marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de inconstitucionalidad, doctrina de la arbitrariedad, acción de amparo, competencia contencioso administrativa, Superior Tribunal de Justicia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ROMERO, MIRIAM c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-08-28

El Tribunal incurre en arbitrariedad al sostener que debía considerarse procedente el amparo por el solo hecho de dar por superadas las instancias de análisis que debieron ser transitadas por los juzgadores, aún teniendo presente el invocado origen constitucional de los derechos que la recurrente dice vulnerados con la resolución impugnada; y sabido es que la petición de inconstitucionalidad no desplaza de por sí la concurrencia de materia contencioso administrativa ni la competencia de los tribunales a los que la Constitución y la ley les han confiado el conocimiento de dicha materia; ni mucho menos aun exime a los jueces del control de los requisitos de admisibilidad del amparo, el cual -en estos supuestos- debe efectuarse con especial estrictez conforme a los lineamientos trazados por esta Corte in re "Bacchetta". (Del voto del Dr. Netri, al que adhieren los Dres. Gastaldi y Erbetta) - CITAS: CSJStaFe: Bacchetta, AyS T 132, p 67/164; Haquín, T 162, p 361; Andreoli, T 163, p 71; Aguirre, T 206, p 230. - Jurisprudencia Concordante con Burggi, AyS T 284, p 63/73, sumario J0044286 y Saez, AyS T 284, p 281/294, sumario J0044224.
Recurso de queja (procesal), recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, denegatoria del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Cáceres, Fulgencio c/GCBA s/ revisión cesantías o exoneraciones de emp. públ.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-11-11

El régimen disciplinario es parte del contenido de la relación jurídica de empleo público e impacta en los derechos que al dependiente acuerda el art. 9 de la ley n° 471, en particular su inciso ñ. Esos derechos reciben la protección de la Constitución Nacional, y de los artículos 12 y 14 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pronunciarse acerca de su existencia y alcance es propio de la función jurisdiccional. (Del voto en disidencia del juez Luis Francisco Lozano).
Jueces, actualización monetaria, Poder Judicial, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: AGUSTIN DURAÑONA Y VEDIA Y OTROS c/ PODER EJECUTIVO DE LA NACION s/ AMPARO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-10-14

La obligación constitucional de mantener el significado económico de las remuneraciones de los magistrados del Poder Judicial deben llevarse a cabo cuando su desfasaje se produce con una intensidad deteriorante.
Propiedad intelectual, obras literarias y artísticas, reproducción de fonogramas, cobro de aranceles, Fondo Nacional de las Artes
Materia: CIVIL
Carátula: AADI CAPIF ASOCIACION CIVIL RECAUDADORA c/ VAZQUEZ Claudia y otros s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-30

El Fondo Nacional de las Artes tiene la facultad de percibir los derechos provenientes de la ejecución pública de fonogramas extranjeros, no editados en el país, cuando no existiera convenio para su distribución entre los entes recaudadores y los titulares o derecho-habientes, prerrogativa delegada en AADI-CAPIF.
Segunda instancia, caducidad de instancia, interrupción de la caducidad, domicilio constituido
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: FANTELLI, ROMEO JUAN EN J: VIDELA, JUAN CARLOS c/ ROMEO FANTELLI s/ Daños y Perjuicios - Casación (LIBRO: S251 - 201)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-10-31

La notificación por cédula destinada a cumplimentar el decreto que abre la segunda instancia y que contiene un expreso emplazamiento a la contraria para constituir domicilio legal en la Alzada, en los términos del art. 135 inc. III del C.P.C., tiene la calidad de acto útil desde que sin su previo cumplimiento deviene imposible la elevación de la causa a la Cámara.
Accidente de tránsito, desvalorización del automotor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Busteros, Hugo c/ Marcos, Roberto y ot. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-05-19

No es obstáculo para tener derecho al resarcimiento por desvalorización del rodado el que quien invoca tal daño no revista la calidad de propietario, sino v.gr. la de usuario, ya que, tal título lo habilita para el reclamo (art. 1110, arg. arts. 2950, 2876, 2288, 1083 del C. Civil).
Contrato de obra pública, buena fe, revisión del contrato, mayores costos, gastos improductivos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: JOSE H. CHEDIAK SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL, COMERCIAL Y AGROPECUARIA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.:  C.S.J. NRO. 170 AÑO 1989)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-02-25

El principio de buena fe con que deben ejecutarse e interpretarse los contratos exige inferir que, a partir del dictado de la resolución que concede una primera ampliación de plazo y aprueba un nuevo plan de trabajos, la relación establecida entre la actora y la comitente ha quedado regida por los términos de los nuevos planes de trabajos e inversiones, los cuales también abarcaban los períodos ya transcurridos. Respecto de ellos, es claro que la actora no efectuó ninguna reserva de rubros adicionales que pudiera estar adeudando la Administración. En tales condiciones, ya no resultará válido efectuar comparaciones entre la marcha real de los trabajos y el plan de inversiones o el plazo contractual originarios -como hace la actora en la demanda- por cuanto no puede sino entenderse que dichos aspectos de la relación resultaron finalmente reemplazados por el nuevo plan.
Personal policial, agotamiento de la instancia administrativa, actos consentidos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Malsam, Roberto Oscar c/ Policia Federal Argentina - Estado Nacional - Ministerio del Interior s/ Ordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-04-18

Corresponde rechazar la demanda interpuesta por un personal policial a fin de obtener su recategorización y el abono de las diferencias salariales, pues no se encuentra agotada la vía administrativa, dado que la decisión del Jefe de la Policía Federal que rechazó su reclamo no produce dicho efecto atento a la vía recursiva dispuesta por el Decreto 1.866/83 art. 343-f, ello sumado a que el actor se encuentra en condición de retirado por lo que no puede solicitar el ascenso.
Revocación de sentencia, homicidio culposo, defensa en juicio, prueba, principios procesales, nulidad de la notificación
Materia: PROCESAL
Carátula: Miranda, Luis Alfredo -Homic. Culp. Agrav.- s/ rec. de casación interpuesto por la defensa oficial de la civilmente demandada "Tierras del Valle SRL" c/ auto interl. nº 55/19 de expte. Nº 226/19 c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2020-06-29

El agravio de la recurrente debe ser acogido a fin de asegurar la vigencia del derecho de defensa en juicio de la parte civilmente demandada, la que en lo que concierne a sus intereses civiles, tiene los mismos derechos y garantías reconocidas al imputado (art. 108 del CPP). En el caso,las diligencias no constituyen una notificación clara, específica e inequívoca de la demanda y del emplazamiento para ofrecer prueba, por tanto la declaración en la resolución impugnada teniéndolos por notificados a la Defensora del civilmente responsable mediante dichas diligencias carece de fundamento suficiente. Ahora bien, tomando en cuenta los principios que rigen el proceso, en especial, de progresividad, preclusión y plazo razonable, no corresponde declarar la nulidad como se solicita, si remedios menos drásticos pueden subsanar los perjuicios causados por los vicios o errores del procedimiento, por lo cual corresponde revocar el auto recurrido y disponer que, previa la notificación adecuada de los actos referidos a la Defensora de la civilmente responsable, siga -sin dilaciones- el trámite de la causa según su estado. Sin costas, atento la naturaleza de la acción y el carácter de defensora oficial de la recurrente.(Del voto del Dr. Cáceres).
Accidente de tránsito, insuficiencia del agravio, impugnación de la pericia
Materia: CIVIL
Carátula: Díaz Ivana Noelia c/ González Mónica Mariela y Otro s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2024-02-19

Debe ser desestimado el agravio referido al rechazo a la impugnación con respecto a la pericial psicológica, dado que las conclusiones del dictamen pericial y la contestación a la impugnación no fueron rebatidas, ni por otra pericia de la misma categoría técnica o científica u otros medios de prueba conducentes que permitan apartarse de ello; por el contrario, revelan un mero disenso o discrepancia con la conclusión a que arriba el perito, pero que no puede ser tenida en cuenta por carecer de atributos serios, técnicos y científicos que creen una razonable duda de la eficacia o veracidad del primer dictamen o bien la convicción lisa y llana de la invalidez de éste.
Derecho contravencional y de faltas, infracciones de tránsito, falta de documentación
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Valverde, Juan José s/ Faltas al art. 77, incs. 22 y 43, de los Decretos Prov. N 0250/06, 618/06 y 581/10, Ley Nacional de Tránsito N 24.449, 26.363 y su Decreto Reglamentario N 1716
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2011-12-29

La documentación aportada con posterioridad a la fecha del acta no hace más que confirmar que el infractor circulaba sin cumplir con los recaudos legales, pues la mencionada revisión técnica se efectuó después. A ello cabe agregar tal como lo indica la sentencia de primera instancia- que conforme el número de terminación del dominio la revisión técnica debía efectivizarse durante el mes de abril de 2011 y recién se cumplió el 11 de julio de ese año y después de labrarse el del acta de infracción.

Asimismo, el apelante violó el inc."b" del art.40, de la L. de T., el cual establece como requisito obligatorio para circular la cédula de identificación del automotor que acredita su titularidad. Tal como claramente se advierte de las propias copias acompañadas por el infractor ni siquiera ensayó algún justificativo sólido para intentar eximirse de responsabilidad; lo que nos exime de mayores comentarios.-
CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL, obligaciones internacionales, REPÚBLICA ARGENTINA, retiro de la personería, personas jurídicas, lavado de activos, delito precedente, sistema financiero
Materia: PENAL
Carátula: Salvatore, Carla Yanina c/  s/ infracción artículo 303, inciso 3, Cód. Penal
Jurisdicción: Federal — Provincia: Chaco
Fecha: 2019-03-08

Conforme lo establece la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y respecto de la cual el Estado Argentino se encuentra obligado -Ley 25.632-, debe cada Estado Parte adoptar todas las medidas que sean necesarias para establecer la responsabilidad de las personas jurídicas que participan en delitos graves y en los que se encuentre involucrado un grupo delictivo organizado, como en el caso del delito de lavado de activos en el que siempre intervienen sociedades constituidas al sólo efecto de introducir al mercado lícito las ganancias que obtienen de manera marginal y que al financiarse con dinero ilícito, afectan el orden económico financiero.
Trabajadores de la construcción, libreta de aportes patronales, fondo de desempleo, obligaciones del empleador, mora automática
Materia: LABORAL
Carátula: Villaseca, José Enrique c/ Hormar Construcciones S.R.L. y otra s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1993-09-29

En la actual normativa, el incumplimiento del empleador a las obligaciones del art. 17, cuales son entregar la libreta de aportes -LFD-, que la misma cuente con los mismos, o en su caso el pago directo que la ley autoriza según la fecha del distracto, etc., genera una mora automática del empleador que se opera por el solo transcurso del tiempo y términos fijados en el citado artículo. La consecuencia de esta mora automática es que operada, el trabajador puede exigir la entrega de la LFD, que la misma tenga los aportes respectivos, o en su caso especial el pago en efectivo del Fondo de desempleo.
Seguros, asegurador, obligaciones del asegurador, derechos del asegurado
Materia: COMERCIAL
Carátula: ULLMAN, ARMANDO c/ SUR SEGUROS DE VIDA SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-05

Resulta aplicable la ley 17418 art. 56 a los seguros de personas, puesto que dicha norma no distingue entre tipos de seguros para su aplicación. En consecuencia, denunciado el siniestro, el asegurador debe pronunciarse acerca del derecho del asegurado dentro de los treinta días de recibida la documentación complementaria y su omisión importa aceptación tacita (V. Alfano, Orlando, "El Contrato De Seguro De Personas", Ed. AD-HOC, Bs.As. 2004, P. 73).
Despido, despido por falta o disminución de trabajo, preaviso, indemnización sustitutiva de preaviso
Materia: LABORAL
Carátula: CICARELLI JORGE HIPOLITO c/ FRANCISCO C. NIEVINSKY s/ DEMANDA - RECURSO DE CASACION - DESPIDO - INDEMNIZACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1984-03-07

En el supuesto de despido por falta o disminución de trabajo, el empleado tiene derecho al preaviso y si no le fue otorgado, debe abonarse la indemnización sustitutiva, por cuanto no hay razón alguna para apartarse de los principios generales que lo rigen (arts. 231,232 LCT). La indemnización por integración del mes de despido, resulta admisible cuando no se ha otorgado el preaviso, de conformidad con el art. 233 LCT.
Accidente de aviación, responsabilidad del Estado, investigación del accidente
Materia: CIVIL
Carátula: GUIDI  CECIL  MARIANA  Y  OTROS c/ ESTADO NACIONAL FUERZA AEREAARGENTINA Y OTROS s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-01

La determinación del grado de intervención que tuvo cada protagonista en la producción del accidente constituye una cuestión de hecho que el judicante debe apreciar -en cada caso en particular- y, ante esta alternativa de juzgar y comparar conductas humanas para arribar a coeficientes numéricos, corresponde dirimir la cuestión por vía del prudente arbitrio judicial (art. 386 de la ley ritual), previo examen de la conducta en concreto observada por ellos. Ahora bien, efectuada dicha evaluación siguiendo tales parámetros y en forma conjunta, juzgo que la responsabilidad del piloto Leandro Javier Salama alcanza el 50% de las consecuencias dañosas derivadas del accidente, en tanto que el titular de la aeronave Juan Carlos Perelda y el Estado Nacional deben hacerse cargo del 25% cada uno de ellos.
Contrato de trabajo, fraude laboral
Materia: LABORAL
Carátula: López, Oscar Rubén c/ Hospital Vecinal Más Bondad de Corazón s/ Despido y diferencias
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-07-15

Si del contenido del instrumento que formalizó la vinculación entre las partes claramente se verifica la presencia de un contrato de trabajo, el propósito de aparentarlo como una locación de servicios constituye un evidente caso de fraude a la ley laboral (art. 14, L.C.T.).
Cesación de la incapacidad, mayoría de edad
Materia: CIVIL
Carátula: M. P. S.A. c/ D. R., N. s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-11-12

"La pauta objetiva establecida por el legislador para determinar la mayor edad de las personas tiene como fundamento imponer una presunción que atiende la época en que el hombre, generalmente, adquiere el juicio y discernimiento necesario para gobernarse. Las normas que determinan los atributos de la capacidad de las personas son de orden público y es por ello que las reglas establecidas por la ley no son modificables, salvo aquellos casos de excepción que se encuentren previstos también por ley".
Robo calificado, tentativa
Materia: PENAL
Carátula: Bustos, Juan Carlos s/ Tentativa de Robo Calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1999-03-24

Aún cuando el arma de fuego secuestrada y utilizada por el encartado presentara un funcionamiento defectuoso en doble acción, es factible formular el reproche conforme la normativa del artículo 166 inciso 2 del Código Penal, ya que el defecto aludido, lejos de constituir una complicación funcional del arma, resulta ser una virtud mecánica, al requerir de parte de quien la usa el empleo de un solo acto o movimiento para producir el disparo.-
Menores, defensor de menores, deserción del recurso, cuota alimentaria, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la Defensora Oficial de M.L.T. en la causa T., A. A. y otro c/ L., F. D s/ alimentos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-04-24

Si el a quo desconoció el carácter de representante a la Defensora de Menores de Cámara frente a la omisión de la madre de la niña de fundar el recurso de apelación respecto de la sentencia que había fijado la cuota alimentaria, la posterior declaración de inapelabilidad de la cuestión desconociendo la entidad de la representación que por las circunstancias del caso correspondía, vulnera lo dispuesto por el art. 103 del Código Civil y Comercial de la Nación y lesiona el derecho de defensa en juicio de la menor de edad (art. 18 de la Constitución Nacional).
Nulidad procesal, inexistencia del acto jurídico
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: AIRES ARMANDO s/ CONCURSO PREVENTIVO S/ INC. DE NULIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-08-01

Si dentro del desenvolvimiento de actos preestablecido que impone el proceso se omitiera uno -como ocurriría si uno o más de ellos son inexistentes-, las consecuencias de tal omisión no serán uniformes.

Habrá que juzgar si el acto omitido tiene trascendental importancia respecto de los posteriores que llevan a la decisión, o si éstos pueden tener existencia independientemente de aquel.-
Cuestiones de competencia, actos y diligencias procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: GAMBOA, VIRGINIA c/ SIMON, CRISTIAN s/ COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-03-09

No obstante no haberse trabado adecuadamente la contienda de competencia - toda vez que por el Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual sólo se pronunció el Juez de trámite, es doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación -y también de este Tribunal- que en ciertos supuestos es posible que los Órganos jurisdiccionales superiores salvando los defectos en orden a la efectiva traba del conflicto de competencia lo puedan resolver para evitar mayores dilaciones.

En la especie, esta última decisión es la que corresponde adoptar, en primer término, porque debe ponerse fin al extenso derrotero del actor en busca de un tribunal donde articular sus pretensiones y en segundo lugar, ya que es claro que debe asignarse el conocimiento de la causa al Juzgado Civil y Comercial, por lo que ordenar que previamente se pronuncie el Tribunal Colegiado en pleno sólo conllevaría un dispendio jurisdiccional inútil.
Garantía a ser juzgado en un plazo razonable, investigación del hecho, duración de la investigación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Ministerio Público Defensoría General  de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Mayol, Pedro y otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-06-07

El artículo 207 del CPPN (que rigió el trámite de las actuaciones cumplidas en la justicia nacional) tiene por finalidad la realización del derecho a ser juzgado en un plazo razonable, de modo que lo actuado con posterioridad transgrede la garantía del imputado de ser juzgado en un plazo razonable. (Voto en disidencia de la Sra. Jueza Alicia E. C. Ruiz).
Testigo único, insuficiencia del agravio, apreciación de la prueba, trata de personas, situación de vulnerabilidad, menores, abuso sexual
Materia: PENAL
Carátula: VALDEZ LÓPEZ, Sara Elena c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-11-13

El agravio planteado por la defensa vinculada al supuesto "testigo único" debe ser rechazado, toda vez que en materia de evaluación de la prueba testimonial también rige el sistema de la sana crítica racional (art. 241 del C.P.P.H.), que se caracteriza por la inexistencia de disposiciones legales que predeterminen el valor conviccional de los elementos probat orios; lo que determina que su valoración queda en manos del juzgador quien puede extraer libremente sus conclusiones siempre que respete las reglas que gobiernan el razonamiento: lógica, sicología y experiencia común. Reglas que no necesariamente resultan inobservadas en los casos en los que la prueba testimonial estuviera conformada por la declaración de una única testigo.En relación a las declaraciones de una de las damnificadas respecto a que no reconoció ser víctima de explotación sexual, cabe memorar que, como consecuencia de la extrema vulnerabilidad de las víctimas, sumado a la presión ejercida por los tratantes, en reiterados casos se vislumbra que las mujeres víctimas de trata de personas modifican aspectos sustanciales de su declaración para beneficiar a sus tratantes, lo cual es invocado como un rasgo de contradicción para reducir el valor probatorio de su declaración, panorama que se agrava mucho más cuando, como en el caso, las víctimas son me nores de edad, porque no tienen la suficiente madurez para comprender la gravedad de los actos. Es por ello que, en relación al tipo de delitos de abuso sexual y de trata de personas y en mayor medida cuando son cometidos contra menores, no puede soslayarse la importancia de los peritajes psicológicos efectuados, así como toda otra prueba que conduzca a evaluar la verdad del relato de la víctima, los cuales, en el caso, corroboraron lo expuesto.
Inimputabilidad, estado de inconsciencia, ingesta de medicamentos, in dubio pro reo
Materia: PENAL
Carátula: SISTO, J. s/ IMPUTABILIDAD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-05

Corresponde absolver al procesado por el hecho imputado por existir dudas acerca de su capacidad en el sentido del art. 34 inc.

1 C.P., teniéndose en cuenta su carácter de drogadicto, que se había inyectado 3 ampollas de "Dominadol" antes de cometer el hecho, y el informe médico que da cuenta de la irreflexibilidad del imputado, señalándose que la conducta no se compone, en su aspecto subjetivo sólo de una esfera cognoscitiva, sino también de una volitiva, siendo en este último aspecto donde existen dudas acerca de su capacidad psíquica de voluntad para dirigir sus acciones.
Ejecución de sentencia, excepciones procesales, inhabilidad de título
Materia: PROCESAL
Carátula: SIGAL DE TOL, Rosa y otros c/ RODRIGUEZ VAZQUEZ, M. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-12

Si bien en los procesos de ejecución de sentencias las defensas se ven limitadas a las cuatro enumeradas por el art. 506 del Código Procesal, entre las que no se menciona la de inhabilidad de título, ésta es admisible -considerándosela implícita dentro de la defensa de falsedad de la ejecutoria- en aquellos casos en que falta alguno de los requisitos del título ejecutorio, cuando se alega la falta de legitimación pasiva de cada uno de los ejecutados respecto de la parte de lo que se reclama por tratarse de una deuda que no tiene carácter solidario.

Si la ejecución se promovió sobre el total de los honorarios regulados contra todos los obligados, cuando en realidad se trataba de una obligación mancomunada, corresponde hacer lugar parcialmente a la excepción opuesta por los ejecutados, hasta la suma que corresponde abonar a cada uno de ellos.