Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2008-02-26


C A S A C I Ó N 88/2008	En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Veintiséis (26) de Febrero de dos mil ocho, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, René Mario Goane y Antonio Daniel Estofán, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por el letrado Orlando Stoyanoff Isas, por el actor y por derecho propio, en autos: "Bennasar, Guillermo Emilio vs. Asociación Civil Col Salud s/ Cobro de pesos". Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Antonio Daniel Estofán, René Mario Goane y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, dijo:

1.- Contra la sentencia dictada por la Sala IVª de la Excma. Cámara del Trabajo en fecha 17 de octubre de 2006 (fs. 1198/1205 vta.), el letrado Orlando Stoyanoff Isas, por el actor y por derecho propio, dedujo recurso de casación, que fue concedido por dicho tribunal mediante resolución del 08 de agosto de 2007 (fs. 1275). Consta en informe actuarial de fs. 1284 que únicamente la parte demandada ha presentado el memorial del art. 137 CPL.

2.- En lo que resulta pertinente para el tratamiento del recurso intentado, el fallo impugnado consideró que el despido discriminatorio pretendido por el actor no fue debidamente acreditado, reflexionando además que difícilmente sería posible que se efectivice la reincorporación al empleo pretendida por el mismo, atento al grado de incapacidad laboral del 70% que resulta acreditado en autos. De otra parte, dispuso que no procede la indemnización del art. 212 4° párrafo de la LCT, ya que la incapacidad del 70% que se le reconoció al actor fue determinada a posteriori del distracto, y la misma no fue comunicada a la demandada. La sentencia admitió la reparación del daño moral reclamado en la ampliación de demanda, aunque en una cantidad inferior a la pretendida. Al momento de declarar la procedencia de este rubro, el tribunal consideró que el mismo procede cuando se está en presencia de un despido injustificado, y se ha demostrado la existencia de efectos perjudiciales para la salud derivados de tal decisión patronal. Con respecto al distracto, la Cámara consideró que el despido directo dispuesto en fecha 31/8/2001 no respetó el orden de antigüedad exigido por el art. 247 LCT, situación que torna al mismo en injustificado. Sobre esta base, la sentencia resolvió hacer lugar a la demanda por la suma de $29.597,07 en concepto de indemnización art. 245 LCT, preaviso omitido, vacaciones proporcionales 2001 y más daño moral en una suma inferior a la reclamada; y rechazó el reclamo efectuado en concepto de indemnización art. 212, 4to. párrafo LCT, la reincorporación al empleo pretendida por considerar al despido discriminatorio, y en su mayor parte lo peticionado por daño moral. En cuanto a la condena en costas, la Cámara dispuso que el apoderado del actor cargara con el 80% de las costas propias de éste, por haber actuado con "impericia, negligencia o mala fe" (art. 114 CPCC), y que la demandada afrontara el 20% restante, con más el 100% de las generadas por ella. 3.- El recurrente denuncia que el pronunciamiento presenta una total orfandad de conceptos y consideraciones jurídicas, que hay una carencia de precedentes jurisprudenciales que sustenten la decisión, y que adolece de severas contradicciones. Sostiene que la sentencia incurre en un error de método que conduce a una conclusión equivocada, pues en oportunidad de analizar cuestiones atinentes a la enfermedad e incapacidad del actor, el fallo avanza sobre aspectos que tienen que ver con si el despido fue o no discriminatorio, lo que lo lleva a apartarse de las pruebas colectadas en la causa. Afirma que en autos se encuentra probada la enfermedad que padece el actor, la comunicación de la misma al presidente de Col Salud, y el grado de incapacidad total y permanente del 70% que sufre el actor como consecuencia de dicha enfermedad, señalando cuáles son las distintas pruebas que avalan estos hechos. Seguidamente el actor refiere al carácter discriminatorio de su despido; en tal orden destaca que el mismo fue dispuesto bajo una causal ilegítima, y que se produjo apenas quince días después de que su parte solicitara la incorporación de una medicación específica a su plan de prestaciones médicas, sin que la inmediatez temporal con que ocurrieron ambos sucesos, fuera objeto de ponderación por parte del fallo. Interpreta que los verdaderos motivos que llevaron a la demandada a proceder en el modo indicado, fueron ajenos a la pretendida crisis, ya que era conocido para Col Salud que el sostenimiento de la enfermedad que se había declarado en Bennasar, significaría una erogación patrimonial mayor a la que estaba en posición de efectuar, explayándose luego sobre la mala fe con que actuó la demandada y a la ausencia de ponderación de esta actitud ilegítima por parte de la sentencia. Concluye que en el caso se ha transgredido el derecho del trabajador a no ser discriminado por cuestiones vinculadas a su salud, por lo que tal situación autoriza al actor a reclamar la nulidad del acto rescisorio en los términos de la ley 23.592, siendo procedente la reincorporación del actor y las demás indemnizaciones reclamadas por este motivo. En lo que titula cuarto agravio, el recurrente disiente con las razones esgrimidas por la Cámara para declarar improcedente la indemnización del art. 212, 4to. párrafo, de la LCT, limitándose a señalar que el análisis efectuado sobre esta pretensión es pendular, y que conlleva una resolución caprichosa sobre el tema. En este punto también cuestiona que no se haya hecho mérito de la relación de causalidad que media entre el despido ilegítimo y los daños y perjuicios que se verificaron en la salud del actor. Señala que tal nexo de causalidad surge claro en la forma insólita en que fue receptado el rubro daño moral, pese a que el mismo estaba fundado en un despido discriminatorio. Afirma que, no obstante ello, la Cámara pretende vanamente desvincular un hecho (el despido) con la incapacidad sobreviniente. A continuación impugna la valoración de la prueba efectuada por el fallo, pues mientras su parte ha desarrollado una actividad dinámica y exhaustiva tendiente a probar todos y cada uno de los hechos invocados, la contraria no ha participado en el estadio procesal probatorio, no obstante lo cual esta conducta no fue valorada por la Cámara al momento de dictar sentencia. Impugna el modo, forma y alcances con que fue receptado el rubro daño moral, ya que la falta de valoración suficiente al respecto y la desvinculación del mismo con relación al despido discriminatorio, conforme fuera propiciado en la demanda, desnaturaliza el valor que presenta la recepción de dicho rubro. Discrepa también con la adhesión complaciente y automática que realiza la vocal de Cámara en relación al voto del vocal preopinante, en tanto interpreta que tal proceder invalida y tergiversa la naturaleza misma del Tribunal colegiado. Finalmente, el letrado apoderado de la actora se agravia de que la sentencia haya impuesto casi la totalidad de las costas a cargo suyo. Entiende que la valoración que pareciera insinuarse en el pronunciamiento, está dada por la alusión al progreso ínfimo de la demanda que se verificaría en autos, advirtiendo que la sentencia adolece en este punto de la necesaria y suficiente claridad que permita establecer bajo qué parámetros se puede colegir que una demanda ha tenido un progreso ínfimo. Añade que respecto de la calificación de su conducta, la sentencia no permite a su parte conocer si ha actuado con "impericia", con "negligencia" o con "mala fe", ya que el pronunciamiento alude a los tres términos simultáneamente. Por otra parte, puntualiza que el fallo carece de motivación al no ha justificado cuáles son las circunstancias que motivaron imponerle las costas al letrado en los términos del art. 114 CPCC.

4.- En orden al análisis de admisibilidad de la casación que le compete efectuar a esta Corte, cabe puntualizar que el recurso ha sido deducido tempestivamente (art. 132 CPL), se dirige en contra de un pronunciamiento definitivo (art. 130 CPL), y no es exigible el afianzamiento de ley, por ser la parte actora y su letrado apoderado quienes recurren (art. 133 CPL). El análisis del motivo y suficiencia de los planteos efectuados será examinado diferenciadamente, según se trate de los planteos efectuados por la parte actora o por su letrado apoderado por derecho propio.

5.1- Del contenido de los agravios esgrimidos en casación por la parte actora, se desprende que los mismos se dirigen a cuestionar la valoración de los hechos y pruebas de la causa, en mérito a los cuales la Cámara concluyó que el despido producido en autos no es discriminatorio. Tales agravios desbordan el ámbito de admisibilidad previsto para la vía impugnativa intentada, atento a que la misma ha sido establecida únicamente para aquellos casos en los que concurre alguno de los motivos previstos por el art. 131 CPL, y no para revisar la selección y valoración de las pruebas efectuada por los Tribunales de mérito. En el caso, considero que tampoco se ha configurado el excepcional supuesto de arbitrariedad de sentencia, que habilitaría a tener por superada la ausencia de motivo legal precedentemente señalada. En efecto, la sentencia determinó que el despido del Dr. Bennasar no fue discriminatorio, para lo cual refirió a diversas circunstancias que permitirían inferir el verdadero convencimiento de la demandada sobre la legitimidad de la causal de despido invocada, lo que permite razonablemente descartar la existencia de un acto discriminatorio de dicha parte al momento de prescindir de los servicios del actor. En concreta relación a ello, no cabe perder de vista que el despido directo de fecha 31/8/2001 se fundó en "causas de fuerza mayor y económicas, que devienen en una disminución de trabajo (...), que producen una disminución de ingresos y una necesaria reorganización administrativa y de fuerzas laborales a disposición de la institución". Con esta óptica, al valorar si el despido fue o no discriminatorio, el Tribunal tuvo especialmente en cuenta que la empleadora Col Salud realizó los trámites ante la Dirección de Trabajo relativos a su estado de crisis económica, que obtuvo la pertinente autorización de la autoridad administrativa, que experimentó una sensible disminución de su planta de empleados y de sus ingresos por prestaciones entre 1998 y el mes en que se dispuso el despido, que la situación económica de la entidad era crítica a la época del despido del actor, y que a partir de ese período se comenzaron a producir los despidos del personal de la empresa. Tales circunstancias se proyectan sobre la existencia de motivos verdaderamente reales y atendibles tenidos en cuenta por el empleador al disponer el despido, sin perjuicio de que a la postre, tal despido fuera declarado injustificado en la instancia judicial, por un motivo ajeno a la crítica situación económica por la que atravesaba la empresa, tal como es el no haberse observado el orden de antigüedad que exige el art. 247 LCT. De allí que al decidir el carácter no discriminatorio del despido, la sentencia contiene fundamentos suficientes y razonados que avalan lo resuelto, y la crítica efectuada en casación sólo trasunta una mera discrepancia del recurrente con la valoración de los hechos y pruebas de la causa, lo que no alcanza para demostrar arbitrariedad. Al respecto, esta Corte local, en numerosos precedentes, ha expresado que la doctrina de la arbitrariedad no ha sido concebida para corregir sentencias que el recurrente estime equivocadas según su criterio, sino que atiende sólo a supuestos de gravedad extrema en los que se verifica un apartamiento palmario de la solución prevista por la ley, o una absoluta carencia de fundamentación, como así también las que se sustentan en un razonamiento argumentativo que se aparta de las reglas de la sana crítica judicial (cfrme. CSJTuc., in re "Erpen, Jorge Néstor vs. Manufactura Algodonera Argentina S.A. s/ indemnización por despido", del 29/12/93; "González, Luis Emilio vs. Establecimiento Tucumano de Aberturas SAIC s/ cobro de indemnización", sentencia del 23/12/93; "Banco Roberts S.A. vs. Julio Jesús Zelarayán y otro s/ embargo preventivo y cobro ejecutivo de australes", sentencia N° 462 del 12/6/97, entre otras). Cabe concluir entonces que no luce arbitraria la conclusión a la que arriba el Tribunal de mérito, relativa al carácter no discriminatorio del despido producido en autos, como así también resulta justificado el rechazo de todos los reclamos fundados en dicha premisa, tales como la reincorporación al trabajo y el daño moral. Más allá de lo señalado, y en concreta relación a la petición de reincorporación efectuada por el actor, se advierte que el recurso no rebate suficientemente lo sostenido por la sentencia, acerca de la dificultad que tendría el actor en reincorporarse efectivamente a su trabajo atento al grado de incapacidad laboral del 70% que resulta de las pruebas merituadas. Consecuentemente, el carácter fáctico de la cuestión examinada en este punto y la insuficiencia del vicio de arbitrariedad de sentencia denunciado, determinan la inadmisibilidad del recurso.

5.2.- Por otro lado, el recurso tampoco logra revertir la decisión adoptada por la Cámara en cuanto declara improcedente la indemnización del art. 212 cuarto párrafo LCT. En tal orden, no cabe perder de vista que dicha indemnización no resulta acumulable con la indemnización por despido (art. 245 LCT), ya que ambos conceptos reconocen una causa idéntica, en tanto lo que se resarce es el distracto. En concreta relación a ello, esta Corte tiene dicho que, conforme pacífica doctrina y jurisprudencia sobre el tema, la indemnización prevista en el cuarto párrafo del art. 212 LCT, no es en esencia diferente a la indemnización prevista en el art. 245 de LCT, por lo que resulta improcedente la acumulación de las dos indemnizaciones, ya que ambas se basan en igual causa, como es la pérdida del empleo (cfrme. CSJTuc., sentencia N° 45 del 27/02/2007). A la luz de lo considerado, teniendo en cuenta que en autos existe un pronunciamiento judicial que le reconoce al actor el derecho al cobro de la indemnización del art. 245 LCT, resulta inoficioso abordar el tratamiento de los agravios dirigidos a cuestionar el rechazo de la indemnización del art. 212, cuarto párrafo, de la LCT, atento a la imposibilidad de acumulación precedentemente señalada.

5.3.- En cuanto al rubro daño moral, se advierte que el mismo fue concedido por la sentencia, con fundamento en que existió un despido injustificado por parte de la demandada y que dicho despido produjo efectos perjudiciales para la salud del actor. Vale decir que -contrariamente a lo sostenido por el recurrente- el pronunciamiento impugnado sí hizo mérito de la causalidad que media entre el despido y el daño que el mismo produjo al actor. La crítica relativa a que la valoración efectuada sobre este punto se desvincula del despido discriminatorio conforme fuera peticionado en la demanda, no alcanza para descalificar al fallo, toda vez que las argumentaciones realizadas en casación se desentienden de lo decidido por la sentencia. En efecto, los planteos del recurrente prescinden de la circunstancia de que la Cámara se pronunció por el carácter no discriminatorio del despido, situación que -por otro lado- tampoco ha variado en esta instancia de acuerdo a lo considerado en el punto 5.1 de este fallo, todo lo cual impide abordar el tratamiento del reclamo por daño moral sobre la base de la existencia de un despido discriminatorio tal como lo pretende el actor. Debe señalarse, además, que el rubro daño moral fue reconocido por un equivalente al 30% del monto total de los rubros efectivamente receptados en esta litis, y sobre este punto el actor se limita a manifestar su disconformidad con el alcance con que fue receptado el mismo, sin que exista una crítica fundada y razonada que se dirija a desvirtuar el quantum por el que el mismo prospera, materia que por otro lado es de carácter fáctico y resulta en principio irrevisable en casación. Consecuentemente, los planteos examinados resultan insuficientes para revertir la decisión adoptada por el pronunciamiento, por lo que el recurso deviene inadmisible también en este punto (art. 132 incs. a y b CPL).

5.4.- Finalmente, se advierte que la voluntad del órgano colegiado se encuentra debidamente expresada en el pronunciamiento, sin que la mera adhesión al voto del Sr. Vocal preopinante expresada por la Sra. Vocal opinante en segundo término, resulte un motivo atendible para invalidar el fallo tal como lo pretende el actor.

6.- Corresponde examinar separadamente en este considerando, el denominado "sexto agravio" incorporado en el memorial casatorio, que atiende a la situación del letrado apoderado de la parte actora. La sentencia hizo cargar a este letrado con el pago del 80% de las costas propias de su representado, atento al progreso ínfimo de la demanda y teniendo en cuenta su actuación con "impericia, negligencia o mala fe" (art. 114 CPCC). La demandada debió hacerse cargo del 20% restante de las costas generadas por el actor y del 100% de las propias. En el memorial casatorio el letrado Stoyanoff Isas cuestiona lo sostenido por la sentencia, acerca de que la demanda ha tenido un progreso ínfimo, lo cual nos remite a determinar previamente cuál es el monto demandado en autos. Para dar una respuesta a este interrogante, la cuestión pasa por establecer de qué modo debe ser tomada la suma reclamada en la ampliación de demanda, en concepto de daño moral. A fin de dilucidar la cuestión propuesta, corresponde partir de la base de que hay que distinguir la clase de daños que pueden ser invocados (patrimonial y extrapatrimonial) y los rubros integrativos de cada categoría. La diferenciación apuntada permite señalar criterios diversos en orden a la acreditación de su existencia, a la carga probatoria impuesta a las partes, como así también a las consecuencias derivadas de su inobservancia y al rol del juez en la admisión del rubro y en la determinación de su cuantía. En lo que aquí interesa resaltar, cabe tener en cuenta que cuando se acciona por el resarcimiento de un daño moral (daño extrapatrimonial), hay que partir de la base de que el objeto de la reparación no es un bien con equivalencia dineraria en el mercado, sino un daño de carácter subjetivo que hace a la persona y que es siempre estimativo. De ello se colige que la suma que se reclama en la demanda en concepto de daño moral, es meramente estimativa y provisoria, y su determinación definitiva está condicionada a lo que resulte de los antecedentes y pruebas colectadas, y al prudente arbitrio judicial. En concreta referencia al daño moral, esta Corte tiene dicho que "este tipo de daños recae sobre un sujeto trascendente, que impide asimilar la cuestión al supuesto de un daño sobre una cosa o un valor con equivalencia dineraria en el mercado, y que otorga entonces un carácter estimativo y provisorio al importe de la demanda, el que queda sujeto a la prueba "en más o en menos", y con los antecedentes que se reúnan, librado a la prudencia de los jueces conforme a las normas del Código Civil" (CSJTuc., sentencia N° 232 del 12/4/1996, in re "Barrionuevo Pedro Luis y otros vs. Cervecería de Cuyo y Norte Argentino S.A. s/ honorarios"). De las consideraciones precedentes se infiere que al momento de determinar la calidad de vencido, o en su caso la existencia de vencimientos recíprocos, los jueces deben merituar la naturaleza de los daños invocados y sus rubros integrativos, el carácter de la estimación practicada y la procedencia o improcedencia de la pretensión esgrimida. La valoración de dichos extremos permite determinar el éxito o el fracaso de la posición asumida por las partes y su incidencia en el resultado final del pleito (cfrme. CSJTuc., sentencia N° 296 del 12/5/2004). Según surge de la planilla de liquidación acompañada con el escrito de demanda (fs. 55), en autos el actor reclamó el pago de un total de $25.119,76 por diversos conceptos de naturaleza laboral. En la ampliación de demanda (fs. 245/255), el actor demandó además el pago de una indemnización por daño moral, estimándola en la suma de $125.000, la cual fue admitida en la sentencia fijándola en la suma de $4.118,33. De acuerdo con el criterio anteriormente expuesto, para establecer cuál es el monto de la demanda, debemos tomar el monto fijado por la sentencia en concepto de indemnización por daño moral (es decir los $4.118,33 y no los $125.000 estimados por el actor), adicionándole las sumas reclamadas en la demanda por los restantes conceptos. Consecuentemente, tenemos que el monto del juicio en el presente caso asciende a la suma de $29.238,09. Establecida cuál es la suma reclamada en autos, y teniendo en cuenta que la demanda finalmente prosperó por un total de $17.846,09 en concepto de capital, cabe concluir que la demanda progresó aproximadamente por un 60% del total reclamado. Tal situación, que ha sido desatendida por la sentencia recurrida en casación, se proyecta en una doble dirección: a) En primer lugar, resulta errado sostener que existió un progreso ínfimo de la acción, tal como lo considera la sentencia al imponer las costas. Ello, sumado a la ausencia de fundamentos suficientes en el fallo que evidencien la actuación del letrado con 'impericia, negligencia o mala fe', obsta a la aplicación del art. 114 CPCC y determina que se deba efectuar una nueva imposición de las costas del proceso; b) En segundo lugar, no corresponde que la base para la regulación de honorarios sea determinada de acuerdo con las pautas establecidas en el art. 50 inc. b del CPL, tal como lo considera el fallo recurrido, pues la demanda prosperó por una suma superior al 50% de lo reclamado, y por lo tanto una nueva regulación de honorarios debe ser efectuada tomando como base la suma que resulta de la sentencia (art. 50 inc. a CPL). Por tales motivos, corresponde que la sentencia impugnada sea dejada sin efecto en los puntos III y IV resolutivos, debiéndose proceder a distribuir las costas del proceso del siguiente modo: el demandado deberá soportar las propias y el 60% de las correspondientes al actor, y éste cargará con el 40% restante de las propias (arts. 49 CPL y 109 CPCC). En cuanto a la regulación de honorarios, la misma deberá ser efectuada oportunamente por el Tribunal de grado, en base a las pautas fijadas precedentemente, una vez firme la presente sentencia. En mérito a lo expuesto, corresponde CASAR parcialmente la sentencia en recurso, dejándola sin efecto en sus puntos III y IV resolutivos, conforme a la siguiente doctrina legal: "La imposición de las costas y la determinación de la base regulatoria de los honorarios deben efectuarse teniendo en cuenta la suma que por daño moral fija la sentencia y no la que se estimó por este concepto en el escrito de demanda, dada la naturaleza del perjuicio invocado", disponiéndose sustitutivamente lo siguiente: "III.- Existiendo vencimientos recíprocos, las costas del proceso deberán ser afrontadas del siguiente modo: el demandado deberá soportar las propias y el 60% de las correspondientes al actor, y éste cargará con el 40% restante de las propias (arts. 49 CPL y 109 CPCC). IV.- Diferir regulación de honorarios para su oportunidad". 7.- Las costas del recurso deberán ser soportadas del siguiente modo: las correspondientes al recurso del actor deberán ser soportadas íntegramente por éste al haber resultado vencido (arts. 49 CPL y 106 CPCC), y las del recurso presentado por su letrado apoderado deberán ser soportadas por el orden causado, por no ser imputable a las partes el vicio que ocasiona la nulidad del fallo (arts. 49 CPL y 106 inc. 1° CPCC).

Los señores vocales doctores René Mario Goane y Antonio Gandur, dijeron: Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor Antonio Daniel Estofán, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- DECLARAR INADMISIBLE, y por ende mal concedido, el recurso de casación deducido por la parte actora, en contra de la sentencia dictada por la Sala IVª de la Excma. Cámara del Trabajo en fecha 17/10/2006, conforme a lo considerado en los puntos 5 a 5.4. II.- HACER LUGAR al recurso de casación deducido por el letrado apoderado de la actora, en contra de la sentencia dictada por la Sala IVª de la Excma. Cámara del Trabajo en fecha 17/10/2006, y en consecuencia CASAR parcialmente la misma (puntos III y IV resolutivos) conforme a la doctrina legal sentada en los considerandos, disponiéndose sustitutivamente lo siguiente: "III.- Existiendo vencimientos recíprocos, las costas del proceso deberán ser afrontadas del siguiente modo: el demandado deberá soportar las propias y el 60% de las correspondientes al actor, y éste cargará con el 40% restante de las propias (arts. 49 CPL y 106 inc. 1° CPCC). IV.- Diferir regulación de honorarios para su oportunidad". III.- COSTAS, conforme a lo considerado. IV.- DIFERIR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad. HÁGASE SABER.

ANTONIO GANDUR - RENÉ MARIO GOANE - ANTONIO DANIEL ESTOFÁN.

ANTE MÍ: MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA