marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Tasa de justicia, hecho imponible, transacción
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BUGALLO CASIMIRO c/ BAYER SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-18

Es improcedente la pretensión de cancelar la tasa de justicia con base en el monto del acuerdo transaccional arribado por las partes -menos los honorarios sufragados a los peritos- por el que se le puso fin al pleito, pues el monto imponible resulta del objeto litigioso que constituyó la pretensión al momento de la demanda. Ergo, en el caso, la actora entonces deberá liquidar la diferencia que en concepto de tasa de justicia adeuda, teniendo en cuenta para ello al importe reclamado al promover la demanda y sus intereses.
Entes autárquicos, responsabilidad de los entes autárquicos, responsabilidad del Estado
Materia: LABORAL
Carátula: Serio, Horacio Nicolás y Otros s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1998-12-18

Cuando el ente autárquico no pueda hacer efectiva su responsabilidad por insuficiencia o falta de activo, responde el Estado, creador del ente por aplicación de los principios sobre responsabilidad indirecta que contempla el art. 1113 del Código Civil; donde el ente autárquico sería el dependiente y el Estado el Principal. Se trata de una adaptación al caso, de responsabilidades del Estado por obligaciones, cualquiera sea su origen, de una entidad autárquica.

En consecuencia, en este punto corresponde hacer lugar al Recurso de Casación articulado, casando el dispositivo III del fallo objeto del mismo, que desvinculó al Estado Provincial, y como Tribunal de mérito, resolver que el Estado Provincial posee legitimación para ser demandado en autos, y deberá responder subsidiariamente, en caso de que el Ex. Banco de la Provincia de La Rioja (en liquidación), no cuente con fondos suficientes para hacer frente a las indemnizaciones que se admitan en esta demanda, adoptando igual temperamento respecto de las costas que se imponen al Banco, e imponiéndole las propias por la pretensión que en toda su extensión resistió.
Allanamiento domiciliario, competencia por la materia, competencia federal, aplicación de la ley, ley provincial, validez de los actos procesales
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Tufi, Ismael Andino s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-03-27

Si bien el delito que se le imputa es de índole federal, el accionar policial fue motivado por las leyes locales; por lo que considero que el mismo debe ser resuelto de acuerdo a las normativas del Código Procesal Penal Provincial y sus leyes complementarias. Es que como tengo dicho, es jurisprudencia de esta Cámara que el art. 7 de la Constitución Nacional establece que los actos y procedimientos judiciales de una provincia gozan de entera fe en la demás. (Voto de la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia).
Corrupción de menores, corrupción calificada por relación familiar, concubino de la madre, coito anal
Materia: PENAL
Carátula: CONDORI, M. s/ CORRUPCION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-08

1) No habiéndose dado en autos prueba acabada de que los 5 ó 6 contactos sexuales del procesado con la hija de su concubina de 15 años de edad por vía natural, hayan tenido entidad corruptora, corresponde absolverlo en orden al delito de corrupción.

No se trata en el caso de autos de una niña que ignora por completo lo que implica la sexualidad sino lo que ésta es, respondiendo a estímulos primitivamente normales frente a demandas que no son rebuscadas búsquedas de insano placer por el hombre, que aunque maduro en edad, no puede manejar con el mismo grado de racionalidad su natural libido y le concede a ella la satisfacción que circunstancialmente ésta le requiere a su organismo.

2) Por otra parte un solo contacto o intento o penetración íntegra por vía anal carece de poder deformante de la personalidad y no puede calificárselo de perverso y menos aún prematuro.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, revocación de sentencia, sentencia arbitraria, fundamentación de sentencias, falta de fundamentación, defectos en la fundamentación normativa, defensa en juicio, acción penal, extinción de la acción penal, prescripción de la acción penal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Neustadt, Bernardo s/ calumnias e injurias causa n° 23.690 -.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-17

Corresponde dejar sin efecto el fallo que declaró extinguida la acción penal por prescripción, toda vez que no cumple con la condición de validez de las sentencias judiciales de ser fundadas y constituir, en consecuencia, derivación razonada del derecho vigente, con aplicación a las circunstancias probadas de la causa (Disidencia del Dr. Enrique Santiago Petracchi).
Patentes, revalidación de patente, aplicación de la ley, tratados internacionales
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Unilever NV. c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de patente
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-10-24

El instituto de las patentes de reválida previsto en la ley 111 desde el año 1864 no puede considerarse como una "modificación" introducida en el período de transición establecido en el art. 65.1 del Acuerdo TRIP's que disminuya el grado de compatibilidad de nuestra legislación con el acuerdo (Disidencia del Dr. Gustavo A.

Bossert).
Ejecución de sentencias contra el Estado, honorarios, ejecución forzada, intimación de pago
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: S.A.  INDUSTRIAL WELBERS LTDA. c/ CIFEN COMERCIAL INDUSTRIAL Y FINANCIERA s/ CONTRATO  - COMPRA - VENTA - PRECIO - LESION - ESCRITURACION - MORA -  EJECUCION DE SENTENCIA CONTRA EL ESTADO - INTIMACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-07

El vencimiento del plazo fijado para el pago de los honorarios regulados sólo tuvo por virtualidad la de tornar exigible el cumplimiento de la obligación a cargo del Estado, pero no la de viabilizar la ejecución forzada, desde que, a ese fin, es menester observar previamente el procedimiento implementado por la Corte Suprema de Justicia.

No correspondía, entonces la citación de venta, sino la intimación a la demandada para que manifestara el plazo en el cual iba a cumplir el mandato judicial, bajo apercibimiento de que en caso de silencio aquél sería fijado judicialmente. Sólo una vez vencido el plazo que indicara el Estado, o en su caso de no ser contestado el informe requerido, cabía trabar el embargo y ordenar la transferencia de los fondos, como paso previo a su posterior citación.
Daños y perjuicios, daño moral, indemnización, principio de congruencia
Materia: CIVIL
Carátula: GIORGIUTTI, José y otros c/ POL-KA PRODUCCIONES S.R.L. y otros s/ CESE DE EMISION DE PROGRAMA Y DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-04

Cuando la pretensión se traduce en el pago de una suma de dinero, corresponde determinar, aunque sea en forma aproximada, el monto reclamado, pues dicha exigencia se relaciona con el principio de congruencia. Sólo cabe admitir la omisión de ese recaudo cuando existe una gran dificultad para ello, pero no cuando su apreciación es posible, o cuando pueden establecerse, al menos, las bases para su cálculo. En tales términos y en cuanto al rubro daño moral, no puede evitarse su estimación con sustento en que él depende de la prueba.-
Derecho constitucional, división de poderes, control de constitucionalidad, facultades del juez, razones de oportunidad, mérito o conveniencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: C., E. J. c/ Ministerio de Gobierno de la Provincia del Chubut s/ acción de amparo c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2023-06-26

La Corte Suprema de la Nación ha sostenido de manera invariable que no incumbe a los tribunales el examen de la oportunidad o acierto del criterio adoptado por el legislador en el ámbito de sus atribuciones. Ello así, los jueces no deben sustituir al legislador sino que deben aplicar la norma tal como éste la concibió, ya que les está vedado juzgar sobre la eficacia o inconveniencia de las disposiciones adoptadas por los otros poderes en ejercicio de sus propias facultades.
Empleados públicos, prescindibilidad, indemnización, aplicación de la ley, derecho de propiedad, carácter alimentario, Administración Pública, razones de servicio, Municipalidad, personal municipal, estabilidad propia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PIZIGHINI, VICTOR NAZARENO c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 171-78
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-12-27

Si de conformidad a las directivas impartidas por la Corte nacional, la cesantía por razones de servicio, basada en la ordenanza municipal 7133 debe considerarse legítima, la indemnización debe ser fijada de acuerdo a sus normas, pero sin los topes máximos establecidos, desde que importaría lesionar gravemente los derechos constitucionales a la estabilidad y a la propiedad del agente. Por ende, deberá reconocerse el monto que surge del artículo 3 de dicha ordenanza, sin el límite dispuesto en su párrafo final, pues esa disminución es "palmariamente irrazonable", al allanar el derecho del empleado mediante el pago de una suma que ni mínimamente cubre el daño que le infiere la cesantía, ni respeta el carácter alimentario de la indemnización y así el sacrificio que por aplicación del régimen especial de prescindibilidad, le supuso verse privado de la "estabilidad propia" que salvo supresión de organismos y opción del empleado, le garantizaba el estatuto y escalafón del personal municipal, se agravó mas allá de lo aceptable.
Municipalidad, procedimiento tributario, derecho de registro e inspección, tasa municipal
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: TERMINAL 6 SA c/ MUNICIPALIDAD DE PUERTO GENERAL SAN MARTIN s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE   N. 481-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-12-26

En lo que refiere a la tasa por inspección y registro, la periodicidad en la supuesta exigencia de prestación del servicio a cargo de la Municipalidad, no se asimila a la de otros servicios públicos -de muy distinta naturaleza- prestados por el Municipio; y, en todo caso, la periodicidad en dicha prestación no debe necesariamente coincidir con la periodicidad en la percepción del tributo respectivo.
Cheque sin fondos, sobreseimiento
Materia: PENAL
Carátula: FERREYRA, SUSANA s/ Cheque sin fondos Causa 33956
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-09-01

La sola circunstancia de que el nombre del beneficiario de la orden de pago fuera puesto por el tenedor del documento, no le resta valor como cheque; su texto no tiene porqué estar hecho por el propio librador y nada impide que pueda ser completado por un tercero antes de ponerlo en circulación o por el propio tenedor en el momento de la entrega y en presencia del firmante.
Daño resarcible, discriminación laboral
Materia: LABORAL
Carátula: González, Gerardo Esteban c/ Casino Buenos Aires SA Compañía de Inversiones en Entretenimiento SA UTE s/ Juicio sumarísimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-06-08

Teniendo en cuenta lo establecido en el art. 1° de la ley antidiscriminatoria cabe asignar al trabajador discriminado una indemnización en concepto de daño moral, en razón del acto discriminatorio e ilícito en los términos del art. 1109 del Código Civil, lo cual determina la responsabilidad extracontractual del empleador en el sentido de reparar el perjuicio.
Nulidad del acto jurídico, agravio concreto
Materia: PENAL
Carátula: Luera, José Ricardo Y Otros s/ Recurso De Casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-03-12

La declaración de la nulidad procesal requiere un perjuicio concreto para alguna de las partes, pues no procede su declaración en el sólo interés del formal cumplimiento de la ley, siendo inaceptable en el ámbito del derecho procesal la declaración de nulidad por la nulidad misma, conforme criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. (del voto en disidencia parcial del Dr. Juan Carlos Gemignani)
Recurso contencioso administrativo, contrato de obra pública, multa, notificación
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SYCIC S.A.C.I.F. E I. c/ Municipalidad de Rafaela s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.:  C.S.J. nro. 303 y 440 año 1993)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-03-19

No puede prosperar el argumento de la empresa actora que aduce que s u representante técnico no tenía facultades para firmar las notificaciones de las resoluciones administrativas que imponían multas a la contratista -fundamentada en que "salvo instrucciones expresas" sólo tenía facultades para firmar notas de pedido, órdenes de servicio y certificados, pero no resoluciones que impusieran multas, ni mucho menos para consentirlas-, desde que no resulta acertado, al menos en las circunstancias del caso, concluir que el artículo 78 del Pliego de Condiciones Generales establece que el representante técnico de la empresa "sólo" tiene facultad para suscribir los documentos mencionados, tal como lo propone la contratista. Es que -más allá de que el agravio gira en torno a un supuesto de notificación y no propiamente de "suscripción" de un documento, como refiere la norma y la respectiva autorización- es indudable que la intención del artículo señalado ha sido dejar en claro que aquellos especiales y trascendentes documentos de la obra pueden ser suscriptos por el representante técnico, más no que la nómina de gestiones para las que este representante debe considerarse habilitado se agote allí. En efecto: el art. 78 del Pliego de Condiciones Generales no puede ser leído sino como un aspecto de una norma más amplia, de la que se extrae sin esfuerzos las amplias facultades -y la correlativa responsabilidad- con que cuenta el representante técnico respecto de la ejecución de las obras.
Derecho procesal, ejecuciones especiales, procesos de conocimiento, juicio ordinario, excepciones procesales, admisibilidad formal, legitimación procesal, declaración de oficio, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Olivari, Juan Manuel Adrian c/ Pecorelli, Christian y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-03-16

Procede rechazar la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el codemandado. Ello por cuanto, en el caso, se lo identifica como sujeto adquirente de una operación de compraventa sobre un bien del que era poseedor y sobre la cual el objeto de la pretensión procesal consiste justamente en reclamar la nulidad. En otras palabras, el boleto de compraventa cuestionado es la causa de este litigio y en él participó el excepcionante.

Por lo tanto, su actuación en la materia en controversia lo vincula con el hecho generador de responsabilidad y ello constituye un presupuesto esencial insoslayable para la admisión o petición de que se trate. Pues, debe existir correspondencia entre la persona comprometida en la relación jurídica sustancial y aquella que a la que procesalmente demanda (CNCom, esta Sala, "Dapiaggi, Enrique Fernando c/ Sistema Nacional de Medios Públicos SE", del 23/09/10). En definitiva, cabe rechazar la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta en tanto el alcance de la pretensión del actor comprende el cuestionamiento de un documento que el propio excepcionante suscribió y la participación de éste en el juicio se justifica por la ligadura evidenciada en tal documento.
Prenda con registro, ampliación de la demanda, rechazo in límine, delegación imperfecta
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO MARIVA SA c/ TENEGLIA, NORA E. s/ EJECUCION PRENDARIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-03-24

Resulta improcedente desestimar liminarmente la solicitud de ampliar la demanda contra quienes resultarían adquirentes de un bien sujeto a gravamen real cuando, -como en el caso-, se verifica que se garantizó el pago de un préstamo dinerario mediante la constitución de derecho real de prenda con registro sobre un rodado y con posterioridad se enajenó el mismo, declarando en ocasión de efectuarse la inscripción registral de la transmisión dominial la existencia del gravamen, inicialmente cabe concluir que la enajenación del bien prendado conllevo la asunción de la deuda garantizada por parte del adquirente -actual titular dominial- (ley 12962: 9-a; t.o. por decreto 897/95), continuando en vigor la prenda bajo las mismas condiciones en que se la constituyó, inclusive en cuanto hace a la responsabilidad del vendedor. Ello pues, se opero así una delegación imperfecta en virtud de la cual quedan frente a la acreedora dos deudores, el originario y el nuevo.
Honorarios del abogado, pacto de cuota litis, cancelación de deudas, títulos públicos, bonos de consolidación, interpretación del contrato
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: Punte, Roberto Antonio c/ Neuquén, Provincia del s/ cumplimiento de contrato.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-06

Si en el convenio se estableció que el actor recibiría el porcentaje del 10% respecto de las prestaciones consistentes en sumas de dinero que perciba la provincia y el 2% de la parte que se cancele con prestaciones no dinerarias, corresponde establecer este porcentaje, ya que -habiéndose contemplado expresamente la hipótesis de pago en especie de parte del crédito- a falta de estipulación en contrario, la lógica y el sentido común indican que no cabe apartarse del sistema por el mero hecho de que toda la acreencia deba cancelarse de ese modo.
Muerte del trabajador, indemnización
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Paz de Escalada, Lila Beatriz c/ Telecom Argentina Stet y/u otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-04-28

La legitimación de la concubina para reclamar indemnización del daño patrimonial ocasionado por la muerte de su compañero, si bien discutida y cuestionada por la doctrina y jurisprudencia civilista actual, ha sido materia de un Plenario de las Cámaras Nacionales Civiles (Fernández, María y otro c/ El Puente S.A.T. y Otros, en pleno, fallo 04/04/95, public. en J.A., Revista N°5939 del 28/06/95
Recurso de inconstitucionalidad, incongruencia, honorarios, regulación de honorarios, ley arancelaria, honorarios extrajudiciales, leyes, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Galante, Ernesto c/ Celulosa Argentina S.A. s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Regulación de honorarios (Expte. CSJ  Nº 448-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-07-28

Incurre en contradicción y consiguiente "apariencia de fundamentación", la sentencia recurrida que, tras destacar que el artículo 1627 del Código Civil era aplicable por ser el derecho vigente a la hora de resolver el caso sometido a análisis, sostiene que aunque el trabajo profesional se hubiese realizado efectivamente antes de entrar en vigencia la norma apuntada, el efecto inmediato de ella -Código Civil, artículo 3- imponía aplicarla en causas en trámite cuando no se alteraban los términos de una regulación que hubiera cobrado firmeza con anterioridad a dicha entrada en vigencia.

Estas afirmaciones -más allá de la oscuridad de las mismas- evidencian que la Alzada ha olvidado, en el punto de partida de su razonamiento, que el litigio sometido a decisión versa sobre la regulación de honorarios devengados por labores extrajudiciales -ya concluidas- del actor, y no por una actuación "en juicio", incurriendo así en un error de enfoque (incongruencia narrativa según Mc Cornick) que, además de conducir a la invocación de jurisprudencia impertinente, tiñe de dogmatismo sus conclusiones -por la incorrección de las premisas-y habilita a la descalificación constitucional del pronunciamiento. Ello así, pues en el caso, y más allá de la doctrina que luego emergería de los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no podían aplicarse, para la regulación de trabajos extrajudiciales ya realizados, los criterios doctrinales y jurisprudenciales relativos a la retribución por actuaciones en juicio.
Habilitación de feria, diligenciamiento de oficios
Materia: PROCESAL
Carátula: DE MARVAL, JUAN c/ SIETEMIL SA Y OTRO s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-01-25

Procede habilitar la feria judicial a fin de salvar la fecha de un oficio librado (tal lo acontecido en la especie), a fin de evitar el previsible perjuicio derivado de la espera hasta el próximo período ordinario de actividad tribunalicia.
Costas, exención de costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ledesma Roque Telmo c/ Transportes Don Bosco s/ Danos y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-06-08

No procede eximir de costas a la aseguradora que aduce su desconocimiento de la promoción del beneficio de litigar sin gastos, por el cual se interrumpiera la prescripción, ya que es deber ineludible de quién opone dicha excepción comprobar -con el expediente a la vista- si efectivamente ya se ha operado el transcurso del término respectivo (art.4037 Código Civil) siendo que, en el caso el propio escrito de demanda denunciaba tal promoción y con especificación clara de su lugar de radicación.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación de los fundamentos
Materia: PENAL
Carátula: Molinari, Víctor Raúl s/ Homicidio culposo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-08-01

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que la defensa cuestiona la existencia de la relación causal entre la conducta del procesado y el resultado producido si no ataca debidamente las conclusiones probatorias que el tribunal invocó para acreditarla.
Delitos tributarios, percepción de impuestos
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Buombicci, Neli Adela c/  s/ apelación de clausura.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-06-08

Las normas que se dicten en ejercicio de las autorizaciones a que aluden los arts. 7 y 44 de la ley 11.683, integran el conjunto de disposiciones imperativas que instituyen y regulan la percepción de los impuestos y sólo cabría omitir su aplicación cuando ha mediado un amplio y explícito debate sobre su validez.
Empleados públicos, suspensión preventiva
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Miraglio, Ethel Doris c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-12-27

Pretender imponer a un agente suspendido preventivamente la carga de solicitar reintegrarse al servicio una vez cumplido el plazo máximo que el decreto 965 prevé para aplicar la suspensión preventiva, olvidando que la Administración actúa de oficio en el procedimiento disciplinario y que la tramitación del sumario tiene carácter instructorio siendo de competencia exclusiva del órgano decidir la suspensión preventiva como su levantamiento, resulta realmente contradictorio con las normas que regulan el procedimiento en cuestión.
Confirmación de sentencia, responsabilidad de los directores, multa
Materia: PENAL
Carátula: COMISION NACIONAL DE VALORES c/ MAE SA s/ ORGANISMOS EXTERNOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-03-17

Procede confirmar la resolución en cuanto impuso una multa a los directores de una sociedad anónima. Ello ya que, en cuanto a la determinación de responsabilidad de los directores, cuando ellos tienen un deber de actuar y no lo han hecho, son responsables del mismo modo que lo serían si hubieran intervenido activamente. Aun en el plano del derecho penal, las acciones tienen las mismas consecuencias penales que las omisiones cuando el sujeto se encontraba en una posición de garante, esto es, tenía un deber de actuar. Del Dictamen Fiscal