Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-08-18


VILLAGRA, Daniel Reg.: A y S t 199 p 366-370.

Santa Fe, 18 de agosto del año 2.004.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Administración Federal de Ingresos Públicos contra la sentencia del 13 de diciembre de 2002, dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de esta ciudad en autos "VILLAGRA, Daniel -Concurso Preventivo-Expte. 1272/00-Incidente de Revisión promovido por Administración Federal de Ingresos Públicos-(Expte. 237/02)" (Expte. C.S.J. nro. 139, año 2003); y, CONSIDERANDO:

1. La Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de esta ciudad desestimó la apelación deducida por la Administración Federal de Ingresos Públicos contra la resolución del 10 de abril de 2002 dictada por el Juez de baja instancia -que, a su turno, había rechazado la demanda de revisión iniciada por el organismo recaudador tendente a obtener el reconocimiento de los intereses pretendidos por el Fisco sobre el capital privilegiado-, confirmando la sentencia impugnada con costas a cargo de la acreedora (f. 1).

Contra el pronunciamiento de la Alzada deduce la perdidosa recurso de inconstitucionalidad, tachándolo de arbitrario por no reunir las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción que le acuerda la Constitución provincial (art. 1, inc. 3 , ley 7055), como lesivo de la garantía del debido proceso y del derecho de propiedad (fs. 2/41).

Las causales descalificantes que invoca pueden sintetizarse así:

a) Desconocimiento o apartamiento de la norma aplicable al caso.

Expresa que el decisorio recurrido prescindió de la normativa federal que establece expresamente la tasa de interés que resulta aplicable respecto de las deudas para con el Fisco nacional, so pretexto de que el Juzgador puede morigerar una tasa de interés fijada por normas reglamentarias, y de que se vulneraría la pars conditio creditorum.

Apunta que el apartamiento normativo también se configura por la no aplicación de la normativa federal regulatoria de lo atinente a las multas previsionales.

b) Resolución dictada por jueces que se arrogaron el papel de legisladores y no se sintieron limitados por el orden jurídico.

Menciona que la Sala, al confirmar el fallo de primera instancia, determinó -según su criterio- que la tasa de interés que debía aplicarse para los créditos fiscales era del uno por ciento (1%) mensual, sin capitalizaciones, cuando las disposiciones federales expresamente fijan una tasa distinta.

Entiende que el A quo creó derecho nuevo, como lo hace la ley, y por ende invadió facultades exclusivas de otro poder del Estado -el Legislativo-, violentando o resquebrajando el sistema de división de poderes.

c) Fundamentación en pautas de excesiva amplitud, en sustitución de normas positivas directamente aplicables.

Señala que el Sentenciante sustituyó normas federales inmediatamente aplicables a los intereses por conceptos de gran amplitud, tales como la "realidad económica".

d) Omisión de considerar cuestiones propuestas.

Aduce que el Tribunal se limitó a fijar su criterio sin dar tratamiento alguno a tópicos fundamentales y trascendentes para la solución del litigio, tales como: la operatividad del artículo 622 del Código Civil; el hecho de que jurídicamente el reglamento goza de las prerrogativas de la ley, teniendo su misma fuerza y valor, por lo que debe ser aplicado e interpretado por los jueces de la misma manera que éstas; y la existencia de una clara cuestión federal por haberse otorgado primacía al ordenamiento común (principios de derecho concursal y artículos del Código Civil) sobre una ley federal (ley 11683) y su normativa integradora.

Finalmente, la impugnante asegura que la cuestión -relativa al recupero de los créditos fiscales por parte del Erario Público- excede el mero interés de las partes pues se proyecta sobre la comunidad toda, y que dicha circunstancia revela la existencia de gravedad institucional. A ello añade que la incidencia o efecto del pronunciamiento impugnado podría acarrear consecuencias disvaliosas, al generar una conciencia más laxa de los contribuyentes en el cumplimiento de las obligaciones para con el Fisco, ante la posibilidad latente y clara de utilizar posteriormente el instrumento concursal a sabiendas de que una parte importante del crédito del Organismo recaudador puede ser excluida del pasivo concursal.

Asimismo, expresa que el referido decisorio tergiversa totalmente la finalidad que ha tenido el legislador al instaurar el sistema de los intereses resarcitorios y punitorios en el marco de la ley 11683, el cual ha sido reconocido por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Arcana Orazio", del 18/03/86 (Fallos: 308:283), y que no es otro que permitir el normal desenvolvimiento de las finalidades del Estado, lo que justifica la elevación de las tasas más allá de lo normal, pues de no ser así, los contribuyentes podrían contemplar la alternativa -claramente perniciosa para el bien común-, de obtener financiamiento por la vía de dejar de cumplir puntualmente con sus obligaciones tributarias.

2. El referido recurso fue denegado por el Judicante mediante auto del 8 de abril de 2003, por entender -esencialmente- que la impugnación solo reflejaba una simple disconformidad con lo resuelto por la Sala en torno a la interpretación y aplicación de las normas a las que cabía someter el conflicto de marras, sin entidad constitucional.

En ese sentido, el Inferior recordó el criterio varias veces expuesto por esta Corte, al convalidar decisiones análogas de la misma Sala (f. 52). Ante ello, la interesada acudió por vía de queja ante esta sede (fs. 56/65).

3. Liminarmente, cabe señalar que la presente impugnación no ha de prosperar.

Es que, si bien la recurrente articula en abstracto, conforme a su propio planteo, varias hipótesis que pueden encasillarse como tipos doctrinarios y jurisprudenciales de arbitrariedad, no consigue demostrar -en un contacto liminar con lo sustancial- que tales hipótesis guarden alguna elemental conexión con la realidad del caso (cfr. "Cerrutti", A. y S., T. 35, pág. 410).

De este modo, no se configura en el sub lite el alegado desconocimiento o apartamiento de la normativa aplicable, toda vez que, frente a la opinión del Tribunal, fundada en los principios concursales y en la ley sustantiva, favorable al reconocimiento de la procedencia de la morigeración de intereses correspondientes a créditos fiscales, sin necesidad de declaración previa de inconstitucionalidad de las normas que los determinan, cuando las tasas exorbitan el parámetro de razonabilidad (cfr. f. 1), la impugnante intenta hacer prevalecer su postura consistente en la aplicabilidad excluyente de la ley 11683 y su normativa integradora, y en la necesidad de la previa declaración de inconstitucionalidad de tales disposiciones en los casos en que se pretenda adecuar las tasas de interés previstas (cfr. fs. 7, 8, 36, etc.). Sin embargo, la recurrente no alcanza a acreditar la arbitrariedad alegada.

Ello, debido a que sus agravios se abroquelan -principalmente- en la existencia de una disposición legal que autoriza a un órgano del Poder Ejecutivo a fijar la tasa, y en la afirmación de que, jurídicamente, los reglamentos gozan de las prerrogativas de las leyes, y deben ser aplicados e interpretados por los jueces de la misma manera que éstas. Sin embargo, pese a su esfuerzo argumentativo, la quejosa no logra demostrar que la tesis seguida por el A quo implique la elección de una alternativa irrazonable o ajena al derecho en vigor.

En el caso, entre otros argumentos, el Sentenciante señaló que "...esta Sala ya ha tenido reiterada oportunidad de manifestarse sustentando la facultad jurisdiccional de reducir las tasas de interés cuando éstos exorbitan el parámetro de razonabilidad y afectan la 'pars conditio creditorum'..." (f. 1), y que se había pronunciado "...reiteradas veces en casos similares al presente, donde fuera parte la DGI..." aseverando que "...la norma cuya aplicación se pretende lo que en realidad establece es un techo, pero no un piso a la determinación de la tasa de los intereses, siendo de tal modo la ambicionada no de rango legal sino administrativo, la cual puede ser morigerada judicialmente siguiendo pautas de justicia distributiva que se refuerzan en los procesos concursales a la luz del principio de igualdad..." (f. 52).

Dicha decisión se enrola en una de las principales corrientes jurisprudenciales relativas al tema bajo examen (ver, a manera de ejemplo, Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Mendoza en L.S. 271-461; 282-278; 285-144; 285-226, 286-210; C.N.Com. Sala C in re "Dirección General Impositiva c. Cristalerías El Cóndor S.A.", 29/11/1996, L.L., 1998-A, 492, J. Agrup., números 12367 y 12368; etc.), e importa la adopción de una solución posible, basada en razones suficientes (A. y S., T. 92, pág. 254; T. 99 pág. 212; T. 113, pág. 232; T. 123, pág. 49; T. 126, pág. 233; T. 134, pág. 10; T. 150, pág. 236; T. 152, pág. 320, entre otros), desde que el Juzgador brindó una respuesta viable de conformidad con el ordenamiento jurídico y con el cuadro fáctico esclarecido, la cual -según su criterio prudencial- era la que mejor se ajustaba al imperativo axiológico de administrar justicia.

En cuanto a la cuestión relativa a las multas, lo genéricamente alegado en el memorial introductor del remedio extraordinario, resulta claramente insuficiente para perfilar un planteo que permita tener por configurado algún vicio susceptible de reproche constitucional, especialmente si se atiende al propio relato de los antecedentes del caso que efectuara la compareciente, del que no surge que en las instancias ordinarias haya formulado cuestionamientos al respecto (cfr. fs. 10/13, 15/20).

La misma suerte adversa debe correr el defecto atribuido por haberse arrogado los jueces el papel de legisladores, toda vez que la quejosa no logra probar que la tasa del 1% mensual para los créditos fiscales haya sido establecida -o aprobada- con fundamento en la sola arbitraria voluntad del Judicante.

Por el contrario, la Sala ha puesto de relieve la finalidad de no vulnerar el principio concursal de pars conditio creditorum (cfr. f. 1), y la necesidad de aplicar pautas de justicia distributiva, que se refuerzan en los procesos concursales a la luz del principio de igualdad (cfr. f. 52), circunstancias que, evidentemente, han determinado el criterio para la fijación de los intereses judicialmente reconocidos al ente recaudador.

Tampoco puede ser acogido el acusado vicio de fundamentación en pautas de excesiva amplitud, toda vez que el Sentenciante se basó en principios de derecho concursal, y confirmó la operatividad de la normativa civil y comercial, mediante la remisión a argumentos volcados en precedentes propios en los que intervino el mismo ente público (cfr. f. 1).

Con respecto a las cuestiones propuestas que se dicen preteridas, no puede dejar de señalarse que se advierte que ellas han recibido tratamiento implícito, no sólo en los argumentos efectivamente desarrollados por el Tribunal, sino también por medio de la remisión a numerosos antecedentes jurisprudenciales análogos ("Banco de Santa Fe contra Moras" del 18/10/97; "Cursack sobre Quiebra" del 16/10/97; "Osses Eduardo Roberto y otra sobre Concurso Preventivo" del 3/12/98; "Aghemo, Osvaldo Rafael sobre Quiebra" del 4/10/99; "Cooperativa de Tamberos y Agrop. de Colonia Belgrano sobre Concurso Preventivo" del 6/10/99; "Automotores Esperanza" del 7/02/02; "Ruggia, Ángel Antonio sobre Concurso Preventivo" del 13/05/02; etc.).

Debe recordarse aquí que el Máximo Tribunal de la Nación ha considerado improcedente la impugnación extraordinaria sustentada en la falta de fundamentación de la sentencia cuando ésta posee motivación implícita adecuada, clara e inequívoca (cfr. Fallos: 262:210; 296:550), y que esta Corte provincial ha manifestado que constituye suficiente motivación la remisión a un anterior precedente jurisprudencial, que guarda analogía con el que se examina (cfr. A. y S., T. 100, pág. 2, entre otros).

Asimismo, la exigencia del artículo 95 de la Carta Magna local no impone al Juzgador la formulación de desarrollos minuciosos, bastando que, mediante las proposiciones formuladas en torno a los hechos y el derecho del caso, el fallo se sostenga a sí mismo, como decisorio razonable y objetivo, o lo que es lo mismo, no aparezca como pura afirmación dogmática caprichosa y subjetiva de la voluntad judicial (cfr., A. y S., T. 65, pág. 424; T. 99, pág. 195; T. 102, pág. 236, entre muchos otros).

Por último, puede aseverarse que la invocada gravedad institucional, no constituye una hipótesis susceptible de habilitar per se la apertura de la instancia excepcional, pues la admisión de aquélla estuvo siempre vinculada a la concurrencia de alguno de los supuestos del artículo 1 de la ley 7055 (cfr. A. y S., T. 143, pág. 111).

Sin perjuicio de lo expuesto, es dable precisar que ella requiere que el conflicto exceda el marco del interés meramente individual para afectar el de la comunidad, circunstancia que la impugnante debe demostrar configurada en la especie (A. y S. T. 48, pág. 293; T. 81, pág. 276, entre otros).

Y en autos, si bien puede entenderse que existiría gravedad institucional en forma genérica -vinculada con el sistema legal tendente a la percepción de la renta pública-, no ocurre lo propio si se la traslada a la litis concreta, en donde no se consigue persuadir que la solución brindada por el A quo dentro del marco del recurso sometido a su jurisdicción, conlleve una ineludible deformación de aquel sistema, de modo que perturbe la recaudación fiscal y afecte los intereses que se dicen comprometidos (cfr. "MIGRA S.A. -Concurso Preventivo-Recurso de Revisión- sobre Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad", A. y S., T. 149, pág. 278).

En suma, pretender abrir ante los estrados de este Cuerpo una tercera instancia ordinaria, que revea lo decidido por los tribunales inferiores en ejercicio de su función jurisdiccional, implica desconocer la naturaleza del remedio extraordinario intentado, que tiene por objeto únicamente el control de la adecuación de las sentencias al ordenamiento jurídico fundamental.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.:VIGO-GASTALDI-GUTIERREZ-NETRI-Fernández Riestra (Secretaria)