Tribunal: CAMARA NAC. DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-06-03


CAUSA N° 15.766/2004 M. L. M. C/ ESTADO NACIONAL MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS Juzgado n° 10 Secretaría n° 20	En Buenos Aires, a los 3 días del mes de junio de 2014, se reúnen en Acuerdo los jueces de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal para dictar sentencia en los autos mencionados en el epígrafe y, de conformidad con el orden del sorteo efectuado, la doctora María Susana Najurieta dijo:

1. La sentencia de fs. 643/654 aceptó la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por el Estado Nacional-Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, por la ANSES y por la Municipalidad de La Matanza, rechazando la demanda respecto de esos sujetos, con imposición de costas a la parte actora. Por otra parte, consideró legitimados pasivamente a la Provincia de Buenos Aires, a la aseguradora Provincia Seguros S.A. citada en garantía, y rechazó la excepción de prescripción opuesta por estas dos codemandadas. En cuanto al fondo, la sentencia encontró responsable a la Sociedad de Fomento Villa Constructora (fs. 651, segundo párrafo), a la Provincia de Buenos Aires, en razón de las obligaciones impuestas por el artículo 16 de la Resolución n° 312/02 MTEySS y Resolución n° 458/02 MTEySS, y a la aseguradora Provincia Seguros S.A. en los términos de la cláusula 2° de la póliza contratada. En cuanto al reclamo resarcitorio, admitió los rubros daño moral por la suma de $ 17.000 y gastos de movilidad y medicamentos, por un monto de $ 5.000, ponderados en uso de las facultades contempladas en el artículo 165 del Código Procesal. Dispuso asimismo el cálculo de intereses desde el hecho y hasta la fecha de la sentencia a la tasa del 6% anual -por haber determinado la indemnización a valores actuales- y desde entonces y hasta el efectivo pago, a la tasa que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus obligaciones ordinarias de descuento a treinta días. Las costas, en la relación parte actora-demandadas condenadas, fueron impuestas a éstas últimas.

2. La sentencia fue apelada por la parte actora a fs. 660, cuyo recurso fue concedido a fs. 674. La expresión de agravios corre a fs. 716/719 y recibió la contestación del Estado Nacional a fs. 728/733 y de Provincia Seguros S.A. a fs. 734. También interpuso apelación la aseguradora citada en garantía Provincia Seguros S.A. cuyo recurso fue concedido a fs. 670. El memorial de agravios consta a fs. 711/715 y no recibió contestación de las contrarias. La Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires interpuso apelación a fs. 671, que fue concedida a fs. 672. La expresión de agravios corre a fs. 708/710 y mereció la contestación de la actora a fs. 723/724.

3. La parte actora solicita que se revoque la sentencia en cuanto hizo lugar a la falta de legitimación pasiva del Estado Nacional, de la ANSES y de la Municipalidad de la Matanza. Entiende que el primero responde por ser la autoridad de aplicación del plan (mediante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social), la segunda por ser el organismo que solventa económicamente el Programa Jefes y Jefas de Hogar, y la Municipalidad de la Matanza por cuanto a ella le correspondía aprobar las propuestas concretas y, en ejercicio de esta función, habilitó la participación de la Sociedad de Fomento Villa Constructora, que no se hallaba en condiciones de seguridad y de higiene apropiadas. En cuanto a estos codemandados, y para el caso de que la sentencia no se modificase, reclama que las costas les sean impuestas al menos en el orden causado en atención a la situación de confusión que tantos intervinientes generaba desde la óptica de la demandante. Asimismo, la actora impugna la sentencia por haber omitido en la condena a la Sociedad de Fomento Villa Constructora, a pesar de que en los considerandos la hizo responsable en los términos del art.1113 del Código Civil. En cuanto a la cuantificación del daño, impugna los criterios seguidos por la señora juez a-quo, con sustento en una pericia que se realizó ocho años después del accidente, omitiendo el daño estético y la apropiada evaluación del daño moral sufrido por la señora M..

4. En cuanto a los agravios de los codemandados, la Provincia de Buenos Aires reitera su defensa de falta de legitimación pasiva, afirmando que al Estado Nacional correspondía el rol de autoridad de aplicación y que la única responsabilidad provincial fue la contratación de un seguro, obligación que satisfizo tal como surge del expediente. Subsidiariamente, impugna por excesivos los rubros y montos admitidos.

Por su parte, Provincia Seguros S.A. pide la liberación de toda responsabilidad pues afirma que la Provincia de Buenos Aires no contrató un seguro de responsabilidad civil sino que contrató un seguro de cobertura de accidentes personales a favor de los beneficiarios del Plan Jefes y Jefas de Hogar, con lo cual su parte debió ser demandada directamente con sustento contractual por la señora L. M. M., dentro del plazo contemplado en la ley de seguros, y esto no sucedió, sino que fue citada en garantía incurriendo en grave confusión de la póliza n° 46.478. En tal sentido, afirma que el reclamo contractual con sustento en dicha póliza está prescripto, pues el seguro no fue denunciado en el plazo de un año previsto en el artículo 58 de la ley 17.418. Subsidiariamente, impugna la interpretación del alcance de la póliza, pues afirma que sólo cubre daños por incapacidad física total o parcial y no los restantes rubros reclamados y obtenidos por la demandante en este litigio.

5. No está controvertido que la señora L. M. M. era titular de un beneficio de conformidad con el plan "Jefes de Hogar", instituido por el decreto PEN n° 565/02, que percibía desde julio de 2002. Como contraprestación comunitaria, daba clases de gimnasia en la Sociedad de Fomento Villa Constructora de San Justo, dos veces por semana. El día 12 de diciembre de 2002, mientras se desarrollaba su clase, se desprendió el ventilador de techo en funcionamiento y golpeó a la actora en la cara y el cuello provocando daños y la necesidad de un urgente traslado al Hospital Interzonal Paroissien, del que fue derivada al Instituto de Agudos de Haedo. Con motivo de las lesiones que la actora vinculó con este accidente, promovió la demanda por resarcimiento del daño por incapacidad sobreviniente, por daño estético y pérdida funcional, por daño psicológico, por daño moral y por gastos de movilidad y medicamentos.

6. El primer punto a tratar es la cuestión de la responsabilidad. En efecto, la demandante se agravia por la liberación del Estado Nacional, de la ANSES y de la Municipalidad de la Matanza, en tanto la Provincia de Buenos Aires afirma que su única responsabilidad consistió en la obligación de contratar un seguro, obligación que, a su juicio, satisfizo apropiadamente.

Diré en primer término que asiste razón a la actora en cuanto a que la sentencia ha fundado la responsabilidad de la Sociedad de Fomento Villa Constructora -apartado 5 del fallo apelado, fs. 649vta/651-, llegando a la conclusión de que es responsable con fundamento en el artículo 1113, segundo apartado, segundo párrafo, del Código Civil y, no obstante, este sujeto fue omitido en la parte resolutiva de la condena (punto 2 de fs. 654). Esta responsabilidad resulta claramente de la sentencia, apreciada como unidad, y corresponde corregir en esta instancia lo que constituye una omisión material que provoca incongruencia entre los considerandos y la parte resolutiva del fallo. En tal sentido, propiciaré incluir a la Sociedad de Fomento Villa Constructora entre los sujetos condenados, tal como es la derivación lógica de los fundamentos de la sentencia apelada.

En cuanto a la situación del Estado Nacional, creador del Programa Jefes de Hogar por decreto del Poder Ejecutivo Nacional n° 565/2002 (artículo 2°), si bien es cierto que estableció al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social como autoridad de aplicación, con facultades para dictar normas reglamentarias tendientes al buen cumplimiento de los fines (art. 14), reservándose la auditoría general del sistema (art. 33 de la resolución MTESS N° 312/02), también es de toda evidencia que implementó la descentralización operativa en cuanto a la ejecución -a través de cada Provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- y también en cuanto a la concreta aplicación -a través de los municipios-(artículo 9 de la citada resolución). En este orden de ideas, el programa estaba concebido de manera de concretar la descentralización de acuerdo con la firma de "convenios marco" que, en el caso de la Provincia de Buenos Aires, fue el convenio N° 42 suscripto el 31 de mayo de 2002 (fs,. 247/252). De acuerdo a los términos de este convenio, a la Provincia de Buenos Aires le correspondía el "seguimiento, supervisión, coordinación y orientación del programa" (cláusula cuarta) y, entre otras obligaciones, la de crear un Consejo Consultivo Provincial, con facultades para establecer los criterios de selección de los proyectos, participar en la formulación de los planes integrados municipales y "monitorear el desarrollo y ejecución del programa bajo la órbita de su jurisdicción" (fs. 251).

Ello significa que ninguna responsabilidad se reservó la autoridad de aplicación en cuanto al monitoreo, seguimiento y supervisión del programa y de los proyectos, con lo cual coincido con la señora juez a-quo en que la responsabilidad del Estado Nacional no se halla comprometida en este litigio, como así tampoco la de la ANSES, organismo al que le correspondía actuar como agente pagador, por cuenta y orden del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

7. Considero infundado el agravio de la Provincia de Buenos Aires, que insiste en cuestionar la atribución de responsabilidad a su cargo. El bloque normativo aplicable compromete la responsabilidad de este codemandado. En efecto, si bien en su redacción original, la resolución N° 312/02, por la que se reglamentó la ejecución del programa "Jefes de Hogar", dispuso en su artículo 16 que los "organismos ejecutores" debían contratar un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos de siniestros que pudieran acaecer sobre los beneficiarios derivados de la participación en el programa, pronto se constataron dificultades operativas para esta contratación en razón de las limitaciones financieras de tales organismos, de modo tal que el sistema que modificado por la resolución N° 458/2002 MTESS del 1/7/2002, anterior al acaecimiento del accidente que originó este litigio.

Según esta trascendente modificación, la obligación de contratar el seguro pasó de los organismos ejecutores a las jurisdicciones provinciales (o, en su caso, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires). De conformidad con el artículo 28 de la resolución N° 312/02, con el texto establecido por el artículo 2° de la resolución N° 458/02, la Provincia era la responsable de "b) contratar un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos de siniestros que pudieran acaecer sobre los beneficiarios en el desarrollo de las tareas o actividades previstas en el Programa". La asunción de esta obligación por parte de la Provincia queda puesta de manifiesto, asimismo, en la cláusula primera del Protocolo adicional al convenio marco N° 42, ya citado, según la cual la Provincia debía acreditar el cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 28, inciso b, de la resolución N° 312/02, texto reformado por la resolución N° 458/02, notificando su satisfacción a la autoridad de aplicación, o bien, según la opción abierta por la cláusula segunda, la Provincia podía optar por "auto asegurar los riesgos que pudieran originarse" (fs. 253).

En este expediente, la Provincia de Buenos Aires ha afirmado haber cumplido satisfactoriamente su obligación, lo cual no responde a la realidad de los hechos pues, por una parte, no contrató un seguro de "responsabilidad civil" -tal como determinaba el bloque normativo-, sino que sólo aparece un contrato de seguro de accidente personal plasmado en la póliza n° 46.478, sometido a la ley 17.418. Tal como surge del dictamen pericial, la póliza tenía como tomador al Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia y cubría accidentes personales e incapacidad total y/o parcial, con límite cuantitativo y sin franquicia (fs. 475/476). El seguro contratado no respondía fielmente a la obligación asumida (la póliza n° 46.478 no cubría responsabilidad civil; fs. 476vta.) y ello justificó, a mi modo de ver, que la actora no dirigiera directamente la demanda contra la aseguradora sino que la citara en garantía. Además de esta deficiencia, es claro que la Provincia de Buenos Aires no cumplió su obligación de supervisar los proyectos seleccionados y su desarrollo y, por tanto, ninguno de los argumentos del representante de la Provincia de Buenos Aires es idóneo para refutar la responsabilidad que le ha sido atribuida.

8. La parte actora se agravia por el rechazo de la responsabilidad de la Municipalidad de La Matanza. A mi modo de ver, el reproche debe recibir favorable acogimiento por dos motivos: a) una razón jurídica, a saber, la resolución N° 312/02 que dispone en el artículo 16, con la redacción dada por la resolución N° 458/02, que los órganos ejecutores debían, entre otras obligaciones, distribuir las tareas de los beneficiarios asignados, controlar la asistencia con un registro adecuado y asegurar las condiciones de higiene y seguridad del lugar donde se realizaran las prácticas comunitarias; en este sentido, es evidente que la Municipalidad de La Matanza no supervisó ni controló el estado del ámbito físico donde se desarrollaba el proyecto aprobado respecto de la Sociedad de Fomento Villa Construcción; y b) una situación fáctica -con consecuencias jurídicas-, representada por el hecho de no haber denunciado el acaecimiento del accidente a la entidad aseguradora en tiempo oportuno, como hubiera sido su obligación. En efecto, mientras la señora M. se hallaba en el hospital de Haedo fue visitada por una coordinadora de la Municipalidad de La Matanza, quien evidentemente tenía conocimiento del seguro puesto que se lo informó a la víctima del accidente (fs. 55, manifestaciones corroboradas por el testimonio de fs. 434). Por lo demás, a fs. 388 corre la nota del 15 de mayo de 2003 que la señora L. M. M. dirigió al señor Intendente de La Matanza, por la que denunció formalmente el accidente. A pesar de estas diligencias cumplidas por la actora, consta que la denuncia del siniestro ingresó en Provincia Seguros S.A. el 13 de septiembre de 2004 (fs. 378), es decir, mucho después de transcurrido el plazo de un año contemplado en el artículo 58 de la ley 17.418. Ello significa que la negligencia en la conducta de los responsables de la ejecución del plan, dependientes de la Municipalidad de La Matanza, frustró la posibilidad de la actora de cobrar el seguro correspondiente a la póliza n° 46.478, al menos, en el límite reducido de lo contratado.

Por tanto, propondré al Acuerdo extender la condena a la Municipalidad de La Matanza, a la que encuentro responsable frente a la demandante.

9. Lo expuesto precedentemente anticipa mi posición con relación a los agravios de Provincia Seguros S.A. Más allá del problema procesal de cómo ha sido citada en este juicio, estimo que lo relevante es que la acción por cobro de lo contratado según la póliza N° 46.478 está prescripta y, en tal sentido, corresponde admitir la excepción de prescripción por aplicación del artículo 58 de la ley 17.418, incluso en la interpretación más favorable al beneficiario. En efecto, el artículo 58, cuarto párrafo, establece que el plazo de prescripción de un año se computa desde que el beneficiario conoce la existencia del beneficio y, en este expediente, la propia actora ha relatado que fue notificada de la existencia del seguro cuando se hallaba internada en diciembre de 2002 (fs. 55). Tanto la actora como la Municipalidad de La Matanza fueron conscientes de este seguro a fin de diciembre de 2002 o en enero de 2003. En consecuencia, en septiembre de 2004 (denuncia de fs. 378), la acción del beneficiario contra la aseguradora se hallaba prescripta. Propiciaré, pues, la revocación de la sentencia en este punto y la liberación de Provincia Seguros S.A.

10. Resta el tratamiento a los agravios que tanto la parte actora como la codemandada Provincia de Buenos Aires dirigen contra la cuantificación del resarcimiento. La demandante sostiene que la sentencia es arbitraria e injusta por rechazar la indemnización por incapacidad física y por daño estético y que la indemnización por daño moral es exigua y no toma en consideración las circunstancias mortificantes del accidente. Por su parte, la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires cuestiona por excesivos los montos admitidos por gastos y por daño moral.

Diré en primer lugar que la integridad física de una persona tiene importancia decisiva en la vida de producción o trabajo y también en la vida de relación, pues la persona humana se expresa a través de su cuerpo y las alteraciones repercuten anímicamente, pudiendo comportar un elemento que profundiza el daño moral (Zavala de González Matilde, Resarcimiento de daños, vol. 2 'a', Daños a las personas, 2da. edición, p. 168/170). La particularidad de esta causa es que ha tomado intervención el Cuerpo Médico Forense a fs. 510/530 y fs. 557, y que en todas sus intervenciones ha expresado la imposibilidad de constatar alguna relación de causalidad entre el accidente sufrido el 12/12/2002 por la señora M. y su estado de deficiencia cervical o sus carencias dentarias al tiempo del examen.

El Cuerpo Médico Forense no ha encontrado constancias de atención médica inmediatamente posterior a los hechos (fs. 530) y la cervicobraquialgia constatada dos años más tarde en los registros del hospital Santojani, no puede relacionarse causalmente con el hecho de diciembre 2002. La conclusión es que no fue probado que el episodio haya dejado secuelas incapacitantes y que no puede afirmarse que el traumatismo sufrido hubiera acelerado o coadyuvado al proceso de artrosis que presenta la actora al tiempo de los exámenes médicos (fs. 518 y fs. 557). En consecuencia corresponde rechazar los agravios de la demandante y confirmar lo resuelto en la sentencia respecto de la improcedencia de resarcimiento por incapacidad sobreviniente.

Por lo demás, es jurisprudencia del Tribunal no aceptar, como regla general, el daño estético como un daño autónomo respecto al material o moral, sino que integra uno u otro o ambos, según el caso (doctrina de la Corte Suprema de Justicia en Fallos 305: 2098; 321: 1117 y otros; esta Cámara, Sala 1, causa 4859/98 fallada el 6/5/2004).

Sin embargo, no hay ninguna duda del acaecimiento del accidente, de la desazón y del brusco cambio de vida provocados por la pérdida del conocimiento, la internación, el uso de cuello ortopédico y el compromiso a la posibilidad de la accidentada de desempeñarse como profesora de gimnasia o en actividades similares y útiles para la comunidad. No tengo dudas de que el hecho ha comprometido de manera negativa el desenvolvimiento espiritual de la actora y por ello encuentro justificado no solamente una suma que compense los gastos que haya experimentado en su rehabilitación, sino también un resarcimiento del padecimiento anímico o daño moral. Por tanto, juzgo que el monto admitido en primera instancia en concepto de gastos es prudente y se halla justificado, en tanto estimo que la indemnización por daño moral es reducida. Propiciaré aumentar el resarcimiento por este último rubro en la suma de $ 30.000, capital que devengará intereses en la forma decidida por la señora juez a-quo.

11. En cuanto a las costas, estimo que la organización del plan "Jefes de Hogar", con múltiples responsables en una organización descentralizada, pudieron llevar a la víctima a dirigir la demanda contra el Estado Nacional, o contra la ANSES, o contra la aseguradora Provincia Seguros S.A. ante el desconocimiento de la compleja trama de relaciones establecidas por decretos y resoluciones ministeriales. Por tales circunstancias extraordinarias, entiendo que no obstante el rechazo de la demanda respecto de esos sujetos, las costas deben ser distribuidas en el orden causado (art. 68, segunda parte, Código Procesal). En cuanto a los condenados Provincia de Buenos Aires, Municipalidad de la Matanza y Sociedad de Fomento Villa Constructora, las costas de la primera instancia deben ser impuestas a su cargo. En Alzada, en atención a los vencimientos recíprocos, propiciaré la distribución de las costas por su orden en todas las relaciones (art. 71 del Código Procesal).

Por lo expuesto, propongo al Acuerdo: a) confirmar la sentencia apelada y rechazar la demanda dirigida contra el Estado Nacional y contra la ANSES; b) modificar parcialmente el fallo y declarar prescripta la obligación de la aseguradora Provincia Seguros S.A.; c) confirmar la sentencia en cuanto atribuyó responsabilidad a la Provincia de Buenos Aires y modificarla condenando asimismo como responsables a la Municipalidad de La Matanza y a la Sociedad de Fomento Villa Constitución; d) confirmar el monto del resarcimiento admitido por gastos ($ 5.000) y elevar el resarcimiento del daño moral a la suma de $ 30.000, fijando el capital de la condena en la suma de $ 35.000, con los intereses determinados en primera instancia; y e) imponer las costas según lo indicado en el considerando 11° precedente.

Los doctores Ricardo Víctor Guarinoni y Francisco de las Carreras adhieren al voto que antecede.

En mérito de lo deliberado y de las conclusiones del Acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE: a) confirmar la sentencia apelada y rechazar la demanda dirigida contra el Estado Nacional y contra la ANSES; b) modificar parcialmente el fallo y declarar prescripta la obligación de la aseguradora Provincia Seguros S.A.; c) confirmar la sentencia en cuanto atribuyó responsabilidad a la Provincia de Buenos Aires y modificarla condenando asimismo como responsables a la Municipalidad de La Matanza y a la Sociedad de Fomento Villa Constitución; d) confirmar el monto del resarcimiento admitido por gastos ($ 5.000) y elevar el resarcimiento del daño moral a la suma de $ 30.000, fijando el capital de la condena en la suma de $ 35.000, con los intereses determinados en primera instancia; y e) imponer las costas según lo indicado en el considerando 11° precedente.

Una vez que se cuente con regulación de honorarios por los trabajos de primera instancia se procederá como corresponde en Alzada.

Hágase saber a los letrados la vigencia de las acordadas n° 31/11 y 38/13 -B.O. 17.10.13-.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

María Susana Najurieta-Ricardo V. Guarinoni-Francisco de las Carreras