Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-08-25


- En la ciudad de Trelew, a los 24 días de agosto del año dos mil seis, se reúne la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones, con la Presidencia del Dr. Raúl Adrián Vergara y presencia de los Sres. Jueces del Cuerpo Dres. Sergio Rubén Lucero y Edgar María de la Fuente, para celebrar acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "M., S. B. c/ A. D. S. S.A. s/ Sumario" (Expte. nº 21.362 - año: 2006) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse de conformidad al sorteo efectuado a fs. 210.

A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Vergara dijo:

1. Llega a conocimiento de este Tribunal las presentes actuaciones como consecuencia del recurso de apelación interpuesto por la actora a fs. 199, que fuera concedido libremente a fs. 200, contra la sentencia de la anterior instancia de fs. 192/196 y vta. que declaró abstracto el pedido de pesificación de las obligaciones dinerarias emergentes del contrato de "leasing" y rechazó la demanda de cancelación del citado convenio promovida por S. B. M. contra A. D. S. S.A. por no haberse cumplido completamente el pago del precio, con costas a la vencida.

Los agravios de la apelante lucen a fs. 205 y vta. y señala básicamente que: a) la ley 25.713 en su art. 2 exceptúa de la aplicación del coeficiente de estabilización de referencia distintos supuestos, y resulta claro que el contrato de leasing en cuestión no cabe ser incluido en el caso de los préstamos con garantía hipotecaria, ni el de préstamos con garantía prendaria, y mucho menos en el caso de locaciones de inmuebles ya que el leasing que nos ocupa tienen como objeto un automotor; b) destaca que el art. 26 de la ley 25.248 estable la aplicación subsidiaria de las normas de la locación o de la compraventa, según se haya o no abonado la totalidad del canon y ejercido la opción, pero el inc. b) del art. 2 de la citada ley 25.713 comprende a los préstamos personales hasta la suma de u$s 12.000.- considerando incluidos en ese inciso a los contratos de compraventa a plazos de cosas muebles en las que el comprador sea un consumidor final; c) aquí el contrato de leasing debe asimilarse a una compraventa a plazo de una cosa mueble (un automotor), más siempre habrá que estar al tope cuantitativo del inc. b), por lo que el monto total del leasing no lo supera, correspondiendo el reajuste de la obligación mediante el CVS; y d) peticiona se revoque la sentencia en lo que ha sido materia de agravios.

A su turno, la sociedad demandada al contestar el traslado conferido a fs. 206 entiende que: a) los argumentos que pretende establecer el apelante carecen de sustento legal y no son de aplicación al caso, para lo cual cita el art. 26 de la ley 25.248; b) el contrato de leasing es un negocio financiero complejo, y luego de referirse a las partes que intervienen en el mismo alude al contexto social y a la sanción de las leyes 24.441 y 25.248 para considerar que es una figura autónoma con entidad propia; c) cita doctrina con relación a las distintas teorías acerca de su naturaleza jurídica, y manifiesta que se trata de un contrato "típico" que participa de similar naturaleza jurídica que la locación de cosas, y por ello se equivoca la actora al sostener que el contrato de leasing debe asimilarse a una compraventa a plazo pues no pagó la totalidad del canon, como lo reconoce en el escrito de demanda; d) según lo estipulado por la legislación de emergencia el actor debe desde el 03/02/02 y hasta la finalización del contrato de locación el coeficiente de estabilización de referencia, y al encontrarse en la etapa locativa no se dan los presupuestos para que comience a regir en forma subsidiaria las normas de la compraventa; y e) por lo expuesto se deben rechazar los agravios y confirmar la sentencia de primer grado, con costas.

2. Sostiene la apelante que el contrato de leasing celebrado debe asimilarse a una compraventa a plazo de una cosa mueble por lo que considera que el caso de autos debe quedar comprendido en el inc. b) del art. 2 de la ley 25.713.

- Al respecto, es evidente que con tales manifestaciones elude hacerse cargo de los fundamentos brindados por la Sra. Juez de la anterior instancia a fs. 194 vta./195, último y primer párrafo respectivamente, que resultaron dirimentes para considerar que las obligaciones emergentes del citado contrato no se encuentran comprendidas entre las excepciones a la aplicación del C.E.R. Y lo que ahora está en tela de juicio es el razonamiento del juez, que es el objeto del recurso de apelación (CNCiv., sala "B", mayo 15-979, "C., H. N. y otro c. B., J. J.", L.L. 1979-C, 76), por lo que resulta estéril el escrito de agravios cuando no despliega una crítica concreta respecto del razonamiento que resultó dirimente en la sentencia.- En ese aspecto, precisó el juzgador que el índice a aplicar a las obligaciones de este contrato de leasing desde el 3/2/02 era el CER y no el CVS como lo considera la actora, porque las obligaciones emergentes del contrato por el que se acciona, no se encontraban entre las excepciones a la aplicación del primer índice (CER), previstas en los arts. 2 y 3 de la ley 25713. Si bien el contrato de leasing se rige por las normas de la locación mientras no se haya pagado la totalidad del canon y ejercido la opción de compra pagando su precio (art. 26 de la ley 25.248) no puede asimilarse a la compraventa a plazo de cosas muebles prevista en el inc. "b" del art. 2 citado.

Y toda vez que la expresión de agravios es el acto por el cual el apelante refuta las conclusiones establecidas por la sentencia (conf. Palacio, "Derecho Procesal Civil", Abeledo-Perrot, 1975, T. V, par. 599, a), pág. 266; en igual sentido Morello, Sosa y Berizonce, "Códigos Procesales .", Librería Editora Platense - Abeledo-Perrot, 1988, T. III, pág. 351, y cita de fallos), la misma carece de contenido si: .d) Simplemente disiente o discrepa de la interpretación judicial, sin dar fundamento a la oposición o formula apreciaciones subjetivas . h) No ataca concretamente los verdaderos fundamentos del fallo (Fenochietto-Arazi, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", Astrea, 1983, T. 1, págs. 838/839). Es que, la ley procesal requiere así, con la finalidad de mantener el debate en un plano intelectual antes que verbal, que la crítica dirigida a la sentencia sea concreta, lo cual significa que la parte debe seleccionar del discurso del magistrado aquel argumento que constituye estrictamente la idea dirimente y que forme la base lógica de la decisión. Cuando el litigante no formula su expresión de agravios de esa manera, cae derrotado por su falta de instrumental lógico de crítica (CNCom., sala "D", abril 24-984, "P. e H., J. c. P. P. M. S.A.", L.L. 1985-A, 309).

3. Pero aun cuando se obviara tal circunstancia procesal para ingresar al agravio siguiendo un criterio amplio a favor de la recurrente (conf. Loutayf Ranea, "El recurso ordinario de apelación en el proceso civil", Astrea, 1989, T. 1, par. 101, pág. 275/276) adelanto que no le asiste razón.

- En tal sentido, el leasing es un acto jurídico complejo y a partir de la tipificación legal es un contrato autónomo cuyo precio es un "canon" que se integra con el valor económico del uso (alquiler de la locación), el correspondiente a la amortización del valor de la propiedad (precio de la compraventa) y el costo financiero (interés del mutuo) (conf. Lorenzetti, "Tratado de los Contratos", Rubinzal-Culzoni Editores, 2000, T. II, págs. 530/531 y 537, respectivamente). El leasing es un contrato que ha adquirido tipicidad, y la ley 25.248 supera toda discusión en cuanto a su naturaleza jurídica dado que lo legisla como una figura autónoma. Es un contrato autónomo y típico (conf. Rouillón, Director, "Código de Comercio Comentado y Anotado", La Ley, 2005, T. II, par. 8 y 9, págs. 477/479).- - Desde esta perspectiva, a partir de considerar que el supuesto invocado por la apelante (art. 2 inc. b) de la ley 25.713) es de excepción respecto a la aplicación del Coeficiente de Estabilización de Referencia (primer párrafo del citado artículo), cabe precisar que la analogía es un procedimiento de integración del derecho a condición de que se de similitud de situaciones y de la ratio legis (conf. Bueres-Highton, "Código Civil .", Editorial Hammurabi S.R.L., 1995, T. 1, par. 3, pág. 32). Lo esencial para el funcionamiento de la analogía consiste en que el caso no normado sea semejante substancialmente al previsto por la norma (Llambías, "Tratado de Derecho Civil. Parte General", Editorial Perrot, 1964, T. I, pág. 113).

Y con dichas pautas se advierte claramente que no se da en el presente caso tal afinidad, ya que el leasing es un contrato típico autónomo motivo por el cual las reglas del contrato de locación o de la compraventa -según sea el caso- se aplican pero s ubsidiariamente (Normas supletorias, art. 26 de la ley 25.248).- En tales condiciones, toda vez que el leasing no tiene similitud con una compraventa a plazo de cosas muebles, el supuesto de excepción que el legislador contempló en el segundo párrafo del inc. b del art. 2 de la ley 25.713 no es de aplicación al caso de autos.

Asimismo, al ponderarse que el supuesto invocado por la recurrente es una excepción al régimen, no puede aplicarse analógicamente las normas de carácter excepcional (conf. Bueres-Highton, obra y tomo citado, pág. 33). La analogía está contraindicada cuando el principio legal de cuya aplicación extensiva pueda tratarse es de interpretación restrictiva, como ocurre con las leyes que . constituyen excepciones a las reglas normales (Llambías, obra y tomo citado, pág. 114).

Por lo demás, y aun cuando por hipótesis se aplicara por analogía las normas del contrato de compraventa como pretende la recurrente (art. 26 de la ley 25.284), tal como lo señalara el sentenciante a fs. 194 vta./195 se requiere previamente que el tomador haya efectuado el pago íntegro del canon, ejercida la opción y pagado su precio, y mientras ello no ocurra rige en forma subsidiaria las reglas del contrato de locación. En ese direccionamiento, luego de referirse a la fecha de interposición de la demanda y a la entrada en vigencia de la ley 25.820 concluyó el juzgador que la actora debió abonar la cuota pesificada y el CER a partir del 3/2/02 en que comenzó a computarse hasta la finalización el contrato. Ni del relato efectuado en la demanda ni de la documentación que se acompaña al escrito inicial, surge que hubiese dado cumplimiento con el pago de este ítem. Y este aspecto del decisorio adquirió firmeza ante la ausencia de agravio concreto.

En tales condiciones, y en atención a los fundamentos vertidos se desestima la queja.

4. En consecuencia, propicio al Acuerdo confirmar la sentencia venida en recurso en todo cuanto fuera materia de agravios, con costas de Alzada a la apelante vencida, conforme al criterio objetivo de la derrota (art. 68 del C.P.C.C.).

- Finalmente, atendiendo a la naturaleza, extensión y eficacia de las tareas cumplidas en segunda instancia, estimo prudente regular los honorarios de los Dres. R. J. C. y D. H. G., letrados apoderados de las partes actora y demandada, en las sumas de pesos doscientos ($200.-) y pesos trescientos sesenta ($360.-), respectivamente (arts. 14, y 47 de la ley 2200), con más el I.V.A. pertinente. Cierro mi intervención y a la primera cuestión voto POR LA AFIRMATIVA.- - A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Lucero dijo:

Vienen estos actuados a conocimiento de la Alzada con motivo del recurso de apelación interpuesto por la parte actora (fs. 199), en contra del pronunciamiento definitivo dictado en autos (fs. 192/196 vta.), por el que se declara abstracto el pedido de pesificación de las obligaciones emergentes del contrato de leasing que vinculara a las partes de autos y rechaza la pretensión de que se declare cancelado dicho contrato, con costas. El escrito de expresión de agravios se encuentra glosado a fs. 205 y vta., cuyo traslado, ordenado a fs. 206, fue evacuado por la contraria a fs. 207/208 y vta.. I.- La reseña de los agravios y de su contestación ha sido efectuada por el Sr. vocal de sala, Dr. Vergara, quien me precede en la votación, por lo que a ella me atendré a fin de evitar repeticiones estériles. No obstante ello, puntualizaré que el contenido básico de la impugnación centra en postular que el índice a aplicar es el CVS y no el CER sosteniendo que el contrato de leasing bajo cuestión se asimilaría al supuesto contemplado en el inc. b) del art. 2° de la Ley 25.713, que contempla el supuesto de préstamos personales hasta $ 12.000, considerando incluido al contrato de compra y venta a plazo en las que el comprador sea consumidor final. De allí, sostiene que el contrato de leasing es asimilable a los contratos de compra y venta a plazo de una cosa mueble. II.- En el marco delimitado por el agravio antes sintetizado diré que ya he tenido oportunidad de fijar posición en relación a la tipología contractual específica que corresponde reconocer al leasing en nuestro ordenamiento jurídico vigente (Ley 25.248).

El leasing acordado entre las parte es un contrato por el cual se instrumentó un verdadero negocio financiero por el cual el "dador" (la empresa concesionaria automotriz demandada en autos) le proveyó al "tomador" (el actor) una cosa mueble (el automóvil) para su uso, mediante el pago de un canon periódico y por cierto plazo otorgándole, a la par, la opción de adquirir la propiedad del rodado, luego de abonados los cánones pautados tomando en cuenta el monto a financiar más un interés, previo pago de un valor residual convenido (Conf. ley 25.248). Desde el punto de vista técnico en el leasing mobiliario, indistintamente de los sujetos que intervinieran, en su causa objetiva o en la finalidad del contrato no se registran diferencias, apreciables al menos, sea que se trate de leasing financiero u operativo. Sin embargo, es útil precisar que dado que la demandada no es una entidad financiera ni una compañía de leasing, siendo la finalidad o propósito que trasciende de los propios términos en los que se acordara en la especie traía a estudio, de parte de la dadora, lograr la colocación de sus productos en el mercado, si se termina transfiriendo (y aún cuando ello no acontezca) la propiedad de ellos al tomador, se asemejaría más apropiadamente al leasing operativo.

Hechas tales disquisiciones, es claro para mi, que en el sub-examine la causa fin subjetiva de la parte contratante "dadora" fue la de obtener una garantía de las denominadas auto-realizables, en tanto que el saldo del precio sujeto a financiación es cobrado mientras se concedía el uso del automotor por parte del tomador, sin desprenderse la dadora de la nuda propiedad del automóvil, previéndose una opción de compra susceptible de ser ejercida al término de un período fijado, o bien, al cabo de cancelar las cuotas pactadas. De tal manera, entiendo, se constituyó como una especie de gravamen sobre la cosa que todavía no pertenece al deudor y cuyo recupero es relativamente sencillo, obteniendo variados beneficios para las partes en cuanto, por ejemplo, se disminuyen los costos derivados de los estudios de riesgo y calificación crediticia, como así también, se bajan los costos inherentes al crédito.

Se ha caracterizado el negocio jurídico que instrumenta el leasing como uno de los medios de acceso al crédito que ha despertado más expectativas en virtud de las ventajas de orden económico-financiero y fiscal que representa para los tomadores, así como por la seguridad de repago que se sigue para los dadores. Lo dicho, sin perder de vista que representa una evidente facilitación al acceso de determinados bienes sin que importe la necesidad de afrontar desembolsos significativos. De otro lado, se presenta indudablemente como una herramienta de asistencia financiera adaptable a cualquier sector (Vide: Barbieri, Antonio Eduardo en "Contratación bancaria", Ed. Astrea, año 2002, T. 2, -empresas-, cap. X, págs. 277 y sgtes.; id., Vitolo, Roque "Aproximación conceptual al contrato de leasing", en "Derecho Concursal", obra colectiva, dir. Osvaldo Gomez Leo, vicedir. Liliana Negrete de Alonso, Ed. Rubinzal Culzoni, año 2002, págs. 539/579; id. Saieg-Frustagli-Hernández, en "Consideraciones en torno a la nueva ley de leasing", en L.L. 2001-C-1156).

Ahora bien, en lo que interesa al caso, resulta indisputable a esta altura que no habiendo ejercido la opción de compra, no ingresó a su patrimonio ningún derecho vinculado al automotor, por lo que mal puede predicarse alguna asimilación del supuesto bajo examen al contrato de compra y venta a plazo.-Nótese, que en consonancia con tal entendimiento la juzgadora en porción del fallo, que en puridad no mereció una concreta y puntual crítica en los términos que exige el Código del rito, indicó en este mismo sentido que según el art. 26 de la ley 25.248 "...no puede asimilarse a la compraventa a plazos de cosas muebles previstas en el inc. "b" del art. 2 citado..."(sic)(fs. 195).

Es por lo expuesto que concluiré, compartiendo la opinión vertida por el Dr. Vergara, que corresponde desestimar el agravio, con costas de Alzada a cargo de la parte actora apelante vencida en ella (Arts. 68 y 279 del C.P.C.C.).

- Los honorarios de los Dres. R. J. C. y D. H. G., letrados apoderados de la actora y demandada, respectivamente, por sus tareas de segunda instancia, apreciándolos por su extensión, calidad y eficacia, estimo corresponde regularlos en la suma de $ 200, al primero; y de $ 360, al segundo, con más el I.V.A. pertinente (Arts. 6 y 14 de la Ley 2.200; leyes 23.349 y 23.871). Finalizo el tratamiento de la presente cuestión pronunciándome en ella por la AFIRMATIVA.

A LA SEGUNDA CUESTION el Dr. Vergara dijo:

Visto el acuerdo antes alcanzado, corresponde: a) confirmar la sentencia venida en recurso en todo cuanto fuera materia de agravios; b) imponer las costas de segunda instancia a la apelante vencida; y c) regular los honorarios de los Dres. R. J. C. y D. H. G., por sus tareas de Alzada, en las sumas de pesos doscientos ($200.-) y pesos trescientos sesenta ($360.-), respectivamente, con más el I.V.A. pertinente.- Así lo voto.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Lucero dijo: El pronunciamiento que corresponde dictar es el propuesto por el Dr. Vergara por resultar fiel reflejo del acuerdo antes alcanzado.- ASI LO VOTO.

Con lo que se dio por terminado el Acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal, por haberse logrado la mayoría (arts. 9 de la ley 1130 y 271 del C.P.C.C., Textos ley 4550), pasándose a dictar:

S E N T E N C I A:

Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo cuya copia antecede, la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de Trelew, RESUELVE:

CONFIRMAR la sentencia venida en recurso en todo cuanto fuera materia de agravios;

IMPONER las costas de segunda instancia a la apelante vencida; REGULAR los honorarios de los Dres. R. J. C. y D. H. G., por sus tareas de Alzada, en las sumas de pesos doscientos ($200.-) y pesos trescientos sesenta ($360.-), respectivamente, con más el I.V.A. pertinente.- - Regístrese, notifíquese y devuélvase.- Fdo: RAUL ADRIAN VERGARA - SERGIO RUBEN LUCERO REGISTRADA BAJO EL Nº 41 DE 2.006 - SDC.- Conste.- c.

CECILIA INES CORNEO SECRETARIA DE CAMARA