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Caducidad de instancia, prueba pericial
Materia: PROCESAL
Carátula: ORTIZ MARTINEZ, Damián c/ Varela, Carlos s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-04-20

Planteo de caducidad de instancia por no instarse el proceso, El a quo lo rechaza y hace lugar a la caducidad de prueba pericial, que era común por no haber depositado el ejecutado la suma solicitada por el perito. Se sanciona por conducta temeraria y maliciosa.

Siendo la prueba pericial común, no surge de autos que hubiese fijación judicial del monto de los gastos periciales, ni intimación a las partes para depositarlos, por lo que se rechaza la caducidad de la prueba y se hace lugar a la caducidad de la instancia, por no haber activado el proceso el actor. Se imponen las costas al ejecutante, declarando abstracta la sanción impuesta.
Indemnización, tasa pasiva
Materia: CIVIL
Carátula: DE SANTO, BEATRIZ EMILIA c/ TRANSPORTES 25 DE MAYO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-10-03

En una indemnización por daños y perjuicios es de aplicación la tasa de de interés pasiva, según criterio establecido por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires que renueva la doctrina legal asentada en 1991 en la causa Zgonc c Asociación Atlética Villa Gesell.
Revocación de sentencia, procedimiento de impugnación de deuda previsional, acta de inspección, inspectores del trabajo, omisión de retener o percibir aportes, apreciación de la prueba, relación de dependencia
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: SUELOS Y FUNDACIONES S.R.L. c/ I.N.P.S. s/ FINANCIACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-06

Corresponde revocar la resolución que desestimó la impugnación de deuda contra el acta de inspección por la que se formuló un cargo por aportes omitidos respecto de los retiros efectuados por los socios gerentes de una S.R.L., si de las probanzas aportadas no puede inferirse que estos se encuentren en relación de dependencia, reciban órdenes o instrucciones, ni ejecuten decisiones de las que no hayan participado activa y preponderantemente; máxime si tampoco existen constancias que, amén de su carácter societario, hubieren cumplido en algún período o en alguna forma trabajos de los tipificados por el art. 27 de la L.C.T., única razón por la cual estarían ligados al plexo de obligaciones del art. 10 de la ley 18.037 (cfr. C.N.A.S.S., Sala I, sent. del 30.03.94, "Herdabol S.R.L.").
Querellante, calidad de parte
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: GARCIA MARIN, NORBERTO FRANCISCO s/ DENUNCIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-12-07

La calidad de querellante en el proceso penal es contingente y, por lo tanto, incumbe a quien la pretenda, la acreditación de los extremos que demuestran título suficiente para ello.
Robo, consumación del delito
Materia: PENAL
Carátula: Pérez, Jorge Alberto s/ Robo calificado en grado de tentativa Reyes Frías, César y otro s/ Asociación ilícita. Privación ilegal de la libertad. Robo Gogorza, Juan C. s/ Robo calificado por el uso de arma Domoñi, Marcelo Juan s/ Robo calificado Borges, Luis Eduardo s/ Robo calificado Santucho, Héctor Eduardo s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-02-22|1996-05-07|1999-11-24|2001-08-08|2002-07-03|2007-06-13

El robo está consumado si el procesado tuvo la posibilidad de disponer de los objetos sustraídos sin que ello pudiera ser impedido por las víctimas o por terceros. La consumación no requiere la libre disponibilidad de los objetos. Si el poder de disponer de la cosa ha pasado al reo aunque sea por un breve momento, sin que nadie estuviera en condiciones de impedirlo, el hecho está consumado aun cuando transcurrido ese momento no haya dispuesto de la misma por su detención o secuestro del objeto desapoderado.
Coprocesado, indagatorias separadas
Materia: PENAL
Carátula: Gadea, Alberto Guillermo s/ Homicidio y robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-04-23

Si mediante instrumentos públicos se acreditó que el coprocesado, y ya condenado por los mismos hechos delictuosos, atribuyó judicialmente al imputado la coautoría con el mismo de los hechos en cuestión, no advirtiéndose motivos que razonablemente induzcan a considerar que no fue veraz, y con otros instrumentos públicos se acredita también que el procesado -que se hallaba junto al condenado - describió extrajudicial y judicialmente haberlos cometido formulando una narración detallada de lo ocurrido, participando en su reconstrucción con intervención del señor Juez Federal y no rectificándose hasta más de siete meses después, en que efectuó una retractación no apoyada por elemento probatorio alguno, se extraen dos presunciones que permiten inferir que fue coautor de estos delitos (art. 255 y 256 incs. 3, 5 y 6, in fine del C.P.P.).
Pase a disponibilidad, retiro obligatorio, salarios caídos
Materia: LABORAL
Carátula: Burgos, Egidio y Cejas, Antonia c/ Estado Provincial s/ Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción  (L.A. Nº 43, Fº 143/152, Nº 74) Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción  (L.A. Nº 43, Fº 143/152, Nº 74)
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1994-07-04

No existe ninguna disposición legal a la cual pueda imputarse la pretensión de los accionantes de cobrar las remuneraciones que se pudieran haber devengado desde que cesó el estado de disponibilidad hasta que se dispuso el retiro obligatorio, en calidad de prerrogativa jurídica individualizada. No existe, entonces un derecho que pueda ser adquirido.-
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, LEY DE CONCURSOS, leyes, actuación de oficio, quiebra, honorarios, regulación provisoria
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: XX s/ ¿Corresponde aplicar los porcentajes del artículo 267, ley 24522, a   las regulaciones de honorarios practicadas en primera instancia   conforme al régimen del artículo 290, ley 19551, elevadas a la   Cámara en función del artículo 295, ley 19551, o del artículo 272,   ley 24522? (Tribunal pleno). Observaciones: dejado sin efecto por   acuerdo Nro. 12 de fecha 03-12-1997
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-10-04

La regulación de honorarios que va a la alzada en razón del artículo 272 de la ley concursal, no es sino "provisoria". Puede -y debe- ser reducida oficiosamente, porque al estar en contradicción el interés personal del síndico (como acreedor del estipendio eventualmente reducible) con el interés de los acreedores (como destinatarios del producto no afectado al pago de los honorarios en cuestión, eventualmente aumentable aquél si se disminuyen éstos), se ha confiado legalmente al tribunal de alzada la custodia de la integridad del producto a distribuir y su no afectación -por honorarios- más allá de los topes legales. Dichos topes legales son -deben ser- los vigentes a la hora de decidir la regulación definitiva que es la que ha de fijar, a su vez, la dimensión del monto residual repartible entre los restantes acreedores. (Del Voto del Dr. Rouillon).
Pensiones, conviviente del mismo sexo
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: G., A. A. c/ A.N.Se.S. s/ Pensiones
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-09-11

Reconocido el derecho del conviviente del mismo sexo a obtener el beneficio de pensión (obligación de hacer), ha de fijarse un plazo de 30 días para que el organismo dicte nueva resolución con arreglo a la sentencia, lo que no colisiona con lo dispuesto por el art. 22 de la ley 24.463 -modificado por ley 26.153-, que fue previsto para el pago de las condenas de reajuste y no para el otorgamiento de nuevas prestaciones como es el caso de autos.
Pericia médica, valor probatorio, confirmación de sentencia
Materia: PENAL
Carátula: TABENI, ENRIQUE ALBERTO Y OTROS c/ AGUAS DE CORRIENTES S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 2016-10-31

No encuentro elementos que permitan cuestionar la eficacia probatoria de la pericia médica, por lo cual no corresponde apartarse de sus conclusiones, máxime cuando del contexto probatorio se concluye con la acreditación de las conclusiones de la pericia. Pruebas que hacen a la resolución de la causa. Con la salvedad y en el entendimiento de que sólo serán valoradas las pruebas que conduzcan a la convicción necesaria para sentenciar; sin que proceda reproche alguno la omisión de meritación de pruebas al no considerarse decisivas, es decir que las analizadas y valoradas contienen definitividad suficiente para el fallo.
Concurso preventivo, apertura del concurso, acreedores del concurso, etapas del concurso
Materia: CIVIL
Carátula: DOMÍNGUEZ, Carmen del Valle y otros s/ Medida Cautelar
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-05-04

El art. 24 de la LCQ prevé un beneficio legal de carácter excepcional (cf. CNCom, sala D, 31/10/01, lexis nexis nº 30001213), al establecer que en caso de necesidad y urgencia evidentes para el concurso, y con el criterio del art. 16 párrafo final -ponderación de la conveniencia para la continuación de las actividades del concursado y la protección de los intereses de los acreedores-, el juez puede ordenar la suspensión temporaria de la subasta y de las medidas precautorias que impidan el uso por el deudor de la cosa gravada, en la ejecución de créditos con garantía prendaria o hipotecaria. Esta suspensión no puede exceder de noventa días.

El pedido de suspensión debe tramitarse ante el juez del concurso y ser resuelto por éste, aunque los remates o medidas precautorias cuya suspensión se pretenda hayan sido ordenados por otros jueces; sólo el juez del concurso está en condiciones de apreciar la conveniencia para la continuación de las actividades del concursado y la protección de los intereses de los acreedores (Rouillón, Régimen de Concursos y Quiebras, p. 84).

La previsión del art. 24 de la LCQ resulta razonable, dado que el remate de inmuebles o maquinarias de la empresa puede llegar a destrozar las expectativas de recuperación o salvataje por vía concursal (Maffía, Manual de Concursos, p. 175).

En este supuesto, se autoriza al juez a suspender temporariamente la subasta pendiente o, en su caso, las medidas precautorias que impidan el uso por aquél de la cosa gravada. El plazo de suspensión no puede ser superior a noventa días y se computa en días hábiles judiciales. La suspensión de los remates y medidas precautorias no puede exceder de noventa días. Consumido el plazo de noventa días (art. 24 in fine, ley 24522) no procede prorrogarlo ni disponer otras medidas cautelares que de algún modo obstruyan los remates.
Seguros, siniestro, denuncia del siniestro, responsabilidad del asegurado, procedimiento laboral
Materia: COMERCIAL
Carátula: ANTONIO L. GIBAUT  S.A. c/ AMPARO CIA. ARG. DE SEGUROS s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-29

En el juicio laboral que el damnificado promovió contra el empleador y donde la aseguradora fue citada en garantía por el asegurado, aquélla no puede oponer defensas que frustrarían la finalidad del seguro (ley 17.418: 118), sea la aseguradora citada por el damnificado o por el asegurado, la ley consagra una limitación de defensas. En aquel proceso no podía cuestionarse frente a la víctima la vigencia del seguro por omisión de denuncia del siniestro.

Pero aquella defensa que se desestimó en el juicio laboral puede ser replanteada en la acción regresiva del asegurado contra su asegurador, que nace del contrato de seguro, precisamente del incumplimiento de la obligación de dejar indemne el patrimonio del asegurado.

Si el asegurado no probó que su omisión de denuncia obedeciera a alguna de las causales admitidas por la ley, caso fortuito, fuerza mayor o imposibilidad de hecho sin culpa, tal circunstancia produce para el incumplidor la pérdida del derecho a la indemnización.
Excepciones procesales, litispendencia
Materia: CIVIL
Carátula: MADRAZO c/ M.C.B.A s/ PROCESO DE CONOCIMIENTO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-11

La defensa que establece el art. 347 inc. 5 del CPC es procedente cuando por su forma la demanda no se ajusta a los requisitos y solemnidades que la ley prescribe.-
Acusación, carga de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: RAIMUNDO RE s/ DEFRAUDACION POR RETENCION INDEBIDA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1993-05-19

Si no se logra probar la imputación, cabe disponer la absolución lisa y llana y no por la duda del justiciable. Ello es de tal manera, toda vez que sostener lo contrario equivaldría en la práctica a invertir la carga probatoria.
Declaración testimonial, declaración en sede penal, valor probatorio
Materia: PROCESAL
Carátula: MESHEDJIAN, Juan Domingo c/ VEIRA, Alberto César s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-07

Resulta razonable que el testigo no recuerde con precisión matemática todas y cada una de las circunstancias fácticas que rodearon el hecho, sin que ello desmerezca, en manera alguna, la plena eficacia probatoria de su primer declaración vertida en la causa penal.
Cesantía ilegítima, daño moral
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Bauzá, Juan c/ Municipalidad de Lanús s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-06-14

Habiéndose llegado a la conclusión de que los agentes fueron dados de baja ilegítimamente, procede la reparación del daño moral (arts.

16, 522,, 1078, 1109 y conc., Cód. Civil), pues no cabe duda acerca de que dicha separación provocó en los actores intranquilidad y sufrimientos injustos, circunstancia que ha de tenerse por demostrada por el solo hecho de la acción antijurídica -daño in re ipsa- y es al responsable del hecho dañoso a quien incumbe acreditar la existencia de una situación objetiva que excluye la posibilidad de un daño moral.
Daños y perjuicios, daño moral, indemnización, monto de la indemnización, enriquecimiento sin causa, indemnización en razón de equidad
Materia: CIVIL
Carátula: E.  C. y N. F. A. c/ Sanatorio San Jorge S.R.L y C. B. C. T. s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 2004-10-15

El rasgo caracterizante de la indemnización reside en su fin último: la reparación del daño ocasionado. En el ámbito del daño moral, si bien el menoscabo de índole espiritual y afectiva es de imposible reparación, el establecimiento de un monto indemnizatorio nunca puede desembocar en un cuadro de situación donde, como consecuencia de un daño de dimensión espiritual, se arribe a una desmedida percepción económica, lo cual -obviamente- se contrapone a las reglas de la ética. El daño moral no puede generar un enriquecimiento inmoral. Por ende, la facultad discrecional de los jueces de establecer la reparación del evento dañoso cede cuando al hacerlo se incurre en un desequilibrio que avasalla el fin único de la reparación, que estriba en imponer la justicia al caso concreto, esto es: asegurar la equidad en la decisión judicial.
Situación del imputado, sentencia condenatoria, clasificación de delitos, robo calificado, tentativa, agravantes de la pena
Materia: PENAL
Carátula: CARRIZO, JORGE, GUERRERO,  ANA MARÍA c/ ALPIRE, IVAN EMANUEL s/ SITUACION DEL IMPUTADO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-10-06

Cuando el hecho llevado a debate no se logró consumar, ya que los imputados fueron sorprendidos de manera "in fraganti" en el pleno desarrollo de las conductas delictivas, hablamos de delito tentado. Se debe poner de resalto que el concepto normativo de apoderamiento se integra con dos fases: el desapoderamiento y la toma efectiva de poder sobre la cosa; a partir de ello se colige que la disposición aunque sea por un breve lapso consuma la lesión. Es decir que cuando el hecho no se logra concretar por la intervención oportuna del personal policial que irrumpió en el lugar donde se iba a perpetrar el hecho y sorprendió a los intrusos, está claro que se transitó el iter criminis en la figura penal del robo, es decir que hubo una conducta inequívoca hacia el desapoderamiento de bienes, ello en razón del violento ingreso al negoció y de la fuerza que ejercieron con una barreta, secuestrada sobre el mostrador donde se encontraba la caja.
Recurso de casación, cuestiones de hecho y prueba
Materia: CIVIL
Carátula: PERALTA BERNASCONI PABLO ARIEL c/ MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL s/ INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2004-03-31

Las cuestiones fácticas son de conocimiento exclusivo de los jueces de grado y exentas de la valoración por parte de este Tribunal, pudiendo solamente adentrarse en el examen de las mismas en el supuesto de absurdo, ya que lo contrario traería aparejada una sentencia injusta e inequitativa.
Recurso extraordinario, Estado Provincial, Poder Judicial
Materia: PROCESAL
Carátula: Benítez,   Francisca  Aída c/ Instituto  de  Seguridad  Social,Seguros  y  Préstamos  de  la  Provincia  del  Chaco s/ demandacontencioso administrativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-18

Es ajeno al recurso extraordinario lo atinente a la interpretación de cuestiones de derecho local que atañen a una controversia salarial entre órganos de un gobierno provincial, originada en la compatibilidad de una ley local con una acordada del Poder Judicial de la Provincia del Chaco. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, acción de amparo, principio de no discriminación, derecho a la vivienda digna
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: MMNF s/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad Denegado en Mind y Otros contra GCBA sobre Amparo - Habitacionales", expte. SACAyT n° 172423/21-2 c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-07

Una interpretación sistemática del ordenamiento en materia habitacional a la luz de los principios de equidad, igualdad y no discriminación que prevé la Constitución Nacional (artículos 16 y 75, incisos 19, 22 y 23), permite afirmar que sería contrario a sus fines desestimar la pretensión de los jóvenes que se capacitan y privarlos de la tutela del Estado, pues esta solución contribuiría a instalar desigualdades entre las posibilidades de capacitación del hijo mayor conforme a la situación socioeconómica del hogar al que pertenezca. En base a ello, los requisitos que deberían verificarse para que los hijos de los hogares vulnerables sean considerados acreedores de asistencia habitacional, son: a) convivir con su grupo familiar; b) acreditar cursar estudios en forma regular conforme el plan de la carrera u oficio elegidos mediante la presentación del certificado expedido por el establecimiento educativo (que deberá ser renovado periódicamente); y c) no haber alcanzado los veinticinco años (Del voto en disidencia de la jueza Marcela De Langhe de conformidad con su voto en "J. C. N. y otro s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ J. C. N. c/ GCBA y otros s/ amparo", y su acumulado expte. n° 15948/18 "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: J. C. N. c/ Instituto de la Vivienda de la CABA y otros s/ amparo", expte. n° 15928/18, sentencia del 21-10-19).
Escala penal, pena única, intención de eludir la acción de la justicia, prisión preventiva
Materia: PENAL
Carátula: P., M. D. c/  s/ excarcelación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-11-27

Los vocales analizaron la situación procesal a la luz de la nueva normativa vigente (artículos 210, 221, 222 y cctes del CPF) y destacaron que la escala penal prevista para el delito imputado sumado a los antecedentes condenatorios, impedían que eventualmente se impusiera una sanción en suspenso. Agregaron que P. tenía un dudoso arraigo pues si bien fue detenido en el lugar que aportó como residencia, se mantuvo contumaz hasta que fue habido el pasado 4 de noviembre tras una comunicación anónima y que, vencida la pena única que oportunamente se le impuso, se lo individualizó como integrante de una asociación dedicada a perpetrar eventos de similares características, lo que permitía sostener que no se vería motivado a cumplir las condiciones en caso de hacerse lugar a la libertad. Ponderaron también la gravedad de la imputación y la violenta ejecución de los hechos y el nivel de organización, circunstancias éstas que llevarían a afirmar la posibilidad de que hostigue y amenace a las víctimas y testigos y a inferir un serio peligro de entorpecimiento. Concluyeron que correspondía mantener la medida cautelar (artículo 210 inciso "k" del CPF) no siendo desproporcionado el tiempo que viene sufriendo en detención a la luz de que las actuaciones ya se encuentran en la fiscalía para que se expida en los términos del art. 346 del CPPN
Acción civil en el proceso penal, cheque, desnaturalización del cheque, sentencia absolutoria, daños y perjuicios, daño resarcible
Materia: PENAL-CIVIL
Carátula: P., M. s/ Estafa (Expte Nº59-97, Resolución Nº43, Tomo 4, Folio 419)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-09-04

Aunque la sentencia penal firme diga que la entrega de un cheque en las circunstancias que se otorgó el de la causa no configura estafa, ninguna duda cabe que el cheque en cuestión fue entregado y que operó como condición para la entrega de la mercadería, de lo que se sigue que el hecho de la entrega del cheque fue causa determinante del daño patrimonial sufrido por el denunciante correspondiendo otorgar reparación por este concepto.
Personal municipal, remuneración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Abrahamovich, Silvia Teresa y ots. c/ Municipalidad de Ensenada s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-03-09

No existiendo ninguna norma legal que confiera a los agentes de la Municipalidad de Ensenada una situación especial para sostener el sistema de retribución basado en las pautas consagradas en el año 1985, tal régimen pudo ser alterado por normas de similar jerarquía emanadas del mismo órgano en ejercicio de una atribución específica, tal la de establecer los gastos de la Municipalidad (arts. 29 y 35, L.O.M.).
Recurso de apelación (procesal), expresión de agravios, exceso ritual manifiesto, defensa en juicio
Materia: CIVIL
Carátula: ARÉVALO DOMINGA FAUSTINA c/ TISSERA DE ELÍAS SILVIA DEL VALLE Y/U OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - CASACIÓN CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-09-21

La idoneidad técnica de los escritos que contienen el memorial en donde se fundan los agravios a los efectos del recurso de apelación -en cuanto a su suficiencia-, deben ser apreciados con un criterio amplio en lo que hace a su admisibilidad. Dicho proceder se impone a los fines de armonizar y priorizar el respeto de los derechos tutelados por la Constitución Nacional y Provincial, con el fin de facilitar la más amplia y completa controversia de los derechos en juego. De otro modo, y tal como lo sostuviera la C.S.J.N., un mero defecto técnico podría conducir a injustas soluciones perjudicando a los litigantes que acuden a los tribunales a fin de que se imparta justicia, y pretendiendo que se les brinde la posibilidad de ser oídos ejerciendo su legítimo derecho de defensa en juicio, dejando en claro que dicha concepción no importa suplir omisiones o negligencias a las cargas procesales incurridas por los litigantes impuestas por las normas de forma, que en definitiva han sido concebidas como medio a los fines de hacer valer los derechos de fondo. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, tercería de dominio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Santomauro, Margarita G. y otros s/ Tercería de dominio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-05-05

El pronunciamiento de Cámara que rechaza la tercería de dominio por incumplimiento de requisitos formales, no reviste carácter definitivo en los términos del art. 296 del Código Procesal Civil y Comercial. (Minoría u opinión personal)