Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-06-18


- En la ciudad de Trelew, a los 18 días de diciembre del año dos mil seis, se reúne la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de esta ciudad, bajo la Presidencia del Dr. Raúl Adrián Vergara y presencia de los Sres. Jueces del Cuerpo Dres. Sergio Rubén Lucero y Edgar María de la Fuente, para celebrar Acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "M., M. D. c/ L. Y S. S.R.L. y otros s/ c obro de pesos - laboral" (Expte. N° 21.838 -año 2006) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en el orden resultante del sorteo practicado a fs. 180.- - A LA PRIMERA CUESTION, el Dr. Vergara dijo:

1. Llega a conocimiento de este Tribunal las presentes actuaciones como consecuencia del recurso de apelación interpuesto por el codemandado J. J. S. a fs. 147, que fuera concedido a fs. 148, contra la sentencia de la anterior instancia de fs. 139/143 que hizo lugar a la demanda instaurada por M. D. M. y condenó a L. Y S. S.R.L., y a G. N. J. y J. J. S., en forma solidaria, al pago dentro del plazo de cinco días de la suma de $3.757.-, con más sus intereses, en concepto de haberes adeudados, sueldo anual complementario, vacaciones proporcionales, indemnizaciones por antigüedad y sustitutiva por falta de preaviso, con más las previstas por los arts. 8 y 15 de la ley 24.013, y el incremento contemplado por el art. 1 de la ley 25.323, y asimismo dispuso la entrega de la certificación de servicios y remuneraciones (art. 80 de la L.C.T.) dentro del décimo día, bajo apercibimiento de aplicar en concepto de astreintes una multa de $5.- por cada día de demora, con costas a los demandados vencidos.- - El informe previsto por el art. 62 de la ley 69 luce a fs. 149/151, y el quejoso señala básicamente que: a) la sentencia extiende la responsabilidad a los socios prevista por el art. 54, último párrafo, de la Ley de Sociedades, por el mero hecho de que la sociedad demandada no contestó demanda; b) sin bien fue parte de L. y S. S.R.L. con fecha 27 de marzo de 2000 quedó desvinculado de la firma al ceder las cuotas sociales a la Sra. E. C. I., y la Inspección General de Justicia informó que J. J. S. no es socio; c) considera que el fallo efectuó una aplicación errónea del art. 54 de la L.S.C., alude a doctrina y jurisprudencia, y con cita de fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala I, con voto de adhesión del Dr. Vázquez Vialard, puntualiza que del trabajo en negro no deriva que resulten aplicables las normas dirigidas exclusivamente para relaciones comerciales ("T. c. T. S.A. y otro s/despido"); d) igual tesitura sostuvo la Sala II en autos "C. c. D. A. S.A. y otros s/despido" (TySS. 02-162), y también Foglia en "La extensión de la condena a los socios, administradores y cedentes de acciones de sociedades comerciales con dependientes "en negro" (TySS. 1999-631); e) el recurso de desestimación de la personalidad es un remedio excepcional, pues una aplicación indiscriminada e imprudente puede llevar a aniquilar la estructura formal de las sociedades en supuestos en los que no procede, con grave daño para el derecho, la certidumbre y la seguridad de las relaciones jurídicas, como lo dijo la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de San Martín; f) la norma apunta a regular la situación en que desde afuera (el o los controlantes de la sociedad) se demuestra que la figura sirve para encubrir situaciones no expresadas en el objeto social, como por ej. cuando una sociedad es armada para evitar el pago de impuestos, eludir la responsabilidad de una parte del patrimonio, o la legítima hereditaria, o el caso del régimen de bienes en el patrimonio; g) ni el actor invocó -y obviamente no probó- ni el magistrado en la emisión del voto demostró tal circunstancia, esto es ni se alegó ni probó que se han instrumentado las formas societarias para perjudicar con su actuación a los demandantes, no se ha demostrado que la persona jurídica es sólo una pantalla; h) señala que por su calidad de socio no suscribió ninguna relación laboral, y que la sociedad es el empresario y el empleador, con independencia de la posición de los socios, pues la titularidad de los contratos de trabajo recae en la sociedad y no en los socios; i) destaca la doctrina legal que surge del fallo de la C.S.J.N. en el juicio caratulado "Palomeque c/ Benemeth S.A. y otro s/recurso de hecho", del 15/05/2003, al entender que no se estaba en presencia de una sociedad ficticia o fraudulenta, constituida en abuso del derecho y con intención de violar la ley, y que los jueces de Cámara prescindieron de considerar que la personalidad diferenciada de la sociedad y sus socios y administradores constituye el eje sobre el que se asienta la normativa sobre sociedades anónimas, criterio que es extensivo en el caso a la S.R.L.; y j) peticiona se haga lugar al recurso impetrado y se revoque en todas sus partes la sentencia de primera instancia, con costas.

2. Ante el pedido formulado por el quejoso al punto III de fs. 151 a fin que se "revoque en todas sus partes" el fallo de la anterior instancia, corresponde señalar que el presentante de fs. 147 interpuso recurso de apelación "por propio derecho".

- En tales condiciones, y a partir de considerar que el agravio debe ser personal del recurrente por lo que no cabe invocar agravios de terceros (conf. Loutayf Ranea, "El recurso ordinario de apelación en el proceso civil", Astrea, 1989, vol. 1, par. 72, págs. 201/202), el análisis de la queja debe centrarse exclusivamente en la condena solidaria impuesta al Sr. J. J. S., único apelante en esta causa.

- Al respecto, sostiene el recurrente que el actor no alegó en demanda que se instrumentara la forma societaria para perjudicar con su actuación al demandante.

- No le asiste razón.- En efecto, el accionante en su escrito inicial afirmó, más allá del acierto o no de su argumentación, que "la sociedad demandada incurría en la práctica de no registrar el contrato de trabajo, no documentar el salario convenido, configurando dicha conducta un típico fraude laboral y previsional . siendo de aplicación el art. 54 de la ley 19550 en cuanto se ha producido una violación a la ley y al orden público laboral frustrándose los derechos del trabajador accionante, correspondiendo extender la responsabilidad por (l)a conducta referida a los socios". Como también que: "La responsabilidad de los socios y/o administradores societarios resulta de los art. 59 y 274 de la Ley 19550 y estructura un régimen propio que permite extender la responsabilidad de la persona jurídica a quienes materializan su actuación cuando estos dejan de lado la conducta exigida por la ley y siendo este el caso de autos solicito que en el veredicto se condene a S. y J. en forma solidaria con la sociedad demandada extendiendo la responsabilidad de la misma a ellos en su carácter de socios y administradores de L. Y S. S.R.L." (acápite III, fs. 11). Asimismo, ofreció prueba informativa a los Registros de la Propiedad Inmueble de la Provincia del Chubut y de la Propiedad Automotor (p. V. 3. C y D, fs. 12).- En ese contexto, fue dato alegado por la parte actora la extensión de la responsabilidad a los socios en los términos del art. 54 de la ley 19.550 y su condena solidaria, y también la responsabilidad de sus administradores en el marco contemplado por los arts. 59 y 274 del citado ordenamiento, por lo que dentro del marco de la pretensión el juzgador calificó la norma a aplicar adoptando una decisión válida en ejercicio del deber impuesto por la regla iura novit curia (art. 163:6 del C.P.C.C., de aplicación por remisión del art. 76 de la ley 69).- La pretensión es concreta y el pretensor aspira a algo, y por ello la pretensión procesal es una declaración de voluntad en cuyo mérito se solicita una actuación del órgano jurisdiccional en miras a la satisfacción de un interés concreto (Peyrano, Jorge W., "El proceso atípico", Editorial Universidad, 1993, pág. 218).- - En la pretensión procesal se ha de contener el objeto sobre que recae. Tal objeto es bien de la vida. El bien de la vida afectado por la pretensión procesal, y envuelto, en consecuencia, en un litigio, es, por esta misma circunstancia, el bien litigioso sin más. Lo indispensable es, tan sólo contar con un principio de determinación suficiente del objeto reclamado. De otro lado, la pretensión procesal ha de encerrar la indicación de la actividad en que ella se traduce. Esta actividad consiste esencialmente en una petición jurídicamente significativa, es decir, una reclamación de algo, que se pide porque el pretendiente afirma su coincidencia con el ordenamiento jurídico. Tiene que haber en toda pretensión procesal la formulación de una exigencia que se sostiene como fundada en derecho. Este elemento, que, según la tesis del que produce la pretensión, viene a justificarla jurídicamente es el que se denomina fundamento, título o causa de pedir : causa petendi de la misma, y constituye el tercero y último ingrediente básico de la figura estudiada. El fundamento de la pretensión procesal no es su motivación, invocada o no, sino los acaecimientos de la vida en que se apoya, no para justificarla, sino para acotarla, esto es, para delimitar de un modo exacto el trozo concreto de realidad al que la pretensión se refiere. El fundamento de la pretensión no es lo que permite al Juez, caso de ser cierto, pronunciarse a favor de la pretensión, sino lo que permite al Juez conocer qué ámbito particular de la vida es el que la pretensión trata de asignarse. Por ello, la invocación del fundamento no opera como justificante, sino como determinante de la pretensión misma, tal como ahora se estudia. . la petición que comprende la pretensión procesal tiene que ir apoyada en la invocación de tales acaecimientos, los cuales se pueden denominar fundamentos de la misma, siempre que se tenga presente el sentido en que fundan la pretensión procesal: no como cimientos en que se basa, sino como muros que la delimitan (conf. Jaime Guasp, "Derecho Procesal Civil", Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1968, Tomo Primero, págs. 225/227).- La causa, fundamento o título de la pretensión consiste en la invocación de una concreta situación de hecho, de acaecimientos de la vida en la que se apoya.- Pero con el alcance que a esa invocación de acaecimientos el actor asigna una determinada consecuencia jurídica. Tal invocación no actúa, en rigor como razón justificante de la pretensión, sino que tiene por objeto particularizarla o delimitarla, suministrando al juez el concreto sector de la realidad dentro del cual debe juzgar en el caso. El juez, en efecto, debe decidir si se ha operado o no la consecuencia jurídica afirmada por el actor. No es por lo tanto la norma la que individualiza la pretensión, sino los hechos afirmados en la medida de su idoneidad para producir un determinado efecto jurídico (conf. Lino Enrique Palacio, "Derecho Procesal Civil", Abeledo-Perrot, 1967, T. I, pág. 397) (el subrayado me pertenece).- De tal modo, corresponde al juez fallar según el derecho aplicable conforme al principio iura novit curia. Esto es, calificar la realidad del hecho y determinar la norma aplicable.- El iura novit curia consiste en que los jueces letrados aplican el derecho que se adapta a las peticiones efectuadas por las partes, aunque éstas denominen o califiquen mal el derecho y se funda en la presunción lógica sobre el conocimiento del derecho por parte del juez a quien corresponde calificar la esencia del pleito y aplicar la norma jurídica pertinente. Con arreglo a tales pautas, la calificación de la acción y la determinación de la norma o derecho aplicable es materia reservada al juez -iura novit curia-, quien puede y debe corregir cualquier error de las partes en punto a esta calificación o aplicar un precepto distinto al invocado. Conforme a la regla "iura novit curia" los jueces tienen no sólo la facultad sino también el deber de discurrir los conflictos litigiosos y dirimirlos según el derecho vigente, calificando autónomamente la realidad del hecho y subsumiéndola en las normas jurídicas que la rigen, con prescindencia de los fundamentos que enuncian las partes, facultad que deriva de los principios esenciales que organizan la función jurisdiccional de la justicia. Surge así como misión que alcanza el nivel de deber, la de aplicar el derecho objetivo con independencia del invocado por las partes. Es decir, que si el tema planteado remite a consideraciones de orden jurídico inherentes al derecho vigente, su aplicación es deber irrenunciable de los jueces, careciendo de efectos vinculatorios la fundamentación jurídica argüida por los justiciables (Morello, Sosa y Berizonce, "Códigos Procesales .", Librería Editora Platense - Abeledo-Perrot, 1984 y 1986, T. II - A, págs. 613/614, y T. II - C, págs. 73/74, y citas de pronunciamientos, respectivamente).- Con tales alcances, se desestima la queja en cuanto pretende considerar que el actor no alegó que se instrumentara una forma societaria para perjudicar al demandante, y que ello torna improcedente el prescindir de la autonomía jurídica de la sociedad.- 3. En cuanto a que se desvinculó de la sociedad con fecha 27 de marzo del año 2000 con la cesión de cuotas sociales que luce en el instrumento de fs. 19/20 bien precisó la Sra. Juez de la anterior instancia que: Tampoco se encuentra acreditado que al momento de producirse la ruptura del contrato de trabajo del actor (7/11/00) el codemandado S. se encontrara desvinculado de la sociedad. La L.S.C. expresamente dispone que las modificaciones del contrato social no inscriptas regularmente son inoponibles a terceros.- Es que, la mencionada cesión importó una modificación contractual y la misma es inoponible a terceros mientras no se inscriba (art. 12 de la L.S.).

La cláusula no publicada será inoponible a los terceros (art. 7 y doctrina del art. 12) (Halperín-Butty, "Curso de Derecho Comercial", Depalma, 2000, vol. I, pág. 348). Téngase en cuenta que no es la petición de inscripción, la publicación de edictos ni aun la resolución de inscripción en el Registro Público de Comercio lo que produce el efecto de eficacia plena de la modificación del contrato de sociedad con respecto a terceros, sino la toma de razón final, es decir la inscripción misma (conf. Verón, "Sociedades comerciales", Astrea, 1982, T. 1, pág. 108 y cita de doctrina).

- Así, con relación a la cesión de cuotas sociales de una Sociedad de Responsabilidad Limitada mientras no se inscriba la cesión, no existe regularmente ella, pues es imprescindible su publicación e inscripción. Mientras no se cumpla, el cedente incurre en responsabilidad (conf. Verón, ob. cit., 1983, T. 2, pág. 877). - A su vez, y en lo que hace al informe de fs. 67 de la Inspección General de Justicia, si bien indica que "el Sr. J. J. S. no es socio de la citada sociedad" el mismo lleva fecha 08 de agosto de 2001, por lo que no está acreditado que la cesión de cuotas se encontrara inscripta a la época de la relación laboral (período 08/09/2000 al 07/11/2000), pues a ese momento se originaron las obligaciones que dieran lugar al reclamo judicial que finalmente prosperara. Desde ya que la invocación del codemandado en el sentido de no ser socio de la sociedad importa una limitación de responsabilidad, por lo que en el presente caso esa parte soporta la carga de la prueba sobre la existencia de todos los presupuestos, aun los negativos, de las normas sin cuya aplicación no puede tener éxito su pretensión procesal; en una palabra, sobre los presupuestos (de hecho) de las normas que le son favorables. Texto prácticamente calcado por el art. 377 del C.P.C.C. Concretamente y realmente soportará la carga de la prueba una u otra parte, según sea su posición respecto del efecto jurídico perseguido. La responsabilidad probatoria en suma, no depende de la condición de parte actora o demandada, sino de la situación en que se coloca el litigante en el juicio para obtener una determinada consecuencia jurídica. (conf. Fenochietto-Arazi, "Código Procesal .", Astrea, 1983, T. 2, págs. 324 y 325, con cita de Rosenberg, Micheli y Sentis Melendo, respectivamente).- Por ello, el déficit probatorio existente respecto de la fecha de inscripción de la cesión de cuotas en el Registro Público de Comercio, a cargo de la Inspección General de Justicia, pesa sobre el codemandado Sr. J. J. S..- En tales condiciones, la falta de acreditación del hecho invocado -no ser socio de la S.R.L., pero a la época de la relación laboral (art. 377 del C.P.C.C.)- conlleva al rechazo de la queja vertida en ese aspecto.- 4. Señala el quejoso que del trabajo en negro no deriva que resulten aplicables las normas dirigidas exclusivamente para relaciones comerciales. Cita jurisprudencia y doctrina y expresa que la C.S.J.N. entendió en la causa "Palomeque" que no se estaba en presencia de una sociedad ficticia o fraudulenta, constituida en abuso del derecho y con intención de violar la ley, y que los jueces de Cámara prescindieron de considerar que la personalidad diferenciada de la sociedad y sus socios y administradores constituye el eje sobre el que se asienta la normativa sobre sociedades anónimas, criterio que es extensivo en el caso a la S.R.L.- En tal sentido, aun cuando le asiste razón en tal aspecto ello no resulta dirimente en el caso de autos.- Para ello, corresponde precisar que la CNTrab., sala VIII, en autos "A., C. A. y otros c/ B. S.A. y otros s/despido", del 30/11/2004, siguiendo la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Palomeque", señaló que el art. 54 de la ley 19.550 tipifica el supuesto de una sociedad ficticia y fraudulenta consituida en abuso del derecho y con el propósito de violar las leyes, esto es, una situación cuya gravedad extrema justifica hacer excepción de la regla de la personalidad jurídica diferenciada entre la sociedad, sus integrantes y órganos. La registración incorrecta de los trabajadores con la consecuente violación a la legislación laboral, impositiva y previsional, no constituyen la finalidad última de la sociedad. Cuando la ley se refiere a "recurso para violar la ley, el órden público o frustar los derechos de terceros", está aludiendo a la utilización en tal carácter de la forma societaria, no a actos indeterminados que, en cada caso, pueden perseguir esos fines. Consecuentemente, la falencia registral de una relación de trabajo es una situación ajena al contenido preceptivo del artículo 54 de la ley 19.550 (eldial.com.ar del 02/04/2005) (el resaltado me pertenece).

En igual sentido, la sola circunstancia de que se hubieren demostrado ciertas irregularidades, ello no constituye un elemento idóneo que habilite a confundir, en el plano estrictamente jurídico, la persona de los socios de la sociedad comercial empleadora fallida, con la de existencia ideal de ésta, en tanto que, para que ello resulte posible, debe invocarse y acreditarse eficazmente que ha existido una utilización fraudulenta de la personalidad societaria, o que se ha desviado su objeto con el própósito de encubrir la realización de fines extrasocietarios, constituir un mero instrumento para violar la ley, el órden público o la buena fe, o para frustar derechos de terceros (cfr. art. 54 ley 19550), extremos que no se advierten configurados en la especie (CNTrab., sala II, "V., A. c/ P., J. M. S.A. y otros s/despido", del 16/12/2004, eldial.com.ar, del 06/04/2005).- - Y en ese direccionamiento, la C.S.J.N., en la causa "Palomeque, Aldo R. c. Benemeth S.A. y otro", al compartir los fundamentos y conclusiones del dictamen del procurador fiscal, sentó la doctrina según la cual es improcedente la resolución que extendió solidariamente la condena a los directores y socios de la sociedad anónima empleadora por falta de registración de una parte del salario convenido y pagado a un trabajador, si no fue acreditado que se trataba de una sociedad ficticia o fraudulenta, constituida en abuso del derecho y con el propósito de violar la ley y que, prevaleciéndose de la personalidad, afecta el orden público laboral o evade normas legales. Y que debe revocarse la sentencia que extendió solidariamente la condena si el contexto probatorio del caso no posee virtualidad suficiente como para generar la aplicación de una causal de responsabilidad en materia societaria de orden excepcional (La Ley 2003-F, 731).- Efectuada tal precisión, si bien la falta de registro de la relación laboral no sirve de fundamento para aplicar una condena solidaria a los socios de una sociedad comercial, desde que ese no fue el fundamento de la condena, la argumentación del recurrente desplegada en tal sentido a fs. 150/151 resultó esteril.- Los agravios expuestos por todo recurrente deben alcanzar suficiencia técnica, pues de lo contrario se origina la deserción de la apelación que se intenta. Tal suficiencia se relaciona a su vez con la necesidad de articulaciones razonadas, fundadas y objetivas sobre errores de la sentencia, puntualizados de tal forma que la misma ha de perder la jerarquía de verdad conclusiva: debe contener un análisis crítico mediante el cual se demuestre, acabadamente, los motivos que tenían para considerarla errónea. De allí que, si no se rebaten, ni se critican razonadamente los fundamentos o motivaciones de la sentencia apelada en forma directa y concreta, bastaría remitirse a las mismas para que las argumentaciones del agraviado quedaran contestadas. Esta pauta, da lugar a que deba considerarse desierto el recurso. Como corolario de ello, si la expresión de agravios contra la sentencia de primera instancia no satisface la carga procesal que prevé el artículo 265 de Código procesal, procede aplicar lo dispuesto en el art. 266 de dicho cuerpo legal y declarar -a petición de parte o de oficio- desierto el recurso (Morello, Sosa y Berizonce, ob. cit., 1988, T. III, págs. 373/374, y cita de fallos).- Al respecto, el agravio carece de contenido, cuando como en el caso . h) No ataca concreta y frontalmente los verdaderos fundamentos del fallo (Fenochietto-Arazi, "Código Procesal .", Astrea, 1983, T. 1, pág. 839).- Y ante la extensión de responsabilidad requerida en demanda (arts. 54, 59, y 279 de la ley 19.550), conforme al principio iura novit curia el juez ha de realizar la calificación jurídica que corresponda de las pretensiones deducidas en el juicio, pues la misión de la justicia es aplicar el derecho independientemente de los planteos de las partes (Morello, Sosa y Berizonce, ob. cit., 1988, T. III, pág. 420, y cita de fallos).

Y en uso de tal atribución-deber, la lectura del fallo en crisis permite señalar que la falta de registro de la relación laboral no fue el fundamento por el cual el juzgador extendió la condena en forma solidaria a los socios N. J. y J. . S..- En efecto, dicha condena se debió a que los órganos de dirección y representación de L. Y S. S.R.L.: 1) No han ejercido el derecho de defensa de la sociedad demandada aunque si se han presentado los socios para defenderse individualmente. 2) han abandonado el domicilio legal y la explotación empresaria en el que fuera su lugar habitual, o por lo menos no ha sido hallada en esos lugares sin que los propios socios hayan denunciado domicilio o actividad actual, tampoco se han presentado en autos actas de asambleas, balances y en general cualquier otra documentación de la que pueda concluirse una vida real y actual de la sociedad. 3) Pero en orden a lo observado en el punto 2) tampoco han disuelto la sociedad por los procedimientos legales. Frente a este accionar evidentemente irregular, nos encontramos con una mascara de una S.R.L. que tiene como tal sentado un nombre y una sigla en la Inspección General de Personas Jurídicas. Nada más. En los hechos, no hay constancia alguna de que tenga activos -los informes requeridos a los registros de propiedad inmueble y automotor han dado resultado negativo- ni fondo de comercio o explotación. Debe considerarse entonces que el mantenimiento formal de la sociedad se ha transformado en un mero recurso para frustrar derechos de terceros -en los términos del art. 54 L.S., por lo que esa apariencia de sociedad no puede amparar a las personas físicas responsables de tal accionar con los beneficios legales de que gozan quienes habiendo cumplido todas las obligaciones legales son socios de responsabilidad limitada reales y no aparentes. En definitiva considero, que en autos se encuentran dadas las condiciones para responsabilizar solidaria e ilimitadamente a los socios en los términos de los arts. 54 y 157 L.S.- Dicha transcripción permite precisar que resulta erróneo el argumento volcado a fs. 149 en el sentido que la extensión de responsabilidad se basó "por el mero hecho de que la sociedad demandada no contestó demanda", pues con ello elude el apelante hacerse cargo de los restantes fundamentos volcados a fs. 142 y vta. acerca del abandono del domicilio legal y de la explotación empresaria en el que fuera su lugar habitual, la falta de presentación de balances u otra documentación que permita determinar que la sociedad gira en plaza actualmente, o en su caso que se haya producido la disolución societaria, carencia de activos, sean bienes muebles o inmuebles, y en particular de fondo de comercio, y falta actual de explotación.- Siguió así el sentenciante el criterio por el cual la personalidad jurídica es privilegio otorgado por el legislador que debe ser respetado siempre y cuando se cumplan, entre otras condiciones, que la sociedad desarrolle el fin societario para el cual fue creado. A la ley 19.550 no le interesa alentar sociedades que no desarrollan actividad productiva o intermediaria de bienes o servicios, en la medida que no han reservado a éstas los privilegios que aquella normativa otorga. En definitiva, esa actividad productiva o intermediaria de bienes y servicios, que tan magníficamente describe el art. 1°, LSC, constituye el fin societario (conf. Nissen, "Ley de sociedades comerciales", Editorial Ábaco, 1996, T. 1, par. 18, págs. 67 y 70, respectivamente).

Y al regularse el instituto de la inoponibilidad no se incorporó una hipótesis de anulación de la personalidad jurídica, y la parte final del art. 54 establece la responsabilidad como opción alternativa al correcto funcionamiento del instituto, porque una cosa es la "imputación" de la actuación del ente societario y otra cosa es la "responsabilidad" por tal actuar (conf. Molina Sandoval, "Régimen societario. Parte general", Lexis Nexis, 2004, T. II, págs. 823/824).- Desde otra perspectiva, con referencia al fundamento expuesto en la sentencia de la anterior instancia acerca de la falta de disolución de la sociedad, cabe señalar que la consecución del objeto para el cual se formó (art. 94, inc. 4, L.S.) se produce antes de la expiración del plazo de duración en caso de extinción de la actividad económica, esencial motivo de la existencia social: en estos casos, la sociedad carece de objeto y tiene que disolverse (conf. Verón, ob. cit., T. 2, par. 17, pág. 211) (el subrayado me pertenece).- Y encontrándose incurso en causal de disolución una sociedad regular, la falta de cumplimiento de los trámites de liquidación hace responsable ilimitada y solidariamente a los socios en los términos del art. 99 de la ley 19.550.

Con iguales alcances de responsabilidad pero a partir de un análisis diferente, se señala que los usos y prácticas del comercio nos demuestran que no son aislados los casos en que las sociedades prefieren "desaparecer" de la faz de la tierra, dejando totalmente insatisfecho el pasivo social. Tal manera de actuar hace responsable solidaria e ilimitadamente a los administradores de la sociedad (arts. 59, 274, L.S.), pues éstos son los encargados de conservar el activo de la sociedad y sobre el destino dado a los bienes de la misma. También se entiende que si el tránsito a la liquidación no se ha producido, nos hallamos ante una sociedad irregular (conf. Nissen, "Curso de Derecho Societario", Ad-Hoc, 2003, págs. 289 y 297, respectivamente), y en este último caso también los socios quedan solidariamente obligados por las operaciones sociales (art. 23 de la L.S.).- En tales condiciones, el razonamiento seguido por el "a-quo" resultó determinante para la dilucidación de la cuestión y no fue objeto de crítica concreta y razonada, por lo que en ese aspecto no hay agravio que atender.

La ausencia de fundamentos específicamente referidos a las consideraciones determinantes de la sentencia adversa a las pretensiones del recurrente, importan consentimiento tácito y determina la inexistencia de agravio. Para tener por satisfechos los fines legales de la expresión de agravios, deben concretarse punto por punto, los errores fundamentales que se atribuyen en la aplicación del derecho, o en su caso en la apreciación de los hechos y su prueba, bajo riesgo de que se tenga por consentida toda decisión no objetada (Morello, Sosa y Berizonce, ob. cit., T. III, págs. 360, punto e, y 370, respectivamente, y cita de fallos).

Así, si no se formulan agravios concretos y razonados sobre cada uno de los puntos considerados por el juez de primera instancia, quedan consentidos aquellos sobre los cuales no se cumplimentó esa carga ("Gobierno Nacional c/ Ekmekdjian, Toros y otro", C.S. agosto-29-969, L.L. 137-538).- Lo que ahora está en tela de juicio es el razonamiento del juez, que es el objeto del recurso de apelación (CNCiv., sala "B", mayo 15-979, "C., H.r N. y otro c. B., J. J.", L.L. 1979-C, 76), por lo que resulta estéril el escrito de agravios cuando reitera argumentos expuestos en la anterior instancia (contestación de demanda, fs. 22 y vta.; alegato de bien probado, fs. 137 y vta.) sin desplegar una crítica concreta respecto del razonamiento que resultó dirimente en la sentencia.

- Y la ley procesal requiere así, con la finalidad de mantener el debate en un plano intelectual antes que verbal, que la crítica dirigida a la sentencia sea concreta, lo cual significa que la parte debe seleccionar del discurso del magistrado aquel argumento que constituye estrictamente la idea dirimente y que forme la base lógica de la decisión. Cuando el litigante no formula su expresión de agravios de esa manera, cae derrotado por su falta de instrumental lógico de crítica (CNCom., sala "D", abril 24-984, "P. e H., J. c. P. P. M. S.A.", L.L. 1985-A, 309).- De tal modo, en este tramo de la queja el recurrente incurrió en deserción parcial del recurso por deficiencia técnica de su expresión de agravios (arts. 265 y 266 del C.P.C.C., de aplicación por remisión del art. 76 de la ley 69).- 5. En consecuencia, propicio al Acuerdo confirmar la sentencia venida en apelación en todo cuanto fuera materia de agravios, con costas de Alzada al apelante vencido, conforme al criterio objetivo de la derrota (art. 68 del C.P.C.C.).

- Asimismo, atendiendo a la extensión, mérito, eficacia y resultado que arrojan los trabajos profesionales cumplidos en esta instancia, entiendo que resulta prudente fijar los emolumentos de los Dres. J. E. F. y M. L. T., en conjunto, en su carácter de letrados patrocinantes del codemandado apelante, en la suma porcentual equivalente al 2,5% del monto del proceso que resulte en la etapa de ejecución de sentencia (arts. 6, 14, y 47 de la ley 2.200), con más el I.V.A. correspondiente.- Cierro mi intervención y a la primera cuestión voto POR LA AFIRMATIVA. - - A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. de la Fuente dijo: - - I.- Vienen a esta Alzada los presentes actuados con motivo del recurso de apelación que a fs. 147 dedujera el codemandado J. J. S., concedido a fs. 148, contra la sentencia de grado anterior que corre a fs. 139/143, por la que se hizo lugar a la demanda que promoviera el actor, M. D. M., contra la empresa L. y S. S.R.L., y G. N. J. y J. J. S., condenando a los codemandados para que en el plazo determinado, abonen al accionante, en forma solidaria, la suma de $ 3.757,00, con más los intereses fijados, y como consecuencia de haberes adeudados por S.A.C., vacaciones proporcionales, indemnizaciones por antigüedad y sustitutiva por falta de preaviso, a las que se agregan las contempladas en los artículos 8 y 15 de la Ley 24.013, con más el incremento previsto en la Ley 25.323, artículo 1°; ordenando la entrega del certificado de servicios y remuneraciones que dispone el artículo 80 de la Ley 20.744, dentro de los diez días, bajo apercibimiento de aplicar astreintes por valor de $ 5,00 diarios, por cada día de demora en su cumplimiento; e impone la costas a los demandados perdidosos.- - A fs. 149/151 se hallan agregados los informes que prevé el artículo 62 de la Ley 69, y cuya descripción ya ha sido adecuadamente desarrollada por el Sr. Vocal que me precediera en el orden de votación, razón por la cual, y por motivos del principio de economía procesal, omitiré su reiteración.- - II.- Así, pues, por razones de orden procesal, y en la medida de aquello que resulte pertinente, en el tratamiento de las cuestiones a debatir seguiré el orden secuencial ya delineado por el Sr. Magistrado sufragante que me antecediera.- - II.a) En cumplimiento de tales parámetros, en primer lugar cabe señalar el incorrecto planteo que formaliza el quejoso cuando solicita que la sentencia sea revocada en todas sus partes.

- Y ello, por cuanto el apelante interpone su recurso por derecho propio, y por ende no puede apelar por otros, cuya representación no inviste, ya que todo agravio para que justifique el recurso de apelación debe ser personal del recurrente, de lo contrario faltaría el requisito del interés, como recaudo subjetivo de admisibilidad de dicho recurso (conf. Ibáñez Frocham, M., "Tratado de los Recursos", Ed. Bibliográfica Omeba, p. 46-47; Palacio, Lino E. "Derecho Procesal Civil", Abeledo- Perrot, Bs. As., año 1975, p. 79 y sgts., y otros).- Desde este posicionamiento el ataque del único recurrente deberá enderezarse, entonces, contra los efectos que la condena solidaria pudiera tener a su respecto.

Y así, cuestiona la falta de argumentación por la parte actora en su escrito promocional, de no haber invocado que la sociedad empleadora se constituyó para perjudicarlo.- Sin embargo, del libelo de demanda que corre a fs. 9/15, y de la lectura del Punto III, en el que refiere los Hechos, se advierte sin mayor esfuerzo que tal afirmación por parte del quejoso se halla desvirtuada por las expresiones que el accionante vuelca en el acápite que denomina Responsabilidad de los Socios Gerentes, y a cuyo texto me remito por razones de brevedad.- Y es que allí el actor señala los hechos irregulares en los que considera ha incurrido la sociedad demandada, como también las responsabilidad que le cabía en tales circunstancias a los socios de la misma, echando mano para ello de citas legales, centradas especialmente en los alcances de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales, con particular énfasis en los artículos 54, 59 y 274 de dicho cuerpo legal. Es decir, que por aplicación del principio iura novit curia, y la armoniosa conjugación de las previsiones contenidas por extensión del artículo 76 de la Ley 69 en el artículo 163, inc.6, del código adjetivo, sobre este tema puntual la juzgadora falló conforme las pretensiones alegadas por la parte actora al promover su acción inicial. Como consecuencia, pues, del aludido principio, corresponde al juez la determinación correcta del derecho, debiendo discurrir los conflictos litigiosos y dirimidos según el derecho vigente, subsumiéndolos en las normas jurídicas que los rigen (conf., DJLL, año 1996, T. X, p. 764; idem, CNTrab., Sala I, in re "A., N. R. c/ C. S.A.", DT, 1989-A, 970; idem DJ, 1989-1-958). Y esto es, precisamente, a mi entender, lo que ha hecho la Sra. Magistrado precedente.- - Por tal motivo, corresponde desestimar esta porción del recurso.

- II.b) El agravio siguiente está destinado a impugnar le decisión de la sentenciante de grado anterior, que tuvo por no acreditado el hecho que al momento del distracto laboral, el codemandado aquí apelante, Sr. J. J. S., se encontraba desvinculado de la sociedad demandada.- - Cabe señalar que la juzgadora funda su resolución con referencia a este aspecto, manifestando que la Ley de Sociedades dispone que las modificaciones al contrato social no inscriptas regularmente no son oponibles a terceros (artículo 12 de la L.S.C), haciendo hincapié, por ende, el fallo, en que la documental obrante a fs. 19/20 conteniendo la cesión de cuotas del Sr. S., no se encontraba inscripta en la Inspección General de Justicia, al momento de la ruptura del vínculo de trabajo.

- Y si bien es cierto que de las constancias del documento de fs. 67 se infiere que a la fecha de su emisión - 08 de Agosto de 2001- el recurrente no revistaba como socio de "L. y S. S.R.L.", también es cierto que no se ha probado a lo largo del proceso que durante el tiempo de duración de la relación laboral entre actor y demandada, que lo fue desde el 09 de Septiembre de 2000 hasta 07 de Noviembre de 2000, la señalada cesión de cuotas hubiera sido inscripta en el ya referido organismo de registro y contralor, que permitiera habilitar la procedencia de la exención de responsabilidad pretensa, conforme lo acuerdan las normas legales señaladas.- - En este punto, es dable tener presente que la cesión de cuotas es oponible a terceros desde su inscripción registral, que puede ser requerida tanto por las partes como por la sociedad (conf. Villegas, Carlos G., "Sociedades Comerciales", Rubinzal-Culzoni Editores, año 1997, T.II, p. 97).- Por imperio de las pautas procesales que rigen la carga de la prueba (art. 377 del CPCC, entre otro), incumbía al quejoso el producir la prueba concreta de la invocada eximición de responsabilidad societaria, demostrando la fecha precisa a partir de la cual la misma tuvo lugar. Y no lo hizo con elementos contundentes que avalaran su pretensión.En este aspecto cabe señalar, que en el desarrollo de su agravio el apelante no agrega elementos de peso suficientes que permitan modificar en esta Alzada el pensamiento dirimente que en el fallo en crisis sirviera de fundamento para resolver esta cuestión. En consecuencia, por las razones apuntadas, corresponde desestimar este tramo de la queja.- - II.c) Con cita jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y que apoya en los argumentos vertidos en el caso "Palomeque" dictado por el alto cuerpo el 15 de Mayo de 2003, expresa el recurrente el ulterior agravio, manifestando que no corresponde aplicar los efectos dimanantes del trabajo en negro a normas reguladas exclusivamente para relaciones comerciales.- - El eje de su impugnación rota sobre el argumento que sostiene el quejoso, señalando que la Sra. Juez de la anterior instancia basó la extensión de responsabilidad a los socios integrantes de la sociedad, en la relación de empleo no registrada, y reclamada por el actor.Empero es necesario dejar sentado, que por inadvertencia o por omisión, el apelante evita una crítica razonada y concreta a fin de desarticular el pensamiento que resultó dirimente para decidir este tema en el pronunciamiento judicial atacado.Es decir, que su embate impugnaticio no apuntó a controvertir los términos de la sentencia, que justificara la extensión de responsabilidad a los socios teniendo en cuenta las probadas irregularidades que surgieran a lo largo del proceso, en lo que hace al funcionamiento real de la sociedad como tal, con apoyo en normas concretas de la Ley 19.550, que rige la actividad de la sociedades comerciales ( arts. 54 y 157, entre otros).Desde este posicionamiento, queda en claro que si bien asiste razón al apelante cuando sostiene que el trabajo en negro de dependientes de una sociedad, no amerita que en el supuesto de ser condenada deba extenderse la responsabilidad solidaria a los socios, tampoco en menos cierto que, como vengo de decir, no fue ése el argumento central que utilizara la Sra. Magistrado anterior para prolongar la responsabilidad en los integrantes del grupo social.- Como ya indicara, pues, y sin ánimo de pecar de reiterativo, el pensamiento central del fallo precedente con respecto a esta cuestión, fincó sus bases no sólo en la falta de contestación de la demanda, sino también en al abandono del domicilio societario, la carencia en autos de actas de asambleas, balances y cualquier otra documentación de la que pueda concluirse una vida real y actual de la sociedad, a lo que añade que tampoco se ha disuelto la sociedad por los medios legales.

- Tales circunstancias decisivas y no contrarrestadas en el transcurso de la litis, llevan a la Sra. Juez a concluir que estamos en presencia de una máscara de una S.R.L. que tiene como tal sentado un nombre en la Inspección General de Personas Jurídicas, pero nada más, pues en los hechos no hay constancia que tenga activos, ni fondo de comercio o explotación (v. Punto IV, fs. 142 y vta.).

Así, pues, con tales fundamentos, considero correcto el uso de la llamada "teoría de la penetración" ó "disregard", que en la especie ha empleado la juzgadora a fin de arribar a una solución de la pretensión planteada.

- Y ello, por cuanto se ha entendido que si bien la acreditación de que una sociedad fue constituida para defraudar a sus acreedores es un elemento de importancia para destruir los efectos de su constitución legal, pero aún cuando así no haya ocurrido es posible responsabilizar a los integrantes si se han realizado actos tendientes a disminuir la responsabilidad patrimonial ante terceros, aunque no se pruebe la intención en el momento de la constitución (conf., CNTrab., in re " S., J. R. c/ L. e H. I. E. S.A. y Otros", DJ, 1989-2-366; idem, DJLL, año 1996, T. II, p. 1145 y sgts.).- - No puede olvidarse que la personalidad de las personas jurídicas es una función que sirve para realizar intereses humanos que la ley reconoce, diferenciando esa personalidad de la de cada uno de sus miembros.

- Pero tal diferenciación habrá de mantenerse hasta tanto no se exceda el marco de la normativa creada en atención a sus fines, o sean extraños a ello.- - Por tal motivo, sólo cuando la persona ideal abusa de su forma, queda autorizado "descorrer el velo" de su personalidad y "penetrar" en su real esencia para establecer la identidad entre ellas y las personas físicas que la componen.- - Y a mi leal saber y entender, éste el supuesto aquí configurado, y estructurado como cimiento en que apoya la Sra. Juez esta porción del fallo en crisis.- - Con tales alcances, y sin perjuicio de las consideraciones formuladas en este acápite, debe remarcarse que el memorial de agravios que no contiene una crítica concreta y razonada de las partes del fallo consideradas equivocadas y que se reduce a efectuar una serie de apreciaciones sin vinculación concreta con las argumentaciones desarrolladas por el juez, no reúne las condiciones por el artículo 265 del código procesal, lo que acredita a decretar la deserción del recurso (conf. De Santo, V., "Tratado de los Recursos", Ed. Universidad, año 1999, T. I, p. 335 y sgts.).En igual sentido ya he tenido oportunidad de expedirme en otros pronunciamientos judiciales de esta misma sala, en los que dijera que si en el escrito de expresión de agravios el recurrente no refuta las conclusiones del juez de grado, sino que desarrolla en forma paralela un análisis propio de la causa para arribar a una personal conclusión, distinta de la del fallo, sin detenerse a puntualizar la crítica de éste sino limitándose a manifestar su disidencia y solicitar su revocación, cabe la aplicación de la regla del artículo 266 del CPCC, correspondiendo declarar desierto el recurso (entre otras, S.D.C. N° 35/05, Sala "B").- Por las razones de hecho y de derecho explicitadas, resulta procedente decretar la deserción de esta porción de la queja, por insuficiencia técnica de la expresión de agravios, y de acuerdo a las previsiones contenidas en los artículos 265 y 266 del código de rito.- II.d) En virtud de los argumentos vertidos en los puntos precedentes, propongo al Acuerdo confirmar el fallo recurrido en todas las cuestiones que fueran materia de agravio, imponiendo las costas de segunda instancia al recurrente perdidoso, de acuerdo al principio objetivo de la derrota (art. 68 del CPCC), del que no encuentro motivo para apartarme.- En tal entendimiento, y tomando en consideración, la calidad, extensión eficacia y resultado obtenido por las labores profesionales desplegadas, estimo adecuado fijar los honorarios de Alzada correspondientes a los Dres. J. E. F. y M. L. T., como patrocinantes del apelante, en el 2,5%, en conjunto, de la suma que resulte en la etapa de ejecución de sentencia, y ello de acuerdo a los lineamientos determinados por los artículos 6, 14 y 47 de la ley arancelaria, a la que se añadirá el IVA pertinente.Doy por finalizada mi intervención, y a esta primera cuestión, voto POR LA AFIRMATIVA.- A LA SEGUNDA CUESTION el Dr. Vergara dijo:

Visto el acuerdo antes alcanzado, corresponde: a) confirmar la sentencia venida en apelación en todo cuanto fuera materia de agravios; b) imponer las costas de segunda instancia al apelante vencido; y c) regular los honorarios de los Dres. J. E. F. y M. L. T., en forma conjunta, por sus tareas de Alzada, en la suma porcentual equivalente al 2,5% del monto del proceso que resulte en la etapa de ejecución de sentencia, con más el I.V.A. correspondiente.- - Así lo voto.

- A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. de la Fuente expresó: - - El pronunciamiento que corresponde dictar es el propiciado por el Dr. Vergara, por constituir el acuerdo alcanzado por el Cuerpo en todas las cuestiones traídas a su decisión.- - ASÍ LO VOTO.- - Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal por haberse logrado la mayoría (arts. 9 de la ley 1130 y 271 del C.P.C.C., textos de la ley 4550), pasándose a dictar:

S E N T E N C I A:

- Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Trelew; RESUELVE:- - CONFIRMAR la sentencia venida en apelación en todo cuanto fuera materia de agravios; - IMPONER las costas de segunda instancia al apelante vencido; - REGULAR los honorarios de los Dres. J. E. F. y M. L. T., en forma conjunta, por sus tareas de Alzada, en la suma porcentual equivalente al 2,5% del monto del proceso que resulte en la etapa de ejecución de sentencia, con más el I.V.A. correspondiente.- - Regístrese, notifíquese y devuélvase.- Fdo: RAUL ADRIAN VERGARA - EDGAR MARIA DE LA FUENTE REGISTRADA BAJO EL Nº 52 DE 2006 - SDL.- CONSTE.-