Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-03-28


SENT Nro. 178 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 28 DE MARZO de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana, René Mario Goane y Alfredo Carlos Dato, bajo la Presidencia de su titular doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, para considerar y decidir sobre los recursos de casación interpuestos por la actora y demandada en autos: "Gramajo, Antonio Ricardo vs. Hidroeléctrica Tucumán S.A. s/Indemnizaciones".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Alfredo Carlos Dato, René Mario Goane y Héctor Eduardo Aréa Maidana, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Alfredo Carlos Dato, dijo:

1.- Contra la sentencia dictada por la por la Sala Ia. de la Excma. Cámara del Trabajo el 18/12/2001 (fs. 548/552), ambas partes dedujeron sendos recursos de casación, los que fueron concedidos por dicho Tribunal mediante fallo del 18/9/2002 (fs. 611). Consta en informe actuarial de fs. 622, que únicamente la parte demandada ha presentado el memorial del art. 137 CPTT.

2.- La Cámara hizo lugar parcialmente a la demanda, condenando a Hidroeléctrica Tucumán S.A. a abonar al actor la suma de $104.296,92 en concepto de indemnización por antigüedad, preaviso, SAC s/ preaviso y SAC proporcional 2do. sem/98; rechazó la demanda por los rubros BAE, zona inhóspita y por comisión por servicios; y no hizo lugar al planteo de pluspetición inexcusable ni a la excepción de prescripción opuestos por la accionada.

Consideró el Tribunal que las causales de despido invocadas en la carta documento de fecha 28/9/98 no están debidamente acreditadas, y en relación a la auditoria y faltantes de dinero, sostuvo que no se acreditó que el actor haya incurrido en malversación y tampoco consta que se le haya pedido las explicaciones o rendiciones de cuenta debidos, por lo que esta causal es también desestimada por la Cámara, concluyendo en que el despido es incausado.

El rechazo al reclamo por BAE se funda en que el trabajador ha sido cesanteado; el del rubro zona inhóspita, en que no se especificó cual era la zona inhóspita en la que el actor trabajaba; y el de comisión por servicios, en que el actor trabajaba en distintos lugares.

3.1.- Denuncia el actor que el fallo incurre en una errónea interpretación del texto legal, al considerar que la 'cesantía' a la que se refiere el art. 79 inc. 15 "A" del Convenio Colectivo nº 36/75 como causal de exclusión del pago de la BAE, es cualquier tipo de cesantía, sea fundada o no. Expone que tal postura se aparta de la interpretación armónica del texto que conforma el convenio, señalando que dicho rubro solo se extingue por cesantías sin causa.

Asevera que es irreal la afirmación del fallo en base a la cual deniega el pago del rubro zona inhóspita, pues estaban perfectamente determinados los días que su parte reclamaba, las zonas donde prestó servicios por cada período y el monto adeudado. Indica que en el texto de ampliación de demanda de fs. 117/118, su parte textualmente afirma haber prestado servicios en El Cadillal, Pueblo Viejo, Escaba, Río Hondo y Los Quiroga, y que el art. 52 del CC 36/75 regula el porcentaje aplicable a las zonas que su parte reclamó, añadiendo que la prestación de servicios en estas zonas fue probada mediante las planillas de asistencia, que la pericial constató en el local de la demandada.

3.2.- El demandado denuncia la errónea aplicación del art. 277 LCT reformado por ley 24.432, que impone al juez reducir a prorrata los honorarios para que no excedan el 25% del monto condenado. Afirma que si se suman los honorarios del Dr. Villalba, los aportes, los honorarios de los peritos y la planilla fiscal, llegamos a un total de $33.301, por lo que existe un exceso en más de $7.000 teniendo en cuenta que el 25% del monto condenado asciende a $26.074.

Sostiene que el cálculo de los intereses no se efectuó en el modo que el BCRA dispuso en el comunicado 14.290, sino que se utilizó el sistema de restar entre los índices. Peticiona la modificación del sistema jurisprudencial seguido en autos Navarro Lidia Orlanda, señalando que los índices que se proporcionan diariamente lo son para ser utilizados como índices para obtener coeficientes, y no como factores de sumas y restas; y que mensualmente los mismos se incrementan en forma ajena a la tasa pasiva de interés.

Expresa que al rechazarse los rubros y conceptos demandados en la ampliación de fecha 23 de marzo de 1999, existieron vencimientos recíprocos que obligaban al tribunal a prorratear las costas, puntualizando que el fallo infringió el art. 109 CPCC al imponer las costas íntegramente a su parte.

Refiere que el capítulo dedicado a la prescripción debería ser revisado sólo en caso de prosperar el recurso del actor. Expone que el argumento de la sentencia en este punto no resulta claro y atribuye el rechazo de la excepción a un error material, precisando cómo debería quedar redactado el párrafo del fallo luego de realizadas las correcciones que estima convenientes.

Sostiene que la sentencia es arbitraria al analizar el faltante de dinero en la caja chica del actor, imputada por el demandado como causal de despido. Destaca que el fallo omite considerar que el dinero que se le dio en guarda al actor al solo efecto de cubrir necesidades urgentes e impostergables inherentes al trabajo, fue dispuesto en su propio beneficio. Indica que el informe de fs. 417 comprueba que tal dinero fue mal dispuesto por el actor, que en ese momento tampoco pudo acreditar haberlo rendido; y que la retención del dinero está reconocida por el propio actor al demandar, no resultando su parte obligada a demostrar malversación ya que esta resulta por sí sola.

4.- El recurso del actor ha sido deducido en el término que prevé el art. 132 del CPTT, se invocan suficientemente los motivos previstos por el art. 131 inc. a) del CPTT y el vicio de arbitrariedad que se le imputa al fallo; se dirige contra sentencia definitiva conforme lo dispuesto por el art. 130 CPTT y no es exigible el afianzamiento del art. 133 del digesto procesal laboral por ser el actor quien recurre. Habiéndose cumplido con los recaudos de admisibilidad exigidos para la vía recursiva intentada, corresponde analizar su procedencia.

5.1.- En orden al rechazo del reclamo por BAE, el mismo ha sido decidido con el argumento de que el trabajador ha sido cesanteado, invocando lo dispuesto por el art. 79 inc. 15 "A" del CC 36/75. Es decir que las razones sostenidas por la Cámara para denegar el pago del BAE, implican asimilar la cesantía descripta en el Convenio al supuesto de despido sin causa, siendo que tal fue la causal de extinción del contrato de trabajo que el Tribunal tiene por configurada en el presente caso.

La interpretación efectuada por la Cámara en torno al concepto de cesantía implica transgredir la norma del art. 79 inc. 15 "A" del CCT 36/75, pues el delineamiento que esta Corte ha efectuado del concepto de cesantía impide asimilarla a un despido sin causa.

Al respecto, este Tribunal ha considerado en un caso similar al que nos ocupa, que "...el concepto de cesantía, propio de la administración pública, posee características diferentes a la figura del despido sin causa; una de ellas es la referida a la razón del despido. La cesantía, a diferencia del caso de autos, no puede ser realizada sin causa, es decir, debe ser causada, revistiendo el carácter de 'sanción' o puede obedecer a razones de interés general (Miguel F. Marienhoff, Tratado de Derecho Administrativo, Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1998, Tomo III B, pág. 478)".

"En igual sentido, la doctora Blanca A. Herrera de Villavicencio, en su obra La estabilidad del Agente Público, señaló que en los casos en que agentes públicos se encuentran sometidos a un régimen privado, 'las normas de los convenios colectivos o de las leyes laborales se convierten, en tales situaciones, en disposiciones de derecho administrativo, cupiendo aclarar que del conjunto normativo adoptado deben descartarse aquellos preceptos que no se compadecen con la naturaleza pública de la relación. Tal el caso, por ejemplo del despido incausado' (obra citada, Ed. Fondo de Cultura Jurídica. Facultad de Derecho, UNT, pág. 79). Por lo tanto, en una situación inversa, como el caso de autos, tampoco es posible asimilar la cesantía del derecho administrativo con el despido sin causa del derecho laboral para aplicar una norma que perjudica al empleado".

"En coincidencia con la conclusión arribada, la CNTrab. en pleno expresó en un reciente fallo que: 'es procedente el subsidio por egreso previsto en el art. 25 del decreto 2115/85, en el caso de los agentes de la demandada que cesaron por despido sin causa, por motivos ajenos a los previstos en el art. 26 del mencionado decreto (cesación o exoneración).... 'el despido directo 'sin justa causa' no resulta asimilable al supuesto de una cesantía o exoneración en tanto que ambos supuestos suponen la existencia de una causal que torne legítima la medida' (voto del doctor Rodríguez). 'Resolver de otra manera significaría ampliar las excepciones que taxativamente ha contemplado el ya citado art. 26. Máxime en las circunstancias que, como en autos, al actor se lo ha despedido sin causa' (voto del doctor Fernández Madrid). (CNTrab. en pleno, octubre 5-2000, "Brandi Roberto A. c. Lotería Nacional S.E. s. Despido', Trabajo y Seguridad Social, revista 11 de noviembre, pág. 999)".

"Podemos señalar también que el derecho laboral contiene la figura del despido causado (art. 242 LCT), más cercana a la cesantía, el cual abarca tanto las situaciones de injuria o justa causa y las que tienen otros motivos legales (fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, muerte del empleador, quiebra, etc.)." "Igualmente, al no estar reglada la situación del empleado despedido sin causa en el CCT, es decir, al existir una duda sobre el alcance del convenio, el mismo debe interpretarse bajo el principio in dubio pro operario consagrado en el art. 9 LCT" (CSJTuc., in re "Rojas Mario Antonio vs. E.D.E.T. S.A. s/ cobros", del 19/4/2001).

En mérito a lo expuesto, corresponde CASAR parcialmente el punto II resolutivo de la sentencia recurrida, conforme a la siguiente doctrina legal: "Viola lo normado por el art. 79 inc. 15 'a' del CCT 36/75 la sentencia que asimila la cesantía a la figura del despido sin justa causa"; y remitir los autos a la Excma. Cámara del Trabajo que por turno corresponda para que dicte un nuevo pronunciamiento al respecto.

5.2.- En relación al rubro Zona Inhóspita (art. 52 del CC 36/75), el fallo ha dispuesto su rechazo por no haberse especificado la zona inhóspita donde el actor trabajaba.

El recurrente le imputa arbitrariedad a la sentencia entendiendo que están perfectamente determinados los días que su parte reclama, las zonas en donde prestó servicios por cada período y el monto adeudado.

Confrontada la crítica del recurrente con los fundamentos del fallo, le asiste razón al primero, por cuanto surge del escrito glosado a fs. 117/118 en el que se amplían los rubros de la demanda, que el actor especifica claramente que como supervisor de ejecución de mantenimientos, debía trasladarse a las distintas centrales hidroeléctricas de explotación de la empresa, tales como las citas en 'El Cadillal', 'Pueblo Viejo' y 'Escaba' en esta provincia, y la de 'Río Hondo' y 'Los Quiroga' en la vecina provincia de Santiago del Estero. Añade en dicho escrito que el porcentual a liquidar por Zona inhóspita variaba de acuerdo a la Central, que en El Cadillal correspondía el 30% sobre el valor diario, para Escaba el 35% y para Pueblo Viejo el 40% y efectúa una planilla en donde precisa detalladamente los montos que a su criterio le correspondían por dichos rubros en función de las zonas en las que sostiene haberse desempeñado y los días trabajados a partir de octubre de 1996, hasta septiembre de 1998.

De ello surge que existe un déficit de motivación en la sentencia que determina su arbitrariedad. En efecto; tal déficit se advierte en tanto el único argumento que abona el fallo en relación al rubro considerado, reside en que no se ha especificado la zona inhóspita donde el actor trabajaba, aseveración que no se ajusta a las constancias de la causa atento a los dichos del actor en el escrito de ampliación de los rubros de demanda de fs. 117/118 que fueron precedentemente referidos.

Al respecto, esta Corte tiene dicho que "Incurre en arbitrariedad fáctica y resulta descalificable como acto jurisdiccional válido, la sentencia que funda lo decidido en apreciaciones que no se corresponden con las constancias de la causa, sin dar razones suficientes" (CSJTuc., in re "Barros Antonia del Valle vs. Burgos de Gramajo Clara Ilda y/o Gramajo Benjamín s/ despido", sent. del 14/6/2002).

En consecuencia, corresponde CASAR parcialmente el punto II resolutivo del pronunciamiento impugnado, en base a la siguiente doctrina legal: "Es arbitraria y por ende nula, la sentencia que desestima el reclamo por el rubro zona inhóspita en base a un argumento que no se ajusta a las constancias de la causa"; y remitir los autos a la Excma. Cámara del Trabajo para que, por la Sala que por turno corresponda, dicte en lo pertinente un nuevo fallo.

6.- Entrando a considerar la admisibilidad del recurso de la demandada, se advierte que no se ha cumplido en forma con el requisito del afianzamiento que prevén los arts. 133/135 del CPTT.

En efecto; en los casos en que el recurso fuera interpuesto contra sentencia condenatoria, el art. 133 del CPTT impone a quien recurre la carga de depositar el monto condenado u ofrecer en embargo bienes, aval bancario o fianza suficiente, exigiendo que tal depósito, embargo o garantía sean ofrecidos con el escrito de interposición del recurso y se concreten dentro de los quince días siguientes. Determina dicha norma que el incumplimiento de este requisito implica el desistimiento del recurso.

A su turno el art. 134 del digesto procesal laboral exime al recurrente de cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, sólo en caso de que al momento de interposición del recurso de casación hubiere embargo trabado sobre bienes suficientes, debiendo quien recurre adjuntar testimonio autenticado que acredite esta circunstancia.

En el caso de marras, el recurrente -a los fines del afianzamiento-invoca en su escrito de introducción de la casación un incidente de embargo que se encontraba en trámite por ante el Juzgado de Conciliación y Trámite de la 5ta. Nominación, señalando que estaba pendiente de resolver por el Juzgado la suficiencia o no de los bienes objeto de la medida por cuanto los mismos no habían sido aceptados por la actora (ver fs. 587).

En el mismo escrito, y sin perjuicio de dichos bienes, ofrece en embargo la totalidad de los bienes de su representada que se encuentran en la central Escaba, medida que no consta haber sido concretada hasta el día de la fecha, por lo que no puede considerarse cumplido el art. 133 respecto de los mismos.

Mediante escrito presentado el 14/8/2002 (fs. 609), el recurrente adjunta instrumentos que se encuentran glosados a fs. 606/607 en los que consta la traba de un embargo preventivo recién el 12 y el 9 de agosto de 2002 respectivamente.

De lo manifestado por el recurrente a fs. 587 y de las constancias de fs. 606 y 607 de autos, surge que al momento de interponerse el recurso por la accionada en el mes de mayo de 2002, aún no existía embargo alguno trabado sobre bienes del recurrente, razón por la cual, las concretas circunstancias fácticas de la causa no habilitan a considerar aprehendidos por el art. 134 CPTT a los embargos referidos en las constancias de fs. 606/607, pues según se refirió precedentemente, dicha norma sólo comprende aquellos embargos que se encuentren trabados al momento de interposición del recurso de casación.

Resta señalar en este punto, que la admisión a los fines del afianzamiento de un embargo concretado luego de transcurridos más de tres meses de presentado el escrito de casación ante la Cámara, implicaría soslayar la forma y modo que establece el art. 133 del CPTT para cumplimentar este requisito.

Al respecto, esta Corte tiene dicho que "El embargo trabado en autos, en virtud del cual la Sala tiene por cumplida la exigencia del art. 133 del Código Procesal Laboral de Tucumán, es de fecha posterior a la interposición del recurso de casación. Consecuentemente el referido embargo no se ajusta a la exigencia de oportunidad prevista en el tercer párrafo del artículo 133 del CPTT, en orden al ofrecimiento y concreción del mismo, ni tampoco resulta aprehendido en el supuesto de embargo anterior, contemplado por el artículo 134 del CPTT, el que se configura cuando al momento de la interposición del recurso hubiera embargo trabado sobre bienes suficientes, siendo carga del recurrente adjuntar testimonio autenticado que acredite tal circunstancia" (CSJTuc., in re "Lizárraga de Rojas, María Aída vs. Cía. Argentina de Levaduras (CALSA) s/ indemnizaciones", sentencia nº 806 del 02/10/2001).

Consecuentemente, el incumplimiento del afianzamiento en los términos del art. 133/135 del CPTT torna inadmisible al recurso de la demandada.

Por lo demás, los agravios vinculados a la inaplicación del tope del 25% en materia de honorarios que prevé el art. 277 LCT reformado por ley 24.432, tampoco cumplen con los recaudos de admisibilidad previstos en el ritual procesal laboral, habida cuenta de que el recurrente no ha deducido el recurso de revocatoria al que refieren los arts. 32 de la ley 5480 y 53 del CPTT, y por ende no estamos en presencia de una sentencia definitiva que decida sobre este punto (art. 130 CPTT).

Al respecto, esta Corte tiene dicho que "en lo que hace a la aplicación del art. 277 de la LCT, modificado por la ley 24.432, no estamos en presencia de una sentencia definitiva, pues el carácter deviene de la articulación de la reconsideración prevista por el art. 53 del CPL, sustancialmente idéntico al previsto por el art. 32 de la ley 5480, por lo que 'La falta de promoción de la revocatoria perjudica la admisibilidad de este recurso extraordinario provincial' (Brito - Cardozo de Jantzon- Honorarios de Abogados y Procuradores)" (CSJTuc., in re "Deguer Héctor Salomón vs. S.A. Azucarera Argentina s/ accidente de trabajo y otro", sent. 698 del 07/10/96). Refiriéndonos a los agravios sobre la imposición de costas en la sentencia de la Cámara y acerca del tratamiento que esta efectúa del planteo de prescripción, resta señalar que atento a lo resuelto en los puntos 5.1 y 5.2 del fallo y existiendo pronunciamiento pendiente de la Cámara acerca de los rubros BAE y Zona Inhóspita reclamados, aquellas cuestiones resultan de inoficioso tratamiento habida cuenta de que deberán ser objeto de análisis por el Tribunal al dictar un nuevo fallo.

Las razones precedentemente expuestas determinan la inadmisibilidad del recurso de casación deducido por la demandada.

7.- Atento al resultado arribado, las costas deben distribuirse del siguiente modo: las del recurso del actor deberán ser soportadas por su orden, por cuanto el vicio que ocasiona la nulidad proviene del órgano jurisdiccional (arts. 49 CPTT y 106 inc. 1° CPCC); y las generadas por el recurso del demandado deberán ser soportadas por éste al haber resultado vencido (arts. 49 CPTT y 106 CPCC) Los señores vocales doctores René Mario Goane y Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación deducido por la actora contra la sentencia dictada por la Sala I de la Excma. Cámara del Trabajo el 18/12/2001 (fs. 548/552) y CASAR parcialmente la misma conforme la doctrina legal sentada en los puntos 5.1 y 5.2 de los considerandos, debiéndose remitir los autos al referido Tribunal para que, por la Sala que por turno corresponda, dicte en lo pertinente un nuevo pronunciamiento.

II.- DECLARAR MAL CONCEDIDO el recurso de casación presentado por la demandada contra la sentencia dictada por la Sala I de la Excma. Cámara del Trabajo el 18/12/2001 (fs. 548/552).

III) COSTAS conforme se considera.

IV) DIFERIR regulación de honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.

HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA RENE MARIO GOANE ALFREDO CARLOS DATO