Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-04-04


2º Instancia. - Buenos Aires, abril 4 de 2008.

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada? A la cuestión propuesta, el señor Juez Vassallo dijo:

I. La señora L. A. S. en representación de sus hijas E. L. A. y R. I. A. dedujo esta demanda contra Banco de la Provincia de Buenos Aires con el objeto de obtener resarcimiento por los daños que dijo haber padecido por el cierre sorpresivo de una caja de ahorros común que tenía en dicha entidad.

En su escrito de inicio refirió que la cuenta fue abierta en el año 1997 a nombre de sus hijas menores y a su orden con el objeto de que el padre de las menores deposite mensualmente la cuota alimentaria convenida en el marco del juicio de divorcio.

Según explicó, en abril del año 2002 la cuenta fue cerrada por decisión del Banco. Tal medida fue adoptada, según le fue informado verbalmente, por la falta de movimientos en los últimos tres meses.

Destacó, a su vez, que el cierre no les fue previamente anunciado como lo exigían las normas internas del propio Banco.

Cuestionó la causal invocada pues la cuenta fue utilizada en el mes de marzo de 2002.

Por tanto la calificó como una decisión arbitraria del Banco lo cual lo hace responsable de los daños que tal medida les produjo.

Dijo que tal medida les impidió percibir el haber alimentario por nueve meses en tanto la empresa empleadora del ex cónyuge y padre de las actoras no pudo depositar el dinero retenido del sueldo de aquél, por no contar con una cuenta donde hacerlo.

Reclamó entonces para sus hijas un resarcimiento por daño moral, e indemnización por daños materiales.

II. Al comparecer a la causa el Banco de la Provincia de Buenos Aires resistió la pretensión de sus contrarias.

Explicó que el cierre de la cuenta fue causado en la ausencia total de fondos en la caja de ahorros, lo cual importó una causal expresamente prevista en normas internas que le permitían actuar como lo hizo.

Dijo desconocer el origen y destino de los fondos allí depositados, pues se trató de una caja de ahorro común abierta por la señora S. en representación de sus hijas.

Ello fue sólo conocido el 26.9.2002, fecha en que recibió un oficio ordenando la apertura de una cuenta judicial.

En definitiva, concluyó que la demanda debía ser rechazada debido a la inexistencia de conducta antijurídica atribuible a su parte.

III. La sentencia de primera instancia rechazó íntegramente la pretensión, aunque distribuyó las costas en el orden causado.

La señora Jueza a quo estimó que la conducta del Banco se encontró avalada por una normativa expresa, lo cual alejaba la hipótesis de abuso o de conducta antijurídica.

De todos modos dispuso distribuir las costas en el orden causado, pues era esperable del Banco, por un deber de cortesía, haber comunicado previamente a las actoras su intención de cerrar la caja de ahorros.

El fallo fue apelado por la actora, y por la señora Defensora Oficial en representación de la entonces única menor.

Los agravios fueron expresados en fs. 256/59 y 268, los que fueron contestados en fs. 270/273.

IV. Aun cuando han sido dos las apelantes quienes presentaron sendas expresiones de agravios, estimo adecuado tratar ambas en forma unificada.

Es que la señora Defensora Oficial se adhirió a las críticas de la señora S., aunque agregando luego un argumento que, como se verá, es por demás útil para resolver el recurso.

a. La sentencia rechazó la acción resarcitoria por estimar que la conducta del Banco fue legítima al encontrarse avalado jurídicamente para actuar como lo hizo en las disposiciones sobre el Cierre de Cuentas dispuesta en la Circular Nº 1, Grupo 2, parte III, invocada por la demandada, en la cual se establece "el retiro del saldo total existente" como causal de cierre de la cuenta.

No se encuentra controvertido en autos que la actora poseía una caja de ahorro común Nº 10064/1 en la sucursal 4009 Abasto de la demandada.

Tampoco que la misma fue cerrada en el mes de abril de 2002.

El peritaje contable acreditó que el cierre se produjo puntualmente el 8.4.2002 y que el saldo de la caja en ese momento era "cero" (fs. 202v/203: pto.i).

También precisó el auxiliar que en anteriores y reiteradas oportunidades la cuenta se encontró en igual estado (ídem).

Parecería entonces, mas allá de analizar eventualmente si haber consentido tal situación en otros casos predica algún impedimento, que el Banco se encontraba habilitado para actuar como lo hizo.

Sin embargo, tal conclusión comienza a perder solidez al advertir que la normativa apuntada es una creación unilateral de la propia demandada que, como tal, no puede ser impuesta a su contraparte sin su consentimiento.

El Banco demandado acompañó con su contestación de demanda diversa documentación, entre la que se hallaron los antecedentes de apertura de la caja de ahorros.

Como bien dijo el Banco en su tiempo, y reconoció la actora al absolver posiciones, se trató de una caja de ahorro común, abierta por la señora S. quien, por recomendación de su letrada, descartó la cuenta judicial para aligerar trámites.

Dentro de los formularios y cláusulas suscriptas por la actora, que en principio la obligan por tratarse de estipulaciones contractuales (cód. civil 1197), se encuentra la glosada en fs. 92 que se titula "Normas que rigen para los depósitos en cuentas de ahorro".

Tal normativa no contempla la causal de cierre invocada por la demandada y aceptada por la sentencia.

La misma se encuentra inserta en la pieza de fs. 94 que aparentemente modifica el régimen anterior.

Sin embargo a poco que se analice tal constancia se advierte su inoponibilidad a la aquí pretensora.

Como bien destaca la señora Defensora Oficial, tal pieza no se halla firmada por la señora S., ni ha sido demostrado que hubiera sido notificada de su contenido al tiempo de abrir la cuenta o antes de su cierre.

Recuérdese que la actora negó la autenticidad de toda la documentación acompañada por su contraria que no contenga su firma (fs. 135).

Ello obsta a su aplicación al caso, lo cual priva del sustento invocado a la conducta del Banco.

Al evacuar el traslado de la expresión de agravios, el letrado apoderado de la demandada soslayó tal omisión al sostener que de todos modos la Comunicación A 4022 de BCRA autorizaba a su mandante a cerrar una caja de ahorros en la situación indicada (retiro total de fondos).

Sin embargo esta normativa no puede ser invocada en el caso pues data del 30.9.2003, fecha posterior no solo a la apertura de la caja sino también a su cierre.

A todo evento el suscripto no halló en esta, ni en la que la precedió (Comunicación A 3042), una disposición expresa que así lo autorice.

Lo dicho sella la suerte de la demandada pues, al no contar con apoyatura legal o convencional que la autorizara, incurrió en una actuación antijurídica al cerrar intempestivamente la caja de ahorro, lo cual constituye la base para hacerla responsable de los daños que se hubieren probado y que tuvieren adecuado vínculo causal con aquella inconducta.

b. Amén de lo expuesto, advierto otro hecho que sumerge al Banco en una actuación reprochable.

Conforme resulta de la normativa impuesta a todo titular de una caja de ahorro al tiempo de su apertura, el Banco se obligó a notificar a su cliente su decisión de cerrar la cuenta.

Así resulta de las ya citadas "Normas que rigen para los depósitos en cuenta de ahorro" que en su título IV, punto 11 estableció que "cuando se proceda al cierre de cuentas, se hará con aviso a los depositantes al último domicilio registrado y los respectivos saldos serán transferidos a un cuenta general y puestos a disposición de los interesados" (copiado en fs. 92v).

No obstante la claridad de la disposición, el Banco demandado siquiera alegó haber cumplido con la comunicación expresamente impuesta en el documento presentado a la actora.

Dijo que ello no era exigible cuando la cuenta carecía totalmente de fondos.

Empero la normativa citada, debidamente suscripta por la actora, no prevé tal excepción.

Es más, las normas generales antes citadas (Comunicación A 3042 y A 4022 BCRA), contienen disposiciones similares que eximen al Banco a notificar personalmente al titular de la caja cuando esta carece de fondos. Pero aún así, obliga a la institución a comunicar tal decisión mediante la publicación en dos periódicos de circulación del lugar ("1.12.2.2 En los casos de cuentas que registren saldos inferiores a 20 veces el valor de la pieza postal certificada del Correo Argentino, se podrá formular un aviso efectuado mediante una publicación de carácter general, por una vez, en dos órganos periodísticos de circulación en las localidades en las que se hallan ubicadas las casas de la entidad respectiva. Dicha publicación, que contendrá los datos consignados en el punto 1.12.2.1., podrá ser hecha por cada entidad interviniente, por un conjunto de entidades o por las asociaciones que las agrupan, con expresa mención de las entidades que aplicarán la disposición"; Comunicación A 3042, de texto sustancialmente similar a la de la Comunicación A 4022).

En el caso, el Banco tampoco demostró haber realizado esta notificación genérica, lo cual confirma su actuación arbitraria.

c. A todo evento cabe señalar que, como lo indicó el perito contador, la caja de ahorros en cuestión careció de fondos en varias oportunidades lo cual, en la posición de la demandada, la hubiera habilitado para cerrar la misma (fs. 203: pto. i del informe pericial).

El cierre unilateral y sin aviso previo por parte del Banco constituyó una actuación sorpresiva que linda en el abuso de derecho, amén que es contrario a la buena fe que debe regir las relaciones contractuales.

En definitiva, si el demandado conoció a través de la prolongada relación negocial que los vinculó, registraciones reiteradas de saldo cero en la caja de ahorros, es objetable la conducta aquí impugnada por la actora que significó un cambio intempestivo de reglas largamente toleradas y reiteradas durante largo tiempo (como en CNCom, Sala B, 19.09.2001 "Arquing SA c. HSBC Banco Roberts SA s/ sumario").

Sentado lo hasta aquí expuesto, habrá que ver ahora si la conducta de la demandada generó algún daño resarcible.

V. La actora solicitó resarcimiento por daño moral y daño material.

Los analizaré por separado.

a. Daño Moral:

De manera preeliminar cabe recordar que ha sido dicho que la noción de daño moral se halla vinculada con el concepto de desmedro extrapatrimonial o lesión en los sentimientos personales, en las afecciones legítimas o en la tranquilidad anímica, que no son equiparables ni asimilables a las meras molestias, dificultades, inquietudes, o perturbaciones que pueda llegar a provocar un simple incumplimiento contractual, en tanto estas vicisitudes o contrariedades son propias del riesgo de cualquier contingencia negocial (CNCom A, 22.5.86, "Danisewski Juan c. Jorge Hitszfelder"; íd Sala A, 30.8.95, "Criado c. Federación Patronal Coop. de Seguros"; CNCom B, 30.12.81, "Coprave S.A. c. Asociación de Cooperativas Coop. Ltda"; íd Sala B, 21.12.84, "Feldman R. c. Barraco C.; CNCom Sala C, 10.11.89, "Lucarelli J. c/Asorte S.A."; CNCom D, 25.6.90, "Desup S.R.L c. Irusta Cornet J."; CNCom E, 28.8.85, "Cammarata, R. c. La Defensa Cía. Arg. de Seguros S.A.").

Como todo daño, el daño moral requiere de cierta prueba que acredite su existencia. Tal acreditación no requiere, como en otros casos, de elementos que objetiven, mediante peritajes médicos o psicológicos, la existencia de un gravamen físico o psiquiátrico.

Es posible derivar su existencia de los hechos que, según el actora, han producido tal sufrimiento.

Y tal conclusión se obtiene al derivar de aquellos acontecimientos, las consecuencias lógicas que el hecho ilegítimo pudo haber generado.

A mi modo de ver las constancias de autos son demostrativas del menoscabo que en el plano anímico la conducta de la demandada le produjo.

En efecto, la actora alegó en fundamento de este reclamo los trastornos padecidos tanto por ella como por sus dos hijas menores, derivados de la imposibilidad de retirar el dinero correspondientes a la cuota de alimentos pactada en el juicio de divorcio.

Especificó que la misma era depositada mensualmente por Posnet S.A., empresa empleadora del padre de las menores.

Dijo que a raíz del cierre de la caja de ahorro, la empresa depositante omitió efectuar pagos parciales aduciendo que administrativamente ello era inviable sin la apertura de una cuenta.

Conforme surge del juicio de divorcio que tengo a la vista, la cuenta de ahorro común Nº 10.064/1 fue abierta a fin de que la empresa empleadora del señor Marcelo Fabián Allerbon deposite el 30% de los haberes de éste en concepto de alimentos debidos a las menores Eva Lucía y Rocío Inés (ver convenio de divorcio de fs. 4v., sentencia de fs. 16, fs. 71 y 93/97).

La conducta abusiva del Banco provocó, cuanto menos, un obstáculo para el cobro de los alimentos que, como son su naturaleza, tienen por finalidad atender los requerimientos básicos de todo ser humano.

Es evidente que al no contar con ellos en forma sorpresiva y ser requerido para superar ello trámites de alguna complejidad (tanto mas para un lego en derecho), tal situación debió provocar en las entonces menores una situación de zozobra compatible con el daño moral.

La indisponibilidad de aquellas sumas por un lapso prolongado (nueve meses), con base en la actuación del Banco justifica imponer un resarcimiento que propongo sea de $ 4.000 para cada una de las demandantes La indisponibilidad de aquellas sumas por un lapso prolongado (nueve meses), con base en la actuación del Banco justifica imponer un resarcimiento que propongo sea de $ 4.000 para cada una de las demandantes (Eva Lucía y Rocío Inés Allerbon).

En cuanto a los intereses, ha sido mi criterio y el de esta Sala calcular los intereses desde la fecha en que se produjo el daño, el que conforme con la doctrina plenaria fijada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil el 16/12/58 in re "Gómez, Esteban c. Empresa Nacional de Transportes", corresponde devengue intereses desde el día en que se produjo el perjuicio.

En la especie el mismo se produjo al tiempo del cierre de la cuenta.

Respecto de la tasa aplicable, por tratarse de una suma fijada a valores actuales, desde la fecha indicada hasta esta demanda, será aplicado un interés puro, que estimo en un 8% anual.

A partir de la fecha de esta decisión será aplicable la que cobra el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones ordinarias de documentos comerciales a treinta días (conf. CNCom. en pleno, 27/10/94, "S.A. La Razón" -LA LEY, 1994-E, 412-), sin capitalizar (conf. CNCom. en pleno, 25/8/03, "Calle Guevara" -LA LEY, 2003-E, 783-).

b. Daño Material:

La actora reclamó la suma de $ 1.000 en concepto de daño material.

Ello con causa en los honorarios que debió abonar al letrado César Estanislao Arroquia y a una previsible regulación de estipendios en el juicio de divorcio.

Sin embargo, ninguna prueba ha sido siquiera ofrecida que lo justifique.

Ni el expediente civil ni en estos autos ha sido acompañado recibo alguno que acredite la suma de $ 600 que la accionante sostuvo haber abonado a aquél profesional.

Tampoco ha sido regulado honorario alguno en aquel proceso.

En definitiva la orfandad probatoria impide admitir suma alguna por este concepto.

VI. Conforme lo hasta aquí expuesto, si mi criterio es compartido por mis distinguidos colegas, propongo al Acuerdo admitir el recurso interpuesto y por tanto revocar la sentencia apelada condenando a Banco de la Provincia de Buenos Aires a abonar a cada una de las actoras la suma de $ 4.000 con más los intereses establecido en el punto V a.

Propongo a su vez, que las costas de ambas instancias sean impuestas al Banco demandado quien ha sido vencido en lo sustancial (cpr 68).

Así voto.

Los señores Jueces de Cámara doctores Pablo Damián Heredia y Juan José Dieuzeide adhieren al voto que antecede.

VII. Concluida la deliberación, los señores Jueces de Cámara acuerdan:

(a) Revocar la sentencia apelada con el efecto de condenar al Banco de la Provincia de Buenos Aires a abonar a cada una de las actoras la suma de $ 4.000 con más los intereses establecidos en el punto V (a).

(b) Imponer las costas de ambas instancias a la entidad bancaria vencida (cpr 68).

(c) Diferir la consideración de los honorarios hasta tanto sean regulados los correspondientes a la anterior instancia. -Gerardo G. Vassallo. -Juan J. Dieuzeide. -Pablo D. Heredia.