Tribunal: CAMARA DE PAZ LETRADA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-11-26


Autos Nº F-1.003 (1º J. de F. Nº 056-S.P./A/08), caratulados: "c/ GHILARDI, Javier - Autoservicio Minimarket - Falta al art. 99 de la Ley Prov. Nº 7.819".

San Juan, 26 de noviembre de dos mil nueve. Y Visto: Para resolver el recurso de apelación interpuesto a fs. 10 y vta. por el imputado, quien actúa en esta oportunidad por derecho propio y con patrocinio letrado, contra la sentencia de fs. 6/7 de estas actuaciones contravencionales. Tal recurso fue concedido conforme lo dispuesto por los arts. 87, 88 y 89 de la Ley Prov. Nº 7.819 (en lo sucesivo: C. de F.), por providencia de fs. 13. Y Considerando: I. Que por medio del pronunciamiento impugnado el a quo resolvió condenar al Sr. Javier Andrés Ghilardi, por infracción a lo dispuesto por el art. 162, inc. 3º, del C. de F. -falta de documentación exigible- al pago del equivalente a cincuenta jus (50 J) en concepto de multa, el que debía ser depositado dentro de los cinco días de notificada la resolución. Se le hizo saber que en caso de incumplimiento la sanción se convertiría automáticamente en arresto conforme lo prescripto por los arts. 22 y 23 del C. de F. Asimismo, se dispuso la clausura el local comercial que gira bajo la denominación de Autoservicio Minimarket, sito en calle Ituzaingó 298, oeste, Rivadavia, hasta tanto el imputado acredite la habilitación comercial otorgada por la Secretaría Estado de Salud Pública. II.1. Contra dicho pronunciamiento se alza el imputado a través del recurso de apelación articulado a fs. 10 y vta., quien manifiesta que apela la sentencia en virtud de que el local comercial cuenta con la habilitación correspondiente emitida en fecha anterior al dictado del fallo, conforme lo acredita con la copia del certificado de habilitación que en esa oportunidad adjunta como prueba documental. Asimismo, y en razón de lo determinado en el pto. II de la parte resolutiva del pronunciamiento apelado formula reserva de la cuestión constitucional, porque se fija como sanción una multa, la cual si no es cumplida se convertirá automáticamente en arresto; agrega que en nuestro país se abolió la prisión por deudas, por lo que dicha conversión -en su opinión- es inconstitucional al violar los arts. 18 y 19 de la Constitución Nacional. En ocasión de haber sido citado por el Tribunal a la audiencia prevista por el art. 96 del C. de F., el contraventor suplió la comparecencia personal al emplazamiento con el escrito obrante a fs. 16 y vta., en el que confirmó el recurso planteado, ratificó las quejas expuestas a fs. 10 y vta., agregando que el monto de la multa es elevado en relación al giro comercial. Reitera el planteo de inconstitucionalidad de la conversión de la multa en arresto. A fs. 17 y frente al referido planteo de inconstitucionalidad se dispuso correr vista a la Fiscalía de Cámara. A fs. 18/20 la Dra. Leticia Ferrón de Rago en su dictamen manifiesta que dicho planteo debe ser desestimado por ser extemporáneo y agrega que el arresto contemplado en el art. 18 del C. de F. se encuentra direccionado a sancionar la infracción cometida y como sanción al no pago de la multa impuesta, con la finalidad que el autor del ilícito no quede impune. A fs. 21 se tuvo por contestada la vista y se dispuso el llamamiento de autos para sentencia, el que se encuentra firme, conforme surge de las constancias de las cédulas de fs. 22 y vta. Y 23 y vta. Posteriormente, se procedió al sorteo del expediente en el orden dispuesto a fs. 24. 2. Preliminarmente, y por una razón de buen orden procesal corresponde analizar la inconstitucionalidad articulada por el contraventor contra la conversión de la multa en arresto en caso de falta de pago de la misma, alegando que en nuestro país fue abolida la prisión por deudas. Desde ya adelantamos que la misma no puede prosperar, por las siguientes razones: Siguiendo a Borda recordamos que en nuestra legislación fue suprimida la prisión por deuda en 1872, por la Ley N° 514. Subsiste, claro está la prisión para el caso de quiebra o concurso fraudulento, pero en este caso, en el cual la pena se impone no en razón de las deudas sino del delito cometido. Ésta es una solución hoy universal. La conciencia jurídica moderna se rebela ante la idea de que un hombre honesto pueda ser arrastrado a la prisión por haber caído en insolvencia; parece además, un rigor excesivo que viene a pesar principalmente sobre los pobres, lo que repugna la sensibilidad social de nuestros días. Sin embargo, ha de verse una forma de renacimiento, por cierto muy limitado y circunscripto, de la prisión por deudas, en el delito de incumplimiento de los deberes familiares que permite encarcelar al deudor de alimentos. Para llegar a esta consecuencia, ha tenido que erigirse en delito el incumplimiento de la obligación alimentaria (Borda, Guillermo A., "Tratado de Derecho Civil - Obligaciones", T° I, Perrot, Buenos Aires, 1976, pág. 46, n° 33). Es decir, que las sanciones que se imponen frente a la comisión de actos ilícitos no puede equipararse a la denominada prisión por deudas. Contemporáneamente el derecho contravencional o de faltas es una especie del género derecho penal, donde ambos comparten el marco de garantía y seguridad jurídica de su género y se sujetan completamente al Derecho Constitucional, no existiendo diferencias ontológicas entre delito y contravención. Zaffaroni, Alagia y Slokar sostienen que "ratificando que el derecho contravencional es derecho penal y debe respetar todas las garantías constitucionales referidas a éste, la competencia legislativa penal en materia contravencional por parte de provincias y municipios es muy poco discutible" (Zaffaroni, Eugenio; Slokar, Alejandro, y Alagia, Alejandro, "Derecho Penal - Parte general", Ediar, Buenos Aires, 2000, pág. 169).

Gran parte de la doctrina, con la que coincidimos, sostiene que el bien jurídico protegido en el derecho contravencional es la convivencia social, la que debe ser entendida como la protección genérica de la calidad de vida y entendimientos de los habitantes de la ciudad, y que contiene como fines parciales del axioma principal una serie de desprendimientos de otros bienes jurídicos que se tutelan con la finalidad de la convivencia urbana, tales como la integridad física, la libertad de circulación, los derechos personalísimos, la administración y servicios públicos, la protección de los menores de edad, la fe pública, el orden en los espectáculos de asistencia masiva, el uso del espacio público, entre otros. Consecuentemente, de alguna manera deberá siempre afectarse la normal convivencia, directa o indirectamente, para encontrarnos en presencia de una conducta contravencional (Buján, Javier Alejandro y Cavaliere, Carla, "Derecho Contravencional y su procedimiento", Ed. Ábaco, Buenos Aires, 2003, pág. 34). Siguiendo a Badeni, recordamos que "la libertad jurídica es esencialmente limitada y controlable, por cuanto se manifiesta en la convivencia social organizada. Sin un orden y límites para la libertad, es imposible que exista la libertad constitucional. La relación armónica entre los individuos, y la relación armónica entre ellos y la organización política global, impone necesariamente restricciones a la libertad, que son expresadas en las normas jurídicas que la regulan" (Badeni, Gregorio, "Tratado de Derecho Constitucional", Tº I, 2ª edición actualizada, Ed. La Ley, 2006, pág. 445). Sigue diciendo el autor que "esas limitaciones a la libertad, traducidas legalmente en obligaciones de hacer o de no hacer, son deberes jurídicos impuestos a los individuos que restringen su libertad para posibilitar el ejercicio de las libertades por todos los individuos y para crear las condiciones necesarias que permitan el desarrollo y progreso social" (autor y obra citada, pág. 461). La relatividad de las libertades también está expuesta en algunos de los tratados internacionales que enuncia el art. 75, inc. 22, de la Ley Fundamental. Así, la Declaración Americana de los Derechos del Hombre y del Ciudadano establece que los derechos de cada hombre no son absolutos; están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general y del desenvolvimiento democrático (art. XXVIII). Añade que la convivencia social debe expresarse de manera tal que todos y cada uno de los individuos pueden formar y desenvolver integralmente su personalidad (art. XXIX). Por su parte, la Declaración Universal de Derechos Humanos prescribe que toda persona tiene deberes respecto de la comunidad. Pero, en el ejercicio de sus derechos, solamente están sujetas a las limitaciones impuestas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y respeto de los derechos de los demás y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática (art. 29). Similar criterio adopta la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al disponer que las restricciones a los derechos sólo pueden ser aplicadas conforme a las leyes que se dictan por razones de interés general (art. 30). Esas leyes son las que imponen deberes para con la familia, la comunidad y la humanidad, determinando que los derechos de una persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad general y por las justas exigencias del bien común en una sociedad democrática (art. 32). De tal forma se advierte que el ejercicio del poder de policía del Estado no es concebido como una imposición arbitraria, sino razonable y derivada de las necesidades que genera la convivencia social; su objetivo es limitar las libertades individuales y sociales en función del bien común. En tal sentido la Suprema Corte de Justicia de la Nación destacó que "la reglamentación que restringe aparentemente el derecho de algunos para garantir el de todos, no puede considerarse en principio como agraviante de la Constitución, pues esto importaría negar los altos fines que los constituyentes se propusieron al ordenarla, decretarla y establecerla" (C.S.J.N., Fallos, 155-185). Como primera formulación frente al límite del Estado al imponer una pena, debemos observar que la misma implica el presupuesto de una acción u omisión de una persona (art. 19 C.N.), a ello cabe agregar que las mismas se encuentren previstas en una ley, como desprendimiento del principio de legalidad contenido en el art. 18, ibíd. Este principio exige que no existan delitos o contravenciones que no se hallen expresamente previstos en la ley, lo que en el caso se cumple acabadamente, puesto que la conducta contravencional se encuentra especialmente contemplada en el art. 162, inc. 3º del Código Contravencional, aprobado por la Ley Prov. Nº 7.819 (B.O. 14-09-07), que prevé la sanción de multa entre otras de aplicación conjunta o alternativa y el art. 22, del mismo cuerpo legal, que admite su conversión en arresto frente al incumplimiento.

En este contexto, cabe señalar que la provincia ejerce el poder de policía en su ámbito territorial, expresión que designa la potestad constitucional del gobierno para establecer las regulaciones razonables sobre las libertades individuales, con el propósito de crear las condiciones necesarias y propicias en la sociedad para posibilitar el desarrollo armónico de la convivencia social. La Constitución Nacional (C.N.) determina la posibilidad del ejercicio del poder de policía en cabeza del Estado nacional, provincial o municipal, y de todos éstos o de algunos en su conjunto. La jurisdicción que entrega y garantiza la C.N., le da a cada ámbito, materia o competencia la posibilidad del ejercicio del poder de policía local. Se puede definir a esta jurisdicción local como la potestad, dentro de un territorio determinado, de crear normas, vigilar su cumplimiento e interrumpir su incumplimiento, facultades de juzgamiento e imperium para la efectiva ejecución de las sanciones (cfr. Lorences, Valentín H., "Poder de policía - Edictos policiales - Justicia Contravencional y de Faltas", Ed. Universidad, Bs. As., 1997, pág. 25). - Así, quien tiene a su cargo velar por la seguridad de la población tiene el deber y la facultad de dictar normas tendientes a mantener la convivencia social pacífica, por lo que el Poder Legislativo de la Provincia, en uso de las atribuciones expresamente conferidas ha legislado dictando el Código de Faltas, el que en su parte general, establece el régimen contravencional, determina los tipos de pena, el procedimiento para el juzgamiento de las faltas; y en la parte especial, tipifica cada una de las contravenciones y sus correspondientes sanciones. Conteste con lo expresado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de que la declaración de inconstitucionalidad es la última solución a la cual se debe acudir por aplicación del principio in dubio pro constitutio, las leyes deben ser interpretadas en la forma en que mejor concuerde con las cláusulas de la Constitución, de modo que la objeción constitucional sólo resulta viable cuando es manifiesta y el texto de la norma no puede ser lealmente interpretado de una manera concordante con las disposiciones constitucionales (C.S.J.N., Fallos, 249-59), lo que en el sub exámine no se advierte, por lo que corresponde reiterar la constitucionalidad del art. 22 y ccds. del C. de F.

3. Comenzando con el estudio de la cuestión sobre la que corresponde expedirse y luego del análisis de las actuaciones, como del contenido del fallo apelado y de las argumentaciones esgrimidas por el recurrente, adelantamos opinión en el sentido del rechazo del recurso de apelación intentado. Ello, en mérito a las siguientes razones: - Al ser citado a la audiencia prevista en el art. 76 del C. de F., el impugnante -mediante un escrito- reconoce la infracción y manifiesta que está realizando las gestiones para lograr la habilitación de Salud Pública que le permita el funcionamiento del autoservicio (fs. 5). Las circunstancias que acabamos de reseñar fueron referidas y tenidas en cuenta por el a quo en los considerandos de su resolución; quien después del examen de las constancias infiere la responsabilidad del contraventor de conformidad con las disposiciones provinciales de aplicación al caso bajo consideración. El ámbito competencial provincial tiene relación directa con el ya referido poder de policía, el que tiene por objeto velar por el orden, tranquilidad, moralidad, etc., en virtud del cual corresponde a las autoridades dictar leyes, reglamentos, ordenanzas, decretos, a esos fines, siempre que sean razonables y uniformes. "El ejercicio del poder de policía, que incumbe a las autoridades locales, legitima la reglamentación y aun la limitación de ciertas industrias, actividades y profesiones, en función de las necesidades y conveniencias colectivas, mientras sean razonables, justas y no afecten preceptos de orden común o federal que legislen el punto en forma contraria" (Jurisprudencia Argentina, 1979-I-467, sum. 28.087). También se ha dicho que "la obligación de contar con permisos, licencias o autorizaciones y la de inscribirse en determinados registros, como requisitos ineludibles y previos para el desenvolvimiento de ciertas actividades o para que produzcan efectos jurídicos algunos actos de particulares que, no obstante su naturaleza, afectan intereses públicos, son medios comunes empleados en nuestro ordenamiento para poner en práctica el poder de policía (Cám. Nac. Civ. y Com. Fed., Sala II, 21-12-79, El Derecho, Tº 88-239).

La responsabilidad que se le imputa al encartado queda precisamente delimitada, porque la contravención supone una voluntad que se objetiviza en la comisión u omisión de un hecho que la norma sanciona, en el sub examine la conducta omisiva queda subsumida en lo que la disposición tipifica como contravención, pues los comercios necesitan ser habilitados y sometidos a inspecciones de seguridad e higiene y demás controles necesarios impuestos por la autoridad administrativa, más cuando se trata de una actividad con concurrencia de personas. Por otra parte, la actividad comercial sin obtener la necesaria habilitación torna a la misma en ilícita y ello autoriza su clausura. El acta de constatación se encuentra dotada de los suficientes elementos esenciales y de certeza para tenerla como plena prueba, ya que cumple con todos los recaudos formales determinados en el art. 67 del C. de F., pues en el referido instrumento claramente se determina que en el día 28 de mayo de 2008, a las 11:00 hs., se constató que el negocio de autoservicio propiedad del Sr. Javier Ghilardi, ubicado en calle Ituzaingó Nº 298, oeste, Rivadavia, no tenía la pertinente inscripción en Salud Pública. El acta realizada y suscripta por funcionarios competentes (como es el Dr. Cesar Moya, de la Sección Bromatología de la Secretaría de Estado de Salud Pública) tiene el valor de declaración testimonial tal como lo establece el art. 69 del C. de F. y, consecuentemente, quien resulta imputado tiene la carga de desvirtuar ese valor mediante pruebas fehacientes, lo que no ha ocurrido en primera instancia, ni ahora en la Alzada; porque el certificado de habilitación expedido el 16 de octubre de 2008 por el Ministerio de Salud Pública en Expte. Nº 800-04203-08 (en copia a fs. 9) es de fecha posterior al acta de infracción de fs. 1, conforme a lo cual cabe considerar al acta como prueba suficiente (cfr. art. 70, ibíd.). En sentido concordante la jurisprudencia tiene dicho que "si las actas de comprobación han sido labradas por personal entrenado especialmente, reúnen los requisitos de ley, y no han sido enervadas por prueba contraria, la condena es justa" (C.A.C., 09-08-67, citado por Agüero, Arístides Horacio, "Falta y delito - jurisprudencia", Tº II, Ediciones Dike, Mendoza, 2000, pág. 412, nº 26). Para que el hecho, motivo del juicio, pueda serle imputado contravencionalmente a un individuo, debe haberse producido por alguno de los comportamientos que prevé la legislación. En el caso examinado, el contraventor violó -como ya lo señalamos- lo dispuesto por el art. 162, inc. 3º, del C. de F. y la legislación especial en la materia, lo que muestra su responsabilidad en la falta incriminada. La referida responsabilidad que se le imputa queda precisamente delimitada porque la contravención supone una voluntad que se objetiviza en la comisión u omisión de un hecho que la norma sanciona; en el caso particular, la conducta imputada queda subsumida en lo que las respectivas disposiciones tipifican como falta. Con relación a la violación del art. 162, inc. 3º, C. de F., referidas a la falta de habilitación de los comercios dedicados al expendio de productos alimenticios, importa incurrir en una conducta ilícita de gravedad por el riesgo inminente y cierto de producir daños en la salud del público que adquiere mercaderías en dicho negocio. Es que tiene gran importancia el control sanitario o bromatológico que deben cumplir los entes estatales, en el caso, Ministerio de Salud Pública, supervisando estas actividades comerciales dentro de su jurisdicción en ejercicio del poder de policía que le compete, en defensa de la salud de la población y de los intereses del consumidor. Por último, con respecto a la documental obrante a fs. 9 que fue adjuntada al momento de interponer recurso de apelación, al ser de fecha posterior a la verificación de la falta (efectuada el 3 de setiembre de 2008). confirma el criterio del a quo en punto a la efectiva comisión de la contravención. 4. Sin perjuicio de ello, y conforme lo decidiera esta Cámara en otros expedientes que presentaban similitud con el de autos (por ej. Autos N° F-967: "c/ José Manzano e Hijos S.A. - Falta a los arts. 162, inc. 3°, y 163 del Código de Faltas [Ley 7.819], Ley Federal de Carnes N° 22.375 y Provincial N° 5.151, P. de F., T° I-2008, F° 95/97, 18-11-08), tal instrumental (en la que consta la habilitación para funcionar del autoservicio, carnicería y avícola perteneciente al Sr. Javier Ghilardi, conforme autorización del Ministerio de Salud Pública del 16 de octubre de 2008 deberá ser ponderada a sus efectos por el Inferior una vez que los presentes actuados bajen a dicha sede. Por ello, estimamos que no cabe ninguna disminución de la multa impuesta, aunque el Inferior deberá evaluar a los fines de la clausura la obtención de la habilitación pertinente, tal como surgiría de la copia obrante a fs. 9. III. En conclusión, consideramos que la apelación debe desestimarse y confirmarse la resolución de primera instancia, con la salvedad efectuada respecto a operativizar o no la sanción de clausura. Por ello, normas legales y doctrina citadas la Cámara de Apelaciones de Paz Letrada Resuelve: 1. Rechazar el recurso de apelación interpuesto a fs. 10 y vta. contra la sentencia obrante a fs. 6/7 de estas actuaciones contravencionales. 2. Protocolícese, notifíquese y bajen al Juzgado de Faltas de origen, ámbito donde su titular deberá ponderar a los efectos pertinentes la documental adjuntada por el infractor y obrante a fs. 9 de autos. Se deja constancia de que la presente resolución es suscripta por dos miembros del Tribunal, por encontrarse Víctor Bazán en uso de licencia (cfr. arts. 75 y 40 de la Ley Nº 5.854). (Fdo). Alicia R. de Bustos Cano -Presidenta, María Esthela Tonelli -Vocal P. de F. N° 18, fs. 101/108.