marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Viajantes de comercio, adicional por antigüedad
Materia: LABORAL
Carátula: GALLETTA, DOMINGO M. c/ ESCORIAL SAIC. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-12-29

Los corredores y viajantes tienen derecho a percibir la bonificación por antigüedad prevista en el artículo 27 del CCT.

260/75 Toda vez que aquellos no figuran dentro del personal excluido por el artículo 5 de la norma convencional citada.
Cláusula penal, intereses punitorios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: De Nardo, Oscar Inocencio c/ Cano, Carlos Alberto y otros s/ Ordinario otros s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1995-05-04

La diferencia entre la cláusula penal moratoria y los intereses punitorios radica en que, mientras la primera es fija e invariable, sin interesar el tiempo de demora, el segundo se distingue en la proporción cuantitativa y en la proporción temporal, cuantitativa porque no se deben como prestación fija, computándoselos según una tasa porcentual del monto del capital y en la proporción temporal por cuanto los intereses se acrecientan gradualmente, conforme a la demora que experimente el deudor en el pago de la deuda. Fundamento de la Dra. Arminda Colman.
Marcas, marcas evocativas, registro de marca, solicitud de marca, denegatoria de la solicitud
Materia: COMERCIAL
Carátula: TELEVIDEO SISTEMS INC c/ DNPI s/ DENEGAATORIA DEL REGISTRO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-03-17

Televideo constituye un conjunto con significado evocativo, que no posee capacidad distintiva y originalidad y que puede inducir a error al publico consumidor, no reuniendo pues características distintivas para que la ley de marcas le otorgue protección, encontrándose la misma comprendida dentro de lo dispuesto por el art. 2 inc. a y b y 3 inc. d de la ley 22362.
Impuestos, educación privada
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: "Colegio San Gregorio SA (TF 15580 -I) c/ D.G.I.".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-09-08

La situación de la actora -sociedad cuyo objeto es el desarrollo de la actividad educativa en sus niveles preprimario y primario, prestando asimismo, servicios de jardín de infantes bilingüe- no encuadra en las excepciones del art. 6, inc. j) ap. 3 a la ley 23.349 -a la fecha de los hechos- sólo se encontraba incorporada a la enseñanza oficial en el nivel primario y no en el jardin de infantes, por lo que debe tributar por los ingresos obtenidos por la enseñanza prestada en dicho nivel (Cons. 3°).
Banco central, intervención cautelar, liquidación de entidades financieras
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CAJA  DE  CREDITO BARON HIRSCH DE BUENOS AIRES COOPERATIVA LIMITADA Y OTRO c/ BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA s/ APELACION - INTERVENCION CAUTELAR
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-09

La entidad, como bien lo destaca el señor Procurador Fiscal de Cámara a fs. 77, no dedujo en tiempo oportuno el recurso que le acuerda el art. 32 inc. h) de la ley 22.529, por lo cual quedó firme aquella medida y por ende corresponde rechazar in limine el recurso interpuesto en cuanto al punto.

Que en cuanto a la parte del recurso dirigida contra la resolución 269 que ordenó la liquidación de la entidad, punto V fs. 20 vta., la recurrente no ataca a la misma con fundamentos idóneos, sino solamente se limita a calificarla de arbitraria sin una razón cierta y concluyente para llegar a ello, lo que de por sí descalifica el recurso como tal. Es que realmente no otra cosa puede hacer ya que considera que la medida en tratamiento se basa en los fundamentos de la resolución que ordenó la intervención, que como ya se ha visto fue consentida por la recurrente, lo que vale decir que aceptó la existencia de anomalías que son las mismas por las cuales se dispuso la liquidación, que ahora, tardíamente, pretende atacar.

Que con referencia al ofrecimiento de prueba, cabe decir, que en principio y en base a que el Tribunal no tiene jurisdicción plena en recursos de esta naturaleza y sólo debe limitarse al análisis de la existencia de manifiesta arbitrariedad o ilegalidad; no debe admitirse la prueba ofrecida.
Allanamiento, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: Cuartas de Camaño, Lía Matilde c/ Provincia de Buenos Aires s/ Inconstitucionalidad decreto ley 9020/78
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2016-10-26

Cuando media consentimiento de la actora al allanamiento formulado en dichos términos, las mismas deben ser impuestas por su orden. Frente a su oposición, se le impondrán a la parte demandada.(del voto del doctor Negri)
Sucesiones, obligaciones del heredero
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Tescari, Juan s/ Sucesión. Concurso preventivo.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-09-29

Siendo que el deudor es el causante de la sucesión y no los herederos, que aceptan la herencia con beneficio de inventario (art. 3467 C.C.), resulta extraña la restricción a estos últimos para viajar al exterior, por cuanto no se da el supuesto del art. 25 de la ley 24522 (art. 2, 14 inc. 7, 273 Ley 24522; 3467 y conc. C.C.).
Imputado, interpelación
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: CORDOBA CARLOS ALBERTO s/ PRUEBA - IMPUTADO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-04-23

El compromiso de la garantía defensiva e innominada del debido proceso legal sustantivo y adjetivo no resulta disponible para el imputado, pues el vicio que las afecta no puede ser subsanado. La intimación, definida por Carnelutti, como la formulación de la pretensión penal no puede constituir en el proceso un mero y vano formalismo, pues importa el comienzo de lo que el autor citado denomina "un iter" que es el modo de que el imputado adopte el status de tal (Carnelutti -cuestión sobre el proceso penal, pág.

137). Por ello el célebre Carrara (programa, parágr. 891 edit.

Temis, pág. 363) enfatiza "por esto, la intimación de la acusación (para que no se convierta en una farisaica simulación procedimental) debe llenar siempre dos condiciones: 1ro.) debe ser completa; 2do.) debe ser hecha a tiempo. Y cuando, se afirmaría la concurrencia del primer requisito y se expresa "es incompleta, porque al juicio y a las comprobaciones de la defensa, no se han presentado los objetos sobre los cuales deben recaer las indagaciones críticas" (ob. cit. pág. 366).-
Depreciación monetaria, cosa juzgada
Materia: PROCESAL
Carátula: ESTADO PROVINCIAL c/ SANTA ISABEL S.A. s/ EXPROPIACION  - INDEMNIZACION - DEPRECIACION MONETARIA - COSA JUZGADA  - DERECHO DE PROPIEDAD - INTERESES.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-10-08

La actualización del importe de la condena fijado en el fallo no compromete sino que preserva la autoridad de la cosa juzgada, pues lo que busca fijar definitivamente no es tanto el texto formal del pronunciamiento cuanto la solución real decidida por el juez en él, la cual resultaría frustrada de no efectuarse el reajuste cuando, por culpa del obligado, aquél no es cumplido a su debido tiempo.
Quiebra, clausura del establecimiento, locación, resolución del contrato
Materia: COMERCIAL
Carátula: CLUB ATLETICO ATLANTA ASOC. CIVIL s/ QUIEBRA  S/  INC.  DE  LEVANTAMIENTO  DE  CLAUSURA POR ASOC. ATLETICA  ARGENTINOS JUNIORS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-20

La clausura del establecimiento es el efecto propio que produce la declaración de quiebra, debiendo interpretarse, en consecuencia, que cualquier circunstancia que lleve a levantarla debe ser interpretada restrictivamente. Por ello, si la petición de levantamiento se encuentra fundamentada en la existencia de un contrato que es denominado por la peticionante de locación, pero cuya naturaleza no coincide con este tipo de convenio, ello obsta a que se le aplique las disposiciones previstas en la LC: 161, por lo que corresponde rechazar la petición y resolver el contrato.
Derecho a la salud, derecho a la vida, asistencia médica, fertilización asistida
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: B. N. L. Y L. F. A. c/ OBRA SOCIAL DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES s/ AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 2011-03-16

[.] el derecho a una buena calidad de vida o vida "digna" importa una adecuada e integral atención médica, ocupando un papel central dentro de los Derechos Humanos. Así, dentro de la categoría de los derechos personalísimos, derivados del derecho a la vida digna, se enmarca el derecho a la salud, a la integridad física y psicológica y a su preservación como a un adecuado tratamiento. Corresponde recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que el derecho a la salud está íntimamente relacionado con el derecho a la vida, siendo éste el primer derecho de la persona humana que resulta reconocido y garantizado por la Constitución Nacional. El hombre es el eje y centro de todo el sistema jurídico y en tanto fin en sí mismo -más allá de su naturaleza trascendente- su persona es inviolable y constituye un valor fundamental, con respecto al cual, los restantes valores tienen siempre carácter instrumental (v. doctrina de Fallos: 323:3229).

Por lo que a partir del ordenamiento jurídico nacional, supralegal y provincial y de la premisa consagrada por el Más Alto Tribunal del país y lo resuelto por la jurisprudencia, resulta inevitable tener en cuenta, insisto, que la Sra. B. tiene 37 años de edad -según constancias de autos- y que luego de infructuosos intentos para lograr ser madre y alcanzar ese milagro de la vida que es el concebir, luego de realizarse todos los estudios médicos detallados junto a su marido, tiene ahora a su alcance la posibilidad de concretar su deseo a través del tratamiento recomendado de FERTILIZACION ASISTIDA POR TÉCNICA ICSI (INYECCIÓN ESPRMÁTICA INTRACITOPLASMÁTICA). Y probado como está el silencio del I.O.S.COR. pero acreditado también el apoyo de sus médicos a pesar de no estar cubierto el tratamiento, que B. y L. son titulares de la Obra Social, no puedo más que concluir que el Estado Provincial a través del Instituto de Obra Social (I.O.S.COR.) debe garantizar y cubrir el tratamiento sugerido a los amparistas durante el tiempo que dure, de modo integral y mientras sea posible alcanzar el embarazo.
Acción de amparo, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Diario La Nueva Provincia  SRL s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-08-10

Para la admisibilidad del amparo, resulta condición esencial, que se haya configurado "arbitrariedad o ilegalidad manifiesta" (art. 1 de la ley 16.986).
Fallo plenario, obligatoriedad del fallo plenario
Materia: CIVIL
Carátula: LA GIOIA CAYETANO s/ SUCESION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-06-12

Al fijar la interpretación de la ley en un fallo plenario, el tribunal no legisla, sino que establece la doctrina obligatoria con el objeto de evitar pronunciamientos contradictorios. Por lo tanto, es evidente que dicha doctrina es de aplicación inmediata, incluso a las cuestiones pendientes, por cuanto fijar una interpretación obligatoria, no importa aplicar disposiciones en forma retroactiva (conf. C.N.Civ. Sala E, c. 6560 del 3-5-84 y jurisprudencia allí citada).-
Contratos, contratos innominados, jugador de fútbol, rescisión del contrato, daños y perjuicios
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SANTO TOME SA c/ ASOCIACION CIVIL CLUB CHACARITA JRS s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-08

Resulta procedente la demanda incoada contra una asociación deportiva en reclamo del 10% del valor de la venta de un jugador de futbol profesional, toda vez que no fue cuestionada la vigencia del convenio mediante el cual la actora a cambio del pago de cierta suma de dinero (U$S 50.000) accedió al 10% de los beneficios económicos que pudiera generar la venta, transferencia o cesión del jugador profesional antes nombrado que se desempeñaba para el club demandado. Sin embargo, la accionada rescindió el contrato del jugador profesional, incumpliendo las cláusulas contractuales que le imponían contar con la conformidad expresa de la actora para tal fin. En ese marco, toda vez que la demandada se comprometió a no dejar libre al jugador mencionado, al hacerlo sin siquiera comunicar previamente su decisión a quien ostentaba el 10% de los derechos económicos del pase y sin haberse probado la configuración de alguna causal válida que hubiera permitido justificar tal proceder, genera irremediablemente el deber de responder por los daños y perjuicios que su incumplimiento provocó.
Daños y perjuicios, automotores, culpa, semáforo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CABALLERO OSVLDO c/ JORGE BARDINELLA s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S068 - 150)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1992-05-19

Cuando el accidente se produce habiendo semáforos en funcionamiento, quien cuente con luz verde habilitante podrá circular a velocidad precaucional, sin que importe para nada la calidad de embistente o el haber avanzado más o menos en la intersección.-
Recurso de casación, inadmisibilidad formal, falta de fundamentación autónoma
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Romero, Sergio D. c/ Estado Provincial s/ Daños y Perjuicios - Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-02-05

Se interpone recurso de casación en contra de la Sentencia Interlocutoria dictada por la Cámara de Apelaciones que tiene por desierto el recurso interpuesto por la parte actora y confirma la sentencia del juez de grado que declara la caducidad de la instancia.

Fundamenta el recurso en la causal de errónea interpretación y aplicación de la ley.

El recurso de casación interpuesto es claramente inadmisible a efectos de habilitar la competencia de excepción de este Tribunal, en tanto el planteo esgrimido carece de requisitos formales propios y específicos de este medio de impugnación que no fueron mínimamente satisfechos por el recurrente.

En efecto, la admisibilidad por esta causal está condicionada a que el recurrente exprese claramente en qué consiste la violación de la norma invocada y cuál sería la norma que, a su criterio, es de aplicación al caso y que conduzca a un resultado diverso al que se arribó en autos.

La critica así ensayada no resulta atendible, a más de ello no establece en qué consiste la nulidad denunciada, y menos aun el motivo por el que una sentencia interlocutoria deba apartarse de las normas que regulan su dictado y deba seguir las reglas para el dictado de una sentencia definitiva.

Tampoco rebate los fundamentos de la sentencia, por lo que sus fundamentos quedaron firmes por falta de crítica, lo que revela ausencia del requisito de fundamentación autónoma.

A más de lo señalado, el recurso debe considerarse inoficioso, toda vez que no se adecua a lo dispuesto en el art. 3 inc. c) de la Acordada N° 4070/08 dictada por esta Corte de Justicia, al no realizar el relato claro y preciso de todas las circunstancias relevantes de la causa, en el inc. d), por carecer de crítica al fallo; en el inc. f), al no explicar suficientemente de qué modo el pronunciamiento impugnado le ocasiona una gravamen personal, concreto actual y no derivado de la propia actuación del recurrente, quien no se hace cargo de cada uno de los fundamentos que sustentan el de fallo apelado.

Por todo ello, corresponde declarar la inadmisibilidad del recurso interpuesto por la actora, con costas.
Seguros, prima, pago, plazo
Materia: COMERCIAL
Carátula: FRANCO, LUIS c/ CARUZO, SALVADOR s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-16

Sólo dos modalidades pueden pactarse en orden al pago de la prima:

(a) al contado, con pago íntegro del precio al emitirse la póliza y comenzar la cobertura del seguro; (b) a crédito, mediante el aplazamiento de los pagos en seis cuotas expresamente regladas en la cláusula de cobranza respectiva.

No existe tercera posibilidad; o se paga al contado o se otorga crédito. Entonces, cuando no hubo anticipación del precio, no puede interpretarse otra cosa más que existió concesión, por parte del asegurador, de plazo para el pago, se haya o no entregado la póliza, pues la relación contractual nace con la emisión de ésta lo que importa consentimiento (Código Civil 1137).

Obviamente, si la póliza es entregada sin haberse cobrado el precio, ello permitirá presumir el aplazamiento (ley 17.418:30), mas la inconcurrencia de este extremo no importa tener que presumir lo contrario, puesto que de todos modos con el hecho de haberse emitido la póliza con el consiguiente cierre del consenso negocial sin exigirse al propio tiempo el pago anticipado del premio, no puede sino llevar a pensar que se concedió plazo para el pago en los términos del contrato.
Recurso de apelación (procesal), acción de amparo, fundamentación del recurso, fundamentación insuficiente
Materia: PROCESAL
Carátula: GONZALEZ MARIA ESTHER c/ IOS s/ AMPARO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-11

Si bien la remisión formulada por el apelante a una presentación suya anterior, resulta como principio improcedente para tener validamente fundado -en el aspecto reseñado-el recurso interpuesto (arg. art. 265 del Código Procesal; Corte Suprema, del 26.11.85, JA, 1986-IV, pág. 341; esta Cámara, Sala I, del 17.12.85, reg. en ED, 118-332), corresponde atenerse a un criterio flexible en la exigencia de satisfacer la carga técnica de fundamentación, dada la notable reducción de plazos de la acción de amparo, y de la naturaleza de las cuestiones debatidas (cfr. Gozaini, O. F. "Características de los Recursos Previstos en el Juicio de Amparo", reg. LL, 1994-D, pág.

919, espec. Cap. III, ap. 1).
Seguros, cláusulas del contrato
Materia: COMERCIAL
Carátula: DIAZ  ROBERTO  EDUARDO c/ LA  NUEVA  COOP.  DE  SEGUROS LTDA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-28

El contrato de seguro es contrato de buena fe, es más de 'uberrimae bona fide' (Isaac Halperin, Seguros, segunda edición actualizada, pág. 50 y ss., editorial Depalma, Buenos Aires 1991). Este no es rasgo peculiar del contrato en sí, sino que sigue el principio que domina todo el derecho de las obligaciones; y si ello no quita que sus cláusulas han de interpretarse con criterio restrictivo, no es menos exacto que ha de estarse a favor del asegurado para el supuesto de oscuridad o ambigüedad en forma acorde con el sentido y objeto que ella persigue, esto es, en forma razonable con el riesgo que se quiso cubrir y lapso comprendido (CNCom, Sala B, 3.7.2000, "Ferrari, Claudia Marisa y otro c/ Sur Compañía Argentina de Seguros SA, s/ sumario"); no obsta tampoco a esta conclusión el previo control o autorización administrativa de las cláusulas del contrato de seguro (v. informe glosado en fs. 219/222), por cuanto ello no excluye el control judicial de equidad del contenido del contrato por adhesión, equivalente al control de la justicia contractual (conf. CNCom., Sala A, in re: "Liotta, Leonardo Fabián c/ Compañía Argentina de Seguros Visión s/ ordinario", del 21/11/2000).
Empleo público, ley de contrato de trabajo, aplicación de la ley, prueba, convenios colectivos de trabajo
Materia: LABORAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Alfaro, Lorenzo Gustavo c/ O.S.C.A. Obras Sanitarias Catamarca s/ Acción contencioso administrativa de plena jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1998-04-16

No resulta de aplicación a los empleados de la Administración Pública la norma contenida en el art. 212 de la L.C.T., ya que la misma legislación laboral los aparta de sus disposiciones, circunstancia esta que impone, a quien intenta tal inclusión, la prueba de que al concertarse la prestación de servicios personales dependientes se acordó especialmente que la relación se ajustaría al derecho del trabajador o que se diera la otra parte de la alternativa prevista, suscripción de un convenio colectivo de trabajo, art. 2 L.C.T.
Debido proceso, valor justicia, seguridad jurídica, defensa en juicio, obligaciones del Estado miembro, recomendaciones de organismos internacionales
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso de los 19 Comerciantes Vs. Colombia S/Sentencia de excepción preliminar c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2002-06-12

Resulta un principio comúnmente aceptado, que el sistema procesal es un medio para realizar la justicia y que ésta no puede ser sacrificada en aras de meras formalidades aún cuando la seguridad jurídica exige que los Estados Parte sepan a qué atenerse, por lo que si la Comisión Interamericana otorga un plazo al Estado denunciado para que cumpla con las recomendaciones del informe preliminar -artículo 50 de la Convención Americana-, debe esperar a que éste remita su respuesta dentro del plazo fijado y valorarla con el único fin de decidir si someter el caso a conocimiento de la Corte Interamericana, es la alternativa más favorable para la tutela de los derechos, o si por el contrario, las medidas adoptadas por el Estado a raíz de dichas recomendaciones, representan una contribución positiva al desarrollo y cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Convención Americana, a fin de investigar las violaciones a los derechos humanos que se le atribuyen, sancionar a los responsables y reparar sus consecuencias.
Proceso penal, prisión preventiva, intención de eludir la acción de la justicia, antecedentes penales, CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: SANOGUERA, DIEGO LORENZO s/ infracción art. 189 bis CP, portación de arma de fuego de uso civil.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-17

En el caso, la defensa se agravia de que entender falta de arraigo del imputado para afirmar la existencia de riesgo de fuga, se trata de una base discriminatoria para restringir la libertad durante el proceso pues de ello se derivaría la regla que sólo quienes son propietarios pueden transitar un proceso penal en libertad.

El arraigo no se refiere a la condición de propietario, sino al aporte de un domicilio real donde pueda ser hallado a los fines del presunto proceso, por lo que debe desestimarse dicho agravio.
Escisiones partidarias, nombre partidario
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Poder Político de los Jubilados s/ Reconocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-27

En caso de escisión partidaria, el art. 16 de la ley 23.298 establece que el grupo desprendido carece de derecho a emplear total o parcialmente el nombre originario del partido o agregarle aditamentos.
Empleados públicos, concursos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Pignataro, Liliana Beatriz c/ Municipalidad de Gral.Pueyrredón s/ Demanda contencioso administrativa Gallicio, Nélida Angela c/ Provincia de Buenos Aires (Fisc. de Estado) Coadyuvante: Salvador, Zulema Myriam s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-05-20|1997-06-10

Mientras se sustancia el procedimiento selectivo de un concurso los postulantes sólo pueden invocar un interés legítimo para exigir que las respectivas normas sean observadas sin que éste habilite para demandar la anulación de actos administrativos en la instancia originaria establecida por los arts. 1°, 28 y concs. del C.P.C.A., exclusivamente reservada a quienes aleguen experimentar la lesión de un derecho subjetivo de carácter administrativo. (MINORIA U OPINION PERSONAL)