marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, regulación de honorarios, ley arancelaria, derecho de propiedad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Shell CAPSA: s/ recurso de apelación -  IVA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-02-09

Si bien lo atinente a los honorarios regulados en las instancias ordinarias constituye materia ajena al recurso del art. 14 de la ley 48, toda vez que la determinación del monto del litigio, la apreciación de los trabajos profesionales cumplidos y la interpretación y aplicación de las normas arancelarias, son como principio, en razón de su carácter fáctico y procesal, insusceptibles de tratamiento en la instancia extraordinaria, corresponde hacer excepción a dicha regla cuando la regulación de los honorarios profesionales ha sido practicada con notorio apartamiento de las normas arancelarias aplicables, lo que redunda en evidente menoscabo de la garantía de la propiedad.
Expresión de agravios, suficiencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Vera Velázquez, Stela Mary c/ Reuter, Neyll s/ Filiación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-11-04

Sabido es que la apelación resulta notoriamente insuficiente cuando alguna de las premisas conclusivas del fallo - con entidad bastante para sostenerlo, como aquí sucede- permanece inatacada por parte de quien apela (art. 260 y 261 del C.P.C.C.) o bien, que transita por carriles distintos a los que vertebra el fallo y se desentiende de la estructura argumental y jurídica del mismo.
Accidentes de trabajo, acción civil por accidente de trabajo, cosa riesgosa, garlopa
Materia: LABORAL
Carátula: LIBERATORE, RAFAEL NICOLAS c/ SEBASTIAN MARONESE E HIJOS  S.A.  Y OTRO s/ ARTICULO 1113 CODIGO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-06-30

El riesgo de la garlopa se encuentra constituido por su propia estructura, que responde a su finalidad. En efecto, posee cuchillas, es decir elementos cortantes expuestos que la convierten en apta para dañar a quien la manipula, durante su normal utilización. Ello basta para incluirla en el catálogo de las cosas riesgosas y para considerar reguladas por la segunda parte del artículo 1113 del Código Civil las cuestiones relativas a los daños por ella causados.
Deuda pública, régimen de consolidación de deudas, obras sociales, aplicación de la ley, ejecución de sentencia
Materia: COMERCIAL
Carátula: MARCOS HUGO LIBEDINSKY SA c/ OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA DEL CUERO Y AF. s/ INCUMPLIMIENTO DE PRESTACION DE OBRA SOCIAL.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-12

Aunque la Ley 24.070 no es de aplicación automática, porque deben ser cumplidos los pasos que ordena el decreto 1723/92, corresponde diferir la definición del tema para la etapa de ejecución, una vez habida cosa juzgada sobre la existencia de la deuda y su entidad económica. Ello es así, porque ha de ser preferida la solución que mejor armonice con la finalidad perseguida por la ley, máxime tratándose de una normativa excepcional dictada en el marco de la legislación de emergencia (cfr.

Sala II, Causa 3.934/91 del 20.6.96, su doctrina).
Recurso de inconstitucionalidad, trámites judiciales, resolución denegatoria, notificación por cédula, notificación automática
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: MAINELLI, RAUL c/ CHARRUA CIA SAICF s/ COBRO DE PESOS    QUEJA  POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD      CSJ EXPTE NRO 359-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-09-27

De una interpretación sistemática de nuestro Código Procesal Civil y Comercial, es decir no circunscribiéndola a una aplicación estrictamente literal del artículo 61 de ese Código, se infiere que el auto que deniega el recurso de inconstitucionalidad debe ser notificado por cédula. Conduce a esta conclusión la norma contenida en el inciso 7) del artículo 62 del citado Código, que establece esa modalidad notificatoria para los "autos interlocutorios con fuerza de tales", pues ninguna duda cabe que el auto fundado que exige el artículo 6 de la ley 7055 constituye un interlocutorio con virtualidad para otorgar definitividad al decisorio recurrido.
Error inexcusable, proceso judicial
Materia: CIVIL
Carátula: Aragón de Bazán Claudia c/ Romano Segunda Raquel y otro s/ acción revocatoria o pauliana
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-10-18

La presentación errónea de escritos judiciales ante otro juzgado impide que pueda otorgárseles validez, y tiene por efecto que no se tomen en cuenta los cargos puestos en ellos, teniendo en consideración que las razones esgrimidas para justificar el error no alcanzan para calificar al mismo de excusable, máxime cuando la derivación del juicio a otra unidad jurisdiccional fue motivada por la propia accionante, por lo que no puede alegar desconocimiento o confusión al respecto.
Obligación tributaria, facultades tributarias, facultades no delegadas
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Alpha Shipping S.A. c/ Provincia de T.D.F. A. e I.A.S. s/ contencioso administrativo - medida cautelar
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-07

Entre las materias no delegadas por las provincias a la Nación se encuentra su poder tributario, pues entre los derechos que hacen a la autonomía de ellas es primordial el de imponer contribuciones y percibirlas sin intervención de autoridad extraña (Disidencia del juez Rosatti).
Prescripción tributaria, cómputo del plazo
Materia: TRIBUTARIO-ADUANERO-CIVIL
Carátula: Toyota S.A. c/ Administración Tributaria Mendoza s/ Acción Procesal Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2023-03-02

El comienzo del cómputo del plazo de prescripción de obligaciones fiscales relativas al impuesto sobre los ingresos brutos, se ubica en el 1 de enero del año siguiente al período fiscal respectivo, al tratarse de un tributo anual en el que el período fiscal es el año calendario.
Aclaratoria (procesal), sentencia, error inexcusable
Materia: PROCESAL
Carátula: CARMELE, JORGE JAVIER Y OTROS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción - Aclaratoria-Revocatoria in extremis- nulidad(Expte.: C.S.J. Nº. 692 Año 1994)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-05-21

Debe rechazarse de plano el recurso de aclaratoria interpuesto contr a el decisorio por el que la Corte resolvió declarar perimida la instancia e imponer las costas a la parte actora, por cuanto no se presenta en el auto cuestionado omisión de pronunciamiento alguna, error material u obscuridad que lo torne admisible. En efecto, la pretensión de la actora en este punto estriba en un cambio del "thema decidendum" de la resolución, lo que resulta inadmisible.
Pena, derechos y garantías constitucionales
Materia: PROCESAL PENAL -CONSTITUCIONAL -PENAL
Carátula: TREPAT, ROBERTO DARIO s/ GARANTIAS CONSTITUCIONALES
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-06-24

Nuestro sistema constitucional ha consagrado, como garantía para los ciudadanos, la regla "nullum crimen, nulla poena, sine praevia lege poenali". La máxima implica prohibir: a) la aplicación de penas no establecidas por una ley previa al hecho, salvo las excepciones determinadas por el principio de benignidad; b) la conminación de una pena por la ley sin determinar el delito a que corresponde; c) la conminación de una pena por la ley sin determinar su naturaleza y medida; d)la agravación (sin ley que la autorice) de la pena legal correspondiente a un delito; e)la desnaturalización práctica del modo de ser o de la medida de la pena conminada por la ley.

La garantía consiste, en una palabra, en que el hecho cometido por una persona sólo puede ser considerado delictivo en los aspectos y en la medida en que lo declare una ley anterior a su comisión, y en que ese hecho sólo puede ser castigado en la forma y en la medida que establece esa ley.

Por ello, no puede aplicarse una pena diferente a la legalmente constituida, aún en el supuesto que ella fuere inferior a ésta sin que se afecte el carácter igualitario de la ley penal, desde que, fuera de las relaciones del sujeto con la acción punible y más allá de las circunstancias que determinan la individualización de la pena, conforme con los arts. 40 y 41 u otros que con este punto se vinculen, ninguna otra situación personal puede fundar una diferencia en casos iguales.

En el caso, corresponde casar el pronunciamiento por el cual el Juez Correccional condenó al acusado como supuesto autor del delito de homicidio culposo a la pena de tres meses de prisión en forma de ejecución condicional y cinco años de inhabilitación especial para conducir vehículos automotores, pues le aplica una pena inferior a la establecida en el art. 84 C.P..-
Acción de amparo, habeas data, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: R., T. A. s/ AMPARO s/COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-02-07

La reforma constitucional de 1994 ha incorporado el habeas data, derecho que tiene toda persona a "interponer la acción de amparo para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registro o bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquéllos" (apartado 3 del art. 43 de la Constitución Nacional).
Contratos administrativos, pliego de bases y condiciones, principio de legalidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Espacio  S.A. c/ Ferrocarriles Argentinos s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-22

En virtud del principio de legalidad debe entenderse que el sentido, la validez e incluso la eficacia de las previsiones de los pliegos de condiciones generales queda subordinada a lo establecido en la legislación general aplicable al contrato, que los pliegos tienen por finalidad reglamentar.
Hurto de automotor, aplicación de la ley penal, aplicación temporal de la ley penal, ley vigente, ley derogada, decreto ley, validez de la ley
Materia: PENAL
Carátula: RODRIGUEZ, A. R. s/ AUTOMOTORES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-14

El decreto ley 6582/58 no se halla vigente en sus disposiciones penales pues, en su versión original contenía las disposiciones penales cuya vigencia la jurisprudencia actualmente discute. Con posterioridad resultan derogadas en función de la ley de facto 17567 y recuperan vigencia por mención expresa de la ley 20509, para volver a perderla con la ley de facto 21338. No obstante entre la ley de facto 17567 y la ley 20509 se reordenó por ley de facto el texto del citado decreto, en forma que su redacción vigente contiene otros textos en los correspondientes a los artículos de su primitiva numeración con contenido penal. Al no mencionarlo expresamente la ley actual se crea una situación de incertidumbre jurídica que afecta seriamente el principio de legalidad, y, en la duda, dada la deficiente técnica legislativa, es menester inclinarse por la solución que resulte más favorable a la seguridad jurídica, que es la que postula esta Sala, considerando que esos dispositivos -que ya no existen en el texto vigente del mencionado decreto- no han recuperado vigencia.
Medidas cautelares, sentencia definitiva, seguro ambiental
Materia: PROCESAL
Carátula: Fundación Medio Ambiente c/ EN - PEN - dto. 1638/12 - SSN - resol. 37.160 s/ medida cautelar autónoma
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-12-11

Si bien las resoluciones que ordenan, deniegan, modifican o levantan medidas cautelares no revisten el carácter de sentencias definitivas en los términos que exige el artículo 14 de la ley 48, dicho principio no es absoluto pues cede cuando aquellas resoluciones causen un agravio que, por su magnitud y circunstancias de hecho, pueda ser objeto de insuficiente o imposible reparación ulterior o cuando pronunciamientos de esa especie pueden alterar el poder de policía del Estado o exceden el interés individual de las partes y afectan al de la comunidad; como sucede en el caso, en el cual se suspendió cautelarmente la vigencia del decreto 1638/12, reglamentario del seguro ambiental, y de la resolución de Superintendencia de Seguros de la Nación 37.160/12, que aprobó las condiciones generales del seguro obligatorio de caución por daño ambiental.
Accidentes de trabajo, incapacidad permanente, reparación integral, enfermedad profesional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Goles  Jorge  Omar c/ Casino  Buenos Aires SA y otro s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-07-13

La ley 24557 establece que la incapacidad laboral permanente de un trabajador que ha sufrido un accidente o enfermedad laboral tiene carácter provisorio mientras no sea declarado su carácter definitivo y otorga un plazo de hasta 50 meses. Al momento del reclamo no estaba determinada la incapacidad definitiva que advino con el informe pericial médico por lo que el reclamo debe prosperar. BN 323
Intereses, tasas de interés, convertibilidad, jueces, facultades del juez, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Simonet, Mario Armando c/ La Primera de Ciudadela S.A. Línea 289 s/ despido.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-04

La determinación de la tasa de interés a aplicar en los términos del art. 622 del Código Civil como consecuencia del régimen establecido por la ley 23.928, queda ubicada en el espacio de la razonable discreción de los jueces de la causa que interpreten dichos ordenamientos sin lesionar garantías constitucionales.
Recurso de casación penal, inadmisibilidad del recurso, sentencia arbitraria, unificación de penas, cómputo de la pena
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Ch., M. s/ Violación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1990-04-18

De una atenta lectura del fallo impugnado en sus partes pertinentes no puede concluirse, como lo hace la defensa, que la Excma. Cámara de Apelaciones haya expresado su voluntad de beneficiar al acusado con el mínimo legal aplicable a la especie que nos ocupa, sino más bien de reducir la condena recaída en primera instancia en base a las pautas que el mismo tribunal establece motivando su determinación, lo cual se ajusta a derecho aunque pueda reprocharse el cálculo realizado con miras a unificar los extremos de las normas penales en juego para la solución del caso.
Contratos administrativos, teoría de la imprevisión, interpretación del contrato
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cantarelli y Moguiliansky c/ Municipalidad de Gral. Pueyrredón s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-09-28

El contratista particular se encuentra obligado a adoptar precauciones ordinarias y asumir el riesgo empresario derivado de acontecimientos normales, pero el conflicto interpretativo se suscita cuando el evento dañoso supera la aptitud normal de previsión.
Accidente de tránsito, eximentes de responsabilidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Cáceres Benítez Mirta c/ Arce Rubén Alberto y otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-06-04

Tornándose inviable prohijar una condena conjunta y solidaria de los accionados si la intervención de uno de ellos aparece como una mera circunstancia ocasional -el simple estar allí recibiendo el impacto -, que lo exime de responsabilidad al haberse probado la culpa de un tercero por quién no debe responder (art.1113, Código Civil)
Acción civil, culpa concurrente
Materia: LABORAL
Carátula: Belardi, Victor Hugo c/ Robles, Antonio y otra s/ Indemnización por accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1992-04-08

Si ha mediado una conjunción entre el riesgo que el funcionamiento de la máquina usada implicaba y el accionar de la víctima que omitió actuar con la precaución que las circunstancias requerían, debe atribuirse la responsabilidad por el accidente a ambas partes en la misma proporción pues si bien el daño sufrido por el trabajador fue ocasionado por una cosa que era riesgosa -máquina sobadora que trabaja con rodillos giratorios-, ha de computarse que él, con su conducta, contribuyó para que se produjera el accidente -trató de desatascar la máquina con sus manos-; en consecuencia, corresponde declarar que ha mediado culpa concurrente entre el trabajador y su empleador en la extensión del cincuenta por ciento a cada uno.
Recurso de casación, sentencia, cuestiones procesales
Materia: LABORAL
Carátula: QUAINELLE RAMON ALBERTO c/ GOBIERNO DE LA PCIA. DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-09-10

Si bien las materias que se vinculan con cuestiones de índole fáctica y procesal son ajenas en principio por su naturaleza al ámbito del recurso casatorio, dicho principio cede cuando, los fundamentos esgrimidos por el sentenciante no constituyen derivación razonada del derecho, conforme las constancias de la causa y aplica mecánicamente principios procesales, causando un agravio de imposible reparación posterior. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Daño moral, sucesores
Materia: CIVIL
Carátula: S, J. y Otra c/ P., G. y Otra s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-11-15

"La única condición a que somete la ley a la acción por daño moral a los efectos de posibilitar su transmisión hereditaria, es que haya sido promovida en vida por el damnificado. Ello surge de la norma contenida en el art. 1.099 del CC que, aunque referida a los delitos y, en especial a las "injurias y difamación", debe interpretarse como comprensiva de todos los agravios morales. Por otra parte, la propia naturaleza de los derechos lesionados y la calidad intrínseca del daño moral exigen del sujeto así agraviado una manifestación externa -la acción en justicia- que evidencie su intención de reclamar al victimario, una compensación pecuniaria que mitigue el dolor, su sufrimiento, su violencia espiritual, sus padecimientos morales, en tal sentido el art. 1.078, 2º parte".
Fallos de la Corte Suprema, traba del embargo, retiro voluntario, confirmación de sentencia
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Hernandez, Jose Antonio c/ Enriquez, Eduardo Luis s/ cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-11-27

Así expresé: [...]"La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que si el propietario, al momento de la traba del embargo, no revestía la calidad de deudor privilegiado, no se encuentra comprendido en el supuesto de inembargabilidad consagrado por el art. 20 de la Ley Orgánica del Banco Hipotecario (autos "Cárdenas c/ Bach", 7/10/1996, Fallos 266:27). En el precedente señalado el embargo sobre el inmueble hipotecado fue trabado con fecha 8 de agosto de 1961, en tanto que el Banco Hipotecario reconoció la transferencia realizada por el deudor originario a favor del ejecutado (contrato de fecha anterior a la traba del embargo) el 15 de febrero de 1965. "En un fallo más reciente la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Mendoza (Sala I, autos "D.G.R. c/ Guevara Civit", 10/11/1999, LL on line AR/JUR/2420/1999), con voto de la Dra. Kemelmajer de Carlucci adoptó una resolución que, en definitiva, adhiere a la postura de la Corte Nacional. [...] "En definitiva, surge la misma conclusión del fallo de la Corte Suprema Nacional: no puede invocar el privilegio (la inembargabilidad) quién, al momento de la traba de la medida cautelar, no era deudor privilegiado. [...] "Trasladando estas conclusiones al sub lite, a los argumentos antes transcriptos se agrega que, tal como lo interpreta el citado Tribunal, si el pagaré de fs. 5 fue rubricado mientras el sujeto se encontraba bajo un régimen que habilitaba el embargo sobre sus haberes -3/9/09-, corresponde que ello se concrete aun cuando aquella situación se alteró por expresa decisión de la afectada, en el caso, por adherirse al retiro voluntario el 1/7/15. (Del voto del Dr. Marcelo MEDORI, en mayoría en la fundamentación).
Remuneración, recibo
Materia: LABORAL
Carátula: DUPERIAL  S.A. c/ MINISTERIO DE TRABAJO s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-19

El recibo de sueldo cumple una función informadora para la Autoridad de Aplicación, en su calidad de contralor de las obligaciones a cargo de la empleadora, razón por la cual no puede el empresario apartarse de dicho sistema legal invocando una mera conveniencia económica.
Despido, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: VILLAVICENCIO, EDUARDO RUBEN c/ TRANSPORTE AUTOMOTOR CIUDAD DE GUALEGUAYCHU s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1992-11-13

El despido es la más grave sanción en el ámbito del contrato de trabajo; por ello requiere de una demostración convincente del incumplimiento que se imputa, no pudiendo admitirse como legítima la extinción del contrato en base, solamente, a la versión del encargado del contralor sin que cuente con sostén probatorio quereúna aquella particularidad.- Tampoco pueden servir de justificantes del despido los antecedentes desfavorables del trabajador, pues se tratan de faltas sancionadas oportunamente que ahora no pueden ser computadas sin perjuicio del principio "non bis in ídem".
Accidente de tránsito, ambulancia, responsabilidad concurrente
Materia: CIVIL
Carátula: ALBA, MARÍA GRISELDA y PAZ, RAFAEL RAMÓN c/ ESTADO PROVINCIAL s/ ORDINARIO POR DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2013-04-30

La provincia de Jujuy debe responder de forma concurrente con el aumovilista que fue embestido por una ambulancia del Estado en un cruce de calles, por los daños derivados del accidente, en tanto si bien, la ambulancia gozaba de prioridad de paso no sólo por la urgencia sino por provenir del lado derecho de circulación, trasgredió el límite máximo de velocidad, tanto el fijado para una calle (40 km/h según Art. 51 inc. a) Ley 24.449), como el establecido para las encrucijadas urbanas sin semáforo, mientras que, si bien el rodado embestido ya había llegado al cruce de las arterias cuando fue impactado, se desplazaba a una velocidad reducida que implicó para el conductor un mayor tiempo de reacción, máxime con la existencia de un espejo en la esquina en el que el actor debió observar la aproximación de la ambulancia.
Acción meramente declarativa, sentencia condenatoria
Materia: CIVIL
Carátula: KING  S.R.L. c/ M.C.B.A. s/ ACCION DECLARATIVA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-30

Los presupuestos de viabilidad de la acción meramente declarativa son: que haya incertidumbre respecto de relaciones de derecho, que ello produzca un daño actual a quien la ejerce, que la sentencia declarativa sirva para eliminar dicha incertidumbre o para prevenir el daño y que no exista otro medio legal para poner fin a la falta de certeza.

Si el fundamento de la demanda es la satisfacción de un derecho que se afirma existente no existe ningún estado de incertidumbre a subsanar, siendo la vía correcta, por consiguiente, la pretensión de una sentencia de condenación.