marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Contratos administrativos, vicios de la voluntad, lesión subjetiva, deberes del juez
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: KESTNER S.A. COM. OND. c/ Y.P.F. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-29

El instituto de la lesión debe ser razonadamente valorado, pero con criterio restrictivo.

Si bien la lesión puede ser opuesta al Estado, en el caso del comerciante como presunta víctima del acto lesivo, es menester afinar el análisis, haciéndose más difícil precisar si se presentan o no los elementos del acto lesivo. También en materia de "necesidad" el juez deberá obrar con prudencia recordando que la norma sólo protege aquellas situaciones en que la necesidad - sea material o moral - provoca una carencia de elementos indispensables para la vida.
Cuestiones de competencia, régimen penal de la minoridad
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Fernández Manco, Frank Ricardo y otro s/ competencia.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-06-02

Si las actuaciones se encuentran en trámite únicamente respecto del imputado mayor, siendo que mientras se encontraba rebelde, el tribunal de menores dictó condena con respecto a su consorte de causa menor de edad, la cual se encuentra firme, carece de sustento la atribución de competencia al tribunal oral de menores para llevar adelante el juicio oral respecto del coimputado mayor. (Dres. Hornos, Gemignani y Borinsky).
Recurso extraordinario de nulidad, error judicial
Materia: PENAL
Carátula: Goldriz, Oscar N. s/ Infracción art.302 C.P.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-04-16

La infracción del principio constitucional de la inviolabilidad de la defensa en juicio, así como la apreciación de las pruebas y su eventual falta de valoración o su deficiente análisis, son cuestiones ajenas al recurso extraordinario de nulidad, pues constituyen típicos vicios "in iudicando", impropios de esta vía recursiva.
Poder Judicial, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Dromi,  José  Roberto  (Ministro  de Obras y Servicios Públicos de la Nación) s/ avocación  en  autos:  "Fontenla, Moisés Eduardo c/ Estado Nacional".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-09-06

El saltear pasos procesales regulares establecidos por la ley es grave cuestión, que no se acomoda al espíritu de nuestra Constitución.
Derecho a la salud, salud reproductiva y sexualidad, infertilidad humana
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: "B. C. y otra c/ UP s/ Amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2009-12-17

El derecho a la salud incluye la salud reproductiva y la atención sanitaria pertinente. La Organización Mundial de la Salud ha definido a la salud reproductiva como "el estado general de bienestar físico, mental y social, y no una mera ausencia de enfermedad o dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos (Naciones Unidas, documento A/CONF: 171/13: informe de la CIPD). Por ello, se debe tener en cuenta que la imposibilidad de procrear es una deficiencia que puede afectar en forma real y efectiva la calidad de vida, siendo que la salud reproductiva involucra la salud psicofísica de ambos cónyuges, además de su derecho a procrear.
Delitos, homicidio, competencia penal, competencia criminal y correccional, incidentes, lesiones leves
Materia: PROCESAL
Carátula: Incidente de incompetencia en autos NN, NN c/  s/ 89 - Lesiones leves s/ Conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-21

Si los jueces contendientes no discuten acerca de que acaeció la muerte de quien fue víctima de lesiones, materia del proceso penal que tramita ante la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no está en tela de juicio que es competente para intervenir en el posible homicidio el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional, al que también le corresponde eventualmente establecer si no lo hubo. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Per saltum, inadmisibilidad del recurso, Corte Suprema de Justicia de la Nación, competencia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: MICHELUD, NILDO ALCIDES s/ PER SALTUM
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-10-01

Corresponde declarar inadmisible el recurso interpuesto por la vía del per saltum ya que todas aquellas situaciones que se estiman lesivas de derechos o involucren comportamientos reprochables desde el plano procesal, administrativo, penal y civil deben ser canalizadas por los interesados a través de las vías constitucionales y legales que correspondan.

Es que la competencia jurisdiccional de esta Corte no puede ser alterada -por vías de hecho o por normas infraconstitucionales-, salvo su disminución en los casos excepcionales del inciso 2 del artículo 93 (Fundamentos de la Mayoría)
Procedimiento administrativo, resolución administrativa, nulidad del acto administrativo, aplicación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: GIMENEZ, LUCILA AMELIA c/ Instituto Municipal de Previsión Social
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-16

Por aplicación del art. 60 de la ley 18.345, el planteo de nulidad de una resolución administrativa debe ser tratada y resuelta en sede administrativa.
Cuestión constitucional, poder constituyente, regulación de honorarios, sentencia, acción meramente declarativa
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ Por recurso de inconstitucionalidad denegado en: JBS Argentina SA c/ GCBA y otros s/ acción meramente declarativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-26

Corresponde rechazar la queja si se limita a exponer una mera discrepancia con el razonamiento efectuado por las instancias de mérito que, a los efectos de regular los honorarios profesionales, aplicaron al caso las normas establecidas para los asuntos judiciales susceptibles de apreciación pecuniaria en atención al monto del proceso consignado por el actor y aceptado por el fisco por el cual se habría abonado la tasa de justicia, sin demostrar el recurrente el modo en que la sentencia impugnada se contrapondría con principio constitucional alguno. (Del voto de las juezas Inés M. Weinberg y Marcela De Langhe).
Jurisdicción y competencia, competencia federal, competencia originaria, competencia de la Corte Suprema, juicios en que es parte una provincia, causas civiles
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: PROVINCIA DE ENTRE RIOS c/ JAIME FERNANDEZ SPERONI s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-10-28

No reviste carácter de causa civil, a los efectos de la competencia originaria de la Corte Suprema, la que exige el tratamiento de cuestiones de derecho público local ajenas, por su naturaleza, al ámbito de aquélla.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL
Carátula: PEREZ, GLORIA ESTHER s/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2005-05-31

Uno de los requisitos imprescindibles en el análisis de procedencia del recurso de inconstitucionalidad, se refiere a la introducción temporánea y adecuada del "caso constitucional", lo que implica explicitar las garantías que se dicen conculcadas y mantener tal alegación en las instancias posteriores, a fin de que los jueces de la causa tengan la posibilidad de examinar la cuestión, resolviendo concretamente sobre ella.

Al ser la sentencia de la alzada confirmatoria de la anterior, la invocada cuestión constitucional que -en el caso- suscitaría el rechazo de las indemnizaciones por despido, debió ser planteada, al menos, en ocasión de fundar agravios en la apelación ordinaria, con mención suficiente de las garantías y derechos constitucionales comprometidos y su vinculación con los hechos de la causa.

La extemporaneidad del pretendido planteo constitucional en oportunidad de deducir el recurso de inconstitucionalidad, conduce a la declaración de su improcedencia, lo que determina, a su vez, la improcedencia de la queja.

Es requisito de admisibilidad del recurso extraordinario que éste se haga cargo, a través de una crítica prolija y circunstanciada de las razones en que se apoya el fallo apelado, y resulta ineficaz la formulación de una determinada solución jurídica con prescindencia de dichos motivos.

Si el "a quo", luego de apreciar las circunstancias de la causa, arribó a la conclusión que la causal invocada para justificar el despido indirecto no configuraba la injuria que por su gravedad no consintiera la prosecución de la relación laboral, no procede el recurso extraordinario, por tratarse de temas de hecho, prueba y derecho común, ajenos a la instancia de excepción y resueltos por los jueces de la causa con suficientes fundamentos de igual carácter que bastan para sustentar la decisión.

La prescindencia, por parte del tribunal de segunda instancia, de determinadas pruebas, no basta por sí misma para invalidar la sentencia, si ésta ha hecho mérito de otros elementos de prueba arrimados regularmente al proceso, y con suficiente trascendencia como para sustentar su decisión.

La circunstancia de acordar preferencia a determinados elementos probatorios no configura un caso de arbitrariedad, pues los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, ni a ponderar una por una y exhaustivamente todas las pruebas agregadas a la causa, sino sólo aquellas estimadas conducentes para fundar sus conclusiones.

La causal de arbitrariedad por prescindencia del texto legal requiere la demostración de un apartamiento palmario de la solución legal aplicable al caso o una decisiva carencia de fundamentación en el pronunciamiento impugnado.
Denegatoria del recurso, presentación extemporánea, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, empleo público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Varela, Marta Diana y Otros s/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad Denegado en Varela Marta Diana y Otros c/ GCBA s/ empleo público (no cesantía ni exoneración) s/ otros procesos incidentales
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-06

Corresponde denegar el recurso extraordinario federal si no fue deducido en tiempo oportuno, es decir, luego de transcurridas las dos primeras horas hábiles del día subsiguiente al del vencimiento del plazo de diez días establecido por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. (Del voto de los jueces Luis Francisco Lozano, Inés M. Weinberg, Marcela De Langhe, Santiago Otamendi y Alicia E. C. Ruiz).
Competencia federal, secuestro extorsivo, amenazas, participación criminal, jueces, personal policial, Policía Provincial
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Fiscal c/ FRIEDRICH, MIGUEL s/ secuestro extorsivo, extorsión, amenazas y otros delitos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-09-20

Es competente la justicia federal para conocer en la causa por secuestro extorsivo seguido de amenazas, si en el hecho tuvo participación un juez de instrucción provincial, que facilitó el delito e informó a sus autores de los avances de la investigación y otro de los procesados era funcionario de la policía provincial quien reiteradamente frustró los procedimientos de un magistrado federal, resultando así afectadas las instituciones nacionales y entorpecido su funcionamiento.
Participación criminal, coautoría
Materia: PENAL
Carátula: M., A.A. y P., E.E. s/ Homicidio Simple, el primero, Participación Primaria enHomicidio  Simple, el segundo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-07-05

Cooperar a la ejecución de un hecho significa, fundamentalmente, ayudar, queriendo que el hecho se realice; pero esa ayuda para ser materia de una sanción penal debe revestir el carácter de un acto de ejecución o de participación en él.
Recurso de casación, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Andrada, Isidro Paulino s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1994-12-13

El único error en el análisis de la prueba que la casación somete a su revisión, es el que surge de instrumentos públicos o privados reconocidos en juicio que exterioricen en forma evidente y sin necesidad de mayores indagaciones el error del a quo, consecuencia casi natural y lógica de que el recurso de casación es una vía excepcional de impugnación que no puede ser confundida con una segunda instancia de tránsito necesario para que se agote el proceso legal que garantiza nuestro orden constitucional. Siendo la revisión excepcional la ley no ha autorizado la denuncia de todos los errores, ni siquiera de aquellos que, intrínsecamente y por razón de su gravedad pudieren parecer más trascendentes, sino sólo de los que puedan ser comprobados en forma evidente mediante el solo cotejo del documento dotado de autenticidad jurídico procesal, derivado del carácter de instrumento público o privado debidamente reconocido.
Verificación de créditos, demanda de verificación, cómputo de intereses, capitalización de intereses
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-03

Cuando -como en el caso- lo verificado en relación con la garantía prendaria ha sido una suma comprensiva de capital, intereses e IVA sobre estos últimos, los intereses posconcursales no pueden calcularse sobre el monto verificado, sino sobre la porción de ese monto correspondiente a capital, ello, a fin de evitar incurrir en una situación prohibida de capitalización de intereses (conforme Artículo 623 CC). Conviene consignar que lo precedentemente dicho no vulnera el carácter de cosa juzgada que reviste el crédito verificado, toda vez que los intereses del monto ejecutado -por ser posconcursales- son discernibles de los intereses preconcursales, que ya fueron admitidos al pasivo.
Honorarios del perito, ingenieros
Materia: PROCESAL
Carátula: Salamone, Antonio Pascual c/ D. N. V. s/ nulidad de resolución.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-09-20

Las pautas regulatorias del decreto-ley 7887/55 determinan los emolumentos "mínimos" que deben percibir los profesionales (art. 1) pero el monto resultante debe ser equitativo en relación al valor de lo cuestionado y la importancia y extensión de los trabajos.
Empleados públicos, remuneración, suplemento por inspección, asignación de funciones, Administración Pública
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Yossen, Pablo Leopoldo c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso Contencioso Administrativo de plena jurisdicción (Expte CSJ   Nº 316-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-11-05

Atento a que durante el período por el cual el agente recurrente reclama el reconocimiento y pago del suplemento por inspección se encontraba vigente el decreto 3924/87 -que disponía que, salvo casos excepcionales "...No se implementarán ni renovarán contratos atendidos por la partida de Bienes y Servicios no Personales, ni se harán nuevas asignaciones de funciones, ni se otorgarán subrogancias, y se suspenden los llamados a concursos"-, sólo por excepción podían asignarse nuevas funciones, con el consecuente reconocimiento de los adicionales correspondientes.
Docentes, cesación de servicios, Estatuto del Docente, aplicación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: VALLAZA, MARIA CASILDA c/ Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos s/ SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-08-19

Si bien la interesada al cese de tares no se hallaba amparada por el Estatuto del Docente (ley 14.473) y por lo tanto, tampoco incluida en la ley 23.895 (ampliatoria de la ley 22.955), no es posible, desconociendo el fin manifiesto de esta norma, excluirla de los beneficios aplicando sus disposiciones en forma literal, si la peticionante ostenta una verdadera carrera docente, excediendo holgadamente la exigencia mínima de servicios fijada para el personal docente por la ley 23.895 (en el caso, casi 25 años en el ámbito del ex-Consejo Nacional de Educación y sólo 1 año y 3 meses en el ámbito docente municipal).
Impuestos, confiscatoriedad, prueba
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: Navarro Viola de Herrera Vegas, Marta c/ Estado Nacional  DGI s/ repetición.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-12-19

No cabe exigir que la ley deba contener alguna presunción expresa para que la prueba de la confiscatoriedad sea exigible. Ello es así, conforme a las reglas generales que rigen la materia sin que haya en cuestiones tributarias razón para apartarse de ellas.
Recurso contencioso administrativo, caducidad
Materia: PROCESAL
Carátula: SCALDAFERRI, JOSE ANTONIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     PEDIDO DE EXIMICION  DE  COSTAS  SOLICITADO POR LA ACTORA (CSJ Expte  N. 377-87)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-09-16

La pretensión de la actora de que se la exima del pago de las costas a la que fuera condenado en la resolución que dispuso la caducidad de instancia invocando la aplicación del artículo 241 del Código Procesal Civil y Comercial, resulta improcedente en razón de haber consentido dicha imposición de costas.
Recurso de inconstitucionalidad federal, admisibilidad del recurso, honorarios del abogado, monto del juicio, interdicto de retener
Materia: Procesal Constitucional
Carátula: Febrero, Hector Omar c/ Fratesi, Alba Leticia Vda. de Menéndez s/ Interdicto de Retener
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1991-04-12

Siendo el objeto del decisorio impugnado la procedencia o no de un recurso de casación, versado sobre la regulación de honorarios en un interdicto de retener, cual es materia opinable, encontrándose atendibles los agravios expuestos y su fundamentación y existiendo -asimismo- jurisprudencia de la Corte Suprema, dirigida a establecer que lo relativo a las regulaciones de honorarios en las instancias ordinarias es materia ajena a la instancia del art. 14 de la ley 48;

ello no es óbice para que la Corte pueda conocer el asunto por la vía intentada, cuando existen de por medio fallos atacados de arbitrariedad, haciéndose efectiva la garantía de la defensa en juicio.
Contratos comerciales, know how
Materia: COMERCIAL
Carátula: PRENSIPLAST SA c/ PETRI SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-11-08

El "know how" -terminología que equivale a "contrato de licencia"-, surgió cuando la actuación en el exterior dejó de ser patrimonio de las grandes empresas de países desarrollados, y las medianas empresas también tuvieron posibilidad por vía de las "licencias" de iniciarse, con reducidos riesgos, en una operación internacional e ir abriendo mercados para su eventual intervención directa. También es importante destacar que la licencia constituye uno de los objetos típicos de los contratos de transferencia de tecnología. Así el know how, junto con las patentes, modelos, diseños industriales y las marcas, son transmitidos en este tipo de contratos (cfr. Marzoratti, Osvaldo, "Derecho de los negocios internacionales", ED. Astrea, t. 2, Buenos Aires, 2003, p. 160/161).
Proceso penal, imputado, tratados internacionales, derecho al recurso, Superior Tribunal de la Causa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SERRANI, PEDRO MATIAS c/  s/ ROBO CALIFICADO POR EL USO DE ARMA BLANCA EN GRADO DE TENTATIVA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-07-02

Se advierte una colisión franca y directa con normas contenidas en la Constitución nacional, desde que el criterio de la Corte en "Scalcione" sólo deja expedita la vía extraordinaria, privando al imputado de una revisión amplia; y ello resiente también el Pacto de San José de Costa Rica en su artículo 8, inciso 2.h, que claramente habla de "Tribunal Superior" -no horizontal-, lo cual no es un dato insubstancial, pues nuestra Corte provincial no es último tribunal -como lo fuera en el fallo "Duarte"-; siendo muy distinta la situación cuando decide en el caso la Corte Cuprema de la Nación, pues sí es el último tribunal. (Del voto del Dr. Beltramone) - CITAS: CSJN: Duarte, del 5/8/2014; CSJStaFe: Scalcione, T 271, p 239/260. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Pacto de San José de Costa Rica, artículo 8, inciso 2.h.
Sentencia definitiva, recurso de inconstitucionalidad, Superior Tribunal de la Causa, rechazo in límine, caducidad, recusación
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Perez Molet, Julio César s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado inconstitucionalidad denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-08-28

El art. 22 de la ley nro. 2145 se desinteresa de la conceptualización dogmática de la "sentencia definitiva" y expresa, lisa y llanamente, que a los efectos del recurso de inconstitucionalidad "se consideran definitivas" todas las sentencias que provienen del tribunal superior de la causa que, en una interpretación sistemática de la ley son aquellas a las que el art. 20 del considera como decisiones apelables, a saber, las que disponen el rechazo in limine de la acción, la que resuelva reconducir el proceso, la que resuelva la caducidad de la instancia, el rechazo de una recusación con causa y las que versen sobre medidas cautelares. (Voto del Dr. José O. Casás).
Transporte de carga, manifiesto de carga, obligaciones del depositario, responsabilidad del despachante de aduana, responsabilidad del transportador
Materia: COMERCIAL-TRIBUTARIO
Carátula: LA MERIDIONAL COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS c/ IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA Y OTROS s/ FALTANTE Y/O AVERIA DE CARGA TRANSPORTE AEREO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-07-08

La sujeción estricta del depositario a los términos del "manifiesto de carga" -desechando anotaciones manuscritas que pueden figurar en el exterior de las cargas que recibe- al par que luce como una medida prudente en cuanto evita la incidencia de eventuales leyendas malevolentes, es conducta que la actora no ha cuestionado como ilegítima, culposa o arbitraria. Y si el único documento al que se atiene EDCADASSA es el manifiesto de carga, que esta en poder del transportista y no del agente transportador aduanero, este -al menos sin prueba concreta en contrario- carece de facultad para ordenar o instruir al depositario la actitud de conservación de la carga si esta no figura en el aludido instrumento. El agente -que actúa en el puerto de destino- no tiene participación alguna en la confección del referido manifiesto y, por tanto, si sus anotaciones fueron insuficientes o ambiguas (al costado de la mercadería figuraba la sigla vic -"Very Important Cargo"- y Aerolíneas Argentinas señalo que la anotación correcta debió ser per -"Perishable Cargo"-) y el depositario se abstuvo a ese manifiesto inidóneo, no se advierte de que modo el agente transportador aduanero (mero representante del transportista contractual y no del efectivo), podía influir en la determinación de la bodega. No se ha demostrado, entonces, que -apartándose de su función especifica (art. 57, Ley 22.415) -incurriera en actos que le fueran imputables a título de dolo o culpa y que con ellos hubiese causado el daño. Por lo demás, la demanda fue basada en el convenio de Varsovia-La Haya y en el art.

153, Código Aeronáutico -referidos a la responsabilidad de los transportadores- y no se hizo mención alguna del art. 1109, Código Civil en relación con el representante de la transportista contractual.