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Estatuto del Docente, acto administrativo, presunción de legitimidad, caducidad del acto administrativo, daños y perjuicios, cesantía, revocación del acto administrativo, nulidad del acto administrativo
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: JORGE ALBERTO BESSIO c/ MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-19

Al gozar los actos administrativos de presunción de legitimidad hasta su revocación o anulación, el plazo de caducidad dispuesto en el art. 60 del Estatuto del Docente no puede aplicarse sino a la acción contencioso-administrativo a obtener la nulidad de la sanción expulsiva, y no a la acción resarcitoria complementaria de tal acción de nulidad, sin perjuicio del derecho -no la obligación- que asiste al actor de ejercer ambas conjuntamente.
Ejecución fiscal, Administración Pública, faltas, multa contravencional, declaración de incompetencia
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Empresa de Transp., Pedro de Mendoza
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-29

En el procedimiento judicial de faltas, la sentencia -condenatoria o absolutoria-,se ejecuta por el magistrado que intervino en el juzgamiento de la falta según lo dispone el art. 60 de la ley n° 1217, y no existen motivos para atribuir a la citada norma -que como es de ordinario dispone la ejecución de la sentencia por el juez que la firma- una inteligencia por la cual se someta el juicio de apremio de una sanción pecuniaria impuesta por la administración pública sin intervención del poder judicial a la competencia de un fuero especializado en derecho penal, contravencional y de faltas. (Voto en disidencia de la Sra. Jueza Alicia E. C. Ruiz. En sentido concordante ver voto del Sr. Juez Luis F. Lozano).
Privación ilegal de la libertad calificada, coacción calificada, amenaza con arma, concurso ideal, secuestro de personas, establecimientos penitenciarios
Materia: PENAL
Carátula: NASO, AGUSTIN s/ PRIVACION  ILEGAL  DE  LA  LIBERTAD  CALIFICADA - CONCURSO DE DELITOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-04-17

1) Configura el delito de privación ilegal de la libertad cometida con violencia en concurso ideal con amenazas perpetradas con empleo de arma (arts. 54, 142, inc. 1 y 149 ter. inc. 1 C.P.) la acción del procesado que preso en una Unidad Penitenciaria, blandiendo un arma blanca mantuvo privados de su libertad durante unas dos horas a un médico, un enfermero y un celador, dentro de un sector de la cárcel, con amenazas de muerte para ellos si no le suministraban un psicofármaco, cesando su actitud cuando lo logró.

2) Desde el punto de vista literal, las acciones típicas descriptas en el tipo del art. 142 bis, primer párrafo, C.P.; "Sustraer", "retener" y "ocultar", distinguen una conducta que tiene características de secuestro de la persona víctima de la privación de libertad, esto es que en cualquiera de estas tres formas que adopte, debe tener notas de tiempo, por una parte, y de real libertad de acción del delincuente con dominio sobre la víctima, por la otra.

3) Las amenazas quedan subsumidas en la privación de libertad perpetradas con ellas siempre que no se usen armas, pues si se utilizan, aparece un plus no atrapable por la figura del art. 142 inc. 1 C.P. y surge nítido un concurso formal con amenazas calificadas.
Litispendencia, cuestión abstracta, causales subjetivas de divorcio, aplicación temporal de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: S., I. c/ L., V. S. s/ Divorcio Vincular - Contencioso
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2015-10-08

Cabe declarar materia abstracta al recurso de apelación tendiente a impugnar la resolución que rechazó la excepción de litispendencia impetrada contra la demanda de divorcio fundada en la causal subjetiva de culpabilidad, pues con posterioridad al dictado del decreto de autos sobrevino la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación -sancionado por la Ley N° 26.994-, por lo que se impone la necesidad de readaptar el procedimiento en el presente juicio de divorcio, articulado invocando causales subjetivas (art. 202, inc. 4°, C.C.) y objetiva (art. 214, inc. 2°, C.C.), cuyo tratamiento ha quedado prohibido (art. 437, CCCN).
Prescripción adquisitiva, posesión, carga de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: I.M.P.S. c/ VILLALOBOS GUERRERO SILVIA D. C. Y OTRO s/ ACCION REIVINDICATORIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2011-08-30

Existe consenso en doctrina y jurisprudencia que la posesión válida a los efectos de la prescripción adquisitiva debe ser animus domini, pública, continuada y pacífica e ininterrumpida por todo el tiempo legalmente establecido para que opere aquella.

En este tipo de procesos, y en atención a la trascendencia de la decisión que se adopte, la prueba arrimada por las partes, principalmente por quién pretende usucapir -que es quién tiene la carga de acreditar la posesión con las calidades requeridas- debe ser apreciada con suma estrictez
Cesión de derechos, cesión de derechos litigiosos
Materia: CIVIL
Carátula: SALINA,  Martina  Sabina c/ EMPRESA  DE  TRANSPORTE GRAL. TOMASGUIDO SACIF y otros s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-15

Cuando se enajena el objeto litigioso, o se realiza una transmisión del mismo, el adquirente requiere necesariamente para estar legitimado, la conformidad del adversario. En principio es ineficaz la cesión de derechos litigiosos sin la conformidad de la contraria, ya que trabada la relación jurídica procesal, ningún litigante puede desprenderse de su calidad de tal sustituyendo contractualmente en otra persona su carácter de parte en el proceso. De ahí que, al encontrarse integrada la litis, no es posible admitir la sustitución procesal ante la expresa oposición planteada por la actora, es que de aceptarse la cesión de derechos litigiosos, la aseguradora que interviene en el proceso como tercero citado por la parte demandada en los términos del art. 94 del Código Procesal pasaría a revestir la calidad de parte actora, lo cual resulta incompatible con el estado de las actuaciones y con la relación jurídico procesal existente entre las partes intervinientes. En efecto, la citada como tercero no puede unilateralmente y por vía contractual modificar su calidad procesal en las actuaciones, puesto que no es un tercero ajeno al proceso, sino que reviste la calidad de parte ya que interviene como tercero citado en los términos del art. 94 del Código Procesal.
Hipoteca, actualización monetaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Barbosa, Rubén c/ Gerez, Alberto s/ Cobro hipotecario
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-02-06

La circunstancia de que los acreedores tengan derecho al reajuste de su crédito, no puede llevar a equipararlos con aquéllos que han incorporado a su título las exigencias de la ley 21309. Por ello la actualización fijada -a diferencia de la derivada de las cláusulas de estabilización- no goza de garantía hipotecaria o prendaria ni de los consecuentes privilegios, lo que obviamente sí se mantendrá con relación al capital originario y sus acreencias.
Concurso preventivo, quiebra, cesación de pagos
Materia: CIVIL
Carátula: AVILA RAMON ANTONIO c/ SANTILLAN ALDO HORACIO s/ QUIEBRA-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-06-18

La fecha de casación de pagos siempre debe ser establecida por el Juez, que la determina teniendo en cuenta lo informado por el síndicoo y los demás antecedentes obrantes en autos, pero sin que lo obligue el citado informe.
Acción penal, prescripción, interrupción de la prescripción, secuela de juicio, leyes
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: V, M R s/ Doctor Javier Vigo Leguizamón, Defensor de M. R. V. S- Solicita   Formación de Tribunal Pleno (Prescripción de la acción penal Expte.   Nro. 19-98) -Tribunal Pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-10-14

La cuestión sobre prescripción penal ha presentado en el tiempo variadas interpretaciones por las diferentes leyes que regularon el instituto. Se sucedieron en el tiempo normas sobre delitos que no prescriben; sobre la exigencia -para declarar la prescripción- de buena conducta y enmienda en el reo, quien para beneficiarse no debía haber cometido otro delito; como así también disposiciones que admitían la extinción de la acción por tal causa, sin otra exigencia que el transcurso del tiempo. La especie dio lugar a innumerables opiniones de doctrinarios destacados, enriquecedoras por cierto de la cultura jurídica y de su historia. Empero, entiendo que en la actualidad el tema debe ser objeto de una consideración actualizada, atendiendo al texto de las disposiciones vigentes y a su significación jurídica. dentro del ámbito de la disciplina procesal. (Del Voto del Dr. Sobrero). En la causa la cuestión a resolver es: ¨Qué debe entenderse por secuela del juicio a los fines del artículo 67, cuarto párrafo, del Código Penal?
Prueba, notificación
Materia: PROCESAL
Carátula: SCHMID, Alejandro c/ Ortega, Mónica Lilian s/ Cobro de Pesos Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2017-06-07

Más allá de la preterición de notificar a la demandada el proveído que ordenó la producción de las probanzas, tal parte sí estuvo debidamente anoticiada por cédula de la apertura de la causa a prueba, lo que de manera evidente le exigía controlar el proceso ya que normalmente el paso subsiguiente era proveer las pruebas ofrecidas por las partes. Si omitió fiscalizar el curso de los actuados por más de dos meses, sabiendo perfectamente que la causa a prueba había sido abierta por treinta días conforme a lo dispuesto por el a quo, la teoría del acto propio (o en este caso, de la omisión propia) no lo habilita a quejarse por el rumbo que tuvo en la instancia inferior el procedimiento probatorio. No es procesalmente "sorpresivo" que acto seguido a la apertura de la causa a prueba el a quo proceda a proveer las probanzas propiciadas por las partes, dado que esta última labor es una consecuencia inexorable de aquélla.
Obras públicas, relación de dependencia, ejercicio profesional, ley provincial
Materia: ADMINISTRATIVO - LABORAL
Carátula: COOPERATIVA ELECTRICA DE CHACABUCO LTDA. c/ D.G.I. s/ FINANCIACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-30

Una norma local que regule el régimen de obra pública en una provincia no es óbice para determinar un encuadramiento laboral, si los elementos que rodean la vinculación permiten considerar al profesional integrado -junto con otros medios personales y materiales- a la empresa, para el logro de sus fines.
Juicio ejecutivo, inhabilidad de título
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco de la provincia de Buenos Aires c/ Micheo, Héctor Esteban y otra s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-06-29

La omisión en el certificado de saldo deudor de cuenta corriente bancaria de la palabra `bancaria' no puede ser considerado fundamento de la inhabilidad del título que se ejecuta, si el certificado reúne las exigencias legales para traer aparajeda ejecución, en la medida que ha sido expedido con las firmas conjuntas del Gerente y Contador del banco actor y consigna un saldo deudor de la cuenta corriente abierta a nombre del demandado, siendo que la ley no ha establecido una forma sacramental para su redacción ni precisado que en el texto del mismo deba constar, indefectiblemente, la expresión `cuenta corriente bancaria'.
Hábeas data, bancos, competencia, competencia federal, competencia por la materia
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Jones  Carlos  Raúl c/ Organizaci3/4n Veraz s/ hábeas data (art. 43C.N.).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-08-30

El art. 36, ley 25.326, dispone que procederá la competencia Federal: a) cuando se interponga en contra de archivos de datos públicos de organismos nacionales, y b) cuando los archivos de datos se encuentren interconectados en redes interjurisdiccionales, nacionales o internacionales. La norma debe ser interpretada de modo que solo será competente la justicia federal, que por naturaleza es limitada y de excepción, cuando se den alguno de los dos supuestos que prescribe, que por cierto no es el de autos (conf. esta sala, causa 1.191/2001, del 7/6/2001). En consecuencia, toda vez que se va a emplazar como sujeto pasivo de la acción a una entidad de naturaleza privada y que no se cuestiona el ejercicio del poder de policía financiera del Banco Central de la República Argentina, es competente para decidir la causa el fuero comercial (art. 43 bis , decreto-ley 1285/58, t.o. ley 23.637, art. 10).
Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-09-11


Buenos Aires, 11 de septiembre de 2009.

ááááááááááááááááááááááááááá Y VISTOS:

ááááááááááááááááááááááááááá I. En fs. 2484 solicitan los letrados de Agrosalta Coop. de Seg. Ltda. vuelva el expediente a conocimiento del Tribunal, toda vez que, según sus dichos, pende de resolución una imposición de costas y su mensura, respecto de la resolución de fs. 2327/2334.

ááááááááááááááááááááááááááá II. Corresponde en este punto hacer saber a los presentantes que la resolución de fs. 2327/2334 se encuentra firme (v. fs. 2417 y sigs.). Y en este sentido, tiene dicho el Tribunal que, la carencia de imposición de costas en la sentencia firme no puede suplirse, correspondiendo interpretar que ante la falta de condena específica cada parte se debe hacer cargo de las propias y en proporciones similares las comunes (conf. esta Sala, 16/11/87 en autos: "Gagliano Armando S. c/ Ingeterm S.R.L. s/ ord.").

ááááááááááááááááááááááááááá En consecuencia de lo antes expuesto, corresponde entender que las costas generadas serán soportadas en el orden causado.ááá ááááááááááááááááááááááááááá III. Sentado ello, y a fin de que el Tribunal pueda cumplir con la regulación de honorarios por los trabajos en esta instancia, manifiesten los presentantes por las tareas que requieren dicha regulación.

ááááááááááááááááááááááááááá IV. Notifíquese.

ááááááááááááááááááááááááááá El Dr. Juan Manuel Ojea Quintana actúa conforme lo dispuesto en la Resolución Nº 542/06 del Consejo de la Magistratura y Acuerdo del 15/11/06 de esta Cámara de Apelaciones.

áááááááááááááááááááááááááááááááááá José Luis Monti, Bindo B. Caviglione Fraga, Juan Manuel Ojea Quintana. Ante mí: Fernando I. Saravia. Es copia del original que corre a fs. 2486 de los autos de la materia.ááá áááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá á áááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá José Luis Monti á ááááááááááá Bindo B. Caviglione Fraga á áááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá áá ááááááááááááááááááááááááááááááá Juan Manuel Ojea Quintana á á áááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá áááá Fernando I. Saravia áááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá áá Secretario á
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, principio de congruencia
Materia: LABORAL
Carátula: Aguirre, Guillermo c/ Compañía Química S.A.S. s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-10-08

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que omite la necesaria denuncia de las normas procesales que se vinculan con el principio de congruencia que se estima violado.
Empresa, convenios colectivos de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Castaño, Manuel Oscar y ot. c/ Cía. Minera Santa Cruz S.A. s/ Diferencias salariales
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-04-30

El ámbito de validez personal de las convenciones colectivas que se delimita por los arts. 3, 8 y 9 de la ley 14.250, en su redacción anterior a su modificación por ley 23.545, está referido a la "actividad" y por tal debe entenderse la específica de la empresa. Y es esa "actividad" el presupuesto que autoriza a extender los efectos normativos de la convención colectiva celebrada por la asociación profesional de empleadores o el grupo patronal a los que la ley inviste de la representación del ramo, resultando que su aplicación se determina por la finalidad esencial de la empresa en el establecimiento de que se trate.
Recurso contencioso administrativo, impuestos, pago, acto administrativo, control de legitimidad, jueces, verdad jurídica objetiva
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: El Serrano S.R.L. c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.:  C.S.J. Nro. 234 Año 1988)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-07-08

No puede prosperar el argumento de la empresa accionante, introducido en el momento de informar sobre el mérito de la prueba, de que debían considerarse legítimos los pagos del impuesto por haber sido éstos efectuados en un momento en que la jurisprudencia vigente los hubiera considerado ajustados a derecho, ya que el análisis de la legitimidad de los actos administrativos no puede, en principio, parcializarse en esa forma y debe tomar en cuenta las condiciones existentes al momento de fallar. (Del Voto Del Dr. Falistocco Que Hace Mayoría)
Facultades del juez, iura novit curia
Materia: PROCESAL
Carátula: LOVAGLIO DE LEMA, ZULEMA EUGENIA c/ SKIMULIS, HORACIO GUILLERMO; OCHOA, LUIS RODOLFO s/ PREPARACION VIA EJECUTIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1999-07-26

La intepretación que realiza el Juez de origen sobre la cláusula tercera y la disgregación que efectúa la misma, que provoca agravio a a recurrente cabe reconocerle razón fundada, pues si bien debe el juez analizar el título que fundamenta la ejecución, la interpretación que en este estado procesal de la causa realiza provoca de inicio un recorte del derecho de la accionante, que merced a un reconocimiento diferente, no como capital sino como cláusula penal, fundamenta la estipulación de accesorios, lo que de modo alguno se ajusta a la literalidad del convenio de las partes, aún cuando puedan los accionados ejercer los derechos que crean les pueda corresponder, en la etapa correspondiente, pero en este momento no se justifica modificar los términos de la demanda, quedando reservada la posibilidad del juzgador de realizar un nuevo análisis del título que apareja la ejecución al momento de dictar sentencia. Es que la facultad iura novit curia puede ejercerse cuando concurre una duda insuperable que determine que el tribunal no pueda saber, a ciencia cierta, cuál de entre varias pretensiones posibles, o incompatibles, se ha querido deducir, pero es el caso de autos que la pretensión ejecutiva no adolece de incertidumbre, al contrario es precisa en su pretensión, como tampoco cabe en este estado de la causa analizar ex oficio una cláusula contractual, cuando la bilateralidad del proceso asegura per se el debido proceso, y teniendo el órgano jurisdiccional la posibilidad y el deber de analizar el título con que se promueve una ejecución, tanto en oportunidad de despachar el auto de solvendo como en ocasión de dictar la sentencia de mérito; parecida tarea le incumbe al tribunal de apelación que en esta oportunidad no encuentre mérito para mantener la providencia de fojas 37 y sostener un pronunciamiento que provoca definitividad respecto al derecho ejercido por la actora con tanta anticipación al dictado de la sentencia.
Sentencia, principio de congruencia
Materia: LABORAL
Carátula: Schejola, Juan C. c/ Pcia. de Bs. As. Ministerio de Obras Públicas. Administración Gral. de Obras Sanitarias s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-07-05

Se trasgrede la regla de congruencia si la decisión de excluir del ámbito litigioso la enfermedad que afecta al promotor del pleito no se compadece con el deber de adecuar la decisión judicial con el pedimento formulado, impuesto por el art. 47 de la ley 11653.
Honorarios del abogado, bien de familia
Materia: PROCESAL
Carátula: VERNO COSTA, LEONARDO Y QUEREJETA, NELVA G. s/ SUCESION TESTAMENTARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-26

Si el bien se encuentra afectado como bien de familia (conf. ley 14.394) y siendo esta una norma de orden público corresponde su aplicación determinando que el honorario respecto de ese bien no puede superar el 3% de la valuación fiscal de dicho inmueble, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 48 de la ley citada.
Daño ambiental, competencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Almada, Hugo Néstor c/ COPETRO S.A. y otro s/ Indemnización de daños y perjuicios Irazu, Margarita c/ COPETRO S.A. y otro s/ Indemnización de daños y perjuicios Klaus, Juan Joaquín c/ COPETRO S.A. y otro s/ Indemnización de daños y perjuicios Klaus, Juan Joaquín c/ COPETRO S.A. y otro s/ Indemnización de daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-02-09|1995-02-09|1995-02-09|1995-02-09

El conocimiento de la pretensión encaminada al cese del daño ambiental, que afecta el derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano que hoy ha ganado expreso rango constitucional, compete al órgano judicial.
Escritos judiciales, prueba pericial, pericia caligráfica
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: "ACOSTA  ANDRADA , Julio C. s/ procesamiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-02

En tanto la presentación de un escrito judicial merced al cual se deduce recurso de apelación, por su naturaleza, es un acto realizado de "motus propio", en forma voluntaria y con la intensión de cuestionar una decisión judicial, nada impide que sea tomada como base de un estudio caligráfico en causa penal y en contra del imputado. Es que de manera alguna puede el caso ser asimilado a la firma inserta por el testigo en una declaración de ese tenor.
Inconstitucionalidad, emergencias 911, responsabilidad objetiva, personalidad de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Martínez, Yolanda Isabel s/ infracción dec. ley 8031 Código de Faltas Provincial
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-11-04

Corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 81 bis inc. b del Código de Faltas de la Provincia de Buenos Aires, y absolver a la condenada por la comisión de la infracción prevista en dicha norma, en tanto se advierte que si bien se probó la realización de más de cien llamadas al Servicio de Emergencias Provincial (911), la titularidad de la imputada de la línea telefónica y que efectivamente se domiciliaba en el lugar desde el que se efectuaron los llamados, no se pudo determinar quién habría sido el autor de las llamadas molestas al 911, ni que haya sido la imputada quien las hubiera efectuado, por lo que la aplicación de la sanción implicaría una flagrante violación al principio de culpabilidad, pues no puede haber conducta típica que no se subsuma bajo la forma de dolo o culpa.
Delitos tributarios, evasión fiscal, ingreso tardío del gravamen, culpabilidad
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Sidersa  S.A.  - T.F. 12177-I- c/ D.G.I. s/ Res. Apel. Del:  D.G.I.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-06

No basta la mera comprobación objetiva del ingreso tardío del gravamen, sino que debe concretarse también el elemento subjetivo que hace a la culpabilidad de quien comete la infracción. Si la culpabilidad está totalmente excluida, la infracción omisiva no se comete, ya que lo que se pretende es castigar a quien no paga por negligente pudiéndolo hacer. De allí que existen circunstancias que pueden atenuar o inclusive eliminar su imputación, tal como el error excusable de hecho o de derecho u otras circunstancias excepcionales debidamente justificadas, como por ejemplo la imposibilidad material de pago.