marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Ministerio Público, fiscales, pronto despacho, legitimación procesal, ley procesal, interpretación de la ley, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia vinculante
Materia: PROCESAL
Carátula: BIAVA, TERESA F. c/ RODRIGUEZ, SERVILLANO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-03-17

La legitimación que pretende hacer valer el Ministerio Público Fiscal para interponer pronto despacho "en cualquier clase de asunto" conforme su interpretación de lo establecido en el artículo 131 inciso 9° de la ley 10.160, ya ha sido materia de consideración por esta Corte en el precedente "Segovia" (A. y S. T. 233, pág. 168) en el cual -entre otras valoraciones- se sostuvo que "...las facultades que se otorgan al Ministerio Público a través del primero de los artículos citados no se ven cercenadas por la interpretación armónica e integradora llevada a cabo por los sentenciantes, sino, y como bien se destaca en la sentencia, tal análisis circunscribe las mismas a los supuestos en que la ley exige su intervención, no pudiéndose extender a aquellos procesos en los que no es parte por cuanto determinaría, en definitiva, la sustitución de las partes interesadas en procesos que no afectan el orden público y en los cuales es privativo de ellas que se dicte o no resolución, como también los motivos que tengan para peticionar -o no- pronto despacho...".
Decreto de necesidad y urgencia, impuestos, Poder Legislativo Nacional, sesiones ordinarias
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Zofracor S.A. c/ Estado Nacional s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-20

Las referencias del decreto 285/99 en lo que excede la materia tributaria, resultan insuficientes para justificar una situación de grave riesgo social que el Congreso no puede remediar por los cauces ordinarios que la Constitución prevé, máxime cuando la medida se adoptó durante el período de sesiones ordinarias (Voto del Dr. Antonio Boggiano).
Jubilación por invalidez, accidentes de trabajo, incapacidad, porcentaje de incapacidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GRANADO, MANUEL ROSENDO c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 29-82
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-05-16

Debe otorgarse la jubilación por invalidez a quien como consecuencia de un accidente laboral, sufrió una incapacidad total y permanente, y valoradas estimativamente en un 75 % de la capacidad total obrera, conforme al dictamen de la pericial médica, solicitada por la parte actora y consentida por la demandada.
Medidas cautelares, protección de personas, transfusión de sangre
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Defensoría N°3 s/ Protección de Persona
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1998-08-24

Nos enrolamos en la corriente de opinión que privilegia la voluntad del paciente a rechazar una terapia cuando su decisión no afecte derechos de terceros ni medie interés público relevante que legitime la intervención estatal y compartimos en tal sentido los argumentos de los votos de los Dres. Belluscio y Petracchi expuestos en el fallo al que aludiéramos al comenzar el tratamiento de la cuestión, el caso Bahamondes, de similares características, en el cual los nombrados juristas recuerdan que "el derecho a la vida no sólo comprende en interés o derecho a seguir viviendo, sino también a que se mantenga la vida en su plenitud. El ser humano es un ser que se construye a si mismo, para hacerlo elaborar proyectos para su futuro, ese futuro es tiempo, su tiempo. El tiempo que le queda de vida, el tiempo restante para el cual puede proyectar y la propia muerte está incluida. La libertad, quizás sea acaso un bien inferior a la vida, pero sin la cual la vida misma no merece la pena vivirla.

Sólo cabe agregar que en el caso concreto, la dolencia de la paciente, por sus connotaciones no es una enfermedad que afecte las buenas costumbres, ni atente contra el derecho de los demás o los intereses generales (por ej. una enfermedad que se propague) y en virtud de la cual resulte factible sacrificar la faz individual.
Constitución Nacional, lesiones en riña, garantías procesales, presunción de inocencia, principio de legalidad, responsabilidad penal, culpabilidad
Materia: PENAL
Carátula: Antiñir,  Omar  Manuel  - Antiñir, Néstor Isidro - Parra Sánchez,Miguel  Alex s/ homicidio en riña y lesiones leves en riña y enconc. real.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-04

Las figuras penales previstas en los arts. 95 y 96 del Código Penal vulneran fundamentalmente los principios de inocencia y de responsabilidad penal personal o de culpabilidad por el hecho propio -como corolario del de legalidad-, amparados por la Constitución Nacional con especial vigor (Disidencia del Dr. Carlos S. Fayt).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación parcial
Materia: PENAL
Carátula: Dure, Jose Jorge Alberto s/ Robos reiterados
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-04-04

Es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que cuestiona los reconocimientos en rueda, pero deja firmes los restantes elementos meritados que resultan suficientes para conformar la prueba compuesta con la que la Cámara tuvo por acreditada la autoría responsable.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, libertad de circulación, Poder Legislativo Nacional, impuestos, transporte interno
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Estado Nacional c/ Arenera El Libertador  S.R.L. s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-18

Si bien es el Congreso Nacional el único facultado por la misma carta para reglar el tráfico interprovincial (artículo 67, inciso 12, de la Constitución Nacional), ello, en modo alguno, significa que pueda franquear el límite impuesto por sus artículos 9x a 12 que impiden afectar el mero tráfico interjurisdiccional con impuestos.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, medidas cautelares
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco Crédito Provincial S.A. Quiebra s/ en autos Banco Créd. Prov. S.A. Intervención judicial. Recurso de  queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-09-16

El pronunciamiento de la Cámara que establece que prosiga la intervención judicial mediante los funcionarios designados a propuesta del Banco Central con la finalidad y el alcance señalados en decisiones anteriores dictadas en el proceso de intervención, no reviste carácter definitivo en los términos de los arts. 278 y 296 del Código Procesal Civil y Comercial. (Minoría u opinión personal)
Recurso de apelación (procesal), tercera instancia, Código Procesal Penal de la Nación, silencio
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Duque  Salazar,  Francisco  Javier s/ su  presentación en causaD.1924.XXXVIII  "Duque  Salazar,  Francisco Javier - Dercan, DinaGloria s/ sus extradiciones.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-21

Ante el silencio del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación respecto de la solicitud del recurrente de que se hagan extensivos a su respecto los efectos del recurso interpuesto por la correquerida, corresponde acudir a las reglas del Código Procesal Penal de la Nación en la materia.
Accidentes de trabajo, trabajadores portuarios, trabajadores marítimos, estibador
Materia: LABORAL
Carátula: LASTRA, RAFAEL c/ CLEAN  S.R.L. s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-07-30

El estibador portuario se encuentra regido automáticamente por la ley 21429 y el CCT 121/75 que establece expresamente que en el accidente inculpable concepto que en lo que interesa equivale a incapacidad temporaria de accidente de trabajo se abonará el jornal básico únicamente ("De los infortunios del trabajo" art. 135 in fine CCT 121/75). Si pretendía el sistema de la LCT en el punto, debió el actor invocar -y acreditar- su condición de trabajador permanente.
Daños y perjuicios, incapacidad
Materia: CIVIL
Carátula: Aranda, Francisco c/ Autopistas Del Sol S.A. s/ Daños Y Perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-05-08

La indemnización por incapacidad sobreviniente debe valorar la disminución de aptitudes o facultades, aunque ésta no se traduzca en una disminución de ingresos, ya que aún la limitación para realizar en plenitud actividades domésticas o una actividad de relación social o familiar constituye un daño indemnizable por importar una lesión patrimonial indirecta.
Procedencia del recurso, dación en pago, regulación de honorarios, remisión del expediente, sentencia firme, intereses
Materia: PROCESAL
Carátula: Delgado, Ana María c/ Martínez, Americo y otros s/ cobros (ordinario) s/ incidente de embargo preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2021-02-09

Corresponde hacer lugar al recurso de apelación incoado en contra del decreto -que rechazó a la dación en pago formulada oportunamente- el que se deja sin efecto, en consecuencia se dispone que una vez firme la presente, vuelvan los autos a Primera Instancia a fin de que prosiga el trámite de la ejecución de conformidad a la providencia que dispone librar nuevo mandamiento de intimación. En efecto, la deuda cuyo pago persigue el ejecutante proviene de una sentencia regulatoria de honorarios firme, a la vez que, a diferencia de lo expuesto por el a quo, no se tratan de obligaciones litigiosas, pues no hay cuestionamiento sobre ellas. Le asiste razón al recurrente en cuanto la dación efectuada no cumple con los requisitos del art. 867 y ss del CCyCN, equivalentes a los arts. 742, 744 del CC respecto de la integridad y puntualidad del pago. Ello por cuanto si bien la demandada por una parte -reconociendo haber tomado conocimiento de la ejecución iniciada, sin oponer excepciones y otorgando razón al recurrente- se allana a la ejecución ofreciendo las sumas de dinero depositadas en autos; y por la otra objeta el monto reclamado indicando que dicha suma no corresponde por no ser la aseguradora condenada en costas y efectúa una estimación por una suma menor, es decir el allanamiento no fue liso y llano, sino condicionado.

De igual manera, la dación tampoco cumple con el requisito de integridad en los términos de lo normado por el nuevo art. 869 CCyCN, toda vez que la demandada no incluyó el cálculo por intereses -art. 870- y si bien hizo referencia a las sumas presupuestadas por el a quo para acrecidas, las mismas sólo son una estimación aproximada y provisoria, que no reemplaza al cálculo de intereses que debía efectuar, en especial porque además de cuestionar el monto de la ejecución, cuestionó la fecha a partir de la cual comenzaron a correr dichos intereses. Finalmente, el pago tampoco puede considerarse oportuno, dado que se efectuó luego de transcurridos más de tres años de quedar firme la sentencia regulatoria de honorarios y una vez trabado el embargo e iniciada la respectiva ejecución -todo lo cual es reconocido por la accionada-. En el caso, la dación surge como un simple ofrecimiento de pago, previa confección de la planilla respectiva por parte del ejecutante, sujeta en definitiva a la conformidad de la demandada y a que se ajuste a Derecho.
Empleados públicos, suspensión preventiva
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: De Cunto, Silvia Noemí c/ Municipalidad de Azul s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-10-28

Ante la imposibilidad de actuar la potestad disciplinaria, no existe causa jurídica que legitime la privación de los haberes dejados de percibir durante el lapso en que el agente permaneció suspendido preventivamnete "a las resultas del sumario...".
Jubilaciones, certificado de servicios, certificado de cesación de servicios, prueba
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Silva, José Alberto c/ INPS. -  Caja  Nacional  de Previsión de laIndustria, Comercio y Actividades  Civiles s/ dependientes: otrasprestaciones.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-02

Los certificados de servicios y remuneración y cese de actividades sólo constituyen la declaración de quien dice haber sido empleador de una persona por un período determinado, sin que constituyan por si solos una prueba que permita tener por acreditada una relación de trabajo.
Contratos comerciales, SEGBA, nota de débito, vencimiento del plazo
Materia: COMERCIAL
Carátula: SCHISSEL VIAL SA c/ SEGBA SA s/ COBRO DE PESOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-06

Aunque no se hubiera convenido plazo alguno de vencimiento relativamente a las notas de débito, cabe concluir en que a su respecto debe regir el mismo plazo que el expresamente escogido por las partes para las facturas ya que, en definitiva, se trata en ambos supuestos de sumas no pagadas por SEGBA y no hay razón especial de peso que aconseje apartarse del principio general adoptado en el contrato en punto a las facturas que instrumentan deudas de SEGBA.
Asociaciones sindicales, representación sindical, representación individual, representación del trabajador
Materia: LABORAL
Carátula: UTA Y OTROS c/ ESTADO NACIONAL PEN s/ AMPARO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-15

Si el objetivo propio de las asociaciones sindicales consiste en la defensa de los intereses de los trabajadores, (art. 2 de la ley 23551), las acciones sindicales deben contribuir a remover los obstáculos que dificulten la realización plena del trabajador, (art.

3 ley citada). En tal sentido puede concluirse que la tutela de derechos constitucionalmente protegidos ha de canalizarse a través de la acción sindical, gozando la asociación profesional con personería gremial, de facultades propias de actuación ante la justicia cuando se encuentran en juego derechos de dicha naturaleza. (Del voto del Dr.

Fernández Madrid).
Interpretación de la ley, aplicación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: Sigra SRL. s/ ley 23.771 - Causa n° 2953.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-09-25

La ley, por su naturaleza, no puede sino hablar "ut in pluribus", brevemente y en general previendo hipótesis tipo; los casos a juzgar son particulares, concretos y contingentes y por su indeterminación y multiplicidad no son siempre susceptibles de ser abarcados en su totalidad cuantitativa ni en su tipicidad cualitativa por la previsión del legislador (Disidencia del Dr.

Adolfo Roberto Vázquez).
Privatizaciones, empresas del Estado, propiedad participada, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, relación de dependencia, indemnización por despido, fallos de la Corte Suprema
Materia: LABORAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: CLARO, José c/ Y.P.F. S.A. Y OTRO s/ part. accionario obrero
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-26

En los casos en que mediaron negocios disolutorios de las relaciones de trabajo, en los términos del art. 241 LCT, las manifestaciones liberatorias de carácter general no alcanzan al derecho a la titularidad de las acciones, pues, a diferencia de lo que ocurre con la prestación del art. 13 de la ley 24.145, no se trata de un suplemento de las indemnizaciones por despido (Cfr. lo estableció la CSJN en la causa "Tarifa"), ni la subsistencia del carácter de trabajador dependiente es condición de su adquisición, ya que no se debe confundir un programa de propiedad participada con uno de "accionario obrero".
Recursos, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Luzio, Patricia Sandra c/ A.N.Se.S. s/ Pensiones
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-08-09

Corresponde rechazar el recurso extraordinario que prevé el art. 14 de la ley 48 interpuesto por la demandada, si el mismo no ha cumplido con el requisito vinculado a la cantidad de renglones por página exigido en el art. 1° del reglamento aprobado por la Acordada C.S.J.N. 4/07. (cfr. C.S.J.N. in re "Ciccocioppo Ceirano, Andrés Antonio c/ M° J. y DDHH - art. 3°, ley 24.043 - resol. 648/07 (ex. 150804/05)" sent. de fecha 16.02.10).
Concursos, efectos entre partes, acreedor privilegiado, intereses, aplicación de la ley
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Frigorífico Penta SA c/  s/ concurso preventivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-01

Es correcto que la sentencia verificatoria, por lógica aplicación de la LCQ 19 y 32, limite el reconocimiento del crédito a los intereses devengados hasta la fecha de presentación en concurso. En tal sentido, dicho pronunciamiento es preponderantemente declarativo ya que el juez, en la generalidad de los casos, se atiene a lo que resulta de relaciones establecidas entre acreedor y deudor con anterioridad a la presentación en concurso (conf. Maffía, "Verificación de Crédito", pág. 248, año 1982). De allí, que, homologado el acuerdo para los acreedores quirografarios, un acreedor laboral, como en el caso y cuyo crédito se encuentra excluido del mismo, pueda reclamar los intereses devengados por el capital desde el día del concursamiento hasta su efectivo pago, de acuerdo a lo previsto por la LCQ 19 in fine. En definitiva, como la sentencia dictada cfr. LCQ 36, fue declarativa de los créditos insatisfechos con anterioridad a la iniciación del proceso universal, no puede la deudora alegar válidamente que la falta de un reconocimiento expreso obstaculice la posibilidad de formular su reclamo una vez habilitadas las vías pertinentes (cfr. LCQ 57).
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, derecho de propiedad, derechos adquiridos, orden público, proceso judicial
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: ABEL TEODORO CATUZZI c/ Lamas, Luis s/ INCIDENTE  DE  EXCEPCION  DE COMPETENCIA ART. 10 LEY 23049 SOBRE AREA  PARANA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-29

No existe derecho adquirido a ser juzgado por un determinado procedimiento, pues las leyes sobre procedimiento y jurisdicción son de orden público, especialmente cuando estatuyen acerca de la manera de descubrir y perseguir los delitos
Puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, responsabilidad del Estado por actos ilícitos, responsabilidad del funcionario público
Materia: CIVIL
Carátula: VARELA, JORGE RAUL c/ E.N.  (P.E.N.) s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-28

En los casos de detenidos a disposición del P.E.N. la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostiene que la responsabilidad del estado encuadra en el art. 1.112 C.C. que es directa y no indirecta como pretende la demandada toda vez que la actividad desarrollada por los órganos y funcionarios estatales debe ser considerada como propia del estado por lo cual debe responder de modo principal y directo por consecuencias dañosas.
Control de constitucionalidad, cuestión abstracta, Ley de Concursos, interpretación del contrato, mutuo hipotecario, acreedor hipotecario
Materia: CIVIL - COMERCIAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Banco Europeo para América Latina. c/ Cruz Hnos I.M.S.A. s/ quiebra - Incidente de revisión.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-09-08

Resulta abstracto el planteo de inconstitucionalidad del art. 4, segunda parte, de la ley 19.551, por no ser aplicable al caso en que, del juego armónico de las claúsulas de los contratos surge que el pago de los mutuo hipotecarios debió ser efectuado en la Ciudad de Buenos Aires, lo que adquiere relevancia en la perspectiva de lo dispuesto en los incs. 1 y 7 del art. 731 del Código Civil respecto a la validez del pago al legítimo representante del acreedor o al tercero indicado; debiendo entenderse que en autos, no se estableció como lugar exclusivo de pago de la obligación el extranjero, máxime teniendo en cuenta, que el acreedor hipotecario ejercitó la opción, prevista en el acuerdo, de someter a la jurisdicción de los tribunales argentinos la controversia relativa a la ejecución.
Intereses, tasa pasiva
Materia: CIVIL
Carátula: "BARANI  MONTES,  Mónica Edith c/ SIGEN - Resol. 112/05 s/ empleopúblico".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-14

El artículo 622 del Código Civil establece que el deudor moroso debe los intereses convenidos en la obligación, desde el vencimiento de ella. Asimismo, la referida disposición establece que si no hay intereses convenidos, se deben los intereses legales que las leyes especiales hubiesen determinado. Por otro lado, el citado artículo indica que si no se hubiere fijado el interés legal, los jueces determinarán el interés que se debe abonar. Esta Sala -en concordancia con la postura de la Corte Suprema de Justicia de la Nación- ha sostenido que, en los casos en que no se encuentre estipulada la tasa de interés, corresponde la aplicación de la tasa pasiva que publica el Banco Central de la República Argentina -conf. art. 10 del Decreto N° 941/91, Comunicación N° 14.290 BCRA- (Fallos 315:158; 315:1209; 328:4507; 334:376), criterio que no aparece como irrazonable en las circunstancias de autos.
Regímenes jubilatorios especiales, abogados, cómputo de servicios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Rentería Beltrán, Raúl R. c/ Caja de Previsión Social para Abogados de la Pcia de Bs. As. s/ Demanda Contencioso Administrativa.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-09-30

No siendo impedimento para la concesión del beneficio jubilatorio a los abogados la falta de ajustes mínimos por el período anterior a la vigencia del dec. ley 10.472/56, no puede desecharse sin mas el ejercicio profesional a partir de la fecha de la inscripción inicial hasta el 1/5/49, admitiéndose -ante la imposibilidad de obtención de medios probatorios- como suficiente que se indique el juzgado y secretaria en que tramitara la causa en que intervino el postulante para el cómputo de tales años.
Acción de inconstitucionalidad, intervención de terceros
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: FUNDACION BIOSFERA Y OTROS c/ MUNICIPALIDAD DE LA PLATA s/ INCONST. ORD. Nº 10.703
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-12-18

Si surge "prima facie" de las constancias de los autos que el resultado del pleito puede afectar a un sujeto distinto de aquél que sancionó la ley, decreto, ordenanza o reglamento impugnado, en sus intereses propios, corresponde que sea citado en el carácter de tercero.
Abuso sexual, prisión preventiva, condena condicional
Materia: PENAL
Carátula: P. c/ M. A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2011-06-30

En el sub judice, cabe destacar que actualmente el acusado se encuentra bajo prisión preventiva por abuso sexual, sin acceso carnal, continuado en los términos de los arts. 119, primer párrafo, primer supuesto, y 55 a contrario sensu del CP, por lo cual si en ese proceso se tratase de hechos posteriores al que motivó la condena condicional, en caso que fuere condenado nuevamente, le corresponderá pena efectiva.

Si se tratara de hechos anteriores, en caso siempre de resultar condenado, tampoco en principio- le correspondería una condena condicional puesto que en la presente causa ha alcanzado el máximo monto (3 años) que puede ser impuesto bajo esta modalidad. En síntesis: con la presente condena el imputado ha agotado toda chance de obtener idéntico beneficio en caso de ser condenado en el proceso en trámite.
Prueba, apreciación de la prueba, dictámenes, jueces, deberes del juez, sentencia, fundamentos suficientes
Materia: PROCESAL
Carátula: Enrique, Ricardo Florencio c/ Enrique, Eduardo s/ Escrituración. Recurso de Inconstitucionalidad (Expte. CSJ Nº 507-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-09-01

Si bien se reserva al juez la facultad de evaluar el mérito probatorio judicial, aquél no puede apartarse del mismo sin expresar las razones que tiene para ello.