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Despachante de aduana, responsabilidad del despachante de aduana, eximentes de responsabilidad, prueba, exportador, mandatario, mandato comercial, declaración inexacta de mercaderías
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Dinel S.A. Y Hugo Alberto Ruggeri (T.F. 6996-A) s/ Resol. apel. de la A.N.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-20

Como mandatario del exportador, el despachante de aduana debe actuar dentro de los límites de las instrucciones impartidas por éste debiendo resguardar su responsabilidad y acreditar la existencia de tales órdenes para verse liberado de las eventuales sanciones por hechos ilícitos que se cometan en las operaciones que realicen (esta Sala, 28/4/83, "Nadia S.C.A. s/apelación"). Sobre esa base, a los fines de su exculpación, el despachante debió probar adecuada y terminantemente que recibió instrucciones a las cuales debía someterse para declarar del modo como lo hizo en un acto que se presupone libre, aun cuando actuando a nombre de otro. Las órdenes que puedan haber sido impartidas por su mandante, no ajustadas a la documentación aportada por éste -y a la que debía sujetarse en su declaración como agente auxiliar de la aduana-, tenían que haber sido dadas, al menos, por escrito, de modo de permitirle deslindar su responsabilidad por la declaración inexacta incurrida. Nada de esto ha ocurrido, y corresponde, por tanto, que asuma las consecuencias de su accionar ilícito.
Obras sociales, fundamentación del recurso, derecho de opción
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Touriñan, Norma Susana y otros c/ GCBA y otros s/ amparo (art. 14 CCABA) s/recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-09

Los genéricos argumentos esgrimidos por la ObSBA en lo que respecta a la cuestión por la que fue habilitado el recurso aluden exclusivamente a los alcances y modalidades con que, a su criterio, podrá ser ejercido el derecho a opción de obra social reconocido en una norma infraconstitucional, mas no se dirigen a refutar de manera concreta los distintos argumentos en los que encontró apoyo la sentencia resistida a partir de las peculiares circunstancias fácticas del presente proceso -imposibilidad de los accionantes (afiliados jubilados) de acceder a la cobertura médico asistencial prestada por la obra social demandada en razón de su domicilio de residencia en la ciudad de Mar de Ajó-. (Voto del Sr. Juez José O. Casás).
Recurso de casación, habeas corpus, Derecho procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Peralta, Sergio Fabián s/ Habeas Corpus
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1998-03-10

Encontrándose en trámite un recurso de casación, articulado a favor de la misma por quién hoy propone el habeas corpus, ha de estarse a lo que de aquel resulte, porque cualquier decisión que se tomare en estos autos respecto de la cuestión de fondo propuesta -si debe o no computarse la reducción dispuesta por un decreto dictado con anterioridad a la sentencia de condena definitiva- importancia un adelanto de opinión inadmisible.
Procedencia del recurso, sustanciación del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA S/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado (civil) en Dellepiane, Mónica Beatriz Carmen y otros c/ Dellepiane, José Pablo y otros s/ prescripción adquisitiva c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-09-08

A fin de no desnaturalizar el procedimiento establecido en la ley n° 402, corresponde dejar sin efecto el auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad dictado sin sustanciación por la Cámara Nacional de Apelaciones, y disponer que confiera el traslado omitido para que, oportunamente, se pronuncie sobre la admisibilidad del recurso de inconstitucionalidad. Ello así, no sólo porque es la instancia a la que le corresponde dar el referido traslado sino, fundamentalmente, en virtud de los roles que la ley local prevé para los jueces a quo y para este Tribunal en el sistema recursivo que organiza. (Del voto de los jueces Santiago Otamendi, Inés M. Weinberg y Marcela De Langhe).
Autonomía municipal, ordenanzas municipales, libertad de comercio e industria
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Shi, Jinchui c/ Municipalidad de la Ciudad de Arroyito s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-20

Sostener que la regulación adoptada por la ordenanza 1660/2014 -prohibición de apertura de supermercados los días domingo-, en cuanto tiene como objeto proteger un estilo de vida comunitario asumido por los vecinos y decidido por un amplio consenso, resulta ajena a las facultades del municipio por afectar el comercio, es irrazonable, pues por el contrario, tal argumento supondría desconocer los aspectos inherentes a la vida cotidiana de una comunidad pequeña, e intentar imponerle una lógica que le es ajena, si bien tal vez propia de las grandes ciudades (Voto de los jueces Maqueda y Rosatti).
Juicio ejecutivo, cobro de expensas comunes, excepción de pago
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: CONSORCIO ROSARIO 208/210 c/ RODRIGUEZ, DORA ALICIA s/ EJECUCION DE ACUERDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-10

En tanto el ejecutado acompañó recibo del que surge específicamente la imputación a uno de los períodos reclamados, no puede luego el consorcio acreedor desconocerla con fundamento en que en realidad se canceló un período anterior, en razón de la modalidad empleada para liquidar las expensas.
Derecho procesal, procesos de conocimiento, actos y diligencias procesales
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Robledo Schmidt, Leonardo Matias c/ FCA SA de ahorro para fines determinados s/ diligencia preliminar. c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-04-24

Así entonces, la medida aquí solicitada no tiende a preconstituir prueba alguna, sino que se torna un recaudo previo para procurar al actor la obtención de la documentación en que basará la acción que anuncia o, en su caso, el conocimiento de datos que no han podido obtenerse sin intervención judicial y que resultan indispensables para que el proceso pueda ser planteado eficazmente.
Tenencia de estupefacientes para consumo personal, cigarrillo de marihuana, cocaína
Materia: CIVIL-PENAL
Carátula: EGUREN, Damián Luis c/ i s/ incidente apel. auto proc. con pris. prev. (en. c. nro. 150/12 - JF 1 - Sec. 2)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-05-07

Es improcedente la apelación intentada por el procesado por el delito de tenencia simple de estupefacientes, requiriendo el cambio de calificación de la conducta por la de tenencia de estupefacientes para consumo personal, si la cantidad de droga hallada no puede considerarse escasa, pues no es suficiente a tal fin que se haya secuestrado en poder del imputado otros elementos como papeles para armar cigarrillos, una tuca y tarjetas con restos de cocaína. Esto sólo permitiría demostrar que es consumidor, pero no que la sustancia secuestrada haya tenido inequívocamente una finalidad de consumo personal.
Monto de la indemnización, depreciación monetaria
Materia: CIVIL
Carátula: Azócar Jara de Díaz, Enedina c/ Frigorífico Siracusa S.A. s/ Juicio Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1972-03-07

Como lo ha dicho el más alto tribunal del país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no es lesiva de las garantías constitucionales la sentencia que, sobre la base de la reserva hecha por el actor en la demanda de la mayor cantidad que resultare de la prueba o de la desvalorización de la moneda, acuerda una suma mayor que la pedida en el momento de interponer la acción.
Honorarios, auxiliares de justicia, interventor judicial
Materia: PROCESAL
Carátula: GIACCHINO, RICARDO A. Y OTRO c/ LEVITAN, NATALIO C. Y OTRO s/ ORD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-12-16

Toda vez que no existe en nuestro ordenamiento jurídico ninguna disposición arancelaria que contemple la figura del "auxiliar del interventor" o colaborador "experto en materia económica", ello determina, per se, que su actuación deba justipreciarse de manera "prudencial", atendiendo a todas las pautas que surge de la causa, en especial, de los trabajos específica y efectivamente realizados, siempre en colaboración del responsable designado y no, en forma oficiosa, cual sería el caso de un perito único designado de oficio.

En el caso, la labor desplegada por el citado auxiliar consto de cuatro presentaciones ante el interventor, relacionadas con los estados contables de la empresa intervenida, referidas a los balances correspondientes a tres ejercicios. No obstante ello, las pautas prudenciales que analógicamente deben utilizarse para merituar los trabajos enumerados, surgen de la Ley 21839: 7, 15 y 16 y, supletoriamente, del cpr 227 (art. 63, Párrafo 2, Ley arancelaria).
Daños y perjuicios, responsabilidad extracontractual, siniestro, responsabilidad concurrente, responsabilidad solidaria
Materia: CIVIL
Carátula: Patria  CIA  de Seguros  S.A. c/ Gas del Estado s/ Daños y Perjuicio
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-02-07

Ha existido culpa concurrente de todos ellos en la producción del siniestro, imputándoles a cada uno de ellos (Gas del Estado, Municipalidades de General Pueyrredón, Víctor M. Contreras y Cía. S A., y Raviolandia SRL.) un 20% de responsabilidad para cada uno, por no haber adoptado en forma diligente las medidas necesarias para evitar el siniestro; y que la responsabilidad atribuida a los codemandados es extracontractual debiendo, en consecuencia, responder solidariamente por el todo cada uno de ellos, sin perjuicio de sus derechos de reintegro.
Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia aplicable, recurso de apelación (procesal), pretensión
Materia: PROCESAL
Carátula: GONCEBATT, ROGELIO E. c/ RETTORE, RICARDO J. (SUCESION) s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-06-06

La Corte local ha abordado la temática concerniente a la recta interpretación que cabe conferirle al artículo 109 del Código Procesal Laboral, sosteniendo que de dicha norma se desprende que el apelante deberá, al interponer el recurso, especificar expresamente si la impugnación es total o parcial; debiendo, en este último supuesto (apelación sobre parte de la sentencia), precisar sobre qué puntos o rubros de la sentencia recurre; teniéndose por no interpuesto el recurso ante el incumplimiento de estos recaudos. (Del voto del Dr. Falistocco) - CITAS: CSJStaFe: Robles, AyS T 39, p 331; Severini, AyS T 39, p 336. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Procesal Laboral de Santa Fe, artículo 109. - Jurisprudencia Vinculada: Calligaris, AyS T 179, p 354/359, sumario J0028790; Bonora, AyS T 222, p 178/183, sumario J0035284.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, sentencia suficientemente fundada, mala praxis, responsabilidad médica, diagnóstico médico
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: HERRAN, NELLY L. T. c/ SANCHEZ ALMEYRA, RODRIGO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-07-01

Corresponde rechazar la queja interpuesta, desde que los argumentos esgrimidos por la actora impugnante -enderezados fundamentalmente a cuestionar la valoración de las pericias médicas realizadas- no logran conmover los fundamentos de la Sala al ponderar que la atribución de responsabilidad por omisión en la indicación de estudios complementarios ( ecografías, resonancias magnéticas o tomografías) no debe fundarse en simples conjeturas sino desde criterios científicos que indiquen su necesariedad, en virtud de los efectos nocivos que su utilización innecesaria produce no sólo para la salud individual del paciente sino también para la generalidad del sistema sanitario, concluyendo que no podía inferirse que el médico demandado se encontraba obligado a indicar tales estudios, como así tampoco que mediante los mismos podía diagnosticar la patología que aquejaba a la actora y menos aún que ello hubiera impedido el aparente compromiso de los órganos a la postre ablacionados.
Contrato de ajuste, navegación interprovincial, competencia federal, excepción de incompetencia, aplicación de la ley, recurso de casación
Materia: PROCESAL
Carátula: HERRERA RUBEN ALEJANDRO c/ CONARPESA S.A. s/ LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2009-12-15

No se aplican, como sostiene el fallo recurrido, las normas sobre competencia que contiene la ley 1.444 de procedimiento laboral de la provincia (arts. 1, 7 y ccds.), toda vez que la controversia versa sobre materias -contrato de ajuste y navegación interprovincial- reguladas por una ley nacional que en el caso concreto tiene prioridad sobre la anterior, en virtud de la supremacía que el artículo 31 de la Constitución Nacional confiere a las leyes de la Nación.

En consecuencia, los supuestos que justifican la competencia federal en los términos de las normas y jurisprudencia citadas se configuran en esta causa, toda vez que el trabajador ha prestado servicios a través de sucesivos contratos de ajuste en embarcación destinada a la navegación interprovincial.

Motivo por el cual corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto haciendo lugar a la excepción de incompetencia debiendo tramitar la cuestión por ante la justicia federal.
Apreciación de la prueba, reglas de la sana crítica
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Navarro de Eguía Norma Ceferina  c/ E.P.R.E. - Contencioso Administrativo  s/ recurso extraordinario provincial
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2024-03-12

La valoración de la prueba efectuada por los jueces de grado está sometida al contralor subjetivo de la sana crítica del propio tribunal que dicta la sentencia, y no procede imponerle un criterio que violente esa conciencia, ni es posible siquiera (a menos que se trate de casos de absurdo evidente), rever esa decisión, porque la valoración equivocada, discutible, objetable o poco convincente de la prueba no basta para abrir la instancia extraordinaria, por lo cual no puede esta Corte invadir el campo vedado de la valoración probatoria.
Simulación, monto del juicio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: RODRIGUEZ CARLSSON A. c/ BERGUES MIGUEL s/ SIMULACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-09-22

Cuando la acción de simulación tiene sustento, vale decir que es procedente, el valor del juicio no puede ser otro que el valor del bien que debe reingresar al patrimonio del demandado simulante, que es el verdadero objeto de la acción de simulación y por ende el que determina el monto del juicio.
Actos jurídicos formales, instrumentos públicos, acta judicial
Materia: CIVIL
Carátula: V., E. y Otro c/ A., J.D. s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-03-30

Tienen carácter de instrumento público los actos de un expediente judicial extendidos en ejercicio de la función fedatante, y el inciso (art. 979:4 del Código Civil) se encarga de atribuir el carácter de instrumentos públicos a las actas judiciales. Se trata de aquellas actuaciones judiciales en las cuales hay ejercicio de fe pública, así actas de audiencias.
Enriquecimiento ilícito de funcionario público, requerimiento a funcionarios públicos
Materia: PENAL
Carátula: ALVAREZ, Santiago Eduardo, en causa nº 1633/06 (reg. Ap. C. en lo C. IIª C.J.) s/ Recurso de casación - planteo de nulidad denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2007-10-17

El art. 268 (2) no establece cuál es el organismo competente o autoridad de aplicación, que debe llevar a cabo el requerimiento o llamado a justificar el enriquecimiento del funcionario público.- La ley provincial nro. 1252 y su modificatoria nro. 2039 instrumenta la obligación de la presentación y permanente actualización de la declaración jurada respecto del patrimonio de todos los funcionarios y agentes de la administración.

Así, en su art. 10, establece que: "La autoridad de aplicación actuará de oficio, iniciando sumario o efectuando la comunicación pertinente cuando estimen que existen diferencias notorias entre la declaración jurada presentada y sus modificaciones o renovaciones posteriores sin que se justifiquen fehacientemente las causas del incremento patrimonial".- Posteriormente, en el mes de diciembre de 1998, se dictó la ley Orgánica de la Fiscalía de investigaciones administrativas, instituida mediante el art. 107 de la Constitución Provincial reformada en 1994, en la que se delinea las funciones propias de este nuevo organismo. En ella se consignó: "El Fiscal General deberá promover la investigación formal, legal y documentada de la conducta administrativa de los funcionarios y agentes, en ejercicio de sus funciones o en vinculación con las mismas, que pudieren constituir una irregularidad o ilícito de conformidad con las leyes vigentes".- Si se tiene en cuenta que la ya citada ley nro. 2039, modificatoria de la ley nro. 1252 referida, fue sancionada en el mes de junio de 2003, debemos concluir que las facultades atribuidas al Tribunal de Cuentas no se vieron menguadas por la ley de creación de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, ya que nada dice al respecto y no es posible presumir que se trata de una omisión del legislador, sino que, por el contrario, debe admitirse que las facultades atribuidas a este último organismo resultan concurrentes con las facultades otorgadas anteriormente al Tribunal de Cuentas en su ley Orgánica (decreto ley 513/69), y con lo dispuesto en la ley nro. 1252, en que se designa a ese Tribunal como "autoridad de aplicación".- En definitiva, la necesidad del requerimiento a que alude el art. 268 (2) del C. Penal, debe emanar de autoridad pública sin distinciones entre uno u otro organismo para que intime "con fuerza de ley al funcionario o ex funcionario, haciéndole saber de la constatación de un incremento apreciable en su patrimonio o del de persona interpuesta para disimularlo, producido durante el desempeño de la función y tiene por objeto la justificación con razones o argumentos convincentes de que su procedencia reconoce un origen legítimo" (DONNA, Edgardo Alberto. Delitos contra la Administración Pública. Santa Fe. Ed. Rubinzal Culzoni. 2002: p. 400).-
Competencia, cuestiones de competencia, competencia nacional, competencia de instrucción, Obras Sanitarias de la Nación, malversación de caudales públicos
Materia: PENAL
Carátula: ROMANO, C.R. s/ COMPETENCIA   -  OBRAS  SANITARIAS  NACION  -  MALVERSACION  CAUDALES  PUBLICOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1979-05-22

En atención al carácter local de los servicios que presta Obras Sanitarias de la Nación, en la malversación de caudales públicos imputada a uno de sus funcionarios, debe conocer la justicia nacional en lo criminal de instrucción.
Sentencia penal, principio de congruencia, calificación legal
Materia: PENAL
Carátula: SOTO, FABIO HECTOR; SALAZAR, JUAN ENRIQUE -Menor- Y SEPULVEDA, OSVALDO JORGE s/ ROBO CALIFICADO S/ CASACION LOPEZ, OCTAVIO ERNESTO; LOPEZ, ELBA ALICIA Y PONCE, JULIO CESAR s/ VIOLACION DE DOMICILIO, LESIONES GRAVES Y COACCION CAL EN CONC. REAL  (LOPEZ, E.); LESIONES LEVES Y VIOLACION DE DOMICILIO EN CONCURSO  REAL S/ CASACION'
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1993-10-05|1993-11-12

Aunque la acusación debe contener tanto la enunciación del hecho imputado como la pretendida calificación legal, para individualizar la imputación y facilitar la defensa -lo que no puede negarse-, basta que la correlación aludida verse sobre el hecho, de modo que el Tribunal de sentencia tiene libertad "para elegir la norma" que considera aplicable al caso. Si ese Tribunal estuviera vinculado a la calificación legal que propugna el actor, si debiera limitarse a aceptar o rechazar en la sentencia la pretensión represiva tal como fue formulada por el acusador, la función jurisdiccional sufriría un menoscabo que en realidad no impone el derecho de defensa. El Tribunal no juzga sobre la corrección del juicio jurídico-penal del acusador, sino sobre el hecho que el mismo atribuye al imputado-
Recurso de apelación (procesal), facultades de la alzada
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: C., H. F. s/ Inc. de reduc. de cuota alimentaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-09-10

Infringe las normas que regulan su competencia funcional el tribunal de alzada que altera una cuestión que no había sido objetada ante ella (arts. 163 inc. 6º, 260, 266 y 272, C.P.C.).
Empleados públicos, salarios caídos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: LEON OSCAR ALBERTO c/ PROVINCIA DE ENTRE RIOS s/ ANULACION DECRETOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1986-07-21

No corresponde el pago de los salarios caídos a un empleado público que si bien fue indebidamente cesanteado no existe duda de que a raíz de su obrar fue debidamente sumariado y sancionado por un hecho grave cometido en ejecicio de sus funciones y por el cual pudo ser separado por la autoridad administrativa competente
Juicio ejecutivo, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Nalgix, S.A. c/ Ibáñez, Eduardo Enrique s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-10-23

En el juicio ejecutivo rige un sistema en materia de costas diferente al establecido para la generalidad de los pleitos, encontrándose acentuado el principio objetivo de la derrota, sin que el juez pueda utilizar la facultad otorgada por el art. 68, segunda parte, CPCC.
Daños y perjuicios, fletamento, responsabilidad contractual, responsabilidad subjetiva, factores atributivos de responsabilidad, culpa náutica, capitán, responsabilidad del capitán, perito naval, dictamen pericial, valor probatorio
Materia: CIVIL-NAVEGACION-PROCESAL
Carátula: HIERRO PATAGONICO DE SIERRA GRANDE SAM c/ MARUBA SCA Y OTRO s/ COBRO. CNAS c/ CAP Y/O ARM Y/O PROP BUQUE GLADIADOR s/ COBRO DE PESOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-08|1997-05-08

El fallo de primera instancia ha sido claro en señalar que, tal como lo sintetiza el perito naval, luego del análisis, paso a paso, de las maniobras realizadas por el comando del buque, ninguna puede ser calificada de desaconsejable o incorrecta. Por el contrario, frente a la precariedad de las instalaciones del embarcadero desde el punto de vista de la seguridad náutica, el mismo perito considera que el capitán "demostró adecuada capacidad de reacción ante circunstancias adversas, así como suficiente prudencia para mantener el control de la situación sin exponer ni al buque ni a las instalaciones del embarcadero, a consecuencias mayores que las que se experimentaron. En otras palabras, su actuación fue la única posible ...". En estos casos la opinión de los expertos navales tiene una eficacia no despreciable. Aún admitiendo que este supuesto no encaje estrictamente en la hipótesis del abordaje, si en cambio le son aplicables las disposiciones sobre la prueba pericial que incorpora la Ley de la Navegación, por cuanto se trata, en definitiva, de emitir un juicio de valor sobre la corrección de las maniobras realizadas por el comando del buque, lo cual remite a la apreciación de aspectos técnicos y de las habilidades propias del arte náutico, temas en los que interesa sobremanera la opinión de los peritos navales. (art. 550; cfr.

además esta Sala, Causa 5723/92, de 25.8.1994, publicada en ED, 160:481, F. 46.130 y en LL, 1995-A, 436, F. 92.944).