Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-10-26


TS07D43881 PODER JUDICIAL DE LA NACION SENTENCIA DEFINITIVA Nº 43881 CAUSA Nº 31.874/06 -SALA VII- JUZGADO Nº 71 En la Ciudad de Buenos Aires, a los 26 días del mes de octubre de 2011, para dictar sentencia en los autos: "FIGUEREDO FRANCO DANIEL C/ SAEVENT EMPRESA DE SERVICIOS EVENTUALES S.R.L. Y OTRO S/ ACCIDENTE ACCION CIVIL", se procede a votar en el siguiente orden.

LA DOCTORA BEATRIZ I. FONTANA DIJO:	La sentencia de primera instancia, que hizo lugar a la demanda, es apelada por la parte actora y por ambas demandadas a tenor de las presentaciones de fs. 594/595, fs. 602/615 y fs. 616/618, habiendo merecido réplica la primera a fs. 624 y fs. 626, y las dos restantes a fs. 627/630.

La parte actora apela por altos los honorarios de los letrados de ambas demandadas y los de los peritos, y el letrado de la parte actora y el perito ingeniero apelan los suyos por bajos.

Ambas co-demandadas se agravian porque la sentencia de primera instancia receptó el pedido de inconstitucionalidad de la Ley 24.557, pero desde ya adelanto que en este punto las presentaciones recursivas no podrán tener andamiento.

En ese sentido, no puedo dejar de señalar que contrariamente a lo manifestado por las recurrentes, la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Aquino, Isacio c. Cargo Servicios Industriales S.A." resulta plenamente aplicable al caso en examen, ya que lo ponderado en ese caso por el Alto Tribunal no fue solamente el plano de los hechos (tipo de accidente y consecuencias del mismo) sino por el contrario la relación existente entre las garantías constitucionales de obligada tutela y la forma en que las mismas fueron abordadas por la ley en cuestión.

Al respecto, sostuvo la Corte que el hecho de que los menoscabos a la integridad psíquica, física y moral del trabajador, prohibidos por el principio "alterum non laedere", deban ser indemnizados en los términos del art. 39 inc. 1° de la LRT que excluye la vía reparadora del Código Civil, vuelve a dicha norma contraria a la dignidad humana ya que entraña una suerte de pretensión de reificar a la persona considerándola no más que un factor de la producción, un objeto del mercado de trabajo.

Sostuvo asimismo la Corte en el fallo mencionado que la Ley 24.557 se apartó de la concepción reparadora integral en tanto sólo indemniza daños materiales y dentro de éstos, únicamente el lucro cesante, el que es valuado en forma menguada.

Lo expuesto es suficiente para sostener que los recursos intentados por las demandadas no pueden prosperar en este aspecto.

Las dos co demandadas se agravian porque consideran elevado el monto de condena, mientras que la parte actora apela por bajo el monto fijado como reparación del daño moral.

En este aspecto en mi opinión asiste parcialmente razón a las demandadas.

En efecto, de la lectura de la demanda se desprende que el accionante llevó a cabo un análisis y fundamentación minuciosa de cada rubro reclamado, y todos ellos se basaron en una incapacidad que estimó nunca inferior al 10%, ascendiendo el total pretendido a la suma de $ 77.700.

La sentencia de primera instancia consideró probada una incapacidad del 9%, y en virtud de la misma y ponderadas las demás circunstancias personales del actor, fijó el monto de reparación en la suma de $ 105.000 con más la de $ 20.000 en concepto de daño moral, lo que hace un total nominal de condena de $ 125.000.

Si bien el juez laboral está autorizado a fallar ultra petita, en el presente caso no advierto que el mayor monto resulte fundado en elementos objetivos de la causa, en especial teniendo en cuenta que en la demanda, reitero, el actor analizó detalladamente cada rubro pretendido y cuantificó los mismos arribando a la suma antes mencionada.

Por ello, atendiendo a las condiciones personales del actor, la edad al momento del infortunio, la incapacidad acreditada, sus expectativas laborales futuras, y la incidencia de las secuelas del siniestro padecido en el resto de su vida de relación, siendo adecuado el monto pretendido en la demanda en el marco del concepto de reparación integral, y en tanto la sentenciante ha fijado el curso de los intereses a partir de la fecha del infortunio, propongo hacer lugar en este aspecto al recurso de las demandadas y fijar como monto nominal de condena la suma de $ 77.700 comprensiva también del daño moral, sobre la cuál deberán aplicarse los intereses establecidos en la sentencia apelada y que llegan firmes.

La co demandada Asociart S.A. ART se agravia porque la sentencia hizo extensiva a su respecto la condena. Sostiene que debió ser condenada la ART de Bagley, en tanto fue allí donde prestó servicios el actor, a lo que agrega el escaso tiempo transcurrido desde que suscribió el contrato con la empleadora del actor, y el siniestro acaecido, agregando que las obligaciones de prevención pesan sobre el empleador y que las ART no tienen poder de policía.

Adelanto que en mi opinión el recurso no puede tener favorable recepción.

En efecto, por un lado debo señalar que el argumento relativo a que el actor prestó servicios en dependencias de Bagley no fue sometido a consideración del sentenciante de grado, a lo que se agrega que en su contestación de demanda a fs. 45vta./46 se explayó en visitas efectuadas a la empresa y en detallar las normas aplicables para la seguridad de trabajo con máquinas y herramientas.

En lo que hace al escaso tiempo desde el inicio del contrato con la empleadora, ello no constituye un argumento conducente, en tanto precisamente si su función debía ser la prevención, en todo caso debió inspeccionar las instalaciones antes de suscribir el contrato en cuestión.

La ausencia de poder de policía tampoco resulta suficiente para eximir a la co demandada de responsabilidad, en tanto tiene obligaciones positivas vinculadas con la prevención, emanadas de normativa que como he dicho están citadas en su contestación de demanda, y el no haber cumplido con dichas normas habilita a aplicar en el caso el art. 1074 del C.Civil.

Por último la co demandada se agravia porque se rechazó la excepción de pago deducida, pero analizadas las constancias de autos advierto que no se ha adjuntado elemento alguno que conforme art. 138 y concs. LCT resulte conducente para probar la percepción del monto pretendido por parte del actor.

Por ello, y destacando la ausencia total de fundamentación de la pericia contable para afirmar la percepción de esos montos por parte del actor, en tanto ni siquiera explica el perito dónde constató dicho pago, propongo confirmar lo decidido en la sentencia apelada.

Teniendo en cuenta la condena en costas dispuesta en primera instancia, la parte actora carece de interés recursivo para apelar las regulaciones de honorarios de los letrados de las demandadas.

El resto de las regulaciones que se cuestionan resultan ajustadas a las tareas desarrolladas, resultados obtenidos y demás pautas arancelarias aplicables por lo que propongo confirmarlas, aclarando que los porcentajes establecidos deberán aplicarse sobre el nuevo monto de capital e intereses de condena (conf. art. 279 CPCCN, Ley 21.839, Dec. Ley 16.638/57 y art. 38 L.O.).

Las costas de alzada propongo que sean soportadas por las demandadas en tanto más allá de un criterio meramente cuantitativo, han resultado vencidas en lo sustancial de sus recursos (conf. art. 68 CPCCN).

A ese efecto, propongo regular los honorarios de los letrados que intervinieron en la alzada en el 25% de lo que les fue fijado en primera instancia (conf.art. 14 Ley 21.839).

Por lo expuesto y de prosperar mi voto, propongo: 1) Modificar parcialmente la sentencia apelada fijando el monto nominal de condena en la suma de $ 77.700 con más los intereses establecidos en primera instancia. 2) Confirmar las regulaciones de honorarios estableciendo que los porcentajes determinados se apliquen sobre el nuevo monto de capital e intereses de condena. 3) Confirmar la sentencia en todo lo demás que decide y fuera materia de recurso. 4) Imponer las costas de alzada a las demandadas. 5) Regular los honorarios de los letrados que intervinieron en la alzada en el 25% de lo fijado en primera instancia.

EL DOCTOR NESTOR MIGUEL RODRIGUEZ BRUNENGO DIJO:

Disiento de la decisión de mi distinguida colega preopinante, en cuanto dispone la reducción del monto de condena y no eleva la cuantía del daño moral que peticionara el accionante.

Respecto a la reducción del monto de condena que solicitaran las accionadas debo señalar que comparto la postura doctrinaria de que la indemnización a la que resulta acreedor un trabajador ante un infortunio laboral es una deuda de valor y no dineraria.

Al respecto, el Profesor Cornaglia en su valioso trabajo "La reparación del daño y la deuda de valor" presentado en el II Congreso de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social celebrado en San Nicolás el 29 y 30 de septiembre del 2011 convocado por el Instituto de Estudios Legislativos de la Federación Argentina de Colegios de Abogados y Colegio de Abogados de San Nicolás, ha sostenido que en principio el daño debe ser evaluado a la fecha de sentencia, o a la fecha mas próxima a ella ya que la deuda que genera el infortunio laboral, sólo adquiere el carácter de deuda de dinero ejecutable como valor determinado, con la declaración de certeza de la sentencia que responde a un litigio procesado judicialmente.

Así, toda acción tarifada o no, por infortunio, responde a una deuda de valor y arrastra a la necesaria declaración de inconstitucionalidad de sus previsiones en cuanto pretendan desactivar o desmerecer la íntegra reparación del daño causado.

Sobre este tema Curutchet ha señalado que es posible instalar la idea de la naturaleza de la deuda de valor en materia de daños, esencialmente en el marco de las acciones de reparación integral, donde se observa mejores posibilidades de abrir una grieta que comience reconociendo el salario actual en la reparación integral pero como situación no alcanzada por la prohibición de la ley 23.928.

De lo expuesto surge con claridad que la razón de ser de la estimación del daño a la época de la declaración de su certeza en la sentencia responde a que si el patrón dinerario es determinante en la deuda de dinero, en la medida en que sostenga la injusta virtualidad que la teoría de la imprevisión atacara, en la deuda de valor, lo determinante es el salario como sujeto o módulo del que deviene el precio del valor.

El precio del valor dañado no es autoejecutable por lo que en el juicio de daños es el juez el que declara el monto dándole certeza, fijándolo al punto que los Códigos procesales de la Nación y de Provincia de Buenos Aires le ordenan.

Así, el art. 165 párrafo 3º dispone que para la prueba de la cuantía, una vez probado el daño "la sentencia fijará el importe del crédito o de los perjuicios reclamados, siempre que su existencia esté legalmente comprobada, aunque no resultara justificado su monto".

La reparación de daños por accidentes de trabajo, para su ejecución requiere de la declaración de certeza de un juez, materializada en una sentencia. Declararlo sin guardar relación con el salario de la época de la declaración (sentencia) y fijarlo en un pasado al que se debe revivir a partir del mérito de la mora, es una virtualidad anacrónica e inequitativa, apoyada en un error de la norma pensada sin considerar el tiempo que llevan los reclamos judiciales. Declararlo en función del presente del sentenciar, es otra virtualidad, equitativa, porque responde al fin de la obligación de valor en cuanto al daño todavía no reparado.

Al respecto, sostuvo la Corte Interamericana: "Por lo que la lógica racional indica que para indemnizar las pérdidas de ingresos futuros, se atienda a los ingresos que la víctima dejó de percibir, y no a un salario anclado a la fecha del hecho, pues es irreal que el mismo hubiere representado su ingreso por el resto de su vida. Lo más justo y lógico es entonces atender a los salarios de la categoría que revestiría el trabajador al momento de la sentencia".

Por otra parte he de destacar que debatido el tema de la deuda de valor y la estimación del mismo al momento de la sentencia en el II Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, realizado en San Nicolás en septiembre del corriente año, fueron en el plenario aprobadas las siguientes conclusiones: "9.-La deuda indemnizatoria por infortunio del trabajo es una deuda de valor y como tal no se encuentra alcanzada por la ley 23.928. El daño debe ser estimado a la época de la sentencia y ponderando el lucro cesante futuro. 10.- Sin perjuicio de ello, la desactualización al momento del pago del ingreso base previsto en el art. 12 LRT puede ser corregida mediante control de constitucionalidad, y con sustento en la doctrina sentada por la CSJN en el caso ¨Ascua c/ Somisa¨(10/8/10)".

Entiendo también, que tener la concepción de que el derecho laboral es tarifado y considerarlo transaccional llevó a su debilitamiento debido a que la reparación a la que era acreedora la víctima, que no tenía que demostrar la culpa ya que bastaba demostrar que el daño había sucedido en ocasión, quedaba acotada a la tarifa y sus topes.

De esta manera se configuraba una transacción, que admitía que era válido que daños de mayor envergadura que los alcanzados por la tarifa quedaran sin resarcir y conducía a reducirlo a una práctica economicista que asegura a los empleadores la previsibilidad de los costos de la producción y de paso los abarata.

Por último, he de indicar que la postura que sustento ha sido sostenida a poco de la sanción de la ley 23.928, en la Jornada Notarial Bonaerense, celebrada en el año 1991 en Mar del Plata, por Casiello, Trigo Represas, Copagnucci de Caso, Banchio, Lorenzetti, Rivera, Wayar y Condorelli que incluso destacaron que la citada norma no se refería a las deudas de valor sino a las de dinero.

El presidente actual de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Ricardo L. Lorenzetti (quien como juez está a favor de la constitucionalidad de las leyes nominalistas), insinúa como publicista un camino que serviría para aliviar los efectos de las normas nominalistas que legitima. Aclara que el criterio consistente en fijar el valor del daño al momento del hecho para luego actualizarlo se encuentra actualmente prohibido por las normas que vedan la indexación, por lo que sostiene que en la obligación de indemnizar, el objeto de la prestación de dar no es el dinero, sino la utilidad o compensación que con él se obtenga. Sostiene que el dinero entra en lugar de esa utilidad como mero sustituto. Por lo tanto el deudor de una deuda de valor queda expuesto a la variación del precio del bien y no del signo monetario. Llega a sugerir que esa valoración monetaria podría hacerse en una etapa de ejecución posterior a la sentencia misma que decida sobre la existencia del daño.

Por su parte Alberto J. Bueres y Elena I. Highton (esta última actual magistrada de la Corte), al comentar el art. 616 del Código Civil, teorizan sobre "la deuda de dinero y la deuda de valor", invocando los clásicos estudios de Arthur Nussbaum en Alemania y Ascarelli en Italia y los trabajos en la doctrina nacional de Casiello "Desvalorización monetaria", 1961, p.25 y "La deuda de valor", L.L.104-960; Trigo Represas, "Obligaciones de dinero y depreciación monetaria", 1985, p.69 y Bachio, "Obligaciones de valor", 1965, Cap.X, destacando la actitud del espectro de las obligaciones que generan deudas de valor y señalando entre ellas, las acciones de cumplimiento contractual que tienen por objeto distinto que el dinero; las propias de los actos ilícitos, en las que el importe dinerario del resarcimiento, sólo se liquida en función del valor del daño estimado como resarcimiento dinerario final.

En consecuencia, no considero viable la reducción peticionada. Por otra parte, en cuanto al planteo efectuado por el accionante en torno al monto que fuera otorgado por la sentenciante en concepto de daño moral, adelanto que considero que le asiste razón a la quejosa.

Al respecto, cabe señalar que Carlos A. Ghersi destaca la reformulación del daño moral en la Reforma de 1968 y que el concepto "daño" debe analizarse en todos los aspectos que comprenden a la persona y personalidad y sin sujeción a fórmulas matemáticas y a partir de institutos tales como el riesgo creado (Art. 1.113, segunda parte, párrafo segundo), la equidad (Art. 907, párrafo segundo), la buena fe (Art. 1.198, párrafo primero), y el ejercicio abusivo de los derechos (Art. 1.071), entre otras disposiciones, enfatizando que "esta corriente renovadora del derecho, con hondo contenido social, se acerca más al hombre en sí mismo y se aleja del economicismo como meta central de protección, que imperaba en Alberdi y Vélez".

Jorge Mosset Iturraspe propone, por ejemplo, la reformulación del concepto "daño moral" por el de "daño a la persona", de mucha mayor amplitud y mayor compatibilidad con las orientaciones modernas del derecho (conf.: su trabajo: "Daño Moral. Noción. Crítica a la denominación. Daño extrapatrimonial. Daño a la persona", en loc. Cit. pág. 7 y ss).

Ello no debe sorprender, pues la propia Corte Suprema expresó aún antes de la Reforma Constitucional con relación al daño moral, en este caso, que "...no tiene necesariamente que guardar relación con el daño material, pues no se trata de un accesorio de éste" (Autos: "Forni C/ Ferrocarriles Argentinos, 7/IX/89. ID: "Bonadero Alberdi de Inaudi C/ Ferrocarriles Argentinos" 16/VI/88); y mas recientemente ha dicho que en aquellos juicios en los que se solicita la reparación en el marco del derecho común debe procederse a reparar todos los aspectos de la persona, trascendiendo ello de la mera capacidad laborativa (v. fallo: "Arostegui Pablo M c/ Omega ART SA", S.C. A, nº 436, L.XL.).- Por otra parte, reducir el monto de la sentencia determinada en la instancia anterior el 6 de diciembre de 2010 en la suma de ciento veinticinco mil pesos ($125.000), retrogradándolo a los setenta y siete mil pesos ($77.000) reclamados en la demanda interpuesta el 28 de diciembre de 2006, significaría un desconocimiento del Principio de Progresividad que debe guiar a nuestra disciplina, junto con el carácter protectorio del trabajador y la inveterada norma "alterum non laedere" (Constitución Nacional, Artículos 14 bis, 19, 75 inc. 19 y 22 y Tratados Internacionales, especialmente Artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica), ya que es público y notorio que los valores del año 2006 son distintos de los de 2010 y 2011.

Por todo lo expuesto, y ateniéndonos a lo apelado por las partes, como prescribe la norma del Artículo 163 inc. 6º, del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación, voto por rechazar el pedido de las demandadas de reducir la condena dispuesta en primera instancia, y hacer lugar al reclamo de la actora, en el sentido de elevar la condena por daño moral, a la suma de cincuenta mil pesos ($50.000).

Así doy mi voto. Sentado lo expuesto, y atento a las particularidades del caso propongo elevar el monto de otorgado en concepto de daño moral a $50.000 por lo cual la condena ascenderá a $155.000 ($105.000+ $50.000).

Siendo los intereses un accesorio del capital, corresponde que sigan la suerte del principal ("accesorium sequitur principalem") y, habida cuenta que en autos se fija un monto actual, los mismos deben correr desde la fecha de firmeza de esta sentencia.

En caso de ser compartido mi voto propicio regular los honorarios la representación letrada de la demandada, codemandada y a la de la actora en el 25%, 25% y 35%, respectivamente, de lo que en definitiva y por las tareas cumplidas en la instancia anterior en favor de sus defendidos corresponda (art. 14 de la ley 21.839).

LA DOCTORA ESTELA MILAGROS FERREIROS DIJO:

En lo que me toca expedirme, que es el monto de condena de estas actuaciones, tengo para mí que, no sólo el reclamo, cuantitativamente debe ser evaluado, sino las circunstancias de tiempo, modo, lugar y personales que surge de las actuaciones, ameritan una consideración actualizada.

Así, tengo presente que, en mis consideraciones me encuentro, en el objeto mismo de la pretensión, que refiere a los daños y perjuicios que resultaron producidos en razón del evento dañoso acreditado.

Los mismos, están analizados a fs. 14 y concluyo que deben corresponderse con los siguientes montos: daño material $60.000 (daño emergente y lucro cesante), daño psicológico $20.000, daño moral $50.000, pérdida de chance $15.000, daño estético $10.000 lo que arroja un total de $155.000 con intereses desde la firmeza del presente pronunciamiento, tal como puntualizó el Dr. Rodríguez Brunengo en su voto.

En cuanto a los honorarios de los profesionales por los trabajos realizados en esta alzada, comparto la regulación efectuada por el Dr. Rodríguez Brunengo.

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo el Tribunal RESUELVE: 1) Modificar parcialmente la sentencia apelada fijando el monto nominal de condena en la suma de $155.000 (ciento cincuenta y cinco mil pesos) con intereses desde que quede firme el presente pronunciamiento. 2) Confirmar las regulaciones de honorarios estableciendo que los porcentajes determinados se apliquen sobre el nuevo monto de capital e intereses de condena. 3) Confirmar la sentencia en todo lo demás que decide y fuera materia de recurso. 4) Imponer las costas de alzada a las demandadas. 5) Regular los honorarios para la representación letrada de la demandada, codemandada y de la actora en el 25% (veinticinco por ciento), 25% (veinticinco por ciento) y 35% (treinta y cinco por ciento), respectivamente, de lo que en definitiva y por las tareas cumplidas en la instancia anterior en favor de sus defendidos corresponda.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.