Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-03-13


AUTOS N° 112440 (5° JUZ. CIVIL) (SALA III 11268) "F.C.D. Sociedad de Responsabilidad Limitada C/ Bernardini Orlando Ciro y Otro Reivindicación Ordinario Conexidad con Expte. 109724" En la Ciudad de San Juan, a 13 días del mes de Marzo de 2015, reunidos los Sres. Miembros de la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, Dres. Juan Carlos Pérez y Daniel G. Olivares Yapur, para conocer sobre los recursos de apelación interpuesto por la actora a fs. 348 y concedido a fs. 349 y del interpuesto a fs. 364 por las partes demandada y co demandada, concedido a fs. 365 vta. contra la sentencia de fecha 28 de septiembre de 2012 obrante a fs. 340/347.

El SR. JUEZ DE CÁMARA DR. DANIEL OLIVARES YAPUR, dijo:

En cuanto a la relación de la causa efectuada por el Sr. Juez Aquo, en lo pertinente se ajusta a las constancias de estas actuaciones, por lo que a fin de evitar repeticiones innecesarias expresaré sucintamente que en los presentes autos la empresa F.C.D. Sociedad de Responsabilidad Limitada interpone demanda contra los Sres. Orlando Ciro Bernardini y Agustín Mateo Miranda por reivindicación del inmueble sito en calle Mendoza n° 3025 norte Departamento Chimbas, Provincia de San Juan y solicita se los condene a restituir la posesión del inmueble, contra dicha pretensión los demandados opusieron como defensa o excepción la usucapión del inmueble, en forma parcial por cada uno de ellos, analizados los extremos expuestos el Juez dicta sentencia a fs. 340/347.

Contra la sentencia de primera Instancia que por una lado rechaza la demanda de reivindicación con costas al actor, y que por otro lado también rechaza la defensa de prescripción adquisitiva de dominio e impone las costas a los demandados, difiriendo las regulaciones de los letrados intervinientes, se alzan las partes tanto actora como demandada y co demandada, por intermedio de sus representantes a través de sus respectivos recursos de apelación los que subsumiré de la siguiente manera:

Recurso de apelación parte actora: El mismo es interpuesto a fs. 348 por su apoderado Dr. Marcelo Alberto Arancibia, el que fuera concedido a fs. 349, expresando agravios a fs. 350/361 señalando que la sentencia le causa agravios, los que sintetiza en de la siguiente manera:

Que el Sr. Juez a pesar de admitir la legitimación de su parte para entablar la demanda de reivindicación en tanto acreditó la titularidad de dominio del inmueble descripto, decreta la improcedencia de la acción real por cuanto de la demanda se infiere que ya existía la posesión de los codemandados en una porción del inmueble objeto de la demanda, error que efectúa valorando erróneamente dos pruebas, que están constituidas por los procesos de usucapión iniciados por los codemandados, ello por cuanto manifiesta el recurrente que el juez se equivoca al afirmar que ambos procesos se encuentran en trámite por cuanto en realidad los mismos fueron procesos "nonatos" atento a: 1°) Ambas demandas fueron promovidas en forma contemporánea a la causa de marras, lo que le permite inferir una finalidad o intencionalidad meramente obstruccionista. 2°) Ambas fueron, primero suspendidas en su tramitación por resolución firme y consentidas por los demandados por la falta de presentación de las respectivas mensuras para usucapión debidamente aprobadas por la Dirección de General de Geodesia y Catastro de la Provincia. 3°) Se encuentra probado que la D G y C negó la mesura para usucapión al Sr. Orlando Ciro Bernardini, admitiendo en todas sus partes la impugnación administrativa incoada por su mandante y que decretó el archivo por haber prescripto el trámite administrativo. 4°) ambos demandados fueron remisos en tramitar sus respectivas acciones judiciales, lo que motivó el archivo de las mismas, lo que demuestra sólo un intento de contrarrestar los efectos de la presente acción, a lo que hay que agregar que los mismos hace ya más de tres años que se encuentran archivados y por tanto con la acción perimida. 5°) Los planos tomados por el aquo como prueba para desestimar la demanda por reivindicación del inmueble carecen de valor probatorio alguno ya que son mera copia sin resolución alguna por parte de la autoridad de aplicación, todo ello manifiesta puede ser comprobado por este Tribunal de alzada con la prueba informativa rendida en estos actuados por el 1° y 4° Juzgado en lo Civil, por la D.G. y C en oficio n° 2.795A09 y expediente resultante del oficio n° 964A de fecha 02/03/09).

Expresa que lo mismo puede decirse respecto del boleto de compraventa de fs. 2/3 de los actuados n° 109.795 y 109.863) suscripto en fecha 22 de octubre de 1981 y el contrato de compraventa en fotocopia de fs. 7 y vta donde José Rolando Sánchez le vende el inmueble a Flora Benita Navarro de Minguez, donde no surge posesión previa de los demandados a la invocada por su mandante y expresa que ello no es así por cuanto de esos negocios jurídicos no participaron los accionados quienes a su vez tampoco en la etapa probatoria exhibieron título alguno que les confiera legalidad y/o legitimidad a su pretensión a detentar la posesión del inmueble de calle Mendoza 3025 (Norte) Chimbas, carencia de título que es confesada por ambos litigantes en todo el juicio.

Expresa además que otro error en el fallo se encuentra en la confusión respecto de la superficie que posee el inmueble a reivindicar, que no es de 50has1.070.23 m2, sino de 29 hectáreas 8.878,23m2, siendo ésto último remanente de un predio mayor de 50has 1.070,23m2.

En el punto 4.2. de su expresión de agravios el actor expresa sobre lo que entiende por arbitrariedad de la sentencia y violación de la defensa en juicio. Posteriormente efectúa una reseña respecto de la arbitrariedad de la sentencia dictada, para lo cual ilustra respecto de cada una de las pruebas presentadas al proceso, que acreditan la razón de sus dichos y que considera fueron omitidas por el aquo al emitir su resolución. También manifiesta que el Juez se ha apartado de la sana crítica racional, solicita en definitiva se admita su recurso revocando la sentencia dictada. Efectúa reservas de recurrir por ante los Tribunales superiores en caso de resolución adversa, recursos provincial ley 2275 y nacional ley 48.

Corrido traslado de los agravios los contestan los demandados a fs. 380/384 rebatiendo las afirmaciones expresadas por el apelante y solicitando en definitiva sean desestimados sus agravios.

Recurso de apelación de los demandados: A fs. 366/368 obra expresión de agravios presentada por el Dr. Oscar Adarvez en su carácter de apoderado del Sr. Orlando Ciro Bernardino y como patrocinante del Sr. Agustín Mateo Miranda, quien expresa que la sentencia dictada por el Sr. Juez del Quinto Juzgado en lo Civil le causa agravios por cuanto:

Los apelantes luego de hacer algunas consideraciones respecto a los acontecimientos de la causa expresan que si bien el aquo ha rechazado bien el proceso de reivindicación opuesto en su contra por no estar consumado el dominio, consideran equivocado el fundamento empleado para rechazar la defensa de prescripción adquisitiva, esgrime por su parte porque tal rechazo lo pretende fundamentar en que la usucapión no ha sido aún declarada por sentencia firme en juicio y en el presente la defensa no tiende a obtener el dominio por vía del título supletorio.

Señalan que ello sucede por cuanto producido el transcurso del tiempo y además, en este caso de autos, con justo título y buena fe por provenir de un boleto de compraventa habiendo pasado más de treinta años, la prescripción se puede hacer valer como derecho para lograr su declaración en juicio o como defensa, para resistir una acción en contra sin importar si en juicio de usucapión se encuentra concluido, cita art. 4016 del Cód. Civil.

Expresa por otra parte que el fallo también bucea en la figura de la intervención del título cuando ello no es así y su parte no puede dejarlo consentido porque el título esgrimido lo fue desde el principio y es la adquisición por compraventa y con tradición de la cosa vendida por entrega de la posesión hace más de treinta años.

Concluye expresando que no habiendo pretendido que la sentencia concluya con la manda de otorgar un título supletorio a favor de los demandados, y habiéndose opuesto la prescripción adquisitiva como defensa para rechazar el intento fraudulento del acto de hacerse del inmueble por haber simulado un título mediante escritura pública en connivencia con la vendedora, quien ya había vendido mucho antes el mismo y entregado la posesión, consideran que la sentencia resulta equivocada en esa parte porque ya la ha acogido para rechazar la acción de reivindicación en el primer punto del resolutivo y puede llegar a ser contradictoria si la dejan consentida tal como ha sido dictada. Hacen reservas constitucionales Ley Provincial N° 2275 y Ley Nacional N° 48.

Tratamiento de los recursos En primer lugar me referiré avocaré al estudio del recurso interpuesto por la actora, quien se queja de la falta de acogimiento de su pretensión reivindicatoria por haber considerado fundamentalmente el aquo que la improcedencia de la acción se basa en que el actor si bien se encontraba legitimado para iniciar la acción al contar con título suficiente, esto es escritura pública debidamente inscripta en el registro de la propiedad del inmueble, el actor no ha acreditado que ha sido turbado ni desposeído del inmueble, al efecto señala el aquo en su sentencia que de los procesos de prescripción adquisitiva arrimados a la causa surge prima facie que los demandados han poseído las fracciones a usucapir con fecha anterior a la compraventa realizada en el inmueble de mayor expresión por parte del actor, fundamento en el que sustenta la desestimación de la demanda.

Comparto, en este punto la queja del apelante. Ello por cuanto no es suficiente para rechazar la acción señalar que el actor no se encontraba en la posesión del inmueble en el momento de la tradición, porque para que éste se encuentre autorizado para tal ejercicio no es necesario que efectivamente se le haya trasmitido la posesión del inmueble. Considero inaceptable el argumento de la ausencia de posesión por parte del actor, ello por cuanto la acción de reivindicación no se sustenta en la posesión sino en el título, es decir en el derecho a poseer. Aunque la actora no haya demostrado haber obtenido la tradición del inmueble, esa circunstancia no es obice para el ejercicio de la acción de reivindicación conforme la actual tendencia jurisprudencial que entiende implícita esa posibilidad en el título de adquisición de la propiedad. Aún cuando el título del reivindicante sólo prueba su derecho a poseer la cosa por no haberse tradición de ella, no se puede acoger favorablemente la defensa argüida por la demanda cuando cuestiona la legitimación activa para reclamar un derecho que nace del dominio. La doctrina de la cesión implícita, permite al adquirente de un inmueble cuya posesión no le haya sido dada por el transmitente, ejercer la acción de reivindicación, ya que con el acto jurídico de adquisición se adquiere esa posibilidad jurídica.

Así, Lafaille sostiene que se trata de una subrogación autorizada por la norma del art. 1198 del C. Civil, que confiere la acción aún cuando no se haya efectuado la tradición. Por otro lado nuestros más prestigiosos tratadistas se inclinan por esta tesis de que el cesionario no necesita que se le haga tradición de la cosa a reivindicar para ser el titular de la respectiva acción, teniendo en cuenta que no se puede desconocer que el cesionario se coloca en el mismo plano y lugar del cedente, lo que es suficiente, bastándole probar que éste había tenido la posesión de la cosa a reivindicar. No necesita, por tanto, probar que ha tenido la posesión (conf. Borda, derechos Reales, pág. 1520).

Por otro lado, esta posibilidad, de que el comprador de un inmueble a quien se le ha otorgado la pertinente escritura traslativa pueda, aunque no se le haya realizado la tradición de la cosa, ejercer la acción reivindicatoria contra el tercer poseedor del bien, comenzó a perfilarse en la causa fallada por la Corte Suprema de Justicia en el año 1899 (fallos 83:223), donde dijo el más alto Tribunal en aquella oportunidad: "Que, por tanto, es exacto que el actor no ha adquirido el dominio de los terrenos en pleito, porque antes de la tradición de la cosa,tratándose de obligaciones de dar, el acreedor no obtiene sobre ella ningún derecho real ( arts. 577 y concs), y porque es también cierto que aquél no se ha encontrado en ninguna de las condiciones que por excepción la tradición no es necesaria para operar por título derivado el cambio en la persona del propietario ( arts. 2607, 2377 y ss). Que aunque en mérito de las precedentes consideraciones el demandado no ha podido promover el juicio en el concepto de nacer la acción reivindicatoria de su dominio propio, ha podido hacerlo ejercitando en su interés las acciones de su causante, porque la escritura de fs. 1, importa una cesión de acciones, permitida con arreglo a la disposición contenida en términos generales en el art. 1444, y puesto que los arts. 2789 y siguientes, permiten hacer valer contra el poseedor títulos de propiedad anterior a su posesión, aunque esos títulos se refieren a la fecha del reivindicante mismo". esta doctrina fue reiterada por la Corte suprema en los pronunciamientos registrados en fallos: 108:344; 114:233; 123:70 y 142:273, o en J.A. 14988, entre otros (ver comentario al art. 2758 por Claudio Kiper Cód. civil Comentado Derecho Reales Tomo II págs. 483/492.Ed. RubinzalCulzoni).

Es decir que al actor le basta con presentar títulos de sus antecesores de dominio hasta dar con uno que sea de fecha anterior a la posesión alegada por el demandado. En este punto se ha juzgado que para establecer los antecedentes del título, es pertinente recurrir a las propias constancias de la escritura por la cual se transmitió al actor el dominio del bien que pretende reivindicar. Es decir, que no es indispensable acompañar las diversas y sucesivas escrituras traslativas que constituyan los antecedentes del título del reivindicante, sino que resultan suficientes las constancias asentadas por el escribano en la escritura última de las anteriores transmisiones, si se las individualiza debidamente.

"El actor que presenta títulos de propiedad de quienes lo precedieron, remontándose hasta alguno que es anterior a la posesión del demandado, vencerá en la acción de reivindicación aunque nunca haya sido poseedor, ya que las escrituras que acreditan el dominio de sus antecesores hacen presumir que éstos tuvieron la posesión y lo autorizan a accionar en su propio interés, aún cuando no medie cesión expresa, pues va implícita en cada acto de enajenación" CNCIV, Sala K, L:L: 1997E347;D.J. 19981133; SCBA. AS SERIE 14IV421. "TUCK SCHNEIDER, M. C/ RODRIGUEZ DE SEIJO, M S/ REIVINDICACIÓN, BA B100502, idem Sala C2° de la Plata, SalaI, 1992, "López, C. c/Gorchs, G. s/daños y perjuicios").

Dicho ello, y avocado al estudio de los antecedentes obrantes en la presente causa, surge de la escritura traslativa de dominio NÚMERO CIENTO TREINTA Y DOS que acompaña la actora, que ésta obtuvo el inmueble en fecha 26/09/2008, de su antecesor directo José Rolando Sánchez quien a su vez obtuvo dicho inmueble por compra realizada a Flora Benita Navarro de Minguez, en fecha 23 de diciembre de 1977 (copia de escritura obrante a fs. 03/06 del I Cuerpo de estos actuados), ello resulta suficiente para acreditar una posesión por transmisión anterior a la alegada por los demandados en consecuencia, el razonamiento que el aquo efectúa en la sentencia aparece erróneo, debiendo acogerse en este aspecto el agravio efectuado por el actor y reconocer tanto su legitimación como derecho a entablar la presente acción.

Ahora bien, frente a lo dicho y atento a la defensa interpuesta por los demandados, corresponde el tratamiento en este contexto nuevamente de dicha pretensión, ello por cuanto además de haber sido materia de agravios por los demandados, por cuanto fue rechazada por el Juez, la defensa de prescripción adquisitiva resulta procesalmente admisible en este juicio de reivindicación porque los efectos legales operan por el sólo transcurso del tiempo, sin depender del proceso judicial previo de usucapión y no exige justo título o buena fe. Esa posibilidad responde a los antecedentes históricos de la institución que aparece, precisamente como una defensa o exeptio bajo la denominación de longui temporis praesciptio que se concedía al poseedor contra quien se intentará reivindicar la cosa poseída, y luego, en la evolución del propio Derecho Romano, Justiniano hizo de ella un medio de adquisición del dominio y la fundió con la usucapión, sin que ello ulteriormente constituya óbvice a la posibilidad de ejercerla por vía de defensa.

Ahora bien la circunstancia de que la prescripción adquisitiva pueda ser opuesta como defensa frente a la demanda de reivindicación (aún cuando su procedencia no implica por si la adquisición del dominio con efecto erga omnes) exige analizar con prudencia los elementos aportados, ya que sólo ha de aceptarse un hecho tan trascendente jurídicamente, cuando se dan por acreditados los extremos que la ley, llevando al juzgador a la absoluta certeza de las afirmaciones. De allí, la demostración de que se ha estado en la posesión del inmueble debe efectuarse de una manera insospechada, clara y convincente, pues se trata de un medio excepcional de adquirir el dominio. Resulta conveniente recordar que si bien la ley acepta toda clase de pruebas para acreditar la posesión animus domini continua y no interrumpida, durante veinte años, dispone que la decisión judicial que la reconozca no podrá basarse exclusivamente en la testimonial, con lo que cabe deducir que la prueba más relevante es la instrumental o documental, la de testigos no es admisible por si sola y servirá para acompañar aquella.

Como dije anteriormente, si bien la prescripción adquisitiva, deducida como en este caso a modo de defensa, no posee efectos erga omnes, no es menos cierto que produce efectos concretos y definitivos frente al titular del dominio, traduce una situación jurídica distinta y eficaz, eliminando cualquier pretensión jurídica sobre la cosa por parte del titular dominial. El antecedente de una declaración de prescripción adquisitiva por vía de excepción, genera indiscutibles derechos en relación a uno y otro contendiente, caso que no es el de autos, por cuanto surge de la prueba documental e informativa arrimada a la causa en especial los autos 109863 caratulados "MIRANDA AGUSTIN MATEOPRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA", del Primer Juzgado en lo civil y los autos n° 109795 caratulados "BERNARDINI ORLANDO CIROPRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA", del Cuarto juzgado en lo civil, que dichos juicios no fueron concluidos en sede civil, incluso de la lectura de los mismos y que tengo a la vista, se advierte que en ambos procesos los litigantes iniciaron demanda, pero no trabaron la litis con su contrincante, asimismo, no cuentan tal como lo manifestara el actor en su expresión de agravios con plano aprobado por la Dirección de Geodesia y Catastro, requisito inescindible para el inicio de aquellas acciones, como tampoco se ha rendido la prueba correspondiente a las posesiones que se alegan. Por lo dicho tales procesos no prueban acabadamente ni establecen un derecho fehaciente a los demandados.

En virtud de que fueron opuestas como excepción, surge como extremo acreditar por el excepcionante, el supuesto momento desde el cual comenzó a poseer para sí a fin de poder tener por satisfecho el requisito del plazo legal. En este particular habrá de repararse en la línea argumental de los recurrentes, la del Sr. Bernardini que manifiesta que su posesión data del año 1981, quien la recibe a través de compra que le hiciera al Sr. Salvador Antonio López, y la del Sr. Miranda, quien dice que posee desde el mes de febrero de 1983 por compra que le hiciera al Sr. Julian Batistella y adjunta copia de tales contratos, quienes además deberán probar tal circunstancia.

Como señalara con anterioridad, de las posesiones veinteañales iniciadas por ambas partes, no redunda prueba en concreto, las causas quedaron paralizadas antes de su bilateralización con el o los supuestos titulares registrales. Corresponde en consecuencia y así debieron las partes producir toda la prueba que al respecto les cabía en este proceso de reivindicación donde opusieron las defensas, sin embargo de un exhaustiva y minucioso análisis de las pruebas obrantes en autos, no se advierte que exista prueba concluyente respecto a las afirmaciones que expone lo que provoca falta de convicción sobre el hecho a probar, esto es la posesiones que se alegan.

Las declaraciones testimoniales rendidas en la causa a su vez son contradictorias, ente ellas, si bien señalan que actualmente los demandados se encuentran en posesión de los inmuebles referidos, no son coincidentes en cuanto a la fecha de su inicio, por un lado el Sr. Mario Rubén Stefan (declaración fs. 138) señala que la ocupación de los inmuebles data de 8 a 10 años (QUINTA AMPLIACIÓN) y siempre reconoce la propiedad en cabeza de la Sra. Viviana Santamaria, en cuanto a la cesión de derechos efectuada y contratos de compraventa, la apoderada de la propietaria original, Sra. Hebe Santamaría, ha desconocido desde un principio toda la operatoria realizada por su anterior titular registral, incluso desconoce firmas de contratos y recibos de pago (declaración fs. 163/164) todo lo cual es coincidente con parte de la prueba rendida en los autos n° 4918 caratulados "López Ruiz Ernesto c/ Sánchez José Rolando Escrituración Sumario" que tramitaron por ante el juzgado Comercial Especial, referido a los inmuebles que hoy se discuten y donde el actor nunca obtuvo pronunciamiento definitivo. Allí también se encuentran desconocidos por los demandados y testigos, en especial por la citada como tercero, los contratos de cesión que se incorporan como prueba fundante del proceso de escrituración.

Creo que en el caso no existe razón alguna que torne improcedente la apreciación de aquellos principios sobre la necesidad de prueba categórica, respecto a la defensa de prescripción opuesta en contra de la demanda de reivindicación, y en esa postura refiero, la prueba testimonial, además de la documental de cesión de derechos y contratos de compraventa efectuados entre una cadena de personas, y sobre la que apoya su estructura argumental las partes demandadas, estas no resultan sustancialmente suficientes para fundar válidamente la excepción de prescripción adquisitiva que intentan. Lo que aquí se trata de determinar es si la prueba rendida en autos, muestra, libre de toda duda, la posesión pública, pacífica, continua e ininterrumpida de los accionados, por el plazo de ley exigido. Y, como dije, los testimonios analizados y rendidos en la causa no permiten afirmar sólidamente y con certeza, la fecha desde la cual los demandados comenzaron a ejercer los pretendidos "actos posesorios" necesarios para usucapir (con ánimo de dueño), los contratos traídos, si bien pueden reflejar la fecha de celebración de los mismos, no expresan la efectiva posesión de que estoy hablando, y como dije, se encuentra cuestionada su veracidad por quien fuera su primer otorgante, duda que no ha sido despejada a lo largo de todos los procesos iniciados, inclusive de éste.

No obstante ello y volviendo al tema de los actos posesorios, en este punto, el legislador, frente a la dificultad de precisar la existencia de verdaderos actos posesorios, ha querido zanjar aquella situación con la inclusión del art. 2384 del C.Civ., que dispone "Son actos posesorios de cosas inmuebles, su cultura, percepción de frutos, su destino, la construcción o reparación que en ellas se haga, y en general, su ocupación, de cualquier modo que se tenga, bastando hacerla en algunas de sus partes". Ahora bien como dichos actos pueden ser realizados por un mero tenedor de la cosa, cabe al magistrado en el caso concreto valorar, teniendo en cuenta las circunstancias de modo, tiempo, lugar, las pruebas rendidas al proceso, para llegar a la convicción de que se trata de un poseedor, siendo a cargo del usucapiente la prueba de la posesión animus domini que invoca, en definitiva, la prueba de la posesión debe ser plena e indubitable, tanto en lo que respecta a la individualización del bien y a los actos posesorios invocados, y no a la mera detentación de la cosa. En el caso de marras, insisto, la prueba introducida en autos no permite lograr convicción de que se está frente a una posesión pacífica e ininterrumpida de los demandados.

Por lo expresado en los considerandos que anteceden, me encuentro en la convicción de que no habiendo probado suficientemente la excepción deducida, y estando acreditado el derecho del actor, en virtud del título invocado, corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por su parte a fs. 348 y en consecuencia revocar la sentencia haciendo lugar a la demanda de reivindicación intentada.

Asimismo, se rechaza el recurso de apelación intentado por la demandada a fs. 364, con costas a su cargo. Habiéndose diferido la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes en la sentencia de primera instancia, se difiere en consecuencia los que son objeto de este recurso para la oportunidad en que exista regulación en la instancia inferior, conforme al resultado aquí dispuesto. Así voto.

El Sr. Juez de Cámara DR. JUAN CARLOS PÉREZ, dijo: Por sus fundamentos, adhiero al voto del Dr. Daniel Olivares Yapur.

Por todo ello, normas legales y jurisprudencia citadas, SE RESUELVE:

I) Rechazar el recurso de apelación interpuesto a fs. 364 por la demandada con costas.

II) Admitir el recurso de apelación interpuesto por la actora y en consecuencia admitir la demanda de reivindicación, condenando a los accionados a la restitución de los inmuebles objeto de esta causa, dentro de los veinte días de consentida la presente.

III) Imponer las costas, en ambas instancias, a cargo de los demandados vencidos (art. 66 del C.P.C.). Diferir las regulaciones de honorarios para su oportunidad.

Protocolícese, hágase saber, déjase copia autorizada bajen los autos previa reposición de sellado si correspondiere. Déjase constancia que el presente fallo se expide con dos (2) firmas en virtud de lo dispuesto en el art. 257 del C.P.C..FDO: DR. DANIEL OLIVARES YAPUR; DR. JUAN CARLOS PEREZ. ANTE MI DRA. MARIA PATRICIA AUBONE SECRETARIA PROT. SENT. T° I F° 75/83 AÑO 2015