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Procedencia parcial, crédito verificado, costas, compensación
Materia: PROCESAL-COMERCIAL-CIVIL
Carátula: América Latina Logística Central SA  c/  s/ concurso preventivo s/ incidente de comisión nacional de regulación de transporte
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-10-28

Cabe revocar parcialmente la resolución que declaró verificado parcialmente un crédito a favor de la incidentista por cierta suma de carácter quirografario (LCQ 248), hizo lugar a la compensación pretendida por la concursada e, impuso las costas en un 90% a cargo de la deudora y en un 10% restante sobre la revisionista. Ello por cuanto, el "Acta Acuerdo de Renegociación" no cumplió con los requisitos legales para su validez, específicamente, la ratificación del Poder Ejecutivo, según lo establecido por el Decreto 311/03. Por lo tanto, no puede aplicarse. Así es que se considera improcedente la compensación de deudas pretendida por la concursada. Por tanto, las costas del proceso deben ser soportadas por la concursada.
Remisión del expediente, competencia criminal y correccional
Materia: PROCESAL
Carátula: Di Paolo, Leonel Julián c/  s/ queja por recurso denegado (criminal y correccional) en Di Paolo Leonel Julián S/ 149 bis - amenazas (EXPTE. N° 60461/2023)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2026-02-11

El recurso a estudio menciona al Máximo Tribunal de la Nación como el órgano judicial del que se pretende la revisión de la decisión de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, y a la ley n° 48 como la consagratoria del derecho procesal que busca ejercer. Por ende, corresponde remitir las actuaciones a la mencionada Cámara, a fin de facilitar que ejerza las competencias que el requerimiento formulado exige. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Medidas precautelares, demolición de obra, planeamiento urbano, patrimonio cultural, deber de prevención del daño, principio precautorio, gravamen irreparable
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad y otros  c/ GCBA y otros s/ incidente de queja por apelación denegada - amparo - patrimonio cultural histórico
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2026-03-31

La demolición de las estructuras que se procura proteger mediante la acción de amparo constituye, por su propia naturaleza, un acto material de efectos irreversibles: una vez consumada, ninguna resolución judicial ulterior podría restituir las cosas a su estado anterior ni reparar adecuadamente el daño causado. Esta circunstancia, la irreversibilidad del daño inminente, es precisamente la que justifica la intervención judicial inmediata y urgente, aun cuando lo relativo a la medida cautelar se encuentre pendiente de resolución.
Denegatoria del recurso, sentencia no firme, insuficiencia del agravio, petición de herencia
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: GCBA  c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado (civil) en Medero, Darío Carlos C/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires S/ petición de herencia (expte. Nº 19069/2021)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2026-02-11

No constituye sentencia definitiva la decisión mediante la cual, en el marco de un proceso de petición de herencia, se rechaza el pedido de suspensión de la ejecución y se aprueba la liquidación practicada. En el caso, el recurrente no logra justificar su equiparación a una de tal naturaleza, en tanto no ha mostrado la existencia de un perjuicio irreparable, ni que la resolución atacada constituya un apartamiento palmario de aquella que estableció la condena cuya liquidación resiste. Por lo tanto, corresponde rechazar la queja. (Del voto de los jueces Alicia E. C. Ruiz, Luis Francisco Lozano, Marcela De Langhe y Santiago Otamendi).
Denegatoria del recurso, insuficiencia del agravio, petición de herencia
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: GCBA  c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado (civil) en Medero, Darío Carlos C/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires S/ petición de herencia (expte. Nº 19069/2021)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2026-02-11

Corresponde rechazar la queja por la que, en último término, se cuestionan el pedido de suspensión del proceso y la aprobación de la liquidación efectuados en el marco de un proceso de petición de herencia. Ello, por cuanto no se configura un caso constitucional que habilite la jurisdicción excepcional de este Tribunal. Los agravios del recurrente expresan una mera disconformidad con el criterio adoptado por las instancias de mérito respecto del modo de ejecución del pronunciamiento y de los parámetros para la determinación del crédito, pero tales cuestionamientos no se vinculan con la afectación concreta de una garantía constitucional, ni demuestran la configuración de un supuesto de arbitrariedad. Tampoco se verifica, en el caso, una lesión clara al debido proceso o al derecho de defensa que justifique la intervención de esta instancia extraordinaria, aun cuando se encuentren pendientes, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, otros planteos vinculados con el proceso principal. (Del voto de la jueza Inés M. Weinberg).
Recurso de casación, sentencia condenatoria, juicio abreviado, apreciación de la prueba, resoluciones irrecurribles
Materia: PENAL
Carátula: Montoya, J. E. c/  s/ robo agravado
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2026-04-01

Debe rechazarse el recurso interpuesto por el defensor particular contra la sentencia que condenó al imputado, mediante el trámite de juicio abreviado, en orden al delito de robo agravado, cuestionando la valoración probatoria llevada a cabo por el a quo para tener por acreditada la responsabilidad del encartado en el hecho, habida cuenta que cuando la defensa presta su conformidad al acuerdo, renuncia al derecho de discutir los hechos que conforman la imputación en el marco del debate oral y, con ello, acepta que la prueba producida en la instrucción es suficiente para tenerlos por acreditados.
Revocación de sentencia, sobreseimiento
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Asesoría General Tutelar de la CABA  c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en TNM sobre 189 BIS (2) - portación de arma de fuego de uso civil
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2026-02-11

Corresponde revocar la sentencia de la Cámara que rechazó in limine la apelación del Asesor Tutelar, pues desatendió arbitrariamente un planteo conducente e impidió al joven discutir la regularidad del secuestro de su teléfono y la intromisión en él. En el caso, ni la cuestión es abstracta ni se produjo un desistimiento. Lo primero, por cuanto el apelante tiene una pretensión concreta, en tanto no ha recuperado el teléfono; y, aun de haberlo recobrado, el pronunciamiento sobre la legitimidad de su retención y del examen del contenido podría ser antecedente de otra pretensión (por ejemplo, una reparación del perjuicio). Lo segundo, pues no surge del expediente una manifestación equívoca por parte del joven que signifique desistir de la impugnación que aquí se sostiene, sino lo opuesto, en la medida en que mantiene la vía recursiva a pesar del sobreseimiento. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Extradición, cooperación internacional, audiencia, citación a juicio
Materia: PENAL
Carátula: Egusquiza Mamani, Maycol Christian y otro c/  s/ extradición - art. 54
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2026-04-09

Corresponde privar de validez a la sentencia que concedió la extradición requerida por la República del Perú, pues del examen de las actuaciones surge por un lado, que la documentación valorada por el a quo para sustentar lo resuelto constituía solamente una solicitud de detención preventiva con fines de extradición y, por el otro, que la solicitud de extradición fue incorporada al legajo con posterioridad al dictado de dicha sentencia, con lo cual con relación a la solicitud de extradición no se cumplió con la audiencia regulada en el artículo 27 de la ley 24.767 ni se celebró el juicio previsto en el artículo 30 de la citada norma, como paso previo para el pronunciamiento de la sentencia de extradición.
Denegatoria del recurso, sentencia no firme, insuficiencia del agravio
Materia: PROCESAL
Carátula: Romero, Jorge Alberto  c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en incidente de apelación en autos Romero, Jorge Alberto sobre 181 inc. 1 - usurpación (despojo)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2026-02-04

La decisión de la Cámara que dispuso que el predio continúe en poder de las autoridades del club no priva definitivamente al recurrente de otros medios legales para obtener la tutela de sus derechos, ni descarta la posibilidad de un proceso posterior en el que pueda obtener un remedio para sus agravios. Corresponde, entonces, rechazar la queja, por cuanto la decisión impugnada mediante el recurso de inconstitucionalidad no es la sentencia definitiva, y la recurrente no ofreció argumentación suficiente para demostrar que lo resuelto le cause un perjuicio irremediable que permita equipararla a una de esa especie. (Del voto de los jueces Alicia E. C. Ruiz, Marcela De Langhe y Santiago Otamendi).
Insuficiencia del agravio, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Asesoría General Tutelar de la CABA  c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en TNM sobre 189 BIS (2) - portación de arma de fuego de uso civil
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2026-02-11

Carece de fundamentos válidos la afirmación del a quo en cuanto a que la medida de apertura del teléfono móvil no importa un gravamen irreparable. La Cámara omitió considerar que la regla general de que las decisiones en materia de prueba adoptadas antes de la audiencia de juicio no causan un gravamen que no pueda tener reparación en otra instancia del proceso está dirigida a quienes se encuentren en condiciones de cuestionar la sentencia definitiva que se adopte mediante la utilización de esa prueba. En este caso, en cambio, el joven ya obtuvo un pronunciamiento que le puso fin al proceso -el sobreseimiento- y, por ende, no tendría interés alguno en cuestionar la sentencia definitiva del proceso que, eventualmente, se originarse a raíz de la prueba obtenida de su celular. Por un lado, pues tal proceso no podría implicar para él responsabilidad alguna y, por el otro, porque aun cuestionando esa decisión, no evitaría la vulneración a su intimidad que pretende impedir. (Del voto del juez Santiago Otamendi, a cuyos fundamentos adhieren las juezas Alicia E. C. Ruiz y Marcela De Langhe).
Violencia familiar, competencia por el territorio, víctima menor de edad, domicilio del menor, centro de vida de niñas, niños y adolescentes
Materia: CIVIL
Carátula: D., C.F. y otro/a c/ J., B. c/  s/ protección contra la violencia familiar (ley 12.569)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2026-04-09

Es competente la justicia nacional en lo civil para entender en la denuncia de violencia familiar, toda vez que los progenitores acordaron que la residencia principal de la niña sería en el domicilio del padre en la ciudad de Buenos Aires y tal sería el centro de vida que determina la competencia en estos autos (art. 716 del Código Civil y Comercial de la Nación) (Voto del juez Rosenkrantz).
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, causas civiles
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Gaitán, Carlos Alejandro c/ Santiago del Estero, Provincia de s/ usucapión
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2026-04-09

A los fines de determinar la competencia originaria de la Corte, cabe atribuir el carácter civil a los casos en los que su decisión hace sustancialmente aplicables disposiciones del derecho común, entendido como tal el que se relaciona con el régimen de legislación enunciado en el art. 75, inc. 12, de la Constitución Nacional. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Estafa, abogados, procedimiento laboral, prescripción, engaño, abuso de confianza, dolo, procesamiento
Materia: PENAL
Carátula: H., M. c/  s/ procesamiento y embargo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2026-03-31

Corresponde decretar el procesamiento, en orden al delito de estafa (art. 172 del Código Penal), del abogado que, tras una mediación fallida ante el SECLO, le hizo firmar a la víctima un supuesto escrito de demanda que nunca fue presentado ante la justicia laboral, provocando la prescripción del reclamo, dado que las conversaciones que mantuvieron las partes revelan que el letrado sostuvo la apariencia de su actuación profesional en el caso, manteniendo en la damnificada la creencia de que el proceso se encontraba radicado ante un tribunal y en trámite. En consecuencia, cabe concluir que la conducta del imputado resultó indicativa no solo del abuso de confianza y el engaño que reclaman el tipo penal, sino también del dolo que direccionó su accionar.
Violencia familiar, competencia por el territorio, víctima menor de edad, domicilio del menor
Materia: CIVIL
Carátula: D., C.F. y otro/a c/ J., B. c/  s/ protección contra la violencia familiar (ley 12.569)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2026-04-09

En materia de violencia familiar, resulta decisivo el lugar de residencia de los supuestos damnificados, pues este criterio favorece la implementación oportuna y efectiva de la actividad protectoria, la optiminzación de recursos y la celeridad de la intervención. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Denegatoria del recurso, insuficiencia del agravio, cuestiones de hecho y prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA  c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Tolosa, Mónica y otros contra GCBA sobre cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2026-02-04

Corresponde rechazar la queja, pues no logra conmover la sentencia de la Cámara que denegó el recurso de inconstitucionalidad, no trae un caso constitucional que corresponda a este Tribunal resolver ni logra demostrar que el a quo haya incurrido en arbitrariedad o en injustificado rigor formal incompatible con su derecho de defensa. Por vía de principio, no hay cuestión que habilite la competencia del Tribunal -en los términos del art. 26 de la ley n° 402- cuando la decisión de la Cámara declara desierto el recurso de apelación. Pues ello remite al estudio de una cuestión de hecho y derecho procesal, propia de los jueces de la causa y ajena al recurso extraordinario. (Del voto de los jueces Inés M. Weinberg y Santiago Otamendi, por remisión a "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Pascuzzi Stella Maris y otros contra GCBA sobre cobro de pesos", expte. SACAy T n° 3688/16-1; sentencia del 23-03-2022).
Procedencia del recurso, domicilio fiscal electrónico, notificación
Materia: TRIBUTARIO-ADUANERO-PROCESAL
Carátula: GCBA  c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en GCBA contra LLAS SRL sobre ejecución fiscal - ingresos brutos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2026-02-25

El Código Fiscal consagra las comunicaciones informáticas cursadas al domicilio fiscal electrónico que registró el contribuyente como un medio válido de notificar los emplazamientos de pago del fisco. A su vez, dicho Código considera perfeccionada la notificación con la puesta a disposición del archivo o registro que la contiene en el domicilio fiscal electrónico del contribuyente o responsable, sin que importe a tal efecto la efectiva lectura del archivo por parte del interesado (todo ello cf. art. 22, párrs. 1° y 2, y art. 32). En el caso, los arts. 22 y 32 referidos y el procedimiento de notificación electrónica allí regulado no fueron impugnados por el ejecutado ni la jueza de la causa declaró su inconstitucionalidad. Así y todo, la jueza de primera instancia tuvo por probada la existencia de una comunicación informática al domicilio fiscal electrónico del contribuyente, pero considera que no es suficiente para tener por acreditada la efectiva notificación del emplazamiento. Esta decisión no resulta válida en cuanto acto jurisdiccional, por cuanto se aparta de la normativa aplicable. Por lo tanto, corresponde hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad del GCBA. (Del voto de la jueza Marcela De Langhe).
Retiro policial, cesantía, haber jubilatorio, cómputo de servicios, jubilaciones
Materia: ADMINISTRATIVO-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Calabró, Edgardo Roberto c/ Ret. Jub. y Pens. de la Policía Federal  s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2026-04-09

A los fines de determinar, respecto de los agentes cesanteados, si se cumple el requisito de los 20 años de servicio mínimos exigidos por el artículo 7° de la ley 21.965 para ser beneficiarios del haber de pasividad, corresponde computar los años de servicio hasta la fecha de retiro del agente y no hasta la fecha de su baja, pues el artículo 94 de la citada ley 21.965 dispone que los años de servicios se computarán desde la fecha de alta con estado policial hasta la del decreto o resolución de retiro o hasta la que éstos establezcan, por lo cual es claro que si el legislador hubiera querido contar los años de servicio hasta la fecha de baja del estado policial y no hasta la del retiro así lo habría hecho y la inconsistencia o falta de previsión del legislador no se suponen.
Juicio ejecutivo, pago a cuenta del impuesto
Materia: PROCESAL-TRIBUTARIO-ADUANERO
Carátula: GCBA  c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en GCBA contra Aronax S.A. sobre ejecución fiscal - Ing.Brutos Convenio Multilateral
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2026-02-11

En el caso, la Cámara sujetó la procedencia la acción ejecutiva instada bajo el sistema de "pagos a cuenta" (también conocido como de "pago provisorio de impuestos vencidos"), cf. el art. 195 del CF t.o. 2019, a un requisito que no estaba previsto en el CF: que la parte demandada no hubiera presentado las DDJJ en cero con carácter previo a que se la intimara judicialmente al pago de las obligaciones reclamadas. No solo ese requisito no estaba previsto en la norma, sino que requerirlo supone revisar el procedimiento a cuya observancia el Legislador supeditó la posibilidad de que la AGIP instara el presente proceso ejecutivo. (Del voto en disidencia de los jueces Luis Francisco Lozano e Inés M. Weinberg).
Extradición, cooperación internacional
Materia: PENAL
Carátula: Egusquiza Mamani, Maycol Christian y otro c/  s/ extradición - art. 54
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2026-04-09

En la cooperación internacional en materia de extradición, el artículo 30 de la ley 24.767 es suficientemente claro en cuanto consagra que finalizado el trámite administrativo y recibido el pedido de extradición en sede judicial, luego de la audiencia prevista por el artículo 27, el juez dispondrá la citación a juicio salvo que el requerido diera su consentimiento para ser extraditado (artículo 28) o si se comprobara que la persona detenida no es la requerida (artículo 29) y recién, una vez superada la etapa de juicio (artículo 30, segundo y tercer párrafos), el ordenamiento legal (artículo 32) habilita a la autoridad judicial a pronunciarse acerca de la procedencia o improcedencia del pedido de extradición.
Cuestiones de competencia, inhibitoria, ley de modernización laboral, juicios contra el Estado, competencia contencioso administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO-LABORAL
Carátula: E.N. - Secretaria de Trabajo, Empleo y Seguridad Social c/ . y otro s/ inhibitoria
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2026-04-10

Cabe admitir la inhibitoria presentada por el gobierno nacional en el marco de la demanda iniciada por la Confederación General del Trabajo, por medio de la cual la justicia del trabajo dictó una medida cautelar que suspendió la aplicación de diversos artículos de la Ley 27.802, declarar la competencia del fuero para entender en las actuaciones, habida cuenta que la acción de la central obrera se dirige exclusivamente contra el Poder Ejecutivo Nacional y que cuestiona, entre otras, la modificación incorporada por la Ley de Modernización Laboral al 20 de la Ley de Organización y Procedimiento de la Justicia Nacional del Trabajo (Ley 18.345), que se refiere a la competencia de los tribunales inferiores, y tales circunstancias determinan que para resolver el asunto será necesario acudir a principios y normas del derecho público, por lo que la pretensión está regida preponderantemente por el derecho administrativo.
Procesos de familia, menores, principio de inmediación, facultades jurisdiccionales
Materia: CIVIL
Carátula: D., C.F. y otro/a c/ J., B. c/  s/ protección contra la violencia familiar (ley 12.569)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2026-04-09

El principio de inmediatez integra la garantía de acceso a una tutela judicial efectiva y su observancia, así como la necesidad de valorar el mejor interés de la persona menor de edad involucrada, deben regir los procesos de familia (art. 706 Código Civil y Comercial de la Nación). -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Procedencia del recurso, gravamen irreparable
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Asesoría General Tutelar de la CABA  c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en TNM sobre 189 BIS (2) - portación de arma de fuego de uso civil
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2026-02-11

Corresponde admitir la queja y hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Asesoría Tutelar contra la sentencia de la Cámara que rechazó in limine su recurso de apelación contra la decisión que autorizó la copia forense, apertura y análisis del teléfono celular secuestrado al niño en conflicto con la ley penal. En las particulares circunstancias que exhibe el caso, negar sin tratamiento alguno la apelación deducida por la Asesoría Tutelar y, con ello, su representación del adolescente, implicó restringir de manera irrazonable el derecho a acceder a la justicia y a discutir la validez o alcance de una medida estatal que afecta de modo directo y autónomo al joven, con prescindencia de su situación procesal en esta causa penal. Aun cuando este hubiera sido desvinculado definitivamente del proceso, la medida que se buscó objetar suponía una injerencia concreta y particularmente intensa en su esfera de intimidad y privacidad, pues habilitaba el acceso a información personal y a sus comunicaciones privadas. Esto resulta susceptible de ocasionar un perjuicio de imposible reparación ulterior, y por ende justificaba la revisión jurisdiccional promovida, además, en resguardo de los derechos de una persona que posee especial protección en razón de su edad. (Del voto de las juezas Alicia E. C. Ruiz y Marcela De Langhe).