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Daños y perjuicios, accidente de tránsito, transporte de pasajeros, responsabilidad del conductor, semáforo
Materia: CIVIL
Carátula: TINCO, Carlos Nicolás c/ EMPRESA DE TRANSPORTES IDEAL SAN JUSTO S.A. y otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-02

Violada la indicación del semáforo y, frente a la relevante contravención que implicó la conducta del chofer del transporte de pasajeros, no rige la presunción que compromete al embistente y la responsabilidad debe recaer exclusivamente en quien no respetó la señal lumínica, haya o no sido embistente el restante rodado que participó en el suceso y aún cuando lo hubiese podido divisar instantes antes del encuentro; máxime cuando conforme surge de las pruebas que el suceso ocurrió por haberse interpuesto el colectivo en la línea de marcha del automovilista, como consecuencia del obrar imprudente de aquél conductor.
Inadmisibilidad del recurso, procesamiento sin prisión preventiva, concurso real, fraude a la Administración Pública
Materia: PENAL
Carátula: Fernández de Kirchner, Cristina c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-12-21

Es inadmisible el RE deducido contra el rechazo de la queja interpuesta contra la confirmación del procesamiento sin prisión preventiva en orden al delito previsto en el art. 210 en concurso real con el delito previsto en el art. 173, inc. 7º, en función del art.174, inc. 5º, todos del CP y, la traba de embargo hasta cubrir la suma de diez mil millones de pesos ($10.000.000.000), pues lo resuelto no constituye sentencia definitiva ni equiparable a tal y el recurrente no logró acreditar de modo fehaciente el modo en que se encuentran transgredidas las garantías que invoca, sin que se haya demostrado la existencia de arbitrariedad.
Defensa del consumidor, proceso judicial, legitimación activa, asociaciones de consumidores
Materia: PROCESAL
Carátula: "Unión  de  Usuarios  y Consumidores c/ Telefónica ComunicacionesPersonales  S.A.-Ley 24.240 y otro s/ Amp. Proc. Sumarísimo (Art.321 inc 2 C.P.C. y C.)".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-07-16

Del juego armónico de los arts. 52, 55 y 56, inc. e) de la ley 24.240 se desprende que en caso de lesión directa a un derecho subjetivo, la legitimación para reclamar es sólo de su titular, es decir, el consumidor o usuario y solo cuando se afecten -además- derechos colectivos o difusos podrán accionar judicialmente las asociaciones de consumidores o usuarios legalmente inscriptas (Cons. IV).
Revocación de sentencia, domicilio fiscal, juicio de apremio, intimación de pago, apertura a prueba
Materia: PROCESAL-CIVIL-COMERCIAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN c/ LABRIN PURCIANO Y OTRO s/ APREMIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2017-10-26

Sin perjuicio del alcance del domicilio fiscal para otorgar validez a una intimación en el mismo, siendo que el organismo ejecutante pudo haber tenido noticia de que el demandado tenía su "residencia habitual" en otro domicilio y teniendo en cuenta las gravosas consecuencias que acarrea no poder esgrimir las defensas que se considera con derecho a presentar, corresponde revocar la resolución apelada que rechaza la nulidad deducida y ordenar que se abra a prueba a fin de que se libre oficio a la Municipalidad para que se expida sobre la autenticidad de la nota presentada bajo apercibimiento de lo dispuesto por el artículo 388 del Código Procesal Civil y Comercial. (del voto del Dr. Gigena Basombrío, en disidencia).
Tribunal Fiscal de la Nación, procedimiento tributario, pago de tributos, tasa de justicia, exención de tasa de justicia
Materia: TRIBUTARIO-PROCESAL
Carátula: "Pesquera Santa Elena SAIC (T.F. 9795-A) c/ D.G.A.". s/ .
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-05-30

El hecho de que la actora al concurrir ante el Tribunal Fiscal de la Nación haya tenido que oblar la gabela establecida por la ley 22.610 no obsta a la exigibilidad del tributo a que se refiere la ley 23.898 pues las normas contenidas en ésta no prevén que ello genere exención alguna.
Competencia, falta de transferencia del automotor, orden de secuestro, automotores
Materia: PROCESAL
Carátula: DELORME PATRICIO ALFREDO c/ CANCIANI JUAN MARCOS s/ transferencia e inscripción automotor.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-07

El actor inicia la presente causa procurando que se emita una orden de secuestro y prohibición de circulación en el territorio nacional al automóvil dominio BVI284, marca Alfa Romeo, modelo 146TD, año 1998, tipo 5 puertas. Aduce que el demandado no cumplimentó el trámite de transferencia e inscripción respectivo ante el Registro de la Propiedad Automotor del vehículo que le vendió el 9 de agosto de 2002. En el sub examen no se ha cuestionado ninguna decisión emanada del Registro Nacional de la Propiedad Automotor, y que la pretensión del actor no resulta con arreglo a las normas registrales, es claro que resulta competente para entender en las presentes actuaciones la Justicia Nacional de Primera Instancia en lo Civil (conf. esta Cámara, Sala II, causas n° 10.798/05 del 11.10.07 y 2.756/06 del 9.11.06; esta Sala, causas n° 5.616/06 del 14.9.06 y 4.501/05 del 13.10.05, 1.457/09 del 29.09.09, 8.812/09 del 11.02.10, entre otras).
Prueba, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Vargas, Héctor Fabián y otros s/ Asociación ilícita - Privación ilegal de la libertad - Robo  calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-10-10

A las víctimas, atento el trance que les tocó vivir, no es dable exigirles un minucioso detalle de lo ocurrido como si lo hubieran presenciado como tranquilos espectadores ajenos a lo que sucedía.-
Acción de inconstitucionalidad, medidas cautelares, jubilaciones, abogados
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Greppi, Carlos Alberto c/ Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires s/ Inconstitucionalidad ley 6716
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-12-22

Si bien la verosimilitud del derecho debe ser examinada con mayor rigor cuando lo que se procura a través de una medida cautelar es la suspensión de los efectos de una ley, decreto, ordenanza o reglamento, en atención a la presunción de constitucionalidad y legalidad que ostentan tales actos, tal principio reconoce excepción, conforme consolidada doctrina de este Tribunal, cuando ya ha sido declarada la invalidez constitucional de la disposición puesta en crisis, dado que tal circunstancia habilita a suponer una razonable probabilidad de éxito al resolverse la cuestión de fondo. De tal manera, si se observa lo resuelto por el Tribunal el 15-XII-2010 al momento de dictar sentencia definitiva en la causa I. 2.175 "Torregrosa", es posible tener por acreditado este extremo.
Responsabilidad médica, obligaciones del médico, obligaciones de medio, obligaciones de resultado, cirugía estética
Materia: CIVIL
Carátula: LOPEZ ROMAY RAIMUNDO JACINTO c/ CENTRO GALLEGO Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-09-24

La responsabilidad de los médicos debe encuadrarse en las reglas del incumplimiento de las obligaciones y no en las de los hechos ilícitos, salvo desde luego en la hipótesis de delito de derecho criminal (art. 1107, Código Civil; conf. Salvat, "Responsabilidad civil de los médicos", L.L. 8-9, Sec. doctrina; Halperín, "Responsabilidad civil de los médicos", L.L. 1-217; Colombo, "En torno de la responsabilidad civil de los médicos", L.L. 36-784;

Alsina Atienza, "La carga de la prueba en la responsabilidad del médico. Obligaciones de medio y de resultado", J.A. 1958- III-587; C N.Civ. sala A, E.D. 39-480; id. 74-524: sala B, J.A. 1965-III-67:

sala C, L.L. 1976-C-63; sala D, E.D. 43-337).

La obligación asumida por el médico es de medio, no de resultado, según la conocida distinción de Demogue, salvo casos excepcionales como la cirugía estética (conf. Bustamante Alsina, "Teoría general de la responsabilidad civil" nro. 1436, p. 407; Alterini, Ameal y López Cabana "Curso de obligaciones", t. II-nro. 1863, ps. 491 y 492; Trigo Represas, "Responsabilidad civil de los profesionales", ps. 117 y 118; Mosset Iturraspe, "Responsabilidad por daños" pág.

352; Bueres, "Responsabilidad civil de los médicos", p. 373, núm.

89).
Responsabilidad solidaria, empresa, empleador
Materia: LABORAL
Carátula: Gómez, Juan Carlos y otros c/ Shell Capsa y otro s/ Cobro diferencia de haberes
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2000-08-29

Debe rechazarse el agravio de los actores que aducen que se debió aplicar el Convenio Colectivo de Trabajo Nro. 68/89. Ello así, ya que la co-demandada no fue condenada en manera alguna como responsable directa, sino en forma solidaria, por aplicación del art. 30 de la ley 20744, al haberse considerado que las sendas relaciones laborales de los trabajadores fueron mantenidas con la empresa de vigilancia empleadora. Hay que destacar que precisamente la finalidad perseguida por la norma del citado art.30 de la ley de Contrato de Trabajo, fue la de compeler que aquella empresa que contrata o sub-contrata servicios, se cuide de hacerlo con otras, moral o materialmente poco o nada solventes, (dando lugar a la interposición de "Hombres de paja"), al brindar al trabajador un espectro de mayor cobertura de garantía patrimonial para el cobro de sus créditos laborales, al sujetarla a la empresa principal al pago de las mismas, por responsabilidad solidaria legalmente impuesta.

De consiguiente, mal pueden pretender los actores la aplicación de un régimen convencional propio de la actividad desplegada por la co -demandada Shell Capsa, cuando ellos estuvieron laboralmente vinculados con la empresa contratista, en carácter de empleadora.
Derecho procesal, prueba, valor probatorio
Materia: PROCESAL
Carátula: Riveros, Juan Aldo s/ Prescripción adquisitiva
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-03-20

El valor probatorio, debe ser apreciado en cada caso atendiendo a las circunstancias de oportunidad y forma en que dicho pago, o los actos posesorios se ejecutaron, y su relación con el mérito que ofrezcan las demás probanzas allegadas al juicio.
Costas, allanamiento, firma falsa
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: FLORES MARIA M. s/ DECLARATORIA DE HEREDEROS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-07-02

Si bien la falsificación de firma es subjetivamente muy censurable, el principio general de imponer las costas al vencido, cede cuando mediare allanamiento.

La aplicación del criterio objetivo no exige la calificación de la conducta procesal anterior, lo que determina deslindar la condena en costas, instituto netamente procesal, del concepto civilista de la culpa.

No es válido aplicar las pautas del art. 356 bis del C.P.C. porque si no la ley lo hubiera dicho expresamente.

Aplicando el aforismo romano "ubi lex non distinguit, no distinguit debemus", no podemos a los fines de la imposición de las costas, entrar a valorar la conducta procesal del allanado, por más censurable que ésta sea.-
Propiedad intelectual, reproducción de fonogramas
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: SADAIC c/ Apart Hotel Cariló Village y otro s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-03-01

Si el Apart Hotel se limita a colocar aparatos receptores de señal televisiva en las habitaciones o bungalows y en dichos equipos se retransmite una señal radiodifundida por entidades de radiotelecomunicación habilitadas por la autoridad federal competente, los autores de obras musicales así retransmitidas -o la Sociedad que los nuclea no tienen derecho a impedir tal retransmisión ni a exigir pago de regalías fundado en la ley de protección de los derechos de autor. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Relación de dependencia, responsabilidad contractual del Estado, indemnización, daño moral, prueba
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CABALLERO, FELIPE CELESTINO c/ PROVINCIA DE FORMOSA s/ ACCION ADMINISTRATIVA ACCION ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1988-06-02

Tratándose de efectivizar la responsabilidad contractual del Estado por la baja de su agente, para la apreciación del daño moral de ese origen debe procederse con rigor estricto, siendo a cargo de quién lo reclama la prueba concreta de la existencia de una lesión de sentimientos de afecciones o de tranquilidad anímica.
Sociedad conyugal, disolución de la sociedad conyugal
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Delger, Julia Elena c/ Blanchard, Horacio s/ Nulidad, falsedad de escritura, rendición de cuentas y liquidación  de la sociedad conyugal
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-06-20

La nulidad del convenio entre esposos respecto de la partición es de carácter relativo, y después de disuelto el matrimonio, en cambio, puede ser confirmado el pacto (art. 1219 Código civil). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Patentes, medicamentos, interpretación de la ley
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: NOVARTIS  PHARMA  AG c/ MONTE  VERDE  SA s/ varios  propiedadindustrial e intelectual.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-01

Novartis entiende que el trámite cumplido por Monte Verde constituye, por sí solo, un uso indebido de sus investigaciones y que, por lo tanto, viola el art. 39. 3 del ADPIC. Esta norma contendría, siempre siguiendo su razonamiento, una suerte de prohibición implícita de ese tipo de prácticas que es coherente con la sanción de cualquier tipo de conducta comercial desleal o deshonesta (art. 39. 2. primer párrafo, y art. 39.3, in fine del ADPIC). El entuerto debería resolverse haciendo prevalecer el Acuerdo por encima de sobre la Ley de Confidencialidad y del decreto 150/92 siempre, claro está, que se comparta la interpretación propuesta por la firma demandante. Pero lo cierto es que, con prescindencia de las razones aportadas en los considerandos anteriores, dicha interpretación del ADPIC no puede ser admitida en autos. La aprobación de "productos similares" contemplada en el artículo de la ley 24.766 y demás normas complementarias (conc. con arts. 3 y 5 del decreto 150/92) no implica, por sí sola, el incumplimiento de la garantía que nuestro país asumió para evitar el "uso comercial desleal" de los "DND" (artículo 39.3 del ADPIC); tampoco supone el fomento de "usos comerciales deshonestos" (art. 39.2 Acuerdo cit.).
Voto en blanco, voto válido, voto nulo
Materia: ELECTORAL
Carátula: Apoderados Alianza Grande s/ interponen recurso de apelación resolución J.E. U.C.R. 027/10 - comicios internos 06-06-10
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-10-28

El artículo 101 del Código Electoral Nacional establece, conceptualmente, cinco categorías de votos: votos válidos, nulos, en blanco, recurridos e impugnados. Si se descartan los votos recurridos y los impugnados -los cuales una vez finalizado el escrutinio definitivo se transforman necesariamente en votos válidos o bien en votos nulos (art. 112, inc. "6" y art. 119, Cód. cit.)- sólo quedan, aparentemente, tres categorías de votos: válidos, nulos y en blanco (cf. Fallos CNE 397/87; 1068/91; 2584/99 y 2992/02). Un examen más detenido de la cuestión permite, sin embargo, advertir que ello no es exacto desde un punto de vista sustancial. En efecto, la que -como resultado de una aparente deficiencia de técnica legislativa- aparece como una tercera categoría independiente y distinta de las otras dos -la de los votos válidos y la de los votos nulos- en rigor no es tal, en razón de que los valores absolutos y excluyentes que encierran los términos "nulo" y "válido" no dejan margen ninguno para que puedan existir otros votos que, en definitiva, no deban necesariamente quedar encuadrados en alguna de las dos primeras categorías. Pues, para decirlo de otro modo, los votos valen o no valen, son o no son. Es decir entonces que los votos en blanco no pueden constituir otra cosa que una subcategoría de alguna de aquéllas (cf. fallos cit.).
Ley laboral, retroactividad de la ley
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: Sanchez, Mirta Haydeé c/ Sindicato  Obreros  y  Empleados  de la Fruta de Río Negro y Neuquén. s/ RECLAMO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY. - Rodríguez, Andrés N. s/ QUEJA  EN: 'INVAP S.E. C/ RODRíGUEZ, ANDRéS NéSTOR S/ CONSIGNACIóN DE  HABERES'.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1990-02-08|1990-11-21

Las leyes laborales se rigen por la ley vigente en el momento en que se produce el hecho, o se ejecuta el acto jurídico.
Indemnización por despido, daño moral, denuncia
Materia: LABORAL
Carátula: PEREYRA, LIDIA NOEMI c/ LABORATORIO OPOTERAPICO ARGENTINO S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-09-14

La imputación de una conducta delictiva a la trabajadora -nunca probada-, de la cual tomaran conocimiento sus compañeros de trabajo, sumado a un registro en su domicilio, genera un daño extracontractual que excede el despido y que torna ajustada a derecho la procedencia de una indemnización por daño moral, por el perjuicio que ello evidentemente le ha ocasionado a la trabajadora, al afectar su integridad moral.
Daños y perjuicios, responsabilidad médica, historia clínica, responsabilidad de los establecimientos asistenciales
Materia: CIVIL
Carátula: PEON, Juan Domingo y otra c/ CENTRO MEDICO DEL SUD S.A. y otro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-12

El hecho de no contar con la historia clínica del centro asistencial al que fue derivado el paciente, en virtud de su mayor aptitud y complejidad en las prestaciones, no va en desmedro de la probada inconducta del personal médico que asistiera a la víctima en el nosocomio donde se produjo el error originario de diagnóstico y que, a "posteriori", determinó la referida derivación.-
Inconstitucionalidad, oportunidad procesal
Materia: LABORAL
Carátula: Cortinez, Eduardo A. c/ Agencia Marítima San Blas S.R.L. s/ Indemnización accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-07-05

Aunque no siempre es necesario que la tacha de inconstitucionalidad sea propuesta en la etapa constitutiva del proceso, en el caso no cabe la menor duda que la demanda constituía la única oportunidad para hacerlo; puesto que el tema de la eventual inconstitucionalidad del tope legal estaba directamente vinculado desde el origen del pleito con la reparación indemnizatoria reclamada.
Régimen jubilatorio, cómputo de servicios, cesación de servicios, haber jubilatorio, causas políticas y gremiales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: AVENI, Alberto Santiago c/ Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos s/ Seguridad Social
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-01

La ley 23.278, al permitir computar el período de inactividad por causa políticas o gremiales desde el cese en el servicio hasta el 09 de diciembre de 1983, dejando el reconocimiento sujeto a la formulación de cargo con aportes los que podrán ser deducidos de los haberes a los cuales tenga derecho el interesado (art. 1, 5 y 9), armoniza con las exigencias que para el reconocimiento de servicios rige cuando aquellos fueron realmente prestado (arts.

24, 25 y 46 inc. d) ley 18.037; arts. 13, 31 y 34 inc. d) ley 18.038 y C.S.J.N. in re "Rei Rosa, Alfredo" del 20.2.86);

compadeciéndose asimismo con el régimen consagrado en el art. 6 de la ley 18.037 que establece el principio de la compatibilidad de diversas actividades y de afiliación y aportes a regímenes jubilatorios regulados en diversas normas.
Policía del trabajo, inspección del trabajo, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, competencia
Materia: LABORAL
Carátula: SOCIETE AIR FRANCE S.A. c/ GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DEL TRABAJO PROCURACIÓN GRAL. DE C.A.B.A. s/ ACCIÓN DECLARATIVA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-08-31

La inspección del trabajo por medio de las autoridades locales, no se opone a la supremacía que el art. 31 de la Constitución Nacional confiere a las leyes nacionales, ni vulnera ninguna de las garantías que reconoce la Carta Magna. Por el contrario, aquél encuentra sustento en lo dispuesto en los arts. 121 y 129 CN
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, representación procesal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ Destéfano, José y otra s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-08-10

El pronunciamiento de la Cámara que desestimó el incidente de nulidad de todo lo actuado por el letrado, admitiendo la ratificación efectuada por el representante de la actora, no reviste carácter definitivo en los términos del art. 296 del Código Procesal Civil y Comercial. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario, cuestión federal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Cambiaso Péres de Nealón, Celia María Ana y otros c/ Centro de Educación Médica e Investigaciones Médicas.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-28

En el tratamiento de las cuestiones federales, la Corte no se encuentra limitada por las argumentaciones de las partes ni por las del a quo, sino que le incumbe efectuar una declaración sobre el punto.
Registro de la propiedad automotor, inscripción constitutiva
Materia: CIVIL
Carátula: ROCHA LUIS MARIA c/ MACHADO CARLOS Y OTROS s/ TERCERIA DE DOMINIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-27

El sistema de inscripción establecido por el decreto ley 6582-58 (arts. 1 y 3) es constitutivo del derecho real de propiedad de los automotores, por lo que "propietario" no es quien tiene la posesión, sino quien aparece como tal inscrito en el registro respectivo.
Sentencia, nulidad de oficio
Materia: PENAL
Carátula: Ortiz, Luis Isidro s/ Secuestro extorsivo y privación ilegal de la libertad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-05-13

Deben anularse de oficio la acusación fiscal y los actos que son consecuencia de la misma y constitutivos del proceso ante la justicia provincial si el juzgamiento de la Cámara aplicó los arts.

142 bis y 170 del Código Penal, cuya necesaria competencia corresponde a la justicia federal, lo que origina una situación excepcional de incompatibilidad con el debido proceso (art. 3 inc.

5º, ley 48, según leyes 20.661 y 23.817; doct. art. 22 tercer apartado, C.P.P.).
Divorcio del 67 bis, desistimiento de la acción, vocación hereditaria del cónyuge, pérdida de la vocación hereditaria, separación de hecho
Materia: CIVIL
Carátula: M. de M., E. I. c/ M., L. s/ Suc. test. y otros s/nulidad de testamento.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-03

La sola presentación de un proceso sobre divorcio art. 67 bis ley 2393, no produce los efectos del divorcio por culpa de ambos cónyuges, sino que éste es un efecto imputado por la ley para cuya producción es indispensable el dictado de la sentencia y si no se llega a ella, sea por desistimiento expreso o bien por desistimiento tácito, que el ordenamiento induce de la inconcurrencia a cualquiera de los comparendos, aquel efecto no llega a operarse. A la cónyuge separada de hecho de su esposo, luego fallecido, ante el público y prolongado concubinato adulterino de aquél, mal puede reprochárselo que no hubiese tomado una iniciativa de reanudar la vida en común, que, en tales circunstancias, habría resultado lesiva de su dignidad, por lo tanto su vocación hereditaria es incólume.
Subasta, deuda exigible
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO RIO DE LA PLATA c/ CAFERATTA s/ ART. 250
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-30

La pretensión del adquirente en subasta pública de una declaración por la que se lo libere del pago de las deudas que pesan sobre el inmueble, debe ser sustanciada con el titular del crédito, sin que pueda ser resuelta "inaudita parte".