marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Indemnización por despido, emergencia económica, indemnización agravada
Materia: LABORAL
Carátula: Santillan Gimenez, Cristian c/ Borders Parking SRL s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-09

Los rubros que integran la duplicación prevista por el art. 16 de la ley 25561 son todos aquellos considerados indemnizatorios originados con motivo de la extinción del contrato de trabajo (art. 4 del decreto 264/02). Dicha sanción debe estar integrada por la indemnización por antigüedad, la sustitutiva del preaviso omitido, la integración del mes de despido y las vacaciones proporcionales.
Cómputo de servicios, relación de dependencia, prueba, conciliación laboral
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - LABORAL - PROCESAL
Carátula: VILLALBA DE CARRERA, Braulia de Jesús c/ Caja Nacional de la Industria, Comercio y Actividades Civiles s/ Seguridad Social
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-31

La copia certificada del acta de conciliación arribada en sede judicial con los alcances del art. 15 de la L.C.T., donde el empleador se allana al pago de una suma de dinero imputable a indemnización, constituye un hecho indiciario preciso que lleva a presumir la existencia de una relación laboral entre aquél y el causante, suficiente para acreditar los servicios denunciados.
Sentencia, jurisdicción extranjera
Materia: PROCESAL
Carátula: "Agencia Marítima Neto S.A. (TF 12066-A) c/ D.G.A.".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-09-02

El dictado de la sentencia definitiva en una causa por parte de un tribunal no extingue su jurisdicción para continuar con un trámite, salvo en cuanto pudiera referirse a modificar o alterar la situación creada entre las partes por la sentencia por ella dictada. Por lo tanto, la circunstancia de haber resuelto la causa, no impedía al organismo jurisdiccional dar respuesta al requerimiento de la juez extranjera que precisaba de la información solicitada con el fin de resolver una causa que se encuentra bajo su conocimiento.
Juicio ejecutivo, prueba, resoluciones apelables, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Gómez, Zulma Gladis e/a: Romero Rodolfo c/Gómez Zulma Gladis s /Ejecutivo. Expte.Nro.11511 s/ Recurso de queja por apelación denegada.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2000-08-10

"...Aún cuando al reglar la prueba en el juicio ejecutivo el art.549 del Código de Procedimiento Nacional, remita supletoriamente a las disposiciones de los procesos plenarios abreviados, éstas deben aplicarse en cuanto sean compatibles con el proceso de ejecución, y por ende deben considerarse mal denegado los recursos interpuestos vinculados con el ofrecimiento y producción de pruebas, y concederles con efecto diferido".

Como en el proceso ejecutivo el estrecho marco cognoscitivo impide el replanteo de prueba en la alzada, no corresponde aplicar el límite recursivo contenido en el art.377 de la legislación adjetiva.
Recurso de casación, despido con causa, cuestiones de hecho y prueba
Materia: LABORAL
Carátula: SANGHEZ RUBEN PAULINO c/ LO BRUNO s/ DIFERENCIA DE SUELDOS, ETC.-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-10-24

Analizados los argumentos esgrimidos como sustento del recurso de casación, si los agravios se limitan a cuestionar el fallo, por la supuesta omisión en el tratamiento a lo relativo al motivo que el actor invoca como verdadera causal de despido, tratándose el agravio de la recurrente de una cuestión de hecho, en principio, no pueden ser revisadas mediante recurso de casación, mientras no se haya incurrido en una valoración absurda, la que no existe sólo porque la practicada pueda aparecer discutible, objetable o poco convincente.
Municipalidad, personal municipal, licencia por enfermedad, junta médica, defensa en juicio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Agüero, Carlos Alberto c/ Municipalidad de Laguna Paiva s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.:  C.S.J. Nro. 60 Año 1993)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-08-13

Si bien el actor -en su momento-, se dirigió al Intendente impugnando el resultado de la Junta Médica, con base en que no se le había permitido la intervención de un delegado técnico o profesional que lo representara, y en que el dictamen "no se ajusta a la realidad", cabe señalar que ni en sede administrativa ni en la judicial el actor ha siquiera mencionado -ni mucho menos probado- de qué modo concreto se habría configurado la alegada violación a su derecho de defensa; y de las constancias administrativas no surge elemento alguno que permita siquiera tener por corroborado el planteo. Es más: de la lectura de las actuaciones administrativas surge que el recurrente, antes de la constitución de las juntas médicas, en ningún momento planteó que propondría un delegado técnico. De hecho, la primera vez en que aludió a esta cuestión fue en una nota dirigida a la Municipalidad con posterioridad a la reunión de la junta médica.
Recurso de reposición (procesal), actuaciones administrativas, copias
Materia: PROCESAL
Carátula: Argencard  S.A. c/ Chubut,  Provincia  del  y  otro s/ acción declarativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-21

Corresponde rechazar la reposición contra la resolución que hizo lugar al pedido de requerimiento de un expediente administrativo si la demandada por un lado niega la autenticidad de las copias acompañadas a la demanda y se opone a que se le permita a la actora solicitar la remisión del expediente administrativo que motiva la incidencia, y por otra parte adjunta a su contestación de demanda copias del referido expediente.
Seguro colectivo, prima
Materia: CIVIL
Carátula: Fava, Olga Susana c/ Provincia Seguros S.A. s/ Cumplimiento de Contratos Civiles y Comerciales
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-10-03

Dado que en el contrato de seguro colectivo de vida el asegurado es ajeno a la relación de intermediación que existía entre su empleador tomador -obligado al pago de la prima art. 27 LS- y la aseguradora, que en rigor son las únicas partes contratantes, es razonable considerar que el asegurado confió en la cobertura contratada y, en consecuencia, resolver la inaplicabilidad del art. 31 de la ley 17.418, en tanto establece la pérdida automática de sus derechos por falta de pago de la prima sin depender de notificación alguna, pues esa norma es aplicable cuando el asegurado asume la responsabilidad de pagar el precio en tiempo y forma.
Estado de sitio, puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, opción para salir del país, suspensión de juicios contra el Estado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MIGUELES DE MILLAN, HILDA N. c/ E.N. (P.E.N., MIN. DEL INTERIOR) s/ INC. DAÑOS Y PERJUICIOS Y DAÑO MORAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-16

Las prescripciones del Decreto 70/91 (suspensión para detenidos a disposición del P.E. durante el Estado de Sitio), nada obstan a la suspensión ordenada a través de los Decretos 34/91 y 53/91 (suspensión de juicios contra el Estado). En efecto, la circunstancia de que el mencionado Decreto 70/91 confiera el derecho a formular una opción, no significa que el trámite de las causas judiciales a las que se refiere quede exceptuada de la suspensión dispuesta por los Decretos 34/91 y 53/91 antes referidos. En tales condiciones y atento que lo prescripto por el art. 1 del Decreto 34/91 opera de pleno derecho y sin que ello implique pronunciamiento alguno sobre la validez constitucional de aquellos decretos, declárase que la presente causa se halla alcanzada por la suspensión establecida en el citado art. 1 del Decreto 34/91.
Estado Provincial, reconocimiento en sede judicial, prescripción, transacción
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SANCHEZ GRANEL INGENIERIA SA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     PEDIDO DE HOMOLOGACION DE CONVENIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-06-24

La Ley de Contabilidad para la Provincia sancionada por Decreto Ley 1757 de Febrero de 1956 diverge de la Ley de Contabilidad y Organización del Tribunal de Cuentas de la Nación y de la Contaduría General de la Nación, que fue aprobada mediante Decreto Ley nro 23354 del 31 de diciembre de 1956 con relación a las deudas que puedan mantenerse con el Estado y que se hallen prescriptas. La normativa Nacional otorga un poder discrecional al Poder Ejecutivo Nacional para reconocer las deudas prescriptas, como lo ha afirmado la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos 276:147, considerando 12) cosa que no hace la ley de la Provincia, por lo que las conclusiones a las que se puede arribar en aquel ordenamiento no son de aplicación en el ámbito provincial).
Medida cautelar innovativa, medidas autosatisfactivas
Materia: PROCESAL
Carátula: W., R. c/ O.S.F.A.T. y F. s/ Medida Cautelar
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-04-28

La medida autosatisfactiva es una solución urgente no cautelar, despachable "in extremis", que procura aportar una repuesta jurisdiccional adecuada a una situación que reclama una pronta y expedita intervención del órgano judicial. Posee la característica de que su vigencia y mantenimiento no depende de la interposición coetánea o ulterior de una pretensión principal.Es decir que mediante la aplicación de este instituto se satisface definitivamente el derecho pretendido. No pertenecen a la categoría de medidas cautelares. Son definitivas y no instrumentales. Para su aceptación, debe ponderarse la alta probabilidad e importancia del derecho y la irreparabilidad del perjuicio irrogado en su privación.
Juicio ejecutivo, falta de personería
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Consorcio de Propietarios edificio calle 61 nro. 428 c/ Gonzalez Salemme, Alvaro s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-10-29

Si bien es cierto que la excepción en tratamiento se hace viable cuando el documento destinado a justificar la personería invocada resulta defectuosa, ya sea por adolecer de fallas "formales" o por haberse expedido en violación de las normas legales, ello se refiere a los recaudos extrínsecos exigidos por la ley para el otorgamiento de la escritura y que deban ser cumplidos por el escribano interviniente en el acto de otorgamiento del mandato (arts. 979 inc. 1, 980, 986, 987, 999, 1000, 1001, 1004 y concds. del Cód. Civil).

De tal modo, conteniendo el referido instrumento, todos los recaudos esenciales, tales la expresión de la naturaleza del acto, su objeto, nombre y apellido del otorgante, firma, lugar y fecha en que pasada, todo lo cual hace a la perfectibilidad del acto (arts. 1001 y 1004 del Cód. Civil), deviene infundado el impedimento procesal de falta de personería alegado por la parte actora (arts. 345 inc. 2 y 542 inc. 2 del Cód. Procesal).
Facultades del juez, errores en la liquidación, actuación de oficio
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: F., R. c/ A. B. SACIFIA y Otra s/ Prepara Vía Ejecutiva
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-12-10

Los jueces se encuentran autorizados para observar las liquidaciones que adolezcan de errores materiales comprendiéndose en éstos no sólo los errores de cálculo, sino también las incorrecciones en las fechas desde las cuales se efectúan tales cálculos aun cuando no mediara observación.
Declaración de inconstitucionalidad, control de razonabilidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: IMPRA S.A. -10.390-I c/ res.apel. del D.G.I.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-21

Si bien la declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal es acto de suma gravedad institucional que debe ser considerado como "ultima ratio" del orden jurídico, las leyes son susceptibles de cuestionamiento constitucional cuando resultan irrazonables, o sea, cuando los medios que en ellas se arbitran no se adecuan a los fines cuya realización se procura o cuando se consagra una manifiesta iniquidad; y el principio de razonabilidad exige que se cuide especialmente que las normas legales mantengan coherencia con las reglas constitucionales durante el lapso que dure su vigencia en el tiempo, de suerte que su aplicación concreta no resulte contradictoria con lo establecido en la Ley Fundamental (Fallos 307:862; 311:394, entre otros).
Recurso de casación, inadmisibilidad formal
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: STARK FEDERICO ENRIQUE c/ ALMACENES MAYORISTAS  S.R.L. s/ DESPIDO - RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-05-12

El actor se injurió por el no pago de una multiplicidad de créditos que a la postre el juzgador estimó sólo parcialmente procedentes por lo cual la pretensión del recurrente en el sentido de que se analice la forma de la intimación y la legitimidad de los reclamos del accionante no resultarían dirimentes para hacer variar el resultado que lo agravia.-
Acción de amparo, actos u omisiones de autoridades públicas, facultades discrecionales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SALOMON DE CURA, LUIS A. c/ COOPERATIVA DE AGUA P0TABLE VILLA ZANJON s/ ACCION DE AMPARO. APELACION.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-08-06

Si bien la actora sufre el lógico perjuicio que provoca la falta del líquido elemento,debió probar que existió arbitrariedad en el corte de suministro dispuesto por la Cooperativa de Agua Potable por lo que se infiere que la misma actuó dentro de los atribuciones estatutarias que le competen dentro de su discrecionalidad jurídica, quedando exentos de control y revisión através del Recurso de Amparo.
Sentencia condenatoria, pena de inhabilitación, constitucionalidad
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Pazo, Carlos José s/ recurso de casación e inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-14

El art. 12 del C.P. establece una incapacidad civil de hecho relativa, que posee un fin tutelar, a los efectos de paliar la situación de inferioridad del condenado mientras dura el encierro. En condenado no pierde capacidad jurídica sino de hecho -solo en los derechos taxativamente enumerados- por lo que puede efectuar los actos por medio de un representante. Tampoco se advierte como el mencionado artículo puede afectar la resocialización o producir un efecto estigmatizante en el condenado, pues el límite al ejercicio de ciertos derechos mientras dure la condena es precisamente en aras de tutelarlos, con la intervención de un curador, quien podrá realizar los actos en su resguardo. En consecuencia, el art. 12 del C.P. no conculca El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos -art. 10-, ni la Convención Americana de Derechos Humanos -art.

5, apartado 6- ambas incorporadas a la Constitución Nacional -art. 75-, como tampoco resulta lesivo del art. 18 de la Carta Magna. (Votos de los Dres. Catucci, Madueño y Bisordi).
Tasa de justicia, recurso directo, reducción de tasa de justicia
Materia: PROCESAL
Carátula: Keen Roberto E. -Incidente de tasa de justicia c/ C.P.A.C.F.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-11-12

Por el artículo 2 de la ley 23.898 se dispone la aplicación de una tasa del 3% a todas las actuaciones susceptibles de apreciación pecuniaria, la que -conforme lo dispuesto en el art. 3, inc. g)- se reducirá en un 50% en los procedimientos judiciales en los que se tramiten recursos directos contra resoluciones dictadas por el Poder Ejecutivo Nacional, Provincial o Municipal, sus dependencias administrativas, las entidades autárquicas, los entes jurisdiccionales, los organismos de seguridad social y todo recurso judicial. Resulta evidente, entonces, que la reducción de la tasa prevista en la norma precedentemente citada sólo alcanza a los juicios en los que se está en condiciones de evaluar, desde su inicio, su valor pecuniario.
Poder Legislativo Nacional, suspensión del juicio a prueba, delito de acción pública
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ministerio Público -Fiscalía de Cámara Norte de la CABA- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Legajo de juicio en autos Espina, Juan Carlos. s/ Infr. art. 1, Ley 13.944.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-04-08

El ejercicio por parte del Congreso de la Nación de la facultad de definir el universo de los delitos de acción pública (Título XI, art. 71 del CP) y un modo de extinción de la acción penal (Título XII, art. 76 bis CP) no supone haber restringido la potestad local para definir la organización de los procesos judiciales (voto del Sr. Juez Luis F. Lozano).
Presidente de la corte interamericana, representante de la víctima, admisibilidad de la prueba, violación de derechos humanos, defensor, COLOMBIA, Pacto de San José de Costa Rica, declaración testimonial, juramento y promesa de decir verdad
Materia: INTERNACIONAL PRIVADO
Carátula: Caso Yarce y Otras c/ Colombia s/ Resolución del presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2015-05-26

No corresponde que el Presidente de la Corte Interamericana haga lugar a las objeciones de los representantes de las víctimas, respecto de las declaraciones testimoniales ofrecidas por Colombia, de quince funcionarios que se desempeñan como fiscales, argumentando impertinencia y falta de objetividad -en el caso en que se demanda a dicho Estado por la presunta violación a la Convención Americana en perjuicio de cinco defensoras de derechos humanos, en el marco de un conflicto armado interno-, pues todas ellas refieren a las investigaciones penales a su cargo, relacionadas con los hechos del caso y, en tanto testigos, no rige el deber de objetividad -exigible a los peritos-, sino el de decir la verdad respecto a los hechos y circunstancias que le consten.
Efectos de la sentencia penal en sede civil, cuestiones prejudiciales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: LEDESMA VDA. DE HOYOS ANALIA c/ FRANCISCO ROSARIO GIMENEZ s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-03-21

Según el art.1103 C.C., no se puede alegar en el juicio civil, después que se absuelve al acusado, la existencia del hecho principal sobre el cual se resolvió, comprendiendo aquél las circunstancias fácticas históricamente tenidas por comprobadas en sede penal.
Graduación de la pena, violación, violación a menor de doce años, corrupción de menores, concurso ideal
Materia: PENAL
Carátula: R., F. s/ PENA.VIOLACION.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-03-05

Corresponde elevar la pena que se le impusiera al procesado por el delito de violación en concurso ideal con el de corrupción de menor de 12 años, fijándosela en 8 años de prisión, pues a la gravedad del hecho padecido por la víctima, se suman las secuelas de orden psíquico y moral, que inevitablemente deberá afrontar el menor durante su vida. Además, teniendo en cuenta la reeducación a que deberá ser indudablemente sometido el procesado, quien presenta una desviación sexual de significativa envergadura y entidad como para haber actuado en la forma que lo hiciera, será necesario que para evitar su desnaturalización, permanezca durante un tiempo algo mayor internado intramuros, a fin de lograr obtener se concrete tal aspiración.
Divorcio, abandono voluntario y malicioso, prueba, carga de la prueba, separación de hecho
Materia: CIVIL
Carátula: R., A. c/ L., M.T. s/ DIVORCIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-06

1- El abandono voluntario y malicioso consiste en el alejamiento de uno de los cónyuges del hogar común, por motivos que son exclusivamente imputables, con la intención de sustraerse a las obligaciones emergentes del matrimonio, en particular las de cohabitación y asistencia. 2- Imponen en cabeza del cónyuge abandonado la carga de propiciar la reconciliación o de iniciar el divorcio en un cierto tiempo, es establecer una sanción que la ley no impone (arts. 19 de la Constitución Nacional y 22 del Código Civil). 3- Es que, no se puede exigir al cónyuge abandonado que realice actos positivos para restablecer la comunidad de vida, ello queda comprendido en el fuero interno del abandonado. De tal manera, la conducta omisiva -27 años del abandonado hasta que se inicio el juicio de divorcio no puede transformar aquel en abandono-(provocado por su consorte), en una suerte de separación de común acuerdo. 4- Para la valoración correcta de las pruebas producidas y tomar una decisión ajustada a derecho -máxime en el ámbito de la familia- resulta imprescindible valorar el marco en el cual han acontecido los hechos y tener en cuenta todas las circunstancias que influyen en el comportamiento adoptado por las partes involucradas.
Personas con discapacidad, tratados internacionales
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: González Victorica, Matías y otros c/ EN - AFIP DGI - dto. 1313/93 s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-11-21

La atención y asistencia integral de las personas con discapacidad constituye una política pública de nuestro país y en esta materia el Estado ha asumido compromisos internacionales tendiente a lograr -mediante medidas eficaces y concretas- la plena integración en la vida social de las personas con discapacidad (Voto de los jueces Maqueda y Lorenzetti).

Fuente del sumario: SAIJ
Adicionales de remuneración, jueces, adicional por dedicación exclusiva, incorporación al sueldo
Materia: LABORAL
Carátula: Altamirano, Alberto Gerardo Luis y otros c/ Estado Nacional s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-07-13

El adicional de los Ministros de la Corte, creado por el decreto 2474/85, debe constituir la base sobre la que se aplicarán los porcentajes fijados por la ley 22.969.

(Sumario confeccionado por el SAIJ).
Cuestiones de competencia, acción de amparo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ramírez, Justo Daniel c/ Ministerio de Seguridad s/ Amparo por mora. Conflicto de competencia art. 7 inc. 1°, ley 12.008
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-12-02

Corresponde declarar la competencia para entender en el caso del Juzgado de Familia N°1 del Departamento Judicial de Dolores, en tanto la presente es una acción que ha sido sorteada de conformidad con el sistema establecido en las resoluciones de esta Suprema Corte N°1358/06 y 1794/06, cuya vigencia fue ratificada por resolución N°957/09 -del 15-IV-2009-, y en razón de lo normado por los arts. 20 de la Constitución provincial y 1 y 3 de la ley 13.928.( Dres. Genoud-Negri-Kogan-Pettigiani-de Lázzari, sin disidencia)
Legitimación procesal, querellante, Ministerio Público Fiscal, organismos del Estado
Materia: PROCESAL
Carátula: L., O. D. c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-05-10

Si bien el Ministerio Público Fiscal es el órgano estatal específico de persecución penal pública, diversas leyes particulares legitiman a otros organismos estatales diferentes para intervenir como querellantes en el proceso penal, con sus mismas facultades, deberes y responsabilidad -sin desplazar a la Fiscalía-, por lo que estos organismos tienen legitimación activa para propiciar la imposición de una pena, y consecuentemente, para recurrir por la vía casatoria la sentencia absolutoria, aunque el Ministerio Público Fiscal no lo haga.
Derecho a la integridad física, tratamiento médico, asistencia médica, derecho a la intimidad
Materia: CIVIL
Carátula: C., C. M. c/ A. M. I. Zárate s/ Daño moral
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-07-31

El derecho a disponer del propio cuerpo prescribe que nadie puede ser obligado a realizar un tratamiento médico, dado que está en juego el respeto de las decisiones personales sobre el propio cuerpo y la intimidad, a pesar de las consecuencias que puede acarrear tal negativa.