Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-02-18


Salta, 18 de Febrero de 2011.

______ Y VISTOS: estos autos caratulados "MASCIARELLI, Francisco Alejandro vs. COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y URBANÍSTICO DE SALTA - C.O.P.AU.P.S. - Recurso de Apelación Directa"- Expte. CAM nº 311.729/10 de esta Sala Tercera, y _____________________________________________________ _______________________CONSIDERANDO_______________________ ______ I) A fs. 137/143, el Dr. Juan Antonio Gálvez, Procurador Fiscal, por la Provincia de Salta, deduce recurso de inconstitucionalidad en contra de la sentencia interlocutoria de la Sala en Feria obrante a fs. 128/134 de autos, mediante la cual se hiciera lugar al recurso de apelación de fs. 13/18 deducido por Francisco Alejandro Masciarelli respecto del párrafo tercero de la Resolución nº 103/10 de la Comisión de Preservación del Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico de la Provincia y en consecuencia, redujera la multa que le fuera aplicada a aquél a la suma de $ 3.335, con costas por el orden causado. Dice que el decisorio que impugna exhibe irregularidades procesales y que se aparta de la solución jurídica aplicable al caso ya que en modo alguno puede sostenerse que la sanción impuesta es desproporcionada con relación a la infracción castigada, ni mucho menos que el objetivo de preservación tenido en miras por la legislación urbanística sea únicamente la fachada del inmueble. Considera el recurrente un desatino postular en base a hipótesis y pautas de excesiva latitud, que resulte justo y equitativo reducir el monto de la multa del 100% al 4% del valor fiscal del inmueble. Entiende que el proceder y la interpretación efectuada por el Tribunal resulta incompatible con el adecuado servicio de justicia, violando de tal modo la garantía del juez natural, el debido proceso y la defensa en juicio; que desde esta óptica, el pronunciamiento configura una sentencia definitiva a los fines del presente recurso, habida cuenta que causa un perjuicio que no podrá ser reparado en una etapa posterior del proceso ya que, en base a lo resuelto la COPAUPS sería obligada a percibir una multa irrisoria y a adoptar un criterio de preservación distinto al que establece la Ley 7.418, impidiéndole de esta manera cumplir con su función de preservar y proteger el patrimonio arquitectónico de la Provincia._ ______ Luego de efectuar una reseñar de los antecedentes de hecho de la causa, fundamenta el recurso. Sostiene que el pronunciamiento en crisis se dictó en abierta contravención a la Ley Orgánica del Poder Judicial nº 5642 (art. 46) y a los arts. 14, 15, 18 y 135 inc. 4º del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia. Que no puede compartirse el criterio adoptado por los sentenciantes que admiten la posibilidad de proseguir durante la feria judicial del mes de enero el trámite del expediente que, ni por su estado procesal, ni por su naturaleza, se encontraba dentro de las excepciones que establece el art. 46 de la Ley Orgánica de Tribunales; que, además, se omitió notificar de ello a su parte en debida forma (art. 135 inc. 4º de la ley ritual). Agrega que de igual modo, debió haberse notificado por cédula la integración del Tribunal de feria, a efectos de que su parte pudiese, eventualmente, ejercer el derecho de cuestionar la intervención de la Dra. Paz de Gómez; que la falta de notificación importó un verdadero menoscabo al derecho de defensa de su parte y un atentado al debido proceso. Sostiene que se ha conculcado la garantía del juez natural, en tanto la integración del Tribunal se efectuó al margen de la normativa aplicable en materia de adopción de soluciones para órganos colegiados en caso de ausencias, licencias, recusaciones, excusaciones u otro impedimento de alguno de los vocales de la Cámara; que de conformidad al art. 266 del Código adjetivo la sentencia debió dictarse por la mayoría de los miembros que componen el Tribunal; que al haberse designado un solo magistrado para integrar la Sala II de la Cámara de Apelaciones durante la primera quincena de la feria, debió haberse acudido al procedimiento establecido en el art. 7º de la Ley Orgánica de la Justicia en lo Civil y Comercial nº 5.595 (modificada por la Ley 7.624) para integrar el tribunal y cumplir así con la mayoría exigida por la ley; que siguiendo la previsión de la normativa mencionada, al no haberse designado otro vocal de la Cámara para la primera quincena, debió haberse integrado la Sala II con la Sra. Jueza de primera instancia en lo Civil y Comercial de 6ª Nominación de acuerdo a lo establecido por la Acordada 10.805; que sin embargo, sin mediar circunstancia que justifique lo contrario, la sala quedó integrada con una vocal de la Cámara del Trabajo y sin que obre constancia alguna de providencia de avocamiento. Concluye en que la sentencia, en tanto desaplica normas vigentes queda destituida de fundamento y carece de validez._________________________________________________ ______ Entiende, además, que el fallo en crisis efectúa una dogmática interpretación de la Ley 7.418, del Dcto. 2735/09 y del Anexo 8 del Código de Planeamiento Urbano, en tanto considera que lo que se trata de preservar mediante dicha normativa es "principalmente el estilo de su fachada" en el caso de los inmuebles, ya que los mismos, conforme a tal criterio, carecerían de valor por sí mismos. Que a partir de la errónea exégesis de las normas mencionadas, se arriba a la conclusión de que como la fachada del inmueble podría conservarse, el conjunto arquitectónico no sufriría perjuicio; que sobre la base de este juicio hipotético, se entendió que la multa aplicada por la Comisión resultaría desproporcionada. Alega se asignó al Dcto. 2.735/09 un alcance que no tiene y que se pasó por alto expresas previsiones de la Ley 7.418; que en efecto, el artículo 19 de la ley dispone que los bienes que se declaren de interés arquitectónico y/o urbanístico no podrán ser modificados, construidos y/o destruidos en todo o en parte, sin la previa autorización de la Comisión; que asimismo, establece que los propietarios y/o quienes ejerzan la posesión de los bienes protegidos, deberán obtener previamente un certificado de no objeción emitido por la Comisión. Destaca que ni la ley 7418, ni el Decreto reglamentario 1611/07, ni el invocado Decreto 2715/09 establecen que los bienes que integran el BI PAUPS carezcan de valor en sí mismos y mucho menos aún que lo que interesa conservar en un bien inmueble es principalmente el estilo de su fachada. Agrega que la exégesis postulada resulta disvaliosa en tanto contradice expresas previsiones normativas (art. 19 de la Ley 7.418; arts. 32, 38 y 39 del Decreto 1611/07) de cuyo texto puede advertirse que apuntan a preservar todo inmueble protegido en su integridad y no sólo en lo que hace a su fachada. Que en este contexto resulta manifiestamente arbitrario que el Tribunal haya sostenido, de lege ferenda, que el inmueble carece de valor en sí mismo y que lo que se trataba de preservar era solamente el estilo de fachada; que el entendimiento contrario supone convertir al juez en legislador, violando el principio de división de poderes. Concluye en que el decisorio en crisis abroga el derecho vigente, viola el principio de separación de poderes y suscita gravedad institucional al sustituir al legislador._____________________________________________ ______ Expone que también constituye materia de agravios, la infundada y arbitraria reducción de la multa dispuesta. Argumenta que en el pronunciamiento no se cuestionó el encuadre verificado por la Comisión de la conducta asumida por el Sr. Masciarelli -destruir, derribar total o parcialmente los bienes declarados de interés arquitectónico y/o urbanístico- la que fue calificada como "Daño Muy Grave" (art. 35 inc. c.3 de la Ley 7.418) y pese a ello, los sentenciantes consideraron que la multa era desproporcionada a la sanción. Que no se valoró la grave circunstancia de que el actor, pese a estar debidamente notificado de la denegación del certificado de no objeción, continuó con la demolición del inmueble haciendo caso omiso a la resolución del COPAUPS. Sostiene que no es posible recompensar a quien desobedeció a la autoridad administrativa con tamaña disminución de la multa. Que en atención a la gravedad de la conducta asumida por el propietario y teniendo en cuenta que la graduación de la multa podía ser de hasta 200 % del valor fiscal del inmueble (art. 36, inc. b) de la Ley), la sanción impuesta por el organismo (100 % de dicho valor) no luce desproporcionada ni irrazonable. Destaca que la graduación de una multa impuesta por una infracción administrativa dentro de los límites de la normativa aplicable, no es susceptible de control judicial a menos que se demuestre su arbitrariedad.___________________________________________ ______ Entiende que la sentencia se torna peligrosa para la salvaguarda de los intereses del Patrimonio arquitectónico de la Provincia, ya que desconoce las facultades legalmente asignadas a la COPAUPS para cumplir con tal fin, y desvirtúa el sistema de sanciones establecido por la Ley 7.418.____________ ______ Hace reserva del caso federal y pide se conceda el recurso._________ ______ II) A los fines de la concesión o denegatoria del recurso de inconstitucionalidad, la Corte de Justicia de Salta, siguiendo los lineamientos de la Corte Federal, ha señalado que el Tribunal está obligado a un examen sobre su admisibilidad, incluso sobre la arbitrariedad, sin trasladar el respectivo análisis al órgano "ad quem" (CJSalta, Fallos, Tomo 38, 1ra. Parte, f° 41), y que uno de los requisitos ineludibles para la admisibilidad formal del recurso, lo constituye el temporáneo como adecuado planteo del caso constitucional (CSJN, Fallos 303:171, 659, 1135 y 2091; 304: 1478; 305:50; CJSalta, Fallos, Tomo 41-2º parte, fº 1631/1635; tomo 43, 1º parte, fº 469; Tomo 44, fº 543/550 y 1219; Tomo 50, fº 135, entre otros)._______________________________________________ ______ En torno a los requisitos de admisibilidad formal de esta vía excepcional, se ha expresado también que ella sólo procede contra "sentencias definitivas", teniéndose por tales aquellas que ponen fin al litigio o impiden su prosecución (CSJN, Fallos 244:279; 234:52; 242:462; Sagües: "Recurso Extraordinario" Bs. As. Tomo 1, págs. 150, 151 y 337 y 340), como así también, las que causan un gravamen de imposible o insuficiente reparación posterior (CSJN, Fallos: 303: 1040).____ ______ En base a tales lineamientos cabe señalar, que el recurso sub examen ha sido interpuesto en término, es decir, dentro del plazo de cinco días previsto por el art. 298 del CPCC. y contra una decisión que si bien, como sostiene el recurrente, se trata de una sentencia interlocutoria, la misma es equiparable a una sentencia definitiva en tanto pone fin a la cuestión debatida de modo tal que los agravios que se alegan serían eventualmente de insusceptible o insuficiente reparación ulterior. _________________________________________________ ______ Por otra parte, en reiterados fallos se ha recomendado que, cuando se otorgue o deniegue el respectivo recurso, procede resolver la cuestión sobre la base de los agravios que, con fundamento, suscita la revisión (CJSalta, Tomo 39, 1ª parte, f° 581; Id. Tomo 41, 2ª Parte, f° 1571, entre otros)._________________ ______ III-a) En esa directriz he de destacar, liminarmente, que el fallo que he suscripto como Juez de Cámara en Feria no ha violentado norma procesal ni de la Ley Orgánica del Poder Judicial, como lo expondré a continuación y, en cuanto al fondo del asunto, aquél contiene fundamentación suficiente. En efecto, se debate la razón de la providencia de fs. 127, que dispone la habilitación de la Feria Judicial, y manda estar al despacho de fs. 65. Fuera está de toda duda que la causa se encontraba en estado de dictar sentencia, y a tal efecto se la puso a despacho a fs. 125. Más luego, el día 29 de diciembre a hs. 9,55 (última jornada laboral íntegra del año 2010, dado que el día 30 hubo asueto a partir de hs. 12, según lo dispuesto por la Acordada 10.804/10 del 14 de diciembre de 2010), el quejoso solicita habilitación de feria, tanto en los presentes autos como en expediente nº 311.244/10 dado el gran perjuicio que estoy sufriendo y que esta situación provoca. En atención a ello, se dispuso a fs. 126 la remisión del sub judice al Tribunal en feria. El proveído de fs. 127, cuestionado, dictado el día 3 de enero de 2011, acuerda tal habilitación, con sustento en lo dispuesto por el inc. 5° del art. 46 de la Ley 5.642.______________________________________ _____ Cabe señalar que la decisión de habilitar el expediente para su tratamiento en Feria, resulta irrecurrible por vía del recurso de inconstitucionalidad local, por tratarse de un decreto de mero trámite que no causa gravamen irreparable a la quejosa, por cuanto el art. 297 del Código Procesal prevé como requisito para la procedencia de tal remedio, la impugnación de una sentencia definitiva. Y en el caso, se estima que no se presenta circunstancia que amerite el apartamiento de tal principio._______________________________________________________ ______ De todas maneras, la orden de habilitación, no puede ser objeto de cuestionamiento por las partes, pues se trata de una facultad judicial irrecurrible; además, en el caso encuentra justificación en la conexidad existente entre ambas causas.___ _____ No hay, entonces, agravio que atender en este aspecto.________________ ______ III-b) En cuanto a la composición del Tribunal de Alzada durante las ferias judiciales, cabe decir que el procedimiento de integración de las Salas de esta Cámara no está expresamente previsto en el art. 7 de la Ley 5.595 que específicamente se refiere a los casos de caso de disidencia, ausencia, licencia, recusación, excusación, u otro impedimento siendo del caso destacar que esta última expresión contenida en el precepto no lleva necesariamente a concluir que se aplica el mismo proceder en el supuesto bajo análisis. Por el contrario, tal como surge del inveterado criterio de la Corte de Justicia de la Provincia al dictar las acordadas de feria, la Cámara de Apelaciones del Trabajo y la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial se integran recíprocamente con un juez de cada uno de dichos tribunales. Es ilógico entender que pueda ser integrada con el juez de primera instancia, pues son precisamente sus decisiones, a más de aquellas dictadas en las causas en que se dispuso la habilitación, que serán revisadas por el órgano de segunda instancia._____________________________ ______ No existe tampoco agravio atendible en este tópico._________________ ______ III-c) Por otra parte, la falta de notificación personal de la integración del Tribunal en Feria previo al dictado de la sentencia (obra al pie de fs. 127 constancia de la notificación automática el día 4 de enero de 2011), no ha sido impugnada eficazmente por la quejosa, toda vez que debió manifestar concretamente la causal de recusación respecto de la Dra. Liliana Paz de la que supuestamente se vio impedido de articular, requisito exigible en virtud de lo dispuesto por el art. 172 del Código Procesal, máxime teniendo en consideración que el art. 14 de dicho cuerpo normativo (texto según Ley 7566) y el art. 47 de la Ley Orgánica de Tribunales (Nº 5642), excluyen expresamente la posibilidad de recusar sin causa a los Magistrados de Feria._____________________________ ______ De todas maneras, la Corte de Justicia de la Provincia, adhiriendo al criterio de la Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, ha dicho que los funcionarios públicos, tales como el Fiscal de Cámara, no pueden recusar a los miembros de la Suprema Corte. El caso versaba sobre el recurso de nulidad planteado por el Fiscal de Cámara, en su condición de Procurador General interino, contra una acordada de la Corte bonaerense. En sentido análogo, la Cámara Segunda en lo Civil y Comercial de La Plata ha sostenido que "el Fiscal de Estado, como representante de uno de los poderes, no puede recusar a los jueces dado que éstos son miembros de otro poder" (L.L. t, 110, pág. 421). Sigue diciendo la Corte local que, en doctrina, Jofré enseña que "los funcionarios públicos no pueden recusar, porque es inaceptable que pongan en duda la imparcialidad de los jueces (Manual de Procedimiento, t. III, pág. 29)._________ ______ Otro argumento entonces que no cabe sea atendido._________________ ______ IV) En lo que hace a la supuesta dogmática interpretación de la Ley 7.418, del Dcto. 2.735/09 y del Anexo 8 del Código de Planeamiento Urbano que se le endilga a la interlocutoria cuando afirma que mediante dicha normativa lo que se trataba de conservar es principalmente "el estilo de su fachada", cabe decir que tal vicio no existe. En efecto, el pronunciamiento expone las razones que fundamentan acabadamente esa interpretación cuanto la conclusión de que la sanción impuesta era desproporcionada a la infracción castigada. Se destacó que el Decreto mencionado delimita una zona geográfica que tiene en consideración las características globales de construcción del casco céntrico, sin especificar las particulares de los edificios incluidos en el área; que la norma incluye el bien en la categoría contextual correspondiente a edificios que reciben protección en relación a su entorno y ambiente: es decir -según aclara la norma-, bienes que pueden no tener un valor en sí mismos, pero que contribuyen a crear las características en ese medio; y que en esta categoría se protege el conjunto del ambiente urbano preservando las características volumétricas, compositivas y de materiales, básicamente el exterior, por su integración con el conjunto y su aporte a la imagen de la ciudad. Es decir que el bien no estaba protegido por su valor en sí mismo, sino por formar parte de un entorno que se intenta preservar. De allí que de la dimensión del daño producido a ese objetivo, depende la sanción a aplicar. Y para esa decisión se consideró relevante el informe del Ing. Roberto Caro acompañado por el Arq. Jorge Klix a fs. 59 del Expte. 311.244/10, en el que se destaca que se demolió la parte interna del inmueble y que el muro de fachada se encuentra apuntalado no corriendo riesgo de colapso, surgiendo de ello que el peligro que presenta el inmueble es que se demolieron los muros perpendiculares, pero que la situación puede solucionarse construyendo una estructura adecuada que estabilice el muro. Atendiendo entonces a que siendo posible que con el mantenimiento de la fachada, o de sus características, el conjunto arquitectónico no sufra perjuicio o éste sea mínimo, resulta fundada cuanto equitativa la decisión de reducir en la proporción en que se hizo el monto de la multa en cuestión. Para ello no basta sin más, como pretende el recurrente, tener en cuenta la conducta transgresora a las normas vigentes de parte del propietario del inmueble; deviene imperativo, además, en la graduación de la sanción, evaluar la incidencia que aquella tuvo sobre el bien jurídico que se pretende proteger, en orden al daño ocasionado.___________________________ _____ Por otra parte, se impone señalar que es ilógico sostener que el decisorio conculca el principio de división de poderes y la zona de reserva de la administración. Es la propia Ley 7.418, en su artículo 36, la que ha consagrado el derecho del interesado de recurrir por vía judicial las sanciones administrativas aplicadas por resolución de la Autoridad de Aplicación. Ello así en razón que las facultades jurisdiccionales conferida a organismos administrativos no supone la posibilidad de un otorgamiento incondicional de tales atribuciones. La actividad de esos órganos se encuentra sometida a limitaciones de jerarquía constitucional que no es lógico transgredir, entre las que figura, ante todo, la que obliga a que el pronunciamiento jurisdiccional emanado de órganos administrativos quede sujeto a control judicial eficiente (CSJN Fallos, T 247, pág. 647). Una interpretación contraria sería violatoria del art. 18 de la Constitución Nacional.______________ ______ En síntesis, más allá de las discrepancias del recurrente con el fallo, la revisión de la multa impuesta por la Autoridad de Aplicación no ha implicado de parte de los Jueces que lo han emitido, más que el ejercicio de las facultades conferidas por ley._______________________________________ __________ _____ V) No obstante lo expuesto en los acápites precedentes, teniendo en cuenta que la resolución en crisis se sustenta en argumentaciones y valoraciones de las circunstancias de la causa y en la exégesis de las normas legales aplicables que difieren de las que efectúa la parte recurrente y que podrían eventualmente conducir a un resultado diferente; y atento, fundamentalmente, a que se invoca violación a derechos fundamentales, inobservancia de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Justicia en lo Civil y Comercial; violación a la garantía del juez natural; extralimitación de las facultades constitucionales del Poder Judicial e invasión de la zona de reserva de otro Poder Público, considero que la cuestión constitucional planteada presenta, prima facie, alguna entidad que podría hacer aconsejable la admisión del recurso en tratamiento, máxime en una cuestión novedosa, tanto por la materia, como por el procedimiento instaurado por la Ley 7.418 y normas complementarias.______________________________________ ______ El Dr. Guillermo Félix Díaz, dijo: ______________________________ ______ Si bien no he suscrito el fallo cuyo control de constitucionalidad se intenta a través de esta vía, atento a las consideraciones vertidas por el Sr. Juez de Cámara preopinante en el párrafo V de su voto, me adhiero a la conclusión a la que arriba en cuanto a declarar admisible el recurso en tratamiento.______ ______ Por ello__________________________________________________ ______ LA SALA TERCERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL______________________________________ ______ I) DECLARA FORMALMENTE ADMISIBLE el recurso de inconstitucionalidad interpuesto a fs. 137/143._________________________ ______ II) CÓPIESE, regístrese, notifíquese y ELÉVENSE los presentes autos a la Corte de Justicia._______________________________________________ CApel. CC. Salta, Sala III, T. 2.011 - Fs. 119/123 (18/02/11)