marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de casación, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: RODRIGUEZ, JORGE ANTONIO c/ VON ARXS, DAVID ANDRES s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-CASACION LEDESMA, SANTIAGO c/ LEDESMA, JOSE LUIS s/ COBRO DE PESOS-CASACION DE DE MARCO, LUISA DEL C. RODRIGUEZ c/ BAGNASCO, JOSE Y OTROS s/ INDEMNIZACION DAÑOS Y PERJUICIOS. CASACION DE ROSA DE GARCIA MARIA DE LOS ANGELES c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-CASACION BONACINA JOSE Y OTRO c/ MONTES RODOLFO Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-CASACION ROLDAN LUIS ROBERTO c/ JEFATURA DE POLICIA DE LA PCIA. Y/O QUIEN RESULTE RESP. s/ ACCIDENTE DE TRABAJO-CASACION.- ROBLES ABALOS IRMA DEL VALLE c/ CAJA POPULAR DE AHORRO Y CREDITO DE LA PROVINCIA s/ DIFERENCIA DE HABERES,ETC.-CASACION ROSALES ELIAS MARTIN c/ POLICIA DE LA PROVINCIA DE SGO. DEL ESTERO s/ ACCIDENTE DE TRABAJO IN ITINERE-CASACION BANEGAS VDA. DE TOLOSA BERTA c/ EMPRESA DE CONSTRUCCIONES CABE ESTRUCTURAS S.A. s/ FONDO DE DESEMPLEO-CASACION VILLARREAL ALEJANDRO ALBERTO c/ MINISTERIO DE SALUD Y/O GOBIERNO DE LA PROVINCIA Y/O RESP. s/ INDEMNIZACION POR INCAPACIDAD DERIVADA DE ACCIDENTE DE TRABAJO  -CASACION MEDINA WALTER OSVALDO c/ SUPER BELGRANO DE ALDO SANTILLAN s/ DIFERENCIA DE SUELDOS-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-06-28|1999-08-17|2000-03-07|1998-11-25|1999-03-26|2000-12-28|2001-08-14|2002-08-09|2002-11-07|2003-02-05|2003-09-11

Es inadmisible el recurso extraordinario, si las cuestiones relacionadas con la selección de la prueba y su valoración, según el sistema de libres convicciones, sólo revelan discrepancias de la defensa con el criterio empleado por los jueces para interpretar los hechos, de conformidad a la prueba rendida.
Jornada de trabajo, trabajo por equipos, turnos rotativos
Materia: LABORAL
Carátula: España  Miranda  Héctor Segundo y otros c/ Sodexho Argentina S.A.y otro s/ Diferencias de salarios.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-31

La contratación del sistema de turnos rotativos o trabajo por equipos, donde se pacta una jornada diaria de 12 horas durante catorce días corridos, con siete días de franco consecutivos al final del período de catorce días, presenta un descanso semanal atípico, que suple el equivalente del sábado y domingo con un régimen intermitente que supera el régimen mínimo de descanso hebdomadario garantizado por la ley. En esos términos debe concluirse que se está trabajando en exceso de la jornada máxima semanal de 48 horas.
Acción de amparo, derecho a la vivienda digna
Materia: PROCESAL-CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: B., A.F. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Amparo - Recurso de Inaplicabilidad de la Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-07-03

Debe ordenarse a la Provincia de Buenos Aires y a la Municipalidad de La Plata a que, coordinada y solidariamente, provean en un plazo que no exceda de los 60 días, por la vía y/o modalidad jurídica que corresponda, una vivienda adecuada a la familia constituida por la amparista y sus cinco hijos menores de edad que viven en una situación de extrema necesidad y carecen de medios para procurarse una vivienda adecuada, debiendo hasta tanto se dé cumplimiento a la aludida prestación, cubrir a su exclusivo costo el alojamiento de los nombrados en una casa de alquiler, hotel o complejo habitacional, e incluirla en un régimen de subsidios mensual que garantice un equivalente al monto móvil del salario mínimo y vital, para satisfacer las necesidades de supervivencia de su familia mientras no varíen las circunstancias fácticas del caso (conf. arts. 12 incs. 1º y 3º, 15, 20 inc. 2º, 26, 28, 36 y 39 inc. 3 de la Constitución provincial; 14 bis, 19, 33, 75 incs. 22º y 23º, Const. nac.; 2º, 11º y concs., P.I.D.E.S.C.; 3º, 4º y concs., C.D.N.; 4º, 5º y 26º, C.A.D.H.; 8º, 22º y 25º, D.U.D.H.; leyes 10.592 y 13.298; doct. causa A. 70.717, "Portillo", sent. del 14-VI-2010).
Derecho procesal, procesos de conocimiento, juicio ordinario, contestación de la demanda, falta de contestación de la demanda, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Rodríguez Arevalo, Viviana Elizabeth c/ Zotes, Juan Manuel s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-31

Recordemos que la falta de contestación de la demanda importa la facultad del Juez de tenerla como favorable presunción de las pretensiones de la parte actora, pudiendo estimarse el silencio del emplazado como un reconocimiento de los hechos expuestos por su contrario (conf. Morello, Passi Lanza y otros, "Códigos Procesales Civiles y Comerciales...", T. I, pág. 432, Ed. Platense Abeledo Perrot, Bs.As., 1976).
Daños y perjuicios, daño moral, daño material, ofensas cometidas por medio de la prensa, real malicia, jurisprudencia comparada, obligatoriedad del precedente
Materia: COMERCIAL
Carátula: GARAO,  ANIBAL  FELIPE c/ LA NACION SA, CLARIN, DIARIO POPULAR,CRONICA Y LA RAZON S/ s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-11-20

En una acción por la cual un médico reclama resarcimiento en concepto de daño material y moral de un diario, como consecuencia de la publicación de cierta noticia que lo calumnió e injurió, cabe precisar que la prensa -previo control de la seriedad de la información- debe anoticiar sobre todos los temas, materias o hechos que tengan trascendencia pública o social, pero debe tener en cuenta que el ejercicio de su derecho (C.N. art.14) debe armonizarse con otros contenidos constitucionales (ver Vanossi, Jorge R. A. y otros, "Poder Político y Libertad de Expresión", Abeledo-Perrot, Bs. As., Argentina, 2001, Págs. 327 y SS). Según la teoría de la "real malicia" los funcionarios y las figuras o personajes públicos afectados en su honor por noticias inexactas o agraviantes, deben acreditar que la información fue efectuada a sabiendas de su falsedad pero a los particulares les basta, en principio, con acreditar una negligencia simple para que proceda la reparación. Su recepción tiene importancia en cuanto a la carga de la prueba y al factor de atribución. Así pues, durante los años siguientes al precedente "New York Times vs. Sullivan (1964)" la corte norteamericana siguió extendiendo el alcance del standard de la mentada doctrina (vgr. "Rosemblatt vs. Baer" -385 U.S. 75, 1966-, "Curtis Publishing CO. vs. Butts" -388 U.S. 130, 1967-;

"Time Inc vs. Hill" -385 U.S. 374, 1967-; "Rosembloom vs.

Metromedia Inc" -403 U.S. 29, 1971-) abarcando incluso cualquier noticia relacionada con materia de interés público.

Posteriormente, los riesgos del ilimitado poder que esta doctrina otorgo a la prensa, sumado a una nueva integración de la corte (4 nuevos magistrados designados durante la administración del presidente Nixon que conformaban un tribunal de neto tinte conservador) alentó el replanteo de la doctrina.

Así, en "Gertz vs. Welch Inc" (418 U.S. 323, 1974) entre otros aspectos se determino: a) que un enunciado falso carecía de valor constitucional, b) que la mentira y el error inexcusable no constituían aspectos tutelados ni favorecían el interés social, y c) que la exigencia de evitar la autocensura no es el único valor social comprometido. En base a tales premisas se entendió que el "Standard" de "New York times vs. Sullivan" era adecuado solo cuando se trataba de personas publicas, sea un servidor público o una figura público universal, sin más límite que el que deriva del carácter de asunto de interés público. El mismo "standard" era aplicable al particular que voluntariamente introducía su figura en una controversia pública.

(En la especie, se hizo lugar al reclamo).
Temeridad o malicia, inconducta procesal, sentencia de trance y remate
Materia: PROCESAL
Carátula: Cooperativa Eléctrica de Consumo y Vivienda Ltda. de Tw c/ C.F. SACIC s/ Resolución de Contrato -Daños y Perjuicios-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-02-01

La aplicación de la sanción por inconducta procesal debe ser tratada en oportunidad de dictar sentencia, o de dar cumplimiento a la sentencia de trance y remate.
Recurso extraordinario, depósito previo, concursos
Materia: LABORAL
Carátula: Velazquez, Enrique c/ I.C.A.S.A. s/ Despido. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-10-14

No está exento de efectuar el depósito previo (art. 56, decreto ley 7718), quien se encuentre en estado de convocatoria de acreedores.

MINORIA U OPINION PERSONAL)
Alimentos, alimentos provisionales
Materia: CIVIL
Carátula: C., D.G. c/ O., R.S. s/ Filiación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-09-26

"Los alimentos provisionales cubren, en principio, las necedades ineludibles del alimentista, y rigen desde la fecha del pedido de ellos y hasta el dictado de la sentencia. En otras palabras, si bien el actor podría solicitarlos juntamente con la demanda de alimentos, si lo hace durante el transcurso de la causa, serán debidos desde el momento que fueron pedidos y no desde que se interpuso la demanda principal".
Policía, decretos, constitucionalidad, Administración Pública, facultades disciplinarias
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Monsalvo, Mario Domingo c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 343-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-02-09

La norma del artículo 15, inciso z) del decreto 426/72 (Reglamento del Régimen Disciplinario Policial) -atacado como inconstitucional por el recurrente por estar basado en un concepto abstracto y contrario al principio de legalidad por no tipificar concretamente cuál es la falta y/o infracción que se debe cometer para ser sancionado-, no importa el establecimiento de infracciones que importen el ejercicio del poder punitivo estatal fundado en la supremacía general del Estado (reconocida por la norma jurídica ante todos los sujetos); sino en otra especie de la actividad represiva, como es la disciplinaria, cuyo fundamento está en la supremacía especial del Estado, accesoria a ciertas relaciones jurídicas establecidas entre éste y determinados sujetos.
Juicio ejecutivo, inhabilidad de título, oportunidad procesal
Materia: COMERCIAL
Carátula: ABBLE  ARGENTINA  SA c/ SERVICIOS  MEDICOS  SAN  ISIDRO SRL s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-02-06

El pronunciamiento sobre la inhabilidad de título para proceder por la vía ejecutiva puede ser emitido por el juez, aún cuando no se hubiere opuesto la correspondiente excepción, pues dicha cuestión reviste el carácter de orden público. A su data de aplicación, el  Cpr: 531 dispone expresamente que el juez debe examinar cuidadosamente el título con el que se deduce la ejecución.
Costas al vencido, principio objetivo del vencimiento
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Bunge Argentina SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-01

El art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación consagra el principio rector en materia de costas, que encuentra su razón de ser en el hecho objetivo de la derrota (Disidencia del juez Rosenkrantz). - La Corte, por mayoría, declaró inadmisible el recurso extraordinario (Art. 280 CPCCN)-
Recurso de inconstitucionalidad, exceso ritual manifiesto, nulidad procesal, economía procesal, celeridad procesal
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: ROSSIA, SILVIA ALEJANDRA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-10-06

La sentencia cuestionada debe ser anulada, pues si bien los agravios esgrimidos por la compareciente remiten en última instancia al examen de cuestiones de índole procesal, las que por su naturaleza se encuentran reservadas en principio a los jueces de la causa y excluidas del recurso extraordinario, corresponde hacer excepción a dicha regla cuando -como ocurre en el caso- la Alzada ha conferido un tratamiento irrazonable a la litis, adoptando una solución que traduce una interpretación rigorista y antifuncional de las normas procesales en juego, desentendiéndose a través de un excesivo formalismo de las particulares circunstancias del caso que imponían una solución acorde al principio restrictivo que opera en materia de nulidades procesales, como así también de celeridad y economía procesal.
Seguro colectivo, incapacidad, prestación de servicios, capacidad laboral, indemnización por incapacidad
Materia: LABORAL-COMERCIAL
Carátula: Cuello, José Adolfo c/ Estado provincial s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1998-09-30

Habiendo quedado demostrado que el actor aportó durante más de 30 años por la cobertura de un seguro, que por igual término prestó servicios para la demandada, que fue objeto de ascensos en su carrera administrativa, que a pesar de la falta de examen médico previo fue incorporado automáticamente al grupo asegurado en forma colectiva, el argumento de la apelante referido a la incapacidad congénita de la actora no es de recibo.

En efecto, aquella condición genética nunca fue obstáculo para la prestación de servicios, por lo que mal puede hoy la demandada pretender sustraerse del pago de la obligación asumida, máxime cuando la actora demostró el agravamiento de su condición, conforme la pericial obrante, circunstancia no contradicha, por lo que el fallo del Inferior resulta justo, habiendo el sentenciante obrado con equidad adecuando la generalidad de la norma abstracta al caso particular, resultando los agravios un ataque que no pasa de ser una mera discrepancia en la forma en que resolvió el A-quo.
Confirmación de sentencia, cosa juzgada
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ROSENFELD, ANA MIRTA c/ COLEGIO PUBLICO DE ABOGADOS DE CAPITAL FEDERAL Y OTRO s/ VARIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-12-16

Se confirma la sentencia de primera instancia que -al admitir una defensa de cosa juzgada, opuesta por la parte demandada- desestimó, en un estado inicial de la causa, la demanda interpuesta por la letrada. La actora perseguía que se declarase, en el ámbito de una acción "autónoma" e invocando la existencia de "cosa juzgada írrita", la nulidad de la sentencia dictada por otra Sala, en el ámbito de un recurso directo (art. 47, ley 23.187). Causa 65.990/2019
Entes autárquicos, ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD, legitimación pasiva, procedimiento administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Aguas del Valle S.A. c/ Estado Provincial y EN.RE. s/ Acción de Plena Jurisdicción e Ilegitimidad o Anulación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-03-18

Comparto y adhiero a los fundamentos y solución propiciada por el Sr. Ministro que habilita el Acuerdo y, emito mi voto en esa dirección.

Oportuno es precisar que por su Ley de creación -4836- el ENRE es un ente que efectivamente goza de autarquía y tiene plena capacidad jurídica para actuar en ámbitos del derecho público y privado, entonces, si se cuestiona un acto o un comportamiento de un ente descentralizado, el sujeto pasivo debe ser ese ente, aun cuando, es organismo público y forma parte del Estado. En esta línea de pensamiento, no existe identidad con el sujeto Estado Provincial, porque la descentralización administrativa se confiere, precisamente, para actuar como sujeto con personalidad propia diferente de la que tiene éste. Oportuno es señalar que el control que ejerce el Poder Ejecutivo sobre los entes descentralizados y que lo habilita para revocar o modificar sus actos, -si bien con algunas limitaciones- no cambia las cosas. Que ello es así pues, mientras la cuestión se sustancie en sede administrativa, el órgano superior puede ejercer el control jerárquico; pero, cuando el ente descentralizado es demandado ante la justicia cesa ese control y nada puede hacer dentro del juicio contencioso administrativo. De tal modo que, el hecho de haber autorizado o aprobado el Poder Ejecutivo actos dictados por el ente descentralizado no modifica la imputación de la voluntad, son actos del ente y no del Estado. En concordancia con ello, en caso de que la intervención de la Alzada, sea confirmatorio o aprobatorio del acto del ente, en general, la doctrina es conteste en admitir que el demandado debe ser exclusivamente, la entidad cuyo acto fue confirmado, puesto que el acto confirmado se imputa o atribuye al ente que lo dicta y no al que lo controla, por lo que debe hacerse lugar a la excepción planteada por el Ejecutivo Provincial. Por otra parte respecto al fondo de la cuestión, reitero mi adhesión a los fundamentos y conclusiones expresadas por el Sr. Ministro preopinante y en consecuencia voto en igual sentido, por el rechazo a la acción entablada.

Del voto del Dr. Cippitelli.
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, procedencia del recurso, juicios en que la Nación es parte
Materia: PROCESAL
Carátula: Sisteco Sistemas de Computación c/ Estado Nacional (Secretaría de Industria y Comercio) s/ contrato administrativo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-28

Es formalmente procedente el recurso ordinario de apelación, toda vez que fue articulado en un proceso en que la Nación es parte y los valores disputados en último término superan el mínimo previsto en el art. 24, inc. 6, ap. a), del decreto - ley 1285/58, según la ley 21.708, reajustado por resolución 1360/91 de la Corte.
Honorarios, prescripción, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: PROCESAL
Carátula: GOMEZ, DOMINGO HILARIO (SUCESION) c/  s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-04-10

La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que los autos regulatorios resuelven únicamente sobre el monto de las sumas con que la tarea profesional debe ser remunerada, pero nada fijan sobre el derecho a percibirlas ni sobre la obligación de pagarlas, como asimismo que toda cuestión relacionada con los honorarios regulados o a regular que no versen sobre su cuantía debe ser ventilada en ocasión de intentarse su cobro, quedando reservada para el momento en que se intente ejecutar la respectiva regulación; sin embargo, también ha señalado que lo anterior no impide en modo alguno que la defensa de prescripción pueda oponerse y resolverse en el procedimiento de cuantificación de los honorarios, ya que conviene a la economía procesal y a la seguridad jurídica una resolución anticipada sobre el punto cuando la defensa de prescripción se articula en el trámite regulatorio, habida cuenta de que prescripto el derecho a obtener la regulación, la inmediata declaración judicial a su respecto evitaría el dispendio jurisdiccional propio del procedimiento regulatorio y el posterior de su cobro; y proponer lo contrario implicaría aferrarse a un ritualismo que conspiraría con los enunciados descriptos, máxime cuando ningún otro elemento que no conste en las actuaciones se requeriría para analizar y juzgar la defensa opuesta. - CITAS: CSJN: Fallos:320:495 y 2485; 235:156; y 270:91.
Sentencia de trance y remate, incidente de nulidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GUIÑAZU Felix c/ Eduardo MAESSEN s/ Cobro Alquileres (LIBRO: A074 - 185)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-11-01

No procede deducir el incidente de nulidad contra actos procesales anteriores a una resolución firme relacionada (en el caso sentencia de remate). Ya que de no ser posible el recurso de apelación, ni idóneo el de reposición, si el acto fuera de los que autorizan recursos extraordinarios solo procederá el de inconstitucionalidad, que comprende todas las cuestiones relativas a la violación del derecho de defensa y a la carencia de los requisitos y formas indispensable establecidos en la constitución y en el código procesal.-
Proceso contravencional, suspensión del juicio a prueba, decomiso, facultades de las partes, facultades del juez, reglas de conducta
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: ZELECHOWSKA, Teresa Julia s/ inf. art. 84 Ley 1472 -Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-22

A la luz de lo normado en el artículo 45 Código Contravencional, y tal como lo sostuviéramos en extenso in re Causa Nº 440-00/CC/2005, "ZHENG, Minfang s/ Infr. arts. 61 y 62 C.C. - Apelación" del 6/02/06; Causa Nº 089-00/CC/006, "DAVILA, Mirta s/ Infr. art. 83 Ley 1472 - Apelación" del 7/08/06, las partes se encuentran habilitadas a pactar la suspensión del proceso a prueba y a incluir en el acuerdo determinadas reglas de conducta, no obstante lo cual respecto de los bienes que hubieran sido objeto de secuestro, específicamente el párrafo tercero del artículo en cuestión, establece que los mismos deben ser abandonados a favor del Estado.

Desde la premisa apuntada es entonces indubitable que este "abandono" no resulta estar comprendido en la órbita de facultades sobre las cuales el acuerdo entre el imputado y el Fiscal puede disponer, sino, por el contrario, resulta ser uno de los requisitos propios del acceso al instituto de la suspensión del proceso a prueba y es el Juez quien debe resolver sobre dicho punto, de verificarse como en el caso un claro apartamiento del mandato legal.
Recurso de queja (procesal), valor disputado en último término, prescripción tributaria, agravio extemporáneo
Materia: PROCESAL
Carátula: Elevadores Mar del Plata S.A. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado y queja por recurso de apelación ordinario dene-gado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-08-03

La Cámara no trató las tachas de inconstitucionalidad que la parte recurrente formula en su recurso de inconstitucionalidad porque entendió que esos agravios no formaron parte de la apelación ante ella, de modo que la sociedad recurrente debió demostrar, para que pudieran ser analizados por este Tribunal sus planteos, que puso a la Cámara en obligación de tener que tratarlos y ésta omitió hacerlo; cosa que no se encuentra acreditada en el sub lite. (Voto del Sr. Juez Luis F. Lozano):
Carga de la prueba, juicios contra el Estado, sentencia condenatoria, recurso de apelación (procesal)
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Barros, Mamerta Daniela Romero de c/ Estado provincial s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1999-09-03

Se encuentra acreditado en autos que la empleadora, Estado Provincial, retuvo y no depositó los montos de las pólizas de seguro colectivo y obligatorio y adicional de la actora, que lo demandó reclamando no la devolución de las primas sino el pago de ese seguro del que se vio privada.

Se puede establecer que cuando el actor-acreedor pide al obligado-demandado el cumplimiento de la obligación, el primero debe limitarse a probar el nacimiento de la obligación-lo que en este caso no es necesario, porque el seguro tiene basamento legal-mientras que le incumbe al demandado demostrar que aquella fue cumplida o que existen suficientes elementos que hacen que su incumplimiento sea ajustado a la ley.

En autos, la falta de pago de las primas no fue un hecho controvertido, por lo que todo el andamiaje recursivo que se centró únicamente en que aquella no se probó se desploma y el recurso debe ser rechazado. (Del voto del Dr. Herrera)
Nulidad de sentencia, interés del menor, rehabilitación de drogadictos, prisión domiciliaria
Materia: PROCESAL
Carátula: recurso de casación reg. 701/17Aguada, Mariana Celeste c/  s/ recurso de casación reg. 701/17
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-06-06

La disidencia postuló anular la resolución impugnada por considerar que no existieron elementos objetivos que demuestren claramente la falta de capacidad de la imputada para cuidar y resguardar a sus hijos o que haya violado normas impuestas, ni informes psicológicos, sociales ni médicos que ilustren sobre la real situación de los niños ni de su madre, menos aún de su entorno familiar, y tampoco se justifica el reingreso a prisión por resultar adicta a sustancias estupefacientes, sino que debiera brindarse desde el Estado una oportunidad de rehabilitación a través de un tratamiento. Dres. Figueroa, Ledesma -disidencia-, Sloka.