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Código Procesal Penal de la Nación, prueba de ADN, extracción de sangre, deberes del juez, facultades del juez, razonabilidad tributaria, muestra capilar, derechos y garantías constitucionales, requisa personal, allanamiento domiciliario, información genética
Materia: PENAL
Carátula: Ricchiuti, Luis José y Hermann, Elida Renée s/ rec. de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-12-27

Con la incorporación del artículo 218 bis al Código Procesal Penal de la Nación queda expresamente consagrada la facultad judicial de proceder a la toma de muestras de ADN de cualquier persona con fines específicos, mediante auto fundado que justifique la necesidad, razonabilidad y proporcionalidad particular en el caso, pudiendo ordenar la obtención de ácido desoxirribonucleico -ADN-, del imputado u otra persona si fuere necesario para su identificación o la constatación de circunstancias relevantes para la investigación, expresando bajo pena de nulidad los motivos que la justifican, admitiéndose mínimas extracciones de sangre, saliva, piel, cabello u otras muestras biológicas en tanto no se afecte la integridad física de la persona sobre la que deba realizarse la medida y, si se opusiera a la inspección corporal, el juez podrá ordenar el secuestro de objetos útiles mediante el registro domiciliario o requisa personal.
Sentencia, fundamentación de sentencias, sana crítica racional
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: PALACIOS, CANDIDO DIONISIO s/ SENTENCIA - SANA CRITICA RACIONAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1957-08-22

Es decisiva la conclusión que influye de manera determinante en la condena.

No le falta motivación a la sentencia que descarta una prueba frente a otras por considerarla más verosímil, ya que el tribunal puede hacerlo por su facultad soberana de apreciar el valor y sentido de la prueba según su libre convicción.-
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, copias
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Saenz Valiente, Benjamín Benito s/ Expropiación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-12-07

Si bien el recurso de inaplicabilidad de ley ha sido presentado sin las copias exigidas por el último párrafo del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial, no correspondiendo dar vista o traslado del mismo ni conteniendo dicha norma similar sanción a la prevista en el art. 120 del código citado, constituiría un excesivo rigor formal hacer extensiva la misma al presente caso, mas aún que no se encuentra en la especie afectado el derecho de defensa y debido proceso de los peticionantes desde que, subsanada la omisión, pueden ejercer en tiempo oportuno la facultad que le otorga el art. 284 del Código Procesal Civil y Comercial. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Sentencia, principio de congruencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: TINELLI HORACIO S. c/ PODER EJECUTIVO s/ Ordinario (LIBRO: S075 - 216)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1986-10-03

"..." El principio de congruencia requiere que el Juez emita pronunciamiento, total o parcialmente, positivo o negativo, sobre todas las pretensiones formuladas por las partes y solo sobre ellas, respecto de sus limites cualitativos y cuantitativos".-
Contrato de garaje, robo de automotor, prueba
Materia: COMERCIAL
Carátula: CIA. ARG. DE SEGUROS VISION  S.A. c/ AUTO STAFF GARAJE s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-03-16

Tratándose de un contrato mensual de garaje, es difícil probar fehacientemente que el automóvil fue robado durante la guarda, pues no es habitual que el cliente reciba cada vez que ingresa el vehículo un ticket u otro instrumento similar que permita justificar aquel extremo. Por lo tanto, puede considerarse demostrado ese evento si existen pruebas indirectas e indicios que lo hacen verosímil (en el caso, se juzgó elemento de convicción relevante la declaración del garajista ante la policía dos días después del robo.

En la cual reconoció que el denunciante era cliente suyo, y que el día del hecho había contratado un nuevo encargado que desapareció sin dejar rastros).
Jueces, prejuzgamiento
Materia: PROCESAL
Carátula: C., A. J.,; L., R. A.; E., H. A.; E., D. A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- HOMICIDIO  CALIFICADO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 522 AÑO 2006)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2007-08-15

El prejuzgamiento consiste en revelar, con anticipación al momento de la sentencia, una declaración en forma precisa y fundada sobre el mérito del proceso, o bien que las expresiones permitan deducir la actuación futura de un magistrado por haber anticipado su criterio, de manera tal que las partes alcanzan el conocimiento de la solución que se dará al litigio por una vía que no es la prevista por la ley en garantía de los derechos comprometidos.
Derecho civil, vivienda familiar, protección de la vivienda, Poder Legislativo Nacional
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Razetto, Jorge Andrés  c/ Benedetti, Sara Silvina y otro  s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-07-03

Más allá de que se discuta si la Ley Provincial N° 9543, que prevé la inscripción de pleno derecho como bien de familia de la vivienda única, se encuentra o no derogada a raíz de la vigencia del CCC, o si la remisión de la norma provincial se entiende efectuada a las disposiciones que reemplazaron a la Ley 14.394, la propia CSJN censuró los avances de las legislaturas provinciales sobre aspectos relativos a la inembargabilidad de la vivienda única y familiar (Fallos: 325:428; 271:140; 327:1484). Temperamento, incluso adoptado por nuestra casación provincial (STJER, Expte. N° 5863).
Facultades del juez, prueba pericial, pericia médica, fallos del Superior Tribunal, apreciación de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: IDIARTE, GUSTAVO NELSON C/ HORIZONTE COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS GENERALES S.A. S/ ACCIDENTE DE TRABAJO (l) c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2020-08-31

Este Superior Tribunal tiene dicho que la pericial médica no es vinculante para el magistrado o la magistrada, pues "la incapacidad laboral, al igual que la relación de causalidad entre daño y trabajo, no son conceptos netamente médicos, sino también jurídicos, en los cuales interviene el criterio del sentenciante formado a la luz de todas las constancias de la causa" (cf. STJRNS3 Se. 81/97 "TECHINT"; Se. 121/08 "RAILAF"; Se. 89/17 "RODRIGUEZ"). (Voto del Dr. Barotto sin disidencia)
Subasta, saldo de precio, pago diferido
Materia: COMERCIAL
Carátula: CUERPO  PARA  LA  TRAMITACION  DEL  RECURSO  DE  APELACION  EN AUTOS: "INGENIEROS  ASOCIADOS  SOC.  ANON.  CONST. AGRIC. GANAD. FINANCIERA, COMERCIAL  E INDUSTRIAL - QUIEBRA PROPIA s/ QUIEBRA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-06-12

Es irrelevante que al ordenar el remate el tribunal no haya previsto el ajuste y que esa modalidad no haya sido anunciada a través de los edictos. Como la venta se realiza "al contado", está sobrentendida la condición de que el precio nominal subsiste sin alteraciones si el encante se aprueba inmediatamente, en el exiguo lapso previsto por la ley procesal (arts. 905 del C. de P.C.), y tras ello se verifica el pago. Pero esa implícita condición resulta eliminada cuando, por vicisitudes posteriores, el pago tiene lugar varios meses después del remate, pues en tal caso ya no hay venta al contado sino a plazo.
Caducidad de instancia, sentencia definitiva, ejecución de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: Gaviglio, Nélida Josefina y otros c/ A.N.Se.S. s/ incidente
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-11-07

La excepción que establece el art. 313, inc. 1) del C.P.C.C. en relación al instituto de la caducidad de instancia, tiene fundamento no en el hecho de que la instancia se extinga a raíz de adquirir carácter firme la sentencia definitiva, sino en la consideración de que ésta soluciona el conflicto que motivó la pretensión procesal y hace desaparecer, fundamentalmente, la inseguridad y la discordia provocadas por la indefinición de aquél (cfr. Palacio, "Derecho Procesal Civil", Tº IV, págs. 247/8). Por ello, el que ha obtenido a su favor ejecutoria, lo mismo en juicio ordinario que en el ejecutivo o en cualquier otro, puede instar lo concerniente a su ejecución y cumplimiento cuando lo crea oportuno, cualquiera sea el tiempo por el que hayan quedado sin curso las actuaciones, mientras la cosa juzgada no pierda su eficacia o fuerza ejecutiva conforme a las prescripciones del derecho civil (cfr. Loutayf Ranea - Ovejero López, "Caducidad de instancia", págs.. 205/6). En consecuencia, corresponde revocar la decisión del a quo que decretó la caducidad de la instancia de la ejecución de los honorarios -oportunamente regulados- promovida por el letrado. (Del dictamen Fiscal al que adhiera la Sala).
Proceso penal, instrucción, Ministerio Público
Materia: PENAL
Carátula: Incidente  de  nulidad  por  inconstitucionalidad  en autos: Fretes, Hernán Urso s/ Homicidio-art. 84 C.P. autos: Fretes, Hernán Urso s/ Homicidio-art. 84 C.P.
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2000-03-20

El inicio de la instrucción puede tener lugar a través de un requerimiento fiscal o de una comunicación o sumario prevencional; si el Fiscal no se expide a favor de la promoción de la investigación, la misma no puede llevarse a cabo oficiosamente (arts. 179, 172, 165 y 164 del C.P.P.), en igual sentido se legisló en el Código Nacional (arts. 195, 188, 181 y 180). En cambio en los procedimientos de las Provincias de Córdoba (arts. 204, 195, 184 y 364) y Corrientes (arts. 203, 194, 184 y 363), si el Juez no estuviere de acuerdo con el desistimiento solicitado por el Fiscal, remitirá las actuaciones al Fiscal de Cámara para que el mismo se expida al respecto; si lo ratifica, el Juez debe resolver en tal sentido; en caso contrario, se giran las actuaciones a otro Agente Fiscal para que requiera la pertinente promoción instructoria. Este análisis comparativo entre las distintas legislaciones nos demuestra, que por razones de política procesal, la actividad fiscal, en la etapa previa a la instrucción, en algunos casos resulta sometida a un control de legalidad (Córdoba y Corrientes), en tanto que no sucede lo mismo en los Códigos de los Estados mencionados en primer término. Pero si bien esta capacidad operativa del Fiscal aparece diferenciada en el inicio de la investigación, en las legislaciones indicadas, no sucede lo mismo en el momento de requerir la elevación de la Causa a Juicio (que es lo que nos interesa en este incidente), en cuya oportunidad, y en las legislaciones analizadas, la actuación Fiscal si se encuentra sometida al señalado control (aunque con matices diferenciados); así, mientras en Córdoba y Corrientes si el Juez no estuviere de acuerdo con el pedido fiscal de sobreseimiento, las actuaciones deben pasar al Fiscal de Cámara (igual en la promoción de la instrucción), para que decida en definitiva (arts. 364 y 363, respectivamente). En la Nación y en nuestra Provincia, tal control lo ejerce el órgano jurisdiccional; en la primera, la Cámara de apelaciones y entre nosotros el mismo Juez de Instrucción actuante (arts.. 348 y 315, respectivamente). Tal como se pone de resalto en el párrafo precedente, independientemente de la mecánica procesal adoptada en unos y otros rituales, lo trascendente reside en que el Agente Fiscal, en la etapa procesal que nos ocupa e interesa, no tiene potestad absoluta en cuanto a la continuación o no de una actuación procesal.
Defensa del consumidor, competencia, interpretación de la ley, ley procesal, tasa pasiva
Materia: COMERCIAL
Carátula: Padec Prevención Asesoramiento y Defensa del Consumidor c/ BNP-Paribas s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-02-12

La existencia en los contratos de caja de ahorro, de cláusulas que impongan costos de mantenimiento de cuenta que por su valor, puedan consumir no solo la tasa de interés que ofrece la entidad, sino también el capital depositado por el ahorrista, provoca la desnaturalización de la economía del contrato, desvirtúa la finalidad para el cual aquel ha sido concebido y afecta la capacidad de ahorro de los ciudadanos, de indudable interés general (CSJN, "PADEC c/ BankBoston NA s/ ordinario" del 14-3-17).
Educación pública, libertad de cultos, fiestas religiosas, identidad cultural, acción de inconstitucionalidad, rechazo de la demanda
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Asociación Civil Asamblea Permanente por los Derechos Humanos c/ Dirección General de Escuelas s/ acción de amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-08-23

Cabe rechazar la acción de amparo tendiente a que se declare la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de la resolución que prevé en las escuelas públicas la conmemoración del "Día del Patrón Santiago" y del "Día de la Virgen del Carmen de Cuyo", pues se halla descartado el carácter religioso de las conmemoraciones en el calendario escolar, el cual responde a las claras directivas que emanan de la Constitución de la Provincia de Mendoza que dispone que la educación será laica, gratuita y obligatoria, y de la ley 6970 de Educación Pública de la Provincia de Mendoza que reafirma el principio de laicidad de la educación pública en el ámbito provincial, las cuales, a su vez, guardan conformidad con las cláusulas de la Constitución Nacional referentes a la educación y al principio de neutralidad religiosa (Voto de los jueces Rosenkrantz y Maqueda).
Obligaciones del trabajador, buena fe, injuria laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Alexander, Sebastián Javier c/ International Health Services Argentina S.A. s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-02-13

La conducta asumida por el empleado profesional de la salud, quien al prestar asistencia médica en una emergencia tomo fotos al paciente y las subió a su página de facebook, configura una injuria laboral, siendo irrelevante la existencia del consentimiento del paciente de tomar las fotografías, que en ellas no se no se observe el nombre del paciente que podrían afectar su imagen, ni textos o imágenes que permitan individualizar la empresa donde se desempeñaba el profesional, pues en dicho momento se encontraba actuando profesionalmente e incumplió con sus deberes de trabajador, en particular de actuar con buena fe -arts. 62 y 63 de la Ley de Contrato de Trabajo-.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestión de derecho común, proceso penal, imputado, prisión preventiva, auto de falta de mérito
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL PENAL
Carátula: P, J L s/ LIBERTAD POR FALTA DE MERITO - QUEJA POR DENEGACION DEL  RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº 697-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-03-17

Las cuestiones interpretativas -por vía de principio- resultan materia extraña al recurso de inconstitucionalidad, puesto que se encuentran reservadas a los jueces de la causa salvo caso de arbitrariedad, vale decir, cuando si bien se emplea la norma pertinente, se la interpreta o aplica mal. En el sub-judice, el alcance atribuido por la Alzada a la normativa del artículo 308 en consonancia con la del 306 del Código Procesal (en el sentido que no correspondía habilitar la excepcional vía de la libertad por falta de mérito teniendo en cuenta la gravedad del delito cometido y la falta de certeza de que no existiera en el encartado el impulso de evadirse del cumplimiento de la penal, al margen del acierto o error en que pudo incurrir, es una pauta interpretativa que no puede ser tachada de inconstitucional.
Seguridad de la navegación, responsabilidad del práctico
Materia: NAVEGACION
Carátula: "Leguizamón Oscar R. c/ PNA -Disp. DPSJ JS1 Nº 112/99". s/ responsabilidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-09-30

La iniciación de la navegación por el práctico sin haber tenido autorización para hacerlo, implica de por sí una falta de prudencia en la dirección de la nave, que como tal crea riesgos en la navegación en el canal. No disculpa dicha falta la circunstancia de haber recibido con posterioridad la autorización y que la maniobra dispuesta no hubiera producido efecto dañoso alguno a la nave, a sus tripulantes o a terceros navíos.
Falsa denuncia, daño moral, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: Seco, Juan José c/ Moreno, Carlos Andres s/ Acción sumaria de daño moral
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1995-08-20

Debe confirmarse el fallo de primera instancia que desestimó la indemnización por daño moral intentada por quien fue sobreseído definitivamente en sede penal ante la denuncia de tentativa de estafa. En efecto, constituye falsa imputación para la ley civil que el denunciante no esté convencido o en plena conciencia de lo que denuncia; en autos el denunciante -demandado- tuvo antecedentes que lo justificaron, esto es que, a priori, y pesando sobre sí una acción ejecutiva con una orden de embargo sobre sus bienes cuya deuda él consideraba eximida -ante el depósito del capital debido al ejecutante en su cuenta corriente bancaria- circunstancia desconocida por éste, quien por ello inició la ejecución.
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Miranda, Gloria Ester c/ Micro Omnibus Sur Línea 160 S.A.C. y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-11-06

Los hechos ocurridos en la órbita contractual no quedan comprendidos en los títulos relativos a los actos ilícitos en orden a la responsabilidad que generan, con la sola excepción de que se revelen como delitos del derecho criminal.
Juegos de azar prohibidos, dolo, contravención continuada
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Ministerio Público -Defensoría en lo Contravencional y de Faltas n° 4 s/ recurso de inconstitucionalidad concedido en:  'Oniszczuk, Carlos Alberto y Vallejos, Patricia Teresa Itatí s/ ley n° 255 (F. Lacroze 3531) -apelación' de Faltas nº 4 s/ recurso de inconstitucionalidad concedido en:  'Oniszczuk, Carlos Alberto y Vallejos, Patricia Teresa Itatí s/ ley nº 255 (F. Lacroze 3531) -apelación'
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-24

El recurso de inconstitucionalidad debió contener una explicación suficiente acerca de cuáles constancias de la primera causa despejarían la controversia planteada acerca de cómo en dos procesos se examina un mismo hecho (homogeneidad de comisión y de dolo) o, visto desde otra perspectiva, se corre un doble riesgo por una única conducta. La apelación se aboca a criticar la separación que, entre uno y otro objeto procesal, hicieron los representantes del ministerio público fiscal y los jueces en una y otra causa. Esas críticas están apoyadas en una distinta interpretación de la ley nro. 255 con arreglo a la cual no cabe dividir la actividad desplegada hasta tanto la sentencia del primer proceso devenga firme. Cualquiera sea el acierto de esta interpretación, ella no suscita por sí sola la jurisdicción del Tribunal.
Alimentos, prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Pompei Alicia Laura c/ Mancini Gustavo y Lemus de Mancini Irene s/ Alimentos y litis expensas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-11-25

En virtud de lo dispuesto por el art. 640 del código ritual, el demandado en juicio de alimentos para demostrar la falta de título o derecho de quien reclama, así como la situación patrimonial propia o de la parte actora, sólo podía ofrecer prueba documental o informativa. A pesar de dicha restricción, se han admitido excepcionalmente otros medios probatorios si se advierte que con la aplicación rigurosa del precepto legal podría injustificadamente conculcarse el derecho de defensa y obstaculizarse el esclarecimiento de la verdad. (Minoría u opinión personal)
Seguros, caducidad, renuncia de derechos
Materia: COMERCIAL
Carátula: PATRIA  CIA.  DE SEGUROS GRALES. S/LIQUIDACION S/INC. DE REVISION POR VALLE, R. s/ INCIDENTE DE REVISION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-12

No cabe interpretar que haya existido renuncia a la caducidad si no median inequívocas actitudes incompatibles con la extinción del contrato. La renuncia no se presume y la hermenéutica en la materia es estricta.
Competencia federal, acción de amparo, Programa Médico Obligatorio
Materia: CIVIL
Carátula: SOSA RAMON LUIS c/ PROGRAMA FEDERAL DE SALUD PROFE DEPENDIENTE DEL MINISTERIO SALUD PUBLICA CORRIENTES s/ AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 2016-02-05

Resulta competente para entender en la causa -al cual debe remitirse- el Juzgado Federal en turno con asiento en la ciudad, ello en razón de que la acción de amparo fue dirigida contra un programa de naturaleza federal, e involucra disposiciones de la misma índole al estar en juego leyes nacionales como son las que corresponde al Programa Médico Obligatorio (PMO) -ley 23660-, y teniendo en cuenta el carácter de orden público de las reglas que regulan la competencia.
Interés superior del niño, Convención sobre los derechos del niño
Materia: CIVIL
Carátula: M., G. E. c/ S., M. A. s/ PRIVACION DE LA PATRIA POTESTAD s/ CASACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2015-04-13

A partir de la Convención sobre los Derechos del Niño, el interés superior del niño debe interpretarse como un principio garantista, (Conf. Solari, Néstor, Un principio con jerarquía constitucional: el interés superior del niño", en Revista de Derecho de Familia y de las Personas, La Ley, abril de 2010, p. 31) en virtud del cual el Juez valorará en cada caso, de acuerdo a las circunstancias particulares -inevitables, por cierto-, pero teniendo en cuenta y como eje fundamental, los derechos y garantías en juego, de tal forma que el interés superior del niño será la máxima satisfacción de los derechos posibles -en el caso concreto-, consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño, y no la expresión deliberada y libre del intérprete.

En otros términos, la voluntad y el querer subjetivo de un "buen padre de familia" -loable por cierto-, deben ser reemplazados por los derechos y garantías consagrados en las leyes.

Puede advertirse, con ello, que el principio así concebido, tiene alcance y contenido preciso porque no hay una interpretación libre y abierta, sino cumplimiento y efectivización de los derechos consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño.

Esta es la interpretación que debe propiciarse en el reconocimiento de la calidad de sujeto del niño y como titular de derechos, no obstante su condición de incapaz. (Voto de la Dra. Zaratiegui sin disidencia)
Recurso de revisión (procesal), competencia originaria, competencia del Superior Tribunal de Justicia
Materia: PROCESAL
Carátula: A., J. c/ ASOCIACION FRUTICULTORES AUTENTICOS S.R.L. s/ ORDINARIO s/COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-05-17

El órgano jurisdiccional para conocer y resolver en la presentación es el S.T.J. por imperio de esa norma constitucional - art. 207 inc. 2) ap. c)- y del inc. 1), apartado 3) del art. 41 de la Ley Orgánica.- El instituto ha de ejercitarse con racionalidad, acreditación objetiva y palmaria de sus extremos, solvencia con estricto y profundo ajuste al derecho, seriedad y prudencia, evitando cualquier uso indebido o abusivo para que el órgano jurisdiccional que está llamado a conocer pueda ponderar y decidir acabadamente con preservación sustantiva y formal del estado de derecho en función de la verdad real, la seguridad jurídica y el valor "justicia".
Recurso extraordinario, derechos y garantías constitucionales, interpretación de la constitución
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Vizzoti, Carlos c/ AMSA S.A. s/ Despido
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-09-14

La Constitución Nacional asume el carácter de una norma jurídica que, en cuanto reconoce derechos, lo hace para que éstos resulten efectivos y no ilusorios, sobre todo cuando se encuentra en debate un derecho humano.