Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-08-07


En la ciudad de Buenos Aires, a los 7 días del mes de agosto de dos mil seis, se reúnen los miembros de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, a efectos de resolver el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por el Sr. Defensor Oficial a fs. 63/72 de la presente causa, de lo que, RESULTA:

I. Que a fs. 14/17 la Defensa plantea el sobreseimiento de su asistida por atipicidad y subsidiariamente la nulidad del acta de secuestro, por las razones que allí expone.

II. Que a fs. 28/29 la titular del Juzgado Contravencional y de Faltas Nro. 4, Graciela Dalmas, resuelve no hacer lugar al pedido de sobreseimiento -punto I-, rechazando también en dicha ocasión el pedido de nulidad de las actuaciones a partir del acta de secuestro concretada por la prevención, por haberse realizado conforme a derecho -punto II-.

III. Que a fs. 33/37, el Sr. Defensor Oficial, Mariano Bertelotti interpone recurso de apelación contra la resolución mencionada supra, entendiendo que la misma ocasiona un gravamen irreparable al devenir injusta la decisión adoptada por la magistrada debido a que resultó una derivación de un procedimiento irregular que la afecta (art. 449 CPPN).

IV. Que a fs. 38 la Graciela Dalmas concede la vía interpuesta en relación al punto II de la resolución mencionada en cuanto deniega la solicitud de nulidad, rechazándola respecto del punto I que no hace lugar al sobreseimiento.

V. Que a fs. 58/61vta. obra la resolución dictada por la Sala III de esta Cámara con fecha 15 de mayo de 2006, mediante la cual dispuso declarar mal concedido el recurso de apelación interpuesto a fs. 33/37vta por el titular de la Defensoría Oficial N° 4, Mariano Bertelotti, por considerar que fue presentado en forma extemporánea, debido a que el plazo para interponer recursos de apelación de autos interlocutorios es el establecido en el art. 450 del CPPN y no el del art. 50 de la ley 12, como pretende el Sr. Defensor.

VI. Que a fs. 63/72 el Mariano Bertelotti, interpone recurso de inaplicabilidad de ley, en virtud de lo normado por el art. 52 LPC contra la resolución mencionada supra, alegando que lo resuelto por la Sala III contradice lo decidido en forma pacífica en numerosos precedentes tanto de esta Sala I como de la Sala II de esta Cámara. Cita, entre otras, las causas nº 092-00-CC/2004, "Recurso de queja en autos Gutierrez, Carlos E. s/ley 255", nº 252-00-CC/2004, "Bravo, Miriam Soledad s/art 39-Apelación" (ambas de esta Sala), y nº 085-01-CC/2004, "Incidente de nulidad en autos Quiroga, Luis Alejandro s/inf. art. 54 CC", y nº 071-01-CC/2004, "Recurso de queja en autos Silva Conca, María del Pilar s/inf. art.83 CC" (ambas de Sala II), donde se afirmó que el plazo para apelar autos interlocutorios era el contenido en el art. 50 de la LPC (5 días). A fin de fundar su recurso, sostiene, en primer lugar, que el remedio procesal intentado resulta formalmente admisible, al haber sido interpuesto en las condiciones de tiempo y forma y por quien se encuentra legitimado para hacerlo. Afirma que si bien el auto atacado no es una sentencia definitiva, puede asimilársela a tal por el gravamen irreparable que la resolución produce. Cita al efecto la doctrina de la Corte Suprema sobre resoluciones equiparables a sentencia definitiva.

Finalmente y en cuanto al recaudo citado por esta Sala, en la causa 1597-CC/2003, sobre la indicación del precedente contradictorio con anterioridad al pronunciamiento de la sentencia definitiva, afirma que dicha exigencia lo es solo para el recurso de inaplicabilidad de ley en materia civil, dado que en materia penal rige el principio de interpretación restrictiva para el caso que alguna disposición legal limite el ejercicio de un derecho. También señala que no es de aplicación el art. 11 de la ley 24.050 en el ámbito local. Asimismo agrega, que la incidencia aquí planteada se presentó como un hecho nuevo y sorpresivo, siendo al parecer el primer precedente de la Sala III al respecto.

VII. Que a fs. 75/76, el Sr. Fiscal de Cámara, Walter Fernández, afirma que el recurso de inaplicabilidad de ley debe ser rechazado atento que no se cumple con uno de los requisitos del recurso en cuestión, ya que el auto impugnado no constituye ni sentencia definitiva, ni pone fin a la pretensión punitiva, ni hace imposible la continuación de las actuaciones. Agrega, sin embargo, que corresponde que las Salas de la Cámara de Apelaciones se autoconvoquen a Acuerdo Plenario con el fin de unificar jurisprudencia sobre el plazo para recurrir ante la Cámara, pues la distinta interpretación del mismo genera una indudable inseguridad jurídica.

VIII. Que a fs. 79 pasan los autos a resolución de esta Sala, siendo la cuestiones a dilucidar si el recurso de inaplicabilidad de ley debe ser declarado admisible, y, en su defecto, si procede promover una convocatoria a reunión plenaria.

PRIMERA CUESTION:

En primer lugar, cabe aclarar que en el día de la fecha esta Sala resolvió un recurso de inaplicabilidad de ley correspondiente a esta misma causa, presentado por el defensor contra la decisión de la Sala III que rechazó un recurso de queja por apelación denegada, fundado en que el término para recurrir las decisiones no definitivas en materia contravencional es de tres días -art. 450 CPPN- y no de cinco -art. 50 de la ley 12-. Los agravios que sustentan este recurso son los mismos que fueron tratados en aquél, por lo que cabe remitirse a lo allí decidido, en lo que ambos tienen en común. Ello no obstará, sin embargo, a que se hagan referencias específicas respecto a lo que puntualmente resulta inherente a la presente vía -condiciones de tiempo y forma- y, asimismo, teniendo en cuenta que, si bien con iguales fundamentos, aquí se declara mal concedido el recurso de apelación interpuesto contra la denegatoria de un pedido de nulidad; mientras que en el ya resuelto se trató del rechazo de un recurso de queja por apelación denegada contra la decisión del Juzgado que no hizo lugar al sobreseimiento por atipicidad de la conducta. Cabe destacar, sin embargo, que la motivación que permitió que se declarara mal concedido el recurso de apelación en el presente, como la que determinó que se rechazara la queja en el otro es la misma: el término para interponer recurso de apelación contra las decisiones no definitivas no se rige por el art. 50 de la ley 12, sino por el art. 450 CPPN.

El presente recurso fue presentado en tiempo y lugar, fundadamente dentro de los cinco días de notificada la resolución atacada, ante la Sala que dictó la resolución impugnada (art. 52 de la ley 12). El interés del recurrente se advierte frente al gravamen que lo decidido causa a la Defensa, en la medida en que contrasta con sus pretensiones y le impide obtener una revisión de lo decidido por el Juez de grado.

Asimismo, tanto la decisión recurrida por vía de inaplicabilidad de ley, como las invocadas como contrarias a ella en dicho remedio procesal, emanan de Salas de esta misma Cámara y deciden de modo contradictorio, cuestiones semejantes. En tal sentido, la Defensa señala como contradicción esencial, que la Sala III declaró extemporáneo el recurso de apelación interpuesto por dicha parte contra una resolución que no reviste el carácter de sentencia definitiva, al interpretar que no resulta de aplicación el plazo de cinco días establecido en el art. 50 de la ley 12, sino el de tres días fijado por el art. 450 del CPPN.

Por otra parte y tal como resolvió esta Sala en el día de la fecha en el "Recurso de queja en autos Corjuera, María s/infr Art. 83 ley 1472", nro. 5428-01, correspondiente a esta misma causa, si bien aquellas decisiones de las Salas I y II no fueron expresamente invocadas por el letrado con anterioridad al dictado de la resolución de la Sala III, exigencia propia de la vía intentada, lo cierto es que, dadas las especiales características del caso, es dable concluir que dicha circunstancia no puede constituir un escollo formal para la procedencia del recurso. Ello así por cuanto no le era exigible al Defensor que previera que la Sala III iba a apartarse del criterio sostenido pacíficamente, desde su origen, por las otras Salas de la Cámara, recurriendo a otra ley procesal para fijar el plazo del recurso de apelación que se encuentra regulado en la propia ley 12. En definitiva, exigir tal invocación sería tanto como pretender que anticipara una posible decisión que, conforme las circunstancias, era imprevisible y "sorpresiva" para la defensa. A mayor abundamiento, los fines tenidos en mira por la ley al incluir aquélla carga al impugnante -alertar a la Sala interviniente acerca de la posible contradicción jurisprudencial a producirse si se aparta de la doctrina establecida en el precedente-, han sido cumplidos, desde el momento en que la Sala III tenía conocimiento de la jurisprudencia de las otras Salas, tal como se desprende de la simple la lectura de la resolución impugnada por el defensor.

En otro orden de ideas, este Tribunal también consideró que tampoco la naturaleza procesal del tema introducido resulta óbice para admitir la vía deducida, por las razones expuestas en el día de la fecha en el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto en la citada queja correspondiente a esta misma causa, a las que cabe remitirse.

Sin embargo, se advierte que, al igual que se decidió en la otra cuestión introducida en la referida queja, a la luz del art. 52 de la ley 12 y su Reglamentación (CM Res. 152/99), se presentan obstáculos insalvables en relación a la presencia de otro de los requisitos objetivos de impugnabilidad. Ello así porque el auto aquí atacado no constituye una sentencia definitiva, ni equiparable a tal, exigencia que este Tribunal considera indispensable para que proceda el remedio intentado, conforme se desprende de la doctrina y jurisprudencia que fundamentan la resolución citada.

Al respecto no puede soslayarse que la Res. CM 152/99 que reglamenta este recurso para la materia contravencional, hace una referencia expresa a la exigencia de sentencia definitiva en la Disposición transitoria 3ª, inciso 1º.

En el presente caso, la Defensa afirma que nos hallamos frente a una sentencia no definitiva pero equiparable a ella por los efectos jurídicos que acarrea, toda vez que al adquirir firmeza la resolución por la cual denegó la solicitud de nulidad articulada, ello conlleva el mantener sometida a proceso a su defendida en una causa, que de continuar, lo sería en franca vulneración a la garantía constitucional del debido proceso legal, al encontrarnos frente a un procedimiento nulo.

Sin embargo, los argumentos esgrimidos no permiten atribuir al decisorio impugnado tal carácter. En efecto, corresponde a quien recurre una decisión que no es definitiva la carga de invocar y probar las circunstancias que permitan equipararla a tal (TSJ "Carballo, Héctor F. s/queja por rec. de inconstitucionalidad denegado", del 26/4/06 -voto de la Conde-), para que se justifique la procedencia del remedio. Los fundamentos que invoca el letrado no resultan idóneos para demostrar que la decisión le provoca un agravio de insuficiente reparación ulterior, es decir que se trate de aquéllos que por su magnitud y por las circunstancias de hecho, resulte irreparable (CSJN Fallos 295:646; 308:90, entre otros). Por el contrario, la decisión cuestionada al declarar mal concedido el recurso de apelación interpuesto contra la decisión que no hizo lugar a la nulidad articulada, no pone fin al proceso, ya que la consecuencia directa del rechazo de la invalidez de procedimiento, es que continúe su trámite, por cierto, incipiente, ya que ni siquiera se le ha recibido declaración en relación al hecho.

En la misma línea de pensamiento el máximo Tribunal de la Ciudad resolvió que "...en principio, las decisiones referidas a actuaciones, medidas o provisiones adoptadas durante la tramitación del proceso no constituyen sentencia definitiva..." (voto de la Conde en expte. 3193/04 "Beatriz, Cristian Alberto y otros s/art. 189 bis, del 16/12/04, "Santamaría Liste, Angel c/GCBA s/ rec. de queja", del 27/10/99; "Najmías Little, Luis c/GCBA", del 11/6/01; "Giribaldi, Juan E. c/ GCBA s/amparo", del 21/6/01, entre otros).

De este modo, no es posible declarar admisible el recurso de inaplicabilidad de ley ahora interpuesto, dado que la resolución atacada no constituye una sentencia definitiva ni puede asimilársela a tal por las razones expuestas.

SEGUNDA CUESTIÓN:

El Sr. Fiscal de Cámara en su dictamen solicita el rechazo del recurso interpuesto por ausencia de sentencia definitiva o equiparable, pero entiende que debe promoverse una autoconvocatoria a Acuerdo Plenario en los términos del art. 8 del Reglamento para la Jurisdicción en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (res. 870/CM/05) y Disposición transitoria 3ª. Inc. 7 de la Res. CM Nº 152/99.

Si bien ello no procede a instancia de parte, en virtud de tratarse de una facultad privativa del tribunal, esta Sala considera que la cuestión introducida fundamenta una convocatoria a reunión plenaria, por las razones brindadas en el día de la fecha en "Recurso de queja en autos Corjuera, María s/infr Art. 83 ley 1472", nro. 5428-01, correspondiente a esta misma causa, teniendo en cuenta que la discrepancia señalada por el defensor entre los criterios sostenidos por las Salas de esta Cámara en relación al plazo para recurrir sentencias no definitivas en materia contravencional, impide conocer a las partes de modo cierto la conformación del requisito de orden temporal en relación a la oportunidad en que se debe impugnar una decisión de aquellas características, pudiendo afectar derechos constitucionales, tales como el de defensa en juicio e igualdad ante la ley, amén del deterioro a la seguridad jurídica que ello produce.

Sin embargo, toda vez que la decisión de la Sala III que declaró mal concedido el recurso de apelación interpuesto por la defensa no se sustentó exclusivamente en su extemporaneidad, sino también en la inexistencia de un agravio en los términos exigidos en esta instancia (fs. 61), la cuestión introducida en el presente no podría modificar lo allí decidido.

Por los motivos expuestos, el Tribunal, RESUELVE:

I. DECLARAR INADMISIBLE el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por el Sr. Defensor Oficial a fs. 63/72 (art. 52 de la ley 12).

Regístrese, notifíquese con carácter urgente y devuélvase a la Sala III de esta Cámara.

Ante mí: