Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-07-06


Salta, 6 de julio de 2010.

Y VISTOS: Estos autos caratulados: "HEMDAN, MONICA ALEJANDRA; GOMEZ, SERVANDO DIVORCIO POR PRESENTACION CONJUNTA" - Expte Nº 142.440/05 del Juzgado de 1ra. Instancia en lo Civil de Personas y Familia 3º Nominación (Expte. N° CAM 281.069/9 de Sala II), y, CONSIDERANDO:

I.- Vienen estos autos a la Alzada en virtud del recurso de apelación interpuesto en subsidio a fojas 70 en contra la providencia de fojas 69; recurso concedido por el Juzgado en resolución obrante a fojas 80/81, en su punto II.

A fojas 82/83 la apelante presenta memorial de agravios donde cuestiona la decisión del juzgado, que expresa conculca garantías constitucionales y le causa un gravamen irreparable. Que el juez de la causa es competente para decidir la cuestión de la tasa de justicia introducida por él en virtud de lo previsto por los arts. 362, 366, 369 del C. Fiscal, y de aplicación el art. 371 del mismo cuerpo legal aunque al no ser un proceso contencioso, no es aplicable el deber de integración de la tasa. Asimismo, que la notificación se rige por las previsiones del art 133 del C. Fiscal y 135 inc. 5 del CPCC. Reclama la declaración de inconstitucionalidad del art. 317 del C. Fiscal. Finalmente, en orden a las costas peticiona se aplique el principio objetivo de la derrota previsto en el art. 67 del CPCC.

Contestando el traslado conferido la Dirección General de Rentas, solicita se declare desierto el recurso por insuficiencia de los agravios; y en cuanto al fondo, se rechace la apelación en todos sus términos.

En presentación de fojas 109/110, obra dictamen la Sra. Fiscal de Cámara quien aconseja la desestimación del recurso.

II.- Ante todo y con motivo del planteo efectuado por la apelada en el sentido de que se declare desierto el recurso por agravios insuficientes, corresponde analizar su admisibilidad formal, que aún de oficio el Tribunal se encuentra facultado para controlar.

Ello así teniendo en cuenta que la expresión de agravios cumple en el procedimiento de apelación una función en cierta medida análoga a la de la demanda en primera instancia, ya que su contenido delimita las potestades decisorias del tribunal de Alzada. Es decir, en ella fija el apelante el ámbito de su reclamo (conf. Podetti, Tratado de los Recursos, pág. 164).

El memorial presentado por la apelante, enuncia los pretendidos errores u omisiones que se le atribuye al pronunciamiento, por lo que mal puede considerarse insuficiente a los fines pretendidos; y siguiendo los lineamientos de nuestro más Alto Tribunal, "al efectuarse la consideración de la suficiencia o no de la expresión de agravios, ha de seguirse un criterio amplio en cuanto a la admisibilidad ya que es éste el que mejor armoniza con un escrupuloso respeto al derecho de defensa tutelado por la Constitución Nacional, a fin de no limitar la más amplia y completa controversia de los derechos de los litigantes, ya que un mero defecto técnico podría conducir a las injustas soluciones en perjuicio de los justiciables, quienes recurren en procura de justicia, buscando ser oídos y que se les brinde la oportunidad de ejercer así su legítimo derecho de defensa en juicio" (CJN Fallos 306-474). Criterio éste seguido por el Tribunal. En orden a ello, se rechaza el planteo.

Sentado ello, entrando al fondo del planteo, resulta que el agravio de la apelante tiene su origen en el proveído de fojas 58 que hace conocer el dictamen de la D.G.R. que fija el monto a abonarse en concepto de tasa de justicia (fojas 57). Con motivo de ello la hoy apelante anoticia al juzgado que en oportunidad de efectuar el pago, el organismo recaudador le comunica la aplicación de la multa del 100% al haber vencido el término para ello, solicitando en esa presentación se ordene a Rentas la emisión de una nueva boleta por considerar que no ha vencido el plazo para su abono, petición denegada por el juzgado actuante (fojas 68/69). Planteada revocatoria con apelación en subsidio por resolución de fojas 80/81 se desestima el primer planteo, oportunidad que vienen los presentes a la Alzada.

La acción que nos ocupa es un divorcio vincular por presentación conjunta donde las partes formulan convenio y solicitan homologación; por lo que la obligación del abono de la tasa en cuanto prestación de un servicio por parte del órgano jurisdiccional, conforme los términos del acuerdo presentado es asumido por partes iguales por ambos cónyuges.

La cuestión a resolver está centrada en analizar si el dictamen de la Dirección General de Rentas se encontraba o no consentido por la obligada a su abono. La agraviada expresa que debe tenerse en cuenta las cédulas de notificación remitidas a las partes y no el retiro del expediente efectuado por los profesionales como lo considera el organismo, quienes no son los obligados directos.

El órgano jurisdiccional tiene interés en el cumplimiento de las obligaciones fiscales por imperativo de las normas que regulan tales erogaciones, acorde las previsiones que con carácter general disponen los arts. 26,27 y 28 del C. Fiscal y demás disposiciones específicas contenidas en el texto normativo enunciado (arts. 366, 369, 371). Las atribuciones que le asisten y consiguiente responsabilidad, se materializan en el hecho de poner en funcionamiento los mecanismos procesales tendientes al pago de las retribuciones derivadas del servicio de justicia sujeto a las normas que lo reglamentan. Tal obrar constituye el límite del ejercicio de la función jurisdiccional en éste ámbito; desde que la determinación del impuesto y demás actos que son consecuencia directa de ello resulta privativo del órgano recaudador.

En tal sentido, el art. 371 del C. Fiscal, dispone que la tasa de justicia será abonada dentro de los cinco días de la notificación personal o por cédula de la parte obligada a su ingreso o de sus representantes; disposición concordante con la contenida en las normas procesales, art. 135 en su inc. 5º, respecto intimaciones como la que nos ocupa.

Ahora bien, en el ámbito de las notificaciones nuestra ley procesal, prevé la denominada notificación tácita, art 134 1er. ap., que opera con el retiro del expediente efectuado por la "parte, apoderado o patrocinante" y que importa la notificación de todas las resoluciones; aún en el caso que hubiesen debido notificarse por cédula como ocurre en autos.

La norma transcripta reconoce un claro fundamento en razones de lealtad y buena fe que debe primar en el obrar de los profesionales a lo largo del proceso, y encuentra sustento en la razonable presunción de que quien retira el expediente judicial se encuentra en condiciones de interiorizarse íntegramente del contenido de las secuencias de la causa, por lo que deviene innecesario la transmisión expresa de las resoluciones dictadas; lo contrario implicaría sin duda alguna respaldar sin razón valedera una actividad reñida con la lealtad procesal.

En la instancia, en base a las consideraciones referidas, el retiro del expediente de marras por la Dra. Glenda Amado en su carácter de representante de uno de los accionantes con fecha 9 de febrero/09 (ver fojas 58 vta.) implicó la notificación de la intimación al pago de la tasa, por lo que razón le asiste al organismo fiscal que operó el vencimiento del plazo para el pago; y por ende el derecho que le asiste a imponer la multa derivada del incumplimiento, en el marco de las atribuciones que le son propias.

En nada se modifica la conclusión arribada por el hecho de que se hayan presentado ambas partes en el inicio del proceso en procura de homologar un convenio, ni tampoco que en él se disponga el pago de los gastos del proceso por mitades, toda vez que ello son cuestiones a resolverse con el dictado del decisorio definitivo y ajenas a las pretensiones del organismo recaudador.

Asimismo, las expresiones de la agraviada en el sentido que el obligado al pago es su poderdante y que no estamos en presencia de un proceso contradictorio, tampoco resultan acertadas, teniendo en cuenta que la norma del art 371 1º parte del C. Fiscal aludida ut-supra, extiende la responsabilidad en el pago más allá de la parte a "sus representantes". Y, asimismo las enunciaciones efectuadas en su 2º apartado, no resultan aplicables en oportunidad de la notificación del monto de tasa, tal situación de autos, sino a las consecuencias del incumplimiento en término del pago del tributo.

Finalmente, concerniente al planteo de inconstitucionalidad del art. 317 del C. Fiscal, contestes con lo dictaminado por la Sra. Fiscal de Cámara, deviene en abstracto, en razón de que la ley 5040/76 ha derogado la norma cuestionada.

Por lo expuesto, se rechaza el recurso de apelación interpuesto en subsidio a fojas 70. Con costas al vencido (arts. 67 y 68 del CPCC).

REGÍSTRESE, notifíquese y baje.