Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-11-02


En la ciudad de Trelew, a los días de noviembre del año dos mil diez, se reúne la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones, con la Presidencia del Dr. Marcelo J. López Mesa y la presencia de los Sres. Jueces del Cuerpo Dres. Carlos A. Velázquez y Carlos Dante Ferrari, para celebrar acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "M., M. E. c/ P. G. A. y S., L. E. y/o contra quien resulte responsable s/ Daños y Perjuicios (13541)" (Expte. 247 - Año 2010 CAT), venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada? SEGUNDA: ¿son adecuados los honorarios regulados a fs. 551, pto. 4? Y TERCERA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en orden al sorteo practicado a fs. 604.--A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Velázquez expuso:

I.- La sentencia de primera instancia hizo lugar parcialmente a la demanda condenando a G. A. P. y L. E. S. a indemnizar al actor M. E. M. la mitad de los daños sufridos por éste en el accidente de tránsito que protagonizaran en el primero y el último de los nombrados.- Para así decidirlo la Señora Jueza "a quo" argumentó que si bien G. A. P. circulaba conduciendo el automóvil Renault 19, propiedad de L. E. S., por la Avda. Libertad a velocidad notablemente excesiva, el actor M. E. M. contribuyó a la producción del hecho con un aporte causal del 50 % al intentar con su Fiat Duna el cruce de dicha avenida sin prestar el máximo de atención, por lo que no advirtió la presencia del otro rodado que avanzaba por su derecha.- Actor y codemandados, así como la aseguradora citada en garantía, apelaron el fallo, fundando sus respectivos recursos a fs. 580/583 vta. y 589/592 vta.- II.- El demandante motivó su recurso sosteniendo, en apretada síntesis, que:

1) De su parte intentó el cruce de la Avenida Libertad de manera reglamentaria, cuando el automóvil guiado por el codemandado P. se hallaba a distancia prudencial, produciéndose la colisión porque este último avanzó a la excesiva velocidad de más de 80 kms./h. cuando una señal de tránsito le advertía que no debía sobrepasar los 30 kms./h.- 2) La prioridad de paso correspondiente a quien avanza desde la derecha de otro conductor no puede ser invocada cuando el beneficiario de ella se desplaza a velocidad excesiva, pues el derecho de paso preferente debe ser ejercido regularmente, sin constituirse él en un bill de indemnidad ya que el conductor, aun aproximándose desde la derecha a una bocacalle, tiene la obligación de reducir sensiblemente su ritmo de marcha.- 3) La conducta del actor no tuvo incidencia causal en el acaecer del hecho, pues fue el codemandado P. quien lo produjo al perder el dominio de su rodado, al que no pudo detener a tiempo por la excesiva velocidad de su desplazamiento.- 4) En subsidio de los anterior, para el caso de ser concluido que medió aporte causal suyo, cuestionó el porcentual del mismo que le fuera atribuido, sosteniendo que la incidencia de la conducta del codemandado P. fue muy superior al 50 % por la excesiva velocidad de circulación y la evitabilidad del suceso de haberse desplazado a ritmo reglamentario concluida por el perito accidentólogo.- III.- Los codemandados y la citada en garantía fundaron su apelación formulando, en compendio, los siguientes agravios:

A) El único responsable del suceso fue el actor víctima, pues al girar él a la izquierda en avenida de doble mano, invadiendo la contraria a la de su desplazamiento, debió obrar con prudencia suma, observando que el paso por el otro carril se hallara expedito al encontrarse los vehículos que por allí avanzaran a distancia prudencial suficiente.- B) Tras señalar que, a su ver, para la exención de responsabilidad por culpa de la víctima no es menester que en esta concurran los extremos del caso fortuito, afirmaron que de todos modos en la especie la conducta del actor los reunió, ya que, luego de dejar pasar dos vehículos que se desplazaban en la misma dirección que el de los codemandados, se interpuso de manera imprevista e inevitable en el sentido de marcha del último móvil.- C) También en forma subsidiaria estos recurrentes atacaron el porcentual de contribución causal que les fuera endilgado, argumentando que fue la interposición del actor en el sentido de avance de su vehículo la condición esencial para el acontecer dañoso.- IV.- Resulta bien sabido que cualquiera sea el fundamento de la responsabilidad civil, para que ella tenga lugar, esto es para que pueda hacerse gravitar sobre una persona el deber de resarcir el daño sufrido por otra, resulta imprescindible la existencia de un lazo causal que una dicho daño a hechos imputables al tenido por responsable (Acuña Anzorena, "La previsibilidad como límite de la obligación de resarcimiento...", en "Estudios sobre la responsabilidad civil", Ed. Platense 1963, pág. 41). De allí que, para el ámbito de la culpa, el art. 1109 Cód. Civ. miente a "aquel que ocasiona un daño a otro" y, en la esfera del vicio o riesgo de las cosas, el art. 1113 del mismo cuerpo normativo apunte a "la obligación del que ha causado un daño".- Mas las alegaciones de las partes en autos nos introducen en el siempre arduo tema de la cocausación, es decir de la actuación conjunta de una pluralidad de agentes causales en la producción un solo y único evento dañoso, campo donde operan las eximentes parciales como la de hechos de la víctima o de terceros que determinan la limitación de la responsabilidad de los demandados en función del aporte causal de los otros sujetos (confr.: Zannoni, "Cocausación de daños", Rev. de Der. de Ds., 2003 - 2, Rubinzal - Culzoni 2003, págs. 7/9; mi voto en c. 30/08 S.D.C. 19/09 de este tribunal).

En la especie el aporte causal del codemandado P. a la producción del suceso ha quedado palmariamente demostrado por el dictamen pericial accidentológico realizado: cuando una señal de tránsito, que empleando la debida atención pudo advertir, le exigía cruzar la intersección de la Avda. Libertad con la calle Pastor J. Lima a una velocidad máxima de 30 kms./h. (fs. 480, párr. 1° y 480 vta., párr. 3°; art. 52 inc. "b" de la Ley 24.449, a la que adhirió la Municipalidad de Rawson por Ord. Mun. 4.123), él afrontó la maniobra desplazándose a razón de 80,23 kms./h (fs. 482 vta.). Que esa velocidad fue causa del accidente lo puso bien en claro asimismo el experto, quien dictaminó que la misma provocó la embestida, que era físicamente evitable si el conductor del Renault 19 hubiera guiado el vehículo a velocidad reglamentaria (fs. 499, párrs. 4° y 5°).- De tal conducta imprudente no lo excusa el hecho de haber contado este codemandado con la prioridad de paso otorgada a quien circula desde la derecha del otro conductor protagonista del evento, pues, cual tiene declarado nuestro Corte Suprema Nacional, tal prioridad es un derecho que debe ser ejercido en función de las circunstancias y no debe aplicarse cuando el beneficiario de la preferencia lleva una velocidad excesiva (Fallos 296:106; Cám. Apel. 1era. La Plata, Sala I, 2/4/92, c. 211.164, cit. en Revista de Derecho de Daños, n° 1, Rubinzal - Culzoni 1998, pág. 357). Es que la prioridad de paso dispensada por los reglamentos de tránsito no autoriza al beneficiario de ella a arrasar con todo cuanto se interponga en su camino, porque tal prerrogativa conlleva, cual requisito previo, cumplir dicho reglamento y, en especial, reducir la velocidad hasta por debajo de los 30 kms./h. al llegar a bocacalles o encrucijadas, obligación esta impuesta a todo conductor, sea que aparezca por la derecha o por la izquierda en relación a otro (art. 51 inc. "e" apdo. 1 de la Ley 24.449; confr.: Cám. Apel. 1era. La Plata, Sala I, precedente indicado en opus y loc. cit.). Dicho grueso exceso de velocidad, no exculpado como vengo de señalar por la pretendida preferencia de paso, constituyó una infracción íntimamente relacionada con la causa del accidente que permite concluir la responsabilidad de su autor (art. 64, párr. 2° de la Ley 24.449).- V.- Mal grado el notable esfuerzo argumental de los codemandados y citada en garantía apelantes, tendiente a demostrar la "culpa de la víctima" en la producción del hecho dañoso, no puedo concluir que la conducta del actor haya tenido una relación causal con las consecuencias perjudiciales.- Cierto es que el propio demandante, al prestar declaración testimonial en la causa penal que obra reservada (fs. 7 de ella), reconoció que, tras circular por el carril nordeste de la Avda. Libertad, giró a la izquierda para tomar por la calle Pastor J. Lima. Tal circunstancia no tiene mayor peso en el caso, pues separadas las dos manos de la avenida en la época del hecho por un bulevar de 5,70 metros de ancho (fs. 480, últ. párr.) y habiéndose detenido él a esa altura para dejar paso de dos automóviles que circulaban hacia el centro de la Ciudad de Rawson, su posterior maniobra de atravesar la mano sudeste de la arteria equivalió más a un cruce perpendicular que a un giro a la izquierda. De todas formas, en una u otra maniobra, razones de prudencia hacían exigible que el actor esperara a que se produjera una interrupción en el tránsito a fin de realizar el cruce sin riesgo para quienes circulaban por la mano a trasponer y para el mismo.- Mas, en mi concepto, no cabe atribuirle al demandante culpa por imprudencia al no haberse ceñido a tal pauta de conducta. Nótese que el rodado de los codemandados dejó huellas de frenada de 14,30 metros hasta el lugar del impacto (fs. 481, ptos. 3 y 4 y fs. 482, párr. 2°); añádase a ello que, según determinara el perito, el conductor del Renault 19 percibió la presencia e inicio de la maniobra del Fiat Duna desde 22 metros antes dejar dichas huellas (fs. 481 vta., párr. 3°) y se concluirá sin hesitación que al iniciar el actor la maniobra de cruce el vehículo de los demandados se hallaba a 36,30 metros de distancia, intervalo en el tránsito ante el que no era imprudente comenzar la trasposición de la encrucijada. En efecto, a la velocidad con que se desplazaba el Fiat Duna de 3,63 m./s. (fs. 483 vta., renglón 3°) para cubrir los 7,60 metros de la mano a cruzar (fs. 480, últ. párr.) precisaba sólo de 2,1 segundo, mientras que el Renault 19, de haber circulado a la velocidad reglamentaria de 30 kms./h., es decir 8,33 m./s., para recorrer los 36,30 metros que lo separaban del Fiat Duna habría insumido 4,30 segundos. Tiempo y distancias aseguraban el éxito de la maniobra de cruce, que fue pues prudente, frustrándola sólo el exceso de velocidad del codemandado P..- Por cierto que la presencia del Fiat Duna del actor en la intersección fue imprescindible para que resultara colisionado por el Renault 19, pero lo determinante de los daños no fue dicha circunstancia. Cual en numerosos precedentes he tenido ocasión de indicar (c. 20.449 S.D.C. 58/05, c. 21.313 S.D.C. 41/06, c. 22.264 S.D.C. 5/08, c. 30/08 S.D.C. 19/09, c. 281/09 S.D.C. 50/09, entre varias otras), nuestro Código Civil estructura un sistema que concuerda exactamente con la teoría de la causalidad adecuada, donde causa es únicamente el acto u omisión que según el curso ordinario y natural de la cosas era idóneo para producir el resultado, debía normal o regularmente producirlo de acuerdo a la experiencia de vida, en tanto que los demás antecedentes o factores de ese resultado configuran simples condiciones que, aun cuando hayan intervenido "sine qua non" en su producción, no forman la causa (arts. 901, sgts. y concs. cód. cit., su doctrina), noción esta última que en el ámbito jurídico tiene significado distinto al que posee en la órbita de las ciencias naturales; de allí la conocida distinción entre "imputatio facti" e "imputatio iuris" (confr.: Goldenberg, "La relación de causalidad en la responsabilidad civil", Astrea 1984, págs. 7/14, párr. n° 4, y pág. 34). En el juicio de adecuación causal o prognosis póstuma lo que ha de verificarse entonces es si el factor considerado puede ser retenido en la mente como elemento dotado de virtualidad suficiente para producir el efecto sobrevenido (confr.: S.C.B.A., D.J.B.A. 158-100). La reconstrucción histórica del hecho que la prueba aportada al proceso permite realizar conduce a concluir que la única causa de aquél fue el exceso de velocidad con que se desplazaba el automóvil de los demandados, al punto que si ese rodado hubiera circulado a un ritmo de marcha reglamentario el suceso no habría acaecido, cual indicó el perito accidentólogo, aun con la presencia del vehículo del actor en la intersección.

Así pues, ante la íntegra responsabilidad de los demandados, ellos deberán indemnizar al actor por la totalidad de los daños que sufriera y visto que la determinación del importe de los distintos rubros hecha por la "a quo" ganó firmeza por falta de todo agravio al respecto, el monto del capital de la condena ha de ser elevado a la suma de $ 40.746.- VI.- Por las apuntadas razones considero que la sentencia apelada debe ser revocada a fin de fijar el monto del capital de la condena en la suma de $ 40.746.- De ser compartida mi postura, habrán de adecuarse a esta nueva decisión la condena en costas pronunciada y los honorarios regulados en la anterior instancia (art. 282 C.P.C.C., ex art. 279).- En cuanto a las primeras propongo imponerlas a los codemandados vencidos (art. 69 párr. 1° C.P.C.C., antes art. 68); en lo que atañe a los segundos, vista la extensión, calidad y resultado de los trabajos profesionales cumplidos, propicio fijar los honorarios de los Dres. M. C. P., E. R. H., A. A. F. y R. L. en las sumas respectivas equivalentes al 11 %, al 11 %, 12 % y al 4,20 % del monto del proceso, y para los peritos Dr. F. A. A. y Lic. C. O. A. en la suma equivalente al 4% de igual monto del asunto para cada uno de ellos (arts. 5, 6, 8, 9, 18, 46, 60 de la Ley XIII n° 4, antes arts. 6, 7, 9, 10, 19, 47, 61 del Dec. Ley 2.200).- Desestimados los agravios de los codemandados y acogidos los del actor, las costas de segunda instancia han de ser impuestas íntegramente a los primeros en su condición de vencidos (art. 69 párr. 1° C.P.C.C., antes art. 68).- Los honorarios profesionales por las labores de alzada, atendiendo a las ya mencionadas pautas arancelarias y a las del art. 13 de la Ley XIII n° 4, considero deben ser regulados en beneficio de los Dres. M. C. P., E. R. H., A. A. F. y R. L. en las sumas respectivas equivalentes al 3,50 %, al 3,50 %, al 3 % y al 1,20 % del monto del proceso.- Me expido en esta cuestión primera entonces por la NEGATIVA.- A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Señor Presidente de la Excma. Cámara de Apelaciones de Trelew, Doctor Marcelo López Mesa, expresó: - Que las cuestiones fácticas han sido suficientemente referidas por el colega de primer voto, motivo por el cual no abundaré en ellas, dando por reproducidos aquí los desarrollos efectuados al respecto por el Dr. Velázquez. Me concretaré, para el sustento individual de mi voto, a analizar los aspectos relevantes traídos a revisión de esta Sala.- Ingresando al tratamiento de las cuestiones traídas a esta instancia, comenzaré por dejar sentado que es de todos conocido que la sola verificación o sufrimiento de un daño no resulta suficiente para constituirse en sujeto indemnizable, desde que es menester determinar además -y entre otros recaudos- el vínculo de causalidad entre la consecuencia dañosa y el hecho que origina la responsabilidad (C. Nac. Civ., sala H, 1/12/2004, "Muñoz de Torre", Lexis Online 1/70016807-1; ídem, 7/11/2002, JA 2003-III-366).

La antijuridicidad y conexidad causal son presupuestos inexcusables para habilitar la responsabilidad civil, lo cual supone necesariamente la fehaciente acreditación, por cuenta de quien pretende la reparación del perjuicio, de que el daño no es sino la previsible consecuencia del acto mismo que ha denunciado, ya que en el sistema de la causalidad adecuada, la relación causal se establece por la normalidad del efecto con relación a aquél (C. 1ª Civ. y Com. San Nicolás, 16/12/2003, Juba sum. B856851). - De tal modo, la existencia de la relación causal está necesariamente vinculada a la imputación que se hace al autor de las consecuencias de su hecho y es, necesariamente, cuestión previa a la determinación de la culpabilidad (C. Nac. Civ., sala F, 16/12/2002, JA 2004-I-460).- Y el análisis que permita establecer los presupuestos de la responsabilidad civil no puede desentenderse de la necesidad de verificar con precisión la autoría y la causalidad (C. Nac. Civ., sala A, 19/4/2000, LL 2000-D-634).

La base de la responsabilidad civil radica en la efectiva posibilidad que tenga el sujeto de prever las consecuencias de su actividad, por lo que para que un hecho sea imputable deviene insuficiente comprobar que ha sido antecedente de uno consecuente, ya que debe tener virtualidad de producir semejante resultado (C. Nac. Civ., sala F, 19/2/2002, RCyS 2002-692). Ello así, para que exista responsabilidad civil no es suficiente que un suceso sea antecedente de otro, pues además es necesario que tenga per se aptitud de producir semejante resultado y que el vínculo causatorio presente el carácter de univocidad, adecuación e inmediación que la ley exige para anudar una repercusión jurídica al acontecimiento lesivo (C. Nac. Civ., sala H, 23/5/2000, RCyS 2000-758).-- El vínculo de causalidad exige una relación efectiva y adecuada (normal) entre una acción u omisión y el daño: éste debe haber sido causado u ocasionado por aquél; para establecer la causa del daño es necesario hacer un juicio de probabilidad determinando que aquél se halla en conexión causal adecuada con el acto ilícito, o sea que el efecto dañoso es el que debía resultar normalmente de la acción u omisión antijurídica, según el orden natural y ordinario de las cosas (C. Civ. y Com. Azul, sala 2ª, 9/3/2000, DJBA 158-2079; ídem, 11/6/1996, JA 1997-II-183; en igual sentido, ídem, 4/7/2002, "Marini", Lexis Online 1/5509818: Sup. Corte Bs. As., 21/3/2002, "Graffigna", JA 2003-II-Síntesis; ídem, 7/2/2001, "Villafañe", JA 2002-IV-Síntesis).- A fin de establecer la existencia de un nexo entre un hecho u omisión y un efecto dañoso, debe establecerse lo que se ha denominado una "causalidad adecuada", con el fin de determinar cuál será la condición relevante que habrá de elevarse a la categoría de "causa" (C. Nac. Civ., sala H, 1/12/2004, "Muñoz de Torre", Lexis Online 1/70016807-2).-- No cabe soslayar tampoco que es doctrina legal vigente que para la teoría de la adecuación, no toda condición del resultado concreto es causa en sentido jurídico, sino sólo aquella que generalmente es adecuada para producir el resultado. Una acción será adecuada para producir un resultado cuando una persona normal, colocada en la misma situación que el agente, hubiera podido prever que, en circunstancias corrientes, tal resultado se produciría inevitablemente. Pero previsible objetivamente lo es casi todo. Por eso la teoría de la causación adecuada recurre a otro criterio limitador de la causalidad, el de la diligencia debida, ya que si la acción se realiza con la diligencia debida, aunque sea previsible un resultado, se mantiene en el ámbito de lo permitido jurídicamente y no se plantea problema alguno. Previsibilidad objetiva y diligencia debida son, por consiguiente, los dos criterios selectivos que sirven para precisar cuándo una acción es adecuada para producir un resultado. Pero con estos criterios se está ya abandonando el ámbito ontológico de la causalidad, para convertir el problema en normativo (C. Apels. Trelew, Sala A, 26/3/09, "C. W.", mi voto, al que adhiriera el Dr. Velázquez).- La idea-fuerza de la causalidad adecuada es que no basta que un hecho haya sido, en el caso concreto, condición sine qua non del daño, sino que se requiere además que, en virtud de un juicio de adecuación o probabilidad calificada, resulte la causa adecuada de ese daño (C. Apels. Trelew, Sala A, 11/3/10, "R. F.", en elDial, mi voto). A diferencia de la teoría de la equivalencia de las condiciones, la de la causalidad adecuada considera que no todas las condiciones concurrentes pueden ser equiparadas, debiendo distinguirse entre la "causa" y la "mera condición" (C. Apels. Trelew, Sala A, 26/3/2009, "C. W.", en elDial, mi voto).-- La causa es una condición; pero no cualquier condición, sino una de la que puede predicarse una probabilidad calificada de haber desencadenado el resultado. Causa y condición tienen entonces una relación de género a especie. La condición es el género, la causa una especie de ella, muy particular y calificada y con alta eficacia para desencadenar el resultado. Causa es solamente la condición que según el curso normal y ordinario de las cosas, es idónea para producir un resultado, debiendo regularmente producirlo (C. Apels. Trelew, Sala A, 11/3/10, "R. F.", en elDial, mi voto).- Siendo la causa adecuada una condición calificada por una alta probabilidad de causación, si el cálculo de probabilidad que involucra el examen causal consiste en lo que se conoce como "planteamiento de probabilidad clásica a priori", resulta obvio que la probabilidad se basa en el conocimiento del proceso involucrado; dicho juicio de probabilidad debe fundarse en hechos conocidos y cognoscibles (C. Apels. Trelew, Sala A, 11/3/10, "R. F.", en elDial, mi voto).-- No todas las condiciones necesarias para operarlo son equivalentes, sino de eficacia distinta, de modo que sólo debe calificarse como "causa" a la más eficaz o activa dotada de mayor fuerza productiva; así, la relación de causalidad jurídicamente relevante es la que media entre el daño ocasionado y el antecedente que lo produce normalmente, conforme al curso natural y ordinario de las cosas (C. Nac. Civ., sala A, 4/11/1997, LL 1998-C-218; ídem, 2/12/1996, LL 1997-E-1020 (39.818-S); en similar sentido, C. Nac. Com., sala A, 14/4/2000, LL 2000-E-261). La condición debe ser proporcionada al resultado (adecuada), y sólo lo son las típicamente apropiadas para producirlo. Se habla de pronóstico posterior, porque el juez quien vuelve mentalmente al momento de la acción y se pregunta: ¿el incumplimiento contractual fue el causante del daño en la salud de la actora? Si la respuesta es afirmativa, se encuentra acreditado el nexo de causalidad adecuada según el curso natural y ordinario de las cosas (C. Civ. y Com. La Matanza, sala 1ª, 16/3/2004, Juba sum. B3350578).-- La causalidad adecuada no requiere la fatalidad o necesidad en la imputación de las consecuencias al hecho, aun cuando tampoco se satisface con la mera posibilidad o eventualidad de que éste las haya generado; para tener por establecido un nexo de causalidad adecuada entre la actuación de un sujeto y el daño no es necesaria una certeza absoluta, pero se requiere una probabilidad calificada, que supere el nivel conjetural (C. Civ. y Com. San Martín, sala 1ª, 22/6/2004, Juba sum. B1951104).

Hechas ya algunas reflexiones sobre la importancia e índole del nexo causal y sentado que la inexistencia de la relación causal impide la condena a resarcir, debe decirse que en este caso debe analizarse seguidamente el tema de la cocausación.

A su respecto cuadra referir la doctrina legal vigente. Como dijera en mi voto de la causa "M., O. E. c/ M., O. H. y/u otros s/ Daños y Perjuicios" (Expte. 637 - Año 2009 CAT), en sentencia de esta Sala del 31 de Marzo de 2010, en los casos de concurrencia causal deben distinguirse dos conceptos diversos y de diferente tratamiento legal: las concausas, por un lado y los supuestos de cocausación o de causalidad concurrente, por el otro (conf. Asimismo LÓPEZ MESA, Marcelo, "Elementos de la responsabilidad civil. Examen contemporáneo", edición de la Pontificia Universidad Javeriana y Editorial Diké, Colección Internacional (Libro Nº 11), Bogotá, 2009, p. 410 y ZANNONI, E. A., "Cocausación de daños (Una visión panorámica)", en "Revista de Derecho de daños", Editorial Rubinzal-Culzoni, Santa Fé, 2003, T. 2003-2, pp. 8 y 9).- En palabras de ZANNONI, "La concausa es una causa que interfiere o actúa independientemente mente de la condición puesta por el agente a quien se atribuye el daño. Se trata de una pluralidad de hechos causales. Es clásico caracterizar como tipos de concausa: I] Las concausas preexistentes, es decir aquellas que son anteriores al hecho del agente (un sujeto que sufre de osteoporosis es golpeado por otro y sufre una fractura grave que el golpe por sí mismo no debía producir); 2] las concausas concomitantes, es decir la presencia de dos causas que actúan al mismo tiempo (un sujeto que, como en el caso anterior, es golpeado por otro y al caer se dispara el arma que lleva en la cintura, hiriéndolo de gravedad), y 3] las concausas sobrevinientes, es decir causas nuevas, posteriores al hecho que desencadena el resultado (un sujeto que, lesionado, es intervenido quirúrgicamente y que por alergia desarrolla durante la operación un shock anafiláctico a un antibiótico y muere)" (ZANNONI, E. A., "Cocausación de daños (Una visión panorámica)", en "Revista de Derecho de daños", Editorial Rubinzal-Culzoni, Santa Fé, 2003, T. 2003-2, pp. 8 y 9).

Agrega luego el citado autor que "La cocausación, en cambio, deriva de la actuación concurrente, y causalmente relevante, de dos o más agentes que coadyuvan con su conducta a la producción del daño. Se trata de pluralidad de agentes causales. La cocausación puede derivar de: I] Una causalidad conjunta o común (dos o más personas, con su acción, han provocado el daño); 2] causalidad acumulativa (el daño es provocado por el actuar independiente entre sí de dos o más agentes, con la particularidad de que cada uno de ellos, aun cuando hubiese actuado aisladamente, habría provocado igualmente el daño ), y 3] causalidad alternativa (frente a dos o más hechos idóneos para provocar el daño, éste acaece por la acción de sólo uno de ellos aunque no resulta posible precisar cuál de esos hechos elimina causalmente a los demás)" ZANNONI, E. A., "Cocausación de daños. (Una visión panorámica)", en "Revista de Derecho de daños", Editorial Rubinzal-Culzoni, Santa Fé, 2003, T. 2003-2, pp. 8 y 9).

La concausa resulta incompatible con el sistema de causalidad adecuada, dado que se trata de una causa independiente que altera el curso causal, de modo que no puede imputarse al demandado el aporte causal de la concausa, el que deberá desagregarse de la imputación causal que se haga a éste y que deberá limitarse exclusivamente al aporte causal que éste haya hecho con la causa adecuada que él introdujera. En cambio sí se tomarán en cuenta al imputarse el daño los supuestos de cocausación, debiendo distribuirse el daño entre las diferentes coacusas, de acuerdo a la participación causal de éstas (conf. LÓPEZ MESA, Marcelo, "Elementos de la responsabilidad civil. Examen contemporáneo", edición de la Pontificia Universidad Javeriana y Editorial Diké, Colección Internacional (Libro Nº 11), Bogotá, 2009, pp. 411/412 y esta Sala, mi voto de la causa "M., O. E. c/ M., O. H. y/u otros s/ Daños y Perjuicios" (Expte. 637 - Año 2009 CAT), en sentencia del 31 de Marzo de 2010,).

En los supuestos de cocausación, se produce una parcial alteración de una primera causa puesta por una de las partes, al ser influida o alterada por otra causa puesta por otra parte o un tercero (cfr. mi voto de la causa "M., O. E. c/ M., O. H. y/u otros s/ Daños y Perjuicios" (Expte. 637 - Año 2009 CAT), en sentencia de esta Sala del 31 de Marzo de 2010). El problema es que esa no es la situación que se evidencia en este caso que analizamos, ya que no ha existido aquí un caso de cocausación, sino que la responsabilidad del evento dañoso se debe al aporte causal excluyente de uno de los participantes del accidente.- Ha quedado debidamente probada, a tenor de los términos del dictamen pericial accidentológico obrante en la causa (cfr. fs. 459/487), que el aporte causal del codemandado P. ha sido la causa adecuada de la producción del daño que se debate en autos.

El mencionado, de haber puesto en juego la debida atención, hubiera podido apreciar que una señal de tránsito -que no es un mero objeto decorativo de nuestras calles y rutas, como parece pensar mucha gente- le imponía el cruce de la intersección de la Avda. Libertad con la calle Lima a una velocidad máxima de 30 kms. por hora (fs. 480, párr. 1° y 480 vta., párr. 3°; art. 52 inc. "b" de la Ley 24.449, a la que adhirió la Municipalidad de Rawson por Ordenanza Municipal Nro. 4.123).-- Pese a esta obligación, el mencionado Sr. P. circulaba al momento de la colisión a una velocidad de 80,23 kms. por hora (cfr. fs. 482 vta.).

Adscribo a la opinión de que la sola violación de una norma reglamentaria referida a la circulación vial no constituye base suficiente para determinar por sí la atribución de responsabilidad en un evento dañoso, pues el régimen que al respecto ha organizado nuestro derecho sustantivo se erige sobre el concepto de causalidad; la infracción sólo debe ser considerada como factor decisivo si resulta de las circunstancias del caso que la misma es la que ha dado motivo al siniestro (C. 2ª Civ. y Com. La Plata, sala 2ª, 9/3/2004, LLBA 2004-1252).-- Pero en este caso puntual, la violación de la norma de tránsito referente a la velocidad máxima permitida en ciudades -que de por sí no es cualquier norma de tránsito, ni es invocable su violación alegremente- asume el rol de causa adecuada del daño, cuya responsabilidad se debate aquí.-- Es que, esa velocidad excesiva e imprudente fue la causa del accidente, como dice el perito en sus explicaciones, pues ese exceso provocó el embestimiento, el que pudo evitarse si el conductor del automóvil embistente hubiera circulado a velocidad reglamentaria (cfr. fs. 499, párrs. 4° y 5°).-- No excluye los efectos de su imprudencia la prioridad de paso que alegara, pues ella no puede servir de excusa para evitar las consecuencias del incumplimiento flagrante de las normativas de tránsito en un tema tan sensible -y que tanto dolor causa a los argentinos diariamente- como es el exceso de velocidad de circulación, causa adecuada -junto a la desatención al conducir- de miles de muertes y lesiones cada año en nuestro país.- La conducta negligente del Sr. P. no quedaría así justificada por el hecho de haber contado este codemandado con la prioridad de paso otorgada a quien circula desde la derecha del otro conductor protagonista del evento, ya que aún de contar con ella, es un principio asentado en jurisprudencia que la preferencia de paso es relativa (C. Nac. Civ., sala L, 31/3/1999, "Alvarado Martínez, Leonardo v. Sierra, Emilio A.", LL 1999­D-828, J. Agrup. caso 14.210; ídem, 23/9/1996, "Giuliani, Mario y otro v. Khafif, Isaac y otros", LL 1998-C-682).- Bien se ha dicho que la prioridad de paso no significa en sí misma una atribución in abstracto desvinculada de las circunstancias imperantes. No aniquila el deber de prudencia de quien tiene la prioridad. El tránsito constituye un complejo accionar, donde cada uno debe actuar con la debida cautela. La prioridad de paso no es un pasaporte de legitimidad para andar totalmente autónomo, sin conexión con las naturales contingencias creadas por la compleja circulación (C. Civ. y Com. Morón, sala 2ª, 7/6/2001, "Chiappori, Aurora del Carmen v. Díaz, Néstor Herminio", Juba sum. B2351314). Y, en similar sentido, se ha expuesto que la prioridad de paso no da derecho al conductor a barrer con todo lo que encontrare en su trayecto, como si contara para ello -en virtud de aquella ventaja- con un bill de indemnidad (C. 1ª Civ. y Com. La Plata, sala 3ª, 31/10/1991, "Giusti, Ignacio v. Yacopini, Carlos", Juba sum. B200168; C. 2ª Civ. y Com. La Plata, sala 3ª, 2/10/1990, "Corallini, Osvaldo Alberto v. Raffo, Hebert y otro", Juba sum. B350629; Sup. Corte Bs. As., 22/12/1999, "Malbos, Luis A. y otra v. Morón, G. y ots.", Juba sum. B24880; ídem, 3/5/2000, "Núñez, Jorge Daniel v. Empresa de Transportes Martín Güemes y otro", LLBA 2000-1197; ídem, 4/4/2001, "Quiñones, Antonio H. y otra v. Correa, Aimar A. y otra", DJBA 160-228; C. Civ. y Com. San Martín, sala 2ª, 18/11/1997, "González, Petrona Leonor v. Blanes, Miguel Ángel", Juba sum. B2000903; C. 1ª Civ. y Com. Mar del Plata, sala 2ª, 23/5/2000, "Costantini, Amadeo v. Llul, Mabel y otro"; ídem, sala 1ª, 8/8/2000, "Machado, Abel Simplicio v. Desiderio, Juan y otro", Juba sum. B1403051; C. 1ª Civ. y Com. San Nicolás, 4/7/2000, "Morales, Daniel Marcelo v. Muga, Juan Carlos y otros", Juba sum. B855844; C. Nac. Civ., sala K, 23/3/1999, "Bayne, Carlos J. y otro v. González, José A.", LL, 1999-F-803, J. Agrup. caso 14.495; ídem, sala C, 2/8/1999, "S., C. A. v. Verdún, Pedro A.", LL 2000-A-451; DJ 2000-1-1221; ídem, sala M, 28/2/1994, "Garriga, Olga v. El Puente SA", JA 1994-IV-695).

Ergo, el exceso de velocidad a que circulara el codemandado P. -que casi triplicaba al colisionar la velocidad máxima a que estaba autorizado a conducir en la emergencia- significó no solo una infracción íntimamente relacionada con la causa del accidente, sino la causa adecuada del mismo, lo que lleva a responsabilizarlo de los daños sufridos por el actor (cfr. art. 64, párr. 2°, Ley 24.449 y su doctrina y jurisprudencia).-- A pesar del intento de los letrados de los coaccionados por demostrar la culpa de la víctima, como hecho interruptivo de la cadena causal, verdad es que la actuación del accionante no ha tenido participación causal adecuada en el daño que sufriera.

Es que, el reconocido giro a la izquierda realizado por el actor (cfr. Fs. 7 de la causa penal reservada) en la Avda. Libertad, para acceder a la calle Pastor J. Lima, carece de eficacia causal adecuada con relación a los daños que sufriera, por cuanto, no se trató de una maniobra prohibida, ni significó un obstáculo para la marcha del codemandado P., quien por entonces circulaba lejos de la zona del impacto, a la que arribó en un breve tiempo, solo por circular a un remarcable exceso de velocidad.

NO puede soslayarse que el vehículo guiado por el codemandado P. dejó huellas de frenado de 14,30 metros desde que advirtiera la presencia del actor hasta el lugar del impacto (cfr. fs. 481, ptos. 3 y 4 y fs. 482). La huella de frenado implica la existencia de rozamiento en el asfalto por bloqueo del tren delantero producido por los frenos, que permite reconstruir -junto a la violencia del impacto sobre la carrocería del vehículo colisionado- la velocidad a que circulaba el vehículo embistente.-- A tenor de tales datos, y no siendo nunca inmediata la maniobra de frenado, una vez divisado un obstáculo, el perito determinó que el conductor del Renaul 19 percibió la presencia del actor y su vehículo e inicio de la maniobra 22 metros antes de dejar dichas huellas (fs. 481 vta., párr. 3°), lo que lleva a pensar que al iniciar el actor la maniobra de transposición de la otra mano de la avenida para tomar por calle Lima, el coaccionado embistente se situaba al menos a 36,30 metros de distancia del actor, lo que hace concluir que el accionado no tenía entonces prioridad de paso, pues el actor había llegado con mucha antelación a la intersección y ya estaba cruzando, cuando a éste le faltaban casi cuarenta metros para arribar a la misma.

Si ello es así, la maniobra del actor no fue imprudente, como que si su embistente hubiera circulado a la velocidad máxima autorizada o incluso a una un poco mayor -pero razonable- no lo hubiera impactado, ya que hubiera podido cruzar sin inconveniente una vez que él hubiera ya terminado su cruce o hubiera podido detener el rodado con un leve toque de freno, sin necesidad de bloquear el tren delantero.-- No debe olvidarse que la incidencia que el principio de confianza tiene en el desarrollo del tráfico: el desenvolvimiento regular del tránsito descansa en una relación de confianza entre los automovilistas, mediante la cual la acción de uno depende del convencimiento de que el otro respetará las normas respectivas, y no resulta justo ni razonable que, como contrapartida de la transgresión de cualquiera de ellos, se imponga al otro la obligación de haber evitado las consecuencias dañosas que ocasionó ese obrar imprudente (C. 2ª Civ. y Com. La Plata, sala 2ª, 2/9/2004, "Damiano, Aníbal Alberto y ot. v. Campos, Armando E. y ot.", Juba sum. B301291). El conductor que imprime a su rodado una velocidad excesiva quebranta el principio de confianza; ello porque otros conductores cuentan razonablemente que quien transita por la mano contraria lo haga a velocidad reglamentaria y les permita completar la maniobra de giro sin consecuencia alguna (C. Penal Pergamino, 22/4/1994, "C., H. s/ homicidio culposo y lesiones culposas", Juba sum. B2825052).- El actor, adelantado casi cuarenta metros al coaccionado P. al cruzar, tenía derecho a confiar en que los demás copartícipes en el tránsito -incluido quien lo embistiera- se amoldarían a las reglas más básicas del tránsito y no las vulnerarían impune y gravosamente. Ergo, su conducta no fue negligente.- En cambio, sí lo fue y en alto grado, la conducta del coaccionado P.. Cuando un vehículo deja una huella de frenado en la calzada, máxime cuando deja una de más de catorce metros, esta huella permite tener por probados diversos extremos:-- 1) El conductor circulaba a una velocidad excesiva o desatento, o ambas, pues no es normal que deba producirse una frenada violenta, que bloquee las ruedas delanteras, que es la única explicación de una huella de frenado tal.

2) Que el accionado circulaba a una velocidad excesiva, la que no se mide tanto en relación con el kilometraje horario, sino a la real posibilidad del conductor de controlar el rodado según las contingencias razonables del tránsito (C. Civ. y Com. Azul, sala 2ª, 5/4/2005, "Momeño, Graciela E. y otra v. Estergaad, Cristian F. y otro", Lexis Online 1/70023163-5). Es dable dejar sentado que la velocidad excesiva no está vinculada a términos absolutos y depende de variadas circunstancias personales y ambientales. Así, no debe ningún automovilista circular a una velocidad que le impida el avistamiento oportuno de obstáculos o accidentes del camino y la adopción de maniobras tendientes a neutralizar tales peligros (C. Civ. y Com. Pergamino, 4/10/1993, "Morel, Oscar Domingo v. Ceballos, Juan Ramón", Juba sum. B2801441). Una velocidad resulta inapropiada -con independencia de su condición de reglamentaria o no- cuando no se adapta a las circunstancias de tiempo y lugar y, por tal razón, vulnera el deber de circular con cuidado y prevención, así como el de mantener en todo momento el pleno dominio de la unidad (C. 1ª Civ. y Com. San Nicolás, 30/10/2003, "Talice, Selva y otras v. Rothen Noelia y otra y/o quien resulte propietario, poseedor o guardián", Juba sum. B856815; C. Nac. Com., sala B, 21/11/2000, "Covos, Héctor G. v. Vázquez, Clemente", JA 2002-IV-Síntesis).

3) La huella de frenado y el embestimiento posterior demuestra que el accionado P. había perdido al momento de impactar al vehículo del actor el control del vehículo. El ordenamiento del tráfico exige al conductor mantener el control o dominio de su rodado al circular. En esta línea, el art. 39 de la Ley 24449 edicta que "Los conductores deben:. b) En la vía pública, circular con cuidado y prevención, conservando en todo momento el dominio efectivo del vehículo o animal, teniendo en cuenta los riesgos propios de la circulación y demás circunstancias del tránsito".

Según el ordenamiento francés, el conductor debe ser "maitre de sa vitesse" (dueño de su velocidad), fórmula parecida a la que utiliza la ley italiana ("padronanza de la velocitá") y que ha recogido algún fallo argentino (CNCiv., Sala B, 30/12/92, "Cervi, Hipólito V. c/ Fadip S.A.", JA 1995-III-síntesis).- 4) El rol de embestidor en una colisión permite edificar a partir de él una presunción relativa y desvirtuable de responsabilidad. El embestidor es responsable del accidente cuando no logra demostrar que el embestido se ha interpuesto antijurídicamente en su línea de marcha autorizada y que lo ha hecho de modo para él inevitable (cfr. Mi voto, en sentencia de esta Sala del /10/09, in re "R. M. J. c/ D. P. J. S. y otro s/ Daños y Perjuicios" (Expte. 443 - Año 2009 CANE). Tal rol en autos le cabe al coaccionado P., quien no ha desvirtuado la presunción relativa que emana del embestimiento que realizara.-- Parece buena idea recordar la elaboración de nuestra jurisprudencia que distingue entre un embestidor físico o material y un embestidor jurídico. En esta línea, se ha dicho que cuando la víctima se concreta como el embestidor mecánico, agente activo de la colisión, ello no hace derivar para ella una consecuencia plenamente desfavorable, desde que para que ello ocurra es menester que coincida el concepto de embestidor mecánico con el de embestidor jurídico; el primero se refiere a una calidad puramente física, y el segundo, a una jurídica (C. Civ. y Com. Mercedes, sala 2ª, 3/11/05, "Santana, M. del C. v. Rea, Oscar A. y otra", JA 2006-II-síntesis y mi voto, en sentencia de esta Sala del /10/09, in re "R. M. J. c/ D. P. J. S. y otro s/ Daños y Perjuicios" (Expte. 443 - Año 2009 CANE).- Siguiendo esta elaboración y aplicándola al caso de autos, tenemos que existe aquí un embestidor físico o material, el vehículo del coaccionado P. que, a la par, ostenta el rol de embestidor jurídico, esto es, quien ha sido el responsable de la colisión al llegar a colisionar al vehículo del actor por llegar a la encrucijada con un exceso de velocidad tal que lleva a asignarle a esa causa la función de causa adecuada -y excluyente- de la colisión.

No cabe olvidar que en el caso de colisión de dos vehículos existe una presunción de responsabilidad del embistente que con la parte delantera de su automóvil choca a otro en su parte trasera o en sus laterales, presunción que puede ser desvirtuada si se acredita el proceder culpable o imprudente de quien aparece embestido (C. Nac. Com., sala E, 20/04/92, "MAZZEI, LUCIO v. OROMA SILVA, MANUEL S/ SUM.", en AbeledoPerrot online). Presunción que no ha sido desvirtuada en este caso y que pretende soslayarse solo sobre la base de opiniones de la parte que carga con ella. La baja velocidad a que circulaba el vehículo impactado (3,63 m. x seg. (cfr. fs. 483 vta.), hace que le requiriera 2,1 segundos cruzar la mano de la avenida que transponía (cfr. fs. 480). A su contraria, avanzar los 36,30 metros que lo separaban de la encrucijada, a velocidad máxima admitida de 30 km.. por hora, le toM. 4,30 segundos, con lo que a velocidad normal nunca hubiera colisionado, por haber transpuesto el cruce la actora antes de su arribo.- La circulación a velocidad de casi tres veces la máxima admitida por el ordenamiento para el lugar de circulación por parte del coaccionado P. ha sido, entonces, la causa adecuada del daño debatido en autos. Ello así, se impone la asignación de la responsabilidad total del evento dañoso a los demandados, quienes deberán indemnizar al actor por la totalidad de los daños que sufriera. Pero, habiendo adquirido firmeza la liquidación de los daños hecha en el grado, por falta de agravio, el capital de condena debe ser elevado a la suma de $ 40.746.

Por tales fundamentos, habré de acompañar la propuesta del Dr. Velázquez de revocar la sentencia apelada, para dar paso a la fijación del monto por el que prospera la demanda, en pesos cuarenta mil setecientos cuarenta y sesis ($ 40.746).- Tal decisión de fondo, motiva la necesidad de adecuar a ella la imposición de costas realizada en la instancia inferior, así como deberán también modificarse los honorarios allí regulados (art. 282, Ley XIII, Nro. 5, antes art. 279 C.P.C.y C).

En lo tocante a las costas, ellas deben ser impuestas a los codemandados vencidos (art. 69 párr. 1°, Ley XIII, Nro. 5, ex art. 68 CPCyC), a mérito del principio rector de la derrota; en lo que concerniente a los emolumentos curiales, ellos deben regularse -de conformidad al mérito, extensión, calidad, trascendencia y resultado de las respectivas labores curiales realizadas, en las siguientes alìcuotas: para la Dra. M. C. P., el 11% del monto del proceso que se determine en etapa de ejecución; para el Dr. E. R. H., el 11% del mismo monto; para el Dr. A. A. F., idéntico porcentaje que para los nombrados anteriormente y para el Dr. R. L., el 4,20 % del monto del proceso. En tanto, deberán regularse los honorarios de los peritos intervinientes en las siguientes alícuotas, teniendo en cuenta las labores respectivamente realizadas: para el perito F. A. A. y para el Lic. C. O. A., el 4% del monto del proceso que se detemine en etapa de ejecución, para cada uno de ellos (cfr. arts. 5, 6, 8, 9, 18, 46 y 60, Ley XIII N° 4, ex arts. 6, 7, 9, 10, 19, 47 y 61, Ley Nº 2.200).- En cuanto a las costas de alzada, habiendo sido rechazados los agravios de los codemandados y acogidos los del accionante, ellas se impondrán íntegramente a los codemandados (art. 69 párr. 1°, Ley XIII, Nro. 5, ex art. 68 CPCyC).

Los estipendios curiales de alzada, de acuerdo al mérito, extensión, calidad, trascendencia y resultado de las respectivas labores profesionales realizadas, y según las pautas arancelarias de los arts. arts. 5, 6, 8, 9, 13, 18, 46 y 60, Ley XIII N° 4, serán fijados en las siguientes alícuotas: para la Dra. M. C. P., el 3,50% del monto del proceso que se determine en etapa de ejecución; para el Dr. E. R. H., el 3,50% del mismo monto; para el Dr. A. A. F., el 3% del mismo monto y para el Dr. R. L., el 1,20 % del monto del proceso.- Por los fundamentos expuestos supra, a la primera cuestión, VOTO POR LA NEGATIVA. A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Velázquez manifestó:- Frente a la adecuación de honorarios a ser practicada de acuerdo al art. 282 C.P.C.C. (ex art. 279), la cuestión planteada con el recurso de apelación de honorarios de fs. 558 ha devenido abstracta, de aquellas que los jueces no deben decidir por ausencia de interés actual.- ASÍ LO VOTO.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Señor Presidente de la Excma. Cámara de Apelaciones de Trelew, Doctor Marcelo López Mesa, expresó: - Dado que en el tratamiento de la cuestión anterior, se ha procedido a la adecuación de honorarios al nuevo resultado del pleito, la que se practicara de acuerdo al art. 282, Ley XIII, Nro. 5, antes art. 279 CPCyC), la cuestión relativa al cuestionamiento de la cuantía de los honorarios, planteada a fs. 558, ha perdido virtualidad, al devenir abstracta, motivo por el cual no habrá de ser tratada.-- Tal mi VOTO.

A LA TERCERA CUESTIÓN el Dr. Velázquez respondió:

Visto el acuerdo antes alcanzado, corresponde:

1) Revocar parcialmente la sentencia apelada, a fin de elevar el capital de la condena a la suma de cuarenta mil setecientos cuarenta y seis pesos ($ 40.746).- 2) Imponer las costas de ambas instancias a los codemandados.- 3) Fijar, por adecuación a la presente, los honorarios de los Dres. M. C. P., E. R. H., A. A. F. y R. L., por sus labores profesionales de primera instancia, en las sumas respectivas equivalentes al 11 %, al 11 %, 12 % y al 4,20 % del monto del proceso, y para los peritos Dr. F. A. A. y Lic. C. O. A. en la suma equivalente al 4% de igual monto del asunto para cada uno de ellos.- 4) Regular los honorarios de los Dres. M. C. P., E. R. H., A. A. F. y R. L., por sus tareas de alzada, en las sumas respectivas equivalentes al 3,50 %, al 3,50 %, al 3 % y al 1,20 % del monto del proceso.- ASÍ LO VOTO.- A LA TERCERA CUESTIÓN, el Señor Presidente de la Excma. Cámara de Apelaciones de Trelew, Doctor Marcelo López Mesa, expresó: - En vista del acuerdo arribado precedentemente, el pronunciamiento que corresponde dictar es el que propone el Dr. Velázquez en su voto a esta cuestión. - Tal mi voto.

Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal por haberse logrado la mayoría (Art. 7º Ley V Nº 17), - Trelew, de noviembre de 2.010.- En virtud de lo resuelto en el Acuerdo cuya copia antecede, la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Trelew; pronuncia la siguiente: S E N T E N C I A: -- REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia apelada, a fin de elevar el capital de la condena a la suma de cuarenta mil setecientos cuarenta y seis pesos ($ 40.746).- IMPONER las costas de ambas instancias a los codemandados.- FIJAR, POR ADECUACION a la presente, los honorarios de los Dres. M. C. P., E. R. H., A. A. F. y R. L., por sus labores profesionales de primera instancia, en las sumas respectivas equivalentes al 11 %, al 11 %, 12 % y al 4,20 % del monto del proceso, y para los peritos Dr. F. A. A. y Lic. C. O. A. en la suma equivalente al 4% de igual monto del asunto para cada uno de ellos.- REGULAR los honorarios de los Dres. M. C. P., E. R. H., A. A. F. y R. L., por sus tareas de alzada, en las sumas respectivas equivalentes al 3,50 %, al 3,50 %, al 3 % y al 1,20 % del monto del proceso.- Regístrese, notifíquese y devuélvase.- REGISTRADA BAJO EL Nº DE 2.010 - SDC.- Conste.- cg JOSE PABLO DESCALZI SECRETARIO DE CAMARA.