Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 2006-06-27


La Rioja, v junio 27 de 2006.

El doctor Luna Corzo dijo:

Que a fs. 25/34 el Dr. A. A. R., como apoderado de los Fiduciarios del Fideicomiso NBLR, promovió recurso de casación en contra de la sentencia dictada en autos Expte. Nº 7.706-F-2002, Fideicomiso NBLR c. Olivos de la Quebrada S.A. s/ Ejecutivo, por la Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría A de esta ciudad, que dispuso hacer lugar a la excepción de inhabilidad de título, declarando improcedente la acción ejecutiva.

Declarado prima facie admisible el recurso a fs. 46 y vta., y ordenado el traslado de ley, lo evacuó a fs. 51/58 el Dr. J.C.G. como apoderado de Olivos de la Quebrada S.A., oportunidad en la que solicitó su rechazo por improcedencia formal y sustancial.

Cumplidos todos los trámites exigidos por el C.P.C., elevados que fueron los principales, y firme el proveído que llamó autos para resolver, la causa se encuentra en condiciones de dictar sentencia.

I) La sentencia en crisis hizo lugar a la excepción de inhabilidad de título deducida por la demandada, fundada en que el título base de la ejecución -certificado de saldo de cuenta corriente bancaria- no reúne las condiciones exigidas por la ley (art. 793, Cód. de Comercio) para ser título ejecutivo, en razón de que al tiempo de su expedición la cuenta no estaba cerrada, según se desprende de la documentación que acompañó la accionada.

II) El casacionista impugnó la decisión por conducto de los incisos 1º (violación o errónea aplicación de la ley sustantiva), 3º (errónea apreciación de la prueba) y 4º (manifiesta arbitrariedad en la aplicación de las reglas de la sana crítica racional). En cada uno de ellos expuso sus razones.

III) Previo a ingresar al tratamiento de los motivos casatorios, observo una circunstancia que impide hacerlo, vinculada con la naturaleza del pronunciamiento objeto del recurso, que es la sentencia dictada en un juicio ejecutivo.

El art. 256 del C.P.C. en su inciso 1º establece que el recurso procede contra sentencias definitivas que cumplan las siguientes condiciones: a) Que no admitan un proceso ulterior sobre la misma cuestión y b) Que causen un agravio económico fijado por el código y susceptible de actualización periódica por este Tribunal Superior.

Las sentencias dictadas en los juicios ejecutivos, por regla, no encuadran en el mencionado inciso, porque admiten otro proceso sobre la misma cuestión, que es el juicio ordinario, según expresa previsión del art. 293 del mismo Cód..

Sin embargo, en muchos casos estas sentencias son definitivas en los términos del art. 256 del C.P.C. porque sus efectos no podrán subsanarse en el juicio ordinario posterior (como cuando se acusa violación de formas procesales impuestas bajo sanción de nulidad o incumplimiento de la finalidad del acto, del que deriva la indefensión del interesado); o cuando deciden de manera definitiva sobre el derecho de fondo de los litigantes, por ejemplo cuando acogen una excepción de falta de legitimación activa o pasiva, por no revestir la calidad de acreedor quien demanda, o de deudor, el ejecutado; o la de falsedad de título fundada en que la firma que se le atribuye no pertenece al demandado; o la de pago.

En cambio, no son definitivas cuando el acogimiento o rechazo de la ejecución tienen directa vinculación con la naturaleza del juicio ejecutivo (verbigracia, cuando se acoge la excepción de inhabilidad de título, por no ser título ejecutivo el que se ejecuta; o cuando se la rechaza porque, de admitírsela, se estaría incursionando en la causa de la obligación; o cuando el progreso de la ejecución o su rechazo se relacionan con las limitaciones de la prueba propias de este tipo de procesos). Y no lo son, porque la parte vencida tendrá siempre a su alcance el juicio ordinario posterior en las condiciones establecidas por el art. 293, oportunidad en que podrá discutir su derecho de fondo con amplitud de debate y prueba.

En el caso en estudio, precisamente, se ha hecho lugar a la excepción de inhabilidad de título, declarando improcedente la acción ejecutiva (dispositivo 1º de la sentencia), por no haberse determinado el saldo de que da cuenta el certificado al momento o en ocasión de la clausura de la cuenta corriente, sucediendo ésta posterior a la determinación del saldo deudor, razón por la que no encuadra en el art. 793 del Cód. de Comercio (ver segundo párrafo del considerando III).

La conclusión que se extrae de las consideraciones precedentes, es que la sentencia objeto del recurso en estudio, no es definitiva en los términos del art. 256 del C.P.C., inciso 1º, por cuanto no queda ninguna duda de que el rechazo de la ejecución, no importa pronunciamiento sobre el derecho de fondo de los litigantes, que podrán discutir la cuestión en el juicio ordinario previsto en el art. 293 del C.P.C.

Por ello, en uso de la facultad que asiste al Tribunal Superior de Justicia de volver, de oficio, en ocasión de dictar sentencia sobre la admisibilidad originariamente decretada, por cuanto ésta no hace cosa juzgada y sólo revela la viabilidad de las primeras gestiones (Expte. Barrera Eugenio Leopoldo - Casación, Expte. Nº 5.072-B-83, fallo del 28.03.84, Bol. Jud. Nº 17, págs. 10 y sgtes.; Robledo de D'Albano Feliciano del Valle - Casación, fallo del 11.11.85, Bol. Jud. Nº 21, págs. 4 y sgtes.; Expte. Nº 6.527-M-1990, Molina Torres Azucena Rosa y otros - Casación del 28.08.1991; Expte. Nº 10.856-C-2004, Constructora Gramuglia Hnos. S.A. - Casación, fallo del 21.12.2005, entre muchos otros), propongo se rechace el recurso de casación, por no ser objetivamente recurrible la sentencia que obra a fs. 17/23); se impongan las costas a la vencida, y se difiera la regulación de honorarios hasta que los interesados la soliciten.

Es mi voto.

El doctor Avila dijo:

Por sus fundamentos, adhiero al voto del doctor Luna Corzo.

El doctor Martínez dijo:

Adhiero, por sus fundamentos, al voto del doctor Luna Corzo.

Por ello, el Tribunal Superior de Justicia, Secretaría en lo Civil, Comercial y de Minas;resuelve: 1º) Rechazar el recurso de casación articulado, por no ser objetivamente recurrible la sentencia traída a casación, con costas. 2º) Diferir la regulación de honorarios. - Angel R. Avila. - José N. Luna Corzo. - Francisco R. Martínez.