Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2013-06-12


SENT Nº 367 C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Doce (12) de Junio de dos mil trece, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán, Antonio Gandur y Daniel Oscar Posse, no existiendo votos suficientes para dictar pronunciamiento jurisdiccional válido, se hace necesario integrar la Sala con la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel Estofán, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en autos: "Viluco S.A. vs. Inorio Carlos Daniel y otro s/ Desalojo".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Daniel Oscar Posse, Antonio Gandur y Antonio Daniel Estofán y la doctora Claudia Beatriz Sbdar, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Daniel Oscar Posse , dijo:

I.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia de Tucumán, el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia Nº 02 de fecha 06 de febrero de 2012 expedida por la Excma. Cámara en Documentos y Locaciones (Sala II). Esta decisión no hace lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y confirma la sentencia de Iª Instancia Nº 990 expedida por el Juzgado Civil en Documentos y Locaciones de la VIIª Nominación en fecha 19 de mayo de 2011.

Este último pronunciamiento hizo lugar a la demanda por desalojo promovida por el actor y condenó a los demandados a hacer entrega, libre de todo ocupante y cosas, de un inmueble identificado como Casa Nº 13 Manzana "D" Barrio 200 Viviendas, sito en calle Raúl Colombres y Av. de Circunvalación.

II.- La sentencia, objeto del presente recurso de casación rechaza con costas, la apelación interpuesta por los demandados. Al cuestionamiento de los mismos que afirmaron la inexistencia del original del documento de la cesión, el pronunciamiento dice que no surge de las constancias de autos que se hayan acreditado sus dichos y que, conforme lo dispone el art. 302 del Código de Procesal Civil de Tucumán (en adelante CPCCT), pesaba sobre los demandados la carga de la prueba. Según el fallo, el carácter de cesionario de la accionante se encuentra plenamente acreditado dado que surge del acuse de recibo de carta documento, la notificación de la cesión realizada al demandado el 18 de marzo de 2003.

Entiende que la sentencia de Iª Instancia no yerra cuando afirma que el demandado no ha cumplido con lo estipulado en el convenio firmado con el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (en adelante IPV), en concreto con la obligación de obtener un crédito, por lo que no le asiste derecho para permaneceer en el inmueble objeto de la litis. En cuanto al carácter que el demandado ostenta frente al inmueble, la sentencia afirma que no puede alegar el carácter de poseedor ni intervertir unilateralmente el título (art. 2353 del Código Civil), ya que de conformidad al mencionado convenio los inmuebles se entregaron a los postulantes en calidad de "tenencia precaria y gratuita".

La sentencia reconoce la doctrina de los actos propios y estima que es un límite del ejercicio del derecho subjetivo o de una facultad derivada del principio de la buena fe y particularmente de la obligación de observar dentro del tráfico jurídico un comportamiento coherente.

Por último en relación a la solicitud del demandado, que se libre un oficio al IPV para que informe si existe instrumento original de la cesión de derechos a favor de la empresa Viluco S.A. y la fecha del mismo, el pronunciamiento entiende que no resulta idóneo para el esclarecimiento de los hechos controvertidos.

III.- El recurrente en casación considera que la sentencia es arbitraria por que no resolvió el recurso de nulidad interpuesto. Afirma que el fallo incurre en errores de hecho y de derecho. Cuestiona dos puntos que hacen al error de derecho. Primero, cuando hay condiciones en la entrega de un inmueble y tiene por objeto una obligación de hacer, no hay tenecia precaria. Segundo, cuando está probado y reconocido que la tierra donde se asienta una construcción, pertenece o perteneció a un supuesto tenedor precario y no se lo desobligó pagándole el terreno que aportó, no hay tenencia precaria.

A su entender no se ha probado que esté obligado a restituir el inmueble reclamado y sostiene que el fallo debió encuadrar la presente acción dentro del Título VIII del Código Civil: "De las obligaciones de hacer y de no hacer". Considera que el contrato celebrado entre el accionante y el IPV es innominado o un cuasicontrato pero no una tenencia precaria y que las relaciones jurídicas tienen valor por su esencia o contenido y no por el nombre que las partes le asignen. Afirma haberse integrado al mismo en el marco de un contrato de adhesión por que estaba en necesidad extrema.

Sostiene el recurrente que no existe instrumento original del mencionado convenio ni registro o antecedente de que el IPV haya cedido acciones y derechos a la empresa Viluco S.A. para que la misma pudiera iniciar acción de desalojo. El accionante no se ocupó de probar que tenía el original de la demanda o que la fotocopia que agregó era certificada por escribano público.

Al desarrollar en concreto los agravios, sostiene que el fallo recurrido no ha valorado las pruebas obrantes en el proceso, lo que deriva en una errónea aplicación del derecho. Entiende que el actor inició el juicio con una copia de una supuesta cesión de acciones y derechos pero el original nunca apareció.

Afirma que en este juicio y en otros tramitados en otros juzgados se pidió reiteradamente el original del convenio, pero éste nunca apareció. Por ello entiende que la base misma de la demanda está viciada de nulidad. En su opinión, la empresa Viluco inició el desalojo sin instrumento y sin ser titular del derecho, entiende que fue él (el demandado) quien aportó el terreno.

Refiere la existencia de dos circunstancias. La primera, una denuncia penal que ingresa en el Juzgado Federal radicada en el Juzgado de Instrucción Penal Nº IV caratulada "Lucci Vicente S.A. s/ Tentativa de defraudación y/o Estafa en concurso con adulteración de instrumento público" (M.E.P. 38415-2006). La segunda, una resolución administrativa dictada en expediente Nº 16.259/440-2006 que fuera notificada con fecha 16 de marzo de 2011 y que está referida a la nulidad de la cesión de acciones y derechos realizada por el IPV a favor de Viluco S.A.

Afirma que la sentencia no tiene en cuenta los arts. 1444; 1184 inc. 1, 8 y 9 ni el 2505 del Código Civil y que el fallo viola su derecho constitucional a la vivienda y a la propiedad por que ostenta la condición de poseedor a título de dueño y no de tenedor precario. Por último hace consideraciones sobre el contrato firmado con el IPV al cual califica como nulo por contener cláusulas imposibles.

IV.- A fs. 429/430 contesta el traslado la parte actora afirmando que el recurso es inadmisible dado que en estos autos no se discutió, violó o resolvió el derecho de propiedad que se irroga la demandada ni se infringió norma alguna. A su criterio, el demandado no ha puntualizado cuáles son los vicios que nulidifican el fallo y las manifestaciones realizadas no tienen sustento jurídico, nada tienen que ver con la causa ni con lo que se discutió en la misma. Para el actor, en el fallo quedó demostrado que los demandantes ingresaron en la vivienda como tenedores precarios y que así continúan hasta el día de la fecha. Considera infundados los agravios sobre la inexistencia del convenio de cesión, que el mismo fue expresamente reconocido por los accionados en anteriores planteos judiciales y que el hecho que no se encuentre el original no implica su inexistencia.

V.- A fs. 434 la Excma. Cámara concede el recurso planteado por considerar cumplidos los requisitos del art. 751(CPCCT) y por ser el acto impugnado una sentencia definitiva.

VI.- Atento a lo referido en los parágrafos precedentes corresponde a esta Corte Suprema al análisis de los presentes autos a efectos de expedirse en definitiva sobre la admisibilidad y en su caso sobre la procedencia del recurso intentado.

De la lectura del escrito recursivo, surge que se ajusta a lo prescripto por el art. 751 (CPCCT) por haber sido deducido en término, ser autosuficiente, citar normas que estima infringidas y proponer doctrina legal que considera aplicable al caso. Aduce el recurrente que el fallo en crisis es arbitrario y nulo por infringir los arts. 1444; 1184 (inc. 1, 8 y 9) y 2505 del Código Civil.

No se acredita el depósito exigido por el art. 752 (CPCCT) por litigar bajo el beneficio de hacerlo sin gastos, encuadrándose en consecuencia en el art. 753 (CPCCT). La sentencia cuestionada pone fin al juicio, por lo que queda comprendida en las previsiones del art. 748 inc. "1" (CPCCT). En virtud de lo expuesto y estando bien concedido el recurso de casación por superar el análisis de admisibilidad, corresponde el examen de su procedencia.

VII.- De la compulsa del escrito casatorio con la sentencia en crisis, surge que el recurso debe prosperar.

Son dos los puntos dirimentes en el presente recurso. En primer lugar, es necesario determinar si el contrato suscripto entre el IPV y los demandados es suficiente para que éstos últimos ostenten el carácter de tenedores precarios de la vivienda que ocupan y en consecuencia para servir como presupuesto legitimante de la acción de desalojo que se pretende ejercer en estos autos. En segundo lugar, corresponde analizar si la cesión que el IPV hizo al actor en estos autos es ajustada a derecho, como para producir los efectos jurídicos implicados en la misma y demandar la restitución del inmueble.

En relación a la primera cuestión, surge del contrato celebrado entre el IPV y los demandados, que se pretendió instrumentar una tenencia precaria y gratuita del inmueble de la litis. La misma fue sujeta a condición, en sus cláusulas tercera y cuarta, en cuyo defecto o incumplimiento el IPV quedaría facultado para iniciar el desalojo de los ocupantes en los términos del art. 27 de la Ley Nº 21.581.

La referida condición consiste en una obligación personal asumida por los demandados, que se comprometen a iniciar los trámites ante un banco de la plaza local, a los efectos de contraer un crédito con garantía hipotecaria con privilegio de segundo grado a favor del IPV. El convenio prevé dos consecuencias posibles. Cumplida la obligación asumida por demandados, el IPV debía llevar a cabo la escrituración, la constitución de gravámenes hipotecarios y la entrega de la posesión del inmueble (en rigor el reconocimiento de la misma, habida cuenta que el inmueble ya se encontraba ocupado por los demandados).

No cumplida la obligación asumida por los demandados, éstos debían restituir el inmueble, quedando habilitado el IPV para solicitar el desalojo en los términos del art. 27 de la Ley Nº 21.581.

Del convenio surge para los demandados una obligación personal y para el IPV un acto de disposición sobre un inmueble, condicionado éste último al cumplimiento de la obligación personal antes referida. En este contexto se advierte que el acto involucra la transmisión de un bien inmueble y obligaciones y gravámenes sobre el mismo. Es por ello que debe instrumentarse por medio de escritura pública conforme lo exige el art. 1184 del Código Civil. Ello no ocurrió en el caso que estamos analizando y, en consecuencia, el acto está viciado de nulidad absoluta y manifiesta en los términos de los arts. 1044 y 1038 del Código Civil.

Queda por último analizar la cesión realizada por el IPV a favor de quien es actor en el proceso de desalojo (Viluco S.A.). Este tipo de convenio está regulado por el Código Civil en el Libro II, Sección 3ª, Título IV bajo la denominación "De la cesión de créditos". Sin perjuicio de dicha denominación, la figura contractual que se analiza en estos autos es una "Cesión de Derechos" contemplada por el art. 1444 del Código Civil.

Al respecto se advierte que, siendo nulo el instrumento que sirve de base a la cesión, la misma también deviene nula. A lo dicho, se agrega que una cesión de acciones o derechos procedente de un acto que por ley debió ser instrumentado por escritura pública, también debió ser realizada por escritura pública, en virtud de lo que exige el inc. 9 del art. 1184 del Código Civil.

En este contexto se concluye que el cesionario no tiene legitimación activa para ejercer derechos que pretenden transferirse por medio de convenios nulos. La casación deviene procedente, al haber incurrido la sentencia cuestionada en error de derecho por infringir el art. 1184 del Código Civil en sus incs. 1º y 9º.

En definitiva, corresponde en el marco de las facultades conferidas a esta Corte por los arts. 755 y 761 (CPCCT), hacer lugar al recurso de casación interpuesto en contra de la sentencia Nº 02 de fecha 06 de febrero de 2012 expedida por la Excma. Cámara en Documentos y Locaciones (Sala II), de fecha 19 de diciembre de 2011 (fs. 418/423), en base a la siguiente doctrina legal: "Es arbitraria la sentencia que hace prosperar una demanda de desalojo basada en una cesión de derechos derivada de otro convenio, ambos suscriptos en intrumento privado, cuando debieron haber sido realizados por escritura pública, conforme lo dispuesto por el art. 1184 incs. 1º y 9º del Código Civil".

Por todo lo expuesto propicio: I.- Hacer lugar al Recurso de Casación deducido por la parte demandada en contra de la Sentencia Nº 02 de fecha 06 de febrero de 2012 expedida por la Excma. Cámara en Documentos y Locaciones (Sala II), en base a la doctrina legal expuesta. II.- Casar el pronunciamiento recurrido en base a los considerandos expuestos y dictar como sustitutiva la siguiente resolutiva: 1) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por Carlos Daniel Inorio y Patricia Alejandra López en contra de la sentencia de Iª Instancia Nº 990 expedida por el Juzgado en Documentos y Locaciones de la VIIª Nominación en fecha 19 de mayo de 2011 y en consecuencia no hacer lugar a la demanda de desalojo incoada por Viluco S.A.; 2). Disponer en segunda instancia, que las costas se impongan a la vencida atento lo dispuesto por los principios generales de la materia (arts. 105 y 107 CPCCT). III.- Imponer en casación las costas al vencido atento lo dispuesto por los principios generales de la materia (arts. 105 y 107 CPCCT).

El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

I.- Comparto el prolijo relato de los hechos, el resumen de los agravios y la síntesis de los fundamentos sentenciales, descriptos en el voto que me antecede, los que doy por reproducidos brevitis causa.

II.- Ahora bien, disiento con el examen de procedencia efectuado y con la resolución del caso propuesta en el voto preopinante, por las razones que se exponen seguidamente.

Por razones metodológicas corresponde analizar, en primer lugar, los distintos cuestionamientos, formulados por los impugnantes, respecto de la legitimación activa en el presente proceso de desahucio. Posteriormente, se examinará la crítica de los recurrentes a la procedencia de la acción de desalojo instaurada. 1. En cuanto a la legitimación activa, critican los recurrentes que la firma Viluco S.A. haya promovido acción de desalojo sin contar con el original de la cesión de derechos a su favor, celebrada con el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (en adelante IPVyDU), en la que el demandante asienta su pretensión.

Con relación a dicho tópico, cabe anticipar que tal tipo de impugnación ya fue objeto de juzgamiento por parte de este Máximo Tribunal en diversos precedentes de plataforma fáctica idéntica al sub examen; en todos los casos con resultado desfavorable para la parte demandada recurrente (cfr. CSJTuc., sentencias Nº 421 del 11/5/2009, en "Viluco S.A. vs. Argañaraz, Jorge Eduardo y otro s/ Desalojo"; Nº 656 del 27/7/2007, en "Viluco S.A. vs. López Manuel Ramón y otro s/ Desalojo"; Nº 1089 del 19/11/2007, en "Viluco S.A. vs. Galván Clara Argentina s/ Desalojo"; Nº 1160 del 30/11/2006, en "Viluco S.A. vs. Sánchez Mercedes s/ Desalojo), a cuyas consideraciones cabe remitir, y lo que per se justifica el rechazo del argumento recursivo.

Ciertamente, en el presente caso, la sentencia en controversia entiende, respecto al análisis de la legitimación activa, que: "surge del acuse de recibo de carta documento que Carlos Inorio fue notificado en 18-3-2000 de la cesión de los derechos consignados en el contrato de tenencia precaria suscripto entre el Instituto y los accionados, a la empresa Viluco S.A. (fs. 11). De acuerdo al análisis efectuado, el carácter de cesionario de la accionante se encuentra palmariamente acreditado".

Los recurrentes no han intentado siquiera refutar el transcripto fundamento sentencial, limitándose a insistir en la ausencia de acompañamiento del original del contrato de cesión de derechos, que el Tribunal Inferior afirma conocido por los accionados.

Resta eficacia al argumento recursivo, la absoluta orfandad probatoria -imputable a los accionados- respecto de que Viluco S.A. no haya cumplido con las tareas de construcción contratadas con el IPVyDU, conforme cláusula primera del convenio de fecha 20/12/1999 (fs. 10), donde se acordó que la empresa edificaría la vivienda con equipamiento básico, lo que fuera valuado en la suma $ 12.786,12, o con equipamiento adicional por un valor de $ 14.178.

Más aún del acta de constatación, labrada mediante escritura Nº 167 del 05/7/2001 (fs. 42/43 vta.), surge que los demandados, y otros adjudicatarios del "Barrio 200 viviendas", admitieron expresamente encontrarse en deuda con la firma Viluco S.A., proponiendo cancelar dicho compromiso abonando la suma de mil pesos y setenta y dos cuotas de doscientos setenta pesos cada una, lo que arroja un total de $ 20.440, aproximadamente. Tal declaración importa no solo un reconocimiento de la deuda que los demandados mantenían con la actora, sino también de las obras efectuadas por la empresa constructora y, lo más importante, una aceptación de la cesión de derechos celebrada entre el IPVyDU y la firma actora. Ante dicho marco fáctico la reiterada tesis de los accionados, tendiente a demostrar la inexistencia del original de dicho contrato de cesión, pierde trascendencia en la presente instancia, ante el reconocimiento manifiesto -por parte de los accionados- de la relación contractual en la que se sustenta el presente proceso de desalojo.

Sin perjuicio de ello, de la cláusula sexta del contrato suscripto entre el IPVyDU y los demandados (fs. 8/9) surge que éstos últimos conocían y aceptaron que el primero celebrara un convenio con la firma constructora Viluco S.A. (fs. 9).

Asimismo, mediante nota de fecha 14/03/2001, remitida por correo privado Flash (fs. 7), la demandante informó a los accionados su carácter de "cesionaria" de los derechos emergentes del contrato antes referido (fs. 8/9).

A su vez, también consta en la causa que mediante cartas documentos de fecha 17/3/2000 (fs. 11) y 31/8/2000 (fs. 12) la empresa Viluco S.A. notificó al demandado, la cesión de derechos consumada, habiendo sido solo contestada la segunda de las misivas referidas, mediante carta documento remitida por el accionado en fecha 12/9/2000 (fs. 13).

Corrobora la lógica sentada por el A quo, la falta de refutación -por parte de los impugnantes- de las pruebas aportadas por la actora, que dan cuenta que la parte demandada había sido notificada de la cesión de derechos cuestionada, conforme surge de la documentación aludida en los párrafos anteriores (ver fs. 7, 9, 11 y 12).

Así las cosas, frente a los fundamentos de la Cámara, orientados a demostrar que el contrato de cesión fue conocido por los demandados, los recurrentes se limitan a reiterar sus alegaciones acerca de la inexistencia del original de dicho contrato, sin rebatir adecuadamente las consideraciones sentenciales, ni controvertir las pruebas producidas por la demandante; razón por la cual los agravios esgrimidos resultan ineficaces para descalificar el criterio adoptado en la sentencia en crisis.

En efecto, el escrito casatorio se acota a reproducir razonamientos similares a los expuestos en el memorial de agravios del recurso de apelación, los cuales han recibido consideración y resolución explícita por parte de la Cámara; no advirtiéndose irrazonabilidad alguna en la lógica seguida por el inferior. Los recurrentes se limitan así, en esta vía extraordinaria, a reiterar los agravios anteriormente expuestos en la instancia inferior pero no asume la doctrina de la sentencia para darle adecuado, puntual y eficaz ataque. Siendo así, el recurso es insuficiente para lograr el éxito que pretende, ya que esta Corte ha sostenido, en diversas oportunidades, que el recurso de casación debe contener una crítica autosuficiente de la sentencia recurrida, con desarrollo concreto de los motivos de impugnación contra la totalidad de los fundamentos en los que se sostiene el decisorio atacado. Es doctrina jurisprudencial de esta Corte de Justicia que al interponerse un recurso de casación es necesario que se exponga una crítica razonada de la sentencia impugnada, para lo cual el recurrente tiene que rebatir todos y cada uno de los fundamentos en que se apoya el fallo recurrido, lo que no acontece en la especie (cfr. CSJTuc, sentencias N° 61 del 05/3/2007; N° 1119 del 10/12/2002; N° 857 del 15/10/2001; N° 11 del 09/02/2001; entre muchas otras).

Por su parte ya tuvo oportunidad de juzgar esta Corte, en un caso también de desalojo promovido por Viluco S.A. en el marco de la misma operatoria cuyo análisis atañe en el presente, que: "El tribunal tuvo por reconocida la existencia del contrato de cesión por parte de los accionados (pese a que luego en la presente causa, la desconocen) y la consiguiente legitimación del cesionario (la empresa Viluco S.A.) para demandar el presente desalojo, y de allí que los cuestionamientos acerca de la necesidad de compulsar el instrumento original (dada su no agregación a la presente causa) resulten manifiestamente insuficientes para justificar el rechazo de la demanda que propugnan, y las críticas a la valoración de la prueba -siempre relacionada a que el instrumento de cesión original no fue traído a la vista- merecen idéntica observación" (cfr. CSJTuc., sentencia Nº 421 del 11/5/2009, en "Viluco S.A. vs. Argañaraz, Jorge Eduardo y otro s/ Desalojo"; en similar sentido puede verse: sentencia Nº 656 del 27/7/2007, en "Viluco S.A. vs. López Manuel Ramón y otro s/ Desalojo").

El razonamiento desplegado por esta Corte en los precedentes recién aludidos, a cuya lógica cabe remitir habida cuenta la semejanza que guardan con la plataforma fáctica del presente caso, deviene enteramente exportable al sub examen, más cuando tal similitud se extiende, incluso, al tipo de agravios desarrollados por los recurrentes. Por tanto, la argumentación impugnativa, dirigida a debatir la legitimación activa, no puede ser receptada.

A mayor abundamiento, de la copia de la demanda acompañada por los ahora accionados (fs. 126/130), que diera lugar al proceso "Ocaranza, José Alberto y otros vs. Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano y Viluco S.A. s/ Nulidad de acto jurídico", puede observarse que los actores en la causa referida, entre los que se cuenta el demandado en el presente proceso de desahucio, plantearon acción de nulidad del convenio de cesión firmado entre el IPVyDU y la empresa Viluco S.A. Tal pretensión importa un reconocimiento de la existencia de tal acuerdo, lo que se contradice con la postura asumida por los demandados en el presente proceso de desalojo, por la cual pretenden desconocer dicho instrumento.

2. Completando el anterior examen, cabe agregar que el agravio esgrimido por los recurrentes, en aras de justificar la supuesta ausencia de resolución, en el pronunciamiento en pugna, del planteo de nulidad impetrado, tampoco merece ser receptado.

De la lectura del memorial de agravios del recurso de apelación (fs. 396/400) se observa que los impugnantes requirieron a la Alzada la procedencia de planteos nulidificantes. En dicho marco procesal, los demandados reclamaron: ".que la base misma de la demanda está viciada de nulidad, porque el instrumento con que promueve la acción Viluco S.A. no existe o es falso" (sic).

A pesar de la imprecisión técnica del planteo impugnativo, tal tópico fue objeto de expreso pronunciamiento por parte de la Cámara, conforme lo ut supra expuesto. Ello puede observarse, a poco de examinar el pronunciamiento en controversia, cuando el sentenciante juzga que: "El recurrente cuestiona la autenticidad de la cesión y afirma la inexistencia del original del instrumento. Sin embargo, no surge de constancias de autos haber acreditado sus dichos, carga procesal que pesaba sobre el afirmante conforme lo preceptuado por el art. 302 procesal". Agregándose luego, en el decisorio en conflicto, que: "No obstante lo expresado, surge del acuse de recibo de carta documento que Carlos Inorio fue notificado en 18-3-2000 de la cesión de los derechos consignados en el contrato de tenencia precaria suscripto entre el Instituto y los accionados, a la empresa Viluco S.A. (fs. 11). De acuerdo al análisis efectuado, el carácter de cesionario de la accionante se encuentra plenamente acreditado" (ver fs. 416).

Así las cosas, e independientemente del acierto o no del juzgamiento del inferior, no cabe duda que no se configura en el caso una hipótesis de arbitrariedad por no tratamiento de cuestión introducida, como lo reclaman los impugnantes. Por tanto, ese agravio debe ser rechazado, sin perjuicio de lo señalado en el punto anterior.

3. Continuando con el análisis de la legitimación activa, reprochan los recurrentes que, en el decisorio en pugna, no se haya considerado que la relación que se estableció entre Viluco S.A., el IPVyDU y los demandados configura un supuesto de "contrato innominado y/o cuasi contrato, pero nunca una tenencia precaria" (sic). Sostienen su argumentación recursiva, en el principio de que los contratos "tienen valor por su esencia y contenido y no por el nombre que las partes le asignen". Agregan que, en el sub examen, el IPVyDU y la empresa Viluco S.A. le dieron a la relación "un nombre que no corresponde a un cuasi contrato" (sic), alegando también que se trataría de un contrato de adhesión.

Más adelante completan su razonamiento, los impugnantes, alegando que la relación contractual, en la que se cimienta el presente proceso de desalojo, tendría encuadre normativo en los arts. 1184 incs. 1, 8 y 9 y en el art. 2505 del Código Civil; puesto que, según la lógica seguida por los recurrentes, la cesión de inmuebles debe ser realizada mediante "acto formal" y la adquisición o transmisión de derechos reales sobre inmuebles solo se juzgará perfeccionada mediante la inscripción en los respectivos registros inmobiliarios.

A los fines de dar recta respuesta a tal argumentación impugnativa, corresponde analizar la relación contractual en la que se basa el presente proceso de desalojo.

En rigor, el acuerdo celebrado entre el IPVyDU y los accionados (fs. 8/9) dispone, en su cláusula primera, que el ente estatal entregó a los demandados, denominados en dicho instrumento como "postulantes", la tenencia precaria y gratuita del inmueble en discusión.

A su vez, luego de describir, en su cláusula segunda, las obligaciones de los postulantes, dispone el contrato referido, en su cláusula tercera, que éstos últimos se obligaban a iniciar de inmediato y a presentar dentro del plazo de sesenta días, a contar desde la celebración de dicho acuerdo, la información o documentación necesarias ante un banco de plaza, con el objeto de obtener un crédito con garantía hipotecaria en primer grado de privilegio a su favor y en segundo grado de privilegio a favor del IPVyDU, de modo que en un plazo de ciento veinte días se lleve a cabo el acto de escrituración, constitución de gravámenes hipotecarios y entrega de la posesión del inmueble. Por su parte, en la disposición contractual cuarta, el referido convenio prescribe que el postulante que no presente, en el plazo de sesenta días, ante un banco de plaza los documentos o información necesaria para calificar como sujeto de crédito o que, luego de calificado, no suscriba la escritura dentro del plazo máximo de ciento veinte días, perderá todo derecho sobre el lote del terreno y sobre la vivienda. En ese caso, el postulante podrá reclamar el reintegro de lo abonado en concepto de terreno y cofinanciamiento, menos un veinticinco por ciento; agregándose, en el aludido acuerdo, que cualquier reclamo u observación que tuviere que formular el postulante en ningún caso puede obstruir el derecho del IPVyDU para solicitar el desalojo.

En la disposición contractual quinta, el IPVyDU se reserva, y el postulante acepta, el derecho de dejar sin efecto la tenencia precaria otorgada y solicitar el desalojo del inmueble, en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del postulante consignadas en el contrato y en la operatoria combinada.

Se dejó constancia, en la cláusula sexta, que el IPVyDU procedería a celebrar un convenio con la firma Viluco S.A., a efectos de resguardar los derechos e inversiones realizadas en la vivienda por ésta última. Por tanto, no resulta controvertido que el convenio que corre agregado a fs. 8/9 faculta al IPVyDU a instar el desalojo del postulante incumplidor, conforme el texto acordado en las cláusulas tercera, cuarta y quinta; habiendo admitido la parte demandada el incumplimiento de las obligaciones a su cargo, aunque imputándolo a dificultades propias de la operatoria financiera pactada, mas sin haber acreditado en modo alguno tales aseveraciones. No puede dejar de advertirse la contradicción en la que incurren los recurrentes en su razonamiento cuando, por un lado, reconocen que el acuerdo celebrado por los demandados y el IPVyDU (fs. 8/9) sería un "contrato" innominado y, por el otro lado, afirman que dicho convenio revestiría la naturaleza jurídica de un "cuasicontrato".

Tales aserciones impugnativas resultan incompatibles. Es que, se acepta pacíficamente que el "contrato" se caracteriza por implicar una conjunción de voluntades, un consentimiento recíproco, a diferencia del cuasicontrato que se caracteriza precisamente por esa falta de concurrencia de voluntades (cfr. Spota, Alberto G., Contratos, t. I, 2da. ed. act. y amp., Buenos Aires, La Ley, 2009, pág. 17; en similar sentido: Alterini, Atilio A., Contratos Civiles, Comerciales, de Consumo, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1998, pág. 25, entre muchos otros); de allí que la doctrina haya llegado a sostener que: "por ausencia de consentimiento, los llamados cuasicontratos no son contratos; al contrario, serían figuras antitéticas, es decir, opuestas o contradictorias, porque una tiene la que le falta a la otra. De ahí que más que cuasi sean anti contratos" (cfr. Wayar Ernesto C., Derecho Civil, t. I, nº 57, pág. 148; con otra fundamentación pero compartiendo la crítica a la asimilación de dichos institutos: ver López de Zavalía, Fernando, Teoría de los Contratos, Parte General, Buenos Aires, ed. De Zavalía, 3era. Ed., 1984, pág. 321 y sig.).

Resulta indubitable que el referido convenio (fs. 8/9) reviste naturaleza estrictamente contractual; lo que descarta la tesis de los impugnantes, en orden a asignarle, a la vez, la categoría de cuasicontrato.

Asimismo, deviene claro que estamos frente a un contrato por el cual el IPVyDU entregó a los accionados la tenencia precaria y gratuita del inmueble en discusión, y no la posesión animus domini, como subyace en la lógica desplegada por los impugnantes, lo que recién habría ocurrido una vez cumplida la operatoria financiera, prevista en la cláusula tercera del convenio, lo que nunca llegó a consumarse, según lo reconocen los propios accionados. Ciertamente, el contrato celebrado entre el IPVyDU y los demandados (fs. 8/9) contiene, en su cláusula tercera, la obligación de los demandados de realizar una operatoria bancaria destinada a obtener un crédito hipotecario, de modo que en el plazo de ciento veinte días puedan celebrar las partes "el acto de escrituración, constitución de gravámenes hipotecarios y entrega de la posesión del inmueble"; estando esto último subordinado a la condición de que se verifique dicha operatoria financiera.

Así las cosas, de la simple lectura del acuerdo en disputa puede advertirse, con sencillez, que no estamos en presencia de un contrato que tenga por objeto la transmisión de bienes inmuebles en propiedad o alguna obligación o gravamen sobre los mismo o el traspaso de derechos reales sobre inmuebles de otro (art. 1184 inc. 1 del Código Civil) o la transacción sobre bienes inmuebles (inc. 8 del dispositivo legal citado), como erradamente lo consideran los recurrentes. Aunque obvio cabe agregar que, en tanto las partes se obligaron a celebrar un contrato posterior a instrumentarse a través de escritura pública cuya finalidad era la transmisión onerosa de la propiedad del inmueble en disputa, no existía impedimento alguno para que el acuerdo celebrado (fs. 8/9) se encontrare desprovisto de la "forma escritura pública"; precisamente, porque la función primordial de la relación contractual celebrada sería, en este caso, obligar a llenar dicha forma (art. 1185 del Código Civil), cumplida que fuera la correspondiente condición financiera convencionalmente establecida. Lo considerado cobra importancia para descartar de plano la hipótesis de los recurrentes, de que nos encontramos ante un título por el que se dispuso, de modo definitivo, la transmisión del inmueble o de derechos reales o transacción sobre el inmueble en conflicto. Ergo, corresponde rechazar la posibilidad que el contrato celebrado por los demandados con el IPVyDU (fs. 8/9) quede subsumido en las hipótesis del inc. 1 u 8 del art. 1184 del Código Civil y que, por tanto, debería haber sido celebrado por escritura pública, según la errada lógica seguida por los recurrentes.

De hecho, ya tuvo oportunidad de juzgar esta Corte, en otro precedente de idéntica plataforma fáctica al caso que nos ocupa, que: "la sentencia indica claramente que los agravios se limitan a descalificar la política del IPV pero que los ataques así dirigidos nada aportan a fin de probar que son poseedores animus domini del bien. Fundamenta también el fallo la inaplicación de los arts. 1444, 1454, 1184 y 2505 CC en base a que en el caso no se trata de derechos reales lo cedido, ni de inmueble, obligación o gravamen ni supone el acto una transacción sobre el mismo" (cfr. CSJTuc., sentencia Nº 656 del 27/7/2007, en "Viluco S.A. vs. López Manuel Ramón y otro s/ Desalojo"). Cabe subrayar que, en el antecedente citado, los agravios del recurrente eran similares a los que son objeto del presente tratamiento.

Además, la inobservancia de la forma prescripta por dicho dispositivo legal (art. 1184 inc. 1) jamás podría acarrear la nulidad "plena" del contrato, cualquiera sea la posición que se adopte respecto de la interpretación que merece el incumplimiento de la forma prescripta en la norma aludida (puede verse: Lafaille, Héctor, Derecho Civil: Contratos, t. I, Buenos Aires, La Ley, 2da. ed., 2009, págs. 402 a 404; López de Zavalía, Fernando, Teoría de los Contratos, Parte General, Buenos Aires, ed. De Zavalía, 3era. Ed., 1984, pág. 197 en adelante; entre muchos otros); por lo que, el argumento recursivo, tendiente a justificar la nulidad de dicho instrumento, resulta manifiestamente improcedente.

En resumen, rechazada la hermenéutica propuesta por los demandados en relación a la naturaleza que revestiría el acuerdo celebrado con el IPVyDU (fs. 8/9) y concluido que dicho convenio no se subsume en las hipótesis contempladas por los incs. 1 u 8 del art. 1184 del Digesto Sustantivo, la consecuente cesión de derechos concertada con la empresa actora (fs. 10), en modo alguno puede entenderse encuadrada en el supuesto legal del inc. 9 del art. 1184 del Código Civil, como lo proponen desacertadamente los impugnantes; resultando, entonces, dicha cesión título apto para justificar la promoción de la acción de desalojo incoada; en tanto el IPVyDU cedió válidamente a la demandante los derechos para entablar las acciones pertinentes a los fines de efectivizar el desalojo de los postulantes incumplidores, conforme lo estipulado en la cláusula segunda del convenio aludido.

Por todo lo expuesto en los ítems anteriores, la legitimación activa en los presentes actuados luce adecuada.

4. Por otra parte, en orden al análisis de procedencia de la acción de desalojo promovida, cuestionan los recurrentes la interpretación que la Cámara efectúa sobre la "tenencia precaria" de los demandados. Aducen los impugnantes que cuando se desaloja por la causal de tenencia precaria, es el actor sobre quien pesa la carga probatoria de demostrar tal situación.

Asimismo alegan los recurrentes que el pronunciamiento en pugna incurre en arbitrariedad, al no haber juzgado la condición de poseedores animus domini que revestirían los accionados.

En sentido diametralmente opuesto a la hermenéutica propuesta por los demandados, esta Corte viene sosteniendo, de manera reiterada en sus distintas composiciones, que: "si el demandado.alega un derecho a la posesión debe acreditar prima facie su condición de poseedor para enervar el juicio de desalojo, pues en tal supuesto no surge con claridad la obligación de restituir; situación ésta que tendría que dirimirse en el respectivo juicio posesorio o petitorio. No se trata pues de discutir en el juicio de desalojo el ius possidendi o el ius possesionis, sino de verificar la seriedad o verosimilitud de la defensa que hace valer el intruso, exigencia mínima para que la invocación tenga virtualidad de paralizar el desalojo" (cfr. CSJTuc., "Piskulic de Ibarra, R.T. y otra vs. Romano Juan Carlos y otros s/ Desalojo", sentencia N° 427, del 29/7/1994; "Allende, Dora Ester vs. Artaza Adán y otros s/ Desalojo por tenencia precaria", sentencia N° 110 del 04/3/1996; "Suc. de Alderete, Tiburcio vs. Aguirre, Pascuala del C. y otros s/ Desalojo por tenencia precaria", sentencia N° 504 del 03/7/1997; "Rearte, Ileana María vs. Palazolo Antonio José y otro s/ Desalojo", sentencia N° 832 del 10/10/2000; "Vela, Eduardo A. vs. Uruaga Luis Ignacio y otro s/ Desalojo por tenencia precaria", sentencia N° 710 del 06/9/2000; ídem: sentencia Nº 949 del 06/12/2011, "Agudo Mario Antonio y otros vs. Brito Nilda Inocencia s/ Desalojo"; citados en CSJTuc., sentencia Nº 477 del 21/6/2012, en "Ugarte Juana Antonio y otro vs. Ahumada José Alberto y otros s/ Desalojo"; entre muchos otros. En idéntico sentido puede verse: sentencia N° 297 del 03/5/1996, en "Suc. de Camandona Domingo Américo y otros vs. Iriarte Roque Antonio s/ Desalojo"; y más recientemente sentencias Nº 451 del 06/6/2005, en "Juri de Navarro Elena vs. Juri Héctor Marcelo y otros s/ Desalojo"; Nº 513 del 07/6/2006, en "Corbalán Manuela Nelly vs. Valdez Susana Alicia s/ Desalojo"; Nº 371 del 14/5/2007, en "Páez Francisco Solano vs. Frías Francisco Hipólito y otro s/ Desalojo"; entre muchas otras).

En similar tesitura, la jurisprudencia nacional tiene dicho que: "como en el juicio de desalojo no puede debatirse el tema relativo al mejor derecho a la posesión o la posesión misma, esa acción no procede contra el ocupante que alega su calidad de poseedor, siempre que aporte elementos probatorios que "prima facie" acrediten la verosimilitud de su alegación" (cfr. CNApelCivil, sala H, 16/6/1999, "Núñez de Celiz, María c. Molina, Juan.", en LL 2000-E, 116; puede verse de la misma sala: sentencia del 20/6/2007, "Fundación Mayordomos Cristianos c. Iglesia Cristiana Evangélica en ciudad Evita y otro", en La Ley Online; ídem CNEsp.Civ y Com, en pleno, 15/9/1960 "Monti A. c/Palacios de Buzón D", en LL 101-932; STSLuis, 29/02/00, "Medero de Huatagoyena, Cristina c. Pérez, Carlina", en LLGran Cuyo, 2001-180; SCBA, 16/9/80, rep LL, XLI, 1111, sum 15 y DJBA, 119-821; CNCiv, Sala G, 22/10/92, JA 1993-III-319; Fenochietto-Arazi, "Código Procesal Comentado", t. 3, p. 363; CNCiv., sala B, 27/06/2007, García, Marta Beatriz c. García, Jorge Omar y otros, DJ, 2007-3-1128; CNCiv., sala F, 08/06/2006, Casalnovo, Hipólito Leandro c. Túñez José María y otros, DJ, 2007-1-332; de la misma sala 22/11/2007, Pérez, Saladina c. Intrusos Pernambuco 2294, DJ 21/05/2008, 176).

Por tanto, a tenor del criterio jurisprudencial imperante, aplicable al caso tomando en consideración las particulares circunstancias fácticas de la causa donde los demandados no han logrado refutar la contundente comprobación (proveniente de la cláusula primera del contrato agregado a fs. 8/9) de que la tenencia del inmueble les fue cedida precariamente, no cabe sino concluir que el alegato impugnativo, orientado a demostrar que pesaba sobre el actor la carga de demostrar el justificativo de la acción de desalojo impetrada, deviene ostensiblemente improcedente. En otras palabras, justificada la legitimación activa, e incluso comprobado que el inmueble le fue cedido a los accionados precariamente, la carga probatoria de demostrar la posesión animus domini argüida como defensa pesaba exclusivamente sobre los propios accionados, comprobación ésta que no fue lograda en el sub lite.

Tampoco justificaron los demandados la invalidez de dicha estipulación contractual (cláusula primera) ni acreditaron derecho alguno que les permita repeler la restitución que le es exigida mediante el presente proceso.

Los accionados no probaron haber dado cumplimiento con la obligación asumida en la cláusula tercera del convenio del 20/12/1999 (fs. 8/9), ni siquiera han justificado haberse presentado ante un banco de plaza a los fines de obtener el crédito al que se encontraba condicionada la transmisión de la propiedad del inmueble en disputa.

Ante dicho incumplimiento, la pérdida del derecho sobre el terreno por parte de los demandados, conforme la estipulación contractual cuarta (fs. 8), y la consecuente potestad del IPVyDU de dejar sin efecto la tenencia precaria concedida y solicitar la restitución del inmueble (cláusula quinta, fs. 9) -derecho válidamente cedido a la empresa actora (fs. 10)- aparecen como causales suficientes para exigir con éxito la devolución del bien raíz en disputa.

En este sentido, advierte el A quo que: "el recurrente no cumplió con lo estipulado en el convenio firmado con el Instituto Provincial de la Vivienda, de presentarse a un banco de plaza a efectos de obtener un crédito con garantía hipotecaria. No se evidencia en autos el cumplimiento de la obligación a su cargo de la obtención del crédito, de manera tal que no le asiste el derecho esgrimido para permanecer en la ocupación del inmueble objeto de esta litis" (fs. 416); razonamiento sentencial éste que no fue debidamente rebatido por los impugnantes.

Tampoco se observa que el pronunciamiento en pugna haya incurrido en arbitrariedad, al no haber analizado, como lo alegan los quejosos, la condición de poseedores animus domini que revestirían los accionados.

Tal circunstancia fue objeto de pronunciamiento por parte de la Cámara, al juzgar que: "En cuanto al carácter en que ostenta el inmueble el recurrente, se encuentra establecido tal como se señaló en el convenio con el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano que se entrega el inmueble a los postulantes en calidad de "tenencia precaria y gratuita", en consecuencia no puede ahora alegar el carácter de poseedor, porque no puede intervertir unilateralmente el título por el que se entró en la ocupación de la vivienda (art. 2353 del Código Civil)" (fs. 416 vta.). Por tanto, no media error de derecho en los principios jurídicos aplicados por el inferior, ni tampoco luce arbitraria la ponderación que, del plexo probatorio de la causa, efectúa el sentenciante.

De hecho, del pormenorizado análisis de las constancias de la causa, no puede admitirse una conclusión distinta a aquella a la que arriba el A quo.

Cabe reiterar que de la cláusula primera del contrato, celebrado entre el IPVyDU y los demandados (fs. 8/9), se extrae que el organismo estatal entregó a los postulantes la "tenencia precaria y gratuita" del inmueble en litigio.

A su vez mediante nota fechada 04/8/2004 (fs. 106), remitida por el IPVyDU al demandado, se intimó a este último para que se apersone con la documentación requerida bajo apercibimiento de eliminarlo del carácter de "postulante" de la unidad correspondiente al "Plan 200 viviendas", lo que corrobora la precariedad de la ocupación que detenta el accionado respecto del inmueble en litigio.

Del plexo probatorio de la causa, fácil resulta colegir que los demandados no han producido ni siquiera una sola prueba tendiente a rebatir la condición de tenencia precaria que le imputa la actora y que surge, además, del acuerdo agregado en autos (fs. 8 y 9).

Ciertamente, no puede extraerse conclusión distinta de la valoración del acta de entrega de llaves de fecha 20/12/1999 (fs. 323), donde si bien se declara que el preadjudicatario tomó "posesión" de la vivienda, dicha expresión no puede sino entenderse tan solo como "posesión material", sin animus domini, habida cuenta que dicha entrega material se efectuó de manera complementaria al propio acuerdo celebrado entre el IPVyDU y los demandados en igual fecha (20/12/1999), donde se dejó expresa constancia del carácter precario de la ocupación (fs. 321/322).

Según el criterio jurisprudencial imperante antes aludido, es el demandado quien debe probar la verosimilitud de defensa de posesión alegada; no solo del corpus, que obviamente justifica la legitimación pasiva en el proceso de desalojo, sino también del animus domini, indispensable para la procedencia de la defensa articulada; sin que se exija, por cierto, prueba acabada y plena de la posesión, puesto que esto último debería eventualmente ventilarse en otro tipo de proceso.

Ante tal escenario, no se ha probado, siquiera prima facie, la posesión animus domini alegada; y en ello radica el sustento esencial que lleva a la Alzada a confirmar la procedencia de la demanda de desalojo; no advirtiéndose, en esta instancia extraordinaria, arbitrariedad sentencial en la ponderación de los medios probatorios producidos, que amerite la descalificación de tal decisorio.

Corrobora tal valoración, la nota remitida por el IPVyDU, a la que se hace referencia en el propio escrito casatorio (fs. 425 vta.), en el que dicho organismo asevera que el demandado: "se encuentra como postulante de la vivienda identificada como Manzana D Casa 13 del Plan 200 Viviendas en San Miguel de Tucumán el mismo no cuenta con Resolución Definitiva de adjudicación". Dicho carácter, de "postulante sin resolución definitiva de adjudicación", que reviste el demandado, no hace más que confirmar la precariedad de la ocupación que detentan los accionados, descartándose la hipótesis, esgrimida por los accionados, de que revestirían la condición de "propietarios" y "poseedores animus domini" del inmueble en litigio. Como ya dijera esta Corte en otro precedente: "el núcleo argumental de la sentencia en crisis es que la actora acreditó su legitimación para demandar el desalojo, en tanto que la recurrente, por su parte, no demostró, ni siquiera prima facie, la posesión invocada ni ningún derecho a permanecer en la ocupación del inmueble" (cfr. CSJTuc, sentencia Nº 837 del 13/11/1998, en "Municipalidad de Aguilares vs. Moreno Teresa s/ Desalojo por intrusión"), razonamiento que resulta predicable respecto de la presente plataforma fáctica.

En definitiva, los demandados no han logrado demostrar que se traten de ocupantes cuya obligación de restituir no sea exigible, conforme lo normado por el art. 414 del Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán.

Por tanto, cabe concluir que el examen de procedencia, de la acción de desalojo promovida, realizado por el Inferior no luce arbitrario ni irrazonable y se ajusta a los criterios jurisprudenciales imperantes en la materia, sin que se verifique infracción a norma de derecho; todo lo cual signa negativamente la suerte del remedio extraordinario tentado.

5. Por otro lado, la tesis de los impugnantes por la que interpretan que la sentencia en crisis adolece de una "nulidad absoluta", consecuencia del supuesto "error de derecho" contenido en la misma, al no haber encuadrado normativamente la cuestión en el marco de los arts. 625 a 629 del Digesto Sustantivo (ver fs. 423 del escrito casatorio), no resiste el menor análisis.

Si lo que los recurrentes pretendieron plantear, con dicha referencia normativa, es el supuesto de imposibilidad de cumplimiento de la "obligación de hacer" por caso fortuito ajeno a la voluntad del sujeto obligado (art. 627 del Código Civil); del plexo probatorio de la causa no se advierte que los demandados hayan probado que la operatoria financiera acordaba resultaba de imposible cumplimiento.

No está de más recordar que "el deudor es quien debe probar la causal que le imposibilitó cumplir con la actividad debida" (Llambías, Obligaciones, II-A, nº 968, p. 281; Lafaille, Obligaciones, II, nº 960, p. 88; citados por Ameal, Oscar José, Código Civil, t. III, Belluscio -Direct.- y Zannoni -Coord.-, Buenos Aires, Astrea, 1ra. reimp., 2007, p. 155), lo que no se verifica en la especie.

Además, la extinción de la obligación por imposibilidad no imputable al deudor genera el deber de las partes de restituirse recíprocamente lo que en razón de aquella hubieren recibido, conforme lo regulado en el art. 627 del Código Civil, por lo que los demandados deberían haber devuelto el inmueble recibido en tenencia precaria, lo que obviamente no aconteció en el sub examen.

Por todo lo cual, el fundamento impugnativo resulta manifiestamente improcedente.

6. Tampoco puede receptarse el argumento recursivo, en virtud del cual los impugnantes cuestionan la supuesta falta de adecuada valoración de la demanda que fuera por ellos promovida, por ante la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo, en autos caratulados: "Ocaranza José Alberto y otros c/Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano y Viluco S.A. s/ Nulidad de acto jurídico".

No resulta atendible la referencia, efectuada por los recurrentes, respecto a la existencia del recién referido proceso, el que se encontraría "en trámite y con resolución recurrida", según los dichos de los impugnantes (fs. 426).

Al respecto, consta en la sentencia de primera instancia (fs. 386 vta.) que tales actuaciones fueron tenidas a la vista por la Sra. Jueza de Grado al analizar los "hechos nuevos" denunciados por los demandados, cuya consideración fue rechazada por sentencia del 31/8/2010 (fs. 367/368 vta.), expresando la Magistrada de Primera Instancia, en el decisorio apelado, que: "los autos cuya remisión se solicitó, se trata de una demanda iniciada por el señor Inorio junto a otros habitantes del Barrio 200 viviendas (véase copias glosadas a fs. 155/159), tendiente a que se declare la nulidad del convenio de cesión celebrado entre el IPVyDU y Viluco S.A., acción que fuera rechazada por sentencia Nº 292 del 08/5/2008, dictada por la Cámara Contencioso Administrativo, Sala II." (fs. 386 vta.).

Asimismo, la sentencia de primera instancia indicó que: "con las copias adjuntadas por los demandados de la sentencia dictada el 05/01/2001, en los autos "Ocaranza José Alberto y otros s/medida preparatoria", donde la Cámara de Feria, Sala II, hizo lugar a la medida de no innovar solicitada por los demandados (junto a otros habitantes del Barrio donde se sitúa el inmueble), para que el IPVyDU se abstenga de modificar el estado de hecho de los ocupantes del Barrio 200 viviendas, medida que se otorgó limitada en el tiempo, hasta el 15/02/2001 (véase fs. 39/40), por lo que carece de entidad en la actualidad" (fs. 387 y ver fs. 39/41).

Agregó el decisorio de primera instancia que: "De igual modo, el codemandado Inorio junto a otros integrantes del Barrio iniciaron otro juicio tendiente a evitar la desposesión iniciada por Viluco S.A., causa caratulada "Ocaranza José Alberto y otros vs. Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano de Tucumán y otro s/ Amparo", Nº 2095/05, radicada en el Juzgado Civil y Comercial Común de la IIª Nominación, expediente que fue traído a la vista en oportunidad de resolverse los hechos nuevos planteados por los accionados a fs. 253 y 308. Y conforme surge del sistema informático, esta acción fue rechazada por sentencia del 28/7/2006, desestimándose la acción de amparo deducida por los actores, absolviendo al IPVyDU y Viluco S.A." (ver fs. 387 vta.).

Por su parte, nada aporta a la tesis sostenida por los impugnantes, las copias de la resolución recaída en autos: "Ocaranza José Alberto y otros vs. Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano s/ Cumplimiento de contrato" (agregada a fs. 64/66), en tanto se hace lugar a las excepciones de falta de habilitación de instancia y defecto legal que habían sido opuestas por la parte demandada en aquel proceso, o sea el IPVyDU, contra la demanda interpuesta por varios ocupantes del "Barrio 200 viviendas", entre los que se contaba el actual accionado.

Por tanto, conforme lo descripto, las referencias que efectúan los demandados respecto de otros procesos, en los que actuarían como demandantes, carecen de actual eficacia para enervar las conclusiones a las que se arriba en la sentencia atacada por casación, más cuando se observa que el resultado de tales pretensiones les ha sido desfavorable a los accionados.

Finalmente, en cuanto a la imputación que efectúan los recurrentes respecto a una supuesta "manipulación ilegal" del IPVyDU y de la empresa constructora Viluco S.A., que habría motivado una denuncia en sede penal, el tratamiento de tales consideraciones exorbita el marco procesal al que debe acotarse el examen en la presente instancia extraordinaria local, por lo que tales cuestionamientos no pueden ser atendidos.

III.- En mérito a todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto.

Las costas de la presente instancia extraordinaria local se imponen a la parte recurrente vencida, en virtud del principio objetivo de la derrota (art. 105, primera parte, del Digesto Procesal Civil).

El señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal doctor Antonio Gandur, vota en igual sentido.

La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal doctor Antonio Gandur, vota en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia Nº 02 de fecha 06 de febrero de 2012 dictada por la Sala II de la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones (fs. 415/416 vta.).

II.- COSTAS de la presente instancia como se consideran.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN ANTONIO GANDUR	DANIEL OSCAR POSSE	(En disidencia) CLAUDIA BEATRIZ SBDAR ANTE MÍ:

CLAUDIA MARÍA FORTÉ.