Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2011-08-16


AUTOS Nº 20.574 (7600 - 4° CIVIL) "PEDROZA DE URETA Rosa y Otra C/Caja de Jubilaciones de la Provincia - Ordinario" L. DE S. T° 110, F° 195/202 En la Ciudad de San Juan, a 16 días del mes de agosto del año dos mil once, reunidos en la SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINERÍA, el señor Presidente, DR. GILBERTO AMÉRICO RIVEROS y los señores Vocales, DRES. PASCUAL EDUARDO ALFERILLO Y CARLOS EDUARDO FERREIRA BUSTOS; a fin de conocer de los recursos de apelación, interpuestos contra la sentencia recaída en AUTOS Nº 20.574 (7600 - 4° CIVIL) caratulados "PEDROZA DE URETA ROSA Y OTRA C/CAJA DE JUBILACIONES DE LA PROVINCIA - ORDINARIO", dictada en fecha siete de diciembre de dos mil nueve, obrante a fojas 203-204, de estos autos originarios del Juzgado de Cuarta Nominación Civil, Comercial y Minería, recursos que una vez concedidos tuvieran debida sustanciación en la alzada, fijándose ulteriormente las cuestiones a considerar en el orden que sigue:

1ra. CUESTIÓN: Es justa o adecuada a derecho la sentencia venida en recurso? 2da. CUESTIÓN: En su caso, qué pronunciamiento corresponde en definitiva? 1ra. CUESTIÓN: El DR. GILBERTO AMÉRICO RIVEROS dijo:

1. Doy aquí por íntegramente reproducida la relación de la causa efectuada por el juez a quo. En el sub lite la demanda instaurada por las Sras. Rosa Elvira Pedrozo de Ureta, Francisca Benigna Núñez de Díaz, Silvia H. Pelaytay de Balmaceda, Elsa Marina Poblete de Montaño, Felipa de Loreto Peralta de Cabrera y Ema Cristina Aguilera en contra de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de San Juan, pretendía el reajuste de sus haberes de pensión en base al 75% del 82% del sueldo del agente activo de igual jerarquía y función, "como a éste porcentaje en los casos de quienes deben percibir el haber jubilatorio".

2. La sentencia definitiva dispuso acoger la demanda y condenar a la demandada para que en el término de diez días de quedar firme y ejecutoriada la resolución reajuste el haber jubilatorio y/o pensión de las actoras, teniendo en cuenta el 82% móvil establecido por el art. 28 de la ley 2205 y art.1° de la ley 5203, como el 75% del 82% del sueldo del activo en los casos de pensión.

Asimismo condena a la demandada al pago de las diferencias adeudadas por el período comprendido en los dos años anteriores a la fecha de interposición de demanda, pero actualizadas hasta marzo de 1991 con mas un interés anual, y a partir de esta fecha calcular los intereses según la tasa pasiva hasta su efectivo pago. Y en razón de que la suma reclamada resulta sujeta al régimen de consolidación instituido por la ley N° 6606 y conforme al procedimiento establecido en la ley N° 6705, la condena impuesta deberá ajustarse a la entrega de los títulos creados por dicha normativa. Impuso las costas por el orden causado.

3. Ambas partes apelaron la sentencia y les fueron concedidos los recursos.

Cabe aclarar que la actora Sra. Elsa M. Poblete de Montaño se encuentra representada por el Dr. Pascual Sevilla; las Srs. Rosa E. Pedrozo de Ureta, Silvana H. Pelaytay Balmaceda, Felipa de Loreto Peralta de Cabrera y Ema Cristina Aguilera actúan por derecho propio con patrocinio de las Dras. Lucía Francisca Sánchez y Rosa Antonia Jorda Medina; y la Sra. Francisca B. Núñez de Diaz está representada por la Dra. Rosa Antonia Jorda Medina.

Contra la sentencia dictada con fecha 07/12/09, obrante a fs. 203/204 y vta., la actora Sra. Francisca B. Núñez de Diaz, interpuso recurso de apelación que fue concedido a fs. 207; por providencia del 10/12/01( fs. 234) se puso a la oficina el expediente para que expresara agravios; y notificada la recurrente deja pasar el plazo sin hacerlo (certificado de fs. 236).

Agravios de la Actora Sra. Elsa M. Poblete de Montaño:

a) El Juez a quo yerra al disponer la aplicación de la tasa pasiva tanto al pago de las sumas adeudadas como de los reajustes.

Señala que "la deuda se sentencia se pague con títulos de la deuda pública que disponen un tipo de interés fijo y el tiempo entre que se devengó la misma y la emisión de aquéllos, se fija un interés que resulta absolutamente insuficiente para mitigar los efectos de la pérdida del valor o menoscabo que el tiempo impone".

La tasa de interés pasiva de la comunicación del BCRA A-1828, dice, resulta una burla del Estado Provincial. Esta tasa, no se aplica en ningún proceso del país, ni la ordena ningún tribunal. En el orden Nacional, las Cámaras Civiles en el fallo plenario "Samudio" se han pronunciado, en mayoría, por la aplicación de la tasa activa; a la fecha, los autos mencionados se encuentran pendientes de resolución en la Corte Suprema de Justicia.

Agrega que, el programa jurídico Lex Doctor, en su sección útiles, propone todas las tasas que son usadas judicialmente y allí no se menciona a la comunicación A. 1828, en su lugar refiere a la tasa pasiva Comunicación 14290 como de uso judicial. Hace ver, que la tasa de interés prevista en la comunicación A-1828, es solo utilizada en entidades financieras, y jamás se ha aplicado a casos particulares. Esta tasa, agrega, viola de modo palmario el derecho de propiedad de los actores y reitera un privilegio írrito para el Estado Provincial, que jamás ha usado esa tasa para procesos de cobro de impuestos y patentes de automotor.

Finalmente señala que en la Provincia el caso está zanjado con el fallo plenario de nuestra Corte de Justicia, en la causa "Huaquinchay", causa en la cual la proposición resulta ser, la aplicación de la tasa activa, en virtud de la Ley N° 4119."Sin olvidar, que una tasa activa inamovible, del 1,55% mensual tampoco alcanza para revertir la inflación que determina nuevas y nuevas escalas salariales, a las cuales no escapa el poder Judicial". Solicita la inaplicabilidad de la tasa pasiva prevista por la Comunicación A- 1828 y, en su lugar, se aplique la doctrina sentada en el fallo plenario "Huaquinchay". b)Cuestiona por inconstitucional e inaplicable el pago en títulos de la deuda pública conforme lo dispone la ley N°6606, debiendo en su reemplazo ser abonada en dinero en efectivo.

Expresa que "el pago en títulos de consolidación no resisten un análisis de un mínimo estándar constitucional, tanto respecto del derecho de propiedad, del derecho de igualdad y por cierto del principio de razonabilidad que indica la Constitución Nacional. A poco que se observe este proceso comenzó en el año 1990, es decir la sentencia definitiva llega a más de 18 años de comenzado y se pretende que los actores cobren desde que se inicie la ejecución de sentencia, con todo un trámite burocrático en medio hasta dentro de diez largos años".

Destaca que su parte no cuestiona en este caso la posibilidad que tiene el Estado de consolidar deudas y esgrimir la emergencia, "empero en este caso la dispensa de ella se hace evidente atento la falta de razonabilidad que impone la Constitución para su validez. Decía que la parte actora que represento en la causa, pensionada ella, ya no solo sufrió la pérdida de su cónyuge, tuvo que soportar la larga tramitación de este proceso y a más de ello cuando termine de cobrar seguramente lo harán sus descendientes".

Se explaya afirmando que, seguramente la Anses resistirá la orden del Juez de la causa, para abstenerse de abonar el 82%, las causas que se han fallado en la Corte Suprema desde el caso "Sánchez" hasta los fallos de "Badaro" así lo certifican. Cita a la causa "Iachement María Luisa c/ Armada Argentina s/ pensión" fallada por la Corte de Justicia de la Nación en fecha 29 de abril de 1993, en la que se declaró la inconstitucionalidad de la Ley 23.982(BO23/8/1991). Allí, agrega, la Corte Suprema dejo bien en claro que "la aplicación al caso de autos de la ley 23982 llevaría, no a una modificación del modo de cumplimiento de la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, sino al desconocimiento sustancial de ésta".

Sigue diciendo que en este caso en particular, no solo la ley es inconstitucional, sino también inaplicable porque la misma se sancionó en el año 1995 y su art. 8° previó que los bonos se emitiesen por el término de diez años a partir de agosto de 1995, plazo que hasta la fecha está largamente cumplido, por ello se hace de cumplimiento imposible. Por otra parte la Nación, en particular la Anses, dispuso desde tiempo atrás, y también la Provincia, el pago en dinero de acreencias por juicios de jubilados. Además Fiscalía de Estado ha abonado en ciertas oportunidades también en dinero en efectivo, deudas previsionales fallados por la Cámara Civil de San Juan. Por ello es que solicita que en definitiva de revoque la sentencia en este punto y se ordene el pago en dinero efectivo. c)Cuestiona por inconstitucional e inaplicable el pago de las costas por el orden causado.

Señala que esta causa ha quedado en estado de resolver mucho tiempo antes de que se dictarán las leyes que impusieron las costas por su orden. Recuerda que esta Sala I de la Cámara de Apelaciones en la causa "Azeglio Juana c/ Provincia de San Juan" fallada a fines del año pasado, resolvió la inaplicabilidad e inconstitucionalidad de la proposición de fijar las costas en el orden causado.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la causa "Patiño, Raúl Osvaldo c/ Gobierno de la Provincia de San Juan(Unidad de Control Previsional) s/ Amparo por Mora de la Administración"(P.2602.XXXVIII.R.O.)resolvió, siguiendo el criterio sustentado en la causa "Flagello" declarar la inconstitucionalidad del art. 21 de la Ley 24.463. Por estas razones es que solicita la declaración de inconstitucionalidad de la ley que las impone por su orden a las costas, fijando que éstas deben ser impuestas a la demandada vencida, conforme a la normativa general del C.P.C..

Agravios de la parte demandada:

La demandada en su expresión de agravios, hace ver que la sentencia dictada en primera instancia, condenó al pago de las sumas que expresa calculando los intereses a partir de marzo del año 1991 de modo incorrecto.

Explica que erróneamente se ha dispuesto adosar a partir del mes de marzo de 1991 el interés tasa pasiva, pero no indica que lo es solo sobre el capital actualizado, entonces al no especificarlo se convierte en injusto porque permite anatocismo.

El Juez a quo ha dispuesto el pago de diferencias adeudadas "pero actualizadas hasta marzo de 1991 con más un interés del 8% anual, y a partir de esta fecha calcular el interés según la tasa pasiva hasta su efectivo pago".

De este modo dice "sin discriminar que el interés a aplicar(que contienen las leyes de consolidación) lo será solo sobre el capital actualizado, el fallo autoriza a adosar el interés propiciando ergo el anatocismo que como sabemos esta vedado por la ley" Insiste, como colofón afirmando que "el fallo debió ordenar el pago de las diferencias adeudadas por el período comprendido en los dos años anteriores a la fecha de interposición de la demanda actualizadas hasta marzo del año 1991 con más el interés anual del 8% y a partir de esa fecha y sólo sobre el capital actualizado la aplicación de los intereses que específicamente contienen la Comunicación A-1828 del Banco Central de la República Argentina y que es la que corresponde aplicar conforme la ley 6705 art. 1(mod. de la ley 6606) y sus modificatoria(ley 7669 art. 2)". Formula reservas para interponer recursos extraordinarios.

Habiendo contestado ambas partes las expresiones de agravios, se llama autos para resolver.

Tratamiento de los agravios Sobre la apelación de Francisca B. Nuñez de Días. La nombrada dejó de expresar agravios., Incumplida esta carga procesal por el interesado corresponde declarar desierto el recurso (Conf. art. 266 del C.P.C.) y habiendo otros recursos que tratar pasamos a ellos.

Los argumentos que sustentan la expresión de agravios de la parte actora - que pretende la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de emergencia en cuanto al modo de pago de las deudas y de la tasa a aplicar para el cálculo de los intereses - refieren solo a la afectación de los derechos de propiedad, igualdad y razonabilidad garantizados por la Constitución Nacional, pero tangencialmente aluden al estado de emergencia. Expresa que "mi parte no cuestiona en este caso la posibilidad que tiene el Estado de consolidar deudas y esgrimir la emergencia, empero en este caso la dispensa de ella se hace evidente atento la falta de razonabilidad que impone la Constitución para su validez. Decía que la parte actora que represento en la causa, pensionada ella, ya no solo sufrió la pérdida de su cónyuge, tuvo que soportar la larga tramitación de este proceso y a más de ello cuando termine de cobrar seguramente lo harán sus descendientes", con lo cual aquellos fundamentos, válidos para un estado de normalidad, quedan incompletos e inaplicables si tratan de avalar la solución en una época en que la crisis en los principales aspectos de la vida social dió lugar al dictado de las leyes de emergencia, que se caracterizan precisamente, por la restricción de los derechos individuales cuando un interés colectivo lo exige.

La solución del caso, entonces, requiere alusión a estas leyes, cuya aplicación resulta obligatoria a partir del fallo plenario dictado por la Corte de Justicia de la Provincia, que se expidió sobre su constitucionalidad, en autos N° 524 "Cagliero de Echegaray, María I. y otro c/ Provincia de San Juan - Expropiación inversa - inconstitucionalidad".

En esa dirección cabe reconocer que "declarar la inconstitucionalidad de una norma constituye un acto de extrema gravedad. Para ejercer la elevada función de control de constitucionalidad de las leyes debe imponerse la mayor mesura, con respecto a facultades propias y exclusivas de otros poderes del Estado y en virtud del respeto irrestricto al principio de división de los poderes, pilar del sistema republicano (Fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 364-285; 323-263; 285-295; 455 y 850, 522-775, entre otros).

Pero a la par, dentro del ámbito de esta normativa de emergencia económica, financiera, administrativa, y previsional, la Ley N° 6606, en su art. 5º remite en materia previsional a la ley N° 6561 de modo que, la emergencia previsional deja de regirse, en su conjunto, por ésta, para pasar a regirse por la ley N° 6606, quedando como única excepción la remisión expresa, que ya fuera señalada precedentemente, respecto al tema del procedimiento para la consolidación de las deudas, en el que debe seguir rigiendo la Ley 6561 (art. 5º de la Ley 6606).

El art. 8° de la ley N° 6606 previó la creación de un título de cancelación de la Deuda Pública, y no obsta a que el plazo previsto en aquella oportunidad fue el de 10 años, toda vez que, la Ley N° 7669 previó la creación de un nuevo título también por diez años, a partir del 1° de Enero de 2006, por ello no resulta atendible la queja del apelante en este sentido.

Por otra parte, las leyes que hacen a la Emergencia Económica, Previsional (N°6561, 6606 y 6705) establecen para las liquidaciones de deudas de la Provincia la "tasa pasiva".

La Ley Nº 6705 en cuyo art. 7 regula la forma de liquidar las deudas previsionales y establece el tipo de interés que se deberá aplicar a las antes mencionadas deudas consolidadas: La tasa pasiva de Caja de Ahorro Común, establecida en el punto primero de la Comunicación A-1828 del Banco Central de la República Argentina. En su artículo 1º, modificando el art. 8º, inciso d) de la ley Nº 6.606, la tasa de interés que devengarán las deudas consolidadas, "equivalente a la tasa pasiva expresada en el punto primero de la Comunicación A-1028 del Banco Central de la República Argentina o la que la sustituya en el futuro, para las operaciones de Caja de AHorro Común", suponiendo este régimen, el cumplimiento puntual de las obligaciones emergentes del servicio de los títulos públicos, fijándose a ese fin, los intereses compensatorios.

Estas normas de orden público, su aplicación reviste carácter obligatorio con fundamento en el fin que persiguen, por lo tanto prevalecen sobre los derechos de los particulares, por ello, y si bien es cierto que en nuestra jurisdicción, el tipo de interés legal aplicable fue definido por la Exma. Corte de Justicia de la Provincia en el Plenario (art. 209 Const.Prov.) "Huaquinchay de Mas, Teresa c/ Canteras y Caleras "El Refugio" Inconstitucionalidad y Casación", donde se interpretó con carácter obligatorios y vinculante para los tribunales inferiores que "los intereses a aplicar en los juicios que tramitan por ante los tribunales de la Provincia de San Juan, son los que establece la Ley Provincial Nº 4119 por ser esta la ley especial a que remite el art. 622 del Código Civil", en este caso, son de aplicación las leyes especiales de emergencia, que prevén expresamente otro tipo de tasa; en consecuencia corresponde, desestimar los agravios expresados en este orden.

Igual suerte corre el agravio expresado con respecto al modo de imposición de costas.

La ley N° 7210 en su artículo 1° dispone "Todo proceso judicial donde, la relación jurídica sustantiva tenga origen o causa en el derecho previsional o jubilatorio y se reclame el cumplimiento de una obligación dineraria o reconocimiento de derechos subjetivos, las costas serán por su orden"; el 2º artículo expresa: "En ningún caso los letrados intervinientes tendrán derecho a percibir honorarios a cargo de la contraparte. Aún en procesos que se substancien en extraña jurisdicción, en controversias originadas en el marco del Artículo 1º, de la presente. Sólo reconoce como única excepción la existencia de Acto Regulatorio consentido y firme"; y el artículo 3° dice "Esta Ley es de orden Público".

Con motivo de resolver en autos autos N° 18.124 caratulados "Laciar Sabas, Crispín C/ Caja Mutual de Seguros de Supervivencia, Vida e Invalidez - Contencioso Administrativo", dictada en fecha veintiséis del mes de noviembre del año dos mil cuatro, las costas se impusieron por el orden causado de conformidad a lo dispuesto por la ley mencionada(L. de S. Tº 91, Fº 54/57).

Este fallo, fue confirmado por la Corte de Justicia el 15.05.07 en Expte. N° 3589 P.R.E. S.2° 2007-I-197. En consecuencia, manteniendo este criterio, corresponde desestimar el agravio expresado en este sentido. A mayor abundamiento, y dando respuesta a la afirmación efectuada por el apelante en su expresión de agravios, cabe señalar que, esta Sala I de la Cámara de Apelaciones se ha pronunciado reiteradamente acerca de la inconstitucionalidad de la Ley 7675 art. 20 en cuanto impone las costas por su orden(Autos N° 20.082 (59.245 - 4° Civil) caratulados: "Mecón Empresa Constructora S.R.L. C/ Provincia de San Juan - Ordinario - Hoy Ejecución de Sentencia" L.de A. T° 169, F° 6/23,entre otros), pero esta declaración está referida claramente sólo a esa norma, pero no a la Ley N° 7210.

Entiendo, en consecuencia, que el recurso deducido por la actora Sra. Elsa M. Poblete de Montaño debe desestimarse.

Ahora bien, la parte demandada se agravia por cuanto la sentencia que recurre ha omitido especificar que, la tasa pasiva -que ordena adicionar- se aplicara sólo respecto al capital actualizado, y esta falta de aclaración convierte en injusto al fallo porque permite el anatocismo.

El Juez a quo ha dispuesto el pago de " las diferencias adeudadas por el período comprendido en los dos años anteriores a la fecha de la interposición de la demanda pero actualizadas hasta marzo de 1991 con más un interés del 8% anual, y a partir de esta fecha calcular el interés según la tasa pasiva hasta su efectivo pago".

Efectivamente, ésta omisión es susceptible de ser reparada mediante este recurso (art. 263 del C.P.C.).En consecuencia, cabe aclarar que cuando se ha dispuesto que a partir del 1 de Abril de 1991 se calcularán los intereses según la tasa pasiva(Leyes N° 6606 y 6705),lo es, solo aplicable al capital actualizado. Entonces deberá adicionarse el interés que se calculará a tasa pasiva, hasta su efectivo pago conforme las leyes mencionadas y el Decreto 0712-MHF-30/5/96 reglamentario de éstas.

Por ello propicio la siguiente resolución: I) Declarar desierto el recurso de apelación deducido por la actora Sra. Francisca B. Núñez de Diaz (art. 266 del C.P.C.).

II) Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la actora Sra. Elsa M. Poblete de Montaño.

III) Admitir el recurso de apelación deducido por la demandada, aclarando que, cuando se ha dispuesto que a partir del 1 de Abril de 1991 se calcularán los intereses según la tasa pasiva (Leyes N° 6606 y 6705), lo es, solo al capital actualizado.

IV) Imponer las costas por el orden causado.

El DR. PASCUAL EDUARDO ALFERILLO, dijo:

Por sus fundamentos, adhiero al voto del Magistrado que me precede en el orden de votación.

El DR. CARLOS EDUARDO FERREIRA BUSTOS, dijo:

Por iguales razones, voto en sentido concordante.

2da. CUESTIÓN: El Dr. GILBERTO AMÉRICO RIVEROS, dijo:

En mérito a la votación que antecede corresponde: I) Declarar desierto el recurso de apelación deducido por la actora Sra. Francisca B. Núñez de Diaz (art. 266 del C.P.C.). II) Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la actora Sra. Elsa M. Poblete de Montaño. III) Admitir el recurso de apelación deducido por la demandada aclarando que cuando se ha dispuesto que a partir del 1 de Abril de 1991 se calcularán los intereses según la tasa pasiva (Leyes N° 6606 y 6705), lo es, solo al capital actualizado. IV) Imponer las costas por el orden causado.

Los Dres. PASCUAL E. ALFERILLO y CARLOS E. FERREIRA BUSTOS, dijeron:

Por las razones expresadas, votamos en sentido idéntico.

Por ello, SE RESUELVE:

I) Declarar desierto el recurso de apelación deducido por la actora Sra. Francisca B. Núñez de Diaz (art. 266 del C.P.C.).

II) Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la actora Sra. Elsa M. Poblete de Montaño.

III) Admitir el recurso de apelación deducido por la demandada aclarando que cuando se ha dispuesto que a partir del 1 de Abril de 1991 se calcularán los intereses según la tasa pasiva (Leyes N° 6606 y 6705), lo es, solo al capital actualizado.

IV) Imponer las costas por el orden causado.

Protocolícese, notifíquese en debida forma y previa reposición del sellado de ley, si así correspondiere, bajen los autos al Juzgado de origen.