Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-07-28


2º Instancia. - Buenos Aires, julio 28 de 2005.

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada? El doctor Russo dijo:

1. El actor, Damián Osvaldo Petrillo, promovió demanda contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por daños y perjuicios derivados del accidente que sufriera el 6 de febrero de 1998 en la intersección de la Avda. del Libertador y Tagle de esta Ciudad, los que ascenderían a la suma de ocho mil noventa y cuatro pesos ($ 8094).

En su presentación manifiesta que ese día, siendo aproximadamente las 9 hs. conducía su vehículo Alfa Romeo 145 TS GT 1.8, dominio BDP 734 en forma atenta y reglamentaria por la Avda. del Libertador en dirección al centro de la ciudad. Refiere que en esos momentos, caía sobre Buenos Aires una intensa lluvia y las calles comenzaron rápidamente a anegarse y, al llegar a la intersección de la avenida mencionada y Tagle la cantidad de líquido acumulado en el lugar motivó que ingresara en sectores del motor cuyo funcionamiento quedó impedido por la entrada del agua, lo que produjo su inmediata detención con la consiguiente imposibilidad de su parte de continuar avanzando.

Alega que ante la emergencia no tuvo más alternativa que descender del vehículo con un nivel de agua acumulada que superaba ampliamente el metro de altura y requerir la ayuda de un auxilio para retirar el rodado del lugar.

Señala que las dificultades de trasladarse por la ciudad, dada la incapacidad de su sistema de desagües pluviales para evacuar la gran cantidad de agua caída en poco tiempo como la gran cantidad de situaciones similares que se habían sucedido, hicieron que el auxilio arribara a las 12:25 hs., es decir, tres horas después de haber sido solicitado.

Manifiesta que el rodado fue trasladado por el auxilio S.O.S. Urgencia Mecánica -según orden de servicio Nº 271134- al taller mecánico Maranello Automotores S.A., sito en Habanna y Avda. San Martín, donde el diagnóstico de ingreso fue "vehículo aspiró agua por admisión. No arranca".

En razón de ello, reclama por daños materiales, privación de uso y desvalorización del rodado.

Funda su derecho, cita jurisprudencia que considera aplicables al caso, hace reserva del caso federal y ofrece prueba.

2. La magistrada de la anterior instancia rechazó la demanda, con costas a la actora. Para así decidir, en primer lugar, consideró que el planteo efectuado por el actor se enmarcaba dentro del campo de la responsabilidad estatal y desde ese marco conceptual analizó la cuestión.

Luego, tuvo en cuenta que la valoración en conjunto de las pruebas producidas por las partes no alcanzaba a formar el convencimiento de que los acontecimientos se habían suscitado tal como los describía la actora en su demanda.

Ello así, en la medida en que no había logrado acreditarse la existencia de la invocada inundación ocurrida en Tagle y Av. del Libertador, cuando había sido el actor el que incumpliera con la carga probatoria que sobre él pesaba de acuerdo con la posición asumida en el proceso, dejando insatisfecho el presupuesto fáctico de la responsabilidad invocada, lo que generó necesariamente la frustración de la viabilidad de su pretensión.

3. A fs. 216 y 227 se alzaron los representantes del Gobierno de la Ciudad contra los honorarios regulados a su favor en la anterior instancia por considerarlos bajos, lo propio hizo a fs. 223 el perito ingeniero.

Asimismo, a fs. 218 la actora se alzó contra la sentencia de fs. 210/213 vta. En su apelación, sostiene que se agravia por lo resuelto en la anterior instancia, ya que -a su entender- de las probanzas arrimadas a la causa y de la escasez de medidas probatorias aportadas por la demandada surge claramente el perjuicio sufrido en el accidente del 6 de febrero de 1998.

Alega que "[n]o resulta tan claro que la responsabilidad deba necesariamente enmarcarse dentro de la responsabilidad estatal, mas bien debería expresar la sentencia de la anterior instancia que el marco normativo debería ser la responsabilidad objetiva que establece el art. 1113 del Cód. Civil" (fs. 231).

Afirma que ha quedado debidamente probado por los informes del servicio meteorológico y por los recortes periodísticos acompañados a la demanda que la Ciudad de Buenos Aires, el día 6 de febrero de 1998, se encontraba con anegamiento poco común pero sólo atribuible a la omisión de la demandada en la realización de obras de infraestructura para evitarlo.

Finalmente, sostiene que en la pericia mecánica se ha probado la ocurrencia objetiva de los hechos en que se fundó la demanda y la relación causal entre los daños mecánicos sufridos por el vehículo del actor y el agua que ingresara al rodado por el anegamiento de la calle por la que circulaba.

4. Corrido traslado, la demandada requirió que se confirme la sentencia recurrida, con costas a la actora.

Sostiene que los hechos relatados en la demanda y las circunstancias invocadas demuestran claramente la falta de omisiones o de causalidad entre el siniestro y la actividad de su parte. Señala que no ha existido omisión alguna de su parte y en ese punto destaca que ello es así desde que ninguna de las pruebas arrimadas a autos (informe del Servicio Meteorológico Nacional y en especial recortes periodísticos) mencionan la intersección de Libertador y Tagle como zona anegada el 6 de febrero de 1998.

5. El primer agravio expuesto por la recurrente se encuentra dirigido a cuestionar el marco normativo desde el cual la a quo analizó la cuestión debatida. Al respecto, considero oportuno señalar que la crítica concreta y razonada del pronunciamiento en recurso que debe contener el escrito de "expresión de agravios" (conf. art. 236 CCAyT) ha de consistir en la prolija indicación de los pretendidos errores, omisiones y demás deficiencias que se le atribuye. Esto implica que la alzada sólo entenderá en aquellas cuestiones sustentadas en una fundamentación autónoma y que indiquen las circunstancias acreditadas en el proceso con virtualidad para destruir los argumentos desarrollados por el sentenciante.

Es conteste la jurisprudencia en el sentido de que no puede ser estimado como verdadera expresión de agravios el escrito por el que el recurrente se limita a disentir con el juzgador, formulando apreciaciones sin concretar los errores u omisiones en que habría incurrido, respecto de la apreciación y valoración de los elementos probatorios arrimados al juicio en función de las normas jurídicas que rigen la materia.

Sentado lo expuesto, he de señalar que en este punto la crítica sustentada por la actora no reúne siquiera mínimamente los requisitos exigidos por el art. 236 del CCAyT. En efecto, la recurrente sólo se limita a hacer apreciaciones genéricas, sin esbozar fundamento alguno, por lo que corresponde declarar desierto el recurso en este punto.

6. Los restantes argumentos expuestos en la apelación se encuentran inequívocamente orientados a cuestionar la valoración efectuada por la sentenciante de grado de la prueba producida en autos. En particular, la apreciación de la prueba informativa, de los recortes periodísticos acompañados a la causa y de la pericia mecánica.

6.1. La jurisprudencia ha definido como prueba todo motivo o razón aportada al proceso por los medios y procedimientos aceptados en la legislación, para brindar al juez el convencimiento o certeza sobre los hechos controvertidos en el juicio (Conf. esta sala in re "Bagnato, Gustavo Daniel c. GCBA s/ Cobro de pesos", EXP3856/0"; sentencia del 29 de diciembre de 2004).

Es oportuno destacar que en materia de prueba debe tenerse en cuenta que su apreciación no puede hacerse en forma fragmentaria pero que el sentenciante sólo debe valorar aquéllas que fueron esenciales y decisivas para resolver la cuestión planteada en la causa. De igual manera, no importará arbitrariedad, si efectuada la descalificación de alguna de las probanzas, aquella ha sido resultado de la debida integración y armonización de las pruebas producidas, pues ello es lo que exigen las reglas de la sana crítica.

Vélez Mariconde define al método de la sana crítica como aquél "que deja al juzgador en libertad para admitir toda prueba que estime útil al esclarecimiento de la verdad (en principio, todo se puede probar y por cualquier medio), y para apreciarla conforme a las reglas de la lógica, de la psicología y de la experiencia común" (Vélez Mariconde, Alfredo, Derecho procesal penal, Buenos Aires, 1969, Ed. Lerner, t. 1).

Por su parte Couture subraya que "reglas de la sana crítica son reglas del correcto entendimiento humano, contingentes y variables con relación a la experiencia del tiempo y del lugar; pero estables y permanentes en cuanto a los principios lógicos en que debe apoyarse la sentencia" (Couture, Eduardo J., Las reglas de la sana crítica en la apreciación de la prueba judicial, JA, 71-84-Doctrina).

En este orden de ideas, cabe destacar que a fs. 96/100 el Servicio Meteorológico informó que "... en Buenos Aires la Tormenta del 6 de febrero de 1998 superó los valores estadístico período 1986-1994, para todos los lapsos; mientras que en Aeroparque sólo los superó para los lapsos de 10, 45 y 60 minutos e igualó para el de 30 minutos; correspondientes al período 1955-94".

En ese sentido, los recortes periodísticos agregados en autos dan cuenta de que varias zonas de la Capital Federal y noroeste del Gran Buenos Aires se encontraron seriamente afectadas por el temporal del 6 de febrero de 1998.

En ellos se describe un panorama -en general- complicado. Nótese que si bien en ninguno se efectúa una referencia concreta al estado en que se encontraba la intersección de Avda. del Libertador y Tagle, lo cierto es que ese día gran parte la Ciudad -toda la costanera, toda la Av. J. B. Justo, Belgrano, Palermo y el Bajo Flores- quedó bajo el agua.

Asimismo, refieren que "... se apagaron los semáforos de Corrientes, 9 de Julio y J. B. Justo, y hubo embotellamientos en el centro. Las vías de acceso a la ciudad también se inundaron: Libertador, Lugones, General Paz y Panamericana fueron intransitables" (fs. 104).

6.2. En cuanto a la cuestionada apreciación de la prueba pericial, estimo oportuno aquí destacar que el experto realizó el peritaje (ver fs. 85/88) basándose en la documental obrante a fs. 4/10 -que ha sido desconocida por la demandada-, dado que el rodado de la actora no ha sido presentado para su inspección en el lugar, fecha y hora requeridos.

Al respecto, el art. 384 CCAyT establece que debe confrontarse el dictamen pericial con las reglas de la sana crítica y los demás elementos probatorios de la causa.

La jurisprudencia ha sostenido que "[l]a peritación debe valorarse conforme a los principios científicos en que se funda, con las reglas de la sana crítica, y las demás probanzas producidas en la causa" (CNCiv., sala L, 23-12-93, B.D. 159-538, citada por Kielmanovich, Jorge, Teoría de la prueba y medios probatorios, Ed. Rubinzal-Culzoni, p. 173).

Corresponde destacar que "[e]s principio que la pericia vale tanto como resulta de sus fundamentos y de la claridad de la exposición, porque ella va a ser el reflejo de la experiencia profesional del perito aplicada al caso particular" (Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires - Comentado y Concordado, Carlos F. Balbín, Director, Nota al art. 384, Ed. LexisNexis, Buenos Aires, 2003).

En ese sentido, tengo en cuenta, a los fines de establecer la relación entre los daños mecánicos sufridos por el vehículo del actor y el agua que ingresara al rodado por el supuesto anegamiento de la calle por la que circulaba, que el experto en las conclusiones de su peritaje señaló con carácter estimativo -ya que no pudo tener vista del específico rodado en cuestión- la toma de aire está ubicada a unos 60/70 cm. de altura.

A su vez, que al conducto de admisión ingresa aire desde el medio ambiente. Dado que por donde ingresa aire también puede ingresar agua, nada puede impedir el ingreso de agua a la admisión durante una inmersión con intentos de arrancar el motor como se narra en la demanda.

Asimismo, indicó que al accionar el arranque se fuerza la aspiración en la admisión lo que implica la succión de agua y su introducción al interior del motor, la que en el momento de la compresión se comporta como un sólido dentro del cilindro, lo que implica la producción de roturas mecánicas.

En referencia la reparación denunciada por la actora, en líneas generales refirió que los lubricantes y filtros necesariamente deben cambiarse para prevenir cualquier tipo de contaminación con agua o bien cuando se desarma el motor.

De allí que los repuestos que se señalan pueden razonablemente averiarse cuando se introduce agua en la admisión del motor y se intenta arrancarlo. Ello pues, el agua que ingresa por la admisión se introduce en el cilindro cuando comienza la aspiración y al finalizar la compresión se comporta como un sólido (el agua no disminuye su volumen cuando se la comprime) pudiendo ocasionar -entre otras múltiples roturas- la de la biela cuya reposición se indica. Señaló que para efectuar esta reposición es necesario desarmar el motor por lo que también se deben reponer las juntas que se denuncian.

Por último, manifestó que con excepción de la mano de obra, tanto los repuestos como los costos arriba señalados corresponden razonablemente a las reparaciones derivadas de un siniestro como el narrado en la demanda y que el monto indicado como costo ($ 4094) era normal y habitual en plaza para el tipo de reparación y rodado de que se trata al momento del siniestro (febrero/98).

Así, la referida pericia apreciada conforme a las reglas de la sana crítica y confrontada con el resto de los elementos probatorios obrantes en la causa permite razonablemente concluir en que ha sido la cantidad de líquido acumulada la que motivó su ingreso en sectores del motor, produciendo el daño denunciado.

7. El fundamento de responsabilidad del Estado, en casos como el presente, se encuentra en los propios principios que hacen a su existencia. El derecho a la reparación nace por la relación directa entre la actividad legítima o ilegítima estatal o de cualquiera de sus agentes y el daño ocasionado y se resume en la premisa de que todo perjuicio injustamente causado por el Estado debe repararse. Tal aserto tiene sustento en la teoría del sacrificio especial y la igualdad ante las cargas públicas, porque los arts. 4º y 16 in fine de la Constitución Nacional determinan que las contribuciones exigidas a los habitantes deben ser equitativas y proporcionales. Si se produce un sacrificio especial por el acto legítimo o ilegítimo de cualquier órgano, debe restablecerse la "igualdad de todos los habitantes" mediante una indemnización, que estando a cargo del Estado generalice el sacrificio especial que se ha exigido al damnificado.

El reconocimiento de los derechos individuales y el restablecimiento de los mismos mediante una indemnización, en los casos en que el Estado los hubiere violado, son condiciones sine qua non de la existencia misma del Estado jurídico y de las autoridades legítimas. Y esto es así por cuanto de lo contrario se desconocería la parte de la Constitución Nacional que consagra los derechos individuales. Los principios de derecho público contenidos en los arts. 1112 y 1113 del Cód. Civil, resultan analógicamente aplicables en virtud de la responsabilidad que, con asiento en tales consideraciones, compete al Estado por los daños sobrevinientes en el ejercicio de sus funciones (conf. esta sala in re "Villarreal, Roberto c. GCBA s/ daños y perjuicios", sentencia del 26 de junio de 2003).

8. Por las razones expuestas en los considerandos que anteceden entiendo que debe prosperar el resarcimiento económico por los daños materiales.

En cuanto a la privación de uso y desvalorización del rodado, en tanto el actor no ha logrado demostrar sus recaudos de procedencia no corresponde pronunciamiento alguno por parte del tribunal.

9. Resta adecuar los honorarios profesionales de conformidad a la solución propuesta, en atención a que se revoca la sentencia apelada a la vez que se hace lugar parcialmente a la demanda (conf. art. 249 CCAyT).

Respecto de los honorarios de primera instancia, en atención al monto por el que procede la acción, corresponde regular los honorarios de la doctora F. L. C., por la representación y dirección letrada de la parte actora en la suma de novecientos diez pesos ($ 910), de conformidad con los arts. 6º, 7º y concs. de la ley 21.839.

Los honorarios de esta alzada se regulan la letrada de la parte actora, en la suma de trescientos pesos ($ 300) de conformidad con el art. 14 y concs. de la ley 21.839.

En relación a los honorarios profesiones del perito mecánico, J. B., teniendo en cuenta la labor profesional desarrollada -apreciada por su calidad, eficacia y extensión- resultan insuficientes, razón por la que corresponde elevarlos a la suma de trescientos sesenta pesos ($ 360) (art. 386 del CCAyT).

Con respecto a las costas, en atención al resultado de la apelación deberán imponerse las de ambas instancias en el orden causado (art. 62 y ss. del CCAyT).

Por los fundamentos expuestos, voto por hacer lugar la demanda con los alcances establecidos en el considerando 8 de la presente.

En consecuencia, revocar parcialmente la sentencia recurrida y condenar al Gobierno de la Ciudad a abonar la suma de cuatro mil noventa y cuatro pesos ($ 4094) en concepto de daño material. Imponer las costas de ambas instancias en el orden causado (art. 62 CCAyT).

La doctora Daniele dijo:

Por los fundamentos expuestos por el doctor Russo adhiere al voto que antecede.

El doctor Centanaro dijo:

1. Adhiero al relato de los hechos efectuado en el meritorio voto que antecede; sin embargo, disiento en cuanto a los fundamentos esgrimidos así como también parcialmente respecto de la solución propuesta.

2. Como bien se expone en el voto que forma la mayoría, la sentenciante de grado decidió rechazar la demanda por considerar, sintéticamente, que no se había probado la ocurrencia del evento dañoso; como lógica consecuencia de ello, no se adentró en el estudio de los presupuestos que dan lugar a la responsabilidad.

En efecto, sostuvo la a quo que, conforme las constancias de autos, no se había acreditado que "... en la intersección de la Av. del Libertador con la calle Tagle, donde se habría producido el hecho de autos se encontrara con una 'cantidad de líquido acumulado' y que eso 'motivó que el mismo ingresara en sectores del motor cuyo funcionamiento queda impedido por la entrada del agua'...". Para así concluir, expuso 1º) que del informe del servicio meteorológico no surgía que la lluvia hubiera afectado la intersección de Av. del Libertador y Tagle; 2º) que de los recortes periodísticos acompañados por el demandante tampoco se desprendía que el mencionado cruce se encontrara en las condiciones descriptas en el escrito inicial; 3º) que las constancias obrantes a fs. 134/136 y fs. 156 únicamente acreditaban la solicitud de un servicio mecánico; y 4º) que el informe pericial, asentado "... sólo en argumentaciones genéricas e imprecisas...", impedía un serio análisis a la luz de las reglas enunciadas por el art. 384 del CCAyT y que, por ende, no resultaba suficiente para tener por acreditada la ocurrencia del hecho en los términos relatados por la demandante.

3. A partir de ello, corresponde determinar, en primer término, si el siniestro se produjo en la forma relatada por Petrillo en su escrito de inicio. Si así no fuere, se impondrá la confirmación de la sentencia de grado; caso contrario, deberá abordarse el análisis de los presupuestos que dan lugar a la responsabilidad y, eventualmente, la presencia de alguna causal que conduzca a liberar al autor del daño del deber de repararlo.

Ahora bien, en este punto del análisis resulta oportuno recordar que, según el principio que fluye de lo normado por el último párrafo del art. 145 del CCAyT (concordante con el inc. 5º del art. 163 del Cód. Procesal Civil y Comercial de la Nación) y que no resulta más que una aplicación del art. 1190 del Cód. Civil, las presunciones judiciales, para adquirir idónea eficacia probatoria, deben reunir ciertos requisitos que atañen al logro de la mayor certeza posible en cuanto a la existencia del hecho que se trata de conocer. Así, según lo dispone la norma procesal local, deben fundarse en hechos reales y probados, y producir convicción según la naturaleza del juicio y las reglas de la sana crítica, por su número, precisión, gravedad y concordancia (conf. Ammirato, Aurelio, en Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires. Comentado y Concordado, Carlos F. Balbín (director), LexisNexis, Buenos Aires, 2003, comentario al art. 145, p. 349, núm. 9; Palacio, Lino Enrique, Derecho Procesal Civil, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1993, t. V, núm. 665, ps. 450 y sigtes.).

Teniendo en consideración tales premisas, entiendo que las probanzas recolectadas en autos permiten tener por acreditado el evento que diera lugar a la acción promovida. En efecto, aún cuando no se ha comprobado en forma directa la circunstancia de que el rodado del actor se hubiera visto afectado por una inundación en el cruce de la Avda. del Libertador con la calle Tagle el día 6 de febrero de 1998, lo cierto es que existen indicios precisos, graves y concordantes que resultan suficientes para tener por probado el hecho; a saber: a) que durante el día antes mencionado, tal como lo relata el actor en su demanda, "[e]l área de la Capital Federal y el Conurbano Bonaerense fue azotada por un fuerte temporal con precipitaciones intensas y continuas" (ver fs. 96); b) que el Diario Clarín expuso, en una de sus notas dedicadas al suceso, que "... se apagaron los semáforos de Corrientes, 9 de Julio y J. B. Justo y hubo embotellamientos en el centro. Las vía de acceso a la ciudad también se inundaron: Libertador, Lugones, General Paz y Panamericana fueron intransitables" (ver fs. 104, el destacado no pertenece al original); c) que la constancia obrante a fs. 134 acredita que Damián Osvaldo Petrillo solicitó, el día 6 de febrero de 1998 a las 9:20 horas, un servicio de auxilio mecánico para un rodado Alfa Romeo (dominio BPD 734) a raíz de un desperfecto mecánico que sufriera, con motivo de una inundación, en Avda. del Libertador y Tagle; y d) que, según lo expuesto por el experto en su dictamen de fs. 85/88 al contestar el segundo punto pericial propuesto por el demandante, "... tanto los repuestos como los costos (...) corresponden razonablemente a las reparaciones derivadas de un siniestro como el narrado en la demanda".

Por lo demás, no es un dato menor la afirmación vertida por la propia demandada al momento de presentar su alegato; en efecto, señaló allí el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que "... 'se encuentra probado que el 6 de febrero de 1998 el actor tuvo un inconveniente con su automotor en Avda. del Libertador y Tagle, que lo obligó a solicitar el auxilio mecánico'..."; es decir, ninguna duda cabe que, aunque discute la responsabilidad que le cabe, la misma emplazada reconoce el acaecimiento del hecho que motiva este reclamo.

Por ello, conjugados tales elementos con la directiva que surge del mencionado art. 145 del rito y siguiendo las pautas de apreciación de la prueba que consagra el art. 310 del mismo cuerpo legal, entiendo que cabe tener por probado el hecho de que, el día 6 de febrero de 1998, el actor -Damián Osvaldo Petrillo- sufrió un desperfecto en su rodado cuando transitaba por la Avda. del Libertador en su intersección con Tagle que tuvo como origen la inundación provocada por las intensas precipitaciones caídas sobre la ciudad en aquélla fecha.

Como lógico corolario de lo expuesto deberá abordarse el examen de los elementos que desembocan en el deber de reparar y, asimismo, de las defensas planteadas al respecto por la demandada, que sólo podían cobrar actualidad una vez admitida la hipótesis fáctica relatada en la demanda.

4. Ahora bien, a efectos de encuadrar idóneamente la acción intentada cabe recordar que, como expone Rivera (Rivera, Julio César, Instituciones de Derecho Civil. Parte General, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1994, t. I, núm. 213, ps. 226/227; en el mismo sentido, Llambías, Jorge Joaquín, Tratado de Derecho Civil. Parte General, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1997, t. 1, núm. 215, ps. 153/154), la codificación es el último paso en la evolución legislativa siendo el Código una ley que se caracteriza por la unidad de sanción y publicación, la homogeneidad de contenido, la sistematización y, para la mayor parte de la doctrina, la exclusividad.

Sin embargo, la exclusividad de contenido en la actualidad va siendo dejada de lado, puesto que algunos códigos, además de regular el derecho civil, también legislan el comercial y algunos una sola parte del derecho privado civil y mercantil, como por ejemplo, los contratos.

En otras palabras, el principio de exclusividad de contenido no se presenta de manera absoluta en ningún Código y ello sucede, asimismo, en nuestro derecho, en el que el Código Civil argentino contiene numerosas disposiciones relativas a temas diversos y que no sólo regulan las relaciones entre los particulares sino que también resultan aplicables a la de éstos últimos con el Estado.

En efecto, el Código Civil contiene numerosas normas destinadas a legislar sobre el Derecho Administrativo; baste, a título de ejemplo, la mención de los artículos 33, 823, 912, 1112, 1117, 1442, 1443, 1502, 1810, inc. 2, 2185, inc. 4, 2261, 2262, 2339, 2340, 2341, 2342, 2344, 2415, 2572, 2575, 2611, 2637, 2639, 2644, 2646, 2738, 2750, 2839, 3083, 3545, 3589, 3879, 3951 y demás concordantes.

A partir de ello y concretamente sobre el tema que nos ocupa -la responsabilidad del Estado- no es posible soslayar la disposición contenida en el art. 43 del Cód. Civil, en cuanto establece que "[l]as personas jurídicas [entre las que, conforme lo normado por el art. 33 del mismo cuerpo legal, se incluye al Estado nacional, las provincias y los municipios] responden por los daños que causen quienes las dirijan o administren, en ejercicio o con ocasión de sus funciones. Responden también por los daños que causen sus dependientes o las cosas, en las condiciones establecidas en el título: "De las obligaciones que nacen de los hechos que no son delitos". Esta norma, cuya actual redacción se debe a la reforma introducida por la ley 17.711, es la lógica consecuencia de la evolución jurisprudencial producida desde la época en que el Estado no era responsable por los daños derivados de hecho ilícitos de sus empleados o funcionarios hasta la actual etapa, caracterizada por la plena responsabilidad estatal.

La norma transcripta, conjugada con el art. 1113 del mismo texto legal, permite concluir en la responsabilidad del Estado (sea nacional, provincial o municipal) por los hechos de sus administradores, directores o dependientes (1º párr.), por los daños causados con las cosas (2º párr., 1º parte) o bien por los derivados del vicio o riesgo de las cosas que se encuentran bajo su dominio (2º párr., 2º parte).

En esa misma dirección cabe señalar que, aún aceptando la existencia de principios específicos de derecho público, la jurisprudencia ha recurrido en forma permanente al articulado civil en diversos aspectos, corroborando aquel aserto de que el Derecho es un complejo único, pleno e integral, que no admite divisiones en compartimentos estancos o aislados (Trigo Represas, Félix A. - López Mesa, Marcelo J., Tratado de Responsabilidad Civil. El Derecho de daños en la actualidad: teoría y práctica, La Ley, Buenos Aires, 2004, t. IV, p. 12). En ese sentido, ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que "[l]a responsabilidad que fijan los arts. 1109 y 1113 del Cód. Civil sólo consagra el principio general establecido en el art. 19 de la Constitución Nacional que prohíbe a los hombres perjudicar los derechos de un tercero. El principio del alterum non laedere, entrañablemente vinculado a la idea de reparación, tiene raíz constitucional y la reglamentación que hace el Código Civil en cuanto a las personas y las responsabilidades consecuentes no las arraiga con carácter exclusivo y excluyente en el derecho privado, sino que expresa un principio general que regula cualquier disciplina jurídica" (CSJN en autos "Gunther c. Gobierno Nacional", del 5/8/86, publicado en ED, 120-524). Es que, la unidad de la teoría del responder es una consecuencia lógica de la unidad del ordenamiento jurídico (Kemelmajer de Carlucci, Aída - Parellada, Carlos A., en "Reflexiones sobre la responsabilidad del Estado por daños derivados de la función judicial", en Mosset Iturraspe, Jorge - Kemelmajer de Carlucci, Aída - Parellada, Carlos A., Responsabilidad de los jueces y del Estado por la actividad judicial, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 1986, p. 24).

5. Ello sentado, corresponde destacar que los daños por los que reclama el actor habrían sido consecuencia del anegamiento de la vía por la que transitaba y la consecuente aspiración de agua en el motor de su rodado.

Ahora bien, como es sabido, "las calles, plazas, caminos, canales, puentes y cualquier otra obra pública construida para utilidad o comodidad común" (art. 2340, inc. 7º, del Cód. Civil), en cuanto constituyen los medios de vialidad urbana afectados al uso público, forman parte del dominio público municipal.

Se ha sostenido que el dominio público del Estado puede ser natural o artificial, y que es dentro de este último donde se enmarca el concepto de "calle", que depende de una creación del Estado y no de la naturaleza. Así, mientras que en el dominio público natural, la determinación de su condición jurídica por la ley constituye al mismo tiempo su afectación al uso público, en el dominio público artificial es menester la determinación de su condición jurídica por ley, más la creación del bien por la Administración que lo destina al uso público; su afectación a ese uso se realiza por un acto distinto al de su calificación jurídica.

De tal suerte que, en los casos en que la comuna fue hallada responsable civil de los accidentes causados en las calles, ello ocurrió porque medió la intervención de una "cosa riesgosa o peligrosa" que resultó, en definitiva, el factor decisivo de la ocurrencia del accidente, y cuyo dominio y/o posesión o guarda jurídica correspondía a la comuna (conf. Highton, Elena I. - Wierzba, Sandra, Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial, Hammurabi, Buenos Aires, 1997, t. 5, comentario al art. 2340, núm. 1 i), ps. 74/75).

Ahora bien, concretamente en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el art. 2º de la ley 19.987 dispone que "[s]on de competencia de la Municipalidad los asuntos que se refieren a: (...) g) La construcción y conservación de puentes, túneles, calles, calzadas, y demás obras públicas que se estimen convenientes; ejercer la respectiva competencia en las zonas marginales de los cursos de agua navegables o flotables; lo concerniente al alumbrado público; como así también determinar los casos y la forma en que se atenderá la construcción, conservación y reconstrucción de aceras, por parte de los propietarios frentistas; (...) l) el ejercicio del poder de policía en las materias de su competencia".

En definitiva, al tratarse de bienes del dominio del demandado, correspondía a éste último mantener en buen estado de uso y conservación las arterias por las que transitaba el actor (Avda. del Libertador y Tagle), por lo cual, evidentemente, aquéllas se encontraban bajo su guarda, respondiendo, en tal sentido, por los daños que su negligencia en el mantenimiento hubiese provocado a los usuarios (art. 1113, 2º párr., in fine, del Cód. Civil).

En esa misma dirección, cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha tenido ocasión de pronunciarse en casos análogos en los que se ha atribuido responsabilidad al Estado en razón de la omisión del cumplimiento de obligaciones de seguridad, como por ejemplo, la seguridad del tránsito. En este sentido, ha resuelto la Corte que la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires -hoy el Gobierno de la Ciudad Autónoma- en su carácter de propietaria de las calles de uso público (arts. 2339, 2340, inc. 7 y 2341 del Cód. Civil) tiene la obligación de asegurar que éstas tengan un mínimo estado de uso y conservación (arts. 2º, incs. g) y l) de la ley 19.987). "El ejercicio del poder de policía imponía a la Comuna [ahora el Gobierno de la Ciudad] el deber de actuar directamente o de ejercer su autoridad para que el dueño o guardián del desagüe pluvial adoptara las medidas de seguridad apropiadas para evitar la deficiente instalación o conservación de la cosa se transformara en fuente de daños a terceros, máxime si se advierte que el uso y goce de los bienes del dominio público por los particulares importa la correlativa obligación de la autoridad respectiva de colocarlos en condiciones de ser utilizadas sin riesgos" (CSJN, in re "Olmedo, Ricardo Luis c. Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires", 28/4/94, Fallos 317:834, y remisión a la causa: P. 73.XXIII, "Posse, José Daniel c. Gobierno de la Provincia de Chubut y otra", 1/12/92, Fallos 315:2834).

Es por ello que, al tratarse de un daño ocasionado "por el vicio o riesgo de la cosa", al damnificado (en el particular, Damián Osvaldo Petrillo) le basta con probar el daño sufrido y el contacto con la cosa viciosa de la cual el mismo provino, pues con la reunión de esos extremos se encuentra presumida la responsabilidad del dueño o guardián de la cosa peligrosa (en el caso, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), quien, para eximirse o disminuir tal atribución, deberá acreditar la interrupción causal de la víctima o la de un tercero por quien no deba responder, mediante la demostración cabal de los hechos que alegue con tal finalidad. A tal fin, se considera viciosa aquella cuya mala calidad o defecto la tornan impropia para su utilización inocua por los demás (Llambías, Jorge Joaquín, Tratado de Derecho Civil. Obligaciones, Abeledo Perrot, Buenos Aires, t. IV-A, núms. 2626 y 2633, ps. 598 y 610, en el mismo sentido, CNCiv., sala A, voto del doctor Hugo Molteni en autos "Farina de Vaquero, Galdys Alejandra c. Ledesma, Pablo Antonio y otros s/ daños y perjuicios", L 270.095 -DJ, 2001-3-79-); características, éstas últimas, que indudablemente reúne la calzada anegada en virtud del deficiente escurrimiento del agua acumulada a raíz de la tormenta producida el 6 de febrero de 1998.

6. Salvados los puntos atinentes a la ocurrencia del siniestro como así también la responsabilidad que al Estado local le corresponde por el debido mantenimiento de las calles de su dominio, cabe examinar si los daños ocasionados al rodado del actor encuentran adecuada relación de causalidad con el evento de marras o si, por el contrario, se ha producido la ruptura del nexo causal por la configuración de alguna de las eximentes invocadas por el demandado; a saber: a) la configuración de un caso fortuito; y/o b) la incidencia de la conducta de la víctima en la producción del daño.

A tales fines, no es ocioso recordar que se denomina causa a la condición más eficaz o más activa para la producción del evento en cuestión, o sea, la dotada de mayor fuerza productiva. Según este punto de vista, la relación de causalidad jurídicamente relevante es la que existe entre el daño ocasionado y el antecedente que lo produce normalmente, conforme con el curso natural y ordinario de las cosas. Es cierto que no todas las condiciones del daño son equivalentes, sino la condición que típicamente origina esa consecuencia dañosa, es decir, la que puede ser retenida por nuestra mente en el carácter de causa adecuada del daño (conf. Binding y Oertmann, citados por Spota, A., en su artículo publicado en JA, t. 1942-II-979, nota 29; Orgaz, A., El daño resarcible, núm. 18, p. 70, texto nota 17; Llambías, Jorge Joaquín, Tratado de Derecho Civil. Obligaciones, t. I, núms. 286/288, p. 372/374). Ya antes de la reforma introducida por la ley 17.711 al art. 906 del Cód. Civil, nuestra doctrina sostenía la vigencia en el derecho positivo argentino de la teoría de la causa adecuada, según el cual corresponde distinguir entre causa, que es el antecedente idóneo para producir el resultado, y condición, que son los demás factores de ese resultado (conf. Orgaz, A., op. cit., núms. 19/20). El texto actual del art. 906 recoge "in terminis" la teoría en examen y con ella la distinción señalada.

6.1. Pues bien, con relación a la primera de las eximentes invocadas, recuérdese que el art. 514 del Cód. Civil establece que "caso fortuito es el que no ha podido preverse, o que, previsto, no ha podido evitarse". Con ello indica el codificador como notas esenciales del evento que es dable configurar como caso fortuito, su imprevisibilidad y su inevitabilidad.

A partir de ello y dado que la ley no hace diferencia entre caso fortuito y fuerza mayor, pueden definirse conjuntamente ambos conceptos como el hecho imprevisible o inevitable, ajeno al deudor, que impide absolutamente el cumplimiento de la obligación que era, en el caso, el mantenimiento de la calzada en buenas condiciones de uso y conservación.

De tal definición surgen, asimismo, los caracteres constitutivos del hecho que lo configura, a saber: 1º) su imprevisibilidad, es decir, que supere la aptitud normal de previsión que sea dable exigir al deudor; 2º) su inevitabilidad, esto es, cuando acaeciere no obstante toda acción contraria del deudor; 3º) ser ajeno al deudor; 4º) ser actual; 5º) ser sobreviniente a la constitución de la obligación; y por último, 6º) ser impedimento absoluto para el cumplimiento de la obligación.

Específicamente referido a los fenómenos de la naturaleza, se ha dicho que constituyen casos fortuitos sólo cuando son extraordinarios y por su intensidad salen del orden común. Así, las lluvias que causan inundaciones configuran caso fortuito cuando exceden por su magnitud a las que han caído en épocas más o menos lejanas, pero no cuando son comunes o cuando; pese a su intensidad, no son la causa adecuada del daño sino su causa ocasional (conf. Llambías, Jorge Joaquín, Tratado de Derecho Civil. Obligaciones, t. I, núms. 185 y sigtes., ps. 229 y sigtes. y citas jurisprudenciales efectuadas bajo el núm. 149).

A partir de ello, dable es concluir que, en el particular, no se ha configurado el casus alegado por la demandada. Es que, como surge de los puntos precedentes, el daño producido al rodado de Petrillo ha encontrado su causa -al menos en una importante medida, como habrá de verse seguidamente- en la inobservancia de la obligación que incumbía al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de controlar que la vía pública permaneciera en condiciones tales que los terceros pudieran utilizarla sin riesgos y sólo mediatamente en la intensa lluvia que el día de los hechos (6 de febrero de 1998) cayera sobre la ciudad. A todo evento, el desusado volumen de precipitaciones que ese día azotó a gran de parte de la Capital Federal sólo fue ocasión de la producción del daño.

Asimismo, debe señalarse que, si bien los valores estadísticos de la tormenta ocurrida en la fecha señalada superó en alguna medida los promedios usuales para el mes de febrero, lo cierto es que ninguna de las estaciones del Servicio Meteorológico Nacional ubicadas en esta ciudad registró un exceso de la capacidad de escurrimiento prevista por la red pluvial proyectada. En efecto, mientras las estaciones Aeroparque Buenos Aires Aero y Buenos Aires marcaron, respectivamente, un máximo de 52.4 mm y 50.5 mm (ver informe de fs. 94/100), la demandada sostuvo, al contestar la acción entablada, que "... la red pluvial ha sido proyectada sobre una precipitación base de '60 mm/hora'" (ver fs. 43, punto V, párrafo 2º).

Por lo demás, adviértase la contradicción que surge entre estas últimas manifestaciones de la demandada y lo asentado por la edición del diario Clarín del día 7 de febrero de 1998 (sobre cuya autenticidad se expidiera positivamente la informativa que da cuenta la constancia de fs. 113), en cuanto allí se señaló que "[s]egún los funcionarios, las estructuras obsoletas de los desagües y sumideros no soportan más de 30 milímetros de agua en una hora y ayer [por el día en que se produjo el siniestro] cayeron más del doble. El secretario general del Gobierno de la Ciudad le dijo a Clarín que 'fuera de los límites medios de lluvias siempre vamos a tener problemas, porque el sistema de escurrimiento no alcanza'" (ver fs. 104, 4º párr.; el destacado me pertenece). En otras palabras, según estas declaraciones, la posibilidad del anegamiento no configuraba un hecho imprevisible y/o inevitable.

En síntesis, toda vez que la eximente invocada carece de sus requisitos principales, no puede tenerse por configurada.

6.2. Despejada la hipótesis del caso fortuito, cabe analizar si se encuentra acreditada la "culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder" (art. 1113, 2º párr., última parte, del Cód. Civil).

Puede decirse que el acto voluntario de asumir el riesgo constituye, al igual que la culpa, un hecho ajeno que interrumpe el nexo causal y excusa la responsabilidad del autor del hecho, o del dueño o guardián de la cosa peligrosa o deficiente. En efecto, aunque exista una culpa del autor o un riesgo creado por una cosa peligrosa, el daño no hubiera sobrevenido a la víctima si ella no se hubiera expuesto voluntariamente al daño potencial, interfiriendo con su hecho en el proceso causal y determinando su propio daño.

Ahora bien, no todo hecho de la víctima constituye causa ajena. El hecho debe ser culposo; cabe aclarar, sin embargo, que sólo puede hablarse de culpa de la víctima en sentido impropio, pues ésta no viola ningún deber de conducta impuesto en interés de otros, sino que sólo infringe el mandato de atender a su propio interés.

De acuerdo con el sistema de nuestro Código Civil, el juez, para establecer la culpa de un sujeto, deberá: a) considerar en concreto la naturaleza de la obligación o del hecho, y las circunstancias de las personas, tiempo y lugar (art. 502); y b) considerar únicamente las condiciones personales del agente en relación al mayor deber de previsibilidad que le impongan las circunstancias en que actúa (art. 902). Con esos elementos, emergerá el tipo abstracto de comparación que le permita al juzgador establecer si el sujeto actuó o no como debía actuar en esa emergencia con cuidado, pericia, diligencia, prudencia, etc. (conf. Bustamante Alsina, Jorge, Teoría General de la Responsabilidad Civil, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 9º edición, 1997, núm. 812, p. 344).

A la vista de tales pautas cabe examinar el relato efectuado por el actor en su escrito de inicio. Según expuso Petrillo en esa oportunidad "... siendo 'aproximadamente las 9 hs.' (...) circulaba en forma atenta y reglamentaria por la Avda. del Libertador en dirección al centro de la ciudad. Caía sobre Buenos Aires una intensa lluvia y las calles comenzaron rápidamente a anegarse. Al llegar a la intersección de la Avda. del Libertador con la calle Tagle la cantidad de líquido acumulado en el lugar motivó que el mismo ingresara en sectores del motor cuyo funcionamiento queda impedido por la entrada del agua, lo que produjo su inmediata detención...".

Por otra parte, según se desprende del informe brindado por el Servicio Meteorológico Nacional, la mayor intensidad de la tormenta que nos ocupa se produjo entre las 5 y las 6 de la mañana del día 6 de febrero de 1998. Asimismo, como señala el demandado y deja entrever el propio actor en su escrito de inicio, resulta un hecho de público y notorio conocimiento que ciertas arterias de la ciudad (como aquella que transitaba Petrillo) son fácilmente inundables.

A su vez, requerido el perito para que informe a qué distancia del pavimento se encuentra instalada la toma de aire de la admisión del motor de un vehículo como el del actor, señaló que "[c]on carácter estimativo -ya que no se pudo tener vista del específico rodado en cuestión- la toma de aire está ubicada a unos 60/70 cm. de altura" (ver fs. 87).

En conclusión, del examen de las constancias obrantes en autos puede considerarse como probado que el actor transitaba por una arteria objeto de frecuentes inundaciones, escasos momentos después de registrarse el mayor volumen de precipitaciones debidos a la tormenta que azotara a la ciudad el día 6 de febrero de 1998 y al tiempo que percibía el progresivo anegamiento de la calzada. A partir de ello, no puede sino concluirse que la conducta del actor tuvo directa incidencia en la producción del resultado dañoso y, si bien considero que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires resulta responsable -al menos en gran medida- de la producción del daño experimentado por el rodado del actor, entiendo que el obrar de Petrillo fue concausa de la producción del daño.

6.3. En virtud de todo lo expuesto, a los efectos de la distribución de la responsabilidad en el evento de marras, habrá de asignarse un 90 % a la demandada y un 10 % al actor, porcentajes a partir de los cuales se realizará el estudio de las sumas reclamadas.

7. Establecido lo anterior, cabe determinar la justa indemnización que debe acordarse a la víctima y de la que deberá hacerse cargo la demandada en el medida estipulada en el punto precedente.

7.1. Reclamó el actor, en concepto de daños materiales, la suma de pesos cuatro mil noventa y cuatro ($ 4094).

Ahora bien, con carácter previo a analizar la prueba obrante en autos, debe tenerse en cuenta que la indemnización por daños y perjuicios cumple una función de equilibrio patrimonial, es decir, está destinada a colocar el patrimonio dañado en las mismas condiciones en que se encontraba con anterioridad al hecho; lo que importa de sobremanera a la víctima es demostrar la existencia del daño y su extensión, aunque la omisión en el último de los aspectos no significa el rechazo, sino sólo su fijación prudencial; considerada en todo el contexto del proceso y de las circunstancias que rodearon el hecho desencadenante.

Sentado ello, no se pierde de vista que el actor desistió de la prueba informativa dirigida al taller en el que se habrían realizado las reparaciones al rodado (ver fs. 164); sin embargo, resultan de fundamental importancia sobre el punto las conclusiones expresadas por el perito ingeniero mecánico en su informe de fs. 85/88. Expuso en esa oportunidad el experto que "... la succión de agua y su introducción al motor, la que (...) en el momento de la compresión se comporta como un sólido dentro del cilindro (...) implica la producción de roturas mecánicas". Afirmó, asimismo, que "... tanto los repuestos como los costos (...) corresponden razonablemente a las reparaciones derivadas de un siniestro como el narrado en la demanda" (ver contestación al 2º punto pericial de la actora), para finalizar más adelante señalando que "[l]a mecánica del hecho relatada en la demanda guarda relación de causalidad con el tipo de reparaciones que se desprenden de fs. 7/10 [debe entenderse como referido a las constancias de fs. 4/10, donde se indican las tareas realizadas sobre el rodado del actor y que alcanzan el monto reclamado por este rubro]". En resumidas cuentas, determinó que el ingreso de agua en el motor produce averías mecánicas y, además, que las reparaciones que el actor afirmó haber realizado sobre su rodado guardaban relación con las tareas necesarias en un caso como el relatado.

Cabe señalar, asimismo, que el hecho de que se haya probado o no el pago de los arreglos no constituye óbice alguno a la procedencia del resarcimiento, ya que de lo que se trata es, como se ha dicho, de compensar el detrimento patrimonial que entrañan los daños experimentados por la cosa o el endeudamiento proveniente de los arreglos necesarios para reponerla a su estado anterior (art. 1083 del Cód. Civil).

En suma, atento las pautas indicadas, lo dictaminado por el perito ingeniero mecánico -no impugnado por las partes- y haciendo aplicación de las reglas de la sana crítica en cuanto a la apreciación de la prueba, considero prudente fijar la indemnización por este rubro en la suma de pesos tres mil seiscientos ochenta y cuatro con sesenta ($ 3684,60), representativa de la porción de responsabilidad que en la producción del evento le ha correspondido al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

7.2. Solicitó asimismo el demandante la suma de pesos un mil ($ 1000) en concepto de privación de uso del vehículo durante el tiempo -más de un mes- que, según sostiene, demandó la reparación del rodado.

Pues bien, la privación de la utilización del rodado implica, en sí, un daño resarcible sin que -en este caso- sea impedimento para fijar la indemnización la falta de elementos probatorios que precisen su exacta magnitud, desde que el monto retributivo puede establecerse con sujeción a los parámetros del art. 148 del CCAyT, debiéndose tener presente que cabe disminuir el monto de los gastos previsibles de mantenimiento, que no soporta durante el lapso de indisponibilidad.

El perjuicio derivado de la privación de uso del rodado, se presume con la sola acreditación de su indisponibilidad durante un determinado lapso, ya que, como se ha sostenido con reiteración, quien tiene un automóvil seguramente lo utiliza para su trabajo o esparcimiento, de manera que su privación constituye un daño representado por el costo de sustitución del vehículo (CNCiv., sala A, L. 100.102, 2/8/99 en autos "Baiardi, Pedro D. y otro c. Gómez Quiroga, Juan M. y otros ", -LA LEY, 2000-B, 439-).

Sobre el particular, no es posible soslayar lo apuntado por el experto. Señaló el perito ingeniero mecánico que "[c]on todos los repuestos disponibles, el tiempo de reparación depende del trabajo de mayor duración que es el de desmontaje de los interiores para su secado que en algunos casos (tapizado de cuero) debe realizarse en condiciones de temperatura y humedad ambientes, lo que estimativamente demanda unos diez días.

En caso de falta de repuestos el lapso de espera es variable ya que depende de la frecuencia de envíos y del momento en que se formalice el pedido a la casa matriz (Italia). En circunstancias normales la demora no supera los 30 días" (ver contestación al 5º punto pericial propuesto por la actora).

Sentadas tales pautas, teniendo en consideración los daños sufridos por el vehículo así como también el lapso que, aproximadamente, pudiere haber insumido su reparación, entiendo pertinente admitir el rubro indemnizatorio bajo análisis y conceder al actor la suma de pesos novecientos ($ 900), representativa de la porción de responsabilidad que en la producción del evento le ha correspondido al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

7.3. En cuanto a la desvalorización del rodado (también reclamada por el actor), cabe señalar que, respecto a su respecto, no pueden darse reglas generales con pretendida validez universal; todo depende de la índole del rodado, su estado general, su antigüedad, valor de mercado y afectación de partes esenciales. Se trata, en definitiva, de una cuestión de hecho que depende de las circunstancias de cada caso.

Asimismo, resulta indispensable la inspección del rodado por parte del técnico, a fin de que su opinión sobre las secuelas del siniestro se funde en la directa verificación de ellas y no en inferencias o generalidades que, si bien derivan de sus conocimientos en la materia, no tienen respaldo en el examen de la cosa singular (conf. esta sala, en autos "María, Rodolfo Oscar c. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Dirección General de Espacios Verdes) s/ daños y perjuicios" (Expte. Nº: EXP 2082/0), sentencia del 19 de mayo de 2005).

Ahora bien, tal como expresamente ha manifestado el perito ingeniero mecánico Burnos, "[e]l rodado de la actora no ha sido presentado para su inspección en el lugar, fecha y hora requeridos...". Por ello y atendiendo a las pautas ut supra expuestas, no cabe sino el rechazo del rubro en examen.

8. En suma, por las consideraciones vertidas, corresponde revocar la sentencia apelada y hacer lugar parcialmente a la demanda interpuesta. En cuanto a las costas, deberán distribuirse -en ambas instancias- proporcionalmente en la medida de la responsabilidad que se les ha asignado a las partes en la producción del hecho, a saber: 90 % a cargo de la demandada y 10 % a cargo de la actora (art. 65 del CCAyT).

9. Llegado a esa conclusión, corresponde adecuar -de conformidad con la solución propuesta- los honorarios de los profesionales intervinientes por su actuación en primera instancia (art. 249 del CCAyT).

9.1. Considerando el monto del proceso, su naturaleza y complejidad, el resultado obtenido, las etapas procesales cumplidas y el mérito de la labor profesional desarrollada en primera instancia -apreciada por su calidad, eficacia y extensión-, regúlanse los honorarios de la doctora F. L. C., patrocinante y luego apoderada de la parte actora, en la suma de pesos setecientos cincuenta ($ 750). Por su parte, corresponde regular los honorarios de los letrados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, doctores O. E. G., M. M. I. F. y R. I., en conjunto, en la suma de pesos cuatrocientos cincuenta ($ 500) (conf. arts. 1º, 6º, 7º, 8º, 9º, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432).

Por su parte, por las tareas realizadas ante esta instancia, fíjanse los honorarios de la doctora F. L. C. en la suma de pesos doscientos sesenta ($ 260) mientras que los honorarios de los doctores O. E. G. y R. I. en la suma de pesos ciento veinticinco ($ 125) (conf. arts. 14 y demás concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432).

Por su parte, corresponde fijar los honorarios profesionales del perito ingeniero mecánico, J. B., teniendo en cuenta la labor profesional desarrollada -apreciada por su calidad, eficacia y extensión- en la suma de pesos ($ 250) (art. 386 del CCAyT).

En consecuencia, por todo lo expuesto, voto por hacer lugar al recurso interpuesto, revocar la sentencia de primera instancia y hacer lugar a la demanda entablada, condenando al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a abonar al actor la suma de pesos cuatro mil quinientos ochenta y cuatro con 60/100 ($ 4584,60), representativos de la porción de responsabilidad que le cupo en el evento de marras. Ello, con costas a la vencida (art. 64 del CCAyT).

En mérito al resultado de la votación que antecede, el Tribunal por mayoría, resuelve: 1. Hacer lugar al recurso de apelación y revocar parcialmente la sentencia recurrida con los alcances expuestos en el considerando 8. 2. Imponer las costas de ambas instancias en el orden causado. - Esteban Centanaro. - Eduardo A. Russo. - Nélida M. Daniele.