Víctima menor de edad, doctrina de los actos propios, improcedencia del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: V.A.J. s/ Recurso de Casación interpuesto por los Dres. Víctor Manuel Pinto y Fernando Ramón Avila, en causa Nº 217/08 - V.A.J. - Abuso Sexual con Acceso Carnal, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-12-17

Contra la sentencia que, por mayoría, condenó al imputado como autor penalmente responsable del delito de Abuso sexual gravemente ultrajante en forma continuada, agravado por la situación de convivencia preexistente (hecho nominado segundo), los asistentes técnicos del imputado interponen recurso de casación.

Subsidiariamente, los recurrentes introducen el motivo sustancial previsto en el art. 454 inc. 1º del C.P.P. Sostienen que la sentencia es nula, por violación al principio constitucional de defensa en juicio, causando gravamen irreparable (art. 18 C.N.) y cuestionan que el tribunal haya valorado el testimonio del hermano de la víctima.

Cabe agregar a este acápite el punto IV del escrito recursivo, puesto que se encuentra íntimamente relacionado con la cuestión que aquí se trae a estudio. Bajo el título: "arbitrariedad de la sentencia por falta de tratamiento de una cuestión defensiva esencial. Privación del doble conforme", los recurrentes sostienen que los jueces nada dijeron con respecto a uno de los pedidos de la defensa alusivos a la imposibilidad de considerar válidamente el testimonio del hermano de la menor víctima.

Reiteran que la defensa, al momento de alegar, planteó la imposibilidad de utilizar el testimonio del menor hermano de la víctima, por cuanto sólo había prestado declaración testimonial en la instrucción cuando aún el imputado no había sido individualizado y no pudo, en consecuencia, controlar la producción de la prueba. Luego, reiteran que no compareció al debate y se introdujo por su lectura el testimonio, siendo otra vez imposible para la defensa controlar la declaración.

Los argumentos por los cuales los recurrentes resisten la sentencia atacan la legitimidad de la fundamentación que valoró un testimonio incorporado por su lectura, con lo que entienden que se ha vulnerado el derecho de defensa del imputado.

La característica central del debate es la oralidad, en tanto ella posibilita en forma óptima "las virtudes individuales y combinadas de la publicidad, la inmediación, el contradictorio y la identidad física del juzgador, integrándolas en una unidad de funcionamiento en la realidad, que sólo puede separarse conceptualmente" (Cafferata Nores-Tarditti, Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba Comentado, Tomo 2, Editorial Mediterránea, 2004, p. 166). Excepcionalmente, cuando se trata de la prueba testimonial, se autoriza la lectura de las declaraciones prestadas en la investigación -siempre que hayan sido recibidas por funcionarios del Poder Judicial- en los casos y situaciones previstas por el artículo 392 C.P.P., bajo sanción de nulidad.

Una de esas situaciones es cuando no concurren los testigos "o hubiese acuerdo entre el Tribunal y las partes" (incs. 1 y 2°, art. cit.), disposición que ha posibilitado una praxis amplia de acuerdos para la incorporación por la lectura.

En cuanto a quienes tienen capacidad para declarar como testigos, la disposición procesal es amplia, en tanto consagra la obligación de toda persona de "concurrir al llamamiento judicial y declarar la verdad" (art. 228 del C.P.P.). En cuanto a la denuncia del impugnante por la incorporación por la lectura del testimonio del hermano de la víctima -único testigo presencial-, desatiende que si ello ocurrió fue merced al acuerdo entre Tribunal, Fiscal y defensa durante la audiencia de debate. Ello surge del acta de fs. 243 y 245 vta. en donde se constata que el Fiscal de Cámara pidió la incorporación por la lectura de esa prueba, a lo que las partes no formularon objeción alguna compartiendo con lo solicitado oportunamente, peticiones a las que hizo lugar el juzgador.

De allí, que si la defensa pidió la incorporación por la lectura del testimonio, resulte incompatible que luego se agravie por ella, ya que conforme al principio derivado de la denominada teoría de los actos propios, nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos ejerciendo una conducta incompatible con una anterior conducta deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz (C.S.J.N., Fallos 7:139; 275:235, 256 y 459; 294:220).

Por ello, corresponde no hacer lugar al recurso interpuesto.