Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-31


Causa 32022-00/CC/2006 (int. 52/07) "Transportes Veintidós de Septiembre SAC s/ violar luz roja y otras - Apelación".

//n la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 31 días del mes de mayo de 2007, se reúne la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, a efectos de resolver el recurso de apelación interpuesto a fs. 212/215 vta. contra la sentencia dictada por la titular del Juzgado de Primera Instancia N° 5, del que RESULTA:

I.- Que a fs. 180/184 obra resolución del Controlador Administrativo Nº 16, Pablo Martínez Carignano, en la que luego de considerar el descargo efectuado por la empresa resuelve condenarla a la pena de veintiún mil doscientos pesos ($ 21200), por las infracciones que allí detalla.

II.- Que arribadas las actuaciones a este fuero, y teniendo en cuenta la prueba ofrecida por el representante legal de Transportes veintidós de septiembre SAC, la Judicante considera que no corresponde hacer lugar a la solicitud de citar a los choferes de los colectivos puesto que previo a ello debería seguirse un proceso administrativo para luego ser habilitada la instancia judicial.

III.- Que a fs. 204/209 vta., y habiéndose celebrado la audiencia de debate, la Sra. Juez de Grado, María Fernanda Botana, dictó sentencia con fecha 19 de abril del cte. condenando a "Transportes Veintidós de Septiembre SAC" al pago de la multa de veintiún mil doscientos pesos ($21.200) comprensiva de las siguientes sumas dinerarias: quinientos pesos ($500) por cada una de las actas: B04023952; B04076143; b-04147178; B04154074; B04156103; B04195714; B04232206; B04232207; B04232209; B04237133; B04237135; B04237137; B04237138; B04237141; B04237144; B04237146; B04237147; B04237150; B04246609; B04286802; B04346052; B04346059; B04346067; B04346331; B04346349: B04346673; B04385126; B04385127; B04385131; B04385135; D01118891; D01245260; D01267261; D01386167; D01450562; D01484556; D01484557; D01484564; D01484565; D01484574, todas por la infracción al artículo 6.1.63 (violación de semáforo); la suma de doscientos pesos ($200) por el acta n° B04305273, por infracción al artículo 6.1.9 (placas de dominio); la suma de doscientos pesos ($200) por las actas n° B04205058; B04210163 y B04169371, por infracción al artículo 6.1.44 (transporte de pasajeros) y la suma de doscientos pesos ($ 200) por las actas nº B04173693; B04210164 por infracción al artículo 6.1.52 (estacionamiento prohibido), todos de Ley 451, con costas (art. 55 inc. h) Ley 1217), los que concurren realmente entre sí.

IV.- Que a fs. 212/215 vta. obra el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de Transportes 22 de Septiembre SAC, María Luisa Crespo, contra la sentencia mencionada supra por considerar que en ella no se aplica la normativa vigente en la materia. En este punto refiere, que la Magistrada considera irrelevante la citación de los autores materiales de las infracciones, en clara violación del art. 8 de la ley 451, segundo párrafo, que atribuye la responsabilidad por las faltas a los conductores de los vehículos, colocando en cabeza de los empleadores la obligación de individualizar a los mismos. Asimismo, señala que no se ha valorado correctamente la prueba ofrecida ya que se encuentran debidamente identificados los choferes involucrados, en atención a la documentación que ha sido aportada a la causa, por lo que debieron ser citados. Entiende que la omisión en la que se incurre vulnera el derecho de defensa. Agrega que la responsabilidad refleja prevista en los arts. 5 y 6 sólo puede aplicarse en caso de no identificarse al conductor. Es decir, que el responsable reflejo no puede responder por un hecho de su dependiente si no se ha determinado la responsabilidad de este último. Plantea la violación del principio de igualdad ante la ley. Agrega que la sentencia desvirtúa la finalidad de la sanción perdiendo la misma su función disuasoria y sancionadora y convirtiéndola en un mero mecanismo de recaudación en tanto evita que los choferes, que son quienes cometieron las infracciones de tránsito, sean sancionados.

V.- Que a fs. 216, la Sra. Juez de Primera Instancia, María Fernanda Botana, concede el recurso de apelación interpuesto, por el supuesto de violación de la ley.

VI.- Que a fs. 221, pasan los autos a resolver.

PRIMERA CUESTION En primer término, cabe mencionar que el recurso de apelación ha sido interpuesto en las condiciones de tiempo y forma establecidos por el artículo 57 de la Ley Nº 1217, y por quien posee legitimación para hacerlo.

Sin perjuicio de ello, y con relación al juicio de admisibilidad del recurso es menester recordar que este Tribunal ha expresado en numerosos precedentes que es "... el Juzgado ante el cual se interpone el recurso quien debe efectuar una primera revisión de aquél a fin de examinar si en su interposición se han observado las condiciones formales de tiempo y forma que la ley prevé, pero su decisión no se ciñe al recuento de esas exigencias, pues debe avanzar sobre las condiciones de admisibilidad impidiendo el progreso del trámite cuando de su estudio surja la improcedencia de la vía intentada. Ello no significa que se convierta en Juez de su propio fallo, sino que participa en la habilitación de la instancia superior en la medida en que la ley 1217 lo establece" (conf. causas nros. 168-00-CC/2004 "Brunero, Jacinto s/ Estacionar en lugar prohibido" del 27/05/2004; 164-00-CC/2004 "Guglielmone, Alberto Edmundo s/ exceso de velocidad - Apelación" del 17/6/2004; 271-00-CC/2004 "Chalela, Osvaldo Antonio s/ Infracción violar luz roja y otras - Apelación", del 1/9/2004; entre otras). Ello, por cuanto el art. 56 de la ley 1217 prevé específicos supuestos de viabilidad: a) inobservancia manifiesta de las formas sustanciales prescriptas para el trámite o decisión de la causa; b) violación de la ley y c) arbitrariedad, fuera de los cuales no puede concederse la vía intentada (conf. este Tribunal en causa 229-00-CC/2004 "Posadas, Daniel s/ Estacionar en lugar prohibido - Apelación", del 5/8/2004).

Aclarado ello, y a pesar de que en el remedio procesal intentado la impugnante ha dividido en cinco los agravios esgrimidos, sus objeciones a la resolución recurrida podrían circunscribirse en la causal de violación de la ley prevista normativamente. Ello en razón de que, la recurrente cuestiona esencialmente la errónea aplicación de las disposiciones establecidas en los arts. 8 de la Ley 451 y 14 de la LPF, y las consecuencias que su interpretación tuvo en la presente.

Por tanto, y teniendo en cuenta el juicio de admisibilidad efectuado por la Judicante, cabe afirmar que el remedio procesal intentado ha sido bien concedido.

SEGUNDA CUESTIÓN Corresponde en esta instancia abocarse al estudio de los agravios introducidos por la impugnante. En primer término, plantea que en virtud de lo dispuesto en el art. 8 de la ley 451, la responsabilidad por las faltas de tránsito debe atribuirse a los conductores de vehículos, señalando que también resulta de aplicación lo dispuesto por el art. 14 de la ley 1217, por cuanto en su último párrafo establece que si se identifica al verdadero autor de la infracción, es obligación del controlador la citación del mismo. Agrega que, en el caso, aquéllos se encuentran debidamente identificados en atención a la prueba documental agregada a la causa. Sostiene que de los arts. 5 y 6 de la ley 451 se desprende un sistema de responsabilidad refleja que permite hacer efectiva la responsabilidad objetiva del art. 8 sólo en caso de no identificar al conductor. En síntesis, plantea la violación al derecho de defensa en tanto no se han citado a los conductores que habrían cometido las faltas, impidiéndole desligarse de la responsabilidad atribuida. Finalmente refiere que la decisión de la Magistrada, respecto a no citar a los choferes desvirtúa la finalidad de la sanción.

A partir de ello, y tal como se ha expresado anteriormente, los agravios esgrimidos en forma separada, se circunscriben principalmente en el régimen de responsabilidad establecido por la Ley Nº 451, y la interpretación efectuada por la Judicante; quien no hizo lugar a la solicitud de la empresa de citar a los choferes.

Ello así, cabe señalar que, tal como refiere la Magistrada en la resolución apelada, de lo dispuesto por los arts. 5, 6 y 8 de la ley 451, se desprende que la legislación en materia de faltas establece un sistema de responsabilidad solidaria entre las personas físicas y jurídicas, por el pago de las multas establecidas como sanción para las infracciones cometidas por sus representantes.

Es decir, que también es responsable el titular de la empresa contratante por las infracciones que cometan sus dependientes. En este sentido el Tribunal Superior de Justicia de esta Ciudad ha señalado in re "Transporte 22 de Septiembre SAC c/ GCBA s/ recurso de queja" que existe un doble sistema de responsabilidad, una responsabilidad objetiva de la persona de existencia ideal y una responsabilidad subjetiva de los agentes (Expte. 141/99 "Transporte 22 de septiembre SAC c/ GCBA s/ recurso de queja por denegación de recurso de inconstitucionalidad", rta. el 29 de diciembre de 1999), de ahí que puedan ser citados y condenados tanto la empresa como los choferes que conducían las unidades.

En autos, la firma "Transportes 22 de Septiembre SAC" fue condenada tanto por el Controlador administrativo como por la Sra. Juez de grado, a partir de la responsabilidad objetiva que es posible atribuirle legalmente, ello con total independencia de la responsabilidad subjetiva que pudiera caberle a los conductores de los vehículos.

Ahora bien, la impugnante centra su cuestionamiento en la interpretación del art. 8 de la Ley Nº 451, que establece que "Cuando el/la autor/a de una infracción de tránsito no es identificado/a responde por el pago de la multa el titular del vehículo. Por las faltas a las normas de la circulación de tránsito son responsables los conductores de los vehículos, sin perjuicio del régimen de responsabilidad establecido en los arts. 5º, 6º y de la obligación de las personas jurídicas o los empleadores de individualizar a los conductores a solicitud del juzgador o autoridad administrativa".

De la norma en cuestión se desprende que, cuando no se encuentra identificado el autor de la infracción deberá responder el titular del vehículo, responsabilidad objetiva que atribuye el legislador local a los efectos de que dichas faltas no queden impunes. Por otra parte, es cierto que, tal como refiere la impugnante, la disposición legal citada establece que en relación a las faltas a las normas de circulación de tránsito son responsables los conductores de los vehículos. Sin embargo, la misma norma aclara que ello es sin perjuicio del régimen de responsabilidad solidaria (arts. 5 y 6 ley 451), disponiendo una obligación para las personas jurídicas de individualizar a los conductores cuando se lo solicitaran el juez o de la autoridad administrativa.

Por tanto, no se advierte en forma alguna que la Juez de Grado haya aplicado erróneamente las disposiciones legales; es decir no resulta acertada la afirmación de la impugnante referida a que la responsabilidad objetiva y solidaria de la empresa solo puede hacerse efectiva en los casos en que el conductor no pueda ser identificado en forma alguna.

En este orden de ideas, nuestro Máximo Tribunal Local también ha señalado que no le asiste a una empresa de transportes un derecho tal que le permita gobernar el procedimiento administrativo o judicial de faltas hacia la investigación de la responsabilidad que pudo caberle a los conductores presuntamente involucrados, o que a criterio de ésta pudieran estarlo, cuando los elementos valorados en la causa no permiten hacerlo, como en el caso donde en las infracciones de tránsito no fueron identificados en las correspondientes actas. Asimismo, la Conde afirmó que "... la falta de citación de los choferes que la empresa indicó como autores materiales de las infracciones, no afecta su derecho de defensa ni constituye una violación a la garantía del debido proceso ..." (Expte. 4080/05 "General Tomás Guido SA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado", rta. el 14/12/2005).

Finalmente, tampoco puede soslayarse que quien haya sido citado a comparecer como imputado de una infracción, en este caso la empresa de transportes únicamente, pretenda supeditar su responsabilidad a la efectiva vinculación al proceso de aquéllos que por otras razones, autoría material, son solidariamente responsables frente al estado.

Así lo ha sostenido el Tribunal Superior de Justicia al manifestar que "...no existe un derecho a que se cite a un co-imputado ni en materia penal ni, menos aún, como se ha visto, en materia de faltas. En otras palabras, la empresa no tiene derecho alguno a que el juez de faltas impute la infracción a otras personas (ni siquiera lo tendría en materia penal, si se supusiese que la materia presenta alguna afinidad). Por lo tanto, la falta de citación de los choferes que la empresa indicó como los autores materiales de la infracción no afecta su derecho de defensa ni constituye una violación a la garantía de debido proceso ..." (Expte. Nº 141/99 "Transporte 22 de Septiembre S.A.C. c/G.C.B.A. Justicia Municipal de Faltas s/recurso de queja por denegación de recurso de inconstitucionalidad", rta. el 29/12/1999) En razón, de lo hasta aquí expuesto, no se advierte violación alguna a los derechos constitucionales invocados por la recurrente, ni una errónea aplicación de la normativa vigente en la materia, al haber sido condenada la empresa de tranporte por las infracciones cometidas por sus dependientes, aunque solicitara su citación.

Por otra parte, y en relación a lo dispuesto por el art. 14 inc. a) de la Ley 1217, cuyo incumplimiento también denuncia la impugnante, es dable recordar que dicha norma establece que "Si el/la controlador/a se expidiere sobre la responsabilidad del presunto infractor/a y de la prueba producida surgiere que deben seguirse las actuaciones contra un tercero, el/la controlador/a debe efectuar la citación a este último".

En consecuencia, y tal como surge del art. 14 inc. a) las actuaciones deberán seguirse contra un tercero cuando el controlador luego de expedirse sobre la responsabilidad tuviera por acreditado que el responsable de la falta es un tercero -como podría darse el caso de un cambio en la titularidad registral del vehículo, sea una infracción atribuible al titular y no al conductor, etc.-, lo que no sucede en el caso puesto que la responsabilidad de la empresa y de los conductores es solidaria.

En razón de ello, tampoco dicho planteo tendrá favorable acogida.

Nótese que la recurrente no pretendió la citación de los conductores como testigos, a fin de que declararan acerca del hecho, sino que sólo intentó que se los citara para intentar desviar la responsabilidad por las faltas imputadas. Al respecto, se ha afirmado que "... el recurrente parece estimar que, por una razón que no expresa con claridad, puede desviar la responsabilidad de la falta imputada en sus dependientes y no parece citarlos para contradecir la imputación que contra la empresa se dirige, aspecto básico para estudiar la pertinencia de la prueba producida ..." (voto del Maier, en expte. 4080/05 antes citado).

Por lo hasta aquí expuesto corresponde confirmar la sentencia impugnada, en todo cuanto fuera materia de recurso.

Por lo expresado, el Tribunal RESUELVE:

I.- CONDENAR a "Transportes Veintidós de Septiembre SAC" al pago de la multa de veintiún mil doscientos pesos ($21.200) comprensiva de las siguientes sumas dinerarias: quinientos pesos ($500) por cada una de las actas: B04023952; B04076143; b-04147178; B04154074; B04156103; B04195714; B04232206; B04232207; B04232209; B04237133; B04237135; B04237137; B04237138; B04237141; B04237144; B04237146; B04237147; B04237150; B04246609; B04286802; B04346052; B04346059; B04346067; B04346331; B04346349; B04346673; B04385126; B04385127; B04385131; B04385135; D01118891; D01245260; D01267261; D01386167; D01450562; D01484556; D01484557; D01484564; D01484565; D01484574, todas por la infracción al artículo 6.1.63 (violación de semáforo); la suma de doscientos pesos ($200) por el acta n° B04305273, por infracción al artículo 6.1.9 (placas de dominio); la suma de doscientos pesos ($200) por las actas n° B04205058; B04210163 y B04169371, por infracción al artículo 6.1.44 (transporte de pasajeros) y la suma de doscientos pesos ($ 200) por las actas nº B04173693; B04210164 por infracción al artículo 6.1.52 (estacionamiento prohibido), todos de Ley 451, con costas (art. 55 inc. h) Ley 1217), los que concurren realmente entre sí.

II.- Tener presente la reserva del caso federal.

Regístrese, notifíquese con carácter de urgente y oportunamente remítase al juzgado de primera instancia interviniente, a sus efectos.

Ante mi Dejo constancia que el José Sáez Capel no firma por encontrarse en uso de licencia RI