marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Delitos de los recursos de la seguridad social, Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, auto de procesamiento
Materia: PENAL
Carátula: SCHVETZ, ALEJANDRO GABRIEL s/ Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, incidente de  apelación del auto de procesamiento, Causa: 37177.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-30

1 - Corresponde confirmar la resolución que decretó el procesamiento del imputado sin prisión preventiva y mandó a trabar embargo sobre sus bienes porque de las constancias reunidas en la causa existen elementos suficientes para considerar acreditado, por el momento, la comisión del ilícito investigado (afiliación fraudulenta) y su participación en el mismo.- 2 - No resulta como argumento exculpatorio el hecho de que el promotor percibiera o no comisiones por la afiliación porque esto no es exigido para la configuración del delito previsto en el art. 135 de la ley 24241, como tampoco lo es la circunstancia de no haber podido determinar, hasta el momento, las grafías de la solicitud destinada al afiliado pues la intervención del imputado en el trámite del formulario se puede acreditar con el grado de certeza exigido para el momento del proceso así como el dolo requerido para la configuración del tipo penal contemplado en la mencionada norma.
Intervención de terceros, interpretación restrictiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Pelegrini y Cia. S.A. c/ Vicente, Claudio s/ Art. 250 del Cód. Proc.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-06

Cuando se trata de incorporar excepcionalmente a quien no es parte en sentido estricto, o de ampliar la litis dada la conveniencia de extender los efectos de la cosa juzgada a todos los interesados en una determinada relación o estado jurídico, la interpretación del instituto será de carácter restrictivo, admitiéndosela solo en circunstancias especiales en las que existe realmente un interés jurídico o legítimo que proteger.
Juez de circuito, Poder Judicial, jueces, Superior Tribunal de Justicia, competencia funcional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: D, R. O. s/ Lesiones graves. Recurso de inconstitucionalidad (Expte CSJ Nº   481-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-06-07

Al no contar el juez de paz departamental con acuerdo legislativo, de ningún modo puede sostenerse que la ley 10160, al transformarlo en juez de Circuito, haya podido substituir nada menos que la voluntad de la Asamblea Legislativa en el examen de las aptitudes personales. Por tanto, es descalificable la sentencia impugnada que, aunque implícitamente -al exigir antejuicio- considera que tiene tal acuerdo, desplazando la intervención exclusiva y excluyente de esta Corte en su natural integración subjetiva.
Derechos sociales, derechos y garantías constitucionales, principio protectorio, personas con necesidades especiales
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-06-10

Es una práctica condenable que el Estado, que es el principal garante de los derechos sociales (conf. art. 1, CADH y 2 del PIDESC), y del principio protectorio en materia laboral (art. 14 bis, CN), se valga de reglas constitucionales como la del concurso público (art. 43 CCBA) para no asumir su responsabilidad y vulnerar los derechos constitucionales de sus propios empleados, práctica que resulta mucho más grave cuando se trata de la protección especial que establece el art. 42 de la CCBA para las personas con necesidades especiales. (Voto de la Sra. Jueza Alicia E. C. Ruiz).
Ciudadanía, ciudadanía por naturalización
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MURZHA, Vyacheslau s/ Naturalización
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-08-21

Debe revocarse la sentencia por la cual se otorgó la ciudadanía argentina por naturalización por cuanto no se cumplió con el informe o certificado de buena conducta del país de origen de la peticionante, siendo un requisito acorde con la naturaleza del acto.
Contrato de trabajo, despido por falta o disminución de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Aguirre, Rosa Beatriz c/ Inmunolab SA s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-28

La demandada apela el decisorio de grado que hizo lugar a la demanda y rechazó el despido perpetrado por la empleadora con fundamento en el supuesto del art. 247 LCT. Según la empleadora el desenlace del vínculo se debió exclusivamente a la decisión de la ANMAT que, a partir de una inspección efectuada a su establecimiento, dispuso el decomiso de los productos "FARMA" y cierre del sector en el que trabajaba la demandante que se dedicaba a su fabricación y distribución. Dicha postura recursiva carece del andamiaje necesario para obtenerla revisión de la solución adoptada, ya no se invocó ninguna circunstancia acreditada en la causa que permita verificar que la situación que impidió la continuidad de la producción a la que estaba abocada la demandante no le resultó imputable como se requiere en el referido art. 247 LCT al que se recurrió para fundamentar el distracto. Debe recordarse además, el principio de la ajenidad del trabajador respecto al riesgo de la explotación como un lógico corolario al carecer del poder de dirección que la normativa aplicable reserva al empleador (arts. 65 y 66 LCT). Tampoco se oponen elementos de juicio que permitan tener por acreditado el respeto al orden de los despidos que también se exige en la norma precedentemente citada y que para la juez de grado resultó dirimente para decidir la suerte de la defensa. Corresponde confirmar la sentencia apelada.
Privatizaciones, propiedad participada
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Recurso de hecho deducido por la parte actora en la causa Ríos, César Domingo y otros c/ Estado Nacional Ministerio de Economía y otro s/ programas de propiedad participada
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-12-17

El fin tuitivo de la ley 23.696 se extiende solo a los beneficiarios enunciados en el artículo 22. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Legítima defensa, falta de provocación suficiente, sobreseimiento
Materia: PENAL
Carátula: CORREA, Cristian E.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-24

El reclamo del imputado ante el encargado de un local por encontrarse en malas condiciones el producto por él adquirido, descarta la provocación. Ello unido al ejercicio de su defensa con el mismo medio utilizado por su agresor, conducta necesaria para neutralizar el ataque de éste, permiten justificar su accionar y disponer el sobreseimiento (*).
Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-11


Causa nº 33.270 "Aguilar, Hugo Gabriel s/ procesamiento". Sala IV, Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción nº 30.

///nos Aires, 11 de febrero de 2008 AUTOS Y VISTOS:

Convoca la atención del Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Pablo César Aguilar, contra los puntos II y III del auto de fs. 81/86, por los que se dispuso su procesamiento en orden al delito de lesiones leves agravadas por el vínculo y se trabó embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de dos mil pesos ($ 2.000).- Y CONSIDERANDO:

Se reprocha al nombrado el hecho ocurrido el 11 de julio de 2007, aproximadamente a las 17:30, en el interior de la finca sita en avenida Castañares 1563 de esta ciudad, oportunidad en la que habría agredido físicamente a su madre Victoria Villavicencio Valdez, lesionándola.- Con el plexo cargoso incorporado en el sumario, la Sala entiende que corresponde homologar el interlocutorio impugnado, ya que la valoración de la prueba que practicó el magistrado de grado se ajusta a las constancias de la causa y acredita prima facie la responsabilidad penal del incusado en el hecho investigado.- En efecto, contamos con la firme imputación de la víctima quien en forma pormenorizada relató las circunstancias en que se desarrolló el hecho pesquisado (ver fs. 23/24 y 75/vta.).- Tal versión, encuentra sustento en los testimonios de Analía Romina y Juan Marcelo Aguilar - hermanos del encausado -, quienes refirieron haber observado al imputado agredir físicamente a su madre (ver fs. 1/vta. y 25/vta.).- Además, el informe del Cuerpo Médico Forense de fs. 40, corrobora en principio las lesiones sobre la mano que sufrió la damnificada.

Por ello, en contraposición a lo invocado por el recurrente y con el grado de provisoriedad que exige esta etapa, los suscriptos consideran que el cuadro acusatorio que pesa sobre Pablo César Aguilar resulta suficiente para avanzar en el proceso.- Por último, en cuanto al embargo, el tribunal entiende que la suma regulada en la instancia de origen es adecuada para garantizar mínimamente, en caso de condena, la pena pecuniaria, la posible indemnización civil y las costas (art. 518 del C.P.P.N.).- En consecuencia, sin perjuicio del avance de la investigación SE RESUELVE:

Confirmar los puntos II y III del auto de fs. 81/86 en todo cuanto fuera materia de estudio.-Devuélvase, practíquense las notificaciones en la instancia de origen y sirva lo proveído de muy atenta nota de envío.- Alberto Seijas, Mariano González Palazzo, Carlos Alberto González.

Ante mí: ARIEL VILAR, Prosecretario de Cámara.
Beneficio de litigar sin gastos, prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Ducar, Ana Susana s/ Beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-04-13

La circunstancia de haber sido planteada oposición al otorgamiento del beneficio solicitado, no releva al oponente de acreditar los hechos invocados sobre la situación económica del beneficiario, ya que tal oposición, no altera el orden de la carga probatoria de este incidente, al cual el legislador le ha asignado trámite contradictorio, es decir signado por la bilateralidad, pues frente al legítimo derecho de quien solicita la franquicia legal se ubica el de aquél contra quien se pretende hacerla valer, ambos de raigambre constitucional (art. 18 C.N.; 80, 81, 82 CPCC).
Acto administrativo, intendente
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: DÉCIMA JUAN ANTONIO c/ MUNICIPALIDAD DE TERMAS DE RÍO HONDO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN MONTESINOS, HUGO ORLANDO c/ MUNICIPALIDAD DE LAS TERMAS DE RIO HONDO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-04-22|2009-04-29

Tratándose la decisión recurrida de un acto emanado de la más alta autoridad de la Municipalidad demandada, el recurso de revocatoria resultaba facultativo para el actor. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Beneficios previsionales, jubilaciones, movilidad del haber jubilatorio, inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SAN JUAN LUISA JUSTINA c/ PROVINCIA DE TUCUMAN s/ INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2011-10-21

En numerosos precedentes este Tribunal ha confirmado la declaración de inconstitucionalidad de la Ley Nº 6.339 y del Decreto Nº 74/3 en tanto, al impedir el cómputo en el haber previsional del llamado "adicional no remunerativo no bonificable", conculcan el principio constitucional de movilidad jubilatoria (cfr. CSJT: 08/5/2001, "Monti Juan Carlos vs. IPSST s/ Contencioso administrativo", sentencia Nº 331 ; 18-5-2001, "Cardozo Virgilio vs. IPSST s/ Contencioso administrativo", sentencia Nº 357; 23-5-2001, "Didot Elsa Rina vs. IPSST s/ Contencioso administrativo", sentencia Nº 380 ; 10-9-2001, "Salmoiraghi Carlos César y otros vs. Provincia de Tucumán s/ Contencioso administrativo", sentencia Nº 722; 10-9-2001, "Bugeau de Aguilar María Eugenia vs. IPSST s/ Contencioso administrativo", sentencia Nº 723 ; 09-10-2001, "Díaz Grimbaldo Flavio y otro vs. IPSST s/ Contencioso Administrativo", sentencia Nº 843 ; 26-11-2001, "Vacaflor Iván Aníbal vs. IPSST s/ Contencioso administrativo"; 20-4-2006, "González Pedro José y otros vs. Provincia de Tucumán s/ Contencioso administrativo", sentencia Nº 345) .
Competencia por la materia, competencia laboral, Instituto de Obra Social del Ejército
Materia: PROCESAL - LABORAL
Carátula: PALETTA, JUAN c/ INSTITUTO OBRA SOCIAL DEL EJERCITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-27

El diseño del art. 20 de la ley 18345, que recepciona la doctrina del añejo fallo plenario Goldberg, Lucio c/Szapiro, Miguel contempla una hipótesis singular de competencia formal que impone reputar apto a este tribunal en todas aquellas causas, sea cual fuere la pretensión y la esencia del vínculo, en las cuales se alegue como fundamento la existencia de una relación laboral y se reclame la aplicación de nuestra disciplina. (Véase Amadeo Allocatti, Derecho Procesal Laboral en el Tratado de Derecho del Trabajo, dirigida por Mario Deveali, Tomo V, págs.214 y stes). (Del dictamen del Procurador General del Trabajo Nro.18.068 del 29.9.95)
INSTITUTO DE OBRA MÉDICO ASISTENCIAL, prestación de servicios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Trezza, Alicia Sara c/ Provincia de Buenos Aires (I.O.M.A.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-11-10

Las normas especiales aplicables a las faltas cometidas por los prestadores de servicios del IOMA, han consagrado un régimen de naturaleza disciplinaria que autoriza a aplicar por analogía las reglas que rigen a los agentes administrativos estatales, por tratarse de faltas que perjudican la prestación del servicio, cometidas por quien está unido a la Administración por una relación jurídica que sin ser de empleo público guarda con ella semejanza en punto a la sujeción disciplinaria. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Compraventa, boleto de compraventa
Materia: CIVIL
Carátula: MACRI DE FERNANDEZ, Marta c/ ECHEGARAY s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-17

En nuestro derecho, el boleto de compraventa es obligacional y no traslativo, creando, entre otras, la obligación de transferir el dominio, el que sólo queda transmitido al comprador con el cumplimiento de aquella obligación con los requisitos de título y modo. Luego, y como el título suficiente al que se refiere el art.

2602 del Código Civil debe constar en escritura pública, es insuficiente a tales efectos el mero instrumento privado.
Regulación de honorarios, resoluciones judiciales, falta de sustanciación, fallo plenario
Materia: PROCESAL
Carátula: Roviralta, Huberto. c/ Entelman, Pablo. s/ Ejecución hipotecaria.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-05-11

El pronunciamiento dictado por la ex Cámara Nacional de Apelaciones Especial en lo Civil y Comercial en autos "Riverto, M.

c/ González, A." el 30-11-78 que establece que los recursos interpuestos contra las regulaciones de honorarios deben resolverse sin ninguna sustanciación, no reúne las condiciones necesarias para ser considerado un fallo plenario, sino que se trata de una resolución tomada por el Tribunal en pleno, por lo que no es obligatorio en los términos del art. 303 del Código Procesal y los art. 5 de la ley 23.637.
Daños y perjuicios, derechos personalísimos, derecho a la intimidad, publicación de la sentencia, publicación de fotografía, libertad de expresión, libertad de prensa
Materia: CIVIL
Carátula: PEREZ ARRIAGA, Antonio c/ DIARIO CRONICA s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-18

Los medios de difusión masiva (gráfico, oral o televisivo) no pueden imprudentemente eludir las prescripciones establecidas en el art. 64 del Reglamento de la Justicia Nacional y 164 del Cód.

Procesal, publicitando, en los procesos de cuestiones de familia, los nombres de las partes intervinientes, salvo que así lo autorizara expresamente el Tribunal correspondiente, pues un proceder contrario a ello importaría la posibilidad de violentar derechos de neta raigambre constitucional que, como el de la intimidad, gozan de inequívoca protección fundamental (vgr. art.

19 de la C.N.).

La difusión de una noticia periodística con individualización de las partes en un proceso referente a cuestiones de familia, se produce -cuanto menos- por alguna negligencia del diario, lo cual explica su obligación indemnizatoria en los términos del art. 1109 del Cód. Civil, sin necesidad de acudirse a una concepción objetiva en la interpretación del art. 1071 bis de ese cuerpo legal.

Pretender que la libertad de prensa constituye siempre una causa de justificación de todo tipo de publicaciones, so pretexto del servicio de información pública, significa tanto como otorgarle a aquélla un bill de indemnidad que no puede aceptarse bajo pena de sacrificar otros valores, dignos de tutela legal.

En la cúspide de los derechos civiles se encuentra el derecho a la dignidad humana y sus derivados (libertad de conciencia, intimidad, defensa, honor, etc.) que no pueden ceder ante el derecho a la libertad de expresión, también de naturaleza constitucional, pero que no puede invocarse en desmedro del respeto que merece la privacidad de los ciudadanos.
Apreciación de la prueba, presunciones
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Muñoz Aguila Raúl Manuel s/ Robo  Reiterado  con  la  Modalidad del Delito Continuado en Grado de  Autor.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1992-12-03

Los indicios deben valorarse en conjunto, teniendo en cuenta su diversidad, correlación y concordancia, pues allí donde uno no alcanza a ser probatorio, una pluralidad concordante es concluyente.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, sentencia condenatoria, prueba, homicidio criminis causa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SANDOVAL, JOAQUIN ELOY c/  s/ HOMICIDIO CRIMINIS CAUSA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-12-20

Deben desestimarse los cuestionamientos dirigidos contra la valoración de la prueba por parte del A quo para confirmar el encuadre legal de homicidio criminis causa, toda vez que lo resuelto por los Judicantes se encuentra suficientemente fundado en las constancias de la causa y en las normas aplicables, ya que al considerar que el imputado conocía a la víctima desde antes del hecho, concluyó que éste mató en el sitio a la mujer por representar un obstáculo para el robo y un riesgo de develación de su identidad -a fin de cometer y consumar el atraco y evitar su ulterior señalamiento-, argumentos que, se compartan o no, en modo alguno logran ser descalificados por el recurrente desde la óptica constituc onal.
Segunda instancia, jurisdicción, partidos políticos, autoridades del partido
Materia: CONSTITUCIONAL - POLITICO - ELECTORAL
Carátula: Partido Conservador Popular - orden nacional - s/ inscripción.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-04

La cámara no excedió su jurisdicción al entrar a conocer no sólo acerca de la legitimidad de la convocatoria al comité nacional de un partido político, sino también con relación a la regularidad de la inclusión de un tema no enumerado en el "orden del día", cuando lo que se debatía en el proceso era la validez de la decisión adoptada, controversia que involucra inevitablemente las dos cuestiones.
Recurso de apelación (procesal), improcedencia del recurso, admisibilidad del recurso
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: V, O.E. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Artículo 41 Artículo 41
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-04-14

Más allá de no compartir el criterio del a quo en cuanto a que en nuestro procedimiento son apelables solamente las sentencias, es de destacar que pese a ello coincidiremos con aquél en la solución adoptada respecto del recurso de apelación, esto es, su rechazo, por considerar que la resolución del juez respecto del rechazo de la prueba ofrecida por las partes en la etapa procesal ofrecida no es pasible de ser apelada si, como en el caso, la repulsa se debe al incumplimiento de recaudos formales que tienden a establecer si las probanzas son o no pertinentes.-( cf.

Art. 356 CPPN, de aplicación supletoria).
Abuso sexual calificado por ultrajes a la víctima, concurso real, amenazas calificadas, auto de procesamiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: FERNANDEZ GAONA, Manuel. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-22

No se delinean los requisitos de configuración de la corrupción agravada, si el abuso sexual en el que incurrió el encausado no revela idoneidad para deformar la recta conducta sexual de la víctima, ello sin dejar de reparar en las eventuales consecuencias dañosas para el psiquismo de la menor.

El abuso sexual debe considerarse agravado, ponderado las edades de la víctima y del victimario, el amedrentamiento a que aquélla fue sometida antes y después del forzamiento y la entidad del episodio de innegable connotación sexual, el cual, si bien no habría consistido en un acceso carnal vía vaginal como la menor denuncia, exhorbita el mero tocamiento inverecundo pues incluyó aproximamiento sexual peneano con derrame seminal sobre el cuerpo de la niña.

La circunstancia de que la amenaza coactiva haya sido proferida mediante exhibición de arma o sin ella, si bien resultaría irrelevante, habida cuenta que la recalificación legal expresada impide que la situación procesal del encausado, por vía del instituto contracautelar, pueda variar, al no haber sido hallada arma alguna en el registro efectuado en el domicilio del encausado, se encuentra vedada la posibilidad de acreditar idoneidad al respecto y, por ende, convalidar la agravante establecida por el juez de instrucción.

Por tanto, corresponde confirmar la resolución, por la que se dispuso el procesamiento del imputado, en orden a los delitos que se recalifican constitutivos de abuso sexual gravemente ultrajante, en concurso real con amenaza coactiva .
Derecho a la salud, fundamentación de sentencias, defensa en juicio, facultades jurisdiccionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la Provincia de Río Negro (Hospital Francisco López Lima de General Roca y Ministerio de Salud de la Provincia de Río Negro) en la causa Padilla, Laura Rosario c/ Hospital de General Roca y otros s/ amparo - apelación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-11-12

En reclamaciones basadas en la tutela del derecho a la salud, no hay razones que justifiquen eximir ni mitigar el deber de fundar las sentencias que pesa sobre los tribunales de justicia de la República, pues es enteramente aplicable la exigencia arraigada en la Constitución Nacional y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos de que los fallos cuenten con argumentos consistentes y racionalmente sostenibles, al encontrarse comprometidas las garantías de defensa en juicio y de tutela judicial efectiva de las partes, además de que al expresarse las razones que el derecho suministra para la resolución de controversias se favorece la credibilidad de las decisiones tomadas por el Poder Judicial en el marco de una sociedad democrática. -El juez Rosatti, en disidencia, considero que el recurso era inadmisible (art. 280 CPCCN)-