Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA 8va NOMINACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2007-09-25


2º Instancia. - Córdoba, septiembre 25 de 2007.

A la Primera Cuestión: ¿Es justa la Sentencia apelada? A la Segunda Cuestión: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? De conformidad con el orden establecido por el sorteo para la emisión de los votos a la primera cuestión planteada, la señora vocal doctora Graciela Junyent Bas, dijo: 1. Se encuentra radicada la causa en esta Sede, con motivo de la concesión del recurso de apelación articulado por la apoderada de la parte actora, Dra. Natalia Koch (fs.116), en contra de la Sentencia Número ocho, de fecha nueve de febrero de dos mil siete (fs.111/115), cuya parte resolutiva ha sido transcripta.

2. En la estación procesal correspondiente, el apelante expresa agravios a fs.159/163, los que son contestados por la parte demanda a fs.165/169.

3. Dictado y consentido el decreto de autos de fs. 173, queda la causa en estado de resolver.

4. La sentencia contiene una relación fáctica que satisface las exigencias del art. 329 CPCC, por lo que a ella me remito en honor a la brevedad.

5. a. El recurrente se agravia porque el fallo impugnado, hace lugar a la excepción de inhabilidad de título, y rechaza la ejecución por él promovida, por no haberse acreditado la legitimación sustancial del fideicomiso financiero Laverc para accionar.

Critica la resolución, porque en su opinión, se equivoca el juzgador al afirmar que quien acciona es el Fideicomiso financiero Laverc, cuando de la literalidad del instrumento cuya ejecución se pretende, surge claramente que la propiedad fiduciaria fue cedida al ABN AMBRO BANK N.V en su calidad de fiduciario, y que éste último es quien les ha otorgado poder a fin de llevar adelante la presente ejecución.

En este sentido, agrega que, el a quo debió tener como premisa básica de su análisis el art. 17 del dto. ley 5965/63, que establece que el habilitado para ejercer la acción cambiaria es el portador legítimo, en nuestro caso, ABN Ambro Bank N.V, conforme el endoso efectuado en los términos de la resolución 523/02, que además, es quien facultó a los comparecientes a fin de iniciar esta acción.

Destaca, además, que el sentenciante, pese a reconocer que "...según surge de la literalidad del titulo, este fue librado por los demandados a favor del "Scotiabank Quilmes S.A. y se encuentra endosado a favor del ABN AMBRO Bank N.K-sucursal argentina...", sostiene luego erróneamente, e ignorando y desconociendo el capítulo de Personería, y los instrumentos que se acompañaron para su acreditación (v. fs.5, 13/23) que "...quien ha incoado la acción en estos autos no es la entidad crediticia endosataria sino el "Fideicomiso Financiero Laverc", de quien la primera sería fiduciaria, pero este extremo no se acredito".

Sobre el punto, expresa, que si bien reconoce que en el escrito de demanda por un error material involuntario se consignó la siguiente frase "Daniel Brito, abogado, apoderado del fideicomiso Laverc...", ello no constituye óbice para ignorar lo explicado en el acápite de personería, pues es deber de el juez examinar y evaluar en forma íntegra todos los elementos aportados por las partes, so pena de incurrir en arbitrariedad.

Manifiesta, también, que constituye otro yerro del a quo, la afirmación de que el notario interviniente se ha limitado a transcribir las manifestaciones unilaterales de los otorgantes del Poder, sin hacer constar que se le han presentado los documentos que acreditan y corroboran estos extremos, pues de la lectura del instrumento de fs. 13/23 se desprende que comparece el Sr. Jorge Blanco, en nombre y representación del ABN AMBRO Bank N.V, en el carácter de apoderado de tal entidad, lo que es acreditado ante el escribano interviniente, con el poder otorgado en la Ciudad de Ámsterdam Holanda, a la cual se remite el notario y da fe.

Finalmente alega que encontrándose justificada la posesión legítima del titulo, y obrando en autos el Poder para pleitos otorgado por el endosatario de dicho instrumento, se encuentra acreditada la legitimación activa de los comparecientes, excediendo cualquier otro análisis que se haga el marco del proceso ejecutivo.

b. La segunda queja la finca en la afirmación que contiene la resolución en cuanto a que "...ninguno de los instrumentos -acompañados en copia por los Dr. Brito y Koch- acreditan la constitución, existencia y subsistencia del "Fideicomiso Financiero Laverc" (actor en autos), ni mucho menos que este tenga la propiedad fiduciaria del pagaré base de la acción ejecutiva en autos...", porque dicho análisis es, según su criterio, improcedente pues escapa a la naturaleza ejecutiva de esta acción.

No obstante su improcedencia, y a fin de refutar los argumentos señalados por el sentenciante, relata el apelante, que el fideicomiso fue constituido con fecha 19/08/02, en los términos de la ley 24.441, conforme surge de la resolución 523/02 del B.C.R.A; a lo que agrega, que en virtud del art. 4 ley 21.526, las diversas comunicaciones y circulares que dicte el mencionado organismo adquieren fuerza obligatoria.

Por otra parte, añade, que la propiedad fiduciaria del pagaré, surge de la propia literalidad del titulo- "...Endoso sin responsabilidad a favor del ABN AMBRO Bank N.V, sucursal Argentina, conforme los términos de la Resolución del Directorio del BCRA 523/02" y, que la cesión fiduciaria fue notificada mediante publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Nación el día 04/ 09/02.

El apelante, reitera, que habiéndose acreditado la calidad de endosatario, y acompañado el poder otorgado por el ABN AMBRO Bank N.V, resulta improcedente pretender que se acredite la existencia del fideicomiso, como también la condición de fiduciario, ello así, porque ambos extremos, constituyen causa o negocio subyacente a la cesión, y ello es ajeno al interés del deudor cedido.

Conforme a esta línea de pensamiento, considera, que el Tribunal ha incurrido en un excesivo rigorismo formal, por cuanto ha desconocido la explicación dada en acápite de la personería.

Concluye su critica, señalando que, conforme a la teoría de los actos propios resulta inadmisible, que el a quo luego de analizar los instrumentos acompañados y proveer la demanda (v.fs.49) declare la falta de personería, pues quien pide la ejecución es el endosatario, portador legitimo del título, por lo que solicita se revoque el fallo impugnado con costas.

c. Corrido traslado a los demandados, estos lo evacuan a fs. 165/169 solicitando el rechazo de la apelación con costas, por las razones que exponen a las que me remito en honor a la brevedad.

6. a. Examinando la cuestión debatida en autos, considero, que debe analizarse en primer lugar, si tal como lo afirma el apelante, el accionante acreditó la calidad invocada para promover la ejecución, ya que el a quo hace lugar a la excepción de inhabilidad de titulo, por entender que no se ha probado la legitimación sustancial del Fideicomiso.

Sobre el particular, estimo que le asiste razón al recurrente, porque, como bien lo señala, su mandante, esto es, el ABN AMBRO Bank N.K, es tenedor legitimado del título base de la presente ejecución, en razón, no sólo de su tenencia, sino porque se encuentra acreditada su calidad de endosatario, conforme surge del titulo obrante a fs. 4 vta.

Es que el endoso tiene como finalidad esencial transmitir los derechos del endosante al endosatario (o al portador, si el endoso es en blanco).

En consecuencia, y de acuerdo con lo dispuesto por el art. 17 dto. ley 5965/63, y contrariamente a lo sostenido por el a quo, el actor se encuentra legitimado sustancialmente para ejercer la acción cambiaria, no siendo procedente la excepción de inhabilidad de titulo por este motivo.

Por otra parte, y vinculado con lo expresado anteriormente, entiendo, que la acreditación de la constitución, existencia, y subsistencia del Fideicomiso Financiero Laverc, por la naturaleza del proceso ejecutivo es improcedente.

Recordemos que en el marco del juicio ejecutivo se persigue el cumplimiento de una obligación, pero no la declaración sobre la existencia o no de dicha obligación, por lo que está limitado el conocimiento jurisdiccional.

Por ello es que el debate sobre la existencia y demás vicisitudes referidas a la relación sustancial que habría dado origen a los títulos cambiarios debe ventilarse en proceso aparte, por lo que no corresponde aquí su tratamiento, postergándose dicho análisis para el eventual juicio ordinario posterior de repetición que el agraviado puede interponer.

Como es sabido, conforme lo dispone el art. 549 C.P.C , la inhabilidad se limita a los requisitos extrínsecos del titulo, estando prohibida, en principio, toda defensa que implique cuestionar la legitimidad de la causa de la obligación ejecutada, siendo claro, que tratándose de títulos literales y abstractos, como es el caso de autos, debe estarse a lo que surge del mismo título.(Cfr: Vénica, Oscar Hugo, "Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba -Ley 8465"-, Ed. Marcos Lerner 2002, pag.199).

Resulta también, de las constancias de autos, que los abogados que promueven la ejecución se encuentran investidos de mandato suficiente para ello, pues el endosatario -ABN Ambro Bank N.V- le confirió poder al Banco Macro Bansud (fs.15) para que actuara en su nombre y representación, y ésta última entidad lo sustituyó a favor de los letrados comparecientes, conforme surge del instrumento que obra a fs. 5 (arg. art. 1924 C.C.); por lo que en el sub lite, se encuentra acreditado que quien ejerce la acción cambiaria tiene legitimación activa para ello, por lo que no puede ser mantenida la afirmación que, en contrario, se hace en la sentencia en crisis.

En síntesis, considero, que mas allá de los defectos que pudiera tener la demanda, que fueron debidamente aclaradas, no hay dudas que en la causa ha accionado el tenedor legítimo del título (v fs.4) y han demostrado la personería de los mandatarios que han promovido la ejecución (v. fs. 5, 13/23) lo que surge de la lectura integral de la demanda, por lo que corresponde revocar la sentencia de primera instancia, en cuanto hace lugar a la excepción de inhabilidad de titulo.

Resuelto así el tópico, queda por tratar el resto de las defensas opuestas.

Prescripcion.

Al contestar la demanda, se opuso, también, la excepción de prescripción (v.fs.51).

Ello así, porque conforme la rectificación de la demanda efectuada a fs. 8, al afirmar la actora que "...El monto que se demanda asciende a la suma de pesos doce mil novecientos treinta y cinco con cuatro centavos ($12.935,04), al día 20/03/02...", debe entenderse o suponerse, en opinión del recurrente, que el pagaré a la vista fue presentado para su cobro ese día. Y como el plazo de prescripción comenzó a correr el 20/ 03/02 y la demanda fue presentada el día 06/ 10/ 05, sin que exista constancia que se haya interrumpido su curso, aquella ha operado de pleno derecho el día 19/03/05, por haber trascurrido los 3 años previstos en el art. 96 Dto. ley 5965/65, por lo que entiende debe rechazarse la demanda por esa razón con costas.

Esta defensa articulada no puede ser acogida, por las razones que doy a continuación.

En la especie, se pretende el cobro de un pagaré a la vista con cláusula sin protesto librado el 21 de Mayo de 2001 a favor del Scotiabank Quilmes S.A y endosado a favor del ABN Ambro Bank N.V. Dicho documento contiene una cláusula que amplía el plazo de presentación al cobro a cinco años a contar desde la fecha de libramiento.

Como es sabido, si bien el título de crédito pagadero a la vista contiene una "promesa incondicionada de pagar una suma determinada de dinero" (arg. art. 1 inc. 2 del dto ley 5965/63) por parte del librador, su exigibilidad está sujeta a la condición de que sea presentado al cobro dentro del plazo legal (o convencional) estipulado. Sin la presentación al cobro no hay obligación exigible. En consecuencia, la presentación al cobro constituye una "condición suspensiva" y potestativa del acreedor, necesaria para el nacimiento de la acción.

Si bien es cierto que los demandados, afirman que conforme a los términos de la rectificación de la demanda (v.fs. 8) debe entenderse que el pagaré fue presentado para su cobro el día 20/03/02, por lo que la acción cambiaria habría prescripto con anterioridad a la interposición de la demanda, esto es 19/03/05; no lo es menos, que no sólo no han acreditado dicha circunstancia conforme lo exige el art. 50 Dto. ley 5965/63, sino que contrariamente a lo manifestado al plantear esta defensa, al interponer la excepción de inhabilidad de título, expresan que ésta resulta procedente por no haber cumplido el actor con el recaudo de la presentación del documento, hasta la fecha de la interposición de la demanda. Así surge de fs. 53 cuando expresan que "...esta es la primera noticia que se registra sobre el documento de que se trata...". Es más, a fs.52 del escrito de oposición de excepciones en el punto 4 plantea inhabilidad de título por falta de protesto. Ello demuestra de modo contundente que el pagaré no fue presentado con anterioridad a la promisión de la demanda.

En sentido concordante, precisa Cámara, en "Letra de cambio y vale o pagaré", t. II, p. 292 y ss., que en la letra de cambio a la vista "el vencimiento queda indeterminado en su creación dependiendo de la potestad del tenedor dentro de los límites legales (...) Esa letra vence a su presentación para el cobro. Presentación y vencimiento se identifican y en su consecuencia, la obligación de pago se confunde en el tiempo con los dos otros momentos...".

Concordante con lo expresado, el art. 96, primera parte, del mencionado Decreto ley, establece: "Toda acción emergente de la letra de cambio contra el aceptante se prescribe a los tres años, contados desde la fecha del vencimiento", solución que resulta extensible al pagaré a la vista, en la hipótesis de la acción contra el librador. Y ese vencimiento opera con el requerimiento de pago del pagaré a la vista.

En efecto, al tratarse de un pagaré a la vista, la potestad de la presentación, queda librada a un acto potestativo del acreedor, lo que condiciona su exigibilidad, y siempre que sea presentado dentro del plazo legal o como en el caso el convencional acordado en el documento.

Ello en tanto, no cabe presumir la presentación al cobro porque se haya readecuado el monto demandado, lo que hace presumir pagos parciales, sino que el demandado debe probar la presentación. Nada impide que en una obligación a plazo no vencido o condición pendiente de cumplimiento, se efectúen pagos parciales, sin que por ello pueda afirmarse que el pagaré ha sido presentado al cobro, acorde con lo dispuesto por el art. 755 del C.C. y el art. 43 del decreto Ley 5965/63, aplicable al pagaré por remisión del art. 103.

La ley cambiaria establece el deber de presentación al pago del pagaré, en un plazo máximo, sea cual fuere el tipo de vencimiento que la ley designe para la clase de pagaré de que se trate (a la vista, a un determinado tiempo vista, a un determinado tiempo de la fecha y a un día fijo). Esta regla se colige claramente de la hermenéutica armónica de los arts. 35, 36, 40, 41 y 103, Dto. ley 5965/63. Por otra parte, la misma normativa establece un medio de prueba específico para que el tomador o el portador acrediten que han presentado el documento, y que el resultado ha sido negativo, como recaudo necesario para iniciar la pertinente acción cambiaria tendiente a la ejecución judicial del documento (art. 48).

Este medio es un acto auténtico, denominado "protesto" por falta de pago.

Sin embargo, el art. 50, establece la posibilidad de que el librador, el endosante o el avalista, dispensen al portador de formalizar el protesto, mediante la denominada "cláusula sin protesto". Cabe precisar que el pagaré en ejecución contiene en su texto la cláusula sin protesto. El mismo precepto, adelantándose al problema que suscitaría para al ejecutante beneficiado con la mencionada cláusula, la acreditación del acto de presentación, dispone que la prueba de ése hecho corresponde al demandado.

La cláusula sin protesto constituye una forma de convenir la obligación cambiaria válida para los pagarés cuyo vencimiento dependa de la mera presentación al pago por el término de un año desde el momento de su libramiento (Gómez Leo en: "Nuevo Manual de Derecho Cambiario, Letra de Cambio, Pagaré, Cheques comunes y de pago diferido, 2da. Edición, Depalma, págs. 238 y 239 y Romano, Alberto Antonio en: "Pagaré a la vista, en el domicilio del tomador, sin protesto", LL Litoral 2000-26.

Conforme al texto del art. 50, está claro que la mencionada cláusula no libera al portador de realizar el acto de presentación, pero también goza de la misma explicitud la prescripción que el precepto dispone a renglón seguido, en tanto establece que una vez pactada la cláusula, será el ejecutado quien deberá acreditar la existencia de aquél hecho.

En tal sentido se ha dicho que ".Eximido del protesto, el obligado cambiario que atribuye al tenedor el incumplimiento, deberá probarlo... El efecto de la cláusula sin protesto no está solamente en eliminar el protesto como diligencia cambiaria y condición del regreso, sino también en eliminar la carga de la prueba de la presentación del poseedor" (LLC, 2001, pág. 1047/1048). Entonces, mutatis mutandi,la sola indicación de la existencia de la cláusula "sin protesto" lo pone al demandado en la necesidad de controvertir y acreditar el hecho que el título no fue presentado al cobro en la fecha indicada en la demanda.

Esta última regla, termina por delinear el verdadero sentido y efecto de la "cláusula sin protesto" y de ella se puede colegir una doble lectura interpretativa: por un lado, constituye una clara manifestación de la teleología del título valor, en cuanto propugna la "protección del crédito", mediante un sistema que garantice la circulación segura de la titulización de deudas.

Desde esta perspectiva, la circunstancia de haber convenido libremente la forma de constituir la obligación cambiaria, compele al respeto de lo consignado en el título que la contiene.

En tal sentido se ha expedido la Cámara Nacional Comercial sala D, expresa que: "...si bien la tenencia de la cambial se confunde con la presentación misma, ello es cuestión aceptada por el deudor librador del título, por lo que deberá aceptar las consecuencias jurídicas de su obrar disponible. Por ello resulta contrario a toda lógica exigir una actividad adicional o especial del ejecutante o una complementación extracambiaria en la fecha de la presentación, por lo que es notorio que el título se encontraba en el lugar donde debía ocurrir aquélla. El deudor asumió, al aceptar el domicilio de pago convenido, la carga de concurrir al lugar" (CNCom., sala D, Boletín de la Cámara Nacional de Comercio 1990-7-861, in re: "Naios Najchaus c/ Zalcwuas"). (...).

En relación a la carga de la prueba de la presentación al cobro del pagaré, se reitera, que pesa sobre el demandado la prueba de la fecha y de la existencia de la presentación al cobro, conforme lo dispuesto por el art. 50 del decreto Ley 5965/63, y así lo ha resuelto nuestro Excmo. T.S.J, al amparo de la causal casatoria prevista en el inciso tercero del art. 383 del CPC, in re: "Compañia Financiera Argentina S.A. C/ Nievas Juan Jose -Ejecutivo- Recurso De Casación", Sent. nº 37 del 20/04/04. "...conforme al texto del art. 50, está claro que la mencionada cláusula no libera al portador de realizar el acto de presentación, pero también goza de la misma explicitud la prescripción que el precepto dispone a renglón seguido, en tanto establece que una vez pactada la cláusula, será el ejecutado quien deberá acreditar la existencia de aquél hecho .Esta última regla, termina por delinear el verdadero sentido y efecto de la "cláusula sin protesto" y de ella se puede colegir una doble lectura interpretativa: por un lado, constituye una clara manifestación de la teleología del título valor, en cuanto propugna la "protección del crédito", mediante un sistema que garantice la circulación segura de la titulización de deudas. Y por otro, implica una diáfana advertencia para el librador, en tanto previene sobre las consecuencias de librar un pagaré con cláusula sin protesto; indicación esta, que deberá evaluarse teniendo en cuenta las distintas limitaciones probatorias en función del tipo de vencimiento pactado Siendo ello así, la ley no hace otra cosa que diseñar distintas alternativas para pactar la obligación cambiaria, con protesto o sin él, y las partes serán libres en la elección de la forma que más convenga a sus intereses personales. Ello es conteste con las normas del derecho común, en tanto autoriza a los contratantes a convenir libremente sobre sus derechos patrimoniales (art. 1197, C.C.), siempre y cuando tales convenciones no dejen sin efecto las leyes en cuya observancia estén interesados, el orden público y las buenas costumbres (art. 21, C.C.).Al respecto, ya hemos expresado que la instrumentación de un pagaré a la vista con cláusula sin protesto no deja sin efecto normativa alguna de la ley cambiaria, sino que, por el contrario, se adecua sin obstáculos a las prescripciones legales." En consecuencia, no habiendo acreditado los demandados la fecha en que se produjo la presentación del documento, habiendo confesado judicialmente que recién tomaron conocimiento a cuando se les notificó la demanda (v.fs.52/53), es que considero ajustado a derecho tomar como fecha de presentación para el cobro del documento el de la notificación de la demanda (07/04/06), por lo que no ha operado la prescripción, debiendo rechazarse también esta defensa intentada.

Plus Peticion.

La modificación de la demanda efectuada a fs.8 en virtud de a cual el reclamo se redujo de la suma de pesos veintiséis mil trescientos sesenta y seis con cincuenta y seis centavos ($23.366,56) a doce mil novecientos treinta y cinco con cuatro centavos ($12.935,04), resta toda seriedad y sustento a esta excepción, lo que me exime de toda otra consideración.

Desestimadas todas las defensas planteadas por los demandados (v.fs.50/53 vta.), y siendo el título base de la acción de aquellos que traen aparejada ejecución (arg. art. 517, 518 inc.3 del C.P.C y Dto. Ley 5965/63), corresponde mandar llevar adelante la ejecución en contra de los demandados Eduardo Claudio Roson y Mónica Gallardo hasta el completo pago de la suma reclamada de pesos doce mil novecientos treinta y cinco con cuatro centavos ($12.935,04), con más los intereses judiciales equivalentes a la tasa pasiva que publica el B.C.R.A con más el uno por ciento nominal mensual, desde la fecha de la mora -notificación de la demanda- hasta el 31 de diciembre de 2006. A partir del 1 de Enero de 2007, y conforme al nuevo criterio sentado por la suscripta corresponde adicionar a la tasa pasiva el dos por ciento nominal mensual, ante el cambio dela situación económica en el presente año y hasta la fecha de su efectivo pago. Cabe aclarar, que aplico intereses judiciales, ante la ausencia de pacto expreso en cuanto a los intereses.

En cuanto a las costas, en ambas instancias deben ser impuestas a los demandados por resultar vencidos (art. 130 C.P.C), debiendo dejarse sin efecto las regulaciones de honorarios practicadas en primera instancia. Correspondiendo establecer como porcentaje regulatorio de los Dres. Daniel Brito y Natalia Koch, en conjunto y proporción de ley, por las tareas realizadas en esta sede, en el cuarenta por ciento del punto medio de la escala del art. 34 C.A.

A la primera cuestión planteada, el Señor Vocal Doctor Héctor Hugo Liendo, dijo: Que comparto la solución jurídica a la que arriba la señora vocal del primer voto preopinante en la solución jurídica referida al recurso en análisis. Compartiéndose asimismo lo referido al computo y tasa de intereses aplicable mediante la que fija el BCRA que propone, en tanto que en relación al criterio propuesto por la vocal referida en cuanto al adicional a tal tasa que implica el cambio de la doctrina jurisprudencial de esta Cámara en cuanto a los intereses a aplicar, entiendo no debe modificarse. Pondero para ello que los parámetros económicos referidos a las tasas de intereses que se aplica en el sistema financiero no han sufrido variaciones de significación que ameriten modificar el criterio que extracta el voto precedente. A lo que cuadra sumar que si bien en los últimos meses se concretara algún incremento en los artículos necesario para la cotidiana subsistencia, ello no trasunta que se hubiere producido un significativo desfasaje de los parámetros previstos por el Ministerio de Economía para la previsión inflacionaria anual. Por lo que concluyo que al momento presente no existe motivo para variar la tasa de interés que vinimos aplicando para casos similares y la reflexión indica que sobre la base de los parámetros indicados, cabe prever que las modificaciones de precios mencionadas, no se extenderán considerablemente que autorice -como único parámetro- modificar la posición en relación a la tasa de intereses. Por ello advierto que los intereses que fijara la sentencia en crisis, resultan gravosos, y a mi entender, no se condicen con la actual situación ponderable, aún teniendo, aún teniendo en cuenta el proceso de desvalorización monetaria que se inició a partir de la ley de emergencia nº 25.561 (Adla, LXII-A, 44), luego de la salida de la convertibilidad. En definitiva estimo que adicionar a la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central uno por ciento mensual satisface acabadamente la finalidad de los intereses que la ley autoriza a establecer a los jueces.

A la primera cuestión planteada, el Señor Vocal DoctorJose Manuel Diaz Reyna, dijo: Adhiero en un todo a los fundamentos y solución jurídica a que arriba la Sra. Vocal del Primer Voto y que cuenta con la adhesión del Sr. Vocal de Segundo Voto.

Respecto a la tasa de intereses, único motivo de disidencia entre quienes me precedieron en el Voto, diré respetuosamente que no concuerdo con la solución propiciada por la Dra. Junyent Bas, compartiendo la postura del Dr. Liendo.

Es que si bien en un primer momento tras la salida de la convertibilidad del peso con el dólar estadounidense con la sanción de la ley 25.561, parecía que la inflación se desataría, y que las tasas de interés subirían notablemente, tras el primer sacudón los indicadores económicos y financieros se estabilizaron de manera razonable, ante lo cual la tasa de interés mandada pagar por el a quo nos parece adecuada, y de hecho es la misma que este tribunal viene aplicando.

No me parece que la situación económica y financiera haya sufrido una variación de entidad tal, como para modificar la postura que venimos sustentando y duplicar el adicional a la tasa pasiva promedio que para uso judicial publica el B.C.R.A. De hecho no existen parámetros objetivos para ello. Es cierto que hay inflación, pero también lo es que estamos lejos de un desmadre económico, con inflación desenfrenada que pueda siquiera compararse con la existente en tiempos pasados y previos a la ley de convertibilidad.

Creo que al momento de establecer los intereses, no podemos dejarnos llevar por la impresión de un momento determinado en que los precios suben, sin que existan pautas objetivas que se prolonguen por algún tiempo, como para razonablemente concluir que debemos modificar la postura mantenida respecto a la tasa de interés, sea para elevarla o para reducirla. Caso contrario, de modificarse la tasa de interés adicional a la tasa pasiva promedio, cada vez que hubiera alguna alteración de precios, se generaría inseguridad jurídica y económica, favoreciendo la especulación con los intereses judiciales, e indirectamente favoreciendo las tendencias inflacionarias.

Además las modificaciones en la situación económica y financiera que se pueden ir produciendo de un período de tiempo a otro, ya están contempladas al disponerse que se abone una tasa equivalente a la tasa pasiva promedio que publica el B.C.R.A., es decir que en la condena existe una flexibilidad de la tasa de interés, atada a la evolución de la tasa pasiva.

Por otra parte si la inflación se acentuara y prolongara en el tiempo, quizás la solución no sería ir incrementando la tasa de intereses, cuya función esencial no es compensar la pérdida del valor monetario, sino en todo caso, como se hiciera ya en épocas pasadas, declarar la inconstitucionalidad del nominalismo y de la prohibición de indexar. La vía indirecta que implica la tasa de interés puede justificarse cuando la inflación no es importante, y para ello se aplica la tasa pasiva promedio con mas un plus, que me sigue pareciendo adecuado sea del uno por ciento.

A la segunda cuestión planteada, la Señora Vocal Doctora Graciela Junyent Bas, dijo: Corresponde: 1. Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora, revocando la sentencia recurrida en todas sus partes.

2. Mandar llevar adelante la ejecución promovida por el ABN Ambro Bank N.V, en contra de los demandados Eduardo Claudio Roson y Mónica Gallardo hasta el completo pago de la suma de pesos doce mil novecientos treinta y cinco con cuatro centavos ($12.935,04), con más los intereses judiciales equivalentes a la tasa pasiva que publica el B.C.R.A con más el uno por ciento nominal mensual, desde la fecha de la mora (07/04/06) notificación de la demanda hasta el 31 de diciembre de 2006. A partir del 1 de Enero de 2007, corresponde adicionar a la tasa pasiva el dos por ciento nominal mensual, y hasta la fecha de su efectivo pago.

3. Imponer las costas de ambas instancias a los demandados (art. 130 C.P.C).

4. Fijar los honorarios de los Dres. Daniel Brito y Natalia Koch, por las tareas realizadas en esta sede, en conjunto y proporción de ley, en el cuarenta por ciento del punto medio de la escala del art. 34 ley 8226 (Adla, LII-D, 4977).

A la segunda cuestion planteada, el Señor Vocal Doctor Liendo, dijo: 1. Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora, revocando la sentencia recurrida en todas sus partes.

2. Mandar llevar adelante la ejecución promovida por el ABN Ambro Bank N.V, en contra de los demandados Eduardo Claudio Roson y Mónica Gallardo hasta el completo pago de la suma de pesos doce mil novecientos treinta y cinco con cuatro centavos ($12.935,04), con más los intereses judiciales equivalentes a la tasa pasiva que publica el B.C.R.A con más el uno por ciento nominal mensual, desde la fecha de la mora (07/04/06) hasta la fecha de su efectivo pago.

3. Imponer las costas de ambas instancias a los demandados (art. 130 C.P.C).

4. Fijar los honorarios de los Dres. D. B. y N. K., por las tareas realizadas en esta sede, en conjunto y proporción de ley, en el cuarenta por ciento del punto medio de la escala del art. 34 ley 8226.

A la segunda cuestión planteada, el Señor Vocal Doctor José Manuel Díaz Reyna, dijo: La cuestión debe resolverse conforme lo propicia el Dr. Liendo, expidiéndome en el mismo sentido.

Por lo expuesto y por mayoría, Se Resuelve:

1. Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora, revocando la sentencia recurrida en todas sus partes. 2. Mandar llevar adelante la ejecución promovida por el ABN Ambro Bank N.V, en contra de los demandados Eduardo Claudio Roson y Mónica Gallardo hasta el completo pago de la suma de pesos doce mil novecientos treinta y cinco con cuatro centavos ($12.935,04), con más los intereses judiciales equivalentes a la tasa pasiva que publica el B.C.R.A con más el uno por ciento nominal mensual, desde la fecha de la mora (07/04/06) hasta la fecha de su efectivo pago. 3. Imponer las costas de ambas instancias a los demandados (art. 130 C.P.C). 4. Fijar los honorarios de los Dres. D. B. y N. K., por las tareas realizadas en esta sede, en conjunto y proporción de ley, en el cuarenta por ciento del punto medio de la escala del art. 34 ley 8226. Protocolícese y bajen. -Graciela Junyent Bas -Héctor Hugo Liendo -Jose Manuel Diaz Reyna.