Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-11-30


S. 28494-"IGARZABAL, Roque Aníbal y otros c/ E.N.T.E.L. EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES s/ diferencias de salarios" En la ciudad de Buenos Aires, a los 30 días del mes de noviembre de 1999, se reúnen en acuerdo los jueces de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para dictar sentencia en la causa del epígrafe y, conforme al resultado del sorteo realizado, proceden a emitir sus votos en el siguiente orden:

EL DR. JUAN CARLOS E. MORANDO DIJO:

I.- La sentencia de primera instancia, que rechazó en lo principal la demanda, viene apelada por la parte actora a fs. 487/492/vta. y por Telefónica de Argentina S.A. a fs. 473/482, en cuanto se la condena solidariamente con ENTEL.

II.-Respecto del rechazo de la demanda entablada por los co- actores Olga Raquel Bentaberry, Claudio Alberto Nadal, Juan Ramón Indabera, José Ramón Martínez, María Claudia Ciancaglini y María Irene Solari contra la co-demandada ENTEL coincido con el temperamento seguido por la Judicante de grado anterior al no admitir dicha pretensión al revelarse insuficientemente propuesto en la demanda, más allá de que no habrían acreditado su desempeño para Telefónica de Argentina S.A., y ello así habida cuenta de que la parte actora se limitó a plantear las respectivas cuestiones en forma insuficiente, sin dar precisiones y detalles cuanto menos de las respectivas fechas de ingreso, categorías detentadas, remuneraciones asignadas, omisiones que imponen el rechazo de la pretensión en examen al haberse incumplido las directivas de los arts. 330 del C.P.C.C. y art. 65 de la Ley 18.345. Tal circunstancia impide la pretendida aplicación del art. 55 L.C.T. pues ello se tornaría meramente abstracto.

Por otra parte, resulta inexacto lo afirmado por la quejosa en el sentido de que la demandada incumplió la intimación que le fuera cursada a fs. 135 en los términos previstos en el art. 388 del C.P.C.C., pues la misma nunca le fue notificada como allí se ordenaba y la parte actora interesada no observó tal circunstancia en la oportunidad prevista en art. 94 de la Ley 18.345, t.o. art. 51 de la Ley 24.635) pues la convocatoria a las partes para que hagan uso de su derecho de alegar implica la clausura del proceso de conocimiento en tanto opera la preclusión del derecho del interesado a efectuar el planteo correspondiente.

III.- En cuanto a la falta de cómputo de la incidencia de las horas extras en el salario por vacaciones, la señora Juez "a-quo", en coincidencia con la postura defensiva de la demandada, sostuvo que tomando en cuenta que las normas regulatorias de la licencia anual ordinaria prevista en el C.C.T. n1 165/75, consideradas en su conjunto, eran más beneficiosas que las previstas en la Ley de Contrato de Trabajo, otorgando prevalencia al régimen convencional y rechazó la demanda. La parte actora persigue la aplicación del art. 155 de la L.C.T. pero, al respecto, destacó el carácter más beneficioso para los trabajadores de la regulación convencional de las vacaciones analizada en su integridad, carácter que, en mi opinión, se infiere además del hecho de la homologación del convenio ya que ello supone la formulación del juicio de legalidad previsto en el art. 71 de la ley 14.250 (t.o.).

IV.- Es improcedente el recurso de fs. 473/482 deducido por Telefónica de Argentina S.A. porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha pronunciado "in re" "Di Tullio, Hilda en autos González, Carlos S. y otros c/ E.N.T.E.L. s/ cobro de australes" del 17/12/96, en el sentido de que Telefónica de Argentina S.A. constituyó su patrimonio con una universalidad de hecho escindida de la que antes había pertenecido al ente estatal y sucedió a éste -en la región que le fue asignada- en la prestación del servicio público de telecomunicaciones, todo lo cual configura, al decir de la Corte, una "transferencia del establecimiento" en los términos del art. 225 y concs. L.C.T. (ver consid. 91). También expresa el Alto Tribunal que el art. 42 de la Ley 23.696 establece claramente que el trabajador seguirá amparado por todas las instituciones legales, convencionales y administrativas del derecho del trabajo, entre las que se cuentan las que tutelan el crédito laboral en los casos de transferencia de establecimientos, directiva legal que no puede ser desconocida por el Poder Ejecutivo mediante los Decretos n1 1.105/89 (art. 44 último párrafo) y 1.803/92, pues ello implicaría transgredir el marco legislativo que el Congreso ha impuesto a la ejecución de la política de reforma del Estado y, por ende, quebrar el principio constitucional de la subordinación del reglamento a la ley (consid. 81).

Desde la perspectiva apuntada, conforme la jurisprudencia del Máximo Tribunal de la Nación, resulta aplicable a los procesos de privatización lo dispuesto en los arts. 225 y 228 de la L.C.T., por lo que cabe ratificar la condena en forma solidaria a la co- demandada recurrente dispuesta en origen, en relación a los actores Roque Aníbal Igarzábal, Carlos Abel Pérez, Ricardo Luis Denot, Héctor Bruno Cardea, Daniel Roberto Pisoni, Eduardo Enrique Waisberg, Gustavo Raúl Abascal, Carlos Humberto Caputo, Ernestina Paso de Bidalun, Ana Beatriz Agüero de Corbaz, Juan Eugenio Falcón, Alberto Pérez, Ubaldo Morsilo y Daniel Alfredo Martín.

V.- No prosperará la queja actora referida a la excepción de compensación viabilizada en origen con respecto a los coactores Juan Eugenio Falcón, Alberto Pérez, Ubaldo Morsilo, Héctor Bruno Cardea, Ana Beatriz Agüero de Corbaz y Ernestina Paso de Bidalun ya que, precisamente, la circunstancia de estar en trámite las presentes actuaciones revela, inequívocamente, que la intención de las partes al acordar la cláusula de compensabilidad fue hacerla aplicable para el caso de una sentencia favorable a la posición de los actores. En principio, las cláusulas de ese tipo se refieren a créditos eventualmente litigiosos. Respecto de los créditos existentes y exigibles lo único que corresponde es su pago.

VI.- Los intereses fijados por la "a-quo" a fin de compensar lo que reputa pago tardío de las horas extras -segmento del fallo que no fue objeto de apelación de la contraria-, se ajustan a lo dispuesto en el art. 61 de la ley 23.982 que fija la tasa promedio de la Caja de Ahorro Común publicada por el Banco Central de la República Argentina, capitalizable mensualmente, de donde cabe se ratifique lo decidido en primera instancia.

VII.- La regulación de honorarios se exhibe adecuada al mérito y extensión de las tareas realizadas y demás pautas arancelarias aplicables, con excepción de los correspondientes al perito contador que resultan bajos, por lo que sugiero su elevación al importe de $ 800.-.

VIII.- Por lo expuesto, voto en síntesis porque se confirme la sentencia apelada en lo principal que decide y fuera materia de agravio, se eleven los honorarios del perito contador a la suma de $ 800.-, se impongan las costas de alzada por el orden causado, en tanto la índole de las cuestiones planteadas sugiere que los actores pudieron razonablemente considerarse asistidos de mejor derecho para litigar en su contra (art. 68, 21 pár. del C.P.C.C.) y se regulen los honorarios de los firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara en el 25% de lo que en definitiva les corresponda por la actuación cumplida en primera instancia (art. l4, Ley 2l.839).

EL DOCTOR HORACIO V. BILLOCH DIJO:

Que, por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

Por lo expuesto, el TRIBUNAL R E S U E L V E:

l) Confirmar la sentencia apelada en lo principal que decide y fuera materia de agravio.

2) Elevar los honorarios del perito contador a la suma de $ 800.- .

3) Imponer las costas de alzada por el orden causado.

4) Regular los honorarios de los firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara en el 25% de lo que en definitiva les corresponda por la actuación cumplida en primera instancia.

Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.

FDO.: DR. JUAN CARLOS E. MORANDO - DR. HORACIO V. BILLOCH