Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2010-10-14


Santa Rosa, octubre 14 de 2010.

1º ¿Resulta fundado el recurso interpuesto con arreglo al inciso 1º del art. 261 del C.P.C.C? 2º En su caso ¿qué solución corresponde adoptar? 1º cuestión.- 1. Con fundamento en el inciso 1º del art. 261 del C.P.C.C. la reclamante sostiene que el tribunal de alzada ha incurrido en una errónea interpretación de la Ley Nº 1105 y de la Ley de Concursos y Quiebras y ha violado el art. 623 del Código Civil, haciendo responsable a la entidad bancaria de una supuesta indisponibilidad de fondos -que no había sido decretada por el juez-, situación de la que sólo es responsable, según su entender, el síndico, en tanto administrador de los bienes de la fallida. 2. Resulta inevitable precisar algunos antecedentes, atento la peculiar situación que se ha producido en el expediente traído a estudio. Según surge de fs. 3297 del expediente nº 3964 caratulado "Ripiera del Valle S.A. s/quiebra", el 4 de octubre de 2001, el síndico CPN R. B. P. solicitó autorización para colocar los fondos excedentes en un plazo fijo en dólares por un término de 30 días, con renovación automática, requerimiento que fue acogido por el juez a fs. 3297. El destino del dinero se concretó el 05/10/01, a juzgar por lo que surge del oficio librado por el Banco de La Pampa, en el que se informa haber debitado de la cuenta judicial nº 203056/8 el importe de U$S 558.733,18 el que se depositó a plazo fijo a 30 días en dólares con renovación automática. Al operarse su vencimiento (04/02/02) y con un saldo de U$S 577.854,90, no fue renovado por el Banco a la vez que omitió su acreditación en la mencionada cuenta judicial. Ante ello, el juez intimó a la entidad bancaria a que depositara el saldo indicado en la cuenta judicial nº 203.056/78 (fs. 3385), orden que cumplió el 06/03/02, depositando la suma de $ 808.996,86 y ello en razón de haber "pesificado" los U$S 577.854,90 a razón de $ 1,40 por cada dólar, de conformidad con las disposiciones vigentes -Ley Nº 25.561, Decreto Nº 71/2002, Decreto 214/2002, Resolución Nº 46/02, etc.- (fs. 3389/3390). Ante esta situación, el síndico planteó la inaplicabilidad de esa normativa a los depósitos judiciales, cuestión que fue resuelta a su favor, tanto en primera instancia (fs. 3437/3443 vta.) como en la alzada (fs. 3663/3676), ordenándose al banco que depositara la suma de U$ S 577.854,90 o su equivalente en pesos, tomando como referencia la cotización del dólar tipo vendedor del Banco Central de la República Argentina del día en que efectivice el depósito, debiendo restar a la cantidad resultante y monto, la suma de $ 808.996,86 que ya había depositado. En definitiva, debía depositar la suma de U$ S 201.577,29 (fs. 3817/3818). Ese depósito se concretó el 2 de septiembre de 2003 por la suma de $ 597.273,51 equivalentes a los U$ S 201.577,30 de acuerdo a las pautas mencionadas, ingresando a la cuenta judicial nº 203.056/8 perteneciente a la quiebra (fs. 3842/3842 vta). En esa oportunidad y en el mismo escrito, la entidad bancaria manifestó -sin perjuicio del depósito efectuado ordenado bajo apercibimiento de incurrir en desobediencia judicial- que el 21/04/03 había interpuesto recurso extraordinario contra la resolución de la Cámara de Apelaciones y que, como este tribunal lo había denegado el 15/03/03, había presentado recurso de queja ante el Superior Tribunal de Justicia, el 22/05/03, el cual, a la fecha de su presentación (02/09/03) todavía no había sido resuelto. Finalmente, la entidad requirió que "Por lo expuesto en el párrafo anterior es que solicito que este tribunal tome las medidas que considere convenientes respecto a la disponibilidad de los fondos o bien se ordene a Sindicatura prestar caución real dando fianza de responder por lo que percibe si el fallo recurrido fuera revocado por el Superior Tribunal de Justicia o la Corte Suprema en su caso" (fs. 3842 vta). Corrido el traslado pertinente, el síndico manifestó que no correspondía que prestara caución real sobre bienes propios u otorgara fianza personal respecto de los fondos depositados y agregó que "...en caso de resolverse la indisponibilidad de los fondos, deberá el banco eventualmente responder por los daños y perjuicios que dicha medida ocasione a los acreedores en caso de que no exista modificación del fallo condenatorio" (fs. 3860). En la providencia siguiente, el 10 de septiembre de 2003 (fs. 3861), el juez tiene por contestada la vistapero queda sin resolver la indisponibilidad de los fondos, debiéndose advertir que tampoco le exige caución real al síndico. 3. Ahora bien, si consideramos que el 3 de septiembre de 2003, el Banco de La Pampa depositó en la cuenta judicial perteneciente a los autos donde se tramita la quiebra, la suma de dinero que se le había requerido y pese a que había solicitado al juez que tomara "...las medidas que considere convenientes respecto a la disponibilidad de los fondos..." (fs. 3842), aquél no lo hizo, al tiempo que tampoco exigió caución real al síndico, la conclusión a la que se arriba de manera inevitable es que los fondos estaban disponibles. Al respecto, cabe advertir que sólo mediante una orden judicial se puede establecer la indisponibilidad de fondos depositados en una cuenta judicial y no por la voluntad o la petición del depositante. No pareció entenderlo así el síndico, contador R. B. P. puesto que interpretó que la disponibilidad de los fondos dependía del resultado de los recursos de queja interpuestos por la entidad bancaria, primero, ante el Superior Tribunal de Justicia, y luego, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ello se deduce fácilmente de algunos escritos presentados por el síndico (fs. 3892, fs. 3897, fs. 3908/3909, fs. 4094/4094 vta.) En resumidas cuentas, el Banco de La Pampa depositó el importe que se le reclamaba el 3 de septiembre de 2003 en la cuenta judicial correspondiente, pero el síndico no utilizó esos fondos sino hasta el 17 de octubre de 2007 en la creencia de que todo dependía del resultado de los recursos de queja presentados. En estas circunstancias, cabe preguntarse a quién corresponde endilgarle la responsabilidad de la inmovilización de esos fondos durante cuatro años: a la entidad bancaria, que supuestamente cumplió con reservas la orden judicial o al síndico, quien interpretó que los fondos estaban "de hecho" indisponibles por los recursos interpuestos. 4. En este punto, y adelantando nuestra opinión, hemos de concluir que le asiste razón a la recurrente, cuando afirma que la sindicatura es la responsable de la administración de los fondos judiciales y quien debe velar por el mantenimiento y cuidado de los bienes de la fallida, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 106 y ccdtes. de la Ley de Concursos y Quiebras y que, como auxiliar del juez, debe cargar con la mayor responsabilidad respecto de la inmovilización de esa suma de dinero. En efecto, téngase en cuenta que el Banco de La Pampa es la entidad financiera en la que deben realizarse los depósitos judiciales en esta provincia, tal como lo prescribe el art. 2º de la Ley Nº 1105: "Los depósitos judiciales de sumas de dinero, cualquiera sean su causa procesal, se efectuarán en el Banco de La Pampa, en la sucursal correspondiente a la cabecera de la circunscripción judicial pertinente". En otras palabras, el Banco de La Pampa es un simple depositario de las sumas de dinero que un juez ordena depositar, surgiendo también de la misma ley, que el destino que se le puede dar a esos importes -cuentas que devenguen intereses, plazos fijos o inversiones en títulos o valores- necesitan siempre la autorización del magistrado interviniente. Por el contrario, compete al órgano sindical la administración y conservación de los bienes del fallido que se encuentran a su cargo, debiendo adoptar y ejecutar las medidas necesarias a ese fin (arts. 109, 179 y ccdtes. de la Ley de Concursos y Quiebras). En el marco de sus atribuciones y deberes, el síndico debe actuar con diligencia, es decir, que no sólo debe procurar la conservación y administración de los bienes, sino también la adopción de medidas necesarias para optimizar la obtención de fondos disponibles para pagar los créditos que se verifiquen (cfme. Gebhardt, Marcelo, Ley de concursos y quiebras 24522 y modificatorias, 2, Ed. Astrea, Bs. As. 2008, pág. 273). Por su parte, el art. 275 del mismo ordenamiento, que regula los deberes y facultades del síndico, dispone que éste debe efectuar "...las peticiones necesarias para la rápida tramitación de la causa, la averiguación de la situación patrimonial del concursado, los hechos que puedan haber incidido en ella y la determinación de sus responsables...". Del análisis de la norma y de las facultades que se confieren surge, en forma evidente, que el síndico debe adoptar una actitud activa y no esperar los impulsos que provengan del juez del concurso (op. cit. pág. 443). Desde esta perspectiva, entonces, prontamente se advierte que el síndico no ha guardado la debida diligencia puesto que, aun cuando entendiera que debía esperar el resultado de los recursos de queja, pudo haber adoptado otras medidas para impedir que esos fondos depositados en la caja de ahorro de la quiebra quedaran inmovilizados durante cuatro años. En tal sentido, bien pudo haber requerido que ese importe se invirtiera en un plazo fijo, a fin de evitar la reducción del valor económico intrínseco de lo depositado, facultad específicamente prevista en el art. 183 de la Ley de Concursos y Quiebras que prevé que el síndico puede "...disponer el depósito de los fondos en cuentas que puedan devengar intereses en bancos o instituciones de crédito oficiales o privados de primera línea" pudiendo autorizar también "...el depósito de documentos al cobro, en bancos oficiales o privados". Por otra parte, cabe destacar que los "condicionamientos o reservas" efectuados por el Banco de La Pampa al momento de efectuar el depósito del importe reclamado en la caja de ahorro perteneciente a la quiebra (nº 203.056/8) no impedían la libre disponibilidad de esos fondos, habida cuenta de que no existió ninguna orden judicial a su respecto. Además, la naturaleza misma de un depósito efectuado en una cuenta de libre disponibilidad -cuyo movimiento fue constante- impide considerarlo como un pago condicionado sin ánimo de cancelar la obligación como alega el incidentista. En un caso de similares características al presente, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala E expresó que "Desde el momento en que se declaró la inaplicabilidad a los depósitos judiciales de las normas de emergencia que la entidad bancaria invocó para no restituir el capital depositado en divisa extranjera, no parece discutible que aquella deba afrontar, además de la devolución del capital, el pago del importe de los intereses devengados hasta el momento en que se efectivice la devolución de ese capital ya que ello constituye una consecuencia natural del tipo de obligación contraída por el banco sobre las sumas invertidas, en su oportunidad, a plazo fijo, evitándose, de tal modo, convalidar una suerte de reducción del valor económico intrínseco de lo depositado provocada por la progresiva devaluación del capital. "Sin embargo, cuando, como en el caso, los fondos depositados en autos no han sido invertidos a plazo fijo, y por ende no han ingresado en la capacidad prestable del banco, impide que pueda exigírsele al banco compensación de ningún tipo como forma de contrarrestar la licuación padecida por ese capital original que no se invirtió. "Tal conclusión se impone puesto que los fondos de marras -al encontrarse depositados en una cuenta de libre disponibilidad- no ingresaron al circuito financiero para incrementar la capacidad prestable del banco, obteniendo el rédito correspondiente. En este cuadro de situación, es razonable que el banco no deba afrontar rédito alguno -conven cionales o, en su caso, legales o judiciales- pues no se advierte que se esté cohonestando una suerte de enriquecimiento sin causa en beneficio de aquél" (CNac.Ap.en lo Comercial, Sala E, "Compañía General de Papeles y Cartones S.A. s/quiebra", 22/10/09). En definitiva, el Tribunal considera que el pronunciamiento del ad quem no se ajusta a derecho puesto que ha existido una errónea aplicación de la normativa que regula las funciones y deberes del síndico y las obligaciones de la entidad bancaria como receptora de los depósitos judiciales. Tal como se resuelve el tema, resulta inoficioso pronunciarse sobre la existencia de anatocismo (art. 623 del C.C.), respecto de los intereses moratorios supuestamente debidos desde el 17/10/2007. En fin, las consideraciones hasta aquí vertidas resultan suficientes para dar respuesta positiva a la primera cuestión. 2º cuestión.- Conforme las conclusiones a las que se arriba en la cuestión anterior, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario provincial interpuesto, casando la sentencia impugnada. Como consecuencia de ello, corresponde revocar lo resuelto por la Alzada y confirmar, en todos sus términos, la sentencia de primera instancia obrante a fs. 83/86 vta. Atento el modo en que se resuelve la cuestión corresponde imponer las costas de segunda instancia y de esta instancia extraordinaria a la fallida, por aplicación del principio general de la derrota (art. 62 del C.P.C.C).

Por todo lo expuesto, la Sala A del Superior Tribunal de Justicia; resuelve: 1) Hacer lugar al recurso extraordinario provincial interpuesto a fs. 140/157 por el Banco de La Pampa, casando la sentencia impugnada. 2) Revocar, en consecuencia, lo resuelto por la Alzada y confirmar, en todos sus términos, la sentencia de primera instancia obrante a fs. 83/86 vta. 3) Imponer las costas de segunda instancia y de esta instancia extraordinaria a la fallida (art. 62 del C.P.C.C.), regulando en esta instancia los honorarios de la Dra. S. M. B. en el 35% de lo que les correspondiere en la regulación de primera instancia y los del Dr. J. G. S., en el 28% (artículos 6, 7, 9, 14 y ccdtes. de la Ley de Aranceles). A tales sumas se les adicionará el porcentaje de I.V.A., de así corresponder. 4) Ordenar la devolución del depósito efectuado a fs. 139 por la suma de mil quinientos pesos ($ 1.500,00), librándose el giro respectivo a la orden del Banco de La Pampa. 5) Regístrese, notifíquese por Secretaría mediante cédulas y, oportunamente, devuélvanse estas actuaciones a su procedencia.