Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-11-18


2º Instancia.- La Plata, noviembre 18 de 2004.

1º ¿Es justa la sentencia apelada de fs. 663/667 vta.? 2º ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? 1º cuestión. - El doctor Sosa dijo:

El caso a decidir.

En la especie, se está ante un proceso sobre daños y perjuicios, que se iniciara el 16 diciembre de 1994 (fs. 10 vta.), a raíz de un hecho ilícito que sobreviniera el año anterior.

Una década después de promovidas estas actuaciones, que han alcanzado un desarrollo de cuatro cuerpos, culmina la instancia ordinaria, quedando pendiente la posibilidad de transitar por la de naturaleza extraordinaria, ignorándose cuándo sobrevendrá en el tiempo la cosa juzgada.

Sentado ello resulta que se ha dictado una sentencia absolutoria por considerarse, que la víctima conducía a una velocidad mayor a los 100 kms /h. -máxima reglamentaria- y que a raíz de ello embistió a un camión, que había sufrido un desperfecto mecánico, consistente en la salida de las dos ruedas traseras, y debido a lo cual había quedado "clavado" entre la ruta y la banquina, y que como era de noche, a los fines que fuera observado, se habían colocado balizas, consistentes en tarros que contenían gas oil y estopa, que se hallaban encendidos, y estaban a 120 mts. y 60 metros.

Se hizo hincapié igualmente, que no se había infringido la prohibición de la detención sobre la ruta, pues la pérdida de las ruedas configura una emergencia que la propia ley estima una excepción, a la luz de la recta interpretación del art. 59 del inc. 7º de la ley 11.430.

Ello motiva una extensa expresión de agravios de la actora, que se desarrolla desde la fs. 689, hasta la fs. 699, y que sólo es respondida en otra contestación no menos larga por el Dr. M. M. V., según expresa "... por la representación acreditada...", sin individualizarla, que abarca desde la fs. 701 hasta la fs. 710, y no obstante la conducta pasiva de los restantes litisconsortes pasivos, queda evidenciada la intensidad de la porfía.

Paso a abocarme de los agravios expuestos y de la oposición formulada a la misma (arts. 164 y 260, C. Procesal).

La problemática en torno a la aplicación del segundo párrafo "in fine" del art. 1113 del Código Civil.

Comienzo por destacar que el capítulo II de la contestación a la demanda de apelación, del Señor apoderado Dr. V. exterioriza un criterio riguroso al sostener que en la especie el escrito de apelación de la actora no contiene una "crítica razonada y concreta de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas", pues no obstante el énfasis allí expuesto y la cita de la jurisprudencia que realiza, lo cierto es que en el "sub examine" no se configuran los supuestos de hecho aprehendidos en esos fallos.

Si frente a lo consignado en el escrito de fs. 689/699 postulare la declaración de la deserción del recurso, incurriría en la situación del "absurdo", según la creación pretoriana de la Suprema Corte de esta provincia, o de la "arbitrariedad" acuñada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con una violación palmaria de la garantía de la defensa en juicio (art. 18, Constitución Nacional; arg. art. 14, ley 48), Sin perjuicio de ello, si fuera audible la argumentación de la deserción del recurso del apelado, no se explican las extensas consideraciones que se formulan rebatiendo los agravios de la actora, desde fs. 701 hasta fs. 710.

A su vez, los desarrollos que hago respecto de la protesta de la actora, al margen de su atendibilidad, pondrá de relieve cuáles son los agravios de la actora, que no han sido advertidos por el señor apoderado Dr. V.

Puntualizo asimismo, que no es necesario endilgar a la actora que ha incurrido en una "falacia", pues puede herir innecesariamente la susceptibilidad del colega. Y desde luego la utilización de epítetos de tal naturaleza, no sirve para demostrar los agravios o contestar a los que expone la contraparte (véase Carrió "Como argumentar un caso frente a un Tribunal", Rev. Jus, t. 25, p. 43 y sigtes.).

Abordando la crítica de la parte actora, destaco que un elemento de juicio trascendente para resolver el caso, está dado por la valoración de la prueba de perito ingeniero mecánico, que obra en autos a fs. 536/538; complementado por las explicaciones brindadas a fs. 542 (arts. 384 y 474, C. Procesal).

Allí se ha hecho aplicación de los estudios de Kenneth Campbell, sobre la determinación de velocidades en función de las deformaciones, y de la ecuación que se formula en ese cuadrante científico -energía absorbida `por peso del vehículo en estudio- 1/2, que permite obtener la velocidad patrón/peso del vehículo, Y sobre esa base el experto hizo la operación matemática y estimó que el automóvil "Peugeot" conducido por la víctima, al impactar contra el camión desarrollaba una velocidad de 84,77 km /h (fs. 536; 3; 537, 4; 537 vta. 8; arts. 384 y 474, C. Procesal), De ello extraigo, que el conductor del locomóvil "Peugeot", que resultara muerto, no desenvolvía una velocidad mayor a los 100 kms. reglamentarios. Empero lo cierto es, que según se precisa en dicha experticia, el automovilista al aludido ritmo de 84,77 km / h pudo frenar totalmente su móvil a 76,75 metros antes de impactar al camión (arts. 164, 260, 384 y 474, C. Procesal).

Ello pone de relieve que aquél no tenía el pleno dominio del automotor al encontrarse con el obstáculo que engendrara el camión, mas ello no puede computarse como una causal absoluta de exención de la responsabilidad del dueño del transporte de carga (art. 1113, 2º apart. "in fine", C. Civil).

Debe repararse que este último constituye una cosa muy riesgosa, de la que se le habían desprendido las dos ruedas traseras derechas, que engendrara su caída, ocupando parte de la ruta y de la banquina. Ello obviamente acaeció verosímilmente, por no haber adoptado el dueño las medidas de cuidado del mantenimiento de ese vehículo pesado, las cuales debía observar atentamente, para evitar los daños cruentos hacia terceros, como ha ocurrido en la especie con la omisión en que incurrieran los titulares del dominio del camión "Mercedes Benz" (arts. 902, 904, y 1113, 2º apart, "in fine" C. Civil; 164, 260, 384, C. Procesal).

Descarto así, que se trate de un mero "desperfecto mecánico", consistente en la "salida" de dos ruedas traseras del camión, como se consignara en el acta policial de fs. 454/456. Es muy grave la situación del desprendimiento de las ruedas del camión dedicado al transporte de cargas pesadas, para consignar que se produjo un desperfecto mecánico, pues ello debió resultar de la rotura del eje sobre el cual giraban las mismas, lo cual pone al rojo vivo la responsabilidad objetiva del dueño de esa cosa riesgosa, a la luz del citado art. 1113 del Código Civil.

Además, el croquis que complementa dicha acta, aun cuando haya sido hecha sin escala, muestra un grave error al posicionar al vehículo que conducía la víctima en el sector de la banquina, siendo que circulaba por la ruta. Ello quita atendibilidad a lo que se consigna en el acta que se labrara (fs. 454/456; art. 384, C. Procesal).

Asimismo es mi opinión, que no se está ante a una mera emergencia en los términos del inc. 7º del art. 59 del Código de Tránsito, según el texto de la ley 11.768, cuya interpretación puede llevar a considerar que se esté frente a una excepción a la responsabilidad objetiva, pues obviamente cabe estarse al orden jerárquico constitucional, que en el caso está dado por el principio objetivo del riesgo de las cosas (art. 31, Constitución Nacional y 1113, C. Civil).

Insisto en subrayar que la rotura de las ruedas del camión de los codemandados "dueños" del mismo, constituyó un obstáculo grave para el tránsito automotor, aun cuando el chofer hubiera utilizado dos cubiertas sobre las cuales colocara los triángulos reglamentarios, y encendido las luces del camión como se adujera al contestar la demanda (fs. 50), pues ello resultó insuficiente para advertir el grave riesgo engendrado.

En efecto, si el desprendimiento de las dos ruedas traseras del camión, se produjo alrededor de las 19 horas del día del hecho (contestaciones a la demanda de fs. 41, "a" y fs. 50, 7), y la colisión acaeció aproximadamente a la medianoche, como se admite en la contestación a la demanda (fs. 49 vta. 5), es evidente el largo lapso transcurrido, sin que los demandados removieran el grave obstáculo que engendraba para el tránsito automotor, lo que acentúa la responsabilidad de los dueños de dicho camión (arts. 1113, 2 apart. ,C. Civil, 164, 260 y 384, C. Procesal).

Subrayo que la mención que se hace de la doctrina del fallo perteneciente a otra jurisdicción, que se formula a fs. 708 "in fine", no puede aplicarse lisa y llanamente a otro caso, pues obviamente la solución del mismo responde a las situaciones de hecho que allí se aniden, ignorándose si las mismas coinciden con las del "sub examine" (arts. 164, 260 y 384, C. Procesal).

Además de ello, juzgo que aquélla constituye una solución extrema, pues libera en forma absoluta de responsabilidad al dueño de la cosa riesgosa, lo cual no se compadece con la justa solución del caso, a la luz de la doctrina del riesgo que emerge respecto del dueño o guardián de una cosa de esa naturaleza (art. 1113, C. Civil; 2º apart., C. Civil).

Sentado ello puntualizo, que las aludidas circunstancias del inadecuado balizamiento del lugar donde el camión quedara "enclavado" parcialmente en la ruta y en la banquina, realizado por personal de la "Empresa Camino del Atlántico S.A.C.V", y que debe correlacionarse con el largo lapso transcurrido desde el momento en que el accidente ocurrió -alrededor de las 19 horas- y con la circunstancia, que hasta la medianoche de ese día del accidente, no se había removido el obstáculo del tránsito que existía en la ruta, a estar a las constancias del sumario del Tribunal de Menores Nº1 de La Plata (fs. 459), también pone en evidencia la responsabilidad. de la aludida empresa concesionaria (arts. 113, 2º apart. C. Civil; 163, inc. 5º, 164, 260 y 384, C. Procesal) Explicito en torno a ello, que la responsabilidad de la concesionaria de la ruta, no puede ser exonerada por el hecho que un mecánico de la misma hubiera colocado tres latas que contenían pasto seco y trapos viejos, que fueran encendidos con gas oil, según resultan de las actuaciones sumariales ya citadas, que se hallan incorporadas entre las fojas 108 y fs. 109 de estos obrados, que fueran incoadas a raíz que el conductor del camión no lo había conseguido, pues las aludidas latas encendidas, no superaban el riesgo creado, el que quedara subsistente (arts. 1113, 2º apart. C. Civil, 384 y 474, C. Procesal).

En efecto, de la pericia de ingeniero químico que obra a fs. 337/38 y de las explicaciones brindadas a fs. 430/431 vta., surge, que las latas mencionadas precedentemente, no son adecuadas, para señalizar una vía de circulación de las características de la ruta de la cual era concesionaria la empresa "Camino del Atlántico" (artículos citados precedentemente).

Se ha precisado asimismo en dicha experticia, y en las aludidas explicaciones, que existen en el mercado sistemas de señalización adecuado, seguros y de comprobada eficacia, como ser los sistemas de señalización autónomos - v.gr.- marca Signalite, con autonomía de 1000 hs., impermeables y un costo aproximado de $ 45,00 -, juicios técnicos de los cuales no encuentro mrito para apartarme (fs. 337 vta. punto 3, fs. 430/431 vta.; arts. 384 y 474, C. Procesal).

Es más, en dicha pericia se dictaminó a fs, 338, que la aludida empresa "Camino del Atlántico S.A.C.V.A.", no contaba con un equipo para solucionar problemas, como los que son objeto de esta causa (arts. 164, 260, 384 y 474, C. Procesal).

Como corolario parcial de lo expuesto, considero que el occiso por no haber tenido el pleno dominio del vehículo que conducía, sufrió un daño fatal al embestir un camión detenido parcialmente en la ruta y en la banquina.

Y a su vez, que los dueños del camión, por no haber cuidado las condiciones de transitabilidad de un camión dedicado al transporte de cargas pesadas, y no remover en un lapso razonable el obstáculo engendrado en la ruta por el desprendimiento de las ruedas traseras del camión, también contribuyeron en la producción del hecho ilícito originado.

Igualmente reitero la misma conclusión respecto de la empresa concesionaria del mantenimiento de la ruta, por carecer del sistema adecuado de iluminación de las cosas que obstaban la seguridad del tránsito (pericia de ingeniero mecánico ya citada (fs. 337 vta. punto 3º); y por no haber removido el obstáculo engendrado en tiempo razonable (arts. 384, 474, C. Procesal).

Subrayo que la circunstancia que el contrato de concesión entre el Estado y la concesionaria, y su reglamentación, no imponen que cuente con grúas para remover camiones del porte del siniestrado en autos, ello hace a las relaciones de la autoridad que otorga la concesión y este último, y no obsta a que se juzgue ajenas al examen de la responsabilidad objetiva que tiene la empresa demandada con los usuarios (arts. 1113, 2º apart. "in fine", C. Civil, 102, ley 11.430, 164, 260 y 384, C. Procesal) Finalmente, en este capítulo sobre el "an debeatur", aunque pudiera considerarse que se trata de una cuestión pedestre, subrayo que la demanda también se la dedujo contra "Camino del Atlántico S.A.C.V.", por los hechos que han sido objeto de juzgamiento (fs. 2/10), lo cual señalo a los fines de esclarecer la plataforma fáctica del caso (arts. 163 inc. 6º, 164, 260, 384, C. Procesal).

En efecto, al contestar la demanda la aquí apelada incorporó la fotocopia del contrato de concesión de fs. 25/35 (fs. 43 vta. VII, arts. 384 y 474, C. Procesal), y si en virtud de ello dicha litisconsorte admitió que en los "...supuestos de vehículos detenidos en la ruta (sobre la calzada), la concesionaria deba proveer dentro de sus posibilidades, y en base a parámetros racionales, la señalización de tal circunstancia e intentar por sí o a través de equipos especiales la traslación del rodado..." (fs. 41/42), resulta obvio que ello constituye una cuestión introducida por dicha parte en esa oportunidad.

Ello dio pie para que la actora se agraviara como lo hizo a fs. 697 vta. sobre la aplicación del art. 102 de la ley 11.430, y que añadiera como fundamento normativo general a la ley 24.240, sobre la base fáctica que se anida en este litigio (arts. 163 inc. 6º, 164, 260 y 384, C. Procesal).

Pierde así entidad lo que se aduce por la apelada a fs. 703 vta., sobre la introducción extemporánea respecto de una relación de consumo.

En efecto la actora, frente a la desestimatoria de la pretensión contra dicha litisconsorte, pudo agraviarse por la aplicación del derecho que se hiciera en la instancia de origen, pues allí se resolvió que la empresa concesionaria cumplió acabadamente con el deber de seguridad que la ley le exige, con sustento en el art. 102 de la ley 11.430 (fs. 667 y vta.).

Ello motivó el agravio, y al margen de si es correcta la aplicación del fundamento normativo citado a fs. 697 vta. citado por la parte actora, resulta impertinente argüir lo que alega el señor apoderado Dr. V. en punto a que debe "tenerse como no escrita", dicha motivación en esta segunda instancia, desde que ello constituye una cuestión que no forma parte de los hechos, pues el apelante en definitiva se agravia de la interpretación normativa que se ha hecho en la instancia de origen, sobre la base del contrato de concesión acompañado por la propia apelada como prueba documental (fs. 25/35 y fs. 43 vta. VII, a, "a" (arts. 163 inc. 6º, 164, 272 1¿. parte, 384, 484, 2º apart., C. Procesal).

Declarar lo contrario, importaría un absurdo, que celosamente debe evitarse (art. 161, inc. 3º, "a", Constitución Provincial), o de arbitrariedad en el orden federal (arg. art. 14, ley 48).

La valoración integral de la conducta de todos los protagonistas del hecho ilícito.

Aplicando el criterio de la aludida valoración de la doctrina legal de la Suprema Corte, citada por la Sra. Asesora de incapaces (SCBA, Ac. 36391, 23/9/86), o entre muchos otros (DJBA, t. 150, p. 2633),o de lo que se denominara tradicionalmente como culpa concurrente (Cazeaux-Trigo Represas, "Derecho de las obligaciones", t. III, Editora Platense, 1970, p. 235), o de la distribución del daño, donde se aplica generalmente el criterio de la influencia causal de cada culpa (Llambías, "Código Civil Anotado", Abeledo Perrot, t. II-B, p. 444, y autores allí citados), cabe graduar prudencialmente la responsabilidad de los litigantes de autos.

Reitero desde esa perspectiva con relación a la víctima, que ésta no tuvo el pleno dominio de la cosa para evitar la colisión contra el camión incrustado peligrosamente en la ruta, pues a estar a lo que resulta de la prueba de perito ingeniero mecánico, contó con la posibilidad de frenar y superar el obstáculo de tránsito engendrado por la cosa riesgosa (arts. 1113, 2º apart. C. Civil;164, 260, 384 y 474, C. Procesal).

Empero, también no ofrece hesitación la responsabilidad en que incurrieron los dueños del camión de cargas, como ya lo he puesto de relieve, por haber engendrado la causa del accidente en una mayor proporción, al no haber adoptado las medidas pertinentes para verificar y asegurar el buen funcionamiento de un camión destinado a cargas pesadas, o sea, si tal cuidado se hubiera llevado a cabo, habría estado en condiciones de verificar que los ejes de las ruedas traseras estaban o no en condiciones de soportar el traslado de una carga pesada por un camino, como lo hiciera al desplazarse por la ruta interbalnearia donde sobreviniera la pérdida de dichas ruedas, al ser inadecuadas la colocación de latas encendidas a la manera de balizas para iluminar correctamente el obstáculo del tránsito, como surge de la prueba de perito ingeniero mecánico y tomar las medidas razonables para removerlo, en un tiempo adecuado.

Respecto del litisconsorte Diego Sebastián Celdane, que revistara como conductor del camión que contribuyera a engendrar el hecho ilícito, es responsable especialmente porque la colocación de las ruedas que se desprendieran del camión, y sobre las cuales se habrían colocado un juego de balizas plásticas, (fs. 459), resultó manifiestamente insuficiente para advertir el peligro que había engendrado el medio de transporte de una carga pesada de madera (arts. 1113, 2º apart, "in fine C. Civil;164, 260 y 384, C. Procesal).

Añado, que en aquel tiempo era menor de edad, pues sólo tenía 17 años y a la sazón fueron demandados sus padres como responsables. Al cumplir la mayoría de edad, ha comparecido por intermedio de apoderado a estar a derecho, y resulta comprendido por los efectos de esta sentencia (fs. 249/252 y 254, arts. 126, 1114, 1869, 1870, inc. 6º Civil).

Propicio así fijar la responsabilidad de esos codemandados en un 50 % (arts. 1109, 1111, 1113, C. Civil; 164, 260, 384 y 474, C. Procesal).

Gradúo a su vez, la responsabilidad del automovilista que sufriera la muerte en un 20 %, por no haber podido frenar el vehículo riesgoso que conducía, antes de incrustarse con el camión, lo que podría haber logrado si hubiera tenido el dominio del automotor (artículos citados precedentemente).

En otro plano ubico a la responsabilidad de la codemandada "Camino del Atlántico S.A.V.C., pues como empresa concesionaria del cuidado de la ruta, debía controlar los obstáculos riesgosos para el tránsito que se desplazaba por la misma, al no haber balizado adecuadamente advirtiendo la presencia del obstáculo, y a su vez, por no haber removido el camión averiado dentro de un tiempo razonable, gradúo su responsabilidad en un 30 % (artículos citados precedentemente.

Quantum debeatur.

Consideración general.

Como a raíz de la desestimatoria de la pretensión actora en la sentencia de la instancia de origen, no se abordaron los aspectos relativos al "quantum debeatur", se vienen a ampliar los poderes de la Alzada para conocer de las cuestiones planteadas respecto de las cuales no pudo emitir un pronunciamiento el "iudex a quo", y consiguientemente este voto pasa a tener una larga extensión (art. 272, C. Procesal).

Daño material y daño psíquico.

En primer lugar destaco, que no resultó necesario transcribir una carilla sobre jurisprudencia en lo relativo al denominado valor vida, pues resulta obvio que en el ámbito bonaerense, si se considera necesario citar jurisprudencia, cabe recalar necesariamente en la fuente por excelencia de la doctrina legal de la Suprema Corte de esta Provincia, que es la que tiene influencia suasoria sobre los jueces de la instancia ordinaria (art. 161, inc. 3º, "a", Constitución provincial).

Sentado ello señalo, que dicho Alto Tribunal ha declarado que la vida humana no tiene un valor económico "per se", sino que cabe tener en consideración a lo que produce o puede producir. Lo que se mide en signos económicos, no es la vida misma que ha cesado, sino las consecuencias que sobre el patrimonio produce. Es decir, que la valoración de la vida humana no es otra cosa que establecer el perjuicio que sufren aquellos que eran destinatarios de los bienes que el extinto producía (SCBA, Ac. y Sent. 1991-I-697 o DJBA t. 142, p. 115; Ac. y Sent. 1991-I-739, entre muchas otras).

Se ha declarado asimismo a través de la Casación bonaerense, que la cantidad de dinero que fuere necesaria para la asistencia de la viuda e hijos del muerto, tiende a reemplazar el apoyo económico que éste prestaba efectivamente durante su vida a sus familiares, o sea, que la reparación es sustitutiva de los aportes que prestaba el occiso (Ac. 39.373, 13-12-88; Ac. y Sent.1988-IV-550 o ED- t. 132, p. 349).

Por lo tanto, como el desarrollo argumental que se efectúa en relación al rubro que se denomina "lucro cesante", coincide con las razones que nutren el concepto del "valor vida", no cabe sino considerar que media una superposición de reclamos derivados de una idéntica afectación que no es otra que la que produce en la esfera económica de los reclamantes la muerte de quien contribuía, como esposo y padre, al sostenimiento del hogar.

En esa dimensión, y sin que ello importe ninguna discriminación, porque todos los hombres somos iguales (art. 75, inc. 22, 2º parte, Constitución Nacional), lo cierto es que a los fines de fijar la justa indemnización, cabe computar una serie de valores económicos, y entre otros, la praxis judicial, en principio, estima como base la edad, la posible vida útil, el sexo, la educación, la profesión, la posición o la condición social, la aptitud para el trabajo, la capacidad productiva, las ganancias e ingresos, el número de los familiares legitimados, etc., referidos a la víctima, como a quien o quienes reclaman la indemnización.

Entre esos elementos de juicio, y sin que sea necesario traer una prueba certera, se conoce que Enrique Francisco Scocchera, cónyuge y padre de los actores, conducía un automóvil marca Peugeot, modelo 504 STX, del año 1993 (fs. 437/439), o sea nuevo, pues el hecho sobrevino en el mes de diciembre de ese año, cuando circulaba por una ruta Interbalnearia.

Cabe computar asimismo, que la víctima durante el año 1993 revistó como socio de la Sociedad "New Protection", y que percibió durante el año 1993 la cantidad $ 26.773,23, según surge de los libros rubricados de la citada sociedad (fs. 504; arts. 384 y 394, C. Procesal) Ello torna presumible, que el cónyuge y padre de las actoras pertenecía a la clase media de la sociedad argentina, y en consecuencia que sobre esa base abastecía las necesidades del grupo familiar (arts. 163 inc. 5º, 164, 384 y 394. 412/501).

Se extrae asimismo en correlación con ello, a tenor de los testimonios de Beatriz María del Busto (fs. 242), y de Lucía Francisca Pérez (fs. 269 y vta.) que la víctima trabajaba en Ford Autolatina, esto es, una empresa de importancia. Igualmente de este testimonio resulta que también desarrolló la actividad comercial en el ramo de la seguridad, en definitiva, que la familia integrada por la cónyuge y una hija, tenía un buen nivel de vida (art. 384, C. Procesal).

Se sabe igualmente, que el occiso tenía 48 años, y en concordancia con lo precedentemente expuesto, que el mismo se encontraba casado con la actora, así como que a la sazón era padre de una hija de 7 años, a través de la valoración de la prueba documental. (art. 384, C. Procesal).

Al aludido cuadro cabe añadir, que de la prueba resultante del beneficio de litigar sin gastos, se extrae que las actoras viven en casa propia, con dos dormitorios, living, comedor, cocina, baño y garaje. Surge asimismo que cuando vivía el occiso, tenían otra situación económica favorable.

Otro elemento de juicio consiste en que la cónyuge supérstite percibe actualmente una pensión (arts.164, 260, 384, C. Procesal).

Cabe añadir en este rubro el reclamó sobre los gastos hechos en el funeral del muerto, y que se estimara en la cantidad de $ 3.000,00, la cual resulta razonable pues se adecua a lo que indican las máximas de la experiencia universal, exageración que cabe tener por efectuada a la luz de esos principios (arts., 164, 384, C. Procesal).

Otra situación que cabe evaluar en este cuadrante del daño material, atañe a la reclamación formulada desde el punto de vista del denominado daño psíquico, que queda absorbido por el daño mencionado en primer término.

En torno a ello la Suprema Corte tiene declarado, que los arts. 1109 y 1113 del Código Civil no distinguen entre daño físico y psíquico, pues se refieren simplemente a "daño" e inequívocamente incluyen tato uno como a otro (L 41.225, 14-3-89, Ac. y S, 1989-I-334 o DJBA, t.36, p. 159, entre otras).

Y ha añadido, que los perjuicios indemnizables por daño psíquico y físico están comprendidos dentro del daño material, atento las diferencias del rubro en cuestión respecto del daño moral, las que van desde su origen (en un caso de tipo patológico y en el otro no) hasta la entidad del mal sufrido, material uno, inmaterial el otro, con la proyección de efectos dentro del ámbito jurídico procesal en materia probatoria (el primero requiere de pruebas extrínsecas, en tanto el restante se prueba en principio "in re ipsa" (SCBA, L 58.286, 19-8-77, DJBA, t. 153, p. 223; Ac. 64.248, 8/9/98).

En suma, el denominado "daño psicológico" no posee autonomía en lo que respecta al ámbito indemnizatorio, quedando comprendido dentro del daño material, atento las diferencias que presenta respecto del daño moral (SCBA, Ac. 58.505, 18/4/98).

Con tal alcance cabe evaluar la pericia de psicóloga de fs. 320/321 vta. y explicaciones de fs. 364/365 vta.), que dictaminara desde el punto de vista psicológico que el tratamiento de las actoras -madre e hija- debe llevarse a cabo en un lapso no menor de veinticuatro meses, a razón de dos sesiones semanales, que estimó en el valor de $ 50,00 por sesión (arts. 1086, C. Civil, 164, 384 y 484, C. Procesal).

Ello a su vez, se correlaciona con la fotocopia de las historias clínicas de la niña V. L. S., expedidas por el Hospital de Pediatría Prof. Dr. Juan P. Garrahan S.A.M.I.C. sobre el problema constipación (fs. 394/400 y fs. 415/428), y la Clínica Privada Haedo (fs. 401/414); arts. 384 y 394, C. Procesal).

En cambio, cabe prescindir de la reclamación inatendible de fs. 4, C, sobre lo que las actoras aducen respecto de la caracterización del denominado valor vida, para fijar el monto indemnizatorio derivado de la muerte del cónyuge. Y en función del restante bagaje probatorio apreciado, conjugo las máximas de la experiencia universal sobre los perjuicios computables del daño material, y en atención a la circunstancia que el damnificado directo contribuyó parcialmente a la producción del daño, postulo fijar este rubro en la cantidad de ciento cincuenta mil pesos ($ 150.000,00), que deben distribuirse en partes iguales, entre la madre y la hija (arts. 1068, 1084, 1109, 1111, C. Civil; 164, 165, 384, C. Procesal).

Daño moral.

La caracterización del daño moral que se formulara en la demanda es correcta, y subrayo en tal sentido que es evidente que la muerte del cónyuge y del padre de la hija, ha producido una grave lesión a los derechos extra patrimoniales (art. 1078, C. Civil).

Tengo en cuenta, que la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, tiene sentado que el daño moral tiende a reparar, entre otros, las afecciones legítimas en los sentimientos, o padecimientos no sólo físicos o espirituales que los originen, relacionados causalmente con el hecho ilícito, como ocurren en el "subexamine" (art. 1078, C. cit.; Ac. y Sent, 1988-I-38; 1989-I-334; 1995-III-635, Ac. 78.200, 18/6/2003, LLBA 2003, 1343).

En consecuencia, conjugando la ya referida situación que el damnificado directo contribuyó parcialmente a la producción del hecho ilícito, postulo fijar este rubro a favor de la cónyuge supérstite y la hija, en la cantidad de cien mil pesos $ (100.000,00), que debe distribuirse en partes iguales (arts. 1078, C. cit. y 165, C. Procesal).

Destrucción total del vehículo.

Volviendo al punto de partida la actora alegó la destrucción total del vehículo "Peugeot" 504 SKT del año 1933, y reclamó desde ese vértice la cantidad de $ 21.500.00 De la valoración de la prueba de perito ingeniero mecánico, surge que los daños emergentes en el vehículo "Peugeot" se encuentran en la parte frontal, con rotura de parabrisas, y deformación permanente de su trompa, y capot, que se propagó a la estructura, produciendo averías en el techo y puertas (fs. 536, 1), añadiendo que dicho móvil recibió una fuerza principal e importante de comprensión de adelante hacia atrás, que se propaga a su estructura (fs. cit. 2; arts. 384 y 474, C. Procesal).

Se dictaminó asimismo, que el valor aproximado de un automotor de esa marca, modelo 1993, en buen estado de conservación, en el mercado del usado ascendía a la fecha en que sobrevino el daño a la cantidad de $19.500,00 (fs. cit. arts. cit.) Dado lo que indican las máximas de la experiencia universal, en concordancia con lo que surge de las actuaciones tramitadas ante el Jugado del Tribunal de Menores Nº 1 (fs 483/488), cabe tener por cierto que sólo puede tener el valor ínfimo de la chatarra (arts. 1094, C. Civil; 163, inc. 5º, 384, C. Procesal).

En correlación a la graduación propuesta respecto de la participación concurrente de las partes en las causas que originaron el hecho ilícito, postulo conjugando todas estas circunstancias, fijar este rubro en la cantidad de $ 12.580,00 (arts. 1094, C. Civil; 163, inc. 5º, 165, 384, C. Procesal).

Obligaciones "in solidum".

Como existe un litisconsorcio mixto cabe puntualizar, que las obligaciones del causante del daño y del responsable indirecto, no son solidarias sino de las que en doctrina se llaman "in solidum" o más propiamente concurrentes, consistiendo en aquellas que tienen un mismo acreedor e identidad de objeto. Como corolario puede dirigirse el reclamo en forma concreta a cada deudor (arts. 1081 y 1109, C. Civil; 88, C. Procesal; SCBA, 1995-IV-247 o DJBA, t. 145, p. 209).

Intereses.

Habiéndose solicitado que al monto indemnizatorio se adicionen los intereses, postulo acoger esta petición (arts. 508, 511, 1109, C. Civil; 163 inc. 6º, C. Procesal).

En consecuencia, corresponde aplicar la tasa de los intereses que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires, en los depósitos a treinta días, vigente durante los distintos períodos de aplicación, que deben computarse desde que se produjo el daño y hasta el día del efectivo pago (art. 622, C. Civil; SCBA, DJBA, t. 142, p. 191, Ac. y Sent. 1994-III-72; entre muchas otras).

Aseguradora.

Como han sido citadas en garantía la "Compañía Argentina de Seguros Visión S.A. (en liquidación), y "Sud América Compañía de Seguros de Vida y Patrimoniales S.A.", señalo en lo que interesa a esta litis, que las mismas -por el contrato respectivo- han asumido la obligación de mantener indemne a los asegurados (art. 109, ley 17.418), quienes resultan ser los únicos acreedores de esa prestación, no mediando ninguna relación obligacional entre el tercero y el damnificado y las aseguradoras. El contrato es celebrado en interés del asegurado y mediante la citación prevista en el art. 118 de la ley ya citada, los aseguradores son llamados a juicio para que cumplan la prestación debida a los respectivos únicos acreedores (SCBA, Ac. 39,505, 7/12/98, Ac. y Sent. 1980 -IV-641) Voto, en consecuencia, por la negativa.

El doctor Marroco dijo:

Que por análogas razones a las ameritadas por el colega preopinante, adhería a la solución propuesta y, en consecuencia, también vota con el mismo alcance por la negativa.

2º cuestión.- El doctor Sosa dijo:

En atención al acuerdo alcanzado, en cuanto ha sido materia de recurso de apelación y agravios, postulo: 1º) revocar la sentencia apelada que: a) desestima la pretensión deducida por Doña Carmen Rosa Herminia Ancichs por sí y en representación de su hija V. L. S., contra la demandada Diego Sebastián Celdane, Rosa M. Segovia, Eustaquio Juan Celdane y "Camino del Atlántico S.A.C.V.", sobre indemnización de daños y perjuicios, la que se acoge con costas, y b) fijar en concepto de daño material los montos de Ciento setenta y dos mil quinientos ochenta pesos (150.000,00 + 12.580,00), y por daño moral, la cantidad de Cien Mil pesos ($100,000,00), habiéndose computado que la víctima contribuyó a la producción del hecho ilícito en la proporción del 20 %; 2º) declarar que: a) la responsabilidad de Diego Sebastián Caldani, Rosa M. Segovia y Eustaquio Juan Caldane alcanza al 50%, y la de Camino del Atlántico SACV a la proporción del 30%.; b) las obligaciones resultantes de esta sentencia revisten la calidad de "in solidum" o concurrentes; 3º) se imponen las costas de ambas instancias a todas las partes, en la misma proporción en que se ha graduado la conducta de las mismas en la producción del hecho; 4º) se hace extensiva la condena a las aseguradoras en los términos del art. 118 de la ley 17.418. Así lo voto.

El doctor Marroco dijo:

Que por idénticos motivos votaba en igual sentido que el doctor Sosa.

En virtud del acuerdo logrado 1º): se revoca la sentencia apelada que: a) desestima la pretensión deducida por Doña Carmen Rosa Herminia Anchis por sí y en representación de su hija Virginia Laura Cochera, contra la demandada Diego Sebastián Celdane, Rosa M. Segovia, Eustaquio Juan Celdane y Camino del Atlántico SACV, sobre indemnización de daños y perjuicios, la que se acoge parcialmente con costas, y 2º) se fijan en concepto de daño material los montos de Ciento setenta y dos mil quinientos ochenta pesos (150.000,00 + 12.580,00), y por daño moral la cantidad de Cien Mil pesos ($100,000,00), con más sus intereses a la tasa pasiva que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a treinta días, vigente durante los distintos períodos de aplicación; 3º) se condena a pagar el importe de la liquidación pertinente dentro del plazo de diez días de estar firme o consentida la misma; 4º) se declara que: a) la responsabilidad de Diego Sebastián Celdane, Rosa M. Segovia y Eustaquio Juan Celdane alcanza al 50%, y la de "Camino del Atlántico SACV", en la proporción del 30 %; b) las obligaciones resultantes de esta sentencia revisten la calidad de "in solidum" o concurrentes 4º) se imponen las costas de ambas instancias a todas las partes, en la misma proporción en que se ha graduado la conducta de éstas en la producción del hecho ilícito. 5º) los efectos de esta sentencia se hacen extensivas a "La Compañía Argentina de Seguros Visión S.A. (en liquidación), y "Sudamérica Compañía de Seguros de Vida y Patrimoniales S.A." en los términos del art. 118, 2º apart. de la ley 17.418.- Gualberto L. Sosa.- Carlos S. Marroco.