marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Terminación del proceso, sentencia absolutoria, etapas del proceso, excepciones procesales, cosa juzgada, resoluciones judiciales, nulidad de sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Márquez, Lucas Santiago y Navarro, Omar Santiago s/ Homicidio calificado - Causa Nro. 2.117/91
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-11-10

Si el procesado fue desvinculado de la causa mediante una sentencia absolutoria, viola la cosa juzgada la sentencia de cámara que, sin que existiese recurso que la habilitase para ello, declaró la nulidad de aquella sentencia.
Contratos, pacto comisorio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: JAIME JESUS TURELL c/ CENTRO DE SUBOFICIALES Y AGENTES DE LA POLICIA DE SAN JUAN` s/ CONTRATO DE ADHESION
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1990-03-28

Para que proceda el pacto comisorio en los contratos con prestaciones recíprocas,es requisito necesario el cumplimiento del contrato por parte del que invoca la resolución, no pudiendo aducirse el incumplimiento del otro, cuando a su vez no se ha cumplido (art. 510 1201/1204 Código Civil).
Coparticipación de impuestos, impuestos provinciales, recurso extraordinario, improcedencia del recurso
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Central Térmica Sorrento S.A. c/ Municipalidad de Rosario, Provincia de Santa Fe
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-06-18

Cabe declarar improcedente el recurso extraordinario interpuesto contra la resolución del Plenario de Representantes de la Comisión Federal de Impuestos que confirmó la decisión del Comité Ejecutivo por la que se desestimó la denuncia formulada por la actora, según la cual el tributo establecido por la ordenanza 5295 de la Municipalidad de Rosario y modificatorias, se encontraba en pugna con la ley 23.548 de coparticipación federal de recursos fiscales, pues no cabe considerar que la resolución contra la que se interpuso el recurso sea un acto de contenido judicial que decida una controversia cierta y determinada entre litigantes.
Asociaciones sindicales, patrimonio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: VIRGI SHOES c/ A.T.E. s/ COBRO DE PESOS ORGANIZACION ZERDA S.R.L. c/ A.E.S.Y A. s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-12-27|1999-04-08

Se considera excesivo la traba de un embargo sobre fondos que por todo concepto le correponde percibir a una Asociación Sindical, puesto que debe necesariamente excluirse los montos que corresponden a créditos comerciales y solamente afectar los fondos genuinos del patrimonio sindical, ya que de lo contrario se estaría trabando la medida sobre bienes que no pertenecen a la Asociación demandada sino a terceros.
Sentencia arbitraria, doctrina de la arbitrariedad, fundamentación de sentencias
Materia: PROCESAL
Carátula: Salatino,  Jorge  Serafín  y otros c/ Instituto de Obra Social y otro.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-06-19

La doctrina de la arbitrariedad no se propone convertir a la Corte en un tercer tribunal de las instancias ordinarias, ni corregir fallos que se reputen equivocados, sino que tiende a cubrir casos de carácter excepcional en los que las deficiencias lógicas del razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo, impiden considerar al decisorio como la "sentencia fundada en ley.." a que aluden los arts. 17 y 18 de la Ley Suprema.
Certificados de obra, mora
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Empresa Mc Sur c/ Marquez, Raúl Narciso s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-04-22

Una vez fenecido el plazo de treinta días previsto por el art. 45 inc. 1 de la Ordenanza General 169/73, cobra operatividad la mora de pleno derecho contemplada en el artículo 46 -segundo párrafo- del citado dispositivo legal específico. De tal modo la "obligatoriedad" para efectuar los pagos surgirá a partir de la notificación de estar aprobadas las liquidaciones a que hace referencia el artículo 45 (art. 46, último párrafo). Por consiguiente, teniendo en cuenta lo que surge de los títulos ejecutivos, el deudor se encuentra en mora a partir del vencimiento de los treinta días que tenía para saldarlos, en consonancia con la fecha de publicación edictal que se puntualiza en dichos instrumentos (arts. 27, 28, 508, 509 Cód.

Civil).
Contienda negativa de competencia, acción autónoma de nulidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Abraham, Aida Elizabeth del Valle c/ Salaz, Lorena Maricel s/ acción autónoma de nulidad de la sentencia" (contienda negativa de competencia)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2022-06-01

Corresponde hacer lugar a la contienda de competencia formalizada por la Sra. Jueza Civil y Comercial de 9ª Nominación y declarar la competencia del Sr. Juez Civil y Comercial de 5ª Nominación para entender en una acción autónoma de nulidad de sentencia, donde deberá radicarse la causa en forma definitiva, toda vez que el ordenamiento ritual provincial se enrola en la doctrina de que el mismo tribunal que dictó la sentencia que goza de la autoridad de cosa juzgada debe entender en el proceso ulteriormente promovido en miras a su cancelación.
Empleados públicos, nombramiento, remoción de funcionarios públicos, asignación de funciones, facultades de la administración, Poder Ejecutivo, gobernador
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CABALLERO, MARCELO NESTOR c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.:  C.S.J. NRO. 367 A O 1985)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-12-18

La facultad de designar y remover empleados, la cual incluye, obviamente, la de asignar funciones típicas, ha sido conferida constitucionalmente al titular del Poder ejecutivo(artículo 72, inciso 6 de la Constitución Provincial), único modo de garantizar la mejor prestación del servicio y su funcionamiento organizado. Lo contrario permitiría a cualquier funcionario arrogarse facultades qu e no le son propias e imponerle luego a la Provincia las consecuencias de su acto, desplazando esa atribución constitucional del Poder Ejecutivo.
Delito penal, robo con armas, extorsión
Materia: PENAL
Carátula: A., N. s/ Robo con armas (Expte Nº160-99, Resolución Nº73, Tomo 6, Folio  202)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-10-13

Teniendo en cuenta que no existen en autos elementos probatorios que puedan suplir el defecto de estudios técnicos sobre el arma, toda vez que las expresiones tenidas en cuenta por el sentenciante son al menos dudosas en orden a la asignación al elemento de capacidad agresiva, ha de reconocerse que lleva razón el impugnante en cuanto expresa que no puede darse por cumplida la calificante del robo tenido en cuenta. Dicho lo anterior, debe sin embargo acotarse prestamente que el reconocimiento efectuado poca repercusión tendrá sobre la situación del imputado, puesto que desde tiempo atrás el Tribunal al asumir cuestiones similares a la presente ha adoptado el criterio de que la utilización intimidatoria de un elemento que no es arma en un hecho para lograr la entrega de bienes materiales, importa la consumación del delito de extorsión -artículo 168 del Código Penal- con lo que la pena aplicable es idéntica a la de robo con armas. Siendo así que la situación presentada en la presente causa es precisamente la indicada, esto es, el uso intimidatorio de un elemento que quizás no era arma, lográndose que la víctima diera objetos de su pertenencia a quienes le exigían que obrara de tal manera, se modificará el encuadramiento legal dado al hecho, pero sin consecuencias sobre la pena impuesta. Queda en claro que con ello no se lesiona el principio de congruencia procesal ni el que prohíbe la reforma en la alzada de la situación en perjuicio del imputado. Es que si respecto del primero ha de decirse que el hecho en su materialidad es siempre exactamente el mismo aunque varíe la subsunción típica, en relación al segundo ha de señalarse que en modo alguno se agrava la situación de quien, en todo caso, sigue materialmente en una idéntica a la que tenía cuando la causa llegara a estos estrados.
Contrato de trabajo, prestación de servicios
Materia: LABORAL
Carátula: HERRERA, ROSA FILOMENA SORIA c/ CENTRO MEDICO QUIRURGICO S.R.L. s/ HABERES IMPAGOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1995-09-28

La prestación de servicios hace presumir la subyacencia del contrato de trabajo. Asume tal suposición el carácter de ser iuris tantum, es decir que admite la prueba en contrario.
Excarcelación, control de razonabilidad, Pacto de San José de Costa Rica, libertad provisional, interpretación de tratados internacionales, garantía a ser juzgado en un plazo razonable
Materia: INTERNACIONAL PUBLICO - PROCESAL - PENAL
Carátula: Incidente  de  excarcelación  promovido  en  favor  de  Mario Eduardo Firmenich. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-07-28

La interpretación razonable del art.7 inc. 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos conduce a establecer que el juicio sobre la prolongación de la privación de la libertad cautelar debe estar relacionada con las circunstancias concretas del caso.
Marcas, carga de la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PANAMERICANA DE PLASTICOS S.A.. c/ BATA LTD. s/ OPOSICION REGISTRO DE MARCAS 'YOGUER' Y 'YOGGER'.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-07-29

No corresponde admitir la oposición si no se demostró que la palabra "jogger" se hubiera castellanizado, ni tampoco que en nuestro medio se haya divulgado como ocurrió respecto de otras palabras extranjeras, de tal modo que pueda ser indicativa de la función del producto que se pretende identificar o de la actividad a que está destinada. (S1,1945,290783)
Condominio, dominio público
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Consorcio de copropietarios Colon c/ Dos Reyes S.A. s/ Restitución al estado anterior
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-08-03

La persona adecuada para hacer la invasión de una vereda y que se produce sin previa autorización, es la Municipalidad del Partido, ya que aquella no es del Consorcio sino de uso común y de dominio público.
Régimen de consolidación de deudas, fecha de corte, tasas de interés
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Latorre, Sergio Augusto c/ ENTEL s/ proceso de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-03

En el supuesto de deuda consolidada, los intereses posteriores a la fecha de corte -previstos en la sentencia definitiva conforme a la tasa pasiva promedio que publica el B.C.R.A. solo proceden si se opta por cobrar el crédito en efectivo, ya que si se eligiera otro de los medios alternativos de pago previstos en la ley 23.982, y su decreto reglamentario, la tasa de interés será la que se establece para esas formas de pago (conf. esta Sala in re: "Barcena" del 15/10/93; "Suaya" del 13/5/94 y "Diaz, María Ester c/ Credicab Caja de Crédito Coop. Ltda. (E/L) s/ proceso de conocimiento", resolución del 29 de mayo de 1995; y Caponnetto Mario y otros c/ Estado Nacional (Ministerio de Defensa) s/ retiro militar y fuerzas de seguridad" del 17 de abril de 1997, entre otros), por lo que, sólo cuando el acreedor formule la opción prevista en la ley de consolidación quedará de pleno derecho determinada la tasa de interés salvo que -como ya se dijo- se optara por cobrar en efectivo.
Recurso de casación, procedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: García, Luis s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1986-05-22

Encontrándose cumplidos todos los requisitos formales exigidos por el art. 256 inc. 3 (Resoluciones recurribles en casación: gravamen irreparable), 258 (reglas para la interposición del recurso), 259 (Requisitos del escrito de interposición), y 260 (Procedencia formal del recurso); corresponde declarar la procedencia del recurso.
Subasta judicial, acreedor hipotecario
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco Austral c/ Millach, Juan Domingo s/ Cobro hipotecario
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-04-13

Los acreedores hipotecarios en primer grado no pierden su privilegio sobre el precio obtenido en la subasta por la circunstancia de que no hayan comparecido en juicio, pese a estar debidamente citados, pues la única consecuencia que tal actitud les trae aparejada es que no pueden pedir el aumento de la base. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recusación sin causa, cuestiones de competencia, gravamen eventual
Materia: PROCESAL
Carátula: MATTIEVICH SA c/ HERRERA, OLGA T A s/ COBRO DE PESOS    COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-07-01

La afirmación efectuada por una Jueza de Primera Instancia de Distrito en lo Penal de Instrucción y Correccional que consideró improcedente la recusación sin expresión de causa interpuesta contra el Juez en lo Civil, Comercial y Laboral del mismo Distrito Judicial, alegando que eventualmente podría darse la situación de que "todos los profesionales del foro usaran ese derecho en esas condiciones, convirtiéndose el Juzgado a su cargo en un Tribunal "monstruo", donde se ventilaría todo el derecho pero no se haría justicia, no llegando a tener sentido la creación del Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil, Comercial y Laboral"; entraña en sí misma una conjetura, si no se aportan mínimos elementos que permitan avizorar, a este momento, la configuración de esa hipótesis, ni tiene la Corte datos concretos que autoricen a tenerla por configurada.
Acción de amparo, costas, exención de costas
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: J.C. Taxi S.R.L. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Amparo Aires s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-12-04

La exención de costas establecida por el artículo 14, cuarto párrafo in fine, de la Constitución de la Ciudad, no beneficia a la demandada sino sólo al amparista, salvo temeridad o malicia. (Del voto de los Dres. Inés M. Weinberg de Roca y Carlos F. Balbín).
Servicio penitenciario provincial, decreto reglamentario, derechos y garantías constitucionales
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Di Menna, Sandro c/ Provincia de Buenos Aires (Ministerio de Justicia y Seguridad - Servicio Penitenciario Bonaerense) s/ Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2017-09-13

La Constitución provincial es clara en materia de relaciones laborales, en cuanto a la protección especial que debe brindarse a los trabajadores, y en caso de duda debe propiciarse la interpretación que resulte más favorable al trabajador (art. 39 inc. 3°, Const. provincial).(doctor Pettigiani, mayoría)
Seguros, falta de pago
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Montiel, Ricardo Salvador y otro c/ Striebeck, Alberto E. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-17

Sea que realmente revistiera la calidad de Agente Institorio (art. 54 ley 17.418) o de Productor o Agente de Seguro con facultades para percibir la prima (art. 53 ley cit.), es lo cierto que en ambos supuestos el mismo se ha desempeñado como mandatario de la aseguradora y, siendo ello así, el pago de la prima al mismo es jurídicamente válido pues, como es sabido, los actos jurídicos efectuados por el mandatario son considerados como hechos por éste personalmente (arts. 221, 222, 223, 207 Cód. de Comercio; 731 inc. 1, 1869, 1872, 1873, 1874, 1892, 1946 y concds. Cód. Civil).
Responsabilidad del Estado por actos ilícitos, daños y perjuicios, dictadura militar, desaparecidos, exiliados políticos, muerte del padre
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Santucho, Ana Cristina y otros  c/ E.N. - M. Justicia y DDHH y otros s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-09

Corresponde condenar al Estado Nacional a indemnizar a las accionantes por la detención y posterior muerte de su padre durante la última dictadura militar, así como por los daños derivados del secuestro, detención y posterior exilio de las propias accionantes, por motivos de persecución política, puesto que los daños padecidos por las actoras se encuentran debidamente acreditados y que resultan imputables a la intervención de fuerzas estatales en su producción, al actuar de manera completamente irregular, por lo que se configura la obligación, de carácter imprescriptible dada la naturaleza de los ilícitos estatales, de reparar el perjuicio causado.
Poder Judicial, jueces, nombramiento, juez de circuito, leyes, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: D, R. O. s/ Lesiones graves. Recurso de inconstitucionalidad (Expte CSJ Nº   481-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-06-07

El propósito de afianzar la independencia funcional de los jueces fue plasmado claramente en los artículos 9 y 10 de la ley 10160. Mientras la primera de esas normas contempla expresamente a los jueces de primera instancia de circuito dentro del elenco de los magistrados judiciales -y excluye, también expresamente, a los jueces comunales- la segunda consagra enfáticamente que ellos "son independientes, inamovibles, responsables y sometidos sólo por la Constitución y la ley. Gozan de iguales prerrogativas que los legisladores y no puede ser restringida de modo alguno su libertad de actuar". (De los Fundamentos del Dr. Falistocco a los que Adhiere el Dr. Iribarren)
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, excepción de incompetencia, Administración Pública, tercero coadyuvante, Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia no aplicable, ley procesal, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: LA MERIDIONAL CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. c/ AGUILERA, OSVALDO O. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (EXPTE.: C.S.J. NRO. 527 AÑO 2006)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2007-12-26

Es inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Dirección Nacional de Vialidad contra la decisión que rechazó la excepción de incompetencia por ella interpuesta con sustento en que, siendo una repartición autárquica nacional de derecho público -formando parte del Estado Nacional-, correspondía entender en la causa los jueces federales a tenor de lo dispuesto por los artículos 116 de la Constitución nacional y 2, inciso 1) de la ley 48.

Es que dentro del régimen de intervención de terceros santafesina, el tercero coadyuvante subordinado tiene una participación en extremo acotada, circunscripta a ser un mero auxiliar de la parte a la que coadyuva.

De allí, que al no habérsele asignado una participación más que accesoria y subordinada a la que asiste, con la limitación propia de ejercer sus facultades de manera armónica con los criterios y deseos de la parte a quien coadyuva y sin que pueda resultar alcanzada por los efectos de una futura condena, no se vislumbra que el criterio seguido por el Juzgador (consideró que la mera comparecencia de una entidad autárquica nacional no tenía aptitud para sacar la causa de sus jueces naturales) sea pasible de descalificación por el solo hecho de oponerse a una aplicación mecánica de los precedentes de la Corte federal, en atención a las particularidades propias del ordenamiento ritual santafesino, a las de la causa y a las consecuencias que se proyectan de la decisión.
Recurso de casación penal, improcedencia del recurso, cuestiones de hecho y prueba, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Lipihual Martín Roberto s/ Homicidio culposo
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2000-09-12

Las críticas que se formulan a la sentencia de Cámara, prueban que los letrados defensistas no comparten ni la elección de los medios probatorios ni las conclusiones a que arribaran en la sentencia en la meritación de los hechos, situaciones que no son motivo de casación porque todo ello llevaría a una revalidación de la prueba que no es materia en el ámbito casatorio.
Acción de amparo, improcedencia del recurso, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas
Materia: CIVIL
Carátula: CAMIN LUIS c/ M.C.B.A s/ CONTRATO DE CONCESION DE USO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-23

Si el acto administrativo se adoptó mediante el ejercicio de atribuciones legales o reglamentarias que son propias del ente que se cuestiona, ejercidas de acuerdo con las prescripciones normativas pertinentes, no hay en principio arbitrariedad manifiesta o ilegalidad, habiendo considerado la jurisprudencia, en un caso análogo al presente, que no se da la circunstancia requerida por el art. 1 de la ley 16986.
Filiación, reconocimiento en sede judicial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: A.J.C. s/ CONTEST. ESTADO DE HIJO ILEGITIMO
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-08-03

El reconociente carece de acción para impugnar su propio reconocimiento de hijo extramatrimonial, siendo irrazonable pretender involucrarlo dentro de "los que tengan interés en hacerlo" -art. 263 Código Civil- pues, razones de orden público de jerarquía superior -como la inalienabilidad del estado de familia y la irrevocabilidad del reconocimiento de hijo- cercenan dicha posibilidad.-
Haber jubilatorio, adicionales de remuneración
Materia: LABORAL
Carátula: Palomo, Cristóbal y Otros c/ Estado Nacional - Ministerio de Defensa - Estado Mayor General s/ Ordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-10-17

Los adicionales creados por el decreto n° 2769/93, el decreto n° 1104/05 y modificatorios y complementarios, en tanto se trata de suplementos de carácter general y benefician a la totalidad del personal en actividad de cada una de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, integran el concepto sueldo (art. 54 ley 19.101), pues quedó demostrado que tales incrementos constituyen parte de un mecanismo mediante el cual se garantiza aumento a todo el personal en actividad de todos los grados por los porcentajes fijados en cada una de las normas que los instituyen (del voto del Dr. Tazza).
Convertibilidad, Ley de desindexación
Materia: COMERCIAL
Carátula: METZ, OSCAR c/ EXPLOTACION PESQUERA DE LA PATAGONIA SA s/ COBRO DE SALARIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-30

Si en el caso concreto se obtuvo una suma de dinero, previa actualización al 1/4/91, que en base a la paridad legal vigente ( un peso= un dólar) equivale a un incremento de más del 100% del monto original en dólares de EE.UU. y ello implica en virtud de la divisa extranjera de que se trata, un virtual enriquecimiento, en ese punto, para el acreedor y un exceso desproporcionado respecto del "valor real y actual" de esa prestación concreta. Esta conclusión encuadra dentro de los fines excepcionales que inspiraron la sanción de la ley 24.283 y a la propia jurisprudencia de la CSJN anterior a ella, traducida en conocidos casos donde se corrigieron distorsiones muy objetivas entre el valor real y constante de una prestación, bien o cosa, y el que resulta del mecanismo indexatorio que fuere del caso.