Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2016-06-30


Autos N° 22.041 (N° 60925 - 9 Juzgado Civil Comercial y Minería de San Juan), caratulados: "MONTAÑA Zulma Beatriz C/ Maral Lopez Antonio y Otros S/ Daños y Perjuicios" En la Ciudad de San Juan, a 30 días del mes de junio del año dos mil dieciséis, reunidos en la SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL y MINERÍA DE SAN JUAN, los señores Vocales, Dr. PASCUAL ALFERILLO y Dr. GILBERTO RIVEROS, a fin de celebrar acuerdo sobre los recursos de apelación que se interpusieran a fs. 266 y 273 de los autos N° 22.041 (N° 60925 - 9 Juzgado Civil Comercial y Minería de San Juan), caratulados: "MONTAÑA ZULMA BEATRIZ C/ MARAL LOPEZ ANTONIO Y OTROS S/ Daños y Perjuicios", contra la resolución dictada en fecha 29 de agosto de 2014, obrante a fs. 256/265 de estos autos originarios del Noveno Juzgado Civil, Comercial y Minería de San Juan, recursos que una vez concedidos tuvieran la debida sustanciación. Seguidamente se fijan las cuestiones que deben considerarse en el orden que sigue: 1° Cuestión: ¿Es adecuada a derecho la resolución venida en recurso? 2° Cuestión: En su caso; ¿qué pronunciamiento corresponde en definitiva? A la Primer Cuestión: El Dr. PASCUAL ALFERILLO dijo:

En la sentencia dictada en fecha 29 de agosto de 2014, cuya copia obra a fs. 256/265, la juez a quo hace lugar parcialmente a la demanda y condena al señor Antonio Maral López y a la compañía aseguradora Bernardino Rivadavia Cooperativa Ltda. de Seguros a pagar "in solidum" al actor, la suma de $ 6.300 en el término de diez días de quedar firme o consentida la presente, con más los intereses que se devenguen hasta su efectivo pago (Ley 4119). Impone las costas a la vencida y regula los honorarios del abogado Gustavo Correa de Cara en el 22 % y a los abogados Nazer Uzair y Erica Aguilar en el 15,4% y al perito Godoy en el 1,5% de la base firme.

El fallo resolvió la pretensión de la actora de ser indemnizada en representación de su hijo menor Luis Salinas, que dijo haber sufrido el día 2 de abril de 2002, a las 0,30 hs., cuando se movilizaba en una bicicleta por calle Porres con dirección oeste-este y fue colisionado por una pic up Ford dominio AZD-906, conducida por el señor Antonio Maral López.

En lo demás vale la relación que formula la juez aquo en su sentencia, en la que declaró que el demandado resulta civilmente responsable del accidente. No admitió la indemnización solicitada por incapacidad sobreviniente y fijó como daño moral, la suma de $6000.

Para así resolver, consideró el sobreseimiento definitivo dictado por el juez penal, y la pericia médica efectuada en autos, que fue impugnada por la aseguradora.

Dos son los recursos interpuestos contra dicha resolución.

En el primero, la parte representada por el abogado Gustavo Correa de Cara interpone el recurso a fs. 266, el cual se concede a fs. 267 con efecto suspensivo, y cuya fundamentación luce a fs. 275/ 281.

Como primer agravio, cuestiona que la sentencia no admita la incapacidad sobreviniente que fue consecuencia del evento dañoso.

Le agravia, que la juez haya dejado rubros sin indemnizar por lo que entiende que se vulnera el principio de reparación integral del daño, al permitir que el actor no perciba una justa indemnización por los perjuicios sufridos. Cita jurisprudencia.

Al respecto, señala que el principio de la reparación integral está avalado por la doctrina y la jurisprudencia y presume el resarcimiento, no solo del daño actual, sino también del futuro, cuando existe la evidencia de su prolongación inevitable o previsible. Agrega que la convención Americana de los Derechos Humanos fue aprobada por la República Argentina según Ley 23.054 promulgada el 19-3-1984.

Hace referencia al contenido del art. 1740 del Cód. Civ. y Com. Nación.

También crítica en que la juez no consideró probada la disminución de la capacidad de la víctima, basándose solamente en el dictamen del perito traumatólogo, considerándola que era válida, pero que no tenía entidad suficiente como para tener por probada la incapacidad de la víctima.

La recurrente sostiene que el juez podría haber hecho uso de las facultades previstas en el art.438 del CPC. Cita jurisprudencia.

Por último, agrega que la sentencia atacada vulnera el derecho a la salud, al no otorgar una reparación a los daños que sufrió el actor en su integridad física.

Como segundo agravio, critica el monto de la indemnización correspondiente por el rubro daño moral y agrega que entiende el actor es meritorio de una indemnización superior a la regulada en la sentencia atacada, recordando que la estimación propuesta en la demanda fue de $ 15.000.

Formula reservas.

Estos agravios fueron contestados a fs. 283/286, en forma extemporánea.

En el segundo recurso la apoderada de la citada en garantía abogada Erica Aguilar, a fs. 273 recurre, el que fue concedido a fs. 274 con efecto suspensivo.

La recurrente expresó agravios a fs. 293/297, los que fueron contestados a fs. 315/318.

Los agravios vertidos por la apelante, de fs. 273, no se describen ya que el recurso fue interpuesto extemporáneamente como se analizará oportunamente.

Elevados los autos fueron adjudicados a fs. 340.

Planteado el recurso de apelación por las partes del modo propuesto, queda solo vigente el de la actora de fs. 266, el cual será tratado en primer lugar y se verifica que contiene, dos cuestionamientos principales que están vinculados con la cuantificación del daño reclamado en autos.

En esa dirección, este tribunal se ha pronunciado respecto del tratamiento que dará a los recursos de apelación en trámite, en cuanto a la aplicación de la normativa del Código Civil y Comercial a los reclamos en trámites de hechos que acontecieron con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del Código. En ese sentido y atendiendo al contenido del art. 7 CCyCN, la determinación de los sujetos pasivos de la responsabilidad resarcitoria corresponde efectuarla con la normativa vigente al momento del hecho, razón por la cual la misma debe ser resuelta en función del Código Civil, vigente en ese momento dado que allí quedó consolidada la situación. Pero, con relación a la cuantificación, corresponde partir en el análisis que se trata de una obligación de valor el deber de resarcir los daños, además que a la fecha del recurso no se encuentra consolidada la situación jurídica, sino por el contrario cuestionada en su cuantificación, razón por la cual es de plena aplicación la normativa contenida en el Código Civil y Comercial. "Con ello se puede expresar que quedó abierta para su meritación la etapa de las consecuencias jurídicas derivadas del hecho dañador (Valoración y cuantificación del daño como deuda de valor), respecto de las cuales hasta que no queden consolidadas en su determinación, sea en sede judicial o extrajudicial, son alcanzadas por las nuevas leyes sancionadas. En el caso, por el contenido del Código Civil y Comercial, Ley 26.994" Cámara Civil, Comercial y Minería de San Juan, Sala Primera, 04 septiembre 2015, autos N° 22.006 caratulados "Manrique, Margarita Antonia y Otro c/ Bargas, Juan Antonio y Otro - Daños y Perjuicios", (L. de S T° II-2015 F° 15/22) (voto Alferillo adhesión Victoria); Primera, autos 21.838 "Irrazabal Cuello, Víctor Exequiel c/ Guajardo Pedro Leopoldo y otro - Ordinario", 04 de septiembre de 2015 (. de S; T° II - 2015 F° 23/30). (voto Alferillo adhesión Riveros).

A partir de ello, se deja constancia que es aplicable al presente caso, la normativa del Código Civil y Comercial para la cuantificación del daño acreditado en autos.

El primer agravio a tratar versa sobre el rechazo del rubro solicitado como incapacidad de la víctima. Allí, centra su crítica el recurrente, por cuanto el juez no consideró acreditada la disminución en la capacidad de la víctima, basándose en el dictamen del perito traumatólogo, considerando que la pericia no es nula sino válida pero que no tenía entidad suficiente para tener por probada la incapacidad de la víctima. Dice que le agravia que el juez haya dejado rubros sin indemnizar.

Analizado el contenido de la apelación si bien es escueto y por demás ambiguo en sus expresiones que hacen referencia a los principios generales del derecho aplicable, pero que no concretan en la crítica de un modo puntual. A pesar de ello y en función de la operatividad de los Derechos Humanos consagrados en la Constitucional Nacional y Tratados Internacionales suscriptos por la Argentina, se considera que el desarrollo argumental resulta suficiente para juzgar que la presentación cumple con la exigencia mínima del segundo párrafo del art. 253 del C.P.C.

En este punto resulta menester precisar que la carga procesal de acreditar la existencia del daño y los parámetros para su cuantificación es de las partes intervinientes en el proceso (en especial de la parte actora) y no de la jurisdicción quién deberá evaluar las aportadas en el dictado de la sentencia de primera instancia. Excepcionalmente, por mandato del art. 167 Cód. Proc. Civil y Comercial, la jurisdicción fijará el importe de los perjuicios reclamados cuando su existencia esté legalmente comprobada, aunque no resultare determinado en su monto.

Pero este mandato a la jurisdicción sufre limitaciones propias de la instancia por cuanto, además de tener que resolver sólo los agravios que se planteen (tantum devolutum cuantum apelatum), se encuentra que el tribunal de la Primera Instancia fijó pautas económicas concretas cuando realiza la cuantificación del monto resarcitorio y es sobre esa base que debe la parte trabajar para explicar concretamente cual es el equívoco en el cual incurrió o las omisiones que tuvo. Pero además debe decir cuales son los parámetros económicos y sociales que corresponden aplicar y no formular únicamente como expresión de agravios una mera declaración de principio sin concreción específica.

Además de estas pautas generales, se debe considerar que cuando en el proceso de elaboración de una sentencia, en la primera instancia de conocimiento, se acredita fehacientemente la existencia del daño, si no hubiere acreditado elementos operativos para cuantificar el mismo, será el arbitrio judicial autorizado por el art. 167 CPC el que debe fijar las pautas de cómo se cuantificará o cuantificar con los elementos que obran en el proceso el daño existente. Si no lo hiciere, el a quo, como en el caso incurre en una omisión que lleva a la invalidez de su pronunciamiento que en este caso será suplido por este tribunal de alzada.

En ese sentido, el daño se encuentra acreditado y ello queda demostrado por la propia sentencia puesta en crisis, porque si no hubiere existido daño resarcible no podría condenar al demandado como responsable del accidente, dado que el "daño" es uno de los presupuesto de la responsabilidad junto a la "antijuridicidad", "nexo causal" y el "factor de atribución". Por otra parte, se consideró implícitamente en el fallo que el daño físico existió por cuanto sin él no pudo, de modo alguno, condenar por daño moral, porque éste daño siempre es un menoscabo consecuencia de otro perjuicio sufrido por la persona en su integridad psicofísica- social o en su esfera patrimonial.

En ese sentido, para resolver la cuestión venida a este tribunal, el punto se focaliza en el análisis que el a quo realiza a la pericia de fs. 95/97, calificándola, en primer lugar que "la pericia reúne los requisitos formales para ser válida y no nula" (fs. 263 vta), pero mas adelante entiende que "el paciente está interesado en acreditar la mayor incapacidad posible para obtener más indemnización por lo tanto, no le otorgo[a] valor probatorio" [.] Por lo expuesto, al no estar acreditada la existencia de incapacidad sobreviniente, no se admite indemnización por este rubro".

En la sentencia se transcribe parte de la pericia cuando dice que "el paciente, de acuerdo a estos datos aportados, presentó fractura de hombro izquierdo, las limitaciones que presenta el actor esta detallado en el informe, con una incapacidad del 18% parcial y permanente en toda su vida de relación personal, deportiva, etc.".

La pericial no puede ser tomada como la pieza única probatoria aportada a los autos, sino que es necesario analizar todo el componente probatorio para llegar a la conclusión de certeza sobre la existencia del daño físico y a su cuantificación.

En ese sentido, del resto de la prueba aportada a los autos se verifica que en el folio N° 6 del sumario penal adjunto como prueba se hace referencia a lesiones en el hombro, de las certificaciones emitidas por los profesionales médicos que no han sido declaradas improcedentes como prueba y de las otras pruebas aportadas (radiografías, gastos, etc.) se llega a la conclusión que daño en el hombro del damnificado existió y que el mismo hace referencia a la fractura del trocánter del hombro izquierdo.

Ahora bien, si se mira con detenimiento el dictamen del médico José González Testi, se verifica que da una pauta clínica que debe ser tenida en cuenta, "la aducción, rotación y abducción se presentan limitadas en sus últimos grados", es decir, aprecia que es mínima la limitación, pero no da otra pauta que permita estimar cuan mínima es.

En función de ello y tomando como referencia el mínimo mayor referenciado por el baremo dado por la Ley de Riesgo de Trabajo N° 24.557, actualizada con Decreto 49/2014, se fija por la jurisdicción en el 1%, no teniendo en consideración el 18% propuesto por la pericial porque ese porcentaje no se corresponde con una limitación mínima sino por el contrario, a una limitación media alta del miembro superior izquierdo.

Por otra parte, es el perito médico quién dice que esa incapacidad es parcial y permanente. La parte contraria, quién tenía la posibilidad de refutar este dictamen con un contra- dictamen pericial o con el aporte de elementos probatorios tendientes a desvirtuar esta aseveración, nada produce al respecto, razón por la cual, la jurisdicción debería tener a su alcance un elemento técnico científico que permitiera separarse de la opinión del perito, como se realizó precedentemente. Pero a ello no se puede acceder, razón por la cual se debe aceptar que el menoscabo es permanente.

Por otra parte, corresponde tener como parámetro la pérdida económica que tiene el damnificado que al momento del accidente era menor de edad. En ese sentido, se estima que cualquier persona, en su mínima expresión laboral (sea física o intelectual) tiene potencial para obtener como retribución en cualquier momento de su vida, el monto que se fije como salario mínimo vital y móvil, que a la fecha del día de la presente sentencia se encuentra estimado por el organismo público correspondiente en la suma de $ 6810.

Además de ello, siguiendo las pautas que inspiran a la línea que considera al hombre como un ser integral, que no solo produce bienes y servicios sino que tiene actividad económica, se debe pautar que la limitación del 1% la sobrellevará hasta la edad promedio de sobrevida que está en los 75 años. Por otra parte definiendo los elementos que definirán la cuantía, se debe tener presente que el accidentado damnificado Luis Walter Salinas, a la fecha del accidente 2 de abril de 2002, tenía la edad de 17 años atento que nació en fecha 23 de marzo de 1985.

Ahora bien, el art. 1746 del Código Civil y Comercial impone que para estimar la suma resarcitoria por las lesiones o incapacidad física "debe ser evaluada mediante la determinación de un capital, de tal modo que sus rentas cubran la disminución de la aptitud del damnificado para realizar actividades productivas o económicamente valorables, y que se agote al término del plazo en que razonablemente pudo continuar realizando tales actividades.

A partir de este mandato normativo, de aplicar una formula de la matemática financiera este tribunal ha decidido que "al respecto, en el "Código Civil y Comercial - Tratado exegético", publicado por la Editorial La Ley, dirigido por el Dr. Jorge H. Alterini, en el tomo VIII, págs. 278/294, se explica en el comentario al art. 1746 los componentes y la historia de las fórmulas de la matemática financiera, destacándose que la mayor autocrítica y evolución positiva en el tema proviene del fuero laboral.

En ese sentido, C.N.Trabajo Capital Federal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala 03 (16 de Junio de 1978, "Vuoto", Dalmero S. C/ Aeg Telefunken Argentina S/ Articulo 1113 Código Civil", Id Infojus: FA78041799) aplicaba la fórmula "Vuoto" que es repensada luego de la doctrina fijada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Arostegui" (CSJN, A. 436. XL; RHE, ", Pablo Martín c/Omega Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y Pametal Peluso y Compañía S.R.L.", 08/04/2008, T. 331, P. 570.), cuando el mismo tribunal dictó el fallo "Méndez" (C.N.Trabajo de Capital Federal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala 03, 28 de Abril de 2008, "Méndez Alejandro Daniel C/ Mylba S.A. y Otro s/ Accidente - Acción Civil", Id Infojus: FA08040068.).

En este último fallo se marcó a partir de aceptar el criterio de la CSJN de que la formula "Vuoto" que se empleaba no satisfacía la reparación plena de los daños prevista en la Constitución Nacional que había "dos observaciones internas a formular acerca de la estructura del algoritmo.

Una de ellas indica que es altamente improbable que la víctima dé a la indemnización que reciba el uso supuesto por la fórmula "Vuoto": lo más seguro es que, según cuál sea su cuantía, la destine a pagar deudas, a actualizar consumos postergados o a intentar algún emprendimiento personal de corte lucrativo. Esta elección corresponde a la víctima personalmente y no es apropiado interferir en ella: el uso del capital supuesto por la fórmula de referencia no tiene otro objeto que facilitar el cálculo financiero del resarcimiento del daño en este particular aspecto.

La otra observación se refiere a la edad tope con la que se aplique la fórmula. El empleo de la fórmula "Vuoto" ha tomado en cuenta hasta ahora el fin de la "vida útil" de la víctima, estimable en 65 años. Pero el hecho es que la (presupuesta) merma de salario que el trabajador sufra como consecuencia de su incapacidad laboral se reflejará, en la etapa pasiva, en su haber previsional. Por esta razón, y frente a los señalamientos de la Corte, parece justificado ahora introducir esta modificación y elevar la edad tope a 75 años".

Como se colige, en la reformulación de la formula impera un criterio civilista, donde se debe tener en cuenta no solo la faceta productiva de la víctima sino el menoscabo que padece para el desarrollo de su vida en sociedad, es por ello que el suscripto entiende que en sede civil y frente al mandato legal del Código Civil y Comercial vigente y aplicable al presente caso porque no se ha consumido o agotado la etapa de cuantificación de los daños, se debe aplicar la formula definida en el caso Méndez antes referenciado". (ver N° 22.006 (95.899 - 4° Civil), caratulados: "Manrique, Margarita Antonia y otro c/ Bargas, Juan Antonio y Otro - Daños y Perjuicios", 4 setiembre 2015 (L. de S. T° II-2015 F°15/22) En función del criterio expuesto y aplicando la fórmula antes mencionada de la matemática financiera ($ 6810 Salario Mínimo Vital y Móvil Junio/2016, 17 años/75 año; 1% incapacidad sobreviniente permanente), resulta la suma de $ 70.083,16 a la fecha de la presente sentencia.

En función de ello y que los intereses, de acuerdo al art. 1748 Cód. Civil y Comercial son aplicables desde el hecho dañoso, corresponde que sea aplicado por la mora el interés puro del 8% anual desde la fecha 2 de abril de 2002 a la data de la presente sentencia, por cuanto la transformación de valor a dinero se lleva a cabo en este momento del proceso. A partir de ese momento corresponde se aplique la tasa activa hasta su efectivo pago cancelatorio.

En este punto se debe comprender que cuando se demandan la reparación de daños y perjuicios, se formula una reclamación de una deuda de valor que el demandante, por imperio de las normas procesales, debe dar pautas de cuantía que no le cambian la naturaleza sino cuando la misma es expresamente cuantificada en la sentencia donde se deberá precisar con exactitud el momento de su realización, dado que a partir de ello, se transforma en una obligación dineraria conforme el art. 772 Cód. Civ. Com.

En función de lo expuesto propongo hacer lugar a este agravio, declarar la nulidad parcial de la sentencia, reelaborar la misma fijando la suma de $ 70.083,16 a la fecha de la presente sentencia en concepto de incapacidad sobreviniente, con un interés tasa pura del 8% anual desde el acaecimiento del hecho hasta la cuantificación y a partir, de ella se fija la tasa activa hasta su efectivo pago.

El actor, también impugna la cuantía fijada y reclama la compensación por daño moral, luego de exponer respecto de los padecimientos espirituales, angustias e incertidumbre sufridos a consecuencia de las lesiones recibidas en el accidente, estimando este rubro en la suma de $ 15.000.

El evidente menoscabo anatómico y funcional sufrido por la víctima de lesiones justifica por sí solo la indemnización del daño moral que tiene su fuente en el anterior art. 1078 del Código Civil, actuales arts. 1737 y 1738 Cód. Civ. y Com. (Ley 26.994) dado que se presume a partir del menoscabo psicofísico - social padecido por el actor como consecuencia del ilícito del demandado, ha sufrido injustos padecimientos en sus íntimas afecciones espirituales, como es el dolor, molestias derivadas de las lesiones sufridas, etc.

En función de ello y del resultado económico antes propuesto para resarcir el daño a la incapacidad sobreviniente del damnificado directo, se estima que la cuantía fijada en la suma de $ 6.000, sin lugar a hesitación es insuficiente, proponiendo su elevación a la suma de $ 10.000 a la fecha de esta sentencia. Ello resarce y compensa adecuadamente el nivel de sufrimiento que padeció la actora que no necesita ser acreditado por ser notorio (presunción hominis) que llevo a tener varios días de convalecencia. En cuanto al recurso interpuesto a fs. 273, en primer lugar, es deber del Tribunal meritar, si el recurso ha sido interpuesto y fundado tempestivamente. En este sentido, este Tribual ha sostenido reiteradamente que tiene innegables facultades para examinar todo lo atinente a los recursos y fundamentalmente para apreciar la procedencia de la apelación (conf. L. de A. Tº 62 Fº 95/96, Fº 80/81; Tº 93 Fº 113/114). Al respecto dice Fassi que es "una facultad de la Cámara, aún de oficio, que se ejercita con prioridad al tratamiento de las cuestiones de fondo. Al efecto le incumbe examinar de oficio si el apelante tiene calidad de parte, si tiene interés en la interposición del recurso, si éste ha sido deducido en tiempo hábil y si ha sido bien otorgado, pues las reglas que gobiernan la materia son de orden público. Como el tribunal está habilitado para examinar de oficio la forma de concesión del recurso, debe estarlo también para considerar si se han presentado en término los memoriales" (Cód. Proc. C. y C., Anotado y Concordado, Tº I, p. 423; Libro de Autos Tº 29, pág. 30; Libro de Autos Tº 30, p. 38). En igual sentido, Rivas (Derecho Procesal-Tratado de los Recursos Ordinarios, Ed. Abaco-1.991) se pronuncia diciendo que "el tribunal ad quem es el habilitado para formular juicio de admisibilidad definitivo (Tº 1, pág. 399), no obstante la facultad conferida al a-quo para juzgar acerca de la viabilidad del recurso de apelación en cuanto a la legitimación, legalidad del intento -con relación a las resoluciones apelables o no-, plazo y formas de la interposición del recurso, estando dirigido al tribunal de alzada, es éste el que decide en definitiva si es o no admisible. Sus poderes le permiten, incluso corregir el criterio con el que el tribunal inferior dio o no curso al medio de impugnación correspondiente (Tº 2, pág. 461).

De esta manera y conforme las constancias agregadas a los autos se advierte que efectivamente el recurso de apelación no fue interpuesto en término. Ello es así por cuanto, a fs. 268 vta consta la cédula de notificación de la sentencia apelada dirigida a la aseguradora, y diligenciada en fecha 9 de septiembre de 2014 y a fs. 273 en fecha 22 de septiembre de 2014 la aseguradora apela, una vez vencido el término fijado en la ley ritual. De ahí que surge en forma manifiesta la extemporaneidad del recurso de apelación deducido por la demandada, en virtud del principio de preclusión de los actos procesales, por lo que, aplicando la doctrina sustentada precedentemente, corresponde declararlo mal concedido.

En este sentido se ha expresado "el juez al conceder un recurso de apelación se ha desprendido del conocimiento de la causa, siendo la Alzada la única facultada para ver si aquél está bien o mal otorgado y, en consecuencia, la parte apelada sólo puede buscar reparar el eventual error en que pudo incurrir el "a quo" al conceder la apelación, a través de sus propios escritos de contestación de la expresión de agravios" (cfr. Morello, Sosa Berizonce, "Cod. Proc. com". T° III, p. 142; Cám. 2° Sala II, La Plata, causa B-44.360, R DJ 1979-2-39; sum. 188).

Además de lo dicho, cuadra destacar que el consentimiento de las partes resulta ineficaz para validar un acto procesal efectuado, luego que ha vencido la etapa oportuna por el transcurso del plazo, ello en virtud los caracteres de fatalidad y perentoriedad de los plazos legales (art. 160 de la Ley 3738 vigente al 02-08-2012, art. 156 Ley 8037) y el principio de preclusión ya aludido.

Por todo lo expresado, corresponde declarar mal concedido el recurso de apelación de fs. 273, con costas a la apelante.

En consecuencia, propongo hacer lugar al recurso interpuesto a fs. 266. Anular parcialmente la sentencia de primera instancia (264 bis) y reelaborada la misma, condenar a la demandada Antonio Maral López y a la compañía aseguradora Bernardino Rivadavia Lta. Seguros a pagar in solidum al actor las sumas antes precisadas en concepto de incapacidad sobreviniente y daño moral, con costas a la vencida. Regular los honorarios del abogado Gustavo Correa de Cara en el 50% de lo regulado en primera instancia.

Declarar mal concedido el recurso de apelación interpuesto a fs. 273, con costas.

El DR.GILBERTO A. RIVEROS , dijo:

Por los fundamentos expresados por el Magistrado que me precede en el orden de votación, voto en sentido concordante.

2da. CUESTIÓN: El DR. PASCUAL E. ALFERILLO, dijo:

En mérito a la votación que antecede corresponde: I) Hacer lugar al recurso interpuesto a fs. 266. Anular parcialmente la sentencia de primera instancia (264 bis) y reelaborada la misma, condenar a la demandada Antonio Maral López y a la compañía aseguradora Bernardino Rivadavia Lta. Seguros a pagar in solidum al actor las sumas antes precisadas en concepto de incapacidad sobreviniente y daño moral, con costas a la vencida. II) Regular los honorarios del abogado Gustavo Correa de Cara en el 50% de lo regulado en primera instancia. III) Declarar mal concedido el recurso de apelación interpuesto a fs. 273, con costas.

El DR.GILBERTO A. RIVEROS , dijo:

Por iguales razones, voto en el mismo sentido.

Por ello, y lo acordado precedentemente, SE RESUELVE:

I) Hacer lugar al recurso interpuesto a fs. 266. Anular parcialmente la sentencia de primera instancia (264 bis) y reelaborada la misma, condenar a la demandada Antonio Maral López y a la compañía aseguradora Bernardino Rivadavia Lta. Seguros a pagar in solidum al actor las sumas antes precisadas en concepto de incapacidad sobreviniente y daño moral, con costas a la vencida. II) Regular los honorarios del abogado Gustavo Correa de Cara en el 50% de lo regulado en primera instancia.

III) Declarar mal concedido el recurso de apelación interpuesto a fs. 273, con costas.

Protocolícese, notifíquese en debida forma, y bajen los autos al Juzgado de origen.

PROTOCOLO: L. de S ; T° I-2016; F°89/97; FECHA:30 de junio de 2016 DRES. RIVEROS-ALFERILLO.