marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Juicios universales, concurso preventivo, fuero de atracción, interpretación de la ley, orden público
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/ Casa Pi-ro SA s/ ejecucion fiscal-otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-29

El instituto del fuero de atracción es solo un medio para preservar la igualdad de todos los acreedores, evitando que uno o más de ellos gocen de prerrogativas supraconcursales sobre el resto de la masa derivadas de la posibilidad de poder continuar sus respectivas demandadas individuales ante los jueces que fueran competentes (ver fallos 166:236 y 306:546, entre muchos otros).

En este sentido, sin desterrar completamente el fuero de atracción del concurso preventivo cuya utilidad ha sido destacada por la jurisprudencia y la doctrina-la Ley 26086 limito las vis atractiva a los procesos con aptitud inmediata para provocar actos ejecutorios contra el deudor por parte de acreedores munidos de garantía real (juicios ejecutivos ordinarios), permitiendo, en cambio, que otros procesos que no tienen aptitud inmediata para la agresión patrimonial (juicios ejecutivos ordinarios), permitiendo, en cambio, que otros procesos que no tienen aptitud inmediata para la agresión patrimonial (juicios de conocimiento) sean continuados o no según la opción del actor.

Pero la modificación introducida a la Ley 24.522 por la ley 26086, lejos está de modificar el criterio que en la materia, el tribunal ha reiterado pacíficamente. En efecto, tal como ha quedado implementado el régimen legal, el principio de universalidad se preserva someter, por una parte a todos los acreedores a la decisión del juez del concurso en lo que hace al tratamiento específicamente concursal del crédito, decisión del juez del concurso en lo que hace al tratamiento específicamente concursal del crédito, y por otra parte, al impedirles también a todos ellos el impulso de actos ejecutorios, o de cualquier actividad procesal inmediatamente apta para realizar dichos actos ejecutorios, como típicamente es la que se desarrolla en un juicio ejecutivo.
Superior Tribunal de Justicia, competencia, Superior Tribunal de la Causa
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: P., F. A. s/ Conflicto negativo de competencia - Incumplimiento de los deberes de  Funcionario público (Expte. C.S.J. Nro. 383 Año 2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-12-26

La competencia exclusivamente atribuida por el inciso 5 del artículo 93 de la Constitución Provincial a la Corte local, lo es para dirimir las contiendas de competencia que se susciten entre tribunales o jueces de la Provincia que no tengan un superior común.

Por ende, y conforme lo reglamenta el artículo 17 -inciso 2 - de la ley 10.160 (T.O. decreto 0046/98) esa competencia es conferida al Tribunal para resolver los conflictos originados entre órganos jurisdiccionales que carecen de un superior común.
Competencia federal, carácter excepcional, cuestión de derecho común, competencia ordinaria
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: MARTOCCHIA, JUAN RUBEN Y OTRA c/ B.B.V.A- BANCO FRANCES s/ Cuestión a resolver ¿son competentes los tribunales ordinarios para  entender en las acciones contra instituciones financieras por  cumplimiento de contratos bancarios relacionados con las  disposiciones contenidas en la ley 25561/02, sus reglamentaciones y  complementarias? (Expte.: nro. 108, año 2002) (Tribunal Pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-08-04

El carácter excepcional y limitado de la competencia federal, resultado de la organización del país regida por la Constitución, importa que el fuero federal es de excepción, por lo que no dándose una causal específica que lo haga surgir en el caso, su conocimiento queda librado al derecho común en orden a la competencia, es decir a la jurisdicción local. (Del Voto del Dr. Cordini).
Accidente de tránsito, desvalorización del automotor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Castro, Ramón Luis c/ Finocchiaro, Juan Carlos Tomás s/ Indemnización de Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-08-07

Para determinar la desvalorización venal del automóvil dañado, es ineludible la prueba pericial, pues aún cuando generalizada la idea de que el vehículo chocado pierde parte de su valor en la cotización del mercado, ello se encuentra supeditado a las secuelas de los desperfectos luego de la reparación, y esa determinación solamente puede ser brindada por medios técnicos que únicamente los expertos pueden proporcionar mediante la respectiva prueba pericial.
Caducidad de instancia, plazo, suspensión del plazo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ISGRO EDUARDO c/ CARRIZO GUSTAVO s/ Prevara via Ejecutiva (LIBRO: A074 - 261)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1992-07-06

Si llamados los autos para resolver el Juzgador no dictara resolución respectiva en el término de ley, vencido éste, la obligación de instar también renace y la perención se opera si antes de que se cumpla el plazo legal la parte obligada no recurre a los medios previstos por el art. 91 CPC, para los supuestos de morosidad en el dictado de las resoluciones judiciales.
Acción de amparo, reordenamiento del sistema financiero
Materia: PROCESAL
Carátula: "Lamuraglia  Raúl  Eduardo c/ PEN ley 25.561 -Dtos 1.570, 214/02 s/ amparo".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-11-19

Esta Sala, en su anterior integración, el 28 de febrero de 2003 en autos "Monti Sebastián Andrés c/ PEN decreto 1570/01 y 214/02 s/ amparo" (expte n° 4967/02), publicado en ED del 28 de mayo de 2003 y el día 9 de agosto de 2004, en su composición actual, in re "Lázaro, Conrado c/ PEN ley 25.561 dto 1.570/01 y 214/02" ha declarado la inconstitucionalidad de las normas que integran el denominado "corralito financiero", a partir del decreto 1.570/01 criterio que no resulta modificado por la decisión de la Corte Suprema de Justicia in re "Bustos, Alberto Roque y otros c/ Estado Nacional s/ amparo", del 26 de octubre de 2004, puesto que sin desconocer la proyección general del referido precedente es necesaro simultáneamente contemplar supuestos que por sus especiales connotaciones escapan a la jurisprudencia de ese fallo en razón del monto de la imposición.
Acto administrativo, empleados públicos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: AIMAR, LUIS ROBERTO c/ MUNICIPALIDAD DE CAÑADA DE GOMEZ s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 174-82
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-12-12

Ante la presunción de legitimidad que caracteriza a los actos administrativos no corresponde descalificar el acto que aceptó la renuncia de un empleado por "falta de causa" -renuncia postdatada- basado en indicios que resultan contradichos por la prueba producida a instancias del propio actor.

En el caso, el recurrente remite un telegrama el 24 de junio de 1982 al ex-Intendente manifestando que se retractaba de la renuncia presentada con fecha postdatada, y otro el 29 de ese mismo mes y año al actual Intendente comunicándole que se reincorporaría a sus trabajos el 1 de julio, lo que permite suponer que había entregado una nota de renuncia con fecha postdatada, pero en el acta de audiencia a la pregunta ampliatoria formulada al ex-Intendente consta que la renuncia tenía fecha "primero de junio", y dicha acta fue firmada por los comparecientes a la audiencia, entre los que se encontraba el propio profesional actor y éste no lo discutió ni objetó al alegar la veracidad de la declaración, limitándose a invocar las afirmaciones referentes a la entrega "a fines de junio".
Trabajadores de Luz y Fuerza, licencia por enfermedad, pago de la remuneración, divisor aplicable
Materia: LABORAL
Carátula: SOTELO, BERNARDINO Y OTROS c/ SEGBA s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-30

Para determinar la remuneración correspondiente al período de licencia paga por accidente o enfermedad inculpable debe aplicarse el procedimiento establecido en el artículo 155 inciso a) de la Ley de Contrato de Trabajo, para el cálculo de la remuneración de las vacaciones, criterio aplicable por analogía a fin de determinar en otros casos el salario diario del empleado; dado que el acuerdo celebrado entre la empresa y la entidad gremial por el que se estableció el divisor a utilizar (30,417), resulta violatorio de la ley 14250, por no ajustarse a las normas legales que rigen las instituciones del derecho del trabajo. (conforme Sala III, sentencia del 30 de abril de 1986, 'Soligo y otro c/ SEGBA').
Caducidad de instancia, actos interruptivos, actos no interruptivos
Materia: PROCESAL
Carátula: SUAREZ, Miguel Angel y otra c/ ZANONI y otro s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-04-03

"los actos interruptivos de la perención pueden emanar de cualquiera de las partes, o de los funcionarios judiciales...pero no tienen efecto interruptivo los actos de terceros extraños a la relación procesal, porque no habiéndoseles reconocido el rol procesal de partes, sus actos no pueden tener eficacia alguna en el juicio."
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia no firme, auto de procesamiento
Materia: CONSTITUCIONAL - PENAL - PROCESAL
Carátula: G, T s/ SU DENUNCIA. QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDA  D (CSJ EXPTE Nº 205-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-06-02

No resulta admisible la queja interpuesta contra el pronunciamiento mediante el cual se revocó el auto de falta de mérito apelado en lo concerniente al delito de malversación culposa, y se dispuso el procesamiento de la encartada, ya que, teniendo en cuenta que aquél es un mero juicio de la imputación, y que ni en su contenido, consecuencias o exigencias puede ser calificado como sentencia, no resulta ser un decisorio definitivo ni equiparable, puesto que no pone fin al pleito ni impide su continuación. DE LA DISIDENCIA DEL DR. ALVAREZ.
Tercería de dominio, inscripción registral
Materia: CIVIL
Carátula: Argel, Dagoberto s/ Tercería de Dominio -Incidente-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-03-15

"Carece el tercerista de dominio del derecho básico en que se funda la acción deducida, si el automotor cuestionado no se encuentra anotado a su nombre en el Registro Nacional de Automotores. La existencia de un contrato de compraventa a su favor sólo podría conferirle un derecho personal a exigir la transferencia del dominio".
División de poderes, facultades del Poder Judicial, Corte Suprema de Justicia de la Nación, política económica
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Propulsora Siderúrgica  S.A.I.C. s/ Recurso de Apelación -  ANA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-01

No corresponde a la Corte expedirse sobre cuestiones de política económica que son privativos de los otros poderes del Estado.
Conflicto de poderes, conflicto interno municipal, concejo deliberante
Materia: ADMINISTRATIVO-POLITICO-PROCESAL
Carátula: Soria, Adolfo Omar - Presidente del Concejo Deliberante de Huillapima c/ Concejo Deliberante de Huillapima s/ Conflicto de Poderes
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2008-09-03

En el caso producido un conflicto interno municipal, el reclamante denuncia que ha sido removido del cargo que detentaba como Presidente del Concejo Deliberante en virtud de un procedimiento irregular y fuera de todo marco legal vigente aplicable.

Sin esfuerzo se aprecia de la presentación inicial que el proceder reprochado se suscita fuera de la normativa legal prevista para estos casos, ya que en la contestación del informe de rigor, las repuestas formuladas por el requerido, en el intento de justificar el accionar denunciado, no logran su cometido, en tanto dejan de lado las Disposiciones de la Carta Orgánica al respecto.

En efecto, la sesión especial realizada para la incorporación de nuevos concejales electos, en la que se decidió, además, la remoción del Presidente del Concejo se encuentra afectada en su legalidad, en orden a la constitución de la mayoría calificada requerida para la decisión cuestionada, lesionando seriamente el debido proceso y el derecho de defensa en juicio.

En tal sentido la LOM en sus Arts. 22 y 28 exige para la remoción, destitución o desplazamiento de autoridades municipales el voto de las dos terceras partes de la totalidad de sus miembros. En lo atinente a mayorías para este tipo de decisiones es criterio de la Corte que las dos terceras partes en un total de cinco miembros son cuatro. Dicha interpretación no resulta alterada frente al argumento del Concejo Deliberante de facultades propias que le otorga el Reglamento Interno, ya que no puede modificarse la ley por vía reglamentaria.
Honorarios, regulación de honorarios, recurso de apelación (procesal)
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MANZINI RAUL Y OTS. c/ ARMANDO ABREGO Y OTS. s/ Cumplimiento Contrato (LIBRO: A122 - 075)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1991-02-28

Si bien el art. 40 del CPC no prevé específicamente la apelabilidad del auto que deniega la regulación de honorarios, la circunstancia de haberse autorizado la apelación por considerar bajos los honorarios regulados, indica que, con mayor razón, lo es aquella providencia que la niega. Por lo tanto, dicha apelación debió respetar el régimen específico estatuído por el mentado art.

40 del CPC para el trámite de dicho recurso.
Suspensión del juicio a prueba, personas con discapacidad, dictamen fiscal
Materia: PENAL
Carátula: Saulino, Adriana c/  s/ Rechazo de suspensión del juicio a prueba
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-06-05

Deviene improcedente la condición impuesta en el dictamen favorable de la fiscalía a la imputada para acceder a la suspensión del juicio a prueba, consistente en que su hija discapacitada quede apartada de su cobertura médica, porque tal condición importaría hacerle pagar a la joven, ajena al conflicto, y sería de imposible cumplimiento, ya que la imputada adelantó que no estaría dispuesta a ello (voto del juez Sarrabayrouse).
Ejecución de sentencia, deuda pública, régimen de consolidación de deudas, leyes, bonos de consolidación, constitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: MANCEBO, RAFAEL c/ ENTEL s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-23

El régimen de bonos previsto por la ley 23982, no priva a los acreedores de los beneficios patrimoniales reconocidos, sino que impone una espera que no resulta irrazonable, ya que no sacrifica a los acreedores en el altar de la razón de estado, sino que adopta un método que, manteniendo incólume el derecho, procura repartir en el tiempo el impacto que sobre las cuentas fiscales podría implicar el afrontar de inmediato todos los compromisos resultantes de una multitud de factores, entre los que se cuenta el incremento en años recientes del número de juicios contra el Estado, situación que no puede ser ignorada por los Jueces de este fuero.
Beneficios previsionales, Gendarmería Nacional
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "Maglie  Roberto Ángel c/ DNV Dtos. 894/01 y 896/01 s/ Amparo Ley 16.986".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-12-16

El gendarme retirado está sometido al régimen previsional establecido por la ley orgánica de Gendarmería Nacional -decreto ley 3.491/58 ratificado por ley 14.467- y sus modificatorias, leyes 18.834, 19.349 y 22.534 de las que se desprende en todos los caso, como derecho del personal en situación de retiro, el desempeño de funciones públicas y privadas siempre que sean compatibles con el decoro y la jerarquía del gendarme (Cons. 7°).
Excepción de prescripción, oportunidad procesal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Rossi, Martha Haydeé c/ Provincia de Buenos Aires (Ministerio de Economía) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-06-14

La prescripción de las acciones es una defensa de fondo, cuya oportunidad de articulación está regulada por los arts. 3962 del Código Civil y 334 del Código Procesal Civil y Comercial y, no existiendo norma especial que exceptúe a la relación de empleo público de esa regla, máxime si como en el caso no se presenta además como injusta, no cabe exigir a la Administración una invocación anticipada de aquélla, teniendo en cuenta que en el juicio contencioso administrativa es admitido a la parte demandada articular defensas no expuestas en las resoluciones denegatorias.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recursos, recurso de apelación (procesal), oportunidad procesal, CÓDIGO PROCESAL PENAL DE SALTA, prescripción, REGISTRO NACIONAL DE REINCIDENCIA Y ESTADÍSTICA CRIMINAL
Materia: PENAL
Carátula: VARGAS, Jesús Renato Octavio. s/ RECURSOS PROCESALES
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2008-12-01

Corresponde decir que si algún eventual proceso penal seguido en contra de un imputado hubiera avanzado y llegado al dictado de una sentencia condenatoria, la que eventualmente interrumpirá el curso de la prescripción de la acción penal por el delito que se investiga, tal circunstancia deberá surgir claramente de los informes del Registro Nacional de Reincidencia, y si bien se informa una condena del imputado, puede afirmarse que en el sub lite se produjo la prescripción de la acción penal.
Personas por nacer, homicidio, aborto
Materia: PENAL
Carátula: Silva, Miguel Angel y su acumulada s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-02-02

La muerte del niño sólo puede configurar el delito de aborto, mas nunca de homicidio, puesto que la condición de persona por nacer implica que no pueda ser sujeto pasivo de homicidio, en tanto surge acreditado que si bien su muerte se produjo cuando el niño tenía vida independiente, las lesiones sufridas en el seno materno más tarde o más temprano hubieran llevado a su muerte. Lo contrario importaría el absurdo de extender la conducta lesiva a un momento posterior, cuando los esfuerzos médicos no pudieron revertir los daños que el feto sufriera en el seno materno (del voto del Dr. Sal Llargués).
Recurso de apelación (procesal), expresión de agravios
Materia: LABORAL
Carátula: Acosta, Héctor Jorge c/ Sucesión de Rossi Esteban s/ Cobro de Pesos (Indemnizaciones)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-09-30

Si bien es cierto que la ley ritual establece en forma expresa que los escritos judiciales, entre otros requisitos, deben contener "la enunciación precisa de la carátula del expediente", también lo es que el criterio predominante, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, es que debe evitarse incurrir en excesos rituales que se traduzcan en un perjuicio para las partes.
Levantamiento del embargo, juicio de alimentos
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: R., N. B. c/ P., R. A. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-11-21

Resulta improcedente el pedido de levantamiento del embargo trabado sobre la pensión no contributiva que percibe el progenitor alimentante, en atención a ser la cuota alimentaria una de las excepciones al principio de inembargabilidad que nutre al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, por lo que si la madre de los menores palió la urgencia y solventó los alimentos que le correspondían al alimentante, supliendo, de ese modo, su desidia; no puede ahora este último aprovecharse de la mayoría de edad alcanzada por sus hijos, para diezmar el derecho de la madre en recuperar lo desembolsado.
Recurso de inconstitucionalidad, excepción de incumplimiento contractual
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BUYATTI, ORLANDO CEFERINO c/ BRIGGILER, BEATRIZ s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-04-30

No puede pasar inadvertida la autocontradicción en que incurrieron los Sentenciantes del voto mayoritario al expresar que, en atención a la desestimación de la excepción de incumplimiento contractual, pasarían a dar tratamiento a la defensa subsidiaria de nulidad del negocio jurídico por vicio de lesión; para concluir a continuación que no correspondía dilucidar ese asunto en estos autos porque -según indicaron- el mismo no había sido propuesto por vía de reconvención sino que había sido demandado en otro proceso que, de prosperar, podría lograr su finalidad restitutoria mediante la vía respectiva.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, discrepancia del recurrente
Materia: LABORAL
Carátula: Ruarte, Anselmo c/ Ormas S.A. s/ Cobro indemnización
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-03-12

No constituye idónea impugnación recursiva la reiteración en casación de los argumentos expuestos en el voto de la minoría del tribunal del trabajo máxime cuando el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley se sustenta en la opinión discrepante del apelante, insuficiente como tal para sustentar el cuestionamiento (art. 279, C.P.C.C.).
Cuestiones de competencia, competencia por conexidad
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Castillo, Elsa R. s/ competencia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-12-10

No se da ninguno de los supuestos del art. 41 incs. 1 y 2 CPPN entre las causas seguidas ambas contra la imputada por el delito de posesión de instrumentos conocidamente destinados a cometer falsificaciones -art. 299 CP- y por falsificación de documento nacional de identidad -art. 292 segundo párrafo CP- si nada indica que pueda existir un nexo final de preparación, facilitamiento y ocultamiento entre ambos delitos pues uno primero habría sido cometido tres años antes que el otro, y en cuanto a la conexidad subjetiva, la regla del art. 42 inc. 3° CPPN sólo resulta aplicable respecto de casos seguidos a una misma persona por delitos cometidos en una misma circunscripción territorial de la justicia federal. (Dres. Mitchell, García, Yacobucci).
Remuneración, gratificaciones, incapacidad absoluta, extinción del contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Torti, Aldo Bidal c/ SOMISA s/ Indemnización incapacidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-09-19

La gratificación percibida por el actor debe computarse como pago a cuenta de la suma que en concepto de indemnización contemplada en el art. 212, cuarto párrafo, de la Ley de Contrato de Trabajo pudiere corresponderle.
Personas con discapacidad, cobertura médica, atención médica domiciliaria, derecho a la salud
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: G., M. E. c/ Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados s/ amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-12-27

Cabe revocar la sentencia que dejó sin efecto el beneficio que-en los términos del art. 39, inc. d) de la Ley 24.901 -el juez de grado le había otorgado a la actora -persona con discapacidad- a fin de que perciba una suma para la cobertura de auxiliar domiciliario, sobre la base de considerar no acreditada la imposibilidad de la familia de pagar el costo de tal asistencia, pues frente a la finalidad de dicha ley y el derecho que le asiste a las personas con discapacidad y de edad avanzada a gozar del nivel más elevado posible de salud física y mental, sin discriminación basada en la edad o en el ingreso económico, y la urgencia en encontrar una solución acorde con la situación planteada, no parece razonable ser tan rigurosos con la exigencia indefectible de una prueba negativa que resulta de muy difícil producción -y que en todo caso debió ser aportada por la entidad obligada-, máxime siendo incuestionable que la atención de una patologia como la que padece la incapaz, -reconocida expresamente por la demandada-, requiere de gastos relevantes, ineludibles e impostergables de diversa índole, sin que ello importe desconocer la obligación alimentaria que pesa sobre los parientes en el marco de los artículos 367, 372 y concordantes del Código Civil, cuya situación patrimonial y rango obligacional deberian ser demostradas por la entidad que pretende desligarse de las obligaciones que le competen.

-Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.