Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-12-12


Esquel, 12 de diciembre de 2008.- ------VISTO:-------------------------------------------------------------------- ---------------- ------El recurso de apelación interpuesto por el demandado en contra lo resuelto por el Sr. Juez a quo el 6 de diciembre de 2007, obrante a fs. 49/50; y---------------- ------CONSIDERANDO:------------------------------------------------------------- ------ ------Que con fecha 6 de diciembre de 2007, el Sr. Juez a quo dispone designar un interventor - veedor a fin de que controle la gestión del administrador e informe al juez sobre la misma ( art. 224 C.P.C. y C.), todo ello por entender que se encuentran acreditados los recaudos para la adopción de cualquier medida cautelar, en lo concreto entiende que el peligro en la demora estaría dado por la falta de acuerdo en cuanto a la liquidación de los bienes societarios y la proximidad del inicio de la temporada de verano.---------------------------------------- ------Que el recurrente, en su escrito de fs. 80/84 vta. concreta sus agravios a dos quejas: La primera de ellas - tal como lo aclara el propio recurrente - es de índole procedimental y refiere a la falta de sustanciación previa. La segunda, de índole sustancial, alude a la improcedencia de la intervención judicial a una sociedad ya disuelta.----------------------------------------------------------------------- ------------------- --------Que respecto al primero de los agravios, es evidente -y el propio recurrente lo reconoce- que se alude a un supuesto error in procedendo, razón por la cual nos encontramos en el ámbito del recurso de nulidad insito en el de apelación. El nulidicente tiene estrictas cargas procesales que cumplir y entre ellas se encuentra la de invocar perjuicio concreto y para ello no basta con aludir al derecho de defensa en forma genérico sino que ha de explicar al Tribunal cuales fueron las que no ha podido oponer que traduzcan el perjuicio sufrido y el interés en obtener la declaración "...pues no suple la exigencia de este artículo la mera enunciación genérica de haber sido violado el derecho de defensa en juicio ..." (CNCiv. E, 30/07/79 conf. cit. de GIANGRASSO, Antonio José. Depalma. Buenos Aires 1989, pag. 240) y es que el viejo principio del "pas de nulite sans grief" impide declarar la nulidad por la nulidad misma.-------------------------------------------------------------------------- -------- ------En cuanto al segundo agravio, es decir la improcedencia de una intervención judicial a una sociedad disuelta corresponde indicar que los bienes societarios no han sido todavía liquidados.------------------------------------------------------------------<#L INE> ------El art. 101 de la Ley 19550 dispone que la sociedad en liquidación conservará su personalidad a ese efecto. A este respecto dice ZUNINO: "El mantenimiento de la personalidad jurídica y la aplicabilidad de las normas relativas a su tipo social a los efectos y bajo los límites que impone el estado de liquidación es un recurso técnico y, a la vez, una explicación dogmática tendiente a permitir que la misma sociedad pueda encarar el trámite de liquidación (realización del activo y cancelación del pasivo para repartir posteriormente el eventual remanente entre los socios), no obstante encontrarse disuelta desde el momento en que operó válidamente la causal respectiva." (ZUNINO, Jorge Osvaldo "Régimen de Sociedades Comerciales. Ley 19.550" Astrea. Buenos Aires 1996 ,pag. 147).-------------- -------Tampoco puede dejar de advertirse la falta de perjuicio potencial de la medida pues se trata de un simple interventor informante (art. 224 C.P.C. y C.) "Es que los interventores con carácter de veedores no toman el manejo y dirección de la sociedad porque el administrador social no es removido y actúan solamente para el cuidado y custodia de bienes, intereses o derechos controvertidos y sus atribuciones se limitan a la vigilancia, control y fiscalización" (C.N.Com. A, 30/6/78 ED 80-415 conf. cit de GIANGRASSO, Antonio José. Depalma. Buenos Aires 1989, pág. 291). Lo dicho viene a cuenta de que, como bien expresa KIELMANOVICH "Es claro que el tribunal deberá buscar el justo equilibrio entre los intereses en juego, ponderando cuidadosamente los antecedentes de autos y con un criterio pragmático, máxime frente a la garantía que supone la prestación de una contracautela" (KIELMANOVICH, Jorge L. "Medidas cautelares". Rubinzal-Culzoni Santa Fe 2000, pág. 336). En definitiva otros Tribunales han tenido ya oportunidad de expedirse en cuestión similar y así con meridiana claridad se ha dicho "Aunque se tratase de una sociedad de hecho, habiéndose solicitado la disolución de la misma, tal circunstancia no empece a que en este tipo de sociedades sea procedente la intervención judicial" (CNCom. Sala A 27-5-77 "Saturnini, Eduardo c. More, Mariano A. conf. cit KIELMANOVICH, Jorge L. "Medidas cautelares". Rubinzal-Culzoni Santa Fé 2000, pág. 347).

Por lo demás, nuestra jurisprudencia ha señalado: "... que la función del veedor es informar sobre datos a los cuales no le es posible acceder en tiempo oportuno al peticionario de la medida cautelar. Si bien en ocasiones el informe del veedor puede constituir prueba de `alteraciones perjudiciales´ del estado de cosas, o de irregularidades en la gestión comercial-societaria, ello puede aceptarse como efecto de la medida cautelar y no como objeto de la misma. Sólo procederá la designación de un veedor cuando el peticionario de la medida no pueda acceder él mismo a la información, procediendo por ejemplo la designación de un interventor-veedor con función de vigilancia y control de la gestión social si se ha comprobado prima facie la calidad de socio del actor, las dificultades para acceder al establecimiento y a los libros y documentación social y el manejo unipersonal del negocio por la demandada." (conf. Enrique M. Falcón en Tratado de Derecho Procesal Civil y Comercial, Tomo IV Sistemas cautelares, Edit. Rubinzal-Culzoni, Santa Fé, año 2006, pág. 357, circunstancia ésta que a prima facie está acreditada en las presentes actuaciones.

En virtud de lo cual, este Cuerpo concluye que el resolutorio recurrido -en cuanto ha sido materia de recurso-, debe ser confirmado, y se deben imponer las costas de esta Instancia al apelante vencido (art. 68, CPCC), regulándose los emolumentos del abogado O. G. S. en un 0,04% y los del letrado L. A. R. en un 0,07%, ambos porcentajes con más el IVA pertinente y a calcular sobre el 50 % del valor de los bienes que se determinen en la etapa oportuna, por la labor desarrollada en esta Alzada (art. 14 Dcto. Ley 2.200).------------------------------------------------------------------------- ------------------- ------Por ello, la Excma. Cámara de Apelaciones del Noroeste del Chubut---------- --------------------------------------R E S U E L V E---------------------------------------- ------1º) CONFIRMAR la sentencia interlocutoria de fecha 6 de diciembre de 2007 obrante a fs. 49/50, por las consideraciones vertidas precedentemente.------- ------2º) IMPONER las costas de la presente instancia al recurrente vencido (art. 68 CPCC).-------------------------------------------------------------------------- ------------- ------3º) REGULAR los honorarios profesionales del abogado O. G. S. en un 0,04% y los del letrado L. A. R. en un 0,07%, ambos porcentajes con más el IVA pertinente y a calcular sobre el 50 % del valor de los bienes que se determinen en la etapa oportuna, por la labor desarrollada en esta Alzada (art. 14 Dcto. Ley 2.200).------------------------------------------------------- ------4º) REGÍSTRESE, notifíquese y devuélvase.-------------------------------------- BENJAMÍN MOISÁ JORGE LUIS FRÜCHTENICHT GÜNTHER ENRIQUE FLASS REGISTRADA BAJO EL NRO. 173 DEL AÑO 2008 DEL LIBRO DE SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS CIVILES. CANO.-