marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Divorcio, reserva del derecho alimentario
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: B. de S., M. c/ S., G. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-08-04

Cuando el divorcio se decreta respecto a un matrimonio en el cual ya existe una sentencia que manda pagar alimentos al esposo, no procede hacer cesar esa obligación sin más por el solo hecho de haber sido aquél decretado por culpa de la esposa alimentada, siendo necesario primeramente indagar si la cuota se mandó pagar únicamente en virtud de la normativa del artículo 198 en razón del vínculo entonces existente, o si en aquel pedido se invocaron y probaron razones de necesidad extrema. De este modo se armonizan los artículos 207 y 209 del Código Civil entre sí, a la par que se preserva el principio de economía procesal y no se resuelve una situación jurídica en abstracto, sino dentro del contexto fáctico que le es propio.
Crédito laboral, actualización monetaria, inflación, fallos de la Corte Suprema
Materia: ECONOMIA-LABORAL
Carátula: Marain, Luisa Beatriz c/ Orellana, Mirtha Raquel s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-07-15

Cabe recordar la doctrina del fallo "Camusso", de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del 21 de mayo de 1976, en el cual se resolvió, con relación a la Ley 20.695, que "la actualización de un crédito cuyo importe había sido establecido mediante una sentencia firme, pero estaba pendiente de pago, no implicaba una alteración sustancial de la cosa juzgada que menoscabara las garantías constitucionales de propiedad y de la defensa en juicio." Esta interpretación realizada por el Máximo Tribunal, goza de evidente razonabilidad en nuestros días, dentro del marco de la racionalidad normativa vigente de los derechos humanos fundamentales.
Daños y perjuicios, abandono de la expropiación
Materia: CIVIL
Carátula: FRANCO DE CARFAGNA Y OTRO c/ M.C.B.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-11-12

La Corte Suprema de Justicia de la Nación en diversas ocasiones en virtud de una expropiación iniciada y no consumada.
Prestación de servicios, presunciones
Materia: LABORAL
Carátula: Ortiz, Antonio Ramón c/ Servimec S.R.L. s/ Despido indirecto
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1999-05-28

De acuerdo al art.23 de la Ley de Contrato de Trabajo 20744, la prestación de servicios en el establecimiento de la demandada y en tareas que hacen a su giro empresario, crea la presunción que también existe un contrato de trabajo. Esta es la regla, la excepción la determinará la particular circunstancia del caso debidamente comprobada, y a este respecto la prueba debe ser plenamente convincente, pues la misma ley se encarga de afirmar la presunción que se impondrá aún cuando se utilicen o mencionen figuras no laborales para caracterizar al contrato. La ley sólo da una pauta de referencia en contrario, que pueda calificarse de empresario a quien presta el servicio, lo cual deberá ser analizado conforme a las particularidades de cada caso planteado y a la luz del art.14 de la Ley de Contrato de Trabajo 20744, de acuerdo al cual el Juez debe bucear en los hechos que ciertamente y en puridad ocurrieron privilegiándolos por sobre el simple formalismo o la formalidad documental y sin desconocer que a veces juegan el error o la ignorancia de las partes, sobre todo del trabajador, que no han sabido comprender el alcance jurídico de la vinculación.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación insuficiente
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Mendiburu, Oscar c/ Alestan S.A. y otros s/ Daños y perjuicios G.B. Construcciones S.A. Concurso preventivo c/ Banco Sudameris s/ Incidente de revisión art. 38, L.C.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-10-03|2000-10-25

Resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se desentiende del plano en que la Cámara ha instalado su decisión y deja incólume el fundamento en que descansa.
Recursos, sentencia, admisibilidad del recurso, aplicación de la ley, fallos de la Corte Suprema, prescripción tributaria, conflicto de intereses
Materia: COMERCIAL-TRIBUTARIO
Carátula: Valot SA  c/ AGIP - DGR s/ impugnación actos administrativos s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-15

Los señalamientos de la recurrente relativos al rechazo de su planteo de prescripción respecto de parte de la pretensión fiscal que prosperó, no alcanzan para desvirtuar la postura fijada por el Tribunal en "Fornaguera Sempe, Sara Stella y otros c/ GCBA s/ otras demandas contra la Aut. Administrativa s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", expte. n° 11148/14, sentencia del 23/10/2015 en cuanto a las facultades de la Ciudad para regular todo lo relativo a la prescripción de las acciones del fisco para reclamar el cobro de tributos locales (incluyendo el plazo y las modalidades para su cómputo). (Del voto en disidencia de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Recurso extraordinario, cuestión federal, reserva de la cuestión federal, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Alvarez, Rómulo José c/ Provincia del Chaco s/ demanda contencioso administrativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-28

El caso federal, base del recurso extraordinario, debe introducirse en la primera ocasión posible en el curso del proceso, pues tanto el acogimiento como el rechazo de las pretensiones de las partes son eventos previsibles que obligan a su oportuna articulación.
Competencia de paz
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Juz. Crim. y Correc. 4 del Depto. Jud. Azul-Policía Prov. Bs.As. s/ Conflicto art. 161 inc. 2 Const. Prov.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-05-27

La competencia asignada a los Juzgados de Paz -o Juzgados en lo Criminal y Correccional- en materia de faltas provinciales es operativa (arts. 172 y 216 de la Const. Prov.). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Impuestos, impuestos internos, repetición de impuestos, jarabes
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: FLEISCHMANN ARG. INC. S.A. s/ APEL. -internos-
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-03-16

El art. 69 de la ley de impuestos internos (t.o. 1979 y sus mod ), al momento de los períodos involucrados en la causa (enero de 1980 a febrero de 1982) no alcanza a los productos que no sean strictu sensu un refersco, un jarabe, ni un extracto o concentrado (confr. C.S.J.N. in re Fleischmann Arg. Inc. , del 13-6-89).
Recurso extraordinario, admisibilidad del recurso, sentencia arbitraria, fundamentación de sentencias, fundamentación insuficiente, gravamen irreparable, exceso ritual manifiesto, debido proceso, injurias, daños y perjuicios, delegado gremial, inmunidad de jurisdicción
Materia: PROCESAL-PENAL-CIVIL-LABORAL
Carátula: Dahlgren, Jorge Eric c/ Cáceres, Raúl Edgardo y/o ATECH. s/ querella.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-10

Es admisible el recurso extraordinario contra la sentencia que anuló lo actuado respecto a la pretensión penal por injurias y a la acción por daños y perjuicios, considerando que al querellado lo amparaba la inmunidad gremial establecida por la ley 1272 del Chaco, pues sólo satisface en apariencia la exigencia constitucional de adecuada fundamentación y trasunta un injustificado rigor formal en la apreciación de las constancias de la causa, con agravio de imposible reparación ulterior y con evidente menoscabo de la garantía del debido proceso.
Designación de perito, perito de parte, registro de peritos, inconstitucionalidad, defensa en juicio
Materia: PROCESAL-PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: GILD, Alberto I. s/ PERITOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-09-18

La regla establecida por los arts. 254 y 259, C.P.P., es inconstitucional, puesto que se contrapone con garantías contenidas en nuestra Carta Magna. En tal sentido considera que se afecta el derecho de defensa en juicio, al coartar a la parte litigante la elección de un perito de confianza o de mayor prestigio por el solo hecho de no haber cumplido con una reglamentación en el tiempo limitado que allí se fija y, lógicamente anterior al hecho o al momento procesal que hace nacer la necesidad o el interés de la designación. Debe declararse la inconstitucionalidad de los citados artículos en tanto ordenan una reglamentación que limita la garantía de defensa. Disidencia del Dr. González Palazzo
Paseos públicos, uso racional de los recursos naturales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Asociación Centro de Protección de la Naturaleza (CE.PRO.NAT) c/ Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe s/ Recurso Contencioso Administrativo Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-07-23

Sin desconocer la carga afectiva o emocional que por lo general exhiben los espacios públicos, el cometido propio de éstos es el de servir a dichos fines de bien común, estando sujetos por ello a las decisiones razonables de quienes tienen a su cargo la gestión de tales bienes en virtud de un mandato popular, aun cuando las mismas puedan traducirse en cambios del entorno, pues claro está que -a pesar de la carga psicológica y hasta ética que este tipo de espacios tiene- no existe algo así como un derecho absoluto o definitivo a que el "paisaje" permanezca inmutable a través del tiempo, hipótesis que aparece contraria al principio de "uso racional" de los recursos, expresado como el mandato de la "administración juiciosa" del patrimonio natural en la Declaración de Estocolmo de 1972,y a la idea misma del "desarrollo sustentable" implícita en el artículo 41 de la Constitución Nacional
Daños y perjuicios, gastos médicos, gastos de farmacia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Elida Graciela Romero en representación de su hija menor c/ Soledad Forme y otro s/ Sumario por Daños y perjuicios y daño moral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-04-30

Respecto a los cuestionados gastos médicos y de farmacia, la Sala tiene resuelto antes de ahora que cuando los mismos no están enteramente acreditados, aunque sí su ocurrencia, en prudente ejercicio jurisdiccional -artítuclo 162 del Código ritual-, el juzgador como en el caso, los puede perfectamente cuantificar.
Modalidades no promovidas, contrato de trabajo eventual
Materia: LABORAL
Carátula: C., M.N. c/ E.T. SA y otros s/ Diferencia de haberes e indemnización de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-07-24

La caracterización del contrato de trabajo eventual requiere, como presupuesto normativo, que se trate de servicios extraordinarios, entendiéndose por tales a las tareas ajenas a las normales del establecimiento, o bien, que se traten de exigencias extraordinarias y transitorias de la actividad propia y normal de la empresa que no puedan ser satisfechas con el personal permanente.
Derecho a la vida, derechos y garantías constitucionales, tratados internacionales, responsabilidad internacional del Estado
Materia: CIVIL
Carátula: I., M. -aborto provocado c/  s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 1998-08-12

La protección del derecho a la vida, presupuesto ontológico de los demás derechos, y pilar fundamental de todo sistema jurídico, se encuentra presente de manera expresa desde los primeros documentos del Derecho Patrio. Lo mismo cabe predicar respecto de la Carta Magna de nuestra Provincia, que aunque no ha consagrado expresamente el derecho a la vida, asegura implícitamente su tutela en los artículos 6, 7 y 23. - La reforma constitucional de 1994 ha incorporado con "jerarquía constitucional", y como complementarios de los derechos y garantías reconocidos en la primera parte de nuestra Carta Magna, a los derechos consagrados en los tratados internacionales que menciona el artículo 75, inciso 22, en las condiciones de su vigencia (tal como el tratado efectivamente rige en el ámbito internacional, o sea, conforme el mismo obliga a nuestro país ante el resto de las naciones, con las reservas y declaraciones interpretativas que se hubieren formulado), lo cual ha significado ubicar a aquéllos en el nivel más alto de nuestro sistema jurídico, integrando el "higher Law" argentino y ejerciendo un efecto de irradiación sobre todas las normas positivas, al pasar los mismos a formar parte del "sistema material de valores" iusfundamental, toda vez que, por otro lado, la incorporación de tales instrumentos ha significado que el propio Estado ha quedado internacionalmente obligado a que sus órganos administrativos y jurisdiccionales los apliquen a los supuestos que ellos contemplen, asumiendo igualmente el compromiso de respetar los derechos reconocidos en aquéllos, y de garantizar el libre y pleno ejercicio de los mismos a través de la adopción de las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos, medidas éstas entre las cuales deben considerarse comprendidas las sentencias judiciales. (Citas: CSJN, causas "Gabrielli", del 5 de julio de 1996; "Chocobar", del 27 de diciembre de 1996; "Giroldi", del 7 de abril de 1995; "Ekmekdjián", julio 7, 1992, cons. 20 y 22). (Doctrina: Rodolfo Barra, en "Obra de la Convención Nacional Constituyente, 1994", Centro de Estudios Constitucionales y Políticos, Ministerio de Justicia de la Nación, La Ley, Bs.As., 1997, T V p 5194). (Del Voto del Dr. Vigo).
Daños y perjuicios, efectos de la sentencia penal en sede civil, sentencia condenatoria
Materia: PROCESAL
Carátula: Baresi Rubén O. c/ Policía Federal Arg. s/ personal militar y civil de las FFAA. y de Seg.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-09

El art. 1102 del C.C. expresa que "Después de la condenación del acusado en el jucio criminal, no se podrá contestar en el juicio civil la existencia del hecho principal que constituya delito, ni impugnar la culpa del demandado". De conformidad con los términos de la norma, la sentencia penal condenatoria hace cosa juzgada en el proceso civil. En consecuencia, los jueces intervinientes en la causa civil no se hallan habilitados para rever lo allí decidido acerca de la existencia del hecho y de la responsabilidad del acusado. La jurisprudencia tiene incluso resuelto que por ser el art. 1102 norma de orden público, puede ser aplicada de oficio por los tribunales. (Del voto de la juez Garzón de Conte Grand, consid.

IV).
Propiedad intelectual, obras literarias y artísticas, reproducción de fonogramas, cobro de aranceles
Materia: CIVIL
Carátula: AADI CAPIF ASOC. CIVIL RECAUDADORA c/ VAZQUEZ, CLAUDIA y otros s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-30

Quienes reproducen música grabada carecen de legitimación para oponer una defensa de falta de acción tendiente a impugnar la legitimidad de los decretos 1670 y 1671/74 y resolución 894/0200/75, en cuanto le atribuye a Aadi Capif, Asociación civil recaudadora, la representación de los intérpretes o de los productores fonográficos.

Nunca será dable que los mismos controvirtieran el efecto cancelatorio de los pagos arancelarios efectuados por los usuarios, en la medida que dichos titulares de los derechos no deciden controvertir la eficacia de aquellas disposiciones y obtener su declaración de inconstitucionales.

La cuestión es asemejable a la efectividad de una representación convencional sustentada en un contrato de mandato que se concertara con un vicio en la voluntad por parte del mandante. En la medida que éste no deduzca la acción de nulidad relativa que, a su exclusivo arbitrio, la ley le confiere para invalidar ese acto, es natural que no se encuentra al alcance de los terceros, con los que se relacione el mandatario, la posibilidad de controvertir la eficacia de sus poderes, que emanan de un contrato que tiene virtualidad hasta que no sea declarada su ineficacia, la cual sólo puede impugnarse a instancias de quien resulte ser el único titular de la acción pertinente.
Medidas cautelares, contratos administrativos, impuestos, reintegros impositivos
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: "YPF SA c/ EN  -(Resol  Gral  135/98-AFIP) s/ medida  cautelar(autónoma)".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-11-09

Tanto el art. 1 de la resolución general (A.F.I.P) 135/98 como el art. 28, inc. f) del decreto (delegado) 1.023/01 prevén la exclusión de quienes revisten la situación de deudores del fisco por tributos o deudas previsionales. Sin que la deuda reclamada por la AFIP a la empresa actora sea algo diferente a dicha especie, habida cuenta que ella se origina en la devolución de reembolsos mal abonados por el Estado a la empresa, reembolsos, que precisamente, están constituidos por reintegros de tributos (art. 827 del C.A.) (Cons. VII).
HONDURAS, archivo del expediente, obligaciones del Estado miembro, indemnización, sentencia condenatoria, desaparecidos, familiares de la víctima
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Godínez Cruz Vs Honduras S/ Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 1996-09-10

Corresponde que la Corte Interamericana de por concluido el proceso que motivara la sentencia de indemnización compensatoria -21 de julio de 1989, Serie C No. 8-, a cargo del Estado de Honduras y en favor de la cónyuge e hija del profesor desaparecido, que al salir de su casa fue introducido en un vehículo por personal militar, pues los familiares de la víctima solicitaron al Tribunal no continuar con el incidente cuyo objeto es determinar el cumplimiento por parte del país condenado.
Boletas de sufragio, junta electoral, autoridad de contralor, elecciones, elecciones nacionales, elecciones provinciales
Materia: CONSTITUCIONAL-ELECTORAL
Carátula: Unión del Centro Democrático s/ Solicita Reconocimiento
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1989-04-13

Este Tribunal entiende la preeminencia de la Junta Electoral Nacional, como consecuencia de la aplicación del Art. 31 de la Constitución Nacional y el Art. 78 inc.2 de la Constitución Provincial en cuanto expresamente establece que las elecciones podrán ser simultáneas con las nacionales, bajo las mismas autoridades de comicio y escrutinio, esta interpretación no implica menoscabo a las facultades reservadas por las Provincias para dictar sus estatutos procesales, habida cuenta la simultaneidad de las elecciones -nacionales y provinciales-, regidas por leyes nacionales y provinciales, en cuya aplicación forzosamente por imperio del Art. 31 de la Constitución Nacional debe imperar la vigencia de las normas federales y su respectiva autoridad de aplicación, por lo que corresponde ala Junta Electoral Nacional del distrito resolver en lo concerniente a la aprobación o no de las boletas de sufragio.
Accidentes de trabajo, infarto
Materia: LABORAL
Carátula: Lucero Miguel c/ Gobierno de la Provincia de Mendoza s/ Ordinario (LIBRO: S077 - 138)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1996-06-26

El infarto de miocardio que sufre un agente policial durante un partido de fútbol al que es obligado por el superior jerárquico para mejorar su condición física y que desempeña tareas en el cuerpo de comando, cumpliendo funciones preventivas y represivas durante muchos años, tiene relación causal directa con el stress de la tarea y la exigencia física a la que es sometido. Dado que no es posible determinar fehacientemente el factor atribuíble al trabajo y al trabajador conforme la ley 24.028, y siguiendo el criterio de la calidad media, la responsabilidad se atribuye por mitades.-
Automotores, dominio, inscripción registral
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Catani, Eduardo c/ Curotto, Horacio s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-30

La transferencia del dominio de los automotores -formalizada por instrumento público o privado- debe inscribirse en el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor y produce efectos, en relación a terceros, desde la fecha de su inscripción.
Fallos de la Corte Suprema, apartamiento de la doctrina de la corte
Materia: COMERCIAL
Carátula: Gsponer Ricardo Ernesto s/ Quiebra Pedida
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2013-03-12

El apartamiento de las sentencias emanadas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sólo se justifica cuando se funda en razones diversas de las consideradas en los precedentes de que se trate o bien sobre la base de nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición ya sentada por el Alto Tribunal en su carácter de interprete Supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en consecuencia.
Resoluciones recurribles, medidas cautelares
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Farmacia Central 12 s/ Quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-06-14

Es doctrina reiterada de esta Suprema Corte que, en principio, las decisiones que conceden o deniegan medidas cautelares no tienen carácter definitivo en el concepto del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, desde que, además de no causar instancia, no recaen sobre los puntos que han sido materia del litigio principal, no ponen fin al mismo, ni impiden su continuación, no observándose en el caso en que la Cámara deja sin efecto la medida de no innovar decretada en primera instancia, respecto de la habilitación de la farmacia propiedad de la fallida, motivos que justifiquen el apartamiento de dicha regla. (Minoría u opinión personal)
Pago, pago por consignación, coeficiente de estabilización de referencia
Materia: COMERCIAL
Carátula: LATINA  DE  GESTION HOTELERA S.A. c/ SCHERZER, FEDERICO VICTOR s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-14

Resulta procedente la demanda de pago por consignación incoada por cierta suma en pesos, correspondientes a capital y CER, a fin de abonar los pagarés que instrumentaron la cancelación de una operación efectuada en dólares, relativa a la transferencia del paquete accionario de una sociedad anónima a favor del actor. El ofrecimiento de pago de la cambial mediante cheque en nada modifica las conclusiones ante señaladas. Ello así, toda vez que si bien el Decreto Ley 5965/63 establece que el pago que hace al objeto de la prestación debe efectuarse en dinero en razón de la naturaleza de esta obligación (ver arts. 1 inc. 2 y 102 inc. 2); con posterioridad por Ley 25345 se estableció que no surtirá efectos entre las partes ni frente a terceros los pagos totales o parciales de sumas de dinero superiores a mil pesos o su equivalente en moneda extranjera, que no fuesen realizados mediante depósitos en entidades financieras, giros o transferencias bancarias, cheques cancelatorios, tarjetas de crédito u otros procedimientos autorizados por el Poder Ejecutivo Nacional.
Acceso a la información, derecho a la información, publicidad de los actos de gobierno, jurisprudencia internacional, Corte Interamericana de Derechos Humanos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: R., T. A. s/ AMPARO s/COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-02-07

En la reciente sentencia del 19-09-06 en el caso "CLAUDE REYES Y OTROS VS. CHILE", la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS ha establecido que, de acuerdo a la protección que otorga la Convención Americana, el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión comprende "no sólo el derecho y la libertad de expresar su propio pensamiento, sino también el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole".

Al igual que la Convención Americana, otros instrumentos internacionales de derechos humanos, tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establecen un derecho positivo a buscar y a recibir información.