Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-09-06


En la ciudad de Buenos Aires, a los seis días del mes de septiembre del año 2006, se reúnen los miembros de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. José Sáez Capel, Elizabeth A. Marum y Marcelo P. Vázquez, a efectos de resolver el recurso de queja por apelación denegada interpuesto por la Asesora General Adjunta de Menores de la ciudad, Dra. María de los Ángeles Baliero de Burundarena, a fs. 12/18 de la presente, de la que:

RESULTA:

I. Que a fs. 1/3 obra copia de la solicitud de sobreseimiento respecto del encartado planteado por la Asesora General Adjunta de Menores, en base a lo dispuesto por el art. 56 inc. 3 apartado b) ley 1287 -excusa absolutoria-. Sostiene que la regulación normativa en materia de niños/as (ley 22.278) en el art. 1 -entre otras cuestiones- establece que no es punible el menor entre 16 y 18 años, respecto de delitos reprimidos con pena privativa de la libertad que no exceda de dos años, y que estos criterios deben ser compatibilizados e interpretados a la luz de la Convención de los Derechos del Niño de jerarquía constitucional.

Por ello, argumenta que del art. 1 de la ley 22.278 se derivan dos criterios de interpretación restrictivos: una causal de exclusión de la punibilidad en cuanto a la escala penal en abstracto, y una causal de cancelación de aquélla en base al pedido concreto de pena que no exceda de dos años de prisión requerido por el representante del Ministerio Público Fiscal.

Así, sostiene que, en estos actuados, la Sra. Fiscal de Grado -en el requerimiento de elevación a juicio obrante a fs.108/111 (de los autos principales)- ha fijado la pena a imponer a su asistido en un año y seis meses de prisión, siendo dicha petición inferior al tope que fija el art. 1 de la ley 22.278, según la última interpretación mencionada, por lo que la conducta de su asistido resulta no punible.

Finalmente, hace reserva de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia y del caso federal.

II.- Que a fs. 4/5 de la presente se agrega copia del decisorio, de fecha 30/6/2006, por el que el Juez de Grado interinamente a cargo del Juzgado Contravencional y de Faltas Nº 14, Dr. Gabriel Eduardo Vega, resuelve no hacer lugar al sobreseimiento por no haberse configurado en autos una excusa absolutoria, y en consecuencia, llamar a audiencia en los términos del art. 293 CPPN. Por último, tuvo presente las reservas efectuadas.

III.- Que a fs. 6/10 vta. obra el recurso de apelación interpuesto por la Asesora Tutelar contra la resolución del Magistrado de Grado. Al respecto, señala que si bien no existe formalmente una sentencia definitiva, de acuerdo a lo establecido en el art. 61 LPC, lo resuelto por el a quo le causa un gravamen irreparable de insusceptible reparación ulterior.

IV.- Que a fs. 11 del presente incidente, consta copia del decisorio del Judicante que rechaza el recurso de apelación impetrado por considerar -con cita de fallos de la CSJN- que las decisiones cuya consecuencia sea la obligación de continuar sometido a proceso criminal no reúnen, por regla, la calidad de sentencia definitiva.

V.- Que a fs. 12/18 se agrega el recurso de queja por apelación denegada interpuesto por la Asesora de Menores, quien solicita se declare admisible y se conceda el recurso de apelación oportunamente presentado. Al respecto, previo desarrollar los antecedentes del caso, considera que: 1) Una interpretación formal y restrictiva del concepto de sentencia definitiva dejaría afuera un conjunto de resoluciones que, si bien no ponen fin al proceso, irrogan perjuicios irreparables. 2) El rechazo del sobreseimiento le produce un agravio puesto que implica que el encartado continúe sometido a proceso a pesar de la existencia de motivos que habilitan su desvinculación a la causa. Así, con cita del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, afirma que todo imputado tiene derecho a recurrir el fallo ante un tribunal superior, y que dicha garantía se extiende a todos los actos importantes del proceso. 3) Destaca que las razones expuestas por el Sr. Juez de Grado no logran refutar con una debida argumentación jurídica la pretensión de esa Asesoría General. 4) Los argumentos expuestos en la resolución en crisis viola el principio de legalidad y la garantía in dubio pro reo, en atención a que recepta la interpretación más perjudicial para el imputado. 5) Asimismo, afirma que las escalas penales son el margen que el legislador le brinda al juzgador para graduar -dentro de esos límites- el reproche concreto que se le efectuará al encartado, en función de la culpabilidad que haya reflejado el sujeto activo. El art. 1 de la ley 22.278 no alude a escalas penales, mientras que en otras normas del Código Penal se refiere específicamente a ellas. 6) Finalmente, asimila dicha situación a las distintas teorías que existen en torno a la suspensión del proceso a prueba.

VI.- Que a fs. 20 pasan los autos a resolución de esta Sala I, siendo la cuestión a dilucidar si el recurso de queja por apelación denegada debe o no ser declarado admisible.

ADMISIBILIDAD DEL RECURSO:

En primer término es dable afirmar que el recurso de queja resulta formalmente admisible; de acuerdo a la forma y los términos del art. 477 CPPN, aplicables supletoriamente conforme el art. 55 de la Ley Nº 12 (reformada por Leyes Nº 1287 y 1330), ya que ha sido interpuesto por escrito y dentro de los tres (3) días de notificada la resolución denegatoria del recurso de apelación. Por otra parte, el recurso resulta autosuficiente -pues del mismo se desprende un orden razonado en el desarrollo de los antecedentes del caso y presenta una crítica concreta a la resolución impugnada- además de acompañar las copias pertinentes.

El Sr. Juez rechaza la vía interpuesta por considerar que el decisorio recurrido no reviste el carácter de sentencia definitiva ni auto equiparable, invocando el art. 61 inc. 1º LPC y P.

Ahora bien, cabe recordar que este Tribunal ha interpretado en anteriores ocasiones el alcance del artículo 61 de la ley 12 (reformada por leyes 1287 y 1330, en adelante, Ley de Procedimiento Penal LPP-).

Así, tanto en las causas n° 309-00-CC/2004 Rodríguez Ríos, Eliseo s/ infracción art. 189 bis CP. Apelación; 025-00-CC/2004 Ruiz, Pablo Roberto o Félix Gastón s/ por inf. art. 189 bis del C.P. s/ Apelación; y 047-00-CC/2004 Amitrano, Daniel Rogelio s/art. 189 bis 3º del C.P.- Apelación, se ha señalado que el recurso previsto en el artículo 61 LPP para la sentencia definitiva o cualquier auto equiparable es un recurso innominado, que constituye por ello una vía restringida de revisión de lo resuelto, estableciendo supuestos taxativos de procedencia con diferente alcance para el imputado y el Ministerio Público.

Sin embargo, dicha norma no impide que, por imperio del art. 55 de la ley 12 (leyes 1287 y 1330), resulte de aplicación el art. 449 CPPN que dispone que resultan apelables las resoluciones que causen gravamen irreparable, por lo que corresponde evaluar si se encuentra presente dicha exigencia.

Al respecto, esta Sala ha afirmado en anteriores precedentes que el gravamen irreparable se produce cuando el decisorio recurrido causa un perjuicio tal que ... no es susceptible de obviarse durante el trámite del proceso ni en la sentencia definitiva, de suerte que puede frustrarse el ejercicio de derechos procesales ... (Francisco J. DAlbora, Código Procesal Penal de la Nación- Anotado. Comentado. Concordado Tomo II, ed. Abeledo- Perrot, Bs.As. 2003, pág 991).

Ahora bien, la Sra. Asesora de Menores ha manifestado que el perjuicio insusceptible de reparación ulterior a su parte estaría ocasionado a partir de la negativa del Judicante a conceder la vía recursiva intentada, impidiendo con ello la revisión de una decisión que afectaría la interpretación del régimen legal de aplicación de penas a menores, pues sometería al encartado a la inevitable sujeción a un juicio que la recurrente quiere evitar.

En este caso, el rechazo del sobreseimiento solicitado en base al art. 56 inc. 3º apartado b) subapartado e) LPC -excusa absolutoria-, en función de la interpretación del alcance del art. 1 de la ley 22.278, causa a dicha parte un gravamen de imposible, insuficiente o tardía reparación ulterior, que permite habilitar la vía recursiva intentada, pues consiste precisamente en evitar la continuación del proceso, habiendo la parte fundado la vía interpuesta en cuestiones netamente jurídicas, que por ende no requieren de la realización del debate a los juicios de vislumbrar su procedencia.

Al respecto, es dable destacar que en las causas penales seguidas contra niños y adolescentes se presentan situaciones particulares que obligan a una especial hermenéutica no sólo de las normas de fondo sino también procesales, a efectos de hacer operativo el modelo de protección integral que surge de la Convención de los Derechos del Niño de jerarquía constitucional.

Siendo ello así, el remedio intentado resulta viable por la aplicación supletoria del art. 449 CPPN, que prevé expresa y específicamente el recurso de apelación cuando las resoluciones causen gravamen irreparable -art. 55 LPC- (causa Nº 048-00/CC/2006, Soto, Luis Alberto sobre infracción al artículo 189 bis, tercer párrafo del Código Penal -Apelación-, rta. el 12/6/2006).

Por todo lo expuesto, habiéndose presentado en el plazo señalado por escrito fundado corresponde declarar admisible la queja impetrada, y por tanto mal denegado el recurso de apelación.

Por los motivos expuestos, este Tribunal, RESUELVE:

DECLARAR ADMISIBLE el recurso de queja obrante a fs. 12/18 del presente incidente, y en consecuencia DECLARAR MAL DENEGADO Y CONCEDER el recurso de apelación interpuesto cuya copia obra a fs. 6/10 del presente (arts. 478 CPPN y 6 LPC).

Regístrese, notifíquese con carácter de urgente y remítase al Juzgado interviniente de Primera Instancia, a sus efectos.

Ante mí:

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