Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-03-31


AUTOS 139773 (C.C.Nº21888) DEL Tercer Juzgado Civil, CARATULADOS: "VILLARROEL Mario Alfredo y Otro C/ Ministerio de Salud Pública - Amparo".

PROTOCOLIZADO:L.S.- Año 2014- del Tº I -Fº57/60.- En la Ciudad de San Juan a treinta y ún (31) días del mes de marzo de 2014, reunida en Acuerdo la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, bajo la presidencia del Dr. Oscar Roberto Otiñano y los Sres. Vocales Dres. Roberto M. Pagés Lloveras y Octavio Augusto Sánchez, a fin de conocer el recurso concedido mediante decreto de fs. 97, contra la resolución de fecha 28 de noviembre del año dos mil trece, recaída en los presentes autos Nº139773 (C.C. Nº21888) caratulados: "VILLARROEL MARIO ALFREDO Y OTRO C/ MINISTERIO DE SALUD PUBLICA - AMPARO", dictada por el Sr. Juez titular del Tercer Juzgado Civil, obrante a fs. 89/93.- Primera Cuestión: ¿Es justa o errónea la sentencia de fs. 89/93?;

Segunda Cuestión: En su caso, ¿Que resolución corresponde dictar? EL DR.ROBERTO M. PAGES LLOVERAS DIJO:

A la primera cuestión:

Antecedentes I. El Sr. Juez a quo resolvió rechazar la acción de amparo promovida, imponer las costas a la actora vencida y regular los honorarios de los profesionales actuantes.

Para así resolver consideró, en resumen, que esta acción de amparo no puede prosperar, toda vez que no surge de la causa que los accionantes hayan acreditado tener un régimen especial de excepción que regule su actividad, y que por lo tanto los mismos deben cumplir con la carga horaria que dispone la empleadora, teniendo en cuenta - a su vez - la normativa por la cual fueron designados en su momento y la que los rige en la actualidad.

Agrega que la supuesta restricción a los derechos de la actora no se apoya en una amenaza o lesión manifiestamente ilegal o arbitraria, y por el contrario surge de la disposición legal que regula la actividad de los amparistas (hoy Ley 8313 y modificatorias y complementarias).

Continúa indicando que no es arbitraria la actitud asumida por el Ministerio de Salud, toda vez que tiene la facultad de organización y dirección de sus dependientes, teniendo en cuenta la función pública trascendente que cumple, como también que no se acredita haber agotado los procedimientos administrativos que la ley le otorga para cuestionar las decisiones de su empleadora (Ministerio de Salud) que le puedan ser adversas.

II. Contra dicho pronunciamiento apelan y funda la parte demandada a fs. 95/96 vta. Los agravios de la parte apelante pueden sintetizarse en que alega: a) que es arbitraria la decisión en cuanto se sostiene que no se acreditó el régimen especial al que están sujetos los actores; b) que la sentencia es arbitraria al considerar que la sanción de descontar los haberes es lícita, aún sin procedimiento que garantice la defensa; c) que es arbitraria al considerar que los descuentos fueron producto de un proceso administrativo previo y pendiente de solución. Hacen reservas y piden que se admita la acción de amparo.

III. Corrido traslado del agravio, es contestado por la parte accionada en el escrito obrante a fs. 99/102. Sostiene que el escrito de expresión de agravios no cumple con los recaudos formales, por lo que pide que se declare la deserción del recurso:

En subsidio, expresa que el primer agravio carece de sustento fáctico y jurídico en razón de que es el Ministerio de Salud y el Estado Provincial quien fija las reglas y leyes que los rige, y no el médico autorizante.

Con relación la segundo agravio indica que el descuento por no haber cumplido con el horario de trabajo es legítimo y legal.

Por último, sostiene que el reclamo administrativo es la única vía posible de enmienda si hace nueve meses que los haberes le son descontados.

Plantea cuestión federal y pide que la sentencia sea confirmada.

IV. A fs. 113 se certifica el pase de los autos a estudio.

Tratamiento del recurso 1. La acción de amparo constituye un remedio cuya utilización está reservada para aquellos casos en que la carencia de otras vías legales aptas para resolverlos pueda afectar derechos constitucionales, por lo que su admisibilidad -tal como se indicó en primera instancia- requiere circunstancias muy particulares caracterizadas por la existencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta y la demostración, además, que el daño concreto y grave alegado sólo puede eventualmente ser reparada acudiendo a la vía urgente y expedita del amparo.

2. Tiene ya resuelto esta Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería que "si bien el reclamo en sede administrativa no obsta en forma absoluta la acción de amparo en los términos del art. 43 de la Constitución Nacional -en el caso, la actora envió una carta documento cuando la demandada le dejó de liquidar el adicional por inhabilitación de título-, ello es en la medida en que se alegue y demuestre que por alguna razón el reclamo ante la sede administrativa no será ya idóneo para reparar el derecho que se entiende violado, pues, de lo contrario el proceso de amparo derogaría todas las formas ordinarias específicas para reclamar derechos" (Cfr. causa: "Mera, Flavia Aurora c/ Gobierno de la Provincia de San Juan", 07/05/2008, AR/JUR/5817/2008).

Por lo que si en el escrito de la acción de amparo deducida se indicó que a los accionantes se les están realizando descuentos en los haberes que perciben desde el mes de abril del año 2013 en razón -según indicaban- de supuestas inasistencias sin justificar, como que reclamaron en "sede administrativa" por el horario a cumplir, y que se inició por parte de la administración un sumario administrativo por faltas injustificadas, habiendo "protestado" por el descuento efectuado en el descargo del sumario referido, y no se ha alegado ni demostrado que por alguna razón el reclamo realizado ante la sede administrativa no será ya idóneo para reparar el derecho que se entiende violado, corresponde rechazar el recurso propuesto, con costas.

3. Es que el amparo en tales circunstancias resulta inadmisible, ya que se encontraría pendiente un pronunciamiento administrativo sobre la misma materia que motiva dicha acción, y la existencia de vías legales para la protección de los derechos presuntamente lesionados excluye, en principio, la admisibilidad de la demanda de amparo máxime cuando la propia parte recurrente alegó la existencia de planteos efectuados por los propios actores sobre la cuestión en sede administrativa.

Por ende, existiendo cuestionamiento concreto en dicha sede administrativa y no habiéndose demostrado la falta de idoneidad de dichas vías ordinarias, debe confirmase la sentencia impugnada, ya que lo contrario importaría la derogación de los procedimientos para la defensa de los derechos en el ámbito administrativo.

4. Tampoco se encuentra acreditado que por alguna disposición legal y/o acto administrativo idóneo, se haya modificado la carga horaria establecida conforma la norma legal por la cual fueron designados (ley N° 5525, hoy ley N° 8313 y su modificatoria ley N° 8369), lo cual hace que no surja de manera manifiesta que la situación laboral de los amparistas justifique que los mismos puedan cumplir con una carga horaria distinta a la establecida conforme dicha normativa.

5. En conclusión, propongo que en este caso se rechace el recurso de apelación.

Así voto.

A la segunda cuestión:

Atento a lo acordado al tratar la primera cuestión, corresponde rechazar el recurso de apelación planteado a fs. 95/96 vta., con costas de Alzada a cargo de la recurrente vencida, y regular los honorarios del Dr. Fernando O. Elizondo Sarmiento en la suma de Pesos Cuatrocientos cincuenta ($450) y los de la Dra. Silvia Inés Coll en la suma de Pesos Ochocientos cuarenta ($840).- EL DR.OSCAR ROBERTO OTIÑANO DIJO:

Por sus fundamentos adhiero al voto precedente el que doy por reproducido.-	EL DR.OCTAVIO AUGUSTO SÁNCHEZ DIJO:	Por razones análogas a las aducidas por el Dr.Roberto Pagés Lloveras, voto en el mismo sentido.- Por el mérito que resulta de la votación de que instruye el acuerdo que antecede SE RESUELVE:

Rechazar el recurso de apelación planteado a fs. 95/96 vta., con costas de Alzada a cargo de la recurrente vencida. Regular los honorarios del Dr. Fernando O. Elizondo Sarmiento en la suma de Pesos Cuatrocientos cincuenta ($450) y los de la Dra. Silvia Inés Coll en la suma de Pesos Ochocientos cuarenta ($840).- Protocolícese, hágase saber y bajen previa reposición de sellado si correspondiere.- MAGISTRADOS:DR. OSCAR ROBERTO OTIÑANO;

DR. ROBERTO M. PAGES LLOVERAS;

DR. OCTAVIO AUGUSTO SANCHEZ;

SECRETARIO: DR. AGUSTIN RUGNA.