marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de inconstitucionalidad, costas, sentencia, subrogancia del juez, reenvío, Superior Tribunal de Justicia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Spretz, Rosa Nieves c/ Sánchez y Sánchez S.R.L. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJAS ADMITIDAS)
Jurisdicción: Local — Provincia: 
Fecha: 2024-06-11

En lo atinente a las costas cuya imposición ha sido cuestionada por la demandada, al tratarse de un accesorio procesal de condena, propio de los jueces de la causa, que evidentemente se podría ver modificado conforme a la invalidación de la decisión de la Sala, cabe recomendar al Tribunal de reenvío que para su imposición tenga presente el régimen causídico previsto por la normativa adjetiva, sin desconocer los principios que rigen la materia y las pautas trazadas por esta Corte in re "Ferloni". CSJStaFe: Ferloni, AyS T 226, p 176/179. Código Procesal Laboral de Santa Fe, artículos 101 y 102
Ley de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, interés superior del niño, código civil y comercial, Convención sobre los derechos del niño, derecho del menor a ser oído, control de razonabilidad
Materia: PROCESAL
Carátula: P. B., E. G. c/ B., K. E. s/ medidas precautorias
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2024-08-09

Conforme lo establecido por la ley 26.061, la Convención sobre los derechos del niño y lo previsto en el artículo 706 del Código Civil y Comercial, en caso de conflicto entre los derechos e intereses de los niños y otros derechos e intereses igualmente legítimos, deben prevalecer siempre los primeros resultando esencial la evaluación de sus circunstancias concretas en las que su opinión representa la información a considerar para garantizar el disfrute pleno y efectivo de sus derechos.
Medicina prepaga, aumento de cuota, índice de precios al consumidor, conciliación, interés legítimo
Materia: COMERCIAL
Carátula: B., L. c/ OSDE s/ sumarísimo valor cuota EMP-DNU 70/23
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-26

Corresponde anular los aumentos de la cuota del plan de salud que fueron impuestos por la prepaga a partir de la cuota de enero de 2024 a raíz de la aplicación del DNU 70/2023 y ordenar a la demandada que limite los incrementos dispuestos como máximo al porcentaje del Índice de Precios al Consumidor acumulado (IPC), y el reintegro a la reclamante de las diferencias resultantes de los aumentos que hubieran sido percibidos, dado que si bien existe un acuerdo transaccional entre la Superintendencia de Servicios de Salud y las empresas de medicina prepaga que dejó sin efecto los aumentos de las cuotas, cabe reconocer que la actora tiene un interés legítimo en la devolución de las sumas abonadas en exceso, puesto que no participó en dicho acuerdo y, por lo tanto, no se le puede imponer lo decidido en dicho instrumento.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, prescripción de la acción penal, facultades del juez, sentencia
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Vallejos Figueroa, Juan Alberto c/  s/ recurso de inconstitucionalidad (queja admitida)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-06-11

En el caso, se evidencia la falta de consistencia de la argumentación recursiva en orden a demostrar la configuración de los agravios achacados, toda vez que pese al matiz constitucional que intenta otorgarle la impugnante a sus planteos, los mismos denotan un disenso con el criterio con que el Judicante inferior y el Tribunal consideraran que en el caso - al no haber sido materia de agravio por parte de la defensa, la tenencia de arma de fuego de uso civil sin autorización legal, extremo que determinaba que el mismo había quedado firme cuando transcurrió el plazo impugnatorio de la sentencia de primera instancia- no podía prosperar el pedido de prescripción de la acción penal respecto de este delito por el que resultó condenado el encartado, en un ámbito de decisión propio de los jueces de la causa, sin que la defensa alcance a demostrar que en dicha labor los mismos hubieren desbordado dicho marco de atribuciones, o hubieran incurrido en un razonamiento absurdo, ilógico o arbitrario; puesto que la defensa postula la arbitrariedad de lo resuelto, señalando que la Alzada confunde lo que sería la posibilidad de variar o no la decisión en función de su recurribilidad con la eventualidad de modificarla por el transcurso del tiempo, insistiendo en que pasado el plazo fijado para ello por la ley, debe disponerse sin mas la extinción de la acción penal por prescripción, mas dicha afirmación no resulta idónea para controvertir el núcleo central que motivó la decisión, el cual se circunscribió en la situación fáctica indiscutida dada por la inexistencia de agravio recursivo por parte de la defensa que haya puesto en crisis la sentencia de primera instancia en lo relacionado a la condena dictada por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil fundante de su planteo de prescripción de la acción penal al respecto. (De la disidencia del Dr. Netri y de la Dra. Gastaldi)
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, incapacidad laboral, indemnización, sentencia
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: López, Héctor Ventura c/ Prevención ART S.A. s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-06-25

La Sala entendió que la suma fijada por la judicante de grado no arrojaba un resultado económico irrazonable, toda vez que los importes fueron cuantificados a valores históricos, esto es, teniendo en cuenta la fecha del siniestro padecido por el demandante, y a partir de dicha determinación, infirió que el desfasaje existente entre los cálculos efectuados por el accionante y la suma fijada en baja instancia obedecía a que éste tuvo en cuenta indicadores actuales, conclusión que corroboró mediante la comparación de la cuantificación realizada por la jueza de grado con lo que hubiese percibido el trabajador al momento del accidente en el ámbito tarifado, con más la tasa de interés establecida hasta el pago; a su vez, a la hora de estimar la extensión del daño a reparar, recurrió a ciertos parámetros objetivos de referencia -que fueron meritados por la inferior y con los que coincidió- y ponderó las particularidades del caso, razonamiento que no alcanza a ser desmerecido por el recurrente. (De la disidencia parcial de los Dres. Gutiérrez y Spuler)
Denegatoria del recurso, concurso preventivo, categorización de acreedores
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Edisud SA  c/  s/ concurso preventivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-27

Corresponde rechazar la queja interpuesta por el Gobierno de la Ciudad contra la denegación de la apelación dirigida contra la resolución de categorización que prevé la LCQ 42. Ello así, pues la postura adoptada por la concursada -en cuanto propuso una categoría unipersonal para la AFIP pero no hizo lo propio con los restantes acreedores fiscales- se encuentra dentro de los posibles caminos que puede seguir, sin que se advierta irrazonabilidad en la fijación de las categorías, alteración alguna de la secuencia regular del proceso, ni apreciándose ninguna situación excepcional que conduzca a otra conclusión.
Derecho laboral, contrato de trabajo, subcontratación laboral, obligaciones solidarias, servicios eléctricos, industria de la construcción, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: Barrón, Mario Alberto c/ Alfa Lince S.A. y otros s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-06

La codemandada Edenor S.A. se agravia porque la magistrado de grado la condenó en los términos del art. 32 de la ley 22.250, reiterando que las tareas de zanjeo realizadas por el actor para su empleadora, empresa constructora encuadran en las previsiones del art. 1 de la ley 22.250. Al régimen de solidaridad específico para el caso de actividades referidas a la industria de la construcción que surge del art. 32 ley 22.250 resulta de aplicación el artículo 30 de la LCT (art. 17 ley 25013). La principal quien subcontrata ciertos servicios con terceros, aun no asumiendo el carácter de empleadora directa de los trabajadores del contratista, debe responder por las obligaciones laborales incumplidas por éste en tanto no adopte las medidas de contralor que establece el segundo párrafo del art. 30 LCT, por lo que la mera inscripción del subcontratista en el Registro Nacional de la Industria de la Construcción resulta insuficiente para eximir a la principal de la responsabilidad que en forma solidaria le impone la norma en cuestión. El control respecto del adecuado cumplimiento de las normas que el artículo 30 impone al principal respecto del contratista, es una obligación de resultado y no de medios, por lo que aun cuando se entienda que se ha cumplido un control formal, la contratante no puede eludir la responsabilidad derivada del vínculo laboral que el actor mantuvo con la contratista. El actor fue contratado para realizar trabajos en obras o lugares a que hace referencia el art. 1 inc. a) de la ley 22.250 integrando o complementando la obra de construcción propiamente dicha, encomendada por Edenor S.A. y para ese único fin (cfr. art. 1 inc. b de la ley citada). Las actividades realizadas por el actor eran coadyuvantes e imprescindibles para la realización del objetivo de la empresa eléctrica, motivo por el cual la decisión de Edenor SA de encargarle a terceros las tareas indicadas, no la exime de la responsabilidad solidaria prevista por la norma citada. Demostrada la tercerización de sus servicios en favor de la demandada, ante el incumplimiento de las obligaciones emergentes del contrato de trabajo, lo decidido en la instancia anterior respecto de extender la responsabilidad solidaria a Edenor SA por las obligaciones derivadas del contrato de trabajo en los términos dispuestos por el art. 30 de la LCT debe ser confirmado.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, prueba, sentencia condenatoria
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: S., F. M. c/  s/ delitos contra la Administración Publica, resistencia y desobediencia a la autoridad-amenazas simples-delitos contra la integridad sexual con acceso carnal simple
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-06-11

Ante la argumentación de los Sentenciantes, quienes explicaron las razones a partir de las cuales concluían que debía confirmarse la declaración de responsabilidad penal del imputado por el hecho que fuera sometido a juzgamiento y que motivara la intervención del A quo por vía de apelación horizontal, considerando lo relatado por la víctima y otros testimonios que daban cuenta del abuso narrado por ésta y que resultaban contundentes para consolidar el plexo incriminatorio desarrollado por la fiscalía, a la par que ponderaron lo declarado por el médico que examinó a la víctima, extremo que operaba como indicio en el sentido de que la mujer sabía cuál era el motivo del problema que diera lugar a su internación -la violencia ejercida por el encausado durante el acto no consentido-, la recurrente no se hace cargo de demostrar por qué resulta insuficiente o arbitraria la motivación brindada por la Cámara en relación a las circunstancias del caso, ni tampoco evidencia cómo aquellos elementos probatorios que dice preteridos en su valoración cuentan con la decisividad que la interesada le asigna para variar la solución de la causa y, por tanto, su entidad para determinar la admisibilidad de la presente vía.
Despido, medicina prepaga, remuneraciones accesorias
Materia: LABORAL
Carátula: Krautner, Claudia Sabina c/ Huawei Tech Investment Co LTD s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-01

El pago de los servicios de medicina prepaga forma parte de la remuneración del trabajador (cfr. Convenios N° 95 y 100 de la O.I.T. y art. 103 de la LCT.). De acuerdo con dicho marco normativo el concepto "medicina prepaga" no se encuentra previsto entre los beneficios sociales enumerados en el art. 103 "bis" de la L.C.T., dado que el inciso d) de la norma de referencia, alude sólo a "...los reintegros de medicamentos y gastos médicos y odontológicos del trabajador y su familia, que asumiera el empleador previa presentación de comprobantes emitidos por farmacia, y gastos médicos y odontológicos del trabajador y su familia, que asumiera el empleador previa presentación de comprobantes emitidos por farmacia, médico u odontólogo". Y, toda vez que tal prestación no era tan sólo el reintegro de un gasto suficientemente acreditado, sino que consistía en un compromiso asumido por la empresa con carácter permanente, el pago de ese concepto por parte de la demandada constituyó un salario que, de manera permanente, le fue abonado como contraprestación de los servicios prestados por el actor como dependiente, circunstancia que lleva a calificarlo como parte integrativa de su remuneración.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, cuestión de derecho público local, facultades del juez, comuna, poder de policía, protección del medio ambiente, neumáticos
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Bridgestone Argentina S.A.I.C. c/ Comuna de Pueblo Andino s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-06-11

El presente recurso no puede prosperar pues la lectura de los argumentos traídos a consideración de este Tribunal en el memorial del recurso de inconstitucionalidad, en confrontación con la resolución atacada, revela la mera discrepancia de la compareciente con los fundamentos expuestos por la Cámara al emitir el pronunciamiento y remiten a cuestiones fácticas, probatorias y de interpretación de normas de derecho público local, materias propias de los jueces de la causa y que no incumbe a esta Corte revisar por esta vía de excepción, toda vez que -para declarar procedente el recurso contencioso administrativo interpuesto por la actora cuestionando el cobro de la Tasa de Almacenamiento, Traslado y Reciclado de Neumáticos Fuera de Uso a su fabricante y distribuidor- los Sentenciantes entendieron que la norma local colisionaba con las disposiciones de la Constitución nacional al avanzar en la materia extendiendo la responsabilidad a la empresa recurrente productora de neumáticos, sin verificarse la prestación de un servicio, imponiéndole una tasa específica para el financiamiento de un sistema de almacenamiento y disposición final de neumáticos fuera de uso; y, si bien aludieron a la cuestión del domicilio de la actora, hicieron especial referencia a que de las constancias de la causa no se había probado que la demandada le hubiera prestado efectiva y concretamente un servicio estatal individualizado que justifique la legitimidad y validez de la tasa creada por la ordenanza 4/2021 en cuanto ubica a la empresa como sujeto pasivo. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dr. Falistocco) - Ordenanza 4/21 de la Comuna de Pueblo Andino. - Jurisprudencia vinculada: Bridgestone c. Municipalidad de Casilda, T 2024, sentencia nro. 346, sumario J0052938.
Relación de dependencia, cumplimiento de órdenes e instrucciones
Materia: LABORAL
Carátula: Fiorelli, José Luis y otros c/ Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados s/ diferencias de salarios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-20

Tanto la doctrina como la jurisprudencia mayoritaria se inclinan por la idea de que el elemento característico de la "subordinación" es el aspecto "jurídico", caracterizado por la sujeción del trabajador al poder de dirección del empleador. La noción de "subordinación jurídica" ha sido conceptualizada haciendo hincapié en que posibilita al empleador la disposición de la fuerza de trabajo del dependiente o de darle órdenes o de sustituir la voluntad del trabajador por la suya propia cuando lo creyera conveniente. En consecuencia, lo que interesa para establecer la existencia de "dependencia jurídica", y con este elemento llegar a la calificación de un vínculo como laboral, es la sujeción del trabajador a los poderes del empresario resultante de su inserción en la organización jerárquica de la empresa.
Derecho laboral, despido, discriminación, expresión de agravios
Materia: LABORAL
Carátula: C.,A.C  c/ Prevemed. S.A.  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-20

La juez de grado determinó el carácter discriminatorio del despido y por ello se agravian las demandadas. Con la prueba testimonial arrimada a la causa se acreditó que las condiciones de trabajo en el establecimiento eran objetivamente denigrantes y hostiles, -ambiente en el que prestó servicios la actora y que repetidamente padeció maltrato personal, lo cual ha podido- razonable y presumiblemente- generar humillación y dolor moral, sufrimiento emocional y padecimientos; máxime en el innegable contexto que señala la "a quo" en cuanto a la enfermedad padecida por la trabajadora, situación que era conocida por la empresa, y que, en definitiva, se encuadra en el concepto de violencia laboral en los términos del art. 1 del Convenio 190 OIT, art. 1 de la ley 23.592 y art 6° de la ley 26.485. Cabe destacar que la ex empleadora no probó que el distracto respondiera a causas que no fueran discriminatorias, lo que conduce a propiciar la confirmación del decisorio de grado.
Jubilaciones, haber jubilatorio, determinación del haber jubilatorio, aportes previsionales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Hartmann, Gabriel Leonidio c/ ANSeS s/ reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-27

En la ley 24.241 no resulta necesaria la existencia de un porcentual para calcular el monto del beneficio, sino que este surge del empleo de las normas que regulan sus distintos componentes, de modo que el régimen vigente no se basa en una tasa de sustitución expresa y aplicable a todos los beneficiarios sino que esa relación entre ingresos y prestaciones surge implícita de los cálculos realizados y varía según la cantidad de servicios con aportes que hubiere acreditado cada peticionario y del nivel de las remuneraciones percibidas. (Del precedente Benoist, Gilberto c/ ANSeS s/ previsional ley 24.463, al que remite la Corte)
Despido, mobbing, violencia laboral, astreintes
Materia: LABORAL
Carátula: Tambasco Juan Emmanuel  c/ American Express Argentina S.A. s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-27

El actor cumplía las funciones de gerente Banda 35, no obstante cobrar la remuneración correspondiente a una categoría inferior, en lugar de recibir una remuneración al igual a la sus compañeros con iguales responsabilidades. El reclamo que el trabajador generó al respecto ocasionó maltrato, acoso y hostigamiento por parte de otro gerente al cual le indicaron reportar sus tareas. Cabe destacar que hacer visibles las desigualdades naturalizadas socialmente constituye una forma de propender a la igualdad requerida por nuestro ordenamiento jurídico. Luego de la ratificación del Convenio 190 OIT sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo, y del dictado de las leyes 26.485, 26.743 y 27.499 resulta necesario que el personal de dirección y gerencial de las empresas , así como también los trabajadores y las trabajadoras dependientes (tengan o no personal a su cargo) se inserten en cursos de capacitación sobre violencia laboral a fin de obtener las herramientas necesarias para mejorar las relaciones interpersonales del establecimiento y así prevenir situaciones de violencia en el ámbito del trabajo. Por ello, se condena a la demandada, ya sea por si o a través de la Cámara Empresaria a la que se encuentre afiliada, para que dentro del plazo de 60 días acredite en la causa haber implementado acciones efectivas de capacitación para el personal a su cargo (en especial para personas de nivel gerencial o de supervisión) en materia de violencia laboral, bajo apercibimiento de aplicar astreintes en favor de la parte actora por cada día de retardo (art. 37 CPCCN y 803 CCCN) y de sumar a ello la fijación de multas en Beneficio de la Biblioteca del Tribunal en caso de reticencia no justificada. A tales efectos el representante legal de la accionada deberá acreditar en el plazo indicado la inscripción de American Express S.A. a algún curso de capacitación en la materia, bajo apercibimiento de hacerlo solidariamente responsable en el pago de las sanciones conminatorias y multas en caso de incumplimiento. (Del voto de la Dra. García Vior, en mayoría. El Dr. Sudera, si bien adhiere al voto de la Dra. García Vior, disiente respecto de la aplicación de astreintes en caso de que la empleadora no cumpla con la implementación de cursos de capacitación para todos los empleados sobre violencia laboral. Sostiene que las astreintes se imponen "a favor del litigante perjudicado por el incumplimiento" (art. 37 CPCCN) y "en beneficio del titular del derecho" (art. 804 CCyC), que no es el caso del incumplimiento de la obligación de capacitar a los empleados en cuestiones de violencia laboral. Sugiere imponer a la demandada en caso de incumplimiento de la obligación de hacer adicional que integra la condena, imponerle una multa diaria de 100 UMAS en favor de la Subsecretaría de Políticas de Inclusión en el Mundo Laboral del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social)
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, cuestión de derecho público local, comuna, poder de policía, protección del medio ambiente, neumáticos
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Bridgestone Argentina S.A.I.C. c/ Comuna De Wheelwright s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-06-11

El presente recurso no puede prosperar pues de la confrontación del escrito recursivo con las constancias de la causa, se advierte que los argumentos -tal como han sido traídos a esta Corte- tan sólo revelan la mera discrepancia de la recurrente con los fundamentos expuestos por la Cámara al emitir el pronunciamiento y remiten a cuestiones fácticas, probatorias y de interpretación de normas de derecho público local, materias propias de los jueces de la causa y que no incumbe a esta Corte revisar por esta vía de excepción, toda vez que -para declarar procedente el recurso contencioso administrativo interpuesto por la actora cuestionando el cobro de la Tasa de Almacenamiento, Traslado y Reciclado de Neumáticos Fuera de Uso a su fabricante y distribuidor- los Sentenciantes entendieron que la norma local colisionaba con las disposiciones de la Constitución nacional al avanzar en la materia extendiendo la responsabilidad a la empresa recurrente productora de neumáticos, sin verificarse la prestación de un servicio, imponiéndole una tasa específica para el financiamiento de un sistema de almacenamiento y disposición final de neumáticos fuera de uso; y, si bien aludieron a la cuestión del domicilio de la actora, hicieron especial referencia a que de las constancias de la causa no se había probado que la demandada le hubiera prestado efectiva y concretamente un servicio estatal individualizado que justifique la legitimidad y validez de la tasa creada por la ordenanza 2147/2020 en cuanto ubica a la empresa como sujeto pasivo. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dr. Falistocco) - Ordenanza 2147/20 de la Comuna de Wheelwright. - Jurisprudencia vinculada: Bridgestone c. Municipalidad de Casilda, T 2024, sentencia nro. 346, sumario J0052938.