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Apremios ilegales, nulidad procesal, sentencia absolutoria, prevención, derechos y garantías constitucionales
Materia: PENAL
Carátula: CASAS, RUBEN O. s/ Contrabando Causa 18869
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-07-04

1- Habiendo existido respecto a algunos procesados apremios ilegales que, no obstante haber estado "prima facie" acreditados no despertaron el interés suficiente para individualizar y castigar a los responsables sino que, por el contrario, se investigaron los hechos que dieron lugar a la formación de la causa, no es apropiado anular lo actuado obligando a una nueva sustanciación, sino que corresponde, lisa y llanamente, absolver a todos quienes fueron acusados en base a la anómala investigación. (Del voto del Dr.

Hendler).- NOTA:el Dr. Hendler propició la confirmación de la absolución, con costas a cargo del querellante. Los Dres. Sustaíta y Oyuela, sentaron mayoría sólo en cuanto a que debía pronunciarse la confirmación de la absolución SIN COSTAS, "por haberse creído la parte con derecho a querellar".- 2- Ya sea que se estime un derecho anterior a la Constitución o que ésta la incluya dentro del contenido del derecho a la libertad, lo cierto es que el sistema jurídico argentino incluye ahora además en forma expresa, conforme a la ley 23054, el derecho a la integridad personal en el cuadro normativo que tiene carácter de ley suprema de la nación. (Del dictamen del Fiscal de Cámara, Dr. Cavallero).- 3- El procedimiento prevencional, en cuanto convierte al ser humano en objeto de prueba al margen de la garantía constitucional del art.

18 que prescribe que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, conlleva un contenido codificador absolutamente incompatible con la dignidad de la persona humana y con el debido respeto a su integridad personal, física, psíquica y moral. (Del dictamen del Fiscal de Cámara, Dr. Cavallero).
Accidente de tránsito, indemnización por accidente de tránsito, privación del uso del automotor, consecuencias casuales
Materia: CIVIL
Carátula: SUCARI, ALBERTO J c/ SOSA MIGUEL s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-21

Ni la circunstancia de que la víctima no haya procedido a hacer reparar su rodado por falta de medios económicos, ni la de que el arreglo no haya podido ser realizado por la prohibición dispuesta en la causa penal o por otros motivos similares, justifican que esta demora pueda hacerse pesar sobre el victimario o responsable del ilícito, por no tratarse de consecuencias ni inmediatas, ni necesarias del hecho en los términos de los arts. 520, 901 y 903 C Civil, sino de consecuencias causales y remotas del hecho no imputable a su autor.
Daños y perjuicios, establecimientos asistenciales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Barral, Ana María c/ Naveran, Susana y otros s/ Daños y perjuicios. Beneficio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-11-14

La quemadura de tercer grado sufrida por una paciente internada de resultas de una bolsa de agua caliente puesta inconsultamente en sus pies, cuando la sensibilidad de los mismos se hallaba adormecida por los efectos de la anestesia peridural, exterioriza una quiebra del deber objetivo y tácito de seguridad asumido por el Hospital Municipal de preservar la integridad física de las personas allí internadas. Frente a ello, la única manera que tiene el hospital de escapar al juicio de reproche que lo alcanza por la sola frustración del deber de seguridad prometido (es decir por la no consecución del resultado esperado), es la prueba del caso fortuito, la culpa de la víctima o de un tercero por el que no debe responder.
Derecho laboral, prueba del contrato de trabajo, indemnización por despido
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Estudio Jurídico de Roberto Argañaraz y Rodolfo Cuevas s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1996-10-30

En materia laboral, acreditada la prestación de servicio, por los medios que la ley admite, el trabajador ya no tiene otra cosa que probar en orden a la existencia del contrato laboral y probado el despido, el derecho a percibir las indemnizaciones del caso, quedando a cargo del empleador la prueba contraria a las reclamaciones pecuniarias contenidas en la demanda.
Mala praxis, daños y perjuicios, responsabilidad médica, carga de la prueba, prueba pericial, valor probatorio
Materia: CIVIL
Carátula: Comelli de Jalile Miriam del Valle c/ Florit, Enrique y Sanatorio Pasteur s/ Indemnización de daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1996-09-18

Cuando se pretende la reparación del daño fundado en la culpa del profesional interviniente, la doctrina y jurisprudencia son conteste en afirmar que en principio, la prueba de la culpa médica incumbe al damnificado; en éste caso hubiera correspondido que el paciente acreditara la supuesta negligencia o graves errores de diagnóstico que atribuyó al profesional. Empero ello debe analizarse teniendo en cuenta el ámbito en que se pretende indagar la presunta responsabilidad del demandado,correspondiente el mismo a la ciencia médica y tratándose la medicina de una ciencia inexacta, deviene imprescindible en este orden de cosas la prueba pericial médica, presupuesto éste insustituible por tratarse de cuestiones de técnica médica, motivando ello la imposibilidad de que el juez se base al decidir exclusivamente en su experiencia. Por ello, atento a lo que surge de la causa y en mérito a la conducta de la parte actora, quién se negó a prestar colaboración para practicar la prueba pericial, debe rechazarse el recurso interpuesto por la misma.
Recusación, medidas cautelares
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Servini de Cubría, María Romilda c/ Borensztein, Mauricio y otro
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-07-05

Es descalificable el pronunciamiento que rechazó la recusación, si las circunstancias posteriores al acogimiento de la medida cautelar dictada no fueron consideradas, lo que agravia la garantía del debido proceso, en el cual la imparcialidad del juzgador es condición necesaria (Disidencia de los Dres. Carlos S. Fayt, Julio S. Nazareno y Gustavo A. Bossert).
Quiebra, subasta, acreedor no concurrente, verificación de créditos
Materia: COMERCIAL
Carátula: FIAT  AUTO  SA DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS c/ RUIZ, JUAN s/ EJECUCION PRENDARIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-19

Mas allá del planteo sobre la presunta irregularidad que importaría la realización del remate luego de decretada la quiebra de uno de los demandados en la ejecución prendaria, lo cierto es que una vez realizada la subasta, su producido seria transferido a la orden del juez de la quiebra. Así, es claro que la subasta cumplida en el marco de dicha causa no se muestra susceptible de afectar el principio de la par conditio creditorum, toda vez que la aquí actora deberá necesariamente concurrir ante el proceso falencial a fin de procurar el reconocimiento y la satisfacción de su acreencia, que el producido habrá de ingresar a la masa de la quiebra y allí se distribuirá.
Incapacidad laboral, porcentaje de incapacidad, indemnización por incapacidad
Materia: LABORAL
Carátula: PUCA, SIXTO c/ SOCIEDAD   ANONIMA  LA  HISPANO  ARGENTINA  CURTIEMBRE  Y  CHAROLERIA s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-10-15

El trabajador tiene derecho a la indemnización prevista en el artículo 212 LCT., cuarto párrafo, aún cuando al tiempo de su renuncia continuare trabajando, toda vez que el elevado déficit laborativo del que era portador (en el caso 70 % de la total obrera) lo incapacitaba en forma absoluta para el desempeño de cualquier tarea. (CNAT., Sala I, 19 de noviembre de 1979, 'Cristiance, Juan c/ SA. Destilerías, Bodegas y Viñedos El Globo Limitada s/ cobro de pesos').
Sentencia condenatoria, individualización de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Ciccone, Nicolás Tadeo c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-02-25

El dictado de la sentencia condenatoria y la individualización de una pena de efectivo cumplimiento, aun cuando la misma no se encuentre firme, se presenta como una circunstancia jurídica, que debe ser evaluada por no constituir un parámetro exclusivo y autosuficiente en conjunto con las demás pautas objetivas y subjetivas que permiten el análisis de la existencia de los riesgos procesales.
Procedimiento administrativo, ejecutoriedad del acto administrativo, suspensión de la ejecutoriedad, dominio público, facultades de la administración, revisión judicial de actos administrativos, control de legalidad, derechos y garantías constitucionales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Elvira Luisa Mateo c/ GCBA s/ AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-09

Cuando se trata de proteger el dominio público, la Administración está facultada legalmente para poner en ejecución sus actos, sin intervención judicial (arts. 12, LPA).

Pero puede prima facie sostenerse que, ni el privilegio de la decisión ejecutiva ni el de la ejecución forzosa o acción de oficio, avala per se la prerrogativa de ejecutar por sí actos administrativos en supuestos en que deba usarse la fuerza contra las cosas o las personas. El reconocimiento a la Administración de una genérica potestad de ejecución forzosa de sus decisiones no puede defenderse con rigor en un sistema constitucional como el nuestro.

Si no se suspende la eficacia de la decisión administrativa, su ejecución forzosa provocará un cambio de la situación jurídica establecida antes de que los tribunales puedan pronunciarse sobre la legalidad de la decisión que le sirve de fundamento.
Colegio de Martilleros y Corredores de Comercio, Impuesto sobre los ingresos brutos, control de constitucionalidad, ejercicio profesional
Materia: CIVIL
Carátula: Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (CUCICBA) c/ GCBA s/ Acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-08-26

Corresponde rechazar la acción tendiente a que se declare la inconstitucionalidad de la norma que grava con el impuesto sobre los ingresos brutos la intermediación en la compraventa de inmuebles pues, a tenor de la regulación local, el colectivo de matriculados en el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (CUCICBA) está conformado no sólo por aquellos que han obtenido una diplomatura universitaria -al margen que tal reconocimiento les permita o no ingresar en la categoría de profesionales liberales universitarios-, sino también por aquellos otros sin formación universitaria. (Voto del Sr. Juez José O. Casás, al que adhiere la Sra. Jueza Ana María Conde).
Accidentes de trabajo, responsabilidad del asegurador, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: Leyes Héctor Eduardo c/ Provincia ART. S.A. s/ D. y P. por accid. de trabajo - Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2011-02-24

Ante un infortunio laboral las A.R.T. pueden , en caso de configurarse los presupuestos de responsabilidad que ha señalado la doctrina antes referida, incurrir en responsabilidad civil extracontractual en virtud de lo normado por el artículo 1074 del Código Civil, que contempla la responsabilidad que nace de la omision que ocasiona una daño a otros, cuando una disposición de la Ley imponga una obligación, y ser obligada solidaria con el empleador respecto de la reparación del perjuicio- conf. Arts. 1109 y 1081 del mismo Código-, por ende, es incuestionable su legitimación pasiva ante una acción civil resarcitoria como la intentada en autos.
Tasas de interés, actualización monetaria, inflación
Materia: CIVIL
Carátula: E., H. D. c/ R. V., G. R. y Otra s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-05-27

"La tasa de interés puede cumplir una doble función, o solamente una, según sea la realidad económica en que se halle inserta ésta. Debe deslindarse primero si se halla autorizada o prohibida la repotenciación, actualización o indexación de las obligaciones dinerarias, puesto que según sea una u otra respuesta, diferente será la función de la tasa de interés.

Si la indexación se halla prohibida, medida de política económica que han seguido numerosas economías estables del primer mundo, y que ha seguido desde 1991 nuestro país ante la comprobación de que el proceder inverso retroalimenta la inflación al estimular su causa principal, la circulación monetaria, la tasa de interés tiene una doble función: en parte opera como factor de actualización y en parte como compensación por el uso del capital.

En cambio, cuando la indexación no está prohibida, la tasa de interés actúa solamente como beneficio por el no uso del capital, no poseyendo ese componente actualizador. Constituye un error conceptual asignar entidad a la función de repotenciación del principal que tendrían los intereses, en épocas de estabilidad.

Ello constituye una función accesoria de la tasa de interés que opera sólo en épocas de alta inflación en que, además, se hallara prohibido el mecanismo indexatorio, que realimenta cíclicamente la desvalorización.

En tanto, en épocas de baja inflación, del total de la tasa de interés sólo una mínima porción de ésta opera como mecanismo de actualización, siendo su función preponderante la compensatoria.

Cabe extraer de ello una primera apreciación: en épocas de estabilidad o baja inflación la tasa de interés debe ser lo más baja posible, puesto que ello restringe el circulante en el mercado financiero, encorsetando a su vez a la inflación".
Recurso extraordinario, daños y perjuicios, accidente de tránsito, cuestiones de hecho y prueba, sentencia arbitraria, procedencia del recurso
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Najmanovich, Fidel y otra c/ Daspeñas, Damián Edgardo y otros.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-29

Si bien los agravios referentes al rechazo de la demanda de daños y perjuicios derivados de un accidente de tránsito, remiten al examen de cuestiones de hecho, prueba y derecho común, materia ajena -como regla y por su naturaleza- a la instancia del art. 14 de la ley 48, ello no resulta óbice para abrir el recurso, cuando se ha omitido dar un tratamiento adecuado a la controversia de acuerdo a los términos en que fue planteado el derecho aplicable y la prueba rendida (Disidencia de los Dres. Eduardo Moliné O'Connor, Augusto César Belluscio, Guillermo A. F. López y Adolfo Roberto Vázquez).
Recurso de inconstitucionalidad, prueba
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Díaz, Carlos c/ Indecar S.A. s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Indemnización laboral (Expte. CSJ Nº  411-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-07-28

Lo relativo a la selección y valoración de la prueba, o el reparto de la carga de aportarla, queda normalmente detraído del ámbito del recurso de inconstitucionalidad, dado que es una tarea que se reserva a los sentenciantes ordinarios toda vez que ellos son soberanos en la fijación de los hechos litigiosos y en el análisis de los medios de confirmación. Pero dicha regla admite excepción cuando se demuestra que la operación intelectual desarrollada en el proceso de formación de la sentencia carece de bases aceptables con arreglo a los preceptos legales que gobiernan la ponderación de las probanzas.
Principio de congruencia, daños y perjuicios, deberes del juez, traba de la litis
Materia: CIVIL
Carátula: D., V. B. c/ Díaz, Marcelo y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2018-09-26

El principio de congruencia -cuyo destino es conducir el pleito en términos de razonable equilibrio dentro de la bilateralidad del contradictorio- importa que la sentencia se muestre atenta a la pretensión jurídica que forma el contenido de la disputa y no resulta violado mientras exista el nexo necesario entre la fórmula propuesta en la traba de la litis y el contenido de la decisión del juzgador, pues sólo aparecería el quebrantamiento si el argumento decisorio alterara aquella relación.(doctor de Lázzari, sin disidencia)
Quiebra, prescripción, interrupción de la prescripción, cómputo del plazo, declaración de quiebra
Materia: COMERCIAL
Carátula: El Ranchilleño S.R.L. c/ Conc.Prev. (hoy quiebra) s/ incidente de verificación tardía
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2018-12-13

Si bien el crédito insinuado es claramente un crédito con causa anterior a la presentación en concurso, el acreedor no tuvo título justificativo de su crédito hasta tanto no adquirió firmeza la sentencia constitutiva de su derecho, lo que recién tuvo lugar cuando se notificó la sentencia aclaratoria del pronunciamiento de fondo recaído en esta instancia, y ello ocurrió cuando la acreedora ya se encontraba declarada en quiebra. No habiendo operado la prescripción común del derecho civil -ello por los efectos interruptivos de la demanda y tramitación del proceso de daños y perjuicios-, ni tampoco la prescripción concursal durante la etapa del concurso preventivo -conforme lo dispuesto por el séptimo párrafo del art. 56 LCQ.- y no siendo aplicable en la quiebra la prescripción prevista en el art. 56 LCQ., sólo cabe el rechazo de la prescripción liberatoria opuesta por la sindicatura
Sociedad irregular, disolución de sociedades, regularización de sociedades, sociedades comerciales
Materia: COMERCIAL
Carátula: MARTEARENA, JUAN DE LA CRUZ c/ SATURNO Y/O PEÑA MARIO ERNESTO-SUAREZ, FERNANDO JOSE- Y ORTIZ NICOLAS SEVERO s/ DISOLUCION DE SOCIEDAD IRREGULAR Y RENDICION DE CUENTAS-ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1993-08-13

El trámite de regularización previsto en el artículo 22 de la Ley 19550 (reformado por Ley 22903) es facultativo y no obligatorio, y, a la vez, no deroga el capítulo referido a la disolución de la sociedad no constituida regularmente, en tal caso, y notificada fehacientemente la decisión a todos los consocios, estos pueden- por mayoría- resolver regularizarla dentro del décimo dia. El derecho de receso, solo esta previsto para los socios que votaron contra la regularización o sea que, de acuerdo al nuevo texto legal, existe tanto la posibilidad de regularizar la sociedad, como la de que cualquier socio pueda pedir la disolución.
Sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Saravia, María Lucinda c/ Melo, Alberto Ramón s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-07-04

Por las manifiestas diversidades existentes entre los regímenes sobre responsabilidad que edifican en el derecho civil y el derecho penal no ha de permitirse la expansión ilimitada del art. 1103 del Cód. Civil a los supuestos de sobreseimiento provisional, desde que éste no obliga al juez civil. La cuestión central a dilucidar no es otra que la de determinar si el hecho de un tercero ajeno o el de la propia víctima, interrumpieron el nexo causal que objetivamente se trazara por el contacto físico de la cosa dañosa (el automotor del accionado) con la humanidad y bienes de la precitada víctima, como para eximir total o parcialmente de la responsabilidad objetiva que ya abrazara al propietario y guardián de tal cosa por la sola prueba de aquél contacto físico.
Empleo público, recurso de apelación (administrativo), carrera administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Díaz, Ana María c/ Instituto Provincial de los Pueblos Indígenas de Salta s/ recurso de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2019-09-20

Si se atribuyera estabilidad a quien no ha sido incorporado con los requisitos y medios de selección previstos para el ingreso a la carrera administrativa, se vulneraría el régimen legal de la función pública en cuanto establece un sistema diferenciado para empleados que ingresan a planta permanente y para aquellas personas contratadas o designadas como transitorias y, además, porque se afectaría el principio de división de los poderes, en cuanto se autorizarían gastos en sustitución del Poder Legislativo.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, falta de cita legal
Materia: PENAL
Carátula: Napolitano, Claudio s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-12-23

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que no demuestra, con fundamento normativo en relación a las pruebas periciales y testimonial que invoca, que estén probados los hechos a los que atribuye efectos atenuantes. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, caducidad, resolución denegatoria, resoluciones irrecurribles, recurso de nulidad, leyes, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: XX s/ ¿Es apelable el auto que rechaza la pretensión de caducidad del   proceso? -Tribunal pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-02-26

Si una resolución referida al procedimiento -inapelable por disposición de la ley- ha decidido la cuestión equivocadamente, si no ha sido consentida por la parte afectada, ésta tiene el derecho de lograr su revisión vía recurso de nulidad que puede interponer contra la sentencia, por haber sido ésta dictada luego de haberse seguido un procedimiento que puede estar viciado de nulidad, como consecuencia de aquella errada resolución inapelable. De no entenderse así, sería aceptar como inamovible un auto susceptible de producir la nulidad de todo un procedimiento (artículo 129 Código Procesal Civil). La alegada inexistencia de un recurso de esta índole no es tal, toda vez que el artículo 156 expresamente lo establece cuando la sentencia ha sido dictada en virtud de un procedimiento en el que se hubiere negado el despacho de alguna diligencia probatoria. Por su parte, el artículo 414 también lo prevé, ya que el declarar inapelable -en los juicios sumarísimos- toda resolución que no sea la sentencia en lo principal o que dé por resultado la paralización del juicio, faculta al tribunal de alzada -al conocer en lo principal- a reparar los agravios causados en los incidentes o en el procedimiento de primera instancia. En este caso no puede haber duda alguna respecto de la inapelabilidad del auto que rechaza la caducidad del proceso. (Del Voto del Dr. Crespo).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), competencia por el territorio, competencia federal, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ORTIZ, WALTER ANDRES c/  s/ CUESTION DE COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-02-23

La recurrente no alcanza a descalificar lo resuelto con su planteo de que la justicia federal se declaró competente en otros casos, que el Ministerio Público Fiscal de la Nación ejercerá la acción penal en supuestos similares y que el comunicado de la Procuración General de la Nación que insta a los fiscales federales a evitar planteos de competencia en los casos en que ya se encuentra interviniendo la justicia provincial es sólo la expresión de una decisión de política criminal a aplicar desde el órgano que preside, desde que no demuestra la decisividad de su postulación, máxime al no hacerse cargo de desmerecer las razones que fundamentan el mismo, al considerarse en el mismo comunicado que dichos planteos sólo harían prevalecer los medios -las formas- sobre los fines -la sustancia- en contraposición al criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. - Jurisprudencia vinculada: Ponce, AyS T 302, p 490/494, sumario J0047010.