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Accidente de navegación, abordaje de buque, responsabilidad por abordaje de buque, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa, daño por vicio o riesgo de la cosa, eximentes de responsabilidad
Materia: NAVEGACION - CIVIL
Carátula: Agencia Marítima Petrozan  S.R.L. c/ Trans - Ona s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-12

Una recta aplicación del orden positivo - respetando los extremos técnicos en sentido estricto de aquellas pruebas: causa del abordaje, maniobras marineras, etc. - conduce a admitir que el choque se debió a un vicio propio del buque embestidor, lo cual coloca la solución en la órbita del art. 1113, segunda parte del segundo párrafo, del Código Civil; norma que si bien no menciona la fuerza mayor como eximente de responsabilidad débese considerar que la incluye "siempre que se trate de un acontecimiento imprevisto e insuperable exterior a la cosa"; si fuera interno a ella, consistiría cabalmente en su vicio o riesgo.
Contrato de trabajo, enfermedad accidente, accidentes de trabajo, enfermedades inculpables
Materia: LABORAL
Carátula: JOSE GUTIERREZ c/ Y.P.F. s/ INDEMNIZACION POR ENFERMEDAD - ACCIDENTE
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-10-09

La reconocida influencia profesional de ciertas actividades en la disminución de la capacidad laborativa de quienes las desarrollan, no excluye IN LIMINE la posibilidad de que otras distintas a aquéllas puedan también operar como causa o concausa de tales pérdidas.
Plan de parentalidad, vínculo filial, reanudación del contacto, dictamen pericial
Materia: CIVIL
Carátula: A. M., E.  c/ M., A. S.  s/ cuidado personal de los hijos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-07-07

Debe fijarse un régimen de comunicación asistido con carácter provisorio, de implementación progresiva, para la reanudación del vínculo entre el padre y su hija, hasta que se encuentren agregados los informes del Cuerpo Interdisciplinario Forense y del Servicio de Psicología de la Cámara Civil, teniendo en cuenta la corta edad de la niña y el tiempo transcurrido sin que la menor mantenga contacto con su padre, puesto que ni las opiniones de los especialistas tratantes como tampoco las comunicaciones de los cuerpos especializados revelan la existencia de indicadores con envergadura para impedir en forma absoluta la comunicación entre el padre y su hija, por lo que la demora de los organismos no podría importar la dilación indefinida de la decisión sobre el punto, sino, la postergación de la oportunidad en la cual habrá de establecerse el más adecuado régimen de comunicación paterno filial, cualquiera fuere.
Accidentes de trabajo, renta vitalicia, inconstitucionalidad, nulidad del contrato
Materia: LABORAL
Carátula: AGRANO, DIEGO GABRIEL c/ LIBERTY A.R.T. S.A. Y OTRO s/ ACCIDENTE- LEY ESPECIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-08

Al ser inválido en términos constitucionales el art. 14 ap. 2, inc. b LRT, también lo es el acto jurídico (contrato) que es consecuencia de una norma opuesta a la Constitución Nacional cuyo objeto también debe considerarse contrapuesto a ésta. A la luz de lo establecido en los arts. 953 y 1167 del Código Civil, un contrato que deriva de la aplicación de una norma contraria a la Constitución Nacional, está afectado por un vicio (ya que su objeto también es contrario a determinadas garantías constitucionales) determinante de una nulidad absoluta que aparece patentizada en forma manifiesta en el propio acto contractual; y, a la luz de la previsión contenida en el art. 1047 del Código Civil, dicha nulidad puede y debe ser declarada por los jueces, aún sin pedido de parte, máxime cuando -como en el caso- tal declaración debe efectuarse "en interés" y en resguardo de la vigencia efectiva de la Ley Suprema.
Contrato de trabajo, ius variandi, cambio de lugar de trabajo, medida de no innovar
Materia: LABORAL
Carátula: Rombola, Antonio  Omar c/ Coca Cola Femsa s/ juicio sumarísimo.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-08-09

Cuando el art. 66 LCT según ley 26.088 dispone "...no pudiéndose innovar en las condiciones y modalidades de trabajo..." tenemos la consagración de una medida cautelar en una norma sustancial que no requiere para su viabilidad los requisitos exigidos por las normas procesales aplicables en cada jurisdicción. Este tramo de la norma es inequívoco y permite sostener que ante la alegación de un ejercicio ilícito del ius variandi corresponde decretar, a pedido del trabajador en el proceso sumarísimo pertinente, la citada medida cautelar, la que deberá ser concedida salvo que de la misma petición o de otras constancias de la causa surja que la decisión empresarial cuestionada sea general para el establecimiento o sección. (En el caso se trata del alejamiento geográfico del accionante de aquel lugar en el que habría iniciado una militancia sindical).
Acción, legitimación pasiva
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Perez, Marta Ester c/ Prov. de Bs. As. s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-12-07

No cabe considerar a la Caja Nacional de Ahorro y Seguro como una "autoridad administrativa" en los términos del art. 149 inc. 3º de la Const. Prov., en tanto resulta un ente ajeno al ámbito del derecho público provincial (carta orgánica aprobada por la ley 21963 y modificatorias). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Entrega del certificado de trabajo, contrato de trabajo, relación de dependencia, prueba, despido
Materia: LABORAL
Carátula: Lujan, Wilfredo Ramón c/ Integral Pack Express S.A.; Sita S.A. y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2022-02-08

Se condena a la codemandada a hacer entrega en el plazo de veinte días a partir de que este pronunciamiento adquiera autoridad de cosa juzgada, la certificación de servicios y remuneraciones y el certificado de trabajo por el tiempo de vigencia de la relación laboral, pues según los términos del art. 23 de la Ley de contrato de trabajo y de acuerdo a los hechos invocados y acreditados, entre el actor y la codemandada tuvo vigencia una relación de trabajo en relación de dependencia de acuerdo a lo previsto por los arts. 21 y 22 del mismo cuerpo normativo
Prueba, principio de adquisición, sentencia, principio de congruencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ruggeri Dávila, Edgardo c/ Pérez, Oscar y otros s/ Indemnización daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-12-06

Incurre en infracción al principio de congruencia y a las reglas del debido proceso el fallo que, con pie en el principio de adquisición procesal, considera como definitoria una prueba obrante en causa penal, no invocada por la apelante y cuya conclusión fuera impugnada en su oportunidad, sin haberse sustanciado en la instancia correspondiente.
Responsabilidad civil, denuncia, consumidores
Materia: CIVIL
Carátula: Litren Luís Nicolás c/ Cenocosud S.A (Easy) s/ Daños Y Perjuicios Inc. Contractual
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2010-07-14

Es responsable el hipermercado demandado por las consecuencias dañosas resultantes de la denuncia penal que efectuara contra un consumidor, aún cuando la misma no sea dolosa o culposa, si se ha guiado por sospechas, siguiendo un procedimiento de rutina, sin percatarse sobre la adecuada verosimilitud del hecho imputado, pues basta con que el denunciante haya actuado guiado por meras sospechas y en su premura no haya advertido si el elemento movilizador de la denuncia era o no de su propiedad, máxime si ni siquiera ha ofrecido luego de su denuncia un inventario o asiento contable de sus negocios que demuestre que la herramienta secuestrada integraba su stock a la fecha del hecho controvertido.
Jurisdicción y competencia, competencia federal, servicio militar, delitos militares
Materia: PROCESAL - MILITAR
Carátula: Sumarios por infr. art. 44 ley 17.531 y mods. s/ Recurso de Hecho Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-06-16

Corresponde a la justicia federal con jurisdicción en el lugar fijado por la autoridad militar para la presentación a la convocatoria el conocimiento de la infracción cometida ante la falta de presentación en tiempo y forma a la que refiere el art. 44 de la ley 17.531.
Daños y perjuicios, valor vida
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Avila, Pedro Marcelino c/ Bazán, Héctor Ramón s/ Daños y perjuicios Del Grecco, Alberto Luis c/ Alvarez de Ameijeiras, Consuelo s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-12-13|1996-07-16

La ley civil establece la existencia de un daño legal presunto producido a raíz del deceso de la víctima, o sea que sienta una presunción legal de daño sufrido por la viuda e hijos del difunto, a quienes e les debe indemnizar en función de esta previsión legal por privación de lo necesario para su subsistencia (arts. 1084 y 1085 Cód. Civil).
Proceso contravencional, derechos y garantías constitucionales, presunción de inocencia, in dubio pro reo
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: S, M. R. s/ articulo 71
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-07-15

Por imperio del estado de inocencia garantizado a todo individuo sometido a un proceso judicial, tanto por la Constitución Nacional como por la Constitución de la Ciudad, la duda o la probabilidad acerca de la comisión de la contravención, impiden la condena del imputado, ya que en caso de que el órgano público encargado de la acusación no llegue a destruir la base de inocencia en la que reposa el imputado, aquel estado se mantiene prevaleciendo sobre el caudal probatorio, el cual, si bien lo puso en tela de juicio, careció de la envergadura legalmente exigida para destruirlo.(Del voto de los Dres. Dessanti y Lucangioli)
Impuestos, régimen penal tributario, personas jurídicas
Materia: PENAL
Carátula: ONTRE S.A. s/ Régimen penal tributario Causa 35254
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-16

En los casos de tributos impuestos a personas de existencia ideal, la omisión de presentar sus declaraciones juradas después de haber sido intimado, tratándose de delitos en que pueden incurrir los obligados a efectuar las presentaciones, la responsabilidad recae, en el caso, en los administradores y mandatarios con capacidad para determinar la materia imponible.
Recurso de inconstitucionalidad, derivación razonada del derecho vigente, daños y perjuicios, daño moral, concubinato, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: CUEVAS, MARCELO ALEJANDRO c/ ORTEGA, JORGE ALBERTO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-09-17

Corresponde declarar la improcedencia del recurso de inconstitucionalidad intentado, desde que el razonamiento esgrimido por la Cámara al confirmar la sentencia de primera instancia que fijó una indemnización por daño moral a favor del concubino de la víctima, es derivación razonable del derecho vigente, toda vez que la aplicación literal e irrestricta del artículo 1078 en las concretas circunstancias del caso no se conjugaría con el estándar de la razonabilidad, con los preceptos constitucionales de protección a la familia, igualdad ante la ley y el principio de reparación plena, conduciendo a una solución injusta, reñida con la equidad (Del voto del Dr. Falistocco).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, legitimación del asegurador, accidentes de trabajo, responsabilidad del asegurador
Materia: LABORAL
Carátula: Porto, Ricardo Francisco c/ Neogas Gas San Justo S.A.C.I.A. s/ Enfermedad accidente art. 1113 Cód.Civ. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-05-21

No se encuentra legitimada para interponer el recurso de inaplicabilidad de ley la compañía de seguros que, citada en garantía (art. 118, Ley 17.418), se agravia por la inclusión en la condena del rubro lucro cesante y por el monto de los honorarios regulados. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Régimen penal cambiario, prescripción de la acción penal, interrupción de la prescripción de la acción penal, secuela de juicio, actos interruptivos
Materia: PENAL-TRIBUTARIO-PROCESAL
Carátula: BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO s/ Régimen Penal  Cambiario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-04-03

1 - La ley contempla tres distintas especies de interrupción:

los procedimientos de impulso de la investigación, los actos procesales de impulsión emanados de la autoridad jurisdiccional y la comisión de nuevas infracciones. En la causa, ni la sentencia absolutoria de primera instancia, ni la resolución de la Cámara por la cual se confirmó la absolución de los encartados, mediante otro fundamento, constituyen causal interruptiva y a ello se suma que el pronunciamiento de la Cámara, en tanto ha sido anulado por la CSJN, no reviste idoneidad ni eficacia alguna como solución definitiva del caso judicial. Asimismo, la segunda sentencia dictada por la Cámara (Sala B) por la que se condenó a los imputados, tampoco puede considerarse secuela de juicio toda vez que dicho pronunciamiento no sólo fue dictado con posterioridad a la fecha en que se operó la prescripción de la acción penal sino que la tacha de arbitrariedad de la que ha sido objeto conmociona su identidad como acto procesal válido (Del voto del Dr. Repetto).- 2 - La sentencia de la CSJN por la cual se revocó la sentencia dictada por la Cámara y se ordenó dictar un nuevo pronunciamiento conforme a derecho no constituye "secuela de juicio".- 3 - Corresponde declarar extinguida por prescripción de la acción penal y en consecuencia sobreseer definitivamente a los imputados por su responsabilidad y autoría en la comisión de las infracciones previstas en el Art. 1 inc. e) y f) de la ley penal cambiaria por la realización de giros indebidos de divisas al exterior, porque aún cuando la resolución mediante la cual el Presidente del Banco Central ordena instruir sumario con fecha 2 de septiembre de 1988 interrumpe el plazo de la prescripción de tales infracciones cambiarias, la acción penal se encuentra de todas formas prescripta pues ha transcurrido con creces el plazo de seis años que establece el Art. 19 de la Ley citada (Del voto del Dr. Repetto).- 4 - En el caso, después de la instrucción del sumario y de los distintos actos practicados por el Banco Central, tanto la apertura a prueba que fue notificada a los imputados como las providencias encaminadas a la producción de pruebas pendientes, hasta la sentencia condenatoria dictada por la Cámara (Sala B) han transcurrido más de ocho años, sin que se haya producido, durante ese extenso período de tiempo, acto alguno con aptitud interruptiva de la acción penal (Del voto del Dr.

Repetto).
Indemnización por accidente de trabajo, tiempo de vida útil, regímenes jubilatorios especiales
Materia: LABORAL
Carátula: MEDINA, IRRITO ANASTASIO c/ MURCHISON  S.A.  ESTIBAJES Y CARGAS s/ ARTICULO 1113 CODIGO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-26

La estimación del resto de vida útil no cabe ceñirla a la edad de un régimen previsional especial, porque la función que cumple en el avalúo judicial de una indemnización integral de los daños no se limita al oficio desempeñado por el accidentado al tiempo de lesionarse con incapacidad permanente sino a las expectativas de actividad laboral que no se limitan a la mencionada edad.
Poder Legislativo, proceso penal, debido proceso, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Defensoría General s/ Nulidad Autos 120-24-2004
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-03-08

"La actividad legislativa enfrenta permanentemente el desafío de lograr un adecuado equilibrio entre un proceso penal "eficiente" y uno que le dé al imputado la oportunidad de defenderse en un marco de verdadera imparcialidad. En este sentido, no es nueva la concepción de que la separación funcional entre juzgador y acusador apunta a lograr esa finalidad".
Prescripción de la acción penal, extinción de la acción penal, duración del proceso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Sánchez Chamoso, Rosa s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-03-02

Debe continuar la sustanciación de la causa si no transcurrió el plazo previsto para la extinción de la acción desde la presentación del requerimiento de elevación a juicio, último acto interruptor verificado en las actuaciones. La disidencia consideró que el tiempo que insumió el trámite de la causa obedeció exclusivamente a la actividad de los órganos estatales. (Dres. González Palazzo, Hornos, Diez Ojeda -en disidencia-).
Responsabilidad del Estado, puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, indemnización
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Villanueva, Ernesto Fernando y otro c/ Min. del Interior s/ Indemnización ley 24043
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-16

El beneficio otorgado por el Min. del Interior en base a la ley 24043 debe calcularse teniendo en cuenta la remuneración mensual de los agentes que revestían en el Nivel A del SINAPA, ya que ello constituye la máxima categoría del escalafón del personal civil de la Administración Pública al dictarse la resolución 985/92 del Min.

del Interior.
Medidas cautelares, embargo, sustitución de medidas cautelares, legitimación activa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GUIBERT, MONICA. c/ EMACO. s/ INCIDENTE SUBSTITUCION EMB.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-03-25

La sustitución del embargo trabado debe ser peticionada por la parte interesada, es decir, por el afectado por la medida, conclusión que se infiere del texto del artículo 203, segundo párrafo, del código procesal, y que concuerda con el principio de la autonomía de los sujetos procesales, según el cual los actos de unos ni aprovechan ni perjudican a los otros.
Acción de inconstitucionalidad, medidas cautelares
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: OVANDO, OMAR JAVIER c/ MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE FELICIANO s/ ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD S/INCIDENTE DE MEDIDA CAUTELAR
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-09-26

Los requisitos consagrados en el art. 51 de la Ley Nro. 8369, entre otros, exigen que el dispositivo atacado (ley, decreto, reglamento, ordenanza o resolución) revista carácter "general", encontrándose excluidos -a contrario sensu- aquellos instrumentos similares materialmente legales o actos administrativos de carácter -o de alcance- "individual" o "particular". Esto encuentra perfecto correlato con la peculiar naturaleza de la acción de inconstitucionalidad, cuya promoción habilitaría la competencia originaria del Superior Tribunal en los términos del art. 167, inc. 1, ap. c, de la Constitución de la Provincia.

Tampoco se alcanza a advertir la existencia de la necesaria congruencia entre el resultado de la pretensión cautelar incidental y el eventual del juicio principal; porque podamos dar hipotéticamente por cierto que la pretensión de inconstitucionalidad articulada de la cuestionada resolución agotando, así y por completo, la situación litigiosa, careciendo en principio de dispositivos condenatorios susceptibles de ejecución que tornen a la misma eficaz en términos compatibles con la cautela aquí pretendida, que importa la suspensión de los efectos del acto atacado y el reestablecimiento de la situación económica y jurídica de que gozaba el accionante, mediante su restauración en el cargo de Concejal Municipal del que fuera suspendido, lo cual en ningún supuesto podría integrar el dispositivo del pronunciamiento más generosamente favorable al actor que pudiere razonablemente imaginarse.-
Recurso extraordinario, denegatoria del recurso, accidentes de trabajo, indemnización, leyes, reparación integral
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GATTI, DANIEL ARISTIDES c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-05-19

Las postulaciones mediante las cuales la presentante intenta convencer en torno a la improcedencia de la declaración de inconstitucionalidad del artículo 17, inciso 5, de la ley 26773 -en cuanto a la limitación temporal que dispone- y el reconocimiento de las indemnizaciones que se otorgaron al actor, quedan sin sustento frente a las conclusiones vertidas en la sentencia, que declaró de oficio la inconstitucionalidad del mencionado artículo a fin de ajustar las consecuencias y efectos de lo acontecido al actor a un régimen integral de reparación y que decidió aplicar al caso el decreto 1694/09, en tanto si bien el accidente es anterior a su dictado, la demandada era morosa. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 26773, artículo 17, inciso 5; Decreto 1694/09.
Robo en poblado y en banda, concepto de banda, asociación ilícita
Materia: PENAL
Carátula: GARCIA HEREDIA, GUSTAVO s/ ROBO.  BANDA:(ART.  167  INC.  2  C.P.).  NO  VIGENCIA  DEL  PLENARIO  "CORONEL",  PERO  APLICACIÓN  DE SU DOCTRINA POR LA FUERZA CONVICTIVA  DE  LAS RAZONES DOGMÁTICAS. BANDA:  NO  ASIMILABLE  A  LA ASOCIACIÓN  ILÍCITA DEL ART. 210 C.P.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-22

si bien el fallo plenario "coronel" no es obligatorio por la derogación de la norma que en su momento interpretó, sin recuperarla por la nueva entrada en vigencia de esa misma norma, nada se opone a que, no por la fuerza vinculante sino por la fuerza convictiva de las razones dogmáticas explicitadas en el mismo, se aplique la misma solución jurídica que en el fallo plenario se arbitró, encuadrando la conducta de los tres procesados-que despojaron a un taxista del rodado, bajo la intimidación de un arma de fuego inapta por deficiencia para disparar, intentando hacerlo con otro- en la norma del art. 167 Inc. 2 C.P.: Robo en poblado y en banda.

La "banda" calificante del delito de robo no puede asimilarse a la asociación ilícita del art. 210 C.P., Asimilación que pudo tener fundamentos durante la vigencia de la ley 21.338 Puesto que no podían tener igual significado la comisión por tres o más personas y la banda, situación que en la actualidad ha dejado de existir al desaparecer la agravación en razón del número de intervinientes.
Caducidad de instancia, incidentes, costas, honorarios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: I.C.F.S.A. c/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA s/ CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVA  -  HONORARIOS  -  COSTAS  - INCIDENTE DE  PERENCION DE INSTANCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1986-09-17

Para los trabajos del incidente de perención de instancia corresponde aplicar el artículo 79, 2do. párrafo, 2da. parte, dada la naturaleza meramente incidental característica de ese trámite en las causas contencioso administrativas (art. 58 C.P.C.A.).
Empleados públicos, deberes de los agentes de la administración pública, jornada de trabajo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: C., A. c/ Municipalidad de Rada Tilly s/ Recurso Contencioso Administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-04-27

Entre los variados y particulares deberes cuyo cumplimiento se exige al agente público -verdaderas "cargas" que la Administración impone en razón del vínculo de sujeción especial que une a aquéllos con ésta y se justifican en las necesidades de la organización- el cumplimiento de la jornada es básico dentro de la relación funcionarial, con un criterio finalista de beneficio del servicio.- Y la previsión de éste y otros deberes se complementa con los reglamentos disciplinarios que coercitivamente imponen su cumplimiento -so penas también expresamente previstas, que incluyen la ruptura del vínculo o relación.- Concordante, la Suprema Corte de Buenos Aires, califica esta obligación como "básica" de la relación de empleo, comprensiva del desempeño del cargo en tiempo, forma y lugar establecidos.