marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Medidas cautelares, Programa Médico Obligatorio
Materia: CIVIL
Carátula: Oliva  Tobías  Ezequiel c/ OSPE s/ incidente  de apelación demedida cautelar. apelación demedida cautelar.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-18

El Programa Médico Obligatorio fue concebido como un régimen mínimo de prestaciones que las obras sociales deben garantizar (Resolución 201/02 y 1991/05 del Ministerio de Salud), mas sus normas no constituyen una limitación para los agentes del seguro de salud, sino que se trata de una enumeración no taxativa de la cobertura mínima que los beneficiarios están en condiciones de exigir a las obras sociales. Las prestaciones previstas en esa normativa conforman un conjunto de servicios de carácter obligatorio como piso prestacional por debajo del cual ninguna persona debería ubicarse en ningún contexto, pero ello no significa que constituyan su tope máximo, como lo ha sostenido de manera invariable la jurisprudencia pacífica del Tribunal (confr. esta Sala, causas 9054/08 del 27ú2ú09; 9916/09 del 26ú5ú10 y 5570/10 del 3ú3ú11; Sala 1, causa 14/06 del 27ú4ú06;

Sala 3, causa 5411/07 del 9ú10ú08, entre otras).
Medidas cautelares, propagación de enfermedad peligrosa y contagiosa, coronavirus, emergencia sanitaria, cuarentena
Materia: PENAL
Carátula: Directora del Hospital Zonal de Ita ibaté (Corrientes) c/  s/ solicita medidas
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 2020-03-18

Corresponde, como medida cautelar, disponer que los integrantes de una familia que incumplieron la obligación de permanecer en aislamiento, debido a la declaración de Emergencia Sanitaria debido a la situación epidemiológica producida por el dengue y el Coronavirus, cumplan la cuarentena obligatoria dispuesta por el sistema de salud local. Los mencionados deberán permanecer en sus domicilios por el plazo de catorce días, bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de disponer su inmediata aprehensión por el delito de resistencia o desobediencia a la autoridad.
Convenios colectivos de trabajo, cláusulas normativas
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: HEINZMANN, GERMAN E. c/ LLAO LLAO RESORTS S.A. s/ SUMARIO (l) S/ INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2018-09-04

Las cláusulas de los Convenios Colectivos de Trabajo son normas destinadas a regir las relaciones individuales de trabajo que vinculan a todos los trabajadores y empleadores incluidos en su ámbito de aplicación, una vez que los acuerdos que las contienen sean homologados o, en su caso, registrados por la autoridad de aplicación -conf. arts. 4º, 5º y concs., Ley sobre Convenios Colectivos 14.250; 1º, inc. c, 8 y 9, Ley de Contrato de Trabajo-. El carácter normativo de las mencionadas cláusulas despeja toda duda acerca de la posibilidad de su impugnación constitucional o convencional, pues como todas las normas jurídicas, deben respetar las normas de mayor jerarquía en el sistema de fuentes. No obsta a esta conclusión el hecho de ser fruto de la autonomía privada colectiva, esto es, del acuerdo celebrado entre las partes legitimadas para la negociación en el ámbito de las relaciones colectivas de trabajo, pues la génesis del instrumento que las contiene no determina su naturaleza jurídica (cf. CNTrab., sala V, Sentencia definitiva n° 73112, Autos: "G. A. I. C/ COTO C.I.C. SA S/ DIFERENCIAS DE SALARIOS" (JUZG. Nº 54)" 13.05.2011). (Voto del Dr. Apcarian por la mayoria) Fuente del sumario: OFICIAL
Contrato de trabajo, prescripción, plazo
Materia: LABORAL
Carátula: FERNANDEZ JULIO CESAR Y OTROS c/ MARIO CESCA Y/U OTROS s/ DIFERENCIA DE JORNALES, ETC.- CASACION LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-02-10

El plazo de prescripción bienal establecido en el art. 256 de la L.C.T. comienza a correr desde que el crédito es exigible, habiendo el derecho adquirido el grado de certeza que permita a su titular hacerlo valer con la extensión y alcance que de por sí tiene asignado.-
Competencia federal, delitos contra la seguridad pública, delitos contra el orden público, delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Azerrad, Marcos s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-06-16

Las causas en las que se imputa la comisión de alguno de los delitos previstos en el art. 3, inc. 5, de la ley 48, introducidos por la ley 20.661, deben tramitar en primer lugar ante la justicia federal, sin perjuicio de la competencia ordinaria en los casos en que, del conocimiento prioritario de los tribunales federales, lo actuado revele inequívoca y fehacientemente que los hechos tiene, estricta motivación particular y que, además, no existe posibilidad de que resulte afectada, directa o indirectamente, la seguridad del Estado Nacional o de alguna de sus instituciones.
Aportes y contribuciones previsionales, prescripción
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS c/ A.F.I.P. s/ Impugnación de deuda
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-30

Aún en la hipótesis de admitirse que el organismo no estuvo en condiciones de accionar hasta la toma de conocimiento de la sentencia dictada en una causa laboral de la que fue notificado de acuerdo a lo previsto por el último párrafo del art. 132 de la ley 18.345 -agregado por el art. 46 de la ley 25.345-, se trataría de una imposibilidad jurídica de obrar y no de una dificultad o imposibilidad de hecho, supuesto que no resultaría alcanzado por el art. 3980 del Código Civil (cfr. Trigo Represas - López Mesa, "Código Civil y Leyes Complementarias Anotados", IV-B, pág. 310). Por ello, y sin que importe alentar actitudes evasivas de los obligados al depósito de aportes y contribuciones, debe concluirse que la aplicación del derecho vigente a las constancias de la causa -cimentado en la preservación del valor de la seguridad jurídica al que apunta el instituto de la prescripción liberatoria- no permite hacer excepción a la regla contenida por el art. 4017 del Código Civil.
Cámaras de casación, competencia del tribunal de casación
Materia: CIVIL
Carátula: RAMIREZ, ANTONIO EDUARDO c/ C.R.A.F.M.S.A. S.A. s/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2014-03-05

El tribunal de casación, que tiene como tarea el restablecimiento del imperio de la Ley y ejerce dicha función con prescindencia de los intereses de las partes, carece de competencia para asumir facultades de los tribunales de mérito y constituirse en una tercera instancia ordinaria a fin de reeditar la justicia material de la sentencia de los Tribunales de grado.
Consejo Profesional de Ciencias Económicas, revisión judicial de actos administrativos, control de legalidad, control de razonabilidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PEREZ MENENDEZ, Bernardo c/ C.P.C.E." s/ SUMARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-09-11

El control que en los términos del art. 23 de la ley 20.476 puede realizar la alzada judicial sobre lo decidido por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, está en principio limitado a examinar la legalidad de tal decisión y de los procedimientos que la precedieron, amén de verificar si los hechos que se imputan se encuentran probados y si las consecuencias que de ellos extrae el Consejo resultan razonables.
Facultades del Poder Ejecutivo, facultades legislativas
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Pape, Mariela Susana c/ PEN - Dtos. 1570/01 - Mº E -Resol. 9/02 s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-28

Para que el Poder Ejecutivo pueda ejercer legítimamente facultades legislativas que en principio le son ajenas, es necesaria la concurrencia de alguna de estas dos circunstancias: 1°) que sea imposible dictar la ley mediante el trámite ordinario previsto en la Constitución, vale decir, que las Cámaras del Congreso no puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor que lo impidan, como ocurriría en el caso de acciones bélicas o desastres naturales que impidiesen su reunión o el traslado de legisladores a la Capital Federal; o 2°) que la situación que requiere solución legislativa sea de una urgencia tal que deba ser solucionada inmediatamente, en un plazo incompatible con el que demanda el trámite normal de las leyes.
CÓDIGO PROCESAL PENAL DE SANTA FE, ley anterior, ley posterior, interpretación de la ley, proceso penal, imputado, prisión preventiva
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: E., L. C. s/ Incidente de libertad provisional (Expte. Nro. 1-04, Resolución Nro. 10,  Tomo 1, Folio 411)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-01-20

Aunque en los primeros momentos de la investigación, cuando en realidad podían correr más riesgos los fines del proceso, permitía trabajar con el imputado en libertad fuese cual fuese el delito que se le atribuyera, llegado el momento de resolverse provisoriamente sobre la imputación, ante el dictado de un procesamiento establecía la necesidad de constituir en prisión preventiva al encausado (art.

325). La exigencia podía exceptuarse si se confirmaba la libertad provisional antes concedida, mas, como esa libertad estaba muy minuciosa y rígidamente tabulada (arts. 337/338), eran muchos los imputados que no podían obtenerla y así quedaban encerrados en prisión preventiva. Esta consecuencia no sería objetable, si la razón de la privación de libertad se encontrase realmente en la apreciación de que corrían riesgos los fines del proceso (art. 306), pero ello no siempre ocurría, ya que en numerosos casos las presunciones de peligro procesal que elaborara en abstracto el legislador, eran en el caso concreto apreciadas como inexistentes -o superables- por el juez, quien sin embargo nada podía hacer para sortear o alivianar la prisión preventiva. Este era el modo en que e l enunciado fundamental del artículo 306 resultaba desbaratado, e incluso el modo en que se desalentaba a los jueces respecto al trabajo con los imputados en libertad conforme a la opción que se les daba en el artículo 302; es que si ya se advertía que aunque se citara y mantuviera en libertad al imputado, llegado el momento del procesamiento debería constituírselo en prisión preventiva, carecía en gran medida de sentido mantener una libertad que luego el propio Código aniquilaba.
Policía, personal policial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PANCALDO, RICARDO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  NRO 347-87)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-02-17

Aunque el recurrente (agente policial) haya superado el tiempo mínimo de permanencia en el grado y el puntaje mínimo establecido en el Anexo 1 de las "Pautas" para el funcionamiento de las Juntas de Calificaciones, haya estado ubicado en el sexto lugar en el Padrón para Promociones (y los ascendidos en el 9 y 11), y haya tenido mayor antigüedad general y relativa que los que ascendieron, ninguno de esos aspectos son decisivos en orden al reconocimiento de que tenía derecho a ser ascendido al grado de Comisario Inspector, cuando ni siquiera invocó ni demostró tener un puntaje en el caso igual al de los promovidos, supuesto en el cual, en principio, su ubicación en el Padrón podría haber resultado determinante de su propuesta para el ascenso..
Sentencia condenatoria, almacenamiento de estupefacientes, tráfico de estupefacientes, coautoría, pluralidad de intervinientes, prisión, multa, accesorias legales, costas, prueba confesional
Materia: PENAL
Carátula: Rodríguez Córdova, Max y otros  c/  s/ infracción Ley 23.737
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2021-11-04

Procede condenar a MAX RODRÍGUEZ CÓRDOVA a la pena de quince (15) años de prisión, multa, accesorias legales y costas, como coautor penalmente responsable del delito de almacenamiento ilegal de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas organizadas para cometerlo -arts. 5 inc. "c" y 11 inc. "c" de la Ley 23.737; arts. 5, 12, 29, 40, 41 y 45 del CP; y art. 530 del CPPN-. Para decidir así, se señala que el imputado junto a otros coimputados -cada uno desempeñando diferentes roles- integraban un grupo dedicado al tráfico ilícito internacional de estupefacientes, que previamente se encargaban de almacenarlos y ocultarlos; el encartado tomaba las decisiones más importantes y así dirigía las tareas de manera coordinada. Asimismo, se ha tenido en cuenta la confesión de los coimputados acusados de narcotráfico y contrabando en grado de tentativa, la cual se condice con las pruebas y no deja lugar a dudas acerca de la autoría penalmente responsable de todos ellos. En suma, ha quedado acreditado que Rodríguez Córdova era uno de los principales responsables de coordinar la maniobra en el país, en los aspectos operativos, logísticos y financieros; y que los otros involucrados le rendían cuentas de sus gastos y seguían sus órdenes.
Demanda, rechazo in límine
Materia: LABORAL
Carátula: Neiff, Bartolomé c/ Grefar S.A.C.I. y otras s/ Enfermedad accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2006-05-10

Si de acuerdo a los presupuestos fácticos establecidos por el tribunal a quo el actor equivocó su petición al fundar ésta en una ley derogada -24.028- siendo de aplicación la Ley de Riesgos del Trabajo, y atento a las sustanciales diferencias de los sistemas reparatorios, se impone el rechazo de la demanda.
Acumulación de procesos, incidentes, honorarios del abogado, regulación de honorarios, domicilio constituido
Materia: PROCESAL
Carátula: Sabbag, Máximo s/ vinculación (CONAREPA).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-25

La sola acumulación de procesos a los fines de evitar el dictado de diferentes sentencias respecto de algunas cuestiones comunes y procurar una mayor economía procesal, no quita a cada uno su autonomía, de tal modo que ello no releva al letrado actuante de la carga de constituir un domicilio en la oportunidad de promover el incidente de regulación y cobro de honorarios en una de las causas, máxime cuando ya se había dispuesto la desacumulación a su propio pedido-.
Fundamentación del recurso, igualdad ante la ley, cuestiones de hecho y prueba, negligencia probatoria
Materia: PROCESAL
Carátula: Olmedo Abel Armando c/ Federico A. Milocco s/ Ordinario - Recurso De Casacion
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2006-08-04

El recurso de casación fundado en una pretendida incompatibilidad entre los criterios hermenéuticos sustentados en los resolutorios acompañados, ha sido mal concedido, pues, por las mismas razones aportadas por la Cámara a-quo, se impone la conclusión contraria a la arribada en el auto de concesión, puesto que las plataformas fácticas sometidas a juzgamiento no presentan identidad sustancial suficiente como para justificar la intervención de esta Sala, en ejercicio de su función de nomofilaquia y unificación. Esto así, pues la igualdad ante la ley solo puede verse amenazada, cuando se han asignado consecuencias jurídicas disímiles a situaciones fácticas idénticas que se encuentran subsumidas en la misma normativa. En el caso, se discute el problema de la negligencia probatoria, cuestión reservada a los tribunales de mérito. Las diversas cuestiones de hecho involucradas en los pronunciamientos traídos como contradictorios conspiran de modo insalvable contra la procedencia formal del recurso intentado para ante esta Sede. La compulsa de ambos precedentes permite aseverar que no se verificó la mentada negligencia en el diligenciamiento de la prueba. Asevera que la cuestión debatida representa materia de análisis de resorte exclusivo y excluyente del Tribunal de Mérito y por tanto ajeno a esta instancia extraordinaria. El supuesto está excluido del campo del recurso por cuanto si bien el criterio de solución se enlaza a la interpretación y aplicación de una norma de naturaleza formal, necesariamente depende de circunstancias fácticas cuya apreciación está delegada al juez de mérito. Aún cuando la polémica gire en torno a prescripciones adjetivas, resulta imposible la injerencia pretendida porque la conclusión objetada responde a las particularidades fácticas ponderadas en las instancias de grado, las que no son pasibles de revisión por escapar al estrecho margen impuesto por la ley para el motivo en estudio. De ésto se deriva que, bien que resultara posible establecer una pauta genérica, existe un obstáculo insalvable materializado en la imposibilidad de fijar parámetros rígidos con los cuales instruir a los jueces acerca de la forma en que las razones fácticas de cada caso concreto incidirán en una declaración de negligencia probatoria o no. En definitiva, no verificándose una concreta identidad entre los supuestos de hecho fallados en tales oportunidades, corresponde declarar mal concedido el recurso de casación deducido por el motivo del inciso 3° del art. 383, C. de P.C., lo que así se decide. (Voto del Dr. Andruet (h), en minoría).
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, Derecho penal, Derecho contravencional y de faltas, Salud pública, prevención, derecho a la salud
Materia: PENAL
Carátula: XX s/ Cuestión a resolver ¿Qué debe entenderse por la medida de seguridad  Que estatuye el artículo 28 del Código de Faltas, cuando corresponde  Su aplicación y qué límites temporales debe tener? (Tribunal pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-11-21

El lapso de duración de la medida de seguridad prevista por el artículo 28, segundo párrafo del Código de Faltas no podrá exceder el máximo de privación de libertad prevista como pena para la infracción que se imputa, o la pena concreta impuesta por la sentencia. Si se advierte la necesidad de continuar con la medida de seguridad se colocará al imputado a disposición de la justicia pertinente, con noticia del Ministerio Público y remisión de los antecedentes a los fines de adoptarse las decisiones respectivas. En el caso, la cuestión a resolver es: ¿Qué límites temporales debe tener la medida de seguridad que estatuye el artículo 28 del Código de Faltas?
Inhabilitados, personas privadas de la libertad, capacidad procesal, designación de curador, defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Tarnopolky, Daniel c/ E.N.  y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-07

Dado que los actos jurídicos realizados por el penado durante su interdicción son nulos, tratándose de una pretensión de contenido patrimonial, el codemandado carecía de capacidad procesal para presentarse (artículo 12, Código Penal), y toda vez que de autos surge que al momento de correrse traslado de la demanda, aún no se la había designado curador, lo que obviamente no suspende la incapacidad corresponde que el a quo proveyera su defensa de oficio.
Acción de amparo, existencia de otras vías, revisión judicial de actos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PFORNER CORNEALENT Y OTRO. c/ ESTADO  NACIONAL  (MINISTERIO  DE ECONOMIA - SECRETARIA DE COMERCIO). s/ ACCION DE AMPARO - MEDIDA DE NO INNOVAR.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-02-28

La falta de consideración por la Secretaría de Comercio de las razones argüidas en la instancia administrativa por las aquí actoras para oponerse a la emisión de certificados de necesidad de importación, no es defecto que haya carecido de vía administrativa apta para ser salvado (arg. artículo 2 inciso a) ley 16.986). Las actoras pudieron utilizar, contra los actos que reputaron ilegítimos, los remedios previstos por el Decreto 1759-72 (artículo 84 y 89) y pedir allí la suspensión de los efectos de las disposiciones cuestionadas (artículo 12, apartado 2 ley 19.549), con la posibilidad de requerir esto mismo en sede judicial en caso de negativa o silencio.

Por lo demás implicaría avasallar en perjuicio de un tercero los requisitos constitucionales del debido proceso adjetivo (artículo 18 C.N.) y las previsiones legales tendientes a resguardarlo (artículos 89 y 94 CPCiv. y artículo 17 ley 16.986), el acogimiento de la pretensión de los actores de anular actos administrativos que no fueron impugnados adecuadamente en aquella sede y que crearon derechos en favor de un extra╦o, sin citar a juicio a éste para que pueda defenderlos.
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, reserva de la cuestión federal, oportunidad procesal, planteo oportuno
Materia: PROCESAL
Carátula: Pazos, Luis y otros s/ artículo 110 C.P. - causa n° 2885 -.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-29

No importa un agravio cuya subsanación corresponda a esta Corte, la circunstancia de que la cámara de casación no haya observado el requisito de la introducción oportuna de la cuestión federal al pleito de modo análogo a como este Tribunal lo hace con relación a la admisibilidad del recurso federal (Voto del Dr.

Enrique Santiago Petracchi).
Responsabilidad del Estado, daño moral
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Herrera, Javier Marcelino c/ Gobierno de la Pcia. de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-10-03

Si lo reclamado fue el daño moral provocado por la incorporación al expediente iniciado por el actor, solicitando su reincorporación al Servicio Penitenciario de la Pcia. de Buenos Aires, de un informe de sus antecedentes, en el cual se lo califica como "delincuente subversivo", informe al que no tienen acceso gran cantidad de personas (art. 11, ley 7647) y que no se tuvo en cuenta para resolver su situación personal; y teniendo en consideración que el agravio moral consiste en la privación o disminución de aquéllos bienes de señalado valor en la vida de las personas, como lo son la paz, la tranquilidad de espíritu, el honor y los más sagrados afectos (art. 1078, C. Civil), resulta justo fijar la indemnización por este rubro en la suma de A 30.000.000, a la fecha del fallo apelado (16/5/91).
Inadmisibilidad del recurso, prisión preventiva, resoluciones irrecurribles
Materia: PENAL
Carátula: Nieva, Luis Ernesto y otros c/  s/ recurso de queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-08-12

Corresponde declarar inadmisible el recurso de queja toda vez que la decisión cuestionada no puede ser impugnada por la vía del recurso previsto en el art. 456 rito, pues en lo atinente al cuestionamiento relativo a confirmación de la prisión preventiva dispuesta, cabe destacar que la ley deja expedita la vía de excarcelación para promover y discutir la procedencia de la soltura del imputado, lo que impide su equiparación a una sentencia definitiva que habilite la jurisdicción de esta instancia; asimismo en el caso existe doble conformidad judicial. (Dres. Slokar y David).
Embargo, bienes del Estado, bienes municipales, facultades de la Municipalidad
Materia: LABORAL
Carátula: VAZQUEZ RICARDO OSCAR c/ MUNICIPALIDAD DE PARANA s/ QUEJA POR APELACION DENEGADA INTERPUESTA POR EL DR. MASTAGLIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-12-22

Para el ofrecimiento de bienes municipales en sustitución del depósito previsto en el artículo 125 inciso a) del Código Procesal Laboral, el Ejecutivo Municipal debe cumplimentar las exigencias previstas en los artículos 11 inciso 7 apartado e) y su correlativo 105 inciso a) de la ley 3001, requiriendo a tales efectos el voto favorable de los tercios de la totalidad de los miembros del Consejo Deliberante.
Regulación de honorarios, IVA
Materia: PROCESAL - TRIBUTARIO
Carátula: CAPON, PABLO SANTIAGO c/ SGRO, RAFAEL s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-27

Corresponde hacer lugar al planteo tendiente a obtener que a la regulación de honorarios se le adicione el I.V.A. si el presentante acredita su condición de responsable inscripto en dicho tributo, acompañando la constancia pertinente.