Tribunal: CAMARA DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2005-08-31


2º Instancia.- Córdoba, agosto 31 de 2005.

¿Qué resolución corresponde dictar con relación al reclamo por despido incausado y respecto de los rubros y montos peticionados? El doctor Brain dijo:

En función de los términos en que ha quedado trabada la litis, corresponde verificar si se han acreditado los extremos fácticos y jurídicos necesarios para que se configure el despido con justa causa que comunicó la co-demandada Patrulla S.A. al actor Antonio Rubén González, ya que no se encuentra controvertida ni negada la relación de dependencia del actor con la co-demandada Patrulla S.A., aunque se ha negado vínculo laboral alguno con la co-accionada Sancor Cooperativas Unidas Ltda., sobre la que me expediré más adelante. Para determinar si le asiste razón al reclamante a ser acreedor de los rubros señalados en su demanda, a los fines de una adecuada ponderación de las causales invocadas por la empleadora y cumpliendo con el requisito del art. 327 del C.P.C.C. y el art. 155 de la Constitución Provincial, debo examinar en primer lugar los argumentos invocados en el telegrama de despido y verificar si se han probado los extremos señalados en el mismo, para luego realizar el correspondiente examen de valor que el principio de equidad me otorga a fin de concluir si, en el supuesto de acreditadas las causales, las mismas resultan pertinentes o no para producir la extinción del contrato de trabajo, con invocación de justa causa. Debo señalar que el art. 242 del RCT establece: "Una de las partes podrá hacer denuncia del contrato de trabajo en caso de inobservancia por parte de la otra de las obligaciones resultantes del mismo que configuren injuria y que, por su gravedad, no consienta la prosecución de la relación. La valoración deberá ser hecha prudencialmente por los jueces, teniendo en consideración el carácter de las relaciones que resulta de un contrato de trabajo, según lo dispuesto en la presente ley, y las modalidades y circunstancias personales en cada caso". A su vez, el art. 243 señala: "El despido por justa causa dispuesto por el empleador como la denuncia del contrato de trabajo fundada en justa causa que hiciera el trabajador, deberán comunicarse por escrito, con expresión suficientemente clara de los motivos en que se funda la ruptura del contrato. Ante la demanda que promoviere la parte interesada, no se admitirá la modificación de la causal de despido consignada en las comunicaciones antes referidas". Ambas normas indican que, para que sea procedente el despido directo dispuesto por el empleador, como en este caso, debe existir un elemento objetivo, que es el incumplimiento contractual del trabajador, un elemento subjetivo, que es la decisión del empleador de producir el quiebre de la relación laboral, el quiebre del principio de continuidad consagrado en el art. 10 del RCT y un nexo entre ambos referido a que, como consecuencia de ese incumplimiento se haya generado una injuria grave que por su gravedad impida la continuidad del vínculo. A su vez, la comunicación de la decisión debe ser hecha por escrito, con expresión suficientemente clara de los motivos en que se funda la ruptura del contrato. Así entonces, corresponde que deba verificar si esos requisitos han quedado acreditados en la causa. En autos el actor sostiene la ilegitimidad de la decisión empresaria de extinguir el vínculo, afirmando que tal como fue instrumentado dicho despido debe ser considerado incausado con derecho a las indemnizaciones por antigüedad y por omisión de preaviso y demás rubros demandados. También señalo que carece de eficacia el despido indirecto dispuesto por el trabajador en telegrama colacionado laboral 51806063 (CD 500004261 AR) de fecha 1 de diciembre de 2003, "a posteriori" del despido directo con invocación de causa efectuado por la accionada, que es el que debo analizar. Hecho el encuadre de la cuestión procederé ahora a verificar cómo ha sido instrumentado el distracto por la co-demandada Patrulla S.A. Así, con fecha 20 de noviembre de 2003 la misma remite al actor la carta Documento CD 50033541 9 AR, que obra reservada en Secretaría, reconocida su recepción por el actor a fs. 75 y que fuera acompañada como prueba instrumental-documental 3 a fs. 60 vta. por la co-demandada Patrulla S.A. Dicha misiva expresa textualmente: "Habiendo Ud. reconocido expresamente en el descargo efectuado de su puño y letra que encontrándose de turno el día 11/10/03 desde las 14 hasta las 22 horas en su lugar habitual de prestación de tareas Sancor-Córdoba, ha realizado sin autorización del encargado de turno, cinco (5) llamadas telefónicas desde la línea privada del cliente, interno 4017, entre las 14,27 y las 17,45 horas, todas con destino a la ciudad de Buenos Aires a teléfonos fijos y celulares por cuestiones particulares, todo lo cual quedó asentado fehacientemente en el registro de llamadas, resultando de su pleno conocimiento que las llamadas particulares sólo se autorizan para situaciones de real excepción y bajo la responsabilidad del encargado de turno, tal como se comunicara mediante la nota de fecha 30/07/03 firmada por Ud. en prueba de notificación y constituyendo lo expuesto una conducta absolutamente abusiva y negligente en el cumplimiento de sus obligaciones laborales por cuanto incumplió las instrucciones impartidas y descuidó la atención de las tareas a su cargo, ocasionando no sólo un perjuicio económico por el costo de las llamadas sino también una grave pérdida de imagen de Patrulla S.A. frente al cliente, se ha dispuesto su despido fundado en justa causa a partir del 22/11/03, en virtud de que la conducta por Ud. asumida constituye una grave injuria laboral y ocasiona una severa pérdida de confianza que no consiente la prosecución de la relación laboral. Liquidación final y certificado art. 80 de la LCT a su disposición en plazo legal. Queda Ud. notificado". Según expresa el actor en su demanda, el día 25 de noviembre de 2003 debió intimar a su empleadora a fin de que le aclarase su situación laboral ya que desde el día 22 de noviembre de 2003 se le impidió ingresar a la planta, razón por la cual mediante TCL 51806062 (CD 50000032 7 AR), cuyo original, reconocido por Patrulla S.A. en acta de fs. 74 vta., obra reservado en Secretaría el que expresaba lo siguiente: "No permitiéndoseme la entrada a mi lugar de trabajo para cumplir con mis servicios de vigilancia, en Planta Sancor Cooperativas Unidas Limitadas, sita en Bv. Bulnes esquina Machioni de la ciudad de Córdoba y hasta la fecha sin motivos ni justificativos algunos de manera oficial, intimo término de 48 horas regularice y/o aclare mi situación laboral, bajo apercibimiento de darme por despedido sin justa causa. Haciendo reservas de todos mis derechos legales de la L.C.T. (20.744) y de accionar en su contra por despido indirecto s/arts. 90, 231, 233, 245 y 246, y demás leyes laborales correlativas y concordantes: 24.013, 25.013, 25.345 y 25.561".

Dicha comunicación fue contestada por la codemandada Patrulla S.A. con fecha 28 de noviembre de 2003 y recepcionada por el actor el día 2 de diciembre de 2003, en los siguientes términos: "Rechazamos su CD 500000327 AR de fecha 25/11/03 por falaz, maliciosa e improcedente. Ratificamos todos y cada uno de los términos de nuestra anterior CD 500335419 AR de fecha 20/11/03 mediante la cual se comunicara el despido con justa causa y los fundamentos del mismo. Negamos haberle prohibido el ingreso a su lugar de trabajo en UG SanCor Córdoba para cumplir tareas, sin motivos ni justificativos, toda vez que se ha comunicado fehacientemente despido con justa causa, según la misiva anteriormente citada, remitida al domicilio por Ud. declarado en su legajo personal. Atento lo expuesto, su pretensión de colocarse en situación de despido indirecto carece de todo sustento fáctico y jurídico. Damos por finalizado intercambio epistolar. Queda Ud. debidamente notificado". A su vez, el actor reconoce en su demanda que con fecha 28 de noviembre de 2003 recién recibe la CD 50033541 9 AR, la que es rechazada mediante TCL 51806063 (CD 500004261 AR) de fecha 01 de diciembre de 2003, recepcionada el día 4 de diciembre de 2003 por la co-accionada Patrulla S.A., por medio del cual se coloca en situación de despido indirecto, reconociendo haber efectuado esas llamadas pero negando haber cometido perjuicio económico, haber actuado abusiva y negligentemente, negando haber cometido injuria y se coloca en situación de despido indirecto. En consecuencia, queda acreditado que, si bien la Carta Documento de fecha 20 de noviembre de 2003 por medio de la cual la firma Patrulla S.A. pone en conocimiento al actor del despido con invocación de justa causa fue remitida ese día, recién fue recepcionada por el actor el día 28 de noviembre de 2003, por lo que, aplicando la teoría recepticia de las comunicaciones, ésa es la fecha a partir de la cual debo tener en cuenta en que se produjo el distracto y no el día 1 de diciembre de 2003, fecha en la cual el actor le comunicó a su empleador el despido indirecto. A ello debo agregar que la empleadora es quien debe asumir los riesgos de la notificación y no el trabajador, pues si la comunicación del despido con justa causa se realizó el día 20 de noviembre de 2003 pero entró en poder de conocimiento del actor recién el día 28 de noviembre de 2003, al no acreditarse en autos que haya sido el propio actor quien hubiese impedido esa comunicación, solamente puede tenerse por válida la comunicación del despido directo con invocación de justa causa la del día 28 de noviembre de 2003. Así entonces debo verificar los extremos en que se funda la co-accionada Patrulla S.A. para producir el distracto: a) en primer lugar se comunica como "causa" del despido el hecho de que el actor, el día 11 de octubre de 2003, entre el horario de las 14 hs. hasta las 22 hs., en su lugar habitual de prestación de tareas en SanCor-Córdoba, realizó sin autorización del encargado de turno cinco (5) llamadas telefónicas desde la línea privada del cliente, interno 4017, entre las 14,27 hs. y las 17,45 hs., todas con destino a Buenos Aires a teléfonos fijos y a celulares por cuestiones particulares, b) que solamente se autorizaban llamadas para casos excepcionales y bajo la responsabilidad del encargado de turno, tal como constaba en la nota de fecha 30/07/03 firmada por el actor; c) que ello significó una conducta abusiva y negligente en el cumplimiento de sus obligaciones laborales incumpliendo instrucciones impartidas; d) descuidando la atención de las tareas a su cargo; e) ocasionando un perjuicio económico por el costo de las llamadas con grave pérdida de la imagen de Patrulla S.A., frente al cliente y f) una grave injuria laboral y una severa pérdida de confianza. Señalo que conforme art. 243 de la L.C.T., estos son los términos estrictos que constituyen la "fijeza prejudicial de la causa" y a ellos el Tribunal habrá de referirse al realizar el análisis de las probanzas incorporadas. Las distintas comunicaciones epistolares señaladas precedentemente han sido reconocidas tanto en su contenido como en su emisión y recepción en oportunidad de celebrarse la audiencia de fs. 74/75. Asimismo en dicha oportunidad el actor reconoció su firma inserta y el contenido de la Orden 10/03 de fecha 30 de julio de 2003 que textualmente señala: "Se recuerda a todo el personal de servicio que el uso del teléfono por llamados particulares es para casos de real excepción y bajo responsabilidad exclusiva del Encargado de Turno y más aun cuando las comunicaciones es a un aparato celular. Asimismo deben tomar conocimiento que toda llamada a cualquier hora del día o la noche queda registrada en Jefatura de Planta. De modo que de ahora en más de repetirse un abuso en las comunicaciones el suscripto informará a Patrulla para que se tomen las medidas del caso con los responsables. Las llamadas se anotan en Planilla. Córdoba, 30 de julio de 2003. Fdo.: Carlos R. Barragán. Jefe de Seguridad Patrulla". Vale decir que la co-accionada Patrulla S.A., en uso de las facultades de Organización y de Dirección, acordadas por el art. 64 y 65 del RCT, dispuso un instructivo señalando que el uso del aparato telefónico por razones particulares quedaba restringido solamente a situaciones de real excepción, habiéndosele advertido a los vigiladores, entre ellos al actor, que en caso de no cumplirse con esa directiva, el jefe de seguridad Carlos R. Barragán pondría en conocimiento de esa irregularidad a Patrulla S.A., a fin de que se tomaran las medidas correspondientes. Asimismo, a fs. 75 de autos, en oportunidad del reconocimiento del actor de la documental acompañada y reservada en secretaría por la co-demandada Patrulla S.A., identificada como instrumental-documental 2), reconoce haber recibido la nota de fecha 18 de octubre de 2003, reconoce su contenido, reconociendo además que efectuó las llamadas y que las mismas eran efectuadas mediante el sistema implementado por las firmas Telecom y Siemens, denominado punto a punto, que ellos estaban autorizados por su jefe inmediato, Carlos Barragán, Rubén Morino y Nelly de Lepori a efectuar todas las llamadas posibles por el sistema punto a punto. Agrega que dicho sistema, según sus conocimientos, implicaba el mismo gasto sin importar el número de llamadas (fs. 75). En relación al sistema de servicio telefónico invocado en su defensa por el actor, obra a fs. 87 la contestación del oficio librado a Telecom, señalando que el sistema implementado con Sancor es una red "Frame Relay" donde uno de los extremos es el que corresponde a Córdoba. Indica además que conceptualmente es una vinculación entre dos extremos (punto a punto) pero dista mucho por las características (ancho de banda, velocidad de transmisión y calidad de servicio comprometida) del producto "punto a punto" que también comercializa Telecom, siendo solamente una línea analógica que une dos extremos. A fs. 97 la empresa Telecom amplía su informe y manifiesta que en las redes de datos o vínculos dedicados a la tasación respectiva, la facturación por el costo del servicio es mensual y con un cargo fijo preestablecido previamente en el contrato. También a fs. 93 la empresa Siemens informa que "no tiene ningún tipo de comunicación conjunta con Telecom denominado Punto a Punto". Analizada la prueba documental e instrumental, debo verificar lo acontecido durante la audiencia de la vista de la causa. En primer término se procedió a recepcionar la absolución de posiciones de Hernán Valentín Ferrero, Representante Legal de la demandada Patrulla S.A. quien a la primera posición dijo, no saber si Carlos R. Barragán es el Jefe de Seguridad en la planta industrial de Sancor; asimismo respondió a la segunda que no es cierto que este Señor imparte o impartía órdenes al personal de vigilancia, aclarando que cuando era jefe de servicios, impartía ordenes, pero hoy ya no es jefe de servicio, por lo que actualmente no cumple tal función.

Luego ante la pregunta (tercera) de si es cierto que Barragán recibía órdenes de Morino y Fenoglio, dijo que no es cierto, manifestando (cuarta posición) que tiene entendido que Fenoglio no pertenece más, es decir actualmente, a la Empresa Sancor, y Morino es Jefe regional según tiene entendido, sin saber la jerarquía que cumple en Sancor, ya que él como representante de Patrulla S.A., sólo tiene relación como cliente prestataria de servicio con Sancor, por lo que a la cuarta posición responde que no es cierto. A la quinta posición dijo que no es cierto que Edmundo Fenoglio era o es gerente de Recursos Humanos de Sancor, aclarando que actualmente no lo es, tiene entendido que Fenoglio estaba en Sancor, aclarando que no sabe, por lo que se toma en sentido negativo esta pregunta. Aclara que sabe que era gerente de Sancor, pero no sabe de qué sector. Continúa expresando (posición sexta) que es cierto que la empresa patrulla implementó la circular 10/03 de fecha 30 de julio de 2003, pero desconoce que las directivas hayan venido emanadas del cliente Sancor, ya que fue una orden dada desde Patrulla S.A. A la séptima posición dijo ser cierta la prohibición contenida en la circular. Esta posición se reformula quitándole la parte "... como es el caso de fallecimiento y/o enfermedad". Niega lo preguntado a la posición octava en el sentido de que el teléfono que normalmente estaba autorizado a utilizar el personal de Patrulla, estaba habilitado por el sistema denominado "Punto a Punto", al igual que la posición novena, ya que desconoce la relación existente entre Telecom y Sancor, como para saber cual es el método de facturación de llamadas. La décima posición es reformulada, preguntándose si es cierto que al retirarse diariamente la empleada telefonista, dicha empleada era reemplazada en sus funciones por personal de vigilancia, es decir por personal de Patrulla S.A., a lo que dijo ser cierto, aclarando que las tareas eran reemplazadas, pero no en el mismo lugar físico. Que según el tiene entendido la telefonista se retiraba y se pasaba el teléfono a guardia y la guardia era Patrulla S.A. Niega asimismo la posición undécima de que las llamadas telefónicas que efectuaba el personal de vigilancia, efectuadas con autorización o sin ella, eran cobradas mensualmente por la administración de Patrulla S.A. al personal que las había formulado. En la posición duodécima dijo que no es cierto que Patrulla S.A. tiene su casa central en calle Medrano 175 de Capital Federal. La posición decimotercera es negada también, aclarando que es la casa central de Patrulla, la que se encuentra en Sunchales, Santa Fe. La última posición (catorce) es reformulada, refiriéndose a las sucursales de patrulla, a lo que el absolvente dijo que no es cierto. Aclaró que hay plantas de Sancor donde Patrulla no es empresa de vigilancia y además su representada tiene diversos clientes externos que no son Sancor. Acto seguido la parte actora solicita que se lo tenga por confeso. Luego se procede a recepcionar la absolución de posiciones del Representante legal de Sancor Cooperativas Unidas Limitada, Octavio Arese, quien a la pregunta primera dijo que no es cierto que Morino y Fenoglio se tratan de personas con escalafón laboral jerárquico en Sancor. A la segunda posición, dijo que no es cierto. Al igual, niega la tercera posición, la cual es reformulada de la siguiente manera: "Para que jure como cierto que por razones de seguridad y por directivas dadas por el gerente de recursos humanos la empresa Patrulla implementó la circular 10/03 de fecha 30 de julio de 2003", aclarando que no es cierto, que lo desconoce y que supuestamente es algo interno de las prestadoras de servicio, supuestamente es algo interno de las prestadoras de servicios. Se reformula la segunda parte de esta posición tercera: "Para que jure como cierto que esta circular 10/03 fue implementada por directivas dadas por Morino" a lo que dijo que no es cierto que lo desconoce. A la cuarta posición dijo que no es cierto, pero aclaró que esa prohibición para uso particular existe, pero desconoce que sea por esa circular. La circular la desconoce por lo tanto la posición queda negada. Y se reformula la segunda parte de la siguiente manera: "Para que jure como cierto que esa circular prevé la situación de excepción en caso de fallecimiento y/o enfermedades" a la cual respondió que no es cierto, que lo desconocía. Continúa respondiendo y a la quinta posición dijo que no es cierto, que desconoce; igual respuesta mereció la posición sexta. A la séptima posición en su primera parte dijo que era cierto, que Lépori es empleada de Sancor y es la telefonista, aclaró que ella atiende todas las llamadas de la planta. Se reformula en su segunda parte de la siguiente manera: "Para que jure como cierto que todo el personal debía pedirle a ella (Lépori) autorización para utilizar el teléfono" a lo que dijo que no es cierto. Para las posiciones octava y novena, el absolvente responde de igual manera diciendo que desconocía la situación, que por lo tanto no era cierto. A la posición décima tal cual está formulada dijo que no era cierto, pero aclaró que en Rosario hay una sucursal de ventas. Luego en la posición undécima, el absolvente dijo que desconocía, que no era cierto, de igual manera es respondida la posición duodécima. Acto seguido la parte actora solicita que se lo tenga por confeso. A lo que la parte Sancor manifiesta rechazo. Luego se procedió a recepcionar las declaraciones testimoniales de los testigos presentes y ofrecidos por las partes. En primer lugar se recepcionó la declaración de Carlos Raúl Barragan: que dijo conocer a las partes y no encontrarse comprendido por las generales de la ley. Manifestó que conoce al actor, porque se desempeñaba como vigilador cuando él ejercía como jefe de seguridad en la planta Sancor-Córdoba. Agregó que él trabajó desde 1996 hasta fines de 2004 y que respecto al actor no tenía presente cuándo ingresó, pero dijo creer que fue en el 2000/2001 más o menos. Se procedió luego, al reconocimiento de la documental reservada, conforme el escrito de ofrece prueba que obra a fs. 58 de autos, respecto de los cuales, ante la exhibición de una factura, manifestó que en la misma existe una inicial suya, dicho documento agregó, significa que se le adeuda la suma de $ 4,30 conforme escritura ubicada en la parte superior derecha de la factura 237008. Aclaró que sólo ese contenido supra mencionado reconoce, no recordando por qué motivo lo ha realizado. Asimismo respecto la firma inserta al pie de dicho documento dijo que no era suya. En relación a la nota simple al ser la misma fotocopia no pudo ser reconocida, sin embargo el testigo dijo que era suya la letra y firma. Luego dijo que era su firma inicial la que obra en el recibo de fecha 24 de diciembre 2001, el cual significaba un adelanto de haberes, seguido a ello, se le preguntó al testigo por qué se lo firmó, y el testigo manifestó que de esa forma trataba de asegurarse el manejo de dinero, pero que dado el transcurso del tiempo no recordaba por qué lo hizo con precisión, pero reiteró que era para asegurarse de mejor manera el manejo de dinero.

Seguidamente aclaró que para Sancor planta Córdoba efectuaba vigilancia la empresa Patrulla S.A. únicamente, no había otra empresa, agregando que Patrulla le presta a casi todas las casas o plantas de Sancor sus servicios, desconociendo por qué motivo. Sólo dijo conocer que desde que él ingresó a Patrulla, ésta tenía ingerencia a varias plantas Sancor en cuanto a vigilancia. Manifestó asimismo que estando en la planta Sancor recibía órdenes del jefe de planta de Sancor y de su jefe natural de Patrulla S.A. Ante la pregunta efectuada por el letrado del actor, dijo que los teléfonos de la planta, pasaban a la guardia a las 15:30 hs. o 16 aproximadamente y quedaban hasta el día siguiente ya que a las 7 - 7:30 hs. ingresaba la operadora, aclarando que en los fines de semana quedaban en la guardia hasta el primer día laboral siguiente. Respecto al sistema telefónico utilizado por la empresa dijo no recordar cómo era, aclaró que conoce el sistema punto a punto, el cual implicaba levantar el tubo y apretar una determinada cifra numeral para tener acceso directo a Sunchales o con quien fuera, pero reiteró no conocer el tipo de facturación que Sancor tenía con respecto a Telecom. Asimismo agregó que respecto a la circular 10/03 no puede recordar el número, por lo que dijo no recordar el contenido. Ante el cuestionamiento de la parte actora, aclaró que el personal de vigilancia podía utilizar el teléfono pero sólo con previa autorización y para casos de urgencia, pero en general no estaban autorizados a efectuar llamadas. Hizo saber que por una orden de jefatura de planta de parte de Patrulla, sin recordar desde cuándo por el tiempo transcurrido, dado a su iniciativa, Patrulla tiene en su poder un cuaderno de órdenes, en donde figura que el personal no podía efectuar llamadas, aclarando que había excepciones, situaciones no escritas en dicho libro, pero siempre que el caso fuese contemplado o mereciera ser contemplado, por ejemplo en caso de que le avisaran de una enfermedad, o accidente de un vigilador antes de ingresar a la planta. Agregó asimismo, que para la autorización de las llamadas, si no estaba el testigo, lo llamaban a su casa, quedando registrado en la sábana y también en el libro de guardia. Si la autorización no era dada por él, por alguna circunstancia ajena, debía ser dada por el encargado de turno en la planta, por ejemplo mientras se ejercía vigilancia en los días inhábiles estaba el encargado de turno. Los cargos eran los siguientes, en primer término el jefe de seguridad de la planta, luego estaba el encargado de turno, que también era de Patrulla S.A., y por último los vigiladores. Dijo no recordar haber autorizado al actor hacer alguna llamada, aclarando que él trabajó hasta noviembre de 2004, como tampoco recuerda que algún encargado lo haya autorizado, pero que de todos modos hizo saber que existen todas las constancias en Patrulla. Respecto al costo de las llamadas, dijo que jefatura de planta tenía un control estricto sobre este tema, por lo que si venía un bimestre con llamadas en exceso se lo llamaba al testigo, como jefe de sector, pero si la sábana era normal, jefatura de planta no hacia presión, aclarando nuevamente que el tipo de facturación era patrimonio de jefatura de planta. Asimismo hizo mención de que el descuento a algunos empleados por supuestas llamadas, no era cobrado por él, aclarando que el cobro no era por llamada solicitada, sino que a veces cuando el jefe administrativo denotaba llamadas en exceso, él cobraba y él sabía porque le entregaban la sábana, la llevaba a la guardia y de acuerdo al día, hora e interno 4017/4018, el iba al libro de guardia y hacía una evaluación de qué personal estuvo ese día y la hora en que se hizo tal o cual llamada. Todo ello porque en jefatura de planta, se presumía que se estaban haciendo llamadas que no correspondían; así se puso en ejecución el sistema de identificación de llamadas, de modo tal que el testigo, en virtud de lo requerido por la planta, elaboraba un interrogatorio individual para cada vigilador, porque también detectó llamadas a líneas calientes o hot lines. Los interrogatorios eran dados con un plazo de contestación, de 24 hs. creía. En el caso del actor, en octubre de 2003 efectúa una llamada y esa llamada no había sido autorizada. Dijo saber que fue en octubre 2003, por las sábanas; allí él toma conocimiento de llamadas en horario de actividad y haciendo uso de elementos técnicos de planta (Teléfono) que no le corresponden al vigilador, y en horario de trabajo, además agregó que el actor reconoció en su interrogatorio, el cual fue entregado en sobre cerrado firmando la recepción. Manifestó que el actor había hecho amistad con un ex jefe de servicios que lo tuvo el testigo como vigilador, que fue a Sunchales trasladado, dijo ser Luna, así agregó que el actor lo llamaba a este Luna, y tenía además llamadas a Buenos Aires, no recuerda si esa llamada era a familiar o amistad, excediendo los montos razonables, todo ello lo sabía porque corroboró en la sábana y además porque jefatura de planta si no hubiese sido así no lo hubiera llamado. Asimismo hizo mención que las llamadas las hizo sin su conocimiento y que fueron recobradas por Sancor. Aclaró que los interrogatorios fueron hechos a todo el personal, y que todos dieron positivo, lo que significa que se habían hecho llamadas a líneas Hot-lines prácticamente un 50 ó 60% del personal, no pudiendo precisar si el actor estaba en ese porcentaje. Comentó que el caso creía se desencadenó en un fin de semana largo, al finalizar éste cuando regresaron a trabajar, lo llamó Arese, jefe administrativo y le llamó la atención por la cantidad de llamadas efectuadas en esos días desde los internos 4017/4018, identificando que eran llamadas hot-lines al interrogar al personal, los empleados lo decían en sus interrogatorios. El tribunal le preguntó qué actitud tuvo la empresa con estos empleados, y el testigo dijo que el jefe de planta tomó conocimiento y pidió sanciones y/o despidos según los antecedentes del personal, aseverando que efectivamente hubo sanciones y despidos. Dentro de los despedidos se encontraban Páez, Lucas, Barragán su hijo, Méndez, no recordaba si el actor fue en el mismo "paquete" sabía que otro más fue despedido, sin recordar el nombre, aclaró que el mismo era de Deán Funes. Se le preguntó cuál fue el criterio aplicado, respondiendo el testigo que desconocía, ya que no fue una decisión suya, frente a esa circunstancias el testigo podía emitir una opinión, pero nada más, pudiéndose no tomar la misma en cuenta. Seguidamente el representante de patrulla le exhibió una documental, consistente en una nota que le había efectuado al vigilador, con fecha 18 de octubre de 2003, exhibida la misma, el testigo reconoció la firma y contenido de esa documental, la misma se encuentra ofrecida como prueba de la demandada Patrulla S.A. a fs. 60 en el ítem Instrumental - Documental 2. El testigo aclaró que se refería al interrogatorio y que el remarcado había sido realizado por él. El documento estaba iniciado al margen izquierdo por razones de seguridad. Agregó que él recibía en término esos interrogatorios, ya sea por parte del encargado o de los mismos empleados, él hacía un paquete, se lo presentaba al jefe de planta y eso después era llevado a su jefatura natural de Patrulla S.A. Hizo mención que la sucursal a la que remitía estaba radicada en Sunchales, por lo que lo remitió por correo, bolsa. Aclaró, frente al requerimiento de la parte actora que las sanciones eran dispuestas por Patrulla, pero que podía ser pedida también por la jefatura de planta de Sancor, pudiendo sugerirlo, pero que en definitiva quien decidía era la primera. Agregó que era resorte también de Sancor no permitir el personal que no le es útil, que en vez de trabajar distrae su tiempo en otra cosa, pero la última palabra la tenía Patrulla. Manifestó saber que Arese tiene conocimiento de todo lo que pasa en la faz administrativa, por consiguiente, agregó que respecto al teléfono, esta situación no le era ajena. Aclaró que Arese manejaba administrativamente, pero sin conocer específicamente, por ejemplo respecto de los interrogatorios no creía que los conociera, pero no sucedía lo mismo con el jefe de planta. De todos modos afirmó que ante una anormalidad del área, Arese lo llamaba a él porque era su sector. Asimismo agregó que este señor no recorría la planta, no era su obligación, pocas veces iba donde estaban los vigiladores, pero que si sucedía una anormalidad lo llamaba al testigo, y este fue el caso, Arese lo llamó al testigo y le dijo "pasó esto...", dijo creer que habló con una empleada administrativa quien le entregó una sábana, con la cual el testigo trabajó. Frente a lo afirmado por el testigo la parte actora pidió se coteje con las posiciones 7, 8 y 9 del pliego de preguntas efectuadas a Arese. Seguidamente se procedió a recepcionar el testimonio de Raúl Salvador Banchio, el cual dijo conocer a las partes y no estaba comprendido en las generales de la ley. Relató que el 21 de mayo de 1999 empezó a trabajar y que lo conoció al actor en Patrulla desde que entró, aunque aclaró que el actor ingresó después. Agregó que sus tareas era de vigilador, entonces trabajaba conjuntamente con el actor, y a veces en el mismo horario, afirmando que cumplía servicio en Sancor Sucursal Córdoba, cuya ubicación creía era calle Bulnes esq. Machado. Se le preguntó si conocía los motivos por los que dejó el actor de trabajar, por lo que dijo creer que era por unas llamadas, ya que la noche que llegaron los telegramas, vieron los fax que decían por unas llamadas, agregó que los siete Telegramas eran por llamadas, aclarando que se trataba de llamadas telefónicas. Afirmó que el jefe de personal de Patrulla, de los vigiladores, era Barragán Carlos, quien daba instrucciones y que el encargado de turno en esa época, eran Machado Víctor, Páez Martín y Barragán Martín. Comentó que las instrucciones sobre el teléfono eran: se debía solicitar al encargado de turno permiso para realizar llamadas. Se le preguntó a continuación si había excepciones, a lo que respondió que no había. Agregó que estas instrucciones fueron dadas cuando él ingresó, ya que había un cuaderno de órdenes en el que estaban las instrucciones. Ese cuaderno, continuó, era manejado por Barragán. Se le preguntó si además de ese cuaderno había otra directiva dada por la empresa, a lo que el testigo dijo que no está seguro, que creía que no, aclaró que por escrito estaba ese cuaderno de orden y cuando se ingresaba el primer día cada empleado leía ese cuaderno y las firmaba. Respondió que concretamente sobre el uso del teléfono dichas instrucciones decían que se debía pedir permiso al encargado para realizar una llamada, por lo que si alguien utilizaba el teléfono sin autorización, podía ser pasible de un informe, pero que él nunca supo que se haya sancionado a nadie por tales hechos. Manifestó conocer a de Lépori, Nelly Brigioni, dijo que era la telefonista de Sancor y que cumplía un horario de 7 a 16 hs. y que cuando ella se iba, los teléfonos se pasan a la guardia, aclaró que la línea era la que se pasa, mientras estaba Nelly no se podía hacer llamadas por parte de vigilancia, cuando ella se iba, ella pasaba la línea y pidiéndole autorización al encargado, se podía realizar llamadas. Agregó que esta señora no estaba autorizada para autorizar una llamada, mencionó que mientras ella estaba no había línea afuera, pero sí funcionaban los internos. Respecto a la situación del actor, dijo que por lo del telegrama creía que el actor había hecho llamadas particulares, pero él no lo vio. Asimismo dijo no recordar haber sido objeto de interrogatorios por ese hecho específico, creía que no, de todos modos, recordó que ellos tenían una planilla donde se registraba cada llamada, fuera del horario de Nelly y el personal estaba obligado a asentar las llamadas. Era una planilla de control de llamadas telefónicas. Frente a lo requerido por la parte actora, dijo que cuando Barragán no estaba, se le solicitaba permiso al encargado de turno, si este no estaba, había que esperarlo "sí o sí a él". Agregó que el encargado de turno salía de la guardia central para hacer recorrido en el fondo y por lo general era de una hora, por lo que había que esperar una hora para solicitar un permiso, se podía comunicar con handy. Por último manifestó que por el telegrama tuvo conocimiento que el actor hizo llamadas a Buenos Aires sin precisar a que lugar. Por su parte el testigo Méndez Pablo Gustavo, dijo que trabajaba en Sancor, que conocía a las partes y no estaba comprendido en las generales de la ley. Afirmó que era compañero de trabajo en la guardia de Sancor con el actor, trabajando en consecuencia para la demandada Patrulla, como vigilador. Asimismo dijo que hacían horarios rotativos, lo que motivaba que en algunos de ellos veía al actor. Relató que ingresó al trabajo en el año 1999 y cree que permaneció allí hasta noviembre de 2003, ya que lo despiden conjuntamente con el actor; agregó que su despido, según lo que decía el telegrama de la empresa, fue porque un encargado dijo que había llamado por teléfono. Después de despedido, aclaró no haber iniciado un juicio contra la empresa. Respecto al actor, dijo que suponía en virtud de lo que comentó el mismo, que lo despidieron por hacer llamadas telefónicas. Ante lo preguntado por la parte actora, respondió que el horario que cumplían era rotativo, de 06:00 a 14:00, de 14:00 a 22:00 y de 22:00 a 06:00. Aclaró que en la mañana, si querían hablar por teléfono debían solicitarle autorización al encargado, y si este no estaba, a la telefonista Nelly. Asimismo manifestó que si no estaba el encargado, y si no estaba Nelly se podía llamar si era una emergencia pero se debía dejar anotado en un cuaderno, aclarando que había una carpeta, es decir, había dos registros uno para la guardia y otro para la central. Entonces se debía dejar asentado el número de teléfono y nombre de quien lo hacía con el número de legajo. Respecto a los costos de las llamadas, dijo que a final de mes se le pasaba un resumen y se las cobraba Barragán, dejando constancia en un recibo, que les daba como comprobante, sin recordar si el mismo tenía membrete. Agregó que realizando su actividad estuvo un tiempo en Sancor, luego estuvo en Cordiez como empleado de Patrulla también y luego volvió a Sancor. Respecto a quien impartía las órdenes, dijo que recibían órdenes del personal jerárquico de Sancor, es decir Morino, Arese, Ruiz, casi todo el personal jerárquico, aclaró que ellos tenían puesto fijo en sus funciones dependiendo del horario, así, en la mañana era en el frente, y las órdenes, entonces, se recibían en el puesto fijo, mientras que durante la noche, agregó, se rotaban en tres puestos en la parte del fondo de Sancor. Reiteró respecto a las llamadas que se debía pedir autorización al encargado para efectuarlas, porque estaba en las directivas de Patrulla que estaban en una carpeta de la guardia. Dijo creer que el actor tenía conocimiento de tales directivas. Agregó que aparte de las directivas había un cuaderno de órdenes, sin recordar todas, porque se firmaba una por semana, aclarando que no recordaba que haya órdenes de pedir autorización a la telefonista. Dijo asimismo no saber si el actor hizo las llamadas que dijeron que hizo para despedirlo, de lo único que el testigo tenía conocimiento era de que todos tenían el telegrama; recordó que en ese momento se hicieron comentarios, sin recordar exactamente cada caso. El recibió su telegrama en su casa, además se le comunicó telefónicamente y se los citó a todos a la misma hora para retirar los papeles del Anses, y fue en el tiempo que esperaban cuando el actor le comentó que lo habían despedido por unas llamadas telefónicas, sin comentarle si las había efectuado o no. Agregó que no recibió un interrogatorio respecto de las llamadas efectuadas, aclarando que Barragán no le hizo al testigo, interrogatorio alguno. A su vez el testigo Páez Martín Ernesto, quien es empleado de empresa de seguridad Alto Nivel, afirmó conocer al actor y a la demandada Patrulla y no estaba comprendido en las generales de la ley. Agregó que conoce al actor porque trabajaron juntos en Sancor en la guardia, siendo ambos empleados de Patrulla S.A., habiendo ingresado en el año 1997, luego rectificó y dijo creer haber entrado en 1999 hasta hace dos años (2003), en que fue despedido, aclarando que eran varios los despedidos, estando entre ellos el actor. Asimismo afirmó que fue despedido por una llamada telefónica y que el actor también fue despedido por unas llamadas, sabiendo esto porque estaban todos juntos y el testigo fue el que recibió todos los telegramas en la misma empresa, aclarando que no inició juicio por su despido. Respecto a las llamadas, dijo que tenían la directiva de que podían realizar llamadas si el encargado los autorizaba, procediéndose a tomar nota en un cuaderno, libro de actas, especialmente creado para la guardia y luego a los guardias se le cobraba a cada uno la llamada efectuada, que podía ser para casos como un familiar enfermo. Lo habitual, dijo era que si el encargado lo autorizaba se podían efectuar, debiéndose entonces, asentar la hora y el motivo de la llamada. En caso de no pedir autorización, agregó, que no se la podía efectuar, y si se la efectuaba se pedía un informe y se elevaba. En relación a las directivas, las mismas según comentó, estaban encarpetadas en la guardia, guardadas en un armario atrás. Todos, según sus dichos, las leían y la firmaban. Agregó que además del jefe y el encargado, por ahí cuando estaba Nelly, de 8 a 14 ó 15 hs. ella tenía el teléfono y les pasaba las llamadas, y si el encargado los autorizaba se le pedía a Nelly para que efectuara la llamada. Ante lo preguntado por el actor, aclaró que su categoría era de encargado de turno, por lo que, cuando se le solicitaba el permiso, se llamaba de la guardia, y se asentaba en el libro de la guardia y en otra carpeta interna de la guardia. Recordó haber autorizado al actor para hacer llamadas, las ultimas llamadas, agregó, eran a un celular de su esposa y otra a Buenos Aires, él mismo lo autorizó a realizar una, sin recordar la fecha. Dijo saber que a Buenos Aires era para llamar a su madre, la cual estaba enferma. Ese era el motivo de la llamada. Comentó que el sistema utilizado, punto a punto, si era una llamada en Córdoba se marcaba el 9 y luego el número destino, mientras que para llamar a Buenos Aires se utilizaba punto a punto que era de modo directo, sin recordar si la empresa con la cual se contrataba era Telecom o Siemens, pero Sancor pagaba un paquete fijo de llamadas. Agregó además, que permanentemente se llamaba a Buenos Aires, Rosario y otros lugares, todos con el sistema punto a punto, sin asentar las mismas en ningún lugar. Dijo asimismo que fue Arese quien le explicó a los empleados que a Siemens o Telecom, sin poder precisar, le pagaban un paquete, o sistema punto a punto. Nuevamente aclaró que para efectuar llamadas locales o al interior se debía apretar el 9, para otros lugares se marcaba directamente la característica, ese era el punto a punto. Aclaró que era Patrulla quien le pagaba los sueldos, descontándosele por las llamadas efectuadas, ya que cada uno pagaba conforme el tiempo de llamado, sin conocer con precisión cómo determinaban los costos. Aclaró que en el último tiempo este cobro era habitual. Ante lo preguntado por la demandada, aclaró también que las llamadas punto a punto no se anotaban, lo que sí se registraba era la autorización para efectuarlas. Agregó que no recordaba haber autorizado al actor para llamar a un vigilador en Sunchales, como tampoco recordaba cuantas veces autorizó al actor para efectuar llamadas pero sí aclaró que hizo horarios rotativos, por lo que trabajó en horario nocturno, pudiendo haberlo autorizado para motivos familiares en ese horario; aclaró además que los llamados no eran permanente, cada 15, 20 días o una semana. Respecto a la cinco llamadas efectuadas por el actor, dijo que le parecía raro que se hicieran cinco llamadas en el día y que no recordaba haberlo autorizado para ello. Agregó que siempre trabajó en Sancor recibiendo órdenes del personal de Sancor, más que nada de Arese el cual hablaba con su jefe y estaba relacionado con la guardia, verificando cómo se revisaban los camiones, los precintos, cómo entraba una persona, controlaba todas las tareas vinculadas a la vigilancia. Por último manifestó que se lo despidió por hacer llamadas no autorizadas, y que respecto al actor, el mismo no le había comentado nada sobre sus llamadas ya que desde el despido no se vieron más. Estas son en síntesis y en lo esencial las declaraciones testimoniales producidas durante la audiencia de la vista de la causa. Debo ahora verificar si la comunicación del distracto ha sido ajustada a derecho, en su caso si la causal invocada ha sido acreditada, y si esto es así, si la entidad de la falta supuestamente cometida justifica la decisión de extinguir el vínculo. Respecto al primer aspecto queda absolutamente claro que la "causa" invocada en el telegrama de despido, conforme la comunicación recepcionada por el actor el día 28 de noviembre de 2003, fue que el día 11 de octubre de 2003, mientras el accionante prestaba sus servicios en su lugar habitual de trabajo en SanCor-Córdoba, entre el horario de las 14 hs. hasta las 22 hs., realizó sin autorización del encargado de turno 5 llamadas telefónicas desde la línea privada del cliente, interno 4017, entre las 14,27 hs. y las 17,45 hs., todas con destino a Buenos Aires a teléfonos fijos y a celulares por cuestiones particulares y que solamente se autorizaban llamadas para casos excepcionales y bajo la responsabilidad del encargado de turno, tal como constaba en la nota de fecha 30/07/03 firmada por el actor. Esa causal fue expresamente reconocida por el actor al contestar el interrogatorio que le había realizado Carlos Raúl Barragán, en su condición de Jefe de Seguridad de la Planta SanCor, el que se encuentra reservado en Secretaría y cuya acta de reconocimiento obra a fs. 75. Si bien el accionante manifiesta que esas llamadas fueron autorizadas por Carlos Barragán, Rubén Morino y Nelly de Lepori, no ha quedado probado en la causa que así haya sucedido. Por el contrario, todos los testimonios transcriptos precedentemente señalan que el uso de las llamadas telefónicas por razones particulares estaban restringidas y que solamente serían autorizados para hacerlas por razones excepcionales. Este instructivo de la patronal establecido en la orden 10/03, también reconocida por el actor a fs. 75, señala claramente la restricción. Digo "restricción" y no "prohibición", porque según se desprende de esa orden comunicada a los vigiladores, el uso del teléfono por razones particulares podía realizarse previa autorización, lo que indica una restricción al uso y no una prohibición. Hecha esta aclaración, la accionada ha logrado probar que efectivamente el accionante realizó esas llamadas sin autorización del personal autorizado para ello. Ahora bien, en la comunicación recepcionada por el accionante el 28 de noviembre de 2003, la co-accionada Patrulla S.A. indica que, como consecuencia de ese hecho (haber realizado cinco llamadas sin autorización), se ha configurado una conducta abusiva y negligente en el cumplimiento de sus obligaciones laborales incumpliendo instrucciones impartidas, descuidando la atención de las tareas a su cargo, ocasionando un perjuicio económico por el costo de las llamadas con grave pérdida de la imagen de Patrulla S.A., frente al cliente, que ha constituido una grave injuria laboral y una severa pérdida de confianza, por lo que produce el distracto con justa causa. De las pruebas rendidas y valoradas precedentemente tampoco existe duda de que la conducta del actor ha sido violatoria de expresas órdenes e instrucciones impartidas, incluso por escrito, y que configura una negligencia en el cumplimiento de sus funciones, incluso con el descuido en sus tareas mientras realizaba dichas llamadas, pero advierto que la extinción del contrato de trabajo por dicha causal resulta absolutamente desproporcionada y excesiva frente al hecho cometido, pues la patronal podría haber hecho uso de las facultades disciplinarias que le acuerda el art. 67 del RCT aplicando al accionante una sanción correctiva disciplinaria y no la extinción del vínculo, máxime cuando el actor tenía una antigüedad en el empleo de más de dos años y no registraba sanciones disciplinarias anteriores, pese a que la co-accionada Patrulla S.A. expresa en su Memorial de responde que el actor ya tenía sanciones disciplinarias anteriores, circunstancias que no ha quedado acreditada en la causa. Ello es así por cuanto el quiebre del principio de continuidad en la relación laboral, debe obedecer a una causa de tal entidad o gravedad que necesariamente, sin otra alternativa, impida la continuidad de dicha relación. Esos son los extremos que requiere el art. 242 del RCT, exigiendo al juzgador además que la valoración de la injuria sea efectuada "prudencialmente", atendiendo al carácter de las relaciones que resulta del contrato, según lo dispuesto en la presente ley y a las modalidades y circunstancias personales en cada caso. La co-accionada Patrulla S.A. no desconocía que el actor es una persona casada, con tres hijos a su cargo, tal como se desprende de los recibos de haberes acompañados por las partes y que se encuentran expresamente reconocidos a fs. 74 vta., vale decir, que era sostén de una familia; tampoco podía desconocer que en la época que se produjo el distracto, noviembre de 2003, el índice de desempleo era altísimo y que ello iba a repercutir negativamente al trabajador para conseguir nuevo empleo, frente a un mercado de trabajo deprimido. La co-accionada tenía plenas facultades disciplinarias para aplicar una sanción correctiva frente a ese incumplimiento, porque incluso el hecho estaba reconocido por el actor. Tampoco advierto que esas llamadas telefónicas realizadas por el actor hayan ocasionado un grave perjuicio económico, pues, las accionadas no han probado en autos el costo de las mismas. Eventualmente la co-accionada Patrulla S.A. podría haber requerido del actor el pago de las mismas, en base a la facultad que le otorga el art. 87 del RCT que establece la responsabilidad del trabajador por los daños que causare al empleador, por dolo o culpa grave en el ejercicio de sus funciones. Por otra parte, también ha quedado acreditado con la declaración de los testigos que si existía un excesivo uso de las llamadas éstas eran cobradas a quien las realizaba, tal como se desprende de los dichos de los testigos Carlos Barragán y Martín Paez. La co-accionada señala además en su comunicación de despido que este hecho le produjo una grave pérdida de la imagen de Patrulla S.A., frente al cliente, circunstancias que tampoco ha podido acreditar en autos, conforme la prueba analizada supra.

Resulta muy ilustrativo destacar para estos mismos autos, a los fines de la valoración de la injuria laboral, lo dicho en autos "Pagano Ricardo Omar c. Prosegur S.A. s/Despido" sentencia 58125, de fecha 30 de junio de 2005, por la sala VI de la Cámara Nacional del Trabajo con voto del doctor Rodolfo Ernesto Capon Filas, que comparto en este decisorio, quien señaló lo siguiente: "b. Elementos del despido con justa causa 1. El despido por justa causa (djc) funciona como máxima sanción disciplinaria cuando el comportamiento injuriosamente grave del trabajador (ig) impide continuar la relación laboral ni tan siquiera a título provisorio (icr). Esta última nota, expresa en el texto constitucional de RCT y prolijamente derogada por la regla estatal 21.297/76, sigue operativa por el principio de la conservación del empleo y la buena fe. Como se aprecia, el despido por justa causa necesita dos elementos: el comportamiento injuriosamente grave del trabajador impide continuar la relación ni tan siquiera a título experimental. Puede graficarse: djc = ig + icr. 2. En materia de despidos se debe tener en cuenta la directiva de RCT art. 242 que refuerza la presunción generalizada de que los jueces son personas prudentes, exigiéndoles valorar los datos prudencialmente de acuerdo a todos los vericuetos de la realidad ("teniendo en consideración el carácter de las relaciones que resulta de un contrato de trabajo... las modalidades y circunstancias personales en cada caso") precisamente porque aquella relación es más importante que la entidad del incumplimiento. 3. Sentado ello y suponiendo válida la presunción de prudencia en los jueces, lo cierto es que en el caso de despidos, RCT art. 242 exige a los jueces actuar con doble prudencia: la originaria (esperada de todos los jueces), la específica (exigida en materia de extinción de la relación de empleo). En ese aspecto, RCT art. 10 y art. 63 ayudan a una valoración prudente de los comportamientos del trabajador considerados injuriosos por el empleador y los enmarca no sólo en la empresa como institución social de producción sino también en la proyección personal del trabajador en un mundo cada vez más conflictivo y con empleo cada vez más escaso. De ahí que el juez, al valorar la situación de despido, debe ser especialmente prudente, como lo establece RCT art. 242, segundo apartado. En una situación cercana al pleno empleo, tal vez el despedido encontrará pronto un nuevo empleo. Dicha argumentación no funciona ante un desempleo desatado y un ambiente societal emponzoñado por la frustración y el hambre: en la primera, el trabajador despedido logra inmediatamente trabajo, en el segundo será excluido y marginalizado. Por ello, en este segundo estadio, el empleador, antes de despedir, ha de valorar debidamente si, más allá de las dificultades y del estado interior de ambos, no debiera brindar al incumpliente una nueva posibilidad. Este tema ha sido agudamente analizado por el Episcopado Católico de los Estados Unidos al afirmar: "... los pobres y los débiles merecen una preocupación especial por parte de la Nación" ("Justicia económica para todos", Nº 20, PPC, Madrid, 1987)". Así también y en esa misma de pensamiento, Jorge Rodríguez Mancini, dice: "... Configuración de la injuria: Las obligaciones del contrato de trabajo se traducen, para ambas partes, en una serie de actos positivos y deberes de conducta, cuya violación, en todos los casos, configura un ilícito contractual en la medida en que el comportamiento no se ajusta a los requerimientos que resultan de la naturaleza de la prestación prometida. Empero, estas violaciones no siempre legitiman el ejercicio de las facultades resolutorias. En esta materia, el derecho del trabajo, en defensa del principio de estabilidad, ha limitado las posibilidades de denuncia, reservándolas para el caso en que el incumplimiento por su gravedad no consienta la prosecución de la relación, objetiva y subjetivamente..." ("Curso de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social", Ed. Astrea, 2004, ps. 449/450). Conforme a lo expuesto considero que el despido con invocación de justa causa dispuesto por la co-accionada Patrulla S.A. al actor Antonio González resulta desproporcionado, ya que el incumplimiento contractual reconocido por el accionante, consistente en haber realizado cinco llamadas el día 11 de octubre de 2003, durante su horario de labor, no tiene la entidad ni la gravedad suficiente para configurar una injuria grave que impidiera la continuidad de la relación laboral. La co-accionada se extralimitó en las facultades conferidas por el art. 242 del RCT, pues la medida extintiva constituye la última alternativa a la que debe acudirse ante un incumplimiento contractual, a fin de preservar el principio de continuidad de la relación laboral. No se espera que estas conductas no sean sancionadas y que deban ser toleradas o consentidas por el empleador, pero sí debe esperarse que la patronal, previo a producir la desvinculación del trabajador, valore previamente las consecuencias de tal medida y las adecue correctamente al incumplimiento contractual. La falta de proporcionalidad entre la falta cometida y la decisión de extinción del contrato de trabajo, determina la inexistencia de justa causa de despido. Por ello considero incausado el distracto producido por dicha co-accionada, con las consecuencias que de ello devienen y que se tratarán en particular posteriormente. Con relación a la acción incoada por el actor en contra de la co-accionada SanCor Cooperativas Unidas Limitada, la misma debe ser rechazada ya que tal como ha quedado acreditado en la causa, el actor prestó servicios en su condición de trabajador dependiente de Patrulla S.A. en el objetivo de SanCor Córdoba, destacando que la labor de "vigilador" desplegada por el actor, si bien lo hacía en SanCor, esta tarea no se corresponde con las tareas principales de la planta SanCor Córdoba. Tampoco ha quedado probado en la causa la existencia de fraude laboral alguno, que pudiera habilitar la hipótesis de solidaridad prevista en el art. 30 del RCT. Debo señalar además que pese a que en oportunidad de la audiencia de vista de la causa, el testigo Carlos Raúl Barragán afirmó que "como personal de seguridad recibía órdenes del jefe de planta de SanCor y del jefe de Patrulla", ello no desvirtúa la circunstancia de que resulta totalmente necesario que la principal pudiera ejercer el control de su seguridad en la planta, impartiendo las órdenes que fueran pertinentes para lograr el objetivo de la seguridad de ella. Para ello basta mencionar lo dicho por el testigo Martín Ernesto Páez, quien señaló que recibían órdenes de SanCor, por Arese y que estas órdenes eran relacionadas con la guardia, por ejemplo, cómo revisar los camiones, realizar el control de las personas, etc. pero siempre relacionado con las tareas de vigilancia. Queda claro entonces que la co-accionada SanCor contrató para su seguridad de planta a la co-accionada Patrulla S.A. que es una empresa habilitada para dichos fines, no surgiendo prueba alguna que pudiera identificar una misma unidad técnica de ejecución entre ambas, pues SanCor es una planta destinada a la pasteurización de la leche y a la elaboración de los productos derivados de ella y Patrulla S.A. es una empresa habilitada para brindar seguridad a diferentes objetivos, entre ellos a la co-accionada SanCor. También debo remarcar la inexistencia de prueba sobre fraude laboral alguno entre ambas demandadas. Por tales motivos la demanda contra dicha firma debe ser rechazada, por inexistencia de "causa petendi" en su contra, con costas por el orden causado, atento a que el actor tenía motivos suficientes para creer que, la circunstancia de prestar servicios en la planta de SanCor Córdoba, lo podría haber ligado laboralmente a ella. Dilucidado ello comenzaré con el análisis puntual de los diversos rubros reclamados en relación a la co-demandada Patrulla S.A.:

1. Integración del mes de despido: el accionante ingresó a trabajar bajo relación de dependencia para Patrulla S.A. el día 1 de setiembre de 2001 y, conforme ha sido señalado supra, el telegrama de despido entró en poder de conocimiento del actor el día 28 de noviembre de 2003, por lo que el distracto se produjo estando vigente la ley 25.013. El instituto de la integración fue suprimido de la ley 25.013, norma que rigió el contrato de trabajo del accionante. Consecuentemente la petición en ese sentido debe ser rechazada.

2. Indemnización sustitutiva de preaviso: Conforme art. 6º de la ley 25.013 corresponde mandar a pagar por este concepto, cuya procedencia está íntimamente ligada a la procedencia de la indemnización por antigüedad, un mes de sueldo del accionante, correspondiendo en consecuencia la suma de $674,16.

3. Indemnización por antigüedad: Conforme recibos de sueldos acompañados y no encontrándose controvertida en autos, la mejor remuneración ascendió a la suma de $674,16, correspondiente al mes de setiembre de 2003. Como ya señalara supra, la ley aplicable al contrato laboral del accionante es la 25.013, que en su art. 7º determina el mecanismo indemnizatorio. En consecuencia la fórmula será la siguiente: $674,16: 12 x 27 ya que la antigüedad del accionante equivale a 26 meses y 28 días.

4. Agravamiento de indemnización por art. 2º ley 25.323: La norma señala que "cuando el empleador fehacientemente intimado por el trabajador, no le abonare las indemnizaciones previstas en los arts. 232, 233 y 245 de la ley 20.744 (texto ordenado en 1976) y los arts. 6º y 7º de la ley 25.013, o las que en el futuro las reemplacen y, consecuentemente, lo obligare a iniciar acciones judiciales o cualquier instancia previa de carácter obligatorio para percibirlas, éstas serán incrementadas en un cincuenta por ciento. Si hubieran existido causas que justificaren la conducta del empleador, los jueces, mediante resolución fundada, podrán reducir prudencialmente el incremento indemnizatorio dispuesto por el presente artículo hasta la eximición de su pago". En autos se ha discutido la validez del despido con justa causa invocado por la co-accionada Patrulla S.A., ya que el actor había cometido un incumplimiento contractual, que fue reconocido por el propio accionante, pero que, a la luz de las probanzas arrimadas y lo señalado supra, se determina que la causa no tenía la gravedad ni la entidad suficiente para producir el distracto, aunque dicha falta existiera. Así las cosas, estimo que la facultad otorgada por la norma al juzgador para evaluar la conducta de la obligada al pago, está dada justamente por la apreciación y valoración que deba hacer el sentenciante sobre la prueba rendida y la conducta asumida por el empleador. En autos advierto que efectivamente el trabajador intimó de manera fehaciente a que se le abonaran las indemnizaciones emergentes del despido y la patronal contestó dicha intimación que no adeudaba suma alguna atento a que el despido había sido dispuesto con justa causa. En realidad, como dije anteriormente "causa" existió, y la norma bajo análisis pretende sancionar con el agravamiento de la indemnización, a quiénes hubiesen dispuesto el despido sin justa causa y no a las situaciones, como las de autos, donde la causa ha existido pero no resulta de entidad suficiente para ser considerada como justa causa de despido. En este sentido se debe diferenciar el despido sin justa causa, que es al que señala el art. 2º de la ley 25.323, del despido incausado, que es cuando el juzgador ha advertido que, como en este caso, no resulta procedente el despido por tal motivo. Además, la sanción fijada normativamente está establecida a fin de penalizar la conducta omisiva del empleador quien, a sabiendas que debe abonar dichas indemnizaciones, omite su pago. Como no es precisamente el caso de autos, en base a la facultad conferida por la norma indicada, concluyo que debe eximirse a la co-accionada Patrulla S.A. del pago de ese incremento indemnizatorio, pues tenía el derecho a considerar que el despido había sido con justa causa, no obstante lo resuelto en este decisorio.

5. Sueldo Anual Complementario sobre integración del mes de despido: Al no corresponder y rechazarse el rubro integración del mes de despido, debe rechazarse también el presente.

6. Diferencia por vacaciones no gozadas: Si bien el accionante efectúa este reclamo en la planilla de capital de fs. 6, no efectúa ninguna fundamentación de ese reclamo en la demanda. No obstante, no ha surgido de las probanzas incorporadas que efectivamente existiera alguna diferencia a favor del trabajador por vacaciones no gozadas, ya que existe debida constancia en el recibo de haberes reservado en secretaría y reconocido por las partes en audiencia de fs. 74 y siguientes, que en el mes de noviembre de 2003 el actor percibió en concepto de vacaciones no gozadas la suma de $237,56 y el S.A.C. por vacaciones no gozadas, la suma de $19,80, no advirtiéndose ninguna diferencia a favor del trabajador, por lo que el presente reclamo también debe ser rechazado.

7. Sueldo Anual Complementario por diferencia en vacaciones no gozadas: al ser rechazado el rubro de diferencia sobre vacaciones no gozadas, debe rechazarse el correspondiente al S.A.C. sobre ella. Además, consta en el recibo de noviembre de 2003 que el accionante percibió por S.A.C. sobre vacaciones no gozadas la suma de $19,80.

8. Indemnización del art. 16 de la ley 25.561: Dice el artículo en cuestión: "Por el plazo de ciento ochenta días, quedan suspendidos los despidos sin causa justificada. En caso de producirse despidos en contravención a lo aquí dispuesto, los empleadores deberán abonar a los trabajadores perjudicados el doble de la indemnización que les correspondiere de conformidad a la legislación laboral vigente". Es indudable que la norma está inmersa dentro de la declaración de emergencia social del Estado Nacional y que como tal, de su texto surge que no ha sido excluido trabajador alguno. El objetivo de la norma es claro: preservar el empleo, como una política de Estado, que implica la postergación de otros derechos del empresario, como es el de la organización de su empresa y la decisión de continuar o no teniendo como dependientes a determinados trabajadores. Pero, en última instancia, si el empleador decide lo mismo ejecutar el acto disvalioso y antijurídico de despedir incausadamente, no obstante la decisión legislativa contraria, la norma lo castiga en el aspecto pecuniario disponiendo la duplicación de "todos los rubros indemnizatorios originados con motivo de la extinción del contrato de trabajo" (art. 4º dec. 264/02). En ese sentido los fundamentos del decreto en cuestión señalan de manera contundente: "... Que la crisis que aqueja a nuestro país, unánimemente reconocida, es de una profundidad y extensión inéditas. Que la misma alcanza de manera esencial al aspecto social, afectando a los sectores de más bajos recursos con las consecuencias negativas que se verifican en el incremento del índice de desempleo. Que ese estado de emergencia descripto ha quedado plasmado en la ley 25.561 de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario. Que el legislador ha entendido que las consecuencias de la emergencia no deben recaer exclusivamente en un determinado sector de la sociedad sino, por el contrario, alcanzar de manera equitativa a todos, a fin que el esfuerzo sea proporcional a las posibilidades de cada uno. Que desde antiguo, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido la posibilidad de restringir el ejercicio de ciertos derechos en situaciones de excepción, lo que además aparece recogido por el art. 27 del Pacto de San José de Costa Rica, de jerarquía constitucional. Que la conjunción de las circunstancias antes referidas ha derivado en las prescripciones del art. 16 de la ley 25.561 que suspende los despidos sin causa justificada por un período de 180 días a los trabajadores en relación de dependencia, obligando a quien incumpla con tal norma al pago de una indemnización duplicada.

Por otro lado debe quedar claro que la norma únicamente se activa si existe la conducta disvaliosa realizada por la accionada, es decir si se produce un despido injustificado, caso contrario la norma resulta neutra para el contrato de trabajo. Señalo además que dicho plazo originario ha sido prorrogado por sucesivos decretos, los que han merecido el cuestionamiento constitucional de la demandada por abuso de poder, en exceso de las atribuciones constitucionales que detenta el Poder Ejecutivo. Entiendo que le asiste razón al cuestionamiento. En efecto no advierto razones por las cuales no se podía proceder conforme el mecanismo constitucional habilitado para ello, máxime cuando si bien puede admitirse que la primera prórroga hubiese sido dictada mediante el mecanismo de excepción, no encuentro argumentos jurídicos que justifiquen las posteriores prórrogas sin la intervención del órgano constitucional habilitado para ello. En función de lo antes expresado y encontrarse pedido en autos por la co-accionada Patrulla S.A., declaro la inconstitucionalidad de los decretos de prórroga del art. 16 de la ley 25.561 y consecuentemente la improcedencia de la duplicación peticionada. En síntesis, la demanda prospera por lo reclamado en concepto de indemnización sustitutiva de preaviso, e indemnización por antigüedad, con costas a cargo de la co-demandada Patrulla S.A., y se rechaza por lo reclamado en concepto de integración del mes de despido, incremento del art. 2º de la ley 25.323, SAC sobre integración del mes de despido, diferencia de vacaciones no gozadas, SAC sobre vacaciones no gozadas, e indemnización del art. 16 de la ley 25.561, con costas por el orden causado, atento a que el actor pudo sentirse con razones suficientes para efectuar dichos reclamos, por las razones esgrimidas precedentemente, sin perjuicio del resultado a que se arriba en el decisorio. Todo ello de acuerdo a las previsiones del art. 28 de la ley 7987. Las sumas de dinero que en definitiva se establezcan como adeudadas conforme las pautas antes referidas, deberán ser abonadas por la co-accionada condenada al demandante en el plazo de diez días siguientes de la fecha de notificación del auto aprobatorio de la planilla general que al efecto debe practicarse, bajo apercibimiento de ejecución forzosa. Los montos de los rubros que prosperan deberán ser incrementados con la tasa de interés mensual, 1,50% mensual desde el mes del distracto, noviembre de 2003; mientras que los montos de los rubros que se rechazan, como así también los de la demanda incoada y rechazada en contra de la co-demandada Sancor Cooperativas Unidas Limitada (a los efectos de la obtención de la base regulatoria), deberán ser incrementados con la misma tasa de interés desde la fecha de la interposición de la demanda, y en ambos casos lo será hasta su efectivo pago, todo conforme lo dispuesto por la ley 23.928 y sus decretos reglamentarios 529/91 (art. 8º) y 941/91 (art. 10), los que se mantienen vigentes luego de la sanción de la ley 25.561 y los fundamentos dados por esta Sala en los autos: "Allende Emiliano H. c. Transporte Automotores 20 de Junio S.R.L. Demanda" (sentencia de fecha 11 de noviembre de 1991) y confirmado por el Tribunal Superior de Justicia en autos: "Juárez Guillermo c. Cor Acero S.A. y otro - Demanda - Recurso de Casación" (sentencia del T.S.J. 93 de fecha 15 de octubre de 1992) y "Farias c. Municipalidad de Córdoba - Demanda - Sentencia de fecha 2 de noviembre de 1994", e "Infante Pablo c. Libertad S.A." (sentencia de fecha 6 de octubre de 2003), a cuyos fundamentos me remito "brevitatis causae". La regulación de los honorarios de los letrados actuantes, se difiere para el momento en que exista base líquida y actualizada para ello y será practicada conforme arts. 34, 36, y 94 de la ley 8226 y en los límites de la ley 24.432 (arts. 8º y 13). Así voto, señalando que he analizado la totalidad de la prueba producida en la causa, mencionando únicamente aquella que ha sido considerada dirimente para el resultado de la cuestión conforme lo previsto por el art. 327 del C. de P. C.

Por las razones fácticas y jurídicas expuestas, el Tribunal resuelve: I. Declarar la inconstitucionalidad de los decretos de prórroga del art. 16 de la ley 25.561 por no atenerse al mecanismo constitucional previsto para la sanción de las leyes (art. 99 inc. 3, C.N.). II. Rechazar la demanda interpuesta por el actor Antonio Rubén González en contra de la co-accionada SanCor Cooperativas Unidas Limitada, con costas por el orden causado. III. Hacer lugar parcialmente a la demanda incoada por el actor Antonio Rubén González, en contra de la co-accionada Patrulla S.A., y en consecuencia condenar a ésta a abonar al actor los rubros reclamados en concepto de: a) Indemnización por Antigüedad y b) Indemnización por omisión de Preaviso, todo de acuerdo a las pautas establecidas en la única cuestión planteada y normas legales referenciadas, con más los intereses establecidos en dicha cuestión, debiendo ser abonadas las sumas correspondientes por la condenada dentro del término de diez días de notificada del auto aprobatorio de la liquidación a practicarse, bajo apercibimiento de ejecución forzosa. IV. Rechazar la demanda interpuesta por el actor en contra de Patrulla S.A. en cuanto pretende el pago de los rubros: a) Agravamiento de indemnización por art. 2º ley 25.323, b) Sueldo Anual Complementario sobre integración del mes de despido, c) Diferencia por vacaciones no gozadas, d) Sueldo Anual Complementario por diferencia en vacaciones no gozadas y e) Indemnización del art. 16 de la ley 25.561, con costas por el orden causado. V. Imponer las costas de los rubros y montos que prosperan a la condenada Patrulla S.A. y las de los rubros que se rechazan se imponen por el orden causado (art. 28 ley 7987). VI. Diferir la regulación de honorarios de los doctores C. O. E. M., R. V., N. B. y C. A. M., para cuando exista base económica firme, líquida y actualizada para ello y deberán ser practicados de conformidad a lo previsto en los arts. 34, 36 y 94 de la ley 8226 y en los límites prescriptos por los arts. 8º y 13 de la ley 24.432. VII. Oportunamente cumpliméntese la ley 8404, la tasa de justicia y lo dispuesto por ley 8304. - Daniel H. Brain.