que impuso la primera condena a unificar; pues sólo obra copia de la referida sentencia (cfr. fs. 35/36) Las razones expresadas determinan la nulidad del pronunciamiento, toda vez que los vicios señalados descalifican la sentencia como acto jurisdiccional válido. La misma ha sido dictada sin la intervención del imputado (art. 185, inc. 3º, CPP); y la declaración de invalidez procede en cualquier estado y grado del proceso, ante la violación de la garantía constitucional de defensa en juicio y del debido proceso legal (arg. art. 186, CPP). De otra parte, se ha transgredido el deber de motivación impuesto por el art. 28 de la Constitución de la Provincia, y los arts. 408, inc. 2º, 413, inc. 4º y cc. del CPP, al disponer la unificación de penas sin fundamentación suficiente.

A mérito de lo considerado, procede declarar nula la sentencia impugnada. Los autos serán restituidos a la Excma. Cámara, a fin de que se dicte nuevo pronunciamiento sobre la pena única que corresponda aplicar, con la debida intervención y asistencia del imputado.

Los señores vocales doctores Alberto José Brito y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, en cuanto a las cuestiones propuestas, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

DECLARAR la nulidad de la sentencia dictada por la Excma. Cámara Penal, Sala VIa. de fecha 17/02/2003, obrante a fs. 38/39 de autos. En consecuencia, se la deja sin efecto; debiendo restituirse los autos a la Excma. Cámara, a fin de que se dicte nuevo pronunciamiento sobre la pena única que corresponda aplicar, con la debida intervención y asistencia del imputado Cristian Gustavo Sandoval.

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR-ALBERTO JOSE BRITO-HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA