Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2007-12-26


ACUERDO N° 56 En la ciudad de Neuquén, capital de la provincia del mismo nombre, a los veintiséis (26) días de diciembre de dos mil siete, se reúne en Acuerdo el Tribunal Superior de Justicia con la Presidencia de su titular, doctor EDUARDO J. BADANO, integrado por los señores vocales doctores EDUARDO F. CIA, JORGE O. SOMMARIVA, ROBERTO O. FERNÁNDEZ y ALBERTO M. TRIBUG como vocal subrogante, con la intervención de la titular de la Secretaría Civil de Recursos Extraordinarios doctora MARÍA T. GIMÉNEZ de CAILLET-BOIS, para dictar sentencia en los autos caratulados: "DIRECCIÓN PROVINCIAL DE RENTAS S/INCIDENTE DE VERIFICACIÓN TARDÍA E/A 'CONSOLI S.A. S/CONCURSO PREVENTIVO'" (Expte. N° 129-año 2004) del Registro de la mencionada Secretaría.

ANTECEDENTES: A fs. 170/183, el incidentista deduce recurso por Inaplicabilidad de Ley contra la resolución de fs. 156/162, dictada por la Cámara de Apelaciones Civil, Comercial, Laboral y de Minería -Sala I- de la ciudad de Neuquén, que confirma, en lo principal, la sentencia de Primera Instancia en cuanto rechaza el incidente de verificación tardía.

La concursada contesta el traslado de ley a fs. 188/190, PATAGONIA INVERSIONES S.A. a fs. 192 y vta. y el síndico a fs. 196/202. Todos solicitan el rechazo del recurso deducido. Luego, mediante la Resolución Interlocutoria N° 74/05, se declara admisible el recurso.

El Sr. Fiscal subrogante ante el Cuerpo dictamina a fs. 226/228. Manifiesta que la posición del organismo fiscal resulta avalada por la interpretación del precedente "Solba U.T.E. c/Provincia del Neuquén s/A.P.A.", Ac. 430/96), pero que la Corte Suprema de Justicia, en antecedentes recientes, que cita, declaró la improcedencia de la pretensión fiscal de las provincias respecto del reclamo de pago del impuesto de sellos, sobre propuestas aceptadas tácitamente. En consecuencia, considera que cabe respetar la jurisprudencia de la Corte nacional, en torno a la interpretación de legislación federal, como es la Ley de Coparticipación, por lo que propicia se rechace el recurso deducido.

Firme la providencia de autos, se encuentra la presente causa en estado de dictar sentencia. Por lo que este Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes CUESTIONES: a) ¿Resulta procedente el recurso de casación por Inaplicabilidad de Ley? b) En caso afirmativo, ¿qué pronunciamiento corresponde dictar? c) Costas.

VOTACIÓN: A las cuestiones planteadas el Dr. EDUARDO F. CIA, dijo:

I. Que a los fines de lograr una mejor comprensión de la materia traída a estudio de este Cuerpo, realizaré una síntesis de los hechos relevantes para la resolución de los recursos.

1. Que la Dirección Provincial de Rentas de Neuquén inicia incidente de verificación tardía, en el concurso de CONSOLI S.A.C.I.F.A, por la suma de $ 1.393.955,30. Señala que el concursado adeuda dicho importe en concepto de impuesto de sellos sobre los contratos de venta en consignación del 28/12/98, de compraventa del 6/01/97, y de venta en consignación del 7/12/98, de conformidad con la Resolución N° 308/DPR/01. Dice que $ 573.704,01 tienen carácter de crédito privilegiado y $ 820.251,29 de crédito quirografario.

2. La concursada contesta a fs. 21/22, efectúa una negativa general y manifiesta. Entre otros puntos, afirma que la pretensión carece de causa en tanto no existe hecho imponible respecto del impuesto de sellos y que los instrumentos agregados no constituyen contratos a los efectos impositivos, sino cartas de intención. En consecuencia, solicita se rechace la verificación.

3. Por su parte, el síndico señala que la incidentista omitió acompañar prueba documental; que las cartas de intención no se encuentran gravadas con el impuesto de sellos. Recuerda la posición asumida por el Sr. Gobernador en los convenios suscriptos con Y.P.F. S.A. que refleja la interpretación oficial. Agrega que las bases de la liquidación son absolutamente arbitrarias, por lo que estima que no es procedente la verificación solicitada. Con posterioridad, a fs. 107/115, presenta el informe requerido por el art. 56 de la L.C.Q., donde reitera su opinión.

4. A fs. 117/123, la Sra. Juez a-quo resuelve desestimar la verificación solicitada. Entiende que los instrumentos en cuestión no configuran cartas de intención sino contratos entre ausentes y -en el caso- no se encuentran dentro de ninguno de los supuestos previstos en el Código Fiscal respecto del impuesto de sellos. En este sentido -dice- los instrumentos traídos a juicio son meras ofertas, enviadas epistolarmente a la empresa proveedora, que las aceptó en forma tácita y que no están gravados porque no existió instrumento alguno por el cual REPSOL-Y.P.F. S.A. hubiera producido la oferta y manifestado la aceptación como lo exige el art. 216 del Código Fiscal (en cuanto al gravamen de los contratos entre ausentes celebrados epistolarmente). Agrega, que considera no se configura un supuesto similar al tratado en el precedente "Solba /Provincia del Neuquén", porque en este caso no existe aceptación alguna expresada por escrito, sino que la oferta se envió por escrito y fue aceptada en forma tácita.

Seguidamente, entiende que bajo las directivas de la Ley de Coparticipación de Impuestos, no es alcanzada, por el impuesto de sellos, la aceptación de la oferta de manera tácita, ni la aceptación pura y simple que no identifica los elementos esenciales de la oferta.

5. Apelada la sentencia por la incidentista, la Cámara confirma la resolución recurrida. Para ello considera desmesurada la pretensión fiscal. Agrega que se trata de contratos o actos jurídicos que, más allá de resultar discutible su adecuación al art. 216 del Código Fiscal, conforman alteraciones de contratos previos que deben ser examinadas conforme las pautas del art. 223 del mismo código. Y que parece arbitrario contemplar separadamente cada uno de los acuerdos concertados por un breve lapso sucesivo, proyectarlos por periodos que duplican los originales, con prescindencia de la norma legal.

6. Que, contra esta resolución, la incidentista deduce recurso de casación por Inaplicabilidad de Ley.

Sostiene que la Alzada ha incurrido en violación de la ley y doctrina legal, porque no se realiza un análisis concreto y preciso de los agravios que le causa el pronunciamiento de Primera Instancia. En tal sentido, afirma que se exponen las normas relativas al impuesto de sellos, y se citan fallos no aplicables, sin tratar los argumentos de la apelación. Además, se rechaza infundadamente la demanda, sin analizar los actos jurídicos que dan sustento a la pretensión fiscal.

Sostiene que el fallo resulta arbitrario por no considerar el recurso de apelación. Dice que la Alzada no analiza el hecho imponible, ni el acto jurídico por el cual se reclama la verificación, además de apartarse de la doctrina del Tribunal Superior establecida en autos "Solba UTE c/Provincia del Neuquén". Luego reitera consideraciones expuestas en el recurso de apelación y se agravia respecto de la imposición de costas.

7. Como ya se consignó, a través de la Resolución Interlocutoria N° 74/05, se declaro admisible el recurso de casación por Inaplicabilidad de Ley.

II. 1. Para la resolución del remedio impetrado este Tribunal no se puede apartar del marco establecido por la impugnación y su contestación, lo que es relevante dado que en esta etapa no resulta controvertida la plataforma fáctica del caso, sino la calificación jurídica, adoptada por las partes y la Alzada, a los efectos de determinar la procedencia del impuesto de sellos.

1.1 Que la incidentista pretende la verificación de las sumas determinadas en concepto de impuesto de sellos, por aplicación de los arts. 210 y 212 del Código Fiscal, sobre los contratos de venta en consignación del 28/12/98, de compraventa del 6/01/97, y de venta en consignación del 7/12/98, que considera gravados, de conformidad con la Resolución N° 308/DPR/01. Por su parte la concursada, al igual que la sindicatura, consideran que esos instrumentos no son contratos sino cartas de intención.

1.2 Que, al momento de resolver, la Sra. Juez a-quo entiende que no son cartas de intención sino contratos, pero, a diferencia del incidentista, los califica como contratos entre ausentes y considera que no se encuentran dentro de ninguno de los supuestos del art. 216 del Código Fiscal, que establece las condiciones para gravarlos, y -entiende- que no existe instrumento alguno por el cual REPSOL-Y.P.F. S.A. hubiera producido la oferta y manifestado la aceptación como lo exige la norma citada.

1.3 Que la Alzada varía esta calificación al agregar que considera que estos instrumentos "[...] más allá de resultar discutible su adecuación a las pautas requeridas por el art.216 del código fiscal, conforman alteraciones de contratos previos [...]", los encuadra dentro del supuesto previsto en el art. 223 que establece que "no abonarán nuevo impuesto los actos de aclaratoria, confirmación o ratificación de actos anteriores sujetos al tributo y los de simple modificación de las cláusulas pactadas...", sin que concurran las presupuestos para que esos actos resulten gravados conforme establecen los incisos de esa disposición.

1.4 Que, el recurrente, en su escrito casatorio reitera que los instrumentos que se pretende gravar son contratos entre presentes. Pero en ningún punto de su queja rebate la fundamentación de la calificación jurídica que realiza la Cámara de esos instrumentos, como alteraciones de contratos previos. Repárese que, incluso de considerarlos como el incidentista, no se alteraría la conclusión de la Alzada, dado que, más allá de su forma, pueden constituir alteraciones de contratos anteriores. En conclusión, el recurrente no rebate la calificación jurídica efectuada por la Alzada y sobre la que se asienta la resolución impugnada. Es decir, realiza una crítica inconducente al no atacar el argumento central que sustenta la decisión de la Cámara.

2. Que, por otro lado, y a mayor abundamiento, resulta oportuno resaltar que surge contradictoria la posición de la quejosa, por cuanto alega la existencia de contratos entre presentes e invoca la violación de un precedente de este Cuerpo referido a la aplicación del gravamen respecto de contratos entre ausentes.

2.1 Que, en dicho precedente, "Solba UTE c/Provincia del Neuquén", se trataba de un contrato entre ausentes, encuadrado en el supuesto del art. 216 del Código Fiscal. Allí se sostuvo:

"Ahora bien, yendo a las condiciones establecidas por la Ley Tributaria Provincial para la forma epistolar (supuesto de autos), ellas se encuentran previstas por el art. 216, y [...] son: a) que se acepte la propuesta o el pedido formulado por carta, cable o telegrama, reproduciendo totalmente la propuesta o sus enunciaciones o elementos esenciales que permitan determinar el objeto del contrato; o b) que las propuestas o pedidos o los presupuestos o duplicados sean aceptados con su firma por los destinatarios".

"[...] Analizando, entonces, el hecho presuntamente generador de la obligación de tributar, las respuestas formuladas por la actora a la oferta de la empresa extranjera, he de concluir que en ellas se encuentra contenido el elemento esencial que permite determinar el objeto del contrato".

2.2 Que, como señala el A-quo, el presente caso difiere del supuesto tratado en el precedente citado, porque aquí no hay aceptación por escrito, sino que se pretende gravar una oferta de compra aceptada tácitamente que, de lo dicho por las partes y las resoluciones anteriores, carecería de autosuficiencia.

3. Que, además, el supuesto de autos debe ser analizado conforme las pautas señaladas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el sentido de que la pretensión fiscal de la provincia, en cuanto al impuesto de sellos, corresponde sea examinada dentro del sistema impositivo nacional orientado a manifestarse en el llamado federalismo de concertación (cfr. FALLOS: 327:1051) y conduce a la desestimación de la teoría del complejo instrumental al requerir que el instrumento gravado sea autosuficiente.

3.1 La Corte Nacional ha sostenido:

"Que la cuestión de fondo consiste en determinar si la pretensión de la Provincia del Neuquén de gravar con el impuesto de sellos las ofertas de compra de gas natural de fs. 36/41 que fueron aceptadas tácitamente por la destinataria, se encuentra en pugna con las disposiciones de la ley nacional 23.548.

"En esas ofertas, Gas Natural Ban S.A. propuso a Petrolera Santa Fe S.A. comprar determinados volúmenes diarios de gas natural de 9300 kcal./m, estipulando la fecha, el punto de entrega, el precio y las condiciones de pago.

"En tales condiciones, las misivas mencionadas carecen de la autosuficiencia requerida para exigir el cumplimiento de las obligaciones en ella plasmadas y, por ende, la pretensión tributaria provincial se encuentra en pugna con la obligación asumida en el acápite II del inc. b del art. 9° de la ley 23.548 tal como se sostuvo en Fallos: 327:1051, 1083 y 1108.

"En esos términos, corresponde hacer lugar a la demanda y declarar que la pretensión de la Provincia del Neuquén, de aplicar el impuesto de sellos sobre las ofertas de compra de gas natural de fs. 36/41, se encuentra en pugna con la obligación asumida en el acápite II del inc. b del art. 9° de la ley 23.548" (FALLOS 328:3599).

Que el máximo Tribunal Nacional reiteró esta doctrina en un caso donde se analizó la procedencia del impuesto de sellos provincial sobre las cartas ofertas de suministro y abastecimiento de productos combustibles, lubricantes y anexos para el automotor que fueron aceptadas en forma tácita (C.S. "Esso Petrolera Argentina S.R.L. (Continuadora de Esso S.A.P.A.) c/ Entre Ríos, Provincia de y otro (Estado Nacional citado como tercero) s/ acción declarativa", E. 492. XXXVIII. ORI; 13-06-2006; T. 329) 3.2 Que, anteriormente, en la causa "Shell Compañía Argentina de Petróleo S.A. c/ Neuquén, Provincia del s/ acción de inconstitucionalidad" (FALLOS 327: 1051) la Corte dijo:

"Ello revela que la pretensión fiscal es improcedente toda vez que se aplicaría sobre una oferta de compra que carece de la autosuficiencia requerida para el cumplimiento de las obligaciones que la integran, lo que entra en contradicción con el art. 9°, acápite II del inc. b de la ley 23.548.

"Que, habida cuenta de la finalidad unificadora que trasuntan las normas nacionales citadas precedentes, es oportuno señalar que, desde antiguo, esta Corte ha definido el criterio interpretativo que debe presidir la consideración de las leyes que rigen un sistema politributario. Así, en Fallos: 184:5 dijo que debe tender al equilibrio y perfección del mismo; no puede interpretarse cada ley aisladamente, sino como parte de un conjunto armónico, y cada impuesto debe ser examinado o juzgado, no solamente por sí mismo, sino con relación a los otros impuestos que forman parte del conjunto impositivo. De tal manera, decía ese precedente, aquella interpretación debe tender a que todos los impuestos se armonicen y llenen el fin para el que han sido creados. Se trata, en suma, de la cohesión racional del sistema.

"En ese marco conceptual se inscriben los propósitos enunciados en la ley 23.548, que une a los estados que la suscribieron en un plexo jurídico de derechos y obligaciones, las cuales están enunciadas, en lo que respecta a las provincias, en el art. 9°. Tal situación se configura en el caso respecto de la demandada, que al adherirse por medio de la ley local 1753 sin limitaciones ni reservas (inc. a de dicho artículo) aceptó la definición de instrumento contenida en la ley 23.548, que quedó así incorporada al derecho público local (causa B.1087.XXXVI. "Banco Río de la Plata S.A. c/ Provincia de La Pampa y/o quien resulte responsable" sentencia del 4 de julio de 2003). Por lo tanto, su actual pretensión fiscal contraviene sus propios actos de acatamiento en una conducta que se constituye en menoscabo de la seguridad jurídica y deja de lado la sana doctrina acerca de la necesidad de que el Estado prescriba claramente los gravámenes y exenciones para que los contribuyentes puedan fácilmente ajustar sus conductas respectivas en materia tributaria (Fallos: 253:332; 315:820; 316:1115)".

3.4 Que en el precedente citado, la Corte Suprema se refirió a una oferta con aceptación tácita en un contrato entre presentes (esta cuestión no había sido motivo de controversia) y en la causa "Transportadora de Gas del Sur Sociedad Anónima (TGS) c/ Santa Cruz, Provincia de s/ acción declarativa de certeza", también se refirió a una oferta con aceptación tácita pero aludió un contrato por correspondencia (cfr. Alberto Tarsitano, E.D. 207-184). Allí el Tribunal Nacional sostuvo:

"Si las ofertas recibidas por la actora no satisfacen los requisitos para ser sometidas al pago del impuesto previsto en la propia ley local toda vez que no han sido aceptadas con su firma en prueba de conformidad ni tampoco se han reproducido sus enunciaciones o elementos esenciales en otra comunicación de respuesta, la pretensión fiscal de la provincia no encuentra justificación en su propio texto legal impositivo y contraviene, en el orden federal, lo dispuesto en el art. 9, acápite II del inc. b de la ley 23.548" (FALLOS 327:1083, E.D. 03-04-04, nro. 52.674).

3.5 Que en consecuencia, a partir de la reseña anterior, se comparte el criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto a:

"[...] que la pretensión fiscal es improcedente toda vez que se aplicaría sobre una oferta de compra que carece de la autosuficiencia requerida para el cumplimiento de las obligaciones que la integran, lo que entra en contradicción con el art. 9°, acápite II del inc. b de la ley 23.548" (FALLOS 327: 1051).

4. Que, en cuanto a la queja referida a la imposición de costas, ella resulta infundada en razón de que el recurrente no señala la norma o doctrina que estima violada, sino que se limita a reiterar argumentos expuestos al apelar, sin efectuar una crítica concreta y fundada de la decisión que la Alzada adoptara sobre la base del art. 69 del C.P.C. y C.

5. Que, en virtud de todas las razones apuntadas, corresponde declarar improcedente el recurso casatorio impetrado, deviniendo abstracto el tratamiento de la segunda cuestión, con costas de esta instancia al vencido (art. 17°, Ley 1406) y pérdida del depósito efectuado (art. 10 ley cit.). VOTO POR LA NEGATIVA El señor vocal doctor JORGE O. SOMMARIVA dijo: Por compartir los fundamentos expresados por el distinguido colega preopinante doctor Eduardo F. CIA es que emito mi voto en el mismo sentido que el suyo. VOTO POR LA NEGATIVA.

El señor vocal doctor EDUARDO J. BADANO, dijo: Comparto la línea argumental desarrollada por el doctor Eduardo F. CIA, por lo que expreso el mío en igual sentido. VOTO POR LA NEGATIVA.

El señor vocal doctor ROBERTO O. FERNÁNDEZ, dijo: Comparto totalmente el criterio sustentado por el colega que votara en primer término doctor Eduardo F. CIA, por lo que emito el mío en idéntico sentido. VOTO POR LA NEGATIVA.

El señor vocal subrogante doctor ALBERTO M. TRIBUG, dijo: Sin perjuicio de que en mi carácter de titular del Ministerio Público Fiscal, luego de un exhaustivo análisis, he dictaminado en los autos caratulados "SOLBA U.T.E. c/PROVINCIA DEL NEUQUEN s/ACCIÓN PROCESAL ADMINISTRATIVA" (expte. A. 142702) en punto a que correspondía rechazar la demanda de repetición incoada por el accionante, puesto que la aceptación tácita por parte del destinatario de la propuesta, constituía un instrumento sujeto al impuesto provincial de los sellos (cfr. Dictamen Fiscal en los autos citados, de fecha 16 de mayo de 1996), la reciente jurisprudencia emanada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, me inclinan -a fin de evitar un dispendio jurisdiccional- a adherir a las conclusiones a que arriban los Sres. Vocales que me precedieron en el orden de votos. TAL MI VOTO.

De lo que surge del presente Acuerdo, de conformidad con el Sr. Fiscal subrogante ante el Cuerpo, por unanimidad, SE RESUELVE: 1°) Declarar IMPROCEDENTE el recurso de Inaplicabilidad de Ley interpuesto a fs.170/183 por la incidentista -Provincia del Neuquén- y en consecuencia, confirmar la resolución de fs. 156/162 dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería -Sala I- de la ciudad de Neuquén, por los motivos expuestos en los considerandos del presente. 2°) Imponer las costas de esta instancia a la recurrente vencida (art. 17º Ley 1406) y diferir la regulación de honorarios para su oportunidad. 3°) Disponer la pérdida del depósito efectuado según constancias obrantes a fs. 194 y 207 conforme a lo establecido por el art. 10° de la Ley 1.406 dándosele el destino fijado por la Ley de Autarquía Judicial Nº 1.971. 4°) Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvanse los autos.

Con lo que se dio por finalizado el acto que previa lectura y ratificación, firman los señores Magistrados por ante la Actuaria, que certifica. Dr. EDUARDO J. BADANO - Presidente. Dr. EDUARDO F. CIA - Dr. JORGE O. SOMMARIVA - Dr. ROBERTO O. FERNÁNDEZ - Dr. ALBERTO M. TRIBUG Dra. MARÍA T. GIMÉNEZ de CAILLET-BOIS - Secretaria