Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2011-03-23


SENT Nº 107	C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Veintitrés (23) de Marzo de dos mil once, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán, René Mario Goane y la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel Estofán, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en autos: "Álvarez Walter Alfredo vs. Morano Otmar Alfredo s/ Cobro de pesos".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Antonio Daniel Estofán, René Mario Goane y doctora Claudia Beatriz Sbdar, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, dijo:

En contra de la sentencia interlocutoria, emitida por la Excma. Cámara del Trabajo Sala III de fecha 29 de abril de 2010 obrante a fs. 96/97 vta., la parte demandada interpone recurso de casación el que fuera concedido por resolución del referido tribunal a fs. 112. Del informe actuarial de fs. 119, surge que al vencimiento del plazo ninguna de las partes presentó la memoria facultativa a que alude el artículo 137 del CPL.

I.- Por la referida sentencia se dispuso: "1) Rechazar el recurso de apelación de la demandada, en consecuencia se confirma la sentencia interlocutoria Nº 116/2009 (fs. 61) en lo que fue materia de apelación y agravios; 2) Costas y Honorarios".

Para llegar a tal conclusión, el tribunal de grado luego de enumerar los agravios del apelante estimó: "...los considero no atendibles por las siguientes razones:

- la violación de la garantía constitucional de la doble instancia prevista en el Pacto de San José de Costa Rica- no es atendible porque el criterio adoptado por la sentencia apelada es ajustado a la doctrina de la CSJT en los autos "Tirado Ramón Francisco vs. OSPAAT s/Revocatoria" (sent. 797 del 13-12-94)... Cabe añadir que la cuestión de conveniencia o no del procedimiento de única instancia instituido por la Ley 6204, es materia ajena al control de constitucionalidad de la ley que ejerce el poder judicial, porque es de competencia exclusiva del Poder Legislativo que tiene facultades para legislar sobre la ley de forma según el reparto de atribuciones que emerge de la C.N. y C.P....".

-En cuanto a la omisión de analizar la norma legal cuestionada de inconstitucionalidad, no lo considero atendible porque el planteo efectuado en el responde (fs. 46 y ss.) ataca a la Ley 6204 en su totalidad como procedimiento judicial, sin precisar alguno de los preceptos contenidos en ella que considera violatorios de la constitución.

En tal sentido cabe destacar que la tacha de inconstitucionalidad solo es procedente cuando la oposición entre las normas impugnadas y la constitución es clara y evidente, porque la declaración de inconstitucionalidad es la última ratio del orden jurídico".

Concluye, "Conforme a lo expuesto comparto el dictamen fiscal cuando aconseja confirmar la sentencia interlocutoria nº 116/2009 (fs. 61), en cuanto rechaza el planteo de inconstitucionalidad de la Ley 6204 deducido por el apelante".

II.- El recurrente se agravia por considerar que la sentencia en crisis: "es nula, al no haber observado lo dispuesto por el artículo 131 inc .a) del CPL, por cuanto ha violado, inobservado y aplicado erróneamente el derecho sustantivo".

Sostiene, "el argumento de la Excma. Cámara sobre la violación por parte del CPL de la provincia, del Pacto de San José de Costa Rica al vedar la doble instancia considerada por el mentado pacto, no es atendible por cuanto el referido fallo de 1era instancia coincide en un todo con el dictado por esta Corte en los autos: "Tirado Ramón Francisco vs. OSPAAT s/ Revocatoria" (sent.797 del 13 -12- 94)...". Reproduce los argumentos vertidos en la misma, los que, refuta en base a las siguientes afirmaciones:

II.1) Sostiene: "No es facultad de los jueces aplicar la doctrina de la Corte en forma automática y ciega, sin analizar las particularidades del caso y la actual solución jurídica que puede otorgarse al mismo, de acuerdo con la circunstancias de tiempo y lugar... Nuestro sistema otorga independencia a los jueces de todas las instancias, para dictar fallos conforme a derecho... Los jueces no solo pueden sino que deben realizar un examen de constitucionalidad de la norma, el que inclusive puede ser realizado de oficio".

II.2) Argumenta: "Pero además, considero al fallo citado en la sentencia en crisis, (Tirado), como falto de fundamento fáctico y jurídico, por lo que tampoco coincidimos con las conclusiones a que arriba".

"En efecto el fallo Tirado vs. OSPAAT, más allá de haber sido dictado hace más de 16 años...posee fundamentos endebles perfectamente rebatibles,...al encontrarse claramente violado el debido proceso, y la igualdad de las partes ante la ley, además de existir una contradicción entre el mismo y la doctrina dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el fallo "Giroldi".

Argumenta, reproduciendo un párrafo del fallo "Tirado": "esta Corte, en el mismo, no sólo admite, sino que enérgicamente acepta que la jurisprudencia de sus tribunales puede modificarse abiertamente, más aún cuando se modifican las leyes que dieron origen a una determinada interpretación... Esto convierte al fallo en arbitrario y falto de asidero fáctico y/o jurídico, y por ende en NULO, al no fundarse el mismo en un rechazo consiente y lúcido que involucre cuestiones propias del caso...".

Continúa: "el fallo "Tirado" fue resuelto en un momento histórico y jurídico distinto, en donde existía la posibilidad de que las partes pudieran optar entre un tipo de procedimiento y otro... El litigante podía optar entre continuar con el trámite de la ley 3648 que consagraba la doble instancia u optar por la ley 6204 de única instancia...".

"Además, la ley 6204 entró en vigencia antes de la reforma de la CN, la que consagró el rango constitucional de los tratados internacionales...".

II.3) Expresa: "creemos que la conclusión a la que arriba el fallo a la luz de lo normado por nuestra CN, y en especial por el Pacto de San José de Costa Rica es errado... Además de ello la jurisprudencia de la CSJN es diametralmente opuesta a la consagrada por la CSJP en el caso "Tirado" al expresar en el caso "Giroldi" sobre la exigencia de la doble instancia...".

II.4) Por último considera: "el tribunal es el órgano facultado para efectuar el control difuso de constitucionalidad, pudiendo, en consecuencia, expedirse sobre la conveniencia o no del procedimiento de instancia única del CPL de la provincia. Plantea cuestión federal (fs. 107 vta.).

III.- Siendo inherente a la competencia funcional de esta Corte por su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, como tribunal del remedio casatorio incoado analizar la admisibilidad del recurso planteado, a tenor de lo normado por los artículos 130 y concordantes del CPL, corresponde entrar a su tratamiento.

Evaluadas las condiciones de admisibilidad, el recurso resulta interpuesto tempestivamente (fs. 99 y 108), si bien se trata de una sentencia interlocutoria (ya que no resuelve el fondo de la cuestión) entiendo cumple con los requisitos previstos en los artículos 130 a 132 del CPL por lo tanto resulta equiparable a definitiva, teniendo en cuenta que resuelve un planteo de inconstitucionalidad, que es atacado por violación a normas de derecho.

Respecto del requisito del afianzamiento previsto en el artículo 133 del CPL, no resulta exigible, por cuanto esa condición sólo es requerida cuando la sentencia contiene condena total o parcialmente contra la parte que articula el recurso extraordinario local, lo cual no acontece en autos. Por lo tanto el recurso resulta admisible. Es mi voto.

IV.- Con relación a la procedencia del mentado recurso extraordinario local, estimo que el mismo no puede prosperar por las razones que paso a invocar:

En efecto; el precedente jurisprudencial de la SCJN (Giroldi año 1995), citado por el recurrente como contradictorio de lo resuelto en el caso "Tirado" no resulta análogo al caso de autos, pues en el mismo se resuelve una controversia constitucional puntual circunscripta a singulares normas del proceso penal nacional -entonces artículos 458/462 que regulaban el recurso de casación- y, por otro lado, la materia en cuestión era de naturaleza penal.

A mayor abundamiento, siguiendo los lineamiento del más alto tribunal de la Nación, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial Sala E, al resolver el caso "Banco Bansud c/ Campion" (LL1998 - D - 88) ha dicho textualmente: "La multiplicidad de instancias no es una condición cuya ausencia vulnere "per se" la defensa en juicio, dado que la garantía solo exige que el litigante sea oído, su efectividad no depende del número de instancias que las leyes establezcan" (fallo de fecha 21/03/02).

De otra parte, una de las facetas que integra la finalidad indiscutiblemente tuitiva del derecho sustantivo laboral (por ser el trabajador la parte débil de la relación jurídica de empleo privado), la constituye, sin lugar a dudas, que los procesos que se promueven para obtener el reconocimiento de un derecho laboral, se tramite con un procedimiento ágil, que arbitre, cualquiera sea la instancia, los medios adecuados y proporcionados a esos fines, evitándose así las dilaciones.

Así lo ha sostenido esta Corte en sentencia nº 233 de fecha 30/03/2001 en los autos caratulados: "Toranzo de Colledani, Liliana María Alicia vs. Mutualidad Provincial Tucumán s/indemnizaciones", donde dijo: "No aparece así en forma clara, indubitable, la configuración de los agravios que invoca la parte recurrente, a saber, la imposibilidad "fáctica" de recurrir y la violación a las garantías del derecho de defensa y del debido proceso; antes, por el contrario, se está en presencia de un dispositivo prudencial del legislador, razonablemente proporcionado a la finalidad tuitiva que lo inspira y, simultáneamente, sin alterar aquellos derechos constitucionalmente amparados".

Por último, con relación a lo sostenido por el recurrente para descalificar la aplicación del fallo "Tirado", solo cabe recordar que lo sostenido en aquella sentencia se encuentra plenamente vigente, habiendo sido ratificado por sentencia nº 932 de fecha 10/10/07, por la cual esta Corte dijo: "el sistema constitucional no reclama, como principio visceral, que se estructuren sus órganos contemplando la instancia de apelación. "El Pacto de San José de Costa Rica, ratificado por ley Nº 23.054, no establece la "doble instancia" en sentido estricto, sino que como garantías mínimas en su artículo 8, apartado 2, inciso h), consagra el derecho de recurrir el fallo ante juez o tribunal superior; haciendo lo propio el artículo 14.5, del PIDCP". Que este recaudo "se ve satisfecho en el orden provincial, en cuanto existen remedios de naturaleza extraordinaria contra las sentencias definitivas o equiparables a tal, dictadas en instancia ordinaria y única. Es que el derecho a recurrir por ante un tribunal superior que se menciona en la legislación internacional, no supone necesariamente el derecho a apelar, pues "recurso" puede serlo otro distinto, siempre que no se lo conciba, interprete o aplique con rigor formalista, siendo abundante en este sentido la jurisprudencia existente a este respecto" (cfr. CSJTuc., sentencia N° 451 del 19/6/2003).

V.- Por el principio objetivo de la derrota las costas de esta instancia se imponen a la demandada vencida (art. 49 del CPL y 105 del CPCC).

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo	Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor Antonio Daniel Estofán, vota en igual sentido.

La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo	Comparto el voto del señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, y agrego:

En cuanto a que el fallo impugnado agravia al recurrente cuando dijo "cabe añadir que la cuestión sobre la conveniencia o no del procedimiento de única instancia instituido por la ley 6204, es una materia ajena al control de constitucionalidad de la ley que ejerce el poder judicial, porque es de competencia exclusiva del poder legislativo que tiene facultades para legislar sobre la ley de forma según el reparto de atribuciones que emerge de las Constituciones Nacional y Provincial" (fs. 97), toda vez que "nadie duda que el Poder Legislativo es el facultado para legislar sobre las leyes de forma, al igual que nadie duda a esta altura que el Control de Constitucionalidad de las leyes dictadas por el Poder Legislativo está a cargo del poder Judicial, quien ejerce un control difuso de las mismas" (fs. 106), coincido con el Sr. Ministro Fiscal en que en realidad se trata de un agravio aparente (cfr. fs. 124), desde que el planteo prescinde de la línea de razonamiento del tribunal.

La Cámara se pronunció negativamente respecto del planteo de inconstitucionalidad, indicando cada una de las razones por las que consideraba que el procedimiento de instancia única establecido en la ley n° 6204 no es inconstitucional y, luego de ello, señaló que la valoración sobre la conveniencia o no de dicho procedimiento, no es tarea del juez sino que se trata de una cuestión referida a la política legislativa, lo que también expresa el Sr. Ministro Fiscal en su dictamen (cfr. fs. 124).

Como se advierte, contrariamente a lo expuesto por el recurrente, la Cámara sostuvo puntual y fundadamente, que no procede el planteo de inconstitucionalidad de la demandada sobre el sistema de única instancia instituido por ley n° 6204 y que el análisis de su conveniencia no es tarea propia del Poder Judicial sino del Poder Legislativo, cuestión sobre la que esta Corte tiene dicho que "las decisiones de política legislativa adoptadas a través del proceso democrático instituido por los órganos estatales constitucionalmente depositarios de la representación popular, en principio y respecto de sus contenidos esenciales referidos a la intencionalidad o sentido de aquellas, no son susceptibles de revisión judicial. Ello por cuanto los criterios y orientaciones sustentadas en estimaciones de conveniencia social o política o en postulados programáticos sobre políticas públicas son ajenos al ámbito del contralor judicial de constitucionalidad" (cfr. CSJT, sentencia n° 270, del 26/4/96).

Consecuentemente, como se anticipó, la cuestión planteada en casación es inviable.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, y habiendo dictaminado el Sr. Ministro Fiscal a fs. 121/124, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo,	R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia, emitida por la Excma. Cámara del Trabajo Sala III de fecha 29 de abril de 2010 obrante a fs. 96/97 vta. por lo considerado en el punto IV de esta sentencia.

II.- COSTAS como se consideran.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN RENÉ MARIO GOANE CLAUDIA BEATRIZ SBDAR ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA