marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Derechos y garantías constitucionales, sistema acusatorio, interpretación de la ley
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Benítez, Jorge José, Laudonio, Oscar Armando y otros s/ infracción arts. 94, 99 y 101 ley 1472 - Apelación -Suspensión del juicio a prueba
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-11-10

La vigencia del sistema acusatorio impuesto por la Constitución de esta ciudad a los efectos de afianzar el derecho de defensa debe funcionar como pauta hermenéutica para todos los sistemas punitivos ejercidos en esta jurisdicción o, al menos, si se posee convicción acerca de sus alcances o consecuencias en el sistema penal, no corresponde, por vía interpretativa, restringirlo con relación al sistema contravencional.
Régimen penal de la minoridad
Materia: PENAL
Carátula: M., V. s/ Lesiones Graves
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1993-05-14

...la pena, como se consigna anteriormente, no está prevista por la ley de menores, puesto que no tiene sentido, debido a que el fin perseguido por el actual sistema de Menores es de carácter eminentemente tutelar, como su propio título lo indica y persigue el propio interés del menor, estableciendo el derecho del mismo a vivir en condiciones que permitan llegar a su normal desarrollo biológico, psíquico, moral y social. Por lo que, de aplicársele sanción a un menor luego de seguir las pautas establecidas por el artículo 4°, situación no respetada en el sublite, ésta debe consistir en pena privativa de efectivo cumplimiento, la que el menor deberá cumplir desde los 18 a los 21 años en establecimientos especiales, para que se cumplan los fines de la ley de menores.
Participación criminal, inimputabilidad, robo en banda
Materia: PENAL
Carátula: ZARZA, Diego S. s/ ROBO EN BANDA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-24

Disidencia parcial del Dr. Elbert: Una de las notas típicas de la banda está dada por la imputabilidad y libertad de decisión de quienes aparecen integrándola. Toda vez que uno de los participantes del hecho fue declarado inimputable por ser menor de edad, considero que el hecho resulta "prima facie" encuadrable en la figura del robo simple, prevista en el art. 164, C.P.
Apelación de honorarios, actualización monetaria, cómputo de la actualización
Materia: CIVIL
Carátula: RODRIGUEZ CARLOS GUILLERMO Y OTRO c/ MOURAZOS JOSE S/SUC Y OTRO s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-06-21

Cuando el cobro de un crédito por honorarios se dilata por la apelación o recursos deducidos por una de las partes que no prosperaron, se impone el reajuste de las sumas que integran la condena. La parte que consintió el monto del crédito fijado en la sentencia puede luego pedir el reajuste por el lapso que duró la sustanciación del recurso de apelación de su contraria, a fin de evitar el perjuicio que deriva a su respecto del envilecimiento del signo monetario. Este principio se funda en razones de estricta justicia.
Acción de amparo, amparo por mora, costas
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: Argen X S-A- c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Amparo por mora s/ Amparo por mora
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-28

Las costas deberán ser impuestas a la Administración siempre que de las constancias de la causa surja que se encontraba en mora en oportunidad de interponerse la demanda de amparo por mora. (Del voto de los Dres. Weinberg de Roca y Centanaro).
Liquidación judicial, cosa juzgada, jubilaciones, cobro de retroactivo
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ORSI, JORGE OSCAR c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICION - INCIDENTE  DE APREMIO - APROBACION DE LIQUIDACION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 907 AÑO  2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-04-28

Sabiendo que la liquidación realizada judicialmente no tiene otro fi n que no sea la cuantificación económica de la condena contenida en la sentencia, debe rechazarse el planteo de la actora -que reclama una deuda por retroactivos en política salarial-, por cuanto la accionante no logra demostrar que la planilla aprobada sea errónea o, en otras palabras, que no contemple diferencias de capital adeudadas por la demandada. Es decir, existe una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada y en tren de ponderar su alcance cuantitativo, resulta indudable que el mismo se encuentra cabalmente reflejado en la liquidación mencionada. Asimismo, debe valorarse que no se ha probado que los factores tenidos en cuenta por la Caja de Jubilaciones y Pensiones al liquidar no hayan sido correctos, de allí y dado que a cada parte le incumbe probar el fundamento de hecho de la norma en que funda su pretensión echa de verse que la accionante no ha levantado dicha carga, pues no ha demostrado la incorrección de los montos adoptados por la Administración.
Recursos, improcedencia del recurso, recurso extraordinario, efecto suspensivo, ejecución de sentencia
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "ARAOZ,  ISABEL  BEATRIZ c/ HSBC New York Life Seguros de RetiroArgentina S.A. y otro s/ Amparos y sumarisimos".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-05-09

No corresponde hacer lugar a la solicitud de que el recurso extraordinario se conceda con expresa mención de que su efecto es suspensivo, ya que lo prescripto por el art. 258 del C.P.C.C. impide que sea el Tribunal quien le otorgue tal carácter. Ello sólo puede ser decidido por la C.S.J.N., pues es ella quien tiene la facultad de disponer la suspensión de los procedimientos, previo análisis de su excepcionalidad fundada en razones de orden institucional.
Decreto de necesidad y urgencia, facultades reglamentarias, ratificación del decreto, desregulación económica
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Baca Castex, Raúl Alejo c/ C.P.A.C.F. s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-01

El Poder Ejecutivo Nacional tenía atribuciones para reglamentar el decreto 2284/91 antes de que operase su ratificación legislativa por ley 24.037 ya que se trataba de un decreto de necesidad y urgencia (Disidencia del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Contratos comerciales, rescisión del contrato, daños y perjuicios, daño emergente, lucro cesante
Materia: CIVIL
Carátula: IMARAL  S.A. c/ E.GOEDHART Y CIA.  S.A.C.F.I. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-02-22

Corresponde resarcir los daños ocasionados por la rescisión de un contrato, toda vez que los mismos están configurados por el obrar de la demandada al rescindirlo por su sola voluntad o conveniencia, se da pues el factor de atribución, por cuanto la conducta seguida le es imputable al menor a título de culpa, existiendo una adecuada relación de causalidad entre la conducta seguida por la accionada y el perjuicio que dice haber sufrido la actora.

El daño a que se hace referencia no es eventual sino cierto, sufrido por el damnificado como consecuencia de la ruptura del contrato, por lo que el autor del hecho se halla obligado, en general, a reparar todo el daño que el incumplimiento contractual haya producido por su culpa de acuerdo con las pautas que establece la misma ley.

Tal concepto comprende no sólo el daño emergente sino también el lucro cesante, para que sea indemnizable este último, es suficiente la existencia de una cierta posibilidad objetiva de que se habría logrado un beneficio según el curso ordinario de las circunstancias particulares del caso.

El fundamento jurídico de los daños e intereses resarcibles (daño emergente y lucro cesante) es el mismo contrato del que nace la obligación de cumplimiento. Cada contrato confiere virtualmente mediante una cláusula tácita al acreedor del derecho de perseguir por daños e intereses al deudor que no lo ejecute. No es una obligación nueva que reemplaza a la originaria sino que son debidos en virtud de ella y constituyen un objeto secundario de esta a título de sanción.
Despido con causa, apreciación de la prueba
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: OSORES, ROLANDO FABIAN c/ PESADO CASTRO MOTORS S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-12-20

Los reproches del recurrente en cuanto a que el A quo prescindió de sopesar la relevancia de la dilación del actor en la rendición diaria de la caja a su cargo, a los fines de configurar justa causa de despido, cuenta con entidad constitucional suficiente para habilitar esta instancia, desde que si bien el análisis de la jueza de baja instancia tuvo por acreditada dicha causal y concluyó que había quedado suficientemente demostrada la inobservancia de las obligaciones que pesaban sobre el trabajador, quien no adoptó las conductas adecuadas para el cumplimiento de las mismas incurriendo en una evidente falta al deber de buena fe, la Sala habría invertido el razonamiento poniendo énfasis en el análisis de la imputación por faltante de dinero y sus implicancias penales, para luego descartarla, pero aludiendo sólo brevemente al atraso en la rendición de caja, al decir que ello sólo habilitaba una sanción disciplinaria. (De la disidencia parcial del Dr. Falistocco).
Ley de servicios de comunicación audiovisual, constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Grupo Clarín S.A. y otros c/ Poder Ejecutivo Nacional y otro s/ Acción meramente declarativa
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-10-29

Resulta inadmisible la apelación federal deducida por el Estado Nacional contra lo resuelto por la Cámara -en el marco de la causa en la que se discute la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, N° 26.522-, en cuanto impugna el rechazo de la excepción de falta de legitimación activa para obrar en cabeza de dos de las demandantes con sustento en la doctrina de la arbitrariedad de sentencias, pues se trata de cuestiones de hecho, prueba, derecho procesal y común, propias de los jueces de la causa y ajenas, en principio, a la instancia de excepción prevista en el artículo 14 de la ley 48, máxime cuando el pronunciamiento recurrido goza de fundamentos no federales suficientes para descartar la tacha de arbitrariedad.
Beneficios previsionales, aplicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CALDERON OTELO c/ CAJA JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA PROVINCIA s/ Acción Procesal Administrativa (LIBRO: S239 - 304)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-09-29

La determinación de la fecha del cese y de la baja fijan el régimen aplicable y la normativa para el cómputo del haber jubilatorio.-
Recurso de apelación (procesal), calidad de parte, expresión de agravios, daños y perjuicios
Materia: PROCESAL
Carátula: GOYTIA, María Paula c/ PROVINCIA DE SALTA s/ Adquisición del dominio por prescripción
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2014-02-24

A los fines del cómputo del plazo de la prescripción, no es suficiente el conocimiento primario que el trabajador pudiera tener de su afección, sino que debe tener un conocimiento cabal, certero, objetivo en qué forma y con qué magnitud, se encuentra incapacitado.

El reclamo administrativo no constituye un requisito previo ineludible para demandar, sino el ejercicio de una facultad u opción por el damnificado, por la circunstancia de encuadrarse en el supuesto de la citada norma del Código Civil, que como las demás atingentes al instituto de la prescripción, son supletoriamente aplicables en el ámbito administrativo.
Acción de amparo, carácter excepcional, existencia de otras vías, mandamiento de ejecución, acumulación de acciones, suministro de gas, daño moral
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: STUPFLER RODOLFO RUBEN Y OTROS c/ METROGAS SA s/ AMPARO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-30

El art. 43 de la Constitución Nacional ha incorporado de manera literal a la "Acción de Amparo" y dice, en lo pertinente, "toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo ...". De conformidad al texto constitucional en vigor, la existencia de un remedio administrativo podría interpretarse que no es obstáculo para la admisibilidad de la pretensión pero, de todas maneras, la viabilidad de aquél está condicionada a la inexistencia de una vía judicial más apta. Ello encuentra explicación en la tradicional concepción supletoria o subsidiaria del amparo, lo cual implica que queda reservado para casos realmente excepcionales, porque lo común será atender un problema de atentado a tales derechos por medio de los procesos y recursos corrientes, paralelos o previos al amparo. En consecuencia, por existir acumulación de acciones con el objeto perseguido en esta demanda -condena a suministrar el servicio público de provisión de gas y al pago de $ 5.000 en concepto de daño moral- la actora debe acudir a los remedios ordinarios, obteniendo la conexión pretendida a través de una medida cautelar -sin que esto importe admitir anticipadamente su procedencia, pues aquí el Tribunal debe pronunciar su criterio acerca de la "vía idónea"- y reclamar el accesorio resarcimiento por el daño espiritual que dice padecer, cuya existencia y acreditación deben ser examinados en un proceso de debate amplio, ajeno en absoluto al trámite aquí promovido.
Concurso real, amenazas, lesiones leves
Materia: PENAL
Carátula: SOSA RAMOS, W. B. s/ CONCURSO DE DELITOS - APARENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-02-05

No habiéndose producido las amenazas durante una "acalorada discusión" sino como paso previo a la golpiza que propinaran el procesado y sus compinches a la víctima, ambas conductas resultan claramente separadas, siendo de aplicación el tipo concursal del art. 55 del C.P.
Pacto de San José de Costa Rica, responsabilidad internacional del Estado, REPÚBLICA DEL PARAGUAY, estado parte, cumplimiento de la obligación, pueblos originarios, sentencia condenatoria, Corte Interamericana de Derechos Humanos, reforma legislativa, derecho interno, derecho de propiedad ancestral, reivindicación de tierras
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek c/ Paraguay s/ sentencia de fondo, reparaciones y costas
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2010-08-24

Conforme lo ordena el artículo 2 de la Convención Americana, debe el Estado República del Paraguay o -dentro de los dos años de notificada la sentencia condenatoria-, adoptar en su derecho interno las medidas legislativas necesarias a los fines de crear un sistema eficaz de reclamación de tierras ancestrales de los pueblos indígenas, considerando muy en especial la importancia que tiene para ellos su tierra tradicional; que el rechazo de un pedido de reivindicación no se base en que las tierras estén en manos privadas y sean racionalmente explotadas y que sea un autoridad judicial la competente para resolver los conflictos que se presenten entre los derechos a la propiedad de los particulares y la de los indígenas.
Sentencia firme, cosa juzgada
Materia: PROCESAL
Carátula: G., H. c/ C. "T.P.M.A.C.L." s/ Posesión Veinteñal
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-07-06

La cosa juzgada alcanza incluso a aquellas cuestiones que, pudiendo haber sido propuestas, no lo fueron, y en el caso de una pretensión idéntica a otra ya decidida mediante sentencia firme, cuando mediante ella se intenta salvar deficiencias probatorias incurridas en el proceso anterior, y aunque se invoquen nuevos fundamentos jurídicos.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, debido proceso, Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia aplicable, procedimiento civil, prueba, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: RECCE, GERARDO Y OTROS c/ MALIZZANI, DANIEL Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS) RECURSO DIRECTO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-10-18

En lo tocante a la enunciada irregularidad en la incorporación del sumario penal, los comparecientes fallan en explicitar cómo habrían logrado perfilar eficazmente ante la Alzada algún supuesto de violación de las formas procesales, porque no surge de su relato ni de sus alegaciones que las referidas constancias instrumentales no hubiesen sido tempestivamente ofrecidas e introducidas en la causa con arreglo a la normativa procesal aplicable, o que frente a ello no hubiese mediado efectiva posibilidad de ofrecer nuevas pruebas desvirtuantes, ni mucho menos que la prueba testimonial que se dice propuesta para su reproducción en la audiencia de vista de la causa hubiese sido debidamente urgida por las partes; ni llega por ende a demostrarse, siquiera argumentalmente, que en ese aspecto los Sentenciantes pudiesen haber excedido los límites que a la prueba trasladada impone el debido proceso, siendo criterio reiterado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la admisión en el juicio civil de las pruebas reunidas en el sumario penal en el que se ventilan los mismos hechos no importa violar la defensa en juicio si los interesados han tenido oportunidad de ofrecer y producir la prueba contraria que hubieran estimado conveniente. - CITAS: CSJN: Fallos 182:502, 219:54; CSJStaFe: AyS T 267, p 137. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe, artículos 171, in fine, 549, 550 y 557
Proceso penal, sentencia condenatoria, jueces, facultades del juez, delitos
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: A, J J s/ VIOLACION CALIFICADA     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE NRO 674-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-12-29

En la sentencia de condena, el Juez debe realizar una clara y fundamentada descripción de los hechos que considere probados, a los efectos de determinar concretamente el objeto procesal, debiendo establecer la concordancia o no del hecho específico real con el hecho específico legal; siendo definitorio el tipo penal en que la conducta se subsume. En consecuencia, la unidad o pluralidad del objeto depende, pues del fundamento fáctico que tenga la pretensión represiva que el acusador ha hecho valer.
Obligaciones, obligaciones solidarias, deudas impositivas
Materia: COMERCIAL
Carátula: GAMBA RICARDO ORLANDO s/ QUIEBRA S/ INC. DE IMPUGNACION PROMOVIDO POR O.S.N.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-05-06

Las deudas impositivas -de naturaleza ambulatoria- se encuentran regidas por el principio de solidaridad establecido por el cciv:

2689; es que, aún cuando no se trata estrictamente de cargas reales, esas obligaciones se proyectan sobre la cosa motivo de la imposición o en cuyo servicio se genera la tasa.
Prescripción, interrupción de la prescripción, legitimación activa
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: LUQUE, Erminio c/ RODRIGUEZ, Luis Carlos y otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-04-10

La demanda interruptiva de la prescripción puede ser deducida, no sólo por quien es titular del derecho, sino también por todo tercero interesado, ya sea actuando a nombre propio, o a nombre del titular del derecho, pero en su propio interés. De ahí que, no corresponde dispensar al menor de la prescripción cumplida, en la forma prevista por los arts. 3966 y 3980 del Código Civil, si el tutor aun cuando no hubiese contado con los instrumentos definitivos de su nombramiento, igual -y al sólo efecto de interrumpir la prescripción- hubiese podido accionar en representación del incapaz.
Personal municipal, personal jerárquico
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Pérez, Ramón Arturo c/ Municipalidad de Hipólito Yrigoyen s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-04-05

Resulta legítimo el acto de remoción de un auxiliar del Intendente si el Departamento Ejecutivo había emitido un acto particular productor de efectos jurídicos, fundado en la necesidad de dar coherencia y operatividad a la gestión municipal y requirió el acuerdo del Concejo para cumplimentar los recaudos que a tal fin establece la Ley Orgánica municipal, advirtiéndose de tal modo una voluntad coincidente de ambos órganos.
Superior Tribunal de Justicia, sentencia, oficios, interposición del recurso, plazo, recurso de queja (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en GCBA contra López Lezcano, Norma de las sobre ejecución fiscal - ABL - pequeños contribuyentes
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-08-17

Si bien la sentencia en último término cuestionada -aquella que rechazó el libramiento de oficio de embargo preventivo al BCRA mediante el Sistema de Oficios Judiciales (SOJ), organizado por la Comunicación "A" 6606/18-, desde una interpretación teleológica de la ley n° 5931, no proviene del superior tribunal de la causa (cfr. voto desarrollado en "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ GCBA c/ Malabia 2497 SRL s/ ejecución fiscal", expte. n° 15878/18, sentencia del 14/05/2020), mi posición en ese pronunciamiento fue de minoría por lo que, sin perjuicio de dejar a salvo mi opinión, cabe tener por cumplido el requisito. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Concursos, proceso de verificación, demanda de verificación, indicación de la causa, certificado de deuda, aportes previsionales, trabajador autónomo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: FORASTIERO  CORREA  JORGE  RODOLFO s/ QUIEBRA  S/  INCIDENTE DEREVISION (AFIP).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-08

Si bien, en el marco de un concurso preventivo, cabe admitir la legitimación de AFIP para verificar acreencias en concepto de Aportes y Contribuciones al Sistema de Seguridad Social de Autónomos; ello, en atención a las funciones que otorgó el Decreto 570/93 a la DGI, en relación a los recursos de la seguridad social correspondiente a los regímenes de jubilaciones y pensiones de trabajadores autónomos, luego transferidas a AFIP mediante Decretos 618/97 y 863/98 y, en el entendimiento de que, al otorgarle el Alto Tribunal -"Scalise", 9.8.11- dicha legitimación, ha considerado como lógica consecuencia que, mediante el pago de los aportes debidos por el concursado en las condiciones que se establezcan en el acuerdo homologatorio, cumplido éste a su respecto, renacerá su derecho a obtener el beneficio jubilatorio. Distinto es el caso en donde se pretende la verificación de una acreencia por igual concepto pero, en el marco de un proceso falencial (quiebra). En este marco, la AFIP carece de legitimación para ejecutar la deuda contra el trabajador autónomo inscripto en el sistema y de su incumplimiento, solo se deriva un perjuicio para el incumplidor que no podrá acogerse a los beneficios jubilatorios con el que, bajo este enfoque, el sistema no resulta afectado (esta Sala, 14.03.06, "Gentile Carlos Francisco s/ quiebra s/ inc. de revisión promovido por AFIP"; íd. "Maleh Oscar M. s/ quiebra s/ inc. de revisión por AFIP" del 11.05.06; íd. 27.06.06, "Marelli Adriana s/ Quiebra s/ inc. de revisión por Fisco Nacional"; íd.

27.02.07, "Kippes Fabián Alfredo s/ Quiebra s/ inc. de revisión prom. por AFIP"; Sala C, 23.12.03, "Presa Silva, Gumersindo s/ quiebra s/ inc. de revisión por AFIP"; íd. Sala D, 16.8.05, "Pemow, Jorge s/ quiebra s/ inc. de revisión por Fisco Nacional"; íd. íd. Sala E, 23.8.05, "Wolanik, Pedro s/ concurso prev. s/ inc. rev. p/ la concursada al crédito de AFIP"). Por ende, un reclamo de verificación de aportes no abonados en estas condiciones, deviene asimilable a un crédito carente de causa, siempre en el entendimiento de que no corresponde obligar a la masa falencial a abonar ciertas sumas, si es que, por ello, el deudor no va a recibir la contraprestación acordada en la norma jubilatoria.