Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1958-03-28


2º Instancia. - Buenos Aires, noviembre 5 de 1957.

El doctor Bonorino dijo:

Que según el auto de fs. 23 el procesado habría incurrido "prima facie" en infracción al decreto-ley 4161/56 (Adla, XVI-A, 241): a) porque la nota publicada en primera plana del diario agregado a fs. 2, no menciona el nombre de "la fundación", sólo para aludirla en una cita incidental, sino para exaltar sus méritos; b) porque no se mencionan las fechas: 4 de junio, 17 de octubre y 24 de febrero, que se consignan en la página tercera para aludir a hechos comunes que obliguen a su empleo sino como símbolos de lo prohibido; c) y porque en el suelto que en recuadro publicó en primera página, al hacer su presentación al público emplea a manera de clave un "slogan", compuesto de palabras de cuño inconfundible (socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana), que bastan por sí solas para definir el propósito de la publicación que las adopta.

Que aunque en forma no muy bien clara, puede aceptarse: que en la primera nota hay una intención de elogio a la Fundación Eva Perón; que en la segunda, hay un propósito de citar esas fechas con fines encomiásticos; que en la tercera, hay una alusión a lo que fue uno de los principios contenidos en la Constitución de 1949 (Adla, IX-A, 1).

Que partiendo de tales antecedentes y de los términos amplios del art. 1º del decreto-ley 4161/56, resulta indudable que la publicación periodística agregada a los autos, que elogia la obra que en algún sentido pueda haber hecho la Fundación Eva Perón; que encomia las fechas 4 de junio, 17 de octubre y 24 de febrero, y que menciona el lema "socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana", infringe el decreto-ley mencionado y somete al autor responsable de esa publicación a las sanciones que él contiene.

Que tal alcance, sin embargo, por enfrentarse a disposiciones constitucionales, debe ceder ante las mismas (arts. 14 y 31, Constitución nacional [Adla, 1852-1880, 9]), por lo que es de rigor declarar la inaplicabilidad en el caso del art. 1º del decreto-ley, puesto que se han violado los límites que la ley común debe respetar para no ser ilusoria la mencionada garantía constitucional.

Que en el caso particular, tal conclusión de inconstitucionalidad resulta de la circunstancia de que, el artículo cuestionado, reprime un derecho inalienable del ser humano el de manifestar, por medio de la prensa, sus críticas o sus ponderaciones a todo aquello que, bueno para unos y malo para otros ha quedado incorporado a la historia política del país.

Que una cosa es hacer afirmaciones ideológicas peronistas, por ser peronistas, con finalidad proselitista y otra distinta elogiar obras que se atribuyen al gobierno depuesto en 1955, o ponderar el ideal que en la imaginación popular puedan encerrar ciertas fechas del régimen anterior o repetir frases o principios que en sí mismo nada tienen de censurable y que como expresión de deseos no pertenecen a un partido, ni a una tendencia, sino que pueden pertenecer al país entero. Que la falta de ponderación que indudablemente existe en los artículos periodísticos cuestionados, así como el propósito no disimulado de atacar a las actuales autoridades gubernativas, no es asunto traído a resolución del tribunal, que sólo debe expedirse sobre el acto de prisión preventiva dictado contra Manuel E. Bustos Núñez, por infracción al decreto-ley 4161/56.

Que en este mundo convulsionado por pasiones políticas, legítimas y nobles muchas veces, pero casi siempre circunstanciales desde el punto de vista de los intereses supremos de la justicia, corresponde a los magistrados judiciales la difícil misión de deslindar con serenidad, con ecuanimidad, pero con firmeza, lo jurídico de lo político, o en otros términos, lo que está dentro o fuera de la Constitución nacional.

Por ello, se revoca el auto de fs. 23 que decreta la prisión preventiva de Manuel E. Bustos Núñez y se declara que es inaplicable al caso el art. 1º del decreto-ley 4161/56, por ser violatorio del art. 14 de la Constitución nacional que reconoce a todos los habitantes de la Nación, el derecho de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa.

En consecuencia, voto por que se decrete el sobreseimiento definitivo en la causa y con respecto al procesado Manuel E. Bustos Núñez, con la declaración de que no se afecta su buen nombre y honor (arts. 434 y 437, Cód. de Proced. Crim.).

Y pudiendo constituir delito de desacato la conducta a que se hace referencia en el penúltimo de los considerandos, hágase la denuncia pertinente.

El doctor González Millán adhirió al voto precedente.

El doctor Sagasta dijo:

La Corte Sup. de Justicia con razón ha dicho que "si se prescinde del antecedente fundamental de la revolución del 16 de setiembre de 1955, pierde sentido desde luego, todo lo que ha ocurrido después".

Es así, que los fines de la revolución, en tanto perdura un gobierno "de facto", que tiene su origen en la misma, que afirma la irreversibilidad del propósito de procurar su logro, impiden al Poder Judicial, revisar las disposiciones de carácter legislativo que tienen aquella finalidad. Entre ellas, se encuentra el decreto-ley 3555/55 (Adla, XV-A, 602) que disuelve el Partido Peronista en sus dos ramas y el 4161/56 que reprime la forma pública de propaganda o afirmación ideológica peronista, mediante el uso de elementos o expresiones significativas, que aquel régimen consubstanció consigo mismo.

No alcanza la incriminación, a la mera conducta individual de adhesión, a las postulaciones políticas, económicas o sociales que aquel partido oficialmente propiciaba o a sus dirigentes.

En consecuencia, aquellas disposiciones, de posible discusión bajo un gobierno regular, tiene cabida en el ordenamiento "de facto", por cuanto, no están destinadas a suprimir la libertad de opinión, ni a establecer la censura previa, en razón de la situación de "emergencia" que determina o permite una legislación excepcional.

En la especie, no se trata de una simple afirmación de peronismo, no incriminable, como las que señaló este tribunal en las causas núms. 7925, 4977-C, 5033-D, 7672-E y 7871-E, sino una actividad "prima facie" reprimible por aparecer orientada, a mantener viva la adhesión al sistema que el decreto-ley 4161/56 proscribe.

En mérito a ello, voto por la confirmación en todas sus partes del auto recurrido.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, se revoca el auto apelado que decreta la prisión preventiva de Manuel E. Bustos Núñez ,y se declara que es inaplicable al caso el art. 1º del decreto-ley 4161/56 por ser violatorio del art. 14 de la Constitución nacional, decretándose el sobreseimiento definitivo en la causa, y con respecto al procesado Manuel E. Bustos Núñez, con la declaración de que no se afecta su buen nombre y honor (arts. 434 y 437, Cód, de Proced. Crim.). Pudiendo constituir delito de desacato la conducta a que se hace referencia en el penúltimo de los considerandos, hágase la denuncia pertinente. -Práxedes M. Sagasta. - Abel Bonorino. - Angel E. González Millán. (Sec.: Fernando Otero).

Opinión del Procurador General de la Nación De acuerdo con lo que establece el art. 14, inc. 1º de la ley 48 (Adla, 1852-1880, 364), el recurso extraordinario deducido a fs. 44 por el fiscal de la Cám. Nac. de Apel. Penal es procedente por haber sido puesta en cuestión la validez de una norma de carácter nacional y ser la sentencia apelada contraria a esa validez (Fallos, t. 172, p. 21).

En cuanto al fondo del asunto doy aquí por reproducidas las consideraciones que tuve oportunidad de exponer en favor de la constitucionalidad del decreto-ley 4161/56 al dictaminar el día 14 de noviembre próximo pasado en los autos del proceso seguido contra Manuel Ortiz (Rev. La Ley, t. 91, p. 508, fallo 42.462).

Corresponde, y así lo pido, que V. E. revoque la resolución apelada. - Diciembre 13 de 1957. -Sebastián Soler.

Buenos Aires, marzo 28 de 1958.

Considerando: Que la sentencia apelada de la Cám. Nac. de Apel. Crim. y Correccional de esta Capital, sala 2º, pronunciándose sobre los hechos de la causa -aspecto irrevisible en la instancia extraordinaria- declara "indudable que la publicación periodística agregada a los autos, que elogia la obra que en algún sentido pueda haber hecho la Fundación Eva Perón; que encomia las fechas: 4 de junio, 17 de octubre y 24 de febrero, y que menciona el lema ½socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana╗, infringe el decreto-ley mencionado (4161/56) y somete al autor responsable de esa publicación a las sanciones que él contiene".

Que en cuanto al derecho aplicable, la sentencia recurrida declara que el art. 1º de dicho decreto-ley es inconstitucional por cuanto "reprime un derecho inalienable del ser humano, el de manifestar, por medio de la prensa, sus críticas o sus ponderaciones a todo aquello que, bueno para unos y malo para otros, ha quedado incorporado a la historia política del país". Y que "en este mundo convulsionado por pasiones políticas, legítimas y nobles muchas veces, pero casi siempre circunstanciales desde el punto de vista de los intereses supremos de la justicia, corresponde a los magistrados judiciales la difícil misión de deslindar con serenidad, con ecuanimidad, pero con firmeza, lo jurídico de lo político, o en otros términos, lo que está dentro o fuera, de la Constitución nacional" (lug. cit., y fs. 39).

Que, desde luego, la sola comprobación de que una ley restringe un derecho consagrado por la Constitución -en este caso, el de expresión- no es bastante para estimar esa ley como inconstitucional, pues es doctrina común y explícita en nuestra Carta fundamental que ningún derecho es absoluto y que todos están subordinados a "las leyes que reglamenten su ejercicio" (art. 14, Constitución nacional).

Que asimismo es doctrina aceptada sin divergencias que el juicio sobre la legitimidad o ilegitimidad de una determinada restricción a un derecho depende, en gran medida, de las circunstancias del caso, pues el derecho no se desinteresa de la vida real sino que, al contrario, la tiene fundamentalmente en vista y es ajustándose a las vicisitudes de ella, que produce las normas reguladoras y a veces restrictivas de los derechos. Restricciones que en circunstancias normales no serían legítimas, pueden serlo en condiciones especiales o extraordinarias, en que corresponda considerar otros valores más importantes para el orden público o de la comunidad, cuyo aseguramiento no pueda lograrse sino a costa de limitaciones a derechos individuales: basta pensar en los casos de conflictos de guerra, epidemias, etc. en que tales limitaciones, mayores que las ordinarias, son inevitables, para advertir la estrecha dependencia en que éstas se hallan con las circunstancias de hecho. También la proveniente de una revolución es una de esas situaciones extraordinarias que pueden justificar excepcionales restricciones a derechos individuales y, entre éstos, particularmente, a los derechos de expresión y de asociación.

La cuestión a decidir en esta causa, por consiguiente, no consiste en dilucidar si el decreto-ley 4161/56 es o no conforme con la Constitución en abstracto, esto es, con independencia de cualesquiera circunstancias -punto de vista que parece ser el de la sentencia recurrida-, sino la de establecer en concreto si las disposiciones del decreto citado, en atención a las circunstancias actuales de la vida argentina, constituyen o no una restricción razonable del derecho constitucional de expresión. Plantear la cuestión en tales términos es resolverla, pues no cabe considerar de ningún modo irrazonable que, durante el proceso subsiguiente a una revolución, las autoridades surgidas de ella establezcan restricciones que impidan la propaganda contrarrevolucionaria a realizarse mediante la exaltación de las doctrinas y del estado de cosas que dieron origen, precisamente, a la revolución.

Que no resulta, por consiguiente, de los términos del decreto impugnado y de las circunstancias de hecho, que las limitaciones al derecho de expresión que aquél establece sean arbitrarias o que constituyan medios irrazonables para alcanzar los fines esenciales de la revolución. Este es el único examen a efectuar por los tribunales en los casos de impugnación de inconstitucionalidad, pues les está vedado el juicio sobre el mero acierto o conveniencia de las disposiciones adoptadas por los órganos legislativos o ejecutivos en el ejercicio de sus facultades propias, sin lo cual el Poder Judicial ejercería una inaceptable tutela sobre los otros poderes creados por la Constitución.

Por ello, y habiendo dictaminado el procurador general, se revoca la sentencia apelada en cuanto ha sido objeto del recurso. -Alfredo Orgaz. - Manuel J. Argañarás. - Enrique V. Galli. - Carlos Herrera. - Benjamín Villegas Basavilbaso.