Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2008-05-27


NEUQUEN, 27 de mayo de 2008.

Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados: "LLANCAPAN CIRILO Y OTRO C/ STRADI HECTOR MARCELO Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS", (Expte. Nº 298909/3), venidos en apelación del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL NRO. 6 a esta Sala II integrada por los Dres. Federico GIGENA BASOMBRIO e Isolina OSTI DE ESQUIVEL, con la presencia de la Secretaria actuante Dra. Norma AZPARREN y, de acuerdo al orden de votación sorteado, la Dra. ISOLINA OSTI DE ESQUIVEL dijo:

I.- A fs. 214/218 vta. se dicta sentencia condenando a los demandados a abonar a los actores la suma allí establecida con más intereses y costas del juicio.

Contra dicho fallo apelan todas las partes, expresando sus agravios a fs. 249/250; 253/256 y 257/259 el co-demandado Stradi, los actores y la Provincia de Neuquén respectivamente, los que a su vez merecieran las réplicas obrante a fs. 263/266, 268/269 vta. y 279/280.

Asimismo, apelan los honorarios por bajos el perito médico psiquiatra Armando Fernández Arévalo y los letrados de los actores.

Efectuando una breve referencia de los escritos recursivos, cabe señalar que se agravia el co-demandado Stradi por cuanto señala que la sentencia no efectuó valoración de los motivos que llevaran a su parte a efectuar los disparos, sin tener en cuenta que hubo culpa del fallecido y de su grupo de amigos respecto a la extraña reacción de su parte.

A renglón seguido agrega que no se valoró el hecho de que el arma utilizada le fue facilitada al codemandado por la Provincia y que si esto no hubiera ocurrido, el delito no hubiera sido cometido.

Respecto al resarcimiento fijado, considera que el mismo se basa en meras suposiciones.

Finaliza solicitando se revoque el decisorio pues no se ha acreditado la exclusiva responsabilidad de su parte en el delito.

A su turno, los actores se agravian de los montos otorgados.

En primer lugar cuestionan la afirmación de que el único dato cierto que tuviera la sentenciante fuera el recibo de sueldo, pues de las testimoniales surge claramente que el Sr. Nestror Llancapan trabajaba de un modo que necesariamente implica un mayor ingreso dinerario.

En segundo lugar se agravian de que se haya desestimado el daño psicológico como daño autónomo, pues frente a las conclusiones del dictamen pericial que establece la existencia de incapacidad psíquica en los actores, corresponde revocar la sentencia en este punto e incorporar los resultados de la pericia.

En tercer lugar, respecto del daño moral señala que aún cuando al rechazar el daño psíquico como daño autónomo la Jueza señalara que lo afirmado en la pericia se tendría en cuenta al momento de dimensionar el daño moral, no advierten que se haya procedido de esa manera, solicitando en consecuencia que dicho monto sea elevado en esta instancia.

Asimismo la Provincia de Neuquén se agravia por entender que la sentencia no logra adecuado tratamiento de los rubros y montos indemnizatorios, pues respecto de la ayuda económica no puede decirse que se encuentre probada y mucho menos su cuantía.

Al respecto señala que estando probado el ingreso del Sr. Llancapan, lo más probable es que sus padres y hermanos lo ayudaran a él y no al revés como se hace ver en el pronunciamiento apelado.

Asimismo encuentra elevado el monto por daño moral, solicitando revise su adecuación, pues la víctima no convivía con sus padres, enfatizando que vivían en distintas provincias. Solicita se reduzca en un 50 % con costas.

Respecto a las costas señala que debe revocarse la imposición a su parte, pues al prosperar el 11% de lo reclamado debe apartarse del principio general del artículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial, imponiendo en un mayor porcentaje las costas a la contraria.

II.- Corresponde en primer lugar emprender el análisis de admisibilidad de los recursos, tarea en cuya senda me detendré en el interpuesto por el co-demandado Stradi.

En tal sentido, hemos sostenido en numerosas ocasiones que: "El concepto de crítica "concreta" y "razonada", contenido en el art. 265 del Cód. Procesal, exige al apelante -lo mismo que al juzgador- una exposición sistemática; tanto en la interpretación del fallo recaído, en cuanto al juzgado erróneo, como en las impugnaciones de las consideraciones decisivas. Debe precisarse, parte por parte, los errores, omisiones y demás deficiencias que se atribuyen al fallo recurrido, especificándose con toda exactitud los fundamentos de las objeciones, sin que las afirmaciones genéricas y la impugnaciones de orden general reúnan los requisitos mínimos indispensables para mantener la apelación; para desvirtuar una solución realmente dotada de congruencia, no basta criticar aspectos de ella de modo aislado, pues aún erróneo en detalle, puede ser acertado el conjunto" (C.C. TL 7581 - RSD- 16- S 25-7-85 - "Antonio M. c/Frigorífico Pehuajó SAS s/Cobro ordinario de pesos", JUBA).

A la luz de esos conceptos, concluyo que el escrito del co-demandado no respeta los requisitos aludidos.

En tal sentido, no sólo no configuran una crítica razonada, sino que señalar que no fue evaluada la supuesta provocación que sufriera su parte para dar lugar a "su extraña reacción", o alegar que corresponde responsabilizar a la Provincia exclusivamente por haberle proporcionado el arma, resultan argumentos que lindan en la falta de seriedad.

De esta manera, por lo expuesto y lo establecido en el art. 265 del C.P.C. y C. propongo al Acuerdo se declare desierto el recurso interpuesto por el co-demandado Stradi.

III.- Sentado lo que antecede ingresaré en el estudio de los recursos de los actores y la co-demandada Provincia de Neuquén, pues ambos refieren a la cuantificación de los rubros, unos por bajos y otros por altos.

Por lo tanto, al decidir respecto de un extremo, necesariamente se dará respuesta al otro.

a) En primer lugar y respecto a la cuestión del daño material, se encuentra cuestionada no ya su procedencia sino el monto otorgado.

Al respecto entiendo que asiste razón a los actores, pues en la evaluación del daño y de conformidad al tenor de las testimoniales es posible afirmar que los ingresos de la víctima superaban la suma que indica el recibo.

Así, las testimoniales obrantes a fs. 130; 131; 145 resultan concordantes y lucen razonables respecto al régimen laboral que desarrollaba la víctima, sus tareas, los días de trabajo y las horas durante las que se desempeñaba, permitiendo valorar que el ingreso que percibía era superior al que figura en el recibo.

En consecuencia y evaluando la prueba documental -fs. 140/141- junto a las circunstancias que surgen relatadas en las testimoniales, resulta procedente receptar el agravio expresado por los actores al respecto, y elevar en el porcentaje por ellos peticionados el monto otorgado en tal concepto.

De este modo, corresponderá que los condenados abonen en concepto de daño material a los actores la suma de $ 27.000 para ambos.

b) Respecto a la cuestión del daño psicológico, la sentencia apelada recepta la doctrina de esta Sala respecto a no reconocer su carácter autónomo.

Esta cuestión es un aspecto sobre el cual -de alguna manera- los actores aún cuando esbozan una concreta queja al respecto, finalizan admitiendo que si el daño psicológico no es reconocido en forma autónoma tampoco finalmente se cumple con una pauta expresada por la propia sentenciante, cual fue tener en cuenta las conclusiones de la pericia psicológica al momento de considerar el monto por daño moral.

Así y tal como inicialmente señalé que la susbsunción del daño indicado como psicológico fue correctamente efectuado por la instancia de grado, es preciso señalar que en este último aspecto asiste razón a los actores.

El criterio que acertadamente reclaman los actores respecto al incremento del daño moral, fue receptado por esta Sala en los autos caratulados "ECHEVARRIA MARCELA PATRICIA CONTRA PROVINCIA DEL NEUQUEN Y OTROS S/DAÑOS Y PERJUICIOS", (Expte. Nº 297271/3)(27-03-07) ocasión en la que al adherir al voto del Dr. Gigena Basombrío sostuvimos: "Cabe agregar la circunstancia personal que padeció G. G., acreditada con la historia clínica de fs. 421/422, la que por la repercusión que añade al dolor del trágico episodio vivido por la muerte de su padre, no puede ser dejada de lado." "Así hemos dicho que: "El daño psíquico no tiene entidad autónoma distinta del daño material y moral. Además de generar daño moral por lesionar la espiritualidad del sujeto, que es lo que se repara con la indemnización por daño moral, puede ocasionar lucro cesante si afecta la capacidad para obtener ganancias en una actividad lucrativa. Cuando ello no ocurra se trata de un daño extrapatrimonial que debe considerarse para la fijación del daño moral (Cfe. CNCiv., Sala G 22-3-95, DJ del 7-2-96). Si bien no se desconoce la existencia de posturas contrarias a la aquí expuesta, destaco que esta Cámara no las comparte (PS.-94-I-157-Sala II). Es que debe tenerse en cuenta que el hombre es un compuesto de cuerpo y alma pero que no interviene un tercer componente y que, la psiquis, en definitiva constituye una manifestación de su espíritu cuyas lesiones se encuentran compensadas por el daño moral." (OBS. DEL SUMARIO: P.S. 1996 -III- 421/427, SALA II, CC0002 NQ, CA 932 RSD-421-96 S 4-7-96, Juez GIGENA BASOMBRIO (SD), CABRERA RAMON CARLOS c/ EMPRESA EL ÑANDU S.R.L. Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS, MAG. VOTANTES: GIGENA BASOMBRIO - GARCIA)." En dicha ocasión, y siendo dos los hijos que reclamaban se otorgó una suma diferenciada aumentando la relativa a uno de ellos, por la incidencia de una circunstancia particular, acreditada en la pericia, señalándose expresamente que la diferencia de sumas no implicaba reconocer un mayor dolor a uno que a otro, sino una diferente afectación subjetiva.

Por otra parte y frente al modo que se expresaran los abogados de los actores, encuentro imprescindible reafirmar la postura asumida por este Cuerpo respecto a la falta de autonomía del daño psicológico o psíquico como autónomo del daño moral.

Así los profesionales expresaron: "Nuestra actuación presente es como abogados defensores de los intereses del padre de un joven asesinado, ante un tribunal de justicia. No estamos aquí para realizar una discusión académica acerca de si los daños evaluados por el perito deben incorporarse a un rubro conceptualmente diferente o se agregan a la noción de "daño moral".

En tal sentido es importante señalar que no se trata de ingresar en una discusión académica, sino de examinar los significados que encierran las categorías jurídicas que conducen a alcanzar el concepto de reparación integral.

Así pues, encuentro que la propia categoría de daño moral aparece suficiente y comprensiva para receptar las cuestiones de la subjetividad de la persona que pueden verse afectadas por el hecho dañoso.

Por otra parte, la negación de autonomía de ese daño confluye con el principio de reparación integral pues resulta lo suficientemente abarcativa como para incluir en él cuestiones como la que aquí se ha intentado hacer valer como "incapacidad psíquica", impidiendo que en cuestiones que de por sí ya resultan sumamente dificultoso de ponderar, se superpongan indemnizaciones que en definitiva concurran a remediar los mismos efectos dañosos.

En este punto es preciso reconocer que la falta de valoración concreta -en algunas decisiones- de las particularidades del caso que conducirían a que las sumas habitualmente otorgadas deban ajustarse o aumentarse, produce que se busque mediante la incorporación de "daños autónomos" el incremento de las sumas que corresponden al daño moral.

En definitiva, el daño psíquico y otros cuya autonomía parte de la doctrina reclama -los daños estéticos, sexuales "al proyecto de vida"- encuentran adecuada proyección al ámbito de lo patrimonial o de lo moral, sin que para su justa compensación se requiera su conceptuación autónoma.

Así: "La pretendida autonomía de estas categorías deviene (en nuestra opinión) de una incorrecta valoración del concepto de daño, ya que apunta a la entidad de los bienes menoscabados más que a los intereses conculcados y, especialmente, a las consecuencias que genera la lesión" ("Daño Moral" Ramón Daniel Pizarro- Hammubabi- pág. 71).

Asimismo, la propia premisa de estar frente a un dolor irreparable presenta luego la dificultad de su cuantificación, dificultad que sin dejar de reconocerse debe ser sorteada.

En este aspecto -los inconvenientes de dar absolutas certidumbres- y aún cuando la reflexión se refiriera a la culpabilidad y no al daño moral encuentro resulta aplicable a la cuestión que me vengo refiriendo la Dra. Carmen Argibay expresa: "Para asegurar decisiones razonables en este terreno no hay métrica, sino procedimientos: lo que cabe y debe exigirse es el respeto riguroso del derecho a alegar y probar todo lo que pueda contribuir a que los jueces tomen una decisión sensata. Por eso, también debe exigirse que tales elementos de juicio tengan un peso en la decisión de los jueces y no sean simplemente ignorados en favor de una predeterminación caprichosa. Así, las elucubraciones dogmáticas que pretenden, cual si fuera una fórmula matemática, poner tasa a la culpabilidad, no son más que intentos de apaciguar la incertidumbre que sentimos frente a la inexistencia de un método capaz de medirla de forma exacta y unívoca. (CSJN Tejerina, Romina Anahí-8/04/08) En consideración a las circunstancias particulares del caso, cabe señalar el patente sentimiento de encontrarse ante una situación injusta que deviene antinatural.

Como acertadamente señalan los actores en sus agravios, la muerte del hijo implica una alteración al orden natural, que necesariamente impone un desmedro existencial.

Si bien, respecto al daño moral es lugar común referir las dificultades que importa su cuantificación, los síntomas por los cuales se expresa la aflicción, el dolor y la angustia que lo caracterizan generan pautas que resultan observables dependiendo circunstanciadamente de las características propias de los damnificados y resultando diversa la valoración que puede hacerse del daño moral derivado de la muerte de un familiar que aquella emanada de una difamación por calumnias.

En el caso de autos, tanto de las testimoniales como de la pericia psicológica se advierte que el ámbito familiar -lugar donde naturalmente se relacionaban la víctima y sus padres- el lugar que ocupaba el hijo fallecido de los actores era particularmente apreciado por sus padres, afirmación que se ve corroborada por las impresiones de sus hermanas que recoge la pericia psicológica.

En esa apreciación no obsta la circunstancia señalada por la Fiscalía respecto a que aquel no convivía con sus padres, pues de las testimoniales y la pericia surge la habitualidad de las visitas de aquel y las ansias y alegría que generaban las mismas.

En consecuencia, estimo prudente elevar la suma que por daño moral deberán abonar los condenados a la suma de $ 70.000 para cada uno de ellos.

En relación al modo que se impusieran las costas en la instancia de grado, no encuentro razón para apartarme del criterio esbozado por la sentenciante, pues aún cuando la demanda haya prosperado por un monto significativamente menor, sólo un rubro no fue receptado del modo que fuera planteado, sin perjuicio de que haya sido tenido en cuenta especialmente para cuantificar el daño moral.

De ello se desprende que la Provincia no ha resultado victoriosa en ningún aspecto, tal como pretende hacer ver en su agravio al respecto.

Por otra parte, la cuestión del monto por el que prospera la demanda -repito- significativamente menor es tenido en cuenta al momento de regular los honorarios pues es sobre esa base que se calculan los mismos.

Para finalizar y respecto a la apelación por bajos de los honorarios, de conformidad a la nueva suma de condena y siendo que ello implicará necesariamente un recálculo de los honorarios regulados en la instancia de grado, (art. 279 C.P.C. y C.) la apelación deviene abstracta.

Por todo lo expuesto, es que propongo al Acuerdo -como ya señalara- se declare desierto el recurso del co-demandado Stradi, se haga lugar al de los actores elevándose las sumas por daño material y por daño moral, y se rechace en todas sus partes el interpuesto por la Provincia de Neuquén, revocándose en consecuencia el fallo apelado en cuanto a los montos que estableciera, correspondiendo se eleve la suma de condena a $ 167.000, imponiéndose las costas de ambas instancias a los co-demandados vencidos (art. 68 C.P.C. y C.) Tal mi voto.

El Dr. Federico Gigena Basombrío dijo:

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que antecede, adhiero al mismo.

Por ello, esta Sala II RESUELVE:

I.- Declarar desierto el recurso del co-demandado Stradi.

II.- Confirmar en lo principal la sentencia dictada a fs. 214/218 vta. elevando el monto de condena a la suma total de PESOS CIENTO SESENTA Y SIETE MIL ($167.000), con más los intereses determinados en la instancia de grado, de conformidad a lo explicitado en los considerandos respectivos que integran este pronunciamiento, rechazando en consecuencia el recurso interpuesto por la Provincia de Neuquén.

III.- Dejar sin efecto los honorarios regulados en la instancia de grado, los que adecuados al nuevo pronunciamiento (art. 279 C.P.C.C.), se fijan en las siguientes sumas: para la Dra....., patrocinante de la actora, de PESOS ONCE MIL SETECIENTOS ($11.700); para el Dr......, letrado apoderado de la actora, de PESOS veintiún mil ($21.000); para el Dr......, patrocinante del curador del demandado Héctor Stradi, de PESOS dieciséis mil trescientos ochenta ($16.380) y para el perito ...., de PESOS cinco mil ($5.000). (arts. 6,7,10 y 39 L.A.).

IV.- Imponer las costas de Alzada a los demandados vencidos (art. 68 C.P.C.C.).

V.- Regular los correspondientes a esta instancia a los Dres...... y ...., letrados apoderados de la actora, en la suma de PESOS nueve mil ochocientos veinte ($9.820) en conjunto. (art. 15 L.A.).

VI.- Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan al Juzgado de origen.

Federico Gigena Basombrío - Dra. Isolina Osti de Esquivel Dra. Norma Azparren - SECRETARIA REGISTRADO AL Nº 88 - Tº III - Fº 516/522 Protocolo de SENTENCIAS -S A L A II- Año 2008.