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Recurso de apelación (procesal), expresión de agravios, crítica concreta y razonada
Materia: PROCESAL
Carátula: E. S.A. c/ P., E. s/ DIVISIÓN DE CONDOMINIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2012-04-11

El ataque recursivo debe ser frontal, preciso y completo, pues las aseveraciones subjetivas, los ataques parcializados, dejan incólumes las bases de sustentación de la sentencia atacada y, de rondón, producen que la misma adquiera firmeza, al quedar en pie bases suficientes para que ésta permanezca en vigor y con plenos efectos.

Cuando una sentencia tiene varios argumentos que le sirven de puntos de apoyo, si el apelante no embate contra todos ellos o deja alguno sin impugnación adecuada y él es apto para sustentar por sí el decisorio, éste adquiere firmeza.

Es que el recurso de apelación no es una competencia artificiosa de saberes abstractos, pareceres subjetivos o sagacidades vanas, entre un juez recurrido y un apelante. El recurso de apelación tiene por objeto la revisión de legalidad, de razonabilidad, de constitucionalidad y de suficiencia argumental de un pronunciamiento.

No se trata de analizar por su conducto si había mejores argumentos a la mano en la temática abordada o si algunos de los utilizados eran deficientes -incluso equivocados- o si el juez cometió un deficit argumental en alguna de sus vigas maestras.

Lo que debe el recurrente realizar es un análisis preciso, orientado a la praxis y no a la argumentación teórica de por qué la totalidad de los argumentos empleados por el juez para justificar la solución del punto impugnado por el apelante son erróneos, o insuficientes o, incluso, farisaicos.

Pero, bien entendido, que dejar alguno de ellos -con aptitud suficiente para sustentar debidamente el tópico- en pie, implica el naufragio de su recurso que, como dije, no está orientado a una puja de saberes abstractos sino a la demostración de vicios o yerros de gravedad que demuestren el desacierto o la incorrección grave y manifiesta de lo resuelto, al punto de mostrar al decisorio indigno de adquirir firmeza en ese punto.

Por ende, el cuestionamiento que debe intentarse a través de este recurso debe ser sustancialmente relevante y procesalmente correcto. Nada que no llene esos dos recaudos alcanza para la admisibilidad y procedencia del ataque.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, prueba testimonial
Materia: LABORAL
Carátula: Celan, Francisco Pablo y ot. c/ Establecimiento Metalúrgico Vadala Hnos. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-04-30

La Suprema Corte no puede atender agravios vinculados con la valoración de la prueba testimonial y de confesión desde que en razón del procedimiento que rige en el fuero laboral, al no constar en el acta de audiencia de vista de causa, se encuentra impedida de reexaminar su contenido (art. 44 inc. "e", dec. ley 7718/71).
Verificación tardía, compensación, compensación de saldos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fisco Nacional- Afip- Dgi c/ Greid Sa s/ Incidente De Verificacion De Credito
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-04-24

El crédito fiscal debe tenerse por verificado, pues si bien la concursada tenía un saldo de libre disponibilidad, no realizó las diligencias necesarias ante la AFIP en término para que de dicho saldo se le compense la deuda que se le reclama, incurriendo de tal modo en una conducta omisiva que generó intereses a favor del fisco.
Jurisdicción y competencia, competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, juicios en que es parte una provincia, entes autárquicos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Canale,  Carlos  Alfredo  y otros c/ Buenos Aires, Provincia de yotro s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-02-06

Es ajena a la competencia originaria de la Corte, la pretensión dirigida contra la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires quien, según lo previsto en el art. 201 de la Constitución Provincial y en el art. 26 de la ley N° 11.612 -Ley Provincial de Educación-, es un ente autárquico con individualidad jurídica y funcional, que no se identifica con ese Estado local.
Daños y perjuicios, perjuicios en inmueble vecino, filtraciones de humedad
Materia: CIVIL
Carátula: DADDY  S.A. c/ EMPRESA CONSTRUCTORA LENHARTSON Y CIA. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-10

Si quedó acreditado que la demandante como consecuencia de las filtraciones en el sótano de su local provenientes del inmueble lindero en el que se estaban efectuando construcciones, no se encontró imposibilitada de abrir las puertas de su negocio, es más se verificó que las filtraciones ninguna influencia tuvieron sobre el volumen de ventas promedio más aún cuando el mes del siniestro fue el de mayores ventas de ese trimestre, ello indica que conceder en concepto de lucro cesante el porcentaje que esperaba ganar con la enajenación de la mercadería siniestrada importaría un enriquecimiento sin causa toda vez que la damnificada, sea por haber repuesto el stock o por haber vendido otras prendas similares no dañadas, de todos modos obtuvo esa ganancia, que era la que habitualmente le proporcionaba el negocio. Debió invertir más dinero para efectuar las consiguientes reposiciones, pero ese es el que se le reintegra en forma actualizada con más los intereses pertinentes, que tiene por finalidad, abonar la privación del capital, colocando a aquélla en la misma situación en que hubiera estado de no haber acaecido el evento.-
Quiebra, causa de las obligaciones
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: LARRAN, Marcelo; Establecimiento EL CHACAL Sociedad de Hecho y Rearte - Larrán Sociedad de Hecho s/ Concurso Preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1991-05-14

En el incidente de verificación de créditos promovidos por la Dirección Nacional de Recaudación Previsional, en base a un certificado de deuda, es a la quiebra, a la que corresponde la acreditación de la ausencia o falsedad de la causa de la obligación.

La demostración de la falsedad o ausencia de causa del certificado de deuda expedido por la Dirección Nac.de Recaudación Previsional corre a cargo de la quiebra en la cual se solicita la verificaión de crédito. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Jurisdicción, demanda contra Estado extranjero, inmunidad de jurisdicción, jurisdicción extranjera, daños y perjuicios, accidentes de trabajo, omisión de retener o percibir aportes, fallos de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL
Carátula: AGUIRRES DE MALDONADO RAMONA ESPERANZA c/ ESTADO DE ISRAEL s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-19

La Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo, apartándose de su jurisprudencia anterior en materia de inmunidad de jurisdicción, que no era de aplicación a una demanda de daños y perjuicios por incumplimiento de obligaciones en materia laboral y previsional, la ratio del art. 24, inc. 1° del Decreto-ley 1285/58, por no encontrarse en tela de juicio un acto de gobierno, ya que la controversia traída a conocimiento del Tribunal, en modo alguno podía afectar el normal desenvolvimiento de una representación diplomática (cfr. In re "Manauta, Juan José y otros c/Embajada de la Federación Rusa s/Daños y Perjuicios" (M-817.XXV), del 22.14.94), decisión que se sustentó en la llamada teoría restringida de la inmunidad de jurisdicción, que distingue entre los actos iure imperii -los actos de gobierno realizados por el Estado Extranjero en su calidad de soberano- y los iure gestionis -actos de índole comercial-. Respecto de la primera clase de actos, la jurisprudencia mantuvo el reconocimiento de la inmunidad de jurisdicción del Estado Extranjero. En cambio, la más moderna tendencia jurisprudencial adoptó la doctrina restringida o relativa para los segundos, distinción que, a la postre, fue recogida por legislaciones recientes (cfr. consid. 7° del voto de la mayoría). Una interpretación opuesta a la empleada, conduciría al "injusto resultado de obligar al trabajador a una casi quimérica ocurrencia ante la jurisdicción del Estado Extranjero o a requerir el auxilio diplomático argentino por vías letradas generalmente onerosas y extrajudiciales" (cfr. consid. 13° del voto de la mayoría).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, falta de cita legal
Materia: LABORAL
Carátula: Dominguez, René c/ Cervecería Bieckert s/ Enfermedad accidente Villagra, Daniel M. c/ Cometarsa S.A.I.C. s/ Indemnización despido, preaviso, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-04-12|1996-02-13

No cumple con la carga impuesta por el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que omite denunciar transgresión del dispositivo legal pertinente en orden al agravio que expone.
Daño moral, indemnización, reparación integral
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: Z., M. E. Y OTROS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-03-01

En lo que hace al daño moral merece favorable acogida el recurso de inconstitucionalidad ya que si bien la cuestión de autos gira en torno al monto indemnizatorio acordado -el cual depende mayormente de aspectos fácticos y probatorios, que en principio están excluidos de consideración por la vía del recurso de inconstitucionalidad- cabe hacer excepción a ello cuando con manifestaciones puramente dogmáticas se omitió analizar las implicancias patrimoniales y espirituales de la pericia psicológica, frustrando en el caso concreto el derecho de la víctima a una reparación integral y satisfaciendo sólo en apariencia la exigencia constitucional de adecuada fundamentación. (Del voto del Dr. Falistocco, al que adhirieron los Dres. Gastaldi, Gutiérrez y Spuler)
Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-12-29


2º Instancia.- Buenos Aires, diciembre 29 de 2008.

Considerando:

Contra la resolución de fs. 154 que declaró la nulidad de lo actuado por el gestor en nombre y representación del accionado imponiéndole las costas, apeló el Dr. S. quien a fs. 171/174 presentó el memorial el que fue contestado a fs. 181/185. La Sra. Defensora de Menores de Cámara se expidió a fs. 195/196.

El Sr. Juez "a quo" restó eficacia a la carta misiva incorporada a la causa obrante a fs. 133 al considerar que no constituyó una presentación de la parte en el proceso para convalidar lo actuado por su letrado, el Dr. S.

En primer término cabe poner de relieve que el mencionado profesional se encuentra legitimado para cuestionar la resolución que recurre dadas las consecuencias que la nulidad de lo actuado le ocasiona al haberse impuesto las costas por la actuación cumplida, por lo que desde este ángulo no corresponde decretar la deserción del recurso como es propuesto por la Sra. Defensora de Menores de Cámara.

Por otro lado, el art. 48 del Código Procesal dispone que admitida la comparecencia en juicio de quien no tuviere representación conferida si dentro de los 40 días hábiles contados desde la primera presentación del gestor, no fueren acompañados los instrumentos que acrediten la personalidad o la parte no ratificase la gestión, será nulo todo lo actuado por el gestor.

Es decir que el gestor dentro del plazo de cuarenta días debe acompañar el poder de la parte a quien pretendió representar o ésta deberá ratificar lo actuado.

La ley no establece una forma sacramental para el supuesto de ratificación de lo actuado, basta como es de práctica judicial que se presente un escrito firmado por el interesado ratificando la actuación.

De la constancia de fs. 113 surge que el Sr. S. P. H. se domiciliaría en los Emiratos Arabes de Dubai y a través de ese instrumento, expresó en forma inequívoca que ratificada todo lo actuado por el Dr. M. U. S. en las distintas causas de familia que el mencionado intervino en su nombre, por lo que al no encontrarse controvertido que el accionante se encontrara fuera de esta jurisdicción como tampoco que en forma categórica se hubiere desconocido la autenticidad de la firma allí estampada, al no requerirse como se dijo una forma solemne para formular la ratificación, es que debe admitirse, en los términos del art. 48 la presentación así formulada y por ratificada la gestión, máxime si como en el caso, la urgencia queda evidencia en que los actos llevados a cabo por el gestor fueron realizados por encontrarse el accionante, tal como se ha postulado, en el extranjero.

En su mérito, se resuelve: revocar el pronunciamiento de fs. 154/155 y en consecuencia tener por ratificada la gestión del Dr. M. U. S. en los términos del art. 48 del Código Procesal. Con costas en el orden causado, dada las particularidades del caso y forma como se resuelve (arts. 68 y 69 del Código Procesal).- José Luis Galmarini. - Eduardo A. Zannoni. - Fernando Posse Saguier.
Corrupción, abuso deshonesto
Materia: PENAL
Carátula: M, J D s/ AUTO DE PROCESAMIENTO      EXPTE NRO 7-89
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-02-20

Los hechos atribuidos al justiciable (tocamientos realizados a la víctima y los que obligaba a realizar a la menor sobre los genitales), no obstante su profunda reprochabilidad moral debido a la escasa edad de la víctima (9 años) carecen de suficiente entidad como para subsumirlos certeramente en el tipo delictivo contemplado por el artículo 125, inciso 1 del Código Penal, resultando más adecuado a un mesurado análisis de las constancias de autos encuadrados en la figura del Abuso Deshonesto (artículo 127 del Código Penal).
Medidas cautelares, costas en el orden causado
Materia: PROCESAL
Carátula: P. DE CH. A. s/ DECLARACION DE INHABILIDAD - INC. MEDIDAS CAUTELARES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-23

La determinación de la carga de las costas en los procesos cautelares, debe ser la consecuencia de la meritación de las circunstancias que condujeron a su petición, acogimiento y efectividad, extremos que recién es posible evaluar una vez finiquitada la cuestión principal en la que se origina (conf. Fassi, "Código Procesal...", T.I-655; Podetti-Guerrero Laconte "Tratado de las Medidas Cautelares...", nro. 28; Morello y otros, "Códigos Procesales...", T.II-B p. 161, nro. 30 y sus citas; C.S.J.N. Fallos 296-397 del 16/11/76; C.N.Civ. Sala G, R.25.476 del 13/10/86).

Si ese proceso en el que se planteara la cuestión principal que motivó la cautelar finalizó con una transacción, esa circunstancia condujo a la situación fáctica de tornar imposible la aplicación objetiva de los principios generales que rigen la materia, resulta adecuado que por aplicación analógica de lo dispuesto por el art. 73 del Código Procesal ellas sean soportadas en el orden causado por quienes la celebraron. Más aún esta solución se impone si quien fuera demandada tuvo intervención y articuló el pedido de levantamiento de la medida.

Si el requerimiento y dictado de la medida no fue impugnado, cabe reconocerle el carácter de ejercicio regular de un derecho, que no puede traer consecuencias adversas a quien lo pone en movimiento (conf. C.N.Civ. Sala C, L.L. 1980-B-52).
Coronavirus, aislamiento social preventivo y obligatorio
Materia: CIVIL
Carátula: Gorosito, Jonathan Maximiliano y otros c/  s/ p.ss.aa. Homicidio calificado criminis causae, etc. R., M. c/  s/ denuncia por violencia familiar
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2018-07-30|2020-04-07

Corresponde rechazar la solicitud del padre de presenciar el nacimiento su hija y colaborar con su asistencia y cuidado, mientras dure la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio, toda vez que de los antecedentes de la causa surge que se desempeña como remisero, una actividad laboral que requiere estar en contacto cercano con muchas personas y además, no ha manifestado que se encuentre cumpliendo efectivamente la medida de aislamiento, circunstancia que eleva los riesgos para la salud de la madre y la bebe.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, cuestión no federal, sentencia arbitraria, defectos en la consideración de extremos conducentes, sociedad anónima
Materia: PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: Schillachi, Irene María y otra c/ Establecimiento Textil San Marco  SA s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-19

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que no hizo lugar a la nulidad de asambleas de una sociedad anónima, si el tribunal ha realizado una apreciación fragmentaria de las cuestiones propuestas por las demandantes y de las constancias obrantes en la causa pues efectuó un examen individual de cada uno de los actos impugnados, omitiendo completarlo con la apreciación integral de la situación configurada en su consecuencia.
Costas, exención de costas, defensa del consumidor
Materia: PROCESAL
Carátula: Veas Oyarzo, Nelson Fernando c/ Municipalidad de Corrientes s/ Acción declarativa de certeza
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 2012-02-16

En el caso no se puede pretender la aplicación del beneficio de gratuidad, que se halla previsto para las acciones impetradas en los términos de la Ley de Defensa del Consumidor y no autoriza a apartarse del principio general en procesos donde se defienden otros derechos. Como tampoco resultaría procedente el régimen previsto para los coadyuvantes, habida cuenta del carácter excepcional de toda exoneración.
Garantía a ser juzgado en un plazo razonable, recurso de casación, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Menem Carlos Saul s/ Queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-02-12

Las resoluciones que no hacen lugar al planteo de prescripción de la acción penal no son, por su naturaleza ni por sus efectos, sentencias definitivas ni a ellas equiparables en los términos del art. 457 CPPN. No se ha demostrado la pretendida vulneración del plazo razonable si el recurrente se limitó a cuestionar la duración de su juzgamiento sin rebatir adecuadamente los argumentos de la mayoría de la cámara a quo, en punto a la diversidad de imputados, los procesos que se fueron acumulando y las diligencias ordenadas. La disidencia señaló que, tanto la invocación del agravio consistente en la vulneración del derecho a obtener un pronunciamiento judicial en un plazo razonable -planteo que consideró revisable la CS-, como la crítica de la defensa relativa a que se llamó a prestar declaración indagatoria al solo efecto de interrumpir la prescripción de la acción, imponen la habilitación de la instancia de casación.
Sujeto pasivo, falta de individualización
Materia: PROCESAL
Carátula: CANTARELLA, LIDIA c/ HOSTERIA DEL CERRO SA s/ MEDIDA PRECAUTORIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-12

El empleo de las conjunciones "y/o" en la determinación del sujeto pasivo implica un incumplimiento de lo previsto por el Cpr: 330-2°, pues es menester la precisa individualización de quien será efectivamente objeto del reclamo.
Depósito, depositante, posesión, interpretación de la ley
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: TIEBOUT, JUAN CARLOS c/ APARICIO, JORGE HUMBERTO s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-09-06

El texto del art. 2198 del cóod. civil emplea la palabra "poseedor". No interesa que sea o no un poseedor legítimo. En las relaciones internas (en las relaciones entre el depositante y el depositario, se entiende en el contexto), el depósito hecho por un no propietario es válido. Aun más, la palabra "poseedor" debe ser entendida en sentido amplísimo, abarcando no sólo la posesión o la cuasiposesión, sino también la tenencia. El depósito hecho por un locatario es válido inter partes, pero este es sólo un tenedor.

Cualquier señorío fáctico es suficiente. Incluso el ladrón deposita validamente, pues el régimen especial del art. 2215 del cód.

civilno implica nulidad. Tal no implica, que si el dueño no reclama, "el depositario debe entregar el depósito al depositante" (López de Zavalía, "Teoría de los Contratos", T° 4, pag. 428, Zavalia, Bs. As., 1993).
Sindicatos, falta de personería gremial, asociaciones sindicales, tutela sindical, leyes, interpretación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: MIGUELES, LUIS ALBERTO c/ MUNICIPALIDAD DE VERA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 295 AÑO 1991)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-12-29

De lege ferenda se ha criticado el artículo 41 inciso a) de la ley 23551 porque deja fuera a los funcionarios sindicales que representan a entidades simplemente inscriptas, pero adviértase que la censura se formula "de iure condendo". A su vez, otro sector de la doctrina sostiene que el modelo sindical, en tanto garantiza la libertad de afiliación y la autonomía sindical, constituye una reglamentación admisible de los principios de libertad y democracia gremial consagrados en nuestra Carta Magna. De acuerdo a esta opinión su razonabilidad se ve avalada si se considera que siendo la s entidades con personería gremial las que tienen los derechos exclusivos de representar ante el Estado y los empleadores los intereses individuales y colectivos de los trabajadores, son sus miembros quienes aparecen más expuestos a sufrir represalias o ver afectado o dificultado su accionar. En este último sentido se ha pronunciado la jurisprudencia más actual tanto en el orden nacional como en el ámbito de los Tribunales de Provincia.
Accidente de tránsito, vehículo embistente, presunción legal
Materia: CIVIL
Carátula: Leblic, José c/ Elizalde, Alberto s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-06-19

La presunción generada de quien con la parte delantera del vehículo embiste a otro en la parte trasera o en el costado hay que manejarla con suma prudencia, pues es fácil invertir el papel de embistiente con el de embestido mediante la realización de un viraje inadecuado; se advierte sobre la relatividad de la presunción, pues tratándose de vehículos en movimiento "sería fácil invertir el papel de embistente por el de embestido mediante el simple recurso de hacer un viraje por delante de quien tenía primacía en el cruce de la bocacalle".
Calumnias, delito penal
Materia: PENAL
Carátula: P., D. B. c/ F., M. J. S. Y G., R. O. s/ Querella por injurias y/o calumnias(Expte Nº  12-92, Resolucion Nº  28, Tomo 1, Folio 314)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-06-25

El delito de calumnia consiste básicamente en la atribución a otra persona de un delito, lo que se circunstancia exigiéndose típicamente que la atribución sea falsa y el delito perseguible de oficio, o si se atribuye un delito dependiente de instancia privada, con la concreta promoción de la acción por quien tiene capacidad para hacerlo. (DEL VOTO DEL DR. OLAZABAL)
Robo calificado, robo con perforación o fractura
Materia: PENAL
Carátula: Del Torto, Diego Pablo s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-04-28

La existencia de fractura prevista en el art. 167 inc. 3 de Código Penal no requiere determinada especie de fuerza, pero ello no significa que pueda constituir la calificante cualquier violencia pues fracturar requiere romper o quebrar.
Honorarios del abogado, intereses
Materia: PROCESAL
Carátula: ORELLANA, MIGUEL c/ COMIMAR  S.A. s/ ACCIDENTE - ACCION CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-21

La tasa de interés que expresa el art. 61 de la ley 21839, 6% anual, estaba condicionada a la previa indemnización del capital que permitía mantener incólume su contenido económico, y su proporción encontraba relación directa con el hecho previo de la actualización.

Desaparecido este supuesto, por aplicación de la ley de convertibilidad, cae con él la tasa de interés prevista que es su accesoria y en su lugar corresponde se utilicen las tasas expresadas en la res. 6/91, con la modificatoria introducida por el acta 2100 del 24.6.92.