Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2018-06-12


AUTOS N° 166593 (4° JUZGADO CIVIL) (N° 12138 - SALA III) "OCAMPO Sergio Américo C / Provincia de San Juan, Hospital Dr. Guillermo Rawson - Amparo." En la Ciudad de San Juan, a 12 días del mes de junio de 2018, reunidos los Sres. Miembros de esta Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, Dres. Luis Alberto Recio, Daniel Olivares Yapur y Juan Carlos Pérez, a los fines de resolver el recurso de apelación interpuesto a fs. 26/31, por la parte actora, concedido a fs. 32, contra la resolución obrante a fs. 24/25 de fecha 28-05-2018.

EL SEÑOR JUEZ DE CÁMARA DR. LUIS ALBERTO RECIO, dijo:

El Sr. Juez del Cuarto Juzgado Civil, RESOLVIÓ: " I) Rechazar in limine la acción de amparo, por los fundamentos expuestos en los considerandos de la presente."	AGRAVIOS	Manifiesta el apelante que la presente acción de amparo se deduce a los fines de obtener la declaración de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de la Ley N° 732-S, en sus art. 1°, 4° y 5° que dispone la jubilación forzosa de todos los agentes y funcionarios de Organismos Descentralizados, que hayan cumplido los requisitos de edad, aportes y prestación de servicios conforme legislación vigente.

Expresa que la norma cuestionada le causa un serio gravamen a los derechos de orden constitucional. Dice que los argumentos expuestos por su parte para justificar el tratamiento particular que se peticiona respecto de la inconstitucionalidad de la ley 732-S no han sido examinados por el Sr. Juez de primera instancia.

Manifiesta, que la nulidad de la sentencia, que aquí impugna, es en resguardo de la garantía de defensa en juicio y debido proceso legal, ambos como principios de raigambre constitucional. Así también expresa que la sentencia recurrida no reúne los requisitos formales que impone la ley procesal por lo que corresponde declarar su nulidad (art. 33, inc. 4° y art. 171, inc. 2° C.P.C.).

Finalmente dice que el Sr. Juez de la causa ha incurrido en una errónea apreciación de la materia sobre la que versa el objeto de la presente acción de amparo, razón por lo que considera que la sentencia resulta equivocada y por demás injusta. Continúa manifestando, que la sentencia recurrida, no significa una derivación razonada del derecho vigente, con aplicación a las circunstancias comprobadas en la causa.

Por lo expresado, reclama el reexamen de lo resuelto y la revocación total de la decisión impugnada.

Formula reserva de derechos.

TRATAMIENTOS DE LOS AGRAVIOS	Abordaré los agravios traídos, en forma conjunta, dado la clara interrelación de los mismos.

En primer lugar, señalo, que la tarea destinada al examen de admisibilidad de la demanda - en éste caso amparo - importa la verificación de los requisitos rituales y formales, independientemente de las razones de fondo, y constituye un deber del juez al tiempo de la respectiva presentación, que debe ser ejercida aún de oficio. De ahí que el juzgador se halle autorizado a recurrir a dicha facultad implícita, en situaciones en las cuales resulta evidente la inadmisibilidad de la demanda.

Sentado ello, el art. 565 ley 988-O, preceptúa: "Procede la acción de amparo contra todo acto u omisión de autoridad, órganos o agentes públicos, incluidos los que emanen del Poder Judicial sin contenido jurisdiccional, de grupo organizado de personas y de particulares que, en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta algún derecho cierto individual o colectivo o garantía explícita o implícitamente reconocidos por la Constitución Nacional o Provincial, un tratado o una ley, siempre que fuere necesario la reparación urgente del perjuicio...".

Ahora bien, analizando el requisito de procedencia de la acción de amparo relativo a la existencia de ilegalidad manifiesta, examino , coincidiendo con el Sr. Juez a - quo, que en ésta causa no se presenta, por lo que anticipo mi criterio en que propiciaré el rechazo del recurso traído.

En efecto, la ley 732 - S en su articulado, que la amparista tacha de inconstitucional, reitero, que a priori, no emerge de la norma atacada la ilegalidad manifiesta, toda vez que dispone que los agentes de la administración que hayan cumplido los requisitos de edad, aportes y prestación de servicios deberán acogerse a los beneficios jubilatorios e iniciar dentro del término de treinta días corridos de cumplidos los recaudos citados, el pertinente trámite. En su defecto, dejarán de percibir el cincuenta por ciento (50 %) de los haberes por todo concepto, salvo que la imposibilidad de iniciar el trámite dependa de causa no imputable al agente y sea debidamente acreditada.

De lo que se colige que si el agente, no inicia el trámite en cumplimiento de la normativas citada, se efectivizará el referido descuento, pero no en el supuesto de demora del otorgamiento del beneficio jubilatorio por no ser imputable a él, ya que su concesión depende del dictado de un acto administrativo por el organismo competente.

A continuación, cito doctrina que la comparto y la hago propia: "Lo expuesto no se desvirtúa ante la circunstancia de que el cumplimiento de los requisitos para hacer efectivo el derecho a jubilarse, haga cesar el derecho del agente público a la estabilidad en el empleo. Hay una íntima relación entre el régimen jubilatorio y el derecho a la estabilidad, al extremo de que la existencia de tal régimen es un implícito reconocimiento de la "estabilidad" del agente público. Durante el período "activo" el agente está protegido por la referida "estabilidad". Pero una vez que el empleado o funcionario hayan cumplido o reunido esos requisitos (años de servicio, pago de aportes, edad), dicha estabilidad cesa. Las normas que así lo establecieren serían estrictamente razonables, pues la "estabilidad" sólo se refiere al período de "actividad" del agente, y tal período racionalmente sólo puede comprender, como máximo, el lapso necesario para adquirir el estado de jubilado, que a su vez contempla el período de "pasividad". Adquirido el derecho a jubilarse, por cumplimiento de los respectivos requisitos, el agente público pierde el "interés jurídico" necesario para hacer valer el derecho a la "estabilidad". Por ello es que la jubilación de "oficio" no afecta el derecho a la estabilidad....." Marienhoff, Tratado de Derecho Administrativo III - B, Ed. Abeledo Perrot, pág. 335.

En función de lo expresado, voto por el rechazo del recurso traído.

EL SEÑOR JUEZ DE CÁMARA DR. DANIEL G. OLIVARES YAPUR, dijo:

El estudio preliminar de la presente causa, donde la accionante impetró recurso de apelación subsidiario al recurso de reposición in extremis contra la resolución de fecha 20 de mayo de 2018 (fs. 24/25) mediante la cual el Señor Juez del Cuarto Juzgado Civil, Dr. Sergio Orlando Rodríguez resolvió "Rechazar in limine la acción de amparo...sic" me lleva a considerar los siguientes fundamentos en torno a confirmar su decisión.

En efecto, inicialmente juzgo correcto focalizar el objeto de la postulación de la presente acción de amparo, tal que claramente lo expone el accionante a fojas 03 vuelta, allí dijo "con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de la ley 732-S (antes Ley L.P-7314-2002), en sus artículos 1, 4, y 5, en cuanto dispone la jubilación forzosa de todos los agentes dependientes de la administración pública central del Estado Provincial..sic", y ello lo propone a fin de prolongar la permanencia del Dr. Sergio Américo Ocampo en la situación de servicio activo hasta que cumpla como máximo los setenta años de edad.

Si bien es cierto y conocido que la jurisprudencia provincial y nacional ha aceptado la posibilidad de tratar la inconstitucionalidad de una norma en el marco de una acción de amparo, debe dejarse claro que dadas las características propias del proceso de amparo que emerge como una acción de origen constitucional y extraordinario, su procedibilidad depende de que se invoquen y reúnan los requisitos constitucionales allí previstos.

Como ejemplo de ello me permito citar en primer orden el precepto del artículo 43 de la Constitución Nacional que en su parte pertinente dispone "En el caso, el Juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto y omisión lesiva" de ello se entiende que, el posible análisis de inconstitucionalidad de una norma en el marco del proceso de amparo es de carácter subsidiario, vale decir no puede resultar la acción de inconstitucionalidad el objeto en si mismo del amparo, en tanto existiendo una vía procesal idónea prevista por el ordenamiento ritual, en la cual incluso si se pudiere producir alguna afectación concreta del presunto derecho del reclamante puede peticionarse en tal caso una medida cautelar.

Por ello, de regreso a las condiciones de proponibilidad de la acción de amparo, reitero como acción (expedita y rápida) de carácter extraordinario quien optare por dicha vía debe invocar y demostrar que "la reparación urgente del perjuicio, la cesación inmediata de los efectos del acto o la prohibición de realizar un acto ilegal" que se pretende no deba, por su naturaleza sustanciarse por alguno de los procesos establecidos por la ley o no resultare eficaz hacerlo", todo lo cual no surge en el presente del exordio de demanda.

Por el contrario, en forma directa se propone por esta vía y como objeto propio la declaración de inconstitucionalidad de la norma que fija el régimen de edad jubilatorio a fin de remover los recaudos allí previstos para luego lograr prolongar el término de edad hasta los 70 años (según lo expresa el accionante).

Por tal razón, se propone obviar por este medio el proceso de conocimiento correspondiente al planteo de inconstitucionalidad que prevé el ordenamiento procesal (Ley 988-0 Libro II, Título I, Capítulo I, artículo 286) sin que invoque o demuestre en absoluto su ineficacia para el caso propuesto, razón por la que la postulación de la demanda aparece nítidamente como improponible, y de allí su inadmisibilidad.

La Jurisprudencia de la Corte de Justicia de San Juan se ha pronunciado anteriormente en sentido idéntico al Juzgar que " sin quitar ni reconocer merito a las razones que invoca el amparista para tachar de inconstitucional a la ley 6606, ni emitir opinión al respecto, debe admitirse que para acometer la ardua tarea de considerar y resolver a cerca de la inconstitucionalidad impetrada resulta a todas luces "mas idóneo" el proceso de conocimiento específicamente previsto para tal fin, esto es, esto es el contemplado por el art. 208 inc. 3ro. Apartado A, de la Constitución Provincial, en el que las partes involucradas podrán debatir con mayor amplitud, aportando a debate todos los fundamentos y probanzas pertinentes, para formar la convicción de quien juzgue. Todo ello sin desmedro de los derechos del actor a peticionar las cautelares que estime procedentes" C.J.S.J. in re "Bustos Alberto Marcelo c/ Provincia de San Juan - Acción de Amparo- Inconstitucionalidad- P:R Sala 2, 1996 - I- pág. 27/37.

De igual modo lo indica la doctrina provincial respecto del planteo de inconstitucionalidad de una norma dentro de este proceso al meritar que "Consideramos que se mantiene el perfil subsidiario del amparo" Cfr. Elena de la Torre de Yanzón y otros " El Control de Constitucionalidad en la Provincia de San Juan" Editorial UNSJ, año 2018, pág. 187.

Finalmente comparto el fundamento expuesto por el Señor Juez de Cámara Dr. Juan Carlos Pérez, quien se pronunció precedentemente en este Tribunal " La acción de amparo debe ser tomada como una vía excepcional. Partiendo del supuesto de la eficiencia de todo el orden jurídico en la protección de los derechos y además, reconoce que no se puede sustituir por vía judicial el sistema republicano y democrático de gobierno porque el acceso al sistema judicial está expedito en condiciones de extrema excepcionalidad. Judicializar las discrepancias que se puedan tener con las normas legales dictadas mediante la vía de amparo, nos pueden hacer caer en el error de transformar al Poder Judicial en un departamento legislativo con mas poder que los órganos deliberativos creados por las Constituciones" in re 12045 "Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales c/Municipalidad de Santa Lucia - Amparo - Prot. de Sent. T° II F° 173/182 - Año 2017.

De igual modo este tribunal ha juzgado con anterioridad siguiendo a autorizada doctrina nacional que, si la demanda emerge absolutamente improponible por defecto extrínseco, (es decir el canal procesal propuesto no resulta el correcto para ventilar la cuestión propuesta) el Juez o Tribunal deben inmediatamente proceder al rechazo liminar en tanto y en cuento no puede ni debe permitirse un dispendio jurisdiccional estéril. Así lo juzgó "En materia de improponibilidad objetiva de la demanda este Tribunal se ha expedido recientemente siguiendo destacada doctrina nacional, dijo entonces "Toda demanda debe ser objetivamente proponible pues lo contrario lleva a la improcedencia o inadmisibilidad según el vicio extrínseco o intrínseco que la afecte. Si el déficit se apunta en las condiciones de procedibilidad, el magistrado activa sus poderes de repulsión con el rechazo "in límine" ...el juez puede y debe analizar por sí, no solo el contenido meramente extrínseco del acto constitutivo que pone en marcha la jurisdicción, sino -más aún- asumir un concreto contralor de la concurrencia de los presupuestos procesales, es decir de los requisitos de procedibilidad de la pretensión (admisibilidad intrínseca).- La meditación que impone el contenido de la "improponibilidad objetiva" de una pretensión atiende a la ausencia absoluta de basamento, a aquél interés que jurídicamente no puede ser protegido y que le impone al juez un examen anticipado de atendibilidad sustancial puesto que si lo deriva a la sentencia de mérito, corre riesgo de provocar un dispendio jurisdiccional estéril por haber tramitado un pleito carente de los requisitos básicos que requiere el proceso" (Conf. Osvaldo A. Gozaini: "Derecho Procesal Civil", t. II, p. 497 y sig., Ed. Ediar, 1.992). Cámara Civil de San Juan, Sala III, autos N° 11080 - 1° JUZG. FAMILIA - "ALOS DOMINGO HECTOR Y ENTZ ROSA LUCIA - SEPARACION PERSONAL" fallo de fecha 22 FEBRERO 2013).

Por lo que llevo dicho, en adhesión en todos sus términos al voto propuesto por el Señor Juez de Cámara Preopinante Dr. Luis Alberto Recio. Voto en su mismo sentido, es decir juzgo que el recurso de apelación subsidiario en tratamiento debe ser desestimado.

EL SEÑOR JUEZ DE CÁMARA DR. JUAN CARLOS PÉREZ, dijo:

Adhiero a la solución propuesta por mis colegas prevotantes por los mismos fundamentos brindados por el Dr. Daniel Olivares Yapur.

Por ello, normas, jurisprudencia y doctrina citada, el Tribunal,	RESUELVE:

Rechazar el recurso de apelación interpuesto a fs. 26/31, por la parte actora, concedido a fs. 32, contra la resolución obrante a fs. 24/25 de fecha 28-05-2018, por los fundamentos vertidos en los considerandos que anteceden.

Protocolícese, hágase saber, déjase copia autorizada y bajen los autos. FDO: DR. DANIEL OLIVARES YAPUR; DR. JUAN CARLOS PEREZ; DR. LUIS ALBERTO RECIO. ANTE MI DRA. MARIA PATRICIA AUBONE- SECRETARIA- PROT. AUTOS T I F 174/178 AÑO 2018