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Recurso contencioso administrativo, sentencia, ejecución de sentencia, honorarios, juicio de apremio, inhabilidad de título, comuna, secretario de Estado
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Morello, Griselda Catalina Pezzi c/ Comuna de Timbues s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción - Apremio  Por honorarios (Expte.: C.S.J. Nro. 120 Año 2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-09-04

La excepción de inhabilidad de título interpuesta por la Comuna ejecutada, cuestionando que: la firma del Presidente de Comuna en el convenio de ejecución de sentencia no esta refrendada por un secretario -que para el caso, debería ser designado ad-hoc por ser la ejecutante la titular de ese cargo-, que se suscribió sin patrocinio letrado, y por faltar el reconocimiento de las firmas allí insertas, debe ser desestimada desde que a esa inteligencia de las cosas se oponen una serie de factores: en primer lugar, por que el presidente ha actuado en dicha situación ejecutando órdenes impartidas por el organismo de gobierno de la Comuna, y que formalizado el acto, fue ratificado por ese mismo organismo; y, en segundo lugar, que no constituye, para la especie, requisito alguno que habilite la vía escogida el reconocimiento de la firma del Presidente de Comuna en el referido convenio, toda vez que la misma no fue desconocida ni menos aún se articularon las vías pertinentes para cuestionarla. Hecha de verse entonces que en realidad, la decisión fue adoptada por el órgano de gobierno de la Comuna demandada y más allá, de la discusión sobre la validez de la actuación del presidente por falta del requisito que menciona el artículo 34 de la ley nro.2439, el mismo fue convalidado de manera efectiva.
Contrato de trabajo, costumbre, remuneración, derechos del trabajador, derechos del empleador, ius variandi
Materia: LABORAL
Carátula: GRANJA, JORGE c/ CIA. FINANCIERA UNIVERSAL  S.A. s/ DIFERENCIAS SALARIALES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-06-30

El fundamento de la doctrina del fallo plenario 35 es claro las gratificaciones habituales forman parte del salario y, salvo que se pruebe que la ausencia de las condiciones previstas para su liquidación, no pagarlas importaría reducir dicho salario, modificación in peius obviamente excluída del ius variandi. Extender este razonamiento a los salarios requeriría, pues, admitir que la falta de tal incremento constituye una disminución salarial tanto como la reducción de su monto histórico.
Estabilidad del empleado público, personal contratado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Pertusi, Rodolfo Raúl c/ Municipalidad de La Plata s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-04-11

Los agentes que revistan como personal de planta temporaria se hallan incorporados a un régimen de excepción, no poseyendo más estabilidad en el empleo que la que surge del acto de designación.
Domicilio social, notificación en el domicilio, aplicación de la ley, inscripción de domicilio social
Materia: COMERCIAL
Carátula: GAS DEL ESTADO SOC. DEL ESTADO c/ GASYDIN SA s/ PROCESO DE EJECUCION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-09-18

El domicilio social inscripto reviste el carácter de legal en los términos del art. 90, Inc. 31, código civil, presumiéndose "iure et de iure", lugar de residencia que subsiste hasta tanto se modifique y se proceda a la correspondiente inscripción registral. Esta previsto expresamente en la ley de sociedades comerciales que se tendrán por válidas y vinculantes para la sociedad todas las notificaciones efectuadas en la sede inscripta (ver art. 11, Inc. 21, segunda parte de la ley 19.550 Reformada por la ley 22.903, L.A., 1983-B, págs. 1605/36, especialmente pág. 1606 De la exposición de motivos, cap. I, sec. II, punto 1; esta sala, doctr. Causa 421 del 24.9.96; esta cámara, sala 2, causas 5988 del 7.6.88, 7539 Del 24.8.90 Y 7942 del 20.8.91; Sala 3, causa 7225 del 31.10.90),la cual resulta idónea para emplazarla (cfr. esta cámara, sala 2, causas 1552 del 19.10.82 y 7942 cit.; CNCOM., Sala "d", L.L. 1981-C-127).
Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2010-04-28


Formosa, abril 28 de 2010.

Vistos: Estos autos caratulados: "Cortese, Anastacio c. Pcia. de Fsa.-Ministerio de Gobierno - Policía de Fsa. y/o Calderón, Juan Ignacio y Otros s/Daños Y Perjuicios". Expte. Nº 47 - Fº Nº 06 - Año 1999, registro de la Secretaría de Trámites Originarios del Excmo. Superior Tribunal de Justicia, venidos al Acuerdo para resolver conforme lo dispuesto a fojas 813, y Considerando: Que vienen estas actuaciones al Acuerdo para resolver respecto de la excusación planteada por el Dr. Claudio Ramón Aguirre a fs. 812, quien funda su pedido de apartamiento en la circunstancia de haber intervenido como Fiscal de Estado en la presente causa, a cuyo fin invoca lo normado por los artículos 17 inc. 7º y 30 del Código Procesal Civil y Comercial.

Que, siendo atendibles los motivos expuestos por el titular el Ministerio Público, los que encuentran correlato con las constancias de autos, corresponde hacer lugar a lo solicitado, de conformidad con la normativa invocada.

Por ello, con las opiniones concordantes de los doctores Carlos Gerardo González, Eduardo Manuel Hang, Ariel Gustavo Coll, Héctor Tievas y Telma C. Bentancur, que forman la mayoría absoluta que prescribe el artículo 25 de la Ley 521 y sus modificatorias y artículo 126 del Reglamento Interno para la Administración de Justicia, el Excmo. Superior Tribunal de Justicia Resuelve: 1º) Hacer lugar a la excusación planteada por el señor Procurador General, Dr. Claudio Ramón Aguirre (arts. 17 inc. 7º y 30 del Código Procesal Civil y Comercial). - Carlos Gerardo González. - Eduardo Manuel Hang. - Ariel Gustavo Coll. - Héctor Tievas. - Telma C. Bentacur.
Daños y perjuicios, responsabilidad extracontractual, accidente de tránsito, culpa concurrente
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PORFIRI, RENZO c/ COSCIA BEVESTRELLO, ERNESTO s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-19

En el caso de un accidente en el que, en la intersección de una calle con una avenida chocaron un rastrojero y una moto, existe culpa concurrente de ambos conductores -independientemente de quien haya sido el embistente- en atención a las infracciones cometidas por ellos; el conductor del rastrojero, por girar a la izquierda en una avenida pese a existir semáforo, afectando el desarrollo del tránsito con riesgo para sí y para terceros (cciv 1066 y dec.

2254/92: 34, 41 Y 42) y el conductor de la moto por conducir desprovisto de casco (dec. 2254/92: 27-O), por lo que corresponde distribuir la responsabilidad por los daños causados en un 90% para el primero y 10% para el segundo.
Inmunidades parlamentarias, inmunidad de expresión, igualdad ante la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: RIOS SEOANE, Francisco, s/ archivo Causa nro. 27.589
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-21

Los limites puestos a la inmunidad, ofrecen una adecuada garantía al libre desarrollo del principal rol del legislador, y pretender, so pretexto de su mejor resguardo, extenderla a todos aquéllos actos o circunstancias emparentados sólo indirectamente con su función, necesariamente habrá de componer una desnaturalización tanto o más peligrosa que aquélla por la que manda tener cuidado nuestro más Alto Tribunal. La inmunidad ha de garantizar el mas libre de los debates con la clara finalidad de privilegiar la gestión legislativa, impidiendo que se alcen barreras que de una u otra forma pudieran inhibir la defensa de las ideas. Así entendido, el beneficio constitucional no preserva al legislador sino a la actividad legislativa, en razón de lo cual pretender convertirlo en un escudo de fácil transporte supone una extensión equivalente a admitir la conversión de la defensa del buen funcionamiento del sistema en un privilegio sin sustento institucional alguno, con inocultable lesión al principio de igualdad. (De la disidencia del Dr. Cortelezzi).
Prueba, carga de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Chacofi  S.A.C.I.F.I. c/ Dirección Nacional de Vialidad s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-23

Las reglas atinentes a la carga de la prueba (art. 377 del Código Procesal) están dirigidas al juez, quien deberá tenerlas en cuenta al sentenciar en los supuestos de insuficiencia probatoria, y a los litigantes, que deben conocer su distribución antes de que se haya constituido el proceso y, en función de la índole del asunto a someter a la decisión del órgano jurisdiccional: condiciones del contrato, su propia conducta anterior, normativa aplicable, entre otros aspectos que se invoquen como fundamento de su pretensión.
Derecho procesal, juicio ejecutivo, juicio ordinario
Materia: PROCESAL
Carátula: CATTORINI S.A. c/ SANTA RITA S.R.L. s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-12-06

El juicio ejecutivo, tiene características especiales que lo diferencian del proceso de conocimiento, pues no tiene por objeto la declaración de derechos dudosos o controvertidos, sino simplemente la realización de los que estén esclarecidos por resoluciones judiciales o por títulos que autoricen la vehemente presunción de que el derecho del actor es legítimo. Y desde el ángulo comercialista,"este juicio solo podrán ventilarse cuestiones cartulares con exclusión de las que son extracambiarias". Este criterio se identifica con la finalidad de la política jurídica que en el trafico le está reservada al juicio ejecutivo y que no importa, en definitiva, menoscabar la situación del deudor "sino solo postergar la consideración y resolución de sus defensas extracambiarias", puesto que se le permite iniciar con posterioridad a la ejecución un juicio ordinario o sumario (es decir de cognición plena), con amplitud de alegaciones, defensas y pruebas. Si por el contrario, se admitiera defensas extracartulares se habría ordinarizado el proceso de ejecución.
Recurso de inconstitucionalidad, derivación razonada del derecho vigente, intereses, liquidación, intereses moratorios, anatocismo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Buyatti SAICA c/ Sampayo, Alejandro y/u otros s/ Juicio Ordinario por cobro de pesos. Recurso de Inconstitucionalidad  (Expte CSJ Nº 2067-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-02-11

Resulta procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la actora contra el pronunciamiento dictado por el Tribunal a-quo cuando éste no resulta derivación razonada del derecho vigente, al ordenar que se practique una nueva liquidación con exclusión de la capitalización mensual de los intereses, arribando a una solución que no reúne las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción, toda vez que prescinde del texto legal directamente aplicable -artículo 569 del Código de Comercio-, acoge una defensa tardíamente opuesta -la de anatocismo- y no considera una prueba esencial para la justa solución del litigio -la pericial contable rendida en autos-, lesionando de manera grave y notoria el derecho de propiedad de la actora, al condenar a la demandada a pagar un monto significativamente menor del que debe en realidad, por lo que dicho pronunciamiento debe ser anulado, de conformidad al artículo 95 de la Constitución Provincial.
Acción de amparo, integración escolar
Materia: CONSTITUCIONAL-CULTURA
Carátula: M. P., J. L. c/ OSECAC s/ Amparo Ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2018-03-28

Corresponde confirmar la sentencia que ordena a la obra social la cobertura efectiva e integral de la prestación de apoyo a la integración escolar de un niño con síndrome de Down, debiendo abonar la matrícula y las cuotas escolares mensuales, toda vez que la falta de inscripción de la entidad en el Registro de Prestadores de Discapacidad no puede impedir la cobertura y que admitir lo contrario implicaría dar preeminencia a la norma administrativa por sobre un derecho sustancial: el derecho a la salud.
Proceso penal, debate, testimonio
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: BIANCIOTTI, ARMELIENDO s/ DEBATE - TESTIMONIO - LEGITIMA DEFENSA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1968-04-19

La norma que permite introducir en el debate por su lectura la declaración de un testigo prestada en instrucción exige que el testigo hubiere fallecido,se ignorase su residencia o se hallare inhabilitado para declarar(no solamente una responsabilidad penal que es incompatible con una inocencia que todavía es tenida como existente por la ley), mientras no se cumplan los pasos posteriores declarativos señalados.

En armonía con el art. 17 de la Constitución de la Provincia, la ley procesal manda que en la instrucción se procure comprobar no sólo los hechos relativos al delito, sino también las circunstancias que lo justifiquen, agraven, atenúen o califiquen (C.P.P. art. 205).
Juegos de azar, facultades de la autoridad de prevención, secuestro de bienes, acta de secuestro, allanamiento sin orden
Materia: PENAL
Carátula: DELL'ORFANO s/ JUEGO AZAR - ACTA SECUESTRO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-01

La ley de juegos de azar 6618/57 autoriza a las autoridades policiales a tomar medidas tendientes a la detención de infractores y al "secuestro de los utensilios del juego", razón por la cual es válida el acta de secuestro de los papeles con anotaciones violatorias del mencionado decreto, sin orden de allanamiento, el que no era necesario, teniéndose en cuenta la obligación prescripta por el art. 164 C.P.C
Accidentes de trabajo, cuestión abstracta, costas en el orden causado
Materia: LABORAL
Carátula: Zamora, Mauricio Alejandro c/ Asociart ART S.A. s/ accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2019-02-04

No existió en autos vencedor ni vencido, pues la declaración de abstracta de la presente litis lo fue por propio pedido de la misma parte actora. Tratándose de un supuesto en el que si bien, no desde el punto de vista pecuniario, pero sí desde el de las pretensiones deducidas, no hay vencidos, corresponde imponer las costas por su orden, decisión que implica que cada parte cargará con las expensas que haya causado (Voto Romero. Adhesión Ronconi)
Acción reivindicatoria, escritura traslativa de dominio, boleto de compraventa, escrituración, daños y perjuicios
Materia: CIVIL
Carátula: VILLAR, FERNANDO RAUL. c/ VALDERRAMA, ELFI Y OTRO. s/ ACCIÓN REINVINDICATORIA" (EXP Nº 360739/7) y "VALDERRAMA ELFY ASUNCION C/ COOP. DE VIV. RIO GRANDE LTDA. S/ ESCRITURACION".
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2013-06-13

El adquirente por boleto tiene derecho a exigir la escrituración, aun forzada. Pero ese derecho encuentra un límite en el supuesto de que la escrituración se haya tornado imposible, y esto ocurre, por ejemplo, cuando se escrituró a favor de otra persona -como aquí aconteció- en cuyo caso sólo cabe la indemnización por daños y perjuicios.
Sucesiones, impuesto a la transmisión gratuita de bienes, base imponible
Materia: CIVIL
Carátula: NORDMANN CARLOS FEDERICO GUILLERMO s/ SUCESION TESTAMENTARIA - IMPUESTO SUCESORIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1920-09-22

El impuesto sucesorio debe abonarse exclusivamente sobre los bienes que están situados en la Capital. La escala se fija, en cambio, teniendo en cuenta el valor total de cada hijuela, cualquiera sea la ubicación de los bienes.
Constitución Nacional, constitucionalidad, facultades del Poder Judicial
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Incidente  de  excarcelación  promovido  en  favor  de  Mario Eduardo Firmenich. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-07-28

No incumbe al Poder Judicial juzgar sobre la oportunidad o conveniencia de las leyes que sobre política penal dicte el legislador, por lo que el control judicial de constitucionalidad a su respecto queda imitado a la razonabilidad de la norma en cuestión.
Acción de amparo, reordenamiento del sistema financiero, fallos de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL
Carátula: "Schlimovich,  Luciana  Yael c/ PEN-  Ley 16.986 Dtos 1.570/01,214/02 s/ Amparo s/ Ley 25.561".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-13

Si bien las sentencias de la Corte Suprema de Justicia no son obligatorias para los tribunales inferiores fuera de los juicios en que son dictadas su seguimiento se impone -dejando a salvo la opinión en contrario de quienes suscriben, puesta de manifiesto con anterioridad a ese precedente en numerosos pronunciamientos- por razones de economía procesal y atento a la trascendencia que en el orden judicial revisten dichas decisiones en causas en las que, como en el sub examine, se encuentra en juego una cuestión federal, por ser autoridad suprema y definitiva y dado que la cuestión planteada resulta sustancialmente análoga a la resuelta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Massa, Juan Agustín c/ Poder Ejecutivo Nacional -Dto 1.570/01 y otro s/ amparo ley 16.986", 27/12/2006, se resuelve: 1) Dejar sin efecto la sentencia apelada; y declarar el derecho de la parte actora a obtener de las entidades bancarias el reintegro de sus depósitos convertidos en pesos a la relación de $ 1,40 por cada dólar estadounidense, ajustado por el CER hasta el momento de su pago, más la aplicación sobre el monto así obtenido de intereses a la tasa del 4% anual -no capitalizable- debiendo computarse como pagos a cuenta las sumas que -con relación a dichos depósitos hubiesen abonado las aludidas entidades a lo largo de este pleito, así como las que hubieran entregado en cumplimiento de medidas cautelares. Aclárase que las pautas establecidas ($ 1,40 +CER+4%) no podrán superar el valor del tipo de cambio vigente a la fecha de pago a los fines de determinar el monto a percibir y 2) distribuir la costas de ambas instancias en el orden causado.
Compraventa de automotores, plan de ahorro previo, círculo cerrado, seguro de vida, muerte del adherente, asegurador, responsabilidad civil, citación en garantía
Materia: COMERCIAL
Carátula: SUCESION CARLOS ALBERTO SILVA c/ PLAN ROMBO PARA FINES DETERMINADOS s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-11-09

Si como consecuencia de la muerte del suscriptor de un contrato de ahorro para la adquisición de un vehículo, sus herederos demandan a la administradora del grupo la entrega del mismo ante el incumplimiento del asegurador, pero ningún reclamo entablan contra éste, resulta improcedente citar "de oficio" al asegurador en "garantía" pues, no se trata de un caso de responsabilidad civil al que si se aplica la ley 17418: 118.
Desacato, bien jurídico protegido, libertad de expresión, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Parrilla, L. s/ Desacato
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-28

Es el prudencial criterio del juzgador el que debe establecer si se está frente al derecho de libertad de expresión de raigambre constitucional y si de su ejercicio se derivan consecuencias de carácter penal, cuidando que la figura del desacato no se erija en mordaza de la libre discusión de la cosa pública.

Las frases presuntamente injuriosas deben evaluarse dentro del contexto general en que fueron vertidas y desde tal perspectiva, el término "miserables" utilizado en el desarrollo de una entrevista y empleado en relación a la miseria, a los que viven en la miseria, sin otra significación y aludiendo entre otros a los jueces, no puede ser considerado configurativo del delito de desacato al no deducirse el propósito lesivo que el tipo en cuestión requiere, no perjudicando a ningún funcionario por tratarse de una crítica despersonalizada, como tampoco a la administración, tratándose simplemente de un cuestionamiento al sistema en general.
Obligación alimentaria, obligación alimentaria entre parientes
Materia: CIVIL
Carátula: B., V. c/ G.,J.G. s/ Art. 250 C.P.C. - Incidente familia
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-02-13

La obligación alimentaria de los parientes a favor del menor de edad establecida en nuestro Código Civil -art.

367- debe ser reinterpretada a la luz de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley 26.061 fin de relativizar los principios de subsidiaridad y de carácter sucesivo que el digesto consagra, ello pues la Ley 26061 -art. 3- prescribe que cuando exista conflicto entre los intereses de las niñas, niños y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros.
Posesión, prueba de la posesión
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Díaz de Cáceres, Sixta Nicanora s/ Usucapión
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-05-29

Para cambiar la causa de la posesión debe existir una real voluntad, dirigida a transformar la naturaleza de la relación posesoria, como por ejemplo la realización de actos materiales exteriores.
Recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, sentencia suficientemente fundada, accidente de tránsito, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa, leasing
Materia: CONSTITUCIONAL-COMERCIAL
Carátula: GARDEL, EDUARDO ALBERTO c/ ESPASA S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTO POR LA CODEMANDADA ESPASA S.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-04-23

La Sala juzgó que la empresa demandada en su carácter de titular registral, locadora y dadora del rodado que ocasionó el siniestro, no había acreditado ni argumentado una causa suficiente para que se limitara su responsabilidad, siendo que la regla del artículo 1113 del Código Civil establece la responsabilidad sin limitaciones del dueño de la cosa por los daños causados con ellas o por el riesgo o vicio de las mismas; en relación con lo cual se recordó que en el sub examine no se encontraban cumplidos los requisitos establecidos en la ley 24441 -invocada por la recurrente para limitar su responsabilidad frente al actor, en su carácter de tercero y víctima-, en especial, en tanto el contrato de leasing no se encontraba siquiera registrado, lo que lo tornaba inoponible frente al demandante (art. 30), descartándose la eventual limitación invocada por la coaccionada con sustento en el artículo 33 inciso 2 de la citada normativa. Frente a tales argumentos, la compareciente debía hacerse cargo de demostrar, con base en las constancias de autos, por qué resultaba insuficiente esa motivación en relación a las circunstancias del caso, lo que no logra entreverse como configurado (De la ampliación de fundamentos de los Dres. Erbetta y Gastaldi)
Administración Pública, facultades disciplinarias, empleados públicos, relación de dependencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BECCARIA, ELDA MASSONI DE c/ MUNICIPALIDAD DE RAFAELA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE   Nº 445-85)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-09-09

El poder disciplinario se desarrolla en una relación personal, es decir, se funda en una relación directa entre dos sujetos, activo y pasivo, y por esto mismo nunca es autónomo, dado que siempre es inherente a otra relación jurídica en posición accesoria o instrumental.
Contratos administrativos, buena fe
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Consultora Oscar G. Grimaux y Asociados  SAT c/ Dirección Nacional de Vialidad. s/ Ordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-02-23

Las partes deben comportarse coherentemente en materia de contratos administrativos, comportamiento al que resultan ajenos los cambios de conducta perjudiciales que impliquen un obrar incompatible con la confianza que se suscitó en el otro contratante.