Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-02-05


En la ciudad de Esquel, Provincia del Chubut, República Argentina, a los CINCO días del mes de febrero del año dos mil siete, se reúne en Acuerdo la Excma. Cámara de Apelaciones del Noroeste del Chubut, bajo la Presidencia del Dr. Jorge Luis Früchtenicht y con la asistencia de los Sres. Jueces de Cámara Dres. Günther Enrique Flass y Benjamín Moisá, a fin de dictar sentencia definitiva en los presentes autos caratulados: "G., J. c/ M., S. M. y otro s/ Ordinario" (Expte. Nº 159/06 CANO), venidos en apelación a esta Alzada.

Practicado el sorteo establecido por el art. 268 del CPCC, correspondió el siguiente orden para la votación: Dres. FLASS - FRÜCHTENICHT - MOISÁ.- Acto seguido se procedió a plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia apelada de fs. 191/195? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.- A la PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Flass dijo:- A fs. 11/15 vta. el Sr. J. G. demanda a los Sres. S. M. M. y E. F. por cumplimiento contractual más daños y perjuicios.

Relata el actor que los demandados le habían encomendado cortar seis álamos, construir un pilar de luz, limpiar el terreno y levantar cuatro cabañas.

Después de construir el pilar, talar y limpiar el terreno se encontraba erigiendo la primer cabaña cuando sorpresivamente, en diciembre de 2004, los comitentes desistieron de la obra.- A fs. 37 contestan los demandados reconociendo haber contratado al actor para cortar seis álamos, construir un pilar de luz, limpiar el terreno pero construir sólo una cabaña y no cuatro; dicen que el actor no ha concluido la obra encomendada abandonándola unilateral e inexplicablemente; declaran haber pagado la totalidad de los trabajos efectivamente realizados acompañando recibos pertinentes por $5.597.- A fs. 191/195 se dicta sentencia rechazando la acción.

Según el Sr. Juez a quo el actor no demostró haber realizado trabajos por un valor superior al efectivamente abonado ni probó que el distracto obedeciera a una decisión unilateral del demandado.- A fs. 198 apela el actor expresando agravios a fs. 206/207 vta. donde pone de resalto un error de tipeo en la cita al art. 1638 C.Civ., acusa de negligente a la contraparte por no presentar alegatos, califica de falsarios a los testigos y tacha de oscura a la sentencia.

Estas manifestaciones no constituyen crítica detallada de la sentencia y no pueden considerarse como agravios.

Por el contrario, si han de considerarse conducentes los siguientes: 1) El intercambio epistolar de las partes previo a la litis ha sido apreciado arbitrariamente; 2) No se consideró que el precio pactado era ($200.- el metro cuadrado) fue presupuestado con la expectativa de construir cuatro cabañas y no de una sola, siendo por lo tanto inferios al común en plaza; 3) Se subvaluaron los trabajos efectivamente realizados sin tener en cuenta el precio pactado ni el valor de mercado; 4) Es contradictorio reconocer la realización de trabajos y paralelamente tener por no acreditada la ejecución de obra; 5) Se sobreestimó el testimonio de la Sra. N. sin advertir que mantenía una relación contractual con el actor y paralelamente se consideró poco convincentes el resto de los testimonios producidos por el actor, y 6) No se tuvo en cuenta el daño al interés positivo en la construcción de al menos dos cabañas conforme quedó acreditado con el testimonio del Sr. G. .- Resulta ineludible hacer algunas consideraciones previas: El art. 1638 C.Civ. permite que el dueño de la obra desista del contrato indemnizando al comitente por los daños causados, en consecuencia, para ser resarcido, este último ha de probar en primer lugar la existencia y extensión del contrato de locación de obra, en segundo lugar que el dueño de la obra desistió de ella (expresa o tácitamente) y en tercer lugar que se han dado los requisitos necesarios para la procedencia de cualquier acción de daños (daño causado, antijuridicidad, relación de causalidad, factores de atribución).-- El art. 1193 C.Civ. prohíbe probar por testigos los contratos que tengan por objeto una cantidad de mas de $10.000.

Este principio conocido como "lettres passent temoins" fue introducido en Francia por la ordenanza de Moulins de 1566 pasando al art. 1341 del Código Napoleón y de allí a casi todo el sistema continental.

Según LOPEZ DE ZAVALIA "Dos son los motivos que han llevado a la formulación de ambas reglas: El temor a la posibilidad de soborno de los testigos, cuya memoria, por lo demás, aun suponiéndolos honrados, es siempre frágil, y la conveniencia de evitar los litigios, disminuyendo su número al exigir una prueba preconstituida" (LOPEZ DE ZAVALIA, Fernando J. "Teoría de los Contratos.

Parte General" Ed. Victor P. De Zavalía, 3ª edición, Bs. As. 1984, Pág. 290) A ello podríamos agregar que el legislador ha querido promover la forma escrita para los contratos de cierta trascendencia económica en resguardo de la seguridad jurídica, de manera tal que si las partes han optado por la forma verbal deben afrontar las consecuencias y asumir el riesgo que la limitación probatoria implica en caso de incumplimiento de la contraparte.-- Según el propio actor el valor de la obra era superior a $109.212, en consecuencia la existencia y extensión del contrato no podían ser acreditados por testigos (art. 1193 C.Civ.).

Ahora bien, nada obsta a que esta prueba, la de testigos, se utilizara para lo contrario, es decir para demostrar o dar indicios sobra la inexistencia y limitación del contrato pues en este último caso rige el principio de amplitud de medios no derogado expresamente por la norma.- En síntesis, era carga del actor demostrar: a) Que existía un contrato y cuál era su extensión, no pudiendo para ello recurrir a la prueba testifical, b) Que el demandado había desistido unilateralmente; c) Que el desistimiento le había provocado un daño.

La ausencia de prueba sobre cualquiera de estos extremos signa fatalmente el fracaso de la acción.

En los autos de marras el actor no ha podido demostrar el desistimiento del demandado y si bien ha logrado acreditar la existencia del contrato no así su contenido ni -por ende- el perjuicio causado, razón más que suficiente para confirmar la sentencia apelada, sin embargo en resguardo al derecho adjetivo de las partes y a fin de darle plena satisfacción voy a avocarme al análisis pormenorizado de sus agravios.- Valoración del intercambio epistolar: Sugiere el recurrente que el a quo actuó con parcialidad pues sólo tuvo en cuenta la omisión de referencia a la resolución del contrato en la carta documento del actor, soslayando que el demandado también omitió referirse en su respuesta al abandono del actor.

No nos explica el recurrente qué perjuicio se desprende de ello para su parte pero puede deducirse que encuentra arbitraria la apreciación de la prueba.

El a quo introduce el párrafo en cuestión cuando analiza el desistimiento del comitente y en este contexto carece de total interés si el demandado, al ser interpelado al pago, invocó o no abandono de obra, pero por el contrario, si el actor aparte de intimar el pago de pesos hubiera interpelado a su cocontratante para que le permita terminar la obra o al menos aclarar su situación, habría dejado una importante constancia; es eso lo que dice el Sr. Juez de grado y le asiste plena razón.

No considero que la prueba se haya valorado arbitrariamente y adelantando mi voto por el rechazo.- 2) Precio de obra: Se agravia el recurrente de que se haya tomado como precio unitario de obra la suma de $200 el metro cuadrado pues - según dice - la misma fue presupuestada teniendo en cuenta la cantidad es decir partiendo del convencimiento de que construiría cuatro cabañas y no una.-- Tal como dije, era carga del actor probar no sólo la existencia del contrato sino también su contenido.

Nada de esto logró el recurrente.

No demostró que se le había encargado la construcción de cuatro cabañas (solo acreditó haber trabajado en parte de una de ellas), mucho menos probó que el precio por metro cuadrado haya sido presupuestado en vistas a la cantidad de trabajo constituyendo ello, en el mejor de los casos, una reserva mental sin exteriorizar y como tal, carente de relevancia. Cierto es que el actor produjo numerosos testimonios respecto a que se le había encomendado la construcción de cuatro cabañas pero -reitero- tal prueba no puede ser tenida en cuenta a tenor de lo dispuesto en el art. 1193 C.Civ., por otro lado a fs. 151, el Sr. G. dijo que el demandado le pidió presupuesto para proyectar dos cabañas y construir una; esto demuestra en forma contundente que las intenciones del Sr. F. era que el actor elaborara sólo una cabaña ya que estaba averiguando precios para la construcción de la otra.

El testimonio -en el razonamiento precedente- no refiere a la existencia del contrato sino a su inexistencia, razón por la cual constituye prueba hábil.- 3) Precio de los trabajos efectivamente realizados: Se agravia el recurrente de que el a quo haya valuado los trabajos realizados en una suma exactamente igual a la pagada por los demandados, sostiene que no se tuvo en cuenta ni las constancias de autos, ni el precio de mercado ni el valor de obra pactado.-- El actor tenía la carga de probar que el valor de las obras realizadas excedían lo pagado al momento del distracto y si no lo hizo no hay por que presumir dicho exceso. La estrategia procesal estaba al comienzo bien planteada pues la forma mas adecuada de demostrarlo era la experticia arquitectónica, mas el actor, sorprendentemente desistió de ella.

Por sus propios dichos podemos saber que el desistimiento de la prueba obedeció al convencimiento de que el juzgador podía fácilmente evaluar multiplicando el valor de obra pactado por los metros cuadrados construidos, sin embargo olvidaba el actor que la construcción no se encontraba terminada, en consecuencia la operación matemática pretendida sería injusta.

Recordemos que: primero no existen pruebas en autos -mas allá de los dichos de la propia actora- respecto a que la obra se hubiera limitado a "sólo la estructura de la cabaña"; segundo si la obra se hubiera limitado a "sólo la estructura", estaría concluida, no habría desistimiento del comitente sino solo una obligación de pagar el saldo, supuesto -este último- completamente distinto al planteado por el actor en la demanda y contemplado en el art. 1638 C. Civ., tercero, cuando el Sr. G. presupuesta la construcción de la totalidad de una cabaña (no sólo su estructura) calcula el precio entre $230 a $250 el metro cuadrado pero reconoce que el mismo era elevado pues dice "obviamente me lo rechazó", esto evidencia que los $200 el metro cuadrado era un precio adecuado para la construcción de la totalidad de una cabaña y no sólo de su estructura.

De todo esto concluyo que el a quo no tenía forma de saber el valor de lo hasta ese momento construido ya que no es perito arquitectónico y cualquier actividad de oficio encaminada a determinarlo hubiera implicado suplir la negligencia de la parte lo cual es absolutamente contrario al principio dispositivo propio de este tipo de procesos.

En síntesis, no es que -como sostiene el recurrente- el a quo hubiera valuado lo construido en una suma igual a la pagada sino simplemente que el recurrente no cumplió su carga procesal de demostrar que el precio de lo construido superara el valor de lo pagado y en consecuencia el a quo consideró -correctamente- que tal exceso no existía.

Es por lo expuesto que voy a votar por el rechazo de este agravio.-- 4) La contradicción de la sentencia: Según el actor la sentencia es contradictoria pues reconoce la realización de algunos trabajos y paralelamente tiene por no demostrada la ejecución de la obra.

Nuevamente considero se equivoca el recurrente.

Lo que el a quo sostiene es que el actor no logró demostrar la realización de trabajos que superen el precio pagado y no la ausencia total de obras, a mayor abundamiento cito en forma textual la sentencia: "Y si bien la responsabilidad del locador con motivo del abandono de la obra no enerva su derecho al cobro de los trabajos ya realizado (art. 377 del C.P.C.y C. y 1637 del Código Civil), no demostró el actor que haya ejecutado mas trabajos en la obra que por el precio recibido hasta el abandono de la obra.

Conforme lo llevo dicho desistió de la prueba pericial encaminada hacia ello".

Concluyo entonces que no hay contradicción alguna en la sentencia sino errónea interpretación por parte del recurrente y el agravio resulta insostenible.- 5) La obligación de la actora: Se agravia la recurrente de que el Sr. Juez a quo haya considerado fundamental el hecho de que la cabaña quedó inconclusa olvidando que la obligación del actor era sólo realizar la estructura.

Este agravio no puede tener -a mi entender- acogida favorable ya que resulta contradictorio con los dichos de la propia actora.

En efecto, en su escrito de demanda, más precisamente a fs. 11 vta., dice que el objeto del contrato era la construcción de cuatro cabañas sin especificar que su obligación se limitaba sólo a la estructura de las mismas, en consecuencia acierta el Sr. Juez a quo al considerar como dato fundamental el hecho de que la obra no se encontraba concluida.

Por otro lado, no hay por que suponer que en un contrato de locación de obra la obligación del comitente se limitará a parte de la misma y no a la totalidad.-- 6) El testimonio de la Sra. F. N. (fs. 150): El a quo ha considerado indubitable y de fundamental importancia el testimonio de la Sra. F. N..

Dice el recurrente que la testigo es parcial, pues G. le adeudaba alquileres.

La hipótesis no parece creíble pues en la respuesta a la pregunta nº 1 la deponente declara que G. nada le debe y en la respuesta a la pregunta 12 reitera que el susodicho le pagaba siempre.

Si G. hubiera tenido algún conflicto con N. debió probarlo, caso contrario no hay por que dudar del testimonio.

Hay una circunstancia que no puedo dejar de destacar: Salvo la Sra. N., todos los testigos en autos guardaban o guardaron relación contractual o de amistad con la parte que los propuso.

El testimonio de la Sra. N. tiene la particularidad de que si bien tuvo una relación contractual con la actora fue propuesta por la demandada lo cual justifica la preferencia en el grado de convencimiento que le otorgó el a quo no habiendo motivo de crítica para tal proceder racional. Del testimonio de la Sra. N. surge que fue el actor (y no el demandado) quien desistió unilateralmente del contrato, motivo suficiente para proceder al rechazo de la acción.

Recordemos que G. debía probar el desistimiento de F. y M. para que proceda su pretensión resarcitoria; aquí quedó demostrado justamente lo contrario asistiéndole razón al a quo cuando dijo que estábamos ante una prueba esencial, es así que voy a votar por el rechazo del agravio.-- 7) Omisión del daño al interés positivo: También se queja el recurrente de que no se haya tenido en cuenta el interés positivo de por lo menos dos cabañas pues sostienen que conforme al testimonio del Sr. G. (fs. 151) queda demostrado que los demandados pretendían construir al menos dos cabañas y no una sola.

Desde ya adelanto mi voto negativo a este respecto.

Recordemos que en doctrina se llama daño al interés positivo a la lesión al interés que tenía el acreedor en el cumplimiento de la prestación de la otra parte (LOPEZ HERRERA, Edgardo "Teoría General de la Responsabilidad Civil" Lexis Nexis Buenos Aires 2006, Pág. 147).

El actor sólo logró probar que comenzó la construcción de una sola cabaña, mas no pudo acreditar que se le hubiera encomendado levantar otras, más ni tampoco surge tal circunstancia del testimonio del Sr. G..

Por el contrario, el deponente declara que el demandado le solicitó que proyectara dos cabañas y le presupuestara la construcción de una sola siendo entonces clara -tal como lo tengo dicho- la intención del demandado de encomendar al actor la construcción de sólo una cabaña ya que para la restante pidió presupuesto a otra persona.

Conforme a lo considerado estimo este agravio debe ser rechazado.- A la misma cuestión, el Dr. Früchtenicht dijo:- Que a fs. 191/195, luce agregada la sentencia dictada por el Sr. Juez de grado, Dr. Claudio Alejandro Petris, de fecha 21 de junio de 2006, registrada bajo el Nro. 39, y su aclaratoria de fecha 26 de junio del mismo año obrante a fs. 197, por la cual resolvió: rechazar en todos sus términos la demanda por cumplimiento de obligación más daños y perjuicios promovida por el Sr. J. G. contra los Sres. S. M. M. y E. F., que fuera promovida a fs. 11/16 de estos autos; imponer las costas del juicio al actor perdidoso por no existir mérito para apartarse del principio objetivo de la derrota que surge del art. 68 del ritual provincial y procede a regular los honorarios de los profesionales actuantes.- Contra el acto jurisdiccional individualizado en el párrafo que precede, se alza en apelación el actor (v. fs. 198), siéndole concedido libremente el recurso articulado a fs. 199 y expresando sus agravios a fs. 206/207 y vta..-- 2. A esta altura, debo advertir que -a juicio del suscripto- los agravios expuestos por el actor en su libelo de fs. 206/207 y vta., lejos están de constituir la crítica concreta y razonada del fallo que exige el art. 265 del C.P.C.C.

Sin perjuicio de ello, y a los fines de emitir mi voto, señalo que individualizo como tales: a) Una apreciación arbitraria del intercambio de misivas entre las partes en forma previa a la interposición de la acción; b) La consideración del precio pactado por metro cuadrado, sin advertir -a juicio del apelante- que el valor señalado lo era en función del volumen de la obra y no por una parte de ella; c) La invocada subvaluación de los trabajos efectivamente realizados; d) La sobrevaluación otorgada al testimonio de la Sra. F. N.; e) La aducida desconsideración al supuesto daño al interés positivo invocado por el actor apelante, y f) La pretendida diferencia a favor del apelante entre los trabajos efectivamente realizados y abonados, que surgiría -según sus dichos- del propio reconocimiento de las partes.- 3. Resumidos así en lo sustancial el contenido de los agravios expuestos por el apelante, estimo que en forma previa corresponde formular algunas consideraciones en orden a la función jurisdiccional y el onus probandi, ya expuestas en mi voto emitido en el Expte N° 96/06 CANO "C. N. B. c/ B. M. T. s/ Laboral".- Así, tengo dicho que "El instante culminante de la función jurisdiccional consiste en decidir lo justo en cada caso concreto; para ello es necesario que el juez verifique las circunstancias fácticas traídas a su conocimiento.

En este esquema, la finalidad de la actividad probatoria consiste en crear en el juzgador la convicción acerca de la existencia o inexistencia de los hechos alegados por las partes en la estación procesal oportuna, los que son motivo del debate y la contradicción, y que no están exentos de prueba.

En el escenario descripto, puede acontecer que la ausencia o insuficiencia de los elementos probatorios incorporados al proceso no llegue a producir en el juez dicha certeza.

Sin embargo, no debe dejar de emitir su pronunciamiento: nuestro orden jurídico le exige una resolución o sentencia.

"En torno a la carga de la prueba, podemos afirmar sin hesitación que esta noción comprende dos variables que se interactúan recíprocamente: a) Constituye un regla para el juez porque le indica como debe fallar acerca del fondo de la controversia cuando exista ausencia de prueba sobre los hechos alegados por las partes sobre los cuales debe fundar su decisión, y b) Es una regla de conducta para las partes, pues les señala cuales son los hechos que a cada una le interese probar a fin de evitarse las consecuencias disvaliosas que provoca la incertidumbre sobre aquéllos.

Así, la esencia operativa de esta afirmación radica en la indicación dada al juzgador acerca del contenido de la sentencia que debe pronunciar en caso que no pueda comprobar la verdad de una afirmación de hecho.

En este supuesto, debe dictar su fallo en contra de la parte sobre la que recae la carga de la prueba con respecto a la alegación de hecho no acreditada (cfr. ROSEMBERG, Leo; "La carga de la prueba"; EJEA; Bs. As.; 1956; pág. 2).

Ello nos muestra que debe decidirse sobre el onus probandi al final del proceso (cfr. EISNER, Isidoro; "La prueba en el proceso civil"; Bs. As. 1964; pág. 54), sin perjuicio de la importancia que reviste para el juzgador tenerlo presente al momento de recepcionar cada uno de los medios de prueba ofrecidos por las partes en función de la resolución definitiva del litigio (v. ROSEMBERG, Leo; op. cit., pág. 65).- "Así también, la noción de carga de la prueba indica a quién corresponde evitar que falte la prueba de cierto hecho, para no padecer sus efectos perjudiciales (cfr. DEVIS ECHANDÍA, Hernando; "Teoría General de la Prueba Judicial"; Bs. As.; 1970; tº I, pág. 424 y PALACIO, Lino Enrique; "Derecho Procesal Civil"; Bs. As.; 1972; Tº IV; pág. 363).-- "Resulta entonces que la carga no significa la obligación de probar ni tampoco necesidad que la prueba proceda de una determinada parte: implica estarse a las consecuencias que la prueba se produzca o no, ya que en virtud del principio de la comunidad procesal el material probatorio incorporado al proceso surte todos sus efectos, cualquiera sea la parte que lo haya suministrado (cfr. SENTÍS MELENDO, Santiago; "Teoría y práctica del proceso", Ed. Jurídicas Europa- América; Bs. As.; 1959; t. III; pág. 200).

De esta manera y para las partes, funciona como un principio de autorresponsabilidad y probidad procesal, aunque meramente facultativo pues el litigante es libre de probar o no, sin otra consecuencia -en caso de no hacerlo- que la de perder la "ventaja" que le podría haber aparejado su eficaz y oportuno cumplimiento (cfr. RAMACIOTTI, Hugo; "Compendio de Derecho Procesal Civil y Comercial de Córdoba"; Depalma; Bs. As.; 1978; t. I, pág. 535).- "De lo hasta aquí expuesto con la cita de grandes maestros del derecho procesal, podemos colegir que la responsabilidad probatoria no supone, pues, ningún derecho del litigante adversario, sino antes bien, un imperativo del propio interés de cada parte y una derivación de la bilateralidad; constituye una circunstancia de riesgo que consiste en que quien no acredita los hechos que invoca como fundamento de su derecho, pierde el pleito.

Puede, entonces, quitarse esa carga probando y esto no es más que una situación atinente a cada parte.

Por todo ello, los dos aspectos que integran la noción de onus probandi están íntimamente relacionados, pues una vez decidido qué debe constar para que venza el demandante o el demandado, se ha resuelto al mismo tiempo a quien perjudica la ausencia de prueba (cfr. ROSEMBERG, Leo; op. cit. Pág.37)".- En la inteligencia descripta, se impone adelantar mi voto en el sentido de confirmar en todas sus partes la sentencia apelada, pues no observo en los conceptos vertidos por el apelante en su escrito de fs. 206/207 y vta. mérito suficiente para enervar lo resuelto por el a quo, sin perjuicio de señalar que - a juicio del suscripto- la sentencia agregada a fs. 191/195 resulta ajustada a derecho, por las razones que a continuación consideraré.- 4. Que como bien lo señala el vocal que me precedió en el voto, Dr. Günther Enrique Flass, el art. 1638 del código sustantivo dispone que cuando la obra fuese ajustada por pieza o medida, sin designación del número de piezas o de la medida total, el contrato podrá resolverse por una u otra de las partes.

Tal previsión supone la existencia de un contrato de locación de obra, cuya acreditación, por imperio de la manda contenida en el art. 1195 del mismo plexo formativo, debe hacerse por escrito y no pueden ser probados por testigos.- Sin perjuicio de lo dicho, aceptamos la existencia del contrato en virtud de los reconocimientos contenidos en los escritos constitutivos de la presente litis y la prueba efectivamente producida, toda vez que la prohibición contenida en el art. 1193 adquiere virtualidad ante el desconocimiento de la relación contractual entre las partes.

En el marco descripto, la apreciación del intercambio epistolar habido entre las partes en forma previa al inicio de estos autos, no compromete el resultado final del acto jurisdiccional atacado, por lo que el primer agravio indicado, debe ser rechazado.- En lo referente al segundo agravio que identifiqué como b), debo señalar que el agravio invocado constituye una variable que atraviesa este conflicto, pero que responde a cuestiones de oportunidad o conveniencia debidamente merituadas por el actor al momento de celebrar su acuerdo, y acerca de las cuales no corresponde avanzar por cuanto no ha sido acreditado el extremo invocado por el apelante.

El agravio en cuestión, guarda relación con el supuesto daño al interés positivo que identifiqué como e), sobre el que me expediré más adelante.

Por lo tanto, dicho agravio debe ser también desestimado.-- En orden a la invocada subvaluación de su trabajo aducida por el actor, la misma no resulta ser tal, por las razones invocadas en el párrafo que precede, atento lo cual este agravio debe también desestimarse.

En cuanto a la valoración que hace el a quo de los dichos de la testigo F. N., y habiéndose practicado tal valoración conforme a las reglas de la sana crítica que el ritual provincial impone al juzgador en su art. 456. en su consecuencia, el agravio invocado debe rechazarse.- Debo referirme ahora al supuesto daño al interés positivo invocado como agravio por el actor (v. fs. 207 vta.).

En relación con dicho instituto, cabe advertir que no se encuentra específicamente consignado en nuestro Código Civil, circunstancia que no es de extrañar pues su elaboración científica resulta posterior a la sanción de aquél.

Mas, su aplicación resulta viable si se atiende al racional funcionamiento de los principios jurídicos que gobiernan el derecho contractual y de daños.

Así, se lo ha definido como aquél que "...engloba las perspectivas favorables que el acreedor podía legítimamente esperar como resultado del cumplimiento de la obligación.

Por esto, se lo denomina también "interés de cumplimiento" (LLAMBÍAS, Jorge Joaquín; "Tratado de Derecho Civil - Obligaciones"; Tº I; Abeledo Perrot; Bs. As.; 1983; p. 294).-- De los hechos que surgen de autos, no aparece siquiera medianamente acreditado la existencia de tal interés en la persona del actor, que lo habilite a reclamar en orden a la frustración de los beneficios con que contaba y que se fundaban en la virtualidad de su título.

Por ello, tal agravio deberá desecharse.- Por último, y en relación a la pretendida diferencia a favor del apelante entre los trabajos efectivamente realizados y abonados, que surgiría -según sus dichos- del propio reconocimiento de las partes, debo coincidir con el voto del vocal preopinante en cuanto correspondía al actor la carga de probar que las obras realizadas excedían el valor de los montos efectivamente pagados al momento del distracto y siendo que en autos no se ha realizado la pertinente pericia arquitectónica -desistida precisamente por el propio accionante (v. fs. 109)- la valoración formulada por el a quo se me aparece ajustada a derecho, por lo que el agravio debe rechazarse.- A la SEGUNDA CUESTION el Dr. Flass dijo:- Conforme a lo adelantado al expedirme respecto a la primer cuestión voy a votar por: 1) CONFIRMAR la sentencia de primera instancia en todos sus términos; 2) IMPONER las costas de esta instancia al recurrente vencido conforme principio objetivo de la derrota (art. 68 C.P.C.y C.), y 3) REGULAR honorarios al letrado patrocinante de la actora, Dr. L. H. F., en la suma de $5.250, con más el IVA pertinente, por la labor desarrollada en esta Alzada (art. 14 Dec. Ley 2.200).- A idéntica cuestión, el Dr. Früchtenicht dijo:-- En orden a las consideraciones vertidas en ocasión de votar la primera cuestión, estimo que corresponde: I) CONFIRMAR la sentencia individualizada en el punto 1. en todas sus partes, y II) IMPONER las costas en esta Instancia al recurrente, regulando los honorarios profesionales al Dr. L. H. F., en la suma de $5.250, con más el IVA pertinente, por la labor desarrollada en esta Alzada (art. 14 Dec. Ley 2.200).-- Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictarse la siguiente:- -S E N T E N C I A Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Excma. Cámara de Apelaciones del Noroeste del Chubut, resuelve:-- 1°) CONFIRMAR, en todas sus partes, la sentencia definitiva obrante a fs. 191/195, de fecha 21 de junio de 2006, registrada bajo el N° 39.- 2°) IMPONER las costas en esta Instancia al recurrente (art. 68 CPCC), regulando los honorarios profesionales al Dr. L. H. F., en la suma de $5.250, con más el IVA pertinente, por la labor desarrollada en esta Alzada (art. 14 Dec. Ley 2.200).- 3°) REGÍSTRESE, notifíquese y devuélvase.- La presente sentencia es dictada por dos Jueces de Cámara por haberse alcanzado la mayoría (arts. 8 y 9 de la Ley 1.130, texto según Ley 4.550) y no haber hecho uso el Dr. Benjamín Moisá de la facultad que le asiste conforme a lo dispuesto por el art. 271, último parte, del C.P.C. y C., texto según Ley 4.550.- JORGE LUIS FRÜCHTENICHT GÜNTHER ENRIQUE FLASS REGISTRADA BAJO N° 2DEL AÑO 2007.

CONSTE.

Norma Marrero.

Secretaria