marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Protección de la vivienda, desafectación del inmueble (civil), bienes inembargables, Ministerio Público, menores
Materia: CIVIL
Carátula: L., C. c/ A., F. s/ INCIDENTE s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-06-27

El Ministerio Público de Menores debe necesariamente intervenir en el incidente de desafectación del régimen de inembargabilidad establecido en el decreto - ley 5167/58 (rat. por Ley 14467) de un inmueble sede del hogar conyugal del fallido y en el cual habitan menores, pues aquella representación promiscua ha sido instituída además de la representación individual que el Código Civil ha provisto a los incapaces.
Facultades del Poder Judicial, declaración de inconstitucionalidad, declaración de oficio
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Mill  de  Pereyra,  Rita  Aurora;  Otero, Raúl Ramón y Pisarello, Angel  Celso c/ Estado de la Provincia de Corrientes s/ demanda contenciosa administrativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-27

La declaración de inconstitucionalidad se manifiesta como un medio de armonizar el derecho de las mayorías a hacer prevalecer su criterio de gobierno, y la potestad primigenia del individuo, quien, con el auxilio del juez, al padecer la invasión de su zona de libertades no delegadas mediante la carta constitucional, se alza contra el principio mayoritario, invalidando -con alcance singular- la norma establecida por los órganos de gobierno emanados de la representación popular (Disidencia parcial del Dr. Eduardo Moliné O'Connor).
Indemnización por despido, impuesto a las ganancias, apropiación indebida de recursos de la seguridad social, restitución de sumas de dinero
Materia: LABORAL
Carátula: HERRERA, ANTONIO c/ HIRAN WALKER  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-23

Corresponde la devolución de las sumas retenidas por la empleadora en concepto de impuesto a las ganancias sobre la indemnización por antiguedad, pues el art. 20 inc. i de la ley 20628 excluye de ese impuesto a dichas indemnizaciones en los casos de despido. El empleador efectuó incorrectamente una retención prohibida, art. 131 LCT, ya que no se trata de una obligación fiscal a cargo del trabajador en los términos del art. 132 inc. b LCT.
Prueba, carga
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Hernández, Humberto c/ Lepore, Gerardo H. s/ Cobro de australes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-10-15

Si el demandado niega la existencia de la deuda alegando que la misma había sido saldada mediante la entrega en arriendo de parte de un predio por un plazo determinado, es carga de éste demostrar su afirmación.
Proceso judicial, prueba
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Saico S.A. c/ Municipalidad de Dolores s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-08-05

Si el término de prueba se encuentra vencido en exceso, sin que la accionada haya activado el trámite de la pericia de tasación, corresponde tener por operada la negligencia invocada (art. 382 del C.P.C. y C.). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Administración Pública, retiro obligatorio, revisión judicial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CAMPOS ANIBAL OSCAR c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-09-11

La Administración tiene la potestad de fijar la política a seguir para renovar funcionalmente los cuadros policiales, siendo uno de sus instrumentos operativos el retiro obligatorio con los derechos que correspondan a su personal al amparo de la legislación específica, atento a que el régimen policial requiere de una legislación específica si se considera las especiales características del accionar desplegado por su personal que tiene la enaltecedora y relevante función de resguardar el orden, la seguridad pública, la prevención y juzgamiento de ciertas faltas y la prevención del delito. El ejercicio de tales atribuciones no es revisable, en principio, por el Poder Judicial, salvo el caso de irrazonabilidad, arbitrariedad o lesión de derechos consagrados en la Constitución.
Secreto del sumario, resolución denegatoria, gravamen irreparable, facultades discrecionales del juez, recurso de apelación (procesal), improcedencia del recurso, resoluciones inapelables
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: PICCIOCHI, Fernando E
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-06-25

La reimplantación del secreto del sumario resulta una medida de neto corte jurisdiccional y discrecional incluida en la previsión del art.

199, C.P.P., por lo que el rechazo de la pretensión no causa agravio irreparable al recurrente (art. 449 del citado ordenamiento) (*).
Obligaciones, cumplimiento de la obligación, obligaciones de dar sumas de dinero, actualización monetaria, pagaré, coeficiente de estabilización de referencia, primera instancia
Materia: COMERCIAL
Carátula: SCOTIABANK   QUILMES  SA c/ BRITEZ,  BLAS  ANTONIO  Y  OTRO s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-11-01

La aplicación del CER -coeficiente de estabilización de referencia-, a una deuda -refinanciada- documentada en el pagare ejecutado debe ser atendida en la instancia de grado, para posibilitar la adecuada integración de contradictorio y el eventual juzgamiento de la cuestión en doble instancia.
Homicidio simple, imprudencia
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Colquehuanca, Alejandro Vicente s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-10-16

El accionar del imputado devino imprudente al no adoptar los recaudos necesarios para dominar el colectivo en todo momento, avanzando a pesar de la presencia de la señal que determina la obligación de detenerse (arts. 39 y 41 de la ley 24.449). (Dres. Yacobucci, Mitchell, García).
Responsabilidad parental, derechos y obligaciones de los padres
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: P., H. R. c/ P. de, , Amelia s/ Régimen de visitas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-09-05

Con independencia de lo que manda la ley, es propio del orden natural derivado del vínculo biológico, el deber de los padres de cuidar a sus hijos, desde que nacen hasta la mayoría de edad, de donde se desprende que la patria potestad no es un mero atributo subjetivo, sino un complejo indisoluble de derecho y obligaciones irrenunciables que tienden a asegurar la solidaridad familiar y los legítimos afectos que derivan de ese orden de relaciones (arts. 264, 265, Código Civil).
Posesión, prueba compuesta
Materia: CIVIL
Carátula: Spollansky, Selix s/ Prescripción adquisitiva-Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1998-03-31

Se requiere de una prueba compuesta, que pueda dar al juzgador la certidumbre de que real y verdaderamente el actor ah poseído el inmueble como para proceder al otorgamiento del título supletorio de dominio que pretende.
Robo, robo calificado
Materia: PENAL
Carátula: L. V. y Otros s/ Robo Agravado
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-11-29

"El sujeto activo de un desapoderamiento compulsivo (robo) que sabiendo que dispone de un arma, lo hace conocer a su víctima cualquiera sea el modo (blandiéndola o mostrándola entre otros), logra con ello vencer más fácilmente la resistencia al despojo. Crea con tal actitud un mayor riesgo hacia el agraviado y a la vez, simplifica su labor delictiva. Es en esa interacción de sujeto activo y pasivo en el que ambos saben los diferentes roles que encarnan, uno dueño de la situación, controlándola con un plus de violencia, que es la tenencia del arma útil, y el otro dominado por el peligro al que es expuesto, donde se advierten las ventajas o facilidades que aquél obtiene para delinquir, que justifican plenamente la aplicación de la figura agravada".
Recurso de inconstitucionalidad, reserva de la cuestión federal, planteo oportuno, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Biran, Carlos M. c/ Poyo, María del C. y otro s/ Queja por denegación del recurso de Inconstitucionalidad- Revocatoria  concursal- Simulación- ejercida por el síndico (Expte. C.S.J. Nro.  137 Año 2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-12-19

La exigencia del planteo oportuno de la cuestión constitucional no responde a un mero ritualismo, sino a nuestro sistema de control constitucional y al debido respecto a la defensa en juicio, ya que es necesario que las cuestiones tratadas por las partes reciban en lo posible la consideración y resolución que corresponde a tenor de los procedimientos ordinarios establecidos.
Juicio ejecutivo, excepción de pago
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Computación Laser c/ Avalos Agustín s/ Cobro Ejecutivo J.P.V. Servicios Agropecuarios S.R.L. c/ Surita Ramón Manuel s/ Cobro Ejecutivo Banco Mayorista del Plata S.A. c/ Salarrayán Oscar Damián y otros s/ Cobro ejecutivo Banco Mayorista del Plata S.A. c/ Instalaciones Eléctricas Boarini S.R.L. y otros s/ Cobro Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-11-21|1997-08-26|1997-11-11|1998-03-03

En la ejecución cambiaria, basada en título instrumento y en el derecho cambiario (pagaré) el pago no puede justificarse más que con el documento mismo en poder del deudor, con anotaciones al dorso de las sumas entregadas, si hubo pagos parciales y con otro documento recibo que se refiera al documento que se ejecuta y que no deje lugar a dudas de la extinción de la obligación
Demanda, traslado
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: BOSCAROL IRINEO c/ ALBERTO D. ALTIERI s/ COBRO DE PESOS - DEMANDA - COMPARENDO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-05-27

Nuestra ley procesal no unifica en un mismo plazo la citación de comparendo y el traslado de la demanda, sino que dispone de dos períodos distintos, de tal modo que recién luego del comparendo del demandado - o del declarado rebelde - se le corre el traslado de la demanda (art. 393 y 394, 417, 418 C.P.C..

esto tampoco significa que el tribunal al proveer el decreto inicial se deba limitar a disponer solamente de la citación de comparendo y luego ordenar el traslado, sino que en el mismo proveído puede hacer las dos cosas, como ocurre en la práctica, pero disponiendo de "el oportunamente traslado" (art. 393 y 417 C.P C.).

Luego una vez comparecido el demandado, se está en condiciones de efectivizar el traslado ya ordenado de antemano y ello de ordinario, se cursa la notificación respectiva, con la simple palabra de "oportunamente traslado" o más abreviado "traslado".

Aunque el impulso procesal pesa acertadamente sobre el actor, ello no implica que el contrario no haga lo propio.

En el caso, es posible que el demandado, notificado de la demanda, aunque no se haya corrido traslado por el actor de la demanda, puede por sí, presentarse a contestarla y aun a proponer la excepciones de previo y especial pronunciamiento, si se trata de un Ordinario de Mayor Cuantía.-
Evasión fiscal, ley penal más benigna
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Saldutti, Verónica Karen s/ Imp. de Evasión tributaria simple
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-12-27

La aplicación retroactiva de los nuevos topes introducidos por la reforma de la ley 26.735 a los montos previstos en la ley 24.769 en orden a la configuración de la evasión fiscal atentaría contra la garantía de la igualdad (cfr. art. 16 CN), puesto que se verían beneficiadas personas que evadieron cantidades ontológicamente iguales o hasta aún mayores a las que ahora contempla la reforma. (Del voto en disidencia del Dr. Pablo Candisano Mera)
Acción de amparo, revisión del contrato, carácter excepcional, inexistencia de otras vías, falta de prueba, fallos de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL
Carátula: ARANDU SRL c/ EDESUR SA s/ AMPARO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-12

El recurso de amparo no puede ser utilizado cada vez que los contratantes discuten acerca del alcance de las obligaciones contractuales asumidas y pretenden modificar una cierta situación de hecho, ya que no actúa como una simple medida cautelar accesoria a una demanda judicial ya iniciada o que corresponda iniciar, para lo cual carecería de toda justificación (Corte Suprema de Justicia, Fallos 244:71; entre otros). En tales condiciones, toda vez que la pretensión articulada gira en torno a aspectos contractuales de carácter complejo, insusceptible de ser decidida por la vía excepcional del amparo; que la apelante no ha demostrado la inexistencia de otras vías eficaces para la tutela de los derechos que se dicen vulnerados; y, asimismo, que el amparo no tiene por objeto cumplir el papel de la medida cautelar de no innovar (cfr. esta Sala, Causa 25.406 del 29.12.94; Sala 2, causa 7743 del 7.12.93), cabe concluir en el rechazo del remedio intentado.
Medidas cautelares, exclusión del hogar
Materia: PROCESAL
Carátula: R., E.H. c/ O., L.D. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-02-13

"La exclusión de ciertas personas, cónyuge o parientes de las partes, se funda en la imperiosa necesidad de mantener la cohesión familiar y no en el presunto interés que pudieran tener en el juicio".
Accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo, intereses
Materia: LABORAL
Carátula: Santana Osmar Alberto c/ Copa Hnos. S.R.L. y/o Rafael Copa y/o Servando Copa s/ Accidente de Trabajo.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1996-06-07

En materia de accidente de trabajo subsumido dentro del régimen de la ley 9688, sin la reforma de la ley 23643, los intereses compensatorios corren desde que se configuró el daño, o sea a partir del momento en que corresponda considerar permanente la incapacidad, según doctrina emergente del fallo plenario nacional Nro.180 del 17 -09-72.
Caducidad de instancia, carga procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la parte demandada en la causa Assine SA c/ Estado Nacional Ministerio de Defensa s/ proceso de ejecución
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-11-21

Si la parte está exenta de la carga procesal de impulso, su pasividad no puede ser presumida como abandono de la instancia, porque ello importaría imputarle las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones que corresponden a los funcionarios judiciales responsables.

Fuente del sumario: SAIJ
Sentencia, nulidad de sentencia
Materia: PENAL
Carátula: ROMERO, Victoriano s/ Falso testimonio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-07-03

Aunque la nulidad es un remedio excepcional, aplicable únicamente en los casos en que no queda otra alternativa, por defectos in procedendo, cuando un expediente revela que el director del proceso no ha entendido qué es lo que se persigue con el mismo: cuando lo propio ocurre con el Fiscal que acusa por un hecho inexistente:

cuando, finalmente, la jurisdicción se pronuncia dictando una sentencia que instituye en delito un hecho inocuo, por manifiesto error de observación de las piezas probables acumuladas en la causa, todo expediente es un sumidero de errores, del que no se puede salir sino por intermedio del remedio heroico de una declaración de nulidad.-
Medios de prueba, escritura pública
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: E.S.B. SA y Otro s/ Incidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-10-17

No es necesario para enervar los dichos contenidos en el acta notarial que la parte que lo pretenda deba recurrir a la querella por falsedad, ya que su veracidad puede ser desvirtuada con simple prueba en contrario.
Derecho al honor, ofensas cometidas por medio de la prensa, programa de televisión, animus jocandi
Materia: CIVIL
Carátula: Grassi, Julio Cesar c/ Arte Radio Televisivo Argentino SA y otros s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-06-05

Los programas televisivos emitidos por la demandada, excediendo su función informativa, no se limitaron a difundir o a criticar, sino que designaron al actor de una manera que sólo permite considerarlo como una persona detestable e indigna, si se advierte que todas las bromas y sátiras pretenden mostrarlo como un sacerdote que, aprovechándose de su condición, pretendía disfrutar de relaciones sexuales con menores.

Asimismo, en precedentes anteriores, se resolvió que constituye una auténtica injuria una noticia que involucra a alguien dentro de una nómina de adherentes o practicantes de comportamientos sexuales cuestionables, cuando no repudiables. (Sumario confeccionado por el SAIJ)
Establecimiento de utilidad nacional, hidrocarburos, explotación de hidrocarburos, reserva de hidrocarburos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: B.J. SERVICE ARGENTINA  S.A.P.C.E.I. c/ PROVINCIA DE MENDOZA s/ REPETICION DE IMPUESTOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-12-06

Si bien la utilidad de los yacimientos de hidrocarburos puede derivarse racionalmente de su propia naturaleza, su incorporación entre los establecimientos amparados por el art. 67, inc. 27, de la Constitución es consecuencia de la interpretación de las normas de la ley 17.319 y, por consiguiente, de la voluntad del legislador nacional al que la Corte ha reconocido, por principio, la atribución de determinar la existencia del fin nacional así como la elección de los medios y modos de satisfacerlos.
Bancos, depósito a plazo fijo, restitución de sumas de dinero, prueba, responsabilidad concurrente, responsabilidad del banco, responsabilidad del depositante
Materia: COMERCIAL
Carátula: CAJA ADMINISTRADORA DEL FONDO DE SEGUROS (CAFES) c/ BANCO PROVINCIAL DE SANTA FE s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-20

La entidad -en el caso, sube, administradora de fondos de seguros- que pretende el reintegro de una suma invertida a plazo fijo en una entidad bancaria, no puede probar tal operación con un recibo cuando una operación de tal naturaleza debió efectuarse de acuerdo a las normas y reglamentaciones aplicables en esa oportunidad, las que no podían ser desconocidas por los directivos de la entidad, dado sus conocimientos específicos y la experiencia que debían poseer, y la diligencia que debieron poner en la administración de esos fondos que le fueron encomendados, por lo que pese a las irregularidades cometidas por el banco ellos no pueden eximirse de responsabilidad.
Juez de ejecución, excarcelación, contienda negativa de competencia
Materia: PENAL
Carátula: RAFAEL EMANUEL IVAN s/ INCIDENTE DE CESE DE PRISION-CUESTION DE COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2012-06-07

En una cuestión de competencia suscitada entre el Juez de Ejecución Penal y una Cámara de Juicio Oral, en la que el condenado por sentencia no firme solicita el cese de prisión, resulta competente la Cámara, ya que si bien este Superior Tribunal, por acordada del 03/11/2008, dejó sentado que el Juez de Ejecución Penal tendrá competencia en los asuntos relacionados con los internos alojados en establecimientos carcelarios con auto de procesamiento firme y sentencia definitiva no firme, se aclaró que lo sería en las cuestiones previstas en el artículo 5 inc. 3 de la ley 6.892, es decir, respecto del trato que debe brindarse a los mismos. Ya que el pedido de cese de prisión no se refiere al "trato" del detenido sino a procurar la libertad mediante el cese de prisión, al no tratarse de una cuestión que pueda ser resuelta por el Juez de Ejecución, resulta competente la Cámara de Juicio Oral.
Recurso de apelación (procesal), recursos, fundamentación del recurso, admisibilidad del recurso, incidente de caducidad
Materia: CIVIL
Carátula: ARCE UGARTE, ZUNILDA c/ RUEDA, DAVID; SEVERICH, RUBEN s/ Recurso Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-04-26

De conformidad al art. 315 del CPCC Salta, la petición de caducidad debe formularse "antes de consentir el solicitando cualquier acto que tenga por efecto impulsar el proceso, posterior al vencimiento del plazo legal"; y si, por el contrario, el acto de impuso posterior al vencimiento de plazo legal es consentido por la otra parte, con ello se opera la purga, o subsanación o convalidación de la caducidad; tal consentimiento si no surge en forma expresa o tácita de actitudes de la parte, lo presume la ley cuando no se deduce la caducidad dentro del plazo de cinco días a contar del conocimiento de este acto impulsorio, que es el plazo que el art. 170 del CPCC establece para el consentimiento de un acto o procedimiento viciado (CNCom. Sala B, L.L.1980-C-460, CNCiv., Sala F, E.D: 65-438; 69-200; Id. Sala C, E.D. 21-328 etc.).
Reparación económica para familiares de desaparecidos, conviviente
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Cerruti, Isabel c/ Benfield, Rebeca Celina s/ ordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-03-06

Corresponde confirmar la sentencia que condenó a la demandada a pagar a la actora la mitad del monto indemnizatorio que había percibido como progenitora de la persona desaparecida, al amparo del régimen sancionado con la ley 24.411 al considerar que la peticionaria debía ser considerada como causahabiente del desaparecido en tanto había mantenido con aquél una unión de hecho que se presumía a partir del nacimiento del hijo de ambos, ya que carecería de asidero imponer -como pretende la recurrente- el requisito exigido en el primer párrafo del art. 4° de la norma mencionada referido a una cohabitación de por lo menos una antigüedad de dos años anteriores a la desaparición, ya que se trata de dos situaciones diferentes que tiene cada una de ellas una distinta manera de probar el carácter de causahabiente.
Robo calificado, armas
Materia: PENAL
Carátula: Torres, Hugo Walter s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-10-11

Si el fundamento de la calificante del art. 166 inc. 2 del Código Penal fuera -teoría subjetiva- "el poder intimidante" del "arma" entonces los despliegues argumentales de dicha teoría subjetiva no lograrían salir de un encierro insuperable: si a la ley le interesó calificar el robo cuando se produce dicha intimidación, no pudo restringir la calificante al liso y llano concepto de "arma" sino que debió agregar lo que parezca un arma, que intimida igual que ésta. La interpretación de la ley debe ser sistemática, sin atribuirle incongruencia.
Deuda pública, honorarios del perito, convertibilidad, bonos de consolidación
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: AMBES SRL c/ HIERRO PATAGONICO DE SIERRA GRANDE SA MINERA s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-30

En virtud de la doctrina plenaria de esta Cámara no resulta admisible la pretensión de la actora de liberarse de los trámites relativos a las gestiones necesarias para obtener los bonos creados mediante la ley 23928. Si bien es cierto que a ella no le incumbe responsabilidad alguna en cuanto a la forma en que serán cancelados los créditos, no es menos cierto que el perito es aun más ajeno a esta cuestión que la recurrente no es él quien ha contratado con la demandada y se trata de un tercero ajeno a las partes, convocado a los efectos meramente hipotético, que si el crédito de la actora hubiera de ser satisfecho en pesos, no podría oponerse a que el perito dirigiera el cobro contra ella, subrogándose por el importe que abonara el experto. Análoga situación se presenta en la especie, con la sola diferencia de que ambas acreencias serán abonadas en bonos de consolidación. En lo relativo a la necesidad de que el trámite deba ser realizado personalmente, ni la ley 23928 ni su decreto reglamentario establecen tal requisito. En cuanto a las consecuencias que de ello se derivarían, existe para los acreedores la posibilidad de ejercer diferentes opciones, art. 10 ley 23982.

Pero lo que aquí importa es que si el perito encamina su gestión contra la actora, es él quien asume el riesgo de que la elección formulada por aquélla no lo satisfaga completamente, y lo mismo sucede con la mayor demora que, según la apelante, se habrá de producir.