Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2014-12-15


Nº_303_ En la ciudad de Resistencia, capital de la Provincia del Chaco, a los quince días del mes de diciembre del año dos mil catorce, reunidos en Acuerdo los integrantes de la Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia, MARÍA LUISA LUCAS y RAMÓN RUBÉN ÁVALOS, asistidos por el Secretario Autorizante, tomaron en consideración para resolver el presente expediente: "Diaz, Margarita Alicia; Adolfo Burgos Y Saul Adolfo Burgos C/ Viyeiro De Zamorano, Viviana Isabel Magdalena Y/O La Buenos Aires Seguro S.A. Y/O Quien Resulte Civilmente Responsable Y/O Propietario Y/O Titular Registral Y/O Aseguradoras S/ Daños Y Perjuicios", Nº 6454/01-1-C, año 2014, venido en apelación extraordinaria en virtud de los recursos de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ley interpuestos a fs. 1.482/1.493 por la parte actora, contra la resolución dictada por la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad, que obra a fs. 1.464/1.470.

¿Qué pronunciamiento corresponde dictar en autos? 1º) Relato de la causa. El remedio de marras fue declarado admisible a fs. 1.494 y vta. Corrido el pertinente traslado, el mismo fue contestado a fs. 1.498/1.502 vta. por la parte demandada. Por lo demás, fue concedido el recurso extraordinario a fs. 1.503 y vta. Elevada la causa, la misma se radicó ante esta Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia y luego a fs. 1.516 se llamó autos, quedando la cuestión en estado de ser resuelta.

2º) Recaudos de admisibilidad. En el análisis de la concurrencia de los extremos que hacen a la viabilidad formal del recurso en trato, encontramos reunidos los de interposición en término, legitimación para recurrir y la atacada es una sentencia definitiva.

3º) El caso. En lo que aquí interesa, el 13/03/2013 la parte demandada planteó la caducidad de la instancia. El mismo día la parte actora retiró copias de la pericial psicológica producida en autos notificándose así del traslado ordenado por el Juzgado el 22/10/2012 (salida a despacho y notificaciones: 23/10/2012 - fs. 1357 y vta.).

El tribunal de primera instancia hizo lugar al acuse y declaró perimida la instancia. La accionante interpuso recurso de apelación y la Cámara de Apelaciones confirmó lo decidido por el juez de origen.

4º) Los agravios extraordinarios. Atribuye la recurrente arbitrariedad al fallo de Cámara pues entiende que se omitió considerar argumentos por ella esgrimidos al momento de expresar los agravios en el recurso de apelación. Opina que no se aplicó al caso de autos el principio de conservación procesal e interpretación restrictiva, en relación con el tenor del escrito de perención de la demandada y que dicho planteo lo fue en simultaneidad con el acto de impulso interruptivo de la perención. Entiende que al ser contemporáneos ambos hechos hizo que la contraria desconozca la actividad interruptiva realizada y por no tanto no pudo oponerse a ella.

5º) Recurso de inconstitucionalidad. La solución propiciada. Sentado lo que antecede y tras el análisis de los agravios precedentemente sintetizados advertimos que en autos se da precisamente el supuesto de excepción a la regla general que autoriza la apertura de la instancia extraordinaria, toda vez que el pronunciamiento satisface sólo de manera aparente la exigencia de constituir una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa.

En efecto, la Alzada confirmó el fallo de primera instancia considerando que el plazo de caducidad se encontraba cumplido cuando la parte demandada planteó la perención de la instancia. Sin embargo, minimizó las quejas expuestas por la parte actora en cuanto a la forma en que fue redactado el escrito de acuse por la accionada y al hecho de que el acto de impulso interruptivo y la presentación del escrito lo fueron al mismo tiempo.

En efecto, la Cámara se limitó a expresar una mera convicción subjetiva al afirmar que el escrito de acuse de caducidad "...está destinado a verificar la existencia de algún acto realizado durante el plazo de tres meses desde el último acto impulsorio, mas no en los que tuvieron lugar luego de perimida la instancia, por cuanto respecto de éstos expresamente no los ha consentido" (conf. fs. 1468 vta. 2º párr.). Luego, trató los principios de interpretación restrictiva de la caducidad y de conservación de la instancia.

Sin embargo, no relacionó los mencionados postulados con las particularidades del caso, es decir los términos utilizados por la parte demandada en su escrito para plantear la caducidad y que dicho acuse fue simultáneo al acto de impulso realizado por la parte actora.

6º) Entendemos, que el análisis en definitiva, ha soslayado el examen de las especiales circunstancias de la causa, reemplazándola por razones de validez general, establecidas a priori, sin considerar asimismo cuestiones conducentes articuladas en la misma, lo que evidencia que en el caso se ha resuelto con fundamentación aparente, ya que la motivación no puede consistir, como en el caso, en afirmaciones de corte apodíctico, con afectación de garantías constitucionales como las que señalan violadas la recurrente.

La tarea axiológica de los jueces ha sido incompleta y deficiente, lo que torna inmotivado el fallo, máxime los términos genéricos en que se expidiera la Alzada sin analizar la situación fáctica planteada por la parte actora, circunstancia que ningún tratamiento tuvo por las magistradas desde que nada dijeron al respecto ni su correlación con los principios de continuidad de la instancia e interpretación restrictiva. Lo dicho adquiere mayor relevancia cuando declarar la caducidad de la instancia implica la aniquilación de la acción base del presente proceso que se encuentra en estado avanzado y con más de diez años de tramitación.

A todo evento debe tenerse presente lo afirmado por nuestro Máximo Tribunal Nacional en el sentido de que "La caducidad de la instancia sólo halla justificación en la necesidad de conferir un instrumento al Estado para evitar la indefinida prolongación de los juicios, pero no configura un artificio tendiente a impedir un pronunciamiento sobre el fondo del pleito, máxime cuando el trámite del juicio se encuentra en estado avanzado y los justiciables lo han instado durante años" (CSJN, "Muñoz, Ricardo Martín c/ Gobierno de la Provincia de San Luis", 03/05/2006, del dictamen de la Procuración General al que remitió la Corte Suprema, Fallos 329:1391, citado por esta Sala en Sent. Nº 317/13).

7º) Lo anterior se ve acentuado por la peculiar situación que se da en autos, donde el damnificado al momento del evento dañoso era menor de edad. Entendemos que justamente esa circunstancia también debe ser analizada en conformidad con los principios doctrinarios y jurisprudenciales que priman en materia de caducidad. Todo ello, a la luz de las directrices que viene dando la Corte Interamericana de Derecho Humanos a nuestro país en relación a la duración de los procesos -especialmente si hay intereses de niños en juego- (Casos "Fornerón e hija vs. Argentina", sent. del 27.04.12; "Furlán y familiares vs. Argentina", sent. del 31.08.12; "Mémoli vs. Argentina", sent. del 22.08.13) y el rol que deben asumir las autoridades judiciales para hacer que la tramitación de la causa responda a los principios de economía procesal, justamente a fin de evitar la duración indefinida de los procesos, haciendo uso de las facultades que le otorga el código procesal a fin de que se cumplan los plazos estipulados en relación por ejemplo a la clausura del período probatorio y el dictado de la sentencia. Ello de forma tal de salvaguardar la garantía del "plazo razonable" en la duración de los juicios, especialmente cuando se reclama la indemnización por los daños físicos y psíquicos sufridos en un accidente de tránsito por un menor de edad.

Máxime los principios protectorios que hacen a los derechos de los niños, pues la declaración de caducidad impactará directamente sobre sus derechos constitucionalmente protegidos desde que aniquila el derecho de acción en el presente proceso.

8º) Comprobadas las irregularidades precedentemente señaladas, resulta la descalificación del fallo, y sin emitir opinión sobre la procedencia de la postura del recurrente, que debe ser examinada nuevamente con amplia jurisdicción por los tribunales ordinarios, entendemos que aparecen configurados los requisitos que hacen a la existencia de la arbitrariedad, y como dicho agravio resulta atendible por vía del recurso de inconstitucionalidad por importar violación a las garantías constitucionales invocadas por la parte quejosa, corresponde acoger favorablemente el presente remedio.

9º) Recurso de inaplicabilidad de ley o doctrina legal. La solución arribada torna inoficioso el tratamiento del mencionado remedio.

10º) Por lo tanto, corresponde se haga lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte actora a fs. 1.482/1.493, contra la sentencia dictada por la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad, que obra a fs. 1.464/1.470.

11º) Costas. Dado el resultado que propiciamos y lo dispuesto por el art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial, las correspondientes a esta instancia se imponen a la recurrida vencida.

12º) Regulación de honorarios. La estimación de los emolumentos profesionales se difiere para la oportunidad en que exista base (art. 5, 4° párr., ley 2.011, y modificatoria ley 5.532).

Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente SENTENCIA N°_303_ I.- HACER LUGAR al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte actora a fs. 1.482/1.493, contra la sentencia dictada por la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad, que obra a fs. 1.464/1.470.

II.- DEVOLVER los autos a dicha Cámara de Apelaciones para que la Sala que corresponda emita nuevo pronunciamiento.

III.- IMPONER las costas de esta instancia extraordinaria a la parte recurrida vencida.

IV.- DIFERIR la regulación de honorarios profesionales para la oportunidad prevista en el Acuerdo que antecede.

V.- REGISTRESE. Protocolícese. Notifíquese. Remítase oportunamente la presente por correo electrónico a la Sra. Presidente de la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad, y a la Sra. Presidente de dicha Cámara, dejándose por Secretaría la respectiva constancia. Oportunamente bajen los autos como está ordenado en el punto II.

Dra. MARÍA LUISA LUCAS-RAMÓN RUBÉN ÁVALOS,sec. FERNANDO ADRIÁN HEÑIN