Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-06-08


En la ciudad de Esquel, Provincia del Chubut, República Argentina, a los ocho días del mes de junio del año dos mil seis, se reúne en Acuerdo la Excma. Cámara de Apelaciones del Noroeste del Chubut, bajo la Presidencia del Dr. Benjamín Moisá y con la asistencia de los Sres. Jueces de Cámara Subrogantes Dres. Omar Higinio Magallanes, Mariela González de Vicel y Jorge Eyo, a fin de dictar sentencia definitiva en los presentes autos caratulados: "Q., S. c/ A., H. y otra s/ Daños y Perjuicios" (Expte. Nº 171/05 CANO), venidos en apelación a esta Alzada.

Atento a la integración del Tribunal, lo dispuesto por el art. 9 del Acuerdo N° 3/82 CANO y practicado el sorteo dispuesto por el art. 268 del CPCC entre los Sres. Jueces Subrogantes, correspondió el siguiente orden para la votación: Dres. MOISÁ - GONZÁLEZ - MAGALLANES. Dada la falta de coincidencia entre los votantes, se dio intervención, en último lugar, al Dr. EYO.

Acto seguido se procedió a plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia apelada de fs. 193/200 vta.? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.

A la primera cuestión, el Dr. Moisá dijo:- 1. Por Sentencia N° 45 de fecha 28 de septiembre de 2005 (fs. 193/200 vta.), el Sr. Juez de primera instancia decide hacer lugar a la demanda por daños y perjuicios entablada por la Sra. S. Q. contra los Sres. H. H. A. y A. D. T. C. T., condenando a los demandados a abonar a la actora la suma de $40.763.- de acuerdo a lo considerado, haciendo extensiva la condena in solidum a S. B. R. C. L., citada en garantía.

2. Contra tal decisión, a fs. 207 el Dr. H. A. S. interpone recurso de apelación por la representación acreditada, esto es, por los demandados (fs. 33) y por la compañía aseguradora citada en garantía (fs. 59), recurso que es concedido libremente a fs. 208.- A fs. 219/225 vta., los recurrentes fundan su apelación en tres agravios concretos: principalmente, en cuanto atribuye responsabilidad exclusiva en el evento al codemandado H. H. A.; y, subsidiariamente, respecto del monto por el que prospera el rubro daño moral y con relación al acogimiento y monto por el rubro daño psíquico.

En lo tocante al primer agravio, en lo conducente, expresan que el juzgador no ha tenido en consideración las probanzas de la causa que demuestran el quiebre del nexo causal por el hecho de la víctima, su autorresponsabilidad y lo acotado de la denominada "teoría del peatón distraído".

Señalan los apelantes -con cita de doctrina y jurisprudencia- que, si bien la teoría del riesgo creado impone una responsabilidad muy estricta, exigiendo sumo cuidado a todo automovilista en la vía pública, no puede imponérsele una conducta tan excepcional que transforme a cada conductor en una deshumanizada computadora que prevea sin falla la irresponsabilidad del peatón, por inesperada o sorpresiva que resulte. Agregando que la aplicación a ultranza que efectúan los tribunales de esta teoría se traduce en una concepción antisocial, ya que libera a los peatones de las consecuencias de sus actos, doctrina que, además, resulta contradictoria con lo que disponen los arts. 1111 y 1113 del Código Civil.

En síntesis, concluyen los recurrentes, ha mediado culpa exclusiva de la víctima con su transitar desaprensivo por medio de la calzada, ya de noche (20:40 hs., en el mes de septiembre) y con lluvia, lo que obviamente dificultaba la visión. Este incumplimiento de la obligación reglamentaria impuesta por el art. 38, inc. a) de la Ley N° 24.449 (Ord. Mun. N° 26/97), en el contexto de las circunstancias en que se produjo, configuró inexorablemente un accionar causal intempestivo y súbito para el Sr. A..- En subsidio, para el caso de no prosperar el primero, en el segundo agravio los apelantes cuestionan la procedencia del rubro "daño moral", sosteniendo que la actora no ha probado la existencia de un perjuicio de tal especie. Sin perjuicio de ello y en el supuesto de que se estimara procedente una indemnización por el referido rubro, con cita de MOSSET ITURRASPE, TRIGO REPRESAS - LÓPEZ MESA y PIZARRO, consideran que el monto de $15.000.- fijado por la sentencia en crisis es elevado y carente de fundamentos.- El tercer y último agravio está referido a la procedencia y monto del "daño psíquico", expresando los recurrentes que, tal como lo ha dicho el mismo juzgador, este rubro no configura un "tertium genus", es decir, una clase de daño diferente del patrimonial o moral. Resulta obvio, sostienen, que las proyecciones de la lesión psíquica en la faz patrimonial deben englobarse en el rubro "incapacidad sobreviniente", pero, como este rubro no fue demandado, no puede prosperar, siendo la sentencia de primera instancia incongruente en demasía al fallar extra petita.- A fs. 227/231, la parte actora contesta los agravios de los apelantes, con abundantes citas doctrinarias y jurisprudenciales, solicitando el rechazo de los mismos por las razones a las que brevitatis causæ me remito.

Resumidos, entonces, del modo precedente los agravios de los apelantes, corresponde que me aboque a la consideración de los mismos con miras a fundar mi voto en la resolución del recurso en tratamiento.- 3. La culpa como único fundamento de la responsabilidad civil. "No hay responsabilidad sin culpa" ("pas de responsabilité sans faute") es un principio general del Derecho de orden natural que, no obstante su milenario reconocimiento y las nuevas tendencias en la doctrina comparada (con distintos matices, v. gr.: Luis DÍEZ PICAZO, en España; o Philippe LE TOURNEAU, en Francia), gran parte de nuestros autores se empecinan en ignorar o, por lo menos, relativizar. Así lo vengo sosteniendo desde el caso "B." (SDC N° 49/03, Expte. N° 93/03 CANO; en igual sentido el caso "B.", SDC N° 28/04, Expte. N° 267/03); también lo he hecho en las "XX Jornadas Nacionales de Derecho Civil", llevadas a cabo en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires durante el mes de septiembre de 2005 (vid. nuestra ponencia "El deber contractual de seguridad", Comisión N° 2, Libro Electrónico de Ponencias).

Según ya lo afirmara Marcel PLANIOL, si se admitiera la responsabilidad sin culpa, se produciría una injusticia social, porque sería, en Derecho Civil, el equivalente de lo que en Derecho Penal es la condena de un inocente (Revue Critique, 1905, 179). Es que, como bien lo señalara entre nosotros Henoch D. AGUIAR, "el hacer soportar a alguien las consecuencias dañosas de un acto que no puede moralmente atribuírsele, y que afectan la persona o el patrimonio de otro, como puede afectarlo una de tantas fuerzas ciegas de la naturaleza, no se conforma con ningún principio jurídico, ni satisface ningún ideal de justicia individual o social; porque un acto moralmente inimputable, no es un acto humano, sino obra del caso o de la fuerza mayor, de la cual no surge responsabilidad alguna" (Hechos y actos jurídicos, t. III: Actos ilícitos. Responsabilidad civil, v. 1, p. 221, TEA, Bs. As., 1950; cfr. RICCI, Francisco, citado por AGUIAR, nota 20).

Hoy en Francia, la relativización jurisprudencial de la culpa como principio rector en materia de responsabilidad civil -el cual siempre fue cardinal en ese país, sin perjuicio de los avances y retrocesos de la "teoría del riesgo"- y la proliferación de regímenes específicos de reparación con otros fundamentos (v. gr.: leyes de accidentes de trabajo del 9 de abril de 1898, de accidentes de tránsito del 5 de julio de 1985, de responsabilidad por productos defectuosos del 19 de mayo de 1998 o de responsabilidad por riesgos técnicos del 30 de julio de 2003), han llevado a Philippe LE TOURNEAU, uno de los más destacados especialistas sobre responsabilidad civil, con más de 400 publicaciones en su haber -incluido su tratado, cuya última edición data de 2004-, a sostener que: "El derecho de la responsabilidad deviene cada vez más un conjunto disparatado de casos particulares con prescripciones distintas, causa de desgracias para los ciudadanos y sus abogados... La crisis de la responsabilidad civil resulta ampliamente de esta inflación de regímenes que conducen a un derecho vuelto trizas (según la expresión de A. TUNC), y de la interferencia entre la responsabilidad civil y los procedimientos de colectivización de los riesgos" (La responsabilidad civil, p. 50 y s., LEGIS, Bogotá, Colombia, 2004, tr. Javier Tamayo Jaramillo). Estas circunstancias, señala ejemplificando el distinguido jurista galo, por excesiva sutileza, han conducido a que en la jurisprudencia francesa, atendiendo a los términos de la Ley del 5 de julio de 1985, se plantee el absurdo interrogante de si un vehículo en miniatura para un niño de menos de cinco años, ¿es un vehículo? La Corte de Casación, manteniendo cordura todavía, entendió que no (2ª Sala Civil, 4 de marzo de 1998, Bull. civ. II, N° 65, etc., citado por LE TOURNEAU).

"Es necesario [como lo advierten RIPERT y BOULANGER], por lo tanto [para no caer en la anarquía jurídica], mantener el principio de que responsabilidad está fundada, en todos los casos, en la culpa, y que sólo varía el procedimiento técnico que permite descubrir la culpa" (RIPERT, Georges - BOULANGER, Jean, Tratado de Derecho Civil según el Tratado de Planiol, t. V, p. 122 y s., n° 1039, LA LEY, Bs. As., 1965, supervisión Jorge Joaquín Llambías, tr. Delia García Daireaux).

Obviamente, según lo aclaro en mi ponencia citada supra, no niego la existencia de supuestos que exigen una reparación objetiva por razones de equidad, que en algunos casos -no en todos- han sido consagrados con justicia por nuestra ley, pero, tales hipótesis no son de responsabilidad objetiva, expresión que encierra una contradicción en sus propios términos, sino de reparabilidad, pues a la noción de responsabilidad va aneja la de imputabilidad moral, cuya base se encuentra en la moralidad del acto. En tal sentido, Vicenzo MICELI -citado por AGUIAR, a quien venimos siguiendo- afirma: "o que la responsabilidad implica cierta relación, al menos indirecta, del acto con la voluntad del agente, o que no es responsabilidad" (cfr. AGUIAR, op. et loc. cit., p. 219 y nota 17).- Sin perjuicio de ello, como la acción de responsabilidad tiene por objeto la reparación del daño causado, se ha tomado el mal hábito de llamar acciones de responsabilidad a todas aquellas que tienden a la reparación de un daño, cualquiera sea la causa de la obligación de reparación; mas esa calificación no es exacta. Y, si bien resulta difícil corregir una terminología corriente, tal circunstancia no es excusa para que los técnicos del derecho dejemos de expresarnos con propiedad (cfr. RIPERT - BOULANGER, op. et loc. cit., p. 43, n° 926).

4. La culpa en el art. 1113 del Código Civil reformado por la Ley N° 17.711. Sentado lo que antecede y precisando lo que dijera en el citado caso "B.", el art. 1113 del Código Civil establece un sistema de presunciones de culpa con el objeto de facilitar la prueba de la víctima, distinguiendo tres supuestos: a) responsabilidad por el hecho ajeno (primer párrafo), en el cual se establece una presunción irrefragable de culpa (juris et de jure); b) responsabilidad por el daño causado "con" las cosas (segundo párrafo, primera parte), en el cual se establece una presunción simple de culpa (juris tantum); y c) responsabilidad por el daño causado "por" el riesgo o vicio de la cosa (segundo párrafo, segunda parte), en el cual se establece una presunción agravada de culpa (limitándose la prueba en contrario: a la culpa de la víctima, a la culpa de un tercero por quien no se debe responder, o al caso fortuito o de fuerza mayor).

Dejando por ahora de lado la responsabilidad por el hecho ajeno, pues no hace a la resolución de la causa, cabe aclarar que el art. 1113, al referirse a la responsabilidad por los daños causados "con" las cosas, indudablemente apunta a los hechos del hombre, mientras que, al aludir a los daños causados "por" el riesgo o vicio de la cosa, lo hace en correspondencia con los denominados hechos de las cosas; esto significa que en el primer supuesto la cosa cumple una función pasiva o meramente instrumental, mientras que, en el segundo, su intervención es activa o causal.

La distinción del párrafo precedente no es una cuestión menor. En efecto, las presunciones de culpa que juegan en uno y otro caso tienen diferente intensidad, así, en los daños causados con las cosas bastará al dueño o guardián demostrar que de su parte no hubo culpa para liberarse de su responsabilidad; en tanto que, en los daños causados por el riesgo o vicio de la cosa, el dueño o guardián deberá acreditar la culpa de la víctima, la de un tercero por quien no debe responder o el caso fortuito o de fuerza mayor para eximirse total o parcialmente de responsabilidad, en la medida en que tales causales absolutorias excluyan su culpa presunta.- 5. El caso concreto: accidente de tránsito. Yendo al caso que nos ocupa y siendo notorio que los automóviles son cosas riesgosas de accionamiento humano, los daños que causan deben ser valorados desde una doble perspectiva: como hechos del hombre y como hechos de las cosas.- I. Hecho del hombre. Desde el primer punto de vista, esto es, del de la responsabilidad por los daños causados con las cosas (art. 1113, párr. 2°, primera parte), valorando las pruebas aportadas según las reglas de la sana crítica (art. 386, CPCC), tengo por demostrado que no hubo culpa por parte del codemandado Sr. H. H. A. -conductor del vehículo- ni, por ende, de la codemandada A. D. T. C. T. -propietaria-, en el accidente de tránsito ocurrido en esta ciudad el día 29/09/02 a las 20:40 hs. aproximadamente, del que resultara con lesiones la actora, Sra. S. Q..

Teniendo muy en cuenta las constancias de la causa penal ("A., H. H. s/ Q., Z. s/ víctima", Expte. Ministerio Público Fiscal N° 4.770-2002, Expte. Juzgado de Instrucción N° 2815-181-2002) ofrecida por ambas partes como prueba, la falta de culpa del Sr. H. H. A. resulta de las siguientes circunstancias:

a) De la declaración espontánea de la actora de fs. 3/vta. de la causa penal, en la cual textualmente manifiesta que: "reitera que fue un accidente, haciendo alusión que el taxista posiblemente no la vio por la gran cantidad de vehículos que transitaban sobre la avenida y la lluvia que caía".

b) De la fotocopia de la licencia de conductor obrante a fs. 12/vta. de la causa penal, concordante con el informe de la Municipalidad de Esquel glosado a fs. 133 de estas actuaciones, según el cual el Sr. A. posee licencia de conducir habilitante en la Categoría D1 (transporte de pasajeros hasta 8 personas y las incluidas en la cat. B1), expedida el día 25/03/2002 con vigencia hasta el día 25/03/2006.- c) Del informe pericial accidentológico que se encuentra agregado a fs. 52/53 de la causa penal, según el cual el Oficial Principal A. J. B., Perito en Accidentología Vial, concluye que "la velocidad del vehículo al momento del embestimiento peatonal era inferior a 25 km/h".

d) Del croquis de fs. 10 de la causa penal, según el cual el Sr. A. conducía su taxi sobre la parte derecha de la calzada. Cabe aclarar que, no obstante los cuestionamientos de la parte actora, la exactitud del referido croquis resulta corroborada por los propios dichos de la Sra. Q. en sus declaraciones de fs. 3/vta., 43/vta. y al constituirse en querellante a fs. 44.- Todo ello demuestra que el Sr. A., en la conducción del vehículo a su cargo, se ajustó a las reglas de circulación establecidas por los arts. 36 a 68 de la Ley N° 24.449 -aplicable por Ord. Mun. N° 26/97-, lo cual me lleva a la convicción de que no hubo culpa de su parte.

II. Hecho de la cosa. Desde la perspectiva de la responsabilidad por los daños causados por el riesgo o vicio de la cosa (art. 1113, párr. 2°, segunda parte), el informe técnico del Perito B. de fs. 18 excluye cualquier posibilidad de "vicio" en el vehículo marca Volkswagen Senda, dominio ...-..., que intervino en el accidente, por lo que la cuestión queda circunscripta a la problemática del "riesgo" de la cosa. En efecto, el experto en accidentología vial es concluyente al afirmar que el automóvil en cuestión no posee zona de impacto ni presenta daños en la estructura de la carrocería, siendo sus condiciones de transitabilidad buenas en atención al funcionamiento de los sistemas lumínico, de frenos, de dirección y de rodamiento, destacando las buenas condiciones de seguridad activa y pasiva.

A esta altura, entonces, sólo me queda por determinar si existió -o no- culpa de la víctima que excluya la presunción agravada de culpa que las cosas riesgosas hacen pesar sobre su dueño o guardián; y, en atención a las probanzas de autos, mi conclusión no puede ser otra que afirmativa.

La exclusiva culpa de la Sra. S. Q. en los daños que sufriera resulta de su inobservancia de las reglas establecidas por el art. 38, inc. a) de la Ley N° 24.449 -aplicable por Ord. Mun. N° 26/97- para el tránsito de peatones en la zona urbana, según las cuales los mismos "únicamente" -con la sola excepción del ap. 1 del inc. a)- transitarán por la acera u otros espacios habilitados a ese fin, debiendo en las intersecciones hacerlo por la senda peatonal que, "esté o no demarcada, es la parte de la calzada que resulta de la prolongación ideal de las aceras correspondientes a la arteria que intersecta aquella que el peatón cruza, de modo que las líneas que la delimitan son paralelas al eje longitudinal de la primera, aun cuando no fuesen perpendiculares al de la segunda" (cfr. TRIGO REPRESAS, Félix A. - LÓPEZ MESA, Marcelo J., Tratado de la Responsabilidad Civil, t. III, p. 825, La Ley, Bs. As., 2005; Cám. Nac. Esp. CC, Sala V, 31/10/80, "B. c. F.", ED, 92-155).

Me llevan a tal conclusión las siguientes pruebas:

a) Las declaraciones de la propia actora, Sra. S. Q., según las cuales el día 29 de septiembre del año 2002, a hs. 20:40 aproximadamente, en circunstancias en que caminaba por la Avda. Alvear hacia la calle A. P. Justo para ir a su casa fue embestida por un taxi, aclarando que no cruzó la avenida porque del lado por donde debía cruzar corría mucha agua, y lo que buscaba era una pasarela. Asimismo, señala que posiblemente el taxista no la vio porque en ese momento llovía y transitaba gran cantidad de autos por la avenida (fs. 3 vta. de la causa penal).- En su declaración ante el Ministerio Público Fiscal de fs. 43/vta. de la causa penal, la Sra. Q. precisa que "... fui bordeando por la banquina por A. P. Justo, sobre la Avda. Alvear por la mano izquierda en sentido contrario a la circulación de los vehículos.- Cuando llego casi a Avda. Perón a la altura del domicilio de la familia P., veo un auto estacionado en la banquina, la intención era apoyarme en el auto que estaba estacionado y poder subir a la vereda, momento en el cual veo que viene un taxi sobre la mano lenta y pegado al taxi una camioneta, los dos vehículos circulaban a exceso de velocidad y no alcancé a hacer nada, porque quede bloqueada y sentí el golpe, producto del impacto del taxi".- A fortiori todavía, al constituirse en querellante (fs. 44 de la causa penal), la Sra. Q. expresa: "Desciendo del colectivo en dirección a mi domicilio, sito en calle B. ..., y atento la gran cantidad de agua acumulada en la Avda. Alvear, circunstancia que me impedía cruzar la Avda., me dirijo por el lugar de estacionamiento de vehículos en busca de un paso más seguro y adecuado en dirección contraria a la mencionada Avda.".

Tales declaraciones no me dejan dudas de que la Sra. Q., en ocasión del accidente que sufriera, transitaba indebidamente a pie por la calzada de la Avda. Alvear, lo que la convierte en única culpable de su desgracia (art. 1111, Cód. Civ.).

Por lo demás, no escapa a mi análisis la diferencia entre la declaración espontánea de fs. 3/vta. de la causa penal, en la que la deponente manifiesta que "reitera que fue un accidente, haciendo alusión que el taxista posiblemente no la vio por la gran cantidad de vehículos que transitaban sobre la avenida y la lluvia que caía", y sus versiones de fs. 43/vta. y 44, en las que hace referencia a que el Sr. A. conducía el taxi a "excesiva velocidad". Sin embargo, esta última hipótesis queda absolutamente desvirtuada por el informe del Perito B., quien a fs. 52 vta. asevera que "la velocidad del vehículo al momento del embestimiento peatonal era inferior a 25 km/h".

b) El croquis de fs. 10, cuya fidelidad con los hechos, no obstante los cuestionamientos de la parte actora, queda comprobada por sus propios dichos.

6. En suma: encontrándose demostrada la falta de culpa del Sr. A. -conductor- y consecuentemente de la codemandada Sra. C. T. -propietaria-, y acreditada la exclusiva culpa de la víctima, Sra. Q., se impone la respuesta negativa al primer interrogante propuesto (arts. 1111 y 1113, Cód. Civ.).

Concordantemente con la postura que asumo, se ha dicho: "Si bien en cabeza de los conductores pesa el deber de actuar con cautela y prever conductas distraídas o imprudentes de los peatones que conforman riesgos comunes a la circulación vehicular, ello no justifica el obrar temerario de los paseantes quienes también deben ajustarse a los dictados de una adecuada disciplina vial" (CNCiv., Sala A, 19/3/93, "V., E. B. y otro c. M., P. H.", LL, 1994-C-473); "El peatón que se encuentra cruzando la calzada debe tener prioridad absoluta de acuerdo a las circunstancias del derecho de circulación, pero ello no implica que no deba respetar la normativa vigente en materia de tránsito y circulación, haciéndolo por los lugares adecuados y en forma prudente" (CNCiv., Sala H, 7/3/00, "D. A., N. I. y otros c. T. .. d. J.", LL, 2000-D-882); "Los peatones que atraviesan la calzada fuera de las sendas de seguridad donde la ley les reconoce prioridad de paso, lo hacen a su propio riesgo, pues sólo en dichas senda los vehículos deben cederles el paso, consecuentemente si en dicha circunstancia se produce un accidente de tránsito se presumirá culpa de la víctima" (SCBA, 13/7/99, "S., A. J. y otros c. C., L. G. y otros", LLBA, 1999-1008); "Si bien el peatón distraído o imprudente puede considerarse una contingencia propia del tránsito, es contrario a derecho considerar que el dueño o guardián de un automóvil deba hacerse cargo de la culpa grave de la víctima, en especial si el conductor circula por su mano y a velocidad reglamentaria" (CNCom., Sala A, 8/6/00, "L., S. L. c. E., R. D.", LL, 2000-F-997, J. Agrup., caso 15.375); "Los peatones deben cruzar por la senda de seguridad y al no hacerlo, este hecho crea la presunción de su culpa en los accidentes de tránsito que se produzcan como consecuencia de la infracción" (CCC San Martín, Sala 2ª, 20/6/91, "G., E. c. R., J. C.", JA, 1994-III-sínt.).

A la misma cuestión la Dra. González dijo:

Contra la sentencia dictada por el Sr. Juez de Primera Instancia que hace lugar a la demanda de daños y perjuicios impetrada por la Sra. S. Q. y condena a los demandados H. A. y A. D. T. C. T., e "in solidum" a la aseguradora "S. B. R. C. L." al pago de la suma de $40.763.- e intereses computados según la tasa activa, con más las costas del juicio, interpone recurso de apelación la parte demandada vencida. Expresa su crítica a la sentencia con el memorial de agravios que se adunó en las páginas 219/225 vta. del expediente; el responde del mismo que realizó la contraria se incorporó a fojas 227/231.

El letrado apoderado de los demandados A., Q. y la compañía aseguradora, Dr. H. A. S., expresa que la sentencia definitiva registrada bajo el Nº 45/05 le causa tres agravios: el primero principal en cuanto atribuye responsabilidad exclusiva en el evento al co-demandado A., y los subsidiarios: el monto por el que prospera el daño moral y el reconocimiento de daño psíquico a la actora, y su monto.

Respecto de la atribución de responsabilidad exclusiva en el hecho dañoso al conductor del automotor Sr. H. A., afirma que el Sr. Juez de Primera Instancia sigue la "doctrina del peatón distraído" (SIC), y que no tuvo en consideración las probanzas de la causa que demuestran el quiebre del nexo causal por el hecho de la víctima, su autoresponsabilidad, y lo acotado de la teoría de la que hace aplicación. Con transcripción de doctrina y jurisprudencia aduce que la teoría del riesgo creado impone una responsabilidad estricta a los automovilistas, que la aplicación a ultranza de ella se traduce en una concepción antisocial, pues libera a los peatones de sus actos y que no admitir que la culpa de la víctima constituye un factor de quiebre de la relación causal acarrearía consecuencias disvaliosas (las que señala).- Afirma el quejoso que está demostrado por el croquis de fojas 10 de la causa penal, que la demandante no estaba apoyada en ningún vehículo como lo señala en la demanda, sino que caminaba por la mitad de la calzada puesto que el agua acumulada le impedía acceder a la vereda. Cita jurisprudencia en torno a la presunción en contra del peatón que genera su localización en la calzada. Asegura, en definitiva, que medió culpa exclusiva de la víctima por su transitar desaprensivo por medio de la calzada, de noche (20:40 hs. del mes de septiembre) y con lluvia, lo que dificultaba la visión, lo que configuró -señala- un accionar intempestivo y súbito para el conductor. Sostiene que se descartó en el análisis de la anterior instancia prueba de decisiva trascendencia para acreditar la culpa de la víctima.- Critica el razonamiento del juzgador concretamente cuando afirma que "...no se pudo demostrar el lugar exacto por el cual circulaba la accionante...si paralelo al cordón de la acera o por la mitad de la misma....", tildando de falsa la conclusión y apoyándose en la prueba producida en sede penal (fs. 10 del sumario ofrecido por ambas partes). Asevera que de esa experticia se concluye fácilmente el lugar exacto por donde transitaba la actora: la mitad de la calzada y no en paralelo al cordón (donde se encontraban vehículos estacionados). Se agravia de la conclusión del "a-quo" en cuanto sostuvo que "...pero de una u otra manera A. la vio caminar..." por entender que, si ello se extrajo de la prueba confesional (8ª posición) no se compadece con lo que el absolvente expresó, puesto que el demandado afirmó en ese acto que la actora transitaba por la mitad de la calzada. Concluye entonces que se razonó arbitrariamente al fundarse el decisorio en hechos no probados: afirmar que A. tuvo tiempo de ver a la Sra. Q. y no adoptar una conducta prudente para no embestirla. Critica también la circunstancia que se le achaca a su representado de no realizar una maniobra de frenado, diciendo que ello resulta falso desde que A. realizó tal maniobra aunque la lluvia, la noche, y la aparición sorpresiva de la actora en medio de la calle, fue insuficiente para detener el automotor. Aduce que las luces bajas del vehículo no permiten una visibilidad tal que permita divisar obstáculos más allá de unos pocos metros, lo que contribuye a que cualquier aparición aparezca como un hecho súbito. También entiende que quedó suficientemente probada la circunstancia esgrimida por el conductor respecto de la circulación de otro vehículo por la mano izquierda que le impidió una maniobra de esquive, con la confesional, el croquis policial, y el reconocimiento de esa circunstancia en sede penal que realizara la actora. Concluye afirmando que fue el accionar de la actora la única causal exclusiva y excluyente del evento dañoso, citando jurisprudencia en apoyo de su postura.

Para el supuesto de que no se recepte la interrupción del nexo causal que invoca, propone se modifique la sentencia por entender que ha habido, al menos, exoneración parcial del dueño o guardián.- Su segundo agravio finca en la cuantía del daño moral reconocido a la víctima del siniestro. Para atacar dicho rubro se remite a la doctrina especializada en la materia respecto de las pautas de valoración que deben seguirse, considerando que el Juzgador se limitó a efectuar una enumeración de los daños sufridos, y con sólo ello tuvo por acreditado dicho rubro.

Por último cuestiona la procedencia y monto del denominado "daño psíquico". Aduce que, al no tratarse de un "tertium genus", es decir, un daño diferente al patrimonial o al extramatrimonial, las proyecciones de la lesión psíquica en la faz patrimonial deben englobarse en el rubro "incapacidad sobreviviente". Razona afirmando que, como dicho ítem no fue demandado no puede prosperar bajo otro acápite y resulta entonces, improcedente su reconocimiento. Receptado por la sentencia la cuestiona en ese punto por incongruente desde que otorga a la actora mas de lo solicitado. Finalmente hace reserva de ocurrir a la instancia extraordinaria por los fundamentos que expresa y tengo por reproducidos en este voto.- De este modo resumidos en lo esencial los agravios, he de analizarlos en función del elenco legal aplicable al caso, las constancias de autos y el sumario de instrucción que fuera ofrecido como prueba por ambas partes para, posteriormente, pronunciarme propiciando la confirmación, revocación o modificación del fallo, conforme entienda que el mismo se halla o no ajustado a derecho. Seguiré en mi análisis el orden crítico propuesto por la parte vencida, desde que de la revisión del primer agravio y su resultado dependerá la posibilidad de tratamiento de los restantes.

Las normas que regulan la responsabilidad civil por los hechos ilícitos en casos como el que nos ocupa, se encuentran contenidas en los arts. 1109, 1111 y 1113 del Código Civil de la República Argentina. En el especial supuesto de daños producidos por automotores en movimiento, conforme lo establecido en el art. 1113 de la ley sustancial, estamos en presencia de lo que se denomina la responsabilidad objetiva, donde se produce una presunción de culpa que, por la inversión de la carga de la prueba puede ser considerada como "agravada". Si el daño es causado con la cosa, bastará al sindicado como responsable probar que de su parte no hubo culpa. Si el daño es producto del riesgo o vicio de la cosa corresponderá al dueño o guardián acreditar no ya su ausencia de culpa, sino que la víctima o un tercero por quien no debe responder ha sido quien, merced a su accionar culpable, dio lugar al evento dañoso. Esto es, en otras palabras, lo que dispone la norma.

En torno entonces al primer agravio, respecto a que el Sr. Magistrado de Primera Instancia no tuvo por configurada la culpa exclusiva de la Sra. Q. en su carácter de peatón-víctima, y ponderando que, ya desde lo establecido en el art. 1113 citado, cuanto de lo que dispone la Ley 24.449, a la que adhirió el estado provincial mediante Ley 4165 (art. 64, "El peatón goza del beneficio de la duda y presunciones en su favor en tanto no incurra en graves violaciones a las reglas del tránsito"), considero ajustado el análisis que se realizó en la anterior instancia.

En su escrito recursivo la parte demandada vencida se basó concretamente en el croquis realizado en los caratulados: "A., H. H. S/ Q., Z. S/ VICTIMA" Nº 4770-2002 (ver página 10 de esa instrumental). Y si bien este croquis resulta ser una de las piezas que debe analizarse, la misma lo será en consonancia con las restantes producidas. Lo primero que advierto del cotejo de las probanzas reunidas en sede penal es que el mentado croquis fue confeccionado según descripción realizada por el autor del daño. Si lo confrontamos con lo opinado por el experto llevado a expedirse (A. B., perito en accidentología vial), cuyas conclusiones no fueron objetadas por ninguna de las partes, obtenemos el siguiente dato: "Indudablemente el lugar del hecho fue alterado y/o modificado por le conductor del vehículo" (punto IV.d, página 52 vta., in fine). En consecuencia, no puede seguirse a pie juntillas la descripción de que da cuenta dicho croquis. Sea por que el mismo no contó con la descripción de la otra parte interviniente en el hecho, sea por lo advertido por el perito. Sin embargo, algunos datos objetivos del mismo han de ser ineludiblemente considerados: así, el ancho de la calzada y la posibilidad de que en la arteria quepan tres vehículos.

En lo tocante a la mecánica del accidente, el perito accidentológico puso en conocimiento la imposibilidad de describir la dinámica en que el mismo aconteció (no lograron determinarse las conductas viales que desplegaron víctima y victimario, ni la zona en que se produjo el contacto entre el vehículo y el cuerpo de la persona embestida). Aunque sí que el rodado inspeccionado no presentaba daños como consecuencia del accidente, lo que indica una velocidad al momento del impacto de un kilometraje inferior a 25 km/h.

El Juez de grado analizó la confesional del demandado, y de ella extrajo la conclusión que motiva el agravio: que sin perjuicio de no haberse podido determinar si la Sra. Q. transitaba por el medio de la calzada o lo hacía paralelo al cordón, el conductor tuvo tiempo de ver a la víctima y adoptar una conducta prudente para no embestirla, y no lo hizo.- No resulta suficiente al conductor del vehículo embistente esgrimir la presencia del peatón en la calzada, conducta innegablemente antirreglamentaria. Para que la conducta de la víctima resulte interruptiva del nexo causal, y exculpe de responsabilidad (en tanto tiene a su cargo la conducción de la cosa riesgosa del conductor) la presencia debe ser imprevisible, súbita, impensada. Al respecto se ha sentenciado que: "Hay culpa de la víctima al cruzar la calle fuera de la senda peatonal, pero no es elemento suficiente para comportar exención de responsabilidad del conductor. El peatón distraído o el que cruza antirreglamentariamente constituye una contingencia común, previsible para cualquier conductor, quien debe extremar los cuidados para evitar accidentes. Esta previsibilidad implica, asimismo, desechar que la conducta de la víctima haya constituido caso fortuito para el conductor, por lo que hubo concurrencia de causas o cocausación de ellas aunque mucho más relevante resulta el riesgo del vehículo en marcha. La culpa de la víctima tiene menor incidencia causal porque no impidió al conductor verla con anticipación y aplicar los frenos." CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL , CAPITAL FEDERAL Sala G, B. D. M., N. c/ V., M. E. s/ SUMARIO (ACCIDENTE DE TRANSITO) S.A.I.J.

De lo manifestado por la Sra. Q. al ser preguntada por personal policial sobre el acontecimiento que la tuvo como protagonista, ella dijo que observó venir el auto de color blanco, colocándose de costado, no obstante lo cual fue embestida por el vehículo (ver fojas 3 vta. del expediente penal). Esta afirmación se condice plenamente con lo que aseguró el perito accidentológico: "Debido a la ubicación de las lesiones certificadas a fojas 06 y 08, accidentológicamente se puede asegurar que al momento del embestimiento peatonal, la víctima estaba de perfil izquierdo con respecto al sentido de circulación del automóvil" (punto IV.e, pág. 53 in fine del sumario penal). Con tan categórica afirmación (adviértase que B. "asegura" esta circunstancia), no puede menos que tenerse por cierto que la peatona se encontraba sobre la calzada sin haber aún alcanzado la acera, y que (dado el sentido de circulación del vehículo), realizó una maniobra física en resguardo del posible impacto girando hacia su izquierda y quedando, en definitiva, de costado respecto del automóvil.

Quedó admitido por las partes que el hecho se produjo un día de lluvia, en horas de la tarde del mes de septiembre del año 2002. Resulta un hecho notorio y por ende no debe ser probado, que en esa época del año en esta latitud, ha caído la noche en la ciudad, por esta razón la manifestación del absolvente respecto de esa circunstancia (5ª posición) no resulta cierta. Las condiciones climáticas, de visibilidad, de maniobrabilidad, así como la profesión del Sr. A., que conforme la copia de la licencia de conducir y el informe del Municipio local (folios 12 de la causa penal y 133 de estos actuados), se desempeña como conductor de vehículos de transporte de pasajeros hasta 8 personas, lo obligaban al manejo extremando las condiciones de seguridad, y precaución en el despliegue de su actividad. En la absolución de posiciones aclaró espontáneamente que pese a la lluvia las condiciones de visibilidad eran normales (4ª afirmación), también que no se encontraba oscuro y que tenía el completo dominio del rodado, aunque en dichas circunstancias embistió a Q., aclarando que el impacto se produce en virtud de que la nombrada venía transitando por la mitad de la calzada. Como se probó, la víctima estaba detenida al momento del impacto. Y si las condiciones eran tales, pese a que A. dijo en su octava posición que la nombrada venía transitando, no puede menos que compartir lo resuelto por el Sr. Juez de Primera Instancia en punto a que el conductor del vehículo vio a la peatona en la calzada, y no pudo desplegar las maniobras de esquive o frenado que hubieran evitado el siniestro. La persona que tiene a su cargo el manejo asume sobre sí la posibilidad cierta de la ocurrencia de sucesos que, en el curso ordinario del tránsito, pueden presentarse de manera más o menos previsibles. La aparición de la figura del peatón en la calzada es un hecho que acontece normal o frecuentemente, y el conductor debe estar lo suficientemente alerta como para sortear esa emergencia. Salvo claro está, casos excepcionales. En cuyo caso, está a su cargo la demostración cabal de los hechos. Y nada de eso ocurrió en estos actuados.- En la especial circunstancia en que la víctima circulaba por la calzada (día de lluvia, buscando un paso para acceder a la vereda, donde colocan un puente por tratarse de una arteria que se inunda con frecuencia, según dijo el testigo O. A. I., al responder a la quinta pregunta en su declaración de fojas 145, y emerge del croquis que es de conocimiento general de la población esta dificultad) cobra relevancia la obligación del conductor de extremar el cuidado en el manejo para tener el pleno dominio del vehículo ante un obstáculo.

No se le puede achacar culpa a la víctima porque ella se encontraba transponiendo la calzada fuera de la senda peatonal por la avenida, sino que intentaba sortear el agua caminando por el carril derecho. Esta infracción cede ante, también, contingencias fortuitas. Y las condiciones climáticas adversas alcanzan por igual a peatones y conductores. Puede, entonces, no haber responsabilidad si se prueba la culpa de la víctima -con aptitud para cortar el nexo de causalidad- pero ella debe revestir las características de imprevisibilidad e inevitabilidad propias del caso fortuito o fuerza mayor. La jurisprudencia ha dicho, para este tipo de supuestos que: "La más autorizada doctrina ha calificado a los peatones "los débiles del tránsito" debiéndose reparar en que la "falla en la conducta" de la víctima no autoriza el comportamiento dañador del victimario; que el descuido del peatón, no vuelve al automovilista no culpable si él no se ha comportado con el pleno dominio de su conducido; que el mandato que ordena a todo conductor de un vehículo, cosa riesgosa, conservar o mantener el dominio de la cosa, se mantiene en toda circunstancia; que una vida humana es un bien valiosísimo que no puede colocarse en peligro grave. Sin embargo, la falta de precaución del peatón, sea por cruzar por un lugar no habilitado al efecto, sea por hacerlo descuidadamente, importa una cierta culpa de su parte, que concurre con la culpa del embistente, obviamente han de figurar entre esos datos, como también han de hacerlo las condiciones del pavimento, la visibilidad imperante, las circunstancias del tránsito y las de las calles por las que se avanza." CACiv.,Com., Lab., Rafaela, Santa Fe, 8/2/02, S. c/ M. s/ Ordinario - Accidente de tránsito (Expte Nro. 108-01, Resolución Nro. 4, Tomo 19, Folio 492/499), S.A.I.J.- De la absolución de posiciones surge que un vehículo impidió a A. el esquive. Esto se compadece con lo afirmado por la propia víctima. Pero ninguna prueba de mérito trajo el conductor a los actuados para acreditar la imposibilidad de frenado. Máxime cuando la velocidad desplegada debió ser la mínima por las condiciones imperantes, con lo que no puede, a mi juicio, tenerse por probada que la infracción de tránsito de la víctima constituya razón suficiente de interrupción del nexo causal, cuando la lluvia caída le impedía el acceso a la vereda atravesando la senda peatonal. No se probó que no haya Q. transpuesto la arteria por ese lugar. Lo cierto es que, por como ocurrieron los hechos (oscuridad, en un día de lluvia, y en una calle inundada) se encontraba sobre la calzada, y el conductor que tenía a su cargo el completo dominio del vehículo, no evitó el siniestro pudiendo hacerlo de haber llevado la suficiente atención que las circunstancias ameritaban. Es que, en días de tormenta, todo conductor y cuanto más los calificados, saben que las maniobras de frenado se ven dificultadas, con lo que necesariamente la velocidad debe reducirse para permitir el pleno dominio de la cosa riesgosa, evitando accidentes en la circulación. Esta obligación resulta del Código Civil de la República Argentina, art. 902, que legisla sobre las consecuencias posibles de los hechos cuando mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas. Es, en definitiva, una referencia a un mayor grado de imputación, en virtud de los conocimientos especiales que se le pueden atribuir al agente. Pone un ingrediente subjetivo para analizar el presupuesto de la causalidad, agrava la responsabilidad de aquellos a quien se le puede exigir un mayor deber de cuidado, de previsión por tener un mayor poder sobre el curso de los acontecimientos, se acrecientan las consecuencias de sus actos, se produce un mayor grado de imputación de las consecuencias.(conf. Ghersi-Weingarten, Código Civil, com., concord., anot. to. II, Ed Nova tesis, año 2003, pág. 26 y sgtes.; Bueres- Highton, "Código y normas complementarias·", To. 2B, ed. Hammurabi, año 1990, pág. 903).- Por estas razones, mi voto se inclina por la confirmación de la sentencia respecto de la atribución de responsabilidad en el siniestro al co demandado A. .- Respecto de la segunda crítica, advierto que la misma se reduce a una disconformidad con lo fallado respecto del daño moral, no satisfaciendo en consecuencia las reglas rituales a que debe ajustarse el apelante para que la expresión de agravios se considere tal. Afirmo esto por cuanto, a poco de repasar las reglas que invoca el apelante respecto de la valoración que debe llevar el juzgador, se extrae que el Sr. Juez de Primera Instancia respetó en su análisis todas y cada una de las sugeridas por el distinguido doctrinario Mosset Iturraspe.- Analizó el Dr. Petris su procedencia como ítem resarcitorio, y el apelante, luego de anunciar que se agravia de la procedencia y montos, reduce su crítica a la cuantía fijada. Si bien realiza una breve referencia a la necesidad de probar el rubro daño moral apelando a jurisprudencia, no produce una crítica puntual sobre lo expresado por el sentenciante en torno al reconocimiento de indemnización. En lo atinente a la cuantía fijada, advierto que el Sr. Juez de grado tuvo en consideración la situación de la víctima, su edad, no se basó en fórmulas matemáticas, no realizó el cálculo en relación con el daño material, merituó la gravedad del siniestro, como también lo que fijara en situaciones similares. Desde otro lugar, el monto por el que condenó no implica por lo exiguo (atento las condiciones actuales de la economía de nuestro país) un cambio de nivel de vida de la víctima ni mucho menos un enriquecimiento. Y así, los agravios expresados no constituyen, a mi juicio, crítica concreta y razonada de lo resuelto con entidad mínima para permitir el tratamiento en esta Alzada. Y es que, como lo resolviera esta Cámara (aunque en diferente integración) "la mera disconformidad con lo resuelto en la sentencia no basta para poner en marcha la función revisora que encierra la apelación, toda vez que la Alzada necesita saber, en tal sentido, cuáles son las razones jurídicas que a criterio del recurrente, pueden hacer atendible su pretensión..." (S.D.C., Nº 07/03 CANO y S.C.D. Nº 07/05 cano, entre otras). Voto entonces por declarar desierto el recurso en este punto (art. 266 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Chubut), confirmando el resolutorio en crisis en lo que no fue materia de agravio.- Me resta abordar el rubro "daño psicológico", en cuanto fue materia de agravio su procedencia y su cuantía.

El principio de la reparación integral es aceptado por la doctrina nacional y extranjera, se considera que responde al principio de "reparación", entendiéndose por tal, como lo afirma el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al interpretar el art. 50 de la Convención Europea de Derechos Humanos la que ubica al peticionante dentro de lo posible, en una situación equivalente a la que se encontraría si no hubiese violación del derecho.(casos Piersack y Koning, cits. Por Wyler Eric. " L' illicite et la condition des persones priveé", Paris, 1995 pág. 280, cit. Aída Kemelmajer de Carlucci, " Evaluación del daño a la persona ¿Libre apreciación judicial o sistema de baremos ?", en "Revista de Derecho de Daños", año 2001,pág. 307 y sgtes.). Desde esa perspectiva la reparación integral debería incluir la noción de eficacia de la decisión, "pues volver las cosas al estado anterior" implica que la sentencia de condena no debe ser una mera declaración, o sea, que el damnificado perciba efectivamente lo que se le debe.

Alberto J. Bueres señala que "Las lesiones a la estética, a la psiquis, a la vida de relación etc. constituyen menoscabos naturalísticos a bienes (a veces a la lesión o menoscabo se lo denomina evento). Pero el daño, será minoración de intereses patrimoniales o morales (espirituales) derivada de aquél menoscabo primario.("El daño moral y su conexión con las lesiones a la estética, a la psique a la vida de relación y a la persona en general".Revista de Derecho Privado y Comunitario, no. 1, Ed. Rubinzal-Culzoni, Sta.Fé, 1998, pág. 264).

Sostiene parte de la jurisprudencia que el daño psicológico no constituye una categoría autónoma, ya que el Código Civil sólo alude al daño patrimonial (comprensivo del perjuicio efectivamente sufrido y de la ganancia de que fue privado el damnificado por el acto ilícito, art.1096). Los padecimientos de índole psíquica, que fueron acreditados mediante la correspondiente pericia no implican un daño autónomo al material o moral, desde que son estas las únicas dos categorías admitidas por la ley. El contenido de la reparación que de la lesión por daño se infrinja queda, indefectiblemente, inmerso en alguna de ellas o aún en ambas. Y así pareció entenderlo el magistrado de la anterior instancia en su razonamiento. Más al finalizar el análisis se refirió concretamente a este rubro admitiendo su procedencia por aplicación analógica de la incapacidad laboral generada por infortunio. El mentado principio de la reparación integral, comprobado como se encuentra en autos, que el accidente generó en la víctima una incapacidad parcial y temporaria, desde el aspecto patrimonial le ocasionó un perjuicio resarcible, distinto al sufrimiento que diera lugar a la indemnización por daño moral. El perjuicio viene dado por la necesidad de tratamiento para superar las consecuencias del infortunio. En este sentido la jurisprudencia ha dicho que: "Si se acredita incapacidad psíquica o si existen terapias propias a la naturaleza de la dolencia o un tratamiento psíquico en tren de detener el deterioro o posibilitar la regresión total o parcial del mismo, tal como la atención con psicólogo, psiquiatra o psicoanalista, que por su entidad, número de sesiones, prácticas complementarias, etc. deben evaluarse como ítem independiente de otros gastos médicos o farmacéuticos de carácter general, es pertinente la procedencia del denominado daño psíquico." CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL , LA PLATA, BUENOS AIRES Cámara 01, Sala 02 (Vásquez-Rezzónico, J. C.) G., E. c/ E. .. de J. s/ Daños y perjuicios Sentencia del 19 de Marzo de 1998.- A mi juicio, en el caso de autos resultaría ser ésta la pauta para la fijación de la cuantía del daño, desde que el perito interviniente concluyó que por el siniestro acontecido se generó en la victima una incapacidad parcial y transitoria, debiendo realizar tratamiento psicoterapéutico y/o psicofarmacológico en forma urgente. Resulta entonces razonable afirmar que la dolencia producida puede ser remitida con el abordaje del tratamiento recomendado.

La O.M.S. ha definido a la salud no como ausencia de enfermedad, sino como estado de completo bienestar. Relacionado con ello, la ley civil manda a reparar (mediante la correspondiente indemnización) las consecuencias del evento dañoso. La indemnización consistirá, entonces, en el pago de todos los gastos de la curación y convalecencia del ofendido (art. 1086). Obviamente debe considerarse no sólo el daño presente (gastos materiales realizados por el damnificado como consecuencia del evento dañoso), sino también el futuro y cierto. Este ítem no reviste el carácter de lucro cesante constituido por lo que la víctima dejó de percibir como consecuencia del infortunio, sino que constituye daño patrimonial indirecto o derivado, desde que el perjuicio económico que acarreará la realización del tratamiento indicado deriva del mal hecho a su persona (conf. Zavala de González, comentario art. 1079, Cod. Civ. Comentado, anotado y concordado, Hamurabi, pag. 221 del tomo 3A). Se ha resuelto que: "La enfermedad psíquica, cuando existe, puede producir en ciertos casos perjuicio patrimonial resarcible, v. gr., como en la especie aconteció, el daño emergente provocado por el costeo del tratamiento psiquiátrico o psicológico necesario para la curación de la víctima; pero, a la vez, produce siempre daño moral y debe valorarse como un factor de intensificación del mismo que lleva a dimensionar en un monto mayor la indemnización a acordarse por él." CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA , TRELEW, CHUBUT Sala CIVIL (Carlos Velásquez-Carlos Ferrari-AC.), "A., I. N. c/ P., R.A. y/u Otros s/ Daños y Perjuicios" SENTENCIA del 3 de Febrero de 2003.

Solicitó la actora en concepto de daño psicológico la suma de 20.000.- pesos. Quedó acreditado que como consecuencia del accidente, se produjo un menoscabo en su integridad física y psíquica, siendo la segunda redimible (por tratarse de una incapacidad parcial y permanente). El magistrado de la anterior instancia otorgó por ese concepto la suma de $25.000.-. Dicho monto, a mi juicio, no se compadece con el daño sufrido y probado, ni con la naturaleza jurídica del daño psicológico. De aceptarse esta postura, se otorgaría un "plus" por daño moral bajo el ítem descripto como daño psicológico, o éste se erigiría en el "tertium genus" que niega la mayoría de la doctrina. Se carece de prueba sobre el costo de un tratamiento terapéutico como el indicado a la víctima, así como el tiempo de duración que acarrearía. No obstante, será justipreciado tomando como base el costo de una sesión terapéutica, que en la actualidad y en esta zona ronda un promedio de $50.- (cincuenta pesos). En cuanto al plazo de duración, tomando como base el diagnóstico, la circunstancia afirmada por el perito de que se trata de un daño reversible, y la frecuencia semanal que se señala para este tipo de terapias, con más el plazo de un año que aparece como suficiente para la superación del mismo, entiendo apropiado justipreciar este rubro en la suma de pesos dos mil cuatrocientos ($2.400.-).

El juez puede y debe estimar prudentemente los daños y ello no significa más que cumplir con los parámetros legales que le indica que cumplir el artículo 165 del CPCC. La jurisprudencia ha sentenciado en casos similares que: "Cuando la pretensión resarcitoria pueda ocasionar una erogación que supere en demasía el desmedro producido a la víctima, los jueces deberán armonizar las disposiciones del art. 1083 del C.C con la normativa emergente del segundo párrafo del art. 1071 del mismo ordenamiento, ajustando su proceder al momento de tomar la decisión y a lo que su prudente arbitrio les indique como mas equitativo para resolver la controversia" (CNCiv., Sala L, en autos "G. M. y otro c/ K., I. y otros", 23/9/96, L.L, 1998-C, pág. 682). En consecuencia, mi voto sobre este agravio se inclina por la revocación de lo resuelto en la primera instancia en cuanto al monto fijado en concepto de daño psicológico.- A la misma cuestión, el Dr. Magallanes dijo:

Vienen los presentes actuados a este Tribunal en razón de haber sido apelada, por la parte demandada y por la compañía aseguradora citada en garantía, a fs. 207, la sentencia dictada con fecha 20 de septiembre de 2005, registrada bajo el número 45 del mismo año y que se aduna a fs. 193/200 vta.

Mediante el memorial obrante a fs. 219/225 vta., expresan agravios los recurrentes, los cuales giran principalmente, en que se atribuye responsabilidad exclusiva en el evento al codemandado H. H. A.; y subsidiariamente, respecto del monto por el que prospera el rubro daño moral y respecto del daño psíquico, su acogimiento y monto de condena.- En razón de que los vocales que me precedieran en el análisis han expuesto con precisión los agravios formulados por los quejosos, me abstendré de resumirlos y entraré directamente al estudio de lo que, en mi criterio, constituye el meollo de la cuestión a resolver, y que consiste en determinar si resulta justa la sentencia recurrida en cuanto el magistrado a-quo hizo lugar a la demanda incoada por la actora atribuyéndole exclusiva responsabilidad al codemandado H. H. A., para luego analizar, si cabe, el resto de los agravios.- Sabemos que cuando un automóvil embiste a un peatón, se produce un caso típico de daño ocasionado por una cosa riesgosa, que crea una responsabilidad objetiva del dueño o guardián, de la cual sólo puede liberarse total o parcialmente probando la culpa del peatón (art. 1113 del Código Civil). La aplicación de la citada norma al caso de los accidentes de tránsito es que facilita notablemente la tarea del lesionado que demanda la reparación de daños; no estando a su cargo la prueba de la culpa del conductor del automóvil, bastándole con probar el hecho. Será el demandado quien debe probar la culpa del peatón, si quiere eximirse parcial o totalmente de su obligación de indemnizar (conf. Guillermo BORDA, Revista de Derechos de Daños, Accidentes de tránsito, T. I, págs. 8/9).

Entendiendo que no basta para liberarse de responsabilidad la sola invocación de culpabilidad o la presunción de ella, pues toda causal de eximición -ya se trate de la culpa de la victima o de un tercero-, debe ser interpretada en forma estricta, solamente se exonerará si se acreditan fehacientemente y sin lugar a dudas las aludidas causales, de lo contrario se desnaturalizaría el propósito de protección a la víctima perseguido por la legislación.

Se pregunta el autor citado precedentemente ¿en qué caso debe admitirse que hay culpa total o parcial de la víctima?. Expresa que la Jurisprudencia es cada vez más severa con los conductores de automóviles o colectivos, y con razón: no es lo mismo la conducta desaprensiva del peatón -que en caso de ser embestido el único dañado será él- que la del conductor de un automóvil, cuyo más mínimo descuido puede ocasionar gravísimos daños a terceros.- Sentado ello, corresponde a continuación el examen de la prueba arrimada a las presentes actuaciones.- De la causa penal caratulada "A., H. H. s/ Q., Z. s/ victima" (Expte. Nº 4770/2002), tenemos a fs. 10 un croquis policial efectuado al dictado individual del propio codemandado A., razón por la cual el mismo no puede serle opuesto a la actora por no haber participado en la confección del mismo, por lo que entiendo que carece de fuerza probatoria alguna, mas si consideramos que respecto al croquis, el informe pericial obrante a fs. 50/53 -no observado por las partes-, entre una de sus conclusiones el experto afirma que "indudablemente el lugar del hecho fue alterado y/o modificado por el conductor del vehículo."- Igualmente el experto asevera que "no se puede desarrollar la dinámica del accidente vial"; "se ignora las conductas viales protagonizadas por victima y victimario", "no se puede determinar que zona del vehículo produjo el contacto con el cuerpo de la victima" y "debido a la ubicación de las lesiones certificadas a fs. 6 y 8, accidentológicamente se puede asegurar que al momento del embestimiento peatonal, la victima estaba de perfil izquierdo con respecto al sentido de la circulación".- Asimismo, de las exposiciones hechas a fs. 3 y vta. y fs. 43 y vta. por la actora y a fs. 9 y vta. por el codemandado A., en el expediente penal, como la absolución de posiciones de A. a fs. 84 de las presentes actuaciones, aportan material probatorio en el propio beneficio de cada una de las partes, que sólo prueban en su contra, pero no a su favor.- Por lo que creo, conforme el análisis de la prueba mencionada precedentemente, que los demandados no pudieron probar de manera acabada o convincente la participación reprochable de la actora en el accidente acaecido, motivo por el cual la misma es merecedora de resarcimiento.

Considero que es de aplicación el último párrafo del art. 64 de la Ley Nº 24.449 (Ley Nacional de Tránsito) a la que nuestra provincia adhirió por Ley Nº 4.165, que dispone "El peatón goza del beneficio de la duda y presunciones en su favor, en tanto no incurra en graves violaciones a la reglas de tránsito". Es decir el peatón sólo carga con las "violaciones graves" a las reglas de tránsito, estando reservada dicha expresión a las situaciones extremas: cruces sorpresivos, apariciones imprevistas, el hecho de arrojarse -poco más o menos- al paso de un vehículo, la circulación peatonal por rutas peligrosas. Son conductas peatonales que aparecen como fuera de lo ordinario, que no pueden contrarrestarse, que no son susceptible de dar pie a reacciones evitativas o impeditivas del accidente (conf. Revista de Derechos de Daños, Accidentes de tránsito, T. I, págs. 201/2002). Sólo la culpa grave y decisiva del transeúnte opera como exigente, lo cual ocurre en supuestos excepcionales.

Sin perjuicio de no haberse podido determinar la mecánica del accidente, atento lo afirmado por los demandados en el escrito de contestación de demanda, pienso que el cruce de la calzada por la actora fuera de la senda peatonal, considerando la hora y las condiciones climáticas, no bastan para eximir de responsabilidad al conductor, quien asume sobre sí la posibilidad cierta de la ocurrencia de sucesos que, en el curso ordinario del tránsito, pueden presentarse de manera más o menos imprevistas. Se sabe que en días de lluvias, existen en nuestra ciudad calzadas que son intransitables, siendo frecuente que los peatones deban abandonar la vereda para intentar su cruce, por lo que el codemandado, conductor profesional de una cosa peligrosa, debió extremar su precaución y su atención para poder circular, tratando de mantener siempre el dominio del vehículo, para ponerse a cubierto de actitudes y maniobras inadecuadas de terceros.

Por lo expuesto, como los demandados no han logrado acreditar la culpa de la actora en la producción del accidente, concierne confirmar la sentencia apelada respecto a este punto de agravio.

Sobre el segundo agravio esgrimido por los demandados respecto de la procedencia y monto del daño moral, coincido plenamente con la Sra. Juez que voto en segundo orden, en el sentido de que la expresión de agravios debe contener una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que se consideran equivocadas no bastando las simples generalizaciones ni las apreciaciones meramente subjetivas que demuestren un enfoque diferente del otorgado por el juzgador. Tampoco se cumple con las recordadas exigencias cuando el apelante manifiesta mera disconformidad con el fallo de primera instancia, que considera injusto, mas sin suministrar argumento jurídicos que fundan un punto de vista diferente reiterando alegaciones ya efectuadas y examinadas por el a quo (conf. Doctrina art. 265 del C. P. C. y C.). En efecto, se observa que los recurrentes no fundamentan su oposición, ni dan las bases de su distinto punto de vista, por lo que el escrito, en este punto, no constituye una cabal expresión de agravios.- En consecuencia y por todo lo expuesto, de prosperar mi voto, concierne confirmar la sentencia en este aspecto.

Con referencia al tercer agravio de los demandados, relacionado a la procedencia y monto del daño psicológico, cabe expresar que el mismo en general no se indemniza en forma independiente, porque se ha entendido que el daño psicológico no constituye en sí mismo un capítulo independiente del daño material o moral, sino una especie del uno o del otro, toda vez que desde el ángulo del que lo sufre tanto puede traducirse en un perjuicio material -por la repercusión que puede tener sobre su patrimonio- como en un daño no patrimonial o moral -por los sufrimientos que sea susceptible de producir-. Entiendo que el daño psicológico demostrado mediante pericia psicológica influye en la cuantificación del daño moral.

Sobre el particular se ha expresado que "El daño psíquico no tiene entidad distinta del daño material y moral. Además de generar daño moral por lesionar la espiritualidad del sujeto que es lo que se repara con la indemnización de daño moral, puede ocasionar lucro cesante si afecta la capacidad para obtener ganancias en un actividad lucrativa. Cuando ello no ocurre se trata de un daño extrapatrimonial que debe considerarse para la fijación del daño moral. Si bien no se desconoce la existencia de posturas contrarias a la aquí expuesta destaco que esta Cámara no las comparte. Es que debe tenerse en cuenta que el hombre es un concepto de cuerpo y alma pero que no interviene un tercer componente y que la psiquis, en definitiva constituye una manifestación de su espíritu cuyas lesiones se encuentran compensadas por el daño moral" (Jurisprudencia citada por Revista de Derecho de Daños, Accidente de Tránsito, T. I., pág. 437). "En orden al denominado daño psicológico, debe sostenerse -como regla general- que no es procedente el reclamo de la indemnización por daño psíquico independiente del daño moral puesto que si aquél es enfocado como una modificación disvaliosa del espíritu, cabe el resarcimiento a título de daño moral atento la total asimilación entre uno y otro. En ese sentido no se advierte como conveniente aumentar innecesariamente el catálogo de daños indemnizables, siendo que los reconocidos por nuestro sistema jurídico dan adecuada satisfacción al interés de la victima y al principio de reparación integral. Caso contrario puede incurrirse en un verdadero enriquecimiento sin causa por la vía de la determinación de nuevos rubros indemnizables que, la más de la veces, no son sino reiteración de los ya conocidos, con otra denominación" (Jurisprudencia citada por Revista de Derecho de Daños, Accidente de Tránsito, T. I; Jurisprudencia citada por Revista de Derecho de Daños, Accidente de Tránsito, T. II., págs. 348/349).

En consecuencia estimo que corresponde hacer lugar a los agravios, sobre este tema, de la parte demandada, revocando la indemnización por daño psíquico dispuesta en la sentencia recurrida.

A la misma cuestión, el Dr. Eyo dijo:1. A fs. 244 se me dio intervención como Juez de Cámara Subrogante en los presentes autos Nº 171/05 CANO por no existir coincidencia entre los subrogantes integrantes del Tribunal en la solución del caso.

2. Al analizar la causa y el proyecto de sentencia que tengo a la vista para este acto, advierto que el apelante en su escrito de expresión de agravios de fs. 219/225v. plantea 3 agravios y que: a) con relación al primer agravio, referido a que se le atribuye responsabilidad exclusiva en el evento al codemandado H. H. A., el Tribunal resolvió por mayoría en sentido coincidente con el a quo, que le corresponde la culpa exclusiva; b) con relación al segundo agravio, referido al monto por el que prospera el rubro de daño moral, el Tribunal resolvió por mayoría declarar desierto el recurso respecto a este rubro, y c) con relación al tercer agravio, referido al acogimiento y monto por el rubro daño psíquico, es que no existe coincidencia entre los jueces subrogantes en la solución, ya que la Dra. GONZALEZ vota por la modificación parcial de la sentencia respecto al monto fijado en concepto de Daño Psicológico, fijándolo en la suma de $2.400.- y el Dr. MAGALLANES vota por que se revoque parcialmente la sentencia rechazándose la demanda con respecto a dicho rubro.

Por mayoría se determinó también imponer las costas a los vencidos y el porcentaje a aplicar para la regulación de los honorarios de los profesionales actuantes en la Alzada.

3. Corresponde en primer término determinar los alcances de mi intervención en este proceso, en el sentido de si estoy habilitado para tratar todos los puntos planteados en el recurso y la sentencia o, solamente, aquél que no se encuentra resuelto porque no se alcanzó mayoría.- Nuestra legislación provincial no trae previsiones con relación a la situación planteada y en la legislación comparada se dan y en doctrina se discuten, distintas soluciones.- 4. Considero que la cuestión debe resolverse a partir de uno de los contenidos esenciales del concepto de jurisdicción y que es el poder que tiene el juez de asignarle en la sentencia un valor de verdad a un relato final y, basándose en ese relato, ordenar determinadas consecuencias jurídicas. Sigo en esto a Alberto M. BINDER, "El incumplimiento de las formas procesales", Ad Hoc, p. 78 y ss., que aunque referido al proceso penal, es igualmente aplicable en este punto al proceso civil. En la página 78 dice específicamente: "... el juez le asigna valor de verdad a un relato final por un acto de poder y nada podría cambiar esta circunstancia".

En este sentido, en la presente causa, la mayoría del tribunal confirmó el valor de verdad que le asignó el a quo a una determinada mecánica del hecho y la atribución de responsabilidad exclusiva al conductor del automotor embistente.

5. Si este es el efecto de la sentencia, entonces cada uno de los puntos que son fijados por alcanzarse mayoría, tienen asignado un valor de verdad que no podrá reverse por quien se incorpore al Tribunal por no poderse alcanzar mayoría en otros puntos y su intervención se limitará a votar con relación a esos puntos.- Estrictamente, este razonamiento vale para el juez del tribunal colegiado que haya quedado en minoría en alguno de los puntos de la litis ya resueltos, debiendo votar a partir de lo resuelto, por ejemplo, en el presente caso, a partir de que quedó fijada la responsabilidad exclusiva del conductor, en los puntos en que no haya coincidencia entre los otros vocales del tribunal. Recién correspondería la intervención de un cuarto juez si no se alcanzara mayoría en la solución de algún punto, tratado este a partir de cómo quedaron fijados los puntos anteriores y que tengan vinculación con el mismo. No considero que el juez que integra el tribunal ab initio y haya quedado en minoría en el tratamiento de alguno de los puntos de la litis, incurra en algún tipo de contradicción al intervenir en el tratamiento de otros puntos en base a cómo quedaron fijados los anteriores, pero no he de extenderme al respecto por resultar superfluo a los fines de la intervención que se me ha dado, ya que la misma se encuentra consentida por las partes.- Por lo expuesto, he de avocarme a tratar el tercer punto de los agravios del recurrente referido al acogimiento y monto por el rubro daño psíquico.- 6. Coincido con el a quo y los dos vocales subrogantes en cuanto a que el daño psicológico no constituye una categoría autónoma, ya que si se deriva para la víctima una afectación patrimonial por gastos que deba realizar para su tratamiento y/o se ve privada de alguna ganancia estamos en el ámbito del daño material y si se atiende exclusivamente a lo sufrimientos susceptibles de producir, estamos en el ámbito del daño moral.

7. Al reclamar la reparación del daño psicológico, cuyo monto indemnizatorio estima en una cantidad no inferior a $20.000.-, la parte actora:

a) A fs. 22v., punto VI, 4, párrafo segundo, dice que: "Como consecuencia del accidente, mi representada, sufrió un cuadro ansioso reactivo y stress postraumático, con aforafobia, habiéndosele indicado medicación ansiolítica y consulta psiquiátrica para su tratamiento específico, tal como da cuenta el certificado médico que oportunamente expidiera el Dr. M., y que se ofrece como prueba con ésta presentación".- En este párrafo la parte actora hace referencia a la medicación y el tratamiento a que deberá someterse la víctima con lo que se está refiriendo al daño material que se deriva del costo de los mismos.

b) A fs. 23, punto VI, 4, al final del párrafo 1º, con relación a su representada dice que " ... manifiesta respuestas somáticas que interfieren en su accionar cotidiano, habiéndosele indicado continuar con el tratamiento".

En este párrafo la parte actora, si bien manifiesta que las respuestas somáticas de su representada interfieren en su accionar cotidiano, no se invoca ni se prueba la existencia de un daño emergente como consecuencia de dicha incapacidad que pueda traducirse en la frustración de beneficios económicos indemnizables.

c) A fs. 23, punto VI,4, párrafo 5, dice que "Actualmente los signos postraumáticos psicológicos aún persisten, manifestándose a través de agudos estados depresivos, pérdida de sueño, fobias y pánico al salir a la calle".

En este párrafo la parte actora hace referencia a sus sufrimientos, que quedan dentro del marco del daño moral.- 8. Por lo expuesto en el punto 7 b), es que no comparto el fundamento dado por el a quo para declarar la procedencia del daño psicológico fundado en una incapacidad laboral que no se invocó ni probó que se tradujera en la frustración de beneficios económicos indemnizables.- 9. Habiendo reclamado el actor la reparación del daño moral, la parte del daño moral ocasionada por el daño psicológico debió plantearse dentro del primer rubro mencionado, no procediendo su pretensión y tratamiento fuera del marco del mismo, como independiente por las consideraciones efectuadas en el punto 6, por lo que en forma coincidente con la Dra. GONZALEZ en su voto, considero que no debe ser tenido en cuenta a los fines de determinar la procedencia del daño psicológico.

10. Con relación al reclamo del actor referido a la reparación del daño material derivado del costo del tratamiento del daño psicológico, dado que éste no está comprendido dentro de los otros dos rubros indemnizatorios referidos al daño material reclamados en la demanda de fs. 19/24v. (el 1 está referido a los gastos de atención médica y farmacéutica por las lesiones y el 2 está referido a los gastos extraordinarios que fueron consecuencia del accidente) y que su necesidad está probada con la pericia de fs. 151/152 y certificaciones médicas de fs. 119/120, 122 y 134, adhiero en un todo a los fundamentos dados por la Dra. GONZALEZ al tratar en la primera cuestión el agravio relacionado a la procedencia y monto del daño psicológico, que doy aquí por reproducidos a fin de evitar inútiles repeticiones.

A la segunda cuestión, el Dr. Moisá dijo:- Por lo expresado al votar la primera cuestión, propongo: a) revocar la Sentencia N° 45 de fecha 28 de septiembre de 2005 (fs. 193/200 vta.); b) rechazar la demanda por daños y perjuicios entablada por la Sra. S. Q. contra los H. H. A. y A. D. T. C. T.; c) ajustar costas y honorarios (art. 279, CPCC), imponiendo las costas, en ambas instancia, a la actora vencida (art. 68, CPCC) quien, por habérsele concedido el beneficio de litigar sin gastos, deberá abonarlas una vez que mejore su fortuna (art. 84, CPCC) y regulando los emolumentos por la labor en la anterior instancia en la suma de $7.450.- para el Dr. H. A. S., letrado apoderado de los demandados y de la citada en garantía, y en la de $4.750.- para los Dres. G. E. S. y C. J. A., en conjunto y proporción de ley, teniendo en cuenta como monto del juicio, por tratarse de un rechazo de demanda, el reclamado en la demanda con más los intereses calculados hasta la fecha a la Tasa Activa que el Banco de la Nación Argentina utiliza para sus operaciones de descuento de documentos (art. 19 Dec. Ley 2.200) y haber apreciado la labor desarrollada en base a las pautas de los arts. 6, 9 y 39 del Arancel y a la escala del art. 7, y d) fijar los honorarios por la labor desarrollada en esta Alzada en la suma de $2.600.- para el Dr. H. A. S. y en la de $1.200.- para el Dr. G. E. S.. (art. 14 Dec. Ley 2.200).

A idéntica cuestión, la Dra. González dijo:

Por todo lo expresado soy de opinión que debe: a) declararse desierto en forma parcial el recurso interpuesto por los demandados respecto del rubro "daño moral"; b) modificarse, parcialmente, la sentencia definitiva registrada bajo el Nº 45 del año 2005 de fecha 28 de Septiembre de 2005 (fojas 193/200 vta.) con respecto al monto fijado en concepto de Daño Psicológico, fijándolo, en definitiva, en la suma de $2.400.- y, en consecuencia, condenarse a los demandados H. A. y A. D. T. C. T., y a la C. de S. B. R. C. L. con el alcance fijado en la anterior instancia, al pago de la suma de pesos dieciocho mil ciento sesenta y tres ($18.163.-); c) imponerse las costas de esta Instancia a los vencidos (art. 68 Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Chubut), debiendo regularse los honorarios de los profesionales actuantes en esta Alzada en un 7% para el Dr. G. E. S. y en un 3,5% para el Dr. H. A. S., ambos porcentajes a cuantificarse sobre el monto del juicio, con más el IVA pertinente, por la labor desarrollada en esta Instancia, teniendo en cuenta para ello, la calidad, celeridad y eficacia de los trabajos y el resultado obtenido, todo de conformidad con lo dispuesto por los arts. 6, 7, 9, 14 y 47 del Dec. Ley 2.200.- A igual cuestión, el Dr. Magallanes dijo:- Atento lo expuesto al votar a la cuestión anterior, entiendo que corresponde: 1) se declare, parcialmente, desierto el recurso interpuesto por los demandados con relación al rubro "daño moral"; 2) se revoque, parcialmente, la sentencia definitiva venida en recurso (fojas 193/200 vta.) con respecto a la suma fijada en concepto de Daño Psicológico, rechazándose la demanda con respecto a este rubro; 3) se impongan las costas de esta Instancia a los vencidos (art. 68 Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Chubut), y se regulen los emolumentos de los profesionales actuantes en esta Alzada en un 7% para el Dr. G. E. S. y en un 3,5% para el Dr. H. A. S., ambos porcentajes sobre el monto del juicio, con más el IVA pertinente, por la labor desarrollada en esta Instancia (art. 14 del Dec. Ley 2.200).

A la misma cuestión, el Dr. Eyo dijo:

En virtud del criterio sustentado a votar la cuestión anterior, respecto al acogimiento y monto del rubro Daño Psíquico, propongo se modifique, parcialmente, la sentencia definitiva registrada bajo el Nº 45 del año 2005 de fecha 28 de Septiembre de 2005 (fojas 193/200 vta.) con respecto al monto fijado en concepto de dicho rubro, fijándolo, en definitiva, en la suma de $2.400.- Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictarse la siguiente:

S E N T E N C I A Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Excma. Cámara de Apelaciones del Noroeste del Chubut, resuelve:

1.- DECLARAR desierto el recurso interpuesto por los demandados respecto del rubro "daño moral" (art. 265 y 266, CPCC).- 2.- MODIFICAR, parcialmente, la sentencia definitiva registrada bajo el Nº 45 del año 2005 de fecha 28 de Septiembre de 2005 (fojas 193/200 vta.) con respecto al monto fijado en concepto de Daño Psicológico, fijándolo, en definitiva, en la suma de $2.400.- y, en consecuencia, condenar a los demandados H. A. y A. D. T. C. T., y a la C. de S. B. R. C. L.,con el alcance fijado en la anterior instancia, al pago de la suma de pesos dieciocho mil ciento sesenta y tres ($18.163.-).

3.- IMPONER las costas de esta Alzada a los vencidos (art. 68 Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Chubut), debiendo regularse los honorarios de los profesionales, por la labor desarrollada en esta Instancia, en un 7% para el Dr. G. E. S. y en un 3,5% para el Dr. H. A. S., ambos porcentajes a cuantificarse sobre el monto del juicio, con más el IVA pertinente (art. 14 y 47 del Dec. Ley 2.200).

4.- TENER presente el Caso Federal planteado.

5.- REGISTRESE, notifíquese y devuélvase.- La presente sentencia se dicta con el Tribunal integrado con el Sr. Juez de Ejecución, Dr. Omar H. Magallanes, la Sra. Juez de Familia Dra. Mariela González y el Sr. Juez en lo Correccional Dr. Jorge Eyo, por vacancia de dos vocalías y encontrarse inhibido el Sr. Juez en lo Civil, Comercial y Laboral, (Acordadas Nº 3.223/00 y 3.303/03 STJ).- BENJAMÍN MOISA (en disidencia) OMAR H. MAGALLANES MARIELA GONZALEZ de VICEL (en disidencia parcial) JORGE EYO REGISTRADA BAJO EL N° 13 DEL AÑO 2006. CONSTE.-Norma Marrero-Secretaria.-