marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Daño moral, monto de la indemnización, incapacidad, absurdo
Materia: CIVIL
Carátula: G., G. M. c/ Alberro, Nicolás y otro. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2018-09-26

Establecer la existencia y cuantía indemnizatoria en concepto de incapacidad psicofísica y daño moral constituye una facultad privativa de las instancias de grado, irrevisable en principio en sede extraordinaria. Empero tal criterio ha de ceder cuando se denuncia y acredita la existencia de absurdo.(doctor Soria, sin disidencia)
Indemnización por despido, sueldo anual complementario, carácter remuneratorio, mejor remuneración, salario mensual
Materia: LABORAL
Carátula: Villarroel, Estanislao c/ Rember S.A. s/ Cobro de haberes y despido s/ Inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1999-03-30

Al referirse la ley 21297 a la "remuneración mensual percibida" ha definido el tema, pues hace alusión a la ganancia del trabajador en un período determinado que realmente ha ingresado a su patrimonio, esto es, que ha percibido. Si bien es cierto que el sueldo anual complementario es algo que el trabajador va devengando mes a mes, no lo percibe mensualmente. De ahí que el SAC no puede ser considerado como parte integrante del cálculo de la indemnización. (Del voto del Dr. Balladini).
Daños y perjuicios, valor locativo
Materia: CIVIL
Carátula: Bernardo Ciddio, Juan c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-07-02

No cabe hacer lugar al reclamo por la pérdida de la ocupación, que se estimó en el valor locativo de una propiedad equivalente desde que se produjo el daño hasta la fecha del efectivo pago, si no se ha demostrado que la propiedad fuera vivienda permanente del actor,ni hay evidencias de que hubiera incurrido en gastos locativos ocasionados por la destrucción del inmueble.
Daños y perjuicios, responsabilidad médica, carga de la prueba
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: ZEMBORAIN, Carlos Alberto c/ PICCALUGA, Francisco y otro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-31

En materia de responsabilidad médica, si bien en la actualidad se propicia que tanto el médico como el paciente deben contribuir a la formación del plexo probatorio, la carga correspondiente recae en mayor medida sobre el accionante, cuando éste aduce un error de diagnóstico y la innecesariedad de la intervención quirúrgica practicada.-
Prescripción adquisitiva, regulación de honorarios, derecho de propiedad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Almada, Miguel Ángel C/ Almada, Gaitan y otros s/ usucapión c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-06-11

Al momento de realizar la regulación de honorarios en base al valor económico de los bienes, se debe tener en cuenta los valores cuantitativos más cercanos, lo cual tratándose de bienes inmuebles, el art. 39 LA establece la aplicación del índice de precios al consumidor desde la fecha del inicio de vigencia del avalúo hasta la regulación. Tal solución encuentra racionalidad al ponderar el valor de los intereses puestos en juego en el proceso, no debiendo prescindirse de un factor esencial destinado a fijar la retribución de los servicios profesionales con respeto de la justicia conmutativa y del derecho de propiedad.
Recurso de casación, interés legítimo
Materia: PENAL
Carátula: BARRERA SILVIA ALEJANDRA Y OTRO PSSAA FALSIFICACION DE INTRUMENTO PUBLICO ETC. s/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2011-02-18

En el recurso de casación, el agravio debe ser expuesto con el desarrollo indispensable para poner de manifiesto un legítimo interés y no un simple afán académico en mostrar la mayor o menor corrección técnica de la sentencia, si el supuesto defecto no incide en la parte dispositiva de la resolución.
Interpretación de la ley, justicia
Materia: PROCESAL
Carátula: CARLOS HUGO KRAVACEK s/ ADOPCION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-10-16

Hacer justicia no importa otra cosa que la recta determinación de lo justo IN CONCRETO, lo que se logra con la realización del derecho de acuerdo con las situaciones reales que se pretendan.
Actor civil, medidas cautelares
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: V., J.R. s/ Prohibición de Innovar
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-05-28

En cuanto al plazo para accionar civilmente después de haber conseguido efectivizar las medidas cautelares en el procedimiento civil, cuando la acción civil se ejerce en el proceso penal, este plazo está dado por la propia actividad jurisdiccional que lo acorta o extiende hasta que la instrucción queda completa y es elevada la causa a juicio.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, leyes, retroactividad de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: Marasco, Bernardo Luis y otro c/ Sociedad Anónima Otto Spuler y otro y/o contra quien resulte Jurídicamente responsable s/ LABORAL (Expte. Nro. 126-92) -Tribunal Pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-10-14

El principio del efecto inmediato de la nueva ley responde a este fundamento: si a la ley anterior se la deroga o modifica, es porque se la considera injusta, inadecuada o inactual. Si ello es así, no es lógico mantener su vigencia respecto de efectos futuros -de todos modos, aún no fecundados o madurados por el tiempo- de relaciones formadas a su amparo. Admitir lo contrario, equivaldría a renunciar el legislador a regular la época en que le toca actuar. (De los Fundamentos del Dr. Dallo -En Disidencia-). La cuestión a resolver es: ¨Es aplicable la reforma dispuesta por la ley 23643 al artículo 8 de la ley 9688 a los infortunios laborales ocurridos con anterioridad a la fecha de su vigencia?
Inhabilitación (civil), nulidad procesal, traslado, falta de traslado
Materia: PROCESAL
Carátula: P. de  Z.N. s/ Inhabilitación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-21

No procede decretar la nulidad del pedido de inhabilitación por falta de traslado a la denunciada, pues si bien es cierto que es admitido por la doctrina, aunque no lo exige la ley, y además resulta aconsejable ante la delicada situación que se somete a juicio, ello no es imprescindible, pues con los certificados médicos -elemento objetivo que autoriza a presumir que existen motivos serios para someter al denunciado a la investigación- el juez está en condiciones de determinar la verosimilitud de la denuncia y darle curso.

Sólo debe salvaguardarse la posibilidad de debate y prueba, a quien se lo considera inhábil para administrar sus bienes o dirigir su persona: lo que no se produce cuando la denunciada ha tenido oportunidad de expresar sus defensas y hacer valer los derechos que considera tener.
Transporte, daños y perjuicios, reglas de tránsito, prioridad de paso, cruce de calles, concausa, relación de causalidad
Materia: CIVIL
Carátula: H. U. J. c/ A. G. y/u otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2012-06-04

Se ha decidido que si la regla que obliga a ceder el paso al vehículo que aparece por la derecha no se aplica indiscriminadamente, de manera absoluta, y si quien pretende desvirtuarla produce prueba, que aunque no es suficiente para soslayarla, demuestra al menos que la velocidad del otro vehículo ha actuado como concausa en la producción del accidente, resulta justo distribuir la responsabilidad entre quien violó la regla y quien realizó el cruce a velocidad excesiva.
Responsabilidad del Estado, error judicial, cosa juzgada
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Castro Dassen, Horacio Norberto c/ Estado Nacional (Mº de Justicia) s/ juicios de conocimientos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-08-18

En la responsabilidad del Estado Nacional por error judicial o por irregular funcionamiento del servicio de justicia, la acción indemnizatoria es excepcional, solo procede ante el error o vicio evidente y manifiesto (conf. Cassagne, Juan Carlos, "Derecho Administrativo", t. 1, 1983; Maiorano, Jorge Luis, "Responsabilidad del Estado por los errores judiciales: otra forma de proteger los derechos humanos", La Ley, t. 1984-D, pág. 983; entre otros). De otra forma, dicha acción se transformaría en el cauce para la revisión de lo resuelto en otro proceso, un remedio contra decisiones firmes no establecido en la ley, una superposición de jurisdicciones que desembocaría en el escándalo jurídico, soslayando el principio que atribuye carácter de verdad legal a los pronunciamientos pasados en autoridad de cosa juzgada. (Del voto de la juez Herrera, cons. 3).
Honorarios del abogado, regulación de honorarios, régimen de consolidación de deudas
Materia: CIVIL
Carátula: Foresta, José Natalio y otro c/ Comisión Municipal de la Vivienda s/ Escrituración
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-02-27

Según el artículo 1, inciso c) de la Ley 23.982 se consolida las obligaciones vencidas o de causa o título anterior al 1 de abril de 1991 que consistan en el pago de una suma de dinero, o que se resuelvan a través de su pago, cuando el crédito sea o haya sido reconocido por pronunciamiento judicial aunque no hubiera existido controversia, dentro de cuyos términos corresponde incluir a los honorarios regulados en juicio. Por otra parte el inciso b) del mismo precepto comprende a los créditos que hubieran sido alcanzados por suspensiones dispuestas por leyes o decretos dictados con fundamentos en los poderes de emergencia del Estado hasta aquella fecha y aunque los honorarios regulados no estuvieron contemplados en la previsión del artículo 50, "in fine", de la Ley 23.696, sí, en cambio, fueron afectados por el Decreto 34/91, del 7 de enero de 1991, que en su artículo 4 ordenó la suspensión del cobro de honorarios sin distinguir en cuanto al objeto de la causa principal donde se regularon, siendo aplicable en consecuencia también a procesos donde la condena principal no consista en el pago de una suma de dinero.
Recurso extraordinario federal, doctrina de la arbitrariedad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MARTINEZ, NORMA H. c/ GIANNI, ROBERTO H. s/ RECLAMO S/INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1993-12-20

El objeto del recurso extraordinario por arbitrariedad no es sustituir a los jueces de la causa en decisiones que les son privativas ni corregir en tercera instancia fallos equivocados o que se reputen tales.-
Personal municipal, personal jerárquico
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cefaratti, Carlos G. c/ Provincia de Buenos Aires (Tribunal de Cuentas) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-03-30

No ha aplicado ni interpretado erróneamente el derecho el fallo dictado por el Tribunal de Cuentas que dispuso desaprobar un gasto efectuado por el Municipio de Azul consistente en el pago de la compensación por vacaciones no gozadas prevista en el art. 26 inc. 2 de la Ordenanza General 207 a un Secretario y a un Subsecretario del Municipio. Ello así, en tanto los funcionarios a quienes les fue abonada esa compensación ocupaban cargos en virtud de una relación que no se hallaba regida por la norma que preveía su pago.
Obligaciones pendientes de cumplimiento, acción de reintegro, REPÚBLICA ARGENTINA, responsabilidad internacional del Estado
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Fontevecchia y D'Amico Vs. Argentina c/  s/ Supervisión de cumplimiento de sentencia
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2017-10-18

Conforme lo informado por el Estado Argentino en febrero de 2017, existiría la elaboración de un proyecto de decreto a fin de cumplir con el pago correspondiente al reintegro de costas y gastos, no encontrándose incluido el reintegro de los montos que las víctimas pagaron a raíz de la condena impuesta en sede interna, por lo que la República Argentina debe adoptar en forma inmediata todas las medidas que sean necesarias para dar efectivo y pronto cumplimiento a todos los pagos adeudados, más los intereses moratorios que correspondan, aportando, asimismo, los comprobantes correspondientes y soporte probatorio de cualquier otro dato relevante vinculado a la modalidad de cumplimiento de lo adeudado.
Regímenes jubilatorios especiales, martillero, cómputo de servicios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Martínez, Roberto Máximo c/ Caja de Prev. para Martilleros y Corredores Públicos de la Prov. de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-07-23

El aporte mínimo cumplido en modo continuo e ininterrumpido por el afiliado a la Caja de Previsión para Martilleros y Corredores Públicos debe ser considerado como suficiente para acreditar el ejercicio continuo y permanente de la profesión. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Municipalidad, personal municipal, remuneración, adicionales de remuneración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gras, Ester Beatriz Czopowski de y otros c/ Municipalidad de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 654-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-09-15

El suplemento establecido por el decreto 11/94 de la Municipalidad de Santa Fe ("suma fija remunerativa no bonificable") que beneficia a un determinado sector -los Directores- no prescinde de la acreditación de la efectiva prestación del servicio, sino que por el contrario tiene en miras el efectivo ejercicio de la tarea , el cumplimiento real de la función. Por lo tanto, no puede hablarse de una percepción automática de dicho suplemento por parte de los Asesores legales y Asistentes de Secretarías en razón de revistar en la misma categoría que los Directores, desde que el otorgamiento del suplemento halla, su origen en el hecho de que las escalas salariales vigentes no reflejaban las especiales funciones y responsabilidades correspondientes al cargo de Director y en tanto y en cuanto efectivamente realicen la tarea bonificable, conforme se desprende de las motivaciones y parte dispositiva del decreto 11/94.
Cuestiones de competencia, juez de ejecución, prisión domiciliaria
Materia: PROCESAL
Carátula: Cuestión de Competencia promovida por el Dr. Emilio Carlos Cattán Juez de Ejecución c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2020-05-12

Es competente para la tramitación y resolución de los pedidos de prisión domiciliaria realizados por penados sin sentencia firme el Juez de Ejecución conforme lo determinado en el art. 57 -incs. 9 y 3- del C.P. Penal y en virtud de lo establecido por la Ley Nº 24660, que en su art. 3º impone el sometimiento de la ejecución de la pena privativa de libertad en todas sus modalidades al permanente control judicial, priorizando la incumbencia del Juez de ejecución y -en segundo término- de otro juez que resulte competente, la que a su vez, en su art. 11 extiende su aplicación a los procesados y por ende, quedando comprendidos bajo su responsabilidad también los de la franja intermedia, esto es los penados sin sentencia firme.
Daños y perjuicios, transporte benévolo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sosa de Betancor, Liliana B. c/ Beltrán, Enrique y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-11-09

Para que la participación en el uso de la cosa por parte de la víctima frustre el funcionamiento de la responsabilidad por riesgo establecida por el art. 1113 del Código Civil es menester que no se trate de la aceptación de un riesgo ordinario, del simple tomar asiento en un automóvil cuando ha de estimarse que el traslado se efectuará en condiciones normales.
Excusación, deberes del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: Pablo Rodrigez SRL s/ Quiebra-II Cuerpo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1999-02-11

Debe objetivarse por lo menos mínimamente la causal invocada. No basta a los jueces la mera invocación de encontrarse comprendido en causales de excusación que impiden el conocimiento en el juicio; es menester una razonable fundamentación fáctica para evitar un apartamiento arbitrario.
Derecho civil, obligaciones, intereses, capitalización de intereses, deberes y facultades del juez
Materia: CIVIL
Carátula: G. D. E. c/ E. A. SA s/ medida cautelar embargo preventivo (/p/ capital art. 214 inc. 3 del CPr) c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2023-06-13

En anteriores pronunciamientos se señaló que no hay razón en principio- para excluir las disposiciones de lo establecido por la norma general civil a las acciones de carácter laboral, por lo que procede en todos los casos la capitalización en la fecha de notificación de la demanda prevista por el Art. 770 inc b) CCyC. Ahora, también se sostuvo que esto no faculta al juez para que decrete la capitalización de oficio (SD 6/2023 voto Dr. Hayes), cuestión sobre la que no existe uniformidad de criterio. El principio general que establece el Art. 770 CCyC es que no se deben intereses de los intereses; esto es así porque la ley de fondo establece como premisa la prohibición de anatocismo, como cuestión de orden público, salvo las excepciones que expresamente establece en sus incisos a), b),c) y d).
Juicio ejecutivo, cuenta corriente bancaria, certificado de saldo deudor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Francés Del Rio De La Plata c/ Felipe Caprioli s/ Ejecutivo (LIBRO: S072 - 027)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-11-22

La exigencia para hacer ejecutivo el certificado de saldo deudor derivado de la cuenta corriente bancaria, es que el mismo se halle refrendado conjuntamente por el gerente y contador del banco emisor, sin necesidad de que se acredite la prueba de los cargos desempeñados por los firmantes, ni la autenticación de las respectivas firmas que suscriben el certificado
Prueba documental, segunda instancia
Materia: CIVIL
Carátula: F.R. DE M.L. c/ M.L. s/ DIVORCIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-05-29

Si bien el art.260, inc.3ro. del Código Procesal autoriza la presentación en segunda instancia de documentos de fecha anterior a la providencia de "autos para sentencia", también subordina su admisibilidad a la afirmación del interesado en el sentido de que desconocía su existencia, afirmación que -además- debe ir acompañada de la enunciación de razones suficientes y verosímiles que sustenten el pedido (conf.Palacio, "Derecho Procesal Civil", t.V, p.282, Nro.

606; Colombo, "Código Procesal...", 4a.ed., t.I, p.442 y sus notas;

Falcón "Código Procesal...", t.II, p.417; CNCiv. Sala F, c. 271.173 del 27-9-81; íd. c.9261 del 26-10-84). Si no se trata de un instrumento que la parte interesada se haya visto imposibilitada de adjuntar oportunamente por razones ajenas a su voluntad, hipótesis en que la agregación sería procedente, siempre que el presentante lo haya mencionado en el momento procesal adecuado, indicando la existencia del respectivo impedimento (conf.Palacio, op.y loc.cit.;

Podetti, "Tratado de los recursos", p. 183, Nro.2; Fassi, "Código Procesal...", t.I, p.469, Nro. 918; CNCiv. Sala C, L.L. 137-743), sino que se intenta enmendar en forma tardía un olvido del propio interesado dicha situación no es la contemplada por el art.260, inc 3ro. del Código Procesal.
Ley derogada, derogación tácita de la ley, sistema nacional del seguro de salud, obras sociales, Fondo de redistribución, aportes a obras sociales
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Al-Pol S.R.L. s/ recurso de casación". Causa n. : 1838.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-04-13

Teniendo en cuenta que "La vigencia de una ley cesa:

a) por otra ley posterior, que expresamente deroga la primera, o que tácitamente la abroga, por contener disposiciones contrarias o regular de modo completo la materia tratada en la anterior ..." y que la derogación (como forma de extinción total o parcial) de una norma "es tácita cuando la nueva ley es incompatible, en todo o en parte con la antigua...", la descripta consideración, regulación y tratamiento legal coincidente y sucesivo del mismo objeto y materia -incluso en forma más amplia, agravada y modernizada- por parte de las leyes 23.771 y 24.679, nos lleva a concluir en la inviabilidad del mantenimiento de la vigencia del artículo 41 de la ley 23.661.

Su tácita derogación fluye del preciso contenido de las normas consecuentes, luego de reparar en que toda nueva ley que regula íntegramente la materia que comprendía la anterior, deja a esta última sin eficacia aún cuando su derogación no esté establecida expresamente.(Voto del Dr. Riggi).
Habeas data, trámites judiciales, competencia, acción de amparo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Llebeili Osvaldo A. s/ Habeas Data
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2001-04-04

Por Acuerdo Reglamentario Nro. 540 Serie "A" de fecha seis de abril del año dos mil se asignó a la Cámaras Contencioso Administrativas, a los Juzgados en lo Civil y Comercial, de Conciliación y de Control competencia exclusiva y excluyente para entender en las acciones de amparo reguladas por el art. 48 de la Constitución provincial y la ley 4915. Para ello se estableció un turno especial de siete (7) días corridos por tribunal a los fines de la recepción de dichas acciones, fijándose el orden de precedencia y la autoridad de aplicación y contralor de dicho mecanismo de distribución.

El art. 50 de la Constitución Provincial ha consagrado la institución del habeas data. La garantía no ha sido reglamentada por norma de grada inferior, especialmente en orden al procedimiento y la autoridad judicial competente para intervenir en las acciones de protección de los datos personales.

En el orden federal, la norma que regula la protección de los datos Personales (Ley 25.326) ha previsto especialmente dicha situación, al establecer la tramitación de la misma por el procedimiento que corresponde a la acción de amparo común y supletoriamente por las normas del Código Procesal Civil de la Nación, en lo atinente al juicio sumarísimo (art. 37).

Si bien el procedimiento establecido no resulta de aplicación en la Provincia (art. 44 ib.) la pauta de actuación sugerida por la norma nacional resulta de absoluta consistencia y razonabilidad en la esfera provincial frente a la ausencia de una reglamentación autóctona, razón por la cual corresponde la aplicación analógica de las normas de la ley 4915.

El sistema de reparto establecido en el Acuerdo Reglamentario Nro. 540 Serie "A" del año dos mil ha sido pensado y diseñado procurando evitar y desalentar la alternativa que tenía el accionante de escoger, a su criterio y conveniencia, el tribunal que tendrá a su cargo la resolución de la causa, opción que no se condice con las razones de orden y disciplina interna, ni con el criterio de que el ingreso de causas no es institución disponible para las partes, cardinal orientador que se presenta con igual intensidad en las acciones como la procurada.

Dándose en autos las mismas circunstancias tenidas en cuenta para establecer la norma de reparto interna, corresponde incluir en la misma y hasta tanto se cuente con la asignación legislativa de competencia especifica, a las acciones de habeas data; todo ello sin perjuicio de proveerse en la reglamentación vigente las ampliaciones y adecuaciones de rigor a los fines de aventar disputas similares a la presente.