marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Materia: PENAL
Carátula: MUKDISE ANTONIO DAHIBES;MUKDISE RICARDO A. Y OTROS S.D.HOMICIDIO PRETERINTENCIONAL, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLACION DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PUBLICO E.P DE JIMENEZ FELIPE O. s/ CASACION PENAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2005-10-18

Si bien es generalmente admitida la identidad de culpa penal y civil esto no excluye de un modo absoluto la posibilidad de que el juez civil, actuando en su propio campo, reconozca algún elemento que es relevante para el derecho civil y no para el penal. Despúes de una sentencia absolutoria, o un sobreseimiento definitivo, tampoco es imposible que el Juez civil afirme que el hecho constituye un delito o cuasi delito civil a pesar de no ser un delito penal; podría decirse que el juez civil adquiere plena autonomía, que no está vinculado a la decisión penal, en cuanto penetra a una esfera absoluta y exclusivamente civilista, por donde no transitó o no pudo transitar el juez penal. La absolución del imputado por falta de culpa penal no tiene autoridad de cosa juzgada respecto a la culpa exclusivamente civil. Por ello la absolución penal no impide el pronunciamiento sobre la acción civil en el mismo proceso.
Contienda negativa de competencia, concurso preventivo, daños y perjuicios
Materia: PROCESAL
Carátula: AGRONEGOCIOS JEWELL S.A. c/ COLOMBO BOSCHI, YANINA Y OTROS s/ COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-05-02

Cabe resaltar que la conveniencia meramente práctica que ambos procesos se tramiten ante un mismo juez, no obstante que en éstos existan elementos comunes o interdependientes, subjetiva u objetivamente considerados, no basta -ante la ausencia de una disposición legal expresa- para desplazar la competencia, pues el elemento nexal es sumamente débil; y no se advierte que el estado de insolvencia de la concursada suponga la dependencia entre ambas causas, pues la acción de daños tiene una finalidad específica que se dirige a demostrar la alteración de los estados contables y el incumplimiento de las funciones de la auditora externa, situaciones que no necesariamente se presentan ante un supuesto de insolvencia; menos aún podría sostenerse que entre la pretensión individual de daños y perjuicios seguida contra sujetos distintos a la concursada y el concurso preventivo en trámite, exista una conexidad subjetiva, objetiva ni causal que imponga la tramitación en forma conjunta. (De la disidencia del Dr. Erbetta) - Jurisprudencia concordante con Striglio, AyS T 324, p 388, sumario J0051061.
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, rechazo de la demanda, expropiación irregular, declaración de utilidad pública, gravamen actual
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Divanlito S.A.C.I. y F. c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. s/ Expropiacion Inversa
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-09-15

Es improcedente el recurso extraordinario contra la sentencia que rechazó la demanda por expropiación inversa, en virtud de haber cesado la calificación de utilidad pública de los inmuebles en litigio, sí del escrito de interposición no surge cuál es el gravamen que le ocasiona lo resuelto por la Cámara. Ello así, habida cuenta que el agravio vertido por la actora relativo a la posibilidad de una nueva e hipotética declaración de utilidad pública de dichos bienes constituye la alegación de un gravamen futuro o meramente conjetural que resulta inhábil para abrir la instancia de excepción.
Empleados públicos, personal transitorio, cargo público, funciones transitorias, diferencias salariales, remuneración
Materia: ADMINISTRATIVO-LABORAL
Carátula: Moyano, Mariela Andrea c/ Provincia de Córdoba s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2020-05-13

Debe rechazarse la diferencia de haberes reclamada debido a que la actora no tenía el cargo de revista que dice le correspondía (Jefe de División Permanente) y por ende tampoco el derecho a percibir la remuneración correspondiente al mismo ya que la naturaleza provisional de una designación interina no resulta idónea para generar por si derechos adquiridos a percibir una remuneración más allá del tiempo de su designación y de la prestación efectiva de funciones. Si bien desde un primer momento se le asignaron funciones de conducción (Jefe de División Administración), va de suyo que ello fue de manera "interina" y con retención del cargo de revista, que a la sazón es para el cual había concursado y que pertenece al "Nivel Operativo". Por ello, la resolución opugnada, que limita las funciones que le habían sido acordadas de manera interina, no presenta vicios y no puede ser considerada ilegal, arbitraria o que hubiese implicado una desviación de poder o la afectación de su derecho de defensa debiendo rechazarse la pretensión encaminada a su nulidad y ratificar la legitimidad de la misma.
Facultades del Poder Judicial, control de constitucionalidad, Estado Provincial, facultades jurisdiccionales, jerarquía constitucional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: P., E. del C. c/ B.CH. SA s/ Medida Autosatisfactiva
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-03-25

Como lo tiene dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aquella aptitud jurisdiccional de los tribunales de todo el país para ejercer el control de constitucionalidad halla su fundamento en la obligación que tienen las provincias de asegurar su administración de justicia, lo que hace que sus jueces deban apegarse al principio de la supremacía de la Constitución en aras del cumplimiento pleno y eficaz de la misma.
Contrato de obra pública, mayores costos, licitación pública, igualdad licitatoria, Administración Pública, resoluciones
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SENTRA SA Y SITRA SAICFIC c/ MUNICIPALIDAD DE VILLA CONSTITUCION s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  N. 286-84)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-06-19

El artículo 82 del Decreto Reglamentario de la Ley 5188, en ningún momento autoriza al Ministerio de Obras Públicas a dictar resoluciones con carácter retroactivo y esa prohibición implícita se confirma con el artículo 83 de la Ley 5188, que refiere a "las variaciones de costo determinadas de acuerdo al artículo anterior" y al 83 de la Reglamentación que obliga a establecer en los pliegos de bases y condiciones, los porcentajes aditivos. Es obvio que mal podría figurar en los pliegos una disposición aún no dictada.
Estado, división de poderes, personas con discapacidad, derechos y garantías constitucionales, reglamentación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: D., M. E. c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CONCEDIDO POR LA CAMARA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-11-20

El pronunciamiento a favor de los agravios de la recurrente - quien pretende una vivienda adecuada a su situación de incapacidad y un subsidio mensual para cubrir sus necesidades alimentarias- no implica la injerencia de este Cuerpo en cuestiones que desbordan el marco de su competencia, ni mucho menos sugiere la discrecional asignación de los recursos presupuestarios del Estado, desde que a la luz de los compromisos internacionales asumidos no se puede soslayar que nos encontramos ante la obligación impostergable de garantizar, en el caso concreto, el efectivo reconocimiento de los derechos subjetivos en examen.

En efecto, dado que los derechos que se encuentran en juego por la entidad que revisten no pueden ser restringidos ni limitados por la omisión o insuficiencia de su reglamentación; y que se advierte una mora manifiesta en la demandada incompatible con el principio de que es obligación del Estado Provincial, adoptar medidas hasta el máximo de sus recursos disponibles con celeridad, economía, sencillez y eficacia en los trámites, quedarse únicamente con el argumento de la afectación de la división de poderes sería apelar a la estéril retórica de los derechos, a su mera asunción nominal y declamatoria, sin dar el paso hacia su máxima concreción, función por la cual debe velar el Poder Judicial (Del voto del Dr. Falistocco).
Reajuste jubilatorio, movilidad del haber jubilatorio, emergencia económica
Materia: CONSTITUCIONAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ELIZONDO, NYDIA HAYDEE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-09-13

El criterio sostenido por la Cámara -al analizar cómo se ha regulado el principio de movilidad jubilatoria en nuestro sistema provincial y juzgar que las sucesivas disposiciones legislativas mantuvieron el criterio de movilidad en virtud de coeficientes sectoriales aplicados por el Poder Ejecutivo en función de las variaciones de las remuneraciones del sector activo-, se encuentra ajustado a derecho, toda vez que estimó que la ley 11696 debía interpretarse en la totalidad de sus preceptos y finalidad, valorándose el contexto general en el que se dictó ( emergencia económica, contribución solidaria de los beneficiarios de la Caja, aporte personal solidario de afiliados, emisión de bonos previsionales para cancelar deudas, sistema de financiamiento del régimen por rentas generales y el régimen previsional sobre el que operaba "de reparto"), de manera que armonicen con el ordenamiento jurídico, ya que la intención del legislador fue establecer una modalidad que no obligara al traslado automático de los aumentos del sector activo a los pasivos, difiriendo su aplicación sólo para el caso que dicha variación superara el 20 % que es el límite de la reducción tolerable conforme criterios jurisprudenciales.
Empleo público, sanciones disciplinarias, extinción de la acción, plazo, interpretación de la ley, violencia de género
Materia: ADMINISTRATIVO-LABORAL
Carátula: GCBA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Franco, Pedro c/ GCBA s/ recurso directo de revisión por cesantías y exoneraciones de empleados públicos (Art. 464 y 465 CAyT)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-17

Corresponde rechazar la queja toda vez que la invocación por la autoridad pública de los estándares internacionales de protección de derechos humanos referidos a la violencia contra la mujer para, sobre esa base, pretender eludir las consecuencias de la propia ineficacia en el trámite sumarial, no puede ser admitida. Tal argumento conlleva el riesgo de banalizar las previsiones de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y distorsionar su alcance al sugerir la idea equivocada de que es el carácter del caso -violencia de género-una especie de dispensa conferida al titular de la potestad sancionatoria de esa conducta de sus deberes de diligencia, cuando, en rigor de verdad, se trata de aumentar exigencias y no de dispensarlas. (Del voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Recurso de apelación (procesal), tercera instancia, sentencia definitiva, responsabilidad del Estado
Materia: ADMINISTRATIVO - CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Cía Swift de La Plata S.A.F. s/ QUIEBRA INC. VERIF. DE CREDITO CONTINUIDAD DE LA EMPRESA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-17

No es definitivo, a los efectos del recurso ordinario de apelación (art. 24, inc. 6 del decreto-ley 1285/58), el pronunciamiento que deja a salvo la eventual responsabilidad que pueda caber el Estado Nacional por su desempeño en ejercicio de las facultades otorgadas por la ley 18.832, lo cual deberá ser objeto de debate y juzgamiento en otro juicio.
Recurso extraordinario federal, cuestiones de hecho y prueba, procedencia del recurso, sentencia arbitraria, errónea apreciación de la prueba, apartamiento de las constancias de la causa
Materia: PROCESAL
Carátula: Montiel   de  Torres,  María  Isolina y Torres, Luciano c/ Bona,Osvaldo y Hospital Guillermo Cleland Paterson. s/ Recurso extraordinario federal
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-05-30

Las cuestiones referidas a los hechos y pruebas de la causa, son propias de los tribunales de juicio y ajenas, por principio, al recurso extraordinario, y cabe hacer excepción a tal doctrina, si la sentencia recurrida carece de los requisitos mínimos que la habiliten como acto jurisdiccional, en tanto incurre en arbitrariedad manifiesta, al hacer una ponderación errónea, no sólo de las alegaciones contenidas en la demanda, sino de los propios argumentos del fallo, así como una apreciación inexacta de las pruebas producidas, lo que lleva al tribunal a efectuar afirmaciones que no encuentran respaldo en el material probatorio agregado en la causa.
Nombre, nombre extranjero, interés público
Materia: CIVIL
Carátula: Ofmann, Mario Jorge y otra s/ Res.    Reg.  Estado  Civil  de  las  Personas  (R.C.A.  Nx  27.686).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-09

No es posible afirmar, en general, que los nombres extranjeros que no tengan traducción al castellano, deben quedar excluidos "a priori" so pretexto de que al país le interesa la asimilación de los extranjeros o de que con ello se compromete el "interés público".
Recurso de casación penal, mantenimiento del recurso, improcedencia del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: SUZAÑO, MARIA CRISTINA s/ RECURSO DE CASACION. Causa: 823
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-06

En la medida en que el artículo 451 del C.P.P.N. Dispone que el tribunal que concede el recurso debe emplazar a los interesados para que comparezcan a mantenerlo ante la alzada, extremo que ha sido acabadamente cumplimentado en el sub lite por el tribunal de a quo con las citas legales pertinentes, resulta que el sostenimiento debe ser ejecutado en esta sede, sin que ello resulte suplantado por el ejercicio de tal actividad ante el órgano recurrido.
Municipalidad, personal municipal, indemnización
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Pisani, Osvaldo c/ Municipalidad de Rosario s/ Recurso Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción (EXPTE CSJ   Nº 551-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-08-02

Cuando el cese en las funciones se debe a una invalidez acreditada, la que no puede consumar un hecho voluntario, el agente se halla comprendido en la causa de "cesantía por incapacidad inculposa" prevista en el inciso g) del artículo 23 de la ley provincial 9286, siendo acreedor a la correspondiente indemnización.
Recurso extraordinario, juicio ejecutivo
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: V., C.A.M. c/ I., E.A. s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-07-04

En los procesos ejecutivos la admisibilidad de los recursos extraordinarios surgirá o no, según la cuestión planteada encuadre en los supuestos previstos por el artículo 553 del C.P.C.C., de manera que la nota de lo definitivo la otorga la imposibilidad de reeditar dicha cuestión en un proceso ulterior.
Seguridad social, beneficios previsionales, reajuste jubilatorio, movilidad del haber jubilatorio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: "ASTUDILLO, WENCESLAO c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-06

El contenido de la directiva del art. 32 de la ley 24.241 (modificado por art. 5 de la ley 24.463) y del art. 7.2 de esta última norma, resulta razonable, motivo por el cual no corresponde declarar su inconstitucionalidad. Lo que sí es irrazonable, es el medio que se emplea, y que consiste en la omisión legislativa del tratamiento de la movilidad jubilatoria luego de diez años de vigencia de la norma que así lo impone, convirtiéndola en letra muerta al efecto de satisfacer el objetivo que marca la ley suprema. Por ello, ante el silencio legislativo, ha de reconocerse el derecho al titular de una movilidad a partir del 01 de julio de 2005, la que operará hasta tanto el Congreso de la Nación adopte el temperamento legal que entienda corresponde. (Del voto del Dr. Fernández al que adhiere la Dra. Lucas. El Dr. Herrero votó en disidencia).
Retiro policial, derecho al beneficio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Silva, Gerónima c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-10-24

A la luz de las modificaciones introducidas en el decreto 9538/80 por el art. 4 de la ley 11.633 debe reconocerse el derecho a pensión a la concubina del causante fallecido con anterioridad a la vigencia del mencionado decreto, a partir de la fecha de vigencia de la mencionada ley 11.633.
Actualización monetaria, pautas
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Giusti, Dante Ramón c/ Orellana, José Alfredo y ot. s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-12-02

Como se advierte mediante la simple lectura de la ley 24.283 transcripta, ésta se refiere al valor de una cosa o bien o cualquier otra prestación. La amplitud y claridad del precepto legal se robustece más aún con su último párrafo, al declarar que será aplicable a todas las situaciones jurídicas no consolidadas, sin ofrecer dudas al intérprete acerca del ámbito material omnímodo establecido por el legislador.
Sistema republicano, censura previa, libertad de prensa, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: S., V. c/ M., D. A. s/ medidas precautorias
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-03

La absoluta prohibición de la censura previa es inescindible del presupuesto que justifica la rigidez de la norma, es decir, el ejercicio de la libertad de prensa propia de un estado republicano de derecho, no cubre el delito ni alienta su comisión (Disidencia del Dr. Augusto César Belluscio).
Recurso extraordinario, cuestión federal, daños y perjuicios, accidente de tránsito, indemnización, fundamentación de sentencias, fundamentación insuficiente
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Conforti, Emilio Roque c/ Medina, Juan José y otros.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-25

Suscitan cuestión federal los agravios dirigidos contra la sentencia que modificó en forma parcial el fallo de primera instancia que había admitido una demanda por indemnización de los daños y perjuicios causados en un accidente de tránsito, pues no obstante referirse a cuestiones de hecho y prueba, ajenas -como regla y por su naturaleza -al remedio del art. 14 de la ley 48, ello no resulta óbice decisivo para abrir el recurso cuando la sentencia recurrida sólo satisface de manera aparente la exigencia constitucional de adecuada fundamentación.
Recurso de inconstitucionalidad, derivación no razonada del derecho vigente, cuestiones procesales, apreciación de la prueba, sociedad de responsabilidad limitada, socio gerente, responsabilidad de las personas jurídicas, demanda, falta de contestación de la demanda
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: SUAREZ MAURICIO ARMANDO c/ NUTRISUR S. R. L. Y OTRO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- C.P.L. (EXPTE.: C.S.J. NRO. 106 AÑO  2005)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-11-23

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra el decisorio de la Cámara que extendió la responsabilidad de la sociedad a los socios de la S.R.L. desde que el pensamiento del Juzgador evidencia un análisis parcializado de las constancias de autos, máxime considerando que en la controversia estaba seriamente comprometido el principio de primacía de la realidad, que imponía a los Juzgadores el análisis de las circunstancias concretas de cómo y entre quienes se había desarrollado la relación habida entre las partes.

En el caso, el único fundamento brindado por el Tribunal A quo- entender que los codemandados no produjeron la prueba necesaria para quebrar el mecanismo presuncional que derivaba de la falta de contestación de la demanda-, parte de la omisión de una sumatoria de circunstancias que formaban parte de la litis y que podrían haber conducido -de manera opuesta a lo concluido por los sentenciantes- a inferir que el vínculo que motivó el presente había sido establecido entre el actor y la firma demandada, y no con los sujetos accionados a título personal, habiendo optado la Cámara por una tesis interpretativa teñida de dogmatismo, vacía en su contenido, ya que aplica la ley con indiferencia de los hechos, estableciendo una suerte de divorcio entre el ordenamiento legal y las circunstancias comprobadas de la causa. Y el tema medular en debate imponía ese juicio acerca de los hechos y la ajustada merituación de las probanzas rendidas.
Confirmación de sentencia, daño moral, seguro de incendio, obligaciones del asegurador, daño punitivo, reparación integral
Materia: PROCESAL
Carátula: Colombatto Cristian Darío c/ Provincia Seguros S.A. s/ daños y perj. incump. contractual (exc. Estado)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2020-12-03

Corresponde confirmar la sentencia apelada y condenar a la aseguradora a abonar el total de las sumas aseguradas por incendio, declarando la inaplicabilidad de la cláusula de liquidación a prorrata del siniestro por falta de explicación de su alcance al asegurado al momento de contratar; resarciendo de esta manera el daño moral y el daño punitivo, debido a que se encuentra acreditada la demora de la compañía que habilita la dispensa del consentimiento del asegurado para deshacerse de las cosas dañadas por el incendio en el afán de volver a habitar su casa, como también se haya acreditado el daño moral padecido por el actor.
Régimen penal de la minoridad, leyes, interpretación de la ley, aplicación temporal de la ley
Materia: PENAL
Carátula: D.V., E.; P., J.; G., M.; S., J. s/ Absolución sanción penal (Expte Nº  128-00, Resolución Nº  39, Tomo 7,  Folio 376)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-06-07

Atendiendo a si existe algún límite temporal para la valoración de los resultados del tratamiento tutelar, esto es, si la efectivización de la meritación debe coincidir con el cumplimiento del año -o su prórroga- de tratamiento, o si puede concretarse tiempo después (que es lo que ocurrió en autos) valorándose también lo ocurrido entre el momento de agotamiento del tratamiento tutelar y el momento en que se dicta la sentencia, parece claro que la idea de la ley 22.278 es que la definición sobre la aplicación o no de pena debe concretarse no bien cumplido el tratamiento tutelar, lo que apuntaría a la aceptación de la primera de las alternativas señaladas, mas es del caso que frente a la realidad de un retardo en el dictado de la sentencia - consentida en el caso tácitamente por las partes, que no instaron el dictado- nada obsta a la valoración de todo resultado producido entre el agotamiento del tratamiento tutelar dispensado y el dictado de la sentencia, dado que siempre se trataría de resultados (aunque, como se verá más adelante, esta demora pueda producir otros resultados).