Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-09-22


En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 22 días del mes de septiembre de 2006, se reúnen en Acuerdo los Señores Jueces integrantes de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Marcela De Langhe, Fernando Bosch y Pablo Bacigalupo para resolver en las presentes actuaciones Y VISTOS:

Llega el legajo a conocimiento del tribunal en virtud del recurso de apelación incoado por el Sr. Defensor Oficial, Gustavo Aboso (fs. 34/36 vta.), contra la decisión de la Juez a quo, María Laura Martínez Vega, que resolvió hacer lugar a la declinación de competencia (fs. 32/33 vta.) formulada por el Sr. Fiscal, Mario Gustavo Galante (fs. 16/16 vta.), y consecuentemente, dispuso remitir las actuaciones principales a la oficina de sorteos de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de esta ciudad con el objeto de que designe el juzgado de instrucción que habrá de conocer en la presunta comisión del delito previsto en el art. 72 bis, inc. d) de la Ley 11 723.

Ante esta instancia el Sr. Fiscal de Cámara, Fernández, dictaminó que corresponde rechazar el recurso impetrado, mientras el apelante mantuvo silencio en esta oportunidad procesal (art. 51 de la LPC).

Cumplidos los pasos procesales pertinentes, se encuentran las actuaciones en condiciones de ser resueltas.

Y CONSIDERANDO:

En primer término, el recurso de apelación fue interpuesto por quien tiene derecho a hacerlo, por escrito y dentro del término de ley, contra una resolución judicial cuya impugnabilidad se encuentra expresamente prevista (art. 6 LPC y arts. 345, 449 y ccdtes., CPPN), y se observa debidamente fundado.

Superado el examen de admisibilidad, concierne abocarse a la crítica introducida por el presentante, argumentando que no se encontraban mínimamente establecidos los requisitos objetivos y subjetivos exigidos por el tipo penal previsto en la ley 11723, para adoptar el temperamento apelado. Para llegar a esa conclusión atacó los alcances del peritaje practicado por cuanto no especifica -a su juicio- "cuáles eran las canciones presuntamente grabadas en dichos soportes y, menos aún, quiénes serían los autores cuyos derechos artísticos habrían sido lesionados" (vid. fs. 35). En consecuencia, sólo subsistiría la figura contravencional indicada o bien el tipo infraccional contenido en el régimen de faltas (art. 4.1.2 de la ley 451).

La juez interviniente considera que el episodio investigado se erige en un único hecho susceptible de encuandrar en distintas calificaciones legales que emanan de esferas legisferantes diferentes (Ley local nro. 1472 y Ley Nacional nro. 11723). Así, entendió que si bien el suceso se enmarca en la norma contenida en el art. 83 del CC también "podría encontrarse incursa en el tipo penal descripto en el art. 72 bis, inc. d) de la Ley 11.723" (ver fs. 33). De este modo es deplazada la figura contravencional por el ílicito penal en razón de lo establecido por el art. 15 CC, sustentando su tesitura con jurisprudencia de esta Sala.

Acotado entonces el objeto de impugnación, es conveniente adelantar que los argumentos de la defensa no han de prosperar, puesto que, al cuestionar los límites del peritaje obrante en el principal, incorpora elementos de valoración cuyo momento oportuno de análisis será eventuamente la audiencia de debate. Asimismo, su oposición crítica no logra desterrar la presunta infracción del art. 75 bis, inc. d) de la ley nacional en juego y por consiguiente, tampoco la existencia de un concurso entre las normas mencionadas supra.

En línea con lo decidido por el Magistrado de grado, esta Alzada tiene dicho, en un supuesto de hecho y de derecho similar al presente, que se trata "prima facie de la presunta comisión de un ilícito contra la propiedad científica, literaria o artística, sea que se tenga por configurada la hipótesis relativa a la venta de obra publicada sin autorización de su autor o derechohabiente prevista en el art. 72, inc. a), Ley 11.723, o que se presente el supuesto de exhibición de copias ilícitas al que alude el art. 72 bis, inc. d), de esa norma. La comisión de los actos constitutivos de tales posibles delitos se llevó a cabo mediante un comportamiento que implicó a la vez el uso indebido del espacio público al que se refiere el art. 83 CC." (Causa Nº 024-00-CC/2006 caratulada "Atocha Jiménez, Albert Manuel s/ inf. art. 83 ley 1472-Apelación", rta. el 29/03/2006. Énfasis en el original).

Sobre el particular la doctrina señala que el concurso ideal "significa que a través de una acción se realizan varios tipos penales", para lo cual "es suficiente con que cada uno de los distintos aspectos parciales de la acción que se considera unitaria [...] cumpla, respectivamente, con un tipo penal" (Jescheck/Weigend, Tratado de Derecho Penal, Parte General, 5ª ed., trad. de Miguel Olmedo Cardenete, Ed. Comares, Granada, 2002, p. 775); es decir, para la configuración de un concurso de esta índole basta "con que se produzca una intersección de los diversos tipos penales en un tramo parcial de esa acción" (G. Stratenwerth, Derecho Penal, Parte General I, El hecho punible, 4ª ed., trad. de Manuel Cancio Meliá y Marcelo A. Sancinetti, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2005, p. 549; bastardillas en el original).

En el caso sometido a conocimiento de esta Sala es claro que la actividad lucrativa cuyo desarrollo implicó el uso indebido del espacio público precisamente consistió en la venta o exhibición para ese fin de copias ilegítimas de discos compactos, configurándose así sin lugar a dudas un supuesto de concurso ideal, pues un mismo comportamiento resulta susceptible de dos calificaciones que no se desplazan, sino que reclaman aplicación conjunta para que la subsunción legal refleje en toda su magnitud la gravedad del injusto.

No obstante ello, el supuesto particular de concurrencia ideal entre delito y contravención halla expresa regulación en el art. 15 CC, que impone necesariamente el desplazamiento de la acción contravencional.

Por estas razones, concordantemente con lo dictaminado por el Sr. Fiscal ante la Alzada, habrá de confirmarse la decisión apelada.

En consecuencia, habiendo concluido el Acuerdo, el Tribunal:

RESUELVE:

I.- CONFIRMAR el punto I del resolutorio de fs. 32/33 vta. del presente incidente en cuanto DECLARA LA INCOMPETENCIA para seguir interviniendo en las presentes actuaciones y, consecuentemente, DISPONE SU REMISIÓN a la oficina de sorteos de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, a fin de que se designe el juzgado de instrucción que tomará intervención ante la posible comisión de hechos ilícitos previstos en la ley 11.723.

II.- TENER PRESENTE las reservas formuladas en el punto V del escrito presentado por el Gustavo Eduardo Aboso a fs. 34/36 vta.

Tómese razón, notifíquese por nota al Sr. Fiscal de Cámara y, oportunamente, devuélvase a la primera instancia interviniente, la que deberá practicar las notificaciones correspondientes y cumplir la remisión ordenada. Sirva lo proveído de atenta nota de envío.

Fdo: Pablo A. Bacigalupo, Fernando Bosch, Marcela De Langhe. Jueces de Cámara.

Ante mí: Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara.