Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-06-21


ALDAO, Angela R. I. contra CAJA MUNICIPAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES Y MUNICIPALIDAD DE SANTA FE Reg.: A y S t 214 p 189-192.

Santa Fe, 21 de junio del año 2.006.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la codemandada Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe contra la sentencia de fecha 31 de octubre de 2003, dictada por la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, de la ciudad de Santa Fe, en autos: "ALDAO, Angela R. I. contra CAJA MUNICIPAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES Y MUNICIPALIDAD DE SANTA FE -Amparo- (Expte.

252/03)" (Expte. C.S.J. nro. 199, año 2004); y, CONSIDERANDO:

1. Surge de las constancias de autos que por sentencia del 31 de octubre de 2003, la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, de la ciudad de Santa Fe, resolvió "desestimar el recurso de nulidad deducido; admitir parcialmente el de apelación limitando la declaración de inconstitucionalidad contenida en el decisorio impugnado al inciso b) del artículo 89 de la Ordenanza 6.166, confirmándolo en todo lo demás; costas a los recurrentes". Contra ese decisorio dedujo la Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe recurso de inconstitucionalidad, por considerarlo arbitrario y no constituir un acto jurisdiccional válido que satisfaga el derecho a la jurisdicción contemplado en el artículo 95 de la Constitución provincial; funda su impugnación en la causal prevista en el inciso 3 del artículo 1 de la ley 7055.

Tacha al fallo de arbitrario por no decidir cuestiones planteadas en el recurso de apelación.

En tal sentido ilustra que fueron ignorados sus agravios respecto de que la sentencia de primera instancia incurrió en causal de nulidad, "en la medida que otorgó más de lo peticionado, al declarar la inconstitucionalidad del art. 89, inc. b) de la ordenanza 6166, ...(y) hacer desaparecer todas las causas de extinción de beneficio fundadas en posterior matrimonio o convivencia de hecho".

Relata que, postuló ceñir la declaración de inconstitucionalidad únicamente al artículo 1 de la ordenanza 8634, como norma que causaba discriminación -al eliminar respecto del cónyuge supérstite la causal de extinción de la pensión por matrimonio-, "con lo cual no se hubiera mejorado la situación de la señora Aldao, pero se hubiese suprimido el privilegio respecto de la pensionada que contrae matrimonio".

Asimismo, acusa que la sentencia omitió considerar agravios tales como: que no se ha eliminado un privilegio, sino que se ha constituido otro (el de la pensionada que hiciera vida marital de hecho); que el sentenciante se ha convertido en legislador al eliminar dos causas de extinción del beneficio; a lo que debe sumarse que la declaración de inconstitucionalidad de la ordenanza 8634, afectó también otras disposiciones que dicha norma contiene (los haberes máximos y la rehabilitación de las pensiones). En otro orden, invoca arbitrariedad de la sentencia por ausencia de fundamentos y apartamiento normativo en cuanto a la imposición de las costas, puesto que impuso la totalidad de las costas a la ahora recurrente, aún cuando acogió parcialmente el recurso de apelación. Sostiene que la Alzada no expone los motivos por los cuales se apartó de la regla procesal que -según dice- establece las imposición de costas al vencido, y de haber vencimiento recíproco, conforme al éxito obtenido, y pudiendo eximirse de ellas a quien hubiera tenido razón plausible para litigar.

Resalta que tiene "razones más que suficientes para litigar"; por lo cual considera que la resolución no solamente se aparta de normas procesales, sino que también viola elementales principios de impartir justicia, el derecho a la jurisdicción, de defensa en juicio, debido proceso, igualdad de trato y derecho de propiedad. Por último, asevera que el decisorio de la Sala es autocontradictorio, porque reconoce "implícitamente que la jueza de primera instancia se ha excedido al declarar la inconstitucionalidad de la ordenanza 8634, al limitar sus alcances, luego concluye en mantener una condena al pago total de las costas".

Por decisorio del 21 de mayo de 2004 la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Santa Fe resolvió denegar la concesión del recurso de inconstitucionalidad (fs. 46/47), lo que motivó la presentación directa de la recurrente ante esta Corte (fs. 50/57).

2. La presente queja, se adelanta, no ha de ser admitida.

Ello es así por cuanto, si bien el recurrente acusa arbitrariedad y lesión a principios constitucionales, del desarrollo de los agravios vertidos en el memorial introductorio en su confrontación con los fundamentos de la sentencia atacada, en una apreciación mínima y liminar, surge evidente que, en sustancia, traducen tan sólo una mera disconformidad con la solución a la que arribaron los sentenciantes en ejercicio de funciones propias, ámbito éste que resulta ajeno -en principio- a la instancia extraordinaria intentada.

En efecto, la quejosa se agravia por considerar que la Alzada omitió el tratamiento de diversas cuestiones tales como: la nulidad planteada contra la sentencia de la jueza de primera instancia, que -a su entender- otorgó a la amparista más de lo pretendido al hacer desaparecer todas las causas de extinción del beneficio (tanto el matrimonio, como el concubinato sobrevinientes ); que no se ha eliminado un privilegio, sino que se ha constituido otro (el de la pensionada que hiciera vida marital de hecho), convirtiéndose de esa manera el sentenciante en legislador; y, que la declaración de inconstitucionalidad de la ordenanza 8634, afectó también otras disposiciones que dicha norma contiene (los haberes máximos y la rehabilitación de las pensiones).

Sin embargo de una liminar lectura de la sentencia recurrida surge que de ningún modo puede entenderse configurados tales vicios, desde que la Cámara justamente desarrolló su análisis a partir de los agravios de la quejosa, y en virtud de ello acogió parcialmente el planteo recursivo, aunque otorgándole un alcance distinto al pretendido por la recurrente.

Así, es dable apreciar que la Cámara rechazó el recurso de nulidad planteado por considerar que cabía la posibilidad de subsanar los vicios invocados a través de la apelación; y, a su turno expresó que la resolución del juez de baja instancia "declarando la inconstitucionalidad del artículo 89, inc. b) de la ordenanza 6166, modificada por la ordenanza 8634, ...carece de técnica y se excede en las consecuencias producidas"; por lo tanto precisó que la declaración de inconstitucionalidad de la norma en análisis, debía limitarse a lo preceptuado "en cuanto dispone como causal de extinción del derecho a pensión, para el cónyuge supérstite, la convivencia de hecho; todo ello con el acotado y obvio ámbito de aplicación al caso concreto", y confirmó el decisorio en todo lo demás.

En ese sentido, es posible apreciar que la Cámara brindó suficientes fundamentos de orden normativo, jurisprudencial y doctrinario, para concluir que la aplicación de la norma en crisis "vulnera el principio de igualdad" -entendido como "el derecho de todos a que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en iguales circunstancias"- al crear una situación diferencial "irrazonable e irritante en perjuicio de la amparista", viuda que vive en concubinato, frente a la situación de la viuda que contrae nuevo matrimonio, al haberse suprimido este como causa de extinción del derecho de pensión.

Ante dicha línea argumental, los planteos de la recurrente con relación a que la Cámara omitió el tratamiento de sus agravios carecen de sustento, y reflejan únicamente su disenso para con el criterio adoptado en la sentencia, intentando hacer prevalecer su propio enfoque acerca de la solución que hubiese correspondido al caso, mas sin lograr persuadir que lo resuelto por la Sala hubiese desbordado los límites de su función jurisdiccional incurriendo en la causal de arbitrariedad invocada, por lo que el remedio intentado resulta inadmisible. Al respecto vale recordar que la arbitrariedad no incluye la disconformidad del impugnante con el criterio utilizado por los magistrados de la causa en la interpretación y aplicación de las normas, dado que la mencionada doctrina no lleva a la sustitución del juicio de los sentenciantes por el de la Corte, en tanto lo fallado contenga fundamentos jurídicos, que impidan su descalificación como acto jurisdiccional válido.

En otro orden de ideas, y en relación con el agravio que la recurrente entiende le causa la imposición de costas, debe señalarse que el planteo por ser procesal, en principio no admite impugnación vía recurso de inconstitucionalidad; y tampoco puede inferirse del decisorio impugnado que la Sala hubiera incurrido en autocontradicción, o en apartamiento del sistema objetivo que preside en el ordenamiento procesal aplicable al caso.

En efecto, como correctamente lo señala el a quo en el auto denegatorio, si bien es cierto el éxito parcial obtenido por las apelaciones, el mismo se relaciona sólo con la modalidad con la que se admite la declaración de la inconstitucionalidad pretendida por la amparista, pero sin que ello incida en modo alguno sobre su pretensión, respecto de la cual el éxito es total; ello así los reproches vertidos en el memorial recursivo carecen de aptitud para logran descalificar al fallo como acto jurisdiccional válido.

Consecuencia de lo expuesto es que la solución no luce en modo alguno como un razonamiento inválido que vulnere el derecho a la jurisdicción de la compareciente, debiendo reputarse satisfecho, por ende, el imperativo contenido en el artículo 95 de la Constitución provincial.

En suma, no debe olvidarse que no es misión de este Tribunal corregir posibles errores o soluciones opinables, ni sustituir a los jueces ordinarios en el ejercicio de sus funciones. Por ello, pretender abrir los estrados de esta Corte a una tercera instancia que revea lo decidido por los tribunales ordinarios implicaría desconocer la naturaleza excepcional del remedio extraordinario intentado, cuyo objeto es únicamente el control de adecuación de las sentencias al orden jurídico fundamental.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

FDO.: GUTIÉRREZ-GASTALDI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)