marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Acción de amparo, costas, gratuidad del procedimiento
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: M.  S.A. c/ Gob. Cdad. Bs. As. s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-04-29

Las costas son un corolario del resultado del juicio y tienden a resarcir al vencedor de los gastos de justicia que debió incurrir para obtener ante el órgano jurisdiccional la satisfacción de su derecho y quién provoca la intervención del Tribunal por su conducta - acción u omisión -, debe soportar el pago de las costas en un sentido amplio, que incluye los gastos que la contraparte ha debido realizar en defensa de sus derechos.

Sin embargo en el marco específico de la acción de Amparo en la Ciudad de Buenos Aires, la gratuidad se ha erigido como un principio procesal de la acción, no correspondiendo apartarse del mismo, si no se observa que hubiese existido temeridad o malicia de parte del accionante. (Del voto del Dr. Ventureira con adhesión de la Dra. Robledo)
Acusación fiscal, nulidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: MAIDANA. LUIS A. s/ ACUSACION - NULIDAD
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1980-07-04

Es nula la ACUSACION FISCAL en la que el reproche ha sido formulado subjetivamente sin mencionarse cuáles son las pruebas que lo apoyan.
Recurso extraordinario, expresión de agravios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Villamayor, Ramón A. c/ Diez, Santiago s/ Ejecución de Honorarios Honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-06-09

Debe tenerse presente que el requisito de seriedad en el planteo o suficiencia técnica -del escrito del recurso extraordinario- debe ser evaluado, en la etapa del juicio de admisibilidad, con suma prudencia, en razón de que con él roza la materia que es propia del juicio de fundabilidad del recurso. Es decir que ya no se trata de saber si tal parte, en tal momento y mediante tales formas, puede recurrir, sino de determinar si tiene razón o no para agraviarse del fallo en crisis. Dicha prudencia debe extremarse cuando los agravios ponen en tela de juicio el derecho de defensa, que es el primero que debe garantizar toda actuación judicial.
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, procedencia del recurso, juicios en que la Nación es parte, valor cuestionado en último término
Materia: CIVIL
Carátula: Corrales, Clara Helena Jaime de y otros c/ Dirección Nacional de Vialidad s/ Cobro de daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-06

Para la procedencia del recurso ordinario de apelación en tercera instancia en causa en que la Nación directa o indirectamente revista el carácter de parte, resulta necesario demostrar que el "valor disputado en último término", o sea aquel por el que se pretende la modificación de la condena o "monto del agravio", exceda el mínimo legal a la fecha de su interposición.
Medidas cautelares, sustitución de medidas cautelares
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Laminas y Chapas S.R.L. c/ Garcia, Juan C. s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-04-07

Es procedente el levantamiento del secuestro si no se solicita el desembargo del automotor y se ofrece sustituir aquél por un embargo sobre inmueble ya que ello resultaría adecuada garantía para asegurar el derecho cautelado y a la vez evitar o disminuir los perjuicios de quien pretende ser dueño de la cosa objeto de la tercería. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Suspensión del juicio a prueba, pena de inhabilitación
Materia: PENAL
Carátula: Lima, Miguel Modesto s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-09

Cabe hacer lugar al recurso de casación deducido contra la sentencia que negó la probation debido a que el delito imputado se encontraba reprimido con pena de inhabilitación, pues el tribunal restringió arbitrariamente el derecho reconocido al imputado por el instituto previsto en el art. 76 bis del Código Penal, a partir de una interpretación de la norma que se aparta de los principios sentados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su precedente "Acosta" y "Norverto".
Emergencia económica, reducción salarial, inconstitucionalidad, personal municipal
Materia: LABORAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Asociación de Trabajadores del Estado s/ acción de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-06-18

Corresponde declarar la inconstitucionalidad del decreto 5/2003 de la Municipalidad de la Ciudad de Salta, respecto de las quitas salariales que impuso ya que, si bien no es posible negar que el Estado, para conjurar en aras del bien común, las llamadas situaciones de emergencia económica, pueda disminuir temporariamente las remuneraciones de sus empleados, esos remedios, a la luz del bloque de constitucionalidad y de los tratados de derechos humanos, tienen un nítido sentido y destino, y ciertas condiciones y límites inquebrantables, que el mencionado decreto ha traspasado abierta y, sobre todo, largamente.
Prisión preventiva, detención, constitucionalidad
Materia: PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Fá Jonathan c/  s/ INCIDENTE DE EXCARCELACIÓN bajo caución juratoria a favor de Fá Jonathan -  Casación E Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-06-18

Se ha señalado que si bien el estado de libertad del imputado durante el trámite de la investigación es el principio reconocido para que el proceso penal pueda efectivizar sus objetivos, existen supuestos en que resulta necesaria la implementación de medidas cautelares que garanticen la realización de los mismos.

Que tales restricciones o privaciones de libertad deben ser reglamentadas por las leyes procesales, fijando las condiciones, modos y formas en que habrá de procederse, sin alterar la garantía constitucional que tutela la libertad de los habitantes de la Nación (.) En virtud de ello, por representar el proceso penal la única vía legítima por la cual se puede aplicar la sanción penal y teniendo presente, además, que en la legislación argentina no se permite el juicio en rebeldía, es menester garantizar la realización del proceso evitando la obstrucción o fuga del imputado.

En consecuencia, resulta valedero y plenamente legítimo tomar como parámetro orientador el monto de la pena prevista en abstracto por la figura penal prima facie infringida por el imputado cuando exista una probabilidad fundada de ello, presumiéndose que a mayor gravedad de la misma aumenta la posibilidad que aquel intente eludir la pena frustrando la investigación o procediendo a fugarse.

Puede concluirse así que la naturaleza del hecho y la severidad de la pena constituyen indicios plenamente ponderables para disponer el encierro cautelar(.) En consideración a lo expuesto, los artículos 364, 373 y 375 del CPP no pueden ser reputados como inconstitucionales pues han sido dictados por el legislador local bajo el amparo de lo previsto en el art. 18 de la Carta Magna y los Tratados incorporados. Asimismo, también se encuentran autorizados por el art. 31 de la Constitución de San Juan, que expresamente contempla la posibilidad de aplicar medidas de seguridad personal sobre un imputado o procesado, remitiendo a la ley los casos y modalidad en que procede la excarcelación o eximición de prisión del mismo.
Despido sin causa, sanciones disciplinarias
Materia: PROCESAL
Carátula: Arce Claudio Gabriel c/ Nager S.R.L Automóvil Club Argentino y otro s/ Cobro de haberes
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-02-15

A mayor abundamiento, y compartiendo las argumentaciones del Dr. Troncoso, las falencias detectadas en fecha 14 de mayo del 2014, fueron la causa eficiente contenida en la carta documento remitida al actor en fecha 30 de julio del mismo año, por la cual comunicaban la rescisión del vínculo contractual con justa causa, compadeciéndose con lo dispuesto en el art. 243 de la LCT. A ello habrá de sumarse la existencia de sanciones anteriores, conforme documental (.), que no fuera desconocida o impugnada especialmente por la actora, e informado su autenticidad por el Correo Argentino a (.) y el apercibimiento contenido en la CD de fecha 28 de julio del 2014, con motivo del faltante de dinero, de ser sancionado con mayor severidad en caso de nuevo incumplimiento a sus deberes. (Del voto de la Dra. Gabriela B. CALACCIO).
Desindexación, doctrina de la arbitrariedad
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Flores, Roberto Cayetano c/ Juan Carlos Villaverde y otros s/ Sumario-II Cpo.-Inconstitucionalidad y Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1999-02-26

Un fallo incurre en arbitrariedad cuando hay apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso, cuando el fallo no constituye derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa o se dicta sobre la base de la mera voluntad de los jueces y desde esta perspectiva, configura arbitrariedad que se resuelva un caso dejando de aplicar la ley 24.283 en base a exponer pautas de excesiva latitud, olvidando que no es admisible una interpretación que equivalga a la prescindencia del texto legal, si no media declaración de inconstitucionalidad.
Robo con armas, madera, arma impropia, concurso real, lesiones, auto de procesamiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: GONZALEZ, Oscar. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-10-11

La conducta del imputado, al utilizar un trozo de madera, encuadra dentro del tipo que prescribe el art. 166, inc. 2°, del C.P., ya que dicho elemento acrecentó su poder ofensivo y debilitó la defensa de la víctima (del voto del Dr. Barbarosch).

La agravante del tipo básico de robo prevista en el art. 166, inc. 2°, del C.P., procede tanto cuando se comete con el uso de armas propias como impropias (del voto del Dr. Rimondi).

Por ello, procede confirmar el procesamiento dispuesto en orden al delito de robo agravado por su comisión con armas en concurso real con el de lesiones leves.
Recurso de inconstitucionalidad, juicio, partes, movilidad del haber jubilatorio, falta de prueba
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: REYES, LUISA LUJAN c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-12-20

La demandada no cumplió de manera adecuada con su deber de colaboración con el desarrollo de la actividad jurisdiccional, el cual se cualifica en esta clase de casos por los valiosos intereses públicos y privados en juego, en razón de que la Provincia se limitó a alegar que los incrementos salariales fueron regularmente trasladados y a señalar que la parte actora no probó lo contrario, sin haber ajustado su argumentación y -principalmente- su actividad probatoria a las circunstancias normativas y fácticas actuales que exigían demostrar la aplicación del sistema de movilidad vigente, para lo cual resulta de suma importancia que la Administración informe los coeficientes que se han establecido para el sector respectivo y cómo han sido elaborados, en especial si no se registraron aumentos de remuneraciones uniformes, a fin de que sea posible analizar con la mayor certeza si se ha respetado o no el traslado que exige la ley; así, en tales condiciones, era necesario que el Tribunal, en lugar de limitarse a indicar la falta de acreditación de una concreta norma, corrigiera las deficiencias aludidas a fin de que la causa pudiese finalizar con una sentencia basada en la información mínima necesaria, lo que en todo caso se encontraría justificado en las amplias facultades probatorias con las que cuenta (art. 20, última parte, ley 11330) cuyo ejercicio responde al propósito de averiguar la verdad real, material e histórica -no la formal- que surja de las actuaciones administrativas y de los hechos. - CITAS: CSJStaFe: Segado, AyS T 294, p 138; y Lucero, T 314, p 58. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 11330, artículo 20, última parte.
Ley de tránsito, semáforo
Materia: CIVIL
Carátula: Ruartes, Daniel s/ Infracción artículo 77 del Decreto Provincial 326/97
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1998-02-04

Frente a la presencia de semáforos, el paso es para los vehículos que tienen luz verde; pero el conductor del automotor debe detenerse cuando resulta visible que sólo podrá cruzar a medias atento al cambio de luz.
Poder Judicial, jueces, causales de remoción, tribunal de enjuiciamiento, resoluciones, resoluciones recurribles, cuestión no justiciable
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PROCURADOR GENERAL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA -DR EMILIO MALDONADO PUIG- FORMULA DENUNCIA CONTRA EL SR. JUEZ DE CAMARA SALA I PENAL DE ROSARIO DR. T. CONFORME LO DISPUESTO EN ART 11 LEY 7050 s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE N. 532-86)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-04-24

Resulta incontrastable que lo atinente a la interpretación de la ley 7050 en orden a las causales de remoción de los magistrados y, desde luego, la apreciación de los hechos materia de acusación, conforman ámbitos atribuidos por la Constitución provincial a la exclusiva y definitiva decisión del Tribunal de Enjuiciamiento y, por lo tanto, no revisables judicialmente en principio. Entender lo contrario significaría, en suma, convertir el control judicial de los enjuiciamientos a magistrados o juicios políticos, destinado solo a verificar el respeto al derecho de defensa, en una forma de penetrar en el ámbito de lo que debe seguir siendo no justiciable, porque así lo requieren principios que son inseparables del sistema político de la Constitución. Por ello, tampoco resulta atendible el argumento del recurrente tendiente a demostrar la inexistencia de delitos dolosos en las conductas juzgadas para sustentar la destitución.
Daños y perjuicios, prescripción, resolución denegatoria, sentencia arbitraria, excesos u omisiones en el pronunciamiento, deberes del juez, beneficio de litigar sin gastos, demolición de obra
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Quiroga Rondal, Julia c/ Banco Hipotecario Nacional y otro.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-16

La sentencia que consideró que la obligación estaba prescripta cuando la demanda fue deducida dejó de considerar los efectos del pedido de "medidas preliminares" iniciado por la recurrente para conocer quién, cuándo y con qué atribuciones se había dispuesto la demolición de su vivienda, como también las consecuencias que tendría a ese fin el beneficio de litigar sin gastos planteado, a pesar de que no podían soslayarse -junto con los demás antecedentes- al tiempo de juzgar sobre la voluntad de la demandante de ejercitar sus derechos (Voto de la mayoría, al que no adhirieron los Dres. Carlos S. Fayt y Adolfo Roberto Vázquez).
Inexistencia de cuestión federal suficiente, inadmisibilidad del recurso, fundamentación insuficiente
Materia: PROCESAL
Carátula: Franco, Miguel Ángel, registro 933 c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-07-13

La defensa no ha logrado demostrar la existencia de un agravio federal debidamente fundado que habilite la jurisdicción de esta Cámara., sino que se ha limitado a cuestionar una fundamentación que no comparte sin efectuar una crítica concreta y razonada de los argumentos dados por el a quo. Dres. Hornos, Gemignani.
Daños y perjuicios, responsabilidad civil
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MONTES, MARIELA MANSILLA DE c/ EMPRESA DE TRANSPORTES VELIZ s/ DAÑOS Y PERJUICIOS MONTES, MARIELA MANSILLA DE c/ EMPRESA DE TRANSPORTES VELIZ s/ DAÑOS Y PERJUICIOS MONTES, MARIELA MANSILLA DE c/ EMPRESA DE TRANSPORTES VELIZ s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-03-18|1996-03-18

La norma del art. 1122 del C. Civil, es de una claridad meridiana cuando dispone que las personas damnificadas pueden demandar directamente a los civilmente responsables, sin estar obligados a llevar a juicio a los autores del hecho.
Inconstitucionalidad, oportunidad procesal
Materia: LABORAL
Carátula: Cristodero, Nicolás c/ Microómnibus 246 S.A.C.I. s/ Despido y enfermedad accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-04-01

La oportunidad propicia para plantear una cuestión constitucional es cualquiera anterior al dictado de la sentencia. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Concurso preventivo, acreedor, jueces, recusación, recusación con causa, excusación, Superior Tribunal de Justicia
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Moreno Benzadon, Jorge s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. "Marchetti,  Avelino s/ Concurso preventivo acreedor Moreno Benzadon y Mutual   Asociados al Club Social y Deportivo Independiente de Sargento Cabral". Informe individual (Expte. CSJ Nº 410-98)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-12-07

La recusación o excusación del juez del concurso cuando media causa legítima con un acreedor, nos enfrenta con un problema que, involucrando normas de derecho concursal y procesal local, fue tratado por la doctrina y la jurisprudencia de manera diversa, lo que se ve reflejado en decisorios que no son uniformes. Por ello, y en especial atención a las consecuencias que se derivan de la adopción de una postura u otra, torna necesario que los jueces ordinarios unifiquen los criterios interpretativos utilizados en la solución de estos casos, resultando aconsejable que la Corte como máximo Tribunal provincial señale cual es, a su entender, el criterio correcto a seguir, confiando en que el mismo será observado de manera pacífica por los tribunales inferiores. Al respecto-en cuanto a si corresponde la aplicación analógica del artículo 256 de la ley 24522 o la aplicación inmediata del artículo 17, inciso 5 del Código Procesal Civil y Comercial- la Corte optó claramente por esta última. Y si bien podría entenderse como una cuestión interpretativa de las normas legales en juego, la respuesta que se adopte en esta temática no es indiferente, especialmente si tenemos en cuenta que no parece razonable que se extienda al juez lo previsto por la norma concursal respecto del síndico sin riesgo de violar principios concursales esenciales, fundamentalmente la exigencia de un trato igualitario para la totalidad de los créditos; y que las normas relativas a recusaciones y excusaciones son, por regla, de interpretación estricta.
Hecho imponible, base imponible, impuestos, Impuesto sobre los ingresos brutos, resoluciones, actividad industrial, industria de la construcción
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en / Concimat SACIFYM y otros c/ GCBA  s/ impugnación de actos administrativos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-29

Corresponde rechazar la queja porque no logra rebatir el auto denegatorio en cuanto expone la inexistencia de una cuestión constitucional. El principal debate que propone el recurrente gira en torno a cómo debe calificarse la actividad que desarrolla la contribuyente, y consecuentemente si le corresponde o no, la exención o alícuota cero del impuesto sobre los ingresos brutos, consagrada en las normas tributarias para la construcción de inmuebles. Pero ello no es más que una mera discrepancia con la forma en que la alzada analiza las normativas infraconstitucionales aplicables, los hechos de la causa y la calificación del contribuyente. Todo ello remite a un debate fáctico y legal infraconstitucional que resulta ajeno al ámbito cognoscitivo del presente recurso a estudio. (Del voto de la jueza Marcela De Langhe).
Tributos, impuesto a la patente única sobre vehículos, dominio del automotor, inscripción constitutiva, responsabilidad civil, responsabilidad tributaria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: G.C.B.A. c/ Trans. Colectivo de Pasajeros s/ Ejecución fiscal fiscal
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-05-30

A partir de la vigencia del Decreto- ley Nro. 6582/58, se ha resuelto que el dominio de los automotores se acredita mediante la inscripción en el Registro de la Propiedad Automotor y no con la posesión del bien, de modo que es inoponible a terceros la transmisión del dominio de un automotor no inscripto en el correspondiente Registro. La inscripción registral confiere a su titular la propiedad del vehículo, tenga o no la posesión del mismo. Ese carácter constitutivo del que se encuentra investida la inscripción en el registro, a diferencia de lo que acontece en materia de inmuebles, hace que subsista el carácter de propietario hasta tanto no se modifique la situación registral, y a pesar de que el titular registral no conserve la posesión del automotor. El titular registral, para el supuesto que haya hecho tradición del rodado, puede liberarse de su responsabilidad civil -sólo de ella- si hubiere comunicado al Registro de la Propiedad Automotor esa circunstancia. Recién a partir de la sanción de la Ley Nro. 25.232 (B.O. del 31/12/99) existe obligación de los registros seccionales de notificar a las distintas reparticiones provinciales o municipales la denuncia de la tradición del automotor, a fin de que procedan a la sustitución del sujeto obligado al tributo (patente, impuestos, multas, etc.) desde la fecha de denuncia.

Sin embargo, otra era la situación desde el punto de vista tributario hasta la sanción de esa norma. En efecto, teniendo en cuenta que los distintos ordenamientos que se han sucedido en el tiempo en la ciudad de Buenos Aires han establecido -de modo coincidente- que la radicación de vehículos en la Ciudad de Buenos Aires obliga al pago de un gravamen, recayendo esa obligación sobre los titulares de dominio, inscriptos en ese carácter en el Registro de la Propiedad Automotor, y los poseedores a título de dueño así como también la obligación del contribuyente de comunicar a la Dirección General de Rentas el cese del hecho imponible, según lo establecido por la Ordenanza Nro. 32.228 (BM Nro. 15.167, pub. 17/12/975). En sentido concordante, el legislador local al sancionar el Código Fiscal vigente para el año 2001, dispuso la obligación de comunicar la denuncia de venta para liberarse de responsabilidad tributaria. Ello, a la vez que estableció -en forma excepcional- la posibilidad para los que habían realizado con anterioridad a su entrada en vigencia la denuncia de venta, omitiendo su comunicación a la Dirección General de Rentas, anoticiarla a tal organismo en el plazo de noventa días computados desde su sanción, aparejado lo expuesto la liberación de responsabilidad tributaria desde la fecha en que la denuncia de venta había sido realizada.
Derechos y garantías constitucionales, libertad de expresión
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Arias Duval , Alejandro Agustín. c/ Diarios y Noticias y otro. s/ Daños y perjuicios.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-07-16

La prensa por su función factor de gran importancia en la vida institucional e intelectual de un país, contribuyendo a formar a la opinión pública y a influir en las directivas y acción de los gobiernos. Los medios masivos de comunicación social, desempeñan un importantísimo papel en la información y orientación de la opinión pública.
Sentencia, nulidad de sentencia
Materia: PENAL
Carátula: PACHECO de UGARTE, Beatríz s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-03-30

Si la sentencia apelada aplica pena de multa superior a la legalmente contemplada, estando el resto del contenido arreglado a derecho, corresponde anular su parte dispositiva y entrar a conocer del recurso planteado.-