Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-09-14


SENTENCIA DEFINITIVA N° 96.556 CAUSA N° 28.744 / 2010 SALA IV "CANDIA GUSTAVO JAVIER C/ BLANCO ISABEL Y OTRO S/ DESPIDO" JUZGADO N° 21.

En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 14 DE SEPTIEMBRE DE 2012, reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el recurso interpuesto contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación:

La doctora Graciela Elena Marino dijo:

I. Contra la sentencia de fs. 378/381, se alza la parte actora a fs. 389/394, con réplica de su contraria Isabel Blanco a fs. 397/398, quien apeló la regulación de honorarios (v. fs. 386/387 y lo resuelto a fs. 388).

II. El actor critica la valoración de la prueba efectuada en el decisorio de grado anterior, en razón de la cual se concluyó que no logró acreditar: a) la fecha de ingreso alegada al inicio, y la irregularidad registral existente sobre este dato; b) la percepción de un salario inferior a la categoría profesional que revestía según las tareas desarrolladas; c) la prestación de servicios en tiempo extraordinario; d) la existencia de un vínculo laboral con el coaccionado Gabriel Esteban Hasan Blanco; e) la aplicación al caso de las previsiones de la ley 24.013 (arts. 9, 10, y 15) y de lo normado por el art. 2 de la ley 25.323; f) que la empleadora hubiese incumplido lo normado por los arts. 2.a) y 5 del CCT Nº 370/75 aplicable en el sub exámine; y g) el pago parcial del salario de febrero/2010.

Al respecto, se agravia porque el sentenciante:

a)	descalificó los testimonios propuestos por su parte por carecer de valor probatorio, pues no eran categóricos, amplios y sinceros sobre los aspectos controvertidos;

b)	soslayó la falta de exhibición al perito contador de la documentación laboral pertinente, circunstancia que tornó operativa la presunción que establece el art. 55 de la LCT; como así también del registro correspondiente al servicio prestado en horario extraordinario, de acuerdo con las normas de derecho internacional y nacional que cita en aval a su postura; por lo que considera que frente al incumplimiento de la empleadora de presentarlo en autos, debía aplicarse la presunción que establece el art. 388 del CPCC, invirtiéndose la carga de la prueba (art. 9 y cctes. LCT);

c)	omitió ponderar con relación al intercambio telegráfico habido entre las partes, el carácter de instrumento público que revisten las cartas documentos que no fueron redarguidas de falsedad, corroboradas por la prueba informativa, y que, ante el desconocimiento formulado por los coaccionados al contestar demanda, de acuerdo con la carga dinámica de la prueba, a ellos les incumbía "probar que el contenido del envío y la recepción de los telegramas no son ciertos"; en tanto de su lectura surge que el coaccionado Gabriel E. H. Blanco no desconoció la existencia de una relación laboral entre él y su parte; y d)	no tuvo en cuenta la totalidad de la prueba producida en autos, apartándose de lo normado por los arts. 9 y 11 de la LCT, puesto que las declaraciones de Luque, Pagni, Cabrera y Gamarra son coincidentes en cuanto a la prestación de servicios del demandante, de lunes a sábados, en el predio que explotaba la demandada, a la vez que el primero de ellos identificó al coaccionado Gabriel E. H. Blanco como la persona que les impartía las órdenes de trabajo, configurando ello en la práctica el ejercicio de facultades que le competen al empleador (art. 26 LCT).

Concluye que "la diversidad de testimonios son (sic) una medida para analizar las presunciones favorables que no han sido rebatidas por las demandadas", y que la interpretación parcializada que le adjudica al sentenciante configura una arbitrariedad que descalifica la sentencia recurrida, por lo que solicita que ésta se revoque en cuanto desconoce su derecho a reclamar a sus empleadores por los rubros que constituyen el objeto del presente litigio.

III. El magistrado de grado anterior sostuvo que la ruptura del vínculo se produjo por decisión del trabajador, comunicada a la contraria el 12/3/2010, con sustento en: a) la irregularidad en el registro del contrato de trabajo (fecha de ingreso, salario, y categoría laboral); b) la negativa a abonar un salario superior en razón del encuadramiento convencional pretendido; y c) la omisión de pago de las horas extraordinarias; extremos que permanecen firmes en esta alzada (art. 116 LO).

Sentado ello, no comparto el criterio expuesto por aquél en cuanto consideró que la prueba rendida en autos no avaló la postura esgrimida por el trabajador.

1. En efecto, observo ante todo que, frente al relato de los hechos concretos en la demanda referentes a las condiciones en que se habría desarrollado la prestación de servicios del actor a favor de los coaccionados (fecha de ingreso, tareas desarrolladas, días y horarios de labor, categoría profesional asignada y pretendida, y remuneración percibida), la demandada Isabel Blanco de Rodríguez se limitó a negar categóricamente cada una de las afirmaciones allí vertidas, pero no alegó los correspondientes como fundamento de su defensa, incumpliendo de tal modo la carga procesal que le incumbía en los términos del art. 71 LO. Este dispositivo legal expresamente exige que la contestación de demanda se ajuste a "lo dispuesto por el art. 65 de esta ley y en el art. 356 del Cód. Proc. Civil y Com.", por lo que deviene indispensable que el demandado explique los antecedentes fácticos necesarios de la relación jurídica acorde a la postura esgrimida, extremo que no se advierte satisfecho en el escrito de responde de aquélla. Destaco que no puede válidamente desconocerse la trascendencia que éste reviste, pues completa la relación procesal y fija el alcance de la controversia sobre la cual debe expedirse el juez (cfr. art. 34, inc. 4 y 163 inc. 6 del CPCC) la que no puede luego ser alterada por los litigantes, o por la evidencia que surja de la prueba, sin vulnerar los principios de congruencia, debido proceso e igualdad procesal. Análoga conclusión cabe aplicar con relación al coaccionado Gabriel Esteban Hasan Blanco, quien sin perjuicio de oponer la defensa de falta de legitimación pasiva por rechazar el carácter de empleador que le adjudicó el demandante (v. capitulo II de la presentación glosada a fs. 102/103) adhirió a los términos de la contestación de demanda efectuada por la Sra. Isabel Blanco.

La omisión apuntada resulta relevante, pues la negativa genérica y particular de los hechos expuestos al inicio no satisface el requisito legal aludido, toda vez que aquélla no puede configurarse en una simple fórmula sino que debe sustentarse en alguna razón que la justifique. "La negación debe ser fundada, sea mediante la alegación de un hecho contrario o incompatible con el afirmado por el actor, o a través de algún argumento relativo a la inverosimilitud de ese hecho" .

De esta manera, la respuesta evasiva de los coaccionados podría estimarse -en principio- "como reconocimiento de la verdad de los hechos pertinentes y lícitos a que se refieran", por lo que cabría presumir por ciertos la fecha de ingreso invocada (18/12/2006), los días y horarios de labor (miércoles y sábados de 8 a 14 y de 20 a 6 hs., lunes, martes, y viernes de 8 a 18 hs.), y las tareas de seguridad y de mantenimiento desarrolladas en el predio que explota la coaccionada Blanco.

2. A ello cabe agregar que la falta de exhibición del registro laboral que establece el art. 52 de la LCT (v. fs. 295/297) tornó aplicable al caso la presunción que establece el art. 55 de la LCT a favor de las afirmaciones efectuadas por el trabajador referentes a los datos que debían consignarse por la empleadora, circunstancia que produjo el desplazamiento del onus probandi, de modo que era la parte demandada quien tenía la carga de desvirtuar los datos alegados por el trabajador, tarea en la que no ha tenido éxito.

Digo esto porque no comparto la valoración que efectuó el magistrado en el decisorio de grado sobre las declaraciones de Cabrera (fs. 268) y Gamarra (fs. 273/274). Merece puntualizarse que en la apreciación de la prueba testifical, lo relevante es el grado de credibilidad de los dichos, a cuyo fin, el sentenciante debe valorar las condiciones personales del declarante, la razón de sus dichos, la existencia o ausencia de interés en el asunto; es decir, todos los elementos subjetivos que puedan restar fuerza de convicción a aquéllos. También debo agregar que no sólo cabe atribuir validez a una declaración testimonial cuando ella se fundamente únicamente en la percepción directa del hecho por parte de quien declara, en tanto nada impide que el testigo relate o complete la información requerida con las propias impresiones recibidas, o las deducciones subjetivas que extraiga, o inclusive por el relato que terceros le hayan efectuado; hechos que, como cualquier otro, se encuentran sujetos a la apreciación del juez. Por ello, el testimonio debe ser analizado en forma global, integrando las diversas respuestas brindadas en el interrogatorio al que se sometió el testigo, que constituye la única forma de extraer verdaderamente el contenido de aquél, y apreciar, en consecuencia, su validez de acuerdo a las reglas de la sana crítica.

Desde esta perspectiva, si bien Gamarra admitió tener un vínculo familiar con el actor ("tiene un hijo común con la hija de la dicente, que es la suegra de la dicente" -sic-), circunstancia que impone valorar sus dichos con mayor rigor (cfr. 441 CPCC) ello no descalifica por sí solo la evidencia que emana de su relato, puesto que presenció el cumplimiento de tareas del demandante en el predio "Atlántida" que explota la demandada Isabel Blanco, en las condiciones que señaló a partir del año 2006, puesto que ella también se desempeñó allí en un puesto de la feria desde el 2005/2006 hasta el 2008. A su vez, ello resultó corroborado por la declaración de Cabrera, quien trabajó con Gamarra en el mismo puesto de feria en período 2005/2006 durante el transcurso de un año y medio. No soslayo la imprecisión de ambas testigos en ciertos aspectos de la relación, tales como horario de trabajo o salario percibido por el demandante, pero ello no quita convicción a los testimonios en cuanto acreditan el cumplimiento de tareas de vigilancia y mantenimiento por parte del trabajador en fecha anterior (a partir del 2006) a la admitida (1/2/08) por la demandada citada previamente, quien no desconoció su carácter de empleadora (cfr. art. 26 LCT). Por otra parte, los testigos Luque (fs. 257/258), Pagni (fs. 266/267), Chávez (fs. 269/270) y Manes (fs. 271) evidencian una parcialidad favorable manifiesta a la postura de la demandada, que impide otorgar a sus declaraciones eficacia probatoria sobre el aspecto en debate (cfr. arts. 386 y 456 CPCC y 90 LO). En efecto, Luque identificó a la Sra. Isabel Blanco como su "patrona", dado que se desempeña en el balneario "Atlántida" aproximadamente desde hace 14/15 años a la fecha de rendir declaración, y manifestó conocer al actor a principios del 2008 cuando se presentó como empleado y le requirió los elementos de limpieza, lo que resulta llamativo porque generalmente es el empleador quien presenta a los nuevos obreros frente a los demás operarios. Luego refirió que Candia trabajaba "en el mismo horario en que entraba a trabajar el testigo", de lunes a sábados de 8 a 16 hs., no obstante lo cual afirmó que "el actor trabajaba de lunes a sábados, que lo sabe porque siempre salía con el testigo en el horario que salía, que el actor tenía el horario de 7 a 15 hs., que lo sabe porque entraba una hora más temprano porque la limpieza era más necesario que otras cosas y entonces sabe que hacía ese horario, que lo sabe porque trabaja ahí con el testigo y porque muchas veces el actor pidió entrar una hora más temprano porque se le hacia difícil limpiar todo". La razón de los dichos del dicente restan convicción a su relato, puesto que: a) no se advierte motivo valedero alguno que justifique que un empleado aguarde una hora después de su horario de egreso para retirarse de su trabajo, lo que me persuade en su caso de que el horario de salida de Candia era a las 16 hs. de lunes a sábados; b) habitualmente es el empleador y no el operario quien fija la jornada según las necesidades de la actividad, pues no puede desconocerse que la prestación de servicios genera el consecuente pago de la contraprestación; y c) no sabe a quien le pidió permiso el actor para ingresar a las 7 hs., por lo que esta afirmación carece de asidero. El testigo también sostuvo que "el actor percibía en aquel tiempo $1600 aproximadamente, que lo sabe porque en varias ocasiones el actor le mostró al testigo cuánto cobraba, quiere decir cuando recibía el dinero, que esto fue durante el 2008 en adelante hasta enero o febrero de 2010", circunstancia que reputo al menos dudosa, puesto que no es común que un trabajador muestre el dinero que cobra a su nuevo compañero de trabajo desde el inicio de la relación, además de que el importe no se condice con el consignado en los recibos de haberes adjuntados a la causa (v. fs. 124/156); en tanto no escapa a mi análisis que de la declaración en estudio no surge que hubiese visto los recibos de haberes. Tampoco soslayo el hecho de que, según Luque, el demandado Gabriel Esteban Hasan Blanco "supervisa el balneario Atlántida desde el año 1996 y el año 1997", aunque en las copias de los recibos de haberes adjuntados por aquél al contestar demanda (v. fs. 99/101) en sustento de la defensa de falta de legitimación pasiva, se consigna como fecha de ingreso el "01/09/2001" y la categoría laboral "ob. Gral.", extremos que no se condicen en modo alguno con las condiciones referidas por el dicente, demostrándose así la irregularidad registral de la demandada Isabel Blanco con relación al coaccionado citado.

A su turno, Pagni sostuvo que alquila un local en el predio Atlántida desde el 2007 aproximadamente, y que "conocía al actor como "el correntino", que le decían así, que se enteró que se llama CANDIA, que se enteró cuando apareció todo este problema legal que le dijeron que se llamaba CANDIA, que esto se lo dijo, las partes le dijeron que están presentes el abogado y la demandada, que le dijo que el actor tuvo un problema legal y le pidieron al dicente que diga qué ocupaciones tenía el actor (.) que el testigo se acuerde conoce al actor desde el año 2008 (.) que no sabría decir con qué frecuencia el dicente iba a la tarde ni a la mañana porque es si al cliente se le ocurría ir a la tarde el dicente iba a la tarde y si el cliente quiere ir a la mañana el dicente iba de mañana, que es un trato comercial, el dicente comercializa ropa (.) que el testigo sabe que las directivas del predio las da la Sra. Blanco y es la encargada y la dueña, que lo sabe porque más de una vez le hizo saber al dicente que era la dueña, por que lo levantó en peso al testigo por alguna cosa que hizo el testigo y supone que es la que manda. Que lo levantó en peso al testigo porque el dicente no ha cumplido bien los horarios o no ha cumplido algo en su lugar de trabajo y le ha llamado la atención al testigo". Destaco que el dicente es deudor de la demandada Blanco, por lo que resulta comprendido por las generales de la ley, y que identificó al actor por comentarios de ésta; en tanto no resulta creíble que explote el puesto de feria en el predio aludido según los horarios a convenir con los futuros eventuales clientes, pues tratándose de venta de ropa, lo normal y habitual es que aquél tenga un determinado horario de apertura y cierre. Pero lo más llamativo es que si el dicente es locatario de la demandada Blanco, no se justifica en modo alguno que ésta le llame la atención por el horario cumplido, cuestión que obedece más a una relación subordinada.

Algo similar ocurre con la declaración de Chávez, empleada doméstica de la demandada Blanco desde 1999 en su domicilio particular, quien "hace 12 años que trabaja en el natatorio Atlántida mencionado". La testigo refirió que ella trabaja todos los días de 10 a 18 hs., mientras que el actor lo hacía de lunes a viernes de 7 a 15 hs. y sábados mediodías extremos que no fueron alegados al contestar demanda; y "que lo sabe porque lo veía al actor a veces y se cruzaban y se saludaban", circunstancia que no justifica en modo alguno la precisión del horario que le adjudicó al demandante. Agregó que suponía que el actor cobraba aproximadamente $1500, "que lo sabe porque estaba más o menos en el mismo nivel de lo que cobraba por mes, pero la testigo tenía más años de antigüedad", importe que no sólo no coincide con el consignado en los recibos de haberes, que resulta superior, sino que además, carece de asidero frente a la divergencia de tareas prestadas por la dicente y el demandante. De igual modo, la testigo sostuvo que "sabe que al actor le pagaba el sueldo la sra. Blanco, que lo sabe porque ella le daba la plata al sr. Gabriel Blanco para que lo depositara en el banco, que lo sabe porque también la testigo cobra con lo que ella depositaba, que lo sabe porque la sra. Isabel Blanco es la patrona de "nosotros" y la que lo tomó como empleado al actor, que lo sabe porque estaba ahí cuando el actor presentó los papeles (el "cuil" y todo aquello que te piden para ponerte en blanco), que fueron los primeros días de febrero de 2008, que aclara que sabía que el actor presentó los papeles pero no es que la dicente estaba presente en realidad, que lo sabe porque le comentó Isabel Blanco, porque la dicente le preguntó quién era porque cuando la testigo volvió de sus vacaciones el actor estaba hace dos o tres días trabajando y la sra. Isabel Blanco le comentó a la testigo que lo iban a tomar en blanco al actor". Lo expuesto revela que la testigo quiere aparecer informada de aspectos sobre los cuales no tomó conocimiento por sus sentidos sino por comentarios de la propia demandada Isabel Blanco, en tanto destaco que la presentación de la documentación necesaria para el registro del contrato de trabajo no obsta a la prestación de servicios del demandante en fecha anterior.

Finalmente Manes (fs. 271) admitió ser el gestor de la demandada citada desde el año 1999, y declaró que el coaccionado Gabriel Esteban Hasan Blanco es empleado de Isabel Blanco "porque lo ha visto trabajando en el lugar, que lo vio que estaba en la feria como empleado" aunque no sabía desde cuando; no obstante lo cual sí recordó que "lo empezó a ver en el año 2008 al actor trabajando en el Atlántida"; y "que la sra. Isabel Blanco le daba órdenes de trabajo al actor, que lo sabe porque es la jefa, porque es la que le dio siempre al testigo las habilitaciones y órdenes de trabajo", lo que revela que es una mera suposición del testigo porque nunca presenció quién en su caso le impartía órdenes de trabajo al demandante. Nótese que pese a su antigüedad en el empleo como gestor, carácter en razón del cual realiza todos los trámites de la demandada Blanco, desconoce la cantidad de empleados a sus órdenes en el predio en cuestión, o si se llevaron a cabo refacciones o modificaciones en éste, lo que revela una palmaria memoria selectiva del dicente con relación al actor en aval a la postura de aquélla, mostrándose reticente a declarar sobre aspectos que podrían resultar desfavorables a su empleadora.

En síntesis, las contradicciones, ambigüedades, y parcialidades descriptas previamente, impiden otorgar eficacia probatoria (cfr. arts. 386 y 456 CPCC y 90 LO) a las declaraciones de Luque, Pagni, Chávez y Manes, quienes resultan todos ellos comprendidos por las generales de la ley conforme los motivos indicados (art. 441 CPCC); en tanto la falta de inscripción del contrato de trabajo (cfr. arts. 7 y 18 LNE, 52 y 55 LCT) sumado a la prestación de servicios en fecha anterior a la reconocida por la empleadora al contestar demanda, que resultó acreditada por los testimonios de Gamarra y Cabrera, me persuaden de que efectivamente el actor ingresó a trabajar a órdenes de Isabel Blanco el 18/12/2006.

3. Conforme reiterada y pacífica jurisprudencia de esta Cámara, cuando son varias las causales invocadas en la notificación del despido, la acreditación de alguna de ellas, que tenga bastante virtualidad o entidad como injuria, es suficiente para justificar la rescisión del vínculo y admitir el reclamo indemnizatorio pertinente (CNAT, Sala IV, "Aibe, Luis c/ San Jorge Soc. de hecho y otros s/ despido"; íd. S.D. 94.478 del 28.12.2009, "Candeleri, Paula Inés c/ Nicart S.A. s/ despido"; Sala VII, S.D. 39.827 del 28.12.2006, "Bruno, Aída Isabel c/ Siembra AFJP S.A. s/ despido"; íd. Sala VIII, 25.3.1988, "Salamanca, Nélida Josefina c/Numen S.A. Educacional s/ despido"; íd. Sala X, S.D. 14.269 del 24.4.2006, "Beltrame, María del Carmen c/ Martín y Cía. S.A. s/ despido", entre otros).

En orden a ello, cabe señalar que la inscripción defectuosa del contrato de trabajo al consignar una fecha de ingreso posterior a la real configura una injuria de entidad tal que impide la prosecución del vínculo laboral (art. 242 LCT). Ello es así, pues no puede válidamente desconocerse que la omisión apuntada perjudica al trabajador al no computarse la totalidad de los períodos laborados que hacen a la antigüedad en el empleo con los pertinentes derechos que se suscitan en su relación (art. 18 y cctes. LCT); y por los cuales el empleador se sustrajo del cumplimiento de las obligaciones correspondientes al sistema de la seguridad social. Al respecto, del intercambio telegráfico transcripto en la demanda, obrante a fs. 114/123, cuya autenticidad resultó corroborada en autos por la prueba informativa glosada a fs. 213/223; surge que el 9/3/2010 el actor intimó a su empleadora -entre otras cosas- a registrar el contrato de trabajo conforme los datos allí denunciados (fecha de ingreso, horario, categoría y remuneración, v. fs. 114 y 118), a lo que aquélla contestó con una cerrada negativa que evidenció su renuencia a modificar la inscripción (v. fs. 216); sin perjuicio de destacar que, en realidad, ni siquiera acreditó la existencia de registro alguno, de acuerdo con lo normado por los arts. 7 y 18 de la LNE.

Por ello, sugiero admitir la queja del recurrente en torno al reclamo indemnizatorio, toda vez que la extinción del vínculo decidida por su parte con sustento en la negativa del empleador a modificar el registro defectuoso de la fecha de ingreso, configuró injuria en los términos del art. 242 de la LCT. En consecuencia, el demandante resulta acreedor al pago de las indemnizaciones previstas en los arts. 232, 233 y 245 de la LCT, con la incidencia del SAC sobre las que corresponde. Considero que las argumentaciones vertidas previamente brindan adecuado sustento al pronunciamiento, razón por la que se omite el análisis de las restantes cuestiones introducidas por el apelante, en tanto resultan inconducentes para la solución del litigio, debiendo destacarse que el embate recursivo referente a las horas extraordinarias resulta inoficioso, frente a la ausencia de reclamo puntual por dicho concepto (v. liquidación practicada en el capítulo V de demanda). En tal sentido, la CSJN ha señalado que "los jueces no están obligados a seguir y decidir todas las alegaciones de las partes, sino sólo a tomar en cuenta lo que estiman pertinente para la correcta solución del litigio" (cfr. fallo del 30/4/71, en autos "Toloza Juan C. C/ Cía. Argentina de Televisión SA", publ. En La Ley, Tomo 155 pág. 750 nro. 385c).

IV. Obsta a la procedencia de las indemnizaciones pretendidas con sustento en los arts. 9 y 10 de la ley 24.013, la ausencia total de registro del contrato de trabajo, presupuesto fáctico que corresponde a la hipótesis que regula el art. 8 del cuerpo legal citado, distinta de los supuestos previstos en aquéllos, y que no ha sido reclamada en autos, y consecuentemente, también impone el rechazo de la indemnización prevista por el art. 15 de la LNE.

No obstante ello, el trabajador reclamó subsidiariamente el incremento indemnizatorio que establece el art. 1º de la ley 25.323 (v. capítulo V. último párrafo a fs. 11 vta.), pretensión a la que haré lugar, toda vez que a la fecha en que se produjo la extinción del vínculo, la relación laboral no se hallaba registrada.

V. De igual modo, también habrá de prosperar la queja por el pago del incremento indemnizatorio previsto en el art. 2 de la ley 25.323, toda vez que el actor cursó la intimación en procura del pago de las indemnizaciones que por derecho le correspondían (v. colacionado del 18/3/2010, a fs. 120, 219 y 223), y ante el resultado infructuoso de aquélla, debió recurrir a la instancia administrativa pertinente (SECLO), y luego a la judicial para obtener la satisfacción de su crédito, lo que torna aplicable en la especie lo normado por dicho dispositivo legal.

VI. A fin de practicar la liquidación de los rubros favorablemente admitidos en esta instancia, se tomará el importe salarial determinado en el informe pericial contable (fs. 293/297, $2.075,67 cfr. respuesta al punto 6) aspecto que permanece firme en esta alzada (art. 116 LO).

Antes de continuar, destaco que en el memorial recursivo en estudio no existe crítica concreta y razonada (cfr. art. 116 LO) con relación a los restantes rubros que configuraron objeto de reclamo en las presentes actuaciones, tanto los que fueron admitidos como los que fueron desestimados en el decisorio de grado anterior, por lo que no corresponde a esta alzada expedirse sobre aquéllos (cfr. arts. 34 inc. 4, 163 inc. 6 y 277 del CPCC).

De esta manera, la presente acción prospera por los siguientes conceptos y montos: 1) Indemnización art. 245 LCT (4 períodos): $8.302,68; 2) Indemnización art. 232 LCT c/SAC: $2.248,64; 3) indemnización art. 233 LCT c/SAC (dde. 12 al 31/3/2010: 19 días): $1.378, 19; 4) Art. 1 ley 25.323: $8.302,68; 5) Art. 2 ley 25.323: $5.964,75; 6) Salario febrero 2010: $415,13; 7) SAC proporcional: $ 437,88; 8) Vacaciones proporcionales: $249,08; 9) SAC s/vacaciones proporcionales: $20,75; y 10) Multa art. 80 LCT: $6.227,01. Ello arroja la suma total de $33.546,79, que deberá abonarse en el plazo, modo y con los intereses dispuestos en la instancia de grado anterior, extremos que permanecen firmes en esta alzada (art. 116 LO). VII. Sentado ello, las escuetas argumentaciones que vierte el apelante con el objeto de lograr la extensión de la condena al coaccionado Gabriel Esteban Hasan Blanco, no permiten apartarse del criterio negativo expuesto en el fallo recurrido sobre el segmento en debate.

El recurrente soslaya abiertamente que al contestar demanda, aquél expresamente repelió su pretensión y opuso la defensa de falta de legitimación pasiva, fundándose en su carácter de empleado de la demandada Isabel Blanco. El hecho de que en la práctica impartiese órdenes de trabajo o abonara salarios, ejerciendo de tal modo la representación de la demandada no permite endilgarle la responsabilidad que pretende adjudicarle el trabajador por los reclamos de autos, toda vez que la ley no prohibe al empleador a delegar sus facultades en empleados dependientes de mayor jerarquía y confianza. Por otra parte, si bien no desconozco que el vínculo se mantuvo en la más absoluta clandestinidad hasta febrero de 2008, lo cierto es que a partir de esta fecha el trabajador contaba con recibos de haberes que, aún cuando resulte reprochable la ausencia de documentación respaldatoria de tales instrumentos, le permitían conocer quién se atribuía la calidad de empleador con relación a él, que en la práctica era la demandada Isabel Blanco.

Por ello, sugiero desestimar este agravio.

VIII. De acuerdo al resultado que propicio, corresponde dejar sin efecto la imposición de costas y regulación practicada en primera instancia, y proceder a su determinación en forma originaria (art. 279 CPCCN.); por lo que resulta abstracto expedirme sobre los agravios vertidos sobre tales aspectos.

En orden a ello, y en función de dicho resultado, de acuerdo con el principio general que emana del art. 68 del CPCC, estimo que las costas de ambas instancias por la acción que prospera contra la demandada Isabel Blanco, deben quedar a cargo de ésta, por haber sido vencida en los aspectos principales de la controversia. Asimismo, sugiero imponer en el orden causado las costas correspondientes al rechazo de la acción impetrada contra Gabriel Esteban Hasan Blanco, pues conforme a la evidencia que surge de las constancias de la causa, no tengo dudas de que el actor pudo considerarse asistido de mejor derecho a litigar como lo hizo (art. 68 segundo párrafo CPCC).

Por otra parte, de acuerdo al resultado del pleito, los trabajos realizados, y las pautas que emergen de las normas arancelarias vigentes (cfr. art. 38 LO, Ley 21.839, Ley 24.432, decreto 16638/57, y cctes.) corresponde fijar los honorarios para la representación y patrocinio letrado de la parte actora, de los coaccionados Isabel Blanco y Gabriel Esteban Hasan Blanco -en forma conjunta-, y los del perito contador, en el 16%, 13%, y 5%, respectivamente, sobre el monto total de condena (capital más intereses). También corresponde fijar los honorarios de las representaciones letradas de las partes actora y de la demandada Isabel Blanco, por sus actuaciones en esta alzada, en el 25% de lo que a cada una corresponda percibir por sus trabajos en la anterior instancia.

IX. Por ello, voto por: 1) Modificar la sentencia apelada y elevar el monto de condena a la suma total de $33.546,79, que deberá abonarse en el plazo, modo, y con los aditamentos establecidos en el fallo recurrido. 2) Dejar sin efecto la imposición de costas y las regulaciones de honorarios efectuados en el decisorio de grado. 3) Imponer las costas de ambas instancias correspondientes a la acción que prospera contra la demandada Isabel Blanco a cargo de ésta, vencida en lo sustancial de la controversia; en tanto las correspondientes a la acción que se rechaza contra el coaccionado Gabriel Esteban Hasan Blanco se establecen en el orden causado, conforme lo expuesto en el considerando respectivo. 4) Regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora, de los coaccionados Blanco -en forma conjunta-, y del perito contador, en el 16%, 13% y 5%, respectivamente, sobre el monto total de condena (capital más intereses); y fijar los honorarios de las representaciones letradas de las partes actora y de la demandada Isabel Blanco por sus actuaciones en esta alzada, en el 25% de lo que a cada una corresponda percibir por sus trabajos en la anterior instancia.

La doctora Silvia E. Pinto Varela dijo:

Por análogos fundamentos adhiero al voto que antecede.

Por ello, el Tribunal RESUELVE: 1) Modificar la sentencia apelada y elevar el monto de condena a la suma total de $33.546,79, que deberá abonarse en el plazo, modo, y con los aditamentos establecidos en el fallo recurrido. 2) Dejar sin efecto la imposición de costas y las regulaciones de honorarios efectuados en el decisorio de grado. 3) Imponer las costas de ambas instancias correspondientes a la acción que prospera contra la demandada Isabel Blanco a cargo de ésta, vencida en lo sustancial de la controversia; en tanto las correspondientes a la acción que se rechaza contra el coaccionado Gabriel Esteban Hasan Blanco se establecen en el orden causado, conforme lo expuesto en el considerando respectivo. 4) Regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora, de los coaccionados Blanco -en forma conjunta-, y del perito contador, en el 16%, 13% y 5%, respectivamente, sobre el monto total de condena (capital más intereses); y fijar los honorarios de las representaciones letradas de las partes actora y de la demandada Isabel Blanco por sus actuaciones en esta alzada, en el 25% de lo que a cada una corresponda percibir por sus trabajos en la anterior instancia. Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase. SILVIA E. PINTO VARELA	GRACIELA ELENA MARINO	Juez de Cámara	Juez de Cámara ANTE MI:

SILVIA SUSANA SANTOS	Secretaria