Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-10-03


SENT Nº 848 C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Tres (03) de Octubre de dos mil doce, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán, Antonio Gandur y Daniel Oscar Posse, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel Estofán, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "Soriano Pedro Rodolfo vs. Bank Boston N.A. s/ Daños y perjuicios".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Daniel Oscar Posse, Antonio Gandur y Antonio Daniel Estofán, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Daniel Oscar Posse , dijo:

I.- Viene a conocimiento y decisión el presente recurso de casación incoado por la parte actora contra la sentencia de la Sala I de la Cámara Civil y Comercial Común, de fecha 04/10/2011 que revoca la sentencia del 14/6/2006 haciendo lugar parcialmente a la demanda.

II.- El recurrente alega que la sentencia es arbitraria; viola el art. 30 CP; infringe normas de fondo y forma; contiene fundamentación aparente y no atiende a la sana crítica.

Con apoyo en un razonamiento de Cámara que cita textual, entiende que con igual razonamiento se concluiría respecto al recaudo exigido por la Comunicación "A" 2403, pues la falta de exhibición por parte del Banco accionado del Legajo que le exigía formar la citada Comunicación punto 2 y por aplicación de las reglas de las carga probatorias dinámicas, cabría concluir también que su parte sí presentó las exigencias del punto 1 de la Circular citada, máxime si se tiene en cuenta que la propia sentencia tuvo por acreditado el pago de su parte de los recaudos fiscales exigidos por el punto 1 citado, es decir, la falta de cumplimiento por la entidad financiera de su obligación de formar legajo crea o debió crear una presunción en contra de los argumentos esgrimidos por ella de que no se dio cumplimiento a dicho recaudo. Se explaya con cita jurisprudencial sobre la teoría de las cargas probatorias dinámicas.

Le agravia que se interprete que su parte no ha cumplido con el recaudo del punto 1 de la Circular "A" 2403 ya que acreditó mediante carpetas de documentación original agregadas bajo los números 8 y 9 haber abonado los recaudos fiscales exigidos por aquélla, resultando en consecuencia inverosímil que él hubiere abonado las mismas y no las hubiere presentado para lograr su rehabilitación. Que lo contrario sería violar las reglas de la sana crítica. Por ello, le llama la atención los párrafos de la sentencia que cita textual [puntos e), f)].

Afirma que si pagó altas sumas de dinero en aras de la rehabilitación, por aplicación de la teoría de las cargas probatorias dinámicas, se debía haber concluido en que resultaba obligación de la entidad financiera mediante la exhibición del legajo que por aplicación de la Comunicación citada debía formar la misma, acreditar que su parte no habría cumplido con dicha Comunicación, máxime si se tiene en cuenta que la accionada fue intimada mediante Oficio Ley Nº 22.172 a acompañar el Legajo y las microfilmaciones de la cuenta corriente de Soriano sin que se hubiere dado cumplimiento a tal intimación, generando en consecuencia una presunción en contra de sus argumentos. Que además el Banco elevó al BCRA los antecedentes de Soriano para su rehabilitación al sistema financiero lo que constituye otra seria presunción de que había dado cumplimiento a los requisitos exigidos por el BCRA.

Expresa que en autos se han acreditado cuatro hechos esenciales: a) que su parte cumplió con los recaudos fiscales exigidos por la Comunicación en tanto acreditó por las carpetas 8 y 9 y ello fue receptado por la sentencia; b) que el banco elevó al BCRA el disquete con la información necesaria para que su parte pudiera acceder a la rehabilitación; c) que dicho disquete fue elevado en forma tardía y d) que su parte según información oficial del BCRA no fue rehabilitado como consecuencia de c). Que con tales acreditaciones las presunciones a favor del cumplimiento de Soriano son incuestionables mucho más si se tiene en cuenta que, ante la intimación efectuada por el Juzgado, el banco no acompaña el legajo y las microfilmaciones.

Considera ambigua la sentencia porque de un lado dice que el actor no estaba en condiciones de lograr la rehabilitación por falta de presentación de los recaudos establecidos en la Comunicación y a su vez afirma que el banco con su conducta al no formar el legajo y omitir informar impidió o frustró la posibilidad del actor de obtener la rehabilitación. Que tal ambigüedad convierte en arbitraria a la sentencia. Que ello es más grave cuando afirma conclusiones que echan por tierra lo dicho. Que, en efecto, afirma que Soriano sí tenía pagadas las obligaciones fiscales requeridas por la Comunicación como surge de las carpetas 8 y 9 acompañadas con la demanda. Si esto es así, y si esa falta de prueba hubiera surgido si la demandada hubiera presentado la documentación vinculada al caso en el cuaderno de prueba pertinente a lo que se ha negado, la falta de información en la que sustenta la condena habilita la procedencia de todos los rubros reclamados. El incumplimiento del deber de informar por el banco, genera el daño y como tal debe ser reparado íntegramente mucho más cuanto que los compromisos fiscales habían sido cumplidos por parte de Soriano y así lo reconoce la sentencia.

Entiende que cuando la sentencia afirma que el actor no estaba en condiciones de lograr la rehabilitación sólo expresa una verdad a medias la que por tal es una falacia. Sí estaba en condiciones de ser rehabilitado pero la falta de información de parte del banco lo privó de esto último provocándole un daño que debe ser reparado "in totum". Cita jurisprudencia.

Concluye en que no existe razón para que no prosperen los demás rubros reclamados y así debe ser dispuesto. Cita textuales los párrafos sentenciales y concluye en que resulta sorprendente que si el banco refiere a la responsabilidad del demandado en la falta de rehabilitación del actor arribe a una resolución que va a contramano de su propia argumentación demostrando la arbitrariedad de la sentencia que luego de atribuir tal responsabilidad por el incumplimiento de su obligación de informar que motivó la frustración del acceso a la rehabilitación determina que no debe responder por los daños causados. No entiende porqué no resulta responsable de los demás rubros si se condena por la frustración de la posibilidad de obtener la rehabilitación si aquéllos -daño emergente, lucro cesante, daño psicológico y daño al proyecto de vida- son consecuencia directa e inmediata de la falta de rehabilitación al sistema financiero. El hecho generador de la responsabilidad es el mismo: el incumplimiento de su obligación de informar impuesta en el art. 4 de la LDC.

Le agravia también el monto fijado como pérdida de chance y daño moral. Da razones.

Propone doctrina legal; hace reserva del caso federal y solicita se conceda el recurso tentado.

III.- Por sentencia interlocutoria de fecha 10/02/2012, la Cámara admite el recurso extraordinario local, correspondiendo ahora el examen de su admisibilidad y procedencia en su caso.

IV.- El fallo entiende que corresponde examinar si el actor ha cumplido con las exigencias de las Comunicaciones "A" 2400, 2403 y 2447 para acogerse a los beneficios de la rehabilitación determinado por el BCRA y en su caso, la eventual responsabilidad del Banco demandado en la falta de aquella rehabilitación.

De las pruebas producidas en autos advierte que el BCRA ha informado que el banco demandado remitió al BCRA con fecha 30/9/1996 las fechas de pago de multas sobre diez cheques rechazados y con fecha 28/10/1996 las fechas de cancelación de los mismos, con excepción a la correspondiente al cheque que detalla. Que también informa que, dado que de acuerdo con el punto 2 de la Comunicación "A" 2447 el plazo para dicha presentación había caducado el 11/10/1996, no fue posible acceder a la rehabilitación del señor Soriano. Que no se han localizado presentaciones por escrito por parte de la entidad solicitando tal medida. Que por tanto el banco no había efectuado ninguna presentación ante el BCRA referida al pedido de rehabilitación del actor, únicamente se limitó a informar el pago de las multas por los cheques rechazados. Que además el BCRA informa que para acceder a la rehabilitación para operar en cuentas corrientes la persona interesada debía cumplir con la totalidad de los requisitos estipulados en las Comunicaciones dictadas al efecto, no existiendo obligación alguna por parte de las entidades financieras de continuar la relación contractual con la misma. Que entonces, el interesado debía cumplir con la totalidad de los requisitos estipulados en tales Comunicaciones.

Que la Comunicación "A" 2400 establece que los "cuentacorrentistas inhabilitados serán rehabilitados.en la medida que: 1.1. El librador concurra a las entidades financieras acreditando fehacientemente haber rescatado cheques rechazados y abonado las multas previstas en la Ley Nº 24.452. 1.2. Los titulares de las cuentas desistan expresamente de cualquier acción judicial iniciada o a iniciarse contra la entidad financiera girada, por su eventual responsabilidad por los rechazos y/o cierres producidos". El tribunal entiende que estos requisitos parecerían estar cumplidos con la nota dirigida al banco acompañada por el actor aún cuando el banco deduce no haberla recibido, ni conocido. Afirma el tribunal que desde que el banco no proporcionó a la perito la documentación vinculada con la petición del actor, por aplicación de la regla de las cargas probatorias dinámicas, debe suponerse que ha existido, máxime cuando el banco ha comunicado el pago de las multas al BCRA, lo que demuestra que sí había sido presentada dicha nota.

Explicita que la Comunicación "A" 2403 dispone que: "1. Las personas físicas o jurídicas cuyas situaciones se ubiquen dentro de lo prescripto por la Comunicación "A" 2400 deberán ajustarse a los requerimientos fiscales determinados por la DGI en función de los lineamientos que se detallan: Personas Físicas. A) Trabajadores autónomos: Presentación de los últimos tres pagos previsionales y/o inclusión en la moratoria. Presentación de la "'ultima declaración jurada y pago del saldo de la misma del impuesto a las ganancias y sobre los bienes personales o constancia de su inclusión en la moratoria.". Que también establece en su punto 2: "Asimismo, las entidades financieras procederán a la apertura de un legajo -para cada persona física o jurídica de la que se solicite rehabilitación y/o anulación de rechazos de cheques- integrado con la documentación respaldatoria pertinente y la que resulta de la aplicación de los requisitos establecidos precedentemente a los fines de su ulterior verificación".

Estima la Cámara que los requisitos establecidos ya citados no han sido cumplidos por el actor y eran esenciales para solicitar el acogimiento a la rehabilitación e incluso para la formación del legajo que se establece, en el que debía también agregarse la documentación vinculada a los requisitos establecidos en esta Comunicación 2403 que no fueron presentados.

Afirma que en el escrito de demanda el actor alude al cumplimiento del pago de multas, rescate de cheques rechazados y manifestación de que no demandará al banco, como lo exigía la Com "A" 2400, pero nada dice del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Com "A" 2403 pese a que la menciona expresamente en la demanda a fs. 8, renglón 21, por lo que no podía desconocerla.

Que la demandada ha negado en forma categórica y expresa al contestar la demanda que el actor hubiera cumplido con lo determinado en la Com "A" 2403 por lo que el tema integraba la litis, sin que el actor probara el cumplimiento de esos requisitos, ni tampoco dijera nada al respecto al expresar su alegato.

Concluye en que el actor no ha probado haber cumplido con las exigencias de la Com "A" 2403 a los fines de la rehabilitación que solicitaba y como lo ha informado el BCRA para acceder a la rehabilitación el interesado debía cumplir con la totalidad de los requisitos estipulados en las Comunicaciones dictadas al efecto, en las que estaba la referida Com "A" 2403.

Expresa la Cámara que al no encontrarse probado el cumplimiento de la "totalidad" de los requisitos, al no probar el cumplimiento de la Com "A" 2403, la rehabilitación no podía prosperar. Agrega que la carga de la prueba de haber cumplido con las exigencias recaía en el actor por lo que su falta debe ser soportada por el mismo.

Sin perjuicio de ello, advierte que el banco demandado estaba obligado por la misma Comunicación "A" 2403 a abrir un legajo para cada persona física que solicite la rehabilitación y/o anulación como está dicho (OPASI 2-139). Que por ello le resulta sorprendente la manifestación de la entidad demandada de que ninguna norma exige que un banco registre en su contabilidad los pedidos de rehabilitación de clientes, cuando el BCRA había determinado un procedimiento de rehabilitación de los cuentacorrentistas inhabilitados y el plazo estaba corriendo para cumplir con los requisitos pertinentes por parte de los clientes afectados y a quienes la disposición del BCRA los beneficiaba. Estima acreditado que el actor había solicitado la rehabilitación mediante nota, la que se trata de un "formulario impreso" dirigido al Bank Boston que el interesado debía llenar los espacios en blanco, donde se detallan una serie de cheques. Que la manifestación de la demandada de que esa nota nunca fue recibida por el banco, es demostrativa de la falta de comunicación entre los empleados del banco y las autoridades responsables del mismo, que después deriva en acciones judiciales. Que consta que el formulario con la sigla "Banco de Boston" y con un sello del mismo banco, de fecha 23/9/1996, que da cuenta del pago de las multas por parte de Soriano del listado de cheques que allí se indican, y que corroboran la exigencia de la nota anteriormente mencionada. Advierte que si el cliente inhabilitado paga la multa de los cheques durante el período de vigencia de la Comunicación "A" 2400 perseguía lograr la rehabilitación, sin que el banco pueda llegar a pensar que se trata de un mero trámite de rutina. Que en tal caso el banco tenía la obligación de formar el legajo que establecía la Comunicación "A" 2403 y agregar la documentación que le presentaba el cliente, dándole la oportunidad de completar los recaudos faltantes si los hubiera. Que el banco ha actuado como si no tuviera ninguna obligación, siendo su actividad enmarcada como un eslabón dentro de un sistema. Alude al sistema bancario y su finalidad. Que se considera que la actividad bancaria es, al menos, de interés público; que resulta de aplicación el art. 902 CC pues el banco es un comerciante profesional con alto grado de especialización; que tenía la ineludible obligación de informar a sus clientes (art. 4 LDC) de manera que si a Soriano le faltaba completar algún recaudo para lograr la rehabilitación tenía el deber de informarle para que pueda completarse el legajo cuya formación le imponía la Comunicación "A" 2403. Que el cliente bancario, como consumidor, goza de una protección directa e indirecta -referida ésta a los normas bancaria que apuntan a la transparencia bancaria y están referidas a la publicidad de los servicios ofrecidos por entidades financieras-. Que la debida información de los requisitos de las comunicaciones mencionadas hace a tal transparencia. Que el obrar del banco aparece como contrario a la lealtad, honestidad, corrección, principios básicos que impone la buena fe en la contratación. Que es una actitud descomedida no haber dado el trámite de rehabilitación y formar el legajo cuando el cliente inhabilitado paga las multas de los cheques rechazados en el período en que esta vigente el régimen establecido por el BCRA en la comunicación A 2400 y complementarias. Que la situación es más grave si se considera que Soriano tenía pagadas las obligaciones fiscales requeridas como surge de las Carpetas n° 8 y 9 acompañadas con la demanda aunque no fueron presentadas, a la vez que aunque se lo rehabilitara el Banco no estaba obligado a continuar ligado con aquél.

Expresa que, en definitiva, el actor no estaba en condiciones de lograr la rehabilitación por falta de presentación de los recaudos establecidos en la Comunicación A 2403 y a su vez el Banco con su conducta impidió o frustró la posibilidad del actor de obtener la rehabilitación. Que en tal estado no corresponde indemnizar el daño emergente y el lucro cesante reclamado, sino solamente la pérdida de chance de haber obtenido la rehabilitación (art. 34 CPCCT).

Establece el monto en $ 50.000 a la fecha de la senten- cia con más los intereses equivalentes a la tasa pasiva del BCRA si no se paga en diez días hasta el efectivo pago. Que el daño moral resulta procedente fijarlo, derivado de la pérdida de chance, en pesos diez mil con más los intereses precedentemente fijados. Las costas las impone por el orden causado atento al resultado del juicio (art. 105 CPCCT).

V.- De la confrontación de los términos del memorial casatorio puestos en relación con los argumentos sentenciales se concluye en que el recurso debe prosperar.

En efecto, el sentenciante hizo una valoración de los hechos, de las pruebas y efectuó un razonamiento del que concluye en que tanto actor como demandado han contribuido con su conducta -más precisamente, con su omisión- en la imposibilidad de la obtención de la rehabilitación de la cuenta corriente por parte del actor: Éste por no haber cumplido la totalidad de los requisitos previstos por las Comunicaciones del BCRA al efecto (falta de presentación de los recaudos establecidos en la Comunicación "A" 2403) no estando entonces en condiciones de obtener la rehabilitación; el demandado por no haber formado legajo (requisito también de la Comunicación "A" 2403) y haber omitido informar, frustrando, así, la posibilidad del actor de obtener su rehabilitación (fs. 804 pto. 7).

En ambos casos se trata de un "no hacer". Ahora bien, para que una conducta omisiva genere responsabilidad civil debe estar causalmente ligada con el resultado final, de modo que pueda afirmarse que la abstención ha actuado como factor eficiente de su consumación (López Cabana Roberto, "Responsabilidad Civil del Estado derivada del ejercicio del Poder de Policía", en Temas de Responsabilidad Civil, ECA, 1.995, p. 216). Goldenberg ha sostenido precisamente que 'desde el punto de vista de la relación de causalidad, ese no hacer viene a ser una condición apta o adecuada para que el desmedro se produzca. Prueba de lo expuesto es que de haberse observado el comportamiento positivo que las circunstancias exigían se podría haber interrumpido el proceso causal, evitándose el desenlace dañoso (Goldenberg Isidoro H. "La relación de causalidad en la responsabilidad civil', Astrea, 1.984, p. 212)" (cfr.:CSJT, sentencia Nº 248 del 18/04/1996 in re: "Campbell Hugo Roberto y otra vs. Provincia de Tucumán y otra s/ daños y perjuicios"). A su vez, en un sistema de responsabilidad basado en la denominada "teoría de la causalidad adecuada", como lo es el que consagran las disposiciones del Código Civil (cfr. arts. 901, 906 y concordantes), de entre los distintos factores que concurren a la producción del evento dañoso, únicamente pueden considerarse causa adecuada o eficiente aquellos que sean aptos por sí mismos para producir ese resultado según el curso ordinario de las cosas. Las restantes circunstancias, en la medida que no son idóneos "per se" para ocasionar el resultado final, aún cuando puedan en cierta forma coadyuvar a su producción o incluso agravarlo, son meras condiciones que carecen de toda virtualidad liberatoria para el sindicado como responsable (cfr: CSJT, sentencia Nº 487 del 30/6/2010).

En el marco jurídico antedicho, no queda claro en el razonamiento sentencial trascripto cómo ha jugado la conducta de cada parte litigante en la producción del daño ni cómo han sido apreciados los distintos elementos de la responsabilidad civil. Así:

* Si la Cámara indica que Soriano "no estaba en condiciones de lograr la rehabilitación" por no haber cumplido la totalidad de los requisitos exigidos para obtenerla, no se entiende que exista, ni cuál sea, la "chance" que perdió por la omisión del banco "al no formar el legajo y omitir informar" al BCRA.

Es que no resulta lo mismo causa que condición. Recordamos que la causalidad exige una relación determinada, rígida, entre antecedente y consecuente, de manera que pueda afirmarse que el efecto es atribuible a la causa o, a la inversa, que ésta determinó el efecto". Que no todo antecedente es causa; que ella es el evento que produce un efecto; el acto que genera un resultado; que, en cambio, la "condición" (en el caso, comportamiento omisivo) es el evento cuya ausencia permite o facilita la producción del efecto pero resulta impotente, por sí sola, para producirlo.

Habrá entonces que efectuar un juicio de probabilidad -que no se advierte efectuado en la sentencia- y preguntarse junto a Orgaz (cf. Orgaz, Alfredo: "El daño resarcible". Ed.Lerner, 1980, pág.33): "La acción del responsable, ¿era por sí misma capaz de ocasionar normalmente ese daño? Si se responde afirmativamente.se declara que la acción era adecuada para producir ese daño, y entonces éste es objetivamente imputable al agente; si se contesta que no, falta la conexión causal, aunque considerado el caso en concreto tenga que reconocerse que esa conducta fue también condición sine qua non del daño; pero éste se considera solamente causal o fortuito (cf. Orgaz,ob. cit.).

Pareciera que en el razonamiento se hubo confundido causalidad eficiente con condición.

* De otra parte, si entendiéramos que la Cámara atribuye culpa concurrente a ambas partes litigantes, no se explica que no les haya atribuido porcentajes ni que haya asignado "in totum" la indemnización por pérdida de chance y daño moral que declara procedente, sólo en cabeza de la demandada. En la culpa concurrente, el accionar de ambas partes sería lo que causó el daño, por lo que la responsabilidad sería mutua en igual o distinto grado.

* Pero además, y lo que es más grave: Si entendiéramos que la Cámara atribuye culpa concurrente a ambas partes litigantes, no se entiende que nada hubiera dicho de los demás rubros reclamados pues, como queda expuesto, la culpa concurrente no exime de responsabilidad. En efecto, si la Cámara ha entendido que la culpa (¿concurrente?) de Soriano -no presentación de los requisitos establecidos en la Com A 2403- excluye la procedencia de todos los daños y perjuicios reclamados excepto la pérdida de chance pues ésta, a su vez, procedería por la culpa (¿concurrente?) del Banco, este razonamiento es del todo inválido por ser no conforme a Derecho ya que no puede discriminarse la procedencia de los rubros (éste procede; aquél, no) en atención a la concurrencia de culpas.

Es que es sabido que la culpa concurrente no puede eximir de responsabilidad a la contraparte; ella únicamente sirve para atenuar y distribuir los daños y perjuicios en la medida en que cada actividad culposa ha concurrido a producirlos. La concurrencia de culpas marca solamente la graduación de la responsabilidad y la conducta de las partes es valorada al solo efecto de la proporción del daño que debe ser indemnizada. La culpa concurrente existe (en mayor o menor grado) cuando el daño deviene de la conexión de culpa de ambas partes. Pero para que se configure, la conducta de los culpables debe haber sido eficaz en la producción del daño y debe actuar con autonomía.

Pareciera entonces que también se han confundido indebidamente los conceptos de causalidad e imputabilidad en relación a la generación del daño.

En resumidas cuentas, no resulta claro que la Cámara, luego de expresar que ambas partes han incurrido en conductas que impidieron finalmente la obtención de la rehabilitación, resuelva que procede únicamente el rubro pérdida de chance, excluyendo sin fundamento alguno (pues no lo es válido la culpa de Soriano) el de los demás daños reclamados; ni que fijara el monto indemnizatorio de la pérdida de chance "in totum" a cargo de la demandada, todo lo cual no coincide con lo que alega respecto a que la actora no estaba en condiciones, por su propia omisión, de obtener la rehabilitación.

En el fallo en embate no se advierte el motivo para que así se resuelva. Es que, o ambas partes tienen culpa concurrente y en ese caso se debería determinar su proporción para luego aplicarla a todos los rubros respecto de los que procediera finalmente la demanda; o bien se excluyen algunos rubros por falta de relación causal u otro motivo, lo que debería haberse fundamentado en la sentencia. Las razones de la exclusión de los demás rubros, en cambio, brillan por su ausencia en la sentencia subanálisis pues no basta con referir al art. 34 CPCCT ni decir que si el Banco frustró la chance debe responder por ella. En este caso quedarían preguntas sin responder, entre ellas: ¿Qué de los demás daños? ¿Qué de los efectos de la culpa que se atribuye a ambos contratantes?.

De nuevo: No queda claro cómo juega en el caso de autos la relación de causalidad y la culpabilidad en relación a los daños. No queda claro cómo inciden -o no- las omisiones de actor y demandado -con incidencia jurídicamente relevante- en la producción -o no- de los daños. No queda claro cómo ha sido determinado el nexo causal entre la conducta negligente u omisiva de las partes y los distintos rubros de daños reclamados. La relación de causalidad -o falta de ella- en punto a cada rubro reclamado no está determinada claramente en el pronunciamiento en embate o lo está erróneamente al confundir causalidad adecuada con condición.

En definitiva, en el fallo en crisis no se advierten aplicados adecuada y claramente los siguientes conceptos: "La relación de causalidad es un vínculo externo que permite atribuir un resultado a un hecho que es su origen. En la responsabilidad resarcitoria y en la preventiva ese vínculo se establece, respectivamente, entre el daño o el peligro de daño y un hecho que lo ha generado; en su virtud, ese perjuicio o la amenaza de que ocurra es imputado fácticamente al responsable...El tema de la causalidad es puramente fáctico y objetivo (enlace material entre un antecedente y un resultado) y, por ende ajeno a toda valoración sobre la injusticia y sobre la reprochabilidad de la causación del daño. El examen causal es previo a la indagación de factores objetivos y subjetivos de atribución: únicamente ante la causación de un daño, se averigua si concurre algún motivo para que alguien deba responder por él" (Matilde Zavala de González, Resarcimiento de daños, Ed. Hammurabi, ed. 1999, tomo 4, págs. 243/244). Se ha destacado asimismo que "Debe distinguirse la causa de la condición y de la ocasión de un efecto. La condición es el antecedente de un resultado. Cuando era indispensable para que éste se produjera, se la denomina conditio sine qua non ("condición sin la cual no"). El derecho no responsabiliza al sujeto que coloca una simple condición del daño, aunque esa condición sea necesaria; ésta debe haber sido, además, adecuada e idónea para ocasionarlo. Solo así la condición necesaria se erige en causa jurídica del resultado...La ocasión es también una condición del resultado, que favorece o activa el funcionamiento de la verdadera causa. Es decir, la ocasión no causa el daño, pero permite o facilita que ocurra. Por regla, no se responde por haber colocado una mera ocasión del hecho dañoso" (ob. cit., págs. 245/246). Acerca de la relación de causalidad se ha precisado que: ".este requisito es totalmente independiente de la imputabilidad. Para que la relación causal se repute adecuada, es necesario que la relación de causa a efecto sea directa, exclusiva e inmediata." (C.S.J.T., sentencia N° 1035/1997) VI.- A mayor abundamiento, cabe expresar que en la ponderación de los hechos y de la prueba encontramos también un déficit de razonamiento pues pareciera analizar con distintos criterios el cumplimiento de la Comunicación "A" 2400 y "A" 2403 sin que surja claramente el porqué de tal distingo.

En efecto, la valoración fáctica aparece, cuanto menos, confusa. Así, en punto a los requisitos de la Comunicación "A" 2400, el tribunal a quo tiene por probada la presentación de la nota al Bank Boston en que Soriano solicitaba la rehabilitación de la cuenta corriente. Para hacerlo así, entre otros motivos, da peso al hecho de que el banco no presentó al perito la documentación solicitada por lo que, aplicando la teoría de las cargas probatorias dinámicas, concluye en que "debe suponerse que ha existido" (la solicitud) (fs. 802 vta.).

Mas luego, al momento de ingresar en la valoración de la prueba respecto a si estaban acreditadas las exigencias emanadas de la Comunicación "A" 2403 expresa el tribunal que Soriano tenía la carga de probar que hubo cumplido con las exigencias de dicha Comunicación y que no lo hizo. Omite aquí aplicar la teoría de las cargas probatorias dinámicas o asignar peso a la omisión del banco de presentar la documentación solicitada por la perito sin que se adviertan motivos explícitos en la sentencia que fundamenten la discriminación valorativa efectuada. (Hacemos notar que en la prueba pericial se solicita que se entregue a la perito el legajo que se hubiere formado con motivo de la vigencia de ambas Comunicaciones -A 2400 y 2403- y no solo de la primera de ellas -ver fs. 499 vta.- y que por tanto la omisión en presentar este legajo incidiría sobre ambas -ver fs. 537 vta./538-).

Esto se agrava cuando se advierte que la misma Cámara entiende que: a) Soriano sí tenía pagadas las obligaciones fiscales requeridas por esa Comunicación como surge de Carpetas n° 8 y 9 acompañadas con la demanda; b) el banco tenía la obligación de informar a sus clientes (art. 4 LDC) "de manera que si a Soriano le faltaba completar algún recaudo para lograr la rehabilitación tenía el deber de informarle, para que pueda completarse el legajo cuya formación le imponía la comunicación A 2403" y c) "el banco tenía la obligación de formar el legajo.y agregar la documentación que le presentaba el cliente, dándole la oportunidad de completar los recaudos faltantes si los hubiera" (sic fs. 803 vta.).

En definitiva, si bien conforme al principio de valoración de la prueba según las reglas de la sana crítica, el juez es libre para obtener su convencimiento porque no está vinculado a reglas legales sobre la prueba, ha de responder siempre a los principios de la lógica, y dentro de ellos, especialmente al de no contradicción, y a las reglas generales de la experiencia. Sobre esta base, entendemos que el razonamiento elaborado en el análisis de las probanzas de la causa luce contradictorio e inadecuado, no conforme a las reglas de la lógica y sana crítica racional.

VII.- Por todo lo expuesto, corresponde anular la sentencia en embate conforme a las siguientes doctrinas legales: "Debe descalificarse por arbitrariedad, la sentencia que efectúa una valoración parcializada, contradictoria e inadecuada del cuadro probatorio de la causa de daños y perjuicios"; "Debe descalificarse por autocontradicción la sentencia que, habiendo imputado culpa de ambas partes, prescinde de ello al momento de fijar el quantum de la indemnización -atribuyéndoselo in totum a una sola de las partes-"; "Debe descalificarse la sentencia por falta de fundamentación al no ofrecer motivos para resolver la improcedencia de ciertos rubros reclamados por cuanto la concurrencia de culpas que estableciera no excluiría la relación causal".

Por lo expuesto, los autos deben volver a la Cámara interviniente a los efectos de que, por intermedio de quien corresponda, proceda a dictar nueva sentencia.

Se advierte muy enfáticamente que todo lo expuesto en esta sentencia nada dice sobre el modo de fallar en el presente caso toda vez que la argumentación aquí brindada lo fue pura y exclusivamente para demostrar la invalidez de la sentencia que finalmente se anula y sobre la argumentación por ella presentada. El razonamiento ofrecido por esta Corte, por ende, no pretende anticipar la solución del caso ni brindar pauta o criterio alguno para resolverlo.

VIII.- Las costas se imponen por el orden causado atento al resultado nulificante del recurso, no imputable a las partes (art. 105 inc. 1 procesal).

El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

Adhiero a las consideraciones que emergen del voto del señor Vocal preopinante, Daniel Oscar Posse, respecto de los antecedentes de la causa, examen de admisibilidad y juicio de procedencia, sin perjuicio de efectuar las manifestaciones que a continuación se exponen.

El agravio de la recurrente fundado en la errónea valoración de las conductas desplegadas por las partes y el desacierto de la conclusión vinculada a la concurrencia de responsabilidades, confrontado con los fundamentos del pronunciamiento impugnado, efectivamente autoriza a admitir la tacha de arbitrariedad que se formula contra el fallo en embate.

El tribunal de alzada analizó separadamente la conducta del actor (considerando 5) y de la entidad bancaria (considerando 6) para concluir (considerando 7) que el primero "no estaba en condiciones de lograr la rehabilitación por falta de presentación de los recaudos establecidos por la Comunicación A 2403" (dado que sólo habría acreditado la presentación ante el banco de los instrumentos vinculados a las exigencias impuestas por la Comunicación A 2400, no así los requisitos establecidos por la Comunicación A 2403), agregando a renglón seguido que "el banco con su conducta, al no formar legajo y omitir informar, impidió o frustró la posibilidad del actor de obtener la rehabilitación".

Del escueto considerando 7 surge entonces, que la Cámara concluyó que la no obtención de la rehabilitación para operar en cuenta corriente por parte del titular oportunamente inhabilitado, era la consecuencia de un déficit en el accionar del propio cuentacorrentista así como de la entidad bancaria. Ahora bien, el criterio adoptado luce infundado no bien se constata que la conclusión referida a la concurrencia de sujetos responsables no está precedida de un análisis circunstanciado de las conductas de las partes, explicitando los motivos por los que se asigna a tales comportamientos el status de causa del perjuicio resultante (no haber accedido el cliente bancario al beneficio de la rehabilitación para continuar operando en cuenta corriente, luego de haber sido inhabilitado por el BCRA).

No puede soslayarse que para justificar un pronunciamiento de condena, el sentenciante debe establecer una relación de causa-efecto entre el accionar antijurídico del agente que se sindica como responsable y el daño resultante; extremos que deben lucir enlazados por un nexo de causalidad adecuada, poniendo en evidencia que la consecuencia lesiva es el resultado lógico y necesario de aquel comportamiento o actividad particular (cfr. Mosset Iturraspe, Jorge, Responsabilidad por daños, T. I, pág. 189 y sgtes.; Cazeaux-Trigo Represas, Derecho de las Obligaciones, T. IV, pág. 735 y sgtes.; Alterini-Ameal-López Cabana, Derecho de Obligaciones, pág. 188; López Herrera, Edgardo, Teoría General de la Responsabilidad Civil, pág. 197 y sgtes.; entre otros); análisis y ponderación que en el sublite, han sido omitidos por el tribunal de grado.

Esta Corte ha expresado en precedentes reiterados que la determinación acerca de la concurrencia de sujetos responsables y de la incidencia de cada conducta en la causación del resultado dañoso, deriva de un proceso valorativo de hechos y pruebas (Pizarro, Ramón Daniel, "Causalidad y factores extraños", en Derecho de Daños, Primera Parte, Ed. La Rocca, pág. 255 y sgtes.), que es de exclusiva incumbencia de los jueces de mérito y por tanto, vedado como principio del control casatorio, salvo que se invoque y se demuestre la arbitrariedad del pronunciamiento (CSJT sentencias Nº 62 del 20/02/2009, "Luna Daniel Guillermo vs. Porcel de Corda Mercedes Graciela y otro s/ Daños y perjuicios; Nº 1072 del 03/11/2008, "Alarcón, Isidro Buenaventura vs. Ascárate Ricardo Joaquín y otros s/ Daños y perjuicios"; Nº 152 del 04/3/2008, "Córdoba Domingo Faustino vs. Compañía Azucarera Santa Lucía S.A. s/ Daños y perjuicios"; Nº 31 del 10/02/2005, "Medina, Héctor Rodolfo vs. Coronel de Farías, Norma Lía y otro s/ Daños y perjuicios"; Nº 1104 del 04/12/2002, "Rocha, Mario Roque y otra vs. René Moreno s/ Daños y perjuicios"; Nº 277 del 23/4/2002, "Orrego, Enrique Sergio vs. José Argentino Cascales y otro s/ Daños y perjuicios"; entre muchos otros precedentes).

En el caso, el pronunciamiento recurrido exhibe un claro déficit de fundamentación toda vez que la Cámara no explicita de qué modo incide en el resultado (la no obtención del beneficio de la rehabilitación del cuenta correntista) el comportamiento concreto de cada una de las partes, para así justificar la responsabilidad concurrente por la que se pronuncia.

Oportuno es recordar que "en un sistema de responsabilidad basado en la denominada teoría de la causalidad adecuada, como lo es el que consagran las disposiciones del Código Civil (cfr. arts. 901, 906 y concordantes),.de entre los distintos factores que concurren a la producción del evento dañoso, únicamente pueden considerarse causa adecuada o eficiente aquellos que sean aptos por sí mismos para producir ese resultado según el curso ordinario de las cosas", advirtiendo que "las restantes circunstancias, en la medida que no son idóneas per se para ocasionar el resultado final, aún cuando puedan en cierta forma coadyuvar a su producción o incluso agravarlo, son meras condiciones que.carecen de virtualidad liberatoria a los fines de la determinación de responsabilidad" (CSJT, sentencia Nº 945 del 29/11/2010, "Arreyes Juan Carlos vs. Municipalidad de San Miguel de Tucumán s/ Daños y perjuicios").

Esta Corte ha señalado que el sentenciante no debe realizar una consideración promiscua de los hechos que concurren en la producción del daño, advirtiendo que distinguir la nociones de causa y condición "no constituye una cuestión bizantina cuyo único fin sea satisfacer un mero prurito conceptual" sino que "dicha distinción, por el contrario, adquiere suma importancia práctica en la materia, al punto que su desconocimiento puede dar lugar a soluciones irracionales, inicuas, contrarias al fin primordial del derecho de daños, que es la reparación integral de todo detrimento injustamente causado" (CSJT, sentencia Nº 487 del 30/6/2010, "Frías Daniel Eduardo vs. Municipalidad de Alderetes s/ Daños y perjuicios").

Como bien ha señalado el Vocal preopinante, la Cámara no sólo no ha ofrecido razones para fundar la concurrencia de sujetos responsables sino que también omitió expedirse respecto del grado de incidencia de cada comportamiento en el resultado final, estableciendo el porcentual de responsabilidad que a cada uno de ellos le cupo. Es que si el tribunal de grado entendió que ambas partes aportaron con su accionar sendas causas, el accionante y el demandado deben soportar el detrimento en la medida en que causalmente lo hayan producido (Pizarro, Ramón D., "Causalidad adecuada y factores extraños", en Derecho de Daños, T. I, pág. 272). El déficit mencionado vicia al pronunciamiento impugnado dado que al establecer la concurrencia de causas del daño necesariamente debió determinar la cuantía del perjuicio que la víctima debía asumir así como el que el demandado estaría obligado a resarcir.

La omisión apuntada se ve agravada al constatar que pese a sostener la existencia de un supuesto de concausa y la consiguiente concurrencia de sujetos responsables, el tribunal finalmente condena a la demandada a pagar la totalidad del quantum indemnizatorio por los rubros cuya procedencia admite (pérdida de chance y daño moral).

Tal como lo destaca el voto preopinante, este proceder resulta autocontradictorio pues la condena, tal como ha sido impuesta (íntegramente a la demandada), va a contrapelo de la concurrencia de causas dañosas y de la pluralidad de sujetos responsables de las mismas.

Asiste razón al recurrente en cuanto afirma que el rechazo de los rubros daño emergente y lucro cesante luce infundado. Ni la mera referencia a la concurrencia de causas ni la mención del art. 34 del CPCC explican la procedencia parcial del reclamo de autos. Es que ni aún en la hipótesis de admitir la concausa -conclusión que, como se dijo, carece de toda motivación- puede ello justificar per se, la procedencia de determinados rubros y la improcedencia de otros.

En el caso, cada manifestación lesiva debe ser analizada a la luz de los hechos invocados para fundarla y de la prueba aportada a la causa, para ponderar si tales daños acostumbran a suceder según el curso natural y ordinario de las cosas a partir de la conducta obrada por el sindicado como responsable. No puede soslayarse que el actor esgrimió que al no acceder al beneficio de la rehabilitación, sufrió perjuicios de índole diversa (daño emergente constituido por gastos afrontados para el rescate de los cheques y pago de multas así como viajes a Buenos Aires para gestionar la rehabilitación, honorarios por compulsas contables, cierre de sus negocios y pérdida de stock de mercadería, ejecuciones judiciales, subasta y pérdida de un inmueble, etc., y lucro cesante constituido por 7 años improductivos de sus negocios, así como daño sicológico, daños al proyecto de vida -dado imposibilidad de continuar con el giro de los negocios- y daño moral derivado de la situación de crisis, posterior divorcio de su cónyuge, distanciamiento de sus hijos, abandono del hogar conyugal, necesidad de procurarse una vivienda, etc.-) que debían ser objeto de un análisis particular para así establecer la adecuación de esas consecuencias dañosas respecto de los comportamientos que se identifican como causa de aquéllas.

Oportuno es recordar que en el sistema del código, la extensión del deber de reparar está directamente vinculada a la imputabilidad fáctica de las consecuencias conforme el juicio de probabilidad en abstracto (arts. 901, 904, 905 y 906 del Cód. Civil) que debe realizar el juez de la causa para así determinar cuáles daños deberán ser asumidos por los sindicados como responsables (Cazeaux-Trigo Represas, Derecho de las Obligaciones, T. IV, pág. 741 y sgtes.; Bueres-Highton, Código Civil y Normas complementarias, T. 2 B, pág. 430 y sgtes.). En el sublite, el tribunal de reenvío deberá analizar separadamente cada rubro reclamado y justificar su procedencia o improcedencia conforme una evaluación particular de la relación causa-efecto y en un todo conforme con los hechos constitutivos de cada perjuicio invocado y la prueba aportada para respaldarlos.

Oportuno es señalar que la imputación de las consecuencias y la consiguiente imposición del deber de reparar, deben superar el previo análisis de cualquier factor que incida positiva o negativamente en la atribución o eximición de responsabilidad para así justificar lo decidido por el juez de la causa.

No puede soslayarse en el caso que, tal como lo menciona el pronunciamiento impugnado al pasar, la rehabilitación del cuenta correntista oportunamente inhabilitado no obliga a la entidad bancaria a continuar la relación contractual con aquél (punto 3 de la Comunicación A 2400, ratificado por informe del BCRA de fs. 612); extremo que luce de ponderación necesaria.

El señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, dijo:

En orden al juicio de admisibilidad, estimo que el recurso debe ser admitido en tanto el recurrente actúa con beneficio para litigar sin gastos por lo que no es necesario cumplir con el requisito de depósito judicial; asimismo la presentación es tempestiva (cfr. cédula de notificación de fs. 805 y cargo actuarial de fs. 816 vta.), escrito recursivo que se basta a sí mismo, haciendo una relación completa de los puntos materia de agravio y en tanto alega fundadamente que la sentencia es arbitraria; que viola el art. 30 CP; infringe normas de fondo y formas; contiene fundamentación aparente y no atiende a la santa crítica, adecuándose a las exigencias de los arts. 751 y 752 del digesto procesal civil.

En cuanto a la alegación de la arbitrariedad de la sentencia que se denuncia en el escrito de casación -en mi opinión- se torna necesario dejar debidamente sentado que la determinación sobre la configuración o no del supuesto vicio de arbitrariedad constituye una cuestión que en puridad hace, no ya a la admisibilidad del remedio extraordinario local, sino a su procedencia, y , por ende, es a esta Corte a quien de manera exclusiva compete determinar si los agravios que en tal sentido se formulan tiene entidad suficiente como para invalidar el acto jurisdiccional en cuestión (cfr. CSJTuc., 27/4/2010, "Juárez Juan Carlos y otra vs. Provincia de Tucumán y otro s/ Daños y perjuicios", sentencia N° 249; 28/10/2010, "Agudo Juan Ángel y otra vs. I.P.S.S.T. s/ Amparo", sentencia N° 820; 28/10/2010, "Argañaraz, César Mauricio vs. S.A. San Miguel A.G.I.C.I. y F. s/ Despido", sentencia N° 822; 17/12/2010, "Centro Vecinal Marcos Paz vs. Municipalidad de Yerba Buena s/ Amparo", sentencia N° 997).

Ello es así pues, tal como lo vengo sosteniendo en distintos precedentes la atribución de arbitrariedad a la sentencia del Tribunal de grado remite a un vicio in iuris iudicando, cuyo examen por esta Corte Suprema de Justicia debe verificarse como una cuestión atinente a la procedencia del recurso de casación, y no a su admisibilidad. La valoración de la plataforma fáctica obrante en el proceso, cuando está enervada por irracionalidad o conclusión de las reglas de la sana critica o, en fin, por resultar absurda, no constituye una cuestión de hecho sino una típica cuestión de derecho -in iuris iudicando- (fundamentos del voto al que he adherido -entre otros- en la causa "Assaf, Hugo Fabio vs. El Cóndor S.R.L. y otro s/ Cobro de pesos (CSJT, Sala Laboral y Contencioso Administrativo, sentencia Nº 513 del 03/8/2010) Acerca de la procedencia del recurso, considero que corresponde su admisión. En el caso, considero que los argumentos expuestos en el voto del señor vocal doctor Daniel Oscar Posse, compartiendo las razones expresadas para concluir que el vicio denunciado emerge configurado, justifica la admisión del recurso interpuesto. En tal sentido es mi voto.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación incoado por la parte actora contra la sentencia de la Sala I de la Cámara Civil y Comercial Común, de fecha 04/10/2011 y, por consiguiente se CASA Y ANULA la sentencia conforme a las doctrinas legales enunciadas, debiendo volver los autos al tribunal interviniente a los efectos de que, por intermedio de quien corresponda, proceda a dictar nueva sentencia.

II.- COSTAS como se consideran.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN (con su voto) ANTONIO GANDUR	DANIEL OSCAR POSSE	(con su voto) ANTE MÍ:

CLAUDIA MARÍA FORTÉ [Dictámen Ministerio Fiscal] Reg: 00032334-06