Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-03-09


SENTENCIA NUMERO: OCHO En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los nueve días del mes de marzo de dos mil doce, reunida en acuerdo la Corte de Justicia de Catamar-ca, integrada por los señores Ministros doctores Amelia del Valle Sesto de Lei-va -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Luis Raúl Cippitelli, para entender en el Recurso de Casación deducido en autos, Expte. Corte Nº 32/11, caratulados: "RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por los Dres. Matías Rolando Ol-mos y Sergio Paredes Correa en contra de Sentencia Nº 07/2011 recaída en Causa Expte. Nº 200/10 'Hernández, Carlos Martín s.a. Robo calificado por el uso de armas -Capital - Catamarca'", el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1º) ¿Es nulo el resolutorio en crisis por haber inobservado o aplicado erróneamente las reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas? 2º) ¿Es nula la sentencia por haber aplicado erróneamente el art. 166 inc. 2º primer supuesto y último párrafo del C.P.? 3º) ¿Qué resolución corresponde dictar? El recurso de casación interpuesto en contra de la Sentencia Nº 07/2011, dictada en los autos principales, reúne los requisitos de admisibili-dad formal establecidos por el art. 460 del C.P.P.

De acuerdo al orden de votación sorteado a fs. 23 los Sres. Ministros se pronunciarán en el siguiente orden: en primer lugar, el Dr. Luis Raúl Cippitelli; en segundo lugar, la Dra. Amelia del Valle Sesto de Leiva y, en tercer término, el Dr. José Ricardo Cáceres.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

I. Por Sentencia Nº 07/2011, dictada el 14/04/2011, la Cá-mara en lo Criminal de Primera Nominación, en lo que aquí concierne, por unanimidad, resolvió: ".I) Declarar culpable a Carlos Martín Hernández, de condiciones personales relacionadas en la causa como autor penalmente res-ponsable del delito de robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse por acreditada (art. 166 inc. 2º primer supuesto y último párrafo del C. Penal) condenándolo en consecuencia a sufrir la pena de siete años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo (arts. 40, 41 y con-cordantes del C. Penal). Con costas (arts. 407, 536 y concordantes del C.P.P.)" II. Contra el decisorio aludido, comparecen los Dres. Matí-as Rolando Olmos y Sergio Paredes Correa, como asistentes técnicos del impu-tado Carlos Martín Hernández, e interponen recurso de casación.

II. a.	Argumentan falta de motivación y fundamentación del fallo impugnado y que tales vicios transgreden lo establecido por la norma constitucional. Citan artículos de la Constitución Provincial y doctrina relacio-nada con la fundamentación de la sentencia.

Entienden que hubo un apartamiento de los hechos de la causa, que terminó responsabilizando a su defendido de un hecho que no puede achacársele. Afirman que la totalidad de los testimonios y pruebas aportadas en la causa no han sido valorados correctamente, en especial lo referido a la des-cripción del sujeto que entró a la peluquería; que no coincide con las caracterís-ticas físicas de su defendido -al que los testigos describieron como un hombre de aproximadamente treinta años de edad, de pelo crespo de color negro, tez trigueña, de 1.75 m. de altura aproximadamente, de contextura física robusta-, siendo que Hernández es una persona delgada, según se puede apreciar en las fotografías y por simple observación del sujeto en las audiencias de debate. Como consecuencia, sostienen, no existió el grado de certeza necesario para fundar la atribución del hecho a Hernández, alejándose, así, de las reglas de la sana crítica y transformándose en una valoración arbitraria.

Puntualmente, cuestionan el reconocimiento en rueda de personas, se preguntan cómo es posible que hayan reconocido a Hernández, si los testigos manifestaron que el sujeto que ingresó al local era robusto y se en-contraba con parte de su cara tapada; y que el mismo damnificado dio datos de quien podía ser el autor del hecho, debido a comentarios que le hicieron al res-pecto, y que no se trataba de Hernández.

Que se incurrió en la violación al principio constitucional "in dubio pro reo", ya que no existe correspondencia entre las características físicas declaradas y los reconocimientos efectivizados, sumado a la acusación referida a otra persona como posible autor del hecho delictuoso.

II. b. Antes de ingresar al tratamiento de los embates es-grimidos, corresponde aclarar que si bien los mismos han sido formulados de manera conjunta, omitiendo especificar cuál es el correcto encuadre jurídico en el que fundan sus agravios, en razón de que no han expresado en qué incisos del art. 454 del C.P.P. centran sus críticas; no obstante ello, la lectura del escri-to recursivo, permite adelantar que del desarrollo argumental efectuado se evi-dencia que los agravios impetrados encuadran dentro del marco normativo pre-visto en los incisos 2º y 1º del art. 454 del C.P.P., satisfaciendo, de esta manera, auque sea mínimamente la fundamentación técnica exigida por la ley de forma (arts. 460, sgtes. y cctes. del C.P.P). Por lo expuesto, a fin de salvaguardar ga-rantías constituciones y procesales del imputado, corresponde ingresar al trata-miento de los cuestionamientos efectuados, los que serán analizados con los límites señalados.

Sentado lo anterior, resta decir que trataré en primer lugar la inobservancia o errónea aplicación de las reglas de la sana crítica en la aprecia-ción de las pruebas (art. 454 inc. 2º del C.P.P). Los recurrentes resisten la sen-tencia al cuestionar la legitimidad de la fundamentación, denunciando que se han valorado testimonios que describen al imputado, en clara contraposición a su contextura física, no coincidiendo su fisonomía con la descripta por los testi-gos; preguntándose además, cómo es posible que las testigos Norma Filomena Herrera (fs. 34/34 vta.) y Carol Solange Ponce (fs. 33/33 vta.) hayan reconoci-do a Hernández, teniendo en cuenta que el sujeto que vieron era robusto y a la vez tenía tapada parte de su cara.

En relación a ello, adelanto que el agravio no debe ser aco-gido. Digo ello, puesto que un análisis integral del material probatorio debida-mente incorporado y analizado por el a quo, permite concluir de manera adver-sa a la pretendida por los recurrentes. En primer lugar, porque el juzgador pon-deró lo aportado por las testigos Norma Filomena Herrera y Carol Solange Ponce, quienes fueron coincidentes en la descripción física que hicieron del acusado, reconociendo incluso ambas al imputado Martín Hernández en la rue-da de reconocimiento de personas efectuada dos días después de cometido el hecho (fs. 33/34 vta.). La primera de las mencionadas, en debate declaró que el muchacho era crespo; que se le veía desde la nariz, ya que tenía la boca tapada con el cuello de la campera o de una polera; que tenía tanto abrigo que no se podía apreciar si era robusto o gordo, que no recuerda bien el color de los ojos por los nervios que tenía en ese momento. Por su parte, Ponce -cuyo testimonio fue debidamente incorporado a debate (fs. 6/7)- refirió que era una persona de sexo masculino, de unos treinta años aproximadamente, de 1,75 m de estatura aproximada, tez trigueña, ojos rasgados y oscuros, nariz normal -ello desvirtúa las afirmaciones de los quejosos quienes refieren que el acusado tenía tapada la nariz, ya que, tanto Ponce como Herrera aseveraron verle la nariz, incluso la describieron como normal-, de contextura física media robusta, cabello oscuro, coincidiendo en que no le vieron la boca porque la tenía tapada. Esto último, también fue relatado por la testigo Norma Beatriz Verón (fs 30/31), quien refi-rió que el imputado con un polerón o polera negra se tapaba la cara hasta la na-riz, de lo que se infiere que tampoco se le veía la boca, como lo afirmaron cate-góricamente las otras testigos, y no como interpreta la defensa, alegando que la testigo de referencia dijo que el acusado en la oportunidad se tapaba también la nariz.

En idéntica dirección, denota trascendental importancia el hecho de que todos los testigos que describieron la vestimenta del acusado al momento de efectuar el robo, fueron plenamente coincidentes en que vestía un pantalón de jogging color gris oscuro, zapatillas y una polera negra con una campera color amarillo tirando a mostaza. Vestimenta que coincide con la que usaba el imputado al momento de ser aprehendido -aproximadamente 40 minu-tos después de sucedido el hecho-, conforme se constata en el Acta Inicial de Actuaciones obrante a fs. 19/19 vta. (material probatorio debidamente incorpo-rado a debate).

En consonancia con lo expresado, debo decir que tampoco resultan de recibo, las disconformidades referidas a que no es posible que quie-nes participaron en la rueda de reconocimiento (Norma Filomena Herrera (34/34 vta.) y Carol Solange Ponce (33/33 vta.) hayan reconocido a Hernández, argumentando que el sujeto que ellas vieron era robusto y tenía parte de su cara tapada, fundamentos éstos que resultan totalmente parciales y disgregados del material probatorio que se cuestiona, como así, del conjunto de probanzas debi-damente analizadas por el tribunal en el fallo puesto en crisis.

Lo dicho encuentra sustento en lo sostenido por esta Corte en precedentes anteriores (S. nº 17, 06/06/2011; S. nº 1, 10/02/10) en donde se dijo que: "el vicio (art. 408 inc. 3º del C.P.P.), sólo es capaz de tornar nula la sentencia cuando el defecto formal que a ella se atribuye es dirimente, lo cual implica que su eventual corrección posee aptitud suficiente para conducir a una conclusión diferente de la que se impugna. La demostración del valor decisivo del vicio, ha sido exigida tanto para la procedencia formal como para la sustan-cial del recurso".

Asimismo, se ha sostenido que "no hay nulidad por la nuli-dad misma, sino sólo cuando hay una lesión efectiva al interés de las partes y que tal exigencia tiene por objeto evitar el establecimiento de un sistema de nulidades puramente formales, acogiendo sólo aquellas que por su posible efec-to corrector, tengan idoneidad para enervar los errores capaces de perjudicar realmente aquel interés. En tal sentido se ha expedido la C.S.J.N. (Fallos 259:961, 298:1413, 311:2337, entre otros).

Para que los vicios endilgados a la sentencia tengan entidad para conducir a la nulidad, deben relacionarse con pruebas valoradas en contra de las reglas de la sana crítica racional, u omitidas de ponderar que tengan valor decisivo (art. 454 inc. 2º del C.P.P.), toda vez que estos defectos son los capta-dos por la ley (art. 408 inc. 3° del C.P.P.)".

En este caso, advierto que el vicio denunciado, en modo al-guno exhibe idoneidad para conmover la conclusión adoptada por el juzgador, pues no logra enervar la convicción relativa a la participación cierta del impu-tado, Carlos Martín Hernández, en el hecho que se le atribuye.

Sobre el punto, debo decir que, más allá de las disconformi-dades expuestas por la defensa, los actos de reconocimientos en rueda de per-sonas obrantes a fs. 33/33 vta. y 34/34 vta. se han cumplido con las formalida-des previstas en el art. 260 del C.P.P., puesto que el acta respectiva no sólo evi-dencia el cumplimiento de todos los recaudos legales (arts. 259, 260, 261 del C.P.P.), sino además, que dicho acto procesal ha sido llevado a cabo en presen-cia de la defensa técnica del imputado, quién no formuló oportunamente oposi-ción ni interpuso recurso alguno, lo cual implica que las partes han consentido libremente los efectos del acto, el cual, como se dijo, se llevó a cabo en legal forma y con pleno respeto de los principios de contradicción y bilateralidad. Sumado a ello, repárese además, que el material probatorio cuestionado, ha si-do debidamente incorporado a debate contando con la plena anuencia de las partes quienes consintieron la introducción de dichos elementos de prueba. En razón de ello, el tribunal ponderó que todos los testimonios analizados han re-sultado espontáneos y verosímiles, siendo contestes en un todo con la prueba documental incorporada a debate. Así destacó, que las actas de procedimiento, inspección ocular e inicial de actuaciones (fs. 2/3 y 19/19 vta.), dan cuenta que el hecho aconteció tal como lo relataron las víctimas. De este modo, argumentó que ello se complementa con las actas de reconocimiento en rueda de personas, en las cuales sin hesitación alguna y luego de describir a la persona que esa no-che ingresó a la peluquería con claros fines furtivos, las testigos Carol Solange Ponce y Norma Filomena Herrera reconocieron al imputado Carlos Martín Hernández, de entre cinco personas que constituían la rueda con todas las pre-visiones de ley, como el autor del hecho, manifestando ambas estar segura de eso.

Los fundamentos expuestos por el tribunal de mérito, en-cuentran apoyo en lo sostenido por esta Corte (S. nº 32, 11/10/2011), en cuanto a que "son muchas las variables que influyen en la exactitud de los recuerdos que tiene un testigo presencial de un hecho. Es indudable, en este orden de co-sas, que deben utilizarse, como dice la doctrina psicológica-científica, las tres clásicas del procesamiento de la información humana: codificación, almacena-miento y recuperación. Estas variables son difícilmente controlables por el juz-gador, pero en la medida en que este control pueda llevarse a cabo, sólo quien bajo la inmediación y la contradicción puede ver, oír y percibir las reacciones de quienes declaran, constatando los datos que hayan de servir para determinar el grado de verdad a través de la verosimilitud, está en condiciones de fijar su credibilidad" (Ruiz Vadillo, Enrique; La actividad probatoria en el proceso es-pañol, en "Estudios de derecho procesal penal", Granada, Comares, 1995, p. 241; S. nº 22, 06/11/09).

Sentado lo anterior, evoco que la crítica de los elementos de prueba es un acto complejo, que impone no sólo el examen interno de éstos, y el contenido y fiabilidad de la información que los respectivos elementos ofre-cen, sino también, su confrontación conjunta, de modo que pueda formularse un juicio de certeza o falta de certeza sobre el hecho que es objeto de la acusa-ción. Sobre el punto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que los jueces incurren en arbitrariedad "cuando consideran los testimonios en forma fragmentaria y aisladamente [...] en especial cuando se ha prescindido de una visión de conjunto y de la necesaria correlación de los testimonios entre sí, y de ellos con otros elementos indiciarios" y que "es arbitraria la sentencia en la cual la interpretación de la prueba se limita a un análisis parcial y aislado de los elementos de juicio obrantes en la causa; pero no los integra ni armoniza debi-damente en su conjunto, defecto que lleva a desvirtuar la eficacia que, según las reglas de la sana crítica, corresponde a los distintos medios probatorios" (Fa-llos: 308:640. "Zarabozo"). Y en circunstancias más específicas, la Corte ha dicho que "la prueba en los delitos contra la honestidad [...] resulta de difícil recolección [...] Ello no significa que resulte de imposible investigación, ni que pueda fragmentarse la prueba [...], quitándole sustento a lo que en su conjunto lo tiene. Todo lo contrario, habrá que valorar las pruebas teniendo en cuenta cada uno de los aspectos relevantes de la instrucción para arribar a un fallo de-finitivo que sea comprensivo y abarcador de los elementos de juicio recolecta-dos" (Fallos 320:1551).

Con base en todo lo expuesto, concluyo que el decisorio impugnado se encuentra debidamente fundado y que el cuadro convictivo meri-tado por el a quo nos lleva a sostener con grado de certeza la participación res-ponsable del incoado Carlos Martín Hernández en el hecho, razón por la cual, como ya se adelantara, los agravios aquí analizados deben ser rechazados.

Por ello, voto negativamente a la presente cuestión.

A la Primera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cippitelli, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

III. Subsidiariamente, introducen como segundo motivo ca-satorio, la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva (ar. 454 inc. 1º del C.P.P.). En tal sentido, señalan que les agravia la merituación de la cali-ficación legal del hecho y la pena atribuida a su defendido, ya que deja incólu-me la acusación primigenia fundando la misma en que se ha demostrado con grado de certeza requerido para dicha etapa procesal, que Hernández fue el au-tor del delito.

Reiteran que ante la falta de certeza en los elementos proba-torios, el tribunal debió tener en cuenta el principio "in dubio pro reo" y absol-ver a su asistido por falta de certeza sobre la culpabilidad del mismo.

Luego de citar jurisprudencia al respecto sostienen que, en todo caso, la calificación legal que correspondía era la de "robo simple" (art. 164 C.P.), ya que no se acreditó debidamente la existencia del arma de fuego, que es lo que agrava el delito.

III. a. De lo expuesto, se advierte que el problema a resol-ver estriba en brindar el correcto encuadre jurídico al hecho atribuido al impu-tado Carlos Martín Hernández. Concretamente, debe indagarse si resulta ade-cuado haber subsumido su conducta, como lo hizo unánimemente el tribunal de juicio, en el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse por acreditada (arts. 166 inc. 2º, primer supues-to y último párrafo del C. P.) o si -por el contrario-, dicho suceso debe ser en-cuadrado en la figura de robo simple (art. 164 C.P.), conforme lo peticionado por la defensa.

Ingresando puntualmente al tratamiento del agravio expues-to, adelanto que yerran los casacionistas en los fundamentos brindados.

En primer término, el a quo tuvo como fehacientemente comprobado que "Carlos Martín Hernández, el 04 de septiembre de 2010, en horario que no se pudo establecer con exactitud, pero que podría estar com-prendido a horas 21:50 aproximadamente, ingresó por la puerta de entrada con claros fines furtivos a la peluquería denominada comercialmente "Juan Carlos Coiffeur" sita en barrio La Victoria -Pasaje Medrano y Maipú Norte- de esta ciudad Capital, propiedad de Juan Carlos Ponce, y extrajo de entre sus ropas y de la altura de la cintura un arma de fuego, tipo revólver, de tamaño pequeño, caño corto de color cromado y esgrimiéndola hacia las personas presentes (Ca-rol Solange Ponce, Norma Beatriz Verón, Norma Filomena Herrera y la menor Anael Zoe Coronel) les intimó que les dieran la plata y todos los celulares y con dicho amedrentamiento generado mientras le apuntaba a Carol Ponce con dicho revolver a la altura del estómago, logró sustraerle la suma de $ 200 (pesos dos-cientos), en tanto que a la menor Anael Zoe Coronel, un teléfono celular marca Nokia color gris abonado a la empresa Claro, y a la señora Norma Filomena Herrera, un teléfono celular marca Nokia, de color negro, abonado a la empresa Personal. Seguidamente y continuando con su acometida delictiva revolvió una campera que se encontraba en unas sillas y se apoderó de un monedero con la suma de $ 800 (pesos ochocientos) para concluir su despliegue delictivo apode-rándose ilegítimamente de un celular Motorola que se encontraba sobre un mostrador del local comercial, para luego emprender su huída con el botín hacia el punto cardinal Este".

En segundo lugar, también cabe referir que, si bien es cierto que no se incautó el arma de fuego, como insinúan los recurrentes, ello no impide que se condene al imputado como autor del delito de robo con arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo acreditarse, pues ello es precisamente una de las hipótesis abarcada por la figura típica seleccionada. Asimismo, resáltese que la utilización del arma en el desapoderamiento puede acreditarse por cualquier medio de prueba, máxime cuando los testimonios de las víctimas resultan terminantes en el sentido de describir la existencia de un arma en el desapoderamiento, como así, describir y exponer que dicha arma le fue colocada en el estómago a una de las víctimas.

Repárese además, que la nueva redacción de la norma analizada ha deslindado los supuestos en que el robo se agrava en razón de verse facilitada su perpetración por la intimidación que provoca en la víctima el empleo de un arma de fuego no apta o de -incluso- un objeto con apariencia de serlo, de aquellos otros en que la razón de la agravante radica en el mayor peligro al que se vería expuesta la víctima al ser intimidada con un arma apta para producir disparos. Es decir, que a diferencia del robo con armas y del robo con arma de fuego -donde la razón de la agravante obedece tanto al mayor peligro corrido por el sujeto pasivo como a la mayor intimidación que sufre-, cuando el autor emplea un arma inapta para el disparo -descargada o con algún defecto de mecanismo- existe una mayor intimidación que en el robo simple, pero ningún peligro para la vida o la integridad física de la persona; por ello, aquí la pena es menor que la del robo con armas "básico".

En este caso, el juzgador entendió probado que Carlos Martín Hernández se apoderó ilegítimamente de elementos totalmente ajenos ejerciendo intimidación mediante la utilización de un arma de fuego, aclarando que la misma no pudo ser hallada por la instrucción. En consecuencia, acertadamente concluyó que la conducta del imputado debe necesariamente quedar atrapada bajo las previsones del art. 166 inc. 2º primer supuesto y último párrafo del C.Penal, esto es, robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse por acreditada, en calidad de autor en los términos del art. 45 C.P.

Por lo expuesto, entiendo que la conducta de Carlos Martín Hernández ha sido correctamente encuadrada por el tribunal de juicio conforme las previsiones del art. 166 inc. 2º -primer supuesto- y último párrafo del Códi-go Penal, resultando la solución del Tribunal ajustada a derecho.

A la Segunda Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cippitelli, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.

A la Tercera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

A mérito de lo resuelto al tratar la cuestión precedente y atento la votación que antecede, corresponde: I) Declarar formalmente admisi-ble el recurso de casación interpuesto a fs. 1/4 vta., por los Dres. Matías R. Ol-mos y Sergio Paredes Correa, en su carácter de asistentes técnicos del imputado Carlos Martín Hernández. II) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto. III) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.). IV) Téngase presente la reserva federal del caso.

A la Tercera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la Tercera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cippitelli, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.

Por los resultados del acuerdo que antecede y por unanimi-dad, la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA, RESUELVE:

1º) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 1/4 vta., por los Dres. Matías R. Olmos y Sergio Paredes Co-rrea, en su carácter de asistentes técnicos del imputado Carlos Martín Hernán-dez.

2º) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto.

3º) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.).

4º) Téngase presente la reserva del caso federal.

5º) Protocolícese, hágase saber y, oportunamente, bajen es-tos obrados a origen, a sus efectos.

FIRMADO: Dres. Amelia del V. Sesto de Leiva -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Luis Raúl Cippitelli. ANTE MI: María Fernanda Vian -Secretaria- ES COPIA FIEL de la senten-cia original que se protocoliza en la Secretaría a mi cargo. Doy fe