Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-06-01


En la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, a los 1 días del mes de junio del año dos mil seis, reunida en Acuerdo la Sala B de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, con la presidencia de su titular Dra. Nélida Susana Melero y asistencia de las Sras. Juezas de Cámara Dra. Graciela Mercedes García Blanco y Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts, para dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados:

"N., C. c/ C. A. d. A. s/ ORDINARIO POR NULIDAD DE PROCESO", Expte. nro. 11.523/00, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 1 (Expte. nro. 2111/00), y atento el resultado del sorteo establecido en el art. 268 del Código de Procedimientos Civil y Comercial (fs. 319), correspondió el siguiente orden para la votación: Dra. Nélida Susana Melero, Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts y Dra. Graciela Mercedes García Blanco.

Acto seguido se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida de fs. 282/287? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestión la Dra. Melero dijo:

I. Vienen las presentes actuaciones por haber sido apelada a fs. 292 por la parte actora y a fs. 290 invocando la representación de la demandada los apoderados recurren la regulación de los honorarios profesionales por bajos, la sentencia definitiva de fs. 282/287, habiéndose concedido a fs. 293 el recurso de apelación interpuesto libremente y con efecto suspensivo y a fs. 291 en los alcances previstos en el ordenamiento procesal y en la Ley arancelaria.

El fallo cuestionado en lo que aquí interesa, dispuso: "1) Rechazo la demanda de nulidad de todo lo actuado en autos "G. de A. M. R. c/ N. C. s/ Ordinario" (expdte. nro.2114/2000) a partir de fs. 134 inclusive y de las sentencias de 1era. y 2da instancia. 2) Impongo las costas al actor vencido... Regulo los honorarios de los doctores L. J. d. M. e I. H. D. P., apoderados de la demandada, conjuntamente en pesos cinco mil ($5.000.-9 8 ARTS. 6 A 8, 19, 38, 47, 50 Y 61 Dec. Ley 2200 mod. Ley 4335)".

I.A-1) A fs. 303/306 obran glosados los agravios expuestos por el apelante actor, los que fueran contestados por la parte demandada a fs. 309/313.

I.A-1-a) Expone su primer agravio el apelante actor en los ptos. III y IV. (fs. 303 a 305vta.).

Concretamente, señala que el a-quo ha sido extremadamente riguroso con su parte cuando desarrolla una durísima crítica de lo actuado por ella en base al argumento que todo fue convalidado, consentido por su parte.

Alega que el Sr. Juez admite que la demandada a fs. 134 con fecha 22/09/94 sostuvo que comparecía acreditando su carácter de hija y heredera de la actora acreditándolo, según ella con la fotocopia del certificado de nacimiento y auto de identidad de la causante cuando en realidad lo que acompañaba era el certificado de defunción de la causante.

Dice que podría atenuarse su responsabilidad si se hubiera invocado un error material en la presentación del documento pero lo cierto es que al tiempo de esa presentación en el juicio sucesorio de Doña M. R. G. de A. la demandada nada había probado sobre su legitimación.

Reitera que el acta de nacimiento de C. A., no idóneo por sí solo para probar su filiación, por las gruesas diferencias de nombres, se acompañó al juicio sucesorio de M. R. G. de A. el 02/10/98 (fs. 46), cuando su presentación invocando ser hija y heredera de la citada, sin el certificado de nacimien-to, en el juicio contra su parte, se efectuó el 22/09/94.

Transcribe argumentos efectuados por el a-quo en cuanto a la conducta desarrollada por su parte, contra los cuales arguye que el sentenciante nada dice de la conducta de quien aparece invocando una filiación que no tenía y se aprovecha de la inadvertencia de los Sres. Jueces., consiguiendo la declaratoria de herederos a su favor por un auto de identidad que en el juicio sucesorio intentó su parte impedir advirtien-do sobre la cuestión de orden público que se planteaba (fs. 33/35 de autos caratulados: "G. D. A., M. R. s/ Sucesorio" expdte. nro. 1078/1994), habiendo sido rechazada su pretensión y desglosada por no ser parte en el juicio sucesorio (fs. 36 cuerpo 1ero. del juicio citado).

Agrega que más que tamaños reproches, fundados exclusivamente en el imputado consentimiento del actor nulo o en la teoría de los actos propios, pretende su parte que el a-quo analice la cuestión de orden público que se planteó en un procedimiento que se prolongó impulsado por quien padecía una mera falta de personería.

Afirma que se estaba ante una abierta violación de una norma de orden público emanada del art. 80 del Código Civil que legisla sobre las pruebas de nacimiento de las personas. Hace transcripción de sus argumentos expuestos en el alegato, considerando nulo el decreto del juez de fs. 135 en el expdte. nro. 1601/88 que tiene por presentada a la Sra. C. A. d. A. en el carácter de heredera de la actora mérito de la documentación acompañada. Cita jurisprudencia y doctrina que hace a su entender.

Concluye que el a-quo nada dice sobre la posibilidad de convalidar un acto nulo, tan carente de sus requisitos esenciales para tener trascendencia jurídica que en realidad se trata de una acto inexistente.

I.A-1-b) A fs. 305vta./306 apela el recurrente actor la imposición de costas basándose en que la demandada debe ser sancionada ya que la omisión del certificado de nacimiento al presentarse en el juicio que había promovido la Sra. G. no fue un error material sino una audacia que consiguió su efecto. I.B-1-a) Entrando en el estudio de la cuestión subexamine, en lo atinente al primer agravio del apelante actor (ptos. III y IV, fs. 303 a 305vta), se observa que en autos caratulados: "G. D. A., M. R. c/ N., C. s/ Ordinario (expdte. nro. 2114/2000 ex nro. 1601/88), que a fs. 126/127 denuncia la apoderada letrada de la actora el fallecimiento de ésta acaecido el día 21/07/94, adjuntando certificado de defunción de la misma y como heredera a la hija de ésta Sra. C. A., peticionando el demandado a fs. 129/vta. se intime a los herederos a presentarse y notificando éste, conforme el decreto judicial de fs. 130, a fs. 131 vta. a dicha persona, habiéndose la misma presentado a fs. 132/134 y teniéndosela por presentada en carácter de heredera a fs. 135, providencia de fecha 30/09/94, a fs. 557 obra presentación de la misma solicitando el cierre del período de prueba (13/10/94), siendo notificado el demandado Sr. N. a fs. 558 vta. (21/10/94) de la providencia de fs. 558, a fs. 563/564 obra glosada la notificación del otro heredero de la actora Sr. H. A. (18/11/94), habiendo presentado alegato la Sra. C. A. a fs. 566/569 y el demandado a fs. 571/575 vta. en fecha 09/11/94. A fs. 583/588 se dictó sentencia de primera instancia nro. 151 del 22/04/96 en la cual se resolvió hacer lugar a la demanda anulando la totalidad del contrato de venta celebrado entre la actora y demandada el 30/03/84 condenando a éste último a restituir en el plazo de quince (15) días de firme o consentida a los herederos de la actora conforme presentación de fs. 134 el establecimiento denominado "l. A.".

Dicha decisión es apelada por ambas partes (fs. 589/590), siendo agregadas la expresiones de agravios del demandado a fs. 611/639 (03/02/97) y de la actora a fs. 634/635 el día 19/02/97, no siendo contes-tado por el demandado el traslado de los agravios de la actora concedido el día 21/02/97 (fs. 635vta.), a fs. 643/658 vta. la Excma. Cámara de Apelaciones, mediante sent. nro. 93 del 27/08/97, confirma el fallo de primera instancia teniendo, en lo que aquí interesa, como heredera de la actora a la Sra. C. A. d. A..

Del análisis de las constancias individualizadas anteriormente así como del contenido de los escritos presentados por el demandado, Sr. N., no emerge en ningún de ellos que el mismo cuestionara la calidad de heredera de la Sra. C. A. d. A., más aún advierto que existe expresa conformidad de dicho carácter en virtud de los argumentos expuestos por el demandado a fs. 629 de su escrito de expresión de agravios, planteando el cuestionamiento objeto de la presente acción recién el día 03/03/98 (expdte. 2111/00, ex Nro 197/98 - fs. 20/24 vta.).

Atento lo merituado considero de aplica-ción lo dictaminado por el Dr. Petracchi, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, in re "De Guinza y otro", 13/05/97, LL, 1997 -E 101, en cuanto puso de relieve que las excepciones a la inalterabilidad de la cosa juzgada han sido previstos en honor a principios de alto valor, cuya observancia, a pesar de la lesión del carácter de inalterable de las decisiones jurisdiccionales, salvaguarda la autoridad de éstas en la medida que propugna su justicia material y su sentido moral (fallos: 294:434), debiendo observarse con especial cautela y rigurosa conciencia de sus implicancias que la revisión de la res judicata, ya que de lo contrario se afecta el valor seguridad.

En igual sentido se ha expedido la doctrina, así el Dr. Juan Carlos Hitter , en su trabajo titulado "La revisión de Cosa Juzgada - Su estado Actual" - publicada en LL, T.1999 -E, pág.1006, concluye que: "no es suficiente para tener éxito con la revisión invocar la injusticia del fallo anterior, porque de esa manera se corroe el instituto fundamental de la cosa juzgada.

Sólo puede haber retractación si hubo vicios sustanciales; y toda esa apertura debe interpretarse con un criterio notoriamente restringido, pues de lo contrario podríamos anular cualquier sentencia injusta, en todo tiempo y aún sin pedimento de parte... La seguridad jurídica sigue siendo un pilar fundamental de cualquier Estado de derecho. En estas situaciones los jueces deben aplicar en forma armoniosa y balanceadamente la equidad y lo que los ingleses denominan self restraint." Por otro lado, consecuentes principios de orden consecutivo legal, atinentes a la misma estructura del juicio, determinan que existan consecuencias de carácter objetivo, que prevalecen sobre el voluntarismo cambiante de las partes, a fin de garantizar la normal marcha del mismo y la congruencia de los actos jurídicos desarrollados por éstas, en el proceso.

Resulta ostensiblemente manifiesto que los argumentos expuestos por el demandado a fs. 629 de su escrito de expresión de agravios importó inequívoco reconocimiento de la validez formal del carácter de heredera que ahora cuestiona, por lo que mal puede merecer acogimiento el extemporáneo planteo de nulidad, en tanto actividad y pretensión absolutamente incompatibles, con su propia actividad anterior. La ley procesal no admite este tipo de alegaciones lógicamente anteriores (nulidad), deducidas tardía y contradictoriamente con otras actividades procesales desarrolladas anteriormente.

Es entendimiento de la suscripta que el ejercicio de una facultad incompatible con otra lógicamente anterior, supone el no ejercicio de ésta, provocándose la preclusión a su respecto. En este orden de ideas se ha expedido la jurisprudencia cuando determina que: "Las diversas etapas del debate procesal tienen carácter preclusivo, a fin de garantizar la igualdad de las partes.

En consecuencia, y habida cuenta de que la decisión cuestionada es consecuencia de las resoluciones anteriores, la cuestión planteada se encuentra firme y alcanzada por ese principio procesal (conf. Alsina, "Tratado Teórico Práctico del Derecho Procesal Civil y Comercial", t. IV, pág. 213; Palacio, "Derecho Procesal Civil", t. V, pág. 91; Falcón, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", t. II, pág. 375), por lo que resulta inadmisible una nueva impugnación respecto de aquélla.

No es pertinente una interpretación de las normas procesales que termine, en definitiva, introduciendo la anarquía de los procedimientos en desmedro del buen orden de los procesos y lesión de la igualdad de las partes y de la seguridad jurídica, valor este último cuyo resguardo merece particular tutela en tanto condición del bien común (conf. Sala 2, causas 22.363/96 del 15.10.98, 65/98 del 17.2.00).

Sostener una solución contraria implicaría habilitar una nueva vía de impugnación de las decisiones adopta-das en el curso del proceso, con desmedro del mencionado principio de preclusión, generando así una situación de inseguridad acerca de la firmeza de los actos procesales cumplidos (conf. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala 1, causa nro10.103/02de fecha 21/02/06, "P. F. A. c/ Poder Ejecutivo Nacional y Otro S/ Sumarísimo: elDial - AF2C00; en similar sentido conf. crit. Cámara Civil y Comercial de Villa María (Córdoba) del 06/07/2005 - A.I. n° 97 - "P. d. B., I. M. c/ J. A. R. y/u Otros - Ordinario"; elDial - AA2CFD).

Asimismo, es de aplicación en los presentes autos, el criterio jurisprudencial que dispone que: "La calidad de heredera constituye un requisito para la estimación positiva de la acción, o requisitos constitutivos de la acción dirigidos a obtener una determinada providencia.

Como es requisito de la pretensión frente a la otra parte, puede ser admitida por el otro litigante o quedar acreditada por efecto de la preclusión procesal (conf. crit."P. V. D. G. N. en J: C. L. c/ L. G. s/ Cumplimiento de Contrato - Escrituración - Inconstitucionalidad" - Fallo: 77199179 - Suprema Corte de Justicia - Circunscripción: 1 - Mendoza - 1977/04/05, Corte en Pleno, Expedientes: 35895 - Ubicación: S147-112; elDial - MZ1A18).

En virtud de las consideraciones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, arribo a la conclusión que deben rechazarse los agravios expuestos por el apelante actor a fs. 303 a 305 vta y confirmar la sentencia en este sentido.

I.B-1-b) En lo atinente a los agravios expresados por el recurrente actor a fs. 305 vta./306 respecto de la imposición de costas cuya línea argumental se basa en que la demandada debe ser sancionada ya que la omisión del certificado de nacimiento al presentarse en el juicio que había promovido la Sra. G. no fue un error material sino una audacia que consiguió su efecto, teniendo presente el análisis y la conclusión desarrollada en el punto anterior, los mismos deben rechazarse por carecer de fundamento fáctico ponderable, razón por la cual corresponde rechazar dichos agravios y confirmar la sentencia en este sentido.

I.B-1-c) En cuanto a la apelación interpuestas a fs. 290 por los apoderados, invocando la representación de la demandada, en cuanto a que la regulación de los honorarios profesionales fue baja, sólo el letrado tiene un interés legítimo para apelarlos por bajos razón por la cual debe invocar dicho interés expresamente. Por ello, corresponde juzgar formalmente no admisible el tratamiento del recurso deducido, rechazándose el mismo.

I.C) Atento a cómo se ha resuelto el presente caso, las costas de ambas instancias se imponen al apelante actor vencido, todo ello en virtud del principio objetivo de la derrota, atento no advertirse en el caso razones que justifiquen apartarse de dicho principio (art. 68 del CPCCh).

Se difiere la regulación de los honorarios profesionales para el momento del acuerdo donde se tendrá en cuenta el tema traído a decisión, la labor desarrollada y el éxito obtenido en un todo de acuerdo con lo prescripto por los arts. 6, 7, 9, 14 y ccdtes del Dto. Ley Pcial Nro. 2200 y su modificatoria Ley Pcial Nro.4335.

A la segunda cuestión la Dra. Melero dijo:

Propongo como fórmula postulatoria para el momento del acuerdo la siguiente:

1) Rechazar los agravios expuestos por el apelante demandada a fs. 290 y por el apelante actor a fs. 303/306 y, en consecuencia, confirmar la sentencia de fs. 282/287 en todas sus partes.

2) Costas de segunda instancia al apelante actor vencido (art. 68 del CPCCh). Diferir la regulación de los honorarios profesionales (arts. 6, 7, 9, 14 y ccdtes del Dto. Ley Pcial Nro. 2200 y su modificatoria Ley Pcial Nro.4335.

A la primera cuestión la Sra Juez de Cámara Marta Susana Reynoso de Roberts dijo:

Que el actor apela a fs 292 la sentencia de fs 282/287 que rechaza la demanda de nulidad de todo lo actuado en autos "G. de A. M. R. c/ N. C. s/ ordinario" (Expte 2114/2000), a partir de fs 134 inclusive y de las sentencias de primera y segunda instancia. Impone las costas al vencido y regula los honorarios.

A fs 290 los apoderados de la demandada, por C. A., apelan los honorarios por bajos.

Los agravios del actor, se agregan a fs 303/306. Solicita se revoque la decisión y en caso del rechazo del recurso se apliquen las costas al demandado por hallarse justificada la promoción del juicio, al haber inducido a los jueces al error atribuyéndose estar legitimada, cuando ello se logra recién cuatro años después de haberse hecho parte en el juicio.

Entiende que el Sr juez ha sido riguroso con su parte y que reclamó la nulidad de todo lo actuado en el expediente 1601/88 y a partir de fs 138.

Reitera la falta de legitimación y considera que se trata de una abierta violación a una norma de orden público, que emana del Art. 80 del CC, resultando nulo el decreto de fs 135 de los autos de mención al tener a la hoy demandada por presentada en el carácter de heredera conforme documentación acompañada, cuando no acreditó la condición de hija y heredera de M. R. G. D. A..

Asevera que el sentenciante nada dijo sobre la posibilidad de convalidar un acto nulo.

A fs 309/313 se agrega la contestación de los agravios de la demandada, alegando en principio el incumplimiento de la carga que impone el Art. 265 del CPCCCh, menciona las cuestiones que se soslayan, reitera los argumentos vertidos a lo largo del juicio, contestación, agravios y rechaza el pedido de exención de costas.

Y dando respuesta a la actora, quien solicita la deserción de los agravios, he de mantener el criterio amplio que ha adoptado la Cámara y en concordancia con lo que sostuviera el Superior Tribunal de Justicia en autos: "P., R. J. c/ B. p. S.A.M.C.I." en donde con fundamento en lo dispuesto por la Corte Suprema de la Nación, ha dicho que "La valoración de la expresión de agravios, a los fines de determinar si reúne las exigencias necesarias para mantener el recurso de apelación, no debe llevarse a cabo con injustificado rigor formal..." y en autos "G., M. I. s/ Recurso de amparo", Expte 17205-G-1999, el Dr. Torrejón ha sostenido:

"Se ha declarado que la brevedad y el laconismo de la expresión de agravios, no constituyen razones suficientes para sentar la deserción del recurso en el supuesto en que el apelante individualice, aún en mínima medida, los motivos de su disconformidad con la sentencia impugnada, por cuanto la gravedad de los efectos que la ley imputa a la insuficiencia del mencionado acto procesal aconseja aplicarla con criterio amplio, favorable a la admisión del recurso".

Este Tribunal tradicionalmente se ha guiado en esta materia con un criterio de amplia tolerancia para ponderar la suficiencia de técnica recursiva exigida por la ley adjetiva, por entender que tal directiva es la que más adecuadamente armoniza el cumplimiento de los requisitos legales impuestos por el Art. 265 del ritual con la garantía de defensa en juicio de raigambre constitucional.

De allí, entonces, que el criterio de apreciación al respecto debe ser amplio (conf., esta Sala, "A., J. C. c/ L., M. M.", del 14/5/1998; íd., "H. S. S. F. SA c/ S. I. SAIC", del 15/7/2002, entre muchos otros), motivo por el que, dentro del precario marco brindado por las quejas vertidas, éstas serán analizadas.

Y no sólo el reproche debe fundarse en los agravios, sino en las distintas actitudes que el demandado ha tomado durante el proceso que pretende nulificar, y que con acierto señalara el sentenciante.

Entrando en la petición principal, nulidad de todo lo actuado en los autos caratulados "G. de A. M. R. c/ N. C. s/ Ordinario", Expte. 1601/88, por las razones que invoca y que fueran resumidas por el a-quo, es preciso remarcar que el actor señala que "no estamos ante una mera nulidad de actos procesales, que pueden ser confirmados purgando el vicio del que adolecieron", "estamos ante un proceso fraudulento".

Y me he permitido señalar ello, a lo que agrego que al momento del pedido de nulidad las sentencias de primera y segunda instancia se encontraban firmes.

La Corte Federal ha dicho que la cosa juzgada constituye uno de los principios esenciales en que se funda la seguridad jurídica y debe respetarse salvo los supuestos en que no haya existido un auténtico y verdadero proceso judicial, puesto que aquella supone la existencia de un juicio regular donde se ha garantizado el contradictorio y fallado libremente los jueces (CSJN 10-11-92, Márquez Lucas S.; CSN 6-5-97, Scilingo) ". la cosa juzgada es uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta nuestro régimen constitucional y ello no es susceptible de alteración ni aún por vía de invocación de leyes de orden público, toda vez que la estabilidad de las sentencias, en la medida que constituyen un presupuesto ineludible de la seguridad jurídica es también exigencia del orden público con jerarquía superior( CSN, 1-3-94, "Rocatagliata c. Instituto Municipal de Previsión Social" D.J, 1995-2-440; "Chocobar c. Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado", J.A. 1997-II-557 entre otros.

Y es a partir de ello que decidiré sobre la apelación interpuesta, sin olvidar que el instituto de revisión de la cosa juzgada no ha sido regulado en nuestra provincia.

He de evitar marcar el íter que ha conducido hasta esta instancia, toda vez que detallaron las partes, el juzgador de la instancia anterior, y la Srta camarista preopinante los antecedentes que condujeron al pedido de nulidad de la sentencia, reitero pasada en autoridad de cosa juzgada.

El Sr. Juez de la primera instancia, como ya lo señalara rechaza la nulidad articulada.

No hay dudas que las sentencias que se pretenden revisar se encontraban firmes al momento de la iniciación de los presentes y ha adquirido calidad de cosa juzgada ya que el proceso terminó con una decisión sobre el fondo de la cuestión planteada y se agotaron las vías recursivas.

La finalidad del actor es retractar la res judicata y es entonces donde se deben analizar los actos que dice el actor deben nulificarse no obstante que han pasado en autoridad de cosa juzgada que en principio serían inmodificables y digo en principio pues la inmutabilidad se torna relativa en los casos en que la sentencia aparece perturbada por un vicio grave o cuando se ha operado una evidente modificación de las circunstancias que dieron origen al decisorio que se quiere echar por tierra.

La res judicata solo puede impugnarse por vicios substanciales y por vicios de procedimiento y no surge del análisis de los expedientes y más precisamente de las presentaciones de C. A. A. a fs 134 del expte 2114/00 y de los trámites posteriores de la providencia de fs 135, que existiera vicio alguno que el ahora actor no hubiese podido advertir y plantear en tiempo y forma, y que pueda tornar viable la aplicación que se requiere ya que lo que origina tal acción constituiría un vicio formal el que debió atacar si así se consideraba en la misma instancia, por vía incidental y dentro del plazo que fija la ley ritual por recurso (arts. 169, 170, 175 CPCCCh).

El quejoso insiste en que ha existido fraude, lo que indujo error a los jueces, pero de haber existido, lo que no se advierte en la causa, no fueron observados en tiempo logrando que los actos que objeta, adquirieran firmeza, por lo que la petición debe rechazarse.

Asimismo se deben tratar de circunstancias nulificantes ajenas al proceso y que se descubren luego de que se formó la cosa juzgada, lo que como surge de la causa no aconteció, más tuvo participación y presencia a lo largo de todo el proceso, resultando extemporáneo el planteo, ello en virtud del principio de preclusión, que refiere la ineficacia de aquellos actos que se ejecutan fuera del tiempo que les está asignado (Arazi y Rojas "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", Tomo II, pág. 198).

La CSJ ha establecido que para la configuración de la cosa juzgada es menester la existencia de un juicio regular (debido proceso) (Fallos v.235 pp 178, 431 y 728 entre otros- 281, p. 21- v. 283 p. 66), y noto que ello ha ocurrido, atento a lo que remarcara en párrafos anteriores.

He de agregar que es doctrina mayoritaria que únicamente es posible la retractación de la sentencias firmes, cuando existen fundados motivos para ello ya que salvo circunstancias tales permiten su alteración.

La seguridad jurídica aconseja no modificar los fallos firmes y los motivos especialísimos que autorizan la revisión de la cosa juzgada son, en opinión unánime de las fuentes procesales, tan sólo dos: a) un cambio de las circunstancias que le dieron origen al fallo, o b) cuando se detectan ciertos vicios que lo hacen intolerablemente injusto, y tales circunstancias no se dan de acuerdo al análisis efectuado, corresponde por ende, el rechazo de la apelación.

Las costas de ambas instancias, estarán a cargo del apelante actor vencido, al no encontrar motivos para apartarme del principio objetivo de la derrota.

Los honorarios apelados a fs 290, serán rechazados, toda vez que la parte no se encuentra legitimada para recurrir por bajos los honorarios fijados a sus profesionales, únicos interesados al respecto (CNAT, Sala X, 8-9-99 y DT 1999-B- 1840) y que resulta jurisprudencia mantenida y constante.

A fin de regular los honorarios de esta instancia tendré presente la actuación de los profesionales, el resultado obtenido, la posibilidad que las pretensiones prosperen así como lo que surge del art. 14 de la ley de aranceles, difiriéndolos para el momento del acuerdo.

A la segunda cuestión la Sra juez de Cámara Marta Susana Reynoso de Roberts dijo:

1) Rechazar la apelación interpuesta por el demandado a fs 290 y por el actor a fs 292 fundada esta última a fs 303/306, y confirmar la sentencia de fs 282/287 2) Costas a los vencidos. Difiero la regulación de los honorarios para el momento del acuerdo.

En este estado, y de conformidad con lo establecido en los arts. 271 y 272 del C.P.C.C.Ch. (reforma Ley 4550 del 23/12/99), se deja constancia que la decisión se adopta por mayoría, por lo que la Dra. García Blanco no emite su voto.

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar y suscribir la siguiente SENTENCIA:

1) Rechazar la apelación interpuesta por el demandado a fs 290 y por el actor a fs 292 fundada esta última a fs 303/306, y confirmar la sentencia de fs 282/287 2) Costas al actor vencido, a cuyo fin se regulan los honorarios profesionales de la Dra. L. D. J. d. M. en la suma de PESOS MIL QUINIENTOS ($1.500) y del Dr. F. M. en la suma de PESOS SETECIENTOS CINCUENTA ($750).

3) Regístrese, notifíquese y devuélvase.

NÉLIDA SUSANA MELERO - Presidente MARTA SUSANA REYNOSO de ROBERTS - Juez de Cámara REGISTRADA BAJO EL nro. 28 DEL AÑO 2006 DEL LIBRO DE SENTENCIAS DEFINITIVAS