Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-11-05


VIÑUELAS, Sergio René y AGUSTI, Héctor Raúl contra PROVINCIA DE SANTA FE Reg.: A y S t 193 p 70-80.

En la ciudad de Santa Fe, a los cinco días del mes de noviembre del año dos mil tres, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Roberto Héctor Falistocco, María Angélica Gastaldi, Mario Luis Netri, Eduardo Guillermo Spuler y Rodolfo Luis Vigo, con la Presidencia del titular doctor Rafael Francisco Gutiérrez, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "VIÑUELAS, Sergio René y AGUSTI, Héctor Raúl contra PROVINCIA DE SANTA FE sobre RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN" (Expte. C.S.J. nro. 469, año 1994), de conformidad con el acuerdo preparatorio celebrado el día veintinueve de octubre del corriente año.

A la primera cuestión -¿es procedente el recurso interpuesto?-, el señor Ministro doctor Spuler dijo:

I.1. Sergio René Viñuelas y Héctor Raúl Agusti deducen recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción contra la Provincia de Santa Fe, tendente a obtener la anulación del decreto nro. 1402/94 y su antecedente decreto nro. 3349/93, el reintegro al lugar de servicio de origen y el pago de las diferencias de sueldos devengadas, de todo gasto que deba afrontarse -rehabilitación de licencias, etc.- y del daño moral; con costas.

Exponen que por resolución nro. 41/93, y su similar nro. 43/93, se dispuso la instrucción de un sumario administrativo en el ámbito de la Dirección General de Aeronáutica Provincial -donde se desempeñaban como Director general, en el caso de Viñuelas, y Subdirector general operativo, en el de Agusti- y el traslado de ambos por el término de 90 días, a la Dirección Provincial de Emergencia Habitacional.

Relatan que impugnaron tales resoluciones siendo rechazadas sus presentaciones con fundamento en el carácter temporal y prevencional de la medida y en que fue adoptada para facilitar el esclarecimiento de los hechos investigados.

Agregan que, no obstante estar en curso el sumario administrativo, pendiente de resolución definitiva, el 19.11.1993 se dictó un nuevo decreto -nro. 3349-, designándolos por traslado en jurisdicción del Ministerio de Gobierno, en cargos categoría 24 y 23 del agrupamiento administrativo, cesando ambos en las mismas categorías y agrupamiento en la Dirección General de Aeronáutica Provincial, jurisdicción Gobernación.

Y que el recurso de revocatoria deducido contra éste acto fue rechazado mediante el decreto nro. 1402/94, quedando agotada la vía administrativa.

Sostienen que los actos impugnados guardan estricta relación con el sumario administrativo y el traslado por 90 días, ordenados por la resolución 41/93, y que era evidente que dicho traslado carecía de fundamentos o, por lo menos, los que se daban no eran sinceros pues si lo que se trataba era de facilitar el esclarecimiento de los hechos que se investigaban, las disposiciones cuestionadas trasuntan la verdadera intención de los funcionarios de turno, solapada por pueriles e inconsistentes afirmaciones contenidas en los considerandos, que no era otra que la de desprenderse definitivamente de ellos.

Manifiestan que el traslado de un empleado no puede ser efectuado sin reparar en las consecuencias que la medida puede acarrear en la relación de empleo y en los derechos que de ella emanan.

Indican que en la Dirección General de Aeronáutica Provincial, dependiente de la jurisdicción 01 -Gobernación-, tenían asignadas determinadas funciones, prestaban servicios en un área determinada -operativa- y desarrollaban tareas exquisitamente técnicas -pilotaje de aviones- que hacen a su derecho a la estabilidad, esto es, a conservar el empleo, la jerarquía y nivel alcanzados y los atributos inherentes al mismo -y citan jurisprudencia de este Tribunal en su apoyo-.

Se agravian porque las aducidas cuestiones de servicio y la finalidad de obtener un adecuado aprovechamiento de sus capacidades implican una burla, ya que ninguna razón de servicio ni fin público se tuvo en cuenta al tomar la medida.

Consideran demostrativas de la falacia esgrimida que el Ministerio de Gobierno jamás solicitó los servicios de pilotos aviadores profesionales, que en esa dependencia demoraron 22 días en conseguirles destino, que se los adscribió al Servicio Penitenciario, que en esa repartición no hay ninguna estructura para ellos, que allí se los destinó a biblioteca y museo y que no tienen asignadas funciones.

Entienden también como falacias contenidas en el considerando del decreto 1402/94, que se consigne que no se vulnera el derecho a la estabilidad y no existe obstáculo que impida a los impugnantes tener acceso a las máximas jerarquías del escalafón, pues el traslado les ha significado una merma sustancial en sus sueldos -al dejar de percibir el suplemento aeronavegante y riesgo y no tener acceso al suplemento creado por decreto nro. 1161/94-, añadiendo que ello ha implicado derivaciones tales como imposibilidad de acceder a créditos bancarios, dificultades para atender gastos familiares y disminución del aporte a la Caja de Jubilaciones y de la base para el cálculo de una futura jubilación.

Expresan que se afecta la estabilidad en la medida que no pueden ejercer las funciones que les competen ni las actividades técnicas inherentes al cargo que ocupaban, desde que ello es imposible en el Servicio Penitenciario, y que con ello ha quedado tipificada la pérdida de jerarquía no sólo económica sin también funcional y moral.

Dicen que el traslado, en las condiciones aludidas, es potencial generador de interpretaciones que deterioran el buen nombre y trayectoria moral y administrativa, y califican la medida como una verdadera sanción disciplinaria encubierta, para la que no se los oyó previamente, violándose el derecho de defensa.

Llaman la atención, en primer lugar, sobre el hecho de que la medida disciplinaria se tome contra quienes aparecen al margen de las actividades desempeñadas en la oficina de la Administración del aeropuerto -donde estarían los involucrados en los hechos motivo de la investigación sumarial-, lo que denota, aseveran, una ostensible discriminación persecutoria y una disparidad de tratamiento que afecta el principio de igualdad.

Y, en segundo lugar, sobre el dictado de la resolución nro. 50 del 12.4.1993, que asignó el cargo vacante del Comandante Viñuelas al señor Mario Ernesto Precerutti -personal con categoría 22-, cuando el Comandante Cupelín -Subdirector general Fomento y P. Aeronáutica- ostenta la categoría 23, lo que denota un manejo arbitrario del amiguismo para ocupar vacantes deliberadamente obtenidas.

Expresan que transcurridos 60 días sin actividad aeronavegante, han perdido las licencias relativas a piloto comercial de helicóptero, habilitación de vuelo nocturno local y habilitación por instrumentos, y que al cabo de 90 días perdieron la licencia piloto TLA, y que para recuperarlas precisarán de la correspondiente rehabilitación con las consiguientes erogaciones monetarias.

Tras señalar que el traslado afectó profundamente sus sentimientos, solicitan la reparación del agravio moral ocasionado.

Agregan que, estando en confección la demanda, fueron notificados de la resolución nro. 102 del 19.7.1994 del Secretario General y Técnico de la Gobernación, por la que se los sobreseyó en la causa que dio lugar al sumario administrativo, estimando que ello es prueba de que el sumario fue sólo un pretexto para desalojarlos de sus cargos y funciones, mancillar sus derechos y mantenerlos en el ostracismo mediante un injustificable traslado definitivo.

Finalmente, argumentan que ningún fin público se persigue con el desplazamiento de dos empleados aviadores a un Servicio Penitenciario y que sólo se esta satisfaciendo un interés muy distinto -privado, político partidario o razones de particular simpatía o antipatía-, lo que pone de relieve la desviación de poder con que se ha obrado.

2. Declarada por Presidencia la admisibilidad del recurso interpuesto (f. 21), comparece la Provincia (f. 27), y posteriormente los actores amplían su demanda (fs. 30/31).

En el escrito ampliatorio, puntualizan hechos acaecidos con posterioridad a la deducción de la demanda y que -consideran- constituyen nuevas circunstancias reveladoras de la ilegitimidad del caso.

En ese orden, mencionan que el día 11.8.1994 fueron adscriptos a la Brigada Aérea Policial, que el 3.10.1994 vuelven a ser trasladados al Servicio Penitenciario -por razones de servicio-, que en fecha 28.10.1994 son trasladados al Museo Penitenciario, y que el 29.11.1994 -por nota nro. 776- el Director del Museo expresa que "la afectación de personal extrainstitucional con categorías funcionales altas (24 y 23) y aptitud laborativa específica en el área de Aeronáutica Provincial, sujetos a un régimen administrativo diferente, nos impide el dictado de normas laborales definitivas ...".

Hacen referencia a la diferencia de sueldo entre Aeronáutica y Ministerio de Gobierno, percibida por el Comandante Viñuelas en los meses de noviembre y diciembre de 1993, que -advierten- se mantiene en el tiempo.

Destacan la magnitud de sus capacidades profesionales -indicando las licencias, cursos y distinciones que ostentan- y la contrastan con el despropósito que -sostienen- implica el accionar administrativo, al someterlos a un irrazonable itinerario plagado de traslados y adscripciones al margen de la legalidad y con ignorancia de las funciones específicas que les corresponden.

3. La Provincia contesta la demanda (fs. 38/46).

Luego de negar diversas postulaciones contenidas en dicho escrito, aclara que el dictado de los decretos 1402/94 y 3349/93 ninguna relación tiene con la sustanciación del sumario administrativo dispuesto en el expediente nro. 00101-0045408-3, que aquéllos no contienen ninguna referencia directa al procedimiento sumarial y que así también lo entendieron los recurrentes, pues la apertura jurisdiccional que realizan está dirigida exclusivamente a los actos administrativos aludidos.

Sostiene que dichos decisorios reúnen los requisitos que legalmente se exigen para este tipo de actos, pues fueron emitidos por el funcionario competente -el Gobernador-, presentan motivación suficiente -la atención de áreas específicas de la Administración Pública con personal adecuado y eficiente, las que por insuficiencia o carencia de empleados se verían afectadas en el cumplimiento de sus fines ante la prohibición inserta en los decretos 88/87, 36/89 y concordantes, que vedan nuevas incorporaciones- y contienen suficiente expresión del fin del acto emitido -la satisfacción de un interés público específico, insertado en los considerandos del decreto 3349/93 y sus remisiones-.

En cuanto al contenido del acto -la designación por traslado-, hace referencia a los artículos 46 y 13 inciso a) de la ley 8525 y dice que, articuladas coherentemente, ambas normas constituyen un todo orgánico por el cual se reconoce al empleado la facultad de solicitar el traslado y a la Administración la potestad -derivada del artículo 72 inciso 1 de la Constitución provincial- de establecer los lugares de trabajo donde deberán desempeñarse sus dependientes.

Explica que los traslados debe cumplir determinadas pautas -que no se afecte la estabilidad, esto es, que se conserve el nivel escalafonario alcanzado; que no se viole su residencia normal y habitual, y que no se afecten sus derechos patrimoniales, o sea, que no se vea disminuido el sueldo- y afirma que los decretos recurridos cumplen con las mismas.

Añade que el empleado no tiene derecho subjetivo a un determinado empleo público durante todo el transcurso de su carrera administrativa y recuerda que entre los fines de la Administración está el de satisfacer el interés general de la comunidad, cuyo cumplimiento quedaría vedado si se concediera a los agentes un derecho ilimitadamente amparado del cual derive la prohibición de disponer traslados.

Consigna que el decreto 3349/93 hace remisión expresa a los antecedentes administrativos registrados con el nro. 00101-0051974-8 de la Gobernación y a las circunstancias fácticas en las cuales se sustentan los traslados dispuestos.

Seguidamente, procede a realizar consideraciones puntuales adicionales.

En ese orden, y respecto del pago de eventuales diferencias, manifiesta que no se ha acompañado ningún elmento de juicio que permita determinar si las mismas se han configurado, advirtiendo que el derecho subjetivo reconocido es al sueldo que corresponde al cargo y no a eventuales suplementos o adicionales que se otorgan por el desempeño de funciones específicas y concretas.

También destaca que la única mención que hace el decreto 3349/93 al sumario administrativo es el artículo 8 y refiere a que en dicho procedimiento ambos podían resultar sancionados y de tal forma hacerse merecedores a un reproche administrativo, pero que no otro alcance corresponde otorgar a la cita.

Dice que las razones de interés y adecuado aprovechamiento de la capacidad de los actores se encuentran suficientemente explicitadas en el decreto 3349/93 y tienen adecuado sustento en la libre disponibilidad de los agentes, que permite su reubicación funcional conforme las necesidades del servicio.

Además, niega que exista elemento de juicio alguno que permita concluir que las retribuciones de los actores sufrieron mengua y señala que, de acuerdo con la informativa obrante a folios 13 y 14 del expediente nro. 00101-0052761-1, los sueldos derivados del traslado no sufrieron modificación alguna, con lo cual puede concluirse que ese rubro permaneció intangible.

Expresa que el ejercicio de funciones técnicas, alegado como perjuicio derivado del traslado, constituye una iniciativa propia de los mismos actores, que ella deriva de su actividad profesional y en modo alguno puede ser imputada a la Administración.

Añade que las funciones asignadas a los recurrentes corresponden al agrupamiento administrativo de la Dirección General de Aeronáutica Provincial, en la cual las funciones técnicas de vuelo no están previstas expresamente como labor propia de los mismos.

Rechaza que la medida implique una pérdida de jerarquía, pues se les ha respetado el nivel escalafonario y jerarquía alcanzados dentro del Escalafón, que afecte el buen nombre y honor, pues en los actos recurridos no se les imputa ninguna irregularidad administrativa, y que esté acreditada la instrumentación de una sanción disciplinaria encubierta y la violación del derecho de defensa, pues los fundamentos de las decisiones administrativas dejan en claro cuáles fueron sus motivos y alcances.

Argumenta que no es del caso analizar las derivaciones acaecidas con la designación del reemplazante de Viñuelas, pues ello no es materia del recurso.

Expresa que el agravio moral invocado carece de prueba alguna que lo respalde y que su existencia debe ser fehacientemente acreditada con suficientes elementos de juicio que permitan tenerlo por configurado como tal.

Dice que la referencia de los actores a la actividad en el Servicio Penitenciario constituye una afirmación insuficiente para configurar la existencia de una supuesta desviación de poder.

Por último, señala que las consideraciones vertidas en el escrito ampliatorio de la demanda, de resultar ciertas, constituyen prerrogativas propias de la autoridad donde fueron trasladados los actores que en modo alguno implica someterlos a un itinerario ilegal y con desconocimiento de los alcances técnicos de los títulos que poseen.

En suma, solicita el rechazo del recurso por improcedente, con costas.

4. Abierta la causa a prueba (f. 47) y producida la que consta en autos, se agregan los informes de las partes (fs. 372/374 y 375/384).

Llamados los autos para resolver (f. 385) y consentida dicha providencia, queda la causa en estado de ser resuelta.

II. 1. El análisis integral de las constancias reunidas en autos luego de tramitado el proceso en su totalidad, conduce a reafirmar las conclusiones a que arribó provisionalmente el Cuerpo, al disponer la suspensión cautelar del traslado impugnado (v. A. y S. T. 136, pág. 482).

A las consideraciones formuladas en dicha oportunidad, corresponde ahora agregar que el examen de las actuaciones revela que, en el caso, no pueden juzgarse configuradas las "necesidades de servicio", meramente invocadas en el decreto nro. 3349/93 (v. considerando segundo) para fundar el traslado de quienes habían sido designados nada menos que como Director y Subdirector de Aeronáutica Provincial, por decretos nro. 311/90 y 3623/91 respectivamente (v. fotocopias de las fojas de servicios, fs. 126/127 y 131/132, expte. adm. nro. 00101-0052761-1).

Al respecto, surge del Anexo B del decreto nro. 3623/91 (v. f. 150, expte. adm. cit.) que las misiones correspondientes al Director General de Aeronáutica Provincial consisten -entre otras- en "administrar y explotar los aeropuertos y aeródromos de propiedad de la Provincia, fomentando el desarrollo de su infraestructura y demás actividades aeroportuarias en el ámbito provincial; organizar y estructurar todo el funcionamiento interno, disponiendo los recursos físicos, técnicos, materiales y humanos necesarios para la ejecución de todos los vuelos inherentes a la Provincia; el funcionamiento del Centro de Mantenimiento Aeronáutico y la capacitación académica del plantel de profesionales en forma integral", y que son sus funciones principales (v. fs. 150/151, expte. adm. cit.) "asesorar al Gobierno provincial en todo lo concerniente a la legislación aeronáutica, aplicable a la administración y explotación de aeródromos; administrar y explotar comercialmente los aeropuertos y aeródromos de la Provincia; mantener en óptimo estado de conservación y operación los aeropuertos de la Provincia de acuerdo a las exigencias de la legislación aeronáutica vigente; fomentar y prestar colaboración para el asesoramiento tendente al desarrollo de la red de aeropuertos y aeródromos provinciales, municipales y privados y de la actividad aeronáutica civil y/o de entidades aerodeportivas de todo el territorio provincial; disponer la ejecución de las misiones de vuelo civiles requeridas por el Poder Ejecutivo, las autoridades de emergencias sanitarias, Defensa Civil, Búsqueda y Salvamento (S.A.R.), C.U.C.A.I. y/o todo cuerpo operativo de emergencia sanitaria, social o catástrofes que involucre la participación aérea en salvaguarda de las vidas humanas; mantener a través del Centro de Mantenimiento de Aeronaves de la Provincia y/o de terceros, el estado óptimo y aeronavegable de todas las aeronaves a su cargo; gestionar y controlar las tareas de mantenimiento e inspecciones o reparaciones de aeronaves que se realicen en talleres de terceros; emitir opinión válida y asesorar a las autoridades del Poder Ejecutivo en todo lo relacionado al tema aeronáutico, como asimismo a la renovación y modernización de la flota provincial; participar directamente en elaborar proyectos o trazar los lineamientos de la política aeronáutica en los que tenga participación el Estado provincial; gestionar y disponer todo lo inherente a la capacitación técnica laboral y calificada de todos los profesionales integrantes del numerario de la Dirección General, y autorizar la realización de vuelos de prueba de aeronaves".

Por su parte, al Subdirector General Operativo le compete (v. f. 152, expte. adm. cit.) "asistir y apoyar al Director General en el manejo y conducción del área, siendo su reemplazante natural en caso de ausencia de éste", y como funciones "elevar al Director General el despacho administrativo proveniente de las áreas operativas subalternas conjuntamente con su opinión y consideración para una adecuada resolución; ejecutar las disposiciones emanadas por la Dirección y/o transmitirlas a quien corresponda para su fiel cumplimiento; recepcionar, resumir y posteriormente elevar a consideración del Director General la memoria anual de la Dirección; elevar las sugerencias para una mejor disciplina interna, o dictar las normas necesarias en caso de ausencia del Director General; sugerir normas y procedimientos para un mayor ahorro de los gastos operativos o de inversión, tomando las medidas pertinentes para ello". Frente a tan específicas atribuciones, la Administración dispuso el traslado de los recurrentes por decreto nro. 3349/93, invocando genéricas "necesidades de servicio", que -como se dijo- no se advierten en verdad configuradas.

En efecto: dicho decreto es el acto final de un procedimiento -que tramitó por expediente nro. 00101-0051974-6 del registro del S.I.E., fotocopias del cual obran agregadas a fs. 139/157 de autos-, iniciado por disposición del Secretario de Estado General y Técnico de la Gobernación (v. f. 140), quien requirió a la Dirección General de Programación Económico Financiera de la Gobernación que se proyectase "la norma legal mediante la cual se estableciese el traslado definitivo" de los aquí recurrentes a jurisdicción del Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto, señalando además que los nombrados pasarían "a revistar bajo la directa dependencia del titular de dicha cartera ministerial".

Adoptada la medida con fecha 19.11.1993 (v. decreto nro. 3349/93, fs. 146/148), sin mención de concreto destino ni asignación de nuevas funciones, los actores son adscriptos a la Dirección General de Servicios Penitenciarios en fecha 22.12.1993 (por resolución del Ministro de Gobierno nro. 290/93, v. f. 70), es decir, alrededor de un mes después; sin que consten, tampoco en este caso, las respectivas funciones.

Posteriormente, y a pedido de los propios agentes -y con la conformidad de los titulares de la Dirección del Servicio Penitenciario y de la Policía provincial-, se destina a Viñuelas a la Brigada Aérea de la Policía, por resolución nro. 330/94 (v. f. 71), y a Agusti, a la Brigada de Helicópteros del mismo cuerpo, por resolución nro. 333/94 ( v. f. 73), ambas del 11.8.1994.

Estos actos son dejados sin efecto por resolución nro. 418/94, de fecha 3.10.1994 -por la que se dispone nuevamente la adscripción de Viñuelas y Agusti a la Dirección el Servicio Penitenciario (v. f. 74)-, de cuyos considerandos surge que el órgano que requirió el "reintegro" de los actores a esa Dirección fue la Subsecretaría de Justicia y Culto, invocando genéricas "razones de servicio", que tampoco se expresan.

Recién el 28.10.1994, por resolución nro. 358 (v. f. 76), se asigna destino a los recurrentes en el Museo y Biblioteca Penitenciaria, disponiéndose que su titular, "previa evaluación, determinaría las funciones a cumplir".

Finalmente, en fecha 29.11.1994, el Presidente y la Secretaria del Museo y Biblioteca Penitenciaria, en representación de la Comisión Administrativa de dicha dependencia, por nota nro. 776 (v. f. 54) dirigida al Director General del Servicio Penitenciario, refieren a la "afectación de personal extrainstitucional con categorías funcionales altas (24 y 23) y aptitud laborativa específica en el área de Aeronáutica Provincial", circunstancias que -según afirman- les "impiden el dictado de pautas laborales definitivas"; no obstante lo cual comunican haber resuelto que Viñuelas y Agusti "cumplan provisoriamente tareas administrativas los días laborables en un horario de 7:00 hs. a 13:00 hs".

No se advierte, pues, que a la época en que se dispuso el traslado ahora impugnado hayan concurrido necesidades públicas que tornaran imprescindible contar con los servicios de los recurrentes en el área del Ministerio de Gobierno; ni produce la accionada prueba alguna en relación a la postulada necesidad de "atención de áreas específicas de la Administración Pública con personal adecuado y eficiente las cuales por insuficiencia o carencia de empleados se verían afectadas en el cumplimiento de sus fines" (v. f. 40 vto.).

Por el contrario, puede extraerse de las alternativas reseñadas que, en primer lugar, se decidió el traslado de los actores, para luego tratar de encontrarles ubicación en el ámbito del Ministerio de Gobierno.

Los antecedentes de la causa, además, podrían autorizar a presumir que la decisión de trasladar definitivamente a los agentes guardaría relación con la cuestión disciplinaria ventilada en el sumario ordenado por resolución nro. 41/93 del Secretario de Estado General y Técnico de la Gobernación (v. fs. 299/300), ya que dicho traslado se dispuso prácticamente sin solución de continuidad con el preventivamente ordenado por la resolución citada y ampliado en su plazo por la nro. 96/93 (v. f. 346) (criterio de "Juárez", A. y S. T. 88, págs. 385/395); sumario en el que consta que los aquí actores resultaron finalmente sobreseídos (v. resolución nro. 102/94, de fecha 19.7.1994, fs. 109/112).

Tampoco se advierte, de conformidad con lo antes señalado, que el accionar administrativo aquí impugnado haya sido en verdad adecuado para posibilitar el "aprovechamiento de la capacidad" de los agentes, a que se alude en el quinto considerando del decreto nro. 1402/94 (v. f. 3), por el que se rechazó la revocatoria en sede administrativa.

En relación a ello es preciso tener en cuenta que, según surge de las respectivas fojas de servicios (v. fotocopias de fs. 126/127 y 131/132, expte. adm. nro. 00101- 0052761-1), Viñuelas se desempeñó en la Dirección de Servicios Aéreos desde el 20.9.1983, y Agusti desde el 1.9.1980, revistando ambos desde dichas fechas en diversos cargos y funciones del escalafón.

Y que, conforme constancias agregadas a fojas 55/61 de autos, este último estaba habilitado como piloto privado de helicóptero, piloto comercial de primera clase de avión, piloto aeroaplicador y piloto de transporte de líneas aereas, y Viñuelas, como piloto de transporte de líneas aéreas, instructor de vuelo en avión, piloto comercial de helicóptero, piloto comercial de primera clase de avión y piloto de planeador.

Pues bien, no se advierte de qué manera tales específicas capacidades técnicas podrían tener más adecuado aprovechamiento en el Museo y Biblioteca del Servicio Penitenciario que en la Dirección de Aeronáutica Provincial.

De lo hasta aquí expuesto surge, además, que la Administración produjo en el caso un cambio de funciones marcadamente diverso (criterio de "Juárez", cit., y "Ghione", A. y S. T. 106, pág. 309), y que no obró razonablemente, pues en definitiva destinó a funcionarios con categorías 22 y 23, a quienes les habían sido atribuidas con anterioridad las específicas funciones técnicas antes reseñadas, al desempeño de tareas que de ningún modo consta no hayan podido ser cumplidas por agentes de inferior jerarquía (criterio de "Cutchet", A. y S. T. 125, págs. 45/60).

Desde luego, tales tareas no podrían considerarse -como se expresó al juzgar la cautelar- "imprescindibles para el mantenimiento de servicios esenciales para la población", con la consecuencia de poder ser encuadradas en las previsiones del segundo párrafo del artículo 19 del decreto acuerdo 877/90, mencionado, también, en los considerandos del decreto nro. 3349/93.

Consecuencia de todo lo expuesto es que, en cuanto fue materia de impugnación, la actividad administrativa cuestionada es ilegítima, por lo que debe declararse procedente el recurso y anularse en lo pertinente los actos administrativos atacados.

2. Resta aún pronunciarse sobre las demás pretensiones deducidas en la causa.

a. En cuanto a la reinstalación en el "lugar de servicio de origen", atento a lo considerado y resuelto cautelarmente (en pronunciamientos registrados en A. y S. T. 136, pág. 482 y T. 148, págs. 94/97), corresponde en esta instancia disponer, en relación al señor Agusti, que el reintegro ordenado y efectivizado provisionalmente en aquélla se transforme en definitivo, y en relación al señor Viñuelas, que se lo reintegre al cargo de Director General de Aeronáutica Provincial.

b. En lo que refiere a las "diferencias de sueldos devengadas", corresponde condenar a la demandada a pagar las correspondientes a ambos recurrentes entre los haberes que hubieran percibido de haber permanecido en sus cargos de Director y Subdirector de Aeronáutica Provincial y los que cobraron en virtud del traslado que se anula, previa deducción de lo percibido por ese concepto cautelarmente, con más intereses a la tasa pasiva promedio mencionada en el decreto nacional 941/91, o la que, en su caso, se demuestre pueda corresponder.

c. Pretenden asimismo los actores el cobro de "todo gasto que deba afrontarse (rehabilitación de licencias, etc.)" (v. f. 14).

Al respecto, en la demanda afirman que para recuperar las licencias de piloto comercial de helicóptero y habilitación para vuelo nocturno local y por instrumentos - perdidas luego de transcurridos sesenta días sin actividad aeronavegante-, y la correspondiente a piloto de transporte de aviones de líneas aéreas -extinguida al cabo de noventa días-, "precisarán de la correspondiente rehabilitación, con las consiguientes erogaciones monetarias" (v. fs. 13 in fine/14), lo que consideran suficientemente demostrado con la constancia agregada a fojas 219/220 (A.I.C. 30.32/87), de la que surgen los tiempos máximos sin actividad de vuelo (v. f. 372 vto., punto "E").

Mas las eventuales consecuencias de tales postulados períodos de inactividad aeronavegante no corresponden sean soportadas por la demandada.

Ello es así, en primer lugar, ya que no se ha probado en autos que los actores hayan sido efectivamente inhabilitados; y, en segundo lugar, por cuanto la actividad administrativa que en este acto se juzga ilegítima -se destaca- consiste en la separación de los recurrentes de los cargos de Director y Subdirector de Aeronáutica Provincial, entre cuyas misiones y funciones -antes reseñadas- no se incluye al menos explícitamente la concreta realización de tareas de pilotaje de aeronaves.

Antes bien, surge del Anexo A-2 del decreto nro. 3623/91 (v. f. 21, expte. adm. nro. 00101-0072741-7) que, en la estructura orgánica de la Dirección de Aeronáutica, el cargo de "piloto" se hallaba efectivamente previsto, mas correspondiendo a una categoría distinta en el escalafón - concretamente, a nivel de división-.

Tal conclusión no se altera, desde luego, por la fotocopia de libro de vuelo obrante a foja 79 de autos, de la que -sólo en relación al agente Viñuelas, por cierto- surge que éste realizó tareas de pilotaje de aviones en fechas 12 y 14 de enero, 10, 11, 18, 19, 28 y 31 de marzo y 5 de abril de 1993 (dato este último corroborado por la constancia agregada a foja 3 del expediente administrativo nro. 00101-0072741-7).

Por lo expuesto, corresponde rechazar el rubro bajo análisis.

d. La pretensión relativa al resarcimiento de daño moral, debe asimismo denegarse.

Ello, por aplicación del criterio expuesto in re "Abramor" (A. y S. T. 115, págs. 334/343), en que se denegó la procedencia de ese rubro, con cita -a su vez- de los precedentes "Goncebate" (T. 47, pág. 426), "Expósito" (T. 61, pág. 196) y "Pallavidini" (T. 98, pág. 355), con fundamento en la falta de pruebas que "acrediten una alteración disvaliosa del espíritu, producida por circunstancias de excepción que superen los efectos normales que un acto posteriormente reconocido ilegítimo produce".

En el caso bajo análisis, al igual que en el precedentemente citado, tampoco se demuestra la concurrencia de alteraciones anímicas de tal entidad.

En efecto: no se prueban las "potenciales" (v. foja 373) interpretaciones que habría generado el traslado, lesivas del buen nombre de los empleados y de su trayectoria moral y administrativa; al respecto, sólo se menciona que ello "se deduce fácilmente" de una noticia periodística publicada en fecha 7.4.1993, de por sí insuficiente para determinar la procedencia del rubro reclamado, y en relación a la cual no podría soslayarse que en la misma el propio Viñuelas formula declaraciones (v. fotocopia agregada a foja 53 de autos y ejemplar del diario reservado en Secretaría).

Y las restantes alegaciones -haber sido sometidos a un sumario del que fueron finalmente sobreseídos, destinados a diferentes áreas de la Administración sin que se les otorgasen funciones ni se respetaran las tareas que desarrollaban con anterioridad, y haber sufrido disminución salarial e intranquilidad anímica-, refieren a aspectos que no podría considerarse excedan los efectos normalmente disvaliosos que un acto posteriormente declarado ilegítimo puede producir.

Por último, como se sostuvo anteriormente, ni la inactividad aeroanavegante, ni las hipotéticas consecuentes pérdidas de licencias de vuelo y deterioro de la capacidad profesional, deben considerarse en el caso consecuencias de la actividad administrativa que por la presente se anula, por lo que no podrían tampoco tornar procedente el rubro en análisis.

Con los alcances expuestos, voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, el señor Presidente doctor Gutiérrez y los señores Ministros doctores Vigo, Falistocco, Gastaldi y Netri expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro doctor Spuler y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión -en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?-, el señor Ministro doctor Spuler dijo:

Atento al resultado obtenido al tratar la cuestión anterior, corresponde declarar procedente el recurso contencioso administrativo interpuesto, y anular en lo pertinente los actos administrativos impugnados.

Disponer, en relación al señor Agusti, que el reintegro ordenado y efectivizado cautelarmente se transforme en definitivo, y en relación al señor Viñuelas, que se lo reintegre al cargo de Director General de Aeronáutica Provincial.

Condenar a la demandada a pagar las diferencias de sueldos correspondientes a ambos recurrentes entre los haberes que hubieran percibido de haber permanecido en sus cargos de Director y Subdirector de Aeronáutica Provincial y los que cobraron en virtud del traslado que se anula, previa deducción de lo percibido por ese concepto cautelarmente, con más intereses a la tasa pasiva promedio mencionada en el decreto nacional 941/91, o la que, en su caso, se demuestre pueda corresponder.

Rechazar las pretensiones de cobro de gastos de rehabilitación de licencias de aeronavegación y daño moral. Imponer las costas en un 80% a cargo de la demandada y en el 20% restante a cargo de la actora (artículo 86, ley 4106).

Así voto.

A la misma cuestión, el señor Presidente doctor Gutiérrez y los señores Ministros doctores Vigo, Falistocco, Gastaldi y Netri dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por el señor Ministro doctor Spuler, y así votaron.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ:

Declarar procedente el recurso contencioso administrativo interpuesto, y anular en lo pertinente los actos administrativos impugnados.

Disponer, en relación al señor Agusti, que el reintegro ordenado y efectivizado cautelarmente se transforme en definitivo, y en relación al señor Viñuelas, que se lo reintegre al cargo de Director General de Aeronáutica Provincial.

Condenar a la demandada a pagar las diferencias de sueldos correspondientes a ambos recurrentes entre los haberes que hubieran percibido de haber permanecido en sus cargos de Director y Subdirector de Aeronáutica Provincial y los que cobraron en virtud del traslado que se anula, previa deducción de lo percibido por ese concepto cautelarmente, con más intereses a la tasa pasiva promedio mencionada en el decreto nacional 941/91, o la que, en su caso, se demuestre pueda corresponder. Rechazar las pretensiones de cobro de gastos de rehabilitación de licencias de aeronavegación y daño moral.

Costas en un 80% a cargo de la demandada y en un 20% a cargo de la actora.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto firmando el señor Presidente y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

Fdo.:GUTIERREZ-FALISTOCCO-GASTALDI-NETRI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)