Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-07-30


En la ciudad de Esquel, Provincia del Chubut, República Argentina, a los treinta días del mes de julio del año dos mil siete, se reúne en Acuerdo la Excma. Cámara de Apelaciones del Noroeste del Chubut, bajo la presidencia de su titular Dr. Jorge Luis Früchtenicht, y con la asistencia de los Sres. Jueces de Cámara Dres. Günther Enrique Flass y Benjamín Moisá, a fin de dictar sentencia definitiva en los presentes autos caratulados: "P., R. c/ Estancia L. R. S.A. s/ Laboral" (Expte. N° 103/07 CANO), venidos en apelación a esta Alzada.- Practicado a fs. 210 el sorteo establecido por el art. 268 del C.P.C.C., correspondió el siguiente orden para la votación: Dres.: MOISÁ - FLASS -FRÜCHTENICHT.- Acto seguido se procedió a plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia apelada de fs. 191/195 vta.? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.- A la PRIMERA CUESTIÓN, el Dr. Moisá dijo:

1. Por la Sentencia N° 25 de fecha 20 de abril de 2007 (fs. 191/195 vta.), en lo sustancial, el Sr. Juez de primera instancia decide hacer lugar a la demanda laboral entablada por el Sr. R. P. contra Estancia L. R. S.A., con costas.

Contra tal decisión, interponen recurso de apelación la parte actora (fs. 198) y la parte demandada (fs. 199). Concedidos previamente ambos recursos, la actora expresa agravios a fs. 201/vta., en tanto la demandada hace lo propio a fs.

202/vta., sin que ninguna de las dos partes presente el informe facultativo que autoriza el art. 62 de la Ley N° 69.

2. Concretamente, la actora apelante expresa que su primer y único agravio se refiere al monto de la indemnización del art. 16 de la Ley N° 25.561, pues dice que el a quo dispuso que su parte "resulta acreedora del 80% de los montos indemnizatorios que le corresponde por la extinción del contrato de trabajo", cuando en realidad debió establecerla en el orden del 100%, toda vez que la reducción al 80% se dispuso a través del Dcto. 2.014/2004 para los despidos producidos a partir del 1 de enero de 2005: en los despidos anteriores a esa fecha corresponde el 100% dispuesto por la ley 25.561 y sus modificatorias.

Observa que, en el caso de autos, el mismo Juez de primera instancia tuvo por configurado el distracto el día 23 de agosto de 2004 (ver último párrafo del considerando "primero") y que, por consiguiente, es claro que el Magistrado cometió un error al tratar esta indemnización, pues debió establecerla en el 100% de todos los rubros indemnizatorios originados con motivo de la extinción del contrato de trabajo, y no en el 80% como lo hizo.

3. Por su lado, en lo conducente, la parte demandada expresa que el agravio central de la sentencia que ataca está referido a la consideración vertida por el judicante sobre la ausencia de despido directo y, por lo tanto, considerarlo indirecto, y por ello sujeto a las indemnizaciones derivadas de tal condición.- A continuación, formula una serie de afirmaciones de carácter subjetivo, que no llegan a constituir una crítica concreta y razonada del fallo apelado.- 4. Reseñados los agravios de los recurrentes, corresponde que me ocupe de su consideración y análisis con vistas a motivar mi voto en la cuestión traída a resolución.

a) Apelación de la parte actora. Desde "P. c. A." (SDC N° 47/05 CANO; en igual sentido, "H. F....", SDC N° 22/06 CANO, entre otros), vengo sosteniendo que la prórroga del plazo previsto por el art. 16 de la Ley N° 25.561 dispuesta por el Dto. PEN N° 883/02 -y sus sucesivos: 256/03; 662/03; 1.351/03; 369/04- es inconstitucional.- Así, como fundamento de la inconstitucionalidad del Dto. PEN N° 883/02, comparto lo expresado por la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala VIII, al resolver que: "El Decreto 883/2002 (mediante el cual se prorrogó por ciento ochenta días la suspensión de los despidos sin causa justificada), ha sido dictado durante el período de sesiones ordinarias del Congreso Nacional, que como lo establece el artículo 63 de la Constitución Nacional, se extiende anualmente desde el primero de marzo hasta el treinta de noviembre, sin que existieran en esa época situaciones de fuerza mayor que impidieran a alguna de las Cámaras sesionar normalmente.

No se observó una urgencia tal que justificara una solución legislativa para ser resuelta en un plazo que hubiera resultado incompatible con el que demanda el trámite normal de las leyes. Todo ello torna viable la declaración de inconstitucionalidad del referido decreto" (CNAT, Sala VIII, "A., J. M. c/ Corp.

Gral. de Alimentos S.A. s/ Despido", SENTENCIA, 32166 del 25 DE OCTUBRE DE 2004, SAIJ, Sumario E0012377). Es que, ante tales circunstancias, el Poder Ejecutivo Nacional no puede invocar la excepcional facultad que le confiere el art. 99, inc. 3), párr. 3°, de la Constitución Nacional para atribuirse potestades propias del Congreso de la Nación, en flagrante violación al párrafo 2° de la misma norma citada y del art. 75 de la ley suprema de la Nación (art. 31, CN).- Asimismo, reiteradamente he aclarado que, al no poder prorrogarse un plazo ya fenecido, no modifican la conclusión a la que arribo ni los decretos de prórroga posteriores -256/03; 662/03; 1.351/03; 369/04- ni la Ley N° 25.927 (B.O. 27/12/04).

Sin embargo, no habiendo sido materia de agravios por parte de la demandada apelante y en virtud del principio de prohibición de reformatio in peius, me veo imposibilitado de proponer la declaración de inconstitucionalidad de la norma en cuestión.- Consentida entonces la aplicación de la multa que preveía el art. 16 de la Ley N° 25.561 y considerando que el Decreto N° 2.014/04 es aplicable a los despidos producidos a partir del 1° de enero de 2005 (art. 1), estimo que corresponde acoger el agravio de la parte actora, pues la fecha de su despido ha quedado fijada en el día 23/08/04 (fs. 193 vta.).

En consecuencia, la parte demandada deberá pagar a la actora el doble de la indemnización correspondiente, conforme el referido art. 16.

b) Apelación de la parte demandada. Analizada la admisibilidad formal del recurso, debo decir que la expresión de agravios de la demandada recurrente no reúne mínimamente los requisitos de concreción y razonabilidad que exige el art. 265 del CPCC (aplicable supletoriamente por remisión del art. 76 de la Ley N° 69).

En efecto, el discurso no se presenta como una crítica precisa y coherente a la sentencia recurrida, con una explicación clara de los hechos y su relación con el derecho.- En consecuencia, la falta de concreción de los motivos fácticos y jurídicos por los cuales el fallo recurrido sería erróneo, injusto o contrario a derecho, sella la suerte adversa del recurso intentado.

Así se ha dicho: "Se considera desierto el recurso cuando la expresión de agravios se limita a consignar una mera disconformidad con lo resuelto por el juzgador, sin concretar cuáles son los motivos por los cuales se considera que el fallo es erróneo, injusto o contrario a derecho.

En esta orientación carece de contenido la expresión de agravios si: a) Omite los argumentos en que fundara el juez a quo la decisión. b) Si contiene afirmaciones genéricas sobre las pruebas, sin precisar el yerro o desacierto en que incurrió el sentenciador en sus fundamentos. c) Se limita a una serie de manifestaciones que sólo traen la disconformidad personal del apelante con la decisión, pero sin constituir una crítica adecuada. d) Implica una mera discrepancia subjetiva con la sentencia" (FENOCHIETTO, Carlos Eduardo, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, p. 288, Astrea, Bs. As., 1999; cfr. SDC N° 17/05 CANO, "R., S. c/ G. de K., S. y otros s/ Laboral" -Expte. Nº 181/04 CANO-, entre otras).

Concordemente, también se ha expresado: "No es cuestión de extensión del escrito, ni de manifestaciones sonoras, ni de profusión de citas, ni tampoco de injurias más o menos veladas al juez, sino de efectividad en la demostración del eventual error in judicando: ilegalidad e injusticia del fallo.- El escrito debe ser proporcionado a la complejidad del asunto, importancia fáctica y jurídica: es pretensión dialéctica exagerada la de querer demoler con uno o dos párrafos una sentencia circunstanciadamente fundada; es ingenuo abuso de la facultad querer someter a la Cámara a la eventual lectura de una interminable perorata y, antes, ocupar diez días del otro letrado para replicarla" (COLOMBO, Carlos J., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, t. II, p. 565, Abeledo - Perrot, Bs. As., 1969; SDC N° 18/06, "Cuello...", entre otras).- Por lo tanto, corresponde declarar desierto el recurso interpuesto (art. 266, CPCC), sin derecho a honorarios por parte del Dr. J. C. G. en virtud de la inoficiosidad (art. 3, Dcto. Ley N° 2.200) de su actuación ante esta Alzada (cfr. SDC N° 52/04 CANO, "M., J. A. c/ J., J. s/ Ordinario" -Expte. Nº 166/04 CANO-, entre otras).- 5. En mérito a las consideraciones que anteceden, voto por la modificación en la forma considerada de la sentencia recurrida.- A la misma cuestión, el Dr. Flass dijo:- A fs. 13 a 16, el Sr. R. P. por intermedio de su apoderada la Dra. A. A. demanda a Estancia L. R. S.A. indemnización laboral por despido acaecido en agosto de 2004.- A fs. 28/36 contesta la demandada por intermedio de su apoderado el Dr. A. I. invocando justa causa de despido y oponiéndose al progreso de la acción.

A fs. 191/195 vta. el Sr. Juez a quo dicta sentencia 25/2007 del 20 de abril de 2007 por la cual -en lo que interesa para la decisión del presente recurso- condena el pago de la indemnización art. 16º Ley 25.561 a los que estima en el 80% de lo que corresponde por extinción de contrato de trabajo mas vacaciones proporcionales.

A fs. 198 apela el actor expresando a fs. 202 como único agravio, su disconformidad con el porcentaje condenado en virtud de art. 16 Ley 25.561 pues entiende que habiéndose producido el distracto el día 23 de enero de 2004 se encontraba vigente la Ley 25.561 con sus modificatorias -Ley 25.820 y 25.972- y Decretos de Necesidad y Urgencia donde se establece un porcentaje del 100%, mas no así el Dec. 2012/2004 que reduce el porcentaje al 80 % de lo que corresponda por despido.- A fs. 199, apela el demandado a través de su nuevo apoderado el Dr. J. C. G., expresando agravios a fs. 202 y vta -conjuntamente con pedido de medida probatoria en alzada rechazado por este Tribunal a fs. 206/207-.

En su escrito recursivo, el demandado manifiesta disconformidad con la sentencia insistiendo en que el despido fue directo y con causa, relatando a este Tribunal que todo ello surgiría de una carta documento cuya constancia perdió.

Resumido en lo conducente las constancias de autos, voy a analizar primero el único agravio de la actora.

Este cuerpo, ha sentado reiteradamente la doctrina según la cual las sucesivas prórrogas al art. 16º de Ley 25.561 dispuesta por decretos de necesidad y urgencia, dictados durante el período ordinario de cesiones del Congreso de la Nación y sin que a la fecha de su promulgación existieren razones de emergencia o fuerza mayor que impidiera a las Cámaras sesionar, adolecen de notoria inconstitucionalidad.- Nuestra Constitución Provincial faculta a los magistrados a declarar la inconstitucionalidad de una norma aún de oficio, sin embargo, la prohibición de reformatio in peius, también encuentra su raíz constitucional en la garantía a la libre defensa en juicio.

La demandada no ha impugnado la adecuación de los mencionados decretos con la ley fundamental sino que es la actora quien se queja por la reducción porcentual dispuesta en la sentencia, en consecuencias declarar la inconstitucionalidad de oficio implicaría una reforma en perjuicio del recurrente.

Siendo que en la causa nos encontramos frente a una relación jurídica de carácter laboral y ante la aparente contradicción de dos normas con jerarquía constitucional, la ley específica nos indica seguir una hermenéutica in dubio pro operario, razón por la cual voy a coincidir plenamente con el Sr. Juez preopinante en el sentido de que no he de expedirme aquí sobre la regencia de las mencionadas prórrogas sin que ello implique contradicción con otros decisorios (SDC Nº 47/05 CANO; SDC 22/06 CANO, etc.).

Dicho lo precedente y teniendo por consentida la aplicación de la multa del art. 16º Ley 25.561 encuentro que tal como lo dice la recurrente ha quedado claro en la sentencia que el despido se produjo el 23 de agosto de 2004.

Ahora bien, el Dec. 2014/04 , que reduce el porcentaje sancionatorio a un 80%, tiene regencia para los despidos acaecidos a partir del 1º de enero de 2005 (art. 1º) en consecuencia debe pagarse al trabajador la totalidad de la indemnización sancionatoria y no el menor porcentaje que manda la sentencia, la cual ha de ser modificada en este punto tal como lo dice el Sr. Juez preopinante con cuyo voto coincido.

Queda por analizar el recurso de la demandada.-De la lectura del escrito recursivo concluyo que ella se limita a reiterar la justa causa y carácter directo del despido conforme lo viene sosteniendo desde el comienzo de la litis.

Es requisito esencial del recurso de apelación el estar suficientemente fundado y no basta con la simple invocación de adversidad entre el interés de la parte y la sustancia de lo resuelto sino que ha de contener una crítica detallada de razonamientos seguidos por el magistrado.- El art. 265 CPC y C es demasiado claro para generar dudas cuando adjetiva a la crítica contenida en el recurso como "concreta" y "razonada". Para ser concreta una impugnación ha de restringirse a aquellas cuestiones contenidas en el decisorio evitando alusiones a cuestiones que le son ajenas mientras que por razonada debemos entender aquella fundamentación que alude al iter lógico seguido por el sentenciador convenciendo a la alzada de la ruptura argumental del mismo.

Ha dicho la jurisprudencia que "El memorial de agravios debe contener una crítica concreta y razonada del fallo recurrido, con la indicación punto por punto, de los supuestos, errores, omisiones y demás deficiencias que se le atribuyan. En ausencia de fundamentos referidos a las consideraciones determinantes de la sentencia adversa a las aspiraciones del recurrente, no hay agravios que atender en la alzada" (CNCiv. Sala C 10711/67 ED 22-97).

Es que como dice GIANGRASSO "....la crítica concreta y detallada del pronunciamiento en recurso que debe contener el memorial de agravios ha de consistir en la indicación, pormenorizada, de los pretendidos errores, omisiones y demás deficiencias que se le atribuyan.

En ausencia de fundamentos especialmente referidos a las consideraciones determinantes de la sentencia adversa a las aspiraciones del recurrente, no hay agravios para atender en la alzada" (GIANGRASSO; Antonio José "Código Procesal Civil de la Nación, Anotado con Jurisprudencia y Concordado" Depalma Buenos Aires 1989 pág. 347).

Tal como lo dije, la expresión de agravios de la demandada, al estar ausente en ella una crítica concreta y razonada de la sentencia, no puede considerarse suficiente y es que a tales fines no basta el quantum discursivo, sino la qualitae rezonativa y crítica.

Siguiendo el razonamiento adelantado voy a votar en el sentido de declarar desierta la impugnación intentada por la demandada Estancia L. R. S.Por lo expuesto y con las limitaciones anteriormente referidas a la primer cuestión respondo por la negativa.

A la SEGUNDA CUESTIÓN, el Dr. Moisá dijo:- Por lo expresado al votar la primera cuestión, propongo: a) declarar desierto el recurso de apelación de la parte demandada, sin derecho a honorarios por parte del letrado J. C. G. en virtud de la inoficiosidad (art. 3, Dcto. Ley N° 2.200) de su actuación ante esta Alzada; b) confirmar parcialmente la Sentencia N° 25 de fecha 20 de abril de 2007 (fs. 191/195 vta.), debiendo duplicarse la indemnización correspondiente según lo considerado y practicarse liquidación en la etapa de ejecución de sentencia; c) imponer las costas de la instancia al vencido (arts. 59 Ley 69 y 68, CPCC); y d) regular honorarios a A. A., letrada apoderada del actor, en un 8% del monto logrado a través del presente pronunciamiento, con más el IVA pertinente, por la labor desarrollada en esta Alzada. (art. 14 Dec. Ley 2.200).

A idéntica cuestión, el Dr. Flass dijo:

Conforme a lo concluido al analizar la anterior cuestión, considero adecuado: a) DECLARAR DESIERTO el recurso de apelación de la demandada, no correspondiendo regular honorarios al Dr. J. C. G. por la inoficiosidad de su actuación en esta alzada (art. 3º arancel). b) CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia nº 25/2007 del 20 de abril de 2007 modificándola en el sentido de que la demandada deberá pagar la indemnización en la forma establecida por el art. 16 Ley 25.561 sin las reducciones derivadas del art. 2014/04. c) IMPONER las costas de la presente instancia al vencido (art. 68 CPCyC -principio objetivo de la derrota- y 59 Ley 69). d) REGULAR LOS HONORARIOS de la Dra. A. A., letrada apoderada del actor, en un 8% del monto logrado a través del presente pronunciamiento, con más el IVA pertinente, por la labor desarrollada en esta Alzada. (art. 14 Dec. Ley 2.200).- Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictarse la siguiente:

S E N T E N C I A Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Excma. Cámara de Apelaciones del Noroeste del Chubut, resuelve:- 1.- DECLARAR desierto el recurso de apelación de la parte demandada, sin derecho a honorarios por parte del letrado J. C. G. en virtud de la inoficiosidad (art. 3, Dcto. Ley N° 2.200) de su actuación ante esta Alzada. (arts. 265 y 266 CPCC).

2.- CONFIRMAR parcialmente la Sentencia N° 25 de fecha 20 de abril de 2007 (fs. 191/195 vta.), debiendo duplicarse la indemnización correspondiente según lo considerado y practicarse liquidación en la etapa de ejecución de sentencia.- 3.- IMPONER las costas de la instancia al vencido (arts. 59 Ley 69 y 68, CPCC); regulando los honorarios de A. A., letrada apoderada del actor, en un 8% del monto logrado a través del presente pronunciamiento, con más el IVA pertinente, por la labor desarrollada en esta Alzada. (art. 14 Dec. Ley 2.200).

4.- REGÍSTRESE, notifíquese y devuélvase.

La presente sentencia es dictada por dos Jueces de Cámara por haberse alcanzado la mayoría (arts. 8 y 9 de la Ley 1.130, texto según Ley 4.550) y no haber hecho uso el Dr. Jorge Luis Früchtenicht de la facultad que le asiste conforme a lo dispuesto por el art. 271, último parte, del C.P.C. y C., texto según Ley 4.550.- GÜNTHER ENRIQUE FLASS BENJAMÍN MOISÁ REGISTRADA BAJO EL N°35DEL AÑO 2007. CONSTE. Norma Marrero Secretaria.-