Tribunal: Cámara en lo Criminal y Correccional Nro 2
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-03-31


2º Instancia.- Mar del Plata, marzo 31 de 1992.

1º ¿Es justa la sentencia de fs. 124/128 vta.? 2º ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? 1º cuestión. - El doctor Haller dijo:

Absolvióse en primera instancia al doctor Eduardo C. Céspedes del delito de injurias que le adjudicó la querella promovida por Vicenta D. Montero, María C. Pérez y Daniel O. Pérez. Apelaron los querellantes y el querellado, aunque este último desistió de su recurso antes de que esta sala tuviera oportunidad de resolver si había sido bien o mal concedido. Efectuóse la audiencia de alegatos (Cod. de Proced. Penal, art. 423, inc. 7º), trájose de nuevo a la vista la causa 31.318 del Tribunal de Trabajo Nº 2 departamental, y queda el juicio en estado de resolver.

En vista de la primordial importancia asignada por las partes al expediente laboral de referencia (según lo han puesto de manifiesto al tratar de reintroducir en este fuero temas y controversias que son de exclusivo tratamiento en aquella competencia), diré que no dejo en el olvido el contexto dentro del cual se vertieron las manifestaciones acusadas; ese contexto servirá como pauta interpretativa de la conducta reprochada, pero los pormenores de aquél no deben ser objeto aquí de enjuiciamiento.

Los querellantes promovieron, el 23/8/90, una demanda laboral por indemnización de daños y perjuicios derivados da la muerte de Domingo A. Pérez, esposo de Vicente Montero y padre de los otros dos querellantes, contra la empresa Ayme S. R. L, con la que el fallecido se encontraba (según los actores) laboralmente relacionado. Se adjudicó a la empleadora responsabilidad por culpa, por riesgo creado y por vínculo contractual; se pretendió el resarcimiento integral de la indemnización específica, del lucro cesante y del valor económico y afectivo de la vida humana (fs. 39/53 de la causa 31.318 de referencia).

A ello respondió el doctor Céspedes, en su ejercicio profesional y como apoderado de la demandada, con el escrito de fs. 67/73 que contiene los pasajes supuestamente injuriosos.

De este responde marca y destaca la querella los siguientes pasajes: a) los dos últimos párrafos de fs. 68; b) el primer párr. de fs. 68 vta.; c) el último parr. de fs. 69; d) el primer párr. de fs. 69 vta.

En el a) se expresa que los querellantes no son "seres humanos excelentes", como sí lo habría sido Domingo A. Pérez; y se funda ese aserto en tres hechos cuya comprobación se ofrece: 1) la esposa abandonó a su marido; 2) su hija le levantaba la mano al progenitor; 3) con su hijo no se trataba. De ahí formula el texto la inferencia de que esos parientes de "dudosa categorización" pudieron ser los causantes del doloroso desenlace.

Negar que un ser humano sea "excelente" o afirmar como "dudosa" su categorización, son manifestaciones cuyo alcance alusivo va más allá del significado estricto contenido en la definición académica de los términos empleados; con ellas se insinúa y se suscita el pensamiento de una valoración negativa para dicha persona, vertidas en el contexto de un proceso escrito y fundadas en hechos cuya ocurrencia puede ser sometida a prueba en ese mismo pleito, pierden su potencialidad injuriante ya que han sido convenientes para la defensa de los intereses encomendados a la actuación del profesional que las emitió, no rebasan los límites de la prudencia conceptual o terminológica, y no trascienden a otros ámbitos de comunicación social por más que en principio sean "públicas" las actuaciones donde se profirieron.

Con lo antedicho comprometo mi adhesión a la teoría de la "utilidad procesal, no a la del "arrebato pasional", como fundamento para la excusa absolutoria del Cód. Penal, art. 115. Pero previamente a ello sostengo: que en este pasaje a) no hay siquiera ánimo injuriante ni dolo, ni por ende corpus delictivo (ya que éste integra el tipo del art. 110, Cód. Penal), por lo que resulta superfluo mencionar la excusa. La funcionalidad positiva que para el ejercicio del derecho de defensa de la demandada poseen las frases marcadas por los querellantes a fs. 4 in fine de esta causa correccional, resalta sin ambages, cuando consideramos que responden a una pretensión resarcitoria de vastos alcances, comprensiva de los rubros supra reseñados, en especial sus aspectos extrapatrimoniales (lato sensu: el supuesto daño moral ínsito en el sufrimiento afectivo producido por la muerte de un ser amado). La empresa demandada en lo laboral, o mejor dicho el letrado apoderado de la misma, comprendieron el eventual alcance de ese rubro indemnizatorio demandado, y se opusieron a él por el método legítimo de intentar destruir sus fundamentos. En ejercicio del más amplio derecho de defensa, ale-garon (y ofrecieron demostrar) que los actores no sintieron por Domingo Andrés Pérez, en vida de éste, el amor que luego proclamaron; la alegación defensista se reclina sobre hechos y valoraciones, que han sido expuestos en el responde con la parsimonia y prudencia que ese acto procesal exigía. Así debieron de en-tenderlo también los magistrados del fuero del Trabajo, quienes no creyeron oportuno en la providencia de fs. 105 ni con posterioridad, aplicar correcciones disciplinarias al letrado de la demandada o mandar a testar los términos empleados por éste, no obstante haber sido denunciados como "injuriosos" ya a fs. 93 y de nuevo a fs. 104 del referido expediente laboral. No veo, pues, intención deshonrante ni rasgo objetivo que pueda revelarla en el mencionado pasaje que aquí designa con la letra a).

b) El primer párrafo de fs. 68 vta. Señala la "sensación" (que el representante de la demandada seguramente quisiera transmitir a los jueces) de que "se quiere hacer un negocio con el fallecimiento de Pérez". El sentido más aproximadamente determinable de ese frase parece ser: "la pretensión de los actores, emergente de esa muerte, es desmesurada". Nada censurable veo en ese reproche, dado el contexto en el cual se produce y la amplitud defensista consagrada por el art. 158 de la Constitución bonaerense.

c) En este pasaje se atribuye, con la misma finalidad responsiva, una plural intención suicida por parte de Pérez, cuyas manifestaciones el accionado ofrece probar con los dichos de un portero, a quien el esposo y pariente de los querellantes habría relatado el mismo tipo de cuitas y maltratos, ya mencionados en a). Calificar a alguien de "suicida", sobre todo si ya está muerto, no es de por sí desdoroso ni trasmite injuria alguna sobre los presuntos herederos. La frase merece las mismas consideraciones que las enunciadas para a) y a ellas me remito.

d) A vuelta de foja (69 vta.) se afirma que "esta situación familiar y personal y las características del hecho, más sus propios dichos, acreditan que Pérez se suicidó". Esto viene a ser el resumen de la tesis y estrategia defensista del Dr. Céspedes frente a la demanda incoada contra sus poderdantes. Si se "acredita" o no el suicidio será tema que dilucidaran los jueces del Trabajo; pero el aserto cumple nítidos objetivos técnicos de defensa ante la demanda laboral; y no da signos de venir inspirado por propósitos de deshonrar o desacreditar, siendo réplica admisible en el estricto marco de lo necesario para oponerse a una acción cuyo progreso pleno podría resultar sumamente oneroso para la accionada AYME S. R. L. o su aseguradora.

Entiendo que en el caso bajo examen no hubo uso abusivo del derecho constitucional y procedimental de defensa ejercido por el doctor Céspedes en el juicio laboral de marras. Tampoco por la vía de la "injuria calumniosa" podría prosperar el planteo de la querella, ya que calumniar a alguien (en este caso, según los querellantes, a Vicenta D. Montero) consiste en imputarle falsamente la comisión de un delito de acción pública, y sabemos que el art. 73, Cód. Penal 1º, lo califica como de acción "privada". Coincido con los apelantes en el criterio de que la norma del art. 115, Cód. Penal debe ser "acotada" en el sentido de la finalidad que la informa; y sostengo haberlo hecho así en el caso de autos, donde me queda la convicción de que las acusadas expresiones del doctor, Céspedes caben holgadamente en el coto conceptual que la doctrina de la "utilidad procesal" traza a dicha norma.

Es ajeno a todo análisis y juzgamiento, en esta sede, lo ooncerniente a las negativas que -como estrategia defensista- formuló AYME S. R. L. ante las afirmaciones de la demanda laboral; de igual modo deben ser catalogados los asertos del apoderado de dicha empresa, en el expediente laboral premencionado. Ni siquiera encuentro mérito para proponer la remisión de copias de las actuaciones al Tribunal de Ética del Colegio de Abogados, como parece pretenderlo en su alegato la parte querellante, quien con todo goza del pleno derecho de efectuar allí las pretensiones o denuncias que conceptúe pertinentes.

No hay tampoco "temeridad" injustificable, por parte del querellado, en haber esgrimido la hipótesis de que Domingo Andrés Pérez haya podido suicidarse; en todo caso, esa supuesta "temeridad" deberá ser calificada por el Tribunal de Trabajo, quien decidirá si dicha hipótesis se confirma o no con la prueba a producirse en ese fuero.

Las alegaciones contra las pruebas testimoniales de que se valió el querellado en la presente causa serían pertinentes en cuanto planteadas, en su momento oportuno, ante la Justicia del Trabajo. Aquí no corresponde analizar el valor probatorio de esos dichos, ya que basta un examen circunscripto al contenido de las expresiones acusadas, al contexto y a la finalidad con que se profirieron.

El sustento legal y doctrinario propuesto en primera instancia para la absolución pronunciada es válido y suficiente. Ni siquiera he ingresado aquí al examen de si se encuentra justificada o no, para el apoderado, la "transcripción" de manifestaciones de su mandante, cuyos límites traza el art. 19 del Cód. de Etica de la Abogacía en nuestra Provincia; no era necesario, visto en enfoque que elegí en mi voto. Ya expresé mi opinión de que las correcciones disciplinarias que hubieran podido corresponder al doctor Céspedes, según sostienen los querellantes, son privativas del propio fuero o competencia de los jueces que entienden en el proceso donde las supuestas "ofensas" se produjeron.

En suma: con la convicción de que en las expresiones acusadas no hubo siquiera "corpus" delictivo, y que de haberlo habido las mismas respondieron a un animus defendendi que les otorga inmunidad forense o excusa absolutoria (art. 115, Cód. Penal), propongo a mis colegas la confirmación del fallo atacado.

El doctor Laborde votó en igual sentido por acudir los mismos fundamentos.

2º cuestión. - El doctor Haller dijo:

Corresponde confirmar la recurrida sentencia de fs.124/128 vta. en cuanto rechaza la querella por injurias interpuesta por Vicenta D. Montero, María C. Pérez y Daniel O. Pérez y absuelve libremente a Eduardo C. Céspedes por el hecho calificado como injurias vertidas en juicio, hecho presuntamente cometido el 28/9/90 en el expediente caratulado: "Montero, Vicenta D. y otros c. AYME S. R. L. y otros s/indemnización de daños y perjuicios por accidente", de trámite por ante el Tribunal de Trabajo Nº 2 departamental. Costas a los querellantes (arts.69, 91, 226, 263, 423 del Cód. Procesal Penal; 115 del Cód. Penal).

El doctor Laborde votó en igual sentido por aducir los mismos fundamentos.

Por el precedente acuerdo ha quedado establecido.

Que en autos no se encuentran plena y legalmente acreditadas la autoría y responsabilidad penal de Eduardo C. Céspedes en el delito de injurias vertidas en juicio, hecho presuntamente cometido el 25/9/90 en el expediente caratulado: "Montero, Vicenta D. y otros c. AYME S. R. L. y otros s/ indemnización de daños y perjuicios por accidente" de trámite por ante el Tribunal de Trabajo Nº 2 departamental (arts. 115, Cód. Penal; 263 regla 4º , Cód. Procesal Penal).

Por ello, artículos precedentemente citados 115, Cód. Penal; 69, 91, 226, 263 regla 5º, 423 del Cód. Procesal Penal y fundamentos del acuerdo que antecede, el Tribunal resuelve: Confírmase la recurrida sentencia de fs. 124/128 vta. en cuanto "Absuelve libremente a Eduardo C. Céspedes, por el hecho calificado como injurias vertidas en juicio presuntamente cometido el 25/9/90 en el expediente caratulado "Montero, Vicenta. D. y otros, c/ AYME S. R. L. y otro s/ indemnización de daños y perjuicios por accidente", de trámite por ante el Tribunal de Trabajo Nº 2 departamental, rechazándose en consecuencia la querella interpuesta por Vicenta D. Montero, María C. Pérez y Daniel O. Pérez. Costas a los querellantes. - Carlos E. Haller. - Daniel M. Laborde. (Sec.: Carlos F. Larrarte).