Improcedencia del recurso, resoluciones irrecurribles, revocación del sobreseimiento, medios de prueba, crímenes de lesa humanidad, responsabilidad internacional del Estado
Materia: PENAL
Carátula: Rodríguez, Víctor Hugo c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-29

La disidencia sostuvo que: "...la decisión que se cuestiona no puede ser impugnada por la vía del recurso previsto en el art. 456 del ritual pues, de acuerdo con lo señalado en forma inveterada, el ordenamiento procesal establece una limitación objetiva para la procedencia del remedio casatorio que, en lo sustancial, exige que se trate de hipótesis que revista calidad de sentencia definitiva o equivalente, requisito que no se cumple cuando lo que se censura es la revocación de un sobreseimiento.". "Tal temperamento se ajusta estrictamente a lo sostenido por el alto tribunal, en cuanto a que las decisiones cuya consecuencia sea la obligación de seguir sometido a proceso no revisten la calidad de definitiva.". "Que, a su vez, la resolución en crisis ha sido sustentada razonablemente y cuenta con los fundamentos jurídicos mínimos, necesarios y suficientes, que impiden su descalificación como acto jurisdiccional válido (Fallos: 293:294; 299:226; 300:92; 301:449; 303:888, entre muchísimos otros). En efecto; en el pronunciamiento impugnado se han expuesto las razones que -atendiendo al grado de provisoriedad propio del estadio procesal preliminar que transitan los actuados- motivaron la revocación del sobreseimiento del encartado Víctor Hugo Rodríguez que había sido dispuesto por el juez federal". En efecto, la Cámara a quo destacó que, más allá de los demás elementos de prueba sobre los que se ha centrado el magistrado instructor "lo que se tuvo en consideración para sostener la investigación respecto al nombrado era la circunstancia de que él, al momento de los hechos, se desempeñaba como Jefe de la Segunda sección del Destacamento de Inteligencia, a la que pertenecían todos los PCI que habían perpetrado los delitos". ".tal como se señaló en la decisión a estudio, las consideraciones efectuadas en la sentencia absolutoria dictada por el tribunal oral respecto de otros incusados luego de llevar adelante un juicio en el que, además, Rodríguez no fue juzgado, no resultan vinculantes para esta hipótesis. En cualquier caso, resulta el debate oral y público, etapa esencial del proceso en la que cobra plena vigencia el principio contradictorio, el momento para discutir esta cuestión, especialmente cuando cualquier asimilación con quienes fueron sus subordinados se desvanece a la luz de la función y responsabilidad diferenciada que se le imputa al Rodríguez dentro de la cadena de mandos y no existe a su respecto certeza negativa que permita sostener fundadamente su sobreseimiento.". "En esta línea argumental, se impone recordar -una vez más- las directrices del alto tribunal en cuanto señaló que "la obligación de investigar todas las imputaciones y la necesidad de certeza negativa para sobreseer a una persona con respecto a determinado hecho [.] no surgen solo de las normas procesales vigentes, sino además, y de modo preponderante, del deber que tiene el Estado Argentino de investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos en su territorio" (Considerando 4°, el resaltado no es del original) en el precedente "Menéndez, Luciano Benjamín y otros s/ denuncia Las Palomitas-Cabeza de Buey s/ homicidio, privación ilegítima de la libertad y otros" (CSJN, causa M.1232.XLIV, rta. el 26/09/2012)." Asimismo, en esa oportunidad el cimero tribunal destacó que "este compromiso internacional presupone no sólo que el Estado no pueda oponer normas internas que obstaculicen el enjuiciamiento y eventual castigo de los responsables (verbigracia, leyes de amnistía o prescripción), sino que además debe abstenerse de adoptar cualquier otro tipo de medidas que disuelvan la posibilidad de reproche (cfr. 'Simón' -Fallos: 328:2056-, voto de la jueza Argibay, considerando 14; voto del juez Maqueda, considerandos 62 y 65; voto del juez Lorenzetti, considerandos 21 y 23, y voto de la jueza Highton de Nolasco, considerandos 25 y 30)" (Ibidem). En esa misma dirección, y en reiteradas oportunidades, se ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos al establecer que "el derecho a la verdad se encuentra subsumido en el derecho de la víctima o sus familiares a obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades correspondientes, a través de la investigación y el juzgamiento que provienen de los artículos 8 y 25 de la Convención". Así, cabe memorar que la función de los órganos judiciales -como ya resalté al desestimar el remedio de hecho- "no se agota en posibilitar un debido proceso que garantice la defensa en juicio, sino que debe además asegurar en tiempo razonable el derecho de la víctima o sus familiares a saber la verdad de lo sucedido y que se sancione a los eventuales responsables". En este entendimiento, "[e]l derecho a la tutela judicial efectiva exige entonces a los jueces que dirijan el proceso de modo de evitar que dilaciones y entorpecimientos indebidos, conduzcan a la impunidad, frustrando así la debida protección judicial de los derechos humanos". "En el sub lite, se insiste, aquel imperativo internacional podría verse comprometido si se soslaya que las actuaciones se encuentran ya transitando la etapa intermedia y, en consecuencia, las alegaciones de la defensa podrían reeditarse eventualmente durante el debate, etapa esencial del proceso en la que cobra plena vigencia el principio contradictorio." Dr. Slokar -en disidencia-.