Tribunal: TRIBUNAL DE IMPUGNACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2016-12-28


Salta, 28 de Diciembre de 2016.	Y VISTO: Esta Causa Nº G03 134615/ 16 de la Sala IV del Tribunal de Impugnación, caratulados: "INCIDENTE DE APELACION PRESENTADO POR EL DR. O. MAGGIO, EN FAVOR DEL SR. APAZA, REYNALDO ANDRES EN REFERENCIA A LA CAUSA GAR N§ 134615/16 CARATULADA "AGUERO MORALES, FERNANDO EZEQUIEL; LOPEZ, LUIS EDUARDO; APAZA, REYNALDO ANDRES POR TENENCIA DE ESTUPEFACIENTES CON FINES DE COMERCIALIZACION AGRAVADA Y ALVAREZ, HECTOR RAMON; FERNANDEZ, MONICA NOEMI POR TENENCIA DE ESTUPEFACIENTES CON FINES DE COMERCIALIZACION AGRAVADA Y TENENCIA DE ARMA DE FUEGO DE USO CIVIL ( A.P. N§ 962-000051/16)".- - APELACIONES GARANTIAS CON PRESO", del Juzgado de Garantías 4º Nominación del Distrito Judicial del Centro, y,	______________________CONSIDERANDO	I) Que arriban las presentes actuaciones incidentales a esta alzada en virtud del recurso de apelación impetrado a fs. 01/02 vta. por la defensa técnica de Reynaldo Andrés Apaza a cargo del Dr. Orfeo Maggio, contra el auto resolutivo rolante a fs. 280/281 del Expte. principal que rechaza el pedido de libertad formulado a favor del encartado. El recurso fue interpuesto en tiempo y forma, por lo que resulta formalmente admisible, encontrándose expedita la vía recursiva para el tratamiento de la cuestión traída en revisión.	II) A través del resolutorio impugnado de fecha 12/09/16 el resolvente decidió no hacer lugar al pedido de libertad solicitado por el defensor de confianza a favor de su defendido Reynaldo Andrés Apaza..	Para denegar dicho beneficio, meritua primeramente que el defensor funda su pedido en la inexistencia de indicio alguno que permita presumir que en libertad intentara evadir u obstruir el proceso o entorpecer la investigación. Añade que su representado posee arraigo, trabajo en la provincia, y no cuenta con antecedentes penales, citando a tal fin jurisprudencia local en apoyo de su tesitura.	A su turno la Sra Fiscal al contestar la vista conferida (fs. 279) se expide por la denegatoria del pedido liberatorio, sosteniendo que a través de los elementos de convicción recogidos durante el desarrollo de la IPP se pudo acreditar suficientemente la participación punible de los encartados en el hecho investigado. Lo cual motivo que en fecha 05/08/16 solicite la prisión preventiva de Apaza fundado no solo en su participación punible en el hecho sino ante la real existencia de peligro de entorpecimiento de la investigación y de fuga para el caso de otorgársele la libertad a alguno de los involucrados, puesto que al tratarse de una organización dedicada a la venta de estupefacientes en la que cada uno de ellos tenían tareas diferenciadas, con la soltura de uno podría entorpecerse la investigación, ocultarse algún elemento de convicción o sustraerse al debate impidiendo la aplicación del derecho de fondo.	Señala que el código de ritos habilita la revisión del encierro preventivo dispuesto siempre que varíen las circunstancias primitivas que ameritaban su imposición. Extremo que no se avizora en autos, todo lo cual a su juicio no hace más que reforzar la imputación en su contra y el riesgo de fuga para el supuesto de concederse una medida cautelar menos gravosa.	Al momento de resolver señala el resolvente que en fecha 01/08/16 el tribunal a su cargo dispuso el mantenimiento de la detención del Sr. Apaza y de los otros encartados en el entendimiento que existían suficientes elementos de cargo para tener por acreditada su participación en el hecho configurativo del delito de Tenencia de Estupefacientes con fines de Comercialización agravada. Ello por cuanto en el marco de la investigación iniciada, surge de las intervenciones telefónicas practicadas un entramado participativo entre los investigados en la comercialización de sustancias prohibidas, lo cual además se encuentra reforzado con el resultado positivo arrojado por los secuestros practicados en los domicilios de los investigados en virtud de las ordenes de allanamiento oportunamente dispuestas. En el caso del imputado Apaza, en dicha oportunidad hizo entrega de una porción de estupefacientes en forma de tiza, 6 celulares, un pedazo de nylon color verde transparente y se le extrajo de sus ropas dos envoltorios de nylon color verde con sustancia pulvurenta.	En cuanto al peligro procesal tiene en cuenta el riesgo de fuga que surge en virtud de escala penal conminada en abstracto para el delito imputado, por lo que en caso de recaer sentencia condenatoria la misma seria de cumplimiento efectivo. Además meritua el riesgo de obstrucción de la investigación dada la actuación organizada de los acusados considerando de esta manera razonable lo destacado por el órgano fiscal en el sentido que al otorgarse la libertad a uno podrá obstaculizar las tareas investigativas respecto a los otros.	Concluye su razonamiento considerando que sin perder de vista que el encierro preventivo no puede ser empleado como un fin en si mismo sino que para su legitimidad es necesario la invocación de una finalidad instrumental, que en autos reside en el peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación por parte del encartado. De modo que al no haberse modificado las circunstancias merituadas para disponer en su oportunidad la prisión preventiva considera razonable la extensión temporal de su privación de libertad, en consonancia a lo estatuido por el orden constitucional nacional, provincial y de carácter supralegal.	III) Contra dicho decisorio la defensa del imputado interpone recurso de apelación a través del memorial incorporado fs. 01/02 y vta. En lo medular, disiente con el criterio sustentado por el a-quo al rechazar el pedido liberatorio a favor de su asistido.	En este sentido destaca que no concurre el aludido peligro procesal puesto que su defendido carece de antecedentes penales ,cuenta con profesión reconocida y residencia fija, cumpliendo así con los presupuestos básicos de arraigo que ameritan el otorgamiento del beneficio solicitado.	También señala que no existen pedidos de rebeldía o captura en su contra que permitan presumir que de concederse la libertad el mismo intentara eludir o evadir la acción de la justicia.	Por otra parte estima que al haberse producido los allanamientos y por ende sustanciado la prueba de la etapa preliminar se encontraría prácticamente agotada la investigación, lo cual obsta a que su defendido pueda entorpecer la investigación. Destaca también la escasa cantidad de estupefacientes incautados en poder de su asistido, y que si bien de las conversaciones captadas a través de la intervención de los teléfonos celulares surge el conocimiento con los otros imputados, no se encuentra acreditada que dichas comunicaciones obedezcan a cuestiones relacionadas con la comercialización de estupefacientes, lo que es coincidente con lo manifestado por su defendido al momento de su deposición indagacional en la que justificó el tenor de sus mensajes telefónicos.	Concluye así su exordio resaltando que no existen en autos indicios suficientes con aptitud para tener por acreditada la participación de su asistido en el hecho investigado ni concurre el peligro procesal que amerite su encierro preventivo.	IV) Bilateralizada la incidencia con el respectivo traslado, el Sr. Fiscal Penal Nº 6 en su devolución se pronuncia por el rechazo del recurso impetrado, por considerar que se han reunido elementos de cargo suficientes para tener por acreditada no solo la materialidad del hecho investigado sino la participación del incoado en el mismo. Para lo cual tiene en cuenta el allanamiento en el domicilio del encartado en el que se encontraron sustancias estupefacientes, los otros elementos de investigación previa y el resultado de las escuchas telefónicas. Asimismo señala que el auto atacado se encuentra debidamente fundado a través de una exposición sucinta de la relación existente entre las circunstancias fácticas y los parámetros legales.	Todo lo cual, sumado a la circunstancia que no han variado en beneficio del encartado las condiciones que en su momento motivaron la imposición de la prisión preventiva lo lleva a ratificar la necesidad de manutención de dicha medida cautelar.	Aceptada la admisibilidad formal de la vía impugnaticia promovida cabe proceder al análisis del thema decidendum que se trae a revisión, en función de la competencia asignada al Tribunal, conforme texto expreso de los arts. 39, 1ª parte y 528 del CPP.-_	V) La reseña de los antecedentes, verifica que el Sr. Fiscal había peticionado la Prisión Preventiva de los encartados dentro los términos dispuestos por los arts. 368, 386, 387, 388, 389 y ccdtes. del CPP, conforme la respectiva presentación de fecha 04/08/16., y por considerar reunidos los elementos suficientes para tener como acreditada la comisión del hecho por parte de los acusado bajo la figura de Tenencia de Estupefacientes con fines de comercialización agravada. Indica además en su argumentación invocable que en virtud de la pena con que se encuentra conminado el delito imputado en caso de recaer condena, la misma sería de ejecución efectiva y por ello demanda la restricción de la libertad de Fernando Exequiel Agüero Morales, Luís Eduardo López, Héctor Ramón Álvarez, Mónica Fernández y Reynaldo Andrés Apaza ante el posible peligro de fuga en los términos del art. 388 inc. a) del CPP. tiene en cuenta la naturaleza del hecho intimado, destacando la gravedad del hecho, su trascendencia a terceros y la lesión a la salud pública lo que refleja un mayor grado de peligrosidad por un lado y vulnerabilidad social por el otro. Ello por cuanto el hecho de haberse incautado una gran cantidad de estupefacientes a la par de billetes de alta y baja denominación son demostrativos del ánimo de lucrar con dichas sustancias psicotrópicas, lo que denota una verdadera intencionalidad en su actuar. En cuanto al peligro de entorpecimiento destaca que se ha logrado acreditar que se trata de una organización con varias ramificaciones conformando una banda, por lo que cuentan con recursos económicos como materiales para fugarse de la provincia o del país.	En lo atinente al peligro de fuga hace referencia a la ausencia de arraigo por parte de los causantes - un trabajo estable o actividad licita conocida-, y los domicilios aportados como lugar de residencia son los mismos en donde tuvieron lugar los allanamientos y que se utilizaban para el comercio de sustancias estupefacientes, lo que le permite inferir que de otorgarse la libertad se constituiría nuevamente en boca de expendio de droga. También hace alusión a que la planilla prontuarial del encartado Apaza da cuenta de antecedentes de igual accionar imputado lo que denota su continuo actuar atentando contra la salud pública. Por último estima que media peligro de entorpecimiento al encontrarse la causa en una etapa primigenia de investigación restando la producción de diversas medidas tendientes al descubrimiento de la verdad, tales como informe RNR, estudios mentales y ambientales a practicarse en la persona de los imputados, pericia sobre la sustancia y sobre los celulares y la declaración de los testigos civiles que presenciaron los allanamientos y detenciones, diligencias para cuya realización resulta imprescindible contar con la presencia de los acusados.	VI) Cabe referirse en primer lugar a la regulación del instituto de la prisión preventiva dispuesta por el art. 386 del CPP, en cuanto estatuye en forma clara y precisa los recaudos necesarios que legitiman su adopción: 1º) Petición previa fiscal de la medida referida; 2º) dictado del correspondiente auto fundado; 3º) con el objetivo de asegurar la presencia del imputado durante el proceso especialmente en la audiencia del juicio oral; y 4º) que medie la hipótesis probable de aplicación en firme de una pena privativa de la libertad.	El código de ritos concede la facultad excepcional de encarcelación durante la sustanciación del proceso de una manera precisa y detallada, describiendo y enunciando las pautas legales que los sujetos procesales deberán tener en cuenta para la implementación de la Prisión Preventiva (arts. 368; 382; 386; 388, 389, 400 y ccdtes.). Así es oponible en primer lugar al Representante Fiscal, la carga de fundar debidamente su petición bajo pautas determinadas y concluyentes que indiquen de manera objetiva la existencia de "peligrosidad procesal". Cumplido lo cual será el juzgador quien debe constatar si la alegada peligrosidad se verifica teniendo en cuenta para ello, no sólo los aspectos que la norma adjetiva señala en sus arts. 386 y sgtes. del CPP, sino también las particularidades de cada caso concreto.	La idea de justicia exige, sobre el derecho de la sociedad a defenderse contra el delito sea conjugado con los derechos que asisten al individuo sometido a proceso.	Porque la libertad ambulatoria resulta una garantía especial consagrada dentro del marco constitucional de la libertad en grado de superior valor humano.	Todo lo cual nos lleva a preguntarnos, como atender la seguridad pública de los ciudadanos frente los potenciales ataques delictivos. Estimo que la impronta, una vez más recae en la tarea de armonizar la realidad existencial, con las ideas dogmáticas de regulación jurídica. Labor que cabe a los jueces para concluir en forma razonable y prudente con adecuación circunstancial al estudio de cada situación concreta a fin de evitar que eventualmente la detención pudiere convertirse en anticipo de condena, pero sin dejar por ello expuesto al resto de los componentes del tramado social.	La prisión preventiva y el cese de la misma se justificaba como adopción de cautela durante el curso del proceso y su decisión quedaba librada con carácter automático al pronóstico de condenación condicional.	Dable es resaltar que el legislador al momento de sancionar el vigente ordenamiento adjetivo se ha apartado de los lineamientos del código anterior que relacionaba-tal fuera anticipado-la prisión preventiva y la libertad provisoria con el instituto del art. 26 del CP. La respuesta encontraba legitimidad en base a la estimación apriorística de la correspondencia entre la condenación condicional y la escala penal prevista para el delito tipificado que aprehendía la conducta encuadrable del imputado. En su génesis se trataba de una presunción legal jure et juris. A partir de esta regla de apreciación para restringir la procedencia o no del beneficio de la libertad durante el desarrollo del proceso, ahora pasa a jugar el plano valorativo con sustento en elementos de juicio indiciario para determinar la existencia de peligro procesal (daño jurídico) en función de un nuevo criterio sustitutivo. Ocurre que las posiciones sustantivistas conducen a una suerte de penalización anticipada, vulnerando así el paradigma constitucional del estado de inocencia. El paragua de la condicionalidad excedía la funcionalidad de la cautela y la prisión preventiva asumía papeles retributivos o de prevención general, fundado en supuestos criterios de defensa social, peligrosidad personal, alarma social, protección de víctimas, y otros criterios proclives para perseguir efectos restrictivos para evitar la reiteración delictiva.	Es por ello que el justo medio de equilibrio, cobra vida cuando se sostiene la alternativa con apreciaciones objetivas, analizando para ello: a) la posible elusión a la acción de la justicia; b) repasando los antecedentes del imputado, c) la necesariedad imprescindible de privar la libertad, d) el análisis de la pena a imponer, e) el comportamiento del imputado, f) la complejidad y naturaleza de la causa, y el resto de las pautas legales (art. 387 del CPP) que vuelven la mirada hacia el juez como garante de los derechos y garantías que asisten tanto al incoado como a las víctimas.	En el contexto de precedente interrelación alrededor de los arts. 386, 388 y 389 podrá confirmarse una detención o en su caso la prisión preventiva cuando la objetiva y provisional valoración de las características del hecho, la posibilidad de la declaración de reincidencia, las condiciones personales del imputado, o si este hubiere sido favorecido con anteriores beneficios excarcelatorios, que llevaran a presumir, fundadamente, que el mismo intentara eludir la acción de la justicia o entorpecerá la averiguación de la verdad.	El carácter excepcional de la privación de la libertad reposa en el peligro de obstaculizar el descubrimiento de la verdad, impedir la realización del juicio o el cumplimiento de la eventual pena (fuga), es decir, el impedimento del juicio previo imposibilita interpretar las normas que le autorizan mas allá de lo que literalmente expresan, ni atrapar en su contexto otras situaciones de hecho no contempladas expresamente como presupuesto para adoptar medidas de encierro con carácter disuasivo.	La Cámara en lo Criminal de la Capital, por decisión de su Sala I en causa Bárbara (Nº 21.143) ha sentado que: "no hay posibilidad de aceptar límites a la libertad del imputado que tenga que ver solo con las escalas penales". Contundentemente la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal, ratifica la tendencia (Causa Nº 5472 del 22-12-04 caso Macchieraldo) y toma posición al respecto exigiendo que aún en los casos en los que se impute un delito cuya pena máxima sea superior a ocho años de privación de libertad y su mínimo impida la condenación condicional, para poder denegar la excarcelación el Tribunal de la causa deberá señalar cuales son los actos ciertos, claros y concretos que le permitieron sospechar que el imputado intentara eludir la acción de la justicia mas allá de la sola mención a la penalidad del delito atribuido.	Aceptando como válida la construcción de la llamada peligrosidad social no puede el discurso de la ley atrapar hipótesis enmarcadas en rígidas relaciones con los máximos o los mínimos de las penas previstas para el o los delitos atribuidos. Dicho de otro modo la ley no puede decir en forma general y abstracta quienes son los peligrosos para el proceso, quienes son los que eludirán el accionar de la justicia, quienes son los que destruirán prueba estando en libertad. Por la sencilla razón de que no le corresponde a la ley afirmar de un modo dogmático la verdad de un sujeto hipotético, por el simple expediente de vincularlo con cierto tipo penal (cfre. Víctor R. Corvalan "Peligrosidad Procesal y Sistema Acusatoria").	Si bien las pautas previstas por el legislador deben ser tenidas en cuenta por el Juzgador, no devienen taxativas y su verificación no implica una condición sine qua non o vinculante para restringir la libertad del imputado, lo cual se desprende del art. 382 del CPP, siendo el Juez quien debe merituar, entre otras cuestiones, la seriedad, gravedad y repercusión que pueda tener en el proceso la confirmación de alguna de las situaciones contempladas en el mencionado plexo normativo. (Cfrme. Jauchen, Eduardo, Tratado de derecho Procesal Penal, Ed. Rubinzal -Culzoni 2012, TII. Pág. 586/589).	Se tiene entonces que las exigencias normativas para el dictado de la Prisión Preventiva, se verifican en la especie, de allí que corresponde a este Tribunal valorar la existencia de peligrosidad procesal, ya sea ante la posibilidad de que el acusado obstaculice la investigación o eluda el accionar de la ley sustantiva, sustrayéndose al llamado de la justicia para la realización de juicio.	Lo cual refleja el criterio procesalista y no sustancialista seguido en materia de encarcelamiento preventivo. Para entender más el tema, basta remitirnos a las enseñanzas del Dr. Cafferata Nores cuando señala que: "...como las leyes argentinas prohíben el juicio penal en rebeldía, se hace necesario asegurar la intervención personal del imputado en el proceso como el único modo de garantizar su completa realización. Es posible, en consecuencia, la adopción de medidas coercitivas respecto de aquél para evitar que mediante la fuga u ocultación de su persona, impida el normal desarrollo del juicio, en el cual quizás, se probará su delito y se dispondrá su condena. La justicia se verá burlada si el presunto culpable lo fuera realmente, pero impidiera, fugándose, la comprobación judicial de su culpabilidad y su correspondiente castigo....Más adelante añade que...pero esa coerción (detención) operable durante el proceso, solo se justificará cuando exista ese serio riesgo enunciado, el que está directamente relacionado con la gravedad de la pena posiblemente aplicable y las condiciones personales del imputado" (Medidas de Coerción en el Proceso Penal, Marcos Lerner, Cba., Ed.1983, pág. 33 y sgtes).-	En idéntico sentido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano al que incumbe la promoción de la observancia de esos derechos y la generación de criterios interpretativos de las cláusulas del Pacto de San José de Costa Rica, ha establecido un conjunto de pautas que fueron precisamente sintetizadas por Daniel Emilio Morín, entre las que aparece de particular importancia, la seriedad del delito y la eventual severidad de la pena como factor a tener en cuenta para evaluar la posibilidad de que el imputado eluda la acción de la justicia; no siendo esta la única pauta, aunque los delitos investigados, revisten una entidad considerable.	La Cámara Nacional de Casación penal in re Díaz Bessone dijo que "no basta en materia de Excarcelación o Eximición de Prisión para su denegación, la imposibilidad de futura condena de ejecución condicional o que pudiera corresponderle al imputado una pena superior a ocho años, sino que deben valorarse en forma conjunta otros parámetros a fin de evaluar la existencia de riesgo procesal, el que no se presume y debe ser probado".	De esta manera para ser válidamente dictada la prisión preventiva, además de resultar de probable aplicación una pena privativa de libertad de ejecución efectiva, debe encontrar su causa en el posible daño al proceso, sea a la averiguación de la verdad o a la concreta actuación de la ley penal. Asimismo procede cautelar ante la verosimilitud del derecho, esto es cuando existan elementos de convicción suficientes para sostener como probable la participación punible del imputado y exista peligro en la demora, debiendo ser la medida útil, razonable y proporcional al peligro que se quiere evitar. Se exige igualmente que la medida cautelar se disponga por resolución fundada que diga en que medida la libertad perjudica al descubrimiento de la verdad real o cuan importante es el riesgo de fuga y en que datos se funda la peligrosidad procesal.	Siendo el valor de la amenaza de pena efectiva para el dictado del encierro preventivo condición objetiva necesaria pero no suficiente por si sola.	En autos la amenaza de pena efectiva se encuentra presente, por cuanto el delito atribuido es el de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada cuya escala penal es de seis años como mínimo y veinte años como máximo, restando determinar si concurre el peligro procesal. El Sr. Juez al resolver la solicitud del defensor en orden al cese de la medida cautelar de encierro respecto su asistido, interpreta que para el caso de estudio existe peligro procesal. Relaciona que en virtud de la investigación previa llevada a cabo y de las intervenciones telefónicas practicadas se pudo verificar la existencia de un entramado participativo entre los investigados en la comercialización de estupefacientes, lo que se vio reforzado con los resultados arrojados de los allanamientos realizados en los domicilios de los acusados. De esta manera, a la par del peligro de fuga que emerge de la amenaza de aplicación en firme de pena de ejecución efectiva estima que concurre el riesgo de entorpecimiento de la investigación puesto que al tratarse de una actuación organizada de los acusados, en el supuesto de concederse la libertad a uno podrá obstaculizar la tareas respecto de los otros participes. Además destaca que al no haber variado las circunstancias tenidas en cuenta al disponer la prisión preventiva resulta razonable la extensión temporal de su privación de libertad.	Obvio, resulta resaltar que la sola referencia fiscal a que restan practicarse diligencias no es suficiente ya que no se satisface la fundamentación con la sola mención de medidas de investigación pendientes de realización. Nótese que de ser así se erigiría como regla que siempre procederá encierro hasta que se lleve a cabo la diligencia restante, colocándose la prisión como basamento general del proceso y no como medida excepcional.	Tampoco basta con referir que el encartado en libertad podría obstaculizar la investigación sino se dan concretas razones que sustenten dicha afirmación en el caso concreto. Sin embargo considero que en autos se encuentra debidamente fundado dicho extremo si tenemos en cuenta que se ha logrado acreditar suficientemente la actuación organizada y con funciones diferenciadas de los imputados en los hechos ilícitos atribuidos, lo que permite inferir que de concederse la libertad a uno de ellos este pueda entorpecer las tareas investigativas respecto de los otros. A lo que debe añadirse que al contar la banda con suficientes recursos fruto de la actividad ilícita llevada a cabo es presumible que pueda fugarse de la provincia o del país.	Además lo que claramente determinaría el peligro procesal de fuga de acuerdo al art. 388 del CPP, es la falta de arraigo. Si bien el recurrente refiere que su asistido cuenta con profesión reconocida y residencia fija, nótese que el domicilio denunciado en autos coincide con el inmueble en el que se llevo a cabo el allanamiento y del cual se incauto una considerable cantidad de estupefacientes, lo que permite presumir que el domicilio es utilizado para la comercialización de esas sustancias prohibidas y en el supuesto de otorgarse la libertad se constituiría nuevamente la vivienda en una boca de expendio.	Por otra parte debe señalarse que sin perjuicio que el imputado al momento de la audiencia de imputación declara ser peón rural, esto pierde virtualidad al haberse acreditado a través de los distintos elementos de prueba incorporados al proceso su participación en la comercialización de sustancias prohibidas. Todo lo cual obsta a tener por constituido domicilio y acreditada la existencia de trabajo fijo y estable, constitutivos de la radicación. A lo que debe agregarse la gravedad del delito para lo cual se debe merituar que se ha logrado acreditar la participación de los encartados en la actividad organizada de comercialización de estupefacientes, procediéndose al secuestro a través de los allanamientos practicados en los diferentes domicilios de una gran cantidad de sustancias prohibidas y elementos relacionados con el fraccionamiento y venta de estas sustancias, lo que da cuenta de la entidad del agravio y su trascendencia desfavorable a terceros con la consecuente lesión a la salud pública. Por último debe tenerse en cuenta la reiteración delictiva en ilícitos de la misma naturaleza que da cuenta su planilla prontuarial.	De esta manera analizadas en conjunto la amenaza de pena efectiva, el peligro de entorpecimiento de la investigación, la ausencia de arraigo acreditado, la gravedad del ilícito y la reiteración delictiva, permiten concluir que se está en presencia de peligro procesal. Tratándose de una evaluación contextual de los indicadores, que reflejan un riesgo serio y grave que debe ser neutralizado, no avizorándose la posibilidad de aplicación de medida sustitutiva alguna susceptible de enervar el peligro mencionado.	Sin perjuicio de señalar que a diferencia de lo que ocurría con el Código Mixto, en el que dictada la prisión preventiva esta solo podía ser objeto de revisión por apelación, o cuando concurrían los estrictos supuestos del art. 306, ligados a la duración del encierro, o indirectamente en los planteos que recién podían introducirse en la etapa crítica, en el nuevo código el art. 399 faculta al imputado y a su defensor, a solicitar la revisión de la prisión o de la internación en cualquier momento del procedimiento, siempre que hubieran variado las circunstancias primitivas. Con lo cual quiero significar que una de las características de la nueva prisión preventiva es su provisoriedad, permitiendo frente a la variación de las circunstancias realizar un nuevo juicio de procedencia, lo cual debe redundar en la consideración de los indicadores del peligro procesal.	_________El Dr. Luís Félix Costas, VOCAL I DE LA SALA IV DEL TRIBUNAL DE IMPUGNACION,	Por las normas legales citadas y las consideraciones expuestas,	________________________RESUELVE:	I) NO HACER LUGAR al Recurso de Apelación deducido a fs. 1/2 y vta., en su mérito, CONFIRMAR el resolutorio de fs. 280/281 del Expte. Principal, por los motivos expuestos en los considerandos.	II) Regístrese, PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, y oportunamente BAJEN los autos al Juzgado de elevación.	Dr. Luís Félix Costas, VOCAL I (actuación unipersonal) SALA IV -Tribunal de Impugnación de la Provincia de Salta.