marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Contratos civiles, emergencia económica, convertibilidad, obligaciones de dar sumas de dinero, obligaciones en moneda extranjera
Materia: COMERCIAL
Carátula: SERAFINI Y CIA. SA c/ DE LISIO, NICOLAS s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-06-29

Resulta inaplicable la cláusula de ajuste de las cuotas al valor dólar estadounidense en la oportunidad de su vencimiento, pactada en un contrato suscripto en moneda nacional, por contravenir las disposiciones de la ley 25561, que derogó la ley 23928 que establecía la convertibilidad del peso en dólar y modificó el art. 7, disponiendo que el deudor de una obligación de dar una suma determinada de pesos cumple con su obligación dando el día de su vencimiento la cantidad nominalmente expresada, y que resultarían inaplicables las disposiciones contractuales que contraríen lo allí dispuesto; además, considerando que la legislación de emergencia dispuso la conversión de las obligaciones en dólares a razón de un dólar estadounidense igual un peso y que la modificación introducida por la ley 25820 a la 25561 art. 11, suprimió la referencia de esa norma a la cláusula de ajuste en dólares; de aplicarse la cuestionada cláusula de ajuste se colocaría a los deudores -obligados en pesos- en peor situación que los deudores de obligaciones expresadas en dólares estadounidenses.
Concursos, acción revocatoria concursal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SINDICO ZEBALLOS J. c/ SALVADOR TORRE Y OBREROS UNIDOS s/ Revocatoria Concursal (LIBRO: S129 - 139)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-02-24

Se sostiene en el recurso que el actor no ha probado en autos que fuera vil el precio de la operación (lo que sería necesario para evidenciar que el acto impugnado ha ocasionado un daño a la masa).- Pues bien, sobre el punto pienso que ello implica marginar que el tercero interesado en el mantenimiento del acto jurídico, puede probar que no concurren los extremos del eventus damni, no obstante el conomimiento que tuviese del estado de cesación de pagos. Si el acto impugnado no ha violado los principios básicos de la ejecución colectiva, perjudicando a la masa de acreedores, no debe ser revocado, y tal es así, porque en esta acción revocatoria especial de la ley de quiebras, la cesación de pagos del deudor conocida por quien contrató con él hacen presumir el eventus damni.-
Privación ilegal de la libertad calificada, participación secundaria
Materia: PENAL
Carátula: Mosqueda, Juan Eduardo y Otros s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-04-09

El Jefe de la Prefectura Naval local, a cargo de la delegación donde funcionaba el grupo de tareas que efectuó el operativo y la víctima estuvo alojada, es coautor del delito de privación ilegal de la libertad agravada por la compulsión con que la víctima fue detenida, al ser sacada de su departamento e inmediatamente encapuchada y maniatada por un grupo no identificado de personas con armas en un acto de excesiva demostración de poder ante una situación que no la requería, por las condiciones rigurosas de detención y por entregar a la víctima para ser interrogada fuera de dicho establecimiento, dado que todo ello lo constituyó como un engranaje necesario para la conformación del hecho todo.
Retrocesión, trámites judiciales
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Pisano Costa, Lilia Angélica c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ Expropiación -inc. retrocesión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-08-22

El proceso por retrocesión excede la caracterización de "incidente" que parece resultar de la ley provincial de expropiaciones Después de analizar detenidamente los requisitos que para la retrocesión determina el art. 44 de la ley 5.708 t.v., y luego de hacer lo propio con las reglas procesales a que se debe ajustar su trámite judicial, conforme al art. 45 de la misma ley, entiendo que el vocablo "incidente" utilizado en el proemio de este último artículo no lo ha sido en el sentido propio que resulta de los arts. 175 y ss. del Código Procesal, ni en el que le acuerdan la doctrina y jurisprudencia en la materia, pues -como bien se ha observado- "la verdad es que la finalidad específica del proceso incidental no es sino la de facilitar el objetivo del principal, decidiendo sobre aspectos o cuestiones anormales que al suscitarse sobre su desarrollo lo entorpecen y obstan a la posibilidad de expedir la sentencia de mérito". Aquí, el término "incidente" resulta empleado solamente para indicar algo obvio, cual es que la posibilidad de la retrocesión no es autónoma, dependiendo siempre y necesariamente de la existencia previa de un proceso de expropiación (art. 44, ley 5.708 t.v.), y que -por simples razones de economía procesal y de "fuerza de atracción"- debe tramitar ante el mismo juez que entendió de este último (art. 45, párr. inicial, ley cit.).
Improcedencia del recurso, insuficiencia del agravio, confirmación de sentencia, acción reivindicatoria, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Salles Juan José Y/O c/ Sayes Héctor Hugo Y/O  s/ reivindicación
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2024-02-21

Lucen acreditados los requisitos de procedencia de la acción reivindicatoria, toda vez que la parte demandante ha probado la titularidad sobre el inmueble litigioso, la pérdida de la posesión y la posesión actual de los demandados, y siendo que éstos no han logrado demostrar el derecho que invocan para permanecer en el inmueble, corresponde rechazar el recurso de apelación deducido por ellos y confirmar la sentencia.
Responsabilidad del Estado, responsabilidad de la obra social, obras sociales, obligaciones de la obra social
Materia: CONSTITUCIONAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: G., D. S. c/ OSECAC y otro s/ Amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-05-24

La condena a brindar cobertura integral a una persona discapacitada que pesa sobre la obra social demandada, debe ser extendida al Estado Nacional - Ministerio de salud- por la responsabilidad subsidiaria que le es asignada (el voto del Dr. Ferro).
Medidas cautelares, intervención judicial, intervención de sociedades
Materia: PROCESAL
Carátula: FERENCZY, ROLANDO c/ MOLINO HARINERO SAN CAYETANO  S.A. s/ INCIDENTE DE MEDIDAS CAUTELARES - COADMINISTRACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-25

La intervención judicial responde, no sólo a los intereses particulares de los socios, sino -primordialmente- a los del ente sobre el cual recae. La declaración del derecho que asiste a las partes, se encuentra reservada a una etapa procesal posterior -en la que se dictara sentencia definitiva-, en tanto las medidas tutelares sólo responden a una apariencia de verosimilitud del derecho invocado, según la cual resulta inicialmente comprometido el interés social.

Por otra parte, los trabajos a realizar por los coadministradores, resultan inherentes al funcionamiento de la sociedad demandada y a su normal gestión operativa, por lo que resulta razonable que sus emolumentos sean soportados -provisoriamente- por dicha persona jurídica.
Recurso extraordinario de nulidad, escritos judiciales, apreciación de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Baglione, Rosa A. y otro c/ Mendiguren,. Héctor O. y Clínica Privada Martín Coronado s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-11-07

Son ajenas al recurso de nulidad extraordinario las cuestiones relativas al examen de la prueba o a la interpretación efectuada por el tribunal del trabajo de los términos del escrito de demanda y de la conformación de la litis.
Cuestión abstracta, gravamen actual
Materia: PROCESAL
Carátula: Fernández, María Cristina c/ Provincia de Tierra del Fuego y Dirección Provincial de Obras y Servicios Públicos Sanitarios s/ Acción de inconstitucionalidad, Expte. nro. 252/96
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 1997-06-05

Si, como he señalado, toda cuestión abstracta es por esencia ajena al normal cometido de los jueces, debe entenderse con relación a la impugnación de inconstitucionalidad formulada por los actores de los arts. 11, 35 y 36, que al haberse extinguido la vigencia de la ley 278 tampoco cabe pronunciamiento alguno por devenir abstracto su cuestionamiento; y porque además no se ha planteado ni debatido en la presente causa que la demandante haya padecido algún agravio concreto derivado de la aplicación efectiva de las mencionadas normas (del voto del Dr. Carranza).
Nulidad procesal, oportunidad procesal
Materia: Procesal Penal
Carátula: M., J. A. s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1991-07-18

Es equivocada la posición del defensor oficial dirigida a justificar su inactividad sanatoria de la nulidad por caducidad, si se considera que a la primera oportunidad brindada por el ordenamiento adjetivo para el examen de las actuaciones que precedieron la etapa del juicio, esto es, la que corresponde al tribunal de grado se le aduna la que incumbe a las partes durante la "citación a juicio", término que había fenecido a los fines pretendidos, sin que en ley corresponda prórroga alguna hasta los actos preliminares del debate porque, en definitiva, este estadio tolera únicamente, las decisiones que versen acerca de las cuestiones previstas en el art. 335 entre las que se encuentran los planteos de nulidad producidas en los actos preliminares del juicio y no las producidas durante la instrucción.
Municipalidad, Poder Ejecutivo Municipal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Arbilla, Norma Beatriz -Presidente del H. Concejo Deliberante dela ciudad de Esquel s/ Conflicto de Poderes
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-10-28

Atenta la Ley Orgánica de Municipalidades -n° 3098- el poder- deber de representar al Municipio en las relaciones con la Provincia, con otras entidades o personas, y ante los Tribunales en defensa de los derechos o acciones que corresponden a la Corporación Municipal, ha sido confiado -art. 74 inc. 4- al Departamento Ejecutivo.
Presunción de contrato de trabajo, locación de servicios, cuidador de enfermos, enfermeros
Materia: LABORAL
Carátula: "Gutiérrez,  María  Luisa c/ Casabal  Amalia  y  otros s/ despido"
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-10-19

Encontrándose rebelde la demandada en los términos del art. 71 de la L.O., ante una reclamación judicial de una persona dedicada al cuidado de un enfermo en el domicilio de éste, y ante la inexistencia de elementos en la causa que lleven a pensar que los servicios en cuestión hayan correspondido a un contrato civil, corresponde aplicar la presunción prevista en el art. 23 de la L.C.T., en especial teniendo en cuenta el pago de retribuciones mensuales, el carácter personal de los servicios, así como su extensión y periodicidad son propios de un contrato de trabajo. (Del voto en minoría del Dr. Guibourg).
Desistimiento tácito de la acción, asistencia del querellante
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: G. A. M. c/  s/ querella por calumnias e injurias
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2018-08-30

La ausencia del particular ofendido (querellante) es lo que sanciona la ley... "Se tendrá por desistida la acción privada cuando... 2) El querellante o su mandatario no concurrieren a la audiencia de conciliación o del debate, sin justa causa...". En tal caso, se debió proceder conforme lo dispuesto en el artículo 95 del ritual, suspender la audiencia e intimar al querellante a designar nuevo patrocinio letrado.
Defensa en juicio, nulidad procesal
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: Fernández Calzadilla, J. s/ Defensa
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-05-29

Se viola la defensa en juicio, si frente a la gravedad de los hechos imputados y la posición que asumiera el encausado, la defensa ni siquiera valora la rectificación que de su primigenio reconocimiento de culpabilidad hiciera el procesado, sino que lejos de apoyar su negativa la contravierte con pruebas de cargo.

En materia criminal, donde estan en juego los derechos esenciales de la libertad y honor, deben extremarse los recaudos que garanticen plenamente el ejercicio del derecho de defensa, por lo que su presentación formal no puede considerarse como su efectivo ejercicio correspondiendo su anulación (art. 509 del C.P.M.P.).
Multa penal, recursos económicos del imputado, penas conjuntas
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Estigarribia, Cirilo y otros s/ Recurso de casación. Causa: 1919
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-10

La regla contenida en el artículo 21 del Código Penal, relativa a la situación económica del penado es válida sólo para la multa complementaria (art. 22 bis del C.P.) pues dicha multa, está sometida al régimen general de los arts. 21 y 22 del Código Penal. (voto del Dr. Fégoli)
Defensa, escritos judiciales, nulidad procesal, escrito breve
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: Fernández Calzadilla, J. s/ Defensa
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-05-29

Si el escrito de defensa en su precaria brevedad no omitió incorporar aquellos aspectos fundamentales que hacen a la culpabilidad y encuadre legal de los hechos atribuidos al procesado, siendo estos debidamente valorados en la sentencia, debe tenerse por válido el escueto escrito, máxime tratándose de una causa de casi diez años de tramitación, evitando así que un recaudo formal superable, vuelva la causa a estados ya precluidos con grave perjuicio para el justiciable.
Robo seguido de homicidio, homicidio criminis causa
Materia: PENAL
Carátula: BRACCHI, E. s/ ROBO. HOMICIDIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-10-10

Configura el delito de robo agravado por homicidio (art. 165 CP) y no el de homicidio 'criminis causae', la conducta del procesado que estando consumando un asalto y al disparársele el arma que portaba y verse herido, efectuó varios disparos con los que mató a una persona e hirió a otra e inclusive a su coprocesado; pues los hechos delictuosos contra las personas no tuvieron la necesaria conexidad ideológica final con el delito de robo que ambos procesados habían comenzado a perpetrar.

La súbita letal agresividad del procesado no guardó una relación subjetiva con el robo significativa de conexión para prepararlo, facilitarlo, consumarlo, ocultarlo, ni mucho menos asegurar los resultados del robo o procurar la impunidad del mismo.
Carrera docente, facultades discrecionales, control de razonabilidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GABRIEL DARIO ARENZON c/ ESTADO  NACIONAL  ARGENTINO (MRIO. DE EDUCACION) - DIRECCIONNACIONAL DE SANIDADESCOLAR. s/ AMPARO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-05-15

La circunstancia de que el recurrente, al negarle al actor el certificado de aptitud psicofísica para ingresar en el Instituto Nacional Superior del Profesorado, en razón de no reunir el requisito de altura mínima, obrase en ejercicio de facultades discrecionales en manera alguna puede constituir un justificativo a su conducta arbitraria, pues es precisamente la razonabilidad con que se ejercen tales facultades el principio que otorga validez a los actos de los órganos del Estado y que permite a los jueces, ante planteos concretos de la parte interesada, verificar el cumplimiento de dicho presupuesto.
Quiebra, competencia, fuero de atracción, fallido
Materia: PROCESAL
Carátula: Morini, Hugo y otros c/ Banco Unión Com. Ind. Coop. Ltda. y otros s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Demanda   ordinaria (Expte. CSJ Nº 553-99)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-03-08

Tratándose de litisconsorcio necesario, la obligación de proseguir la acción ante el juez de la quiebra es tal que la propia norma (artículo 133, ley 24522, segundo párrafo) prevé la comisión a profesional de extraña jurisdicción con dicha misión, para ejercitar la atracción.
Daños y perjuicios, propiedad horizontal, consorcio de propietarios, responsabilidad del consorcio, filtraciones de humedad
Materia: CIVIL
Carátula: LOZAMO DE BASILICO NELIDA. c/ GRACI GARAT H. C. GOTRO. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-08-18

No asiste razón al consorcio codemandado que intenta transferir la responsabilidad que le compete por los daños causados en la finca vecina por filtraciones, al litisconsorte pasivo aduciendo que los daños fueron provocados por elementos situados en la unidad de vivienda de este último.

El asunto debe emplazarse en el riesgo que informa el art. 1113, párrafo segundo, supuesto segundo, del Código Civil, y probado el origen del daño no es factible imponer a la víctima la necesidad de investigar lo concerniente a la titularidad de los artefactos dañosos, cuestión que, en todo caso, quedará para dirimir en las potenciales pretensiones regresivas -o recursorias-. Si el perito y las restantes constancias de autos no aclaran nada en torno a la propiedad de las cosas nocivas, aunque esos objetos estuvieren ubicados a la altura del departamento del codemandado propietario de la unidad, ello no excluye que la titularidad pudiera - conjeturalmente- recaer en cabeza de éste o del Consorcio, al margen de que, en cualquier supuesto, se estaría en presencia de una guarda compartida.
Recusación, excusación
Materia: PROCESAL
Carátula: T., V.A. y otra s/ Beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-05-22

Un análisis aceptable del art.30 no puede dejar de advertir que existen en ella dos ámbitos bien diferenciados, hasta por verbos diferentes.: 1) "todo juez que se hallare comprendido en alguna de las causales de recusación mencionadas en el art. 17 deberá excusarse"; y 2) "asimismo podrá hacerlo cuando existan otras causas que le impongan abstenerse de conocer en el juicio, fundadas en motivos graves de decoro o delicadeza...".

De tal modo, en el primer segmento el juez "deberá" excusarse, cuando se encuentre dentro de alguna de las causales del art. 17, las que se interpretan restrictivamente por ser supuestos taxativamente elencados por el legislador procesal.

Pero en el segundo supuesto, la autoseparación es una facultad o, al menos, un derecho-deber del juez (marcado con claridad por el verbo "podrá"), por lo que no cabe que sea este derecho-deber apreciado con idéntico rigor o estrictez que los supuestos encuadrables en la otra categoría.
Poder de policía, poder de policía municipal, facultades de la Municipalidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cadegua Sociedad Anónima c/ Municipalidad de Junín. Tercero: Sociedad Belgrano para la Protección de la Niñez s/ Demanda contencioso administrativa Tercero: Sociedad Belgrano para la Protección de la Niñez s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-03-21

El poder de policía -o norma de policía- encierra una medida coactiva con arreglo a derecho para que el particular ajuste su actividad a un fin de utilidad pública, en tanto la policía es la puesta en práctica de tal limitación de la actividad privada (intervención administrativa que afecta la libertad). Actividad de limitación de derechos o imposición de obligaciones, traducida en poderes jurídicos que el ordenamiento atribuye al Estado, a fin de hacer compatibles los derechos particulares con el bien común. En ese contexto las facultades de los municipios se hallan determinadas no sólo por el constituyente sino también por el legislador, pudiendo serles atribuidas en forma exclusiva o en concurrencia con otros entes territoriales o servicios estatales, como propias o delegadas por el Estado provincial.
Representación procesal, nulidad del acto jurídico
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PELLENE DE ABDALA MARIA; MONTOYA DE ACHAVAL MERCEDES T. Y OTROS c/ I.O.S.E.P.(INSTITUTO DE OBRA SACIAL PARA EL EMPLEADO PUBLICO) s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION(PAGO DE  DIFERENCIAS SALARIALES)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-09-03

La presentación de poderes con posterioridad al vencimiento no es suficiente para purgar el vicio, más aún cuando la nulidad no ha sido admitida por la contraria, cono sucede cuando la demandada expresamente formula el planteamiento que motiva el recurso de casación.La nulidad del art. 48 C.P.C.C., por tratarse de nulidad que emerge de la ley, opera por el sólo vencimiento del plazo perentorio que ella establece, siendo innecesaria la resolución judicial reiterativa para que se haga efectiva; la justificación de la personería efectuada con posterioridad a esa fecha no es suficiente para purgarla.
Consumidores, plan de ahorro previo, deber de información
Materia: CIVIL
Carátula: Larrivey, Juan Carlos c/ Volkswagen S.A. de ahorro para fines determinados y otro s/ sumarísimo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2018-09-26

El deber de información del proveedor que regula el art. 4 LDC comprende en las convenciones complejas de los planes de ahorro un deber de "aconsejar", de mas densidad que el primero, y que implica, una asistencia en las distintas etapas de la vida de este contrato, particularizado por la despersonalización y profesionalización de la parte empresaria organizadora del plan, generalmente geográficamente distante del consumidor.
Medidas cautelares, violencia de género, daños y perjuicios, cobertura médica
Materia: CIVIL-LABORAL
Carátula: F. P.G. C. c/ FULLRAPID S.A. Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2015-04-20

En el marco de una acción de daños y perjuicios interpuesta por una mujer contra su empleador por ser despedida luego de contraer una grave enfermedad- cáncer-, corresponde ordenar cautelarmente al empleador que continúe abonando la obra social de la accionante durante el tratamiento de la patología, ya que, surge de la ley 26.485 el deber de dar protección inmediata a la víctima de violencia de género y el planteo encuentra sustento en lo prescripto por el art. 32 del CPL de Mendoza que expresa que el magistrado según el mérito que arrojen los autos, podrá decretar que el demandado facilite gratuitamente la asistencia médica y farmacéutica autorizada por ley.
Deberes del juez, principios procesales, facultades de saneamiento
Materia: PROCESAL
Carátula: Bertolino, Marcelo Fernando c/ Sur Turismo SA s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-12-10

El artículo 34, inc. 5°, ap. "b", del Código Procesal, establece como deberes de los jueces el de dirigir el procedimiento dentro de los límites expresamente previstos por la ley ritual, debiendo los mismos disponer de oficio toda diligencia que fuere necesaria para evitar nulidades. Dicho inciso sienta como deberes del juez mantener la vigencia de una serie de principios procesales, dentro de los cuales se encuentra el de saneamiento con el fin de que sean examinados actos procesales antes de darles trámite para evitar la nulidad por eventuales defectos de forma.
Suspensión del juicio a prueba, multa
Materia: PENAL
Carátula: Cragnolino, Niveo A. y Baudino, Héctor R. s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-05-15

Corresponde denegar el beneficio si el delito que se atribuye es sancionado con una pena pecuniaria conjunta a la de prisión y no es abonado su mínimo en forma previa. (Dres. Rodríguez Basavilbaso, Fégoli, Madueño).
Cheque, defraudación, abuso de firma en blanco
Materia: PENAL
Carátula: GENESTAR JOSE CLAUDIO s/ CHEQUE - DEFRAUDACION - ABUSO DE FIRMA EN BLANCO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1982-04-28

Al no considerar cheque el documento por falta de fecha, no se deja margen para un diferencia conflictiva entre los arts. 302 y 175 inc. 4to. C.P. En el art. 302 del C.P. los ilícitos consisten en entregar, librar, etc. un cheque; en el otro las ilicitudes comprenden cheques o giros desnaturalizados (de fecha posterior o en blanco) además resulta explicable que el art. 175 inc. 4to. admita el cheque con fecha en blanco porque adecuadamente complementado también puede utilizarse como título confeccionado íntegramente ab initio para cometer la defraudación castigada por ese precepto.