Funcionarios públicos, bien jurídico protegido, recurso de casación
Materia: PENAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Moreno, Ricardo Héctor s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Fernando Ramón Avila por la defensa del imputado Ricardo Héctor Moreno en contra de la Sentencia Nº 19/09 recaída en causa Expte. Nº 153/99 caratulado Moreno, Ricardo Héctor y otros - ss.as. Peculado reiterado, etc. - Capital - Catamarca
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-03-23

La defensa del imputado plantea Recurso de Casación contra la sentencia que lo declaró culpable como coautor penalmente responsable de los delitos de peculado en forma continuada -veintinueve hechos- e hizo lugar parcialmente a la acción civil instaurada por la parte actora civil, Estado Provincial, por resarcimiento del daño material que surge de los respectivos montos correspondientes a los delitos por los cuales fuera condenado, con costas en un ochenta por ciento a la parte demandada y en un veinte por ciento a la parte actora.

Cuestiona la calificación legal dada a los hechos, manifestando que el tipo penal ha sido aplicado erróneamente y que el daño no ha sido probado, lo que sumado al desconocimiento del destino dado a los fondos y a la absolución de su defendido en la causa por enriquecimiento ilícito, impide afirmar que el mismo haya sustraído los fondos públicos de la esfera de custodia que tenían asignados.

Tampoco en este punto la crítica puede ser acogida en atención a las siguientes razones:

En el sub judice el Tribunal, por mayoría de votos, tuvo por acreditado en el juicio, con certeza, el quebranto a la seguridad legal que la administración pública requiere para resguardar los caudales públicos, producido por el imputado, mediante la acción efectiva de separar los fondos de que se trata, de la esfera de custodia que tenían asignada por la ley, poniéndolos en peligro, y también el regular desenvolvimiento de las actividades de ese sector de la Administración Pública.

Por otra parte, tuvo por probada la calidad de funcionario público del imputado y de administrador de los fondos de que se trata, el carácter de caudales públicos de éstos y que los hechos se produjeron en ocasión del ejercicio de la función pública encomendada a aquél, extremos no cuestionados por el recurrente. Asimismo, concluyó que la violación de sus deberes por parte del imputado, como encargado de la custodia de los fondos referidos, encuadra en el tipo legal del peculado.

Se refirieron los jueces al sentido y alcance del verbo típico "sustraer" y, con citas doctrinarias y jurisprudenciales pertinentes, precisaron que significa apartar, separar y extraer de la esfera de custodia.

Con arreglo a la prueba producida, que analizaron y valoraron suficientemente, tuvieron por acreditado ese proceder con la disposición de esos caudales de modo perjudicial para la Administración, mediante el libramiento de cheques y órdenes de entrega de títulos públicos, sin causa legal justificante, a la orden de ellos mismos, de empleados del área o de terceros ajenos a la Administración, cuyos montos eran formalmente percibidos por éstos, sin que norma legal alguna autorizara tal proceder habida cuenta que no era ese el objeto al que estaban destinados, con plena conciencia por parte del imputado de que su accionar era contrario a derecho.

Examinadas las conclusiones del pronunciamiento apelado en este punto, a la luz del cuadro probatorio invocado para sustentarlas, el a quo ha ponderado adecuadamente los elementos de juicio incorporados al debate y que, con referencias a reconocidas posiciones doctrinarias recogidas por la jurisprudencia, ha juzgado, acertadamente, con el grado de certeza exigido en la instancia del juicio, como verificados los requisitos exigidos por el art. 261 del Código Penal.

Es que, no obstante las objeciones apuntadas por el recurrente, las auditorías y pericias contables que fueron practicadas reflejan claramente el efectivo apartamiento de los fondos de que se trata de los fines que tenían asignados, y no sólo el -acaso deliberado- manejo desprolijo de los fondos confiados al imputado.

Por otra parte, el beneficio personal del administrador derivado del manejo discrecional de los fondos públicos, no es requisito del tipo en tratamiento, por lo que el reproche no descansa en la apropiación de esos fondos sino en haberlos colocado en una objetiva situación de riesgo que el dinero público no tiene porque correr (conf. Buompadre en Delitos contra la Administración Pública, pág.252 en cita al fallo de la C.F. San Martín, Sala II, in re "Zitto Soria, Miguel A.", JA, nº6061, 29/10/97, p.48).

Por ende, atento a que no empece a la tipificación del delito de peculado la circunstancia de que el incuso no se haya enriquecido personalmente, tampoco interesaba en esta causa el sobreseimiento por el delito de enriquecimiento ilícito que invoca el apelante.

Como consecuencia, no puede hacerse lugar a este agravio.