Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-06-18


San Miguel de Tucumán, 18 de Junio de 2004.-	Y VISTO: Llega a conocimiento y resolución de esta Excma. Corte Suprema de Justicia, Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito, Héctor Eduardo Aréa Maidana, Alfredo Carlos Dato -por no existir votos suficientes para dictar pronunciamiento jurisdiccional válido- y René Mario Goane -por subsistir la falta de votos para emitir sentencia válida-, presidida por el doctor Antonio Gandur, el recurso de casación interpuesto por la señora Defensora Oficial en lo Penal de la VIII¬ Nominación, en representación del imputado Rolando Alberto Córdoba, contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara Penal, Sala II¬, de fecha 15/8/2003 obrante a fs. 27/28, que es denegado mediante resolución del referido tribunal de fecha 22/10/2003, obrante en fotocopia a fs. 8 y abierto por queja, por resolución de esta Corte del 18/12/2003 (fs. 69 y vta.). En esta sede, no se ha presentado memoria sobre el recurso casatorio, mientras que a fs. 78/80 corre agregado dictamen del señor Ministro Fiscal, quien se expide por la improcedencia del recurso intentado. Pasada la causa a estudio de los señores vocales y establecida la cuestión a dilucidar, de conformidad con el sorteo practicado el orden de votación será el siguiente: doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana, Alberto José Brito, Antonio Gandur, Alfredo Carlos Dato y René Mario Goane. Luego de la pertinente deliberación, se procede a redactar la sentencia.

La cuestión propuesta es la siguiente: ┐ Es procedente el recurso ?.

A la cuestión propuesta el señor vocal doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijo:

I.- Viene a conocimiento y resolución del Tribunal el recurso de casación deducido por la defensa oficial del imputado Rolando Alberto Córdoba, en contra de la sentencia de fecha 15/8/2003 dictada por la Sala II¬ de la Excma. Cámara Penal, en donde se resuelve disponer su prisión preventiva y ordenar su inmediata detención.

II.- La admisibilidad del presente recurso de casación ha sido ya juzgada por sentencia de esta Corte Suprema de Justicia de fecha 18/12/2003, correspondiendo en esta instancia el examen de su procedencia.

III.- Fundamenta sus agravios en que el fallo incurre en inobservancia de la ley sustantiva y procesal, que se está en presencia de gravedad institucional porque su representado viene gozando de libertad desde el 08/6/01 sin que hasta la fecha hubiere sido reticente en su presentación al proceso, poniendo de resalto que el justiciable se presentó cuantas veces fue llamado, y no obstante las circunstancias vulnerando su derecho a ser oído, se resolvió inaudita parte su prisión preventiva (ver fs. 4).

Dice también de la falta de fundamentación lo que lo torna arbitrario al no resultar una derivación razonada de las circunstancias y antecedentes de la causa, debiendo ponderarse que su asistido se encontraba en situación de libertad desde el principio del proceso sin haber dejado de comparecer, ni haber modificado su residencia ni ser declarado en rebeldía, lo que permitiría deducir que el obrar futuro del mismo no pondría en peligro la acción de la ley (fs. 60 vta.).

IV.- El fallo en cuestión se fundamentó en que:

a).- La Sala a quo ante el requerimiento fiscal, dispuso la prisión preventiva de Rolando Alberto Córdoba, basándose en las declaraciones de la víctima y testigos, la probabilidad fundada la intervención del acusado en el delito de robo agravado art. 166 inc. 2º del CP, que tiene previsto una pena mínima de cinco años y una máxima de quince, lo que torna evidente la posibilidad de la incomparecencia a juicio con la correspondiente frustración del debate, a lo que debe sumarse que la pena prevista no admite condicionalidad, y al art. 281 inc. 1º del CPPT, que imperativamente determina que corresponde la prisión preventiva en estas circunstancias (voto de la mayoría).

b).- De otra parte, el doctor Alberto César Piedrabuena en minoría sostiene, la improcedencia del requerimiento fiscal basado en que el punto de partida debe ser la finalidad cautelar, excepcional y restrictiva del encarcelamiento y a que después de la situación de la libertad caucionada existente desde el inicio del proceso, no se han denunciado ni acreditado actitudes obstruccionistas o remisas a la acción de la justicia por parte del imputado que justifiquen la prisión preventiva requerida.

V.- Entrando al fondo de la cuestión debemos destacar que el proceso penal se desarrolla en libertad evitándose la prisión anticipada (norma), pero con las limitaciones establecidas en el CPPT en cuanto a la prisión preventiva que es contemplada en los supuestos del artículo 281 CPPT (excepción); con lo que el ciudadano tiene derecho a su libertad hasta que sea condenado, debiendo el Estado justificar en cada caso el derecho a encarcelarlo y hasta tanto sea condenado gozará del derecho a su libertad y al principio de inocencia art. 14º y 18º de la CN. (CSJTuc., "Cajal, Eduardo Benicio s/Robo agravado" del 30/5/97 y sentencia Nº 325 del 5/5/2000).

"El principio de principios" en materia de encarcelamiento preventivo es, sin duda, el principio de inocencia, también denominado presunción de inocencia. Este principio fundamental del estado de derecho es el punto de partida para analizar todos los problemas y aspectos de la privación de libertad procesal.

Por ello el imputado, a pesar de ser sometido a persecución penal, debe recibir un tratamiento distinto al de las personas condenadas. En este sentido, la CIDH ha establecido, al decir en un caso: "Este principio construye una presunción a favor del acusado de un delito, según el cual éste es considerado inocente mientras no se haya establecido su responsabilidad penal mediante una sentencia firme. El contenido de la presunción de inocencia exige que "la sentencia de condena y por ende, la aplicación de una pena, sólo puede estar fundada en la certeza del tribunal que falla acerca de la existencia de un hecho punible atribuible al acusado".

"La exigencia impide que se trate como culpable a la persona solo sospechada de haber cometido una conducta delictiva, sin importar el grado de verosimilitud de la sospecha, hasta que un tribunal competente no pronuncie una sentencia que afirme su culpabilidad e imponga una pena".

"El principio no afirma que el imputado sea en verdad, inocente, es decir, que no haya participado en la comisión de un hecho punible. Su significado consiste, en cambio, en atribuir a toda persona un estado jurídico que exige el trato de inocente, sin importar para ello, el hecho de que sea realmente, culpable o inocente por el hecho que se le atribuye. Los términos "presumir inocente", "reputar inocente" o "no considerar culpable", significan exactamente lo mismo y al mismo tiempo estas declaraciones formales, mentan el mismo principio que emerge de la exigencia de un juicio previo, para infringir una pena a una persona". CSJTuc., sentencia Nº 325 del 5/5/2000.

VI.- Conforme a ello tenemos de acuerdo a lo considerado y a lo previsto por el art. 268 del CPP, que a toda persona que se le atribuye un delito permanecerá en libertad durante el proceso aún en los supuestos casos de que se analicen los incisos 1 y 2 del art. 281 (ver art. 269 del digesto de forma).

Consta en autos fs. 30 del principal y en el voto en disidencia del doctor Piedrabuena (fs. 27 vta.), que Córdoba se encontraba en situación de libertad caucionada desde los inicios del proceso sin que se hayan denunciado y acreditado aptitudes obstruccionistas o remisas a la acción de la justicia, situación ésta no desvirtuada en autos, por lo que la prisión preventiva impuesta aparece infundada y debe revocarse volviéndose a la situación anterior, hasta que el Estado compruebe lo contrario resguardándose así el principio de inocencia ante lo que en definitiva pudiera resultar hasta una privación arbitraria de la libertad, en donde habría lugar a posibles indemnizaciones, art. 300 CPP.

VII.- Constituye un imperativo de justicia el obrar de esta manera en resguardo de las garantías constitucionales mencionadas y de la responsabilidad del Estado ante una eventual privación de la libertad que pudiera ser calificada de arbitraria eventualmente, dada por la hipótesis de resultar absuelto.

Por ello resulta procedente el planteamiento casatorio descalificándose así al fallo como acto jurisdiccional válido de acuerdo a la siguiente doctrina legal: "Es nula la sentencia, que ordena la prisión preventiva del imputado sin que hayan cambiado las circunstancias por la que el mismo permanecía en libertad caucionada, preservándose así el estado jurídico que exige el trato de inocente, artículos 14, 18 y 75 inc. 2º de la CN y la no aplicación de la prisión anticipada".

VIII.- Atento el modo como se resuelve el recurso las costas se imponen por el orden causado.

Voto del señor vocal doctor Antonio Gandur:

1.- Comparto lo expresado por el señor vocal preopinante en los ítems I, II, III y IV de los considerandos referidos a los antecedentes del caso. Sin embargo, considero en relación al planteo realizado por la defensora oficial que el mismo es improcedente.

2.- En relación al agravio incoado por la defensa debemos realizar unas aclaraciones previas. En primer lugar, recordemos que la prisión preventiva se encuentra regulada en nuestro digesto procesal como un juicio de mérito sobre la probable culpabilidad del imputado. En este sentido, aparece como una condición esencial para la imposición de tal medida un grado suficiente de verosimilitud para estimar que existe el delito atribuido y que el acusado es punible como participe. La conceptualización del art. 281, que determina la prisión preventiva cuando existan elementos de convicción suficientes para sostener como probable la participación punible del imputado en el hecho investigado. En el sub lite esta medida se dictó a requerimiento del Ministerio Fiscal, y el hecho imputado de robo agravado impide la condena de ejecución condicional.

Si bien es cierto que corresponde al Estado demostrar la existencia de peligros que justifiquen la limitación o restricción a la libertad del imputado, ello se consagra con la presunción de que tales peligros concurren toda vez que la amenaza penal exceda cierto límite. Este peligro es objetivamente presumido, cuando se estime prima facie que en caso de condena ésta será de cumplimiento efectivo como es el caso en sub examen, que cae bajo las disposiciones del art. 281, inc. 1 del Código Procesal. (ver fs. 52 de la obra de Cafferata Nores "Introducción al Nuevo Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba").

En el caso de autos, se desprende de la acusación realizada por el fiscal, a partir de las declaraciones de los imputados y de la víctima, que los extremos necesarios para el pedido de la prisión preventiva se encuentran completamente verificados en razón de que se obtuvo una base probatoria suficiente para sostener con bastantes motivos la sospecha de la punibilidad del imputado. Este criterio fue sostenido de igual modo por la Cámara que consideró además la gravedad del delito producido (robo con armas y violencia, art. 166 del CP) las circunstancias en que se realizó el hecho punible y extrema peligrosidad que evidenciaron los autores del mismo.

A la probabilidad sobre la participación del hecho delictivo por parte del acusado hay que agregarle el temor de que durante la sustanciación del proceso este derecho se frustre por su causa. El Código Procesal de esta provincia, establece en el último párrafo del artículo 281 cuales son algunos de los criterios que sirven como indicadores de que el acusado evidencia una situación de peligrosidad procesal: "La eventual existencia de estos peligros podrá inferirse de su falta de residencia, declaración en rebeldía, sometimiento a proceso o cese de prisión preventiva anterior, o condena impuesta sin que haya transcurrido el término que establece el art. 50 del Código Penal". Podemos anticipar que de un simple cotejo de las circunstancias aquí enumeradas con los antecedentes verificados en el actual proceso no deja dudas de la razonabilidad de implementar la citada medida cautelar.

Los argumentos vertidos en el recurso por la defensa carecen de virtualidad para demostrar arbitrariedad en la valoración que la Cámara efectúa sobre la peligrosidad que representa para el proceso la situación del señor Rolando Alberto Córdoba a la luz de los indicadores establecidos en nuestro digesto procesal. Al respecto, cabe destacar que la Sala a quo hace referencia al informe de los antecedentes del imputado obrante a fojas 19 del incidente de prisión preventiva que son ignorados por el recurrente en su escrito, lo que se ve corroborado por los informes pedido por la misma Cámara que revelan la existencia de diferentes causas penales sobre robo y que tienen como protagonista al señor Córdoba. La existencia de estos procesos, que no pudieron ser ignorados por el Tribunal al momento de dictar la medida, confirma no sólo la peligrosidad del recurrente sino que, además, infiere el interés del imputado en eludir la acción de la justicia por la mayor amenaza penal.

En segundo lugar, se debe deducir como lo indica el CPPT que el efectivo sometimiento al proceso se puede ver obstaculizado ante la ausencia de residencia fija. En el caso en autos surge del informe ambiental obrante a fs 183 que el señor Córdoba no reside en el lugar que había se había fijado como su domicilio (Paraguay 1585) sino que se trata del hogar de un primo en el que, según lo declarado por éste, a veces pernocta pero que de ningún modo es su domicilio real.

Finalmente podemos indicar, obiter dictum, que el pedido de captura para el efectivo cumplimiento de la prisión preventiva de Julio Gabriel Ibiris y Rolando Alberto Córdoba dictada por la Cámara el 29 de diciembre de 2003 no ha podido hacerse efectivo hasta la fecha.

Por todo lo expresado, considero que los agravios vertidos por la defensora oficial de ningún modo logran demostrar el incumplimiento de los requisitos necesarios para el dictado de la prisión preventiva en contra del señor Rolando Alberto Córdoba. Muy por el contrario encuentro acertada la decisión del Tribunal de acuerdo con las circunstancias fácticas probadas en el proceso. En consecuencia resultan improcedentes los agravios referidos a la ausencia de fundamentación de la resolución de la Cámara como a la existencia de gravedad institucional.

El señor vocal doctor Alberto José Brito, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, voto en igual sentido.

Los señores vocales doctores Alfredo Carlos Dato y René Mario Goane, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos expresados por el señor vocal doctor Antonio Gandur, votan en el mismo sentido.

Y VISTO: El resultado del presente acuerdo, y oído el Ministerio Fiscal, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la Sala en lo Civil y Penal,	R E S U E L V E :

RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por el señor Defensor Oficial en lo Penal de la 8¬ Nominación doctora Teresa Carnival de Davio en contra de la sentencia de fecha 15 de agosto de 2003 dictada por la sala II de la Cámara Penal.

HÁGASE SABER.-	ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSÉ BRITO HÉCTOR EDUARDO ARÉA MAIDANA (en disidencia) (en disidencia) ALFREDO CARLOS DATO RENÉ MARIO GOANE