marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Cheque, intereses
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ferraiulo, Pascual V. c/ Mancuso, Salvador s/ Cobro Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-05-18

Tratándose de documentos comerciales como los que aquí se ejecutan cheques), debe estarse en punto a los intereses moratorios, a lo expresamente dispuesto en el artículo 41 de la Ley 24.452, el que en el inciso 2° remite al tipo bancario corriente en el lugar de pago a partir del día de la presentación al cobro (o sea a la tasa que perciba el banco en sus operaciones activas). No obstante, toda vez que cada provincia se rige en cuanto a la tasa aplicable por sus propias instituciones crediticias oficiales, corresponde condenar al pago de la que percibe el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones a treinta días. (Dec. 941/91).
Prisión preventiva, prueba, prueba insuficiente
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: BALLARINI, ROBERTO CARLOS s/ INCIDENTE DE FOTOCOPIAS DE LA CAUSA NRO. 9529/83.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-03-29

La sola imputación de un co-procesado de haber entregado dádivas a su consorte de causa para obtener y mantener una habilitación de proveedor de Ferrocarriles Argentinos, resulta insuficiente ante otra carencia de medios probatorios, como para dar por reunidos los extremos del art. 366 del C.P.M.P.
Intereses, convertibilidad, constitucionalidad
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Soria Ojeda,Pedro F. c/ Carlos A.Bernardi. s/ Ejecución de Honorarios. Soria Ojeda,Pedro F. c/ Carlos A.Bernardi. s/ Ejecución de Honorarios.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1993-09-30|1993-09-30

La Suprema Corte de Justicia de la Nación declara que la actualización monetaria no debe confundirse con el derecho de propiedad, sino que por el contrario corresponde diferenciar propiedad y depreciación monetaria. La repotenciación es un instrumento para proteger el derecho de propiedad que ha resultado útil en determinados períodos, pero no puede perdurar eternamente, a riesgo de vulnerar aquel interés que se quiere proteger. También es cierto que prolongar (la depreciación monetaria) "sine die" no solo postergaría disposiciones constitucionales expresas como las del art.67 inc.10 de la Constitución Nacional, sino que afectaría los derechos patrimoniales de todos en beneficio de unos pocos. Este alto cuerpo ha despejado las dudas sobre la constitucionalidad de la ley 23928, aplicable al presente caso, y es dable agregar que la realidad económica es una materia esencialmente cambiante que impone una variación en el instrumento, a fin de proteger adecuadamente la concreta vigencia de los derechos constitucionales. La Cámara segunda,Civil y Comercial,La Plata -S.III,13-8-91- ha expresado: "La ley 23928 no vulnera el derecho de propiedad, ni importa desconocer lo pactado por las partes, ya que se trata de una norma de orden público, que se aplica inmediatamente después de sancionada, tanto a las relaciones jurídicas que se constituyan en el futuro, como a los efectos futuros de las relaciones pasadas". (Minoría u opinión personal)
Empleados de banco, ascenso laboral
Materia: LABORAL
Carátula: RODRIGUEZ, JULIO N. c/ BANCO DI NAPOLI s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-03-30

El derecho a la titularidad del cargo superior ejercido durante seis meses, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24 del decreto 3133/58 y 30 del decreto 20268/46, supone que el cargo esta vacante, pues lo que las normas afirman es el derecho del trabajador que ha dado prueba suficiente de su desempeño para acceder al cargo superior, y además la voluntad tácitamente expresada por la empleadora, de reconocerle la función en forma efectiva.
Recurso extraordinario, cuestión federal
Materia: PROCESAL
Carátula: Curin, Lorenzo. c/ Cifo SRL (LU. 19-La Voz del Comahue). s/ Inaplicabilidad  de  Ley.  Cuestiones Ajenas. Recurso Extraordinario.  Cuestión Federal. GARCIA, BERNARDO c/ URIAGUERECA, FRANCISCO s/ EJECUCION HIPOTECARIA S/EJECUCION SENTENCIA S/INCIDENTE DE NULIDAD  S/CASACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1986-09-23|1993-06-03

No corresponde considerar la reserva del caso federal cuando como en el caso- el recurrente no ha señalado en qué medida y con qué fundamentos puede darse dicho caso.
Sentencia, parte dispositiva
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: CALDARONE GABRIEL s/ CASACION PENAL - ACLARATORIA - FUNDAMENTACION - SENTENCIA BATALLA HECTOR ERNESTO s/ CASACION PENAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1986-08-27|1986-10-27

La parte dispositiva de la sentencia constituye un requisito estructural de valor sustancial y conclusivo de la decisión, donde se concreta en forma expresa la voluntad de la ley frente al caso particular.
Daños y perjuicios, automotores, responsabilidad objetiva, prueba, carga de la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: AUDISIO c/ LORIA Y O. s/ Daños Perjuicios (LIBRO: S067 - 171)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1991-11-13

La demanda intentada por el actor contra los intervinientes y el titular registral de uno de los rodados, es de aplicación del art.1113 del CCI siendo la carga probatoria para eximirse de responsabilidad, de los sujetos pasivos de la litis.
Juicio ejecutivo, subasta de inmuebles, tasación, base, facultades del juez
Materia: CIVIL-PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: ZENECA  SA c/ AGROIMPULSO  SA s/ EJECUTIVO  S/  INCIDENTE  DEAPELACION ART. 250 CPROC.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-05

Si bien el cpr: 578 establece que cuando no existiere acuerdo de partes, la base de la subasta se fijará en los dos tercios de la valuación fiscal actualizada correspondiente al inmueble, y a falta de valuación el juez designará de oficio perito ingeniero, arquitecto o agrimensor para que realice la tasación, calculándose la base sobre igual proporción del valor de dicha tasación; sin embargo, el juez tiene la facultad de apartarse de la misma o de lo estipulado por las partes, fijando la base en una suma que impida que los bienes sean malvendidos. Asi pues, en principio esa decisión no irrogaría perjuicio alguno, ya que mas bien obrara como garantia de que el bien en cuestión no será vendido a precio vil.
Organización de la justicia, competencia de la ciudad autónoma de Buenos Aires
Materia: PROCESAL
Carátula: Incidente de competencia en autos Giordano, Hugo Orlando y otros c/  s/ Infr. art. 89, CP, lesiones leves s/ conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-25

Los jueces que integran el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son quienes constitucionalmente deben ejercer las competencias ordinarias, mientras que la justicia nacional ordinaria sólo de manera transitoria ejercerá, en tanto órgano remanente, aquellas que aún no han sido transferidas. Los órganos jurisdiccionales con competencia no federal con asiento en esa ciudad de distinta naturaleza (unos nacionales, otros locales) tienen potencialmente la misma competencia, pero coyunturalmente ésta se halla dividida en función de los convenios vigentes de transferencias. (Del voto de los jueces Santiago Otamendi, Marcela De Langhe e Inés M. Weinberg).
Alimentos, alimentos provisionales
Materia: CIVIL
Carátula: S., L.M. c/ V., J.H. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-03-10

Los alimentos provisorios tienden a satisfacer o cubrir las necesidades básicas e imprescindibles del alimentado durante la sustanciación del proceso hasta el dictado de la resolución definitiva o que otros elementos de prueba modifiquen los mismos, de naturaleza urgente que no admite debate u oposición del obligado al pago.
Prueba, admisibilidad de la prueba
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Lugli, Anita Ema c/ Instituto de Seguridad Social y Seguros de la Provincia delChubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-05-08

Conforme los principios que rigen la prueba, este Tribunal tiene dicho que "tratándose el derecho a probar de un derecho subjetivo procesal, en atención al principio de libertad de prueba, ha de aceptarse que mientras la propuesta no resulta abiertamente impertinente, inidónea, inútil o inconducente, no corresponde limitar su objeto". Existe un derecho subjetivo de probar en el proceso los hechos de los cuales se intenta deducir la pretensión, y sujeto pasivo de ese derecho es el Juez, quien está obligado a decretar y practicar las pruebas pedidas con las formalidades legales, siempre que no exista razón para considerarlas inadmisibles.
Daños y perjuicios, indemnización, valor vida
Materia: CIVIL
Carátula: SULIGOY,  NANCY  ROSA  FERUGLIO DE; SULIGOY, MARCELO JAVIER; SULIGOY, MARIA GABRIELA Y SULIGOY, PABLO LUIS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  NRO 352-87)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-12-29

No es correcto afirmar que la vida humana tiene per se un valor pecuniario, porque no está en el comercio, ni puede cotizarse en dinero: es un derecho a la personalidad, el más eminente de todos, que se caracteriza por ser innato, inalienable, absoluto y extrapatrimonial. Empero, no obstante la importancia que tiene para el hombre su vida, no constituye un bien, en el sentido que usa esta denominación el artículo 2312 del Código Civil, como objeto material o inmaterial susceptible de valor.
Recurso de casación, inadmisibilidad del recurso, coeficiente de estabilización de referencia, presentación extemporánea
Materia: PROCESAL
Carátula: HSBC BANCO ROBERTS S.A. c/ GUT LUIS MARIA Y OTRA s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-09-12

La sentencia que se recurre no es definitiva respecto del agravio en el que el demandado alega que no se le permitió invocar que está exceptuado de la aplicación del CER en virtud del decreto 762/2002 por tratarse el suyo de un préstamo hipotecario para la vivienda.

El decreto 762/2002, así como las normas concordantes mencionadas, son posteriores al dictado de la sentencia de primera instancia de fecha 06/3/2002, y al recurso de apelación del demandado. Por ese motivo el demandado no invocó el decreto 762/2002 en su recurso de apelación, sino que lo mencionó por primera vez al interponer su recurso de casación. Ello significa que en autos no hay pronunciamiento sobre la aplicación del decreto 762/2002 a la deuda del demandado, ya que la cuestión no pudo ser considerada por el juez de primera instancia por ser posterior a la sentencia, así como tampoco el tema fue sometido a decisión de la alzada.

Siendo necesaria la invocación expresa de la exceptuación de la aplicación del CER y la acreditación del supuesto de excepción como indican las normas citadas ut supra, (cfr. decreto 1242/2002) el planteo debe formularse por la vía correspondiente, por lo que la introducción de este agravio en el recurso de casación deviene prematuro por no haberse emitido pronunciamiento respecto de la cuestión planteada.
Plazo, recurso de reposición (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en "Orígenes AFJP SA c/ GCBA s/ repetición (art. 457 CCAyT)"
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-02-11

Los plazos para la interposición de los recursos son computables conforme el tribunal ante el que deben ser presentados y no tomando como referencia al Tribunal que dictó la resolución que se recurre. (Voto del Sr. Juez Luis F. Lozano).
Coautoría, dolo, participación necesaria
Materia: PENAL
Carátula: Fernández, Leonardo Gustavo; Collia, Damian Joaquín y Rodriguez, Walter Hugo c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-02-14

En nuestro sistema jurídico, cómplice es el que dolosamente y sin tener el dominio del hecho principal presta al autor o autores ayuda para la comisión del delito. Las categorías de partícipe primario o secundario dependen de la magnitud de la ayuda prestada, es decir, si con ella (o sin ella) el delito no habría podido cometerse. Para aplicar este criterio, se sugiere la utilización de la teoría de la conditio sine qua non: si se elimina mentalmente la acción del partícipe y el hecho no habría podido cometerse, estaremos ante una participación necesaria. Sin embargo, su aplicación no está exenta de complicaciones, puesto que uno de los problemas a dilucidar es si la contribución del partícipe se analiza en "abstracto" o en "concreto". Si bien la ley se sirve del procedimiento hipotético de eliminación para definir si el aporte resultó necesario para obtener el resultado típico, se observa que el texto legal no califica como cómplice primario al que presta una colaboración sin la cual el hecho no habría sucedido, sino que al que ayuda con algo sin lo cual el hecho no habría podido cometerse. El juicio a formularse no es, pues, de naturaleza absolutamente mental e hipotético de eliminación, sino que se basa en el examen de la posibilidad que el autor en concreto tenía; y la apreciación de la calidad de ese aporte dependerá, por tanto, de su naturaleza imprescindible para los autores conforme el plan preconcebido. Ese juicio ex ante será de ayuda para distinguir con mayor facilidad, en cada caso, la complicidad primaria de la secundaria (voto del juez Sarrabayrouse con mención del voto del juez Niño en "Lagos" y ""Martinez"). (voto del juez Sarrabayrouse al que adhirieron los jueces Morin y Días)
Cheque, competencia, juicio ejecutivo, títulos ejecutivos
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Reno Argentina SA c/ Compañía Química Y Agroquímica Argentina SA s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-12

Tratándose de la ejecución de un cheque "...la competencia territorial está dada, en principio, por el domicilio del banco sobre el que fue librado el cheque, y, subsidiariamente, a opción del tenedor, por el domicilio que el titular tiene registrado en el banco" (está Cámara en pleno, in re "Reynoso, Heberto J. c/ Lima de Echeverría, Esther", del 19/5/80). No obstante, la operatividad de esa doctrina plenaria no puede ser automáticamente aplicada soslayando las diversas situaciones que pueden presentarse en cada litigio. Y, en el caso, no es hecho controvertido que ninguno de esos dos domicilios corresponden a esta jurisdicción. Es más, la acción instaurada aquí lo ha sido ante el domicilio de la propia demandada, de manera que, nadie puede sentirse agraviado por el hecho de ser demandado ante los jueces de su domicilio. En el mismo sentido, ha sido señalado que debe admitirse la competencia si la ejecución del cheque se inicia en el domicilio del deudor, pues esta es una solución razonable que contempla la conveniencia de ambas partes, y nadie puede sentirse agraviado por ser demandado ante su domicilio (CNCom, Sala E, en autos "Nieto, Eduardo c/ Acosta, Claudio", del 30/11/88; Sala A, en autos "Armando Flavia Paola c/ West Group Service S.A y otro s/ ejecutivo", del 16/10/13).
Seguro por robo, obligaciones del asegurador
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Rodríguez c/ La Perseverancia s/ Cumplimiento de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-09-16

La aseguradora no puede ser constreñida a abonar la indemnización contratada para el caso de robo de la unidad si el asegurado no le entrega la documentación del vehículo estipulada en el contrato. Es que la posibilidad de recuperar los autos robados asegurados, finalidad a la que tiende el cumplimiento de entregar la documentación antes mencionada, tiene incidencia económica en las aseguradoras e indudablemente en la determinación de primas.

Por ello y aunque la ausencia de titularidad del automotor en favor del asegurado no impide a éste reclamar el pago de la indemnización por robo, por cuanto el interés asegurable no necesaria ni exclusivamente deriva del derecho real de dominio sobre una cosa, no habiendo probado la actora cumplimiento de la carga a la que estaba condicionado su derecho al cobro de la indemnización reclamada, corresponde revocar la sentencia apelada y rechazar la demanda (art. 510 y 1201 del Cód. Civil).
Circunstancias que impiden la excarcelación, intención de eludir la acción de la justicia
Materia: PENAL
Carátula: INCIDENTE DE CESE DE LA PRISIÓN PREVENTIVA RESPECTO DE MORALES, MARCOS NICOLÁS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-03-06

El comportamiento procesal que habría asumido el causante durante su soltura, amén de no haber sido valorado por el a quo, permitiría presumir -en caso de corroborarse el cumplimiento regular de las pautas de conducta impuestas- la existencia de una voluntad reveladora de su intención de permanecer sometido a proceso; circunstancia que, eventualmente, coadyuvaría a desvirtuar la presunción de riesgo de fuga establecida por el Legislador en la ley adjetiva.
Juicio ejecutivo, ampliación de la ejecución
Materia: COMERCIAL
Carátula: MASSINI DE CUESTA, CELIA c/ YACUBOWSKI DE PUSCAR, CATALINA s/ EJEC.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-19

La ampliación de la ejecución solo es admisible cuando se trataré del vencimiento de nuevas cuotas de la misma obligación, pero no cuando se pretenda ampliar la pretensión originaria acompañando documentos literales y autónomos.
Prueba documental, acta policial, prueba confesional, confesión extrajudicial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Mancini María Asunta c/ Ibarra Ignacio y otro s/ Danos y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-06-08

La discordancia entre lo manifestado al contestar la demanda y lo que resulta anteriormente de la exposición policial, adquiere significación en cuanto aquélla se torna inidónea para echar al olvido la precedente, y sirve para mostrar el intento de mejorar la situación del demandado añadiendo un dato que, de haber existido, debió estar en aquel relato efectuado a pocos días del hecho, por la espontaneidad que supone el fresco recuerdo de lo ocurrido.
Facultades del Poder Judicial, facultades jurisdiccionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: R., C.R. c/ B.C. SA s/ Cobro de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-02-20

El concepto de unidad de lo jurisdiccional, engendrado en esencias jurídicas lógicas tiene un fin con que afronta la necesidad social de lo jurídico: el de concretar la seguridad como valor equiparable, en el ordenamiento positivo, al ideal de justicia; y ese valor exige que las soluciones del poder jurisdiccional sobre el mismo acontecimiento resulten, sino uniformes, por lo menos no contradictorias.
Thema decidendum, sentencia ultra petita
Materia: LABORAL
Carátula: ALVARADO PAREDES CIRILO ANTONIO c/ NOTA ADA s/ LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1994-12-05

La condena a pagar los haberes del mes de julio de 1.993 dispuesta, no fue un hecho invocado por el actor ni objeto de su pretensión y consecuentemente tampoco tema de debate y prueba, no podía el sentenciante ordenar tal condena, so riesgo de afectar el derecho de defensa en juicio (art. 18 de la Constitución Nacional), ya que la facultad de fallar ultra petita que ell art. 40 de la Ley Nº 1.444 le concede, según la modificación introducida por la Ley Nº 2.244, necesariamente requiere que se fundamente en hechos legalmente comprobados, situación que en autos, no se ha producido.

Y no es fundamento válido al respecto el reclamo de indemnización sustitutiva de preaviso que formuló el actor en su liquidación practicada al interponer demanda, pues tal resarcimiento es de naturaleza jurídica distinta y obedece a objetivos diversos de la ley (conf. art. 233 Ley de Contrato de Trabajo, su doctr.), por lo cual corresponde la revocación de la sentencia con relación a este rubro de condena.
Contratos, compraventa de automotores, precio, seña, devolución del automotor, procedencia del recurso
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Arias, Matias Ignacio  c/ Car Group SA s/ sumarisimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-24

Corresponde condenar a la concesionaria demandada a devolver al accionante la suma entregada en carácter de seña para la adquisición de un vehículo automotor, con motivo del aumento en el precio de adquisición del bien, circunstancia que alteró las condiciones de venta pactadas contractualmente.

En ese marco, resulta inadmisible la resistencia de la defendida, en cuanto plantea que aquella suma fue entregada en concepto de "reserva", pues sin perjuicio del nomen iuris dado en el contrato, lo cierto es que fue intención de las partes darle a los términos allí establecidos el carácter de seña, pues se descontó del precio total de la operación, con la facultad de las partes de ejercer el derecho de arrepentirse.
Recurso de casación penal, juicio abreviado, procedencia del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Medina, Norberto Gustavo s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-31

La previsión del art. 431 bis del C.P.P.N., sólo implica que las partes han acordado un determinado trámite y no la disponibilidad sobre el fondo, pues ello no está autorizado en la legislación nacional vigente. Por tal motivo, interpreto que más allá del convenio celebrado, los jueces sólo tienen un límite en orden al "quantum" de la condena, manteniendo toda vigencia las normas que regulan la deliberación, sentencia y vías recursivas, pues el acuerdo de partes no los obliga. En consecuencia, no puede negarse al condenado el derecho al recurso (art. 75, inciso 22 de la C.N. y arts. 8, inciso 2 apartado h del CADH y 14, punto 5 del PIDCP). Por ello me inclino por la admisibilidad formal del recurso de casación.

(Dra. Ledesma en disidencia).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, sentencia, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BROGGI, GUILLERMO JORGE c/  s/ APELACION SENTENCIA CONDENATORIA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-10-05

En relación a las alegaciones referidas a la vulneración de la garantía del plazo razonable, la compareciente no persuade a este Tribunal de la presencia de una cuestión constitucional que justifique la vía intentada, ya que en efecto se advierte que su pretensión constituye una reiteración de la esgrimida en las instancias ordinarias y, como tal, ha sido analizada y rechazada por el A quo con argumentos que la interesada no alcanza a descalificar desde la óptica constitucional, siendo que del pronunciamiento impugnado surge que los Magistrados examinaron la normativa, doctrina y jurisprudencia aplicable, para concluir, en concreto, que en el caso no había sido conculcada la invocada garantía, al señalar -entre otros argumentos- no sólo que debía atenderse la cantidad de delitos investigados -lo que demandaba una mayor actividad investigativa- y la circunstancia de que sean dos los imputados -lo que implicaba la necesidad de duplicar los traslados a la defensa-, sino también que la recurrente se limitaba a sostener el término global de duración del proceso sin esgrimir un fundamento que merezca respuesta jurisdiccional.