marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Medidas cautelares, embargo preventivo, Secretaría de Hacienda
Materia: LABORAL
Carátula: Taboada,  Jorge  Alberto c/ Ministerio  de  Economía  y Obras yServicios Públicos de la Nación y otro s/ Part. Accionario Obrero.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-02-08

Ha dicho la CSJN en el precedente "Giovagnoli", que el propósito del art. 19 de la ley 24624 no es otro que el de evitar que la administración pueda verse situada, por imperio de un mandato judicial perentorio, en el trance de no poder satisfacer el requerimiento por no tener los fondos previstos en el presupuesto para tal fin o en la de perturbar la marcha normal de la administración, pero de ello no se sigue que el Estado se encuentre fuera del orden jurídico que está obligado a tutelar ni que esté exento de acatar los fallos judiciales. Ello conduciría a la frustracción de los derechos de los particulares que se encuentren en condiciones de ejecutar las sentencias con arreglo a estas dos últimas normas lo que, por cierto, no condice con la intención del legislador (Fallos: 297:142;

299:93; 301:460).(En el caso, el Ministro de Economía apeló la resolución que decretó embargo sobre los fondos depositados a nombre de la Secretaría de Hacienda en una cuenta del Banco de la Nación Argentina).
Compraventa, transferencia de fondo de comercio, acreedores del concurso
Materia: COMERCIAL
Carátula: BELLEZE,   CARLOS   NORBERTO c/ N  &  I  SRL  (BARI  NEGOCIOSINMOBILIARIOS Y OTRO S/ s/ RDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-26

La Ley 11867 establece un sistema adjetivo para la protección de terceros acreedores del enajenante del fondo de comercio y procura dar seguridad al adquirente del mismo. Para perfeccionar la transmisión -y hacerla oponible a terceros- establece distintas previsiones obligatorias. Uno de esos requisitos es la publicación de edictos durante cinco días en el Boletín Oficial de la Capital Federal o provincia respectiva y en uno o más diarios del lugar donde funcione el establecimiento (artículo 2). Desde la última publicación y hasta diez días posteriores a ella, los acreedores afectados por la futura transferencia pueden oponerse; reclamando -al escribano o rematador que intervenga- la retención del importe de sus créditos (cnfr. artículos 4 y 7). La oposición es el medio por el cual el acreedor hace conocer al intermediario y al adquirente su calidad de tal, naciendo de ese momento para éstos -y también para el vendedor- la obligación de retener del precio de venta y depositar en cuenta especial los importes destinados a cubrir su acreencia (artículos 4 y 5). Una vez realizado el depósito, corre el plazo de 20 días para que se logre el embargo por vía judicial. Cumplidos los plazos legales, el intermediario no puede retener suma alguna en su poder y debe entregarla al vendedor o al adquirente en caso de que la operación se haya rescindido (Rouillón, A. y Alonso, D., "Código de Comercio, comentado y anotado", Ed. La Ley, Buenos Aires, 2005, t. I, ps. 929/946; Zunino, J., "Fondo de comercio", Ed. Astrea, Buenos Aires, 1982, p. 269, n° 152).
Convenios colectivos de trabajo, principio de irrenunciabilidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Medina, Juan Antonio y otro c/ Dunlop Argentina SA s/ diferencias de salarios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-12-30

A partir del acuerdo firmado entre la Comisión Interna del Sindicato Obrero del Caucho, Anexo y Afines y la empresa Dunlop Argentina SA (9/3/2004), el "premio por producción" fue reemplazado por una suma fija en concepto de tickets canasta que, como tales carecía de carácter remuneratorio. La Comisión Interna del sindicato se excedió del marco de delegación acordado en el convenio de nivel superior, al reemplazar y eliminar un adicional remuneratorio por un beneficio social. El acuerdo realizado por la Comisión Interna vulneró la regla del art. 23 de la ley 14.250 que prohíbe expresamente que los convenios de ámbito menor establezcan condiciones menos favorables para los trabajadores. Y dicho esquema que implica una rebaja salarial del 18% no le puede ser oponible al trabajador, aún en el caso de que el trabajador accionante haya aceptado el pago del salario reducido luego de haber sido adoptada esa decisión de la empresa. La rebaja en cuestión implicó una imposición unilateral de la empleadora. El principio de irrenunciabilidad no permite al trabajador una renuncia como la pretendida (art. 12 LCT). Una de las limitaciones a la autonomía negocial de las partes está constituida por el orden público laboral, que les impone un mínimo de condiciones inderogables, por el cual nadie puede pactar (arts. 7 y 8 LCT). Asimismo, el silencio del trabajador no debe interpretarse como expresión de consentimiento puesto que la renuncia o la novación no se presumen, no siendo suficiente como expresión de consentimiento ni el silencio del trabajador, ni la recepción prolongada y sin reservas, ni cualquier otra actitud pasiva.
Expresión de agravios, fundamentación suficiente
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Mosquera, Daniel Marcelo c/ Fernandez, Oscar y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-04-27

Si bien el gravamen que legitima la apertura de la segunda instancia supone la existencia de un perjuicio, éste para llegar al ámbito conceptual de agravio, debe provenir de errores de la sentencia. De ahí que el recurso deba encaminarse a la demostración de esos errores, a través de una crítica concreta; esto es precisa, dirigida a las argumentaciones desarrolladas en el fallo impugnado.
Contracautela, exención de la contracautela, beneficio de litigar sin gastos
Materia: PROCESAL
Carátula: RODRIGUEZ GOYENA c/ RESTA s/ MEDIDAS PRECAUTORIAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-24

No procede la eximición de la contracautela establecida por el juez, no obstante haberse iniciado el beneficio de litigar sin gastos, si aún éste no ha sido concedido.
Robo calificado, armas
Materia: PENAL
Carátula: Segura, Fermín Miguel s/ Robo calificado por el empleo de armas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-02-23

Son ineficaces para acreditar la ofensividad del arma los testimonios que sólo se refieren a la apariencia externa de la misma.
Daños y perjuicios, indemnización, incapacidad sobreviniente, pérdida de la chance
Materia: CIVIL
Carátula: SEGURA GODOY, Sergio Adrián c/ HAGELIN, Axel Iván y otro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-19

Ante supuestos de discapacidad total, si bien, cuando los damnificados son de corta o muy joven edad, es difícil saber a ciencia cierta cuán floreciente o no hubiera sido su futuro socioeconómico, cuando se trata de un joven que al momento del accidente contaba con veinte años de edad, era estudiante avanzado de la carrera de ciencias económicas, provenía de un hogar de clase media, siendo uno de los progenitores profesional universitario y contando el otro con un oficio especializado, todo indica que la chance que se ha perdido resulta de significación:

por los muchos años que le restaban de vida útil y por un porvenir que aparentaba bien encaminado.-
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, daños y perjuicios, culpa concurrente, responsabilidad contractual, contrato de obra, vicios de la construcción, elevadores terminales, responsabilidad del director de obra, responsabilidad del dueño de la obra
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: JOSE CONSTANTINI S.A. c/ ANNIBALI, MARIO y OT. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (EXPTE.:  C.S.J. NRO. 315 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-11-30

Es inadmisible el recurso de inconstitucionalidad planteado por la quejosa agraviándose de la responsabilidad que le atribuyera la Sala al decidir que en autos se estaba en presencia de un supuesto de culpa concurrente, lo que impone la distribución del daño, no obstante reconocer no producida prueba específica que demuestre en porcentajes como influyó cada parte en su producción, desde que lo resuelto por la Alzada no puede calificarse de arbitrario al estimar que la culpa atribuible a la actora incidió en la misma medida que la de los accionados en la producción de los daños, pues si bien éstos concurrieron a colocar elementos (causas), la actora debió ejercer una conveniente vigilancia sobre la evolución del granel dada su inexperiencia en este tipo de silos (los que recién se estrenaban), y que, de haberse adoptado las medidas oportunas pudo evitarse el daño como resultado de lo informado por el perito, por lo que deberá cargar la actora con un 50% de los daños y los accionados con un 50%. Lo expuesto demuestra claramente que no se incurrió en omisión e injusticia en la determinación de la responsabilidad de las partes.
Recurso de apelación (procesal), competencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Hearne, Tomás Eduardo c/ Mar del Plata, Automovil Club Argentino s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-16

Concedido el recurso de apelación el juez de primera instancia debe desprenderse del conocimiento de la causa, quedando su competencia limitada a las facultades enumeradas por el art. 166 del CPC.

MINORIA U OPINION PERSONAL)
Contrato de obra pública, teoría de la imprevisión
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Tidelco S.A. c/ Municipalidad de Pergamino s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-09-15

La imprevisión debe valorarse de acuerdo a las circunstancias del caso.
Deuda pública, régimen de consolidación de deudas, obras sociales, aplicación de la ley, Ley de Administración Financiera y Sistema de Control del Sector Público
Materia: COMERCIAL
Carátula: AGA ARGENTINA SA. c/ INSTITUTO DE SERVICIOS SOC. PARA EL PERS. FERROVIARIO s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-16

Para calificar a la demandada como una obra social del sector público basta con remitirse a la ley 24.156, que incluye a las empresas y sociedades del Estado en el "sector público nacional" (art.

8, inc. b), de tal manera que el personal de los ferrocarriles, para la época de que aquí se trata, pertenecía a dicho sector, aunque no perteneciera a la administración central. Cabe concluir, entonces, que la deuda cae dentro de las previsiones de la ley 23.982 y, en consecuencia, no resulta aplicable la ley 24.070. que no regula la situación de las obras sociales del sector público (esta Cámara, Sala 2, causa 416 de 5.3.93).
Procedimiento laboral, prueba pericial, deberes del juez
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: RODRIGEZ, ALFREDO c/ S.A.T.A. s/ APELACION DE SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-11-19

Los conocimientos técnicos para el discernimiento de la incapacidad deben introducirse en el pleito mediante prueba pericial, además de respetarse la oportunidad procesal para impugnarla, la impugnación de la pericia debe tener tal fuerza y fundamento que evidencie la falta de competencia, idoneidad o principios científicos en que se funda el dictamen. El juez solo debe apartarse del asesoramiento pericial cuando este adolezca de deficiencias significativas, sea por errores en la apreciación de las circunstancias de hecho, o por faltas lógicas en el desarrollo de los razonamientos empleados, que conduzcan a descartar la idoneidad probatoria de la peritación.
Materia: CIVIL
Carátula: LEDESMA JUSTO FERMIN c/ U.T.E.P.S.E. Y/O RESP. s/ DIFERENCIA DE HABERES ETC. - CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2006-02-27

Las asociaciones sindicales de trabajadores no son personas de existencia visible y en consecuencia, a partir de su inscripción son personas jurídicas, es decir son entes susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones. Son personas jurídicas que no tienen carácter público sino privado, porque quedan subsumidas en el párrafo respectivo del art. 33 del Código Civil.-
Establecimientos penitenciarios, condiciones de detención, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: V., M. M. A. s/ HABEAS CORPUS
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-12-20

La superpoblación y el hacinamiento "aparecen contrarios a la declaración final del art. 18 de la Constitución Nacional, que postula que 'las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice".
Derechos humanos, tratados internacionales, obediencia debida, Ley de Punto Final, nulidad de la ley
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Simón,  Julio  Héctor  y  otros s/ privación  ilegítima de  la libertad, etc. (Poblete) -causa Nº 17.768-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-06-14

El sentido principal que se pretendió dar a la declaración de nulidad de las leyes 23.492 y 23.521 fue el de facilitar el cumplimiento del deber estatal de reparar, haciéndolo de la forma más amplia posible, de conformidad con los compromisos asumidos con rango constitucional ante la comunidad internacional.
Crédito laboral, ley de desindexación, obligaciones de dar sumas de dinero, deuda no consolidada
Materia: LABORAL
Carátula: Serna, Omar Del Carmen c/ Los Alamos de Rosauer S.A. s/ Ordinario s/ Inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1998-04-27

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha definido la cuestión atinente a la aplicabilidad del art. 1 de la ley 24283 a los créditos de naturaleza laboral; puntualizando expresamente la inexistencia de distingos en la ley, y la circunstancia de que la misma "...será aplicable a todas las situaciones jurídicas no consolidadas", definiendo con ello el ámbito operativo de la disposición.
Honorarios, resoluciones recurribles
Materia: LABORAL
Carátula: Altamirano, Angel V. y ots. c/ Siderca SAIC s/ Diferencia de liquidación de horas suplementarias. Rec. de queja por  denegatoria del rec. de inaplicabilidad de ley Alvarez, Patricia Teresa c/ Centro Médico de Mar del Plata SAMI s/ Indemnización por despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-06-02|2001-02-14

Contra las decisiones de los tribunales colegiados que regulan honorarios no son admisibles los recursos extraordinarios. Tal limitación está referida a la regulación en si misma, tanto respecto de su monto como en las bases o pautas ponderadas por el tribunal de grado para llegar a su determinación, dejando abierta la posibilidad de conocer en esta materia cuando los agravios están dirigidos a otros aspectos que pueden ser abordados a través del recurso de inaplicabilidad de ley. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Actualización monetaria, pautas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gonzalez, Juan Carlos c/ Gregorovic, María Rosa y otra s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-07-18

No resulta adecuado, medir el monto debido con el valor actual del dólar estadounidense, reexpresando la obligación en esa moneda a la fecha en que se contrajo,no sólo porque la deuda no se convino en dicha moneda, sino porque tal medida resulta artificiosa, y elegida en forma arbitraria. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Falsificación de instrumento público, uso de documento adulterado, tipo penal
Materia: PENAL
Carátula: Guzman, José Marcelo y otros s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-11

La mayoría de las figuras del título XII, Capítulo III del C.P. son tipos combinados o compaginados, de dos actos "naturalmente" autónomos: "el hacer" o "adulterar" (art. 292 C.P.) o el "insertar" (art. 293 C.P.), en un primer momento, y el "usar" en uno posterior. Sin la realización de esta conducta, el verbo queda sin predicado, la acción resulta cortada y el documento (género) sin bien distorsionado no aparece sometido al banco de prueba de su finalidad. Para que se configure la descripción del art. 292 del C.P. es necesaria la comprobación de la existencia de la adulteración o falsificación, en tanto que ese presupuesto representa un ex ante para la configuración de la conducta que pune el art. 296 del C.P., verdadero ex post.

Es decir que se requiera una declaración jurisdiccional que determine la existencia del hecho tipificado por el art. 292 del C.P., para lo cual en éstos casos es indispensable contar con el instrumento original, no sólo a fin de producir la peritación de los instrumentos, sino la apreciación que permita determinar si los documentos son o no idóneos en los términos exigidos por la ley sustantiva. Ello en razón de que una norma sólo puede aplicarse cuando la tipicidad hipotética abstractamente formulada y hecha presupuesto por la ley se ha convertido en realidad concreta (Dra. Ledesma en disidencia).
Prescripción, interrupción de la prescripción, procedimiento administrativo
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Sociedad  Cooperativa  Transporte  Automotor  Litoral Ltda. (SCTALL.) c/ Buenos Aires, Provincia de y otros s/ indemnización de daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-27

Los reclamos administrativos no constituyen actos interruptivos de la prescripción, aún en los supuestos en que los mismos deban preceder a la demanda judicial.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, subasta judicial, adquirente en subasta, carga procesal
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: BOZICOVICH, SERGIO JUAN c/ BUHA, CAROLINA IRENE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2011-06-14

En lo atinente al achaque de que el fallo impugnado no habría advertido que el verdadero rol del adquirente en subasta judicial es el de un tercero en juicio ejecutivo y que, por ello, no tiene cargas procesales sino obligaciones regidas por el derecho de fondo, el recurrente no demostró que los Sentenciantes hayan excedido los márgenes de lo razonable al concluir que el pago del saldo de precio del bien adquirido en subasta implica realmente la satisfacción de una carga procesal y no el cumplimiento de una obligación originada en una venta judicial que se encuentra regida por el artículo 1324 inciso 4to. del Código Civil.
Recurso extraordinario, revocación de sentencia, sentencia arbitraria, rechazo de la demanda, declaración de inconstitucionalidad, empresa de transporte, transporte de pasajeros, ordenanzas municipales, impuestos, tasas
Materia: PROCESAL - TRIBUTARIO - CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Empresa de Transportes de Pasajeros Navarro Hnos. SRL. s/ acción de inconstitucionalidad contra ordenanza n° 068/90 -  Municipalidad de Puerto Tirol.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-10

Es descalificable el pronunciamiento que - al rechazar la demanda de inconstitucionalidad deducida por una empresa de transporte de pasajeros contra la ordenanza municipal que le impone tributar una tasa del diez por ciento (10%) sobre el valor de la tarifa vigente -, si bien descartó la utilidad de la distinción entre las nociones del "impuesto" y de "tasa", al pronunciarse sobre la razonabilidad del gravamen, admitió la necesidad de que, al tratarse de una "tasa", la recaudación total debía guardar proporcionalidad con el costo del servicio público efectivamente prestado como contrapartida por la comuna.
Martillero, nombramiento
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: La Salvia, Rosario c/ Troncoso, Raúl Alcides s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-09-05

Si al tiempo de celebrarse el contrato de mutuo con garantía hipotecaria que da origen a esta ejecución, las partes convinieron que: "En caso de ejecución judicial la parte acreedora se reserva el derecho de designar en el juicio al martillero que ha de realizar la subasta y al escribano que ha de protocolizar las actuaciones para inscribir el inmueble a favor del comprador, siendo éstas, condiciones de la venta judicial y así habrá de ser consignado en los edictos que se publiquen anunciando el remate...", de ello se sigue, que los contratantes acordaron la forma de designar Martillero en caso de llegarse a la venta judicial del bien gravado, lo que torna improcedente la designación por sorteo del referido auxiliar dispuesta por el "a-quo", la cual resulta viable sólo frente a la ausencia de acuerdo entre partes (arts. 1197, 558 inc. 1 Cód. Procesal). Por lo tanto, si contractualmente una de las partes tiene la facultad de designar martillero debe nombrarse al que ella proponga. (Minoría u opinión personal)
Regulación de honorarios, intereses, mora, IVA
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: MATORRAS, RUBÉN ALFREDO C/ DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD DE LA PCIA DE ENTRE RIOS Y/O VIALIDAD PROVINCIAL DE ENTRE RIOS S/ ORDINARIO - Expt. N° 5375/C c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-05-07

Conforme lo dicho por el tribunal de casación provincial, no corresponde aplicar intereses moratorios si no ha operado la mora, esto es, una vez que haya transcurrido el plazo de diez días establecido para el pago de los honorarios luego de haber quedado firme el auto regulatorio (STJER, CyC, Expte. N°7932, 05/08/2019; N° 6692, 30/4/2014).
Situación del imputado, prisión preventiva
Materia: PROCESAL
Carátula: B., G. s/ Excarcelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-05-09

"...la sistemática instaurada desde la indiscutible superioridad de la norma constitucional demarca su preeminencia acerca de esta materia en el art. 49, al disponerse que la privación de la libertad tiene carácter excepcional y sólo puede ordenarse en los límites de la Constitución, imponiendo como condición que la misma debe ser absolutamente indispensable para asegurar la investigación...".
Notificación, escritos judiciales
Materia: PROCESAL
Carátula: PALMA, Enrique s/ Sucesorio - Incidente de no Inclusión de un Bien Inmueble
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2007-11-14

Todo litigante que deja un escrito, o hace una petición en diligencia, tiene el deber de concurrir al Juzgado a enterarse del proveído que haya merecido, la jurisprudencia viene diciendo que la parte que peticiona una resolución queda notificada de ella por ministerio de la ley, aunque la providencia sea de las enumeradas por el art.135 del C.P.C., es decir, las que deben notificarse personalmente o por cédula.
Suspensión del juicio a prueba, indemnización, consentimiento del fiscal, exceso ritual manifiesto
Materia: PENAL
Carátula: OLARTE GARCIA, HECTOR RAMON s/ Sistema Integrado de  Jubilaciones y Pensiones
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-06

En la causa, si bien es cierto que en la solicitud original de suspensión del juicio a prueba se omitió el recaudo del ofrecimiento de reparación del daño, en una presentación posterior se le dió cumplimiento a tal requisito, proponiéndose una suma de dinero concreta. En esas condiciones, si bien la reposición gestionada al hacer el ofrecimiento constituía un recurso improcedente, constituye un exceso ritual el temperamento adoptado por el Juez "a quo" de ignorar la existencia del ofrecimiento, tanto más cuando el Ministerio Público dió su expresa conformidad a lo solicitado.
Debido proceso, sentencia
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: FERNANDO DIEGO GARCIA s/ PROMUEVE QUERELLA (EXPTE. N. G-202-84
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1987-06-16

La sentencia que omite expresar los fundamentos en que se basa, quebranta los principios constitucionales que hacen a la garantía del debido proceso, lo que afecta también al encartado al contar con un fallo absolutorio sin la adecuada fundamentación que precisamente no aclara debidamente los motivos que la sustentan, la nulidad o descalificación del fallo, además cumple con el fin de garantizar, la corrección sustancial y la legalidad formal del juicio previo exigido por la constitución, así como el mantenimiento del orden jurídico penal.