marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Tasa de justicia, exención de tasa de justicia, Banco de la Provincia de Buenos Aires
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES c/ BERCOVICH, Lidia Sara s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-04

El art. 4 de la ley 9434 no incluye la exención del Banco de la Provincia de Buenos Aires relativa a la tasa de justicia; sólo dice que está exento de todo gravamen, impuesto, carga o retribución de cualquier naturaleza, de los que se diferencia la tasa, que reposa sobre la idea de prestación de determinado servicio, en la especie, el de administración de justicia. Por otro lado, su inclusión resultaría inexplicable, cuando expresamente aquel artículo prevé que el Banco debe abonar -exclusivamente- el servicio de obras sanitarias, la tasa por alumbrado y conservación de la vía pública y la contribución de mejoras.
Recurso contencioso administrativo, demanda, falta de contestación de la demanda, presunciones, prueba pericial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: González Cassola, Antonio José María c/ Municipalidad de Coronda s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 555-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-12-13

Corresponde declarar procedente el recurso contencioso administrativo interpuesto por la contratista reclamando de la Municipalidad demandada el pago de la confección de un padrón de deudores, cuando diversas constancias de la causa autorizan a considerar -frente a la inactividad procesal de la demandada en el juicio-, que el mencionado órgano contaba con suficientes atribuciones para vincular a la Administración en la ejecución del contrato. Sin embargo, la procedencia del recurso lo es sin perjuicio del derecho de la demandada sobre el trabajo efectivamente realizado, almacenado en diskettes, tal como lo sostiene el actor. Ello -más allá de las dudas que se derivan de la consideración de la pericial informática ya que, en definitiva, no es posible extraer de ella cuál es, concretamente, el contenido de los programas almacenados en los diskettes-. Es que el planteo de este rubro depende, básicamente, de la configuración de hechos, los cuales, por efecto del artículo 143 del Código Procesal Civil y Comercial -no contestación de la demanda-, deben considerarse reconocidos por la Administración.
Honorarios del abogado, medidas cautelares
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Mori, Héctor Santiago c/ Llanes, Javier Gustavo y Furchi, José Pascual s/ Indemnización por Daños y Perjuicios-Pieza Separada
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2000-07-13

La regulación prevista por el artículo 67 de la ley 7046, alcanza aquellos procesos cautelares autónomos y siendo que la solicitud de embargo preventivo deviene del dictado de sentencia recurrida en parte -y que la cautelar dispuesta lo ha sido conforme el artículo 209 del Cód. Procesal Civil y Comercial, dicha tramitación- aunque se efectuara por pieza separada- no puede se encuadrada como proceso autónomo, por lo que no corresponde regular honorarios y el Juez, en su oportunidad, deberá tener presente la actuación profesional tendiente a la definitiva percepción de lo adeudado.
Multa administrativa, Inspección General de Justicia, sociedades por acciones, fiscalización de sociedades, presentación tardía de la documentación, asamblea de accionistas, balance, estados contables
Materia: PENAL
Carátula: Inspección General de Justicia  c/ Kawell S.A.  s/ organismos externos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-02-08

Confirma multa impuesta por IGJ ya que la apelante ha incumplido sistemáticamente la obligación impuesta por el art. 16 del decreto 1493/82 -reglamentario de la Ley 22.315-, que dispone que las sociedades por acciones sujetas a fiscalización permanente, se encuentran obligadas a: i) comunicar a la IGJ la convocatoria con al menos quince días de anticipación a la fecha de la asamblea; y ii) presentar dentro del plazo de quince días de celebrada la asamblea la documentación que establecen las resoluciones de la IGJ. (arts. 154 y 155 Resolución General IGJ N° 7/2015). Es evidente que el instructivo para la "presentación fuera de término" de la documentación atinente a la aprobación del balance, en modo alguno puede ser interpretado como una prórroga de los plazos legales, sino como una indicación para regularizar una situación de incumplimiento, por lo que no puede ser admitido para enervar la sanción impuesta.
Accidente de tránsito, indemnización por accidente de tránsito, incapacidad sobreviniente, monto de la indemnización, falta de prueba, salario mínimo, vital y móvil
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Palma Aída Inés y Ot. c/ Alfredo D. Rosales y Ot. s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S139 - 176)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1996-09-25

Cuando la víctima incapacitada no ejercía o no acredita el ejercicio de una actividad lucrativa (caso de la persona circunstancialmente sin ocupación) o es totalmente incierto el monto de los ingresos percibidos en la que se desempeñaba, o bien se trata del cómputo del lucro cesante futuro de un menor sin formación especializada, o situaciones análogas, se recurre en nuestra jurisprudencia al parámetro del salario mínimo vital y móvil para el cálculo de la indemnización. La solución se justifica porque éste constituye el umbral inferior de retribución de la ocupación más humilde en el mercado laboral, y desde que la adopción de una pauta más significativa tendría un valor conjetural, pudiendo pecar por exceso
Hechos nuevos, gobierno nacional, convenios con las provincias, reducción salarial, recurso de inaplicabilidad de ley, inconstitucionalidad, principio de congruencia
Materia: PROCESAL CONSTITUCIONAL
Carátula: Maas Hilda María c/ Provincia de Río Negro (CPE) s/ Contencioso administrativo s/ Inaplic. de ley Arévalo Silvina D. c/ Provincia de Río Negro (CPE) s/ Contencioso administrativo s/ Inaplic. de ley Miglierini Hilda Aurora c/ Provincia de Río Negro (CPE) s/ Contencioso administrativo s/ Inaplic. de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2000-09-19|2000-09-19|2000-09-19

Déjase expresamente sentado que las referencias que se hacen en el presente a "hechos nuevos" debe ser entendida en el sentido dinámico de la "nueva situación" sobreviniente, que está dada por la celebración del "Convenio" entre la Nación y la Provincia. En tal sentido es menester poner de resalto que la denuncia de la suscripción y aprobación legislativa del "Convenio", cuya inaplicabilidad o inconstitucionalidad se postula, guarda coherencia y congruencia con la pretensión deducida por la actora en este pleito, sin alterar los elementos identificativos de la misma. El anexo pertinente del "Convenio" ratificado por la ley 3361 guarda "prima facie" relación directa con la materia del juicio, ceñida a la controversia constitucional de lo dispuesto por las disposiciones correspondientes de la ley 2989 y de los Decretos Ley 1/97 y 5/97; normas éstas que instrumentaron las reducciones salariales a las que se refieren algunos pasajes del anexo ahora discutido.
Daño simple, desmoronamiento de pared, vistas sobre inmueble vecino, ventana antirreglamentaria, abogados, responsabilidad del abogado, responsabilidad penal, error (penal), error de prohibición, error de derecho extrapenal, interdicto de obra nueva
Materia: PENAL
Carátula: Beltrami, Marta D. y otro s/ Error
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-31

Corresponde la absolución del abogado, acusado del delito de daño, que luego de aconsejar a una cliente la apertura de una ventana que afectaba la privacidad del vecino lindero, frente al levantamiento de un muro tapiando la abertura por parte del habitante del inmueble afectado, procedió por propia mano a demolerlo parcialmente, para iniciar seguidamente un juicio civil - interdicto de obra nueva -, ya que actuó movido por un error de prohibición, al evidenciarse que creyó desde un inicio que se encontraba amparado por el orden legal.

Cabe admitir la existencia de un error de derecho extrapenal, equiparable al error de hecho que excluye el dolo que exige el delito de daño, si en razón de la índole de la cuestión, su complejidad y la naturaleza del tema, que admitió diversos y hasta contradictorios enfoques jurídicos, se procedió ilícitamente sin tener conciencia de la criminalidad del acto, por causa de la apreciación equivocada en que se incurriera de carácter esencial, decisiva e inculpable.
Costas, sentencia condenatoria, vencimiento parcial y mutuo
Materia: LABORAL
Carátula: Mazzo, Mauricio Apolinario c/ Autoservicio Giordano y/o Núñez de Espíndola Lucía y/o quien resulte responsable s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2000-06-16

Respecto a la condena en costas de Primera instancia, debe confirmarse de acuerdo a la jurisprudencia recaída en el caso "Robledo c/Plieuser", sentencia Nro.41/90, del Superior Tribunal de Justicia, dictada vía de inaplicabilidad de ley, fallo vinculante, en cuanto establece que debe considerarse vencido en Primera Instancia al demandado, aunque la demanda prospere por menor suma a la reclamada, si ésta no se allanó parcialmente y obligó a litigar al acreedor para obtener el reconocimiento de su derecho. Las costas de segunda instancia se aplicarán proporcionalmente a los vencimientos, es decir 70% a cargo de la actora y el 30% a cargo de la demandada.
Amenazas, coacción, consumación del delito, sobreseimiento, revocación del sobreseimiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: MONETTA, Raúl y otros. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-06

Al tomar conocimiento el abogado de las amenazas dejadas en el contestador automático de su estudio jurídico con el objeto de amedrentarlo, se concretó el delito previsto en el art. 149 bis, segundo párrafo del C.P. Se trata de un delito de pura actividad, no requiriendo para su consumación que la víctima haga o deje de hacer lo que el autor pretende; de modo tal alcanza, para la consumación, que la amenaza llegue a conocimiento de la víctima y que la misma comprenda su contenido. No importa entonces el resultado que se obtenga .

Por ello, corresponde revocar la resolución que dispuso el sobreseimiento de los imputados.
Nulidad absoluta, declaración de oficio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Mulone, Ricardo Arturo c/ Burna, Graciela María Amelia s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1999-05-31

Declaración de Oficio: al ser la nulidad absoluta, la misma puede y debe ser declarada de oficio -art. 1047 del Código Civil-, siendo ello un imperativo para el juez, debiendo hacerlo no obstante que el pedido lo formule quien conocía o debía conocer el vicio.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación errónea
Materia: PENAL
Carátula: Di Giácomo, Alberto Florentino s/ Hurto reiterado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-11-15

Debe descartarse la infracción a los arts. 248 a 250 -n.a.- del C.P.P. si la alzada no invocó los testimonios a título de prueba testimonial, sino como prueba directa, de los cuales extrae indicios para elaborar las presunciones graves que exige el art. 236 -n.a.- del C.P.P. para dividir la confesión. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Prueba documental, libros del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: Macías, Oscar Marcelino c/ Ciraolo, Rodolfo Oscar s/ Indemnización por despido, etc
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-10-20

La declaración jurada del art. 39 del dec. ley 7718/71 no es suficiente por si misma para la determinación del monto de la condena si existe prueba en contrario.
Cuenta corriente bancaria, certificado de saldo deudor, autonomía cambiaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Francés del Río de la Plata S.A. c/ Sur S.R.L. s/ Ejecución Cambiaria (LIBRO: S139 - 083)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1996-08-09

La habilidad de la constancia de saldo deudor en cuenta corriente bancaria, no depende de la comunicación al cliente o de su conformidad expresa o tácita, pues el título es autónomo y se basta a si mismo. El legislador a través del decreto-ley Nº 15.354/46 creó un título bancario sin relación o dependencia alguna a los requisitos que exige la norma (art. 793 C.Com.) para establecer las cuentas y sus saldos
Escribanos públicos, obligaciones del escribano, deberes registrales, inscripción constitutiva, responsabilidad del escribano
Materia: CIVIL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Colegio de Escribanos. Escribano Leiguarda, Álvaro Jerónimo s/ inspección protocolo año 2008, 2010, libro de requerimientos nº 29 y demás documentación notarial
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-07-11

Es obligación del notario inscribir los actos por él autorizados dentro del plazo correspondiente, ya que, por imperativo legal, la adquisición o transmisión de derechos reales sobre inmuebles, solamente se juzgará plenamente perfeccionada mediante la inscripción de los respectivos títulos en los registros, al punto que esas adquisiciones o transmisiones no serán oponibles a terceros mientras no están registradas (arts. 1505, 3135 y concordantes del Código Civil; y 2 y 5 de la ley nº 17.801), lo cual crea una situación de incertidumbre y posibilidad latente de ocasionar serios perjuicios, como el ingreso de embargos o interdicciones por el anterior titular. (Voto de los Sres. Jueces José O. Casás, Luis F. Lozano y Ana María Conde).
Cargos electivos, oficialización de listas, cupo femenino
Materia: ELECTORAL
Carátula: Estela Mary Funes s/ solicita Alianza Unión por Córdoba -HJEN
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-12-28

Es al momento de la presentación de las listas ante el juez, a los efectos de su oficialización, que las agrupaciones políticas deben acreditar haber satisfecho los pertinentes requisitos referidos al "cupo femenino".
Incapacidad laboral, reubicación del trabajador, determinación de la incapacidad
Materia: LABORAL
Carátula: Oroño, Victor Laureano c/ Provincia A.R.T. s/ accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2021-05-11

Debe recordarse que, acorde lo dispuesto en el art. 8 inc. 3 de la LRT N° 24557, el grado de incapacidad laboral permanente se determina en base a la tabla de evaluación de incapacidades laborales, y se pondera entre los factores atribuibles a la edad del trabajador, el tipo de actividad y las posibilidades de reubicación laboral. En este contexto, a los fines de cumplimentar con ello, el Decreto 659/96 modificado por el Decreto 49/14 dispuso en el capítulo "Factores de ponderación", el procedimiento y la operatoria para la aplicación de los factores de ponderación fijando los fundamentos que se deberán considerar a los fines de la definición de los mismos. (Voto del Dr. Mansilla sin disidencia)
Democracia, Cámara de Diputados, sistema representativo, jerarquía constitucional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Sisti, Pedro Luis y otro c/ Estado Nacional y otros s/ amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-15

El sistema democrático sostenido por la Norma Fundamental argentina (arts. 36 y 75, inciso 19, tercer párrafo), exige garantizar la representación popular en los órganos de base electoral, en base a los principios de representación igualitaria (previsto en los arts. 16 y 37 de la Constitución Nacional, pautas que reciben reconocimiento expreso en un conjunto de instrumentos internacionales con jerarquía constitucional, conforme lo dispuesto por el art. 75, inciso 22 de la Constitución Nacional -arts. 1.1, 23.1.b y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2.1 y 25.b del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos-), y de proporcionalidad (que establecen los arts. 45 y 46 de nuestra Ley Fundamental) (Voto del juez Rosatti).
Prueba testimonial, declaración testimonial, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: R., A. P. c/ V. H., F. s/ INTERDICTO DE RECOBRAR
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-11-24

La función del testigo consiste en comunicar los hechos que conoce "proprio sensibus" y no expresar creencias, suposiciones, apreciaciones subjetivas, en fin; lo contrario, el enjuiciar los hechos, importa la invasión por el testigo de una zona procesal reservada al juzgador.
Contadores públicos, honorarios, base regulatoria, Impuesto sobre los ingresos brutos
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: Silva, Emilio Horacio c/ López, Eduardo José s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad - Regulación  de honorarios a perito contador (Expte.: C.S.J. Nro. 984 Año 2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-10-29

No puede prosperar el presente recurso ya que si bien el quejoso insiste en que el importe por Impuesto de Sellos debía sustraerse de la base económica tenida en cuenta para calcular los honorarios del perito contador porque no formaron parte de la peritación, la Sala reforzó su postura aclarando que la resolución que los reputó excluidos -por allanamiento del propio contribuyente que se acogió a moratoria -fue de fecha muy posterior a la reclamación de la administración y del recurso de reconsideración del demandado y por tanto, no podía redundar en la actividad del contador. En el caso, la parte accionada se queja de que el A quo haya confirmado los honorarios que el Juzgador de primera instancia fijara al perito, puesto que para calcularlos reputó incluidos en la base regulatoria el Impuesto de Sellos, a los Ingresos Brutos e intereses y multas correspondiente a ambas imposiciones cuando, en realidad -a su entender-, no correspondía computar en dicha base ninguno de estos conceptos.
Daños y perjuicios, monto de la indemnización, fijación judicial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Vitali de Enjamio, Liana c/ Curtiembre Guarino s/ Art. 2618 Cód. Civil Ozorio, Dora c/ Turismo La Plata s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-05-10|1998-10-20

Las estimaciones de las partes efectuadas en los escritos introductivos del proceso sobre los montos que consideran justos no atan al Magistrado salvo que constituyan un tope cuantitativo establecido por el propio justiciable.
Excarcelación, prisión preventiva, medidas cautelares
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Nápoli, Erika Elizabeth y otros s/ infracción  art.  139  bis del C.P.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-22

El art. 316, segundo párrafo, del Código Procesal Penal de la Nación (reformado por la ley 24.410), en cuanto veda la excarcelación para delitos-que de acuerdo con las penas previstas en el código de fondo serían susceptibles de ella-ha restringido la libertad del imputado con prescindencia de la naturaleza cautelar que esa restricción debe tener, es decir, no ir más allá de lo estrictamente necesario para conjurar el peligro de fuga o de que se obstaculice la averiguación de la verdad (Voto del Dr. Carlos S. Fayt).
Justicia municipal de faltas, poder de policía, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: V, S.A. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Apelación Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-09

Respecto del poder de policía cuya
Obras sociales, régimen de consolidación de deudas, emergencia económica, bien común, subrogación convencional, ley de consolidación de la deuda pública, impulso de oficio
Materia: COMERCIAL
Carátula: SANATORIO HISPANOAMERICANO S.A. c/ OBRA SOCIAL DEL PERSONAL MARITIMO s/ COBRO DE PESOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-31

La Sala que ahora integro -con criterio que comparto-ha tenido oportunidad de pronunciarse acerca del tópico sometido a decisión en un sentido análogo, del que me permitiré destacar algunas consideraciones. En tal ocasión consideró que "... El art. 1 del decreto 863/92 (B.O.: 3.6.92) Manda a los jueces a aplicar de oficio el artículo 3 de la Ley 23.982; norma esta que se enmarca en la situación de grave emergencia que afectó a toda la Nación y que otorga a las sentencias judiciales que reconozcan obligaciones alcanzadas por la consolidación carácter meramente 'declarativo', cuya 'única vía para su cumplimiento es la que la propia ley establece' (cfr. esta Sala, Causa 4252/91) 'Institutos Médicos S.A. c/Obra Social para Empleados de Comercio y Actividades Civiles', sentenciada el 3.12.93).

En tales condiciones, la presentación del Estado Nacional al juicio no aparece como un requisito necesario para que opere la subrogación del deudor. Y si se pondera que la ley 24.070 y los decretos 863/92 y 1732/92 no pueden ser interpretados prescindiendo del contexto normativo sancionado para superar el estado 'falencial' de las finanzas públicas y de las Obras Sociales, y si se valora, además, que en situación de grave crisis se justifican ciertas restricciones a los derechos económicos de los particulares en aras del bien común, paréceme claro que la subrogación de que se trata se opera una vez cumplidos los requisitos reglamentarios, con prescindencia de cual sea la posición del acreedor a su respecto. Si en épocas de normalidad y en relaciones de naturaleza privada la sustitución del deudor exige la concurrencia de la voluntad del acreedor (art. 814 del Código Civil), una razonable hermenéutica de la legislación de emergencia -que gira sobre principios de derecho público-, conduce a concluir que la subrogación opera, por mandato del Congreso Nacional, con la voluntad del acreedor o sin ella y aún contra su voluntad ..." (esta Sala Causa N. 3229/91 de fecha 11.11.94).
Transporte por agua, fletamento, prueba del contrato, crédito documentado, usos y costumbres, valor probatorio
Materia: NAVEGACION
Carátula: Ciamar  S.A. c/ Nutrinor  S.A. s/ Cobro
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-04-19

Es cierto que el art. 242 de la ley 20.094 establece que el contrato de fletamento se prueba con la existencia de la respectiva póliza. Pero el art. 1 de esa ley establece el valor de los usos y costumbres para regir las relaciones jurídicas originadas en la navegación por agua. Y el testigo de fs. 203 acredita que la forma habitual de contestación es el acuerdo telefónico. Por lo demás, ha habido intercambio de télex en los que se habla de "concretar la operación", "hacer llegar la conformidad", propuesta de reemplazo de un párrafo del booking note, declinación de flete; y cartas referidas a la ejecución del contrato, afectando u$s.68.000 a favor de la actora mediante un crédito documentario, circunstancia confirmada por otra carta que agrega que dicha suma lo es "en concepto de flete por hasta 2.000 TM de pallets de soya" y ambas misivas han sido reconocidas. Con todos esos elementos, debe tenerse por acreditada la existencia del contrato.
Estupefacientes, lavado de activos, asociación ilícita, concurso de delitos, concurso real
Materia: PENAL
Carátula: "DUCLER, Aldo Luis y otros s/ procesamiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-09-29

Entre la figura de lavado de dinero prevista y penada por el art. 25 de la Ley 23.737 y el de asociación ilícita del art. 210 del C.P. media concurso real.
Tasa activa, intereses moratorios
Materia: CIVIL
Carátula: Meza, Hector Daniel c/ Cobo, Pablo Hernan y Otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2011-09-08

A partir del 1º de abril de 1991, los intereses moratorios serán liquidados exclusivamente sobre el capital -art.623 Cód.civ.-, con arreglo a la tasa de interés que pague el Banco Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a 30 días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprometidos, y por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo será diario con igual tasa.-