Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2006-11-14


SENTENCIA DEFINITIVA NUMERO: 14 En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los14 días del mes de septiembre del año dos mil seis, se reúne en Acuerdo la Corte de Justicia de la Provincia, integrada en estos autos por los señores Ministros titulares Dres.CESAR ERNESTO OVIEDO, JOSE RICARDO CACERES y AMELIA DEL VALLE SESTO DE LEIVA, bajo la Presidencia del Dr.Oviedo, Secretaria Dra. CRISTINA DEL VALLE SALAS MARTÖNEZ, para conocer del Recurso de Casación interpuesto en los autos Corte No 35/05 "SALCEDO, Liliana del Valle Arreguez de y otro c / Policía de la Provincia y/o Estado Provincial - s/ Daños y Perjuicios - s/RECURSO DE CASACION", el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1º) ¿Es procedente el recurso de casación interpuesto?. En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde?.

2º) Costas.- Practicado el sorteo, conforme al acta obrante a fs. 45 vlta., dio el siguiente orden de votación: Ministros: Dres. CESAR ERNESTO OVIEDO, AMELIA DEL VALLE SESTO DE LEIVA y JOSE RICARDO CACERES, y.- A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, el Dr. Oviedo dijo:

La parte demandada interpone recurso de casación en contra de la Sentencia No 16/05 dictada por la Cámara de Apelaciones de Segunda Nominación, que por mayoría revoca el fallo de primera instancia y hace lugar a la acción.- Asevera el recurrente que se encuentran cumplidos los requisitos que dan paso a la admisibilidad formal del recurso y luego denuncia que el pronunciamiento incurre en las tres causales que la ley establece para la procedencia de este remedio procesal.- Que en relación a lo hechos que en detalle se relata en prieta síntesis, se rescata que la cuestión se origina cuando la cónyuge y los hijos de Luis Martín Salcedo, víctima de homicidio consumado por Segundo Evaristo Toloza, inician acción de daños y perjuicios en contra de la Policía de la Provincia y Estado Provincial al considerar que la muerte de Salcedo se pudo y debió evitarse puesto que su autor, persona peligrosa, con antecedentes y no siendo la primera vez, casi un mes antes, con fecha 10/02/97 lo amenazó de muerte, hecho denunciado en la Comisaría Séptima y que no se investigó ni se previno en la medida de lo posible.- En primera instancia se rechaza la acción en base a la falta de nexo causal entre el accionar de la policía y el daño; apelada por la vencida, la Cámara por mayoría revoca el fallo y hace lugar a la acción.- Expresan los recurrentes que la sentencia es arbitraria por que no cumple con los requisitos legales y constitucionales mínimos para garantizar el derecho a la jurisdicción; contiene una motivación aparente, se aparta de las constancias de la causa, de los preceptos legales; que se insiste en que se debieron tomar medidas razonables para evitar el daño, sin señalar qué acciones fueron omitidas, no expresando tampoco los fundamentos de la omisión antijurídica de la policía en los términos del Art. 1112 del CC., y ha obviado la falta de acreditación en autos de la relación de causalidad entre la omisión y el daño causado, recaudo para la procedencia de la responsabilidad.- Señala que se aleja de las constancias de la causa en tanto se afirma de que Toloza arma en mano amenazó a Salcedo que lo mataría, cuando en la sentencia de la Cámara del Crimen consta que la portaba entre sus ropas, revistiendo carácter de cosa juzgada el fallo penal condenatorio en virtud del Art. 1102 del C.C..- Que el juez que vota en primer término reconoce que sus conocimientos son nulos en derecho penal, no obstante juzga de negligente el obrar de la policía en el sumario de investigación y establece sobre ello la causa eficiente para producir el daño; sin expresar cuál es el comportamiento legalmente exigido que se ha omitido para hacer derivar la responsabilidad subjetiva y sin tener en cuenta las limitaciones del proceso y finalidad del sistema de derecho penal argentino.- Que en referencia a la causal de errónea interpretación de la ley expresa que la sentencia atribuye responsabilidad al Estado Provincial originada por la muerte de Salcedo producida por Toloza, con fundamento en la omisión antijurídica de la policía cuando a su entender ésta actuó dentro de lo establecido en la ley que reglamenta su función -Art. 10ley 4663- y bajo las órdenes de las autoridades judiciales pertinentes de acuerdo a la legislación vigente.- Que de este modo, interpretándose los artículos 1074 y 1072 del C.Civ., no se omitió una conducta exigida por la ley sino, por el contrario, se cumplió y dentro de los plazos razonables con los recaudos normativos impuestos.- Hace notar, además, que el hecho de amenaza de muerte no pudo ser probado por el único testigo presencial quien no supo afirmar tal circunstancia y que, no obstante el autor tratarse de una persona alcohólica y atrevida, no es motivo para detenerla ni llegar a pensar que pueda cometer un homicidio.- Que en relación a la tercera causal, se cita como doctrina legal posición sentado en el fallo "Páez, Faustino c/ Estado Provincial" donde quedó establecido que no puede dejarse de examinar en estos casos, los fines de atribuir responsabilidad al Estado, la exigencia de la acreditación de la relación de causalidad entre el accionar de éste y el perjuicio sufrido y la posibilidad de poder imputar esos daños a la demandada, precisando cuáles eran las medidas que se debió tomar para evitarse las consecuencias dañosas, aspecto que no fue analizado en la resolución impugnada.- Que a fs. 26/33 responde traslado la contraria solicitando el rechazo del recurso por no configurarse las causales atribuidas.- Que a fs. 35 se declara la admisibilidad formal del recurso.- Que a fs. 36/44 obra dictamen del Sr. Procurador General de la Corte pronunciándose por la aceptación del recurso por considerar radicadas las causales que justifican su procedencia.- Que quedando firme el proveído del llamado autos para resolver, se realiza el acto de sorteo adjudicándome su resultado la tarea de habilitar el Acuerdo.- A tal fin inicio la labor destacando que de la lectura del escrito recursivo surge que su contenido exhibe cómodamente los presupuestos que el Código de rito exige para su admisibilidad, por lo que habiendo sido ya declarada y debiendo ser en este momento procesal nuevamente controlada, ratifico la decisión plasmada a fs. 35.- Que sentado ello corresponde abordar el planteamiento de fondo a efecto de verificar si las críticas formuladas bajo las causales citadas se patentizan en la sentencia impugnada.- Que no obstante el orden asignado por el impugnante al tratamiento de los motivos de agravios voy a permitirme alterarlo e iniciar mi pronunciamiento por la tercera causal aludida.- En esa dirección, a errónea aplicación e interpretación de la doctrina legal me refiero y alude el recurrente con acierto su concepto, pero en la obligación que dicha causal conlleva de citar los fallos de referencia que sientan el precedente que dice violado menciona uno solo y no precisamente de este cuerpo - Sentencia 06/91-.

Que siendo así, estimo que no hay doctrina legal sobre el tema toda vez que ella se conforma con varios y no un precedente en igual sentido provenientes de una Corte, y con la misma integración.- Que aclarado ello, es dable destacar que lo postulado en el fallo citado en relación a la exigencia de acreditar la relación de causalidad entre el accionar culposo y el daño reclamado y la posibilidad de poder adjudicar esa responsabilidad al demandado, surge también y con suficiente firmeza de la doctrina en general y jurisprudencia predominante y su ausencia en el fallo criticado, es otra vez reprochado bajo la causal de arbitrariedad por lo que, descartado su tratamiento con fundamento en el inciso "b" del Art. 298 del CPC, no es óbice analizar luego este mismo en relación al inciso "c".- Ahora bien, continuando con el recurso se trata en autos de desentrañar si hubo o no responsabilidad por parte de la policía y o Estado provincial, ante ello cabe recordar que "constituye una cuestión de hecho atribuir la culpa y consecuente responsabilidad. Sólo el absurdo y no un distinto criterio posibilita en casación la revisión de cuestiones de hecho"(SCBs. As., 24/9/85 , JA, t, 1986-IV, p.827) .- Que en ese sentido se advierte que en el escrito recursivo se denuncia arbitrariedad y se demuestra su existencia en orden a la apreciación del sumario policial que realiza el Magistrado, puesto que se aparta de las constancias en el obrante y es donde apoya su decisión resultando ella insostenible.- En ese orden cabe destacar dado que es más que minucioso el dictamen del Sr. Procurador y con claridad delata la ausencia de concordancia del decisorio atacado con lo obrante en la causa, lo cual desde ya comparto y reproduzco.- Que en virtud de ello solo me permito destacar que el decisorio sostiene que el Estado debe responder por que el daño - muerte de Salcedo -,es producto de la actuación altamente negligente de la policía, siendo ella la causal eficiente del daño.

Que a ello arriba luego de analizar el sumario de denuncia de amenaza, estimando que casi pasó un mes desde la denuncia de amenaza al homicidio, que poco o nada se hizo, se llenó papeles al vicio, que transcurrió 30 días para poner en conocimiento al fiscal para disponer medidas, que se debió extremar las medidas urgentes, y de ello deduce que existió omisión antijurídica de medidas expresas o implícitas de la ley o derivadas del poder de policía y/o falta de servicio, y así concluye que las conductas incumplidas provocaron el daño que genera responsabilidad al Estado y este debe responder.- Que así ello encuentro razón al recurrente, toda vez que las críticas formuladas en el fallo al sumario a donde hace radicar la culpabilidad se aleja de la realidad fáctica, en tanto al día siguiente la denuncia se pone en conocimiento del fiscal de turno y se inicia la investigación, bajo las órdenes de la autoridad judicial competente, el papelerío donde se asientan las diligencias practicadas es inevitable y es donde consta que el hecho fue investigado y los plazos si bien no rígidamente pero si prudencialmente son cumplidos, es decir que el sumario de prevención responde a los pasos, tiempos y demás exigencias legales que demanda dicho proceso dentro de lo razonable y de los límites que la normativa de forma y fondo penal y la misma Constitución Nacional y Provincial impone, y desde esa óptica no se advierten, tampoco se especifican, irregularidades y omisiones que encuadradas en una conducta culposa de la policía genere responsabilidad al Estado.- Que, en efecto, esto es lo que se hizo y es, a su vez, lo cuestionado por la Alzada que se hizo mal y así fundamenta la responsabilidad por omisión, haciendo referencia a una secuencia de hechos y actos sin calificar singularmente tanto desde la perspectiva de su idoneidad como factor causal en la producción de los perjuicios, como en punto a su falta de legitimidad, sin establecer en definitiva qué es lo que se dejó de hacer o que no se cumplió y qué motivó el daño.- Importa puntualizar que no consta en el fallo qué es lo que establecía o estaba implícito en la ley y no se hizo, o qué estaba comprendido en el poder de policía y no se hizo o, qué no se hizo y configuró una falta de servicio, es decir la conducta o acción omitida, individualizada, no generalizada y que de haberse llevado a cabo hubiera evitado el daño. - Que de este modo concluyo que el desarrollo argumental sólo responde al mero voluntarismo de los magistrados apartada de la realidad y circunstancias acontecidas, basándose en una errónea apreciación de los presupuestos fácticos apartándose de la regla de la lógica y de la experiencia, motivado en simples conjeturas y carente de todo apoyo en los hechos acreditados en el juicio, interpretando absurdamente los elementos probatorios producidos en la causa, basado en pruebas inexistentes restándole fundamento a la decisión y convirtiéndola en arbitraria, satisfaciendo solo de manera aparente la exigencia de constituir una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a los hechos comprobados de la causa, lo que impone su descalificación como acto judicial, con arreglo a la conocida jurisprudencia de la Corte en materia de arbitrariedad .- Además resulta propicio recordar que la responsabilidad del Estado como toda responsabilidad está limitada, y su atribución debe responder a criterios de razonabilidad y prudencia que en función de las circunstancias de cada caso permitan, criterio ausente en el decisorio en cuestión.- Va de suyo que el Estado no garantiza -ni puede hacerlo-que sus leyes no han de ser violadas con perjuicio para tercero. Nunca el ejercicio del poder de policía puede centralizar absolutamente la comisión de hechos ilícitos, debe existir omisión de un concreto servicio razonablemente exigible, un irregular cumplimiento de las obligaciones legales y la existencia de culpa en el funcionario.- En ese entendimiento la responsabilidad de la institución policial nace en cuanto el acto dañoso solo fue posible en la medida en que derivó de las exigencias propias del cargo y la omisión debe ser ciertamente el motivo o la causa directa y eficiente del daño a tercero para que nazca o sobrevenga la obligación de reparar.- Con tal fin para apreciar un cierto acto de abstención que puede caracterizarse como causa de determinado daño es menester verificar si ese factor negativo puede ser retenido en nuestra mente como elemento dotado de virtualidad suficiente para producir el efecto que sobrevino, pues causa adecuada de un cierto resultado es el antecedente que lo produce normalmente según el curso natural y ordinario de las cosas.- En este marco, y a la luz de lo expuesto, estimo que el hecho de autos no reúne los presupuestos mínimos para dar lugar a la responsabilidad endilgada al Estado en tanto no surge del sumario iniciado con motivo de la denuncia de amenaza, omisión en la actuación policial.

La supuesta omisión que se atribuye carece de precisión a punto tal que ni el mismo sentenciante tiene en claro si la misma emerge de una disposición expresa o implícita de la ley o del poder de policía o de una falta de servicio, en esa inteligencia la supuesta conducta omitida, no individualizada, no permite poder determinar su existencia en la relación causal con el daño, vale decir la acción esperada, que debió normalmente realizarse y hubiera tenido incidencia directa en la producción del resultado dañoso, luego si no está comprobado este vínculo causal entre la supuesta omisión imputada y el perjuicio sufrido no puede alegarse responsabilidad al Estado generador de reparación.- Como consecuencia de ello considero corresponde hacer lugar al recurso, casar la sentencia impugnada por incurrir en arbitrariedad rechazando la demanda en todas sus partes. Es mi voto.- A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Que analizados los planteos de parte y las constancias de la causa, considero razonable adherir al análisis y solución propuesta por el Sr. Ministro Dr. Oviedo, en el voto precedente. Es mi voto.- A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, el Dr. Cáceres dijo:

Que adhiero a las consideraciones y conclusiones expuestas por el Sr. Ministro preopinante Dr. Oviedo, para la solución de la causa votando en igual sentido.- A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, el Dr. Oviedo dijo:

Que conforme se resuelve la primera de las cuestiones propuestas, las costas deben ser soportadas por la parte demandada que resulta vencida. Es mi voto.- A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, la Dra. Sesto de Leiva. dijo:

Que conforme el criterio objetivo de la derrota, las costas deben ser soportadas por la parte demandada que resulta vencida. Así voto.- A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, el Dr. Cáceres dijo:

Que una vez más adhiero a los votos de los Sres. Ministros preopinantes, votando en consecuencia en el mismo sentido. Es mi voto.- En mérito al Acuerdo de Ministros que antecede, y oído al Sr. Procurador General en su Dictamen No 40/06ypor unanimidad de votos, LA CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA RESUELVE:

1) Casar la Sentencia Definitiva No 16/05 ( Expte. Cám. No 109/05) de fecha 22/03/05; consecuentemente rechazar la demanda en todas sus partes.- 2) Costas a la recurrente que resulta vencida.- 3) Diferir la regulación de honorarios, hasta tanto se practique en las instancias pertinentes.- 4) Protocolícese, hágase saber y oportunamente bajen los autos a la Cámara de origen.-