marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Registro de marca, seudónimo
Materia: COMERCIAL
Carátula: CARTIER INC. c/ MIRONESCU ATANASE s/ NULIDAD DE MARCA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-11-05

Para la proyección del seudónimo al ámbito marcario, correspondería ajustarse a lo dispuesto en el art. 3 inc.h) de la ley marcaria que expresa: "No pueden ser registrados:...inc. h) el nombre, seudónimo o retrato de una persona, sin su consentimiento o el de sus herederos hasta el 4to. grado inclusive". Objetivamente, no es el caso de autos, porque JEAN CARTIER no es un seudónimo de otro, en el caso de CARTIER INCORP, y, como lo señaló la Sala B de la Cámara Civil, no puede aceptarse que el seudónimo sustituya íntegramente al nombre civil, pues debe reconocerse algún límite al ejercicio de la actividad de la elección del seudónimo y su utilización pública y en las necesidades del ordenamiento de la vida colectiva.
Infracciones aduaneras, prescripción de la acción penal, interpretación de la ley
Materia: PENAL-ADUANERO
Carátula: Bossi y García S.A. (TF 5932-A) c/ DGA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-08

Corresponde revocar la sentencia que rechazó la excepción de prescripción de la acción penal aduanera si el criterio del precedente "Wonderland S.R.L." (Fallos: 332:1109) -que estableció que de la letra del art. 937, inc. a, del Código Aduanero surge claramente que la interrupción de la prescripción se produce por la sola circunstancia del "dictado" del auto respectivo- resulta plenamente aplicable respecto de los alcances que cabe atribuir al art. 68, inc. b, de la ley 11.683 (t.o. 1978), vigente al momento de los hechos, puesto que éste, al establecer que el curso de la prescripción de la acción penal se suspende "desde la fecha de la resolución condenatoria", no requiere -al igual que el art. 937, inc. a, del código mencionado- que el acto respectivo sea notificado al sumariado para que tenga virtualidad suspensiva (Disidencia del Dr. Enrique Santiago Petracchi).
Responsabilidad internacional del Estado, delitos contra la humanidad, debido proceso, defensa en juicio
Materia: PENAL
Carátula: Lobbosco Héctor Francisco c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-08-05

El voto concurrente postuló desechar enfáticamente todo intento de cumplir con los compromisos internacionalmente asumidos por el Estado nacional en lo que concierne a los delitos de lesa humanidad, por cualquier manera que no sea la que respete las formas sustanciales del proceso penal, pues aquel objetivo jurisdiccional no puede alcanzarse a costa de las garantías constitucionales del debido proceso y defensa en juicio, menos aún, pasándose por alto los principios emergentes dela forma republicana de gobierno, del orden constitucional y de un Estado de Derecho. (Dres. Riggi, Gemignani -voto concurrente-, Catucci).
Honorarios del abogado, pacto de cuota litis
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Pellegrino, Luis c/ Olea, José Vicente y otros s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-03-03

Los rasgos típicos viscerales que caracterizan al pacto de cuota litis son: 1) que el profesional se haga partícipe en el resultado del proceso, pactándose sus honorarios en monto que exceda el tope máximo arancelario, en una cuota parte del objeto materia del pleito, 2) que el resultado del proceso sea aleatorio, 3) que el litigio tenga por objeto un bien susceptible de apreciación pecuniaria.
Honorarios del perito, pago, régimen de consolidación de deudas, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Sociedad Anónima Establ. Vitivinícolas Escorihuela c/ Instituto Nac. de Vitivinicultura s/ juicio de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-21

El ejercicio de la opción que otorga el art. 77 del C.P.C.C.N.

importa transmitir a la actora todos sus derechos (en la proporción indirecta) respecto de la deuda, de manera que esa parte sólo podría reclamar del Estado deudor en los mismos términos en que lo habría hecho el cedente, esto es a través de alguna de las formas previstas en la ley 23.982, de acuerdo a la opción de pago pretendida.

El pago en efectivo, importaría permitirle al perito soslayar la forma de pago prevista en la ley 23.982, y hacer cargar a la actora, con las consecuencias de la consolidación, colocándola en una situación distinta que la del acreedor original.

Por lo demás, no podría -como lo hace la juez a quo-, apelarse a la facultad conferida por el art. 1º de la ley 23.982 y hacer una interpretación a contrario sensu para desestimar el planteo de la actora, por cuanto la situación prevista en la norma parte de un supuesto fáctico distinto al aquí contemplado.
Sobreseimiento, requerimiento de instrucción, falta de requerimiento de instrucción
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Ministerio Público -Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones con competencia en lo Penal Contravencional y de Faltas nº 2- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Guzmán, Luis José Hilario s/infr. art(s) 81, oferta y demanda de sexo en espacios públicos -CC-.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-05

En la decisión de la Cámara que resolvió sobreseer al contraventor, los jueces expusieron que era su obligación controlar -de oficio- el desarrollo del procedimiento cuando se encuentran comprometidos aspectos que atañen al orden público y, en función de ello, concluyeron que se había producido una nulidad de carácter absoluto en el acto de inicio de este proceso debido al incumplimiento de las formas previstas por la ley que hacen a la intervención del Ministerio Público Fiscal, al no observarse las previsiones del art. 81 del CC que impone que sólo se puede proceder al inicio de las actuaciones por decisión de un representante del Ministerio Público. (Voto del Sr. Juez José O. Casás).
Accidentes de trabajo, accidente in itinere, daño resarcible
Materia: LABORAL
Carátula: Otal Leonardo Ezequiel c/ Galeno ART SA s/ Accidente-ley especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-03-26

El art. 3 de la ley 26.773 no excluye a los accidentes in itinere de la indemnización adicional que prevé. Corresponde una interpretación amplia el citado art. 3 que tome en cuenta el objetivo del régimen dentro del cual se inserta esa norma, cual es -como lo expresa el art. 1 de la ley 26.773- la cobertura de los daños derivados de los riesgos del trabajo con criterios de suficiencia, accesibilidad y automaticidad. También hace foco en la reparación del daño que padece el trabajador como consecuencia de un accidente de trabajo. El hecho de que establezca una indemnización adicional de pago único "cuando el daño se produzca en el lugar de trabajo o lo sufra el dependiente mientras se encuentre a disposición del empleador", no tiene por objeto excluir a los accidentes in itinere de tal prestación. La interpretación armónica de la totalidad del régimen de accidentes de trabajo lleva a concluir que al hacer referencia al daño sufrido por el dependiente mientras se encuentra "a disposición del empleador", como un supuesto distinto al daño producido en el lugar de trabajo, el artículo citado no excluye, sino que precisamente incluye, entre otros supuestos, a los accidentes in itinere. (Del voto del Dr. Fera).
Administración Pública, facultades discrecionales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CABALLERO MARTIN, CARLOS Y OTROS c/ PROVINCIA    DE   SANTA  FE  -DECRETO  PODER  EJECUTIVO  N.  4018/90- s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ILEGITIMIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-12-27

Si se admite la revisibilidad de los actos discrecionales de la Administración Pública (artículo 12, inciso c, Ley 4106), el órgano jurisdiccional vendría a sustituir a la administración en la apreciación sobre la conveniencia u oportunidad de la medida, apreciación que la ley, justamente, quiso dejar a la autoridad administrativa. Por otra parte, en ese caso le faltaría a la autoridad jurisdiccional la norma o pauta que le permita juzgar la legalidad de la resolución administrativa.
Daños y perjuicios, establecimientos educacionales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gonzales, Luis M. y otra c/ Dirección Gral. de Escuelas de la Prov. de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-02-03

No hay duda de que en el servicio oficial de la educación anida una obligación accesoria y tácita de seguridad, la cual, a la manera de una garantía objetiva de preservación de la vida humana, de la integridad psicofísica y de los bienes todos, subyace en ciertas figuras contractuales y en diversas situaciones extracontractuales, como emanación del deber genérico de no dañar -"alterum non laedere" - y en resguardo de la incolumnidad de las víctimas.
Despido, derechos del empleador, salud del trabajador, accidentes de trabajo, mobbing, rechazo de la demanda
Materia: LABORAL
Carátula: G., A. F. c/ Big FS S.A. s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-22

Corresponde rechazar la demanda por despido entablada por una trabajadora que adujo padecer hostigamiento debido a que el empleador le enviaba controles médicos domiciliarios y la intimaba por inasistencias, en el marco de un conflicto motivado por un accidente de trabajo sufrido por la actora, dado que no puede considerarse acreditado que la actora sufriese algún tipo de mobbing, pues la accionada se limitó a ejercer la facultad de control médico otorgada por el art. 210 de la LCT y a requerirle telegráficamente a la actora que justificase sus ausencias adjuntando los certificados médicos pertinentes, por lo cual no puede considerarse dicha conducta patronal como hostigamiento laboral. Asimismo, la trabajadora no invocó hechos, conductas u omisiones de la demandada que revelen la comisión de actos ilícitos y prohibidos, que configuren acoso laboral.
Recusación, recusación con causa, defensa en juicio, interpretación restrictiva
Materia: PROCESAL
Carátula: TRANSPORTE  VERNAZZA  SRL c/ KUHNE Y NAGEL  SA s/ incidente derecusación con causa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-28

El instituto de la recusación con causa tiene por finalidad asegurar la imparcialidad que debe primar en el ejercicio de la función jurisdiccional, de donde se desprende que está dirigida a proteger el derecho de defensa del particular, pero con un alcance tal que no perturbe el adecuado funcionamiento de la organización judicial. Para apreciar la procedencia del planteo corresponde atender tanto al interés particular, cuanto al general, el cual se puede ver afectado por el uso inadecuado de este medio de desplazamiento de los jueces que deben entender en el proceso (conf. CSJN, dictamen de la Procuradora General, in re "Industrias Mecánicas del Estado c/Borgward Argentina SA y otros", del 30-4-96, publ. en E.D., 171-160; CNCiv., Sala "A", in re "Delaunay, Gastón R. s/suc.", del 23-5-94; esta Cámara, Sala I, causas 6460 del 26-9-94; 53.951 del 30-5-96; 2716 del 17-7-97; 6004 del 17-2-98, publ. en E.D., ejemplar del 28-6-99; 8412 del 16-11-00 y 12.037/02 del 26-12-02, entre otras; Falcón, Enrique M., "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", ed. Abeledo-Perrot, t. I, p. 255, nota 17.9.1.; Fassi-Yáñez, "Código Procesal Civil y Comercial", ed. Astrea, 3a. ed., t. 1, p. 226). Este instituto es de aplicación restrictiva porque implica una perturbación del desarrollo normal de la función judicial y, toda vez que es un acto grave porque se vincula con la garantía del juez natural y con el respeto que se le debe dar a la investidura del magistrado, no es admisible que se la deduzca sin un fundamento relevante (conf. esta Cámara, Sala I, causas 4969 del 3-5-94; 17.516 del 10-11-94; 53.269 del 15-8-96; 2716 y 6004 cit.; 7497/01 del 27-9-01 y 12.037 cit.; Sala II, causa 4359 del 20-8-93, entre otras).
Contrato de trabajo, extinción del contrato de trabajo, incapacidad, jubilación por invalidez
Materia: LABORAL
Carátula: MIRANDA CARLOS ONOFRE c/ BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA s/ ENFERMEDAD    -   CASACION  LABORAL  -  JUBILACION  POR  INVALIDEZ  -  INDEMNIZACION ART. 212 - 4* P LCT. VALDEZ CALIXTO F. c/ FRIGORIFICO CARNEVALI S.A.I.C. s/ DEMANDA  -  CASACION  LABORAL - INCAPACIDAD - INDEMNIZACION ART. 212,  4* PARR. L.C.T. - DECRETO  REGLAMENTARIO DE LA LEY 9688: APLICABILIDA BENEGAS TOMAS c/ JOSE MINETTI Y CIA. LTDA. S.A.C.I. s/ INDEMNIZACION  -  RECURSO DIRECTO - INCAPACIDAD - ART. 212 4* PARR. L  C.T. - JUBILACION POR INVALIDEZ -
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1986-12-01|1987-04-30|1987-05-29

La indemnización prescripta por el art. 212, 4° Párrafo LCT es independiente del beneficio jubilatorio por invalidez, ya que se trata de situaciones diversas que se resuelven en distinto ámbito y con diferente finalidad. Para la procedencia de esta indemnización (conceptuada como patrimonialización de la antiguedad) deberá demostrarse que la ruptura del contrato de trabajo fue impuesta por incapacidad absoluta y permanente del trabajador para el cumplimiento de las prestaciones que impone; supuesto que será necesario verificar según las particularidades de cada caso. En la otra situación se trata de obtener un beneficio jubilatorio (cuyo trámite no es condición para el ejercicio de la acción de que se trata), el que por imposición legal normalmente se concede en forma provisional. Pero esta circunstancia no obsta para que el interesado pueda demostrar por otra vía que su incapacidad es definitiva, enmarcándose así en la disposición legal.
Amparo por mora, deber de juzgar, cuestiones de hecho y prueba
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: "Tubos   Trans   Electric  SA c/ EN  -M°  Producción-  SIC  (S01:241841/10) s/ amparo por mora".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-01-13

En el amparo por mora corresponde fallar sobre la situación fáctica existente al momento de su dictado (Sala V "Empresa General Urquiza SRL c/CNRT s/Amparo por mora", 19/06/2001) (Cons. X.3).
Constitución Nacional, inconstitucionalidad, decretos provinciales, escribanos públicos
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL
Carátula: Torterola, Juan Emilio c/ Buenos Aires, Provincia de s/ inconstitucionalidad ley 10.542, decreto 406/87.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-26

La indicación que exige el decreto 142/89 de Buenos Aires, en el pedido de certificación, del notario local que intervendrá en el acto notarial, constituye el eslabón inicial de un procedimiento viciado en la finalidad que lo informa, es decir, crear recaudos previos a la inscripción de los títulos foráneos en desconocimiento de la cláusula del art. 7 de la Constitución Nacional y de la ley 17 801.
Propiedad horizontal, expensas comunes, expensas ordinarias, locación de inmuebles, obligaciones del locatario
Materia: CIVIL
Carátula: VAZQUEZ MAITEGUI, FERNANDO c/ MAC DONELL, EDUARDO MIGUEL s/ LOCACION DE COSAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-07-08

Siendo el pago de expensas de un edificio en propiedad horizontal una carga en cabeza del propietario, de acuerdo al art. 17 de la ley 13.512, ella puede trasladarse al inquilino por expresa convención de partes. Pero si en el respectivo contrato dice que los gastos de expensas durante el término de la locación serán por cuenta del locatario debe entenderse que se refiere a las expensas comunes ordinarias y no a las extraordinarias que continuarán a cargo del propietario.
Estado Provincial, Municipalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA Y OTROS c/ MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1988-04-27

El Estado Provincial obró dentro del ámbito de sus facultades propias al legislar sobre el horario del comercio en el territorio provincial, reglamentando su apertura y cierre, mediante los Decretos nros. 4963/71, 2652/71 y 5206/77, de conformidad a lo preceptuado por los artículos 81, incisos 2do. y 3ro. de la Constitución de la Provincia , la remisión que prevé el inciso 2do.

al Régimen Económico y del Trabajo establecido en la Sección II de la Constitución mencionada, y las atribuciones que le concede al Poder Ejecutivo el artículo 135 inciso 25 de la Ley fundamental de la Provincia

Consecuentemente las Municipalidades, que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 8vo. del Decreto 5206/77 son órganos de aplicación y control , no tienen facultades delegadas en dicha materia ni expresa ni implícitamente

El régimen jurídico establecido por la Constitución Provincial en su Sección VIII , es la de un órgano político y administrativo cuyas facultades emanan de la Carta Provincial y de la Ley Orgánica que en su consecuencia , se dicte por la Legislatura

Del catálogo de atribuciones que a dichas instituciones le acuerda el artículo 195 inciso 4to., de la Constitución Provincial y la Ley Orgánica 3001, no surge que tengan facultades para reglamentar el horario del comercio en el ámbito de su competencia territorial

La primera, en el apartado d), del artículo e inciso citado , le acuerda facultades para inspeccionar respecto de las condiciones de salubridad e higiene de todo establecimiento público o industrial;

mientras que la 2da. la autoriza a reglamentar la instalación, ubicación y funcionamiento de establecimientos comerciales, industriales o de otra índole y viviendas , en lo relativo al Desarrollo Urbano (artículo 11, inciso 8vo., 1ra. parte y apartado b), de la Ley 3001)
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia no firme, nulidad procesal, prueba
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: D., A. H. c/  s/ DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL GRAVEMENTE ULTRAJANTE- CORRUPCION Y PROSTITUCION, PROMOCION Y FACILITACION DE CORRUPCION DE MENORES DE 18 AÑOS CALIFICADO VICTIMA MENOR DE 13 AÑOS-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-12-03

El pronunciamiento sometido a control de constitucionalidad -decreto que en primera instancia rechazó el planteo del recurrente de invalidez e inadmisibilidad de la declaración en Cámara Gesell de una menor- no reúne el carácter de definitividad exigido por el artículo 1 de la ley 7055 para ser objeto del recurso de inconstitucionalidad; y si bien la presentante hace referencia a que la decisión cuestionada causaría un gravamen irreparable en tanto restringiría la libertad del encartado con anterioridad al fallo final de la causa, lo cierto es que esas alegaciones resultan insuficientes en orden a demostrar que el perjuicio invocado sea consecuencia de la resolución aquí atacada. - CITAS: CSJN: Fallos 310:2733; 314:657; 316:341; 314:377; 316:1943; CSJStaFe: AyS T 134, p 43; T 158, p 237; T 170, p 363; T 100, p 453; T 110, p 83; T 129, p 382; T 175, p 61. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 7055, artículo 1
Cobro de sumas de dinero, transporte de pasajeros, tasa municipal, doctrina de los actos propios, defensa en juicio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Rotonda Group S.A C/ Empresa San José S.A s/ cobro de pesos c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-06-08

El planteo de inconstitucionalidad efectuado por quien estuvo sometido a un régimen indudablemente por propia decisión -en el caso, el deudor de la tasa por el uso de andén de la terminal municipal fijado por las Ordenanzas N°s. 12.092/16 y 12.102/17-, queda enmarcado en la teoría de los actos propios, la cual es una verdadera limitación del derecho de defensa; de modo que, lo que antes se reconoció, ahora no puede ser negado a través de una tacha de inconstitucionalidad a menos que, por hipótesis, se invoque algún vicio invalidante de la conducta primigenia.
Recurso de inconstitucionalidad, procedencia del recurso, derivación no razonada del derecho vigente, juicio, partes, transacción extrajudicial, desistimiento, mandante, mandato
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: CARRARA, MIGUEL F. c/ YACONO, JOSE MANUEL s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-05-15

Asiste razón al impugnante al señalar que para rechazar la consignación efectuada, los Jueces obviaron todo análisis de la relación jurídica que uniera al abogado actor con el demandado de autos, achacando particularmente a la Cámara que , para resolver, se basó de modo excluyente -como lo había hecho el Juez de primera instancia- en lo decidido por la misma Sala con respecto al acuerdo de base (Convenio de cesión de derechos y acciones - Transacción extrajudicial) entre otras partes, mas sin analizar lo relativo al mandato que unía al recurrente con ambos y a su actuación como abogado, sus posibilidades, su buena fe y condición de sujeto extraño al negocio madre, además de la circunstancia de no haber sido citado al juicio de ineficacia y de haber sido dicho pleito resuelto varios años después de su actuación y una vez agotado el mandato recibido de las partes; lo que evidencia el desenfoque en que han incurrido los Juzgadores, que permite colegir que el acuerdo de Sala recurrido no constituye una derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las circunstancias comprobadas de la causa.
Recurso de inconstitucionalidad, realismo económico, sentencia arbitraria, locación, intereses punitorios, cláusula penal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BOETTO, SANTIAGO c/ SOTOMAYOR, MARIO CARLOS ALBERTO Y OTROS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD. JUICIO EJECUTIVO (EXPTE. C.S.J.  NRO. 60 AÑO 1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-07-06

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto desde que la conclusión a que arribó la Sala en torno a que, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 1197 del Código Civil "...los jueces carecen de facultades para modificar los contratos concertados por las partes so pretexto de equidad..." importa desinteresarse de la realidad del caso concreto y rehusar su análisis, pese a que fue expuesto por el recurrente al agraviarse de la aplicación al caso del interés del 12 % mensual fijado contractualmente como cláusula penal.

De este modo, la sentencia -por mayoría, vale aclararlo- convalidó un supuesto que claramente vulnera las normas contenidas en los artículos 21, 953, 954 y 1071 del Código Civil. Y ello es así pues, en el caso, la aplicación de los intereses punitorios tal como fueron pactados por las partes en el contrato de locación -más allá de la naturaleza y función que tiene y cumple la cláusula penal-, excede de modo exorbitante los límites que imponen la moral y las buenas costumbres, pues, por su elevado monto, estos guarismos no guardan ninguna relación porcentual con el capital que los produce.

Y la confirmación por la Alzada de este procedimiento con el mero argumento del apego a la letra de lo pactado, es lo que configura la irrazonabilidad de la decisión. (Del Voto del Dr. Gutiérrez)