marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Censura previa, defensa en juicio, facultades del juez, libertad de prensa, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: S., V. c/ M., D. A. s/ medidas precautorias
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-03

La intervención preventiva de los jueces -que impropiamente podría denominarse censura-, supone siempre la actuación de un órgano rodeado de las máximas garantías constitucionales que resguardan su independencia respecto de los otros poderes del Estado, que resulta ajeno a los intereses en disputa, y que toma sus decisiones observando el derecho de defensa en juicio de los involucrados (Votos de los Dres. Eduardo Moliné O'Connor y Guillermo A. F. López y de los Dres. Antonio Boggiano y Adolfo Roberto Vázquez).
Recurso de inconstitucionalidad federal, inadmisibilidad del recurso, honorarios del abogado, aplicación de la ley, quiebra
Materia: Procesal
Carátula: Banco Regional Patagónico S.A. s/ Incidente de Verificación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1992-04-13

Lejos de constituir en excepción, la Corte Suprema ha corroborado que cuando se cuestiona la aplicación de normas arancelarias provinciales, por entender el recurrente, que debe aplicarse la ley de quiebras, es ésta una cuestión de interpretación de preceptos de derecho común, reservada a los jueces de la causa, y por ende materia ajena a la jurisdicción extraordinaria.
Filiación, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: P.S.N. c/ M.A.M. Y OTROS s/ IMPUGNACION DE PATERNIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1996-08-22

La presunción de paternidad del esposo se da si se cumplen tres circunstancias: a) maternidad determinada; b) matrimonio entre la madre y el presunto padre; c) nacimiento después de celebrado el matrimonio y hasta los trescientos días posteriores a su disolución, anulación, divorcio o separación de los esposos.

El principio de la verdad biológica que preside la reforma introducida al C. Civil por la Ley 23264, la Ley 23489 (ratificación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño de Nueva York), hoy de rango constitucional, y el art. 25 de la Constitución Provincial establecen el derecho a la identidad como un derecho esencial y no sujeto a menoscabo alguno. (Voto de la mayoría de la Dra. Morán Montequín).
Honorarios, peritos, regla de prorrata, beneficio de litigar sin gastos, inconstitucionalidad
Materia: COMERCIAL
Carátula: Ledesma, Rosa Del Carmen c/ Espasa SA y Otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-25

Corresponde admitir el planteo de inconstitucionalidad del CCCN 730, incoado por el perito designado en autos, toda vez que la decisión de aplicar el prorrateo de sus honorarios regulados entre las partes conforme la normativa atacada, conculca en la especie, el derecho de propiedad y de remuneración del trabajo del profesional, tutelado en los art. 17 y 14 bis de nuestra Carta Magna. Ello asi, pues en pos del acatamiento que exige el CCCN 303, resulta que el perito no puede perseguir el cobro del remanente de sus estipendios a la actora dado el beneficio de justicia gratuita que le asiste en razón de su carácter de consumidora; como tampoco le es acordada la potestad de hacer cesar tal beneficio ya que solo se legitima a tal efecto a la parte demandada (LDC 53; v. en esta orientación, CCyCFed, Sala II, "De Mattei, Diego A. c/ Edesur SA s/ daños y perjuicios", causa n° 2388/2018, del 4/9/22).

Este peculiar escenario exhibe que, de sostenerse el temperamento acordado en el grado, el excedente de los estipendios del ingeniero no asumido por las demandadas al cobijo de lo dispuesto por el CCCN 730 se transformaría en una obligación sin sujeto pasivo alguno, lo que equivale al desconocimiento del derecho creditorio y, en la práctica, a una efectiva reducción de los emolumentos profesionales, resultado ajeno al propósito del precepto en examen (v. doctrina de fallos 332:1276). Así, la existencia de un crédito por honorarios, frente a la inexistencia de deudor para cancelarlo por presunta imposibilidad legal, genera una indudable lesión al derecho de propiedad de los profesionales afectados.

El control de constitucionalidad no solo abarca los supuestos en que las normas son manifiestamente contrarias a la disposiciones de la Carta Magna sino que además permite su ejercicio cuando aquellas resultan irrazonables, esto es cuando los medios que arbitran no se adecuan a los fines cuya realización procuran o, cuando revelan una manifiesta inequidad (fallos 334:434, fallos: 320:2725).
Recurso extraordinario, admisibilidad del recurso, interpretación de la ley, ley federal
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: Pombo Santárcangelo  S.A. s/ Sumario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-06

Es admisible el recurso extraordinario si se controvierte la inteligencia de normas de la ley federal 17.811 y la decisión apelada fue adversa a las pretensiones que los recurrentes fundaron en ellas.
Recurso de casación, nulidad de sentencia, sentencia arbitraria, exceso ritual manifiesto, formalidades procesales, LEY DE CONCURSOS, plazo, votación del acuerdo preventivo, régimen de mayorías, abuso del derecho
Materia: PROCESAL
Carátula: ASOCIACION MUTUAL VALLE INFERIOR s/ PROPUESTA DE PAGO Y ACEPTACIONES s/CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-04-23

La aplicación mecánica de un principio procesal de la ley concursal - plazo para acreditar las mayorías -, en forma aislada, configura un ritualismo incompatible con el "debido proceso" y con la obligación de confrontar todo el derecho vigente en cada caso concreto. De tal modo se ha sostenido: "Que el fenómeno disvalioso del 'exceso ritual manifiesto', considerado dentro del 'ritualismo' o 'formulismo' como su expresión más determinada, configura un verdadero abuso de derecho; más que nada porque ya el uso inadecuado de algo, de por sí, constituye una forma de abuso. En efecto, el 'exceso ritual manifiesto' implica un uso irregular de las formas, en el sentido de no adecuación a la finalidad para la que ellas se han establecido. Ese uso irregular, lo ha destacado reiteradamente la jurisprudencia, importa un daño para la justicia. Ejercicio antifuncional y daño convergen, pues, en el 'exceso ritual manifiesto'. La adscripción conceptual al abuso del derecho surge de tal modo y sin mucho esfuerzo, como basicamente aprop iada, más aún si reparamos en que la doctrina del acto abusivo cubre - o mejor, puede cubrir - un amplio espectro de la actividad jurídica".
Actualización monetaria, índices de actualización, índice de precios mayoristas, accidente de tránsito
Materia: CIVIL
Carátula: Indij, Alberto Teodoro c/ Goldsmit, Víctor R. y otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-07

No cabe aplicar el índice de precios al consumidor, que publica el Indec par juicios de accidentes de tránsito ya que no es el que mejor refleja las variaciones experimentadas por nuestro signo monetario, debiendo tomarse, en cambio, el índice de precios al por mayor - nivel general -.
Acción de inconstitucionalidad, colegio profesional
Materia: PROCESAL
Carátula: Consejo    Provincial   de  Ingeniería,  Arquitectura  y  Agrimensura s/ DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1990-05-09

Corresponde rechazar la acción de inconstitucionalidad contra la ley 2176 -art.59- cuando, como en el caso, dispone la conformación de una Junta Liquidadora para el traspaso de los bienes y efectos que resultaren proporcionales a los aportes efectuados por los arquitectos. Ello, en tanto, si bien no existe disolución del Consejo -Ley 442-, sí un desprendimiento de parte de sus integrantes -la rama profesional de los arquitectos- quienes fueron titulares de los aportes que proporcionalmente habían integrado el patrimonio de la corporación originaria; con razón al apartarse de ello resulta pertinente que se les reintegre tales fondos proporcionales por haber sido sus propietarios; máxime si tal disposición ha sido adoptada por quien concedió la personería de ambas entidades y no incurrió en excedencia que genere lesión habida cuenta que sólo se limitó a una forma de reintegro de los recursos originarios aportados, y lo hizo transfiriéndolos a la entidad que ahora agrupa y representa a los arquitectos.
Derecho penal, responsabilidad penal, culpabilidad, peligrosidad del imputado
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: HERRERA, GERARDO GABRIEL s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2011-12-07

El derecho penal del Estado de Derecho se apoya, entre otros y básicamente, en el principio del acto y la culpabilidad del autor por el acto cometido; conforme a sus postulados constitucionales la peligrosidad no es complemento ni alternativa a la culpabilidad, sino una condición que, más allá de su incierta y casi imposible determinación, constituye la negación misma de aquéllos y, precisamente por ello, es violatoria de esos postulados constitucionales, tal como lo ha expresado la jurisprudencia internacional y la del más alto Tribunal del país. La peligrosidad y la reincidencia han sido y siguen siendo un modo de ser más que un modo de actuar; esto es, una manifestación pura del principio de autor y, desde esta perspectiva, más allá de que su -imaginada y nunca probada- utilidad represiva tiene una fuerte base cultural en la sociedad, debe ser invalidada a la luz de los imperativos constitucionales vigentes. (De la Disidencia del Dr. Erbetta).
Personas privadas de la libertad, incapacidad absoluta, legitimación procesal, migraciones
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: "EN  -DNM-  Disp.  37834/05 (Expte. 804289/05) c/ Colona EspinozaMiguel Angel s/ recurso directo para Juzgados".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-08-31

El penado únicamente queda privado de capacidad procesal con relación a las pretensiones de contenido patrimonial o derivadas del ejercicio de la patria potestad, pero tal incapacidad no le impide deducir y oponerse a pretensiones fundadas en otras clases de relaciones jurídicas (Palacio, Lino E. "Derecho Procesal Civil", T.III, Ed. Abeledo Perrot, 1991, págs. 40/1); como -en el caso- pudieron ser las que lo habilitaban a requerir la revisión administrativa y judicial de la resolución de la Dirección Nacional de Migraciones que dispuso su expulsión del país (arts. 74 y 84 de la ley 25.871) (Cons. IV).
Actos u omisiones de autoridades públicas, acto administrativo, impugnaciones reiteradas
Materia: PROCESAL
Carátula: THX Medios S.A. y otro c/ GCBA s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: THX Medios S.A. y otros c/ GCBA s/ impugnación de actos administrativos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-21

Debe calificarse como arbitrario el pronunciamiento, que omitió tratar el agravio de la empresa -planteado en todas las instancias- vinculado con la falta de proporcionalidad de la multa impuesta por el Fisco. Ello así, toda vez que tal cuestión podría modificar parcialmente el resultado del pleito, su falta de abordaje por parte del a quo afectó el derecho de defensa de la accionante. (Del voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Acción de inconstitucionalidad, legitimación activa
Materia: CIVIL
Carátula: SANTUCHO LUIS HORACIO c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ JUICIO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-08-04

Si el actor funda su legitimación activa en ser integrante de una organización no gubernamental, cuya finalidad es la defensa de los derechos humanos, hecho que acredita mediante la presentación del acta constitutiva de la Fundación a la que pertenece y del Estatuto de dicha fundación, resulta que el mismo establece que el ejercicio de la representación de la fundación en todos los actos judiciales, extrajudiciales, administrativos, públicos o privados en que la misma esté interesada, se realiza por intermedio de su presidente o de quien lo reemplace en la representación de la fundación, la mera pertenencia a la comisión directiva del actor, no le otorga representación alguna a la entidad a la que dice pertenecer al no investir el cargo que expresamente le otorga facultades de representación el estatuto pertinente.
Sentencia, nulidad de oficio, accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Poblete, Benito c/ Justo L. Mazza S.A. s/ Accidente de trabajo Magnago, Diego Cristobal c/ AFNE S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-10-30|1986-05-13

Corresponde anular de oficio el veredicto y la sentencia del Tribunal del Trabajo, en lo que hace a la determinación de la indemnización por daños y perjuicios por un accidente de trabajo reclamada con sustento en normas del derecho común, si en esas piezas procesales no se han establecido las circunstancias personales de la víctima -edad, cargas de familia, etc.- que, según el fallo, deben tenerse en consideración para la estimación del resarcimiento integral correspondiente al trabajador accidentado y que constituyen pautas indispensables para establecer el monto de la indemnización.
Exceso ritual manifiesto, excepciones procesales, excepción de incompetencia, daños y perjuicios, indemnización
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Empresa Elmec Construcciones  SRL c/ Provincia del Chaco y/o quien resulte responsable s/ Demanda Contenciosoadministrativa
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-12-01

Incurre en un injustificado rigor formal la sentencia que hizo lugar a la excepción de incompetencia fundada en que la recurrente no peticionó administrativamente la indemnización de daños y perjuicios impetrada en sede judicial si aquélla no dejó de utilizar todos los recursos o remedios administrativos pertinentes contra los actos que la perjudicaban, planteando los perjuicios que le acarreaban y haciendo expresa reserva de ocurrir judicialmente.
Daños y perjuicios, responsabilidad objetiva, cosa riesgosa, accidente ferroviario
Materia: CIVIL
Carátula: Almarante, María Ester, en representación de sus hijos menores c/ Ferrocarriles Argentinos s/ sumario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-16

Es aplicable el art. 1113, segundo párrafo, parte final, del Código Civil, a los accidentes ferroviarios (Disidencia de los Dres. Eduardo Moliné O'Connor, Carlos S. Fayt y Guillermo A.

F. López).
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, libertad de expresión, derecho al honor
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Spacarstel, Néstor A. c/ El Día S.A.I.C.F. s/ daño moral
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-02-03

El ejercicio del derecho de expresión de ideas u opiniones no puede extenderse en detrimento de la necesaria armonía con los restantes derechos constitucionales, entre los que se encuentran el de la integridad moral y el honor de las personas (arts. 14 y 33 de la Constitución Nacional).
Despido, Estatuto del Docente, profesor universitario, publicaciones obscenas
Materia: TRIBUTARIO-ADUANERO-CULTURA-EDUCACION-PENAL
Carátula: Correa Parker Alejandro Pio c/ Universidad de Mendoza s/ Despido p/ Recurso Extraordinario Provincial
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2023-03-29

Las capturas de fotos y diálogos que tenía el profesor con sus alumnas universitarias, resultaron conductas graves e inapropiadas, configurando incumplimiento de las normas del estatuto de la casa de estudios. Por lo que dichas fotografías publicadas en Facebook con conversaciones inadecuadas, faltándoles el respeto a horas inapropiadas, utilizando palabras obscenas, haciendo comentarios de la vida privada de aquellas, manifestando comentarios sentimentales resultaron incorrectas tornado justificada la decisión de la universidad de dar por extinguida la relación laboral.
Tasa de justicia, sucesiones, base imponible, valuación fiscal, prueba pericial
Materia: CIVIL
Carátula: NAVARRO LAHITTE JUAN JOSE Y OTRO s/ SUCESION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-03-24

Si bien el art. 5to., inc. c), de la ley 21.859 establece que para determinar el monto imponible en las sucesiones, en relación a los inmuebles, debe estarse a la valuación fiscal, si las bóvedas denunciadas no poseen una valuación fiscal individual, corresponde realizar una pericia por parte de una persona idónea, máxime si en el título no se informa sobre la categoría de la misma.
Revocación de sentencia, nulidad procesal
Materia: COMERCIAL
Carátula: Gonzalez, Francisco Federico y otro c/ CENCOSUD SA s/ ordinario. c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-02-15

Cabe revocar lo decidido que declaró la nulidad de lo actuado por la letrada patrocinante del actor. Ello por cuanto, si bien como principio general los plazos legales o judiciales son perentorios (conf. CPR 155), cierto es que para decidir la cuestión traída a consideración ha de ponderarse el grave impacto económico generado a raíz de la pandemia del virus Covid 19 y la emergencia sanitaria dispuesta en consecuencia. Es que, en ese marco, al haberse establecido el 4/8/20 la reanudación de los plazos, es a partir de tal fecha que debe computarse el plazo previsto en el CPR 48; el cual venció el 29/9/20 y la presentación de la ratificación fue el 30/9/20 a las 10:48 hs. En esta excepcional circunstancia es que cabe la revocación de lo decidido en el grado.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, improcedencia del recurso, nulidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: DEVOIRA ZYLBERSZTEIN DE ROHR c/ JOSE B. PARODI s/ NULIDAD PROCESAL.    PROCEDENCIA    E    IMPROCEDENCIA  DEL  RECURSO  EXTRAORDINARIO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-08-13

La afirmación de la alzada relativa a que la nulidad fué planteada en forma extemporánea, no revela exceso de jurisdicción ni otro vicio con entidad para invalidar lo resuelto, ya que, al margen de los fundamentos expresados por las partes al trabar la incidencia, los jueces se encuentran habilitados para verificar los presupuestos temporales de los actos cumplidos y aplicar las reglas procesales vigentes.
Cesantía, motivación del acto administrativo, empleados públicos, abandono del cargo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Meza, Pablo Estanislao c/ Provincia de Buenos Aires (Consejo del Menor y la Familia) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-04-04

La cesantía por abandono de trabajo se configura con la actitud del dependiente que sin motivo deja de concurrir al empleo con el propósito expreso o presunto de no cumplir en lo sucesivo con su prestación de servicios, sin que medie justificación alguna.
Juicio ejecutivo, falsedad de título
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: JUAREZ ROBERTO EDUARDO c/ PALMIERI DOMINGO ALBERTO s/ COBRO EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-06-20

Se requiere como presupuesto para la procedencia de la excepción de falsedad de título que el documento que sirve de base a la ejecución sea total o parcialmente falso o cuando siendo verdadero se lo ha adulterado en perjuicio del ejecutado.-
Juicio de árbitros, laudo arbitral, tribunales arbitrales
Materia: PROCESAL
Carátula: ALEJANDRA DE ESPINOLA c/ SUSANA MAVEROFF s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-02-17

Si los árbitros emiten cada uno su parecer por separado y con conclusiones distintas, no existe laudo por no mediar co-incidencias mínimas que formen decisión, lo cual justificaría su remoción y la designación de reemplazantes (en el caso, sobre el hecho de que las partes pasaron a discutir la cuenta que debieron formular los árbitros, y luego impugnaron la decisión del juez relativa al saldo resultante de aquélla, la sala prescindió del laudo viciado y consideró la liquidación).
Concursos, privilegios (comercial), crédito laboral, vacaciones, sueldo anual complementario, indemnización
Materia: COMERCIAL
Carátula: HELIANTUS  S.A.C.I.C.F.  POR PORCO PASCUAL Y OTRO s/ CONCURSO PREVENTIVO    INCIDENTE DE VERIFICACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-31

En tanto el sistema concursal admite el juego de los privilegios pertenecientes a todo el ordenamiento jurídico, no resulta absoluto el carácter excluyente que se atribuye a la ley falimentaria (sala D, 23-10-81, Gruber). Entre la ley 19.551 y la ley de contrato de trabajo 20.744, deben aceptarse las reglas de este segundo ordenamiento (art. 7 del premio, ley laboral citada en primer término; sala D, 25-8-76, Bricons SA, ed 74:309; id. Gruber cit.; id 18-2-82, Marshall; id., 29-7-83, Industrias biológicas).

Los arts. 268 y 273, ley laboral, amparan las remuneraciones debidas al trabajador por "seis meses" con los privilegios especial y general, respectivamente. Una interpretación ajustada de tales normas, lleva a reconocer los privilegios antedichos a las remuneraciones devengadas durante seis meses, independientemente de la relación de éste período con la fecha de apertura del concurso.

Pues aunque los métodos puramente literales de interpretación no constituyen la vía más profunda para llegar al sentido total de la ley positiva, ha de acordarse relevancia a la sustitución de la frase "por seis meses anteriores al concurso" -empleada en el art.

265, inc. 4, ley 19.551- por la mención de "seis meses" que formula el art. 273 de la ley de contrato de trabajo -texto ordenado por decreto 390/76- (Sala d, 28-9-82, Textil sudamericana). Cabrá asignar sólo privilegio general a las acreencias emergentes de vacaciones y sueldo anual complementario devengadas en el término de seis meses; y privilegio general y especial a la indemnización sustitutiva de preaviso e indemnización por despido (268 y 273 LCT;

sala D, 23-10-81, Gruber; id., C, 5-10-78, Tolyca Catalano). El crédito proveniente de la atribución de subsidios familiares se encuentra amparado por el privilegio general de la ley de contrato de trabajo, art. 273 (Sala D, 29-7-83, Industrias Biológicas, cit.).
Menor procesado, pena
Materia: PENAL
Carátula: Villalba, Miguel Angel s/ Homicidio  (art.  84  C.P.)  y  Lesiones  culposas (art. 94 C.P.) en  perjuicio de Eliana Alejandra Vera y Otros - Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2001-09-26

Si el menor carece de antecedentes judiciales, y tiene dieciocho años al momento de recaer sentencia en su contra, se encuentran cumplidos los recaudos objetivos. Si también es sometido al tratamiento tutelar correspondiente, del cual se advierten cambios positivos en la conducta del menor, tales como: adaptación al medio familiar y social; desempeño de tareas rurales con su padre; ejercicio adecuado de la tutela por parte de sus progenitores sobre su persona; todo ello lleva a concluir que se ha logrado una readaptación en la persona del menor, por lo que no surge necesaria la imposición de pena.