Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2015-12-14


ACUERDO N° 104. En la ciudad de Neuquén, capital de la Provincia del mismo nombre, a los catorce días del mes diciembre del año dos mil quince, se reúne en Acuerdo la Sala Procesal-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia, integrada por los Señores Vocales, Doctores RICARDO TOMÁS KOHON y OSCAR E. MASSEI, con la intervención de la titular de la Secretaría de Demandas Originarias, Doctora Luisa A. Bermúdez, para dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "CARPAS D'ANGIOLA S.R.L. C/ PROVINCIA DE NEUQUEN S/ ACCION PROCESAL ADMINISTRATIVA", Expte. N° 3441/11, en trámite ante la mencionada Secretaría de dicho Tribunal y, conforme al orden de votación oportunamente fijado, el Doctor RICARDO TOMAS KOHON dijo: I.- Que a fs. 13/19 se presenta CARPAS D'ANGIOLA S.R.L. por apoderado e inicia demanda impugnando por ilegitimidad la Resolución N° 217/11 dictada por la Presidencia de la Legislatura Provincial y sus actuaciones antecedentes.

Refiere que la acción judicial persigue la declaración de ilegitimidad de las actuaciones impugnadas, su anulación judicial y el restablecimiento del derecho con la condena a restituir la suma retenida de $170.301,81 con más sus intereses. En subsidio, y para el caso que se considere legítima la retención que se cuestiona, se solicita la condena al pago del empobrecimiento incausado sufrido por su parte y aprovechado por la Provincia del Neuquén, con más los intereses correspondientes.

Relata que como surge de los antecedentes administrativos, a través del expediente N° 001-12146/10 tramitó la Licitación Pública N° 1/10 por la cual la Legislatura de la Provincia adquirió cuatro carpas de tipo colectivas con estructura de hierro, que serían dispuestas para actividades varias en el marco de los festejos del bicentenario y luego quedarían en el patrimonio provincial a fin de ser utilizadas cuando resultare necesario.

Dice que de acuerdo a lo estipulado en la contratación, hizo entrega de las carpas, que fueron recibidas por la administración en forma provisional el 23 de septiembre de 2010 y sometidas al análisis técnico de la comisión respectiva, la que dictaminó deficiencias en sus cubiertas porque no tenían el peso por metro cuadrado exigido (entre 800 y 850 gramos) y carecían del tratamiento "autoextinguible" requerido por el pliego.

Agrega que en función de lo observado, mediante acta convenio del 6 de octubre de 2010 se acordó que la proveedora sustituiría al 30 de noviembre de 2010 las lonas en cuestión y que mientras tanto la Provincia de Neuquén podría utilizar aquellas proveídas para los eventos que necesitara darles aplicación.

Continúa relatando que llegado el mes de noviembre se cumplió la provisión, procediéndose al recambio de las lonas que venían siendo utilizadas allí y montando las nuevas sobre las estructuras ya recepcionadas en septiembre.

Dice que en noviembre de 2010 emite la Factura B N° 0001-00005675 por la suma de $1.116.733,20 correspondiente al precio convenido por las cuatro carpas y sin facturar las lonas nuevas que habían sido utilizadas durante los meses de septiembre, octubre y noviembre que luego fueron suplantadas.

Destaca que cuando la Provincia recepciona las carpas en septiembre, procede a su análisis y no las devuelve porque no cumplían los requerimientos de peso y tratamiento sino que en acuerdo con la proveedora decide tomarlas para sí y aprovecharlas por dos meses hasta tanto fueran entregadas las de reemplazo.

Refiere que contrató un seguro de responsabilidad civil especial con Federación Patronal S.A. a fin de mantener indemne a la Provincia por los eventuales daños que ocurriesen con las carpas durante esos dos meses.

Dice que no obstante lo señalado, cuando llegó el momento del pago de la factura emitida, la Provincia de Neuquén descontó del mismo la suma cuya restitución se persigue ($170.301,81) alegando la entrega en mora de las lonas contratadas.

Reconoce que las lonas definitivas se entregaron tiempo más tarde de lo previsto en el contrato (noviembre), pero atendiendo al acuerdo arribado en octubre -en el que se había cedido la utilización y aprovechamiento de las lonas originales entregadas en septiembre- y a que la Provincia de Neuquén había aprovechado esos bienes, se interpuso el primer reclamo cuestionando la retención producida.

Entiende que, o había mora y la sanción era procedente, en cuyo caso existiría enriquecimiento incausado por la utilización de las lonas entregadas en septiembre; o la sanción careció de causa, porque se acordó que la privación que implicaría la mora en las lonas fuese saneada mediante la cesión del uso de las lonas efectivamente provistas en septiembre.

Agrega que no existió perjuicio alguno en la comitente y por ello la multa impuesta carecía de causa.

Refiere que su parte sufrió un doble perjuicio porque a la vez que proveyó durante dos meses las telas aprovechadas por la Provincia para la satisfacción de sus necesidades, no percibió la totalidad del precio por aquellas que finalmente entregó en el mes de noviembre de 2010.

Agrega que el costo del alquiler de las carpas implicaba, a aquella fecha, un monto aproximado de $230.000, que en pos de la preservación del contrato fue bonificado sin esperar nunca que sobre ello la demandada pretendiese además cobrar la multa.

Destaca que la administración ejerció sus prerrogativas cuando impuso la multa y a la vez aprovechó de la concesión obtenida por el acuerdo del 6 de octubre de 2010.

Finalmente, hace referencia a la ilegitimidad en el modo de cálculo de la multa. Dice que aplicando el art. 71 del reglamento de contrataciones, el cálculo de la multa nunca pudo proceder sobre la totalidad del precio del contrato, sino únicamente sobre la diferencia de precio entre las lonas de que ya gozaba la administración pública y las nuevas que arribaron a la ciudad de Neuquén el 23 de noviembre de 2010.

Acompaña documental.

II.- A fs. 34, mediante RI 114/12 se declara la admisión del proceso.

III.- Ejercida la opción por el proceso ordinario (fs. 36) y corrido traslado de la demanda, a fs. 46/52 contesta la Provincia de Neuquén, mediante apoderados, con el patrocinio letrado del Fiscal de Estado.

Luego de realizar las negativas de rigor reconoce que se llamó a licitación pública para adquirir e instalar en el espacio DUAM cuatro carpas, resultando adjudicataria la firma actora por $1.116.733,20.

Detalla las constancias del expediente sobre la licitación y apunta que a fs. 219 la empresa adjudicataria se dirige en fecha 4-10-10 a la Legislatura expresando que procedería a ajustar la provisión del material remitido a las especificaciones técnicas, y que la empresa asumía los costos que resultaran de la sustitución del material.

Reconoce las demás circunstancias apuntadas por la actora referidas al acuerdo del 6 de octubre de 2010 y la entrega definitiva de las carpas en fecha 20-11-10.

Reitera los argumentos expuestos en los actos impugnados por la actora.

Agrega que la autorización para el uso de las carpas se acordó sin cargo alguno, por entender en aquel momento el proveedor la gravedad del incumplimiento y su intención de evitar la pérdida de la garantía de la adjudicación.

Señala que la explicación brindada por la administración contiene fundamentos suficientes que no dejan lugar a dudas sobre la legitimación de la retención por mora, estando fundados los motivos en el proceder moroso del actor y en las potestades sancionatorias que tenía la Legislatura, las cuales fueron voluntariamente aceptadas por el actor al aceptar el pliego licitatorio.

Dice que no es cierto que la administración hubiese aprovechado del material provisto por la actora y que hubiese utilizado luego la prerrogativa de imponer una multa. No se pactó en el acta que se eximía a la actora de posibles sanciones por incumplimiento o cumplimiento tardío. Agrega que las lonas quedaron en poder de la Legislatura por decisión de la contratista, quien eligió esa opción para evitar una consecuencia mayor como la pérdida de la garantía de adjudicación o la resolución contractual.

IV.- A fs. 57 se abre la causa a prueba y a fs. 122 se clausura el período de prueba y se colocan los autos para alegar. A fs. 124/129 obra agregado alegato de la actora.

V.- A fs. 132/139 se expide el Sr. Fiscal General propiciando se admita parcialmente la demanda y se reconozca a la actora una suma de dinero en concepto de indemnización.

VI.- A fs. 143 se dicta la providencia de autos para sentencia la que, firme y consentida, coloca a estas actuaciones en estado para el dictado del fallo definitivo.

VII.- Así las cosas, puede comenzarse el análisis señalando que conforme las constancias del Expediente Nro. 001-12146/10 Alcance 00 (Licitación Pública N° 01/10), mediante Resolución N° 289 del 28 de julio de 2010 la Presidenta de la Honorable Legislatura resolvió APROBAR las actuaciones realizadas con motivo de la Licitación Pública N° 01/10 y ADJUDICAR a la firma CARPAS D'ANGIOLA S.R.L. el renglón N° 1 global, por única oferta, ajustarse a lo solicitado según informe técnico obrante a fojas 182 y ser sus precios convenientes a los intereses fiscales, por la suma total de pesos un millón ciento dieciséis mil setecientos treinta y tres con veinte centavos ($1.116.733,20).

En este contexto se emitió la Orden de compra N° 162/10 en fecha 28 de julio de 2010, fijándose como fecha de entrega cuarenta días hábiles y vencimiento el 23 de septiembre de 2010.

Conforme constancias de fs. 211 en fecha 23 de septiembre de 2010 la actora realiza la entrega según Pliego de Bases y Condiciones de las cuatro carpas, las que se recepcionan provisoriamente.

En fecha 30 de septiembre de 2010 se constata por la Legislatura que el material utilizado para la confección de las carpas no cumplía con los requerimientos establecidos: la lona de PVC utilizada posee una masa por m2 del orden de los 640 grs./m2 aproximadamente cuando se solicitaba que el mismo sea de 800 grs/m2 como mínimo y 850 gr/m2 como máximo; se verificó además que la lona no presentaba las características de AUTOEXTINGUIBLE como se solicitaba en el pliego.

Esta observación fue reconocida por la actora, quien mediante nota de fecha 1 de octubre de 2010 se compromete a ajustar la provisión del material remitido a las especificaciones técnicas requeridas, asumiendo los gastos que resulte por la sustitución del material.

A consecuencia de ello, se lleva a cabo una reunión el día 6 de octubre de 2010, conforme constancias de fs. 226, de la que resulta que "el proveedor se compromete a reemplazar las lonas existentes en las carpas, por otras que reúnan todas las especificaciones técnicas según pliego de bases y condiciones, antes del 30 de noviembre de 2010 . La Legislatura tiene pleno derecho de uso y goce de las carpas instaladas en el predio del Espacio DUAM, sin perjuicio de que las lonas que las conforman no se ajustan a lo adquirido. . Son a cuenta del proveedor los costos y gastos generados para la realización del análisis y/o prueba de los elementos adquiridos" (tex).

A fs. 243 obra el acta de recepción definitiva de fecha 29 de noviembre de 2010 en la que los representantes de la Legislatura dicen que la actora ha cumplimentado todos los requerimientos establecidos en el pliego.

Emitida la factura por la actora (fs. 244), por la suma de $1.116.733,20 se ordena pagar la suma de $ 946.431,39. La demandada descuenta la suma de $ 170.301,81 en concepto de multa por mora: 61 días transcurridos entre el 23 de septiembre de 2010 (vencimiento del plazo de entrega) y el 23 de noviembre de 2010 (cumplimiento de entrega de la mercadería).

Ahora, cabe analizar la procedencia de la retención que efectuara la Provincia en oportunidad de proceder al pago de la factura presentada por la actora.

VIII.1.- De lo referido surge que el conflicto se presenta en oportunidad en que la actora reclama el pago y la demandada efectúa la retención por lo que denomina, mora en el cumplimiento.

Ahora, a las partes las ha vinculado un contrato administrativo. La Corte Suprema de Justicia ha señalado que: "en materia de contratos públicos la administración y las entidades y empresas estatales se hallan sujetas al principio de legalidad, cuya virtualidad propia es la de desplazar la plena vigencia de la regla de la autonomía de la voluntad de las partes, en la medida que somete la celebración del contrato a las formalidades preestablecidas para cada caso y el objeto del acuerdo a contenidos impuestos normativamente, los cuales las personas públicas no se hallan habilitadas para disponer sin expresa autorización legal" (316:3157).

Para la selección del contratista se ha seguido aquí el procedimiento regla: la licitación pública. Una de las primeras etapas de la licitación es la elaboración de los pliegos de condiciones que servirán de base para la confección de las propuestas.

El pliego de condiciones contiene las disposiciones generales y especiales destinadas a regir el contrato en su formación y posterior ejecución.

Como ya sostuve en el Acuerdo 1374, la naturaleza jurídica de estos pliegos se encuentra debatida.

Sin embargo, podría afirmarse -superando las disputas doctrinarias- que participan de un doble carácter normativo o reglamentario y contractual. Como indica Cassagne, "van cambiando progresivamente en cada etapa del proceso de selección y durante la ejecución del contrato... una vez que han cobrado publicidad -en el caso de la licitación pública a través de la publicación- los pliegos asumen una condición normativa o reglamentaria plena, hasta el momento de la presentación de las ofertas (como tales pueden ser derogados, sustituidos o modificados sin mengua del principio de igualdad). A partir de allí y hasta la adjudicación los pliegos no pierden su carácter normativo o reglamentario aunque bajo un régimen peculiar que, en principio, excluye la posibilidad de modificar las reglas de juego sobre las cuales los oferentes formularon sus propuestas, salvo para permitir la subsanación de recaudos formales..." Luego, al producirse la adjudicación y durante toda la etapa de ejecución, los pliegos integran la relación contractual (cfr. Cassagne, Juan Carlos, "los procedimientos de selección del contratista estatal", L.L. 1997-E, 1485).

Esta doble naturaleza, signada en todos los casos por el principio de igualdad, determina que "...el establecimiento en los procesos de selección, ya sea concursales o licitatorios, de normas vinculadas a la comparación de oferentes o concursantes, no resultan meras formalidades susceptibles de ser obviadas o de ser cumplidas de manera implícita o indirecta. Por el contrario, se trata de normas contenidas en un reglamento administrativo que tienden a homogeneizar los criterios de evaluación, permitiendo así tanto el control de legalidad por parte de la administración, como el resguardo de los propios derechos de los participantes, que también requieren de datos objetivos a esos efectos. Se trata, en definitiva, de garantizar los principios de publicidad -conocimiento de las razones tenidas en cuenta por la Administración-, competencia -pujar conforme a los mismos criterios de selección- e igualdad -trato a todos los concursantes oferentes sin discriminación ni preferencias subjetivas-, principios éstos esenciales a todo procedimiento administrativo de selección, y emanado de las garantías del debido proceso y de igualdad consagradas por los artículos 18 y 16 de la Constitución Nacional" (cfr. op.cit., CSJN caso "Martín Estela Delia Correa de. C. Universidad Nacional de San Juan", 10/12/92).

El pliego, entonces, "...es la principal fuente de donde derivan los derechos y obligaciones de las partes intervinientes, a la cual hay que acudir, en primer término, para resolver todas las cuestiones que se promuevan, tanto mientras se realiza la licitación, como después de adjudicada y durante la ejecución del contrato" (CSJN, Fallos 179:249, 97:20, 241:313).

Y, por tal razón, se lo denomina la ley del contrato (SC Mendoza, 20/3/70, "Pampillón, Guillermo v. Dirección Provincial de Vialidad", LL, 141-215, citado por Dromi, Roberto, "Licitación Pública", pág. 491).

VIII.2.- De lo expuesto queda claro, que el Pliego de Condiciones del contrato cumple una doble función, en tanto, por una parte, indica a los interesados las condiciones que deben reunir sus ofertas y, por la otra, cuando el contrato nace, se convierte en cláusulas contractuales rectoras de sus efectos jurídicos.

El acuerdo de voluntades se produce por la adhesión del co-contratante a las cláusulas prefijadas por la Administración Pública y el margen de discusión se limita a la aceptación o no de las cláusulas contenidas en el pliego. De esto se derivan dos importantes consecuencias.

En primer lugar, que la adjudicación o la formalización del contrato deba hacerse sobre las bases precisas del pliego que determinaron la adjudicación; toda ventaja dada a favor de un licitador, que no haya sido acordada a los restantes oferentes, lesiona o infringe el principio de igualdad (principio que, además debe ser mantenido también durante la vigencia del contrato).

En segundo lugar, requiere del particular un cuidado y una previsión acordes al procedimiento que regla la manifestación de voluntad: El contratista, cuando efectúa su oferta, debe ser riguroso en el análisis que lo lleva a hacerla, porque no sólo el margen de discusión de las condiciones es estrecho, sino que generalmente los contratos con la administración son de envergadura o se prolongan en el tiempo (cfr. Viale, Claudio Martín, "El reacomodamiento del contrato administrativo", LLC 1990-73).

En este punto, debe recordarse que quien contrata con la Administración Pública no es un contratista ordinario: aun cuando actúe en situaciones de subordinación económico-jurídica respecto de las personas públicas comitentes, es un colaborador que coopera en la ejecución de cometidos públicos (cfr. Dromi, Roberto, "Derecho Administrativo", pág. 340).

En efecto, quien contrata con la Administración debe observar un comportamiento oportuno, diligente y activo. Debe poner las circunstancias susceptibles de modificar las cláusulas contractuales en punto a permitir que el órgano estatal pueda evaluar la conveniencia de contratar o no (Fallos: 311:2832).

Por ello es que "...una vez presentada la oferta, atento a la particularidad de la situación, el postulante pierde toda posibilidad de cuestionar las cláusulas del pliego, ya sea que este cuestionamiento se haga en forma directa y expresa, o elípticamente, a través de la pretensión de acordar un determinado alcance interpretativo que no surja con clara implicancia de sus términos . De suyo, si el oferente no lo hace, queda claro que cualquier duda o error es el resultado de su propia negligencia, y consecuentemente, insusceptible de producir consecuencias jurídicas que modifiquen la plenitud o afecten la vigencia de las condiciones estipuladas".

Por lo tanto, el análisis debe comenzar por el pliego licitatorio.

IX.- De acuerdo a las especificaciones técnicas (fs. 33) del expediente sobre licitación, que integran las claúsulas particulares del pliego (art. 1 de fs. 39 del mismo expediente), las características del material de las carpas -entre otras-, debían ser: "lona autoextinguible y masa por m2 de tela recubierta entre 800 grs/m2 como mínimo y 850 grs/m2 como máximo". Este fue el compromiso asumido por el actor, y el tiempo de entrega era el 23 de septiembre de 2010.

Sin embargo, ya se dijo que, en oportunidad de recepcionarse el material en septiembre de 2010, la demandada observó que las lonas entregadas no cumplían las especificaciones técnicas exigidas.

La entrega defectuosa del material fue reconocido por la actora que se comprometió a ajustarlo antes del 30 de noviembre de 2010 (conf. fs. 216, 219 y 226 del expediente Alcance 0).

Luego, las lonas con las especificaciones técnicas correspondientes a las comprometidas en el pliego fueron entregadas en noviembre de 2010.

Sobre esta base, la demandada aplica la multa en oportunidad del pago, lo que es objetado por la actora afirmando que no incumplió, que el proceder obedeció a lo acordado en octubre de 2010 y que la demandada tuvo derecho al uso y goce de las carpas entregadas en septiembre.

Así las cosas, cabe analizar la conducta desplegada por las partes, y en este punto, tiene relevancia el acta de fecha 6 de octubre de 2010 y los compromisos allí asumidos.

En esa oportunidad, la actora reconoció que la lona de PVC utilizada para la confección de las carpas no cumplía con los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, comprometiéndose a reemplazarlas por otras que reúnan las especificaciones técnicas antes del 30 de noviembre de 2010, lo que sucedió efectivamente conforme constancias del acta de recepción definitiva (fs. 243 del expediente administrativo) el día 29 de noviembre de 2010.

A su vez, la Legislatura tuvo pleno derecho al uso y goce de las carpas instaladas en el predio del Espacio DUAM, sin perjuicio de que las lonas que las conformaban no se ajustaban a lo adquirido (cláusula cuarta del Acta de fecha 6 de octubre). Concretamente, conforme surge del informe de fs. 66, fueron utilizadas entre los días 13 al 17 de octubre de 2010.

De lo expuesto es posible arribar a dos conclusiones: 1) la actora no dio cumplimiento acabado a lo comprometido en el pliego de condiciones en tiempo oportuno: las lonas con las especificaciones técnicas correspondientes se entregaron el 29 de noviembre de 2010 y no el 23 de septiembre como era el plazo establecido; 2) la Legislatura utilizó las carpas con las otras lonas hasta la oportunidad en que se entregaron las comprometidas.

Estas son las conductas de las partes que deben valorarse.

En la reunión de fecha 6 de octubre de 2010 participaron el Director General de Administración y el Director de Compras y Suministros de la Legislatura de Neuquén, y el apoderado de la firma Carpas D'Angiola.

Del tenor de lo acordado el actor pudo interpretar que se modificaban los términos de la contratación en lo que al plazo de cumplimiento se refiere, atendiendo además a la entrega de las otras lonas que no reunían las especificaciones comprometidas.

Sin embargo, el cumplimiento ha sido tardío. Ha existido mora a la luz de lo fijado en el pliego de condiciones. La sanción por el retardo en el cumplimiento es la multa. Así lo establece el Reglamento de Contrataciones y lo reafirma además el pliego de condiciones en el punto 34: "Penalidades: El incumplimiento de las obligaciones contraídas por el adjudicatario dará lugar a la aplicación de las penalidades previstas en el artículo 71 del Reglamento de Contrataciones de la Ley N° 2141 de Administración Financiera y Control, que para cada caso se indica".

Concretamente, el art. 71 en el punto 2.a) establece: "Por entrega de los elementos fuera de término: multa por mora que será del 0.25% diario del valor de dichos elementos, por un plazo de hasta noventa días .".

Y la mora, a la luz de lo normado por el art. 73 del Reglamento de Contrataciones, se considerará producida por el simple vencimiento del plazo contractual sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial, siendo las multas, de aplicación automática, sin necesidad de pronunciamiento expreso.

Ergo, la multa aparece como legítima. Pero a la luz de la conducta de las partes, lo establecido en el acta de fecha 6 de octubre de 2010, el cumplimiento efectivo el 29 de noviembre y la utilización de las lonas -aunque sin las especificaciones técnicas comprometidas- corresponde revisar el alcance de la sanción.

La Administración ha impuesto la multa como si el cumplimiento tardío hubiera sido absoluto. Sin embargo, la estructura y las lonas -aunque objetadas- fueron entregadas en término y, lo que es fundamental, fueron utilizadas para el fin para el que habían sido contratadas.

"En el ámbito de la contratación administrativa, la inmutabilidad del contrato no es una inmutabilidad del contenido, sino del fin. Lo que se persigue con estos contratos es satisfacer de la mejor manera posible el interés general, de modo tal que "... la inalterabilidad del fin impone o puede imponer la alteración parcial o, mejor aún, la adaptación del objeto... Mutabilidad del objeto y mantenimiento de la equivalencia económica de las prestaciones son, pues, los dos polos entre los que circulan las singularidades propias de la contratación administrativa. No hay, por lo tanto, exorbitancias a ultranza, sino unas bases distintas de equilibrio contractual... (conf. García de Enterría, E. y Fernández, T. R., "Curso de Derecho Administrativo", Tomo I, Ed. Civitas, Madrid 1996, pág. 702, citado en Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, sala contenciosoadministrativa (TSCordoba), publicado en LL LLC2008 (julio), 621).

En este contexto, atendiendo a esta circunstancia excepcional que se presenta en autos, de la que resulta que la Legislatura usó las carpas con las lonas entregadas en septiembre de 2010, la multa debe ser morigerada.

Por ello, en uso de la facultad conferida por el art. 165 del C.P.C.y C., se reduce la multa al 50%, lo que arroja una suma de $85.150,90, con más los intereses que se determinan en el punto siguiente.

X.- Por estos motivos, propicio al Acuerdo el acogimiento parcial de la demanda, la que prospera por la suma de $85.150,90, con más los intereses que se calcularán conforme la tasa activa del Banco de la Provincia de Neuquén desde la fecha de la orden de pago -oportunidad en que se retuvo la multa, 18/12/2010- hasta el efectivo pago. Las costas del pleito se imponen en el orden causado toda vez que la demanda prospera parcialmente (art. 68 y 69 C.P.C.yC. y 78 Ley 1.305). TAL MI VOTO.

El señor Vocal Doctor OSCAR E. MASSEI dijo: comparto la línea argumental desarrollada por el Vocal que abre el Acuerdo, como así también sus conclusiones, por lo que emito mi voto del mismo modo. MI VOTO.

De lo que surge del presente Acuerdo, habiéndose dado intervención al Fiscal General, por unanimidad, SE RESUELVE: 1º) Hacer lugar parcialmente a la demanda interpuesta por CARPAS D'ANGIOLA S.R.L. contra la PROVINCIA DE NEUQUEN, condenando a esta última a abonar la suma de $85.150,90 con más los intereses fijados en los considerandos. 2°) Costas en el orden causado (arts. 68 y 69 del CPCy C y 78 Ley 1305). 3°) Diferir la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes hasta tanto se cuente con pautas para ello. 4°) Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.

Con lo que se dio por finalizado el Acto, que previa lectura y ratificación, firman los Magistrados presentes por ante la Actuaría que certifica.

DR. RICARDO TOMAS KOHON - DR. OSCAR E. MASSEI DRA. LUISA A. BERMÚDEZ - Secretaria.