marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Derechos y garantías constitucionales, Administración Pública, facultades de la administración, sanciones administrativas, ejecución de la pena, recursos, efecto suspensivo, revisión judicial de actos administrativos
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Frimca S.A. -RQU- c/ resol. infracción Reginave").Resol. 836/97 S.A.G.P. y A. (Ex. 800-00767/97)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-28

Ha de advertirse la incongruencia que se produce en el caso de que la ejecución de las penas impuestas por los jueces y los tribunales se suspende por la simple interposición de los recursos procedentes y que ese mismo efecto garantizador no se produzca cuando la potestad punitiva del Estado actúa a través de las autoridades o funcionarios administrativos, cuya fiabilidad desde el punto de vista de la independencia y objetividad, la Constitución presume que es menor que la de los jueces, funcionarios que, además, sancionan a través de procedimientos con menores garantías.
Migraciones, regularización migratoria, nulidad del acto administrativo, residencia de extranjeros, aplicación de la ley, defectos en la fundamentación normativa, revocación de sentencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Rodríguez Buela, Raúl / Defensoría Pública Oficial y otro c/ EN - M Interior - DNM s/ recurso directo DNM
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-29

La sentencia que declaró la nulidad de la disposición de la Dirección Nacional de Migraciones denegatoria de la solicitud de regularización migratoria por considerar que no podía invocarse válidamente lo dispuesto por el art. 29, inc. c), de la ley 25.871 al hallarse cumplido el plazo previsto por el art. 62, inc. b), debe ser revocada, pues la hermenéutica adoptada por el a quo se aparta del texto de la ley citada y pretende extender la aplicación de un supuesto de adquisición de firmeza, por el paso del tiempo, de una residencia que hubiese otorgado cualquiera fuese su antigüedad, categoría o causa de la admisión como el previsto por el art. 62, inc. b), a un caso no alcanzado por esa norma, pues el actor se encontraba residiendo irregularmente en el país y, por lo tanto, no gozaba de ninguna de las categorías de residencia legalmente previstas. - Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite -.
Beneficio de litigar sin gastos, pobreza, monto del juicio
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: V., P. c/ V., D. C. y otros s/ beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-23

No cabe exigir en quien solicita el beneficio una situación de extrema pobreza, sino que sólo debe encontrarse acreditado que no se encuentra en condiciones de afrontar los costos y costas del proceso, para lo cual cabe tener en cuenta la verosimilitud del derecho reclamado y su importancia económica.
Accidente de tránsito, vehículo embistente, presunción de culpa
Materia: CIVIL
Carátula: González, Angel Asís c/ Campillay, Karina Ester s/ Sumario -Daños y Perjuicios-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-02-19

"Si la colisión se produce entre un automotor en movimiento y otro que se encontraba estacionado lo que obliga a presumir la culpa del embistente, salvo que el vehículo detenido estuviese obstruyendo la ruta y creando así de su parte un riesgo".
Acción de amparo, competencia contencioso administrativa, competencia originaria
Materia: MEDIO AMBIENTE-ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Olivera, Mirta Susana y otros c/ Dr. Solis Horacio y Secretaría de Estado de Minería de la Provincia de Catamarca s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2008-05-08

Se deduce acción de amparo en contra de la resolución administrativa dictada por la Secretaría de Estado de Minería de la Provincia que aprueba el Informe de Impacto Ambiental presentado por el concesionario, en el marco de un procedimiento de concesión minera, resolución que trae como consecuencia también la aprobación de la exploración de tres minas de un departamento del interior provincial por el concesionario, generando un derecho subjetivo a su favor, lo que lesiona y agravia a los amparistas generándoles un peligro y amenaza de los derechos constitucionales que invocan.

Alegan los amparistas que dicha resolución aprobatoria fue efectuada en omisión e incumplimiento de la legislación ambiental obligatoria, -Ley Nro. 25675- que regula la exigencia de la presentación del estudio del impacto ambiental, con requisitos mínimos perfectamente reglados e ineludibles como condición de su aprobación, y que no se respetaron las instancias obligatorias de la ley.

De lo expuesto surge que la cuestión sustantiva, materia de controversia, implica un examen judicial de una operación administrativa, entendiendo por materia contencioso administrativa una cuestión litigiosa regida predominantemente por derecho administrativo, en la cual es parte un ente público o un sujeto que ejerce actividad administrativa.

En esa inteligencia, de conformidad al art. 204 de la CP, y art. 1 de la ley 4998, este Tribunal resulta competente para entender en la causa.

Por otra parte, estando "prima facie" acreditados los requisitos necesarios, corresponde declarar la admisibilidad formal de la acción de amparo, sin perjuicio de que los mismos sean meritados nuevamente al momento de la sentencia definitiva.

(Del voto del Dr. Cáceres, en disidencia.)
Sanciones disciplinarias, independencia del fuero penal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Raverta, Horacio s/ Rec. ley 9671. Colegio de Arquitectos de la Prov. de Bs. As.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-10-08

Si bien el derecho disciplinario se inscribe en el penal común, estamos frente a potestades administrativas que persiguen formalidades distintas, dentro de un marco de reglas de deontología profesional y no de normas que tipifican delitos, y consecuentemente, el juicio que interpreta esos criterios generales de conducta, tiene una carga valorativa singular, que debe ser analizada necesariamente en la revisión.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, defectos en la consideración de extremos conducentes, contrato de trabajo, accidentes de trabajo, daños y perjuicios
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL - LABORAL - CIVIL
Carátula: GUARDIA, JULIO EVARISTO s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-07

Es descalificable el pronunciamiento en cuanto desestimó la demanda en lo referente a la indemnización por incapacidad solicitada con apoyo en el art. 212, 4to. párrafo, de la ley de Contrato de Trabajo (t.o.), pues si bien es válido sostener que cuando se otorga la reparación integral del derecho civil ésta cubre y absorbe el valor del resarcimiento pretendido, ello es así siempre que la primera haya sido concedida, circunstancia que no se presenta en el caso.
Multa, deuda previsional, facultades discrecionales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: C.E.M.I.C. c/ ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS - D,G.I. s/ Impugnación de deuda
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-10-28

La facultad de graduación de la multa entre el mínimo y el máximo previsto en la ley, no escapa al control de razonabilidad que corresponde al Poder Judicial con respecto a los actos de la Administración Pública, incluso cuando se trata de facultades discrecionales de la administración (cfr. C.S.J.N., sent. del 24.11.98, "Demchenko, Iván c/ Prefectura Naval Argentina"). (Del voto de la mayoría. La Dra. Dorado votó en disidencia).
Trabajador, actividades laborales, aplicación del convenio colectivo
Materia: LABORAL
Carátula: Barbona, Oscar Rey c/ Chaco Construcciones S.A. s/ Diferencia de Haberes, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2000-11-09

Es procedente el recurso de apelación impetrado por la parte demandada, quien alega que el actor queda comprendido en el régimen de la construcción y no en el de la ley 12981, encargados de casa de Renta, como lo entendió la Juez a-quo.

Ello así, ya que de las constancias comprobadas de la causa surge que Chaco Construcciones S.A. no era propietaria ni usufructuaria del inmueble ni tampoco alquilaba el mismo para lucrar con su locación.

Es decir, no era el titular de la explotación lucrativa del inmueble. Quien sí revestía tal condición, era Chaco IV. La actividad de la patronal no es la contemplada en el Estatuto y Convención Colectiva que declara aplicable, ello por un imperativo de estricta equidad, pero hay quienes pretenden que por el solo hecho de que en un establecimiento se empleen personas de tal o cual profesión u oficio, el empleador se convierte en integrante de la actividad a la que éstos corresponden y por consiguiente le alcanzan los convenios que rijan esa actividad distinta a la suya.
Acción meramente declarativa, revisión judicial de actos administrativos, acto administrativo, dictámenes, Comunicaciones, habilitación del establecimiento
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Comisión Municipal de la Vivienda c/ Mónica Elena Gómez s/ Desalojo s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-10-15

En el caso, la apelante promovió acción declarativa de certeza, solicitando se dicte sentencia que declare válida y en vigencia la habilitación dispuesta por la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, para el ejercicio de la actividad de depósito y venta de frutas y hortalizas en un determinado predio. El juez de primera instancia tiene por no habilitada la instancia judicial y declara improcedente la acción.

Este tribunal considera que, en el sub lite, debe hacerse expresa referencia, a los fines de considerar la procedencia de la acción que se intenta, a los elementos probatorios producidos en autos. Estas constancias se refieren a diversas publicaciones de noticias que informan de una clausura "ordenada" por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. De la inmediata lectura de estas evidencias se desprende que el referido dictamen de la Procuración local efectivamente ha producido un perjuicio en cabeza de la actora, en razón de que el mismo ha suscitado sendas intimaciones cursadas mediante carta documento requiriendo a la presentante que informe si cuenta con la debida habilitación, con la advertencia de reclamar daños y perjuicios en virtud del ilícito contractual que quedaría configurado.

Es por ello que, merced a las circunstancias de hecho por las cuales un mero dictamen se ha confundido públicamente con una decisión final de la administración, corresponde hacer lugar a la acción intentada. Requerir un pronunciamiento de la administración y, eventualmente -de confirmarse la opinión de la Procuración-, iniciar el proceso impugnatorio en sede judicial, implica, ante la trascendencia que han tomado los hechos del caso, negar a la actora un accionar positivo, como es la acción declarativa de certeza, que despeje la incertidumbre y el temor que un dictamen, sin la entidad legal para ello pero en función de trascendidos usualmente ajenos a cuestiones de técnica jurídica, ha suscitado. En tal sentido, existiendo vías de acceso a la justicia que en forma positiva despejen el dilema planteado, resulta reñido con una efectiva tutela judicial remitir a la presentante a la espera del acto administrativo o de la conformación del silencio de la administración, en tanto denegatoria tácita. Máxime apreciando los intentos de iniciar acciones judiciales con que se apremiara a la actora ante la publicidad de la actuación de la Procuración. De este reconocimiento, surge netamente el carácter preventivo de la acción declarativa, la cual no requiere de la existencia de un daño consumado en resguardo de los derechos (cf. Fallos 311:2104).
Superior Tribunal de Justicia, competencia, principio de especialidad, Poder Judicial, responsabilidad civil, Constitución Provincial
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: MARINCOVICH, JOSE ANTONIO DEMANDADO: VARGAS, ABRAHAM LUIS s/ RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA MAGISTRADOS JUDICIALES- EXCEPCION DE INCOMPETENCIA (EXPTE.: C.S.J. NRO. 402 AÑO 2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2007-06-27

Debe rechazarse el planteo del demandado incidentista, quien acusa la incompetencia de esta Corte para entender en la causa por considerar que la responsabilidad atribuida por el artículo 93, inciso 7) de la Constitución Provincial "sólo opera cuando el juicio es entablado por la Provincia de Santa Fe contra un Juez por repetición de lo pagado en otro juicio de responsabilidad extracontractual donde fue vencida por un tercero".

Ello por cuanto sostener que ese precepto opera únicamente en caso de que el Estado pretenda del juez el reembolso de lo pagado en otro proceso e n el que resultó condenado por la actuación irregular de aquél en el ejercicio objetivo de su función, no encuentra sustento alguno en la letra de la Ley Suprema e importa desconocer la responsabilidad personal y directa de los funcionarios públicos por los hechos que ejecuten en su carácter de tales prevista en el artículo 1112 del Código Civil.

Recuérdese en tal sentido que la Ley Orgánica del Poder Judicial ha consagrado expresamente la responsabilidad de los Magistrados Judiciales (art. 10) que abarca -a no dudar- la civil, reconocida desde siempre en nuestro país, siendo por demás de claro la interpretación literal de los textos legales involucrados en el sentido de que cuando se trata de juzgar la responsabilidad de modo personal del Magistrado que ha ocasionado un perjuicio indemnizable, rige al efecto los artículos 93, inciso 7 de la Constitución Provincial y 18, inciso 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial siendo, además, improrrogable (art. 2, apart. 2, inc. d L.O.P.J.). (De los Fundamentos del Dr. Netri)
Leyes, interpretación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: ATILIO M. GODINO  S.A.C.I.I. Y F. s/ CONCURSO PREVENTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1990-06-01

Tal como recuerda Borda (Parte General, T.I,6a Ed.Buenos Aires, Perrot, 1976, Nro 204 y ss, p.222 y ss), constituyen reglas de interpretación de la ley suficientemente aceptadas por doctrina y jurisprudencia: que las normas legales no deben interpretarse aisladamente, sino interpretándolas con otras disposiciones de la misma ley, y con las del resto del plexo jurídico, que el derecho debe mantenerse en consonancia con la realidad; pues debe siempre tenerse presente el fin de la ley; o ponderar el resultado de la interpretación de manera que si pudieran resultar dos o más interpretaciones distintas " debe preferirse aquella que sea más justa y que resuelva con mayor acierto y equidad los intereses en juego".- O como dice la Corte Suprema de la Nación, la que mejor resguarda los derechos y garantías constitucionales.
Feria judicial, habilitación de feria, recurso de queja (procesal), locación, resolución del contrato
Materia: COMERCIAL
Carátula: ACROW  SA s/ QUIEBRA S/ INC. DE CONTINUACION DE EMPRESA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-07-24

Si de conformidad con lo oportunamente pactado y autorizado, el juez de grado declaró rescindido el contrato de locación del establecimiento de la fallida -siendo denegado el recurso que contra tal decisión interpuso la locataria-, y como consecuencia de aquella resolución ordenó el inmediato lanzamiento de los locatarios, habilitando días y horas inhábiles y en su caso del feriado judicial, a los efectos del libramiento y retiro del oficio pertinente, se justifica la habilitación de la feria judicial en la alzada para el conocimiento del recurso de queja planteado.
Quiebra, verificación tardía
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA EN J: 701 GUIZZO SANTOS LUIS Y OTS. s/ Quiebra Incidente Verificación (LIBRO: A149 - 296)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1988-05-06

La Direccion General Impositiva apela y manifiesta que la resolucion de la primera Instancia desconoce la Ley 11.683, no respetando un acto administrativo firme. Se verifique los importes expresados.- Tratandose de una quiebra no puede sostenerse la prevalencia de las conclusiones de un tramite tributario.- Si se debe revisar una sentencia tanto en juicio ordinario como ejecutivo, con mayor razon es posible tal control en una decision firme solamente en sede administrativa.- No hay fallos que valgan a la hora de verificar.- Es perfectamente ajustado a derecho el examen formal y sustantivo de la pretension de la D.G.I.

Se rechaza la apelacion.-
Salario mínimo, vital y móvil, facultades del Poder Ejecutivo
Materia: LABORAL
Carátula: Miranda de Rivero, Fanny Eva c/ Carlos Buessau SAIC. y otra.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-02

La amplitud de criterio que corresponde reconocer al Poder Ejecutivo para la fijación del salario mínimo vital y móvil puede cuestionarse cuando resulta probado que la remuneración mínima fijada configura la supresión o desnaturalización del derecho que se pretende asegurar, o cuando dicho importe hubiese sido establecido en forma absurda o arbitraria.
Trabajadores portuarios, contrato de trabajo por tiempo indeterminado, raschín
Materia: LABORAL
Carátula: CORREA, JOSE LUIS c/ CONRADO VACCARO Y CIA  S.A.I.C.I.F. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-07

Aún cuando el trabajo de raschin, en principio, es eventual (art.

3 inc. 1 del CCT 158/75) nada impide que pueda ser permanente, vinculado por un contrato de trabajo por tiempo indeterminado.
Acción de amparo, competencia contencioso administrativa, Superior Tribunal de Justicia, trámites judiciales, declaración de incompetencia, declinatoria
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Asociación Bancaria Seccional Catamarca c/ Estado Provincial s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2000-05-09

Siendo la competencia contencioso administrativa originaria y excluyente de la Corte de Justicia, inclusive cuando la forma escogida para demandar fuere una acción de amparo, corresponde determinar el mecanismo que los jueces de primera instancia deberían aplicar cuando se les presente una acción de amparo de aquel contenido, toda vez que la ley de amparo prohíbe el planteo de cuestiones de competencia.

La ley de amparo prohíbe las incidencias que tiendan a dilatar el proceso sumarísimo, quedando incluidas las cuestiones de competencia;

pero lo que la ley no prohíbe ni puede prohibir es que el juez analice de oficio su propia competencia en razón de la materia, por ser de orden público y declare, en su caso, su incompetencia.

De igual modo no le está vedado al accionado advertir mediante una presentación o cuando conteste el pedido de informes mencionar la supuesta incompetencia del juez, sin llegar a un planteo estricto de una cuestión de competencia. También, como alternativa puede recurrir directamente ante la Corte por vía de declinatoria, dado que ello de ningún modo afectaría la celeridad del amparo que seguiría tramitando en el juzgado de grado hasta que la Corte decida sobre su propia competencia y en caso afirmativo solicite la remisión de las actuaciones.
Homicidio culposo, responsabilidad médica, negligencia, deber de obrar con prudencia, muerte del paciente
Materia: PENAL
Carátula: Bialolenkier, Diego Ariel y Puente, Nélida Inés  c/  s/ homicidio culposo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-09

Corresponde confirmar la condena, en orden al delito de homicidio culposo, al médico endoscopista que no actuó con el cuidado y la atención que exigía su actividad debido a la singularidad de la patología de la damnificada (distensibilidad dificultosa), puesto que de haber actuado de conformidad con las singularidades y dificultades que presentaba el ingreso al tracto digestivo de la víctima, el resultado lesivo no hubiese ocurrido.
Acción contencioso administrativa, instancia administrativa, agotamiento de la instancia administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PUTERO, RAUL DOMINGO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ILEGITIMIDAD.     CSJ EXPTE NRO 90-84
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-10-16

En el recurso contencioso administrativo de ilegitimidad, es recaudo indispensable que se haya agotado la vía administrativa ya sea, mediante la reclamación prevista en el artículo 16 de la ley 4106 si se trata de actos administrativos generales, de los cuales los interesados se anotician mediante publicación, o "mediante los recursos reglamentados en el trámite administrativo", si se trata de actos particulares para los cuales rige el artículo 4 de dicha ley.
Suspensión del juicio a prueba, concurso de delitos, fiscales
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Williams, Jonathan Alberto s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-12-14

De conformidad con lo postulado por el fiscal, el obstáculo para la suspensión del juicio a prueba solicitada por la defensa consiste en el concurso de delitos resultante del objeto procesal atribuido al imputado en la causa y en la que resultó condenado -con sentencia firme-, de conformidad con el art. 76 bis CP, pues si bien se da un caso de imposibilidad de juzgamiento común o simultáneo de delitos cometidos por el mismo imputado, ello obedece a la distinta competencia de los tribunales que intervienen en los respectivos hechos y, en caso de obtenerse un eventual pronunciamiento condenatorio éste deberá ser obligatoriamente unificado con la condena dictada, en atención a lo dispuesto por el art. 58 CP, pronunciamiento que teniendo en cuenta la escala del concurso aplicable al caso nunca podrá ser dejada en suspenso dado que el término de aquélla excede con holgura los tres años de prisión.
Prueba testimonial, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: TELLERIN CARLOS JACINTO s/ USUCAPION
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1996-02-22

La amistad como causal de descalificación de la prueba testimonial, debe ser íntima (artículo 427 inciso 4º del Código Procesal Civil y Comercial) y está sujeta a que se haya alegado y probado acerca de esa aducida inidoneidad. No corresponde desechar dichos por amistad íntima, si no surge que existe un grado que pudiera haber llevado a falsear la verdad de los hechos, apreciados en este caso, con mayor rigor.
Recurso extraordinario, interés para recurrir, resoluciones recurribles, sentencia definitiva
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ruchelli, Raúl A. y Beveraggi de la Rúa, Walter c/ Ceamse s/ Inc. de embargo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-29

Los recursos extraordinarios sólo proceden contra las sentencias definitivas dictadas por los tribunales de última instancia, entendiéndose por tales las que recaigan sobre el asunto principal de la causa, condenando o absolviendo al imputado, siendo indispensable que los planteos de nulidad e inaplicabilidad de ley evidencien un interés concreto y actual, y que mientras quede expedita alguna vía para hacer valer el derecho que se intenta reconocer, la decisión no es definitiva en los términos de los arts.

278 y 296 del Código Procesal Civil y Comercial. (MINORIA U OPINION PERSONAL)