Recurso de casación, acción contencioso administrativa, reincorporación, daños y perjuicios, reparación integral, honorarios del abogado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Sosa, Hector Humberto c/ Municipalidad de Salsacate s/ Acción contencioso administrativa de plena jurisdicción- Recurso directo
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2003-05-22

La argumentación dada por la Cámara a-quo para fragmentar la base regulatoria, no cumplimenta la exigencia de una debida fundamentación lógica y legal en los términos exigidos por el artículo 27 de la Ley 8226 y las pautas establecidas en el artículo 29 ib., lo que en el marco de los valores económicos tomados como integrativos de la base económica por el Tribunal de sentencia traduce una infundada parcialización de la base de cálculo.

Ello es así, con mayor razón aún, cuando precedía al resolutorio en crisis un pedido expreso de la parte interesada, invocando la aplicación al caso de la doctrina de este Tribunal Superior recaída in re: "JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ Y MIGUEL ANGEL RODRÍGUEZ C/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA - CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO" (A.I. Nro. 71/1994), a través de la cual se establecían las pautas que no podían ser fragmentadas por el A-quo si lo que se pretendía era asignarle un monto económico al valor reincorporación en el marco del criterio legal entonces vigente.- Esta Sala ha propiciado mediante sucesivos pronunciamientos jurisdiccionales, que el valor reincorporación resultaba de calcular un mes de sueldo del cargo desempeñado, a valores actuales, por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses, desde el ingreso del agente a la Administración y hasta la efectiva reincorporación.

Esta jurisprudencia, fue elaborada y mantenida en el marco de una doctrina que no habilitaba la jurisdicción especial para pretensiones de tipo indemnizatorias, lo que actualmente impone revisar sus alcances frente a una nueva configuración legal y jurisprudencial del proceso contencioso administrativo como un proceso plenario.

En efecto, las razones en función de las cuales el Tribunal de juicio ponderó como elemento divergente de esta causa -con relación a la del precedente resuelto por este Tribunal-, a la circunstancia que en el sub lite se demandaron dos pretensiones claramente diversas, cada una con su propio valor de referencia a los efectos regulatorios, limitando por tal motivo el valor reincorporación con el fin de evitar una "superposición de bases económicas", revela a las claras el esfuerzo del A-quo por efectuar una determinación de la base económica más razonable y proporcional a los verdaderos intereses en juego susceptibles de apreciación pecuniaria, a la vez que trasunta un esfuerzo interpretativo por superar la doctrina legal sustentada in re: "JOSE CARLOS RODRÍGUEZ Y MIGUEL ANGEL RODRÍGUEZ c/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA - CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO" (A.I. Nro. 71 de fecha 09/09/1994), según la cual no era acumulable a la acción contencioso administrativa de plena jurisdicción, la pretensión de nulidad del acto administrativo de cesantía y la consecuente reincorporación, con la determinación de la indemnización por los daños y perjuicios derivados de esa actuación administrativa declarada ilegítima.- Fue en virtud de una interpretación textual del artículo 38 de la Ley 7182 y con mayor razón en el marco del Código anterior (Ley 3897), que la jurisprudencia contencioso administrativa admitía parcialmente la acción sólo con relación al primer aspecto -anulación del acto y reincorporación del agente como consecuencia necesaria de la declaración de nulidad-, a la vez que declaraba inadmisibles o bien rechazaba parcialmente la acción en cuanto pretendía el pago de una indemnización de daños y perjuicios derivados de la cesantía ilegítima, cuando tal derecho no estaba expresamente predeterminado por las normas estatutarias específicas.

Cierto es que sin perjuicio de los muchos decisorios que por múltiples razones quedaron firmes en el marco de esa doctrina, el Tribunal Superior de Justicia, a partir del pronunciamiento recaído in re: "MORENO, JOSÉ ENRIQUE c/ PROVINCIA DE CÓRDOBA - PLENA JURISDICCIÓN - RECURSO DE APELACIÓN", Sentencia Número once de fecha trece de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, mediante una interpretación sistemática del artículo 38 de la Ley 7182, admitió que junto con la pretensión de anulación del acto administrativo y la consecuente reincorporación del agente, se dedujera una pretensión integral, que incluía el resarcimiento por los daños y perjuicios derivados de aquél para todos aquellos supuestos en los que el ordenamiento jurídico no habilitara en forma expresa y, por disposición específica, el pago de los salarios caídos, por el período acaecido entre la cesación del servicio por causas ilegítimas y la reincorporación del agente ordenada mediante el pronunciamiento que acoge la pretensión de nulidad del acto.

Posteriormente, en la causa "Otero, Miguel y Otros c/ Municipalidad de Córdoba - Demanda - Recurso Directo - Hoy Casación" Sentencia Número Ciento treinta y seis de fecha veinticinco de agosto de mil novecientos noventa y ocho, el Tribunal Superior de Justicia a través de su Sala Civil, sentó las pautas sustanciales para determinar el quantum de los daños y perjuicios derivados de una cesantía ilegítima, cuando ellos no estuvieran predeterminados normativamente y cuando además no se halle probada en forma fehaciente la precisa dimensión material del daño objetivo.

Es conducente señalar que la doctrina emanada del decisorio citado en el párrafo anterior fue igualmente seguida por las Cámaras del Fuero Contencioso Administrativo y también por la Sala Contencioso Administrativa del Tribunal Superior como pauta general para la determinación del quantum de los daños y perjuicios, fundándose en razones avaladas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque la totalidad de los salarios caídos no importaba necesariamente la medida del daño objetivo, pero es sin embargo el salario mensual el punto de referencia para cuantificar el daño.- Es más, en la Sentencia Número Ciento noventa y dos del año mil novecientos noventa y nueve recaída en estos autos principales, que sirve de objetivo sustento a la pretensión regulatoria aquí debatida, este Tribunal hizo lugar al recurso de casación de la parte actora, anuló parcialmente la sentencia del Tribunal a-quo y reenvió la causa para que se dictara un nuevo pronunciamiento de conformidad a la doctrina de "Moreno..." (Sent. Nro. 11/1994 y los que le sucedieron) y "Otero..." (Sent. Nro. 136/1998), lo que así fue decidido por la Sentencia Número Uno de fecha veinte de marzo de dos mil uno dictada por la Cámara a-quo.

El repaso a la doctrina y precedentes de este Tribunal es dirimente para esta causa, por cuanto si bien asiste razón a los recurrentes cuando denuncian una infundada parcialización de las pautas emergentes del precedente invocado como fundamento de su pretensión regulatoria (A.I. Nro. 71/1994), tendiente a la determinación de la base económica, sin embargo, tal petición no puede ser admitida hoy y en estos autos con apoyo en una doctrina legal que perdió vigencia para la propia controversia decidida por una sentencia firme en la que se desplegó la labor profesional cuyo arancelamiento se pide y donde, además, la demanda de los actores no solo perseguía la anulación del acto segregatorio y su reincorporación a la Administración, sino que también acumuló la pretensión de daños y perjuicios, y ambas, vinculadas por una inescindible relación causal, fueron acogidas favorablemente.

Con ello quiero significar que la disociación de los valores en juego en: a) valor reincorporación y b) salarios caídos, era congruente con la doctrina entonces vigente que asignaba un valor de referencia a la reincorporación, que es una obligación de hacer y que era la única que podía ser acogida en la sentencia, pues la pretensión resarcitoria era irremediablemente excluida de los alcances de la jurisdicción contencioso administrativa. Contestes con ello, se interpretaba como si se hubiese acumulado a la acción contencioso administrativa propiamente dicha una pretensión típica de una acción ordinaria y a los efectos regulatorios era menester atribuir un valor de referencia a ambas, más aún cuando el Código Arancelario -Ley 7269- entonces vigente, no discriminaba la base económica del pleito según que la demanda haya sido total o parcialmente acogida, o bien se trate del abogado de la parte actora o de la demandada.- Distinto es lo que sucede en el sub lite, donde la acción contencioso administrativa es concebida como un proceso plenario, donde la acción de plena jurisdicción es una y se completa con una pretensión integral con diversos objetos entre los cuales media una relación causal, ya que la anulación del acto torna procedente la reincorporación y ambas condicionan la medida de los daños y perjuicios.

Es claro que la sola declaración de nulidad de un acto administrativo no tiene un contenido económico propio, como no lo tienen las acciones de ilegitimidad a las que se les asigna un valor de referencia por su proximidad más o menos inmediata con el de los intereses en juego.- La reincorporación que -insisto- constituye una obligación de hacer sin contenido económico propio, es la consecuencia necesaria de la declaración de nulidad absoluta o relativa del acto administrativo, el restablecimiento de la situación jurídica subjetiva y la restitución integral al estado de cosas existente al momento anterior a su dictado o al de la declaración de nulidad efectuada en la sentencia, según sea ésta absoluta o relativa (art. 38, Ley 7182).

La pretensión resarcitoria por los daños y perjuicios tiene en cambio un valor de referencia directo, mensurable, que representa en definitiva el concreto interés económico generado por los actos declarados ilegítimos y de los cuales son una derivación directa y necesaria, constituyendo los únicos valores pecuniarios ejecutables o no, con motivo de la sentencia firme que haga lugar o desestime una única acción.- Es cierto que bien podría ocurrir que la obligación de hacer que pesa sobre la Administración pueda devenir en una obligación de cumplimiento imposible, que torne operativa las prescripciones del artículo 52 de la Ley 7182 y que, por tanto, deba ser reemplazada por una indemnización compensatoria definitiva, en cuyo caso la obligación de hacer es novada por una obligación de dar, único supuesto en el que a los fines regulatorios podría asignarse un contenido económico a la pretensión de reincorporación así sustituida.

En razón de lo expuesto, es dable concluir que asignarle un valor económico a la reincorporación y adicionarlo al monto al que ascienden los daños y perjuicios, en el marco de la actual doctrina legal vinculada al artículo 38 y concordantes de la Ley 7182, analizada en los puntos anteriores, importaría admitir una duplicación exagerada de los valores económicos en juego a los efectos de la regulación de los honorarios.

Tal duplicación es la que se deriva de asignarle un valor de referencia a la reincorporación, cuando ésta es una consecuencia necesaria de la declaración de ilegitimidad de la cesantía y donde el valor del juicio está representado por el monto determinado en concepto de daños y perjuicios, o bien por los salarios caídos cuando exista una norma preexistente que reconozca su derecho a percibirlos.

Ello, valga la redundancia, era aceptado en el marco de la doctrina anterior a los precedentes recaídos in re: "Moreno..." y "Otero...", mas no es razonable mantenerla con posterioridad a la consolidación de su vigencia. Prueba de ello es lo decidido y acontecido en esta causa en relación a los autos principales.

En mérito a lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso de casación y, por consiguiente, anular el decisorio atacado.

Ahora bien, no escapa al examen de esta causa que la pretensión recursiva ensayada por los letrados beneficiarios persigue una adecuación de la regulación de honorarios impugnada a la doctrina erróneamente aplicada por la Cámara a-quo y a la cual, por las razones expuestas, no es dable subsumir el presente caso.

La pretensión de fondo de los recurrentes se traduciría según el precedente invocado en una determinación de la base económica mayor tanto a la fijada por el A-quo, como así también a la que se arribe en virtud de observar las pautas sustanciales establecidas en este decisorio, en el que se delimita el valor económico en juego solamente al importe al que ascienden los daños y perjuicios determinados a favor de los demandantes.

Por ello, corresponde reenviar la causa al Tribunal a-quo, para que mediante una nueva integración emita un pronunciamiento que se ajuste al presente decisorio, con la salvedad que para el supuesto que los valores a los que en definitiva asciendan los honorarios regulados con motivo de este reenvío, sean menores a los que surgen de la regulación recurrida, deberán mantenerse estos últimos a fin de evitar incurrir en una reformatio in peius perjudicial a los intereses jurídicos defendidos por quienes obtuvieron el acogimiento de su recurso de casación.

Considerando la procedencia del recurso de casación con base en el motivo sustancial -inobservancia de la doctrina legal-, lo que conduce a la anulación del decisorio impugnado, se ha tornado abstracto el agravio referido a los porcentajes fijados por la Cámara a-quo para la regulación de los honorarios de los recurrentes por la labor cumplida en la única instancia.- Tan es así más cuando el Tribunal de sentencia disoció la base económica en "valor reincorporación" y "daños y perjuicios", adoptando un porcentaje diferente para cada rubro, lo que no se ajusta a la base económica del pleito determinada en el presente decisorio, por lo que al emitir el nuevo pronunciamiento deberá establecerse un porcentaje que se encuentre debidamente justificado en las particularidades de la causa y en la ponderada y circunstanciada aplicación de las pautas cualitativas contempladas en el artículo 36 de la Ley Arancelaria, que deberá realizarse con motivo de este reenvío.

En relación a la base regulatoria para la determinación de los honorarios de los abogados de la parte actora por el recurso de casación de la demandada, en tanto este remedio no prosperó y la materia de agravio se vinculaba a la ilegitimidad de los actos y a la pretensión de daños y perjuicios.

En orden al recurso de casación de la parte actora, delimitado éste al rechazo de la pretensión resarcitoria, que fue acogida en su totalidad, la base económica está dada por el monto de la sentencia (arts. 29, 34, 37 y 38, Ley 8226), es decir, el monto reconocido en concepto de daños y perjuicios.

Es dable señalar que la doctrina que emerge de este decisorio importa un cambio de jurisprudencia en materia arancelaria, que es conteste con lo resuelto a partir de los precedentes puntualizados (Sent. Nro. 11/1994 "Moreno..." y Sent. Nro. 136/1998 "Otero...") y tiene operatividad en todas aquellas causas que, como la presente, han sido resueltas en observancia de ellos.