marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Acta de detención, nulidad procesal, testigos de actuación, ausencia de testigos
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: B., J. A. s/ Acta de detención.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-10-06

No procede declarar la nulidad de lo actuado con base en que el acta de detención no fue labrada de acuerdo a las previsiones del art. 139 del C.P.P. , ni se cumplió con lo previsto por el art. 184 del mismo cuerpo legal, pues no se han conculcado derechos constitucionales, toda vez que la prevención del imputado al Magistrado quien aprobó todas las medidas realizadas hasta ese momento.

La ausencia de testigos en el acta de detención no necesariamente acarrea su nulidad, su valor probatorio puede ser analizado durante el juicio por el tribunal, sin que sea de exigencia legal tal sanción.
Cuestiones de competencia, padrón electoral
Materia: ELECTORAL
Carátula: Sisci, Adriana María s/ Exclusión del padrón electoral - Art. 8° Ley 346 (Ciudadanía española)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-02-19

El juzgado federal con competencia electoral del distrito del último domicilio registrado por el ciudadano en la República antes de su radicación en el exterior resulta competente para resolver su exclusión del padrón electoral, conforme ha entendido la Cámara Nacional Electoral en autos Cerdan Leonardo Carlos s/exclusión del padrón electoral - Art. 8° Ley 346 (Ciudadanía española)
Facultades disciplinarias del juez, sanciones procesales, responsabilidad del juez
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Brizuela, Néstor Hugo s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1992-10-28

El tribunal no puede ser un mero espectador de las transgresiones al orden que el poder debe mantener en su funcionalidad. Si el Juez fuere indiferente a ello se convertiría juntamente con los abogados, en el destructor del sistema menoscabando al servicio de justicia;

que indudablemente su imposición fue un adelanto excelsior de la humanidad; pero que como obra humana visualiza defectos. Pero en definitiva no hay otro sistema. Requiere, indudablemente muchas modificaciones, pero hasta que no exista otro sistema nadie tiene el derecho de destruirlo.
Contrato de trabajo, contrato de trabajo eventual
Materia: LABORAL
Carátula: CAMEJO, DOMINGO ALDO c/ INSTITUTO SERVICIOS SOCIALES BANCARIOS s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-03-13

Para eximirse de la responsabilidad solidaria prevista en el artículo 29, segundo párrafo del RCT. (to.), quien recibe directamente los servicios del trabajador, debe acreditar que éstos responden al concepto de 'servicios eventuales' contemplado en el artículo 99 del RCT. (to.), aún cuando la agencia de personal temporario se encuentre inscripta ante la autoridad de aplicación.
Privación de justicia, competencia de la Corte Suprema, ejecución de sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: U., C. M. L. c/ S. M., O. S. s/ filiación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-05-12

La intervención de la Corte a tenor de lo dispuesto en el art. 24, inc. 7°, del decreto-ley 1285/58 no debe ser frustrada por consideraciones de orden procesal o de hecho a punto tal que ni la falta de interposición de un recurso extraordinario, ni la de la queja por su denegación, pueden constituir óbice para que decida lo que corresponda ante la presentación directa de la interesada toda vez que no hay decisión formal alguna de la cual aquélla pueda recurrir con esperanza razonable de éxito, y su agravio es consecuencia de que, de hecho y contra lo dispuesto formalmente en la causa, se ha paralizado el proceso de ejecución de sentencia al no contar con un juez permanente.
Poder Legislativo Provincial, legitimación pasiva
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Wunderlich  Menke,  Clivia  Johanne  Elizabeth c/ Buenos Aires,Provincia de s/ inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-04-11

El hecho de que se interponga una acción en virtud de la actividad legislativa de una provincia, no es suficiente para hacerla parte, y como tal, legitimada pasiva para ser demandada.
Fundamentación de sentencias, deberes del juez, sentencia condenatoria
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: B., L. E. y OTROS. s/ Fraude a la Administración Pública s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2014-07-23

El cimero Tribunal de la Nación tiene dicho, in re ?Romano, H. E. s/ causa n° 5315?: 8°) Que si bien el modo en el que los magistrados ejercen las facultades para graduar las sanciones dentro de los límites fijados por las leyes respectivas no habilita la revisión por la vía del art. 14 de la ley 48, ello no faculta a los tribunales a que, en detrimento de la defensa en juicio, determinen la consecuencia jurídica concreta que corresponderá al condenado sin expresar siquiera mínimamente las razones por las que se aplica esa pena y no cualquier otra dentro de las permitidas por el marco penal.

Pues el juicio previo establecido por el art. 18 de la Constitución Nacional como derivación del estado de derecho no sólo exige que los jueces expresen las razones en las que se encuentra fundada la responsabilidad o irresponsabilidad del procesado, sino también aquellas en que se apoyan la naturaleza o intensidad de la consecuencia jurídica correspondiente (cf., entre otros, Fallos: 314:1909)?. (Voto de la Dra. Piccinini sin disidencia).
Libertad de prensa, real malicia, periodistas, ofensas cometidas por medio de la prensa, carga de la prueba, daños y perjuicios
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL-CIVIL
Carátula: Gesualdi,  Dora  Mariana c/ Cooperativa Periodistas Independientes Limitada y otros s/ cumplimiento ley 23.073.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-17

La doctrina de la "real malicia" se resume en la exculpación de los periodistas acusados criminalmente o procesados civilmente por daños y perjuicios causados por informaciones falsas, poniendo a cargo de los querellantes o demandantes la prueba de que las informaciones falsas lo fueron con conocimiento de que eran falsas o con imprudente y notoria despreocupación sobre si eran o no falsas (Voto del Dr. Antonio Boggiano).
Daños y perjuicios, responsabilidad del Estado por actos ilícitos, dominio público, daño por vicio o riesgo de la cosa, apertura de calles, interpretación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: BRITEZ MARGARITA c/ GCBA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS(EXCEPTO RESPONSABILIDAD MEDICA.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-28

El dominio público del Estado puede ser natural o artificial, y es dentro de este último donde se enmarca el concepto de "calle", que depende de una creación del Estado y no de la naturaleza. Así, mientras que en el dominio público natural, la determinación de su condición jurídica por la ley constituye al mismo tiempo su afectación al uso público, en el dominio público artificial es menester la determinación de su condición jurídica por ley, más la creación del bien por la administración que lo destina al uso público; su afectación a ese uso se realiza por un acto distinto al de su calificación jurídica.

De tal suerte que, en los casos en que la comuna es hallada responsable civil de los accidentes causados en las calles, ello ocurre porque medió la intervención de una "cosa riesgosa o peligrosa" que resultó, en definitiva, el factor decisivo de la ocurrencia del accidente, y cuyo dominio y/o posesión o guarda jurídica correspondía a la comuna (conf. Highton, Elena I. - Wierzba, Sandra, Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinario y juridprudencial, Hammurabi, Buenos Aires, 1997, Tº 5, comentario al art. 2340, núm. 1 "i", págs. 74/75).
Reajuste jubilatorio, declaración de puro derecho, Administración Nacional de la Seguridad Social, expresión de agravios, defensa en juicio, producción de la prueba, prueba insuficiente
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: FERNANDEZ, ROMAN c/ A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-16

Ante la providencia que declaró la cuestión de puro derecho, resulta infundado el agravio de la A.N.Se.S. re -ferente a las restricciones que tendría para el ejercicio del derecho de defensa, habida cuenta que desde que se produce un pedido de jubilación o de reajustes de haberes, y con anterioridad al acto administrativo, el organismo previsional tiene ocasión de preservar los derechos que le asisten y producir de oficio las pruebas documentales, testificales, periciales y todas las conducentes para el esclarecimiento de los hechos controvertidos en el trámite administrativo, cuya dirección le compete como órgano encargado de la aplicación y control de las leyes de la seguridad social (cfr. C.S.J.N., sent. del 10.10.96, "Hussar, Otto c/ A.N.Se.S.). Ello así, máxime si la prueba que pretende hacerse valer (en el caso, tendiente a demostrar la limitación de los recursos-arts. 16 y 17 de la ley 24.463-), no resulta conducente para dilucidar el derecho de fondo que le pudiere asistir al peticionante;

por lo que corresponde su desestimación (art. 360, inc. 1, C.P.C.C.).
Accidente de tránsito, transporte benévolo, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa
Materia: CIVIL
Carátula: REINOSO, Antonia c/ Y.P.F. y otros s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-04

En el caso de un transporte benévolo, el dueño o guardián de la cosa riesgosa, no logra liberarse de su responsabilidad objetiva acreditando simplemente que existía prohibición de transportar a otras personas, sino que debe probar la adopción de medidas concretas orientadas a impedir ese empleo indebido.
Sentencia, arma de fuego, nulidad del acto jurídico, robo
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: LO CICERO, JOSE Y OTROS s/ SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1975-06-02

Si el juzgador tiene la certeza del empleo del revólver y que debido al poder intimidante del instrumento utilizado, fue posible la comisión son ilegítimo desapoderamiento,pero duda sobre su poder ofensor porque al ser percutido no disparaba, equivocadamente lo subsume a ese instrumento en el concepto legal del arma constitutiva del agravante, porque nada habla de la prueba destinada a acreditar la presencia de otra arma (la sevillana a que se refiere el hecho imputado).-
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, apreciación de la prueba, in dubio pro reo, sentencia, razonabilidad
Materia: PENAL
Carátula: L., W. D. c/  s/ ABUSO SEXUAL-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-03-16

La quejosa basa su recurso en una errónea valoración de la prueba y en la inobservancia del principio in dubio pro reo, reduciendo sus invocaciones a simples y reiterativas expresiones de disenso con lo decidido por los jueces de la causa, que no patentizan la concurrencia de una disociación con el ordenamiento jurídico fundamental que descalifique la sentencia desde la óptica constitucional, argumento que fue confirmado por la Alzada.
Servicio público, Internet
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Dirección Defensa del Consumidor c/ T.A. SA s/ Contencioso Administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-09-22

Que el servicio de Internet constituye en la actualidad un servicio público, no puede crear dudas, pues participa de los caracteres que he reseñado, y, fundamentalmente, puede comprenderse sin mayores esfuerzos que a través del mismo se da satisfacción una necesidad general.- Empero, podrá observarse que su regulación legal es un tanto limitada, quizá por la misma razón de considerarse a éste como un fenómeno abierto, sustancialmente variable con la adquisición de nuevas tecnologías y procesos, que por su propia naturaleza resiste la imposición normativa, por eso en el considerando del Dto. 554/1997, se la menciona como "fenómeno autopioético", desarrollado sin el impulso de autoridad regulatoria alguna.

Mas aún con tales características, creo que es factible y necesario desarrollar algunas de las disposiciones legales que se relacionan con la materia bajo análisis, a los fines de comprender cómo la evolución de las tecnologías ha producido transcendentes transformaciones sociales, que a su vez se han ido plasmando en regulación por parte del Estado tendiente a asegurar la satisfacción de una necesidad o interés general surgido como lógica consecuencia de ello.
Quiebra, liquidación de sociedades, cooperativa de trabajo
Materia: COMERCIAL
Carátula: Establecimiento Gráfico Cortiñas Hnos. SRL c/  s/ quiebra
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-20

Cabe señalar que entre los principios que imbuyeron la reforma a la ley de concursos y quiebras con el decreto de la ley 26684 se destaca: "...favorecer la continuidad de la explotación de las empresas que se encuentren en situaciones de crisis, por parte de los trabajadores de las mismas, para la conservación de las fuentes de producción y trabajo...". En el marco apuntado, resulta de útil referir, en líneas generales, que al amparo de la ley 24522 la conservación de la empresa encontraba cauce en tanto ésta fuera "económicamente viable", con el propósito -bien determinado- de facilitar su liquidación como empresa en marcha, con la consecuente obtención de un mayor valor. A partir de la modificación traída por la ley 25589, comenzó a destacarse en la escena y con carácter protagónico -mas no autónomo-, su "utilidad social", esto es, su potencialidad para el mantenimiento de las fuentes de trabajo. Sea como fuere, es notorio que el manifiesto criterio legal se enderezó a vigorizar las cooperativas de trabajo. En este sentido, la novedad legislativa que incorporó la ley 26684 se incardinó en una repetida inquietud de los legisladores, y de comunidad en general, de pretender dar respuesta a las recurrentes y devastadoras crisis que impactan sobre los sectores más débiles y sensibles de la sociedad. Ciertamente, la supresión de los empleos o su precarización, deparan consecuencias en los individuos que no sólo sufren ese flagelo en su calidad de vida sino que ponen en peligro su propia supervivencia material, erosionando su serenidad espiritual y expandiendo ese sufrimiento a la propia paz social, conmoviendo valores tradicionales del trabajo, el esfuerzo individual y la solidaridad de las comunidades (v. Farhi de Montalbán, Diana, "Insolvencia y conservación de las fuentes de trabajo. Un problema aún sin solución" en Derecho Económico Empresarial -Estudios en Homenaje al Dr. Héctor Alegría, LL, 2011 Vol. 1, pp. 657 y ss.).
Personal municipal, muerte del agente, ingreso a la función pública, sucesores, parentesco, idoneidad para la función, derechos y garantías constitucionales, igualdad ante la ley, inconstitucionalidad
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: KEAODEELERT, PETCHSAMORN PHOMMACHAN DE c/ MUNICIPALIDAD DE CORONDA. s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 193 AÑO 95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-12-29

Surge evidente la incompatibilidad del artículo 130 de la ley provincial 9286 con el artículo 16 de la Constitución Nacional desde que el primero ha establecido un deber a cumplir por la Administración municipal que contraría claramente otro deber que surge de manera expresa de una norma de jerarquía superior como es el artículo 16 de la Carta Magna. Es que el deber de exigir la debid a acreditación de la idoneidad está impuesto por la norma constitucional a todos los niveles y estamentos del Estado, comprendiendo en esta noción tanto al Estado Federal como a las Provincias y los Municipios; y la norma provincial contiene un mandato expreso dirigido a la Administración municipal en orden a omitir dicha exigencia por la sola circunstancia de existir una relación de parentesco directo entre el aspirante a ingresar y un agente fallecido. Queda ilegítimamente afectada, de esta manera, la potestad de selección o designación del ente público conforme a la pauta constitucional de la idoneidad y, consecuentemente, se obliga al Municipio a efectuar nombramientos fuera del marco de juridicidad.
Procesamiento, ex presidente de la Nación, espionaje, familiares de la víctima, Submarino Ara San Juan
Materia: PENAL
Carátula: Imputado: Iuspa Benitez, Nicolas y otros s/ averiguación de delito - Querellante: Mereles Andrea Alejandra y otros c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2021-12-01

El gobierno encabezado por el imputado espió ilegítimamente a los familiares de los protagonistas de una de las mayores tragedias que se vivió en su gestión, con el objetivo de anticiparle al ex mandatario cuáles eran los movimientos y los reclamos que existían en ese colectivo de familiares. Cabe destacar que dichas tareas de inteligencia ilegal no contaron con autorización judicial alguna, ni fueron justificadas por órdenes de servicio fundadas en razones de seguridad interior o defensa nacional.
Admisibilidad formal, recurso de casación, informe in voce
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Reyes, José Antonio (Expte. N° 28-STJ-2.012) c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2013-11-27

Procede declarar formalmente admisible el recurso de casación y el recurrente dentro del término de diez (10) días, debe presentar el pertinente memorial sustitutivo del informe "in voce", art. 465 y cctes. del Código de Procedimientos en materia penal de Misiones, pues de las cuestiones propuestas en su escrito, luce necesario un estudio exhaustivo y pormenorizado de las actuaciones, a los efectos de conocer con más detenimiento los motivos de la impugnación -lo cual excede el marco de esta etapa preliminar-, por lo que cumplido lo señalado, vuelvan los autos a estudio de este Alto Cuerpo para resolver el recurso presentado.
Excusación, excusación por amistad
Materia: PROCESAL
Carátula: ZABALLA, JORGE ROBERTO c/ JORGE E. YANZON s/ APELACION DE SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-08-01

La separación del proceso de un magistrado, por encontrarse comprendido en alguna de las causales establecidas en el art. 16 Inc. 9 del C.P.C. Constituye un deber impuesto por la ley procesal, a fin de asegurar la garantía de imparcialidad inherente al ejercicio de la función judicial.
Juicio ejecutivo, títulos ejecutivos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Platense S.A. c/ Alimonti, Roberto y otro s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-11-17

El solo hecho que en el documento se haya pactado la vía ejecutiva no autoriza a accionar por dicha vía si el instrumento carece de los requisitos indispensables que la ley exige para hacer aquélla admisible. Es decir, la estipulación del contrato por la que se acuerda al título fuerza ejecutiva resulta irrelevante cuando no concurren los presupuestos concernientes a la estructura y función del juicio ejecutivo, pues el pacto de la vía ejecutiva no basta para determinar por si solo la existencia de un título ejecutivo válido.
Juicio ejecutivo, títulos ejecutivos, reconocimiento de firma
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BANCO MERCANTIL ANDINO c/ IGNACIO FRANCISCO ARAUJO RAUL EDUARDO CORREA s/ Ejecución Tipica (LIBRO: A130 - 368)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-04-25

En nuestro sistema procesal civil, en principio constituyen título idóneo para promover ejecución, previo reconocimiento de firma por parte del o los deudores, todos aquellos instrumentos privados de los que surja la existencia de una deuda líquida y exigible, y que no exijan una hermenéutica incompatible con la naturales propia del juicio de que se trata.-
Comité de los Derechos del Niño, recomendaciones de organismos internacionales, derechos de las niñas, niños y adolescentes, violencia contra menores, Convención sobre los derechos del niño
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Comité de los derechos del Niño  - OBSERVACION GENERAL No 13 c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: Ginebra
Fecha: 2011-04-18

Con miras a establecer el alcance de los contenidos normativos establecidos por la Convención de los Derechos del Niño, el organismo de la especie analiza el artículo 19 de la norma convencional con el fin de ampliar las medidas destinadas a acabar con la violencia que afecta el desarrollo de la infancia, indicando asimismo a los estados su deber de compromiso en la elaboración de programas que transversalmente, eduquen en el diseño de medios pacíficos de solución de conflictos.
Juicio ejecutivo, bienes inembargables, haber jubilatorio, restitución de sumas de dinero, inembargabilidad del haber previsional, aplicación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL
Carátula: ETEVEZ, JULIO c/ BANCO FRANCES SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-06

Cabe hacer lugar a la restitución de las sumas percibidas por la entidad bancaria accionada como consecuencia del embargo trabado sobre los haberes previsionales del accionante, obtenidos bajo el régimen de la ley 24018 -desde marzo de 1999 a diciembre de 2002-; toda vez que ese embargo fue inválido desde su origen, en función de lo previsto por la ley 24241: 14-in fine, sin que resulte aplicable al caso lo dispuesto por el decreto 1099/2000 de necesidad y urgencia; ello así, pues: a) la traba de embargo fue anterior al dictado de dicho decreto, por lo tanto no pudo retroactivamente validar las deducciones efectuadas antes de que esta norma se publicara oficialmente -27.11.00-, como tampoco dar validez a las deducciones posteriores, pues el embargo fue desde su origen, nulo y sin ningún valor (ley 24241: 14-in fine), esto es, no susceptible de confirmación por actos posteriores (cciv: 1047); b) el mencionado decreto pretendio convalidar lo actuado por el Anses en virtud de la resolución 251/99, modificatoria de la resolución 230/99 sobre descuentos sobre haberes de jubilados y pensionados a favor de terceras entidades; sin embargo, el Anses por resolución 121/00: 1 dispuso mantener vigente la reglamentación existente con anterioridad al dictado del decreto 1099/00, hasta tanto se dictaran las normas reglamentarias conforme a lo establecido en su art. 4, lo cual fue extendido por la resolución Anses 301/01: 1 (B.O. 16.3.01), sin que hasta el presente, pese a encontrarse ampliamente vencido el plazo establecido para el dictado de dicha reglamentación, se subsanara tal omisión; de tal manera el decreto en cuestión jamás ha resultado aplicable por carecer de dicho requisito (cfr. CNFed. Seg. Soc., Sala III, 1.3.02, exp. 195/01, "Asociación Mutual para la Seg. Soc. '13 de mayo' c/ P.E.N.").
Honorarios del abogado, irretroactividad de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Prato, Osvaldo c/ CASSABA y otros s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-07-07

La circunstancia de que el legislador haya optado por gravar los honorarios de los profesionales afiliados a CASSABA al momento de su percepción no acarrea, una violación al principio de "irretroactividad" receptado por el art. 51 de la CCBA, porque el hecho gravado consistente en la percepción de los honorarios, ocurrió o se completó con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley nro. 1.181. (Voto del Sr. Juez Julio B. J. Maier, al que adhiere el Sr. Juez José O. Casás).
Obligaciones, obligaciones indivisibles, transacción, efectos con relación a terceros
Materia: COMERCIAL
Carátula: CAPDEVIELLE  KAY  Y  CIA. SACFM c/ SA DEL ATLANTICO CF Y OTROS s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-16

La transacción hecha por uno de los interesados, -como principio- no perjudica ni aprovecha a terceros ni a los demás interesados, aún cuando las obligaciones fuesen indivisibles (CCIV art.851). Esa regla no concreta sino el principio "res inter alios acta", conforme con el cual "los hechos pasados entre terceros no pueden perjudicar ni aprovechar a los demás" (CCIV art. 1161 y 1162-in fine).