Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-02-11


En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut, a los 11 días del mes de febrero del año dos mil once, se reunió en Acuerdo la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, integrada por los doctores Daniel Rebagliati Russell, Jorge Pfleger y Alejandro Javier Panizzi, con la presidencia del primero de los nombrados, para dictar sentencia en los autos caratulados "F., A. p.s.a. Lesiones Leves -Puerto Madryn-" (Expte. N° 21.387 - Fº 85 - Letra "F" - Año 2008).

El orden para la emisión de los votos resultó del sorteo practicado a fojas 120: Panizzi, Pfleger y Rebagliati Russell.

El Juez Alejandro Javier Panizzi dijo:

I. El Juzgado Correccional Número 2 de la Ciudad de Puerto Madryn, el 20 de mayo de 2008, condenó a A. I. F. a la pena de un mes de prisión en suspenso al hallarlo autor material y penalmente responsable del delito de lesiones leves (artículo 89 del Código Penal).

Contra esa sentencia, registrada bajo el número 050/08, la defensa particular del acusado dedujo recurso de casación -hojas 90/92.

Alegó ausencia de motivación y de lógica y arbitrariedad en la resolución emitida.

El hecho que fue materia de debate, reseñado en la presentación del caso por el Ministerio Público, "tuvo lugar el día 20 de junio de 2005, aproximadamente a las 04:45 horas, en circunstancias en que la Sra. M. A. B. se dirigía hacia su trabajo, S. N., por la calle B., al llegar a la intersección con calle ** de M. de esta ciudad, se acerca A. F., el cual circulaba en una bicicleta, y sin mediar palabra alguna, le propina un golpe de puño en el rostro a la denunciante".

En su ponencia recursiva, el defensor hizo referencia a lo que debía entenderse por "sistema de la libre convicción de los jueces" para fallar en sus sentencias.

Aclaró que a una persona no la condenan los jueces, sino las pruebas y, destacó que en los presentes, no existían evidencias concretas que pudieran derribar el principio de inocencia de su defendido.

Explicó que para que una sentencia fuera ajustada a derecho, los jueces debían realizar dos operaciones intelectuales: la descripción del elemento probatorio y su valoración crítica.

Citó jurisprudencia y doctrina relacionada con el sistema de la "sana crítica racional".

A continuación, desarrolló cada uno de los puntos por los cuales se consideró agraviado.

En ese sentido, argumentó que la Juez en lo Correccional tuvo por probados los hechos objeto del juicio con la declaración de la víctima, un certificado médico ilegible y el indicio de que víctima y victimario trabajaran en el mismo lugar.

A continuación, expresó que en la sentencia atacada la juez de grado catalogó al imputado como mendaz e incoherente al haber aceptado una probation y no cumplirla.

En conclusión, manifestó que no existían en la resolución impugnada pruebas para enrostrarle el delito a su defendido, lo cual transformó la sentencia en arbitraria e ilegítima, violatoria del principio constitucional del "in dubio pro reo".

II. El recurso fue concedido en la hoja 93 y vuelta y mantenido en esta instancia mediante escrito de hoja 102.

III. A su turno, el Señor Procurador General, doctor Jorge Luis Miquelarena, señaló que el acto jurisdiccional emitido por la titular del Juzgado Correccional Nº 2 de Puerto Madryn no contaba con motivación suficiente y por ende, devenía arbitrario. Propició, en consecuencia, la declaración de nulidad de la resolución judicial dictada.

IV. La atribución de responsabilidad hecha en el fallo no fue cumplida siguiendo las reglas de la sana crítica; es decir, no encuentro debidos fundamentos con respecto a la culpabilidad, con la expresión clara y precisa de las razones que llevaron al juzgador a pronunciarse en aquel sentido.

Las normas procesales ordenan que las sentencias sean motivadas bajo pena de nulidad. O sea que, en ellas tienen que exteriorizarse las pruebas valoradas por el juez, y los argumentos jurídicos que sustenten la solución que dan a los pronunciamientos. De lo contrario, la sentencia es nula (artículos 107 y 363, inciso 3º del Código Procesal Penal).

El a quo no ha brindado las razones por las cuales llegó a la conclusión condenatoria, lo que deja sin legitimidad a la sentencia.

Por lo expuesto, el recurso de casación es procedente, correspondiendo la anulación de la sentencia en crisis. No obstante, no propiciaré el reenvío para la realización de un nuevo juicio sino que, en ejercicio de la casación positiva, postularé la absolución de don A. I. F. por el delito de lesiones leves cometido en perjuicio de M. A. B.

Es que, el motivo que dio origen a este proceso presumiblemente fue el encono entre los involucrados, suscitado hace más de cinco años, donde sólo uno de ellos sufrió leves contusiones.

Estimo que en el largo tiempo transcurrido el orden jurídico se ha restaurado, por lo que, volver sobre el hecho, ya no lograría componer los intereses en juego, sino que podría quizás agravarlos.

A más de ello, anoto que la acción penal emergente del delito en cuestión podría encontrarse prescripta (artículo 59, inciso 3º del Código Penal).

V. Por último, estimo adecuado regular los honorarios profesionales de los doctores J. F. A. y C. G. D. M., defensores particulares del imputado, en la suma de PESOS SETECIENTOS ($ 700.-) (artículo 14 de la Ley XIII - Nº 4).

Así voto.

El juez Jorge Pfleger dijo:

I. No expondré los antecedentes que motivan esta inspección pues han sido formulados con detalle en el primer voto, a cuyos términos remito para evitar inútiles reiteraciones.

II. El tratamiento de los temas del recurso.

De movida señalo, como lo ha hecho el doctor Panizzi, que se vislumbra intensamente en autos el problema de la prescripción.

El tiempo transcurrido y el carácter leve del delito reprochado, habrían mellado la capacidad de persecución estatal, acorde las disposiciones en la materia, no obstante la ausencia de otros datos que impiden aquí una concreta declaración.

En efecto, la acción penal perece por el transcurso del tiempo cuando concurren ciertas circunstancias que se vinculan con la pena prevista para el delito (arts. 59 inc. 3° y 62 del C.P), a menos que el lapso se suspenda o interrumpa por las expresas disposiciones de la norma sustantiva (art. 67 C.P.).

En este supuesto, el imputado fue condenado, el veinte de mayo del año de dos mil ocho, como autor del delito de lesiones leves (art. 89 del C.P.) sancionado con una escala que discurre- en su mínimo- desde un mes hasta un año, en su tope.

Siendo así el período a tener en consideración es de dos años, término legal que fija el art. 62 inc. 2° del C.P, y que, ya desde otra perspectiva, supera holgadamente todo obstáculo que impida la operabilidad del instituto.

En efecto, el último acto con incidencia sobre el decurso del período de que se trata es la sentencia condenatoria no firme cuyo momento de emisión se ha consignado (art. 67 inc. e) del C.P.), situación que alimenta la fuerte sospecha enunciada al principio.

No obstante, la prescripción se interrumpe en caso en que ocurriera ".la comisión de otro delito." por el imputado, y esa referencia no existe actualizada.

De manera entonces que propicio ordenar la remisión al Tribunal de origen para que, luego de cumplir con los requerimientos legales pertinentes, declare, si correspondiere, la aplicación del instituto que antes se ha examinado.

Por último, adhiero a la regulación de honorarios sugerida por el ministro Panizzi.

Así me expido y voto.

El juez Daniel Alejandro Rebagliati Russell dijo:

La sentencia dictada por la Juez Correccional de Puerto Madryn en fecha 20 de mayo de 2008, por la que se condena a A. I. F. a la pena de un mes de prisión en suspenso por resultar autor penalmente responsable del delito de Lesiones Leves (Art. 89 del C. P.), fue recurrida por los defensores particulares Dres. J. F. A. y C. G. del M. en base a los agravios que ha dejado sintetizados el colega que guía el acuerdo.

Empero advertido acerca del transcurso del tiempo y su implicancia en este proceso por el Dr. Pfleger, coincido en que tal situación debe ser analizada con prioridad a los asuntos planteados por los aquí agraviados.

En efecto, tal como lo ha sostenido la Corte Suprema de la Nación, la extinción de la acción penal es de orden público y se produce de pleno derecho, por el transcurso del plazo pertinente, de tal suerte que debe ser declarada de oficio por cualquier tribunal en cualquier estado de la causa y en forma previa a cualquier decisión sobre el fondo (Corte Sup., 1/11/88 "Villalba Andrés G" J. A. 1990-II-598).

Es por ello que corresponde analizar como cuestión previa si la prescripción penal pudo haber operado en el presente caso. En tal sentido tengo en cuenta que el fallo condenatorio, como último acto interruptor de la prescripción fue dictado el 20 de mayo del 2008. En consecuencia y teniendo en cuenta la pena máxima con que se conmina la comisión del delito por el que fuera condenado F., torna razonable avizorar que ha operado en su favor el instituto de la prescripción de la acción.

En consecuencia, concuerdo con el Dr. Pfleger en que corresponde ordenar la remisión de estos obrados al tribunal de origen a los fines que verifique si en el interregno el condenado cometió otro delito, caso contrario proceda al dictado de la correspondiente resolución.

En punto a la regulación de los estipendios profesionales de los Dres. A. y D. M., adhiero a la efectuada por el ministro Panizzi.

Con lo que finalizó el Acuerdo, pronunciándose la siguiente:

S E N T E N C I A ------- 1º) Remitir los presentes actuados al Tribunal de origen para que, luego de cumplir con los requerimientos legales pertinentes, declare, si correspondiere, la aplicación del instituto de la prescripción (artículo 59, inciso 3º del Código Penal).

2º) Regular los honorarios profesionales de los doctores J. F. A. y C. G. D. M., defensores particulares del imputado, en la suma de PESOS SETECIENTOS ($ 700.-) (artículo 14 de la Ley XIII - Nº 4).

3º) La presente es firmada por dos Miembros de la Sala Penal por encontrarse en uso de licencia el Ministro Alejandro Javier Panizzi.

4°) Protocolícese y notifíquese.

Fdo. Daniel A. Rebagliati Russell- Jorge Pfleger. Ante mi: José A. Ferreyra Secretario.