Tribunal: CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2010-07-30


AUTOS Nº 8393 - "JURCIC, Jorge C/ Fernandez Benavidez, Juan Bautista S/ Apelación de Sentencia" // la ciudad de San Juan, a los treinta días del mes de julio del año dos mil diez, reunidos en la sala de acuerdos los miembros de la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, Dres. Miguel Ernesto Novoa, Hermes Francisco Carrera y José Dionisio Castro, bajo la presidencia del primero de los nombrados, a fin de resolver el recurso de apelación deducido en autos Nº 8393, caratulados: "JURCIC, JORGE C/ FERNANDEZ BENAVIDEZ, JUAN BAUTISTA S/ APELACIÓN DE SENTENCIA", de cuyas constancias:

RESULTA:

Que por sentencia de fs. 308/317 de autos, el Sr. Juez del Segundo Juzgado del Trabajo, resolvió hacer parcialmente lugar a la demanda, con costas en el 60% a la actora y 40% a la demandada.

Que contra dicho fallo se alza la demandada mediante el recurso de apelación de fs. 329/330, que fue contestado a fs. 351/356; y la actora a fs. 335/348, contestado a fs. 361/362.

Que a fs. 373 consta la intervención del Ministerio Fiscal; a fs. 376 el llamamiento de autos para resolver; y a fs. 377 el resultado del sorteo practicado para la emisión de los votos, el que arrojó el siguiente resultado: 1) Dr. Novoa; 2) Dr. Carrera; y 3) Dr. Castro.

A CONTINUACIÓN EL TRIBUNAL PLANTEA LAS SIGUIENTES CUESTIONES A RESOLVER:

Primera cuestión: Es procedente el recurso de apelación deducido por la demandada?	Segunda cuestión: Es procedente el recurso de apelación interpuesto por la actora?	Tercera cuestión: Costas?	SOBRE LA PRIMERA CUESTIÓN EL DR. MIGUEL E. NOVOA DIJO:

Que en la sentencia se hace lugar a las indemnizaciones por antigüedad, falta de preaviso e integración de mes, con fundamento, en que: 1) El empleador procedió al despido directo del trabajador, mediante comunicación obrante a fs. 13, con sustento en el abandono de trabajo de éste. 2) El demandado dispuso el distracto, sin constituir previamente en mora al dependiente, como lo exige la norma del art. 244 de la LCT. 3) El actor, previamente había comunicado que se encontraba enfermo, acompañando la documentación respectiva y por ende que no podía concurrir a prestar servicios. También resolvió hacer lugar al agravamiento indemnizatorio previsto en la ley 25.561, ley 25.972 y Dto. 1433/05, con sustento en la constitucionalidad de las norma mencionada.

Que contra estas parte del fallo se alza la accionada en el recurso antes aludido, discrepando con el mismo, en tanto entiende: 1) Que el Juez no ha tenido en cuenta la disposición del art. 243 de la LCT, que (pareciera así lo entiende), debió cumplir el actor al comunicar su decisión de resolver el contrato de trabajo. 2) Que el A-quo no ha tenido en cuenta la inconstitucionalidad de la ley 25.561, ley 25.972 y Dto. 1433/05.

Que resumidos sintéticamente los antecedentes de la decisión y de los agravios, corresponde avocarse al examen y resolución de éstos últimos.

Que con relación al primer punto de la impugnación, no cabe más que su rechazo, en tanto no constituye una crítica concreta y razonada del fallo, pues se atacan fundamentos que sustentarían el mismo, que no son los expuestos por el sentenciante. Ello, en cuanto en la resolución se decide la improcedencia del despido directo producido por la patronal y por ende la obligación de indemnizar, por no haber constituido la misma previamente en mora al trabajador y no, como se critica, con sustento en el distracto indirecto, que el Juez admite que existe, pero que carece de consecuencia jurídica alguna, en razón que se produjo con posterioridad.

Que en lo que hace al segundo punto de la impugnación, propicio también se desestime, en razón de los fundamentos expuestos por este tribunal, en autos AUTOS Nº 7216 "LUNA, RAMÓN MARCELO C/ MADCUR CONSTRUCCIONES S.A.- S/ APELACIÓN DE SENTENCIA.

SOBRE LA SEGUNDA CUESTIÓN EL DR. MIGUEL E. NOVOA DIJO:

I.-Que en la sentencia se desestima la indemnización de los arts. 8 y 15 de la ley 24.013, con fundamento en que: 1) Del informe de la AFIP de fs. 164 surge que el actor, registra aportes de diversos períodos y con inscripción desde el 12/02/91; lo que pone de manifiesto que se encontraba registrado en los términos del art. 7 y 18 de la ley mencionada, sin perjuicio de no haberse abonado aportes en determinados lapsos, pues la indemnización procede si no hay registración solamente. 2) La AFIP, solo produce informes desde julio de 1994, en que se concentra en dicho organismo la registración de los contratos de trabajo y afiliación a los organismos de previsión social, subsidios familiares, obra social, etc. 2) Los recibos de sueldos acompañados por el propio trabajador ponen de manifiesto que se encontraba registrado, con la fecha que el mismo denuncia. 3) La falta de aportes, tiene una sanción legal que nada tiene que ver con la reparación prevista en la norma en estudio, que solo procede en el caso de no registración de la relación de empleo.

Que contra dicha parte del fallo se alza la actora en el recurso antes mencionado, discrepando con la decisión, en tanto entiende que: 1) Se equivoca el Juez, por cuanto para que la relación se entienda registrada, debe estar inscripta en el Libro Especial del art. 52 de la LCT (art. 7 de la ley 24.013, inc. a); lo que no ocurre, en cuanto al responder el traslado sobre la documentación acompañada con la contestación de demanda, se ha negado la validez probatoria de las hojas móviles adjuntadas en el responde de la demandada, en tanto se ha desconocido la firma y no se ha cumplido por la patronal, con la obligación de contar con la habilitación de la autoridad administrativa y constancia de la misma en cada foja, con indicación de fecha. 2) Se equivoca el sentenciante, en tanto tampoco se ha dado cumplimiento al requisito de inscripción en la obra social, para que la relación se considere registrada (art. 7 inc. b. y 18 inc. a. ley mencionada), tal como surge del informe de fs. 199.

Que resumidos sintéticamente los antecedentes de la decisión y de los agravios, corresponde avocarse al examen y solución de éstos últimos.

Que si bien es cierto que el art. 7 inc. a) de la ley 24.013, exige que la relación esté inscripta en el libro del art. 52 de la LCT y que la actora entiende que dicha obligación no se ha cumplido, en razón de haber negado la firma y no constar la habilitación de la autoridad administrativa, en las hojas móviles acompañadas por la demandada; entiendo que el agravio no puede prosperar.

Que para arribar a la conclusión precedente, tengo en cuenta, que en un todo de acuerdo con lo establecido por el art. 53 de dicha LCT, corresponde a los jueces merituar en función de las particulares circunstancias de cada caso los libros que carezcan de algunas de las formalidades prescriptas en el art. 52 o que tengan algunos de los defectos allí consignados. También, que en el caso, el Juez se ha inclinado, a mi criterio, con razón, por admitir como válida y existente la inscripción del actor en los libros, en tanto su contenido se ve confirmado con los recibos de ley acompañados por el propio dependiente y con el informe de la AFIP mencionado (no se ha negado la concordancia en la documentación del demandado).

Que no debe perderse de vista, que tal como lo afirma el A-quo, la ley 24.013, apunta a sancionar la falta de registración de la relación, como castigo a las vinculaciones laborales "en negro", pero no a indemnizar al trabajador, por el incumplimiento de formalidades que en modo alguno son suficientes para considerar que el empleador ha pretendido ocultar la vinculación habida.

Que con relación al segundo agravio, entiendo que debe seguir la misma suerte que el anterior, en tanto el informe de fs. 199 resulta insuficiente para concluir que el demandado no hacía los aportes de obra social, pues del mismo surge que la intervención impide se pueda brindar información certera sobre los registros de fecha anterior al mes de agosto de 2003; lo que obsta a considerar que no estuviera el dependiente registrado antes de dicha fecha, por más que no se registren aportes después de la misma.

Que por otra parte, a partir de la sanción del Dto. 2.284/91 se creo el Sistema único de la Seguridad Social (SUSS) y la Contribución Unificada de la Seguridad Social (CUSS), que comprende entre otros los aportes y contribuciones de los trabajadores en relación de dependencia y de los empleadores, con destino al Régimen Nacional de Obras Sociales (arts. 85, 86, 87 inc. e), aportes que son distribuidos en proporción a los que corresponde a cada régimen (art. 90). En otras palabras, si del informe de la AFIP de fs. 164, resulta el registro de la relación y el pago de aportes, ninguna duda cabe que éstos últimos comprenden la obra social; es decir que la registración está acreditada, aunque se adeuden por el empleador algunos períodos.

Que por todo ello, propicio se desestime esta parte de la impugnación deducida por la actora.

II.-Que en la sentencia se desestima el pago del mes de abril de 2006, con fundamento en que al responder el actor la octava ampliación del pliego de posiciones, manifestó que algunos documentos lo reconoce y otros no, sin dar mayores explicaciones y que corresponde tenerlo por confeso, pues ha respondido de manera evasiva, sin explicar en forma concreta cuales son los que reconoce y cuales no. Arts. 110 CPL y 1031 C.C.).

Que contra esta parte del fallo se alza también la demandante, en el recurso promovido, en cuanto entiende que el A-quo ha omitido considerar que el recibo de la primera quincena aparece firmado el 17/04/06 en lugar del trabajo y el de la segunda en fecha 04/05/06, en el mismo lugar; y que en esa fecha el dependiente se encontraba internado en terapia intensiva, conforme la historia clínica de fs. 231/248, es decir que mal pudo percibir dicho haber.

Que conforme surge de la historia clínica mencionada, principalmente fs. 232, el actor se encontró internado en el Hospital Rawson desde el 10/04/06 hasta el 28/05/06 (fs. 235), por lo que resulta claro que no pudo firmar ni recibir los importes reclamados y mucho menos en el lugar de trabajo, como consta en los recibos correspondientes. Siendo así, entiendo que debe admitirse el agravio, por el mes de abril de 2006 y por el importe que determine el perito, con mas intereses.-	Que en nada afecta la conclusión precedente, la disposición del art. 110 del CPL, pues como lo indica el apelante, el mismo permite al Juez tener o no por confeso al absolvente, conforme las circunstancias del caso, que como se ha expresado, permiten apartarse de la solución dada por el A-quo.

III.- En la sentencia se desestima el reclamo por gastos médicos, en tanto constan en instrumentos privados, firmados por terceros, que no han sido llamados a reconocerlos y en cuanto han sido negados por el demandado.

Que contra esta parte de la decisión se alza el actor en su impugnación, en tanto entiende que los gastos médicos no necesitan de acreditación a través de recibos o facturas, siendo suficiente que guarden relación con los padecimientos del enfermo; máxime habiendo el sentenciante admitido la existencia de la enfermedad y la inexistencia de obra social.

Que habiéndose reclamado en la demanda por este concepto, la suma de $ 1.100, conforme los recibos de gastos, que se encuentran firmados o expedidos por terceros y cuya existencia ha sido negada por el accionado; ninguna duda cabe que correspondía a la parte que afirmaba el hecho, producir la prueba correspondiente, que en el caso, no podía ser otra que la del reconocimiento por el firmante o autor de los documentos.

Que en nada empece la conclusión precedente, la circunstancia afirmada por el recurrente, en el sentido que puede condenarse al pago de los gastos médicos, aún sin recibos, cuando los mismos guarden relación con los padecimientos. En tanto para que ello fuera posible, no debería haberse reclamado la cifra fija que resulta de los documentos citados, que solo procede si hay reconocimiento del tercero, sino una estimada; y debería haberse producido prueba de la relación o proporción entre el importe reclamado y la enfermedad, para no dejar librado al arbitrio cuando no al desconocimiento o imposibilidad del Juez, la fijación de la suma.

Que por lo expresado, propicio que esta parte del recurso de apelación sea desestimada.

IV.-Que en la sentencia se rechaza la sanción conminatoria mensual que prevé el art. 132 bis de la LCT. Fundamentó su decisión el Inferior en que: 1) No se ha dado cumplimiento al art. 67 inc. b) del CPL, pues se ha demandado una suma global y no se ha hecho una liquidación en forma clara y precisa, lo que hace aplicable la jurisprudencia de nuestra Excma. Corte de Justicia (PRE, 1979, T° I, F° 113/115). 2) Dicha omisión no puede ser salvada por el peritaje posterior. 3) La sanción debe aplicarse con carácter restrictivo. 4) Son inválidos los sistemas legales que obligan a pagar salarios luego de resuelto el contrato de trabajo, tal como lo ha decidido la Suprema Corte de Justicia, en precedentes jurisprudenciales coincidentes. 5) El Código Civil, en su art. 1071 dispone que la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos, lo que ocurriría si se siguieran pagando salarios que a la fecha ascenderían a $ 75.000 aproximadamente, con el agravante que se trata de una obligación sine die.

Que contra dicha parte del fallo se alza la actora en el recurso ya citado, discrepando con el mismo, en tanto entiende que: 1) Corresponde al Juez disponer se subsanen las omisiones o imprecisiones de la demanda, por lo que si no lo hizo, es porque no advirtió los defectos que ahora esgrime para el rechazo del rubro por falta de liquidación precisa y clara. 2) La base de lo reclamado está especificado en la demanda, pues se ha determinado el sueldo desde la vinculación y se pide la remuneración hasta que el empleador deposite los fondos retenidos. 3) El precedente jurisprudencial de la Corte de Justicia, no es de aplicación al caso. 4) La demandada no niega expresamente el rubro reclamado, habiéndose limitado a negar la falta de depósito; es decir que no se afectó el derecho de defensa.

Que entrando al análisis de esta parte del recurso, advierto que la actora no se ha hecho cargo de uno de los principales fundamentos de la decisión, que por sí solo le da al pronunciamiento sustento suficiente; omisión que permite afirmar que la decisión ha adquirido definitividad y pasado en autoridad de cosa juzgada. Ello es así, en tanto el fallo, aún en el supuesto que los argumentos en él vertidos respecto al reclamo de una suma global y falta de liquidación no fuesen procedentes, la desestimación con sustento en la inconstitucionalidad de las disposiciones legales y convencionales que obligan a seguir pagando salarios, como con fundamento en el abuso de derecho, no han sido en modo alguno objeto de la impugnación. (J.S.J. 1981 - 129/130; P.R.E. 1968 - 121/123)	Que por ello, voto por el rechazo de este agravio.

V.-Que en la sentencia se imponen las costas en el 60% a la actora y en el 40% a la demandada, lo que provoca la apelación de la demandante sobre este tema, con sustento en que: 1) la imposición de costas debe decidirse conforme un criterio jurídico y no aritmético. 2) el A-quo ha omitido considerar que en el caso la demandada invocó una justa causa de despido y una prescripción, que no prosperaron, como la imposición de costas a la actora y sus letrados por plus petición inexcusable.

Que con relación a la imposición de costas sostiene Palacio en Derecho Procesal Civil, T. III, pags. 366: "El principio general sobre imposición de costas se halla contenido en el art. 68 , apartado primero del CPN, en tanto dispone que: la parte vencida en el juicio deberá pagar todos los gastos de la contraria, aun cuando ésta no lo hubiese solicitado"; pag. 369: "Por parte vencida debe entenderse, a los efectos de la norma que analizamos, aquélla que obtiene un pronunciamiento judicial totalmente adverso a la posición jurídica que asumió en el proceso"; y en pag. 378: "Una de las contingencias propias de todo proceso es la de que ninguna de las partes obtenga la satisfacción íntegra de su pretensión o de su oposición, resultando ambas, en forma total o parcial, vencedoras y vencidas". (Lo en cursiva me corresponde).

Que haciendo aplicación de la doctrina expuesta, al caso de autos, se advierte que la actora ha obtenido una decisión judicial que en gran parte ha sido contraria a su posición jurídica asumida en el proceso, por lo que también es parte vencida. Por ello, el agravio resulta improcedente.

Que el mismo autor y obra, a fs. 366 dice: "El principio de la imposición de costas a la parte que resulta vencida no implica, en efecto, el reconocimiento de una reparación de daños fundada en la presunción de culpa y regulada, en consecuencia, por las disposiciones del derecho material, sino que constituye aplicación de una directriz axiológica, de sustancia procesal, en cuya virtud se debe impedir, en cuanto es posible, que la necesidad de servirse del proceso para la defensa del derecho se convierta en daño de quien se ve constreñido a accionar o a defenderse en juicio para pedir justicia. En otras palabras, la responsabilidad que recae sobre la parte vencida encuentra justificación de haber gestionado un proceso sin éxito y en la correlativa necesidad de resguardar la integridad del derecho que la sentencia reconoce a la parte vencedora...". (Lo en cursiva es mío).

Que haciendo aplicación también de la doctrina mencionada al caso de autos, se advierte que resulta intrascendente que la actora hubiera tenido necesidad de reclamar los rubros e importes por los que progresa la demanda, pues siendo vencida en los restantes, no puede dejar de cargar con las costas proporcionales, pues el fundamento jurídico de la imposición de costas obedece a la necesidad de evitar que un proceso gestionado sin éxito, por cualquier causa, se traduzca en un daño de quien se ve constreñido a defenderse, en este caso la demandada en los rubros y montos que no han progresado. Por tal motivo el impugnación también resulta inviable por este fundamento.

Que también ha sostenido este Tribunal por mayoría, que: "El hecho de que no hallan prosperado determinados rubros de la acción entablada , no implica que la demandada vencida en el pleito deba ser necesariamente eximida de costas en la exacta proporción"; pero también lo es, que nuestro más alto Tribunal, al fijar la pauta aludida y reconocer a los jueces la facultad de aplicarla, ha condicionado esta atribución a: "un ámbito de razonable discrecionalidad". (J.S.J. - 1962 - II - 31; P.R.E. - S.1 - 1988 - 55/58; la cursiva es mía).

"Que conforme resulta del precedente jurisprudencial transcripto, el apartamiento de la eximición matemática de costas a la vencida, cuando no prosperan todos los rubros, es lícito, siempre que sea razonable; esto es exento de arbitrariedad, que debe entenderse configurada por la decisión contraria a lo razonable o por la merituación carente de fundamento o apartamiento caprichoso e inequívoco de la solución normativa prevista".

Que haciendo aplicación de lo expuesto al caso en examen, se advierte que la imposición de costas de primera instancia, como se propicia en el voto precedente (40% a la demandada y 60% a la actora), aparece como ajustada a derecho, en cuanto el resultado del pleito ha sido parcialmente y mayoritariamente favorable a la accionada, resultando vencedora en una proporción aproximada al indicado por el A-quo, al haberse desestimado la indemnización del art. 8 de la ley 24.013, por la suma de $ 99.218,14; art. 15 de la misma, por $62,975,90; gastos médicos, por $ 1.100; art. 132 bis de la LCT, que a la época de la sentencia ascendería a mas de $ 70.000. Todo sobre un total reclamado de $ 332.122,68.

Que decidir en forma distinta a la del Juez de primera instancia, resultaría arbitrario, no solo por lo expuesto, sino también porque la decisión es contraria a lo razonable (el más favorecido por la decisión, sería el más castigado con las costas) e importaría un apartamiento inequívoco y caprichoso de la solución normativa prevista (en un supuesto de vencimiento parcial y mutuo, las costas deben distribuirse proporcionalmente - no obstante la porción de discrecionalidad admitida -, conforme art. 77 del C.P.C., de aplicación, art. 161 C.P.L.).

Que en nada obsta la solución que vengo propugnando, el legítimo derecho que tenía el actor para reclamar los rubros por los que progresa la demanda, pues ello ha encontrado debida respuesta en la admisión de la pretensión por tales conceptos y la imposición de costas al vencido en proporción a los mismos. Tampoco el que el demandante resultase vencedor de puntos fundamentales, en tanto los desestimados (que he referido) también lo son y han influido, además, negativamente en los admitidos.

Que finalmente, cabe añadir, que en modo alguno altera lo expuesto, el hecho que no progresara la excepción de prescripción, pues se trata de defensas de fondo, que encuentran debida cabida en la regulación de la totalidad del proceso.

Que por todo ello, voto por el rechazo de esta parte de la impugnación.

SOBRE LA TERCERA CUESTIÓN EL DR. MIGUEL E. NOVOA DIJO:

Que en cuanto a las costas de esta instancia, propicio se impongan a demandada y actora en los recurso por ellas intentados. Art. 125 CPL.

EL DR. JOSÉ D. CASTRO DIJO:

Adhiero por sus fundamentos a la solución propiciada por el Dr. Novoa, excepto en lo que se refiere a la imposición de las costas a la actora, conforme las razones que seguidamente se expondrán.-	Siguiendo en esta materia de costas el criterio sustentado por nuestro Superior Tribunal, cabe decir que, la imposición de las costas no debe ser el resultado de una operación aritmética entre lo que se demandó y el monto por el que progresa la demanda, sino que las mismas deben surgir de una prudente valoración, no sólo de la actuación de los litigantes, sino, fundamentalmente, sobre si el reclamante ocurrió al órgano jurisdiccional fundado en legítimo derecho. (PRE. Sala I, 1991 1988-III-1/3;ED 35-629;34-775- "Domínguez c/ SATA"; DT. 1999 - 2294).- En este sentido encontramos similitud de criterio con el pensamiento de la CNAT., Sala X, cuando se afirma que para la aplicación de las costas, no debe adoptarse un criterio meramente aritmético derivado sólo del cotejo entre el monto reclamado y el deferido a condena, sino que debe tenerse en cuenta que es litigante vencido "aquél contra el cual se declara el derecho o se dicta la decisión judicial" (DT. 2001-B-1700). Por su lado, Morello (Cód. Proc. Tº II- B, Comentario al art. 68 CPCN.), enseña que la noción de vencido, la cual indica que debe soportar las costas, ha de ser fijada con noción sincrética del juicio y no por el análisis aritmético de las pretensiones y los resultados. Con tal base, es notorio que las costas deben ser impuestas íntegramente a la parte que se opuso negando la procedencia de la pretensión, pues, aunque el pedido fuese exagerado cuantitativamente, la litis resultó igualmente máxima al no haber la demandada pagado aquello procedente (LL. 1982-I-465). Por lo tanto, el argumento del hecho objetivo de la derrota no sufre desmedro alguno, por la sola circunstancia de que el reclamo inicial no prospera en su totalidad. (ED. 88-532). En el sub lite, aún cuando la demanda fué rechazada en parte de los reclamos, debemos señalar en favor de la actora que la misma debió ocurrir al órgano jurisdiccional para que su crédito fuese reconocido, lo que resulta así declarado. Por tanto y habida cuenta de que hay un vencimiento parcial y mutuo (art. 77 CPC.), coincido con el Sr. vocal preopinante en que el pago de las costas debe ser distribuido entre los litigantes, entendiendo razonable y por los fundamentos dados, que las costas la soporte la demandada en el 60% y la actora en el restante 40%. Así lo voto.- EL DR. HERMES F. CARRERA DIJO:

Que por sus fundamentos adhieren al voto del Dr. Novoa.

Por todo ello, el Tribunal RESUELVE:

I) Rechazar el recurso interpuesto por la demandada, con costas, de conformidad con los considerandos precedentes.

II) Hacer parcialmente lugar al recurso de apelación deducido por la actora, con costas, en un todo de acuerdo con los fundamentos de la presente.

III) Tener presente las reservas de derechos efectuadas.

IV) Protocolícese, agréguese copia autorizada a los autos, notifíquese y oportunamente bajen al juzgado de origen.-