Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-15


En dad de Buenos Aires, a los 15 días del mes de agosto de 2007, se reúnen los integrantes de esta Sala III de la Cámara en lo Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dres. Jorge A. Franza, Silvina A. Manes y Marta Paz, a fin de resolver el recurso de queja interpuesto por el Sr. co-titular de la Fiscalía en lo Contravencional y de Faltas nro. 5, Andrés Gómez Ríos.

RESULTA:

1) Que a través del recurso de queja deducido a fs. 47/48 el representante de la vindicta pública pretende revocar el auto interlocutorio por el que se denegó el recurso de apelación previamente interpuesto contra el apartado 3 del punto I del acta glosada a fs. 39, en cuyo mérito el tribunal a quo resolvió imponer al imputado como regla de conducta de la suspensión de proceso a prueba allí ordenada, la realización de cuatro (4) horas de tareas comunitarias a desarrollar en el Hospital "Mariano y Luciano de la Vega" de la localidad de Moreno, Pcia. de Buenos Aires.

2) El juez de grado rechazó el recurso de apelación interpuesto sosteniendo que el ordenamiento ritual prevé dicha revisión únicamente para una sentencia definitiva o resolución equiparable a ella, estimando que el acta mediante la cual se decretó la suspensión de juicio a prueba no se encuentra comprendida en ninguno de los dos supuestos. Agregó también, que el Sr. fiscal no había fundamentado cual era el gravamen que la decisión le causaba para habilitar la revisión que solicita (fs. 44/ vta.).

3) Oído el Sr. fiscal de cámara (fs. 52/53/ vta.), pasan los autos a resolver.

Y CONSIDERANDO:

4) Que en virtud de lo establecido por el art. 6 de la ley 12, es de aplicación supletoria el Código Procesal Penal de la Nación, a la luz del cual se deberán analizar los requisitos de admisibilidad de la vía directa que ha intentado el quejoso.

El remedio intentado cumple con los requisitos establecidos en los arts. 476 y 477 del C.P.P.N., habiendo sido presentado en tiempo y forma, por quien se encuentra legitimado para recurrir. Asimismo, el recurso de queja interpuesto posee fundamentación autónoma, siendo autosuficiente.

5) Se impone revisar ahora el correcto o incorrecto juicio de admisibilidad efectuado por el señor juez de grado respecto del recurso de apelación interpuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal.

No resulta ocioso recordar que el art. 449 del ordenamiento adjetivo aplicable supletoriamente establece que "el recurso de apelación procederá contra ... las resoluciones expresamente declaradas apelables o que causen gravamen irreparable".

El gravamen irreparable, es el "perjuicio cierto para alguna de las personas vinculadas al proceso, que no pueda ser reparado en la misma instancia, con el avance de las actuaciones, o de tal gravedad que no admita demora" (Luis Cevasco, Principios de Derecho Procesal Penal Argentino, Ed. Oxford, Buenos Aires, Argentina, 1999, pág. 237). En igual sentido, "...puede inferirse que el gravamen irreparable resulta fundamentalmente configurado ante las siguientes situaciones: 1º) la ausencia de otra oportunidad procesal útil para obtener el amparo del derecho de que se trate; 2º) la magnitud del perjuicio económico que lleva aparejado el cumplimiento de la decisión; 3º) las dilaciones y trastornos que ésta es susceptible de ocasionar" (Lino E. Palacio, El Recurso Extraordinario Federal, Ed. Abeledo -Perrot, Buenos Aires, 1997, pág. 88).

6) Sentado ello, entendemos que el recurso no puede ser admitido puesto que el pronunciamiento del juez de grado no causa gravamen alguno al quejoso, por las razones que se explican a continuación.

a. En primer término corresponde recordar que el agravio ensayado por el acusador público reside, a su criterio, en la falta de adecuación a lo normado en el art. 28 del Codigo Contravencional, específicamente con relación al lugar donde Croci deberá cumplir las tareas comunitarias, conforme lo dispuesto a fs. 39.

En ese sentido ha sostenido que habiéndose cometido la contravención en el ámbito de esta metrópolis, corresponde que las tareas comunitarias impuestas al imputado surtan sus efectos en esta ciudad que se había visto afectada por la violación a sus normas.

Culminó diciendo que una de las funciones de ese Ministerio Público era el control de legalidad, siendo que la celebración de un acuerdo que contradiga lo establecido en la citada norma procesal sería contrario a derecho y en eso radicaba fundamentalmente su agravio.

b. Ahora bien, entendemos que lo reglado en el art. 28 de la ley 1472 es de aplicación únicamente en el caso del trabajo de utilidad pública como sanción y no a las reglas de conducta previstas para el instituto de la suspensión de juicio a prueba.

Ello, en virtud de la diferente naturaleza jurídica de ambos institutos, ya que el primero de ellos efectivamente busca reestablecer el equilibrio social que la contravención quebró, por ello se justifica que a los efectos de reparar el daño causado a través de la violación, el contraventor deba efectuar alguna tarea que beneficie a la sociedad afectada.

Mientras tanto, la suspensión del proceso a prueba busca, entre otros objetivos y en lo que hace concretamente al tema en estudio, la internalización de pautas de conducta positivas que permitan mantener cierta cuota de integracion social de los imputados.

Al decir de Gustavo L. Vitale "...la suspensión del proceso penal a prueba tiende a generar o a fortificar en el imputado ciertas pautas de conducta que se consideran socialmente positivas..., como un modo de conseguir o de mantener mínimas dosis de integración social de las personas sometidas a proceso", ello "...se advierte claramente en la regulación legal... de ciertas condiciones por parte del imputado" y "Para fortalecer el cumplimiento de esta finalidad... la ley permite al juez o al tribunal modificar las reglas señaladas, segun resulte conveniente al caso." ("Suspensión del Proceso Penal a Prueba", 2ª Edición Actualizada, Ed. del Puerto, pág. 48) También se ha dicho "...a efectos de cumplir verdaderamente con la finalidad del instituto, es necesario tener presente que más allá de las semejanzas advertidas entre algunas reglas y sanciones, lo relevante estará determinado por acordar en cada caso lo más efectivo para lograr el éxito en su cumplimiento" (Patricia Beatriz López, Lineamientos básicos acerca de la suspensión del proceso a prueba en el nuevo código contravencional, Revista de Derecho Penal, Ed.Rubinzal-Culzoni, Delitos, contravenciones y faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 2, año 2005, pág. 91).

c. Siguiendo estos lineamientos, el Sr. Magistrado a quo consideró conveniente para el cumplimiento de la mentada regla de conducta, que la labor impuesta deba desarrollarse en la proximidad del domicilio del imputado y esto es la localidad de Moreno.

En este último sentido cabe destacar que la determinación de las reglas de conducta previstas en el art. 27 bis C.P. es de carácter facultativo del órgano jurisdiccional. Es el juez quien debe evaluar la adecuación de una o más de ellas al caso en particular siempre respetando los fines del instituto de la suspensión de juicio a prueba y el efectivo cumplimiento de las reglas impuestas.

Tal ha sido el criterio vertido por esta Sala in re "De Luca, David Emanuel s/Infr. art. 189bis del C.P.- Apelación"(causa nº 145-00/CC/2006).

Contando también con el aval de la doctrina, al decir "...para posibilitar el cumplimiento de los fines buscados ... las reglas pueden ser modificadas, pueden ser dejadas sin efecto y admitirse la extinción de la acción penal por la no comisión de un delito en el lapso de prueba" (Gustavo L. Vitale, obra citada, pág. 234) y "La modificabilidad de las reglas que facilita el texto legal (podrán ser modificadas por el tribunal según resulte conveniente al caso), procura asegurar la mejor individualización, al posibilitar el reemplazo de alguna medida o de su concreta modalidad, en favor de otra medida u otro modo que no hayan sido contemplados originariamente..." (Eugenio Raúl Zaffaroni, "Derecho Penal Parte General", Ed. Ediar, pág. 926).

De esta forma, concluimos que no se ha causado agravio alguno que amerite la apertura del recurso intentado en autos, destacando que para la habilitación del mismo debe configurarse una situación ante la cual no pueda obviarse la pretensión de quien lo deduce, evaluándose las circunstancias de hecho al momento de discernir si una decisión jurisdiccional causa o no gravamen irreparable.

Por todo lo expuesto, en virtud del acuerdo que antecede, este Tribunal RESUELVE:

RECHAZAR el recurso de queja por apelación denegada, obrante a fs. 47/48 (arts. 6, 50 y 51 LPC y 449 CPPN).

Causa 9828-01/CC/2007 Recurso de Queja en autos "CROCI, Leonardo s/ Infr. Art.(s) 83 ley 1472. " Regístrese, notifíquese a la Fiscalía de Cámara y oportunamente devuélvase al Juzgado de Primera Instancia Nº 19, a sus efectos.

Ante mí:

Ende agosto de 2007 notifiqué al Sr. fiscal de cámara. Conste.

En de agosto de 2007 notifiqué a la Secretaría General de la remisión de los autos al Juzgado de origen. Conste.

En de agosto de 2007 dí cumplimiento. Conste.