marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Coautoría, denuncia, falta de delito, responsabilidad civil, revocación del auto de procesamiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: ALVAREZ, CARLOS FERMIN-IMPINI, OMAR ANTONIO. s/ Cheque sin Fondos, incidente de apelación del auto de procesamiento de Omar Antonio Impini.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-21

1 - Corresponde revocar el procesamiento de aquél al que se le ha imputado haber prestado una cooperación imprescindible para la comisión de un delito si no surge quien habría incurrido en el hecho en el que se le atribuye haber cooperado.- 2 - El procesamiento requiere elementos de convicción que indiquen no sólo la participación del imputado sino también la existencia de un hecho delictuoso (Art. 306 CPP).- 3 - El comportamiento desaprensivo del imputado de haber efectuado una denuncia policial de hechos que no le constaban es indudablemente reprochable y susceptible de responsabilizarlo de todos los daños que puedan derivarse pero, en si mismo, no encuadra en ninguna figura de delito de la ley penal.
Crímenes de lesa humanidad, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, violación de derechos humanos, esclavitud, población, República Argentina, Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, jerarquía de los Tratados Internacionales, derecho interno, Derechos humanos
Materia: PENAL
Carátula: Etchecolatz, Miguel Osvaldo c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2006-09-26

La concepción de delitos de lesa humanidad dada por la Carta Orgánica del Tribunal Militar de Nüremberg que indica al ".asesinato, la exterminación, la esclavitud, la deportación o la comisión de otros actos inhumanos contra la población civil, antes o durante la guerra, o persecuciones por motivos políticos, raciales o religiosos", se completa con el principio de preeminencia del Derecho Internacional de los Derechos Humanos por sobre el derecho interno de los países, instalándose con fuerza en la comunidad internacional a partir de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, aprobada por la República Argentina en 1972.
Competencia contencioso administrativa, UNIÓN DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACIÓN, acción de amparo, representación sindical, cuota sindical, Superior Tribunal de Justicia, incompetencia
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Unión del Personal Civil de la Nación c/ Municipalidad de Capayán - Provincia de Catamarca s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-07-08

Comparece la parte actora Unión del Personal Civil de la Nación, incoando acción de amparo en contra de la Municipalidad de Capayán, persigue que se ordene a la demandada retenga la cuota sindical sobre los haberes que perciben los afiliados de la entidad gremial que prestan servicios en la citada comuna y que el sindicato sea reconocido con capacidad para representar a los trabajadores.

Conforme a nuestro ordenamiento jurídico provincial este Tribunal resulta incompetente en razón de la materia que involucra al derecho cuyo amparo se persigue.

Ello con fundamento en que la competencia de la Corte de Justicia se encuentra asignada por expreso mandato constitucional contenido en el Art.204 de la Constitución Provincial, jurisprudencia de este Cuerpo sentada a partir del caso "Altamirano" y posterior reforma del Art.4 de la Ley de Amparo 4642, por la Ley N°4998.

De conformidad al marco jurídico enunciado, la materia traída a conocimiento y decisión jurisdiccional resulta ajena a la competencia originaria y exclusiva de este Superior Tribunal.

En consecuencia corresponde que así se declare, debiendo el ocurrente acudir a los tribunales del fuero correspondiente.
Boleto de compraventa, quiebra, obligación de escriturar
Materia: CIVIL
Carátula: Alvarez, Eduardo Santiago s/ concurso preventivo (quiebra indirecta) - incidente de revisión de crédito interpuesto por María Margarita Carignano
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2012-08-07

El requisito de la fecha cierta en el boleto de compraventa no ha sido previsto como recaudo de oponibilidad a los efectos de lograr el reconocimiento de la obligación de escriturar en la quiebra, exigencia que no resulta de la previsión del art. 1185 bis del Código Civil ni de la propia normativa concursal, razón por la cual sostener lo contrario implicaría introducir un vallado a la legítima pretensión de quien reviste la condición de parte más débil en la operación concertada y desvirtuar la intención del legislador de promover y facilitar el otorgamiento de las escrituras a partir de ese régimen especial.
Recurso de casación, sentencia definitiva, auto de procesamiento
Materia: PENAL
Carátula: GOITEA VICTOR HUGO S.D. HOMICIDIO SIMPLE e.p. BARRIONUEVO, FABIAN ALBERTO s/ CASACION CRIMINAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2013-03-25

El recurso de casación deviene inadmisible, toda vez que los decisorios que confirman autos de procesamiento no revisten calidad de sentencia definitiva ni resultan equiparables a tales, pues éstos son de carácter provisional y por tanto no constituyen decisiones que pongan fin al proceso o tornen imposible la continuidad de la pesquisa. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, cuestión no federal, notificación, nulidad de la notificación, derechos y garantías constitucionales
Materia: PROCESAL
Carátula: Siancha, Omar Rubén c/ Anfimar S.A. s/ nulidad de notificacion
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-02-25

Si bien el pronunciamiento que desestimó el planteo de nulidad de notificación se refiere a cuestiones de naturaleza fáctica y procesal, tal circunstancia no constituye óbice decisivo para la apertura del recurso cuando lo decidido importa un tratamiento inadecuado del planteo propuesto y redunda en menoscabo de los derechos constitucionales (Disidencia de los Dres. Eduardo Moliné O'Connor, Antonio Boggiano y Guillermo A. F. López).
Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, legitimación activa, sumario administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: FIA c/ EN - M° RREE - resol 2046 (expte. 40422/04) y otro s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-06-03

De la mera transcripción de la ley 24.946, el reglamento interno de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas aprobado a través de la resolución de la Procuración General 18/2005 y el régimen de actuación de la Fiscalía ante la Administración Pública y el Poder Judicial surge que dicho organismo constituye un centro de imputación de determinadas competencias que le fueron atribuidas en forma expresa para el adecuado cumplimiento de sus fines y que está legitimado para accionar contra la resolución que le negara su pretensión de intervenir como parte acusadora en el sumario administrativo ordenado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-.
Derecho procesal, partes del proceso, costas, desistimiento del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Procurar (Protección a Consumidores y Usuarios de la República Argentina) c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-06-27

Procede confirmar la resolución que impuso al actor las costas derivadas del desistimiento de la acción (CPR 73-2° parr). Ello por cuanto, en el caso, la resolución administrativa dictada por la Superintendencia de Seguros de la Nación que invocó como sustento del desistimiento de la acción, se emitió a más de dos años atrás de que se exteriorizó tal temperamento. Es decir, el hecho que se invocó como principal motivo del desistimiento se materializó mucho tiempo antes de que la actora adoptara ahora la decisión de no continuar con la presente acción. Y no se han dado razones suficientes para justificar ese actuar tardío. Por el contrario, las manifestaciones vinculadas con las dificultades económicas por las que atravesaría la recurrente y las vicisitudes procesales propias de este tipo de acciones de clase (v. gr. implementación del Registro de Juicios Colectivos ante la CSJN), no logran conmover tal conclusión para la que resulta menester que se verifique, como sucedió en el caso, el dato objetivo al que alude la referida norma. De otro lado, si bien comparte el tribunal el alcance amplio que corresponde reconocer al beneficio de gratuidad regulado en la LDC 55, de ello no puede derivarse que, en función de esa misma normativa, el beneficiario de la franquicia sea a su vez eximido del régimen de costas. Ello así por cuanto su razón -la de la imposición de las costas-, obedece a motivos de otra índole que son independientes de que, si quien resultó condenado, debe o no afrontar el pago de los gastos que se derive de ese régimen. En tal marco, y siendo que la imposición de costas se ajusta en el caso a las directivas contenidas en el CPR 73, el hecho de que el sujeto sobre quien ha recaído tal imposición cuente con el beneficio de gratuidad que le acuerda la LDC 55, no incide sobre la solución que en aquella materia corresponde adoptar en el caso.
Competencia, automotores, titularidad del dominio, titular del automotor, acción reivindicatoria
Materia: PROCESAL - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lattuca de Bettolo, Rosalía s/ Información Sumaria
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-23

Si bien la demanda está dirigida a obtener la inscripción del automotor a nombre del actor, petición que debe ser formulada preliminarmente ante la autoridad registral correspondiente, frente a cuya decisión recién queda habilitada la vía prevista en los arts.

15 a 22 del decreto 335/88, por la que las actuaciones podrían llegar a conocimiento de esta Cámara, en la especie, se ha formulado aquella petición sobre la base del carácter de propietaria del vehículo que se atribuye invocando los arts. 2412 y concordantes del Código Civil, lo cual permite inferir que aquella petición debería contar como presupuesto la previa acción reinvindicatoria del automotor. Ello así, en el supuesto de que efectivamente la inscripción que solicita encuentre sustento en la previa acción de reinvindicación que intentaría en las presentes actuaciones - en cuyo caso deberá adecuar el procedimiento elegido de acuerdo a lo previsto en la legislación procesal -, éstas resultan de la competencia del señor juez de primera instancia en lo Civil y Comercial Federal.
Medidas cautelares, peligro en la demora
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Gómez, Edgardo Darío c/ Provincia del Chubut s/ Acción Declarativa de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-04-27

Con referencia al recaudo de periculum in mora el Alto Tribunal ha dicho "que el anticipo de jurisdicción en el examen de las medidas cautelares innovativas no importa una decisión definitiva sobre la pretensión concreta del actor. Lleva ínsita una evaluación del peligro de permanencia en la situación actual a fin de habilitar una resolución que concilie -según el grado de verosimilitud- los probados intereses de aquél y el derecho constitucional de defensa del demandado".
Daños y perjuicios, responsabilidad del Estado, responsabilidad del Estado por actos lícitos, derecho de propiedad, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Cía. Swift de La Plata c/ Estado Nacional Argentino (PEN.) s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-27

La responsabilidad estatal sólo resulta de la violación del orden jurídico, sea legal o constitucional y sólo existe violación de la garantía de la propiedad cuando se incurre en la conducta vedada por el art. 17 de la Constitución Nacional. Las demás afectaciones que pueda sufrir este derecho - como cualquier otro - no son más que una consecuencia de la vida en sociedad que impone, entre otros, el deber de solidaridad (Disidencia parcial del Dr. Carlos S. Fayt).
IVA, responsabilidad de los directores, sociedad anónima, responsabilidad solidaria (tributario), crédito fiscal, exhibición de comprobantes
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Molina, Héctor R. (TF 17.184 - I) c/ DGI.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-01

Cabe dejar sin efecto la sentencia que revocó la decisión del Tribunal Fiscal que había confirmado las resoluciones que establecieron la responsabilidad solidaria de los directores de la sociedad anónima actora, respecto del impuesto al valor agregado, pues el tribunal administrativo juzgó, con sustento en el art. 33 de la ley 11.683, que el crédito fiscal invocado no podía considerarse probado con la mera exhibición de las registraciones obrantes en los libros contables de la empresa ya que su "valor probatorio., está directamente vinculado a los comprobantes que las respalden y la fe que éstos merezcan" , apartándose la alzada de tal conclusión, sin indicar cuál habría sido el error en el que habría incurrido el tribunal, sustentando su decisión en meros listados de computación que darían cuenta de facturas emitidas por proveedores de la sociedad y en el examen realizado por el síndico de los libros IVA-ventas e IVA-compras, pasando por alto la clara directiva del artículo aludido.
Contrato de trabajo, incapacidad parcial, capacidad residual
Materia: LABORAL
Carátula: Aguilar, Ramón Adriano c/ La Formoseña S.R.L. s/ Reclamo Laboral Reclamo Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1997-03-13

La existencia de una reducida capacidad residual, que si bien puede ser considerada útil desde el punto de vista médico para algún tipo de rehabilitación, no puede computarse como posibilidad seria de realizar un trabajo dentro de la organización empresaria.
Daños y perjuicios, daño moral, responsabilidad contractual, indemnización, cheque
Materia: COMERCIAL
Carátula: KOCH MARIA LAURA c/ IDEAS Y CONCEPTOS SA s/ ORDINARIO - KOCH MARIA LAURA C/IDEAS Y CONCEPTOS SA Y OTRO S/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-04-16

Entablada una demanda de daños y perjuicios contra una entidad bancaria con motivo del rechazo por falta de fondos de ciertos cheques cuya firma falsificada habría sido atribuida a los actores, corresponderá atribuir culpa concurrente a la actuación de ambas partes. Ello así, puesto que en primer lugar los actores admitieron haber recibido la chequera, y luego de tomar conocimiento de manera informal sobre el cierre de la cuenta no cumplieron las obligaciones que pesaban sobre ellos, es decir, no devolvieron los cheques no utilizados, ni denunciaron aquellos entregados por pago diferido ni presentaron denuncia policial por los cheques extraviados, y ello sólo porque la entidad no los había notificado formalmente de acuerdo a lo establecido por el CCOM 792. Por esta razón, no pueden pretender se responsabilice sólo al banco girado de los rechazos posteriores al cierre de la cuenta. Es que, las irregularidades de que se quejan los apelantes en gran medida se originan en su propia y manifiesta actitud culposa (arg. CCIV 512 y 902). Al no haber custodiado como correspondía los cheques que ahora asegura no haber suscripto, más allá de la negligencia que habrá incurrido el banco en el control de las rúbricas que lucen en ellos, se trata de cheques que corresponden al cuaderno entregado por el banco al librador. En síntesis, acreditada la entrega de las fórmulas en que fueran librados los cheques rechazados, y a pesar del incumplimiento del Banco por haber omitido notificar el cierre de la cuenta corriente, dado el conocimiento que tuvieran los actores de tal acontecer, corresponde determinar existencia de culpa concurrente. Si bien las firmas se encontraban "visiblemente falsificadas", la conducta de los actores también fue cuestionable toda vez que no procedió conforme era su obligación de conformidad con lo que prescribe la ley y reglamentación vigente. Tampoco evitó que se generaran mayores perjuicios a su propia parte. En conclusión, el daño fue consecuencia del obrar negligente que desplegaron ambas partes, que en el caso debe ser atribuido por partes iguales.
Menores, intereses
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: ALDERETE MARA YANINA c/ CUETO RUBEN HERALDO s/ TENENCIA DE HIJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-04-25

En materia de menores, es importante mantener la situación existente, sobre todo, si no hay motivos graves que impulsen a su cambio, teniendo en mira siempre el interés del menor.
Competencia contencioso administrativa y tributaria, caducidad de instancia, impulso procesal, recurso de inconstitucionalidad, cédula de notificación, doctrina de la arbitrariedad, sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ GCBA c/ Ferrer, Iván Augusto s/ ejecución fiscal - ing. brutos convenio multilateral
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-17

En el caso, la caducidad del recurso de inconstitucionalidad decretada resulta arbitraria y violatoria del derecho de defensa del GCBA. Ello así, toda vez que la Mesa de Entradas Receptora de Escritos Judiciales de la Secretaría General de la Cámara del fuero CAyT no desconoció el sello obrante en el escrito presentado por el letrado apoderado de la parte actora en el que manifestó acompañar la cédula de notificación para su confronte y diligenciamiento, en tiempo hábil para enervar la caducidad en cuestión. Por tal motivo, el Tribunal a quo no pudo válidamente declarar la caducidad de la instancia sobre la base de una exigencia -la de que no se había adjuntado copia del aludido instrumento ni, por ende, se había logrado identificar qué es lo que se pretendía notificar por medio de aquella- cuando no hay constancia de qué hizo con el escrito y mucho menos de haberlo proveído en tiempo procesal oportuno. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Falsificación de instrumento público, uso de documento adulterado, falta de acreditación del cuerpo del delito, prueba, copias
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Perez, Héctor s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-10

A los fines de la acreditación de la comisión de un delito, no resulta necesaria la incorporación al proceso del objeto sobre el cual ha recaído la conducta delictuosa -corpus crimini- ni de los medios utilizados en la comisión del suceso -corpus instrumentorum-, ya que basta con su verificación se produzca por los medios de prueba admitidos -corpus probatorium-, como resultan ser las declaraciones testimoniales.

(Voto del Dr. Tragant, adhiriendo al Dr. Riggi).
Jueces, facultades del juez, actuación de oficio, defensa en juicio, recurso de inconstitucionalidad, jurisdicción
Materia: PROCESAL
Carátula: RICO, JORGE M c/ LA PLATA CEREAL CO s/ RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD  -  DEMANDA ORDINARIA (CSJ EXPTE Nº  321-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-06-12

Suplir oficiosamente, por parte del juez postulaciones que deben aparecer como el fruto de una actividad procesal que - inexorablemente- debe efectuar la propia parte afectada, presupone la restricción sustancial del derecho de defensa en juicio de la contraria y un exceso de jurisdicción que desemboca en la conculcación del derecho de propiedad.
Medicina prepaga, derecho a la salud
Materia: CIVIL
Carátula: I.N.,N.M. c/ SWISS MEDICAL S.A. s/ Prestaciones jurídicas
Jurisdicción: Federal — Provincia: Salta
Fecha: 2015-02-13

Los contratos de medicina prepaga no son indiferentes para el Estado ni ajenos a los principios y plexo normativo constitucional (incluidos los tratados internacionales incorporados por el art. 75 inc. 22) que tutelan un derecho esencial "fundante" como es el derecho a la salud, presupuesto existencial para el ejercicio de todos los demás derechos de que goza la persona humana. Por ello, estos contratos se insertan en un sistema contractual de características especiales, que tienen una base solidaria en la cual el beneficiario aporta durante un tiempo para que, en el momento de enfermarse, el riesgo del costo se difunda en el conjunto de los beneficiarios del sistema.
Sentencia, intereses, nulidad del acto jurídico
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: TERRON, ALBERTO s/ ACCION CIVIL - SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1964-04-17

No libera a la Cámara de su obligación de pronunciarse respecto de todas las cuestiones sometidas a su consideración -entre ellas, la determinación de los intereses que integran la indemnización- el hecho de que haya hecho mérito de la devaluación de la moneda para estimar la indemnización, sobre todo en una situación donde se reconoce la existencia de pagos realizados por el actor civil, a título de daño emergente, con anterioridad a la sentencia.-
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión justiciable, juicio político, debido proceso, defensa en juicio, acceso a la justicia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: V, A A s/ JUICIO POLITICO     QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-09-19

Si bien el fondo de lo resuelto en el juicio político escapa a la potestad jurisdiccional de esta Corte Suprema -en virtud del principio republicano de división de "poderes"-, el derecho a la jurisdicción que consagra el artículo 7 de la Constitución Provincial exige que exista al menos una instancia judicial de impugnación de la que pueda valerse la parte afectada por la decisión recaída en ese ámbito; por lo que resulta apropiada la vía del recurso extraordinario para ante este Tribunal de garantías constitucionales a fin de verificar si se satisfacen, en el procedimiento y resolución del juicio político, los principios del debido proceso y defensa que informan nuestra Constitución.
Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, recursos, competencia, inmunidades parlamentarias
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Alvarez, Carlos Alberto y otro s/ injurias - causa n° 52 -.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-30

La Cámara Nacional de Casación Penal constituye un órgano judicial "intermedio" al cual no le está vedada por obstáculos formales la posibilidad de conocer por vía de los recursos de casación, inconstitucionalidad y revisión cuando se discute el alcance de las inmunidades parlamentarias a que se refieren los arts. 68, 69 y 70 de la Constitución Nacional (Voto de la mayoría al que no adhieren los Dres. Augusto César Belluscio y Guillermo A. F.

López).
Multa penal, acusación fiscal, reformatio in pejus
Materia: PENAL
Carátula: GUEVARA, René H. s/ MULTA - REFORMATIO IN PEJUS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-07-28

La pena pecuniaria conjunta, establecida en el art. 22 bis del C.P., que sería de aplicación al caso por las particulares características (robo calificado), no puede imponerse en la alzada por no haber sido requerida en la acusación oficial (además existe desistimiento expreso del Fiscal de Cámara), con lo que se afectaría el principio de la "reformatio in pejus", de obligada observancia.-
Loterías, aplicación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PROVINCIA DE RIO NEGRO c/ MUNICIPALIDAD DE GENERAL ROCA s/ CONFLICTO DE PODERES S/INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1993-04-29

El correcto sentido del art. 2069 del CC merece la siguiente interpretación:"la ley civil remite a la legislación local, como lo es el derecho administrativo, se trate del derecho administrativo en jurisdicción nacional o del derecho administrativo en jurisdicción provincial. Al remitirse a las ordenanzas municipales y reglamentos policiales, con ello se ha querido mencionar lo que es de competencia del legislador local lato sensu...-