Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2018-02-15


AUTOS Nº 116734 (4º JUZ. CIVIL) (SALA III Nº 11947) "R. M. I. C./ B. S. E. -Daños y Perjuicios".

///En la ciudad de San Juan, a 15 días del mes de Febrero de dos mil dieciocho, reunidos los Señores Miembros de la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, Dr. Juan Carlos Pérez y Dr. Luis Alberto Recio, para conocer sobre el recurso de apelación deducido por la actora a fs. 176, concedido a fs. 179, contra la sentencia de fecha 19 de mayo de 2016, obrante a fs. 171/174.

El Sr. Juez de Cámara, Dr. JUAN CARLOS PÉREZ dijo:

El Señor Juez del Cuarto Juzgado Civil, a fs. 171/174 en sentencia definitiva resolvió: I) Rechazar la demanda que iniciara M. I. R. contra S. E. B. por los argumentos expuestos en los considerandos respectivos. II) Costas a la vencida (art 66 del C.P.C.). III) Regular los honorarios profesionales de los Dr. Nicolás Alfredo Oropel, por la labor desarrollada en autos, por tres etapas del proceso, como apoderado y vencido en el 15% de la liquidación que se practique; Al Dr. Gerardo Fernández Collado, por su labor como patrocinante por tres etapas cumplidas y como victorioso, en el 16% de la liquidación que se confeccione.

Contra dicho pronunciamiento se alza en recurso la actora a fs. a fs. 176, expresando agravios a fs. 180/183.

Sin perjuicio de la relación de la causa efectuada por el señor Juez del Cuarto Juzgado Civil, relato sucintamente los hechos a los fines de darle una razonable autonomía al presente. La acción se origina con la demanda por daños y perjuicios que inicia la señora M. I.0 R. contra el señor S. E. B., reclamando la suma de $ 453.670 con más sus intereses. La actora, trabajó desde el año 1997 durante casi doce años como empleada en servicio doméstico en el hogar del demandado y su esposa y relata que el día 11 de junio de 2008 cumplía sus tareas habituales y al ingresar a la casa desde el fondo, encuentra a la Señora S. de B. en el dormitorio, su hija y un cuñado con la novedad de que faltaba dinero de la caja fuerte y otros bienes, de los que supo recién a raíz de la denuncia que realizaron. El día 14 de junio de ese año, se preparaba para ir a trabajar cuando llega la policía a su domicilio, allana el mismo en búsqueda de los objetos sustraídos sin resultado y la llevan detenida. Recuperada su libertad, cerca del mediodía, se presentó a trabajar como siempre para sorpresa de sus empleadores. Continuó trabajando hasta el día 12 de julio de 2008 en que le comunica la Sra. Sausset que prescindía de sus servicios, ya que estaba involucrada en la investigación del robo. Ello dió lugar a una demanda de naturaleza laboral radicada en el Sexto Juzgado Laboral de la Provincia. A raíz de la denuncia policial se sustanció un proceso penal en la que estuvo involucrada, siendo finalmente sobreseída en forma total y definitiva. Encuadra la situación jurídica como acusación calumniosa y falsa denuncia, habiendo sido afectada en su buen nombre y honor. A fs. 87/101 comparece a juicio el demandado por derecho propio, niega todas las afirmaciones de la actora y sostiene que a raíz de que salieron del ámbito de su custodia en su hogar relojes, joyas y dinero, debió poner tal hecho en conocimiento de las autoridades policiales. De tales actuaciones habría surgido que la actora tendría participación en el hecho conforme manifestaciones del oficial sub inspector Céspedes. Tales expresiones, minaron la confianza que tenían depositada en la Señora R., pérdida de confianza que imposibilitó la continuidad del vínculo laboral, decidiendo su ruptura. Ello no implicó haber atribuído a la actora, responsabilidad en el hecho. En la denuncia radicada en sede policial, no imputó a persona alguna en particular, menos a la actora. También niega haber expresado imputaciones calumniosas al momento de contestar la demanda laboral, sino que sus afirmaciones responden al natural ejercicio del derecho de defensa. Niega la configuración de denuncia calumniosa y afirma que el sobreseimiento no transforma a la denuncia o proceso en arbitrario. Impugna los rubros reclamados.

Producida la prueba se dicta sentencia definitiva en fecha 19 de mayo de 2016, la que obra a fs. 171/174. Contra tal resolución se alza la actora en recurso de apelación a fs. 176, expresando agravios a fs. 180/183, lo que contesta la accionada a fs. 187/188.

Los agravios de la apelante pueden sintetizarse de la siguiente forma: Primero) El rechazo de la demanda sin considerar el sentenciante los hechos desde la óptica planteada ya que en la acusación calumniosa cabe atribuir la responsabilidad civil a cargo del autor, a título de culpa, no siendo necesario un obrar doloso. El demandado tuvo una actuación culposa al radicar la denuncia policial y dar datos de las personas que ingresaban al domicilio, habiendo quedado en la mira de autoridad policial solo la actora por el hecho de ser la empleada doméstica en el hogar del demandado. Se trata de una empleada con conducta intachable con más de doce años de antigüedad, quien fue indirectamente acusada de un hecho delictivo y despedida del trabajo con la intención de no abonar su indemnización. Hubo un direccionamiento de la investigación hacia su parte, circunstancia utilizada por el demandado para despedir a la actora, incurriendo en una conducta culposa al acusarla por un hecho delictivo. La sentencia debe ser revocada, admitiéndose la demanda. Segundo) Le agravia la mención que hace el sentenciante de la transacción en sede laboral, en tanto es un principio básico de esa rama del derecho que la renuncia del trabajador no se presume y todo pago es considerado a cuenta de lo que pudiere corresponder. Su parte no renunció a reclamar resarcimiento por daños y perjuicios ocasionados por la denuncia policial efectuada por el accionado. Tercero) Respecto a las costas, su imposición debe modificarse conforme a la pretensión aquí desarrollada e imponerse a la accionada en ambas instancias. La accionada contesta los agravios a fs. 187/188.

TRATAMIENTO DEL RECURSO	Primer agravio actora. Cuestiona la apelante el rechazo de la demanda al no haber el sentenciante considerado la óptica desde la cual deduce el reclamo indemnizatorio con fundamento en la conducta culposa del denunciante quien habría provocado un claro direccionamiento de la investigación del hecho delictivo del que resultó injustamente acusada.

Previo al análisis del mismo cabe expresar en relación a la legislación aplicable al caso, considerando la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación, Ley 26.994, vigente al momento de expedir el presente voto (entrada en vigencia el 01 de agosto de 2015 conforme art 1 de la ley 27.077), que resulta sin embargo de aplicación el Código Civil en tanto el mismo regía al momento del acaecimiento de los hechos que fundan la presente.

Siendo la pretensión deducida la atribución de responsabilidad civil al demandado quien habría denunciado calumniosamente a la actora por un delito que no cometió, responsabilidad que le atribuye a título de culpa (arts 1090 y 1109 del C.Civil). Como cuestión previa al necesario análisis de la prueba producida y valorada por el sentenciante, cabe recordar lo expresado por ésta Sala reiteradamente en lo que es materia de atribución de responsabilidad civil. "Tanto en doctrina como en la Jurisprudencia es reconocido que los presupuestos de la responsabilidad civil en materia resarcitoria tanto contractual como extracontractual que deben concurrir para el acogimiento de la acción en la sentencia son las siguientes: a) Una acción u omisión antijurídica y culpable, b) la producción de una daño y c) la relación causal entre el hecho o acción u omisión y el daño. El daño constituye de tal modo, uno de los presupuestos de la obligación de resarcir o si se prefiere, de la responsabilidad jurídica. No hay responsabilidad jurídica si no hay daño, pero el daño para generar responsabilidad debe haberse producido en razón de un acto antijurídico, que en su consideración objetiva, se atribuye a un sujeto, sea a título de culpa u otro factor de atribución objetiva, mediando además relación causal entre el acto imputable y el daño. (PROT. DE SENT. T° II F° 221/237 AÑO 2002 14-08-02, PROT. DE SENT. TºIII-Fº 465/470-año 2013,PROT.DE SENT. Tº I-Fº 10'9/120 AÑO 2015).	De los términos de la denuncia policial que formula el señor B. demandado en autos el 1 de junio de 2008 (fs. 3) surge que personas desconocidas habían sustraído sin ejercer violencia de su domicilio particular diversos bienes y valores que describe, dejando constancia que en el mes de mayo concurrió a su domicilio el ciudadano Señor Andrés Russo junto a dos hermanos a realizar refacciones en el piso parquet de su dormitorio, tarea que efectuaron en dos días. No surgiendo del contenido y términos de la denuncia que se haya mencionado en momento alguno a la accionante. Habiendo resultado de la investigación policial la supuesta vinculación de la señora R. con el hecho denunciado, según lo declara el funcionario policial Céspedes a fs. 13.

La denuncia calumniosa exige para su configuración que se la haya efectuado en sede penal o administrativa, no siendo menester la individualización del sujeto en tanto de los hechos expuestos surja como indudable que ha tenido un indirecto sentido direccional hacia una persona determinada o se hayan presentado pruebas que indefectiblemente se encamine a enlazar o vincular el hecho en sí con la in intervención de una o varias personas implícitamente individualizados en el texto de la denuncia. En la especie sin embargo no surge del texto del acta de fs. 3 que el denunciante haya individualizado a la accionante ni explicita ni implícitamente, lo que descarta toda posibilidad de que haya habido un sentido direccional o conductista hacia su persona como lo sostiene la apelante. Habiendo referido el denunciante, hoy demandado, sólo a la persona que estuvo trabajando los pisos de su casa en el período próximo anterior al hecho, quien fue oportunamente investigado.

La acusación calumniosa prevista en el art. 1090 del código civil no requiere de calificación previa en el ámbito penal, pero requiere la inexactitud de la imputación, el daño sufrido y el factor subjetivo de atribución, lo que se conecta con el dolo o la culpa, debiendo precisarse que no necesariamente la acusación que termine en una sentencia de inocencia o sobreseimiento definitivo debe conducir a la admisión sin más del reclamo indemnizatorio, aún probado el daño.	En el caso, la denuncia formulada por el demandado dio lugar a la instrucción del Sumario Penal Nº 11105/08 "c/R. M. I. s/ Hurto Calificado (En perjuicio de S. E. B.), del Segundo Juzgado de Instrucción, siendo la actora sobreseída definitivamente del delito por la que se la investigara, por sentencia de fecha 12 de noviembre de 2008 ( fs. 41/43), continuando la causa contra actores desconocidos.	Si bien hay posturas jurisprudenciales extremas que exigen el dolo como factor exclusivo de imputación, lo que conduce a la reducción de los alcances que pueda otorgarse a la interpretación de la normativa del art 1090, un gran sector de la jurisprudencia hace base en el art 1109 del C.Civil para interpretar con mayor flexibilidad aquella norma.

Desde ésta última perspectiva, advierto que no hay en la causa elemento alguno que acredite que la denuncia formulada por el demandado del hecho ilícito del cual fuera víctima, fuera incriminatoria de la Señora R., no habiendo nombrado a la misma en momento alguno según se ha expresado conforme términos del acta de fs. 3, lo que descarta toda conducta dolosa de su parte, como tampoco una conducta culposa o apresurada, provocando un direccionamiento de la incriminación en el sentido en que se produjo. Fue la instrucción policial llevada a cabo la que llevó a la investigación en el sentido efectuado contra la Señora R. quien a la época del hecho denunciado, mantenía con el denunciante una relación de trabajo como empleada en quehaceres domésticos en su domicilio particular, tal como lo expresa un funcionario policial a fs. 13.

En definitiva, no le asiste razón a la apelante cuando sostiene que no se ha valorado debidamente en la sentencia recurrida la supuesta actuación culposa del denunciante a quien le atribuye haber dado datos de las personas que ingresaban a su domicilio, direccionando así la investigación, en tanto nada se ha acreditado en tal sentido conforme constancias instrumentales analizadas.

No deja de merituarse la profunda consternación que debió provocar en la accionante, el allanamiento de su domicilio particular ordenado en el marco de la investigación y la detención sufrida por unas horas, aún cuando el resultado del allanamiento fuere negativo. Sin embargo la ausencia de certeza respecto de la conducta aún simplemente culposa del denunciante obsta a su pretensión indemnizatoria. Esta sala en anterior integración, en postura que comparto ha expresado "El presunto damnificado por el daño provocado por la interposición de una denuncia en sede penal, a los fines indemnizatorios debe provocar la certeza de que la conducta del denunciante fue calumniosa o, por lo menos, temeraria o precipitada. El hecho de ocurrir ante los tribunales no puede considerarse ilícito, si no se invocan y prueban dichos extremos. Resulta indiscutible la mortificación producida (en el caso de autos) por la diligencia de detención en el lugar de trabajo, a cargo de agentes uniformados, dispuesta en virtud de la denuncia presentada, pero para que estos hechos den lugar a la reparación prevista en el C.C.IV 1109, la conducta que causó la citada mortificación debe ser por lo menos culposa, es decir, debe configurar un ilícito. No todo daño de origen extracontractual es resarcible, sino el que provenga de un delito o de un cuasidelito. La ausencia de certeza sobre el carácter ilícito de la denuncia perjudica la pretensión al resarcimiento. "El delito de acusación calumniosa al que alude el artículo 1090 del Código Civil supone, en lo inmediato, que quien denuncia lo hace con conciencia de que su obrar es ilícito, sea por su intención de dañar o por su conocimiento de la falsedad de la denuncia (arts. 931 y 1072 Cód. Civil, y su doctr.). Puede también existir responsabilidad en caso de que el denunciante haya incurrido en culpa, sea por imprudencia o por negligencia, al omitir las diligencias que exigiere el cumplimiento de sus deberes y que correspondiesen a las circunstancias de las personas, el tiempo y el lugar. En cuyo caso, la responsabilidad deriva de la ilicitud genérica del obrar culposo, que prevé el artículo 1109 del Código Civil.- AUTOS Nº 45683 DEL 1º JUZ. CIVIL (SALA III 6881) "MONSERRAT JOSE JAIME C/TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. - DAÑOS Y PERJUICIOS- II CPO.".-PROT. DE SENT. Tº III Fº 511/516 AÑO 2003 24-10-03, DAÑOS2.

Desde tal óptica, descartado el dolo, no habiéndose acreditado que el accionado haya incurrido en una conducta que pueda calificarse de imprudente o apresurada al efectuar la denuncia cuya copia obra a fs. 3, que a la larga llevara a la incriminación de la actora, resulta ajustada a derecho la sentencia cuestionada en cuanto rechaza la pretensión resarcitoria de autos. Sin que sea óbice para ello, el sobreseimiento definitivo de la Señora R. ordenado en el sumario penal conforme se ha acreditado en autos.	Respecto del segundo agravio, íntimamente relacionado con éste, también propicio su rechazo.

Si bien los hechos analizados dieron lugar a la decisión rescisoria del vínculo laboral que uniera a actora y demandado, cuestión tramitada en la causa Nº 22446 "R. M. I. C./ B. S. E. y otro-Ordinario" del Sexto Juzgado laboral, acompañado como prueba y que tengo a la vista, el mismo finalizó por acuerdo homologado el cual tiene efecto de ley para las partes. Resultando ajustada a derecho la referencia que formula el Juez Aquo en cuanto al efecto de los acuerdos transaccionales celebrados en el proceso laboral y homologados, los que quedan perfeccionados como actos jurídicos y por ello resulta improcedente la pretensión revitalizadora de las aspiraciones inequívocamente comprendidas en el acuerdo. (Carpetas DT 97-10) .

A mayor abundamiento, cabe expresar, que como regla general, la indemnización tarifada por despido establecida en la LCT resulta omnicomprensiva de la totalidad de los daños padecidos por el trabajador como consecuencia de la extinción de la relación laboral y, por ende, quedaría excluida la reparación del rubro "daño moral", siendo que en los casos en que existiese un incumplimiento malicioso de parte de la patronal, que configure un verdadero acto ilícito, de conformidad con lo prescripto por los arts. 1708 a 1744 del Código Civil y Comercial de la Nación, procede la condena del referido rubro daño moral. Debiendo ser fehacientemente acreditada tal conducta ilícita. Reitero que la indemnización prevista por el art. 245 LCT es tarifada, lo que implica que la misma ley establece la fórmula de cálculo, excluyendo toda otra reparación por causa del despido, ya que es de la esencia de las reparaciones tarifadas que el titular carezca de legitimación para obtener una suma superior a la tarifa, demostrando que ha experimentado daños no contemplados por ella, y el obligado, a su vez para pagar menos aduciendo la inexistencia de todo daño, o que la indemnización excede su valor real. La indemnización tarifada nada refiere a los daños, causados o no, por el despido injustificado, sino que solamente repara la antijuridicidad de la conducta consistente en haber extinguido la relación laboral sin razón válida alguna.

Sin embargo, tal referencia en nada influye en la solución del recurso en tanto, conforme se ha expresado supra, en la especie no ha sido acreditada la conducta dolosa ni siquiera a título de culpa del demandado al formular la denuncia policial sobre el hecho ilícito del que fuera víctima, ni la supuesta incriminación aún implícita de la accionante en el mismo.

Razón por la que propicio el rechazo de ambos agravios y la confirmación de la sentencia recurrida.

Respecto del tercer agravio, relacionado con la imposición de costas, atento a la solución propiciada y resultado del recurso, debe mantenerse la imposición a la actora decidida en la sentencia en crisis, en virtud del principio objetivo de la derrota previsto por e art 66 del C.P.C..

Así Voto.

COSTAS DE LA INSTANCIA	Deben imponerse a la recurrente vencida, conforme criterio objetivo previsto por el art 66 y concordantes del C.P.C.. Correspondiendo regular los honorarios de los profesionales por su actuación en la Alzada, fijando los correspondientes al Dr. Nicolás Alfredo Oropel, por su actuación en doble carácter en representación de la actora, en el 30% de la regulación correspondiente a su actuación en primera instancia y al Dr. Harold E. Aguiar, por su actuación en representación del accionado, en el 30% de la regulación en primera instancia (arts 16 y 21 de la ley56-O y 800, inc. 10 del C.P.C.).

El Señor Juez de Cámara Dr. LUIS ALBERTO RECIO dijo:

Por todo ello, normas legales y jurisprudencias citadas, SE RESUELVE:

I) Rechazar el recurso de apelación deducido por la accionante a fs. 176, concedido a fs. 179, confirmando la sentencia de fs. 171/174.

II) Imponer las costas de la instancia a la recurrente vencida (art 66 del C.P.C.) regulando los honorarios del Dr. Nicolás A. Oropel y del Dr. Harold E. Aguiar en el modo y porcentajes determinados en los considerandos precedentes.

Protocolícese, hágase saber, déjase copia autorizada y bajen los autos. Déjase constancia que el presente fallo se expide con dos (2) firmas en virtud de lo dispuesto en el art. 257 del C.P.C. FDO: DR. LUIS ALBERTO RECIO; DR. JUAN CARLOS PEREZ. ANTE MI DRA. MARIA PATRICIA AUBONE- SECRETARIA- PROT. SENT. T° I F° 01/07 AÑO 2018