Tribunal: CAMARA EN LO CRIMINAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-10-04


///modoro Rivadavia, de octubre de 2007.

AUTOS Y VISTOS :

Para resolver en la presente causa N° 23/07 caratulada: "K., N. C.; L., J. R.s/ Homicidio agravado por haber sido cometido abusando de sus funciones (el 1°) e Incumplimiento de los deberes de funcionario público (el 2°)", sobre las incidencias deducidas en el transcurso de la audiencia preliminar, celebrada el pasado 28 de septiembre a los fines de los artículos 313 y 314 del Código Procesal Penal.

Y CONSIDERANDO :

I.- Que en tal oportunidad la Defensa del imputado Loncón ha reclamado la nulidad del requerimiento de elevación a juicio formulado por la querella (fs. 496/500 vta.), denunciando la afectación al principio de congruencia por entender que, previo a su declaración de fs. 435/437, se lo intimó por un hecho que no incluía la participación necesaria en la figura del homicidio.

Para que prospere una acusación en tal sentido, señaló, en tal ocasión debió haber sido informado de ello.

Que señaló también que, con tal proceder, ha vulnerado el límite que establece el artículo 12 del Código Procesal Penal -según Ley N° 3155-, toda vez que en virtud de él, dado el carácter adhesivo que se acuerda a la participación de la parte querellante, no puede acusar en forma autónoma yendo más allá de la acusación formulada por el titular de la acción penal pública.

No se puede confundir, remarcó, el alcance que en la norma legal citada se da al querellante pues, de tal modo, se estaría quebrantando el principio de igualdad de armas y se configuraría la existencia de dos sujetos contra uno.

Que por tal motivo, concluyó, la acusación en ese sentido no puede tener validez y debe quedar fuera del debate.

Que en respuesta a dicha impugnación, la Patrocinante de la Querella elaboró un argumento sostenido en tres puntos:

1.- que el requerimiento de elevación a juicio se hace una vez finalizada la etapa instructoria. En ese momento entendió que había elementos para endilgar una participación necesaria en el homicidio;

2.- No pretendió ampararse en la ley más benigna, a la luz del nuevo ordenamiento procesal local, sino que era conteste la jurisprudencia en el sentido de que la intervención de la parte querellante no debía ser más adhesiva, sino que podría ir más allá;

3.- En el debate Loncón podrá hacer uso de sus garantías y entiende que no se ha violado ninguna de ellas. Además, si bien en oportunidad de prestar declaración no se le atribuyó el delito, la querella puede ampliar la acusación en el momento del juicio.

Que por su parte el Señor Fiscal General, en respuesta al traslado que se le confiriera a los fines de emitir dictamen, entendió que asiste razón a la defensa; que Loncón no pudo ejercer el derecho de defensa en ocasión de prestar declaración a tenor del artículo 262 del CPP. No obstante, expresó, es posible que en el juicio la acusación sea ampliada.

Que en lo concerniente al planteo de nulidad interpuesto por la Señora Defensora del imputado Loncón, con relación a los alcances del requerimiento de elevación a juicio formulado por la parte querellante, cabe destacar en primer término que la tendencia jurisprudencial que amplía las facultades del acusador privado, dándole mayor autonomía frente al Ministerio Público Fiscal, no está reñida con el sistema procesal de la Ley 3155, sino que precisamente es a partir de los códigos de procedimientos denominados "mixtos", que se ha ido consolidando aquella línea, sobre la base de una interpretación constitucional y del Derecho Penal Internacional Humanitario.

Prueba de ello, y sin entrar a tomar partido en la cuestión, en cuanto a las virtudes y aciertos de esta tendencia jurisprudencial, basta con recordar que uno de los pronunciamientos más recientes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, corresponde a un caso decidido por la jurisprudencia ordinaria de la Provincia de Neuquén, y en el marco de un ordenamiento procesal muy similar al de la Ley 3155 (Fallo dictado en la causa "Sabio, Edgardo A. y otros s/ Falsedad material de documento" con fecha 11 de julio del cte. año, publicado en DJ del 29/08/07, en el que además se ha ratificado la vigencia del criterio establecido por el Alto Tribunal en el precedente que se registra en Fallos 321:2021, caso "Santillán" del 13/08/98, publicado en la Ley 1998-E 331).

Ahora bien: el reconocimiento de la mentada innovación, en la forma de concebir el enjuiciamiento penal, no significa per se que ello debe redundar en un perjuicio para la situación del imputado, en el caso concreto, respecto a la diferente manera de encuadrar su situación procesal en la etapa correspondiente a la llamada "crítica instructoria" o "etapa intermedia", por parte del acusador público y del querellante particular.

Vale la pena en este sentido, traer a colación la advertencia que se formula en una más reciente nota a fallo (en el cual, entre otras cosas, se sostuvo que: "El orden en el cual deben expedirse las partes acusadoras, según lo previsto en el ... CPPN, denota que puede mediar un requerimiento de elevación a juicio del querellante que no sea compartido por el Fiscal"); en la que el comentarista dice: "Frente a este nuevo paradigma las tareas del jurista son infinitas.

Como primera cuestión, se debe reafirmar que este cambio en modo alguno debe afectar las presunciones a favor del imputado y las garantías de las que éste goza con exclusividad.

Es decir, no puede invertirse el onus probandi ni el in dubio pro reo. Por otro lado, la vigencia de la querella autónoma no debe afectar el principio de igualdad de armas ... " (cfme. Francisco Castex, nota al fallo de la CNCasPen Sala I del 16/11/06, causa "Bernstein, Jorge H. y otros s/ rec. de cas.", publicado en suplemento La Ley Penal y Procesal Penal, septiembre 2007).

Que en base a tales premisas, corresponde entonces internarse en el análisis de la incidencia de nulidad deducida por la defensa del imputado Loncón respecto de la acusación formulada por la parte querellante.

Que en ocasión de ejercer su defensa material, tal como surge del acta que documenta la diligencia, el imputado J.R.L.fue informado, en el tramo que aquí interesa, que " ... El compareciente al observar a la Sra. Alan, se introduce a la casa, sin exhibir la orden ni explicar adecuadamente las causas de su llegada a la propiedad de Canquel, lo que genera que este se resista a la puesta en manos sobre su persona refugiándose en una habitación, y saliendo posteriormente por una ventana posterior para esconderse detrás de una enramada de casi dos metros. Estando en esa posición es advertida su presencia por el personal del Grupo "Geop", a quien Loncón llevara hasta el campo, cuando su presencia en la ciudad de Sarmiento tenía otras causas, y sin mayores previsiones ni autorización de fuego libre, se dispara sobre Canquel cuando la visibilidad disminuida por la cerca imposibilita saber a ciencia cierta si este estaba armado o no, lo que se produce mientras el compareciente -que comandaba el operativo-, se encontraba dentro del móvil policial sujetando a la Sra. Alan, mujer anciana a la que se había detenido, y por ello, desentendido de lo que hacían quienes estaban bajo su orden, que habían gritado "está armado", Canquel fue finalmente muerto por la acción de Krecul ..." (fs. 433/437).

Que la patrocinante de la querella, funda la calificación legal más gravosa en el hecho de que Loncón, por orden del Magistrado instructor, fue quien seleccionó el grupo que debía acompañarlo a la estancia "La Soledad" a cumplir con la orden de registro domiciliario y secuestro emitida, incluyendo en él a personal del GEOP en lugar de utilizar a los efectivos afectados a la Comisaría Distrito Sarmiento o de sus zonas aledañas.

Es decir, que sin esta solicitud, los efectivos K.y R. jamás habrían participado del caso que nos convoca. Por otra parte, sostiene, al encontrarse al mando del equipo, debió dar órdenes claras y precisas del accionar a desplegar.

Que surge con meridiana claridad que de la intimación que se efectuara a Loncón en oportunidad de ser llamado a ejercer su defensa, material transcripta en su parte pertinente, no puede interpretarse que en el mentado relato se encuentre incluido o pueda derivarse una eventual participación necesaria dolosa por comisión en el delito de homicidio.

Que ello es así por cuanto la existencia del elemento subjetivo idóneo para vincular a Loncón con la acción que culminara en el deceso de Canquel, resulta un extremo que tanto impone acreditación probatoria como introducción en la imputación que se le efectuara a aquel, ya en su declaración de imputado como en el requerimiento de elevación de la querella.

En esta instancia, actos preparatorios del juicio, el Tribunal sólo puede, en abstracto, evaluar si la mentada imputación puede contener la hipótesis de participación necesaria indicada, ya sea por acción o por omisión del acusado, aún en la modalidad de dolo eventual y sin perjuicio de la realización del juicio, mérito de la prueba, lo cual es materia de la sentencia.

En tal inteligencia, y como ha quedado expresado supra, ni los términos del hecho comunicado en la declaración de imputado, ni los de la acusación de la querella, han admitido la posibilidad de endilgar el compromiso subjetivo de Loncón con la acción de su consorte de causa.

El hecho de que se le impute a aquel haber estado al mando de la comisión policial que concurriera al lugar del suceso, no alcanza a los efectos pretendidos por la querella, pues importa un nexo de causalidad que per se no representa la voluntad de participar en la acción que culminó con el deceso de la víctima.

Asimismo, la defectuosa conducción que se le atribuye de tal operativo, no ha sido explícitamente en la declaración de imputado, ni en los argumentos de la querella, evaluada como una omisión con un compromiso intencional de asumir, aún eventualmente, la posibilidad de que tal operativo culminara con el resultado letal verificado.

Todo lo dicho está expresado en el marco material de resolución, y sin perjuicio de los aspectos de la imputación que no han sido objeto de observación por parte de la Defensa y sobre los que se centrará el juicio a realizarse y la consecuente sentencia. Que al respecto, este Cuerpo tiene dicho que " ... el juicio oral o fase de enjuiciamiento ' .. se caracteriza por una marcada disminución de la vigencia del principio de oficialidad, que se reemplaza por el de 'aportación de parte', en el sentido que aquellos hechos sometidos a conocimiento del tribunal, son los establecidos por las partes en sus escritos acusatorios, pero con una importante limitación, cual es que estos hechos hayan sido determinados previamente en el sumario o instrucción, es decir que 'no surjan por primera vez en tal ocasión', a fin de evitar de este modo 'acusaciones sorpresivas' ... " (cfme. "Teresa Armenta Deu: la reforma del proceso penal: principios irrenunciables y opciones de política criminal", publicado en Nueva Doctrina Penal, 2000/A, págs. 43 y ss., citado en causa N° 59/04 "Díaz, José del Carmen s/ Retención de Impúber", rta. el 18/10/2004).

Que luego " ... en la medida en que el fundamento del requisito de la congruencia estriba en el derecho de defensa, como se dijo, la nulidad que deriva de su inobservancia sólo tiene sentido en tanto éste se haya visto concretamente perjudicado en sus posibilidades de repeler la imputación hecha valer en su contra durante el debate; lo que constituye un necesario corolario del principio de interés que reclama una sanción procesal del talante de aquella desde que no hay nulidad por la nulidad misma sino cuando efectivamente existe una lesión ... " (cfme. Superior Tribunal de Justicia, causa "Cárdenas, Pablo Bernardino s/ Homicidio simple", causa N° 20574-231-2006, rta. el 29/12/2006 -voto del Dr. Jorge Pfleger-).

Y es que debe tenerse presente, además, que " ... La nulidad esta apareada a la expresa determinación de la norma y, fundamentalmente, al efecto pernicioso del acto sobre concretos derechos de quien o por quien los reclama, ya que no hay nulidades en sólo beneficio de la ley o nulidad por la nulidad misma.

El principio de trascendencia, que de eso se trata, importa considerar que no hay correctivo si la desviación no tiene trascendencia sobre garantías esenciales de la defensa en juicio, ya que las nulidades no tienen por finalidad satisfacer pruritos formales sino enmendar los perjuicios efectivos que pudieren surgir de la desviación ... " (cfme. Superior Tribunal de Justicia, Expte. 20387-B-2006 "Bonina, Víctor A. p.s.a. robo con arma, daño y lesiones leves todo en concurso real", rto. el 10/10/06, citando "Garantías Constitucionales y Nulidades Procesales - I Edgardo Donna - Director, Edit. Rubinzal-Culzoni, pág. 569, -voto del Dr. Jorge Pfleger-).

Que a modo de colofón entonces, sin perjuicio de las consideraciones enunciadas al principiar el tratamiento de la nulidad articulada, en referencia a la interpretación actual de la intervención de la querella en el proceso, tratándose de una cuestión procesal relacionada con el principio de congruencia, que sin lugar a dudas se ha visto afectado y de tal manera, se ha vulnerado la manda del artículo 305 inciso 2° del ritual, incurriéndose en la causal que ataña a la intervención del imputado en el proceso (art. 149 inciso 3° del Código Procesal Penal) y configura una nulidad de carácter absoluto por conculcar garantías constitucionales (artículo 150 del cuerpo legal citado) -en el caso, el derecho de defensa en juicio- al incluir un hecho que no le fue intimado al imputado y del que no tuvo oportunidad de defenderse, la sanción procesal deducida debe prosperar y como consecuencia de ello, declararse la nulidad parcial del requerimiento de elevación a juicio formulado por la parte querellante en lo atinente al delito de homicidio en calidad de partícipe necesario que se atribuyera a José Ricardo Loncón. II.- Que en la oportunidad consignada, la parte Querellante solicitó como medida de instrucción suplementaria la reautopsia del cadáver de la víctima J.L.C. tendientes a determinar:

1.- la determinación de la distancia de los disparos; 2.- si las heridas habidas y lesiones en el cuerpo de la víctima son anteriores o posteriores a la muerte; 3.- determinación de restos de fulminante en el cabello y en las manos de la víctima, ya que el sistema con que se realizarían en Buenos Aires es distinto al de las cintas adhesivas utilizado en esta ciudad;

4.- La realización de tomas radiográficas con el equipo de alta tecnología perteneciente al Poder Judicial de la Nación; 5.- Examen por parte de la anátomo-patóloga, Dra. Mariana Sabella Rossa, tendiente a aportar datos científicos, a través de un examen riguroso, sobre la causa precisa de la muerte del occiso.

Que a fin de proveer dicha petición, a la que adhirió el Ministerio Público Fiscal, el Tribunal estima necesario, previo a resolver -en atención al tiempo transcurrido desde la primera operación de autopsia y los fenómenos propios de la transformación cadavérica-, solicitar informe acerca de su factibilidad.

A tal fin, se librará oficio al Señor Juez de Rogatorias de la Justicia Nacional, para que por intermedio del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial de la Nación se requiera dictamen sobre tal extremo, para lo que se acompañará fotocopia de las siguientes piezas: protocolo de autopsia de fs. 151/vta.; oficio remitido por Gendarmería Nacional recomendando la realización de la medida obrante a fs. 225/226; pericia balística confeccionada por Gendarmería Nacional de fs. 115/128 vta.; auto interlocutorio -dictado por el Juez de Instrucción- que rechaza la medida glosado a fs. 301/302 vta.; certificado de defunción de fs. 92; pre-informe de autopsia de fs. 49 y del requerimiento fiscal de elevación a juicio de fs. 511/515 vta.

III.- Que también, en la ocasión, la parte querellante ha solicitado la citación, en calidad de testigos nuevos, de G.o.de P. S.C. V.P.y E.S. con el argumento de que poseen datos claves sobre los hechos que se investigan y que permitirán su esclarecimiento.

Que invitada a formular mayores precisiones en relación a los hechos a tenor del cual serán interrogados, refirió que se trata, en el caso de la Señora V.P. de quien facilitara el vehículo a bordo del cual se desplazaran los policías junto a S.O.a la Estancia "La Soledad" en ocasión de producirse el primer incidente, mientras que los restantes habrían presenciado el mismo.

Que las defensas de ambos encartados, han expresado su oposición a tal convocatoria, esgrimiendo como argumento que las precisiones que ha formulado la Patrocinante de la Querella no se ajustan a las constancias de autos.

Que en relación al punto, si bien el artículo 314, párrafo 4°, del Código Procesal Penal contempla la posibilidad de citar nuevos testigos, a requerimiento de cualquiera de las partes, subordina tal hipótesis a que previamente se expresen los hechos sobre los que deberán ser examinados, bajo sanción de inadmisibilidad.

Que no puede dejar de destacarse al respecto que ya en la fase instructoria, se efectuó idéntico ofrecimiento de prueba que fue rechazado por el Magistrado que actuara, al no ajustarse la petición a lo normado en el artículo 175 del ritual.

Que en esta oportunidad, la situación no ha variado. En efecto, no surge de las constancias obrantes en la causa que los efectivos policiales, junto a la denunciante Sandra Oporto, se trasladaran a la estancia "La Soledad" en un vehículo particular, sino que, conforme a los dichos coincidentes de la nombrada y de los policías que la condujeran, el desplazamiento se hizo a bordo de un móvil policial, concretamente, el N° 459.

Que tampoco se desprende de las actuaciones prevencionales, ni de las judiciales posteriores, que al iniciarse el primer procedimiento haya habido testigos presenciales. Esto no ha sido relatado por ninguno de los protagonistas de este primer suceso.

Que debe señalarse en torno a este aspecto que, como ya se dijera, desde la primera fase del proceso -tramitado conforme a la Ley N° 3155- la parte requirente no ha podido determinar en forma precisa cuáles son los puntos que estos testigos podrían desentrañar con su aporte.

En efecto, se ofreció su testimonio por primera vez el 16 de noviembre de 2004 (fs. 227/vta.); requerida por el Magistrado instructor para que señale la relación existente con el objeto del proceso y en su caso indique la finalidad probatoria de tales medidas (fs. 228), no lo hizo y por consiguiente la petición fue rechazada mediante providencia del 25 de noviembre de 2004 (fs. 248).

Que en la audiencia, invitada a precisar los hechos sobre los cuales serán interrogados, a casi tres años del primer pedido de convocatoria a declarar, tampoco se especificó con claridad los puntos sobre los que versaría el cuestionario como así tampoco el aporte que podrían brindar.

Es decir que la eventual existencia de otros testigos del inicio del primer procedimiento, ya habría sido conocida a pocos días de acaecido el suceso y hasta el momento, pese al tiempo transcurrido, la parte requirente no ha podido demostrar si ello es real y, en su caso, cuál es la pertinencia o utilidad de la medida.

Que al respecto, ha señalado la doctrina que " ... la petición a instancia de alguna de las partes debe ser fundada, individualizando concretamente en primer lugar cuál es el medio de prueba, y luego cuáles son las razones que, derivadas de la índole de la misma, la tornan manifiestamente útil o indispensable, según sea el caso ... " (cfme. Eduardo M. Jauchen, "Tratado de la Prueba en Materia Penal", Rubinzal-Culzoni Editores, pág. 578).

Que en base a tal razonamiento, ha de concluirse en que, no habiéndose consignado con claridad los puntos sobre los cuales serán interrogados los testigos ofrecidos ni, por consiguiente, demostrado la pertinencia o utilidad de su aporte, debe desestimarse por inadmisible el pedido de ser citados a prestar declaración testimonial (artículo 314, párrafo 4°, del Código Procesal Penal).

IV.- Que en lo que respecta a la pericia oftalmológica solicitada también por la parte Querellante al testigo Jorge Omar Sandoval (empleado policial que tuviera intervención en el procedimiento), se entiende que cabe hacer lugar a la misma por considerarla útil a los fines de la averiguación de la verdad real.

En relación al punto, la doctrina ha dicho que "La utilidad de la prueba está directamente relacionada con la relevancia que el elemento tenga con relación al objeto que debe probarse.

Esto es, su importancia, idoneidad y eficacia para verificar el mismo ... " (cfme. Eduardo M. Jauchen, "Tratado de la Prueba en Materia Penal", Rubinzal-Culzoni Editores, pág. 25).

Que a mérito de ello, entonces, corresponde ordenar la realización de una pericia oftalmológica a Jorge Omar Sandoval, la que deberá ser llevada a cabo por un profesional de tal especialidad del listado de peritos, con la presencia de uno de los miembros del Cuerpo Médico Forense en día y hora a designar, sobre los puntos propuestos, a excepción del alcance de visión nocturna por considerarse impertinente y sobreabundante, toda vez que el hecho relatado por el testigo tuvo lugar en el mes de septiembre luego del mediodía -después de las trece y cincuenta- y el primer incidente -acaecido después de las siete del mismo día-, no forma parte del objeto procesal a desentrañar.

En lo concerniente a la perica médica sobre la menor A.A.R. quien contaba con cinco años de edad en septiembre de 2004, a la que se opuso la Sra. Defensora Dra. Moreira en la audiencia preliminar por no especificar la Querellante el fundamento de la misma, a los fines de un mayor esclarecimiento del hecho, teniendo en cuenta el desarrollo del suceso según las constancias de autos y siguiendo el criterio de amplitud probatoria, la misma será admitida por los mismos argumentos esgrimidos precedentemente, los que, en homenaje a la brevedad, se dan por reproducidos, debiendo someterse a la niña, en consecuencia, previo a la audiencia, a un examen por parte del Cuerpo Médico Forense a los fines de dictamine sobre los puntos propuestos por la parte Querellante.

V.- La solicitud de la parte querellante de requerir el ejemplar del diario "Crónica" del día 22 de abril del corriente año, conteniendo una carta al lector del imputado Krecul -a la que se opusiera le Defensa del nombrado por no indicarse la finalidad de tal medida-, debe ser desestimada por resultar manifiestamente impertinente al no guardar relación con el objeto del juicio.

VI.- Con respecto a la petición de la Defensa de oficiar a la Sección Operaciones requiriendo información acerca de quien estaba a la cabeza del Grupo GEOP -a la que se opusiera la Parte Querellante como así también el Ministerio Público Fiscal-, en virtud del principio de amplitud probatoria y por tratarse de una estrategia de la peticionante en el marco del ejercicio del derecho de defensa en juicio y por tener vinculación con la cuestión a debatirse, corresponde acceder al requerimiento librando oficio al Señor Jefe de la Unidad Regional a fin de que informe quien dispuso el desplazamiento del referido grupo a la ciudad de Sarmiento en la fecha en que acaeciera el hecho y quien lo comandaba, debiendo adjuntarse copia del acto administrativo respaldatorio de tales decisiones.

Por la suma de los argumentos expuestos y de conformidad con la normativa legal citada, el Tribunal	R E S U E L V E :

1.- Hacer lugar a la petición deducida por la Señora Defensora Pública y declarar la nulidad parcial del requerimiento de elevación a juicio formulado por la Parte Querellante a fs. 496/500 vta., con respecto al delito de Homicidio simple en calidad de partícipe necesario que atribuye al imputado José Ricardo LONCON (artículos 149 inciso 3° y 150 del Código Procesal Penal).

2.- Librar oficio Ley 22172 al Señor Juez de Rogatorias de la Justicia nacional, para que por intermedio del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial de la Nación se requiera dictamen sobre la factibilidad de realizar una reautopsia al cadáver de José Lindolfo Canquel, siendo los puntos a elucidar:

a.- la determinación de la distancia de los disparos; b.- si las heridas habidas y lesiones en el cuerpo de la víctima son anteriores o posteriores a la muerte; c.- determinación de restos de fulminante en el cabello y en las manos de la víctima, ya que el sistema con que se realizarían en Buenos Aires es distinto al de las cintas adhesivas utilizado en esta ciudad;

d.- La realización de tomas radiográficas con el equipo de alta tecnología perteneciente al Poder Judicial de la Nación;

e.- Examen por parte de la anátomo-patóloga, Dra. Mariana Sabella Rossa, tendiente a aportar datos científicos, a través de un examen riguroso, sobre la causa precisa de la muerte del occiso, debiendo adjuntarse, a título ilustrativo, las siguientes piezas: protocolo de autopsia de fs. 151/vta.; oficio remitido por Gendarmería Nacional recomendando la realización de la medida obrante a fs. 225/226; pericia balística confeccionada por Gendarmería Nacional de fs. 115/128 vta.; auto interlocutorio -dictado por el Juez de Instrucción- que rechaza la medida glosado a fs. 301/302 vta.; certificado de defunción de fs. 92; pre-informe de autopsia de fs. 49 y del requerimiento fiscal de elevación a juicio de fs. 511/515 vta.

3.- Diferir la decisión respecto del punto anterior, hasta tanto se reciba el informe consignado.

4.- Rechazar, por inadmisible, la citación de los testigos Gertrudis Bomerg de Prieto, Sandra Correa, Vilma Pinilla y Enrique Sandrini (artículo 314, párrafo 4°, a contrario sensu del Código procesal Penal.

5.- Hacer lugar a la petición de la Parte Querellante y ordenar la realización de una pericia oftalmológica a Jorge Omar Sandoval, la que deberá ser llevada a cabo por un profesional de tal especialidad del listado de peritos, con la presencia de uno de los miembros del Cuerpo Médico Forense en día y hora a designar, a fin de establecer si pudo divisar los tramos del suceso que relata, y de un examen médico a la menor A.A.R. tendiente a determinar el peso que ostentaba en el momento de producirse el hecho, medida ésta que deberá llevar a cabo el Cuerpo Médico Forense con los medios de que disponga.

6.- Rechazar por impertinente la solicitud de la parte querellante de requerir al Diario "Crónica" del 22 de abril del corriente año conteniendo una carta al lector del imputado Norberto Carlos Krecul.

7.- Librar oficio al Señor Jefe de la Unidad Regional de Policía a fin de que informe quien dispuso el desplazamiento del referido grupo a la ciudad de Sarmiento en la fecha en que acaeciera el hecho y quien lo comandaba, debiendo adjuntarse copia del acto administrativo respaldatorio de la decisión. 8.- Suscriben el presente dos de los Señores Magistrados por encontrarse en uso de licencia la Doctora María Elena Nieva de Pettinari.

9.- Cópiese, protocolícese, tómese razón y notifíquese.

Protocolo n° 213/07 de fecha 5/10/07 Fdo. Dres. Daniel L.M. Pintos. Martín R. Montenovo. Ante mí: Ramón Macías