marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Transporte aéreo de pasajeros, ley de defensa del consumidor, aplicación de la ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: Díaz Luzuriaga, Francisco Santiago c/ Gol Linhas Aéreas SA y otro s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-05-03

El transporte aéreo no está completamente excluido de las previsiones contenidas en la Ley de Defensa del Consumidor, sino que la aplicación de esta última es supletoria y está limitada a aquellos supuestos no contemplados en el Código Aeronáutico ni en los tratados internacionales. El derecho del consumo opera en forma directa en todos los casos en los que haya relación de consumo, pero en el derecho aeronáutico es aplicable sólo cuando el caso es ajeno al contrato de transporte aéreo, y para el contrato de transporte aéreo, cuando haya un vacío legal en el código o los convenios internacionales.
Juicio ejecutivo, tribunal de disciplina, Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, título ejecutivo inhábil, multa administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: C.P.A.C.F. c/ AGUIRRE, Raúl A. s/ JUICIO EJECUTIVO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-05-05

La certificación del Secretario General del Tribunal de Disciplina del C.P.A.C.F. respecto de la multa impuesta por ese organismo al abogado, no es un instrumento hábil para la procedencia de la vía ejecutiva (confr. art. 523 del C.P.C.C.N. y 979, inc. 2 del C.C.) ya que dentro de las funciones enumeradas por el art. 75 del Reglamento Interno para el C.P.A.C.F. (L.A. 1987-A, pág. 13), no se mencionan la de emitir certificados como el que se pretende ejecutar. (Confr., la misma Sala, 6 de mayo de 1994, in re C.P.A.C F. c/ Pardo, Guillermo Rubén s/ juicio ejecutivo ).
Juicio ejecutivo, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: GONZALEZ, LUIS c/ JULIO CESAR GONZALEZ Y OTRA s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-03-11

El examen de la ejecutoriedad del título puede y debe hacerse por el juez en dos oportunidades: oficiosamente al momento de librar mandamiento de ejecución y embargo o de denegar el curso de la vía ejecutiva, y luego de opuestas las excepciones, al verificar su procedencia a los fines de la sentencia de remate.
Medicina prepaga, enfermedad preexistente, afiliación a obras sociales, declaración jurada, rescisión del contrato
Materia: COMERCIAL
Carátula: A., B.R. c/ Swiss Medical S.A. Medicina Privada s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-09-20

Es improcedente ordenar a la empresa de medicina prepaga que mantenga la afiliación del actor percibiendo valores diferenciados a pesar del ocultamiento premeditado de aquél de su patología de cadera, pues el marco regulatorio de la medicina prepaga ha previsto la situación planteada asignándole una clara consecuencia, como es la rescisión del contrato por iniciativa de la empresa prestadora cuando no haya mediado buena fe en el usuario (arts. 9, ley 26.682 y 9, decreto reglamentario 1993/2011); es decir que para la procedencia de la rescisión por parte de la empresa de medicina prepaga, no basta verificar la simple omisión de información, sino que se exige que el usuario, obrando sin la buena fe requerida, haya falseado la declaración. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Encargados de casas de renta, uso de vivienda, usurpación de inmueble, daños y perjuicios, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: KEREKES, RUBEN c/ CONSORCIO DE PROPIETARIOS SANTA FE 2448/70 s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-12

Si el encargado fue condenado en sede penal, por usurpación de vivienda, a abonar al consorcio una suma determinada en concepto de daños, fijada por el juez, no es procedente la pretensión de la demandada a los fines de obtener una nueva indemnización por hechos posteriores al despido. La imposibilidad de uso de la vivienda por parte del consorcio, los gastos derivados de tal hecho y de los servicios de gas y electricidad por parte del actor quedan expresamente alcanzados por la cosa juzgada recaída en el proceso penal en el que la indemnización se fijó con fundamento en lo dispuesto por el art. 29 inc. 1 del C. Penal.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, juicio oral, duda
Materia: PENAL
Carátula: Gallego, Rubén Darío s/ Homicidio y robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-03-04

Es insuficiente la denuncia de violación del art. 431 del Código de Procedimiento Penal si la misma no fue acompañada de la demostración de la concurrencia de duda en el sentido legal, máxime que en el caso la convicción sincera de los magistrados, en los términos del art. 286 del mismo Código, ha quedado firme.
Convenios colectivos de trabajo, leyes
Materia: LABORAL
Carátula: Soengas, Héctor Ricardo y otros c/ Ferrocarriles Argentinos s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-07

La convención colectiva prevalece sobre la ley, si contiene beneficios más favorables para los trabajadores.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles
Materia: PENAL
Carátula: Silva, Jorge Ignacio y otro s/ Asociación ilícita - Robos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-09-27

La decisión de la Cámara que dispuso la suspensión del procedimiento fundado en los arts. 402 y 407 -n.a.- del C.P.P. supeditando su reanudación a la ocurrencia del supuesto previsto por el art. 408 de dicho ordenamiento es equiparable a sentencia definitiva, por lo que tratándose del recurso extraordinario de nulidad, es suficiente para su admisibilidad.
Prescripción, secuela de juicio
Materia: PENAL
Carátula: Barcellos, Raúl Alberto s/ Lesiones leves
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-11-18

La acción penal no tiene su punto de partida en el plenario, sino mucho antes; hay "acción" y "juicio" con anterioridad a la acusación fiscal, durante el trámite de la instrucción. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Derecho constitucional, acción de inconstitucionalidad, examen de admisibilidad
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Paez, Alberto Alejandro (Intendente de la Municipalidad de Andalgalá) c/ Poder Ejecutivo Provincial s/ Acción de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-07-08

Vienen a despacho las presentes actuaciones a los fines de resolver la admisibilidad formal de la demanda interpuesta por el actor, invocando el carácter de Intendente de la Municipalidad de Andalgalá, mediante letrados patrocinantes, que tiende a la declaración abstracta de inconstitucionalidad del Decreto Acuerdo Nº 202/13, por mediar exceso al reglamentar el Art. 5 de la Ley 5128, (que establece la administración de los fondos de regalías mineras por parte de los Municipios), infringiendo -en consecuencia- el Art. 31 de la Constitución Nacional y los Arts. 244 y 252, inc.12, de la Constitución Provincial y 123 de la Constitución Nacional afectando la autonomía municipal.

Adhiero a la relación de causa efectuada por el Sr. Ministro preopinante.

Sin perjuicio de ello, disiento con la solución a que arriba con fundamento en las consideraciones que paso a exponer.

Preliminarmente esta Corte de Justicia debe declarar su jurisdicción y competencia para entender en la acción interpuesta bajo el nomen iuris de acción directa de inconstitucionalidad, con fundamento en lo previsto en el Art. 203, Inc.2, de la Constitución Provincial, doctrina legal de esta Corte de Justicia, jurisprudencia de Tribunales de análoga jerarquía, compartiendo el criterio sustentado por la Sra. Procuradora General Subrogante.

En efecto, la acción directa de inconstitucionalidad sólo requiere de la existencia de un agravio a un derecho reconocido por el ordenamiento constitucional.

De allí que, atacado un Decreto Acuerdo como violatorio de un derecho de base constitucional regulado en el Art. 31 de la Constitución Nacional, por afectar la autonomía municipal garantizada por los Arts.244 y 252, inc.12, de la Constitución Provincial y Art.123 de la Constitución Nacional, su tratamiento por imperio de la norma constitucional citada -Art.203, Inc.2, CP-, corresponde a este Superior Tribunal.

(Del voto de la Dra. Sesto de Leiva, por la mayoría)
Propiedad horizontal, asamblea de consorcistas, convocatoria judicial
Materia: CIVIL
Carátula: Cons. Prop. Bartolomé Mitre 1937/43 s/ Convocatoria asamblea
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-02-03

La asamblea judicial prevista en el art. 10 de la Ley 13.512 es de carácter excepcional, por lo que para su aplicación es necesario que concurran ineludiblemente dos requisitos, en primer lugar que se demuestre la imposibilidad de reunir por los medios normales la asamblea de copropietarios y en segundo término que se acredite la urgencia y gravedad de las cuestiones a decidir.
Actos voluntarios, relación de causalidad, causalidad adecuada
Materia: CIVIL
Carátula: N., J.O. c/ L., C.J. y otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-02-10

La relación causal adecuada tiene dos funciones básicas en materia de responsabilidad: 1) determinar a quién puede imputarse determinado daño: aquél que con su actuación -o por la intervención de alguna cosa o algún empleado por el que deba responder- puso la causa adecuada de ese daño; y 2) determinar la extensión del daño indemnizable: sólo los daños relacionados causalmente en forma adecuada son imputables a un responsable".
Servicio telefónico, tarifa telefónica, intereses moratorios, facturación excesiva, convertibilidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BASUALDO, Moine G. c/ Empresa Nacional de Telecomunicaciones s/ varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-14

Los recargos por mora y gastos administrativos impuestos al cliente telefónico en el período que se examina -desde el 1° de abril de 1991 a mayo de 1992- se muestran claramente irrazonables por excesivos en una situación de estabilidad económica que se pretende lograr desde la sanción de la ley de convertibilidad y no guardan relación con los parámetros usualmente aplicados para resarcir el daño moratorio (tasa de interés pasiva promedio que publica mensualmente el B.C.R.A., de conformidad con lo establecido por la C.S.J.N. en, "Yacimientos Petrolíferos Fiscales c/ Corrientes, Provincia de y Banco de Corrientes s/ cobro de australes", del 3/3/92). (El Tribunal haciendo uso del art. 656 del C.C. los fijó).
Recurso de queja (procesal), honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: DIANI de PONCE,  Marcela c/ VARAONA, José María y otros s/ Sumario s/ Recurso de Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 1997-09-23

De lo expresado se concluye que la actuación profesional desplegada en la queja debe ser considerada, para la elección del porcentaje aplicable dentro de la escala del artículo respectivo, cuando se efectúa la regulación de los honorarios que corresponden a la actuación de la instancia que se pretende habilitar con el recurso de queja (apelación, casación), en atención a lo dispuesto -especialmente- en el art. 6 inc. d) de la ley arancelaria, .

Debe, entonces, rechazarse la regulación solicitada en los presentes autos, sin perjuicio del derecho de la peticionante a requerir que sea considerada su actuación en la queja en la oportunidad en que, previa regulación en las instancias inferiores, proceda hacerlo en el recurso de casación tramitado ante este estrado.
Obligación alimentaria, abuelos, beneficios previsionales
Materia: CIVIL
Carátula: R. R. c/ V. A. C. s/ alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2018-12-06

Teniendo en cuenta que la necesidad habitacional de los niños pareciera encontrarse satisfecha, que en la especie la reclamante es también deudora alimentaria frente a sus hijos y por su edad en mejores condiciones para prestarlos (art. 537 último párr. CCC), como que el progenitor fallecido dejó bienes y recursos que deberían destinarse a las necesidades de los mismos, siendo la obligación de la abuela reclamada de tipo subsidiario, corresponde mantener la cuota alimentaria a cargo de esta última, estableciendo un límite temporal de seis meses calendario desde la firmeza de la presente sentencia, lapso en el cual, es de esperar la progenitora logre insertarse en el mercado laboral, se regularice la administración del sucesorio o liquide el acervo hereditario y defina el haber previsional que percibirán.
Divorcio, prueba, adulterio
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: N.N. c/ N.N. s/ Divorcio Vincular - Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2005-02-16

La prueba del adulterio no ha de consistir necesariamente en la verificación material del acceso carnal. Hecho realizado en la intimidad mas absoluta, resulta dificilísimo acreditarlo en su materialidad, por lo que de exigirse su prueba para tener con ella la del adulterio, haría de esta causal mero enunciado, sin posible justificación.

En esta imposibilidad lo que ha llevado a admitir, como criterio general, que la de presunciones es prueba suficiente a ese efecto, siempre que sean suficientemente grave, precisas y concordantes como para llevar al ánimo del juez la convicción de su existencia.

La prueba del adulterio, ofrece dificultades casi insalvable si se parte de la idea -que debe considerarse errónea- de que a quien invoca ese hecho le atañe demostrar, sea la circunstancia de que un cónyuge fue descubierto en el acto mismo de unirse sexualmente (unión carnal) con otra persona de distinto sexo y que no es su cónyuge, o que ello acaeció cuando realizaba un grave acto de lujuria, también con persona del otro sexo distinta de su consorte. Pero la ley no impone, como requisito necesario, esa prueba.

Suficiente es demostrar que han sobrevenido hechos que sometidos a una apreciación persuasivamente racional conducen a la inequívoca conclusión de que el adulterio se produjo. La prueba del adulterio tanto puede consistir en meras presunciones o indicios, con tal que ellos importen acreditar circunstancias graves, precisas, unívocas que permitan concluir en la existencia del adulterio.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, cómputo de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Vega, Javier Antonio s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-02-08

En el caso, la decisión de la Cámara sobre el cómputo de la pena resulta equiparable a sentencia definitiva dentro del régimen de los recursos extraordinarios pues termina la causa y hace imposible su continuación. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Concursos, quiebra, liquidación de entidades financieras, liquidación y distribución
Materia: COMERCIAL
Carátula: PAM SA CIA. FINANCIERA s/ PROPIA QUIEBRA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-05-19

Resulta improcedente que una entidad financiera fallida cuestione que se consideró justificado el importe de dinero obtenido en las ventas de bienes muebles e inmuebles y su posterior inversión, con base en que los rendimientos obtenidos en las inversiones a plazo fijo fueron insignificantes. Ello así, toda vez que la inversión de los fondos obtenidos en la liquidación de los bienes en depósitos a plazo fijo es la forma mas habitualmente practicada, en los procesos concursales, para mantener su valor. Por lo tanto, no puede ser objeto de reproche esta modalidad de inversión, ni puede pretenderse que quienes tienen a su cargo la administración y liquidación del patrimonio desapoderado logren realizar inversiones que superen el rendimiento medio o standard de las operaciones activas, cuando ha sido la situación de impotencia patrimonial la que ha provocado el desapoderamiento y la necesidad de liquidar el activo de la fallida para distribuir su producto entre los acreedores.
Acción quanti minoris, defensa del consumidor
Materia: CIVIL
Carátula: Mennah, Cristina Liliana c/ Fernández Sarcone, Claudia Aída Y Otros s/ Vicios Redhibitorios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-11-17

Corresponde aplicar las disposiciones de la ley 24.240 de defensa del consumidor a la acción quanti minoris deducida por la compradora de un inmueble en virtud de los vicios redhibitorios que presenta la construcción pues, aun cuando dicha ley no fue invocada por las partes, su aplicación re-sulta, además del principio iura novit curia, del hecho de tratarse de una ley de orden público.
Daño, daño psíquico, daño moral
Materia: CIVIL
Carátula: GUZMAN DE SICARDI, Claudia Gabriela c/ Ibazeta Apolinario Emilio y Otra s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2008-05-26

Todo daño inferido a la persona, debe apreciarse en lo que representa como alteración y afectación no solo del cuerpo físico, sino también del ámbito psíquico del individuo, con el consiguiente quebranto de la personalidad, de manera que importe un menoscabo a la salud, considerada en su aspecto integral y computándose también la incidencia o repercusión que ello en alguna medida puede aparejar sobre la vida de relación de la damnificada.

El daño síquico reside en la alteración misma de la personalidad; el daño moral recoge esa realidad y lo valora en tanto desequilibrio espiritual profundo, que el derecho no puede ignorar en tanto y en cuanto implica una honda lesión de las afecciones legítimas de la víctima.
Recurso contencioso administrativo, empleados públicos, remuneración, diferencias salariales, actualización monetaria, índices de actualización, confiscatoriedad, prueba
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Olivieri, Mario Alberto c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.:  C.S.J. Nro. 92 año 1993)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-02-26

Conforme a la constante jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para que la tacha de confiscatoriedad pueda prosperar es necesaria la demostración concreta y precisa de ella.

Por lo tanto, la confiscatoriedad constituye una cuestión de hecho que debe ser objeto de concreta y circunstanciada prueba por quien la alega. En el caso, debe rechazarse el recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción intentado desde que el recurrente se limitó a tachar de confiscatorio el método de actualización utilizado, fundando únicamente tal afirmación en que los índices de precios al consumidor suministrados por el I.N.D.E.C.

son los únicos que compensan el envilecimiento de la moneda, sin demostrar, a través de la exposición de cálculos que así lo indiquen, la concurrencia de los requisitos exigidos por la jurisprudencia para que se configure un real supuesto de confiscatoriedad.
Transporte terrestre, acción de reclamación por averías, protesta, pérdida de la mercadería, trámites judiciales
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: LA  HOLANDO  SUDAMERICANA  CIA. DE SEGUROS S.A. c/ ROLANDO S.R.L.S/ s/ ALTANTE Y/O AVERIA DE CARGA. TRANSPORTE TERRESTRE.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-01

La protesta ("acción de reclamación") prevista en el art. 187 del Código de Comercio consiste en una notificación -con todas las notas distintivas de la interpelación- que el cargador o consignatario le dirige, por cualquier medio fehaciente, al transportista detallándole la existencia de averías o pérdidas a la carga (Soler Aleu, A. "Transporte terrestre"; Astrea, 1980, págs. 81 y ss; CNCiv., sala C, 20/12/61 LL 106-206). Para proceder debidamente, el cargador debe distinguir dos situaciones: a) si las averías son visibles debe protestar "inmediatamente", y b) si no lo son debe hacerlo dentro de las 24 horas de recibida la carga (doctrina del art. 183 cit. y Soler Aleu, op. y lug cit.).
Prescripción de la acción penal, competencia
Materia: PENAL
Carátula: Arancibia Clavel, Enrique Lautaro c/  s/ homicidio calificado y asociación ilícita y otros Ccausa n° 259C.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-24

Dejando a un lado la discusión acerca de si el instituto de la prescripción de la acción tiene naturaleza eminentemente procesal o material, lo decisivo es que el Estado, al prorrogar los plazos de prescripción amplía su competencia para punir con posterioridad a la comisión de los hechos (Voto del Dr. Enrique Santiago Petracchi).
Resoluciones equiparables a definitiva, procesado, querellante, admisión del querellante
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Tedaldi, María Elena s/ lesiones - causa n° 44.340 -.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-19

Es equiparable a sentencia definitiva el pronunciamiento que decide, en forma insusceptible de reparación ulterior, acerca de la facultad de la procesada para desempeñarse como querellante (Disidencia de los Dres. Augusto César Belluscio y Enrique Santiago Petracchi).
Insuficiencia del agravio, apreciación de la prueba, fundamentación de sentencias, declaración de la víctima, sentencia condenatoria, explotación sexual, situación de vulnerabilidad
Materia: PENAL
Carátula: LEIVA, Gustavo Daniel c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-28

La tacha de arbitrariedad alegada por el recurrente no es valedera, pues los sentenciantes no han interpretado caprichosamente la prueba producida en el debate, sino que le han otorgado al testimonio brindado por la víctima., la fuerza convictiva necesaria para arribar a un juicio de certeza acerca de responsabilidad que le cupo en el hecho al imputado. Las contradicciones del testimonio de la víctima -alegadas por la defensa- no son tales como para que los sentenciantes hayan desestimado lo informado por la nombrada. Por el contrario, la mencionada declaración fue ponderada en forma integral con el plexo probatorio acumulado en la causa, confrontándolo de modo pormenorizado y dando la fuerza convictiva que se requiere para el dictado de una sentencia condenatoria. A partir del análisis global de las constancias de la causa, el tribunal tuvo por acreditado que el encausado recibió y acogió con fines de explotación sexual a la víctima, aprovechándose la situación de vulnerabilidad de la nombrada. Al respecto, fueron consideradas las características particulares del régimen de explotación laboral al que el condenado subordinó a la víctima, en el local nocturno, esto es: la forzó a realizar pases y rondas durante extensas jornadas, sometiéndola a todo tipo de maltratos psicológicos, y, por otro lado, su alimentación, hospedaje no eran más que distintas formas de asegurar el fin delictivo pretendido, al crear un vínculo de dependencia con la víctima, que le permitía controlar sus movimientos y, consecuentemente, coartar su libertad de autodeterminación.
Subasta, contrato de publicidad, dominio
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: TINERI CAMILO Y OTROS c/ GALLARETTO JOSE s/ APELACION  -  NULIDAD  -  REMATE:  PUBLICIDAD  -  DOMINIO: PUBLICIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-11-19

La publicidad que preveen los arts. 892, 893,894,896 además del 895 del C.P. Civil que tiene relevancia, es la publicidad a la generalidad del acto de la subasta, y no la publicidad del dominio.

Dentro de ella hay publicidad optativa y hay exhibiciones de títulos que se ponen de manifiesto a la oficina para los eventuales compradores. Si no se cuenta con el expediente judicial, se puede presumir, que se ha hecho la publicidad obligatoria que establece el art. 892, 896 o la del 893 del C.P.C, a la que inclusive se puede incluir. No así la del 894. Pero esta publicidad que tiene por finalidad dar a conocer el acto de la subasta, no significa que el comprador publicite un derecho de dominio que todavía no tiene y que no hace al remate.