marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Deber de asistencia entre cónyuges, cesación de la obligación alimentaria
Materia: PENAL
Carátula: H. A. y S. A. I. c/  s/ Divorcio por mutuo consentimiento
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2016-03-02

Las situaciones previstas en el art. 434, tienen allí también reguladas las causales de cese de la obligación, y para supuestos como el aquí acontecido donde el alimentante libremente se compromete con la cónyuge a brindarle alimentos, es aplicable el art. 554 segundo párrafo del CCyC, por remisión del art. 432, segundo párrafo del mismo cuerpo legal, parámetros que deberá considerar el recurrente de insistir con su intento de desobligarse de la cuota alimentaria oportunamente convenida, y sin perjuicio del distracto que claramente es admisible en estos casos.
Contrato de trabajo, obligaciones del empleador, silencio del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: Maretto c/ Incola y/u otros s/ Laboral (Expte Nro. 238-01, Resolución Nro. 25, Tomo 20, Folio 90/96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-02-20

Como deber de buena fe que debe presidir la ejecución del contrato de trabajo (art. 63 L.C.T.) el empleador no debe guardar silencio frente a los reclamos de la otra parte, y en consecuencia, ante la intimación cursada al trabajador, tiene el deber de explicarse y, además explicarse con veracidad siendo importante que no se guarde silencio frente a las intimaciones de la otra parte, debiendo darse respuesta oportuna a los reclamos respectivos.
Acción contencioso administrativa, aplicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MECHETTI DE ROMERO, Rosa s/ RECURSO  DE  HECHO  POR FALTA DE PRONUNCIAMIENTO EN RECURSO APELACION  C/ DECRETO Nro. 972 MGJE.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1984-08-21

El art. 89 del Decreto Ley 7061 faculta a los justiciables a optar por el nuevo procedimiento administrativo por él reglado, lo que significa que también pueden continuar con el trámite previsto en el Decreto Ley 3377/44 sin necesidad de manifestación expresa al respecto
Accidente de tránsito, incapacidad parcial, incapacidad permanente, pautas
Materia: CIVIL
Carátula: QUIROGA Nolberto Marcelino c/ Castro Justo Eliberto s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2008-12-30

Respecto al quantum indemnizatorio, que a fin de calcular el resarcimiento ya sea por incapacidad o muerte debe tenerse en cuenta lo que resulta de las constancias particulares de cada caso, utilizando la facultad judicial que la ley otorga para determinar el monto de los perjuicios al no resultar justificado su importe pero si estar comprobada legalmente su existencia, conforme lo previsto por el art. 171 del C.P.C., por cuanto al no regir en el fuero civil las indemnizaciones tarifadas, los porcentajes estimados pericialmente no pasan de ser un dato más a considerar.

Lo importante al cuantificar el resarcimiento son las limitaciones que tendrá en su vida (de relación, social, deportiva), y en especial la chance de posibilidades laborales restringidas por las secuelas del hecho dañoso.

A tal fin cabe tener presente que en cuestiones eminentemente técnicas, como indudablemente se dirimen en este rubro, la prueba pericial adquiere especial relevancia y preeminencia, si bien la misma, en su contenido y conclusiones carece de fuerza vinculante para el Magistrado situación que también depende del grado de convicción que tal elemento acreditatorio produzca en el ánimo del juez, en sustento de la aplicación y experiencia (sana crítica) y del adecuado procedimiento para la realización y producción de tal medio.

Los profesionales brindan valores que deben ser ponderados para asumir la decisión, dando sólo pautas, las que, aún las de orden matemático como los porcentuales, configuran parámetros que permiten resolver sin arbitrariedad.
Desaparecidos, indemnización, titular del derecho, leyes, interpretación de la ley, Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia vinculante
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: SANCHEZ, MARTA ORFELIA Y OTROS c/ RAINA, LIA LAURA Y OTROS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - PETICION DE HERENCIA (EXPTE.:     C.S.J.. NRO. 191 AÑO 2008)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-03-11

Tal como lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación el beneficio que otorga el art. 2 de la ley 24411 a los causahabientes de toda persona que hubiese fallecido como consecuencia del accionar de las fuerzas armadas, de seguridad, o de cualquier grupo paramilitar, con anterioridad al 10 de diciembre de 1983, no le es otorgado al fallecido, ni éste lo percibe por medio de sus causahabientes, sino que estos últimos son los beneficiarios pues ninguna acción o derecho puede nacer sino en cabeza de personas vivas.

En ese orden de ideas, carecería de asidero legal que el Estado fijara una reparación pecuniaria o indemnización a favor de una persona ya fallecida (cfr. arts. 30, 31 y 103 del Código Civil). Esto no significaría otra cosa que conceder personalidad jurídica a un muerto, lo que es enfáticamente rechazado en nuestra doctrina.
Deberes del juez, principio de congruencia
Materia: PROCESAL
Carátula: ALBERTO SEFAIR Y HERMANO S.R.L. c/ DISCO S.A. s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2005-12-06

El principio de congruencia cuyo destino es conducir el pleito en términos de razonable equilibrio dentro de la bilateralidad del contradictorio, no resulta violado cuando el fallo valora y decide sobre las circunstancias emergentes de la forma en que ha sido planteado el reclamo. Y asimismo que no transgrede la regla de congruencia el fallo que en función propia de la judicatura, decide el encuadre jurídico del caso conforme a los hechos articulados por las partes.

En virtud del principio de congruencia, el objeto de la demanda y la causa, son los elementos objetivos que el Juez no puede alterar en su sentencia.-
Infracciones aduaneras, multa aduanera, egreso de divisas, bien jurídico protegido, declaración de mercaderías
Materia: ADUANERO
Carátula: Recurso de hecho deducido por la actora en la causa PBB Polisur SA  c/ EN - DGA - resol. 465/12 BABL (expte. 664/12)  s/ Dirección General de Aduanas
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-19

El bien jurídico tutelado por el art. 954 del Código Aduanero -que sanciona las declaraciones inexactas-, es, según su Exposición de Motivos, el principio de veracidad y exactitud de la manifestación o declaración de la mercadería objeto de una operación o destinación aduanera, pues en la confiabilidad de lo declarado mediante la correspondiente documentación, reposa todo un sistema dirigido a evitar que al amparo del régimen de exportación o importación, en su caso, se perpetren maniobras que lo desnaturalicen o perviertan (Voto de los jueces Maqueda y Lorenzetti). -Del dictamen de la Procuración General al que el voto remite-
Inembargabilidad de fondos, presupuesto provincial, obras sociales
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Obra Social para la Actividad Docente (OSPLAD) c/ Santiago del Estero, Provincia de s/ ejecución fiscal.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-11

El tema atinente al procedimiento de cobro e inembargabilidad de las cuentas públicas provinciales dispuesto en las leyes invocadas -art. 19 de la ley 24.624 y ley 25.973-, resulta en esta etapa del proceso meramente conjetural y deberá ser planteado en el caso de que la obra social pretenda medidas sobre los fondos públicos de la provincia demandada.
Jubilación de magistrados, prescripción, cómputo del plazo, prescripción bienal, aplicación supletoria de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: TANGARI, Luis Salvador y otro c/ Gobierno de la Nación s/ EMPLEO PÚBLICO s/ EMPLEO PÚBLICO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-16

Si bien esta Sala hizo aplicación en otros casos de retiros judiciales del plazo de prescripción quinquenal , según lo destacara el sentenciante, el caso está regido por la ley 18.464, que remite específicamente a la ley 18.037 en lo no modificado por ella (confr.

art. 2 in fine ley 18.464). Prevista así la aplicación supletoria del régimen de la ley 18.037, opera el plazo de prescripción bienal que prevé dicha ley en su art. 88, 3 párrafo, cuando como en el caso, la demandada solicitó expresamente la aplicación de dicho término.
Policía, personal policial, aptitud psicofísica, dictámenes, resoluciones irrecurribles, junta médica
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: TARSICIO, JOAQUIN c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-07-04

El ordenamiento jurídico vigente nada prescribe sobre recurribilidad del dictámen sobre aptitud psicofísica efectuado por la Junta Médica para ingresar a las filas policiales.
Concurso ideal, pena
Materia: PENAL
Carátula: Gutiérrez, Daniel E.; Mambrín, José Agustín s/ Homicidio con motivo u ocasión de robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-02-09

Las expresiones del art. 58 del Código Penal "las reglas precedentes" y "cuando se hubieren dictado dos o más sentencias firmes con violación de dichas reglas" no excluyen la posible aplicación del art. 54 del mismo código.
Conciliación, ley procesal
Materia: PENAL
Carátula: NAVARRO, Miguel Ángel y otro c/  s/ Robo con armas
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-09-18

Con base en el carácter público de las normas del derecho penal, y en la idéntica naturaleza que poseen las normas adjetivas del proceso penal, al no contar el instituto de la conciliación con una regulación en las leyes procesales en materia penal, no puede acudirse, para su aplicación, a otro tipo de normativa procesal distinta de ella y destinada a la realización de otra clase de intereses (voto del juez Magariños). Cita de "Estado de derecho, interpretación y aplicación de la ley penal (pública) frente a las pretensiones de un proceso adversarial", en Yapur-Magariños, La infracción a la ley penal como conflicto de orden público, Ad-Hoc, 2003; Maier, Julio, Derecho procesal penal, tomo I, Ed. Del Puerto, 2º ed., 1996.
Notificación, nulidad de la notificación
Materia: PENAL
Carátula: Torres, José R. s/ Hurto
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-02-11

El acto de notificación y el de ejecución de la medida, son dos actos diferentes que requieren sendas formalidades, bajo pena de nulidad, salvo que el único acta cumplimente las formalidades de ambos actos. La ausencia de la firma, o aún de la presencia del habitante del domicilio, no causa la nulidad del acta si la notificación del art. 205 se efectúa en la forma prevista por el art. 133, firmando el notificado y luego en acta independiente se realiza el registro domiciliario, cumpliéndose, esta vez, los arts. 122 Y 123 del C.P.P.
Acto administrativo, legalidad objetiva
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: RUIZ, MARGARITA Y OTROS c/ MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2012-05-03

El vicio en el objeto se configura en el supuesto de violación de la ley. La ley cuya violación determina la invalidez del acto no es sólo la norma que en tal carácter sanciona el Congreso de la Nación, pues debe considerar, comprendida en ella, todo el bloque de la juridicidad. La juridicidad nuclea, todo el sistema normativo, desde los principios generales del derecho y la Constitución Nacional, hasta los simples precedentes administrativos, en cuyo seguimiento esté comprometida la garantía de igualdad, pasando por los tratados internacionales, la ley formal, los reglamentos y, eventualmente, ciertos contratos administrativos.-
Derechos políticos, nacionalidad
Materia: LABORAL-ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Asociación por los Derechos Civiles (ADC) c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-31

En la Ciudad de Buenos Aires, los extranjeros gozan de derechos políticos desde mucho antes de la reforma de la CN de 1994 y de la sanción de la CCBA. En ese marco, la arbitrariedad de la privación de un derecho civil es aún más evidente.
Compraventa de automotores, automotor defectuoso, responsabilidad civil, responsabilidad objetiva, defensa del consumidor, responsabilidad del fabricante, responsabilidad de la concesionaria, daños y perjuicios, indemnización, daños punitivos, daño moral, privación del uso del automotor, disidencia
Materia: CIVIL
Carátula: DIJKSTRA, NICOLAS. c/ SAPAC S. A. Y OTRO. s/ SUMARÍSIMO ART. 321 CPCC.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2013-02-26

Resultan de aplicación los artículos 12 y 13 de la ley 24.240 en cuanto establecen que los fabricantes, importadores y vendedores de cosas muebles no consumibles deben asegurar un servicio técnico adecuado y el suministro de partes y repuestos, y que son solidariamente responsables del otorgamiento y cumplimiento de la garantía legal, los productores, importadores, distribuidores y vendedores. Ello, teniendo en cuenta que se encuentra reconocido que el actor adquirió el vehículo a la firma demandada. (del voto del Dr. Pascuarelli).
Extradición, aplicación de tratados internacionales
Materia: PENAL
Carátula: Herrero Gallego, Lucas Martín y otros c/  s/ extradición
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-11

Ante la existencia de un tratado, sus disposiciones y no las de la legislación interna son las que rigen el pedido de extradición, ya que lo contrario importaría apartarse del texto de un acto emanado del acuerdo de dos Estados. - Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite -
Acción, mora de la administración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Montenegro, Anabella y otras c/ Banco de la Prov. de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-12-27

Si no se ha denunciado y no surge de las constancias administrativas que los reclamos formulados por las actoras hubieran sido expresamente resueltos en sede administrativa o bien que, ante la demora de la Administración en resolver, las actoras hubieran urgido el procedimiento mediante la presentación de un pronto despacho para configurar alguno de los supuestos de retardación previstos por el art. 7 del C.P.C.A., corresponde desestimar la demanda en virtud de su improcedencia formal (arts. 1, 7, 28 inc. 1°, 36 y concs. del C.P.C.A.). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Accidentes de trabajo, relación de causalidad, leyes, razonabilidad, interpretación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: Santana, Carlos Alberto y Santana, Juana Francisca Taboada de c/ Comuna de Gregoria Pérez de Denis s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   No. 709-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-08-26

En lo que respecta al análisis del nexo de causalidad en los accidentes laborales, la razonabilidad es el criterio rector interpretativo para la aplicación de la ley, permitiendo libremente al Juzgador indagar la existencia del nexo funcional en cada uno de los casos sometidos a decisión. Se trata de caracterizar a los daños causados en ocasión de las funciones, con criterios de razonabilidad y equidad.
Sentencia, abuso sexual, declaración testimonial, víctima del delito, fundamentación de sentencias, audiencia de debate
Materia: PENAL
Carátula: Vilca Mamani, Liborio s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-08-11

Es válida la condena por abuso sexual simple pese a que la menor víctima no declaró en el debate, si la comprobación del hecho y la autoría penalmente responsable del imputado pudo ser acreditada por otros medios. (Rodríguez Basavilbaso, Catucci, Madueño).
Jueces, apreciación de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Galvan, Antonio c/ Grafa S.A. s/ Preaviso, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-07-15

Los jueces laborales son soberanos en la apreciación de las pruebas estando solo limitado en esa soberanía por la prudencia jurídica debida, pudiendo, según su arbitrio, escoger los elementos de juicio, prefiriendo a unos y desechando a otros. Poseen por lo tanto, la facultad de seleccionar las pruebas y atribuirles la jerarquía que en cada caso les corresponda sin olvidar que la regla de apreciar es valorar, ponderar y comparar para decidir. Empero, si bien los jueces del fuero laboral poseen amplias facultades instructorias y de investigación, no debe inferirse de ello que las partes estén relevadas de demostrar los extremos de su pretensión ya que son éstas las que tienen la carga de aportar la prueba de sus afirmaciones o, en caso contrario, soportar las consecuencias de su omisión.
Costas, costas en el orden causado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BOTTI,Carlos Juan y otra c/ MUNICIPALIDAD DE GENERAL PICO s/ PROCESO ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1996-04-11

En el caso particular es apropiado apartarse del principio general establecido por el art. 69 C.Proc. y distribuir las costas entre las partes, condenándose a la accionada (porque prospero parcialmente la demanda) y a la actora (en tanto se desestimaron en parte sus reclamos).
Contratos, Derecho civil
Materia: CIVIL
Carátula: DI VITO JOSE MARIA c/ PULLA SAMANIEGO MARIA MERCEDES s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO BENEFICIO 369837/8", (Expte. EXP Nº 369838/2008), y su acumulado "PULLA SAMANIEGO MERCEDES C/ DI VITO JOSE MARIA S/ RESOLUCION DE CONTRATO
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-12-04

Estando el contrato de compraventa regulado por el Código Civil, cuando también queda atrapado por la Ley de Defensa del Consumidor, las normas del primero se integran con las disposiciones protectorias de los consumidores y usuarios.
Actualización monetaria, cláusula penal
Materia: CIVIL
Carátula: INDICE SA c/ AGUERO JUAN s/ EJECUTIVO - DEUDA DINERARIA - CLAUSULA PENAL.
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-03-06

Cuando las tasas de interés fijadas como cláusula penal sumada a los intereses compensatorios, transformados luego del incumplimiento en moratorios, contemplados en el artículo 622 del Código Civil, que también se mandan a pagar, compensan por el deterioro que sufre la moneda no corresponde hacer lugar al pedido de reactualización de la deuda.
Accidente de tránsito, responsabilidad del conductor, falta de licencia de conducir, falta de uso de casco
Materia: CIVIL
Carátula: Perucci de Baldi, A. c/ Velazquez,  C.V. s/ Sumario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-07

La falta de licencia para conducir o la del uso del casco por parte de un menor quien conduciendo una motocicleta fuera embestido por una ambulancia, no constituye circunstancias que lleven a considerarlo culpable del accidente en alguna medida, salvo que el incumplimiento de esos recaudos fueran las causas determinante del hecho.
Incapacidad absoluta, indemnización, incapacidad temporaria, remuneración
Materia: LABORAL
Carátula: Nievas, Humberto c/ Goldemberg, Pedro y otros s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-11-01

No acreditada ni invocada el alta médica definitiva del actor con anterioridad a la promoción de la demanda se ajusta a derecho el fallo que condena a la empleadora al pago de salarios por incapacidad temporal hasta la fecha de iniciación del juicio, además de la indemnización por incapacidad permanente, aunque la minusvalía tuviera este carácter desde el momento del accidente.
Planteo oportuno, reajuste jubilatorio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL
Carátula: Aguirre, Pablino Concepción c/ A.N.Se.S. s/ reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-03-15

Respecto al agravio referido al tope de los haberes de actividad, y teniendo en cuenta el criterio establecido por el Alto Tribunal al sostener que carece de todo respaldo fáctico la aplicación mecánica de la doctrina adoptada en el precedente "Villanustre, Raúl Félix" (sent. del 17.12.91), debe estarse a lo dispuesto en el fallo "Mantegazza, Ángel Alfredo" (sent. del 14.11.06). Por ello, corresponde diferir su tratamiento para el momento procesal oportuno.
Consumidores, tarjeta de crédito
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Asociación Protección Consumidores del Mercado Común del Sur c/ Dilfer S.A. s/ ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2019-07-31

Ninguna suma puede ser exigida al consumidor si no se encuentra expresamente prevista en el contrato, y en ningún caso pueden cargarse comisiones o costos por servicios no prestados efectivamente. Y nunca (tampoco antes de las reglas de "Protección de los usuarios de servicios financieros"), hubo un cheque en blanco para que las tarjetas de crédito impongan cargos o comisiones a sus clientes, máxime cuando el régimen protectorio de los consumidores tiene anclaje constitucional desde la reforma de 1994, y en su caso, la imposición debe reunir determinadas condiciones, y su modificación ser anunciado con antelación, pudiéndose considerar toda cláusula en contrario, abusiva -Res.09/2004 de la entonces Secretaría de Coordinación Técnica dependiente del Ministerio de Economía y Producción-.
Procedimiento laboral, costas
Materia: LABORAL
Carátula: Aguirre, Hugo Ernesto c/ Casa Llera SRL s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-02

Según lo dispuesto en el artículo 68 del CPCCN, las costas del juicio deben ser soportadas por la vencida, criterio que se fundamenta básicamente en el hecho objetivo de que quien hace necesaria la intervención del Tribunal por su conducta, acción u omisión, debe soportar los gastos que la contraparte ha debido realizar en defensa de su derecho. La fijación de las costas no debe apoyarse tan sólo en el resultado del pleito medido en porcentajes, sino que, por el contrario, se deben apreciar con un criterio jurídico, todas las circunstancias del caso. En el "sub lite", la accionada no ha perdido su calidad de vencida en lo principal, con lo cual, no resulta aplicable la excepción que habilita el art. 68 segundo párrafo del código procesal civil y comercial de la Nación.
Alimentos, cuota alimentaria, alimentado con recursos económicos
Materia: CIVIL
Carátula: V.A., P.R. c/ W., R.A. s/ ALIMENTOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-26

La presunción que emanaba a favor de la mujer, según el sistema de la ley 2393, ha desaparecido en la normativa vigente, en especial, teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 198 del Código Civil, todo lo cual impone a la mujer la carga de acreditar su necesidad. Y fuera del expreso supuesto del artículo 207, el cónyuge sólo cuenta con la posibilidad de demandar los alimentos de extrema necesidad señalados en el art. 209 del Código Civil, siempre que se prueben los presupuestos exigidos en dicha norma.-