Tribunal: CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-02-05


AUTOS N° 7814 "JOFRÉ Walter Benamar C/ Jaime Sesé y Otro - Apelación Auto Interlocutorio" San Juan, cinco de Febrero de dos mil nueve.- VISTO:

La reanudación del llamamiento de autos oportunamente ordenado en la causa, obrante a fs. sub 248, a los fines de resolver el recurso de apelación deducido a fs. sub 222 por la ejecutada; y de conformidad al sorteo practicado para la emisión de votos de los Sres. Camaristas,	EL DOCTOR JOSÉ DIONISIO CASTRO DIJO: Que, conforme se advierte de las constancias del expediente, la ejecutada se alza contra el Auto Interlocutorio dictado por el Sr. Juez del Segundo Juzgado Laboral a fs. sub 213/215, por el cual desestima la impugnación oportunamente deducida por su parte contra la liquidación formulada por sus ex apoderados.-	En la resolución atacada, el Inferior resolvió: 1- Que los intereses de los honorarios regulados a dichos profesionales deben correr desde el 07-01-06, en tanto se toma como fecha de notificación de los mismos a sus ex representados, el 07-12-05, fecha en que éstos procedieron con nuevo apoderado a abonar la parte que a ellos les correspondía según condena en costas.- 2- Desestima la pretensión del ejecutado, respecto a que la suma abonada de $ 10.000 se tome como cancelación de algunas regulaciones que no superaban dicha cifra, con fundamento en que los ejecutantes no están obligados a recibir pagos parciales, por lo que recién a partir del retiro voluntario de dichos fondos, corresponde la deducción para el cálculo de los intereses.- y 3- Impone las costas al ejecutado, por la ínfima diferencia existente entre la planilla practicada por el ejecutante, con la que surge de las pautas dadas el A quo.-	A fs. sub 224/226 la recurrente expresa los siguientes agravios: 1- que la sentencia fija como fecha de cálculo de los intereses el día 07-01-06, y no la fecha de notificación de la ejecución contra su parte, esto es el 08-05-06, tal como regla el art. 197 de la ley 2150.- Manifiesta que el a quo pretende tomar como base la fecha en que el obrero pagó voluntariamente los honorarios a su cargo (30%), sin que hasta ese momento sus ex apoderados hubieran manifestado su intención de ejecutar a su ex cliente lo adeudado por el vencido Sr. Sesé y la tercerista Sra. Sirerol.- Es más, si sus ex apoderados iniciaron ejecución contra el obligado al pago de las costas, mal podría pensar el ex cliente que adeudaba suma alguna en tal concepto.- 2- De la condena en costas, por cuanto el A quo le da la razón parcialmente, y sin embargo le impone las costas de la incidencia, cuando corresponde imponerlas a los ejecutantes, en tanto se haga lugar a su pretensión y se considere correcta la impugnación.- Y 3- Por cuanto el A quo sostiene que los $ 10.000 abonados por su parte no pueden considerarse cancelatorios de las regulaciones efectuadas, porque no considera a éstas como regulaciones autónomas, y pretende que el pago debió ser total.-	Corrido debido traslado a la contraria, éstas lo contestan a fs. sub 229/231, oponiéndose al progreso de la apelación, por los fundamentos que expresa y a los que me remito en honor a la brevedad.-	Expuestos suscintamente los antecedentes del recurso venido a estudio, y previo a entrar en el tratamiento del primer agravio, considero pertinente realizar las siguientes consideraciones, en relación a las normas de aplicación al caso.- El art. 233 de la ley 2150, prevé expresamente que "cuando se trate de honorarios correspondientes a condenación en costas, el profesional puede, a su elección, reclamar su pago tanto al condenado al pago de las costas como a su cliente, éste a su vez, tiene acción ejecutiva para repetir del condenado el pago de las costas y el importe abonado." Por otra parte, el art. 197 del mismo cuerpo legal determina en relación a los intereses que "en todos los casos, la regulación de los honorarios deberá ser notificada por cédula a los mandantes o patrocinados.- La obligación de pagar honorarios implicará la condena de pagar, además de los intereses, la desvalorización que haya afectado el signo monetario, desde la fecha en que quedó firme el auto regulatorio notificado en el domicilio legal del mandante o patrocinado.- Se ha dicho en torno al tema, que "La desvalorización monetaria e intereses que contempla la ley 4072, surge de la mora del obligado al pago de los honorarios, lo que se produce con la sola notificación de la sentencia regulatoria" (conf. L.A., 1979-II245/247, confirmado por la Excma. Corte , L.S. 1979-I-15/16, etc.); de lo que resulta que la misma es exigible inmediatamente después de ejecutoriada la sentencia respectiva.-	Ahora bien, considero que si bien la sola notificación de la sentencia regulatoria torna exigible los mismos en forma inmediata, ello sólo puede suceder respecto a quien resultó obligado según sentencia, pues en relación a los otros eventuales obligados, como el que resulta de la opción prevista en el art. 233 ley 2150, la exigibilidad recién podría resultar, luego de ejercida tal opción por el acreedor, y notificada debidamente al mismo, pues antes de ello, no puede hablarse de retardo imputable.- Ello, pues en todos los casos la exigibilidad de que se habla, supone la existencia de un deudor moroso; y si se tiene en cuenta que la mora se vincula con el incumplimiento, considerado como la discordancia entre la conducta debida y la acción y omisión realizada; no puede advertirse de modo alguno en el presente caso, que la ejecutada haya incurrido en ello desde la fecha que indica el A quo en su resolución.- Pues en tal fecha, si bien procedió debidamente a abonar el porcentaje de costas a su cargo determinado en la sentencia y tomó conocimiento de la regulación practicada, su ex apoderado aún no había ejercido la opción que prevé el art. 233 de la ley 2150.- Por lo que no puede decirse entonces que el ejecutado se encontraba en mora respecto del resto de costas que había sido impuestas a la contraria, sino hasta el 09-05-06, fecha en que se notificó al mismo la ejecución de honorarios contra su parte.- A partir de esa fecha, el incumplimiento ya le es imputable, cayendo en mora, y por tanto, generando el derecho a cobrar intereses para el ejecutante.-	Por lo que considero que debe hacerse lugar al primer agravio que expresa el apelante, debiendo modificarse la sentencia del Inferior de acuerdo a lo expuesto; esto es, que los intereses deberán ser aplicados a partir de la fecha en que se notificó al ex poderdante, la ejecución de los honorarios contra su parte.-	Respecto al segundo de los agravios, el mismo se torna abstracto, toda vez que teniendo en cuenta lo resuelto previamente, corresponde igualmente modificar la imposición de costas efectuada por el A quo, en la forma que infra se determina.-	Respecto al tercer agravio, considero que el mismo debe ser rechazado, en tanto lo resuelto por el Inferior resulta ajustado a derecho.- En efecto, si bien al efectuarse distintas regulaciones éstas son autónomas, y podrían ser abonadas independientemente, una vez iniciada la ejecución de todas ellas, ésta es por la suma unificada, y los ejecutantes no están obligados a percibir pagos parciales, por lo que recién se podrían computar intereses de la misma, una vez percibida por los ejecutantes.-	En cuanto a las costas de primera instancia, considero que las mismas deben ser modificadas, tal como se expresó ut supra, imponiéndose en un 80% a los ejecutantes, y en el 20% restante al ejecutado.- Las de alzada se imponen en la misma proporción, cf. arts. 125 , 126 del C.P.L., y 77 del C.P.C., de aplicación supletoria, difiriéndose la regulación de honorarios para la oportunidad correspondiente.-	EL DOCTOR MIGUEL ERNESTO NOVOA DIJO: Que adhiero por sus fundamentos al voto del Dr. Castro; sin perjuicio de lo cual, considero conveniente hacer las siguientes consideraciones:

Que ninguna duda cabe que todo lo relativo a la mora y su efectos, es materia de derecho sustancial regulado por el Código Civil, que no puede en modo alguno ser desconocido o modificado por la legislación provincial, en virtud de lo establecido por el art. 31 de la Constitución Nacional.

Que entrando al exámen de las disposiciones del citado ordenamiento legal, se advierte que para que la mora se produzca, es necesario que existan dos elementos fundamentales: retardo e interpelación. (Código Civil, Bueres - Highton, nota art. 508).

Que entrando al exámen del caso de autos, se advierte que en el supuesto en estudio no existe retardo en el cumplimiento de la obligación por parte del actor, en tanto con relación a las costas que no le fueron impuestas, estamos en presencia de una obligación sin plazo, que tiene como causa el contrato de mandato y no la sentencia (como ocurre con el condenado en costas). De tal modo, sólo sería extemporáneo el pago, si antes medió fijación de plazo por parte del Juez.

Que tampoco se advierte que existiera interpelación por parte del acreedor, esto es: reclamo categórico y apropiado (obra y art. citados), en tanto lo único que hubo en autos fue notificación personal de la regulación por parte del actor, al abonar el monto de su condenación. En modo alguno puede entenderse que la notificación de los honorarios regulados, a que se refiere el art. 197 de la ley 2150 (modificado por ley 4072), importe requerimiento o reclamo categórico y apropiado, en tanto: la ley provincial no puede modificar la nacional, como dijera y dicha notificación no pone de manifiesto una expresa manifestación de voluntad del acreedor que compela al cumplimiento, es decir precisa y coercitiva, máxime que en el caso no fue producida por el ejecutante. (Obra y art. citados).

Que aún en el supuesto que se entendiera que la obligación tenía plazo de cumplimiento y que medio interpelación conforme las disposiciones del Código Civil, entiendo que el deudor no debe sufrir las consecuencias de la mora, esto es el pago de los intereses, pues no le es imputable, en tanto bien pudo entender que lo lógico es que el profesional reclamara el pago del condenado en costas y que la elección del mandante debería habérsele hecho saber oportunamente.-	EL DOCTOR HERMES FRANCISCO CARRERA DIJO: Adhiero a las conclusiones a que arriba el Dr. Castro en su fallo, como asimismo a las consideraciones vertidas por el Dr. Novoa en su voto.-	Por ello, el Tribunal RESUELVE:

I- Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación deducido por el ejecutado, y modificar la sentencia apelada en la forma expuesta precedentemente.-	II- Imponer las costas en la forma ordenada ut supra, y diferir la regulación de honorarios para su oportunidad.-	III- Protocolícese, agréguese copia fiel a autos, notifíquese, y oportunamente bajen los autos al Juzgado de origen.-