Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-12-14


En la ciudad de Comodoro Rivadavia, Provincia del Chubut, a los 14 días del mes de diciembre del año dos mil seis, reunida en Acuerdo la Sala A de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, con la presidencia de su titular Dr. Fernando Nahuelanca y asistencia del señor Juez de Cámara Dr. Julio Antonio Alexandre y de la señora Jueza de Cámara Dra. Silvia N. Alonso de Ariet, para dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados: "A - C Asociación C R c/ C C S.A. s/ ORDINARIO (Cobro de Pesos)", Expte. No. 15.589/06, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 1 (Expte. No. 1729/02), y atento el resultado del sorteo establecido en el art. 268 del Código de Procedimientos Civil y Comercial (fs. 517), correspondió el siguiente orden para la votación: Dr. Julio Antonio Alexandre, Dr. Fernando Nahuelanca y Dra. Silvia N. Alonso de Ariet.

Acto seguido se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida de fs. 473/482? y SE-GUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestión el Dr. Alexandre dijo:

Se alzan las partes en contra de la sentencia de fs. 473/482, por la que se rechazan las excepciones de falta de legitimación activa y prescripción interpuestas por la demandada al inicio y se la condena parcialmente de conformidad con las pretensiones de la accionante por la suma de $25.594,31 con más sus intereses que allí se consignan.

Rechaza el ítem "entrega de planillas" e impone las costas a la venci-da, fijando los honorarios de los profesionales actuantes.

Concedida a fs. 489 la apelación articulada por ésta última a fs. 487, formula su queja a tenor del informe de fs. 494/500, agraviándose por la desestimación de la excepción de falta de legitimación activa; el encuadramiento de determinados establecimientos en el código nº 05 del Anexo a la Resolución S.P.D. 100/89; la forma en que el tribunal manda liquidar intereses y la imposición total por costas.

En cuanto al primer agravio si bien no es más que una versión ampliada de los argumentos vertidos en la instancia de origen y en el alegato de fs. 467/467 vta, imputa además al sentenciante haber ignorado los alcances del decreto 2284/91 ratificado legislativamente por ley 24.307.

No pudiéndose alegar, en el caso excepción a dicha normativa y en consecuencia su falta de legitimación para intentar el cobro de derechos de terceros.

Y que la Resolución 618/97 patentiza tal interpretación.

Que al no demandarse la nulidad o ilegitimidad del Decreto en cuestión o la inconstitucionalidad de la ley 24.307, debe revocarse la desestimación de la excepción cuya desestimación se intenta, ahora, enervar.

Al respecto, un detenido estudio de tal defensa me hace inclinar por la postura que sostiene la jurisprudencia y doctrina mayoritaria y en tal sentido nos recuerda Carlos A. Villalba anotando un fallo bajo el título "Actualidad de la jurisprudencia sobre el derecho de autor y derechos conexos" publicado en LL 1998-D, 1277 que:

"...La segunda cuestión es el de la aplicación del dec. 2284/91 ratificado por ley 24.307 (Adla, LI-D, 4058; LIV-A, 79) que prohíbe en su art. 8º toda forma fija de retribución y que veda su cobro por entidades públicas o privadas.

Para esclarecer el tema debemos remitirnos a otra causa en la que se opuso idéntica defensa.

En efecto, en los autos "T V E S L S.A. c/ Sociedad General de A de la A s/ acción declarativa" que tramitaron en el Juzgado Nacional en lo Civil Nº 15, la entidad de gestión colectiva demandada consideró que la norma aludida no incluía el ámbito de dichas entidades que se rigen por parámetros diversos a los de los servicios y de las prestaciones comerciales.

Entre la diversa prueba ofrecida se tramitó una de informes dirigida al Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos en razón de que el art. 116 de la misma normativa establece que dicho Ministerio será la autoridad de aplicación al que se le delega la facultad de dictar normas reglamentarias y de interpretación quedando, en cada caso, facultado para determinar el alcance de las normas aprobadas por la ley".

Y agrega: "...Como consecuencia de dicho requerimiento el Ministerio respondió que las sociedades autorales no están incluidas en los alcances de la norma desregulatoria por constituir monopolios legales regidos por leyes específicas.

También expresa que las sociedades de autores y sus facultades se vinculan con el área cultural y resultan claramente diferenciadas de los objetivos y alcances de la norma de desregulación mencionada.

La resolución que es dictada para resolver la cuestión que se sustancia en la causa se extiende a S decidiendo que lo dispuesto por los arts. 1º, 8º, 9º y 11º del dec. 2284 no es aplicable a los derechos de autor regidos por la ley 17.648 y la ley 20.115 (Adla, XXVIII-A, 196; XXXIII-A, 256).

Como se le exige al Ministerio un acto administrativo con el nivel de resol. se dicta la 618/97.

Atento las materias sobre las que se pronuncia es publicado en el Boletín Oficial el 30/5/97 con lo que el pronunciamiento adquiere la publicidad de un acto administrativo".

Más adelante indica que: "...igual temperamento se debe aplicar en relación al ente A-C".

Conforme tales argumentos que autorizan la excepción a tal normativa desregulatoria y en su momento de emergencia, existe coincidencia con las pautas dadas por nuestro Máximo Tribunal Nacional cuando en resumen señalaba en cuanto a la reproducción de fonogramas que:

"La expresión "discos fonográficos" obedece al lenguaje propio del estado de los avances técnicos en la época de la sanción de la ley 11.723 y no a la intención del legislador de proteger al mero soporte material de la obra pero no a la obra en sí, cuando precisamente lo que constituye el objeto de la protección es la "creación", es decir, un fruto o resultado que a su vez necesita una materialización original, sin que ello signifique que el objeto de la protección se confunda con el medio material de expresión.

El enriquecimiento de la técnica de fijación de ondas sonoras ha dado como resultado que la matriz fonográfica sea sin lugar a dudas una especie particular de obra intelectual y que los derechos de su productor sean susceptibles de tutela legal en los términos de la ley 11.723".

Y agregaba que: "La protección a los productores de fonogramas frente a la extensión e incremento de la reproducción no autorizada de sus fonogramas descansa en la consideración de éstos como una obra original digna de alguna protección y en el reconocimiento de los derechos de los productores sobre sus fonogramas, que tiene su fundamento último en el derecho de propiedad y se manifiesta en la posibilidad de autorizar o de prohibir la reproducción directa o indirecta de su obra, así como de su derecho a percibir una remuneración equitativa en caso de comunicación al público, sin perjuicio de los derechos concurrentes de artistas, intérpretes y ejecutantes (artículos 5, 10 y 12 de la Convención de Roma de 1961)" (CSJN, 23/02/1995, "Mangiante, Guillermo Eduardo c/ AADI - CA-PIF Asociación Civil Recaudadora s/ cobro de pesos" - ver elDial - AAF4A).

Abundando en el tema también se lee que: "La ley 23.741 y la ratificación de la Convención de Roma por la ley 23.921 han despejado las dudas existentes en torno al derecho de los productores fonográficos a percibir una remuneración.

La primera de ellas reemplazó la expresión "discos fonográficos" que contenía la ley 11.723 en su versión original, por la palabra "fonogramas", que se refiere a los sonidos fijados en una ejecución, bien inmaterial tutelado por el derecho intelectual.

La segunda contiene en su artículo 12 el reconocimiento expreso del derecho de los intérpretes y productores de fonogramas a recibir de los utilizadores "una remuneración equitativa y única" derivando a la legislación nacional la determinación de las condiciones en que se efectuará la distribución de esa remuneración entre los titulares" a falta de acuerdo entre ellos".

Y que: "El dictado de los decretos 1670/74 y 1671/74 complementados por la resolución 894/02 de la Secretaría de Información Pública configuran un razonable ejercicio de la facultad otorgada al Poder Ejecutivo Nacional por el artículo 99 inc. 2° de la Constitución Nacional, pues se limitan a poner en ejecución, los fines que tuvo en mira el legislador en materia de derechos intelectuales.

La interpretación contraria "no resulta apropiada ya que en la práctica conduce a desconocer el derecho expresamente reconocido por el art. 56 de la ley 11.723, con el consecuente menoscabo del derecho de propiedad (art. 17, Ley Fundamental).

Tales consideraciones, llevan a propiciar la constitucionalidad de la referida normativa" (ver CNCiv., Sala E, 10/07/02, "A..... C.....ACR c/ P, C s/ COBRO DE SUMAS DE DINERO", elDial - AE1E60).

Lo dicho, en mi consideración resulta suficiente para desestimar el primer agravio de la demandada y así lo propongo al acuerdo.

El segundo agravio no es más que la reiteración de los argumentos expuestos a fs. 94 vta. p. C). y si antes se sostenía que la actividad de "Casino" y "Juegos de azar" no estaban comprendidos en el Anexo de la Resolución 100 SPD, ahora se intenta excluirlo, al menos del que refiere a "bares y confiterías" (anexo 05, fs. 19/32).

En realidad el quid de la defensa fue y será, tal como lo rescato de tales presentaciones, que la música no es esencial en el lugar, es un ruido más que se confunde en la maraña de lo lúdico.

En realidad, tal como surge de toda la prueba obrante en la causa, fundamentalmente en cuanto al tema en estudio, la constatación judicial, no alienta la aspiración exonerativa, ya que coexisten las actividades comerciales y lúdicas en todos los locales de la demandada, además vale recordar que poco interesa que la música que se propala lo sea a los fines principales secundarios, ya que es pacífica la doctrina y jurisprudencia al concluir v.gr. que:

"Los usos secundarios de difusión de interpretaciones musicales en las industrias del entretenimiento, como organismos de radio o televisión, bailes, boites, discotecas, bares, salones, hoteles, restaurantes, estadios, shoppings, entre otros -en el caso, la difusión de música en las instalaciones de un local comercial de venta de productos al público- dan origen a un derecho de propiedad intelectual y a la percepción de una remuneración equitativa (ver Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Lomas de Zamora, 08/03/2005, A....-C.... Asoc. Civil R c. C & C, LLBA 2005 (agosto), 850; Cámara Nacional de Apelaciones en lo Ci-vil, sala D, "A.... C.... A.C.R. c. B R de la P", 28/04/2004, LA LEY 31/03/2005, 8, y comentarios al respecto de LIPSZYC, Delia - VILLALBA, Carlos A. "El Derecho de Autor en la Argentina", La Ley, 2002-A, 1413; "Una sentencia indispensable (Sobre el derecho de ejecución de música grabada)", La Ley, 1988- C, 163 y EMERY, Miguel A., "El derecho del productor de fonogramas en la ley 11.723.

El contrato de intérprete para la grabación de obras fonográficas.

El derecho de autor sobre la obra musical", La Ley, 1987-C, 13).

Siendo así, la defensa opuesta merece igual consideración que la dada en el fallo impugnado por lo que corresponde su desestimación.

Teniendo en cuenta las pautas señaladas en los párrafos anteriores, la existencia de una deuda cierta y para cuya cuantificación el a quo se vio precisado al auxilio del dictamen pericial de referencia en el fallo, al ajuste del dictamen al período comprendido en el objeto de la litis y siguiendo las pautas de la Resolución 100 SPD, actualizando valores y conforme las pautas que le confiere el art. 165 CPr. la suma fijada en la condena no merece objeción.

Se ha resuelto reiteradamente en tal sentido que: "Una vez probada la existencia del crédito -en el caso, a favor de un intérprete musical por la comercialización de fonogramas en el exterior-, la falta de certeza sobre su cuantía debe suplirse con la prudente apreciación judicial -art. 165, párr. 3°, Cód. Procesal-, sin diferir la cuantificación para una etapa posterior que dé lugar a nuevos trámites, pues la sentencia definitiva debe resolver las cuestiones sustan-ciales controvertidas, a los efectos de poner fin al litigio" (ver v.gr. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala A, 27/03/2002, P, A c. O M S.A., LA LEY 2002-C, 245). Pero demás la omisión al cumplimiento de la obligación emergente del art. 40 del decreto 41.233/34 ha permitido señalar que: "La presentación de las planillas de información sobre los fonogramas difundidos al público por parte del usuario facilita la estipulación de los aranceles correspondientes.

La omisión de este sistema de liquidación permite a los jueces fijar el importe de los créditos, conforme las facultades discrecionales previstas en el art. 165 del Cód. Procesal, siempre que esté legalmente comprobada su existencia aunque no resulte justificado su monto" (ver v.gr. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala B, 06/10/1997, A.... C Asoc. Civil R c. H D L S sus prop. y otro., LA LEY 1998-D, 479 - DJ 1998, 320).

Y además, tal como se ha formulado la impugnación debe recordarse, se ha omitido precisar con justeza y con argumentos fundados los errores cometidos y de que modo debe establecerse el monto de la condena, de lo contrario resultan inaudibles (ver v.gr. JAgrup. en Rev. La Ley del 19/4/2000, pág.15, fallo 14.970 y CNCom., sala D, 2004/05/27- C L, R V. c. P, P O.- Rev. La Ley de julio 15-2004, pág. 6, fallo 107.783, entre muchos).

En contra de la revisión respecto a la fecha fijada desde la cual corren los intereses de la suma fijada en la condena, adhiero a la doctrina judicial que sostiene que: "Tratándose de un supuesto de mora legal, la obligación al pago de intereses por indemnización por utilización de fonogramas nace cuando voluntariamente el propietario del local decide reproducir los fonogramas, generando la virtual imposibilidad del acreedor de conocer la fecha de nacimiento del crédito.

De modo que, exigir requerimiento previo como si se tratara de un crédito común, convertiría en letra muerta la especial protección del derecho intelectual" (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala B, 31/08/1998, A.... C.... c. M5 S. A., laleyonline.com.ar).

Tal postura concuerda con la del sentenciante y así lo propongo.

La distribución de la imposición de costas además de extemporánea resulta inatendible ya que no se da ninguno de los supuestos que permitan apartarnos del principio general contenido en el art. 68 CPr., ya que aún cuando la condena ha sido parcial ha existido obligación de litigar y sortear la negativa absoluta esgrimida, con distintas defensas, de la contraria.

Por último y conforme tales pautas la SCBA ha dicho que para establecer el carácter de vencido en una contienda judicial no es admisible parcelar el litigio con relación a los distintos reclamos, sino que ha de estarse a un enfoque global del resultado de la controversia (DJBA 100-130; LL 152-140; Morello- Sosa- Berizonce, "Códigos.", t.II-B, p.61 y todo en citas de CNCiv. sala H, 2002/12/17- F de G, M c. N F I E S.A. y otro- Rev. La Ley de 2003/02/19, pág.14, fallo 105.087). Consecuente con todo la opinión formulada propongo al acuerdo desestimar los agravios de la demandada y tener en cuenta la reserva del llamado "caso federal".

En cuanto a la revisión intentada por la accionante, sin considerar las objeciones probatorias imputadas por el a quo (fs. 480 p. 9 último párrafo), resultan argumentos en algunos casos tardíos ya que debían integrar el escrito inicial a los efectos de no afectar el derecho de defensa de la contraria.

Aclaro: se insinúa una liquidación polifacética omitiendo referir o haber investigado previamente las consecuencias del convenio a que refiere el dictamen pericial a fs. 5.b.

Además no se ofrece prueba alguna respecto al hipotético daño que autorizaría la indemnización substitutiva por la falta de entrega de planillas previstas en el art. 40 de la ley 41.233/34 máxime cuando no se ha respondido a las razones dadas por el a quo en cuanto a las deficiencias observadas respecto a tal petición.

La lectura del art. 40 de dicha normativa prevé la sanción administrativa por incumplimiento ante la autoridad de control y probará en su contra por falta de exhibición sin que puede derivarse de tal conducta otra responsabilidad salvo daño comprobado.

La falta de prueba ciertas respecto de situaciones comparativas y que permitan verificar de manera objetiva en mismo tratamiento en situaciones análogas, tal como lo viene intentando la accionante desde el inicio, han obrado en contra de sus pretensiones y el a quo estimado el monto de lo adeudado de conformidad con datos ciertos y precisos que en su revisión se tornan inconmovibles.

Se ha resuelto en tal sentido que conforme el régimen dispositivo del código procesal, la incorporación de la prueba en el proceso constituye una carga para las partes y el juez no puede referirse a otros hechos cuando resuelve el conflicto, ni tampoco puede fundamentar sus sentencias en aquellos que no han sido probados, por lo que junto con la afirmación de los hechos los litigantes tienen la carga de la prueba.

Así, tal carga constituye un imperativo del propio interés de las partes, es una circunstancia de riesgo referida a que quien no prueba los hechos pertinentes pierde el pleito si de ello depende la suerte de la litis (ver v.gr. CNCiv., sala H, 2003/04/04, DJ, 2004-1-887 -2440S-).

Consecuente con la proposición de mantener firme todo cuanto fue motivo de agravios me lleva a concluir que las costas deberán ser impuestas en la alzada por el orden causado pues así resulta de la desestimación de ambos recursos, difiriéndose la regulación de honorarios para el momento del acuerdo en el que se tendrán en cuenta las pautas arancelarias de las leyes 2200 y 4335.

Se tienen presentes las reservas formuladas oportunamente del llamado "caso federal".

A la segunda cuestión el Dr. Alexandre dijo:

Desestimar los recursos de apelación articulados par las partes y, en consecuencia, mantener firme la sentencia de fs. 473/482 en cuanto fue motivo de agravios.

Costas por su orden y se difiere la regulación de honorarios al momento del acuerdo de conformidad con los considerandos pertinentes.

Tener presente las reservas del caso federal.

A la primera cuestión el Dr. Nahuelanca dijo:

La sentencia se dicta fs. 473/482.

lº) Rechaza las excepciones de falta de legitimación activa y prescripción interpuesta por la parte demandada C C S.A.

2º) Hace lugar parcialmente a la demanda y condena a la demandada a pagar a la parte actora A.......-C Asociación Civil R, la suma de $25.000, en concepto de uso de grabaciones fonográficas, con más intereses, según el considerando respectivo.

3º) Rechaza el ítem entrega de planillas (art.2º Dec.1670/74).

4º) Impone las costas a la demandada y regula los honorarios de los profesionales intervinientes.

Notificadas las partes (fs. 484/486 vta.), apela la sentencia a fs.487 el Dr. D O. H, sin mención de la parte que representa.

Apela a continuación (fs. 488), el Dr. O Z A, en representación de la parte actora.

Los recursos se conceden a fs.489.

A fs. 494/500, el profesional apelante expresa agravios por su parte.

Enumera los puntos que lo comprenden.

Primer agravio.

En cuanto a la desestimación de la excepción de falta de legitimación activa, luego de señalar los fundamentos del fallo, a) 3. y b.), formula la crítica en el punto III-b, de fs. 494 vta.

Manifiesta que no han de quedar dudas que el cobro centralizado y por terceros de los derechos de los intérpretes de música y productores de fonogramas, quedaron alcanzados por los arts. 1, 8, 9 y ss, y concords. del Dec. 2284/91, con ratif. por Ley 24.307, art. 29; que la propia resolución ministerial 618/97 confirma la razón de su parte, ya que de otro modo no hubiera sido necesario su dictado y su consecuencia es que quedó prohibido desde el l/4/91, toda forma directa o indirecta de cobro centralizado de las retribuciones del art. 8 Dec. 2284/91, de donde se sigue que A-C Asociación Civil R, perdió toda facultad o derecho al cobro de las prestaciones dinerarias demandadas en autos.

Argumenta que la regla de derecho es la prohibición de cobro centralizado -directo o indirecto- de las retribuciones del art. 8 cit., entre las que se encuentra la actora como entidad intermedia, con excepción de aquellos casos en que la autoridad de aplicación -Mecom- interprete lo contrario (art. 116 Dec. 2284/91).

Objeta en cuanto el fallo considera que lo dispuesto en los arts. 1, 8, 9 y 11 Dec. 2284/91, no sea aplicable a los derechos de autor regidos por la Ley 17.648 y Dec.Ley 20.115/73, por no haber reparado en la normativa legal, en tanto la Ley 17.648 solo comprende a los profesionales "autores y compositores" representados por Sadaic.

Por otra parte, la Ley 20.115 reconoce a la Sociedad General de Autores (Argentores), que nuclea a los "autores" de obras literarias, dramáticas y demás contempladas en el artículo 1º de la citada ley.

Distingue entonces a A.....-C.... Asociación Civil R, que agrupa a "intérpretes" y a los "productores de fonogramas", con facultades en los Dec.1670 y Dec.1671 y en tanto las reglas de la Res. Ministerial 618/97 del Mecom. no son aplicables a la entidad accionante, por lo que no está exceptuada de la aplicación de los arts. 8, 9 y concords. del Dec. 2284/01.

Reitera entonces que en este marco y por lo previsto en el art. 9º, ya no tiene desde el año 1991, facultades para el cobro centralizado de las retribuciones aludidas.

Sostiene entonces que corresponde hacer lugar a la excepción y revocar el fallo.

Contesta además la postura de la contraparte y niega bajo funda-mentación, las vulneraciones de las leyes 11.723 y 23.921.

Segundo agravio.

Señala lo que pretende la demanda en el cap. 2.3.l, que se condene al pago de $1000 por establecimiento y casino, el encuadramiento o código 05 de la Res. SPD 100/89 del barconfitería que funciona en el C C, calle ** de m *** de Comod. Rivad., se condene al pago del equivalente 1 de los ingresos brutos, desde el 1/5/907, a excepción del "B C", de calle R ****, por el que reclama los aranceles devengados desde el 1/2/2000.

Expone en punto IV-B (fs. 496 vta.) lo que concede la sentencia en sus puntos 4.3., inc.a), impugnando en consecuencia porque encuadró a todos los establecimientos, mandando a pagar por cada uno y período mensual la suma de $57.20, con lo que cada uno quedó mal encuadrado, en dos rubros al mismo tiempo.

Sostiene entonces que es correcto el encuadramiento en el rubro "09", pero no en el "05".

Al respecto agrega que si se supera la falta de legitimación, con lo que la demandada debe pagar por difundir música en lugar de acceso público, el encasillamiento en el rubro "05" es vicioso, y falla más allá de lo pedido.

Sigue en los puntos 4.4. (fs.497) con los fundamentos del fallo, con lo que se ingresa como lo expresa la misma sentencia al tema central, el uso de la música (fonogramas), considerando que lo que resulta gravado es la difusión pública, al margen de amplitud en las salas y donde no interesa la actividad de explotación de la demandada de salas de juego.

Insiste al respecto que si la excepción no ha prosperado, no se discute la obligación legal de pagar, sino el encuadramiento.

Afirma que el fallo se entretuvo exclusivamente en considerar y declarar la "existencia de una obligación de pagar", lo que no era materia de la litis, pero que omitió la debida consideración de los rubros y la justificación de su imposición (crítica al fallo de fs. 497 vta., punto IV-C.).

En título C.1) Incongruencia (fs. 497 vta.), critica que el fallo va más allá de lo pedido, porque la demanda solo encasilló en el rubro "05" al Bar confitería que funciona en el C C de la calle ** de m nº *** y para los restantes establecimientos solo los comprende el rubro "09" del citado anexo y norma legal, que corresponde revocar en cuanto manda a pagar el concepto "05".

En punto 4.8. opone lo que considera otra evidencia de los errores de la sentencia al considerar incurso el "B C" de la calle R, ****, cuando en el lugar solo hay máquinas tragamonedas, que se trata solamente de una sala de máquinas, un casino electrónico, pero no es un "B".

Es una lotería familiar (T C). C.2. Encuadramiento tarifario (fs. 498).

Reitera que solo es factible el encuadramiento en un solo rubro y que es el "09", por ser norma de carácter residual, que así resulta del Anexo a la Res. SPD 100/89 y de la parte dispositiva de dicha norma legal; que los C o S de Juego de Azar bancados, no están mencionados en los rubros del Anexo y todas los establecimientos de la demandada son "C", en los que esencialmente se desarrolla actividad lúdica; la música no se difunde solo en la confitería sino en todos los sectores (inspección ocular y testimonios).

Compara con el mismo régimen del "C B Aires S.A." ("B de la F"), que solo encuadra en el rubro "09".

Critica que el fallo haya rechazado por resultar dicho régimen ajeno al caso planteado (acuerdo de terceros), con cita de los conceptos del jurista Llambías.

Destaca la forma de los recibos que le otorga A.....-C.... al C de Bs.As., que solo lo expide por el rubro "09" y sostiene que es lo único que puede cobrar la parte actora.

Amplía la argumentación que distinto sería que la obligada aceptara pagar un mayor importe, pero que en rigor es una liberalidad.

Tercer agravio.

Se refiere a los intereses, que el fallo manda a pagar en forma diaria, desde el momento que se difundió la música.

Destaca que la tarifa es mensual pero además, que no es el caso de mora automática sino desde que el deudor ha sido puesto en mora.

Cuarto agravio.

Argumenta que la actora opuso pretensiones inadmisibles, primero encuadro en el rubro "44", como si las máquinas tragamonedas fueran "tocadiscos", después en el rubro "09", (lo que es correcto), pero con indebida pretensión de $1000 mensuales, cuando el cuadro tarifario solo le permite $52,50 por mes, en esta parte el Juez le otorgo la razón a su parte, $57,20, con lo que colige que la cuestión principal de la demanda fue resuelta en contra de la "demandada".

Considera aplicable el art. 71 CPCCCh y que de ser confirmado el fallo de primera instancia, ser las costas distribuidas proporcionalmente.

Reserva el caso federal.

Se corre traslado de los agravios de la parte demandada (fs. 501), que no son contestados por la actora.

Esta parte, sí presenta memorial de agravios en razón del recurso interpuesto.

Afirma que se puso de manifiesto en autos que la demandada no cumplió la obligación del art. 40 Dec. 41.233/34 (T.0. Dec. 1670/74), reglam. Ley 11.723.

Pide condena de formular y entregar planillas, fijar plazo, con más una indemnización sustitutiva para el caso de no presentarse las mismas.

Transcribe las razones de la negativa del fallo y opone que demás está decir que el período de tal incumplimiento y del reclamo de la obligación de hacer era idéntico al período por el cual se "reclamó el pago de las retribuciones, esto es desde el mes de mayo de 1997 hasta la fecha de la demanda para los establecimientos de la Avda. A A de Rada Ti-lly, ** de m *** y K y C C desde el mes de febrero de 2000 para el establecimiento de la calle R ***, hasta la misma fecha.

Impugna asimismo la negativa porque no se fijó una indemnización sustitutiva, sin consideración a que se había accionado por una obligación de hacer y que la indemnización sustitutiva debe ser fijada por el Juzgador como sanción conminatoria o astreintes; que su parte no reclamó una indemnización por daño sino la fijación de una sanción conminatoria o astreintes (art. 37 CPCCCh).

Cita sucesivos casos de jurisprudencia concords. con su pretensión (fs. 505/5506).

Segundo agravio.

Impugna los montos del rubro "09", por no corresponder a su juicio el mínimo mensual de $57,50 y que por la envergadura del local, propuso pautas arancelarias que rondaban entre los $750 y $900, y en definitiva la suma de $1.000.

Reitera que su parte no demandó el mínimo del arancel, que debieron ser fijados por el juez, en cambio con el arancel fijado se la está beneficiando.

Trae a colación nuevos aranceles de la Res. 390/2005 (B.0.del 9/12/2005), en la que surgen las tarifas diferenciales en función de los metros cuadrados de los locales.

Cita jurisprudencia con afinidad a la impugnación formulada (fs. 507/508 vta.).

Sostiene finalmente que el criterio judicial tiende un manto protectorio a las maniobras de la demandada, que hasta se negó a exhibir los libros de contabilidad que exige el Código de Comercio, en tanto asimismo el Juzgado renunció al ejercicio de sus facultades.

Peticiona en definitiva se tengan por expresados los agravios y oportunamente se revoque la sentencia de grado.

A fs. 512/514, la demandada contesta los agravios de su contraparte.

Reitera la reserva del caso federal.

Primer agravio.

El fallo en apretada síntesis examina la excepción de falta de legitimación activa de la parte actora interpuesta por la parte demandada, fundada por esta parte en el Dec. Nº 2284 del 31/10/91.

La sentencia rechaza la excepción en función de la Resoluc. Nº 618 del 23/5/97, del Ministerio de Economía, que declara respecto al predicho Dec. 2284/91, que no afecta los derechos de autor comprendidos en el art. 1 de la Ley 11.713, donde se encuentra comprendida la actividad de los productores de fonogramas.

La actora rechaza la excepción con amplia fundamentación a fs. 109/110, si bien respecto en uno de sus aspectos en la Res. Nº 618/97 del Min. de Econ. -que funda el fallo- que exceptúa la aplicación del Decreto de Desregulación Económica Nº 2284/91, a los derechos de autor de la Ley 17.648 y del Dec. Ley 20.115/73, cita asimismo un dictamen de la Subsecretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, donde entiende y declara que la Resoluc. 100/89, emitida por la Secretaría de Prensa y Difusión de la Nación y el Dec. 1671/74, se encuentran excluidos del "régimen desregulatorio" impuesto por el Dec. 2284/91, por responder a un monopolio jurídico regulado por normas específicas que trascienden los simples intereses patrimoniales, compadeciéndose con la naturaleza jurídica de su fuente ley 11.723 y con fundamento en un interés colectivo, todo sin perjuicio de sostener la exclusión por los acuerdos internacionales (art.12 "Convención Internacional sobre la protección de los artistas e intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de difusión"), como la concordancia del modo de gestión colectiva de los derechos de proiedad intelectual, vinculados al área cultural, diferenciado de los objetivos económicos del decreto de desregulación, que no menciona dichos derechos de autor. Sostiene la alegante en esta instancia que precisamente la Resoluc. Nº 618/97 le da la razón a su parte, ya que de otro modo no hubiera sido necesario su dictado.

Niega en consecuencia la interpretación analógica o extensiva de tal Res.6187, por comprender solo a los autores y compositores en función de la Ley 17.648, representados por S, y la Ley 20.115, por los autores de obras literarias, dramáticas y demás contempladas en el art.1 de la ley citada.

Empero la argumentación precedente resulta omisiva, ya que como derecho de propiedad intelectual, la creación interpretativa y la producción fonográfica comprendidos en la Ley 11.723, en los Decretos Nº 41.233/34, 1670/74 y 1670/74, no pudieron quedar desregulados en razón de resultar derecho vigente, resultante de la Convención Internacional para la protección de los Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismo de Radiodifusión, realizada en Roma en el año 1961 y ratificada por Ley 23.921.

Su objetivo, proteger a los productores de fonogramas frente a la extensión e incremento de la reproducción no autorizada, reconocida como obra original digna de protección y de reconocimiento de los derechos de los productores sobre los mismos con fundamento en el derecho de propiedad, a autorizar o prohibir su reproducción, a percibir una remuneración equitativa en caso de comunicación al público, sin perjuicio de los derechos concurrentes de artistas, intérpretes y ejecutantes (art.5, 10 y 12 de la Convención de Roma de 1961, cit.).

No resulta en consecuencia la razón de la alegante el dictado de la Res. 618, es que no se vio precisada la autoridad de aplicación MECOM, que se cita, en ejercicio de las facultades de reglamentación e interpretación conforme con el art. 116 del Dec. 2284/91, de esclarecimientos frente a los precedentes normativos nacionales e internacionales.

Tampoco se trata en consecuencia de interpretación extensiva o analógica, sin perjuicio de la crítica de la impugnante respecto a la escasez argumental de la sentencia y la lectura de las normas pertinentes.

Las consideraciones precedentes implican asimismo, el rechazo cuando sostiene la agraviada que es falaz el argumento de la actora que fallar de otra manera importaría violentar la ley ll.723 y la ley 23.921, de aprobación de la Convención Internacional (punto 3.5, fs. 495 vta.).

Es más, puede agregarse que incluso violentaría el art.3º del Convenio de Ginebra de 1971 (Convenio para la protección de los productores de fonogramas contra la reproducción no autorizada de sus fonogramas), que encomendaba al Estado a proveer los medios adecuados a la aplicación del convenio.

En este punto, corresponde ampliar con los fundamentos de la CSJN, en el caso: "Mangiante...c/...AADI-CAPIF", de fecha 23/02/1995, referido por mi colega preopinante.

Con motivo de la ratificación de la Convención de Ginebra de 1971, dice la Corte Suprema que es significativo el Mensaje del Poder Ejecutivo que acompaña la elevación del proyecto de Ley 19.963, en el sentido de concebir que la Ley 11.723 no ofrece trabas para valorar la obra fonográfica como una creación intelectual digna de protección y que en su anteúltimo párrafo de la citada nota de elevación: "...que si bien la ley 11.723... no protege al productor de fonogramas en la forma prevista en el Convenio, otorgándoles las facultades que él establece, también es cierto que no tiene prohibiciones específicas que impidan acordarle derechos con la sola condición de que ellos no interfieran ni desmerezcan los que ella acuerda a los autores e intérpretes y artistas ejecutantes".

Sigue diciendo la CSJN, que los instrumentos internacionales que integraban la legislación argentina en materia de propiedad intelectual a la época de dictarse el decreto mencionado (se refiere al Dec.1670/74, a cuyo respecto la Cám. Nac. de Apelac. en lo Civil, Sala I, había declarado la inconstitucionalidad del art.1, por exceso del P.E. en el ejercicio de las facultades del art. 86 -99 - inc.2º de la C. N.), exigían una interpretación de la norma interna -ley 11.723- que no pusiera en colisión la legislación nacional con los compromisos asumidos por el Estado al ratificar el convenio internacional.

Trae a colación la CS otras evaluaciones, que el art. 9 párr. 4 del Convenio de Ginebra de 1971, expresa: "Se entiende que en el momento en que un Estado se obliga por este convenio, se halla en condiciones, conforme con la legislación interna, de aplicar las disposiciones del mismo" y si "con anterioridad al dictado de la Ley 23.741 -que introduce la palabra "fonograma" en el texto de la ley 11.723- el reconocimiento del carácter artístico y original de tales obras no hubiera sido posible a partir de la amplitud de los términos utilizados en la ley 11.723, no se comprende la autorización dada mediante la ley 19.963 para la adhesión al citado Convenio de Ginebra de 1971.

Concluye entonces la CS que el excesivo apego a la literalidad de la norma, vulnera el principio de la supremacía de los tratados internacionales, que debe corregirse y que el derecho intelectual del productor fonográfico que se procuró proteger mediante la percepción de una remuneración en caso de la utilización pública de su obra -sin perjuicio de derechos concurrentes y diferenciados, reglamentados por el art.35 del Dec. 41.2333/34, tras la reforma introducida por el art. 1º del decreto 1670/74-, encontraba apoyo en el ordenamiento jurídico argentino al tiempo de su dictado.

La jurisprudencia de la CSJN, resultó a propósito del recurso de inconstitucionalidad, en tanto se había denegado el de arbitrariedad, negativa que fue consentida, pero en cuanto falla en función de una interpretación inadecuada de la Cámara referida, importa doctrina docente para el caso de autos.

Por ello tampoco se ajusta a derecho la demandada apelante cuando en función de la ratificación del Dec.2284/91, formulado por Ley 24.307, anterior a la reforma constitucional, sigue sosteniendo que quedó derogada toda norma de la convención que se oponga al decreto 2284/91, sin perjuicio de salvar que no se refiere a las leyes 11.723 ni a la Ley 23.921, ésta que aprueba el tratado y que cada intérprete o autor de un fonograma podrá actuar por sí concediéndole poder a la propia entidad actora (fs. 496).

La concepción interpretativa de estrictez que se asigna al propio dec. 2284/91, incurre en la misma demasía que la Corte corrige e importa desconocer los alcances de las convenciones internacionales y la amplitud interpretativa que inspiran.

La pretensión derogatoria de los decretos 1670/74 y 167l/74 resulta ajena al propio Dec. 2284/91, obsérvese el cometido de las materias a desregular que se asignan al Comité Técnico Asesor en el art. 117, en sus once incisos, cuya materia no los comprende.

En su marco, los decretos señalados no resultan afectados, por lo que asimismo resulta erróneo que debía demandarse la nulidad o ilegitimidad del Dec. 2284/91.

Es interpretación inadmisible dice la CS en "Mangiante", cuyas consecuencias importaban desconocer los derechos de cobro colectivo de la Asociación Civil R (A....-C.....), "...ello constituiría una inteligencia inadmisible al tiempo del dictado del decreto 1670 en el año 1974, cuando por otra parte, la interpretación comprende, además de la armonización de sus preceptos, su conexión con otras normas que integran el ordenamiento (fallos 258:75) y que tal principio es especialmente aplicable en aquellos supuestos en los que el orden jurídico vigente está organizado en más de una ley formal (doctrina fallos 263:63; 271:7, entre otros)".

Es "inteligencia inadmisible" dice la CSJN en el mes de febrero de 1995, hoy los fallos ya no deben dirimir controversias sobre la personería de la Asociación Civil Recaudadora, reconocida por el Dec. 1670/71.

En los autos caratulados "A....-C.... ACR c/ C H. y Cía SRL s/ cobros de sumas de dinero", la CNCiv., Sala H, determina que la emisión de música fonograbada dentro de las habitaciones de un hotel revisten el carácter de públicas y deben abonar el arancel pertinente, incluso cita el fallo plenario de fecha 15/9/2005, in re "A...-C.... A.... c/ C S S.A." fundante de tal criterio: "...no se considera comprendida en la excepción prevista en el art. 33 del Dec. Ley 41.233 -domicilio exclusivamente familiar- t.o. conforme Dec. 9273/45, a efectos de la exención del pago de los aranceles a los que se refieren los decretos 1670/74 y 1671/74".

Para encontrar antecedentes anteriores, la compulsa debe remontarse al año 1998 donde se cuestiona la personería de A.....-C.... (Conf. J.A. 1999-II-329).

En los autos caratulados "A..... C.... Asociación Civil R v. H M P y otro", el accionado desconoce la legitimación de la actora para fundar la acción, oponiendo que el sistema jurídico no encontraba sustento en la C.N., que no resultaba admisible pretensión alguna fundada en el dec. 1671/74 a partir del año 1976, por el art. 8 del Acta del Proceso que había quedado en consecuencia sin efecto en su función específica la parte actora.

Subsidiariamente opuso la inconstitucionalidad de la norma, por incompatibilidad con el art. 56 Ley 11.723, de asignar a una asociación civil un cobro arancelario, cuando el mismo debía resultar de un acuerdo entre el intérprete y el difusor y en caso de discrepancia correspondía la determinación judicial.

Demandó en consecuencia la inconstitucionalidad por exceso reglamentario, por alteración de los arts. 86 inc. 2 y art. 28 de la CN.

El fallo primera instancia declaró la inconstitucionalidad de los decretos 746/73, 1670/74 y 1671/74, la Resolución 894/0200 de la Secret. de Prensa y Difusión, por exceso en las facultades reglamentarias, extremos que confirmó la Sentencia de Cámara.

Señalaba entre otros argumentos, que los decretos modificaban notoriamente el vínculo que establece la ley, entre el titular del derecho intelectual y el usuario, de naturaleza contractual a un sistema de licencia legal, así como un particular régimen de representación de las asociaciones actoras.

En dicha línea equivocada según la CSJN, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, confirmó el fallo de 2da.

Instancia, sin perjuicio de su notoria fundamentación hasta en normas internacionales de rango constitucional (el párr. segundo de la Declarac. de Derechos y Deberes del Hombre, el art. 27.2 de la Declarac. Univ. de Derechos Humanos y el art. 15.1 del Pacto Internac. de Der. Económicos, Sociales y Culturales), sosteniendo que se cumplía asimismo con las previsiones del art. 12 y 26.2 de la Convención de Roma (aprob. por Ley 23921 - conf. art. 75 inc. 22 CN), así como las condiciones requeridas por la Organización Mundial del Comercio, a las que adhirió el Estado por Ley 24.425.

El Procurador General de la Nación, que revisara todos los presupuestos del fallo precedente adelantó la opinión desfavorable a como se resolvía y a contrario, mantener la validez de los actos normativos que venían desestimados y la CSJN, volvió a reiterar los hitos precedentes sobre la materia: que la conformidad que debe guardar un decreto respecto de la ley no consiste en una coincidencia textual, sino de su espíritu, que en general no vulneran el principio del art. 99 inc. 2 CN y el reglamento mantiene inalterables los fines y el sentido de la ley; que los decretos no han alterado lo establecido en el art. 56 Ley 11.723, que es la protección de los derechos de los intérpretes y productores de fonogramas, asignándoles la percepción de una retribución por la difusión pública de sus obras intelectuales; que el P.E. haya fijado aranceles y dispuesto la creación de una asociación civil con personería propia para percibir y administrar las retribuciones previstas en el art.56 Ley 11.723, ha importado establecer un sistema que posibilita el ejercicio del derecho que se procura resguardar y no a impedirlo, pues la utilización de fonogramas musicales -dadas las modalidades técnicas actuales- se hace en los más variados ambientes públicos y resulta prácticamente imposible para los titulares de los derechos intelectuales pactar la retribución que legalmente les corresponda con cada uno de los usuarios y en caso de desacuerdo, tener que acudir a la justicia; que debe tener en cuenta que en los considerandos del decreto 1671/74 se ha señalado expresamente que "las gestiones y acuerdos realizados entre la A.... y la C...., respaldada por el S... y la A....., indican que ambas entidades han logrado establecer un adecuado equilibrio... y por lo tanto constituyen organismos aptos para el logro del objetivo enunciado y la defensa integral de los derechos contemplados en la legislación de la materia"; que los decretos del Poder Ejecutivo Nacional impugnados por el demandado configuran un razonable ejercicio de la facultad otorgada por el art. 99 inc.2 CN; la decisión del tribunal provincial no resulta apropiada ya que conduce a desconocer el derecho expresamente reconocido por el art. 56 ley 11.723, con el consiguiente menoscabo del derecho de propiedad (art. 17 CN); por lo que corresponde descalificar la decisión recurrida.

Son los precedentes todos principios y fundamentos del derecho vigente oponibles al demandado, por lo que se rechaza el primer agravio por falta de legitimación activa de la accionante.

Segundo agravio.

Conforme se agravia la oponente, el sentenciante ha liquidado en razón de los cuatro establecimientos comprendidos, los rubros arancelarios "05" y "09", a cuyo respecto se afirma un encuadramiento impropio, primero por exceder el marco de la propia demanda, que solo solicitó la aplicación del rubro "05" al C C de la calle ** de m nº ***, con lo que deben excluirse los tres restantes.

En cuanto a la doble liquidación que le resulta a la casa de juego de la calle ** de m nº ***, a cuyo respecto solo reconoce debe aplicarse el rubro "09", rechaza con la amplia argumentación que se ha expuesto en el presente voto.

Con ella sostiene que este establecimiento es un salón amplio que pone a disposición del público para juegos y con servicios conexos de atención al cliente, que por otra parte, no hay disposición normativa en la Res. SPD. 100/89 (y su anexo), que mande a encuadrar un comercio en más de un rubro.

Alude asimismo a la argumentación del fallo respecto al criterio comparativo que opone la quejosa respecto al "C B A S.A.", que desecha a mérito del art. 1195 CC.

Primero, en cuanto al C C de la calle ** de m Nº ***, resulta evidente la actividad de confitería, resulta de la testimonial de A M, al ser repreguntado si en el local del centro funciona una confitería bar, contesta: "Sí, es de pú-blico conocimiento" (3ra. repreg., fs. 413/413 vta.).

Responde asimismo en forma afirmativa otro testigo, J L L C al reconocer la realización de espectáculos artísticos musicales (fs. 415 vta.).

Con tales antecedentes se rechaza la argumentación sobre la inexistencia de una confitería bar, formulada sobre la base de constituir un solo salón comercial.

La referencia a caso ejemplificativo para mantener la tesis de un solo arancel, caso del rubro 56 Res. 100/89 S.P.D., no confirma la argumentación.

Esta norma arancelaria indica en principio que en el caso que se individualizan locales se debe pagar por cada uno, o que en el caso de existir dentro del local negocios comprendidos en otros rubros del arancel, queda asimismo a cargo del propietario de cada local el pago del arancel específico que pudiera corresponder (fs. 30).

Por lógica de la resolución y sus previsiones, si un local que se encuentra comprendido dentro del rubro "09", contiene otro de menor extensión individualizado en otro rubro, con aprovechamientos distintos, importa la obligación de pagar asimismo el arancel respectivo, en el caso el "05".

Por ello concurre a la resolución su extensión a todos los establecimientos comprendidos en la acción, porque resulta de carácter constitutivo la propia manifestación de la demandada, que la entidad concedente le obligaba a prestar un servicio de bar americano, que para nada empalidece los aprovechamientos distintos señalados.

Adviértase la congruente declaración de ingresos brutos de fs. 216 vta., 217 vta. y 218 vta. distinguiendo el rubro confiterías.

La apelante niega a todo evento que pueda resultar un doble arancelamiento a los "casinos", valiéndose para ello el encuadramiento convenido para el "C de B A S.A.", la casa de juego más grande del país, como lo afirma.

En todo caso -dice- más que el Convenio son los recibos expedidos por la actora, encuadrados en el rubro "09", como los obrantes a fs. 423/432.

La tesis argumental no resulta decisiva.

Por una parte sí importa el convenio, desde que es evidente que estos superan las tarifas legales, que puede explicar se haya convenido un solo encuadramiento.

Pero por otra parte, también existe prueba que otro casino paga el arancel "05".

Adviértase lo informado por el "C de las N" con el recibo de fs. 396 (ídem a fs. 378), indicativo que otros casinos se encuentran asimismo sujetos al rubro "05".

De este mismo casino se informan asimismo facturaciones del rubro "09", como resulta de fs. 391/391.

Otros recibos no consignan el rubro.

Se rechaza en consecuencia el segundo agravio manteniendo la aplicación del arancel por el rubro "05", respecto a todos los establecimientos comprendidos en juicio.

Tercer agravio (fs.499).

En la materia intereses, como lo señala mi colega preopinante, se trata de caso de mora legal a partir de la utilización de los fonogramas, en otras palabras caso de mora automática del art.509 CC, primera parte, por lo que se confirma el criterio jurisdiccional.

Agravios de la parte actora (504/509).

Primer agravio.

En el marco de los agravios de esta parte, referidos en principio al cumplimiento del art. 40 del Dec. 41.233/34, reglam. del art. 2 de la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual, opone con la norma que los usuarios de reproducciones de fonogramas debían "anotar en planillas diarias por riguroso orden de ejecución, el título de todas las obras ejecutadas y el nombre o seudónimo de los intérpretes principales y el del productor de fonogramas o su sello o marca de la reproducción utilizada en su caso", que ello se solicitó al demandar.

Impugna los fundamentos de la sentencia sosteniendo que demandó en forma, no la determinación de una indemnización sustitutiva sino el cumplimiento de una obligación de hacer, con la correspondiente sanción conminatoria, porque de lo contrario su parte quedaría imposibilitada de obtener el cumplimiento de la previsión legal.

Se advierten ahora, una extensa fundamentación y aclaraciones para obtener el pronunciamiento en esta Alzada, que en modo alguno tuvo en lo demandado en primera instancia.

No pueden introducirse ahora los datos respectivos frente a la observación de la sentencia sobre la falta señalar los períodos se demandaban. Con lo escueto y generalizado del reclamo, no puede sostener la accionante que cumplió con las exigencias del art.330 del CPCCCh, dados todos los establecimientos comprendidos en la reclamación y ciertas diferenciaciones a su respecto.

Así dice: Reclamo el cumplimiento de una obligación de hacer consistente en formular y entregar planillas previstas en el art. 40 del decreto 41.233/34.

Pido indemnización sustitutiva, para caso de incumplimiento.

Con esa brevísima exposición, no puede sostener que había una petición en términos claros y positivos sobre todos los extremos que ahora señala.

Por otra parte lo que peticionó fue una indemnización con la incerteza para el caso de incumplimiento, pero ahora en esta Alzada especifica que la indemnización sustitutiva consistía en una sanción conminatoria o astreintes, todo lo que excede las concretas razones expuestas por la sentencia en función de los términos de la demanda.

Se rechaza por lo tanto el primer agravio.

Segundo agravio.

La amplitud con la que se expone este segundo agravio, vuelve a resultar de la modalidad del anterior, dando explicaciones la recurrente de las razones por las que debía desecharse el arancel mínimo, citando casos de jurisprudencia, pero que resulta de una propuesta unilateral seleccionada por la interesada, todo lo que fue rechazado por la parte demandada.

Sostuvo la actora que el arancel mínimo era aplicable a los comercios de menores dimensiones y ventas, con lo que peticiona se fije judicialmente acorde a las características del local, pero de la norma arancelaria traída no surge que se haya normativizado una variable en función de los metros cuadrados de los locales, o sujeción a fijación jurisdiccional o a propuesta de parte.

La demandada negó en su oportunidad por excesiva cualquiera estimación y que en modo alguno podía compararse con casinos de mayor afluencia de público y a todo evento, que tales tarifas se encontraban consensuadas por la propia reclamante, por lo que no podía invocar al demandar su carácter exiguo y finalmente que el concepto de "mínimo", se debía a las distintas condiciones debían resultar del convenio de las partes interesadas (fs. 95 vta., punto D).

Por todo lo expuesto y ausencia de elementos legales y de certeza, debe confirmarse el criterio jurisdiccional.

El resultado de los recursos de una y otra de las partes, comporta que en esta Alzada se impongan las costas por su orden (art.68, 2da. parte CPCCCh.

Para regular honorarios, se considera el mérito de los trabajos profesionales, la complejidad de las cuestiones, su resultado, conforme con las normas aran- celarias, arts. 6, 7, 9, 14 y concords. Ley 2200/4335.

Propongo los honorarios del Dr. O Z A, en la suma de $1.680 y los del Dr. D O. H, en la suma de $1.320.

Se tendrá presente la reserva del caso federal de una y otra de las partes.

A la segunda cuestión el Dr. Nahuelanca dijo:

Voto:

Por la coincidencia en la resolución propuesta para las cuestiones planteadas, corresponde el pronunciamiento propugnado precedentemente por el colega de primer voto Dr. Alexandre, teniéndose presente la reserva del caso federal de fs. 500 y 510.

En este estado, y de conformidad con lo establecido en los arts. 271 y 272 del C.P.C.C.Ch. (reforma Ley 4550 del 23/12/99), se deja constancia que la decisión se adopta por mayoría, por lo que la Dra. Alonso de Ariet no emite su voto.

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar y suscribir la siguiente SENTENCIA:

1) Desestimar los recursos de apelación articulados por las partes y, en consecuencia, mantener firme la sentencia de fs. 473/482 en cuanto fue motivo de agravios.

2) Costas por su orden, a cuyo fin se regulan los honorarios profesionales del Dr. O Z A en la suma de PESOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA ($1.680) y del Dr. D O. H en la suma de PESOS MIL TRESCIENTOS VEINTE ($1.320).

3) Tener presentes las reservas del caso federal.

4) Regístrese, notifíquese y devuélvase.

FERNANDO NAHUELANCA - Presidente JULIO ANTONIO ALEXANDRE - Juez de Cámara REGISTRADA BAJO EL nro. 92 DEL AÑO 2006 DEL LIBRO DE SENTENCIAS DEFINITIVAS