Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-12-23


2º Instancia.- Buenos Aires, diciembre 23 de 2008.

¿Se ajusta a derecho la resolución apelada? El doctor Russo dijo:

Antecedentes:

1. La empresa Strand S.A., por apoderado y en sede civil, interpuso la presente demanda contra la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (en adelante ex MCBA) por el cobro de pesos cuarenta mil doscientos setenta y seis con 75/100 ($ 40.276,75) "...correspondientes a la factura Nro. 1257, de fecha 12/05/96, imputables a la orden de compra 146/95" (v. fs. 123). En la misma oportunidad solicitó la aplicación de los intereses a la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina a la suma indicada.

Sostuvo que con fecha 17/11/95 la Dirección General de Compras y Contrataciones (en adelante DGCC), previa invitación a participar de la licitación Nº 275/95 en su calidad de proveedor de luminarias, le notificó la preadjudicación a su favor de los renglones 2, 9 y 10 del Pliego A, haciéndole saber que la misma tendría principio de ejecución con fecha 17/11/95.

Agregó que, en cumplimiento de la Orden de Compra, la mercadería fue entregada a través del remito nº 3177 de fecha 19/12/95, emitiendo la ex MCBA parte de recepción definitiva el día 29/12/95.

Señaló que satisfechos los recaudos establecidos en el pliego licitatorio, remitió factura Nº 1257 por la suma reclamada, la que, según sus dichos no le fue abonada.

Aclaró que la DGCC le fijó una multa de trescientos veintidós pesos con 05/100 ($ 322,05) "...por haber demorado 15 días en la entrega de la mercadería, ello conforme disposición 159 del 26/06/1996" (v. fs. 123 vta.).

Manifestó haber cumplido con los requisitos establecidos por el Decreto 225GCBA-96 y que con fecha 29/8/97 se le comunicaron una serie de opciones a los efectos de la cancelación de la deuda, por lo que su parte llevó a cabo una contrapropuesta, que no fue contestada por la Administración.

2. Corrido el traslado correspondiente, habiéndose declarado incompetente el juez civil, recepcionadas las presentes actuaciones en este fuero y quedando habilitada la instancia según surge de la constancia obrante a fs. 323, la litis quedó integrada en los términos de la contestación de demanda que luce a fs. 329.

3. Abierto el período probatorio -fs. 336- y clausurado aquel -fs. 398-, a fs. 439 dictó sentencia la Sra. Juez de primera instancia quien hizo lugar a la demanda incoada por la empresa Strand SA, condenando a la demandada a abonarle la suma de cuarenta mil doscientos setenta y seis pesos con 75/100 ($ 40.276,75) con más los intereses a la tasa pasiva mensual -de acuerdo a lo establecido en el pliego licitatorio-, desde el 12/02/96, fecha de presentación de la factura nº 1257, hasta el día del efectivo pago.

Impuso las costas al GCBA vencido y difirió la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes hasta el momento en que exista liquidación final aprobada.

Para así decidir y luego de llevar a cabo un minucioso detalle de los antecedentes de la causa y de las probanzas arrimadas tanto al expediente administrativo como a los presentes, manifestó que la pretensión de la actora se ceñía en el reclamo de la suma adeudada por suministro de artículos de iluminación. Agregó que la demandada rechazó el monto pretendido por la actora y solicitó expresamente que se hiciera lugar a la demanda articulada.

Señaló que el GCBA, con el parte de recepción definitiva 268524 de fecha 29/12/95 certificó la entrega de la mercadería por un total de $ 40.276, 75 al 19/12/95, advirtiendo que la entrega del renglón 10 fue realizada el 19/12/95, es decir con 15 días de retraso, por lo que la Dirección General de Compras y Contrataciones (DGCC) le impuso una multa de trescientos veintidós pesos con 05/100 ($ 322,05).

Agregó que más allá del atraso producido en la entrega de las luminarias, se acreditó que la actora cumplió con la provisión de mercaderías, no siendo objeto de reclamo alguno la mora parcial en la que incurrió.

Sostuvo que el Decreto Nº 225/96 preveía un procedimiento de verificación de deudas, el que se vio sellado con las opciones de pago formuladas por la Administración, crédito que, de acuerdo a las probanzas de autos no le fue abonado a la actora.

Alegó la sentenciante de grado que en momento alguno la demandada refutó concretamente la deuda existente y la prueba a sus efectos producida, "...con la salvedad del descuento en concepto de multa impuesta por $ 322,05 por atraso en la entrega del renglón 10..." (v. fs. 444 vta.).

En este marco hizo hincapié en la pericial contable obrante a fs. 374/78, mediante la que se concluyó que la deuda documentada mediante la factura nº 1257 no había sido cancelada, por lo que determinó que la obligación de la demandada había sido incumplida.

4. A fs. 449 la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires apeló la sentencia de grado, remedio procesal concedido a fs. 452.

5. A fs. 458 expresó agravios la demandada, quien se quejó porque entendió que la falta de entrega en término de la mercadería, que ocasionó la aplicación de la multa de trescientos veintidós pesos con 05/100 ($ 322,05), no puede ser ignorada por la sentenciante de grado.

En este marco consideró que "...resulta preciso deducir del precio de la misma el importe de la multa aplicada, y no percibida por la administración" (v. fs. 458 vta.). Por ello manifestó que no deben calcularse intereses por mora sobre el monto íntegro de la factura emitida por la actora.

Agregó que su parte, en la contestación de demanda, a diferencia de lo concluido por la Sra. Juez a quo introdujo el tema de la multa, no siendo necesaria la reconvención o la oposición como acción.

Por lo expuesto solicitó se revoque el decisorio de grado, rechazando el pago total pretendido por la demandante, "...limitando dicho pago al monto nominal de la factura emitida, sin intereses" (v. fs. 459).

6. Corrido que fuera el traslado de ley, a fs. 463 contestó agravios la actora, pasando los presentes al acuerdo según constancia de fs. 465.

Considerando: 1. En primer lugar, resulta oportuno recordar que todos aquellos puntos que no han sido objeto de agravio se encuentran firmes y por lo tanto no compete a este Tribunal su revisión ni estudio. En efecto, no puede soslayarse que "... todos aquellos puntos o tópicos de la sentencia que no han sido motivo de cuestionamiento, deben considerarse consentidos y, como consecuencia del principio dispositivo, cobra plena virtualidad el brocárdico tantum devolutum quantum appellatum (ínsito en los artículos 242 y 247 del Código Contencioso Administrativo y Tributario), que demarca los límites de actuación de la alzada sobre la base de existir un elemento condicionante: el agravio" (esta Sala in re "G.C.B.A. c/González Aurelio s/ejecución fiscal" - Expte. Nº: EJF 18.974, 27/3/01; "G.C.B.A. c/Titular Plan de Facilidades Solicitud 029607 s/ejecución fiscal" - Expte. Nº EJF 99.324, 3/4/01; entre muchos otros).

Ahora bien, conforme se ha dicho, constituye deber de los jueces respetar el llamado principio de congruencia (arts. 27, inc. 4º, y 145, inc. 6º); esto es, que las decisiones adoptadas guarden coherencia con el tenor de las peticiones formuladas por las partes. De ese modo, la expresión de agravios no puede versar sobre puntos no sometidos a la decisión del juez de primera instancia, por cuanto se halla vedada a la Cámara la posibilidad de emitir pronunciamiento sobre aquéllos (art. 247 del CCAyT, similar al art. 277 del ordenamiento nacional) (esta Sala en autos "Infante, Saúl Oreste c/G.C.B.A. s/medida cautelar", 7/2/02; Seijas, Gabriela en Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, Balbín, Carlos F. (director), Buenos Aires, Lexis Nexis, 2003, p. 498; Palacio, Lino Enrique, Derecho Procesal Civil, t. V, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1993, º 599, p. 268; Fenochietto, Carlos E., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación - Comentado, Anotado y Concordado, t. 2, Buenos Aires, Astrea, 2001, 2º ed. actualizada y ampliada, pp. 117/9).

2. Sentando lo anterior, es necesario aclarar que no se discute en autos la existencia de la deuda que la actora reclama. Es más, es el propio GCBA quien a fs. 459 solicitó se limite el pago a la suma nominal reclamada, sin intereses.

Es decir que la queja se ciñe en forma exclusiva al cálculo de los intereses sobre el monto de la factura adeudada, todo ello en atención a la multa aplicada a la actora.

En estas condiciones se hace necesario destacar que en momento alguno la demandada contradijo el hecho de la deuda correspondiente a la factura Nº 1257 por el monto de cuarenta mil doscientos setenta y seis pesos con 75/100 ($ 40.276,05), en concepto de luminaria y proyector, tal como se detalla en la documental anejada a fs. 277.

Por otra parte, el criterio descripto en el parágrafo que antecede ha sido ratificado por la pericial contable obrante a fs. 378 que da cuenta que el importe mencionado "...figura como crédito a cobrar, adeudado por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. (...) la deuda documentada en factura de Strand S.A. número 0000-00001257 por S40.276,75 no ha sido cancelada".

3. Ahora bien, aclarado lo anterior, corresponde dilucidar si la pretensión de la demandada, esto es, la no aplicación de los intereses por la multa que le fuera impuesta a la actora -v. fs. 225- por retraso en la entrega de la mercadería, tendría favorable acogida en esta instancia.

En este marco, debo destacar que la multa impuesta, lo fue en virtud de lo determinado por el Decreto Nº 5720/72 que disponía en su inciso 118: "las prórrogas concedidas según lo dispuesto en el inc. 91 determinarán en todos los casos la aplicación de una multa por mora en el cumplimiento del contrato. Dicha multa será del 1% del valor de lo satisfecho fuera del término originario del contrato por cada 7 días de atraso o fracción mayor de 3 días".

Si bien es cierto que la empresa actora no cumplió en término con la entrega acordada de la mercadería y esto no ha sido motivo de discusión en la presente, no lo es menos que la pretensión en estos actuados se enmarca en la factura adeudada por la Administración en concepto de luminarias efectivamente entregadas a sus correspondientes fines.

Así las cosas, entiendo que no es objeto del reclamo por el que se originara la causa bajo examen la correspondencia de la multa, sino la deuda pendiente que posee la demandada en autos con la empresa Strand S.A.

Yerra la Administración cuando supone que la existencia de aquella penalidad debería integrar, a los fines resolutorios, la pretensión de fondo, cuando en realidad el thema decidendum es el cobro de la factura impaga, habiendo introducido la existencia de la multa en forma generalizada e infundada de acuerdo a la contestación de fs. 329 vta., último párrafo.

3.1. Aclarado este marco, corresponde analizar la aplicación de los intereses sobre la deuda que mantiene la demandada con la empresa actora.

Ha dicho la doctrina ha definido a los intereses "...como 'los aumentos que las deudas pecuniarias devengan en forma paulatina, durante un tiempo dado, sea como precio por el uso de un dinero ajeno, o como indemnización por un retardo en el cumplimiento de una obligación dineraria', en la cual engloba a los intereses "compensatorios" que se deben por el goce de un capital ajeno, y a los "moratorios" adeudados como indemnización por el retardo del deudor en el cumplimiento de una obligación dineraria, los que por ello presuponen una conducta antijurídica, sea por violación de la ley o por incumplimiento contractual" (Félix A. Trigo Represas, Intereses, LA LEY, 2008-D, 1132 citando a Busso).

A su vez Galli expresa que "el interés como obligación única en las obligaciones de dinero puede responder lo mismo al concepto de daño emergente que al de lucro cesante. El acreedor que espera la suma debida para aplicarla a la producción de renta, recibe el interés como daño del retardo, en la categoría de utilidad dejada de percibir. El acreedor que necesita la suma que le es debida, para hacer frente a una obligación y al no recibirla tiene que pagar interés para recibirla en préstamo, compensará con el interés moratorio, el empobrecimiento que su patrimonio sufre con el retardo" (Salvat, Raymundo M., Tratado de Derecho Civil Argentino, TEA, Buenos Aires 1954. pág. 433).

Asimismo, la cláusula inserta en el pliego licitatorio actuaría, en la especie, como una cláusula penal, en concepto de resarcimiento por el tiempo en el que no se abonó el servicio efectivamente cumplido.

Ha sostenido la jurisprudencia que: "Los intereses punitivos o moratorios se pagan en concepto del perjuicio sufrido por el acreedor por el retardo incurrido por el deudor en el cumplimiento de sus obligaciones. Por su naturaleza, constituyen una sanción resarcitoria, una verdadera cláusula penal" (in re "A.N.A. c/Marino, Carlos Hugo s/Ejecución fiscal. 7/12/92. C. Nac. Cont. Adm. Fed., sala IV).

Lo antedicho demuestra a las claras que el retraso articulado en relaciones contractuales como las que aquí se analizan, generan un daño en la utilidad financiera de quien fuera prestador del servicio que oportunamente se licitara.

Tal como puede observarse, y también lo han entendido así las partes, según obra en las cláusulas generales de pliego licitatorio -fs. 56/58, art. 19, "Forma de Pago"-, el solo transcurso del tiempo, mora del deudor en el abono de lo debido, genera la aplicación de intereses -en el caso a la tasa pasiva promedio publicada por el Banco Central de la República Argentina-.

Es decir que, atento lo expuesto, la mora de la Administración devengaría los intereses ya pactados en las "Condiciones Generales", lo que, en concordancia con lo expuesto por la magistrada de grado, resolvería la cuestión pretendida por la empresa Strand S.A.

Eventualmente, y en el supuesto de la multa introducida por la demandada, aquella podrá ser motivo de compensación por la vía que corresponda, sin ello influir en el abono de la factura en cuestión con más sus intereses aplicados de acuerdo al pliego licitatorio al que se han ajustado las partes.

Por todo lo hasta aquí expresado, entiendo que la sentencia de grado debe ser confirmada en todo cuanto ha sido motivo de queja.

4. La regulación de los honorarios de los letrados intervinientes, será diferida hasta tanto exista liquidación final aprobada.

5. Las costa de esta Alzada, serán impuestas a la demandada vencida, por no existir motivos suficientes que hagan apartarme del principio objetivo de la derrota (art. 62 CCAyT).

Por todo lo expuesto, y en caso de que mi voto fuere compartido, propongo al acuerdo: I. Confirmar la sentencia de primera instancia. II. Diferir la regulación de los honorarios de los letrados intervinientes para el momento en que exista liquidación final aprobada. III. Imponer las costas de esta instancia a la demandada vencida (art. 62 CCAyT).

La doctora Daniele por los fundamentos expuestos por el doctor Russo, adhiere a su voto.

Por lo antedicho, este Tribunal resuelve: I. Confirmar la sentencia de primera instancia. II. Diferir la regulación de los honorarios de los letrados intervinientes para el momento en que exista liquidación final aprobada. III. Imponer las costas de esta instancia a la demandada vencida (art. 62 CCAyT).- Eduardo A. Russo.- Nélida M. Daniele.