Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-03-25


SENT Nro. 160 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 25 DE MARZO de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana, René Mario Goane y Alfredo Carlos Dato, bajo la Presidencia de su titular doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, para considerar y decidir sobre el recurso de |casación interpuesto por la parte demandada en autos: "Carrizo, Juan Bautista y otros vs. LV7-Radio Tucumán de la Suc. de Luis Pericas s/Acción de amparo".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Alfredo Carlos Dato, René Mario Goane y Héctor Eduardo Aréa Maidana, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Alfredo Carlos Dato, dijo:

1.- Contra la sentencia dictada por la Sala IVa. de la Excma. Cámara del Trabajo el 05/6/2002 (fs. 255/256), la parte demandada dedujo recurso de casación, el que fue concedido por dicho Tribunal mediante pronunciamiento del 22/8/2002 (fs. 266 y vta.). Consta en informe actuarial de fs. 273 que al vencimiento del plazo previsto por el art. 137 del CPTT, ninguna de las partes ha presentado memorial.

2.- La causa se inicia con una acción de amparo deducida por los actores, tendiente a impedir la transferencia de un fondo de comercio que intentaba realizar la accionada a favor de LV 7 Radio Tucumán S.A., solicitándose en el mismo escrito el dictado de una medida de no innovar y la traba de un embargo preventivo (fs. 6/12).

El Sr. Juez de Conciliación y Trámite de la Ia. Nominación desestimó la acción de amparo, rechazó la medida de no innovar peticionada y dispuso la traba de un embargo preventivo por $126.710 con más la suma de $35.000 por acrecidas sobre el producto de la transferencia del fondo de comercio de la empresa demandada a la razón social compradora (fs. 20/22), embargo que a fs. 90/91 fue declarado abstracto por el Juzgado interviniente.

A fs. 113 el Dr. Alejandro Torres solicitó regulación de honorarios, y previa sustanciación de la estimación efectuada por el letrado, el Juzgado emitió pronunciamiento en el que considera a la cautelar inmersa en la normativa del art. 62 de la ley 5480, toma como base el monto asegurado de $161.710, y regula honorarios al Dr. Alejandro Torres en la suma de $10.752 y al Dr. Carlos Ruiz Núñez en $6.616 (fs. 122 y vta.).

El demandado interpuso recurso de apelación contra dicho fallo, el que fue rechazado por la Sala IVa. de la Excma. Cámara del Trabajo a fs. 135/136, fundado en que el apelante no cuestionó expresamente la base regulatoria, que las pautas aplicadas en la regulación de honorarios recurrida resultan adecuadas a la labor profesional desarrollada, y que los honorarios determinados no violentan las escalas previstas en la ley arancelaria.

Contra este decisorio se dedujo recurso de revocatoria, que primeramente no fue admitido por la Cámara, pero luego de tramitado y acogido parcialmente el recurso de casación obrante a fs. 244/246, fue resuelto y rechazado a fs. 255/256 de autos. Allí se consideró que la sentencia no es incongruente por cuanto de la apelación de fs. 130/131 no surge que la accionada haya cuestionado expresamente la base regulatoria; que en autos no se da ninguna de las hipótesis que prevé la ley nº 24.432 (art. 8) para la fijación del tope del 25%, pues no existe condena, laudo, transacción ni instrumento que ponga fin al diferendo; y que los honorarios regulados no violentan las escalas previstas por la ley arancelaria como lo alegaba el recurrente.

3.- Señala la demandada que la expresión de la alzada acerca de que la valoración es privativa del Juez, encierra una expresión dogmática. Entiende que si el propio Juez ha manifestado que no existe monto para determinar los honorarios, si solamente prosperó un embargo preventivo trabado el mismo día que se publican los edictos de rescisión de la transferencia del fondo de comercio, si ha habido una oposición clara a la base regulatoria propuesta por la actora solicitándose expresamente la aplicación del art. 16 de la ley 5.480 y que en base al resultado y eficacia de la labor se aplique el art. 39, surge evidente la ignorancia del texto legal y la regulación voluntarista.

Afirma que existe una contradicción en los dichos del tribunal, puesto que si por un lado sostiene que no existe sentencia de condena, laudo, etc., y por el otro confirma los honorarios, se pregunta cuál es entonces la motivación para confirmarlos. Asevera que también se contradice al decir que el fin de la ley 24.432 es la desregulación en materia de servicios profesionales a la vez que afirma que sigue vigente la ley 5480.

Sostiene que no se ha tenido presente en la resolución de la revocatoria el estudio minucioso y detallado efectuado de la ley 5480. Postula que este proceso carece de monto y por lo tanto debieron tomarse únicamente las pautas del art. 16 de la ley, y que si tanto el inferior como la alzada entendieron que este juicio tenía una base regulatoria, en tal supuesto debió además aplicarse la ley 24.432.

Señala que la regulación practicada por la alzada viola la ley que dice aplicar, pues del art. 44 de la ley 5480 surge que los procesos sumarísimos (que podría aplicarse al amparo) tienen dos etapas, y al haberse cumplido una sola de ellas el monto asegurado debe reducirse a un 50%. Por otro lado, expone que del art. 60 de la ley 5480 surge que el caso no se trata de una medida cautelar autónoma sino consecuencia de una acción de amparo, razón por la cual debe regularse entre el 10% y el 30% del juicio principal.

Reproduce el estudio de las disposiciones de la ley 5480 efectuado en el recurso de revocatoria, y manifiesta que la Cámara se ha limitado a expresar que los montos determinados no violentan la escala prevista por la ley arancelaria, ignorando sus expresas disposiciones y sin decir qué articulado es aplicable, resultando dogmática, genérica y voluntarista.

4.- El recurso ha sido interpuesto en término (art. 132 CPTT), contra sentencia definitiva (art. 130 CPTT), se invocan suficientemente los motivos previstos por el art. 131 inc. a), y no cabe exigir el afianzamiento previsto por el art. 133 del CPTT.

5.- De las constancias de la causa se advierte que, contrariamente a lo sostenido por la Cámara al rechazar primero el recurso de apelación (fs. 135/136) y luego el de revocatoria (fs. 255/256), el recurrente sí ha cuestionado suficientemente la base regulatoria tenida en cuenta por el Juzgado interviniente en la regulación de honorarios efectuada mediante sentencia del 09/5/2000 a fs. 122 y vta.

En efecto; el recurrente sostuvo al oponerse a la estimación efectuada por el Dr. Alejandro Torres a fs. 116, que como en autos no existen pautas de estimación de honorarios por la naturaleza no pecuniaria de la acción intentada, lo que corresponde es acudir a las que fija nuestra ley de aranceles en el art. 16 para establecer honorarios en caso de no existir base regulatoria determinable, y solicita que como no se cumple con ninguna de ellas, se fijen los honorarios como una consulta mínima escrita, o sea la suma de $ 180 (ver fs. 120).

Con posterioridad, al introducir el recurso de apelación, el recurrente rebatió la base regulatoria constituida por la suma de $161.710 resultante de lo ordenado a embargar más sus acrecidas. Es así que expresamente sostuvo en el escrito de apelación (fs. 130 vta.) que no existe base regulatoria determinable, agraviándose además de que no fueron tenidas en cuenta por el Juez las expresas disposiciones del art. 16 de la ley 5480 y de que no se cumplió con las pautas expresadas en esta norma, refiriendo en reiteradas ocasiones que todo ello ha sido manifestado en su oposición a la estimación y mencionado genéricamente por el Juez sin valorarlo.

De lo hasta aquí expuesto, surge que el fallo no se ajusta a las constancias de la causa y por ende deviene infundado en cuanto considera que la accionada no cuestionó expresamente la base regulatoria en la apelación de fs. 130/131; por el contrario, de las consideraciones efectuadas resulta que, a partir de su oposición a la estimación de fs. 116, el recurrente adoptó indubitablemente la postura de que al ser la acción entablada de naturaleza no pecuniaria, no existe base regulatoria determinable, por lo que la regulación de honorarios debía efectuarse conforme a las pautas que fija la ley de aranceles nº 5480 en su art. 16, postura que fue mantenida por el recurrente al fundamentar el recurso de apelación contra la sentencia.

A ello cabe añadir que las concretas circunstancias del caso impiden exigir al recurrente la expresión de su criterio acerca de cuál sería la base adecuada, pues la posición asumida en la apelación encierra el criterio de que en autos no existe base regulatoria determinable. Por lo demás, la constante referencia en la apelación a lo expresado en el escrito de oposición, evidencia a todas luces que para la demandada se mantenía vigente su convicción de que los honorarios pertinentes serían los estimados en aquel escrito (fs. 119/120 y vta.).

Las consideraciones efectuadas evidencian que la solución dada al recurso de apelación se sustentó en fundamentos aparentes que determinaron que se soslayara el tratamiento de una cuestión que había sido expresamente introducida por el apelante, razón por la cual cabe descalificar al fallo por arbitrario.

Al respecto, esta Corte tiene dicho: "si el Tribunal de alzada prescinde absolutamente del análisis de circunstancias decisivas para la solución del pleito, como asimismo resuelve las cuestiones planteadas de un modo dogmático, sustentándose en fundamentos aparentes apoyados en la mera voluntad del tribunal, el fallo deviene arbitrario" (Cfrme. CSJTuc., in re "Soria Ramón José vs. Mena Celina María s/ daños y perjuicios", sent. del 17/5/96).

En mérito a lo expuesto, corresponde CASAR la sentencia impugnada conforme a la siguiente doctrina legal: "Es arbitraria y por ende nula, la sentencia que con fundamentos aparentes, omite considerar una cuestión expresamente introducida por el apelante"; y remitir los autos a la Excma. Cámara del Trabajo, a fin de que, por intermedio de la Sala que por turno corresponda, dicte un nuevo pronunciamiento.

6.- Atento a que el vicio que ocasiona la nulidad proviene del órgano jurisdiccional, corresponde imponer las costas de este recurso por su orden (arts. 49 CPTT y 106 inc. 1° CPCCT).

Los señores vocales doctores René Mario Goane y Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia dictada por la Sala IVa. de la Excma. Cámara del Trabajo el 05/6/2002 (fs. 255/256), y en consecuencia, CASAR la misma en base a la doctrina legal sentada en los considerandos, debiéndose remitir los autos al referido Tribunal, para que, por la Sala que por turno corresponda, dicte un nuevo pronunciamiento.

II.- COSTAS conforme se considera.

III. DIFERIR regulación de honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.

HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA RENE MARIO GOANE ALFREDO CARLOS DATO