Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-04-12


Comodoro Rivadavia, doce de abril de 2004.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Estos autos caratulados: "S.L.G, c/ PROVINCIA DEL CHUBUT s/ ACCION DE AMPARO", Expte. Nº 14.245/2004, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Laboral de esta ciudad (Expte. Nº 2612/2004).- I.- Que vienen las presentes actuaciones a conocimiento de esta Alzada por haber interpuesto el accionante a fs. 43/45 recurso de apelación contra la decisión recaída en estos actuados a fs. 34/42 que declaró formalmente improcedente la acción de amparo interpuesta por el Sr. S.L.G contra la Provincia de Chubut, en la persona del Gobernador y Fiscal de Estado, por considerar que la interposición de la demanda resulta extemporánea de acuerdo a las previsiones del art.4 de la Ley 4572.- II.- Que la parte actora se agravia en el referido libelo, por cuanto se rechaza la acción de amparo intentada por extemporánea, atendiendo a los plazos determinados en el art.4º de la ley 4572 y la fecha de promulgación de la ley 5054 (9 de septiembre de 2003) por considerar que la misma fue interpuesta dentro del plazo de los 30 días de producido el agravio.- Asimismo se agravia respecto de la conclusión que la cuestión debió plantearse mediante acción autónoma de inconstitucionalidad, resultando competencia originaria del Superior Tribunal de Justicia.- Señala que la acción se interpuso contra un acto fundado en una norma que se ataca de inconstitucional. Que si bien dicho acto emana de un particular el mismo consiste en una resolución contractual fundada en un acto de imperio adoptado por el Estado Provincial.- Que el acto es consecuencia de que el particular se vio obligado por la ley a resolver su contrato como requisito para renovar sus permisos de pesca. Acto que no puede cuestionar pero si puede atacar el acto normativo que obliga a la empresa a cesar el vínculo contractual.- Transcribe el artículo 54 de la Constitución Provincial, destacando que el juez puede declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva, por lo que el juez no podría eludir la manda remitiendo a la acción autónoma de inconstitucionalidad.- Considera que no existe derogación de la acción de inconstitucionalidad ante el Superior Tribunal si no que se trata de distintos supuestos, y que el presente caso amerita la acción amparo. Que si la intención del constituyente hubiera sido omitir la facultad de los jueces para admitir amparos en los casos donde hubiera que pronunciarse sobre la constitucionalidad de las normas, lo hubiera dispuesto, pero en este caso le ha brindado dicha facultad contemplada en la norma. Cita jurisprudencia respecto de la materia, en cuanto la facultad de declaración de inconstitucionalidad en el marco del juicio de amparo.- En el segundo punto explaya su agravio respecto del cómputo del plazo para la interposición del amparo. Señala que la ley 5054 esta dirigida los titulares de permisos de pesca estableciendo requisitos para la renovación de sus permisos, situación en la que el actor reviste calidad de tercero cuyo interés nace cuando se invoca la norma que infringe daño a sus derechos. Que ello es así por cuanto la norma dispone la prohibición al momento de la renovación de los permisos de pesca, y allí se lo notifica respecto de la resolución del contrato considerando que el plazo para interponer la acción de amparo no comienza a correr desde la vigencia de una ley, sino desde que el daño se vuelve actual.- III.- Reseñados los agravios y atento a la vinculación que existe entre los mismos, se ha de tratar en primer término los planteados a fs.38/vta. pto.II, debe tenerse presente que la actora promovió acción de amparo a fin de obtener la declaración de inconstitucionalidad de la ley nº 5054, promulgada el 9 de septiembre de 2003, dejándose sin efecto el art.1ro de la misma en cuanto obliga a las empresas poseedoras o peticionantes de los permisos de pesca provincial a la eliminación de las empresas intermediarias.- Que la ley fue promulgada el 09 de septiembre de 2003, y publicada en el boletín oficial el 16 de septiembre de 2003, habiendo iniciado la presente acción el 29 de marzo de 2004.- Determinado ello, en primer término, debe analizarse la cuestión centrada en la temporaneidad de la presentación de la acción de amparo; para lo cual si bien fue inyectado de amplitud el instituto de amparo en la reforma constitucional de 1994, los plazos se han mantenido incólumes, sin que pueda soslayarse que se incurre en rigorismo formal. En efecto, ni el art. 43 de la Constitución Nacional ni tampoco el art. 54 de la Constitución Provincial, contienen una derogación en bloque de las disposiciones que reglan el amparo, por lo cual solo deben entenderse derogadas aquellas condiciones de admisibilidad de la acción que lo hayan sido de modo expreso (Conf. C.N.Civ. Sala F, diciembre 17-996, con referencia a la Ley 16.986, en Rev. L.L. del 3/6/97, pág. 5, fallo 95.452; esta sala, sentencia def. 7/2000: "Municipalidad de Comodoro Rivadavia c/ Gobierno de la provincia del C s/ amparo; sentencia def. 020/2003 "O.J.C c/ Provincia del Chubut s/ acción de amparo" del 25/03/03 y sent. Int. nº 086/2003, "E S.A. c/ Provincia del Chubut s/ Amparo, del 10/11/2003).- El amparo expedito y rápido al cual se refieren las citadas normas, implica la inexistencia de obstáculo procedimental alguno que impida su urgente promoción, requisito que no resulta vulnerado por la fijación de un plazo para su ejercicio, por cuanto mayor sea la gravedad de la afectación constitucional o legal del derecho alegado, mayor deberá ser la diligencia o celeridad procesal del afectado para acudir y accionar en sede judicial a fin de obtener su restablecimiento. Así el plazo establecido para interponer la acción de amparo -en el caso treinta días de producida o conocida por el recurrente la decisión u omisión objeto del recurso, según el art. 4 de la Ley 4572 posee carácter perentorio a la vez que configura un presupuesto sustancial cuya inobservancia conduce al rechazo de la misma, configura un plazo de caducidad de la acción, mas no de la pretensión sustancial la cual podrá eventualmente deducirse mediante otra vía (Cfme. Cam. Civ. Comer. y Laboral, Posadas, sala II, abril 18-997, L.L.Litoral 1997-1227; S.T. Entre Ríos Sala I penal, abril 8/997, L.L. Litoral 1997, 1116, ambos ci-tados en Suplemento Mensual del repertorio general La Ley de diciembre 1997 y noviembre 1997, Nro. 76/78 y Nro. 84 respectivamente; Sala A, en autos "C.M.A c/Hospital Regional de Comodoro Rivadavia s/acción de amparo", Expte. Nº 10.713 /98, sent. Def. 41/98 del 10/10/98).- En el sub-judice, cuestiona la constitucionalidad de la ley nº 5054, ley que fuera promulgada el 09 de septiembre de 2003 y publicada en el Boletín de la Provincia de Chubut en fecha 16 de septiembre de 2003, y afirma que, contrariamente a lo que decidió la juez a-quo, el plazo para promover la acción de amparo debe contabilizarse a partir del momento en que se le comunicó la resolución del contrato por parte de la empresa titular del permiso de pesca, como consecuencia de la normativa que ataca.- Bien es sabido que conforme lo establece el párrafo cuarto del art. 145 de la Constitución de la Provincia del Chubut, las leyes, al día siguiente de su publicación oficial son obligatorias, si no tienen fecha efectiva de entrada en vigencia. En el caso, el art.4º de la ley establece que la fecha de entrada en vigencia será a partir de su promulgación. Asimismo mediante Dto.1395 el 9 de septiembre de 2003 por imperio del art.140 de la Constitución Provincial quedó aprobada automáticamente el proyecto de ley sancionado por la Honorable Legislatura el 20 de agosto de 2003, razón por la cual la misma empezó a surtir efectos desde el 9 de septiembre de 2003 día de su promulgación (cfr. argumentos expuestos esta Sala, en autos "C.L.D.V c/ Estado Provincial y Ministerio de Educación de la Provincia del Chubut s/ Acción de Amparo" del 18/10/02).- Este acto con efectos erga omnes, por sí contiene fuerza vinculante a los efectos de cumplir con el cometido legal. En el caso, no puede perderse de vista que la incorporación constitucional del amparo y sus variantes no sólo no han derogado la ley sino que tampoco han borrado la jurisprudencia y doctrina rela-tiva al tema. El plazo legal importa un verdadero pre-supuesto sustancial de la acción y juega como un plazo de caducidad (J.N.C., Nº 91, 26/5/95, JA, rev. 4/9/96, p. 56, CNFed., en pleno, 06/03/1999, C de G.C c/Instituto de O.S", Revista LL, 1/06/2000, con comentario de Adolfo Rivas).- La circunstancia que al actor se le haya comunicado la resolución del contrato por parte de la empresa el 25 de marzo de 2003, en nada obsta al precedente razonamiento, tal como se desarrolló en párrafos anteriores, sino que debió, a través de la presente vía procesal, realizar dentro de los 30 días el planteo en el momento oportuno a partir del 10 de septiembre de 2003. Aún considerando la fecha de publicación de la ley (16/09/03) la acción también deviene extemporánea.- Que en el entendimiento de los argumentos aquí expuestos cabe destacar que, en el caso, sobre la actora los efectos de la ley resultaron ser directos e inmediatos y no lo fueron como consecuencia de la comunicación cursada por la empresa que pretende renovar el permiso de pesca, por cuanto de observar detenidamente el art.1 de la ley 5054 si bien establece un requisito para la adquisición de un nuevo permiso, limita concretamente a toda intermediación de empleo que sea brindada por empresas, asociaciones, coopertativas y/o cualquier entidad de prestación de servicios eventuales, por lo que no puede invocar el accionante su desconocimiento desde al menos su publicación, y considerar que su afección opero en la fecha de comunicación de la empresa pesquera que resuelve el contrato en consecuencia. Máxime tratándose este último de un acto particular que no tiene efectos operativos sobre la ley ni configura acto administrativo alguno.- Por ello, teniendo en cuenta que el amparo es presentado el 29 de marzo de 2004 (ver cargo de fs.26vta.) no habiendo sido interpuesto dentro de los plazos legales (30 días conforme manda el art.4º de la ley 4572), el recurso debe ser rechazado, confirmándose la decisión del Sr. Juez A-quo, toda vez que la extemporaneidad obsta a la procedencia de la vía intentada.- Con costas en la Alzada al amparista perdidoso. Procediéndose a la fijación de los honorarios de esta instancia conforme la ley arancelaria (arts. 6, 7, 10, 14, 47 y ccs. Dec. Ley 2.200, t.o. Ley 4335 y Ley 4572).- En atención a la manera en que se resuelve la acción, resulta innecesario el tratamiento del agravio planteado a fs.37/38 dto.I por carecer de virtualidad jurídica.- V.- La Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts dijo:

Que un nuevo estudio de la situación a través de la doctrina y jurisprudencia en autos "E S.A. c/ Provincia del Chubut s/ Amparo, del 10/11/2003" me permitió en su oportunidad modificar la posición tomada, en casos como los que mencionara el a-quo, dejando sentado que en cada circunstancia como resulta obvio decirlo, la aplicación de la norma que fija la temporalidad, será considerada (art.4 Ley 4572).- Que de autos, surge que el actor tomó conocimiento efectivo de la lesión en la fecha en que se le informa sobre la resolución del contrato con la empresa titular del permiso de pesa como consecuencia o por aplicación de la ley cuya inconstitucionalidad se pretende.- Decía en los citados autos, que no debe olvidarse que es éste un proceso urgente que nace como una necesidad de inmediata protección de los derechos constitucionales. Esa urgencia es la que habilita sacrificar parte del conocimiento del juez respecto de la totalidad del conflicto y la que necesariamente debe acreditar el amparista. Por ello si la lesión ha cesado la reclamación no es viable por vía del amparo; lo mismo ocurre con la lesión futura, salvo que la amenaza de la violación constitucional sea inminente. Es decir el concepto de futuro queda fuertemente restringido porque para que sea admisible la acción la amenaza ha de ser inminente, excluyéndose al futuro remoto (Cfme. CNFe- Cont.Adm.; Sala I, 20/12/85 ED 117-438, CNCiv.; Sala E, 18-4-97 LL 1997-D-503).SD 47/03 Sala "A".- "El plazo para interponer el amparo, debe computarse a partir de la fecha en que se instrumentaría el acto de ejecución.". "En principio, y salvo supuestos de normas directamente operativas que no requieren actos de sujeción individual, el plazo de impugnación comienza a correr desde el momento en que se concreta el acto de aplicación, y no desde que la norma se publica" (Ministerio de Economía y Servicios Públicos y otros s/ Amparo ley 16986) CSJN.- "No es arbitraria la sentencia que interpretó que el plazo del inc. e) del art. 2º de la ley 16.986 debe computarse a partir de la intimación efectuada.". Y en los presentes, mediante la acción el amparista intenta salvaguardar su relación contractual, resuelta por la empresa pesquera con fundamento en la ley 5054, cuya declaración inconstitucional se pretende, y de lo que ha tomado conocimiento con la nota que se agregara a fs. 18 de fecha 25 de marzo de 2004, de allí que entienda que no resulta extemporáneo, toda vez que "es preciso evitar que el juego de los procedimientos ordinarios torne ilusoria la efectividad de las garantías constitucionales" (Fallos 239-459; 241-291; 307-2174 consid.10).- Se advierte que sin perjuicio que la ley se promulgó el 9 de septiembre de 2003, y se publicó el 16 de septiembre de 2003, se ha resuelto y es esta la posición que adopto, que si bien la publicación de normas de carácter general puede implicar amenazas de daño al administrado, es recién cuando la norma se torna operativa a través del acto administrativo particular que tiene lugar la lesión actual que requiere la ley de amparo" Morello-Vallefín, "El amparo Régimen procesal", 3ra. Edición, not. Nº 49), ya que es en el momento que toma conocimiento del reclamo que se produce el daño o lesión actual o inminente, en igual sentido, Alí Joaquín Salgado- Alejandro César Verdaguer "Juicio de amparo y acción de inconstitucionalidad", pág. 145.- En síntesis la sola existencia de la norma no habilita la promoción del amparo, aún cuando ésta en forma potencial al ser aplicada pudiera provocar lesión a los derechos de una persona. Es preciso que el daño se configure, reitero, como lo exige la ley 4572, en su art.3, en forma actual o inmediata para que sea admisible la vía del amparo.- Pues si bien es cierto que la ley 5054 en el art.4 determina " La presente Ley entrará en vigencia a partir de su promulgación, debiendo las empresas permisionarias dar cumplimiento a esta normativa de inmediato", la empresa contratista no efectuó notificación alguna al respecto y es con fecha 25/3/04 que se comunica que la norma cuestionada se efectuare a partir del 31 de marzo de 2004.- En autos "I.M.C" C1a Apel. BBlanca, 29/3/68, el Tribunal observó que la acción de amparo preventiva, contra una amenaza, era una facultad y no un deber jurídico; y que la falta de ejercicio de tal facultad no importaba la pérdida del derecho a reclamar, también por vía de amparo, cuando se consumaba la lesión (confr. Néstor Pedro Sagûes "Acción de amparo" Ed. Astrea 4ª Ed,T.3 pág.280). En igual sentido Rivas "El Amparo" Ed. La Roca pág.204, y DJ, 1988-1-44).- Por todo ello he de receptar el agravio del actor en punto a la temporaneidad de la acción intentada, ya que la eventual lesión que se denuncia quedaría configurada a partir del momento en que el actor fue notificado, 25 de marzo de 2003.- En punto a los agravios sobre el planteo de inconstitucional de la ley, cabe recordar el art.43 de la Constitución Nacional y 54 de la Constitución Provincial, y el art.3º de la ley 4572, siendo "evidente que la expresa referencia de la norma constitucional a la viabilidad del planteo de cuestiones de inconstitucionalidad por la vía de amparo ha sido admitida siendo interesante y se relaciona íntimamente con la temporalidad lo sostenido por Díaz Solimine en "Juicio de Amparo" pág.175 ".se decidió que la particular vía del amparo impide articular la declaración de inconstitucionalidad en abstracto si no resulta de la causa el planteo del supuesto concreto en el cual sea cierta o inminente la aplicación de la norma legal impugnada. En dicho caso, la improcedencia de la declaración de inconstitucionalidad está estrechamente vinculada con la inexistencia de "caso" requerido por la norma constitucional, más que con el hecho de que tal requerimiento se haya formulado en el ámbito procesal particularmente excepcional del amparo".

En consecuencia admitida la temporaneidad de la acción y no habiéndose expedido el a-quo sobre la cuestión de fondo, correspondería que vuelva al juzgado de origen a sus efectos.

A fin de regular los honorarios que los difiero para el momento del acuerdo, merituaré la labor profesional, el resultado obtenido, la posibilidad que las cuestiones prosperaran y demás pautas de los arts. 6, 7, 9, 14 y 36 de la ley de aranceles.

Por ello, con la disidencia de la Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts, la Sala B de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, RESUELVE :

1) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la actora, confirmándose la decisión de fs.28/36.

2)Costas de la Alzada al amparista perdidoso. Regúlanse los honorarios correspondientes a la segunda instancia del Dr. J.J.E, en la suma de PESOS NOVENTA ($90), conforme el considerando respectivo.

3) Regístrese, notifíquese, devuélvase.

Fdo. Graciela Mercedes García Blanco -Presidente-, Marta Susana Reynoso de Roberts -Juez de Cámara-; Nélida Susana Melero -Juez de Cámara-.- REGISTRADA BAJO EL N° 046 DEL AÑO 2004 DEL LIBRO DE SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS