marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Facultades reglamentarias, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Sportfila  S.A.  y otro c/ Estado Nacional (PEN.) s/ acción meramente declarativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-03

En el poder reglamentario del Estado tienen cabida las restricciones a los derechos constitucionales cuando son impuestos en protección de los intereses generales y permanentes de la colectividad.
Derecho penal, intimidación pública, delitos, competencia criminal y correccional, incidentes
Materia: PROCESAL
Carátula: N. N. c/  s/ Intimidación publica s/ conflicto de competencia  I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-16

Corresponde que el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional sea el que intervenga en las presentes actuaciones en tanto el delito previsto en el artículo art. 211 del Código Penal no fue transferido a la justicia local y se verifican, prima facie, los elementos objetivos y subjetivos de tal delito, desde que el autor logró causar la alarma prevista en el tipo. Surge de las actuaciones que la institución debió ser evacuada a efectos de corroborar la existencia de los artefactos explosivos en pos de verificar la existencia del peligro. (Del voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz, por remisión al dictamen fiscal).
Daños y perjuicios, gastos de traslado
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: López, Juan Carlos c/ Mainero, Juan Lucas s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-03-01

En relación a los gastos de traslado, cabe afirmar que resulta procedente presumir la necesidad de incurrir en este tipo de erogaciones, aún cuando los impedimentos físicos de la víctima se localicen en los miembros superiores, pues no cabe dudar acerca de las limitaciones que ello produce, y los riesgos que implica la utilización de transportes públicos en tales condiciones.
Plazos procesales, notificación por nota, memorial
Materia: LABORAL - PROCESAL
Carátula: HERBON, Juan c/ FODERAMI SA s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-12

La circunstancia de haberse dejado nota en el libro de asistencia no es interruptiva ni suspensiva de términos, sino que únicamente obsta para que se verifique la notificación por ministerio de la ley, los días que el expediente no se encuentra a la vista (Cfr.

arts. 48 de la L.O. y 133 del CPCCN; cfr. esta Sala sent. int. 15677 del 19/8/91 "Morán, Augusto C/ Graneles Portuarios SA" y sus citas).

(Del voto del Dr. Lescano, en mayoría).
Medidas cautelares, arraigo, cauciones, monto de la caución, honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: ELI  LILLY  AND  COMPANY  Y OTRO c/ LABORATORIOS PHOENIX SAICF s/ CESE DE USO DE PATENTES.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-26

No es posible establecer de antemano el grado de complejidad que habrá de presentar un caso a los fines de su resolución y, por consiguiente, la extensión y entidad de la labor profesional que demandará a los letrados que intervengan en él, máxime cuando aún se ignora los términos en que quedará trabada la litis (esta Sala, causas 6.179/98 del 4.10.00, 4.645/99 del 28.8.01 y 5.976/00 del 29.8.02). El monto de la caución debe ser suficiente para cubrir los gastos y honorarios cuyo pago tendría que soportar la actora en caso de que el resultado del pleito le fuera adverso (esta Sala, 5.443/97 del 3.12.98 -y sus citas-) de modo que es irrelevante la caución depositada en las actuaciones cautelares indicadas por aquélla, toda vez que tiene por objeto una finalidad distinta a la del arraigo en cuestión (conf. art. 199 del CPCCN y art. 50, inc. 3°, del ADPIC).
Aclaratoria (procesal), suspensión del plazo, recurso de apelación (procesal), improcedencia del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: GARLAN, Jorge Andrés. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-31

Aun cuando el querellante solicitó una aclaratoria previo a deducir la apelación, su interposición suspende el plazo para interponer el mentado recurso, no lo interrumpe.

Por ello, y dado que una vez resuelta y notificada la aclaratoria, el término no empezó a correr nuevamente, sino que continuó el transcurrido hasta el momento previo a su interposición, no debe hacerse lugar al recurso de queja interpuesto por la querella.
Jubilaciones, movilidad del haber jubilatorio, trabajador
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Moll Jaime Rafael c/ Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba s/ Plena Jurisdiccion  - Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2001-10-30

Sólo inicialmente el haber equivaldrá exactamente al porcentaje asignado en función del cargo desempeñado, efectuándose los reajustes por movilidad en base a índices sectoriales ponderados, generándose el derecho a su percepción a partir del primero del mes siguiente al de producida la variación salarial.La interpretación propiciada, a más de seguir los lineamientos de la legislación nacional de ese momento, mantiene asimismo la forma de determinación originaria de las prestaciones (cc. Mensaje de Elevación Ley 6070 - B.O. 28-07-1977) y no altera el derecho sustantivo a la movilidad consagrado por el artículo 14 nuevo de la Constitución Nacional y receptado por el artículo 5 de la Constitución Provincial de 1923 entonces vigente y posteriormente por el artículo 57 de la Constitución Provincial de 1987. Ello por cuanto éstas no determinan el "procedimiento" a seguir, dejando librado el punto al prudente criterio del Legislador.
Competencia comercial, concubinato, sociedad de hecho, liquidación de sociedades
Materia: PROCESAL
Carátula: B., E.B. c/ V., J.M. s/ LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-04

Invocado por el concubinario accionante el giro comercial de la sociedad de hecho cuya liquidación persigue, la cuestión se encuentra regulada por las previsiones de la ley 19.550 (conf. arts.

21 y 22), a la par que el art. 43 bis del decreto-ley 1285/58, adjudica a la Justicia Nacional en lo Comercial el conocimiento en todas las cuestiones regidas por leyes mercantiles, cuyo conocimiento no haya sido expresamente atribuido a los jueces de otro fuero.-
Procedencia del recurso, revocación del auto de procesamiento, lavado de activos
Materia: PENAL
Carátula: Erusalimsky, Jaime c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-11-23

Corresponde hacer lugar a la queja y conceder el recurso de casación contra la revocación del procesamiento y dictado del sobreseimiento por el delito de lavado de activos, pues el recurso de casación fue articulado contra una resolución de carácter definitivo y confundamento suficiente, habiendo puntualizado la parte los hechos relevantes de la causa, las normas que entiende inobservadas, así como la solución a la que aspira. (Dres. Hornos, Borinsky, Catucci).
Defensa del consumidor, daño punitivo
Materia: CIVIL
Carátula: F. R., M. E.; B., J. I. Y SU HIJO MENOR B., T. VS. S. M. S.A. c/  s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2016-05-16

La Corte de Justicia hizo lugar al recurso de inconstitucionalidad deducido por el actor considerando que resulta arbitraria la sentencia del tribunal que desestimó la acción deducida debido a que exigió -como requisito para la procedencia del daño punitivo- que se deduzca en el contexto de una demanda por daños y perjuicios.

La Ley de Defensa al Consumidor no niega la posibilidad de iniciar una demanda autónoma por daño punitivo ni exige que para incoarla se invoque la existencia de un daño.

La doctrina ha señalado que los daños punitivos permiten una reparación cuya causa remite, en última instancia, a sancionar el incumplimiento "per se", y cuya justificación coadyuva a la prevención. Puede decirse, entonces, que la inclusión de esta figura es absolutamente compatible con la finalidad de las normas de consumo, las que despliegan su actividad tanto en el área de la prevención como de la reparación.

(Mayoria: Dres. Kauffman, Posadas, Samsón, Catalano y Cornejo)
Deuda previsional, pago, aceptación sin reserva
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: RABINOVICH, SALOMON s/ JUBILACION POR INVALIDEZ
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1978-06-28

El pago efectuado sin reserva alguna por el peticionante del beneficio previsional, realizado ante un reclamo por aportes de la Caja respectiva, consiente la liquidación practicada por este organismo, como así también la base normativa en que se sustenta, obstando dicho proceder a la posterior impugnación, máxime cuando ésta se realiza luego de otorgado el beneficio por el organismo previsional.
Prueba testimonial, idoneidad del testigo, testigo menor de edad, valor probatorio
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: AGUIRRE, LUCIA M. s/ PRUEBA  TESTIMONIAL  -  MENOR  -  ACTA  DE  SECUESTRO - PARTICIPACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-17

La declaración del menor en la instrucción sirve como prueba. Se los excluye de la función testifical, cuando a criterio del juez, por el desarrollo insuficiente de sus facultades mentales no están en condiciones de percibir la verdad o transmitir lo percibido.
Delitos contra la humanidad, imprescriptibilidad, irretroactividad de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Vargas Aignasse Guillermo s/ secuestro y desaparición Vargas Aignasse Guillermo s/ secuestro y desaparición
Jurisdicción: Federal — Provincia: Tucumán
Fecha: 2008-09-04|2008-09-04

Los delitos de lesa humanidad resultan imprescriptibles y excepcionan al principio general de la irretroactividad de la ley penal de nuestro derecho interno, tal como lo ha entendido la Corte Suprema de Justicia de la Nación en "Arancibia Clavel", ya que la imprescriptibilidad de estos delitos aberrantes opera como una cláusula de seguridad para evitar que todos los restantes mecanismos adoptados por el derecho internacional y por el derecho nacional se vean burlados mediante el mero transcurso del tiempo.
Impulso procesal, caducidad de instancia, diferencias salariales
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Perosi, Marcelo Cayetano y otros contra GCBA sobre empleo público (excepto cesantía o exoneraciones) - empleo público- diferencias salariales c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-09-08

En atención a que con posterioridad al llamado de autos para sentencia, la ley n° 6402 (BOCBA N° 6030 del 07/01/2021) modificó el art. 266 del CCAyT, corresponde dejarlo sin efecto e intimar a la parte recurrente para que en el término de cinco (5) días manifieste su intención de continuar con el proceso y realice un acto procesal útil para su avance, bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de decretarse la caducidad de la instancia (cf. art. 265 segundo párrafo, CCAyT). (Del voto de los jueces Alicia E. C. Ruiz, Santiago Otamendi y Marcela De Langhe).
Recurso de inconstitucionalidad, inadmisibilidad del recurso, sentencia, principio de congruencia, acción de amparo, existencia de otras vías, vialidad, consorcios camineros, falta de personería
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: CONSORCIO GENERAL CAMINERO CALCHAQUI c/ MUNICIPALIDAD DE CALCHAQUI s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD-AMPARO  (EXPTE.: C.S.J. NRO. 259 AÑO 2005)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-12-28

Carece de sustancialidad para abrir esta instancia de excepción, la endilgada "reformatio in peius" al no demostrar la recurrente que la Cámara se haya extralimitado del ámbito propio de su función revisora, al resolver más allá de la cuestión de personería. Es que en el caso, la Cámara disintió con la opinión dada por el Juez de primera instancia que consideró al Consorcio caminero amparista como una persona jurídica del derecho privado (simple asociación), premisa errónea que lo llevó -según el A quo- a adentrarse en el examen de cuestiones rituales excesivas para la vía del amparo (requisitos estatutarios para el otorgamiento de poderes válidos), considerando -en cambio- que la actora era "un ente público de gestión colectiva" sujeto al régimen del derecho público, con lo que entendió sorteada la cuestión relativa a la falta de personería.

Sobre esa base, ponderó excesivos los recaudos exigidos (control del cumplimiento de las normas estatutarias en materia de otorgamiento de poderes del Consorcio) al no regirse por las normas del derecho privado que ordenaban el control de dichos extremos, sino por aquéllas del derecho público, tarea en la que no se ha demostrado que haya excedido los márgenes de razonabilidad y logicidad tolerados.

En esa línea de razonamiento, y dando por superada la cuestión relativa a la personería, la Alzada se adentró al análisis de la procedencia de la acción intentada y, en esa tarea juzgó, básicamente, que la pretensión esgrimida por la actora excedía el estrecho ámbito cognoscitivo previsto por la ley 10456
Pago, prueba, recibo, actos jurídicos, contratos civiles
Materia: CIVIL
Carátula: ABLIN MARIA LUISA c/ GANDINI MARGARITA s/ ESCRITURACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-13

Si la adquirente pagó a la vendedora unas sumas de dinero y ésta le devolvió los "pagarés" en los cuales constaba la deuda se está frente a un acto jurídico que reviste el carácter de bilateral (art.

946 del Código Civil). Pero ello no autoriza a aplicar las disposiciones legales que se refieren a la prueba de los contratos, art. 1193 del Código Civil, dado que "acto jurídico bilateral" y "contrato" no son sinónimos, pues, entre ellos existe la relación de género a especie. Tampoco es viable invocar el art. 16 del código citado para la aplicación del art. 1193 a los actos jurídicos. No puede admitirse la aplicación analógica de "leyes que restringen el ejercicio de los derechos o constituyan excepciones a las reglas normales.

El pago que, en las circunstancias alegadas por la compradora sería un acto jurídico bilateral, puede ser probado por toda clase de medios inclusive por testigos y presunciones.

Sobre esta materia la prueba es amplia, pero en el tratamiento y examen del material probatorio, el magistrado debe actuar con todo rigor en resguardo de la seguridad jurídica. De ahí que sólo pueda admitir la efectividad del pago alegado en juicio, cuando exista plena convicción de la verdad de ese acto extintivo de la obligación, ya que cualquier duda al respecto, se vuelve contra quien dice haber hecho el pago. Si él pudo en esa ocasión recabar del acreedor un recibo que es la prueba por excelencia del pago, lo menos que se le puede pedir al deudor, para que redima su negligencia o descuido anterior, es que justifique la razón de esa conducta y además que agote por otros medios de comprobación la demostración de la verdad del pago.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio, defensor, abogados, proceso penal, notificación, sentencia arbitraria, domicilio
Materia: PENAL - CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: ALFREDO GUILLERMO NAJERA Y OTROS s/ TENENCIA DE ARMAS DE GUERRA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-11-18

Es descalificable la sentencia de segunda instancia, si al conferir intervención al defensor nombrado de modo exclusivamente formal, no se garantizó un verdadero proceso contradictorio, ya que, sin notificarlo de la designación, se hizo efectivo el apercibimiento de tener por constituido el domicilio en los estrados de la cámara, a donde se enviaron las cédulas. De modo que -al no intervenir efectivamente la defensa- el juicio no se desarrolló en paridad de condiciones respecto de quien debió soportar la imputación.
Derecho contravencional y de faltas, trámites judiciales
Materia: PENAL
Carátula: Lucco, Rodolfo s/ Inf. ley 11748
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-02-28

Es imprescindible demostrar que el consumo de una bebida alcohólica por parte de un menor es consecuencia directa de un obrar por lo menos culposo del dueño del establecimiento (art. 21 Código de Faltas), lo que no se demostró en el caso. (Minoría u opinión personal)
Suspensión del juicio a prueba, reglas de conducta, inhabilitación para conducir
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Ruiz Diaz, Ruben Horacio s/ lesiones art. 94 C.P.
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2012-08-27

Cabe dejar sin efecto la inhabilitación para conducir fijada como regla de conducta en el marco de la "probation", pues, tratándose de una persona cuyo medio de vida es la conducción de rodados, la medida importa la ejecución de una pena aplicada sin previa condena, y desconoce que la inhabilitación sólo puede ser aplicada como respuesta punitiva del Estado ante una sentencia condenatoria, y no como medida accesoria.
Revocación del sobreseimiento, falsificación de marca o designación
Materia: PENAL
Carátula: Heredia, Alfredo Raúl c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-08-29

Corresponde anular el sobreseimiento del encausado toda vez que la comercialización de productos con marca registrada falsificada supone un aprovechamiento por parte del vendedor del posicionamiento que determinada marca tiene en el mercado permitiéndole suministrar bienes que el público consumidor desea por un valor sustancialmente inferior al que costaría uno original, por lo que, aun ante el supuesto que el adquirente no incurra en confusión alguna y conozca la falsedad de los productos, los intereses del titular registral de la marca podrían igualmente verse vulnerados ya que la ley marcaria, además de receptar supuestos de afectación a la buena fe del consumidor, tiende a proteger el uso que, sin autorización del titular registral, se haga de la marca.
Honorarios del abogado, intereses, excepción de prescripción, prescripción quinquenal
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Galíndez, María del Carmen c/ Dirección General de Catastro s/ ejecutivo - cobro de honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2020-05-13

Los intereses de los honorarios tienen una modalidad de prescripción liberatoria diferente a la que pueda estimarse para los honorarios considerados en sí mismo ya que los intereses son un accesorio del capital, no obstante lo cual su exigibilidad prescribe independientemente de la de aquél. Por esta razón, respecto a los intereses reclamados debe aplicarse la prescripción quinquenal prescripta por el art. 4027 inc. 3º del CC, separadamente de la prescripción decenal que pudiese corresponder al capital (en el caso, los honorarios ejecutados), componente éste último respecto del cual no se planteó excepción alguna.
Denegatoria del recurso, insuficiencia del agravio, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, daños y perjuicios, retención indebida, transporte aéreo
Materia: CIVIL
Carátula: Wolanow, Viviana Delia S/ Queja Por Recurso De Inconstitucionalidad Denegado En Wolanow, Viviana Delia Contra Despegar Com Ar S A c/  s/ contratos y daños - RC - turismo y hotelería
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-06

Corresponde rechazar el recurso de inconstitucionalidad debido a que el recurrente no demostró que la decisión recurrida -que determinó que correspondía en el caso que entendiera el fuero federal- se aparta de la normativa aplicable. En el caso, la acción tiene por objeto obtener un resarcimiento por los daños y perjuicios derivados de la retención indebida de las sumas pagadas para la compra de billetes aéreos, y la actora funda su demanda en la Ley de Defensa del Consumidor n° 24240. Dicha norma expresamente, contempla la aplicación del Código Aeronáutico, que atribuye competencia federal para conocer y decidir en las causas que versen sobre navegación aérea o comercio aéreo en general (art. 198). En el mismo sentido, la ley n° 13998 mantiene la competencia de los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Civil y Comercial (hoy juzgados federales) para conocer en las causas que versen sobre hechos, actos y contratos "regidos por el derecho de la navegación y el derecho aeronáutico" (artículo 42, inciso b). En esa línea, resulta aplicable la vasta jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para casos relativos al transporte aerocomercial en cuanto sostiene que el fuero competente es el Civil y Comercial Federal, en tanto los asuntos estén "relacionados principalmente con el servicio de transporte aéreo comercial, entendido como la serie de actos destinados al traslado en aeronave de personas o de cosas, de un aeródromo a otro, y sujetas a los preceptos del Código Aeronáutico, su reglamentación y disposiciones operativas de la autoridad aeronáutica" (Fallos: 329:2819, entre otros). (Del voto de las juezas Alicia E. C. Ruiz y Marcela De Langhe. Voto en igual sentido de los jueces Santiago Otamendi, por remisión a sus fundamentos in re "LAGOS, PAULA CONTRA IBERIA líneas aéreas de España S.A sobre contratos y daños - RC - TURISMO y HOTELERÍA", expte. n° 30776/2022; sentencia del 31-05-2023).
Usurpación, simple damnificado, derecho a la vivienda digna, restitución del inmueble, menores
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: NN (Lugones 2640)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-29

Afirmar que el art. 40 de la ley nº 2.451 desplaza lo prescripto en el art. 49, inc. 1 de la Ley 1.903, configura una violación del principio pro homine que debe regir cualquier interpretación en el campo de los DDHH. (Voto en disidencia de la Sra. Jueza Alicia E. C. Ruiz).
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestión de derecho público local, Derecho administrativo, acto administrativo, control de legitimidad
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: CIA ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES INGENIERO RODOLFO CORNERO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.   RECURSO EXTRAORDINARIO INTERPUESTO  PARA  ANTE  LA  CORTE SUPREMA DE  JUSTICIA DE LA NACION.     CSJ EXPTE NRO 107-79
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-12-10

No cabe conceder el recurso extraordinario (ley 48) si lo que la quejosa pretende es discutir la valoración de circunstancias de hecho y prueba efectuada por el tribunal en ejercicio de una función privativa y de jurisdicción eminentemente local, como es el contralor de legitimidad de los actos administrativos, que en principio escapa al ámbito de dicho recurso extraordinario.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, Derecho laboral, horas extra
Materia: LABORAL
Carátula: MENDOZA ENRIQUE W. c/ PROVINTER S. A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD-. -C.P.L.- (EXPTE.: C.S.J. NRO. 544 AÑO 2004)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-04-27

Resultan inatendibles las quejas relativas al rechazo de horas extras reclamadas por el accionante -en el que habría caído la Sala al omitir ponderar la normativa pertinente- ya que de acuerdo al encuadre de las tareas del actor que realizara el A quo, la conclusión de que no correspondía un adicional por horas extras trabajadas resulta inconmovible; y el afán del impugnante por demostrar que en realidad el trabajador no podía resultar excluído del régimen general que limita la jornada de trabajo -porque las tareas que desarrollaba no eran exclusivamente de encargado de depósito y por ello no entraba a jugar la excepción legal del artículo 3 de la ley 11544- no son más que un intento, basado en su particular perspectiva, de modificar dicho encuadre laboral que, como regla, es del resorte exclusivo de los jueces de la causa, e irrevisable en esta sede.