marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Denegatoria del recurso, accidentes de trabajo, asegurador por riesgos del trabajo, intereses, costas, crédito laboral, liquidación del asegurador
Materia: CIVIL
Carátula: FLORES SERGIO OSCAR C/ PREVENCION ART S.A. S/ ACCIDENTE DE TRABAJO CON ART c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2022-02-24

eniendo en cuenta los términos de la resolución entiendo que corresponde desestimar la apelación. [...] "En efecto, tal como señalé, el Fondo de Reserva creado por el art. 34 de la ley 24.557 tiene por objeto abonar las prestaciones a cargo de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo que éstas dejaran de abonar como consecuencia de su liquidación. De tal modo, frente a la liquidación de la ART, dicho Fondo de Reserva ocupa el lugar de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo y, por tanto, debe hacerse cargo no sólo de las prestaciones debidas con fundamento en la ley 24.557 sino también de los intereses devengados del crédito laboral adeudado por la ART hasta su efectivo pago (capital más accesorios), y de las costas ocasionadas en el presente juicio que, originariamente, debían ser soportados por la A.R.T. ahora en liquidación (en similar sentido se ha expedido este Tribunal en la causa "MELIAN FERNANDO ARIEL C/ LINEA 60 S.A. Y OTROS S/ ACCIDENTE/ LEY ESPECIAL", S.D. N° 62.784, del 11/04/2011, del registro de esta Sala VI)." "Ello en consonancia con lo decidido en el fallo plenario N° 328 del 4/12/2015 en autos: "Borgia, Alejandro Juan c/ Luz A.R.T. S.A." en cuanto se estableció que "La responsabilidad de la Superintendencia de Seguros de la Nación como Administradora del Fondo de Reserva previsto en el artículo 34 de la Ley de Riesgos del Trabajo se extiende a los intereses y a las costas", (CNTrab., Sala VI, SENTENCIA DEFINITIVA N° 70621, Expediente Nro.: CNT 36220/2016, "MARINO, RAÚL EDUARDO C/ART INTERACCIÓN S.A. Y OTRO S/ACCIDENTE - LEY ESPECIAL", 27/02/2018). (Del voto del Dr. Jorge Pascuarelli, en minoría).
Allanamiento, costas
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Rensa, Juan Manuel y ot. c/ El Molino S.A. y ot. s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-08-24

El allanamiento a la demanda, como causal de exoneración de las costas, está condicionado por la conducta del vencido, sea que haya incurrido en mora o que haya hecho necesaria la iniciación del pleito.
Daños y perjuicios, indemnización, seguros
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MISITI CONCEPCION. c/ GOBIERNO DE LA NACION. s/ ART.1113 - CODIGO CIOIL.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-03-15

No empece el derecho de la demandante la circunstancia de haber percibido la indemnización correspondiente a dos seguros, por tratarse de beneficios que reconocen una causa distinta (el contrato de seguro; no el hecho ilícito).
Acción, legitimación activa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Del Poza, María c/ Municipalidad de Merlo s/ Amparo -cuestión de competencia art. 6º C.C.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-08-17

Quienes se agravian de la negativa de la administración a concederles una habilitación para desarrollar actividades comerciales o de otra índole sujetas a dicho requisito no se hallan legitimados para promover la acción contencioso administrativa.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario, fundamentación del recurso, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL
Carátula: SUCESION DE DIONISIO JOAQUIN FELIU c/ GARRONE ROBERTO ANTONIO Y OTROS s/ INTERDICTO DE RECOBRAR LA POSESION-RECURSO EXTRAORDINARIO  INTERPUESTO POR LA DRA. GAUNA ALVAREZ NESTOR HUGO S.D.HOMICIDIO SIMPLE E.P. DE CHAVEZ JORGE DANIEL s/ CASACION-RECURSO EXTRAORDINARIO INTERPUESTO POR EL DR.VERGOTINI
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-03-10|1999-11-25

Los pronunciamientos por los cuales los más altos tribunales provinciales deciden acerca de que los recursos extraordinarios de orden local no resultan, en principio, susceptibles de revisión por medio de la apelación federal, y la tacha de arbitrariedad, que es particularmente restringida con respecto a auqellos, admite excepción cuando lo resuelto no constituye derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias de la causa.
Indemnización por despido, adicionales de remuneración, premio cuatrimestral
Materia: LABORAL
Carátula: BOSCO, JULIO c/ CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO s/ DIF. SAL.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-10

Si el premio estímulo era abonado por la demandada en forma cuatrimestral, no corresponde su cómputo para el pago de las indemnizaciones por despido, que son fijadas tomando como referencia las previsiones del art. 245 LCT, que establece el cómputo de retribuciones mensuales como base para la determinación del cálculo del crédito.
Recurso de inconstitucionalidad, nulidad de sentencia, reenvío, subrogancia del juez, fundamentos insuficientes, Ministerio Público, fiscales, intangibilidad de la remuneración
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ALVAREZ, ENRIQUE RAMON c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2011-06-21

El incumplimiento del mandato de esta Corte por el tribunal subrogante al que se reenvió la causa, acarrea lisa y llanamente la descalificación de la sentencia como acto jurisdiccional válido por infracción a los artículos 95 de la Constitución provincial y 12 de la ley 7055.

La trascendencia para la resolución de la litis de las cuestiones omitidas en el juzgamiento de la acción de amparo se patentizan aún más si se tiene presente que la resolución primigenia de esta Corte fue dictada con anterioridad al nuevo diseño institucional y normativo que a partir del nuevo Código Procesal Penal adquirirán -progresivamente hasta su implementación definitiva- los recientemente creados Ministerio Público de la Acusación y Servicio Público Provincial de la Defensa, que importó un redimensionamiento y jerarquización de los mismos.
Honorarios del abogado, honorarios extrajudiciales
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Dres. Manfroni Reynos y Saldaña, Juan Pedro c/ Morales, María Elena s/ Fijación de honorarios labores extrajudiciales-ejecución de  honorarios-legajo apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-02-24

El trámite de regulación de honorarios extrajudiciales, que conforme a lo dispuesto por el artículo 102 de la ley 7046, en caso de suscitarse contienda, ha de tramitarse como lo dispone el artículo 31 de la ley citada, genera honorarios para los letrados intervinientes que, en el caso de no haber renunciado a ellos, podrán solicitar regulación al Juez. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Verdad jurídica objetiva, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: SANTANDER, Gladis Beatriz y Otro c/ Cooperativa de Vivienda Fraternidad Sanjuanina s/ Ejecución Hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-11-11

Se debe evitar que la aplicación literal e indiscriminada de normas procesales conduzca a vulnerar el derecho sustancial, a desinteresarse de la consideración de un medio probatorio que se muestra como decisivo para la solución de la causa y a prescindir de la preocupación por arribar a una decisión objetivamente justa en el caso concreto; todo lo cual, por lo demás, va en desmedro del propósito de "afianzar la justicia" enunciado en el preámbulo de la Constitución Nacional".

"Que la normativa procesal, obviamente indispensable y jurídicamente valiosa, no se reduce a una mera técnica de organización formal de los procesos, sino que, en su ámbito específico, tiene como finalidad y objetivo ordenar adecuadamente el ejercicio de los derechos en aras de lograr la concreción del valor justicialista en cada caso y salvaguardar la garantía de la defensa en juicio; todo lo cual no puede lograrse si se rehuye atender a la verdad objetiva de los hechos que de alguna manera aparecen en la causa como de decisiva relevancia para la justa decisión del litigio".
Daño moral, incumplimiento del contrato
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: De Melo Roberto Gabriel c/ De La Torre Francisco Roberto s/ daños y perj. incump.contractual
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2011-11-08

Es procedente la inclusión del rubro daño moral en el supuesto de la responsabilidad derivada del incumplimiento de los contratos, siendo indispensable la prueba de su existencia para que prospere el reclamo.
Acción, cuestión constitucional
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Frois, Juan Carlos c/ Caja de Seguridad Social para Profesionales en Ciencias Económicas de la Prov. de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-22

Debe aceptarse el planteo de inconstitucionalidad en la demanda contencioso administrativa cuando la disposición normativa a cuyo amparo se dictó el acto administrativo considerado ilegítimo, ha merecido pronunciamiento sobre su inconstitucionalidad.
Obligaciones del empleador, higiene y seguridad del trabajo, obligaciones de medio, daños y perjuicios, indemnización, acción civil
Materia: LABORAL
Carátula: GONZALEZ, JUAN c/ Y.P.F. s/ ART. 75 LCT
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-02-25

El art. 75 LCT es un derivado operativo del principio general del buen empleador, art. 63 LCT, y aquél, antes que una obligación de resultado configura una obligación de medio. Si del incumplimiento de tal obligación resulta un daño, ello puede presupuestar perfectamente una condena resarcitoria con fundamento específico en dicha norma y en armonía con las disposiciones del derecho común, arts. 628, 629, 630 y concordantes del C.Civil.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, libertad de prensa
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: La Prensa, Sociedad Anónima. s/ APELACION MULTA LEY 20.680.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-02

La libertad constitucional de prensa tiene sentido más amplio que la mera exclusión de la censura previa en los términos del art. 14;

basta para ello referirse a lo establecido con amplitud en los arts. 32 y 33 de la Constitución Nacional y a una razonable interpretación del propio art. 14.
Denegatoria del recurso, sentencia condenatoria, confirmación de sentencia, insuficiencia del agravio, apreciación de la prueba, comercialización ilegal de estupefacientes, cantidad de estupefacientes, calificación legal, prevención del delito
Materia: PENAL
Carátula: ZARATE, Mario Carlos Gabriel c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-07

Corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por el defensor particular contra la sentencia que resolvió condenar al encausado toda vez que el cuadro probatorio recabado en autos permite, sin hesitación, confirmar la condena del recurrente, por haber sido hallado autor penalmente responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. (art. 5 inc. de la ley 23.737). Se observa que la calificación legal, de conformidad con la que fuera requerida por el acusador público, ha sido correctamente fundamentada por el tribunal de origen. Más aún, se impone señalar que los cuestionamientos introducidos por el recurrente son similares a aquellos planteados en ocasión de alegar y que fueron debidamente respondidos por el órgano jurisdiccional en la sentencia recurrida, sin que las críticas de la defensa logren conmover lo que fuera resuelto. En concreto, de la sentencia condenatoria surge que se observó al imputado cargar el neumático -que en su interior tenía la cocaína que fuera secuestrada en autos- a la camioneta que fuera luego interceptada por el personal preventor, mientras el nombrado conducía de forma errática por la localidad de Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Así, no caben dudas del conocimiento que tenía de la sustancia ilegal que se encontraba en la referida rueda y que estaba bajo su exclusivo ámbito de custodia. Se concluye de esa forma, que los hechos fueron debidamente encuadrados dentro de la figura de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en tanto el encausado fue interceptado en ocasión de detentar o tener a su disposición alrededor de 5 kg de cocaína.
Procedimiento tributario, beneficio de litigar sin gastos, prueba, carga de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: "Prodecom SA (TF 20862-I)- Inc. BLSG c/ DGI".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-11-04

Al solicitante es a quién incumbe la carga de la prueba fehaciente de la imposibilidad del pago (art. 79, ap. 2do. del C.P.C.N. y esta Sala "Setti", 2/5/91 y "Jaroslavsky", 7/8/98).
Daños y perjuicios, indemnización
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Campos, Amado Ignacio c/ Garayoa, Liliana Beatriz s/ Sucesión - Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-11-29

De conformidad con las disposiciones del Cód.Civil, si el delito (o cuasidelito, art.1109) fuese por heridas u ofensas físicas, la indemnización consistirá en el pago de todos los gastos de la curación y convalecencia del ofendido y de todas las ganancias que éste dejó de hacer hasta el día de su completo restablecimiento (art.1086). Obviamente debe considerarse no sólo el daño presente sino también el futuro y cierto, como lucro cesante o como daño emergente, sea por tratarse de una incapacidad permanente o por gastos de curación todavía no realizados. A ello cabe agregar el daño moral (art.1078 del Cód.Civil). Si la víctima ha sido resarcida por los gastos de curación, por el lucro cesante, por la incapacidad sobreviniente y por el daño moral, no se advierte en base a qué se pretende un nuevo resarcimiento por "daño físico".
Quiebra, calificación de conducta, rehabilitación del fallido
Materia: COMERCIAL
Carátula: BARUZZINI URDIANE s/ QUIEBRA - INCIDENTE DE CALIFICACION DE CONDUCTA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-11

No procede la rehabilitación si no existe resolución previa sobre la conducta de los imputados, aún cuando hayan transcurrido más de diez años desde el momento en que se decretó la quiebra.
Intimación de pago, ejecución fiscal, multa, excepciones procesales
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Oses, Angel Alejandro sobre 23 - ejecución multa determinada por controlador c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-09-29

Si se ha intimado de pago a la parte demandada, emplazándola a oponer excepciones bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución fiscal de un certificado de deuda que instrumenta una multa impuesta por la Unidad Administrativa de Control de Faltas, corresponde que la causa continúe ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas donde ya se encontraba radicada, de conformidad con lo establecido en la Cláusula Transitoria Primera de la ley n° 6192 (publicada en BOCBA n° 5711, el 01/10/2019) y cfr. doctrina del precedente "Alvin Corp SA s/ 23 - Ejecución multa determinada por controlador s/ conflicto de competencia"; Expte. SAO n° 17632/19; sentencia del 14-05-2020. (Del voto de los jueces Luis Francisco Lozano, Inés M. Weinberg, Alicia E. C. Ruiz, Santiago Otamendi y Marcela De Langhe).
Lucro cesante, monto de la indemnización, fijación judicial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Loponte, Mabel Haydeé c/ Monti, Miriam s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-05-11

Es razonable presumir que la indisponibilidad durante doce días del taxímetro, ha ocasionado pérdidas al actor, en la ganancia que obtenía mediante su explotación (art. 163 inc. 5, 2do. párr. Cód.

Procesal Civil). Más como el actor no demostró la medida en la cual utilizaba el vehículo, no queda otro camino que aplicar el art. 165 del Cód. Proc. Civil y Comercial, siendo prudente -al par de razonable- fijar el perjuicio en la suma de $ 180, dadas las particularidades del caso.
Daños y perjuicios, daño psíquico
Materia: CIVIL
Carátula: C., G.F. c/ C., R.O. y Otra s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-11-13

"El daño psicológico carece de autonomía, por cuanto se trata de un detrimento que puede tener proyecciones potenciales en el daño moral o en el material".
Legitimación procesal, legitimación activa, acción de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Asociación de Clínicas y Sanatorios de la Provincia de Jujuy y Cámara Jujeña de Empresas de Salud c/ Estado Provincial (Ley Nro. 4.957) s/ Acción de inconstitucionalidad - Medida Cautelar. L.A. N 53 267/277 N 87 Jujuy y Cámara Jujeña de Empresas de Salud c/ Estado Provincial (Ley Nro. 4.957) s/ Acción de inconstitucionalidad - Medida Cautelar. L.A. N 53 267/277 N 87
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2004-10-13

La sola invocación de la defensa de la Supremacía de la Carta Magna y la de la legalidad resulta estéril para el fin pretendido si no está acreditada . la existencia de un derecho subjetivo o colectivo, de un interés directo o difuso, de una afectación individual o común en cabeza del actor, que le confiera el necesario soporte de legitimación.
Acto administrativo, leyes, competencia contencioso administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GONZALEZ PALICIO, VICTOR ANTONIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  N. 214-84)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-07-03

Para saber si un acto administrativo es válido debe confrontarse con el esquema o modelo abstracto previsto por la norma con la finalidad de vincularle determinados efectos jurídicos. El objeto del cotejo es el de comprobar si el acto se adecua, integralmente o no, al conjunto de requisitos prescriptos; si de dicha confrontación se obtiene un resultado favorable el acto es válido, caso contrario es inválido. En definitiva, la validez del acto se valora a través de la confrontación de éste con el modelo legal abstracto.
Derechos y garantías constitucionales, derechos políticos, derecho de peticionar, derecho de reunión, derecho de asociación, libertad de prensa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: FERRARI, ALEJANDRO MELITON c/ ESTADO NACIONAL (PODER EJECUTIVO NACIONAL) s/ ABOGADO - EJERCICIO PROFESIONAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-09-18

La enumeración del art. 14 no es limitativa al reconocimiento de derechos de índode privada o patrimonial; en él se reconocen fundamentales derechos políticos que son la base de nuestro sistema democrático, como es el de peticionar a las autoridades de publicar las ideas por la prensa sin censura previa y el de asociarse con fines útiles que abarca, obviamente, y como fuera reconocido desde los comienzos, el de reunión, en tanto no esté alcanzado por la fulminación del art. 22, y el de la asociación política y gremial, éste al menos hasta su introducción expresa en la Convención Nacional Constituyente de 1957.
Revocación de sentencia, sentencia condenatoria, falta de prueba, rebelión, motín
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Baraldini, Luis Enrique y otros s/ causa  instruida  en virtud del decreto n. 2540/90 del  PEN  por los   hechos ocurridos el  3  de  diciembre  de  1990  -  causa  n. 1197 -.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-02

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que condenó por los delitos de rebelión y motín, no obstante haber aseverado la absoluta desvinculación del procesado con el grupo sublevado y la ausencia de pruebas que permitieran suponer su intervención previa a los hechos.
Constitucionalidad, derechos y garantías constitucionales, enriquecimiento ilícito de funcionario público, empleo público, deberes del funcionario público, declaración autoincriminante, defensa en juicio
Materia: PENAL
Carátula: Gentile, Oscar s/ Inc. de nulidad. Causa 25566
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-14

La asunción de un cargo público, implica entre otros deberes, la aceptación de la obligación de justificar prevista en el art. 268 2) del Código Penal.

Los reparos constitucionales, no obstante la deficiente técnica legislativa no resultan viables. El principio que contempla que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo permanece inalterado, desde el momento que la garantía procesal significa declarar con total libertad o negarse a ello, sin implicar presunción en su contra. La obligación impuesta por la ley, no altera el contenido, dado que el cumplimiento de la misma se realiza con toda libertad y respetando el derecho de defensa en juicio.
Ius variandi, cambio de lugar de trabajo, vigiladores
Materia: LABORAL
Carátula: YARDIN, DAVID AMARO c/ AVS. SRL. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-03-30

En virtud de lo dispuesto por los artículos 8 del TORCT. y 6 de la ley 14250, cabe concluir que el artículo 13 de la CCT. 15/75 faculta al empleador a disponer el traslado del trabajador (vigilador) dentro de un radio que no exceda los treinta kilómetros del domicilio del agente, en tanto el cambio responda a las exigencias de la organización del trabajo en la empresa (artículo 68 TORCT.) y no cause un perjuicio material o moral al trabajador (artículo 66 TORCT.).
Recursos, recurso de inconstitucionalidad, derechos y garantías constitucionales, fundamentación de sentencias
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Dock Del Plata S.A. y otros  c/ Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y otros s/ Impugnación de Actos Administrativos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-09-13

Corresponde declarar mal concedido el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el GCBA contra la sentencia que, en el marco de la acción de repetición incoada, lo condenó a la devolución de las sumas abonadas por la actora, con los respectivos intereses, calculados con la tasa que manda el fallo plenario de la Cámara CATyRC local en autos "Eiben", y no al 0,50% mensual como prevé la resolución N° 4151- SHyF-2003. Ello así, toda vez que el planteo acerca de la falta de fundamentación de la sentencia no pasa de ser una mera afirmación. El a quo entendió que la Administración no había ejercido legítimamente la competencia de fijar la tasa de interés para los supuestos de repetición. Es decir, sostuvo que la tasa fijada en la mencionada resolución (6% anual) no cumplía con el que debía ser el legítimo cometido del ejercicio de la competencia en cuestión: preservar el valor del dinero por el tiempo en que el responsable se vio ilegítimamente privado de él. De allí que si bien la sentencia de la Cámara resuelve una cuestión que podría quizás estar al alcance de nuestra jurisdicción -la validez de la resolución N° 4151-SHyF-2003-; su planteo no tiene entidad suficiente para posibilitar su tratamiento. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano, al que adhiere el juez Santiago Otamendi).