Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-25


SENTENCIA Nº 89.489 - CAUSA Nº 26617/06 "MASPERO JUAN ELISEO C/ANTILLANA S.A. S/DESPIDO" - JUZGADO Nº 6.

En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los veinticinco días del mes de febrero del año dos mil ocho, reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el recurso deducido contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación:

El doctor Guibourg dijo:

Las partes demandada y actora apelan la sentencia de fs. 130/133, que acoge parcialmente las pretensiones deducidas en el inicio, en los términos de los memoriales de fs.

138/140 y fs. 143/146 vta., con réplica de la contraria a fs. 161/ vta. y 163/167 vta. El perito contador y la parte actora apelan los honorarios (fs. 136, fs. 147/vta. y fs. 148/vta.) La demandada se queja por el acogimiento del reclamo indemnizatorio con sustento en el artículo 16 de la ley 25561.

La actora cuestiona la distribución de costas en grado.

Destaco que es criterio de este Tribunal que la circunstancia de que un estatuto profesional regule un régimen indemnizatorio por despido sin causa distinto del establecido en la ley de contrato de trabajo no justifica su exclusión a los fines de determinar la duplicación prevista por el artículo 16 de la ley 25561. La norma citada dispone, para los casos de despido sin causa justificada, el pago de un incremento sobre las indemnizaciones que correspondiese percibir al trabajador "?de conformidad a la legislación laboral vigente?", sin establecer exclusiones respecto de tales normas laborales (SD 87.361 del 6/12/06 en "Chamorro, Matías Ignacio c/Telearte S.A.";

SD 87930 del 11/7/06 en "Pousa, Rodolfo Ernesto c/Sistema Nacional de Medios Públicos S.E. y otro"; SD 88427 del 28/12/06 en "Aibar Zacarías Arturo c/Armada Argentina Comando de Transportes Navales").

El presente caso, sin embargo, reviste particulares características ya que - al momento del distracto - regía el artículo 4 de la ley 25972. La citada norma legal prevé puntualmente el pago del incremento sobre el resarcimiento que correspondiese percibir al trabajador "?conforme lo establecido en el artículo 245 de la ley de contrato de trabajo?".

No puedo soslayar que del texto de la ley 25972 resulta clara la voluntad del legislador de ir reduciendo el incremento previsto por el artículo 16 de la ley 25561 tanto en cuanto a su cuantía como a su permanencia en el tiempo. Lo primero se evidencia en que se disminuye el agravamiento pues del doble, vale decir cien por ciento, pasa a ser ochenta por ciento y el adicional se aplica sólo sobre la indemnización por despido. Por otra parte, nótese que el trabajo marítimo no se halla regulado por normas estatutarias, sino convencionales (CCT 370/71 y 4/72).

El artículo 9 de la convención colectiva 370/01 dispone "Todo tripulante comprendido en el presente régimen, cuando fuere despedido sin justa causa, tendrá derecho a percibir una indemnización consistente en $ 500.- (quinientos pesos) por cada año de servicio en la Empresa, importe que comprende los regulados por la legislación vigente para la gente de mar. En el supuesto que el Poder Ejecutivo Nacional dispusiere una modificación de los montos indemnizatorios de la ley 11729 y sus modificatorias, la indemnización que percibirá el tripulante despedido sin justa causa será igual a un mes de sueldo establecido en la respectiva Convención Colectiva de Trabajo por cada año de servicio hasta el tope que dicha modificación establezca".

La reforma de la ley 20744 por la ley 21297 eliminó el primer párrafo del artículo 2 de aquella ley, en el que se preveía la aplicabilidad a las actividades regladas por estatutos o regímenes particulares de las disposiciones más favorables del régimen general (salvo incompatibilidad), por lo que la aplicabilidad de las normas de la ley de contrato de trabajo queda excluida cuando - como en el presente - el régimen especial regula de otro modo la institución (ver mi voto en "Pereyra, Ernesto José c/Río Luján Navegación S.A. s/Despido" SD del 17/6/87).

Dado que el artículo 245 de la ley de contrato de trabajo modificó los montos indemnizatorios de la ley 11729, se configura el presupuesto previsto en el CCT 370/71; por tal razón, la indemnización que corresponde a los trabajadores marítimos a partir de tal momento es la equivalente a un mes de sueldo establecido por la convención colectiva por cada año de servicios (ver Austerlic, Abraham y Simone de Arceo, Ana "Tratado de Derecho del Trabajo" dirigido por Vázquez Vialard, Tomo 6, p.

535, Editorial Astrea).

Se advierte con claridad que la indemnización a favor de los trabajadores comprendidos en la actividad no debe calcularse en función de la remuneración mejor, normal y habitual (supuesto legal no aplicable el caso) y que el reenvío a la norma general se refiere tan sólo a la fijación de topes (ver esta sala en "Samaniego, Antonio c/Empresur S.A.

s/Despido" SD 72377 del 16/9/96, "Torres, Pablo Marcelo c/Empresa Pesquera de la Patagonia y Antártida S.A. s/Diferencias de Salarios" SD 85263 del 9/9/03; "Rodríguez, Romilio Carlos Antonio c/Explotación Pesquera de la Patagonia S.A. s/Diferencias de Salarios" SD 88254 del 30/10/06; "Canosa Olegario Basilio c/Explotación Pesquera de la Patagonia S.A. s/Diferencias de Salarios" SD 89190 del 31/10/07, entre otros).

Desde tal perspectiva, no cabe duda que la norma convencional prevé un régimen indemnizatorio específico para el despido sin causa y, en consecuencia, considero que al personal sujeto a contrato de ajuste no asiste derecho al cobro del incremento con sustento en el artículo 16 de la ley 25561, ante la claridad del texto del artículo 4 de la ley 25972.

Lo precedentemente expuesto impone revocar la decisión impugnada en el punto.

La modificación introducida lleva a dejar sin efecto las costas y los honorarios fijados en origen y el (artículo 279 del CPCCN) y el tratamiento de las apelaciones al respecto. En consecuencia, en atención al resultado del pleito propondré imponer las costas en ambas instancias a cargo de la parte actora (artículo 68 del C.P.C.C.N.). En atención al mérito y a la extensión de las labores desarrolladas, cabe regular los honorarios de las representaciones y patrocinios letrados de las partes actora y demandada y del perito contador en las sumas de $ 8.500, $ 10.000 y 3.500 (artículo 38 de la L.O., leyes 21839 y 24432).

Respecto de la adición del Impuesto al Valor Agregado a los honorarios, esta Sala ha decidido en la sentencia nro. 65.569 del 27 de setiembre de 1993, en autos "Quiroga Rodolfo c/Autolatina Argentina S.A. s/Accidente - Ley 9.688", que dicho impuesto es indirecto y, por lo tanto, grava al consumo y no la ganancia, por lo que debe calcularse su porcentaje que estará a cargo de quien debe retribuir la labor profesional.

En el mismo sentido se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Compañía de Combustibles S.A. s/Recurso de Apelación" (C. 181 XXIV del 16 de junio de 1993), donde sostiene "que no admitir que el importe del impuesto al valor agregado integre las costas del juicio - adicionárselo a los honorarios regulados - implicaría desnaturalizar la aplicación del referido tributo, pues la gabela incidiría directamente sobre la renta del profesional, en oposición al modo como el legislador concibió el funcionamiento del impuesto".

Propongo hacer saber a la obligada al pago de los honorarios de abogados y procuradores -excepto los trabajadores- que a aquéllos se adicionará, en caso de corresponder, el monto relativo a la contribución del inciso 2 art. 62 ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo apercibimiento de comunicar el incumplimiento a la Caja de Seguridad Social para Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CASSABA) mediante oficio de estilo en la oportunidad procesal correspondiente (art. 80 ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y punto II Acordada CSJN Nro. 6/05).

Voto, en consecuencia, para que se modifique el fallo de grado y se rechace la demanda en todas sus partes. Propongo, además, imponer las costas de ambas instancias a cargo de la parte actora y regular los honorarios de las representaciones y patrocinios letrados de las partes actora y demandada y del perito contador en las sumas de $ 8.500, $ 10.000 y 3.500, proporción que no incluye la incidencia del impuesto al valor agregado. Finalmente, cabe hacer saber al obligado al pago del honorario de abogados y procuradores que, en caso de corresponder, deberá adicionar al monto de la regulación el de la contribución prevista en el inciso 2) del artículo 62 de la ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que el obligado a afrontar las costas del juicio deberá adicionar, en ocasión de abonar la tasa de justicia, la contribución prevista en el inciso 3 del citado artículo 62, todo bajo apercibimiento de comunicar la situación a CASSABA (artículo 80 de la ley 1181 G.C.B.A. y punto II Acordada CSJN Nro. 6/05).

Los doctores Eiras y Porta dijeron:

Que adherimos al voto que antecede por compartir sus fundamentos.

Por ello, el Tribunal RESUELVE: I.- Modificar el fallo de grado y rechazar la demanda en todas sus partes; II.- Imponer las costas de ambas instancias a cargo de la parte actora y regular los honorarios de las representaciones y patrocinios letrados de las partes actora y demandada y del perito contador en las sumas de $ 8.500, $ 10.000 y $ 3.500, proporción que no incluye la incidencia del impuesto al valor agregado; III.- Hacer saber al obligado al pago del honorario de abogados y procuradores que, en caso de corresponder, deberá adicionar al monto de la regulación el de la contribución prevista en el inciso 2) del artículo 62 de la ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que el obligado a afrontar las costas del juicio deberá adicionar, en ocasión de abonar la tasa de justicia, la contribución prevista en el inciso 3 del citado artículo 62, todo bajo apercibimiento de comunicar la situación a CASSABA (artículo 80 de la ley 1181 G.C.B.A. y punto II Acordada CSJN Nro. 6/05).

Regístrese, notifíquese y oportunamente, devuélvase.

Elsa Porta Roberto O. Eiras Ricardo A. Guibourg Juez de Cámara Juez de Cámara Juez de Cámara Ante mí: Liliana Noemí Picón L.P. Secretaria interina