Tribunal: CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-02-06


///la ciudad de Buenos Aires, a los 6 días del mes de febrero del año dos mil trece, se reúne la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por la doctora Liliana E. Catucci y los doctores Eduardo R. Riggi y Mariano Hernán Borinsky como vocales, asistidos por la Secretaria de Cámara doctora María de las Mercedes López Alduncin, a los efectos de resolver el recurso de casación interpuesto contra la decisión obrante a fojas 88/91 de la presente causa nº 15.877 del registro de esta Sala, caratulada: "DÍAZ, Carlos Patricio s/recurso de casación", representado el Ministerio Público Fiscal por el señor Fiscal General doctor Raúl Omar Pleé y la defensa de Carlos Patricio Díaz por la Defensora Pública Oficial "Ad-Hoc", doctora Brenda L. Palmucci.

Efectuado el sorteo para que los señores jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden sucesivo: Mariano Hernán Borinsky, Liliana E. Catucci y Eduardo R. Riggi.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

El señor juez doctor Mariano Hernán Borinsky dijo:

PRIMERO:

I.- Con fecha 13 de diciembre de 2011, la Cámara Federal de Apelaciones de la Provincia de Tucumán, en la causa nº 54.082 de su registro, resolvió "I- CONFIRMAR la resolución de fecha 29 de junio de 2010 (fs. 63/64 vta.), en cuanto dispuso sobreseer total y definitivamente a Carlos Patricio Díaz, en razón de lo considerado. II- DISPONER que una vez radicada la causa en el juzgado de origen, se remita copia de las presentes actuaciones a la Fiscalía de Instrucción de la provincia que por turno corresponda para que continúe con la investigación, ante una posible infracción a la ley Nº 11.723" (cfr. fs. 88/91).

II.- Contra dicha resolución, el doctor Antonio Gustavo Gómez, Fiscal General, dedujo recurso de casación a fs. 98/112, el que fue concedido a fs. 114/115.

Que a fs. 143 se dejó debida constancia de haberse superado la etapa prevista en el art. 468 del Código Procesal Penal de la Nación, quedando las actuaciones en condiciones de ser resueltas.

III.- El recurrente se agravió en los términos del art. 456 del C.P.P.N.

Luego de describir los antecedentes de la causa, refirió que el análisis del fallo apelado "permite afirmar que la Alzada yerra al estimar que no se vislumbra en autos una infracción a la ley marcaria, toda vez que tenerse presente que en los delitos de marcas, puede existir una falsificación, esto es, una reproducción fiel del producto original, o bien una imitación fraudulenta, en cuyo caso sólo se requiere que el producto se asemeje al copiado, para ser alcanzado por el tipo legal implicado" (cfr. fs. 106 vta.).

Indicó que el a quo ha dictado la sentencia en discordancia con jurisprudencia establecida por esa misma Cámara y por los mismos jueces.

Sostuvo que se omitió considerar que en autos debe investigarse tanto la infracción a la ley de marcas como la violación de los intereses protegidos por la ley de propiedad intelectual y, en este sentido, dijo que los jueces intervinientes se apartaron de jurisprudencia de la C.S.J.N., la cual, a cualquier efecto, fue citada.

En otro orden de ideas, explicó que "si del avance de [la] investigación surge que una conducta que parecía lesionar más de una disposición penal vulnera luego, sólo una, la acción penal no sufre mengua alguna por ello, porque no hay, en caso de concurso ideal, tantas acciones penales en marcha como calificaciones legales posibles. La acción es única, en consecuencia el sobreseimiento dictado por una de las calificaciones legales resulta inadmisible" (cfr. fs. 109 vta./110).

Sentado ello, el impugnante puntualizó que el sobreseimiento dictado a favor de Carlos Patricio Díaz y la orden de remisión de las actuaciones a la justicia provincial en este estadio del proceso, resulta absolutamente extemporánea.

Por último, con relación a las particulares circunstancias del hecho, indicó que "poco interesa la circunstancia de que las copias resulten burdas, puesto que, en el caso que nos ocupa el tipo se configura con la comercialización (cualquier modalidad) de un producto falsificado o fraudulentamente imitado" (cfr. fs. 110 vta./111).

Por todo lo expuesto, solicitó que se revoque la sentencia criticada y se mande a dictar un nuevo pronunciamiento.

Hizo reserva del caso federal (cfr. fs. 111 vta.).

IV.- Durante el plazo del art. 465 del C.P.P.N. y en la oportunidad del art. 466 ibídem, el Fiscal General ante esta instancia, doctor Raúl Omar Pleé, solicitó que se haga lugar al recurso de casación interpuesto (cfr. fs. 122/126).

Por su parte, en dicha oportunidad, el Defensor Público Oficial, doctor Juan Carlos Sambuceti, se presentó a fs. 128/138 vta. y solicitó que se declare mal concedido el remedio casatorio incoado.

SEGUNDO:

I. Que previo a ingresar a la cuestión de fondo a analizar resulta necesario realizar una breve reseña de los hechos que motivaron las presentes actuaciones.

Conforme las constancias de la causa, con fecha 9 de mayo de 2008, personal preventor observó a un masculino -Díaz- en la vía pública con cajas plásticas y una bolsa negra con discos compactos de apariencia apócrifa ofreciéndolos a la venta a los ocasionales transeúntes que pasaban cerca de él, por lo que, ante la presencia de testigos, procedió a su requisa y detención (cfr. fs. 3/4).

El 31 de agosto de 2009 se recibió la declaración indagatoria de Carlos Patricio Díaz, oportunidad en la cual se le indicó el hecho que se le imputaba. Además, el encausado refirió que "no estaba vendiendo al público los discos compactos" y que "lo[s] tenía con la única finalidad de seleccionar algunos [de] ellos para escucharlos en una fiesta familiar" (cfr. fs. 59/vta.).

Con fecha 29 de junio de 2010, el Juzgado Federal Nro. 2 de Tucumán resolvió "I) SOBRESEER TOTAL Y DEFINITIVAMENTE en la presente causa a DIAZ CARLOS PATRICIO [.]" (cfr. fs. 64/65 vta.). Contra dicha decisión el representante del Ministerio Público Fiscal interpuso recurso de apelación.

Sentado ello, con fecha 13 de diciembre de 2011, la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, en la causa 54.082 de su registro, resolvió "I- CONFIRMAR la resolución de fecha 29 de junio de 2010 (fs. 63/64 vta.), en cuanto dispuso sobreseer total y definitivamente a Carlos Patricio Díaz, en razón de lo considerado. II- DISPONER que una vez radicada la causa en el juzgado de origen, se remita copia de las presentes actuaciones a la Fiscalía de Instrucción de la provincia que por turno corresponda para que continúe con la investigación, ante una posible infracción a la ley Nº 11.723" (cfr. fs. 88/91).

Contra dicha decisión se interpuso el recurso de casación a estudio.

II. Aclarado cuanto precede, habré de remitirme, en lo pertinente, a lo que expresara en mi voto como integrante de la Sala IV in re: "BARRERA, Elvira Rosa y BILBILIAN, Juan Marcelo s/recurso de casación" (causa 14585, Reg. Nº 143/12, rta. el 13/2/2012), en el cual destaqué que ".tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación como la Sala III de esta alzada y la Cámara Federal de San Martín, Sala II, han tenido oportunidad de señalar sobre la materia que tratamos que el bien jurídico tutelado por la ley marcaria no resulta ser exclusivamente la protección del público consumidor, garantizándole la calidad de origen o la legitimidad de cualquiera de los actos que integran la cadena de comercialización de los productos que le son exhibidos para su adquisición".

Asimismo, en el referido precedente, expliqué que la ley marcaria también tiende a proteger el uso que, sin autorización del titular registral, se haga de la marca. Es así que en el caso de autos, las firmas que resultan ser las titulares de la marcas que se habrían afectado, también cumplen una función de garantía al consumidor, como elementos que permite su individualización en el mercado y generadores de una relación particular entre consumidor y productor, en base a la calidad que el mercado atribuye al producto de determinada marca. De lo contrario, se estaría vulnerando el derecho de propiedad industrial al dejar desprotegido al que cumplió con todos los requisitos que el Estado le exigió para otorgarle protección de la misma.

Entiendo, en consecuencia, que la idoneidad o inidoneidad para generar engaño en el público de la imitación de la marca registrada, por un lado, y las circunstancias del contexto en el que los productos son puestos a la venta, por otro, no resultan extremos determinantes para la adecuación típica, en los términos de lo previsto por el art. 31 -inc. "d"- de la ley 22.362. Lo cual, en el caso concreto, determina que la "baja calidad" en la imitación de las productos originales a la que aludió el tribunal a quo para fundar su criterio desincriminante no se traduzca -como consideraron, a mi juicio, erróneamente, los sentenciantes- en ausencia de afectación del bien jurídico protegido por la norma, circunstancia que obsta a la procedencia del sobreseimiento de conformidad con el supuesto previsto en el art. 336 del C.P.P.N.

Por ello, la competencia para los casos en que se acredite la comercialización de gran cantidad de discos compactos musicales adulterados, es de la justicia federal. En este sentido, "el caso resultaría aprehendido por dos disposiciones penales "leyes 22.362 y 11.723- que concurrirían en forma ideal, pues ambas infracciones habrían sido cometidas simultáneamente y mediante una única conducta", ello así, más allá de que la infracción de la Ley 11.723 es ajena a su conocimiento ("Catán, Segundo Roberto s/ infracción 11.723" resuelta 26/03/2008, Competencia 1050, XLIII, del dictamen del Procurador Fiscal ante la Corte, al que la CSJN remitió al determinar la competencia de la justicia federal, "Carballo, Matías Eduardo. s/ infracción Ley 22.362", causa nro. 8704 Competencia N 553, XXXIV, resuelta el 10/12/1998 T. 321, P. 3457, "Marangielo, Marcelo Antonio s/ Ley 11.723", Competencia N 23 XL, resuelta 27/05/2004, T. 327, P. 1833, C.N.C.P. Sala III "Ostrowiecki, Guido s/ recurso de casación@, causa Nro. 5.168, rta. el 14/03/2005, Registro Nro. 147.05.03, ASegura, Roxana s/ 22.362", causa Nro. 2569/07, resuelta el 1/11/2007, registro Nro. 3828 de la C.F.S.M., Sala 2).	En conclusión, corresponde aplicar el artículo 31 inciso "d" de la Ley 22.362 al caso bajo estudio por la afectación a los bienes jurídicos tutelados en la mencionada ley, por la violación de los derechos que tiene el titular marcario sobre su marca registrada debiéndose sancionar a todo aquél que "ponga en venta, venda o de otra manera comercialice productos" con marca registrada falsificada o fraudulentamente imitada". Considero que el fin buscado por la ley de marcas no sólo está dirigido a la protección de los consumidores sino que, además, protege al propietario de una marca registrada.

III. En atención a lo hasta aquí manifestado, propicio al acuerdo HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, ANULAR la resolución impugnada y la de fs. 64/65 vta. por ser su antecedente necesario, debiendo continuarse con la sustanciación del proceso. Sin costas en esta instancia (arts. 471, 530 y 531 del C.P.P.N.).

La señora juez doctora Liliana E. Catucci dijo:

Por resultar el caso bajo estudio análogo al tratado, entre otros, in re: "Ba, Ipraima s/recurso de casación", causa nº 13.552, Reg. Nº 1677/11, rta. el 2 de noviembre de 2011, "Sánchez, Daniel Fernando s/recurso de casación", causa nº 15.587, Reg. Nº 800/12, rta. el 12 de junio de 2012; y, últimamente, "Quinteros Cliber, Daniel s/recurso de casación", causa nº 15.931, Reg. Nº 1668/12, rta. el 27 de noviembre de 2012, a cuyos fundamentos me remito, adhiero al voto del Dr. Mariano Borinsky, y emito el mío en igual sentido.

Por lo tanto, corresponde que se haga lugar al recurso de casación interpuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal, sin costas.

Tal es mi voto.

El señor juez doctor Eduardo Rafael Riggi dijo:

Por coincidir en lo sustancial con la opinión de los distinguidos colegas que nos preceden en el orden de votación, adherimos a cuanto proponen.

Tal es nuestro voto.

En mérito de la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE:

HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, ANULAR la resolución impugnada y la de fs. 64/65 vta. por ser su antecedente necesario, debiendo continuarse con la sustanciación del proceso. Sin costas en esta instancia (arts. 471, 530 y 531 del C.P.P.N.).

Regístrese, hágase saber y remítanse las actuaciones, sirviendo la presente de muy atenta nota de envío.

Fdo: Dres. Eduardo R. Riggi - Liliana E. Catucci - Mariano H. Borinsky. Ante mi: María de las Mercedes López Alduncin-Secretaria de Cámara.