marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Honorarios, regulación de honorarios, monto mínimo, criterio de razonabilidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Ferrarotti S.A. -T.F. 12.442-I- c/ D.G.I. s/ regulacion de honorarios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-12

Si bien los trabajos fueron cumplidos bajo la vigencia de la ley 24.432, no se configura el supuesto particular que sustenta la aplicación del art. 13 de la norma citada, pues el hecho de que la cámara aplique los porcentajes -en el caso los mínimos legales- establecidos por los arts. 7 y 9 de la ley 21.839 no ha importado una evidente e injustificada desproporción entre la remuneración a la que se ha llegado y la complejidad y trascendencia del trabajo cumplido, sino que -por el contrario los estipendios fijados no exceden los márgenes de razonabilidad.
Estado Provincial, deuda pública, pago en bonos, Poder Judicial, jueces, remuneración
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Abalos, Benjamín y otros s/ Avocación.Recurso de Amparo (Expte. CSJ Nº 815-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-07-26

La compatibilidad constitucional de un sistema como el establecido por la ley 23982 -pago en bonos de deudas públicas- depende de la adecuación del medio al fin perseguido, es decir que corresponde determinar si, en el caso concreto, no se destruye la sustancia del derecho reconocido en la sentencia. Pues bien, la sustitución de un medio dinerario de pago por bonos cuyo actual valor de cambio en el mercado implica necesariamente una quita de su importe nominal -en caso de no esperar su cobro al vencimiento que se ha de operar dentro de varios años-, no se compadece con la letra ni con el espíritu del artículo 110 de la Constitución Nacional (texto 1994) habida cuenta que no poder disponer en forma inmediata del estipendio recibido en la totalidad de su significado económico, afecta su intangibilidad tanto como la reducción de la remuneración.

(De la Ampliación de Fundamentos del Dr. Ulla).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, cuestión de derecho común, costas, principio objetivo del vencimiento
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: B., L. A. c/  s/ DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL SIMPLE-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-05-31

Respecto al cuestionamiento que introduce la Defensa en su remedio directo en cuanto a la imposición de costas a su parte al denegar el recurso, tal cuestión, según criterio reiteradamente sostenido por este Cuerpo y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, implica una materia procesal, de derecho común, accesoria, extraña al fin para el cual ha sido instituida la instancia extraordinaria, propia de los jueces de la causa y ajena, en principio, al remedio contemplado en la ley 7055, salvo aquellos casos en que tal aspecto procesal hubiera sido resuelto con manifiesta arbitrariedad, lo que no demuestra; máxime si se colige del auto denegatorio que los gastos causídicos fueron impuestas al recurrente conforme la regla general de costas a la parte vencida del artículo 448 del Código Procesal Penal, y no al representante legal -como parecería entender el quejoso-; circunstancia reservada para los casos excepcionalmente dispuestos en la última parte del artículo 449. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dr. Netri) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 7055; Código Procesal Penal de Santa Fe, artículos 448 y 449. - Jurisprudencia vinculada: Fernandez, AyS T 314, p 333, sumario J0049268.
Locación, depósito en garantía, depósito regular, depósito irregular
Materia: CIVIL
Carátula: CARBALLO HECTOR c/ DE ORIS PABLO s/ CONTRATOS DE LOCACION DE COSAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-26

Los denominados depósitos en garantía, constituidos en ocasión de celebrarse un contrato de locación, constituyen una convención accesoria de aquél, que no puede entenderse sin más por la figura del depósito regular, en especial por ser constituido en interés del depositario y ante la función de garantía que cumple y no de mera guarda. Empero de todos modos participa de los caracteres del depósito irregular.
Trabajadores rurales, juicio de desalojo, competencia
Materia: LABORAL
Carátula: IARIA, FRANCISCO s/ MANDAMIENTO DE EJECUCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1991-06-17

El reclamo y trámite del desalojo dispuesto por el decreto reglamentario de la ley 22248 -trabajo agrario-, y las eventuales defensas respecto del mismo deben exteriorizarse procesalmente como forma de ejecución del fallo que reconoció la extinción de la relación laboral, y si esta hubiera concluído extrajudicialmente, siempre será el fuero laboral el encargado de dar trámite al reclamo que por su índole, es de competencia de dicho fuero en razón de la materia.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación errónea
Materia: PENAL
Carátula: Morán, Eduardo Antonio s/ Hurto calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-09-28

Es infundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que se sostiene que la Cámara violó el art. 256 inc. 1º -n.a.- del Código de Procedimiento Penal porque faltaría la prueba directa del cuerpo del delito si dicho extremo se acreditó por pruebas testimonial y documental.
Recurso de reposición (procesal), Superior Tribunal de Justicia
Materia: PROCESAL
Carátula: P., M. C. y Otro c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2018-11-12

Es jurisprudencia reiterada por este cuerpo, concordante con la de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tratándose el Superior Tribunal de Justicia de la cúspide del Poder Judicial de la Provincia, y por ende instancia máxima en el orden jurisdiccional, no son sus decisiones susceptibles de ser impugnadas por vía de reposición o revocatoria.
Recurso de casación, inadmisibilidad formal
Materia: LABORAL
Carátula: ANDRADE OSCAR RAMON c/ MIGUEL PASCUAL E HIJOS s/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-12-10

Respecto de la cuestión impugnada por la parte demandada, que la a quo en la resolución vulneró lo dispuesto en su propia sentencia acerca de la determinación de los montos por los que prosperó la demanda con relación al rubro indemnización art. 54 Ley 22105, ésta normativa prevé además de las indemnizaciones comunes por despido incausado, en las remuneraciones que le hubieren correspondido al trabajador durante el tiempo faltante del mandato y durante el año posterior al vencimiento del mismo. Las operaciones aritméticas arrojan una cifra que coincide con la de la interlocutoria atacada, en consecuencia al no existir razón alguna que justifique la interposición del recurso debe rechazarse con costas.-
Juicio político, pase a disponibilidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: M. A., J. O. s/ SU PRESENTACION. QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE   INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº 185-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-08-25

Cuando se afirma que el juicio político, como su nombre lo indica, es de naturaleza política, emplease esta palabra en su más elevado sentido, para referirse al "esfuerzo constante de los ciudadanos para que sean realizados los fines declarados morales o económicos dentro de la Constitución. Del mismo modo opina Juan Antonio González Calderón quién sostiene que "hay que tener presente siempre que el juicio es político, aunque esto no debe entenderse como un incentivo para apartarlo de los dictados permanentes de la razón y de la justicia, ni para emplearlo como innoble arma de oposición o de venganza si los cargos que se formulan no están suficientemente probados". En relación a esto último debe decirse que el instrumento que se tiene entre manos no debe ser utilizado con fines ajenos a su recto destino, habida cuenta de los enconos que suelen suscitar, por su misma índole, la labor de los jueces, "sin perjuicio de las responsabilidades civiles y criminales en que hubiese incurrido el magistrado, a cuyo efecto aquélla -la sentencia- no hará cosa juzgada" (artículo 17, párrafo 3ro, ley 7050; del mismo modo, artículo 103, párrafo 3ro Constitución Provincial). El proceso que se instaura, por consiguiente, parte de la consagración del principio republicano de Gobierno (artículo 1 Constitución Provincial) por el cuál todos los funcionarios, por ende los jueces, deben responder por los actos realizados en el desempeño de las funciones que les conciernen.
Impuestos, régimen penal tributario, extinción de la acción, pretensión fiscal
Materia: PENAL
Carátula: TARICA, JOSE R. s/ Régimen Penal Tributario, Incidente de extinción de la acción penal  Causa 32418
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-12-30

1- La extinción de la acción penal prevista en la ley penal tributaria implica la supresión de la punibilidad de un hecho por circunstancias sobrevinientes que no tienen que ver con su carácter antijurídico ni con la culpabilidad de sus autores, sino con razones de política criminal cuya ponderación es de incumbencia del Poder Legislativo.- 2- La circunstancia de que la aceptación de la pretensión fiscal sea uno de los factores objetivos enunciados por el Art. 14 de la ley cit., no supone el pronunciamiento del Tribunal acerca de la pertinencia del monto pretendido, pretensión que puede ser discutida por el contribuyente por las vías y en las formas previstas en la legislación de la materia.- 3- El delito tributario cuya denuncia dio origen a la apertura del proceso penal no depende de una determinación cuantitativa, la que tampoco es necesaria para verificar la concurrencia objetiva de la aceptación que es condición para prescindir excepcionalmente de la punición del hecho.
Excusación por amistad, deber de imparcialidad, jueces naturales
Materia: LABORAL
Carátula: Rossier Walter Oscar c/ Empresa Ciudad De Gualeguaychu S.R.L.  s/ incidente de rechazo de excusacion
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-08-08

La amistad como causa de excusación no está puesta en el código de rito solo en protección del servicio de justicia y valores como la imparcialidad y la seguridad jurídica sino que también procura brindar al juez una protección ante la vis moral que le puede significar tener que intervenir en un juicio en que se encuentran involucradas personas que figuran entre sus afectos. Ahora bien, ese referido estado anímico, creado por un determinados contexto o situación, sólo puede ser apreciado por el funcionario que lo invoca y por ello es prudente y aconsejable ser amplio en la explicación de las razones por las cuales quien resulta el juez natural de la causa pretende su extrañamiento. Esto evita dudas porque genera certeza acerca de que no media un exceso de susceptibilidad. Así las cosas, se advierto en autos que el juez de grado incurre en un importante yerro al no brindar detalles sobre la relación de la amistad que se manifieste por gran familiaridad o frecuencia de trato que mantendría con el socio gerente de la sociedad demandada y ello impide entrar a verificar si se trata de una relación idónea a los fines del art. 14 inc. 9) del CPCC, dado que es un valor entendido que la simple frecuencia de trago no patentiza per se una amistad (Voto Ronconi. Adhesión Stettler)
Funcionarios públicos, deberes del funcionario público, declaración jurada patrimonial, delito de omisión, delito continuo, acción penal, prescripción
Materia: PENAL
Carátula: R., J. s/ Prescripción de la pena (Expte Nº  24-96, Resolución Nº  55, Tomo 8,  Folio 297)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-08-27

Si bien mientras el imputado cumplió una función que le exigía presentar la declaración jurada de bienes y no lo hizo, estuvo permanentemente lesionando el bien jurídico, al cesar en la función se extinguió también la exigencia de actuar, dato este que es importante tener en cuenta puesto que a partir de ese momento habría comenzado a correr el curso de la prescripción de la acción penal.

(FUNDAMENTOS VOTO DR. FRANCHINI)
Denegatoria del recurso, arresto domiciliario, cuerpo médico forense, insuficiencia del agravio
Materia: PENAL
Carátula: BENÍTEZ, José L. c/  s/ Incidente de prisión domiciliaria
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-12-14

Corresponde rechazar el recurso de casación contra la resolución que denegó el pedido de arresto domiciliario por considerar que, en base a los informes del Cuerpo Médico Forense y de la Unidad 31, que las enfermedades que sufre no revisten de suficiente entidad, en las actuales circunstancias, como para habilitar la concesión del beneficio, las cuales se encuentran además adecuadamente tratadas en su lugar de detención.
Transporte, obligaciones del transportador, responsabilidad del transportador
Materia: PROCESAL
Carátula: EDICIONES ALTAYA SA c/ BARRIOS MARIA OLGA Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-08

Tiene razón la parte actora pues su conducta -que se refiere a no haber tenido en cuenta las cláusulas de la póliza contratada con MAPFRE a fin de dar instrucciones al transportista o al intermediario- sólo puede perjudicar sus propios intereses, en el sentido de privarlo del beneficio de la póliza 100-0230736-01, tal como efectivamente sucedió. Quiero decir que la falta de exigencia o de verificación por parte del asegurado respecto de las condiciones del transporte en cuyo curso ocurrió el robo, justificó la negativa de la aseguradora a abonar a Ediciones Altaya S.A. el siniestro contratado, pero no puede tener por efecto liberar al transportista de su responsabilidad. Esta relación del exportador dueño de la carga con su asegurador no puede beneficiar ni liberar al transportista, puesto que si MAPFRE hubiera abonado el monto del seguro, se hubiera subrogado en los derechos del exportador y hubiera demandado al transportador por el 100% de su responsabilidad en el incumplimiento contractual. Por tanto, estimo que el agravio de la actora debe recibir acogimiento y la responsabilidad de Maritime Services Line Argentina S.A. debe ser admitida en todo su alcance.
Interés superior del niño, derecho a ser oído, guarda preadoptiva
Materia: CIVIL
Carátula: F.,E. s/ Prevención (Expte. N° 426526)
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2015-03-03

El interés superior del niño abreva en la dignidad misma del ser humano, que se satisface cuando se lo reconoce en todos los ámbitos como sujeto de derecho pleno; por ejemplo: si es oído y su opinión se tiene en cuenta; si se respeta su vida privada y su intimidad, sino se le impide ejercer sus derechos personalísimos, si está habilitado a participar activamente en el proceso judicial que lo involucra; cuando se le brindan condiciones para desarrollar una vida digna; si se atiende su derecho a crecer y desarrollarse en el seno de su propia familia en tanto y en cuanto se preserve su centro de vida, entre otras cuestiones.
Prenda con registro, intimación de pago, embargo, notificación
Materia: COMERCIAL
Carátula: Banco del Chubut S.A. c/ Manufacturera Textil Patagónica S.a. s/ Ejecución Prendaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-11-04

Si, como el art. 531 del C.P.C.C. el art. 29 de la Ley de prenda con registro no contiene directiva alguna para la hipótesis de ausencia del deudor, es porque la ley de fondo ha querido imprimirle al trámite de la ejecución prendaria una especial celeridad -según art. 26 el procedimiento será sumarísimo, verbal y actuado- que no se conforma con las disposiciones de los Códigos Procesales que son sólo aplicables en cuanto no interfieran o desvirtúen la economía plasmada en las reglas de carácter procesal que contiene la ley de prenda.
Recurso de inconstitucionalidad, exceso ritual manifiesto, obligaciones del empleador, certificado de trabajo
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: DAMIN, LORENA NOEMI c/ CENTRO ODONTOLOGICO PRIVADO S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CONCEDIDO POR LA CAMARA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-03-20

Con respecto a la argumentación del recurrente que -en tren de perfilar un supuesto de arbitrariedad fáctica- sostiene que la simple intimación de entrega de una certificación de servicios es ineficaz para generar la indemnización prevista en el artículo 80 de la LCT, es preciso tener presente que esta norma diferencia claramente la referida obligación de hacer entrega de la "constancia documentada del ingreso de fondos" de la obligación de entregar un "certificado de trabajo" (que es el que deberá contener tiempo de prestación de servicios, remuneraciones percibidas a lo largo de la relación laboral, categoría laboral o tareas que se efectuaron, aportes y contribuciones efectuados con destino a los organismos de seguridad social, y calificación profesional obtenida), previendo el último párrafo del artículo la sanción ante la falta de entrega de la referida documentación; con lo cual, si bien la Sala en su argumentación refirió a la falta de entrega del certificado de trabajo, siendo el razonamiento y argumentación efectuada en un todo aplicable para la falta de entrega de la "certificación de servicios y remuneraciones", establecer que por ello se incurrió en arbitrariedad fáctica implicaría un rigorismo formal excesivo que no se compadece con la naturaleza de la materia y cuestión aquí deb tida.
Pena de inhabilitación, multa, accesorias legales
Materia: PENAL
Carátula: F, A E s/ HOMICIDIO CULPOSO      EXPTE NRO 282-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-12-30

La pena de inhabilitación como pena accesoria debe necesariamente ser impuesta en firme -pese a tener presente las reservas constitucionales-. Si bien la Cámara declaró en una oportunidad procedente el beneficio, lo fue durante la vigencia de la ley 20509, en cuyo artículo 26 no se mencionaban las penas de multa o inhabilitación. Pero la actual redacción del artículo 26 del Código Penal -ley 23077 (como ocurría en la 21338, que a su vez retomó la letra de lo estipulado en la ley 17567)- no deja otra alternativa al sentenciante más que aplicarlas en firme, aun cuando sea como pena conjunta con otra de aplicación en suspenso.

Fontan Balestra-Millán (Las reformas al Código Penal, p 35) explican la variante introducida por la ley 17567: "la pena de inhabilitación tiene el carácter de una medida de seguridad preventiva que tiende a evitar que el condenado siga realizando la actividad mediante la cual delinquió. No tiene sentido que el autor culpable de un delito pueda seguir creando el riesgo que resulta de sus imprudencia o impericia, con la sensación de haber cometido un hecho sin importancia".

La comisión redactora del proyecto de reformas que dio lugar a la sanción de esa ley, subrayó que con la aplicación en forma suspensiva de la multa o la inhabilitación, muchísimos delitos quedaban en la más absoluta impunidad, ya que a su vez, la suspensión de las condenas pequeñas a prisión puede decirse que es la regla en la práctica judicial.
Juicio ejecutivo, cosa juzgada
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Serra, Rina Alicia c/ Galvan, Carlos M. s/ Ejecución Jimenez, Rafael Francisco c/ Colantuono, Carmelo s/ Ejecución cheque Antifora, Pedro Rinaldo c/ Molinari, Celia Mercedes s/ Ejecución Hipotecaria Silva, Angel Tomás c/ Zumpano, Néstor Alejandro s/ Ejecución Balcarce SACIFI c/ La Torre, José L. s/ Ejecución Malagrini, Silvia A. y otros c/ Rodríguez, Laura s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-09-05|1988-02-23|1991-09-19|1995-09-14|1994-02-02|1996-03-28

La sentencia dictada en juicio ejecutivo sólo hace cosa juzgada formal, ya que resulta revisable mediante el juicio ordinario posterior, no existiendo en principio, prejudicialidad de la causa penal denunciada, ya que así como la sentencia de trance y remate puede quedar sin efecto mediante el señalado proceso de conocimiento, ésta también sería la vía idónea para encauzar los efectos de una sentencia penal en contradicción con lo resuelto en la ejecución, con lo cual queda descartada toda posibilidad de escándalo jurídico. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Concursos, resoluciones judiciales, derechos del acreedor, competencia desleal, prohibición de votar
Materia: COMERCIAL
Carátula: EQUIPOS  Y  CONTROLES  SA s/ CONCURSO  PREVENTIVO  S/  INC.  DEAPELACION.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-27

Corresponde revocar la resolución por la cual el juez del concurso privó de efectos al voto de un acreedor por considerar que su conducta se enmarca dentro de los parámetros de la "competencia desleal", toda vez que no surgen de la causa elementos suficientes para tener por configuradas conductas reprochables a la luz de las normas de la ley de defensa de la competencia, ni abuso del derecho en los términos del CCIV art.1071, supuesto que también incumbe a quien lo denuncia la prueba de los hechos que permitirían esa caracterización (cfr. LLambias, "Código Civil anotado", T.

II-b, Bs. As., 1992, pag. 302 y SS; Belluscio-Zanoni, "Código Civil", T. 5, Bs. As. 1994, pag. 64 y SS.); además, la valoración que impone la determinación del carácter desleal de una conducta excede ampliamente el marco cognoscitivo de este incidente (Ley 25156 y Ley 24522 art. 39-10° -modif. Ley 25589 art.

15-); con lo cual ampliar la nómina de personas excluidas de votar mas allá de las enunciadas en la Ley 24522 art. 45, podrían conducir a la privación del derecho básico del acreedor verificado y legítimo a participar en la decisión fundamental para el resultado del concurso, más allá de los efectos negativos para la suerte de la deudora, toda vez que las pautas actuales de la ley en lo referente a la continuación de la explotación de la empresa tienden a preservar el interés de los acreedores, la conservación del patrimonio y evitar una grave disminución del valor de realización o la interrupción de un ciclo de producción que pueda concluirse en beneficio del concurso (Ley 24522 art. 189 y 191).
Asegurador por riesgos del trabajo, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: Herz, Cristian Alberto c/ Jose Garciarena y/u Otros y/o Est. Rural La Mimosa s/ Indemnización por accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2012-05-17

"... el pago de las prestaciones asistenciales y dinerarias que la ley impone a las ART ... no son susceptibles de desistimiento conforme al art 11 inc. 1 ley 24557".- Voto Dr. Raúl A. Funes.
Dictamen pericial, valor probatorio
Materia: PENAL
Carátula: Ferreira Luis Alberto c/ SES y Otros s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2001-10-05

El Dictamen Pericial constituye un elemento de juicio que el Juez debe valorar en conjunto con el resto de las pruebas rendidas y conforme a las reglas de la sana crítica, con prescindencia de toda sugerencia de partes. No se puede desvincular arbitrariamente de la opinión del perito, en todos los supuestos debe fundar su discrepancia con elementos de juicio que permitan desvirtuar el informe.
Acciones de clase, derecho a la alimentación, responsabilidad del Estado, acceso a la justicia
Materia: DERECHOS HUMANOS-PROCESAL
Carátula: Unión de Trabajadores de la Economía Popular c/ E.N. M. Capital Humano Resol. 13/24 s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-05-13

La causa iniciada con el objeto de garantizar el derecho a la alimentación adecuada de todas las personas que asisten a comedores y merenderos comunitarios, tramitará preliminarmente como proceso colectivo, dado que puede advertirse que existe una homogeneidad fáctica y normativa, que se individualiza en la alegada interrupción de la provisión de alimentos e insumos a los comedores y merenderos inscriptos en el RENACOM (Registro Nacional de Comedores y Merenderos), así como también en la obligación que tiene el Estado Nacional de brindar asistencia alimentaria en virtud de la Constitución Nacional, los tratados internacionales y las demás normas y normativas aplicables, y por ello resulta razonable la realización de un solo juicio con efectos expansivos de la cosa juzgada, en tanto el interés considerado aisladamente no justifica la promoción de una demanda y, a su vez, permite resguardar el derecho de acceso a la justicia.