Tribunal: CAMARA DE APEL. CONT. ADM. Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-11-15


En la Ciudad de Buenos Aires, a los 15 día del mes de noviembre de 2006, se reúnen en Acuerdo los señores jueces de la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para conocer en el recurso de apelación interpuesto por la actora a fs. 293, fundado a fs. 303/9, contra la sentencia de fs. 287/90, en los autos "FERRER JORGE ALBERTO CONTRA GCBA (DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL DE LAS PERSONAS) SOBRE COBRO DE PESOS", Expte. EXP.3341/0, y habiéndose practicado el sorteo pertinente resulta que debe observarse el siguiente orden: Dr. Horacio G. A. CORTI, Dr. Esteban CENTANARO y Dr. Carlos F. BALBÍN, quienes deciden plantear la siguiente cuestión: ¿es justa la sentencia apelada? A la cuestión planteada, el Dr. Horacio G. CORTI dijo:

I. A fs. 11/14 se presenta el Sr. Jorge A. FERRER, demandando al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (en adelante "GCBA") por ante la Justicia Nacional en lo Civil, con el fin de que lo reincorpore a su anterior puesto de trabajo y le abone los salarios caídos.

Refiere que ingresó a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires en junio de 1981 como empleado, y comenzó a desempeñarse como Jefe de Sección Identificaciones en la Dirección General del Registro Civil y Capacidad de las Personas a partir de febrero de 1994.

A raíz de una denuncia por supuestas anomalías en la tramitación del documento nacional de identidad de un extranjero, se le inició un sumario administrativo que culminó con la cesantía, por conducto del decreto 375/95. Paralelamente, se inició un proceso penal que tramitó por ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 2, Sec. Nro. 3, causa 17.261, en el cual, luego de ser procesado, resultó sobreseído, por resolución de fecha 18/04/97.

Afirma que frente al sobreseimiento recaído en sede penal, la demandada "debió proceder inmediatamente a [su] reincorporación como así también abonar[le] los salarios correspondientes a todos los meses en los que [se vio] privado injustamente de prestar tareas" (cfr. fs. 11vta.).

Asevera haber interpuesto, en tiempo y forma, con fecha 29/5/95 recurso de revocatoria contra el decreto 375/95 que dispuso su cesantía, y que ante el silencio de la Administración solicitó con fecha 6/6/97 pronto despacho. Agrega que también amplió los fundamentos del recurso presentado, en virtud del sobreseimiento recaído en sede penal. Relata que no recibiendo respuesta alguna, con fecha 4/8/98 interpuso un amparo por mora que tramitó ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nro. 29 -el que surge de autos que fue desestimado por resolución de fecha 4/08/98 (cfr. fs. 16)-. Entiende, por último, que por tal motivo la presente es la única vía que posee a los efectos de cobrar los salarios que le corresponden, como asimismo ser reincorporado a su puesto de trabajo anterior.

Con carácter subsidiario, solicita se le abonen las sumas correspondientes a la indemnización por despido incausado (fs. 13vta.).

Practica liquidación -que asciende a la suma de cuarenta mil cuarenta pesos ($40.040.-)-, funda en derecho -limitándose a mencionar la ley 22.140- y ofrece prueba documental, informativa y pericial contable.

II. A fs 83/93 contesta el GCBA la demanda. Refiere que el actor fue dejado cesante como consecuencia del sumario 569/94, por incurrir en las causales de los incisos "f" y "k" del art. 36, Ordenanza 40.401, que se refieren a la comisión de actos reñidos con la moral, o que revelen la existencia de una notoria inconducta, y asimismo a la producción de declaraciones o informes falsos o faltar a la verdad con el propósito de obtener beneficios indebidos en perjuicio del erario municipal.

Agrega la demandada que el actor no impugnó el acto administrativo que lo cesanteó, y que la pretensión de que lo reincorporen y le abonen determinadas indemnizaciones es accesoria a dicha impugnación, cuya viabilidad depende de la nulidad dicho acto. Destaca que -conforme a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos 319:1476)- al no mediar declaración de ilegitimidad no puede haber resarcimiento o pago de suma de dinero alguna pues falta la causa de tales obligaciones, (vid. fs. 87).

Respecto del sobreseimiento de la justicia penal, entiende que no afecta la decisión del intendente municipal de dejarlo cesante, por tratarse de regímenes jurídicos distintos, y asimismo por estar fundada la cesantía en la comisión de faltas administrativas (incisos "f" y "k" del art. 36 de la ordenanza 40401) y no de delitos.

Por otra parte, señala que no corresponde el pago de salarios por funciones que no han sido efectivamente desempeñadas, según la jurisprudencia constante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aunque el motivo del cese fuese atribuible al propio empleador, como en el caso de autos. Es decir, no existe causa jurídica que dé derecho al cobro de los salarios reclamados por el actor.

Finalmente, asevera que no es aplicable la norma invocada por el actor, ley 22140, sino la citada ordenanza 40401, cuyo art. 106 enlista las causales de la conclusión de la relación de empleo público y no contempla la indemnización por despido.

III. A fs. 287/90 luce la sentencia de la a quo que rechaza la demanda, con costas a la actora.

Para decidir de tal manera, refiere que los hechos investigados en sede penal y en sede administrativa no han sido, más allá de su vinculación, exactamente iguales, y que en esta última se determinaron responsabilidades administrativas, propias de la relación de empleo público y de la potestad sancionatoria de la Administración (vid. fs. 288vta.). Agrega, con cita de un fallo de la justicia en lo contencioso administrativo federal, que lo resuelto en sede penal no excluye el ejercicio de facultades disciplinarias, debiendo considerarse las diferencias de naturaleza, finalidad y esencia existentes entre las sanciones disciplinarias y las del derecho penal (vid. fs. 289).

IV. La sentencia es recurrida por la actora a fs. 293, expresando agravios a fs. 303/9 El recurrente se agravia, en lo sustancial, de la errónea valoración de la a quo de las constancias de la causa, particularmente de la causa penal anejada. La califica de parcial y descontextualizada. Sostiene que la a quo no advierte que el acto que lo dejó cesante no estaba sustentado en prueba suficiente. Luego de la investigación en sede penal, dado que allí no se logró probar la existencia del hecho, la resolución administrativa perdería sustento (fs. 306vta.).

En su contestación de fs. 311/14, la demandada afirma que el actor se basa en el error de considerar que la jueza debió haber analizado de manera detallada la causa penal para decidir su propio fallo. Destaca la independencia del régimen de la responsabilidad administrativa respecto del derecho penal y concluye que la conducta del actor, si bien indudablemente no constituyó un delito penal, de manera evidente configuró una grave falta disciplinaria plenamente acreditada en el sumario. Por último, entiende que no se advierte en el sumario del Sr. Ferrer transgresión de los principios sustanciales de raigambre constitucional que afectaran su derecho de defensa.

V. A fs. 316/8, la Sra. Fiscal de Cámara señala la independencia de los dos tipos de responsabilidad, la penal y la administrativa, destacando, concretamente, que "el sobreseimiento devenido con posterioridad a la cesantía no excluye ni modifica la sanción dispuesta en sede administrativa. Asimismo, estimo que los hechos y las pruebas, como también la valoración efectuada de éstos, fueron distintos a la hora de tipificar penalmente la conducta del agente en sede judicial que al momento de aplicar la sanción administrativa, pues cada régimen persigue fines propios y resguardan diferentes valores". Sin perjuicio de ello, señala que habiendo precisado los alcances del régimen jurídico aplicable, los agravios del recurrente también cuestionan la valoración de la prueba efectuada por el a quo, y dicho aspecto resulta ajeno a su intervención (fs. 318).

VI. De forma general, tal como señalé en los autos "PLACIDO, RITA CELIA C/GCBA S/IMPUGNACION ACTOS ADMINISTRATIVOS", Expte. EXP. n.º 3981, entiendo que debe reconocerse la existencia, en germen, de un derecho sancionatorio que abarca la totalidad de la potestad sancionatoria del Estado y, por ende, la existencia, también embrionaria, de un derecho constitucional sancionatorio. Es decir: de un derecho constitucional de la potestad punitiva estatal, que abarque sus aspectos sustanciales y procesales, aspectos que en esta materia, más enfáticamente que en otras, son inescindibles, todo ello sin afectar la distribución constitucional de competencias entre los gobiernos federal y local, en cuanto corresponde a estos últimos legislar en toda la materia sancionatoria no penal, en materia administrativa y, por último, en materia procesal.

Claro que, como consecuencia de las características históricas de desarrollo del derecho liberal de los dos siglos pasados, el eje del derecho sancionatorio ha sido el derecho penal (un subsector del derecho sancionatorio). Esto ha conducido a tomar a este subsector como "modelo" o "punto de referencia" de la totalidad del derecho sancionatorio, de forma que, por ejemplo, se considera que los principios constitucionales penales (y procesales-penales) son aplicables al resto del derecho sancionador "con matices" (ver sobre el punto el ineludible texto de Alejandro Nieto, Derecho Administrativo Sancionador, segunda edición ampliada, Tecnos, Madrid, 1994). Es ésta una forma tal vez inevitable de proceder hasta tanto se desarrolle el mentado derecho constitucional sancionador, que contenga los principios comunes a la totalidad, para luego aprehender los matices de cada subsector.

VII. Sin perjuicio de lo dicho, no puede obviarse que, cualquiera sea la visión general que se adopte sobre la cuestión, es preciso tener en cuenta la intersección de, por un lado, la potestad punitiva del Estado y, por otro, del conjunto sistemático de las potestades público-administrativas (tal el caso de las potestades financiera, de policía, de protección de usuarios y consumidores, etc.), que requieren a su vez de una organización pública, uno de cuyos elementos constituyentes es el personal (sobre esto último ver, entre otros, Sabino Cassese, Las bases del Derecho Administrativo, INAP, 1994, en especial su capítulo séptimo "El personal", pág. 195 y ss.).

Esta intersección se manifiesta, en lo esencial y de acuerdo a la realidad misma del derecho positivo contemporáneo, en el reconocimiento (salvo excepciones, no cuestionado por la doctrina) de la posibilidad de que el poder punitivo del Estado sea ejercido, en estas situaciones, directamente por la Administración, a través de un procedimiento administrativo sancionador (o "sumarial"), que concluye en un acto administrativo ("de contenido sancionador") y que, como todo acto, debe ser susceptible de un control judicial posterior ("revisión judicial de la actuación administrativa sancionadora").

En este cruce entre lo administrativo y lo sancionador es donde juega, según el inevitable lema que hoy debe seguirse, la aplicación con matices del derecho constitucional penal y procesal penal, que a mi juicio debe entenderse como la máxima aplicación de aquellos principios, en la medida de su compatibilidad con: a) las características y fines de la potestad administrativa involucrada, y b) las características del procedimiento administrativo que debe utilizarse para ejercer este aspecto del poder punitivo-constitucional del Estado de Derecho.

Sobre las semejanzas y diferencias entre ambos regímenes, señala Alejandro Nieto que: i) existen dos clases de normas, unas describen y castigan unos ilícitos que se denominan delitos, y en las segundas se denominan infracciones administrativas -ello sin perjuicio de que eventualmente las normas penales aludan ocasionalmente a las infracciones administrativas, de la misma forma que las leyes administrativas se pueden remitir a delitos y faltas-; ii) en unas y otras se encomienda el castigo de cada uno de estos grupos de ilícitos a órganos diferentes: delitos y faltas a tribunales penales, infracciones administrativas a los órganos administrativos, cuyas decisiones son recurribles ante órganos jurisdiccionales no penales; iii) la represión ha de ajustarse a procedimientos distintos, según el tipo de ilícito de que se trate; iv) los castigos impuestos por los distintos órganos son también distintos -aunque en algunos casos materialmente coincidan-; v) los regímenes jurídicos son materialmente distintos para cada grupo de ilícitos (en materia de reincidencia, prescripción, dolo, etc.); vi) las normas penales son aceptablemente concretas y se nuclean en torno al Código Penal, no así las normas administrativas, que son incompletas y dispersas (cfr. Nieto, ob. cit. pp. 160/61).

VIII. Por otra parte, es preciso apuntar que la resolución que aplica una sanción en el marco de un sumario debe reunir, como todo acto administrativo, los requisitos esenciales enunciados en los arts. 7 y 8 de la LPA.

En efecto, la ley local de procedimientos administrativos (al igual que la ley federal sobre la materia) exige, como condición de validez de los actos administrativos, su causa, motivación y procedimiento. Conforme al art. 7, son requisitos esenciales del acto administrativo: "b) Causa. Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable [...] e) Motivación. Deberá ser motivado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados en el inc. b) del presente artículo".

Esta Sala ha señalado que la causa es entendida como los antecedentes de hecho y de derecho que sirven de sustento al acto administrativo. En consecuencia, cuando tales circunstancias fácticas son inexistentes, o bien distintas a las invocadas, entonces el acto se encuentra viciado y corresponde su declaración de nulidad (esta Sala, entre otros, in re "Auto Generali S.A. y otros c/GCBA s/otras demandas contra la Autoridad Administrativa" expte. Nº 5740, sentencia del 24 de junio de 2003).

Los actos administrativos deben estar precedidos por un razonamiento que incluya un análisis fáctico y argumentos de carácter jurídico adecuados (ver, por todos, el comentario de Comadira, Julio Rodolfo, Procedimientos administrativos. Ley nacional de procedimientos administrativos, anotada y comentada, t. I, La Ley, 2002, pág. 201 y ss., punto 6.1.5).

En este sentido, esta Sala ha tenido oportunidad de expresar que "la exigencia legal de fundar el acto administrativo, a través de la motivación, tiene por objeto garantizar los derechos de los particulares y, en especial, la garantía de defensa, al permitirles conocer las razones que indujeron a la administración a dictar el acto. Asimismo, la motivación constituye un elemento de esencial trascendencia para el juez llamado a controlar la actividad administrativa, toda vez que le permite revisar acabadamente su legitimidad" (in re "Quiroga Estela Julia c/ G.C.B.A.- Secretaría de Hacienda y Finanzas- Dirección de Medicina del Trabajo s/ Amparo", expte. 3906).

En igual sentido, se ha dicho que la motivación, en cuanto importa la exteriorización de las razones que justifican el dictado del acto, "tiende a cumplir tres finalidades: a) que la Administración, sometida al derecho de un régimen republicano, dé cuenta de sus decisiones; b) que éstas puedan ser examinadas en su legitimidad por la justicia en caso de ser impugnadas; y c) que el particular afectado pueda ejercer su defensa" (SCJMendoza, in re "Aguilar", sentencia del 16/05/84, voto de la Dra. Kemelmajer de Carlucci, cfr. Comadira, Julio R, op. cit., pág. 203).

En suma, como ya señaló, en su momento, Bartolomé Fiorini: "el recaudo amplio de la motivación se sustenta en el valor republicano de la publicidad de los actos estatales; en el dato esencial de toda actividad administrativa como es la razonabilidad y la moralidad; coadyuvando para el ejercicio de un derecho humano como es el de la defensa; y colabora con el ordenamiento jurídico al permitir al poder judicial para que plenamente pueda juzgar los actos administrativos. Esto último es tanto más justificable después de la conquista sobre el control de la finalidad y razonabilidad de los motivos que justifican el acto" (Derecho Administrativo, segunda edición actualizada, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1995, pág. 423).

IX. Sentado lo expuesto, cabe destacar que en el caso de autos el actor omitió impugnar de manera concreta y razonada el acto administrativo que lo declaró cesante, limitándose a reclamar que se lo reincorpore en su puesto de trabajo de manera automática e inmediata, a raíz del sobreseimiento dictado en sede penal a su favor. Sin embargo, ello no está previsto en el ordenamiento jurídico aplicable, ni en la ordenanza 40401 ni en la ley 471 de relaciones laborales de la Administración pública de la Ciudad de Buenos Aires, ni en alguna otra norma vigente a la fecha de los hechos de autos. Por ende, su pretensión carece de todo asidero jurídico.

En efecto, la ordenanza 40401, que aprueba el Estatuto para el personal municipal, régimen vigente con anterioridad a la ley 471, establece en su art. 41 que "contra las resoluciones que se dicten en materia disciplinaria podrán interponerse los recursos previstos en las normas que rigen el procedimiento administrativo municipal". Con anterioridad a la ley de procedimientos administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, establecida por decreto de necesidad y urgencia del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Nro. 1510/97 del 10/03/1997 (ratificado por resolución 41/1998 de la legislatura local con fecha 7/04/1998 y publicada el 27/05/1998 en el boletín oficial N° 454), estaba vigente la ordenanza 33264 para todo lo concerniente al procedimiento administrativo, y supletoriamente, el decreto reglamentario de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos y el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación eran aplicables, en tanto fuesen compatibles con las disposiciones de dicha ordenanza (cfr. art. 60). Ahora bien, dicha ordenanza 33264 tampoco contaba con ninguna norma que acogiera siquiera de manera aproximada la pretensión del actor.

Posteriormente, la ley 471 (BO del 13/09/00) de relaciones laborales de la Administración pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que derogó la ordenanza 40401, se refiere al tema en el art. 53, que establece que "[l]a sustanciación de los sumarios administrativos por hechos que puedan configurar delitos y la imposición de las sanciones pertinentes son independientes de la causa criminal [...]. La sanción que se imponga en el orden administrativo, pendiente la causa criminal, tendrá carácter provisional y podrá ser sustituida por otra de mayor o menor gravedad, luego de dictada la sentencia definitiva." Se colige que en el régimen actual el proceso criminal y el procedimiento sumarial pueden transcurrir simultáneamente, y que la sanción que imponga el acto administrativo tendrá carácter provisional.

Finalmente, cabe señalar que en la actualidad resulta aplicable a casos como el de autos el art. 464 del Código Contencioso Administrativo y Tributario, contra los actos administrativos que dispongan la cesantía o exoneración de agentes dependientes de una autoridad administrativa, cuya relación de empleo público tenga estabilidad conforme los estatutos o regímenes correspondientes, se puede interponer recurso de revisión ante esta Cámara.

X. En suma, puede deducirse de la reseña normativa expuesta, que la pretensión del actor de ser restablecido en su cargo "de manera automática" ante el supuesto del sobreseimiento en sede penal carece de justificación alguna en el régimen jurídico local de empleo público.

Es decir, el actor debió solicitar administrativamente la disminución de la sanción o, en su momento, impugnar la resolución que lo dejó cesante de conformidad con las normas vigentes en materia de procedimientos administrativos. En este sentido se pronunció la magistrada de primera instancia. Debo concluir que la expresión de agravios de la actora no contiene razones de entidad suficiente que puedan conmover la estructura argumental de la sentencia recurrida.

Conviene recordar aquí que según el criterio de esta Sala, para cumplir con el requisito de la crítica concreta y razonada del art. 236 CCAyT, la recurrente debe señalar en concreto las partes del pronunciamiento recurrido que se consideran equivocadas, y demostrar su ilegalidad, injusticia o arbitrariedad, así como el perjuicio ocasionado al litigante (esta Sala, in re "SCHNIDRIG, ALDO RAÚL C/ GCBA S/ AMPARO"; "STURBA, GRISELDA C/ GCBA S/ AMPARO", entre otros antecedentes).

En relación con su naturaleza jurídica, señalan Fenochietto y Arazi (Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Astrea, Bs. As., 1993, tº 1, p. 939, § 1; con cita de Carnelutti, Sistema, III, p. 639) que la expresión de agravios " ...tiene la trascendencia de una demanda destinada a abrir la segunda instancia, pues sin expresión de agravios el tribunal se halla imposibilitado de entrar a verificar la justicia o injusticia del acto apelado ... sin ella en nuestra legislación no hay juicio de apelación". Los autores citados agregan que "...el contenido de la impugnación se relaciona con la carga que incumbe al apelante de motivar y fundar su queja...", y luego que "El contenido u objeto de la impugnación lo constituye la crítica precisa de cuáles son los errores que contiene la resolución; sea en la apreciación de los hechos o en la aplicación del derecho. Crítica razonada, que no se sustituye con una mera discrepancia, sino que implique el estudio de los razonamientos del juzgador, demostrando a la Cámara las equivocadas deducciones, inducciones y conjeturas sobre las distintas cuestiones resueltas" (ob. cit., p. 940/1, § 2, "b"; cfr. esta Sala, in re "MOSSUTO , MARÍA CECILIA C/ G.C.B.A. Y OTROS S/ OTROS PROCE SOS INCIDENTALES", EXP nº 11319/1).

Se advierte que el recurso bajo análisis roza la deserción, ya que, en lo que hace al fondo del asunto, no articula una verdadera crítica de los argumentos centrales de la sentencia recurrida.

XI. Sin perjuicio de ello, a mayor recaudo de los intereses del actor cabe destacar que el decreto 375/95, acto administrativo que resolvió su cese, no parece inmotivado (art. 7 y 14, LPA de la CABA), máxime cuando toma en cuenta los mismos hechos que en sede penal se tuvieron por acreditados.

Es decir, que de dicha situación fáctica no se haya deducido la responsabilidad jurídico-penal del actor no importa que la valoración jurídica de la Administración local en el sumario 569/94 sea ilegítima, pues es evidente que se trata de enfoques distintos, de conformidad con los fines que cada régimen jurídico persigue y los principios que los rigen.

Como señala Marienhoff, la responsabilidad administrativa o disciplinaria tiene por fin el mantenimiento del debido funcionamiento de los servicios administrativos, y por ende el procedimiento administrativo disciplinario y el proceso penal son diferentes por su génesis, sus fines y sus sanciones (cfr. Tratado de Derecho Administrativo, 3ª ed., t. III-B, p. 427). Explica el autor que "[c]omo lo advirtió Jéze, la represión disciplinaria de los agentes públicos que comenten faltas y la represión penal de los agentes públicos delincuentes son dos cosas totalmente distintas. [...] La absolución o el sobreseimiento penal no siempre es un título suficiente para impedir la sanción administrativa, aun cuando ésta se imponga por hechos directamente vinculados a los que dieron lugar a la absolución o sobreseimiento penal. Hay circunstancias que resultan irrelevantes en la instancia penal, pero no en sede administrativa. Todo depende de las circunstancias del caso particular" (Tratado de Derecho Administrativo, ob. cit., p. 428; destacado agregado).

En este mismo sentido, Fiorini señala que "la independencia funcional de la sanción disciplinaria y la justicia penal demuestra que la Administración pública, ante el resultado del sumario administrativo, podrá decretar la sanción que administrativamente corresponde, sin esperar el resultado de la investigación delictiva. La existencia de un sobreseimiento definitivo no puede ser motivo para liberar al agente de los resultados que surjan del sumario administrativo. La inocencia criminal no significa que no pueda ser culpable de faltas administrativas" (Derecho Administrativo, t. I, 2ª ed., p. 854; el destacado me pertenece).

XII. En el sumario mencionado en estos autos, se acusa al actor de hallarse involucrado en la tramitación irregular de documentos de identidad para extranjeros, que unas personas de nombre "Delicia" y "Fabio" realizaban a cambio de dinero en un departamento de la calle Esmeralda 783 piso 6 "A" de esta ciudad (cfr. fs. 289/289vta. de la causa penal). El actor se desempeñaba en ese entonces como Jefe de Sección Identificaciones del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, circunscripción Nro. 14 (vid. fs. 287), y su firma constaba en el certificado amarillo que aquéllas extendían a los interesados en actualizar su DNI (cfr. fs. 106 de la causa penal).

A raíz de la denuncia del Sr. Miguel Angel Villalba Alvarenga por ante el Registro Nacional de las Personas, la Directora del Registro Civil y Capacidad de las Personas, Dra. Lila Guzman Novoa, realizó la denuncia ante la justicia penal. Paralelamente, se dio inicio al sumario administrativo nº 569/94, acusándolo de haber incurrido en las causales de los incisos "f" y "k" del art. 36, Ordenanza 40.401. En mayo de 1995 la demandada dispuso la cesantía del actor.

Cabe recordar que la ordenanza 40401, que aprobó el Estatuto para el Personal Municipal (BM 8/03/85), establecía en su art. 106 que el personal egresa de la Administración Municipal por las siguientes causas: a) renuncia; b) cesantía o exoneración; c) jubilación; d) fallecimiento.

En el art. 36, se indica que son causas para la cesantía, entre otras, "faltar a la verdad o producir declaraciones o informes falsos con el propósito de obtener beneficios indebidos en perjuicios del erario municipal" (inc. k) y "cometer hechos o actos que están reñodos con la moral, o que revelen la existencia de una notoria inconducta" (inc. f). Tales fueron las causales invocadas en la cesantía del actor.

XIII. Ahora bien, surge de fs. 119 de la causa penal que en diciembre de 1994 se decretó la falta de mérito en relación con el actor y la imputada Delicia María Nuñez Careaga. El magistrado menciona que "se recibe declaración indagatoria a Jorge Ferrer, quien reconoce como propias las firmas obrantes en los formularios de fs. 14, 104 y 106; negando toda relación con los hechos investigados; manifestando por último no poder reconocer al Sr. Villalba [la persona que denunció las irregularidades ante el Registro Nacional de las personas; cfr. fs. 289 de la causa penal], cuy[a] fotografía obrante a fs. 9, se le exhibiera en dicho acto" (vid. fs. 119 de la causa penal)." (destacado agregado). Posteriormente, afirma que "de todo lo expuesto surge que, si bien hasta el momento no se [ha] logrado colectar pruebas decisivas conducentes a demostrar la responsabilidad de los imputados en orden a los delitos investigados, ni la relación que podría existir entre Ferrer y Nuñez Careaga, tampoco puede descartarse su participación en los ilícitos objeto de la presente [...] Motivo por el cual, en atención al plazo previsto en el art. 306 del Código adjetivo, es que habré de adoptar un temperamento no conclusivo respecto de la responsabilidad de la imputada [es decir, Delicia María Nuñez Careaga]" (destacado agregado). Por tales razones, decretó la falta de mérito respecto del actor y de la Sra. Nuñez Careaga, a fs. 120.

Posteriormente, en abril de 1997, se dictó la sentencia definitiva que sobreseyó al actor, a Nuñez Careaga y a Fabio González (fs. 289/92). En dicha sentencia, sostiene el magistrado que "al prestar declaración indagatoria Jorge Alberto Ferrer [...] empleado de la Circunscripción 14 del Registro Civil, negó reconocer al señor Villalba a través de la fotografía que se le exhibió en dicho acto. En cuanto a las firmas obrantes en las constancias I-914/83 de fs. 14/104 y 106 las reconoció como de su puño y letra, negando que los sellos con los cuales firmara dichos documentos le [hayan] sido robados." (destacado agregado). Y señala luego que "si bien de las probanzas hasta el momento acumuladas en autos se ha podido determinar en forma fehaciente las irregularidad que dieran origen a la presente causa, no se ha determinado con la misma certeza la autoría de las mismas ...", refiriéndose a la Delicia María Núñez Careaga y González Fabio, es decir, a quienes habrían realizado el trámite de los documentos en la oficina sita en la calle Esmeralda 783 piso 6º "A" (fs. 291vta., causa penal), no al actor.

Es decir, el juez federal estimó que a partir de las probanzas producidas se puede determinar "en forma fehaciente" la existencia de "las graves irregularidades que dieran origen a la presente causa". Sin embargo, no consideró suficientemente probada la autoría de los imputados Núñez Careaga y González, atento a los resultados "negativos" de las pericias y los reconocimientos ordenados (cfr. fs. 291vta.).

Por su parte, el decreto 375/95 que dejó cesante al actor, establece en su motivación que: "al denunciante le fue entregado un comprobante que dice "Constancia de Actualización Documento Nacional de Identidad de 16 años", con la firma y sello que pertenecería [a] JORGE FERRER, dependiente de[l] Registro civil. El trámite fue ingresado el 15 de julio de 1994 en los registros informáticos de la Seccional 14 como [si] hubiera sido efectuado en esa dependencia". Que el Director Operativo del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas HECTOR EDUARDO TORRE testimonia que, de acuerdo a lo manifestado por el denunciante, el trámite no fue realizado en la Circunscripción 14 sino en la mencionada oficina de la calle Esmeralda 783, [...] que las constancias del supuesto trámite aparecen firmadas por los empleados JORGE FERRER y JORGE GAZALI". Posteriormente, se señala que "los antecedentes reunidos surge que los trámites en cuestión fueron inicialados por los agentes indagados, no habiéndose realizado los mismos en el Registro Civil, pese a lo que allí se consigna [...] Que [frente a] la gravedad de la irregularidad corresponde la aplicación de una medida segregativa".

XIV. Pues bien, se advierte de lo expuesto y de las demás constancias de la causa, que los hechos acreditados en sede penal son sustancialmente idénticos a los invocados a modo de causa en la motivación del acto administrativo que dejó cesante al actor -lo cual reconoce el propio actor en su expresión de agravios (vid. fs. 306). Como señalé anteriormente, es dable inferir en consecuencia que dicho acto administrativo se encuentra debidamente motivado, dado que cumple de manera satisfactoria con el requisito del inc. "e", art. 7 LPACABA, que establece el deber de expresar de forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los hechos y antecedentes que le sirvan de causa, y el derecho aplicable.

Por las razones expuestas, dado que la pretensión del actor de ser reincorporado a su puesto de trabajo carece de sustento en el ordenamiento jurídico, y toda vez que el acto administrativo que decretó su cesantía no se muestra incausado (arts. 7 y 14 LPA), propongo a mis colegas se desestime el recurso interpuesto y se confirme la sentencia de primera instancia que resuelve rechazar la demanda, con imposición de las costas de esta instancia a la actora vencida (art. 62, CCAyT).

El Dr. Carlos F. Balbín se adhiere al voto que antecede.

Por las razones expuestas, jurisprudencia y doctrina reseñadas, el Tribunal RESUELVE: 1.- Rechazar el recurso interpuesto por la actora; 2.- Imponer las costas de esta Alzada a la actora vencida (art. 62 CCAyT).

Regístrese. Notifíquese al Ministerio Público Fiscal y a las partes y oportunamente devuélvase.

Se deja constancia de que el Dr. Esteban Centanaro no suscribe la presente por haberse excusado de intervenir en las presentes actuaciones (fs. 320).

Carlos F. BalbínDr. Horacio G. Corti