Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2011-10-04


Resistencia, octubre 4 de 2011.

1º ¿Es procedente el recurso de casación interpuesto a fs. 535/544 vta.? 2º ¿Que pronunciamiento corresponde dictar? 1º cuestión.- El doctor Modi dijo:

I- La Cámara Primera en lo Criminal de Resistencia, por sentencia Nº 131, de fecha 14 de diciembre de 2010, obrante a fs. 519/532 vta., condenó a Ramón Antonio González como autor penalmente responsable del delito de Homicidio en Ocasión de Robo (art. 165 del Código Penal) a la pena de catorce (14) años de prisión, con mas las accesorias legales y costas.

Para resolver de tal manera, el tribunal a quo consideró probado que Ramón Antonio González "...en fecha 17 de octubre del año 2008, en horas de la noche, ingresó al domicilio del señor Flaminio Saturnino López de ochenta y siete años de edad, sito en Av. Rodríguez Peña Nº 1612 de esta ciudad con propósitos de robo, reduciendo al mismo atándole las manos con un cordón y un cinto negro, colocándole una remera en el cuello como para ejercer presión y una toalla chica en la boca, lo que ulteriormente le produjo la muerte por asfixia. En ese estado de cosas González procedió a apoderarse de diversos efectos..." (fs. 523).

Contra dicho decisorio se alzó su defensora letrada G. G. W., interponiendo el recurso de casación referido, el cual fuera concedido y, elevada la causa a esta Sala, se llamó a autos para sentencia, encontrándose actualmente en condiciones de dictarse el respectivo pronunciamiento.

En su presentación, la recurrente refiere inicialmente al objeto de la misma, a la admisibilidad formal y expone los fundamentos en que sustenta los cuestionamientos, invocando ambos motivos casatorios.

Respecto al agravio sustantivo, señala que en el caso se produjo una errónea aplicación de la ley de fondo al encuadrarse la conducta de González en el art. 165 del Código Penal, ya que la víctima sufría una patología cardíaca que lo llevó a la muerte en las especiales circunstancias del caso, la cual no pudo ser previsto por su defendido, por lo cual, más allá de que debió haber extremado las precauciones por tratarse de una persona de edad, solo puede ser responsabilizado por imprudencia.

Alega que surge específicamente de los fundamentos expuestos por el Juez de Primer Voto en el tratamiento de la segunda cuestión, a los que adhirió la Juez de Segundo Voto, la ausencia de dolo por parte de su defendido, resaltando un tramo de los mismos en que consigna "...en el proceder de González hubo una violación al deber de cuidado al ir a robar y evitar interferencias que lo molestaran en su designio procedió a inmovilizar a un hombre de edad mas que avanzada...", a diferencia de la Juez de Tercer Voto para quien existió dolo directo de robo y dolo eventual en la muerte de la víctima, por lo cual considera que la conducta de González debe ser encuadrada en los arts. 84 y 164, en función con el art. 55, del Código Penal (Homicidio Culposo en concurso real con Robo), porque la culpa o imprudencia no se encuentran contempladas en el art. 165 del Código Penal.

En cuanto al agravio procesal, argumenta que en el caso se produjo la violación de la regla de razón suficiente al momento de cuantificar la sanción, toda vez que, según su criterio, la pena que le fuera impuesta a su defendido resulta desproporcionada, injusta y arbitraria a la luz del art. 41 del Código Penal, efectuando consideraciones generales sobre la materia.

II- Así reseñados los agravios defensivos, cabe examinar el pronunciamiento en función a los argumentos en que se sustentan, sin perjuicio de atender al cumplimiento de las condiciones necesarias para la validez general del mismo (CSJN, Fallos 325:1227, in re "Caric").

En orden a ello, se aprecia que liminarmente la labor impugnaticia refiere a una supuesta errónea aplicación del art. 165 del Cód. Penal, por estimar la apelante que su defendido solo puede ser responsabilizado por imprudencia y no a título de dolo, razón por la cual su conducta debe ser encuadrada en los arts. 84 y 164, en función con el art. 55, de dicho Código, argumentando que tal fue el entendimiento del voto mayoritario al consignar que hubo una violación al deber de cuidado.

Sin embargo, de los fundamentos del fallo, surge que los sentenciantes de primero y segundo voto consideraron la existencia de una "violación al deber de cuidado al ir a robar" a la víctima, dadas las particulares condiciones personales del mismo, pero claramente señalaron que era "previsible que tales circunstancias", es decir, la de "inmovilizar a un hombre de edad mas que avanzada...de pie, inclinado sobre el respaldo de una cama con una remera atada al cuello y una toalla en la boca" podían producirle el deceso, razón por la cual concluyeron que se le debía atribuir al imputado el delito del art. 165 del Código Penal porque, justamente, a raíz de "la violencia que cometió hacia la víctima al someterlo de la manera en que lo hizo es indudable que la muerte resultante se produjo debido a ese accionar" (fs. 528).

Por lo tanto, contrariamente a lo invocado por la defensa, los argumentos del fallo, no obstante no resultar estrictamente acertada la afirmación acerca de una violación al deber de cuidado del imputado al elegir como víctima del delito a una persona de las características del Sr. López, ya que podría entenderse que seleccionar para tal fin a una persona joven y saludable sería una conducta atenta y recomendable, los fundamentos en realidad aluden a la existencia de una conducta con consecuencias totalmente previsibles a raíz de las circunstancias del caso, derivadas tanto de la condición personal de la víctima, advertibles a simple vista, como de la situación creada por el propio imputado, al desinteresadamente dejarlo sometido a las condiciones descriptas, lo cual excluye la posibilidad de que nos encontremos frente a una conducta meramente imprudente.

En ese sentido, esta Sala tiene dicho que la representación intelectual de las probables consecuencias de lesión o muerte como el menosprecio de las mismas, es decir, cuando se sabe de tales posibilidades pero igualmente se actúa, con indiferencia ante el evento dañoso, aún ante la hipótesis que no lo haya movido el deliberado propósito de matar, conforma un típico caso de dolo eventual (Cfr. "Ramírez Luis Alberto", Sent. 60/07).

De tal modo, en función al hecho fijado por el tribunal de mérito, objetiva y subjetivamente, se encuentran satisfechas las exigencias del art. 165 del Código Penal, toda vez que concurren en el caso los tres elementos que caracterizan el delito: "a) el robo; b) el homicidio y c) el vínculo ocasional entre uno y otro" (CSJN, "Gómez Primo F., o Feliciano E. y otros", LA LEY, T. XXV, pág. 183/187, receptado por esta Sala in re "Peruano", Sent. 165/06).

Al respecto, Ricardo Nuñez considera "...el artículo 165 del CP comprende los homicidios que son un resultado accidental de las violencias ejecutadas con motivo u ocasión del robo. El homicidio es aquí un suceso eventual que altera el designo del ladrón y que resulta, o de las violencias físicas ejercidas por él para facilitar o cometer el robo o de las violencias físicas que, sin ser las propias del robo, son ejercidas a causa de éste por el ladrón; o en fin, de las violencias desenvueltas por la víctima o terceros a raíz de las violencias del autor" (Cfr. "Derecho Penal Argentino", Parte Especial, T. V, pág. 229/231).

Consecuentemente, en base a los fundamentos que exhibe la decisión cuestionada, cabe confirmar la adecuación de la conducta probada del encartado al encuadramiento sustancial efectuado en la instancia de mérito, desestimando la pretensión recursiva.

En lo atinente al agravio procesal, la apelante cuestiona la decisión respecto a la penalidad impuesta a su pupilo, por considerar que la misma resulta desproporcionada y que carece de una debida fundamentación.

Al respecto, debe señalarse que a los efectos de individualizar la pena, el juez detenta un margen de discrecionalidad que el legislador le ha otorgado conforme al sistema legal vigente, con las limitaciones derivadas de la obligatoriedad de encuadrarse dentro de los límites que marca la ley y de fijarla razonablemente, es decir, tomándose en cuenta las circunstancias particulares que la determinaron.

Igualmente, el Tribunal de Casación Penal de Bs. As. -Sala III-, ha señalado "Las valoraciones que realizan los Magistrados acerca de las pautas establecidas en los arts. 40 y 41 del Cód. Penal para graduar la pena a imponer quedan en general, fuera del control casatorio, ya que la ponderación a efectuarse depende de poderes discrecionales de los sentenciantes" (Cfr. esta Sala, in re "Sayal" Sent. 81/01), como también que esta regla "...reconoce como excepción los supuestos de arbitrariedad en la determinación e individualización de la pena, caso en que lo controlable por este Tribunal es la falta de motivación o su contradicción" (Cfr. 25/10/00, "G., H.O.", causa 232; Diar. E.D., 15/2/01, pág. 20 y esta Sala in re "Medina Víctor Balbín", Sent. 80/02).

En suma, si bien es regla que lo atinente a la individualización de la pena es facultad de los jueces de la causa para graduar las sanciones dentro de los límites ofrecidos por la ley de fondo, cabe apartarse de la misma cuando la sentencia, por no hallarse debidamente fundada o no constituir una derivación razonada del derecho vigente, resulta arbitraria, ocasionando un agravio a la garantía de la defensa en juicio y del debido proceso (Cfr. CSJN, Fallos 306:1669, 320:1463, entre otros, y esta Sala in re "Speranza", Sent. 55/05).

En el sub examen, según se advierte, el juzgador efectuó diversas consideraciones para justificar la sanción, teniendo en cuenta al efecto tanto las características propias del hecho atribuido a González, en particular las condiciones personales de la víctima, como también la circunstancia de que al momento de cometerlo se encontraba gozando de salidas transitorias por una condena anterior a doce (12) años de prisión por los delitos de robo calificado por el uso de armas y tentativa de evasión.

Por eso, si bien es cierto que el a quo no abundó en consideraciones sobre el punto, proporcionó fundamentos encuadrables dentro de los márgenes de suficiencia para establecer el monto de la pena aplicada, observando las pautas generales contempladas al efecto por los arts. 40 y 41 del Cod. Penal, específicamente en lo que refiere a la "naturaleza de la acción y de los medios empleados para ejecutarla" a los que alude ésta última en su inciso 1º, con lo cual justificó razonablemente su decisión.

Por otra parte, la imposición de una penalidad corporal sustancialmente inferior a la mitad aritmética de la escala, que, de acuerdo al art. 165 del Cod. Penal, es de 10 a 25 años, no puede ser catalogada de absurda ni desproporcionada en relación a las circunstancias concretas de la causa, lo cual descarta un ejercicio arbitrario de las potestades referidas.

De tal modo, debe concluirse que la alegada falta de fundamentación del fallo no se halla configurada en el sub júdice, toda vez que se encuentra avalada por razones de hecho y de derecho suficientes para excluir la tacha de arbitrariedad efectuada, lo cual conduce a la desestimación de la queja.

En función a lo expuesto, me expido negativamente en lo que fuera interrogante de esta primera cuestión. AsÍ voto.

El doctor Franco dijo:

Adhiero íntegramente a las consideraciones y conclusión a la que arriba el ministro preopinante, por lo cual voto en idéntico sentido. Así voto.

2º cuestión.- El doctor Modi dijo:

De acuerdo al resultado de la cuestión tratada anteriormente, corresponde rechazar el recurso de casación de fs. 535/544 vta., con costas, regulando los honorarios profesionales de la Dra. G. G. W. en la suma de pesos dos mil ($ 2.000.-), de conformidad con las disposiciones arancelarias vigentes. Así voto.

El doctor Franco dijo:

Compartiendo la solución propiciada precedentemente, adhiero a la misma en su totalidad. Es mi voto.

Por los fundamentos del Acuerdo que antecede, la Sala Segunda en lo Criminal y Correccional del Superior Tribunal de Justicia, resuelve: I- Rechazar el recurso de casación de fs. 535/544 vta., con costas. II- Regular los honorarios profesionales de la Dra. G. G. W. en la suma de pesos dos mil ($ 2.000.-), de conformidad con las disposiciones arancelarias vigentes. III- Regístrese. Notifíquese. Comuníquese a Caja Forense y oportunamente devuélvanse los autos.- Ricardo F. Franco.- Alberto M. Modi.