Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-11-30


á2a instancia. Buenos Aires, noviembre 30 de 2009.

á La doctora Porta dijo:

La parte actora se alza contra la sentencia de la instancia anterior, que acoge parcialmente las pretensiones deducidas en el inicio, en los términos del memorial de fs. 235/237, mientras que la codemandada SOS SA se queja a tenor de la presentación de fs. 239/2242, que recibió réplica a fs. 248/249. Por su parte, el Sr. Perito Contador apela los honorarios (fs. 233).

Razones de orden lógico y metodológico imponen tratar en primer término la apelación de la codemandada SOS SA, quien se queja porque el Señor Juez concluyó que resultaba solidariamente responsable en los términos del art. 30 de la LCT. Cuestiona la procedencia de las horas extras y la aplicación de las presunciones dispuestas en el art. 55 y 57 de la LCT.

En cuanto al primer punto, no asiste razón al recurrente.

Llega firme a esta instancia que el vínculo que unió al actor con la empresa Lise SRL fue de carácter laboral, que aquella se dedica a la prestación de servicios de auxilio mecánico para compañías de seguro y empresas de alquiler de automotores, y que fue contratada por la codemandada SOS SA para prestar los servicios que esta brindaba a sus clientes (atención y solución de emergencias de asistencia mecánica en la vía pública, entre otras; ver fs. 32 vta. y fs. 42 y vta).

Coincido con el sentenciante en que el auxilio mecánico y/o remolque de automóviles constituye una actividad inescindible para la codemandada SOS SA, a tal punto que sin esta asistencia no podría cumplir con su actividad normal y específica, que es precisamente brindar a sus clientes el servicio de atención y solución de emergencias entre las cuales se encuentra la de asistencia mecánicas de automóviles en la vía pública, según ella misma reconoció en el responde (fs. 42).

Si se analiza la cuestión desde la óptica que lo ha hecho la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente: "Rodríguez c/ Embotelladora" llegamos a la misma conclusión, puesto que no hay ninguna duda de que la asistencia mecánica y/o remolque de automóviles resulta una actividad ineludible para poder cumplir con la actividad principal de la codemandada SOS SA, que incluye precisamente la atención telefónica para brindar asistencia mecánica ante una emergencia en la vía pública (ver CSJN, Fallos 316:713, del 15/04/1993, considerando 11).

Por todo ello concluyo que en el caso se hallan acreditados los extremos previstos por el art. 30 de la LCT, por lo que propongo confirmar el fallo apelado en este punto.

La circunstancia de que los camiones que manejaba el accionante fueran proporcionados por la codemandada Lise SRL, como la absoluta independencia jurídica y económica que existe entre las codemandadas, no descarta la aplicación del art. 30 de la LCT, ya que esta norma prevé la responsabilidad solidaria de empresas independientes, siempre que se contraten o subcontraten, cualquiera sea el acto que le dé origen, trabajos o servicios correspondiente a la actividad normal y específica propia del establecimiento de la empresa principal.

Tampoco favorece al recurrente el argumento de que la empresa codemandada Lise SRL tenía vinculación con distintas compañías de seguros, ya que las constancias de autos no acreditan que el actor hubiera prestado asistencia a personas que eran de otras compañías (ver declaraciones de fs. 94, 119 y 176) y, para más, esta defensa no fue articulada en el responde, por lo que al ser una cuestión que no fue sometida a consideración de la instancia previa, resulta inatendible por esta alzada (fs. 42/43; art. 277 del CPCC).

La queja relativa a las horas extras tampoco tendrá favorable acogida, pues la presentación en este punto no reúne los requisitos de admisibilidad previstos en el art. 116 de la ley 18345, ya que no constituye una crítica concreta y razonada de la sentencia que cuestiona. En particular, el recurrente no rebate la valoración que hizo la sentenciante de los testimonios rendidos en la causa, ya que los mismos fueron coincidentes en que el accionante trabajó de lunes a viernes de 8 a 21 horas, inclusive los sábados a partir de las 8 horas hasta las 18 horas y los domingos cuando tenían un viaje a la costa (ver declaraciones de fs. 94/95, 119 y 176/177; cfr. arts. 90 de la ley 18345, 386 y 456 del CPCCN).

El apelante se limita a cuestionar de manera dogmática la decisión de grado sin indicar los elementos objetivos de juicio que justifiquen su tesitura, por lo que propicio que en este punto se declare desierto el recurso y firme el pronunciamiento.

Al respecto, considero que la pretensión del accionante es clara y precisa, pues detalló la cantidad de horas mensuales y en los períodos que trabajó, y reclama expresamente los créditos que no se encuentran prescriptos (ver fs. 9 punto VII y cfr. art. 65 de la ley 18345).

En consecuencia, la circunstancia de que no haya expresado un monto determinado en la liquidación de demanda sobre dicho rubro, no implica su improcedencia, pues el art. 56 de la ley 18345 faculta al juez a fallar "ultra petita" y fijar el importe del crédito siempre que esté acreditada la procedencia de este. En el caso el Sr. Juez se ciñó a los conceptos reclamados por el actor y tuvo por demostrado el trabajo en horas suplementarias (arts. 56 ley 18345, 163, inc. 6º, C.P.C.C.N.; en sentido análogo, SD Nro. 87205 del 17.10.2005 "Espiñeira, Diego Christian c/ Transporte Automotor La Estrella S.A.", del registro de esta Sala).

El apelante no controvierten con ningún elemento de juicio la conclusión del sentenciante relativa a la operatividad de las presunciones dispuestas en los artículos 55 y 57 de La LCT(ver fs. 227, 5º y 6º párrafos), por lo que, como en el caso, no han sido desvirtuadas por prueba en contrario, cabe tener por ciertas las afirmaciones del trabajador.

La actora se queja porque la sentenciante rechazó las indemnizaciones dispuestas en los arts. 80 de la LCT y 8 de la ley 24013.

No tendrá favorable acogida la queja referida a la indemnización establecida en el art. 80 de la LCT (cfr. art. 45 de la ley 25.345), pues el actor no probó haber intimado en forma fehaciente a la empleadora para que entregase los certificados de trabajo, los que fueron reclamados en el trámite llevado a cabo en el SECLO y en la demanda (ver sobre de fs. 4 y fs. 10). Al respecto, vale señalar que el principio de buena fe, que debe ser respetado por las partes del contrato de trabajo incluso al momento de su extinción (art. 63 LCT), impone al trabajador el deber de requerir a su empleador -antes de iniciar una acción judicial- el cumplimiento de las obligaciones que estén a su cargo (la entrega de los certificados en cuestión, entre ellas), de modo de facilitar a éste la satisfacción de aquellas pretensiones fuera del ámbito de un proceso judicial ya iniciado con el mismo objeto. En este contexto, ha de entenderse que la demanda judicial (como su antecedente procesal, el trámite de mediación obligatoria) contiene el planteo de un estado de cosas pretérito y no constituye en sí misma una instancia más de las relaciones bilaterales contenidas en el contrato de trabajo o derivadas de él (en sentido análogo, SD Nro. 86.518 del 28.2.2005 "Roldán, Doroteo c/ Hidro Obras S.A.", del registro de esta Sala).

Por el contrario, asiste razón al recurrente respecto del cálculo de la indemnización dispuesta en el art. 8 de la ley 24013. En efecto, dado que la relación laboral nunca fue registrada, y en atención a que el acccionante trabajó desde el 01/03/03 hasta el 18/12/06 y que percibió una remuneración de $1.000, el monto de condena por tal concepto asciende a la suma de $11.250 ($1.000 / 4 x 45 meses).

En consecuencia, propicio que elevar el monto de condena a la suma total de $46.505,31 ($40.755,31 + 5.750, ver fs. 230), que deberá ser abonada en la forma, en el plazo y con más los intereses moratorios fijados en el fallo apelado, cuestiones que llegan firmes a esta alzada.

Si bien ante el nuevo resultado del litigio que propicio correspondería dejar sin efecto la imposición de costas y las regulaciones de honorarios fijadas en origen (cfr. art. 279, CPCCN), teniendo en cuenta que la modificación que propongo no afecta en lo sustancial lo decidido en la instancia anterior, auspicio mantener el régimen de costas y los porcentajes de honorarios fijados por el magistrado, pues la decisión resulta ajustada a derecho, aunque aquellos porcentuales deberán aplicarse al nuevo monto de condena con adición de los intereses moratorios (cfr. arts. 3 del dec. ley 16638/57, 38 de la ley 18.345 y arts. 6, 7, 8, 9, 14, 19, 37, 39 y conc. de la ley 21839 y demás normas arancelarias vigentes; art. 68 del CPCCN).

Propongo declarar las costas de alzada a cargo de la codemandada SOS SA y regular los honorarios de los letrados intervinientes ante esta alzada en 25% de lo que les corresponda percibir por sus trabajados en la instancia anterior (art. 68 del CPCCN y art. 14 de la ley 21839).

En relación con la adición del IVA a los honorarios regulados, esta Sala ha decidido en la Sentencia Nro. 65.569 del 27 de septiembre de 1993 en autos "Quiroga, Rodolfo c/Autolatina Argentina S.A. s/ accidente-ley 9688", que el impuesto al valor agregado es indirecto y por lo tanto grava el consumo y no la ganancia, por lo que debe calcularse su porcentaje que estará a cargo de quien debe retribuir la labor profesional. En el mismo sentido se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Compañía General de Combustibles S.A. s/recurso de apelación" (C.181 XXIV del 16 de junio de 1993) sosteniendo "que no admitir que el importe del impuesto al valor agregado integre las costas del juicio -adicionárselo a los honorarios regulados- implicaría desnaturalizar la aplicación del referido tributo, pues la gabela incidiría directamente sobre la renta del profesional, en oposición al modo como el legislador concibió el funcionamiento del impuesto". Atento lo expuesto, en caso de tratarse de responsables inscriptos, deberá adicionarse a las sumas fijadas en concepto de honorarios de los profesionales actuantes en autos el impuesto al valor agregado que estará a cargo de quien debe retribuir la labor profesional.

En definitiva y por lo que antecede, voto por: I.- Confirmar la sentencia apelada en lo principal que decide. II.- Elevar el monto de condena a la suma total de $46.505,31 (cuarenta y seis mil quinientos cinco pesos con treinta y un centavos), que deberá ser abonada en la forma, en el plazo y con más los intereses fijados en la instancia previa. III.- Confirmar la imposición de costas y las regulaciones de honorarios fijadas en la primera instancia, aunque los porcentuales establecidos para el cálculo de los honorarios se aplicarán al nuevo monto de condena con adición de los intereses moratorios. IV.- Imponer las costas de esta alzada a cargo de la codemandada SOS SA. V.- Regular los honorarios de los profesionales intervinientes ante esta Alzada en 25% de lo que, en definitiva, deban percibir por sus trabajos en la instancia previa, con más el impuesto al valor agregado.

El doctor Guibourg dijo:

Que adhiere al voto que antecede por compartir sus fundamentos.

Por lo tanto, el Tribunal RESUELVE: I.- Confirmar la sentencia apelada en lo principal que decide. II.- Elevar el monto de condena a la suma total de $46.505,31 (cuarenta y seis mil quinientos cinco pesos con treinta y un centavos), que deberá ser abonada en la forma, en el plazo y con más los intereses fijados en la instancia previa. III.- Confirmar la imposición de costas y las regulaciones de honorarios fijadas en la primera instancia, aunque los porcentuales establecidos para el cálculo de los honorarios se aplicarán al nuevo monto de condena con adición de los intereses moratorios. IV.- Imponer las costas de esta alzada a cargo de la codemandada SOS SA. V.- Regular los honorarios de los profesionales intervinientes ante esta Alzada en 25% de lo que, en definitiva, deban percibir por sus trabajos en la instancia previa, con más el impuesto al valor agregado. Ricardo A. Guibourg. Elsa Porta á