marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Remuneración, pago
Materia: LABORAL
Carátula: Martínez c/ Empresa Provincial de Energía de Entre Ríos s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1999-02-08

Cuantía condenada- montos brutos-Deducciones legales y convencionales. En el caso, no cabe establecer cuantías líquidas, puesto que los supuestos aportes no han sido efectuados por la demandada. En tal sentido, el S.T.J., Sala del Trabajo, en "Constantino y otros c/CAP", del 30/7/71, a través del voto del Dr.

Arias con adhesión del Dr. Cordini, sostuvo: "el por ciento correspondiente a los aportes integra la remuneración total ganada con su trabajo por el dependiente; por esa razón, el fallo condena al pago de diferencias; está firme -hecho contradictorio por la viabilidad del recurso-; pero aún en ese caso el empleador recurrente debería depositar de inmediato los aportes retenidos, por cuanto el principal sólo es agente de retención, integran el salario y pertenecen al trabajador y después de la deducción pertenecen a la Caja respectiva. De tal forma, nunca pueden quedar en poder de la patronal.
Recurso de queja (procesal), sentencia definitiva, doctrina de la arbitrariedad
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Recurso de Queja c/ Auto Interl.. Nº 08/17 de Expte. Nº 104/16 - Recurso de Casación (.) c/ Auto Interl..Nº 106/16 de Expte. Nº 63/16 Albornoz, Ernesto Alejandro - Abuso Sexual Agrav. (.) c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2017-03-27

En tanto lo resuelto en la resolución impugnada no cierra el proceso, por lo cual no constituye sentencia definitiva; y debido a que la presentación no ofrece argumentos que justifiquen su equiparación a tal ni suministra razones suficientes para hacer excepción a la aplicación de los principios generales sobre la definitividad de lo resuelto como condición para el acceso a la vía de la casación, a cuyo fin resulta insuficiente la invocación de garantías constitucionales -debido proceso y defensa en juicio- y la alegación de arbitrariedad de la sentencia -por defectuosa motivación- (CS, Fallos 314:657, entre otros.),a lo que debe sumarse que el recurrente ha omitido demostrar el carácter de irreparable del supuesto perjuicio que para el imputado se sigue de la resolución que impugna, por la imposibilidad de replantear esas cuestiones en el proceso, cabe concluir que el recurso de la casación ha sido acertadamente denegado y que, por ello, la queja no puede ser acogida.
Accidente de tránsito, cómputo de intereses
Materia: CIVIL
Carátula: MENDEZ, RICARDO JORGE. c/ LUCERO, CARLOS ANDRES Y OTRO. s/ D. Y P. USO AUTOMOTOR (SIN LESION).
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-09-18

Si la mora en los ilícitos civiles se produce desde el momento del hecho, corresponde calcular los intereses desde esa fecha aunque los montos indemnizatorios se determinen en una etapa posterior porque el crédito resarcitorio es exigible desde el momento en que se origina el daño.
Daños y perjuicios, prescripción, cómputo del plazo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: TARDITTI Y OTROS c/ MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO Y  E.P.O.S . s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-10-19

Respecto del plazo de la prescripción de hechos lícitos e ilícitos de la Administración Pública o sus entes descentralizados, aún entrando a considerar el plazo más corto de dos años, es necesario determinar desde cuando se debe comenzar a computar.

El art. 4037 C.Civil nada dice. En la doctrina y jurisprudencia se han ensayado distintas definiciones y fórmulas genéricas destinadas a solucionar la cuestión.

Siguiendo a Argañaráz lo omisión de la norma de fijar plazos de iniciación, es intencional, pues debe partirse del análisis de cada caso en particular, para definir el comienzo de la prescripción de la acción que nace por un hecho de la Administración Pública. Borda sostiene que la prescripción empieza a correr desde el día en que el hecho ilícito se produjo, pero si la víctima lo ignoraba, el plazo comienza a correr desde que el hecho y el autor llegaron a su conocimiento, a menos que la ignorancia provenga de una negligencia culpable. Es decir: para el comienzo del cómputo del plazo de prescripción deben reunirse los siguientes extremos: el conocimiento del hecho, la calidad del ilícito de hecho y la identificación del responsable.-
Empleados de comercio, licencia por enfermedad
Materia: LABORAL
Carátula: COSTRA, JUAN c/ FUNDICION Y TALLERES LA UNION s/ INDEMNIZACION POR ANTIGUEDAD
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1952-10-16

El empleado u obrero que se encuentra absolutamente imposibilitado para reincorporarse a su puesto cumplido el año después de transcurridos los períodos de 3 y 6 meses consignados en el artículo 155 del Código de Comercio, no tiene derecho a percibir la indemnización que prescribe el artículo 157, inciso 8, del mismo código.
Derecho procesal, procesos de conocimiento, juicio ordinario, prueba, prueba de informes, registros públicos, secreto fiscal, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Safe Consulting Group SA c/ Casaware International Inc. y otro  s/ ordinario s/ incidente de apelación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-09

La ley 11683: 101, si bien contempla como una excepción a la regla del secreto fiscal el supuesto en que quien solicita la información sea el propio interesado (en casos en que sea parte el Fisco Nacional, Provincial o Municipal), deja supeditada tal posibilidad a la circunstancia de que con tal información "no se revelen datos de terceros". En ese marco, en el caso, no resultó procedente el requerimiento a la AFIP para que acompañe copia de la facturación de cierta sociedad que implicaba el levantamiento del "secreto fiscal", toda vez que: a) la prueba fue ofrecida por la actora respecto de un tercero ajeno a la causa; es decir no se trató de un ofrecimiento realizado por el mismo contribuyente; b) no hubo consentimiento expreso de la sociedad requerida quien, intimada además a acompañar esa misma documentación en los términos del CPR 389, no cumplió con esa solicitud. De modo que no se verificaron la ocurrencia de los extremos legales necesarios para la procedencia del mentado levantamiento.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, obligatoriedad del precedente, sistema de gobierno, democracia, fallo plenario, interpretación de sentencias, recurso de casación
Materia: LABORAL
Carátula: SPERANZA, EDGARDO c/ EMEC SOC.COL. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-09

Dado que ninguna norma autoriza a funcionar a la CSJN como Tribunal de Casación, el fallo "Rodríguez, Juan c/Cía. Embotelladora Argentina" 15.4.93, no obliga a ningún Tribunal del país.

Interpretar lo contrario implicaría que el quietus dictado no es nada más que una pretensión disciplinaria en materia de doctrina que choca abiertamente con el régimen democrático expresado por los fallos plenarios de la CNAT y similares de las jurisdicciones provinciales.
Fundamentación insuficiente, recurso de inaplicabilidad de ley
Materia: LABORAL
Carátula: Ali, Jorge Abel c/ Materia Hnos. S.A.C.I.F. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-10-09

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que omite exhibir una crítica concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales del pronunciamiento objetado (del voto del doctor SORIA).
Desacato, contumelia, bien jurídico protegido
Materia: PENAL
Carátula: BIONDINI, ALEJANDRO s/ DESACATO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-22

La polémica acerca de la necesidad o no de la contumelia, luego de la sanción de la ley 23.077, pierde sentido pues ella se vincula con uno de los modos de lesión al honor agravado, pero no con la falta de respeto a la autoridad estatal, que puede verse lesionada aunque la ofensa no se ha dirigido directamente al funcionario, pues el bien jurídico tutelado por el art. 244 segundo párrafo del Código Penal es la Administración Pública y no el honor del funcionario agraviado.
Competencia federal, telecomunicaciones
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Ferreyra, Jorge A. c/ Telefónica de Argentina S. A. s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-02-10

Será competente la justicia federal si el reclamo de la actora no solamente cuestiona el monto de las facturas telefónicas, sino que impugna también el exceso de pulsos en que se basa la facturación, lo que de hecho implica disconformarse con el sistema de medición de pulsos establecido por la empresa y regulado por normas federales (Ley 19.798).
Administración Pública, facultades de la administración, empleo público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Miguens, Miriam Patricia c/ Municipalidad de Trelew s/ Nulidad e Inconstitucionalidad de Resoluciones Municipales
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-12-04

Para el ejercicio de las facultades atinentes a la política administrativa y a la ponderación de las aptitudes personales de los agentes, ha de reconocerse a la Administración pública una razonable amplitud de criterio en la apreciación de los distintos factores y reglamentaciones en juego, en aras de lograr el buen servicio.
Prescripción de la acción penal, interrupción de la prescripción de la acción penal, secuela de juicio, garantía a ser juzgado en un plazo razonable
Materia: PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Demaría, Jorge Luis y otros s/ causa n° 14.358
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-04-08

Cabe revocar la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal que, frente al recurso interpuesto por la defensa apelando el fallo que revocara su sobreseimiento, y sobre la base de la fecha de comisión de la defraudación denunciada -anterior a la vigencia de la ley 25.990- dispuso remitir las actuaciones al tribunal de origen para que, de no verificarse la comisión de otro delito, declare extinguida por prescripción la acción penal, toda vez que ni de la resolución apelada ni de los precedentes a los que remite surgen las razones jurídicas por las cuales el concepto "secuela del juicio" debería tener en cuenta únicamente a "la sentencia de condena" para -sobre esa base- concluir que debe reputarse como "exclusivo acto procesal interruptivo conforme al régimen de aplicación por imperativo constitucional y legal, y en resguardo al derecho a ser juzgado en un plazo razonable (arts. 11.2 Declaración Universal de Derechos Humanos, 9° Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2° Código Penal)".
Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social, competencia, conciliación laboral
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: DOBBERTHIN, GERMAN ALBERTO c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles s/ SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-02-10

La C.N.A.S.S. es competente para entender en la denuncia de acuerdos transaccionales por falta de pago de parte de las cuotas, por cuanto le son aplicables las directivas del art. 8, inc. a) de la ley 23.473, las que no pueden verse afectadas por peticiones que guardan conexidad con una anterior causa tramitada ante la C.N.A.T. (cfr.

criterio C.S.J.N., sent. del 26.11.91, "Cataldo, Fernando").
Procesos de conocimiento, demanda, domicilio real, excepciones procesales, defecto legal, arraigo
Materia: COMERCIAL
Carátula: TRUSSO, FRANCISCO JAVIER c/ CREDENCIAL ARGENTINA SA s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-11-27

Corresponde tener al accionante por desistido de la demanda en razón de la falta de denuncia de su domicilio real, toda vez que, acogida la excepción de defecto legal y diferido el tratamiento de la de arraigo -opuestas por el accionado-, hasta tanto se subsane el aludido defecto, no puede darse por cumplida la carga impuesta con la información dada por la "asistencia letrada" del demandante acerca del "último domicilio, por ella, conocido", pues no ha quedado establecido claramente que en ese lugar se encuentra la residencia habitual y efectiva del accionante, ya que existen elementos -in controvertidos- que indican lo contrario; no pudiendo jugar tampoco la solución prevista en el CCIV art. 98, debido a que para la subsistencia del último domicilio conocido seria necesario que la persona haya estado en el país, ya que de haber estado en el extranjero -como aconteció en el caso- caería bajo el CCIV Art.: 96 y tendría entonces el domicilio de origen.

Disidencia del Dr. Guerrero: El hecho de que el actor se encontraba prófugo a la época de la sustanciación de la excepción no puede acarrear el desistimiento de la acción intentada, tanto más si se tiene en cuenta que la excepción de defecto legal fue interpuesta conjuntamente con la de arraigo, que aun no ha sido resuelta; más allá de la interpretación que cabe darle a la norma contenida en el CCIV art.98, en el conflicto de intereses jurídicamente protegidos debe resguardarse el que goza de raigambre constitucional, garantizando el acceso a la justicia, por lo que, sin perjuicio de lo que oportunamente se resuelva respecto de la excepción de arraigo, cabe tener por cumplida la obligación de denunciar un domicilio real mediante la presentación efectuada por la dirección letrada del accionante.
Procedencia del recurso, recurso de inconstitucionalidad, secreto profesional, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL
Carátula: I., M. -aborto provocado c/  s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 1998-08-12

Debe prosperar el recurso de inconstitucionalidad planteado si el a quo se ha limitado a plantear la solución del caso en los términos de un conflicto entre los artículos 156 del Código Penal y 180, inciso 2, del Código Procesal Penal, soslayando la norma del inciso 1 de este último precepto, olvidando que, según resulta de una elemental correlación entre normas penales sustanciales y procedimentales, la regla específica y preponderante en materia de secreto profesional es la consagrada en la ley de fondo -artículo 156, citado- (a la que se subordina el artículo 180 del Código Procesal Penal, en una relación que permite afirmar que cuando esta norma -en su inciso 2 in fine- habla de "secreto profesional", lo hace con el alcance que le confiere al mismo la tutela del Código Penal) y prescindiendo de la debida consideración de los principios constitucionales comprometidos. Todo lo antedicho concurre a la descalificación de la sentencia, por carecer ésta de la debida justificación, y porque la solución que consagra no se compadece con la preocupación por la justicia de la decisión, propia del ejercicio de la función judicial. (Citas: CSJN Fallos, 243:80; 253:267; 259:27; 272:139; 302:1611). (Del Voto del Dr. Vigo)
Compraventa inmobiliaria, daños y perjuicios, cumplimiento de la obligación, mora
Materia: CIVIL
Carátula: ALMAGRO CONSTRUCCIONES  S.A. c/ CONOMINOLA JUAN C. s/ ESCRITURACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-21

Si la empresa vendedora no cumplió en tiempo propio (arg. art. 509 primer parrafo, Código Civil), y no obstante la subsistencia de su obligación, la coloca frente al adquiriente de la unidad ante la obligación de resarcir a éste los daños y perjuicios irrogados en razón del cumplimiento tardío, extemporáneo (conf. Borda, "Obligaciones, t. I, Nro. 76; C.N.Civil Sala A, J.A., 16-1972-31;

Sala D, E.D. 61-240).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, juicio ejecutivo
Materia: CIVIL
Carátula: Hirsch Judith N. c/ Superior Gobierno de la Pcia. s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2005-09-21

Si bien como regla las sentencias dictadas en juicios ejecutivos resultan inimpugnables por esta vía al carecer de la nota de definitividad exigida por la normativa aplicable, cabe hacer excepción a dicho principio cuando como en el subjudice lo decidido -habilidad ejecutiva del título en función de lo decidido en torno a la Ley 9494- impide replantear el debate en este u otro proceso .
Procedimiento tributario, impuestos, reintegros impositivos, acción de amparo
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: Mercedes Benz S.A. (T.F. 15877-I) c/ D.G.I.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-19

La C.S.J.N. al sentenciar la causa "Comatter S.A.", el 27/12/90, sostuvo, por mayoría, que si las disposiciones que regulan el reintegro de los tributos requieren el dictado de un pronunciamiento expreso de la administración sobre la admisibilidad formal de la devolución de los créditos fiscales, en tanto la petición que se formaliza en el recurso de amparo de la ley 11.683 no esté dirigida a instar ese pronunciamiento de la autoridad recaudadora, sino a obtener la condena de la D.G.I. al pago de las sumas cuyo reintegro se persigue, excede el propósito de realizar un mero trámite y, en consecuencia, resulta ser improcedente (conf.

Fallos: 313:1706).
Causales de divorcio y separación personal, injurias graves, incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, incumplimiento de la obligación alimentaria, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL - PROCESAL
Carátula: F. de R., D. c/ R., L.E. s/ DIVORCIO VINCULAR
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-14

Cabe una consideración amplia de los hechos que configuran a las injurias graves, para lo cual, el juez habrá de valorar la prueba en su conjunto. En ese sentido, el incumplimiento del deber de asistencia, que resulta con claridad del expediente que por alimentos se siguen las partes, es ilustrativo del clima en el que se desenvuelven las relaciones familiares, lo que permite tener por acreditada aquella causal.-
Cuestión abstracta, régimen de detención semiabierta
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Rossoli, Edgar Salvador s/ Incidente de Semilibertad
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 2014-08-15

Corresponde declarar abstracta la solicitud del beneficio de semilibertad solicitado por el interno, si dicho beneficio de la Libertad Condicional le ha sido concedido, pues debe evitarse un desgaste jurisdiccional inútil.
Actualización monetaria, prescripción
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Mollard, Roberto Saúl c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa Mainero, María Juana c/ Instituto de Previsión Social de la Pcia de Bs As s/ Demanda Contencioso Administrativa Ugon,Carlos c/ Instituto de Previsión Social s/ Demanda Contencioso Administrativa Idiazábal, Raúl Alberto c/ Provincia de Buenos Aires (Inst. Prev.Social) s/ Demanda contencioso administrativa Solanas, Juan Carlos c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa García de Abad, Elina c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-11-08|1986-12-11|1987-10-20|1990-12-18|1991-10-01|1993-02-09

La actualización de oficio de los haberes previsionales impuesta al Instituto de Previsión Social por el art 44 del dec ley 9650/80, no importa por sí misma la imprescriptibilidad de las sumas devengadas por tales conceptos, toda vez que consistiendo la prescripción un principio en la materia (art 56, dec ley 9650/80) ninguna excepción se consagra en la ley vigente al respecto.
Contrato de trabajo, despido, notificación, desconocimiento de la relación laboral, exceso ritual manifiesto
Materia: LABORAL
Carátula: SIÑERIZ, FABIAN MARCELO c/ EUROCINE S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-22

Ante el desconocimiento de la relación laboral por parte de la empleadora, exigirle al trabajador que comunicara el distracto a quien ha negado ser su empleador configura exceso ritual manifiesto. Implicaría exigir al dependiente el cumplimiento de un mero formalismo, que a nada conduciría, habida cuenta de la terminante y arbitraria posición en que se colocó la demandada, más aún cuando por el pretendido mecanismo nada podía obtener el actor y menos aún la demandada, cuya posición había sido claramente manifestada. En síntesis, negada la relación laboral cabe entender que nada más correspondía efectuar al trabajador para considerar disuelta una relación ya desconocida por la reclamada.
Homologación judicial, ley de orden público
Materia: CIVIL
Carátula: POSLEMAN LUIS c/ CONSORCIO EDIFICIO CARABOBO 162/164 s/ DERECHO PROCESAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-18

Un acuerdo homologado equivale a una sentencia que puso definitivamente final al juicio. Las partes unilateralmente, no pueden apartarse de lo allí dispuesto. La estabilidad del acuerdo homologado en la medida que constituye un presupuesto ineludible de la seguridad jurídica, es exigencia de orden público y por lo tanto debe ser respetado en sus claros términos.
Divorcio, abandono del hogar conyugal, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: G., J. c/ F., P. s/ Divorcio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-12

Las causas que legitiman a un esposo para dejar el hogar común vienen a operar, en el juicio de divorcio, como un típico hecho impeditivo para que opere como causal de divorcio, la prueba del abandono. Pero la carga de probar este hecho impeditivo pesa sobre el cónyuge que dejó el hogar. De ahí, que en principio, "acreditado el abandono y no habiendo el demandado, que lo produjo, acreditado razones valederas que justifica sensu actitud, debe reputárselo con las características que la ley determina para configurar la causal prevista en el art. 67, inc. 7° de la ley 2392 -ley 23.515-.-
Constitución Nacional, preámbulo, justicia social, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Viceconte, Mariela C. c/ E.N. -Mº de Salúd y Acción Social s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-02

Tiene jerarquía constitucional el principio in dubio pro justitia socialis y las leyes deben ser interpretadas a favor de quienes al serles aplicadas con este sentido consiguen o tienden a alcanzar el bienestar, esto es, las condiciones de vida mediante las cuales es posible a la persona humana desarrollarse conforme a su excelsa dignidad (Fallos 289:430).
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia no firme, nulidad procesal, auto de procesamiento, intervención de línea telefónica
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: A. Z., J. L. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PUBLICO, OMISION DE DEBERES DEL OFICIO Y VIOLACION DE SECRETOS (EXPTE.: C.S.J. NRO. 421AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-02-27

Corresponde rechazar la queja toda vez que el procesamiento impugnado y el rechazo de las nulidades impetradas respecto de las intervenciones telefónicas dispuestas, no reúne el requisito de ser sentencia definitiva ni es auto interlocutorio con las características prescriptas en el art. 1 de la ley 7055. -Y en relación al vicio atribuido a la falta de fundamentación del decreto ordenatorio de dicha intervención telefónica, no se encuentra demostrado que el Oficio hubiese dispuesto la misma en ausencia de toda vinculación con las constancias obrantes en la causa, o que ella fuera claramente inconducente en el marco de la investigación que, por virtud de la denuncia, llevaba a cabo el Juez Correccional. En tales condiciones no alcanza para configurar algún supuesto de excepción que este Cuerpo tiene admitido frente a la ausencia de definitividad de la decisión cuestionada que se deriva del artículo 1 de la ley 7055 más arriba aludido.