marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Empleo público, prescindibilidad, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, cuestión no justiciable
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: COUCHOUD, HUGO ALBERTO c/ ESTADO  NACIONAL  (MINISTERIO  DE  BIENESTAR  SOCIAL  - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA) s/ NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO - EMPLEO PUBLICO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-06-25

Las medidas fundadas en leyes de prescindibilidad no son judicialmente revisables, en tanto no comporten la descalificación del agente, medida disciplinaria o cesantía encubierta, es decir, que; el ejercicio de las facultades indiscutiblemente discrecionales por parte de las autoridades competentes no debe exceder su marco legal.

Aún cuando la resolución de baja del agente fue dictada hallándose en trámite un sumario, lo cierto es que lo fue en los términos de los arts. 1 y 7 de la ley 21.274, lo que de ningún modo supone desvirtuar motivos ajenos a la órbita disciplinaria.

Muestra de ello, es que como culminación de tales actuaciones administrativas, en las que entonces se encontraba involucrado el causante, se dictó la resolución Nro. 4242, del 29.XII.80, en la que a los fines previstos en el art. 7 de la ley 21. 274, se deja constancia que no le hubiese correspondido responsabilidad disciplinaria.

En tales condiciones, esta última resolución no hace más que reflejar las facultades disciplinarias con que cuenta la autoridad administrativa en un ámbito que le es propia, sin que esta circunstancia modifique los alcances de la prescindibilidad dispuesta con anterioridad, pues de no ser así implicaría suponer que cualquier investigación a que estuviera sujeto un agente estatal, por nimio que fuese el motivo, impide, sin más, adoptar a su respecto medidas que se relacionan con un contorno distinto del de la prescindibilidad, cual es el orden disciplinario; asimismo, tal interpretación significaría convertir en letra muerta la previsión legal contenida en el art. 7 de la ley 21.274.
Daños y perjuicios, cosa riesgosa
Materia: LABORAL
Carátula: Cappella, Osvaldo c/ Manceñido, Raul Oscar s/ Indemnización por accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-08-27

La expresión "cosa riesgosa" y no riesgo de la cosa (usada por la ley) traslada una dimensión dinámica (la relación entre cosa y persona que la formulación legal expresa) a una configuración meramente estática (la cualidad de la cosa). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Acto administrativo, medidas cautelares
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Paez, Ramón Nicolás c/ Municipalidad de Fiambalá s/ Acción de Plena Jurisdicción y Nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2006-02-10

Se interpuso acción de plena jurisdicción y nulidad en contra de la Municipalidad de Fiambalá, solicitando medida cautelar tendiente a que la demandada suspenda la ejecución de las sanciones que se le aplicaran al actor mediante Resolución Municipal, hasta que se dicte sentencia definitiva.

Constituye doctrina uniforme de esta Corte de Justicia, expresada en numerosos y reiterados pronunciamientos, que la procedencia de las medidas cautelares contra leyes o actos administrativos debe juzgarse con criterio sumamente restrictivo, en atención a la presunción de legitimidad y ejecutoriedad que ampara a los actos de los poderes públicos, por lo que solo resultan admisibles cuando, además de la existencia de los requisitos legales comunes, verosimilitud del derecho, peligro en la demora y contracautela, concurren requisitos específicos como daño irreparable, ilegalidad manifiesta o indudable razones de interés público.

Siguiendo tal tesitura y analizadas las constancias de autos en relación al requisito de verosimilitud del derecho, corresponde señalar que no se advierte la concurrencia fáctica de este presupuesto, pues el fumus boni iuris alegado por la parte como fundamento de la medida impetrada no alcanza a crear el grado de posibilidad o certeza necesario respecto del derecho cuya declaración se pretende en la acción en esta etapa procesal, y tal circunstancia obsta a que se tenga por configurado, en el marco propio de las medidas cautelares, el presente requisito, atendiendo de manera preponderante a la presunción de legitimidad de que gozan los actos administrativos. Tampoco surgen claramente ni el peligro en la demora alegado -pues solo encuentra sustento en las manifestaciones del peticionante- ni la irreparabilidad del daño, en tanto que el daño económico alegado puede encontrar debida reparación, en caso de asistirle razón al demandante, una vez que se tramite el contradictorio.

Puesto que en el sub lite no se dan los requisitos de viabilidad de la medida cautelar solicitada, corresponde desestimar la misma por improcedente.
Licencia por maternidad, gestación por sustitución, código civil y comercial, derechos de la persona por nacer, derechos de las niñas, niños y adolescentes
Materia: CIVIL-LABORAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: T., J. c/ P.E.N. y otro s/ amparos y sumarísimos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-05-05

La carencia de una licencia específica para el caso de subrogación de vientre colisiona con las normas relativas a la filiación previstas en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación y también con la protección de los derechos del niño por nacer, que les garantiza un cuidado integral en sus primeros meses de vida.
Legisladores, voluntad del legislador, deudor principal, deudor solidario, interpretación y aplicación de la ley, fisco nacional, determinación de impuestos, pago de tributos
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Brutti, Stella Maris c/ D.G.I.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-30

Si la limitación "para exigir el pago" desaparece en la segunda parte del art. 68, inc. a), segundo párrafo, de la ley 11.683 (t.o. 1978), ello no puede ser entendido como una redacción descuidada o desafortunada del legislador, sino que la sucesión entre ambos indica que la limitación colocada a las acciones y poderes fiscales rige sólo para el deudor principal, mientras que para el solidario impera el régimen general de la ley, sin restricciones en cuanto a las facultades determinativas. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Derecho de enseñar y aprender, facultades del gobierno nacional, facultades concurrentes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Estado Nacional (Poder Ejecutivo Nacional) s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-04

El Estado Nacional solo puede regular el ejercicio del derecho a la educación de modo concurrente con las provincias (ley 26.206), estableciendo las bases, pero no puede, normalmente, sustituirlas, ni decidir de modo autónomo apartándose del régimen legal vigente (ley 26.206) (Voto del juez Lorenzetti).
Accidente de tránsito, prioridad de paso
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: BALLESTEROS JORGE LUIS Y OTRA c/ GAGGINO JORGE HECTOR s/ SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-02-14

La ley aplicable -Nro. 24.449, a la que adhiere la Prov. nro. 8.963 y la Ordenanza local nro. 29.824- estructura el derecho de paso prioritario para quien circula por la derecha de la intersección, que en especie benefició al actor motociclista, y también determina que tan valiosa regla ordenadora del tránsito urbano vehicular tiene carácter absoluto de no darse alguna de las, aquí ausentes, excepciones previstas en el art. 41.-
Subasta judicial, subasta de inmuebles, boleto de compraventa
Materia: PROCESAL
Carátula: MONTALBO DE BERVICH L.A. s/ SUCESION - SUBASTA JUDICIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-11-22

La indisponibilidad de los fondos provenientes de una subasta pública, que contempla el art. 582 del Código Procesal, tiende a asegurar al adquirente la obtención de la cosa comprada. Es una facultad que lo beneficia hasta que se otorgue la escritura pública y se inscriba en los respectivos registros. Por lo tanto, la indisponibilidad sólo se contempla en la ley procesal, cuando se trata de la subasta de inmuebles o de bienes muebles registrables.

Cuando lo subastado han sido los derechos y acciones que le corresponden a la deudora emergentes de un boleto de compraventa sobre un inmueble y no el inmueble, la indisponibilidad no es admisible.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Quiñonez, Andrés Avelino s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-10-10

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que impugna se haya computado como agravante un antecedente contravencional si no logra evidenciar que el haber transcurrido el término establecido por la ley de faltas para tener en cuenta la infracción anterior a los fines de la reincidencia contravencional, impida tenerlo por agravante a los fines del art. 41 del C.P..
Sanciones conminatorias, astreintes
Materia: PROCESAL
Carátula: COLEGIO  MEDICO  REGIONAL  BARILOCHE c/ INSTITUTO NAC. DE SERV.SOC. PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS s/ PROCESO DE CONOCIMIENTO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-03-03

Jurisprudencia y doctrina han sido contestes -desde la vigencia de la reforma de la ley 17.711, que dio la redacción actual al artículo 666 bis del Código Civil- en que no corresponde acompañar la condena ab initio de la imposición de astreintes por si no se cumple, sino que, una vez vencido el plazo que determine la resolución judicial para ser cumplida, si efectivamente no lo fuera, procederá la fijación de las condenaciones conminatorias (confr. Belluscio, A.C., -Coordinador - Código Civil y leyes complementarias, tomo 3, Editorial Astrea, pág. 246, texto y nota 19, con sus citas).

También se ha sostenido que las astreintes sólo pueden fijarse cuando, vencido el plazo indicado por la sentencia para el cumplimiento, éste no se ha hecho efectivo, lo cual implica que, lo que interesa, es la conducta del deudor obstinado en la inejecución del mandato judicial (confr. Borda Guillermo, La reforma del Código Civil.

Las "astreintes", en El Derecho 30-pág. 821).
Tarjeta de crédito, reconocimiento de firma
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco de Mendoza S.A. c/ Pacheco Carlos Julio s/ Ejecutivo (LIBRO: S141 - 252)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1997-04-24

El reconocimiento de la firma, como acontecería también ante el reconocimiento tácito por su incomparecencia, no surten más que ese efecto, no pudiendo interpretarse que por tal acto se otorgó ejecutabilidad al título, pues se trata de una cuestión intrínseca del mismo que debe bastarse a sí mismo y ser autosuficiente.
Acción de amparo, carácter excepcional, bien jurídico protegido, Constitución Nacional, interpretación de la constitución, competencia contencioso administrativa, Superior Tribunal de Justicia, Municipalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BACCHETTA, MARCELO LUIS DARIO Y OTRO c/ MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA s/ RECURSO DE AMPARO. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº   227-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-11-19

La excepcional admisibilidad de los recursos de amparo, no se ha visto desplazada por la jerarquización constitucional de este remedi o frente a ciertos actos u omisiones manifiestamente arbitrarios o ilegales, como consecuencia de la reforma constitucional del año 1994. De tal reforma podrá extraerse, en todo caso, la necesidad de reformular la jurisprudencia de la Corte en punto a qué derechos son susceptibles de ser tutelados por este trámite excepcional, pero de ninguna manera el automático desplazamiento de las vías ordinarias en general, ni de la competencia contencioso administrativa de este Tribunal en particular. En el caso, mal podían concluir los sentenciantes en que la ilegitimidad del acto de clausura del local era manifiesta, no dándose por cumplido uno de los presupuestos del amparo, por lo que el caso es de la competencia de la Corte.

(De la ampliación de fundamentos del Dr. Alvarez).
Juicio de desalojo, intruso
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: C.F.P.P. c/ S., D. s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-03-30

Para caracterizar la figura de la intrusión, la doctrina coincide en destacar como nota esencial el acceso al inmueble contra la voluntad expresa o presunta de quien tiene su disposición, sea con la intención de poseer a nombre propio o reconociendo en otro la posesión; es decir que el intruso puede ser un poseedor o un mero tenedor. Se remarca entonces como aspecto determinante que el titular del inmueble haya dado o no su consentimiento para el ingreso, pues si la introducción fue consentida, ya no podrá hablarse luego de intruso, ni siquiera por una posterior interversión de títulos.
Costas, indemnización
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Empresa del Mercado del Centro de la Ciudad de Buenos Aires c/ Algunos Puesteros s/ pago de costas
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1867-04-25

Si en la sentencia se ha salvado a una de las partes el derecho para la indemnización de daños y perjuicios, la otra no está obligada a pagar las costas causadas por aquélla, a menos que en la misma sentencia así se haya declarado, y haya habido temeridad de parte de ésta.
Cosa juzgada, sentencia, omisión de cuestión esencial
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Acuña, Edith Elizabeth c/ Cersósimo de Alvarez, Susana Beatriz s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-08-07

La modificación de un error de cálculo en la sentencia no importa violar el principio procesal de la cosa juzgada, pues lo contrario importaría amparar el predominio de una solución formal sobre la verdad sustancial a que atiende el pronunciamiento, pues sólo así se presta adecuado servicio a la justicia.
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, contratos bancarios, tarjeta de crédito, resumen de cuentas, cupón de compra
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO BANSUD SA c/ FARIÑA, OSCAR s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-06-25

Resulta improcedente la acción deducida por una entidad bancaria por cobro del saldo resultante de compraventas efectuadas mediante tarjeta de crédito cuando, -como en el caso-, surge que los pertinentes resúmenes de cuenta emitidos carecen del detalle de las operaciones que componen el saldo, toda vez que la inexistencia de ese detalle no permite la impugnación de la cuenta. En consecuencia, un resumen que no lo contenga no es susceptible de ser aceptado tácitamente, por imposibilidad material de realizarle observaciones o impugnaciones. Así lo ha interpretado el legislador al dictar la ley 25065, en cuanto estableció, entre otros requisitos, la necesaria descripción de los consumos efectuados como presupuesto de validez de los resúmenes de cuenta (ver art. 23-d, e y p). De modo pues, que la presentación de los comprobantes o cupones de venta originales resultaba necesaria, para acreditar la existencia y extensión de la deuda generada por el uso de la tarjeta.
Derecho procesal, juicio ejecutivo, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO CREDITO DE CUYO S.A. c/ SAGOR S.A. s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-10-24

La apertura a prueba de las excepciones en juicio ejecutivo es facultad privativa del juez, quien puede, en consecuencia, prescindir validamente de esa etapa procesal cuando considere que los elementos obrantes en su poder son suficientes para resolverlas sin necesidad de recurrir a ese medio.
Beneficio de litigar sin gastos, alimentado con recursos económicos, apreciación de la prueba, prueba testimonial
Materia: PROCESAL
Carátula: APUSSO DE TRUNCELLITO, CARMEN c/ PAN AM WORLD AIRWAYS INC. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-07

El objeto de la actividad probatoria desarrollada en el incidente de otorgamiento del beneficio de litigar sin gastos, consiste en arrimar elementos que permitan al Juzgador formar convicción acerca de la posibilidad del peticionario de obtener o no los recursos. Por ello, la peculiar naturaleza del extremo a demostrar impone que la valoración de las pruebas rendidas, realizada conforme a las reglas de la sana crítica, no atiende a un grado absoluto de certeza, sino a la posibilidad en rigor próxima que el caso encuadre en el supuesto que autoriza el otorgamiento del beneficio, no correspondiendo exigir la prueba acabada de la carencia de recursos necesarios para hacer frente a los gastos que origine la actividad jurisdiccional, y siendo suficiente la testifical producida reveladora de indicios que bastan para apreciar prima facie la capacidad económica de los reclamantes.
Tenencia de estupefacientes, cantidad de estupefacientes, error judicial, acusación fiscal
Materia: PENAL
Carátula: Rosito, Leonardo s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-08

Le asiste razón al representante de la acusación pública al sostener que se ha incurrido en un vicio in iudicando, ya que contrariamente a lo afirmado por los jueces, no puede sostenerse "inequívocamente" que la cantidad de once (11) plantas de cannabis sativa, que fueran secuestradas en poder del imputado, pueda ser considerada escasa. Por ello entiendo que la conducta enrostrada debe ser tipificada en la figura base de tenencia simple de estupefacientes (art. 14 primera parte ley 23.737). (Dra. Ledesma, en disidencia).
Recurso de casación, sentencia definitiva
Materia: PENAL
Carátula: Venencio, Luis y otro s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-05-24

Es recurrible en casación la sentencia definitiva dictada en el marco de un juicio abreviado, toda vez que las partes deben tener una herramienta práctica para que la instancia tuteladora del imperio de la ley y guardiana del debido proceso, se halle en condiciones de verificar la conformidad de lo actuado con los dispositivos que rigen esta forma de juicio.
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, procedencia del recurso, sentencia definitiva, juicios en que la Nación es parte, valor cuestionado en último término
Materia: PROCESAL
Carátula: Miguel, Lorenzo Mariano c/ Estado Nacional (Poder Ejecutivo Nacional) s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-02

Es formalmente procedente el recurso ordinario de apelación si se trata de una sentencia definitiva, recaída en una causa en que es parte la Nación Argentina y el valor cuestionado, actualizado a la fecha de interposición, supera el mínimo previsto por el art. 24, inc. 6°, ap. a) del decreto - ley 1285/58, modificado por la ley 21.708 y resolución de la Corte n° 552/89.
Enfermedad accidente, prueba insuficiente
Materia: LABORAL
Carátula: LUCERO ALBERTO LUIS c/ CLIMA INGENIERIA AMBIENTAL s/ PRUEBA - ENFERMEDAD ACCIDENTE
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-03-26

Los testigos no vieron lo que hacía el actor, toda vez que cada uno cumplía sus obligaciones en sus respectivas zonas y sólo se limitaron a decir que el actor fue supervisor del barrido y de recolección de residuos domiciliarios pero sin poder precisar cuanto tiempo estuvo en cada una de sus funciones y si desempeñó sus tareas en la forma que ellos relataron. Aunque estas circunstancias bastan para no tener por acreditas las tareas llevadas a cabo por el actor, no se puede dejar de destacar que de la misma demanda no surgen cuales pudieron haber sido los esfuerzos y sobre esfuerzos que dieran lugar al amparo jurídico que reclama el actor, toda vez que lo que persigue la ley 9688 y sus concordantes no es el riesgo genérico sino el riesgo específico, que no se da por el solo hecho de vivir, mirar, verificar visualmente, de indicar algo a otras personas, levantar ocasionalmente pesos de diez o quince kilogramos, permanecer sentado, bajarse y subirse de un vehículo, estos son riesgos genéricos, no específicos, que no se encuentran amparados por la legislación vigente invocada.-
Permiso de ocupación, facultades discrecionales, interés legítimo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: M.C.B.A. c/ César Luis D'Aquino y Cia.  S.A. s/ Cobro Sumas de Dinero
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-08

Si en general se ha considerado que el permiso no constituya propiedad, si en el caso particular las constancias del acto de otorgamiento son endebles para apreciar con certeza el alcance del permiso en si y del espacio y tiempo que comprendía, con mayor razón debe aseverarse que para el permisionario tal permiso no constituye propiedad y que se encuentra dentro del poder discrecional del órgano municipal competente no sólo la facultad de ser revocado en cualquier momento, sino establecer un canon por ocupación, aunque indudablemente respetando el interés legítimo del permisionario.
Automotores, posesión, documentación del automotor, registro de la propiedad automotor, competencia
Materia: CIVIL - PENAL
Carátula: Segura, Roberto Lisandro c/ Reg. Nac. de la Propiedad Automotor s/ Apelación de resolución
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-02-19

Por haberse constatado la existencia de alteraciones en los números de motor y de chasis del automotor fue correcta la decisión mediante la cual no se admitió la pretensión del actor tendiente a obtener la regularización de la documentación correspondiente al rodado, en donde se halla consignada la numeración falseada. A tales fines, no resulta conducente la alegación ante la autoridad administrativa de circunstancias relativas a la posesión del vehículo habida cuenta de que se trata de un extremo que excede el marco de consideración de la autoridad registral y, por lógica implicancia, el de la vía prevista en los artículos 15 a 22 del Decreto 335/88, en cuya virtud las presentes actuaciones llegan a conocimiento del Tribunal.
Valor probatorio, sujetos del proceso penal
Materia: PROCESAL
Carátula: "MEDINA, MATIAS AUGUSTO; DÍAZ, FERNANDO JUAN HORACIO; ALBARRACÍN, JHONATAN; DÍAZ CRISTIAN OMAR; GUILLÉN, CARLOS ALBERTO; GUARDA NÉSTOR FABIÁN s/ ASOCIACIÓN ILÍCITA", Expte. Nº 2870 (M-577/08/TSJ) s/ RECURSO DE CASACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2009-04-06

El valor probatorio de la indicación de un sujeto como involucrado en determinado ilícito, debe ir acompañada de otras acreditaciones que los jueces en ejercicio de sus facultades, como sucede en autos, han evaluado para llegar a la justa solución, aplicando los principios que consagran los arts. 199 y 225 valoración de la prueba del Código Procesal Penal Provincial -
Recurso de casación, inadmisibilidad del recurso, falta de fundamentación, daño moral, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: B., M. N. s/ QUEJA EN: 'B., M. N. c/ P., R. y M., N. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS'
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2006-05-18

"...debe rechazarse el agravio de la demandada por el reconocimiento que la sentencia de grado efectúa del daño moral, pues no es materia del Recurso de Casación por tratarse de una típica cuestión de hecho, prueba y derecho común, acogida con fundamentos razonables, que desechan la tacha de arbitrariedad más allá de su acierto o error".