Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-03-06


Libro S- 66 Nº Orden: Expte. Nº 25.282 Juicio: DURE GRACIELA SUSANA C/ NUEVAS RUTAS S.A. CONCESIONARIA VIAL S/ ··DAÑOS Y PERJUICIOS Juzgado: Civil y Comercial N°3	En la ciudad de Mercedes, a los 20 días del mes de diciembre del año dos mil once, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Segunda de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Mercedes de la Provincia de Buenos Aires, Dres. Tomás Martín Etchegaray y Luis Tomás Marchió, con la presencia de la Secretaria actuante, se trajo al despacho para dictar sentencia en el expediente número 25.828 caratulado "Dure Graciela Susana c/Nuevas Rutas S.A. Concesionaria Vial y otra s/Daños y perjuicios".

La Cámara resolvió votar las siguientes cuestiones esenciales de acuerdo con los artículos 168 de la Constitución y 266 del Código de Procedimientos:

1ª) ¿Es nula la apelada sentencia de fs. 761/765?	2ª) En su caso, ¿se ajusta a derecho en cuanto es materia de apelación y agravios?	3ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?	Practicado el sorteo de ley dio el siguiente resultado para la votación: Dres. Tomás Martín Etchegaray y Luis Tomás Marchió.

VO T A C I Ó N	A la primera cuestión planteada, dijo el Sr. Juez Dr. Etchegaray:

I)- Contra la sentencia de fs. 761/765 dictada el 21 de abril de 2008, que rechazó la demanda promovida por Graciela Susana Dure contra "Nuevas Rutas S.A." y la aseguradora "Omega", con costas a la actora, apeló ésta última (fs. 769). Recurso que se concedió libremente (fs. 770). Llamada a expresar agravios (fs. 812), lo hizo mediante el libelo de fs. 813/824vta. Mereció réplica de la parte demandada (fs. 829/833). Llamados "autos para sentencia" (fs. 834), consentido, practicado el pertinente sorteo (misma foja, vta.), cumplida la medida dispuesta a fs. 835, y reanudados los plazos a fs. 839, quedó la causa en condiciones para ser votada (CPC 34 inc. 3º - c, y 263).

II)- Ante el tenor del texto del capítulo V-A ("agravio 1º") del escrito de expresión de agravios, corresponde analizar liminarmente si la sentencia apelada es nula, y de allí el contenido de la primera cuestión que se plantea ésta Alzada.

En efecto, imputa el recurrente que la sentencia que desestimó la demanda ".ignora el conjunto de elementos y fundamentos que desplegáramos desde el escrito de inicio, los antecedentes de prueba, el derecho y mucho más las enormes particularidades del caso . esa sola carencia de fundamento o forma de la propia resolución trae aparejada su crisis y da elementos para una postura de nulidad que debe . prosperar." (sic: fs. 816). Esas expresiones fueron seguidas por una retahíla de transcripciones de sumarios de fallos que apostrofan con la nulidad a las sentencias que ostentan falta de fundamentos.

Pero no encuentro en la queja una precisa descripción de la falencia sugerida.

III)- El recurso ordinario de nulidad carece de autonomía. La ley le dedica solo el artículo 253 del CPC, que se limita a decir que el recurso de apelación comprende el de nulidad por defectos de la sentencia, sin detenerse a reglamentar de cuales defectos se trata. Desde ya que en principio se admite que son los defectos de forma del acto en el que se materializó la resolución susceptible de recurso de apelación. En tal sentido, son causales claras de nulidad la falta de fecha, o de indicación del lugar en que la resolución se dicta: CPC 160, 161, 163 inc. 1º. Pero ya si lo que le falta es la firma del juez (160, 161, 163 inc. 9º CPC), o la resolución no se expresó por escrito (160), se estará no ante un acto nulo, sino inexistente, porque tanto la firma como la escritura son elementos formales pero constitutivos del acto procesal de que se trata. De todos modos, también el recurso de nulidad es seguramente la vía procesal más apta para despojar de efectos a tales actos anómalos, o no-actos.

Desde ya que en el caso no nos encontramos con ninguna de tales anomalías.

IV)- Pero los defectos nulificantes también pueden ser de orden sustancial, como lo son la falta de fundamentos en una sentencia interlocutoria (CPC 34 inc. 4º y 161 inc.1º) y con más razón aun en una sentencia definitiva de primera instancia, que además requiere de la cita legal que se aplica (CPC 163 inc. 5º). También se estará ante causales de nulidad cuando el acto no respeta el principio de congruencia (CPC 34 inc. 4º y 163 inc. 6º), es decir que el juez debe pronunciarse con sujeción a las pretensiones deducidas en el juicio, tanto respecto de las personas que actúan como de las cuestiones que plantean, y debe hacer la consideración por separado de todas las cuestiones que hacen al objeto del juicio (CPC 163 inc. 3º y 4º). Se tratan, la fundamentación y la congruencia, de recaudos sustanciales, porque son los que permiten a la parte conocer el itinerario intelectual del juez, para poder controlarlo y eventualmente refutarlo (CPC 260) en un recurso. Justamente, la falta de esos elementos sustanciales, no le ha de permitir al agraviado hacer una crítica de los errores, ya que ésta última implica desandar el camino del juez hasta encontrar en que punto del mismo hubo un desvío tomado equivocadamente.

Sobre el tema, tiene dicho ésta Alzada que ".es doctrina legal de la SCBA que constituye garantía de los derechos de las partes la obligación judicial de fundar las sentencias de modo que se perciba claramente el itinerario lógico y jurídico del que deriva la resolución final; como así que las deficiencias de los fallos puedan obstar la interposición de los recursos pertinentes y el control de legalidad (conf. Ac. 44.436 publicada en AyS, 1991-I-769; Ac. 44.392, sent. del 3 de marzo de 1992; Ac. 79.954, "Alcibar c/Banco Central", sent. del 2 de setiembre de 2001, publicado en JUBA B6735, C. 101.933, "P,C.A. y E, R.L. contra Z., G.P. Impugnación de paternidad. Filiación", sent. dictada el 20 de agosto de 2008, publicado en JUBA B21.493, entre otros)." (del voto del Dr. Bagattin en "Gonzalez c/Marrafeiro s/Divorcio", expte. nº 26.491de ésta Sala, el 30/3/2010).

Todo otro defecto de la sentencia o resolución que pueda ser subsanado por la apelación, no es materia del recurso ordinario de nulidad. Porque de tal modo el defecto no le causará perjuicio irreparable al recurrente, y sin perjuicio no hay nulidad o "pas de nullitè sans grief" (Ibañez Frocham, "Tratado de los Recursos...", pág. 204, nº 102). Es que los principios de trascendencia y conservación que consagran los arts.169 y 172 del CPC descartan la declaración de nulidad cuando las irregularidades pueden ser remediadas.

V)- Descendiendo a nuestro caso, estimo que la ya apuntada falencia del recurrente en señalar con un mínimo de precisión cual es la o las omisiones que habrían causado la nulidad de la sentencia, sella inicial y adversamente la suerte de ésta parte de su queja.

VI)- Sin su perjuicio, debo decir que en la primera lectura y análisis de la sentencia apelada, no advertí en su texto la existencia de defectos de forma, ni de falta de tratamiento de las cuestiones esenciales, ni omisiones de fundamentación jurídica, más allá del acierto o no de las soluciones adoptadas y que en su caso serán materia del recurso de apelación. Y como se verá luego, en el caso de prosperar mi sugerencia de validación, la sentencia no presenta fisuras en sus fundamentos ni incongruencias. Por todo ello, no veo que, ni aun de oficio como nos es factible, podamos ingresar en el proceloso terreno de las nulidades en el que pretende embarcarnos el recurrente.

Voto por la negativa.

A la misma primera cuestión planteada, el señor juez Dr. Marchió, por compartir las razones dadas por el Dr. Etchegaray, votó también por la negativa.

A la segunda cuestión planteada, dijo el señor juez Dr. Etchegaray:

I)- La actora demandó por responsabilidad extracontractual a la concesionaria vial "Nuevas Rutas", a raíz de un hecho acaecido el 17 de febrero de 1995 a la hora 07:30 aproximada, consistente en que cuando se trasladaba en bicicleta por la banquina de la ruta nacional nº 5 a la altura del Km. 70 en dirección a Luján, fue embestida por un vehículo no identificado, que se salió de su carril a causa de obstáculos en la cinta asfáltica, debidos a arreglos que la demandada hacía en el lugar, e invadió zigzagueante el terreno aledaño a la ruta, alcanzándola. Reclama por daños materiales, físicos, psicológicos y moral.

El demandado negó no solo la existencia del hecho, sino también la presencia de obstáculos en la ruta. Afirmó que para la época la empresa no realizaba trabajos en el lugar, ni en la ruta ni en la banquina, aunque sí 10 días después, por lo que señala la inexistencia de relación causal entre ella y el daño.

II)- La sentencia de primera instancia rechazó la demanda con fundamento en que la parte actora no satisfizo la carga de probar los hechos que invocara. A tal fin señaló que el proceso penal incoado con motivo del suceso terminó con sobreseimiento en la causa por la inexistencia de indicios que llevaran a la individualización del autor del hecho, delito de lesiones culposas. Dijo el "a-quo" que no le resultó creíble el testimonio de Navarro sobre la mecánica del hecho vinculada a la existencia de piedras sobre el camino, por las siguientes razones: dijo no haberse detenido, que lo observó desde 150 metros, lo que es distancia excesiva para apreciar los detalles que da, que es inverosímil la maniobra que describe por parte de un camión, y porque entra en conjeturas cuando relata el contacto del camión con la bicicleta. Que en la inspección ocular hecha en la causa penal, a dos días del accidente, no se observó la presencia de piedras sobre la calzada. Que los informes de la autoridad de control de las concesionarias viales no revelan la existencia de los obstáculos mencionados en la demanda. Que las fotografías de fs. 517/524 no tienen eficacia como prueba porque no están reconocidas. Que los testigos Cantil y Cayuta no describen el hecho y solo mencionan que había piedras al costado de la ruta, aunque ya en esta cede civil dijo el último nombrado que vio a personas sacando piedras de la ruta con sus pies y manos. Y concluye que, ".aun en el mejor de los casos que así hubiere ocurrido, esta circunstancia no tiene la suficiente entidad para demostrar que los mencionados obstáculos en la carretera obligaron al supuesto camión a desviarse y embestir a la víctima." De lo que deriva que la actora no acreditó el nexo causal entre el daño y las circunstancias que lo provocaron (sic: fs. 764vta.).

III)- La responsabilidad.

Además del planteo de nulidad de sentencia, encaminado por el recurso respectivo que mereció el prioritario tratamiento que dio motivo a la primera cuestión, hay agravios que hacen al recurso de apelación. Desde ya que todos ellos se refieren al tema de la responsabilidad, dado que la sentencia precisamente rechazó la demanda por razones atinentes a esa cuestión.

Por lo que he de adelantar que en éste tema de la responsabilidad de los concesionarios viales por los daños causados a los transeúntes (doy por sentado que el actor lo era transitando por la banquina, en atención a los términos de la litis y a que las bicicletas, como vehículos menores impulsados por personas, en ningún caso pueden circular sobre las calzadas de carreteras, autopistas, semiautopistas o rutas en zonas rurales, suburbanas, o urbanas: art. 67 ley 11.430, vigente a la fecha del hecho), los tribunales superiores han fijado algunas reglas que hoy por hoy pueden, en cierto modo, considerarse indiscutibles. Tales como que la vinculación entre el viandante que transita por la ruta concesionada (haya o no pagado el "peaje") y el concesionario, consiste en una "relación de consumo" (confr. art. 1 ley 24.240, texto conforme art. 1º ley 26.361). Que en su virtud, y al margen o por además de las otras obligaciones resultantes del contrato de concesión celebrado con el Estado concedente, le son impuestos al concesionario una serie de deberes relacionados con la seguridad del usuario, en orden a que el tránsito se efectuará sobre una ruta sana, bien mantenida y señalizada, y libre de obstáculos. Que el deber de seguridad implícito en la relación de consumo lo obliga a la adopción de medidas de prevención adecuadas a los concretos riesgos existentes en la ruta concesionada, en tanto resulten previsibles. Que la presencia de obstáculos en la calzada es un hecho en general previsible, por lo que los concesionarios están obligados a tomar a su respecto las medidas de prevención que las circunstancias imponen, en el marco de las facultades que le delegó el Estado en el contrato de concesión de la obra pública, y también por las mencionadas de su vinculación con los usuarios. Con más razón aun serán previsibles cuando como en el caso lo que se imputa al concesionario vial demandado es el haber dejado piedras sueltas sobre la ruta como resultado de reparaciones o tareas de mantenimiento, piedras que habrían oficiado de obstáculo para el conductor del rodado que, para o por esquivarlas, perdió el control y embistió a la actora, y que luego se dio a la fuga sin poder ser identificado. También es una regla indiscutible que el incumplimiento de esas obligaciones genera para el concesionario responsabilidad por los daños sufridos por los usuarios, cuando estén vinculados causalmente con aquel.

Los tribunales de grado deben acatamiento a la doctrina de la CSN y de la SCBA por razones de celeridad y de economía procesal. La doctrina prevaleciente más actual está expuesta en el voto del juez doctor Hitters, que hizo mayoría en el caso "Otero c/Camino del Atlántico", de la SCBA, fallo C 85.774 del 5 de mayo de 2010. Esa doctrina no establece, empero, una responsabilidad objetiva y ciega del concesionario por cualquier daño que sufra el usuario de la ruta, aun cuando éste no sea causado por deficiencias propias de la misma (mal estado del piso, errores de señalización, etc.). La "relación de consumo" de que aquí se trata no llega a funcionar como un contrato de seguro de daño, en el que el concesionario oficiaría de asegurador. Y por más que se esté ante una responsabilidad objetiva, ello no releva al reclamante de la carga de la prueba del hecho, y de su relación causal con la actividad o la conducta del concesionario demandado.

IV)- El recurso de apelación y la expresión de agravios.

De un modo un tanto difuso, el actor cuestiona, esencialmente, la apreciación de la prueba efectuada por el "a-quo" en punto a la reconstrucción del hecho y la consecuente determinación de la responsabilidad. El único agravio principal (el otro se refiere a la imposición de costas) está conformado por una serie de ideas que podemos sintetizar así: se queja porque en la sentencia no se dijo una palabra de la pericia de ingeniería mecánica. Sostiene que se encuentra probado por las declaraciones de testigos que depusieron a fs. 593/595, que el rodado que impactó a la actora en la banquina se había desviado a causa de los obstáculos que estaban en la cinta asfáltica, producto éstos de arreglos que efectuara la demandada en las banquinas (sic: fs. 815), y que es coincidente con las circunstancias temporales del hecho el contenido del informe de la Dirección de Vialidad de fs. 283, y la pericia de ingeniería mecánica de fs. 337 y 415. Y ya más adelante (fs. 818vta., dentro de lo que fue etiquetado como "agravio 2º-2 Mecánica del accidente", añade entre las pruebas omitidas de considerar a la absolución de posiciones del representante de "Nuevas Rutas" (fs. 255), la inspección ocular de fs. 697 de la que resalta que ".no hay carteles que prohíban circular en bicicleta.", la pericia de ingeniería mecánica, las declaraciones de los testigos Cayuta (fs. 593/5) y Navarro (fs. 596/7), el informe de los Bomberos Voluntarios de Luján de fs. 216, y el informe de la Dirección Nacional de Vialidad del que surge -dice- que la demandada estaba haciendo reparaciones para la fecha del accidente.

La queja, tal como se la planteara, no refuta los fundamentos del "·a-quo", según explicaré. Las pretensas omisiones, en principio, no descalifican la sentencia, salvo que por ellas se hubiera incurrido en arbitrariedad o absurdo. Ello es jurídicamente así, en principio por ley y luego por jurisprudencia.

No está demás recordar que es doctrina asentada de nuestro cimero tribunal provincial que, de conformidad con lo establecido por el CPC 384, los jueces no tienen el deber de expresar en la sentencias la valoración de todas las pruebas producidas, sino únicamente de aquellas que fueran esenciales y decisivas para fallar la causa, siendo soberanos en la selección de las mismas, pudiendo inclusive preferir unas y descartar otras (SCBA, Ac 33589, 21-9-1984, "Compañía Argentina de Cemento Portland SA", JA 1985-III, 536, DJBA 1985-128, 162; Ac 36936, 29-9-1987, "Kelly", AyS 1987-IV-36; Ac 41629, 12-9-1989, "Malik"; Ac 49311, 10-8-1993, "Da Rui"; Ac 55593, 14-6-1996, "Ugarte y Cía. SA", DJBA 151, 177; Ac 59243, 12-8-1997, "Lebrum"; Ac 64885, 14-7-1998, "Córdova"; Ac 72724, 23-2-2000, "Bernasconi"; Ac 78706, 5-12-2001, "Turrín"; Ac 77377, 27-2-2002, "Estevez"; Ac 80283, 23-4-2003, "Caballero Bellido"; Ac 89110, 16-6-2004, "Galetti de Peroni"; Ac 85476, 9-11-2005, "Rocha"; Ac 88941, 15-3-2006, "Fisco c/Bellone"; Ac 85552, 22-8-2007, "A., d. c/C.E."; Ac 90630, 27-2-2008, "Farías"; C 101028, 12-11-2008, "Sandoval"; C 99982, 4-3-2009, "Cerrato"; C 94421, 6-10-2010, "Millara de Balbis"; C 104543, 22-12-2010, "L.A. c/Ramos"; C 105695, 28-9-2011, "Dudulec"; todos difundidos en JUBA B4425).

V)- El examen de las sedicentes pruebas omitidas no revela infracción alguna del juez de la instancia de origen a las reglas de la sana crítica (CPC 384); antes bien, todo lo contrario, hay una prolija aplicación de reglas de experiencia y lógica, ciencia y sentido común, en todas sus apreciaciones. A saber:

a)- El "a-quo", como ya dije, dejó bien claro en la sentencia que desechó, por que no le resultó creíble, el testimonio de Navarro (es el de fs. 597), quien había afirmado la existencia de piedras sobre el camino, porque dijo que observó el hecho desde 150 metros, una distancia excesiva para apreciar los detalles que dio; además, porque es inverosímil la maniobra que describió como realizada por un camión ya que la misma no se compadece con sus parámetros de estabilidad; y finalmente porque entró en conjeturas cuando relata el contacto del camión con la bicicleta, lo que sería indicativo que no vio esa circunstancia. El recurrente no refutó ninguna de las razones que dio el juez para no pesar éste testimonio (CPC 456), por lo que el argumento descalificatorio de la sentencia a su respecto permaneció enhiesto.

b)- También desechó las fotografías de fs. 517/524 por no estar reconocidas. Ídem anterior. Las que, de todos modos, solo muestran la existencia de pedregullo en la banquina. Circunstancia ésta última que, por lo demás, ya había sido constatada por la instrucción policial (ver inspección ocular o croquis de fs. 5 y referencias a fs. 5vta., hecha a dos días del accidente, causa penal nº 40.682 apiolada), y que tomó en cuenta el "a-quo", sí, pero para extraer de ella -también sin confutación del recurrente- que se no se constató la presencia de piedras sobre la calzada.

c)- De los informes de la autoridad de control de las concesionarias viales dijo el "a-quo" que no revelaron la existencia de los obstáculos mencionados en la demanda.

En contraposición a lo sostenido en la expresión de agravios, el informe de Vialidad Nacional de fs. 283 dice que la demandada realizó la repavimentación y reparación de banquinas en el lugar del accidente en 1991, y que desde entonces y hasta la fecha del evento (que es lo que se le preguntó), solo realizó tareas de "mantenimiento". Nada que ver con que de allí se pueda colegir la presencia de piedras sobre la calzada.

d)- Apreció el "a-quo" que las declaraciones de los testigos Cantil y Cayuta (éste último deponente a fs. 593) no describen el hecho y solo mencionan que había piedras al costado de la ruta, aunque ya en esta cede civil Cayuta dijo que vio a personas sacando piedras de la ruta con sus pies y manos. El juez lo tomó en cuenta, aunque ya veremos con que alcance y resultado.

e)- Estoy de acuerdo con el juez de la instancia anterior en haber preterido la pericia accidentológica de ingeniero (fs. 337, y ampliación de fs. 415), ya que lo único trascendente que expresa el experto en su dictamen es que la versión del accidente proporcionado por la actora es "posible", ya que el lugar del hecho se trata de un tramo de ruta sumamente peligroso por ser de una sola mano para cada sentido de circulación, en el que las bicicletas circulan por el borde de ellas o por la banquina, en medio de un intenso tránsito de camiones. No estaban en tela de juicio ninguna de las proposiciones a las que dio respuesta el experto, al menos desde el temario con que se trabó la litis. De esa pericia no se extrae, en modo alguno, cual fue la precisa mecánica del accidente (fundamental para determinar la responsabilidad), lo que claramente no pudo hacer el experto, y lo dice, por la inexistencia de rastros del hecho (ver causa penal citada, constatación de fs. 5, declaración del testigo Cayuta que llegó al lugar ya ocurrido el hecho -fs. 56-, la de Cantil que no lo vio -fs. 58-, y resolución de fs. 63 de sobreseimiento en la causa por no haberse podido individualizar al autor del delito). Desde ya que no computo entre sus aserciones valederas la que sostiene que la víctima recibió un impulso para caer ya que de haber sido ésta espontánea menores hubieran sido sus lesiones (fs. 415 "in fine"/416), ya que se trata de una apreciación que notoriamente es ajena a sus incumbencias profesionales (el perito no es médico, sino ingeniero). Y porque, aun de haber sido así, ello no indica que el presunto embistente se hubiera desviado con motivo de un obstáculo situado en la ruta que fuera imputable al demandado.

f)- Tampoco tiene ninguna trascendencia probatoria la absolución de posiciones del representante de la parte demandada (fs. 255, a tenor del pliego de fs. 246). En ella no hay confesión alguna de conducta propia, o de conocimiento de algún hecho que revista importancia para derivar su responsabilidad. Del reconocimiento de que el concesionario está permanentemente realizando tareas de mantenimiento en la ruta (posición 2ª contestada afirmativamente) no se puede derivar que se dejan piedras sueltas sobre la ruta.

g)- Finalmente, carece de toda relevancia para el esclarecimiento de la mecánica del suceso, el informe de los Bomberos Voluntarios de fs. 216, ya que se refiere al procedimiento de socorro de la víctima el que le fue proporcionado mucho antes de llegar los bomberos al lugar del suceso, pues ésta ya venía transportada por socorristas espontáneos, y que consistió en trasbordarla para ser conducida para su atención en un centro asistencial.

VI)- Pero sin perjuicio de todo lo anterior, y esto es determinante para la suerte adversa del recurso, hay un fundamento esencial del "a-quo" que no fue confutado idóneamente (CPC 260) por el apelante. En efecto, del plexo probatorio que examinó, el juez dio como su conclusión, o razonó, lo siguiente: que ".aun en el mejor de los casos que así hubiere ocurrido (debo entender que se refirió a que si hubiera habido pedregullo sobre la calzada), esta circunstancia no tiene la suficiente entidad para demostrar que los mencionados obstáculos en la carretera obligaron al supuesto camión a desviarse y embestir a la víctima." De esa conclusión fáctica deriva en otra jurídica: que la actora no acreditó el nexo causal entre el daño y las circunstancias que lo provocaron (sic: fs. 764vta.). Añado de mi coleto: prueba que sí estaba a cargo del accionante, aunque rija el régimen del CC 1113. La carga del demandado que pretende eximirse de responsabilidad es probar la culpa de la víctima, pero a ello está constreñido solo si están probados por aquella la existencia del hecho y la relación causal entre daño y riesgo.

Ergo: no hay una crítica certera, concreta y razonada (CPC 260), sobre el aserto fundamental sobre el que se edificó el rechazo de la demanda: que el actor no probó la conexión causal entre el daño por ella padecido, con el presunto riesgo generado por la conducta omisa del concesionario vial demandado.

Va de suyo que propongo la confirmación de la sentencia.

VII)- En el llamado 4º agravio (fs. 824) se queja el apelante por la injusticia de la imposición de costas por la complejidad de la materia en debate. Aunque expresa su esperanza que la situación variará al revocarse el rechazo de la demanda.

El CPC 68 sigue el lineamiento objetivo pregonado por Chiovenda, en el sentido que al vencido en el pleito le cabe afrontar la imposición de costas, aunque deja a salvo la facultad del juez para eximirlo de ellas, total o parcialmente, siempre que encuentre mérito para ello y lo exprese en su pronunciamiento.

En recientes casos de demandas por responsabilidad de los concesionarios viales por daños causados por la presencia de animales sueltos en la ruta, la Excma. SCBA distribuyó, por mayoría, las costas por su orden, en atención a lo cambiante de la jurisprudencia sobre el tema (SCBA, C 95.114, 17-2-2010, "Ottaviano c/Marcovecchio"; y C 95.629, 6-10-2010, "Barreiro c/Semacar"; difundidos por JUBA B23540).

Sin desconocer dicha jurisprudencia, entiendo que la situación de autos difiere sustancialmente de aquellos casos, ya que aquí se encuentra en juego una situación de hecho, que consiste en que el recurrente no probó la relación de causalidad. Con lo que las costas deberáns er soportadas por él mismo en su condición de vencido ( art. 68 del CPCC).

Voto por la afirmativa.

A la misma segunda cuestión, el Sr. Juez Dr. Marchió, aduciendo análogas razones, dio su voto en el mismo sentido.

A la tercera cuestión planteada, el Sr. Juez Dr. Etchegaray dijo:

Atento el resultado alcanzado en la votación que precede, la resolución que corresponde adoptar es declarar que no es nula la sentencia de fs. 761/765; y confirmarla en todo lo demás que fuera materia de apelación y agravios; con costas del Alzada al recurrente.

Tal es mi voto.

El Sr. Juez Dr. Marchió, por iguales fundamentos y consideraciones, emitió su voto a ésta tercera cuestión en el mismo sentido.

Con lo que se dio por terminado el acuerdo dictándose la siguiente	SENTENCIA Mercedes, de diciembre de 2011.

Y VISTOS:

CONSIDERANDO:

Lo que surge del acuerdo que antecede, se RESUELVE:

1º) Declarar que no es nula la sentencia de fs. 761/765.

2º) Confirmar sentencia de fs. 761/765 en todo lo que fuera materia de apelación y agravios; con costas de esta instancia al apelante vencido (art. 68 del CPC).

Notifíquese. Regístrese. Devuélvase.