Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-04-19


Salta, 19 de abril de 2013.- Y VISTOS: Estos autos caratulados: "SONG, KU SE c/ ROUTE S.A. - EJECUTIVO"- Expte. n° 342504/11 del Juzg. de 1ª Inst. Civil y Comercial de Procesos Ejecutivos 1º Nom. (CAM 366969/11 de Sala Primera), yCONSIDERANDOI. Que vienen estos autos en virtud del recurso de apelación planteado por la demandada a fs. 78 en contra de la sentencia de fs. 72/77, el que fuera concedido a fs. 80 en relación y con efecto suspensivo.A fs. 81/89 rola agregado memorial de agravios presentado por el apelante, refiriéndose en primer lugar a la nulidad de la intimación de pago, que fuera deducida por su parte y rechazada por la a quo, y en segundo lugar al acogimiento de la ejecución.

Con relación a la nulidad, manifiesta que en oportunidad de presentarse al juicio la firma Route S.A. afirmó y probó que el actual domicilio de su sede social es el de calle Caseros 238, planta baja, Dpto. 1, ciudad de Salta, presentando una constancia de inscripción ante la AFIP, no habiendo la ejecutante desconocido dicha documentación.

Asimismo, expresa que tampoco la actora negó que Route S.A. haya cambiado el domicilio establecido en su contrato constitutivo ni que tenga actualmente sede social en el domicilio de Caseros 238, ni que al momento de la intimación de pago tuviera ya este nuevo domicilio.

Sostiene que simplemente la actora se aferró a la validez del domicilio establecido en el contrato, invocando a su favor los arts. 11 de la Ley de Sociedades Comerciales y 90 inc. 3º del Código Civil.

Entiende que al otorgarle razón al ejecutante y rechazar la nulidad articulada la a quo ignoró tanto lo afirmado y probado por Route S.A. como los efectos jurídicos del reconocimiento tácito de Ku Se Song sobre el particular, convalidando tácitamente una diligencia manifiestamente viciada y privando a la demandada de la posibilidad de interponer una excepción vital en el caso, como la de inhabilidad de título por falta de legitimación pasiva.

Al referirse al título base de la presente acción, el apelante entiende que el mismo no reúne los requisitos de ejecutividad, ya que la identidad de la ejecutada no coincide con la de quien es nombrada como libradora del pagaré.

En efecto, sostiene que la certificación de firmas del pagaré que se ejecuta consigna que el firmante es el Sr. Fredy Rosario Tejerina en su carácter de apoderado de Route S.A. CUIT Nº 30-70885891-5, en mérito a un poder general de administración y disposición otorgado mediante Escritura Pública Nº 109, en tanto a quien se ejecuta en autos es a Route S.A., CUIT 30-71010089-2, elemento éste que por sí solo debió determinar el rechazo de la ejecución, en orden a la obligación legal que la Sra. Juez tenía de verificar los requisitos de procedencia de la ejecución.

A fs. 93/96 la ejecutante contesta el traslado que se corriera del memorial de agravios presentado por su contraparte, solicitando el rechazo de los mismos. En primer término, estima que el escrito que contesta no contiene una crítica concreta y razonada de la sentencia, limitándose en el fondo a manifestar el desacuerdo con la misma sin revertir sus acertados fundamentos.

Considera que surge evidente que no existe un tácito reconocimiento de que el domicilio legal de Route S.A. fuera el de calle Caseros 238, del cual manifiesta, que nunca tuvo conocimiento, no se encuentra registrado en el registro de Sociedades que lleva el Juzgado de Minas y Comercial de Registro de la Provincia de Salta. Por otra parte, manifiesta que la demandada no ha cumplido con los presupuestos de admisibilidad de la nulidad de la ejecución en los términos del art. 555 del CPCC, por lo que la nulidad así planteada debió desestimarse también en este sentido, toda vez que la demandada, al deducir la nulidad, no ha depositado la suma intimada ni ha planteado excepción y más aún no ha negado la deuda.

Con relación al documento base de la presente acción, expresa que el mismo es un instrumento privado suscripto por el obligado, cuya firma se encuentra certificada por escribano con su intervención y registrada la certificación, conforme surge del documento que fuera oportunamente acompañado.

Respecto de la legitimación procesal de la demandada, manifiesta que el apelante sólo basa su análisis argumental en que Route S.A. no es la firmante del título base de la ejecución, pero omite toda consideración respecto de que el Sr. Fredy Rosario Tejerina lo hizo invocando su representación mediante poder inscripto en el registro de Mandatos de la ciudad de Tartagal y que dicho poder fue el que tuvo a la vista el escribano para certificar la firma, tal como lo afirma la Sra. Juez en su sentencia afirmando que bajo el mismo número, folio y tomo no puede existir en el registro de Mandatos dos escrituras de poder para concluir luego de un análisis de la certificación de la inscripción en el Registro de Mandatos, cuya copia rola a fs. 48/51, que el Sr. Tejerina firmó el documento base de la ejecución en nombre y representación de Route S.A.Finalmente, pone de manifiesto que, tanto al dictar el auto de solvendo, como la sentencia de fecha 16/08/11, la Señora Juez a quo ha procedido a analizar el título base de la presente ejecución y así lo puso de manifiesto en su sentencia la que resulta ajustada a derecho, no siendo suficiente los argumentos de la demandada pata que sea modificada la misma.A fs. 133 pasan los Autos a despacho para resolver, providencia que se encuentra firme. II. Que en primer lugar cabe referirse al planteo de nulidad de la intimación de pago efectuado por la ejecutada.

La nulidad es la sanción por la inobservancia de las formas de los actos procesales, mientras la invalidez no haya quedado convalidada.

Tratándose el presente de un proceso de ejecución, resulta de aplicación el art. 555 del C.P.C.C. Dicha norma establece que la nulidad podrá fundarse únicamente en dos hipótesis: 1) No haberse hecho legalmente la intimación de pago; 2) Incumplimiento de las normas que correspondieren para la preparación de la vía ejecutiva.

En el caso de autos el planteo de la ejecutada está referida a la nulidad de la notificación de la demanda, por entender ésta que la intimación de pago no se ha llevado a cabo en su actual sede social, sita en calle Caseros 238, Planta Baja, Dpto. 1 de esta ciudad.

Compulsadas las actuaciones cumplidas, resulta que el Mandamiento de Intimación de Pago y Citación de Remate, fue diligenciado -el día 5 de mayo de 2011 -a fs. 23/24- en el domicilio denunciado por la actora, y el cual aparece en el título base de la presente ejecución, formando parte del mismo.

La ejecutada pretende se declare la nulidad de dicha intimación por no haberse llevado a cabo en el domicilio de su actual sede social, sito en calle Caseros 238, Planta Baja, Dpto. 1, presentando para probar ello una constancia de inscripción ante la AFIP.

Al respecto debemos tener en cuenta, en primer lugar, que la ejecutada reviste el carácter de una sociedad anónima y como tal -y según lo prevé la ley de Sociedad Comerciales- se encuentra inscripta en el pertinente Registro y toda modificación que sufra el contrato constitutivo debe denunciarse en dicha sede.

En efecto, la registración del contrato social apunta a un objetivo fundamental, que es el conocimiento que tomen de él terceros, pues la inscripción obligatoria de documentos que alteren la realidad de este tipo de sociedades tiene como fundamento el normal desenvolvimiento de las relaciones comerciales.

La Ley 19.550, en su art. 11, ha enumerado una serie de requisitos que debe contener el contener el contrato social, entre los cuales se encuentra precisamente el domicilio, que constituye uno de los elementos cuyo conocimiento es imprescindible por los terceros, en tanto, como regla general en él se efectuarán las reclamaciones correspondientes y se deducirán las acciones judiciales contra la sociedad.

Asimismo, corresponde recordar que, de conformidad con el art. 90 del Código Civil: "El domicilio legal es el lugar donde la ley presume, sin admitir prueba en contra, que una persona reside de una manera permanente para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones, aunque de hecho no esté presente". En el caso de autos la intimación de pago se ha llevado a cabo en el domicilio legal de la sociedad demandada.

En efecto, según surge de copia debidamente certificada obrante a fs. 52, la Sra. Secretaria del Juzgado de Minas y en lo Comercial de Registro ha expedido una certificado del cual surge que la sociedad Route S.A. registra como sede social el domicilio sito en calle Urquiza 127, 7º piso Oficina 29 de la ciudad de Salta, lugar donde se llevó a cabo la diligencia cuya nulidad se ha solicitado.

Es basta la jurisprudencia que avalan lo sostenido: "Si bien es cierto que la notificación del traslado de la demanda debe practicarse en el domicilio real del demandado, como medio para asegurar llegue a su efectivo conocimiento la acción que contra él se intenta, ese principio general cede si, como en el caso, se trata de una sociedad de responsabilidad limitada en cuyo domicilio, constituido en los estatutos, se efectuó la diligencia, pues en este particular supuesto se trata del domicilio legal que define el art. 90, inc. 3° del Cód. Civil, el que unido a la naturaleza de la persona contra quien se acciona, y a los principios que sustentan los arts. 11 y 12 de la ley 19.550 (Adla, XXXII-B, 1760), hacen prevalecer esta solución excepcional". (La Ley; 1980-C , 542) Tratándose de una sociedad regularmente constituida, su domicilio legal está dado por el lugar fijado a esos fines en el acto constitutivo, luego publicitado a través de la inscripción en el Registro Público de Comercio, ello es consecuencia de la previsión del art. 11 de la ley, inc. 2 de la ley de sociedades (Adla, XXXII-B, 1760), concordantemente con lo dispuesto al respecto por el art. 90 inc. 3 del Código Civil, que otorga prevalencia al domicilio señalado por los estatutos por sobre el del lugar donde está situada su dirección o administración. (LLLitoral, 2007, mayo, 431; AR/JUR/9563/2006).

Por lo tanto, no se advierte que haya existido un vicio en la intimación de pago efectuada a fs. 24, y la resolución dictada a fs. 72/77 se encuentra ajustada derecho.Ahora bien, atento lo precedentemente expuesto, y habiendo mantenido firme el rechazo de la nulidad articulada por la ejecutada, deviene improcedente entrar al análisis de las excepciones opuestas, cuya resolución también fuera materia de agravios por el apelante, toda vez que las mismas resultan presentadas fuera de término ante la improcedencia del planteo de nulidad aquí analizado.

En consecuencia, no habiendo el apelante controvertido los argumentos que sustentan el auto impugnado (fs. 72/77), corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto a fs. 78 y confirmar, en consecuencia, dicho decisorio.

III. En lo referente a las costas, y por el criterio objetivo de la derrota, debe soportarlas quien pierde la instancia; en autos, la apelante (arts. 67 y 68 del C.P.C.C.).

Por ello LA SALA PRIMERA DE LA CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL FALLA I. RECHAZANDO el recurso de apelación interpuesto a fs. 78 y en su mérito, CONFIRMANDO la resolución de fs. 72/77. Con Costas a cargo de la parte apelante.

II.Regístrese, notifíquese y bajen los autos.