Tribunal: CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-08-03


2º Instancia.- Buenos Aires, agosto 3 de 2009.

Considerando: Contra la sentencia de fs. 47/53, que hizo lugar parcialmente la demanda promovida por el actor, declarando su derecho a gozar del beneficio de retiro transitorio por invalidez en el marco de la ley 24.241, ambas partes interpusieron los recursos de apelación de fs. 64/65, en virtud de los cuales llegan las actuaciones a conocimiento de esta alzada.

Se opone el organismo a lo resuelto en autos por cuanto ordena la concesión de la prestación apartándose sin motivo de lo dispuesto en la reglamentación del art. 95 de la ley 24.241.

Por su parte, la actora se agravia de lo resuelto en autos en cuanto ordena formular cargo por las sumas correspondientes al período de doce meses anteriores a la solicitud, del modo que allí se indica.

De las constancias del expediente surge que el reclamante denunció que cesó en la actividad laboral dependiente el 27 de enero de 1995 habiendo ingresado aportes al sistema provisional durante 24 años, 6 meses y 25 días. Con fecha 15 de octubre de 2005 solicitó el beneficio de jubilación por invalidez, luego de haber sufrido en el año 2003 un accidente cerebrovascular.

El lapso que medió entre la fecha del cese de actividades y la de solicitud del beneficio coloca a la situación del actor fuera de los supuestos contemplados por el decreto reglamentario 460/99, que caracteriza como aportante regular al afiliado que hubiera aportado durante los últimos treinta y seis meses anteriores a la fecha de solicitud del beneficio y como aportante irregular con derecho a aquel que reuniera dieciocho meses en igual período.

Asimismo, los períodos exigidos en los apartados precedentes se reducirán a doce meses dentro de los sesenta meses anteriores a la fecha de la solicitud del mínimo de años de servicios exigidos en el régimen común o diferencial en que se encuentre incluido para acceder a la jubilación ordinaria, siempre que acredite al menos el 50% de dicho mínimo.

Al respecto, esta Cámara Federal, de la Seguridad Social se ha expedido en situaciones análogas considerando, que tanto el Decreto 460/99 -reglamentario de la ley 24.241- como los anteriores (decretos 1120/94 y 136/97) no han agotado todas las situaciones susceptibles de configurarse en orden a lo dispuesto en el art.95 inc. a aps. 1 y 2, de modo que la jurisprudencia ha debido establecer soluciones que conjuguen la verdad jurídica objetiva con el principio de justicia que debe presidirla decisión del caso particular a la regularidad de los aportes, por lo que corresponde remitirse a la doctrina de al Corte Suprema de Justicia de la Nación, según la cual, la inconsecuencia o la falta de previsión no se supone en el legislador y por esto se reconoce como principio que las leyes deben interpretarse siempre evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras, y adoptando como verdadero el que las concilie y deje a todas con valor y efecto (Fallos: 297:142; 300:1080, 301:460, CSJN, Heen Moon Young, sent. del 8/9/92), máxime cuando la decisión versa sobre derechos, alimentarios de carácter imprescriptible e irrenunciable y que como también lo tiene dicho el Alto Tribunal, en materia de previsión o seguridad social lo esencial es cubrir riesgos del subsistencia o ancianidad (Fallos: 267:336; sent. del 31 de julio de 1973 "in re" Noriega, María Antonia s/pensión y sus citas) por lo que no debe llegarse al desconocimiento de derechos sino con suma cautela (Fallos 256:250; 267:336; 266:299; 269:45 y muchas otras, Consid. Nº 11 de Fallos 249).

Ello así, teniendo en cuenta las especiales circunstancias de la enfermedad que padece, que se ha reconocido que aportó regularmente durante la mayor parte de su vida laboral donde se habría desempeñado en tareas dependientes totalizando más de 24 años con lo cual no puede decirse que el otorgamiento del beneficio que se solicita pueda perjudicar a un grupo específico de personas o establecer privilegios o excepciones que excluyan a unos en favor de otros, cabe confirmar lo resuelto en este punto por el a-quo.

Por último, no se advierte que el proceder seguido en la anterior instancia en cuanto posibilita al actor el acceso al beneficio cubriendo el importe correspondiente a los doce meses requeridos por el decreto 460/99 del modo que se indica, provoque lesión a derecho alguno.

La vocalía Nº 3 se encuentra vacante (art. 109 RJN).

Por lo expuesto el Tribunal resuelve: I. Confirmar la sentencia recurrida de conformidad con lo considerado precedentemente. II. Costas por su orden (art. 21 ley 24.463).- Lilia M. Maffei de Borgui.- Bernabé L. Chirinos.