Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-04-27


MILKAUT S.A. contra MALUF, Ramón Reg.: A y S t 206 p 389-393.

En la ciudad de Santa Fe, a los veintisiete días del mes de abril del año dos mil cinco se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Roberto Héctor Falistocco, María Angélica Gastaldi y Mario Luis Netri, con la presidencia del señor Ministro decano doctor Rodolfo Luis Vigo a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "MILKAUT S.A. contra Maluf, Ramón -Exclusión Tutela Sindical- sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. n° 65, año 2002). Se resolvío someter a decisión a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto? SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente? TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar? Asimismo, se emitieron los votos en el orden en que realizaron el estudio de la causa, o sea, doctores: Falistocco, Gastaldi, Netri y Vigo.

A la primera cuestión, el señor Ministro doctor Falistocco dijo: Mediante resolución registrada en A. y S., T. 176, p.39, esta Corte admitió la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la actora contra la sentencia de la Sala Segunda -integrada- de la Cámara de Apelación en lo Laboral de esta ciudad, por entender que su postulación contaba "prima facie", con suficiente asidero en las constancias de la causa e importaba articular con seriedad planteos que podían configurar hipótesis de violación del derecho a la jurisdicción, con idoneidad suficiente como para lograr la apertura de esta instancia extraordinaria (fs. 45/46, Expte. C.S.J.

Nro. 226/01, agregado por cuerda).

El nuevo análisis que impone el artículo 11 de la ley 7055, efectuado con los principales a la vista, me conduce a ratificar aquella conclusión.

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Gastaldi, Netri y el señor Ministro decano doctor Vigo expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro doctor Falistocco y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión, el señor Ministro doctor Falistocco dijo: 1. La Sala Segunda -integrada- de la Cámara de Apelación en lo Laboral de esta ciudad, en el pronunciamiento traído en revisión, resolvió hacer lugar parcialmente al recurso de apelación de la demandada y, en su mérito, declarar que la exclusión de la garantía sindical con motivo de los hechos debatidos en autos -que había sido dispuesta, a su turno, por el juez de baja instancia- habilitaba a la actora a su respecto en los límites del tipo y proporción referidos en los considerandos de la sentencia (suspensión de hasta 15 días).

Contra ese fallo, interpuso la firma "Milkaut S.A." recurso de inconstitucionalidad por no reunir las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción que acuerda la Constitución de la Provincia (art. 1, inciso 3), de la ley 7055), al haber incurrido en arbitrariedad por haberse pronunciado sobre una cuestión que no había sido planteada, en exceso a las pretensiones que "el procedimiento sumarísimo prevé para el caso".

En ese sentido, afirmó que la solución del Tribunal a quo al hacer lugar a la apelación limitando el poder disciplinario de su parte, sin que el propio demandado apelante lo hubiera solicitado y sin haber éste siquiera objetado el tipo de sanción, le provocaba un insoslayable agravio constitucional por cuanto trasuntaba un menoscabo a su derecho de defensa y al debido proceso.

Alegó que el contradictorio había girado en torno a la necesidad de excluir la tutela sindical del demandado y la exclusión en blanco argumentada por éste. Destacó que si las partes hubieran trabado la litis alrededor del poder disciplinario conferido por el Régimen de Contrato de Trabajo se habría peticionado concretamente en tal sentido, aproximado la prueba y debatido en el contradictorio en qué proporción la aplicación de medidas correctivas se subsumiría en una razonable decisión punitiva.

Ante la denegación por la Sala del remedio intentado, la recurrente ocurrió en queja ante esta Corte, logrando la apertura de esta instancia (res. reg. en A. y S. T. 176, p.

39, fs.45/46, Expte. C.S.J. Nro. 226/01).

2. Una atenta lectura de las constancias de la causa me persuade de que el decisorio impugnado -tildado de arbitrario, como violatorio del principio de congruencia y del derecho de defensa del accionante por morigerar la sanción propuesta por la empleadora cuando dicha cuestión no había integrado el debate, circunscripto a dilucidar si la accionante había (o no) intentado excluir "en blanco" la tuela sindical- no merece ser descalificado, en tanto -desde mi parecer- los mentados vicios no se revelan en el caso, tal como lo detallaré "infra".

En primer término, y para presentar en forma ordenada mi razonamiento sobre el tema, creo oportuno puntualizar que, respecto al procedimiento a seguir para excluir la tutela sindical de un representante gremial a quien se desea sancionar, se ha sostenido que se trata de una cuestión de naturaleza fáctica, probatoria y de derecho común, y, por ende, exenta -en principio- de revisión por la vía extraordinaria; y que, el solo hecho de enrolarse en la posición que estima necesario tratar conjuntamente la cuestión sindical y la contractual, no resulta suficiente para fundar un reproche de índole constitucional (ver por todos, A. y S., T. 169, pág. 463). En dicho precedente, se reseñaron las posturas doctrinarias y jurisprudenciales sobre el tema y así se señaló: Estudia Bof ("Acciones tutelares de la libertad sindical", págs. 162 y s.s.) cuales son las posiciones al respecto: a) la acción de exclusión de tutela es de naturaleza cautelar; b) es una acción autónoma y de conocimiento que analiza la cuestión de fondo pero con un debate limitado a establecer si la conducta del empleador no lesiona la libertad sindical tutelada; y c) acción autónoma y de conocimiento, mas incluyendo el debate tanto la cuestión sindical como la contractual, referida -esta última- a las medidas a aplicar por el empleador.

Tras formular una razonada crítica a las dos primeras corrientes de opinión -las que, vale aclarar, se sustentan en la aparente mayor protección que acarrean para el trabajador- se enrola decididamente en la tercera, destacando la necesidad de que en la demanda el actor especifique con claridad y precisión la medida que dispondrá; y pone énfasis en que "...la protección gremial...cede ante la justa causa y -de allí- que es preciso que la cuestión contractual y sindical sean tratadas simultáneamente antes de levantar la tutela...". Aclara, por lo demás, que el "carácter preventivo" del proceso de exclusión de tutela no implica una acción previa o cuestión prejudicial, sino que "...significa contar con un sistema que evite o impida la ejecución de actos u omisiones que importen un desconocimiento o ataque a la libertad sindical, previniendo de este modo que el empleador pudiera disponer medidas contractuales que estén encubriendo comportamientos antisindicales...".

Néstor Corte -por su lado- afirma que condicionar la validez del despido del sujeto protegido por la tutela sindical a la previa acreditación por parte del empleador, de la existencia de justas causas que legitiman la medida que se propone adoptar es una técnica que responde, además, a las exigencias prácticas de la tutela ("El modelo sindical argentino", pág. 487).

Por su parte, José Daniel Machado adhiere a la segunda. Concretamente dice que es claro que la acción de exclusión de tutela opera en resguardo del interés colectivo, no constituyendo la estabilidad un fuero ni privilegio personal sino una condición de posibilidad de la función representativa. Su objeto, por tanto, es exclusivamente el mantenimiento o no de dichos "status", que pasa por el juzgamiento de si han mediado incumplimientos que, por su veracidad y gravedad, hagan conveniente la plena restitución de las facultades disciplinarias del empleador y permitan tener certeza de no estar ante una represalia o sanción ligada al ejercicio regular del cargo o función. Ello no empece que, ya despojado de su protección especial, el trabajador, en resguardo de su interés personal, promueva luego juicio tendente al cobro de los créditos que como dependiente "común" le asisten, sea por contar con mejores pruebas que las analizadas en el "desafuero", sea por considerar que si bien la medida no ha guardado relación alguna con el ejercicio del cargo, ha sido igualmente desproporcionada (cfr. autor cit., en J.S. n 24). También se reseñó el espectro de opiniones que presenta la jurisprudencia sobre el tema.

En el "sub examine", el Vocal cuyo voto hiciera sentencia, analizó la situación fáctica que se ventilaba ante sus estrados, y en tren de responder los agravios que traía la accionada dejó en claro que más allá de su propia opinión sobre los fines de la acción intentada y los alcances de la cosa juzgada que debieran resultar de esta decisión (limitados a la procedencia de la exclusión de tutela y sin juzgar sobre la razonabilidad de una sanción que todavía no se aplicó) las particularidades de este debate imponían decidir sobre la gradación de la sanción a aplicar (f. 213).

Estas consideraciones no hacen sino trasuntar el encolumnamiento de los Sentenciantes en una de las posibles posiciones sobre el tema, que como reiteradamente se ha dicho y adelantado en la reseña precedente, no puede habilitar esta instancia de excepción.

Y ya desde esa perspectiva fue que el Juzgador concluyó que el debate sobre los hechos que dieron base a la acción aparecía agotado (las partes habían litigado al respecto durante casi tres años), que la sanción proyectada había sido explicitada en la demanda y que el A quo se había expedido sobre la proporcionalidad de la medida.

A ello agregó que "...constituiría entonces un dispendio, en la pura defensa de una posición doctrinaria, sostener que el juicio sobre causa y proporción de la medida debe proponerse luego de que la misma sea formalmente aplicada. No advierto ningún compromiso del derecho de defensa (sobradamente ejercido en las actuaciones) que conduzca en el caso a una antieconómica duplicidad de procesos basados en los mismos hechos".

Para -finalmente- proponer, "...desde la heterodoxia al servicio de la mejor prestación de justicia...", la limitación de la facultad disciplinaria de la empleadora, "... a la posibilidad de suspender al demandado hasta por 15 días, si así decide hacerlo eventualmente no obstante el tiempo transcurrido, dado que los hechos invocados para sancionar fluyen debidamente acreditados, pero, asimismo, no invisten la gravedad adjudicada (así lo deja ver el ´a quo´ en sus fundamentos) ponderando los factores antes analizados que, si no bastan para considerar que no hubo infracción, sí alcanzan para morigerar su importancia desde el punto de vista de las circunstancias subjetivas (falta de experiencia, de antecedentes desfavorables, etc.)" (cfr. f. 213/213vto.).

Tales consideraciones, que como explicitaré seguidamente encuentran sustento en las constancias del expediente, aventan cualquier posibilidad de reputar que al accionante se le hubiera restringido algún derecho constitucional que amerite habilitar esta instancia excepcional.

Concretamente, en el escrito de demanda (fs. 15/18vto.) y en tren de individualizar la sanción a aplicar luego de la exclusión de la tutela, la empleadora narró detalladamente los sucesos que pusieran en marcha el ejercicio de su poder disciplinario; las características de los equipos y materia prima que habían sido puestos en riesgo a raíz de la conducta reprochada al accionado; y resaltó la capacitación y adiestramiento que había recibido el trabajador en orden a acreditar la gravedad de su conducta y justificar la decisión de sancionarla con 29 días de suspensión.

A su turno, el propio accionado (cfr. escrito de responde, fs. 45/49) cuestionó no sólo el aspecto formal del trámite -invocando el supuesto de exclusión en blanco que, como se apuntara, no prosperó- sino también los hechos imputados y su gravedad; tratando de morigerar su impacto con la falta de adiestramiento del trabajador, su categoría y función (de relativa responsabilidad), el goce de período de descanso, aunque sin aludir a la cantidad de días de suspensión.

Por su parte, la actividad probatoria y alegatoria de ambos contendientes se orientó a acreditar sus respectivas posturas y al decidir, el Magistrado de primer grado de conocimiento, ponderó concretamente la conducta incriminada y acreditada, el posible daño a los intereses de la demandada, para concluir que "...una actitud de abandono agravado en tantas facetas como las que he mencionado puede tener una sanción como la que ha propuesto la demandada (sic), a pesar de acercarse al máximo...." (cfr. fs. 177/178).

Dichas circunstancias fueron las que -a mi juicio- habilitaron a los Magistrados de segunda instancia a estimar que la sanción debía ser reducida a 15 días, sin que tal mutación implicara desmedro a alguna facultad de la accionante, derivada fundamentalmente, de no haber respetado el principio de congruencia entre las cuestiones debatidas y resueltas. Recuérdese que se ha sostenido que "el denominado principio de congruencia está dirigido, escribe Aragoneses, a delimitar las facultades resolutorias del órgano jurisdiccional, por imperio del cual debe existir identidad entre lo resuelto y lo controvertido oportunamente por los litigantes, y en relación con los poderes atribuidos en cada caso al órgano jurisdiccional por el ordenamiento jurídico. Guasp agrega que la congruencia exige que el fallo no se expida en más de lo requerido por las partes, que no contenga menos de lo pretendido por ellas, y también que no otorgue o niegue algo distinto de lo reclamado (...). El principio de congruencia, que en determinadas áreas del derecho se llama principio de estricto derecho, importa, en definitiva, una limitación a las facultades del juez; este no debe sentenciar en más de lo debatido, o dejar de fallar en la materia litigiosa del caso. Implica, consecuentemente, un encuadre funcional del magistrado, cuya violación ha sido reputada arbitraria por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La sentencia incongruente, en resumen, es sentencia arbitraria, ya que en el fondo rompe con los claustros normativos del juez (por exceso u omisión, lesiona las reglas del debido proceso y no es naturalmente, una sentencia que deriva razonablemente del derecho vigente)" (Sagüés, "Recurso Extraordinario" T. II; pág. 304 y s.s.; cfr. A.

y S. T. 113, pág. 424, entre muchos otros).

Estimo -finalmente- que cobra importancia destacar que, pese a intentar fundar la violación al derecho de contradicción y defensa en que la accionante basa su recurso de inconstitucionalidad, ésta omite individualizar concretamente cuáles serían los argumentos o probanzas que se habría visto privada de alegar o producir en la presente causa, misión de insoslayable observancia para la recurrente que intenta dar por tierra con las razones aducidas por el órgano jurisdiccional al motivar su decisión y pretende justificar la necesidad de promover una nueva causa para discutir, exclusivamente, la proporcionalidad de la sanción.

Por los motivos expresados, voto pues, por la negativa.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Gastaldi, Netri y el señor Ministro decano doctor Vigo expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro doctor Falistocco y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión, el señor Ministro doctor Falistocco dijo: Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde declarar improcedente el recurso interpuesto. Con costas a la vencida (art. 12, ley 7055).

Así voto.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Gastaldi, Netri y el señor Ministro decano doctor Vigo dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por el señor Ministro doctor Falistocco y así votaron.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: declarar improcedente el recurso interpuesto. Con costas a la vencida (art. 12, ley 7055).

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Ministro decano y los señores Ministros por ante mi doy fe.

Fdo.: VIGO-FALISTOCCO-GASTALDI-NETRI-Fernández Riestra (Secretaria)