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Ministerio Público Fiscal, ley penal más benigna, principio de legalidad
Materia: PENAL
Carátula: Martini Goñi, Francisco Ignacio s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-02-15

Corresponde rechazar los agravios del Ministerio Público Fiscal -con invocación de la Res. PGN 5/12- contra el sobreseimiento del imputado por aplicación de la ley penal más benigna -reforma mediante la ley 26.735-, pues el recurrente añadió un requisito de procedencia al principio de retroactividad de la ley penal más benigna -cambio en la valoración social del hecho- que no se encuentra previsto convencional ni legalmente, y tal extremo no puede ser admitido en tanto constituye una interpretación in malam parte sin sustento normativo, ni demostró cuál sería la diferencia sustancial entre un "cambio de valoración" y una "actualización monetaria" cuando también sería viable sostener que la sanción que prevé la nueva ley con un monto mínimo mayor expresa, en definitiva, una valoración social distinta de la conducta. Las normas convencionales y legales consagran el principio de retroactividad de la ley penal más benigna sin la indicación de ningún condicionamiento como el invocado por el recurrente, entonces, frente a esta situación, sólo cabe aplicar el principio pro homine, según el cual debe acudirse siempre a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva cuando se trate de reconocer derechos protegidos. El principio de retroactividad de la ley penal más benigna -como derivado del principio de legalidad- sólo puede ser interpretado en un único sentido, como freno al poder estatal. Debe rechazarse la alegación de que el cambio legal obedeció a un intento por corregir los efectos de la depreciación monetaria, si el recurrente no explica ni justifica de qué manera arriba a tal conclusión desde el punto de vista económico y cómo la supuesta evolución monetaria impactó en el monto finalmente elegido. La doctrina CS "Palero" es plenamente aplicable ya que en ambos casos se produjo un aumento en la condición objetiva de punibilidad, sin que las manifestaciones del fiscal en cuanto a los pretendidos alcances o fines de la modificación puedan ser atendidos. No puede negarse en abstracto la aplicación concreta de la cláusula específica que expresamente beneficia al imputado bajo el argumento de que otra norma, cuya aplicación no se demostró en la situación particular, hipotéticamente resultaría más perjudicial.
Carga de la prueba, alimentante con recursos económicos, aumento de cuota alimentaria
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: R., I. G. c/ L., G. s/ aumento de cuota alimentaria
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2012-12-03

Se agravia el demandado porque el juez declaró que estaba a su cargo demostrar cuánto gana. El magistrado, sin embargo, no hizo más que ajustarse al criterio que emerge del art. 360, C. Pr., reiteradamente aplicado por este tribunal, desde el año 1994, antes incluso de que se legislara sobre la carga dinámica de la prueba. Ante el problema que significa un alimentante que carece de ingresos fijos comprobables, porque no trabaja en relación de dependencia, se ha dicho que es él quien "se encuentra en mejor situación de conocer y demostrar cuáles son sus ingresos, de modo que la falta de pruebas precisas juega en su contra. Esta regla tiene consagración legal, pues el art. 360, C. Pr., dispone que `tendrá la carga de probar los hechos, aquél que por las circunstancias del caso, se encuentre en mejores condiciones de arrimar a conocimiento del tribunal, el esclarecimiento de los mismos´" (exptes. 18/94, 587/96, 590/96, 286/04, 3577/07 y 4144/09. r. C. A., entre otros).
Honorarios, abogados, obligaciones solidarias
Materia: PROCESAL
Carátula: REYNA CARLOS ENRIQUE c/ EMBOTELLADORA MEDITERRANEA  S.A. s/ COSTAS - HONORARIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-04-30

Enfocado el tema desde el punto de vista procesal que esgrime la a quo y el letrado ejecutante de sus honorarios, se considera que la solidaridad que establece el art. 15 de la Ley 7269 (actual art. 13 Ley 8226) no puede escindirse de las normas procesales que rigen la cuestión (arts. 356 y 357 C.P.C.). Cuando dichas normas expresan que la obligación de pagar honorarios por gestión profesional pesa, en principio, solidariamente sobre todos los condenados en costas u obligados al pago "aún tratándose de litis consortes" no hace sino enfatizar aún más el carácter de esa solidaridad, pero en relación con el vencedor. De ningún modo puede significar que uno de los co demandados deba sufragar las costas del otro co-demandado que también ha sido vencido ni menos aún autoriza a que el abogado de la aseguradora pretenda ejecutar sus honorarios en contra del asegurado.-
Competencia originaria, Superior Tribunal de Justicia, competencia laboral
Materia: PROCESAL
Carátula: Morales, Eduardo Rubén c/ Banco Provincia del Chubut s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1985-12-26

En el subjudice nada tiene que ver la incompetencia en razón de la persona, porque no es cierto que el carácter de Institución Autárquica de derecho Público del Banco de la Provincia del Chubut obligue en todos los casos a litigar originariamente ante el Superior Tribunal de Justicia. No lo hace el Banco de la Provincia de Chubut cuando acciona contra sus deudores, ni en los juicios de desalojo, daños y perjuicios, ni en infinidad de casos semejantes en que interviene la justicia ordinaria..., pues de no ser así no tiene sentido lo dispuesto por el art. 32 inc. 7 de la Ley 37 que acuerda el Recurso de Apelación Ordinaria contra las sentencias definitivas que dicten las Cámaras de Apelaciones, en las causas en que la Provincia, las Corporaciones Municipales y-o Entidades Autárquicas descentralizadas de las mismas sean parte directa o indirectamente.
Compraventa inmobiliaria, obligaciones del vendedor, escrituración, incumplimiento del contrato, resolución del contrato, daños y perjuicios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: TOCONAS, DORA c/ BANCO HIPOTECARIO NACIONAL s/ ESCRITURACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-10-05

Si bien en la exégesis del art. 1.187 del Código Civil, se ha admitido que ante el incumplimiento del vendedor en orden a su obligación de escriturar, este trámite puede ser suplido a tal efecto por el juez, o bien, en otro orden, que el acreedor también cuenta a su disposición con determinados medios compulsivos para obtener el cumplimiento específico, ello no la ha sido sobre la base de resignar la posibilidad de resolver el contrato y de reclamar los daños y perjuicios derivados del incumplimiento; potestad que asiste al comprador aún después de dictada la sentencia que acoge la pretensión escrituraria y siempre que hubiere vencido el plazo fijado a tales fines, sin que el deudor cumpliere con la obligación a su cargo.
Incapacidad laboral, jubilación por invalidez
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Funes Lastra, María Teresa c/ A.N.Se.S. s/ pensiones
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-07-31

El concepto de incapacidad laboral no es esencialmente asimilable al de invalidez física, ya que resulta posible admitir que en determinados supuestos ella no se presenta en forma de incapacidad o dolencia, sino como producto de un estado de precariedad o desamparo nacido de determinadas circunstancias económicas y sociales (Fallos 224:3139; C.F.S.S., Sala I, sent. del 06.06.95, "López, María Elena"). A mayor abundamiento, cabe señalar que el porcentaje establecido por el art. 33 de la ley 18.037 no descarta la posibilidad de que incapacidades de menor grado no sean de algún modo relevantes para declarar la invalidez. La incapacidad total debe juzgarse en relación con la aptitud profesional de cada uno y teniendo en cuenta la amplitud de criterio con que deben interpretarse las leyes previsionales, para posibilitar el logro de la finalidad que persiguen (Fallos 267:23; 276:218; 292:392), no debiendo llegarse al desconocimiento de derechos de esta índole sino con extrema cautela (Fallos 266:299).
Recurso de inconstitucionalidad, jurisprudencia vinculante, subrogancia del juez, empleados públicos, estabilidad propia, cesantía, indemnización, relación de dependencia, convenios colectivos de trabajo
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: BARTOLOTTA, JOSE ANTONIO c/ SADAIC -ROSARIO- s/ NULIDAD DE DESPIDO -   RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº  402-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-09-11

Cuando la Corte Suprema de Justicia declara la inconstitucionalidad del régimen de estabilidad propia previsto en el Convenio Colectivo 84/75, y reconoce el derecho del actor a reclamar una indemnización razonablemente proporcionada al perjuicio sufrido a raíz de un despido injusto, acota el poder decisorio del Tribunal Subrogante, en ejercicio de regulares facultades de delegación, obligándole a ajustarse a los parámetros por ella establecidos. Por lo tanto, se torna procedente en el sub judice, el nuevo recurso de inconstitucionalidad interpuesto, por haberse alejado la sentencia impugnada de las implícitas directivas adoptadas por la Corte en el Acuerdo anulatorio.
Prueba, desistimiento
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Tarchini, Mario Ricardo c/ Pedro Maximiliano Arnedo y otros s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-11-18

Cuando la parte, sobre quien pesa la carga de realizar la prueba, no es lo suficientemente diligente en su producción, asiste razón al juez sentenciante, al tenerla por desistida.
Propaganda discriminatoria, excepciones procesales, defecto legal, discriminación, incidentes, recursos, sentencia, doctrina de la arbitrariedad
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Fiscalía de Cámara Oeste de la CABA c/  s/ s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Incidente de recurso de inconstitucionalidad en autos Bustamante Loader, Pablo Ruy s/ 3 - organización / propaganda discriminatoria - LN 23592 (penalización de actos discriminatorios)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-09-30

Corresponde rechazar la queja porque, más allá del acierto o error en que podría haber incurrido la Cámara al analizar la información que surgía de la página web donde se publicaron diversos objetos representativos del régimen nacional socialista alemán y las conversaciones mantenidas entre el vendedor y ciertos clientes, el MPF no se hace cargo de que la sentencia que hizo lugar a la excepción de manifiesto defecto en la pretensión por atipicidad (art. 195, inciso c), del CPP) y en consecuencia sobreseyó al imputado con relación al delito previsto en el art. 3 de la ley n° 23592, se sostiene en forma autónoma, en la afirmación de que de la descripción de los hechos efectuada por el titular de la acción en el requerimiento, no surge que la conducta que se le atribuye al imputado implique más que la exhibición y venta de los artículos representativos del régimen nacional socialista alemán, así como tantos otros relacionados con el coleccionismo de artículos de guerra. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Recurso de apelación (procesal), principio de concentración, defensa en juicio
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: C, R y Otros c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Artículo 47 s/ Artículo 47
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-11-21

Ley Nro.12 legisla el recurso de apelación en los artículos 50 y 51; de cuya lectura surge que ha sido intención del Legislador limitar la habilitación de este remedio procesal, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento contravencional que transformen la naturaleza del proceso.

El procedimiento contravencional, salvo excepciones derivadas de especiales circunstancias de la causa, debe responder al principio de concentración adquiriendo éste más énfasis por la particular índole de la materia que constituyen estos ilícitos.

El Sr. Defensor siempre conserva la posibilidad de efectuar los planteos que intenta introducir en esta instancia, ya sea como cuestión preliminar en la audiencia de juicio o durante el debate, de forma que el derecho de defensa en juicio que le asiste al encausado se encuentra debidamente resguardado. Del voto de la Dra. Robledo.
Juicio ejecutivo, ejecución de alquileres
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Da Silva, Francisco María c/ Gutierrez, Domingo Alfredo s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-08-21

Ante la ausente citación del locatario, que constituye un recaudo que hace a la conformación del título ejecutivo (art. 523 inc. 2º), se desvanece la operatividad de la ejecución promovida al haberse desistido del proceso contra aquél. Por consiguiente, si se ha negado la deuda es inviable pretender imponerle al fiador una carga tan estricta como la que edicta el artículo 523 inc. 2º del Código Procesal, como quiera que el desistimiento contra el locatario desvanece -ab initio- la eficacia de la intentada ejecución.
Accidentes de trabajo, enfermedad accidente, obligaciones del empleador
Materia: CIVIL LABORAL
Carátula: SAVIO, ALFREDO ROMANO c/ BODEGAS Y VIÑEDOS SANTIAGO GRAFFIGNA LTDA. s/ APELACION DE SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-09-16

La prestación laboral ha contribuido, a la agravación o aceleración de la enfermedad del trabajador, y el encuadramiento dentro del marco normativo del art. 1113 del Código Civil, se dá no en la materialidad de la cosa, sino en las consecuencias de sus incidencias y a propósito de ellas. El deber de prevención impuesto por el art. 75 de L.C.T. (Vigente en el momento del contrato laboral entre las partes) le imponía al empleador el deber de adoptar las medidas que aconseje la experiencia y la técnica para evitar que el trabajador sufra daños en su persona; extremos, que, como se ha dicho, no se han cumplido. Tal incumplimiento contractual, agregado al ambiente donde se prestó el trabajo importan el caso de la acción de cosas que actúan, sino en forma directa a través de microtraumatismos, en forma de etérea u otras, de manera tal que al enrarecer el ámbito aéreo del lugar de trabajo, ejercen su capacidad activa para provocar daños a las personas que allí se desempeñan. Por lo tanto se trata de un típico caso de daño provocado por riesgo o vicio de la cosa.
Contratos, compraventa, derechos de las partes, obligaciones de las partes, entrega del bien, remito, pago, acto de entrega, certificado de depósito, bienes muebles, improcedencia del recurso
Materia: CIVIL-COMERCIAL-PENAL-PROCESAL
Carátula: Romano, Mirta Lidia c/ Ideas y Conceptos SA (Amoblamientos Reno) s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-08

Por otro lado, la LDC 10 bis, inc. b (aceptar otro producto o prestación de servicio equivalente) es inaplicable en el caso, pues aquí no fue demandada la entrega de un mobiliario equivalente al que retuvo la demandada.
Carrera automovilística, accidente en espectáculo deportivo, responsabilidad del organizador, obligación de seguridad
Materia: COMERCIAL
Carátula: Angelakis, Nicolás G. c/ Tamagno, Sergio Carlos y ot. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-11-02

El organizador de una carrera automovilística resulta responsable por las lesiones sufridas por el accionante, a raíz del accidente causado por un competidor, como consecuencia de una contingencia normal de la competencia, toda vez que no adoptó las medidas de resguardo que normalmente se exigen para garantizar la seguridad de los participantes y del público en general, ya que el guarda-rail estaba en estado deficiente.
Sucesiones, declaratoria de herederos, herederos forzosos
Materia: CIVIL
Carátula: SEHN LAFREDO A. c/ SEHN TOMAS. s/ NULIDAD DE ACTO JURIDICO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-08

Si bien la declaratoria de herederos es el reconocimiento judicial de la condición de tal, tratándose de ascendientes y descendientes del fallecido, no cabe imponerles la obligación de esperar a su dictado, para considerarlos legitimados a accionar.

Sólo es necesario cuando se trata de herederos no forzosos, o testamentarios, dado que necesitan que el juzgador se expida para acceder a la calidad de tales. Pero aún en dichos casos se los ha considerado facultados para iniciar un proceso, sin perjuicio de resolver sobre su legitimación según las defensas que opongan quienes resulten demandados.
Jurisdicción y competencia, competencia federal, competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, juicios en que es parte una provincia
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: S.U.P.E. c/ Pcia. de Santa Cruz s/ acción de reivindicación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-24

Siendo competente la justicia nacional para entender en el proceso, el carácter de parte demandada que en él asume una provincia determina que la causa sea de competencia originaria y exclusiva de la Corte Suprema (art. 101 de la Constitución Nacional), con independencia de que el estado provincial pretenda litigar ante la justicia federal de primera instancia.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no decisiva, honorarios, regulación de honorarios, pago, efecto extintivo del pago, IVA
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MUTUAL DEL CLUB ATLETICO JUVENTUD UNIDA c/ SUIPA S.R.L. Y OTROS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-02-14

Las alegaciones del letrado acerca la pretendida decisividad de sus planteos e irreparabilidad del gravamen, se exhiben insuficientes para persuadir de que la cuestión suscitada y resuelta en baja instancia acarree indefinidamente la retención de los fondos depositados en la cuenta judicial o le haya ocasionado un perjuicio no derivado de su propia actuación, pues no se vislumbra que, ante su sobrevenida recategorización fiscal, el letrado se hubiese visto impedido de solicitar el libramiento de una nueva orden de pago contra tales fondos en la que se contemplara tanto esa nueva situación tributaria como asimismo los efectos vinculantes predicados por el Juez de grado respecto de la anterior aceptación sin reservas del ofrecimiento cancelatorio formulado por la actora, salvo por la pretensión del interesado de que el pago se tomara como parcial y a cuenta, en base a su insistencia acerca de que el IVA sobre sus honorarios debería computarse -incluso en las particulares circunstancias del caso- como un rubro más a ser integrado por la condenada en costas. (De la disidencia del Dr. Netri)
Pagaré no protestado, intereses
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bravo, Miguel Angel c/ Di Pablo, Horacio s/ Ejecución Bravo, Miguel Angel c/ Di Pablo, Horacio s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-07-26|1994-07-26

Quien contrae una obligación plasmada en pagaré a determinada fecha, debe extremar los recaudos para su pago oportuno a fin de no caer en mora. Habiéndose vencido los plazos para el pago y tratándose de un pagaré sin protesto, el incumplimiento del deudor produce automáticamente la apertura de la vía judicial. La cláusula "sin protesto" inserta en los pagarés -sustitutiva de la respectiva comprobación notarial-, tiene por efecto, no solo constituir en mora a su librador, sino hacer nacer además, y a partir de entonces, su obligación de abonar los intereses del capital reclamado.
Intereses, tasa activa, IVA
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Credicoop Ltda. c/ Coll Carlos Raúl y Otro s/ Cobro Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-10-20

La tasa activa incluye el denominado "spread" del banco, que comprende los intereses, gastos e impuestos que se devengaren, entre ellos, el Impuesto al valor Agregado, máxime que actualmente la tasa activa supera en un 200% a la tasa pasiva. Por ello, imponer por separado al demandado el pago del IVA sobre los intereses, implicaría una doble imposición por la misma causa.(Arts. 21, 621 y 623 del Código Civil, 518 y 521 inc.5º del C.P.C.B.)
Contratos, resoluciones, pacto comisorio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Iglesia, Daniel c/ Minardi, Cosme Damián s/ Rescisión de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-11-12

La vía jurisdiccional es la adecuada atento actuar la facultad implícita que establece el art. 1204 del C.C., resultando también por ello innecesaria una previa intimación bajo apercibimiento de resolución expresa (SCBA 9-X-1979 ED. 86-604).
Facultades de la Municipalidad, concesión comercial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: A.E.S.Y.A. c/ MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL s/ ACCION DE AMPARO-APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-09-17

No puede discutirse la facultad del municipio de ordenar la caducidad o revocación de sus concesiones, si se parte de la base cierta de que las mismas se encuentran sujetas a plazos y a condiciones de caducidad y en este aspecto, adquiere relevancia especial la sujeción al contenido obligacional que las partes han tenido en vista al contratar y que, como tal, sustentan las cláusulas y condiciones jurídicas del acuerdo respectivo.
Daños y perjuicios, Comunicaciones, libertad de prensa, delitos contra el honor
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Burlando, Fernando Andrés c/ Diario El Sol de Quilmes y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-11-24

No cabe calificar de injuriosa a la publicación periodística que se refiere al actor utilizando el modo potencial quien no acredita que las expresiones -por ser genéricas- pudieran entenderse como referidas a él.
Nulidad del acto jurídico, notificación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PANASITI CARMELO c/ ROBERTO E. JONES, HUGO A. IBANEZ s/ Cobro Alquileres (LIBRO: A072 - 206)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1990-11-20

"..." No puede tenerse por regularmente cumplida la notificacion efectuada, en un domicilio consignado en un documento privado, cuya autenticidad es, precisamente lo que se trata de averiguar".-
Concursos, ejecución contra el concursado, subasta, saldo de precio, fuero de atracción
Materia: COMERCIAL
Carátula: Cabezas, José (antes Mosquera, Angel) c/ Falcone de Sánchez, Noemí (hoy concursada) s/ Ejecutivo.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-29

Si con posterioridad a la subasta del 50% indiviso de un inmueble verificada en un proceso ejecutivo, se declaró la falencia de la ejecutada lo cual ocurrió antes de producirse decisión sobre aquella (fuere aprobatoria o no) y, por su parte, el tribunal originario envió el expediente al juzgado donde quedó radicada la quiebra de la accionada, resulta improcedente que aquél disponga la suspensión del trámite de las actuaciones. Ello así, si se verifica que la venta no fue aprobada ni desaprobada, como tampoco depositado el saldo del precio; y la suspensión del trámite de las actuaciones dejaría los efectos del acto en la indefinición, pues no fue anulado ni aprobado. Por tanto, esa suspensión es excesiva, en cuanto comprende el particular ciclo de realización de un bien comenzado con el acto de subasta precedente a la declaración de falencia de la ejecutada; porque debe definirse la suerte de esa subasta. Así pues, la consolidación de esa incertidumbre se evita aceptando que las consecuencias necesarias de los actos precedentes a una suspensión de actuaciones, han de ser llevadas hasta su finiquito; aunque esto sucediere luego de la fecha de falencia.