Tribunal: CAMARA PENAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2015-04-14


Sentencia N° 61 Concepción, 14 de Abril de 2.015.

AUTOS Y VISTOS:

En la ciudad de Concepción, Dpto. Chicligasta, Provincia de Tucumán, a los Catorce días del mes de Abril del año dos mil quince, se reúnen en la Sala de audiencias de la Excma. Cámara en lo Penal, Sala II del Centro Judicial de Concepción, los señores Vocales de la misma Dres. Carlos Rolando Meschwitz, Diego Vital Graneros y Jesús Carlos Pellegri, bajo la presidencia del primero de los nombrados, actuando como Fiscal de Cámara en lo Penal de la Ira. Nom., de este Centro Judicial, Dra. Alicia De Blasis de Morelli; como defensor Técnico del imputado MATIAS EMILIANO BRIONES ARANCIBIA, D.N.I. Nº ., argentino, soltero, instruido, carpintero, nacido el día 5/12/1.983, hijo de Carlos Nelson Briones y de Gladys Noemí Arancibia, domiciliado en . - Manzana "B" - Casa Nº 4 - Barrio Santa Rosa, de la ciudad de Las Heras, Pcia. de Mendoza, el Dr.: Claudio Hernán Aybar y la Sra. Defensora de Menores e Incapaces de la 1ª Nominación de este Centro Judicial, Dra.: Ana Carolina Cano, y siendo la oportunidad fijada por el Tribunal, de conformidad con las previsiones del art. 68 in fine del digesto ritual en la materia, para que tenga lugar la audiencia de lectura de los fundamentos de la resolución recaída en la presente causa en relación a la solicitud de aplicación del Instituto de Juicio Abreviado, obrante en Acta Convenio de fecha 7/4/2.015, suscrito entre el Ministerio Público Fiscal representado por la Sra. Fiscal de Cámara de la Ira. Nom., de este Centro Judicial Dra. Alicia De Blasis de Morelli y el acusado Briones Arancibia Matías Emiliano, de las condiciones personales y domicilio que constan en autos, con la asistencia técnica de su letrado Defensor Dr. Claudio Hernán Aybar, y, LA ACUSACION:

Que desde fs. 287/290fte., obra el correspondiente requerimiento Fiscal de elevación de la presente causa a juicio, formulado por el Sr. Fiscal en lo Penal de Instrucción de la IIIra. Nom., de este Centro Judicial Concepción, Dr. Jorge Antonio Echayde en donde nos dice que: Se imputa a BRIONES ARANCIBIA MATÍAS EMILIANO, que Ud. desde hace aproximadamente un año a esta parte, y desde que la menor M.I.D. contaba con 6 años de edad, actualmente cuenta con 7 años, en días y horas que son motivos de investigación, le efectuó a la misma tocamientos en la zona de la cola, de igual modo hizo que la menor le practicara sexo oral a su pene y además efectuó tomas fotográficas de la zona genital de la menor D., estando la misma sin ropa interior. Que estos hechos se reiteraron en el tiempo, como así también que Ud. tenía una relación de convivencia preexistente con la menor, por cuanto resultó ser concubina de Silvana Beatriz Prieto, madre de la menor en cuestión, llevando dicha convivencia aproximadamente cuatro años.

A continuación, el antes citado señor Fiscal en lo Penal de Instrucción, realiza una valoración de las conductas desplegadas por el acriminado, analizando cada una de las pruebas que avalan la correspondiente acusación por el delito de acción pública, considerando atrapada su conducta dentro de las previsiones de los arts. 119 incs. 1°, 2° y 4° inc. "f" del Código Penal Argentino, como ABUSO SEXUAL GRAVEMENTE ULTRAJANTE AGRAVADO POR LA SITUACIÓN DE CONVIVENCIA PREEXISTENTE, describiendo las pruebas que avalan dicha acusación, y habiéndose deducido oposición, la presente causa fue elevada mediante auto de elevación de fecha 4/4/2.012, corriente a fs. 306/308fte. -Art. 367 del C.P.P.T.

EL TRIBUNAL:

Que, previo a iniciar el debate oral y público, las partes presentaron por ante el Tribunal, un acta acuerdo donde solicitan la implementación del juicio abreviado en la presente causa para el imputado BRIONES ARANCIBIA MATÍAS EMILIANO, de conformidad con las previsiones del art. 453 del digesto ritual en la materia, por lo que se procedió a su lectura en una audiencia y su ratificación, con la presencia de los sujetos esenciales.

Atento a las previsiones del art. 408 del Código Procesal Penal de Tucumán, el Tribunal tiene las siguientes cuestiones a resolver: ¿Es procedente la solicitud de implementación del juicio abreviado en la presente causa? ¿Existió el hecho y son sus autores responsables los imputados? ¿Es correcta la calificación legal dada tanto por el requerimiento Fiscal de elevación a juicio, como por la Fiscalía de Cámara? ¿Qué pronunciamiento corresponde? Costas y Honorarios.

Establecido por sorteo el orden de votación, el Sr. Vocal Dr. Jesús Carlos Pellegri emitirá el primer voto, siguiéndolo en prelación los señores Vocales Dres. Diego Vital Graneros y Carlos Rolando Meschwitz.

CONSIDERANDO:

VOTO DEL SR. VOCAL DR. JESÚS CARLOS PELLEGRI:

Con fecha 18/2/2.015, las partes, es decir, la Sra. Fiscal de Cámara en lo Penal de la Ira. Nom., de este Centro Judicial, Dra. Alicia De Blasis de Morelli y como Defensor Técnico del imputado Vera Claudio Maximiliano, el Dr. Hermosa Juan Luis, presentan un Acuerdo manifestando que advierten que el primer hecho (5/11/2.011) en perjuicio de Fernández y Otro, imputado de conformidad a la prueba producida en la etapa de la instrucción, es ATÍPICO Y/O CON CARENCIA ABSOLUTA DE PRUEBAS, por lo que piden a l Tribunal por este Acto la no consideración del mismo a los fines de la inexistencia del concurso real (art. 55 C.P.), evaluado por el Ministerio Público Fiscal de Instrucción en la "Calificación de la conducta"; y que en consecuencia, el presente acuerdo lo es por el segundo hecho mencionado ut-supra, desprendiéndose de la prueba que se trata de un Robo Agravado solamente por el uso de arma; que la banda no se prueba en razón de haber sido individualizadas solo dos personas como autores del hecho, mientras que el número de integrantes de la banda está pacíficamente establecido en tres o más personas, es decir, como grupo concertado previamente dedicado con cierta habitualidad a cometer delitos cuya existencia deber ser probada como hecho sociológico con una continuidad de pautas internas, vínculos y liderazgo; que el despoblado no puede ser evaluado independientemente de la banda a los fines del agravante; que cabe considerar que la pericia balística, solo evaluó dos proyectiles pero al no haberse secuestrado el arma de fuego, la misma no fue peritada y por ende no se probó su operatividad, lo que permite aplicar la última parte del art. 166 inc. 2 del C.P., que prevé una pena de 3 a 10 años de prisión; que tomando en cuenta esta escala penal convienen una pena de tres años de prisión de ejecución condicional quien no cuenta condena a la fecha.

No cabe perder de vista que la incorporación del juicio abreviado al ordenamiento procesal responde a razones de política criminal; y constituye una excepción a la regla de oralidad que impera en el proceso penal, con el objetivo de abreviar el desarrollo de los enjuiciamientos penales. El debate oral continúa siendo la etapa sustancial del proceso; y solo puede prescindirse de él en los supuestos que la propia ley ha contemplado. El Tribunal tiene amplias potestades para valorar la verdad consensuada, que se propone por vía del acuerdo; mas como principio su potestad para apreciar anticipadamente el cuadro probatorio existente, será ejercitada para resolver sobre su aceptación o rechazo. Una vez reunidos en la causa está orientada a una u otra decisión. En todo caso, la certeza no resultará de la sola confesión del acusado, toda vez que los hechos que la sola conformidad del acusado no excluye el rechazo del acuerdo, si el Tribunal advierte que la misma no se ajusta a las constancias de la causa. Mas en todo caso, tal rechazo significa que el juzgador ha comprometido de algún modo su opinión; y la misma ley ha previsto su apartamiento, pues no cabe duda de que el órgano jurisdiccional ha evaluado fuera de la etapa procesal que como regla corresponde, opinando sobre el mérito del proceso (Dres. Gandur-Brito- Area Maidana, Sentencia N° 866, Fecha 6/11/2.003).

Este votante tiene presente, que la solicitud por las partes para acogerse al procedimiento de juicio abreviado, como así también la admisión del hecho y la calificación legal dada por el requerimiento de elevación a juicio, no impide el tratamiento de todas las cuestiones planteadas en un proceso común, como ser la existencia del hecho, autoría y responsabilidad del imputado, calificación legal, pena, etc., pues, corresponde al Tribunal de juicio decidir, si se cometió o no un delito y si procede o no la imposición de una sanción penal, y si esta se encuentra dentro de los parámetros mínimos y máximos fijados por la ley sustantiva, ya que la aceptación efectuada por el Tribunal respecto del acuerdo presentado, no lleva a declinar su tarea principal, esto es juzgar, pues, en ésta especial materia los Tribunales no homologan acuerdos sino que dictan sentencias.

Evaluadas detenidamente las probanzas reunidas en la investigación preliminar, cabe, respecto a la materialidad del hecho y la responsabilidad penal del imputado, efectuar las siguientes consideraciones:

Que se imputaba al encartado Matías Emiliano Briones Arancibia lo siguiente: "que Ud. desde hace aprox. un año a esta parte, desde que la menor M.I.D. contaba con seis años de edad, actualmente cuenta con siete años, en días y horas que son motivos de investigación le efectúo a la misma tocamientos en la zona de la cola, de igual modo hizo que la menor le practicara sexo oral a su pene y además efectuó tomas fotográficas de la zona genital de la menor D. estando la misma sin ropa interior. Que estos hechos se reiteraron en el tiempo, como así también que Ud. tenía una relación de convivencia preexistente con la menor, por cuanto resultó ser concubino se Silvana Beatriz Prieto, madre de la menor en cuestión, llevando dicha convivencia aproximadamente cuatro años. El 29 de septiembre del 2011, se hace lugar conforme se considera al requerimiento fiscal de fs. 79/84 y en consecuencia se ordena la prisión preventiva del imputado por considerarlo probable autor material del delito de abuso sexual gravemente ultrajante (art. 119 inc. 1, 2 y 4, 4º párr., inc. F del CP), en perjuicio de M.I.D., ocurrido en el 2011 en jurisdicción de la comisaría de Concepción, y de conformidad a las normas de rigor. Siendo esta la oportunidad de establecer los ejes donde debe desarrollarse el juicio abreviado sabemos que es un instituto de derecho material y procesal. Se ha escrito que el abuso o sometimiento sexual gravemente ultrajante, por cuanto la razón política del mayor castigo reside aquí en el mayor desprecio por la integridad sexual, moral y personal del sujeto pasivo, el bien jurídicamente protegido es, como en la figura básica, la libertad de elaborar el propio plan de vida sexual o la indemnidad sexual de quienes no han cumplido la edad o de ciertos incapaces, como en este caso. En el tipo normativo debe apreciarse la existencia de un elemento valorativo en el tipo delictivo y de carácter cultural cuya interpretación requiere remitir a una apelación social de lo que puede configurar un sometimiento sexual gravemente ultrajante, que depende de un conocimiento de un conjunto de modo de vida, costumbres, conocimientos y grado de desarrollo cultural vinculados a determinada época y cierto grupo social. Sabemos que el sometimiento a que alude la norma equivale a la humillación del acto, el vocablo ultrajante mientras tanto con que se califica el sometimiento sexual ha sido objeto de reparos en la doctrina jurídica internacional, pero la jurisprudencia nacional ha podido precisar casuísticamente la extensión de su concepto y ciertos Magistrados dijeron que la decisión de la inclusión o la exclusión del caso deberá venir dada por la definición jurisprudencial que vaya delineando los contornos de la gravedad ultrajante, ya que lo gravemente ultrajante no radica en la naturaleza del abuso sino en su duración o en la circunstancias de su realización como en este caso, lo elementos que señala la norma se sacan de la duración del abuso sexual como circunstancia fáctica temporal y la circunstancia de su realización, circunstancia fáctica modal. La duración del abuso evidentemente se verifica cuando el abuso se prolonga más tiempo que el que razonablemente debía demandar la realización del tipo básico. Las circunstancias de realización de la conducta que la tornan un sometimiento ultrajante para la victima deben traducir un plus de humillación que se suma al que conlleva la figura básica del abuso sexual, puede proponerse como ejemplo abusos donde la victima está expuesta a lugares públicos, el cunin lingus, la introducción de botellas u otros objetos en la vagina de la mujer, la eyaculación sobre el rostro de la víctima o la penetración de elementos contundentes en el ano de la mujer.

El tipo subjetivo es doloso, no parece exigible en principio un elemento subjetivo cognitivo distinto del dolo de carácter implícito. A efectos del dolo basta que el sujeto activo tenga conocimiento en el momento de la realización del hecho de que lleva a cabo un acto de carácter impúdico gravemente ultrajante y voluntad de ejecutarlo, salvo el caso del abuso sexual cometido, puede advertirse sin embargo, que, en relación con el elemento normativo designado mediante la expresión sometimiento sexual gravemente ultrajante es suficiente la conciencia del agente del significado del concepto tal como este es entendido en su ámbito social y cultural, es decir la valoración paralela del autor en la esfera del profano, el error acerca de la victima constituye un error de tipo que evitable o inevitable excluye la responsabilidad, pero que no sucede en este caso.

Delineados los aspectos fundamentales vemos la figura básica, que se trata la conducta típica de abusar sexualmente de otro, o sea, el realizar tocamientos o contactos corporales, el autor con la víctima, o está obligada con el autor con un tercero, se ha dicho que abusa sexualmente de otra persona quien emplea el cuerpo de ella para actos de significado objetivo impúdico. El comportamiento del sujeto debe ser de carácter objetivamente sexual, ha de tratarse de actos que cualquiera sea la finalidad del autor, violan la reserva sexual de la víctima en lo que atañe a sus partes pudendas. No es suficiente a los fines del abuso sexual, que el sujeto activo lleve a cabo actos solo subjetivamente impúdicos, esto es, actos de desahogos sexual distintos de la cópula, cuyo carácter libidinoso se desprende la finalidad sexual con que el autor obra, es que, desde el punto de vista jurídico-penal la idea de acción implica una determinada expresión de sentido que únicamente puede comprenderse como un proceso comunicativo en el que no solo es relevante el horizonte de quien se expresa, sino también el del receptor. Por ello la calificación de una acción como sexualmente abusiva requiere la previa determinación de lo que una sociedad determinada reconoce como sexual en un momento dado de su evolución. La edad de la víctima es la del menor que no ha cumplido los trece años de edad, a quien la ley refuta inepta por falta de madurez mental para entender el significado fisiológico y moral del acto. Se trata de falta de aptitud sexual en sentido cultural. La ley presume iuris et de iuris esta falta de capacidad por la edad, sin admitir prueba en contrario, por lo que se trata de un sujeto pasivo de concepto irrelevante.

Por último en cuanto al derecho material cabe recordar que cuando el hecho se hace aprovechando la situación preexistente con el menor la razón del tipo delictivo deriva además de la inmadurez de la victima menor de 18 años, del aprovechamiento por parte del autor, de la facilidad que le otorga la cercanía con la víctima, como de la confianza que aquella pudiera dispensarle por razones de la convivencia.

Conforme a las normas constitucionales de vigor el imputado a confesado lisa y llanamente la sutoria y materialidad de los hechos delictivos, conforme se encuentran acreditados por otros sólidos de elementos de convicción, que me llevan a aceptar la propuesta de juicio abreviado presentada en este juicio con fecha 07 de abril del año 2015, por el Ministerio Publico, el Sr. Defensor y la Sra. Asesora de Menores, leída que fue el acta de tracto abreviado, la Sra. Fiscal de Cámara solicita la palabra y dice que se cometió un error en el acuerdo en el cual debe decir ochos años de prisión, ya que conforme viene elevado no se puede bajar la pena, cuyo mínimo es de 8 años de prisión, seguidamente las partes prestan conformidad y es escuchada a la madre de la victima presente en este acto, no existiendo para este acto procesal ninguna objeción.

Calificada jurisprudencia ha dicho que: ".la disposición legal del art. 119 párrafo 2do. del Código Penal establece lo siguiente: "la pena del delito será de cuatro a diez años de prisión.hubiere configurado un sometimiento sexual gravemente ultrajante para la victima (art. 119 segundo párrafo del Código Penal). La razón de esta agravante del delito de abuso sexual reside en la mayor ofensa a la dignidad e integridad sexual, moral y personal de la víctima, que sufre un grado de degradación o vejación superior al del abuso sexual simple. Ese mayor agravio a la dignidad o integridad sexual de la victima debe colegirse de alguna de las dos circunstancias que señala la norma: la duración del abuso sexual o la circunstancia de su realización: vale decir, una circunstancia fáctica temporal o cualquier otra circunstancia fáctica relativa a dicho abuso, por ejemplo, las personas intervinientes o presenciales del mismo.

Los casos encuadrables en el art. 119 2 párrafo del Código Penal serán siempre actos objetivamente impúdicos. Ello es así, porque la reforma puso su acento en la gravedad de la agresión sexual como dato objetivo, independientemente de la especial motivación que haya tenido el sujeto activo al cometerlo, por ejemplo sádica, vejatoria, de venganza, desprecio, etc. y del grado tanto elevado o bajo de sensibilidad de la victima hacia esta clase de trato sexual.

El sometimiento sexual al que alude la norma recepta aquellos casos en los cuales, mediando en términos generales un quebrantamiento de la voluntad, se expone a la victima bajo el dominio de otra reduciendo de esta manera al sujeto pasivo a un estado de cosas sobre la que se ejerce dicho dominio o disponibilidad, anulando la libertad o la auto determinación sexual con la consiguiente minoración de su dignidad personal. A su vez, gravemente ultrajante son los actos sexuales que, objetivamente considerados tienen una desproporción con el propio tipo básico y que producen en la victima una humillación más allá de lo que normalmente se verifica con el abuso en si. El caso aceptado por los juristas es el cunin lingus. Además en los proyectos de fundamentos de ley, realizados por los legisladores, entre ellos Caferata Nores, esta modalidad de sexo oral fue considerado específicamente como un delito de tanta gravedad, que el mismo era mencionado como una de las hipótesis de la violación señalando el miembro informante que se trata de una de las situaciones de ultraje al pudor que no llega a la penetración, a juicio de este sentenciante someter sexualmente a la victima de modo tal que por su poca edad ella no pueda impedir actos impúdicos llevado a cabo con su cuerpo sobre el órgano sexual de varón tal como se describe en la imputación de este juicio, constituye un acto que, objetivamente considerado, implica, por si mismo, un grave agravio a la dignidad e integridad de aquella. En efecto quien padece compulsivamente este tipo de agravios sexuales no vivencia a esta edad dicho acercamiento sexual como un mero tocamiento de partes pudendas, sino que objetivamente el legislador establece que es un sometimiento sexual gravemente ultrajante. Por ello, su permisión se limita solo a los momentos y a los sujetos en los cuales, y con quienes, se desea llevar a cabo dicho íntimo trato carnal que más se acerca a un acto de acceso que a tocamientos o caricias tendientes a un desfogue sexual.

Que dentro de los límites de este proceso penal restringido, y teniendo presente la fundamental labor de los jueces en la tarea de control exhaustivo y fundado, este votante estima que las circunstancias de tiempo, modo lugar, fueron debidamente acreditadas y probadas en autos, ajustándose este acuerdo de juicio abreviado a todas ellas, lo que nos permite arribar adecuadamente, en este estadio procesal a la verdad probatoria y a una correcta calificación legal.

Por lo tanto soy de la opinión que al haberse respetado los mínimos establecidos por la ley el acuerdo debe aceptarse. ASI VOTO A LA CUESTION PLANTEADA.

Que conforme a lo normado por en el art. 20 de la Ley 5480, debe procederse a la regulación de los honorarios profesionales del letrado defensor técnico del imputado Dr. XXX. Es así que, teniendo en cuenta las pautas mensurativas contenidas por los arts. 15 y 67 de la citada Ley, la calidad y cantidad de escritos presentados, sus trascendencias jurídicas, los resultados obtenidos, los planteos novativos efectuados, su labor durante esta etapa del proceso, etc., considerando como justo y equitativo fijar sus emolumentos en la suma equivalente a cinco consultas escritas para el letrado XXX. Por lo que, ascendiendo el monto de cada consulta escrita a la suma de pesos XXX ($ XXX), corresponde regular honorarios para el letrado XXX en la suma total de pesos XXX ($ XXX) a cargo de su representado (Ley 5480 y modificatorias, y Arts. 559 sgtes. y concordantes del CPP.).

VOTO DE LOS SRES. VOCALES DRES. DIEGO VITAL GRANEROS Y CARLOS ROLANDO MESCHWITZ:

Quienes se adhieren a lo considerado y fundamentado por el Sr. Vocal preopinante, votando en igual sentido.

Por el resultado de los votos emitidos y por unanimidad el Tribunal, RESUELVE:

PRIMERO: ACEPTAR la propuesta efectuada por las partes en éste proceso, para la implementación de las normativas de juicio abreviado, atento a lo considerado (art. 453 del Código Procesal Penal de Tucumán).

SEGUNDO: CONDENAR CON COSTAS PROCESALES Y ACCESORIAS LEGALES A MATIAS EMILIANO BRIONES ARANCIBIA, D.N.I. Nº XXX, argentino, soltero, instruido, carpintero, nacido el día 5/12/1.983, hijo de Carlos Nelson Briones y de Gladys Noemí Arancibia, domiciliado en XXX - Manzana "B" - Casa Nº 4 - Barrio Santa Rosa, de la ciudad de Las Heras, Pcia. de Mendoza, a la pena de OCHO AÑOS DE PRISIÓN DE EJECUCIÓN EFECTIVA, por ser autor voluntario penalmente responsable del delito de ABUSO SEXUAL GRAVEMENTE ULTRAJANTE AGRAVADO POR LA SITUACIÓN DE CONVIVENCIA PREEXISTENTE CON LA VÍCTIMA M.I.D. (Arts. 119 incs. 1°, 2° y 4° inc. "f" del Código Penal Argentino), hechos ocurridos en fecha y hora no precisada, durante un lapso de tiempo comprendido entre el año 2010 y 2011, en el domicilio en el que convivían en la localidad de XXX, Dpto. XXX, Pcia. de Tucumán (Art. 417, 421,. 558 sgtes. y cc. del Código Procesal Penal de Tucumán y Art. 12 del Código Penal).

TERCERO: REGULAR HONORARIOS por la labor profesional desarrollada en la presente causa al letrado XXX, Defensor Técnico del condenado BRIONES ARANCIBIA MATÍAS EMILIANO, en la suma total de Pesos XXX ($ XXX) -Ley 5480 y modificatorias.

CUARTO: LIBRAR, oportunamente, las comunicaciones de ley.

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